C-149-03
Sentencia C-940/02
Sentencia C-149/03
REPRODUCCION DE NORMAS-Elementos para determinarla
COSA JUZGADA MATERIAL-Limita competencia del legislador para
reproducir el contenido de la norma contraria a la Constitución
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL DURANTE LOS
ESTADOS DE EXCEPCION-Significado
particular
NORMA INEXEQUIBLE-Hipótesis
Pueden distinguirse las
siguientes hipótesis respecto de una norma previamente declarada inexequible:
(i) que una medida dictada para situaciones de normalidad y declarada
inexequible en el régimen ordinario, pueda eventualmente ser exequible, si es
adoptada como mecanismo para superar las causas de perturbación durante un
estado de excepción; (ii) que una norma dictada durante un estado de excepción
específico y declarada inexequible en ese estado de excepción, no sea contraria
a la Constitución bajo un nuevo estado de excepción; (iii) que una medida
adoptada durante un estado de excepción, sea declarada inexequible durante ese
estado por razones de fondo, caso en el cual no podrá ser reproducida, mientras
subsistan las razones que llevaron a su inexequibilidad.
CONMOCION INTERIOR-Medidas excepcionales/CONMOCION
INTERIOR-Facultades legislativas del Gobierno Nacional
CONMOCION INTERIOR-Límites al ejercicio
de facultades del Gobierno
MEDIDAS DE EXCEPCION-Juicio de
constitucionalidad
MEDIDAS DE EXCEPCION-Pasos metodológicos
separables en juicios distintos y sucesivos
Un juicio de
conexidad material, un juicio de ausencia de arbitrariedad, un juicio de intangibilidad, un juicio de
transitoriedad, un juicio de no contradicción específica.
MEDIDAS DE EXCEPCION-Juicios que debe cumplir según la ley
estatutaria de los Estados de Excepción
El juicio de
finalidad, un juicio de motivación suficiente, el juicio de necesidad, un
juicio de incompatibilidad, un juicio de proporcionalidad, un juicio de no
discriminación, un juicio material estatutario.
MEDIDAS DE EXCEPCION-Control constitucional
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO
LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE CONMOCION INTERIOR-Juicio de conexidad material general
DECRETO LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE
CONMOCION INTERIOR-Existencia
de relación de conexidad material general con decreto que declaró el Estado de
Conmoción
DECRETO LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE
CONMOCION INTERIOR-Creación
de tipo penal nuevo
DECRETO LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE
CONMOCION INTERIOR-Criterios
que se deben tener en cuenta para la aplicación de medidas adoptadas
DECRETO LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE
CONMOCION INTERIOR-Relación
con las causas de la declaratoria
DECRETO LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE
CONMOCION INTERIOR-Juicio
de relación directa para el ejercicio del poder punitivo
Exige la definición explícita de los
bienes jurídicos tutelados por el decreto legislativo. En el caso del ejercicio
del poder punitivo del gobierno nacional durante la conmoción interior tales
bienes deben ser la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la
convivencia ciudadana.
DECRETO LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE
CONMOCION INTERIOR-No
señalamiento de bienes jurídicos
Si bien la sanción penal del hurto de hidrocarburos y
del encubrimiento de tal conducta está dirigida, según el Código Penal vigente,
a la protección del patrimonio económico y de la administración de justicia,
ningún elemento del decreto permite establecer si las medidas adoptadas en él
están dirigidas además a proteger la estabilidad institucional, la seguridad del
Estado o la convivencia ciudadana. Nada en el decreto suple esta deficiencia.
DECRETO LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE
CONMOCION INTERIOR-Tipos
penales creados deben estar dirigidos a sancionar conductas de peligro concreto
MARGEN DE CONFIGURACION DEL LEGISLADOR
EXCEPCIONAL-Puede emplear
el medio que considere más adecuado para la tipificación de una conducta como
de peligro concreto
MARGEN DE CONFIGURACION DEL LEGISLADOR
EXCEPCIONAL-Ingrediente
especial subjetivo como medio para precisar el peligro enfrentado por la norma
no convierte el tipo penal en uno de peligro concreto
PODER PUNITIVO DEL ESTADO EN CONMOCION
INTERIOR-Exige que el
Gobierno Nacional precise suficientemente los sujetos activos
PODER PUNITIVO DEL ESTADO EN CONMOCION
INTERIOR-Conducta de los
sujetos activos debe tener la capacidad de amenazar la seguridad del Estado, la
estabilidad institucional o la convivencia ciudadana
DECRETO LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE CONMOCION
INTERIOR-No precisa el
sujeto activo determinado
TIPO PENAL EN CONMOCION INTERIOR-Inconstitucional por cuanto no reúne
requisitos exigidos
MARGEN DE CONFIGURACIÓN DEL LEGISLADOR
EXCEPCIONAL-Podrá expedir
normas de carácter procesal siempre que respete los criterios
MARGEN DE CONFIGURACIÓN DEL LEGISLADOR
EXCEPCIONAL-Diseño de
medidas procesales de diferentes maneras
MEDIDA PROCESAL EXCEPTIVA-Incidencia sobre derechos fundamentales
Cuando la
medida procesal exceptiva incide directamente sobre derechos fundamentales como
la libertad personal, es necesario que dicha afectación esté (i) dirigida de
manera específica a proteger los bienes jurídicos que justificaron la
declaración de la conmoción interior, así como (ii) a evitar un atentado
inminente contra tales bienes jurídicos, (iii) cometido por personas que
integran las organizaciones que causaron la grave perturbación del orden
público que llevó al Presidente de la República a invocar poderes excepcionales
para restablecerlo. Además, estas medidas procesales deben respetar los otros
juicios estatutarios especiales en el ámbito del poder punitivo, como el de
proporcionalidad.
MEDIDA PROCESAL EXCEPTIVA-Debe respetar el principio de finalidad
MEDIDA PROCESAL EXCEPTIVA-No pasa el juicio de finalidad
PODER PUNITIVO DEL ESTADO EN CONMOCION
INTERIOR-Normas de
procedimiento penal deben estar dirigidas a tutelar la estabilidad
institucional
PODER PUNITIVO DEL ESTADO EN CONMOCION
INTERIOR-Normas procesales
no señalaron la protección de la estabilidad institucional
MEDIDA PROCESAL EXCEPTIVA-No cumple con el requisito de estar
dirigida a conjurar un peligro inminente para los bienes jurídicos que
justifican la declaratoria de conmoción
PODER PUNITIVO DEL ESTADO EN CONMOCION
INTERIOR-Ejercicio exige
que el Gobierno precise los sujetos activos
MEDIDA PROCESAL EXCEPTIVA-Motivos que determinan la conducta del
sujeto activo son inconstitucionales
DECRETO LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE
CONMOCION INTERIOR-Inconstitucional
por cuanto desapareció la necesidad jurídica de su expedición
DECRETO LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE
CONMOCION INTERIOR-Momento
del control de constitucionalidad
El control
de constitucionalidad de los decretos legislativos dictados al amparo de los
estados de excepción es un control dinámico. Por ello, el examen de la
necesidad jurídica de un decreto legislativo se realiza en dos momentos: 1) al
momento en que se dictó el decreto legislativo, para determinar si la
apreciación efectuada por el gobierno nacional sobre la necesidad tanto fáctica
como jurídica de la medida se ajusta a los criterios constitucionales y
estatutarios; y 2) al momento de realizar el juicio de constitucionalidad,
donde se examina si subsiste la necesidad jurídica que justificó originalmente
la medida.
DECRETO LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE
CONMOCION INTERIOR-Medidas
adoptadas por el Gobierno eran necesarias
CONGRESO DE LA REPUBLICA-No puede derogar ni modificar un decreto
legislativo mediante una norma ordinaria
CONGRESO DE LA REPUBLICA-Podrá dotar al Estado de instrumentos ordinarios
más severos sin derogar o modificar un decreto legislativo
CONGRESO DE LA REPUBLICA-En ningún caso las leyes que expida
durante la conmoción interior en materia de orden público nacen suspendidas
CONGRESO DE LA REPUBLICA-Podrá determinar el momento en que entren
a regir las normas que dicte por cuanto conserva la plenitud de sus
atribuciones constitucionales y legales
LEY ORDINARIA-Aplicación de la pena por hurto de hidrocarburos no
está supeditada al ingrediente especial subjetivo, sino a la cuantía de lo
hurtado
Referencia: expediente RE-127
Revisión constitucional del Decreto 2748
de 2002 “por el cual se expiden normas en materia procesal penal”.
Magistrado Ponente:
Dr. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil
tres (2003).
I.
ANTECEDENTES
La Presidencia de la República envió a esta
Corporación dentro del término constitucional fijado en el artículo 214 numeral
6, copia auténtica del decreto legislativo No. 2748 del veinticinco (25) de
noviembre de 2002, “por el cual se expiden normas en materia procesal penal”.
Mediante auto del tres (3) de diciembre de 2002, el
magistrado ponente avocó el conocimiento del proceso de la referencia y ordenó
se oficiara al Ministro de Justicia y del Derecho, al Fiscal General de la
Nación y al Secretario General del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, a fin de que, dentro de los tres (3) días
siguientes a la comunicación de esa providencia, remitieran a esta Corporación
los sustentos probatorios y demás elementos que justificaron las motivaciones y
la expedición del Decreto 2748 de 2002.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales
estatuidos para procesos de esta índole, procede la Corte Constitucional a
decidir.
II.
TEXTO DEL DECRETO
El texto del decreto objeto de revisión
constitucional es el que sigue:[1]
DECRETO NUMERO 2748 DE 2002
(noviembre 25)
por el cual se expiden normas en materia
procesal penal.
El Presidente
de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el
artículo 213 de la Constitución Política y en desarrollo de lo  dispuesto en
los Decretos 1837 y 2555 de 2002, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto
1837 del 11 de agosto de 2002, se declaró el Estado de Conmoción Interior, el
cual fue prorrogado mediante el Decreto 2555 del 8 de  noviembre de 2002;
Que continúa el
hurto de hidrocarburos como una de las causas de perturbación  del orden
público, en especial por su destinación al financiamiento de  organizaciones
criminales en el territorio nacional;
Que resulta
necesario restringir el acceso de estas organizaciones a los activos y recursos
financieros originados en la actividad ilícita y para tal fin es indispensable
inmovilizar materialmente a los autores del delito para  evitar la continuación
de su actividad delictual;
Que para
conjurar la causa de perturbación e impedir la extensión de sus  efectos, se
hace necesario la adopción de mecanismos en materia procesal penal,
DECRETA:
Artículo 1º. Definición de la situación jurídica.
En los procesos por delitos de hurto de hidrocarburos y sus derivados y en los
de encubrimiento de la  recién mencionada conducta punible, que se cometan con
el fin de financiar organizaciones criminales, la autoridad de conocimiento
está obligada a  resolver la situación jurídica y deberá ordenar la detención
preventiva en caso  de darse los presupuestos del artículo 356 del Código de
Procedimiento Penal, medida de aseguramiento que no podrá ser sustituida por la
detención  domiciliaria.
Artículo 2º. Libertad del procesado. El
sindicado por los delitos de que trata el artículo anterior, tendrá derecho a
la libertad provisional consagrada en el  artículo 365 de la Ley 600 de 2000,
únicamente en las causales previstas en los  numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo
citado.
Artículo 3º. Vigencia. El presente decreto rige
a partir de la fecha de su  promulgación.
Publíquese y
cúmplase.
Dado en Bogotá,
D.C., a 25 de noviembre de 2002.
ÁLVARO URIBE
VÉLEZ
El Ministro de
Justicia y del Derecho encargado de las funciones del Despacho del Ministro del
Interior,  Fernando Londoño Hoyos.
La Ministra de
Relaciones Exteriores, Carolina Barco Isakson.
El Ministro del
Interior encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Justicia y del
Derecho, Fernando Londoño Hoyos.
El Ministro de
Hacienda y Crédito Público, Roberto Junguito Bonnet.
La Ministra de
Defensa Nacional, Martha Lucía Ramírez de Rincón.
El Ministro de
Agricultura y Desarrollo Rural, Carlos Gustavo Cano Sanz,
La Ministra de
Desarrollo Económico, Cecilia Rodríguez González-Rubio,
El Ministro de
Minas y Energía, Luis Ernesto Mejía Castro,
El Ministro de
Comercio Exterior, Jorge Humberto Botero Angulo,
La Ministra de
Educación Nacional, Cecilia María Vélez White,
La Ministra de
Desarrollo Económico, encargada de las funciones del despacho de la Ministra
del Medio Ambiente, Cecilia Rodríguez González-Rubio,
El Ministro de
Trabajo y Seguridad Social, Juan Luis Londoño de la Cuesta,
El Ministro de
Trabajo y Seguridad Social, encargado de las funciones del Despacho del
Ministro de Salud, Juan Luis Londoño de la Cuesta,
La Ministra de
Comunicaciones, Martha Helena Pinto de De Hart,
El Ministro de
Transporte, Andrés Uriel Gallego Henao,
La Viceministra
de Cultura encargada de las funciones del Despacho de la Ministra de Cultura,
Adriana Mejía Hernández.
III.
PRUEBAS RECIBIDAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
Las pruebas en el presente proceso son de
dos clases. Las primeras son las trasladadas de otro proceso en el cual también
se juzgaron normas excepcionales sobre el hurto de hidrocarburos y sus derivados.
Las segundas son las practicadas dentro del presente proceso.
1. Mediante Oficio No. CC-460 del 10 de diciembre de
2002 la Secretaria General de la Corte Constitucional se trasladaron las
siguientes pruebas recaudadas en el expediente RE-119:[2]
a.
Informe presentado por
la Oficina Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para
justificar la constitucionalidad del Decreto 1900 de 2002, y en el cual se
incluyen estadísticas sobre aprehensiones de gasolina y combustibles realizadas
por la Policía Fiscal y Aduanera durante el año 2002;
b.
Oficio N°. 006187 del 2
de septiembre de 2002 suscrito por el Fiscal General de la Nación, remisorio
del documento estadístico de la Fiscalía General de la Nación sobre ilícitos
contra la infraestructura de hidrocarburos y delitos conexos, del informe sobre
las actividades desarrolladas por la Estructura de Apoyo de Arauca de 2001-2002
y del informe sobre las actividades de Policía Judicial realizadas por el CTI
de 2002.
c.
Informe N°. 002658 del
2 de septiembre de 2002 de la Gerencia de Control Pérdida de Combustibles de
ECOPETROL, que certifica las pérdidas como consecuencia del contrabando de hidrocarburos
y sus derivados.
d.
Informe N°.
VIT-TEU-002640-2001-1 del Jefe del Departamento de Planeación y Control
Operacional de la Vicepresidencia de Transporte de ECOPETROL, que certifica las
pérdidas por hurto de hidrocarburos en el período comprendido entre junio de
2001 y junio de 2002.
e.
Informe presentado por
la Sub-dirección de Investigaciones Especiales del Departamento Administrativo
de Seguridad DAS, sobre la participación de los grupos subversivos y
paramilitares en la comisión de delitos relativos a hidrocarburos. Dicho
informe dice lo siguiente:
“De manera
atenta me permito enviar a su Despacho, la apreciación sobre la situación de
hurto y contrabando de combustibles por grupos al margen de la ley, tanto de
extrema izquierda (FARC-ELN) como de extrema derecha (AUC) y CARTELES DE LA
GASOLINA, que utilizan este hecho punible para autofinanciar su accionar
delictivo y como estrategia para atacar la economía del estado, así como para
la compra de material bélico, logístico y otros. También se disputan el dominio
territorial en las áreas geográficas por donde cruzan los oleoductos que
transportan combustible (gas, gasolina, ACPM, Petróleo crudo y demás derivados
del petróleo); señalando a las siguientes regiones como las de mayor
afectación, así:
1°. Poliducto
del Norte que transporta combustibles desde el sitio denominado pozos
colorados, ubicado cerca de Santa Marta –Magdalena que cruza los Departamentos
del Cesar y Santander hasta llegar a Barrancabermeja.
2°. Poliducto
Sur Oriental que conduce combustible desde Paicol- Huila y cruza los
Departamentos del Tolima, Huila y Caldas hasta llegar al municipio de
Barrancabermeja-Santander.
3°. Poliducto
Central que transporta combustibles desde los campos de Cañogarza, Cusiana y
Capiagua- Casanare y Apiay –Departamento del Meta, que atraviesa Cundinamarca
hasta llegar a Barrancabermeja-Santander.
4°. Oleoducto
Trasandino: Transporta petróleo desde Orito-Putumayo hasta el Puerto marítimo
de Tumaco –Departamento de Nariño.
5°. Oleoducto
Caño-Limón  Coveñas que transporta el mayor volumen de petróleo entre
Caño-Limón –Arauca y atraviesa los Departamentos de Arauca, Santander, Boyacá,
Magdalena y Sucre.
6°. Poliducto
que transporta combustibles desde Barrancabermeja hasta la ciudad de Bogotá,
con grandes depósitos en Facatativa y Puente Aranda.
MODALIDADES
DELICTIVAS.
1. Hurto de
Gasolina a través de perforación del tubo y colocación de válvulas clandestinas
en grandes cantidades, que operan con importantes infraestructuras como:
Transporte, comunicaciones, gasolineras, centros de acopio y comercialización
de combustibles.
2. Hurto de
petróleo crudo, modalidad utilizada en los últimos tiempos, apoyados algunas
veces por grupos subversivos que son transportados a refinerías clandestinas
que operan en forma artesanal. Utilizan para transportar combustibles como
tanques escoltados por grupos armados provistos de radios de comunicación, celulares,
vigilantes ubicados en sitios estratégicos y depósitos clandestinos; en la
mayoría de los casos la gasolina la mezclan con otras sustancias o combustible
debidamente marcado.
3. Emplean el
hurto de combustibles en pequeñas cantidades, canecas, garrafones y otros
recipientes de menor capacidad.
4. Actos
terroristas: A través de la voladura de oleoductos que transportan crudo por el
no pago de la vacuna petrolera, cuyo derrame del hidrocarburo afecta gravemente
el ecosistema, con enorme degradación de las áreas productivas de la cadena
alimenticia, contaminación ambiental con afectación directa sobre las cuencas
hidrográficas en detrimento de la economía nacional.
5. Cerca de las
capitales de los Departamentos del Atlántico y Córdoba, en una reunión con
funcionarios de FEDIPETROLEOS se conoció que varias bombas de gasolina que se
encuentran ubicadas en las afueras de estas ciudades, no cumplen con las normas
establecidas por la Ley, y en la mayoría de los casos son surtidas por miembros
de la delincuencia común, que hurtan la gasolina y la traen desde el sur de
Bolívar mediante compra clandestina y a bajos precios.
f.
Estudio de ECOPETROL
con argumentos de tipo legal y fáctico que sustentan la urgente necesidad de la
reforma en materia de legislación penal sustancial y procedimental relacionada
con el hurto y el contrabando de hidrocarburos.
g.
Informe de la
Subdirección de Inteligencia y Policía Judicial de la Policía Fiscal presentado
al proceso RE-119 para mostrar la vinculación existente entre los grupos
alzados en armas, especialmente los llamados “paramilitares”, y la criminalidad
relacionada con los delitos sobre hidrocarburos. En dicho informe se dice lo
siguiente:
“Los
Departamentos de la Guajira, César y Magdalena así como el Departamento de
Santander tienen gran influencia de grupos al margen de la ley, como las
Autodefensas, quienes son los mayores patrocinadores del Hurto y Contrabando de
los Hidrocarburos, ejerciendo mayor dominio que la Subversión.
“Reseña
histórica: Este grupo
aparece en el país, auto denominándose Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá (ACCU), con sus actividades en diferentes parte del norte y centro del
Departamento, proliferándose apreciablemente poco mas tarde.
“Áreas de
influencias: Sus
incursiones han tomado poderío concentrándose por todo el Nor-oriente del País
donde generalmente no existe presencia de la Fuerza Pública, como Municipios,
veredas y caseríos.
“Financiación:
“Estos grupos son
financiados y auspiciados por ganaderos de la región que de una u otra forma
han sido golpeados por la subversión. Los ganaderos dan una cuota por hectárea
de tierra que posean, así mismo los comerciantes en gran escala dan una cuota
en común acuerdo con las personas de esta agrupación, con el fin de que se les
brinde la seguridad que requieren. Además del hurto de combustible del
oleoducto de ECOPETROL que pasa por su zona de injerencia y en este caso el
contrabando.
“PROBLEMÁTICA
DEL COMBUSTIBLE.
“Conocidos los
antecedentes anteriores se establecen la siguiente síntesis en lo que respecta
la situación de la comercialización y transporte de combustible de contrabando,
que tiene su origen en el Departamento de la Guajira y Norte de Santander,
principalmente.
Los
Paramilitares que tienen influencia en la Zona del Magdalena Medio así como en
el César, son los Pioneros en  El  Hurto y Contrabando de Combustibles; con
dicha actividad financian sus actividades delictivas, para la adquisición de armamento
y explosivos.
Los
contrabandistas de Combustibles provenientes de Venezuela, son  autorizados por
los Paramilitares; esta situación genera un monopolio en el comercio ilegal de
combustibles en estas Regiones, por parte de las Autodefensas.
Aproximadamente
en el 60% del hurto de combustibles están involucradas las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC); tienen mayor importancia que la Subversión en esta actividad
delictiva, por cuanto son aliadas directas de los carteles de Gasolina.
Aproximadamente
desde hace cuatro meses, los grupos de Paramilitares antes mencionados que
delinquen en la zona Nororiental de País, emprenden el monopolio del movimiento
del contrabando en general de esta región.
Estos grupos
han realizado una serie de reuniones con los transportadores del combustible de
contrabando, con el fin de establecer ciertas cláusulas en forma ilegal,
persiguiendo el fin de obtener de esta actividad un a fuente lucrativa para la
satisfacción de las necesidades de su sustento.
En el
departamento de la Guajira, tienen el monopolio desde el lugar de ingreso
fronterizo (Paraguachon), como también el desplazamiento en todo el
Departamento, cuyas rutas conducen a los demás que con éste limitan.
Para
garantizarles esta actividad, los transportadores deben aportar con una cuota
de 200.000 por camión, de lo contrario no podrían dedicarse a esta actividad
delictiva.
Así mismo en el
Departamento del Magdalena, donde la modalidad es el uso de las trochas
aledañas a la Troncal del Caribe, (entre esas la vía antigua), o en su defecto
el uso de lanchas para arribar el producto por vía marítima a los lugares
clandestinos de comercialización,  y de estos a las estaciones de servicio de
la zona rural y demás.
Los controles
que llevan a cabo las autoridades aduaneras en esta localidad, por la
situación de orden público lo hacen a unos Kilómetros fuera del perímetro
urbano, donde no es posible el cubrimiento de las innumerables trochas
utilizadas para el transporte del producto.
Es así como los
grupos que operan en esta región (...) reunieron a las personas que se dedican
a delinquir de esta manera, a quienes les establecieron que deberían pagar una
cuota para garantizarles el desplazamiento por este sector del que  tienen
control.
Al tratar de establecer
la cuota, en esta localidad fueron reunidos directamente los dueños de las
estaciones de servicio a quienes se les exigía una cuota de $50.000.000
millones mensuales, y de esta manera no interrumpir el transporte del
contrabando hasta el lugar de expendio.
Frente a esta
propuesta, lo propietarios de las estaciones de servicio no quisieron
aceptarla; motivo por lo cual de cierta manera esta actividad se encuentra
truncada.”
h.
Documento titulado “Del
hurto de Hidrocarburo y sus derivados”,
preparado por ECOPETROL y allegado al proceso RE-119 por la Secretaría General
de la Presidencia de la República, sobre el modo como operan las bandas en el
hurto de hidrocarburos. En dicho informe se dice lo siguiente:
“Lo ocurrido en
la última década del noventa y lo que va transcurrido del presente milenio,
muestra el surgimiento de una criminalidad de efectos dañinos sin precedentes
en la historia de Colombia, conformada por grupos que van desde la delincuencia
común, pasando por las bandas conocidas como los carteles  de la gasolina e
integrados igualmente por organizaciones que funcionan como verdaderas
sociedades para la comisión del crimen, en las cuales, sus miembros
pertenecientes muchas veces a grupos armados al margen de la ley, están asistidos
de un propósito de permanencia en la comisión de delitos y se apoyan en una
estructura soportada en modernas tecnologías y en una bien definida y
específica distribución de tareas que se pueden clasificar, según las personas
que las cumplen, de la siguiente manera:
“EL PATRÓN: Es
el jefe de la banda.
“LOS VIGÍAS,
CENTINELAS Y MOSCAS: Apoyan a quienes realizan las labores propias del
apoderamiento de los hidrocarburos y sus derivados, mediante el empleo de
modernos sistemas de comunicación y de vehículos; estos delincuentes tienen la
misión de garantizar el éxito del delito, para lo cual recorren las vías
aledañas a las tuberías, autorizan el desplazamiento hacia el objetivo y la
posterior huída para buscar la impunidad de los responsables.
“LOS PERFORADORES:
Tienen las siguientes responsabilidades: Perforar las líneas mediante el empleo
de sistemas manuales; colocar tapones de madera o hierro para sellar el
orificio del tubo;   y adulterar, acondicionar e instalar válvulas subterráneas
o superficiales para facilitar el apoderamiento de combustibles.
“LOS
TANQUEADORES: Encargados de envasar y llenar los camiones y carrotanques, con
los productos combustibles hurtados, mediante el empleo de algunas modalidades,
así:  a).- Directamente en los puntos de perforación del tubo. b) Luego de
transportar el producto en canecas de gran capacidad o con la ayuda de animales
de carga. c) Después de conducir el combustible por tuberías de P. V. C. o
minioleoductos. d) Luego de almacenar el combustible en piscinas, canecas,
tanques subterráneos, situados en parqueaderos, bodegas y solares, utilizando
instalaciones ilícitas o mangueras  de aproximadamente 2.000 metros, las cuales
han sido conectadas previamente a la tubería transportadora del combustible.
“LOS
TRANSPORTADORES: Encargados del desplazamiento del producto hurtado: a) Por vía
terrestre, en forma rudimentaria con ayuda de recipientes y de animales de
carga o mediante el empleo de camiones y carrotanques con capacidad  entre
2.100 y 12.000 galones. Los tripulantes de estos vehículos transportan el
combustible hasta los sitios de almacenamiento o distribución, apoyándose en
documentación falsa. b).- Por vía fluvial  a través de embarcaciones y
planchones adaptados para este tipo de transporte.
LOS ALMACENADORES
O DISTRIBUIDORES: Son los responsables de guardar y conservar en piscinas,
canecas, tanques subterráneos, situados en parqueaderos, bodegas y solares, los
productos combustibles hurtados en áreas rurales y suburbanas, para su
posterior comercialización y entrega en el sitio de destino.”
i.
Certificación del
Coordinador de Grupo de Apoyo en la Gestión Judicial y Extrajudicial de la
Dirección Jurídica de ECOPETROL, sobre el número de procesos por el delito de
hurto de hidrocarburos.
j.
Listado de procesos,
presentado por ECOPETROL, que se adelantan por el delito de hurto de
hidrocarburos y conductas punibles relacionadas con estos.
k.
Oficio del 2 de
septiembre de 2002, suscrito por la Directora general de Presupuesto Público
Nacional, mediante el cual informa sobre el peso del recaudo por impuesto
global sobre el Producto Interno Bruto, y valida las cifras presentadas por la
DIAN y ECOPETROL por hurto y contrabando de combustibles.
l.
Información enviada por
el Secretario General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República para ser tenida en cuenta en el proceso RE-119 con información de
carácter reservado sobre procesos penales en curso e informes de inteligencia
de la Policía Nacional y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en
materia de hurto y contrabando de hidrocarburos y sus derivados:
-       Treinta y dos (32) informes de inteligencia
de la Dirección Central de la Policía Judicial que demostraban los operativos
dirigidos a la interceptación de grupos armados al margen de la ley, así como
la captura de distintas personas involucradas en los delitos de hurto de
hidrocarburos.
-       Informe del Jefe de Análisis y Recolección
de la Subdirección de Inteligencia y Policía Judicial -Policía Fiscal y
Aduanera-, que detallaba las área de territorio Nacional en donde tienen
influencia los grupos subversivos relacionados con los  delitos de hurto y
contrabando de hidrocarburos y sus derivados, que demostraba la vinculación de
dichas organizaciones con las conductas punibles mencionadas.
-       Oficio No. 678 de 2002, suscrito por el
Director Seccional de Sucre del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-,
contentivo del informe con carácter reservado sobre el delito hurto de
gasolina.
-       Demanda de constitución de parte civil de
ECOPETROL dentro de un proceso penal por el delito de hurto de combustibles
(Sumario 54739).
-       Oficio No. 3747 del 2 de septiembre de
2002, suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento
Administrativo de Seguridad DAS, mediante el cual remitía el informe con
carácter reservado, rendido por el Coordinador del Grupo de Seguridad Rural de
esa Entidad, sobre el hurto y contrabando de combustible.
2. Mediante escrito del 9 de diciembre de
2002, el Secretario General de la Presidencia de la República remitió a esta
Corporación los siguientes documentos:
a.
Informe No. DOJ-0600-780 de 6 de diciembre de
2002, suscrito por la Directora del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de
Justicia y del Derecho, que contiene argumentos para justificar que el Decreto
2748 de 2002 responde a los principios de finalidad, necesidad,
proporcionalidad y motivación de incompatibilidad que señalan los artículos 9,
10, 11, 12 y 13 de la Ley Estatutaria de Estados de Excepción, Ley 137 de 1994.
En dicho Informe se afirma lo siguiente:
“Principio de
finalidad. (...) Es imperante restringir el acceso de las organizaciones
delincuenciales a los activos y recursos financieros originados en cualquier
actividad ilícita, sea cual fuere el mecanismo a través del cual se estén
movilizando los recursos dentro del sistema económico, como presupuesto
indispensable para debilitar la estructura financiera de los agentes
generadores de perturbación del orden público y de contera, atender los fines
inherentes a la declaratoria de conmoción interior.”
“En este
propósito, resulta de fundamental importancia dotar al aparato judicial de
instrumentos eficaces que le permitan perseguir el delito y asegurar la
comparecencia y efectiva sanción de los responsables. Para tal efecto, la
medida de aseguramiento además de facilitar la investigación, impide el peligro
de fuga, la posibilidad de reincidencia y la capacidad de destrucción de la
evidencia, (...).”
“Esta posibilidad
de retención, además de los importantes efectos antes señalados, otorga una
relevante potestad al Estado, en la medida que le permite excluir de la
organización criminal a uno o varios de sus componentes, debilitando su
estructura y evitando la continuación de la actividad delictiva.”
“No resulta
menos importante la prohibición establecida en el Decreto, a través de la cual
se impide la sustitución de la detención preventiva por detención domiciliaria.
Es claro que el alcance y connotaciones de una figura como esta, se fundamenta
en la menor lesividad que ostentan ciertos comportamientos sobre el bien
jurídico y fundamentalmente en las condiciones personales del delincuente y de
su entorno, de tal suerte que estas circunstancias permitan suponer al funcionario
judicial que la aplicación de tal medida es adecuada a sus fines, contrario
sensu la medida no es aplicable cuando, como es el caso que nos ocupa, la
acción delictiva vulnera bienes jurídicos prevalentes que al Estado le interesa
proteger.”
“Además de las
razones señaladas, esta medida se justifica porque le permite al Estado ejercer
un control directo e inmediato del sindicado e impedir, se reitera, la
continuación de la actividad delictiva mediante su desvinculación de la empresa
criminal. (...)”
“Principio de
necesidad. (...) La tipificación de las conductas no garantiza per se la
efectiva administración de justicia. Por tanto, es imperante la adopción de
medidas complementarias que permitan al Estado ejercer materialmente su
potestad punitiva, manteniendo bajo su custodia a los infractores de estos
ilícitos.”
“Con ello,
(...), se restringen las posibilidades de evasión de la acción penal, se evita
que el infractor persista en la comisión de delitos de manera paralela a la
investigación judicial, y que engrose nuevamente las filas de dichas
organizaciones. (...) La retención de los eventuales implicados asegura que los
mecanismos jurídicos constituidos en desarrollo de la política criminal
contribuyan a la eficacia de la investigación y juzgamiento de las conductas
que resulten de la actividad criminal.”
“Principio de
incompatibilidad. En lo que atañe a este principio, es de anotar que el Decreto
bajo examen es un mecanismo complementario y más riguroso que no suspende ni
contraría los postulados legales vigentes.”
“Principio de
proporcionalidad. (...) La actividad estatal desplegada por estas
organizaciones ilegales genera un riesgo inminente para la estabilidad de las
instituciones estatales y la seguridad ciudadana, lo cual justifica plenamente
la respuesta punitiva del Estado, dotando a la administración de justicia de
rigurosos instrumentos tendientes a proteger la sociedad, garantizar la
convivencia pacífica y a restablecer el orden público afectado.”
En relación con
la justificación de excluir la posibilidad de libertad condicional, la
Dirección del Ordenamiento Jurídico sostiene que la norma bajo estudio “no se
refiere a los subrogados penales, en el entendido que la naturaleza de la
conducta y el quantum establecido para la misma, en razón de su lesividad,
excluye la posibilidad de concesión de estas medidas.”
En cuanto a la
posibilidad de sustituir la detención preventiva por reclusión domiciliaria en
caso de enfermedad grave, se dice que “en desarrollo del postulado de la dignidad
humana son perfectamente aplicables los supuestos consagrados, siempre y cuando
se compruebe efectivamente que el sujeto se encuentra dentro de alguna de las
hipótesis descritas [por el artículo 68 de la Ley 599 de 2000]”.
En cuanto a la
exclusión de las causales consagradas en los numerales 1, 6 y 7 del Artículo
365 de la Ley 600 de 2000, sostiene:
“Numeral 1. Se
excluye la aplicación de esta causal, por cuanto la naturaleza del delito y la
gravedad del mismo determina la no concesión del subrogado.”
“Numeral 6. Los
supuestos contemplados en las causales de ausencia de responsabilidad que
admiten el exceso, no posibilitan que una conducta con esta especial finalidad
pueda adecuarse a lo contemplado en tales preceptos.”
“Numeral 7. El
propósito que se exige tanto al agente que realiza el hurto de combustibles,
como a quienes los encubre, hace necesaria la exclusión de este supuesto, como
quiera que el Estado no persigue la reparación patrimonial del daño causado,
sino la efectiva tutela de los derechos de la colectividad y la convivencia
pacífica que se pueden ver gravemente lesionados con la continuación de las
actividades delictivas.”
b.
Informe DIJ-GJE-0525 de 9 de diciembre de 2002,
suscrito por el Coordinador del Grupo de Asuntos Judiciales y Extrajudiciales
de la Dirección Jurídica de Ecopetrol, mediante el cual se presentan
estadísticas sobre liberación de personas sindicadas por los delitos de hurto
de hidrocarburos y sus derivados y por encubrimiento de la mencionada conducta,
en los eventos en que la autoridad judicial no resuelve su situación jurídica,
no ordena la detención preventiva o sustituye la medida de detención preventiva
por detención domiciliaria. En dicho informe se dice lo siguiente:
“Dentro de la
legislación penal vigente, sólo es posible resolver la situación jurídica
(artículo 354 del Código de Procedimiento Penal) y dictar auto de detención en
los casos taxativamente señalados por el legislador (artículo 357 idem), en
consideración a la pena mínima imponible y a la naturaleza de la conducta
punible. En ninguna de las hipótesis del artículo 357 se encuentra el
encubrimiento, cuando esta conducta se realiza respecto de los delitos de hurto
de hidrocarburos y sus derivados (artículos 446 y 447 del Código Penal).”
“De las organizaciones
criminales comprometidas en los delitos de hurto de hidrocarburos y sus
derivados, tal como lo reportan los servicios de inteligencia del país, hacen
parte los grupos subversivos y los llamados carteles de la gasolina,
organizaciones que obran como una verdadera empresa en cuya cadena criminal
aparecen, la mayor parte de las veces, conductores de vehículos que transportan
el combustible hurtado y que, por razones de índole puramente probatoria, sólo
pueden ser judicializados por delitos de encubrimiento, con la consecuencial e
inmediata obtención de la libertad, por cuanto, como ya se dijo, tal ilícito no
tiene prevista medida de aseguramiento en la ley vigente.”
“En los casos de
hurto de hidrocarburos y sus derivados, la mayor parte de los aprehendidos como
autores o partícipes de ese delito obtienen la excarcelación (artículo 38 y
365.7 del C de P.P.), como consecuencia de la extinción de la acción penal por
indemnización (artículo 80 del C.de P.P.) de sumas irrisorias, mientras que los
demás sindicados acceden a la libertad provisional por las distintas vías
previstas en la legislación actual. Esto da paso a la consecuencial impunidad
para los miembros de las organizaciones criminales dedicadas al hurto de
hidrocarburos y sus derivados.”
“Estadísticamente,
la pregunta formulada por la Honorable Corte Constitucional se puede contestar
de la siguiente manera:
Número de Procesos Penales a 30 de noviembre de 2002:                   434
I.
Procesos según la naturaleza del delito:
Hurto de
hidrocarburos (60%)
261
Encubrimiento
(35%)
151
Otros
delitos (5%)
22
II.
Personas liberadas
Hurto de
hidrocarburos (excarcelación art. 365, num 7, CPP)
40%
Hurto de
hidrocarburos (excarcelación otros motivos art. 365)
20%
Encubrimiento
(en el total de los casos debe operar la libertad)
35%
Otros
delitos (libertad por distintas causas)
5%
(…)
“Cuando las unidades de Fiscalía
competentes para conocer de procesos por hurto de hidrocarburos y sus derivados
se han abstenido de ordenar la detención preventiva, por razones
interpretativas o probatorias, ECOPETROL ha ejercido las acciones y recursos
pertinentes en los casos en que la Empresa se ha podido constituir en parte
civil.”
(...)
“En los procesos por delitos de hurto de
hidrocarburos y sus derivados no se sustituye la detención preventiva por la
domiciliaria, como quiera que el sindicado obtiene la libertad provisional al
amparo del artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, (...). En las
investigaciones por encubrimiento no opera la detención domiciliaria, si se
tiene en cuenta que este delito no tiene detención preventiva.”
“En el Decreto 2748 de 2002 se prohíbe la
detención domiciliaria con la certeza de que dicho fenómeno será objeto de
solicitudes por parte de los sindicados, en consideración a que en los delitos
previstos en dicho estatuto de conmoción interior opera inequívocamente la
detención preventiva, cuando se dan los presupuestos del artículo 356 del
Código de Procedimiento Penal y visto que la libertad provisional es procedente
únicamente en las hipótesis de los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 365 de la
Ley 600 de 2000. (...)”
(...)
“Por lo dicho, las medidas adoptadas por el
Ejecutivo en el Decreto que se comentan resultan acordes con los principios de
finalidad, pues se encuentran directa y específicamente encaminadas a conjurar
las causas de la perturbación del orden público y a impedir la extensión de sus
efectos; de necesidad, ya que el citado Decreto expresa claramente las razones
por las cuales son indispensables las medidas que establece para alcanzar los
fines que dieron lugar a la declaración del estado de excepción
correspondiente; y de proporcionalidad, pues es innegable que las medidas
adoptadas por el citado Estatuto resultan adecuadas frente a la gravedad de los
hechos que pretende conjurar.”
(...)
“La restricción de la libertad provisional
tiene como razón (...) la necesidad de restringir el acceso de las
organizaciones criminales a los activos y recursos financieros originados en la
actividad ilícita del hurto de hidrocarburos y sus derivados y el encubrimiento
de esta conducta.”
“Es pertinente señalar que el Decreto 2748
de 2002 ordena resolver situación jurídica en los procesos por delitos de hurto
de hidrocarburos y sus derivados y de encubrimiento de dicha conducta y
proferir detención cuando se den los supuestos de ley. Ahora, como ya se
advirtió, el estatuto dispone que la libertad provisional únicamente se
concederá al sindicado por las causales previstas en los numerales 2, 3, 4, y 5
del artículo 365 de  la Ley 600 de 2000. La causal 6 se refiere al fenómeno
jurídico del exceso en el ejercicio de los motivos eximentes de
responsabilidad, que no aplica en los casos regulados por el Decreto, y la
causal 8 tiene que ver con los delitos de peculado. Por lo demás, se observa
que el Decreto de conmoción interior no se refiere a la reclusión hospitalaria
por enfermedad muy grave, ni al artículo 362 del Código de Procedimiento Penal,
como quiera que esta última disposición alude a la suspensión de la detención
preventiva y no a la excarcelación que regula el artículo 365 ibídem.”
c.
Informe GCP No. 374 del Gerente de Control de
Pérdida de Combustibles de la Vicepresidencia de Transporte de ECOPETROL, que
certifica el volumen de barriles de hidrocarburos hurtados, así como las
pérdidas por hurto de hidrocarburos durante el período comprendido entre enero
de 2001 y noviembre de 2002. Como resultados operativos la Gerencia de Control
de Pérdida de Combustibles informa que durante enero-noviembre de 2002, las
pérdidas calculadas por hurto de hidrocarburos ascendieron a 2.447.713
barriles, cifra que equivale al 4.10% de la producción en ese período. Durante
ese mismo lapso de tiempo las autoridades incautaron 41.390 barriles de
hidrocarburos, ECOPETROL recuperó directamente 24.312 barriles de combustible;
fueron capturadas 910 personas y se inmovilizaron 473 vehículos.
IV.
INTERVENCIONES
1.
Intervención del Ministerio de Justicia y del
Derecho
El Ministerio de Justicia y del Derecho, actuando
mediante apoderada, interviene en el proceso de revisión del Decreto 2748 de
2002, para solicitar a la Corte que declare su constitucionalidad, con base en
los siguientes argumentos:
1. En cuanto a sus aspectos formales considera que el decreto objeto
de revisión cumple a cabalidad con los requisitos constitucionales para su
expedición.
2. En lo que se refiere a sus aspectos materiales, considera que el
Gobierno acató cabalmente los principios constitucionales de finalidad,
conexidad, necesidad y proporcionalidad, en la expedición del Decreto 2748 de
2002:
2.1. En relación con el principio de finalidad, la apoderada del
Ministerio de Justicia afirma que las motivaciones que dieron origen al Decreto
2748 de 2002 tienen plena concordancia y guardan una relación ontológica con
las razones expuestas en los considerandos 1, 3 y 5 del Decreto 1837 de 2002,
al declarar el estado de conmoción interior. Como factores que justifican la
adopción del decreto bajo estudio cita: “i. el incremento de la
inseguridad del país; ii. las graves amenazas y violaciones de los
derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario; iii. el
incremento de los ataques terroristas a la infraestructura de servicios
esenciales; y iv. la grave amenaza de la democracia regional.”
Señala la interviniente que “con el propósito de atacar las finanzas
de las organizaciones criminales más peligrosas del país, y así debilitar su
capacidad destructiva, el Gobierno Nacional expidió la norma en revisión. Se
trata de una finalidad que guarda estrecha conexidad con las causas
perturbadoras del orden, toda vez que el incremento del poder delincuencial de
aquéllas está correlacionado con su gran estructura económica. En efecto, este
poder económico les ha permitido financiar un equipo destructivo, modernos
equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, etc, con los cuales se han
perpetrado ataques contra la población y las instituciones democráticas.”
“El fenómeno delincuencial ha tomado tal auge que no se verifica con
la sola vulneración a bienes jurídicos tutelados, sino que se ha convertido en
un negocio de grandes proporciones que se ha ido fortaleciendo a medida que se
repite la comisión de conductas punibles conformando organizaciones criminales
altamente especializadas que constituyen un constante peligro para la seguridad
de nuestras instituciones y la convivencia pacífica.”
“En este orden, tales organizaciones han encontrado en el hurto de
hidrocarburos una fuente considerable de recursos que fortalece su estructura y
facilita la consecución de sus objetivos ilícitos, a la vez que debilita un
sector importante de la economía nacional.”
2.2. En relación con el principio de necesidad, la interviniente
sostiene que éste se respeta a partir de dos hechos notorios: i. las
organizaciones delincuenciales ostentan un gran poder económico que les permite
enfrentar el Estado y la sociedad; y ii. el diseño normativo en materia
procesal penal es insuficiente e ineficaz para hacer frente a tales organizaciones
dada la magnitud de su poderío económico.
“Bajo estas premisas, se tiene la firme convicción que modificar el
diseño normativo de las medidas que aseguran la custodia provisional de los
infractores de la ley penal para hacerlos más efectivos entratándose del delito
de hurto de hidrocarburos, emerge como una condición necesaria para debilitar
la delincuencia organizada, puesto que ataca directamente la empresa criminal.
En efecto, la capacidad terrorista de estas organizaciones está correlacionada
con su gran poder económico, y sólo atacando sus finanzas a través de una
normatividad fuerte y efectiva y proporcional al gran daño social que producen
sus acciones, el Estado podrá debilitar su estructura delictiva y con ello
reprimir efectivamente sus actos.”
“Así las cosas, resulta imperioso restringir el acceso de las
organizaciones delincuenciales a los activos y recursos financieros originados
en cualquier actividad ilícita, sea cual fuere el mecanismo a través del cual
se estén movilizando los recursos dentro del sistema económico, como
presupuesto indispensable para debilitar la estructura financiera de los
agentes generadores de perturbación del orden público y de contera atender los
fines inherentes a la declaratoria de conmoción interior.
“En este propósito, resulta de fundamental importancia dotar al
aparato judicial de instrumentos eficaces que le permitan perseguir el delito y
asegurar la comparecencia y efectiva sanción de los responsables. Para tal
efecto, la medida de aseguramiento, además de facilitar la investigación,
impide el peligro de fuga, la posibilidad de reincidencia y la capacidad de
destrucción de la evidencia.”
“Esta posibilidad de retención, además de los importantes efectos
antes señalados, otorga una relevante potestad del Estado, en la medida que le
permite excluir de la organización criminal a uno o varios de sus componentes,
debilitando su estructura y evitando la continuación de la actividad
delictiva.”
“La tipificación de las conductas punitivas no garantiza per se la
efectiva administración de justicia. Por tanto, es imperante la adopción de
medidas complementarias que permitan al Estado ejercer materialmente su
potestad punitiva, manteniendo bajo su custodia a los infractores de estos
ilícitos.”
(...)
“La retención de los eventuales implicados asegura que los
mecanismos jurídicos constituidos en desarrollo de la política criminal
contribuyan a la eficacia de la investigación y juzgamiento de las conductas
que resulten de la actividad criminal. En tal sentido, la naturaleza del delito
en comento, el entorno especial en el que se consuma, su lesividad social y su
evidente relación con las organizaciones al margen de la ley y por
consiguiente, con la particular situación de orden público que afecta al país,
son razones que justifican la expedición de una medida de tales
características.”
2.3. Respecto del principio de proporcionalidad, la interviniente
sostiene que “el Gobierno Nacional adoptó una medida equivalente a la gravedad
de los hechos. Más aún, con la norma en revisión, el Gobierno corrige el
defecto normativo ante la evidente desproporcionalidad presentada. En efecto,
el régimen normativo procesal, en especial lo relativo a la medida de custodia
provisional de los infractores de la ley penal resultaba insuficiente ante el
poderío económico de las organizaciones criminales. En esta materia, la
realidad delictiva desbordó el imaginario legal.”
“El Decreto Legislativo 2748 de 2002 apunta a corregir la nefasta
desproporcionalidad existente entre la realidad delictiva y el diseño
institucional dispuesto para enfrentarla. Así, la norma en revisión fortalece
la respuesta del Estado, al establecer una distinción entre el tratamiento
otorgado a quienes desarrollan actividades delictivas de particular relevancia
para el Estado, como es el caso del hurto de combustibles con la finalidad de
financiar organizaciones criminales, frente a otras que no comportan igual
gravedad.”
2.4. En cuanto a la validez material de las medidas adoptadas, la
apoderada del Ministerio de Justicia y del Derecho afirma lo siguiente:
En relación con el artículo 1 del Decreto 2748 de 2002: “El Gobierno
Nacional, mediante la norma en estudio, reitera la procedencia de la medida de
aseguramiento por estos delitos, como quiera que su conocimiento corresponde a
la Justicia Penal Especializada. Además de la reiteración señalada, el Gobierno
prohíbe la sustitución de la medida sólo cuando las conducta punitivas de hurto
de hidrocarburos y encubrimiento se realizan con la finalidad de financiar
organizaciones criminales.”
“La prohibición señalada de sustituir la medida de aseguramiento por
la detención domiciliaria corresponde al diseño de la política criminal del
estado de excepción cuya finalidad es el restablecimiento del orden público
perturbado. (...) De esta manera, el Gobierno Nacional, en calidad de
legislador extraordinario, ostenta la cláusula general de competencia normativa
para diseñar la política criminal del estado de excepción, y, en consecuencia,
tipificar penalmente nuevas conductas, aumentar y reducir las penas, así como
modificar las disposiciones de procedimiento penal y de policía y autorizar el
cambio de radicación de los procesos, siempre que las medidas guarden relación
de conexidad con las causas que generaron el estado de anormalidad.”
“En el presente caso, el Gobierno Nacional impuso una medida
necesaria y útil a ese propósito, toda vez que con ella se busca ejercer
control directo de los infractores y contrarrestar la actividad delictiva de
tales organizaciones, al excluir de manera efectiva a sus integrantes, lo cual
contribuye a la disminución y desarticulación de la empresa criminal.”
En cuanto al artículo 2 del Decreto 2748 de 2002: “el Gobierno
Nacional consideró necesario restringir el otorgamiento de la libertad provisional
para los sindicados por estas conductas, disponiendo que sólo procederá por las
causales previstas en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 365 de la Ley 600
de 2000, atendiendo a la prevalencia del bien jurídico tutelado y a las causas
que motivaron la declaratoria de estado de conmoción interior, especialmente lo
referente al gran poder destructivo de los grupos armados al margen de la ley,
entre ellos, los dedicados al hurto de combustibles como medio de
financiamiento de esta clase de organizaciones criminales.”
“Así las cosas, el Decreto en revisión prohíbe el otorgamiento de la
libertad provisional en los siguientes casos:
“1. Por cumplimiento de los requisitos previstos para suspender
condicionalmente la ejecución de la pena contemplado en el artículo 63 del
Código Penal.
“2. Por exceso en cualquiera de las causales eximentes de
responsabilidad previstas en el artículo 32 del Código Penal. Así, los
supuestos contemplados en las causales de ausencia de responsabilidad que
admiten el exceso no admiten la posibilidad de que una conducta con esa
especial finalidad pueda adecuarse a lo contemplado en tales preceptos.
“3. Por restitución del objeto material del delito, su valor e
indemnización integral de los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado.
El propósito que se exige al agente que realiza el hurto de combustibles, hace
necesaria la exclusión de este supuesto, como quiera que el Estado no persigue
la reparación patrimonial del daño causado, sino la efectiva tutela de los
derechos de la colectividad y la convivencia pacífica que se pueden ver
gravemente lesionados con la continuación de las actividades delictivas.”
2.
Intervención de la Fiscalía General de la Nación
Mediante Oficio No 09554 del 10 de Diciembre de 2002, la Fiscalía
General de la Nación, por intermedio del Director Nacional de Fiscalías,
intervino en el proceso para remitir la información sobre liberación de
personas sindicadas por los delitos de hurto de hidrocarburos y sus derivados y
de encubrimiento de la anterior conducta, así como para solicitar que el
Decreto 2748 de 2002 sea declarado inexequible. A continuación se transcriben
los apartes más relevantes de su intervención:
“Si se tiene en consideración que los decretos
proferidos como consecuencia del estado de conmoción interior tuvieron como
finalidad precisamente la lucha contra la delincuencia organizada, no resulta
compatible con dicha finalidad que se contemplen las exclusiones aludidas
cuando la cuantía de lo hurtado sea inferior a diez (10) salarios mínimos
legales mensuales, pues con ello se cobijarían casos que no puede derivarse de
la actuación de organizaciones delincuenciales y con ello se aceptaría otro
tipo de criminalidad ocasional.”
“El decreto no se compadece con las consideraciones
que consignó la Corte Constitucional al declarar la inexequibilidad del Decreto
1900 de 2002, en lo atinente a los límites de las facultades presidenciales
para tipificar conductas, mismas que solo pueden ejercerse respecto de los
comportamientos que atenten contra la estabilidad institucional, la seguridad
del estado, el orden público o la convivencia ciudadana. Esto en el entendido
que la tipificación de las conductas deben estar ligadas a los motivos que
dieron origen a la declaratoria del estado de conmoción interior, tal como lo
advierte el artículo 27 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, o
Pacto de San José, la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción –Ley 173 de
1994‑. (...)”
“Al tenor de lo previsto en el artículo 243 de la
Carta Política, ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del
acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo. En el caso que se
analiza, si bien el Decreto 2748 no reproduce textualmente el artículo 2 del
decreto 1900, la intención del ejecutivo es mantener los efectos de esta norma.
(...)”
“La Corte Constitucional declaró inexequible el
decreto 1900 de 2002, que tipificaba de manera autónoma el delito de hurto de
hidrocarburos y sus derivados, en consecuencia no existe norma especial que
sancione esa conducta, debiéndose recurrir a la figura consagrada en los
artículos 239, 240 y 241, numeral 14 del Código Penal.”
“Al consagrar en el decreto 2748 de 2002 la expresión
“que se cometan con el fin de financiar organizaciones criminales”, el ejecutivo
está modificando la tipicidad del delito de hurto consagrado en el Código
Penal, en el sentido de adicionar un elemento subjetivo para derivar las
consecuencias en él previstas. Esta circunstancia viola el principio de
legalidad, dado que a través de una norma de carácter adjetivo se está
introduciendo una modificación de orden sustancial.”
“Vulnera el artículo 150 de la Constitución Nacional,
toda vez que de acuerdo con el numeral 2 del artículo en comento, la tarea de
expedir los códigos, cualquiera que sea la rama, y la reforma de sus
contenidos, es tarea exclusiva y excluyente del Congreso de la República; al
imponer la obligación de resolver la situación jurídica para los delitos de
hurto de hidrocarburos y sus derivados, lo que hizo fue crear un elemento
subjetivo del tipo básico de hurto, el cual no es de su resorte; en el mismo
sentido se considera el artículo 2 del decreto en mención, violatorio del
artículo 13 de la Carta Política.”
“La norma contempla solamente las causales de libertad provisional
consagradas en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 365 del CPP, con
excepción de los numerales 1, 6 y 7, situación que riñe con el principio
fundamental de la igualdad de las personas frente a la ley. Resulta
desproporcionado e irrazonable que delitos considerados como graves por las
consecuencias producidas, que lesionan bienes jurídicamente tutelados como la
vida, la salubridad pública, tales como el terrorismo o el narcotráfico, sus
autores o partícipes tengan la oportunidad de obtener la libertad provisional
con base en las causales contempladas en los numerales 1, 6 y 7 del artículo
365, por lo tanto no pueden ser objeto de un tratamiento más severo las
conductas descritas en el decreto en comento.”
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación mediante concepto
número 3127 del veintisiete (27) de enero de 2003, solicita a la Corte:
(i)
Declarar la existencia de COSA JUZGADA MATERIAL
con relación al Decreto 2748 de 2002, respecto de la sentencia C-939 de 2002
mediante la cual se declaró la INEXEQUIBILIDAD del artículo 9 del Decreto 1900
de 2002, cuyo contenido normativo se reproduce en las normas objeto de
revisión.
(ii)
En subsidio de lo
anterior, declarar INEXEQUIBLE el Decreto 2748 del 25 de noviembre de 2002,
“por el cual se expiden medidas en materia procesal penal”, por desbordar la
facultad legislativa excepcional que la Constitución Política permite ejercer
al Gobierno en estado de conmoción interior.
En primer lugar, el Procurador considera, que “el Decreto
Legislativo 2748 de 2002 cumple con los requerimientos formales exigidos por el
artículo 213 de la Constitución Política, toda vez que fue expedido en desarrollo
de los Decretos 1837 y 2555 del mismo año, por medio de los cuales se declaró
el estado de conmoción interior y luego se prorrogó al persistir las
condiciones de anormalidad, además lleva la firma del Presidente de la
República y la de todos sus ministros y fue dictado dentro del límite temporal
de la prórroga de la declaración de conmoción.”
En segundo lugar, afirma el Representante del
Ministerio Público, que el decreto bajo estudio es una reproducción material de
normas declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en las sentencia
C-939 de 2002 y C-1065 de 2002, por lo cual también debe ser declarada
inexequible.
“Con base en la declaratoria del Estado de Conmoción
Interior, el Presidente de la República el 23 de agosto de 2002 por Decreto Legislativo
No. 1900 tipificó de manera autónoma, incrementando además las penas para los
delitos de hurto y contrabando de hidrocarburos o sus derivados, y creó las
nuevas figuras delictivas de favorecimiento a las anteriores conductas, daño a
la infraestructura, hurto de marcadores detectores o reveladores y la
destinación ilícita de bienes, y además estableció algunas normas procesales
especiales para la investigación y juzgamiento de estos reatos. Este
ordenamiento fue modificado el 30 de septiembre mediante Decreto Legislativo
No. 2180 al despenalizar aquellas conductas cometidas sobre cantidades de
hidrocarburos y sus derivados que no sobrepasen los 10 galones del producto o
su equivalente en litros.”
“Sin embargo, por decisión de la Corte Constitucional
los decretos mencionados fueron excluidos del ordenamiento jurídico; así,
mediante sentencia C-939 del 31 de octubre de 2002 dicha Corporación declaró
inexequible el Decreto No. 1900 de 2002, al considerar, entre otras cosas, que
los tipos penales de hurto de hidrocarburos o sus derivados no son necesarios
para neutralizar las causas que generaron la declaratoria del Estado de
conmoción interior o impedir la extensión de sus efectos; y como consecuencia
de lo precedente, mediante sentencia C-1065 del 3 de diciembre de 2002, la
Corte Constitucional igualmente declaró la inexequibilidad del Decreto 2180 de
2002.”
“Siendo así, no podía el Presidente de la República
adoptar medidas procesales relacionadas con la investigación y juzgamiento de
tipos penales cuya configuración dentro del marco del estado de excepción fue
declarada inconstitucional, pues al hacerlo desconoce que en relación con las
disposiciones que integran el decreto 2748 de 2002 ya existía pronunciamiento
de la Corte (...) sobre su inexequibilidad, el cual hace tránsito a cosa
juzgada material, por manera que era improcedente reproducir dichos preceptos
en un nuevo texto normativo.”
“Al observar los artículos primero y segundo del
Decreto 2748 de 2002 se puede advertir que su contenido normativo reproduce
parcialmente el artículo 9 del decreto 1900 del mismo año, declarado
inexequible semanas antes de la expedición de aquel decreto (...).”
“Ahora bien, podría pensarse que como elemento
innovador en las nuevas disposiciones se encuentra la prohibición de reemplazar
la medida de detención preventiva por domiciliaria para los delitos de hurto de
hidrocarburos y sus derivados y el encubrimiento de dicha conducta, pero ello
en cuanto al delito de hurto no sería válido, por cuanto realmente resultaba innecesario
incluirla en el texto del decreto 1900 de 2002, en razón a que, considerando
que este ilícito reviste especial gravedad y trascendencia, allí se le fijó
como pena mínima seis (6) años de prisión, de modo que obviamente resultaba
improcedente tal sustitución de la medida de aseguramiento por no reunirse los
presupuestos del artículo 38 del Código Penal para su otorgamiento (aplicable
por remisión del artículo 357, inciso final del Código de Procedimiento
Penal).”
En tercer lugar, y en caso de que la Corte
Constitucional rechace la tesis de la existencia de cosa juzgada material, el
Procurador General de la Nación afirma que la disposición bajo estudio es
inconstitucional por ausencia de conexidad con las causas generadoras de la
declaratoria del estado de conmoción interior.
“La apreciación precedente se sustenta en la ausencia
de referencia dentro del Decreto 2748 de 2002, al Decreto 1900 de 2002 que
consagraba como delito autónomo el hurto de hidrocarburos y sus derivados,
sancionándolo con una sanción mayor de la fijada en el Código Penal para el
hurto agravado (artículo 241, numeral 14, Código Penal), cuando no podían
vincularse las medidas procesales dictadas en el decreto legislativo que ahora
se revisa a la investigación de las conductas tipificadas en el mencionado
decreto 1900, en cuanto semanas antes, en virtud de la sentencia dictada el 31
de octubre de 2002, éste decreto ya había salido del ordenamiento vigente.”
“En este orden, no existiendo dentro del ordenamiento
penal tipos específicamente denominados como “hurto de hidrocarburos y sus
derivados” y “favorecimiento en el delito de hurto de hidrocarburos y
sus derivados”, podría entenderse que las disposiciones procesales del
Decreto 2748 de 2002, son aplicables en la investigación y juzgamiento de una
de las formas de hurto agravado, como es el cometido “sobre petróleo o sus
derivados cuando se sustraiga de un oleoducto, gasoducto, poliducto o fuentes
inmediatas de abastecimiento”, descrito en los artículos 239 y 241, numeral
14, del Código Penal, así como en los procesos que se adelanten por cualquier
de las dos formas de encubrimiento –favorecimiento o receptación‑,
definidas en el Capítulo Sexto del Título XVI ídem, relativo a los ‘Delitos
contra la eficaz y recta impartición de justicia’.”
“Bajo esta perspectiva, las consideraciones que se
expusieron en su oportunidad dentro del proceso de control constitucional al
Decreto 1900 de 2002, sirven igualmente de apoyo para solicitar la declaratoria
de inexequibilidad del Decreto 2748 de 2002. (...)”[3]
“Reiterando la posición expresada por este Despacho en
concepto No. 3033, el incremento del hurto de hidrocarburos y sus derivados, o
las dificultades para que los procesados por tales conductas comparezcan a los
procesos no constituyen ninguno de los motivos que adujo el Presidente de la
República como fundamento de la declaratoria del estado de Excepción vigente,
por manera que dictar normas encaminadas a un tratamiento procesal más severo a
los sindicados por los delitos de hurto agravado, favorecimiento o receptación,
cuando tales delitos se realicen sobre hidrocarburos y sus derivados, no
constituye una medida necesaria para restablecer el orden público turbado.
Ciertamente no hay relación entre la adopción de tales normas procesales
especiales y la protección de los bienes jurídicos de estabilidad
institucional, la seguridad del estado y convivencia ciudadana.”
“No se discute que durante el estado de conmoción
interior puede el Gobierno modificar las normas de procedimiento penal
existentes o establecer las que sean necesarias para contrarrestar las causas
de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos (artículo 44, Ley 137
de 1994, declarado exequible en sentencia C-179 de 1994), sin embargo en este
evento es del caso recordar que, como lo expresara la Corte Constitucional en
la sentencia C-939 de 2002, el Gobierno no ha establecido de qué forma el
delito de hurto de hidrocarburos y sus derivados o la forma como se vienen
adelantando las investigaciones de estas conductas, atenta directamente contra
los bienes jurídicos antes mencionados.”
“En ese orden, habiéndose declarado la falta de
relación directa y específica entre el mencionado delito y las causas
perturbadoras de la paz, el sosiego y la tranquilidad ciudadana, obviamente
tampoco resulta procedente, por carecer igualmente de relación de conexidad,
fijar normas procesales referidas a la investigación del referido punible
(ahora penalizado como hurto agravado).”
(...)
“Es claro que la normatividad que dicte el Gobierno
dentro del estado de conmoción interior debe tener como finalidad exclusiva
neutralizar las actividades terroristas de los grupos armados al margen de la
ley que buscan desestabilizar las instituciones y generar un estado de total
inseguridad, pero dentro de dichas actividades no puede calificarse el hurto de
hidrocarburos y sus derivados, aunque tales organizaciones criminales puedan
lucrarse con ellas, máxime cuando no fue incorporada dentro del Decreto 1837 de
2002, como una de sus principales fuentes de financiación.”
“Tampoco es posible justificar la adopción de las
medidas procesales en comento en la necesidad de “restringir el acceso de
las organizaciones delincuenciales a los activos y recursos financieros
originados en cualquier actividad ilícita, sea cual fuere el mecanismo a través
del cual se estén movilizando los recursos dentro del sistema económico”,
esencialmente porque las disposiciones del Decreto 2748 de 2002 tienen
incidencia en la libertad de las personas sindicadas del delito de hurto
agravado por consumarse sobre hidrocarburos o sus derivados o el favorecimiento
de esta conducta, mas no sobre la titularidad o disposición de los bienes o
recursos adquiridos por ésta práctica.”
VI.
CONSIDERACIONES
Procede la Corte Constitucional a dictar la decisión
correspondiente a este asunto, previas las siguientes consideraciones.
1.
Competencia
La Corte Constitucional es competente para conocer de este proceso,
por tratarse de la revisión de un decreto legislativo dictado por el Gobierno
con fundamento en el artículo 213 de la Constitución, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 214 numeral 6º y 241 numeral 7º de la Constitución.
2.
Análisis del Decreto 2748 de 2002
2.1.
Examen formal del Decreto 2748 de 2002
En cuanto a los requisitos formales que el decreto
legislativo revisado debe cumplir, la Corte observa que el Decreto 2748 de
2002: 1) se dictó en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en
especial las conferidas por el artículo 213 de la Constitución Política, en
desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 1837 del 11 de agosto de 2002, que
declaró el Estado de Conmoción Interior en todo el territorio nacional, el cual
fue prorrogado por el Decreto 2555 de 2002; 2) está firmado por el Presidente
de la República y todos sus ministros, bien sea como ministros titulares o
encargados de una o varias carteras, o por funcionarios encargados de las
funciones de dirección de un ministerio; 3) Tiene una parte motiva que refiere
a las consideraciones invocadas para declarar la conmoción y versa sobre la
justificación del establecimiento de las reglas procesales especiales sobre
detención preventiva en el caso de los delitos de hurto de hidrocarburos y sus
derivados, así como en el caso de encubrimiento de esos delitos, cuando éstos
se realicen con el fin de financiar organizaciones criminales; y 4) fue
expedido el 25 de noviembre de 2002, es decir, dentro del término de los
noventa (90) días de prórroga del Estado de Conmoción Interior declarado por el
Decreto 1837 de 2002 (artículo 1, del Decreto 2555 de 2002).
En conclusión, el decreto es constitucional por este
aspecto.
2.2.
Examen material del Decreto 2748 de 2002.
El Decreto sometido a revisión ante la
Corte Constitucional establece la obligación de resolver la situación jurídica
y ordenar la detención preventiva en todos los casos de delitos de hurto de
hidrocarburos y sus derivados, así como en los casos de encubrimiento de estos
delitos, cuando tales conductas sean cometidas “con el fin de financiar
organizaciones criminales.” Igualmente, impide sustituir la detención
preventiva por detención domiciliaria y limita la posibilidad de conceder
libertad provisional a los eventos previstos en los numerales 2, 3, 4 y 5 del
artículo 365 del Código de Procedimiento Penal.
Para efectos de adelantar el examen material del Decreto 2748 de
2002, la Corte procederá de la siguiente manera:
(i)
Determinará si, como lo
afirman varios de los intervinientes en el presente proceso, existe una
reproducción material de una disposición dictada bajo estado de conmoción
interior que fue declarada inexequible por esta Corporación y, por lo tanto, ha
ocurrido el fenómeno de cosa juzgada constitucional. (Apartado 2.2.1.)
(ii)
Analizará si las
disposiciones respetan los límites establecidos en el  bloque de
constitucionalidad para estos efectos, y en especial los principios de
conexidad, finalidad, necesidad, motivación de incompatibilidad,
proporcionalidad y no discriminación (artículo 213, CP y artículos 10, 11, 12,
13 y 14, Ley 137 de 1994). (Apartados 2.2.3 a 2.2.12)
(iii)
Establecerá si el
ingrediente subjetivo introducido por el artículo 1 del Decreto 2748 de 2002
para los delitos de hurto de hidrocarburos y sus derivados, así como de
encubrimiento de tal conducta, se ajusta a los límites y alcances de la
competencia gubernamental durante los estados de excepción, para “tipificar
penalmente conductas, aumentar y reducir penas, así como modificar las
disposiciones de procedimiento penal” (art. 44 de la Ley 137 de 1994). Y,
además, si a través de él puede exigir la detención preventiva, prohibir la
sustitución de la medida por detención domiciliaria y restringir las causales
de libertad provisional. (Apartado 2.2.13.)
2.2.1.  La
cosa juzgada material durante los estados de excepción
La Ley 137 de 1994, Ley
Estatutaria de los Estados de Excepción, en su artículo 19 estableció lo
siguiente:
“Artículo 19.
Prohibición de reproducir normas. Ningún decreto declarado inconstitucional,
podrá ser reproducido por el Gobierno, a menos que con posterioridad a la
sentencia o decisión, hayan desaparecido los fundamentos que la originaron.”
Aun cuando esta disposición no señala expresamente que debe tratarse
de una reproducción del contenido material de un decreto legislativo
previamente declarado inexequible, ni que los motivos que hayan dado lugar a su
declaratoria de inconstitucionalidad sean razones de fondo, la Corte precisó
que esta disposición debe “entenderse en los términos consagrados en el
inciso segundo del artículo 243 de la Carta”.[4]
Por lo tanto, al analizar si una disposición dictada al amparo de un
estado de conmoción es una reproducción material o no de otra previamente
declarada inexequible, se deben examinar cuatro condiciones similares a las
señaladas por el artículo 243 constitucional.
El inciso segundo del artículo 243 de la Carta Política, que
establece los efectos de los fallos de la Corte Constitucional, dispone lo
siguiente:
Ninguna autoridad podrá reproducir el
contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de
fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para
hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución.
De conformidad con la disposición constitucional citada, para
determinar si un “acto jurídico” del legislador constituye una
reproducción contraria a la Carta, es preciso examinar cuatro elementos:
1.     Que exista una declaración de inexequibilidad.
2.     Que se trate de un mismo sentido normativo, esto es, que el contenido
material del texto examinado sea similar a aquel que fue declarado
inexequible por razones de fondo, teniendo en cuenta el contexto dentro del
cual se inscribe la norma examinada, ya que su significado y sus alcances
jurídicos pueden variar si el contexto es diferente;[5]
3.     Que el texto legal, supuestamente reproducido, haya sido declarado
inconstitucional por “razones de fondo”, lo cual hace necesario analizar
la ratio decidendi del fallo anterior; [6]
4.     Que subsistan las disposiciones constitucionales que sirvieron de
referencia en la sentencia anterior de la Corte.[7]
Cuando estos cuatro elementos
se presentan, se está ante el fenómeno de la cosa juzgada constitucional
material, en sentido estricto, y, en consecuencia, la norma reproducida, debe
ser declarada inexequible, pues la cosa juzgada material limita la competencia
del legislador para reproducir el contenido material de la norma contraria a la
Carta Fundamental. Cuando el legislador desconoce esta prohibición, la Corte
debe proferir un fallo de inexequibilidad por la violación del mandato
dispuesto en el artículo 243 de la Constitución Política.[8]
No obstante, el sentido de la cosa juzgada
constitucional durante los estados de excepción adquiere un significado
particular. Ello se debe a que el control constitucional de las normas
excepcionales obedece a características específicas. En primer lugar, se trata
de un control abstracto pero vinculado al contexto particular de cada estado de
excepción declarado, puesto que la exequibilidad de una norma depende de que se
respete el principio de conexidad entre la medida exceptiva y las causas que
justificaron tal declaración. En segundo lugar, además de la conexidad material
con las causas de un determinado estado de excepción, las medidas deben
respetar varios principios enunciados en la ley estatutaria (principios de
finalidad, necesidad, motivación de incompatibilidad y proporcionalidad) dentro
de los cuales se destaca, para estos efectos, el de finalidad que puede llevar
a que una norma en sí misma compatible con la Carta sea inexequible por
contener una medida que no esta directa y específicamente encaminada a atacar
las causas que justificaron la declaración de un determinado estado de
excepción. En tercer lugar, como el grado de severidad de las medidas
exceptivas puede ser mayor que el de las ordinarias, una norma exequible en el
contexto de cierto estado de excepción puede ser demasiado gravosa en tiempos
de normalidad y, viceversa, una norma inconstitucional en tiempos ordinarios
puede ser exequible precisamente porque ésta solo puede adoptarse durante un
estado de excepción.
Por lo tanto, pueden
distinguirse las siguientes hipótesis respecto de una norma previamente
declarada inexequible: (i) que una medida dictada para situaciones de
normalidad y declarada inexequible en el régimen ordinario, pueda eventualmente
ser exequible, si es adoptada como mecanismo para superar las causas de
perturbación durante un estado de excepción; (ii) que una norma dictada durante
un estado de excepción específico y declarada inexequible en ese estado de
excepción, no sea contraria a la Constitución bajo un nuevo estado de excepción;
(iii) que una medida adoptada durante un estado de excepción, sea declarada
inexequible durante ese estado por razones de fondo, caso en el cual no podrá
ser reproducida, mientras subsistan las razones que llevaron a su
inexequibilidad.
En efecto, en la primera
hipótesis mencionada no existe necesariamente cosa juzgada constitucional, pues
una norma considerada inexequible en el régimen ordinario puede eventualmente
no serlo durante un estado de excepción, porque le es dado al legislador
establecer limitaciones más gravosas a los derechos y libertades durante estos
estados. Por ello, una medida declarada inexequible para tiempos de normalidad,
puede ser exequible en un estado de excepción, si respeta todos los límites que
la Carta, los tratados internacionales y la Ley Estatutaria de Estados de
Excepción establecen.
En la segunda hipótesis
señalada tampoco existe cosa juzgada constitucional, pues una norma declarada
inexequible en un estado de excepción específico, puede eventualmente ser
exequible en otro estado de excepción, si en el nuevo contexto se cumplen los
principios de finalidad, necesidad, motivación de incompatibilidad,
proporcionalidad y no discriminación, salvo que la norma haya sido invalidada
porque su contenido en sí mismo, sin importar el contexto excepcional en que
fue adoptado, sea contrario a una disposición constitucional específica.
En la tercera hipótesis
indicada seguramente existirá cosa juzgada constitucional. No obstante, para
determinar si existe o no cosa juzgada material, de una norma dictada al amparo
de alguno de los estados de excepción, que supuestamente reproduce otra
previamente declarada inexequible dentro del mismo estado de excepción, debe
hacerse un examen de su contenido a la luz del contexto que determinó la declaratoria
del estado de excepción y de las razones que llevaron a la Corte a declarar la
inexequibilidad de la norma supuestamente reproducida.
En el caso del decreto bajo
revisión, afirman tanto el Procurador General de la Nación, como la Fiscalía
General de la Nación, que el Decreto 2748 de 2002, reproduce el artículo 9 del
Decreto 1900 de 2002, declarado inexequible por esta Corporación en la
sentencia C-939 de 2002, MP: Eduardo Montealegre Lynett. Según el Procurador, a
pesar de que los textos no son idénticos, el Decreto 2748 de 2002, cumple la
misma función del artículo 9 del Decreto 1900 de 2002. Y puesto que tal
disposición fue declarada inexequible, solicita a la Corte declarar la
incompatibilidad del Decreto 2748 de 2002 con la Constitución.
Para el Procurador General de
la Nación y la Fiscalía General de la Nación, las diferencias introducidas en
la nueva norma, no desvirtúan que se trate del mismo contenido normativo y son
tan solo cambios aparentes. Así, introducir la prohibición de la detención
domiciliaria y eliminar la referencia a la justicia especializada son
modificaciones inocuas porque tales características estaban implícitas en el
diseño de los tipos penales que traía el Decreto 1900 de 2002. Por esta razón,
consideran que el artículo 9 del Decreto 1900 de 2002 y los artículos 1 y 2 del
Decreto 2748 de 2002, cumplen la misma función. La Corte no comparte esta
posición y, por el contrario, considera que no se dan los supuestos de la cosa
juzgada constitucional, por las siguientes razones:
En primer lugar, porque a
pesar de que existen elementos comunes entre los artículos 1 y 2 del Decreto
2748 de 2002 y el artículo 9 del Decreto 1900 de 2002, no se trata del mismo
contenido normativo. Si se comparan los dos textos, surgen diferencias sustanciales.
A continuación se trascriben los textos supuestamente reproducidos y se
resaltan las diferencias entre ellos para mayor claridad.
Decreto 1900 de 2002
Decreto 2748 de 2002
“Artículo 9°. Situación jurídica del sindicado y libertad
provisional. En los procesos por delitos de hurto y contrabando
de hidrocarburos o sus derivados en los que haya sindicados detenidos,
el fiscal de conocimiento resolverá su situación jurídica y ordenará su
detención preventiva cuando se cumplan los presupuestos del artículo 356 del
Código de Procedimiento Penal. El sindicado tendrá derecho a la
libertad provisional de que trata el artículo 365 de la Ley 600
de 2000, únicamente en el caso en que se cumplan las causales previstas en
los numerales 2, 3, 4 y 5, en armonía con lo dispuesto en el artículo
15 del capítulo IV transitorio del Código de Procedimiento Penal.”
Artículo 1º. Definición de la
situación jurídica. En los procesos por delitos de hurto de hidrocarburos
y sus derivados y en los de encubrimiento de la recién
mencionada conducta punible, que se cometan con el fin de
financiar  organizaciones criminales, la autoridad de conocimiento está
obligada a resolver la situación jurídica y deberá ordenar la detención
preventiva en caso de darse los presupuestos del artículo 356 del Código de
Procedimiento Penal, medida de aseguramiento que no podrá ser sustituida por
la detención  domiciliaria.
Artículo 2º. Libertad del
procesado. El sindicado por los delitos de que trata  el artículo
anterior, tendrá derecho a la libertad provisional consagrada
en el  artículo 365 de la Ley 600 de 2000, únicamente en las causales
previstas en los  numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo citado.
De esta comparación surgen las
siguientes diferencias:
1.
En el artículo 9 del Decreto 1900 de 2002, los
delitos cobijados por la medida excepcional, eran los delitos de hurto y
contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en la forma como habían sido
tipificados por los artículos 2 y 4 del mismo Decreto. Los artículos 1 y 2 del
Decreto 2748 de 2002, tratan de los delitos de hurto de hidrocarburos y sus
derivados y de encubrimiento de tal conducta. Aun cuando en la Ley 599 de 2000,
actual Código Penal, no existe un delito denominado exactamente como hurto de
hidrocarburos, es claro que el artículo 1 del Decreto 2748 de 2002, tiene una
estrecha relación con el hurto agravado que regula el artículo 241, numeral 14
de la Ley 599 de 2000, y le adiciona un ingrediente especial subjetivo: “que
hayan sido cometidos con el fin de financiar organizaciones criminales.”[9]
En
cuanto al encubrimiento, bajo esta categoría el Código Penal tipifica los
delitos de favorecimiento (artículo 446, Ley 599 de 2000)[10] y receptación
(artículo 447, Ley 599 de 2000).[11]
Para estas conductas no procede la detención preventiva pues la pena mínima
prevista imponible no llega a los cuatro años de prisión que exige el artículo
357 del Código de Procedimiento Penal. Pero por virtud del tratamiento
excepcional que establece el Decreto 2748 de 2002, son susceptibles de esta
medida cuando se trate del encubrimiento del delito de hurto de hidrocarburos.
Al respecto, el Decreto 1900 de 2002, establecía tipos penales especiales y
distintos de los que consagra el Código Penal para sancionar el hurto de
hidrocarburos y su encubrimiento.[12]
2.
El Decreto 2748 de 2002 introduce el ingrediente
especial subjetivo “con el fin de financiar organizaciones criminales”
como criterio para determinar el ámbito de aplicación de las normas previstas
en él. Ese elemento no fue incluido en el Decreto 1900 de 2002.
3.
El Decreto 2748 de 2002 establece que la medida
de detención preventiva no podrá ser sustituida por detención domiciliaria. Tal
restricción no fue incluida en el Decreto 1900 de 2002.
4.
Un elemento adicional para saber si las normas
bajo estudio reproducen o no el texto del artículo 9 del Decreto 1900 de 2002,
es la determinación de su naturaleza. Tanto el título del Decreto 2748 de 2002,
como el contenido de sus disposiciones parecerían señalar que se trata de
normas procesales. No obstante, tal como lo resalta la Fiscalía General de la
Nación, el ingrediente especial subjetivo incluido en estas normas procedimentales,
tiene también efectos sobre las normas penales sustantivas. La inclusión de
este elemento especial subjetivo, además de definir el ámbito de aplicación de
las normas procesales excepcionales, crea un tipo nuevo de hurto denominado
“hurto de hidrocarburos y sus derivados”, distinto del tipo general de hurto
agravado que consagra el artículo 241, numeral 14 de la Ley 599 de 2000 y del
tipo de hurto de hidrocarburos que consagraba el artículo 2 del Decreto 1900 de
2002.[13]
A
esta conclusión se llega al examinar los considerandos y el texto de los
artículos 1 y 2 del Decreto 2748 de 2002. En efecto, en el segundo considerando
del Decreto el Gobierno Nacional hace referencia al delito de hurto de
hidrocarburos, cometido con un fin: el “financiamiento de organizaciones
criminales en el territorio nacional.” En el artículo 1 se habla de “delitos
de hurto de hidrocarburos y sus derivados”, que se cometan “con el fin
de financiar organizaciones criminales”, con lo cual se crea un tipo penal
paralelo al tipo ordinario del Código Penal. En el artículo 1 también se
utiliza la expresión “recién mencionada conducta punible”, para
referirse al encubrimiento del nuevo tipo penal. En el artículo 2 el gobierno
nacional emplea la frase “los delitos de que trata el artículo anterior”,
con lo cual reconoce que creó nuevos delitos.
A
diferencia de lo que hacía el artículo 2 del Decreto 1900 de 2002, en el
Decreto 2748 de 2002 el gobierno nacional no describió la conducta de hurto de
hidrocarburos y sus derivados como el acto de apoderarse de estos elementos,
“cuando sean transportados a través de un oleoducto, gasoducto, naftaducto o
poliducto o por cualquier otro medio, o que se encuentren almacenados en
fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo.” La descripción
típica que consagra el Decreto 2748 de 2002 corresponde al hurto simple
consagrado en el artículo 239 de la Ley 599 de 2000,[14] agravada según lo que
establece el artículo 241, numeral 14 de la misma ley por haber sido realizado
sobre petróleo o sus derivados,[15]
y cometida “con el fin de financiar organizaciones criminales.”
Por lo anterior, a pesar de
algunas similitudes entre las dos disposiciones,[16] las diferencias
señaladas anteriormente indican que los contenidos normativos tanto de las
disposiciones procesales como del nuevo tipo penal creado por el decreto son
distintos, así cumplan una función similar a la de las disposiciones declaradas
inexequibles por la sentencia C-939 de 2002.
En segundo lugar, las razones
que llevaron a la Corte a declarar la inexequibilidad del artículo 9 del
Decreto 1900 de 2002 en la sentencia C-939 de 2002, fue la existencia de una
unidad inescindible entre las normas penales y las de procedimiento penal
contenidas en el Decreto 1900 de 2002. Para la Corte en el Decreto 1900 de 2002
no existía elemento alguno que permitiera “establecer qué tipo de peligro es
necesario para atentar contra el orden público y afectar la convivencia
ciudadana, la seguridad del Estado o la estabilidad institucional.” Por lo
tanto, declarados inexequibles los tipos penales creados por el decreto, las
disposiciones procesales carecían de objeto y sentido. Dijo entonces la Corte:
“15. Los
artículos 9 a 13 del Decreto 1900 de 2002, serán declarados inexequibles habida
consideración de que guardan una relación inescindible con los tipos penales de
hurto y contrabando de hidrocarburos y sus derivados. Al desaparecer los tipos
penales, estas disposiciones carecen de sentido y finalidad. Lo mismo se
predica del artículo 14, que establece la suspensión del artículo 357 del
Código Penal “en lo relacionado con energía y combustibles”, pues ha
desaparecido la causa de la suspensión.”
Por ello, no comparte la Corte
la tesis según la cual las normas procedimentales contenidas en el Decreto 1900
de 2002 hubieran sido declaradas inexequibles por carecer de conexidad con las
causas que llevaron a la declaratoria del estado de conmoción interior. Sobre
tales disposiciones procesales no se hizo un juicio individualizado y
específico. Su inconstitucionalidad se debió a que “guardan una relación
inescindible con los tipos penales” declarados inexequibles. En la
sentencia C-939 de 2002 la Corte reconoció que existía una conexidad general entre
las causas que determinaron la declaratoria de conmoción interior y las medidas
adoptadas mediante el Decreto 1900 de 2002.[17]
Sin embargo al examinar uno por uno los tipos penales creados por el mencionado
decreto, concluyó que éstos desconocían el principio de finalidad que debe
manifestarse expresamente en la descripción de cada conducta típica para que se
especifique qué tipo de peligro es necesario para que atente contra los bienes
jurídicos tutelados durante un estado de conmoción interior.
Puesto que el contenido
normativo del Decreto 2748 de 2002 es diferente al declarado inconstitucional
en la sentencia C-939 de 2000, tanto en materia sustantiva como procesal, y no
hubo en realidad un juicio material individualizado y especial sobre la
constitucionalidad del artículo 9 del Decreto 1900 de 2002 que hubiera
conducido a identificar una contradicción directa entre las normas procesales
contenidas en él y la Constitución, no se presenta el fenómeno de la cosa
juzgada, a pesar de que subsisten las normas constitucionales que sirvieron de
base a su declaratoria de inexequibilidad. Además, como el constituyente quiso
que la Corte Constitucional juzgara cada decreto legislativo dictado por el
Gobierno Nacional al amparo de la conmoción interior, salvo que se tratara de
reproducción material idéntica en el mismo contexto jurídico, pasa la Corte a
examinar la constitucionalidad del Decreto 2748 de 2002.
Para ello, primero precisará
el marco para el ejercicio de las facultades legislativas del Gobierno Nacional
durante los estados de excepción, y en particular, se referirá a los distintos
juicios para determinar si una medida dictada al amparo de un estado de
excepción es exequible. En segundo lugar, juzgará la medida bajo estudio para
establecer si la norma excepcional respeta los límites que señalan la
Constitución, la Ley Estatutaria de Excepción y los Tratados Internacionales
sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
2.2.2.  Marco del ejercicio de las facultades legislativas por parte del
Gobierno Nacional durante los estados de excepción
Las medidas dictadas al amparo del estado de conmoción
interior son excepcionales en cuanto han sido expedidas por el Ejecutivo y en
tanto alteran transitoriamente el régimen legal ordinario, pero no constituyen
una excepción al Estado Social de Derecho, ni al principio democrático.[18] Durante los estados de
excepción, así como en tiempos de normalidad institucional, rige plenamente la
Constitución y el Ejecutivo debe actuar dentro de los límites que le impone el
respeto al principio de constitucionalidad. Tal como ya lo ha señalado esta
Corporación, sólo dentro del respeto a los principios del constitucionalismo es
legítima la utilización de los poderes excepcionales con que es revestido el
Ejecutivo en tiempos de conmoción interior. Así lo reiteró esta Corporación,
entre otras, en la sentencia C-940 de 2002 al señalar que la invocación de la
antigua razón de Estado es incompatible con un régimen de excepción sometido al
Estado de Derecho:[19]
2.2.1. A
diferencia del marco normativo para dictar decretos legislativos en Estado de
Sitio bajo la vigencia de la Constitución anterior, que no sujetaba dichos
decretos a condiciones diferentes a las establecidas en el texto
constitucional, a partir de la Constitución de 1991 y luego de expedida la Ley
Estatutaria de los Estados de Excepción, el ejecutivo además de respetar los
parámetros constitucionales e internacionales plasmados en los tratados sobre
derechos humanos ratificados por Colombia (artículo 93 C.P.), debe asegurarse
que los decretos legislativos dictados durante la conmoción interior cumplan
con las estrictas condiciones establecidas en la Ley 137 de 1994. Los decretos
legislativos que se dicten con base en las facultades del artículo 213 de la
Constitución y en desarrollo del estado de conmoción, deben respetar las limitaciones
constitucionales, legales e internacionales. (...)
2.2.4 Los
principios estatutarios a los que debe sujetarse el ejercicio de las facultades
atribuidas al Gobierno durante el estado de conmoción interior (Ley 137 de
1994, artículos 8 a 14), aseguran una racionalidad mínima en el uso del poder
ejecutivo excepcional. Ellos exigen una racionalidad que impide la invocación
de la antigua razón de Estado. Sólo dentro del respeto a los principios del
constitucionalismo es legítima la utilización de los poderes excepcionales,
sometidos al derecho, con que es revestido el Ejecutivo en tiempos de
conmoción. (...)”
Tales límites se encuentran plasmados en varias
fuentes. La primera, es el propio texto de la Constitución. La segunda, es la
Ley Estatutaria de los Estados de Excepción. La tercera, son los tratados
internacionales sobre derechos humanos, en especial los que por su función
garantista prevalecen en el orden interno (artículo 93, CP). La cuarta, es el
derecho internacional humanitario, porque la propia Carta lo incorporó
integralmente al bloque de constitucionalidad para estos efectos. De cada una
de estas fuentes surgen distintos límites que la jurisprudencia de esta
Corporación ha analizado en extenso, por lo cual no es necesario repetir lo que
ya es una doctrina decantada y reiterada. [20]
De esta doctrina se concluye que el juicio de
constitucionalidad de las medidas excepcionales se realiza en el contexto
específico de cada estado de excepción y comprende varios pasos metodológicos
que son separables en juicios distintos y sucesivos:
1.-   Un
juicio de conexidad material,[21]
dirigido a comprobar que la medida adoptada se refiere a la misma materia de
las causas que justificaron la declaratoria del estado de excepción. Este
juicio lo establece expresamente el artículo 213 de la Carta y ha sido
desarrollado por varios artículos de la Ley Estatutaria de Estados de Excepción
que definen distintos principios y se refieren a algún elemento de la conexidad
material.[22]
2.-   Un juicio de
ausencia de arbitrariedad, [23]
consistente en establecer si la medida adoptada desconoce alguna de las
prohibiciones generales expresamente establecidas en la Constitución para el
ejercicio de las facultades excepcionales. Dentro de tales prohibiciones y
limitaciones se encuentran, por ejemplo: (i) la prohibición de investigación o
juzgamiento de civiles por la justicia penal militar (Artículo 213, inciso
final, CP); (ii) la prohibición de suspender los derechos humanos y las
libertades fundamentales (Artículo 214, numeral 2, CP); (iii) la prohibición de
interrumpir el normal funcionamiento de las ramas del poder público y de los
órganos del Estado (Artículo 214, numeral 4, C.P.).
3.-   Un juicio de
intangibilidad,[24]
orientado a verificar si la medida adoptada respeta los derechos intangibles
cuyo núcleo esencial es intocable, según lo dispuesto en la Constitución, los
tratados internacionales y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción
(artículo 93 C.P.).
4.-   Un juicio de
transitoriedad,[25]
que tiene como finalidad determinar si la medida adoptada, tanto por su
vigencia como por su contenido material, es una norma transitoria que ha de
regir y surtir efectos específicamente durante el estado de excepción (artículo
213 C.P.).
5.-   Un juicio de no
contradicción específica, mediante el cual se constata si el Ejecutivo ha
respetado los demás límites que establecen la Constitución y los tratados
internacionales durante la vigencia de un estado de excepción. Este juicio
parte de la premisa de que la Constitución no se suspende sino que tiene plena
aplicación durante los estados de excepción. De conformidad con la Ley 137 de 1994,
el gobierno tiene dos tipos de facultades: (i) las enunciadas expresamente para
los estados de excepción (artículo 38); y (ii) las generales que consagra la
Constitución (artículo 36).[26]
La constitucionalidad del ejercicio de tales facultades depende de que no
exista una contradicción específica con la Constitución y los tratados
internacionales.[27]
Ello se aprecia en cada caso teniendo en cuenta que un estado de excepción
permite excepciones a las reglas generales siempre que no se afecten los
límites anteriormente señalados.
Una norma excepcional que cumpla a cabalidad con las anteriores
exigencias, no es, por ello, exequible puesto que los juicios de conexidad
material, de ausencia de arbitrariedad, de intangibilidad, de transitoriedad y
de no contradicción específica de la Carta, versan únicamente sobre violaciones
groseras de la Constitución. La norma excepcional debe cumplir, además, con las
condiciones establecidas en la Ley 137 de 1994, Estatutaria de los Estados de
Excepción. De tales condiciones se derivan los siguientes juicios que se suman
al control de constitucionalidad encomendado por la Constitución a la Corte
Constitucional en relación con las medidas de excepción:
6-    El juicio de
finalidad, dirigido a verificar que cada una de las medidas adoptadas en
los decretos legislativos esté “directa y específicamente encaminada a
conjurar las causas de la perturbación y a impedir la extensión de sus efectos”.[28]
7.-   Un juicio de
motivación suficiente, dirigido a constatar que el gobierno haya apreciado
“los motivos por los cuales se imponen cada una de las limitaciones de los
derechos constitucionales”[29]
y expresado razones suficientes para justificar tales limitaciones. Cuando la
medida no limita en sí misma derechos, la carga es menos exigente pero requiere
que los considerandos del decreto contengan a lo menos un motivo que justifique
la medida.
8.-   El
juicio de necesidad, consistente en comprobar que las medidas adoptadas
son necesarias para lograr los fines que dieron lugar a la declaratoria del
estado de excepción.[30]
Este juicio versa sobre la relación de necesidad entre el fin buscado y el
medio empleado para alcanzarlo. Este juicio comprende dos partes en las cuales
se juzga si el Presidente como responsable del orden público incurrió en un
error manifiesto de apreciación acerca de la necesidad de la medida: a) el juicio
de necesidad fáctica, orientado a examinar si las medidas adoptadas para lograr
el restablecimiento del orden perturbado son necesarias para superar las causas
de perturbación o impedir la extensión de sus efectos; y b) el juicio de
necesidad jurídica, o juicio de subsidiariedad, dirigido a establecer si
existen normas que regulen situaciones similares en tiempos de normalidad y, en
caso afirmativo, si estas medidas ordinarias preexistentes son idóneas para
enfrentar la situación excepcional.[31]
9.-   Un
juicio de incompatibilidad, consistente en verificar si el Gobierno Nacional
ha expresado “las razones” por las cuales las normas ordinarias
suspendidas “son incompatibles con el correspondiente estado de excepción”.[32]
10.- Un
juicio de proporcionalidad, dirigido a examinar si las medidas adoptadas
durante el estado de excepción son excesivas.[33] De conformidad
con el artículo 13 de la Ley 137 de 1994, los decretos legislativos que se
dicten durante los estados de excepción, deben “guardar proporcionalidad con
la gravedad de los hechos que buscan conjurar” y las limitaciones que se
impongan al ejercicio de los derechos y libertades “sólo será admisible en
el grado estrictamente necesario, para buscar el retorno a la normalidad.”
Este juicio tiene dos
manifestaciones. La primera de orden policivo, consistente en analizar la
relación entre la medida adoptada y la gravedad de los hechos que busca
conjurar.[34]
Sería inexequible entonces la medida excepcional que restringe drásticamente
los derechos constitucionales para asegurar una mínima o insignificante mejoría
de la situación de orden público. La segunda manifestación del juicio se
orienta a verificar que no exista una restricción innecesaria de los derechos y
libertades, pues tal limitación “sólo será admisible en el grado
estrictamente necesario para buscar el retorno a la normalidad.” [35] Se trata aquí de la
existencia de un medio exceptivo menos drástico o lesivo que tenga igual o
mayor efectividad que el medio escogido, caso en el cual esta medida también se
torna inexequible por desproporcionada.
Tal como lo ha reiterado esta Corporación
en varias oportunidades, el principio de proporcionalidad “es un concepto
relacional cuya aplicación busca colocar dos magnitudes en relación de
equilibrio. El concepto de la proporcionalidad remite a la relación de
equilibrio entre distintos pares de conceptos, como supuesto de hecho y
consecuencia jurídica, afectación y defensa, ataque y reacción. (...).”[36] Este principio tiene
una aplicación específica en materia del ejercicio de las facultades del
Gobierno en estados de excepción.
11.- Un juicio de no
discriminación, dirigido a constatar que las medidas adoptadas con ocasión
del estado de excepción no entrañan una discriminación fundada en razones de
raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o
filosófica. Este juicio reconoce que  el principio de igualdad mantiene su
vigencia y eficacia durante un estado de excepción pero no tiene el mismo
alcance cuando con base en él se juzga una norma excepcional, que por
definición establece un régimen distinto y más gravoso que el ordinario, y por
ello, se concreta en constatar el respeto del principio de no discriminación.[37]
Una norma excepcional que respete los principios
generales establecidos en la ley estatutaria puede formar parte del régimen de
excepción transitorio. No obstante, como dicho régimen también debe ser
compatible con los límites sustantivos específicos derivados de las fuentes que
integran el bloque de constitucionalidad, la norma en cuestión debe ser también
analizada a la luz de tales límites. Ello plantea un juicio adicional.
12.- Un juicio material
estatutario que busca establecer si la norma revisada respeta los
parámetros específicos que trazó el legislador estatutario al regular el
ejercicio de facultades que por su materia representan una restricción de
derechos constitucionales o de principios básicos del ordenamiento superior. En
el caso del estado de conmoción interior tales parámetros específicos se
encuentran, principalmente, en el artículo 38 de la Ley Estatutaria de los
Estados de Excepción.[38]
Cuando una disposición contraviene prima facie
algunos de los límites mencionados, es decir, cuando a primera vista no pasa uno
de los juicios enunciados, la Corte, sin seguir necesariamente cada uno de los
pasos metodológicos sintetizados anteriormente, declara la inexequibilidad de
la norma correspondiente. Por ejemplo en la sentencia C-1024 de 2002.[39] La Corte declaró la
inexequibilidad del artículo 3 del Decreto Legislativo 2002 de 9 de septiembre
de 2002, que consagraba la posibilidad de capturar personas sospechosas, sin
que mediara autorización judicial, por ser claramente contraria al artículo 28
constitucional.
Resulta pertinente subrayar que la Corte al revisar la
exequibilidad de una norma no hace juicios de naturaleza diferente a los
anteriormente mencionados. Así, por ejemplo, no examina la eficacia práctica de
las medidas adoptadas ni las rechaza porque le parezcan irrazonables. El
control constitucional de la Corte es jurídico y se construye sobre un método
objetivo, fundado en normas expresas reconstruible racionalmente y que sirve de
pauta para el ejercicio de atribuciones excepcionales según los parámetros de
un Estado constitucional, democrático y social de Derecho.
A partir de estas premisas, pasa la Corte a efectuar
el control material del Decreto 2748 de 2002.
Tal como se estableció en la sección 2.2.1 de esta
sentencia, el Decreto 2748 de 2002 contiene normas penales sustantivas y
procesales, por lo cual la Corte las examinará por separado, aplicando los
criterios definidos en la sentencia C-939 de 2002 para el ejercicio del poder
punitivo del Estado durante los estados de excepción, tanto en relación con la
tipificación de conductas, como en la definición de mecanismos procesales.
Antes, efectuará el juicio de conexidad material general.
2.2.3.  El contenido del Decreto Legislativo 2748 de 2002 y su relación con
la situación que determinó la declaratoria del Estado de Conmoción Interior.
Juicio de conexidad material general.
El primer paso metodológico del control de constitucionalidad está
dirigido a verificar si existe una relación de conexidad material entre las
causas que determinaron la declaratoria del Estado de Conmoción Interior
mediante el Decreto 1837 de 2002 ‑tal y como fueron tenidas por probadas
por la Corporación en la Sentencia C-802 de 2002 al declarar su exequibilidad‑
y las materia de las medidas adoptadas por el Decreto 2748 de 2002 en el
presente caso.
En la sentencia C-802 de 2002, la Corte aceptó como causas que
justificaban la declaratoria de la conmoción interior, las siguientes:
a) Ataques
contra ciudadanos indefensos, violaciones a sus derechos humanos, violaciones a
las reglas del Derecho Internacional Humanitario y comisión de delitos de lesa
humanidad como las masacres, desapariciones, secuestros, desplazamientos forzados
y destrucción de pueblos indefensos por parte de  “bandas armadas” y “grupos
criminales”, organizados y financiados al amparo del lucro gigantesco que les
proporciona su participación directa y creciente en los delitos de
narcotráfico, el secuestro y la extorsión, fuentes principales de esta tragedia
colectiva.  El poder financiero de estos grupos y su conexión con grupos afines
de otros países o regiones y su capacidad tecnológica creciente para el
terror.
b) Actos de
terrorismo que se han presentado durante las últimas semanas en diferentes
lugares del país y ataques terroristas contra la población civil y otras
autoridades nacionales y contra la infraestructura de servicios esenciales por
parte de bandas armadas y grupos criminales.
c)  Actos de
coacción a mandatarios locales, seccionales y nacionales y a sus familias en
todo el país por parte de grupos armados financiados principalmente mediante el
narcotráfico, el secuestro y la extorsión.
Al respecto la Corte constata que en el Decreto 1837 de
2002 se señaló como uno de los hechos que integran las causas de la grave
perturbación, “el poder financiero de estos grupos y su conexión con grupos
afines de otros países o regiones y su capacidad tecnológica creciente para el
terror” (considerando 5). Además, en dicho decreto se motivó la declaración
del estado de conmoción interior en una apreciación inicial de insuficiencia de
las medidas ordinarias vigentes puesto que se expresó (ii) la necesidad de “establecer
mecanismos jurídicos para operar eficazmente en contra de la delincuencia
organizada facilitando la aprehensión, captura y retención de los eventuales
implicados”(considerando 21); así como (iii) “asegurar que dichos
mecanismos jurídicos contribuyan a la eficacia de la investigación y juzgamiento
de conductas terroristas o de aquellas que resulten de la actividad criminal
organizada”(considerando 21), y (iv) “restringir el acceso de las
organizaciones delincuenciales a los activos y recursos financieros originados
en cualquier actividad ilícita, sea cual fuere el mecanismo a través del
cual se estén movilizando los recursos dentro del sistema económico”
(considerando 23).
De lo anterior, se observa que tanto el Decreto 1837
de 2002 como el Decreto 2748 de 2002, señalan el poderío económico de las
organizaciones criminales como uno de los factores que justifican la adopción
de medidas excepcionales. Uno y otro decreto reconocen la necesidad de adoptar
medidas para restringir el acceso de tales organizaciones criminales a los
recursos financieros que les provee la actividad del hurto de hidrocarburos. Y,
finalmente, ambos decretos resaltan la urgencia de adoptar mecanismos jurídicos
que faciliten la aprehensión y detención de las personas implicadas en este
tipo de conductas.
En consonancia con lo anterior, el contenido de las
medidas adoptadas es tanto de naturaleza sustantiva –el decreto tipifica una
forma particular de hurto agravado cometido sobre hidrocarburos y con el fin de
financiar organizaciones criminales‑ como de naturaleza procesal penal
–el decreto establece reglas especiales para la detención preventiva, la
detención domiciliaria y la libertad provisional para la conducta tipificada en
él. Esta Corporación ya reconoció que existía una relación de conexidad
material general entre las causas de perturbación que justificaron la
declaratoria del estado de conmoción interior y las que justifican la adopción
de medidas para combatir el hurto de hidrocarburos y su encubrimiento. En la
sentencia C-939 de 2002, la Corte dijo lo siguiente al examinar la
constitucionalidad del Decreto 1900 de 2002:
“13. En punto a
la relación de conexidad general del decreto objeto de revisión y las causas
que motivaron la declaración de estado de conmoción interior, la Corte estima
que se encuentra probada. En el Decreto 1837 de 2002, el Gobierno hizo clara
mención, y así lo encontró probada la Corte, a los ataques terroristas contra
la infraestructura de servicios del país. El decreto objeto de revisión apunta
a enfrentar tales modalidades de ataques, penalizando diversas conductas que
suponen bien sea actos terroristas o actos derivados de actuaciones
terroristas. Así mismo, existe relación entre este la obtención de recursos y,
en general, el financiamiento de las actividades terroristas y los hechos punibles
que se establecen en el decreto objeto de revisión. La Corte, en sentencia
C-802 de 2002, indicó que existía una amenaza al orden público derivada de
estas actividades.”
Por lo tanto, existe una relación de conexidad
material general entre el Decreto 2748 de 2002 y las causas que justificaron la
expedición del Decreto 1837 de 2002.
Como la medida no versa sobre un derecho intangible,
ni desconoce las prohibiciones constitucionales durante los estados de
excepción ni parece prima facie contradecir un mandato constitucional
específico, pasa la Corte a efectuar los juicios derivados de la Ley
Estatutaria y a aplicarlos en el ámbito del poder punitivo del Estado,
siguiendo para ello la doctrina sentada en la sentencia C-939 de 2002.
2.2.4.  Las medidas adoptadas mediante el Decreto 2748 de 2002 y los juicios
especiales estatutarios en relación con el ejercicio del poder punitivo del
Estado durante un estado de conmoción interior.
Con
la expedición del Decreto 2748 de 2002, el Gobierno Nacional restringió las
posibilidades de obtener la libertad provisional para los delitos de hurto de
hidrocarburos y de encubrimiento de dicha conducta, cuando fueran cometidas “con
el fin de financiar organizaciones criminales.”
Afirma
la Fiscalía que este ingrediente modifica el tipo penal de hurto agravado
cuando se comete sobre hidrocarburos y sus derivados y, por lo tanto, desconoce
las limitaciones en materia punitiva que tiene el legislador excepcional.
Adicionalmente, sostiene la Fiscalía que el decreto proferido no resulta
compatible con la finalidad de luchar contra la delincuencia organizada, pues
no tiene en cuenta la cuantía de lo hurtado como criterio para asegurar que se
trate de la actuación de organizaciones criminales y no de criminalidad
ocasional. Para la Fiscalía cuando lo hurtado tiene un valor inferior a diez
(10) salarios mínimos legales mensuales, no se trata de criminalidad
organizada. Por esta razón solicita que se declare la inexequibilidad del
decreto. Por su parte el Procurador General de la Nación, sostiene que no
existe una relación directa y específica entre la adopción de medidas
procesales especiales que establecen un tratamiento procesal más severo para el
hurto de hidrocarburos y su encubrimiento y la protección de los bienes
jurídicos de estabilidad institucional, la seguridad del estado y la
convivencia ciudadana.
La
Corte constata que en efecto el decreto creó un tipo penal nuevo.  Se trataría
de un tipo de hurto agravado con el fin de financiar organizaciones criminales.
Este tipo tendría los siguientes ingredientes: 1) sanciona la conducta del que
“se apodere de cosa mueble ajena” (hurto, artículo 239, Ley 599 de 2000); 2)
cometida “sobre petróleo o sus derivados cuando se sustraigan de un oleoducto,
gasoducto, poliducto o fuentes inmediatas de abastecimiento” (circunstancia de
agravación punitiva, artículo 241, numeral 14, Ley 599 de 2000); y 3) realizada
“con el fin de financiar organizaciones criminales” (ingrediente especial
subjetivo, Decreto 2748 de 2002).
Puesto que el Decreto 2748 de 2002 es el resultado del
ejercicio del poder punitivo del Gobierno Nacional durante el estado de
conmoción interior, con el propósito de examinar si la introducción del
ingrediente subjetivo “con el fin de financiar organizaciones criminales”,
asegura que las medidas previstas en el Decreto 2748 de 2002 estén directa y
específicamente encaminadas a conjurar las causas de la perturbación e impedir
la extensión de sus efectos, es preciso aplicar los criterios establecidos por
esta Corporación en la sentencia C-939 de 2002. Según lo señalado por la Corte
en dicha sentencia, y de conformidad con lo que establece el artículo 44
literal a) de la Ley 137 de 1994,[40]
las medidas adoptadas en ejercicio del poder punitivo durante el estado de
conmoción interior deben (i) tener una relación directa con las causas
que originaron la declaratoria del estado de conmoción interior; (ii)
estar dirigidas a conjurar peligros concretos; (iii) hacer una
diferenciación suficiente del sujeto activo; entre otras. Pasa la Corte a
aplicar estos criterios tanto al nuevo tipo penal como a las normas procesales
contenidas en el Decreto 2748 de 2002.
2.2.4.1. Aplicación de los
criterios señalados en la sentencia C-939 de 2002 al tipo penal de hurto de
hidrocarburos y sus derivados creado por el Decreto 2748 de 2002
2.2.4.1.1.
El contenido del Decreto 2748 de 2002 y su
relación con las causas de la declaratoria del Estado de Conmoción Interior.
Juicio de relación directa para el ejercicio del poder punitivo.
Tal
como lo señaló esta Corte en la sentencia C-939 de 2002, la relación directa
entre las causas de perturbación y las medidas que dicte el gobierno nacional
durante la conmoción interior en ejercicio del poder punitivo (artículo 44
literal a), Ley 137 de 1993), exige la definición explícita de los bienes
jurídicos tutelados por el decreto legislativo. En el caso del ejercicio del
poder punitivo del gobierno nacional durante la conmoción interior tales bienes
deben ser la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la
convivencia ciudadana, como lo dice expresamente el artículo 213 de la Carta.
Dijo entonces esta Corporación:
8.1
Principio de restricción material o la definición constitucional de los bienes
jurídicos tutelados. Como
se indicó anteriormente, el Gobierno encuentra una primera limitación en la
definición del tipo penal, en lo que a los bienes jurídicos tutelados respecta.
Estos, invariablemente habrán de ser la estabilidad institucional, la seguridad
del Estado o la convivencia ciudadana.
(...)
En el ámbito
penal, ello implica que el poder punitivo del estado que puede desarrollar el
gobierno, se limita a la tipificación de aquellas conductas o modificación de
los tipos penales existentes, incluyendo expresamente como objeto de protección
los citados bienes jurídicos. No podrá, por lo mismo, crear tipos o modificar
los existentes, si no existe relación alguna entre el tipo penal y la
protección de la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la
convivencia ciudadana. seguridad del Estado o la convivencia ciudadana. (...).
En
la norma bajo estudio, el gobierno nacional tipificó el delito de hurto de
hidrocarburos y sus derivados, así como su encubrimiento. Sin embargo, no
señaló cuáles eran los bienes jurídicos relacionados directamente con el
contenido material del orden público durante la conmoción interior que serían
tutelados con estos tipos penales. Si bien la sanción penal del hurto de hidrocarburos
y del encubrimiento de tal conducta está dirigida, según el Código Penal
vigente, a la protección del patrimonio económico y de la administración de
justicia, ningún elemento del decreto permite establecer si las medidas
adoptadas en él están dirigidas además a proteger la estabilidad institucional,
la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana. Nada en el decreto suple
esta deficiencia. Es decir, en el decreto no se precisa cuál o cuáles de los
tres bienes jurídicos enunciados, son los protegidos por el nuevo tipo penal
creado. Por ello, el decreto no cumple con el requisito mencionado puesto que
no indicó de manera expresa el bien jurídico tutelado.
2.2.4.1.2.
La finalidad específica de las medidas
adoptadas y la necesidad de conjurar peligros concretos
De conformidad
con lo señalado en la sentencia C-939 de 2002, no obstante el amplio margen de
configuración que tiene el gobierno nacional como legislador excepcional para
tipificar conductas punibles que perturben el orden público, los tipos penales
creados deben estar dirigidos a sancionar conductas de peligro concreto. En
efecto, los tipos penales creados con ocasión de la conmoción interior no
pueden estar dirigidos a enfrentar conductas que representen una simple amenaza
o que tengan apenas una capacidad abstracta de afectar el orden público. Es
necesario que el gobierno nacional precise la capacidad concreta de la conducta
punible de que se trate para afectar “de manera inminente”, como lo exige el
artículo 213 de la Carta, la seguridad del Estado, la estabilidad institucional
o la convivencia ciudadana, de tal forma que en cada caso ello le permita al
juez penal determinar si la conducta prohibida por el tipo penal, efectiva y
realmente ha generado un peligro próximo para los bienes jurídicos tutelados
con la conmoción interior.
Dijo la Corte en
la sentencia C-939 de 2002:
8.2
Principio de finalidad –competencia para conjurar peligros concretos-. Tal como se señaló antes, en la definición
del tipo, el Gobierno está limitado a describir conductas que pongan en peligro
directo el orden público. Esta restricción, entonces, no apunta a la
delimitación de los bienes jurídicos tutelados, sino a los criterios que puede
utilizar el Gobierno para describir la conducta turbadora del orden público.
Como se explicará en lo que sigue, no son admisibles tipos penales descritos
bajo la forma de amenaza o de capacidad abstracta de afectar el orden público,
sino que se demanda una precisión sobre la capacidad concreta de alterar en
forma grave el orden público.
(...)
El artículo 213
de la Carta dispone que la inminencia de la afectación de los bienes
constitucionales de convivencia ciudadana, seguridad del Estado y estabilidad
institucional es un requisito normativo para declarar el estado de conmoción interior.
La Corte, tal como se precisó en sentencia C-802 de 2002, no considera que
dicha inminencia se refiera a circunstancias temporales, como el carácter
súbito de las amenazas a los bienes, sino, por el contrario, que se trata de un
peligro real y concreto. Es decir, no es la posibilidad abstracta y teórica de
la amenaza a los bienes jurídicos en cuestión, sino que se debe probar que
existe una amenaza concreta a los mismos, identificándose así los posibles
agresores y las conductas que implican la concreción del peligro.
En este orden
de ideas, la Corte entiende que la inminencia del peligro se traduce en una
restricción sobre las medidas que se estiman idóneas para enfrentar las causas
del mismo: únicamente serán idóneas, en este contexto, aquellos tipos penales
que enfrenten situaciones o peligros inminentes a los bienes jurídicos
tutelados en la Constitución. La Carta manda al gobierno que prevenga los
concretos peligros existentes a los que se enfrenta la tutela de los bienes
jurídicos mencionados. Traducido a la dogmática penal, ello equivale a la
exigencia de que los tipos penales, aunque se contemplen como pluriofensivos,
deben contener elementos que permitan identificar conductas que, de forma
inmediata y directa, ponen en peligro tales bienes jurídicos. Así, el gobierno,
al crear tipos penales, debe identificar claramente la conducta que, de manera
cierta, atenta contra los bienes jurídicos tutelados y que deben enfrentarse
(motivación de la declaración de conmoción interior). Es decir, deben
contemplar tipos penales de peligro concreto.
(...)
Con base en
esta premisa, podemos obtener dos conclusiones:
i) En primer
lugar, no puede proteger exclusivamente bienes de naturaleza individual,
porque la propia Constitución señala que los actos que perturben el orden
público deben tener la característica de afectar la estabilidad institucional,
la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana. En consecuencia, puede
optar por la expedición de tipos que protejan básicamente el mantenimiento de
la estabilidad institucional, la seguridad o la convivencia, o por proteger
conjuntamente estos bienes, con bienes de naturaleza individual.
ii) En segundo
lugar, que debe tratarse de un peligro próximo para la estabilidad institucional
o la seguridad ciudadana, porque la Constitución misma cualificó el peligro, al
señalar la procedencia de la medida ante la existencia de un peligro
inminente para las instituciones señaladas en la Carta.
Debe tratarse
de un peligro concreto, porque no basta con que el autor hubiere realizado una
conducta de lesión para un bien jurídico (v.gr afectar la vida de una persona,
o el daño a la infraestructura energética), sino que además, siempre se
requiere la prueba de que ha surgido un peligro próximo para la estabilidad
institucional que se trata de salvaguardar con la conmoción interior. No basta
con que el legislador tipifique una situación de peligro para esos bienes,
porque el juez debe verificar en el caso concreto, si las conductas están en
relación directa con las causas y motivos que expresamente se señalaron en el
decreto que declaró la conmoción. Decreto que señala un marco de limitación
adicional al señalado en la Carta, en el bloque de constitucionalidad y en la
ley estatutaria.
Dentro del margen de configuración que
tiene el gobierno, éste puede emplear el medio que considere más adecuado para
la tipificación de una conducta como de peligro concreto. En el decreto bajo
estudio, el gobierno nacional introdujo un ingrediente especial subjetivo como
medio para precisar el peligro enfrentado por la norma: “con el fin de
financiar organizaciones criminales.” No obstante, la redacción de ese
ingrediente no convierte el tipo penal en uno de peligro concreto.
Este ingrediente habla de organizaciones
criminales en general, no de las organizaciones que específicamente, según el
propio Gobierno, han generado la perturbación grave del orden público que
justificó la declaratoria de la conmoción interior. Este ingrediente tampoco
permite vincular la conducta punible sancionada con la finalidad específica de
protección de la seguridad del Estado, de la estabilidad institucional o de la
convivencia ciudadana. En el decreto no se describe de manera precisa y
concreta el peligro próximo para estos bienes. Por lo anterior, los tipos
penales tipificados por el decreto no cumplen con este requisito.
2.2.4.1.3.
La diferenciación suficiente del sujeto activo
El ejercicio
del poder punitivo durante el estado de conmoción interior exige que el
gobierno nacional precise suficientemente los sujetos activos cuya conducta
tiene la capacidad de amenazar la seguridad del Estado, la estabilidad
institucional o la convivencia ciudadana (exigencia de una diferenciación
suficiente). Dijo la Corte en la sentencia C-939 de 2002:
Este principio
apunta a exigir al Estado que exprese claramente las razones por las cuales se
estima que determinadas conductas, realizadas por ciertas personas, tienen
capacidad de alterar el orden público y amenazar los bienes jurídicos tutelados
durante el estado de conmoción interior. (...)”
(...)
El gobierno
deberá restringir la definición del tipo penal a aquellas personas –aunque de
manera abstracta- que generen la amenaza cierta y concreta a los bienes
jurídicos tutelados, conforme al análisis y apreciación que el gobierno hizo de
la situación fáctica al momento de declarar el estado de conmoción. Así, el
gobierno deberá distinguir claramente entre conductas que fácticamente sean
similares, pero no tienen capacidad de amenaza de los bienes jurídicos
estabilidad institucional, seguridad del Estado o convivencia ciudadana.
Unicamente puede perseguir aquellas que inequívocamente pongan en peligro los
mencionados bienes jurídicos, sin incluir las conductas de personas que
resulten inofensivas en la relación causal indicada.
En el caso bajo estudio, el gobierno nacional al tipificar el delito de
hurto de hidrocarburos y su encubrimiento sólo introdujo un ingrediente
especial subjetivo que no incide en la definición precisa de un sujeto activo
determinado, cuya conducta inequívoca y claramente amenace de manera grave la
seguridad del Estado, la estabilidad institucional o la convivencia ciudadana.
La referencia general a los motivos que determinan la conducta del sujeto
activo –“con el fin de financiar organizaciones criminales”‑ no garantiza
que la conducta tipificada sea realizada por personas que inequívoca y
específicamente contribuyen a causar la perturbación del orden público. Por lo
anterior, el tipo penal creado por el Decreto 2748 de 2002 no cumple con el
requisito de diferenciación suficiente del sujeto activo.
Como el decreto, en cuanto creó un tipo penal, no reune los tres
requisitos mencionados, la Corte estima que ello es suficiente para declarar
inconstitucional este aspecto de la medida exceptiva, sin necesidad de
continuar aplicando los demás criterios establecidos en la Ley Estatutaria de
los Estados de Excepción y explicados por la Corte en la sentencia C-939 de
2002.
En conclusión, los tipos penales que consagra el Decreto 2748 de 2002
de hurto de hidrocarburos y el encubrimiento de éste, cuando son cometidos con
el propósito de financiar organizaciones criminales, no respetan los criterios
constitucionales y estatutarios analizados en la sentencia C-939 de 2002 y, por
lo tanto, son inconstitucionales.
2.2.4.2. Aplicación de los
criterios señalados en la sentencia C-939 de 2002 a las medidas procesales
sobre detención preventiva, detención domiciliaria y libertad provisional
contenidas en el Decreto 2748 de 2002
A las medidas procesales también le son aplicables los criterios
anteriormente señalados, como se hará a continuación. Es necesario subrayar que
el legislador excepcional puede expedir normas de carácter procesal siempre que
respete tales criterios.
En ejercicio del margen de configuración que tiene el legislador
excepcional, las medidas procesales pueden diseñarse de diferentes maneras. En
el decreto juzgado se optó por vincular estrechamente tales medidas procesales
a un nuevo tipo penal con un ingrediente especial subjetivo adicional, que,
como se anotó, es insuficiente para que se considere respetado el juicio de
finalidad en el ámbito del poder punitivo del legislador excepcional. Cuando la
medida procesal exceptiva incide directamente sobre derechos fundamentales como
la libertad personal, es necesario que dicha afectación esté (i) dirigida
de manera específica a proteger los bienes jurídicos que justificaron la
declaración de la conmoción interior, así como (ii) a evitar un atentado
inminente contra tales bienes jurídicos, (iii) cometido por personas que
integran las organizaciones que causaron la grave perturbación del orden
público que llevó al Presidente de la República a invocar poderes excepcionales
para restablecerlo. Además, estas medidas procesales deben respetar los otros
juicios estatutarios especiales en el ámbito del poder punitivo, como el de
proporcionalidad.
En lo que respecta al juicio de finalidad y a sus manifestaciones en
materia penal excepcional, pasa la Corte a analizar los tres criterios
mencionados, no sin antes reconocer la necesidad de la medida.
El poderío
económico de las organizaciones criminales que han ocasionado la perturbación del
orden público (FARC, ELN y AUC), proviene de distintas actividades criminales,
incluido el hurto de hidrocarburos. Según las pruebas aportadas por el Gobierno
Nacional, ese poderío económico permite que tales organizaciones adquieran
armamento, explosivos, tecnología y recursos para garantizar su accionar
permanente. El Gobierno Nacional también resaltó cómo las normas ordinarias
facilitan que los miembros de esas organizaciones pueden continuar con
actividades delictivas de las cuales derivan recursos importantes, debido a que
no es posible ordenar su detención preventiva. Así, a pesar de ser capturados,
investigados y procesados, estas personas pueden retornar fácilmente a su
actividad criminal y continuar aportando recursos importantes para financiar a
las organizaciones criminales mencionadas. La magnitud del impacto que tiene el
llamado “cartel de la gasolina” ha sido demostrada.
El Gobierno Nacional expresó en los considerandos de los Decretos
1837 y 2748 la necesidad de adecuar la legislación procesal penal mientras dure
la conmoción interior, para inmovilizar a los autores de los delitos de hurto
de hidrocarburos y de encubrimiento de dicha conducta, cuando se realicen con
el fin de financiar organizaciones criminales.
La insuficiencia de las normas ordinarias, al momento de la
expedición del Decreto 2748, surge de lo siguiente: 1) ellas permiten que los
sindicados por los delitos de hurto de hidrocarburos y encubrimiento de dicha
conducta no estén sujetos a detención preventiva, porque la pena mínima
prevista para estas conductas es inferior al límite de 4 años que exige el
artículo 357 del Código de Procedimiento Penal para ordenarla;[41] 2) los autores o partícipes
de los delitos de hurto de hidrocarburos logran la extinción de la acción penal
por pago de la indemnización de los perjuicios ocasionados.[42]  Es por ello, que el
Gobierno señaló expresamente que era “indispensable inmovilizar materialmente a
los autores del delito para evitar la continuación de su actividad delictual” y
en consecuencia, ordenó la detención preventiva para estos delitos, prohibió la
sustitución de esta medida por detención domiciliaria y restringió la
procedencia de la libertad provisional.
Por eso, las medidas procesales no tienen una eficacia meramente
simbólica. En el Decreto 2748 de 2002, el Gobierno Nacional estableció la
medida de detención preventiva para conductas que según las normas ordinarias
no ameritan su imposición. Dada la naturaleza de las medidas a las que se
refiere el Decreto 2748 de 2002, la restricción de la libertad de personas
implicadas en estas conductas punibles, opera de manera inmediata y, por lo
tanto, produce los efectos buscados por el Gobierno Nacional: inmovilizar
materialmente a los autores de tales conductas e impedir que tales sujetos
continúen delinquiendo.
Sin embargo, la insuficiencia de la legislación
ordinaria no justifica, por sí sola, cualquier medida concebida de cualquier
manera y diseñada de cualquier forma para que supla dicha insuficiencia. Las
medidas de orden procesal también deben respetar el principio de finalidad
consagrado en la Constitución y desarrollado por la Ley Estatutaria de Estados
de Excepción, como se advirtió anteriormente. En este caso, por la manera como
fueron diseñadas, tales medidas no pasan el juicio de finalidad con sus
especiales manifestaciones en el ámbito del poder punitivo del Estado.
2.2.4.2.1.
Las medidas procesales creadas por el Decreto
2748 de 2002 y las causas de la declaratoria del Estado de Conmoción Interior.
Juicio de relación directa para el ejercicio del poder punitivo.
Al igual que en el caso de las
medidas de carácter sustantivo creadas en ejercicio del poder punitivo, las
normas especiales de procedimiento penal creadas por el Decreto 2748 de 2002,
deben estar explícitamente dirigidas a tutelar la estabilidad institucional, la
seguridad del Estado o la convivencia ciudadana.
En la norma bajo estudio, el
gobierno nacional reguló las condiciones de la detención preventiva y de la
libertad provisional para los delitos de hurto de hidrocarburos y sus derivados
y el encubrimiento de tal conducta, creados por el Decreto 2748 de 2002. No
obstante, no señaló expresamente la forma como estas medidas garantizaban la
protección de la estabilidad institucional, de la seguridad del Estado o de la
convivencia ciudadana. Ningún elemento del decreto, dada la inconstitucionalidad
del nuevo tipo penal creado por el decreto, permite suplir esta deficiencia.
Por lo tanto, las normas procesales reguladas por el Decreto 2748 de 2002
tampoco cumplen con este requisito.
2.2.4.2.2.
La finalidad específica de las medidas adoptadas
y la necesidad de conjurar peligros inminentes a los bienes mencionados
En el decreto
bajo estudio, la introducción del ingrediente especial subjetivo no permite
precisar el peligro inminente para la seguridad del Estado, la estabilidad
institucional o de la convivencia ciudadana que se pretende conjurar con el
establecimiento de la obligatoriedad de la detención preventiva, la prohibición
de la detención domiciliaria o de condiciones más estrictas para el
otorgamiento de la libertad provisional en los casos de hurto de hidrocarburos
o su encubrimiento. La referencia general a la financiación de organizaciones
criminales no permite establecer de manera real, concreta y efectiva por qué el
privar de la libertad a unas personas hace posible enfrentar un peligro próximo
para estos bienes. La introducción del ingrediente especial subjetivo tampoco
logra vincular la medida con las organizaciones que, a juicio del propio
Gobierno, han generado la perturbación grave del orden público que justificó la
declaratoria de la conmoción interior (FARC, AUC o ELN). Por lo anterior, las
medidas procesales adoptadas en el decreto no cumplen con el requisito de estar
dirigidas a conjurar un peligro inminente para los bienes jurídicos que
justifican la declaratoria del estado de conmoción interior.
2.2.4.2.3.
La diferenciación suficiente del sujeto activo
Tal como se señaló en la sección 2.2.4.1.3. el ejercicio del poder
punitivo durante el estado de conmoción interior exige que el gobierno nacional
precise suficientemente los sujetos activos cuya conducta tiene la capacidad de
amenazar la seguridad del Estado, la estabilidad institucional o la convivencia
ciudadana.
En el caso de las normas procesales contenidas en el Decreto 2758 de
2002, la introducción del ingrediente especial subjetivo no permite precisar el
sujeto activo determinado cuya conducta inequívoca y claramente amenace de
manera grave la seguridad del Estado, la estabilidad institucional o la
convivencia ciudadana, cuya privación de la libertad sea necesaria para
proteger tales bienes jurídicos.
La referencia general a los motivos que determinan la conducta del
sujeto activo –“con el fin de financiar organizaciones criminales”‑
cobija a un grupo amplio de sujetos cuya conducta no necesariamente causa la
perturbación del orden público. Para que el principio fuera respetado, dada la
amplitud del ingrediente especial subjetivo mencionado que cobija
organizaciones adicionales a las que motivaron la declaratoria, era necesario
que la norma exigiera elementos probatorios suficientes que mostraran la
relación directa entre los sujetos implicados en el hurto de hidrocarburos y
las graves causas de perturbación del orden público. De lo contrario, personas
ajenas a las organizaciones que causan la perturbación del orden público o que
contribuyan a su financiamiento, serían detenidas preventivamente al amparo de
un decreto excepcional que en ningún caso estaba ni podía estar dirigido a
ellas. Sin embargo, tal exigencia probatoria no se hizo expresamente en el
Decreto 2748 de 2002, ni existe ningún elemento en el mismo decreto que permita
suplir tal deficiencia. Por lo tanto, las normas procesales contenidas en el
decreto bajo estudio no cumplen con este requisito y son, en consecuencia,
inconstitucionales.
Además de las razones anteriores, el Decreto 2748 de 2002 resulta
inconstitucional por una segunda razón. Durante la vigencia del Decreto 2748 de
2002, el legislador ordinario expidió la Ley 782 de 2002, que tipifica el
delito de hurto de hidrocarburos y sus derivados con una pena superior a la
prevista en la Ley 599 de 2000, lo cual permite la imposición de la detención
preventiva para esta conducta y tiene efectos similares a los buscados con el
Decreto 2748 de 2002. Por ello, prima facie, ha desaparecido la necesidad jurídica
de la expedición del decreto excepcional juzgado. La Corte pasa a analizar este
punto.
3.
La expedición de la Ley 782 de 2002 y sus
efectos respecto de la constitucionalidad del Decreto 2748 de 2002. El juicio
de necesidad jurídica.
El control de constitucionalidad de los decretos legislativos
dictados al amparo de los estados de excepción es un control dinámico. Por
ello, el examen de la necesidad jurídica de un decreto legislativo se realiza
en dos momentos: 1) al momento en que se dictó el decreto legislativo, para
determinar si la apreciación efectuada por el gobierno nacional sobre la
necesidad tanto fáctica como jurídica de la medida se ajusta a los criterios
constitucionales y estatutarios; y 2) al momento de realizar el juicio de
constitucionalidad,[43]
donde se examina si subsiste la necesidad jurídica que justificó originalmente
la medida.
El Gobierno Nacional expresó en los considerandos de los Decretos
1837 y 2748 la necesidad de adecuar la legislación procesal penal mientras dure
la conmoción interior, para facilitar el juzgamiento de los responsables de los
delitos de hurto de hidrocarburos y de encubrimiento de dicha conducta, cuando
se realicen con el fin de financiar organizaciones criminales.
De las pruebas aportadas al presente proceso surge lo siguiente: 1)
que las FARC, las AUC y el ELN, utilizan el hurto de hidrocarburos como fuente
de financiación para la adquisición de armamento, explosivos y equipos de
telecomunicaciones;[44]
2) que un porcentaje importante de las personas capturadas por los delitos de
hurto de hidrocarburos y encubrimiento de tal conducta recobran su libertad
porque al resolver la situación jurídica del implicado no se ordena la
detención preventiva;[45]
y 3) por tratarse de un delito contra el patrimonio económico, la mayor parte
de los detenidos por hurto de hidrocarburos obtiene la libertad provisional por
indemnización integral,[46]
lo cual permite que continúen con su actividad criminal. Por ello, al momento
de dictar el Decreto 2748 de 2002 existía una necesidad fáctica que justificaba
la adopción de medidas que limiten la posibilidad de obtención de la libertad
provisional y, que por lo tanto, dificultaban la posibilidad de obtener
recursos para la financiación de estas organizaciones criminales.
Según el Decreto 2748 de 2002, las medidas adoptadas por el Gobierno
eran necesarias para corregir la insuficiencia de las normas ordinarias para
impedir que los miembros de las organizaciones criminales que participaban en
estas conductas, continuaran delinquiendo y para que las organizaciones
criminales obtuvieran recursos provenientes de estas conductas punibles. Esta
insuficiencia surgía de los siguientes hechos probados en el presente proceso:
1) las normas ordinarias vigentes al momento de dictar el Decreto 2748 de 2002
permitían que los sindicados por los delitos de hurto de hidrocarburos y por
encubrimiento de dicha conducta no estuvieran sujetos a detención preventiva,
porque la pena mínima prevista para estas conductas era inferior al límite de 4
años que exige el artículo 357 del Código de Procedimiento Penal para ordenarla;[47] 2) la mayor parte de
los aprehendidos como autores o partícipes de los delitos de hurto de
hidrocarburos lograban la extinción de la acción penal por pago de la
indemnización de los perjuicios ocasionados;[48]
y 3) las normas ordinarias vigentes al momento de dictar el decreto bajo
estudio no permitían al Estado mantener bajo su custodia a los infractores de
estos ilícitos, pues al resolver la situación jurídica de los implicados no era
posible ordenar su detención en establecimientos carcelarios.[49] Es por ello, que el
Gobierno señaló expresamente que era “indispensable inmovilizar materialmente a
los autores del delito para evitar la continuación de su actividad delictual” y
en consecuencia, ordenó la detención preventiva para estos delitos, prohibió la
sustitución de esta medida por detención domiciliaria y restringió la
procedencia de la libertad provisional.
Aun cuando al expedirse el Decreto 2748 de 2002 es posible que
hubiera podido ser necesario dictar normas procesales especiales que
permitieran detener preventivamente a personas vinculadas al hurto de
hidrocarburos y su encubrimiento cuando este hubiera sido cometido con el fin
de financiar organizaciones criminales, la expedición de la Ley 782 de 2002
establece un nuevo contexto jurídico respecto del cual es necesario examinar si
subsiste la necesidad jurídica de la norma excepcional.
La Ley 782 de 2002 tipificó el delito del hurto de
hidrocarburos en los siguientes términos:
Ley 782 de 2002
(diciembre 23)
por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley
418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican
algunas de sus disposiciones.
(…)
Artículo 44. El
artículo 96 de la Ley 418 de 1997,[50]
prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 quedará así:
Artículo 96. El
que se apodere de hidrocarburos o sus derivados, cuando sean transportados a
través de un oleoducto, gasoducto, naftaducto o poliducto, o se encuentren
almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo,
incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de mil (1.000) a ocho
mil (8.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. La pena será de
prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de cien (100) a quinientos (500)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando el valor del hidrocarburo o
sus derivados, objeto de apoderamiento, no exceda de diez (10) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
La pena se
aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por
servidor público.
La competencia
del presente delito corresponde a los Jueces de Circuito Especializados.
La expedición de esta norma ordinaria, cuyos efectos son similares a
los buscados con el decreto legislativo bajo estudio, plantea los siguientes
interrogantes:
1)    ¿Puede el Congreso de la República, durante la conmoción interior,
crear instrumentos ordinarios para mantener y restablecer el orden público?
2)    Cuando el Congreso expide normas durante la conmoción interior que
versan sobre la misma materia de los decretos legislativos dictados para
conjurar la perturbación del orden público, ¿las normas expedidas por el
Congreso nacen suspendidas?
En primer lugar, subraya la Corte que por disposición expresa de la
Constitución, durante la vigencia de un estado de conmoción interior, el
Congreso de la República se reúne “con la plenitud de sus atribuciones
constitucionales y legales” (Artículo 213, CP). De tal manera que el Congreso
puede legislar sobre temas relativos a la grave perturbación, y crear
instrumentos ordinarios para mantener y restablecer el orden público.
En segundo lugar, recuerda la Corte que la disposición estatutaria
que autorizaba que el Congreso de la República derogara o modificara decretos
legislativos dictados al amparo de la conmoción interior fue declarada
inexequible por esta Corporación en la sentencia C-179 de 1994. En efecto, el
artículo 43 de la Ley 137 de 1994, establecía lo siguiente:
Artículo 43.
Derogatoria o reforma de medidas. El Congreso, mediante el voto favorable de la
mitad más uno de los asistentes, podrá reformar o derogar, en cualquier tiempo,
los decretos legislativos que dicte el Gobierno durante el Estado de Conmoción
Interior.
La Corte consideró que dicha disposición era inexequible por las
siguientes razones:
Este mandato legal
será declarado inexequible por infringir el artículo 213 de la Constitución,
pues los decretos legislativos que expide el Presidente de la República durante
el estado de conmoción interior, son eminentemente transitorios, es decir, que
su vigencia está limitada al periodo de alteración del orden público, y
desaparecen ipso facto cuando se declare restablecido éste, por tanto mal puede
asignarse al Congreso de la República la facultad de reformarlos o derogarlos.
Ahora bien: que
el Congreso de la República durante el estado de conmoción interna conserve la
plenitud de sus facultades constitucionales y legales, esto es, las
legislativas, y las judiciales y administrativas que eventualmente le incumben,
no es argumento suficiente para sostener que esté autorizado para reformar o
derogar las normas que expida el Presidente de la República con el fin de
conjurar las causas que dieron origen a la implantación de ese periodo
excepcional, pues si se hace una interpretación armónica entre la naturaleza
del estado de conmoción interior, las facultades del Congreso y las
atribuciones del Presidente de la República en materia de orden público, se
llega a la conclusión de que el Constituyente, para evitar una pugna de poderes
entre el ejecutivo y el Congreso, y teniendo en cuenta que corresponde al jefe
del Ejecutivo conservar el orden público en todo el territorio nacional y
restablecerlo en donde fuere turbado, es él quien debe tener las facultades
precisas y adecuadas para lograr dicho objetivo.
En síntesis: no
se niega que también al Congreso incumbe el orden público y pueda tomar medidas
dirigidas a su preservación o restablecimiento, pero siempre que éstas no
pugnen con las que el Presidente ha juzgado adecuadas para ese mismo propósito.
Por otra parte
es facultad exclusiva del Gobierno modificar o derogar la normatividad expedida
durante el estado de conmoción interior, función que el Congreso no le puede
quitar, por ser aquél el responsable constitucional del mantenimiento del
orden.
Situación
diferente se presenta en caso de guerra exterior o de emergencia económica,
social o ecológica, eventos en los que la Constitución sí autoriza al Congreso
de la República, para modificar o derogar las normas contenidas en los decretos
legislativos expedidos durante su vigencia.
Es entonces
inexequible el artículo 43 del proyecto de ley estatutaria y así se declarará.
Por lo tanto, de conformidad con este fallo que hizo tránsito a cosa
juzgada constitucional, el Congreso no puede derogar ni modificar un decreto
legislativo mediante una norma ordinaria. No le corresponde a la Corte
apartarse de la cosa juzgada que existe sobre esta materia.
No obstante, una cosa es derogar o modificar un decreto legislativo
y dejar al Presidente sin instrumentos para el control del orden público, y
otra es, sin derogar ni modificar el decreto legislativo, dotar al Estado de
instrumentos ordinarios más severos. Al Congreso no le está vedado hacer esto
último, puesto que conserva la plenitud de sus funciones constitucionales. Sin
embargo, cuando el Congreso de la República crea un nuevo instrumento ordinario
para el mantenimiento del orden público es indispensable hacer un juicio de
necesidad jurídica para determinar si en el nuevo contexto, las normas
excepcionales dictadas al amparo de la conmoción interior se justifican. Así se
hará posteriormente.
En cuanto a la vigencia de las normas ordinarias expedidas por el
Congreso coetáneamente con la conmoción interior, éstas no nacen suspendidas.
Según el artículo 213 de la Carta, el Congreso de la República, como ya se
subrayó, se reúne “con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y
legales” (Artículo 213, CP) durante la vigencia de un estado de conmoción
interior.
El texto constitucional de 1886[51]
no hacía ninguna referencia al funcionamiento del Congreso durante los estados
de excepción. Luego, en la reforma constitucional de 1910[52], el Gobierno debía
convocar al Congreso una vez fuera restablecido el orden público. En 1936, el
constituyente estableció procedimientos diferentes para la guerra exterior y
para la conmoción interior. En caso de guerra exterior, el Congreso era
convocado por el Gobierno en el decreto en que declarara turbado el orden
público.[53]
En el evento de la conmoción interior, el gobierno lo convocaba pero una vez el
estado de sitio fuera levantado. La codificación de 1945 mantuvo este mismo esquema.[54] Como consecuencia de
este régimen, el Gobierno interpretó que permitir que el Congreso sesionara era
incompatible con el estado de sitio y, ordenó cerrar el Congreso en 1938 y en
1949.
Ante estos hechos el constituyente en 1960[55] dispuso expresamente
que el Congreso debía sesionar de manera permanente durante el estado de sitio
y determinar, por mayoría absoluta de una y otra Cámara, si las medidas
adoptadas por el gobierno debían ser objeto de control constitucional por la
Corte Suprema de Justicia, que habría de fallar en seis días. En 1968, el
constituyente estableció expresa y específicamente la compatibilidad de las
sesiones del Congreso con el estado de sitio, pero sin definir si éste tenía o
no la plenitud de sus funciones.[56]
A pesar de algunas controversias en torno al efecto jurídico de las normas
ordinarias respecto de los decretos dictados al amparo del estado de sitio,
cabe resaltar que la Corte Suprema de Justicia en algunos casos aceptó que una
norma excepcional fuera modificada o derogada por una disposición de carácter
ordinario con vocación de permanencia.[57]
En 1991, el constituyente superó completa y claramente ese debate al
precisar que existe una compatibilidad tanto orgánica –el Congreso puede
sesionar normalmente durante la conmoción interior‑, como funcional –se
reúne con la plenitud de sus funciones constitucionales y legales‑ entre
el Congreso de la República y el estado de excepción. Es más, prohibió la
interrupción del “normal funcionamiento de las ramas del poder público” y “de
los órganos del Estado.”
En conclusión, en ningún caso puede sostenerse que las leyes que
expida el Congreso durante la conmoción interior en materia de orden público
nacen suspendidas cuando toquen una materia ya regulada por un decreto
excepcional.
Como el Congreso se reúne con la plenitud de sus atribuciones
constitucionales y legales, corresponde entonces a éste definir el momento en
que entran a regir las normas que dicte. En el caso bajo estudio, el Congreso
hubiera podido diferir la entrada en vigor del artículo 44 de la Ley 782 de
2002 hasta el momento del levantamiento del estado de conmoción interior, pero
dispuso que la ley tuviera una vigencia inmediata y por cuatro (4) años a
partir de la fecha de su promulgación (23 de diciembre de 2002). No obstante,
el Congreso no derogó el Decreto 2748 de 2002. Por lo tanto, subsisten dos
regímenes, uno excepcional y otro general, relativos al hurto de hidrocarburos
y sus derivados, así como a su encubrimiento.
Dado que la nueva norma ordinaria aumentó las penas para el hurto de
hidrocarburos según la cuantía de lo hurtado, ésta permite asegurar al
procesado mediante la aplicación del régimen ordinario de detención preventiva,
sin importar la finalidad del hurto. En efecto, cuando la  cuantía de lo
hurtado supera los diez salarios mínimos legales mensuales, el artículo 44 de
la Ley 782 de 2002 prevé una pena mínima de prisión de seis años, que supera el
requisito de prisión no inferior a 4 años que exige el artículo 357 del Código
de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, para la imposición de la detención
preventiva. Esta pena mínima, además, impide que el procesado goce del
beneficio de detención domiciliaria que regula el artículo 38 del Código Penal,
Ley 599 de 2000. Finalmente, la pena mínima de prisión de seis años supera el
límite de 3 años que establecen los artículos 63 y 64 del Código Penal para el
otorgamiento de los beneficios de ejecución condicional de la pena y de
libertad provisional, respectivamente. Además, la aplicación de estas tres
instituciones dentro del nuevo régimen general no está supeditada a la
demostración de la existencia de un ingrediente especial subjetivo, lo cual permite
que aun quienes no hayan realizado la conducta con el fin de financiar
organizaciones criminales sean sujetos de la detención preventiva y de las
demás limitaciones a la libertad mencionadas. De tal manera que el nuevo
régimen general es más severo que el excepcional. Por estas razones, ha
desaparecido la necesidad jurídica del Decreto 2748 de 2002.
VII.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar INEXEQUIBLE el Decreto 2748 de 2002, “por el cual se expiden
normas en materia procesal penal.”
Notifíquese, comuníquese, cúmplase, insértese en la
gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
Aclaración de voto a la Sentencia C-149/03
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO
LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE CONMOCION INTERIOR-Criterios de examen (Aclaración de voto)
Referencia: expediente RE-127
Revisión constitucional del
Decreto
2748 de 2002 “por el cual se expiden normas
en materia procesal penal”.
Magistrado ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
1. En la presente oportunidad, si bien la mayoría
estimó que el contenido normativo del Decreto 2748 de 2002 era diferente tanto
en materia sustantiva como procesal al del Decreto 1900 de 2002, y que sobre
las normas procesales de este último, particularmente de su artículo 9°, no
había habido un juicio material individualizado de constitucionalidad, por lo
cual no se presentaba el fenómeno de la cosa juzgada, al avocar el examen de
constitucionalidad del nuevo Decreto utilizó, entre otros, los mismos criterios
sentados en la Sentencia C-939 de 2002, con base en los cuales se produjo la
declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto 1900 de 2002.
Dichos criterios utilizados por la Corte en la aludida
Sentencia indican que las medidas adoptadas por el Ejecutivo en ejercicio del
poder punitivo durante los estados de excepción deben, entre otros requisitos,
(i) tener una relación directa con las causas que originaron la declaratoria
del estado de conmoción interior; (ii) estar dirigidas a conjurar peligros
concretos; y, (iii) hacer una diferenciación suficiente del sujeto activo.
Al estudiar el Decreto 2748 de 2002 a la luz de los
anteriores criterios, la mayoría halló que el Gobierno Nacional había
tipificado el delito de hurto de hidrocarburos y sus derivados, así como su
encubrimiento, pero que no había señalado “cuales eran los bienes jurídicos
relacionados directamente con el contenido material del orden público durante
la conmoción interior que serían tutelados”, por lo cual no era posible
establecer si las medidas adoptadas estaban dirigidas a proteger la estabilidad
institucional y la seguridad del Estado. Adicionalmente, los tipos penales
creados no estaban dirigidos “a sancionar conductas de peligro concreto”,
ni se había precisado suficientemente quiénes eran los sujetos activos cuya
conducta tenía la capacidad de amenazar la seguridad del Estado. Por restas
razones, entre otras, concluyó que los tipos penales que consagraba el Decreto
2748 de 2002 no respetaban los criterios analizados en la Sentencia C-939 de
2002.
Teniendo en cuenta que a juicio de los suscritos, como
se explicó en el salvamento de voto a la Sentencia C- 939 de 2002, los
criterios de examen de constitucionalidad utilizados en esa providencia no
emanan de la Carta Política ni de la Ley 137 de 1994, se ven precisados a
aclarar el voto respecto de la utilización de los mismos para llegar a la
decisión adoptada. En efecto, en el referido salvamento dijeron:
“La sentencia de la cual nos apartamos afirma que para
la definición del tipo penal, el Ejecutivo se encuentra sujeto a la siguiente
categoría de límites:
“(i) sólo es posible sancionar comportamientos que atenten
contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia
ciudadana, lo que corresponde al principio de restricción material, (ii) al
describir el comportamiento, debe tratarse de conductas que pongan en peligro
directo el orden público, lo que recoge el principio de finalidad; y, (iii) el
destinatario de la norma, la conducta y el objeto de la misma, deben estar en
relación directa con las causas y motivos que dieron lugar a la declaratoria de
conmoción interior, lo cual constituye un desarrollo del principio de necesidad
y surge del respeto por la razonabilidad y la proporcionalidad estricta.”[58]
“Más adelante, el fallo profundiza en el alcance de
cada una de estas restricciones. En esta parte, respecto del límite impuesto
por el principio de finalidad, según el cual en la definición del tipo el
Gobierno está limitado a describir conductas que pongan en peligro el orden
público, la Sentencia advierte que “no son admisibles tipos penales
descritos bajo la forma de amenaza o de capacidad abstracta de afectar el orden
público, sino que se demanda una precisión sobre la capacidad concreta de
alterar en forma grave el orden público.”[59]
En tal virtud, los delitos que describa el Ejecutivo deben ser“tipos
penales, aunque se contemplen como pluriofensivos, (que) deben contener
elementos que permitan identificar conductas que, de forma inmediata y directa,
ponen en peligro tales bienes jurídicos” (convivencia ciudadana, seguridad
del Estado y estabilidad institucional) ... “Es decir, deben contemplar
tipos penales de peligro concreto.”[60]
Estos tipos, según lo define la misma Sentencia, son aquellos en los
cuales “no basta con la realización de la conducta prohibida por el ordenamiento,
sino que se requiere fundamentalmente la presencia de un elemento adicional:
que en el caso concreto, el juez determine si esa situación peligrosa prohibida
por el tipo penal, efectiva y realmente ha generado un peligro próximo para el
bien jurídico.”[61]
“Profundizando en la categoría de límites que se
imponen al Ejecutivo a la hora de definir tipos penales, la Sentencia continua
indicando que dichos tipos “no pueden proteger exclusivamente bienes de
naturaleza individual”. Al respecto el mismo fallo cita como ejemplos de
tales “bienes de naturaleza individual” la vida, la integridad personal
o el patrimonio económico.
“En cuanto a la anterior categoría de limites
señalados en la Sentencia en relación con la facultad ejecutiva de tipificar conductas
punibles, algunos de ellos no podían ser expresados a manera de teoría general
como lo hace el fallo, pues no se derivaban directamente de la Constitución o
de la Ley estatutaria. En este punto los suscritos magistrados disidentes son
enfáticos en señalar que el desarrollo de las normas constitucionales y
estatutarias no corresponde hacerlo a esta Corporación, quien no puede derivar
de ellas sub normas por vía jurisprudencial.
“El desarrollo del artículo 213 de la Constitución
Política referente al Estado de Conmoción Interior, en el tema concreto de las
atribuciones ejecutivas en materia penal, fue hecha por el Congreso Nacional en
el artículo 44 de la Ley Estatutaria 137 de 1994. Aquí se le reconocen al
Gobierno atribuciones para “tipificar penalmente conductas, aumentar y
reducir penas, así como modificar las disposiciones de procedimiento penal y de
policía y autorizar el cambio de radicación de procesos.” Los límites a
estas facultades son igualmente señalados en forma expresa por la misma
disposición de la siguiente manera:
“Las medidas contempladas en el inciso primero sólo
podrán dictarse siempre que:
a) Se trate de hechos punibles que guarden relación
directa con las causas que originaron la declaratoria del Estado de Conmoción
Ìnterior o pretendan impedir la extensión de sus efectos;
b) Se respete lo dispuesto en materia de juzgamientos
por los tratados internacionales ratificados por Colombia;
c) Se garanticen los derechos consagrados en el
artículo 29 de la Constitución Política, así como la vigencia del artículo 228
de la Carta;
d) De acuerdo con la Constitución, no se supriman, ni
modifiquen los organismos ni las funciones básicas de acusación y juzgamiento.
El Gobierno no podrá tipificar como delito los actos
legítimos de protesta social.”
“Algunos de los límites señalados en la Sentencia de
la cual nos apartamos no están contemplados en la disposición antes transcrita.
De manera particular, la norma estatutaria no indica que los tipos penales
tengan que ser de peligro concreto, ni tampoco que mediante ellos no se
pueda proteger exclusivamente bienes jurídicos de naturaleza individual,
como por ejemplo la vida.
“Tampoco el límite supuestamente  derivado del
principio de finalidad según el cual el destinatario de la norma que describe
tipos penales debe estar en relación directa con las causas o motivos que
dieron lugar a la declaración de conmoción interior proviene del texto
constitucional ni del estatutario, y en el presente caso tampoco puede
extraerse de la motivación del Decreto 1837 de 2002.  En efecto, según el
artículo 44 de la Ley 137 de 1994, que en este punto desarrolla el artículo 213
de la Carta en lo relativo a las facultades ejecutivas para tipificar
penalmente conductas, son las conductas o los hechos punibles descritos
en tipo penal los que deben guardar relación de conexidad y finalidad con las
causas de la perturbación del orden y no las personas en sí mismas
consideradas, como destinatarias de las medidas punitivas. Y ello es así
porque, aun en tiempos de excepción, las facultades legislativas del ejecutivo
en materia penal deben ejercerse para la adopción de medidas generales,
impersonales y abstractas, por lo cual no pueden estar dirigidas exclusivamente
a ciertas personas, que en este caso serían concretamente los integrantes de
las organizaciones delincuenciales responsables de la alteración del orden.”
2. La decisión contenida en la presente Sentencia
utilizó los mismos criterios antes explicados, para llevar a cabo el examen de
constitucionalidad de las medidas procesales sobre detención preventiva,
detención domiciliaria y libertad provisional contenidas en el Decreto 2748 de
2002, que buscaban la inmovilización y privación de la libertad de los
delincuentes implicados en las conductas punibles de hurto de hidrocarburos y
encubrimiento de ese delito.  En efecto, la Sentencia indica que “Cuando la
medida procesal exceptiva incide directamente sobre derechos fundamentales como
la libertad personal, es necesario que dicha afectación esté (i) dirigida de
manera específica a proteger los bienes jurídicos que justificaron la
declaración de la conmoción interior, así como (ii) a evitar un atentado
inminente contra tales bienes jurídicos, (iii) cometido por personas que
integran las organizaciones que causaron la grave perturbación del orden
público que llevó al Presidente de la República a invocar poderes excepcionales
para reestablecerlo. Además, esa medidas procesales deben respetar los otros
juicios estatutarios especiales en el ámbito del poder punitivo, como el de
proporcionalidad”.
Al aplicar estos criterios al examen de las normas
procesales, encontró la mayoría que al diseñarlas el Gobierno “no señaló
expresamente la forma como estas medidas garantizaban la protección de la
estabilidad institucional, o de la seguridad del Estado o la convivencia
ciudadana”. Agregó que, a pesar del ingrediente subjetivo introducido en la
descripción de las conductas típicas (el fin de financiar a las organizaciones
criminales), las medidas procesales aplicables a quienes cometieran los delitos
no estaban vinculadas con las organizaciones que habían generado la
perturbación del orden público. En tal virtud, estimaron que tales medidas procesales
no estaban dirigidas a “conjurar un peligro inminente” para los bienes
jurídicos que se tutelan mediante la declaración de conmoción interior.
En relación con el criterio de diferenciación del
sujeto activo,  la posición mayoritaria estimó que era necesario que las normas
procesales “exigieran elementos probatorios suficientes que mostraran la
relación directa entre los sujetos implicados y la perturbación del orden
público”. Como tal exigencia probatoria no se había hecho, las normas no
acataban este criterio jurisprudencial y en tal virtud eran inconstitucionales.
Como se dijo, los suscritos no comparten los
anteriores criterios de examen utilizados para verificar la constitucionalidad
de las normas procesales contenidas en el Decreto 2748 de 2002, por lo cual se
ven preciados a aclarar  en ese punto su voto, por las mismas consideraciones
vertidas en el salvamento antes trascrito.
3. Respecto de las demás razones que llevaron a la
declaración de inexequibilidad del Decreto 2748 de 2002, particularmente la
relativa a los efectos de la Ley 782 de 2002 sobre su constitucionalidad y al
carácter dinámico del control que en este caso debía adelantar la Corte, los
suscritos comparten plenamente la decisión mayoritaria.
Fecha ut supra,
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
[1]
El texto del Decreto 2748 de 2002 fue publicado en el Diario Oficial Año
CXXXVIII, No. 45011. 26 de noviembre, 2002, página 2.
[2]
Dicho expediente contiene la revisión constitucional del Decreto 1900 de 2002
“Por el cual se adoptan medidas en materia penal y procesal penal contra las
organizaciones delincuenciales y se dictan otras disposiciones”, declarado
inexequible mediante sentencia C-939 de 2002, MP: Eduardo Montealegre Lynett,
SV: Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra.
[3]
Ver Corte Constitucional, Sentencia C-939 de 2002, MP: Eduardo Montealegre
Lynett, donde se resume la posición del Procurador General de la Nación en
relación con los delitos de hurto de hidrocarburos y sus derivados y de
contrabando de estas sustancias de la siguiente manera: “En lo que concierne a
los delitos de hurto y contrabando de hidrocarburos y derivados, [el Procurador
consideró] que los mismos no tenían relación directa y específica con las
causas perturbadoras del orden público, ni eran útiles para evitar la extensión
de sus efectos.” Al examinar las causas que llevaron a declarar la conmoción
interior, “insiste en que la conmoción interior tenía por finalidad
“neutralizar las actividades terroristas de los grupos al margen de la ley que
buscan desestabilizar las instituciones” y que “de dichas actividades no hacen
parte ni el hurto ni el contrabando de hidrocarburos y sus derivados, aunque
ciertamente tales organizaciones criminales se nutran, mediante la extorsión a
quienes la desarrollan, de recursos destinados a su financiación”.” Además,
dado que, en opinión del Procurador, “usualmente esta práctica es llevada a
cabo por la delincuencia común y sólo excepcionalmente por quienes conforman
los grupos armados ilegales, el Gobierno no tenía facultades para tipificar
tales conductas de manera especial, ni para incrementar las penas.  Para el
Ministerio Público no era de recibo el argumento relativo a que tales
actividades delictivas constituían una fuente importante de financiación de las
organizaciones delincuenciales, pues esa fuente de ingresos no fue mencionada
en el Decreto 1837 de 2002 como origen de los fondos que alimentan a las
mismas, ya que en este sólo se hizo alusión al narcotráfico, el secuestro y la
extorsión como causas del lucro de dichas organizaciones.” Para el Procurador,
además, “tampoco podía sostenerse que las medidas punitivas adoptadas por el
Gobierno en el Decreto 1900 de 2002 encuentraran su justificación en la
necesidad de restringir el acceso de las organizaciones delincuenciales a los
recursos financieros provenientes de cualquier actividad ilícita de la que
indirectamente obtengan tales ingresos, pues en ese orden de ideas, al amparo
de las facultades de conmoción interior podrían incrementarse las sanciones de
cualquier clase de ilícitos cuando fueran realizados por grupos alzados en
armas.”
[4]
Corte Constitucional, Sentencia C-179 de 1994, MP: Carlos Gaviria Díaz. En
relación con la constitucionalidad del artículo 19 de la Ley 137 de 1994, dijo
la Corte:  “Finalmente, (...) cabe anotar que la Corte no comparte su punto de
vista, pues es evidente que al consagrar el artículo 19, objeto de análisis, la
prohibición de reproducir normas declaradas inexequibles, "a menos que con
posterioridad a la sentencia o decisión, hayan desaparecido los fundamentos que
la originaron", este mandato ha de entenderse en los términos consagrados
en el inciso segundo del artículo 243 de la Carta, que textualmente reza:
"Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto
jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la
Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la
norma ordinaria y la Constitución". Por tanto, el inciso primero del
artículo 19 será declarado exequible salvo la expresión "o suspendido en
sus efectos", como ya se expresó, y el parágrafo, los cuales serán
retirados del proyecto de ley por infringir la Carta.” [El parágrafo del
artículo 19 que decía: “Parágrafo. Todo acto proferido con violación de esta
disposición será suspendido provisionalmente en sus efectos. Bastará un
procedimiento oficioso para tal declaración. La orden de suspensión, en este
caso, deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente.” Ello porque “si es deber
de la Corte pronunciarse en forma definitiva sobre los decretos legislativos,
en los "estrictos y precisos términos" contemplados en el artículo
241 de la Constitución, mal puede una ley, como es la que se estudia,
establecer la suspensión provisional de dichos actos jurídicos, lo que
configura una clara y abierta violación de la normatividad Suprema.(...).”]
[5]
Ver entre otras las sentencias C-427 de 1996. MP: Alejandro Martínez Caballero,
donde la Corte señaló que el fenómeno de la cosa juzgada material se da cuando
se trata, no de una norma cuyo texto normativo es exactamente igual, es decir,
formalmente igual, sino cuando los contenidos normativos son iguales; C-551 de
2001, MP: Álvaro Tafur Galvis, donde la Corte declaró que había ausencia de
cosa juzgada formal o material respecto de los artículos 16 numeral 1° y
artículo 17 inciso 2° de la Ley 599 de 2000, pues no se trataba de contenidos
normativos idénticos; C-1064/01, MP: Manuel José Cepeda Espinosa, donde la
Corte examinó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional en relación con
omisiones legislativas.
[6]
Corte Constitucional, C-774 de 2001, MP: Rodrigo Escobar Gil, donde la Corte
analizó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
[7]
En la sentencia C-447 de 1997, MP. Alejandro Martínez Caballero, donde la Corte
sostuvo que “la cosa juzgada material no debe ser entendida como una
petrificación de la jurisprudencia sino como un mecanismo que busca asegurar el
respeto al precedente. Todo tribunal, y en especial
la Corte Constitucional, tiene la obligación de ser consistente con sus
decisiones previas. Ello deriva no sólo de elementales consideraciones de
seguridad jurídica -pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente
previsibles- sino también del respeto al principio de igualdad, puesto que no
es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez.
(…) Por ello la Corte debe ser muy consistente y cuidadosa en el respeto de los
criterios jurisprudenciales que han servido de base (ratio decidendi) de
sus precedentes decisiones. Esto no significa obviamente que, en materia de
jurisprudencia constitucional, el respeto al precedente y a la cosa juzgada
constitucional deban ser sacralizados y deban prevalecer ante cualquier otra
consideración jurídica, puesto que ello no sólo puede petrificar el
ordenamiento jurídico sino que, además, podría provocar inaceptables
injusticias.”
[8]
Ver entre otras, las sentencias C-039 de 2003, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
[9] Ley 599 de 2000, Artículo 241.—Circunstancias de
agravación punitiva. La pena imponible de acuerdo con los artículos
anteriores se aumentará de una sexta parte a la mitad si la conducta se
cometiere: (…)14. Sobre petróleo o sus derivados cuando se sustraigan de un
oleoducto, gasoducto, poliducto o fuentes inmediatas de abastecimiento. (…). [Artículo
239.—Hurto. El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de
obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de dos (2) a seis
(6) años.   La pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años cuando la cuantía
no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Artículo
240.—Hurto calificado. La pena será prisión de tres (3) a ocho (8) años, si
el hurto se cometiere:  1. Con violencia sobre las cosas.  2. Colocando a la
víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales
condiciones. 3. Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o
clandestina en lugar habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no
se encuentren sus moradores.    4. Con escalamiento, o con llave sustraída o
falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar, o violando o superando
seguridades electrónicas u otras semejantes.   La pena será prisión de cuatro
(4) a diez (10) años cuando se cometiere con violencia sobre las personas. Las
mismas penas se aplicarán cuando la violencia tenga lugar inmediatamente
después del apoderamiento de la cosa y haya sido empleada por el autor o
partícipe con el fin de asegurar su producto o la impunidad.]
[10] Ley 599 de 2000, Artículo. 446.—Favorecimiento.
El que tenga conocimiento de la comisión de la conducta punible, y sin
concierto previo, ayudare a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la
investigación correspondiente, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4)
años. Si la conducta se realiza respecto de los delitos de genocidio,
desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, extorsión,
enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, tráfico de drogas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, la pena será de cuatro (4) a doce
(12) años de prisión. Si se tratare de contravención se impondrá multa.
[11] Ley 599 de 2000, Artículo 447.—Receptación. El
que sin haber tomado parte en la ejecución de la conducta punible adquiera,
posea, convierta o transfiera bienes muebles o inmuebles, que tengan su origen
mediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o
encubrir su origen ilícito, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y
multa de cinco (5) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena
mayor. Si la conducta se realiza sobre un bien cuyo valor sea superior a mil
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes la pena se aumentará de una
tercera parte a la mitad.
[12] Decreto 1900 de 2002, Artículo 2°. Hurto de
hidrocarburos o sus derivados. El que se apodere de hidrocarburos o sus
derivados, cuando sean transportados a través de un oleoducto, gasoducto,
naftaducto o poliducto o por cualquier otro medio, o que se encuentren
almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo,
incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de mil (1.000) a ocho
mil (8.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  “La pena será de
prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de cien (100) a quinientos (500)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando el valor del hidrocarburo o
sus derivados, objeto de apoderamiento, no exceda de diez (10) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.  “La pena se aumentará de una tercera parte a la
mitad cuando la conducta se realice por servidor público. “Artículo 5°.
Favorecimiento en el delito de hurto de hidrocarburos o sus derivados. El
que sin haber tomado parte en la ejecución de la conducta punible, adquiera,
posea, transporte, almacene, venda, ofrezca, suministre o comercialice a
cualquier título hidrocarburos o sus derivados, cuando tales bienes hayan sido
objeto de hurto, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de
quinientos (500) a cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.” “Artículo 7°. Destinación ilícita de bienes. El que destine
ilícitamente bien mueble o inmueble para que en él se almacene, transporte o
venda hidrocarburos o sus derivados, o autorice o tolere en ellos tal
destinación, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de
quinientos (500) a cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.”   “Artículo 8°. Favorecimiento
por servidor público. El
servidor público que sin haber tomado parte en la ejecución de las conductas
anteriores, de cualquier forma facilite su comisión, incurrirá en prisión de
cuatro (4) a ocho (8) años, multa de dos mil (2.000) a cinco mil (5.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio
de derechos y funciones públicas por el término de cuatro (4) a ocho (8) años.”
[13]
Los tipos penales a los que hace referencia el Decreto 2748 de 2002 también son
distintos de los delitos que tipificaba el Decreto 2180 de 2002 “por el cual se
modifican los artículos 4º y 6º del Decreto 1900 de 2002”, declarado
inexequible, mediante sentencia C-1065 de 2002, MP: Eduardo Montealegre Lynett,
porque los tipos penales no se ajustaron a los criterios señalados en la
sentencia C-939 de 2002 para el ejercicio del poder punitivo durante la
conmocion interior.
[14]
Ley 599 de 2000, Artículo 239.- “El que se apodere de una cosa mueble ajena,
con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión
de dos (2) a seis (6).  La pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años,
cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.”
[15]
Ley 599 de 2000, Artículo 241, numeral 14. “Circunstancias de agravación
punitiva. La pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores se
aumentará de una sexta parte a la mitad si la conducta se cometiera: (…) 14.
Sobre petróleo o sus derivados cuando se sustraigan de un oleoducto, gasoducto,
poliducto o fueste inmediatas de abastecimiento.”
[16]
Entre el artículo 9 del Decreto 1900 de 2002 y las medidas adoptadas mediante
el Decreto 2748 de 2002 se encuentran los siguientes elementos comunes: 1)
ambas disposiciones limitan la posibilidad de libertad provisional a las causales
2, 3, 4 y 5 del artículo 365 de la Ley 600 de 2000; 2) las conductas a las que
se refieren las dos disposiciones son de competencia de los jueces
especializados, en el caso del Decreto 1900 de 2002, porque así lo establecía
expresamente el artículo 9. En el caso del Decreto 2748 de 2002, no se hace
referencia expresa a la justicia especializada. Sin embargo, por disposición
expresa del artículo 5 transitorio de la Ley 600 de 2000, el delito de hurto
agravado por haber sido cometido en las circunstancias previstas en el artículo
241, numeral 14 de la mencionada ley, es de conocimiento de la justicia
especializada. Ley 600 de 2002, Artículo 5º—Competencia de los jueces
penales del circuito especializados. Los jueces penales de circuito
especializados conocen, en primera instancia: (…) 13. Del hurto agravado
según el artículo 241 numeral 14 del Código Penal. (…). (subrayado fuera de
texto) [El artículo 5º transitorio de la Ley 600 de 2000 fue suspendido por el
artículo 3º del Decreto 2001 de 2002, dictado al amparo de la declaratoria de
Conmoción interior declarada  por el Decreto 1837 de 2002, y prorrogada por el
Decreto 2555 del 8 de noviembre de 2002. El Decreto 2001 de 2002, dice lo
siguiente: “Artículo 1o. Competencia de los jueces penales del circuito
especializados.  Los Jueces Penales del Circuito Especializados conocen, en
primera instancia, de los siguientes delitos:  (…) 12. Hurto agravado según el
numeral 14 del artículo 241 del Código Penal.   Artículo 3o. Suspensión de leyes incompatibles. El
presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y durante su
vigencia se suspenden los artículos 5o. transitorio de la Ley 600 de 2000 y 14
de la Ley 733 de 2002, en cuanto son incompatibles con las presentes disposiciones.”
La Corte Constitucional declaró la exequibilidad del Decreto 2001 de 2002
mediante sentencia C-1064 de 2002, MP: Alfredo Beltrán Sierra, SV. Jaime Araujo
Rentería y Marco Gerardo Monroy Cabra].
[17]
Corte Constitucional, Sentencia C-939 de 2002, MP: Eduardo Montealegre Lynett.
En ese fallo la Corte reconoció “En punto a la relación de conexidad general
del decreto objeto de revisión y las causas que motivaron la declaración de
estado de conmoción interior, la Corte estima que se encuentra probada. (…) El
decreto objeto de revisión apunta a enfrentar tales modalidades de ataques,
penalizando diversas conductas que suponen bien sea actos terroristas o actos
derivados de actuaciones terroristas. Así mismo, existe relación entre este la
obtención de recursos y, en general, el financiamiento de las actividades
terroristas y los hechos punibles que se establecen en el decreto objeto de
revisión. La Corte, en sentencia C-802 de 2002, indicó que existía una amenaza
al orden público derivada de estas actividades.
[18]
Constitución Política, Artículos 1 y 6; Ley 137 de 1994, Artículos 2 y 7.
[19]
Corte Constitucional, Sentencia C-940 de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa,
SV: Alfredo Beltrán Sierra, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, y
Clara Inés Vargas, donde la Corte examinó la constitucionalidad del Decreto
1885 de 2002, y resolvió “Primero.- Declarar INEXEQUIBLE el inciso 1º del
artículo 1º del Decreto 1885 de 2002, “por medio del cual se adiciona el
Decreto 1838 de 2002”. Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el inciso 2º del artículo
1º y los artículo 2º y 3º del Decreto 1885 de 2002, “por medio del cual se
adiciona el Decreto 1838 de 2002”.
[20]
Según la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, los referentes que la
Corte debe tomar en cuenta para el ejercicio del control automático que ordena
el numeral 6° del artículo 214 constitucional son, en consecuencia, el propio
texto constitucional, los tratados de derechos humanos ratificados por
Colombia, las normas de derecho internacional humanitario, la Ley Estatutaria
de los estados de excepción, y finalmente el propio decreto que declare el
Estado de Conmoción Interior.Ver entre otras la Sentencia C-004 de 1992 M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz, C-179 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-136 de
1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-802 de 2002, MP: Eduardo
Montealegre Lynett; C-876 de 2002, MP: Alvaro Tafur Galvis; C-939 de 2002, MP:
Jaime Córdoba Triviño; C-940 de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa; C-947 de
2002, MP: Rodrigo Escobar Gil; C-1024 de 2002, MP: Alfredo Beltrán Sierra,
entre muchas otras.
[21]
Constitución Política, Artículo 213, inciso 2 “Mediante tal declaración, el
Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las
causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos.”
[22]
Ver, por ejemplo, el artículo 8 de la Ley 137 de 1994, que establece: “Los
decretos de excepción deberán señalar los motivos por los cuales se imponen
cada una de las limitaciones de los derechos constitucionales de tal manera que
permitan demostrar la relación de conexidad con las causas de la perturbación y
los motivos por las cuales se hacen necesarias.”
[23]
Artículo 7°. Vigencia del Estado de Derecho. En ningún caso se podrá afectar el
núcleo esencial de los derechos fundamentales. El Estado de Excepción es un
régimen de legalidad y por lo tanto no se podrán cometer arbitrariedades so
pretexto de su declaración. Cuando un derecho o una libertad fundamentales
puedan ser restringidos o su ejercicio reglamentado mediante decretos
legislativos de Estados de Excepción, estos no podrán afectar el núcleo
esencial de tales derechos y libertades.
[24]
Constitución Política, Artículos 93 y 214; Ley 137 de 1994, “Artículo 4°.
Derechos intangibles. De conformidad con el artículo 27 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, y los demás tratados sobre la materia
ratificados por Colombia, durante los estados de excepción serán intangibles:
el derecho a la vida y a la integridad personal; el derecho a no ser sometido a
desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes; el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; la
prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos; la prohibición
de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación; la libertad de
conciencia; la libertad de religión; el principio de legalidad, de
favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal; el derecho a elegir y ser
elegido; el derecho a contraer matrimonio y a la protección de la familia; los
derechos del niño, a la protección por parte de su familia, de la sociedad y
del Estado; el derecho a no ser condenado a prisión por deudas civiles; el
derecho al habeas corpus y el derecho de los colombianos por nacimiento a no
ser extraditados. Tampoco podrán ser suspendidas las garantías judiciales
indispensables para la protección de tales derechos. De conformidad con el
literal b) del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
ninguna disposición de la Convención, puede ser interpretada en el sentido de
limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de
acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de estos Estados. (...)
[25]
Constitución Política, Artículo 213, inciso 3. “Los decretos legislativos que
dicte el Gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el Estado de
Conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden
público. El Gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por noventa días más.”
[26]
Ley 137 de 1994, Artículo 36. “Facultades generales. En virtud de la
declaración del Estado de Conmoción Interior, el Gobierno podrá suspender las
leyes incompatibles con dicho Estado y tendrá las facultades estrictamente
necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión
de sus efectos. Estas facultades incluyen las demás consagradas por la
Constitución y la presente ley.”
[27]
Ver, por ejemplo, la sentencia C-1024 de 2002, MP: Alfredo Beltrán Sierra,
donde la Corte declaró la inexequibilidad del artículo 1 del Decreto 2002 de
2002, porque desnaturalizaba las funciones constitucionales y la independencia
de la Fiscalía y de la Procuraduría. Dicha norma establecía lo siguiente: “Artículo
1°. Funcionamiento coordinado de las autoridades públicas. La Fiscalía
General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación designarán en cada
una de las unidades operativas menores o sus equivalentes de las Fuerzas
Militares, con dedicación exclusiva, por lo menos un fiscal y una unidad del
Cuerpo Técnico de Investigación y un agente especial del Ministerio Público.”
[28]
Ley 137 de 1994, Artículo 10.
[29]
Ley 137 de 1994, Artículo 8.
[30]
Ley 137 de 1994, Artículo 11.
[31]
Ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional, C-179 de 1994, MP:
Carlos Gaviria Díaz, donde la Corte examinó la constitucionalidad de la Ley
Estatutaria de los Estados de Excepción, Ley 137 de 1994; C-122 de 1997, MP:
Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, donde la Corte examina el
principio de subsidiariedad aplicado a la declaratoria de emergencia económica
y social del Decreto 080 del 13 de enero de 1997.
[32]
Ley 137 de 1994, Artículo 12.
[33]
Ley 137 de 1994, Artículo 13.
[34]
Ley 137 de 1994, artículo 13, inciso primero: “Las medidas expedidas durante
los Estados de Excepción deberán guardar proporcionalidad con la gravedad de
los hechos que buscan conjurar.”
[35]
Ley 137 de 1994, artículo 13, inciso segundo.
[36]
Corte Constitucional, Sentencia C-916 de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
[37]
Ley 137 de 1994, Artículo 14.
[38]
El artículo 38 de la Ley 137 de 1994, establece, por ejemplo, que la libertad
de locomoción puede ser restringida, sin afectar su núcleo esencial,
prohibibiendo la permanencia o circulación de personas en horas y lugares
determinados donde puedan obstruir la acción de la fuerza pública. Otros
ejemplos se encuentran en los artículos 28 (Limitaciones a la libertad de
movimiento y residencia)  y 44 (El poder punitivo) de la Ley 137 de 1994.
[39]
Corte Constitucional, Sentencia C-1024 de 2002, MP: AlfredoBeltrán Sierra,
considerando 4.3.4. de la sentencia.
[40]
Ley 137 de 1994, Artículo 44. Poder punitivo. Durante el Estado de Conmoción
Interior, mediante decreto legislativo, se podrán tipificar penalmente
conductas, aumentar y reducir penas, así como modificar las disposiciones de
procedimiento penal y de policía y autorizar el cambio de radicación de
procesos. En ningún caso un decreto legislativo dictado con ocasión del Estado
de Conmoción Interior, podrá modificar los procedimientos penales para suprimir
la intervención del Ministerio Público en las actuaciones correspondientes.
Las medidas contempladas en el inciso primero sólo podrán dictarse siempre
que:   a) Se trate de hechos punibles que guarden relación directa con las
causas que originaron la declaratoria del Estado de Conmoción Interior o
pretendan impedir la extensión de sus efectos; (...)’ (subrayado fuera de
texto).
[41]
Ley 599 de 2000, Artículos 241, numeral 14; 446 y 447, ya citados. Ver Informe
No.DOJ-0600-780 de 6 de diciembre de 2002, suscrito por la Directora del
Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho y transcrito
parcialmente en la sección III. 2. a) de esta sentencia, donde se transcribe un
resumen de las estadísticas presentadas.
[42]
Cfr. Informe DIJ-GJE-0525 de 9 de diciembre de 2002, ya citado.
[43]
Corte Constitucional, Sentencia C-063 de 2003, MP: Clara Inés Vargas Hernández.
[44]
Cfr. Informe presentado por la Subdirección de Investigaciones Especiales del
Departamento Administrativo de Seguridad DAS sobre la participación de los
grupos subversivos y paramilitares en la comisión de delitos relativos a
hidrocarburos, parcialmente transcrito en la sección III. 1. e., de esta
sentencia. Ver también intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho,
transcrito en la sección IV de esta sentencia.
[45]
Cfr. Informe DIJ-GJE-0525 de 9 de diciembre de 2002, suscrito por el
Coordinador del Grupo de Asuntos Judiciales y Extrajudiciales de la Dirección
Jurídica de Ecopetrol, mediante el cual se presentan estadísticas sobre
liberación de personas sindicadas por los delitos de hurto de hidrocarburos y
sus derivados y por encubrimiento de la mencionada conducta, en los eventos en
que la autoridad judicial no resuelve su situación jurídica, no ordena la
detención preventiva o sustituye la medida de detención preventiva por
detención domiciliaria, parcialmente transcrito en la sección III. 2., j), de
esta sentencia.
[46]
Cfr. Informe estadístico presentado por la Fiscalía General de la Nación, Folio
58.
[47]
Ley 599 de 2000, Artículos 241, numeral 14; 446 y 447, ya citados. Ver Informe
No.DOJ-0600-780 de 6 de diciembre de 2002, suscrito por la Directora del
Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho y transcrito
parcialmente en la sección III. 2. a) de esta sentencia, donde se transcribe un
resumen de las estadísticas presentadas.
[48]
Cfr. Informe DIJ-GJE-0525 de 9 de diciembre de 2002, ya citado.
[49]
Ley 600 de 2000, Artículo 357. Ver Intervención del Ministerio de Justicia y
del Derecho, transcrita parcialmente en la seccion IV de esta sentencia.
[50] Ley 418 de 1997, Artículo 96. Los jueces
regionales conocerán del delito de hurto y los conexos con el mismo, cuando
aquél recaiga sobre petróleo y sus derivados que se sustraigan ilícitamente de
un oleoducto o gasoducto o de sus fuentes inmediatas de abastecimiento, siempre
que la cuantía exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes
del momento de comisión del hecho.
[51] El texto del artículo 121 de la Constitución Nacional de
Colombia de 1886 decía lo siguiente: “Artículo 121.- En los casos de
guerra exterior, o de conmoción interior, podrá el Presidente, previa audiencia
del Consejo de Estado y con la firma de todos los Ministros declarar turbado el
orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella.
Mediante tal declaración quedará el Presidente investido de las facultades que
le confieran las leyes y, en su defecto, de las que le da el Derecho de gentes
para defender los derechos de la Nación o reprimir el alzamiento. Las medidas
extraordinarias o decretos de carácter provisional legislativo que, dentro de
dichos límites, dicte el Presidente, serán obligatorios siempre que lleven la
firma de todos los Ministros. El Gobierno declarará restablecido el orden
público luego que haya cesado la perturbación o el peligro exterior; y pasará
al Congreso una exposición motivada de sus providencias. Serán responsables
cualesquiera autoridades por los abusos que hubieren cometido en el ejercicio de
facultades extraordinarias.”
[52] El texto del artículo 33 del Acto Legislativo de 1910, decía
lo siguiente. “Artículo 33. En caso de guerra exterior o de conmoción interior
podrá el Presidente, con la firma de todos los Ministros, declarar turbado el
orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella. Mediante
tal declaración, el Gobierno tendrá, además de las facultades legales, las que,
conforme a las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes, rigen para la guerra
entre naciones.   Los decretos que dentro de estos límites dicte el Presidente
tendrán carácter obligatorio, siempre que lleven la firma de todos los
Ministros. El Gobierno no puede derogar leyes por medio de los expresados
decretos. Sus facultades se limitan a la suspensión de las que sean
incompatibles con el estado de sitio.   El Gobierno declarará restablecido
el orden público tan pronto como haya cesado la guerra exterior o se haya
reprimido el alzamiento; y dejarán de regir los decretos de carácter
extraordinario que haya dictado. Serán responsables el Presidente y los
Ministros cuando declaren turbado el orden público sin haber ocurrido el caso
de guerra exterior o de conmoción interior; y lo serán también, lo mismo que
los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en el
ejercicio de las facultades concedidas en el presente artículo.   Restablecido
el orden público, el Gobierno convocará al Congreso y le pasará un exposición
motivada de sus providencias.  En el caso de guerra exterior el Gobierno
convocará el Congreso en el decreto en que declare turbado el orden público y
en estado de sitio la República para que se reúna dentro de los sesenta días
siguientes, y si no lo convocare, podrá el Congreso reunirse por derecho
propio. (subrayado fuera de texto)
[53] Codificación de 1936, Artículo 117.- En caso de guerra exterior o de conmoción interior podrá el
Presidente, con la firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden
público y en estado de sitio toda la República o parte de ella. Mediante tal
declaración, el Gobierno tendrá, además de las facultades legales, las que,
conforme a las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes, rigen para la guerra
entre naciones.   Los decretos que dentro de estos límites dicte el Presidente
tendrán carácter obligatorio, siempre que lleven la firma de todos los
Ministros.   El Gobierno no puede derogar leyes por medio de los expresados
decretos. Sus facultades se limitan a la suspensión de las que sean
incompatibles con el estado de sitio.   El Gobierno declarará restablecido
el orden público tan pronto como haya cesado la guerra exterior o se haya
reprimido el alzamiento; y dejarán de regir los decretos de carácter
extraordinario que haya dictado.   Serán responsables el Presidente y los
Ministros cuando declaren turbado el orden público sin haber ocurrido el caso
de guerra exterior o de conmoción interior; y lo serán también, lo mismo que
los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en el
ejercicio de las facultades concedidas en el presente artículo.   Restablecido
el orden público, el Gobierno convocará al Congreso y le pasará un exposición
motivada de sus providencias.   En el caso de guerra exterior el Gobierno
convocará el Congreso en el decreto en que declare turbado el orden público y
en estado de sitio la República para que se reúna dentro de los sesenta días
siguientes, y si no lo convocare, podrá el Congreso reunirse por derecho propio.
Artículo 118.- En los casos de que tratan el artículo 28 de la
Constitución y el 33 del Acto Legislativo No. 3 de 1910, el Gobierno debe oir
previamente al Consejo de Estado para dictar las providencias de que tratan
dichos artículos.
[54] Codificación de 1945, Artículo 121.- En caso de guerra exterior o de conmoción interior podrá el
Presidente, con la firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden
público y en estado de sitio toda la República o parte de ella. Mediante tal
declaración, el Gobierno tendrá, además de las facultades legales, las que,
conforme a las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes, rigen para la guerra
entre naciones.   Los decretos que dentro de estos límites dicte el Presidente
tendrán carácter obligatorio, siempre que lleven la firma de todos los
Ministros.   El Gobierno no puede derogar leyes por medio de los expresados
decretos. Sus facultades se limitan a la suspensión de las que sean
incompatibles con el estado de sitio. El Gobierno declarará restablecido el
orden público tan pronto como haya cesado la guerra exterior o se haya
reprimido el alzamiento; y dejarán de regir los decretos de carácter
extraordinario que haya dictado. Serán responsables el Presidente y los
Ministros cuando declaren turbado el orden público sin haber ocurrido el caso
de guerra exterior o de conmoción interior; y lo serán también, lo mismo que
los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en el
ejercicio de las facultades concedidas en el presente artículo.   Restablecido
el orden público, el Gobierno convocará al Congreso y le pasará un exposición
motivada de sus providencias.  En el caso de guerra exterior el Gobierno
convocará el Congreso en el decreto en que declare turbado el orden público y
en estado de sitio la República para que se reúna dentro de los sesenta días
siguientes, y si no lo convocare, podrá el Congreso reunirse por derecho
propio.  Artículo 122.- En los casos de que tratan el artículo 28 de la Constitución
y el 33 del Acto Legislativo No. 3 de 1910, el Gobierno debe oir previamente al
Consejo de Estado para dictar las providencias de que tratan dichos artículos.
(subrayado fuera de texto)
[55] Acto Legislativo No. 1 de 1960,
Artículo 1.- El Presidente de la República no
podrá ejercer las facultades de que trata el artículo 121 sino previa
convocación del Congreso en el mismo decreto en que declare turbado el orden
público y en estado de sitio toda la República o parte de ella, ya sea por
causa de guerra exterior o de conmoción interna. Esta convocación se hará
para dentro de los diez días siguientes a la expedición de tal decreto. Si el
presidente no lo convocare, el Congreso se reunirá por derecho propio. En
todo caso permanecerá reunido mientras dure el estado de sitio.  El Congreso,
por medio de proposición aprobada por mayoría absoluta de una y otra Cámara,
podrá decidir que cualquiera de los decretos que dicte el Gobierno en ejercicio
de las facultades extraordinarias del estado de sitio, pase a la Corte Suprema
de Justicia para que decida sobre su constitucionalidad. La Corte fallará
dentro del término de seis días, y si así no lo hiciere, el decreto quedará
suspendido. La demora de los Magistrados en pronunciar el fallo es causal de
mala conducta. (subrayado fuera de texto) (Este acto legislativo fue derogado
por el Acto Legislativo No. 1 de 1968).
[56] Acto Legislativo No. 1 de 1968,
Artículo 42. El artículo 121 de la Constitución
Nacional quedará así:Artículo 121.- En caso de guerra exterior o de conmoción
interior podrá el Presidente, con la firma de todos los Ministros, declarar
turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o parte de
ella. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá, además de las facultades
legales, las que, conforme a las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes,
rigen para la guerra entre naciones. Los decretos que dentro de estos límites
dicte el Presidente tendrán carácter obligatorio, siempre que lleven la firma
de todos los Ministros. El Gobierno no puede derogar leyes por medio de los
expresados decretos. Sus facultades se limitan a la suspensión de las que sean
incompatibles con el estado de sitio.   La existencia del estado de sitio en
ningún caso impide el funcionamiento normal del Congreso. Por consiguiente,
éste se reunirá por derecho propio durante las sesiones ordinarias y en
extraordinarias cuando el Gobierno lo convoque. Si al declararse la
turbación del orden público y el estado de sitio, estuviere reunido el
Congreso, el Presidente le pasará inmediatamente una exposición motivada de las
razones que determinaron la declaración. Si no estuviere reunido, la exposición
le será presentada el primer día de las sesiones ordinarias o extraordinarias
inmediatamente posteriores a la declaración. En el caso de guerra exterior el
Gobierno convocará el Congreso en el decreto en que declare turbado el orden
público y en estado de sitio la República para que se reúna dentro de los diez
días siguientes, y si no lo convocare, podrá el Congreso reunirse por derecho
propio. El Gobierno declarará restablecido el orden público tan pronto como
haya cesado la guerra exterior o terminado la conmoción interior y dejarán de
regir los decretos de carácter extraordinario que haya dictado. Serán
responsables el Presidente y los Ministros cuando declaren turbado el orden
público sin haber ocurrido el caso de guerra exterior o de conmoción interior;
y lo serán también, lo mismo que los demás funcionarios, por cualquier abuso
que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades concedidas en el
presente artículo.    Parágrafo.- El Gobierno enviará a la Corte Suprema de
Justicia al día siguiente de su expedición, los decretos legislativos que dicte
en uso de las facultades a que se refiere este artículo, para que aquélla
decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere
con el deber de enviarlos, la Corte Suprema de Justicia aprehenderá
inmediatamente de oficio su conocimiento. Los términos señalados en el artículo
214 se reducirán a una tercera parte, y su incumplimiento dará lugar a la
destitución de los Magistrados responsables, la cual será decretada por el
Tribunal Disciplinario.   (subrayado fuera de texto)
[57] Ver entre otras las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de
19 de enero de 1978, MP: Hernando Tapias Rocha, y del 6 de diciembre de 1979,
MP: Gonzalo Vargas Rubiano. En la sentencia de 6 de diciembre de 1979, la Corte
estimó que un decreto dictado en ejercicio de las facultades conferidas por una
ley habilitante podía derogar o modificar las normas expedidas por un decreto
legislativo de estado de sitio. La materia regulada aludía al estatuto docente.
[58] Fundamento jurídico N° 8.
[59] Fundamento jurídico N° 8.2
[60] Ibidem
[61] Ibidem