T-258-17
Sentencia T-258/17
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia
excepcional
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO EN MATERIA PENAL-Alcance
Nuestro
ordenamiento hace del procedimiento penal un escenario propicio para que el
Estado reivindique los derechos conculcados a una persona a raíz de la comisión
de una conducta típica.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto sustantivo por desconocimiento
del principio de cosa juzgada y juez natural respecto de la validez de título
ejecutivo
La Sala encuentra que el fenómeno de
cosa juzgada en lo relativo a la validez del pagaré se consumó desde el momento
mismo en que, mediante sentencia, el juez natural de la causa ordenó seguir
adelante con la ejecución, o como mucho, con la sentencia que declaró infundado
el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el deudor. En tal
sentido, como el juez natural no era otro que el del proceso ejecutivo
respaldado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, los pronunciamientos
subsiguientes de otras autoridades en el mismo sentido no hicieron más que
corroborar lo que el verdadero árbitro del proceso ya había definido.
Referencia: Expediente T-5.824.352
Acción de tutela
presentada por el Banco de Bogotá S.A. en contra del Juzgado 1º Penal Municipal
con Función de Control de Garantías de Barranquilla, del Juzgado 4º Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla y de la Fiscalía 50
Seccional Unidad de Patrimonio Económico de Barranquilla
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de
abril de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Octava de la Corte Constitucional, conformada
por los magistrados Hernán Correa Cardozo (e), José Antonio Cepeda Amarís (e) y
Alberto Rojas Ríos –quien la preside–, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9º de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes
del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la presente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los
fallos de 2 de agosto y 29 de septiembre de 2016, proferidos por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla –Sala Penal− y la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en primera y segunda
instancias, respectivamente, dentro de la acción de tutela promovida por el Banco
de Bogotá S.A. en contra del Juzgado 1º Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Barranquilla, del Juzgado 4º Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Barranquilla y de la Fiscalía 50 Seccional Unidad de Patrimonio
Económico de Barranquilla.
El proceso de la referencia fue seleccionado por la
Sala de Selección de Tutelas Número Doce, mediante auto del 14 de diciembre de
2016, en virtud de la insistencia para revisión presentada por el magistrado
Jorge Iván Palacio Palacio. Como criterios de selección se indicaron la posible
violación del precedente (criterio objetivo) y la lucha contra la
corrupción (criterio complementario).
I. ANTECEDENTES
A través de apoderado judicial
especialmente constituido, el Banco de Bogotá formuló acción de tutela en contra
del Juzgado 1º Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Barranquilla, del Juzgado 4º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Barranquilla y de la Fiscalía 50 Seccional Unidad de Patrimonio Económico de
Barranquilla, por
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia.
A la base de toda la actuación se
encuentra la existencia de un proceso ejecutivo promovido en 1987 por el Banco de
Bogotá en contra del señor Iván Tarud María –como persona natural y como
representante legal de Dislicores Ltda. y Construcciones Los Sauces Ltda.–,
alrededor del cual han concurrido diferentes acciones de tutela contra
providencias judiciales proferidas en el marco de la ejecución, denuncias
penales contra los representantes legales de la entidad bancaria e, inclusive,
contra las autoridades jurisdiccionales que han intervenido en el trámite, así
como innumerables actos procesales como interposición de recursos ordinarios y
extraordinarios, proposición de nulidades e impedimentos a lo largo de 30 años.
Al interior de aquellas diversas
actuaciones han tenido lugar tres pronunciamientos de órganos de cierre, a
saber:
(i) Sentencia del 24 de agosto de 1993,
por medio de la cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
casó el fallo condenatorio dictado el 16 de enero de 1992 por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla contra el señor Iván
Riveira –gerente del banco– y absolvió al procesado de todos los cargos,
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada.
(ii) Sentencia del 1º de diciembre de
2000, por la cual la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el
señor Iván Tarud María para enervar la sentencia del 5 de agosto de 1997,
proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, que ordenaba seguir adelante con la ejecución en su contra,
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada.
(iii) Sentencia T-022 del 20 de enero
de 2005, mediante la cual la Corte Constitucional confirmó, en sede de
revisión, el fallo del 13 de mayo de 2004 por el que la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela invocada por Iván Tarud María,
en nombre propio y como representante legal de Dislicores Ltda. e inversiones y
Construcciones Los Sauces –Incolsa Ltda., contra la decisión de 18 de diciembre
de 2003 por la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla revocó el auto que, en primera instancia, cesó la ejecución en
su contra. Este fallo hizo tránsito a cosa juzgada constitucional.
A continuación se reseñan los hechos
relevantes y se determina el contenido de la solicitud de amparo:
1. Hechos
1.1.
El banco accionante
manifestó que el 13 de noviembre de 1985 el señor Iván Tarud María, como
persona natural y como representante legal de Dislicores Ltda. y Construcciones
Los Sauces Ltda., suscribió un pagaré a favor del Banco de Bogotá con el
propósito de instrumentar una deuda adquirida por dichas empresas, para cuyo
cobro el título debía diligenciarse conforme a la respectiva carta de
instrucciones, de acuerdo con la cual “la cuantía será igual al monto de cualquier
suma que por pagarés, letras o cualquier otro título valor, aperturas de
crédito, diferencias de cambio, comisiones, tarjetas de crédito, sobregiros,
intereses, capital y en general, por cualquier obligación presente o futura,
que directa o indirectamente, conjunta o separadamente y por cualquier concepto
le deba o llegue a deber al banco, Dislicores limitada inversiones y
construcciones los sauces, Incolsa Ltda. e Iván Pedro Tarud Maria, el día que
sea llenado el título”[1].
1.2.
El 20 de noviembre de
1985 el pagaré fue presentado a la Administración de Impuestos Nacionales para
efectuar el pago del impuesto de timbre.
1.3.
El 9 de junio de 1987,
ante el incumplimiento de los deudores en el pago de la obligación, el Banco de
Bogotá promovió proceso ejecutivo contra las mencionadas sociedades y contra el
señor Iván Tarud María, como persona natural, por un valor de $21’385.291. El
conocimiento del proceso correspondió al Juzgado 6º Civil del Circuito de
Barranquilla.
El juzgado civil de
conocimiento libró mandamiento ejecutivo, en contra del cual fueron
interpuestos recursos que fueron resueltos desfavorablemente, así como las
excepciones de “incumplimiento del actor de lo dispuesto por el Art. 25 de
la Ley 2ª de 1976 y seguimiento de un procedimiento distinto del que legalmente
corresponde./Ambas excepciones las fundamenta resumidas en el hecho que
(sic) se aportó un pagaré sin que previamente a la presentación de la
demanda se cancelara al fisco el reajuste del impuesto de timbre Nacional
previsto en el Art. 25 de la Ley 2ª de 1976 y en el Art. 66 de la misma ley que
ordena al funcionario oficial ante quien se presente documentos gravados con el
impuesto de papel sellado o timbre, sin el pago del impuesto, lo remitirá a la
sección o grupo de Auditoría de la Administración de Impuestos Naciones del
lugar con informe pormenorizado para que haga la liquidación de los impuestos y
se imponga (sic) las sanciones”[2].
De forma extemporánea propuso el medio exceptivo denominado “carencia de título
ejecutivo o inexistencia del título ejecutivo”.
1.4.
Por auto del 29 de mayo
de 1991, luego del traslado de las excepciones formuladas oportunamente, el
Juzgado 6º Civil del Circuito de Barranquilla decretó la suspensión del proceso
ejecutivo singular por prejudicialidad, en vista de que el señor Iván Tarud
María había denunciado penalmente al gerente del Banco de Bogotá, señor Iván
Riveira Acosta, por la presunta comisión de los delitos de falsedad, fraude
procesal y usura, alegando que en el pagaré base de ejecución se señalaron una
fecha de emisión y un monto de la deuda que no correspondían a la realidad.
1.5.
Dentro del proceso
penal seguido contra el gerente del banco ejecutante, en primera instancia, el
Juzgado 7º Penal del Circuito de Barranquilla dictó sentencia absolutoria, “aduciendo la atipicidad de las conductas por las
cuales fue enjuiciado, y la falta de elementos probatorios sólidos para
fundamentar una eventual responsabilidad penal”[3].
El fallo fue apelado y,
en segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla, por sentencia del 16 de enero de 1992, condenó al señor Iván
Riveira Acosta, como “autor
responsable de falsedad en documento privado y fraude procesal”, señalando que por su cargo de gerente, era el
encargado de impartir instrucciones sobre el diligenciamiento del título, cuya
fecha de expedición y monto no correspondían a la realidad (para lo cual se
basó en el dictamen pericial rendido por el contador público Leonardo Rangel
Sosa), aunado al hecho de que el instrumento fue utilizado para inducir en
error al juez civil que libró mandamiento ejecutivo[4].
Finalmente, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por sentencia del 24 de agosto
de 1993, casó el fallo del ad quem y absolvió al procesado de
todos los cargos. El órgano de cierre consideró que fue desacertada la
valoración de las pruebas que sirvió de base para la condena por parte del
Tribunal, pues de los medios de convicción obrantes en el proceso (testimonios
e indicios) no se deducía que el señor Iván Riveira hubiese realizado él mismo
la liquidación del crédito y el diligenciamiento del pagaré, sino que esas
labores estaban delegadas en los departamentos de cartera y jurídico,
limitándose a ordenar las gestiones necesarias para iniciar la ejecución por
vía judicial, ante la renuencia del deudor. Por lo mismo, no podía atribuírsele
responsabilidad alguna sobre errores aritméticos impropios a sus funciones como
gerente, como tampoco se estructuraba una conducta punible por el solo hecho de
haber otorgado poder para la iniciación del proceso ejecutivo[5].
1.6.
El 4 de octubre de
1993, el señor Iván Tarud María –obrando como deudor y, a la vez, como
representante legal de las sociedades encartadas– acudió ante el juez del
proceso ejecutivo con copias de la sentencia de segunda instancia del proceso
penal (la cual fue casada por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia
del sentencia del 24 de agosto de 1993), del dictamen pericial contable
practicado en primera instancia y del referido fallo de casación, afirmando que
el pagaré había sido declarado falso por la justicia penal. En este sentido,
solicitó la reanudación del proceso, el levantamiento de las medidas
cautelares, la imposición de las sanciones previstas en el artículo 292 del C.
de P.C.[6]
para la parte vencida en el trámite de la tacha de falsedad, de las multas
establecidas en el artículo 394 de la misma obra[7],
y la condena en costas y perjuicios para su adversario.
1.7.
Reanudada la ejecución
y tras disponer que las copias allegadas por el señor Iván Tarud María fueran
tenidas como pruebas, el Juzgado 7º Civil del Circuito de Barranquilla
−que había avocado el conocimiento en virtud del impedimento manifestado
por la Jueza 6ª homóloga−, mediante providencia del 30 de junio de 1994,
(i) declaró imprósperas las excepciones formuladas por los deudores. Sin
embargo, (ii) declaró oficiosamente la excepción “que el pagaré se le impuso
una deuda mayor de la que debía Dislicores Ltda., con inobservancia de las
instrucciones expresa (sic) que debía seguirse”[8], tras considerar que de
las copias arrimadas por el ejecutado podía extraerse que la suma consignada en
el título no era cierta y que ello restaba eficacia al mismo. Adicionalmente,
(iii) ordenó cesar la ejecución, decretó el desembargo de los bienes embargados
y secuestrados, y condenó al banco ejecutante a pagar las costas y los
perjuicios ocasionados con las medidas cautelares.
1.8.
Paralelamente, el señor
Tarud María solicitó al Juzgado 7º Penal del Circuito de Barranquilla, esto es,
el de primera instancia de la causa que se adelantó contra el gerente del
banco, que dispusiera la cancelación del pagaré en cuestión, petición que fue
negada por el Despacho en mención.
Descontento con la
decisión, el señor Tarud María formuló acción de tutela contra el Juzgado 7º
Penal del Circuito de Barranquilla, la cual fue negada, en primera instancia,
por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, en sentencia del 8 de
agosto de 1995, con el argumento de que “para ordenar la cancelación de la
inscripción de títulos valores sujetos a esta formalidad, no solo se precisa
que aparezca demostrada la tipicidad, sino que ellos hayan sido obtenidos
fraudulentamente”, lo que no ocurrió en este caso. En segunda instancia, la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo de
primer grado, en sentencia del 8 de noviembre de 1995.
1.9.
Por su parte, el Banco
de Bogotá interpuso recurso de apelación en contra de lo resuelto por el juez
del proceso ejecutivo. Mediante sentencia del 5 de agosto de 1997, la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla (i) revocó
íntegramente la providencia del 30 de junio de 1994 del Juzgado 7º Civil del
Circuito de Barranquilla y, en su lugar, (ii) ordenó “seguir adelante la
ejecución para el cumplimiento de las obligaciones pendientes, las cuales se
contraen a la suma de $15’247.890,23 y sus intereses a la tasa convenida”[9]. Además, (iii) dispuso
que el a quo practicara la liquidación del crédito y condenó en costas
de primera instancia al ejecutado, por considerar que el juez civil no tenía la
facultad de declarar excepciones de manera oficiosa, y que, en todo caso, por
tratarse de un título valor, sólo eran viables los medios exceptivos previstos
taxativamente en el Código de Comercio[10].
Estimó el Tribunal,
asimismo, que el Juez 7º Civil del Circuito no ha debido extraer conclusiones
descontextualizadas a partir de las copias de algunas piezas del proceso penal
allegadas por el ejecutado –que fueron admitidas como prueba y a las cuales
otorgó un alcance que no tenían–, como en efecto sucedió con la copia de la
sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia (en la que fue absuelto el gerente del banco), habida cuenta de que
dicho fallo probaba la exoneración de todos los cargos que se le imputaron al
señor Iván Riveira Acosta, pero de ninguna manera tenía la virtualidad de
demostrar por sí misma, la ocurrencia de los hechos ventilados ante la justicia
penal, ni por intermedio de ella se daban por introducidos los medios de
convicción allí aducidos. De este modo, desestimó el valor probatorio que el
juez civil le confirió al dictamen obrante en el expediente penal, pues dicha
experticia no fue objeto de traslado a fin de poder ser controvertida por la
parte contra la cual se aducía.
Por otra parte, enfatizó
que la Sala de Casación Penal no afirmó que existiera delito, ni ordenó
restablecimiento del derecho a favor del señor Iván Tarud María –medida que
sólo podía operar por expresa orden del juez penal−, por lo que al juez
del proceso ejecutivo le estaba vedado arrogarse tal competencia.
Añadió además que, si
bien el incidente de tacha de falsedad está orientado a verificar la falsedad
material por medio del examen grafológico o del cotejo de firmas, no es idóneo
para redargüir el contenido del documento, y que la oportunidad procesal para
rebatir la autenticidad del pagaré se extinguió cuando los ejecutados no
formularon las excepciones contra la acción cambiaria, de las cuales disponían
conforme al Código de Comercio.
Finalmente, efectuó el
cálculo de los valores a los que se contraía para entonces la obligación,
excluyendo el cobro de intereses sobre intereses, y concluyó que el total de lo
debido por el extremo pasivo al Banco de Bogotá era la suma de $15’247.890,23.
1.10.    Inconforme con la providencia que revivió
el proceso ejecutivo, el señor Iván Tarud María formuló denuncia penal por el
delito de prevaricato en contra de los magistrados que integraron la Sala Civil
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, denuncia que no
prosperó por no configurarse la tipicidad de la conducta.
1.11.    El ejecutado también denunció penalmente al
señor José Joaquín Díaz Perilla, en calidad de gerente jurídico del Banco de
Bogotá, por los delitos de fraude procesal y estafa, por haber otorgado poder
para la sustentación del recurso de apelación contra la sentencia del 30 de
junio de 1994 (por la cual el Juzgado 7º Civil del Circuito de Barranquilla
había dispuesto cesar la ejecución). Nuevamente dijo que los valores consignados
en el pagaré no eran ciertos y que, a sabiendas de ello, el gerente del banco
había recurrido en alzada la decisión de terminar el proceso.
1.12.    Por decisión del 25 de enero de 2001, en el
marco de la investigación que se adelantó contra José Joaquín Díaz Perilla, la
Fiscalía 50 Delgada de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico
dispuso: “En atención a lo solicitado por el señor apoderado de la parte
civil, doctor ANTONIO MANTILLA BERNAL y en aras a restablecer el derecho que
presuntamente haya sido quebrantado ofíciese a las Oficinas Judiciales
respectivas para efectos de comunicar el resultado del Estudio Técnico rendido
por la Perito Contable de la Sijin Denta-E5, MYRIAM LUZ CASTELLANO A., de fecha
noviembre tres (3) del año dos mil (2000), en lo atinente a la liquidación a
los intereses del sobregiro en la cuenta corriente No. 170-08533-6 de
Dislicores Limitada, correspondiente al periodo Enero 86 hasta Enero 87, por
valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON
CINCO CENTAVOS ($1.375.084,05), para que tomen la decisión que en derecho
estimen pertinente. En consecuencia remítase fotocopia debidamente autenticada
del citado dictamen, obrante a folios 931 a 935 del Cuaderno de copia No. 2 |
Cúmplase”.
Dicha providencia fue
comunicada a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla y al Juez 7º Civil del Circuito de la misma ciudad, mediante
oficios No. 017, 018 del 26 de enero de 2001, respectivamente[11].
El proceso penal contra
el gerente jurídico del Banco de Bogotá terminó el 31 de octubre de 2001, al
decretarse la preclusión la investigación[12].
1.13.    En una nueva actuación, el señor Iván Tarud
María formuló recurso extraordinario de revisión contra la sentencia que ordenó
seguir adelante la ejecución, esto es, la del 5 de agosto de 1997, emanada de
la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. Para
ello invocó la causal 2ª del artículo 380 del entonces C. de P.C., consistente
en “...Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueren
decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida”, e insistió en
que el documento base de la ejecución había sido declarado espurio por la Corte
Suprema de Justicia al pronunciarse sobre la ausencia de responsabilidad en
cabeza del señor Iván Riveira sin excluir la tipicidad de la conducta.
Mediante sentencia del
1° de diciembre de 2000, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia declaró infundado el recurso de revisión a que se alude y
condenó en costas y perjuicios al señor Iván Tarud y a las sociedades por él
representadas, tras considerar que la decisión adoptada por la justicia penal
en el proceso donde se ventiló lo relativo a la autenticidad del pagaré, fue
conocida por las partes y las autoridades judiciales al interior del proceso
ejecutivo, de suerte que los argumentos del recurrente carecían de novedad,
característica imprescindible para que se configure la causal alegada. Concluyó
la Sala que “Contrariamente, la argumentación esbozada por los recurrentes
revela su empecinado intento por reabrir el debate propuesto en el curso de las
instancias, planteándolo incluso en los mismos términos en los cuales se
desarrolló, lo cual no sólo resulta inapropiado sino reprobable, porque hace
tabla rasa del carácter extraordinario del recurso y de los fines que está
llamado a procurar, que si bien franquean el examen de sentencias que han
pasado en autoridad de cosa juzgada, por haber sido obtenidas injustamente,
sólo lo autorizan bajo los supuestos expresa y taxativamente delineados por el
legislador, que de ninguna manera han sido establecidos para provocar el
replanteamiento de la causa judicial concluida.”
1.14.    Más tarde, por impedimento manifestado por
el Juez 7º Civil del Circuito de Barranquilla, el proceso ejecutivo, ya en
etapa de remate, pasó al conocimiento del Juzgado 8º homólogo, quien ordenó
cesar la ejecución, por providencia del 19 de septiembre de 2002, tras
considerar que, de acuerdo con el peritaje contable remitido por la Fiscalía 50
el 26 de enero de 2001 (esto es, aquel que se practicó en el proceso contra
José Joaquín Díaz Perilla), los capitales demandados no correspondían con la
realidad. Recurrida en apelación dicha determinación por parte del Banco de
Bogotá, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla la revocó mediante decisión del 18 de diciembre de 2003,
con el argumento de que luego de proferida la sentencia y en ese estadio del
trámite (etapa de remate y pago al acreedor) no era oportuno que el demandado
intentara nuevamente la invalidación del título, lo cual previamente había sido
resuelto tanto por esa Sala como por la Corte Suprema de Justicia en sede de
acción de revisión.
1.15.    Seguidamente, el señor Iván Tarud María
formuló otra acción de tutela contra lo resuelto por el juez colegiado el 18 de
diciembre de 2003, reiterando los argumentos relacionados con la ilegitimidad
del título de recaudo. Denegado el amparo por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema, por fallo del 13 de mayo de 2004, el expediente fue sometido a
revisión por la Corte Constitucional, conforme a las previsiones de los
artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política.
Mediante sentencia T-022
del 20 de enero de 2005[13],
la Sala Sexta de Revisión de Tutelas confirmó íntegramente el fallo objeto de
revisión, luego de constatar que no existía vía de hecho alguna en la
decisión del Tribunal accionado, comoquiera que “resulta ostensible que el
debate sobre la falsedad o autenticidad del documento que pretende ejecutarse
ya no es pertinente, pues han sido ya varias las autoridades –el Tribunal, la
Corte Suprema, la Fiscalía- las que han tenido oportunidad de confrontar el
problema de manera definitiva, resolviendo desfavorablemente la solicitud en
sus instancias respectivas. | Por lo anterior, no es de recibo el argumento del
demandante según el cual la providencia en cuestión ha incurrido en vía de
hecho por dar prioridad al principio de cosa juzgada sobre la realidad
material, pues frente a un debate jurídico que vigente casi 17 años y que, en
otras instancias, ante otras jurisdicciones, ha sido confirmado con argumentos
de fondo, relativos al aspecto sustantivo del conflicto, no cabe descalificar
el valor definitorio de la cosa juzgada, pues este es, precisamente, su valor
fundante y su razón de ser en el proceso.”
1.16.    A comienzos del año 2015 y sin un proceso
penal activo[14],
a pesar de las varias decisiones judiciales que le han sido adversas, casi 30
años después de iniciado el proceso ejecutivo donde funge como demandado, el
señor Iván Tarud María solicitó nuevamente, esta vez ante un juez de control de
garantías, como medida de restablecimiento del derecho, que se dejara sin
efecto el pagaré que sirvió de base para la ejecución, la cual se encuentra actualmente
en etapa final de remate.
De este modo el
ejecutado revivió la discusión en torno a la autenticidad del título valor,
trayendo a colación el dictamen pericial contable practicado décadas atrás
dentro del proceso penal que se siguió contra el gerente del Banco de Bogotá y
que, en su momento, culminó con sentencia absolutoria proferida por la Corte
Suprema de Justicia; experticia que, en todo caso, no desvirtuaba la firma del
instrumento de recaudo por parte del deudor, sino que versaba sobre un supuesto
yerro en cuanto a la fecha y la cuantía consignadas en el mismo.
1.17.    Con fundamento en la anterior petición, en
audiencia preliminar a la que no se citó al Banco de Bogotá sino a su
representante legal a título personal, el Juzgado 1º Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Barranquilla, por providencia del 27 de
julio de 2015, ordenó a la Fiscalía 50 de Patrimonio Económico que procediera a
restablecer el derecho solicitado por el señor Iván Tarud María, haciendo caso
omiso de los múltiples pronunciamientos judiciales en los que se descartó la
falsedad del pagaré, y sin correr traslado del supuesto dictamen en que se
sustentó esa determinación.
1.18.    El Banco de Bogotá atacó dicha decisión
mediante recurso de apelación. La providencia fue confirmada por el Juzgado 4º
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla, mediante auto
del 13 de junio de 2016. De este modo y con base en copias simples de algunas
piezas del proceso penal clausurado con sentencia de casación favorable al
otrora gerente de la entidad financiera, sin mediar traslado de las pruebas en
que se apoyó, y pasando por alto todas las decisiones adoptadas en precedencia
–inclusive por los órganos de cierre de las jurisdicciones ordinaria y
constitucional−, el Juzgado 4º Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Barranquilla consideró que, si bien la acción penal estaba
prescrita, se había configurado el delito de falsedad al momento de llenar los
espacios en blanco del pagaré y, por ende, el señor Iván Tarud era víctima de
una conducta ilícita y debía ser reparado por los daños causados.
1.19.    Al día siguiente, en cumplimiento a lo
resuelto por los jueces demandados en relación con el restablecimiento del
derecho deprecado por el señor Iván Tarud María, la Fiscalía 50 Seccional
Unidad de Patrimonio Económico de Barranquilla expidió el oficio 383 del 14 de
junio de 2016, dirigido al Juzgado 1º de Ejecución Civil de Barranquilla (donde
reposa hoy en día el proceso ejecutivo del Banco de Bogotá contra Dislicores
Ltda., Construcciones Los Sauces Ltda. e Iván Tarud María), para que proceda a
cesar la ejecución del proceso civil, ordenar el levantamiento de las medidas
cautelares, disponer la entrega de bienes embargados e iniciar el respectivo
incidente de costas.
1.20.    Frente a esta situación, el Banco de Bogotá
formuló acción de tutela, invocando la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Señala el banco
accionante que la actuación de la Fiscalía accionada, consistente en ordenar
que se dé por terminado el proceso ejecutivo, se llevó a cabo sin oportunidad
de contradicción por parte del Banco de Bogotá y con desconocimiento de que el
señor Iván Tarud María no era el único demandado dentro del trámite cuya terminación
se disponía, por lo que la medida terminó extendiéndose indebidamente a los
demás integrantes del extremo pasivo de la ejecución, aunque tales sociedades
no estaban comprendidas dentro del restablecimiento del derecho.
Alega, además, que si el
dictamen pericial contable en cuestión–cuyo traslado no se cumplió−
apuntaba a que la falsedad del pagaré se sustentaba en que supuestamente se
introdujo una suma de dinero mayor a la que realmente correspondía, con todo y
a pesar de las varias decisiones que ya habían zanjado esa discusión, la medida
de restablecimiento del derecho no podía consistir en la terminación definitiva
del proceso ejecutivo frente a todos los deudores, sino en ajustar la
liquidación del crédito al valor no controvertido.
2. Contenido de la
petición de amparo.
De acuerdo con los
hechos narrados, a través de apoderado judicial especialmente constituido, el
Banco de Bogotá reclama la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales considera
vulnerados a causa de las decisiones adoptadas por el Juzgado 1º Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, el Juzgado 4º
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla y la Fiscalía 50
Seccional Unidad de Patrimonio Económico de Barranquilla, en el marco del
trámite del restablecimiento del derecho solicitado por el señor Iván Tarud
María, con fundamento en los siguientes argumentos:
2.1. Las autoridades
accionadas desconocieron la fuerza de cosa juzgada y el principio de juez
natural que cobijaban a las providencias (i) del 5 de agosto de 1997,
por la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla ordenó
seguir adelante con la ejecución dentro del proceso del Banco de Bogotá contra
Dislicores Ltda., Construcciones Los Sauces Ltda. e Iván Tarud María; (ii) del 1º
de diciembre de 2000, por la cual la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia declaró infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Iván Tarud María contra la sentencia del 5 de agosto
de 1997 recién mencionada; (iii) del 18 de diciembre de 2003, por la
cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla revocó la
decisión del Juzgado 8º Civil del Circuito de Barranquilla que había dispuesto
cesar la ejecución; y, (iv) T-022 del 20 de enero de 2005, por la cual
la Corte Constitucional examinó toda la controversia y concluyó que el debate
en torno a la autenticidad del pagaré se agotó en la sentencia que resolvió el
recurso extraordinario de revisión, por lo que negó la tutela invocada por el
señor Iván Tarud María para que se dejara sin efecto la referida providencia
del 18 de diciembre de 2003.
Sostiene la entidad
accionante que en ninguna de las decisiones judiciales que precedieron al
restablecimiento del derecho se declaró la configuración de algún delito, por
lo que los jueces demandados mal podían venir a derivar un ilícito a partir de
la referencia que se hace a un dictamen pericial contable −practicado en
un proceso penal donde el banco no intervino−, en la resolución de
acusación y en la sentencia que condenó Iván Riveira, siendo que dicho fallo
fue casado.
Arguye que tampoco se
podía sustentar la terminación del proceso en el auto del 19 de septiembre de
2002, por medio del cual el Juzgado 8º Civil del Circuito de Barranquilla
ordenó cesar la ejecución, pues dicha providencia fue revocada por el superior
en auto del 18 de diciembre de 2013, el cual, a su vez, fue confirmado en
trámite de tutela por la Corte Suprema de Justicia en sede de instancia y por
la Corte Constitucional en revisión.
De este modo, afirma el
banco, las autoridades accionadas pretermitieron abiertamente las decisiones
adoptadas por los jueces naturales en cada una de las causas –en materia civil,
penal y de tutela− que han tenido lugar a raíz de la pretensión del señor
Iván Tarud María de detener el proceso ejecutivo; decisiones que están
investidas del valor de cosa juzgada.
2.2. Los jueces y la
Fiscalía Seccional demandados pasaron por alto los supuestos procesales
necesarios para la procedencia del restablecimiento del derecho reclamada por el
señor Iván Tarud María, comoquiera que no existe ningún proceso penal en curso,
y que los alcances, efectos y contenido de las decisiones de restablecimiento
del derecho censuradas exceden el ámbito de sus competencias.
2.3. Lo que sirvió de
base para que los accionados consideraran falso el pagaré fue la mera
referencia que se hizo a un peritaje contable en la resolución de acusación y
en la sentencia de segunda instancia del proceso penal contra el gerente de la
entidad financiera (que a la postre fue casada por la Corte Suprema de
Justicia), según el cual, supuestamente, la suma incorporada en el pagaré
firmado por las ejecutadas había sido diligenciado por una cantidad mayor a la
adeudada. No obstante, los Despachos accionados no contaron con dicho medio de
convicción en sí mismo.
Como el dictamen fue
rendido en el marco de un proceso penal en el que el Banco de Bogotá no
intervino, al no ser aportado ni cumplirse el traslado del mismo al interior
del trámite de restablecimiento del derecho, la entidad bancaria no tuvo
posibilidad de controvertir tal prueba −que fue la determinante para la
decisión que le resultó adversa−, por lo cual se le vulneró su derecho de
defensa.
Más allá de lo anterior,
en todo caso el dictamen a que se alude nunca prestó mérito suficiente para
configurar el delito denunciado, tal como lo subrayó la Corte Constitucional en
la sentencia T-022 de 2005.
2.4. No existe una
identidad entre la persona respecto de quien se ordenó el restablecimiento del
derecho y las personas ejecutadas por el Banco de Bogotá.
Visto que las decisiones
de los jueces accionados estaban claramente orientadas a resarcir al señor Iván
Tarud María en tanto persona natural, no se explica cómo la medida de la
Fiscalía 50 Seccional consistió en terminar completamente el proceso ejecutivo
en el que también fungían como demandadas dos sociedades −Dislicores
Ltda. y Construcciones Los Sauces Ltda.− respecto de las cuales no recayó
jamás la orden de restablecimiento de derecho.
Semejante medida
desconoce que la legislación mercantil establece que las sociedades gozan de
personería jurídica independiente a la de sus socios y sus representantes
legales, por lo cual sus atributos –v.gr. nombre, domicilio, capacidad jurídica
y patrimonio− son también independientes.
2.5. Si la supuesta
falsedad en cuanto a la fecha y el monto consignados en el pagaré fue lo que
motivó el restablecimiento del derecho a favor del señor Iván Tarud María
–asumiendo, en gracia de discusión, los argumentos de los jueces
accionados−, a lo sumo, la medida ha debido consistir en que el proceso
ejecutivo continuara en relación con las sumas de dinero no discutidas, esto
es, en prosecución de aquellos valores respecto de los cuales el propio Iván
Tarud María se reconocía deudor.
En tal sentido, la
consecuencia de restablecer el derecho no podía ser que el proceso ejecutivo
cesara en su totalidad, “como si los ejecutados nunca hubieran debido suma
alguna”, privando así al banco de la posibilidad de cobrar incluso la porción
de la deuda frente a la cual jamás hubo oposición.
Corolario de lo
expuesto, el Banco de Bogotá solicita que el juez de tutela deje sin efecto lo
decidido por el Juzgado 1º Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de Barranquilla, el Juzgado 4º Penal del Circuito con Función de Conocimiento
de Barranquilla y la Fiscalía 50 Seccional Unidad de Patrimonio Económico de
Barranquilla.
3. Traslado
y contestación de la acción de tutela
Mediante auto del 19 de julio de 2016[15], la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla admitió la acción de
tutela y, simultáneamente, ordenó notificar al extremo pasivo y vincular al
trámite al Juzgado 1º de Ejecución Civil, al Juzgado 8º Civil del Circuito,
ambos de Barranquilla, y al señor Iván Tarud María, para que se pronunciaran
sobre los hechos, y ejercieran su defensa.
3.1. Respuesta del Juzgado 1º Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla[16]
El Juez 1º Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Barranquilla manifestó que el 27 de julio de
2016 se realizó audiencia preliminar de restablecimiento del derecho por
solicitud del señor Iván Tarud María, con presencia de la Fiscalía 50 de la
Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico.
Relató que en dicha diligencia se
adoptaron las siguientes decisiones:
§  Se abstuvo de restablecer
el derecho en su calidad de Juez Municipal con Función de Control de Garantías.
§  Ordenó que fuera la
Fiscalía quien restableciera el derecho en los términos establecidos, de
conformidad con lo resuelto por el Juez 12 de Instrucción Criminal.
Aclaró que era potestad de la
Fiscalía General de la Nación materializar la orden que ya había dado otro
funcionario adscrito a la misma Fiscalía, “en el entendido de que las
decisiones judiciales no pueden quedar en el limbo sino que tienen que ser
materializadas y concretadas en la práctica; y comoquiera que no lo había
hecho, existía la necesidad de que fuera esa institución quien los
materializara”.
Afirmó que contaba con competencia
para conocer de la actuación, al tenor del artículo 22 del C. de P.P., en
cuanto los derechos pueden ser restablecidos cuando esté demostrado el factor objetivo
de la comisión de un delito, lo cual aplica en este caso en relación con el
fraude procesal mientras el título espurio siga siendo utilizado, así no se
haya establecido el responsable de la conducta, aunque no respecto de la
falsedad, pues “se encuentra prescrito y constituye cosa juzgada”.
Además, expuso que efectivamente se
citó al representante del Banco de Bogotá y este hizo presencia en la audiencia
actuando a nombre de la entidad, inclusive en compañía de un abogado sustituto.
Finalmente, indicó que la providencia
proferida por su Despacho fue recurrida en apelación y confirmada por el
Juzgado 4º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla.
3.2. Respuesta del Juzgado 8º Civil
del Circuito de Barranquilla[17]
El Juez 8º Civil del Circuito de
Barranquilla señaló que no le constaban muchas de las actuaciones a las que
alude el proceso de tutela, pues funge como titular de ese Despacho desde el 4
de febrero de 2013.
Indicó que la inconformidad del
accionante estriba en las medidas de restablecimiento del derecho adoptadas por
los juzgados penales demandados, por lo cual es a ellos a quienes les
corresponde rendir los informes del caso para soportar sus actuaciones.
Asimismo, aseguró que el expediente
del proceso ejecutivo del Banco de Bogotá contra Dislicores Ltda.,
Construcciones Los Sauces Ltda. e Iván Tarud, fue remitido desde el 13 de
diciembre de 2013 al Juzgado 1º de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla,
debido a que se encontraba con sentencia ejecutoriada que ordenaba seguir
adelante con la ejecución.
3.3. Respuesta del Juzgado 4º Penal
del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla[18]
El Juez 4º Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Barranquilla descorrió el traslado respectivo
señalando, en primer lugar, que la acción de tutela resultaba improcedente,
toda vez que el demandante no satisfizo la carga argumentativa necesaria con el
fin de acreditar los puntuales requisitos jurisprudenciales para desvirtuar una
providencia judicial mediante el recurso de amparo.
Admitió que mediante el auto del 13
de junio de 2016 resolvió el recurso de apelación formulado por el Banco de
Bogotá contra la decisión del 27 de julio de 2015, dictada por el Juzgado 1º
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla en
audiencia preliminar, en virtud de la cual se le ordenó a la Fiscalía 50 de la
Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico que adoptara las medidas para
materializar el restablecimiento del derecho a favor del señor Iván Tarud
María.
Sostuvo que estimó que contaba con
competencia para resolver la apelación, comoquiera que el auto recurrido había
sido proferido por el juez de control de garantías en aras de brindar la
protección necesaria a una supuesta víctima de las conductas de fraude procesal
y falsedad en documento privado, por lo que la alzada es del resorte del juez
penal del circuito.
Seguidamente y luego de reseñar las
actuaciones que precedieron al auto atacado, afirmó que estaba desenfocado el
alegato del Banco de Bogotá en cuanto a que ése Despacho era incompetente para
resolver la solicitud de restablecimiento del derecho, ya que estas medidas
pueden ser tomadas en la sentencia, durante el proceso, en el marco de otra
decisión que ponga fin al proceso, o en cualquier contexto procesal en el que
se permita la defensa de quienes resulten afectados.
Añadió que, si bien los procesos
penales instaurados contra Iván Riveira y José Joaquín Díaz habían concluido
con sentencia absolutoria y resoluciones de preclusión, nada obstaba para que “quien
se considerara perjudicado por un daño por los hechos investigados y juzgados
en esas actuaciones reclamara un restablecimiento de sus derechos, ya fuere,
ante la Fiscalía General de la Nación o un Juez de Control de Garantías, de
acuerdo con el artículo 22 de la Ley 906 de 2004”[19].
Adujo que en ninguna de las
intervenciones que hizo el banco alegó una vulneración de su derecho a la
defensa, y que le fueron otorgadas las garantías asociadas al debido proceso,
por lo cual consideró que era viable proseguir con el restablecimiento del
derecho.
En lo atinente a las decisiones
judiciales cuyo desconocimiento reprocha el accionante, el Juzgado expuso que
dedicó un acápite en su providencia al tema de la cosa juzgada y que, luego de
examinar cada una de aquellas decisiones, concluyó que no se configuraba el
fenómeno dicho, comoquiera que en ninguna de esas ocasiones el objeto de
pronunciamiento fue el restablecimiento de los derechos vulnerados como
consecuencia de la conducta punible, por cuanto ninguna otra autoridad había
resuelto una petición en ese sentido.
Subrayó que el restablecimiento del
derecho ha sido considerado por las Altas Cortes como un principio rector,
intemporal dentro del proceso penal, que no está supeditado a la declaratoria
de responsabilidad penal, que procede en cualquier momento de la actuación
mientras esté acreditada la materialidad de la conducta o el tipo objetivo, y
que puede dar lugar tanto al restablecimiento pleno, como al de carácter
provisional.
Consideró así, que es irrelevante que
en sentencia se haya absuelto al gerente del banco y que jamás se haya
declarado la configuración de un delito, pues “para la procedencia del
restablecimiento del derecho ello constituye un requisito”[20], pues si bien era cierto
que se había proferido dicho fallo absolutorio así como las resoluciones de
preclusión a favor del representante legal de la entidad financiera, señor José
Joaquín Díaz, también lo era que la Fiscalía, cuando calificó el mérito del
sumario, y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, cuando condenó en segunda instancia a Iván Riveira, indicaron que
había una falsedad en la fecha de emisión y en el monto de la obligación
consignados en el pagaré.
Por último, consideró que tales
determinaciones (la sentencia absolutoria y las resoluciones de preclusión)
abordaron el tipo subjetivo de la conducta punible de los representantes del
banco, pero dejaron incólume la argumentación del ente investigador cuando
calificó el mérito del sumario y del juez colegiado cuando condenó en segunda
instancia.
3.4. Respuesta de la Fiscalía 50
Delegada Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico y la Fe Pública de
Barranquilla[21]
La Fiscal accionada manifestó que
adelanta la actuación identificada con el número de radicación
080016001257201404015, desarrollada en virtud de los requerimientos del señor
Iván Tarud María “quien de manera inquietante expresaba ser víctima y que
por ello solicitaba a la Fiscalía 50 le materializara el restablecimiento de
derecho dispuesto años atrás sin habérsele dado cumplimiento, incurriendo en un
presunto fraude procesal”[22].
Relató que, dado que el citado
evocaba con insistencia hechos que tuvieron lugar en tiempos pasados, se le
indicó que la competencia para investigar la presunta falsedad del documento de
recaudo estaba radicada en cabeza de los antiguos jueces de instrucción
criminal, por lo que procedió a dar traslado de la solicitud a la Unidad de
Indagación e Instrucción Ley 600 de Barranquilla.
Fue así como el conocimiento de la
petición del señor Iván Tarud correspondió a la Fiscalía 30 Delegada de
Indagación e Instrucción Ley 600 de Barranquilla, ante la cual el mencionado
ciudadano insistió en su condición de víctima y expresó que para aquella época
el caso fue conocido por la entonces Fiscalía 50 de la Unidad de Patrimonio
Económico de
Barranquilla y su número de radicación era el 315665, actuación dentro de la
cual “se había ordenado el restablecimiento del Derecho sin que hasta
entonces se hubiere hecho efectivo, encontrándose por demás pendiente un
presunto delito de fraude procesal vigente”[23].
Agregó que, mediante resolución del
22 de septiembre de 2014, la Fiscalía 30 Delgada ante los Jueces Penales del
Circuito, Unidad de Indagación e Instrucción Ley 600 de 2000, ordenó remitir
las diligencias a la Oficina de Asignaciones para que fuera reasignada a un
Fiscal de Ley 906 de 2004, tras considerar que los hechos habían ocurrido bajo
la vigencia de ambas leyes (600 de 2000 y 906 de 2004), continuándose la
consumación de un presunto fraude procesal, por ser un delito de carácter
permanente.
Luego de ser sometido a reparto, el
asunto le fue asignado a la Fiscal 50 accionada y actualmente[24] se encuentra “en etapa
de indagación en averiguación de responsables por la presunta comisión del
delito de fraude procesal, haciéndose énfasis en que hasta este momento
procesal no existe indiciado conocido por cuanto se trata de dar claridad a los
hechos contenidos (sic)”[25].
Sostuvo que el señor Iván Tarud, a
través de apoderado judicial, solicitó audiencia preliminar de restablecimiento
del derecho ante el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla.
Con fundamento en ello, en diligencia
del 27 de julio de 2015, el Juzgado 1º Penal Municipal con Función de Control
de Garantías dispuso restablecer el derecho del solicitante; decisión que fue
confirmada, en sede de apelación, por el Juzgado 4º Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Barranquilla, mediante auto del 13 de junio de 2016,
ordenando a la Fiscalía 50 de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio
Económico que, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de dicha
providencia, procediera “a adoptar e impartir de manera concreta, las
medidas pertinentes para obtener el restablecimiento de los derechos del
accionante, en ejercicio de las funciones y potestades que le fueron asignadas”[26] y, a la vez, ordenó al
Juzgado 1º de Ejecución Civil que, también en un término de 24 horas, acatara
la medida de restablecimiento del derecho que impusiera la Fiscalía. Dispuso
además, la compulsa de copias al Consejo Seccional de la Judicatura –Sala
Jurisdiccional Disciplinaria– para que investigara las posibles fallas
disciplinarias en que pudieron incurrir los funcionarios judiciales que
direccionaban la Fiscalía 50 Delegada de la Unidad de Patrimonio Económico de Barranquilla.
Señaló que en cumplimiento a dicha
orden del Juzgado 4º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Barranquilla, se emitió el oficio 383 del 14 de junio de 2016, dirigido al
Juzgado 1º de Ejecución Civil de Barranquilla, para que dispusiera (i) el cese
de la ejecución del proceso civil, (ii) el levantamiento de las medidas
cautelares que se hubieran decretado dentro del mismo, (iii) la entrega de
bienes embargados, y (iv) el inicio del respectivo incidente de costas.
Adicionalmente, por solicitud del
señor Iván Tarud María, se emitió el oficio 386 del 15 de junio de 2016, con
destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Barranquilla, para
que cancelara el pagaré objeto de litigio, inscrito en la entonces
Administración de Impuestos Nacionales, registrado el 20 de noviembre de 1985 y
el 16 de octubre de 1987 en el libro de impuestos indirectos, “el cual fue
de acuerdo al contenido de la investigación desarrollada por la Fiscalía
General de la Nación se determinó corresponde a una falsedad, es decir, fue
obtenido de manera fraudulenta y como consecuencia se debe proceda (sic)
de conformidad al artículo 101 de la Ley 906 de 2004”[27].
Arguyó la Fiscal 50 Delegada que con
su actuación se limitó a cumplir lo ordenado por el señor Juez 4º Penal del
Circuito de Barranquilla con Funciones de Conocimiento en su providencia del 13
de junio de 2016, y que no se adoptaron decisiones caprichosas pues los hechos
en que se basa la investigación radicada con número 080016001257201404015 (la
demanda ejecutiva promovida por el banco contra las sociedades representadas
por Iván Tarud) “tienen que ver con presuntas irregularidades que se dice,
se presentaron en el desarrollo del proceso civil que tuvo como origen un
documento (pagaré) que resultó ser falso de acuerdo al dictamen pericial de
fecha 3 de noviembre de 2000 y que motivó la decisión de restablecer el derecho
del afectado por parte de la entonces Fiscal 50 Delegada de la Unidad de
Delitos contra el Patrimonio Económico, en fecha 25 de enero de 2001 y que en
el transcurrir del tiempo en las distintas instancias judiciales al parecer no
fue tenido en cuenta esta circunstancia”[28].
3.5. Respuesta del Juzgado 1º de
Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla[29]
El sustanciador del Juzgado 1º de
Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla indicó que ese Despacho tuvo
conocimiento del proceso ejecutivo singular promovido por el Banco de Bogotá en
contra de Dislicores y otros, pero que el legajo fue enviado al Juzgado 2º
homólogo en virtud de las medidas de descongestión dispuestas por el Consejo
Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA15-10414.
3.6. Respuesta del Juzgado 2º de
Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla[30]
El Juez 2º de Ejecución Civil del
Circuito de Barranquilla afirmó que, por auto del 19 de diciembre de 2013,
avocó el conocimiento del proceso ejecutivo de que se trata, identificado con
el número de radicación 08-001-31-03-008-2002-00238-00, con ocasión de la
remisión hecha por el Juez 1º de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla.
El asunto le fue asignado definitivamente luego de la creación permanente del
juzgado y la redistribución de procesos conforme a lo previsto en el Acuerdo
PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 y el oficio PSAATLOF15-002131 del 16 de
diciembre de 2015, y le fue entregado el expediente el 28 de diciembre de 2015.
Expuso que, mediante auto del 23 de
junio de 2016, dispuso poner en conocimiento de la parte ejecutante, por el
término de 3 días, la comunicación proveniente de la Fiscalía 50 Seccional
Unidad de Patrimonio Económico de Barranquilla y el Juzgado 4º Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Barranquilla, concerniente a la orden impartida a
ese Despacho de ordenar el cese de la ejecución civil, el levantamiento de las
medidas cautelares y entrega de bienes embargados.
Una vez tuvo conocimiento de la
presente acción de tutela, por auto del 11 de julio de 2016 comunicó a las
autoridades judiciales mencionadas que procedería a darle cumplimiento a lo
ordenado cuando se conociera lo decidido en este trámite de amparo.
3.7. Respuesta de Iván Tarud María[31]
El señor Iván Tarud –actuando como
persona natural y como representante de las sociedades Dislicores Ltda. y
Construcciones Los Sauces Ltda.–, y su apoderado presentaron memoriales
separados para exponer sus reparos frente al amparo deprecado.
Por una parte, el mandatario expresó
que la acción de tutela devenía improcedente por no demostrarse “las vías de
hecho” presuntamente acaecidas en el trámite del restablecimiento del derecho.
Arguyó que en curso del proceso penal
seguido contra Iván Riveira “nunca se reprochó la existencia de los delitos
reconocidos en segunda instancia, frente a la declaratoria de falsedad del
pagaré (…) y fraude procesal”[32].
Adujo que el accionante no podía
alegar una violación al debido proceso por el desconocimiento de los peritajes
evacuados por la Fiscalía 50, dentro de la investigación por fraude procesal
contra el representante legal del ente financiero, señor José Joaquín Díaz,
pues de ellos se corrió traslado a través del indiciado.
En esa misma dirección, sostuvo que
el Banco de Bogotá estuvo enterado de las actuaciones penales que se surtieron
y, a pesar de ello, impugnó en proceso civil todas las decisiones que
resultaban favorables a las víctimas.
Insistió que en la sentencia del 16
de enero de 1992, en la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá condenó a Iván Riveira, se estableció la comisión de los delitos de
falsedad y fraude procesal, y que, por lo tanto, era necesario restablecer los
derechos a sus representados, pues posteriormente la Sala de Casación Penal no
declaró la inexistencia del delito.
Dijo que el representante del Banco
de Bogotá actuó en la audiencia de restablecimiento del derecho, previo
reconocimiento de dicha calidad por parte del juez instructor.
Señaló que la decisión de la Corte
Constitucional, cuando determinó que no había lugar a reabrir el debate sobre
la autenticidad del título, no hizo un estudio de las sentencias de carácter
penal que sirvieron de sustento para solicitar el restablecimiento del derecho
y, en ese sentido, señaló “que ciega estuvo la Corte al analizar
exclusivamente la decisión del Tribunal Sala Civil y sobra repetir nuestra
posición frente a lo irregular de decisión (sic). Pero por encima de
todo, es inmodificable el reconocimiento que el Tribunal Sala Penal, hizo sobre
la existencia de los delitos. Por lo que no puede dársele primacía a un yerro
interpretativo para revocar la declaración de un delito”[33]. Igualmente, censuró la
decisión de la Corte Suprema de Justicia al resolver el recurso extraordinario
de revisión, en razón a que no tuvo en cuenta que, en lugar de extinguirse la
acción penal, lo que correspondía era proseguir con la búsqueda de los
responsables de los delitos.
Alegó que el hecho de que se hubieran
archivado las diligencias de la Fiscalía en relación con el señor José Joaquín
Díaz no es suficiente argumento para concluir que el título valor no adolece de
falsedad, lo cual sí fue dilucidado por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Barranquilla al condenar al gerente del banco, sin que pueda entenderse que ese
específico punto (la falsedad del pagaré) fue objeto de casación, por cuanto el
fallo de la Corte Suprema se contrajo al aspecto de la autoría y participación
del señor Riveira, pero no a la mendacidad del instrumento.
Afirmó que “es irrebatible la
estructuración del delito y su necesario efecto dentro del proceso ejecutivo,
dado que las partes, denunciante y denunciado son las mismas dentro del proceso
civil que hace indisoluble la relación de sujetos procesales”[34]. En tal sentido, recalcó
que tenía prevalencia la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de
Barranquilla que declaró la falsedad, frente a la de la Sala Civil de la misma
Corporación que ordenó continuar con la ejecución, pues el delito no puede ser
fuente de derechos.
Finalmente esgrimió que las conductas
delictivas a que se alude dieron lugar a que se continuara por parte de la
Fiscalía 50 Seccional con la investigación sobre los hechos que rodearon la
suscripción del pagaré, y que en el marco de esas indagaciones, fue que se
practicó un dictamen pericial contable que sirvió de base para que en
resolución del 25 de enero de 2001 se dispusiera el restablecimiento del
derecho, lo cual efectivamente fue acatado por el Juzgado 8º Civil del Circuito
de Barranquilla al cesar la ejecución mediante providencia del 19 de septiembre
de 2002, aunque posteriormente fuera revocada por la Sala Civil del Tribunal
Superior de Barranquilla en auto del 18 de diciembre de 2003.
A su turno, el señor Iván Tarud María
coadyuvó la opinión de su apoderado en el sentido de que la acción era
improcedente.
Adujo que lo que el Banco de Bogotá
pretendía anular mediante la tutela no eran solo las providencias de los jueces
penales que concedieron el restablecimiento del derecho, sino decisiones de una
data mucho más antigua –como la resolución del 25 de enero de 2001 en la que la
Fiscalía 50 dispuso el restablecimiento del derecho–, por lo cual no se cumple
el requisito de inmediatez que exige este mecanismo excepcional de amparo.
En ese sentido, los Jueces 1º Penal
Municipal con Función de Control de Garantías y 4º Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Barranquilla no fueron quienes ordenaron el
restablecimiento del derecho, sino que solamente ordenaron la materialización
de la decisión que ya había adoptado la otrora Fiscal 50.
Asimismo señaló que el argumento del
banco en relación con la cosa juzgada no tenía asidero, pues en ninguno de los
pronunciamientos judiciales referenciados por el accionante se resolvió una
solicitud de restablecimiento de derechos a favor de las víctimas.
El señor Iván Tarud reiteró en buena
parte los argumentos de su apoderado, reseñó ampliamente las decisiones de
restablecimiento del derecho que lo favorecieron y aseveró, en términos
generales, que el denunciado penalmente y autor de los delitos fue el Banco de
Bogotá[35] que compareció a los
procesos por intermedio de sus representantes legales; que el banco conocía de
los dictámenes periciales contables de 12 de octubre de 1989 y de 3 de
noviembre de 2000 con los cuales se demostraba la falsedad del título,
experticias de las cuales se corrió traslado a los sujetos procesales y que
quedaron en firme; que el pagaré en cuestión adolecía de falsedad ideológica en
cuanto a su cuantía y fecha de emisión –no obstante admite que era un documento
auténtico–; y que ni la Corte Constitucional ni la Corte Suprema de Justicia se
pronunciaron antes sobre el restablecimiento del derecho a las víctimas, por lo
cual no se desconoció la cosa juzgada.
4. Fallo de tutela de primera
instancia
Mediante sentencia del 2 de agosto de
2016[36], la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla “denegó por
improcedente” la tutela de los derechos invocados por el accionante.
El a quo sustentó la anterior
determinación en que, a su juicio, el banco accionante hizo uso de los
mecanismos de defensa que tenía a su alcance al interponer el recurso de
apelación contra la decisión del juez de garantías, y que el resultado de dicha
alzada también fue desfavorable a sus intereses, por lo cual no podía acudir a
la acción de tutela como si se tratara de una tercera instancia para intentar
reabrir un debate que ha sido concluido.
Consideró que no se avizoraba
vulneración de las garantías del tutelante, pues tuvo las oportunidades para
defender sus intereses, así su postura haya sido desestimada por los Despachos
accionados, además de que no demostró un defecto fáctico en las providencias
censuradas.
5. Impugnación del fallo de tutela
Inconforme con lo resuelto, el
accionante impugnó la decisión adoptada por el juez constitucional de primera
instancia[37].
Planteó que en la sentencia se omitió
un estudio en torno a la violación del principio de cosa juzgada, a propósito
de los varios fallos en los que diferentes autoridades judiciales descartaron
la supuesta falsedad del título, los cuales fueron desconocidos por los
accionados.
Agregó que en la demanda de tutela
jamás se alegó que las providencias que accedieron al restablecimiento del
derecho incurrieron en un defecto fáctico, sino que fueron otras falencias
–relacionadas con la vulneración de la cosa juzgada y el principio de non
bis in ídem– las que motivaron la solicitud.
En escrito separado, radicado ante el
ad quem[38], el Banco de Bogotá
amplió sus argumentos de impugnación y expuso nuevamente sus reproches frente a
las decisiones de los Juzgados 1º Penal Municipal con Función de Control de
Garantías y 4º Penal del Circuito con Función de Conocimiento, y de la Fiscalía
50 Seccional, todos de Barranquilla. En ese sentido, se refirió a (i) la
ausencia de los presupuestos procesales la procedencia del restablecimiento del
derecho, (ii) la decisión se profirió con base en una prueba obtenida en
violación del debido proceso, (iii) la ausencia de identidad entre la persona
respecto de quien se ordenó el restablecimiento del derecho y las personas
ejecutadas por el Banco de Bogotá, y (iv) la incongruencia entre los hechos
alegados en el restablecimiento del derecho y las conclusiones del dictamen con
las órdenes dadas por los juzgados y fiscalía accionados.
Con base en lo expuesto, solicitó que
se revocara la sentencia del 2 de agosto de 2016 dictada por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, para, en su lugar,
conceder el amparo deprecado.
El señor Iván Tarud María y su
apoderado presentaron sendos memoriales en los que manifestaron oponerse a la
impugnación formulada por el actor.
6. Fallo de tutela de segunda
instancia
Mediante sentencia del 29 de
septiembre de 2016[39], la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de primera
instancia.
Como fundamento de tal determinación,
sostuvo que los argumentos esgrimidos por el Banco de Bogotá no tenían la
virtualidad suficiente para configurar las causales de procedencia de tutela
contra providencia judicial.
Estimó que, contrario a lo aducido
por el impugnante, las decisiones acusadas eran “serias y sensatas”, y que
abordaron todos los aspectos relevantes del caso.
Describió algunos apartes de la
providencia del Juzgado 4º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Barranquilla y concluyó que “no comportaba vía de hecho”, sino el cumplimiento
a los mandatos constitucionales y legales en materia de restablecimiento del
derecho.
Finalmente señaló que la cuestión
planteada en la acción de tutela era la misma que había sido zanjada en las
decisiones atacadas.
7. Actuaciones en sede de revisión
Mediante memorial allegado a la
Secretaría de esta Corporación el 25 de enero de 2017[40], el Banco de Bogotá
reiteró, a través de su mandatario, los argumentos tendientes a sustentar su
solicitud de amparo.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para conocer los fallos proferidos dentro de la acción de tutela de
la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y
241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Planteamiento del caso
En el asunto bajo estudio, el Banco de Bogotá reclama
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en vista de que el Juzgado 1º Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Barranquilla, el Juzgado 4º Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Barranquilla y la Fiscalía 50 Seccional Unidad de Patrimonio
Económico de la misma ciudad
dispusieron, como medida de restablecimiento del derecho a favor del señor Iván
Tarud María, el cese de la ejecución del proceso civil, el levantamiento de las
medidas cautelares que se hubieran decretado dentro del mismo, la entrega de
bienes embargados, y el inicio del respectivo incidente de costas, dentro del
proceso ejecutivo seguido por la entidad financiera contra el mencionado
ciudadano y dos sociedades representadas por él. Dicha medida de
restablecimiento del derecho fue dictada bajo el argumento de que el pagaré que
sirve como título de recaudo adolece de falsedad y, por lo tanto, el ejecutado
ha sido víctima de conductas punibles que hacen necesario resarcir el daño
ocasionado y volver las cosas al estado predelictual, en los precisos términos
del artículo 22 de la Ley 906 de 2004.
Como se anunció en el acápite de Antecedentes,
se reitera que en el centro de toda la actuación se encuentra la existencia de
un proceso ejecutivo promovido en 1987 por el Banco de Bogotá en contra del
señor Iván Tarud María –como persona natural y como representante legal de
Dislicores Ltda. y Construcciones Los Sauces Ltda.–, alrededor del cual han
concurrido diferentes acciones de tutela contra providencias judiciales
proferidas en el marco de la ejecución, denuncias penales contra los
representantes legales de la entidad bancaria e, inclusive, contra las
autoridades jurisdiccionales que han intervenido en el trámite, así como
innumerables actos procesales como interposición de recursos ordinarios y
extraordinarios, proposición de nulidades e impedimentos a lo largo de 30 años.
Al interior de aquellas diversas
actuaciones han tenido lugar tres pronunciamientos de órganos de cierre, a
saber:
(i) Sentencia del 24 de agosto de
1993, por medio de la cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia casó el fallo condenatorio dictado el 16 de enero de 1992 por la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla contra el
señor Iván Riveira –gerente del banco– y absolvió al procesado de todos los
cargos, decisión que hizo tránsito a cosa juzgada.
(ii) Sentencia del 1º de diciembre de
2000, por la cual la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el
señor Iván Tarud María para enervar la sentencia del 5 de agosto de 1997, proferida
por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla,
que ordenaba seguir adelante con la ejecución en su contra, decisión que hizo
tránsito a cosa juzgada.
(iii) Sentencia T-022 del 20 de enero
de 2005, mediante la cual la Corte Constitucional confirmó, en sede de
revisión, el fallo del 13 de mayo de 2004 por que la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia denegó la tutela invocada por Iván Tarud María, en
nombre propio y como representante legal de Dislicores Ltda. e inversiones y
Construcciones Los Sauces –Incolsa Ltda., frente a la decisión por la cual la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla revocó
el auto que, en primera instancia, cesó la ejecución en su contra. Este fallo
hizo tránsito a cosa juzgada constitucional.
Los reparos que aduce el Banco de
Bogotá en relación con las decisiones del Juzgado 1º Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Barranquilla, el Juzgado 4º Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla y la Fiscalía 50 Seccional
Unidad de Patrimonio Económico de Barranquilla se contraen, fundamentalmente, a
los siguientes puntos:
(i) Desconocimiento de
la cosa juzgada y del principio de juez natural en relación con los múltiples
pronunciamientos de los jueces naturales en cada una de las causas –en materia
civil, penal y de tutela−, que han tenido lugar a raíz de la pretensión
del señor Iván Tarud María de detener el proceso ejecutivo. En todos esos
pronunciamientos, los distintos jueces y tribunales han desechado los alegatos
del deudor respecto de la falsedad del título valor.
(ii) Inobservancia de
los supuestos procesales necesarios para la procedencia del restablecimiento
del derecho reclamada por el señor Iván Tarud María, comoquiera que no existe
ningún proceso penal en curso, y dado que los alcances, efectos y contenido de
las decisiones de restablecimiento del derecho censuradas rebasan el ámbito de
sus competencias.
(iii) Falta de mérito de
los peritajes contables practicados en el marco de los procesos penales
seguidos contra los representantes del banco para configurar el delito
denunciado, además de que dichas pruebas no fueron debidamente aportadas y
controvertidas en el trámite de restablecimiento del derecho.
(iv) Ausencia de
identidad entre la persona respecto de quien se ordenó el restablecimiento del
derecho y las personas ejecutadas por el Banco de Bogotá.
(v) Desproporcionalidad
de la medida de restablecimiento del derecho al ordenar que el proceso
ejecutivo cesara en su totalidad, privando así al banco de la posibilidad de
cobrar incluso las sumas de dinero que no han sido controvertidas por el
deudor.
Con fundamento en lo
anterior, el Banco de Bogotá solicita que el juez de tutela deje sin efecto lo
decidido por el Juzgado 1º Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de Barranquilla, el Juzgado 4º Penal del Circuito con Función de Conocimiento
de Barranquilla y la Fiscalía 50 Seccional Unidad de Patrimonio Económico de la
misma ciudad.
Dentro del trámite de tutela, los Despachos judiciales
demandados manifestaron que se oponían a la prosperidad de la tutela.
Las sentencias de los jueces constitucionales de
primera y segunda instancia fueron adversas a los intereses del promotor de la
acción.
3. Problema jurídico a resolver
En este, como en todos los casos de acción de tutela,
la pregunta jurídica está relacionada con establecer si aconteció la violación
de los derechos fundamentales del accionante, a propósito de la realización de
unos hechos.
La pregunta jurídica de este caso consiste en
determinar lo siguiente: ¿el Juzgado 1º Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Barranquilla, el Juzgado 4º Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Barranquilla y la Fiscalía 50 Seccional Unidad de Patrimonio
Económico de Barranquilla, vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia de los que es titular el Banco
de Bogotá, al ordenar mediante auto la terminación del proceso ejecutivo promovido
por el Banco de Bogotá contra Iván Tarud María, Dislicores Ltda. y
Construcciones Los Sauces Ltda., y el levantamiento de las medidas cautelares
decretadas dentro del mismo proceso civil, como consecuencia del
restablecimiento del derecho dispuesto por los referidos jueces penales en
favor del señor Tarud María, el cual tuvo como fundamento procesos penales
terminados con sentencia absolutoria y resolución de preclusión?
Sin embargo y antes de proceder con el examen de
fondo, es necesario verificar si la solicitud de amparo formulada por el Banco
de Bogotá satisface el mínimo de carga argumental necesaria para plantear un
debate que refiere la violación de derechos fundamentales, a propósito de las
actuaciones surtidas dentro de un trámite de restablecimiento del derecho que
culminó con la orden de terminación del proceso ejecutivo que se adelantaba en
contra del señor Iván Tarud María y otros desde hace aproximadamente treinta
años.
Verificada la pertinencia argumental de la solicitud
de amparo y la relevancia constitucional del caso, se procederá entonces al
examen de procedencia, que involucra un escrutinio alrededor de las causales
generales y específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
De conformidad con lo expuesto, la Sala de Revisión
procederá de la siguiente manera: en primer lugar (i) evaluar la pertinencia
argumental de la solicitud de amparo, para luego en segundo término (ii)
reiterar la jurisprudencia vigente acerca de los requisitos generales y las
causales especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Efectuado lo anterior, (iii) la Sala examinará el fundamento y
alcance de la figura del restablecimiento del derecho en el marco del proceso y
el procedimiento penal, para finalmente (iv) procederá al examen del caso
concreto y la determinación de los defectos que materializan la violación de
los derechos fundamentales de la parte accionante.
4. La pertinencia argumental de la solicitud de amparo
Si bien la acción de tutela tiene como rasgo
distintivo su naturaleza dúctil, cuando se trata de violaciones a derechos
fundamentales originadas en decisiones judiciales, el principio constitucional
de autonomía judicial –previsto en el artículo 228 de la Carta– conlleva una
exigencia particular para el promotor de la demanda, consistente en lograr
evidenciar, mediante argumentos concretos, que la presunta infracción del juez
accionado alcanza magnitud constitucional, en la medida en que esté involucrada
una afectación de garantías superiores:
“En el ámbito de la
tutela contra providencia judicial, esta Corte ha señalado que los accionantes
deben asumir una carga argumentativa mínima, pues aunque la tutela no es una
acción de naturaleza formal o técnica, el respeto por la autonomía e
independencia de los jueces sí exige que el interesado brinde suficientes
razones para la creación de un problema de constitucionalidad. Cumplida la
exigencia de construir una discusión relevante desde el punto de vista de los
derechos fundamentales, el juez de tutela cuenta con la posibilidad de aplicar
los principios iura novit curia, y fallar ultra o extra petita, como se
explicó en la decisión de unificación SU-195 de 2012.”[41] (se subraya)
En tal sentido, siempre y cuando el
interesado logre demostrar a través de su argumentación que el debate que
plantea tiene una verdadera relevancia constitucional, el juez de tutela está
habilitado para estudiar el caso y adoptar las medidas tendientes a conjurar
las vulneraciones iusfundamentales que se someten a su consideración, en caso
de que así se pruebe.
En concordancia con el deber que
tiene el juez constitucional de proceder al estudio de la demanda de tutela
cuando el accionante identifica la falla constitutiva de una violación
iusfundamental, este Tribunal ha señalado:
“[E]n varias decisiones
esta Corporación ha indicado que el juez de tutela está revestido de amplias
facultades oficiosas que debe asumir de manera activa para brindar una adecuada
protección a los derechos constitucionales presuntamente conculcados. Para tal
efecto, desde la admisión de la demanda el juez de tutela tiene el deber de,
entre otras cosas, (i) interpretar adecuadamente la solicitud de tutela,
analizando íntegramente la problemática planteada; (ii) identificar cuáles
son los hechos generadores de la afectación y sus posibles responsables; (iii)
integrar debidamente el contradictorio, vinculando al trámite a aquellas
entidades que puedan estar comprometidas en la afectación iusfundamental y en
el cumplimiento de una eventual orden de amparo; (iv) decretar y practicar de
oficio las pruebas que resulten necesarias para despejar la incertidumbre
fáctica y jurídica que se cierna sobre la verdad real materia de examen; (v)
dictar medidas cautelares cuando advierta la necesidad de evitar que la amenaza
contra un derecho fundamental se transforme en vulneración o, que habiéndose
constatado la existencia de una infracción iusfundamental, ésta se torne más
gravosa para la integridad de los bienes constitucionales invocados. Para ello
debe ordenar ‘todo lo que considere procedente para proteger los derechos
fundamentales y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del
solicitante’; (vi) valorar la situación de vulnerabilidad de las personas y
considerar sus condiciones materiales de existencia, en armonía con lo
dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política y; (vii) proteger
adecuadamente y conforme a los hechos probados en el proceso, aquellos derechos
vulnerados o amenazados, incluso si el accionante no los invocó.”[42]
De modo que si el accionante, más
allá de tecnicismos o fórmulas rituales, es capaz de exponer de manera concreta
la manera como se estructura una vulneración iusfundamental a partir de la
decisión judicial que pretende enervar, se activa el deber derivado del
principio iura novit curia, que impone al juez realizar la calificación
jurídica de los hechos y aplicar las normas a que haya lugar en cada caso,
independientemente de que las partes no las hayan invocado de forma expresa[43].
A la vez, lo anterior debe
armonizarse con el principio pro-actione que gobierna las acciones
constitucionales, el cual –en el contexto de la tutela contra providencia
judicial– faculta al juzgador para encuadrar la censura formulada en las
causales materiales de procedencia fijadas por la jurisprudencia. De hecho, en
la reciente sentencia SU-168 de 2017, la Sala Plena de esta Corporación acogió
esta postura:
“En el caso objeto de
análisis, aunque el accionante no propuso alguna causal específica de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, se puede inferir que
considera que las decisiones desconocen el precedente de la Corte
Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, sobre el carácter universal
de la indexación de la primera mesada pensional.
“No obstante, a pesar
de que las afirmaciones del accionante parecen apuntar a la concurrencia de un
defecto por desconocimiento del precedente, en aplicación del principio pro
actione que rige las acciones constitucionales, cabe preguntarse en qué causal
específica de procedencia de la tutela contra providencias judiciales se
enmarca dicha censura.”
Pues bien: extrapolando estas
consideraciones al caso que ocupa la atención de la Sala, si bien el Banco de
Bogotá no denominó de manera taxativa los defectos que le endilga a las
decisiones de restablecimiento del derecho adoptadas por las autoridades
accionadas, no cabe duda de que al denunciar las presuntas irregularidades
procesales consistentes en (i) el desconocimiento de la cosa juzgada y el
principio de juez natural frente a los fallos existentes sobre el pleito, (ii)
la inobservancia de los presupuestos necesarios para ordenar el
restablecimiento de derecho y la extralimitación respecto de las medidas
adoptadas, (iii) el error de adjudicar valor probatorio a peritajes que no
estaban incorporados al trámite, (iv) la ausencia de identidad entre el
beneficiario del restablecimiento y los demandados en el proceso ejecutivo, y
(v) la desproporcionalidad de la orden de cesar la ejecución, sí expuso
argumentos precisos encaminados a demostrar un asunto de relevancia
constitucional, ya que, además de enunciar las falencias anotadas, el banco
describió cómo estimaba que a partir de ellas se configuraba una violación de
su derecho fundamental al debido proceso.
Así las cosas, es preciso reconocer
que el Banco de Bogotá ha ofrecido argumentos puntuales orientados a sustentar
cómo se materializa la infracción iusfundamental en las decisiones objeto de
tutela, satisfaciendo así la carga argumentativa mínima que se exige para
abordar el estudio del caso, siendo del resorte de la Sala evaluar la eventual
violación de los derechos fundamentales de los que es titular el banco
demandante, en las providencias judiciales cuestionadas.
5. Requisitos generales y causales específicas de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales –Reiteración de jurisprudencia–
La acción de tutela es un mecanismo previsto en la
Constitución orientado a la protección inmediata de los derechos fundamentales
frente a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, de la cual se
desprenda vulneración o amenaza a los mismos; mecanismo que sólo es procedente
en la medida en que no se disponga de otro medio eficaz de defensa judicial
para salvaguardar los derechos invocados, a menos que se utilice para conjurar
de manera transitoria un perjuicio irremediable, o para hacer cesar un daño que
se le viene ocasionando al solicitante.
Según lo ha aceptado la jurisprudencia de este
Tribunal, las decisiones adoptadas por los jueces también pueden dar lugar a la
vulneración de garantías constitucionales, aunque de forma excepcional. De ahí
que sólo en circunstancias extraordinarias la acción de tutela se torna
procedente para enervar lo resuelto en una providencia judicial.
La preponderancia que en el Estado social y
democrático de Derecho ostentan los derechos fundamentales, hace imperiosa su
protección en todo contexto, inclusive en el ámbito de las decisiones de los
jueces, pese al importante lugar que ocupan en el ordenamiento jurídico los
principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y autonomía judicial.
A efectos de elucidar los casos en que se puede acudir
a la acción de tutela para atacar providencias judiciales, esta Corporación
fijó en la sentencia C-590 de 2005[44] los requisitos generales y causales
específicas de procedencia de la solicitud de amparo, cuando el agravio
iusfundamental se origina en una providencia judicial.
Como requisitos generales de procedencia,
también denominados por la jurisprudencia como requisitos formales, la referida
providencia desarrolló seis supuestos, a saber:
(i) Que el asunto objeto de estudio tenga
una clara y marcada relevancia constitucional, lo que excluye que el
juez constitucional se inmiscuya en controversias cuya resolución corresponde a
los jueces ordinarios, imponiéndole entonces la carga de exponer los motivos
por los cuales la cuestión trasciende a la esfera constitucional, por estar
comprometidos derechos fundamentales.
(ii) Que se hayan desplegado todos los
mecanismos de defensa judicial, tanto ordinarios como extraordinarios, de
que disponía el solicitante, a menos que se pretenda conjurar la consumación de
un perjuicio irremediable a sus derechos fundamentales; exigencia enfocada a
evitar que la tutela sea utilizada como un medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya
interpuesto dentro de un término razonable y proporcionado a partir del evento
que generó la vulneración alegada, es decir, que se cumpla con el requisito de inmediatez;
con el fin de que no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica que sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las autoridades
judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad
procesal, tenga una incidencia directa y determinante sobre el sentido
de la decisión a la cual se atribuye la violación. Empero, de acuerdo con
la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye una grave lesión de
derechos fundamentales, la protección de los mismos se genera
independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la
anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como
crimen de lesa humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma
razonable los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados, y que
hubiere alegado tal circunstancia al interior del proceso en donde se dictó
la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra
de sentencias de tutela, con el fin de que no se prolonguen indefinidamente las
controversias en torno a la protección de los derechos fundamentales; máxime si
tales fallos están sometidos a un riguroso proceso de selección ante la Corte,
que torna definitivas las providencias excluidas de revisión.
La misma sentencia estableció
las hipótesis especiales que hacen oportuna la intervención del juez
constitucional en razón a que una decisión judicial adolezca de ciertos
defectos, considerados causales específicas de procedencia, también
llamados requisitos materiales:
“a. Defecto orgánico,
que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico,
que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o
sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes
o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que
se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
“g. Decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
“h. Desconocimiento del
precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
“i. Violación directa
de la Constitución.”
La Corte ha sostenido que las
causales específicas de procedencia de la acción de tutela constituyen
auténticas transgresiones al debido proceso, razón por lo cual “no sólo se
justifica, sino se exige la intervención del juez constitucional”[45].
Así, el juez ante quien se
controvierte una providencia por conducto de la acción constitucional de
tutela, se encuentra llamado, en primer lugar, a verificar que concurran los
requisitos generales para adelantar el escrutinio, y pasado este primer tamiz,
a constatar que el reproche enfilado contra la decisión de que se trata esté
enmarcado en al menos una de las causales específicas antes enunciadas. De esta
manera se conseguirá precisar si el pronunciamiento judicial acusado contraría
los derechos consagrados en la Constitución y, en esa medida, debe despojárselo
de la coraza que le otorgan los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica[46].
6. El restablecimiento del derecho en el marco del
procedimiento penal. Fundamento y alcance.
Desde la época clásica se ha reconocido que, junto con
el contrato, el delito es una fuente de obligaciones, toda vez que, una vez
cometida una conducta punible, emerge para el transgresor el deber de brindar
una satisfacción a quien ha sufrido un menoscabo en sus bienes jurídicos a
causa de la infracción. Sobre el particular, Petit enseña:
“Siendo la obligación una restricción a
la libertad del deudor, se comprende que no puede hallarse uno en este estado
de dependencia más que en razón de causas bien determinadas. Ahora bien; hay
dos de ellas que reclaman naturalmente la sanción del legislador. Primeramente,
el daño injustamente causado: toda mala acción, todo acto contrario al derecho,
y que lleva perjuicio a los demás, debe obligar a su autor a una reparación;
después, la voluntad libremente manifestada: cuando una persona ha tornado un
compromiso con relación a otra que lo acepta, está obligada y debe cumplir lo
que ha prometido.
“El Derecho Romano ha reconocido estas
dos grandes causas de obligaciones, pero no de una manera absoluta, y solamente
bajo ciertas condiciones: si el hecho ilícito constituye un delito; si la
voluntad se ha manifestado en un contrato.”[47]
En la misma obra, el autor señalaba que existía una
distinción entre los delitos privados –que causaban un daño a la propiedad o a
la persona de los particulares– y los delitos públicos –que afectaban el orden
público, la organización política y la seguridad del Estado–, con el propósito
de destacar que eran los primeros los que creaban obligaciones a cargo del
culpable y en provecho de la parte lesionada. Estas obligaciones solían
consistir en la datio de una cantidad determinada de dinero al
damnificado, quien, además, quedaba facultado para ejercer diferentes acciones
contra el reo, dependiendo de cuál fuera la conducta[48].
Nuestro ordenamiento, heredero de muchos de los
institutos del Derecho Romano, prescribe que, además de convocar el poder
punitivo del Estado, el delito tiene implicaciones a nivel civil, como lo evidencian
en varias normas: se le identifica como una de las fuentes de las obligaciones[49], se prevé que da lugar a responsabilidad
extracontractual[50], y que acarrea el deber de reparar[51]. Esa premisa ha pervivido y se ha
consolidado como un principio básico en los sistemas influenciados por aquel
Derecho clásico, con todo y la modernización que desde entonces han sufrido las
instituciones.
Empero, hoy en día tiene una relevancia que excede el
ámbito de los negocios privados. El paradigma del Estado social y democrático
de Derecho, cuyo eje son los derechos fundamentales y la dignidad humana, le
otorga al principio de reparación a la víctima una jerarquía superior. Por
ello, en la Carta de 1991 se elevó a rango constitucional como una de las
funciones esenciales del ente persecutor:
“Artículo 250[52]. La Fiscalía General de la Nación está
obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la
investigación de los hechos que revistan las características de un delito que
lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o
de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias
fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en
consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal,
salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de
oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el
cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las
funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por
Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo
servicio.
“En ejercicio de sus funciones la
Fiscalía General de la Nación, deberá: (…)
“6. Solicitar ante el juez de conocimiento
las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo
que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los
afectados con el delito. (…)” (se resalta)
De modo que la finalidad del proceso penal
no se restringe a la persecución y sanción del autor del acto punible, sino que
encuentra en la protección a las víctimas uno de sus propósitos cardinales,
siendo la adopción de medidas orientadas a resarcir el daño infligido una de
sus características.
En contraste con la versión romana que
ceñía la reparación al ofendido por un hecho ilícito a una cuestión civil o
entre particulares (cuando se tratara de los entonces considerados delitos
privados), nuestro ordenamiento hace del procedimiento penal un escenario
propicio para que el Estado reivindique los derechos conculcados a una persona
a raíz de la comisión de una conducta típica:
“El proceso penal posee en sí mismo dos
finalidades: una que apunta a la relación que se suscita entre el infractor,
sujeto activo del comportamiento ilícito, y el Estado con ocasión de la
verificación en el mundo fenoménico de una conducta catalogada como punible, a
fin de dar aplicación a los preceptos y sanciones contenidas en el estatuto
punitivo, con observancia de las normas propias del proceso penal; y otra,
referida a la relación de carácter privado que surge entre el autor del reato y
el perjudicado, concretada en la reparación patrimonial del daño impetrado, que
comprende a su vez el restablecimiento del derecho quebrantado; en defecto de
éste, la indemnización de los perjuicios inferidos a terceros, tanto de orden
moral como material, en tutela de los derechos inmanentes a los coasociados y
el mantenimiento de la convivencia pacífica del conglomerado, como tarea y misión
fundamental del Estado.”[53]
En similar sentido, la Corte Constitucional
ha puesto de relieve las dos dimensiones del daño derivado del delito:
“Si bien la acción penal tiene como
finalidad primordial sancionar a quienes con su conducta atacan o violan los
bienes jurídicos individuales o colectivos mediante el delito; no puede
resultar indiferente el que dicho comportamiento delictuoso produce unos
efectos jurídicos dañinos.
“El daño, es el efecto jurídico del
delito, que comporta una doble connotación: a) El daño público o social que se
produce al lesionar el bien o interés jurídico protegido por el Estado y que
explica su intervención poniendo en marcha el aparato punitivo, imponiendo las
sanciones a quien ha infringido el orden jurídico, pues el delito es siempre un
hecho que perjudica a la comunidad; b) El daño particular que se produce con la
lesión del bien jurídico, conocido como daño civil, da lugar a la acción civil
para el resarcimiento de los perjuicios ocasionados con el ilícito, estableciéndose
por el ordenamiento jurídico la obligación para el sujeto activo de reparar los
daños tanto morales como materiales.”[54]
Desde este enfoque, el legislador ha venido
consagrando el restablecimiento del derecho como un principio rector del
procedimiento penal en las diferentes codificaciones que se han promulgado.
En la normatividad vigente, el artículo 22
de la Ley 906 de 2004 señala que “Cuando sea procedente, la Fiscalía
General de la Nación y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para
hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado
anterior, si ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos
quebrantados, independientemente de la responsabilidad penal.”
En la regulación anterior al sistema
acusatorio también el restablecimiento del derecho ocupaba un lugar protagónico
como norma rectora. El artículo 21 de la Ley 600 de 2000 disponía que “El
funcionario judicial deberá adoptar las medidas necesarias para que cesen los
efectos creados por la comisión de la conducta punible, las cosas vuelvan al
estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta
punible.”
Vástago de la Constitución Política[55], el Decreto 2700 de 1991 prescribía
en su artículo 14 que “Cuando sea posible, las autoridades judiciales
deberán adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por
la comisión del hecho punible y las cosas vuelvan al estado anterior, de modo
que se restablezcan los derechos quebrantados.”
Como se puede observar, la primacía de los
derechos humanos que se instauró con la Carta de 1991 está patente en las
normas de procedimiento penal que se expidieron a partir de ella. Un rasgo
común en los preceptos transcritos es el deber en cabeza de la autoridad
judicial, de adoptar las medidas necesarias para conjurar los efectos
generados por el delito y propiciar el restablecimiento de los derechos
vulnerados.
En tiempos más pretéritos, el artículo 16
del Decreto 050 de 1987 establecía el principio rector del
restablecimiento del derecho en estos términos: “El juez resolverá las
cuestiones extrapenales que surjan en el proceso, de modo que las cosas vuelvan
al estado en que se hallaban antes de la comisión del hecho punible, cuando por
su naturaleza sea posible.”, redacción casi idéntica a la del artículo 13
del Decreto 181 de 1981, que lo catalogaba como una garantía jurídico
procesal.
Este último decreto –el 181 de 1981– fue
derogado por la Ley 2ª de 1982, que adoptó como Código de Procedimiento
Penal la normativa inmediatamente anterior a él, esto es, el Decreto 409 de
1971, en cuyo texto ya no aparece expresamente la figura de
restablecimiento del derecho, pero se señala en su capítulo de disposiciones
generales, artículo 9, que “Toda infracción de la ley penal origina acción
penal, y puede originar también acción civil para la indemnización de los
perjuicios causados por la infracción”.
Nótese que la reparación se circunscribía a
la indemnización y se hablaba de la acción civil como un trámite
eventual, es decir, que podía llegar a tener lugar como consecuencia de
la acción penal. No obstante, a lo largo de dicha preceptiva se hallan
dispersos distintos artículos que refrendan el derecho del lesionado a obtener
una satisfacción frente al punible, como la posibilidad de iniciar la acción
civil al interior del mismo proceso penal (artículo 24), y la subordinación de
ciertos beneficios –como la condena condicional, la libertad condicional y el
perdón judicial– a conformidad de la víctima con la estimación de los
perjuicios y su efectiva reparación por parte del procesado (artículo 29), por
mencionar un par de ejemplos.
El carácter normativo de los principios
constitucionales dispuestos en la Carta de 1991 ha conllevado una evolución en
el restablecimiento del derecho, cuya materialización puede tomar la forma de
diversas medidas conducentes a remediar los daños irrogados, toda vez que hoy
es indiscutible que la reivindicación de la dignidad de las víctimas no puede
reducirse a una compensación pecuniaria.
En esta dirección, la Corte ha subrayado
que tanto la Constitución como los instrumentos que integran el bloque de
constitucionalidad[56], apuntan a que los derechos de los
damnificados por la comisión de un delito trascienden el aspecto económico:
“[T]anto en el derecho internacional,
como en el derecho comparado y en nuestro ordenamiento constitucional, los
derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una
concepción amplia–no restringida exclusivamente a una reparación económica–
fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a
participar en las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial
efectiva del goce real de sus derechos, entre otros, y que exige a las autoridades
que orienten sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos
cuando han sido vulnerados por un hecho punible. Ello sólo es posible si a las
víctimas y perjudicados por un delito se les garantizan, a lo menos, sus
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica de los daños
sufridos.”[57]
Bajo esta perspectiva, el ordenamiento pone
al alcance de las autoridades judiciales varios dispositivos destinados a
desarrollar ese principio de restablecimiento de los derechos. Se podrían
ubican aquí, por ejemplo, las medidas cautelares consistentes en la prohibición
al imputado de enajenar bienes sujetos a registro[58], la restitución a la víctima de los bienes
objeto del delito que hubieren sido recuperados[59], y la suspensión y cancelación de
registros obtenidos fraudulentamente[60].
Es necesario anotar, sin embargo, que para
dar cumplimiento al mandato constitucional de restaurar los derechos
conculcados y a efectos de volver las cosas al estado predelictual, las
autoridades pueden adoptar medidas diferentes a las enunciadas en el
procedimiento penal, a fin de dispensar una eficaz y oportuna protección a la
víctima. Por tanto, el alcance de la figura de restablecimiento del derecho no
puede restringirse válidamente a la adopción de medidas cautelares[61]. En este ámbito reviste una especial
relevancia el principio rector de integración, conforme al cual “En materias
que no estén expresamente reguladas en este código o demás disposiciones
complementarias, son aplicables las del Código de Procedimiento Civil y las de
otros ordenamientos procesales cuando no se opongan a la naturaleza del
procedimiento penal.”[62]
Así, en el marco del restablecimiento del
derecho, el principio de integración autoriza al funcionario judicial a
remitirse a otras normas del sistema jurídico para buscar los mecanismos
legales que provean una fórmula de resarcimiento, atendiendo a las
particularidades de cada caso:
“[E]l restablecimiento del derecho,
concebido como se dejó expuesto, mantiene un ámbito de aplicación extenso, sin
que se pueda delimitar su concreción a ciertos casos y eventos determinados,
siendo por tanto tarea del juzgador establecer en cada caso su procedencia y el
mecanismo que cabe imprimir para su obtención, teniendo presente no sólo la
posibilidad material de lograr este cometido, sino la viabilidad jurídica de
proceder en tal forma.”[63]
En concordancia con lo anterior, se ha
reconocido que la necesidad de una medida de restablecimiento por la
perpetración de un delito puede surgir en las distintas etapas del proceso,
pudiendo resultar inaplazable. Es por ello que la facultad de tomar tales
determinaciones está radicada tanto en el fiscal, como en los jueces de control
de garantías y de conocimiento, a través de los actos y pronunciamientos que
emiten a lo largo del trámite, ya que restringir la adopción de estas medidas a
un único momento procesal, puede ir en detrimento de la efectividad del remedio
a que se alude.
Sobre este punto se pronunció este Tribunal
al abordar el estudio de constitucionalidad del inciso 2 del artículo 101 del
Código de Procedimiento Penal, en virtud del cual la medida consistente en la
cancelación de los títulos y registros obtenidos fraudulentamente sólo podía
adoptarse en el momento de la sentencia condenatoria –en contraste con
lo dispuesto sobre el particular en los regímenes anteriores, los cuales
permitían adoptar dicha determinación en cualquier momento de la actuación
en que apareciera demostrada la tipicidad–, concluyendo que la reforma
introducida por el legislador, en el sentido de restringir la oportunidad de
cancelar los instrumentos espurios era regresiva de cara a la protección debida
a las víctimas:
“Se desprende de lo analizado en páginas
precedentes que si bien resulta razonable que sólo al final del proceso se adopte
una decisión definitiva sobre la cancelación de los títulos apócrifos, el hecho
de que ello sólo pueda ocurrir dentro de la sentencia condenatoria, tal como lo
exige el inciso 2° del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, puede sin duda
llegar a excluir el acceso de las víctimas a la administración de justicia,
pues al terminar el proceso penal de diferente manera, quedaría extinguido para
ellas y concretamente para el legítimo titular, el poder dispositivo sobre los
bienes a que tales títulos se refieren. Se quebranta así la garantía de acudir
a un debido proceso que la Constitución Política reconoce y se crea un
obstáculo para el cumplimiento de algunas de las obligaciones que el texto
superior le impone a la Fiscalía General de la Nación para que vele
eficientemente, como le es indefectible hacerlo, por los intereses de las
víctimas y contribuya a proteger y restablecer sus derechos.
“Por lo anterior, concluye la Corte que
la palabra “condenatoria” resulta entonces contraria al contenido de varias normas
constitucionales, como los artículos 29 (debido proceso), 229 (acceso a la
administración de justicia) y 250 (funciones de la Fiscalía General de la
Nación), por lo cual debe entonces declararse su inexequibilidad.
“En lo que atañe a la expresión ‘En la
sentencia’, que también hace parte del segmento normativo acusado, la Corte
acoge parcialmente el planteamiento del demandante y los coadyuvantes, así como
el de los impugnadores. Ello por cuanto, si bien se entiende que sólo al
término del proceso penal puede existir certeza suficiente para justificar la
definitiva cancelación de los títulos fraudulentamente obtenidos, no es menos
cierto que dicha certeza bien puede haberse generado como resultado del debate
probatorio surtido durante el proceso, aun cuando éste haya concluido, bien
mediante sentencia absolutoria, bien por efecto de alguna otra decisión de las
que supone la imposibilidad de continuarlo, como aquellas que implican la
extinción de la acción penal, y todas las demás a que la Corte tuvo oportunidad
de referirse páginas atrás.
“En desarrollo del principio de
conservación del derecho, ello conduce entonces a la declaratoria de
exequibilidad condicionada de la expresión ‘En la sentencia’, bajo el entendido
de que igualmente procederá la orden de cancelación definitiva de los títulos
apócrifos cuando quiera que se dicte otra providencia que ponga fin al proceso
penal.”[64]
Es más: la jurisprudencia de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha caracterizado el
restablecimiento del derecho como una garantía intemporal –en desarrollo
del artículo 22 del Código de Procedimiento Penal– en el sentido de que, como
corre independientemente de la responsabilidad penal, puede operar en cualquier
momento en que esté demostrada la materialidad de la conducta o el tipo
objetivo[65]. Es así que ha dictado medidas encaminadas
a restablecer los derechos conculcados, aun cuando ha operado el fenómeno de la
prescripción de la acción:
“En virtud del restablecimiento del
derecho, no obstante la declaración de prescripción de las acciones penal y
civil, y desde la perspectiva de los fines del Estado de procurar la “vigencia
de un orden justo y la preservación del derecho de propiedad privada”
(Artículos 1, 2 y 58 modificado por el A.L. núm. 01 de 1999 de la Constitución
Política), la Sala no elude el compromiso de restituir los bienes a su legítimo
dueño o poseedor pacífico, salvo que otro acredite mejor derecho. (…)
“[E]l restablecimiento del derecho de la
víctima es una garantía intemporal que dimana directamente de la Constitución
Política y de la cual no puede sustraerse el juez; por ello, a pesar de la
prescripción de la acción como declaración objetiva de extinción de la acción
penal, legalmente contemplada, la competencia para hacer este tipo de declaraciones
se mantiene”[66].
No obstante los amplios márgenes que rodean
la institución del restablecimiento del derecho y la discrecionalidad que
conservan la Fiscalía y los jueces penales, es imperativo señalar que los
poderes conferidos a estos funcionarios no son absolutos, pues el respeto al
debido proceso –en sus diferentes dimensiones– es presupuesto principalísimo
para la legitimidad de las decisiones que en tal sentido se acojan.
Sobre el particular, esta Corte ha
sostenido que una de las garantías asociadas al debido proceso en el marco de
una decisión de este talante consiste en el agotamiento de un trámite previo en
el que los concernidos puedan ejercer sus derechos:
“El derecho fundamental al debido
proceso supone que toda decisión, judicial o administrativa, ha de estar
precedida por un procedimiento, en el cual quienes se pueden ver afectados por
la decisión tengan oportunidad para ejercer las garantías básicas y comunes a
todo procedimiento: defensa y contradicción. Únicamente de esta manera, un
juicio (o proceso) puede reputarse justo. Obsérvese que el procedimiento previo
a una decisión es exigible –aunque se trate de un procedimiento mínimo y básico
y con efectos meramente provisionales- aun tratándose de decisiones
unilaterales como la captura, el embargo o el allanamiento. Así, si no existe
el procedimiento o este no garantiza la oportunidad de defensa y contradicción,
la decisión resulta inconstitucional. Por regla general, dicha defensa y
contradicción han de ejercerse antes de que se tome la decisión, pues ésta –sea
judicial o administrativa- ha de ser el resultado de escuchar las razones
invocadas por las partes o los interesados, de analizar las pruebas existentes
y de considerar la normas aplicables.” [67]
Respecto de la vinculación de todos los
afectados con una medida de restablecimiento del derecho, la jurisprudencia ha
sido clara en cuanto a que tales decisiones no pueden imponerse inconsultamente
sobre sujetos que no han tomado parte en la actuación:
“[D]ada la obligación de garantizar y
respetar el debido proceso, si no resulta posible vincular a una persona, el
funcionario judicial carece, de manera absoluta, de competencia para adoptar
decisiones que afecten a dicha persona. Dicha restricción se extiende a la
aplicación del principio de restablecimiento del derecho. El proceso penal (la
investigación del hecho punible y su juzgamiento) no tienen por propósito la
protección de derechos o intereses de personas ajenas al proceso. Únicamente
está concebido para lograr declaración de la responsabilidad penal, sancionar
la conducta punible y disponer el restablecimiento del derecho de los afectados
por dicha conducta.”[68]
Si bien el funcionario judicial que se
dispone a dictar una medida de restablecimiento puede moverse con cierta fluidez
con el fin de proveer el mecanismo que mejor permita la reparación a la
víctima, está condicionado por las normas del ordenamiento mismo y tiene vedado
desbordar esos límites. Tal es la conclusión a la que arribó esta Corporación
al examinar la constitucionalidad de la norma que prescribía el principio
rector de restablecimiento del derecho en el anterior Código de Procedimiento
Penal, cuyo análisis, dada su precisión, se transcribe in extenso:
“En este punto la Corte se pregunta:
¿qué medidas podría adoptar el funcionario judicial en orden al cabal
restablecimiento y reparación del derecho? ¿Todas las que él discrecionalmente
tenga a bien, o sólo algunas, y en este caso, de qué naturaleza y alcance?
“Sin lugar a dudas, primeramente el
funcionario judicial (fiscal o juez) puede y debe adoptar las medidas
pertinentes que estén en la legislación penal, tanto en lo sustantivo como en
lo procedimental. Asimismo, en tanto las circunstancias fácticas y jurídicas lo
ameriten, y con estricto cumplimiento del debido proceso, el funcionario
judicial puede expedir providencias con fundamento en otras normas del orden
jurídico y dentro de él, nunca por fuera de las normas jurídicas preexistentes
al momento de dictar el acto jurídico; siendo claro que el funcionario jurídico
no podrá adoptar medidas que se hallen al margen del ordenamiento jurídico. Así
por ejemplo, en el evento del embargo y secuestro de bienes dentro de un
proceso por el delito de hurto en cuantía de $ 1.000.000.00, el decreto y
práctica de tales disposiciones cautelares no podría ser por la suma de
$10.000.000.00, pues como bien se infiere, habría una desproporción económica
ampliamente lesiva de los derechos del sindicado, que ab initio pondría en
evidencia la ilegalidad de la medida cautelar, de modo que si el funcionario
judicial acude por no existir el ordenamiento penal, dentro del orden jurídico
a medidas necesarias, por ejemplo, de naturaleza civil, debe respetar los
límites que trae el ordenamiento de esta misma naturaleza, esto es el civil,
sin que pueda violar o exceder esos límites.
“Corolario de lo anterior es que las
medidas necesarias del funcionario judicial no se restringen a los marcos de la
legislación penal; antes bien, el poder que le asiste para adoptar las medidas
necesarias al restablecimiento y reparación del derecho se inscribe en el
amplio universo de todo el ordenamiento jurídico, en el cual, la legislación
penal es apenas una de sus partes integrantes. Tal es entonces el entendimiento
que debe dársele a las facultades del juez con referencia a la norma demandada,
el cual no es otro que el correspondiente a una hermenéutica sistemática del
ordenamiento jurídico.”[69]
De igual manera, aunque las medidas de
restablecimiento podrán tomarse en cada una de las fases del proceso, en su
adecuación deberán atenderse los aspectos relativos a su naturaleza, lo
cual incluye considerar, sobre todo, los efectos que de ellas se desprendan,
para determinar la competencia del funcionario judicial:
“Las medidas de restablecimiento del
derecho pueden ser de naturaleza personal, si recaen sobre las personas, o
real, en caso de hacerse efectivas respecto de los bienes afectados con la
conducta punibles, pero, a su vez, pueden ser provisionales o definitivas
dependiendo de su contenido, es decir, si tiene por objeto irradiar un manto de
protección frente a un posible daño derivado de la comisión de una conducta
punible, cuya índole es cautelar o meramente preventivo, o si apuntan a adoptar
medidas definitivas tendientes a retornar las cosas a su estado original o
predelictual, evento en el cual se exige un convencimiento más allá de toda
duda razonable acerca de la materialidad de la infracción del tipo objetivo.
(…)
“Ahora bien, cuando tales medidas son de
carácter provisional, independientemente de si son personales o reales, v.gr.
imposición de medida de aseguramiento sobre las personas; suspensión del poder
dispositivo sobre bienes (arts. 83 y 85 del C.P.P.); suspensión de personerías
jurídicas o cierres temporales de locales o establecimientos abiertos al
público (art. 91 ibídem); medidas cautelares sobre bienes (arts. 92 a 101 de
ejusdem) y suspensión de registros obtenidos fraudulentamente (art. 101 ib.),
la competencia es del juez de control de garantías; empero, si lo que se
pretende es el restablecimiento pleno del derecho, conforme lo establece la
sentencia C-060 de 2008, ya no con carácter provisional o transitorio, análisis
de comporta juicios concretos y valorativos en punto de la materialidad de la
conducta punible o del denominado tipo objetivo, lo cual puede ocurrir en la
sentencia o en una decisión que ponga fin al proceso, la competencia será del
juez de conocimiento.
“Es necesario precisar que el factor
para determinar cuál es el funcionario competente no puede ser, como lo señala
el Tribunal, el de las etapas en que se promueva la solicitud de
restablecimiento del derecho, en sentido de que si lo es en las etapas
preliminares o de investigación corresponde al juez de garantías, y si lo es en
el juicio, al de conocimiento, no sólo porque el criterio acertado es el de la
naturaleza de la medida, sino porque no ello desconoce que, como lo tiene
sentado la Sala:
“‘(i) Ni la fase preprocesal es de
competencia exclusiva de los jueces de control de garantías, ni tampoco la del
juicio oral es privativa de los jueces de conocimiento.
‘(ii) La intervención de los jueces de
control de garantías es episódica, urgente e inmediata en el ámbito de
protección de derechos fundamentales y garantías con relación a las actuaciones
de la Fiscalía y se extiende en todo el marco del diligenciamiento, no
solamente en la etapa preprocesal y procesal investigativa, sino también en el
juicio.
‘(iii) Los jueces de control de garantías
no se pronuncian con carácter definitivo respecto de la responsabilidad penal
del incriminado.
‘(iv) Los jueces de conocimiento sí tienen
la facultad de proferir la decisión que dé por terminado el diligenciamiento’.”[70]
Aunado a lo anterior, la autoridad
competente para decretar el restablecimiento del derecho en favor del afectado
por una conducta punible, debe ceñirse al principio de proporcionalidad al
momento de adecuar la medida en cuestión, de cara a la eventual afectación que
puede producir respecto de los derechos de que son titulares otros sujetos.
Precisamente para conjurar que la discrecionalidad de que están investidas las
autoridades en esta materia se torne en arbitrariedad, la Corte se ha valido
del juicio de proporcionalidad:
“En primer lugar, tal y como lo
estableció la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-057 de 2003 (sic),
la adopción de medidas provisionales en audiencias de restablecimiento del
derecho requieren que ésta esté prevista en la ley. En efecto, el juez de
control de garantías sólo puede acudir a mecanismos que hagan parte del
ordenamiento jurídico vigente, que de manera general comprende conjuntos
normativos de diversas especialidades. Así pues, el juez de control de
garantías debe establecer que la medida que pretende adoptar es legal y que la
restricción a los derechos que genera, persigue una finalidad constitucional,
que será la protección de algún derecho fundamental de la víctima.
“En segundo lugar, para que se adopte la
medida es necesario que el juez compruebe que ocurrió la conducta, esto es, que
a pesar de que no se haya definido la responsabilidad penal, exista certeza
sobre la ocurrencia de una conducta típica. Entonces, corresponde al juez penal
verificar la afectación de los bienes jurídicos que se pretende proteger, esto
es, que al haber ocurrido la conducta, los derechos de las víctimas hayan sido
vulnerados o amenazados.
“En tercer lugar, la medida debe ser
idónea para conseguir el fin pretendido, es decir que sea adecuada para
proteger el derecho de la víctima del delito que se pretende resguardar.
“En cuarto lugar, el funcionario
judicial deberá establecer que la medida es necesaria para proteger el derecho
amenazado con la ocurrencia del delito, es decir, que no exista otra medida
alternativa que sea idónea para cumplir el fin propuesto. Entonces, en caso de
existir un medio alternativo que revista la misma idoneidad del que se pretende
adoptar con la medida provisional y que restrinja en menor medida los derechos
fundamentales de otras personas que se puedan ver afectados con ésta, deberá
abstenerse de decretarla.
“En quinto lugar, corresponde al juez
hacer el examen de proporcionalidad en estricto sentido, es decir que debe
comparar el grado de protección de los derechos de las víctimas que pretende
proteger con la medida provisional y el de la afectación de los derechos de
otras personas que sean desatendidos en caso de que ésta se decrete. Así, para
que la medida provisional sea procedente, la carga impuesta por ésta a los
derechos de otras personas debe ser menor que los beneficios que se busca
obtener a través de la misma.”[71]
De conformidad con lo expuesto, se concluye
que, además de la obligación resarcitoria en cabeza del autor del delito, el
Estado está llamado a garantizar los derechos de las víctimas de las conductas
punibles a través de la figura de restablecimiento del derecho, la cual ostenta
una encumbrada jerarquía en el contexto del proceso penal por mandato
constitucional y por tratarse de un principio rector del procedimiento. En todo
caso, es pertinente relievar que, aunque el ordenamiento dota de amplias
facultades a los funcionarios judiciales y prevé varios dispositivos jurídicos
enderezados al restablecimiento de los derechos de las víctimas, esta función
del proceso penal debe cumplirse dentro de un justo marco de respeto por el
debido proceso y con arreglo al principio de proporcionalidad para que las
decisiones así proferidas gocen de validez constitucional.
7. Análisis del caso concreto
Procede la Sala a evaluar la satisfacción
de los requisitos generales y causales específicas de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, conforme a lo dispuesto en la
sentencia C-590 de 2005 y a la jurisprudencia vigente sobre la materia.
7.1. Requisitos generales
de procedencia de la acción
Como medida inicial, corresponde a la
Sala de Revisión determinar si se reúnen en el caso bajo estudio los requisitos
generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
7.1.1. Relevancia
constitucional
En primer lugar, es evidente que el
caso bajo estudio reviste la relevancia constitucional necesaria para ser
examinado en esta sede, comoquiera que el debate gira en torno a la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, consagrados en los artículos 29 y 229 de la Carta.
Por otra parte, la cuestión relativa
a la demarcación de los alcances del restablecimiento de los derechos de las
víctimas de un delito es también un asunto que suscita el interés de la Sala,
por cuanto se trata de una garantía de raigambre superior, al tenor del numeral
6 del artículo 250 de la Constitución.
7.1.2. Agotamiento de todos los mecanismos de defensa
judicial
De acuerdo con la doctrina
constitucional sobre la subsidiariedad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub examine debe entenderse satisfecha la
exigencia, en vista de que el accionante hizo uso oportuno de los medios de
impugnación que tenía a su disposición.
Ello, por cuanto el banco accionante
interpuso recurso de apelación contra la providencia del 27 de julio de 2015,
dictada por el Juez 1º Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Barranquilla en el curso de la audiencia preliminar de restablecimiento del
derecho, al paso que la decisión que desató la alzada, del 13 de junio de 2016,
proferida por el Juzgado 4º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Barranquilla, no era pasible de recursos[72]. Respecto de las
comunicaciones emanadas de la Fiscalía para disponer el cese de la ejecución y
la cancelación del pagaré, basta con señalar que dichos actos se limitan a
ejecutar lo decidido por el juez de segunda instancia.
7.1.3. Inmediatez
En lo referente al requisito general
de inmediatez, se observa que la acción de tutela se formuló dentro de un
término razonable a partir de la ocurrencia de la conducta judicial a la que el
banco accionante atribuye la violación de sus garantías iusfundamentales,
habida cuenta de que las últimas actuaciones objeto del reproche –la
providencia proferida por el Juzgado 4º Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Barranquilla y los oficios de la Fiscalía 50 Seccional Unidad
de Patrimonio– datan de los días 13, 14 y 15 de junio de 2016[73], y el mecanismo de amparo
se formuló el 22 de los mismos mes y año[74]; es decir que entre los
eventos presuntamente vulneradores y la presentación de la acción tuitiva
transcurrieron tan solo unos pocos días.
7.1.4. Incidencia directa y
determinante de la irregularidad procesal en el sentido de la decisión
En efecto, las presuntas
irregularidades en que incurrieron las autoridades demandadas son las que
sustentaron la providencia que el actor califica como vulneradora de sus
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia: se
trata de las circunstancias que convergieron en la decisión de que el pagaré
adolecía de falsedad y que, por lo tanto, había lugar a restablecer los
derechos del señor Iván Tarud y ordenar, en consecuencia, el cese del proceso
ejecutivo junto con el levantamiento de las medidas cautelares, la entrega de bienes
embargados y la apertura del incidente de costas.
En concreto, las anomalías que el
Banco de Bogotá endilga a los funcionarios judiciales accionados y que se
encuentran a la base de la decisión censurada son las siguientes: (i)
desconocimiento de la cosa juzgada y del principio de juez natural, que hacían
inviable declarar la falsedad en el marco del trámite de restablecimiento del
derecho; (ii) inobservancia de los supuestos procesales necesarios para dictar
la medida de que se trata; (iii) carencia de apoyo probatorio para otorgarle
mérito a unos peritajes contables que no fueron incorporados al caudal
probatorio del trámite de restablecimiento del derecho; (iv) ausencia de
identidad entre el beneficiario del restablecimiento del derecho y los demandados
dentro del proceso ejecutivo; y, (v) desproporcionalidad de la medida
consistente en cesar de manera total y definitiva la ejecución.
7.1.5. Identificación de los
hechos que generan la vulneración y oportuna alegación de los mismos al
interior del proceso
El Banco de Bogotá expuso con detalle
las conductas de los funcionarios judiciales de las que se desprende la alegada
vulneración de los derechos fundamentales invocados en la acción de tutela.
Además, dio a conocer sus
inconformidades en el marco del trámite de restablecimiento del derecho
promovido por el señor Iván Tarud María, al expresar ante las autoridades
encartadas –en el contexto de las diligencias adelantadas– los argumentos por
los cuales estimaba que no era procedente proferir una medida de resarcimiento
a favor del allí solicitante.
7.1.6. La acción no se
dirige contra una sentencia de tutela
Este requisito se satisface en el sub
judice por cuanto las decisiones a las que se les endilga la vulneración
fueron proferidas por los Juzgados 1º Penal Municipal con Función de Control de
Garantías y 4º Penal del Circuito con Función de Conocimiento y por la Fiscalía
50 Seccional, los tres de Barranquilla, al interior de un trámite de
restablecimiento del derecho, mas no dentro de una acción de tutela.
7.2. Causales específicas de procedencia de
la acción
Acreditados los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala
se concentrará ahora en el estudio de las causales específicas o materiales de
procedibilidad de la solicitud de amparo, consistentes en los presuntos
defectos en que incurrieron las accionadas al ordenar el restablecimiento de
los derechos del señor Iván Tarud.
Para cumplir este cometido, se
examinarán en conjunto los reparos formulados por el accionante, con el fin de
analizar si en efecto las medidas adoptadas por las autoridades demandadas se
encuadran en las hipótesis previstas por la jurisprudencia constitucional para
enervar las decisiones emanadas de la jurisdicción.
7.2.1. Sobre la configuración de un
defecto sustantivo
En jurisprudencia de unificación[75], la Corte Constitucional
ha caracterizado la causal específica de defecto sustantivo en los siguientes
términos:
“En un amplio
desarrollo por esta Corporación, se ha explicado que el defecto sustancial o
material se presenta cuando ‘la autoridad judicial aplica una norma claramente
inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por
una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica’. De esta manera, la Corte en diversas decisiones ha venido
construyendo los distintos supuestos que pueden configurar este defecto
conforme a las situaciones fácticas que se exponen:
(i) Cuando la decisión
judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, ya que (i) no es
pertinente, (ii) ha perdido su vigencia por haber sido derogada, (iii) es
inexistente, (iv) ha sido declarada contraria a la Constitución, (v) a pesar de
que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no resulta adecuada
su aplicación a la situación fáctica objeto de estudio, así ocurre por ejemplo
cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador.
(ii) Cuando pese a la
autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso
concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación
razonable o el operador judicial hace una aplicación inaceptable de la norma al
interpretarla de forma contraevidente -interpretación contra legem- o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes o
cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera
manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la
hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial.
(iii) Cuando no toma en
cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes.
(iv) Cuando la disposición
aplicada se muestra injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución.
(v) Cuando un poder concedido
al juez por el ordenamiento se utiliza para un fin no previsto en la
disposición.
(vi) Cuando la decisión se
funda en una interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el análisis
de otras disposiciones aplicables al caso.
(vii) Cuando el operador
judicial con una insuficiente sustentación o justificación de la actuación
afecta derechos fundamentales.
(viii) Cuando se desconoce
el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación que
hubiere permitido una decisión diferente de acogerse la jurisprudencia.
(ix) Cuando el juez se
abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su declaración por alguna
de las partes en el proceso.”
El principio de cosa juzgada, contemplado en la Constitución Política dentro
del derecho fundamental al debido proceso, es un instituto jurídico que dota de fuerza
vinculante, inmutabilidad y carácter definitivo a las decisiones vertidas en
las sentencias proferidas por los jueces de la República, encaminado a que las
controversias así sometidas a su conocimiento lleguen a un desenlace y sus
determinaciones sean inmodificables y obligatorias para sus destinatarios, tal
como lo ha subrayado este Tribunal:
“La cosa juzgada es una institución
jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una
sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables,
vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición
expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de
controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica.
“De esta definición se derivan dos
consecuencias importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se
imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del
Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y en segundo lugar, el
objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e inmutable
a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se
prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la
comunidad, volver a entablar el mismo litigio.
“De esta manera se puede sostener que la
cosa juzgada tiene como función negativa, prohibir a los funcionarios
judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función
positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento
jurídico.”[76] (se subraya)
Por su parte, el principio de juez natural se halla vinculado igualmente al derecho al debido
proceso[77], y se entiende como una garantía orientada
a que toda persona sea juzgada solamente por la autoridad a la que previamente
una norma le ha conferido la investidura para asumir la función pública de
impartir justicia, en el marco de un determinado campo del Derecho.
Dada la estrecha relación que
presentan en esta oportunidad los principios de cosa juzgada y juez natural en
la configuración del cargo por violación al debido proceso planteado por el
Banco de Bogotá, la Sala procederá a analizarlos conjuntamente.
El banco accionante
alega el desconocimiento del principio de juez natural y el de cosa juzgada con
el argumento de que los accionados hicieron caso omiso de los múltiples
pronunciamientos de los jueces naturales en cada una de las causas –en materia
civil, penal y de tutela− que han tenido lugar a raíz de la pretensión
del señor Iván Tarud María de detener el proceso ejecutivo, en todos los cuales
se han desechado los alegatos del deudor respecto de la falsedad del título
valor.
Por su parte, el Juez 4º
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla –en cuyo
pronunciamiento se concentrará la Sala por ser él quien adoptó la decisión
definitiva– adujo que no se violaba el principio de cosa juzgada por cuanto en
ningún otro momento anterior se había resuelto una solicitud de
restablecimiento del derecho, sino que aquellas providencias a las que aludía
el Banco de Bogotá habían sido dictadas en actuaciones de otra índole.
Varias son las consideraciones
que debe hacer la Sala sobre el particular. Por una parte, la ilegitimidad del
instrumento de recaudo era una cuestión que debía ventilarse primeramente ante
el propio juez de la ejecución, a través de los medios exceptivos y los demás
mecanismos que prevé el ordenamiento para la defensa del deudor, y la sentencia
que resuelva el destino de la ejecución hace tránsito a cosa juzgada, al tenor
de lo previsto en el artículo 512 del Código de Procedimiento Civil (hoy
artículo 433 numeral 5 del Código General del Proceso). Sobre este punto
conviene traer a colación lo que el doctrinante Hernán Fabio López Blanco[78] enseña:
“Cuando la norma
prescribe que la sentencia de excepciones [y que resuelve seguir adelante
la ejecución] produce efectos de cosa juzgada se refiere a la que resuelve
las excepciones perentorias, cualquiera sea su sentido, es decir, poco importa
si las acoge o desecha.
“La disposición es de
una profunda trascendencia en el juicio ejecutivo donde, salvo las limitaciones
ya estudiadas, pueden proponerse todas las excepciones, motivo por el cual no
es posible ignorar los efectos de la sentencia, tratando de adelantar con
posterioridad procesos ordinarios para desconocer lo que ya se decidió en el
proceso ejecutivo. Nuestro estatuto procesal, a diferencia de otras
legislaciones, no lo autoriza precisamente porque ha querido que todo lo
relacionado con la obligación que se pretende ejecutar se debata en el proceso
ejecutivo dentro del trámite de las excepciones; de ahí que si se dejaron de proponer
ciertos hechos exceptivos y no prosperan los presentados, precluye
definitivamente toda posibilidad de impugnación por hacer la sentencia tránsito
a cosa juzgada, salvo, claro está, la posibilidad propia del recurso
extraordinario de revisión.”
Las copias de las piezas
procesales que obran en el expediente de revisión[79] dan cuenta de que el señor Iván Tarud
desaprovechó la oportunidad con que contaba para redargüir el título que se
utilizaba en su contra, pues, notificado personalmente del mandamiento
ejecutivo, se limitó a proponer las excepciones de “incumplimiento del actor
de dispuesto por el Art. 25 de la Ley 2ª de 1976 y seguimiento de un
procedimiento distinto del que legalmente corresponde”, relacionadas con
que el pagaré se aportó sin cancelar al fisco el impuesto de timbre nacional,
por lo cual ha debido ser remitido a la dependencia correspondiente de la
Administración de impuestos para que se llevara a cabo la liquidación y se
impusieran sanciones.
Esto quiere decir que el
ejecutado no mostró en el momento indicado objeciones frente a la autenticidad
del título, sino que basó su defensa en otros aspectos del mismo que, a la
postre, resultaron irrelevantes. Este dislate al parecer fue advertido
posteriormente por un nuevo apoderado del señor Tarud, que intentó de manera
extemporánea “aclarar” el sentido de las excepciones propuestas por su
antecesor en cuanto a que el enunciado del medio exceptivo era en realidad
“carencia de título ejecutivo o inexistencia de título ejecutivo”, lo cual fue
despachado desfavorablemente por el juez instructor, dada su palmaria
improcedencia[80].
Como dejó pasar la
oportunidad de atacar el título ante el auténtico juez natural de la causa, el
señor Iván Tarud María recurrió afanosamente a la justicia penal para encontrar
una salida a su propia incuria. En lugar de atacar el instrumento directamente,
el señor Tarud atacó a la persona, formulando denuncia por falsedad, fraude
procesal y usura contra el gerente del Banco de Bogotá; proceso que abrió paso
a la suspensión de la ejecución por prejudicialidad y cuyo desenlace ya se
conoce.
Reanudada la actuación
en ese momento posterior a la formulación de excepciones, fue que el Juez 7º
Civil del Circuito de Barranquilla declaró probada, oficiosamente, “la
excepción que el pagaré se le impuso una deuda mayor de la que debía Dislicores
Ltda., con inobservancia de las instrucciones expresa (sic) que debía
seguirse”[81], y ordenó cesar la ejecución, pero
revocada esta decisión por el superior funcional, el proceso ejecutivo continuó,
que era lo único que podía ocurrir en vista de que el ejecutado no propuso
medios exceptivos capaces de impedir que siguiera su curso.
Pues bien: la Sala
encuentra que el fenómeno de cosa juzgada en lo relativo a la validez del
pagaré se consumó desde el momento mismo en que, mediante aquella sentencia del
5 de agosto de 1997, el juez natural de la causa, que lo era la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, ordenó seguir adelante
con la ejecución, o como mucho, con la sentencia del 1º de diciembre de 2000,
que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el
deudor.
En tal sentido, como el
juez natural no era otro que el del proceso ejecutivo –en este caso, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla respaldado por el fallo
de la Corte Suprema de Justicia–, los pronunciamientos subsiguientes de otras
autoridades en el mismo sentido no hicieron más que corroborar lo que el
verdadero árbitro del proceso ya había definido.
En consecuencia, resulta
tendencioso el argumento expuesto por el Juez 4º Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de Barranquilla en el sentido de que no se infringía la cosa
juzgada, pues siendo la legitimidad del pagaré para servir como título de recaudo
la cuestión central sobre la cual han versado las diversas actuaciones
judiciales a lo largo de casi treinta años, mal podía esgrimir que lo que él
estaba conociendo era un trámite distinto –el de restablecimiento del derecho–
cuando la cuestión de fondo era la misma. Por lo visto, el accionado utilizó
esa vía para arrogarse la facultad de invalidar el pagaré, desechando la
inmutabilidad de la cosa juzgada, usurpando el lugar del juez natural y
haciendo tabla rasa del principio de prevalencia del derecho sustancial que
vincula a todos los jueces del país por expreso mandato constitucional[82].
Comprendiendo la cosa juzgada
como un instituto jurídico que prohíbe a los jueces y, en general, a la
colectividad, la derogación de la norma jurídica individual que regula un caso
(la sentencia judicial ejecutoriada) por otras normas jurídicas posteriores
(pronunciamientos ulteriores respecto de la misma controversia)[83], ante las circunstancias
descritas, la Sala advierte la configuración de un defecto sustantivo,
derivado del desconocimiento por parte de las autoridades accionadas de
aquellas decisiones previamente emitidas en torno al mismo punto aquí ventilado.
Es patente que una violación a la cosa
juzgada compromete irreparablemente el derecho al debido proceso y
desnaturaliza la tutela judicial efectiva, pues sitúa al usuario de la justicia
afectado en una posición de completa indefensión e incertidumbre a causa de la
reapertura de debates que ya fueron clausurados en derecho.
Así, los ciudadanos que presentan sus
conflictos ante los jueces de la República con la expectativa de que la
resolución que ellos adopten gozará de legitimidad y corrección, llegan a ver
defraudada la confianza depositada en el pacto político a causa del
desconocimiento del carácter definitivo e inmutable de la decisión que pone fin
a una controversia, lo cual resulta aún más gravoso si la contienda se prolonga
indefinidamente sin saber cuál Despacho judicial tendrá la última palabra. Ante
ello, es el amparo constitucional el mecanismo adecuado en orden a reivindicar
el lugar prevalente de los derechos vulnerados por parte de los funcionarios
que soslayaron los márgenes que el ordenamiento jurídico les ha trazado.
No correspondía a los jueces 4º Penal
del Circuito con Función de Conocimiento y 1º Penal Municipal con Función de
Control de Garantías pronunciarse acerca de la validez del pagaré para servir
como título de recaudo, pues dicho asunto había sido definido por el juez del
proceso, cuyo pronunciamiento fue reforzado por las ulteriores decisiones de la
Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, de manera que la fuerza de
cosa juzgada que pesaba sobre lo resuelto era incuestionable.
Mal pueden los jueces penales, bajo
la excusa de que las alegadas inconsistencias del pagaré propician el
restablecimiento del derecho del deudor, enervar lo que años atrás fue resuelto
por la autoridad competente.
Dado ese contexto, es diáfano que la
providencia del 13 de junio de 2016, por medio de la cual el Juzgado 4º Penal
del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla confirmó la del 27 de
julio de 2015, pronunciada por el Juzgado 1º Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de la misma ciudad, está incursa en un defecto sustantivo,
en tanto dichas autoridades desconocieron que el asunto de la legitimidad del
pagaré para servir como título de recaudo ya había sido decidido con fuerza de
cosa juzgada por el juez natural de la causa –que lo era el juez del proceso
ejecutivo−, además de que fue objeto de pronunciamiento por parte de los
órganos de cierre de las jurisdicciones ordinaria y constitucional; vicio que
repercute en las decisiones del 14 y 15 de junio de 2016 dictadas por la Fiscal
50 Seccional para cumplir lo ordenado por los jueces accionados.
Basta el anterior hallazgo para
comprobar que las decisiones adoptadas por las autoridades demandadas quebrantaron
los derechos constitucionales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia (en su dimensión de tutela judicial efectiva) de los que es titular
el Banco de Bogotá, por lo cual se impone que la justicia constitucional adopte
las medidas pertinentes para hacer cesar la vulneración iusfundamental
constatada.
7.2.2. Conclusión y decisión a
adoptar
Lo expuesto conduce a la Sala a
concluir que en el caso bajo estudio se encuentra acreditado un defecto sustantivo
que habilita la acción de tutela contra providencia judicial. Comprobado esto,
es imperativo para la Corte Constitucional adoptar las providencias necesarias
para enderezar la situación antijurídica advertida, a fin de asegurar la
vigencia de las garantías iusfundamentales, en particular, del derecho al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia que se vieron
conculcados a causa de la irregularidad enunciada.
Como corolario de lo expuesto, la Sala Octava de
Revisión concederá el amparo de los derechos invocados, dejará sin efectos el
auto del 13 de junio de 2016, proferido por el Juzgado 4º Penal del Circuito
con Función de Conocimiento de Barranquilla, por el cual se confirmó el del 27
de julio de 2015, dictado por el Juzgado 1º Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de la misma ciudad, así como los oficios 383 y 386
expedidos con sustento en dicha providencia por la Fiscalía 50 Seccional Unidad
de Patrimonio, ordenando al Juzgado 4º Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Barranquilla que proceda a emitir un nuevo pronunciamiento en torno a la
solicitud de restablecimiento del derecho a que se alude, atendiendo a las
consideraciones y fundamentos expuestos en esta sentencia, y muy especialmente
al suceso de la cosa juzgada surgida del pronunciamiento que realizó el juez
competente acerca de la validez del pagaré; decisión que, en todo caso, no
podrá consistir en la invalidación de la sentencia ejecutiva dictada el 5
agosto de 1997 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla, ni en la cesación del proceso ejecutivo.
Adicionalmente, se ordenará al Juez
2º de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla, quien conoce del proceso
ejecutivo del Banco de Bogotá contra el señor Iván Tarud María, Dislicores Ltda. y
Construcciones Los Sauces Ltda., que, en el término de cuarenta y ocho horas
siguiente a la notificación de esta sentencia, adopte las providencias que
correspondan para proseguir con la ejecución, con la advertencia de que, en lo
que resta de la instrucción, deberá hacer uso de los poderes correccionales de
los que está investido conforme al artículo 44 del Código General del Proceso
para sancionar las conductas dilatorias de las partes y los apoderados a causa
de las cuales el proceso se ha prolongado por casi tres décadas.
4. Síntesis de la decisión
En la presente oportunidad la Corte
ha examinado el caso de una medida de restablecimiento del derecho proferida en
el marco de una investigación penal, que consistió en ordenar el cese de la
ejecución en etapa de remate del proceso promovido por el Banco de Bogotá
contra el ciudadano Iván Tarud María, Dislicores Ltda. y Construcciones Los Sauces Ltda., con el consecuente
levantamiento de las medidas cautelares decretadas, la entrega de los bienes
embargados y la apertura del incidente de costas, en beneficio de uno de los
deudores que alegaba la falsedad del título de recaudo y en detrimento de los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del
acreedor.
Para abordar el estudio de la controversia,
la Sala estimó necesario repasar sobre la doctrina constitucional en torno a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Asimismo, se llevó a cabo un análisis
detenido sobre la fundamentación y el alcance de la figura de restablecimiento
de los derechos, y se estableció que además de la obligación resarcitoria en
cabeza del autor del delito frente al perjudicado, el Estado está llamado a
garantizar los derechos de las víctimas de las conductas punibles, de acuerdo
con los fines del proceso penal que fija la Constitución y con los principios
rectores del procedimiento. En este contexto aclaró que, aunque el ordenamiento
dota de amplias facultades a los funcionarios judiciales y prevé varios
dispositivos jurídicos enderezados al restablecimiento de los derechos de las
víctimas, lo cierto es que esta función debe cumplirse dentro de un justo marco
de respeto por el debido proceso y con arreglo al principio de
proporcionalidad, para que las decisiones así proferidas gocen de validez
constitucional.
Con el panorama ofrecido por las
anteriores consideraciones, la Sala de Revisión constató que las providencias
dictadas por los funcionarios acusados incurrieron en un defecto sustantivo
constitutivo de causal específica de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, relacionado con el desconocimiento de los principios
de cosa juzgada y juez natural respecto de la validez del título ejecutivo,
razón por la cual resultaba imperiosa la intervención de la justicia
constitucional en aras de garantizar los derechos fundamentales del accionante.
A partir de los anteriores hallazgos,
la Corte concluye que es procedente tutelar los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia invocados por el Banco de Bogotá y, en
consecuencia, despojar de efectos las decisiones de restablecimiento del
derecho censuradas mediante la acción de tutela, así como ordenar que, sin más
dilaciones, prosiga la ejecución.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR las sentencias del 29 de septiembre de 2016 y del 2
de agosto de 2016, proferidas por la Corte Suprema de Justicia –Sala de
Casación Penal– y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla –Sala de Decisión Penal–, respectivamente, que declararon
improcedente en segunda y primera instancia la acción de tutela, para, en su
lugar, CONCEDER el amparo de los derechos al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, invocados por el Banco de Bogotá frente al
Juzgado 1º Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla,
al Juzgado 4º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla y
a la Fiscalía 50 Seccional Unidad de Patrimonio Económico de la misma ciudad.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 13 de junio de 2016, proferido
por el Juzgado 4º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Barranquilla, por el cual se confirmó el del 27 de julio de 2015, dictado por
el Juzgado 1º Penal Municipal con Función de Control de Garantías de la misma
ciudad, así como los oficios 383 y 386 de 14 y 15 de junio de 2016,
respectivamente, expedidos por la Fiscalía 50 Seccional Unidad de Patrimonio de
Barranquilla, en el marco del trámite de restablecimiento del derecho promovido
por el señor Iván Tarud María.
Tercero.- ORDENAR al Juzgado 4º Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Barranquilla que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguiente a la notificación
de esta sentencia, emita un nuevo pronunciamiento en torno a la solicitud de
restablecimiento del derecho a que se alude, atendiendo a las consideraciones y
fundamentos expuestos en la parte motiva; decisión que, en todo caso, no podrá
consistir en la invalidación de la sentencia ejecutiva dictada el 5 agosto de
1997 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, ni en la cesación del proceso ejecutivo que actualmente se
tramita ante el Juzgado 2º de
Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla, promovido por el Banco de Bogotá contra el señor Iván Tarud María, Dislicores Ltda. y Construcciones Los
Sauces Ltda.
Cuarto.- ORDENAR al Juzgado 2º de
Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla, que conoce del proceso ejecutivo indicado
en el ordinal tercero, que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguiente a
la notificación de esta sentencia, adopte las providencias que correspondan
para proseguir con la ejecución, con la advertencia de que, en lo que resta de
la instrucción, deberá hacer uso de los poderes correccionales de los que está
investido conforme al artículo 44 del Código General del Proceso para sancionar
las conductas dilatorias de las partes y los apoderados a causa de las cuales
el proceso se ha prolongado por casi tres décadas.
Quinto.- Por Secretaría General, LÍBRENSE
las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con aclaración de
voto
JOSÉ ANTONIO CEPEDA
AMARÍS
Magistrado (e)
HERNÁN CORREA CARDOZO
Magistrado (e)
Con aclaración de
voto
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (e)
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALBERTO ROJAS RIOS
A LA SENTENCIA T-258/17
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Se consumó un defecto fáctico en doble vía,
tanto en su dimensión positiva como en su dimensión negativa (Aclaración de
voto)
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Decisión sin motivación como criterio
específico de procedibilidad (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente T-5.824.352
Acción de tutela presentada por el Banco de Bogotá
S.A. en contra del Juzgado 1º Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Barranquilla, del Juzgado 4º Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Barranquilla y de la Fiscalía 50 Seccional Unidad de Patrimonio
Económico de Barranquilla
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Con todo respeto por la decisión de la Sala Octava de
Revisión, aclaro el voto en relación con lo resuelto en el expediente de la
referencia porque considero que la vulneración del derecho al debido proceso al
Banco de Bogotá que se examinó en la sentencia T-258 de 2017, fue más allá del
mero defecto sustantivo por desconocimiento del principio de cosa
juzgada.
En mi criterio, en el sub júdice se
configuraron otros defectos constitutivos de causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que
viciaban las decisiones de restablecimiento del derecho adoptadas por las
autoridades accionadas, relacionados con la carencia de apoyo probatorio para dar por
demostrada una conducta punible que habilitara la medida resarcitoria, y con la
falta de fundamento jurídico para disponer la terminación del proceso. Paso enseguida
a exponer los argumentos que sustentan esta postura:
1. Sobre la configuración de un defecto
fáctico
Recientemente[84],
la Sala Plena de esta Corporación desarrolló el defecto fáctico como causal de
procedencia contra providencias judiciales:
“[E]l defecto fáctico se
produce cuando el juez toma una decisión sin que los hechos del caso se
subsuman adecuadamente en el supuesto que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las pruebas; de una
valoración irrazonable de las mismas; de la suposición de una prueba, o del
otorgamiento de un alcance contraevidente de los medios probatorios.
“El defecto fáctico puede
configurarse tanto en una dimensión positiva, que comprende los supuestos de
una valoración por completo equivocada, o en la fundamentación de una decisión
en una prueba no apta para ello, como en una dimensión negativa, es decir, por
la omisión en la valoración de una prueba determinante o en el decreto de
pruebas de carácter esencial. Sobre las dimensiones del defecto fáctico, en la
Sentencia SU-447 de 2011, la Corte precisó que: se estructura de forma (i)
negativa, ‘cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria,
irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por [no]
probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez’; y, (ii) una positiva, que se configura ‘cuando el juez aprecia
pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada
que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución’.”
Tal como quedó establecido en las
consideraciones de la sentencia T-258 de 2017, para dictar una medida de
restablecimiento del derecho es requisito sine qua non que el
funcionario judicial encuentre probada la existencia del delito,
independientemente de la responsabilidad penal o del momento procesal en que se
hallen las diligencias, por lo cual podría examinarse la procedencia de la
protección aun cuando haya operado la prescripción o no se haya logrado la
judicialización de los autores de la infracción.
El Banco de Bogotá adujo que las
autoridades accionadas carecían de apoyo probatorio para dar por probada una
conducta ilícita que enervara la legitimidad del pagaré, pues semejante
conclusión resultó de otorgarle mérito a unos peritajes contables que no fueron
incorporados al caudal probatorio del trámite de restablecimiento del derecho,
ya que los mismos hacían parte de los expedientes contentivos de los procesos
penales seguidos contra los funcionarios del banco.
Ahora bien: lo que motivó la decisión del
Juzgado 4º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla fue
su “convencimiento” de que el pagaré objeto de la ejecución contra Iván Tarud había
sido falsificado, pues de ese modo lo hizo constar en sus consideraciones[85]
al señalar que tanto la Fiscalía como el Juzgado 12 de Instrucción Criminal así
lo determinaron al calificar el mérito del sumario, y que a la misma conclusión
arribó la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla cuando condenó al gerente del banco –hay que tener presente que
esta última decisión fue casada por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia–.
En este caso, la ilegitimidad del pagaré,
tanto para efectos del delito de falsedad como para el de fraude procesal, se
hizo consistir en el hecho de que el monto y la fecha de emisión consignados no
se correspondían con la carta de instrucciones dejada por el suscriptor –Iván
Tarud María–. Es claro que no era del resorte de esta Corte emitir juicios
sobre materias puntuales encomendadas a otras autoridades jurisdiccionales,
como lo relativo a la falsedad de un documento que bien puede ventilarse ante
el juez civil ante el cual se aduce el mismo –mediante la tacha– o ante el juez
penal –a fin de castigar a la persona responsable–, en ambos casos previo
agotamiento de los recursos probatorios que permitan dilucidar el asunto.
Vale la pena, sin embargo, echar un
vistazo al precedente sentado por la justicia ordinaria en punto de la
inobservancia de la carta de instrucciones en el diligenciamiento de un título
valor en blanco y sus implicaciones sobre la validez del mismo:
“[L]a inobservancia de las
instrucciones impartidas para llenar los espacios en blanco dejados en un
título valor no acarrea inexorablemente la nulidad o ineficacia del
instrumento, toda vez que de llegar a establecerse que tales autorizaciones no
fueron estrictamente acatadas, la solución que se impone es ajustar el
documento a los términos verdadera y originalmente convenidos entre el
suscriptor y el tenedor, como, verbigracia, reduciendo el importe de la
obligación cartular al valor acordado o acomodando su exigibilidad a la fecha
realmente estipulada.”[86]
En tal sentido, podría pensarse que si la
eventual desatención de la carta de instrucciones dejadas por el suscriptor de
un título valor no tiene la virtualidad suficiente para restarle validez al
instrumento, por lo cual dicha omisión tienen pálidas implicaciones desde el
punto de vista de las obligaciones civiles, a fortiori, resultaría
cuando menos paradójico asignarle a la misma conducta unas consecuencias mucho
más gravosas desde el ámbito del derecho penal que, como es sabido, es ultima
ratio.
Por lo tanto, estimo que resulta bastante
cuestionable aseverar que la controversia que envuelve el pagaré firmado por el
señor Iván Tarud se ajusta a la categoría de delito.
Pero más allá de ello, nótese que la base
para que el Juez 4º Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Barranquilla arribara a la conclusión de que el instrumento era espurio, fueron
simplemente actos intermedios vertidos dentro del proceso penal que se siguió
contra Iván Riveira –gerente del banco–, como la calificación del mérito del
sumario y la sentencia de segunda instancia que fue casada por el órgano de
cierre[87],
ya que los dictámenes periciales contables ni siquiera son tomados en cuenta en
su razonamiento, ni se evidencia que los haya tenido a su disposición como
pruebas susceptibles de ser valoradas en el trámite de restablecimiento (pues a
lo largo del auto dichas experticias apenas si son mencionadas dentro de las
transcripciones de la calificación del mérito del sumario y de la sentencia
penal de segunda instancia), todo lo cual hace languidecer fatalmente la
fundamentación fáctica de la decisión de restablecer los derechos del señor
Iván Tarud.
Además, los dictámenes periciales
contables no fueron objeto de traslado, toda vez que se trata pruebas que se
practicaron en el marco de procesos penales contra los representantes del banco
como personas naturales. Hay que recordar que la responsabilidad penal es
individual (por eso el autor del delito no podría ser la entidad bancaria, como
lo sugería el señor Tarud) y en esa medida dichas experticias no estuvieron al
alcance del sujeto jurídico independiente que es el banco, porque no fueron
incorporadas a las diligencias en las que este sí era parte y estaba facultado
para actuar, lo cual no podía predicarse respecto de aquellos procesos penales.
En adición a lo anterior, es preciso poner
de relieve que, contrario a las acomodadas interpretaciones del señor Tarud y
su mandatario, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, en la sentencia
del 24 de agosto de 1993 –cuando absolvió a Iván Riveira–, jamás aseguró que se
hubiera configurado un delito. Se ratifica aquí lo indicado ut supra en
cuanto a que lo que sirvió de sustento para que los accionados ordenaran en
primera y en segunda instancias el restablecimiento del derecho a favor de Iván
Tarud fueron algunas actuaciones del proceso penal que culminó con la
mencionada sentencia absolutoria en sede de casación, en la medida en que para
el órgano de cierre los dictámenes periciales contables no prestaron mérito
para que a partir de ellos se predicara la comisión de un acto punible por
parte de Iván Riveira, aspectos que ponen tanto en entredicho la materialidad
de una conducta típica, como el hecho de que las investigaciones contra José
Joaquín Díaz hubiesen concluido con decisiones de preclusión.
Emergía de lo expuesto que, a efectos de
disponer el restablecimiento del derecho, los funcionarios judiciales
accionados no podían dar por demostrada la materialidad del delito y arrogarse
la competencia de determinar la falsedad con base en aquellas incipientes
actuaciones, cuando hay otras con carácter definitivo que las desvirtúan.
Por lo tanto, la sentencia T-258 de 2017
debió señalar que en las decisiones censuradas se consumó un defecto fáctico
en doble vía, tanto en su dimensión positiva como en su dimensión negativa: por
una parte, se les otorgó valor a unos dictámenes respecto de los cuales no se
cumplió la inmediación de la prueba, pues los jueces del restablecimiento del
derecho no los tuvieron a su disposición y, por lo tanto, no eran susceptibles
de valoración por no haber sido incorporados debidamente al trámite; y, a la
vez se dedujo un hecho –la existencia del delito que habilita la medida de
restablecimiento del derecho– de unos actos procesales intermedios que más
tarde fueron desvirtuados por la Sala de Casación Penal de Corte Suprema de
Justicia y por la Fiscalía, mediante las decisiones de absolución de Iván
Riveira y de preclusión a favor de José Joaquín Díaz, respectivamente.
2. Sobre la configuración de una decisión
sin motivación
Siguiendo la jurisprudencia de la
Corporación sobre causales específicas de procedencia de la acción de tutela[88],
el defecto de decisión sin
motivación se caracteriza
de la siguiente manera:
“(…) [L]a motivación
suficiente de una decisión judicial es un asunto que corresponde analizar en
cada caso concreto. Ciertamente, las divergencias respecto de lo que para dos
intérpretes opuestos puede constituir una motivación adecuada no encuentra
respuesta en ninguna regla de derecho. Además, en virtud del principio de
autonomía del funcionario judicial, la regla básica de interpretación obliga a
considerar que sólo en aquellos casos en que la argumentación es decididamente
defectuosa, abiertamente insuficiente o, en últimas, inexistente, puede el juez
de tutela intervenir en la decisión judicial para revocar el fallo infundado.
En esos términos, la Corte reconoce que la competencia del juez de tutela se
activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación
decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es
decir, en una arbitrariedad.”
El banco accionante sostuvo que no se
reúnen los supuestos necesarios para la decisión de restablecimiento del
derecho reclamado por el señor Iván Tarud María, como quiera que no existía
algún proceso penal en curso, y en razón a que los alcances, efectos y
contenido de las decisiones censuradas sobrepasan el ámbito de las facultades
de los funcionarios que las dictaron.
Primeramente, puede afirmarse que la
decisión de restablecimiento del derecho, al margen de su contenido, estuvo
precedida de un procedimiento, pues se llevaron a cabo dos audiencias
preliminares en las que se garantizó la intervención del afectado, esto es, del
Banco de Bogotá –contrario a lo alegado en el escrito genitor–, el cual
presentó sus argumentos e hizo uso de los recursos a través de sus apoderados
judiciales, quienes manifestaron actuar en nombre del banco, tal como se
constata en las grabaciones de las diligencias. En lo que sí le asistía razón
al tutelante es en cuestionar la legalidad de las medidas de restablecimiento
del derecho, toda vez que el funcionario judicial solo podía adoptar aquellas
contempladas en el ordenamiento jurídico y debían cumplirse unas condiciones
mínimas para que fuera procedente una decisión en ese sentido.
De acuerdo con lo resuelto en la
sentencia, es claro que los accionados no podían pronunciarse sobre la validez
el título valor que obra en el proceso ejecutivo, en razón a que ese punto
había sido decidido con anterioridad. Pero conviene diferenciar este aspecto de
su competencia genérica para adoptar medidas de restablecimiento del derecho en
favor de las víctimas de delitos, para lo cual sí están autorizados en virtud
de la Constitución y la ley.
Haciendo abstracción, por un momento, de
que los accionados no podían pasar por alto los principios de cosa juzgada y de
juez natural por cuanto el aspecto de fondo ya había sido dirimido
judicialmente en el escenario pertinente, así como en cuanto a la carencia de
sustento probatorio sobre la configuración de una conducta punible, cabría
preguntarse válidamente si, en caso de que la cuestión no hubiera sido resuelta
por autoridad competente y de haberse comprobado el punible, habría podido el
fiscal o los jueces de restablecimiento del derecho adoptar la medida de cesar
la ejecución en los términos en que lo hicieron.
En el extenso auto del 13 de junio de 2016
proferido por el Juzgado 4º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Barranquilla se echan de menos los fundamentos legales de la medida ordenada.
Dicha autoridad se limitó a indicar que, dentro de las 24 horas siguientes a la
notificación de dicha providencia, la Fiscalía 50 Seccional debía “adoptar e
impartir de manera concreta las medidas pertinentes para obtener el
restablecimiento de los derechos del accionante, en ejercicio de las funciones
y potestades que constitucionalmente le fueron asignadas”, y que el Juzgado
de Ejecución Civil donde reposa el proceso ejecutivo debía acatar lo dispuesto
por el ente persecutor en un término igual, “de manera que cesen de
inmediato los actos perturbatorios de los derechos fundamentales del
accionante, quien ahora goza de la protección del juez constitucional”
[89].
Seguidamente, señaló que “En otras palabras, corresponde a la Fiscalía 50 de
la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico impartir la orden de
invalidar la sentencia ejecutiva emitida en contra del actor, y al Juzgado 1º
de Ejecución Civil acatar tal determinación (…)”.
Sin embargo, en ninguna parte del referido
auto el juzgado accionado expresó cuál norma contemplaba la posibilidad de
ordenar la terminación del proceso ejecutivo en tales condiciones, por lo que
incurrió así en una falta de motivación que, por sí sola, también constituía
una causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales que, a mi juicio, debió ser reconocida por la Sala Octava de
Revisión en la sentencia T-258 de 2017.
Una vez más, es pertinente recurrir a los
pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, ahora para reiterar que las
medidas de restablecimiento del derecho deben tener un respaldo legal:
“[El] restablecimiento del derecho,
lejos está de constituir una especie de carta blanca que habilite a los
funcionarios judiciales para adoptar medidas arbitrarias e inconsultas y, sobre
todo, sin ningún tipo de soporte dentro del ordenamiento legal.
“(…) [E]n aras de garantizar el
restablecimiento del derecho, los jueces y fiscales pueden adoptar las medidas
que estimen pertinentes, pero siempre y cuando estas tengan algún soporte legal
y en su aplicación y práctica se acaten todos y cada uno de los formalismos que
al efecto consagre la ley reguladora de las mismas.
“Esto, debe reiterarse, porque el restablecimiento
del derecho no comporta textura abierta e indeterminada de un lado, y demanda
siempre de la preservación de mínimos de respeto a derechos fundamentales, del
otro, para que no suceda, como aquí se advierte ostensible, que so pretexto de
su aplicación sea el mero capricho o arbitrariedad del funcionario, los
factores que gobiernan la decisión o medida tomadas.”[90]
Mal podría afirmarse que la medida ordenada
por el Juzgado 4º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Barranquilla se funda en la posibilidad de ordenar la cancelación de títulos y
registros prevista en el artículo 101 del Código de Procedimiento Penal, pues
es diáfano que dicha medida sólo puede recaer sobre los instrumentos obtenidos
fraudulentamente, que no es el caso del pagaré suscrito por el señor Iván
Tarud, pues él mismo admite que el título fue firmado por él y dado al Banco de
Bogotá como contragarantía sin mediar vicio en su consentimiento, ya que su
descontento se contrae a la suma y la fecha consignadas al diligenciar los
espacios en blanco.
Como ya lo ha señalado la Corte
Constitucional, la medida consistente en ordenar la cancelación de los títulos
y del registro respectivo de los bienes sometidos a esta formalidad, así como
la cancelación de los títulos valores, y el consecuente deber de poner en
conocimiento tal circunstancia ante las autoridades donde se adelanten
actuaciones con base en los títulos espurios “atiende de modo consubstancial
al deber de administrar justicia en todos sus órdenes y de lograr la restitución
de los bienes objeto del hecho punible al estado anterior, cuando la
adquisición de ellos, y aún por un tercero, sea producto del ilícito, siempre
que procesalmente se demuestre la tipicidad del hecho punible, o lo que es
lo mismo, que se demuestre procesalmente su ocurrencia y que esta afecte la
legalidad del título o del registro.” [91] (se subraya)
Además, si, en gracia de discusión, se
hubiera tratado de la cancelación de títulos y registros –lo cual, se insiste,
no pudo ser, porque el pagaré no fue obtenido fraudulentamente–, cuando dicha
determinación es adoptada de manera anticipada, esto es, en un momento del
proceso distinto al fallo de mérito, debe entenderse que se trata de una medida
preventiva o cautelar, por lo que sólo podrá adquirir firmeza con una decisión
definitiva por parte del juez, como cuando se elucida en sentencia la
responsabilidad penal del implicado.
Ello guarda relación con las precisiones de
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre la competencia
para dictar medidas de restablecimiento del derecho, pues una determinación tan
categórica como la terminación definitiva de un proceso sólo podría adoptarse
por el juez que resuelva de fondo y de forma definitiva la causa penal –así no
sea en sentencia–, lo cual no sucede en el sub júdice, de modo que por
esta vía incluso se llegaría a incursionar en un defecto orgánico.
Así, al abstenerse los funcionarios
accionados de soportar la medida decretada en una norma del ordenamiento
jurídico, rebasaron el margen de discrecionalidad del que disponen y ejecutaron
una acción que, de lejos, excede la facultades que les entrega la Constitución
y la ley, haciendo tránsito a la arbitrariedad, habida cuenta de que lo
decidido no se aviene a ninguna cláusula del legislador, en detrimento de los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del
Banco de Bogotá.
Bajo la anterior panorámica se revelaba que
las providencias censuradas adolecían también del defecto calificado por la
jurisprudencia como decisión sin motivación, habida cuenta de que, como se expuso en la sentencia, la figura
del restablecimiento del derecho está rodeada de mecanismos orientados a hacer
efectiva la reparación de la víctima del ilícito –por lo cual posee un carácter
ciertamente dúctil–, pero esto no debe confundirse con anarquía y desafuero por
parte de los servidores judiciales, pues sus determinaciones deben contar con
un respaldo legal para gozar de legitimidad.
3. Sobre la falta de proporcionalidad
de la medida de restablecimiento
De acuerdo con las reglas señaladas en la
sentencia T-258 de 2017, al no existir certeza sobre la ocurrencia de un delito
ni sobre la legalidad de la fórmula planteada por las autoridades accionadas,
la posibilidad de efectuar un juicio de proporcionalidad se ve truncada.
No obstante, considero que la decisión
consistente en terminar de un tajo el proceso ejecutivo del Banco de Bogotá
contra Iván Tarud María, Dislicores Ltda. y Construcciones Los Sauces Ltda.,
levantar las medidas cautelares decretadas, entregar bienes embargados y abrir
el incidente de costas respectivo, se muestra como una medida desproporcionada,
pues existiendo soluciones menos lesivas en el ordenamiento, como la eventual
posibilidad de ajustar el pagaré a las previsiones de la carta de instrucciones
–tal como lo admite la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema–, se escogió
la medida más aciaga, sin ponderar adecuadamente los derechos que podían verse
comprometidos y auspiciando, inclusive, un enriquecimiento sin justa causa del
señor Iván Tarud María, cuyas obligaciones –reconocidas por él mismo–
desaparecieron instantáneamente gracias a la medida restablecimiento del
derecho.
Por los anteriores motivos, considero que
la Sala debió incorporar en la decisión un análisis más amplio de la validez
constitucional de las medidas de restablecimiento adoptadas por las autoridades
accionadas. Estimo que un estudio que comprendiera los defectos aquí descritos,
habría puesto en evidencia con todo rigor la vulneración del derecho al debido
proceso que dio paso a la tutela invocada por el Banco de Bogotá.
Fecha ut supra,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO (E)
HERNÁN CORREA CARDOZO
A LA SENTENCIA T-258/17
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto sustantivo por desconocimiento del principio de
cosa juzgada (Aclaración de voto)
Con el respeto acostumbrado a las sentencias adoptadas
por la Corte, aclaro mi voto respecto de lo decidido por la Sala Octava de
Revisión en el fallo T-258 de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos).
Concuerdo con el sentido de la decisión, en cuanto
consideró que en el presente caso se incurrió en un defecto sustantivo ante el
desconocimiento de la cosa juzgada, de manera que dentro del trámite de
restablecimiento de derechos resultaba inválido desconocer los efectos del
título ejecutivo, los cuales estaban claramente consolidados.  Por esta razón,
resultaba necesario tutelar los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la entidad financiera demandante.  Esto en razón
a que el asunto relativo a la validez del mencionado título era un asunto
suficientemente dilucidado por la jurisdicción, de manera que reabrir el debate
sobre la materia, además de desconocer el ordenamiento jurídico aplicable,
resultaría particularmente gravoso en términos de preservación de la seguridad
jurídica.
No obstante, considero necesario aclarar mi voto en el
sentido de señalar que las demás consideraciones planteadas en la sentencia, en
particular aquellas que se dirigen a cuestionar las omisiones en que incurrió
el deudor, no eran pertinentes ni necesarias para resolver el asunto planteado.
En contrario, advierto que una decisión mucho más simple y precisa debía
restringirse al análisis sobre el desconocimiento del instituto jurídico de la
cosa juzgada.
En ese sentido, advierto que una decisión así
circunscrita, se mostraría más compatible tanto con el sentido del fallo, como
con la naturaleza esencialmente limitada de la acción de tutela contra
decisiones judiciales.  Sobre este aspecto, considero crucial resaltar que la
función del juez constitucional en este escenario radica exclusivamente en la
comprobación acerca de la existencia de los vicios que la jurisprudencia de la
Corte ha identificado como afectaciones significativas del debido proceso y del
acceso a la administración de justicia, que por su gravedad implican la
invalidez de lo fallado.  Cuestiones adicionales a esta comprobación, en
especial aquellas que apuntan a indagar sobre la corrección de la sentencia,
exceden el ámbito propio de la acción de tutela contra decisiones judiciales y,
en cambio, deben en toda circunstancia deferirse a la órbita propia de los
jueces ordinarios.
Fecha ut supra,
HERNÁN CORREA CARDOZO
Magistrado (E)
[1]
Sentencia T-022 de 2005, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra
[2] Ver sentencia del 30 de junio de 1994, proferida por el Juzgado 7º
Civil del Circuito de Barranquilla dentro del proceso ejecutivo de mayor
cuantía promovido por el Banco de Bogotá en contra de las sociedades Dislicores
Ltda. Distil e Inversiones y Construcciones Los Sauces – Incolsa Ltda., y
contra el señor Iván Tarud María. –Cfr. fol. 417 cuad. 2 −
[3] Sentencia del 24 de agosto de 1993, M.P.: Jorge Enrique Valencia M.
Radicación No. 7399. Gaceta Judicial No. 2466, p. 624
[4]
Íb. p. 626-628
[5]
Íb. p. 639-650
[6] “ARTÍCULO 292. Sanciones al impugnante vencido. Cuando la
tacha de falsedad se decida en contra de quien la propuso, se condenará a éste
a pagar a quien aportó el documento, el valor del veinte por ciento del monto
de las obligaciones contenidas en él; o de diez a veinte salarios mínimos
mensuales cuando no represente un valor económico. Igual sanción se aplicará a
la parte que adujo el documento, a favor de la que probó la tacha.
Cuando el apoderado judicial formule la tacha sin autorización
escrita de su mandante, será solidariamente responsable del pago de la suma a
que se refiere el inciso anterior y de las costas.”
[7] “ARTÍCULO 394. Multas. Todas las multas establecidas en este
código serán impuestas a favor de la entidad que señale la ley, y son exigibles
desde la ejecutoria de la providencia que las imponga, la cual es inapelable.
El juez deberá enviar inmediatamente a dicha entidad copia auténtica de la
providencia o resolución que impuso la multa, con constancia de haber quedado
en firme, la cual prestará mérito ejecutivo para su cobro por jurisdicción
coactiva.”
[8] Cfr. fols. 426 y 427 cuad. 2
[9] Cfr. fol. 118 cuad. 1
[10] “ARTÍCULO 784. Excepciones de la acción cambiaria. Contra la
acción cambiaria sólo podrán oponerse las siguientes excepciones:
1) Las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien
suscribió el título;
2) La incapacidad del demandado al suscribir el título;
3) Las de falta de representación o de poder bastante de quien haya
suscrito el título a nombre del demandado;
4) Las fundadas en la omisión de los requisitos que el título deba
contener y que la ley no supla expresamente;
5) La alteración del texto del título, sin perjuicio de lo dispuesto
respecto de los signatarios posteriores a la alteración;
6) Las relativas a la no negociabilidad del título;
7) Las que se funden en quitas o en pago total o parcial, siempre
que consten en el título;
8) Las que se funden en la consignación del importe del título
conforme a la ley o en el depósito del mismo importe hecho en los términos de
este Título;
9) Las que se funden en la cancelación judicial del título o en
orden judicial de suspender su pago, proferida como se prevé en este Título;
10) Las de prescripción o caducidad, y las que se basen en la falta
de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción;
11) Las que se deriven de la falta de entrega del título o de la
entrega sin intención de hacerlo negociable, contra quien no sea tenedor de
buena fe;
12) Las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación
o transferencia del título, contra el demandante que haya sido parte en el
respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de
buena fe exenta de culpa, y
13) Las demás personales que pudiere oponer el demandado contra el
actor.”
[11] Cfr. fols. 231-234 cuad. 2
[12] Según las actuaciones reseñadas por el Juzgado 4º Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, en relación con el
señor José Joaquín Díaz Perilla “se dictó resolución de preclusión de la
investigación del 31 de octubre de 2001 por la Fiscalía 159 Delegada ante los
Juzgados Penales del Circuito de la Unidad Séptima de Delitos contra la Fe
Pública y el Patrimonio Económico de Bogotá (…), así como también
resolución de preclusión el 24 de octubre de 2006 por la Fiscalía 37 Delegada
de la Unidad de Patrimonio Económico (…), confirmada por la Fiscalía 1ª
Delegada ante la Sala Penal del Tribunal Superior el 2 de septiembre de 2006”
[13] M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra
[14] Tal como lo reconoce el propio apoderado del señor Iván Tarud en la
audiencia que tuvo lugar el 27 de julio de 2015 ante el Juzgado 1º Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla.
[15] Cfr. fols. 237-239 cuad. 1
[16] Cfr. fols. 247 y 248 cuad. 1
[17] Cfr. fols. 249 y 250 cuad. 1
[18] Cfr. fols. 253-267 íbidem
[19] Cfr. fol. 259 cuad. 1
[20] Cfr. fol. 264 cuad. 1
[21] Cfr. fols. 268-265 cuad. 1
[22] Cfr. fol. 269 íbidem
[23] Ibídem.
[24] El memorial de defensa data del 26 de julio de 2016.
[25] Cfr. fol. 270 íb.
[26] Cfr. fol. 83 vto. cuad. 1
[27] Cfr. fol. 373 cuad. 1
[28] Cfr. fol. 274 íb.
[29] Cfr. fol. 386 íb.
[30] Cfr. fol. 384 y 385 íb.
[31] Cfr. fols. 60-71 cuad. 2
[32] Cfr. fol. 61 íb.
[33] Cfr. fol. 62 cuad. 2
[34] Cfr. fol. 64 cuad. 2
[35] Cfr. fol. 108 cuad. 2
[36] Cfr. fols. 471 a 493 cuad. 2
[37] Cfr. fols. 498 a 506 cuad. 2
[38] Cfr. fols. 3 a 18 cuad. 3
[39] Cfr. fols. 20 a 40 cuad. 3
[40] Cfr. fols. 22 a 28 cuad. de revisión
[41] Sentencia T-515 de 2016, M.P.:María Victoria Calle Correa
[42] Sentencia T-255 de 2015, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva
[43] Sentencia T-549 de 2015, M.P.: Myriam Ávila Roldán
[44] M.P. Jaime Córdoba Triviño
[45] Sentencia T-078 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo
[46] Sentencia T-064 de 2016, M.P.: Alberto Rojas Ríos
[47] PETIT, Eugène. Tratado Elemental de Derecho Romano.
Editorial Porrúa, México, 2007. p. 315
[48] Op. cit. p. 454-455
[49] Código Civil. “ARTÍCULO 1494. FUENTE DE LAS OBLIGACIONES. Las
obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más
personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la
persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en
todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido
injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por disposición
de la ley, como entre los padres y los hijos de familia.”
[50] Código Civil. “ARTÍCULO 2341. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. El
que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a
la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la
culpa o el delito cometido.”
[51] Código Penal. “ARTÍCULO 94. Reparación del daño. La conducta
punible origina obligación de reparar los daños materiales y morales causados
con ocasión de aquella.”
[52] Modificado por el Acto Legislativo 3 de 2002.
[53] PARRA ARCHILA, María Victoria. Restablecimiento del derecho en el
proceso penal. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 1996. p. 18-19
[54] Sentencia C-1149 de 2001 M.P.: Jaime Araujo Rentería
[55] “ARTÍCULO TRANSITORIO 5. Revístese al Presidente de la República de
precisas facultades extraordinarias para:
a) Expedir las normas que organicen la Fiscalía General y las normas
de procedimiento penal; (…)”
[56] En las sentencias C-775 de 2003, M.P.: Jaime Araujo Rentería y
C-839 de 2013, M.P.: Jorge Pretelt Chaljub se hace un prolijo inventario de los
instrumentos de Derecho Internacional relativos a la defensa del derecho a
obtener reparación por el daño padecido y a los derechos de que son titulares
las víctimas.
[57] Sentencia C-228 de 2001, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa y.
Eduardo Montealegre Lynett
[58] Artículo 97 de la Ley 906 de 2004.
[59] Artículo 99 de la Ley 906 de 2004.
[60] Artículo 101 de la Ley 906 de 2004.
[61] Sentencia C-775 de 2003, M.P.: Jaime Araujo Rentería
[62] Artículo 25 de la Ley 906 de 2004.
[63] PARRA ARCHILA, Op. cit. p. 31
[64] Sentencia C-060 de 2008, M.P.: Nilson Pinilla Pinilla
[65] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 28 de
noviembre de 2012, Definición de competencia No. 40246. M.S.: José Luis Barceló
Camacho
[66] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 10
de junio de 2009, Proceso No. 22881. M.P.: Alfredo Gómez Quintero
[67] Sentencia T-546 de 2002, M.P.: Eduardo Montealegre Lynett
[68] Sentencia T-546 de 2002, M.P.: Eduardo Montealegre Lynett
[69] Sentencia C-775 de 2003, M.P.: Jaime Araujo Rentería
[70] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 28 de
noviembre de 2012, Definición de competencia No. 40246. M.S.: José Luis Barceló
Camacho
[71] Sentencia T-666 de 2015, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado
[72] Cfr. fol. 83 vto. cuad. 1
[73] Cfr. fols. 276, 372 y 373 cuad. 1
[74] Cfr. fols.27 y 222 cuad. 1
[75] Sentencia SU-195 de 2012, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio
[76] Sentencia C-774 de 2001, M.P.: Rodrigo Escobar Gil
[77] “ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior,
se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la
asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación
y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del
debido proceso.” (se subraya)
[78] LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Parte Especial.
Tomo II. Octava Edición. Dupré Editores, Bogotá, 2004. p. 489 a 491
[79] Cfr. fol. 417 cuad. 2
[80] Cfr. fol. 421 cuad. 2
[81] Cfr. fol. 426 cuad. 2
[82] Artículo 228 de la Constitución
[83] Cons. YMAZ, Esteban. “La esencia de la cosa juzgada y otros
ensayos”. Ediciones Arayú, Buenos Aires, 1954. p. 47-48
[84] Sentencia SU-210 de 2017, M.P.: José Antonio Cepeda Amarís
[85] Cfr. fol. 341 cuad. 1
[86] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 8
de septiembre de 2005, Expediente No. 2005-769-01. M.P.: César Julio Valencia
Copete. Reiterada en las sentencias de 17 de marzo de 2011, Expediente No.
2011-456-00, M.P.: William Námen Vargas; 28 de enero de 2016, Expediente No.
2016-73-00, M.P.: Ariel Salazar Ramírez; y 15 de septiembre de 2016, Expediente
No. 2016-232-01, M.P.: Ariel Salazar Ramírez.
[87] Sobre el particular, en el auto del 13 de junio de 2016, el Juzgado
4º Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla señaló:
“El
Despacho advierte que, en efecto, si bien es cierto que la Corte Suprema de
Justicia, Sala Penal, en la sentencia de 24 de agosto de 1993 no declaró la
responsabilidad penal por el delito de falsedad en documento privado y del
punible de fraude procesal del que fue sindicado el señor Iván Riveira Acosta
Madiedo, y se dictó resolución de preclusión de la investigación del 31 de
octubre de 2001 por la Fiscalía 159 Delgada ante los Juzgados Penales del
Circuito de la Unidad Séptima de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio
Económico de Bogotá a favor del señor José Joaquín Díaz Perilla, representante
legal del Banco de Bogotá, así como también resolución de preclusión el 24 de
octubre de 2006 por la Fiscalía Treinta y Siete Delegada de la Unidad de
Patrimonio Económico a favor de JOSÉ JOAQUÍN DÍAZ PERILLA, que fuere confirmada
por la Fiscalía Primera Delegada ante la Sala Penal del Tribunal Superior el 2
de septiembre de 2006, no menos lo es que en los pronunciamientos que hizo
la Fiscalía cuando calificó el mérito del sumario y el Tribunal Superior de
Barranquilla, Sala Penal, cuando dictó sentencia de segunda instancia,
establecieron que el pagaré aducido como título para iniciar el proceso
ejecutivo singular contenía una falsedad dual: (i) la primera relacionada con
su fecha de emisión, y (ii) la segunda respecto del monto de la obligación
adeudada.”(Se subraya)
[88] Sentencia T-233 de 2007, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra
[89] Cfr. fols. 369 y 370 cuad. 1
[90] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 15
de febrero de 2012, Proceso No. 36607. M.P.: Sigifredo Espinosa Pérez
[91] Sentencia C-245 de 1993, M.P.: Fabio Morón Díaz