T-106-19
Sentencia T-106/19
DERECHO A LA EDUCACION
SUPERIOR Y DEBIDO PROCESO-Caso en que no se tuvo en cuenta especial situación socio
económica y de movilidad de estudiante para llegar a Universidad
ACCION DE TUTELA CONTRA
PARTICULARES-Procedencia
excepcional
DERECHO DE PETICION-Respuesta debe ser de
fondo, oportuna, congruente y tener notificación efectiva
DERECHO DE PETICION ANTE
PARTICULARES-Reglas
jurisprudenciales
EDUCACION-Derecho y servicio público
con función social
DERECHO
A LA EDUCACION-Componentes
DERECHO A LA EDUCACION-Obligaciones de respeto, protección y
cumplimiento por parte de los distintos actores del sistema educativo
DERECHO A LA EDUCACION-Fundamental tanto para los menores de
edad como para los adultos
DERECHO A LA EDUCACION-Estándares mínimos y obligaciones de
carácter progresivo
DERECHO FUNDAMENTAL A LA
EDUCACION-Reiteración
de jurisprudencia
El derecho a la educación
es fundamental, dado que: (i) es objeto de protección especial del Estado; (ii)
es presupuesto básico de la efectividad de otros derechos fundamentales, como
la escogencia de una profesión u oficio, la igualdad de oportunidades en
materia educativa, la realización personal, el libre desarrollo de la
personalidad, y el trabajo, entre otros; (iii) es uno de los fines esenciales
del Estado Social y Democrático de Derecho; (iv) está comprendido por la
potestad de sus titulares de reclamar el acceso y la permanencia en el sistema
educativo o a uno que permita una “adecuada formación”; y (v) se trata de un
derecho deber que genera obligaciones reciprocas entre todos los actores del
proceso educativo.
AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Límites constitucionales
AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Facultad para expedir reglamentos con
amplio margen de autodeterminación, limitada por el respeto de los derechos
fundamentales y la garantía al debido proceso
DEBIDO PROCESO-Regla de obligatorio cumplimiento para procedimientos
académicos, administrativos o disciplinarios adelantados por instituciones
universitarias a estudiantes
DERECHO A LA EDUCACION
SUPERIOR Y DEBIDO PROCESO-Orden a Universidad de modificar calificación final de
asignatura, de acuerdo con el reporte parcial de calificaciones
Referencia: Expediente
T- 6.961.035
Acción de tutela
instaurada por Jansely Lorena Díaz Muñoz contra la Universidad Manuela Beltrán
Magistrada Ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá, D.C., doce (12)
de marzo de dos mil diecinueve (2019)
La Sala Segunda de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo,
Luis Guillermo Guerrero Pérez y la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de
los fallos dictados en el asunto de la referencia por el Juzgado Setenta y Dos
Civil Municipal de Bogotá, el 27 de junio de 2018 en primera instancia; y el
Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogotá, el 8 de agosto de 2018, en
segunda instancia.
I. ANTECEDENTES
El 14 de junio de 2018, Jansely
Lorena Díaz Muñoz interpuso acción de tutela para que se protejan sus derechos
fundamentales de petición y educación que considera vulnerados por la Universidad
Manuela Beltrán. A continuación la Sala resumirá los hechos narrados por la
accionante:
1. Hechos
1. Jansely Lorena Díaz Muñoz es
estudiante en la Universidad Manuela Beltrán, del programa Ingeniería
Biomédica, al cual ingresó en el año 2014. Señaló que es beneficiaria de un
crédito beca “mejores bachilleres” de la Secretaría de Educación de Bogotá, por
haber obtenido el puesto número 12 a nivel nacional en las pruebas SABER 11 del
año 2013.
2. Sostuvo que para continuar con
ese crédito beca debe mantener un promedio mínimo de 3.5 durante cada semestre
de su carrera y terminarla en el tiempo establecido para que la deuda adquirida
pueda ser condonada. Por ello, aseguró se ha esforzado y comprometido con el
desarrollo de sus estudios, pues no cuenta con los ingresos necesarios para
costear una universidad privada, y el programa que eligió no lo ofrecen las
universidades públicas del país.
3.  Explicó que vive en la zona
rural de Ciudad Bolívar, en la vereda Mochuelo Bajo que limita con la localidad
de Sumapaz. Señaló que debido a esa ubicación, el servicio de transporte público
tiene muchos inconvenientes, pues se trata de un lugar que solo tiene una vía
de acceso a través de la cual circulan volquetas y tráfico pesado, buses
escolares, vehículos particulares y rutas informales; además, aseguró que se
presentan constantes accidentes de tráfico. Todas estas condiciones influyen en
sus trayectos hacia la Universidad, razón por la cual, suele salir con 3 o 4
horas de antelación de su casa para poder cumplir con sus compromisos
académicos. No obstante, en algunas ocasiones no consigue llegar a tiempo a sus
clases.
4. Manifestó que al exponer su
situación a diferentes docentes de la Universidad, pudo llegar a acuerdos para
cumplir con sus actividades académicas, y en algunos casos presentó parciales
en la modalidad de supletorio, todo con el propósito de finalizar sus estudios
y poder graduarse como profesional.
5. Durante el primer semestre de
2018 se encontraba cursando, entre otras, la materia Laboratorio de equipos de
diagnóstico, cuya intensidad es de dos horas semanales. Relató que el 8 de mayo
de ese mismo año llegó 18 minutos tarde a la clase, cuando ingresó al salón el
profesor aún se encontraba llamando a lista pero ya había pasado por su
apellido y, pese a haber asistido a toda la sesión, le fue reportada una
inasistencia. Luego de hablar con el docente y explicarle su situación
particular, le solicitó que cambiara el reporte por una llegada tarde en vez de
inasistencia, pues de lo contrario perdería la materia. El docente le informó
que no podía acceder a su petición y le sugirió hablar con la Directora del
programa de Ingeniería Biomédica. En consecuencia, acudió a dicha autoridad,
quien afirmó que no tenía competencia para atender su caso pues se trataba de
un asunto que debía resolver Bienestar Universitario. No obstante, tras acudir
a dicha instancia tampoco logró que su situación fuera revisada.
6. En vista de lo anterior, el 11
de mayo de 2018 envió una solicitud al Consejo Académico de su facultad,
exponiendo las razones por las cuales había llegado tarde a la clase de
Laboratorio de equipos de diagnóstico, con el fin de que se revisara su caso,
puesto que al perder la materia por inasistencia, se podría ver afectado su
promedio y con ello, perder el crédito beca del que es beneficiaria. Agregó que
sin el crédito beca no podría continuar cursando los dos semestres que le
faltan para completar sus estudios, toda vez que no cuenta con los recursos
económicos para pagar la matrícula y, además, perdería la oportunidad de que le
condonen la deuda adquirida.
7. El 15 de mayo de 2018, la
Directora del Programa de Ingeniería Biomédica, actuando en nombre del Consejo
de la facultad dio respuesta a su solicitud en los siguientes términos:
“El Programa de Ingeniería
Biomédica le informa que su solicitud es NO APROBADA, por el consejo de
la facultad, ya que la solicitud no es procedente en esta instancia, queda
constancia en el acta N° 20, realizada el día 11 de Mayo de 2018 de acuerdo a
lo establecido en el Reglamento de Derechos y Deberes, Artículo 21.”[1]
8. El 17 de mayo siguiente
solicitó al Consejo Académico de la Universidad que revisara la decisión antes
reseñada, exponiendo nuevamente sus circunstancias personales, y reiterando que
varias de las inasistencias que le fueron reportadas en la asignatura en
comento fueron realmente llegadas tarde.
9. El Secretario General del
Consejo Académico de la Universidad respondió el 24 de mayo de 2018 lo
siguiente:
“Que una vez analizado y hecho
el estudio previo del caso, RATIFICA la decisión tomada en primera
instancia por el Consejo de Facultad; por lo tanto, la petición es NEGADA
en atención lo (sic) establecido en el Acuerdo 0043 de 2008 Reglamento
de Derechos y Deberes del estudiante, Artículo 29. Inasistencias, Parágrafo 1 y
Artículo 37. Deberes del Estudiante, literal d.”[2]
10. Como último recurso decidió
acudir al Centro de Atención Ciudadana de la Defensoría del Pueblo, Regional
Bogotá, autoridad que envió una solicitud a la Universidad bajo el título de “Gestión
directa urgente y preferente”, en la que expuso nuevamente las
circunstancias especiales en relación con el servicio público de transporte a
las que se ve enfrentada a diario la accionante; requirió a la Institución para
que estudiara el caso, y le solicitó adoptar las medidas necesarias para
solucionar el inconveniente presentado. Esto, con el fin de evitar la
vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana, el mínimo
vital, y a la educación de Jansely Lorena Díaz Muñoz.
11. En opinión de la Defensoría
del Pueblo, las causas que llevaron a Jansely Lorena a llegar tarde en
repetidas ocasiones a la clase Laboratorio equipos de diagnóstico, son ajenas a
su voluntad y, teniendo en cuenta que su solicitud no afecta los estatutos de
la Universidad ni implica un obstáculo para la prestación del servicio público
de educación, instó a dicha Institución a que adoptara las medidas
administrativas que fueran necesarias para que pudiera continuar con los
estudios de su carrera.
12. El 6 de junio de 2018 la
rectora de la Universidad dio respuesta a la “Gestión directa urgente y
preferente” presentada por la Defensoría del Pueblo, la cual, según la
accionante, le fue notificada el día 13 de junio de 2018[3].
En ésta, la rectora hizo un recuento de las actuaciones adelantadas por la
Universidad frente a la petición de Jansely Lorena, esto es, las decisiones que
se reseñaron previamente del 15 y 24 de mayo de 2018 en el sentido de negar la
pretensión de la actora. Agregó que "todos los procedimientos
académicos, financieros y administrativos se efectúan conforme a lo dispuesto
en el Reglamento de Derechos y Deberes del Estudiante en concordancia con las
Actas y Resoluciones aprobadas por el consejo Superior de la UMB, estatutos que
usted aceptó ceñirse al momento de vincularse con esta institución".
13. También señaló que es deber
de la accionante asistir puntual a las clases, evaluaciones y todas las
actividades académicas y culturales, pues de lo contrario debe asumir las
consecuencias señaladas en el Reglamento, que dispone en su Artículo 29 que
para aprobar los cursos teórico prácticos es necesario asistir como mínimo al
80% de las sesiones. Lo anterior, con el fin de "garantizar a la
comunidad estudiantil un aprendizaje de alta calidad en el transcurso de sus
estudios […] es por ello que las inasistencias registradas se traducen
como el seguimiento que hace el docente al estudioso, en el transcurso de sus
clases motivo por el cual no es procedente acceder favorablemente a su
solicitud de retiro de fallas."[4]
14. Por otra parte, la accionante
manifestó que la Universidad no ha estudiado de fondo su caso, pues en ninguna
de las respuestas ha analizado la situación particular en la que se encuentra.
15. En lo que tiene que ver con
la consecuencia de tener reportadas 7 fallas en la materia “Laboratorio de
equipos de diagnóstico”, afirmó que el artículo 29 del Reglamento de Derechos y
Deberes del Estudiante, que ha sido invocado como fundamento por parte de la
Universidad para negar su solicitud, regula únicamente lo correspondiente a los
cursos teóricos, que exigen un 70% de asistencia, y a los cursos teórico
prácticos, que demandan un 80% de presencia en las sesiones; pero nada dice
sobre las asignaturas de tipo exclusivamente práctico como la materia objeto de
controversia. Por ello, considera que no era posible darle aplicación a ese
artículo del reglamento.
16. Finalmente, aseguró que
presentó todas las pruebas, evaluaciones y actividades académicas de la clase y
que obtuvo una nota final de 3.86 sobre 5. A su juicio, esto demuestra su
compromiso con la asignatura y que en efecto asistió a las clases y se mantuvo
informada sobre los avances de la misma, pues de lo contrario no habría obtenido
una nota aprobatoria, que finalmente no quedó consignada en su historia
académica, por las fallas que le fueron reportadas.
17. Con base en lo anterior,
solicitó al juez constitucional tutelar su derecho de petición pues considera
que la respuesta dada a la solicitud que hizo la Defensoría del Pueblo se dio
por fuera de los términos establecidos para el efecto, y no respondió de manera
detallada y concisa la petición de protección de sus derechos fundamentales al
mínimo vital y a la educación.
18. En segundo lugar, pidió
tutelar su derecho fundamental a la educación y que se ordene a la Universidad
registrarle como nota de la asignatura Laboratorio de equipos de diagnóstico
3.86; pues considera que la sanción que la Institución Universitaria le impuso
no tiene justificación legal en el reglamento interno ya que se asimiló una
asignatura netamente práctica a una teórico-práctica, sin brindar razones
suficientes para haber tomado dicha decisión.
2. Trámite de primera
instancia y respuesta de la accionada
19. El 15 de junio de 2018, el Juzgado
72 Civil Municipal de Bogotá asumió el conocimiento de la acción de tutela, y
notificó a la Universidad con el fin de que se pronunciara sobre los hechos.
20. El 18 de junio de 2018, el
representante legal de la Universidad dio respuesta a la acción de tutela y
señaló que la Institución no ha vulnerado ninguno de los derechos invocados por
la accionante y, en consecuencia, solicitó denegar las pretensiones.
21. Luego de advertir que no le
constan las condiciones personales relativas a los inconvenientes para llegar
puntual a las clases que fueron narradas por Jansely Lorena, el apoderado de la
Universidad argumentó que al matricularse en la Institución los estudiantes se
comprometen a cumplir los reglamentos que además de estar amparados
constitucionalmente por la garantía de la autonomía universitaria, responden a
los principios institucionales y al objetivo de garantizar un mejor desarrollo
profesional.
22. Sostuvo que entre otros
deberes adquiridos se encuentra el de asistir puntual a las clases,
evaluaciones y demás actividades académicas y culturales previstas por la Institución
en desarrollo del ciclo profesional (literal d. del artículo 37 del Reglamento
de Derechos y Deberes del Estudiante). Dicha obligación, argumentó, no es
caprichosa o desproporcionada, sino que busca desarrollar la responsabilidad
del futuro profesional. Adicionalmente, afirmó que "el docente tiene la
responsabilidad de registrar la inasistencia en el sistema de seguimiento
estudiantil, esto con el fin de tener constancia sobre las fallas que presenta
cada estudioso, con el fin de controlar el ausentismo y desarrollar planes de
apoyo para el estudiante. Así las cosas, el docente de la asignatura en
cumplimiento de lo establecido por el Reglamento, no retiró la falla ya
registrada, pues la estudiante pese a conocer los compromisos adquiridos
ingresó 20 minutos después de iniciar la clase, cuando ya este había realizado
el llamado a lista."[5]
23. Enseguida anotó que la
accionante perdió por inasistencia la asignatura Laboratorio de equipos de
diagnóstico porque superó el porcentaje máximo permitido, “equivalente al
10% y/ o 5% según la justificación, de un total de 32 sesiones de clase, de dos
(2) horas cada una, al haber fallado 7 veces."[6]
Aseguró que Jansely Lorena ha faltado a la verdad, pues ha dado justificaciones
para sus retardos que se contradicen entre sí. Por ejemplo, afirmó ante la
Dirección de Ingeniería Biomédica y los funcionarios de Bienestar Universitario
el 8 de mayo de 2018, que había llegado tarde a clase porque tenía exámenes
médicos, había regresado a su casa a desayunar y luego a causa de un trancón no
había podido llegar a tiempo.
24. Recalcó que la actora reprobó
la asignatura Laboratorio de equipos de diagnóstico “en el período académico
2017- 172, con ocasión a la nota definitiva obtenida, por lo que en el período
académico 2018- 181, esta volvió a ser cursada y nuevamente reprobada, pero
esta vez por inasistencia, lo cual evidencia falta de compromiso y esmero en la
asignatura en mención.”[7]
25. Ahora bien, explicó que el
porcentaje límite para fallas en las asignaturas de carácter práctico, como el Laboratorio
de equipos de diagnóstico, se encuentra regulado en el artículo 20 del Acuerdo
0027 de 18 de julio de 2007, según el cual el porcentaje mínimo de asistencia
para aprobar este tipo de asignaturas es de 90% si existen fallas justificadas
y 95% en caso de no existir justificación, debido a lo importante e
irrecuperable de cada sesión. Así pues, el Reglamento de Derechos y Deberes del
Estudiante rige como norma general, y el Acuerdo 0027 de 18 de julio de 2007
como norma especial.
26. En este orden de ideas, teniendo
en cuenta que la accionante falló injustificadamente 7 veces a la asignatura Laboratorio
de equipos de diagnóstico, y que cada ausencia equivale a 2 horas -14 horas en
total-, aseguró que no queda duda de que excedió el límite de fallas permitido por
el Reglamento, pues dicha materia se reprueba al presentar 3 fallas justificadas
(6,4 horas), o 2 fallas injustificadas (3, 2 horas).  "Es decir, que
tal como fue indicado anteriormente, el problema que llevó a reprobar la
asignatura Laboratorio de equipos de diagnóstico, no se restringe a la
inasistencia del día 8 de mayo de 2018, sino como mínimo a cuatro (4) fallas
adicionales, equivalentes a 8 horas, en las que la estudiante no se presentó a
clase, ni justifico [sic] su ausencia. Es de reiterar, que si bien a la
estudiante se le permitía el ingreso a las sesiones de clase en aras de no
obstaculizar su formación académica; el docente titular de la asignatura, tiene
la obligación y responsabilidad de registrar las fallas en sistema de
seguimiento estudiantil, al constatar que la estudiosa no respondía el llamado
a lista, pues ello acredita que evidentemente la estudiosa no cumplió con el
horario de inicio de la clase y permite activar procesos de acompañamiento
desde el programa apoyar." [8]
27. Finalmente, frente al derecho
de petición, señaló que no ha sido vulnerado, pues dio una respuesta clara,
oportuna y de fondo a todas las solicitudes que le fueron elevadas tanto por la
accionante, como aquella interpuesta por la Defensoría del Pueblo.
3. Los fallos objeto
de revisión
-
Sentencia
de primera instancia
28. Mediante fallo del 27 de
junio de 2018 el Juzgado 72 Civil Municipal de Bogotá resolvió negar la acción
de tutela de la referencia.
29. Sostuvo que la valoración
académica de la accionante, así como la sanción que pueden tener las ausencias
y llegadas tarde a clase, hacen parte de las decisiones que están cobijadas por
la garantía de la autonomía universitaria. Afirmó que de acuerdo con las
pruebas aportadas al proceso, la estudiante no demostró el motivo de sus
retardos y fallas, ni procuró la justificación de los mismos. Así pues, concluyó
que "resulta infructuoso discutir que la materia que reprobó por
fallas, deba aprobarse por este medio constitucional, pues es la universidad
quien define cuál es el pensum, materias y los métodos de calificación a los
estudiantes."[9]
-
Impugnación
30. El 18 de julio de 2018 la
accionante impugnó el fallo de primera instancia. Afirmó que no es cierto que
haya incumplido con los compromisos y obligaciones adquiridos con la Universidad,
pues nunca se le ha llamado la atención en ese sentido. Reiteró que las
llegadas tarde a la asignatura en discusión responden a motivos ajenos a su
voluntad y que en general ha presentado siempre un buen rendimiento académico,
incluso, relató que en el período 2017 - 2 la Universidad la postuló para
aplicar a una beca de la Alianza del Pacífico que financia el 100% de los
gastos para realizar un semestre académico en universidades de Chile, México y
Perú. Por otra parte, reconoció que es cierto que reprobó la asignatura Laboratorio
de equipos de diagnóstico en el periodo 2017-2, pero aclaró que obtuvo una nota
definitiva de 3.4 y para aprobarla se debe tener un 3.5 sobre 5; de manera que
no se trató precisamente de un deficiente rendimiento académico.
31. Advirtió que no es cierto que
la asignatura Laboratorio equipos de diagnóstico se rija según el Reglamento de
Prácticas y Pasantías o Acuerdo No. 0027 del 18 de julio de 2007, pues esta es
una normativa que se refiere a las prácticas o pasantías de tipo laboral, más
no de materias que hagan parte del programa y cuyo contenido es únicamente
práctico. Agregó que varios de sus compañeros que tuvieron entre 4 y 6 fallas
injustificadas durante ese semestre en la misma materia no la reprobaron por
inasistencia. De ahí concluye que la Universidad no aplicó la norma que ahora invoca
al responder la acción de tutela, sino lo consagrado en el Reglamento de
Derechos y Deberes del Estudiante -Acuerdo 0043 de 2008; asimilando la materia
a una teórico práctica. Aseguró que al comparar su caso con el de otros
compañeros se evidencia que esta materia se reprueba con 6.4 sesiones de
inasistencia que corresponden al 20% de las 32 sesiones programadas. Es por
ello que la discusión sobre si el día 8 de mayo de 2018 llegó tarde o faltó a
clase es absolutamente relevante ya que este séptimo reporte es el que
consolida la consecuencia de reprobar la materia.
32. Con base en lo anterior,
solicitó revocar la decisión de primera instancia y en su  lugar, tutelar el
derecho fundamental a la educación manteniendo la nota obtenida en la
asignatura Laboratorio de equipos de diagnóstico, cursada en el periodo 2018-1.
-
Sentencia
de segunda instancia
33. El Juzgado 50 Civil del Circuito
de Bogotá, mediante sentencia del 8 de agosto de 2018, resolvió confirmar la
decisión de primera instancia.
34. Sostuvo que la Universidad
dio estricto cumplimiento a su reglamento y que se trata de una adecuada y
razonada aplicación del mismo, razón por la cual se debe respetar su autonomía
universitaria. Añadió que no existe prueba siquiera sumaria que justifique las
constantes inasistencias a la clase por parte de la accionante y que no es suficiente
apelar a su condición de vulnerabilidad sustentada en vivir a las afueras de la
ciudad, para pasar por alto sus fallas.
4. Pruebas relevantes
aportadas al proceso
35. Copia de la cédula ciudadanía
que la accionante en la que consta que para el momento de interposición de la
acción de tutela tenía 21 años de edad. (Folio 1, cuaderno de primera
instancia)
36. Copia de la petición elevada
por la Defensoría del Pueblo el 31 de mayo de 2018 como “Gestión Directa
Urgente y Preferente” ante la Universidad. (Folios 2 y 3, cuaderno de
primera instancia)
37. Solicitud presentada por la
accionante ante la Universidad el 11 de mayo de 2018,  para que se reevaluara
la decisión sobre la falla del 8 de mayo del mismo año en la asignatura Laboratorio
equipos de diagnóstico. (Folios 4 a 10, cuaderno de primera instancia)
38. Respuesta de la Universidad
con fecha del 15 de mayo de 2018 a la petición de la accionante en el sentido
de no aprobar el retiro de la inasistencia a clase.  (Folio 12, cuaderno de
primera instancia)
39. Solicitud de revisión de la
decisión reseñada en el numeral anterior, presentada el 17 de mayo de 2018 ante
el Consejo Académico de la Universidad por la accionante. (Folios 15 y 16,
cuaderno de primera instancia)
40. Respuesta a la solicitud de
revisión firmada por el Secretario General del Consejo Académico de la Universidad
el 24 de mayo de 2018, que ratificó la decisión de negar la pretensión de la
accionante. (Folio 17, cuaderno de primera instancia)
41. Respuesta a la “Gestión
Directa Urgente y Preferente” de la Defensoría del Pueblo, enviada a la
actora,  en la que se informa la negativa de la Universidad de reconsiderar su
decisión. (Folio 18, cuaderno de primera instancia)
42. Resolución Rectoral No. 056
del 21 de julio de 2017 “Por medio de la cual se reglamentan los porcentajes
de las calificaciones que constituyen el sistema integral de evaluación
institucional de la universidad Manuela Beltrán”. (Folios 19 y 20, cuaderno
de primera instancia)
43. Reporte parcial de
calificaciones en curso de Jansely Lorena Díaz Muñoz, del 11 de junio de 2018,
en el que consta que asistió a la materia Laboratorio equipos de diagnóstico en
el período 2018-181, y que obtuvo una calificación de 3.8 y 7 fallas en total.
(Folio 21, cuaderno de primera instancia)
44. Reglamento de Derechos y
Deberes del Estudiante - Acuerdo No.  0043 del Consejo Superior de la Universidad
Manuela Beltrán, expedido el 30 de abril de 2008. (Folios 22 a 35, cuaderno de
primera instancia)
45. Programa de Ingeniería Biomédica
de la Universidad Manuela Beltrán en el que consta que la materia Laboratorio
equipos de diagnóstico es de tipo práctico. (Folios 58 a 60, cuaderno de
primera instancia)
46. Certificación firmada por la
Directora del programa Ingeniería Biomédica de la Universidad Manuela Beltrán, con
fecha del 22 de junio de 2018 en la que señala:
"Me permito informar en la
calidad de Directora del Programa de Ingeniería Biomédica que la estudiosa JANSELY
LORENA DÍAZ MUÑOZ se acercó el día 8 de mayo de 2018 en horas de la tarde a
informarme que había perdido la materia Laboratorio de Equipos de Diagnóstico
por la falla que le había puesto el docente ese día. Me informo [sic] que ella
había estado en la mañana realizándose unos exámenes de laboratorio y que luego
aunque vivía en el barrio Mochuelo se devolvió hasta su casa para desayunar,
después que desayuno [sic] se devolvió para la universidad y que había habido
trancón por lo que había llegado tarde. Yo le pregunté qué [sic] si vive tan
lejos ¿por qué se había devuelto hasta la casa? A lo que no me respondió nada.
Recalco que también le indique [sic] que el horario esa materia es siempre a
las 10 a.m. (Folio 61, cuaderno de primera instancia)
47. Reglamento de Prácticas y Pasantías
- Acuerdo No. 0027 del Consejo Superior de la Universidad Manuela Beltrán,
expedido el 18 de julio de 2007. (Folios 62 a 68, cuaderno de primera
instancia)
48. Certificaciones en las que
consta que la accionante tiene su domicilio en el barrio Lagunitas, Mochuelo
bajo, localidad Ciudad Bolivar. (Folios 105 y 106, cuaderno de primera
instancia)
49. Estudio de características
físicas del territorio de la zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar
realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá. (Folios 107 a 112, cuaderno de
primera instancia)
50. Reporte histórico de
calificaciones de Jansely Lorena Díaz Muñoz expedido por la universidad Manuela
Beltrán, en el que la materia Laboratorio equipo de diagnóstico aparece como
reprobada. (Folios 113 y 114, cuaderno de primera instancia)
51. Comunicaciones enviadas por
la Universidad a la plataforma de movilidad estudiantil de la alianza Pacífico
del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior - ICETEX en los que presenta a la accionante como estudiante de
intercambio en la Universidad de Valparaíso en Chile, y la recomienda para el
programa de becas de movilidad estudiantil y académica. (Folios 115 a 118,
cuaderno de primera instancia)
52. Certificación expedida el 3
de agosto de 2018 por el ICETEX en la que consta que la accionante es
beneficiaria de un crédito en la modalidad de  Secretaría de Educación del Distrito
- mejores bachilleres, el cual se encuentra al día y tiene un saldo total
adeudado de $44.758.294. (Folio 119, cuaderno de primera instancia)
53. Reporte de fallas de tres
compañeros de la accionante en la asignatura Laboratorio equipos de diagnóstico
en los que consta que pese a presentar 4 y 6 inasistencias –respectivamente- la
misma no fue reprobada. (Folios 137 y 136, cuaderno de primera instancia).
5. Actuaciones
surtidas durante la revisión de las sentencias de instancia
54. Mediante
Auto del 7 de diciembre de 2018, la Magistrada Sustanciadora solicitó a la
accionante que informara sobre su situación académica actual, en especial
respecto a la materia Laboratorio equipos de diagnóstico; y a la Universidad
que señalara (i) si existe regulación frente a las llegadas tarde de los
estudiantes, en especial sobre el tipo de sanción a imponer y el tiempo de
espera máximo para ingresar a las aulas, (ii) el funcionamiento del sistema de
reporte de fallas de asistencia, y si es posible modificarlo tras advertir que
el estudiante llega tardíamente al aula de clase, (iii) cuántas veces es
posible cursar una materia, y si existe alguna consecuencia por reprobar en dos
oportunidades el mismo curso, y (iv) información sobre la situación académica
actual de Jansely Lorena Díaz Muñoz. En esa misma providencia se ordenó poner a
disposición de las partes o terceros las pruebas que fueren allegadas, con el
fin de que se pronunciaran sobre las mismas, de considerarlo pertinente.
55. El 14 de enero de 2019 se
recibió un escrito firmado por Jansely Lorena Díaz Muñoz, en el que luego de
exponer, nuevamente, la controversia en torno a la falta que le fue reportada
en la asignatura Laboratorio equipos de diagnóstico, informó que tuvo que
suspender sus estudios porque para poder continuar siendo beneficiaria del
crédito beca que le otorgó la Secretaría de Educación de Bogotá, y que le sea
condonada la deuda adquirida para su matrícula, debe mantener un promedio
semestral igual o superior a 3.5; y al tener como nota definitiva en la
mencionada materia 0.0, el promedio de su octavo  semestre fue 3.27.
Adicionalmente, recalcó que debido a que no cuenta con los recursos económicos
para costear la matrícula de la Universidad, no podrá continuar con sus estudios
profesionales, pues depende exclusivamente del crédito beca del que es
beneficiaria, por ello, no ha podido retomar sus estudios estando a 2 semestres
de culminarlos.
56. La Universidad no respondió a
la solicitud que le fue enviada, ni se pronunció sobre el escrito presentado
por la accionante.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
57. La Sala es competente para
conocer el fallo objeto de revisión, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1991 y en cumplimiento del auto del 16 de agosto de 2018, expedido
por la Sala de Selección Número Nueve de 2018 de esta Corporación.
2. Presentación del
caso, formulación del problema jurídico y metodología de la decisión
58. De acuerdo con los hechos
probados durante el proceso, Jansely Lorena Díaz Muñoz es estudiante de la
Universidad Manuela Beltrán en el programa de Ingeniería Bioquímica. Durante el
primer semestre de 2018 se encontraba cursando la materia Laboratorio de
equipos de diagnóstico, que es de tipo práctico y tiene una intensidad horaria
de 2 horas semanales, para un total de 32 horas presenciales, con horario todos
los jueves de 10:00 am a 12:00 m. El día 8 de mayo de 2018 llegó 18 minutos
tarde a la mencionada clase, y pese a que asistió a la sesión, el docente
encargado le reportó una falla en vez de un retardo.  En consecuencia, al haber
completado 7 ausencias en el sistema, perdió la asignatura por inasistencia.
59. Teniendo en cuenta que había
asistido a la clase, y que incluso para el momento en que ingresó al aula el
profesor titular se encontraba aún llamando a lista -pero ya había pasado por
su apellido- la accionante acudió ante varias instancias de la Universidad, con
el fin de que se modificara el registro mencionado. También se dirigió a la
Defensoría del Pueblo, entidad que requirió a la Universidad, para que revisara
su caso. Aseguró que sus retardos responden a la difícil situación de movilidad
del sector en el que reside, pues se trata de un área rural de la localidad de
Ciudad Bolívar, que limita con la de Sumapaz, que además de encontrarse lejos
de las sedes de la Universidad suele presentar accidentes de tránsito, cierres
viales, tráfico lento y pesado, entre otros. Todas las peticiones presentadas
por Jansely Lorena fueron resueltas desfavorablemente argumentando que conforme
al artículo 29 del Reglamento de Derechos y Deberes del Estudiante, un 20% de
inasistencia a las sesiones de una misma materia teórico-práctica, tiene como
consecuencia la pérdida de la esta.
60. Conforme a lo anterior, solicitó
el amparo de (i) su derecho de petición, pues alega que la Universidad no dio
respuesta oportuna a la solicitud que hizo la Defensoría del Pueblo respecto a
su caso; y (ii) su derecho a la educación, que estima vulnerado con la negativa
a ajustar el reporte relativo a la asistencia a la clase Laboratorio de equipos
de diagnóstico a la realidad, toda vez que el 8 de mayo de 2018 llegó tarde 18
minutos pero estuvo presente en toda la sesión de 2 horas de duración. Con
ello, aseguró, se afecta su continuidad en la carrera, pues al haber perdido la
materia con 0.0 su promedio del semestre fue de 3.27 y para mantener el crédito
beca del que es beneficiaria y que constituye la única forma en que puede
seguir matriculada, éste debe ser como mínimo de 3.5.
61. Al responder la acción de
tutela, la Universidad argumentó que había dado aplicación a una norma especial
de la Institución, esto es el Reglamento de Prácticas y Pasantías, que señala
que una inasistencia injustificada al 5% de las sesiones prácticas se reprueba.
62. En primera instancia, el
Juzgado 72 Civil Municipal de Bogotá resolvió negar el amparo por considerar
que la decisión de la Universidad se dio en el marco de la garantía de la autonomía
universitaria. Impugnada dicha decisión, el Juzgado 50 Civil del Circuito de
Bogotá, decidió confirmarla.
63. Para efectos de asumir el
estudio del caso concreto, la Sala procederá de la siguiente manera: primero,
determinará si el amparo solicitado procede, de acuerdo con los criterios
trazados por la jurisprudencia constitucional sobre tutela contra particulares.
De encontrarla procedente, la Sala abordará los problemas jurídicos que se
plantean a continuación.
64. Le corresponde a la Sala Segunda
de Revisión determinar si la Universidad Manuela Beltrán vulneró el derecho de
petición de Jansely Lorena Díaz Muñoz, al haber omitido dar respuesta oportuna
a la solicitud que realizó la Defensoría del Pueblo pidiendo la revisión de su
caso.
65. En segundo lugar, la Sala
deberá estudiar si la  Universidad Manuela Beltrán vulneró el derecho a la
educación y al debido proceso[10] de Jansely Lorena Díaz
Muñoz, al aplicar rigurosamente su reglamento, y no tener en cuenta la
situación socio económica y de transporte de la estudiante, para resolver la
controversia en torno a la inasistencia-llegada tarde a la clase Laboratorio de
equipos de diagnóstico del 8 de mayo de 2018.
66. En consecuencia, la Sala se
referirá: (i) a los requisitos formales de procedencia de la acción de tutela,
en especial cuando ésta se interpone frente a particulares; (ii) al derecho de
petición frente a particulares; (iii) al derecho a la educación y sus
componentes; y (iv) reiterará la jurisprudencia constitucional sobre la
autonomía universitaria. Posteriormente, (v) resolverá el caso concreto.
3. La acción de tutela
es procedente
67. De acuerdo con lo expuesto,
en primer lugar, corresponde a la Sala Segunda de Revisión determinar si la
acción de tutela interpuesta por Jansely Lorena Díaz Muñoz es procedente.
68. De manera preliminar, se
advierte que en esta oportunidad se cumplen todos los requisitos de procedencia
de la acción de tutela, esto es, la legitimación por activa y pasiva, la
inmediatez y la subsidiariedad. A continuación la Sala expone los argumentos
que sustentan dicha conclusión.
69. Siguiendo lo dispuesto por el
artículo 86 constitucional, todas las personas pueden
interponer acción de tutela ante los jueces para la protección de sus derechos
fundamentales, bien sea directamente o por medio de otra persona que actúe a su
nombre[11]. Por
su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[12] establece que dicha
acción constitucional “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos”. En esta oportunidad, la acción de tutela fue
presentada por Jansely Lorena Díaz Muñoz, quien actúa directamente procurando la
protección inmediata de sus derechos e intereses fundamentales.
70. En lo que tiene que ver con
la legitimación por pasiva, el citado artículo constitucional señala en su quinto inciso que la acción de
tutela será procedente contra particulares[13] en tres
circunstancias: (i) cuando están encargados de la prestación de servicios
públicos, (ii) si su conducta afecta grave y directamente el interés colectivo,
o (iii) respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación
o indefensión.
71. En este caso, la Universidad
Manuela Beltrán establece en sus estatutos que “es una Institución de
Educación Superior, de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizada como
fundación, de nacionalidad Colombiana y de duración indefinida (…)”[14].
Por su parte, el artículo 67 de la Constitución Política, señala que la
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una
función social. Así pues, la Universidad accionada es un particular
que se encarga de la prestación del servicio público de educación, y en esta
medida cuenta con legitimación por pasiva dentro del proceso.
72. De otra parte, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela debe
interponerse en un término oportuno, justo y razonable, esto es, cumplir con el
requisito de inmediatez. Este requisito responde a la pretensión de “protección
inmediata” de los derechos fundamentales de este medio judicial, que
implica que, pese a no existir un término específico para acudir al juez
constitucional, las personas deben actuar diligentemente y presentar la acción
en un tiempo razonable.
73. El requisito se halla
satisfecho porque entre la última respuesta que obtuvo de la Universidad
respecto a su solicitud -6 de junio de 2018- y la interposición de la acción de
tutela -14 de junio de 2018- transcurrieron apenas 8 días, término más que
oportuno para acudir al amparo constitucional.
74. Finalmente, sobre el requisito se subsidiariedad, la
Sala advierte que el caso bajo estudio plantea una controversia sobre los derechos
de petición y a la educación de la accionante. Dado que el ordenamiento
jurídico colombiano no consagra un mecanismo de defensa judicial distinto a la
acción de tutela para la protección de los mencionados derechos, la acción de
tutela está llamada a proceder como mecanismo principal.
75. Al encontrarse satisfechos
los requisitos formales de procedencia de la acción de tutela, la Sala
continuará con el desarrollo propuesto.
4. El derecho de
petición frente a particulares
76. El artículo
23 de la Constitución Política de 1991 consagra el derecho de petición, como
una garantía que permite “presentar peticiones respetuosas a las autoridades
por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”.
Esta Corte se ha referido en múltiples ocasiones[15]
al carácter fundamental del derecho de petición, y a su aplicación inmediata. De
igual forma, ha señalado que su núcleo esencial se concreta en
la obtención de una respuesta pronta y oportuna de
lo solicitado, que además debe ser clara, de fondo y estar debidamente
notificada, sin que ello implique necesariamente una contestación accediendo a
la petición. En este orden de ideas, cualquier trasgresión a estos parámetros,
esto es, si no se obtiene una respuesta oportuna, clara, de fondo, congruente o
si ésta no es puesta en conocimiento del peticionario, existe una vulneración
del referido derecho fundamental.
77. El artículo 23 Superior, dispone también que el Legislador puede
reglamentar el ejercicio del derecho de petición ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales. Inicialmente, existía un vacío en la
regulación de esta materia. Por lo tanto, la Corte Constitucional desarrolló
las reglas que serían aplicables a partir de lo dispuesto en los artículos 2,
20, 23 y 86 de la Constitución[16].
78. No obstante, con la expedición de la Ley Estatutaria 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el
Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, quedó regulado el ejercicio del
derecho de petición frente a particulares en sus artículos 32 y 33, que en gran
medida, recogieron las reglas creadas por la Corte en su jurisprudencia.
79. Así pues, la Ley 1755 de 2015 establece que las peticiones
ante particulares se rigen por las mismas reglas generales de aquellas
dirigidas a las autoridades, consagradas en el Capítulo I de la citada norma;
que la petición puede ser presentada verbalmente, por escrito o por cualquier
medio idóneo; y que el particular debe respetar los términos de respuesta según
lo dispuesto en el artículo 14 de la misma. También cabe mencionar que la Ley
divide en tres grupos las hipótesis de ejercicio de este derecho frente a
particulares:
80. (i) El artículo 32 se refiere a la posibilidad que tiene toda
persona de ejercer el derecho de petición con el fin de obtener la garantía de
sus derechos fundamentales. Este supuesto incluye el ejercicio del derecho
frente a cualquier tipo de organización privada, incluso si no es prestadora de
un servicio público, o si no tiene funciones similares; siempre que resulte
necesario para asegurar el disfrute de otros derechos fundamentales.
81. (ii) Ese mismo artículo -32- contempla un segundo evento,
relacionado con las peticiones presentadas ante otra persona natural, que serán
procedentes siempre que el solicitante se encuentre en situación de indefensión
o subordinación con respecto a aquella, o cuando la persona natural tenga una
posición o función dominante ante el peticionario; siempre que el ejercicio del
derecho de petición persiga el objetivo de materializar los derechos
fundamentales del solicitante.
82. (iii) El artículo 33 regula lo pertinente a las peticiones
formuladas por usuarios ante empresas u organizaciones privadas. Así, señala
que es procedente frente a cajas de compensación familiar, instituciones del
Sistema de Seguridad Social Integral, entidades que conforman el Sistema
Financiero y Bursátil, así como empresas que prestan servicios públicos y
servicios públicos domiciliarios. En este segundo supuesto, la Ley añade que
aplica también lo dispuesto en su Capítulo II, que se ocupa de las reglas
especiales del derecho de petición ante autoridades, en particular sobre la
reserva de información y documentos.
83. En suma, con
la entrada en vigencia de la Ley 1755 de 2015, es posible  interponer derecho
de petición ante particulares siempre que estos (i) presten servicios públicos
o cuando estén encargados de ejercer funciones públicas; (ii) se trate de
organizaciones privadas con o sin personería jurídica si lo que busca la
petición es garantizar otros derechos fundamentales -diferentes al derecho de
petición-; y (iii) sin importar si se trata de una persona natural o jurídica,
cuando exista subordinación, indefensión o posición dominante[17].
5. El derecho fundamental
a la educación y los deberes de los estudiantes. Reiteración de jurisprudencia
84. El artículo 67 de la Constitución Política de
Colombia, señala que la educación es un “derecho de la persona y un servicio
público que tiene una función social”. Al tener una relación directa con la
dignidad humana, esta Corte ha sostenido que se trata de un derecho fundamental
pues es un presupuesto esencial para poder desarrollar los proyectos de vida de
cada persona. Asimismo, es el punto de partida para la protección de los
derechos consagrados en los artículos 26 y 27 constitucionales: la libertad
para escoger la profesión u oficio, y las libertades de enseñanza, aprendizaje,
investigación y cátedra.
85. La educación es también necesaria para garantizar el
mínimo vital, la igualdad de oportunidades en el trabajo y la participación
política, entre otros. De ahí que la jurisprudencia constitucional haya
señalado que debe estar encaminada al acceso a la cultura, a la formación en
derechos humanos, la paz y la democracia:
“[L]a Corte ha indicado en
distintos pronunciamientos que [la educación] (i) es una herramienta necesaria
para hacer efectivo el mandato de igualdad del artículo 13 superior, en tanto
potencia la igualdad de oportunidades[18]; (ii) es un instrumento que
permite la proyección social del ser humano y la realización de otros de sus
demás derechos fundamentales[19]; (iii) es un elemento
dignificador de las personas[20]; (iv) es un factor esencial
para el desarrollo humano, social y económico[21]; (v) es un
instrumento para la construcción de equidad social[22],
y (vi) es una herramienta para el desarrollo de la comunidad, entre otras
características”.[23]
86. Por otra parte, al ser un servicio público, la
educación se encuentra a cargo del Estado[24] y tiene prioridad
en la asignación de recursos por hacer parte del gasto social[25],
“su prestación debe ceñirse a los principios de eficiencia, universalidad,
solidaridad social y redistribución de los recursos en la población
económicamente vulnerable, y la regulación y diseño del sistema debe orientarse
al aumento constante de la cobertura y la calidad.”[26]
87. Sobre el contenido del derecho, la sentencia T-428 de
2012 recordó que, además de entender el acceso y la permanencia en el sistema
educativo como elementos propios del derecho a la educación[27],
esta Corte ha incluido en su núcleo los parámetros establecidos en la
Observación General No. 13 del Comité DESC, que señala cuatro componentes
estructurales[28]:
“Como derecho y como servicio público,
la doctrina nacional e internacional han entendido que la educación comprende
cuatro dimensiones de contenido prestacional:[29] (i) la
asequibilidad o disponibilidad del servicio, que puede resumirse en la
obligación del Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas
a disposición de todos aquellos que demandan su ingreso al sistema educativo,
abstenerse de impedir a los particulares fundar instituciones educativas[30]
e invertir en infraestructura para la prestación del servicio, entre otras[31];
(ii) la accesibilidad, que implica la obligación del Estado de garantizar el
acceso de todos en condiciones de igualdad al sistema aludido, la eliminación
de todo tipo de discriminación en el mismo, y facilidades para acceder al
servicio desde el punto de vista geográfico y económico[32];
(iii) la adaptabilidad, que se refiere a la necesidad de que la educación se
adapte a las necesidades y demandas de los educandos[33]
y que se garantice continuidad en la prestación del servicio[34],
y (iv) la aceptabilidad, la cual hace alusión a la calidad de la educación que
debe impartirse[35].”[36]
88. La puesta en marcha de todos estos componentes genera
para el Estado varias obligaciones, ya que es el principal responsable de su
prestación. En este sentido, la sentencia T-308 de 2011[37],
sostuvo que el derecho a la educación le impone al Estado tres obligaciones:
respetar, proteger y cumplir.
“La primera demanda de los
Estados la evasión de circunstancias que obstaculicen o impidan el disfrute del
derecho a la educación; la de protección les impone la obligación de
adoptar medidas que impidan su obstaculización por parte de terceros; y la de
cumplimiento, que comprende las obligaciones de facilitar y proveer, exige de
los Estados la adopción de medidas positivas que permitan a individuos y
comunidades disfrutar del derecho a la educación, en la mayoría de los casos,
mediante la provisión directa del servicio o la autorización de particulares
para el efecto”.[38]
89. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional
también se ha ocupado de estudiar la naturaleza del derecho a la educación de
mayores de edad, en relación con los estudios de carácter superior, o
universitarios. Así, ha argumentado que “la doctrina constitucional afirma el carácter de derecho fundamental a
la educación, con independencia de la edad del titular del derecho, por la
estrecha vinculación existente entre la educación y los valores del
conocimiento, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad de
oportunidades y el acceso a la cultura, entre otros[39]”. En este mismo sentido se han pronunciado varias sentencias, en las
que se reconoce el derecho a la educación como fundamental para los adultos,
por tratarse de un elemento esencial e inherente al ser humano.[40]
90. Ahora bien, existen algunas sentencias -que
representan una posición minoritaria- que sostienen que una vez se es mayor de
edad, el derecho a la educación pasa de ser de aplicación directa e inmediata a
convertirse en netamente prestacional.[41]
91. El asunto fue estudiado en la sentencia C-520 de 2016[42],
con ocasión de una demanda ciudadana contra el numeral 1º parcial, del artículo
4º de la Ley 1678 de 2013 “Por medio de la cual se garantiza la educación de
Posgrados al 0.1% de los mejores profesionales graduados en las instituciones
de educación superior públicas y privadas del país.” En dicha providencia,
la Corte explicó que es necesario distinguir entre el carácter fundamental de
los derechos -fundamentabilidad- y la forma en que se pueden exigir ante el
aparato judicial -justiciabilidad-.
92. En este orden de ideas, dejó
claro que el carácter fundamental del derecho a la educación de todas las
personas no pierde tal calidad al llegar a la mayoría de edad. Sostuvo que:
“El
derecho a la educación, tanto en los tratados de derechos humanos suscritos por
Colombia[43] como en su
consagración constitucional, es un derecho de la persona y, por lo tanto, es
fundamental tanto en el caso de los menores como en el de los adultos.[44]
Su relación con la dignidad humana no se desvanece con el paso del tiempo y su
conexión con otros derechos fundamentales se hace acaso más notoria con el paso
del tiempo, pues la mayor parte de la población adulta requiere de la educación
para el acceso a bienes materiales mínimos de subsistencia mediante un trabajo
digno.[45] Más allá de lo
expuesto, la educación no sólo es un medio para lograr esos trascendentales
propósitos sino un fin en sí mismo, pues un proceso de educación continua
durante la vida constituye una oportunidad invaluable para el desarrollo de las
capacidades humanas.[46]”
93. Sin embargo, ese carácter
fundamental del derecho a la educación no significa que su aplicación sea igual
para toda la población. De hecho, existen diferentes tipos de obligaciones para
el Estado en lo relativo a las condiciones de acceso, algunas son de aplicación
inmediata, y otras han sido definidas como deberes progresivos que dependen de
parámetros como la edad del estudiante y su nivel de educativo. Por ejemplo,
para los menores de edad “entre los 5
y los 18 años[47] a
la educación básica debe asegurarse de manera gratuita y obligatoria de manera
inmediata. El concepto de “obligatoriedad de la educación” hace referencia a que
no resulta optativo para los padres ni las autoridades decidir que los menores
no ingresen al sistema educativo, sino que debe asegurarse su incorporación al
mismo, en condiciones de calidad.[48]”[49]
De igual forma, el acceso a la educación básica primaria de los mayores de edad
impone una obligación de carácter inmediato para el Estado[50]; mientras que para este mismo grupo
poblacional, el acceso a los siguientes niveles de educación (media secundaria
y superior), genera un esfuerzo progresivo, es decir, una obligación que el
Estado debe cumplir de manera gradual.
94. Como todos los derechos, la educación supone también deberes para
sus titulares. Esta Corte ha advertido en varias ocasiones que al ingresar a
una institución educativa, los alumnos adquieren varias obligaciones con la
misma,
tanto académica como disciplinariamente, las cuales deben estar claramente
señaladas en los reglamentos, al igual que las sanciones que pudieran derivarse
de su incumplimiento. En este sentido, ha afirmado que “la educación además de ser un derecho
de carácter fundamental, conlleva obligaciones para el Estado, así como
para las instituciones universitarias y los estudiantes, cuya observancia
impone a los centros educativos, hacer exigible del cumplimiento de sus normas
y a sus educandos, el deber de cumplir con los requisitos de orden académico y
moral contenidos en los reglamentos.”[51]
95. Así pues, cuando los estudiantes desconocen sus
deberes académicos, disciplinarios o administrativos, las universidades deben
actuar conforme a lo establecido en sus reglamentos y dar aplicación a las
consecuencias que resulten pertinentes, siempre que hayan sido previamente
definidas en los estatutos correspondientes, y se respeten los derechos
fundamentales de los educandos, en especial el derecho a la educación.[52]
96. En suma, según la jurisprudencia
Constitucional[53] el derecho a la
educación es fundamental, dado que: (i) es objeto de protección
especial del Estado; (ii) es presupuesto básico de la
efectividad de otros derechos fundamentales, como la escogencia de una
profesión u oficio, la igualdad de oportunidades en materia educativa, la realización
personal, el libre desarrollo de la personalidad, y el trabajo, entre
otros; (iii) es uno de los fines esenciales del Estado Social
y Democrático de Derecho; (iv) está comprendido por la
potestad de sus titulares de reclamar el acceso y la permanencia en el sistema educativo
o a uno que permita una “adecuada formación”; y (v) se
trata de un derecho deber que genera obligaciones recíprocas entre todos los
actores del proceso educativo.[54]
6. Autonomía
universitaria y debido proceso. Reiteración de jurisprudencia
97. El artículo 69 de la
Constitución consagra el principio de la autonomía universitaria como una garantía
institucional, que permite a los centros de educación superior adoptar sus
propios estatutos y definir libremente su filosofía y su organización interna.
En esa dirección, la Corte Constitucional la ha definido como “(...) la
capacidad de auto regulación filosófica y de autodeterminación administrativa
de la persona jurídica que presta el servicio público de educación superior”[55].
98. Esta facultad asegura y
protege la independencia de las instituciones de educación superior, y guarda
relaciones relevantes con diversos derechos, “que en ocasiones la
complementan y en otras la limitan”[56]. Así,
la autonomía universitaria es inescindible de las libertades de cátedra, de
enseñanza, de aprendizaje y de investigación (Art. 27. C.P.); y de los derechos
a la educación (Art. 26. C.P.), al libre desarrollo de la personalidad (Art.
16. C.P.), y a escoger libremente profesión u oficio (Art. 26. C.P.).
99. La jurisprudencia
constitucional ha explicado que la autonomía universitaria se concreta,
principalmente, en dos grandes facultades: (i) la dirección ideológica del
centro educativo, “[que] determina su particularidad y su especial condición
filosófica en la sociedad pluralista y participativa. Para [lo cual] cuenta
con la potestad de señalar los planes de estudio y los métodos y sistemas de
investigación”[57], y (ii)
la potestad de establecer su propia organización interna, lo que significa que
las universidades pueden adoptar “las normas de funcionamiento y de gestión
administrativa, el sistema de elaboración y aprobación de su presupuesto, la
administración de sus bienes, la selección y formación de sus docentes”[58].
100. La autonomía universitaria es
muy importante porque preserva los procesos de formación profesional de
interferencias políticas –o de otra índole– indeseables. Sin embargo, como todo
principio constitucional, puede entrar en tensiones con otros y por esa razón
está sujeta a diversos límites.
101. La jurisprudencia
constitucional, desde 1999, ha destacado y reiterado algunas subreglas
destinadas a solucionar tensiones frecuentes entre la autonomía universitaria y
otros principios, especialmente, cuando estos últimos son derechos
fundamentales:
“a) La discrecionalidad
universitaria, propia de su autonomía, no es absoluta, como quiera que se
encuentra limitada por el orden público, el interés general y el bien común[59].
b) La autonomía
universitaria también se limita por la inspección y vigilancia de la educación
que ejerce el Estado[60].
c) El ejercicio de la
autonomía universitaria y el respeto por el pluralismo ideológico, demuestran
que los centros superiores tienen libertad para determinar sus normas internas,
a través de los estatutos, las cuales no podrán ser contrarias a la ley ni a la
Constitución[61].
d) Los estatutos se
acogen voluntariamente por quienes desean estudiar en el centro educativo
superior, pero una vez aceptados son obligatorios para toda la comunidad
educativa. El reglamento concreta la libertad académica, administrativa y
económica de las instituciones de educación superior[62].
e) El Legislador está
constitucionalmente autorizado para limitar la autonomía universitaria, siempre
y cuando no invada ni anule su núcleo esencial. Por lo tanto, existe control
estricto sobre la ley que limita la autonomía universitaria[63].
f) La autonomía
universitaria es un derecho limitado y complejo. Limitado porque es una
garantía para el funcionamiento adecuado de la institución. Es complejo, como
quiera que involucra otros derechos de las personas[64].
g) Los criterios para
selección de los estudiantes pertenecen a la órbita de la autonomía
universitaria, siempre y cuando aquellos sean razonables, proporcionales y no
vulneren derechos fundamentales y, en especial, el derecho a la igualdad. Por
ende, la admisión debe corresponder a criterios objetivos de mérito académico
individual[65].
h) Los criterios para
determinar las calificaciones mínimas deben regularse por reglamento, esto es,
corresponden a la autonomía universitaria[66].
i) Las sanciones
académicas hacen parte de la autonomía universitaria. Sin embargo, son de
naturaleza reglada, como quiera que las conductas que originan la sanción deben
estar previamente determinadas en el reglamento. Así mismo, la imposición de
sanciones está sometida a la aplicación del debido proceso y del derecho de
defensa[67].”[68]
102. Estas subreglas aseguran que
el ejercicio de la autonomía universitaria no derive en arbitrariedad. Para cumplir
con dicho objetivo, esta Corte ha llamado la atención acerca de la obligación
de las instituciones de educación superior de garantizar el debido proceso en
sus actuaciones internas.
103. En virtud de lo expuesto,
los reglamentos de las instituciones de educación superior deben señalar
expresamente las conductas que pueden ser consideradas como faltas, las
sanciones que eventualmente acarrearían, así como el procedimiento que se
debería llevar a cabo en caso de que algún miembro de la comunidad
universitaria incurra en una de estas.
104. El artículo 29 constitucional
establece que el debido proceso debe ser respetado en toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas. A partir de esta disposición, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido que el debido proceso permea todo el ordenamiento
jurídico, incluso las relaciones entre particulares. En el contexto educativo,
esto significa que los reglamentos  deben contener, por lo menos, (i) las
faltas disciplinarias, así como sus correspondientes sanciones o consecuencias;
y (ii) el procedimiento a seguir antes de imponer una sanción o tomar una
decisión sobre la conducta.[69]
105. En este sentido, debe
recordarse que el objetivo principal del debido proceso en el contexto
educativo, es evitar que la autonomía se convierta en arbitrariedad. Por ese motivo,
la eficacia de este derecho tiene relación también con el principio de buena
fe, “al perseguir que las actuaciones del Estado y los particulares se ciñan
a un considerable nivel de certeza y previsibilidad, en lugar de dirigirse por
impulsos caprichosos, arbitrarios e intempestivos.”[70]
106. A partir de lo anterior, la
jurisprudencia constitucional ha analizado en algunas oportunidades las
tensiones que se pueden presentar entre la autonomía universitaria y el derecho
al debido proceso. A continuación se presenta un breve recuento jurisprudencial
sobre la materia.
107. En el caso de los
estudiantes, la Corte Constitucional ha abordado el debido proceso en el marco
de la autonomía universitaria, por ejemplo, en casos en los que se consideraba
vulnerado ese derecho por la exigencia de acreditar el manejo de un idioma
diferente al español para poder graduarse[71]. También ha
ponderado entre la garantía de la autonomía universitaria y el derecho
fundamental al debido proceso de los estudiantes, entre otros, cuando un
estudiante no cancela su matrícula a tiempo por error de la universidad, y pese
a que se le había informado que tenía su cupo asegurado, fue retirado en el
transcurso del semestre, vulnerando su derecho al debido proceso[72].
108. También ha encontrado
vulnerado el derecho al debido proceso, entre otros eventos, cuando se acusa y
sanciona a un estudiante por la comisión de un fraude, sin adelantar ningún
tipo de proceso para llegar a dicha conclusión[73]; cuando la
institución educativa aplica retroactivamente su nuevo reglamento, en perjuicio
de los estudiantes[74]; cuando se
expulsa de la institución a un estudiante por fraude, mediante un acto
inmotivado o cuya motivación es incongruente con la decisión[75];
cuando, haciendo uso de su capacidad de auto regularse, una universidad cambia
las condiciones para cancelar la matrícula y como consecuencia, impide la
continuidad de los estudios de los alumnos[76]; y cuando cambia
la aplicación o interpretación de sus reglamentos, sin darla a conocer a sus
estudiantes, y con ello, les impone nuevas cargas para cumplir sus requisitos
de grado.[77] Por el contrario, cuando
las universidades aplican las normas vigentes del reglamento que establecen
como sanción la pérdida del cupo por bajo rendimiento académico e inasistencia
a actividades académicas, no se vulnera el debido proceso de los estudiantes.[78]
109. Ahora bien, por resultar
pertinente para el caso bajo estudio, la Sala se detendrá en la sentencia T-
380 de 2003[79]. En esa oportunidad, la
Corte estudió la situación de un estudiante de la Universidad Santo Tomás de
Aquino que había quedado excluido de esa Institución, tras haber perdido una
materia por fallas. Para poder continuar con sus estudios, el accionante
solicitó ser reintegrado. La Universidad accedió a su pretensión y le autorizó la
expedición de la orden de matrícula y cursar  nuevamente la materia que
había reprobado. Sin embargo, por razones personales y laborales no pudo
matricularse ese semestre a la Universidad; y para el siguiente periodo
académico, la solicitud de reintegro le fue negada. Luego de revisar los
reglamentos de la Institución, la Sala encontró que en ellos no se establecía
nada específico sobre el no uso del reintegro de manera inmediata. En este
contexto, señaló:
“Al respecto, la
Sala observa que en tales reglamentos no se establece nada específico sobre el
no uso del reintegro de manera inmediata. Se infiere que el vacío normativo
existente en los mismos no puede interpretarse en detrimento de los derechos de
los alumnos que aspiren al reintegro (…)
Es así que la
demandada no consideró las reales circunstancias del demandante para tomar su
decisión, esto es,  factores personales y laborales; por tanto, la
Institución de educación superior, debe analizar todos los elementos de juicio
que le permitan tomar la posición adecuada frente a un determinado caso, máxime
cuando está de por medio el derecho fundamental de una persona a desarrollarse
intelectual, cultural y científicamente, para poder ser alguien productivo,
preparado y dispuestos a servirle a la sociedad.
La Sala concluye
respecto a este punto que la conducta asumida por la Institución educativa
vulneró el derecho fundamental a la educación al alumno Marín Jiménez, toda vez
que le cerró la posibilidad de acceder y continuar con sus estudios, sin tener
en cuenta sus argumentos.”
110. Siguiendo
este precedente, es claro entonces que ante posibles vacíos de los reglamentos
universitarios, las instituciones de educación superior deben interpretarlos de
manera favorable a sus estudiantes con el propósito de garantizar sus derechos
al debido proceso y a la educación.
111. De la jurisprudencia
constitucional es posible concluir que (i) las instituciones educativas
tienen autonomía para escoger libremente su filosofía y principios axiológicos
(siempre que  sean conformes a la Constitución Política); (ii) la manera
como van a funcionar administrativa y académicamente; y (iii) el
procedimiento que se debe llevar a cabo cuando se incurra en alguna falta. No
obstante, (iv) esa autonomía está sujeta al respeto por los mandatos
constitucionales y, en especial, a los derechos fundamentales, entre los que se
destaca el debido proceso, en los términos recién explicados.
112. No existe, sin embargo, una
fórmula exacta que defina el modo en que cada institución, en el marco de su
autonomía, debe asegurar el debido proceso, sino, exclusivamente, algunos
contenidos mínimos sin cuyo cumplimiento el proceso escapa al fin de alcanzar
una decisión justa, razonable y proporcionada. El estudio concreto de cada asunto
debe tomar en consideración circunstancias como el contexto en el que se
adelanta el procedimiento y las reglas internas (reglamentos o estatutos) de
cada centro educativo.
7. Análisis del caso concreto. La Universidad Manuela
Beltrán no vulneró el derecho de petición de la accionante, pero sí desconoció
su derecho a la educación
-
Presentación del caso
113.
Jansely Lorena Díaz Muñoz es estudiante del programa Ingeniería Biomédica de la
Universidad Manuela Beltrán. El pago de su matrícula, y por lo tanto su permanencia
en dicha Institución, depende de un crédito beca que le otorga la Secretaría de
Educación de Bogotá por haber obtenido uno de los mejores puntajes en las
pruebas Saber 11 del año 2013. Relató que para poder obtener el beneficio de
condonación del crédito debe mantener un promedio semestral de mínimo 3.5, y
así ocurrió hasta el año 2018, momento en el que perdió la asignatura
Laboratorio de equipos de diagnóstico con 0.0 por inasistencia.
114.
La accionante explicó que varias de las faltas que le fueron reportadas durante
el semestre fueron realmente llegadas tarde; en especial controvirtió la del 8
de mayo de 2018, día en el que llegó 18 minutos después de iniciada la clase
-que duraba 2 horas-, y que al ser reportada como una séptima inasistencia,
consolidó la pérdida de la asignatura. Acudió a varias instancias en la
Universidad para que su situación fuera reevaluada, teniendo en cuenta que el
motivo de sus continuos retardos es principalmente que vive en una zona rural
de Ciudad Bolívar que tiene un tráfico particularmente pesado, y suele
presentar múltiples problemas de movilidad. También acudió a la Defensoría del
Pueblo, entidad que envió una petición a título de “Gestión urgente y
preferente” para que la Universidad reevaluara su caso. Sin embargo, el Centro
Educativo mantuvo la falla mencionada.
115.
La accionante formuló dos pretensiones. La primera en relación con la
protección de su derecho de petición, pues aseguró que la respuesta que dio la
Universidad a la solicitud de la Defensoría del Pueblo no cumplió con los
términos previstos para el efecto. La segunda tiene que ver con su derecho a la
educación y al debido proceso; señaló que el Reglamento de Deberes y Derechos
del Estudiante no establece cuál es el porcentaje de inasistencia que genera la
pérdida de una asignatura práctica, pues éste solo se refiere en su artículo 29
a las clases teóricas y teórico-prácticas; y la solución de la Universidad fue
aplicarle lo correspondiente a las segundas, teórico-prácticas, sin justificación
alguna.
116.
En su concepto, esta situación vulnera su derecho a la educación pues al perder
la materia en comento por inasistencia, su promedio bajó a 3.2, y con ello
perdería el beneficio del crédito beca de la Secretaría de Educación de Bogotá.
Explicó que su familia no cuenta con los recursos económicos suficientes para
costear la carrera en la Universidad Manuela Beltrán, y que estando a dos
semestres de culminar sus estudios, no podría graduarse; tendría que pagar la
deuda hasta el momento adquirida; y se verían comprometidos sus derechos al
mínimo vital, y a la educación.
117.
La Universidad, por su parte, argumentó que tomó una decisión amparada por la
autonomía universitaria, y basada en sus reglamentos, a los cuales se adhirió
la accionante al matricularse en la Institución.
118.
A continuación la Sala analizará por separado los dos problemas jurídicos que
fueron planteados. En primer lugar, se referirá al relacionado con el derecho
de petición.
-
La Universidad Manuela Beltrán no vulneró el derecho de petición de la
accionante
119. De conformidad con las
consideraciones expuestas en los numerales 76 a 83 de la parte motiva de esta
providencia, el derecho fundamental de petición se satisface con el recibo de
una respuesta oportuna, clara, y de fondo. En relación con la forma en que la
Universidad contestó las diferentes solicitudes que realizó la accionante mediante
comunicaciones del 15 de mayo, 24 de mayo y 6 de junio de 2018, la Sala
advierte que cumplió con los presupuestos señalados. A continuación se
analizará, en particular, la respuesta que dio a la “Gestión directa urgente
y preferente” presentada por la Defensoría del Pueblo a favor de Jansely
Lorena, el 31 de mayo de 2018, pues frente a esta la accionante planteó
controversia, alegando que no fue oportuna.
120. En este sentido, encuentra la Sala que la respuesta dada por
la Universidad el 6 de junio de 2018 fue una respuesta clara, pues informó, de
manera precisa, que no accedería a la petición de exoneración de la
inasistencia a clase por parte de la actora el 8 de mayo de 2018, y por ende,
no modificaría la calificación de la asignatura. También fue de fondo, pues
resolvió concretamente aquello que estaba siendo demandado por la actora.
121. Sobre la oportunidad de la respuesta, la Sala advierte que
conforme a las pruebas aportadas por la accionante, esta tiene fecha del 6 de
junio de 2018.  El artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 señala que “salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.”. En el caso bajo estudio la petición fue hecha el 31 de
mayo de 2018, es decir, la Universidad respondió en los cuatro días hábiles siguientes
a recibirla, cumpliendo además el término que le había otorgado la Defensoría
del Pueblo para el efecto[80]. Ahora
bien, la accionante aseguró que dicha respuesta solo le fue notificada hasta el
13 de junio de ese mismo año, esto es, nueve días hábiles después de su
presentación. Como se ve, en cualquier caso, la respuesta de la Universidad fue
oportuna.
122. Por lo tanto, la Universidad no vulneró el derecho de
petición de la accionante, pues dio una respuesta clara, oportuna y de fondo; y
éste no implica el acceso a lo pretendido.
123. Así las cosas, la Sala denegará el amparo del derecho de
petición de Jansely Lorena Díaz Muñoz por no haberlo encontrado vulnerado.
-
La Universidad Manuela Beltrán vulneró los derechos
a la educación y al debido proceso de Jansely Lorena Díaz Muñoz
-
124. Para
resolver el segundo problema de fondo que plantea este caso, la Sala comenzará
por establecer el tipo de materia sobre el cual versa la controversia, toda vez
que ello es necesario para determinar cuál es la normativa aplicable para
resolverla. Así, encuentra que las asignaturas ofrecidas por la Universidad en
la carrera Ingeniería Biomédica pueden ser de tres tipos: teóricas,
teórico-práctica y prácticas. Adicionalmente, existen unas prácticas
empresariales que se realizan durante el último semestre académico.
125. De acuerdo
con las pruebas recaudadas durante el proceso, la Sala encuentra que la
asignatura Laboratorio equipos de diagnóstico es de tipo práctico. Así consta
en el programa de Ingeniería Biológica de la Universidad que fue aportado por
la accionante[81]. De
igual forma, en la respuesta a la acción de tutela la Universidad aseguró que
en efecto se trata de una materia práctica.
126. Precisado lo anterior, ahora corresponde determinar cuál es
la normativa aplicable al caso de la accionante. En un principio, la
Universidad sostuvo que debían tenerse en cuenta los artículos 29 y 37 del
Reglamento de Derechos y Deberes del Estudiante; posteriormente, durante el
proceso de acción de tutela cambió ese fundamento y afirmó que el caso se
enmarca en el Reglamento de Prácticas y Pasantías.
127. Pues bien, el Reglamento de Derechos y Deberes del Estudiante
señala, en su artículo 29 lo siguiente:
“ARTÍCULO 29.
INASISTENCIAS. Si el estudiante no asiste a las sesiones de clases,
tutorías o pruebas evaluatorias previstas en su plan de curso debe presentar
ante el profesor de la materia excusa justificada dentro de los cinco (5) días
hábiles posteriores a la fecha prevista para la evaluación. Si la solicitud no
es justificada plenamente, el estudiante deberá pagar la evaluación supletoria
previa autorización de la Dirección del Programa para el efecto.
PARÁGRAFO 1. Para aprobar un
curso es necesario asistir como mínimo:
a. Cursos
teóricos 70%
b. Cursos
teórico-prácticos 80%
Este porcentaje
se tomará sobre el total de las clases programadas. Las inasistencias se
registrarán en el sistema de seguimiento estudiantil y será responsabilidad del
docente del curso. La no aprobación de un curso teórico por las fallas obliga
al estudiante a repetir el curso.
PARÁGRAFO 2. En el caso que
el estudiante no solicite nueva prueba evaluatoria, se entenderá que renunció a
la oportunidad de ser evaluado y se registrará como calificación 0.0”
128. A su turno,
el artículo 37 dispone, entre otros deberes de los estudiantes, el de “asistir
puntualmente a las clases, evaluaciones y demás actividades académicas y
culturales” que se programen durante los semestres académicos.
129. Como se ve,
el artículo 29 regula los porcentajes máximos de inasistencia a las clases y
distingue entre cursos de tipo teórico y teórico-práctico; pero nada dice sobre
aquellos de contenido únicamente práctico. También cabe anotar que ni el
artículo 29, ni en general el Reglamento, disponen instrucciones específicas
para las llegadas tarde a clase, y pese a que ésta fue una información que la
Sala solicitó expresamente durante el trámite de revisión de la presente acción
de tutela, la Universidad guardó silencio al respecto.
130. En lo que tiene que ver con
el Reglamento de
Prácticas y Pasantías, la Sala encuentra que no es aplicable al caso bajo
estudio. Siguiendo lo dispuesto por el Acuerdo 0027 de 2007 en su artículo 1, literal
e) las prácticas y pasantías “son un medio para que los estudiantes
adquieran experiencia profesional y formación complementaria a la del aula de
clase”, que busca, entre otros objetivos,
“[b]rindar un
espacio Académico - Profesional donde el estudiante interrelacione y aplique
los conocimientos propios de su saber, en un contexto de trabajo determinado,
con asesoría adecuada, que le facilite el fortalecimiento, diseño e
implementación de modalidades de intervención propias de su  campo de acción[82];
complementar y desarrollar el proceso formativo del estudiante favoreciendo el
logro de competencias propias del desempeño profesional[83];
y propiciar y facilitar la incorporación del estudiante a la vida laboral.[84]
131. Adicionalmente, el artículo 3 del mencionado Reglamento que
establece la organización interna frente a las prácticas y pasantías, señala:
“ARTÍCULO 3. La
UMB cuenta para la organización de las prácticas y/o pasantías, con un
Coordinador de Prácticas y/o Pasantías por Programa, que depende de la
Vicerrectoría de Investigaciones y actúa en consonancia con la Dirección del
programa. La Vicerrectoría de Investigaciones cuenta, además, para tratar los
temas relacionados con las prácticas, con el Consejo de Prácticas y Pasantías y
el Comité de Prácticas y/o Pasantías que actúan como órganos asesores.”
132. Estas
referencias, entre otras contenidas en el Reglamento de Prácticas y Pasantías,
permiten a la Sala concluir que se trata de un estatuto que regula lo relativo
a las prácticas y pasantías laborales o empresariales que deben cursar sus
estudiantes, durante el último semestre académico[85]. No contempla entonces
derechos y deberes adicionales para los estudiantes frente a materias de
contenido únicamente práctico, sino que prevé la forma en que deben desarrollarse
las prácticas y pasantías en entidades diferentes a la Universidad, con el
ánimo de comenzar a adquirir experiencia profesional, y aplicar todos los
conocimientos que recibieron durante la carrera.
133. En este
orden de ideas, no resulta admisible el argumento de la Universidad según el
cual el Reglamento de Prácticas y Pasantías es una norma especial aplicable a
las materias de contenido práctico, pues éste se ocupa de otro tipo de
situaciones en las que los alumnos se relacionan con terceros, y no de las
asignaturas prácticas, que son impartidas en la Universidad por sus docentes.
Por esta razón, el artículo 20 del mencionado reglamento que establece: “[e]n
prácticas, el porcentaje límite para fallas justificadas es del (10%) e
injustificadas del (5%) del total de horas asignadas”, no es aplicable al
caso bajo estudio. El debate planteado se refiere a las inasistencias o llegadas
tarde a una materia de contenido práctico denominada Laboratorio equipo de
diagnóstico, y no a una práctica empresarial.
134. Así las cosas, la Sala advierte la
existencia de dos vacíos normativos en los reglamentos de la Universidad. Por
un lado, las llegadas tarde de los estudiantes a las clases no están reguladas
expresamente; nada se dice en el Reglamento de Derechos y Deberes, por ejemplo,
acerca de un tiempo máximo de espera a los estudiantes, o de consecuencias a
partir de fallas reiteradas. Por otro, tampoco se ocupa de establecer un porcentaje
máximo permitido de inasistencias a las materias de contenido práctico.
135. Ahora bien, conforme al
soporte probatorio del caso, es claro que frente al vacío señalado la
Universidad resolvió aplicar lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento de
Derechos y Deberes del Estudiante en relación con las asignaturas teórico-prácticas,
según el cual, se debe asistir como mínimo al 80% de las clases, es decir, que
se reprueban con un 20% de inasistencia.[86]
136.
Siguiendo lo afirmado por la Universidad, la asignatura Laboratorio equipos de
diagnóstico es de tipo práctico y “tiene en total 32 sesiones de dos horas
durante el semestre, es decir en total cuenta con 64 horas prácticas”[87]. Nótese que una asignatura
de contenido teórico-práctico con esa intensidad horaria, se reprobaría al
dejar de asistir a 12.8 horas, es decir un 20% de las sesiones, que equivale a 7
clases. Si se tratara de una asignatura de contenido teórico se perdería al
fallar a 19.2 horas (30%) o 10 clases. Según las pruebas aportadas al
expediente, a Jansely Lorena le fueron reportadas 7 inasistencias a la
asignatura Laboratorio equipos de diagnóstico y obtuvo como nota final 0.0.
137. Para la Sala la analogía
hecha por la Universidad entre las asignaturas de contenido teórico práctico y
las exclusivamente prácticas se dio en el marco de su autonomía universitaria.
La accionada tiene la facultad de interpretar y aplicar sus reglamentos, tal
como lo hizo en este caso; por ello, es posible concluir que, en abstracto, la
decisión tomada se ajusta a los estatutos del Centro Universitario, en tanto la
accionante habría faltado al 20% de las sesiones de una materia práctica, y
este porcentaje implica perderla. La Universidad se limitó entonces, a imponer
la consecuencia prevista en su ordenamiento interno ante el incumplimiento de
uno de los deberes que adquirió Jansely Lorena al ingresar a dicha Institución,
esto es, asistir oportunamente a las sesiones de clase. No obstante, al revisar
en concreto el caso, la Sala encuentra una vulneración al debido proceso que se
tradujo en una afectación del derecho fundamental a la educación de la
peticionaria.
135. En este punto es útil
recordar, conforme a lo señalado en los fundamentos 97 a 112 de esta sentencia,
que uno de los límites a la autonomía universitaria es el respeto de los
mandatos constitucionales y en especial de los derechos fundamentales, como la
educación y el debido proceso. Al revisar la situación expuesta por Jansely
Lorena Díaz Muñoz, y la forma en que la Universidad asumió su caso, la Sala advierte
que nunca se consideraron las reales circunstancias en las que se produjo el
reporte de inasistencia a la sesión del 8 de mayo de 2018 correspondiente a la
clase de Laboratorio equipos de diagnóstico.
136. Así pues, a continuación la
Sala explicará por qué, al no tener en cuenta el contexto en el que vive la
accionante, los problemas de movilidad que puso de presente en más de una
ocasión ante la Institución, y tomar una decisión que no se ajusta a la
realidad; la Universidad vulneró los derechos al debido proceso y a la
educación de Jansely Lorena.
137. Tal como se ha venido
explicando, el 8 de mayo de 2018 -falla que se discute- la accionante llegó 18
minutos tarde a una clase de 2 horas de duración, pero asistió al resto de la
sesión.[88] En la contestación a la
acción de tutela, la Universidad admitió en más de una ocasión que el día 8 de
mayo de 2018 Jansely Lorena Díaz Muñoz asistió a la clase Laboratorio equipos
de diagnóstico. Entonces, la accionante habría incumplido el deber de llegar a
tiempo a dicha asignatura, pero en realidad, estuvo presente durante la mayoría
de tiempo de la misma. A continuación la Sala trascribe algunas de las
afirmaciones hechas por dicha Institución que dan cuenta de su conocimiento acerca
de lo realmente ocurrido:
“[…] Así las cosas, el docente de
la asignatura en cumplimiento de lo establecido por el Reglamento, no retiró la
falla ya registrada, pues la estudiante pese a conocer los compromisos adquiridos
ingresó veinte minutos después de iniciada la clase, cuando ya este había
realizado el llamado a lista”[89]
“Aunado a lo anterior, es
importante aclarar que pese a que la estudiante incumpliera con el horario
de inicio de clase, el docente no podía cohibir a la accionante de ingresar a
la misma, pues ella cuenta con el derecho de recibir su formación
académica, como hasta el momento lo ha hecho, y de presentar las actividades
académicas que enriquecen su desarrollo profesional.”[90]
“Es de reiterar, que si bien a
la estudiante se le permitía el ingreso a las sesiones de clase en aras de no
obstaculizar su formación académica; el docente titular de la asignatura,
tiene la obligación y responsabilidad de registrar las fallas en el sistema de
seguimiento estudiantil, al constatar que la estudiosa no respondía el llamado
a lista, pues ello acredita que evidentemente la estudiosa no cumplió con el
horario de inicio de la clase y permite activar procesos de acompañamiento
desde el programa apoyar.”[91] Subraya la Sala.
138. Queda claro entonces que la Universidad
tenía conocimiento de que la accionante había asistido a la sesión del 8 de
mayo de 2018.
139. Ahora bien, la Sala
evidencia que en este caso la accionada hizo una aplicación en extremo rigurosa
del reglamento universitario, que generó una vulneración al debido proceso de
la accionante, y con ello afectó, también su derecho a la educación.
140. En efecto, la Universidad no
analizó las circunstancias particulares de Jansely Lorena al resolver sus
requerimientos, pues las respuestas que obran en el expediente dan cuenta de
que la accionada se limitó a señalar que no aceptaba la solicitud de retiro de
la falta, pero en ningún momento motivó expresamente sus razones, ni tuvo en
cuenta (i) que la accionante vive en la zona rural de Ciudad Bolivar, en una
vereda que limita con la localidad de Sumapaz, que tiene una sola vía de acceso
y presenta graves y continuos problemas de movilidad; (ii) pasó por alto el
hecho de que la accionante llegó tarde a la clase del 8 de mayo de 2018, pero
estuvo presente durante la mayor parte del tiempo de la misma; (iii) no escuchó
los argumentos de la actora que ponían de presente la afectación de su derecho
a la educación, pues al reprobar esa materia por inasistencia, su promedio del
semestre no le permitiría continuar siendo beneficiaria de la beca que le fue
otorgada por la Secretaría de Educación de Bogotá, por ser una de mas mejores
bachilleres de su promoción.
141. En línea con lo anterior, la
Sala advierte que, en efecto, la Universidad afectó de manera directa el
derecho fundamental a la educación de Jansely Lorena en sus facetas de acceso y
permanencia, en tanto la consecuencia de perder una asignatura con 0.0, es obtener
un promedio de 3.2 en el semestre, y con ello, perder el beneficio del crédito
beca que le fue otorgado por la Secretaría de Educación de Bogotá. Los efectos
de esa calificación en este caso son sumamente graves pues la accionante
tendría que abandonar sus estudios superiores, toda vez que no cuenta con los
recursos económicos para pagar por sí misma la matrícula de la Universidad, además,
tampoco podría acceder a la condonación de la deuda que se ha causado; y con
ello se podría ver afectado también su derecho al mínimo vital.
142. La Sala resalta que de ninguna
manera está avalando un actuar descuidado de la accionante. Por el contrario,
reconoce que esta debe cumplir con todas las obligaciones tanto académicas como
disciplinarias señaladas en los reglamentos de la Universidad; y es su
responsabilidad asistir puntualmente a todas las actividades que programe
durante cada semestre académico. No obstante, tras advertir que existió una
vulneración de los derechos al debido proceso y a la educación, en tanto la
accionada no tuvo en cuenta sus especiales condiciones personales al resolver
las solicitudes, el amparo será concedido.
143. En este orden de ideas, la
Sala tutelará los derechos fundamentales a la educación y al debido proceso de
Jansely Lorena Díaz Muñoz, y revocará las sentencias de instancia que habían
negado el amparo. En su lugar, ordenará a la Universidad Manuela Beltrán, que modifique
la nota obtenida por la actora en la asignatura Laboratorio equipos de
diagnóstico a 3.86, de acuerdo con el reporte parcial de calificaciones del 11
de junio de 2018[92], es decir aquella que
habría obtenido si su situación se hubiera resuelto teniendo en cuenta sus
particulares condiciones de movilidad, y si hubiera sido ajustada a la
realidad.
- Síntesis de la
decisión
144. Jansely Lorena Díaz Muñoz
acudió al amparo constitucional buscando la garantía de sus derechos de
petición y educación que estima vulnerados por la Universidad Manuela Beltrán.
Explicó que estudia en dicha Institución Ingeniería Biomédica, y que es
beneficiaria de un crédito beca que le fue otorgado por la Secretaría de
Educación de Bogotá, del cual depende el pago de su matrícula y la continuidad
en la carrera, pues no cuenta con recursos económicos que le permitan costear
los estudios en una institución privada. Durante el transcurso de su octavo semestre,
el día 8 de mayo de 2018 llegó 18 minutos tarde a la clase de Laboratorio
equipos de diagnóstico y el docente le reportó por séptima vez una falla. En
razón a lo anterior, reprobó la materia por inasistencia con una calificación
de 0.0, nota que afectó su promedio del semestre, que terminó en 3.2.
145. Aseguró que para poder
continuar con el referido crédito beca debe mantener un promedio mínimo de 3.5;
en vista de lo anterior, acudió en varias ocasiones a distintas instancias de
la Universidad, con el fin de que la falla que le fue reportada fuera
sustituida por un retardo, y que se tuviera como nota final la obtenida con
base en las evaluaciones que presentó durante el semestre. Incluso, acudió a la
Defensoría del Pueblo, autoridad que también envió una petición a su nombre.
Sin embargo la Universidad no accedió a sus solicitudes.
146. Luego de establecer que la
acción de tutela cumple con todos los requisitos de procedencia formal, la Sala
se propuso estudiar dos problemas jurídicos. Uno relacionado con la vulneración
del derecho de petición, y otro relativo al derecho a la educación y el debido
proceso.
147. Al analizar el contenido del
derecho de petición la Sala encontró que éste no había sido desconocido por la
Universidad accionada, porque dio respuestas claras, de fondo y oportunas a
cada una de las solicitudes que presentó la accionante y la Defensoría del
Pueblo.
148. En relación con el segundo
planteamiento, la Sala concluyó que existe una vulneración del derecho a la
educación y el debido proceso de Jansely Lorena Díaz Muñoz. Así, explicó que la
asignatura Laboratorio equipos de diagnóstico es de tipo práctico, y que existe
un vacío en la normativa de la Universidad en torno a (i) el porcentaje
permitido de inasistencias a este tipo de materias, y (ii) las consecuencias
por llegar tarde a las sesiones.
149. En este contexto, la
accionada identificó una norma aplicable: el artículo 29 del Reglamento de
Derechos y Deberes del estudiante, que regula lo relativo a la asistencia a
clases de tipo teórico -en las que se permite ausentarse a un 30% de las
sesiones- , y de tipo teórico práctico -que exigen un mayor porcentaje de
asistencia, pues se reprueban al fallar al 20% de las clases programadas. Al
adecuar dicho contenido al caso de la accionante, la Universidad realizó una
aplicación en extremo rigurosa de su reglamento y vulneró el debido proceso de
la accionante. Así, la Sala argumentó que la accionada debió tener en cuenta
las especiales condiciones personales y de movilidad de la accionante, así como
ajustar a la realidad el reporte de la asignatura que se discute. En consecuencia,
concluyó que con esa afectación al debido proceso, la Universidad comprometió
el derecho a la educación de la accionante, en los componentes de acceso y permanencia.
150. Por lo tanto, la Sala
tutelará los derechos a la educación y al debido proceso de Jansely Lorena Díaz
Muñoz, y le ordenará a la Universidad tener como nota definitiva de la materia
Laboratorio equipos de diagnóstico, la obtenida con base en las evaluaciones
que presentó durante el semestre, correspondiente a 3,86 que fue reportada en
el informe del 11 de junio de 2018.
III. DECISIÓN
151. En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- Revocar la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Setenta y Dos Civil
Municipal de Bogotá el 27 de junio de 2018, y la de segunda instancia proferida
por el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogotá el 8 de agosto de 2018,
que negaron el amparo del derecho a la educación de Jansely Lorena Díaz Muñoz.
Segundo.- Negar el amparo del derecho
de petición de Jansely Lorena Díaz Muñoz, de acuerdo con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
Tercero.- Tutelar los derechos a la
educación y al debido proceso de Jansely Lorena Díaz Muñoz, conforme a la parte
considerativa de esta sentencia.
Cuarto.- Ordenar a la Universidad Manuela
Beltrán que, en el término de las 72 horas siguientes a la notificación de esta
providencia modifique la calificación final de la asignatura Laboratorio
equipos de diagnóstico de la estudiante Jansely Lorena Díaz Muñoz, por 3.86,
que fue la nota obtenida con base en las evaluaciones que presentó durante el
semestre, de acuerdo con el reporte parcial de calificaciones del 11 de junio
de 2018.
Quinto.-Librar por la Secretaría General de esta Corporación la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folio
12, cuaderno de primera instancia.
[2] Folio
17, cuaderno de primera instancia.
[3] Folio 145, reverso, cuaderno de primera instancia.
[4] Folio
18, reverso, cuaderno de primera instancia.
[5] Folio
69, reverso, cuaderno de primera instancia.
[6] Folio
69, reverso, cuaderno de primera instancia.
[7] Folio 70,
cuaderno de primera instancia.
[8] Folio
9392, reverso, cuaderno de primera instancia.
[9] Folio
101, cuaderno de primera instancia.
[10] A pesar de que la accionante no invocó este derecho en su escrito
de tutela, resulta necesario incorporarlo al análisis del caso concreto. Ello
dado que este involucra un debate sobre la aplicación de los reglamentos de la
Institución educativa accionada.
[11] Constitución Política, artículo
86: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
[12] “Por el cual se reglamenta la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[13] “Artículo 86: (…) La ley establecerá los casos en los que la acción
de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un
servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión.”
[14] Estatutos de la Universidad Manuela Beltrán. Artículo 1.
Disponible en https:// https://www.umb.edu.co/descargas/politicas/ESTATUTOS-APROBADOS-RESOLUCION-2360-UMB.pdf
[15] Ver, entre muchas otras, las sentencias T-012 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-105 de
1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T- 374 de 1998. M.P. José Gregorio Hernández
Galindo; SU-166 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-163 de 2002. M.P.
Jaime Córdoba Triviño; SU-975 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-268
de 2003. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-183 de 2011. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva, y C-951 de 2014 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[16] Sentencias
T-814 de 2005. M.P. Jaime Araujo Rentería; T-147 de 2006. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa;  T-610 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-760 de 2009. M.P.
Juan Carlos Henao Pérez; y T-167 de 2013. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[17] Para un análisis más detallado sobre el derecho de petición frente
a particulares ver sentencias T- 726 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo;
T- 430 de 2017. M. P. Alejandro Linares Cantillo y T- 487 de 2017. M.P. Alberto
Rojas Ríos.
[18] Sentencia T-002 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[19] Sentencia T-534 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía.
[20] Sentencia T-672 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara.
[21] Sentencia C-170 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[22] Sentencia C-170 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[23] Sentencia T-787 de 2006. M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra. Consideraciones semejantes se encuentran en las sentencias T-002
de 1992 M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-202 de 2000 y T-1677 de 2000 M.P.
Fabio Morón Díaz; y T-787 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[24] Artículo
365, Constitución Política de Colombia.
[25] Artículo 366, Ibídem.
[26]  Sentencia T-994 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[27] Sentencias T-571 de 1999. M.P. Fabio Morón Díaz; T-585 de 1999.
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-620 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero y
T-452 de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara, y T-1677 de 2000. M.P. Fabio
Morón Díaz.
[28] Sentencia
T-428 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
[29] Ver al respecto: Tomasevski, Katarina (Relatora especial de las
Naciones Unidas para el derecho a la educación). Human rights obligations: making education available, accessible,
acceptable and adaptable. Gothenbug, Novum
Grafiska AB, 2001. El Comité DESC, en su Observación General No. 13, sobre el
Derecho a la Educación se refirió a las cuatro dimensiones del derecho a la
educación en los siguientes términos: “6. Si bien la aplicación precisa y pertinente
de los requisitos dependerá de las condiciones que imperen en un determinado
Estado Parte, la educación en todas sus formas y en todos los niveles debe
tener las siguientes cuatro características interrelacionadas: || a)
Disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad
suficiente en el ámbito del Estado Parte. Las condiciones para que funcionen
dependen de numerosos factores, entre otros, el contexto de desarrollo en el
que actúan; por ejemplo, las instituciones y los programas probablemente
necesiten edificios u otra protección contra los elementos, instalaciones
sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios
competitivos, materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán además bibliotecas,
servicios de informática, tecnología de la información, etc.|| b)
Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser
accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte. La
accesibilidad consta de tres dimensiones que coinciden parcialmente: No
discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los
grupos no vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de
los motivos prohibidos (véanse los párrafos 31 a 37 sobre la no discriminación);||
Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea
por su localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela
vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas
de educación a distancia);|| Accesibilidad económica. La educación ha de estar
al alcance de todos. Esta dimensión de la accesibilidad está condicionada por
las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la
enseñanza primaria, secundaria y superior: mientras que la enseñanza primaria
ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados Partes que implanten
gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita.|| c) Aceptabilidad.
La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y
los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes,
adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando
proceda, los padres; este punto está supeditado a los objetivos de la educación
mencionados en el párrafo 1 del artículo 13 y a las normas mínimas que el
Estado apruebe en materia de enseñanza (véanse los párrafos 3 y 4 del artículo
13).|| d) Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria
para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación
y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales
variados.”
[30] Ver al respecto el inciso primero del artículo 68 superior.
[31] En este sentido, el inciso 5 del artículo 67 de la Constitución
indica que el Estado debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y
asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso.
[32] En relación con la accesibilidad
desde el punto de vista económico, cabe mencionar el inciso 4 del artículo 67
de la Constitución, según el cual la educación debe ser gratuita en las
instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a
quienes puedan sufragarlos.
[33] Al respecto, debe destacarse el inciso 5 del artículo 68 de la
Constitución, de conformidad con el cual los grupos étnicos tienen derecho a
una educación que respete y desarrolle su identidad cultural. Así mismo, el
inciso 6 ibídem señala la obligación del Estado de brindar educación
especializada a las personas con algún tipo de discapacidad y a aquellos con
capacidades excepcionales.
[34] El inciso 5 del artículo 67 superior expresamente señala que el
Estado debe garantizar a los menores su permanencia en el sistema educativo.
[35] Al respecto, el inciso 5 del
artículo 67 de la Carta dispone que el Estado debe regular y ejercer la suprema
inspección y vigilancia de la educación, con el fin de velar por su calidad y
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. Por su parte,
el inciso 3° del artículo 68 ibídem establece que la enseñanza debe estar a
cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica.
[36] Sentencia
T-428 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
[37] M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[38] Sentencia T-308 de 2011. M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto. Fundamentos 46 y 47 de la Observación General Nº 13 del
Comité DESC.
[39] Sentencia T-329 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[40] Sentencias
T-807 de 2003. M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-899 de 2005. M P  Alfredo Beltrán
Sierra; C-520 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa; T-884 de 2006. M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto; T-641 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-277 de
2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.; y C-003 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta Gómez.
[41] “Corte Constitucional, sentencia T-650 de 1996 (MP Jorge Arango
Mejía), en la que se indicó que “el derecho a la educación de los mayores de 18
años, es de carácter prestacional, que puede ser demandado del Estado, pero,
no son titulares de un derecho fundamental de aplicación inmediata”. También
pueden consultarse las sentencias T-534 de 1997 (MP Jorge Arango Mejía), T-1704 de 2000 (MP
Alejandro Martínez Caballero) y T-295 de 2004 (MP
Rodrigo Escobar Gil), en las que se resalta que el derecho a la educación de
mayores de edad es de tipo prestacional. En dichas providencias, los
accionantes solicitaron la protección de sus derechos fundamentales, la
prestación del servicio de educación básica o la
entrega de diplomas, actas de grado y certificados de estudios.” En Sentencia T-612 de 2017. M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
[42] M.P.
María Victoria Calle Correa.
[43] Ver, al respecto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Artículo 13. El Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, artículo 13, ambos incorporados al orden interno en virtud de la
cláusula de remisión e incorporación normativa contenida en el inciso 1º del
artículo 93 de la Constitución Política. Y Constitución Política, artículo 67.
[44] En relación con el derecho a la educación para personas adultas,
la Corporación ha resaltado su importancia en las sentencias T-018 de 1998 (MP
Carlos Gaviria Díaz), T-101 de 2001 (MP (E) Martha Victoria Sáchica Méndez),
T-534 de 1997 (MP Jorge Arango Mejía). En la sentencia T-533 de 2009 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto) se destacó el carácter fundamental del derecho,
con independencia de la edad del titular.  Además, se realizó un extenso
análisis sobre la naturaleza de las obligaciones estatales en relación con cada
uno de los componentes del derecho.
[45] Tanto la definición de un plan de vida como el acceso a esos
mínimos materiales fueron destacados como componentes del derecho a la dignidad
humana en la sentencia T-881 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).
[46] Al respecto, cfr. el texto “Sistema de seguimiento y evaluación
de la política pública educativa a la luz del derecho a la educación”. Bogotá,
2004, ya citado, en donde se explica las deficiencias del enfoque de la
educación como creación de “capital humano” frente al enfoque de la educación
como derecho.
[47] Constitución Política, artículo 67. Sentencias T-323 de 1994
(M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-376 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)
[48] Esta conclusión se desprende del artículo  68 de la
Constitución Política, la sentencia C-376 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva, la Observación General No. 11 del Comité DESC, relativa a la
interpretación del artículo 13 del PIDESC).
[49] Sentencia
C-520 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa.
[50] Ver
Sentencia T-533 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[51] Sentencia
T-156 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[52] Sentencia T- 705 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.
[53] Sobre el particular pueden ser
consultadas las Sentencias T-236
de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-527 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz; T-078 de 1996. M.P. Hernando Herrera
Vergara;
T-329 de1997. M.P. Fabio Morón Día; T-534 de 1997. M.P. Jorge Arango Mejía;
T-974 de 1999. M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-925 de 2002. M.P. Álvaro Tafur
Galvis; T-041 de 2009. M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-465 de 2010. M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio; T-056 de 2011. M.P Jorge Iván Palacio Palacio y T-941A de
2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, entre otras.
[54] Ver sentencias T-056 de 2011. M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio y T-141 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[55] Sentencia T-310 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Reiterada,
entre otras, en las sentencias T-097 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y
T- 277 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[56] Sentencia T-310 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[57] Sentencia T-152 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[58] Ibídem.
[59] Sentencias C-194 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-547 de
1994.
M.P. Carlos Gaviria Díaz; y C-420 de 1995. M.P. Hernando Herrera Vergara.
[60] Sentencias C-194 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-547 de
1994.
M.P. Carlos Gaviria Díaz; y C-420 de 1995. M.P. Hernando Herrera Vergara.
[61] Sentencias T-123 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-172 de
1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-506 de 1993. M.P. Jorge Arango
Mejía; y T-515 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[62] Sentencias C-547 de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-237de 1995.
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[63] Sentencias T-002 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo;
C-299 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-006 de 1996 y C-053 de 1998.
M.P. Fabio Morón Díaz.
[64] Sentencias T-574 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-513 de
1997. M.P. Jorge Arango Mejía.
[65] Sentencias T-187de 1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-002
de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-286 de 1995. M.P. Jorge Arango
Mejía; T-774 de 1998. M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-798 de 1998. M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa; y T-01 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[66] Sentencias T-061 de 1995. M.P. Hernando Herrera Vergara; T-515 de
1995 y T-196 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[67] Sentencias T-237 de 1995. M.P. Alejandro
Martínez Caballero y T-184 de 1996. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[68] Sentencia T-310 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
Reiterada, entre otras, en las Sentencias T- 691 de 2012. M.P. María Victoria
Calle Correa; T-097 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y T- 277 de 2016.
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[69] En la Sentencia T-301 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz esta
Corporación se refirió, de manera específica, a los contenidos mínimos del
derecho al debido proceso en el marco de procedimientos universitarios[69], así: “[…] la efectividad del derecho
al debido proceso dentro de los procedimientos sancionadores aplicados por las
instituciones universitarias, sólo queda garantizada si el mencionado
procedimiento comporta, como mínimo, las siguientes actuaciones: (1) la
comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a
quien se imputan las conductas pasibles de sanción; (2) la formulación de los
cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella
consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a
que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias
que consagran las faltas) y la calificación provisional de las conductas como
faltas disciplinarias; (3) el traslado al imputado de todas y cada una de las
pruebas que fundamentan los cargos formulados; (4) la indicación de un término
durante el cual el acusado pueda formular sus descargos (de manera oral o
escrita), controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere
necesarias para sustentar sus descargos; (5) el pronunciamiento definitivo de
las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; (6) la
imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y (7) la
posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos
pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes.”
[70] Sentencias T-845 de 2010 y T- 152 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[71] Sentencias T-669 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero;  SU-783
de 2003. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-689 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva; T-768 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-659 de 2010. M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio y T-152 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[72] Sentencia
T-1159 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[73] Sentencia T-828 de 2008. M.P. Mauricio
González Cuervo.
[74] Sentencia T-886 de 2009. M.P. Juan Carlos
Henao Pérez.
[75] Sentencia T-720 de 2012. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[76] Sentencia T- 531 de 2014. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[77] Sentencia T- 152 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[78] Sentencia
T-156 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[79] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[80] Folio 3,
reverso, cuaderno de primera instancia.
[81] Folios 58 a
60, cuaderno de primera instancia.
[82] Literal a),
artículo 2, Reglamento de Prácticas y Pasantías.
[83] Literal b),
artículo 2, Reglamento de Prácticas y Pasantías.
[84] Literal f),
artículo 2, Reglamento de Prácticas y Pasantías.
[85] Ver
folio 136, cuaderno de primera instancia.
[86] Ver
reverso del folio 18, cuaderno de primera instancia.
[87] Folio
72, reverso, cuaderno de primera instancia.
[88] La accionante ha explicado
durante todo el proceso que se surtió en la Universidad, y en el marco de esta
acción de tutela, que el 8 de mayo de 2018 asistió a la clase Laboratorio
equipos de diagnóstico, pero llegó 18 minutos tarde y, que pese a que el
docente se encontraba aun llamando a lista, ya había pasado por su apellido y
se negó a retirar la falla que le había puesto en el sistema. Esta situación es
aceptada por la Universidad, entidad que en ningún momento refutó que Jansely
Lorena hubiera llegado tarde a clase, e incluso, reconoció que sabía de las
dificultades de transporte que suele presentar, debido a la ubicación de su
hogar.
[89] “[…] al margen de permitir la entrega de trabajos y desarrollo
de actividades en el curso de la materia, no puede perderse de vista que no se
presentó excusa alguna ante el docente titular de la asignatura o Programa, que
permitiera retirar el registro de estas fallas, toda vez que estas acreditan
que evidentemente la estudiante no asistió […]” Folio
69, reverso, cuaderno de primera instancia.
[90] Folio 71, cuaderno de primera instancia.
[91] Folio 71, reverso, cuaderno de primera instancia.
[92] Folio
21, cuaderno de primera instancia.