T-905-14
NOTAS DE RELATORIA: De conformidad con el
Auto del 10 de julio de 2015 proferido por el doctor Jorge Iván Palacio
Palacio, se deja la siguiente constancia: “que el Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio no participó en las sentencias T-903, T-904, T-905 y T-906 de
2014, dictadas el 26 de noviembre de 2014
Mediante Auto 332 de fecha 5 de agosto de 2015, el cual se
anexa en la parte final, se declara la nulidad de la presente providencia y se
ordena disponer a cargo de la Sala Tercera de Revisión que proceda a dictar una
nueva providencia en su reemplazo.
Sentencia T-905/14
Referencia: Expediente T-4.452.994
Asunto: Acción de tutela instaurada por la
señora Alisson Ramírez Ortegón, como agente oficiosa de la señora Rosa Inés
Ortegón de Ramírez, contra Coomeva EPS
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil
catorce (2014).
La Sala
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis
Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 y subsiguientes del
Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo de tutela proferido el 18
de junio de 2014 por el Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá DC,
correspondiente al trámite de la acción de amparo constitucional impetrada por la
señora Alisson Ramírez Ortegón, como agente oficiosa de la señora Rosa Inés
Ortegón de Ramírez, contra Coomeva EPS.
I. ANTECEDENTES
El 9 de junio de 2014, la señora Alisson Ramírez Ortegón,
actuando como agente oficiosa de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez, presentó
acción de tutela en contra de Coomeva EPS, con el fin de obtener el amparo de
sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y al mínimo vital, que
consideró vulnerados por la negativa de la entidad accionada de autorizar el
servicio de enfermería en casa durante 24 horas y por el hecho de suspender el
pago de la pensión reconocida a su favor a partir de agosto de 2012.
1.1. Hechos relevantes que aparecen en el expediente
1.1.1. La señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez, agenciada en
este proceso de tutela, tiene 83 años y se encuentra afiliada a Coomeva EPS[1].
Hace aproximadamente tres años fue diagnosticada con meningioma pterional
izquierdo con masa intercraneal que se extiende a lo largo del hemicráneo con
moderado efecto comprensivo, diabetes mellitus e hipertensión arterial. Actualmente
vive con su esposo, una persona de la misma edad[2], recibiendo una mesada pensional equivalente
a un salario mínimo mensual legal vigente que paga Colpensiones, a través del
Banco Popular en su sede de Chapinero.
1.1.2. Como consecuencia de su actual condición de salud, la
agenciada ha sido hospitalizada en diferentes ocasiones y se encuentra
imposibilitada para valerse por sí misma. Por esta razón, en reiteradas
oportunidades, sus hijos han solicitado a su favor la autorización de atención
domiciliaria con enfermería durante 24 horas[3]. A pesar de lo anterior, la entidad demandada
no ha autorizado el servicio en las condiciones pedidas por su familia.
1.1.3. Ante la citada negativa, la señora Alisson Ramírez
Ortegón, hija de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez, interpuso una acción de
tutela en el año 2013 en contra de Coomeva EPS, con el propósito de solicitar
el amparo de sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y al mínimo
vital. En concreto, se solicitó que se ordenara no enviar a la paciente a su
casa[4],
pues se consideró que la prestación integral de los servicios médicos debía
seguir siendo prestado en la Clínica Palermo, tal como se había hecho durante su
hospitalización. De manera subsidiaría, en caso de que se diera de alta a la
usuaria, se demandó la prestación del servicio de enfermería en casa las 24
horas al día “para que atienda todo lo relacionado con el cuidado de la
alimentación parenteral, cuidados dermatológicos, baño y aseo personal, cambios
de posición, cuidado y manejo de gastronomía, administración de medicamentos,
manejo de oxígeno, los que debido a su complejidad única y exclusivamente
pueden ser prestados por un profesional entrenado en el área”[5].
Finalmente, se reclamó el suministro de pañales y el pago efectivo de la mesada
pensional, cuya cancelación se había suspendido desde agosto del 2012.
Como fundamento de esta demanda de amparo, en primer lugar,
se señaló que la agenciada estaba hospitalizada en la Clínica Palermo y que el
médico tratante le recomendó el traslado a su casa, pues la paciente se encontraba
en una etapa terminal, que no requería ser manejada desde el hospital. En segundo
lugar, se señaló que la señora Ortegón de Ramírez era una persona de la tercera
edad que no contaba con recursos económicos suficientes para sufragar los
gastos económicos que se derivaban de su enfermedad, ya que recibía una
prestación pensional equivalente a un salario mínimo, la cual, por lo demás, no
se venía pagando desde agosto de 2012. Finalmente, se manifestó que la
agenciada vivía en la casa con su esposo, quien no estaba en condiciones de
capacitarse para atender los requerimientos médicos que demandaba su situación,
en la medida en que se trataba de una persona mayor de 80 años[6], siendo
necesario la disposición de una persona que pudiera cuidarla permanentemente.
1.1.3.1. La acción de la referencia fue conocida en primera
instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual, a través de
sentencia del 28 de febrero de 2013, decidió amparar los derechos fundamentales
a la vida digna y a la salud de la agenciada. En este orden de ideas, ordenó la
entrega periódica de pañales, (ii) “el servicio de cuidador primario
permanente, por turnos, con personal especializado e idóneo en los cuidados
requeridos (…), hasta tanto persistan las circunstancias que originan esta
necesidad” y (iii) todos los “procedimientos médicos necesarios para
atender integralmente la enfermedad que [la señora Ortegón de Ramírez] padece”[7].
En esta oportunidad, no se realizó pronunciamiento alguno en relación con la solicitud
de pago de la mesada pensional.
Con posterioridad, el 7 de marzo del año en cita, la
Congregación de Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la
Santísima Virgen solicitó al juez de primera instancia la adición de la
sentencia de la referencia, específicamente en lo que atañe al “cubrimiento
que debe realizar la EPS Coomeva a los servicios oportunamente prestados por la
Clínica Palermo hasta el día efectivo de la salida del paciente. De igual
forma, si los servicios prestados, tienen o no cargo por concepto de cuotas
moderadoras o copagos por parte de la paciente y su familia.”[8]
Al respecto, en providencia del 8 de marzo de 2013, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca señaló que la citada entidad de salud debía asumir todos los
costos de hospitalización de la agenciada.
1.1.3.2. En segundo instancia, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado decidió confirmar el fallo del a quo,
en lo tocante al amparo de los derechos fundamentales a la vida digna y a la
salud. Sin embargo, consideró oportuno modificar algunas de las órdenes
expuestas y adicionar otras tendientes a la efectiva protección de los derechos
amenazados. En este sentido, en sentencia del 6 de junio de 2013, dispuso que:
-
En cuanto a la prestación del
servicio de enfermería en casa, teniendo en cuenta la valoración realizada el
15 día de marzo de 2013 a la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez por un médico
domiciliario, a través de la empresa SETECA (Servicios Terapéuticos en Casa), se
determinó que dicho servicio se requería durante 6 horas al día y no por las 24
que había dispuesto el a quo, ya que, atendiendo a la condición de salud
de la agenciada, los cuidados no médicos podían ser asumidos por un familiar o por
alguna persona capacitada para dichos efectos por el médico domiciliario[9].
Sumado a lo anterior, el Consejo de Estado advirtió sobre el imperante deber de
cuidado y auxilio que tiene la familia y, por ende, los hijos de la señora
Ortegón de Ramírez, de colaborar en los cuidados no médicos que se deriven de su
condición.
-
En lo que respecta a la
suspensión del pago de la mesada pensional, el ad quem decidió amparar
el derecho al mínimo vital de la agenciada y ordenó al ISS y a Colpensiones el
pago efectivo y oportuno de dicha prestación.
1.1.3.3. Es oportuno mencionar que entre el fallo de
primera instancia que profirió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la
decisión de segunda instancia adoptada por el Consejo de Estado, la empresa
SETECA prestó el servicio de atención domiciliaria durante 24 horas al día. Una
vez la Subsección B de la Sección Segunda de este último Tribunal, concluyó que
la atención del médico en casa se requería por un total de 6 horas diarias, la citada
empresa ajustó el tiempo de prestación de sus servicios, de acuerdo con las
instrucciones dadas por Coomeva EPS[10].
1.1.3.4. Más adelante, se promovieron dos incidentes de
desacato, siendo negados en ambas ocasiones por el juez de primera instancia
(21 de febrero y 28 de mayo del 2014), al considerar que las autoridades
accionadas habían cumplido, hasta el momento, con las obligaciones derivadas de
los fallos de amparo[11]. En uno de dichos escritos, esto es,
el correspondiente al 21 de mayo de 2014, la señora Alisson Ramírez le solicitó
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que reevalue la prestación de 6
horas del servicio médico domiciliario y que ordene al Banco Popular la
cancelación de las mesadas pensionales que se le adeudaban, toda vez que las
mismas no se habían pagado desde que se profirió la decisión judicial que lo
ordenaba.
1.1.4. A pesar del amparo proferido por los jueces de
tutela y de las decisiones adoptadas al resolver los incidentes de desacato, la
señora Alisson Ramírez Ortegón radicó el pasado 9 de junio de 2014 una nueva
acción de tutela contra Coomeva EPS, cuya decisión de instancia constituye la
materia objeto de revisión (CP art. 241. 9). En esta oportunidad, en la que de
nuevo actúa como agente oficioso de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez, se insiste
en la protección de los derechos fundamentales a la vida digna y a la salud, con
fundamento básicamente en los mismos hechos que dieron lugar a la primera
acción de amparo, esto es:
-
Que la señora Ortegón de
Ramírez es una persona de la tercera edad, que hace tres años fue diagnosticada
con meningioma pterional izquierdo con masa intercraneal que se extiende a lo
largo del hemicráneo con moderado efecto comprensivo, diabetes mellitus e
hipertensión arterial, condición que le impide valerse por sí misma y auto
controlarse.
-
Que la agenciada vive con su
esposo, que actualmente tiene 83 años, quien no puede asumir las labores de
enfermería que requiere la señora Ortegón de Ramírez. Esto implica que deba
suministrarse, en su opinión, el servicio de enfermería durante 24 horas[12].
-
Que no cuenta con los
recursos económicos suficientes para cubrir los gastos médicos que se derivan
de su padecimiento, ya que su único ingreso es una pensión equivalente a un
salario mínimo que el Banco Popular no cancela desde agosto de 2012, pues a
pesar de existe un fallo judicial que ordenó el pago inmediato y que
Colpensiones transfirió los recursos, no los quieren entregar al señalar que sólo
lo pueden hacer directamente a la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez y no a su
hija[13].
1.2. Solicitud de amparo
En virtud de lo anterior, la accionante solicita que se
amparen los derechos fundamentales de su progenitora a la vida digna, a la
salud y al mínimo vital. Por consiguiente, pide que se ordene a Coomeva EPS que
preste el servicio de enfermería domiciliaria durante 24 horas y que, además,
se le imponga a Colpensiones el deber de pagar la pensión adeudada desde el mes
de agosto de 2012.
1.3. Contestación de las entidades accionadas e
intervención de terceros
En Auto del 9 de junio de 2014, el Juzgado 59 Civil
Municipal de Bogotá DC admitió la presente tutela y ordenó vincular al
Ministerio de la Protección Social, a la empresa SETECA, a la Procuraduría
General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo. Como medida cautelar dispuso
la prestación del servicio de enfermería domiciliaria durante 24 horas.
Por otra parte, se ofició al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para que informe si existió o no un trámite de incidente de
desacato en contra de la EPS y se dispuso a esta última realizar una nueva
valoración del cuadro clínico de la agenciada, con el fin de establecer si es
necesaria la prestación del servicio de enfermería durante 24 horas[14].
1.3.1. Contestación de Coomeva EPS
La citada Entidad Promotora de Salud precisó que, según los
registros que anexan a la contestación, “a la paciente se le han autorizado
los servicios de consultas especializadas, medicamentos, exámenes,
diagnósticos, hospitaliza-ciones, terapias domiciliarias, y enfermería
domiciliaria según lo ordenado por los médicos tratantes”. En lo que atañe al
servicio de atención domiciliaria de enfermería, se resaltó que de acuerdo con
las valoraciones médicas realizadas en la residencia de la paciente por el
médico tratante los días 5 de mayo y 12 de junio del año 2014, la última como
respuesta a la solicitud del juez de instancia, no han cambiado los supuestos
fácticos que dieron lugar al fallo del primer proceso de tutela, lo que
significa que en términos médicos se requieren de 6 horas de enfermería
domiciliaria.
Conforme a lo expuesto, estima que la presente acción constituye
una actuación temeraria de la señora Alisson Ramírez Ortegón, por lo que pide  desestimar
la pretensión respecto de la EPS, en la medida en que ésta ha cumplido cabalmente
con el suministro de los servicios y medicamentos que se han derivado de su
situación médica, de acuerdo con lo ordenado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la sentencia del 28 de febrero de 2013 y confirmado por el
Consejo de Estado en el fallo del 6 de junio del año en cita.
1.3.2. Contestación de SETECA, Servicios Terapéuticos en
Casa
La empresa en mención informó que no tiene injerencia en la
autorización de los servicios de atención médica que prestan, ya que, en todos
los casos, su actuación depende del contrato suscrito con Coomeva EPS.
1.3.3. Contestación del Ministerio de la Protección Social
El Ministerio de la Protección Social solicitó al juez de
tutela abstenerse de realizar cualquier tipo de pronunciamiento respecto de la
posibilidad de recobro al FOSYGA, “para que de esta forma las EPS utilicen
los mecanismos legales y administrativos establecidos para tal fin, lo anterior
teniendo en cuenta que podrían verse afectados recursos públicos y se violaría
el principio de legalidad del gasto.”[15]
1.3.4. Contestación de la Procuraduría General de la Nación
La Jefe de la Oficina Jurídica de la Vista Fiscal manifestó
que carece de legitimación por pasiva, puesto que no existió ninguna actuación
omisiva de su parte que diera lugar a la interposición de la presente acción de
amparo. También precisó que si bien se seleccionó este caso para realizar una
intervención preventiva, a la fecha no habían realizado acompañamiento alguno, que
implicara su reconocimiento como parte accionada en el proceso.
1.3.5. Contestación de la Defensoría del Pueblo
El Defensor Regional de Bogotá afirmó que la entidad que
representa tampoco tiene legitimación por pasiva, ya que al revisar el sistema
de información institucional no aparecen como usuarias, afectadas o peticionarias,
las señoras Alisson Ramírez Ortegón y Rosa Inés Ortegón de Ramírez. Sin
perjuicio de lo anterior, en virtud de sus funciones constitucionales y
legales, manifestar estar atento a ejercer la debida vigilancia a lo que sea
ordenado por el juez de tutela en el caso concreto.
1.3.6. Intervención del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
En comunicación extemporánea, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca informó que tramitó dos incidentes de desacato, que fueron
resueltos por medio de providencias del 21 de febrero y del 28 de mayo del
2014.
El primero de ellos se inició a través de una solicitud
presentada por la parte actora en el mes de diciembre de 2013. En síntesis, el
Tribunal encontró que Colpensiones había reactivado el pago de la prestación
pensional desde enero de 2014, puesto que ya se habían transferido los recursos
al Banco Popular para cubrir el monto de lo adeudado. Además, también se había
cancelado a la EPS el retroactivo de los aportes que se encontraban en mora, con
el fin de evitar una afectación en la prestación de los servicios médicos que
recibía la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez.
El segundo se originó por intermedio de una petición
presentada el 21 de mayo de 2014, en la que se pidió al Tribunal reevaluar la
prestación del servicio de enfermería a favor de la señora Ortegón de Ramírez. En
providencia del día 28 del mismo mes y año, la citada autoridad judicial
concluyó que: “las órdenes impartidas se encuentran cumplidas; empero si
persisten vulneraciones diferentes a las que se dictaron en el fallo que
confirmó y adicionó el H. Consejo de Estado, la parte actora deberá ponerlas en
conocimiento de la entidad accionada y en caso de que persista renuencia por
resolver lo peticionado, interponer una nueva acción constitucional a fin de
que sean estudiadas las nuevas circunstancias que considera conculcan sus
derechos.”[16] (Se subraya por fuera del
texto original)
II. SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
En sentencia del 18 de junio de 2014, el Juzgado 59 Civil
Municipal de Bogotá DC resolvió negar el amparo de tutela invocado por la
señora Allison Ramírez Ortegón, como agente oficiosa de la señora Rosa Inés
Ortegón de Ramírez, al considerar que “en lo objetivo y en lo sustancial, ya
fueron materia de definición en el pretérito fallo tutelar del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de Estado, pues en aquella
oportunidad, el marco fáctico se centró y tuvo como punto de partida, el mismo
diagnóstico y patología a nivel del sistema nervioso que padece”[17].
III. PRUEBAS
En el expediente obran las siguientes pruebas relevantes:
3.1. Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Rosa
Inés Ortegón de Ramírez[18].
3.2. Copia de la cédula de ciudadanía del señor Luis
Alberto Ramírez Barrero, esposo de la paciente y padre de la accionante[19].
3.3. Copia de la historia médica de la señora Ortegón de
Ramírez, en la que consta el diagnóstico de su padecimiento, los momentos en
que ha sido hospitalizada y las constancias de las consultas
médico-domiciliarias que ha recibido[20].
3.4. Copia del fallo de primera instancia de la tutela
inicialmente interpuesta por la señora Alisson Ramírez Ortegón, como agente
oficiosa de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez, proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 28 de febrero de 2013. Como ya se dijo, en
esta providencia se decidió amparar los derechos a la vida digna y a la salud
de la agenciada, por virtud de lo cual se ordenó: (i) la entrega periódica de
pañales; (ii) el servicio de 24 horas de atención domiciliaria y (iii) el
tratamiento integral que demandara la enfermedad de la paciente[21].
3.5. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida
por el Consejo de Estado el día 6 de junio de 2013, en el proceso de amparo
inicialmente propuesto por la señora Alisson Ramírez Ortegón, como agente
oficiosa de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez. En este fallo se decidió
confirmar parcialmente la decisión adoptada por el a quo y modificar lo relativo,
en primer lugar, al servicio de atención domiciliaria, cuya prestación se
sometería a un término de duración de 6 horas diarias, de acuerdo con el
concepto médico emitido por el profesional tratante. Adicionalmente, en segundo
lugar, se dispuso a cargo de Colpensiones la obligación de reanudar el pago de
la pensión que se había dejado de cancelar desde agosto de 2012[22].
3.6. Copia del escrito referente a la segunda solicitud de
desacato, aparentemente dirigido a exigir el cumplimiento de los fallos de
tutela proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por el
Consejo de Estado. En esta oportunidad, se solicitó que fuese reevaluada la
prestación del servicio de atención domiciliaria por 24 horas a favor de la
señora Ortegón de Ramírez, como inicialmente había sido dispuesto[23].
3.7. Copia de los dos autos proferidos por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en los que resolvió los incidentes de desacato propuestos
por la parte accionante, con fechas del 21 de febrero y 28 de mayo de 2014. En
ambas ocasiones, el juez de instancia decidió negar la solicitud formulada, al
considerar que los entes demandados habían cumplido, hasta el momento, con las
obligaciones derivadas de los fallos de amparo[24].
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Competencia
La Sala de Selección de Tutelas Número Ocho,
mediante Auto del 6 de agosto de 2014, dispuso la revisión de la citada
sentencia de tutela, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241.9
de la Constitución Política, 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás
disposiciones pertinentes.
Al considerar que se presentaba unidad de
materia, en la providencia en cita se dispuso acumular el presente expediente
con el número T-4.360.866, para que fuesen fallados en una sola sentencia. No
obstante, al encontrar que las situaciones fácticas de uno y otro caso difieren
sustancialmente, la presente Sala de Revisión decidió desacumularlos, en
providencia del 24 de septiembre de 2014.
4.2. Actuaciones en sede de Revisión
4.2.1. En Auto proferido por el Magistrado Sustanciador el
25 de septiembre de 2014, se dispuso que por Secretaría General de esta
Corporación se oficiara a Coomeva EPS para que, en el término de cinco días
hábiles contados a partir de la notificación de la citada providencia, se
informara a la Corte lo siguiente: (i) la manera cómo se había llevado a cabo
la prestación del servicio de atención domiciliaria a favor de la señora Rosa
Inés Ortegón de Ramírez, en desarrollo de lo dispuesto en la sentencia
proferida por el Consejo de Estado el 6 de julio de 2013. De igual manera,
también se preguntó (ii) si se había modificado de forma alguna la prestación
del citado servicio, y (iii) si desde la fecha de la aludida sentencia, se habían
realizado nuevas valoraciones sobre la condición de salud de la paciente, en
qué ocasiones y con qué resultados.
En respuesta a los anteriores requerimientos, la entidad
demandada señaló que ha garantizado la prestación de todos los servicios
médicos requeridos por la paciente durante el tratamiento de su patología,
allanándose integralmente al cumplimiento de los fallos de tutela proferidos
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por el Consejo de Estado, el
28 de febrero y el 6 de junio de 2013, respectivamente. En sustento de lo
afirmado, anexa una relación de todos los servicios y medicamentos que se han
ordenado a favor de la señora Ortegón de Ramírez, haciendo alusión en cada uno
de ellos: al servicio prestado, a la fecha, al tipo de procedimiento y a la
entidad prestadora.
4.2.2. Al mismo tiempo que se surtía la actuación
previamente reseñada, por medio de la Secretaría General de la Corte, se ofició
a la señora Allison Ramírez Ortegón para que, en el término de cinco días
hábiles, informara a la Corte lo siguiente: (i) cuáles fueron los nuevos hechos
que dieron lugar a la interposición de la presente acción de tutela; (ii) si en
la actualidad la EPS está prestando el servicio de atención domiciliaria, y
(iii) si se ha realizado el pago efectivo de la mesada pensional por parte de
Colpensiones.
En cuanto a lo anterior, en primer lugar, la señora Ramírez
Ortegón informó que el servicio de atención domiciliaria actualmente se presta
durante 6 horas diarias por parte de la empresa Servicios Terapéuticos en Casa -SETECA-,
pero dado que su madre “continúa presentando un cuadro clínico crónico”[25],
considera que ese tiempo no es suficiente para satisfacer las necesidades de
cuidado que requiere. En segundo lugar, agregó que el Banco Popular no ha
cancelado las mesadas pensionales y aclaró que “cuando Colpensiones colocó
el dinero a disposición [en dicho banco], [éste] no lo canceló en razón a que
necesitaba que personalmente la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez acudiera a
la entidad bancaria [a] recibir su mesada”[26].
4.2.3. Finalmente, en el mismo Auto del pasado 25 de
septiembre de 2014, se ofició por medio de la Secretaría General de esta
Corporación al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a Colpensiones,
respecto del primero para indagar sobre el cumplimiento de las sentencias
proferidas en el primer proceso de tutela promovido a favor de la señora Rosa
Inés Ortegón de Ramírez y; en cuanto al segundo, para que una vez incorporado
al proceso, informara sobre el pago de la mesada pensional a favor de la
agenciada[27]. Vencido el término previsto en el
respectivo auto no se recibió respuesta alguna.
4.3. Problema jurídico y esquema de resolución
4.3.1. De los hechos presentados hasta el
momento, cabe resaltar que existen dos procesos de tutela sucesivos que
parecieran guardar conexidad temática. Así las cosas, en aras de determinar la
procedencia de la presente acción, inicialmente esta Sala de Revisión deberá
entrar a examinar si, pese a la similitud de los casos, la interposición de
este segundo amparo tuvo lugar ante la ocurrencia de un hecho nuevo que demanda
un pronunciamiento diferente por parte del juez de tutela o si, por el
contrario, se trata de una demanda temeraria cobijada por el fenómeno de la
cosa juzgada constitucional, caso en el cual cabe la declaratoria de
improcedencia de la acción.
En el evento de presentarse el primer escenario,
esto es, siempre que no exista cosa juzgada, esta Corporación deberá entrar a examinar
si Coomeva EPS vulneró los derechos fundamentales a la vida digna y a la salud
de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez, como consecuencia de su decisión de no
aumentar a 24 horas el servicio de atención domiciliaria que actualmente proporciona
en una jornada de 6 horas diarias. Por otra parte, también deberá precisar, si se
presenta un desconocimiento de los derechos al mínimo vital y a la vida digna
de la citada señora, dada la circunstancia de que Colpensiones no ha adoptado
las medidas pertinentes para asegurar el pago de la mesada pensional reconocida
a su favor, la cual se había suspendido desde agosto de 2012 y cuya cancelación
se ordenó –tanto en lo adeudado como en lo sucesivo– por parte del Consejo de
Estado.
4.3.2. A partir de la definición de las materias
objeto de controversia y teniendo en cuenta que en la jurisprudencia
constitucional se encuentran claramente determinadas las reglas jurídicas
aplicables al caso, esta Sala de Revisión se referirá brevemente a la temeridad
y al respeto por la cosa juzgada constitucional. Una vez concluido el estudio del
tema de la referencia, se procederá a la resolución del asunto en concreto.
4.4. De la temeridad en la acción de tutela y el
respeto por la cosa juzgada constitucional. Solución del caso concreto
4.4.1. De conformidad con lo previsto en el artículo 228 de
la Constitución Política, la Administración de Justicia es una función pública
cuyo objetivo es el de “hacer efectivos los derechos, obligaciones,
garantías y libertades consagrados en [la
Constitución y las leyes], con el fin de realizar la convivencia social y
lograr y mantener la concordia nacional”[28].
En relación con tal finalidad, el Constituyente estableció
expresamente el derecho de toda persona de acceder a la justicia, incluso sin
la necesidad de representación profesional, siempre y cuando se trate de
aquellos casos contemplados en la ley, como ocurre respecto de la acción de
tutela[29].
Como obligación correlativa, pero también como parte del desarrollo de la
citada finalidad, fue consagrado el deber de todo colombiano de colaborar con
el buen funcionamiento de la
Administración de Justicia[30], lo que supone –entre otras– la
exigencia de obrar sin temeridad en la búsqueda de la realización de sus
pretensiones[31].
El citado deber constitucional está ligado con la
obligación de actuar conforme con el principio de lealtad procesal, el cual
busca –a decir de sectores de la doctrina[32]– evitar actuaciones de las partes que
dañen o afecten el adecuado desempeño de la Administración de Justicia (que pueden concretarse en maniobras para entrabar procesos,
dilatarlos o lograr varios pronunciamientos sobre una misma causa) y que exigen
de quien acude ante los jueces de la República en defensa de sus derechos e
intereses que obre de buena fe, tal y como lo demanda el artículo 83 de la
Constitución Política. Por ello, el desconocimiento de este principio, faculta
a las autoridades judiciales para adoptar medidas que prevengan comportamientos
contrarios a sus postulados.
Sin embargo, como se verá más adelante, cabe señalar que la
jurisprudencia ha distinguido casos en los cuales, a pesar de existir
actuaciones que se considera que afectan el buen funcionamiento de la
Administración de Justicia, no por ello son contrarias a la buena fe. Así, si
bien el juez debe adoptar medidas para prevenir tal incidencia negativa, no por
ello acarrean responsabilidad alguna para la parte que las cometió.
4.4.2. Ahora bien, para precaver afectaciones a la
administración de justicia en materia de acción de tutela, cuyo funcionamiento
se vería perjudicado si una persona, sin una justificación razonable, elevase
la misma causa ante los jueces de la
República, contra las mismas partes y buscando la satisfacción de idénticas
pretensiones, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, estableció la figura de
la temeridad. Al respecto, la norma en cita expresamente señala que:
“Artículo 38. Actuación temeraria. Cuando,
sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada
por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazará o decidirá desfavorablemente todas las solicitudes. // El abogado que
promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos
hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional
al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta
profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.”
Esta Corporación se pronunció sobre la exequibilidad de
esta norma en la Sentencia C-054 de 1993[33] y la declaró ajustada a la
Constitución, bajo las siguientes consideraciones: “esta Corporación reitera
aquí lo que ya ha establecido en Sala de Revisión de Tutela, a propósito de la
actuación temeraria, cuando sostuvo que con base en los artículos 83, 95 y 209
de la Constitución, la actuación temeraria debe ser controlada en aras de
lograr la efectividad y agilidad en el funcionamiento del Estado. En aquella
oportunidad esta Corporación sostuvo que el abuso desmedido e irracional del
recurso judicial, para efectos de obtener múltiples pronunciamientos a partir
de un mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad civil, porque de
un 100% de la capacidad total de la administración de justicia, un incremento
en cualquier porcentaje, derivado de la repetición de casos idénticos,
necesariamente implica una pérdida directamente proporcional en la capacidad
judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad
civil.[34]”
Así las cosas, es claro que la figura de la temeridad
pretende precaver el uso desmedido e irracional de la acción de tutela, lo cual
incide positivamente en su efectividad y en la celeridad de la
Administración de Justicia[35]. Por ello, la consecuencia procesal de
incurrir en dicha conducta, como lo es el de rechazar o decidir
desfavorablemente todas las solicitudes, se ha considerado ajustada al
ordenamiento superior.
4.4.3. Como se infiere de la norma previamente transcrita,
para que exista una actuación temeraria es necesario que concurran tres
elementos: identidad de causa, identidad de partes e identidad de pretensiones
o de objeto.
En este sentido, reiterando su jurisprudencia, en la
Sentencia T-727 de 2011[36], esta Corporación señaló que existe
temeridad cuando se presenta: “(i) una identidad en el objeto, es decir, que ‘las
demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o sobre todo
el amparo de un mismo derecho fundamental’[37]; (ii) una identidad de causa
petendi, que hace referencia a ‘que el ejercicio de las acciones se
fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa’[38];
y, (iii) una identidad de partes, o sea que las acciones de tutela se hayan
dirigido contra el mismo demandado y, del mismo modo, se hayan interpuesto por
el mismo demandante, ya sea en su condición de persona natural o persona
jurídica, de manera directa o por medio de apoderado[39]”.
Con todo, la sola concurrencia de tales elementos no
conlleva el surgimiento automático de la temeridad que, como ya se dijo, tiene
por consecuencia la invalidad procesal de la acción de tutela. Así, siguiendo
lo establecido en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991,
a pesar de la identidad de causa, objeto y pretensiones, el accionante debe de
carecer de un motivo justificado y expreso para incoar de nuevo la acción
constitucional. Al respecto, en la
Sentencia T-919 de 2003[40], este Tribunal apuntó que: “Cuando en
un proceso aparezca como factible la declaración de improcedencia en virtud de
una posible identidad de partes, hechos y pretensiones, el juez tiene el deber
de verificar que tal posibilidad en efecto se configure en el caso concreto y
adicionalmente que no existe una causa razonable para hacer uso nuevamente de
la acción, en el caso de que efectivamente se presente la identidad (…).”[41]
Por esta razón y atendiendo a la presunción de buena fe que
ampara los actos de los particulares, puede declararse la ocurrencia de una
temeridad, luego de que el juez constitucional examine con cuidado las
circunstancias que envuelven el caso en concreto y establezca que la actuación,
entre otras, “(i) resulta amañada, en la medida en que el actor se reserva para
cada demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus pretensiones[42];
(ii) denote el propósito desleal de ‘obtener la satisfacción del interés
individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación
judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable’[43];
(iii) deje al descubierto el ‘abuso del derecho porque deliberadamente y sin
tener razón, de mala fe se instaura la acción’[44]; o finalmente (iv) pretenda a través
de personas inescrupulosas asaltar la ‘buena fe de los administradores de
justicia’[45]”[46].
4.4.4. Como reiteradamente lo ha expuesto esta Corporación[47],
una vez se acredita la existencia de una actuación temeraria, además de
declarar la improcedencia de la acción, en los términos del artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991, el juez de tutela puede imponer la sanción pecuniaria
prevista en los artículos 72 y 73 del Código de Procedimiento Civil (hoy
artículos 80 y 81 del Código General del Proceso) a quien incurre en dicho
comportamiento, salvo que “el ejercicio de las acciones de tutela se [haya] funda[do] (i) en la ignorancia del
accionante; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o
(iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de
aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho”. En estos casos, si bien lo que se
impone es declarar la improcedencia de las acciones de tutela indebidamente
interpuestas como lo dispone la ley, no es viable la imposición de sanción
alguna en contra de quien incurre en dicha conducta, básicamente por la
inexistencia de un supuesto que permita acreditar que se actuó de mala fe[48].
En suma, cuando quiera que una persona acuda ante el juez
constitucional para que éste resuelva idéntica causa, busque la satisfacción de
idénticas pretensiones y demande a la misma parte, salvo que exista un motivo
expreso y razonable, deberá declararse la improcedencia de la acción de tutela.
En caso de que tal actuación no haya obedecido –entre otras hipótesis– a la
ignorancia, al asesoramiento errado o a un estado de indefensión, además de tal
declaratoria, deberá sancionarse a quién obró con temeridad.
4.4.5. El conjunto de reglas expuestas no sólo se aplican
para aquellos casos en que se presenta un ejercicio simultáneo de dos o
más acciones de tutela, sino también cuando su presentación ocurre de forma sucesiva,
esto es, cuando a la formulación de una nueva solicitud le antecede
otra que ya ha sido resuelta por las autoridades judiciales. En esta última
hipótesis, en los que una misma
persona instaura sucesivamente varias acciones de amparo en las que converge la
triple identidad (partes, hechos y pretensiones), la Corte ha precisado que más
allá de la declaratoria de temeridad, es preciso estudiar si ha operado el
fenómeno de la cosa juzgada constitucional sobre la primera de las
acciones promovidas, ya que, cuando ello ocurre, por sustracción de materia,
las tutelas subsiguientes son improcedentes[49].
Para tal efecto, como se expuso en la Sentencia SU-1219 de
2001[50],
es preciso recordar que, por regla general, cuando el juez de tutela resuelve
un asunto en concreto y posteriormente la Corte decide sobre su selección, la
decisión judicial sobre el caso se torna definitiva, inmutable y vinculante[51].
Si la Corte en ejercicio de la facultad discrecional de revisión, decide
seleccionar el caso para su estudio, la cosa juzgada constitucional se produce
con la ejecutoria del fallo de la propia Corte y, cuando no lo selecciona, la
misma opera a partir de la ejecutoria del auto en que se decide la no
selección. Luego de ello, la decisión queda ejecutoriada desde el punto de
vista formal y material, por lo que no es posible que se profiera un nuevo
pronunciamiento sobre el mismo asunto[52], pues ello desconocería la seguridad
jurídica que brinda esta herramienta de cierre del sistema jurídico.
En este caso y siempre que no se acredite la existencia de
una hipótesis que rompa la triple identidad que exige la acreditación de la
cosa juzgada o de un motivo que justifique la duplicidad en el ejercicio del
derecho de acción, el juez de tutela no sólo debe declarar improcedente el
amparo como consecuencia de un actuar temerario, sino primordialmente como
respuesta a la violación de la figura de la cosa juzgada constitucional, ya que
–de lo contrario– la acción de tutela perdería su carácter de instrumento
preferente y sumario de defensa de derechos fundamentales, para convertirse en
una vía para socavar los mínimos de seguridad jurídica en que se fundamenta el
Estado de Derecho.
De este modo, se concluye que las instituciones de la cosa
juzgada y la temeridad pretenden evitar la presentación sucesiva y simultánea
de las acciones de tutela. Aun cuando son conceptos diferentes, existen
hipótesis en las que confluyen. Así, por ejemplo, únicamente se presenta la
temeridad, cuando se incurre en la presentación simultánea de dos o más
solicitudes que presentan la triple identidad a la que se ha aludido, sin
motivo que lo justifique y sin que ninguna haya hecho tránsito a cosa juzgada.
Por el contrario, existe cosa juzgada y temeridad, cuando se interpone una acción
de amparo sobre una causa decidida previamente en otro proceso de igual
naturaleza, sin que existan razones que justifiquen la nueva solicitud. En este
último caso, sólo habrá lugar a la imposición de una sanción, como se explicó,
cuando se acredite que el actuar de quien incurrió en dicha conducta es
contrario a los postulados de la buena fe.
4.4.6. Como se deriva de los antecedentes
expuestos, en el asunto sub examine, la señora Alisson Ramírez Ortegón –actuando
como agente oficiosa de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez– presentó dos
acciones de tutela contra Coomeva EPS, en las que solicitó el amparo de los
derechos fundamentales de su progenitora a la vida digna, a la salud y al
mínimo vital. La primera se radicó en el mes de febrero de 2013 y la segunda el
día 9 de junio de 2014. Esta última dio origen a la sentencia proferida por el
Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá, cuya decisión se encuentra sometida al
presente proceso de revisión, en los términos del artículo 241.9 del Texto Superior.
A juicio de esta Sala de Revisión, vistos los
hechos que fundamentan el caso, es claro que se está en presencia de un
ejercicio sucesivo de la acción de tutela respecto de una materia que
guarda conexidad temática, por lo que se debe determinar si respecto de lo
solicitado ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, a
partir de la primera decisión de amparo proferida. Desde esta perspectiva, se
entrará a determinar si existe la triple identidad (partes, causa y objeto) y,
de ser así, por sustracción de materia, como ya se explicó, declarar la
improcedencia de la última acción propuesta.
4.4.6.1. En primer lugar, al examinar la
sentencia proferida por el juez de primera instancia en la presente causa, se
encuentra que éste denegó el amparo propuesto, al encontrar que –en general– se
configuraba una duplicidad en el ejercicio del derecho de acción, pues las
pretensiones aquí propuestas ya habían sido resueltas por los jueces de tutela
en el proceso preexistente. En este orden de ideas, se manifestó que:
“[E]sta instancia de tutela,
delanteramente procederá a negar la presente solicitud impetrada por la
accionante a través de su agente oficioso, pues considera el juzgado, que tanto
los supuestos fácticos, como los elementos de pretensión aquí traídos, en lo
objetivo y en lo sustancial, ya fueron materia de definición en el pretérito
fallo tutelar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de
Estado, pues en aquella oportunidad, el marco fáctico se centró y tuvo como
punto de partida, el mismo diagnóstico y patología a nivel del sistema nervioso
que padece la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez, terminando en aquél momento,
por tutelarse el derecho a la salud y conexos de la pretensora (…)”.
Al comprobar lo dispuesto en ambos fallos, se
observa que las autoridades judiciales previamente mencionadas impusieron las
siguientes órdenes a los sujetos vinculados al proceso: (i) A Coomeva EPS
se dispuso (a) el suministro periódico de pañales, según lo requiera la
señora Ortegón de Ramírez[53]; así como (b) el deber de facilitarle los
“procedimientos médicos necesarios para atender integralmente la enfermedad
que padece”[54], incluyendo (c) la prestación
del servicio médico domiciliario de enfermería durante 6 horas diarias[55].
Por su parte, (ii) al ISS y Colpensiones que “adelanten las
gestiones pertinentes para cancelarle a la ciudadana antes señalada las mesadas
pensionales adeudadas, y en lo sucesivo le paguen oportunamente dicha
prestación”[56].
4.4.6.2. En segundo lugar, a partir de los
hechos expuestos en el acápite de antecedentes y visto lo ordenado en los
fallos precedentes sobre la materia, esta Sala de Revisión considera que es
procedente entrar a determinar si existe la triple identidad previamente referida.
4.4.6.2.1. En cuanto a las partes, es
innegable que existe plena coincidencia en la parte activa, pues en
ambas ocasiones la demanda fue propuesta por la señora Alisson Ramírez Ortegón,
actuando como agente oficioso de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez.
En cuanto a la parte demandada, en las dos
oportunidades se demandó directamente por la accionante a Coomeva EPS, siendo
los jueces de instancia y en sede de revisión los que ampliaron el
contradictorio. En la actuación que se surtió en el año 2013 vinculando al ISS
y a Colpensiones[57], y en este proceso al Ministerio de la
Protección Social, a la empresa de Servicios Terapéuticos en Casa -SETECA-, a
la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a Colpensiones.
A pesar de que existen algunas diferencias formales
frente a los sujetos que finalmente fueron vinculados en este último proceso,
en concreto, la empresa de Servicios Terapéuticos en Casa, el Ministerio de la
Protección Social, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del
Pueblo; se constata que su incorporación se derivó más de la necesidad de
conocer su apreciación sobre la materia objeto de controversia, que por el
hecho de tener algún tipo de responsabilidad frente a las circunstancias que
supuestamente justifican el otorgamiento del amparo. En efecto, una lectura integral
del asunto objeto de decisión, permite concluir que las pretensiones que se
alegan al juez de tutela, al igual que ocurrió con la actuación surtida en el
año 2013, se concretan en el amparo de los derechos a la vida digna, a la salud
y al mínimo vital de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez, frente a lo cual
se pide que se ordene a Coomeva EPS que preste el servicio de enfermería
domiciliaria durante 24 horas, al tiempo que se exige de Colpensiones el deber
de pagar la pensión adeudada desde el mes de agosto de 2012.
En este contexto, pese a que en esta actuación
se vinculó oficiosamente a un mayor número de entidades, en términos
sustanciales, las autoridades compro-metidas finalmente son las mismas, esto
es, Coomeva EPS y Colpensiones. Por esta razón, esta Sala de Revisión encuentra
que existe plena coincidencia material en los sujetos que integran el rol
activo y pasivo de ambos procesos.
4.4.6.2.2. En lo que respecta al objeto, es
preciso aclarar que para el momento en que se presentó la primera acción de
tutela, la paciente se encontraba hospitalizada en la Clínica Palermo de Bogotá
y estaba próxima a ser dada de alta puesto que el médico tratante consideró que
al encontrarse en una etapa terminal, su condición podía ser tratada desde su
residencia. Por tal motivo, como pretensión principal, solicitó que: “Primera.-
Se ordene en forma inmediata a Coomeva EPS que continúe la prestación de los
servicios médicos requeridos en la Clínica Palermo, sin interrupción de ninguna
naturaleza, en razón a la gravedad de la paciente”.
No obstante, como pretensión subsidiaria,
planteó que en caso de que se decidiera enviar a la paciente a su hogar, se
reconociera a su favor la presta-ción del servicio de atención en casa las 24
horas del día para que se garantizaran todas sus necesidades médicas y de otro
tipo. Aunado a ello, se pidió el suministro de pañales, dada la dificultad para
controlar los esfínteres. Expresamente, se señaló que: “Segunda.- Se
ordene a Coomeva EPS, la atención por parte de un enfermero las veinticuatro
(24) horas del día para que atienda todo lo relacionado con el cuidado de la
alimentación parenteral, cuidados dermatológicos, baño y aseo personal, cambios
de posición, cuidado y manejo de gastronomía, administración de medicamentos,
manejo de oxígeno, los que debido a su complejidad única y exclusiva[mente]
pueden ser prestados por un profesional entrenado en el área (…) Tercera.-
Se ordene a Coomeva EPS, el suministro de los pañales requeridos para su aseo e
higiene personal a la accionante en razón a su estado clínico donde no hay
control de esfínteres”.
La autoridad que conoció de esta actuación
judicial en primera instancia, esto es, la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que no podía accederse a la
solicitud de mantener indefinidamente hospitalizada a la señora Ortegón de
Ramírez, dado que la razón de ser de los centros hospitalarios no es la de
servir de albergue de los adultos mayores. Sin embargo, estimó que por su
difícil situación económica tenía derecho (i) al servicio de un cuidador
primario de 24 horas, (ii) a la entrega permanente de pañales y (iii) al reconocimiento
a su favor del tratamiento integral. Todas estas órdenes, como previamente se expuso,
fueron dispuestas en la sentencia del 28 de febrero de 2013[58].
En segunda instancia y luego de la vinculación
al proceso del ISS y Colpensiones, la Subsección B de la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, decidió revocar la
orden correspondiente a la atención especializada de 24 horas, por una parte,
porque carecía de prescripción médica, y por la otra, porque a partir de una
valoración ordenada por dicha autoridad, el médico tratante –al aplicarle a la
agenciada la escala de medición de requerimiento de enfermería– le asignó una
calificación de 3.1, conforme a la cual la paciente requiere de cuidados de
enfermería de 6 horas al día (gastronomía y nutrición). Frente al resto de
labores personales como el aseo, el cambio de posición o la supervisión de
signos vitales, estimó que no son obligaciones que puedan trasladarse a la EPS
accionada, puesto que corresponden a una derivación del deber de solidaridad
que existe en la familia, la cual, en el caso de la señora Ortegón de Ramírez, no
sólo se integra por el cónyuge, como lo insinúa la agente oficioso, sino por seis
hijos mayores de edad sin limitación alguna[59].
Por lo demás, la citada Corporación encontró que
del hecho referente a que la agenciada no venía recibiendo sus mesadas
pensionales, se infería una pretensión vinculada con la necesidad de proteger
el mínimo vital. Dado el silencio de las entidades vinculadas, se decidió
entonces prescribir en su favor una medida protección derivada de la presunción
de afectación del citado derecho, consistente en ordenarle “al ISS y a
COLPENSIONES, que en el término de 5 días siguientes a la notificación de esta
providencia, adelanten las gestiones pertinentes para cancelarle a la ciudadana
antes señalada, las mesadas pensionales adeudadas, y en lo sucesivo le paguen
oportunamente dicha prestación”.
Del resumen de lo expuesto se infiere, por una
parte, que si bien la pretensión inicial se vinculaba con la permanencia de la
señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez en la Clínica Palermo, la misma fue
descartada por el juez de primera instancia y ratificada por el Consejo de
Estado. Por ello, y en virtud de las atribuciones extra y ultra petita
del juez de amparo constitucional, se entendió que las pretensiones formuladas
en esta primera oportunidad se concretaban en: (i) obtener el reconocimiento
del servicio de enfermería por 24 horas; (ii) acceder al suministro permanente
de pañales y a un tratamiento integral; y (iii) lograr el pago efectivo de la
mesada pensional de la agenciada, la cual había sido suspendida desde agosto de
2012[60].
Por su parte, en la acción de tutela objeto de
revisión, luego de reiterar la difícil situación por la que atraviesa la citada
señora Ortegón de Ramírez, se planteó expresamente como pretensión la de
ordenar de manera urgente la atención domiciliaria de enfermería durante 24
horas con personal capacitado,  señalando que el concepto que le sirvió de
sustento a la decisión del Consejo de Estado fue acomodado y que los familiares
en primer grado de la agenciada carecen de recursos para cubrir el valor total
de una enfermera, ya que “en ninguna de sus relaciones interpersonales
cuentan con nexos políticos o jurisdiccionales para acceder a cargos de empleo
que superen el mínimo vital”. Por lo demás, en uno de los hechos se advirtió
que pese a la orden de pago de la mesada pensional realizada por el máximo
tribunal de la justicia administrativa, aún no se cancela dicho valor.
Desde esta perspectiva, no cabe duda que visto
el objeto de esta nueva acción, el amparo se concreta en (i) extender el
servicio de enfermería a 24 horas y en (ii) lograr la efectiva cancelación de
la mesada pensional, ya que pese a que se dispuso judicialmente su pago, aún no
se ha realizado la entrega efectiva del dinero. Estas dos pretensiones
concuerdan integralmente con aquellas que, explícitamente o en virtud de la
amplitud en el examen de la congruencia por parte del juez de tutela, fueron
objeto de decisión en las sentencias del 28 de febrero y del 6 de junio de
2013, proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de
Estado.
En efecto, respecto de la solicitud de brindar el servicio
de enfermería las 24 horas, a partir de un examen riguroso sobre la materia y
de un concepto médico solicitado directamente por el Consejo de Estado, se
dispuso que: “ORDÉNASE [a] Coomeva EPS, una vez la señora Rosa Inés Ortegón
de Ramírez egrese de la clínica en que se encuentre, prestarle a aquélla el
servicio de enfermería domiciliaria durante 6 horas diarias de acuerdo a las
indicaciones que fueron establecidas por el profesional de la salud que evaluó
su situación en esta instancia, y en lo sucesivo por lo dispuesto por su médico
tratante, coordinando para tal efecto con los familiares de la paciente los
horarios en los que es más efectiva y necesaria la prestación de dicho servicio
(…)”. Y, en lo atinente al pago efectivo de la mesada pensional, en términos
de la misma autoridad judicial, se estableció que: “TUTÉLASE el derecho
fundamental al mínimo [vital] de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez. En
consecuencia, ORDÉNASE al ISS y a COLPENSIONES, que en el término de 5 días
siguientes a la notificación de esta providencia, adelanten las gestiones
pertinentes para cancelarle a la ciudadana antes señalada las mesadas
pensionales adeudadas, y en lo sucesivo le paguen oportunamente dicha
prestación”.
Como se observa, en ambos casos, se formula el amparo de
los mismos derechos (vida digna, salud y mínimo vital) y las pretensiones
invocadas (con excepción de las particularidades del primer caso) son
exactamente las mismas. Así las cosas, en criterio de esta Corporación, plena
identidad de objeto y lo solicitado, en principio, como se deriva de las
órdenes expuestas, fue resuelto directamente por el juez de tutela en un fallo
anterior.
4.4.6.2.3. Finalmente, con miras a determinar si existe o
no cosa juzgada constitucional, queda por examinar si se presenta identidad
de causa. Respecto de este punto, esta Sala de Revisión encuentra que los
hechos que justificaron el amparo decretado en providencias del 2013 y aquellos
que motivan la presentación de esta nueva acción son –en esencia– los mismos.
Así, en ambas oportunidades, se sostiene que:
-
El amparo se promueve a
favor de una persona de la tercera edad, que hace tres años fue diagnosticada
con meningioma pterional izquierdo con masa intercraneal que se extiende a lo
largo del hemicráneo con moderado efecto comprensivo, diabetes mellitus e
hipertensión arterial, condición que le impide valerse por sí misma y auto
controlarse.
-
Si bien la agenciada tiene seis
hijos mayores de edad, vive sola con su esposo, que actualmente tiene 83 años, razón
por la cual no puede asumir las labores de enfermería que requiere en su casa la
señora Ortegón de Ramírez.
-
Por último, la señora citada
no tiene los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos médicos que
se derivan de su padecimiento, ya que el único ingreso con el que cuenta es una
pensión por el monto de un salario mínimo cuyo pago no se ha hecho efectivo
desde el mes de agosto de 2012. Sobre este punto, vale la pena resaltar que en
la presente tutela se precisa que ya existe un fallo judicial, es decir, la
sentencia del 6 de junio de 2013 del Consejo de Estado, que ordena el pago
inmediato de la misma.
No cabe duda entonces de que en esta ocasión se presenta
una identidad de causa, más allá de que en la primera tutela
inicialmente se haya solicitado que la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez
permaneciera hospitalizada en la Clínica Palermo, pues los hechos que
justifican el amparo son los mismos y se concretan básicamente en dos: (i) el
primero referente a que las condiciones de salud y económicas de la citada
señora y de su familia demandan el servicio de enfermería en la residencia
durante las 24 horas; y (ii) el segundo, que dichas dificultades económicas, se
encuentran estrechamente vinculadas con la falta de pago de las mesada
pensionales de la agenciada, desde el mes de agosto de 2012.
4.4.6.3. En suma, una vez adelantado un examen
integral de las actuaciones judiciales surtidas en materia de tutela, la
presente Sala de Revisión encuentra que se cumple con el requisito de la triple
identidad respecto de la actuación surtida en el año 2013. No obstante,
para que se presente un actuar temerario y se pueda declarar la improcedencia
de esta acción, con el fin de preservar la garantía de la cosa juzgada constitucional,
es necesario que, como lo señala el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, no
exista un motivo justificado que explique la duplicidad en el ejercicio de este
mecanismo de defensa constitu-cional.
Para tal fin, como se ha realizado en otras
oportunidades por esta Corporación,  es preciso verificar si aquello que es
objeto de controversia en esta oportunidad, se entiende incluido en las órdenes
proferidas por los jueces de tutela en el año 2013.
4.4.6.3.1. En primer lugar, la orden del Consejo
de Estado por medio de la cual se establece la prestación del servicio de
enfermería en casa durante 6 horas diarias, se origina –como ya se explicó– del
concepto médico realizado el 15 de marzo de 2013, en virtud de los poderes de
instrucción ejercidos por dicha autoridad judicial, en él se precisó –a partir
de una escala de medición– que los cuidados médicos especializados sólo
demandaban dicho horario, pues el resto de reclamaciones se referían a cuidados
de tipo personal que, en virtud del deber de solidaridad, debían ser asumidos
por la familia.
No obstante, como la situación médica de la
señora Ortegón de Ramírez puede cambiar, por ejemplo, agravándose su condición
en salud, en aras de precaver una controversia sobre la materia, la orden del
Consejo de Estado dispuso que dicha prestación “en lo sucesivo” estaría
sometida “a lo dispuesto por el médico tratante”. De esta forma, si las
condiciones se modifican y es necesario ampliar la atención domiciliaria, no
cabe la interposición de una nueva acción de tutela, ya que la misma orden
dispone el deber de Coomeva de ajustar la duración en la prestación del citado
servicio, sometiendo la realización de la misma a lo dispuesto por el médico
tratante[61].
En caso de que se presente un desconocimiento frente
a lo dispuesto, sin perjuicio de las medidas penales respectivas[62],
se puede promover a favor de la accionante: el incidente de desacato o las
medidas de cumplimiento ante el juez de primera instancia, en los términos
señalados en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991[63].
Visto el asunto sometido a decisión, lo primero
que resalta la Corte es que no se observa que la situación médica de la señora
Ortegón de Ramírez se haya modificado, y así fue resuelto en los dos incidentes
de desacato promovidos con la intención de lograr una ampliación en la atención
domiciliaria por el término de 24 horas. Por esta razón, como juez de primera
instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha encontrado que las
obligaciones derivadas de los fallos de amparo, han sido cumplidas cabalmente
por la EPS accionada.
Lo segundo que se observa es que incluso durante
el trámite de esta acción se realizó una nueva valoración médica en la
residencia de la paciente el día 12 de junio del año 2014, en la cual se
confirmó que los supuestos fácticos no han cambiado y que se requiere un
servicio de enfermería de 6 horas. Esta circunstancia para esta Corporación es
demostrativa que, en este punto, se ha llevado a cabo un uso desbordado de los
mecanismos que otorga el juicio de amparo para la protección de los derechos que,
vistos de una perspectiva general, encuadrarían en un actuar contrario a los
postulados de la buena fe susceptible de sanción. Con todo, a juicio de esta
Sala de Revisión, ello no es procedente, por una parte, porque la forma como se
planteó el amparo demuestra que la nueva acción se justificó en cierto estado
de necesidad, dirigido a obtener una respuesta frente a una realidad que
erradamente se consideró distinta; y por la otra, porque la accionante no era
consciente de que el propio amparo proferido por el Consejo de Estado en el año
2013, prevé una fórmula para la actualización, si así se dispone por el médico
tratante, del servicio de enfermería domiciliaria.
En caso de lo anterior ocurra, como ya se dijo,
Coomeva EPS directamente debe ajustar el horario de atención y, en caso de no
hacerlo, la vía para reclamar su realización es la del incidente de desacato o
la de las medidas de cumplimiento, advirtiendo a la accionante que, como se
explicó, resultaría improcedente el ejercicio de una nueva acción de tutela
respecto de lo mismo.
De igual modo, cabe anotar que el hecho alegado
por la parte demandante respecto a que el esposo de la señora Rosa Inés Ortegón
de Ramírez tiene 83 años y que, por dicha razón, no es la persona idónea para
capacitarse sobre la manera indicada de brindar los cuidados no médicos
requeridos por la paciente, se trata de una situación fáctica que ya fue
sopesada por los jueces de instancia en el primer proceso de amparo. En efecto,
el Consejo de Estado en la sentencia del 6 de junio de 2013, recordó que el mandato
de solidaridad implica como obligación concreta de los hijos, el deber de
prestar el cuidado y auxilio que los padres reclaman. Al respecto, al referirse
de manera concreta a los seis hijos mayores de edad de la agenciada, se sostuvo
que: “tienen el deber de acompañarla, de movilizarla y de asistirla en las
tareas mínimas relacionadas con su cuidado personal, obligaciones que no pueden
trasladársele a la EPS accionada, cuya obligación se limita a la prestación del
servicio médico”[64].
4.4.6.3.2. En segundo lugar, respecto de la decisión
del Consejo de Estado de ordenar el pago efectivo de las mesadas pensionales,
este Tribunal encuentra que la citada autoridad judicial no sólo dispuso la
cancelación efectiva de las sumas dejadas de entregar en un término de cinco
días siguientes a la notificación de su sentencia, sino que también incluyó un
mandato imperativo para que se pagaran aquellas que se produjeran en lo
sucesivo, de acuerdo a como se venía realizando
con anterioridad al mes de agosto del 2012[65].
No obstante lo anterior, se observa que aún no se ha
logrado la cancelación efectiva del dinero adeudado y que tampoco se está
pagando periódicamente la mesada pensional, pese a que ya se adelantó un
incidente de desacato para solicitar el cumplimiento de la sentencia del 6 de junio
de 2013 proferida por el Consejo de Estado.
De acuerdo con lo expuesto y a partir de los elementos de
juicio que aparecen en el expediente, se advierte que la parte actora afirmó
que si bien Colpensiones giró las sumas correspondientes a la mesada pensional,
el banco a través del cual se dispuso el pago, esto es, el Banco Popular, se
abstuvo de decretarlo al exigir que la señora Ortegón de Ramírez tenía que
acudir personalmente a sus instalaciones, por lo que resultaba improcedente su
cancelación a través de quien había actuado en calidad de agente oficioso, es
decir, la señora Alisson Ramírez Ortegón. Por otra parte, en el incidente
desacato resuelto mediante providencia del 21 de febrero de 2014, el Tribunal
estimó que Colpensiones había cumplido con su obligación, en la medida en que
dicha entidad realizó la respectiva transferencia de fondos. Por último, pese a
la solicitud de información enviada por esta Sala de Revisión, la citada
administradora de pensiones guardó silencio, motivo por el cual se desconoce el
trámite que se adelantó respecto del dinero que fue girado, cuyo pago
finalmente no se hizo efectivo.
En resumen, aun cuando la accionante tiene una orden
integral que garantiza el pago de las mesadas pensionales, en la práctica, por
razones operativas y pese al trámite de un incidente de desacato, no se ha
logrado la plena satisfacción de lo dispuesto. Esta realidad indica que pese al
amparo decretado por el Consejo de Estado, la imposibilidad de hacer efectivo
el pago por la falta de presentación directa de la señora Ortegón de Ramírez,
constituye un elemento fáctico surgido con posterioridad a la interposición de
la primera de la acción y que no fue evaluado por los jueces competentes al
decidir dicha tutela. Por ello, en aplicación de los principios de economía,
celeridad y eficiencia, y con miras a realizar el derecho al mínimo vital de un
sujeto de especial protección constitucional, como lo es la señora Rosa Inés
Ortegón de Ramírez, no sólo por su avanzada edad (83 años), sino también por la
difícil y dramática situación de salud en la que se encuentra (sometida a la
imposibilidad de moverse y sujeta en esencia a cuidados paliativos); se
dispondrá de un amparo a su derecho al mínimo vital, corrigiendo las nuevas
circunstancias que han impedido el acceso efectivo a su mesada pensional.
De esta manera, es preciso tener en cuenta que el artículo 2 de la Ley 700 de 2001[66]
y el Decreto 2751 de 2002[67], establece que para que un tercero tenga la posibilidad de
reclamar una mesada pensional, se necesita de la autorización especial de su
titular que, de conformidad con el artículo 4 del citado decreto, deberá
plasmarse en un poder conferido personalmente ante “un Notario Público,
Cónsul o ante un funcionario público que de acuerdo con la ley haga sus veces.”
Además de lo anterior, en la Sentencia T-654
de 2014[68],
esta Corporación señaló que, de forma extraordinaria, “un tercero puede
reclamar, a nombre de una persona con limitaciones graves para manifestar su
voluntad, las mesadas pensionales sin autorización expresa, siempre y cuando
esté en riesgo el mínimo vital del pensionado, y se tengan razones vigorosas
para entender que la representa.”[69]
En el caso concreto, el pago de las mesadas pensionales se
ha visto afectado por la imposibilidad que tiene la señora Rosa Inés Ortegón de
Ramírez de acercarse directamente a solicitar la cancelación de las mismas, pues
se encuentra incapacitada para moverse y postrada en una cama. Por esta razón, la
posibilidad de que Colpensiones cumpla con el pago derivado del fallo del 6 de
junio de 2013, se limita (i) a la existencia de un poder especial que autorice
a un tercero para reclamar el dinero o, en caso de que la enfermedad avance a
un estado de discapacidad mental
absoluta, (ii) a una sentencia de interdicción
en la que se imponga la condición
de actuar a través de un curador[70]. En el primer caso, cabe anotar que la
diligencia de apoderamiento se podría realizar en el inmueble en el que habita
la agenciada, en virtud a que las Notarías tienen la posibilidad de prestar sus
servicios en la residencia de las personas que se encuentran imposibilitadas
para movilizarse, tal y como se desprende de la información que brindan dichas
entidades a nivel nacional en sus páginas web.
No obstante, mientras ocurre lo anterior y como
se ordenó en la citada Sentencia T-654 de
2014, es preciso adoptar una medida transitoria que permita operativizar el
pago de las mesadas pensionales atrasadas y futuras[71], cuya
práctica no ha sido posible, como lo dispuso en sentencia del 6 de junio de
2013 el Consejo de Estado, por la ocurrencia de un elemento fáctico nuevo y que
no fue evaluado en dicha oportunidad, consistente en la imposibilidad de la
señora Ortegón de Ramírez de movilizarse a los bancos para presentarse de forma
directa a formalizar su cobro.
Por ello, mientras se adelantan las diligencias necesarias
para que la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez otorgue poder especial para
reclamar las mesadas pensionales adeudadas o, si a ello hubiese lugar, se logre
una declaratoria de interdicción o se designe un curador provisional, se
dispondrá que la cancelación efectiva de las mismas y de las que en lo sucesivo
se causen se haga directamente a la señora Alisson Ramírez Ortegón, en su
condición de hija de la agenciada, por las siguientes razones: (i) porque dado
el estado de salud de su progenitora no puede concurrir directa y personalmente
al banco dispuesto para el pago; (ii) porque la citada señora tiene una
relación especial de guarda y confianza respecto de la beneficiaria, como se
deriva de su actitud permanente dirigida a garantizar sus derechos por la vía
de la agencia oficiosa; y (iii) porque la falta de realización de la orden
dispuesta por el Consejo de Estado, derivado de un elemento fáctico surgido con
posterioridad a la interposición de la primera acción y que no fue examinado
por los jueces de tutela en su momento, implica que persista la afectación del
mínimo vital de la señora Ortegón de Ramírez, cuya realización no fue posible
mediante la interposición del citado incidente de desacato del 21 de febrero de
2014.
Por lo demás, y atendiendo a lo señalado por la Defensoría
del Pueblo, Regional Bogotá, quien ante el juez de instancia manifestó su
compromiso para ejercer la debida vigilancia a lo ordenado en el presente caso,
se dispondrá a su cargo el deber de realizar el respectivo acompañamiento a las
señoras Alisson Ramírez Ortegón y Rosa Inés Ramírez de Ortegón, con el fin de
asegurar el pago efectivo de las mesadas pensionales adeudadas y futuras, cuya
operatividad se busca a través de esta providencia, así como del resto de
órdenes dispuestas en las sentencias proferidas el 28 de febrero y el 6 de
junio de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de
Estado.
V. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.-
Respecto de la pretensión referente a la
prestación del servicio de enfermería en casa, REVOCAR la sentencia
proferida el 18 de junio de 2014 por el Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá
DC, en la cual se decidió negar el amparo solicitado y, en su lugar, declarar
la improcedencia de la acción.
Segundo.-
En cuanto a la pretensión vinculada con el
pago efectivo de las mesadas pensionales, REVOCAR la
citada sentencia del 18 de junio de 2014 del Juzgado 59 Civil Municipal de
Bogotá y, en su lugar, CONCEDER la protección del derecho al
mínimo vital de la señora Rosa Inés Ortegón de
Ramírez.
Tercero.-
Por las razones expuestas en esta
providencia, ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones),
por intermedio de su representante legal o de quien haga sus veces, que en el
término máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta
providencia y de forma transitoria, proceda a cancelar de forma directa, a
través de la señora Alisson Ramírez Ortegón, las mesadas pensionales adeudadas
y las que en lo sucesivo se causen a favor de la señora Rosa Inés Ortegón de
Ramírez.
Cuarto.-
ADVERTIR a la señora Alisson Ramírez
Ortegón que la medida dispuesta en el numeral tercero de la parte
resolutiva de esta sentencia se mantendrá vigente, hasta que culmine las
diligencias respectivas para que, de ser posible, la señora Rosa Inés Ortegón
de Ramírez le confiera un poder especial para reclamar la mesada pensional o,
si a ello hubiese lugar, se logre una declaratoria de interdicción o se designe
un curador provisional, para lo cual se otorga un término máximo de cuatro (4) meses contados a partir de la
notificación de esta providencia. Una vez ocurra lo anterior, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones),
continuará con el pago sucesivo de las mesadas pensionales en cabeza de la
persona autorizada para realizar su cobro.
Quinto.-
DISPONER a la Defensoría del
Pueblo, a través de la Regional Bogotá, que realice un acompañamiento constante
a las señoras Alisson Ramírez Ortegón y Rosa Inés Ortegón de Ramírez, con miras
a asegurar  la cancelación efectiva de las
mesadas pensionales adeudadas y futuras, cuya operatividad se busca a través de
esta providencia, así como del resto de órdenes dispuestas en las sentencias
proferidas el 28 de febrero y el 6 de junio de 2013 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y el Consejo de Estado.
Sexto.-
Por Secretaría General de la Corte
Constitucional, LÍBRESE las comunicaciones previstas en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
SALVAMENTO PARCIAL
DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA
T-905/14
Referencia:
Expediente T-4.452.994
Acción de tutela presentada por Alisson Ramírez Ortegon como
agente oficiosa de la Señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez contra Coomeva EPS.
Magistrado
Ponente:
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ. .
Con el acostumbrado
respeto por la postura mayoritaria de la Sala de Revisión, a continuación expongo
brevemente el motivo por el cual, si bien comparto la orientación general del
fallo, me aparto de la decisión adoptada en el numeral tercero de la parte
resolutiva[72]. Considero que el pago de las mesadas causadas y las
que se llegaren a causar solo deberían ser entregadas a la agente oficioso
siempre y cuando válidamente se le otorgue poder por la pensionada en los
términos que alude la sentencia en su parte motiva, es decir, haciendo uso de
los mecanismos con que cuentan las notarías para prestar su servicio de
autenticación frente a situaciones como la  aquí dilucidada.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
Auto 332/15
Referencia:
Nulidad de la Sentencia T-905 de 2014
Magistrado
Ponente:
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC, cinco
(5) de agosto de dos mil quince (2015).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente de la prevista en el
artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, procede a
examinar de oficio la posible
ocurrencia de una nulidad como consecuencia de la
expedición de la Sentencia T-905 del 26 de noviembre
2014, proferida por la Sala Tercera de Revisión.
CONSIDERACIONES
1.- La Sala Tercera de
Revisión profirió la Sentencia T-905 de 2014, en la que resolvió la acción de
tutela interpuesta por la señora Alisson
Ramírez Ortegón, actuando como agente oficiosa de la señora Rosa Inés Ortegón
de Ramírez, en contra de Coomeva EPS, con el fin de obtener el amparo de sus
derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y al mínimo vital, que consideró vulnerados por la negativa de la entidad
accionada de autorizar el servicio de enfermería en casa durante 24 horas y por
el hecho de suspender el pago de la pensión reconocida a su favor a partir de
agosto de 2012. En el trámite de
instancia y en sede de revisión, se vinculó al Ministerio de la Protección
Social, a la empresa de Servicios Terapéuticos en Casa SETECA, a la
Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a Colpensiones.
2.- Del
contenido de la demanda y del material probatorio recaudado, se identificó que
a través del ejercicio de la acción de tutela se buscaba, por una parte, que la
EPS accionada autorizara el servicio de enfermería en casa durante 24 horas a
favor de la señora Ortegón de Ramírez, el cual se venía prestando con una
intensidad de seis horas al día en cumplimiento de un primer fallo de tutela y;
por la otra, que Colpensiones cancelara directamente a la tutelante, esto es, a
la señora Alisson Ramírez Ortegón, como hija de la agenciada, las mesadas
pensionales atrasadas y las que en el futuro se causen, pues debido a la
precaria condición de salud de esta última, no podría acudir directamente a
reclamar su pago.
3.- Del
análisis de los hechos del caso en concreto y respecto de la prestación del
servicio de enfermería, la Corte encontró que existía una cosa juzgada
constitu-cional, ya que en un fallo anterior de tutela se había ordenado la
atención en casa sometida al dictamen del médico tratante, el cual, luego de
realizar los exámenes de rigor, dispuso su práctica por un término de seis
horas diarias. Por lo demás, de acuerdo con la información allegada al proceso,
no fue posible extraer la ocurrencia de ninguna circunstancia adicional que
hiciera necesario realizar un nuevo pronun-ciamiento, por lo que respecto de
esta petición se decretó la improcedencia de la acción.
En cuanto a la cancelación de las mesadas pensionales, la
Sala concluyó que no se acreditaban los requisitos de la cosa juzgada
constitucional, por lo que era necesaria la intervención del juez de tutela
para facilitar el trámite de cobro de la citada prestación, al comprobarse que
su titular no podía acudir directamente a los bancos a realizar las gestiones
que permitiesen su pago, entre otras razones, por encon-trarse en un delicado
estado de salud. Por ello y en aras de evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable respecto del derecho al mínimo vital, se dispuso el desembolso
directo y temporal de la prestación reclamada a favor de la hija de la
agenciada, hasta que se culminaran las
diligencias respectivas para que, de ser posible, la señora Rosa Inés Ortegón
de Ramírez le confiriera un poder especial o, si a ello hubiere lugar, se lograra
una declaratoria de interdicción o la designación de un curador provisional.
En este orden de ideas, en la parte resolutiva de la Sentencia T-905
de 2014, se dispuso que:
“Primero.- Respecto de la pretensión referente a la
prestación del servicio de enfermería en casa, REVOCAR la sentencia proferida el 18 de junio de 2014 por el
Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá DC, en la cual se decidió negar el amparo
solicitado y, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción.
Segundo.- En cuanto a la pretensión vinculada con el
pago efectivo de las mesadas pensionales, REVOCAR la citada sentencia del 18 de junio de
2014 del Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá y, en su lugar, CONCEDER
la protección del derecho al mínimo vital de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez.
Tercero.- Por las razones expuestas en esta
providencia, ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones), por intermedio de su representante legal o de quien haga sus
veces, que en el término máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación de esta providencia y de forma transitoria, proceda a cancelar de
forma directa, a través de la señora Alisson Ramírez Ortegón, las mesadas
pensionales adeudadas y las que en lo sucesivo se causen a favor de la señora
Rosa Inés Ortegón de Ramírez.
Cuarto.- ADVERTIR a la señora Alisson Ramírez Ortegón que la medida dispuesta en el numeral tercero
de la parte resolutiva de esta sentencia se mantendrá vigente, hasta que
culmine las diligencias respectivas para que, de ser posible, la señora Rosa
Inés Ortegón de Ramírez le confiera un poder especial para reclamar la mesada
pensional o, si a ello hubiese lugar, se logre una declaratoria de interdicción
o se designe un curador provisional, para lo cual se otorga un término máximo
de cuatro (4)
meses contados a partir de la notificación de esta providencia. Una vez ocurra
lo anterior, la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), continuará con el pago
sucesivo de las mesadas pensionales en cabeza de la persona autorizada para
realizar su cobro.
Quinto.- DISPONER a la Defensoría del Pueblo, a
través de la Regional Bogotá, que realice un acompañamiento constante a las
señoras Alisson Ramírez Ortegón y Rosa Inés Ortegón de Ramírez, con miras a
asegurar  la cancelación
efectiva de las mesadas pensionales adeudadas y futuras, cuya operatividad se
busca a través de esta providencia, así como del resto de órdenes dispuestas en
las sentencias proferidas el 28 de febrero y el 6 de junio de 2013 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado.
Sexto.- Por Secretaría General de la Corte Constitucional, LÍBRESE
las comunica-ciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991,
para los fines allí contem-plados.”
4.- Con posterioridad, en oficio No. STA-751/2015 del 26 de mayo
del año en curso, la Secretaría General de esta Corporación comunicó el
anterior fallo de tutela al Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá DC, con el
propósito de que procediera a la oportuna notificación del mismo, en los
términos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
5.- El 10 de julio del 2015, se recibió en el despacho del
Magistrado Sustanciador una comunicación de la Secretaría General de esta
Corporación, en la que se informó sobre un auto de la misma fecha proferido por
el Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, en el cual se señala que “por un
error involuntario en el Despacho” fue firmada la Sentencia T-905 de 2014,
“cuando en realidad no participé en la Sala de Revisión”. Con fundamento en
lo anterior, se observa que respecto de la sentencia en cita, se cuenta con el
voto favorable del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez y el salvamento
parcial de voto del Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
6.- De
conformidad con lo previsto en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, “contra
las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno”. A
pesar de ello, en varias oportunidades, esta Corporación ha admitido la
procedencia excepcional del régimen de nulidad en los procesos de tutela, entre
otros, con ocasión de las sentencias que le ponen fin a dicho proceso.
Para tal
efecto, a partir de la aplicación del inciso 2 del artículo 49 del Decreto 2067
de 1991, la Corte ha señalado que únicamente procede la nulidad del proceso con
fundamento en una sentencia de tutela, cuando ésta tiene la entidad suficiente
para afectar el debido proceso.
7.- En cuanto a la procedencia de una declaratoria de nulidad,
como lo ha reiterado la Corte, no sólo es posible invocar su ocurrencia a
partir de la formulación de un incidente por las partes o terceros con interés[73],
sino también hay lugar a decretar su  existencia de oficio, cuando –como ya se
dijo– se presenten violaciones al debido proceso[74].
En este contexto, es de resaltar que un elemento esencial para la
validez de los fallos judiciales proferidos por cualquier corporación judicial,
se encuentra en el cumplimiento de las reglas que sobre mayorías se exigen para
la aprobación de un asunto, como lo dispone el artículo 54 de la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia[75].
De ahí que, si una sentencia no obtiene el número mínimo de votos requeridos
para adoptar una decisión, resultan quebrantadas las reglas básicas del
proceso, en lo que respecta a la formación del acto decisorio del juez, lo cual
repercute en el derecho de las partes e intervinientes, para quienes debe
existir certeza jurídica de que el fallo adoptado cumple con las exigencias
previstas para la consolidación de la voluntad judicial, como soporte del cual
la ley procesal deriva su legitimidad.
8.- Respecto del procedimiento establecido en las normas legales
para la adopción de los fallos de tutela en sede de revisión, el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991[76] consagra que una
vez realizada la selección de un expediente, la decisión en torno a dicho caso
le corresponderá exclusivamente a una Sala de Revisión integrada por tres
Magistrados, con excepción de los cambios de jurisprudencia que deberán ser
expeditos por la Sala Plena de la Corte[77]. Aunado a lo anterior, el artículo 50 del Acuerdo 05 de 1992, prevé
que la Sala de Revisión, adoptará sus decisiones por mayoría absoluta[78]. Esta misma regla se encuentra prevista en el artículo 54 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia, previamente reseñada.
En este orden de ideas, si al momento de proferir un
fallo, se ha desconocido la regla dispuesta sobre la mayoría necesaria para
adoptar una decisión, la Corte debe proceder de oficio a decretar la nulidad de
la providencia que se expidió sin el lleno del citado requisito previsto en la
ley y en el reglamento interno de la Corte, pues ello otorga certidumbre y
confianza a la sociedad en general, “en el sentido de que el tribunal encargado
por excelencia de preservar la base del ordenamiento jurídico se obliga a sí
mismo de manera estricta y con todo rigor”[79].
9.- Desde
esta perspectiva, en relación con el procedimiento surtido en relación con la
aprobación de la Sentencia T-905 de 2014, por un error involuntario del
despacho del Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio[80],
como se mencionó en el numeral 5 de esta providencia, dicha decisión se adoptó
sin la presencia de la mayoría suficiente para lograr su aprobación. En efecto,
ante la manifestación del citado Magistrado de que no participó de la sesión
del 26 de noviembre de 2014, como lo señaló en el Auto del pasado 10 de julio
de 2015, aparece como voto favorable el del Magistrado Luis Guillermo Guerrero
Pérez, acompañado del salvamento parcial del voto del Magistrado Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo. En consecuencia, no existió la mayoría mínima (en este
caso de dos votos) para respaldar la expedición de una sentencia de revisión de
tutela, según se establece en la referida Ley 260 de 1996 y en el Acuerdo 05 de
1992.
Por lo anterior, al ser omitida de forma involuntaria una regla básica
del proceso, referente a la formación del acto decisorio del juez, se procederá
a decretar la nulidad de la Sentencia T-905 de 2014 y, en consecuencia, se
dispondrá que el Magistrado Sustanciador presente nuevamente un proyecto de
sentencia a conside-ración de la Sala Tercera de Revisión, para que ésta adopte
la correspondiente decisión, a través de un fallo definitivo que le ponga fin
al trámite de revisión de la acción de tutela T-4452994.
Con fundamento en
las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Decretar la
NULIDAD de la Sentencia T-905 de 2014 y, por consiguiente, disponer a
cargo de la Sala Tercera de Revisión que proceda a dictar una nueva providencia
en su reemplazo.
Comuníquese y cúmplase,
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
(E)
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RIOS
Magistrado
MYRIAM
ÁVILA ROLDÁN
Magistrada
(E)
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] En el Cuaderno 2,
folio 1, se encuentra copia de la cédula de ciudadanía de la señora Rosa Inés
Ortegón de Ramírez donde se indica como fecha de nacimiento el 1 de noviembre
de 1931.
[2] En el folio 2 del
cuaderno 2 se encuentra que la fecha de nacimiento del señor Luis Alberto Ramírez
Barrero, esposo de la agenciada, fue el 17 de mayo de 1931.
[3] En el texto de la
demanda de amparo se afirma que la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez y su
esposo tienen seis hijos mayores de edad. Cuaderno 2, folio 43.
[4] Pues al momento de
la interposición del mecanismo judicial, la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez
se encontraba hospitalizada en la Clínica Palermo.
[5] Cuaderno 2, folio
22.
[6] Estos hechos se
desprenden de los hechos relatados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en el fallo del 28 de febrero de 2013, como providencia que decide
la primera instancia del proceso de tutela iniciado en el 2013 por la hija de
la señora Ortegón de Ramírez. Cuaderno 2, folio 21.
[7] Cuaderno 2, folio
33.
[8] Cuaderno 2, folio
274.
[9] Al respecto, en la
providencia en cita, el Consejo de Estado señaló que: “dichos cuidados son
respecto de la gastronomía y nutrición, en tanto los demás son tipo personal
que no requieren las habilidades propias de un auxiliar de enfermería y por
tanto deben ser asumidos por un familiar o un cuidador. Indicó que existen
cuidados de tipo personal relacionados con el aseo y presentación del paciente
que no requieren habilidades propias de un técnico auxiliar de enfermería,
mientras hay otro tipo de actividades como la alimentación, la deambulación, el
cambio de posición en la cama, la administración de medicamentos, la
supervisión de signos vitales, entre otras cosas, que en principio requieren la
asistencia de una persona con conocimiento en la materia, que puede capacitas a
los familiares del paciente o a sus cuidados para realizar de manera segura
dichas actividades.” Cuaderno 2, folio 127
[10] Cuaderno 2, folios
85 a 87.
[11] Cuaderno 2, folios
174 a 176 y, 189 a 191.
[12] Cuaderno 2, folio
59.
[13] Esta última
afirmación fue realizada por la accionante en el escrito allegado el 16 de
junio de 2014 al Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá, durante el trámite de la
segunda tutela. Específicamente, se afirma que: “Recabo el hecho de que a
pesar de haberse impartido la orden por el juez de tutela en la cancelación de
las mesadas pensionales casi de dos años, los señores del Banco Popular Sede
Chapinero, no se las han cancelado, aduciendo que requieren sentencia de
interdicción para su cancelación, sin saberse el destino económico y de
productividad de los dineros que comportan las mesadas pensionales.” Cuaderno
2, folio 101.
[14] Cuaderno 2, folios
61 y 62.
[15] Cuaderno 2, folio
109.
[16] Cuaderno 2, folio
191.
[17] Cuaderno 2, folio
166.
[18] Cuaderno 2, folio 1.
[19] Cuaderno 2, folio 2.
[20] Cuerno 2, folios
3-20
[21] Cuaderno 2, folios
21 al 33.
[22] Cuaderno 2, folios
111 al 134.
[23] Cuaderno 2, folios
34 a 37.
[24] Cuaderno 2, folios
174 a 176 y, 189 a 191.
[25] Cuaderno 1, folio
36.
[26] Cuaderno 1, folio
37.
[27] Precisamente, en cuanto a Colpensiones se dispuso que: “ORDENAR
que, por Secretaría General de esta Corporación, se libre oficio a Colpensiones
para que, en el término de dos (2) días hábiles contados a partir de la
notificación del presente auto, informe a este despacho y allegue los
documentos que sustenten sus afirmaciones respecto al pago de la mesada
pensional que ha sido reconocida a la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez, cuyo
pago fue ordenado en la Sentencia del 6 de junio de 2013 por parte de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado”. Esta orden se
notificó mediante oficio OPT-A-891/2014 recibido en la citada entidad el 1 de
octubre de 2014.
[28] Ley 270 de 1996,
artículo 1º.
[29] C.P., artículo 229.
[30] C.P., numeral 7º,
artículo 95.
[31] Un ejemplo de tal
exigencia se observa en el numeral 2 del artículo 78 del Código General del
Proceso, en el que se impone como deber de las partes “(…) obrar sin
temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus derechos
procesales”. Con todo, existen muchos otros deberes de las partes en el
proceso, como lo son, por ejemplo, la concurrencia oportuna al despacho cuando
sean citados, la presentación y colaboración para la práctica de pruebas o el
uso de un lenguaje respetuoso y carente de expresiones injuriosas, ya sea en las
exposiciones escritas y orales.
[32] Al respecto, entre
otros, puede consultarse a: López Blanco, H. F., Instituciones de Derecho
Procesal Civil Colombiano, Colombia: Dupré Editores, 2007, Tomo I, p. 103 y
104; Azula Camacho, J., Manuel de Derecho Procesal, Colombia: Editorial
Temis, 2000, Tomo I, p. 76; y Mesa Calle, M. C. Derecho Procesal Civil,
Parte General, Bogotá: Biblioteca Jurídica Dike, 2004, p. 70.
[33] M.P. Alejando
Martínez Caballero.
[34] Cfr. Corte
Constitucional. Sala Cuarta de Revisión. Sentencia T-10 del 22 de mayo de 1992
[35] Al respecto, pueden
consultarse, entre otras, las sentencias T-727 de 2011, T-1233 de 2008, T-568
de 2006, T-1022 de 2006, T-1325 de 2005, T-1103 de 2005 y T-919 de 2003.
[36] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[37] Sentencia T-1103 de
2005, M.P. Jaime Araujo Rentería, entre otras.
[38] Ibídem
[39] Sentencias T-1103 de
2005, T-1022 de 2006 y T-1233 de 2008.
[40] M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[41] M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[42] Sentencia T-149 de
1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[43] Sentencia T-308 de
1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[44] Sentencia T-443 de
1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[45] Sentencia T-001 de
1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[46] Sentencia T-560 de
2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
[47] Al respecto, pueden
consultarse -entre otras- las sentencias T-593 de 2002, T-502 de 2003, y T-184
de 2005.
[48] Sentencia T-1103 de 2005,
M.P. Jaime Araujo Rentería.
[49] Sobre el tema se
puede consultar la Sentencia T-661 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[50] M.P. Manuel José
Cepeda Espinoza.
[51] SU-1219 de 2001, M.P
Manuel José Cepeda Espinosa.
[52] Sentencias T-185 de
2005, M.P Rodrigo Escobar Gil; T-502 de 2008, M.P Rodrigo Escobar Gil; T-185 de
2013, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
[53] Contenida en el
resuelve primero de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
del 28 de febrero de 2013. Véase Cuaderno 2, folio 33.
[54] Contenida en el
resuelve primero de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
del 28 de febrero de 2013. Véase Cuaderno 2, folio 33.
[55] Contenida en el
resuelve de la sentencia del 6 de junio de 2013 proferida por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que modifica el fallo de
primera instancia que había reconocido el servicio de cuidador en casa de forma
permanente. De forma expresa, las órdenes previamente mencionadas disponen que:
(i) en cuanto al Tribunal: “Primero.-  TUTÉLASE los derechos a
la vida digna y a la salud de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez. En
consecuencia, ORDÉNASE al Gerente de COOMEVA EPS que dentro del término de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
providencia, entregue los pañales, de forma periódica, a la señora Allison
Ramírez Ortegón, hija de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez y le
facilite el servicio de cuidador primario permanente, por turnos, con personal
especializado e idóneo en los cuidados requeridos por ella, hasta tanto
persistan las circunstancias que originan esta necesidad, debiendo
continuar facilitándole los demás procedimientos médicos necesarios para
atender integralmente la enfermedad que padece”; y (ii) en lo que atañe al
Consejo de Estado: “Primero.- CONFIRMASE la sentencia del 28
de febrero de 2013 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, adicionada por la misma Corporación el 8 de marzo del
mismo año, en cuanto amparó los derechos fundamentales a la vida digna y salud
de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta sentencia. Segundo.- MODIFICANSE las órdenes
emitidas en la sentencia antes señalada, respecto al suministro de pañales
desechables y la atención domiciliaria que requiere la señora Rosa Inés Ortegón
de Ramírez, en el sentido de disponer lo siguiente: 2.1. ORDÉNASE a
Coomeva EPS que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta
providencia, le suministre de manera permanente a la señora Rosa Inés Ortegón
de Ramírez los pañales desechables que necesita, respecto de los cuales
podrá realizar el recobro correspondiente ante el FOSYGA. // 2.2. ORDÉNASE
a Coomeva EPS, una vez la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez egrese de la
clínica en que se encuentra, prestarle a aquélla el servicio de enfermería
domiciliaria durante 6 horas diarias de acuerdo a las indicaciones que fueron
establecidas por el profesional de la salud que evaluó su situación en esta
instancia, y en lo sucesivo por lo dispuesto por su médico tratante,
coordinando para tal efecto con los familiares de la paciente los horarios en
los que es más efectiva y necesaria la prestación de dicho servicio. // Se
precisa que el costo del servicio de enfermería domiciliaria está a cargo de la
EPS demandada, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta
providencia”. Lo subrayado corresponde a las modificaciones realizadas
por la autoridad judicial de segunda instancia.
[56] Contenida en el
resuelve 4.2 de la Sentencia del 6 de junio de 2013 proferida por la Subsección
B de la Segunda del Consejo de Estado. Cuaderno 2, folio 133. Textualmente se
dispone que: “4.2. TUTÉLASE el derecho fundamental al mínimo [vita]
de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez. En consecuencia, ORDÉNASE al
ISS y a COLPENSIONES, que en el término de 5 días siguientes a la notificación
de esta providencia, adelanten las gestiones pertinentes para cancelarle a la
ciudadana antes señaladas las mesadas pensionales adeudadas, y en lo sucesivo
le paguen oportunamente dicha prestación”.
[57] Sentencia del 6 de junio de 2013 proferida por la Subsección B de
la Segunda del Consejo de Estado. Cuaderno 2, folio 116.
[58] Véase, al respecto, la nota a pie No. 55.
[59] Al respecto, se dijo que: “(…) en el caso de autos no sólo el
esposo de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez, sino sus hijos, se encuentran
en la obligación moral, legal y constitucional de velar por su cuidado,
obligación que no corresponde exclusivamente al Estado o a Coomeva EPS, que le
han brindado la atención en seguridad social en salud que necesita, y que en
virtud de la presente decisión continuarán otorgando las medidas de protección
que la misma requiera, en las que la intervención de la familia es fundamental.
// Añádase a lo expuesto, que de lo probado en el proceso no se advierten
circunstancias de tal entidad que impidan a los 6 hijos de la señora Rosa Inés
Ortegón de Ramírez, brindarle la compañía, afecto y atención mínima que
necesita, como para predicar que el Estado de manera exclusiva es quien debe
velar por su cuidado”.
[60] Sobre este punto, en su momento, se dijo que la señora aparecía
erróneamente como fallecida.
[61] Como previamente se transcribió, la orden en mención dispone que: “ORDÉNASE
[a] Coomeva EPS, una vez la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez egrese de la
clínica en que se encuentre, prestarle a aquélla el servicio de enfermería
domiciliaria durante 6 horas diarias de acuerdo a las indicaciones que fueron
establecidas por el profesional de la salud que evaluó su situación en esta
instancia, y en lo sucesivo por lo dispuesto por su médico tratante,
coordinando para tal efecto con los familiares de la paciente los horarios en
los que es más efectiva y necesaria la prestación de dicho servicio (…)”.
Subrayado y resaltado por fuera del texto original.
[62] El artículo 53 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “El que
incumpla el fallo de tutela o el juez que incumpla las funciones que le son
propias de conformidad con este decreto incurrirá, según el caso, en fraude a
resolución judicial, prevaricato por omisión o en las sanciones penales a que
hubiere lugar (…)”.
[63] En la Sentencia T-744 de 2003, la Corte precisó las diferencias
entre las dos figuras, en los siguientes términos: “i) El cumplimiento es
obligatorio, hace parte de la garantía constitucional; el desacato es
incidental, se trata de un instrumento disciplinario de creación legal. ii) La
responsabilidad exigida para el cumplimiento es objetiva, la exigida para el
desacato es subjetiva. iii) La competencia y las circunstancias para el
cumplimiento de la sentencia se basan en los artículos 23 y 27 del Decreto 2591
de 1991. La base legal del desacato está en los artículos 57 y 27 del
mencionado Decreto. Es decir que en cuanto el respaldo normativo, existen
puntos de conjunción y de diferencia. iv) El desacato es a petición de parte
interesada, el cumplimiento es de oficio, aunque v) Puede ser impulsado por el
interesado o por el Ministerio Público”.
[64] Cuaderno 2, folio
128.
[65] Como previamente se transcribió, la orden en mención dispone que:
“TUTÉLASE el derecho fundamental al mínimo [vital] de la señora Rosa Inés
Ortegón de Ramírez. En consecuencia, ORDÉNASE al ISS y a COLPENSIONES, que en
el término de 5 días siguientes a la notificación de esta providencia,
adelanten las gestiones pertinentes para cancelarle a la ciudadana antes
señalada las mesadas pensionales adeudadas, y en lo sucesivo le paguen
oportunamente dicha prestación”. (Subrayado y resaltado por fuera
del texto original). Sobre el alcance de este mandato judicial, en la
parte motiva se expuso que: “Se precisa que las entidades antes señaladas
deben no sólo reanudar el pago de la mesada pensional, sino pagar aquellas que
han dejado de cancelar, en tanto, en atención a la edad de la señora Ortegón de
Ramírez y a su delicado estado de salud, es desproporcionado exigirle que
inicie un proceso ejecutivo para tal fin”.
[66] La norma en cita
dispone que: “A partir de la vigencia de la presente ley se crea la
obligación, para todos los operadores públicos y privados del sistema general
de pensiones, que tengan a su cargo el giro y pago de las mesadas pensionales,
de consignar la mesada correspondiente a cada pensionado en cuentas
individuales, en la entidad financiera que el beneficiario elija y que tenga
sucursal o agencia en la localidad donde se efectúa regularmente el pago y en
el cual tenga su cuenta corriente o de ahorros, si este así lo decide. // Para
que proceda la consignación de las mesadas pensionales, en cuentas de ahorro o
corriente, las Entidades de Previsión Social deberán realizar previamente un
convenio con la respectiva entidad financiera, especificando que dichas
cuentas solo podrán debitarse por su titular mediante presentación personal o
autorización especial. No podrán admitirse autorizaciones de carácter
general o que la administración de la cuenta se confíe a un apoderado o
representante. (…)”
[67] “Por medio del cual se reglamenta el artículo 5° del Decreto 2150 de 1995
y la Ley 700 de 2001.”
[68] M.P. María Victoria Calle Correa
[69] En la sentencia en cita aunque se reconoce que la exigencia de una autorización
especial es un medio idóneo para ejercer control sobre el pago de la mesada
pensional y proteger los recursos del Estado que pretenden garantizar la seguridad
social, su marco general excluye el supuesto en el que el pensionado, por
razones de incapacidad física o psíquica, no tiene la posibilidad de reclamar
de manera directa y personal el pago de su prestación, ni para realizar los
trámites necesarios para otorgar un poder especial a favor de un tercero. Esta situación
adquiere un valor especial por la posibilidad que existe de suspender el pago
de las mesadas pensionales no reclamadas y la relación de dicha determinación
respecto de una eventual vulneración del derecho a la seguridad social de
personas de la tercera edad. Por lo anterior, en la sentencia en mención, a
manera de regla, se señaló que: “Una entidad encargada de pagar mesadas
pensionales vulnera el derecho al mínimo vital y a la vida digna de una de sus
usuarias y su grupo familiar, cuando se niega a reconocer el derecho a un
tercero de reclamar en representación del pensionado el pago de las mesadas
pensionales, tras considerar que no existe autorización expresa para ello, (i)
a pesar de que es imposible para la agenciada otorgar dicho permiso pues padece
una enfermedad que le imposibilita otorgar una autorización, (ii) que el
tercero que reclama el pago de las mesadas acredita guarda y confianza respecto
de la beneficiaria, y (iii) la prestación es fundamental para garantizar el
mínimo vital de la beneficiaria y su grupo familiar.”
[70] Al respecto, el artículo 52 de la
Ley 1306 de 2009 dispone que: “Artículo 52.- Curador de la persona con
discapacidad mental absoluta. A la persona con discapacidad mental absoluta mayor de edad
no sometido a patria potestad, se le nombrará un curador, persona natural, que
tendrá a su cargo el cuidado de la persona y la administración de sus bienes.
// El curador es único, pero podrá tener suplentes designados por el
testador o por el Juez. // Las personas que ejercen el cargo de curador, los
consejeros y los administradores fiduciarios de que trata el presente capítulo,
se denominan generalmente guardadores, y la persona sobre la cual recae se
denomina, en general, pupilo.”
[71] Según se señalan en las distintas actuaciones surtidas en tutela
el origen de la deuda en el pago de las mesadas pensionales se remonta al mes de
agosto de 2012.
[72] “Por las razones expuestas en
esta providencia, Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones), por intermedio de su representante legal o de quien haga sus
veces, que en el término máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación de esta providencia y de forma transitoria, proceda a cancelar de
forma directa a través de la señora Alisson Ramírez Ortegón las mesadas
pensionales adeudadas y las que en lo sucesivo se causen a favor de la señora
Rosa Inés Ortegón de Ramírez”.
[73]
En el Auto 188 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, al referirse a la
legitimación de las solicitudes de nulidad, se expuso que: “El incidente de nulidad debe ser propuesto por quien haya sido
parte[73]
o por un tercero con interés legítimo en el proceso”. Este último concepto se desarrolló en el Auto 043A de 2014, M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[74]
Autos 209A de 2010, 070 de 2015 y 071 de 2015.
[75]
En la parte pertinente la norma en cita dispone que: “Todas las decisiones
que las Corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones
deban tomar, requerirán para su deliberación y decisión, de la asistencia y
voto de la mayoría de los miembros de la Corporación, sala o sección. (…)”.
[76]
Decreto con fuerza material de ley expedido en virtud de lo previsto en el
artículo 5 transitorio de la Constitución.
[77]
El artículo 34 del Decreto 2591 de 1991 dispone: “La Corte
Constitucional designará los tres magistrados de su seno que conformarán la
Sala que habrá de revisar los fallos de tutela de conformidad con el
procedimiento vigente para los tribunales de distrito judicial. Los cambios de
jurisprudencia deberán ser decididos por la Sala Plena de la Corte, previo
registro del proyecto de fallo correspondiente.”
[78]
La norma en cita establece que: “Artículo 50.- A medida que se
repartan los procesos de tutela se irán conformando las Salas de Revisión, una
por cada reparto, así: El Magistrado a quien corresponda alfabéticamente
recibirlo, presidirá la Sala conformada con los dos Magistrados que le sigan en
orden. La Sala decidirá por mayoría absoluta y el Magistrado disidente podrá
salvar o aclarar su voto. (…)”. En concordancia con lo anterior, el
artículo 3 del mismo Acuerdo 05 de 1992, reglamento interno de la Corte
Constitucional, señala que: “Las decisiones de la Corte,
salvo lo dispuesto en la ley para determinados casos, se adoptarán por
mayoría absoluta. // Se entiende por mayoría absoluta cualquier número
entero de votos superior a la mitad del número de Magistrados que integran la
Corte. (…)”. Énfasis por fuera del texto original.
[79]
Autos 050 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En estos mismos términos, vale la pena recordar que esta
Corporación ha decretado la nulidad de oficio de otras sentencias que no han
cumplido con la mayoría exigida para su expedición. Sobre el particular, se
pueden consultar: (i) el Auto 062 de 2000 respecto de la Sentencia C-642 de
2000 y (ii) el Auto 070 de 2015 frente a la Sentencia T-759 de 2014.
[80]
Auto del 10 de julio de 2015.