T-828-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SENTENCIA T-828/08
(Agosto 22 de 2008)
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Alcance y contenido
DERECHO A LA EDUCACION-Fundamental
DERECHO A LA EDUCACION-Finalidad
DERECHO A LA EDUCACION-Características esenciales
AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Límites constitucionales
INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR-Requisitos para la imposición de sanciones
DEBIDO PROCESO A ESTUDIANTE-Vulneración
Referencia: Expediente T-1679273
Accionante: Maximo de Jesús Martínez Ríos.
Accionado: Universidad del Magdalena.
Fallo objeto de revisión: Sentencia del Juzgado Quinto Penal del
Circuito de Santa Marta.
Magistrados de la Sala Quinta de Revisión: Mauricio González Cuervo, Marco Gerardo
Monroy Cabra, Nilson Pinilla Pinilla.
Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensión del accionante.
El señor Maximo de Jesús Martínez Ríos, impetró[1]
acción de tutela contra la Universidad del Magdalena, con el fin de que se
protejan sus derechos fundamentales a la educación y al debido proceso, con
ocasión de la cancelación unilateral del semestre académico, “sin ningún
juicio o investigación preliminar sobre mi supuesta actuación en el delito de
fraude en documento privado para la obtención de un beneficio particular.”[2]
Solicita en consecuencia, “el aplazamiento de este
semestre, y de esta manera garantizar la permanencia en el sistema educativo de
dicha institución hasta culminar mis estudios superiores y se me reconozcan los
daños y perjuicios ocasionados por dicha institución.”[3]
2. Respuesta de la entidad accionada.
El Vicerrector de Extensión y Rector de la Universidad
del Magdalena, pidió al juez constitucional declarar la improcedencia de la
acción de tutela incoada, por las razones que a continuación se indican.
En primer lugar, señaló que el 2 de febrero de 2007,
el actor presentó ante la Dirección de Cartera y Estampilla de la institución
demandada, solicitud de financiación para el primer semestre académico de 2007,
allegando (i) copia de la liquidación de matrícula para el período 2007-1; (ii)
paz y salvo correspondiente a los períodos I y II de 2006, (iii) certificación
laboral; (iv) copia de la cédula de ciudadanía y (v) formato de solicitud de
financiación de la matrícula.
De otra parte, indicó que revisada la solicitud del
crédito por la Jefe de la Sección de Cartera y Estampilla, constató que la
certificación de paz y salvo correspondiente al segundo período de 2006, era
apócrifa, pues el actor adeudaba la suma de $ 48.642, razón por la cual la
Universidad no accedió a la financiación solicitada. Agregó, que posteriormente
puso de presente al actor, “que había incurrido en adulteración del paz y
salvo correspondiente al segundo período del 2006.”[4]
A su juicio, la conducta del señor Martínez Ríos “constituye
un acto violento atentatorio contra el orden universitario, de conformidad al
literal e) del parágrafo del Artículo 176 del Acuerdo Superior No. 008 de Marzo
19 de 2003”[5]¸ razón por la cual
consideró que la institución educativa no incurrió en conducta alguna que
lesionara los derechos fundamentales del actor.
3. Hechos relevantes y medios de prueba.
3.1.
Los supuestos de hecho relevantes en la acción de tutela objeto de estudio, son
los siguientes:
Señala el actor que en el año 2006, solicitó a la
universidad demandada crédito educativo a corto plazo, con el fin de financiar
sus estudios, petición que fue aprobada por el plantel educativo y que se constituye
en una posibilidad a la que pueden acceder los estudiantes de estratos bajos.
Indica que para el año siguiente, pidió renovación del
préstamo educativo, para lo cual fue menester allegar la documentación
correspondiente dentro de los plazos previstos, quedando pendiente “el paz y
salvo del período 2006 II debido a que debía la suma de $ 48.642.oo pesos que
correspondían a los intereses del 2 % mes vencido”[6].
Manifiesta que el 21 de febrero de 2007, la doctora
Virna Jhonson le informó que la universidad había negado la renovación del
crédito “debido a que en mis documentos hay un supuesto fraude”[7],
brindando como única alternativa para continuar en el centro educativo, el
pago de la totalidad de la matrícula ese mismo día “[c]osa que para mi era
totalmente imposible ese mismo DIA ya que si no tenía para pagar $ 48.642.oo,
mucho menos podía cancelar la suma (sic) $ 500.000.oo que era el valor
de mi matrícula para este semestre”[8].
Ante esta eventualidad, el accionante se dirigió a la
sección ARCA (admisiones, registro y control académico) del centro educativo,
con el fin de realizar el trámite de cancelación de semestre para reservar el
cupo, oficina en la que le indicaron que debía allegar “paz y salvos de
cartera y estampilla de biblioteca y de Bienestar Universitario para proceder a
reservarme el cupo hasta por 2 años o sea cuatro semestres”[9],
de los cuales solamente fue posible conseguir los dos primeros. Agrega, que en
relación con el tercer certificado, no fue posible lograr su expedición por
cuanto no había pagado la bicicleta financiada por la universidad para los
estudiantes de estratos uno y dos “[y] que por tal motivo no me podían
expedir el paz y salvo correspondiente ya que debía cancelar primero la
bicicleta que le adeudo a la Universidad, (sic) así las cosas señor Juez
como usted puede apreciar me queda muy difícil suspender mi semestre y si no lo
hago perderé el cupo dentro de la institución y no cuento con los recursos para
matricularme en un establecimiento privado de la ciudad y así culminar mis
estudios de derecho viéndose afectadas mis expectativas de vida y familiares de
un mejor futuro.”[10]
Por último, pone de presente que la posición de la universidad
es inconstitucional y arbitraria, al declarar una sanción administrativa sin
respetar el debido proceso.
3.2.
Las pruebas pertinentes que reposan en el expediente son las siguientes:
- Cédula de ciudadanía del accionante (folio 6 del
cuaderno de instancia).
- Certificación de paz y salvo expedida por la Sección
de Cartera y Estampilla de la Universidad del Magdalena, correspondiente al “período
académico 2006-II por valor de $ 358.033 del cual se encuentra a PAZ Y SALVO” (folio
20 ibídem).
- Solicitud elevada por el accionante a la Jefe de la
Unidad de Cartera y Estampilla del establecimiento educativo demandado, en la
que solicita información acerca de “cuáles fueron los motivos por los cuales
el día 21 de febrero del año en curso, la Oficina que usted dirige se sirvió
negar el crédito a corto plazo para la vigencia 2007-I al señor MAXIMO MARTINEZ
RIOS, estudiante del Programa de Derecho, identificado con el código
2005143042. // A su vez, me informe usted, mediante qué mecanismos y qué
procedimiento disciplinario se adoptó y bajo qué pruebas para la negación de
dicho crédito y cuál fue la presunción delictiva o la conducta punible que
ustedes le imputaron para la negación del crédito” (folio 21 ibíd.).
- Formato de solicitud de financiación de matrícula de
estudiante, diligenciado por el accionante (folios 37 y 38 ibíd.).
- Certificación de paz y salvo expedida por la Sección
de Cartera y Estampilla de la Universidad del Magdalena, correspondiente al “período
académico 2006-I por valor de $ 397.814 del cual se encuentra a PAZ Y SALVO” (folio
20 ibíd.).
- Formato de solicitud de financiación de matrícula de
codeudor (folios 44 y 45 ibíd.).
- Acuerdo Superior N° 008 de 2003 (marzo 19), “Por
el cual se expide el Reglamento Estudiantil y Normas Académicas de la
Universidad del Magdalena” (folios 23 a 73 del cuaderno de revisión).
3.2.1. Declaración jurada rendida por Kelly María San Juan Coronado[11].
En primer término, señaló que hace prácticas en la
Oficina de Cartera y Estampilla de la universidad accionada, en el cargo de auxiliar
administrativo y que tiene a su cargo el manejo de “cartera en los proyectos
educativos de la Universidad del Magdalena en corto plazo, y expido los recibos
de consignación para el pago de las cuotas, expido paz y salvo totales,
provisionales (sic) realizo refinanciaciones una vez aprobado por la
jefe de sección y manejo el archivo correspondiente a la documentación que se
genere allá.”[12]
De otra parte, manifestó que el señor Martínez Ríos es
beneficiario de los créditos educativos y que no está enterada del supuesto
fraude cometido por el accionante, pues se trata de una competencia que le
asiste a los jefes de sección, vicerrectores y en última instancia al rector
del plantel educativo.
Por último y en relación con los requisitos previstos
por la universidad, para que sea autorizado el aplazamiento de un semestre, sostuvo
“que el procedimiento es que el estudiante pase una carta y si este tiene
crédito lo hace con copia de la oficina de cartera y es el jefe de admisiones
quien toma la decisión sobre el aplazamiento o no del semestre, el trámite que
se hace en la oficina es que si el (sic) debiendo se le hace un
certificado de deuda el cual lleva a la oficina de admisiones y registro para
aplazar el semestre y posteriormente el estudiante se dirige a la oficina para
acordar un convenio de pago para cancelar la totalidad de la deuda.”[13]
3.2.2. Declaración jurada rendida por Karen Patricia Pomares Noriega.
La declarante indicó que estudia contaduría pública en
la universidad demandada y que labora en la misma institución en el cargo de
auxiliar administrativo en la oficina de cartera y estampilla, expidiendo
volantes de consignación, elaboración de paz y salvo, certificados de deudas y
refinanciación de créditos, previa aprobación del jefe de la sección.
Frente al aparente fraude, señaló que no tiene
conocimiento de la situación, pues su función se circunscribe a “expedir los
volantes de consignación, no recibo ningún otro tipo de documento” y que el estudio, trámite y aprobación de
los préstamos educativos es realizado directamente por la jefe de la oficina “VIRNA
JOHNSON SALCEDO.”
3.2.3. Declaración jurada rendida por Virna Lizi Johnson Salcedo.
Indicó que en calidad de Jefe de la Oficina de Cartera
y Estampilla de la Universidad del Magdalena, se encarga de adjudicar los “créditos
a corto plazo para todas las modalidades de estudio de la universidad, el
recaudo de cartera de los mismos, la elaboración de cuentas de cobro por ventas
de servicios y arriendos el recaudo de esa cartera y de todo lo que tiene que
ver con la implementación y el recaudo de la estampilla refundación Universidad
del Magdalena.”[14]
Así mismo, señaló que el actor es estudiante del
centro educativo y ha hecho uso del crédito de estudio a corto plazo. En
relación con este tópico, el juzgador de instancia, con el fin de tener mayores
elementos de juicio acerca del supuesto fraude puesto de presente por el
peticionario y que se constituyó en la razón para improbar el crédito
solicitado, preguntó a la declarante:
“El accionante manifiesta que para el presente período tramitó ante
su despacho crédito educativo el cual le fue negado por un supuesto fraude en
los documentos, conoce usted en que consistió dicho fraude. CONTESTADO. Si
antes vale la pena aclarar que uno de los requisitos para renovar un crédito es
estar a paz y salvo con el crédito anterior, en este orden de ideas el señor
Martínez solicitó crédito para el primer semestre del 2007 adjuntando a su
solicitud los documentos requeridos como son, fotocopia de su cédula, paz y salvo
de los semestres financiados anteriormente y la información certificado laboral
y fotocopia de la cédula de su correspondiente codeudor, estos documentos se
verifican y se estudian, en este proceso y al verificar en el sistema si el
señor Martínez se encontraba a paz y salvo con el segundo semestre del 2006 nos
dimos cuenta que no lo estaba, por lo que procedimos a verificar físicamente
sus documentos en su carpeta financiera en la que tampoco estaba el paz y salvo
del segundo semestre del 2006. Sin embargo en los documentos que el señor
Martínez adjuntó a su solicitud sí se encontraba una copia de un paz y salvo
correspondiente al semestre arriba mencionado el cual al momento de verificarlo
resultó que era una copia adulterada del paz y salvo correspondiente al primer
semestre del 2006. PREGUNTADO. Una vez constatado
(sic) dicha situación que usted pone bajo el conocimiento del despacho, cual
fue el proceder de su oficina respecto al señor MAXIMO MARTINEZ RIOS. CONTESTO.
Se procedió a informarle al señor Martínez que no se le podía adjudicar el
crédito debido a la situación presentada, a lo que él contestó que tenía
conocimiento de la misma pero que en realidad el favor de llevarle los
documentos del crédito se lo hizo un amigo y el no sabía lo que había pasado.”[15]
Por último y en relación con los requisitos exigidos
por el centro educativo para aplazar un semestre, sostuvo que “se necesita
presentar una carta del estudiante dirigida a (sic) División de admisiones
en la cual manifiesta que desea aplazar el semestre, se necesita estar a paz y
salvo tanto financieramente, como con todas las oficinas que prestan servicios
a los estudiantes”[16]
4. Decisión judicial objeto de revisión.
El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Santa Marta,
en decisión proferida el 23 de marzo de 2007, decidió tutelar los derechos
fundamentales al debido proceso y a la educación del peticionario, por
considerar en primer lugar, que el derecho a la educación tiene el estatus de
fundamental y que su doble connotación como derecho-deber, implica que
paralelamente a la existencia de prerrogativas a favor de los estudiantes,
existen obligaciones o exigencias que deben ser acatadas.
De otra parte, estimó que frente a la presunta
falsedad puesta de presente por la Jefe de la Oficina de Cartera y Estampilla
del centro educativo demandado, para no acceder a la solicitud de crédito
efectuada por el actor, no está probado en el expediente que se hubiera
iniciado el correspondiente proceso disciplinario, con el fin de determinar la
responsabilidad, insistiendo en que “[l]o que se trata es de evitar que la
suerte del interesado quede al arbitrio del claustro universitario como hasta
ahora ha sucedido, por cuanto que se le está haciendo un señalamiento que hasta
el momento no ha sido comprobado ni defendido de acuerdo al régimen
disciplinario que gobierna el reglamento interno”.[17]
En suma, para el juzgador se vulneró el derecho de
defensa al realizarse un prejuzgamiento al demandante, a partir de la medida
restrictiva impuesta, sin la plenitud de las formas previstas en la
Constitución y la Ley, lesionando adicionalmente el núcleo esencial del derecho
a la educación “porque con la decisión que se tomó de abstenerse de
reservarle el cupo, se le está afectando la continuidad de su formación
profesional y se le está coartando la posibilidad que su ciclo de aprendizaje
siga su rumbo normal, ya que para poder adoptar una decisión de hecho, como la
vista, hay que ponderar, reflexionar y analizar el caso a efectos de que no se
vea perjudicado el discente.”[18]
Así las cosas, el juez constitucional ordenó a la
Universidad del Magdalena, que procediera a aceptar la cancelación de semestre
solicitada por el señor Martínez Ríos, “hasta por el término de dos años,
como lo establece el reglamento estudiantil.”[19]
5. Trámite en sede de revisión.
El expediente de tutela fue seleccionado mediante Auto
del 24 de agosto de 2007. Posteriormente, el magistrado ponente atendiendo la
necesidad de conocer el reglamento estudiantil, con el fin de determinar el
procedimiento que la Universidad debió adelantar, dispuso:
“Primero.- ORDENAR que por la Secretaría General se oficie al Rector
de la Universidad del Magdalena para que, dentro del término de los tres (3)
días contados a partir del recibo de la correspondiente comunicación, remita
con destino a este Despacho, dentro del proceso de la referencia copia
auténtica del Reglamento Estudiantil de la Universidad del Magdalena.
Segundo.- Suspender los términos en el presente asunto hasta tanto
el Rector de la Universidad del Magdalena remita a esta Sala la información que
se le solicita y la documentación fuere estudiada y analizada.”
Vencido el término probatorio, el plantel educativo
mediante oficio N° REC-006-08, allegó copia auténtica del documento solicitado.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala se considera competente para revisar la
sentencia proferida en el proceso de tutela de la referencia, con fundamento en
los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, en concordancia
con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y el Auto de agosto 24 de
2007.
2. Problema jurídico.
A partir de la situación fáctica y de la decisión
adoptada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Santa Marta, le
corresponde determinar a la Sala si la circunstancia de que la Universidad del
Magdalena hubiera negado la solicitud de crédito presentada por el señor Maximo
de Jesús Martínez Ríos, argumentando que existió adulteración en uno de los
documentos allegados, sin mediar proceso disciplinario o penal, tramitado con
observancia de las formas propias, situación que originó la imposibilidad de
iniciar el correspondiente semestre académico, vulnera los derechos
fundamentales al debido proceso y a la educación.
Para resolver el problema jurídico, la Sala reiterará
la jurisprudencia relativa (i) al debido proceso administrativo; (ii) alcance
del derecho fundamental a la educación; (iii) naturaleza de los reglamentos
estudiantiles, como garantía de la autonomía universitaria y (v) resolverá el
caso concreto.
3. Debido proceso administrativo.
El debido proceso administrativo, previsto en el
artículo 29 de la Constitución Política[20], entre otras
normas, como una garantía iusfundamental que busca el respeto a las formas previamente
determinadas en el ordenamiento jurídico para las actuaciones administrativas,
debe sujetarse entre otros principios, (i) a la presunción de inocencia; (ii) al
derecho de defensa y contradicción; (iii) a evitar dilaciones injustificadas; (iv)
a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho y (v) a impugnar las decisiones.
Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha entendido
que se trata de un derecho de aplicación inmediata (Art. 85 de la
Constitución), que materializa el principio de legalidad en el Estado Social de
Derecho, el cual debe entenderse como el conjunto complejo de condiciones que
le impone la ley a la administración, en el cumplimiento de una secuencia de
actos por parte de la autoridad administrativa, que guarda relación directa o
indirecta entre sí y cuyo fin está previamente determinado de manera
constitucional y legal.[21]
En consecuencia, el objeto de esta garantía fundamental es asegurar el
ordenado funcionamiento de la administración; la validez de sus propias
actuaciones y resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de
los administrados.[22]
El debido proceso administrativo “comprende una
serie de garantías con las cuales se busca sujetar a reglas mínimas sustantivas
y procedimentales, el desarrollo de las actuaciones adelantadas por las
autoridades en el ámbito judicial o administrativo, con el fin de proteger los
derechos e intereses de las personas vinculadas, pues es claro que el debido
proceso constituye un límite material al posible ejercicio abusivo de las
autoridades estatales”[23].
De igual forma, esta garantía constitucional se
constituye en una de las manifestaciones del principio de legalidad, según el
cual toda competencia ejercida por las autoridades públicas, debe estar
previamente señalada en el ordenamiento jurídico, como también las funciones
que les corresponden y el trámite a seguir antes de la adopción de determinadas
decisiones. Igualmente, el principio de legalidad impone a las autoridades el
deber de comunicar adecuadamente sus actos y el de dar trámite a los recursos
administrativos que procedan.[24]
Con todo, el debido proceso administrativo garantiza
el establecimiento de límites en el ejercicio de las funciones previstas en el
ordenamiento jurídico, en el sentido de que existen previamente unos
procedimientos determinados, los cuales logran dar un margen de certeza en la
aplicación del derecho y conllevan a garantizar de manera efectiva los derechos
fundamentales.
4. Alcance del derecho fundamental a la educación.
La Constitución Política en el artículo 67, consagra
la educación como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una
función social, resaltando que una de sus finalidades es la formación del
colombiano en el respeto de los derechos humanos, la paz y la democracia, para
el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del
ambiente.
Esta Corporación, ha considerado que el concepto de
función social “tiene su origen en los Estudios sobre la Transformación del
Estado de León Duguit, que sostenía que: ‘Todo individuo tiene en la sociedad
una cierta función que cumplir, una cierta tarea que ejecutar. Y ése es
precisamente el fundamento de la regla de derecho que se impone a todos, grandes
y pequeños, gobernantes y gobernados... Todo hombre tiene una función social
que llenar, y por consecuencia tienen el deber social de desempeñarla; tiene el
deber de desenvolver, tan completamente como le sea posible, su individualidad
física, intelectual y moral para cumplir esa función de la mejor manera posible
y nadie puede entorpecer ese libre desenvolvimiento’.”[25]
La jurisprudencia de la Corte ha sido constante, en el
sentido de señalar que la educación es un derecho fundamental de aplicación inmediata e inherente al ser
humano, y que como tal debe ser garantizado, promovido y respetado sin que
resulte admisible proponer, respecto de su dimensión más íntima o ámbito
irreductible de protección, ningún tipo de restricción o desconocimiento que
impida su ejercicio[26], en tanto permite a los
individuos el acceso a todos los bienes y haberes de la cultura e igualmente,
su incorporación eficaz y efectiva en el conglomerado social que les rodea,
medio necesario para el desarrollo pleno del conjunto de sus potencialidades,
considerando en consecuencia que sus fines generales están orientados (i) al
servicio a la comunidad, (ii) a la búsqueda del bienestar general, (iii) a la
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y
(iv) al mejoramiento de la calidad de vida de la población.[27]
De otra parte, ha estimado que en el contexto del
orden jurídico, político y social imperante, se constituye igualmente en un
presupuesto básico de efectividad de otros derechos, principios y valores
constitucionales, tales como el trabajo y el mínimo vital, ya que una vez la
persona ha completado su formación superior en el área del conocimiento y de la
ciencia escogida, adquiere las condiciones necesarias para acceder al campo
laboral y para brindarse a sí misma y a su núcleo familiar unas condiciones
dignas de subsistencia.[28]
Igualmente, el desarrollo jurisprudencial que ha
efectuado el intérprete constitucional, ha establecido como características esenciales
del derecho a la educación, (i) que se trata de un derecho fundamental y goza
de especial protección del Estado; (ii) es una condición básica para la
efectividad de otros derechos fundamentales; (iii) por su naturaleza de
servicio público se constituye en fin esencial del Estado Social de Derecho;
(iv) el núcleo esencial o el ámbito necesario e irreductible de conducta que el
derecho protege, lo constituye la accesibilidad y continuidad al sistema
educativo y (v) en virtud de la función social, emerge el concepto de derecho-deber,
“que busca significar que el titular de ese derecho, y en general quienes
participan del proceso educativo, además de las prerrogativas reconocidas para
obtener su reconocimiento y efectividad, tienen a la vez un deber recíproco
respecto de las conductas protegidas o amparadas por el precitado derecho;
deber que se materializa y proyecta en las obligaciones impuestas por cada
institución educativa a través de los reglamentos académicos.”[29]
Por su parte, el Comité de Derechos Económicos
Sociales y Culturales, al interpretar el artículo 13 del Pacto[30],
sostuvo que “[l]a educación es un derecho humano intrínseco y un medio
indispensable de realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la
autonomía de la persona, la educación es el principal medio que permite a
adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y
participar plenamente en sus comunidades. La educación desempeña un papel
decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la
explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción
de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el
control del crecimiento demográfico. Está cada vez más aceptada la idea de que
la educación es una de las mejores inversiones financieras que los Estados
pueden hacer, pero su importancia no es únicamente práctica pues disponer de
una mente instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de
pensamiento, es uno de los placeres y recompensas de la existencia humana.”
Agregó, que la educación en todas sus formas y en todos
los niveles, debe tener las siguientes cuatro características:
“a) Disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de
enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado Parte. Las condiciones
para que funcionen dependen de numerosos factores, entre otros, el contexto de
desarrollo en el que actúan; por ejemplo, las instituciones y los programas
probablemente necesiten edificios u otra protección contra los elementos,
instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados
con salarios competitivos, materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán
además bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la información,
etc.
b) Accesibilidad. Las instituciones y los programas de
enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del
Estado Parte. La accesibilidad consta de tres dimensiones que coinciden
parcialmente: // i) No discriminación. La educación debe ser accesible a
todos, especialmente a los grupos más vulnerables de hecho y de derecho, sin
discriminación por ninguno de los motivos prohibidos (véanse los párrafos 31 a
37 sobre la no discriminación); // ii) Accesibilidad material. La
educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica
de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la
tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia);
// iii) Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de
todos. Esta dimensión de la accesibilidad está condicionada por las diferencias
de redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la enseñanza primaria,
secundaria y superior: mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita
para todos, se pide a los Estados Partes que implanten gradualmente la
enseñanza secundaria y superior gratuita.
c) Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación,
comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser
aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena
calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los padres; este punto está
supeditado a los objetivos de la educación mencionados en el párrafo 1 del
artículo 13 y a las normas mínimas que el Estado apruebe en materia de
enseñanza (véanse los párrafos 3 y 4 del artículo 13).
d) Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad
necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en
transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales
y sociales variados.”
Por último, la Declaración Universal de Derechos
Humanos (Art. 26)[31], sostiene que “[l]a
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de
la paz.”
5. Naturaleza de los reglamentos estudiantiles y
armonización que deben guardar con las garantías mínimas fundamentales[32].
La Constitución Política de 1991 (Art. 69), hizo un
reconocimiento expreso a la autonomía universitaria, como un atributo esencial y garantía institucional
para la prestación del servicio público de educación, que permite “la
capacidad de autorregulación filosófica y de autodeterminación administrativa
de la persona jurídica que presta el servicio público de educación superior.”[33]
Esta garantía constitucional, plantea en el ámbito
universitario dos dimensiones. La primera orientada a que cada claustro
universitario determine su concepción ideológica y la segunda encaminada a la
designación de directivas y organización interna desde el punto de vista
administrativo, académico y presupuestal “como reflejo de su singularidad.”[34]
Una consecuencia lógica de la autonomía universitaria,
es la potestad de la que son titulares los establecimientos universitarios, para
adoptar sus propios estatutos o reglamentos, con el fin de establecer la
estructura del centro educativo desde el punto de vista organizacional y
funcional y en los que debe indicarse con claridad las obligaciones entre
educadores y educandos.[35]
Esta Corporación ha entendido los reglamentos
universitarios, como “(…)
regulaciones sublegales, sometidos, desde luego, a la voluntad constitucional y
a la de la ley, encargados de puntualizar las reglas de funcionamiento de las
instituciones de Educación superior, su organización administrativa (niveles de
dirección, de asesoría, operativo, etc.), requisitos para la admisión del
alumnado, selección de personal docente, clasificación de los servidores
públicos, etc. (…)”.[36]
Dentro de los diferentes aspectos que son objeto de
regulación reglamentaria, uno de ellos que es de vital importancia y que se
constituye en garantía del debido proceso, es el relativo al establecimiento de
pautas orientadoras en el procedimiento disciplinario, entre otras, tipo de
sanciones, términos para cada una de las etapas, recursos, las cuales deberán ser
aplicadas por las autoridades universitarias cuando se presenten conflictos
internos, buscando en últimas evitar actuaciones arbitrarias o abusivas y en
todos los eventos deberán ser compatibles con las normas constitucionales que
se refieren a garantías individuales.
La jurisprudencia de esta Corporación, ha considerado
que el desconocimiento por parte de los estudiantes de los estatutos
universitarios, acarrea las consecuencias que en él se consagran, como manifestación
de la dimensión de la educación como derecho-deber. Esta regla no puede ser
entendida de manera absoluta, en tanto “la imposición de sanciones o de
medidas restrictivas resulta constitucionalmente admisible, siempre y cuando
éstas resulten razonables y proporcionadas al fin que persiguen, y su
aplicación no conduzca a la negación de un derecho fundamental, en este caso,
del derecho a la educación y de aquellos que le son afines y complementarios.”[37]
6. Análisis del caso concreto.
La Sala encuentra probado en el expediente que (i) el
señor Maximo de Jesús Martínez Ríos, es estudiante de la facultad de derecho de
la Universidad del Magdalena; (ii) para el primer semestre académico de 2007, el
accionante pidió la renovación del crédito educativo otorgado el año anterior,
allegando los documentos exigidos por la Oficina de Cartera y Estampilla del
centro educativo demandado; (iii) el 21 de febrero de 2007, el actor fue
enterado verbalmente por parte de la doctora Virna Lizi Johnson Salcedo, Jefe
de la Oficina de Cartera y Estampilla de la Universidad del Magdalena, que su
solicitud de crédito había sido negada, por existir “adulteración del paz y
salvo correspondiente al segundo período del 2006.”[38];
(iv) el peticionario inició los trámites correspondientes para cancelar el
semestre, lo cual no fue posible, en tanto la oficina de Bienestar Universitario
no expidió el respectivo paz y salvo, por considerar que adeudaba el valor de
la bicicleta asignada por la Universidad, dentro de un programa iniciado para
los estudiantes de estratos bajos; (v) el establecimiento educativo accionado,
no inició proceso disciplinario con el fin de determinar la responsabilidad del
accionante, a partir de los parámetros previstos en el reglamento estudiantil y
(vi) el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Santa Marta, accedió al amparo
constitucional solicitado, por considerar que al accionante se le cercenó el
derecho de defensa y la presunción de inocencia, como expresiones del derecho
fundamental al debido proceso.
A partir de la situación fáctica expuesta, es clara la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la educación
del peticionario, razón por la cual la Corte accederá a la protección
constitucional solicitada, con fundamento en las razones que a continuación se
exponen.
No resulta plausible desde la perspectiva
constitucional, que el establecimiento universitario demandado, sin la
existencia de un proceso disciplinario, seguido con la plenitud de las formas
previstas en el reglamento estudiantil y con observancia de las garantías
propias del debido proceso, hubiera concluido que el accionante incurrió en
adulteración de uno de los documentos allegados con la solicitud de crédito
para el primer semestre de 2007, pues se trata de una decisión arbitraria y
contraria al ordenamiento Superior.
La imposición de sanciones por parte de los
establecimientos educativos, debe estar sujeta como lo ha señalado reiteradamente esta Corporación,
a ciertos requisitos, para que su ejercicio sea compatible con la Constitución,
a saber: (i) que la institución cuente con un reglamento, vinculante a toda la
comunidad educativa y que éste se encuentre conforme a la Constitución Política,
en especial, respecto de la protección de los derechos fundamentales; (ii) que
dichos estatutos describan el hecho o la conducta sancionable; (iii) que las
sanciones no se apliquen de manera retroactiva; (iv) que la persona cuente con
garantías procesales adecuadas para su defensa con anterioridad a la imposición
de la sanción; (v) que la sanción corresponda a la naturaleza de la falta
cometida, de tal manera que no se sancione disciplinariamente lo que no ha sido
previsto como falta disciplinaria y (vi) que la sanción sea proporcional a la
gravedad de la falta.[39]
Así las cosas y verificado el reglamento estudiantil
de la Universidad del Magdalena, adoptado mediante Acuerdo Superior N° 008 de
2003 (marzo 19)[40], en el que se encuentran
fijadas las pautas organizacionales del plantel educativo, las cuales tienen
fuerza vinculante para la comunidad universitaria, se tiene que “[l]as
normas disciplinarias buscan prevenir aquellas conductas contrarias a la vida
universitaria y preservar la normalidad de la misma, definiendo con precisión
el régimen de sanciones y las causales de retiro de la institución”[41],
razón por la cual establece los pormenores del procedimiento disciplinario, tales
como (i) tipos de sanciones según la gravedad de la falta, las cuales serán
impuestas con observancia del debido proceso[42]; (ii) término
de la investigación disciplinaria y garantía del derecho de defensa y
contradicción[43]; (iii) audiencia de
juzgamiento[44] y (iv) recursos de
reposición y apelación contra la decisión sancionatoria[45].
Ahora bien, la misma normativa dispone que la
falsificación o adulteración de documentos, se considera un acto violento y
atentatorio del orden universitario, razón suficiente para que las directivas del
centro educativo accionado, hubieran iniciado el correspondiente proceso
disciplinario, acatando los parámetros sustantivos y adjetivos previstos en el
reglamento estudiantil, que deben armonizarse con las garantías
constitucionales, con el fin de determinar la responsabilidad del estudiante y,
en consecuencia, imponer las sanciones de rigor, si a ello hubiere lugar, a
partir igualmente de los parámetros normativos fijados en el mismo ordenamiento,
“sin perjuicio de las
sanciones de carácter penal a que hubiere lugar.”[46]
La sola manifestación efectuada por la doctora Virna
Lizi Johnson Salcedo, Jefe de la Oficina de Cartera y Estampilla de la
Universidad del Magdalena, en la declaración jurada rendida ante el Juzgado
Quinto Penal del Circuito de Santa Marta, en el sentido de que una vez verificados
los documentos allegados por el señor Ríos Martínez, con la solicitud de
crédito educativo, constató que una de las certificaciones allegadas por el
accionante había sido adulterada[47], es insuficiente para
concluir a priori, que existía algún tipo de responsabilidad del accionante.
Similar argumento esgrimió el doctor Pablo Vera Salazar, Rector (D.), al
indicar:
“PRIMERO: El señor MAXIMO DE JESUS MARTINEZ RIOS, el
día Dos (2) de Febrero de 2007, presentó ante la Dirección de Cartera y Estampilla
de la Universidad, formato de solicitud de financiación diligenciado (…)
SEGUNDO: Al revisar la solicitud
de financiación de matrícula y sus respectivos soportes por la jefe de la
Sección de Cartera y Estampilla se observó que la certificación de paz y salvo
correspondiente al Segundo Período del 2006 era apócrifa, ya que el educando
adeudaba por concepto de matrícula financiada para el período 200 (sic)-II, la suma de CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
DOS PESOS M/L ($ 48.642.oo), lo que conllevó a la improcedencia de la solicitud
de crédito.
TERCERO: El Señor MAXIMO DE
JESUS MARTÍNEZ RIOS, en los días posteriores a la presentación de su
solicitud, se acercó hasta las oficinas de la Jefe de Cartera y Estampilla Dr. (sic) VIRNA JOHNSON SALCEDO, quien le colocó de presente que
había incurrido en adulteración de paz y salvo correspondiente al segundo
período del 2006.”[48]
Es claro a partir de la autonomía universitaria, que los
planteles educativos son titulares de la potestad sancionatoria, la cual plantea
un ámbito restrictivo, en el sentido de que los reglamentos estudiantiles deben
indicar con claridad las etapas que deben surtirse en el proceso disciplinario,
aunque como lo ha sostenido esta Corporación “la tipificación de las faltas
puede ser lo suficientemente flexible como para permitir a la autoridad
competente disponer de un margen de apreciación discrecional al momento de
determinar la falta disciplinaria concreta y su respectiva sanción.”[49]
De esta forma, se garantiza el principio de legalidad y la imposibilidad de
que las autoridades internas de los establecimientos universitarios, dicten
decisiones arbitrarias y contrarias a los valores, principios y derechos fundamentales,
previstos en la Constitución Política.[50]
La circunstancia de que hubiera sido negada la
solicitud de crédito al accionante, con el argumento trivial de que la
certificación de paz y salvo correspondiente al segundo semestre del año 2006,
había sido falsificada, sin la existencia de un proceso disciplinario, es razón
suficiente para considerar que se vulneró el núcleo esencial del derecho
fundamental al debido proceso, razón por la cual la Sala accederá al amparo
constitucional solicitado.
No significa lo anterior, que este Tribunal esté
cohonestando comportamientos que eventualmente puedan atentar contra el
ordenamiento jurídico, razón por la cual la Sala a partir de la naturaleza de
la educación como derecho-deber, prevendrá al Rector de la Universidad del
Magdalena, para que, en el ámbito de la autonomía universitaria, y si aún lo
considera conveniente, inicie la correspondiente investigación disciplinaria contra
el estudiante Maximo de Jesús Martínez Ríos, teniendo como fundamento los
preceptos establecidos en el reglamento estudiantil y el respeto por los
derechos fundamentales, con el fin de aclarar la situación presentada y de ser el
caso, imponga la sanción a que haya lugar.
Adicionalmente, la Sala prevendrá al Rector del mismo
establecimiento educativo, para que, en aras de garantizar el derecho de
defensa y la presunción de inocencia, en lo sucesivo no podrá efectuar ningún
tipo de imputación a los estudiantes, sin haberse adelantado el juicio
correspondiente a partir de lo previsto en los estatutos del plantel educativo,
parámetros que deben ser armonizados con las garantías constitucionales, con el
fin de determinar la existencia de algún tipo de responsabilidad y la sanción a
imponer.
Ahora bien, respecto de la solicitud de aplazamiento
de semestre efectuada por el accionante, la cual fue negada por la Universidad
del Magdalena, hasta tanto no efectuara el pago total de la bicicleta que fue
asignada dentro del programa de beneficiarios para estratos bajos y en
consecuencia allegara el certificado de paz y salvo correspondiente, expedido
por la oficina de Bienestar Universitario, la Sala considera que esta medida
resulta inadmisible desde el punto de vista constitucional, en tanto no puede el
plantel universitario hacer prevalecer un argumento de índole económico para
negar la solicitud efectuada, pues estaría haciendo nugatoria la continuidad
del derecho fundamental a la educación, que esta Corporación ha considerado
como elemento constitutivo de su contenido esencial.
Se trata entonces de una situación en la que la
universidad hubiera podido llegar a acuerdos o consensos en relación con el
valor adeudado por el estudiante o en últimas contaba con la posibilidad de acudir
a la jurisdicción ordinaria para hacer exigible el título valor que respalda la
obligación contraída, como acertadamente lo indicó el accionante en la
solicitud de tutela, no significando lo anterior, que la Corte esté apoyando la
cultura del no pago, como lo ha reiterado en sinnúmero de pronunciamientos.
Finalmente y en relación con la pretensión relativa al
reconocimiento de los perjuicios ocasionados al accionante por parte de la universidad
demandada, esta Corporación a partir de una interpretación sistemática de los
artículos 23, 24 y 25 del Decreto 2591 de 1991, ha establecido los requisitos que debe verificar el
juez constitucional de manera rigurosa, para que ordene la indemnización del
daño por vía de acción tutelar, a saber: (i) que la tutela sea concedida; (ii)
que el afectado no disponga de otro medio judicial para obtener el
resarcimiento del perjuicio; (iii) que la violación del derecho haya sido
manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria;
(iv) que la indemnización sea necesaria para asegurar el goce efectivo del
derecho; (v) que se haya garantizado el debido proceso a quien resulte
condenado y, en particular, que haya tenido la posibilidad de controvertir las
pruebas[51].
Así las cosas y comoquiera que la acción de tutela, es
un mecanismo residual y subsidiario, y atendiendo que el señor Maximo de Jesús Martínez Ríos, cuenta con la
acción ordinaria para reclamar la indemnización a que eventualmente haya lugar,
por la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
educación, la Sala se abstendrá de otorgarla por esta vía.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la
sentencia proferida por el Juzgado Quinto (5°) Penal del Circuito de Santa
Marta, el 23 de marzo de 2007, dentro de la acción de tutela incoada por el
señor Maximo de Jesús Martínez Ríos contra la Universidad del Magdalena, por
las razones expuestas en esta providencia.
Sin embargo, prevendrá al Rector de la Universidad del
Magdalena, para que, en el ámbito de la autonomía universitaria, y si aún lo
considera conveniente, inicie la correspondiente investigación disciplinaria
contra el estudiante Maximo de Jesús Martínez Ríos, teniendo como fundamento
los preceptos establecidos en el reglamento estudiantil y el respeto por los
derechos fundamentales, con el fin de aclarar la situación presentada y de ser el
caso, imponga la sanción a que haya lugar.
Igualmente, prevendrá a la misma autoridad, para que,
en aras de garantizar el derecho de defensa y la presunción de inocencia, en lo
sucesivo no efectúe imputación a los estudiantes sin haber adelantado el juicio
correspondiente a partir de lo previsto en los estatutos del plantel educativo,
parámetros que deben ser armonizados con las garantías constitucionales, con el
fin de determinar la existencia de responsabilidad y la sanción a imponer.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto (5°) Penal
del Circuito de Santa Marta, el 23 de marzo de 2007, dentro de la acción de
tutela incoada por el señor Maximo de Jesús Martínez Ríos contra la Universidad
del Magdalena, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO.- PREVENIR al Rector de la Universidad del Magdalena, para que, en
el ámbito de la autonomía universitaria, y si aún lo considera conveniente,
inicie la correspondiente investigación disciplinaria contra el estudiante
Maximo de Jesús Martínez Ríos, teniendo como fundamento los preceptos
establecidos en el reglamento estudiantil y el respeto por los derechos
fundamentales, con el fin de aclarar la situación presentada y de ser el caso,
imponga la sanción a que haya lugar.
TERCERO.- PREVENIR al Rector de la Universidad del Magdalena, para que,
en aras de garantizar el derecho de defensa y la presunción de inocencia, en lo
sucesivo efectúe ningún tipo de imputación a los estudiantes, sin adelantar el
juicio correspondiente a partir de lo previsto en los estatutos del plantel
educativo, parámetros que deben ser armonizados con las garantías
constitucionales, con el fin de determinar la existencia de algún tipo de responsabilidad
y la sanción a imponer.
CUARTO.- Por Secretaría General, LÍBRESE la comunicación de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA                Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] El 8 de marzo de 2007.
[2]
Folio 1 del cuaderno de instancia.
[3]
Folio 1 ibídem.
[4]
Folio 34 del cuaderno de instancia.
[5]
Folio 35 ibídem.
[6] Folio 1 ibíd.
[7]
Folio 2 ibíd.
[8] Folio 2 ibíd.
[9]
Ibíd.
[10]
Ibíd.
[11]
El Juzgado Quinto Penal del Circuito, mediante providencia del
9 de marzo de 2007 en la que admitió la acción de tutela objeto de estudio,
dispuso: “Cítense a las señoras VIRNA JHONSON, KELLY SANJUAN Y KAREN
POMARES, para ser escuchadas en declaración jurada” (folio 23 del cuaderno
de instancia).
[12]
Folio 30 del cuaderno de instancia.
[13]
Folio 31 ibídem.
[14]
Folio 50 ibíd.
[15] Folio 50 ibíd.
[16]
Ibíd.
[17]
Folio 56 ibíd.
[18]
Ibídem.
[19]
Folio 57 ibíd.
[20] El Constituyente de 1991, elevó a rango
constitucional el debido proceso administrativo, el cual antes de la entrada en
vigencia de ordenamiento Superior actual, se encontraba previsto en normas
legales.
[21] T-552 de 1992, M. P. Simón Rodríguez Rodríguez. En
esta oportunidad la Corte sostuvo que “[e]l proceso administrativo,
denominado antes procedimiento administrativo, para diferenciarlo del proceso
judicial, en tanto, este último, tenía por finalidad la cosa juzgada; comprende
el conjunto de requisitos o formalidades anteriores, concomitantes o
posteriores, que establece el legislador para el cumplimiento de la actuación
administrativa, y los procedimientos, o pasos que debe cumplir la administración
para instrumentar los modos de sus actuaciones en general.”
[22] Ibídem.
[23] C-383 de 2000, M. P.  Álvaro Tafur Galvis.
[24] T-550 de 1992, M. P. Simón Rodríguez Rodríguez.
[25] Duguit León. Las Transformaciones Generales del
Derecho Privado desde el Código de Napoleón. Ed. Librería Española y
extranjera. Madrid 1920, Págs. 36 y 37.
[26] La Corte ha considerado que la importancia de este
derecho-deber, radica en que es un factor generador de desarrollo humano (T-254
de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-573 de 1995, M. P. Fabio Morón
Díaz, T-002 de 1992, M. P. Alejandro Martínez Caballero).
[27] T-254 de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[28] C-461 de 2004, M. P. Clara Inés Vargas Hernández,
T-807 de 2003, M. P. Jaime Córdoba Triviño, T-236 de 1994, M. P. Antonio
Barrera Carbonell, T-373 de 1996, M. P. Antonio Barrera Carbonell, T-712 de 1996,
M. P. Antonio Barrera Carbonell.
[29] C-114 de 2005, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto,
SU-783 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-642 de 2001, M. P. Jaime
Córdoba Triviño, T-772 de 2000, M. P. Alejandro Martínez Caballero, T-638 de 1999,
M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-573 de 1995, M. P. Fabio Morón Díaz.
[30] Este
instrumento internacional fue aprobado
por el Congreso de la República mediante Ley 74 de 1968 y entró en vigencia el
29 de octubre de 1969.
[31] Adoptada y proclamada por la Resolución de la
Asamblea General 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948.
[32] El intérprete constitucional ha considerado que los
reglamentos estudiantiles de las universidades, pueden ser entendidos (i) desde
la perspectiva de la educación como un derecho-deber; (ii) desde el punto de
vista del derecho a la autonomía universitaria, y (iii) desde la óptica de su
ubicación en el ordenamiento jurídico como norma con relevancia jurídica (T-933
de 2005, M. P. Rodrigo Escobar Gil).
[33] T-310 de 1999, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[34] Ibídem.
[35] T-974 de 1999, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
[36] T-515 de 1995, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[37] T-933
de 2005, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[38] Folio
34 del cuaderno de instancia.
[39] T-361 de 2003, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[40] Por
el cual se expide el Reglamento Estudiantil y normas académicas de la
Universidad del Magdalena.
[41] Artículo
7° del reglamento estudiantil.
[42] Artículo
166 ibídem.
[43] Artículo 167 ibíd.
[44] Artículo
168 ibíd.
[45]
Artículo 169 ibíd.
[46] Artículo
176 ibíd.
[47] En la citada diligencia, la funcionaria de la
Universidad indicó: “Sin embargo en los documentos que el señor Martínez
adjuntó a su solicitud, si se encontraba una copia de un paz y salvo
correspondiente al semestre arriba mencionado el cual al momento de verificarlo
resultó que era una copia adulterada del paz y salvo correspondiente al primer
semestre del 2006” (folio 50 del cuaderno de instancia).
[48] Folio 34 ibídem.
[49]
T-301 de 1996, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[50] El intérprete constitucional ha considerado, que las
autoridades titulares de la potestad disciplinaria, deben seguir los siguientes
requisitos mínimos, con el fin de garantizar la efectividad del derecho
fundamental al debido proceso: (i) comunicación formal de la apertura del
proceso disciplinario; // (ii) formulación de los cargos imputados, que puede
ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa
las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la
calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; (iii)
traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los
cargos formulados; (iv) indicación de un término durante el cual el acusado
pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar
las que considere necesarias para sustentar sus descargos; (v) pronunciamiento
definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y
congruente; (vi) imposición de una sanción proporcional a los hechos que la
motivaron; y (vii) posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante
los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones (T-301 de 1996, M.
P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[51]
SU-256 de 1996, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa y T-588 de 2006,
M. P. Jaime Araújo Rentería.