T-904-01
Sentencia T-819/01
Sentencia
T-904/01
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Carácter
excepcional
NOTIFICACION
EN PROCESO PENAL-No se pueden maximizar exigencias
cuando procesado trata de sustraerse al cumplimiento de medida de aseguramiento
No pueden maximizarse las exigencias
referidas a la citación del procesado para efectos de la notificación de las
decisiones judiciales, y hacerlo hasta extremos no previstos en la ley, cuando
él ha optado por darle la espalda a la actuación con el evidente propósito de
sustraerse a la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta en su
contra y por dejar su suerte en manos del defensor por él designado en el acto
de vinculación procesal. Y se hacen estas consideraciones porque en el caso
presente el procesado, que se sabía involucrado en una conducta punible de
naturaleza patrimonial y de particular gravedad, fue capturado en el municipio
de Restrepo, Meta, lo que evidencia que había cambiado de domicilio y que
omitió informar de esa situación a las autoridades judiciales que lo
procesaban. En estas condiciones, si bien se incurrió en algunas irregularidades
en lo atinente a las citaciones y a las notificaciones de las decisiones
judiciales, irregularidades que no son extrañas a la dinámica de un proceso
penal y que tenían sus propios mecanismos de corrección, a ellas no puede
imprimírseles una virtualidad tal que permita afirmar la vulneración de
derechos fundamentales.
DEFENSOR EN
PROCESO PENAL-Actuaciones deben valorarse en el
contexto del proceso
La Corte estima que las actuaciones de
un defensor en un proceso penal no deben valorarse aisladamente sino que deben
explicarse en el contexto de ese proceso pues sólo entonces se advierte su
idoneidad o no para beneficiar al destinatario de la acción penal.
Referencia:
expediente T-454721
Acción de tutela de
José Ancízar Álvarez Cárdenas contra la Fiscalía 31 Seccional y el Juzgado
Penal del Circuito de Lérida.
Magistrado
Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA
TRIVIÑO
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de  agosto
de dos mil uno (2001).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del trámite de revisión de la
tutela instaurada por José Ancízar Álvarez Cárdenas contra la Fiscalía 31
Seccional y el Juzgado Penal de Circuito de Lérida.
I.    ANTECEDENTES
A.  Reseña fáctica
1.  Daniel Morales Carvajal y José Ancízar
Álvarez Cárdenas fueron contratados por las empresas de transporte CENTROLIMA
LTDA. y PROCAM S.A. para trasladar dos contenedores de café excelso desde
Ibagué hasta La Dorada.  Los viajes se realizaron entre el 21 y el 22 de abril
de 1995 y cuando llegaron a su destino y los vehículos transportadores se
sometieron al pesaje correspondiente, se detectó un faltante de más de 11
toneladas por un valor superior a 33 millones de pesos.
2.  Con base en la denuncia presentada por
Daniel Morales Carvajal y por el gerente de una de las empresas
transportadoras, se inició una investigación penal en la Fiscalía 31 Seccional
de Lérida.  A ella fueron vinculados los conductores ya mencionados pues
concurría prueba indiciaria que los señalaba como probables autores del delito
investigado.
3.  La situación jurídica de los
procesados fue definida el 4 de diciembre de 1995, fecha en la que se los
afectó con medida de aseguramiento de caución como probables autores del delito
de abuso de confianza.  No obstante, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal
Superior del Tolima, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el
apoderado de la parte civil, varió la calificación jurídica de los hechos indicando
que debía procederse por los delitos de hurto y falsa denuncia y no por el
delito de abuso de confianza.  Como consecuencia de esa nueva calificación
jurídica, varió la naturaleza de la medida de aseguramiento y se impuso la de
detención preventiva sin libertad provisional.
4.  El 21 de agosto de 1995 la Fiscalía de
conocimiento dispuso el cierre de la investigación y el 17 de septiembre de ese
año calificó el mérito de la instrucción profiriendo resolución de acusación
contra los procesados como coautores de los delitos de hurto agravado y falsa
denuncia.  Al procesado Daniel Morales Carvajal se le mantuvo la sustitución de
la medida de aseguramiento de detención preventiva por la de detención
domiciliaria y al procesado José Ancízar Álvarez Cárdenas se le negó libertad
provisional y se dispuso su captura para la eficacia de la medida impuesta.
5.  El juzgamiento correspondió al Juzgado
Penal del Circuito de Lérida, despacho en el que el 22 de septiembre de 1998 se
dio cumplimiento a la diligencia de audiencia pública con la intervención del
fiscal, del apoderado de la parte civil y del defensor de los procesados.
Mientras aquellos solicitaron la emisión de una sentencia condenatoria, el
defensor solicitó se absolviera a los procesados ante la ausencia de prueba que
demuestre su responsabilidad penal como autores de los delitos investigados.
6.  El 25 de mayo de 2000 el Juzgado Penal
de Circuito de Lérida dictó sentencia y en ella encontró responsables a los
procesados del delito de hurto por el cual fueron acusados y por ello los
condenó a las penas de 26 meses de prisión e interdicción de derechos y
funciones públicas por el mismo lapso y a indemnizar los perjuicios causados
con la comisión de ese hecho punible.  De acuerdo con ello, ordenó la libertad
por pena cumplida de Daniel Morales Carvajal e insistió en la captura de José
Ancízar Álvarez Cárdenas, a quien no concedió la condena de ejecución
condicional.  Además, el Juzgado absolvió a los procesados del delito de falsa
denuncia por el cual también habían sido acusados.
B.  La tutela instaurada
El 17 de enero de 2001 el condenado José Ancízar
Álvarez Cárdenas, a través de apoderado, interpuso una acción de tutela contra
la Fiscalía 31 Seccional y contra el Juzgado Penal del Circuito de Lérida
argumentando que en la investigación y en el juzgamiento se había incurrido en
vulneración de los derechos fundamentales de libertad, debido proceso y defensa
y que ante ello debía declararse la nulidad de lo actuado a partir de la
resolución de situación jurídica y disponerse su libertad inmediata.  Los
fundamentos de esta solicitud son los siguientes:
1.  En el curso del proceso José Ancízar Álvarez
Cárdenas no fue citado para que compareciera a notificarse personalmente de las
decisiones emitidas y sólo fue enterado de ellas por notificación en estados.
Así ocurrió con la notificación de la inicial medida de aseguramiento, con la
orden de captura librada con posterioridad, con la sustitución de la medida de
aseguramiento dispuesta a favor de Daniel Morales Carvajal, con el cierre de la
investigación, con la acusación y con la sentencia.  Se está, entonces, ante
una reiterada vía de hecho que impone la anulación de lo actuado.
2.  En el proceso intervino un solo profesional del
derecho como defensor de los procesados. Sin embargo, tal profesional sólo
cumplió su papel de defensor en relación con el procesado Daniel Morales
Carvajal pero no respecto de José Ancízar Álvarez Cárdenas pues en relación con
este fue únicamente un defensor nominal y nada más. Las omisiones en que
incurrió tal profesional y las actuaciones incipientes que desplegó a favor del
actor resultaron sustancialmente insuficientes para realizar su derecho a una
defensa material.
3.  Si la Fiscalía y el Juzgado hubiesen cumplido la
obligación de citar al actor, éste hubiese tenido la oportunidad de ejercer su
defensa material interponiendo recursos, solicitando pruebas o incluso
sustituyendo al defensor por uno que atendiera sus intereses.  Por ello,
resulta paradójico que a más de no haber sido citado para que se enterara de
los distintos actos procesales a que hubo lugar, se le niegue la suspensión del
efecto del fallo por no haber comparecido al proceso.
4.  El defensor de José Ancízar Álvarez Cárdenas
demostró su profundo desconocimiento de la materia y del procedimiento penales
y por ello estuvo lejos de subsanar las sucesivas irregularidades que se
presentaron a lo largo  del proceso y perjudicó gravemente al actor por la
emisión de una condena que resulta inimpugnable por una vía diferente a la
acción de tutela y de la que sólo vino a enterarse cuando fue capturado para el
cumplimiento de la pena impuesta.
II.   SENTENCIAS JUDICIALES OBJETO DE
REVISION
A.
Sentencia de Primera Instancia
En un lacónico pronunciamiento, la Sala Penal del
Tribunal Superior de Ibagué, negó la tutela invocada y lo hizo afirmando que no
existe anomalía que quebrante las formas propias del juicio; que con las
indagatoria se integró una relación procesal en la que al Estado le incumbía
desvirtuar la presunción de inocencia y a los imputados controvertir la prueba
de cargo y que si uno de éstos desatendió su carga procesal, dispuso de su
derecho y por ello debe asumir las consecuencias pues la relación judicial ya
constituida sólo desaparece con el proceso mismo.
B.  Sentencia de Segunda Instancia
La Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia llamó la atención al a quo por la manera como dilató la decisión de la
tutela interpuesta y confirmó la sentencia que negó la protección invocada. Los
fundamentos de tal pronunciamiento fueron los siguientes:
1.  La acción de
tutela no procede contra decisiones judiciales, excepto cuando los jueces o
fiscales incurren en acciones u omisiones que vulneren derechos fundamentales
pues en esos eventos, constitutivos de verdaderas vías de hecho, la acción de
tutela termina siendo el único mecanismo efectivo de protección de los derechos
fundamentales.
2. No se advierte
que el fiscal o el juez de conocimiento hayan incurrido en vía de hecho por no
haber citado a José Ancízar Álvarez Cárdenas a notificarse de las decisiones
judiciales emitidas pues tal procesado, a partir de la indagatoria, se
desentendió por completo de la actuación procesal y nunca se acercó a averiguar
sobre su situación.  Esa circunstancia se explica por la orden de captura que
se emitió en su contra tras la modificación que la Fiscalía Delegada ante el
Tribunal Superior de Ibagué le introdujo a la resolución de situación jurídica
de primera instancia.
3.  La diligencia
de citación mediante telegrama sólo es necesaria cuando se trata de
notificaciones que por ley deben hacerse personalmente pues en los demás
eventos la providencia queda bien notificada con la sola fijación del estado o
del edicto, según el caso.  En el caso presente, si bien se omitió la citación
de Álvarez Cárdenas para la notificación de la resolución acusatoria, tal
citación si fue hecha a su defensor y ante su silencio esa irregularidad quedó
convalidada.
4.  Tampoco se ha
incurrido en vía de hecho por la vulneración del derecho de defensa de Álvarez
Cárdenas pues él contó con un defensor de confianza designado desde su
indagatoria y con esa calidad le asistió en ese acto procesal, presentó
alegatos antes de la definición de situación jurídica y con ocasión del cierre
de instrucción, pidió la clausura de la misma, se notificó de la definición de
situación jurídica y del cierre, etc.  Y si el derecho de defensa se realiza
materialmente con actos positivos de gestión o al menos con actitudes vigilantes
de la actuación procesal posibles de verificación, en la actuación no aparece
demostrado que ese derecho haya sido vulnerado pues el actor designó defensor y
él ejerció su defensa, quizá no en la mejor forma, pero lo hizo.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION
A.  Problema jurídico
El problema jurídico que debe resolver la Corte es el
siguiente:  ¿La Fiscalía 31 Seccional de Lérida y el Juez Penal de Circuito de
ese municipio vulneraron los derechos fundamentales de libertad, debido proceso
y defensa de José Ancízar Álvarez Cárdenas al no citarlo para notificarle
personalmente las decisiones emitidas en el proceso penal que le adelantaron y
al permitir que fuera asistido por un defensor nominal que no se preocupó por
defender sus intereses procesales?
B.  Solución
1.  En múltiples pronunciamientos esta
Corporación ha indicado que la acción de tutela contra decisiones judiciales
tiene un carácter sumamente excepcional dado que no se pueden desconocer los
medios judiciales ordinarios que la ley ha previsto para la protección de los
derechos; ha precisado que procede sólo si se está ente un desconocimiento
evidente de la Constitución y de la ley susceptible de vulnerar derechos
fundamentales y ha desarrollado la naturaleza de los vicios por los cuales
procede la protección constitucional de los derechos vulnerados por acciones u
omisiones judiciales.
De acuerdo con ello, el camino a seguir en el presente
caso consiste en determinar si las circunstancias referidas por el actor
concurrieron, si ellas desconocen la Constitución y la ley, si vulneran
derechos fundamentales y si, en ausencia de otros medios de defensa, ameritan
protección constitucional.
2.  Es cierto que las autoridades judiciales se
encuentran obligadas a agotar todos los esfuerzos que estén a su alcance para
que los sujetos procesales conozcan las decisiones emitidas, esto es, para que
se les comuniquen oportunamente tales decisiones. No obstante, esa es una
obligación que resulta exigible en los términos de la ley y que debe entenderse
en el marco de los fines y fundamentos constitucionales del proceso penal y en
el ámbito determinado por los principios que el legislador ha concebido para el
mismo.
De acuerdo con ello, no debe asumirse que las
autoridades judiciales están obligadas a citar en todos los casos a los sujetos
procesales, aún para efectos de la notificación de los pronunciamientos que
según la ley no son notificables personalmente. Menos puede asumirse que ante
la imposibilidad de realizar una notificación en forma personal a un procesado
ella no pueda realizarse en la manera subsidiaria en que lo ha indicado la
ley.  Tampoco puede esgrimirse que los esfuerzos inherentes a la citación de
los sujetos procesales están concebidos para compensar la contumacia de los
procesados pues no debe desconocerse que también ellos se encuentran vinculados
por el principio de lealtad procesal.
3.  La Corte estima que no pueden maximizarse las
exigencias referidas a la citación del procesado para efectos de la
notificación de las decisiones judiciales, y hacerlo hasta extremos no
previstos en la ley, cuando él ha optado por darle la espalda a la actuación
con el evidente propósito de sustraerse a la medida de aseguramiento de
detención preventiva impuesta en su contra y por dejar su suerte en manos del
defensor por él designado en el acto de vinculación procesal.
Y se hacen estas consideraciones porque en el caso
presente el procesado, que se sabía involucrado en una conducta punible de
naturaleza patrimonial y de particular gravedad, fue capturado en el municipio
de Restrepo, Meta, lo que evidencia que había cambiado de domicilio y que
omitió informar de esa situación a las autoridades judiciales que lo
procesaban.
En estas condiciones, si bien se incurrió en algunas
irregularidades en lo atinente a las citaciones y a las notificaciones de las
decisiones judiciales, irregularidades que no son extrañas a la dinámica de un
proceso penal y que tenían sus propios mecanismos de corrección, a ellas no
puede imprimírseles una virtualidad tal que permita afirmar la vulneración de
derechos fundamentales.  Mucho más si en el proceso se evidencia el propósito
de sustraerse al cumplimiento de una medida de aseguramiento impuesta
legítimamente y si esa circunstancia explica también la no comparecencia del
actor al proceso penal que se le adelantaba.
4.  Ahora, en relación con el derecho de defensa que
se dice vulnerado, no puede admitirse lo expuesto por el Tribunal Superior en
cuanto a la supuesta disponibilidad de ese derecho fundamental por el procesado
pues ninguna persona contra la que el Estado ejerza su poder sancionador puede
renunciar al derecho de defenderse.  Tan indisponible es ese derecho
fundamental en un Estado social de derecho que las autoridades judiciales, ante
la negativa del procesado, bien pueden nombrarle un defensor público o un
defensor de oficio que se encargue de atender sus intereses.  Escapa a la
racionalidad de una democracia constitucional la creencia de que el ciudadano
es libre o no de defenderse y que en caso de no hacerlo el Estado puede, sin
más, formularle la imputación de que se trate.  Por el contrario, hace parte
del ejercicio legítimo del poder público en un Estado constitucional la
aceptación de que el procesado puede ser defendido aún contra su voluntad,
mucho más si se trata de un ámbito de poder tan particularmente sensible a la
limitación de derechos fundamentales como lo es el poder punitivo.
Precisado ese punto, hay que reconocer que en el
proceso penal al que se contrae la actuación, el defensor desplegó mayores
recursos en relación con el procesado Daniel Morales Carvajal.  No obstante,
esa circunstancia es entendible dado que la orden de captura impartida con
ocasión de la medida de aseguramiento impuesta en segunda instancia únicamente
se hizo efectiva en su caso y no en el del procesado José Ancízar Álvarez
Cárdenas y de allí la necesidad de hacer presencia permanente en el proceso
pues se buscaba propiciar la libertad de Morales Carvajal.
Por otra parte, hay que indicar que los procesados
participaron en la comisión de un solo injusto penal y entre ellos no surgieron
en ningún momento imputaciones recíprocas como para asumir que la defensa al
interior del proceso debía cumplirse por parte de profesionales diferentes.
Por el contrario, la versión que suministraron de lo acaecido fue similar y
estaba encaminada, como es lógico, a exonerarse de cualquier imputación penal.
5.  En la demanda de tutela se opta por descalificar
completamente el desenvolvimiento profesional del defensor de José Ancízar
Álvarez Cárdenas y se lo hace con el propósito de acreditar una total ausencia
de defensa material a favor del actor y de allanar así el camino a la
protección constitucional que se pretende. No obstante, la radicalidad con que
se procede en el escrito de tutela no guarda correspondencia con lo acreditado
en el proceso. La Corte estima que las actuaciones de un defensor en un proceso
penal no deben valorarse aisladamente sino que deben explicarse en el contexto
de ese proceso pues sólo entonces se advierte su idoneidad o no para beneficiar
al destinatario de la acción penal.  En ese sentido, obsérvense, sólo por vía
de ejemplo, los siguientes puntos:
a.  El actor se duele de la ausencia de gestión
profesional a partir del acto de vinculación procesal.  No obstante, téngase en
cuenta que se trata de dos sujetos involucrados en unos mismos hechos, con un
mismo defensor y que asumen similar actitud en sus indagatorias.  Ello
evidencia que sí hubo gestión profesional pues de lo contrario nada hubiese
impedido que cada uno de los indagados hubiese presentado versiones diferentes
de lo acaecido o que alguno de ellos hubiere optado por referir lo
verdaderamente ocurrido.  Lejos de ello, los dos presentaron una misma versión,
verosímil pero luego desvirtuada en el proceso, y ello evidencia la existencia
de asesoría profesional.
b.  El actor se lamenta de que el
defensor no haya recurrido la inicial resolución de definición de situación
jurídica.  Pero lo que ocurre es que en la dinámica del particular proceso que
se adelantaba quizá la peor estrategia a seguir era la de recurrir ese
pronunciamiento pues adviértase que en primera instancia los hechos
investigados habían recibido una calificación jurídica que resulta favorable a
los procesados al punto que les generaba una medida de aseguramiento no
privativa o restrictiva de la libertad.  De allí por qué el interés para
recurrir ese pronunciamiento concurría en un sujeto procesal diferente como la
parte civil, cuyo apoderado si impugnó el pronunciamiento con los efectos que
ya se conocen.
c.  El hecho de que el defensor
solicitara libertad provisional, detención parcial en lugar de trabajo y
detención domiciliara únicamente en relación con el procesado Daniel Morales
Carvajal es compatible con el hecho de que únicamente él había sido privado de
la libertad.  Es cierto, nada se oponía a que ese tipo de solicitudes se
intentaran también en relación con José Ancízar Álvarez Cárdenas.  No obstante,
ese tipo de peticiones se tornan prioritarias en relación con quienes están
privados de la libertad.
d.  El actor cuestiona el hecho de que el
defensor haya solicitado el cierre de la investigación sin que se haya
perfeccionado y sin que los términos se encontrasen vencidos e imputa ese hecho
al desconocimiento de tal profesional.
No obstante, de acuerdo con el régimen
procesal aplicable al proceso en cuestión, para cerrar una investigación penal
no se requiere que ella se encuentre perfeccionada ni que hayan vencido los
términos correspondientes pues basta que exista la prueba requerida para
impartir un pronunciamiento calificatorio. El perfeccionamiento de la
investigación en la etapa de instrucción es contrario a la naturaleza
constitucional del proceso penal colombiano pues convierte al juzgamiento en un
simple trámite previo a la sentencia y lo despoja de su naturaleza de acto de
concentración probatoria y de debate público y oral.  Por su parte, el cierre
investigativo por vencimiento de términos obedece al propósito de que las
instrucciones penales no se prolonguen indefinidamente pues los sujetos
procesales tienen derecho a que el ejercicio de la acción penal se concrete y
tenga límites en el tiempo.  Si ello es así, ningún despropósito puede
advertirse en las solicitudes de cierre instructivo que cuestiona el apoderado
del actor pues ellas procedían así la instrucción no estuviese perfeccionada y
así no se encontrase vencido el término de instrucción.
e.  El actor lamenta también que el
defensor haya solicitado libertad provisional por pena cumplida en relación con
su cliente privado de la libertad.  Ello es completamente coherente con el
proceso penal colombiano pues es posible que antes de emitirse el fallo, e
incluso antes de realizarse la audiencia pública de juzgamiento, el procesado
haya permanecido en reclusión un término equivalente al que le correspondería
como pena y en esas hipótesis la libertad provisional es un derecho que no
puede desconocerse pues carece de sentido mantener a un procesado en reclusión
por un término que se sabe es ya superior a la pena imponible.  Entonces,
tampoco por este motivo hay lugar a formular reparos al mencionado defensor.
6.  Como pude advertirse, entonces, el
proceso evidencia que el panorama defensivo no es el que pretende hacer ver el
actor.  Por el contrario, concurren múltiples circunstancias indicativas del
ejercicio del derecho de defensa que se dice vulnerado.  La actitud vigilante
del proceso, que condujo a no apelar lo que se creía no debía apelarse, y las
varias intervenciones que el defensor hizo a favor del procesado a todo lo
largo del proceso, desvirtúan la concurrencia de vulneraciones de derechos
fundamentales que conduzcan a la invalidación de lo actuado.
Es claro que con un juicio ex post puede
afirmarse que la estrategia defensiva no fue la mejor o que los recursos
desplegados por el defensor no eran los más adecuados con miras a los
resultados que se pretendían.  No obstante, satisfecha la exigencia
constitucional de contar con una defensa material, las circunstancias precisas
en relación con la manera como se ejerció ese derecho escapan al control del
juez constitucional.  Por ello, puntos como el contenido de los alegatos
previos a la definición de situación jurídica; el alcance de los alegatos que
anteceden a la calificación; el enfoque que debió dársele a la intervención en
la audiencia pública; la conveniencia o no de recurrir las decisiones
proferidas o la conveniencia de que el procesado concurriera al proceso, no
obstante la orden de captura que pesaba en su contra; tales puntos, se dice, no
pueden esgrimirse ahora, con un criterio defensivo diferente, como motivo para
afirmar una vulneración de derechos fundamentales que con ánimo sereno no se
evidencia.
La actitud del apoderado del actor es
entendible.  Él llega al proceso cuando la sentencia condenatoria se encuentra
ejecutoriada y cuando ya las oportunidades procesales para procurar un
tratamiento punitivo más favorable han precluido.  Por ello opta por una
lectura del proceso que le permite afirmar la concurrencia de vulneraciones de
derechos fundamentales protegibles por vía de tutela.  Pero que ese despliegue
profesional, ligado a una descalificación radical de lo hecho por quien le
precedió en esa tarea, resulte entendible no significa que necesariamente esté
llamado a prosperar pues la naturaleza del amparo constitucional lo impide ya
que no está diseñado para resarcir oportunidades de contradicción e impugnación
irremediablemente perdidas.
7.  Finalmente, hay que indicar que el no
otorgamiento de la condena de ejecución condicional a José Ancízar Álvarez
Cárdenas no constituye tampoco una vía de hecho, como lo pretende hacer creer
el actor.  En ese sentido, una confrontación con el tratamiento procesal
impartido a Daniel Morales Carvajal dista mucho de evidenciar discriminación
alguna.
Adviértase que con el mismo criterio con
el que se le negó a éste la libertad provisional, a Álvarez Cárdenas se le negó
la suspensión de la condena impuesta.  Si a Morales Carvajal se le hubiese
concedido libertad provisional y, al tiempo, a Álvarez Cárdenas se le hubiese
negado el subrogado penal por el exclusivo motivo de no haber comparecido al
proceso, quizá habría lugar a considerar el cuestionamiento formulado.
No obstante, del estudio del proceso se
infiere que esa libertad provisional no fue concedida y que a lo que hubo lugar
fue a detención domiciliaria y luego a libertad provisional por pena cumplida.
De ese modo, cuando al actor se le negó la suspensión de la condena, no sólo se
valoró su no comparecencia al proceso sino también la gravedad y demás
circunstancias de la conducta punible.  Entonces, existió proporcionalidad en
el tratamiento punitivo que la administración de justicia les dio a los
condenados y ese tratamiento fue armónico con el contenido de lesividad del
delito patrimonial por el cual fueron encontrados responsables.
En suma, la Corte no advierte que se hayan
vulnerado los derechos fundamentales cuya protección se invoca y ante ello
confirmará las sentencias proferidas por los jueces constitucionales de
instancia.
DECISIÓN
Con base en los argumentos expuestos en
precedencia, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.  Confirmar la sentencia proferida el 16 de
febrero de 2001 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué y la
sentencia proferida el 3 de abril de 2001 por la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia y, en consecuencia, negar la tutela de los derechos fundamentales
de libertad, defensa y debido proceso de José Ancízar Álvarez Cárdenas.
Segundo.  Líbrese la comunicación de que trata el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado Ponente
RODRIGO ESCOBAR GIL    MARCO GERARDO
MONROY CABRA
Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General