T-374-18
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-374/18
TEMERIDAD-Configuración
ACCION
DE TUTELA TEMERARIA-Para que se
configure temeridad debe evidenciarse la mala fe en el actuar del peticionario
TEMERIDAD-Inexistencia para el caso
LEGITIMACION
POR ACTIVA EN TUTELA-Formas previstas por
ordenamiento jurídico
LEGITIMACION
POR ACTIVA EN TUTELA-Persona natural en representación de
sus padres y su entorno familiar, conformado por su esposa y sus hijos e
hijastros menores de edad
ACCION
DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia
excepcional
LEGITIMACION POR PASIVA EN TUTELA-Entidad de carácter particular que se ocupa de prestar el
servicio de agua y alcantarillado
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN ACCION DE TUTELA-Reglas generales
PRINCIPIO
DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Juez debe verificar si ante la existencia de otro medio de defensa
judicial, éste es eficaz e idóneo
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable
ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR PROTECCION DEL DERECHO AL
AGUA-Procedencia excepcional
SUSPENSION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO POR MORA EN EL PAGO Y
LIMITES CONSTITUCIONALES-Reiteración de
jurisprudencia
DERECHO AL AGUA POTABLE-Suspensión del servicio de acueducto cuando aparte de la mora en el
pago se presenta una reconexión fraudulenta
En los casos en que existe una
conexión ilegal al sistema de abastecimiento de agua potable, la Corte ha
establecido que no puede pasar por alto esa conducta, y ha adoptado diferentes
tipos de decisiones. De un lado, en un primer escenario estimó que esa situación le
impedía amparar los derechos invocados y resolvió negar el amparo, postura que
evolucionó, y atendiendo a las especiales condiciones de vulnerabilidad y el
contexto propio de cada caso, ha considerado procedente conceder la protección
de los derechos reclamados cuando con ello se afectan las condiciones de
sujetos especialmente protegidos. De otro lado, cuando ha evidenciado situaciones de violencia para
impedir la suspensión del servicio y abuso del derecho que se refleja en la
afectación cierta de derechos de terceros, ha modulado su postura, dictando
fallos que sin perjuicio de las consecuencias de las vías de hecho usadas,
propenden por la superación de la falta de agua potable para los actores.
DERECHO AL AGUA POTABLE-Suspensión  del servicio cuando se encuentran de por medio sujetos de
especial protección constitucional
INTERES
SUPERIOR DE LOS SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL RESPECTO AL
ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES-Vulneración
por suspender completamente el servicio de agua potable cuando el inmueble es
habitado por niños, personas en situación de discapacidad y adultos mayores
Cuando se encuentran sujetos
de especial protección constitucional, la Corte ha asumido una posición clara. Ha indicado
que determinados grupos de personas o comunidades gozan de una garantía
reforzada al derecho fundamental al agua, de modo que cuando el juez decida
sobre su suministro, debe tener especial precaución cuando se encuentra frente a
niños o niñas, personas de la tercera edad, en situación de discapacidad o
gravemente enfermas, mujeres en estado de embarazo o lactancia, o en condición
de debilidad manifiesta, así como cuando se trata de hospitales, centros
penitenciarios o carcelarios o establecimientos educativos. Al presentarse estas
situaciones, el derecho de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios a
cortar el suministro de agua por falta de pago de varias facturas acumuladas se
ve limitado; en este sentido la Corte estima que en esos eventos se presenta
una colisión entre derechos o principios constitucionales. De un lado, el
derecho de la empresa a recibir el pago por la prestación de un servicio fruto
de un contrato de suministro oneroso y por el otro, los derechos fundamentales
al agua y a la vida en condiciones de dignidad de los usuarios o suscriptores.
Enfrente de dicha
tensión, este Tribunal ha indicado que resulta desproporcionado que se
interrumpa el servicio de agua, cuando este afecta a sujetos de especial protección
constitucional, pues es muy bajo el recaudo de dineros que se logra con la
interrupción del suministro de agua, pero sí es una restricción importante a
los derechos a la vida digna.
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA
POTABLE-Orden a Empresa de Servicios Públicos restablecer
el servicio de agua potable a la vivienda del actor
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA
POTABLE-Orden a Empresa de Servicios Públicos efectuar un
acuerdo de pago con accionante
Referencia:
Expediente
T-6.706.949
Acción
de tutela instaurada por Ananías Ávila Zorro en contra de Empresa de Servicios
Públicos de Flandes.
Magistrado
Ponente:
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá D.C., trece
(13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Octava
de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Carlos Bernal Pulido, Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes
Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión del fallo emitido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Girardot el 5 de febrero de 2018, que confirmó el del Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Flandes del 5 de diciembre de 2017, en la acción de
tutela interpuesta por Ananías Ávila Zorro en representación de sus padres Flor
Marina Zorro de Ávila y Simón Ávila, contra la Empresa de Servicios Públicos
Espuflan S.A. – ESP de Flandes, Tolima.
I.
ANTECEDENTES
El señor Ananías Ávila Zorro, en representación de sus padres Flor
Marina Zorro de Ávila y Simón Ávila, presentó acción de tutela contra la
Empresa de Servicios Públicos S.A. E.S.P., ubicada en Flandes, Tolima (en
adelante Espuflan) por la violación de sus derechos a
la dignidad humana, a la vida en condiciones dignas, a la salud, a la integridad
física, a la igualdad y a la vivienda, vulnerados al suspendérsele el servicio
de agua en su residencia.
Fundamentó su demanda en los siguientes,
Hechos
1. Indicó el señor Ananías Ávila Zorro que el 9 de noviembre de
2017, la Empresa de Servicios Públicos Espuflan S.A. E.S.P., envió funcionarios
en horas de la mañana a suspender el suministro de agua potable a la vivienda
ubicada en la Calle 11 número 11-64, barrio Las Rosas de Flandes, Tolima, y al
solicitarles que no lo hicieran, por la presencia de niños menores y dos
adultos mayores de 72 y 60 años, le respondieron que eso no era de su
incumbencia, pues lo hacían por el incumplimiento en el pago de facturas
generadas por la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, de
acuerdo a las condiciones del contrato suscrito por su mamá Flor Marina Zorro
de Ávila.
Expresó que ese mismo día la empresa procedió a suspender el
suministro de agua sin tener en cuenta que la Corte Constitucional ha sostenido
que antes de la adopción de dicha medida debe verificarse que en el inmueble no
habiten sujetos de especial protección constitucional, e ignorando que en
diversas oportunidades su progenitora se acercó a la empresa para lograr un
acuerdo de pago y tratar de saldar la deuda, pidiéndosele el 50%, que ella no
ha podido cancelar debido a no contar con los recursos suficientes.
Manifestó que la empresa les indicó que en la vivienda donde
habitan, pese a haber sido suspendido el servicio de agua potable años atrás,
había sido reconectado ilegalmente, lo cual no es cierto, señalando además que
la sentencia T-546 de 2009 prohíbe a las empresas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios cortar totalmente el suministro de agua potable a los
hogares en los cuales habitan niños y personas de 60 años en adelante,
correspondiéndole al Estado garantizarlo, pues necesitan del agua para gozar de
sus derechos fundamentales.
En esas condiciones, al omitir su deber de garantizar el acceso a
los servicios básicos de todas las personas, máxime en situación de
discapacidad y en circunstancias de debilidad manifiesta, la empresa está
vulnerando sus derechos a la dignidad humana, a la vida en condiciones dignas,
a la salud, a la integridad física, a la igualdad y a la vivienda, para los que
pidió protección, ordenando a la empresa que se conecte en su vivienda el
servicio público domiciliario de acueducto y se garantice un fluido de agua
constante, permanente y sin interrupciones, ya que sus hijos estudian.
De igual manera, que se le ordene a la empresa que le otorgue el
mínimo vital de agua potable previsto en el programa “litros de amor”, por lo
fundamental que este servicio comporta para la salud y la vida de sus
integrantes, y que tal empresa, a través de sus Secretarías y Programas
garantice el subsidio de discapacidad para solventar de algún modo su
subsistencia[1].
Enlistó como integrantes de su familia a las siguientes personas,
con su parentesco y edad[2]:
Nombre
Parentesco
Edad
Flor Marina Zorro de Ávila
Madre
60
Simón Ávila
Padre
72
Norma Patricia Patiño
Esposa
38
Brayhan Smith Ávila Yate
Hijo
16
Cristian Andrés Ávila Patiño
Hijo
6
Lady Yuliana Ávila Patiño
Hija
6
Anderson David Patiño Durán
Hijastro
13
Linda Katerine Barreto Patiño
Hijastra
9
Trámite
procesal
2. Mediante
auto del 22 de noviembre de 2017[3], el Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Flandes, Tolima, admitió la demanda de tutela.
Respuesta de
la entidad demandada
Empresa
de Servicios Públicos de Flandes[4]
3. La Empresa
de Servicios Públicos de Flandes a través de su Agente Especial, refirió en
primer lugar que el contrato de prestación de servicios públicos es un contrato
consensual, que compromete la voluntad de las partes, acarreando derechos y
obligaciones para cada una de ellas, y además reviste la característica de ser
oneroso, por el que al suscribirlo, los usuarios y/o suscriptores adquieren la
obligación de cancelar oportunamente por el consumo que realicen.
Expuso que la
Dirección Comercial de la Empresa de Servicios, en cumplimiento de sus planes
de acción tendientes a la recuperación de cartera morosa, observando que el
Código 1090356, en que es suscriptora la señora Flor Marina Zorro de Ávila,
correspondiente al predio ubicado en la Calle 11 Nro. 11-64, registra en el
sistema una obligación en mora que asciende a la suma de $1.545.216, factura
que continúa sin pago alguno, mediante Acta de Corte Nro. 47493, procedió a la
ejecución de la suspensión del servicio de agua con dispositivo.
Indicó que
revisado el histórico en el sistema, se constató que existe el Acta de Corte
Nro. 3608 de septiembre de 2010, donde se consigna que el servicio se encuentra
suspendido, al igual que se registra en el Acta de Corte Nro. 38009 de febrero
de 2016, con igual observación.
Así, el
servicio correspondiente al inmueble ubicado en la Calle 11 Nro. 11-64 se
encontraba suspendido; no obstante ello, y pese a que el usuario no ha
eliminado la causal que dio origen a la suspensión, en la última visita
ejecutada el 9 de noviembre de 2017, se evidenció que el inmueble contaba con
una reconexión del servicio no autorizada por parte de la empresa, por lo que
se corrió traslado del caso a la dependencia competente encargada de adelantar
las acciones de tipo penal que acarrean esta clase de conductas.
Señaló que no
es cierto que la empresa no haya realizado verificaciones antes de la adopción
de la medida, pues tanto la Dirección Comercial como la Dirección de Cobro
Persuasivo y Coactivo de la empresa, se han encontrado y se encuentran en total
disposición de brindar y garantizar facilidades de pago al usuario, buscando de
esa forma que pueda cumplir dentro de sus capacidades económicas con la
obligación en mora, buscando acercamientos con el propósito de proponer plazos
y cuotas flexibles, sin que haya habido receptividad por parte del actor, quien
optó por evadir su obligación y adoptar conductas que se apartan del
ordenamiento legal.
En atención a
lo expuesto por el demandante sobre la posición de la Corte, refirió que la
sentencia T-199 de 2014 dejó claro que en materia de servicios públicos, el
usuario tiene la carga de probar la ocurrencia de las condiciones establecidas
para evitar la suspensión del servicio por incumplimiento del pago, mientras
que en la sentencia T-717 de 2010 se fijaron las condiciones respecto a esa
carga probatoria, pero el accionante no ha presentado ningún elemento que
pretenda hacer valer para respaldar sus argumentos.
Expresó
igualmente que en el mes de diciembre del año 2015, la señora Flor Marina Zorro
de Ávila, madre del accionante, presentó acción de tutela contra Espuflan ESP,
que le correspondió para su trámite al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de
Flandes, bajo el radicado 7327540890022015-00355, que trata de la obligación en
mora respecto del inmueble ubicado en la Calle 11 Nro. 11-64 del barrio Las Rosas,
por lo que se refiere a los mismos aspectos fácticos y jurídicos que el señor
Ananías, en su representación y obrando como hijo de la señora Flor Marina,
pretende alegar en la tutela, configurándose entonces temeridad.
Pidió
desestimar las pretensiones del accionante y anexó a su escrito copia de la
factura 2647884, de las actas de corte de 2010, 2016 y 2017, de un oficio dentro
de la tutela del año 2015 y de resoluciones de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios[5].
Decisión de
primera instancia[6]
4. El Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Flandes, dictó sentencia el 5 de diciembre de 2017, en
la que declaró improcedente el amparo.
Antes de
descender al caso concreto explicó que de acuerdo con la jurisprudencia inicial
de la Corte Constitucional[7], cuando se verifica que
el amparo solicitado está encaminado a proteger el derecho al agua en su faceta
de fundamental, esto es, al consumo humano, la acción de tutela puede ser el
mecanismo procedente para el efecto, posición reiterada en múltiples
providencias[8], en las que ha especificado
que el agua que utilizan diariamente las personas es imprescindible para
garantizar la vida misma y la dignidad humana, entendida como la posibilidad de
gozar de condiciones materiales de existencia que le permitan a las personas
desarrollar un papel activo en la sociedad.
Especificó que
de conformidad con lo señalado por la Corte, el derecho al agua no es absoluto,
pudiendo estar restringido por ciertas condiciones específicas y razonables,
que se señalaron en la sentencia T-418 de 2010 y se reiteraron en la T-103 de
2017.
En el análisis
del caso concreto halló que de las pruebas aportadas con la acción podía
concluirse que el servicio de agua al predio del accionante venía suspendido
desde antes del 9 de noviembre de 2017, que se corrobora con las órdenes de
corte de septiembre de 2010 y febrero de 2016, donde se hace referencia a que
el servicio ya se encuentra suspendido y sin que se encontrara en el expediente
orden de reconexión, lo que lleva a concluir que si se cortó nuevamente el 9 de
noviembre de 2017 es porque el usuario se había reconectado de manera
fraudulenta, tal como lo reportó la accionada.
En su sentir,
según el criterio fijado por la sentencia T-103 de 2017, el accionante ha
perdido la posibilidad de reclamar la protección de su derecho vía tutela, pues
no puede mejorar su condición por sus hechos ilegales, sin que se le pueda
otorgar el servicio de acueducto transgrediendo los procedimientos
preestablecidos para su obtención.
Determinó entonces
que la acción de tutela era improcedente, pero como el actor indicó que no
había podido llegar a un acuerdo con la empresa para el respectivo pago,
solicitó a la Personería Municipal que lo asesorara en el proceso de búsqueda
de la solución más adecuada para sufragar la deuda que tiene con Espuflan.
Impugnación[9]
5. El
accionante presentó impugnación solicitando que se revise la decisión porque no
se ajusta a los hechos y antecedentes que motivaron la interposición de la
acción, sin que se hayan revisado en debida forma los argumentos presentados.
En lo
relacionado con el corte del servicio de septiembre de 2010, expuso que para
esa época en ningún momento la empresa suspendió el servicio de agua, como
tampoco sucedió en febrero de 2016, y menos aún, su señora madre se reconectó
de manera ilegal al servicio.
Explicó que no
fue él quien presentó tutela en contra de Espuflan sino que fue su progenitora y
por un tema relacionado con la prescripción de las facturas, pues después de
transcurridos cinco años no se pueden cobrar, solicitando finalmente que se
analice su caso y se protejan sus derechos.
Decisión de
segunda instancia[10]
6. Del asunto conoció
el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot, que en providencia del 5 de
febrero de 2018 confirmó la de primer grado.
Después de
referirse a la legitimación en la causa, que halló colmada tanto por activa
como por pasiva; a la inmediatez, que encontró igualmente acreditada al
tratarse de una vulneración que genera consecuencias actuales y permanentes y
haberse suspendido el servicio desde el 9 de noviembre de 2017; y a la
subsidiariedad, que también estimó cumplida dadas las circunstancias de
vulnerabilidad en las que se puede encontrar la familia del agente oficioso,
por lo que el recurso de amparo desplaza los medios de control establecidos
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, abordó el problema
jurídico.
Adentrándose en
el tema propio de la suspensión del servicio de acueducto por mora en el pago,
indicó que esta actividad está reglamentada en la Ley 142 de 1994, de donde se
desprende que se trata de un negocio jurídico oneroso, por lo cual se faculta a
las empresas de servicios públicos para cobrar un precio a la parte suscriptora
como contraprestación por el servicio suministrado, por lo que allí radica el
deber que se le otorga a tales empresas de suspender el servicio si el usuario
o suscriptor incumple su obligación de pagar oportunamente los servicios
facturados dentro del término previsto en el contrato, el cual no excederá dos
períodos consecutivos de facturación, tal como lo prevé el parágrafo del art.
130 de la Ley 142 de 1994, modificado por el art. 18 de la Ley 689 de 2001.
Señaló que la sentencia
T-093 de 2015 expuso que la suspensión del servicio busca tres metas constitucionales,
a saber, i) la de garantizar la prestación a los demás usuarios, ii) la de
concretar el deber de solidaridad, que es un principio fundamental del Estado,
y, iii) la de evitar que los propietarios no usuarios de los bienes, sean asaltados
en su buena fe por arrendatarios o tenedores incumplidos en sus obligaciones
contractuales.
Precisó que si
bien es cierto el agua constituye un servicio esencial, no se advierte la
vulneración de cada uno de los derechos alegados.
Frente a la
dignidad humana y la vida en condiciones dignas, indicó que solo se enumera el
derecho pero no existe prueba de que haya habido trasgresión o amenaza por
cuanto la entidad accionada no le está negando el servicio a los agenciados, y
si se ha suspendido, es porque no se ha cancelado la prestación, sin que se
haya denunciado hacinamiento o condiciones infrahumanas que aconsejen un
tratamiento especial.
En lo que
respecta a la salud y a la integridad física, señaló que si bien se ha
protegido en las personas de la tercera edad, en este asunto la suspensión del
servicio no es por arbitrio de la entidad demandada ni surge de manera
inmediata sino que viene desde el año 2010, frente a una relación contractual.
Sobre la
igualdad precisó que a los agenciados no se les ha dado un tratamiento diferente
a los demás usuarios en la comunidad que habitan, y en cuando al derecho a la
vivienda, tampoco ha sido afectado, pues el agente oficioso se ciñe a enumerar
una serie de derechos sin avizorar que el origen del problema que plantea es
por una presunta irregularidad de la parte demandada, cuando los agenciados han
usufructuado el servicio de agua y desde el año 2010 vienen presentado
dificultades en el cumplimiento de su deber de pago.
Acerca del
debido proceso, precisó que de acuerdo a lo expuesto por el actor, requiere del
pago del 50% de lo adeudado, enfrente de lo argumentado por la accionada, que
en sus respuestas les ha brindado las oportunidades para ello, pero ha sido
infructuoso.
Puntualizó que
el accionante cuenta con otros medios de defensa para solucionar su
controversia, tal como lo estatuyen los arts. 152 a 159 de la Ley 142 de 1994,
modificada por la Ley 689 de 2001, lo que descarta la procedencia de la tutela.
De otra parte,
al analizar el amparo como mecanismo transitorio, advirtió que como son las
condiciones específicas en que se pueda encontrar el accionante las que sirven
de guía para determinar la existencia del perjuicio irremediable, en este
evento no hay cómo decir que los agenciados se hayan enfrentado a un fenómeno
de esa naturaleza, pues en el expediente no existe prueba tendiente a su
comprobación, siendo todo ello producto del incumplimiento en el pago del
servicio que viene desde el año 2010 al 2016 y luego el 9 de noviembre de 2017,
es decir, en un espacio temporal tan extenso que los accionantes han sorteado y
superado sin haberle dado una solución legal.
Pruebas
documentales obrantes en el expediente
7. Las
siguientes son las pruebas que obran en el expediente y que se citarán en el
orden en que aparecen dentro del mismo:
i) Resumen de
revisión por neuropediatra de la menor Linda Katherine Barreto Patiño[11].
ii) Registros
Civiles de Nacimiento de Cristian Andrés y Lady Yuliana Ávila Patiño[12].
iii) Contraseña
del documento de identidad de Brayan Smith Ávila Yate[13].
iv) Cédula de
ciudadanía de Simón Ávila, Ananías Ávila Zorro, Flor Marina Zorro de Ávila y
Norma Patricia Patiño Durán[14].
v) Tarjeta de
identidad de Linda Katherine Barreto Patiño y Anderson David Patiño Durán[15].
vi) Acta de
Corte Nro. 47493 y Orden de Trabajo Nro. 11752 de la Empresa de Servicios
Públicos de Flandes[16].
vii) Factura
Nro. 2647884 a nombre de Flor Marina Zorro de Ávila por valor de $1.545.216[17].
viii) Actas
de Corte: Nro. 3608 del 11 de septiembre de 2010[18],
38009 del 4 de febrero de 2016[19] y 47493 del 8 de
noviembre de 2017[20].
ix) Oficio
del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Flandes, Tolima, por medio del que
se comunica el fallo del 14 de diciembre de 2015 a la Empresa de Servicios
Públicos de ese municipio bajo el radicado 2015-00355[21].
II. CONSIDERACIONES
Competencia
8. Esta Sala es competente para
analizar los fallos materia de revisión, de conformidad con lo establecido en
los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto
Estatutario 2591 de 1991.
Cuestión
previa. No existe temeridad
9. El señor Ananías
Ávila Zorro interpuso la acción de tutela que hoy conoce la Corte, reclamando
la protección de sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, a la vida en condiciones dignas, a la salud, a la integridad
física, a la igualdad y a la vivienda que estima vulnerados por la empresa Espuflan
S.A. E.S.P. Dicha entidad en el curso de este trámite planteó la existencia de
una acción temeraria respecto de una tutela presentada con anterioridad. Surge
entonces la pregunta de si efectivamente la acción impetrada por el señor Ávila
se encuentra afectada por este fenómeno y, en consecuencia, si debe declararse
su rechazo.
El artículo 38[22] del Decreto 2591
de 1991 dispone que la presentación de dos (2) o más acciones de amparo
idénticas ante distintos jueces o tribunales, sin
justificación alguna puede traer como consecuencia (i) la identificación de la
cosa juzgada constitucional y/o (ii) la declaración de temeridad como fórmula
que enjuicia y sanciona el ejercicio irracional de la tutela.
Los ciudadanos
tienen el deber de no abusar de los propios derechos y de “[c]olaborar para
el buen funcionamiento de la administración de justicia” (artículo
95 C.Pol.), por lo que deben evitar la presentación de tutelas sucesivas por
los mismos hechos, las mismas partes y con idénticas pretensiones. Esa
actuación congestiona injustificadamente los despachos judiciales e impide que
la administración de justicia respete el derecho de los demás ciudadanos a que
sus conflictos de intereses se resuelvan oportunamente (artículo 228 ibídem).
La temeridad ha
sido conocida como el fenómeno jurídico que acaece cuando se promueve
injustificada e irracionalmente la misma acción de tutela ante distintos
operadores judiciales, ya sea de forma simultánea o sucesiva.
De ahí que,
desde sus inicios, esta Corporación haya advertido que dicho fenómeno, además
de hacer alusión a la carencia de razones para promover un recurso de amparo
que ya ha sido resuelto o se encuentra en trámite de resolución, comporta una
vulneración de los “principios de buena fe, economía y eficacia procesales,
porque desconoce los criterios de probidad que exige un debate honorable,
dilata maliciosamente la actuación e impide alcanzar los resultados que el
Estado busca con la actuación procesal”[23].
En desarrollo
de lo anterior se ha interpretado que se configura temeridad respecto de un
asunto puesto en conocimiento del juez de tutela, cuando se reúnen los
siguientes requisitos: (i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii)
identidad de pretensiones; (iv) ausencia de justificación razonable y objetiva
frente al ejercicio de la nueva acción de amparo y (v) mala fe o dolo del
accionante en la interposición de la nueva tutela[24].
Si se llenan completamente los anteriores presupuestos, el juez constitucional
se enfrenta a una actuación temeraria que lesiona los principios de
moralización y lealtad procesal, por lo que no solo debe rechazar la acción,
sino que además deberá promover las sanciones contenidas, por ejemplo, en el
inciso tercero del artículo 25 del precitado Decreto 2591 de 1991[25],
en el inciso segundo del artículo 38 del mismo cuerpo normativo[26],
o en los artículos 80[27] y 81[28]
de la Ley 1564 de 2012[29].
En todo caso,
comoquiera que la temeridad es el resultado de un ejercicio abusivo del
derecho, tendiente a satisfacer intereses individuales en desmedro de la
lealtad procesal y de los derechos de los demás ciudadanos, resulta lógico
asumir que la misma se configure únicamente si la persona interesada ha obrado
injustificadamente y de mala fe. Para ello, el juez constitucional deberá
evaluar de manera cuidadosa en cada caso las motivaciones de la nueva tutela,
teniendo siempre presente que el acceso a la justicia es un derecho
fundamental, que cualquier restricción en su ejercicio debe ser limitado, y que
la buena fe se presume en todas las actuaciones de los particulares ante las
autoridades públicas (artículo 83 C.Pol.), por lo que resulta imperativo
demostrar que se actuó real y efectivamente de forma contraria al ordenamiento
jurídico[30].
10. En el caso
concreto y de acuerdo a los antecedentes reseñados, el señor Ananías Zorro
Ávila interpuso la acción de tutela el veintidós (22) de noviembre de dos mil
diecisiete (2017). Esta fue admitida por el Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Flandes en esa misma fecha y resuelta mediante sentencia del cinco (5) de diciembre de esa
anualidad declarándose su improcedencia en virtud de
que el accionante y sus representantes tenían una obligación en mora, sin que
se presentara pago alguno, además de haberse efectuado una reconexión
fraudulenta del servicio.
En el curso
del trámite, Espuflan refirió que en el mes de diciembre de 2015, la señora
Flor Marina Zorro de Ávila, madre del accionante, presentó acción de tutela
contra esa misma entidad, cuyo trámite correspondió al mismo Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Flandes bajo el radicado 2015-00355. El juzgado, de
acuerdo con el oficio de notificación que anexó la accionada[31],
en fallo del 14 de diciembre de 2015, declaró que no había existido vulneración
por parte de Espuflan al derecho de petición de la señora Flor Marina y a su
vez estimó como improcedente el amparo de los derechos a la dignidad humana,
vida digna, salud, igualdad y vivienda.
En sus
consideraciones, ninguno de los jueces de instancia hizo alusión a la
temeridad; como a ese específico punto se refirió el señor Ávila Zorro al
replicar la contestación de la accionada, es menester que la Corte precise que
en este caso no refulge que el actor hubiese actuado con temeridad.
Se advierte, en
primer lugar, que entre las dos (2) acciones de tutela no se presenta una
identidad de sujetos, ya que en la primera fungió como accionante la señora
Flor Marina, mientras que en la segunda lo hizo su hijo personalmente, actuando
como representante de ella y de su señor padre.
Por otra parte,
no hay identidad de pretensiones pues en el primero de los casos se presentó
para buscar remedio al derecho de petición y adicionalmente a las restantes
prerrogativas, mientras que en el segundo se dio exclusivamente respecto a la
dignidad humana, a la vida en condiciones dignas, a la salud, a la integridad
física, a la igualdad y a la vivienda.
Además, en la
segunda de las acciones, existe una fecha cierta de la ocurrencia del corte,
que generó la interposición del amparo, mientras que la primera de las demandas
se originó en diciembre de 2015, mucho antes de que se presentara el segundo
aviso de suspensión del servicio para la familia del accionante.
En
consecuencia, aunque en ambos casos se buscaba la exoneración del pago de
obligaciones económicas originadas con la entidad atendiendo a la condición
económica de la familia del accionante, como se advierte, la demanda fue
presentada, en el primer caso, directamente por la señora madre del actor, y en
el segundo, por el hoy accionante, esto es, el hijo; y en el primer asunto hubo
de por medio solicitud de protección del derecho de petición además de la
dignidad humana, la vida en condiciones dignas, la salud, la integridad física,
la igualdad y la vivienda, mientras que en el segundo, solo se dio sobre estos últimos
derechos, buscando precisamente que se hiciera a un lado el cobro de la deuda
pendiente.
Entonces, el
nuevo amparo no resulta temerario, pues es claro que la nueva tutela estuvo
fundamentada en el sometimiento del accionante a
un estado de indefensión y en la necesidad extrema de defender presupuestos
fundamentales, en tanto para el nueve (9) de noviembre de 2017 se le suspendió
de manera definitiva el servicio de agua, lo que motivó que días después se
instaurara el nuevo amparo.
Por las razones
expuestas, la Sala encuentra que no existe temeridad en la acción de tutela
presentada por el señor Ananías Ávila Zorro. Por ende, planteará el caso y el
problema jurídico a resolver.
Presentación
del caso y problema jurídico
11. El
señor Ananías Ávila Zorro presentó acción de tutela el veintidós (22) de
noviembre de dos mil diecisiete (2017), pues el nueve (9) de ese mismo mes se
le cortó el servicio de agua que ya estaba suspendido y que de acuerdo con la
información de la Empresas de Servicios Públicos de su ciudad, había sido reconectado
de forma fraudulenta en la residencia donde habitan sus padres adultos mayores,
su esposa, tres hijos menores y dos hijastros de trece (13) y nueve (9) años, uno
de los cuales se halla en situación de discapacidad.
El accionante
adujo que al momento del corte del servicio, la empresa no tuvo en
consideración la situación particular de su familia, esto es, la crisis
económica por la que atraviesa o el hecho de que allí habiten personas que son
objeto de protección constitucional, como adultos mayores y menores de edad,
que requieren del líquido.
En el trámite
de este mecanismo de amparo, Espuflan manifestó que no resultaba procedente la
solicitud del accionante toda vez que la familia contaba con obligación en
mora, el servicio ya se había suspendido en dos oportunidades anteriores y se
había presentado una reconexión fraudulenta.
12. Con fundamento en la situación fáctica reseñada corresponde resolver
el siguiente problema jurídico ¿vulnera una empresa de servicios públicos
domiciliarios los derechos a la dignidad humana, a la vida en condiciones
dignas, a la salud, a la integridad física, a la igualdad, a la vivienda y al
agua potable de una persona que no ha cancelado su obligación en mora y que supuestamente
reconectó el servicio de manera fraudulenta cuando decide cortar el servicio de
agua potable?
13. Lo expuesto exige que la Sala determine si procede la acción de
tutela para solicitar la protección del derecho al agua, en su componente de
acceso al recurso hídrico para consumo humano. Con el
fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala de Revisión analizará
la procedencia del amparo en el caso concreto, y solo si se supera este
escollo, determinará si la autoridad demandada vulneró
los derechos fundamentales del actor y su núcleo familiar, al suspender el servicio
y no adoptar ninguna medida para garantizar el suministro del recurso hídrico.
Para
resolver estos cuestionamientos, la Corte iniciará sus consideraciones con el examen de procedencia
de la acción de tutela en el caso objeto de análisis, y en el evento de ser
procedente, estudiará los ítems necesarios para resolver el caso concreto. En punto de la procedencia,
se referirá a la legitimación por activa y pasiva, y a los principios de
inmediatez y subsidiariedad.
Después de
ello, se referirá a la procedencia excepcional de la acción de tutela para la
protección del derecho al agua potable, y hará alusión a los asuntos resueltos
por la Corte cuando se ha presentado mora en el pago, cuando aparte de ello se
ha verificado una reconexión ilícita, y cuando de por medio se encuentran
sujetos de especial protección constitucional, para entonces resolver el caso
concreto.
La procedencia
de la acción de tutela
14. Legitimación
por activa. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 superior,
toda persona tiene derecho a interponer acción de tutela por sí misma o por
quien actúe a su nombre. Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991,
establece que la referida acción constitucional “podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.”.
A partir de la expresión legal, se entiende
que si bien al titular de los derechos en principio le corresponde interponer la
acción, resulta posible que un tercero acuda ante el juez constitucional.
En torno al punto, esta Corte ha indicado[32]
que la legitimación en la causa por activa es un presupuesto esencial de la
procedencia de la acción de tutela dentro de un caso concreto, puesto que al
juez le corresponde verificar de manera precisa quién es el titular del derecho
fundamental que está siendo vulnerado y cuál es el medio a través de cual acude
al amparo.
Sobre la figura del representante, la
jurisprudencia ha diferenciado al representante legal cuando se trata de
menores, incapaces absolutos, personas jurídicas o interdictos, del representante
judicial que es un abogado debidamente inscrito que actúa en virtud de un poder
especial o, en su defecto un poder general, que le ha concedido el titular de
los derechos para interponer la acción de tutela específicamente.
Cuando el
titular no pueda ejercer su propia defensa, lo podrá hacer un tercero en
calidad de agente oficioso. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha
considerado que esta figura encuentra fundamento en los principios de eficacia
de los derechos fundamentales, prevalencia del derecho sustancial y solidaridad[33],
en tanto que permite que una persona ajena al afectado interponga acción de
tutela con la finalidad de hacer cesar la vulneración de un derecho fundamental
de quien se encuentra en una situación que le imposibilita defender sus
intereses.
Así, los
requisitos que le dan validez a la agencia oficiosa han sido reseñados de la
siguiente manera: “(i) la manifestación[34] del agente oficioso
en el sentido de actuar como tal; (ii) la circunstancia real, que se desprenda
del escrito de tutela, ya por figurar expresamente o porque del contenido se
pueda inferir[35],
consistente en que el titular del derecho fundamental no está en condiciones
físicas[36]
o mentales[37]
para promover su propia defensa”[38].
La sentencia
SU-055 de 2015, consideró que para que se configure la agencia oficiosa en
materia de tutela, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos:
“(i) que el
titular de los derechos no esté en condiciones de defenderlos y, (ii) que en la
tutela se manifieste esa circunstancia. En cuanto a esta última exigencia, su
cumplimiento sólo se puede verificar en presencia de personas en estado de
vulnerabilidad extrema, en circunstancias de debilidad manifiesta o de especial
sujeción constitucional. La agencia oficiosa en tutela se ha admitido entonces
en casos en los cuales los titulares de los derechos son menores de edad;
personas de la tercera edad; personas amenazadas ilegítimamente en su vida o
integridad personal; individuos en condiciones relevantes de discapacidad
física, psíquica o sensorial; personas pertenecientes a determinadas minorías
étnicas y culturales”.
De modo
entonces que los presupuestos que acreditan la legitimación en la causa por
activa parten de la regulación legal y el desarrollado jurisprudencial
constitucional. La Corte ha examinado con especial cuidado estas figuras cuando
se trata de sujetos de especial protección constitucional o de personas que se
encuentran en una situación de debilidad manifiesta, para quienes acceder
directamente a un juez, en muchas ocasiones, es una tarea imposible debido a
sus condiciones específicas[39].
Pero igualmente
al juez de amparo también le corresponde, en ejercicio de los principios de (i)
prevalencia del derecho sustancial[40] y (ii) tutela judicial
efectiva[41] examinar de manera
integral la acción interpuesta con la finalidad de hacer un estudio de
procedibilidad juicioso, teniendo siempre como meta intentar resolver acerca de
la presunta vulneración del derecho fundamental alegado.
En ese sentido,
si bien los presupuestos de procedencia están establecidos con la finalidad de verificar
si, en determinado caso, el amparo constitucional es el medio adecuado para
resolver un problema jurídico, lo cierto es que, los requisitos formales no
pueden convertirse en una traba para que las personas accedan de manera
efectiva a la protección de sus derechos fundamentales[42].
En esta
oportunidad, el señor Ananías Ávila Zorro actúa en defensa de los derechos e
intereses de sus padres, pero luego adiciona en la demanda a su familia, que
dice estar integrada por sus padres adultos mayores, su esposa, sus tres hijos menores
de edad y sus dos hijastros. Ese grupo de personas, enlistadas por parentesco y
edad[43], y de las que presentó
su respectivo documento de identidad, son aquellas que habitan la vivienda en
la que se suspendió el servicio de agua.
Acerca de la
calidad en la que actúa el accionante, la demanda presentada expresa, sin que
exista documento que contenga un poder específico, lo siguiente: “Ananías
Ávila Zorro, identificado con CC 11.321.362 de Flandes Tolima, acudo
respetuosamente a usted en representación de mis padres, Flor Marina Zorro de
Ávila y Simón Ávila, en promover Acción de Tutela…”[44].
En el acápite de pruebas aportó, “para que obren como tales… Copias de las
cédulas de ciudadanía y registro civil de los menores”[45].
Como se indicó,
de acuerdo con las evidencias procesales y sin que exista luego manifestación
que lo avale a través de una declaración o cualquier otro documento, el
demandante acciona el aparato judicial “en representación” de sus señores
padres, pero no indica la forma en la que lo hace, es decir, si se trata de su agente
oficioso, si actúa en otra condición o en qué tipo de calidad concurre,
echándose de menos el señalamiento expreso de la razón de tal representación.
Sobre la
legitimidad en la causa por activa, el juzgado de segunda instancia entendió
que el actor fungía como representante de sus padres por tratarse de adultos
mayores, y si bien no se especificó claramente en la demanda tal circunstancia,
la Sala la avalará en tanto dentro del trámite tutelar se estableció que los
progenitores del accionante son personas que sobrepasan los sesenta años, pues
la señora Flor Marina cuenta exactamente con esa edad, estando ad portas
de completar 61 años[46], mientras que su padre
Simón ajusta 73 años[47], por lo que bien puede
decirse que se trata de adultos mayores.
Si bien el
contar con esa edad no impide per se que los señores Flor Marina o Simón,
padres del accionante, acudan a la justicia por sí mismos para implorar la
protección de sus derechos, como incluso lo hizo la primera de ellos a finales
de 2015[48], es cierto también que
el tratarse de adultos mayores hace que sobre ellos se cierna una protección
especial debido a sus condiciones de debilidad manifiesta, entendiéndose que en
este caso su hijo actúa en su nombre buscando la protección de sus derechos.
Bajo esas
condiciones, se aceptará entonces que el señor Ananías acude a la tutela
representando a sus padres, así como a su entorno familiar, conformado por su
esposa y sus hijos e hijastros menores de edad.
15. Legitimación por pasiva. Al tenor del artículo 5 del Decreto 2591 de 1991, “[l]a acción de
tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que
haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley”.
La norma señala
que “[t]ambién procede la acción de tutela contra acciones u omisiones de
particulares”, de acuerdo con lo establecido en los artículos
42 al 45 ibídem y el inciso final del artículo 86 superior. Este último refiere que la
acción de amparo es un mecanismo preferente, cautelar, residual y sumario que
procede contra particulares (i) encargados de la
prestación de un servicio público; (ii) cuya conducta afecte grave y directamente
el interés colectivo o (iii) respecto de quienes el solicitante se halle en
estado de subordinación o indefensión[49].
En esta ocasión, Espuflan S.A.
E.S.P. está legitimada como parte pasiva en el proceso de tutela, al
atribuírsele en su condición de entidad encargada de la distribución y
comercialización del servicio público de agua y alcantarillado la presunta
vulneración de los derechos fundamentales, cuyo amparo
se demanda.
16. Inmediatez.
La procedibilidad de la acción de tutela está igualmente supeditada al
cumplimiento del requisito de inmediatez, el cual exige que el amparo sea
interpuesto de manera oportuna en relación con el acto que generó la presunta
vulneración de los derechos fundamentales.
La inmediatez
encuentra su razón de ser en la tensión existente entre el derecho
constitucional a presentar una acción de tutela “en todo momento” y el deber de
respetar su configuración como un medio de protección “inmediata” de
los derechos fundamentales.
Y aunque se ha
indicado que un término prudente puede estimarse en seis (6) meses, el juez
debe constatar si el tiempo trascurrido entre la supuesta violación o amenaza y
la interposición de la tutela es razonable[50].
En el caso
concreto y como se advirtió con anterioridad, el accionante acudió a la acción
de tutela el veintidós (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), que fue admitida
en esa misma fecha por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Flandes[51].
El último acto que el peticionario considera que pone en riesgo sus garantías
constitucionales es el corte del servicio de agua del nueve (9) de noviembre de
dos mil diecisiete (2017).
Lo anterior
quiere decir que transcurrieron exactamente trece (13) días entre la
interposición de esta acción de tutela y el hecho
generador y concreto de la vulneración que se alega. Respecto de este
término no surge reparo alguno en tanto se busca la protección de derechos en
un tiempo razonable.
17. Subsidiariedad.
En relación con el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, la
Constitución Política establece que su procedencia está condicionada a que “el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial” (artículo
86).
Empero, esta
Corporación ha señalado que no puede declararse la improcedencia de la tutela
por la sola existencia en abstracto de un medio ordinario de defensa, ya que el
juez se encuentra en la obligación de analizar en cada caso específico, si la
acción judicial dispuesta por el ordenamiento jurídico es idónea y eficaz
para proteger los derechos comprometidos.
Se ha
establecido igualmente que en el evento en el que la acción alterna no sea
idónea y eficaz, el mecanismo de amparo procederá para provocar un juicio sobre
el fondo[52]. De la misma forma, a pesar de que la persona puede disponer de otros medios judiciales,
el recurso de amparo puede ser utilizado para evitar un perjuicio irremediable[53].
En todo caso, en cuanto al ejercicio de la acción de tutela para proteger el
derecho fundamental al agua potable, este Tribunal ha considerado que procede
cuando: i) se demuestre que se requiere para el consumo humano, pues en
caso contrario no se trata de un derecho fundamental y, por lo tanto, no debe
utilizarse este mecanismo procesal sumarial sino la acción popular; ii)
se pruebe que el agua que se ofrece al accionante y/o a una comunidad
determinada se encuentra contaminada o no se presta en condiciones aptas para
el consumo de las personas y, iii) los usuarios cumplen con los
requisitos señalados en la ley y los reglamentos para la instalación del
servicio público, pues este derecho también implica el deber de acatar las
normas técnicas especializadas para la correcta prestación del servicio[54].
Así las cosas,
es deber del juez de tutela verificar, en cada caso, si existe o no violación
de los derechos fundamentales de los usuarios, pues de la suspensión del
servicio de agua potable, de la negativa de las empresas a prestarlo o de su
deficiencia, pueden resultar afectados o amenazados derechos tales como la salud,
la vida o la dignidad humana.
18. En tanto en el caso que se estudia se encuentra involucrado el
derecho fundamental al agua potable de una familia, necesariamente la Sala debe
referirse a las subreglas específicas que la jurisprudencia ha decantado
respecto de la procedencia de la acción de tutela cuando se pretenda la protección de este derecho fundamental, sobre todo porque estas
se han demarcado como pautas que permiten identificar desde un inicio la
procedibilidad del amparo.
Procedencia
excepcional de la acción de tutela para la protección del derecho al agua
19. En torno a la procedencia de la acción
de tutela para exigir la protección del derecho fundamental al agua, la
sentencia T-348 de 2013 dejó en claro que la primera de las funciones que debe
cumplir el juez constitucional al asumir un examen de esta naturaleza, es verificar
que esté destinada al consumo humano, pues ésta es la característica que define
su carácter de fundamental[55].
Partiendo de la base de que la prestación del servicio público se estipula
a través de un contrato oneroso y que su incumplimiento genera como
consecuencia la suspensión del mismo, se ha establecido que dado ese carácter
de la relación, los usuarios cuentan con los recursos por vía gubernativa y con
las acciones ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para demandar
las actuaciones que lesionen sus intereses, con la posibilidad de obtener su
restablecimiento.
Tal situación
deriva en la existencia de una vía especial para dirimir los conflictos que
puedan surgir entre las empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios y los suscriptores potenciales, los suscriptores activos o los
usuarios.
No obstante lo
anterior, se ha indicado que en los eventos en que las empresas de servicios
públicos domiciliarios afecten de manera evidente derechos fundamentales, como
la dignidad humana, la vida, la igualdad, la educación, la seguridad personal,
la salud, la salubridad pública, los derechos de los desvalidos, etc., el
amparo constitucional puede resultar procedente[56].
Tal
circunstancia conlleva a que cada caso deba estudiarse de manera específica, a
efectos de determinar si
una falla en la prestación del servicio de agua potable incide directamente en
una vulneración del derecho fundamental individual al agua potable, pues de
acuerdo a los hechos y el contexto de cada situación, puede ser la acción de
tutela el instrumento más idóneo y eficaz para poner fin a la violación o
amenaza del derecho[57].
Lo anterior, porque cuando la suspensión del servicio de
acueducto pone en riesgo el mínimo de condiciones de vida digna a sujetos de
especial protección constitucional, es desproporcionado exigir que se acuda a través
del procedimiento contencioso administrativa o a otras vías judiciales para la
protección urgente y eficaz de los derechos afectados.
Sin embargo, esta
Corporación ha establecido un conjunto de criterios en los que la acción de
tutela no procede para reclamar el suministro de agua. De acuerdo con la
sentencia T-418 de 2010, la acción de tutela es improcedente cuando se presente
alguno de estos supuestos:
“(i) cuando la entidad encargada de prestar el servicio adopta la
decisión de suspender el servicio de agua, dentro de las reglas establecidas y
con el respeto debido a los derechos fundamentales de la persona y en especial
a su mínimo vital, pues en tal caso no viola un derecho sino que cumple un
deber;
(ii) cuando
el riesgo de las obras pendientes, inconclusas o deterioradas constituyen una
amenaza que no representa un riesgo real para los derechos fundamentales de las
personas;
(iii) cuando
se pretenda reclamaciones de carácter puramente económico, que pueden ser
reclamadas por otros medios de defensa judicial, y no impliquen la afectación
de derechos fundamentales;
(iv) cuando
no se constata que la calidad del agua a la que se accede no es adecuada para
el consumo humano;
(v)
cuando una persona está disfrutando el servicio de agua, por medios ilícitos,
reconectándose a la fuerza, y se encuentra disfrutando del goce efectivo de su
derecho al agua, por ejemplo, pierde la posibilidad de reclamar su protección
mediante la acción de tutela. En este caso la persona no pierde sus derechos,
pero sí la posibilidad de legitimar a posteriori sus actos de hecho mediante el
procedimiento constitucional de la tutela;
(vi)
cuando una persona pretende acceder por sus propios medios al agua disponible,
pero de una forma irregular, desconociendo
los procedimientos y afectando el acceso de las demás personas de la comunidad
que dependen de la misma fuente de agua;
(vii)
cuando la afectación a la salubridad pública, como obstrucción a tuberías de
alcantarillado, no afecta el mínimo vital en dignidad de las personas; en tal
caso, se trata de una afectación que puede ser reclamada judicialmente, pero
que no es objeto de acción de tutela.”[58].
De lo anterior se desprende que a la luz de la jurisprudencia constitucional, el componente subjetivo del
derecho al agua potable no es susceptible de ser protegido a través de la
acción de tutela, si se pretende acceder al suministro por medios ilegales o
sin el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales para disponer
del recurso vital.
Si ello ocurre, la persona pierde legitimidad para presentar
posteriormente la acción de tutela, cuando utiliza las vías de hecho y de
derecho al mismo tiempo.
La Corte Constitucional, en la Sentencia T-432 de 1992, estimó que
no podía ordenar la protección de los derechos a una persona que aspiraba a
obtener una instalación al acueducto oficial, por el hecho de que ya
previamente se había conectado a él ilegalmente.
Expuso la Corporación en aquella oportunidad, que,
“un sujeto al reclamar legalidad en
el obrar de algunos, debe hacerlo sólo sobre la base de que su conducta es
legal (…) como uno no puede mejorar su condición con sus propios delitos, o lo
hecho ilícitamente no impone obligaciones, o a quien mal usa de su poder, se le
priva de él, resulta indudable lo siguiente: No se puede otorgar el servicio de
acueducto transgrediendo los procedimientos preestablecidos para su obtención.
Una acción ilícita como es la de hacer instalaciones a la tubería central de
agua potable sin autorización, no obliga a que se consideren las aspiraciones
de quién las realiza”.
En la sentencia T-546 de 2009 este Tribunal indicó que ambas vías -la de hecho y la judicial- no pueden ejercerse
concomitantemente, porque la prosperidad de la tutela depende en esencia de que
la persona esté legitimada para reclamar por la violación o la amenaza a sus
derechos fundamentales, pero una persona que por vías ilegales pretende
apropiarse de servicios públicos, no está legitimada para recibir la protección
del juez constitucional.
En estas circunstancias, como ya se explicó, el acudir a vías de
hecho y solucionar la crítica situación por medios fraudulentos, hace que la
persona pierda legitimidad para presentar posteriormente la acción de tutela.
20. No obstante
lo anterior, esta Corporación advirtió[59] que la
suspensión de los servicios públicos domiciliarios son un deber y un derecho de
las empresas prestadoras, que ha de ser empleado cuando el usuario no realice
el pago correspondiente, pero que ello no puede tener lugar si se violan las
garantías al debido proceso, se desconocen derechos
constitucionales de sujetos que merecen una especial protección constitucional,
y cuando el cumplimiento de las obligaciones es involuntario.
Esta situación ha generado que la Corte se haya pronunciado
en diversas ocasiones sobre la suspensión de los servicios públicos
domiciliarios, diferenciando cuando se ha presentado la mora, cuando
adicionalmente se ha efectuado reconexión ilícita, y cuando se encuentran de
por medio sujetos de especial protección, lo cual se analizará a continuación.
Suspensión del servicio por mora en el pago
21. Cuando se trata de mora en el pago de los servicios
públicos, la Corte ha partido de la base de que, de acuerdo con la Ley 142 de
1994, el contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios es oneroso, por lo cual faculta a las empresas de
servicios públicos para cobrar un precio a la parte suscriptora como
contraprestación por el servicio suministrado, siendo razonable desde una
perspectiva constitucional, que el legislador les otorgue a aquellas, la
posibilidad de suspender el servicio público “si el usuario o suscriptor incumple su obligación de pagar
oportunamente los servicios facturados dentro del término previsto en el
contrato, el cual no excederá dos períodos consecutivos de facturación”.
Pero de igual modo ha especificado este Tribunal que dicha
facultad no es absoluta, pues “el carácter oneroso de los servicios públicos
domiciliarios explica el deber del usuario de pagar las facturas
correspondientes, pero no justifica que no sean respetados en su dignidad en
tanto seres humanos”[60], por lo cual
las compañías están limitadas para ejercer la prerrogativa de suspensión cuando
en su ejercicio puedan vulnerar gravemente los derechos fundamentales de los
suscriptores[61].
En ese sentido, atendiendo a la importancia del derecho
fundamental al agua para la supervivencia humana en condiciones dignas, esta
Corporación ha considerado que no procede la suspensión del servicio público de
acueducto cuando i) como consecuencia de la suspensión se desconozcan o
se pongan en riesgo los derechos fundamentales de los habitantes en el
inmueble, ante su imposibilidad de acceder al recurso hídrico a través de otras
fuentes, y ii) el incumplimiento en el pago por parte del responsable
sea involuntario[62].
Por ello, se ha señalado que tales empresas deben hacer un
estudio de las condiciones propias del usuario antes de proceder a suspender el
servicio y, a su vez, el suscriptor tiene la carga de poner en conocimiento la
concurrencia de las causales ya descritas[63],
de modo que el incumplimiento de esta última obligación en cabeza del
suscriptor en ningún caso puede ser obstáculo para que las personas que estén
en situación de indefensión no tengan acceso al servicio de acueducto con
ocasión de un actuar negligente por parte de sus representantes[64].
Pero también ha especificado que el establecimiento de
estas reglas no puede entenderse como una autorización para que los usuarios no
cumplan con la obligación de pago derivada del contrato de servicios públicos[65],
por lo que este Tribunal, basado en informes de la Organización Mundial de
Salud, ha determinado que cuando un suscriptor no pueda cancelar el servicio de
agua y lo requiere para garantizar su integridad, tendrá derecho al acceso al
mínimo de líquido para sobrevivir, el cual equivale a 50 litros diarios por
individuo, sin perjuicio de sus deberes de comprometerse a no realizar
reconexiones ilegales y buscar los medios para cancelar su obligación[66].
Acerca de esto último, se ha resaltado que las empresas deben explorar
diferentes opciones para propender que los usuarios que no pueden pagar
inmediatamente la totalidad de sus deudas cumplan con su pago[67], pues “de esta manera se
logra conciliar, de una parte, los derechos de las empresas de servicios
públicos a que se respete el contrato de servicios públicos, a que se garantice
la estabilidad económica del mismo y a recibir las contraprestaciones acordadas
por el servicio y, de otra parte, los derechos de los usuarios en situación de
vulnerabilidad al agua potable, la salud y la vida en condiciones dignas”[68].
En conclusión, se ha indicado que si bien
es un derecho y un deber de las empresas prestadoras suspender el suministro
del servicio de acueducto cuando han transcurrido dos periodos de facturación
sucesivos en los que el usuario no haya efectuado el pago de lo debido, no
resulta aceptable realizar tal procedimiento si con esto se afectan derechos
fundamentales de sujetos en estado de vulnerabilidad, pero sí es razonable
cambiar la forma en que se realiza el suministro, para limitarlo a la cantidad
mínima de agua mientras se efectúa un acuerdo de pago y se cancela la deuda.
Suspensión del servicio cuando aparte de la mora en el pago
se presenta una reconexión ilícita
22. Cuando se trata de mora en el pago de los servicios
públicos, pero existe reconexión ilícita, la Corte en un primer momento refirió
que esa conducta impedía la procedencia de la acción de tutela, pues los jueces
constitucionales no podían avalar acciones ilegales.
En ese sentido, en la sentencia T-546 de 2009, este
Tribunal precisó que a partir de una actuación ilegal las personas no pueden
obtener amparo de la ley cuando acuden a ella, pues ambas vías -la de hecho y la judicial- no pueden
ejercerse concomitantemente, porque la prosperidad de la tutela depende en
esencia de que la persona esté legitimada para reclamar por la violación o la
amenaza a sus derechos fundamentales.
En esa decisión se retomó lo expuesto en la sentencia T-432 de 1992, en donde se estimó que aunque la empresa
demandada sí había vulnerado los derechos de la accionante y su familia, debía
negar el amparo como consecuencia de la conexión ilegal que habían realizado, y
porque para el momento en que se profirió el fallo, estaban recibiendo el
servicio gracias a la acometida fraudulenta.
Tal posición se morigeró después, y existen varios
precedentes en los que pese a que quien interpuso la acción de tutela había
realizado una conexión ilegal al sistema de acueducto, la Corte resolvió
conceder el amparo de sus derechos, como aconteció en la sentencia T-717 de
2010, en la que la Corte manifestó que “en ciertas circunstancias, el bien que se protege con
la acometida irregular, y especialmente el contexto en el cual se protege, son
dos factores lo suficientemente significativos como para que la consecuencia de
un desabastecimiento de agua potable no sea aceptable.”
Allí precisó que este tipo de casos se desarrollan en
contextos verdaderamente apremiantes parta los accionantes, quienes además se
encuentran en estado de vulnerabilidad, agregando que ante la afectación de
derechos de menores de edad, adultos mayores, o personas en condición de
discapacidad, no resulta proporcional privarlos del derecho al agua, más aun
teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, no tienen ninguna
incidencia en la mora del pago de las facturas, ni en las vías de hecho que
realizan, pues estos actos son ejecutados por sus representantes.
De esta manera, y tomando cada caso en particular, la Corte
ha venido amparado[69] el derecho
fundamental al agua potable incluso si los accionantes se habían reconectado
ilegalmente al servicio, luego de comprobar que en cada evento se cumplían los requisitos
de procedencia específicos y se advertía la vulneración de derechos
fundamentales de personas en estado de vulnerabilidad.
En vista de que cada caso en el que se presente conexión
ilícita o fraudulenta debe ser analizado individualmente, no existe una regla
uniforme para su tratamiento, ya que como se indicó, en algunos eventos se ha
negado el amparo y en otros ha sido concedido. De igual manera, se han tomado
decisiones intermedias.
Una de ellas fue expuesta en la sentencia T-749 de 2012, en
donde la Corte estudió un caso en el que el accionante tenía 64 años, se
hallaba enfermo y se dedicaba al comercio informal, que había dejado de
cancelar su factura y se había reconectado al agua de manera ilegal; aún en
esas condiciones, se estimó que no era procedente conceder el amparo y afirmó
que las acciones de hecho denunciadas por la empresa demandada tenían un
impacto relevante para efectos de resolver el asunto.
Precisó que las actuaciones de violencia desplegadas por el
actor iban en contra de sus propias garantías constitucionales, en el entendido
de que en vez de preocuparse por restablecer la comunicación con la
administración, definir el pago de la deuda y la consecuente reactivación del
servicio, prefirió la vía de la amenaza y la fuerza, por lo que negó la tutela,
pero además ordenó a la empresa brindar al actor medios alternativos para
garantizarle un mínimo suministro de agua potable y, llegar a un acuerdo de
pago con éste para restablecer el servicio.
De forma parecida se resolvió el caso propuesto en la sentencia T-242 de 2013, en el que una de las
accionantes pertenecía a la tercera edad, se había atrasado en el pago de
varias facturas del servicio de acueducto y se había reconectado constantemente
de forma ilegal al servicio, perjudicando a sus vecinos, quienes denunciaron
fallas en la presión del líquido en sus hogares y filtraciones de agua, así
como desperdicio y mal uso del mismo por parte de la actora.
En ese asunto, este Tribunal consideró que aunque no era
posible acceder a las pretensiones de la demanda ordenando la conexión del
servicio, la situación de vulnerabilidad de la accionante y la presencia de una
menor de edad, encaminaba la decisión hacia un sentido en que se ponderaran las
actuaciones ilegales de la demandante con los derechos fundamentales de su
nieta.
Recordó que en este sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado que cuando se
encuentran de por medio los derechos fundamentales de menores de edad, el juez de
tutela debe ser especialmente cuidadoso y garantista de los mismos, por lo que
en este específico evento ordenó a la empresa reconectar el servicio mediante la instalación de un
reductor de flujo que garantizara por lo menos 50 litros de agua por persona al
día, mientras se adelantaban los trámites necesarios ante una empresa de cobros o ante la
demandada, para llegar a un acuerdo de pago o a un sistema de financiación, a
partir del cual no se afectara su mínimo vital y de esta forma lograra saldar
la deuda.
En conclusión, en los casos en que existe una conexión ilegal
al sistema de abastecimiento de agua potable, la Corte ha establecido que no
puede pasar por alto esa conducta, y ha adoptado diferentes tipos de
decisiones.
De un lado, en un primer escenario estimó que esa situación
le impedía amparar los derechos invocados y resolvió negar el amparo, postura
que evolucionó, y atendiendo a las especiales condiciones de vulnerabilidad y
el contexto propio de cada caso, ha considerado procedente conceder la
protección de los derechos reclamados cuando con ello se afectan las condiciones
de sujetos especialmente protegidos.
De otro lado, cuando ha evidenciado situaciones de
violencia para impedir la suspensión del servicio y abuso del derecho que se
refleja en la afectación cierta de derechos de terceros, ha modulado su postura,
dictando fallos que sin perjuicio de las consecuencias de las vías de hecho
usadas, propenden por la superación de la falta de agua potable para los
actores.
Suspensión del servicio cuando se encuentran de por medio
sujetos de especial protección constitucional
23. Cuando se encuentran sujetos de especial protección
constitucional, la Corte ha asumido una posición clara.
Ha indicado que determinados grupos
de personas o comunidades gozan de una garantía reforzada al derecho
fundamental al agua, de modo que cuando el juez decida sobre su suministro,
debe tener especial precaución cuando se encuentra frente a niños o niñas,
personas de la tercera edad, en situación de discapacidad o gravemente
enfermas, mujeres en estado de embarazo o lactancia, o en condición de
debilidad manifiesta, así como cuando se trata de hospitales, centros
penitenciarios o carcelarios o establecimientos educativos.
Al presentarse
estas situaciones, el derecho de las Empresas de Servicios Públicos
Domiciliarios a cortar el suministro de agua por falta de pago de varias
facturas acumuladas se ve limitado; en este sentido la Corte estima que en esos
eventos se presenta una colisión entre derechos o principios constitucionales.
De un lado, el derecho de la empresa a recibir el pago por la prestación de un
servicio fruto de un contrato de suministro oneroso[70]
y por el otro, los derechos fundamentales al agua y a la vida en condiciones de
dignidad de los usuarios o suscriptores.
Enfrente de
dicha tensión, este Tribunal[71] ha indicado que resulta
desproporcionado que se interrumpa el servicio de agua, cuando este afecta a
sujetos de especial protección constitucional, pues es muy bajo el recaudo de
dineros que se logra con la interrupción del suministro de agua, pero sí es una
restricción importante a los derechos a la vida digna.
Así, la
jurisprudencia limita el derecho de las Empresas de Servicios Públicos
Domiciliarios a cortar el suministro de agua en casos donde se presenta falta
de pago de las tasas mensuales, si quien lo soporta reúne las siguientes condiciones:
i) es un sujeto de especial protección constitucional; ii) el
motivo de la morosidad es involuntario e incontrolable; y, iii) la
suspensión del servicio implica la vulneración de otros derechos fundamentales[72].
En la sentencia
C-150 de 2003, en que se estudió la constitucionalidad de varias disposiciones
de la Ley 142 de 1994, incluido el Artículo 128, referido al derecho/deber de
las Empresas Prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios a cortar el
suministro de agua, la Corte indicó que la suspensión del servicio implicaba un
menoscabo desproporcionado para determinados sujetos de especial protección
constitucional, que la llevó a condicionar su exequibilidad en el siguiente
sentido:
“las normas
acusadas serán declaradas exequibles, en el entendido de que se respetarán los
derechos de los usuarios de los servicios públicos cuando se vaya a tomar la
decisión de cortar el servicio. Tales derechos, como el respeto a la dignidad
del usuario (art. 1° de la C.P.) son, entre otros: (…) (ii) el derecho a que
las empresas prestadoras de servicios públicos se abstengan de suspender el
servicio cuando dicha interrupción tenga como consecuencia el desconocimiento
de derechos constitucionales de sujetos especialmente protegidos o,
impida el funcionamiento de hospitales y otros establecimientos también
especialmente protegidos en razón a sus usuarios, o afecte gravemente las
condiciones de vida de toda una comunidad.”[73].
Tal regla
jurisprudencial ha sido aplicada de forma reiterada por la Corte, como ocurrió
en la sentencia T-270 de 2007, en la que se ampararon los derechos de una mujer
que debía someterse a procedimientos de diálisis ambulatoria en su residencia
cuatro veces al día y se le había cancelado el servicio de agua y energía
eléctrica porque no había cancelado las facturas mensuales. Allí indicó que en
casos de sujetos de especial protección constitucional, debe garantizarse el
suministro mínimo, ya que la interrupción del mismo, tiene el alcance de poner
en riesgo derechos fundamentales como la salud, la dignidad humana, y la vida
misma.
En la sentencia
T-717 de 2010 se resolvieron dos casos acumulados de madres
cabeza de familia a las que se les había cortado el servicio por falta de pago.
En esa ocasión, la Corte reiteró su jurisprudencia frente a los límites y
restricciones del derecho/deber de las Empresas de Servicios Públicos
Domiciliarios a suspender el suministro de agua.
Indicó que siempre
que, prima facie, proceda el corte del suministro, la Empresa deberá
tener en cuenta que no lo podrá realizar si la suspensión se efectúa en dos de
las siguientes hipótesis: i) con violación de las garantías del derecho
al debido proceso; o ii) bajo el respeto del debido proceso, pero con la
consecuencia accesoria de: a) suponer “el desconocimiento de derechos
constitucionales de sujetos especialmente protegidos”, b) “impedir
el funcionamiento de hospitales y otros establecimientos también especialmente
protegidos” o c) “afectar gravemente las condiciones de vida de
toda una comunidad”.
La sentencia
T-915 de 2009 resolvió el caso de la suspensión del servicio de agua por falta
de pago en un  hogar comunitario donde se atendían de manera prioritaria a
sesenta (60) menores de edad, y al protegerse sus derechos se estimó que la
prestación de los servicios públicos es una función esencial de un Estado
Social de Derecho y que, por tanto, no es posible suspender de manera
automática el suministro agua sin atender que puede perjudicar a personas
frente a las cuales el Estado tiene prioritarias obligaciones.
Estas mismas
reglas fueron reiteradas en la sentencia T-752 de 2011, en la que se
resolvieron casos acumulados de personas con mora en su pago, pero donde el
corte del servicio afectaba a sujetos protegidos.
Expuso la
Corte que no debía cuantificarse el acceso al
servicio público esencial del agua desde un punto de vista de eficiencia
económica o suficiencia financiera, sino que debía prestarse el servicio
atendiendo a otros indicadores “(…) de carácter social, que propugnen por la
extensión y prestación oportuna de los mismos, aunque ello implique un
replanteamiento de políticas públicas o la adopción de unas nuevas por parte
del Estado, en lo que respecta al asunto de los servicios públicos esenciales”.
La sentencia
T-980 de 2012 igualmente trató el caso de un sujeto de especial protección,
específicamente un adulto mayor al que se le ampararon sus garantías debido a
su condición particular, en donde se ordenó, como había ya sucedido en las
ocasiones anteriores, que se realizara un acuerdo de pago amplio y flexible
entre la Empresa y el suscriptor, atendiendo la situación económica del accionante y buscando que pudiera cumplir los
abonos a su obligación contractual.
Por su
parte, la Sentencia T-891 de 2014 realizó una reconstrucción del precedente
judicial relacionado con las reglas jurisprudenciales aplicables a los casos de
corte del servicio de agua a sujetos de especial protección constitucional. La
providencia compendió las siguientes pautas:
“(i) en el
caso de las viviendas clasificadas en nivel uno (1) del Sisbén, debe presumirse
que la falta de pago no justifica la desconexión del servicio de acueducto;
(ii) no puede
suspenderse el servicio, pese al incumplimiento sucesivo de pago, si la
desconexión viola el debido proceso, afecta derechos constitucionales de
sujetos de especial protección, entorpece el funcionamiento de establecimientos
protegidos o afecta las condiciones materiales de existencia de un grupo;
(iii) en
casos de desconexión los sujetos de especial protección constitucional tienen
la carga de informar que el corte afecta a un sujeto que ostenta dicha calidad,
que con ella se pueden afectar derechos fundamentales, y que el incumplimiento
en el pago se generó a partir de ‘circunstancias involuntarias, insuperables e
incontrolables’;
(iv) el
contenido del derecho (…) incluye las características de disponibilidad,
calidad, accesibilidad, asequibilidad y aceptabilidad;
(v) la tutela
no resulta procedente para acceder a la reconexión cuando el accionante utilizó
medios ilegales para hacerse al preciado líquido.”
Con todo, para esta Corte, los
sujetos de especial protección constitucional, entre ellos los niños y niñas y
los adultos mayores, gozan de un contenido mínimo al derecho al agua potable que
no es susceptible de restricción bajo ninguna hipótesis, de modo que la mora en
el pago de las facturas del servicio público es inoponible para impedir el acceso
al líquido de los sujetos de esta condición.
24. En cuanto a
lo que tiene que ver con el incumplimiento involuntario de la obligación, la
Corte refirió en la sentencia T-717 de 2010, que es necesario que el usuario
cumpla al menos con la carga de informar a la empresa de servicios
públicos la concurrencia de esas tres condiciones: 1) que la suspensión
recaería sobre un sujeto de especial protección constitucional, 2) que
de esa suspensión podría sobrevenir un desconocimiento de sus derechos
fundamentales, y 3) que el incumplimiento se produjo por circunstancias
involuntarias, insuperables e incontrolables.
Bajo estos
criterios, las empresas prestadoras del servicio de acueducto deben brindar
soluciones al usuario incumplido, para así evitar que a éste le sea vulnerado
ese derecho fundamental, debido al desabastecimiento de agua, tal como se
indicó en la sentencia T-740 de 2011, en la que se especificó que ante el
incumplimiento en el pago de más de dos periodos consecutivos de facturación,
la empresa deberá informar la situación crediticia del usuario y el
procedimiento a seguir para que este pueda ponerse al día en sus obligaciones,
y en caso de que la persona a la que se le preste el servicio no pueda cancelar
de manera inmediata la deuda, dicha entidad debe mantener la prestación del
servicio y con la aquiescencia
de este, deberá elaborar acuerdos de pago con plazos
amplios y cuotas flexibles teniendo en cuenta la capacidad económica del
usuario, con el objetivo de que pueda ponerse al día con el pago de las
obligaciones causadas por el consumo del referido servicio público.
La Corte señaló que tener en cuenta
la capacidad de pago de los usuarios al momento de la elaboración de los
mencionados acuerdos busca dar posibilidades efectivas a estos para saldar las
deudas que han contraído, pero si una vez realizados, estos son incumplidos, el
usuario manifiesta y prueba que no cuenta con la capacidad económica para
hacerse cargo del
pago de dicho servicio básico,
la empresa prestadora deberá instalar, a cuenta de esta, un restrictor en el flujo
del agua que garantice por lo menos 50
litros de agua por persona al día o proveer una fuente pública del recurso
hídrico que asegure el suministro de igual cantidad.
Así, las
empresas que prestan el servicio de agua potable deben analizar, en cada caso,
si es legítima la suspensión, teniendo en cuenta las causas del incumplimiento
consecutivo en el pago de las obligaciones facturadas y además, si con ello
podrían afectarse derechos fundamentales, porque de no proceder de esta manera,
su actuar resultaría inconstitucional y el juez de tutela podría encontrar
necesaria la protección de los derechos involucrados y, en consecuencia,
ordenar su reconexión, no obstante que por parte del usuario se hayan
presentado acciones fraudulentas o ilegales, en tanto lo que se preserva es la
prevalencia de los derechos de sujetos de especial protección constitucional,
ya que al momento del análisis que se haga de la legitimidad de la suspensión
de los servicios públicos domiciliarios, no sólo deben jugar las buenas razones
a favor de la potestad de suspensión, sino las buenas razones que obran en
contra del ejercicio incondicionado de la misma[74].
El caso concreto
25. La Sala observa que en el presente
caso a pesar de que el servicio de agua potable se encuentra suspendido desde
agosto de 2010 en la vivienda del barrio Las Rosas de Flandes, y que apenas
vino a ser ejecutado el corte en noviembre de 2017, la familia del señor Ávila
Zorro no ha realizado ninguna gestión formal que intente solucionar el
tema de la morosidad en el pago, hallándose en una situación irregular desde
ese primer momento.
Aparte de la afirmación del demandante, en contra de lo expuesto
por la accionada, no hay en el expediente ningún elemento que permita
identificar que se intentó algún arreglo para el pago de lo adeudado o por lo
menos que se propició un encuentro entre las partes; de hecho, de las palabras
del actor en la sustentación de la impugnación presentada contra el fallo de
primera instancia emitido en diciembre de 2017, se desprende que se estaba a la
espera de que transcurrieran cinco (5) años para que se decretara la
prescripción de las facturas que se venían cobrando por el atraso en el pago[75],
lo que permite considerar que fue luego del año 2016 que pudieron haberse
presentado fórmulas de arreglo, sin que se tenga certeza sobre ello.
Contrario a lo expuesto por el accionante, las pruebas que en su
momento adujo Espuflan, demuestran que desde el año 2010 se había dispuesto el
corte del servicio por la falta de pago, pero apenas vino a ser ejecutado en
diciembre de 2017, es decir, que ya para ese momento existía una obligación en
mora. El material probatorio de que se compone el expediente lo demuestra
claramente.
Desglosando tal información, puede concluirse que,
i) A folio 20 del Cuaderno de
Instancia Nro. 1 se encuentra el Acta de Corte Nro. 3608 de fecha 11 de
septiembre de 2010. De ese documento se desprende que la empresa facturó el mes
de agosto de 2010, que a ese momento el predio identificado con el número
010403150000 contaba con noventa y un (91) períodos de atraso y que el valor de
la deuda ascendía a un monto de $885.267. Se registra en el formato que la
lectura se realizó el 13 de septiembre de 2010 y que a pesar de que a ese
instante ya estaba suspendido el servicio, no se ejecutó el corte.
ii) A folio 21 del Cuaderno de
Instancia Nro. 1 se encuentra el Acta de Corte Nro. 38009 de fecha 4 de febrero
de 2016. Allí se registra que la empresa facturó el mes de enero de 2016, que a
ese momento el predio identificado con el número 010403150000 contaba con
ciento cincuenta y seis (156) períodos de atraso y que el valor de la deuda
ascendía a un monto de $1’ 323.740. En el formato se registra que la lectura se
realizó el 8 de febrero de 2016 y que a pesar de que a ese instante ya estaba
suspendido el servicio, no se ejecutó el corte.
iii) A folio 22 del Cuaderno de
Instancia Nro. 1 se encuentra el Acta de Corte Nro. 47493 de fecha 8 de
noviembre de 2017. Allí se registra que la empresa facturó el mes de octubre de
2017, que a ese momento el predio identificado con el número 010403150000
contaba con ciento setenta y siete (177) períodos de atraso y que el valor de
la deuda ascendía a un monto de $1’ 518.472. En el formato se registra que la
lectura se realizó el 9 de noviembre de 2017 y que sí se ejecutó el corte,
suspendiéndose “el servicio de agua con tapón de dispositivo”.
El siguiente cuadro sintetiza lo ya referido:
Descripción
Fecha de elaboración del Acta
Períodos de atraso
Valor de la deuda
Observaciones
¿Se ejecutó el corte?
Acta de corte 3608
11 septiembre 2010
91
$885.267
El servicio ya estaba suspendido
No
Acta de corte 38009
4 febrero 2016
156
$1’323.740
El servicio ya estaba suspendido
No
Acta de corte 47493
8 noviembre 2017
177
$1’518.472
Se suspendió el servicio de agua con tapón de dispositivo
Si
Tales reportes dejan en evidencia, en primer lugar, que para el
año 2010, es decir, hace casi ocho (8) años, la familia ya contaba con noventa
y un (91) períodos de atraso en la deuda y que incrementó a ciento setenta y
siete (177) períodos para octubre de 2017, y en segundo término, que a pesar de
estar suspendido el servicio, en la vivienda se disfrutaba del mismo, por lo
que tuvo que ser instalado por parte de los operarios de la empresa, un tapón
de dispositivo.
De igual manera, se determina que para febrero de 2016, la familia
contaba con ciento cincuenta y seis (156) períodos de atraso, y que de la misma
manera, el servicio, a pesar de estar suspendido, funcionaba en la casa también
de manera ilegal.
De esta forma se advierte que transcurrieron siete (7) años y dos
(2) meses sin que el actor o su familia (por ejemplo su señora madre en calidad
de suscriptora) hubiera cancelado la deuda o parte de la misma, o por lo menos
hubiera buscado fórmulas de arreglo que llevaran a que tal obligación
disminuyera o que en últimas, se notara su intención de pago.
En palabras de la accionada, la familia prefirió acudir a
mecanismos fraudulentos o ilegales para obtener el preciado líquido, lo cual ratifica
cuando asegura que el servicio de agua en la vivienda del accionante se
encontraba suspendido pero contaba con una conexión irregular, lo que entonces
generó el corte. Así lo expresó en la respuesta a la demanda de tutela:
“Es decir, el que servicio correspondiente al inmueble ubicado en
la Calle 11 No. 11-64, objeto de la presente acción, como se evidencia en las
Actas, se encontraba Suspendido, no obstante lo anterior, y pese a que el
usuario y/o suscriptor a la fecha No ha eliminado la causal que dio origen a la
suspensión del servicio, en la última visita ejecutada, el día Nueve (9) de
Noviembre del presente año, se evidenció que el inmueble contaba con una
reconexión del servicio NO autorizada por parte de la Empresa accionada, por lo
que se corrió traslado del caso a la dependencia competente encargada de
adelantar las acciones de tipo penal que acarrean esta clase de conductas
contrarias a las disposiciones legales”[76].
Por otra parte, como ya se señaló, la sustentación de la impugnación
que el actor presentó contra el fallo de primer grado y su contraste con esta
información, puso de manifiesto la percepción que el accionante tiene sobre la
obligación con la entidad demandada, referida en todo caso a que el cobro no se
puede efectuar luego de cinco (5) años, lo que afirmó cuando, refiriéndose a la
acción de tutela interpuesta en el año 2015, indicó: “(…) fue (la
primera acción) por violación al derecho de petición donde solicito
prescripción de las factura (sic) por que la ley dice después de 5 años
no se debe cobrar (…)”[77].
Por ello, para diciembre de 2015 la señora madre del accionante instauró
la primera acción de tutela, en la que aparte de alegarse vulneración al
derecho de petición, también comprendió los derechos a la
dignidad humana, a la vida en condiciones dignas, a la salud, a la integridad
física, a la igualdad y a la vivienda.
Lo que viene de decirse significa que con el primero de los amparos
se pretendía la prescripción de las facturas, luego de que se había intentado
el primer corte en agosto de 2010 por parte de la empresa de servicios públicos.
Lo anterior permite inferir que la familia del actor estima que la
deuda queda saldada con la prescripción de las facturas, cuestión que no puede
cohonestar esta Corporación, en tanto estando en manos del accionante, no ha
remediado la situación que generó la suspensión del servicio con “tapón de
dispositivo”.
Aunado a lo expuesto y reiterando las reglas que ha establecido esta
Corte, la acción de tutela es improcedente “(v)
cuando una persona está disfrutando el servicio de agua, por medios ilícitos,
reconectándose a la fuerza, y se encuentra disfrutando del goce efectivo de su
derecho al agua”, al igual que “(vi) cuando una persona pretende acceder
por sus propios medios al agua disponible, pero de una forma irregular”, al
tenor de lo señalado en la sentencia T-428 de 2010.
Ello se afirma bajo el entendido de que Espuflan dio cuenta de la
reconexión ilegal a partir de la documentación con que cuenta; sin embargo, esa
misma revisión de las actas aportadas y de las observaciones dejadas en ellas,
siembra una duda sobre la supuesta reconexión ilícita, y es que al parecer, en
las dos visitas anteriores a noviembre de 2017 realizadas a la vivienda del
accionante, es decir, en septiembre de 2010 y febrero de 2016, se llegó con la
intención de cortar el servicio de agua potable pero apenas se suspendió, lo
que sí no sucedió en la última ocasión, en que se implantó el tapón de
dispositivo.
Es claro entonces que a pesar de que Espuflan asegure que la
familia del señor Ananías tenía una reconexión ilegal, el hecho de que en las
visitas de septiembre de 2010 y febrero de 2016 se deje constancia de que se
suspendió el servicio, puede sostenerse que en la vivienda fluía el líquido
porque la misma empresa así lo habría permitido.
26. No obstante la morosidad en el pago y la presunta reconexión
fraudulenta, la presencia de varios sujetos de especial protección
constitucional lleva a que la Sala se adhiera a las decisiones de esta
Corporación[78] que han amparado las
garantías invocadas, para solventar la grave situación que pueden atravesar
este tipo de personas, que en este caso se concentran en dos adultos mayores y
en cinco menores de edad, uno de ellos, al parecer, con cierta discapacidad[79].
Sobre las
particularidades de la familia del accionante, el expediente revela que la
menor Linda Katherine Barrero Patiño, que cuenta con 10 años de edad por haber
nacido el 5 de julio de 2008[80], tuvo una revisión para
el 30 de mayo de 2017 con una neuropediatra y determinó alta sospecha de
compromiso cognitivo[81], lo que en principio
implica una condición de discapacidad que no puede desconocerse, y que ya se
especificó.
En efecto, el documento aportado al expediente refiere como
diagnóstico principal de la menor, trastornos del desarrollo de las habilidades
escolares, advirtiéndose historia de riesgo neurológico, hipoglicemia neonatal
y una historia de retardo en desarrollo con alta sospecha de compromiso
cognitivo.
Por otra parte,
en la residencia habitan otros cuatro menores de edad como Brayhan Smith Ávila
Yate[82], Cristian Andrés[83]
y Lady Yuliana[84] Ávila Patiño, y Anderson
David Patiño Durán[85], y dos adultos mayores[86],
que son los padres del accionante.
Los documentos
que se anexaron al trámite demuestran efectivamente la composición de la
familia y la existencia de siete (7) sujetos de especial protección, que no
pueden ser desprovistos del servicio de agua potable.
Como ya ha sido indicado, el derecho
al acceso al agua destinada al consumo humano es fundamental y, por ende, puede
reclamarse por vía de tutela, en tanto su limitación, negación o suspensión
puede lesionar gravemente la salud y el disfrute de un ambiente sano, así como
disminuir las posibilidades de llevar una vida digna.
En aplicación de esta regla, también
está demostrado que el agua reclamada es requerida para el aprovechamiento
humano, al ser la que llegaba a la residencia del actor y de su familia,
infiriéndose que la prestación del servicio de agua tiene por objeto la
satisfacción de sus necesidades de alimentación y salubridad, propósito que
tiene pleno respaldo jurídico y hace viable la tutela incoada en favor de sus
padres, esto es, dos (2) adultos mayores, pero también de su entorno familiar,
compuesto por su esposa y por cinco (5) menores de edad.
27. Conforme con la Constitución y la
jurisprudencia de esta Corporación[87],
los adultos mayores hacen parte de la categoría de sujetos especialmente
protegidos por el ordenamiento jurídico, ello en razón a su edad y las
debilidades que el avance de esta última genera en la realización de ciertas
funciones y actividades, de ahí que se reconozca que estas características
pueden motivar situaciones de exclusión social que repercuten negativamente en
el acceso a oportunidades de orden económico, social y cultural, lo que
justifica una diferenciación positiva para suprimir las barreras que se opongan
a la igualdad material y enfrentar las causas que la generan.
Tales condiciones llevan a que los
adultos mayores sean catalogados como sujetos de especial protección
constitucional, de ahí que la Carta de 1991 en sus artículos 13 y 46, contemple
la especial protección del Estado y la sociedad a las personas mayores, de
acuerdo con el principio de solidaridad y los preceptos del Estado Social de
Derecho que inspiran el ordenamiento superior. En especial, este último
artículo pone en cabeza de las familias, la sociedad y el Estado unos deberes
de protección y asistencia en favor de los adultos mayores, que conlleven su
integración en la vida comunitaria.
En razón de tal disposición constitucional
este Tribunal indicó en la sentencia C-503 de 2014 que “el Estado debe propender
por el cuidado de la vejez como parte del cumplimiento de sus obligaciones
constitucionales. Ello por cuanto a pesar de existir un especial deber de
solidaridad en cabeza de la familia, el artículo 46 habla de una
responsabilidad concurrente, y por tanto, el Estado no sólo puede sino que debe
contar con una política pública de cuidado, protección e integración del adulto
mayor, y adoptar las respectivas medidas para implementarlas”.
28. Al tenor del artículo 44 constitucional,
todos los derechos de los niños son fundamentales, y deben ser protegidos
contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta,
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos, agregando
la disposición que “la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación
de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral
y el ejercicio pleno de sus derechos”.
La jurisprudencia constitucional ha
sostenido que los mandatos constitucionales de especial protección a la
infancia tienen origen, entre otras razones, en la falta de madurez física y
mental de los niños, circunstancia que les hace especialmente vulnerables e
indefensos frente a todo tipo de riesgos, y que hacen imprescindibles la
adopción de medidas de protección para garantizar su desarrollo armónico e
integral y “proveer las condiciones que necesitan para convertirse en
miembros autónomos de la sociedad”[88].
Los niños se tornan de esta manera en sujetos de especial protección
constitucional, cuyos derechos e intereses tiene carácter superior y prevalente.
En la sentencia T-979 de 2001 se explicó
que “…el reconocimiento de la prevalencia de los derechos fundamentales del
niño… propende por el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en
consideración al grado de vulnerabilidad del menor y a las condiciones
especiales requeridas para su crecimiento y formación, y tiene el propósito de
garantizar el desarrollo de su personalidad al máximo grado”.
29. De modo entonces que tal como se
indicó, la Sala se adhiere a aquella posición que aboga por la protección de
sujetos de especial protección constitucional, que en este caso, es la mayoría
de personas de la que se compone la familia del accionante, quien acude en
representación de sus padres buscando el amparo de su derecho al agua potable y
los demás que se desprenden del mismo.
En esa medida y en vista de la
obligación en mora, es importante recordar que las empresas prestadoras de
servicios públicos deben brindar soluciones también a la población más vulnerable,
para así evitar lesionar sus derechos fundamentales, de suerte que conforme lo
indicado en la sentencia T-740 de 2011 referida, a este tipo de empresas les
corresponde “informar la situación crediticia del usuario y el procedimiento
a seguir para que éste pueda ponerse al día en sus obligaciones. Para tal fin,
en caso de que la persona a la que se le preste el servicio no pueda cancelar
de manera inmediata la deuda”, la entidad mantendrá el servicio y, con la
aquiescencia del usuario merecedor de protección constitucional, “deberá
elaborar acuerdos de pago con plazos amplios y cuotas flexibles teniendo en
cuenta la capacidad económica” del responsable, con el objetivo de que
pueda ponerse al día “con el pago de las obligaciones causadas por el
consumo del referido servicio público”.
De esta forma, se concilian el
principio de solidaridad que inspira la prestación de los servicios públicos y
el derecho fundamental de acceso de los usuarios sujetos de especial
protección, que se encuentren en imposibilidad de pago.
De modo entonces que no obstante el
no pago de las facturas correspondientes al servicio público de agua potable, y
a la presunta reconexión ilícita que se efectuó en la vivienda ubicada en el
barrio Las Rosas de Flandes, se protegerán los derechos del accionante, de sus
señores padres y de su entorno familiar, pues en ella se encuentran sujetos de
especial protección constitucional, y de acuerdo con la jurisprudencia de esta
Corte, la suspensión del líquido vital vulnera sus garantías fundamentales.
Así, se revocará el fallo proferido
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot, que confirmó el dictado
por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Flandes, que declaró improcedente
el amparo solicitado, y en su lugar, serán tutelados los derechos del actor, que representa a sus padres,
ordenando a Espuflan, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de este fallo, restablezca el servicio público domiciliario de
agua potable a la vivienda de Ananías Ávila Zorro.
Dada la necesidad de no incentivar la
“cultura de no pago”, que podría malentenderse a partir de lo aquí
ordenado, y en preservación del principio de solidaridad, dentro de los quince
(15) días hábiles subsiguientes al restablecimiento del servicio de agua, Espuflan
desplegará todas las actuaciones pertinentes para hacer posible la suscripción
de un acuerdo de pago con el señor Ananías Ávila Zorro, como accionante, o con
la señora Flor Marina Zorro de Ávila, como suscriptora, atendiendo la situación
económica de la familia, a fin de que pueda cumplir los abonos a su obligación
contractual.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Girardot, Cundinamarca, del cinco (5) de febrero de dos mil
dieciocho (2018), que confirmó la del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de
Flandes, Tolima, del cinco (5) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), y que
declararon improcedente el amparo de los derechos que invocó el señor Ananías
Ávila Zorro en representación de sus padres Flor Marina Zorro de Ávila y Simón
Ávila, y de su entorno familiar conformado por su esposa y sus hijos menores de
edad, y en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al acceso al
agua potable, a la
dignidad humana, a la salud y a la integridad física.
Segundo. ORDENAR a la Empresa de Servicios
Públicos Espuflan S.A. – ESP de Flandes, Tolima, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de este fallo, restablezca el servicio público
domiciliario de agua potable a la vivienda del actor, ubicada en la Calle 11
Nro. 11-64 del barrio Las Rosas de Flandes, Tolima.
Tercero. - ORDENAR a la Empresa de Servicios Públicos Espuflan S.A. – ESP de Flandes,
Tolima, que dentro de los quince (15) días hábiles
subsiguientes al restablecimiento del servicio de agua, despliegue todas las actuaciones
pertinentes para hacer posible la suscripción de un acuerdo de pago con el
señor Ananías Ávila Zorro, como accionante, o con la señora Flor Marina Zorro
de Ávila, como suscriptora, atendiendo la situación económica de la familia, a
fin de que pueda iniciar cumplidos abonos en su obligación contractual.
Cuarto.-
LÍBRENSE por Secretaría General las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO
DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
A LA SENTENCIA T-374/18
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-No se configuraron las características de
la agencia oficiosa frente a los padres del accionante (Salvamento de voto)
ACCION
DE TUTELA PARA SOLICITAR PROTECCION DEL DERECHO AL AGUA-Se presentó una reconexión fraudulenta, y, por ello,
pese a las particularidades de la familia del accionante, lo pertinente era
negar el amparo (Salvamento de voto)
Referencia:
Expediente T-6.706.949
Magistrado
Ponente:
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
En atención a la decisión adoptada por la
Sala Octava de Revisión, en el expediente de la referencia, me permito
presentar Salvamento de Voto, con fundamento en las siguientes consideraciones:
I.
En cuanto a la
agencia oficiosa del accionante frente a sus padres
1.
La Sala aceptó la
legitimación en la causa por activa del accionante en representación de sus
padres y de su entorno familiar conformado por su esposa y sus hijos.
2.
En el presente asunto
no se configuraron las características de la agencia oficiosa frente a los
padres del accionante, pues no está acreditado que se encontraran en
condiciones físicas o mentales que les hubiesen impedido promover, por sí
mismos, la tutela. Lo anterior, máxime que la madre del accionante ya había
acudido a la acción de tutela, en otra oportunidad, para cuestionar hechos
semejantes. Por tanto, era necesario contar con la ratificación de los padres
del tutelante.
II.
Frente a la
reconexión ilegal del servicio de agua potable
1.
En la sentencia se
afirma que, previo análisis de cada caso, es viable que se ampare el derecho
fundamental de acceso al agua potable cuando un accionante se ha reconectado
ilegalmente al servicio de acueducto, siempre que el corte afecte a sujetos de
especial protección constitucional. Considero que la tesis adoptada avala la
mala fe del ciudadano en el ejercicio de sus derechos, convalida una actuación
que es contraria a la Constitución y promueve el acceso al amparo judicial de
derechos fundamentales cuando el accionante ha procurado su realización por una
vía de hecho.
2.
El fallo debió acoger la
postura inicial de esta Corte, explicada en la sentencia T-546 de 2009, en la
que se indicó que: i) la vía de hecho y la judicial no pueden ejercerse
de manera concomitante. ii) La persona que por vías ilegales pretende
apropiarse de servicios públicos no está legitimada para recibir la protección
del juez constitucional. iii) El sujeto a reclamar un derecho debe
hacerlo sobre la base de que su conducta es legal, pues no puede mejorar su
condición con un actuar doloso. iv) Cuando un tutelante y su familia ha
preferido proteger sus derechos fundamentales por medios ilícitos, la
posibilidad de protegerlos por medios lícitos desaparece. v) Cuando se
evidencia la vulneración del derecho fundamental al acceso al agua potable, y
al mismo tiempo se encuentra que el accionante optó por una reconexión ilegal,
el juez queda imposibilitado para imponer una orden de protección.
3.
Contrario a lo aceptado
por la mayoría de la sala, considero que en el caso estudiado sí se presentó
una reconexión fraudulenta al servicio de agua potable, y, por ello, pese a las
particularidades de la familia del accionante, lo pertinente era negar el
amparo.
Fecha ut supra,
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
[1]
Folios 10 a 15 del Cuaderno de Instancia Nro. 1.
[2]
Folio 15 del C. de I. 1.
[3]
Folio 16 del C. de I. 1.
[4]
Folios 43 a 49 del C. de I. 1.
[5]
Folios 19 a 42 del C. de I. 1.
[6]
Folios 50 a 53 del C. de I. 1.
[7]
Se refirió a la sentencia T-578 de 1992.
[8] Se citaron las sentencias T-188 y T-089 de
2012; T-918, T-740, C-220 y T-055 de 2011; T-717, T-616 y T-418 de 2010; T-915,
T-546 y T-381 de 2009; T-270 de 2007; T-490 y C-150 de 2003; T-636 de 2002; y
T-1225 y T-1150 de 2001.
[9]
Folios 120 a 126 del C. de I. 1.
[10]
Folios 9 a 17 del Cuaderno de Instancia Nro. 2.
[11]
Folio 1 del Cuaderno de Instancia 1.
[12]
Folios 2 a 3 del C. de I. 1.
[13]
Folio 4 C. de I. 1.
[14]
Folios 5, 6 y 7 C. de I. 1.
[15]
Folios 5 y 6 C. de I. 1.
[16]
Folios 8 y 9 C. de I. 1.
[17]
Folio 19 C. de I. 1.
[18]
Folio 20 C. de I. 1.
[19]
Folio 21 C. de I. 1.
[20]
Folio 22 C. de I. 1.
[21]
Folio 24 C. de I. 1.
[22]
Artículo 38 del Decreto 2591 de 1991. “Cuando
sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada
por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que
promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos
hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional
al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta
profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar”. Esta norma
fue declarada exequible mediante la sentencia C-054 de 1993.
[23]
Sobre el particular, puede consultarse la sentencia T-327 de 1993 en la que se
examinó la temeridad en la acción de tutela a propósito de haberse incoado por
la accionante dos (2) recursos de amparo cuyas pretensiones, hechos,
fundamentos jurídicos y pruebas aportadas eran exactamente iguales.
[24]
Véase, entre otras, la sentencia T-184 de 2005. Con ocasión de una acción de
tutela interpuesta varias veces con la misma pretensión, la respectiva Sala de
Revisión sistematizó los presupuestos de la temeridad. Igualmente puede
observarse la sentencia T-679 de 2009.
[25]
Inciso tercero del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991. “Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez,
éste condenará al solicitante al pago de las costas cuando estimare
fundadamente que incurrió en temeridad”.
[26]
Inciso segundo del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991. “El abogado que promoviere la presentación de varias
acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado
con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de
reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las
demás sanciones a que haya lugar”.
[27] Ley 1564 de 2012, artículo 80. “Cada una
de las partes responderá por los perjuicios que con sus actuaciones procesales
temerarias o de mala fe cause a la otra o a terceros intervinientes. Cuando en
el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el juez, sin
perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena
en la sentencia o en el auto que los decida. Si no le fuere posible fijar allí
su monto, ordenará que se liquide por incidente. || A la misma responsabilidad
y consiguiente condena están sujetos los terceros intervinientes en el proceso
o incidente. || Siendo varios los litigantes responsables de los perjuicios, se
les condenará en proporción a su interés en el proceso o incidente”.
[28] Ley 1564 de 2012, artículo 81. “Al
apoderado que actúe con temeridad o mala fe se le impondrá la condena de que
trata el artículo anterior, la de pagar las costas del proceso, incidente o
recurso y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales. Dicha
condena será solidaria si el poderdante también obró con temeridad o mala fe.
|| Copia de lo pertinente se remitirá a la autoridad que corresponda con el fin
de que adelante la investigación disciplinaria al abogado por faltas a la ética
profesional”.
[29]
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras
disposiciones”.
[30] En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que en los casos en que
se formule más de una acción de tutela entre las mismas partes, por los mismos
hechos y con idénticas pretensiones, el juez puede tenerla por temeraria
siempre que considere que dicha actuación (i) resulta amañada, en la medida en
que el actor se reserva para cada demanda los argumentos o pruebas que
convalidan sus pretensiones; (ii) denote el propósito desleal de “obtener la
satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad
de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable”;
(iii) deje al descubierto el “abuso del derecho porque deliberadamente y sin
tener razón, de mala fe se instaura la acción”; o finalmente (iv) se pretenda a
través de personas inescrupulosas asaltar la “buena fe de los administradores
de justicia”. Ver, entre otras, las sentencias T-229, T-147 y T-001 de 2016;
T-596, T-454 y SU-055 de 2015; SU-377, T-206 de 2014; T-327 y T-237 de 2013;
T-497 de 2012; T-660 y T-266 de 2011; T-621 y T-389 de 2010; T-679 de 2009;
T-516 de 2008; T-089 de 2007;  T-878, SU-713, T-695, T-678 de 2006; y T-1103 y
T-184 de 2005.
[31]
Folio 24 de Cuaderno de Instancia Nro. 1.
[32]
Ver, entre otras, sentencias, SU-377 de 2014; T-442 de 2012; T-312 de 2009;
T-878 de 2007; T-629 de 2006; T-1220, T-503, T-301, T-242 y T-017 de 2003;
T-531 de 2002; y T-082 de 1997.
[33] Cfr. Sentencia T-531 de 2002.
[34] Sobre el
requisito de manifestar que se actúa bajo tal condición y que el agenciado se
encuentra en imposibilidad de promover su defensa, la Corte ha realizado
interpretaciones dirigidas a restarle rigidez según las circunstancias del
caso.
[35] Ver
sentencia T- 452 de 2001.
[36] Ver
sentencia T-342 de 1994.
[37] Ver
sentencia T-414 de 1999.
[38] Ver
sentencias T-388 de 2012 y T-109 de 2011.
[39]
En la sentencia T-926 de 2011, la Corte consideró que “corresponde al juez
constitucional analizar en cada caso las condiciones para el cumplimiento
flexible de los requisitos que permiten acreditar la agencia oficiosa, a saber,
la imposibilidad del agenciado para acudir directamente a la defensa de sus
derechos fundamentales y la comunicación de actuar, en el trámite
constitucional, como agente oficioso”. Asimismo, en la sentencia T-031A de
2011 manifestó que “el juez de tutela tiene el deber de identificar las
razones y los motivos que conducen al actor a impetrar la acción en nombre de
otro”.
[40] Respecto del principio de prevalencia del
derecho sustancial, esta Corte ha indicado que “En este contexto, los
principios de prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procesal y el
de instrumentalidad de las formas implican que las normas procesales deben
interpretarse teleológicamente al servicio del fin sustantivo, sin que ello
implique que sean irrelevantes o que deban ser ignoradas, pues como ya fue
analizado, ellas constituyen garantía del derecho al debido proceso de las
partes, de modo que norma y contenido son inseparables para efectos de hacer
efectivo este derecho. // Lo anterior lleva a concluir que de estos principios
se desprende la regla según la cual si en el transcurso de un proceso judicial
se ha omitido una formalidad, siempre que el fin sustantivo del procedimiento
se haya cumplido y no se haya vulnerado el derecho de defensa de las partes que
resulten afectadas con la decisión, debe entenderse que la irregularidad ha
sido convalidada.” Ver sentencias T-204/97, T-872/02, T-114/10, entre
otras.
[41]
En la sentencia C-426 de 2002, esta Corte expuso que la tutela judicial
efectiva “se traduce en la posibilidad, reconocida a todas las personas
residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los
jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden
jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e
intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente
establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales
previstas en las leyes”. La anterior posición fue reiterada en la reciente
sentencia C-086/16.
[42] En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que “la labor del juez, entonces, consiste en garantizar la
primacía del derecho sustancial, con apego a lo solicitado por la parte, pero
sin desconocer la aplicación del principio “iura novit curia”, antagónico al
exceso procedimental que sacrifica el derecho sustancial. No significa lo
anterior que el principio mencionado propicie la vulneración de la congruencia
de las decisiones o, en otras palabras, que el juez falle con una sentencia
cuyo contenido sea ajeno a lo pretendido en la demanda, porque resuelve un
asunto distinto extraño a las pretensiones de la demanda”.
[43]
Folio 15 del Cuaderno de Instancia Nro. 1.
[44]
Folio 10 del C. de I. 1.
[45]
Folio 14 del C. de I. 1.
[46]
Nacida el 21 de julio de 1957 (fl. 7 del C. de I. 1).
[47]
Nacido el 12 de abril de 1945 (fl. 5 del C. de I. 1).
[48]
Folio 24 del C. de I. 1.
[49]
Para una explicación de la fuente directa que el
Constituyente de 1991 tuvo para establecer la procedencia de la acción de
tutela contra particulares, ver la sentencia T-099 de 1993.
[50]
Si bien el término para interponer la acción de tutela no puede establecerse de
antemano, el juez está en la obligación de verificar cuándo no se ha
interpuesto de manera razonable para evitar que se convierta en un factor de
inseguridad que lesione los derechos fundamentales de terceros o que
desnaturalice la acción.
[51]
La demanda aparece recibida en el mismo Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de
Flandes el 22 de noviembre de 2017.
[52]
En ciertos casos, además, este puede ser un argumento para proveer una solución
principal y definitiva. En ese sentido, la sentencia T-396 de 2009 indicó:
“[L]a acción de tutela procederá como mecanismo principal y definitivo en el
evento en que el medio judicial previsto para este tipo de controversias no
resulte idóneo y/o eficaz en el caso concreto”. Esta posición ha sido reiterada
por las sentencias T-471, T-327 de 2014; T-491, T-140 de 2013; T-354 de 2012; y
T-820 de 2009, entre otras.
[53]
Ver Sentencias T-899 de 2014, T-948 de 2013 y T-325 de 2010.
[54]
Ver sentencia T-424 de 2013.
[55] Así fue instituido en la sentencia T-578
de 1992, en la que se afirmó: “En principio, el agua constituye fuente de
vida y la falta de servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la
vida de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y
alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas (CP art.11), la salubridad
pública (CP arts. 365 y 366), o la salud (CP art. 49), es un derecho
constitucional fundamental”.
[56]
Ver sentencia T-980 de 2012.
[57]
Cfr. Sentencia T-242 de 2013.
[58]
Subrayado fuera del texto original.
[59] Cf. Sentencia T-242 de 2013.
[60]
Sentencia C-150 de 2003.
[61]
Ver, entre otras, las sentencias T-394 de 2015 y T-573 de 2013.
[62]
Cfr. Sentencia T-717 de 2010.
[63] Ver
sentencia T-163 de 2014.
[64]
Ver, entre otras, las sentencias T-394 de 2015 y T-717 de 2010.
[65] Al
respecto pueden revisarse las sentencias T-980 de 2012 y T-546 de 2009.
[66]
Cfr. Sentencias T-641 de 2015, T-790 de 2014, T-242 de 2013, T-928 y 740 de
2011, y T-546 de 2009.
[67]
Véase sentencia T-752 de 2011.
[68]
Sentencia T-093 de 2015.
[69] En
este sentido pueden verse las sentencias T-348 y T-242 de 2013, y T-928 de
2011.
[70] En
sentencia C-389 de 2002, al referirse al carácter oneroso del contrato de
servicios públicos, este Tribunal indicó que “dentro de la concepción del
Estado Social de Derecho debe tenerse en cuenta que los servicios públicos
domiciliarios tienen una función social, lo cual no significa que su prestación
deba ser gratuita pues el componente de solidaridad que involucra implica que
todas las personas contribuyen al financiamiento de los gastos e inversiones
del Estado a través de las empresas prestadoras de servicios públicos, dentro
de conceptos de justicia y equidad (CP art. 95-9 y 368)”.
[71] Ver
sentencias T-712 de 2014, T-423 de 2013, C-150 de 2003 y C-389 de 2002.
[72] Cfr. Sentencia C-150 de 2003
[73] Negrilla fuera del texto original.
[74] Ver sentencia T-717 de 2010.
[75] Folio 57 del Cuaderno de Instancia Nro. 1.
[76]
Folio 46 del Cuaderno de Instancia Nro. 1. Se respeta el texto original.
[77]
Folio 57 del Cuaderno de Instancia Nro. 1. Se respeta el texto original.
[78] Especialmente las sentencias T-242 de 2013 y
T-928 de 2011, T-717 de 2010 y C-150 de 2003. En ellas se ha expuesto que todo el ordenamiento jurídico colombiano debe ser observado
y aplicado de acuerdo con la Constitución Política, por lo que ese
derecho-deber no es absoluto y, cuando su ejercicio conlleva una grave
afectación a derechos fundamentales, la facultad no puede aplicarse sin
consideración alguna al caso específico, pues  no resulta admisible
constitucionalmente, observar únicamente los beneficios de la ejecución de la
suspensión, y dejar de lado las razones que justifican el uso condicionado de
esta facultad, pues los usuarios de los servicios públicos son personas, no un
recurso del cual se puede periódicamente extraer una suma de dinero.
[79] El documento aportado a folio 1 del expediente
refiere como diagnóstico principal: “F818- otros trastornos del desarrollo
de las habilidades escolares”. Y en el concepto de la médico neuropediatra
especifica: “paciente con historia de riesgo neurológico dado por bajo
apgar, hipoglicemia neonatal historia de retardo en desarrollo alta sospecha de
compromiso cognitivo, neuroimagen normal”.
[80] Folio 5 del Cuaderno de Instancia Nro. 1.
[81] Folio 1 del C. I. 1.
[82]
Nacido el 14 de enero de 2011 (fl. 4)
[83]
Nacido el 20 de septiembre de 2011 (fl. 2 C. de I. 1).
[84]
Nacida el 20 de septiembre de 2011 (fl. 3 C. de I. 1).
[85]
Nacido el 8 de junio de 2011 (fl. 6 C. de I. 1).
[86] Se trata de Simón Ávila, nacido el 12 de abril
de 1945 (fl. 5 C. de I. 1) y Flor Marina Zorro de Ávila (fl. 7 C. de I. 1).
[87] Sentencias T-239, T-019 de
2016; T-383 de 2015; T-707, T-564, T-342, T-011 de 2014; T-799 de 2013; T-1069,
T-935, T-522, T-329, T-134 de 2012; T-315 de 2011; T-1032, T-970, T-634 de
2008; T-1097, T-1039, T-261 de 2007; T-464 de 2005; T-736 de 2004; T-004 de
2002; T-1081 de 2001; T-277 de 1999; SU-480, T-670 de 1997; SU-043 de 1995; y
T-456 de 1994.
[88]
Sentencia T-397 de 2004 reiterada en la T-466 de 2006. Sobre este extremo se
sostuvo en la sentencia C-507 de 2005: “La
jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección reforzada de los
derechos de los niños y de las niñas encuentra sustento en varias razones,
entre las cuales se resaltan tres. La primera es que la situación de fragilidad
en que están los menores frente al mundo, en mayor o menor grado dependiendo de
su desarrollo personal, impone al Estado cargas superiores en la defensa de sus
derechos frente a lo que debe hacer para defender los de otros grupos que no se
encuentran en tal situación. La segunda es que es una manera de promover una
sociedad democrática, cuyos miembros conozcan y compar­tan los prin­cipios de
la libertad, la igualdad, la tolerancia y la solidaridad. La tercera razón
tiene que ver con la situación de los menores en los procesos democráticos. La
protección especial otorgada por el constituyente a los meno­res es una forma
corregir el déficit de represen­tación política que sopor­tan los niños y las
niñas en nuestro sistema político, al no poder participar directamente en el
debate parlamentario”.