SU080-20
Sentencia
SU080/20
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
PROTECCION
DE LA MUJER FRENTE A TODO TIPO DE VIOLENCIA-Mandatos
constitucionales
PROTECCION
DE LA MUJER FRENTE A TODO TIPO DE VIOLENCIA-Particularmente
contra violencia intrafamiliar
DISCRIMINACION
Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Características
Sobre la definición de la violencia de
género contra la mujer, se puede precisar que esta implica la existencia de las
siguientes tres características básicas: “a) El sexo de quien sufre la
violencia y de quien la ejerce: la ejercen los hombres sobre las mujeres. b) La
causa de esta violencia: se basa en la desigualdad histórica y universal, que
ha situado en una posición de subordinación a las mujeres respecto a los
hombres. c) La generalidad de los ámbitos en que se ejerce: todos los ámbitos
de la vida, ya que la desigualdad se cristaliza en la pareja, familia, trabajo,
economía, cultura política, religión, etc.” Adicionalmente, esta clase de
violencia se puede presentar en múltiples escenarios. Específicamente en las
relaciones de pareja se puede manifestar a través de actos de violencia física,
bajo los cuales se pretende la sumisión de la mujer a través de la imposición
de la mayor fuerza o capacidad corporal como elemento coercitivo. De igual
forma, se puede expresar con actos de violencia psicológica que implican
“control, aislamiento, celos patológicos, acoso, denigración, humillaciones,
intimidación, indiferencia ante las demandas afectivas y amenazas.”
VIOLENCIA
DOMESTICA CONTRA LA MUJER-Definición
La violencia domestica contra la mujer,
puede definirse como aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del
grupo familiar, con independencia del lugar en el que se materialice, que dañe
la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o
patrimonial, la libertad y el pleno desarrollo. Así entonces, pueden ocurrir
actos de violencia contra la mujer en el ámbito familiar cuando se ejerce
contra mujeres miembros del grupo familiar como consecuencia de los vínculos
que la unen con la institución.
PROTECCION
A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y LA PERSPECTIVA DE GENERO-Protección
constitucional e internacional
Una comprensión sistemática de nuestra
Constitución Política, arroja como resultado  una interpretación que exige de
la totalidad de los actores que conforman la vida en sociedad, el compromiso no
solamente de evitar la comisión de actos que discriminen y violenten a la
mujer, sino el de adelantar acciones que en armonía con el cumplimiento de las
obligaciones propias de un Estado social de derecho, generen un ambiente
propicio para que de manera efectiva, la mujer encuentre en el Estado, la
sociedad y en sus pares -hombres y mujeres-, la protección de sus derechos,
elevados a la categoría de Derechos Humanos, como lo es precisamente el derecho
a vivir libre de violencia y en general, a no ser discriminada.
CONVENCION
BELEM DO PARA FRENTE A LA DISCRIMINACION O VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Jurisprudencia
constitucional
CONVENCION
BELEM DO PARA-Estados deben fijar procedimientos legales justos y
eficaces a favor de la mujer sometida a la violencia
CONVENCION
INTERAMERICANA SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Obligaciones de
los Estados
RESPONSABILIDAD
CIVIL AL INTERIOR DE LAS RELACIONES FAMILIARES-Fundamento
constitucional
El resarcimiento,
reparación o compensación de un daño, no se encuentra ocluido, limitado o
incluso negado, porque la fuente del daño comparta con el afectado, un espacio
geográfico determinado -el hogar- o porque existan lazos familiares. Al
contrario, es posible asentar con firmeza, que los daños que al interior del
núcleo familiar se concreten, originados en la violencia intrafamiliar, obligan
la actuación firme del Estado para su sanción y prevención, y en lo que dice
relación con el derecho de familia, es imperativo el consagrar acciones
judiciales que posibiliten su efectiva reparación, pues, de nada sirve que
normas superiores (para el caso, la Convención de Bélem do Pará y el
art. 42-6° C. Pol.) abran paso a la posibilidad de tasar reparaciones con
ocasión de los daños que la violencia intrafamiliar genere, si a su vez no se
consagran las soluciones que posibiliten su materialización
PROCESO DE CESACION DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO CATOLICO
O DE DIVORCIO-Ausencia de
un mecanismo justo y eficaz para la reparación de daños generados por
materialización de la causal de los ultrajes, el trato cruel y los
maltratamientos de obra
Una mujer, víctima de violencia
intrafamiliar, y a quien por tanto se le declare como cónyuge inocente, a más
de tener que exponer la totalidad de los maltratos que haya soportado en un
proceso civil de cesación de efectos civiles de matrimonio católico o de
divorcio, deberá, nuevamente, recordar y expresar ante otra instancia en un
trámite judicial-civil, las mismas circunstancias que demuestren el
daño y la respectiva pretensión reparadora. Todo ello va en contra de
los parámetros del plazo razonable, propios del debido proceso y genera una
evidente revictimización de la mujer violentada
PROCESO DE CESACION DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO CATOLICO
O DE DIVORCIO POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Posibilidad
de tener acceso efectivo a una reparación del daño
PROCESO DE CESACION DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO CATOLICO
O DE DIVORCIO POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Protección
de los derechos fundamentales de la accionante a vivir libre de violencia
intrafamiliar, a ser reparada y a no ser revictimizada
PROCESO DE CESACION DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO CATOLICO
O DIVORCIO-Exhorto al Congreso, para que
regule ampliamente el derecho fundamental a acceder a una reparación integral
en los casos de violencia intrafamiliar
REPARACION DE DAÑOS EN PROCESOS DE DIVORCIO Y CESACION DE
EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO CATOLICO CUANDO SE DEMUESTRE LA CAUSAL DE
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defectos sustantivo y fáctico, en proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico
o divorcio por desconocer reparación de daños a víctima de violencia
intrafamiliar
Referencia:
Expediente T-6.506.361
Acción
de tutela instaurada por la señora Stella Conto Díaz del Castillo en contra del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Familia.
Magistrado
ponente:
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá D.C., veinticinco
(25) de febrero de dos mil veinte (2020).
La Sala
Plena de la Corte Constitucional en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de
los fallos dictados por las Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, en primera y segunda instancia respectivamente, al
interior de la acción de tutela que presentó la señora Stella Conto Díaz del
Castillo contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
Hechos
relevantes[1]
1. La
accionante, quien actúa a través de apoderado, interpuso acción de tutela[2] contra
la decisión que emitió la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá el 14 de febrero de 2017, por medio de la cual se resolvió
el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia emitida dentro del proceso
de cesación de efectos civiles de matrimonio católico adelantado por el Juzgado
Once de Familia de la ciudad de Bogotá.
Consideró
la actora que dicha providencia incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, lo
que a su vez materializó la vulneración de sus derechos fundamentales “…a no
ser discriminada por razones de género, ni víctima de violencia contra la mujer
e intrafamiliar… y ser resarcida, reparada y/o compensada por el daño que se le
causó con el desconocimiento de su derecho fundamental a vivir libre de
violencia y discriminación de género y de violencia intrafamiliar”.[3]
2. Indicó
que el 16 de mayo de 2013 presentó demanda de cesación de efectos civiles del
matrimonio católico en contra de Virgilio Albán Medina, pretendiendo se
decretara la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, la fijación de
la cuota alimentaria a favor de su hija menor de edad y la condena “...al
demandado como cónyuge culpable al pago de alimentos con destino a la señora STELLA
CONTO DÍAZ DEL CASTILLO, por la cuantía mínima de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000)”.[4]
Para esos efectos invocó las causales 2ª, 3ª y 8ª del artículo 154 del
Código Civil[5].
3. Mediante
sentencia del 15 de septiembre de 2016, el Juzgado Once de Familia de Bogotá, decretó
la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico y la disolución y
liquidación de la sociedad conyugal, al haber encontrado probadas las
causales 2ª y 8ª del artículo 154[6]
del Código Civil, determinando como cónyuge culpable al demandado[7].
Pese
a ello, el Juzgado en mención, respecto de los alimentos, concluyó lo
siguiente: “Por último y teniendo en cuenta que la demandante, pese a que
logró probar la culpabilidad del demandado al demostrarse la causal 2°, es
profesional y percibe ingresos mensuales al trabajar como Consejera de Estado,
especialista en derecho y cuyos ingresos ascienden alrededor de los
$25.000.000, de lo que se desprende que no se encuentra acreditada la
NECESIDAD, elemento esencial para la fijación de la cuota alimentaria a favor
de la cónyuge…”[8]
4. Contra
la anterior decisión, la accionante interpuso el recurso de apelación en
procura de lograr que, de un lado, se declarara probada la causal 3ª del
artículo 154 del Código Civil[9]
y, de otro, según el escrito de tutela, “…se condene a la reparación
prevista en el Código Civil para el cónyuge inocente, bajo la modalidad de
alimentos periódicos”[10].
5. Mediante
decisión del 14 de febrero de 2017 la Sala de Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá accedió a adicionar “el ordinal primero de la
sentencia apelada, en el sentido de precisar que la cesación de los efectos
civiles del matrimonio católico contraído entre Stella Conto Díaz del Castillo…
se decrete igualmente con base en la causal de divorcio que prevé el numeral 3°
del artículo 154 del Código Civil”[11];
sin embargo, el Tribunal confirmó la decisión de primera instancia de “abstenerse
de fijar una cuota alimentaria a favor del demandante y a cargo del demandado”[12]
como consecuencia de haberse probado que la actora cuenta con “ingresos
suficientes para subsistir y también para proveerle alimentos a sus hijos en lo
que corresponde”[13].
6.  Consideró
la accionante que en la mencionada decisión el Tribunal incurrió en un defecto
sustantivo al “…trazar una distinción discriminatoria que carece de todo
sustento…”, pues en sus palabras el hecho de que la cónyuge inocente haya
logrado superarse al punto de “haber conseguido la posición que hoy ocupa…
no resulta un criterio admisible para privarla de su derecho fundamental a ser
resarcida por la violación de sus –sic- derecho fundamental a vivir libre de
violencia y discriminación de género y violencia intrafamiliar”[14].
Dado lo anterior, se aseguró que la postura de la decisión que se
ataca “…prescinde de elementos imperativos para interpretar la legislación
aplicable y llega a un resultado abiertamente contrario a los mandatos
constitucionales…”[15].
7.
Con relación al defecto fáctico,  se indicó que el mismo se concreta dada la
omisión de valoración de elementos de convicción que corroboran el maltrato que
debió soportar la accionante, por lo que en su criterio una adecuada valoración
de las pruebas habría demostrado además que la capacidad económica de quien fue
declarado cónyuge culpable siempre fue mayor y que a efectos de determinar el “acceso
al resarcimiento o reparación del daño u otros medios de compensación justos y
eficaces”[16]
no se deben valorar los ingresos del cónyuge inocente.
8. De
esta forma, solicitó que se tutelen sus derechos fundamentales “…a no ser
discriminada por razones de género, ni víctima de violencia contra la mujer ni
intrafamiliar…”, y así se “…[ampare] su derecho fundamental a ser
resarcida en los términos del literal g) del artículo 7 de la Convención de
Belem do Pará…”[17]
y, en consecuencia “se disponga la reparación de perjuicios
prevista en el numeral 4ª del artículo 411 del Código Civil, bajo la forma de
prestación alimentaria periódica…”[18]
Trámite
procesal en instancias
9. Mediante
auto del 5 de junio de 2017[19],
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia avocó el conocimiento
de la acción de tutela, disponiendo la notificación de la parte accionante y del
Tribunal accionado. Asimismo, se ordenó comunicar –no vincular- sobre el inicio
de la actuación a las partes e intervinientes dentro del proceso ordinario,
razón por la cual en el expediente y seguido del auto admisorio, pueden leerse
varios oficios en los que la secretaría de la Sala de Casación Civil comunica
de la existencia de la presente acción[20].
Respuestas a la acción
10.
Como accionada, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá guardó silencio, así como las demás personas a las cuales la
secretaría remitió las mencionadas comunicaciones.
Sentencias objeto de revisión
Primera instancia
11. La
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia -con salvamento de voto
del magistrado Álvaro Fernando García Restrepo-, mediante sentencia del 25 de
julio de 2017, concedió el amparo solicitado. La providencia analizó de manera
amplia la protección que debe brindarse a la mujer que es víctima de cualquier
tipo de violencia, para lo cual trajo a colación, además de postulados propios
del Estado constitucional de derecho, las normas que así lo desarrollan en el ámbito
nacional e internacional y que fundamentalmente aluden a esa protección y a la
erradicación de la violencia en las relaciones de género y, en especial, a cualquier
forma de discriminación contra la mujer. De este modo, refirió que la actividad
judicial debe estar orientada por el enfoque de género, a efectos de que se
garantice de manera efectiva la igualdad en las relaciones sociales con
independencia del sexo o la orientación sexual. Indicó que cualquier afrenta
cometida en contra de las mujeres debe ser condenada y reparada.
Respecto
de la cuota alimentaria y después de realizar un análisis de la misma, destacó
que no puede pensarse como una prestación indemnizatoria en tanto su fuente es
una obligación y no un daño, por lo que para concederla no se puede perder de
vista el requisito de necesidad del alimentado.
Pese
a lo anterior, afirmó que la terminación del vínculo matrimonial como
consecuencia de actos de agravio puede generar perjuicios contra uno de los
miembros de la relación. Así, aunque las normas que reglamentan el divorcio no
regulan de manera específica la posibilidad de solicitar algún tipo de
reparación por los ultrajes recibidos, se debe recurrir a la normatividad que
regula la responsabilidad civil y, de este modo, el cónyuge como consecuencia
del daño sufrido por causas imputables a su pareja está facultado para requerir
la indemnización que sea menester.
Estimó
que le corresponde al juez analizar las causales de divorcio que en el asunto
se logren probar y determinar la existencia de un daño indemnizable. De esta
forma, consideró que prima facie la decisión judicial atacada se observa
ajustada a las normas y principios que limitan la materia, en tanto que los
alimentos que se reclaman, no pueden verse como una medida resarcitoria
–prestación indemnizatoria-; empero, la decisión ignoró los graves maltratos y
abusos que fueron probados en el trámite adelantado en el proceso ordinario y
que habilitaban la procedencia de la indemnización de los hechos dañinos. Sobre
el particular en la mencionada sentencia se dijo “…el tribunal olvidó
dilucidar si las circunstancias especiales del sub examine, en el cual se
acreditaron los hechos fundantes de la causal relacionándolos con el
maltratamiento, necesarios para edificar la ruptura definitiva, permitían
adoptar una indemnización a favor de la tutelante”[21].
Indicó
que el amparo solicitado debía otorgarse pues de lo contrario los graves actos
de violencia ocurridos al interior de la relación marital, quedarían “impunes”
al no ordenarse el reconocimiento de la reparación pretendida.
Concluyó
entonces la procedencia del amparo y, en consecuencia, ordenó al Tribunal
accionado dejar sin efectos la sentencia del 14 de febrero de 2017 y las
actuaciones que de ella pendieron, para que “…proceda a resolver nuevamente
el recurso sometido a su consideración teniendo en cuenta lo expuesto…[22]”.
Impugnación
12.  El
demandado por medio de su apoderada y mediante escrito del 8 de septiembre de
2017, impugnó la decisión de primera instancia; indicó que la jurisprudencia
constitucional ha sido clara en señalar los parámetros que limitan la
procedencia de la acción de tutela cuando se pretende atacar una decisión judicial
y en la sentencia impugnada no se verificó el cumplimiento de esos
presupuestos. Asimismo, refirió que la sentencia ordinaria no incurrió en
ningún defecto al ajustarse a los mandatos legales y jurisprudenciales que
regulan la procedencia de la obligación alimentaria entre cónyuges, motivo por
el cual el fallo en sede de tutela usurpó las competencias del juez natural.
Seguidamente,
manifestó que la decisión de tutela aplicó al asunto normatividad internacional,
y ello genera una invasión del fuero de los jueces naturales, omitiendo que
esas mismas disposiciones han sido reglamentadas en el ámbito nacional y es aquel
desarrollo jurídico interno el que se debe aplicar.
Precisó
que el divorcio es una figura que cuenta con una regulación concreta y el
matrimonio por definición es un contrato, pero no es jurídicamente viable
aplicar las normas que rigen la reparación de los perjuicios recibidos según
las convenciones.
De
igual modo, afirmó que, como consecuencia de la inexistencia de debate
probatorio al interior del proceso ordinario sobre la temática alusiva a la reparación
de los daños causados en la relación matrimonial, resulta improcedente condenar
por tal rubro, pues se trata de argumentos ajenos a la discusión procesal. En
el mismo sentido resaltó que no obran en el expediente pruebas que permitan
inferir la naturaleza del daño, ni elementos de juicio que habiliten al
juzgador para cuantificar el mismo.
Finalmente,
aseguró que la sentencia desconoció los parámetros legales que obligan al juez
a fallar conforme a lo debidamente probado y que la alusión insular al precepto
que dispone la posibilidad de fallar ultra y extra petita, desconoce los
presupuestos básicos de una interpretación normativa. De esta forma, solicitó
revocar la decisión de tutela que en primera instancia emitió la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Segunda instancia
13.  La
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia -con salvamento de
voto de la magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo-, mediante sentencia del 27
de septiembre de 2017, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar,
negó el amparo solicitado. La providencia resaltó que la procedencia de la
acción de tutela está sujeta a la verificación del cumplimiento del principio
de subsidiariedad. De igual forma, indicó que la acción de tutela contra
providencias judiciales, solo es razonable jurídicamente cuando la decisión que
se ataca vulnera de forma evidente los derechos fundamentales.
Seguidamente
consideró que de conformidad con la normativa que regula el derecho de
alimentos, la decisión proferida por los jueces ordinarios se vislumbra
razonable, pues se cimienta sobre los presupuestos legales que obligan al juez el
verificar que exista, por parte del cónyuge inocente, la necesidad de acceder a
ellos, la existencia de un vínculo jurídico que origine la obligación y la
capacidad del cónyuge culpable de suministrarlos; y en el asunto bajo estudio, no
se acreditó el primero de los requisitos.
Advirtió
que las pretensiones alegadas por la accionante en el proceso ordinario,
estuvieron enmarcadas por los presupuestos de la obligación alimentaria y en ninguna
etapa procesal se hizo referencia a la reglamentación que sobre la
responsabilidad contractual y extracontractual brinda la normatividad civil.
Así, estimó que la demandante no pidió ante el juez natural la indemnización
como consecuencia de los perjuicios sufridos.
A
continuación, frente a las facultades ultra y extra petita de las que dispone
el juez de familia, la providencia destacó que estas no son excusas para
desconocer la obligación del juzgador de dictar su decisión conforme a lo
probado en el trámite procesal y, con ello, garantizar el derecho a la defensa
y el debido proceso. En esta línea, mencionó que más allá de haber solicitado
la reparación, se exige que en el juicio haya sido debidamente debatido y
probado lo pretendido.
Concluyó
sobre ese particular que, en sede de tutela, no se podría estudiar una
solicitud que en el transcurso del procedimiento ordinario no fue discutida.
Por ello, destacó que la accionante puede acudir al escenario normativo
adecuado, que garantice que la decisión será tomada por el juez natural y con
pleno respeto de las garantías procesales para solicitar debidamente la
reparación de los agravios a los que fue sometida al interior de su relación
conyugal. En ese sentido, puntualizó que remitir a la accionante al ámbito procesal
adecuado para dirimir su pretensión indemnizatoria, no desconoce ni desvirtúa
la violencia de la cual fue víctima, pues solamente permite que el litigio sea
solucionado bajo los presupuestos procedimentales adecuados. Insistió en que la
remisión de la controversia al escenario procesal pertinente, tampoco le resta
eficacia a la regulación internacional que busca brindar garantías a la mujer
víctima de maltrato o violencia.
De
otro lado, mencionó que en el caso concreto no se cumplen los presupuestos para
que el juez constitucional emita una sentencia que reconozca directamente la
indemnización, atendiendo la posibilidad de la accionante de acudir a otros
medios de defensa judicial para solicitar los perjuicios.
Finalmente,
la providencia anotó que no se olvidan los actos de violencia acreditados en el
trámite del proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio católico; sin
embargo, lo anterior no impide que se adelante el trámite correspondiente para
solicitar, discutir y definir un asunto, sobre el cual jamás se puso en
movimiento el aparato judicial en sede ordinaria.
En
conclusión, se revocó el fallo impugnado y, en su lugar, se negó el amparo
solicitado.
Pruebas que obran en el expediente[23]
i) CD
contentivo del audio de la audiencia de fallo adelantada el 14 de febrero del
año 2017 ante la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, en la cual se
resolvió la apelación contra la decisión que tomó el Juzgado Once de Familia de
Bogotá en el proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio católico.[24]
ii) CD
que contiene el audio de la audiencia de fallo adelantada el 21 de julio de
2016 ante el Juzgado Once de Familia de Bogotá, en la cual se resolvió la
demanda instaurada por Stella Conto Díaz del Castillo y la demanda de
reconvención presentada por el demandado.[25]
iii)
Transcripción informal del audio de la audiencia de fallo adelantada el 14 de
febrero del año 2017 ante la Sala Familia del Tribunal Superior de Bogotá.[26]
iv)
Copia auténtica de la sentencia de primera instancia proferida el 15 de
septiembre de 2016 por el Juzgado Once de Familia de Bogotá y fragmento –parte
inicial y resolutiva- de la sentencia de segunda instancia proferida el 14 de
febrero de 2017 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá[27].
v) Copia
de la denuncia formulada en contra del demandado por su hermana Patricia Albán
Medina por el delito de violencia intrafamiliar y las actuaciones que con
ocasión de la misma se adelantaron[28].
vi) Copia
de la demanda de cesación de efectos civiles del matrimonio católico instaurada
por Stella Conto Díaz del Castillo contra quien, para ese momento, era su
esposo.[29]
vii) Copia
de la contestación de la demanda de cesación de efectos civiles del matrimonio
católico instaurada por Stella Conto Díaz del Castillo[30]
viii)
Copia del interrogatorio de parte rendido el 12 de agosto de 2013 por el
demandado al interior del proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio
católico.[31]
ix)
Copia de los testimonios rendidos[32].
x)
Copia del informe del examen psiquiátrico realizado el 21 de noviembre de 2014
por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses al demandado,
al interior del proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio católico.[33]
xi)
Copia de la solicitud de complementación del informe de la valoración
psiquiátrica realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, elevada el 5 de mayo de 2015 por Jairo Rivera Sierra como apoderado
de Stella Conto Díaz del Castillo.[34]
xii) Copia de la
complementación del informe de la valoración psiquiátrica realizado por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, realizada el 23 de
mayo de 2016.[35]
II.
ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN
1. La
Sala de Selección número doce de la Corte Constitucional mediante auto del 15
de diciembre de 2017 resolvió seleccionar para revisión el expediente
T-6.506.361 y dispuso su reparto al despacho de la Magistrada Cristina Pardo
Schlesinger, quien mediante escrito del 05 de febrero de 2017 se declaró
impedida siendo separada del asunto por el resto de los integrantes de la Corte.
La Sala Plena de esta Corporación en sesión del día 7 de febrero de 2018 decidió
asumir el conocimiento del mismo y, habiendo aceptado el impedimento presentado
como se acaba de anotar, ordenó remitir el expediente al despacho del
Magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien le sigue en turno a la magistrada
impedida.
2.
Por medio de auto del 6 de marzo de 2018 el magistrado ponente decretó las
pruebas respectivas[36].
3. Agotada
la notificación de la decisión antes mencionada, se recibieron las siguientes
pruebas:
i) Oficio
n.° 0474 del 13 de marzo de 2018 por medio del cual el Juzgado 11 de Familia de
Bogotá remitió a la Corte el expediente radicado con el n.° 11001 31 10 011
201300463 00 contentivo del proceso de cesación de efectos civiles de que trata
la presente acción de tutela.[37]
ii) El
día 14 de marzo de 2018 la accionante dio respuesta al requerimiento hecho por
parte de esta Corte informando que no denunció penalmente las conductas de las
cuales fue víctima a manos de quien era para el momento su esposo, teniendo en cuenta,
de un lado, la excepción constitucional de deber de denuncia o deber general de
declarar y, de otro, que bien pudo hacerlo de haber “…contado con algún
grado de confianza en el apoyo institucional…”[38].
Destaca además que si bien es cierto ella no tiene la obligación de denunciar,
esa sí se activa en cabeza de “…las autoridades que han tenido noticia y
conocido de los hechos de maltrato de palabra y de obra…”.
Adicionalmente,
con su respuesta solicitó se tengan como pruebas: a. La petición que realizó a
medicina legal de valoración psicológica ordenada por el Juzgado Once de
Familia, frustrada por el desistimiento de la apoderada del demandado en el
proceso civil y, b. El allanamiento a la configuración de las causales 2, 3 y 8
del artículo 154 del Código Civil formulado por el demandado en reconvención en
el proceso de separación de bienes para lo cual allega disco compacto contentivo
de la respectiva audiencia y el acta de la misma.
iii)
Por su parte, el Magistrado ponente del asunto en el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, informó respecto del estado actual del proceso que, conforme
al fallo de tutela concedido en primera instancia, la Sala Familia dio
cumplimiento al mismo y programó audiencia. Esta se aplazó por solicitud de la
demandante para el día 10 de agosto de 2017, fecha en la que dispuso dejar sin
efecto la sentencia que se profirió el 14 de febrero de 2017 y señaló para el
día 17 de agosto como fecha para llevar a cabo la audiencia en la que dictaría el
nuevo fallo, tal audiencia debió aplazarse y se fijó de nuevo para el día 9 de
octubre de 2017.
Pese
a lo anterior, tuvo conocimiento de que la sentencia de tutela de primera
instancia se revocó por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, razón
por la cual se canceló la mencionada audiencia al no existir la orden que
dispuso dictar el fallo de reemplazo[39].
iv)
Recibidas las pruebas se corrió traslado de las mismas a las partes; la
apoderada del demandado destacó la falta de notificación del auto de pruebas en
el que además se invitó a rendir concepto a varias universidades y
especialistas en los temas, oponiéndose a que los mismos sean apreciados en
esta sede; y de paso pidió a la Corte que se mantenga en reserva el nombre de
su poderdante[40].
Respuestas recibidas en sede de revisión
4. Universidad
Nacional de Colombia. Los intervinientes solicitan revocar la sentencia de
tutela que en sede de segunda instancia emitió la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia y, en su lugar, dejar en firme el fallo proferido
por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Resaltaron que aunque la
jurisprudencia nacional ha rotulado como una violación de los derechos humanos
los actos de violencia cometidos contra la mujer, no existen actualmente
pronunciamientos judiciales que de manera consistente desarrollen los
lineamientos que deban guiar la reparación de la mujer víctima de este flagelo.
Frente al reconocimiento de la obligación alimentaria destacaron que se
instituye como un mecanismo que trasciende el entendimiento básico de la
reparación integral como mera restitución, pues le garantiza a la mujer víctima
un manto de protección frente a la posibilidad de repetición de los actos de
discriminación. Asimismo, puntualizaron que el derecho de alimentos crea sobre
la mujer víctima de violencia un escenario propicio que aleja la posibilidad
que se atenúen sus posibilidades en el campo económico y social.
5. El Instituto
Colombiano de Derecho Procesal señaló que negar el
reconocimiento del derecho de alimentos a la mujer víctima de violencia como
consecuencia de la verificación de su capacidad económica, se erige como un
acto de discriminación contra la mujer. En su opinión la obligación alimentaria
que puede surgir entre los cónyuges después de la disolución del vínculo
matrimonial, no se cimienta sobre el principio de solidaridad, sino en la causa
del quebrantamiento de la relación. En consecuencia, anotó que no se pueden
integrar los parámetros que delimitan la obligación alimentaria en la
resolución de los asuntos que estudian pretensiones encaminadas a obtener el
reconocimiento de un derecho alimentario sobre la culpabilidad de uno de los cónyuges.
Asimismo,
refirió que un entendimiento sociológico e histórico de los procesos de
segregación padecidos por la mujer, conlleva a titular como un acto de
discriminación, la decisión de la autoridad judicial que niega la posibilidad
de decretar la obligación alimentaria a favor de una mujer víctima de violencia,
como consecuencia de la inexistencia de la necesidad de aquella.
En su
criterio, de cara a las características indemnizatorias propias de la
obligación alimentaria surgida sobre la culpabilidad de uno de los cónyuges, no
se puede alegar la capacidad económica de la mujer víctima de los actos de
discriminación y violencia para no resarcir el daño ocasionado.
Finalmente,
indicó que la procedencia de la reparación solamente sobre la mujer víctima de
violencia que se encuentre en una situación de extrema vulnerabilidad,
implicaría que el daño causado sobre quien ha desarrollado un conjunto de
capacidades intelectuales y económicas, resultaría irreparable.
7. Universidad
Externado de Colombia.  Señaló que impedirle a la accionante,
como víctima de violencia de género en su contra, acceder a una forma efectiva
de reparación alegando en su contra las facultades económicas e intelectuales
que posee, se instituye como un acto de flagrante discriminación contra la
mujer. Recordó que en el ordenamiento jurídico nacional no consagra reglas
claras que reglamenten los factores que deban delimitar la indemnización del daño
que al interior de una relación matrimonial.
Señaló
la existencia de negligencia en las autoridades judiciales en la adopción de
medidas positivas que busquen hacer frente a los actos de violencia de género.
Concluyó que la decisión de segunda instancia es discriminatoria al declarar improcedente
la solicitud de amparo objeto de estudio, al caracterizar la obligación
alimentaria como indemnizatoria lo que trae como consecuencia impedirle a la
accionante acceder a la reparación pretendida imponiendo en su contra las
calidades económicas que ostenta, castigando a la víctima y no al agresor.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. La Sala Plena es
competente para analizar los fallos en materia de revisión, de conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política; 31
a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991y el artículo 61 del Acuerdo 02 de
2015 (Reglamento de la Corte Constitucional).
Presentación de caso
2. La
accionante asegura que en la sentencia de segunda instancia (Sala de Familia del
Tribunal Superior de Bogotá) en el trámite de la cesación de efectos civiles de
matrimonio católico, se concretaron los defectos sustantivo y fáctico. Ello al confirmar
la decisión de primera instancia, en el sentido de no condenar al demandado al
pago de la obligación alimentaria de que trata el artículo 411.4 del Código
Civil[41], pese
a que se le encontró culpable en esa sede de la causal contenida en el numeral
3º del artículo 145 del mismo Código, esto es, “ultrajes, el trato cruel y
los maltratamientos de obra”. Todo lo anterior bajo el argumento de
que la accionante cuenta con capacidad económica para cubrir su subsistencia,
lo que permite evidenciar que aquella no requiere la mencionada cuota
alimentaria.
La
apelación de la demandante en el proceso ordinario se dirigió a atacar dos
puntos específicos a saber: el primero, la negativa de la Juez que en
esa oportunidad no reconoció la materialización de la causal 3ª  de divorcio,
al encontrar que era posible que en la relación marital este tipo de actos se
hayan presentado por parte de ambos cónyuges[42] y, el
segundo, la negativa contenida en esa primigenia decisión de tasar la cuota
alimentaria en favor de la demandante, mecanismo que usó el apoderado de la
accionante tanto en el proceso ordinario[43] como
en el trámite de tutela, para aproximarse al fundamento de su pretensión, esto
es, que su representada sea resarcida, reparada y/o compensada, con
independencia de que se trate de una “profesional [que] percibe ingresos
mensuales al trabajar como Consejera de Estado”, y ello por cuanto, de la
ausencia de necesidad de una cuota alimentaria no puede seguirse la
inexistencia de medidas de reparación, resarcimiento y/o compensación en su
favor.
Una
vez se emitió oralmente la sentencia de segunda instancia la Sala de Familia del
Tribunal Superior de Bogotá encontró sobre el primero de los reparos:
“…que
el testimonio de los hijos de las partes, ofrece serios motivos de credibilidad
en el sentido que el demandado ha ocasionado agresiones verbales que aunque
fueron episódicas, comportan necesariamente violencia psicológica hacia la
cónyuge demandante, por parte del demandado, lo que constituye un obrar
peyorativo que lleva a una desvalorización del ser humano y contiene un trato
discriminatorio de género hacia la mujer; plantea una relación de inferioridad
por esa causa y lesiona la autoestima de la cónyuge... situación que cobra
mayor veracidad con el dictamen pericial emitido por el Instituto de Medicina
legal que concluyó que el demandado, tras una “conyugalidad larga y fría de 7
últimos años de ruptura afectiva, se posicionó como hombre rígido, replegado
emocionalmente…así las cosas, es indudable que, con las
pruebas del proceso, se permite establecer que…incurrió en agresiones verbales
de naturaleza grave hacia Stella Conto Díaz del Castillo al dirigirse a ella de
manera despectiva sobre su apariencia a través de palabras que la degradan y
acusándola sin sentido de aspectos conductuales reprochables para generarle
inseguridad sobre sus propios pensamientos, emociones o acciones por lo que,
como se advirtió precedentemente este primer reparo está llamado a prosperar al
encontrarse suficientemente probada la causal tercera de divorcio, invocada en
la demanda””. (55:40:00 y
siguientes del audio de la audiencia)
Con
relación al segundo de los reparos y como sobre este versa el amparo que se
invoca, el mismo se citará in extenso:
“En el caso sub examine, en cuanto a la necesidad que tiene
la demandante de recibir alimentos, según lo que revela el expediente, se
encuentra desvirtuado por cuanto Stella Díaz del Castillo desempeña una
actividad laboral de la cual percibe ingresos mensuales de $27.027.100 conforme
se verifica de la constancia expedida por la Dirección Ejecutiva de
Administración judicial del Consejo Superior de la Judicatura del 20 de marzo
de 2015, mediante la cual se establece que devenga un sueldo básico mensual de
$3.584.042, gastos de representación por la suma de $6.371.621 y una prima
especial de servicios de $17.071.433, documento que no fue cuestionado ni
tachado de falso, por lo tanto tiene plena validez y eficacia probatoria dentro
del presente asunto.
Por otro lado, la capacidad económica del demandado, se
encuentra demostrada dentro del proceso con la Resolución No. GNR 168512
expedida por Colpensiones del 14 de mayo de 2014, mediante el cual le reconocen
a partir del 1 de abril de 2012 el valor de la mesada pensional por la suma de
$11.656.627.
De otra parte, según se observa con la prueba que reposa en
el expediente, como lo es el certificado de tradición, el inmueble donde
residen los cónyuges pertenece a la sociedad conyugal, puesto que fue adquirido
conjuntamente por estos, el 27 de julio de 1990.
Por lo tanto, la decisión del A quo de abstenerse de fijar
una cuota alimentaria a favor de la demandante y a cargo del demandado, se
encuentra debidamente fundamentada toda vez que fue adoptada con apoyo en los
lineamientos legales y jurisprudenciales aplicables en materia de alimentos y
partir de los elementos prácticos y probatorios en el caso estudiado, que
aunque se encuentra demostrada la culpabilidad del demandado quien dio lugar a
las causales de divorcio sanción, invocados en la demanda, es claro que no
acreditaba la necesidad de los alimentos por parte de la cónyuge, Stella del
Castillo, pues conforme a lo probado, percibe ingresos suficientes para
subsistir y también para proveerle alimentos a sus hijos en lo que corresponda
con arreglo a la ley, inclusive sus ingresos superan sustancialmente los que
por concepto de pensión, percibe el demandado.
Por consiguiente, al no encontrarse probado uno de los
requisitos sine qua non para la fijación de alimentos entre los cónyuges, esto
es, la necesidad de percibirlos por parte de la cónyuge inocente, el argumento
del recurso de apelación se encuentra llamado al fracaso y en tal virtud será
confirmado el ordinal tercero de la parte resolutiva del fallo apelado”. (1:06:48 y siguientes del audio de la audiencia)
3. Con fundamento
en ello la accionante afirma la existencia de los defectos sustantivo y fáctico
en la decisión de segunda instancia, pues, a pesar de haberse encontrado como
culpable al demandado en el proceso de cesación de efectos civiles de
matrimonio católico, entre otras, por configurarse la causal 3ª del artículo
154 del Código Civil, se concluyó que éste no debía ser condenado a pagar una
cuota alimentaria, al contar la demandante con capacidad económica suficiente
para subsistir.
A su juicio, ese entendimiento desconoce
no solo la violencia de la que fue víctima a lo largo de muchos años, sino que,
además extiende a modo de discriminación la violencia al aparato Estatal, pues
se trata de una decisión en su concepto “mayormente discriminatoria”. Por ello solicitó
al juez constitucional se “…[ampare] su derecho fundamental a ser resarcida
en los términos del literal g) del artículo 7 de la Convención de Belem do
Pará…”[44] y, en
consecuencia, “se disponga la reparación de perjuicios prevista en el
numeral 4ª del artículo 411 del Código Civil, bajo la forma de prestación
alimentaria periódica…”[45].
Planteamiento de los problemas jurídicos
4. La Sala
Plena deberá determinar i) si en el presente asunto se cumplen
los parámetros que habilitan la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra una providencia judicial. Y,  ii) de resolverse de manera
afirmativa el anterior cuestionamiento, la Corte esclarecerá si en un proceso
de cesación de efectos civiles de matrimonio católico -o en un divorcio-,
cuando se da por demostrada la causal de ultrajes, trato cruel y los
maltratamientos de obra -esto es, violencia intrafamiliar- debe el
juez de familia pronunciarse sobre la posibilidad de ordenar la reparación
efectiva, dado que conforme a la Convención de Belém Do Pará[46], “la
mujer objeto de violencia debe tener  acceso efectivo al resarcimiento,
reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces” en
concordancia con el art. 42-6 de la Constitución que prescribe que “[c]ualquier
forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y
unidad, y será sancionada conforme a la ley”.
En
concreto, se determinará si con la decisión que se ataca, la Sala de Familia
del Tribunal Superior de Bogotá incurrió en un defecto sustantivo, al no
aplicar las mencionadas normas superiores y, en consecuencia, no adoptar en
favor de la accionante, como cónyuge inocente, una medida reparadora, atendiendo
la causal probada al interior del proceso civil, esto es, la existencia de ultrajes,
trato cruel y los maltratamientos de obra - violencia intrafamiliar.
5. Para resolver los problemas jurídicos esbozados, la Corte
examinará los siguientes temas: i) procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y
caracterización de los defectos sustantivo y fáctico; ii) la
protección de la mujer contra cualquier tipo de violencia y particularmente
contra la violencia intrafamiliar; iii) la perspectiva de género
como un elemento de análisis en la violencia contra la mujer; iv)
fundamentos constitucionales y del bloque de constitucionalidad para su
protección; v) la Convención de Belém do Pará y los
instrumentos internacionales de protección en materia de violencia contra la
mujer; vi) la responsabilidad civil al interior de relaciones
familiares; y, vii) la reparación integral de las víctimas
como un imperativo para la protección integral de sus derechos; viii)
finalmente, como corolario de lo expuesto, se procederá con la solución del
caso concreto.
Procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración
de jurisprudencia[47]
6. La
acción de tutela es un instrumento eficaz de protección de derechos
fundamentales, cuando quiera que ellos se vean en riesgo o sean afectados por
hechos u omisiones de una autoridad pública -incluidas las autoridades[48]
judiciales[49]-
e inclusive de particulares[50].
Con todo, la procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales,
precisa de un mayor rigor, dadas las presunciones de acierto y validez que les
acompañan, y por ello tiene un carácter excepcional. Todo ello en guarda de los
principios de seguridad jurídica y autonomía judicial, en tanto que la acción
de tutela no puede constituirse en un mecanismo adicional, alterno, o paralelo para
discutir las providencias judiciales emitidas por el juez natural en cada
asunto[51].
7. La
anotada excepcionalidad se ha enmarcado a partir de requisitos de procedencia o
causales de procedibilidad que han venido reiterándose por esta Corporación. En
primer lugar, las denominadas causales genéricas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, posibilitan el estudio de fondo del
asunto y que se han resumido así[52]:
“a.
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[53]…
b.
Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[54].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos…
c.
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración[55]…
d.
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y
que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[56].
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e.
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[57]…
f. Que no se
trate de sentencias de tutela[58].
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para
revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”[59]
(resalto
añadido).
8. Superado
el anterior escenario a efectos de concluir en la procedencia del amparo y habilitado
el estudio de fondo, a más de los requisitos generales antes descritos, debe
demostrarse la ocurrencia de las denominadas causales específicas que definen
la procedencia del amparo –no del estudio del caso-, parámetros con los cuales
es posible establecer si se vulneraron o no los derechos invocados y que se han
descrito como vicios al interior de las providencias que se estudian, ellos
son:
“a.
Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para
ello.
b.
Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c.
Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d.
Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales[60]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f.
Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.
g.
Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
h.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[61].
i.
Violación directa de la Constitución”. “Se estructura
cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política,
ya sea porque: (i)  deja de aplicar una disposición ius fundamental a
un caso concreto[62];
o porque (ii) aplica la ley al margen  de los dictados de la Constitución[63]”[64].
9. Así
las cosas, solo a partir del cumplimiento de ambos presupuestos, esto es las
causales genéricas como primer nivel de posibilidad de estudio de fondo del
asunto y las especificas o especiales que se concretan en la verificación de
esa sustancia del asunto, es que podrá concederse el amparo que se invoca.
Caracterización
de los defectos sustantivo y fáctico
10. En
reiterada jurisprudencia[65]
se ha señalado que el defecto sustantivo, es una circunstancia que determina la carencia de validez constitucional de
las providencias judiciales y se causa cuando una providencia judicial acude a una motivación que contradice, de
manera manifiesta, el régimen jurídico que debe aplicar[66]. Tal evento se presenta cuando:
“(i)
la decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable,
porque a) no es pertinente[67],
b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada[68],
c) es inexistente[69]
d) ha sido declarada contraria a la Constitución[70],
e) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, ‘no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada,
por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por
el legislador’[71].
(ii)
pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al
caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de
interpretación razonable[72]
o la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes[73]
o cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente
errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica
aceptable tal decisión judicial,[74]
(iii) la
autoridad judicial no toma en cuenta sentencias que han definido el
alcance de una norma con efectos erga omnes[75],
(iv)
la disposición aplicada se muestra, injustificadamente regresiva[76]
o contraria a la Constitución[77]
(v)
un poder concedido al juez por el ordenamiento se utiliza para un fin no
previsto en la disposición[78]
(vi)
la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma,
omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso[79],
(vii)
se desconoce la norma aplicable al caso concreto,[80]
[81]
(viii)
la providencia judicial se profiere con una insuficiente sustentación o
justificación de la actuación[82]
que afecte derechos fundamentales[83]
(ix)
se desconoce el precedente judicial[84]
sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una
decisión diferente si se hubiese acogido la jurisprudencia[85]
y
(x)
el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad
ante una violación manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su
declaración por alguna de las partes en el proceso[86]”.[87]
A partir de esta
clase de defecto se plantea una problemática dirigida al análisis normativo y
de parámetros constitucionales que realiza el Juez al momento de emitir la
decisión, en tanto que, el mismo se concreta cuando la autoridad judicial aplica una norma inaplicable al caso, o deja de
aplicar la que se ajusta al mismo, o acoge una interpretación que contraríe los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica.
11. Con
relación al defecto fáctico, este se manifiesta a partir de una
valoración probatoria defectuosa que tiene incidencia, a no dudarlo, en la
adopción de una decisión; así, la Corte ha identificado dos dimensiones en las
que se presentan defectos facticos[88]:
i) una dimensión denominada negativa que se concreta cuando el
funcionario judicial niega la prueba o la valora de manera arbitraria,
irracional y caprichosa, o cuando omite su valoración y sin razón da por no
probado el hecho; y ii) una dimensión positiva, cuando se
presenta una indebida apreciación probatoria, que puede tener ocurrencia a
partir de la consideración y valoración a la que el juez somete un elemento
probatorio cuya ilegitimidad impide incluirlo en el proceso.
Sobre la caracterización de este
defecto, en la sentencia SU-515 de 2013 se dijo:
“1.
Defecto fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas. Esta
hipótesis se presenta cuando el funcionario judicial omite el decreto y la
práctica de pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir la debida
conducción al proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la
solución del asunto jurídico debatido[89].
2.
Defecto fáctico por la ausencia de valoración del acervo probatorio. Se
presenta cuando el funcionario judicial, a pesar de que en el proceso existan
elementos probatorios, omite considerarlos, no los advierte o simplemente no
los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el
caso concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y
valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente[90].
3.
Defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio. Tal
situación se advierte cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia
probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y
resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir
pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la
decisión respectiva[91]”.
La Corte ha
precisado que la acción de tutela puede fundamentarse en el defecto fáctico
sólo cuando se demuestra que el funcionario judicial valoró la prueba de manera
arbitraria. Ello significa que el yerro en la valoración de los medios de
convicción, “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, en la
medida que el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de
la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia”[92].
En sentencia
SU-768 de 2014, esta Corporación mantuvo esa línea al indicar: “entendiendo que
la autonomía judicial alcanza su máxima expresión en el
análisis probatorio, el defecto fáctico debe
satisfacer los requisitos de irrazonabilidad y trascendencia[93]: (i) El error denunciado debe ser
‘ostensible, flagrante y manifiesto’[94], y (ii) debe
tener ‘incidencia directa’, ’transcendencia fundamental’ o ’repercusión
sustancia” en la decisión judicial adoptada, lo que quiere decir que, de no
haberse presentado, la decisión hubiera sido distinta”[95]”.
La protección de la mujer contra
cualquier tipo de violencia y particularmente contra la violencia
intrafamiliar. Fundamentos constitucionales y del bloque de constitucionalidad
12. Las
discusiones contemporáneas se han esforzado en demostrar cómo es posible
encontrar una serie de estereotipos que asignan roles preferentemente
domésticos a la mujer, lo que a su vez ha servido para explicar la generación de
variados tipos de violencia y discriminación al interior de la organización
familiar. Ello precisamente ha sido reconocido por el derecho internacional al
destacar, entre otras cosas que los fundamentos de protección de los Estados,
parten de reconocer las relaciones de poder históricamente desiguales entre
hombres y mujeres[96].
13. Así,
la mujer tradicionalmente se concibió como un sujeto sobre el cual el hombre
podía ejercer posesión. Igualmente, estas potestades del hombre sobre la mujer
lo habilitaban para ejercer contra aquella, todo tipo de actos de agresión
física o psicológica para lograr su obediencia[97].
14. La violencia de género sobre la mujer se
define entonces como “…aquella violencia ejercida contra las mujeres por el
hecho de ser mujeres. Pero no por el hecho de ser mujeres desde una concepción
biológica, sino de los roles y la posición que se asigna a las mujeres desde
una concepción social y cultural.”[98] Este
tipo de violencia se sustenta en las concepciones culturales que han
determinado y aceptado la asignación de papeles delimitados en el desarrollo de
la vida de hombres y mujeres, lo que ha llevado a la creación y permanencia de
los denominados estereotipos de género que pueden tener tanto enfoques hacia lo
femenino, como hacia lo masculino. Según la Organización de Naciones Unidas “un estereotipo de género es una opinión o un prejuicio
generalizado acerca de atributos o características que hombres y mujeres poseen
o deberían poseer o de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían
desempeñar”[99].
15. Sobre la definición de la violencia de
género contra la mujer, se puede precisar que esta implica la existencia de las
siguientes tres características básicas: “a) El sexo de quien sufre la
violencia y de quien la ejerce: la ejercen los hombres sobre las mujeres. b) La
causa de esta violencia: se basa en la desigualdad histórica y universal, que
ha situado en una posición de subordinación a las mujeres respecto a los
hombres. c) La generalidad de los ámbitos en que se ejerce: todos los ámbitos de
la vida, ya que la desigualdad se cristaliza en la pareja, familia, trabajo,
economía, cultura política, religión, etc.”[100]
16. Adicionalmente,
esta clase de violencia se puede presentar en múltiples escenarios. Específicamente
en las relaciones de pareja se puede manifestar a través de actos de violencia
física, bajo los cuales se pretende la sumisión de la mujer a través de la
imposición de la mayor fuerza o capacidad corporal como elemento coercitivo.[101]
De igual forma, se puede expresar con actos de violencia psicológica que
implican “control, aislamiento, celos patológicos, acoso, denigración,
humillaciones, intimidación, indiferencia ante las demandas afectivas y
amenazas.”[102]
17. Particularmente
la violencia domestica[103]
contra la mujer, puede definirse como aquella ejercida contra las mujeres por
un integrante del grupo familiar, con independencia del lugar en el que se
materialice, que dañe la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual,
económica o patrimonial, la libertad y el pleno desarrollo.
Así entonces, pueden ocurrir actos de violencia
contra la mujer en el ámbito familiar cuando se ejerce contra mujeres miembros
del grupo familiar como consecuencia de los vínculos que la unen con la
institución.[104]
La perspectiva de género como un
elemento de análisis en la violencia contra la mujer
18. La
situación de violencia contra la mujer, como un fenómeno social de innegable
existencia, obliga también el análisis de la necesidad de abordar estas temáticas
con perspectiva de género.
“El análisis de género es la
“herramienta teórico-metodológica que permite el examen sistemático de las prácticas
y los roles que desempeñan las mujeres y los hombres en un determinado contexto
económico, político, social o cultural. Sirve para captar cómo se producen y
reproducen las relaciones de género dentro de una problemática específica y con
ello detectar los ajustes institucionales que habrán de emprenderse para lograr
la equidad entre los géneros. El análisis de genero también se aplica en las políticas
públicas. Este consiste en identificar y considerar las necesidades
diferenciadas por género en el diseño, implementación y evaluación de los
efectos de las políticas sobre la condición y posición social de las mujeres y
hombres respecto al acceso y control de los recursos, su capacidad decisión de empoderamiento
de las mujeres” [105]
La Sala entiende, con
todo, que analizar con perspectiva de género los casos concretos donde son
parte mujeres afectadas o víctimas: i) no implica una actuación parcializada
del juez en su favor; reclama, al contrario, su independencia e
imparcialidad y ii) ello comporta la necesidad de que su juicio no perpetúe
estereotipos de género[106] discriminatorios, y;
iii) en tal sentido, la actuación del juez al analizar una problemática como la
de la violencia contra la mujer, exige un abordaje multinivel, pues, el
conjunto de documentos internacionales que han visibilizado la temática en
cuestión -constituyan o no bloque de constitucionalidad- son referentes
necesarios al construir una interpretación pro fémina, esto es, una
consideración del caso concreto que involucre el espectro sociológico o de
contexto que describe el calamitoso estado de cosas, en punto de la
discriminación ejercida sobre la mujer. Se trata por tanto de, utilizar las
fuentes del derecho internacional de los derechos humanos junto con el derecho
interno, para buscar la interpretación más favorable a la mujer víctima.
Esta protección multinivel es claramente observable
a partir, por ejemplo, de la Convención sobre los Derechos Políticos de la
Mujer de 1953[107],
la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer de
1967, que con menor rigor normativo es el antecedente de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer –CEDAW- de
1981[108];
y, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993,
que precede a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer –Convención de Belém do Pará-, la cual se
aprobó por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en su
vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones, el día 9 de junio de 1994 y fue
ratificada por Colombia al año siguiente[109].
19. Dichos
cuerpos jurídicos internacionales se han erigido como herramientas para la
conceptualización de esta problemática y además como dispositivos normativos
creadores de una serie de obligaciones y compromisos para los Estados
suscriptores y la sociedad en general.
Fundamentos
constitucionales de la protección
20. Todo lo anterior fue evidenciado además en las discusiones de
la
Asamblea Nacional Constituyente, cuando se visibilizó la problemática que
histórica y culturalmente ha arremetido contra los derechos de las mujeres[110] y
destacó el impacto que los “factores de violencia” generan en las
mujeres, reconociéndolas como un grupo históricamente violentado y discriminado[111].
Fruto del debate, la Constitución en su artículo 43
dispuso que “[l]a mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades.
La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación (…)”, pero
además reafirmando que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, en donde,
sin embargo, implícitamente se reconoce que en tal célula no es extraña la
existencia de actos violentos por lo cual preceptúa conclusivamente (en el
inciso 6° del art. 42) que “Cualquier
forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y
unidad, y será sancionada conforme a la ley”.
21. Desde
el preámbulo, la Constitución de 1991 establece la obligación del Estado de
garantizar efectivamente a la totalidad de los integrantes de la nación, “la
vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad,
el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático
y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”.  En
particular, el mandato de igualdad se regla en el art 13 de la misma Carta, como
un corolario necesario del modelo del Estado social.
22. El modelo
del Estado social de derecho[112]
es una forma de tomarse en serio la igualdad, no sólo porque proscribe
toda discriminación infundada, sino porque además potencia la realización de
acciones como una forma de lograr que la igualdad no sea apenas un postulado teórico
y simplemente programático, sino el camino del alcance de cotas de igualdad
material, auténticas y reales. En tal norte de entendimiento, el Estado social
y la igualdad de cara a la problemática relativa a la violencia contra la mujer
y a su consecuente discriminación, también significa la necesidad de que se
implementen políticas públicas que contrarresten tan arraigado fenómeno. La
idea de intervención necesaria, como fundante del dicho modelo de Estado,
también se ha de manifestar en la temática que nos ocupa, esto es, en la
erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer, a través de
acciones efectivas que demuestren una preocupación real y seria sobre tal
fenómeno.
23. Por ejemplo,
la CIDH en el
reporte N° 105-00, el 19 de octubre del 2000, durante su 108° período de sesiones,
al observar los déficits de protección en frente de la mujer y el preocupante
estado de cosas de la violencia doméstica en Brasil, recomendó:
“4. Continuar y profundizar el proceso de reformas que evitan
la tolerancia estatal y el tratamiento discriminatorio respecto a la violencia
doméstica contra la mujer en Brasil. Particularmente, la Comisión recomienda:
a) Entrenamiento y sensibilización de los oficiales
judiciales y policiales especializados, de modo que puedan comprender la
importancia de no tolerar la violencia doméstica;
b) Simplificar los procedimientos penales judiciales
con el propósito de reducir los tiempos de proceso, sin afectar los derechos y
las garantías del debido proceso;
c) El establecimiento de formas alternativas a las
judiciales, rápidas y efectivas para la solución de los conflictos
intra-familia;
d) Multiplicar el número de comisarías especiales
para los derechos de la mujer y dotarlas con los recursos especiales necesarios
para el efectivo manejo e investigación de todas las quejas de violencia
doméstica, así como los recursos y apoyo del Ministerio Público en la
preparación de sus reportes judiciales;
e) Incluir en sus planes pedagógicos unidades
curriculares destinadas a la comprensión de la importancia del respeto a la
mujer y sus derechos reconocidos por la Convención Belén do Pará, así como del
manejo de los conflictos intra-familia; (….)
24. En
suma, una comprensión sistemática de nuestra Constitución Política, arroja como
resultado  una interpretación que exige de la totalidad de los actores que conforman
la vida en sociedad, el compromiso no solamente de evitar la comisión de actos
que discriminen y violenten a la mujer, sino el de adelantar acciones que en
armonía con el cumplimiento de las obligaciones propias de un Estado social de
derecho, generen un ambiente propicio para que de manera efectiva, la mujer
encuentre en el Estado, la sociedad y en sus pares -hombres y mujeres-, la
protección de sus derechos, elevados a la categoría de Derechos Humanos, como lo
es precisamente el derecho a vivir libre de violencia y en general, a no ser discriminada.
La
jurisprudencia constitucional y la protección de la mujer
25. La jurisprudencia
constitucional ha entendido que históricamente las mujeres han sido víctimas de
procesos estructurales de discriminación y violencia. Así, en la sentencia
C-101 de 2005 frente a los actos negativos de diferenciación, refirió que “no
es para nadie desconocida la histórica discriminación que ha padecido la mujer
en la mayoría de las sociedades anteriores y contemporáneas, en donde el
paradigma de lo humano, ha sido construido alrededor del varón”.
26. En
cumplimiento de las obligaciones que la Carta Política le ordena, la Corte
Constitucional ha adoptado diversas medidas encaminadas a eliminar las normas y
costumbres sociales que han proyectado las posturas que tradicionalmente han
visto a las mujeres como inferiores y, en ese sentido, han propiciado diferentes
escenarios de violencia. Esta Corporación ha visibilizado una multiplicidad de
nichos de discriminación, que limitan el desarrollo pleno de la vida de la
mujer en los ámbitos público y privado; y precisamente, una de las formas de
discriminación contra la mujer más gravemente representativa, es aquella
causada a través de actos de violencia al interior de la familia[113].
Sobre
el particular la Corte ha dicho que esta clase de violencia: “(…) es un fenómeno
que suele estar relacionado con diversas causas “sociales, culturales,
económicas, religiosas, étnicas, históricas y políticas, que opera en conjunto
o aisladamente en desmedro de la dignidad” humana, y que afecta los derechos de
un número gravemente significativo de seres humanos. Así, se ha identificado
que la violencia contra la mujer es “una manifestación de las relaciones de
poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”, que conduce a
perpetuar la discriminación contra ésta y a obstaculizar su pleno desarrollo.”[114]
27. Asimismo,
ha resaltado que trágicamente uno de los espacios en los que más se presenta la
violencia contra la mujer, reitérese, es en el seno de la familia. Allí, la
violencia encuentra un escenario favorable para su ocurrencia, como
consecuencia del manto de reserva que socialmente cobija a las relaciones
familiares. Sobre este tipo de agresiones, esta Corporación ha sido
especialmente incisiva y ha señalado:
“las mujeres están también sometidas a una violencia, si
se quiere, más silenciosa y oculta, pero no por ello menos grave: las
agresiones en el ámbito doméstico y en las relaciones de pareja, las cuales son
no sólo formas prohibidas de discriminación por razón del sexo (CP art. 13)
sino que pueden llegar a ser de tal intensidad y generar tal dolor y
sufrimiento, que configuran verdaderas torturas o, al menos, tratos crueles,
prohibidos por la Constitución (CP arts. 12, y 42) y por el derecho
internacional de los derechos humanos.”[115]
De igual manera, se ha descrito que, la violencia de
género que se produce al interior de la familia puede adoptar distintas formas,
entre las que se puede resaltar:
“- La violencia física es toda acción voluntariamente realizada que
provoque o pueda provocar daño o lesiones físicas. Al constituir una forma de
humillación, también configuran un maltrato psicológico; || - La violencia
psicológica se refiere a conductas que producen depreciación o sufrimiento, que
pueden ser más difícil de soportar. ||- La violencia sexual es cualquier
actividad sexual no deseada y forzada en contra de la voluntad de la mujer,
mediante fuerza física o bajo amenaza directa o indirecta, ante el temor a
represalias. Su repercusión incluye tanto daños físicos como psicológicos de
gravedad variable. ||- La violencia económica se vincula a las circunstancias
en las que los hombres limitan la capacidad de producir de las mujeres, de
trabajar, de recibir un salario o de administrar sus bienes y dinero,
situándolas en una posición de inferioridad y desigualdad social.”[116]
28. En
efecto, es un imperativo del Estado Constitucional repudiar la  violencia
física contra la mujer, pero no apenas esto, sino en general todas las formas
de ejercer violencia contra ella; no puede dejarse de lado que hay formas
silenciosas y sin secuelas visibles, en el mundo naturalístico, como lo es la
violencia psicológica.  Aunque para muchos hoy sea apenas una anécdota no sobra
recordar que en tiempos pasados, la violación sexual conyugal era impune; la
redacción del tipo penal de adulterio tenía como sujeto activo a la mujer[117] y el
uxoricidio[118]
honoris causa, estaba relevado de pena[119]. Siendo
añosa la cuestión, lo sorprendente es que aun hoy día alguien pretenda mantener
esas formas de pensar[120].
29. Lo
anterior se menciona para mostrar que son múltiples y variadas las formas de violencia
contra la mujer. La sentencia T-967 de 2014 señaló que por violencia han de
entenderse todas las “acciones u omisiones dirigidas intencionalmente a
producir en una persona sentimientos de desvalorización e inferioridad sobre sí
misma, que le generan baja de autoestima”. Y que impactan en “su integridad moral y
psicológica, su autonomía y desarrollo personal y se materializa a partir de
constantes y sistemáticas conductas de intimidación, desprecio, chantaje,
humillación, insultos y/o amenazas de todo tipo.”  Recalcó esa sentencia  que
su existencia  no depende de su materialización exterior concreta pues también son
violencia las “pautas sistemáticas, sutiles y, en algunas ocasiones,
imperceptibles para terceros, que amenazan la madurez psicológica de una
persona y su capacidad de autogestión y desarrollo personal” y que
se reflejan en “humillación, culpa, ira, ansiedad, depresión, aislamiento
familiar y social, baja autoestima, pérdida de la concentración, alteraciones
en el sueño, disfunción sexual, limitación para la toma decisiones, entre otros”[121].
La Convención de Belem do Pará y
los instrumentos internacionales de protección en materia de violencia contra
la mujer
30. La violencia cometida contra la mujer y la
necesidad de su erradicación ha estado en el foco del derecho internacional
bajo el entendido de que “la violencia contra la mujer es una
ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre mujeres y hombres.”[122]
De
esta forma se puede resaltar el surgimiento de instrumentos jurídicos
internacionales encaminados a sancionar y eliminar toda forma de discriminación
y violencia contra la mujer, gracias al trabajo que han desarrollado, entre
otras, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer como ente de
la Organización de Naciones Unidas[123].
31. La Convención
de Belém do Pará se ratificó por Colombia por medio de la Ley 248 de 1995.
En su preámbulo, los Estados parte, hicieron una serie de manifestaciones todas
ellas de absoluta relevancia para comprender el contexto, el propósito y el
contenido de la convención. Allí se entiende que la violencia contra mujer
comprende “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el
ámbito público como en el privado.”[124]y
describe tres tipos de violencia[125],
la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica; y
visibiliza tres ámbitos donde se manifiesta esta violencia así: i) en la vida
privada cuando la violencia se ejerce dentro de la familia, la unidad doméstica
o en cualquier otra relación interpersonal, aun cuando el agresor ya no viva
con la víctima; ii) en la vida pública cuando la violencia es ejercida por
cualquier persona, ya sea que esta se lleve a cabo en la comunidad, en el lugar
de trabajo, en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier
otro lugar y finalmente, iii) la violencia perpetrada o tolerada por el Estado
o sus agentes, dondequiera que ocurra.
En el
artículo 7º de dicha Convención se consagran las obligaciones a
las que los Estados Parte se comprometieron. En lo que ahora más importa:
a) (…)
c)
Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas,
así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas
apropiadas que sean del caso;
d)
(…)
g)
Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar
que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento,
reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y (…)
32. Sobre la aplicación de éste y los demás
instrumentos internacionales que vinculan a Colombia sobre la materia[126], la
Corte IDH ha recordado en términos generales que la efectividad de los
instrumentos judiciales “significa que la función de esos recursos, dentro
del sistema del derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica
infringida”[127].
33. Particularmente,
en el Caso Rosendo Cantú y otras vs. México, la Corte Interamericana anotó que:
“En casos de violencia contra la mujer
las obligaciones genéricas establecidas en los artículos 8 y 25 de la
Convención Americana se complementan y refuerzan, para aquellos Estados que son
Parte, con las obligaciones derivadas del tratado interamericano específico, la
Convención de Belém do Pará. En su artículo 7.b dicha Convención obliga de
manera específica a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. De tal modo, ante
un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que
las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con
determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de
rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de
erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones
estatales para su protección.”[128]
En el mismo sentido, la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha confirmado en general el deber de los
Estados americanos de “suministrar
recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos
humanos.”[129]
34. A
tono con lo desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -en
adelante Corte IDH-, la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- en
el informe de fondo sobre el caso María da Penha Maia Fernandes[130]
refirió que le corresponde a los Estados procesar y condenar a los
agresores, así como evitar prácticas degradantes contra la mujer, pues la “inefectividad
judicial general y discriminatoria crea el ambiente que facilita la violencia
doméstica, al no existir evidencias socialmente percibidas de la voluntad y
efectividad del Estado como representante de la sociedad, para sancionar esos
actos.”[131]
La reparación integral de las víctimas
como un imperativo para la protección efectiva de sus derechos
35. Diversas
instancias internacionales se han pronunciado sobre las medidas de reparación
integral en el marco de la violencia de género contra la mujer. En este
sentido, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados
Americanos y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará, han
producido documentos para interpretar este concepto. Por ejemplo, en el Informe
de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y
consecuencias de las Naciones Unidas en 2010 se sostuvo que:
“Dado
el impacto dispar y diferenciado que la violencia tiene sobre las mujeres y
diferentes grupos de mujeres, existe la necesidad de medidas de compensación
específicas para atender sus necesidades y prioridades particulares. Ya que la
violencia perpetrada en contra de mujeres individuales generalmente se alimenta
de patrones preexistentes y a menudo subordinación estructural transversal y
marginación sistemática, las medidas de compensación requieren conectar la
reparación individual y la transformación estructural.”[132]
36. Es
por ello que deben buscarse soluciones en dos niveles para las medidas de
reparación a las mujeres víctimas de violencia de género. En primer lugar, i)
la reparación concreta a la víctima por los daños recibidos con ocasión de la
violencia ejercida en su contra, y, ii) en segundo lugar, el hacerlo
con un enfoque estructural y transformador para atacar las causas sistemáticas
de la violencia de género contra la mujer. Esto se sostuvo por la Relatora
Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y
consecuencias, al afirmar que las reparaciones deben orientarse, en lo
posible, a subvertir, en vez de reforzar, los patrones preexistentes de subordinación
estructural, jerarquías basadas en el género, marginación sistémica y
desigualdades estructurales que pueden ser causas profundas de la violencia que
padecen las mujeres.[133]
Adicionalmente, la Comisión IDH ha
establecido que el concepto de reparaciones, desde una perspectiva de género,
debe ser abordado desde una doble mirada:
“a.
Desde la perspectiva del Estado, la reparación es la oportunidad de
brindar seguridad y justicia a la víctima para que esta recupere la
credibilidad en el sistema y la sociedad. Además, debe adoptar medidas con el
fin de lograr la no repetición de los hechos.
b.
Desde la perspectiva de la víctima, la reparación se refleja en los esfuerzos
que desarrolle el Estado y la sociedad para remediar el daño que ha sufrido.  Siempre
existirá una subjetividad en la valoración de las medidas de reparación para la
víctima y es una obligación del Estado respetar y valorar esta subjetividad
para asegurar la reparación. Es por ello fundamental la participación de la víctima.
De esta manera se conoce cuáles son las necesidades y percepciones de la
víctima en relación a la reparación que esperan.”[134]
37. En
sentido similar, en la guía para la aplicación de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la
mujer de la OEA y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem
do Pará, al estudiar el literal g) del artículo 7º del referido
instrumento, se reconoce que no es suficiente el acceso a la justicia que
castigue al agresor, sino que la reparación integral es un mecanismo
necesario para el restablecimiento de los derechos de las mujeres víctimas de
violencia.
38. En
efecto, “[e]l acceso efectivo a la justicia que lleve a la sanción
del agresor, cuando corresponda, ya es en sí un medio de reparación para la
víctima, pero la compensación a la víctima por el daño causado es necesario
para el restablecimiento de sus derechos.”[135]
Dicho de otro modo, poder visibilizar cada caso de violencia y obtener la
atención y trámite de una autoridad pública,  para luego  obtener una sentencia,
es ya un fragmento de la reparación, pues, la decisión reafirma el pacto
constitucional, resignifica a la mujer víctima como ciudadana igual en dignidad
y derechos, pero además le abre paso para ser reparada de muchas otras formas -entre
ellas, la económica-.
39. Nótese
como los instrumentos internacionales y particularmente la Convención de Belém
do Pará, exigen de los Estados Parte, la obligación de garantizar el
derecho humano de las mujeres a vivir libres de todo tipo de violencia y a erradicarla
en todos sus contextos, reconociendo que como ya se dijera en esta decisión, la
violencia contra la mujer es una ofensa a su dignidad y es una manifestación de
las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres.
De
allí que se reconozca como una obligación el establecimiento de las
herramientas necesarias para dicha erradicación, debiendo los Estado parte,
establecer mecanismos que permitan a las mujeres víctimas de violencia, tener
acceso efectivo a la reparación del daño, debiéndose adoptar además las
medidas legislativas para hacer efectiva la totalidad de los contenidos de la
convención mencionada.
40. Finalmente,
debe destacarse que, existen diversas formas de reparar el
daño;  la doctrina ha avalado las reparaciones pecuniarias, pero también se han
planteado diversas formas novedosas de reparación unidas a estas, como  las reparaciones
simbólicas, las disculpas públicas, las medidas de satisfacción,  de
rehabilitación y de garantía de no repetición; todas las cuales deben
analizarse a partir del tipo de daño padecido. A más de ello, dicha reparación
debe ser integral, en la medida que ello sea posible y necesario, con lo cual
se busca el pleno restablecimiento de quien ha sufrido el daño y por tanto
lograr una justa reparación, en todas las dimensiones que fuere menester, sea
física, psíquica, moral, social, material y/o pecuniaria, compensatoria y de
restablecimiento.
La responsabilidad
civil al interior de las relaciones familiares
41. La
responsabilidad civil, surge como respuesta a la existencia de un daño,
definido este como “…toda afrenta a los intereses lícitos de una persona,
trátese de derechos pecuniarios, de derechos individuales o de colectivos, que
se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce
pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar jurídicamente, es objeto
de reparación si los otros requisitos de responsabilidad civil –imputación y
fundamento del deber de reparar- se encuentran reunidos”[136].
Ahora bien, la aplicación del
denominado derecho de daños al interior de las relaciones familiares, es un
tema que la doctrina no ha abordado de forma unánime. Dos posturas se han
planteado, la primera denominada “doctrina negatoria”[137]
que no reconoce dicha posibilidad bajo el argumento de que la declaratoria
de responsabilidad civil y la consecuente reparación o compensación, genera en
la familia, contrario a la búsqueda de su unidad, una ruptura o distanciamiento
de lazos, siendo por éste un escenario libre de intervención del Estado.
42. Precisamente,
la doctrina negatoria afirma que, la responsabilidad civil y sus consecuentes
mecanismos de reparación, resarcimiento o compensación, no es plausible en las
relaciones familiares dado que, “…la aplicación de las normas referidas a la
responsabilidad civil contradicen los principios básicos que han de regular las
relaciones de familia atentando contra su interés y estructura, que no
corresponde a la intervención del Estado al habilitar la reparación de daños
entre miembros de una familia y, básicamente, que en el derecho de familia rige
el principio de especialidad que importa, por ende, que al no existir normas
particulares respecto de la reparación de daños, sólo en aquellos supuestos en
que el legislador lo normare específicamente (ver por ej., reparación de
esponsales, nulidad, etc) será admisible el resarcimiento”[138],
todo ello además bajo el argumento de la imposibilidad de “hiper-judicializar”
las relaciones familiares, dado que se alientan los derechos individuales y
no los de solidaridad, sacrificio y unidad familiar.
43. La
segunda postura, no solo reconoce que  la familia es un escenario posible de la
ocurrencia de toda suerte de daños, sino que, de forma especial,
ataca el hecho de impedir a uno o a algunos de sus miembros, el derecho a ser
reparados, resarcidos o compensados, por otro, cuando se cumplen los
presupuestos de la responsabilidad civil en términos generales, pues ello haría
de la familia un escenario impermeable a las reglas de  Derecho y por lo tanto,
propiciando así un terreno apto para la tiranía y el desconocimiento de los derechos
fundamentales de sus integrantes.
En consecuencia, es totalmente
factible la aplicación de las reglas de la responsabilidad civil a este tipo de
relaciones[139];
así, se ha dicho que “…es evidente que la protección que proporcionan las
reglas de responsabilidad civil no pueden negarse porque la víctima y la
persona responsable sean vinculados por lazos familiares. Encaja perfectamente
la reflexión anterior acerca de la superación actual de un concepto de
familia-comunidad y la transición hacia otro, en el que la familia asegura el
desarrollo armónico de la personalidad de sus miembros y en los que estos
ejercitan sus derechos fundamentales y defienden sus intereses frente, incluso,
a un interés del grupo familiar. Es más, la familia es el ámbito de mayor
vulnerabilidad de la persona al exponerse en su seno a los intereses más
básicos y personales de la víctima”[140].
44. Por
ello, de forma conclusiva se ha explicado por la doctrina que “…al hacerse
de lado un el modelo histórico de familia patriarcal no puede pensarse que las
relaciones familiares sean inmunes a las normas de responsabilidad civil. La
acentuación de la autonomía individual e igualdad de los miembros de una
familia, relaciones de coordinación en lugar de subordinación y atenuación de
los poderes que han dado paso a los deberes en la responsabilidad en este marco
cobre nueva vida. Kemelmajer de Carlicci, en este sentido, han indicado que “la
familia de nuestros días no es centro de producción sino de consumo; si se
trabaja comunitariamente, se organiza en forma de empresa. El principio de
autoridad ha sido reemplazado, en la órbita de las relaciones conyugales, por
el de igualdad…”[141]
(negrillas fuera del texto original).
Finalmente, también se tiene
planteado por algunos doctrinantes que, dichas reglas no pueden ser absolutas,
pero, cuando se trata de daños que tienen origen en actos de violencia
intrafamiliar “mucho más allá de las acciones de prevención que incumbe
al Estado desplegar o de las sanciones que también en el derecho penal pueden,
la imputación de daños no contaría los principios del derecho de familia sino
más bien, tienen a otorgar en su justa medida una reparación ante un deber
antijurídico, el de no dañar aunque, huelga aclarar, no todo conflicto
familiar puede, claro está, genera un daño indemnizable”[142].
(Negrillas fuera del texto original).
45. Para
la Sala Plena de la Corte, la anterior postura se puede ver reflejada en el
artículo 42, en los incisos 4 y 6 de nuestra Constitución Política la cual
asentó que  “[l]as relaciones familiares se basan en la
igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco
entre todos sus integrantes” por
lo que en ese sentido, al ser la familia el núcleo fundamental de la sociedad
“[c]ualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva
de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley” -negrilla
y subrayas agregadas-.
46. Conforme
con los fines esenciales del Estado[143]
el ordenamiento jurídico colombiano debe garantizar a la totalidad de los asociados,
el poder acceder a la administración de justicia, para de esa manera lograr la
protección de sus derechos fundamentales. En efecto, el sufrimiento de daños,
agresiones y, en general, el desconocimiento de los derechos que la Carta
reconoce, obliga por consecuencia la consagración de acciones y remedios
accesibles y eficaces para el logro de la reparación justa, en plazos razonables[144].
47. Entiende
entonces la Sala Plena que el resarcimiento, reparación o compensación de un
daño, no se encuentra ocluido, limitado o incluso negado, porque la fuente del daño
comparta con el afectado, un espacio geográfico determinado -el hogar- o porque
existan lazos familiares. Al contrario, es posible asentar con firmeza, que los
daños que al interior del núcleo familiar se concreten, originados en la
violencia intrafamiliar, obligan la actuación firme del Estado para su sanción
y prevención, y en lo que dice relación con el derecho de familia, es imperativo
el consagrar acciones judiciales que posibiliten su efectiva reparación, pues,
de nada sirve que normas superiores (para el caso, la Convención de Bélem do
Pará y el art. 42-6° C. Pol.) abran paso a la posibilidad de tasar
reparaciones con ocasión de los daños que la violencia intrafamiliar genere, si
a su vez no se consagran las soluciones que posibiliten su materialización. De
allí que hoy ya sea lugar común el citar a N. Bobbio y su famosa frase “el
problema de fondo relativo a los derechos humanos no es hoy tanto el
justificarlos, como el de protegerlos”[145]
48. A más
de ello, los daños que tienen origen en comportamientos de violencia
intrafamiliar[146],
sí merecen un especial entendimiento, no solo por parte del legislador, sino,
de los operadores jurídicos; todo esto en razón de i) la
aplicación del parámetro constitucional, ii) la exigencia del derecho
internacional y iii) el alcance que posee retirar el velo de “impermeabilidad”
o “inmunidad familiar.
Caso concreto
Sobre
la procedencia de la acción
49. Teniendo
en cuenta que la acción de amparo que se estudia en el presente asunto se
dirigió en contra de la decisión de la Sala de Familia del Tribunal Superior de
Bogotá, a continuación, se analizarán los requisitos de procedencia contra
providencia judicial que, de cumplirse, habilitarían el estudio de fondo del
asunto.
Estudio de procedencia. Causales
genéricas
50. En el
caso que ocupa la atención de la Sala Plena se advierte que la acción de tutela
es procedente, cuando menos para ser estudiada de fondo, dado que concurren los
presupuestos generales de procedibilidad, como pasa a demostrarse:
51. En el presente asunto se torna evidente que el tema planteado
en la acción de tutela comporta relevancia constitucional, en tanto que,
el problema jurídico que describe, genera múltiples interrogantes, respecto del
contexto de aplicación de normas superiores y de derecho internacional, con un
claro impacto en el sistema de garantías de las mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar, así como de la arquitectura actual de los procesos y
procedimientos de familia como el divorcio y la cesación de efectos civiles del
matrimonio católico, dado un posible déficit de protección por ausencia de mecanismos
de reparación eficaces, ante la evidencia de la existencia de dicha violencia.
De otro lado, cobra mayor relevancia constitucional el asunto
cuando dichos planteamientos se realizan por parte de una mujer que venía
siendo víctima, de manera sistemática, de violencia intrafamiliar por parte de
su ahora ex esposo. Tal afirmación cuenta con prueba suficiente que pudo
conocer la Sala Plena atendiendo lo ventilado al interior del trámite
ordinario, constatándose que, en el presente asunto se emitieron en contra de
la accionante y respecto de ella,  una serie de manifestaciones
discriminatorias y violentas que a lo largo de la relación marital fueron
frecuentes y reiteradas por parte del demandado en el proceso ordinario, y que,
en criterio de la Corte, materializan una pertinaz, cotidiana y reiterada  ceremonia
de degradación de la dignidad humana de la accionante, objeto incesante de humillación,
irrespeto y cosificación de nadie menos que su propio esposo[147]
de quien era esperable, cuando menos, un trato respetuoso.
52. La actuación retrata con fidelidad el escenario de
humillación, agresión y violencia a que se sometió a la accionante; en palabras
de su apoderado, su poderdante soportó durante más de una década el maltrato de
su esposo y asegura que ahora a todo se agrega una  respuesta que deplora de la
justicia, “con un giro mayormente discriminatorio”[148],
pues es errado y constituye discriminación negar el “derecho a la reparación
de la víctima”[149], porque “trabaja, percibe
ingresos”[150] lo que le impide “ser
tratada como cónyuge inocente”[151].   Todo ello es
bastante para concluir la existencia de un relevante interés constitucional del
asunto.
53. En segundo lugar, encuentra la Sala Plena que en el presente
asunto la accionante, prima facie, agotó todos los mecanismos de defensa
al interior del trámite ordinario, pues sus pretensiones se ventilaron ante el juez
de segunda instancia sin que el asunto admita casación, siendo ese el recurso
extraordinario al que podría acudir subsiguiente a la apelación de habilitarlo
la norma.
54. Ahora bien, de pensarse, como lo hizo el juez de tutela de
segunda instancia, que a la accionante aún le es dable acudir a un trámite para
procurar el resarcimiento de perjuicios, lo cierto es que necesariamente habría
de analizarse y resolverse el problema jurídico inicial que se plantea, a
efectos de determinar si la mujer víctima de violencia intrafamiliar, después
de ser declarada por el juez como cónyuge inocente, le es exigible en punto del
debido proceso, plazo razonable, protección de la mujer como víctima de
violencia intrafamiliar y no revictimización, acudir desde cero, a una vía
ordinaria como puede ser la demanda de responsabilidad civil.
55. En este aspecto, es vital comprender que la acción de tutela
que ahora se estudia no se dirige exclusivamente a lograr una cuota alimentaria,
sino que la pretensión se funda en la exigencia de aplicación de normas
internacionales que finalmente soportan una aspiración de reparación  al
interior del proceso de familia de cesación de efectos civiles de matrimonio
católico, en donde el cónyuge inocente no contaba con más mecanismo para
procurar su reclamación, que acudir a la solicitud de la cuota alimentaria como
consecuencia jurídica para el cónyuge culpable.
Así, se entendió por los operadores jurídicos, que la actora no
puede ser titular del derecho de alimentos -pretensión de reparación- por ser una
mujer que para ese momento ostentaba un rol social y laboral relevante, lo que
le genera ingresos superiores al promedio, asunto que en su criterio no se
advierte equitativo frente a otras víctimas de violencia, que como ella han
debido tolerar maltratos al interior de su hogar y que, en cambio, sí pueden
recibir la cuota alimentaria de manos del cónyuge culpable, quien debe asumir
la carga solo en razón de que su ex pareja no tenga ingresos.
De esta manera, en criterio de la Corte, este segundo
requisito general se satisface en el caso concreto.
56.
Con relación al requisito de inmediatez[152] en el presente asunto, la
actora acudió a la acción de amparo el cinco (5) de junio de dos mil diecisiete
(2017), esto es, pasados menos de 4 meses desde cuando conoció la decisión de segunda
instancia[153], la cual se emitió en
audiencia el catorce (14) de febrero de ese mismo año, término que encuentra
esta Corporación razonable y proporcionado, de cara al sujeto
especial de que se trata, y a su condición de mujer víctima de violencia en el
seno de su hogar, que como quedó demostrado en el expediente, fue de  talante
psicológico, lo que la obligó a asistir a múltiples terapias profesionales[154].
Tal término -4 meses- se ofrece razonable y por ello se entiende superado este
requisito.
57.
De
otro lado, es claro que la accionante identificó de manera razonable tanto los
hechos que generaron la presunta vulneración como los derechos afectados, lo
cual se alegó en el proceso judicial, como se dijo en apartados precedentes,
dadas las limitaciones que como se verá, impone el propio proceso ordinario. De
allí que logró confirmarse que la alzada contra la decisión de primera
instancia se fundó principalmente en dos razones: no haber dado por probada la
causal 3° contenida en el artículo 154 del Código Civil, esto es, los
ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra y, de
otro lado, el aspecto que ahora convoca la atención de esta Corte,
esto es, la posibilidad de conceder la reparación.
58.
La
presente acción no se dirige en contra de una irregularidad procesal.
59.
Finalmente,
la presente acción no se dirigió en contra de una decisión emitida por un Juez
de tutela, sino en contra de una sentencia emitida por un órgano colegiado de
segunda instancia al interior de un proceso ordinario.
Estudio de las causales específicas. Defectos
60. Superado
el anterior escenario, a efectos de concluir la procedencia del amparo,
recuérdese que en este asunto se invocó la materialización de dos tipos de
defectos en la decisión, así:
i)  Uno
de carácter sustantivo al “…trazar una distinción discriminatoria que carece
de todo sustento…”, pues, en sus palabras, el hecho de que la cónyuge
inocente haya logrado superarse al punto de “haber conseguido la posición
que hoy ocupa… no resulta un criterio admisible para privarla de su derecho
fundamental a ser resarcida por la violación de sus –sic- derecho fundamental a
vivir libre de violencia y discriminación de género y violencia intrafamiliar”[155],
por lo que la postura de la decisión que se ataca “…prescinde de
elementos imperativos para interpretar la legislación aplicable y llega a un
resultados abiertamente contrario a los mandatos constitucionales…”.[156].
De allí que, la solicitud de amparo se dirija a que se proteja el
derecho de la accionante, a ser “…resarcida en los términos del literal g)
del artículo 7 de la Convención de Belem do Pará…”[157].
ii) El
segundo, de carácter fáctico dada la omisión de valoración de elementos de
convicción que corroboraban el maltrato que debió soportar la accionante, por
lo que en su criterio, una adecuada valoración de las pruebas habría demostrado,
no sólo que la capacidad económica de quien fue declarado cónyuge culpable
siempre fue mayor, sino además, que la capacidad económica del cónyuge inocente
no es un elemento relevante para determinar el “acceso al resarcimiento o
reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces”[158].
Sobre la
materialización de un defecto sustantivo
61. Al respecto, consideró la accionante
que el juez ordinario –Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá-
incurrió en dicho defecto por cuanto “le negó el derecho a la reparación”,
el cual se constituye en un derecho de todas las mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar, sin que interese el monto de los ingresos que percibe. La
interpretación de la Sala de Familia aludida, es discriminatoria y prescinde de
los instrumentos normativos internacionales, constitucionales y legales, los cuales,
de haber sido tenidos en cuenta, le habrían llevado a una sentencia distinta.
62. Sobre el particular, la Sala Plena debe
destacar que, si bien es cierto el apoderado de la accionante en la demanda de cesación
de efectos civiles del matrimonio católico, solicitó en favor de la accionante “condenar
al demandado como cónyuge al pago de alimentos…”[159] sugiriendo el monto e indicando la cuenta
en la cual se recibiría tal cuota, el fundamento de tal pedimento fue procurar
una reparación en su favor, dados los ultrajes, el trato cruel y
los maltratamientos de obra, a los que fue sometida por parte del demandado en el proceso ordinario,
hechos que  fueron declarados como causal de divorcio.
Precisamente, entiende la Sala que no
contaba el apoderado con un mecanismo distinto que el solicitar una
reparación pero por la vía de los “alimentos sancionatorios” pues, la
estructura legal del procedimiento en vigor, al tiempo de los hechos y de la
demanda –hacia 2012 ó 2013- era en su sentir –que no en el de esta Corte-- el único
mecanismo que, en el ordenamiento jurídico, le posibilitaba materializar la
pretensión de una reparación integral.
63. En efecto, como puede escucharse en
la sustentación del recurso de apelación de la sentencia de primera instancia,
en el trámite ordinario, ante la Sala de Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, el apoderado de la accionante atacó la sentencia
por no haber reconocido la materialización de la causal 3° de divorcio; y finalizó
destacando que:
“…para cerrar la intervención…al abstenerse la señora Juez de
condenar al señor…señala que no tiene la necesidad –sic-, resulta que la
sanción, los alimentos para el cónyuge que resulta vencido y culpable son
una sanción y así se debe reconocer, obsérvese que la doctora Conto
siempre asumió la manutención de su familia…” (énfasis de la Sala).
Así, luego de destacar que al parecer el demandado ocultó sus ingresos
pues no hizo referencia al reconocimiento de su pensión, concluyó que en el
presente asunto la juez de instancia;
“…ha premiado la conducta violenta trasgresora en
contra de su cónyuge y en perjuicios de sus hijos…se ha premiado su
incumplimiento no imponiéndosele la sanción que como resultado de
ser vencido en este juicio y de ser el cónyuge responsable al ser probadas las
causales…se le liberó con un argumento muy particular…se le liberó…de que
cumpliera y no se le aplicó la sanción… es el culto a un patriarcalismo, a
un pater familia romano que el derecho colombiano no admite ni tiene recibo…”.
(minuto 23 y siguientes del registro de la audiencia). (Se enfatiza por la Sala).
Proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico -o
de divorcio- y su ausencia de un mecanismo justo y eficaz para procurar la
reparación de daños generados por materialización de la causal de los
ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. - art. 42.6 Constitucional y artículo 7 literal g de la Convención
Belén Do Pará-
64.  Pero a más de lo anterior, en el escenario constitucional el
apoderado destacó que la cuota alimentaria se constituye en una medida reparatoria,
planteamiento que se encontraba limitado para hacer en el proceso de cesación
de efectos civiles del matrimonio católico, según anotamos párrafos tras.
65. Como
se dejó sentado, la Sala Plena entiende por las razones antes descritas, que
tanto el artículo 42.6 de la Constitución como el artículo 7° literal g) de la Convención
de Belém Do Pará, obligan al Estado, y en esa misma perspectiva al legislador
y a los operadores jurídicos, a diseñar, establecer, regular y aplicar
mecanismos dúctiles, ágiles y expeditos, con el fin de  asegurar que la mujer
objeto de violencia intrafamiliar[160]
tenga acceso efectivo a la reparación integral del daño, de manera justa y
eficaz.
66. En
Colombia, en los procesos de la jurisdicción de familia antes mencionados, en
la vigencia del Código de Procedimiento Civil -estatuto procesal aplicable al
caso que se estudia- no se tenía establecido por el legislador un momento
especial dentro del trámite que habilitara al juez o las partes, para que,
seguida de la declaratoria de la causal de ultrajes, trato cruel y los
maltratamientos de obra, se pudiera solicitar una medida de reparación
integral del daño sufrido. Con todo, se reitera, las normas del bloque de
constitucionalidad y el art. 42 constitucional sí se hallaban vigentes como
soportes sustantivos de una eventual condena por violencia doméstica.
67. Hoy
día, en vigencia del artículo 281 del Código General del Proceso, puede vislumbrarse
la existencia de una vía procesal para ello, pero el tono de la norma no es imperativo
sino apenas dispositivo; ciertamente es una puerta que se abre para
posibilitar la reparación de la víctima ultrajada, tratada de manera cruel, en
fin, que haya sido objeto de maltratamiento síquico o material. Con todo, el
art. 7°, g) de la Convención de Belem do Pará, y en general los
instrumentos internacionales tantas veces aquí citados, obligan -no
apenas autorizan o permiten- la reparación de la mujer víctima de violencia
intrafamiliar, cuando quiera que exista daño. Esto dice la norma aludida del
CGP:
“&$ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las
demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. […]
PARÁGRAFO 1o. En los asuntos de familia, el
juez podrá fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para
brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, la niña o adolescente, a la
persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y prevenir controversias
futuras de la misma índole. […]” (Se subraya por la Corte).
Los artículos 427 del Código de
Procedimiento Civil -estatuto procesal bajo el cual se tramitó el caso en
estudio-, y 388 del Código General del Proceso, establecen las reglas que
gobiernan el trámite del proceso de divorcio, sin que se prevea de manera específica
y directa algún mecanismo para solicitar la reparación de los daños causados en
la relación conyugal. Ello es tan claro que la cabeza máxima de la Jurisdicción
Civil, en la sentencia de primera instancia de este trámite de tutela, indicó
que en “las normas reguladoras de los trámites de divorcio y cesación de
efectos civiles del matrimonio o por la terminación abrupta de la relación de
pareja, no existe un capítulo específico dedicado a la indemnización por
menoscabos sufridos”[161]
(Se subraya por la Corte Constitucional).
68. Al margen de
dichos procedimientos, es claro que la normatividad civil en vigor consagra la
posibilidad de acudir a acciones que declaren la responsabilidad civil; por lo
tanto, quien se advierta víctima de un daño inferido por otro, podría acudir a
dicho trámite. Tal es una posibilidad que aquí se advirtió por la Corporación de
segunda instancia en la acción de tutela. Esto es, que no obstante
estar probada la violencia intrafamiliar, en el trámite de cesación de efectos
civiles del matrimonio católico, la interesada debería acudir a demostrar los
daños en un nuevo proceso, en la misma jurisdicción.
69. De
otro lado, debe destacarse que, la reparación integral es un tema que ya el
legislador colombiano consagró por lo menos desde el año 1998, en la Ley 446,
artículo 16. Tal norma dispone:
&$ARTICULO
16. VALORACION DE DAÑOS. Dentro de
cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la
valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los
principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos
actuariales.
Esta
regla ha sido utilizada para mostrar que, en la materia de reparación de daños,
el principio de congruencia en alguna medida resulta debilitado. Esto se dice
en la literatura especializada:
“3.
¿Está atado el juez a los límites de la congruencia de su fallo, para
pronunciarse sobre el principio de reparación integral en los procesos de
responsabilidad civil?
En
sentencia del 18 de diciembre de 2012, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia respondió negativamente el interrogante planteado indicando
que para darle cumplimiento al principio de reparación integral del daño el
juez no está atado a los límites rígidos de congruencia que establece nuestro
ordenamiento procesal civil. ||Luego de recordar el contenido del artículo 16
de la ley 446 de 1998, norma que ordena al juez atender el principio de
reparación integral y aplicar la equidad a la hora de indemnizar los
perjuicios, dice la Corporación que el juez en la sentencia debe tener en
cuenta, cuando se trata de daños a la salud, las secuelas producidas durante el
trámite del proceso y que sean consecuencia del daño y adoptar las decisiones
pertinentes e idóneas para que la víctima quede plenamente resarcida. ||
Incluso, según la Sala, cuando de lo que se trata es que la víctima recupere su
salud la indemnización no solamente se puede limitar al pago de una suma de
dinero, sino que ella debe buscar la plena recuperación del bienestar, “de
suerte que ninguno de los gastos que el juez estime razonables para lograr ese
objetivo puede ser tildado de incongruente frente a aquella pretensión hasta
tanto no se haya logrado el resarcimiento pleno.” || Así mismo se lee en la
sentencia que “La solicitud de reparación de la salud, por tanto, no impone al
juzgador ningún otro límite que no sea la rehabilitación o el recobro integral
de la vitalidad. De ahí que aun cuando el actor no haya señalado en su demanda
el total de la cuantía del daño -entre otras razones porque en muchos casos de
lesiones corporales la duración del proceso de recuperación y el monto de los
gastos a futuro son circunstancias imposibles de prever–, el funcionario
judicial sí tiene la potestad y el deber de adoptar las medidas que estime
indispensables para declarar la tutela jurídica que va envuelta en el objeto de
la pretensión, por lo que ello no constituye una decisión inconsonante.” ||
Finalmente, para la Corte tampoco constituye inconsonancia del fallo que se
ordene una forma de reparación distinta de la solicitada en la demanda, toda
vez que “según el principio dispositivo, el demandante en un proceso civil
tiene derecho a establecer el límite de su pretensión y a reclamar que la
reparación se haga de determinada manera; pero cuando el modo de resarcimiento
que plantea es imposible de cumplir, o cuando resulta innecesario e inequitativamente
oneroso, o cuando en criterio del juez no es el más adecuado para garantizar la
indemnización plena, entonces nada obsta para que el funcionario judicial
imponga la forma de reparación que estime más conveniente, sin que ello
signifique que esté fallando extra o ultra petita”[162]
Esta norma aún vigente, bien indica que
a más de la Convención de Belem do Pará y el art. 42 Constitucional, el
juez de familia poseía al tiempo de los hechos juzgados en la sentencia objeto
de acción de tutela, una habilitación normativa para ordenar la reparación por
los daños sufridos por la mujer víctima de violencia intrafamiliar, si se
demostraba que la misma era constitutiva de daño, sin embargo, en el caso sub
judice  se entendió que su actitud congruente no le permitía extravasar el
ámbito de los alimentos .
70. El anterior es
el panorama procesal de los procesos de divorcio y de cesación de efectos
civiles del matrimonio católico; a modo de recapitulación pueden extraerse las
siguientes conclusiones:
i) Tras la sentencia
de divorcio en la que se dé por probada la causal de civil ultrajes,
trato cruel y los maltratamientos de obra, la posibilidad de reclamar
la reparación de los daños ocurridos con ocasión de dichos actos, no halla
norma legal sustantiva expresa en el ordenamiento nacional que lo sustente. El
bloque de constitucionalidad y el art 42-6° de la Constitución, sin embargo, sí
lo consagran.
ii) Existe un
proceso ordinario, distinto de aquellos, en el que podría ventilarse la
pretensión de declaratoria de responsabilidad civil, y la orden de su
reparación económica. Ello acarrea no sólo un posible déficit en la
satisfacción de la pretensión de reparación integral, sino además una clara
revictimización de la mujer violentada y un desconocimiento del derecho a una
decisión judicial dentro de plazos razonables.
iii) Así las cosas, a
una mujer, víctima de violencia intrafamiliar, y a quien por tanto se le
declare como cónyuge inocente, a más de tener que exponer la totalidad de los
maltratos que haya soportado en un proceso civil de cesación de efectos civiles
de matrimonio católico o de divorcio, deberá, nuevamente, recordar y expresar
ante otra instancia en un trámite judicial-civil, las mismas circunstancias que
demuestren el daño y la respectiva pretensión reparadora. Todo
ello va en contra de los parámetros del plazo razonable, propios del debido
proceso y genera una evidente revictimización de la mujer violentada.
71.
Particularmente,
en el caso concreto una mirada de la prueba que fue evacuada en el proceso
ordinario, y que se estudió por el Tribunal al momento de emitir la decisión de
segunda instancia que se ataca, deja ver cómo el señor Virgilio Albán Medina
-demandado en el proceso ordinario- durante la relación marital ejecutó actos
claros de violencia verbal y psicológica en contra de la accionante. Sus
propios hijos señalaron lo siguiente:
“con
mi mamá el maltrato verbal, manipulándola…en lo que se refiere a mi mamá la ha
llamado mentirosa, le ha dicho rata, ladrona, y en una ocasión le dijo que
parecía un inodoro público…”[163]; “de
mi niñez el primer hecho que me acuerdo es una ocasión que llegamos a la casa
estamos con mi mamá y mis hermanos y mi papá se puso bravo por algún motivo y
mi papá decidió dejarnos por fuera de la casa durante varias horas en la noche,
mi hermano era un bebe , esa noche nos dejó por fuera de la casa luego vino al
carro, lo recogió porque era bebe pero a mi y mi hermana y mamá nos dejó
pasando la noche en el carro…” (sic) [164];
“mi papá se ponía muy agresivo cuando mi mamá compraba ropa o la mandaba
hacer –sic-, en una ocasión ella tenía un reunión en pasto con unas amigas y mi
papá bravo por las faldas de mi mamá, decía que eran muy cortas. En esas
ocasiones se descomponía y nos agredía…”; “…luego en el 2007-2008 en
diciembre en vacaciones en Cartagena, viajamos con mi papá y mis hermanos a
Cartagena, el llegó después a Cartagena bravo por finalmente mi tio…y un día en
la playa él consideró que el vestido de baño de mi mamá no era adecuado y le
dijo que era un vestido de prostituta. Todas esas agresiones fueron verbales.
Nos devolvimos todos, él decidió el viaje en un solo recorrido sin paradas y eso
determinó la ruptura de la relación entre mis padres. Mi mamá cuando llego a
Bogotá decidió cambiarse de cuarto y mi papá mandó a imprimir las fotos de mi
mama –sic- en ropa de baño para mostrarnos a nosotros y decir que era una
prostituta. Me vine a vivir a Francia y envía constantemente emails contra mi
mamá diciendo que la
gente con la que mi mamá trabaja son unas ratas (sic)”[165]
Es evidente la
violencia psicológica y hasta física a la cual el señor Albán Medina sometió a
la accionante y en general a su familia, lo que generó graves consecuencias que
inclusive han obligado a la actora a acudir a numerosas terapias psicológicas[166]
y, no está de más decirlo, al interior del trámite ordinario se dejó ver su
dolor por los acontecimientos narrados, cuando por ejemplo, el Tribunal leía
los vejámenes y afrentas de las cuales fueron víctima ella y su familia, y las
lágrimas no cesaban de caer[167].
72.
Así
las cosas, en criterio de la Corte, este asunto deja ver la ausencia de
mecanismos judiciales dúctiles, expeditos y eficaces, que permitan a la mujer
víctima de violencia intrafamiliar, una reparación en un plazo razonable pero
que además evite su revictimización y una decisión tardía.
Dado
lo anterior, resulta imperioso concluir que tanto el legislador como los operadores
judiciales, deben aplicar en justicia las normas constitucionales e
internacionales que permitieran a la actora ventilar su pretensión de “acceso
al resarcimiento o reparación del daño u otros medios de compensación justos y
eficaces” fundamento
este que en últimas fue el que soportó la solicitud de los “alimentos
sancionatorios”[168]
que fueron -al decir del apoderado de la demandante- el único mecanismo
habilitado por la legislación pero que tenía como fuente postulados de tipo
constitucional y convencional.
73.
Un
estudio sistemático de los presupuestos superiores de la Constitución y de los
tratados internacionales reconocidos por Colombia y que fueron descritos en
esta sentencia, dan cuenta de que, en efecto, una mujer víctima de violencia
intrafamiliar, en este caso psicológica, debe ser reparada, y pese a que podría
pensarse que el escenario apto para ello sería en un proceso penal o de
responsabilidad civil, lo cierto es que, como se dijo, con ello se
desconocerían los mandatos del plazo razonable y de no revictimización; pero además
se trataría de reparaciones distintas, en tanto la fuente en el primer
escenario lo sería el delito, y distinta a esta, al interior del divorcio, la
fuente del daño se analizaría a partir de la terminación de la relación dada la
culpabilidad del otro cónyuge.
74. Aparece indiscutible
que, al interior de las relaciones familiares, sí pueden presentarse daños,
y que particularmente cuando se trata de procesos de cesación de efectos
civiles del matrimonio, o divorcios en los que resulte probada la causal que se
relaciona con la violencia intrafamiliar, es necesario que el juez habilite un
análisis en punto de su reparación; esto obedece tal y como se plantea por la
doctrina autorizada a una triple motivación:
“La primera
consolidar el principio según el cual no puede quedar impune el daño causado
voluntariamente por el hecho de que se haya realizado durante el matrimonio. ||
La segunda, la convicción de que no debe convertirse la institución matrimonial
en sitial donde si hiera y se injurie con absoluta gratuidad. || La tercera, el
entendimiento de que las reparaciones deben ser otorgadas en el marco de los principios
generales de la responsabilidad civil que rigen [el] ordenamiento.”[169]
75.
De
manera conclusiva puede afirmarse que, tanto en las relaciones sociales,
privadas, particulares como  familiares, todo daño puede ser reparado; pero
además, es claro que al interior del núcleo fundamental de la sociedad que es
la familia, cuando quiera que sea demostrada la violencia que un miembro
ejerce sobre otro, se abre paso la posibilidad de debatir sobre daños
reparables, entendiendo que dicho ámbito no es impermeable a las reglas del
Estado de Derecho, y que en general no es un coto vedado para el ordenamiento
civil en general[170].
76.
Como
pudo verse antes, en el caso concreto, no está en duda la violencia de la que
fue víctima la actora. Tampoco está en duda que, a causa de esa violencia, se
estimó probada la causal de cesación de efectos civiles del matrimonio
católico. Lo que debería subseguir, entonces, sería demostrar la existencia del
daño, su valuación, tasación y orden de reparación. Con todo, el citado
procedimiento no está habilitado para ello.  Esto es, no existe un instante
dentro del trámite, que se ocupe de la fijación de los extremos de la
reparación.
Sobre el defecto fáctico alegado
77. Con
relación al defecto fáctico, encuentra la Sala que, habiendo dado por probado
el defecto sustantivo en los términos antes referidos, el hecho de que se
determine la capacidad económica o no del cónyuge culpable es un asunto
irrelevante dado que, el problema jurídico se centra en la necesidad de
reparación integral de la cónyuge inocente y no específicamente en el derecho
de alimentos en favor de ella.
78. En
efecto, el tema de los alimentos que de ordinario es un asunto de la ocupación
del juez de familia en los procesos aquí tantas veces mencionados, a más de la
decisión sobre la custodia de los hijos, entre otras, no es el tema puntual de
esta tutela. Así, las discusiones respecto de la naturaleza de los alimentos y
cuándo se deben, a quién, cuánto y por qué, no son objeto de los planteamientos
que en este caso aborda la Corte.
Ciertamente
la iteración en su petición por el apoderado de la demandante, debe ser objeto
de interpretación por el juez de tutela, con el fin de encontrar una mejor ruta
de protección de los derechos fundamentales. Así entonces, cuando tanto insiste
el abogado en esa petición –que se ordene el pago de alimentos como sanción—la
Corte entiende que lo que se plantea, ante la claridad de la injusta y
deplorable violencia ejercida contra la actora, es que se ordene una condigna
reparación integral.
La
Corte quiere advertir de nuevo, que la acción de tutela resuelve un conflicto inter-partes,
y que por ello el alcance de la presente acción, no extravasa lo que ha sido
objeto del debate; con todo, es competencia del juez de familia decidir como de
ordinario lo ha hecho, esto es, decretando o no el pago de alimentos según
corresponda con las normas sustantivas aplicables al caso. Lo que sí constituye
un plus frente a ello, es el poder adentrarse en el tema de la
reparación del daño, si se ha establecido la existencia de violencia
intrafamiliar.
Remedio judicial constitucional
79. Dado
el desarrollo precedente, se advierte por parte de la Sala Plena la necesidad
de proteger los derechos fundamentales de la accionante, teniendo en cuenta la
existencia de un defecto sustantivo en la decisión de segunda instancia que se
emitió por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, por medio de
cual negó la posibilidad de ventilar una pretensión de reparación al interior
del trámite de cesación de efectos civiles del matrimonio católico, con lo que
se impidió la aplicación de los artículos 42.6 de la Constitución y 7, literal
g) de la Convención de Belém Do Pará.
80. En ese sentido,
se revocará la decisión de segunda instancia emitida al interior del trámite de
tutela por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y en
cambio se confirmará parcialmente la decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema
en el entendido de que se protege el derecho fundamental de la actora a vivir
libre de violencia de género, a ser reparada, a no ser revictimizada y a una
decisión de la Administración de Justicia dentro de un plazo razonable. Como
consecuencia de ello, se ordenará al Tribunal Superior de  Bogotá,
Sala de Familia, que partiendo del reconocimiento en el asunto tantas
veces referido, de la existencia de la causal 3° del artículo
154 del Código Civil, esto es, los ultrajes, el trato cruel y
los maltratamientos de obra, disponga la apertura de un incidente de
reparación integral en el que, garantizando los mínimos del derecho de
contradicción y las reglas propias de la responsabilidad civil con las
particularidades que demande el caso, y los estándares probatorios que fueren
menester, a efecto de expedir una decisión que garantice los derechos que en esta
providencia se analizaron y, en consecuencia,  se repare a la víctima de manera
integral.
Déficit de protección
81. Del
desarrollo dogmático previamente expuesto y de la verificación de la ausencia
de mecanismos judiciales claros, justos y eficaces que aseguren a la mujer
víctima de violencia intrafamiliar, al interior de los procesos de cesación de
efectos civiles de matrimonio católico o de divorcio, la posibilidad de tener
acceso efectivo a una reparación del daño, la Corte advierte un déficit de protección[171] de
su derecho humano y fundamental a la dignidad humana, a vivir libre de
violencia, a ser reparada integralmente dentro de un trámite que respete el
plazo razonable y a no ser revictimizada.
82.  La
Corte encuentra prudente y oportuno, respetando desde luego las competencias
legislativas del Congreso de la República, el exhortarlo para que, en ejercicio
de su potestad de configuración legislativa, en frente de la mujer víctima de
violencia intrafamiliar, regule el derecho fundamental de esta a acceder a una
reparación, por medio de un mecanismo judicial dúctil, expedito, justo y eficaz,
que respete los parámetros de debido proceso, el plazo razonable, y la prohibición
de revictimización, dentro de los trámites de divorcio y cesación de efectos
civiles del matrimonio católico.
83. La
Corte también ordenará al Consejo Superior de la Judicatura que planee y
ejecute jornadas de capacitación a las y los jueces de familia del país, para
procurar poner de presente la necesidad de analizar la temática de la violencia
contra la mujer y la urgencia de su prevención y de respuesta efectiva en
términos de reparación integral, conforme a un dilatado corpus normativo
internacional, el cual le vincula y puede llegar incluso a ser fuente de
necesaria aplicación -bloque de constitucionalidad-.
Acotaciones
finales
84.
La
apoderada del demandado en el trámite de cesación de efectos civiles solicitó que
se “mantenga [en] estas actuaciones, los hechos y las decisiones en
reserva…” y se “omitan [los] nombres”. Con todo, la Sala no halla
una razón legal o de peso que justifique el acceder a tal petición.
85.
La
apoderada del demandado solicitó que no se tuviesen en cuenta los conceptos que
la Corte pidió a diversos entes, con ocasión de este trámite. Si bien es cierto
la acción de tutela es un asunto inter partes, nada obsta para que la
Corte, como lo ha hecho en esta y en múltiples decisiones[172],
pueda recibir conceptos, e inclusive realizar audiencias públicas, con el
objeto de tener mejores elementos de juicios para proveer.
86. Finalmente,
en relación con los hechos múltiplemente descritos, y que podrían configurar el
delito de violencia intrafamiliar, nótese como los hechos narrados
por la accionante al momento de presentar la demanda de cesación de efectos
civiles de matrimonio católico y que fueron confirmados por sus hijos y otros
testigos al interior del proceso ordinario, tuvieron ocurrencia en fechas
cercanas a su matrimonio, el cual data del año 1978. Fue en el año 2009 cuando
decidieron vivir en la misma casa, pero no bajo en convivencia marital[173] y
pese a que hay algunas referencias de hechos posteriores, como al parecer la
violencia ejercida por el demandado en contra de su hija mientras esta recibía
clases de matemáticas, no obra algún elemento que permita evidenciar la fecha
de tales acontecimientos.
87. El delito de violencia intrafamiliar entre los años
2007 a 2011 dejó de ser querellable y durante el 2011 de nuevo se incluyó como
querellable; con posterioridad al año 2012 se retiró de esa lista. De allí que
en el presente asunto, podría haberse materializado la conducta de violencia
intrafamiliar en los momentos en que este delito fue investigable de oficio; es
decir, entre los años 2007 a 2009, por lo que correspondería compulsar las
respectivas copias, de no ser porque se advierte que las penas para esa época
no superaban los 8 años por lo que a la fecha –hoy día- se trata de una acción
penal prescrita, razón por la cual no se realizará la respectiva compulsa de
copias.
IV. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR
la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia el día veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecisiete (2017),
que negó el amparo solicitado.
Segundo.-
CONCEDER
la protección de los derechos fundamentales de la señora Stella Conto Díaz del
Castillo a vivir libre de violencia intrafamiliar, a ser reparada y a no ser
revictimizada y, por tanto, CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia
proferida el veinticinco (25) de junio de dos mil diecisiete (2017) por la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en los términos de la
presente decisión.
Tercero.-
ORDENAR
al Tribunal Superior de Bogotá –Sala de Familia– que, con fundamento en el
reconocimiento de la causal 3ª contenida en el artículo 154 del Código Civil,
esto es, los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra,
disponga la apertura de un incidente de reparación integral en el que se
especifiquen y tasen los perjuicios sufridos por la señora Stella Conto Díaz
del Castillo.
Cuarto.-
EXHORTAR
al Congreso de la República, para que, en ejercicio de su potestad de
configuración legislativa, regule ampliamente el derecho fundamental a acceder
a una reparación integral en los casos de violencia intrafamiliar, por medio de
un mecanismo judicial justo y eficaz que respete los parámetros de debido
proceso, plazo razonable y prohibición de revictimización.
Quinto.-
EXHORTAR
al Consejo Superior de la Judicatura, para que planee y
ejecute jornadas de capacitación a las y los jueces de familia del país, para
procurar poner de presente la necesidad de analizar la temática de la violencia
contra la mujer y la urgencia de su prevención y de respuesta efectiva en
términos de reparación integral, conforme a un dilatado corpus normativo
internacional, el cual le vincula y puede llegar incluso a ser fuente de
necesaria aplicación -bloque de constitucionalidad-.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese y cúmplase.
CARLOS BERNAL
PULIDO
Presidente
NATALIA ÁNGEL CABO
Conjuez
CARLOS ALBERTO ATEHORTUA
RIOS
Conjuez
DIANA FAJARDO
RIVERA
Magistrada
JUAN CARLOS
HENAO PÉREZ
Conjuez
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
(Con
aclaración de voto)
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES
CUARTAS
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
Conjuez
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Se extraen del
escrito de tutela, de las actuaciones procesales y de las pruebas acopiadas.
[2] Se presentó el 02 de
junio de 2017 en la secretaría de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia.
[3] Folio 42 del cuaderno
de primera instancia.
[4] Folio 34 y 35 cuaderno de
pruebas.
[5] 2. El grave e injustificado incumplimiento por parte
de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y
como padres. 3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra y 8.
La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que
haya perdurado por más de dos años.
[6] El grave e injustificado incumplimiento por parte de
alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como
padres y la separación de cuerpos, judicial o de hecho, que
haya perdurado por más de dos años.
[7] Si bien es cierto en
la parte motiva de la sentencia el Juzgado Once de Familia de Bogotá indicó
“…por encontrarse probadas, como ya se anotó, las causales 2° y 8° invocadas…”
fl. 994 cuaderno proceso ordinario, la causal 8° no fue incluida en la parte resolutiva
de la sentencia.
[8] Folio 914 cuaderno
1-B proceso ordinario.
[9]  Los ultrajes,
el trato cruel y los maltratamientos de obra.
[10] Folio 45 cuaderno de
primera instancia acción de tutela. Sobre este punto se tuvo oportunidad además
de escuchar la sustentación de la apelación y en el minuto 22´57´´ se destaca
que en este punto el reparo contra la sentencia de primera instancia se dirige
a que la Juez no condenó al cónyuge que dio origen a la causal como sanción en
favor de la demandante.
[11] Folio 45 y 46 del
cuaderno de primera instancia.
[12] Folio 49 del cuaderno
de primera instancia.
[13] Ibidem
[14] Folio 77 cuaderno de
primera instancia.
[15] Folio 78 cuaderno de
primera instancia.
[16] Folio 82 cuaderno de
primera instancia.
[17] Folio 42 del cuaderno
de primera instancia.
[18] Folio 43 del cuaderno
de primera instancia.
[19] Folio 87 del cuaderno
de primera instancia.
[20] Folios 89 y
siguientes del cuaderno de primera instancia.
[21] Folio 187 cuaderno
tutela primera instancia.
[22] Folio 189 cuaderno de
primera instancia
[23] Se recibieron cuatro
cuadernos: i) dos cuadernos contentivos de la actuación de tutela de primera
instancia, tramitada en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia; ii) una carpeta donde se ubican las pruebas documentales –en adelante
cuaderno de pruebas-y; iii) El expediente de segunda instancia ante la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
[24]
Folio 2 del cuaderno de primera instancia.
[25]
Folio 3 del cuaderno de primera instancia.
[26] Folio 4 a 144 del cuaderno de
primera instancia.
[27] Folios 14 a 41 del
cuaderno de primera instancia.
[28] Folios 1 a 18 del
cuaderno de pruebas.
[29] Folios 19 a 46 del
cuaderno de pruebas.
[30] Folios 47 a 71 del cuaderno de
pruebas.
[31] Folios 72 a 77 del
cuaderno de pruebas.
[32] El 10 de septiembre
de 2013 por Juan David Albán Conto, el 15 de octubre de 2013 por Nohemí del
Rosario Torres Contreras y Fideligno Torres Contreras, el 14 de noviembre del
2013 por Gloria Inés Riaño Caicedo y María Yemis Mosquera Micolta, el 10 de febrero
de 2014 por Carmen Rodríguez Manrique, el 7 de febrero de 2014 ante el Cónsul
General de Colombia en París por María Carolina Albán Conto, el 5 de marzo de
2014 por Álvaro Reinaldo Albán Medina, el 2 de abril de 2014 por Jacqueline
Maldonado Granado, el 6 de mayo de 2014 por Lucila Alarcón de Lozano, el 21 de
mayo de 2014 por Wilma Amparo Pineda Puerto, copia de la entrevista del 9 de
septiembre de 2014 por la menor de edad María José Albán Conto, el 21 de julio
de 2014 por Rodrigo Sepúlveda Rodríguez. Folio 78 a 86 del cuaderno de pruebas.
[33] Folios 145 a 150. del
cuaderno de pruebas.
[34] Folios 151 y 152 del
cuaderno de pruebas.
[35] Folios 153 a 156 del
cuaderno de pruebas.
[36] “i)
Requerir al Juzgado Once de Familia de Bogotá a efectos de que, en el
término de 3 días,  remita el expediente -o en su defecto copias del
mismo-, contentivo del trámite de cesación de efectos civiles de matrimonio
católico donde aparece como demandante la Señora Stella Conto Díaz del Castillo
y demandado … (2013-00463). Así mismo deberá remitir informe con sus
respectivos soportes, donde consten las actuaciones adelantadas con
posterioridad a la emisión de las sentencias de tutela y el estado actual de
las actuaciones. En caso de que para este momento el expediente no se encuentre
en dicho Despacho deberá remitirse el requerimiento al competente.
ii)
Solicitar al Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia para que,
dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la presente decisión,
remita informe con los soportes respectivos, en el que indique cuáles fueron
las actuaciones que adelantó con posterioridad a la emisión de las sentencias
de tutela en el presente asunto y el estado actual de la actuación.
iii)
Solicitar a la Señora Stella Conto Díaz de Castillo informe a esta Corporación,
dentro de los 3 días siguientes, si las circunstancias fácticas que soportaron
la activación de la causal 3° del artículo 154 del Código Civil -ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de
obra- fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. En
caso positivo deberá indicar ante qué autoridad se radicó la respectiva
denuncia.
iv)
De otro lado y teniendo en cuenta que los temas que se proponen
tanto en el escrito de tutela como en la impugnación generan diversas dudas y cuestionamientos,
se considera pertinente y conducente invitar a intervenir a algunas
instituciones cuyo objeto se relaciona con los problemas jurídicos y debate
propuesto, esto es, al observatorio de género de la Universidad Nacional, al
Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a las universidades de Caldas, de los
Andes y Externado de Colombia, y a la Relatoría Especial sobre la violencia
contra la mujer, sus causas y consecuencias de las Naciones Unidas, a partir de
aspectos tales como, la posibilidad de obtener “resarcimiento” e indemnización
de perjuicios en el proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio
católico y el procedimiento para reclamarlos, el alcance y naturaleza de la
obligación alimentaria contenida en el artículo 411.4 del Código Civil en el
marco del proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico y si
puede entenderse esta obligación como una medida resarcitoria atendiendo las
causales de divorcio, cuáles pueden ser las formas en las que se puede
concretar o materializar un trato discriminatorio por causa de género en un
proceso judicial, puede considerarse discriminatorio el hecho de analizar la
necesidad del alimentado como presupuesto para ordenar el pago de la obligación
alimentaria. Sus conceptos deberán remitirse en el término de 3 días”. Folios 27 y ss
cuaderno tramite de revisión acción de tutela.
[37] Folio 42, el
expediente recibido consta de 4 cuadernos con 435, 436, 1090, 142 (4 cds) y 82
folios.
[38] Folio 43 cuaderno tramite de
revisión acción de tutela,
[39] Folio 52 a 69 del
cuaderno del trámite de revisión de la acción de tutela
[40] Folio 117 del
cuaderno del trámite de revisión de la acción de tutela
[41] Numeral modificado
por el artículo 23 de la Ley 1a. de 1976. El nuevo texto es el siguiente: A
cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin su
culpa
[42] Al respecto la
sentencia de primera instancia señala “es patente de acuerdo con la prueba
documental y testimonial arrimada que hay maltrato entre los cónyuges, y que no
solo el señor …con su temperamento autoritario y controlador agrede a su esposa
verbal y psicológicamente, sino que la demandante también ha incurrido en actos
de maltrato verbal desde hace varios años…se puede colegir con claridad que
ambos cónyuges han sido generadores de maltrato, pues pese a residir en la
misma casa, convirtieron el hogar familiar en una forma de agredirse
mutuamente, involucrando de manera desconsiderada a los hijos…en ultimas ambos
terminaron la forma de agredirse a su manera…” Fl. 992 y 992 cuaderno 1-B
proceso ordinario
[43] Ver
cd de alzada, en el que el abogado indica ““…para cerrar la intervención…al abstenerse la señora Juez de condenar al
señor…señala que no tiene la necesidad –sic-, resulta que la sanción, los
alimentos para el cónyuge que resulta vencido y culpable son una sanción y así
se debe reconocer, obsérvese que la doctora Conto siempre asumió la manutención
de su familia…” … “…ha premiado la conducta violenta trasgresora en contra de
su cónyuge y en perjuicios de sus hijos…se ha premiado su incumplimiento no
impidiéndosele la sanción que como resultado de ser vencido en este juicio y de
ser el cónyuge responsable al ser probadas las causales…se le liberó con un
argumento muy particular…se le liberó…de que cumpliera y no se le aplicó la
sanción… es el culto a un patriarcalismo, a un pater familia romano que el
derecho colombiano no admite ni tiene recibo…”
[44] Folio 42 del cuaderno
de primera instancia.
[45] Folio 43 del cuaderno
de primera instancia.
[46] Ley 248 de 1995.
[47] La base argumentativa
expuesta en este capítulo hace parte de las sentencias SU-917 de 2010, SU-195
de 2012, SU-515 de 2013, SU-769 de 2014, SU-336 de 2017, SU-072 de 2018 y
SU-116 de 2018. Por tanto, mantiene la postura uniforme y reciente de esta
Corporación sobre la materia.
[48] En
el artículo 40 se consagró la competencia especial para conocer de las acciones
de tutela contra las providencias judiciales proferidas por “los jueces
superiores, los tribunales, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado” en el superior jerárquico correspondiente.
[49] “…de conformidad con
el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los
jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar
justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también
para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela
respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales …
“ C-543 de 1992
[50] Inciso 5° de la Constitución.
[51] “La
acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse
que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza,
según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente
incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus
derechos esenciales.// Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido
al alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se ha
agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse adicionar al
trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la
Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra
posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya culminado en un
pronunciamiento definitorio del derecho”.
[52] Sentencia C-590 de
2005
[53]  Sentencia
T-173 de 1993.
[54]  Sentencia
T-504 de 2000.
[55] Ver
entre otras Sentencia T-315 de 2005.
[56]
Sentencias SU-159 de 2000 y T-008 de 1998.
[57] Sentencia T-658 de
1998.
[58] Sentencias SU-1219 de
2001 y T-088 de 1999.
[59] Sentencia T-590 de
2005.
[60] Sentencia T-522 de 2001.
[61] Cfr.
Sentencias T-462 de 2003; T-1031, SU-1184 de 2001; y T-1625 de 2000.
[62] Dice la Corte en la
Sentencia C–590 de 2002 que se deja de aplicar una disposición iusfundamental
en los casos en que, “… si bien no se está ante una burda trasgresión de la
Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales”.
[63] Sentencia SU-198 de
2013. En la sentencia C–590 de 2005 se reconoció autonomía a esta causal de
procedibilidad de la acción de tutela, y se establecieron algunos criterios
para su aplicación.
[64] Sentencia SU-632 de
2017.
[65] La presente síntesis
comprensiva se extracta de la sentencia T-261 de 2019.
[66] Se pueden consultar
las sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000,
T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005,  T-061 de 2007, T-079 de 1993,
T-231 de 1994 T-001 de 1999, T-814 de 1999, T-522 de 2001, T-842 de
2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004 , T-701 de
2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005,  T-800 de
2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de
2009. Cfr., sentencia T-741 de 2017.
[67]
Sentencia T-189 de 2005.
[68]
Sentencia T-205 de 2004.
[69] Sentencia T-800 de 2006.
[70]
Sentencia T-522 de 2001.
[71] Sentencia SU-159 de
2002.
[72]
Sentencias T-051 de 2009, T-1101 de 2005. y T-1222 de 2005.
[73]
Sentencia T-462 de 2003, Sentencia T-001 de 1999.
[74] Sentencia T-066 de
2009. Sentencia T-079 de 1993.
[75] Sentencia T-814 de
1999.
[76] Sentencia T-018 de 2008
[77] Sentencia T-086 de 2007
[78]
Sentencia T-231 de 1994.
[79]
Sentencia T-807 de 2004.
[80]
Sentencia T-056 de 2005. Ver además T-066 de 2009.
[81] Sentencia T-949 de
2009.
[82] Sentencia T-114 de
2002, T- 1285 de 2005.
[83] Sentencia T-086 de
2007.
[84] Ver las sentencias
T-292 de 2006, SU-640 de 1998 y T-462 de 2003.
[85] Sentencia T-086 de
2007.
[86] Sentencia
T-086 de 2007. Ver además Sentencia T-808
de 2007 “… en cualquiera de estos casos debe estarse frente a un
desconocimiento claro y ostensible de la normatividad aplicable al caso
concreto, de manera que la desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la
del funcionario judicial sea notoria y no tenga respaldo en el margen de
autonomía e independencia que la Constitución le reconoce a los jueces (Art.
230 C.P.). Debe recordarse además, que el amparo constitucional en estos casos
no puede tener por objeto lograr interpretaciones más favorables para quien
tutela, sino exclusivamente, proteger los derechos fundamentales de quien queda
sujeto a una providencia que se ha apartado de lo dispuesto por el ordenamiento
jurídico”.
[87] Sentencia T-949 de 2009.
[88] Sentencia T-164 de
2018
[89] Sentencia T-902 de
2005.
[90] Ibidem.
[91] Ibidem.
[92] Sentencias T-442 de
1994.
[93] Sentencia T-060 de
2012.
[94] Sentencias T-064,
T-456, T-217, T-067 y T-009 de 2010. En similar sentido, las sentencia T-505 de
2010 y T-014 de 2011.
[95] Sentencia T-067 de
2010. En igual sentido, sentencia T-009 de 2010 y T-466 de 2012.
[96] Preámbulo Convención
Belem Do Pará.
[97] A pesar de la gran
extensión que en la historia de la humanidad ha abarcado la discriminación
contra la mujer, esta solamente se visibilizó como un problema en época
reciente. De esta forma, solamente hasta el siglo XVIII la primera ola del
feminismo -
El principio de igualdad en el derecho constitucional europeo. Mariana
Rodríguez Canotilho, Madrid, Thomson Reuters-Aranzadi, 2017, p. 166 y ss.- atacó los
presupuestos de la dominación masculina reclamando la posibilidad del acceso
para las mujeres a los derechos que como ciudadana le corresponden. Luego, en
el siglo XIX la segunda ola del feminismo centró su lucha en la obtención de la
participación política de la mujer en la vida en sociedad y, finalmente, en el
siglo XX la tercera ola del feminismo buscó visibilizar la ocurrencia de la
totalidad actos que estructuralmente discriminan a la mujer. Es en
la última etapa del proceso feminista donde surgen por primera vez propuestas
encaminadas a definir la violencia de género contra las mujeres y a
desnaturalizar su comisión -[97] MARCHAL ESCALONA, Nicolás,
DELGADO, Carmen, Manual de lucha contra la violencia de género, Aranzadi, 2010,
p. 46 y 47-.
[98] CORTÉS, Irene, Violencia de
género e igualdad, Comares, S.L. 2013. p. 1.
[99] https://www.ohchr.org/sp/issues/women/wrgs/pages/genderstereotypes.aspx
[100] Ibidem, p. 45.
[101] Ibidem, p. 86.
[102] Ibidem, p. 86 y 87.
[103] Si bien es cierto
nuestra legislación la define como violencia intrafamiliar, algunos sectores de
la doctrina prefieren darle el nombre de violencia doméstica pues entienden que
procura proteger a cualquiera que conforme el grupo familiar, no solo por lazos
exclusivamente sanguíneos, de afinidad o civiles.
[104] CORTÉS, Irene, Violencia de
género e igualdad, Comares, S.L. 2013. p. 1.
[105] INMUJERES. (2007). Glosario
de género. D.F.: INMUJERES. bit.ly/1I9pJiz
[106] Cfr. ESTEREOTIPOS
DEGÉNERO. Rebeca Cook. https://www.law.utoronto.ca/utfl_file/count/documents/reprohealth/estereotipos-de-genero.pdf,   consultado el
26/02/2020.
[107] Aprobado por el
Congreso de la República mediante la Ley 35 de 1986.
[108] Aprobado por el
Congreso de la República mediante la Ley 51 de 1981.
[109] Aprobado por el
Congreso de la República mediante la Ley 248 de 1995.
[110] Asamblea Nacional Constituyente,
Comisión Quinta, sesión del 10 de mayo de 1991.
[111] “(…)
para la gran mayoría de las mujeres, especialmente en el llamado Tercer Mundo y
en las zonas marginadas de casi todas las naciones, su situación real, lejos de
mejorar se ha visto empeorada. Ello es así porque el impacto de la crisis
económica, los factores de violencia y hasta las propias medidas
gubernamentales, recae con más virulencia sobre la mujer y especialmente la
mujer pobre, sometida a una situación claramente diferenciada y culturalmente
tolerada e inducida de discriminación social y política y de sobre-explotación
económica.
Por eso, honorables
constituyentes, debemos legislar en función de las realidades que rodean a la
mujer colombiana en esta etapa de nuestra vida nacional, no solamente en
función de los principios de igualdad que todos compartimos, sino también en función
de las bases de discriminación consuetudinaria en que estos deberán ser
aplicados, para que so pretexto de favorecer a la mujer con una igualdad
elevada a canon constitucional no la condenemos a la práctica infamante de una
discriminación y abandono permanentes.” Asamblea Nacional Constituyente,
proyecto número 90 sobre “Los derechos de la mujer”, autores Horacio Serpa
Uribe, Guillermo Perry Rubiano y Eduardo Verano de la Rosa.
[112] Sentencia C-288 de
2012.
[113] La sentencia T-878 de
2014, explicó que “la primera –la discriminación- tiene un componente afectivo
muy fuerte que genera sentimientos agresivos, por lo cual la discriminación
causa violencia y la violencia a su vez es una forma de discriminación, generando
actos que vulneran los derechos humanos y la dignidad humana de muchos grupos
de la sociedad”
[114] Sentencia T-967 de
2014.
[115] La tesis se encuentra
en la sentencia C-408 de 1996 y fue retomada en las decisiones T-967 de 2014 y
T-012 de 2016.
[116] Sentencia T-878 de
2014.
[117] El Código Penal de 1890 en su artículo 712
preceptuaba: “La mujer casada que cometa adulterio sufrirá una reclusión por el
tiempo que quiera el marido, con tal que no pase de cuatro años. Si el marido
muriese sin haber solicitado la libertad de la mujer y faltare más de un año
para cumplir el término de reclusión, permanecerá en ella un año, después de la
reclusión hasta que cumpla su condena”.
[118] Asesinato de una mujer a manos de su marido.
[119] El Código Penal de
1890, vigente hasta el 1o. de enero de 1937, establecía: “Artículo 591. El
Homicidio es inculpable absolutamente cuando se comete en cualquiera de los
casos siguientes: (…)  9o. En el de cometer el homicidio en la persona de su
mujer legítima, o de una descendiente del homicida, que viva a su lado
honradamente, a quien sorprenda en acto carnal con un hombre que no sea su
marido; o el que cometa en la persona del hombre que encuentre yaciendo con una
de las referidas; y lo mismo se hará en el caso de que los sorprenda, no en el
acto carnal, pero sí en otro deshonesto, aproximado o preparatorio de aquél, de
modo que no pueda dudar del trato ilícito que entre ellos existe”.
[120] Mírese por ejemplo los hechos ocurridos y que dieron
lugar a la sentencia STS
254/2019 de 21 de Mayo, Tribunal Supremo español, “de la que ha sido
ponente el Magistrado Vicente Magro Servet, formando parte del Tribunal Miguel
Colmenero, Pablo Llarena, Susana Polo y Eduardo Porres, desestima el recurso
interpuesto ante la sentencia que condenó al recurrente por haber golpeado a su
pareja porque ésta no quería mantener en un día determinado relaciones
sexuales, forzándole sexualmente, al mismo tiempo que le reprochaba que “es
tu obligación”, “que es Domingo y toca”, que “no servía para
nada” y que “lo suyo no era trabajar y tenía abandonada la casa y la
niña” penetrándola vaginalmente e intentándolo analmente. Ante la
contundencia de los golpes para vencer su resistencia el condenado consiguió la
penetración vaginal y, al concluir la agresión sexual, la víctima se fue a comisaría
a denunciar los hechos, y de ahí a un centro sanitario donde se le atendió
médicamente. || El Tribunal Supremo
señala en su sentencia que: || “Con los hechos declarados probados en donde se
pretendía por el recurrente ejercitar un derecho de contenido sexual con su
pareja, y una corolaria obligación de ésta de acceder a las pretensiones
sexuales de él en cualquier momento en que lo exigiera se pretende por el
agresor un reconocimiento de que el matrimonio lleva consigo el derecho de los
cónyuges a tener acceso carnal con su pareja cuando uno de ellos quiera, pese a
la negativa del otro; planteamiento que debe ser rechazado, por lo que la
conducta ejercida con violencia del acceso sexual mediante golpes, o venciendo
la voluntad de la víctima con intimidación, determina la comisión de un delito
de agresión sexual.” Cfr. http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13994-el-supremo-recuerda-que-no-existe-el-debito-conyugal-en-el-matrimonio-y-condena-por-violacion-si-se-fuerza-a-la-pareja-/
[121] Un estudio de la OMS definió el
comportamiento dominante de la pareja de una mujer incluyendo los actos
siguientes: impedirle ver a sus amigas;
limitar el contacto con su familia carnal; insistir en saber dónde está en todo
momento; ignorarla o tratarla con indiferencia; enojarse con ella si habla con
otros hombres; acusarla constantemente de serle infiel; controlar su acceso a
la atención para la salud. En https://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/summary_report/chapter2/es/index5.html, consultada el 26/02/2020
[122] Preámbulo Convención
Belém Do Pará.
[123] La Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer fue creada mediante Resolución aprobada
el 21 de junio de 1946 por el Consejo Económico y Social de la Organización de
las Naciones Unidad.  El artículo 1 de la Resolución, establece que “La
Comisión tiene como funciones presentar recomendaciones e informes al Consejo
Económico y Social sobre la promoción de los derechos de la mujer en los campos
político, económico, social y docente. La Comisión también deberá formular
recomendaciones al Consejo sobre los problemas que presenten un carácter de
urgencia en el campo de los derechos de la mujer. La Comisión puede presentar
al Consejo propuestas relativas a sus propias atribuciones.”
[124]Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, artículo 1.
[125] Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, artículo 2.
[126]Además
de los anteriores instrumentos, Colombia acogió: i) La “Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” y el
“Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas,
especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, adoptados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil
(2000).[126]ii)
La “Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer”, hecho en Nueva
York, el 31 de marzo de 1953[126]. iii) Convención
Interamericana sobre la Nacionalidad de la Mujer.[126]
iv)  el “Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer”, adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el seis (6) de octubre de mil novecientos
noventa y nueve (1999).[126]
[127] Corte IDH, Caso
Velásquez Rodríguez, sentencia, párrafo 64. La decisión se encuentra disponible
en la dirección electrónica http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf
[128] Corte IDH, Caso
Rosendo Cantú y otra vs México, sentencia, párrafo 177. La decisión se
encuentra disponible en la dirección electrónica http://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/STCIDHM5.pdf
[129] Corte IDH, Caso
Velásquez Rodríguez, Excepciones preliminares, párrafo 91. La decisión se
encuentra disponible en la dirección electrónica http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_01_esp.pdf
[130] En el caso Maria da
Penha Maia Fernandes, una mujer víctima de violencia doméstica en Brasil, como
consecuencia del abuso físico y los atentados de homicidio perpetrados por su
esposo, terminó en condición de paraplejia, a pesar de haber presentado varias
denuncias ante el Estado. El informe número 54 de 2001 de la CIDH sobre el
proceso, se puede consultar en la dirección electrónica https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Fondo/Brasil12.051.htm
[131] Informe número 54 de
2001, Caso 12.051, Maria Da Penha Maia Fernades, párrafo 56, disponible en la
dirección electrónica https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Fondo/Brasil12.051.htm
[132] Párrafo 24, 2010, Informe de la Relatora
Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Naciones Unidas,
traducción propia, tomado de: https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.22.pdf
[133] Párrafo 71, 2011, Informe de la Relatora Especial
sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Naciones Unidas.
[134] Pg. 32, 2011, Acceso a la
justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica, CIDH.
[135] Pg. 50, 2014, Guía
para la aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la violencia contra la mujer, OEA y Mesecvi.
[136] Juan Carlos Henao.
La responsabilidad extracontractual del Estado. XVI jornadas
internacionales de derecho administrativo. Universidad Externado de Colombia,
p. 35.
[137] Félix A. Trigo Represas. María I. Benavente. Reparación de daños a la persona. Rubros
Indemnizatorios Responsabilidades especiales. Tomo IV. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires:  Editorial La Ley, 2014. Pág. 341.
[138] Ibidem.
[139] Tal tesis de forma
inicial fue aceptada por el derecho anglosajón, que cedió a la postura
negacionista, en el año 1979 al punto que, la Suprema Corte de Nueva York
reconoció la responsabilidad civil en dichos escenarios, siempre y cuando
provenga de un daño causado de forma intencional. Precedente “Tevis C. Tevis”
13 de noviembre de 1978. Decisión del 0 de abril de 1979.
[140] Reparación de daños a la persona. Rubros
Indemnizatorios Responsabilidades especiales. Tomo IV. Félix A. Trigo Represas. María I. Benavente. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires:  Editorial La Ley, 2014. Pág. 342.
[141] Ibidem.
[142] Ibidem pág. 342.
[143]  La
Constitución Política de 1991 contempla como fines esenciales del Estado
colombiano la obligación de “(…) promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación (…)”
[144] “De
acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante “Corte IDH”), los Estados se encuentran en la obligación de establecer
normativamente mecanismos efectivos de defensa judicial para la protección de
los derechos humanos que procuren su aplicación por parte de las autoridades
judiciales. || Por tanto, al momento de avocar el conocimiento de un proceso
que implique la determinación de derechos u obligaciones de una persona con
circunstancias subjetivas que demanden una pronta decisión, los funcionarios
judiciales deberán observar el principio de plazo razonable establecido
en los artículos 8 y 25[29] de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José”, con el fin
de evitar dilaciones injustificadas que configuren la vulneración de los
derechos fundamentales.
Por lo anterior,
la Corte IDH se ha pronunciado en diferentes ocasiones para establecer los
parámetros que determinen la razonabilidad del plazo de los procesos
judiciales, entre ellos se encuentran: “a) la complejidad del asunto; b) la
actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades
judiciales"[30].
En relación con
la complejidad del asunto, se debe tener en cuenta: (i) qué se busca con el
proceso, (ii) los hechos sobre los que versa, (iii) el material probatorio
disponible en el expediente y (iv) demás averiguaciones necesarias para
pronunciarse de fondo lo cual implica términos de notificaciones y demás etapas
procesales que demandan tiempo al proceso.
La actividad
procesal del interesado y la conducta de las autoridades no son más que el
impulso e interés constante del proceso de las partes y los funcionarios
encargados de su conocimiento, en cumplimiento de los términos propuestos por
la legislación aplicable al asunto, evitando cualquier dilación o retraso
injustificado en el desarrollo del litigio.” Corte constitucional, sentencia
T-052 de 2018.
[145] Norberto Bobbio. El
tiempo de los derechos. Madrid, España, Editorial Sistema, 1991, p. 61
[146] Violencia entendida a
partir de un contenido amplio, esto es, violencia física, psicológica,
económica, entre otras.
[147] “Si se nos
menosprecia como sujetos o se nos usa como medios, nos sentimos humillados. La
humillación es la experiencia de que alguien nos quita la dignidad”, ha dicho
magistralmente Peter Bieri en La dignidad humana. Una manera de vivir.  Herder,
2017, p. 35.
[148] Folio 49 cuaderno de
la acción de tutela de primera instancia
[149] Ibidem
[150] Ibidem
[151] Ibidem
[152] Sentencia SU 407 de
2013
[153] En sentencia T-967 de
2014 la Corte estudió un caso de discriminación y violencia contra la mujer
donde había transcurrido un término similar de 4 meses, aclarando que “la
acción de tutela se instauró…sólo transcurrieron 4 meses aproximadamente entre
las actuaciones, lapso razonable y proporcionado para la preparación del
escrito de tutela y la organización de todos los documentos aportados”.
[154] Folio 39 cuaderno 1A
y  716 cuaderno 1-B proceso ordinario
[155] Folio 77 cuaderno de
primera instancia.
[156] Folio 78 cuaderno de
primera instancia.
[157] Folio 42 del cuaderno
de primera instancia.
[158] Folio 82 cuaderno de
primera instancia.
[159] Folio 121 cuaderno
1-A proceso ordinario
[160] El
Congreso expidió la ley 1257 de 2008, por medio de la cual
buscó hacer frente a los actos de violencia que contra la mujer se cometen en
Colombia. La
norma cimienta sus mandatos sobre la concepción de que la violencia contra la
mujer implica “cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su
condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito
público o en el privado.” Para ello, Consagró entonces dicho contenido
normativo en su artículo 8° los siguientes derechos en favor de las mujeres que
sean víctimas de violencia:
“a) Recibir atención integral a través
de servicios con cobertura suficiente, accesible y de la calidad –sic-.
b) Recibir orientación, asesoramiento
jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y
especializado desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se
ponga en conocimiento de la autoridad. Se podrá ordenar que el agresor asuma
los costos de esta atención y asistencia. Corresponde al Estado garantizar este
derecho realizando las acciones correspondientes frente al agresor y en todo
caso garantizará la prestación de este servicio a través de la defensoría
pública;
c) Recibir información clara, completa,
veraz y oportuna en relación con sus derechos y con los mecanismos y
procedimientos contemplados en la presente ley y demás normas concordantes;
d) Dar su consentimiento informado para
los exámenes médico-legales en los casos de violencia sexual y escoger el sexo
del facultativo para la práctica de los mismos dentro de las posibilidades
ofrecidas por el servicio. Las entidades promotoras y prestadoras de servicios
de salud promoverán la existencia de facultativos de ambos sexos para la
atención de víctimas de violencia;
e) Recibir información clara, completa,
veraz y oportuna en relación con la salud sexual y reproductiva;
f) Ser tratada con reserva de identidad
al recibir la asistencia médica, legal, o asistencia social respecto de sus
datos personales, los de sus descendientes o los de cualquiera otra persona que
esté bajo su guarda o custodia;
g) Recibir asistencia médica,
psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral en los términos y
condiciones establecidos en el ordenamiento jurídico para ellas y sus hijos e
hijas;
h) Acceder a los mecanismos de
protección y atención para ellas, sus hijos e hijas;
i) La verdad, la justicia, la
reparación y garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos de
violencia;
j) La estabilización de su situación
conforme a los términos previstos en esta ley.
k) A decidir voluntariamente si puede
ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios de atención y en
los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo.”-negrilla fuera
del texto original-
[161] Cuaderno de primera
instancia, folio 183.
[162] https://procesal.uexternado.edu.co/boletin-virtual-numero-58/ Consultado el
27/02/2020.
[163] Folio 449 y
siguientes, cuaderno 1-B proceso ordinario
[164] Folio 622 y
siguientes, cuaderno 1-B proceso ordinario
[165] Ibidem.
[166] Folios 716 y
siguientes, cuaderno 1B proceso ordinario
[167] Ver al respecto
registro de audiencia de segunda instancia.
[168] Esta expresión es del
apoderado de la demandante.
[169] Medina Graciela.
Daños en el Derecho de Familia. Segunda Edición Actualizada. Rubinzal-culzoni
editores. 2008. Pág. 47
[170] Sobre ello Medina
Graciela, en Daños en el Derecho de Familia, 2ª. Ed,
Rubinzal-Culzoni editores, 2008, p. 121 expresa: “En los últimos años, los casos de abuso y violencia familiar se
han manifestado con frecuencia sobre todo en los estrados judiciales, donde,
años tras año, cónyuges, hijos y padres agredidos intentan obtener, a través de
una decisión judicial, un remedio a sus padecimientos”
[171] “Los procesos
reivindicativos de las mujeres y de las personas con OSIGD a nivel global,
regional y nacional, han posibilitado visibilizar y poner en la agenda pública
el debate sobre las graves violaciones a los derechos humanos y su déficit de
protección, logrando el posicionamiento de aspectos centrales de sus agendas
sociales y políticas y por su puesto un avance normativo en materia de
protección de sus derechos.” https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Informe%20Defensorial-Violencias-Basadas-Genero-Discriminacion.pdf P. 25
[172] Con fundamento en la
facultad probatoria conferida en el Decreto 2591 de 1991 y en el Acuerdo 02 de
2015.
[173] Folio 118 cuaderno 1A
proceso ordinario.