C-154-16
Sentencia C-154/16
PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA QUE MODIFICA LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA-Designación
transitoria de magistrados de descongestión en Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia
PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA SOBRE DESIGNACION TRANSITORIA DE MAGISTRADOS DE
DESCONGESTION EN SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Declaración
de exequibilidad por cumplimiento de requisitos
PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA QUE MODIFICA LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA-Trámite
legislativo
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE LEY ESTATUTARIA-Competencia
de la Corte Constitucional/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE LEY
ESTATUTARIA-Características/PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA-Requisitos
para la aprobación
PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA-Aprobación dentro de una sola
legislatura
PRINCIPIO
DE UNIDAD DE MATERIA LEGISLATIVA-Contenido y alcance
CONTROL
ABSTRACTO DE CONSTITUCIONALIDAD-Principio de unidad de materia/UNIDAD
DE MATERIA-Escrutinio no puede ser rígido
PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA SOBRE DESIGNACION TRANSITORIA DE MAGISTRADOS DE
DESCONGESTION EN SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Principio
de unidad de materia
PROYECTO
DE LEY-Principios
de consecutividad e identidad flexible
CONSULTA PREVIA DE MEDIDAS
LEGISLATIVAS A LAS COMUNIDADES ETNICAS-Reiteración de jurisprudencia/CONSULTA
PREVIA A COMUNIDADES ETNICAS-Realización obligatoria cuando medidas
de iniciativa legislativa puedan impactarlas directamente
PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA SOBRE DESIGNACION TRANSITORIA DE MAGISTRADOS DE
DESCONGESTION EN SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-No
surtió consulta previa por no incidir en jurisdicción indígena
IMPACTO
FISCAL EN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA-Contenido y
alcance
IMPACTO
FISCAL-No
constituye barrera para que Congreso de la Republica ejerza su función
legislativa
MEDIDAS
DE DESCONGESTION JUDICIAL EN RELACION CON ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA-Jurisprudencia
constitucional
MEDIDAS
PARA CREACION DE CARGOS DE DESCONGESTION O FUNCIONAMIENTO TRANSITORIO DE SALAS
O DESPACHOS JUDICIALES-Contenido normativo
CREACION
SALAS DE DESCONGESTION LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Previsión
de recursos necesarios
DESCONGESTION
JUDICIAL-Garantía
de acceso a la administración de justicia en la jurisprudencia constitucional
MEDIDAS
DE DESCONGESTION JUDICIAL-Características y requisitos
La jurisprudencia constitucional ha
establecido una serie de características y condiciones que deben cumplir los
mecanismos orientados a reducir la congestión en la administración de justicia:
(i) tienen como finalidad la eficacia y prontitud en el acceso a la
administración de justicia; (ii) deben respetar los derechos fundamentales, en
especial el debido proceso y las garantías procesales señaladas en la Constitución;
(iii) son de carácter transitorio en cuanto a los cargos creados para resolver
la mora judicial y en cuanto a la investidura a particulares con funciones
judiciales; (iv) deben respetar el mérito como criterio para ejercer la función
judicial; (v) no pueden prohibir a los jueces de descongestión dictar sentencia
en los asuntos que tramiten y (vi) deben ser ‘idóneos institucionalmente’, es
decir, no pueden afectar la configuración orgánica y funcional dispuesta por la
Carta Política.
MEDIDAS
DE DESCONGESTION JUDICIAL-Finalidad/MEDIDAS DE DESCONGESTION
JUDICIAL-Garantizan la eficacia y prontitud en el acceso a la
administración de justicia/DESCONGESTION JUDICIAL-Herramienta para
alcanzar la igualdad de oportunidades y la paz en el territorio nacional
Las medidas de descongestión tienen como
finalidad garantizar la eficacia y prontitud en el acceso a la administración
de justicia. De antaño, los pronunciamientos de la Corte Constitucional han
reconocido como fundamento constitucional de los mecanismos de descongestión de
la jurisdicción el derecho de toda persona a acceder a la administración de
justicia (art. 229 C.P.) y a que ésta resuelva los conflictos con eficacia y
prontitud. Ello se relaciona además con la convivencia pacífica y la vigencia
de un orden justo enunciadas en el artículo 2º Superior, así como con la
prevalencia de los derechos fundamentales (artículo 5º C.P.).
MEDIDAS
DE DESCONGESTION JUDICIAL-Deben respetar los derechos
fundamentales al debido proceso y garantías procesales
Los medios empleados para combatir la
congestión judicial deben respetar los derechos fundamentales, en especial el
debido proceso y las garantías procesales señaladas en la Constitución. En
efecto, este Tribunal ha reiterado que las medidas de descongestión son admisibles
constitucionalmente “siempre y cuando no se alteren las garantías procesales
con que cuentan los asociados para la resolución de sus conflictos.” Corolario
de ello es que se haya exigido que la imposición gradual de sanciones a los
servidores que no acaten los términos procesales con diligencia se haga
observando el debido proceso.  También, la distribución de los
asuntos pendientes de fallo entre los distintos jueces y tribunales, así como
la creación de jueces de apoyo itinerantes (ambas tareas a cargo del Consejo
Superior de la Judicatura), podrán realizarse con la condición de que se
respeten las garantías procesales diseñadas por el Constituyente.
MEDIDAS
DE DESCONGESTION JUDICIAL-Carácter transitorio de creación de
cargos de jueces y magistrados de descongestión judicial
FUNCIONARIOS
JUDICIALES DE DESCONGESTION-Distinción entre la temporalidad de la
vinculación y la función misma que desempeñan
La Corte señaló que, en el caso de los
funcionarios judiciales de descongestión, “se trata de funcionarios que son
temporales en su relación con el Estado, pero no en cuanto a su función de
administrar justicia.” Asimismo, advirtió que: “las reglas que creen cargos
judiciales de descongestión tienen una vocación de temporalidad, no de
permanencia. Sin embargo, la regla según la cual dichos cargos de
descongestión, constituyen rama judicial, es independiente y tienen carácter
permanente, no temporal.”.
MEDIDAS
DE DESCONGESTION JUDICIAL-Investidura transitoria a particulares
para administrar justicia
ASIGNACION
DE CARGOS DE JUECES Y MAGISTRADOS DE DESCONGESTION-Respeto al
mérito como criterio para ejercer la función judicial
Esta Corporación ha resaltado igualmente
que la asignación de cargos de jueces y magistrados sustanciadores (designados
no para dar impulso a los procesos sino únicamente para proferir sentencia) de
descongestión debe respetar el mérito como criterio para ejercer la función
judicial. En efecto, aunque estos funcionarios no pertenecen a la carrera
judicial, “su designación hace inexcusable tomar en cuenta y respetar el orden
de las listas de elegibles, conformadas por quienes han agotado todas las
etapas del concurso de mérito y se encuentran a la espera de su nombramiento
definitivo.” Esta exigencia tiene como fundamento los principios
constitucionales de transparencia, igualdad y el mérito como criterio de acceso
a la función pública.
CARGOS
DE JUECES Y MAGISTRADOS DE DESCONGESTION- No
puede impedírseles la facultad de dictar sentencia en los asuntos que tramiten
MEDIDAS
DE DESCONGESTION JUDICIAL-Medios idóneos institucionalmente que no
afecten configuración orgánica y funcional dispuesta por la Constitución
Política
CREACION
DE SALAS Y SECCIONES DE DESCONGESTION JUDICIAL DE ALTAS CORTES-Exigencias/CREACION,
ORGANIZACION Y FUNCIONES DE SALAS O SECCIONES DE DESCONGESTION-Reserva de
ley
CONSTITUCION
POLITICA-Regula
la composición, organización, funciones y estructura de la Corte Suprema de
Justicia/LEY ESTATUTARIA-Regula el diseño orgánico y funcional de
órganos superiores de justicia
LEY
ORDINARIA-Desarrolla
aspectos de instituciones judiciales que no estén reservados a ley especial o
no guardan relación con la administración de justicia
CREACION
SALAS DE DECISION O DESCONGESTION-Concurrencia entre ley
estatutaria y ley ordinaria
RESERVA
DE LEY EN MATERIA DE CREACION SALAS DE DECISION O DESCONGESTION-Competencia
del Legislador/RESERVA DE LEY EN MATERIA DE CREACION SALAS DE DECISION O
DESCONGESTION-Regulación mediante leyes estatutarias y ordinarias
ESTRUCTURA
Y FUNCIONAMIENTO SALAS DE DECISION O DESCONGESTION CREADAS POR EL LEGISLADOR-Reserva
de ley para fijar parámetros mínimos
CREACION
SALAS DE DECISION O DESCONGESTION-No puede alterar ni menoscabar
estructura básica de las altas corporaciones judiciales/COMPETENCIA DEL
LEGISLADOR PARA ASIGNAR FUNCIONES A CADA SALA ESPECIALIZADA Y SALA PLENA DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-No es absoluta
CREACION
SALAS DE DECISION O DESCONGESTION-Período individual de magistrados
de salas de decisión o descongestión no puede superar al de los demás miembros
de la Corporación
DESCONGESTION
JUDICIAL-Período
individual de 8 años para magistrados de Alta Corte que adelanten labores
transitorias/PRINCIPIO DE AUTONOMIA E INDEPENDENCIA JUDICIAL-Período
predeterminado de ejercicio en un empleo público garantiza que continuidad no
dependa de interferencia externa o decisión del nominador
AUTONOMIA
E INDEPENDENCIA JUDICIAL-Restricción a magistrados en cargos
transitorios para
cambiar precedente/AUTONOMIA E INDEPENDENCIA JUDICIAL-Evaluación
periódica de resultados a magistrados en cargos
transitorios para
asegurar el objetivo de la descongestión
INDEPENDENCIA
JUDICIAL-Garantía/INDEPENDENCIA
JUDICIAL-Doble protección
AUTONOMIA
E INDEPENDENCIA-Labor de administrar justicia
PODER
JUDICIAL-Garantías/INDEPENDENCIA
JUDICIAL-Exigencia
AUTONOMIA
E IMPARCIALIDAD-Presupuestos de la administración de justicia
AUTONOMIA
E IMPARCIALIDAD-Delimitan relación de jueces y Rama Judicial entre
sí y con las demás ramas y entes del poder público
COMPETENCIA
DE JUECES Y ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Prevalencia
de la independencia y autonomía judicial
PREVALENCIA
DE LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMIA JUDICIAL-Jurisprudencia
constitucional
AUTONOMIA
E INDEPENDENCIA JUDICIAL-Limites a facultad atribuida a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para creación de jueces de
descongestión
SALAS
O SECCIONES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CONSEJO DE ESTADO Y CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA-Alteración de turnos para decidir
asuntos bajo su conocimiento no resulta inconstitucional
DESCONGESTION
JUDICIAL-Garantía
de autonomía e independencia judicial cuando metas deben alcanzarse en un
tiempo determinado
EVALUACION
A JUECES-Características
SALA
LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Medidas de
descongestión
MEDIDAS
DE DESCONGESTION-Carácter temporal o transitorio
MEDIDAS
DE DESCONGESTION Y PERIODO DE MAGISTRADOS DE SALAS DE DECISION O DESCONGESTION-Transitoriedad
MAGISTRADOS
DE ALTAS CORTES-Periodo inmodificable/MAGISTRADOS DE ALTAS
CORTES-Disposición de transitoriedad se refiere al tiempo de regulación de
medida de descongestión
PERIODO
INMODIFICABLE DE MAGISTRADOS DE ALTAS CORTES-Garantía de
independencia e imparcialidad que no puede ser alterada por el legislador
estatutario
INDEPENDENCIA
JUDICIAL E INAMOVILIDAD DE JUECES-Jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
DERECHO
INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS-Admite que jueces sean
destituidos por razones graves relacionadas con mala conducta o incompetencia
CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE ESTABILIDAD DEL JUEZ-Relación
con derecho a permanecer en cargo público en condiciones de igualdad/CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE INDEPENDENCIA JUDICIAL-Violación
cuando se afecta inamovilidad y estabilidad del juez por decisión estatal que
incida arbitrariamente en período de nombramiento
PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA SOBRE DESIGNACION TRANSITORIA DE MAGISTRADOS DE
DESCONGESTION EN SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Transitoriedad
no se refiere a periodo sino a temporalidad
Teniendo en cuenta los parámetros
interpretativos la Corte Constitucional entiende que la transitoriedad a la que
alude el proyecto no se refiere al periodo de los magistrados de descongestión
sino a la temporalidad de la política misma, que incide en la duración de los
cargos, no en los periodos. Es decir, que una vez termine el periodo individual
de cada uno de los magistrados de descongestión nombrados, el cargo se
extingue. Y si alguno de ellos faltara de manera absoluta, el cargo deberá
proveerse con las reglas fijadas por la Constitución, pero, en virtud de la
transitoriedad del cargo derivada de la naturaleza de la descongestión, no
podría volver a contarse el periodo de manera personal, sin que ello afecte la
garantía institucional de independencia e imparcialidad.
PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA SOBRE DESIGNACION TRANSITORIA DE MAGISTRADOS DE
DESCONGESTION EN SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Medidas
de descongestión y cargos creados deben respetar periodos establecidos
MAGISTRADOS
DE SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Designación por
período individual de 8 años para quienes desempeñan funciones permanentes y
quienes ejercerán como jueces de casación durante la descongestión
SALA
DE CASACION LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Designación
de magistrados
Del contenido del artículo 1º y el
primer inciso del parágrafo del artículo 2º del proyecto bajo examen, en
concordancia con las normas constitucionales aplicables, es posible inferir dos
premisas: la primera, en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia todos
los magistrados son designados por un período individual de 8 años, tanto
quienes desempeñan las funciones permanentes como quienes ejercerán como jueces
de casación durante la descongestión. La segunda, en dicha sala de casación,
existen dos tipos de magistrados: quienes tienen período fijo de 8 años
(ejercen funciones permanentes) y quienes tienen período máximo de 8 años, pero
de acuerdo con el rendimiento personal y con la cantidad de trabajo evacuado,
pueden desempeñar el empleo por un tiempo inferior al período por el que fueron
elegidos (ejercen funciones de descongestión). En cuanto a la primera premisa,
las normas del proyecto de ley estatutaria que se han analizado en este
apartado no presentan ningún vicio de inconstitucionalidad, pues en diversos
fragmentos mencionan la transitoriedad de las medidas de descongestión: en el
segundo inciso del artículo 1º y primer inciso del parágrafo del artículo 2º,
expresiones que serán declaradas exequibles. Sobre la condición de permanencia
en el cargo ligada a la evaluación la Corte se pronunciará en detalle más
adelante.
CREACION
SALAS DE DESCONGESTION LABORAL INDEPENDIENTES DE SALA DE CASACION LABORAL DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Constitucionalidad
SALAS
DE CASACION DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Separación e
independencia
SALAS
PERMANENTES Y DE DESCONGESTION DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Separación
e independencia
DECISIONES
DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Independencia
MAGISTRADOS
DE DESCONGESTION LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Competencias
limitadas
LEGISLADOR-Fija
división de la Corte Suprema de Justicia en salas y señala asuntos a conocer
determinando en los que deba intervenir la Corte en pleno
LEY-Determina
cantidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia
MAGISTRADOS
DE DESCONGESTION-Función temporal y específica
ACCION
DE TUTELA-Consagración
constitucional/ACCION DE TUTELA-Mecanismo de protección inmediata de
derechos fundamentales/ACCION DE TUTELA-Competencia de todos los jueces
de la república
ACCION
DE TUTELA-Reglas
de competencia y de reparto
ACCION
DE TUTELA-Reglas
de competencia/ACCION DE TUTELA-Factor territorial/ACCION DE TUTELA-Regla
funcional relacionada con el sujeto accionado
ACCION
DE TUTELA-Competencia
para su conocimiento
DECRETO
REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE ACCION DE TUTELA-Reglas
de competencia
REPARTO
DE LA ACCION DE TUTELA-Criterios
ACUERDO
DEL CONSEJO DE ESTADO EN MATERIA DE DESCONGESTION-Distribución de
negocios entre secciones y porcentajes de reparto de acciones de tutela
CODIGO
DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-Plan
Especial de Descongestión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
PLAN
ESPECIAL DE DESCONGESTION DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-Objetivo
PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014-Aplicación del plan de
descongestión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a todas las
jurisdicciones, justifica el no reparto de acciones de tutela a jueces de
descongestión
JUECES
O MAGISTRADOS DE DESCONGESTION-Suspensión del reparto de tutela
La suspensión del reparto de tutela a
jueces o magistrados de descongestión constituye una herramienta de gestión
administrativa utilizada por el legislador o por los mismos funcionarios
judiciales para potencializar los resultados de la medida transitoria, hacer
más eficiente el trabajo encomendado, concentrar el ejercicio de funciones
especializadas y propender por mayor celeridad en la administración de
justicia. De hecho, si se tiene en cuenta que el reparto de tutelas a cargo de
los funcionarios que ejercen la función permanente no será suspendida y
mantendrá la misma competencia, es razonable inferir que el legislador
estatutario hubiere excluido del conocimiento de tutelas a los funcionarios
transitorios y, de ese modo, hubiere preferido mantener el reparto y
competencia de los asuntos constitucionales en la sala laboral permanente de la
Corte Suprema de Justicia.
DEVOLUCION
EXPEDIENTE A SALA DE CASACION LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA
DECIDIR SI SALAS DE DESCONGESTION CONSIDERAN PROCEDENTE CAMBIAR LA
JURISPRUDENCIA-Constitucionalidad
COMPETENCIAS
DE MAGISTRADOS DE DESCONGESTION DE SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA-Límites
materiales/MAGISTRADOS DE DESCONGESTION DE SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA-No pueden adelantar labor de unificación por cambio de
jurisprudencia
LABOR
DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA DE ORGANOS DE CIERRE-Importancia
LABOR
DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA-Función central de la Corte
Suprema de Justicia en sus diferentes salas
MEDIDAS
DE DESCONGESTION-Objetivo
DESCONGESTION-Objetivo/DESCONGESTION-Naturaleza
transitoria/UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA-Finalidad/UNIFICACION DE
JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE CASACION LABORAL-Alcance/SALA DE
DESCONGESTION LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Objetivo no es crear
nueva jurisprudencia sino resolver mayor cantidad de casos en menos tiempo/SALA
DE DESCONGESTION LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Es razonable la
medida que les impide conocer de la unificación de jurisprudencia
El objetivo de la descongestión es
acelerar la toma de decisiones en los procesos detenidos para garantizar el
acceso efectivo a la administración de justicia y la adopción de una sentencia
en un plazo razonable. Su naturaleza es transitoria, pues pretende generar
medidas de choque frente al represamiento de los procesos. Por su parte, la
unificación de jurisprudencia pretende garantizar igualdad y seguridad jurídica
por medio de una función de carácter permanente. La sentencia SU-241 de 2015 se
refirió al tema en materia de casación laboral. Consideró que la unificación es
parte de varios objetivos sistémicos de la casación que van más allá de las
partes, pero inciden en la realización efectiva de sus derechos fundamentales.
Como puede observarse, los objetivos de la descongestión distan de la búsqueda
o participación permanente en la unificación de jurisprudencia. Si se aceptara
que esta sala de descongestión conociera de la unificación se desnaturalizaría
el objetivo para el que los cargos fueron creados, pues no lograrían ocuparse
de la descongestión como corresponde. En efecto, el objetivo de esta sala no es
crear nueva jurisprudencia, es resolver la mayor cantidad de casos en menos
tiempo, por eso es razonable la medida que les impide conocer de la
unificación. Podría alegarse que esta medida restringe la
autonomía e independencia judicial o incluso el debido proceso de los
ciudadanos, pues los magistrados de descongestión no podrían, eventualmente,
adoptar una posición diferente a la de la jurisprudencia vigente en la
Corporación. Este argumento no sería admisible porque no existe ningún
impedimento para que los magistrados de la sala de descongestión discrepen de
la jurisprudencia vigente o planteen la necesidad de crear una nueva postura,
lo que la norma ha diseñado es un mecanismo en el cual, a fin de proteger el
objetivo de la descongestión, los magistrados que discrepen o consideren que
debe crearse nueva jurisprudencia deberán devolver el expediente a la Sala de
Casación permanente para que sea esta la que decida. De esta manera se
garantiza la seguridad jurídica y la igualdad de trato en los órganos de cierre
sin anular el objeto del programa de descongestión.
FRAGMENTACION
DEL PERIODO DE MAGISTRADOS Y PERMANENCIA SUJETA AL CONTROL DE RENDIMIENTO Y
GESTION POR LA SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Inconstitucionalidad
La norma establece que, aunque el
periodo de los magistrados de descongestión es de 8 años, este será fragmentado
en periodos de dos años, al final de cada uno de los cuales se adelantará una
evaluación de la gestión de cada uno de los altos jueces, que condicionará su
permanencia en el cargo. Este control de rendimiento y gestión será adelantado
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. La disposición
genera dudas constitucionales con respecto a la precariedad del periodo de los
magistrados de descongestión, pues del resultado de la evaluación que se
realiza cada dos años dependería su continuidad en el empleo. Además, la norma
ordena que sean sometidos al control de sus pares de la Sala de Casación
Laboral. En esos términos, el diseño legal de la descongestión en la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia parecería mostrar una contradicción
insalvable: si bien es constitucional elegir magistrados de una Alta Corte para
desempeñar funciones de descongestión que, por su propia naturaleza son
transitorias y corresponde a una estrategia válida a la que puede recurrir el
legislador estatutario, su período no podría ser otro que el señalado en la
Constitución, pues excederlo o reducirlo violaría el artículo 233 superior.
FRACCIONAMIENTO
O REDUCCION DEL PERIODO DE MAGISTRADOS DE ALTAS CORTES-Inconstitucionalidad
FRACCIONAMIENTO
DEL PERIODO DE MAGISTRADOS, CONTROL DE RENDIMIENTO Y GESTION PARA PERMANENCIA,
EVALUACION POR MAGISTRADOS DE SALA DE CASACION LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA-Relación
FRACCIONAMIENTO
DEL PERIODO DE MAGISTRADOS DE LA SALA DE DESCONGESTION LABORAL DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA-Norma altera periodo constitucional y
afecta la independencia y autonomía judicial
PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA SOBRE DESIGNACION TRANSITORIA DE MAGISTRADOS DE
DESCONGESTION EN SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Medida
razonable y transitoria/FRACCIONAMIENTO DEL PERIODO DE MAGISTRADOS DE LA
SALA DE DESCONGESTION LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Declaración
de inexequibilidad
El programa de descongestión planteado
por la ley es una medida razonable y transitoria, pero en lugar de presionar a
los magistrados de descongestión por medio de medidas inconstitucionales,
deberá tener un seguimiento por parte del Consejo de Gobierno Judicial, ya que
esa es una de las facultades atribuida por la Constitución (art. 254 CP).
Efectivamente, se trata de fijar una política para la administración judicial
sobre la base del acceso eficiente a la justicia y la respuesta en un plazo
razonable, por eso los órganos constitucionalmente designados pueden hacer
seguimiento a este programa de descongestión. La Corte reitera que no es un
seguimiento a los cargos o a los individuos que los ocupan, es un control al
programa de descongestión que deberá adelantarse con base en elementos y
criterios estrictamente cuantitativos, determinados y socializados antes de
ejecutar el seguimiento. Por las razones previamente
expuesta, la Corte declarará inexequible el inciso 3º del parágrafo del
artículo 2º del proyecto de ley objeto de estudio.
ACCESO
A CARGO DE MAGISTRADO DE DESCONGESTION LABORAL-Elección y
requisitos
SALA
ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA O
GERENCIA DE LA RAMA JUDICIAL-Atribución para determinar estructura y planta
de personal de Salas de Descongestión Laboral
RECURSOS
PARA CREACION DE SALAS DE DESCONGESTION LABORAL PROVENIENTES DE AHORROS
GENERADOS POR SUPRESION O MODIFICACION DE OTRAS DEPENDENCIAS DE LA RAMA
JUDICIAL-Constitucionalidad
RECURSOS
PARA CREACION DE SALAS DE DESCONGESTION LABORAL PROVENIENTES DE AHORROS
GENERADOS POR SUPRESION O MODIFICACION DE OTRAS DEPENDENCIAS DE LA RAMA
JUDICIAL-No
afecta el acceso a la administración de justicia
PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA SOBRE DESIGNACION TRANSITORIA DE MAGISTRADOS DE
DESCONGESTION EN SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Expedición
conforme a previsiones sobre análisis de impacto fiscal para convertirse en
título presupuestal
TRAMITE
LEGISLATIVO DE PROYECTO DE LEY-Deber de rendir concepto sobre
impacto fiscal ante Congreso de la República
MARCO
FISCAL DE MEDIANO PLAZO Y OBLIGACIONES CORRELATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA-Subreglas
sobre alcance de la jurisprudencia constitucional
PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA SOBRE DESIGNACION TRANSITORIA DE MAGISTRADOS DE
DESCONGESTION EN SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Viabilidad
fiscal de medidas de descongestión
PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA SOBRE DESIGNACION TRANSITORIA DE MAGISTRADOS DE
DESCONGESTION EN SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Financiación
Es claro que esta norma requeriría de
financiación, con todo, la misma disposición prevé una fuente de recursos que
proviene de la misma Rama Judicial. Nunca fue entendido por los participantes
en el trámite legislativo que el propósito de la disposición fuera decretar la
desaparición de despachos judiciales que se requieran para hacer efectivo el
derecho a la administración de justicia, de hecho su texto no implica
necesariamente que se vayan a suprimir o no ciertas dependencias. Es una
hipótesis pero no una orden y, en todo caso, la realización de ese supuesto
dependerá de múltiples factores que habrán de analizar las autoridades
competentes y que, por la naturaleza de la situación, no son parte de un
análisis de constitucionalidad. La supuesta afectación del acceso a la
administración de justicia es simplemente una eventualidad que no puede ser
escrutada en sede constitucional por tratarse de un supuesto indeterminado e
indeterminable.
PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA SOBRE DESIGNACION TRANSITORIA DE MAGISTRADOS DE
DESCONGESTION EN SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Desarrollo
del principio del efecto útil de las normas
Referencia: Expediente PE-044
Asunto:
Revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria número 187 de
2014 Cámara y número 078 de 2014 Senado “Por la cual se modifican los
artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de
Justicia”.
Magistrada ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá D.C., treinta y uno (31)
de marzo dos mil dieciséis (2016)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa,
quien la preside, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo,
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortíz Delgado, Jorge Iván
Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto
Vargas Silva, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el numeral 8º del
artículo 241 de la Constitución Política, cumplidos todos los trámites y
requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
El 2 de julio de 2012 el Secretario General del Senado de la
República remitió a esta Corporación, en cumplimiento de lo ordenado en los artículos 153 y 241, numeral 8° de la Constitución Política, el expediente del Proyecto de Ley Estatutaria
número 187/14 Cámara, 78/14 Senado, “Por la cual se modifican
los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración
de Justicia”
Mediante providencia de 27 de julio de
2015, la magistrada sustanciadora asumió el conocimiento del presente asunto y
solicitó oficiar a los Secretarios Generales del Senado de la República y de la
Cámara de Representantes, para que remitieran copia del expediente legislativo
y de las certificaciones sobre quorum deliberatorio y decisorio en cada una de
las etapas del proceso de aprobación del proyecto estatutario, de conformidad
con los artículos 133, 145, 146, 153, 157, 160 y 161 y Ley
5ª de 1992, Reglamento del Congreso de la República.
Adicionalmente se dispuso,
que una vez fueran recibidas las pruebas, se efectuara la fijación en lista del
proceso y se surtiera el traslado al Procurador General de la Nación, para el
concepto correspondiente.
Igualmente se ordenó, de
conformidad con lo que establece el artículo 11 del Decreto 2067 de 1991,
comunicar la iniciación de este proceso al Presidente de la República, al
Presidente del Congreso, a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al
Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, para
que si lo estimaban oportuno conceptuaran sobre la constitucionalidad
del proyecto de ley estatutaria bajo estudio.
En ese mismo auto, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991, se invitó al Instituto
Colombiano de Derecho Procesal a la Corporación Excelencia en la Justicia y a
la Academia Colombiana de Jurisprudencia para
que intervinieran en el proceso de la referencia, si así lo estimaban
pertinente.
Cumplidos los trámites previstos
en el Decreto 2067 de 1991, procede esta Corte a decidir sobre la exequibilidad
del Proyecto de la Ley Estatutaria en cuestión.
II.
TEXTO DE LA NORMA
El texto de Proyecto de Ley
Estatutaria número 187 de 2014 Cámara, 78 de 2014 Senado, es el siguiente:
“PROYECTO DE
LEY ESTATUTARIA NÚMERO 187 DE 2014 CÁMARA, 78 DE 2014 SENADO
Por
la cual se modifican los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de
1996, Estatutaria de la Administración de Justicia.
EL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
DECRETA:
Artículo
1°. Adiciónese un parágrafo al artículo 15 de la Ley 270 de 1996, el
cual quedará así:
Parágrafo
2°. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia tendrá Magistrados de
descongestión en forma transitoria y por un período que no podrá superar el
término de ocho (8) años, contados a partir de la fecha de posesión.
Artículo 2°. Adiciónese un
parágrafo al artículo 16 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:
Parágrafo. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia contará con cuatro salas de descongestión, cada una integrada por tres
Magistrados de descongestión, que actuarán de forma transitoria y tendrán como
único fin tramitar y decidir los recursos de casación que determine la Sala
de Casación Laboral de esta Corte. Los Magistrados de descongestión no harán
parte de la Sala Plena, no tramitarán tutelas, ni recursos de revisión, no
conocerán de las apelaciones en procesos especiales de calificación de
suspensión o paro colectivo del trabajo, ni de los conflictos de competencia,
que en el ámbito de su especialidad se susciten, y no tendrán funciones
administrativas. El reglamento de la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia determinará las condiciones del
reparto de los procesos.
Las salas de descongestión actuarán independientemente
de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, pero cuando la mayoría de los integrantes de aquéllas consideren
procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una
nueva, devolverán el expediente a la Sala de Casación Laboral para
que esta decida.
El periodo de los Magistrados de descongestión será de
ocho años así: dos (2) años iniciales prorrogables de forma consecutiva por dos
(2) años más y así sucesivamente, sin superar un período individual máximo de
ocho (8) años. Las prórrogas se harán de acuerdo al rendimiento satisfactorio y
efectividad que demuestren los Magistrados de descongestión en el trámite y
decisión de los procesos a su cargo. La Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, conforme a su reglamento,
determinará las metas bianuales y llevará el control del rendimiento y gestión
de los Magistrados de las Salas de Descongestión frente a los procesos que
deben tramitarse y decidirse por estas Salas. Solo en el evento en que los
Magistrados de las Salas de Descongestión Laboral tengan un rendimiento
satisfactorio a través del cumplimiento de esta meta bianual de descongestión,
su competencia será prorrogada cada dos (2) años, por dos (2) años más, sin
superar el periodo individual máximo de ocho (8) años, contados a partir de la
fecha de posesión.
La elección y los requisitos para acceder al cargo de
Magistrado de las Salas de Descongestión Laboral serán los previstos en la
Constitución y la Ley para los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia. La Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura, o quien haga sus veces, determinará la estructura y
planta de personal de dichas salas.
Artículo
3°. Los recursos necesarios para la creación de las Salas de
Descongestión Laboral de que trata la presente ley, provendrán de los ahorros
que se generen por la supresión o modificación de otras dependencias de la
Rama Judicial que autorice la Constitución o la Ley,
manteniendo los cupos vigentes de gasto de dicha entidad.
Para
la designación de los Magistrados de descongestión, la Sala
Plena de la Corte Suprema de Justicia deberá contar con la
disposición de los recursos, acreditada por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, o por quien
haga sus veces.
Artículo
4°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.”
III.
INTERVENCIONES
1.
Intervención de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
Señala los motivos y la
necesidad de que se adopten las medidas de descongestión establecidas en el
proyecto.
En particular, el
interviniente indica que la crisis actual de la Sala se originó con la
implementación de las medidas de descongestión y la entrada en vigencia del
procedimiento oral.
Manifiesta que el plan
funcionó para las instancias, en la medida en que se crearon juzgados y
Tribunales Superiores temporales para atender la crisis, sin embargo no se
adoptó ninguna medida para que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia pudiera enfrentar el crecimiento de los expedientes provenientes de
esos despachos, quienes aumentaron la emisión de sentencias sujetas de revisión
en sede de casación.
Adicionalmente, indica que
la Sala de Casación Laboral tiene un atraso superior a los 17 años y que para
finales del 2015, aumentaría a los 19 años, en la medida en que anualmente
ingresan más de 5.000 expedientes.
Aunado a lo anterior, existe
un incremento de acciones de tutela en tanto se pasó de recibir 1.300
solicitudes en 2002 a 4.690 en 2014, lo que se traduce en que cada uno de los
magistrados proyecta alrededor de 670 sentencias anuales.
También es competencia de la
Sala de Casación Laboral el conocimiento de otros temas como la legalidad de
las huelgas, la acción de hábeas corpus, recursos de anulación de laudos
arbitrales proferidos en conflictos colectivos, demandas de revisión,
conflictos de competencia y recursos de queja, entre otros.
Resalta la necesidad de la
creación de las Salas de Descongestión Laboral, como una medida para combatir
la demora en los asuntos de su competencia, debido a la sensibilidad social de
los temas que se manejan, tales como derechos de los trabajadores, pensiones,
procesos interpuestos por personas de la tercera edad o en situación de
discapacidad, madres y padres cabeza de familia y menores de edad.
Por último, indica que la
reforma busca optimizar su funcionamiento, en pro de respetar los derechos
fundamentales de los administrados establecidos en la Constitución Política y
en diferentes tratados internaciones, tales como la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en sus artículos 8 y 25. Lo anterior, sin afectar la
estructura constitucional y legal de la jurisdicción ordinaria, ni la de los
órganos que la componen.
Con fundamento en lo
anterior, solicita que se declare la EXEQUIBILIDAD del proyecto
estatutario.
2. Intervención del Ministerio de Justicia
Para el Ministerio, el
contenido del proyecto se ajusta a la Carta Política y a la jurisprudencia de
este Tribunal, en particular en lo establecido en la Sentencia C-037 de 1996.
Lo anterior, por cuanto en
dicha providencia se estableció la legitimidad de crear cargos transitorios
para descongestionar los despachos judiciales, con el condicionamiento de que
fueran creados directamente por el Legislador a través de Ley Estatutaria,
cuando los cargos estuvieran dirigidos a las altas Cortes.
Adicionalmente, señala que
las funciones y el periodo para el cual serán nombrados dichos magistrados, se
ajustan a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, ya que su
objetivo es ayudar a descongestionar los expedientes represados que tiene la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que para septiembre de
2014, eran 16.000 asuntos pendientes de resolver, de conformidad con lo
indicado en la exposición de motivos del proyecto.
Asimismo, el Ministerio
afirma que la creación de las Salas de Descongestión, ayudarían a hacer
efectivo el derecho de acceso a la administración de justicia en temas de gran
importancia como son los conflictos laborales.
Finalmente, adujo que las
Salas creadas por el proyecto, no afectan la organización básica interna de la
Corte Suprema de Justicia, sino que la complementan con cargos transitorios de
Magistrados de Descongestión.
En consecuencia, solicita
que se declare EXEQUIBLE el proyecto objeto de revisión.
3.
Intervención de la Academia Colombiana de Jurisprudencia
A juicio del interviniente,
el proyecto no solo es inconstitucional sino inconveniente por cuanto los
Magistrados de Descongestión contarán con el mismo periodo y deberían ser
nombrados de la misma forma prevista para los Magistrados titulares. Tal
situación tiene implicaciones económicas, en tanto aquellos podrán nombrar
magistrados auxiliares, sustanciadores, conductor, contar con cuerpo de
escoltas, sin mencionar la necesidad de crear nuevos cargos en la Secretaría de
la Sala de Casación Laboral para apoyar la gestión de las nuevas Salas de
Descongestión que crea el proyecto.
Sostiene que, si bien es
incuestionable la descongestión en materia laboral en la Corte Suprema de
Justicia, ésta no puede atribuirse exclusivamente a la cantidad de expedientes
pendientes de decisión, también podría tener origen en los funcionarios, con
fundamento en el derecho que les concede la Ley 270 de 1996, se toman hasta
cinco (5) días hábiles de permiso o dictan clase, lo cual incide en la
productividad de los despachos.
Refiere que conforme a la
información, que deriva de los antecedentes legislativos del proyecto, el costo
anual de la implementación de la descongestión sería de $21.774.376.289, por lo
cual el uso de estos recursos mantendría la congestión en el estado crítico en
que se encuentra y más si se tiene en cuenta el diseño de competencias previsto
en la Ley 1285 de 2009. Así, pone en duda el costo beneficio de la iniciativa,
que en su sentir, tiene más un tinte político que la búsqueda de los intereses
de los administrados.
De otra parte, teniendo en
cuenta las pruebas decretadas por la Corte, considera que existe duda sobre el
cumplimiento del quorum reglamentario en cada uno de los debates del
proyecto estatutario.
Por consiguiente, solicita declarar la INEXEQUIBILIDAD del proyecto.
4. Intervenciones
extemporáneas
El término de fijación en
lista venció el 24 de septiembre de 2014, conforme a la certificación
secretarial que obra en el expediente[1], no obstante con posterioridad a esa
fecha se recibió la intervención del Colegio de Abogados del Trabajo, que por
extemporánea no será reseñada en esta providencia.
Asimismo, la Corporación
Excelencia en la Justicia y el Instituto Colombiano de Derecho Procesal,
quienes recibieron notificación para intervenir el 10 de septiembre de 2015,
presentaron su concepto el 25 de septiembre y el 2 de octubre de 2015,
respectivamente, es decir superados los 10 días otorgados en el auto admisorio
para el efecto.
IV.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la
Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible el proyecto de ley
estatutaria en lo correspondiente a su trámite legislativo, en tanto consideró
que del análisis de cada una de las etapas del procedimiento legislativo y de
los requisitos para su validez se constató su observancia en los términos que
prevé tanto la Constitución Política como la Ley 5 de 1992.
Para el director del
Ministerio Público, desde una perspectiva del contenido de la iniciativa
estatutaria, es conforme a la Carta Política que se modifique la integración de
la Sala de Casación Laboral, en tanto que el Legislador desarrolla el mandato
del artículo 234 Superior al reforzar de manera excepcional y transitoria
dicha Sala con las medidas de descongestión, las cuales armonizan con el modelo
de funcionamiento que tiene dicha Corporación para la decisión de los asuntos a
su cargo, puesto que lo nuevos Magistrados deben ejercer su labor dentro de los
parámetros normativos y los estándares jurisprudenciales fijados ordinariamente
por dicha Sala de Casación.
Aunado a lo anterior,
advierte que el periodo de los integrantes de las Salas de Casación de
Descongestión corresponde al máximo previsto en el artículo 233 de la
Constitución, respecto de lo cual no procede ningún reproche. Asimismo, señala
que como el objeto de las nuevas Salas se restringe al trámite y decisión de
recursos extraordinarios de casación no pueden entenderse alteradas
sustancialmente las competencias atribuidas a los integrantes de la Sala de
Casación Laboral.
Considera que el aparte
final del artículo 2 del proyecto según el cual “La
Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, o
quien haga sus veces, determinará la estructura y planta de personal de dichas
salas” debe interpretarse de conformidad con lo
previsto en el artículo 11 del Acto Legislativo 2 de 2015.
De otra parte, resalta que
la cláusula del inciso primero del artículo 3 del Proyecto según la cual “los
recursos necesarios para la creación de las Salas de Descongestión Laboral de
que trata la presente ley, provendrán de los ahorros que se generen por la
supresión o modificación de otras dependencias de la Rama
Judicial que autorice la Constitución o la Ley, manteniendo
los cupos vigentes de gasto de dicha entidad” pone en riesgo el
derecho fundamental de acceso a la Administración de Justicia (art. 229 C.P.)
debido a que es un hecho notorio que la Rama Judicial tiene déficit en materia
de dependencias, jueces y empleados.
A juicio del Procurador General el riesgo referido es latente
porque es posible que, a causa de dicha ausencia de recursos, nunca puedan
implementarse las Salas de Descongestión de Casación Laboral o en razón a que
para integrarlas habría que suprimir otros despachos también congestionados,
todo lo cual genera una “situación que produciría una represamiento judicial
mayor al actual que haría nugatorio el acceso a la administración de justicia
por dilaciones injustificadas de los procesos y de los fallos generado por
error del mismo legislador”[2].
A título de ejemplo señala que para cubrir la creación de las doce
plazas de magistrados que se pretende habría que eliminar, como mínimo, veinte
magistrados de Tribunal Superior de Distrito Judicial, muy posiblemente de la
misma área laboral o su equivalente en magistrados auxiliares de las Altas
Cortes.
Por lo anterior, considera
que dicho aparte del proyecto es INCONSTITUCIONAL “debiendo el
Gobierno Nacional y el Congreso de la República habilitar otras fuentes de
financiación para la creación de las Salas de Descongestión de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia”[3].
Por lo demás, pide la declaratoria de EXEQUIBILIDAD.
V.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1.- De conformidad con lo
previsto en los artículos 153 y 241 numeral 8° de la Constitución Política,
corresponde a esta Corte el examen de constitucionalidad de los proyectos de
ley estatutaria, tanto por su contenido material como por vicios de
procedimiento en su formación. En consecuencia, este tribunal es competente
para decidir sobre el proyecto de ley de la referencia.
2.-
Debe precisarse que el control constitucional de este tipo de proyectos de ley
estatutaria tiene las siguientes características: “(i) es jurisdiccional al
estarle vedado estudiar la conveniencia u oportunidad del proyecto de ley toda
vez que sus fallos son en derecho; (ii) es automático al no requerir para su
inicio la presentación de una demanda de inconstitucionalidad; (iii) es integral
al tener que examinar el proyecto de ley en su contenido formal y material,
además de confrontarlo con la totalidad de las disposiciones de la Carta; (iv)
es definitivo en cuanto debe decidir concluyentemente sobre el proyecto de ley,
haciendo tránsito a cosa juzgada constitucional;[4]
(v) es participativo en la medida en que cualquier ciudadano podrá intervenir en
el asunto para defender o impugnar el proyecto de ley; y (vi) es previo al
comprender la revisión anticipada sobre la constitucionalidad del proyecto.”[5]
3.-
Por lo anterior, en esta providencia se verificara, en primer lugar, que el
trámite legislativo no esté afectado por algún vicio y superado dicho estudio
revisará si el contenido material del proyecto se ajusta al ordenamiento
superior.
Análisis
formal
4.- El proyecto sub
examine modifica los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996 estatutaria de
la Administración de Justicia, integrando a la Sala de Casación Laboral un
nuevo tipo de funcionario judicial en la Alta Corte denominado “Magistrado
de Descongestión” que decidirá en “Sala de Descongestión”, para lo
cual establece su ámbito de competencias, el periodo de transición en el que
actuarán, los parámetros generales sobre rendimiento, metas y gestión; los
requisitos para acceder a dicho empleo, el procedimiento de elección, así como
la fuente de recursos para el funcionamiento de dichas Salas y de la planta de
personal a ellas adscrita.
5.- En consideración al
asunto objeto de regulación el proyecto debía cumplir con los trámites de las
leyes estatutarias, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del
artículo 152 de la Carta Política, que establece que la “Administración de
Justicia” es una de las materias que debe desarrollarse mediante ese tipo
de normativa.
6.- El proceso de formación
de las leyes estatutarias está previsto en el artículo 153 Superior, en
concordancia con los artículos 133, 145, 146, 149, 152, 154, 157, 158, 159,
160, 161, y 163 ibídem, así como en los artículos 117, 144, 147, 156,
168, 183, y 298 de la Ley 5ª de 1992. Preceptos de los cuales este Tribunal[6] ha identificado los siguientes
requisitos para la aprobación del
respectivo proyecto:
a.
Debe ser publicado en la Gaceta del Congreso antes de darle curso
en la Comisión correspondiente.
b.
Que la aprobación del proyecto en la Comisión Permanente y en la
Plenaria de cada una de las Cámaras cumpla con lo siguiente: i) Que la
votación sea sido nominal y pública, ii) Por mayoría absoluta y iii)
Que se cumpla con los procedimientos de publicación de la ponencia y del texto
aprobado en cada Cámara.
c.
Que en los debates se respeten los términos fijados en el artículo
160 de la Carta Política y artículo 168 del Reglamento del Congreso, en los que
se establece que entre el primer y el segundo debate, debe mediar un lapso no
inferior a 8 días; y entre la aprobación del proyecto en una Cámara y el inicio
de la discusión en la otra, deben transcurrir por lo menos 15 días.
d.
Anunciar que el proyecto será sometido a votación en sesión previa
diferente a aquélla en la que se va a realizar la votación. Asimismo, se debe
verificar que el proyecto se vote en la sesión anunciada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 8º del Acto Legislativo 001 de 2003.
e.
Debe ser aprobado por el Congreso de la República dentro de una
sola legislatura.[7]
f.
Cuando se presenten modificaciones al proyecto en el desarrollo de
los debates, se deben respetar los principios de unidad de materia, identidad
flexible y consecutividad.
g.
En los casos en que la norma estudiada afecta de forma directa a
una comunidad étnica, la ley debe haber sido sometida a consulta previa de
conformidad con los criterios establecidos en la Norma Superior y la
jurisprudencia de este Tribunal.
7.- En el presente asunto la
Academia Colombiana de Jurisprudencia, a partir de las pruebas decretadas por
la Magistrada Sustanciadora, refirió algunas dudas sobre la existencia del quorum
reglamentario durante el trámite legislativo. Por su parte, los demás
intervinientes y el Procurador General de la Nación consideraron que el
proyecto cumplió con todos los requisitos exigidos para la aprobación de leyes
estatutarias.
Pasa la Corte a examinar el trámite seguido para la aprobación del
proyecto de ley estatutaria 187/14 Cámara y 078/14 Senado.
Descripción del trámite legislativo del proyecto 187
de 2014 Cámara y 078 de 2014 Senado
Senado de la República
Trámite en la Comisión Primera Constitucional
Permanente del Senado de la República
Presentación
del proyecto
8.- El proyecto fue presentado
en la Secretaría General del Senado de la República el 1º de septiembre de
2014, por los Senadores Mauricio Lizcano y José David Name Cardozo entre otros,
tal como consta en la página 5[8]
de la Gaceta del Congreso N° 446 de la misma fecha. El texto fue publicado en
la misma Gaceta (páginas 1-4)[9]
como proyecto de Ley Estatutaria No. 78 de 2014 –Senado.
El 1º de septiembre de 2014, el Presidente del Senado lo repartió
a la Comisión Primera Constitucional Permanente de dicha corporación para su
estudio en primer debate. Adicionalmente lo remitió a la Imprenta Nacional para
su publicación de acuerdo con lo previsto en el artículo 144 del Reglamento del
Congreso.
Debate en Comisión
Publicación de la ponencia para debate en comisión
9.- La publicación del proyecto de ley estatutaria junto
con su exposición de motivos, se realizó en la Gaceta del Congreso número 446
del 1º de septiembre de 2014[10].
El 3 de septiembre de 2014, la Mesa Directiva de la Comisión
Primera Constitucional Permanente del Senado designó como ponente para primer
debate al senador Roy Barreras Montealegre[11]. La
publicación del informe de ponencia para primer debate se realizó en la Gaceta
del Congreso N° 496 del 16 de septiembre de 2014[12].
En el informe, el ponente solicitó a los miembros de la Comisión
Primera de dicha Cámara, dar primer debate al Proyecto de Ley Estatutaria
número 78 de 2014-Senado.[13]
Anuncio previo a la votación
10.- El anuncio para la
discusión y votación del Proyecto en primer debate se emitió en la sesión del
30 de septiembre de 2014, tal como consta en el Acta de Comisión N° 15,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 809 del 4 de diciembre 2014[14].
El referido anuncio se profirió en los siguientes términos:
“Atendiendo a las instrucciones de la Presidencia, por Secretaría
se da lectura a los proyectos que por su disposición se someterán a discusión y
votación en la próxima sesión:
1.
Proyecto de ley número 78 de 2014 Senado, por
el cual se modifican los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, estatutaria
de la administración de justicia.”
11.- Con fundamento en lo
anterior, esta Corte concluye que en primer debate, se cumplió con el requisito
del anuncio previo exigido en el artículo 160 de la Constitución Política y en
el 157 del Reglamento del Congreso. En efecto, para anunciar con la debida
antelación el debate del proyecto de ley, se usó la expresión “Próxima
sesión”, en el caso de la Comisión del Senado. No fueron hechos más
anuncios, pues la ponencia se aprobó al día 7 de octubre de 2014, esto es en la
sesión siguiente al anuncio.
Votación
12.- La discusión y aprobación del proyecto en primer debate se
realizó el día para el cual fue anunciada la discusión y la aprobación, es
decir en la sesión del 7 de octubre de 2014, tal como se demuestra en el Acta
N° 16, publicada en la Gaceta del Congreso N° 857 del 11 de diciembre del mismo
año[15]. Inicialmente
se cumplió con el quorum deliberatorio tal como se
evidencia en la Gaceta referida en la que se consagra lo siguiente:
En la ciudad de Bogotá, D. C., el día siete (7) de octubre del dos
mil catorce (2014), se reunieron en el Salón Guillermo Valencia del Capitolio
Nacional, previa citación, los miembros de la Comisión Primera del honorable
Senado, con el fin de sesionar.
Llamado a lista y verificación del quorum
La Presidencia ejercida por el Vicepresidente, honorable Senador
Germán Varón Cotrino, indica a la Secretaría llamar a lista y contestaron los
honorables Senadores:
Amín Hernández Jaime
Andrade Serrano Hernán
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Enríquez Maya Eduardo
Gaviria Vélez José Obdulio
López Hernández Claudia
Rangel Suárez Alfredo
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Serpa Uribe Horacio
Varón Cotrino Germán
Vega Quiroz Doris Clemencia
En el transcurso de la sesión se hicieron presentes los honorables
Senadores:
Benedetti Villaneda Armando
Enríquez Rosero Manuel
Galán Pachón Juan Manuel
Morales Hoyos Viviane
Motoa Solarte Carlos Fernando
Valencia Laserna Paloma
Dejaron de asistir los honorables Senadores:
Gerléin Echeverría Roberto
López Maya Alexánder
Dejaron
de asistir los honorables Senadores[16]:
Gerléin
Echeverría Roberto
López
Maya Alexánder
En el trámite del primer
debate, el Senador Manuel Enríquez Rosero presentó dos proposiciones:
“PROPOSICIÓN
# 93
MODIFÍCASE EL INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 1 DEL PROYECTO DE LEY 78
de 2014 SENADO “POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 15 Y 16 DE LA LEY 270 DE
1996, ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA” EL CUAL QUEDARÁ ASI:
Artículo
1º, Adiciónese un parágrafo al artículo 15 de la Ley 270 de 1996, así:
Parágrafo 2º. Además de los 23
magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia, habrá magistrados de
descongestión para la Sala de Casación Laboral, en forma transitoria, que no
harán parte dela (sic) Sala Plena y no tendrán funciones administrativas, con
el único fin de tramitar y decidir los asuntos que sean de su
competencia. El Reglamento de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia determinará las condiciones del reparto de los procesos.”
“PROPOSICIÓN
# 94
MODIFÍCASE ARTÍCULO 2 DEL PROYECTO DE LEY 78 de 2014 SENADO “POR
EL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 15 Y 16 DE LA LEY 270 DE 1996, ESTATUTARIA
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA” EL CUAL QUEDARÁ ASI:
Artículo
2º, Adiciónese un parágrafo al artículo 16 de la Ley 270 de 1996, así:
Parágrafo transitorio. Excepcionalmente y por el término de ocho
(8) años contados a partir de su iniciación, créanse 4 salas de descongestión,
anexas a la sala de casación laboral (sic), compuestas de tres (3) magistrados
de descongestión cada una,  que no harán parte de la Sala Plena y no tendrán
funciones administrativas, con el fin de tramitar y decidir los asuntos
de su competencia.”
La votación del proyecto y
de sus proposiciones fue nominal y pública[17],
conforme a la regla general para la adopción de decisiones en el Congreso de la
República[18].
El articulado fue votado
así: 16 senadores por el sí y 0 por el no. Respecto de la aprobación del título
y la moción de dar segundo debate al proyecto de ley, 14 senadores votaron por
el sí y 0 por el no. De esta manera se surtió la aprobación del proyecto en la
Comisión Primera del Senado de la República, tal como puede verse en la Gaceta
del Congreso No. 857 de 2014, en concordancia con las mayorías establecidas en
los artículos 145 y 146 de la Carta Política y el 117 de la Ley 5ª de 1992.
Efectivamente, la votación
del articulado del proyecto se realizó de la siguiente manera:
“La Presidencia cierra la discusión del articulado en el texto del
proyecto original con la Proposición modificativa número 93 y la Proposición
Sustitutiva número 94, presentadas por los honorables Senadores Manuel Enríquez
Rosero y Roy Leonardo Barreras y abre la votación.
SÍ
NO
Amín Hernández Jaime
X
Andrade Serrano Hernán Francisco
X
Barreras Montealegre Roy Leonardo
X
Benedetti Villaneda Armando
X
Enríquez Maya Eduardo
X
Enríquez Rosero Manuel
X
Galán Pachón Juan Manuel
X
Gaviria Vélez José Obdulio
X
López Hernández Claudia
X
Morales Hoyos
Viviane
X
Motoa Solarte
Carlos Fernando
X
Rangel Suárez
Alfredo
X
Rodríguez Rengifo
Roosvelt
X
Valencia Laserna
Paloma
X
Varón Cotrino
Germán
X
Vega Quiroz Doris
Clemencia
X
TOTAL
16
La Presidencia cierra la votación y por Secretaría se informa el
resultado:
Total
de Votos: 16
Por
el Sí: 16
Por
el No: 00
En consecuencia ha sido
aprobado el articulado en el texto proyecto original con la Proposición
modificativa número 93 y la Proposición sustitutiva número 94, con la votación
requerida para proyecto de ley estatutaria.”[19]
La votación del título del
proyecto de ley fue la siguiente:
“Atendiendo instrucciones de la Presidencia por Secretaría se da
lectura al título del proyecto, por el cual se modifican los artículos 15 y 16
de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia.
La Presidencia abre la discusión del título leído y pregunta si
cumplidos los trámites constitucionales y legales ¿Quieren los Senadores
presentes que el proyecto de ley estatutaria aprobado sea ley de la República?,
cerrado esta. Abre la votación.
SÍ
NO
Amín Hernández Jaime
X
Barreras Montealegre Roy Leonardo
X
Benedetti Villaneda Armando
X
Enríquez Maya Eduardo
X
Enríquez Rosero Manuel
X
Galán Pachón Juan Manuel
X
Gaviria Vélez José Obdulio
X
López Hernández Claudia
X
Morales Hoyos
Viviane
X
Motoa Solarte
Carlos Fernando
X
Rangel Suárez
Alfredo
X
Rodríguez Rengifo
Roosvelt
X
Valencia Laserna
Paloma
X
Vega Quiroz Doris
Clemencia
X
TOTAL
14
La Presidencia cierra la votación y por Secretaría se informa el
resultado:
Total de Votos: 14
Por el Sí: 14
Por el No: 00
En
consecuencia ha sido aprobado el título y la pregunta con la votación requerida
para proyectos de ley estatutaria.
El texto aprobado es el siguiente:
PROYECTO
DE LEY NÚMERO 78 DE 2014 SENADO
por la cual se modifican los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de
1996, estatutaria de la administración de justicia.
El
Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. Adiciónese un parágrafo al artículo 15 de la Ley 270
de 1996, así:
Parágrafo 2°.
Además de los veintitrés (23) Magistrados que integran la Corte Suprema de
Justicia, habrá Magistrados de descongestión para la Sala de Casación Laboral,
en forma transitoria, que no harán parte de la Sala Plena y no tendrán
funciones administrativas, con el único fin de tramitar y decidir los asuntos
que sean de su competencia. El Reglamento de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia determinará las condiciones del reparto de los
procesos.
El periodo de los
Magistrados de descongestión será el mismo que dure el programa de
descongestión dispuesto en el parágrafo transitorio del artículo 16 de esta
ley, sin pasar de ocho años, en ningún caso. La elección, los requisitos para
acceder el cargo y la remuneración serán los previstos en la Constitución y la
ley para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Para la designación de los
Magistrados de descongestión, deberá contar la Sala Plena de la Corte Suprema
de Justicia, con la disposición de los recursos acreditada por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Artículo 2°. Adiciónese un parágrafo al artículo 16 de la Ley 270
de 1996, así:
Parágrafo transitorio.
Excepcionalmente y por el término de ocho (8) años contados a partir de su
instalación, créanse cuatro salas de descongestión, anexas a la sala de
casación laboral, compuestas de tres (3) Magistrados de descongestión cada una,
que no harán parte de la Sala Plena y no tendrán funciones administrativas, con
el fin de tramitar y decidir los asuntos de su competencia.
Artículo 3°. La presente ley
rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones
que le sean contrarias.
La Presidencia designa como
ponente para segundo debate al honorable Senador Roy Leonardo Barreras
Montealegre, con un término de quince (15) días para rendir el respectivo
informe”[20].
Debate en Plenaria del
Senado
Publicación
13.- El informe de ponencia para segundo debate en el Senado de la
República se publicó en la Gaceta del Congreso N° 703 del 12 de
noviembre de 2014[21], lo que demuestra el cumplimiento de
la exigencia de publicación del artículo 160 Superior y el 157 del Reglamento
del Congreso de la República.
En
dicho informe, el Senador Roy Barreras Montealegre en calidad de ponente
solicitó a la Plenaria dar segundo debate al Proyecto aprobado por la Comisión[22].
Anuncio previo a la votación
14.- El anuncio para la
discusión y votación del Proyecto en segundo debate se profirió en la sesión
del 19 de noviembre de 2014, como se demuestra en el Acta de Comisión N° 30,
publicada en la Gaceta del Congreso N° 103 del 11 de marzo 2015[23].
El referido anuncio se emitió en los siguientes términos:
“Anuncio de proyectos
Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto
Legislativo número 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se
discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
Sí señor presidente. Anuncio de Proyectos de Actos Legislativo y
de ley para ser considerados y votados en la Sesión Plenaria siguiente a la del
día 19 de noviembre de 2014.
Proyectos con ponencia para segundo debate:
Proyecto de Ley Estatutaria número 78 de 2014 Senado, por
el cual se modifican los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria
de la Administración de Justicia.”
Con fundamento en lo
anterior, la Sala encuentra que en el debate en Plenaria cumplió con el
requisito de anuncio previo establecido en el artículo 160 Superior. En efecto,
se evidencia que para anunciar la discusión del proyecto con la debida
antelación, se manifestó que dicho proyecto se estudiaría y discutiría en la “Sesión
Plenaria siguiente a la del día 19 de noviembre de 2014”. No fueron hechos
más anuncios, toda vez que el proyecto se aprobó el 25 de noviembre de 2014 en
segundo debate, también en la sesión siguiente a su anuncio.
Votación
15.- Como se demuestra en el Acta N° 31 de la Plenaria del Senado,
publicada en la Gaceta del Congreso N° 104 de 2015, la discusión y aprobación
del proyecto tuvo lugar el 25 de noviembre de 2014[24].
Además, se evidencia que se registró quorum deliberatorio
de acuerdo con lo publicado en la Gaceta mencionada en la que se consagra lo
siguiente:
“En Bogotá, D. C., a los veinticinco (25) días del mes noviembre
de dos mil catorce (2014) previa citación, se reunieron en el recinto del
honorable Senado de la República los miembros del mismo, con el fin de sesionar
en pleno.
I
Llamado
a lista
El Presidente del Senado, honorable Senador José David Name
Cardozo, indica a la Secretaría llamar a lista, y contestan los siguientes
honorables Senadores:
Registro
de asistencia honorables Senadores
Acuña
Díaz Laureano Augusto
Aguilar
Hurtado Nerthink Mauricio
Álvarez
Montenegro Javier Tato
Amín
Escaf Miguel
Amín
Hernández Jaime Alejandro
Andrade
Casamá Luis Évelis
Andrade
Serrano Hernán Francisco
Araújo
Rumié Fernando Nicolás
Ashton
Giraldo Álvaro Antonio
Avirama
Marco Aníbal
Barreras
Montealegre Roy Leonardo
Benedetti
Villaneda Armando
Besaile
Fayad Musa
Blel
Scaff Nadia Georgette
Bustamante
García Éverth
Cabrales
Castillo Daniel Alberto
Cabrera
Báez Ángel Custodio
Casado
de López Arleth Patricia
Castañeda
Serrano O rlando
Castilla
Salazar Jesús Alberto
Celis
Carrillo Bernabé
Cepeda
Castro Iván
Cepeda
Sarabia Efraín José
Chamorro
Cruz William Jimmy
Correa
Borrero Susana
Correa
Jiménez Antonio José
Corzo
Román Juan Manuel
Cristo
Bustos Andrés
Delgado
Martínez Javier Mauricio
Delgado
Ruiz Édinson
Duque
García Luis Fernando
Duque
Márquez Iván
Durán
Barrera Jaime Enrique
Elías
Vidal Bernardo Miguel
Enríquez
Maya Carlos Eduardo
Enríquez
Rosero Manuel
Fernández
Alcocer Mario Alberto
Galán
Pachón Carlos Fernando
Galán
Pachón Juan Manuel
Galvis
Méndez Daira de Jesús
García
Burgos Nora
García
Realpe Guillermo
García
Romero Teresita
García
Turbay Lidio Arturo
García
Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria
Correa Sofía Alejandra
Gaviria
Vélez José Obdulio
Gerléin
Echeverría Roberto Víctor
Gnecco
Zuleta José Alfredo
Gómez
Jiménez Juan Diego
Gómez
Martínez Ana Mercedes
Guerra
de la Espriella Antonio del Cristo
Guerra
de la Espriella María del Rosario
Guerra
Sotto Julio Miguel
Henríquez
Pinedo Honorio Miguel
Holguín
Moreno Paola Andrea
Hoy
os Giraldo Germán Darío
Lizcano
Arango Óscar Mauricio
López
Hernández Claudia Nayibe
Macías
Tovar Ernesto
Martínez
Aristizábal Maritza
Martínez
Rosales Rosmery
Mejía
Mejía Carlos Felipe
Merheg
Marún Juan Samy
Mora
Jaramillo Manuel Guillermo
Morales
Díz Martín Emilio
Morales
Hoyos Viviane Aleyda
Motoa
Solarte Carlos Fernando
Name
Cardozo José David
Name
Vásquez Iván Leonidas
Navarro
Wolff Antonio José
Niño
Avendaño Senén
Osorio
Salgado Nidia Marcela
Ospina
Gómez Jorge Iván
Paredes
Aguirre Myriam Alicia
Pedraza
Gutiérrez Jorge Hernando
Pestana
Rojas Yamina del Carmen
Prieto
Riveros Jorge Eliéser
Prieto
Soto Eugenio Enrique
Pulgar
Daza Eduardo Enrique
Ramos
Maya Alfredo
Rangel
Suárez Alfredo
Restrepo
Escobar Juan Carlos
Robledo
Castillo Jorge Enrique
Rodríguez
Rengifo Roosvelt
Rodríguez
Sarmiento Milton Arlex
Serpa
Uribe Horacio
Sierra
Grajales Luis Emilio
Soto
Jaramillo Carlos Enrique
Suárez
Mira Olga Lucía
Tamayo
Tamayo Fernando Eustacio
Tovar
Rey Nohora Stella
Uribe
Vélez Álvaro
Valencia
Laserna Paloma Susana
Varón
Cotrino Germán
Vega
de Plazas Thania
Vega
Quiroz Doris Clemencia
Velasco
Chaves Luis Fernando
Villadiego
Villadiego Sandra Elena
Villalba
Mosquera Rodrigo.
Dejan
de asistir con excusa los honorables Senadores:
Char
Chaljub Arturo
López
Maya Alexánder.”
Más adelante se indica:
“Por
Secretaría se informa que se ha registrado quorum deliberatorio.
Siendo las 3:51 p. m., la Presidencia manifiesta: Ábrase la sesión
y proceda el señor Secretario a dar lectura al Orden del Día, para la presente
reunión.”
Término entre el primer y el
segundo debates
16.- Como se indicó, el
proyecto de ley se aprobó el 25 de noviembre de 2014 en la Plenaria del Senado.
Es evidente que se realizó en un término superior a 8 días, en relación
con la fecha de aprobación del texto en primer debate efectuado en la Comisión
Primera Constitucional Permanente del Senado, que tuvo lugar el 7 de octubre de
2014. Por consiguiente, la Sala concluye que se cumplió lo establecido en el
artículo 160 Constitucional respecto del tiempo que debe transcurrir entre el
primer debate y el segundo.
17.- Asimismo, la Sala
encuentra que se cumplió con la exigencia de quorum deliberatorio y
decisorio, toda vez que el debate y aprobación del proyecto se efectuaron
con la presencia de entre 67 y 69 Senadores. La votación del proyecto fue
nominal y pública y se dividió de la siguiente manera:
(i)
Sobre la proposición positiva con que terminó el informe de
ponencia, hubo 67 votos a favor y 1 en contra.
(ii)
En relación con la omisión de lectura del articulado y a la
votación en bloque del mismo, 69 senadores votaron por el sí y 1 por el no.
(iii)
Respecto de la votación del título del proyecto y la continuidad
del trámite en la Cámara de Representantes fue de 66 senadores por el sí y 2
por el no.
De esta forma se verifica el
cumplimiento del requisito de votación nominal y pública establecido en los
artículos 133 Superior y 129 de la Ley 5ª de 1992.
En detalle, la votación
puede verse en el Acta de Plenaria N° 31 del 25 de noviembre de 2014 del
Senado, publicada en la Gaceta del Congreso N° 104 de 2015:
“La
Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a la proposición con que termina
la ponencia.
Por Secretaría se da lectura
a la proposición positiva con que termina el Informe de ponencia, del Proyecto
de Ley Estatutaria número 078 de 2014 Senado.
La Presidencia somete a
consideración de la plenaria la proposición positiva con que termina el informe
al Proyecto de Ley Estatutaria número 78 de 2014 Senado y, cerrada su discusión
abre la votación, e indica a la Secretaría abrir el registro electrónico para
proceder en forma nominal.
La Presidencia cierra la
votación, e indica a la Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el
resultado de la votación.
Por Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por el Sí: 67
Por el No: 01
Total: 68 Votos
Votación nominal a la
proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley
número 78 de 2014 Senado por la cual se modifican los
artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria  de la Administración
Pública.
Honorables Senadores
Por el Sí
Aguilar Hurtado Nerthink Mauricio
Amín Escaf Miguel
Amín Hernández Jaime Alejandro
Andrade Serrano Hernán Francisco
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Ashton Giraldo Álvaro Antonio
Avirama Avirama Marco Aníbal
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Bustamante García Everth
Cabrera Báez Ángel Custodio
Casado de López Arleth Patricia
Castañeda Serrano Orlando
Castilla Salazar Jesús Alberto
Celis Carrillo Bernabé
Cepeda Castro Iván
Cepeda Sarabia Efraín José
Chamorro Cruz William Jimmy
Correa Borrero Susana
Correa Jiménez Antonio José
Cristo Bustos Andrés
Delgado Martínez Javier Mauricio
Delgado Ruiz Édinson
Duque García Luis Fernando
Duque Márquez Iván
Enríquez Rosero Manuel
Galán Pachón Carlos Fernando
García Burgos Nora
García Realpe Guillermo
García Romero Teresita
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gómez Jiménez Juan Diego
Gómez Martínez Ana Mercedes
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guerra Sotto Julio Miguel
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Lizcano Arango Óscar Mauricio
López Hernández Claudia Nayibe
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Martínez Rosales Rosmery
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Morales Diz Martín Emilio
Morales Hoyos Viviane Aleyda
Name Cardozo José David
Name Vásque z Iván Leonidas
Niño Avendaño Senén
Ospina Gómez Jorge Iván
Paredes Aguirre Myriam Alicia
Prieto Riveros Jorge Eliéser
Prieto Soto Eugenio Enrique
Ramos Maya Alfredo
Rangel Suárez Alfredo
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Rodríguez Sarmiento Milton Arlex
Serpa Uribe Horacio
Sierra Grajales Luis Emilio
Tamayo Tamayo Fernando Eustacio
Tovar Rey Nohora Stella
Uribe Vélez Álvaro
Valencia Laserna Paloma Susana
Vega De Plazas Thania Ruby
Vega Quiroz Doris Clemencia
Villadiego Villadiego Sandra Elena
Honorable Senador
Por el No
Motoa Solarte Carlos Fernando
25-XI-2014
En consecuencia, ha sido
aprobada la proposición positiva con que termina el informe de ponencia al
Proyecto de Ley Estatutaria número 78 de 2014 Senado.
Se abre segundo debate:
Por solicitud del honorable
Senador Roy Leonardo Barreras Montealegre, la Presidencia somete a
consideración de la plenaria la omisión de la lectura, y cierra su discusión.
La Presidencia somete a
consideración de la plenaria el bloque del articulado del proyecto, y cerrada
su discusión pregunta: ¿adopta la plenaria el articulado propuesto?
La Presidencia abre la
votación de la omisión de la lectura del articulado, el bloque del articulado
del Proyecto de Ley Estatutaria número 78 de 2014 Senado, e indica a la
Secretaría abrir el registro electrónico para proceder en forma nominal.
La Presidencia cierra la
votación, e indica a la Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el
resultado de la votación.
Por Secretaría se informa el
siguiente resultado:
Por el Sí: 69
Por el No: 1
Total: 70 Votos
Votación nominal a la
omisión de la lectura del articulado, el bloque del articulado del Proyecto de
ley número 78 de 2014 Senado por la cual se modifican los
artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración
Pública.
Honorables Senadores
Por el Sí
Aguilar Hurtado Nerthink
Mauricio
Álvarez Montenegro Javier
Tato
Amín Escaf Miguel
Amín Hernández Jaime
Alejandro
Andrade Serrano Hernán
Francisco
Araújo Rumié Fernando
Nicolás
Ashton Giraldo Álvaro
Antonio
Avirama Avirama Marco
Aníbal
Barreras Montealegre
Roy Leonardo
Benedetti Villaneda Armando
Besaile Fayad Musa
Bustamante García Everth
Cabrales Castillo Daniel
Alberto
Cabrera Báez Ángel Custodio
Castañeda Serrano Orlando
Castilla Salazar Jesús
Alberto
Celis Carrillo Bernabé
Cepeda Castro Iván
Cepeda Sarabia Efraín
José
Chamorro Cruz William
Jimmy
Correa Borrero Susana
Correa Jiménez
Antonio José
Cristo Bustos Andrés
Delgado Martínez
Javier Mauricio
Delgado Ruiz Édinson
Duque García Luis
Fernando
Duque Márquez Iván
Durán Barrera Jaime
Enrique
Elías Vidal Bernardo
Miguel
Enríquez Maya Carlos
Eduardo
Enríquez Rosero
Manuel
Galán Pachón Carlos
Fernando
García Burgos Nora
García Realpe Guillermo
García Romero Teresita
García Zuccardi
Andrés Felipe
Gaviria Vélez José
Obdulio
Gómez Jiménez Juan Diego
Gómez Martínez Ana Mercedes
Guerra de La Espriella
Antonio del Cristo
Guerra de La Espriella María
del Rosario
Henríquez Pinedo
Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola
Andrea
Lizcano Arango Óscar
Mauricio
López Hernández Claudia
Nayibe
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Martínez Rosales Rosmery
Mejía Mejía Carlos Felipe
Morales Diz Martín Emilio
Name Cardozo José David
Name Vásquez Iván Leonidas
Navarro Wolff Antonio José
Ospina Gómez Jorge Iván
Paredes Aguirre
Myriam Alicia
Prieto Riveros Jorge
Eliéser
Prieto Soto Eugenio
Enrique
Pulgar Daza Eduardo
Enrique
Rangel Suárez Alfredo
Rodríguez Rengifo
Roosvelt
Rodríguez Sarmiento
Milton Arlex
Sierra Grajales Luis
Emilio
Soto Jaramillo Carlos
Enrique
Tamayo Tamayo
Fernando Eustacio
Tovar Rey Nohora
Stella
Uribe Vélez Álvaro
Valencia Laserna
Paloma Susana
Vega de Plazas Thania
Ruby
Villadiego Villadiego Sandra
Elena
Honorable Senador
Por el No
Motoa Solarte Carlos
Fernando
25-XI-2014
En consecuencia, ha sido
aprobada la omisión de la lectura del articulado, el bloque del articulado del
Proyecto de Ley Estatutaria número 078 de 2014 Senado.
La Presidencia indica a la
Secretaría dar lectura al título del proyecto.
Por Secretaría se da lectura
al título del Proyecto de Ley Estatutaria número 78 de 2014 Senado, por la cual
se modifican los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia.
Cumplidos los trámites
constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta: ¿Quieren
los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado, surta su trámite en la
Honorable Cámara de Representantes?
La Presidencia abre la
votación del título y que surta su trámite en la honorable Cámara de
Representantes, el Proyecto de Ley Estatutaria número 078 de 2014 Senado, e
indica a la Secretaría abrir el registro electrónico para proceder en forma
nominal.
La Presidencia cierra la
votación, e indica a la Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el
resultado de la votación.
Por Secretaría se informa el
siguiente resultado:
Por el Sí: 66
Por el No: 2
Total: 68 Votos
Votación nominal al título y
que surta su trámite en la Cámara de Representantes el Proyecto de ley número
78 de 2014 Senado por la cual se modifican los artículos
15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración Pública.
Honorables Senadores
Por el Sí
Aguilar Hurtado Nerthink
Mauricio
Amín Escaf Miguel
Andrade Casama Luis
Evelis
Andrade Serrano
Hernán Francisco
Araújo Rumié Fernando
Nicolás
Barreras Montealegre
Roy Leonardo
Benedetti Villaneda
Armando
Besaile Fayad Musa
Blel Scaff Nadya
Georgette
Cabrales Castillo
Daniel Alberto
Cabrera Báez Ángel
Custodio
Casado de López
Arleth Patricia
Castañeda Serrano
Orlando
Castilla Salazar
Jesús Alberto
Celis Carrillo
Bernabé
Cepeda Castro Iván
Cepeda Sarabia Efraín
José
Chamorro Cruz William
Jimmy
Correa Borrero Susana
Correa Jiménez Antonio José
Corzo Román Juan Manuel
Cristo Bustos Andrés
Delgado Martínez Javier
Mauricio
Duque García Luis Fernando
Duque Márquez Iván
Durán Barrera Jaime Enrique
Elías Vidal Bernardo Miguel
Enríquez Rosero Manuel
Galán Pachón Carlos Fernando
García Burgos Nora
García Realpe Guillermo
García Romero Teresita
García Zuccardi Andrés
Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gómez Jiménez Juan Diego
Gómez Martínez Ana Mercedes
Guerra de La Espriella María
del Rosario
Guerra Sotto Julio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Lizcano Arango Óscar
Mauricio
López Hernández Claudia
Nayibe
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Martínez Rosales Rosmery
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Morales Diz Martín
Emilio
Morales Hoyos Viviane
Aleyda
Name Cardozo José
David
Navarro Wolff Antonio
José
Ospina Gómez Jorge
Iván
Paredes Aguirre
Myriam Alicia
Prieto Riveros Jorge
Eliéser
Pulgar Daza Eduardo
Enrique
Ramos Maya Alfredo
Rangel Suárez Alfredo
Robledo Castillo
Jorge Enrique
Rodríguez Sarmiento
Milton Arlex
Sierra Grajales Luis
Emilio
Soto Jaramillo Carlos
Enrique
Tamayo Tamayo
Fernando Eustacio
Tovar Rey Nohora
Stella
Uribe Vélez Álvaro
Vega de Plazas Thania
Ruby
Villadiego Villadiego
Sandra Elena
Honorables Senadores
Por el No
Valencia Laserna Paloma
Susana
Motoa Solarte Carlos
Fernando
25-XI-2014
En consecuencia, ha sido
aprobado el título y que surta su trámite en la honorable Cámara de
Representantes el Proyecto de Ley Estatutaria número 78 de 2014 Senado.”
Cámara de Representantes
18.- El 26 de noviembre de 2014 el Presidente del Senado de la
República José David Name Cardozo remitió el Proyecto de Ley núm. 078 de 2014
Senado al Presidente de la Cámara de Representantes, Fabio Raúl Amín Saleme,
quien lo recibió el 3 de diciembre de 2014 y lo repartió a la Comisión Primera
Constitucional Permanente de esa Corporación para su estudio en primer debate,
así como también envió el referido proyecto a la Imprenta Nacional para su
publicación de acuerdo con lo previsto en el artículo 144 de la Ley 5ª de 1992,
la cual se efectuó en la Gaceta N° 177 de 2015.
Trámite en la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de
Representantes
Publicación de la ponencia para debate en comisión
19.- El 26 de marzo de 2015, la Comisión Primera Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes designó como ponente para primer
debate al congresista Jaime Buenahora Febres[25], quien
remitió la ponencia para primer debate el 8 de abril de 2015, la cual se
publicó en la Gaceta del Congreso número 177 de 2015[26]
junto con la proposición positiva en los siguientes términos:
“Con
fundamento en las anteriores consideraciones de manera respetuosa solicito a la
Comisión Primera de la Cámara de Representantes, dar primer debate al Proyecto
de ley número 78 de 2014 Senado y 187 de 2014 Cámara, por la cual se modifican
los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración
de Justicia” [27]
Anuncio previo a la votación
20.- El anuncio para la
discusión y votación del Proyecto se emitió en la sesión del 14 de abril de
2015, circunstancia de la que da cuenta el Acta de Comisión No. 41 de la misma
fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 427 de 2015. El referido anuncio
se emitió en los siguientes términos:
“Presidente:
Señora
Secretaria anuncie Proyectos
Secretaria:
Sí, Presidente, anuncio por instrucciones suyas, los Proyectos que
se discutirán y votarán en la próxima Sesión de la Comisión.
-Proyecto de ley Estatutaria números 187 de 2014 Cámara, 78 de
2014 Senado, por la cual se modifican los artículos 15 y 16 de la Ley 270
de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia”[28]
Puede inferirse que en la
Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes se cumplió con
el presupuesto de anuncio previo a la votación, en la medida en que se indicó,
de forma preliminar, que el Proyecto de Ley 187 de 2014 Cámara y 78 de 2014
Senado se discutiría en “la próxima sesión” y el debate y la votación
efectivamente se realizó en la sesión siguiente a su anuncio.
Votación
21- El 21 de abril de 2015 y
de acuerdo con el anuncio efectuado el 14 de abril anterior, se adelantó el
debate y votación del proyecto de ley en la Comisión Primera Constitucional de
la Cámara de Representantes. Inicialmente hubo quorum deliberatorio
tal como lo devela el acta No. 42 de 2015, publicada en la Gaceta del Congreso
No. 295 de 2015:
“En Bogotá D.C., el martes 21 de abril de 2015, siendo las 10:55
de la mañana, se reunieron los miembros de la Comisión Primera Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes, en el Salón de Sesiones de la misma
‘Roberto Camacho Weverberg’, previa citación. Presidida la sesión por su
presidente el honorable Representante Jaime Buenahora Febres.
La señora Secretaria de la Comisión Primera Constitucional,
doctora Amparo Yaneth Calderón Perdomo, procede con el llamado a lista y
verificación del quorum (como primer punto del orden del día)
Presidente:
Buenos días señora Secretaria por favor llame a lista
Secretaria:
Si señor Presidente, siendo las 10:55 de la mañana, procedemos con
el llamado a lista,
Contestaron los siguientes honorables Representantes:
Bravo Realpe Óscar Fernando
Buenahora Febres Jaime
Díaz Lozano Élbert
González García Harry Giovanny
Marulanda Muñoz Norbey
Molina Figueroa John Eduardo
Navas Talero Carlos Germán
Pedraza Ortega Telésforo
Pereira Caballero Pedrito Tomás
Roa Sarmiento Humphrey
Sanabria Astudillo Heriberto
Santos Ramírez José Neftalí
Zambrano Eraso Bérner León
En el transcurso de la sesión se hicieron presentes los honorables
Representantes:
Bedoya Pulgarín Julián
Cabal Molina María Fernanda
Carrasquilla  Torres Silvio José
Correa Mojica Carlos Arturo
De la Peña Márquez Fernando
García Gómez Juan Carlos
Hoyos Mejía Samuel Alejandro
Jiménez López Carlos Abraham
Lara Restrepo Rodrigo
Losada Vargas Juan Carlos
Lozano Correo Angélica Lisbeth
Osorio Aguilar Carlos Édward
Penagos Giraldo Hernán
Pinto Miguel Ángel
Prada Artunduaga Álvaro Hernán
Rodríguez Rodríguez Edward David
Rojas González Clara Leticia
Rozo Rodríguez Jorge Enrique
Sánchez León Oscar Hernán
Valencia González Santiago
Vanegas Osorio Albeiro
Con excusa adjunta dejó de asistir el honorables (sic)
Representante:
Caicedo Sastoque José Edilberto
Señor Presidente la Secretaria le informa que se ha registrado
quorum deliberatorio”
La votación fue nominal y pública, y se dividió de la siguiente
manera:
(i)
La proposición de dar
primer debate al proyecto de ley se aprobó con 25 votos por el sí.
(ii)
El articulado contó
con el voto positivo de 23 representantes.
(iii)
El título del proyecto
y la moción de dar segundo debate tuvieron el voto positivo de 26
representantes.
La votación referida evidencia el
cumplimiento de la mayoría absoluta exigida para la aprobación de leyes
estatutarias de acuerdo con lo previsto en el artículo 153 de la Carta Política
y en el numeral 4º del artículo 119 de la Ley 5ª de 1992.
En efecto, la Comisión Primera Constitucional está conformada por
35 miembros[29], lo que significa que para su aprobación,
el proyecto requería el voto de por lo menos 18 representantes, el cual fue
superado ampliamente. La referida votación quedó consignada en el Acta núm. 042
del 21 de abril de 2015 y se publicó en la Gaceta núm. 295 de 2015 en los
siguientes términos:
“Presidente:
Aclarando que la doctora Clara, dejó valga la redundancia,
aclarando que la doctora Clara dejó como constancia su Proposición de
Aplazamiento, ponemos en consideración el artículo, el Articulado del proyecto,
que no tiene ninguna Proposición. En consideración el mismo se abre la
discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra, señora Secretaria General
llame a lista para ver si la Comisión aprueba el articulado del Proyecto
incluida la vigencia.
Secretaria:
Sí señor Presidente llamo a lista para la votación en bloque del
Articulado, tres Artículos incluida la vigencia.
Honorables Representantes:
Bedoya Pulgarín Julián
No Votó
Bravo Realpe Óscar Fernando
Sí
Buenahora Febres Jaime
Sí
Cabal Molina María Fernanda
No Votó
Caicedo Sastoque José Edilberto
Con Excusa
Carrasquilla Torres Silvio José
Sí
Correa Mojica Carlos Arturo
No Votó
De La Peña Márquez Fernando
Sí
Díaz Lozano Elbert
Sí
García Gómez Juan Carlos
No Votó
Gonzalez García Harry Giovanny
Sí
Hoyos Mejía Samuel Alejandro
Sí
Jiménez López Carlos Abraham
No Votó
Lara Restrepo Rodrigo
No Votó
Losada Vargas Juan Carlos
Sí
Lozano Correa Angélica Lisbeth
Sí
Marulanda Muñoz Norbey
Sí
Molina Figueredo John Eduardo
Sí
Navas Talero Carlos Germán
Sí
Osorio Aguiar Carlos Edward
Sí
Pedraza Ortega Telésforo
Sí
Penagos Giraldo He rnán
Sí
Pereira Caballero Pedrito Tomás
Sí
Pinto Hernández Miguel Ángel
Sí
Prada Artunduaga Álvaro Hernán
No Votó
Roa Sarmiento Humphrey
No Votó
Rodríguez Rodríguez Edward David
Sí
Rojas González Clara Leticia
Sí
Rozo Rodríguez Jorge Enrique
No Votó
Sanabria Astudillo Heriberto
Sí
Sánchez León Óscar Hernán
Sí
Santos Ramírez José Neftalí
No Votó
Valencia González Santiago
No Votó
Vanegas Osorio Albeiro
Sí
Zambrano Eraso Berner
Sí
Presidente puede cerrar la votación.
Presidente:
Señora Secretaria cierre la votación e informe el resultado por
favor.
Secretaria:
Presidente han votado veintitrés (23) honorables Representantes
todos de manera afirmativa en consecuencia el Articulado tal como viene en la
Ponencia ha sido aprobado con la mayoría exigida en la Constitución y la Ley
por tratarse de un Proyecto de Ley Estatutaria. Título y pregunta Presidente.
Presidente:
Lea el Título del Proyecto y de una vez pregunto a la Comisión si
desea que este Proyecto pase a la Plenaria para el siguiente debate.
Secretaria:
Sí Presidente Título. ¿Por la cual se modifican los artículos 15 y
16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia¿. Ha
sido leído el Título y la pregunta si quiere la Comisión que este Proyecto de
Ley Estatutaria, pase a la Plenaria de la Cámara de Representantes, para que se
convierta en Ley de la República.
Presidente:
En consideración el título y pregunta para el siguiente debate,
llame a lista señora Secretaria para su aprobación.
Honorables Representantes:
Bedoya Pulgarín Julián
Sí
Bravo Realpe Óscar Fernando
Sí
Buenahora Febres Jaime
Sí
Cabal Molina María Fernanda
No Votó
Caicedo Sastoque José Edilberto
Con Excusa
Carrasquilla Torres Silvio José
Sí
Correa Mojica Carlos Arturo
No Votó
De La Peña Márquez Fernando
Sí
Díaz Lozano Elbert
Sí
García Gómez Juan Carlos
No Votó
González García Harry Giovanny
Sí
Hoyos Mejía Samuel Alejandro
Sí
Jiménez López Carlos Abraham
No Votó
Lara Restrepo Rodrigo
No Votó
Losada Vargas Juan Carlos
Sí
Lozano Correa Angélica Lisbeth
Sí
Marulanda Muñoz Norbey
Sí
Molina Figueredo John Eduardo
Sí
Navas Talero Carlos Germán
Sí
Osorio Aguiar Carlos Edward
Sí
Pedraza Ortega Telésforo
Sí
Penagos Giraldo Hernán
Sí
Pereira Caballero Pedrito Tomás
Sí
Pinto Hernández Miguel Ángel
Sí
Prada Artunduaga Álvaro Hernán
No Votó
Roa Sarmiento Humphrey
Sí
Rodríguez Rodríguez Edward David
Sí
Rojas González Clara Leticia
Sí
Rozo Rodríguez Jorge Enrique
Sí
Sanabria Astudillo Heriberto
Sí
Sánchez León Óscar Hernán
Sí
Santos Ramírez José Neftalí
No Votó
Valencia González Santiago
No Votó
Vanegas Osorio Albeiro
Sí
Zambrano Eraso Berner
Sí
Puede cerrar la votación Presidente.
Presidente:
Cierre la votación y por favor infórmenos el resultado.
Secretaria:
Presidente ha votado veintiséis honorables Representantes, todos
de manera afirmativa, en consecuencia el Título y la pregunta han sido
aprobados con la mayoría exigida en la Constitución y la Ley. (…)”[30]
Trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes
Publicación
22.- La publicación del texto de ponencia favorable para
segundo debate en plenaria de la Cámara de Representantes se efectuó en la
Gaceta No. 277 de 2015, en la que se presentó el mismo texto propuesto
inicialmente y aprobado tanto en el Senado de la República como en la Comisión
Primera Constitucional de la Cámara de Representantes.
Sin embargo, tras la publicación de dicho informe se presentaron
algunas recomendaciones que motivaron la formulación de una enmienda a la
ponencia para segundo debate, la cual se publicó en la Gaceta No. 315 de 2015.
Como fundamento de esta circunstancia el ponente indicó:
“En
cumplimiento del encargo hecho por la Mesa Directiva de la Comisión Primera
Constitucional de la Cámara de representantes, rendí enmienda a ponencia para
segundo debate a la Plenaria de la Cámara del Proyecto de Ley Estatutaria
número 187 de 2014 Cámara, 78 de 2014 Senado, por la cual se modifican los
artículo 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de
Justicia, el 7 de mayo de 2015. No obstante, someto a consideración de los
honorables Congresistas, enmienda al informe de ponencia, en consideración a
las recomendaciones planteadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
por el Departamento Administrativo de la Función Pública y de los Magistrados
de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.” [31]
Para evidenciar la modificación del texto del proyecto de ley se
presenta, a continuación, el texto inicial aprobado en el trámite ante el
Senado de la República y en la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de
Representantes, y la propuesta del ponente para el segundo debate ante la
plenaria de la Cámara.
Gaceta del Congreso núm. 797 de 2014
Texto aprobado en sesión plenaria del Senado de la República el
día 25 de noviembre de 2014 al Proyecto de Ley número 78 de 2014 Senado por
la cual se modifican los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria
de la Administración de Justicia.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°.
Adiciónese un parágrafo al artículo 15 de la Ley 270 de 1996, así:
Parágrafo 2°.
Además de los veintitrés (23) magistrados que integran la Corte Suprema de
Justicia, habrá magistrados de descongestión para la Sala de Casación
Laboral, en forma transitoria, que no harán parte de la Sala Plena y no
tendrán funciones administrativas, con el único fin de tramitar y decidir los
asuntos que sean de su competencia. El Reglamento de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia determinará las condiciones del
reparto de los procesos.
El periodo de los magistrados de descongestión será el mismo que
dure el programa de descongestión dispuesto en el parágrafo transitorio del
artículo 16 de esta ley, sin pasar de ocho años, en ningún caso. La elección,
los requisitos para acceder al cargo y la remuneración serán los previstos en
la Constitución y la ley para los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia.
Para la designación de los magistrados de descongestión, deberá
contar la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, con la disposición de
los recursos acreditada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
Artículo 2°.
Adiciónese un parágrafo al artículo 16 de la Ley 270 de 1996, así:
Parágrafo transitorio.
Excepcionalmente y por el término de ocho (8) años contados a partir de su
instalación, créanse cuatro salas de descongestión, anexas a la sala de
casación laboral, compuestas de tres (3) magistrados de descongestión cada
una, que no harán parte de la Sala Plena y no tendrán funciones
administrativas, con el fin de tramitar y decidir los asuntos de su
competencia.
Artículo 3°.
La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas
las disposiciones que le sean contrarias.
Gaceta del Congreso núm. 305 de 2015
Texto propuesto para segundo debate al Proyecto de Ley
Estatutaria número 187 de 2014 Cámara, 78 de 2014 Senado por la cual se
modifican los artículos 15 y 16 de la ley 270 de 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°.
Adiciónese un parágrafo al artículo 15 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará
así:
Parágrafo 2°.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia tendrá Magistrados de descongestión, en forma transitoria
y por un período que no podrá superar el término de ocho (8) años, contados a
partir de la fecha de posesión.
Artículo 2°. Adiciónese
un parágrafo al artículo 16 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:
Parágrafo.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia contará con
cuatro salas de descongestión, cada una integrada por tres Magistrados de
descongestión, que actuarán de forma transitoria y tendrán como único fin
tramitar y decidir los recursos de casación que determine la Sala de Casación
Laboral de esta Corte. Los Magistrados de descongestión no harán parte de la
Sala Plena, no tramitarán tutelas, ni recursos de revisión, no conocerán de
las apelaciones en procesos especiales de calificación de suspensión o paro
colectivo del trabajo, ni de los conflictos de competencia, que en el ámbito
de su especialidad se susciten, y no tendrán funciones administrativas. El
reglamento de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
determinará las condiciones del reparto de los procesos.
Las salas de descongestión actuarán independientemente de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero cuando la
mayoría de los integrantes de aquellas consideren procedente cambiar la
jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, devolverán el
expediente a la Sala de Casación Laboral para que esta decida.
El periodo de los Magistrados de descongestión será de dos (2)
años, prorrogables de forma consecutiva por dos (2) años más, sin superar un
período institucional máximo de ocho (8) años, de acuerdo con el rendimiento
y efectividad que demuestren los Magistrados de descongestión en el trámite y
decisión de los procesos a su cargo. La Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, conforme a su reglamento, determinará las metas anuales
y llevará el control del rendimiento y gestión de los Magistrados de las
Salas de Descongestión frente a los procesos que deben tramitarse y decidirse
por estas Salas. Solo en el evento en que los Magistrados de las Salas de
Descongestión Laboral tengan un rendimiento satisfactorio a través del
cumplimiento de esta meta anual de descongestión, su competencia será
prorrogada, cada dos (2) años, por dos (2) años más, sin superar el periodo
institucional máximo de ocho (8) años, contados a partir de la fecha de
posesión.
La elección y los requisitos para acceder al cargo de Magistrado
de las Salas de Descongestión Laboral serán los previstos en la Constitución
y la ley para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, o
quien haga sus veces, determinará la estructura y planta de personal de
dichas salas.
Artículo 3°.
Los recursos necesarios para la creación de las Salas de Descongestión
Laboral de que trata la presente ley, provendrán de los ahorros que se
generen por la supresión o modificación de otras dependencias de la Rama
Judicial que autorice la Constitución o la Ley, manteniendo los cupos
vigentes de gasto de dicha entidad, así como de los recursos autorizados
mediante la Ley 1743 de 2014, cuyo artículo 2º se adiciona para tal efecto.
Para la designación de los Magistrados de descongestión, la Sala
Plena de la Corte Suprema de Justicia deberá contar con la disposición de los
recursos, acreditada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, o por quien haga sus veces.
Artículo 4°.
La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas
las disposiciones que le sean contrarias.
Anuncio previo a la votación
23.- El anuncio para la discusión y votación
del Proyecto se emitió en la sesión celebrada el 10 de junio de 2015, tal como
consta en el Acta de Plenaria de Cámara de Representantes N° 071 de la misma fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso N° 927 de 2015. Dicho anuncio se emitió en
los siguientes términos:
“Dirección de la Presidencia Fabio Raúl Amín Saleme:
Gracias señor Representante, se cierra la discusión de la
proposición con la que termina el informe de ponencia, Señor Secretario me hace
un gran favor vamos a anunciar proyectos para la sesión plenaria de mañana
jueves, que será convocada a partir de las 9 de la maña, anuncio de proyectos
señor Secretario.
Secretario General Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se anuncian los siguientes Proyectos: Proyecto de Acto Legislativo
número 153 de 2014, se anuncia (sic) los proyectos para la sección (sic) del
día de mañana 11 de junio o cuando se tramiten proyectos de Ley y Actos
Legislativos.
(…)
Proyecto de Ley Estatutaria número 187 de 2014 Cámara, 78 de 2014
Senado”[32]
De acuerdo con lo anterior, se tiene por satisfecho el requisito
de anuncio previo a la votación del Proyecto de Ley Estatutaria 187 de 2014
Cámara, 78 Senado, en el segundo debate ante la Plenaria de la Cámara de
Representantes, en tanto que en la sesión que celebró dicha célula legislativa
el 10 de junio se indicó que la votación del referido proyecto se efectuaría en
la sesión plenaria que se realizaría el día siguiente, tal y como efectivamente
sucedió.
Votación
24.- La aprobación del
proyecto de ley en la plenaria de la Cámara de Representantes se llevó a cabo
el día anunciado. Luego de estudiar los impedimentos presentados por algunos
representantes[33], los cuales no fueron aceptados por la
plenaria, se sometió a votación el informe de ponencia positiva en el que se
propuso darle segundo debate al proyecto de ley, el cual obtuvo 92 votos por el
sí y 0 por el no.
Tras dicha votación, se puso
en consideración de la plenaria el articulado del proyecto ley y se precisó que
éste correspondía al propuesto en la enmienda publicada en la Gaceta 315 de
2015 y que sobre el mismo se presentaron dos proposiciones, avaladas por el
coordinador ponente, las cuales se leyeron en la sesión. En el Acta de Plenaria
N° 72 de 11 de junio de 2015 quedaron consignadas esas circunstancias de la
siguiente manera:
“Dirección de Presidencia Fabio Raúl Amín Saleme:
Gracias señor Secretario, aprobada la proposición de la ponencia
vamos a considerar el articulado; este proyecto de ley consta de tres artículos
sobre los cuales hay dos proposiciones, son avaladas por el coordinador
ponente, vamos a leer las dos proposiciones y vamos a someter a consideración
el bloque de tres artículos con las dos proposiciones.
Secretario General Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Señor Presidente este proyecto tiene tres artículos
Dirección de Presidencia Fabio Raúl Amín Saleme:
Secretario vamos a leer las proposiciones avaladas inicialmente
por favor.
Secretario General Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Señor Presidente, inicialmente este proyecto como fue publicado
tiene tres proposiciones tres, artículos de los cuales el segundo y el tercero
tienen las proposiciones presentadas por el ponente doctor Jaime Buenahora y
manifiesta que tiene un artículo nuevo, las proposiciones son las siguientes:
Para el artículo segundo.
El artículo segundo presentó la proposición que modifica el inciso
tercero, señor Presidente, el cual me dispongo a leer.
Dice así el inciso tercero.
El período de los magistrados de descongestión será de ocho años,
dos años iniciales prorrogables de forma consecutiva por dos años más y así
sucesivamente, sin superar un período individual máximo de ocho años, las
prórrogas se harán de acuerdo al rendimiento satisfactorio y efectividad que
demuestren los magistrados de descongestión en el trámite y decisión de los
procesos a su cargo, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia conforme a su reglamento determinará las metas bianuales y llevará el
control del rendimiento y gestión de los magistrados de la sala de
descongestión frente a los procesos que deben tramitarse y decidirse por estas
salas, solo en el evento en que los magistrados de la Sala de Descongestión
Laboral tengan un rendimiento satisfactorio a través del cumplimiento de esta
meta bianual de descongestión, su competencia será prorrogada cada dos años por
dos años más sin superar el período individual máximo de ocho años contados a
partir de la fecha de posesión; la elección y los requisitos para acceder al
cargo de magistrado de la Sala de Descongestión Laboral serán los previstos en
la Constitución y la ley para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus
veces, determinará la estructura y planta de personal de dichas salas. Firma la
proposición el Representante a la Cámara Jaime Buenahora. Está leída la
proposición para el artículo segundo, señor Presidente.
La proposición para el artículo tercero dice así:
Modifíquese el artículo tercero.
Artículo tercero: Los recursos necesarios para la creación de la
Sala de Descongestión Laboral de que trata la presente ley provendrán de los
ahorros que se generen por la supresión o modificación de otras dependencias de
la Rama Judicial que autorice la Constitución o la ley manteniendo los cupos
vigentes de gastos de dicha entidad, para la designación de los magistrados de
Descongestión de la Sala plena de la Corte Suprema de Justicia, deberá contar
con la disposición de los recursos acreditada por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura o por quien haga sus veces. Firma, Jaime
Buenahora.
Están leídas las dos proposiciones que han sido radicadas hasta el
momento, señor Presidente.
Dirección de Presidencia Fabio Raúl Amín Saleme:
Señor Secretario, ¿en la Gaceta del Congreso aparece?
Señor Secretario, vamos a leer todo el articulado como aparece en
la enmienda, ya se leyeron las dos proposiciones avaladas y entramos a
considerar el articulado como aparece en la enmienda que aparece publicado en
Gaceta del Congreso, más las proposiciones leídas que fueron avaladas, leamos
la enmienda por favor.
Secretario General Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Dice así, señor Presidente:
Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo al artículo 15 de la Ley 270
de 1996 el cual quedará así:
Parágrafo 2°. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia tendrá magistrados de
descongestión en forma transitoria y por un período que no podrá superar en
términos de ocho años contados a partir de la fecha de posesión.
Artículo 2°. Adiciónese un parágrafo al artículo 16 de la Ley 270
de 1996 el cual quedará así:
Parágrafo. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia contará con cuatro Salas de descongestión, cada una integrada por tres
magistrados de descongestión que actuarán de forma transitoria y tendrán como
único fin tramitar y decidir los recursos de Casación que determine la Sala de
Casación Laboral de esta Corte; los magistrados de descongestión no harán parte
de la Sala Plena, no tramitarán tutelas ni recursos de revisión, no conocerán
de las apelaciones en procesos especiales de calificación de suspensión
colectiva del trabajo, ni de los conflictos de competencia que en el ámbito de
su especialidad se susciten y no tendrán funciones administrativas; el
reglamento de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
determinará las condiciones del reparto de los procesos; las salas de
descongestión actuarán independientemente de la Sala De Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, pero cuando la mayoría de los integrantes de
aquellas consideren procedente cambiar la jurisprudencia de un determinado
asunto o crear una nueva devolverán el expediente a la Sala de Casación Laboral
para que esta decida.
El periodo de los magistrados de descongestión será de dos años
prorrogables de forma consecutiva por dos años más sin superar un período
institucional máximo de ocho años de acuerdo con el rendimiento y efectividad
que demuestren los magistrados de descongestión en el trámite y decisión de los
procesos a su cargo, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia conforme a su reglamento, determinará las metas anuales y llevan el
control de rendimiento y gestión de los magistrados de la Sala de Descongestión
frente a los procesos que deben tramitar por esta Sala, solo en el evento en
que los magistrados de la Sala de Descongestión Laboral tengan un rendimiento
satisfactorio a través del cumplimiento de esta meta anual de descongestión, su
competencia será prorrogada cada dos años, por dos años más sin superar el
periodo institucional máximo de ocho años contados a partir de la fecha de
posesión.
La elección y los requisitos para acceder al cargo de magistrado
de las Salas de Descongestión Laboral serán los previstos en la Constitución y
la ley para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus veces
determinará la estructura de planta de personal de dichas salas.
Artículo 3°. Los recursos necesarios para la creación de las Salas
de Descongestión Laboral de que trata la presente ley, provendrán de los
ahorros que generen por la supresión o modificación de otras dependencias de la
Rama Judicial que autorice la Constitución o la ley, manteniendo los cupos
vigentes de gastos de dicha entidad, así como los recursos autorizados mediante
la Ley 1743 del 2014, cuyo artículo segundo se adiciona para tal efecto. Para
designación de los magistrados de Descongestión la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia deberá contar con la disposición de los recursos,
acreditada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o
por quien haga sus veces.
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Atentamente, Jaime Buenahora.
Señor Presidente ha sido leído el articulado tal como está
publicado en la Gaceta 315 del 2015.
Lo que se acaba de leer está incluido entonces las dos
proposiciones y la enmienda ya referida señor Presidente, quedaría el proyecto
con cuatro artículos.
Dirección de Presidencia Fabio Raúl Amín Saleme:
Gracias señor Secretario.
Vamos a hacer esa aclaración, de acuerdo a la enmienda son cuatro artículos y
se leyeron dos proposiciones sobre el artículo dos avaladas y sobre el artículo
tres avaladas, vamos a considerarlos así, en bloque vamos a abrir la discusión,
se está discutiendo señores Representantes el bloque de cuatro artículos con
las dos proposiciones avaladas, anunció que se va a cerrar la discusión.
Continúa la doctora Clara Rojas.”[34]
Tras
el debate en el que intervinieron los representantes Clara Leticia Rojas
González y Víctor Javier Correa Vélez, se pasó a la votación para la aprobación
del proyecto bajo los lineamientos de la enmienda al texto referida previamente
y las proposiciones presentadas en la sesión.
(i)
El
articulado obtuvo 92 votos por el sí y 0 por el no.
(ii)
El título
y la pregunta: ¿sí quiere que este proyecto se convierta en Ley de la
República? obtuvieron 89 votos por el sí y 0 por el no.
La votación fue nominal y pública, y se cumplió con la mayoría
absoluta exigida para la aprobación de leyes estatutarias, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 153 Superior y 119 de la Ley 5ª de 1992. En efecto,
la plenaria de la Cámara está conformada por 166 integrantes, lo que significa
que la aprobación del proyecto requería el voto positivo de por lo menos 84
Representantes, lo cual se cumplió conforme se advierte de la Gaceta del
Congreso 782 de 2015:
“Dirección de Presidencia Fabio Raúl Amín Saleme: Anuncio que se va a cerrar la discusión, señores Representantes no
tengo más inscritos vamos entonces a votar, se cierra la discusión, y se va a
considerar el bloque de cuatro artículos como fue leído en la enmienda, más las
dos proposiciones que modifican el artículo 2° y el artículo 3° que fueron
avaladas por la coordinación de ponencia, todo fue leído por el Secretario o
por la Secretaría de la Corporación, anuncio que se cierra la discusión, señor
Secretario cerrada la discusión se abre registro, votando sí se aprueban los
artículos como fueron leídos con la enmienda y las proposiciones avaladas sobre
los artículos dos y tres, votando no se negarían.
Secretario General Jorge
Humberto Mantilla Serrano:
Se abre el registro para
votar el articulado con la enmienda y las dos proposiciones que fueron leídas
en un solo texto, se abre registro.
Jaime Buenahora vota Sí.
Dirección de Presidencia
Fabio Raúl Amín Saleme:
Señores Representantes
estamos votando los artículos, estamos votando las proposiciones avaladas y
estamos votando la enmienda.
Secretario General Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Dídier
Burgos vota Sí.
Dirección
de Presidencia Fabio Raúl Amín Saleme:
Representante
Rodrigo Lara, Representante Antonio Restrepo.
Secretario
General Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Doctor
Gustavo Rosado falta por votar, doctora Sara Piedrahíta falta por votar.
Dirección de Presidencia Fabio Raúl Amín Saleme:
Señores Representantes voy a
ordenar cerrar el registro, quienes no hayan votado, señor Secretario se cierra
el registro y se anuncia el resultado de la votación por favor.
Secretario General Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se cierra el registro la votación, es de la siguiente
manera:
Por el Sí 90 votos electrónicos y dos manuales, para un
total por el Sí de 92 votos.
Por el no cero votos electrónicos y cero votos manuales.
Señor Presidente ha sido
aprobado el articulado como fue leído y como fue publicado en la Gaceta número
315 con las proposiciones y la enmienda con la mayoría exigida por la
Constitución y la ley.
Publicación
registros de votación:
Resultados
de votación
Resultado
de grupo
Partido 100% Colombiano
Sí
3
No
0
No votado
0
Partido Cambio Radical
Sí
7
No
0
No votado
0
Partido Centro Democrático
Sí
15
No
0
No votado
0
Partido Conservador
Sí
10
No
0
No votado
0
Partido de la U
Sí
16
No
0
No votado
0
Partido Funeco
Sí
2
No
0
No votado
0
Partido Liberal Colombiano
Sí
21
No
0
No votado
0
Partido Mira
Sí
2
No
0
No votado
0
Partido Movimiento AICO
Sí
1
No
0
No votado
0
Partido Movimiento de Integra
Sí
1
No
0
No votado
0
Partido Opinión Ciudadana
Sí
4
No
0
No votado
0
Partido Polo Democrático
Sí
3
No
0
No votado
0
Partido Por un Huila Mejor
&nb sp;
Sí
1
No
0
No votado
0
Partido Verde
Sí
4
No
0
No votado
0
Resultados
individuales
Yes
José Carlos Mizger Pacheco
Partido 100
Iván Darío Agudelo Zapata
Partido Liber
Fabio Raúl Amín Saleme
Partido Liber
Jaime Enrique Serrano Pérez
Partido Liber
Jaír Arango Torres
Partido Cam
Óscar
Fernando Bravo Realpe
Partido Cons
Carlos Alberto Cuenca Chaux
Partido Cam
Fernando
de la Peña Márquez
Partido Opci
Alfredo Rafael Deluque Zuleta
Partido de la
Luis Eduardo Díaz Granados Torres
Partido Cam
Julio Eugenio Gallardo Archbold
Partido Movi
Atilano Alonso Giraldo Arboleda
Partido Cam
Jack Housni Jaller
Partido Liber
Raymundo Elías Méndez Bechara
Partido de la
Carlos Germán Navas Talero
Partido Polo
Carlos Édward Osorio Aguiar
Partido de la
Hernando José Padauí Álvarez
Partido Cam
Diego Patiño Amariles
Partido Liber
Hernán Penagos Giraldo
Partido de la
Pedrito Tomás Pereira Caballero
Partido
Cons
Jhon Eduardo Molina Figueredo
Partido 100
León Darío Ramírez Valencia
Partido de la
Ciro Antonio Rodríguez Pinzón
Partido Cons
John Jairo Roldán Avendaño
Partido Liber
Albeiro Vanegas Osorio
Partido de la
Jaime Armando Yepes Martínez
Partido de la
Bérner León Zambrano Eraso
Partido de la
Inti Raúl Asprilla Reyes
Partido Verd
Miguel Ángel Barreto Castillo
Partido Cons
Julián Bedoya Pulgarín
Partido Liber
Guillermina Bravo Montaño
Partido MIR
María Fernanda Cabal Molina
Partido Cent
Tatiana Cabello Flórez
Partido Cent
Silvio José Carrasquilla Torres
Partido Liber
Jairo Enrique Castiblanco Parra
Partido de la
Elda Lucy Contento Sanz
Partido de la
Wilson Córdoba Mena
Partido Cent
Victor Javier Correa Vélez
Partido Polo
Carlos Alberto Cuero Valencia
Partido Cent
Marta Cecilia Curi Osorio
Partido de la
Élbert
Díaz Lozano
Partido de la
Antenor Durán Carrillo
Partido Movi
Nicolás A. Echeverry Alvarán
Partido Cons
Rafael Elizalde Gómez
Partido Opci
Ricardo Flórez Rueda
Partido Opci
Ángel
María Gaitán Pulido
Partido Liber
Luis Horacio Gallón Arango
Partido Cons
Pierre Eugenio García Jacquier
Partido Cent
Juan Carlos García Gómez
Partido Cons
Alexánder García Rodríguez
Partido de la
Édgar
Alfonso Gómez Román
Partido Liber
Kelyn Johana González Duarte
Partido Liber
Harry Giovanny González García
Partido Liber
Hugo Hernán González Medina
Partido Cent
Luciano Grisales Londoño
Partido Liber
Orlando A. Guerra de la Rosa
Partido Cons
Carlos Eduardo Guevara Villabón
Partido MIR
José Élver Hernández Casas
Partido Cons
Samuel Alejandro Hoyos Mejía
Partido Cent
Federico E. Hoyos Salazar
Partido Cent
Óscar
de Jesús Hurtado Pérez
Partido
Liber
Juan Carlos Losada Vargas
Partido Liber
Angélica Lisbeth Lozano Correa
Partido Verd
Luz Adriana Moreno Marmolejo
Partido de la
Pedro Jesús Orjuela Gómez
Partido Liber
Moisés Orozco Vicuña
Partido Fune
Óscar
Ospina Quintero
Partido Verd
Ana Cristina Paz Cardona
Partido Verd
Flora Perdomo Andrade
Partido Por u
José Luis Pérez Oyuela
Partido Cam
Óscar
Darío Pérez Pineda
Partido Cent
Sara Elena Piedrahíta Lyons
Partido de la
Esperanza María Pinzón de Jiménez
Partido Cent
Álvaro
Hernán Prada Artunduaga
Partido Cent
Gloria Betty Zorro Africano
Partido Cam
Juan Carlos Rivera Peña
Partido Cons
Édward
David Rodríguez Rodríguez
Partido Cent
Clara Leticia Rojas González
Partido Liber
Candelaria Patricia Rojas Vergara
Partido 100
Óscar
Hernán Sánchez León
Partido Liber
José Neftalí Santos Ramírez
Partido Liber
Fernando Sierra Ramos
Partido Cent
Hernán Sinisterra Valencia
Partido Liber
Jorge Eliécer Tamayo Marulanda
Partido de la
María Eugenia Triana Vargas
Partido Opci
Alirio Uribe Muñoz
Partido Polo
Santiago Valencia González
Partido Cent
Olga Lucía Velásquez Nieto
Partido Liber
María Regina Zuluaga Henao
Partido Cent
Álvaro Gustavo Rosado
Aragón
Partido Fune
(…)
Dirección de Presidencia Fabio Raúl Amín Saleme:
Gracias señor Secretario.
Vamos a continuar con el estudio del proyecto, vamos a considerar la lectura
del título y la pregunta e inmediatamente le concedo la palabra doctor Germán
Navas.
Secretario General Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Título por la cual se
modifican los artículos 15 y 16 de la Ley 270 del 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia y por ser el último debate se le pregunta a la
plenaria ¿sí quiere que este proyecto se convierta en Ley
de la República?
Dirección
de Presidencia Fabio Raúl Amín Saleme:
Gracias señor Coordinador
ponente, anuncio que se va a cerrar la discusión, no tengo más inscritos, se
cierra la discusión, señor Secretario se ordena abrir el registro, votando sí
se aprueba el título como fue leído y la pregunta en el sentido de que esta
plenaria desea que el proyecto de ley estatutaria se convierta en ley de la
República, si se vota no se negarían título y pregunta.
Secretario General Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se abre registro, señores de cabina habilitar el sistema.
Jaime
Buenahora vota Sí.
Dirección de Presidencia Fabio Raúl Amín Saleme:
Señores
Representantes estamos votando título y pregunta para terminar el trámite de la
ley estatutaria.
Señores Representantes, les
agradezco para poder concluir con la votación, señor Secretario ¿falta alguien
por votar? Representante Urrego Luis Fernando esperamos su voto y cerramos
registro.
Secretario General Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Doctor Cipriano por favor
acercarse a la Secretaría, Alexánder Cipriano Moreno acercarse a la Secretaría.
Dirección de Presidencia Fabio Raúl Amín Saleme:
Tenemos
inconvenientes con el computador del doctor Urrego.
Secretario
General Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Cómo
vota doctor Urrego.
Dirección
de Presidencia Fabio Raúl Amín Saleme:
Señor
Secretario, se cierra el registro y se anuncia el resultado la votación, por
favor.
Secretario General Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se
cierra el registro, la votación es de la siguiente manera:
Por
el Sí 88 votos electrónicos y uno manual, para un total por el Sí de 89 votos.
Por
el No cero votos electrónicos cero votos manuales.
Señor Presidente, ha sido
aprobado el título y la pregunta con las mayorías requeridas por la
Constitución y la ley, exactamente 89 votos.
Publicación
de registros de votación:
Resultados
de votación
Resultados
de grupo:
Partido 100% Colombiano
Sí
3
No
0
No votado
0
Partido Cambio Radical
Sí
7
No
0
No votado
0
Partido Centro Democrático
Sí
13
No
0
No votado
0
Partido Conservador
Sí
10
No
0
No votado
0
Partido de la U
Sí
17
No
0
No votado
0
Partido Funeco
Sí
2
No
0
No votado
0
Partido Liberal Colombiano
Sí
22
No
0
No votado
0
Partido Mira
Sí
2
No
0
No votado
0
Partido Movimiento AICO
Sí
1
No
0
No votado
0
Partido Movimiento de Integra
Sí
1
No
0
No votado
0
Partido Opinión Ciudadana
Sí
4
No
0
No votado
0
Partido Polo Democrático
Sí
1
No
0
No votado
0
Partido Por un Huila Mejor
Sí
1
No
0
No votado
0
Partido Verde
Sí
4
No
0
No votado
0
Resultados individuales
Yes
José Carlos Mizger Pacheco
Partido 100
Iván Darío Agudelo Zapata
Partido Liber
Fabio Raúl Amín Saleme
Partido Liber
Jaime Enrique Serrano Pérez
Partido Liber
Jaír Arango Torres
Partido Cam
Óscar
Fernando Bravo Realpe
Partido Cons
Dídier Burgos Ramírez
Partido de la
Alejandro Carlos Chacón Camargo
Partido Liber
Orlando Alfonso Clavijo Clavijo
Partido Cons
Carlos Alberto Cuenca Chaux
Partido Cam
Fernando de la Peña Márquez
Partido Opci
Alfredo Rafael Deluque Zuleta
Partido de la
Julio Eugenio Gallardo Archbold
Partido Movi
Atilano Alonso Giraldo Arboleda
Partido Cam
Jack Housni Jaller
Partido Liber
Raymundo Elías Méndez Bechara
Partido de la
Carlos Édward Osorio Aguiar
Partido de la
Hernando José Padauí Álvarez
Partido Cam
Diego Patiño Amariles
Partido Liber
Hernán Penagos Giraldo
Partido
de la
Pedrito Tomás Pereira Caballero
Partido Cons
Jhon Eduardo Molina Figueredo
Partido 100
León Darío Ramírez Valencia
Partido de la
John Jairo Roldán Avendaño
Partido Liber
Jorge Enrique Rozo Rodríguez
Partido Cam
Albeiro Vanegas Osorio
Partido de la
Jaime
Armando Yepes Martínez
Partido de la
Armando Antonio Zabaraín D´arce
Partido Cons
Bérner León Zambrano Eraso
Partido de la
Inti Raúl Asprilla Reyes
Partido Verd
Julián Bedoya Pulgarín
Partido
Liber
Guillermina Bravo Montaño
Partido MIR
María Fernanda Cabal Molina
Partido Cent
Tatiana Cabello Flórez
Partido Cent
Silvio José Carrasquilla Torres
Partido Liber
Jairo Enrique Castiblanco Parra
Partido de la
Elda Lucy Contento Sanz
Partido de la
Wilson Córdoba Mena
Partido Cent
Carlos Alberto Cuero Valencia
Partido Cent
Marta Cecilia Curi Osorio
Partido de la
Élbert
Díaz Lozano
Partido de la
Antenor Durán Carrillo
Partido Movi
Nicolás A. Echeverry Alvarán
Partido Cons
Rafael Elizalde Gómez
Partido Opci
Ricardo Flórez Rueda
Partido Opci
Ángel
María Gaitán Pulido
Partido Liber
Pierre Eugenio García Jacquier
Partido Cent
Juan Carlos García Gómez
Partido Cons
Alexánder García Rodríguez
Partido de la
Édgar Alfonso Gómez Román
Partido Liber
Kelyn Johana González Duarte
Partido Liber
Harry Giovanny González García
Partido Liber
Hugo Hernán González Medina
Partido Cent
Luciano Grisales Londoño
Partido Liber
Orlando A. Guerra de la Rosa
Partido Cons
Carlos Eduardo Guevara Villabón
Partido MIR
José Élver Hernández Casas
Partido Cons
Samuel Alejandro Hoyos Mejía
Partido Cent
Federico E. Hoyos Salazar
Partido Cent
Óscar
de Jesús Hurtado Pérez
Partido Liber
Juan Carlos Losada Vargas
Partido Liber
Angélica Lisbeth Lozano Correa
Partido
Verd
Pedro Jesús Orjuela Gómez
Partido Liber
Moisés Orozco Vicuña
Partido Fune
Óscar
Ospina Quintero
Partido Verd
Rafael Eduardo Paláu Salazar
Partido de la
Ana Cristina Paz Cardona
Partido Verd
Flora Perdomo Andrade
Partido Por u
José Luis Pérez Oyuela
Partido Cam
Óscar
Darío Pérez Pineda
Partido Cent
Sara Elena Piedrahíta Lyons
Partido de la
Esperanza María Pinzón de Jiménez
Partido Cent
Álvaro
Hernán Prada Artunduaga
Partido Cent
Gloria Betty Zorro Africano
Partido Cam
Juan Carlos Rivera Peña
Partido Cons
Clara Leticia Rojas González
Partido Liber
Candelaria Patricia Rojas Vergara
Partido 100
Óscar
Hernán Sánchez León
Partido Liber
José Neftalí Santos Ramírez
Partido Liber
Hernán Sinisterra Valencia
Partido Liber
Jorge Eliécer Tamayo Marulanda
Partido de la
María Eugenia Triana Vargas
Partido Opci
Alirio Uribe Muñoz
Partido Polo
Luis Fernando Urrego Carvajal
Partido Cons
Santiago Valencia González
Partido Cent
Olga Lucía Velásquez Nieto
Partido Liber
María Regina Zuluaga Henao
Partido Cent
Álvaro Gustavo Rosado
Aragón
Partido Fune
Conciliación
del proyecto y aprobación por cada una de las Cámaras
25.- Con el
propósito de conciliar los textos aprobados por el Senado de la República y la
Cámara de Representantes, se designó una Comisión Accidental de mediación
conformada por el Senador Oscar Mauricio Lizcano Arango y el Representante a la
Cámara Oscar Fernando Bravo Realpe, de acuerdo con lo previsto en el artículo
161 Superior y 186 de la Ley 5 de 1992.
Publicación
Dicha
comisión rindió el informe de conciliación correspondiente, publicado en las
Gacetas N° 402 de 2015 y 403 de 2015, en el que se propuso acoger el texto
aprobado por la Cámara de Representantes. El informe se rindió en los
siguientes términos:
“Respetados Presidentes:
En consideración de la designación efectuada por
las Presidencias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes y
con base en lo dispuesto en los artículos 161 de la Constitución Política y 186
de la Ley 5ª de 1992, los suscritos Senadores y Representantes, miembros de la
Comisión Accidental de Mediación, nos permitimos someter a consideración de las
respectivas Plenarias, el texto del Proyecto de Ley Estatutaria número 187
de 2014 Cámara, 78 de 2014 Senado, por la cual se modifican los artículos
15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia,
que debidamente analizado hemos decidido acoger.
Con el fin de cumplir con el honroso encargo nos
hemos reunido para analizar y estudiar los textos aprobados por el Senado de la
República y la Cámara de Representantes, acordando acoger el texto aprobado por
unanimidad por la Honorable Cámara de Representantes, el cual es el siguiente:
TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 187 DE
2014 CÁMARA, 78 DE 2014 SENADO por la
cual se modifican los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de
la Administración de Justicia.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo al artículo
15 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:
Parágrafo 2°. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia tendrá Magistrados de descongestión en
forma transitoria y por un período que no podrá superar el término de ocho (8)
años, contados a partir de la fecha de posesión.
Artículo 2°. Adiciónese un parágrafo al artículo
16 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:
Parágrafo. La Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia contará con cuatro salas de descongestión, cada una
integrada por tres Magistrados de descongestión, que actuarán de forma
transitoria y tendrán como único fin tramitar y decidir los recursos de
casación que determine la Sala de Casación Laboral de esta Corte. Los
Magistrados de descongestión no harán parte de la Sala Plena, no tramitarán
tutelas, ni recursos de revisión, no conocerán de las apelaciones en procesos
especiales de calificación de suspensión o paro colectivo del trabajo, ni de
los conflictos de competencia, que en el ámbito de su especialidad se susciten,
y no tendrán funciones administrativas. El reglamento de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia determinará las condiciones del reparto
de los procesos.
Las salas de descongestión actuarán
independientemente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, pero cuando la mayoría de los integrantes de aquéllas consideren
procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una
nueva, devolverán el expediente a la Sala de Casación Laboral para que esta
decida.
El periodo de los Magistrados de descongestión
será de ocho años así: dos (2) años iniciales prorrogables de forma consecutiva
por dos (2) años más y así sucesivamente, sin superar un período individual
máximo de ocho (8) años. Las prórrogas se harán de acuerdo al rendimiento
satisfactorio y efectividad que demuestren los Magistrados de descongestión en
el trámite y decisión de los procesos a su cargo. La Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, conforme a su reglamento, determinará las
metas bianuales y llevará el control del rendimiento y gestión de los
Magistrados de las Salas de Descongestión frente a los procesos que deben
tramitarse y decidirse por estas Salas. Solo en el evento en que los
Magistrados de las Salas de Descongestión Laboral tengan un rendimiento
satisfactorio a través del cumplimiento de esta meta bianual de descongestión,
su competencia será prorrogada cada dos (2) años, por dos (2) años más, sin
superar el periodo individual máximo de ocho (8) años, contados a partir de la
fecha de posesión.
La elección y los requisitos para acceder al
cargo de Magistrado de las Salas de Descongestión Laboral serán los previstos
en la Constitución y la Ley para los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, o quien
haga sus veces, determinará la estructura y planta de personal de dichas salas.
Artículo 3°. Los recursos necesarios para la
creación de las Salas de Descongestión Laboral de que trata la presente ley,
provendrán de los ahorros que se generen por la supresión o modificación de
otras dependencias de la Rama Judicial que autorice la Constitución o la Ley,
manteniendo los cupos vigentes de gasto de dicha entidad.
Para la designación de los Magistrados de descongestión,
la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia deberá contar con la disposición
de los recursos, acreditada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura, o por quien haga sus veces.
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias.”[35]
Aprobación del informe de conciliación
Anuncio Previo Plenaria Cámara de Representantes
26.- En la sesión de la Plenaria de la Cámara de Representantes,
adelantada el 11 de junio de 2015, se efectuó el anuncio previo para la
votación del informe de conciliación del proyecto de ley estatutaria número 187
de 2014 Cámara, 78 de 2014 Senado, tal como consta en la Gaceta del Congreso N°
782 de 2015, el cual quedó consignado en los siguientes términos:
“Se
anuncia, para la sesión del próximo martes 16 de junio o cuando se tramiten en
las siguientes sesiones proyectos de ley o de actos legislativos, los
siguientes proyectos:
Informe
de conciliación Proyecto de ley Estatutaria número 187 de 2014 Cámara, 78 de
2014 Senado”[36]
Votación Plenaria de la Cámara de Representantes
27.- En la sesión de 16 de junio de 2015 y luego de que se leyera
el informe de conciliación se dio paso a la votación correspondiente, en la que
el texto conciliado obtuvo 94 votos por el sí y 0 por el no, lo que evidencia
la mayoría absoluta necesaria para la aprobación del proyecto de ley en la
Plenaria de la Cámara de Representantes.
Dicha votación se publicó en la Gaceta del Congreso N° 783 de 2015
y quedó registrada en los siguientes términos:
“(…)
Secretario General, Jorge
Humberto Mantilla Serrano:
(…)
Estamos votando el informe de conciliación
a la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, Proyecto de ley número 187 de 2014 Cámara;
78 de 2014 Senado, Ley Estatutaria de la Justicia, conciliación, 078 Cámara
Señores auxiliares, por
favor conminar a los honorables Representantes que estamos en votación de la
conciliación de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia;
están presentes la Sala en cabeza de su Presidenta de la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Ley Estatutaria 187 de 2014
Cámara, 78 de 2014 Senado.
Dirección
de la Presidencia, Fabio Raúl Amín Saleme:
Señor Secretario se cierra
el registro y se anuncia el resultado de la votación por favor.
Secretario
General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Atención señores de cabina
cerrar el registro, la votación definitiva es la siguiente:
Por el SÍ, 93 votos
electrónicos y 1 manual, para un total por el SÍ de 94 votos; señor Presidente
me parece que hay que retirar un voto de la doctora Cabello, entonces se hace
aclaración ahora.
Por el SÍ, 93 votos
electrónicos y uno (1) manual para un total por el SÍ de 94 votos; por el NO,
cero (0) votos, repito, por el NO cero (0) votos.
Señor Presidente el informe
de conciliación ha sido APROBADO con las mayorías requeridas por la
Constitución y la ley, exactamente 94 votos.
Publicación registro de
votación
Resultados de grupo
Partido
100% Colombiano
Sí
2
No
0
No
votado
0
Partido
Cambio Radical
Sí
9
No
0
No
votado
0
Partido
Centro Democrático
Sí
11
No
0
No
votado
0
Partido
Conservador
;
Sí
13
No
0
No
votado
0
Partido
de la U
Sí
22
No
0
No
votado
0
Partido
Liberal Colombiano
Sí
21
No
0
No
votado
0
Partido
Mira
Sí
2
No
0
No
votado
0
Partido
Movimiento de Integra
Sí
1
No
0
No
votado
0
Partido
Opción Ciudadana
Sí
5
No
0
No
votado
0
Partido
Polo Democrático
Sí
2
No
0
No
votado
0
Partido
Por un Huila Mejor
Sí
1
No
0
No
votado
0
Partido
Verde
Sí
4
No
0
No
votado
0
Resultados
individuales
Yes
José
Carlos Mizger Pacheco
Partido
100
Iván
Darío Agudelo Zapata
Partido
Liber
Fabio
Raúl Amín Saleme
Partido
Liber
Lina
María Barrera Rueda
Partido
Cons
Diela
Liliana Benavides Solarte
Partido
Cons
Jaime
Buenahora Febres
Partido
de la
John
Jairo Cárdenas Morán
Partido
de la
Fernando
de la Peña Márquez
Partido
Opci
Alfredo
Rafael Deluque Zuleta
Partido
de la
Eduardo
Diazgranados Abadía
Partido
de la
José
Bernardo Flórez Asprilla
Partido
de la
Julio
Eugenio Gallardo Archbold
Partido
Moví
Atilano
Alonso Giraldo Arboleda
Partido
Cam
Jack
Housni Jaller
Partido
Liber
Carlos
Abraham Jiménez López
Partido
Cam
Juan
Felipe Lemos Uribe
Partido
de la
Raymundo
Elías Méndez Bechara
Partido
de la
Carlos
Germán Navas Talero
Partido
Polo
Carlos
Édward Osorio Aguiar
Partido
de la
Hernando
José Padauí Álvarez
Partido
Cam
Diego
Patiño Amariles
Partido
Liber
Telésforo
Pedraza Ortega
Partido
Cons
Jhon
Eduardo Molina Figueredo
Partido
100
Miguel
Ángel Pinto Hernández
Partido
Liber
Crisanto
Pizo Mazabuel
Partido
Liber
León
Darío Ramírez Valencia
Partido
de la
Humphrey
Roa Sarmiento
Partido
Cons
Ángela María
Robledo Gómez
Partido
Verd
Ciro
Antonio Rodríguez Pinzón
Partido
Cons
John
Jairo Roldán Avendaño
Partido
Liber
Albeiro
Vanegas Osorio
Partido
de la
Nicolás
Daniel Guerrero Montaño
Partido
de la
Armando
Antonio Zabaraín D¿Arce
Partido
Cons
Bérner
León Zambrano Erazo
Partido
de la
Jorge
Camilo Abril Tarache
Partido
Liber
Inti
Raúl Asprilla Reyes
Partido
Verd
Guillermina
Bravo Montaño
Partido
MIR
María
Fernanda Cabal Molina
Partido
Cent
Tatiana
Cabello Flórez
Partido
Cent
Silvio
José Carrasquilla Torres
Partido
Liber
Mario
Alberto Castaño Pérez
Partido
Liber
Jairo
Enrique Castiblanco Parra
Partido
de la
Fabián
Gerardo Castillo Suárez
Partido
Cam
Elda
Lucy Contento Sanz
Partido
de la
Wilson
Córdoba Mena
Partido
Cent
Carlos
Alberto Cuero Valencia
Partido
Cent
Karen
Violette Cure Corcione
Partido
Cam
Marta
Cecilia Curi Osorio
Partido
de la
Élbert Díaz Lozano
Partido
de la
Nicolás
A. Echeverry Alvarán
Partido
Cons
Rafael
Elizalde Gómez
Partido
Opci
Ciro
Fernández Núñez
Partido
Cam
Ricardo
Flórez Rueda
Partido
Opci
Luis Horacio Gallón
Arango
Partido
Cons
Harry
Giovanny González García
Partido
Liber
Luciano Grisales
Londoño
Partido
Liber
Orlando
A. Guerra de la Rosa
Partido
Cons
Carlos Eduardo
Guevara Villabón
Partido
MIR
Samuel
Alejandro Hoyos Mejía
Partido
Cent
Federico E. Hoyos
Salazar
Partido
Cent
Óscar de Jesús
Hurtado Pérez
Partido
Liber
Rodrigo
Lara Restrepo
Partido
Cam
Álvaro López Gil
Partido
Cons
Jaime
Felipe Lozada Polanco
Partido
Cons
Angélica
Lisbeth Lozano Correa
Partido
Verd
Franklin
Lozano de la Ossa
Partido
Opci
Norbey
Marulanda Muñoz
Partido
Liber
Rubén
Darío Molano Piñeros
Partido
Cent
Luz
Adriana Moreno Marmolejo
Partido
de la
Pedro
Jesús Orjuela Gómez
Partido
Liber
Óscar Ospina
Quintero
Partido
Verd
Rafael
Eduardo Paláu Salazar
Partido
de la
Flora
Perdomo Andrade
Partido
Por u
Sara
Elena Piedrahíta Lyons
Partido
de la
Eloy
Chichi Quintero Romero
Partido
Cam
Ciro
Alejandro Ramírez Cortés
Partido
Cent
Antonio
Restrepo Salazar
Partido
Cam
Cristóbal
Rodríguez Hernández
Partido
de la
Édward David
Rodríguez
Partido
Cent
Clara
Leticia Rojas González
Partido
Liber
Mauricio
Salazar Peláez
Partido
Cons
Óscar Hernán
Sánchez León
Partido
Liber
José
Neftalí Santos Ramírez
Partido
Liber
Hernán
Sinisterra Valencia
Partido
Liber
Leopoldo
Suárez Melo
Partido
Liber
Jorge
Eliécer Tamayo Marulanda
Partido
de la
María
Eugenia Triana Vargas
Partido
Opci
Alirio
Uribe Muñoz
Partido
Polo
Santiago
Valencia González
Partido
Cent
Olga
Lucía Velásquez Nieto
Partido
Liber
Martha
Patricia Villalba Hodwalker
Partido
de la
Arturo
Yepes Alzate
Partido
Cons
María
Regina Zuluaga Henao
Partido
Cent
En lo que respecta a la aprobación del texto conciliado se
advierte, en primer lugar, que el artículo 160 de la Carta Política permite que
durante el segundo debate las plenarias introduzcan los cambios y
modificaciones que estimen necesarios, sin que ello conlleve a una nueva
discusión en la comisión permanente en la que el proyecto tuvo origen.
De otra parte, se tiene que el informe de conciliación se publicó
previamente y que en la plenaria de la Cámara se anunció, de forma preliminar,
el día en que se adelantaría el debate y la votación del texto conciliado,
discusión que acaeció el día anunciado, 16 de junio de 2015, en el que se
realizó el debate y la votación en la que se alcanzó la mayoría necesaria para
la aprobación del proyecto de ley.
Anuncio Previo en la Plenaria del Senado de la República
28.- El 16 de junio de 2015, se realizó el anuncio previo para la
discusión y aprobación del proyecto de ley con informe de conciliación, tal
como se demuestra en el Acta No. 67 de la Plenaria del Senado, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 666 del 4 de septiembre de 2015[37].
Dicho anuncio se realizó en los siguientes términos:
“Anuncio
de proyectos
Por
instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo
número 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y
aprobarán en la próxima sesión.
Anuncio
de proyectos de ley y de acto legislativo para ser considerados y votados en la
sesión Plenaria del honorable Senado de la República, siguiente a la del día 16
de junio de 2015. (…)
Proyectos
con informe de conciliación:
(…)
Proyecto
de Ley Estatutaria número 78 de 2014 Senado, 187 de 2014 Cámara, por
la cual se modifican los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de
la Administración de Justicia.”
Por lo anterior, la Sala
encuentra que la aprobación del informe de conciliación cumplió con la
exigencia de anuncio previo, establecida en el artículo 160 de la Constitución
Política y 157 del Reglamento del Congreso.
En particular, se evidencia
que para anunciar la discusión y aprobación de la ponencia, se utilizó la
siguiente expresión: “sesión Plenaria del honorable Senado de la República,
siguiente a la del día 16 de junio de 2015”.
Votación en la Plenaria del Senado de la República
El texto conciliado fue votado y aprobado el 17 de junio de 2015,
como se demuestra en el Acta de Plenaria N° 68, publicada en la Gaceta N° 777
de 2015. En dicha sesión se registró quorum deliberatorio de acuerdo con
lo publicado en la Gaceta referida en la que se establece lo siguiente:
“En
Bogotá D. C., a los diecisiete (17) días del mes junio de dos mil quince (2015)
previa citación, se reunieron en el recinto del honorable Senado de la
República los miembros del mismo, con el fin de sesionar en pleno.
Llamado
a lista
El
Presidente del Senado, honorable Senador José David Name Cardozo, indica a la
Secretaría llamar a lista, y contestan los siguientes honorables Senadores:
Registro
de asistencia honorables Senadores:
Acuña
Díaz Laureano Augusto
Aguilar
Hurtado Nerthink Mauricio
Álvarez
Montenegro Javier Tato
Amín
Escaf Miguel
Amín
Hernández Jaime Alejandro
Andrade Casama Luis Evelis
Andrade Serrano Hernán Francisco
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Ashton Giraldo Álvaro Antonio
Avirama Avirama Marco Aníbal
Barón Neira León Rigoberto
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Benedetti Villaneda Armando
Besayle Fayad Musa
Blel Scaff Nadya Georgette
Bustamante García Éverth
Cabrales
Castillo Daniel Alberto
Cabrera
Báez Ángel Custodio
Casado
de López Arleth Patricia
Castañeda
Serrano Orlando
Cepeda
Castro Iván
Cepeda
Sarabia Efraín José
Chamorro Cruz William Jimmy
Char Chaljub Arturo
Correa
Borrero Susana
Correa
Jiménez Antonio José
Corzo
Román Juan Manuel
Cristo Bustos Andrés
Delgado Martínez Javier Mauricio
Delgado Ruiz Édinson
Duque
García Luis Fernando
Duque
Márquez Iván
Durán
Barrera Jaime Enrique
Enríquez
Maya Carlos Eduardo
Enríquez
Rosero Manuel
Fernández
Alcocer Mario Alberto
Galán
Pachón Carlos Fernando
Galvis
Méndez Daira de Jesús
García
Burgos Nora María
García
Realpe Guillermo
García
Romero Teresita
García
Turbay Lidio Arturo
García
Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria
Correa Sofía Alejandra
Gaviria
Vélez José Obdulio
Gnecco
Zuleta José Alfredo
Gómez
Jiménez Juan Diego
Guerra
de la Espriella Antonio del Cristo
Guerra
de la Espriella María del Rosario
Guerra Sotto Julio Miguel
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín
Moreno Paola Andrea
Hoyos
Giraldo Germán Darío
Lizcano
Arango Óscar Mauricio
López
Hernández Claudia Nayibe
López
Maya Alexánder
Macías
Tovar Ernesto
Martínez
Aristizábal Maritza
Martínez
Rosales Rosmery
Mejía
Mejía Carlos Felipe
Merheg
Marún Juan Samy
Mora
Jaramillo Manuel Guillermo
Morales Diz Martín Emilio
Morales Hoyos Viviane Aleyda
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
Name Vásquez Iván Leonidas
Navarro Wolff Antonio José
Niño Avendaño Segundo Senén
Osorio Salgado Nidia Marcela
Ospina Gómez Jorge Iván
Paredes Aguirre Myriam Alicia
Pedraza
Gutiérrez Jorge Hernando
Pestana
Rojas Yamina del Carmen
Prieto Riveros Jorge Eliéser
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramos Maya Alfredo
Rangel Suárez Alfredo
Restrepo Escobar Juan Carlos
Robledo Castillo Jorge Enrique
Santos Marín Guillermo Antonio
Serpa Uribe Horacio
Sierra
Grajales Luis Emilio
Soto
Jaramillo Carlos Enrique
Suárez
Mira Olga Lucía
Tamayo
Tamayo Fernando Eustacio
Tovar
Rey Nohora Stella
Uribe
Vélez Álvaro
Valencia
Laserna Paloma Susana
Varón
Cotrino Germán
Vega de Plazas Ruby Thania
Vega Quiroz Doris Clemencia
Velasco Chaves Luis Fernando
Villadiego
Villadiego Sandra Elena
Villalba
Mosquera Rodrigo
Dejan
de asistir con excusa los honorables Senadores
Castilla
Salazar Jesús Alberto
Elías
Vidal Bernardo Miguel
Galán
Pachón Juan Manuel
Gerléin
Echeverría Roberto Víctor
Rodríguez
Rengifo Roosvelt
Rodríguez
Sarmiento Milton Árlex
17-VI-2015
Por
Secretaría se informa que se ha registrado quorum deliberatorio.
Siendo
las 12:38 p. m., la Presidencia manifiesta:
Ábrase
la sesión y proceda el señor Secretario a dar lectura al Orden del Día, para la
presente reunión.”
Con fundamento en lo anterior, la Sala encuentra que se cumplió
con la exigencia de quorum deliberatorio y decisorio, toda vez
que el debate y aprobación del proyecto se efectuó con la presencia de 64
Senadores.
La
votación se llevó a cabo de forma pública y nominal después de la
lectura del informe de conciliación, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 133 de la Constitución Política y 129 del Reglamento del Congreso.
El resultado de la votación fue el siguiente: 54 Senadores votaron
a favor de la aprobación del informe y 10 votaron en contra. Lo anterior se
encuentra registrado en la Gaceta del Congreso N° 777 del 17 de junio de 2015
de la siguiente manera:
“La Presidencia cierra
la votación e indica a la Secretaría cerrar el registro electrónico e
informar el resultado de la votación.
Por Secretaría se informa el
siguiente resultado:
Por
el Sí:
54
Por
el No:
10
TOTAL:
64
Votos
Votación
nominal al informe de conciliación al Proyecto de Ley Estatutaria número 78 de
2014 Senado, 187 de 2014 Cámara
por la cual se modifican los
artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la
Administración de Justicia.
Honorables Senadores por el
Sí
Aguilar Hurtado Nerthink
Mauricio
Álvarez Montenegro Javier Tato
Amín Escaf Miguel
Andrade Serrano Hernán Francisco
Avirama Avirama Marco Aníbal
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabrales Castillo Daniel Alberto
Casado de López Arleth Patricia
Castañeda Serrano Orlando
Cepeda Castro Iván
Cepeda Sarabia Efraín José
Chamorro Cruz William Jimmy
Correa Jiménez Antonio José
Cristo Bustos Andrés
Delgado Martínez Javier Mauricio
Duque García Luis Fernando
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Enríquez Rosero Manuel
Fernández Alcocer Mario Alberto
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Burgos Nora María
García Realpe Guillermo
García Romero Teresita
García Zuccardi Andrés
Felipe
Gaviria Correa Sofía
Alejandra
Gaviria Vélez José Obdulio
Gómez Jiménez Juan Diego
Guerra de la Espriella
Antonio del Cristo
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Lizcano Arango Oscar Mauricio
López Hernández Claudia
Nayibe
Martínez Aristizábal Maritza
Merheg Marún Juan Samy
Morales Hoyos Viviane Aleyda
Name Cardozo José David
Navarro Wolff Antonio José
Niño Avendaño Segundo Senén
Osorio Salgado Nidia Marcela
Ospina Gómez Jorge Iván
Paredes Aguirre Myriam Alicia
Prieto Riveros Jorge Eliéser
Restrepo Escobar Juan Carlos
Robledo Castillo Jorge
Enrique
Santos Marín Guillermo
Antonio
Serpa Uribe Horacio
Sierra Grajales Luis Emilio
Tamayo Tamayo Fernando
Eustacio
Uribe Vélez Álvaro
Vega de Plazas Ruby Thania
Vega Quiroz Doris Clemencia
Velasco Chaves Luis Fernando
Villadiego Villadiego Sandra
Elena
Villalba Mosquera Rodrigo.
Honorables Senadores por el
No
Araújo Rumié Fernando
Nicolás
Barón Neira León Rigoberto
Correa Borrero Susana
Duque Márquez Iván
Holguín Moreno Paola Andrea
Macías Tovar Ernesto
Mejía Mejía Carlos Felipe
Rangel Suárez Alfredo
Tovar Rey Nohora Stella
Valencia Laserna Paloma
Susana.
17. VI.2015
En consecuencia ha sido
aprobado el informe de conciliación al Proyecto de ley estatutaria número 78 de
2014 Senado, 187 de 2014 Cámara.
Aprobado 17 de junio de
2015”
Aprobación
del proyecto dentro de una sola Legislatura
29.-
De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 Superior y el 208 de la Ley 5ª
de 1992, la aprobación de un proyecto de ley estatutaria debe efectuarse dentro
de una sola legislatura[38].
El artículo 138 de la
Constitución Política establece lo siguiente: “[e]l Congreso, por derecho
propio, se reunirá en sesiones ordinarias, durante dos períodos por año, que
constituirán una sola legislatura. El primer período de sesiones comenzará el
20 de julio y terminará el 16 de diciembre; el segundo el 16 de marzo y
concluirá el 20 de junio”.
En
el presente caso, este requisito está cumplido, toda vez que el proyecto inició
su trámite el 1º de septiembre de 2014 en el Senado de la República y culminó
con la aprobación en la Plenaria de las dos cámaras, el 11 de junio de 2015.
Sobre el cumplimiento del
principio de unidad de materia
30.- El artículo 158 de la Constitución dispone que todo proyecto
de ley debe referirse a una misma materia y que son inadmisibles las
disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. Este precepto
interpretado en armonía con el artículo 169 ibídem, que exige una
correspondencia entre el título de las leyes y su contenido material,
estructura lo que la jurisprudencia ha llamado principio de unidad de materia
legislativa.[39]
En este sentido, en los
procesos de control abstracto de constitucionalidad debe identificarse la
materia de la ley y las normas que no se relacionan con ella, pues en caso de
presentarse una desconexión entre la materia y las disposiciones individuales
de la ley se debe declarar la inexequibilidad correspondiente. En todo caso, ha
dicho la Corte, el escrutinio por unidad de materia no puede ser rígido,[40]
puesto que en ese caso el Legislador quedaría atado a núcleos temáticos en su
labor regulatoria, lo cual desconoce la dinámica propia del debate democrático[41].
En el proceso de la
referencia, es incuestionable que los cuatro artículos que integran el proyecto
objeto de revisión tienen relación exclusiva con el funcionamiento y gestión en
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien obviamente
integra la Administración Justicia, materia desarrollada en la Ley 270 de 1996,
cuyo articulado es precisamente el que ahora se pretende modificar, por lo cual
este requisito se tendrá por satisfecho.
Sobre
el cumplimiento de los principios de consecutividad e identidad flexible
31.- En desarrollo del
principio de consecutividad, tanto las comisiones constitucionales permanentes
como las plenarias de las Cámaras tienen la obligación de examinar y debatir la
totalidad de los asuntos que les sean propuestos y no pueden renunciar a dicho
deber o declinar su competencia para diferirla a otra célula legislativa con el
objetivo de postergar el debate de un determinado asunto[42].
Identidad flexible, por su
parte, “supone que el proyecto de ley que cursa en el Congreso sea el
mismo durante los cuatro debates parlamentarios”, bajo el entendido que las
comisiones y las plenarias de las cámaras pueden introducir modificaciones al
proyecto (artículo 160, CP), y que las discrepancias entre lo aprobado en una y
otra Cámara se puede superar mediante un trámite especial (conciliación
mediante Comisiones de Mediación), que no implica repetir todo el trámite.[43]”[44]
Bajo estos parámetros, la
Sala encuentra cumplidos estos requisitos por el proyecto estatutario que se
revisa, no solo por cuanto la iniciativa surtió en cada célula legislativa la
discusión y aprobación respectiva, sino que pese a la enmienda presentada en la
ponencia para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, el
proyecto conservó su identidad en tanto que la discusión giró siempre sobre los
beneficios y consecuencias de implementar o no las Salas de Descongestión
Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
La
consulta previa
32.- Conforme a la
jurisprudencia constitucional es obligatoria la realización de consulta previa
a las comunidades étnicas cuando el contenido de la iniciativa legislativa
consagre medidas que puedan impactarlas directamente.[45]
En este sentido, el
cumplimiento de este requisito es excepcional y, por ende, no surge frente a
toda medida legislativa que sea susceptible de afectar a las comunidades
indígenas o afrocolombianas, sino únicamente respecto de aquellas que puedan
afectarlas directamente.
El Constituyente, a título
enunciativo, indicó algunos casos como aquellos relacionados con la explotación
de recursos naturales en los territorios indígenas (art. 330 C.P.) y a la
delimitación de las entidades territoriales (art. 329 C.P.). Sin embargo, es
posible que existan otros eventos en los que sea procedente la consulta, por
tratarse de medidas susceptibles “de afectar directamente a las comunidades
étnicas” en los términos del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT,
ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991.
En el asunto de la
referencia, la regulación contenida en el proyecto no incide en la jurisdicción
especial indígena ni en las relaciones de ésta con el sistema judicial nacional
(art. 246 C.P.), por lo cual no debía surtirse consulta previa como presupuesto
de validez de la ley.
Impacto fiscal del proyecto
estatutario
33.- En relación con la exigencia del
artículo 7 de la Ley 819 de 2003,[46] esta Corporación ha precisado que el
requisito allí establecido es responsabilidad tanto del Ejecutivo como del
Legislador[47], pero no es una limitación para que el
Congreso desarrolle su función legislativa.[48]
De conformidad con lo que
establece el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, “por la cual se dictan
normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia
fiscal y se dictan otras disposiciones,” en todo proyecto de ley, ordenanza
o acuerdo que ordene gastos o conceda beneficios tributarios debe hacerse
explícito cuál es su impacto fiscal y establecerse su compatibilidad con el
marco fiscal de mediano plazo que dicta anualmente el Gobierno Nacional.
Para el efecto dispone que
en las exposiciones de motivos de los proyectos y en cada una de las ponencias
para debate se debe incluir expresamente los costos fiscales de los mismos y la
fuente de ingreso adicional para cubrir los mencionados costos.
De la misma manera, dicha
regulación dispone que durante el trámite de los proyectos el Ministerio de
Hacienda debe rendir concepto acerca de los costos fiscales que se han estimado
para cada una de las iniciativas, así como sobre la fuente de ingresos para
cubrirlas y sobre la compatibilidad del proyecto con el Marco Fiscal de Mediano
Plazo.
Es por ello, que esta
Corporación ha reconocido que el mencionado art. 7° de la Ley 819 de 2003 se
erige como una importante herramienta tanto para racionalizar el proceso
legislativo como para promover la aplicación y el cumplimiento de las leyes,
así como la implementación efectiva de las políticas públicas.[49]
Sin embargo, también se ha
señalado que esta herramienta no constituye una barrera para que el Congreso
ejerza su función legislativa y mucho menos una carga de trámite que recaiga
sobre el legislativo exclusivamente, puesto que es el gobierno quien cuenta con
los elementos técnicos para efectuar los estimativos de los costos fiscales de
un determinado proyecto.
34.- En el asunto bajo examen, el primer inciso del artículo 3 del
proyecto de ley previó que los recursos necesarios para la creación de
las Salas de Descongestión Laboral provendrán de “los ahorros que se generen
por la supresión o modificación de otras dependencias de la Rama
Judicial que autorice la Constitución o la Ley, manteniendo
los cupos vigentes de gasto de dicha entidad”.
Durante todo el trámite legislativo, las ponencias que sirvieron
de fundamento a los debates tanto en comisión como en Plenaria tuvieron en
cuenta este aspecto fiscal, al punto que en dichos documentos se incluyó una
sección denominada “valoración el costo”[50]
en la cual se expresó:
Partiendo de la conformación y organización actual de la Sala
Laboral, se puede concluir que el costo anual de la implementación de la
descongestión proyectada en esta propuesta tiene un costo anual de
$21.774.376.289
En el siguiente cuadro se puede observar el valor de cada uno de
los cargos que conformaría las 4 salas de descongestión y su proyección anual:
DESPACHOS
CANTIDAD
(4
salas)
VALOR
(por
empleo )
VALOR
TOTAL
(4
salas)
Magistrado Titular
12
448.996.279
5.387.955.348
Magistrado Auxiliar
36
348.926.475
12.561.353.084
Auxiliar Judicial grado 1
12
71.824.775
861.897.304
Conductor
12
35.076.721
420.920.651
SUBTOTAL
19.232.126.387
SECRETARIA
CANTIDAD
VALOR
(por
empleo )
VALOR
TOTAL
Auxiliar Judicial grado 3
12
59.347.111
712.165.328
Citador grado 5
4
35.697.821
142.791.284
Escribiente Alta Corporación
7
54.071.162
378.498.134
Oficial Mayor Alta Corporación
12
86.705.340
1.040.464.076
Profesional Especializado
2
134.165.540
268.331.080
SUBTOTAL
2.542.249.902
TOTAL ANUAL
21.774.376.289
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público[51] estimó que el costo de la
implementación de la iniciativa legislativa tendría un valor estimado de “$26,8
mil millones anuales” y proyectado dicho monto por los ocho años de
duración máxima de la medida, los recursos públicos a invertir ascenderían a “$214,9
mil millones” (precios de 2015).
Resaltó que en consideración a que la fuente de financiación es el
ahorro que se genere con la supresión o modificación de otras dependencias de
la Rama Judicial, y aun no existe una estimación de la cuantía de dichos
ahorros, el Ministerio no tuvo objeción presupuestal al proyecto estatutario.
Recordó que mediante la Ley 1743 de 2014 se establecieron alternativas de financiamiento para la Rama Judicial, y su
artículo 2 prescribió que los recursos que ingresen al
Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de
Justicia durante los primeros cuatro (4) años de vigencia de esa ley serían
destinados a la puesta en marcha “del sistema oral establecido en el Código
General del Proceso, en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y en el Código de Procedimiento Penal, así como a la
creación de los juzgados de extinción de dominio”, por lo que con cargo a
dichos recurso podría financiarse la implementación de la Salas de Descongestión
Laboral previstas en el proyecto estatutario.
Con dicha precisión, el Ministerio no manifestó inconformidad
alguna a la iniciativa, con lo cual queda satisfecho el presupuesto sobre su
impacto fiscal.
35.- En suma, la Corte
Constitucional concluye que desde el punto de vista formal el proyecto cumplió
a cabalidad los requisitos constitucionales y legales exigidos para su
aprobación, y en consecuencia declarará su exequibilidad por este aspecto.
Análisis material del
proyecto
36.- El aumento exponencial
de los procesos a cargo de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia generado, como lo advierte la exposición de motivos del proyecto, por
las medidas de descongestión aplicadas en virtud de la Ley 1285 de 2009 a
Juzgados y Salas Laborales de los Tribunales Superior de Distrito Judicial,
permitió que dicha Corporación haya pasado de recibir 2.500 procesos en 2006 a
5.897 en el 2009, lo cual equivale a un incremento de 200% en tres años.
En el año 2011 ingresaron a
conocimiento de dicha Sala de Casación 4.200 casos y 5.800 en 2014. Así, el
inventario acumulado de expedientes a 2015 era de 19.699. Aunado a estos
asuntos ordinarios, también se presentó aumento en la interposición de acciones
de tutela en un 300%. Estas cifras contrastan con el promedio de producción de
1.000 expedientes por año.
A pesar del incremento de
asuntos para conocimiento de la Sala de Casación Laboral, su estructura no ha
sido ajustada, lo cual supone que la definición de los procesos en materia
laboral actualmente represados pueda tardar más de quince (15) años, no
obstante la sensibilidad que tienen estos casos para la sociedad y la
afectación que una dilación de tal magnitud genera a los derechos fundamentales
a una pronta y debida administración de justicia (art. 229 C.P.) y a un debido
proceso en un plazo razonable (art. 29 C.P.).
37.- De la estructura del proyecto de
ley y del concepto del Procurador General de la Nación surgen varios temas a
considerar en este análisis de constitucionalidad, los mismos que constituyen
los problemas jurídicos a estudiar por esta Sala Plena: (i) ¿es constitucional
que el legislador estatutario diseñe cargos de magistrados para la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, con funciones de descongestión, con carácter temporal
y competencias restringidas, cuya permanencia en el cargo esté sometida a
evaluación periódica? y, (ii) ¿es constitucional que los recursos necesarios para la creación de las Salas de Descongestión Laboral
provengan de los ahorros que se generen por la supresión o modificación de
otras dependencias de la Rama Judicial debido al riesgo de que la
ausencia de esos dineros haga nugatorias estas normas?
Para adelantar el estudio de
constitucionalidad la Corte (i) analizará el contexto normativo
en el que surge la propuesta de modificación objeto de revisión; (ii) presentará
un recuento de las distintas medidas legales de descongestión que se han
adoptado recientemente con sus correspondientes análisis constitucionales; (iii)
reconstruirá la jurisprudencia de esta Corte en materia de descongestión
judicial en relación con el acceso a la administración de justicia, (iv) examinará
las características y los requisitos que se estipulan para la creación de salas
de descongestión en las Altas Cortes; (v) analizará la independencia judicial
frente a la evaluación de resultados, en especial en un contexto de
descongestión; y, finalmente (vi) se pronunciará sobre la constitucionalidad de
cada una de las medidas que derivan de la iniciativa legislativa para modificar
la Ley 270 de 1996.
Contexto normativo del
proyecto bajo examen
38.- La Corte considera que para la comprensión inicial, desde un
enfoque estructural u orgánico de la medida de descongestión bajo examen, el
análisis de constitucionalidad del proyecto debe hacerse de manera conjunta,
por cuanto es a partir de la interpretación sistemática que adquiere sentido la
iniciativa legislativa.
El elemento central de las diversas
proposiciones normativas contenidas en el proyecto de ley estatutaria, es la creación
de la figura de los Magistrados de Descongestión de carácter transitorio,
consagrada en el artículo 1º. Esa misma disposición enuncia el periodo máximo
de ejercicio de funciones a cargo de estos magistrados (8 años). El artículo 2º
indica cuántas plazas existirán, la forma como actuarán orgánicamente al
interior de la Corporación y sus límites competenciales. Del mismo modo este
artículo enuncia el uso de criterios de rendimiento para medir el desempeño
satisfactorio y la efectividad de los  magistrados, condiciones que se
evaluarán cada dos años y de las que dependerá su permanencia. El artículo 3º regula
la procedencia de los recursos presupuestales necesarios y el 4º se refiere a
la vigencia de la medida.
39.- Para abordar la revisión de
constitucionalidad de estos textos, debe recordarse que el artículo 15 de la
Ley 270 de 1996 – en adelante LEAJ – integra el título tercero de dicha
regulación denominado “De las Corporaciones y
Despachos Judiciales” y su ubicación
corresponde al capítulo I “De los Órganos de la Jurisdicción Ordinaria”
que establece reglas en la sección
1 sobre “la Corte Suprema de Justicia”. Según este precepto:
“ARTICULO 15. INTEGRACION.
La Corte Suprema de Justicia es el máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria
y está integrada por veintitrés (23) magistrados, elegidos por la misma
corporación para períodos individuales de ocho años, de listas superiores a
cinco (5) candidatos que reúnan los requisitos constitucionales, por cada
vacante que se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura .
El Presidente elegido por la corporación la
representará y tendrá las funciones que le señale la ley y el reglamento.
PARAGRAFO. El período individual de los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, elegidos con anterioridad al 7 de julio de 1991, comenzará
a contarse a partir de esta última fecha.”
La
Corte declaró su constitucionalidad mediante la Sentencia C-037 de 1996,
en la cual señaló:
“El artículo 234 de la Constitución Política, prevé que la Corte
Suprema de Justicia, como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, se
compondrá del número impar de magistrados que defina la ley. Esta disposición
debe concordarse con el artículo 233 superior que señala que “los magistrados
de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de
Estado serán elegidos para un período de ocho años (...)”.
Dentro
de ese marco, el artículo bajo examen dispone que la Corte Suprema estará
integrada por veintitrés (23) magistrados, “elegidos por la misma Corporación
para períodos individuales de ocho años (...)”. En cuanto a la determinación
del número de miembros, no cabe objeción constitucional alguna, pues el
legislador goza de plena autonomía e independencia para determinarlo. Respecto de
la decisión de considerar que los respectivos períodos serán “individuales”, la
Corte entiende que esa medida debe relacionarse con la aclaración realizada por
la Secretaría General de la Asamblea Nacional Constituyente, contenida en la
Gaceta Constitucional No. 125 del 25 de septiembre de 1991 (pág. 3), en el
sentido de que dicho término, previsto en el artículo 239 superior -para los
magistrados de la Corte Constitucional-, debe trasladarse al artículo 233, con
lo cual debe entenderse, como lo prescribe la disposición que se estudia, que
los períodos de todos los magistrados de las denominadas altas cortes, son
individuales.”
40.- Por su parte, el artículo 16 de la LEAJ modificado por la Ley
1285 de 2009, refiere a la Salas que integran la Corte Suprema de Justicia en
los siguientes términos:
“Artículo 16. SALAS. La Corte Suprema de Justicia cumplirá sus
funciones por medio de cinco salas, integradas así: La Sala Plena, por todos
los Magistrados de la Corporación; la Sala de Gobierno, integrada por el Presidente,
el Vicepresidente y los Presidentes de cada una de las Salas especializadas; la
Sala de Casación Civil y Agraria, integrada por siete Magistrados; la Sala de
Casación Laboral, integrada por siete Magistrados y la Sala de Casación Penal,
integrada por nueve Magistrados.
Las Salas de Casación Civil y Agraria Laboral y Penal, actuarán
según su especialidad como Tribunal de Casación, pudiendo seleccionar las
sentencias objeto de su pronunciamiento, para los fines de unificación de la
jurisprudencia, protección de los derechos constitucionales y control de
legalidad de los fallos. También conocerán de los conflictos de competencia
que, en el ámbito de sus especialidades, se susciten entre las Salas de un
mismo tribunal, o entre Tribunales, o entre estos y juzgados de otro distrito,
o entre juzgados de diferentes distritos.”
El primer inciso fue declarado exequible
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-713 de 2008, para lo cual
reiteró la argumentación contenida en la Sentencia C-037 de 1996, conforme a la
cual es al Legislador, por mandato del artículo
234 Superior[52], a quien corresponde regular la
integración de la Corte Suprema de Justicia, pues la Carta no determina el
número exacto de magistrados que la conforma.
El inciso final fue declarado exequible
en el entendido de que la decisión de no selección adoptada al momento de
decidir sobre la admisión del recurso de casación debe ser motivada y tramitada
conforme a las reglas y requisitos específicos que establezca la ley, y de que
en ningún caso puede impedirle interponer la acción de tutela contra la
sentencia objeto del recurso, la decisión de no selección o la decisión que
resuelva definitivamente el recurso de casación.
41.-
De especial relevancia para el presente análisis son las consideraciones
de la Corte en la referida sentencia C-713 de 2008, en relación con el proyecto[53] de inciso que pretendía modificar el
artículo 16 de la LEAJ de la siguiente manera:
“La Sala Especializada podrá
disponer la integración de Salas de Decisión para asumir el conocimiento de los
asuntos a cargo de la Corporación o de sus diferentes Salas, cuando a su juicio
se requiera adelantar un programa de descongestión.”
En esa oportunidad se consideró que
dicho segmento normativo estaba
“referido a los asuntos propios de la jurisdicción ordinaria que
atraviesan problemas de congestión judicial y por lo mismo necesitan medias
(sic) de choque como las propuestas en la norma. De esta manera, pretende
atribuir a las Salas Especializadas la facultad de integrar Salas de Decisión
para conocer de los asuntos propios de la jurisdicción ordinaria cuando se
requiera adelantar programas de descongestión. Cabe precisar que las Salas de
Decisión no son diferentes a unas salas transitorias de casación, para
efecto de la descongestión judicial, creadas para conocer de los asuntos a
cargo de las salas especializadas, a las que además se les asigna la
competencia para conocer de los asuntos a cargo de la Corporación, pero sin que
se haya definido de qué manera.” (Resaltado fuera de
texto)
En ese caso, se concluyó que el Legislador
había omitido fijar los parámetros mínimos para el funcionamiento y la estructura
de dichas salas transitorias, en transgresión del artículo 234 Superior, por lo
que la regulación de orden legal no podía consistir en la simple delegación a
otra autoridad para que determinara en forma completamente discrecional y
autónoma la estructura o la conformación de Salas de decisión transitorias,
sino que debía ser definida en sus elementos centrales directamente por el
Congreso de la República.
Sobre este aspecto, este Tribunal
Constitucional fijó la siguiente regla:
“(…)en virtud de la cláusula de reserva de ley, la autorización
para crear Salas de Decisión exige, cuando menos, (i) que sea la ley
quien fije directamente los parámetros objetivos mínimos en cuanto a su
funcionamiento y (ii) que no se altere la estructura básica de la Corte Suprema
de Justicia. En otras palabras, para avalar la
creación de Salas de Decisión es menester que la ley defina los elementos
básicos de su estructura y funcionamiento (número de integrantes, funciones,
etc.), cosa que no ocurrió en el
caso de la norma bajo examen.  De otro modo el Congreso estaría renunciando a
una misión asignada directamente por el Constituyente.
En ese diseño bien puede haber una concurrencia entre la ley
estatutaria y la ley ordinaria, de manera que la primera fije la estructura
nuclear de la Corte Suprema en asuntos centrales como el número de magistrados,
la división en salas o las atribuciones de la sala plena, mientras que una ley
ordinaria puede regular otro tipo de materias que no implican afectar esa
estructura básica.”[54]
42.- Desde esta perspectiva, encuentra
la Corte que la iniciativa sub examine es una respuesta al interés del Legislador
por establecer medidas de descongestión judicial, dadas las fallas
estructurales que afectan el funcionamiento de la justicia en Colombia que van
desde el represamiento en el trámite de los procesos, las demoras para se
dicten las sentencias, la insuficiencia permanente de servidores judiciales respecto
de la cantidad y complejidad de los casos a decidir y las frecuentes
suspensiones de actividades de facto que paralizan la gestión de los interés de
las partes, sin que las autoridades de la administración judicial briden
alternativas a los usuarios del sistema para acceder a la jurisdicción.
Considera la Sala necesario hacer una
reseña de las medidas de descongestión como elementos de análisis en la
revisión del proyecto estatutario 187/14 Cámara -78/14 Senado, teniendo en
cuenta que se trata de una iniciativa que busca aplicar dicha estrategia a una
Alta Corte, en este caso, a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia.
Medidas normativas para
la creación de cargos de descongestión o para el funcionamiento transitorio de
salas o despachos judiciales, expedidas a partir de la Constitución Política de
1991
43.- Durante la vigencia de
la Carta Política actual han existido varios intentos para poner en
funcionamiento salas transitorias de decisión o de descongestión, así como
diversas normas que autorizan la creación de jueces y magistrados de Tribunales
de descongestión.
44.- Con fundamento en el
literal e) del artículo 5º transitorio de la Constitución Política, el
Presidente de la República en uso de sus facultades constitucionales
extraordinarias, dictó el Decreto 2651 de 1991 que, en su artículo 54,
dispuso la creación de jueces ad hoc para ser asignados por el
Ministerio de Justicia[55] a los procesos pendientes de fallo
cuyo término para dictar sentencia se hubiere cumplido.[56]
Igualmente, el artículo 55
de dicho decreto autorizó la creación de cargos de jueces a los que denominó “de
descongestión”, dependientes de los Tribunales. Tales funcionarios debían
tener las mismas calidades, funciones y remuneración que aquellos a cuyos
despachos judiciales habían sido asignados.[57]
Esta disposición se incorporó como legislación permanente mediante la Ley
192 de 1995.
45.- Posteriormente, el
artículo 63 de la Ley 270 de 1996, autorizó al Consejo Superior de la
Judicatura para crear cargos transitorios de jueces o magistrados
sustanciadores o de fallo.[58] Sin embargo, condicionó la existencia
de tales cargos a la ley de presupuesto.
Cabe resaltar que la Corte
declaró exequible en su momento el proyecto de artículo 63 bajo el argumento
que dicho precepto era “una interpretación del principio constitucional de
que la administración de justicia debe ser pronta y eficaz”[59].
Al respecto, dijo la Corte:
“la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
podrá redistribuir los asuntos pendientes para fallo entre los distritos
tribunales o despachos judiciales, función ésta que se podrá llevar a cabo
siempre y cuando no se alteren las garantías procesales con que cuentan los
asociados para la resolución de sus conflictos. Conviene aclarar que, al
igual que se explicó en torno al artículo 51 del presente proyecto la facultad
consagra (sic) en la norma bajo examen no se extiende a la Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, porque la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no es
constitucionalmente superior jerárquico de estas corporaciones y, por tanto, no
pueden las decisiones que adopte sobre este particular tener efectos
obligatorio sobre ellas.”[60] (Resaltado fuera de texto)
46.- La Ley 446 de 1998[61] intentó introducir unas Secciones
Especiales de carácter transitorio en el Consejo de Estado, cuya conformación
se encontraría a cargo del Consejo Superior de la Judicatura y además, estaría
sujeta a disponibilidad presupuestal. Cada una de estas secciones se integraría
por tres magistrados, a los cuales se les prohibiría ocuparse de los asuntos
propios de la Sala Plena de la Corporación y de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, entre otras limitaciones. El precepto también facultó al
Consejo Superior de la Judicatura para crear Salas Transitorias en los
Tribunales Administrativos, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO
62. El Consejo Superior de la Judicatura, dentro del año siguiente a
la vigencia de esta ley, conformará, con sujeción a las disponibilidades
presupuestales, en el Consejo de Estado cuatro Secciones Especiales de carácter
transitorio.
Cada
una se integrará por tres magistrados con la exclusiva función de fallar los
procesos que les asignen las Secciones Segunda y Tercera, cuyo término para
proferir sentencia se encuentre vencido a la fecha de la creación de las
Secciones Especiales. A la Sección Segunda y a la Tercera, se adscribirán dos
(2) de las Secciones Especiales, que serán apoyadas por las secretarías de las
primeras.
Cuando
la Sección transitoria pretenda cambiar jurisprudencia, el fallo deberá
proferirse conjuntamente con la Sección permanente. Sus Magistrados no podrán
ocuparse de los asuntos propios de la Sala Plena ni de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo.
Las
Secciones Especiales funcionarán durante doce (12) meses prorrogables hasta por
otro tanto por determinación de la Sala Plena Contenciosa.
Las
listas para integrar dichas secciones especiales serán elaboradas por el
Consejo Superior de la Judicatura con personas que, además de reunir las
calidades para ser Consejero de Estado, tengan amplio conocimiento en las áreas
del Derecho Administrativo relacionadas con los asuntos que se ventilen en las
Secciones segunda y tercera.
PARAGRAFO
1o. De la misma manera y con sujeción a las disponibilidades presupuestales, a
criterio del Consejo Superior de la Judicatura, podrán crearse las Secciones
Especiales necesarias en los Tribunales Administrativos.
PARAGRAFO 2o. El Consejo Superior de la Judicatura dotará a las
secciones aquí creadas con los recursos administrativos necesarios para
asegurar el buen cumplimiento de sus funciones.”
La constitucionalidad de
este precepto fue demandada y mediante la Sentencia C-162 de 1999
se declaró su inexequibilidad en todo lo relacionado con el Consejo de Estado.
Para la Corte, el Legislador ordinario violó la reserva de ley estatutaria, por
cuanto carecía de competencia para alterar aspectos del diseño estructural de
una de las Altas Cortes. Con todo, se mantuvo la facultad de conformar salas
transitorias en los Tribunales Administrativos, al considerarse que ellas
pueden crearse mediante ley ordinaria, siempre que fueran respetadas las
atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura.[62]
47.- El Gobierno Nacional
profirió, en ejercicio de las facultades constitucionales conferidas por el
inciso 2° del artículo 4° transitorio del Acto Legislativo 03 de 2002[63], el Decreto 2637 de 2004 el
cual, entre otras modificaciones, reformó la Ley 270 de 1996.
Esta regulación extendía la
competencia del Consejo Superior de la Judicatura para crear cargos de
descongestión para otros empleados distintos de jueces y magistrados. Así
mismo, permitía a dicha Corporación el establecimiento de “salas y jueces de
plena competencia y/o itinerantes de descongestión, descongestión y/o
depuración para la práctica de pruebas”[64]
de conformidad con la ley de presupuesto. Este decreto fue declarado
inexequible por la Corte Constitucional, por desbordar las facultades
conferidas por el referido acto legislativo.[65]
48.- También, en 2005 se
expidió la Ley 954 con la finalidad de reformar varios aspectos incluidos en el
Decreto 01 de 1984, en la Ley 446 de 1998, así como la de dictar disposiciones
orientadas a la descongestión, celeridad y eficiencia de la administración de
justicia. El artículo 3º de la Ley 954 de 2005 adicionó un artículo
transitorio al Código Contencioso Administrativo que creaba Salas Especiales
Transitorias de Decisión al interior del Consejo de Estado. Estas secciones
tenían como finalidad decidir todos los recursos extraordinarios de súplica
admitidos por la Corporación, dado que esta misma reforma legal dispuso la
supresión de tal recurso. Las funciones de estas salas cesarían cuando se decidieran
todos los recursos de súplica pendientes.[66]
Uno de los aspectos
particulares de estas Salas Especiales Transitorias fue su conformación, pues
ellas se componían por magistrados del propio Consejo de Estado, pertenecientes
a cada una de las secciones que integran la Sala de lo Contencioso
Administrativo (con excepción de la Sección que profirió la providencia
impugnada), por lo que no implicaban la creación de cargos adicionales. Aunque
el número de cuatro magistrados que conformaban las salas fue establecido por
la propia ley, se defirió al reglamento de la Corporación su integración y
funcionamiento.
El citado artículo 3º fue
objeto de acción de inconstitucionalidad en la cual se reclamaba una presunta
vulneración al debido proceso, en tanto el demandante estimaba que la norma
excluía los recursos de súplica interpuestos que no se hubieran admitido aún.
La Corte analizó únicamente este aspecto mediante la Sentencia C-1233 de
2005, en la que encontró ajustado a la Constitución el fragmento de la
disposición demandada.[67]
49.- Tiempo después, el
Congreso dictó la Ley 1285 de 2009 con el propósito de reformar la LEAJ.
Este estatuto introdujo varias normas orientadas a la creación de despachos y
salas de descongestión judicial.
Como ya se mencionó, el artículo
7º del proyecto de ley otorgaba a cada una de las Salas Especializadas de la
Corte Suprema de Justicia (de Casación Civil, Penal y Laboral) la facultad de
integrar, para efectos de descongestión, “Salas de Decisión para asumir el
conocimiento de los asuntos a cargo de la Corporación o de sus diferentes
Salas, cuando a su juicio se requiera adelantar un programa de descongestión”[68]. De igual forma, el artículo
10º de dicho proyecto de ley confería atribuciones similares a la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, permitiéndole integrar
salas de decisión para asumir el conocimiento de asuntos atribuidos a las
distintas secciones o subsecciones, con miras a la descongestión de la
administración de justicia.[69]
La creación de estas salas
de decisión fue declarada inexequible mediante la Sentencia C-713 de 2008,
al considerar que no se respetó la cláusula de reserva de ley, por cuanto el
órgano Legislativo “omitió fijar los parámetros mínimos de funcionamiento y
estructura”[70] para estas salas. Por esta
razón, tales despachos de descongestión no nacieron a la vida jurídica.
50.- La Ley 1285 de 2009
también realizó modificaciones a las facultades del Consejo Superior de la
Judicatura para hacer frente al problema de la congestión judicial. Así, la ley
determinó la creación de un plan nacional de descongestión cuya ejecución
correspondió a la Sala Administrativa del Consejo Superior, en el marco del
cual se dispusieron varias medidas.
En primer lugar, se facultó
a la Sala Administrativa para la creación de cargos de jueces y magistrados de
apoyo itinerantes, cuya finalidad sería tramitar, sustanciar y fallar los
procesos en los distintos despachos donde fueren asignados.[71]
En segundo término, se mantuvo la posibilidad de crear cargos de jueces o
magistrados sustanciadores de acuerdo con la ley de presupuesto, pero se le
añadió un carácter excepcional a esta prerrogativa. Finalmente, se permitió a
la Sala Administrativa vincular de manera transitoria a empleados judiciales
para realizar funciones administrativas de acuerdo con el plan de
descongestión.[72] En general, estas medidas fueron
declaradas exequibles en ejercicio del control automático y previo de la Corte
Constitucional.[73]
Esta regulación modificó el
artículo 36 de la LEAJ, en tanto aumentó el número de miembros de la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que
pasó de tener cinco Consejeros a contar con nueve, y se previó que actuarían en
tres subsecciones, cada una integrada por tres magistrados.
En su momento, la Corte
avaló la constitucionalidad del precepto por considerarlo un desarrollo de la
competencia prevista en el artículo 236 Superior, aunado a que “la
distribución de magistrados armoniza con la
finalidad del proyecto, orientada en buena medida a superar el problema de
congestión en esa específica instancia judicial”.[74]
51.- Más recientemente, en la Ley 1437 de 2011, se incluyeron medidas especiales
para la descongestión de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
entre las cuales se destaca el artículo 304 que dispone la conformación de un
grupo especial de despachos judiciales seleccionados para evacuar todos los
procesos judiciales promovidos antes de la vigencia del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en los juzgados y tribunales administrativos y en el Consejo de Estado. Según este precepto, el Plan
Especial de Descongestión estaría a cargo del Consejo
Superior de la Judicatura con la participación del Consejo de Estado.
Estos despachos debían
actuar en forma paralela a los que conocieran de los procesos regidos por la
Ley 1437 de 2011. Sin embargo, la norma expresa que los despachos seleccionados
“quedarán excluidos del reparto de acciones constitucionales.”[75]
En ejercicio del control
abstracto de constitucionalidad, la Corte tuvo oportunidad de pronunciarse
respecto del artículo 304 de la Ley 1437 de 2011 por la presunta usurpación de
las competencias constitucionales del Consejo Superior de la Judicatura por
parte del Consejo de Estado. No obstante, en aquella oportunidad no se halló fundado
el reparo de constitucionalidad propuesto por el accionante. En dicha
providencia, no se analizó la exclusión de los despachos seleccionados frente
al reparto de acciones constitucionales.[76]
52.- Este recuento normativo permite colegir que la mayor parte de los intentos legislativos para crear salas de
decisión o de descongestión judicial en la Corte Suprema de Justicia y en el
Consejo de Estado han sido inconstitucionales principalmente por asuntos de
competencia del legislador ordinario y por ausencia de regulación de aspectos
determinantes para el desarrollo de la medida. Pese a lo anterior, el Legislador también ha tomado medidas ajustadas a la Constitución
tendientes a descongestionar, por ejemplo, el Consejo de Estado, con la
creación de nuevas plazas de magistrados (Ley 1285 de 2009), por lo que no toda
estrategia de descongestión ha sido transitoria, ni ha implicado la creación de
empleos, como acaeció con la Ley 954 de 2005 en virtud de la cual, como se
indicó, las Salas Especiales Transitorias fueron integradas por los mismos
Consejeros de Estado existentes para ese momento.
Así, las estrategias para
combatir la congestión judicial desde la perspectiva de funcionamiento interno
de las Altas Cortes han abordado tanto la creación de nuevos cargos, como la
suspensión del reparto de ciertos asuntos en algunas de las secciones de las
corporaciones, la delegación al reglamento de la organización interna del
trabajo y la reorganización funcional, para que con los mismos recursos
públicos y el talento humano disponible se pueda cumplir la labor de
administración de justicia de una manera más eficiente.
La descongestión judicial
como forma de garantizar el acceso a la administración de justicia en la
jurisprudencia constitucional
53.- Desde sus primeros
pronunciamientos, esta Corporación se ha referido a la descongestión judicial
en el marco de la Constitución Política de 1991, con ocasión del literal e) del
artículo transitorio 5, que facultó al Gobierno para expedir normas de carácter
temporal orientadas a lograr la descongestión de los despachos judiciales.
La Corte reconoció que “el
término "descongestión" no expresa un enunciado normativo que
conduzca prima facie a una proposición jurídica clara, específica y directa,
que asegure inmediatamente su entendimiento interpretativo, o que contenga una
hipótesis limitada a una sola alternativa de regulación,”[77]
admitiendo que existen diversas posibilidades de configuración legislativa
dentro de la finalidad de superar la congestión judicial.[78]
Por consiguiente, este
Tribunal partió de una definición amplia de descongestión. Por ejemplo, en la Sentencia
C-592 de 1992 avaló diversas medidas encaminadas a superar la congestión
y el represamiento de procesos judiciales al considerar que:
“Descongestionar significa de manera general quitar, eliminar la
congestión o aglomeración; se ha usado en el lenguaje jurídico colombiano para
significar un fenómeno complejo en la tramitación de los procesos en el poder
judicial, cuyo efecto más rechazado es el de la excesiva lentitud o mora de la
función judicial en la resolución de los casos sometidos a su decisión. Las
medidas de descongestión, comprenden pues una variada gama de acciones, de
eliminación de pasos judiciales, aligeramiento de otros, redistribución de
competencias, o desjudicialización de conflictos jurídicos a fin de que sean
asumidos total o parcialmente por particulares o funcionarios no judiciales.”[79]
54.- Así, la Corte
Constitucional ha estimado que las medidas de descongestión de la
administración de justicia pueden encaminarse a: (i) reducir el número de casos
que llegaban a los estrados judiciales,[80]
(ii) facilitar la labor ordenada y sistemática del despacho,[81]
partiendo de la racionalidad en la organización del trabajo interno y (iii) a
evacuar ágilmente todos los asuntos pendientes de diligenciamiento,[82] entre otras alternativas.
En este sentido, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que medidas como la grabación
magnetofónica de audiencias y diligencias,[83]
el otorgamiento de una bonificación o prima para los funcionarios judiciales
que se encuentren al día en sus obligaciones[84]
y la imposición gradual de sanciones a los servidores que no observen los
términos procesales con diligencia[85] constituyen medidas adecuadas y
proporcionales para lograr la descongestión de despachos judiciales.
55.- Posteriormente, en la Sentencia
C-037 de 1996[86] esta Corporación admitió la
posibilidad de que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
redistribuyera los asuntos pendientes de fallo entre los distintos jueces y
tribunales (con excepción de las Altas Cortes) como medida de descongestión de
la jurisdicción. Además, no encontró objeción en la facultad conferida a esta
Sala para la creación de cargos transitorios de jueces o magistrados
sustanciadores o de fallo.[87]
56.- También, la Sentencia
C-1233 de 2005 encontró que la supresión del recurso extraordinario de
súplica, que existía en la jurisdicción contenciosa administrativa,[88] fue razonable pues su fin de
descongestionar la administración de justicia era constitucionalmente válido.[89]
57.- Igualmente, la Sentencia
C-713 de 2008 estimó como mecanismo idóneo y constitucionalmente
admisible para la descongestión de la administración de justicia, la perención
de los procesos ejecutivos.[90] Sin embargo, la Corte Constitucional
puntualizó en esta misma providencia que una medida que reduzca la posibilidad
de acudir ante determinados jueces al establecer reglas de competencia más
restrictivas no es adecuada ni proporcional para lograr la descongestión.[91] Lo anterior se explica en que, en
teoría, el número de controversias sería el mismo sin importar ante cuál juez
se presente la acción, por lo que la efectividad de la disposición sería escasa
para reducir la congestión.[92]
58.- Así, partiendo de la
premisa de que la descongestión judicial implica “la reducción del número de
controversias que es llevado a las instancias judiciales,”[93]
este Tribunal mediante Sentencia C-372 de 2011 observó que el
incremento de la cuantía para recurrir en casación no se traducía en un medio
para lograr la descongestión de la jurisdicción laboral, al no constituir un
mecanismo idóneo ni mucho menos conducente para lograr tal finalidad. En este
sentido, la Corte expresó:
“La medida no soluciona los problemas de mora judicial en las
instancias y en los despachos de los jueces de inferior jerarquía, cuyo trabajo
tiene una incidencia directa en la cantidad de procesos que van a ser conocidos
por la Sala Laboral, ni reducirá el número de controversias conocidas en
general por la jurisdicción laboral. La medida solamente conduce a reducir la
carga de trabajo de la Sala de Casación Laboral, lo cual no puede identificarse
con el concepto de descongestión judicial.”[94]
59.- Finalmente, la Sentencia
C-156 de 2013 recordó que, desde sus inicios, la Corte Constitucional ha
avalado la atribución de facultades jurisdiccionales a autoridades
administrativas como mecanismo de descongestión judicial, siempre que se cumpla
la plenitud de requisitos que la jurisprudencia constitucional ha fijado para
tal efecto.[95]
Las características y
requisitos de las medidas de descongestión judicial
60.- La jurisprudencia
constitucional ha establecido una serie de características y condiciones que deben
cumplir los mecanismos orientados a reducir la congestión en la administración
de justicia: (i) tienen como finalidad la eficacia y prontitud en el acceso a
la administración de justicia; (ii) deben respetar los derechos fundamentales,
en especial el debido proceso y las garantías procesales señaladas en la
Constitución; (iii) son de carácter transitorio en cuanto a los cargos creados
para resolver la mora judicial y en cuanto a la investidura a particulares con
funciones judiciales; (iv) deben respetar el mérito como criterio para ejercer
la función judicial; (v) no pueden prohibir a los jueces de descongestión
dictar sentencia en los asuntos que tramiten y (vi) deben ser ‘idóneos
institucionalmente’, es decir, no pueden afectar la configuración orgánica y
funcional dispuesta por la Carta Política. A continuación, la Corte analizará
cada una de estas particularidades.
61.- En primer lugar, las
medidas de descongestión tienen como finalidad garantizar la eficacia y
prontitud en el acceso a la administración de justicia. De
antaño, los pronunciamientos de la Corte Constitucional han reconocido como
fundamento constitucional de los mecanismos de descongestión de la jurisdicción
el derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia (art. 229
C.P.) y a que ésta resuelva los conflictos con eficacia y prontitud.[96] Ello se relaciona además con la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo enunciadas en el artículo
2º Superior,[97] así como con la prevalencia de los
derechos fundamentales (artículo 5º C.P.).[98] Al
respecto, ha indicado esta Corporación:
“En efecto, una de las funciones más importantes del Estado Social
de Derecho es la administración de justicia a través de procesos céleres y
respetuosos del debido proceso. Ello entonces implica no sólo obtener una
decisión de fondo sobre el asunto puesto a consideración de un juez, sino
también la obtención de una repuesta pronta.”[99]
Además, ha reconocido la
importancia de la descongestión como herramienta para alcanzar la igualdad de
oportunidades y la paz en el territorio nacional.[100]
62.- De otro lado, los
medios empleados para combatir la congestión judicial deben respetar los
derechos fundamentales, en especial el debido proceso y las garantías
procesales señaladas en la Constitución. En efecto, este Tribunal ha
reiterado que las medidas de descongestión son admisibles constitucionalmente “siempre
y cuando no se alteren las garantías procesales con que cuentan los asociados
para la resolución de sus conflictos.”[101]
Corolario de ello es que se
haya exigido que la imposición gradual de sanciones a los servidores que no
acaten los términos procesales con diligencia se haga observando el debido
proceso.[102] También, la distribución de los
asuntos pendientes de fallo entre los distintos jueces y tribunales, así como
la creación de jueces de apoyo itinerantes (ambas tareas a cargo del Consejo
Superior de la Judicatura), podrán realizarse con la condición de que se
respeten las garantías procesales diseñadas por el Constituyente.[103]
63.- En tercer lugar, es
indispensable indicar que la creación de cargos de jueces y magistrados
de descongestión judicial y la investidura a particulares con la función de
administrar justicia revisten un carácter transitorio. Respecto de la
primera, cabe señalar que se trata de una facultad conferida a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a partir de la Ley 270 de
1996, norma que también le otorgó su condición de transitoriedad a dichos
cargos.[104] Se trata de “jueces
creados con una vocación esencialmente temporal”[105],
lo cual se debe a que estos nombramientos tienen como fin superar
la crisis de congestión que actualmente persiste en la administración de
justicia.[106] Por esta razón, la jurisprudencia
constitucional ha reiterado el carácter transitorio de estos jueces y
magistrados,[107] y por ello se les designa con un
período fijo.[108]
No obstante, en este punto
resulta indispensable hacer una distinción entre la temporalidad de la
vinculación de los funcionarios con el Estado y la función misma que
desempeñan, ella sí permanente. La Corte señaló que, en el caso de los
funcionarios judiciales de descongestión, “se trata de funcionarios que son
temporales en su relación con el Estado, pero no en cuanto a su función de
administrar justicia.”[109] Asimismo, advirtió que: “las
reglas que creen cargos judiciales de descongestión tienen una vocación de
temporalidad, no de permanencia. Sin embargo, la regla según la cual dichos
cargos de descongestión, constituyen rama judicial, es independiente y tienen
carácter permanente, no temporal.”[110]
Por otra parte, en cuanto a
la posibilidad de investir transitoriamente a los particulares con la función
de administrar justicia, es menester señalar que se encuentra autorizada por la
propia Constitución Política (art. 116 C.P.) y por decantada jurisprudencia de
este Tribunal, la cual ha reconocido esta forma de descongestión de la
administración de justicia y ha enfatizado en la exigencia del carácter
temporal de tales estas atribuciones.[111]
64.- Esta Corporación ha
resaltado igualmente que la asignación de cargos de jueces y magistrados
sustanciadores (designados no para dar impulso a los procesos sino únicamente
para proferir sentencia) de descongestión debe respetar el mérito como
criterio para ejercer la función judicial. En efecto, aunque estos
funcionarios no pertenecen a la carrera judicial, “su designación hace
inexcusable tomar en cuenta y respetar el orden de las listas de elegibles,
conformadas por quienes han agotado todas las etapas del concurso de mérito y
se encuentran a la espera de su nombramiento definitivo.”[112]
Esta exigencia tiene como fundamento los principios constitucionales de
transparencia, igualdad y el mérito como criterio de acceso a la función
pública.[113]
65.- En quinto lugar, la
jurisprudencia constitucional ha establecido que en caso de que se designen
funcionarios de descongestión para impulsar procesos, no puede impedírseles
la facultad de dictar sentencia en los asuntos que tramiten. Una
restricción de esta clase imposibilitaría que los jueces de descongestión pudieran
cumplir con la función inherente a su cargo: la de administrar justicia a
través de sus fallos.[114]
66.- Por último, los
mecanismos que se empleen para lograr la descongestión judicial deben ser
‘idóneos institucionalmente’, es decir, no pueden afectar la configuración
orgánica y funcional dispuesta por la Carta Política.[115]
Tal fue la posición de la Corte Constitucional al no permitir la
creación de salas transitorias de descongestión en el Consejo de Estado, por
medio de una ley ordinaria, por violar la reserva de ley estatutaria.[116] Al respecto, dijo esta Corporación:
“Estos requerimientos no pueden decaer o disolverse sólo porque la
reforma o adición normativa, apunten a tener una vigencia transitoria y se
orienten a resolver una situación de crisis...  Los
remedios que en cualquier momento se considere necesario implementar con el
objeto de poner término a un problema como el de la congestión, deben, por lo
tanto, también ser idóneos institucionalmente, esto es, habrán de tener aptitud
para conjurar la situación anómala, sin afectar al mismo tiempo la
configuración orgánica y funcional dispuesta directamente por la Constitución
Política.”[117]
Como se ve, estos seis
elementos comunes a las medidas de descongestión condicionan su validez.
Los requisitos para
la creación de salas y secciones de descongestión judicial al interior de las
Altas Cortes, específicamente de la Corte Suprema de Justicia
67.- La Sala considera
necesario mencionar que, además de las seis exigencias que se acaban de
enunciar, se destacan una serie de requisitos específicos que deben
satisfacerse cuando se pretende la creación de salas y secciones especiales de
descongestión en las Altas Cortes. Los requisitos señalados por la
jurisprudencia constitucional son: (i) la reserva de ley estatutaria para su
creación, organización y funciones, (ii) la determinación de los parámetros
mínimos para su estructura y ejercicio, (iii) la imposibilidad de alterar la
estructura básica de las altas corporaciones judiciales, y (iv) la
determinación del período individual de los magistrados, no puede contrariar al
señalado en la Constitución para todos los magistrados de dicha Corporación.
68.- El primer aspecto que
debe considerarse es la reserva de ley para la creación, organización y
funciones de las salas o secciones de descongestión.[118]
Así se desprende de la propia Carta Política que defiere a la ley tales
funciones (arts. 234 y 235 C.P). En cuanto a la Corte Suprema de Justicia, el
número impar de magistrados, su división en salas y la definición de los
asuntos que son competencia de dichas salas o de la Corte en pleno, son materia
de reserva legal.[119]
Ello se explica en la medida
en que la propia Constitución reguló los aspectos básicos de la composición,
organización, funciones y estructura (división entre las salas especializadas y
el pleno) de la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, “el diseño orgánico
y funcional de los órganos superiores de justicia, que completa y desarrolla el
régimen previsto en la Constitución, es una materia comprendida dentro del
radio de acción de la ley estatutaria.”[120],
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 152, literal b, superior. También
resulta serlo el reparto de funciones entre el pleno de la Corporación y las
distintas salas.[121]
Por último, corresponde a la
ley ordinaria desarrollar otros aspectos de las instituciones judiciales que no
estén reservados a la ley especial o que no guardan directa relación con la
administración de justicia propiamente dicha.[122]
Cabe recordar además que la inclusión de disposiciones cuyo contenido es de
norma ordinaria en una ley estatutaria no implica que aquellas devengan
inconstitucionales.[123]
Desde esta perspectiva, este
Tribunal ha sostenido que en la creación de salas de decisión o de
descongestión, “puede haber una concurrencia entre la ley estatutaria y la
ley ordinaria”[124] de manera que la primera fije la
estructura básica de la Corte Suprema de Justicia mientras que la segunda
regula asuntos que no afectan esa estructura central.[125]
Así, la reserva de ley
consiste en que la creación de las salas de decisión o de descongestión debe
hacerse única y directamente por el Legislador y su regulación debe
desarrollarse mediante leyes estatutarias y ordinarias según se explicó
anteriormente, sin que sea admisible que la ley estatutaria delegue a la ley
ordinaria materias de su exclusivo resorte.[126]
69.- En segundo lugar, es
menester indicar que el contenido de esta reserva de ley es la
determinación de los parámetros mínimos para la estructura y funcionamiento de
las salas de decisión o de descongestión creadas por el Legislador. En
efecto, no basta con que el órgano legislativo simplemente establezca dichas
instituciones. También resulta indispensable que la ley fije los parámetros
mínimos de funcionamiento y estructura de dichas salas.[127]
70.- De igual manera, la
creación de las salas de decisión o de descongestión no puede alterar ni
menoscabar la estructura básica de las altas corporaciones judiciales.
Cabe aclarar en este punto que la competencia del Legislador para asignar
funciones a cada una de las salas especializadas y a la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia no es absoluta. Ella encuentra sus límites en las propias
atribuciones que tiene cada una de las salas de casación. Es decir, no es
admisible que se establezca una jerarquización entre las distintas salas ni que
se le asigne a la Sala Plena el carácter de superior jerárquico de alguna de
las salas especializadas. Por ende, “bajo ningún aspecto puede señalarse que
exista una jerarquía superior, ni dentro ni fuera, de lo que la misma Carta ha
calificado como “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.”[128]
71.- Para finalizar, como se
explicó, el período individual de los magistrados de las salas de
decisión o de descongestión no puede superar al de los demás miembros de dicha
Corporación, interpretando la regla jurisprudencial establecida por la sentencia
C-162 de 1999. Sin importar si se trata de salas transitorias cuyo objetivo
es controlar la congestión judicial, el período de sus integrantes debe regirse
de acuerdo con lo previsto en el artículo 233 de la Carta Política. En efecto,
al analizar el período que se diseñó en su momento para la creación de
magistrados que integrarían las secciones de carácter transitorio en el Consejo
de Estado, la Corte Constitucional fue enfática en afirmar que:
“El período de todo Magistrado es individual y tiene una duración
de ocho años. Esta regla de la Constitución se quebranta si el término se
predica de las secciones en que se decide dividir una de las salas y, por esta
vía, se determina para un conjunto de doce magistrados un período colectivo de
doce meses eventualmente prorrogables por otros doce meses más. En este
aspecto, el estatuto objetivo de magistrado del magistrado del Consejo de
Estado se deduce directamente de la Constitución, y no se admite que una norma
distinta o la mera decisión de un órgano judicial, puedan modificar en
cualquier tiempo y por cualquier tiempo lo correspondiente a la voluntad
constituyente”
En consecuencia, la
jurisprudencia de esta Corporación es clara en señalar que el período de los
magistrados de una Alta Corte que adelante labores transitorias de
descongestión judicial, corresponderá al período individual de 8 años, previsto
en la Constitución para dicho cargo público. Esa conclusión se refuerza si se
tiene en cuenta que el período predeterminado de ejercicio en un empleo público
constituye una importante herramienta para afianzar el principio de autonomía e
independencia judicial, pues garantiza que la continuidad en el ejercicio del
cargo no dependa de la interferencia externa ni de la decisión del nominador[129].
Independencia judicial:
cambios de precedente, evaluación de resultados y especificidades en medidas de
descongestión
72.- La creación de varios cargos transitorios de magistrado para
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la restricción a estos
magistrados para cambiar precedentes y su evaluación periódica para asegurar el
objetivo de la descongestión, podrían plantear dudas en torno a la autonomía e
independencia judiciales. De tal suerte, la Corte considera necesario referirse
particularmente a este punto.
73.- La independencia
judicial es una garantía para el juez y para la ciudadanía, decisiva en el
fortalecimiento de un Estado Social de Derecho (art. 1 CP). Este concepto requiere
de una protección doble: interna -frente al mismo poder judicial, en particular
por su carácter jerárquico y por la potestad disciplinaria- y externa: frente a
otros poderes del Estado o de las partes. En ese sentido, es posible afirmar
que un juez es independiente cuando escapa a las influencias de cualquier
poder, cuando es libre para obrar sin parcialidad, presiones, amenazas,
sobornos, etc. No obstante, la protección a los jueces no implica inmunidad
ante el control. Este escrutinio al poder judicial debe considerar que el análisis
de cumplimiento de sus objetivos y la rendición de cuentas a la sociedad deben ajustarse
a las especificidades de su labor.
74.- La Carta
Política concedió a la labor de administrar justicia los atributos de
autonomía e independencia. En efecto, el artículo 228 Superior indicó que “sus
decisiones son independientes” y el artículo 230 ibídem señaló, de
forma expresa, que: “[l]os jueces, en sus providencias, sólo están sometidos
al imperio de la ley” entendida en un sentido amplio, como ordenamiento
jurídico.
75.- La jurisprudencia constitucional se
ha pronunciado sobre estas garantías para el poder judicial en diversas
ocasiones. La sentencia C-288 de 2012 establece una relación entre estos
conceptos y dice que estas prerrogativas se reconocen en los jueces “a
partir del papel que desempeñan en el Estado, esto es, garantizar los derechos
de los ciudadanos y servir de vía pacífica e institucionalizada para la
resolución de controversias”. Estos elementos sólo son posibles con la
separación de poderes que se manifiesta cuando los jueces “en sus
providencias, solo están sometidos al imperio de la ley”. Por tanto la
independencia judicial “exige que los jueces no sean condicionados,
coaccionados o incididos, al momento de adoptar sus decisiones, por ningún
factor distinto a la aplicación del ordenamiento jurídico y al análisis
imparcial y objetivo de los hechos materia de debate judicial”. Ello
implica que
“los
funcionarios encargados de administrar justicia no se vean sometidos a
presiones o a insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o
consejos por parte de otros órganos del poder, inclusive de la misma rama
judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de otras autoridades
judiciales de sus competencias constitucionales y legales. […]”[130]
76.- La autonomía e
imparcialidad son presupuestos de la administración de justicia,
independientemente de la existencia de figuras específicas, como la justicia
penal militar. La sentencia C-457 de 2002 indicó:
“Con todo, si bien es
claro que la justicia penal militar no hace parte de la rama judicial del poder
público, también lo es que ella, bajo las precisas condiciones indicadas en la
Carta  -artículo 116-  y en la ley, administra justicia.  Lo
hace en relación con personas específicas  -miembros de la fuerza
pública-  y en asuntos determinados –delitos cometidos en servicio activo y
en relación con el servicio-. Esta circunstancia impone que la justicia penal
militar se encuentre vinculada por los principios que según el Texto Superior
regulan la administración de justicia, fundamentalmente los de independencia,
imparcialidad y autonomía. ”
Dichas prerrogativas emanan
directamente de la Carta Política, delimitan la especial relación de los jueces
y de la Rama Judicial entre sí y con las demás ramas y entes del poder público,
quienes están obligados a observar tales rasgos, que no pueden ser quebrantados
por medio de leyes o decisiones administrativas.
77.- Asimismo, sentencias que se han ocupado del estudio de
constitucionalidad de leyes relacionadas con las competencias de los jueces y
la estructura de  la administración de justicia han reconocido la prevalencia
de la independencia y autonomía judicial. Así, por ejemplo, en la sentencia
C-162 de 1999 que estudió una demanda formulada en contra del artículo 62
de la Ley 446 de 1998 que establecía medidas de descongestión para el Consejo
de Estado indicó que las mismas deben ser respetuosas de las previsiones de la
Carta Política específicas para la autoridad correspondiente y, en general,
para la labor de administración de justicia:
“La ley estatutaria que decida
otorgar instrumentos para sortear situaciones de crisis en la administración de
justicia, o para prevenirlos, no puede hacer caso omiso de las normas
constitucionales que, por lo menos en lo que se refiere a los órganos
superiores de las distintas jurisdicciones, anticipan definiciones precisas de
orden estructural y funcional. Los remedios que en cualquier momento se
considere necesario implementar con el objeto de poner término a un problema
como el de la congestión, deben, por lo tanto, también ser idóneos
institucionalmente, esto es, habrán de tener aptitud para conjurar la situación
anómala, sin afectar al mismo tiempo la configuración orgánica y funcional
dispuesta directamente por la Constitución Política.”
78.- En la sentencia
C-713 de 2008, la Corte estudió el literal C del artículo 15 del proyecto
de ley número 286 de 2007 Cámara y 023 de 2006 Senado “por la cual se reforma la Ley
270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia” que
autorizaba a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a seleccionar los procesos cuyas pruebas serían
practicadas mediante comisión conferida por el juez de conocimiento y a
determinar los jueces que debían trasladarse fuera del lugar de su sede para
instruir y practicar las pruebas en el proceso que estén conociendo otros
jueces, oportunidad en la que indicó:
“(…) de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 230 de la Constitución, los jueces en sus providencias sólo están
sometidos al imperio de la ley, lo cual significa que cualquier injerencia
externa en relación con la forma como deban orientar y tramitar el curso del
proceso, atenta contra su autonomía y por consiguiente vulnera el ordenamiento
Superior. Según lo ha considerado esta Corporación, ‘la conducta del juez, cuando administra justicia, no puede
jamás estar sometida a subordinación alguna, al punto que dentro de esta óptica
es posible reconocerlo como un sujeto único, sin superior del cual deba recibir
órdenes, ni instrucciones ni ser objeto de presiones, amenazas o interferencias
indebidas. Además, los demás órganos del Estado tienen el deber jurídico de
prestarles la necesaria colaboración para que se cumplan las decisiones
judiciales’[131]”
Con una especial
consideración por la autonomía e independencia judicial, la Corte adujo que la
facultad atribuida a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura sólo podía incluir la creación de un grupo de jueces para la
práctica de diligencias y la fijación de parámetros generales bajo los cuales
se activa la competencia de dichos jueces, pero que no podía socavar la
competencia de los jueces ordinarios, quienes debían decidir, de acuerdo con
los referidos parámetros, cuáles procesos y pruebas se practicarían por esa
vía. En ese sentido precisó:
“Según lo anterior, cuando el artículo 228 de la
Carta, en concordancia con el artículo 230 del mismo estatuto, señala que las
decisiones de los jueces son independientes, consagra el principio de autonomía
funcional del juez. Principio que si bien no es absoluto tampoco puede llegar
el extremo de avalar, bajo la rúbrica de un Plan y Medidas de Descongestión,
que se socave la independencia judicial y con ello se desconozcan las garantías
procesales de los ciudadanos al acudir ante la administración de justicia (art.
29 CP).”
En la misma
sentencia, cuando se analizó la facultad otorgada a las Salas o Secciones de la
Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la
Judicatura para determinar los asuntos que “debían ser tramitados de manera
preferente en todas las instancias y recursos” se concluyó que la
alteración de los turnos por parte de dichas corporaciones para decidir los
asuntos bajo su conocimiento no resulta inconstitucional, pero:
“Lo que sí resulta contrario a la Constitución es que, en
aplicación de tales circunstancias excepcionales se permita a los máximos
órganos de cada jurisdicción señalar, en relación con otros despachos
judiciales de inferior jerarquía en sus respectivas jurisdicciones, los
procesos que habrán de ser resueltos de manera preferente. Ello implicaría una
intromisión ilegítima en detrimento de los principios de autonomía e
independencia que deben caracterizar al juez en la toma de decisiones sobre los
asuntos a su cargo (arts. 228 y 230 CP). En consecuencia, la Corte declarará
inexequible la expresión “en cualquiera de los
despachos o corporaciones de sus respectivas jurisdicciones”, del inciso primero del artículo bajo examen, así
como la expresión “en todas las instancias y recursos”, del inciso
segundo del mismo artículo.”
Los anteriores pronunciamientos evidencian la
observancia y pleno respeto por los rasgos que la Constitución Política le
atribuyó a la labor de la administrar justicia, los cuales son relevantes no
sólo frente a las medidas legislativas y administrativas, sino también en los
límites al quehacer judicial, y en el ejercicio de evaluación de jueces
respecto a la labor de otros jueces, especialmente cuando se adoptan medidas
como la descongestión.
79.- En escenarios de descongestión judicial,
cuando las metas deben alcanzarse en un tiempo determinado a fin de conseguir
el objetivo perseguido por las medidas, la evaluación de desempeño cobra un
valor especial. No obstante, también deberán garantizarse la autonomía y la
independencia judiciales, pues de lo contrario, perdería sentido el esfuerzo
institucional desplegado para lograr una administración de justicia pronta y
eficiente.
Sobre las complejidades de evaluar a los jueces
se han adelantado diversos debates en variados escenarios[132]. Sin embargo, es
posible enunciar algunas características que debe tener una evaluación a
jueces, para respetar las prerrogativas propias de su función. En general, se
ha dicho que debe ser un mecanismo justo y garantista, que no se dirija al
individuo sino a su gestión, teniendo en cuenta que esto último no habilita el
análisis del sentido de lo que ha decidido, sólo a aspectos externos, por
ejemplo la asiduidad y dedicación. Obviamente, la fundamentación del fallo
siempre será un criterio aplicable, pero para ello los sistemas jurídicos han
previsto la segunda instancia y los tribunales de casación. Por otra parte, la
evaluación no puede ubicar al juez en una posición de subordinación frente a
otros funcionarios, judiciales o no, pues ello no sólo iría en contra de la
autonomía e independencia judicial, sino también del principio de separación de
poderes y jurisdicciones.
La evaluación puede ser cuantitativa, cualitativa
o mixta. Independientemente del método, es fundamental que los criterios de
escrutinio hayan sido previamente definidos y publicados antes de la primera
evaluación; además sus resultados deben ser revisables.
Con base en los elementos
vistos, procede la Corte a adelantar el estudio de constitucionalidad del
Proyecto de Ley Estatutaria.
Análisis de
constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria número 187 de 2014 Cámara y
número 078 de 2014 Senado “Por la cual se modifican los artículos 15 y 16 de
la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia”
80.- El estudio de constitucionalidad comenzará con el análisis general
del cumplimiento de las características que la jurisprudencia ha establecido
para las medidas de descongestión y luego se pronunciará sobre los aspectos específicos del articulado que generan dudas de
constitucionalidad.
El Legislador estatutario
respetó los elementos exigidos por la Constitución para diseñar medidas de
descongestión en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
81.- El elemento central del proyecto de
ley bajo examen es la creación de algunas medidas de descongestión en la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por eso esta Corte
analizará los rasgos que la Constitución exige de estas medidas. Por ser un tema
transversal en las disposiciones, este punto del estudio se proyecta sobre
todas las normas de la propuesta legislativa.
Como se había visto previamente, las
medidas de descongestión judicial pueden generar o no empleos y variar en su
duración temporal. Tienen diversas características que en este caso se han
cumplido, en efecto, las disposiciones adoptadas por el Legislador estatutario
cumplen con esos rasgos:
81.1.- Respeto a la reserva de ley estatutaria
para determinar la creación, organización y funciones. En efecto, todo el
trámite se adelantó con las exigencias de un proyecto de ley estatutaria, tal y
como se constató en el análisis del procedimiento legislativo hecho previamente.
81.2.- Establecimiento de parámetros
mínimos de estructura y ejercicio de los cargos creados. El artículo 2º del
proyecto prevé la cantidad de salas de descongestión (4) y de magistrados en
cada una de ellas (3), cualifica el ejercicio de sus funciones para delimitarlo
a la resolución de recursos de casación, defiere al reglamento de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia las condiciones de reparto y
al Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces, la determinación
de la estructura de personal de las salas. Con estas previsiones, la normativa
se ajusta a la Constitución, pues es el Legislador estatutario el que hace
estas definiciones de estructura y ejercicio, además de establecer competencias
en diversos entes para detallar otros aspectos de funcionamiento que no tienen
reserva legal.
81.3.- Tiene
como finalidad la eficacia y prontitud en el acceso a la administración de
justicia.
Este objetivo se deduce de los antecedentes del proyecto[133] que,
por medio de la creación de cuatro salas de tres magistrados, pretende atender
varios propósitos imperiosos en el ordenamiento constitucional, tales como la
resolución definitiva de la controversia sometida a decisión judicial, la
adopción de sentencias como materialización de la justicia material y la
decisión dentro de un término razonable. Por otra parte, no sólo crea estos
cargos sino que les asigna dedicación exclusiva a resolver los recursos de
casación, aspecto en el cual se presenta la mayor congestión, según las cifras
aportadas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En efecto,
“únicamente
en lo que al recurso extraordinario de casación concierne, la Sala pasó de
recibir alrededor de 2.500 procesos en el año 2006 a 5.897 en el año 2009, lo
que refleja una adición de más del 200% en tan solo 3 años. Concretamente, para
finales del año 2013, teniendo en cuenta el total de procesos pendientes de
fallo, junto con otros 1.875 que no habían sido repartidos, la Sala contaba con
un total de 15.975 recursos de casación represados. Este incremento es
progresivo y constante, por lo que se estima que para el año 2016 la Sala
tendrá un inventario acumulado de procesos de alrededor de 18.000.”[134]
Es indiscutible que la implementación de
una medida básica, tener una mayor cantidad de magistrados, repercutirá en la
adopción de decisiones en menor tiempo y en la efectividad de los derechos fundamentales
que ahora están en riesgo o incluso están siendo vulnerados como consecuencia
de la congestión judicial. Luego, la medida de descongestión no sólo no viola
la Constitución, sino que la desarrolla.
81.4.- No
constituyen ninguna amenaza a los derechos fundamentales, en
especial el debido proceso y las garantías procesales, pues el mismo proyecto
de ley deja claras las funciones de los magistrados que, aunque se restringen a
la decisión en recursos de casación, no se sustraen de la legalidad ni generan
procesos ad hoc. Sin embargo, deberá analizarse más adelante si las
restricciones para conocer de acciones de tutela y para cambiar el precedente
de la Sala Laboral podrían implicar alguna amenaza a los derechos fundamentales
de la ciudadanía.
81.5.- Son de
carácter transitorio, pues los cargos creados existirán por un
tiempo limitado que, como máximo, corresponde al periodo constitucional de los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, esto es 8 años, tal como lo prevé
el artículo 1º del proyecto de ley estatutaria. En efecto, en el caso de los magistrados de las Altas Cortes, la Constitución
establece el límite máximo para el ejercicio de la máxima dignidad al interior
de la Rama Judicial (art. 233 C.P.). Sobre el tema la Corte profundizará más
adelante.
81.6.- Respetan el mérito como
criterio para ejercer la función judicial ya que, por no ser cargos que se
rigen por el sistema de carrera, siguen los mismos criterios y procesos que
consagra la Constitución para la elección de los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, como lo prevé el último inciso del artículo 2º del
proyecto bajo examen.
81.7.- No
prohíben a los magistrados de descongestión dictar sentencia en los asuntos que
tramitan. Sin
embargo, podría pensarse que la competencia restringida que estableció el Legislador
en el artículo 2º para no conocer de ciertos procesos, en particular de
acciones de tutela, sí lo hace. Sobre ese punto y sobre la obligación de devolver
los expedientes a la Sala Plena en casos de cambio de jurisprudencia se volverá
más adelante.
81.8.- Son mecanismos
‘idóneos institucionalmente’, no afectan la configuración orgánica y
funcional dispuesta por la Carta Política ni alteran la estructura básica de la
Corporación, en efecto, los magistrados de descongestión sólo se dedicarán a
resolver recursos de casación y no participarán de las discusiones de Sala
Plena, en otro tipo de asuntos propios de la Sala Laboral, ni en cuestiones
administrativas.
De conformidad con el
artículo 234 de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia se compondrá del
número impar de magistrados que determine la ley. En este sentido, existe un
amplio margen de configuración para que el legislador desarrolle este mandato
constitucional, en tanto el Constituyente no impuso límite numérico a los
integrantes del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.
Por lo anterior, con
la creación de doce cargos de Magistrados de Descongestión Laboral
transitorios, debe adicionarse este número a los veintitrés
(23) magistrados que actualmente la integran por mandato del artículo 15 de la
LEAJ, por lo que con esta modificación la Corte Suprema de Justicia contaría
con treinta y cinco (35) miembros, número impar que observa la regla
constitucional a la que se ha aludido, por lo que respecto de la cantidad de
los nuevos integrantes de esa Corporación no existe reparo en su
constitucionalidad.
82.- Una vez la Corte
ha revisado estos elementos generales, es importante profundizar en varios
contenidos del proyecto de ley que plantean dudas constitucionales: (i) el
carácter transitorio de la función de los magistrados de descongestión frente a
la consagración constitucional de su periodo; (ii) la exclusión de los
magistrados de descongestión de participar en la sala plena, en otros procesos laborales
y en asuntos administrativos; (iii) la incompetencia de los magistrados de
descongestión para conocer de acciones de tutela, (iv) la imposibilidad de los
magistrados de descongestión para fallar los procesos que impliquen cambios en
la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y (v) la
existencia de “periodos parciales” para los magistrados, cuya prórroga se
somete a una evaluación.
Constitucionalidad
de la transitoriedad de las medidas de descongestión (artículo 1º y primer
inciso del parágrafo del artículo 2º)
83.-
Como ya fue mencionado, la jurisprudencia ha establecido que las medidas de
descongestión son temporales. Además, tal y como la Constitución lo ordena, el
periodo de los magistrados, incluso de los cargos creados para la descongestión
judicial, debe ser el mismo que el de los demás magistrados, es decir, 8 años.
A
primera vista podría entenderse que el proyecto de ley bajo examen hace que el
periodo de los magistrados de descongestión sea variable y con temporalidad
inferior a 8 años. Sin embargo, éste ha sido predeterminado por una norma de
rango constitucional. Por lo tanto, el legislador estatutario no podría cambiar
su duración ni su estatus por el de variabilidad temporal. Esta interpretación,
prima facie, podría llevar a concluir el legislador estatutario ha
proferido una norma inconstitucional. Para establecer si este reproche de
constitucionalidad es fundado, la Corte considera necesario determinar el
alcance de las normas sobre el proyecto de ley bajo examen que se refieren a estos
temas -el artículo 1º y el primer inciso del parágrafo del artículo 2º- para
poder adelantar el análisis de constitucionalidad.
Alcance
del artículo 1º y del parágrafo del artículo 2º: transitoriedad de las medidas
de descongestión y el periodo de los magistrados
84.- Las posibles
interpretaciones de esta normativa, que eventualmente podrían considerar que el
periodo de los magistrados es temporalmente variable, en contra de lo
establecido en el artículo 233 CP que fija un periodo que no puede ser
modificado, llevarían a la inconstitucionalidad de estos preceptos. No
obstante, también es plausible concluir que estas normas deben ser
interpretadas en el sentido de que los periodos de los magistrados no son transitorios,
aunque sus cargos hayan surgido en el marco de una política de descongestión
que, por naturaleza, sí lo es. Esta segunda interpretación se ajusta a la Carta
Política y permite declarar la constitucionalidad de las disposiciones.
85.- Este alcance adecuado
de las normas surge de la comprensión del artículo 233 CP. Esta disposición
determina un periodo que es inmodificable, pues es una garantía institucional
de independencia e imparcialidad para los magistrados, de tal manera, no puede
haber otro tipo de regulación sobre el tema en la ley.  Si las normas
contenidas en el proyecto de ley estatutaria no se refieren al periodo de los
magistrados, cabe la pregunta acerca de su objeto y finalidad en el marco de
una interpretación sistemática. En efecto, la única conclusión posible es que se
trata de disposiciones que se refieren al tiempo de regulación de la medida de
descongestión.
En efecto, es lógico
entender que por tratarse de un programa excepcional, que es el resultado de
una necesidad específica, tiene una vocación de temporalidad que ya ha sido
reconocida por la jurisprudencia de esta Corporación. Por eso el periodo que
enuncia la norma es un periodo fijo que corresponde al tiempo de duración de la
medida de descongestión, que también surge por la necesidad de atender el
represamiento de procesos pendientes de fallo. Por estas razones los cargos
creados como forma de afrontar los problemas derivados de la congestión
judicial están llamados a desaparecer cuando cese la necesidad y pierdan
fundamento las motivaciones de la medida de descongestión.
86.- No obstante, el periodo
de los magistrados no se altera, pues no es posible que ello ocurra debido a la
garantía constitucional que implica. En efecto, se trata de una garantía de
independencia e imparcialidad que no puede ser alterada por el legislador
estatutario. La Corte Interamericana de Derechos Humanos[135]
ha reiterado la jurisprudencia del Tribunal Europeo y los Principios
Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura[136] para
referirse a las garantías relacionadas con la independencia judicial, entre
ellas la inamovilidad en el cargo, incluso en el marco de procesos
sancionatorios. Por eso los mencionados principios han dicho que “[l]a ley
garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por los períodos
establecidos”[137]
y que “[s]e garantizará la inamovilidad de los jueces, tanto de los
nombrados mediante decisión administrativa como de los elegidos, hasta que cumplan
la edad para la jubilación forzosa o expire el período para el que hayan sido
nombrados o elegidos, cuando existan normas al respecto”[138]
Con
todo, no se trata de una garantía absoluta, derecho internacional de los
derechos humanos admite que los jueces sean destituidos por razones graves
relacionadas con la mala conducta o la incompetencia.[139]
La
Corte IDH también ha señalado que la garantía de estabilidad del juez se
relaciona con el derecho a permanecer, en condiciones generales de igualdad, en
un cargo público. Por ejemplo, el caso Reverón Trujillo indicó que “el
acceso en condiciones de igualdad constituiría una garantía insuficiente si no
está acompañado por la protección efectiva de la permanencia en aquello a lo
que se accede”[140].
Por eso la Corte IDH ha precisado que se viola la independencia judicial, cuando
se afecta la inamovilidad y estabilidad de un juez en el momento en que se ve
afectado por una decisión estatal que incida arbitrariamente en el período de
su nombramiento. Por tal razón, la garantía institucional de la independencia judicial
tiene un nexo directo con el derecho del juez de permanecer en su cargo, como
consecuencia de la garantía de inamovilidad en el mismo.
Tal
garantía tiene una faceta institucional, en relación con el Poder Judicial como
sistema, y una individual, en relación a la persona del juez específico. Ambas
tienen un nexo con aspectos esenciales para el Estado de Derecho, como la
separación de poderes, y el papel de la función judicial en una democracia. Por
ello, cualquier violación a esta garantía va más allá del juez y concierne a
toda la sociedad.
87.- Teniendo en cuenta
estos parámetros interpretativos la Corte Constitucional entiende que la
transitoriedad a la que alude el proyecto no se refiere al periodo de los
magistrados de descongestión sino a la temporalidad de la política misma, que
incide en la duración de los cargos, no en los periodos. Es decir, que una vez
termine el periodo individual de cada uno de los magistrados de descongestión
nombrados, el cargo se extingue. Y si alguno de ellos faltara de manera
absoluta, el cargo deberá proveerse con las reglas fijadas por la Constitución,
pero, en virtud de la transitoriedad del cargo derivada de la naturaleza de la
descongestión, no podría volver a contarse el periodo de manera personal, sin
que ello afecte la garantía institucional de independencia e imparcialidad.
88.- Cabe anotar que la
previsión que hace el proyecto concuerda con las subreglas constitucionales de
esta Corporación, pues la Constitución obliga a que las medidas de
descongestión y los cargos creados por ellas respeten los periodos
establecidos. Por ejemplo, el artículo 62 de la Ley 446 de 1998 estableció la
creación de cuatro Secciones Especiales de carácter transitorio en el Consejo
de Estado y determinó que su funcionamiento sería por doce (12) meses
prorrogables hasta por otro tanto por determinación de la Sala Plena
Contenciosa. En ese caso, la Sentencia C-162 de 1999 precisó que tal
disposición era inconstitucional por violación del periodo constitucional
establecido para los consejeros de Estado, que es de 8 años.
89.- Del contenido del
artículo 1º y el primer inciso del parágrafo del artículo 2º del proyecto bajo
examen, en concordancia con las normas constitucionales aplicables, es posible inferir dos premisas: la primera, en la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia todos los magistrados son designados por un
período individual de 8 años, tanto quienes desempeñan las funciones
permanentes como quienes ejercerán como jueces de casación durante la
descongestión. La segunda, en dicha sala de casación, existen dos tipos de
magistrados: quienes tienen período fijo de 8 años (ejercen funciones
permanentes) y quienes tienen período máximo de 8 años, pero de acuerdo con el
rendimiento personal y con la cantidad de trabajo evacuado, pueden desempeñar
el empleo por un tiempo inferior al período por el que fueron elegidos (ejercen
funciones de descongestión).
En
cuanto a la primera premisa, las normas del proyecto de ley estatutaria que se
han analizado en este apartado no presentan ningún vicio de
inconstitucionalidad, pues en diversos fragmentos mencionan la transitoriedad
de las medidas de descongestión: en el segundo inciso del artículo 1º y primer
inciso del parágrafo del artículo 2º, expresiones que serán declaradas
exequibles. Sobre la condición de permanencia en el cargo ligada a la
evaluación la Corte se pronunciará en detalle más adelante.
La creación de cuatro Salas
de Descongestión Laboral, independientes de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia es constitucional (parágrafo del artículo 2º)
90.- La separación de las
Salas de Casación armoniza con lo previsto en el artículo 234 de la
Constitución, puesto que así como la Sala de Casación Civil y Agraria, es
independiente de la Sala de Casación Penal y de la Laboral, las cuatro Salas de
Casación Laboral de Descongestión lo son respecto de las anteriores.  Ya esta Corporación ha tenido la oportunidad de precisar que
“que
cada sala de casación -penal, civil o laboral- actúa, dentro del ámbito de su
competencia, como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria; en segundo
lugar, que cada una de ellas es autónoma para la toma de las decisiones y, por
lo mismo, no puede inferirse en momento alguno que la Constitución definió una
jerarquización entre las salas; en tercer lugar, que el hecho de que la Carta
Política hubiese facultado al legislador para señalar los asuntos que deba
conocer la Corte en pleno, no significa que las salas de casación pierdan su
competencia o que la Sala Plena sea superior jerárquico de alguna de ellas. En
otras palabras, la redacción del artículo 234 constitucional lleva a la
conclusión evidente de que bajo ningún aspecto puede señalarse que exista una
jerarquía superior, ni dentro ni fuera, de lo que la misma Carta ha calificado
como “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria”[141].
La
separación de las salas de casación que, como se vio, deriva de la facultad
otorgada expresamente por la Constitución al Legislador, también obedece a la
especialización del conocimiento jurídico que se aplica como mecanismo de
celeridad, eficiencia y eficacia de la administración de justicia, sumado a la
importancia que tiene la división del conocimiento jurídico para la justicia
material y la solvencia de la decisión judicial. Así pues, a pesar de que si
bien es cierto en este asunto la separación de las salas permanentes y de
descongestión no deriva de la especialidad jurídica, no lo es menos que la
exclusividad de la labor y la concentración de las funciones de casación, sí
justifica y hace más eficiente el desempeño de las tareas asignadas.
En este
sentido, el artículo 228 superior establece que las decisiones de la
administración de justicia son independientes, lo que concuerda con el segmento
normativo según el cual “las salas de descongestión actuarán
independientemente de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia”, contenido en el segundo inciso del parágrafo del
artículo 2 del proyecto, el cual, por esas razones, se declarará exequible.
Análisis de
constitucionalidad de las competencias limitadas de los Magistrados de
Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia (Segunda parte del
parágrafo 1º del art. 2º)
No participación en la Sala
Plena
91.- El artículo 234 de la Carta
Política establece que corresponde al Legislador fijar la división de la Corte
en salas y señalar a cada una de ellas los asuntos que deba conocer
separadamente, determinando aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno. En
este punto, debe resaltarse que el Constituyente autorizó a la ley para estipular
los asuntos que deben resolverse en cada una de las salas, incluyendo la sala
plena, criterio que concuerda con una de las características de la
descongestión, el respeto por la estructura de la institución.
Las salas de descongestión creadas por
el proyecto de ley bajo examen, tienen una vocación temporal, carácter que ha
sido aceptado por la jurisprudencia de esta Corporación, por lo tanto, es
razonable, en términos de gestión, comprender las motivaciones del legislador
estatutario para que los magistrados de estas salas no participen en la sala
plena de la Corte Suprema de Justicia. Del mismo modo, es plausible entender
tal determinación si el análisis se hace desde la especificidad de las funciones
de estos magistrados, que básicamente pretenden aportar celeridad a la
administración de justicia. Además, estas previsiones no resultan contrarias a
la Constitución, pues corresponden a un modelo interno de organización, aspecto
que el Constituyente defirió al legislador. En efecto el artículo 234 dice lo
siguiente:
“ARTICULO  234. La
Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y
se compondrá del número impar de magistrados que determine la ley. Esta
dividirá la Corte en salas, señalará a cada una de ellas los asuntos que deba
conocer separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en
pleno.”
92.- Por otra parte, la cantidad de magistrados de la Corte
Suprema de Justicia estará determinada por la Ley, ella puede establecer si
crea o no cargos de este nivel. En este caso, los magistrados de descongestión
son nuevos integrantes de la Corporación con una función temporal y específica
y, con razones fundadas (gestión y transitoriedad) el mismo legislador
estatutario decidió, en el marco de la competencia otorgada por el artículo
234, varios temas: la división en salas, los asuntos que se deben conocer
separadamente y la conformación del pleno de la Corte Suprema de Justicia, que
no incluye a los magistrados de descongestión por tratarse de cargos con
vocación temporal y con un objetivo específico.
No reparto de acciones de
tutela
93.- El artículo 86 de la
Carta Política consagró la acción de tutela como un mecanismo de protección
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de la personas y
asignó a “todos los jueces” competencia para conocer dicha solicitud de
amparo. En armonía con tal previsión, esta Corporación en múltiples y
reiteradas oportunidades ha destacado la competencia general asignada a los
jueces y ha indicado que factores formales, como criterios de reparto, aunque
valiosos, no pueden frustrar la efectiva protección de los derechos superiores.
94.- No obstante lo anterior, se han
establecido reglas de competencia y de reparto de la acción de tutela que
contribuyen con el propósito del mecanismo, en la medida en que agilizan y
optimizan el ejercicio de juzgamiento y el estudio de la solicitud de amparo.
Asimismo, en situaciones excepcionales, en aras de la descongestión judicial y
de una efectiva administración de justicia, se ha admitido que algunos jueces
no conozcan acciones de tutela.
95.- El Decreto 2591 de 1991 reglamentó la
acción de tutela y en el artículo 37 fijó dos reglas de competencia, la primera
que atiende al factor territorial: “[s]on
competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o
tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la
amenaza que motivaren la presentación de la solicitud” y una regla funcional relacionada con el sujeto
accionado: “[d]e las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios
de comunicación serán competentes los jueces de circuito del lugar.”
La
compatibilidad de dichas normas con la Carta Política, particularmente con el
artículo 86 Superior, se estudió en la sentencia C-054 de 1993, en la
que la Corte formuló el siguiente problema jurídico: “¿son constitucionales
las disposiciones que regulan la competencia para conocer de la tutela?”. Para
responder dicho cuestionamiento, la sentencia resaltó la función que el numeral
1º del artículo 257 Superior radicó en el Consejo Superior de la Judicatura
relacionada con la división del territorio para efectos judiciales y la
facultad que el artículo 5º transitorio ibídem le asignó al Presidente
de la República para reglamentar el derecho de tutela, previsiones de las que
se valió para concluir que:
“(…) la facultad de los jueces para
conocer de un determinado asunto -en este caso la tutela- no es una facultad
abierta o ilimitada sino que la propia Carta ha contemplado la
posibilidad de que la autoridad competente someta a ciertas reglas el
conocimiento de los asuntos judiciales -como todos los demás asuntos estatales,
en virtud del principio de legalidad de que trata el artículo 6° idem-.
Entonces por la
interpretación sistemática de las normas señaladas se infiere sin dificultad
que cuando el Decreto 2591 de 1991, expedido por autorización y de conformidad
con la Constitución, estableció la competencia de los jueces para conocer de
las acciones de tutela, no violó el artículo 86 de la Carta sino que justamente
hizo viable su realización en la medida en que fijó parámetros racionales para
la realización de este mecanismo tutelar y así garantizar la efectiva
protección de los derechos, que es uno de los fines del Estado, según el
artículo 2° de la Carta.”
Posteriormente,
el Decreto 1382 de 2000, de acuerdo con las reglas de competencia previstas en
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, estableció criterios para el reparto
de las acciones de tutela, los cuales fueron acusados mediante la acción de
nulidad simple de transgredir disposiciones constitucionales y legales. La
censura de inconstitucionalidad dirigida en contra de las reglas establecidas
en el artículo 1º del referido decreto se analizó por la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, quien en sentencia
del 18 de julio  de 2002[142], indicó:
“(...) Para la Sala, este reglamento se ajusta al
artículo 189-11 de la Constitución Política y a la norma reglamentada, en tanto
que atiende a la necesidad de lograr su cumplida ejecución, es decir, su
aplicación cabal y efectiva.
En
primer lugar, porque provee a la necesidad de lograr la desconcentración de la
Administración de Justicia, imperativo constitucional y legal que se extiende a
la acción de tutela y que resultaría imposible si llegaran a reunirse en un
mismo órgano judicial innumerables solicitudes de amparo, como ocurriría, por
ejemplo, en un tribunal superior, ante el empeño de los solicitantes por contar
con una sentencia de segundo grado dictada por la Corte Suprema de Justicia. En
ésta (sic) situación y en otras similares, se frustraría el principio de
desconcentración de la Administración de Justicia a pretexto de una facultad
ilimitada para escoger al Juez, que desde luego ni la Constitución ni las leyes
establecen.
En
segundo término, porque el reglamento respeta la competencia «a prevención» al
facultar a los solicitantes para ocurrir ante jueces o tribunales de cualquier
especialidad.
Así mismo, garantiza el derecho a reclamar la
protección en todo lugar, porque ningún Juez podrá rechazar la solicitud
aduciendo no ser competente, sino que tendrá que enviarla a quien lo sea.”
En
la sentencia referida, el Consejo de Estado descartó las razones de nulidad
formuladas en contra del Decreto 1382 de 2000, salvo las presentadas en contra
del inciso 2º del artículo 3º del Decreto 1382 de 2000, el cual anuló.
Posteriormente, en Auto 160 de 27 de agosto de 2002, la Corte resolvió acatar dicha
decisión y señaló que el decreto: “no estaba modificando ni creando reglas de competencia frente a la acción de tutela,
simplemente que él se ocupaba de llenar un vacío respecto a qué juez podía
conocer de un tema cuando eran varios los jueces competentes en un mismo lugar, fijando para el efecto reglas para el reparto”[143]
De
suerte que las reglas establecidas en el Decreto 1382 de 2000, de acuerdo con
el propósito con el que se implementaron, han sido reconocidas por esta
Corporación como normas de reparto, razón por la que se ha indicado que un
error en su aplicación o en su interpretación no pueden llevar al juez a
declararse incompetente o a declarar la nulidad de la actuación[144].
Sin embargo, “deben ser seguidas obligatoriamente por las oficinas de apoyo
judicial a la hora de distribuir las acciones de tutela entre los distintos
jueces, de modo que, de ninguna forma, el reparto de los procesos puede ser
caprichoso o arbitrario.”[145]
En armonía
con lo expuesto se tiene que los criterios de reparto de la acción de tutela:
(i) se diferencian de los factores de competencia y no constituyen fundamento
suficiente para que el juez se abstenga de decidir la solicitud de amparo; (ii)
permiten mantener la coherencia de la estructura jerarquizada del sistema
judicial; (iii) son útiles para una eficaz administración de justicia.
96.- En materia de descongestión puede
enunciarse el Acuerdo número 55 de 5 de agosto de 2003 emitido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, en el que concertó “la distribución de negocios
entre las secciones” y estableció los porcentajes de reparto de las
acciones de tutela cuya competencia esté asignada a esa Corporación de la
siguiente manera: (i) la Sección 1ª conoce el 10%, (ii) la Sección 2ª conoce el
40%, (iii) la Sección 4ª conoce el 40% y la Sección 5ª conoce el 10% restante.
En consecuencia, la Sección 3ª del Consejo de Estado actualmente y por virtud
del referido acuerdo no conoce acciones de tutela.
De otra parte, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de
2011- estableció un Plan Especial de Descongestión de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo con el objetivo de: “(…) de llevar hasta su
terminación todos los procesos judiciales promovidos antes de la entrada en
vigencia de la presente ley y que se encuentren acumulados en los juzgados y
tribunales administrativos y en el Consejo de Estado”, cuya ejecución le
asignó a un grupo de despachos judiciales que “quedarán excluidos del
reparto de acciones constitucionales”
En armonía con lo anterior,
el literal c. del artículo 197 de la Ley 1450 de 2011 “[p]or la cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014” indicó que el plan de
descongestión previsto para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se
aplicaría a todas las jurisdicciones, por lo que se justifica que a los jueces
de descongestión no se les haga reparto de acciones de tutela.
97.- En conclusión, la suspensión del
reparto de tutela a jueces o magistrados de descongestión constituye una
herramienta de gestión administrativa utilizada por el legislador o por los
mismos funcionarios judiciales para potencializar los resultados de la medida
transitoria, hacer más eficiente el trabajo encomendado, concentrar el
ejercicio de funciones especializadas y propender por mayor celeridad en la
administración de justicia. De hecho, si se tiene en cuenta que el reparto de
tutelas a cargo de los funcionarios que ejercen la función permanente no será
suspendida y mantendrá la misma competencia, es razonable inferir que el
legislador estatutario hubiere excluido del conocimiento de tutelas a los
funcionarios transitorios y, de ese modo, hubiere preferido mantener el reparto
y competencia de los asuntos constitucionales en la sala laboral permanente de
la Corte Suprema de Justicia.
En este orden de ideas, de las reglas
restantes objeto de análisis del inciso primero del parágrafo del artículo 2º
del proyecto no cabe reproche alguno de constitucionalidad en tanto que dichos
enunciados son desarrollo del artículo 234 Superior. En efecto, se aviene a la
Constitución que el legislador determine los asuntos que compete conocer a las
cuatro Salas de Descongestión Laboral.
Es constitucional que si las
Salas de Descongestión consideran procedente cambiar la jurisprudencia deban
devolver el expediente a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia para que ésta decida (inciso 2º del parágrafo del artículo 2º)
98.- El segundo inciso del artículo 2º del
proyecto de ley bajo examen continúa con la enunciación de límites materiales
en las competencias de los magistrados de descongestión de la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia y establece que no podrán adelantar labores de
unificación derivadas del cambio de jurisprudencia.
99.-
Para analizar esta previsión, la Corte considera indispensable recordar la
importancia de los órganos de cierre en la labor de unificación de
jurisprudencia y los objetivos de ese diseño institucional. Efectivamente, el
sistema jurídico colombiano ha pretendido garantizar la seguridad jurídica por
medio de la igualdad de trato y aplicación de la ley que merecen todos los
sujetos que acuden al sistema de justicia. Uno de los dispositivos para
lograrlo es la potestad de los órganos de cierre para unificar los diversos
criterios hermenéuticos, por medio de procedimientos específicos ante estos
tribunales.
La
labor de unificación es parte de las funciones centrales de la Corte Suprema de
Justicia en sus diferentes salas, incluida la Sala Laboral de la que se ocupa
la norma bajo examen. Con todo, en el caso de las normas objeto de revisión, no
puede perderse de vista que fueron proferidas en el marco de un programa de
descongestión. Esta situación hace que toda la normativa en estudio sea
entendida de conformidad con la naturaleza y objetivos de esa figura.
Aunque
sea reiterativo, es necesario mencionar nuevamente el objetivo de las medidas
de descongestión: funcionar de manera transitoria para generar celeridad en la
administración de justicia ante graves represamientos, de acuerdo con las
necesidades que plantee cada situación. Como fue mencionado previamente, el
legislador goza de facultades importantes para establecer los detalles
logísticos y de funcionamiento de esas medidas, siempre bajo los límites que le
dicta la Constitución, por ejemplo la imposibilidad de alterar el periodo de
los magistrados de las altas cortes.
100.-
En este caso, el legislador estatutario decidió que los magistrados de
descongestión pertenecientes a la Corte Suprema de Justicia no participaran en
los procesos de unificación de jurisprudencia. Esta Corte debe establecer si
ello es constitucionalmente admisible. Para tal efecto, y en virtud de la
libertad de configuración del legislador, esta Corporación debe analizar los
objetivos y la naturaleza de las dos instituciones (del programa de
descongestión y de la unificación) para establecer si es constitucionalmente
exigible que la unificación de jurisprudencia de la Sala Laboral sea adelantada
con participación de los magistrados de descongestión.
101.-
El objetivo de la descongestión es acelerar la toma de decisiones en los
procesos detenidos para garantizar el acceso efectivo a la administración de
justicia y la adopción de una sentencia en un plazo razonable. Su naturaleza es
transitoria, pues pretende generar medidas de choque frente al represamiento de
los procesos.
Por
su parte, la unificación de jurisprudencia pretende garantizar igualdad y
seguridad jurídica por medio de una función de carácter permanente. La
sentencia SU-241 de 2015[146]
se refirió al tema en materia de casación laboral. Consideró que la unificación
es parte de varios objetivos sistémicos de la casación que
van más allá de las partes, pero inciden en la realización efectiva de sus
derechos fundamentales.[147]
Como
puede observarse, los objetivos de la descongestión distan de la búsqueda o
participación permanente en la unificación de jurisprudencia. Si se aceptara
que esta sala de descongestión conociera de la unificación se desnaturalizaría
el objetivo para el que los cargos fueron creados, pues no lograrían ocuparse
de la descongestión como corresponde. En efecto, el objetivo de esta sala no es
crear nueva jurisprudencia, es resolver la mayor cantidad de casos en menos
tiempo, por eso es razonable la medida que les impide conocer de la unificación.
102.-
Podría alegarse que esta medida restringe la autonomía e independencia judicial
o incluso el debido proceso de los ciudadanos, pues los magistrados de
descongestión no podrían, eventualmente, adoptar una posición diferente a la de
la jurisprudencia vigente en la Corporación. Este argumento no sería admisible
porque no existe ningún impedimento para que los magistrados de la sala de
descongestión discrepen de la jurisprudencia vigente o planteen la necesidad de
crear una nueva postura, lo que la norma ha diseñado es un mecanismo en el
cual, a fin de proteger el objetivo de la descongestión, los magistrados que
discrepen o consideren que debe crearse nueva jurisprudencia deberán devolver
el expediente a la Sala de Casación permanente para que sea esta la que decida.
De esta manera se garantiza la seguridad jurídica y la igualdad de trato en los
órganos de cierre sin anular el objeto del programa de descongestión.
Por tal razón, el inciso 2º
del parágrafo del artículo 2º será declarado exequible.
La
fragmentación del periodo de los magistrados y su permanencia sujeta al control de rendimiento y gestión por parte de la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia son inconstitucionales (Tercer inciso
del parágrafo del artículo 2º)
103.- El tercer inciso del parágrafo del
artículo 2º del proyecto de ley estatutaria bajo examen determina lo siguiente:
“El
periodo de los Magistrados de descongestión será de ocho años así: dos (2) años
iniciales prorrogables de forma consecutiva por dos (2) años más y así
sucesivamente, sin superar un período individual máximo de ocho (8) años. Las
prórrogas se harán de acuerdo al rendimiento satisfactorio y efectividad que
demuestren los Magistrados de descongestión en el trámite y decisión de los
procesos a su cargo. La Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, conforme a su reglamento, determinará las metas
bianuales y llevará el control del rendimiento y gestión de los Magistrados de
las Salas de Descongestión frente a los procesos que deben tramitarse y
decidirse por estas Salas. Solo en el evento en que los Magistrados de las
Salas de Descongestión Laboral tengan un rendimiento satisfactorio a través del
cumplimiento de esta meta bianual de descongestión, su competencia será
prorrogada cada dos (2) años, por dos (2) años más, sin superar el periodo
individual máximo de ocho (8) años, contados a partir de la fecha de posesión.”
Esta
norma establece que, aunque el periodo de los magistrados de descongestión es
de 8 años, este será fragmentado en periodos de dos años, al final de cada uno
de los cuales se adelantará una evaluación de la gestión de cada uno de los
altos jueces, que condicionará su permanencia en el cargo. Este control de
rendimiento y gestión será adelantado por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia.
104.-
La disposición genera dudas constitucionales con respecto a la precariedad del
periodo de los magistrados de descongestión, pues del resultado de la
evaluación que se realiza cada dos años dependería su continuidad en el empleo.
Además, la norma ordena que sean sometidos al control de sus pares de la Sala
de Casación Laboral. En esos términos, el diseño
legal de la descongestión en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
parecería mostrar una contradicción insalvable: si bien es constitucional
elegir magistrados de una Alta Corte para desempeñar funciones de descongestión
que, por su propia naturaleza son transitorias y corresponde a una estrategia
válida a la que puede recurrir el legislador estatutario, su período no podría
ser otro que el señalado en la Constitución, pues excederlo o reducirlo
violaría el artículo 233 superior.
La Corte deberá analizar la
constitucionalidad de esta norma desde sus dos previsiones centrales: el fraccionamiento
del periodo de los magistrados de descongestión y el sometimiento a evaluación
de los magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia como condición para la permanencia en sus cargos.
105.- Esta Corte ya se ha
pronunciado sobre los periodos de los magistrados de altas cortes en el marco
de medidas de descongestión. En la sentencia C-162 de 1999 afirmó que “el estatuto objetivo de magistrado del
Consejo de Estado, se deduce directamente de la Constitución, y no se admite
que una norma distinta o la mera decisión de un órgano judicial, puedan
modificar en cualquier tiempo y por cualquier tiempo lo que corresponde a la
voluntad constituyente.”. En efecto, como se dijo en
precedencia, las medidas de descongestión objeto de estudio crean cargos de
magistrados: i) para un período de 8 años (contrario a lo que la Ley 446 de
1998 había diseñado: 12 meses, prorrogables por otros 12 meses) y, ii) su
permanencia está sometida a valoración de rendimiento satisfactorio, tal y como
lo establece el artículo 233 superior (a diferencia del diseño efectuado por el
legislador ordinario para el Consejo de Estado, cuya permanencia en el cargo
únicamente dependía del cumplimiento del período y no de su rendimiento).
El artículo 233 CP proscribe el
fraccionamiento o reducción del periodo de los magistrados como se explicó en
los fundamentos 84 y ss. de esta sentencia y, por tanto, tal división es
inconstitucional.
106.- Aunque todas las proposiciones
normativas del inciso 3º del parágrafo del artículo 2º están estrechamente relacionadas
(fraccionamiento del periodo de los magistrados, control de rendimiento y
gestión que condiciona permanencia, evaluación por magistrados de Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia) y ante la declaratoria de inconstitucionalidad
del fraccionamiento y la eventual reducción del periodo de los magistrados de
descongestión parecería innecesario pronunciarse sobre el resto de contenidos
normativos, es claro que el control de rendimiento y gestión que haría la Corte
Suprema de Justicia sobre los magistrados de descongestión mantendría su
carácter normativo –aunque sin una consecuencia clara- y por eso debe ser
analizado.
107.- Además de ser una norma que altera
el periodo constitucional de los magistrados de una alta corte, el inciso 3º
bajo examen afecta la independencia y autonomía judicial al exigir una cuota de
trabajo a los magistrados de descongestión y pretender que pueden ser
reprochados o sancionados con base en ello. Lo único que el legislador puede
incluir en sus diseños son cuotas de trabajo para el programa de descongestión
considerado como un todo, por eso la permanencia en el cargo de los magistrados
de descongestión no se puede someter a valoración de rendimiento por parte de
un tercero.
De tal forma, el programa de
descongestión planteado por la ley es una medida razonable y transitoria, pero
en lugar de presionar a los magistrados de descongestión por medio de medidas
inconstitucionales, deberá tener un seguimiento por parte del Consejo de
Gobierno Judicial, ya que esa es una de las facultades atribuida por la
Constitución (art. 254 CP). Efectivamente, se trata de fijar una política para
la administración judicial sobre la base del acceso eficiente a la justicia y
la respuesta en un plazo razonable, por eso los órganos constitucionalmente
designados pueden hacer seguimiento a este programa de descongestión. La Corte
reitera que no es un seguimiento a los cargos o a los individuos que los
ocupan, es un control al programa de descongestión que deberá adelantarse con
base en elementos y criterios estrictamente cuantitativos, determinados y
socializados antes de ejecutar el seguimiento.
Por las razones previamente
expuesta, la Corte declarará inexequible el inciso 3º del parágrafo del
artículo 2º del proyecto de ley objeto de estudio.
La
elección y los requisitos para acceder al cargo de Magistrado de Descongestión
Laboral. Atribución a la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura, o quien haga sus veces, la determinación de la
estructura y planta de personal de la Salas de Descongestión Laboral (inciso 4º
del parágrafo del artículo 2º)
108.- Ningún
reproche de constitucionalidad cabe a esta regulación. En efecto, el artículo
232 de la Carta Política establece los requisitos para ser magistrado de la
Corte Suprema de Justicia y el artículo 231 el procedimiento para su elección.
En este contexto, el proyecto estatutario reitera dichas reglas para proveer
los cargos de magistrado de descongestión laboral que se crean con la
iniciativa legislativa objeto de estudio.
En el
mismo sentido, el inciso tercero del parágrafo del artículo 2 del proyecto
otorga a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o a la
Gerencia de la Rama Judicial la función de determinar la estructura y planta de
personal de las Salas de Descongestión Laboral.
Este
enunciado es una manifestación de la función constitucional de administrar la
Rama Judicial (art. 255 C.P.) y armoniza con el artículo 18 transitorio del
Acto Legislativo 2 de 2015 que exige la expedición de una ley estatutaria, para
poner en funcionamiento los nuevos órganos de gobierno y administración
judicial, por lo cual mientras ello no ocurra se mantiene la competencia de la
referencia Sala Administrativa.
De
esta manera, el Legislador previó tanto el escenario presente como el futuro de
administración de la Rama Judicial, lo que garantiza que en cualquier evento
exista autoridad competente para determinar la estructura y la planta de
personal de los doce despachos de descongestión que se crean con el proyecto.
Esto, en todo caso, desvirtúa la preocupación hermenéutica que planteó el
Procurador General en su concepto.
Por lo
anterior, se declarará la exequibilidad del inciso cuarto del parágrafo del
artículo 2 de la iniciativa estatuaria.
Es constitucional que los
recursos necesarios para la creación de las Salas
de Descongestión Laboral provengan de los ahorros que se generen por la
supresión o modificación de otras dependencias de la Rama Judicial
(artículo 3º)
109.- El artículo 3º del proyecto de ley estatutaria bajo examen
establece lo siguiente:
“Artículo 3°. Los
recursos necesarios para la creación de las Salas de Descongestión Laboral de
que trata la presente ley, provendrán de los ahorros que se generen por la
supresión o modificación de otras dependencias de la Rama
Judicial que autorice la Constitución o la Ley, manteniendo
los cupos vigentes de gasto de dicha entidad.
Para la designación de los
Magistrados de descongestión, la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia deberá contar con la disposición de los recursos,
acreditada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, o por quien haga sus veces.”
Para
el Procurador General de la Nación el primer inciso de este artículo es
inconstitucional puesto que, a su juicio, pone en riesgo el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.) debido a
que es un hecho notorio que la Rama Judicial tiene déficit en materia de
dependencias, jueces y empleados.
Dicho riesgo, en su sentir es latente porque es posible que, a
causa de la ausencia de recursos, nunca puedan implementarse las salas de
descongestión laboral en razón a que, para integrarlas, habría que suprimir
otros despachos también congestionados.
Señaló, a título de ejemplo, que para cubrir la creación de las
doce plazas de magistrados de descongestión Laboral que se pretende implementar
habría que eliminar, como mínimo, veinte magistrados de Tribunal Superior de
Distrito Judicial, muy posiblemente de la misma área laboral o su equivalente
en magistrados auxiliares de las Altas Cortes. Por lo anterior, tanto el
Gobierno como el Congreso “deben habilitar
otras fuentes de financiación para la creación de las Salas de Descongestión de
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia”[148].
La Academia Colombiana de Jurisprudencia también cuestiona, más
con argumentos de inconveniencia que de inconstitucionalidad, esta iniciativa.
Sin embargo, el resto de intervinientes consideran que dicho artículo se aviene
a la Constitución.
110.- La Corte declarará el precepto exequible. En efecto, la
valoración de costos y el acuerdo gubernamental con la medida llevan a que ésta
no pueda entenderse e implementarse de manera que produzca una afectación del
acceso a la administración de justicia en los términos que adujo el Jefe del
Ministerio Público. Por el contrario, la creación de nuevos despachos
especializados en el trámite de recursos de casación laboral contribuye a que
se ataque el represamiento de procesos sin fallo, situación que lesiona el
derecho fundamental de todos los usuarios a una justicia pronta y efectiva.
Este argumento lógicamente es normativo, no fáctico, y no podría ser de otra
manera, pues se enmarca en las competencias que el constituyente otorgó a este
Tribunal. Con todo, el efecto útil de la norma implica que esté llamada a tener
sentido y aplicación práctica como consecuencia de una interpretación
sistemática que considere también la teleología de la disposición.
111.- Es indiscutible que la garantía de los derechos
constitucionales requiere de recursos económicos[149]
de allí que el artículo 95-9 Superior imponga a toda persona en Colombia
contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de
conceptos de equidad y justicia.
De esta manera, como los recursos no son ilimitados, las
autoridades responsables de la planeación, aprobación y ejecución del
presupuesto deben observar un uso responsable de los dineros públicos, en todo
caso sin menoscabar el núcleo esencial de los derechos fundamentales (art. 334
Superior) o generar por la ausencia de financiamiento un déficit de su
protección efectiva.
Adicionalmente, el amplio ámbito de configuración del Legislador
en materia económica le permite, como ocurre en este caso, definir la fuente de
financiación que considere más apropiada para implementar los doce nuevos
despachos que integrarán la Corte Suprema de Justicia. La norma bajo examen
determinó que los recursos provendrán de
los ahorros que se generen por la supresión o modificación de otras dependencias
de la Rama Judicial que autorice la Constitución o la
ley.
En este punto, debe tenerse
en cuenta que el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial es elaborado por
la Gerencia para su aprobación por el Consejo de Gobierno Judicial, el cual debe
ser remitido al gobierno nacional para posterior aprobación por el Congreso de
República (arts. 254 y 255 C.P.), de esta manera existen suficientes controles
por parte de las tres ramas del poder público para determinar si existen o no
los recursos para poner en funcionamiento las medidas de descongestión que
plantea el proyecto.
112.- De acuerdo con ello,
el argumento de Procurador implica que no es el tipo de fuente de financiación
lo que genera la supuesta inconstitucionalidad, sino el riesgo de que la
selección de los despachos a suprimir no sea la más apropiada.
Este eventual peligro en la
aplicación de la medida no permite a la Corte declarar su inconstitucionalidad,
pues
su competencia se circunscribe a análisis normativos, no fácticos. La sentencia
C-750 de 2008[150] reiteró este límite en los siguientes términos “Los aspectos de conveniencia,
oportunidad, efectividad y utilidad (…) son materias ajenas a las funciones
jurídicas que le han sido asignadas a la Corte Constitucional como guardiana de
la integridad y supremacía de la Constitución.”
Con todo, esta norma no
implica necesariamente un plazo o una orden para suprimir ciertas dependencias,
de hecho, los detalles sobre la implementación de la norma aún no están
definidos y por eso escapan a un análisis de constitucionalidad. En todo caso
esta Corte estima, a diferencia de lo que plantea el concepto del Procurador, que
la disposición no afecta el acceso a la administración de justicia si se
implementa a partir de una interpretación sistemática y teleológica de la
medida, la cual concuerda con el procedimiento legislativo y el sentido de los
requisitos de aprobación de este tipo de disposiciones.
113.- En efecto, la norma se
limita a establecer el título presupuestal, pues como lo establece la Constitución,
no hay gasto si no se ha decretado conforme a ley anterior (art. 346 CP), por
eso para esta Corte resulta evidente que ese objetivo del inciso –ser el título
presupuestal- no pretende cuestionar la existencia de ciertos despachos
judiciales ni mucho menos ordenar su desaparición.
Esta conclusión se sigue de
varios elementos adicionales a la interpretación sistemática y teleológica de
la disposición bajo examen. Efectivamente, por medio de esta norma el Legislador
contempló una fuente de financiación para este programa de descongestión. Con
todo, si una vez aprobado el programa se considera que para su puesta en marcha
es preciso acudir a nuevos recursos, el Congreso puede proferir preceptos que
persigan tal efecto, los cuales, lógicamente estarán sujetos a las previsiones
constitucionales sobre la validez de las disposiciones que generen gastos.
114.- En este caso, la Corte
ha constatado que el proyecto bajo examen se ha expedido de conformidad con las
previsiones sobre el análisis del impacto fiscal a fin de convertirse en el
título presupuestal (fundamentos 33 y ss. de esta sentencia). En efecto, el artículo
7º de la Ley 819 de 2003 determina lo siguiente:
“Artículo
7º. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto
fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o
que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser
compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Para
estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y
en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y
la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo.
El
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el
respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto
frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso
este concepto podrá ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este
informe será publicado en la Gaceta del Congreso.
Los
proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o
una reducción de ingresos, deberá contener la correspondiente fuente
sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser
analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En
las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será
surtido ante la respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces.”
La jurisprudencia de esta Corporación ya
se ha pronunciado sobre el alcance de este artículo y los elementos que debe
analizar la Corte al ejercer el control constitucional. La Sentencia C-874 de 2005[151] estableció que se deben estudiar tres
temas para verificar que una disposición cumple con lo establecido en el
artículo 7º de la Ley 819 de 2003: (i) la exigencia actual de las previsiones
del artículo; (ii) si se incluyó en la exposición de motivos no solo el costo
fiscal, sino también la fuente de ingreso adicional generada para el
financiamiento de dicho costo y; (iii) si el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público rindió su concepto al respecto.
La Corte consideró que el
deber de rendir concepto sobre el impacto fiscal ante el Congreso de la
República en el trámite legislativo reposa en cabeza del Ejecutivo, sin embargo
la ausencia de dicho concepto no puede implicar la parálisis del trámite del
proyecto de ley, cuando ello se da como consecuencia del incumplimiento del
Gobierno al no haberse pronunciado de acuerdo con lo establecido en el artículo
7º de la Ley 819 de 2003.
Por su parte, la sentencia
C-700 de 2010[152] estableció las siguientes
subreglas sobre el alcance de la jurisprudencia constitucional en relación con
el Marco Fiscal de Mediano Plazo y las obligaciones correlativas del Congreso:
(i)
las obligaciones
previstas en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 constituyen un parámetro de
racionalidad legislativa, que cumple fines constitucionalmente relevantes como
el orden de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica,
(ii)
el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 corresponde al Congreso y
principalmente, al Ministro de Hacienda y Crédito Público. Por lo tanto, en
el caso de que los congresistas tramiten un proyecto que incorpore estimativos
erróneos sobre el impacto fiscal, sobre la manera de atender esos nuevos gastos
o sobre la compatibilidad del proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, le
corresponde al Ministro de Hacienda intervenir en el proceso legislativo para
ilustrar al Congreso acerca de las consecuencias económicas del proyecto;
(iii)
el hecho de que el
Ministro de Hacienda y Crédito Público no intervenga en el proceso legislativo,
no vicia de inconstitucionalidad el proyecto de ley; y
(iv)
el informe presentado
por el Ministro de Hacienda y Crédito Público no obliga a los congresistas a
acoger la posición del Ministerio pero sí a revisar el impacto fiscal del
proyecto.
Por su parte, La Sentencia C-866 de 2010[153]
reiteró las subreglas establecidas en la sentencia C-700 de 2010, en
particular, la que dispone que el hecho de que el Ministerio de Hacienda no
haya rendido su concepto ante el Congreso de la República, no vicia la
constitucionalidad del proyecto de ley.
115.- En este caso, se
evidencia que la norma objeto de estudio cumple con las previsiones del
artículo 7º de la Ley 819 de 2003. La aplicación de las subreglas sobre los
contenidos del artículo 7º en este proyecto de ley, muestra que se cumplieron
todas las etapas y que no hubo reparo alguno sobre la viabilidad fiscal de las
medidas de descongestión, como puede verse a continuación.
La exigencia actual de las
previsiones del artículo 7º de la Ley 819 de 2003
116.- Se considera que el
Congreso de la República y el Ministerio de Hacienda sí  debían cumplir con las
disposiciones del artículo 7º de la Ley 819 de 2003 en el trámite legislativo
del Proyecto de Ley Estatutaria número 187 de 2014 Cámara y número 078 de 2014 Senado
“Por la cual se modifican los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996,
Estatutaria de la Administración de Justicia”, debido a que la creación de
las Salas de Descongestión podría tener un impacto en las finanzas del Estado.
Inclusión en la exposición
de motivos no solo del costo fiscal sino también de la fuente de ingreso
adicional generada para el financiamiento de dicho costo
117.- Durante todo el trámite legislativo, las ponencias en
Comisión y en Plenaria tuvieron en cuenta este aspecto fiscal, incluso en
dichos documentos se incluyó una sección denominada “valoración del costo”[154] en la cual se expresó lo
siguiente:
“Partiendo de la conformación y organización actual de la
Sala Laboral, se puede concluir que el costo anual de la implementación de la
descongestión proyectada en esta propuesta tiene un costo anual de
$21.774.376.289
En el siguiente cuadro se puede observar el valor de cada uno de
los cargos que conformaría las 4 salas de descongestión y su proyección anual:
DESPACHOS
CANTIDAD
(4 salas)
VALOR
(por empleo )
VALOR TOTAL
(4 salas)
Magistrado Titular
12
448.996.279
5.387.955.348
Magistrado Auxiliar
36
348.926.475
12.561.353.084
Auxiliar Judicial grado 1
12
71.824.775
861.897.304
Conductor
12
35.076.721
420.920.651
SUBTOTAL
19.232.126.387
SECRETARIA
CANTIDAD
VALOR
(por empleo )
VALOR TOTAL
Auxiliar Judicial grado 3
12
59.347.111
712.165.328
Citador grado 5
4
35.697.821
142.791.284
Escribiente Alta
Corporación
7
54.071.162
378.498.134
Oficial Mayor Alta
Corporación
12
86.705.340
1.040.464.076
Profesional Especializado
2
134.165.540
268.331.080
SUBTOTAL
2.542.249.902
TOTAL ANUAL
21.774.376.289
Con fundamento en lo
anterior, está probado que la exposición de motivos y en las ponencias de las
dos cámaras legislativas incluyeron análisis sobre los costos de las medidas de
descongestión.
Concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
118.- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó su
concepto el 29 de mayo de 2015, en el que manifestó que el proyecto de ley
tendría un valor estimado de “$26,8 mil millones anuales” [155] y proyectado dicho monto por los ocho
años, los recursos públicos a invertir ascenderían a “$214,9 mil
millones.”[156]
La cartera de Hacienda no tuvo ninguna objeción, aunque no contaba
con una estimación de la cuantía de los ahorros que se generen con la supresión
de otras dependencias de la Rama Judicial, tal como lo resaltó en su
intervención, pues el programa de descongestión se financiaría con recursos
provenientes de la Rama Judicial en los términos del artículo 3º ahora
examinado. De hecho, avaló la medida porque no impactaba el presupuesto
nacional, incluso hizo alusión a otros recursos de la Rama que no podrían
usarse para financiar estas medidas de descongestión. En efecto, recordó que
mediante la Ley 1743 de 2014 se establecieron alternativas
de financiamiento para la Rama Judicial, y su artículo 2º prescribió que los recursos que ingresen al Fondo para la Modernización,
Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia durante los primeros
cuatro (4) años de vigencia de esa ley serían destinados a la puesta en marcha “del
sistema oral establecido en el Código General del Proceso, en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el Código
de Procedimiento Penal, así como a la creación de los juzgados de extinción de
dominio”, por lo que con cargo a dichos recursos no podría financiarse la
implementación de la Salas de Descongestión Laboral previstas en el proyecto
estatutario. De acuerdo con los debates, la comprensión de la disposición hecha
por el Ministerio y que dio lugar a su aval, se refiere al cambio de
destinación de recursos dentro de la Rama, no a recursos nuevos derivados de la
normativa estatutaria bajo examen y por eso hizo la precisión sobre la Ley 1743
de 2014. Efectivamente, en la sesión del Primer Debate en la
Cámara de Representantes, celebrada el 21 de abril de 2015, la Presidenta de la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Magistrada Clara Cecilia
Dueñas Quevedo manifestó lo siguiente:
“Gracias,
yo voy a ser muy breve realmente creo que ya lo que he escuchado, lo que más
les preocupa a ustedes es el aval del Ministerio de Hacienda, algunos, y por
fortuna a la gran mayoría tienen la confianza que nosotros tenemos en el
trabajo que Hacienda, Presidencia y Función Pública, están adelantando en ese
momento, la fortaleza de esto del Presupuesto es que muy seguramente
saldrá de unos costos en los que ya no se incurrirá más la Rama Judicial.”[157]
Con fundamento en lo
anterior, el trámite legislativo evidencia que el Ministerio de Hacienda no se
opuso la norma objeto de estudio, y estuvo de acuerdo con la iniciativa
presentada por el Congreso de la República porque no generaba un nuevo gasto,
en efecto manifestó que se encontraba de acuerdo con la implementación de la
norma, a pesar de que no se tuviera claridad del monto del ahorro en otras
dependencias de la Rama Judicial, aunque sí tenía claro el monto de los
recursos a invertir para la ejecución de la medida, lo que puede entenderse
como una aprobación del Gobierno a la financiación del proyecto ya que se daría
con cargo a recursos propios de la Rama Judicial a través de diversos
movimientos internos.
El alcance de la
jurisprudencia constitucional en relación con el Marco Fiscal de Mediano Plazo
y las obligaciones correlativas del Congreso
119.- Como se expuso anteriormente,
la Corte ha establecido que el Ministerio de Hacienda es el encargado de vigilar
que los proyectos de ley presentados en el Congreso de la República sean
compatibles con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. En el presente caso, el
Ministro no se opuso a la financiación del proyecto, lo que implica su
aceptación a la implementación de la medida porque no implicaba una nueva
presión sobre las finanzas públicas que pudieran alterar la estabilidad fiscal.
120.- De acuerdo con ello, es claro que esta norma requeriría de
financiación, con todo, la misma disposición prevé una fuente de recursos que
proviene de la misma Rama Judicial. Nunca fue entendido por los participantes
en el trámite legislativo que el propósito de la disposición fuera decretar la
desaparición de despachos judiciales que se requieran para hacer efectivo el
derecho a la administración de justicia, de hecho su texto no implica
necesariamente que se vayan a suprimir o no ciertas dependencias. Es una
hipótesis pero no una orden y, en todo caso, la realización de ese supuesto
dependerá de múltiples factores que habrán de analizar las autoridades
competentes y que, por la naturaleza de la situación, no son parte de un
análisis de constitucionalidad. La supuesta afectación del acceso a la administración
de justicia es simplemente una eventualidad que no puede ser escrutada en sede
constitucional por tratarse de un supuesto indeterminado e indeterminable.
No obstante, aunque la
eventual duda planteada por el Procurador puede tener relevancia constitucional,
la interpretación de la norma permite afirmar que se trata de una medida que
surge para promover el acceso a la administración de justicia. Por eso no
podría interpretarse como un mecanismo para restringir el acceso. Este objetivo
es guía de interpretación de la norma y sólo así podrían entenderse ella y sus
desarrollos posteriores. Esta conclusión se refuerza con base en el principio hermenéutico
del efecto útil, según la cual se debe elegir aquella interpretación que dote
de consecuencias jurídicas al ordenamiento, y desechar aquellas que tengan el
resultado contrario. Además, la interpretación de la
norma debe orientarse a contenidos constitucionales que garanticen la efectividad
del derecho sustancial[158] especialmente en el caso de preceptos
que, como este, han dejado en claro su objetivo de garantizar acceso pronto y
efectivo a la administración de justicia.
En desarrollo del principio
del efecto útil de las normas es evidente que las disposiciones contenidas en
este proyecto de ley estatutaria deben tener recursos para ser implementadas.
Efectivamente, el artículo 3º prevé una fuente de financiación que no implica
un impacto económico porque proviene de movimientos presupuestales internos
dentro de la Rama Judicial. Además, la Corte reitera la posibilidad de que el
Legislador, si lo considera oportuno y en cumplimiento de los requisitos
constitucionales para las normas que generan gasto público, pueda expedir
nuevas disposiciones para efectos de financiar este programa de descongestión.
Estas actuaciones implican
necesariamente la obligación de las autoridades competentes de hacer un
análisis e implementación presupuestal que permita la adecuada financiación de
los cargos creados en beneficio del acceso a la administración de justicia y en
cumplimiento de la Constitución.
121.- Por otra parte, podría
alegarse que hay una violación al artículo 122 CP porque si aún no existe el
presupuesto para los cargos de descongestión, no podrían haberse creado. Con
todo, para entender el alcance del inciso segundo del artículo 3º bajo examen,
es necesario distinguir la creación de los cargos y su provisión efectiva. Como
se ha visto hasta ahora, la norma hace referencia a la creación de los cargos y
plantea una forma de financiación con los recursos provenientes de los ahorros
que se generen por la supresión o modificación de otras dependencias de la Rama
Judicial. La disposición implica movimientos internos dentro de la Rama, a lo
cual el Ministerio de Hacienda no presentó oposición. Con todo, la previsión
legal no impide que el Congreso, en ejercicio de sus facultades y con el lleno
de los requisitos, pueda expedir normas que contemplen otras fuentes de
financiamiento si lo considera procedente. Todo ello bajo la consideración del
objetivo de la norma: promover el acceso rápido y eficiente a la administración
de justicia sin adoptar medidas que puedan desnaturalizar ese propósito. Por
los argumentos previos es que no podría entenderse la norma como regresiva en
el sentido de que prevé la eliminación de despachos indeterminados. La
interpretación sistemática y teleológica del precepto impide considerar que
ella obliga a cerrar despachos que atienden las necesidades de administración
de justicia de los ciudadanos.
Además, la Corte insiste en
que la creación y provisión de los cargos no está necesariamente condicionada
al ahorro que logre hacer la Rama Judicial si los recursos resultaran
insuficientes, pues en esa hipótesis el Congreso puede expedir, con el lleno de
los requisitos para el efecto, nuevos gastos.
En suma, la Corte declarará
la exequibilidad del artículo 3º del proyecto analizado.
Artículo 4. Vigencia de la
ley
122.- Este artículo señala las condiciones de entrada en vigencia de la
ley, lo cual no desconoce ninguna disposición de la Carta Política. Por lo
tanto, será declarado exequible.
123.- Finalmente, la Sala
dispondrá que, de conformidad con el artículo 41 del Decreto 2067 de 1991, y ya que la legislatura de aprobación del proyecto en el
Congreso, ha concluido, se remita al Presidente del Senado de la República, que
fue la cámara de origen, el proyecto de ley estatutaria número 187 de 2014 Cámara, 78 de 2014 Senado, por la cual se modifican los
artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, para que el texto sea ajustado de acuerdo con lo dispuesto en la
sección VI de esta providencia, se firme por los dignatarios de ambas cámaras y
sea remitido de inmediato a la Presidencia de la República.
VI.
TEXTO DEFINITIVO DEL “PROYECTO DE LEY
ESTATUTARIA NÚMERO 187 DE 2014 CÁMARA, 78 DE 2014 SENADO”
124.-
De conformidad con las decisiones adoptadas en la presente providencia, el
siguiente será el texto definitivo del proyecto de ley objeto de revisión, por la cual se modifican los artículos 15 y 16 de la
Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de
Justicia.
“PROYECTO DE
LEY ESTATUTARIA NÚMERO 187 DE 2014 CÁMARA, 78 DE 2014 SENADO
Por
la cual se modifican los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de
1996, Estatutaria de la Administración de Justicia.
EL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
DECRETA:
Artículo
1°. Adiciónese un parágrafo al artículo 15 de la Ley 270 de 1996, el
cual quedará así:
Parágrafo
2°. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia tendrá Magistrados de
descongestión en forma transitoria y por un período que no podrá superar el
término de ocho (8) años, contados a partir de la fecha de posesión.
Artículo 2°. Adiciónese un
parágrafo al artículo 16 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:
Parágrafo. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia contará con cuatro salas de descongestión, cada una integrada por tres
Magistrados de descongestión, que actuarán de forma transitoria y tendrán como
único fin tramitar y decidir los recursos de casación que determine la
Sala de Casación Laboral de esta Corte. Los Magistrados de descongestión no
harán parte de la Sala Plena, no tramitarán tutelas, ni recursos de
revisión, no conocerán de las apelaciones en procesos especiales de
calificación de suspensión o paro colectivo del trabajo, ni de los conflictos
de competencia, que en el ámbito de su especialidad se susciten, y no tendrán
funciones administrativas. El reglamento de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia determinará las condiciones
del reparto de los procesos.
Las salas de descongestión actuarán independientemente
de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, pero cuando la mayoría de los integrantes de aquéllas consideren
procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una
nueva, devolverán el expediente a la Sala de Casación Laboral para
que esta decida.
La elección y los requisitos para acceder al cargo de
Magistrado de las Salas de Descongestión Laboral serán los previstos en la
Constitución y la Ley para los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia. La Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura, o quien haga sus veces, determinará la estructura y
planta de personal de dichas salas.
Artículo
3°. Los recursos necesarios para la creación de las Salas de
Descongestión Laboral de que trata la presente ley, provendrán de los ahorros
que se generen por la supresión o modificación de otras dependencias de la
Rama Judicial que autorice la Constitución o la Ley, manteniendo
los cupos vigentes de gasto de dicha entidad.
Para
la designación de los Magistrados de descongestión, la Sala
Plena de la Corte Suprema de Justicia deberá contar con la
disposición de los recursos, acreditada por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, o por quien
haga sus veces.
Artículo
4°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.”
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.-
Declarar EXEQUIBLE, por carecer de vicios de procedimiento
en su formación, el proyecto de ley estatutaria número
187 de 2014 Cámara, 78 de 2014 Senado,
por la cual se modifican los artículos 15 y 16 de la
Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de
Justicia.
SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 1° del proyecto
estatutario objeto de revisión.
TERCERO.-
Declarar
EXEQUIBLE el  artículo  2º  del  proyecto,  salvo  el  inciso  tercero
que  se declara INEXEQUIBLE.
CUARTO.-
Declarar
EXEQUIBLES los artículos 3º y 4º del proyecto de ley estatutaria número 187
de 2014 Cámara, número 78 de 2014 Senado, por la cual se modifican los
artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996.
QUINTO.- REMITIR al Presidente del Senado de la República el proyecto de ley
estatutaria número 187 de 2014 Cámara, 78 de 2014 Senado, “por la cual se modifican los
artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia”, para
que el texto sea ajustado de acuerdo con lo dispuesto en la sección VI de esta
providencia, se firme por los dignatarios de ambas cámaras y sea remitido de
inmediato a la Presidencia de la República para su sanción.
Notifíquese, comuníquese,
cúmplase y archívese el expediente.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
Con salvamento parcial de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de voto
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con aclaración de voto
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con salvamento parcial de voto
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Con salvamento de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
A LA SENTENCIA C-154/16
PROYECTO DE LEY
ESTATUTARIA SOBRE DESIGNACION TRANSITORIA DE MAGISTRADOS DE DESCONGESTION EN
SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Desconoce principios
constitucionales, pone en riesgo estabilidad del sistema normativo y no resulta
una medida adecuada para resolver problema de acumulación de procesos (Salvamento
de voto)
PROYECTO DE LEY
ESTATUTARIA SOBRE DESIGNACION TRANSITORIA DE MAGISTRADOS DE DESCONGESTION EN
SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Falta de
proporcionalidad (Salvamento de voto)
DEVOLUCION EXPEDIENTE A
SALA DE CASACION LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA DECIDIR SI SALAS
DE DESCONGESTION CONSIDERAN PROCEDENTE CAMBIAR LA JURISPRUDENCIA-Justificación en
necesidad de mantener la seguridad jurídica frente a la jurisprudencia de las
altas cortes (Salvamento de voto)
CON
PONENCIA DE LA MAGISTRADA GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO SOBRE LA  REVISIÓN DE
CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 187 DE 2014 SENADO
“POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULO 15 Y 16 DE LA LEY 270 DE 1996,
ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.
Referencia:
expediente
PE-044
Problema
jurídico planteado en la sentencia: Estudio de la
constitucionalidad de la Ley Estatutaria 187 de 2014 tanto por aspectos
formales como materiales y frente a todas las disposiciones de la Carta.  - ¿la
creación de cargo de magistrados de descongestión en la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia es acorde con el modelo de justicia de
la Constitución y la seguridad jurídica del precedente en materia laboral?
Motivo
del salvamento: estoy en desacuerdo con la decisión por cuanto  (i)
considero que la medida implementada por la Ley Estatutaria atenta contra el
principio de seguridad jurídica, y constituye una medida desproporcionada e
inútil frente al problema que se pretende solucionar y, (ii) en caso de
mantener la medida, la norma que establece  la limitación a los magistrados de
descongestión para cambiar la jurisprudencia del tribunal, resulta acorde con
la necesidad de mantener la firmeza de las decisiones de la sala de casación.
Salvo el voto en la
decisión C-154 de 2016 por considerar que la medida destinada a la
creación de cargos de Magistrados de descongestión para la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, desconoce principios constitucionales,
pone en riesgo la estabilidad del sistema normativo y no resulta una medida
adecuada para resolver el problema de acumulación de procesos que, justamente
se ha provocado por la creación de cargos de descongestión en otras instancias,
antes por el contrario, puede generar mayores problemas que los beneficios que
se pretenden con ella.
1.
ANTECEDENTES
DE LA SENTENCIA C-154 DE 2016
La
decisión es el resultado del control automático de constitucionalidad adelantado
sobre el Proyecto de Ley Estatutaria número 187 de 2014 Senado “por la cual
se modifican los artículo 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia.”
Respecto
del análisis formal, la decisión describe el trámite de la Ley en el Congreso,
especificando cada uno de los pasos (anuncio, votación, conciliación, debates,
términos, quorum y publicación.) y en tal sentido, verifica que se dio
cumplimiento a los requisitos de:  (i) aprobación en una sola legislación; (ii)
principio de unidad de materia; (iii) principios de consecutividad e identidad
flexible; (iv) consulta previa –que en este caso no opera- (v) impacto fiscal.
En cuanto al análisis material, la decisión estudia el contexto normativo de la
descongestión, de donde concluye que la mayor parte de los intentos
legislativos para crear salas de decisión o de descongestión judicial en la
C.SJ. o en el Consejo de Estado han sido declarados inconstitucionales
principalmente por asuntos de competencia del legislador ordinario y por
ausencia de regulación de aspectos determinantes para el desarrollo de las
medidas.
Luego
entra a estudiar la descongestión judicial como forma de garantizar el acceso a
la administración de justicia, concluyendo que es un fin válido pero los medios
deben ajustarse a los requisitos de la jurisprudencia. Pasa enseguida a
establecer dichos requisitos: (i) su finalidad es la eficacia en el acceso a la
administración de justicia; (ii) Deben respetar los derechos al debido proceso
y garantías procesales, (iii) son transitorias, (iv) deben respetar el mérito
como criterio para ejercer la función judicial; (v) no pueden prohibir a los
jueces dictar sentencias en los asuntos que tramitan; (vi) deben ser idóneos
institucionalmente.
Posteriormente
la decisión se adentra en la cuestión sobre las características de la
independencia judicial, para explicar porque, limitar a los jueces de
descongestión para que no tomen medidas contrarias a la jurisprudencia de la
Corporación podría verse como una limitación a la independencia judicial.
Finalmente,
hace un examen detallado de la norma sobre duración del término y la figura de
los dos años prorrogables hasta los 8 años. De ella encuentra que no puede ser
la misma sala de Casación Laboral quien se encargue de controlar si el
cumplimiento de las metas da lugar a la prórroga. En tal sentido determina que
las metas bianuales deben ser establecidas por la Sala Laboral, y las
siguientes deben ser razonables y proporcionadas con el volumen de trabajo. El
control lo debe hacer la Gerencia Judicial (Art. 225) por lo tanto es exequible
el Art. 2 inciso 3, salvo la expresión “llevará el control del rendimiento y
gestión”.
Concluye
la inconstitucionalidad de la regla de la ley estatutaria según la cual si las
salas de descongestión consideran procedente cambiar la jurisprudencia deban
devolver el expediente a la Sala de Casación Laboral de la corte suprema de
Justicia. Argumenta que esta norma pondría a los magistrados de descongestión
en inferior condición frente a sus colegas, y limitaría la autonomía e
independencia judicial.
2.
FUNDAMENTOS
DEL SALVAMENTO
De una lectura detenida del proyecto de ley resulta
evidente que, lamentablemente, la referida sentencia, no tuvo en cuenta algunos
elementos que deberían haber inclinado la decisión en un sentido opuesto de
aquel que fue proferido por la mayoría de la Sala Plena. Expondremos a
continuación nuestras consideraciones al respecto, que son (i) la
inconveniencia de la medida y su incompatibilidad con la estructura judicial
diseñada por la Constitución Nacional, por la falta de proporcionalidad entre
los costos y los beneficos; (ii)  la necesidad de salvaguardar la estabilidad
de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, y finalmente nuestra (iii)
conclusión.
2.1.    La falta de proporcionalidad de la medida
El
proyecto de Ley Estatutaria crea todo un nuevo aparato judicial de
descongestión para funcionar en la más alta instancia del derecho laboral
ordinario en Colombia,  con Magistrados titulares, magistrados auxiliares,
sustanciadores, conductores, cuerpo de escoltas, entre otros, lo que redunda en
enormes costos que se calcula, superan los veintiún mil setecientos millones de
pesos ($21.700.000.000).
La
Ley establece que esos recursos se pretenden obtener, inexplicablemente, de la
supresión de otros cargos de la Rama Judicial, lo que implicaría que la
descongestión de la sala laboral de la Corte Suprema, conllevará al despido de
un gran número de cargos en juzgados y tribunales. Esto representa la
congestión de decenas de juzgados municipales o de circuito en los cuales, los
mismos recursos que se utilizarán para pagar altos cargos en la Corte Suprema
de Justicia, generan mucho más efecto en sus presupuestos.
El
congestionamiento de la justicia en la Sala Laboral requiere una solución de
fondo, de carácter permanente, que se alinee con la prespecialidad de los
magistrados, un sistema de control de gestión y una reestructuración de la
metodología de trabajo, que permita generar eficiencia.
Una
solución tan costosa como la propuesta en el proyecto de ley estatutaria no
solo crea un desbalance entre el costo beneficio, sino que perpetua las
prácticas absentistas y de dilataciones que son las que generan los graves
retrasos en la justicia.
Finalmente,
se prevé una duración en el cargo de 2 años renovable hasta 8 años, lo cual
significa, todos lo sabemos, una duración real de 8 años. Pero que va a pasar
en 8 años cuando se acaben los cargos de descongestión? Pues que volverá a
hacerse necesario continuar con dichos cargos porque de otra forma, y frente al
crecimiento aritmético de los recursos de casación que cada año se presentan,
el número de magistrados permanentes de la Sala no dará abasto.
La
sentencia referida pasó por alto la necesidad de realizar un examen profundo
sobre la proporcionalidad de la medida, pues en la sentencia no se tiene en
cuenta la afectación al erario público, ni a la moralidad pública, que se daría
como resultado de los cargos y el clientelismo que se genera alrededor de
ellos. Si se tiene en cuenta el impacto real de esta medida, a la luz de los
escasos beneficios que ella traería, es evidente su inconstitucionalidad.
2.2.
La necesidad de mantener la
seguridad jurídica frente a la jurisprudencia de las altas cortes
Por
otra parte, habiendo tomado la Corte la decisión de declarar exequible la Ley,
no estamos de acuerdo con la decisión respecto de la inexequibilidad del
párrafo por el cual, las decisiones que impliquen cambio de la jurisprudencia
deben ser enviadas para decisión de Sala de Casación.
Consideramos
que esa regla se justifica en la necesidad de mantener la coherencia de la
jurisprudencia y mantener las líneas trazadas por la Corte en su doctrina
probable, la cual, tanto a nivel jurisprudencial como a nivel legal ha tenido
el reconocimiento de fuente de derecho en Colombia y que por lo tanto se exige
a los jueces de instancia, sin que ello implique una violación a la
independencia y autonomía de los jueces.
Por
una parte, en la Sentencia C-836 de 2001, esta Corporación, explicó que para
evitar que los jueces sean caprichosos al apartarse de una decisión, si bien no
están obligados de forma absoluta al seguimiento del precedente, al apartarse,
los jueces “están obligados a exponer clara y razonadamente los fundamentos
jurídicos que justifican su decisión.”  Dice la Corte: “Una decisión
judicial que desconozca caprichosamente la jurisprudencia y trate de manera
distinta casos previamente analizados por la jurisprudencia, so pretexto de la
autonomía judicial, en realidad está desconociéndolos y omitiendo el cumplimiento
de un deber constitucional.”
Finalmente
la Sentencia C-836 de 2001 consagró también la posibilidad de que la Corte
Suprema de Justicia se aparte de su doctrina probable, (precedente horizontal)
en tres supuestos: 1) cambios sociales que hagan necesario un ajuste en la
jurisprudencia. 2) cuando encuentre que su jurisprudencia contradice “valores,
objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento
jurídico” y 3) cuando exista un cambio relevante en el ordenamiento
jurídico legal o constitucional.
Es
tan importante mantener la fuerza del precedente judicial que la Corte
estableció parámetros estrictos para que operara el cambio de jurisprudencia
así:
La
expresión “erróneas” que predica la norma de las decisiones de la Corte Suprema
puede entenderse de tres maneras diferentes, y cada interpretación da lugar a
cambios jurisprudenciales por razones distintas.  En primer lugar, cuando la
doctrina, habiendo sido adecuada en una situación social determinada, no
responda adecuadamente al cambio social posterior. Este tipo de error
sobreviniente justifica que la Corte cambie su propia jurisprudencia. En
segundo lugar, la Corte puede considerar que la jurisprudencia resulta errónea,
por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se
fundamenta el ordenamiento jurídico. En estos casos también está justificado
que la Corte Suprema cambie su jurisprudencia para evitar prolongar en el
tiempo las injusticias del pasado, haciendo explícita tal decisión. En tercer
lugar, como resulta apenas obvio, por cambios en el ordenamiento jurídico
positivo, es decir, debido a un tránsito constitucional o legal relevante.
Recientemente
en la decisión con ponencia del despacho C-621 del 2015, revisando la
exequibilidad del Art. 7 del Código General del Proceso que establece la
obligación de adelantar una carga probatoria para apartarse del precedente, la
Corte insistió en el valor jurídico del precedente y en la importancia de su
estabilidad, para lo cual cada Alta Corte deberá cumplir con una carga
argumentativa específica al momento de variar su jurisprudencia.
En
conclusión, la jurisprudencia se ha referido en repetidas ocasiones a la
importancia de la doctrina probable y a la necesidad de mantener la seguridad
jurídica que de ella se desprende, evitando que los jueces de instancia puedan
apartarse de ella de forma caprichosa. Al mismo tiempo, la jurisprudencia y la
Ley han especificado los casos en los cuales las altas cortes pueden apartarse
de su propia jurisprudencia, también bajo ciertos parámetros que mantengan la
seguridad jurídica en la doctrina probable y en el precedente judicial.
Por
estas razones, el evitar que las salas de descongestión tomen decisiones que
contraríen la jurisprudencia de la Corte Suprema, haciendo que en el tal caso,
reenvíen el expediente a la Sala de Casación Laboral, no es una norma que
atente contra la autonomía judicial, pues no les obliga a tomar una decisión en
uno u otro sentido, sino, que por el contrario, teniendo en cuenta la naturaleza
de las salas de descongestión, les exime de la tarea de adentrarse en
justificar el cambio de jurisprudencia y antes bien lo pasa a quienes, por su
vocación permanente, tendrían normalmente que resolver esa clase de
situaciones.
Mutatis
Mutandis,
cuando la Corte Constitucional decide estudiar un posible cambio de
jurisprudencia, esas decisiones deben ser llevadas a la sala plena. En el caso,
lo que se pretende es evitar que en una Sala de descongestión compuesta por
tres (3) Magistrados se tomen decisiones que contraríen la jurisprudencia y no
tomen en cuenta la posición de la Sala de Casación,  integrada por sus 7
magistrados.
En
principio, por el objetivo de sus funciones y la grave situación de retraso en
que se encuentra la Sala Laboral, no resulta desatinado que los Magistrados de
Descongestión queden eximidos de sustanciar procesos en los que se requiere de
una carga argumentativa suficiente para el cambio de jurisprudencia.  Eso
implica desde la otra óptica, que su función deberá concentrarse en hacer
cumplir la jurisprudencia vigente, y pasar a la Sala de Casación Laboral
aquellos casos que resulten más complejos, lo cual puede incidir en una mayor
eficiencia en su trabajo.
3.
CONCLUSION
Por
lo anteriormente expuesto, consideramos que la posición tomada por la mayoría
de la Sala Plena de la Corte Constitucional frente al  Proyecto de Ley
Estatutaria número 187 de 2014 Senado “por la cual se modifican los artículo
15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia”
resulta errado.
A
nuestro parecer, la medida establecida por la norma, lejos de generar una
solución de fondo al grave problema de la congestión judicial en materia
laboral, establece un paliativo sumamente costoso e ineficiente, que no solo
incrementa las dificultades para lograr una solución sostenible y adecuada a la
eficiencia de la justicia, sino que genera, con la sentencia emitida, grandes
riesgos para la seguridad jurídica en materia de derecho laboral, al minar la
estabilidad de la jurisprudencia de la más alta instancia en esa materia.
Los
principios constitucionales y administrativos de economía, eficiencia, acceso a
la justicia, así como el de seguridad jurídica, quedan en jaque con esta
decisión que lejos de establecer una herramienta que ataque de fondo las
barreras estructurales que se oponen a un funcionamiento óptimo del sistema
judicial, incrementa las prácticas que retrasan a la justicia, dispara los
presupuestos y privilegia a las instancias superiores a costa de afectar el
aparato judicial en donde los ciudadanos más necesitan su eficiencia.
Fecha et supra,
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
A LA SENTENCIA C-154/16
DEVOLUCION EXPEDIENTE A
SALA DE CASACION LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA DECIDIR SI SALAS
DE DESCONGESTION CONSIDERAN PROCEDENTE CAMBIAR LA JURISPRUDENCIA-Desconoce en un alto
grado la finalidad del recurso extraordinario y los pilares constitucionales de
autonomía e independencia judicial (Aclaración de voto)
RECURSOS PARA CREACION
DE SALAS DE DESCONGESTION LABORAL PROVENIENTES DE AHORROS GENERADOS POR
SUPRESION O MODIFICACION DE OTRAS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL-Medida regresiva para
la finalidad de la descongestión de la jurisdicción laboral (Aclaración
de voto)
PROYECTO DE LEY
ESTATUTARIA SOBRE DESIGNACION TRANSITORIA DE MAGISTRADOS DE DESCONGESTION EN
SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Es posible concebir que
la elección por periodos individuales de magistrados transitorios no
necesariamente deba ser simultánea, sino que pueden proveerse de manera
progresiva acorde con la disponibilidad presupuestal (Aclaración de voto)
RECURSOS PARA CREACION
DE SALAS DE DESCONGESTION LABORAL PROVENIENTES DE AHORROS GENERADOS POR
SUPRESION O MODIFICACION DE OTRAS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL-Medida trae consigo un
impacto negativo en los ciudadanos que acuden a la administración de justicia
para resolver sus controversias laborales en un mayor grado en primera y
segunda instancia que otro tipo de usuarios (Aclaración de voto)
MP. Gloria Stella Ortiz Delgado
PE-
044
Con el acostumbrado respeto a la
posición adoptada por la mayoría de la Sala Plena, procedo a aclarar mi voto
frente a los siguientes aspectos de la parte motiva:
1.
Inciso
segundo del artículo 2 del proyecto de ley estatutaria
El texto definitivo del inciso
segundo del artículo 2 aprobado por la Corte Constitucional establece: “Las
salas de descongestión actuarán independientemente de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero cuando la mayoría de
los integrantes de aquéllas consideren procedente cambiar la jurisprudencia
sobre un determinado asunto o crear una nueva, devolverán el expediente a la
Sala de Casación Laboral para que esta decida.” (Subrayas fuera de
texto).
Considero que la administración
de justicia que adelantan los jueces de la República conlleva el deber y el
derecho de adoptar las decisiones que, dentro de las reglas de la sana crítica
y su autonomía e independencia judicial, consideren acordes a la Constitución y
la ley. En ese sentido, los funcionarios de descongestión, al cumplir con los
requisitos legales y de idoneidad para ser magistrados de Alta Corte, son
investidos como jueces de la República, y en especial, como magistrados del
órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral.
Razón por la cual, al imponerse
al desarrollo de su función judicial la restricción de tan solo reiterar las
líneas jurisprudenciales de la Sala de Casación Laboral, sin la posibilidad de
generar un valor agregado o cambio en la jurisprudencia, desconoce en un alto
grado la finalidad del recurso extraordinario[159] y
los pilares constitucionales de autonomía e independencia judicial que
consagran los artículos 228 y 230 de la Constitución Política. Si bien dichos
magistrados son elegidos exclusivamente para conocer recursos de casación, ello
no es óbice para restringir su facultad de administrar justicia.
2.
Artículo
tercero del proyecto de ley estatutaria
Ahora bien, respecto del
financiamiento de las cuatro salas de descongestión el texto aprobado en el
artículo tercero dispone: “Los recursos necesarios para la creación de las
Salas de Descongestión Laboral de que trata la presente ley, provendrán de
los ahorros que se generen por la supresión y modificación de otras
dependencias de la Rama Judicial que autorice la Constitución o la Ley,
manteniendo los cupos vigentes de gasto de dicha entidad.” (Subrayas fuera
del texto).
Estimo que dicho artículo debió
ser condicionado en la medida que obtener del ahorro ocasionado con la
supresión de otras dependencias de la Rama Judicial los recursos para crear 12
cargos de magistrados de descongestión, sumado a la planta compuesta por sus
magistrados auxiliares y demás funcionarios judiciales de apoyo, comporta una
medida regresiva para la finalidad de la descongestión de la jurisdicción
laboral, toda vez que como bien lo indicó el Procurador General de la Nación
-numeral 109 de la sentencia-, es un hecho notorio que la Rama Judicial tiene
un déficit en materia de dependencias, jueces y empleados, por lo que si se le
suma v.gr la eliminación de 20 plazas de magistrado de Tribunal Superior
de Distrito Judicial, se estaría descompensando la ya congestionada estructura
judicial.
Por lo tanto, observo que existían
alternativas menos gravosas en términos presupuestales, consistentes en: (i) la
exhortación o búsqueda de otras fuentes de financiación, o (ii) la habilitación
de la entrada en funcionamiento de las cuatro Salas de Descongestión de manera
paulatina conforme a la disponibilidad presupuestal. Respecto de esta última
opción, es pertinente precisar que de la lectura de la norma era posible
programar su instalación gradual, pues el articulado estatutario no especifica
que las cuatro Salas de Descongestión deben  entrar en funcionamiento todas al
mismo tiempo, motivo por el cual era posible emplear una interpretación más
favorable, tal y como se evidencia a continuación:
a) Artículo 2. Parágrafo (inciso
1º). La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
contará con cuatro salas de descongestión, cada una integrada por tres
Magistrados de descongestión, que actuarán de forma transitoria y tendrán
como único fin tramitar y decidir los recursos de casación que
determine la Sala de Casación Laboral de esta Corte. Esta
disposición consagra un máximo de hasta cuatro (04) Salas integradas cada una
por tres (03) magistrados, por lo que la lectura correcta es que para llegar a
dicha meta puede iniciarse el plan de descongestión con un número inferior de
Salas. Ello
además, porque los períodos de ocho (08) años previstos para los magistrados
permanentes de la Sala de Casación Laboral son individuales, sin que exista
norma que imponga que la elección de los siete (07) magistrados que la
conforman deba ser concomitante. En ese sentido, al disponer el inciso cuarto
del artículo 2 del proyecto estatutario que se aplicaran los mismos requisitos
y forma de elección de los magistrados de esa Alta Corte, naturalmente es
posible concebir que la elección por periodos individuales de los magistrados
transitorios no necesariamente deba ser simultánea, sino que pueden proveerse
de manera progresiva acorde con la disponibilidad presupuestal.
b) Artículo 2. Parágrafo (inciso
4). La
elección y los requisitos para acceder al cargo de Magistrado de las Salas de
Descongestión Laboral serán los previstos en la Constitución y la Ley para los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces,
determinará la estructura y planta de personal de dichas salas.” En
lo que atañe a esta disposición, al permitirse la entrada en funcionamiento de
las cuatro Salas de Descongestión de modo progresivo, en la práctica reportaría
un beneficio para la elección de los 12 magistrados, puesto que no es lo mismo
que bajo el sistema de cooptación que rige a los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, deban elegir en una sola etapa a una docena de colegas,
sino que pueden ir seleccionado a los tres magistrados de cada Sala de
Descongestión en la medida que existan los recursos para su financiamiento y
sostenimiento durante ocho (08) años.
Otro aspecto que cabe resaltar,
atiente a la organización de dichos despachos y de su planta técnica a cargo de
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus
veces, con base en los recursos obtenidos del ahorro o supresión de otros
despachos judiciales, es el hecho de que al no optar por una medida menos
lesiva para los recursos de la rama judicial, se podrían presentar dos riesgos
en la ejecución: (i) que no sea posible obtener, en un primer momento, los
recursos económicos para los 12 despachos de magistrado de descongestión de la
Sala de Casación Laboral y por ello, la disminución de congestión judicial sea
en la práctica imposible de implementar y, (ii) que obtenida formalmente la
disponibilidad presupuestal, durante la realización del plan de descongestión
se agoten los recursos, generándose las consabidas demandas judiciales por
supresión de los cargos de descongestión por falta de recursos y las demoras en
la administración de justicia.
c) Artículo 3° (inciso 1º). Los
recursos necesarios para la creación de las Salas de Descongestión Laboral
de que trata la presente ley, provendrán de los ahorros que se generen por la
supresión o modificación de otras dependencias de la Rama Judicial que autorice
la Constitución o la Ley, manteniendo los cupos vigentes de gasto de dicha
entidad. Frente a este último aspecto, y con apoyo del inciso 2º de ese
mismo artículo en el que se dispone que “Para la designación de los
Magistrados de descongestión, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia
deberá contar con la disposición de los recursos, acreditada por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, o por quien haga sus
veces.” Se recalca que la norma debe leerse “hasta cuatro Salas de
Descongestión Laboral” lo cual, representa un menor impacto para la estructura
de la rama judicial, en tanto que no es lo mismo eliminar un sinnúmero de
dependencias judiciales para garantizar la puesta en marcha de doce (12)
despachos de magistrados de descongestión, que implementarlo de manera
progresiva por un número inferior al máximo de cuatro Salas, conforme a la
disponibilidad de recursos, debidamente acreditada por la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, o por quien haga sus veces. Por lo que
considero que en ningún caso la reducción de los quince (15) años de atraso del
órgano de cierre -Supra numeral 36 de la sentencia-,
justifica la eliminación de otros despachos y dependencias
judiciales.
Adicionalmente, esta medida trae
consigo un impacto negativo en los ciudadanos que acuden a la administración de
justicia para resolver sus controversias laborales en un mayor grado en primera
y segunda instancia que otro tipo de usuarios. Ello en la medida que el acceso
al recurso extraordinario de casación es más limitado, en tanto que el valor de
las pretensiones tiene que superar los 120 SMLV y sustentar por lo menos alguno
de los errores para recurrir[160].
Por ello, fortalecer la cúspide del sistema jerárquico sobre la base del
debilitamiento presupuestal de las instancias inferiores, frustra el fin
perseguido por la descongestión y el objetivo de permitir un crecimiento
progresivo del derecho a acceder a una administración de justicia más ágil y
eficiente.
En los anteriores términos, dejo
expuesta mi posición sobre algunos de los fundamentos de la sentencia C-154 de
2016.
Respetuosamente,
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LOS
MAGISTRADOS
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Y
ALBERTO ROJAS RIOS
A LA SENTENCIA C-154/16
SALAS
DE DESCONGESTION LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Creación
para superar el grave problema de congestión judicial (Salvamento parcial de
voto)
RECURSOS
PARA CREACION DE SALAS DE DESCONGESTION LABORAL PROVENIENTES DE AHORROS
GENERADOS POR SUPRESION O MODIFICACION DE OTRAS DEPENDENCIAS DE LA RAMA
JUDICIAL-Financiamiento
es inconstitucional (Salvamento parcial de voto)
RECURSOS
PARA CREACION DE SALAS DE DESCONGESTION LABORAL PROVENIENTES DE AHORROS
GENERADOS POR SUPRESION O MODIFICACION DE OTRAS DEPENDENCIAS DE LA RAMA
JUDICIAL-Mecanismo
de financiación se opone a la descongestión y maximización progresiva del
derecho de las personas a acceder a una justicia ágil y eficiente (Salvamento
parcial de voto)
Referencia:     Expediente PE-044
Asunto: Revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley
Estatutaria número 187 de 2014 Cámara y número 078 de 2014 Senado “Por la
cual se modifican los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de
la Administración de Justicia”.
Magistrada ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones de la Corte Constitucional, salvamos parcialmente el voto frente a
la decisión de declarar exequible el artículo 3º del Proyecto de Ley
Estatutaria número 187 de 2014, Cámara, y 087 de 2014, Senado, “por la cual se
modifican los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia” (Expediente PE-044), con base en las siguientes
razones:
1. El proyecto de Ley Estatutaria
examinado a través de la sentencia C-154 de 2016 se refiere a la creación de
Salas de Descongestión dentro de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia. Concretamente, el Legislador previó la creación de cuatro
Salas, de tres magistrados cada una, que se dediquen exclusivamente a resolver
asuntos de casación, para superar así el grave problema de congestión judicial
que enfrenta ese alto Tribunal.
2. Compartimos la decisión de declarar
exequible el proyecto, pues el Congreso de la República adoptó esta decisión a
partir de un estudio serio acerca del problema descrito, y la medida parece
adecuada para cumplir el propósito de evacuar un alto número de procesos y así
garantizar el acceso a la justicia de los interesados. Además, el proyecto de
ley estatutaria prevé un conjunto de medidas destinadas a que estas nuevas
Salas se dediquen exclusivamente a enfrentar el represamiento de procesos de
casación.
3. Sin embargo, consideramos que la
forma de financiamiento prevista en el artículo 3º del proyecto analizado es
inconstitucional, pues afecta el derecho al acceso a la administración de
justicia, es decir, frustra el mismo propósito que persigue la medida de descongestión.
En efecto, la norma prevé que el dinero
para el funcionamiento de las nuevas Salas de Descongestión de Casación Laboral
debe obtenerse a partir del ahorro que se generen por la supresión de
empleos en la Rama. Al hacerlo, no toma en consideración que la supresión y
creación de cargos de la Rama no será una realidad, puesto que lo que se
requiere es la creación de nuevas plazas de Jueces y Magistrados con su
correspondiente planta de personal para operar. Además, se pasa por alto la
importancia de preservar al máximo el acceso a los jueces y tribunales
laborales.
4. Es un hecho suficientemente conocido
que la congestión judicial afecta especialmente a los órganos de base de la
Rama Judicial, y que el derecho a la administración de justicia se satisface
principalmente en esos niveles. Las altas Cortes, en principio, tienen como
función principal la unificación de jurisprudencia, pero no todo ciudadano
puede acceder a sus decisiones, mientras que jueces y tribunales,
ordinariamente son los encargados de dar respuesta a los problemas de los
ciudadanos en primera y segunda.
Así las cosas, el Congreso propone
fortalecer la cúspide del sistema, pero lo hace exigiendo un ahorro en los
órganos de base, que resuelven el mayor volumen de procesos. Y es por eso que,
en nuestro criterio, semejante mecanismo se opone precisamente a la
descongestión y a la maximización progresiva del derecho de todas las personas
a acceder a una justicia ágil y eficiente.
La creación de unos altos cargos de
descongestión en la Rama Judicial, condicionada a la supresión de aquellos
donde se concentra la demanda de justicia, es adoptar una decisión con apoyo
exclusivo en una racionalidad de conveniencia, frente a un problema que exige,
ante todo, una motivación de principios.
Fecha ut supra
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
SALVAMENTO PARCIAL DE
VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
A LA SENTENCIA C-154/16
DESIGNACION
DE MAGISTRADOS DE DESCONGESTION EN SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA-Permanencia
en los cargos no puede estar sometida a ningún tipo de control o evaluación
individual de tipo cualitativo (Salvamento parcial de voto)/DESIGNACION DE
MAGISTRADOS DE DESCONGESTION EN LA SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA-Seguimiento cuantitativo de rendimiento por medio de metas
bianuales es constitucional (Salvamento parcial de voto)
DESIGNACION
DE MAGISTRADOS DE DESCONGESTION EN SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA-Metas
bianuales corresponden a la libertad de configuración del Legislador y
constituyen criterio objetivo de evaluación (Salvamento parcial de voto)
EVALUACION
DE RENDIMIENTO DE MAGISTRADOS DE DESCONGESTION POR LA SALA DE CASACION LABORAL
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Mecanismo de determinación de
rendimiento satisfactorio (Salvamento parcial de voto)
ESTADO
SOCIAL DE DERECHO-Control incluye el escrutinio de
seguimiento sobre órganos de cierre de cada una de las jurisdicciones
(Salvamento parcial de voto)/MAGISTRADOS DE ALTAS CORTES-Deberán tener
rendimiento satisfactorio para que puedan permanecer en sus cargos (Salvamento
parcial de voto)
MAGISTRADOS
DE ALTAS CORTES-Permanencia en el cargo no es incondicional
(Salvamento parcial de voto)/MAGISTRADOS DE ALTAS CORTES-Constitución
prevé competencias para vigilarlos y sancionarlos según su desempeño
(Salvamento parcial de voto)/RAMA JUDICIAL-Vigilancia de rendimiento y
gestión está a cargo de la Gerencia (Salvamento parcial de voto)/COMISION DE
AFORADOS-Competencia para investigar y acusar a los magistrados de Altas
Cortes (Salvamento parcial de voto)
DESIGNACION
DE MAGISTRADOS DE DESCONGESTION EN SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA-Permanencia
en el cargo está condicionada al rendimiento satisfactorio (Salvamento parcial
de voto)
DESIGNACION
DE MAGISTRADOS DE DESCONGESTION EN SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA-Carácter
transitorio (Salvamento parcial de voto)
DESIGNACION
DE MAGISTRADOS DE DESCONGESTION EN SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA-Condicionar
la permanencia en el cargo al cumplimiento de una meta bianual se ajusta a la
Constitución (Salvamento parcial de voto)
DESIGNACION
DE MAGISTRADOS DE DESCONGESTION EN SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Determinación
de metas bianuales se ajusta a la Constitución (Salvamento parcial de voto)
DESIGNACION
DE MAGISTRADOS DE DESCONGESTION EN SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA-Cumplimiento
de condiciones en la determinación de metas bianuales no afecte los principios
de independencia y autonomía judicial (Salvamento parcial de voto)
DESIGNACION
DE MAGISTRADOS DE DESCONGESTION EN SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Sala
debió declarar la exequibilidad condicionada en el entendido de que la
permanencia por 8 años es un período máximo, no fijo (Salvamento parcial de
voto)
DESIGNACION
DE MAGISTRADOS DE DESCONGESTION EN SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA-Se
debió declarar la exequibilidad en el entendido que el establecimiento de las
metas bianuales fueran proporcionales y razonables en relación con el volumen
de trabajo y previo a la posesión (Salvamento parcial de voto)
Referencia: Expediente PE-044
Asunto: Revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley
Estatutaria número 187 de 2014 Cámara y número 078 de 2014 Senado “Por la
cual se modifican los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de
la Administración de Justicia”.
Magistrada ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
1.  Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la
Corte Constitucional, a continuación presento las razones que me conducen a salvar
parcialmente el voto en la decisión adoptada por la mayoría de la Sala
Plena de esta Corporación, en sesión del 31 de marzo de 2016.
La
sentencia de la que me aparto resolvió, entre otros
“TERCERO.-
Declarar EXEQUIBLE el artículo 2º del proyecto, salvo  el inciso tercero
que se declara INEXEQUIBLE”.
2.  El inciso
tercero del artículo segundo del proyecto estatutario estudiado establecía lo
siguiente:
“El
periodo de los Magistrados de descongestión será de ocho años así: dos (2) años
iniciales prorrogables de forma consecutiva por dos (2) años más y así
sucesivamente, sin superar un período individual máximo de ocho (8) años. Las
prórrogas se harán de acuerdo al rendimiento satisfactorio y efectividad que
demuestren los Magistrados de descongestión en el trámite y decisión de los
procesos a su cargo. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, conforme a su reglamento, determinará las metas bianuales y llevará
el control del rendimiento y gestión de los Magistrados de las Salas de
Descongestión frente a los procesos que deben tramitarse y decidirse por estas
Salas. Solo en el evento en que los Magistrados de las Salas de Descongestión
Laboral tengan un rendimiento satisfactorio a través del cumplimiento de esta
meta bianual de descongestión, su competencia será prorrogada cada dos (2)
años, por dos (2) años más, sin superar el periodo individual máximo de ocho
(8) años, contados a partir de la fecha de posesión”.
3.  El argumento
mayoritario sostuvo que los cargos de los magistrados de descongestión no
pueden estar sometidos a evaluación por medio del control de rendimiento
ejercido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En
particular, la mayoría indicó que las metas establecidas en el desarrollo de un
programa de descongestión, no pueden condicionar la permanencia de los
magistrados en su cargo, toda vez que esto afecta su autonomía e independencia.
En
este sentido, la Sala concluyó que: (i) el Consejo de Gobierno Judicial debe
encargarse del seguimiento del programa de descongestión, con fundamento en
criterios estrictamente cuantitativos, determinados y socializados antes de
ejecutar evaluación y (ii) el período de los magistrados debe ser el mismo de
la duración del programa implementado en la norma estudiada, por lo que la
evaluación del Consejo de Gobierno Judicial no se ejerce sobre los cargos de
descongestión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
sino sobre el programa, en consecuencia, el seguimiento no tiene ningún efecto
en la permanencia de los cargos de los magistrados de descongestión.
4.  Coincido con la Sala Plena en el sentido
de que la permanencia de los cargos de los magistrados de descongestión no
puede estar sometida a ningún tipo de control o evaluación individual de tipo
cualitativo. No obstante, considero que el seguimiento cuantitativo de
rendimiento por medio de la determinación de metas bianuales por parte de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no sólo es Constitucional,
sino que es necesario para que un programa de descongestión tenga plena
eficiencia y cumpla los fines para los que fue diseñado. Adicionalmente, es
importante interpretar la medida de acuerdo con previsiones constitucionales
según las cuales todas las autoridades del Estado están sometidas a un
mecanismo de control, incluidas las Altas Cortes, por lo que la regulación
objeto de estudio en la que el Legislador estableció que el mecanismo de
control sería el cumplimiento de una meta bianual, desarrollaba el ordenamiento
superior.
Asimismo, considero que dichas metas corresponden a la libertad de
configuración del Legislador, constituyen un criterio objetivo de evaluación y
deben ser determinadas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, pues es la instancia que mejor conoce el funcionamiento de esa
Corporación y puede establecer criterios razonables para que el programa de
descongestión sea exitoso.
La evaluación de rendimiento por parte de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia como mecanismo de determinación de
rendimiento satisfactorio
5.
De acuerdo con la
estructura de nuestro Estado Social de Derecho (artículo 1º de la Constitución
Política), no existe ninguna autoridad exenta del control, lo que incluye el
escrutinio de seguimiento sobre los órganos de cierre de cada una de las
jurisdicciones. En particular, el artículo 233 de la Carta Política establece
que los magistrados de las altas Cortes deberán tener rendimiento satisfactorio
para que puedan permanecer en sus cargos, así:
“ARTICULO 233. Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la
Corte Suprema de Justicia, y del Consejo de Estado serán elegidos para un
período de ocho años, no podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio
de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento
satisfactorio y no hayan llegado a edad de retiro forzoso.” (Resaltado fuera del texto)
De conformidad con esta previsión, la permanencia en el
cargo de los magistrados no es incondicional, depende del cumplimiento de
ciertos requisitos, entre ellos, un rendimiento satisfactorio. En desarrollo de
esta disposición, la Constitución prevé un sistema de competencias que atribuye
la facultad de vigilar e incluso sancionar a los funcionarios enunciados en el
artículo 233 con fundamento en aspectos derivados de su desempeño. En efecto,
la Carta Política establece que la vigilancia de rendimiento y gestión en la
Rama Judicial está a cargo de la Gerencia de la Rama[161]. No obstante, en los casos de incumplimiento grave de este
deber, la normativa aplicable a la Corte Suprema de Justicia es distinta, y si
se configura una indignidad por infracción a la ley disciplinaria o penal, el
órgano competente para adelantar tales actuaciones es la Comisión de Aforados[162].
En el mismo sentido, antes de la reforma, el
artículo 255 Superior disponía que el Consejo Superior de la Judicatura debía “llevar
el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales”.
Esta función asignada al Consejo Superior de la Judicatura fue reconocida en
diversas oportunidades en la jurisprudencia de esta Corporación:
“En
tal sentido, el artículo 256 de la Carta atribuye al Consejo Superior y a los
Consejos Seccionales un conjunto definido de competencias cuyo desarrollo fue
encomendado al Legislador. A manera de síntesis, las facultades conferidas se
pueden reunir en los siguientes términos: (i) Función administrativa, dentro de
la cual se encuentra comprendida la labor de control del rendimiento de las
Corporaciones y los Despachos judiciales, la presentación del proyecto de
presupuesto de la Rama y, finalmente, la administración de la carrera judicial[163]; (ii) función nominadora[164], (iii) función disciplinaria[165], (iv) una función especial de composición de conflictos de
competencia cuyo arreglo no sea posible en el seno de una jurisdicción[166]. (v) Finalmente, una competencia residual que depende de la
habilitación que realice el legislador.”[167]
Asimismo, la sentencia C-879 de 2003[168] resaltó la importancia de
las funciones asignadas al Consejo Superior de la Judicatura, en lo relacionado
con la estructura y los atributos establecidos por la Carta Política a la Rama
Judicial del Poder Público e indicó que:
“La Carta, en el último Capítulo del Título VIII, instituyó el
Consejo Superior de la Judicatura, señaló las salas que lo conforman, las
calidades para ser miembro de él y el sistema de elección. Además, determinó
sus funciones:  Administrar la carrera judicial, elaborar listas de
candidatos para la designación de funcionarios judiciales  -excepción
hecha de la justicia penal militar-, examinar la conducta y sancionar las
faltas de los funcionarios de la rama judicial y las de los abogados en el
ejercicio de su profesión, llevar el control de rendimiento de los despachos
judiciales, elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial y
ejecutarlo, dirimir conflictos de competencia entre las distintas
jurisdicciones y las demás que señale la ley.
Como puede advertirse, las funciones administrativas y
disciplinarias atribuidas por el constituyente al Consejo Superior de la
Judicatura reafirman la independencia, autonomía y sujeción a la ley de la rama
judicial del poder público. En efecto, de un lado, las funciones de
administración que se le confían al Consejo, se orientan a que sea la misma
rama, a través de unos de sus organismos, la que administre sus recursos
humanos y financieros. Y, de otro lado, las funciones disciplinarias que se le
atribuyen, sustraen a los funcionarios judiciales y a los abogados en ejercicio
de su profesión, de instancias de control ajenas a la rama judicial y lo hace
también con el propósito de reafirmar su carácter de ámbito independiente y
autónomo del poder público, no sometido a las otras ramas o instancias de
control, aunque obligado a colaborar armónicamente con ellas.”
En síntesis, de acuerdo con el diseño
institucional previsto en la Constitución Política se concluyó que “(…)  las
funciones de la Sala Administrativa no pueden ser otras que las predicables del
manejo de los recursos económicos, fiscales y humanos de la rama judicial (…)”[169].
6.
Ahora bien, en la
norma objeto de estudio, la permanencia en el cargo de los magistrados de
descongestión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia está
condicionada al “rendimiento satisfactorio”, definido como el “cumplimiento
de una meta bianual de descongestión”. Considero que en este caso el
legislador estatutario desarrolló lo dispuesto en el artículo 233 superior,
pues sometió la continuidad en el ejercicio de la función judicial de estos
magistrados a su rendimiento satisfactorio, tal y como sucede con todos los
cargos similares. En efecto, no agregó una regla adicional que los someta a
factores extraños o discriminatorios de evaluación que no sean los propios de
su función como jueces de un órgano de cierre de la jurisdicción, la única
diferencia es que se trata de cargos de descongestión, elemento relevante para
comprender la importancia y finalidad de la evaluación de rendimiento.
El contexto de las medidas de descongestión aporta elementos para
entender que la norma bajo examen corresponde a un desarrollo necesario para el
éxito del programa, que es un fin constitucionalmente valioso. Es claro que la
descongestión tiene un carácter transitorio y tiene un término de duración
preciso relacionado con el cumplimiento del objetivo para el que fue prevista.
En efecto, la continuidad de la medida depende de los resultados de la
evaluación de rendimiento, con la cual se determinará la necesidad de mantener
el programa de descongestión, pues no es razonable ni proporcional mantener
empleos públicos sin funciones.
7.
Como puede observarse,
la naturaleza de un programa de descongestión es transitoria y ligada al
cumplimiento de un objetivo coyuntural, lo cual no es compatible con la lógica
de permanencia propia del período de los magistrados de las altas
corporaciones. Con base en estos rasgos, la interpretación que se impone indica
que la creación de salas de descongestión en las Altas Cortes se ajusta a la
Constitución si ellos pueden ser retirados del empleo incluso con anterioridad
a la finalización del período de 8 años, ya que la norma estudiada establecía
tal período como un máximo de permanencia en el cargo. Su retiro antes del
cumplimiento del periodo señalado por la ley puede darse por varias razones
ligadas al concepto de rendimiento satisfactorio previsto por la Constitución,
no sólo se trata de la falta de solvencia en el empleo, también puede
configurarse la imposibilidad fáctica para ejercer el cargo ya que un
funcionario no puede tener un rendimiento satisfactorio en el empleo si no
tiene una carga de trabajo para gestionar.
Una conclusión diferente, es decir, que la única opción para
adelantar un programa de descongestión en las Altas Cortes es elegir
magistrados para un período fijo de 8 años, omite situaciones que se
encontrarían conformes con la naturaleza de la medida y llevarían a
conclusiones absurdas e incluso contrarias a la Carta. Por ejemplo, si un
magistrado de descongestión decide renunciar al cargo 4 años después de su
posesión, sólo podría elegirse su reemplazo por un período de 8 años, de ahí
que la medida de descongestión ya no duraría 8 años, sino 12, lo cual excedería
el plazo de la ley que la creó. Para evitar esta situación, la única opción
ante la renuncia de un magistrado sería dejar de proveer el cargo y, con ello,
las metas de la descongestión no podrían obtenerse, con lo cual tampoco se
cumpliría con la finalidad de la descongestión.
En este sentido, considero que por la
naturaleza transitoria de las medidas de descongestión y la necesidad de
verificación de rendimiento y cumplimiento de metas, es necesario realizar un
seguimiento al programa. Por lo anterior, pienso que condicionar la permanencia
en el cargo de los magistrados de descongestión de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia al cumplimiento de una meta bianual de descongestión, se
ajustaba a la Constitución, bajo el entendido de que la evaluación de
rendimiento sólo puede realizarse con fundamento en criterios cuantitativos.
La determinación de metas bianuales por parte de la Sala de
Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia se ajusta al ordenamiento
superior
8.  En cuanto a la determinación de las metas
bianuales que correspondía a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, considero que se ajustaba a la Constitución, por tres motivos
principales.
El primero, porque la fijación del tiempo
de valoración del rendimiento de la medida de descongestión corresponde a la
libertad de configuración normativa del Legislador estatutario, no sólo porque
el diseño de las herramientas para el adecuado funcionamiento de la
administración de justicia es un asunto encomendado a la ley (artículos 150 y
152-b de la Constitución), sino también porque es razonable y no vulnera
ninguna regla constitucional directamente aplicable. Sin duda, dos años es un
tiempo prudencial para valorar los resultados de una medida de descongestión en
sede de casación si se considera la complejidad de los temas a tratar, la
técnica especial que caracteriza al recurso y el impacto de la decisión laboral
en la justicia material de las clases trabajadora y empresarial del país.
El segundo, porque el cumplimiento de metas predeterminadas
constituye un instrumento objetivo de evaluación de desempeño y garantiza al
magistrado destinatario de la evaluación que el cumplimiento de sus funciones
le permitirá continuar en el cargo.
El tercero, porque la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia es la instancia que mejor conoce su funcionamiento interno, la
razonabilidad de los tiempos, las metas a cumplir y la necesidad de evacuar los
asuntos laborales con solvencia jurídica y justicia material.
9.
En este sentido,
considero que la determinación de metas bianuales por parte de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia era constitucional si cumplía
las siguientes condiciones para que no afecte los principios de independencia y
autonomía judicial (artículos 178A, 224 y 354 de la Constitución Política),
indispensables para el adecuado funcionamiento de la administración de
justicia, a saber: (i) las primeras metas bianuales debían seguir indicadores estrictamente
cuantitativos; (ii) podrían ser fijadas por la Sala de Casación Laboral
permanente de la Corte Suprema de Justicia, con anterioridad al momento en
que se posesionen los magistrados de descongestión, de tal forma que
existan reglas de permanencia claras y transparentes, (iii) la determinación de
las metas siguientes a los dos primeros años deben ser razonables y
proporcionales al volumen de trabajo a evacuar y, en todo caso, anteriores a la
calificación.
10.  Con fundamento en lo anterior, considero
que la Sala debió declarar la exequibilidad condicionada de la norma, en el
entendido de que la permanencia de los magistrados de descongestión por 8 años
es un período máximo, no fijo, en consideración a la naturaleza transitoria que
tienen todas las medidas de descongestión. En este sentido, su rendimiento
puede y debe ser valorado con el fin de evaluar el cumplimiento satisfactorio
de las metas del programa y la necesidad de continuar con su ejecución.
11.  Asimismo, considero que la norma se debió
declarar exequible en el entendido de que el establecimiento de las metas
bianuales fuera previo a la posesión de los magistrados de descongestión y que
éstas fueran proporcionales y razonables en relación con el volumen de trabajo
que maneja cada uno de los despachos de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia. Asimismo, se debía entender que en todo caso la evaluación
no podría estar a cargo de dicha Corporación sino de la autoridad que tiene la
competencia de hacer control de rendimiento de las Altas Cortes, sin que ello
implique un control cualitativo a los magistrados de descongestión.
De
esta manera, expongo las razones que me llevan a salvar parcialmente el voto en
relación con la declaratoria de inexequibilidad del inciso 3º del artículo 2º
de la ley estatutaria examinada en esa oportunidad.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
ACLARACION DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA C-154/16
PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA QUE MODIFICA LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA-Principios
de autonomía e independencia judicial (Aclaración de voto)/RECURSOS
FINANCIEROS PARA LA RAMA JUDICIAL-Se requiere con urgencia mayor número de
plazas de jueces y empleados judiciales (Aclaración de voto)
Referencia:
Expediente
PE-044. Revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria número
187 de 2014 Cámara y número 078 de 2014 Senado "Por la cual se modifican
los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración
de Justicia".
Magistrada
Ponente:
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Con el respeto
acostumbrado, debo expresar que comparto la determinación que la Corte adoptó
en la sentencia C-154 de 2016, en la que decidió:
"PRIMERO.-
Declarar EXEQUIBLE, por carecer de vicios de procedimiento en su formación, el
proyecto de ley estatutaria número 187 de 2014 Cámara, 78 de 2014 Senado, por
la cual se modifican los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria
de la Administración de Justicia. SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 1o del proyecto estatutario objeto de
revisión. TERCERO.-Declarar EXEQUIBLE el artículo 2o del proyecto,
salvo el inciso tercero que se declara INEXEQUIBLE. CUARTO.- Declarar
EXEQUIBLES los artículos 3o y 4o del proyecto de ley
estatutaria número 187 de 2014 Cámara, número 78 de 2014 Senado, por la cual se
modifican los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996. QUINTO.- REMITIR al
Presidente del Senado de la República el proyecto de ley estatutaria número 187
de 2014 Cámara, 78 de 2014 Senado, "por la cual se modifican los artículos
15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia
", para que el texto sea ajustado de acuerdo con lo dispuesto en la
sección VI de esta providencia, se firme por los dignatarios de ambas cámaras y
sea remitido de inmediato a la Presidencia de la República para su sanción
".
Sin embargo,
estimo necesario aclarar mi voto en torno a un aspecto de gran relevancia, como
lo es el referente a la autonomía judicial, respecto al cual, la jurisprudencia
constitucional ha expresado lo siguiente:
"Para
interpretar correctamente el concepto de sometimiento de los jueces a la ley y
establecer el nivel de autonomía que tienen para interpretar el ordenamiento,
el juez constitucional debe partir de la premisa de que las potestades y
prerrogativas otorgadas a las autoridades estatales en la parte orgánica de la
Constitución están sometidas a un principio de razón suficiente. En esa medida,
la autonomía e independencia son garantías institucionales del poder judicial,
que se legitiman constitucionalmente en tanto que son necesarias para realizar
los fines que la Carta les asigna".[170]
Los principios de autonomía e independencia
judicial se encuentran contenidos en el título VIII, capítulo 1, de la
Constitución Política, que desarrolla, las disposiciones generales de la Rama
Judicial, así:
"Artículo
228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las
excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial.
Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo ".
"Artículo
230. Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la
ley.
La equidad, la
jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son
criterios auxiliares de la actividad judicial".
Al estar dotado el juez, por mandato
constitucional, de independencia y autonomía para el ejercicio de sus
competencias, asume todas las responsabilidades que ello implica, como son las
de tipo penal, disciplinaria, civil y social. Desde luego, en el proceso de
toma de decisiones de los asuntos sometidos a su conocimiento, el juez goza de
plena libertad funcional para elegir entre las varias opciones que pudieran
presentársele como soluciones probables de un conflicto en particular, siempre
y cuando respete la garantía de completa imparcialidad y es que en la
jurisprudencia radica la función creadora del juez, mediante la construcción y
ponderación de principios de derecho, que dan sentido a las instituciones
jurídicas a partir de su labor de interpretación e integración del ordenamiento
positivo.
Luego, es claro que la responsabilidad de
dicho funcionario deviene de su independencia y autonomía, por consiguiente, si
el sistema constitucional no otorgara plena independencia, difícilmente lo
podría hacer responsable.
Las anteriores disquisiciones vienen a
propósito de lo siguiente:
A mi juicio, el texto del inciso segundo
del artículo 2o del Proyecto de Ley Estatutaria número 187 de 2014,
Cámara, y número 078 de 2014, Senado, que señalan: "Las salas
de descongestión actuarán independientemente de la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, pero cuando la mayoría de los integrantes de
aquéllas consideren procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado
asunto o crear una nueva, devolverán el expediente a la Sala de Casación
Laboral para que esta decida", podría ser contentivo, ciertamente, de
una trasgresión de los artículos 228 y 230 de la Constitución, mencionados, por
cuanto, si bien las normas legales aludidas reconocen y decretan que los jueces
deberán actuar amparados en los principios de autonomía e independencia,
seguidamente, les limita y anula el ejercicio de sus funciones, en tratándose,
de cambiar los criterios jurisprudenciales sobre un determinado asunto, desautorizando,
de ese modo, lo que establecen las citadas reglas del Estatuto Superior.
Técnicamente, también implica una
situación engorrosa, y esta es la relativa a la devolución del o de los
expedientes a la Sala de Casación Laboral, circunstancia que contiene dos
desventajas notorias:
El desgaste de
reparto, radicación, estudio y análisis detallado del caso, para finalmente, no
poder pronunciarse al respecto, sino, tener que devolver el expediente, con la
desanotación secretarial respectiva, para que el mismo, pase nuevamente a ser
repartido a la Sala de Casación Laboral.
Esta circunstancia desconoce la
naturaleza y objeto de la medida de descongestión, la cual, está articulada y
organizada de tal forma que quienes sean elegidos como Magistrados, se entiende
que cumplen a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos para ser
Magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y, así
entendido, sus decisiones son igualmente, jurídicas y constitucionalmente
validas, por lo tanto, en mi opinión, no se haya justificación suficiente para
que el Legislador hubiere establecido esta limitación en la competencia
funcional de los Magistrados de Descongestión, lo cual bien podría considerarse
como un obstáculo para alcanzar el objeto de la descongestión y, además, podría
configurar, a futuro, un escenario con consecuencias críticas en cuanto a los
principios de celeridad y eficiencia en la administración de justicia.
Sin embargo, entiendo que la mayoría
privilegio el criterio unificador predicable de la jurisprudencia que emite la
Sala Permanente de Casación Laboral y, no obstante mis dudas, tal parecer
resulta igualmente sólido.
Por otra parte
considero que excluir a los Magistrados de Descongestión del proceso de
discusión y debate en el expediente en el que concurren razones para cambiar la
jurisprudencia, en la medida en que cuando esa posibilidad se presente, deben
remitir la actuación a la Sala Permanente, impide que aquellos intervengan en
la discusión que habrá de generarse en torno a la necesidad o no de que dicho
cambio se introduzca lo cual hace perder dinámica al intercambio y
confrontación de ideas y opiniones sobre el punto razón por la cual considero
que los Magistrados de Descongestión gestores de la propuesta de cambio también
deberían participar presencialmente en él debate respectivo.
Por lo demás estimo que cuando se trate
de introducir meros ajustes o variantes o avances a la jurisprudencia respecto
a nuevas hipótesis los Magistrados de Descongestión no deberían perder su
competencia.
El Segundo aspecto en el que resulta
necesario aclarar mi voto es el referente al inciso primero del artículo 3,
demandado, según el cual:
"los
recursos necesarios para la creación de las Salas de Descongestión Laboral de
que trata la presente ley, provendrán de los ahorros que se generen por la
supresión o modificación de otras dependencias de la Rama Judicial que autorice
la Constitución o la Ley, manteniendo los cupos vigentes de gasto de dicha
entidad".
A mi juicio, este inciso tiene implícito
un doble riesgo (i) para que sea una realidad la implementación de la medida y
que (ii) el Estado garantice a todos los ciudadanos el acceso a la
administración de justicia.
Y, es que, necesariamente, los recursos
anuales de $21.774.376.289, que según los antecedentes legislativos del
proyecto, se utilizarían para la implementación de la medida de descongestión,
no debería implicar la supresión o modificación de otras dependencias de la
Rama Judicial, puesto que, es de conocimiento público, la histórica, continúa y
alta congestión judicial, por lo que ello, generaría nuevamente un déficit en
la eficiencia, celeridad y acceso a la administración de justicia.
Claramente,
conforme al porcentaje anual de demandas interpuesta ante las oficinas
judiciales, el país requiere con urgencia el establecimiento permanente de un
mayor número de plazas de jueces y empleados judiciales y, para ello, la
disposición de recursos debería partir de un aumento en el porcentaje destinado
para el funcionamiento de la Rama Judicial en el plan nacional de desarrollo, y
en el plan de inversiones públicas, en los que se tenga mayormente en cuenta
los programa de descongestión judicial para la administración de justicia, de
manera que, en los proyectos de inversión pública nacional se tenga en cuenta
la especificación de los recursos financieros reales y permanentes requeridos
para su ejecución, dentro de un marco que garantice la sostenibilidad fiscal.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1] Folio
296, cuaderno principal.
[2] Folio
342, cuaderno principal.
[3] Folios
342 y 343, cuaderno principal.
[4]
Corte Constitucional. Sentencia C-443 de 2011.
[5] Corte Constitucional. Sentencias C-274 de 2013, C-748 de 2011,
C-490 de 2011, C-713 de 2008, C-802 de 2006, C-1153 de 2005, C-523 de 2005,
C-292 de 2003 y C-011 de 1994.
[6]
Corte Constitucional. Sentencias C-274 de 2013, C-591 de 2014, C-862 de 2012. C-540
de 2012 C-713 de 2008, C-1153 de 2005 y C-011-1994, entre otras
[7] Es
importante resaltar que este periodo solo hace referencia al trámite
legislativo, no incluye la etapa de revisión que realiza la Corte
Constitucional.
[8]
Folio 34, cuaderno de pruebas I.
[9]
Folios 32-33, cuaderno de pruebas I.
[10]
Folio 32-35, cuaderno de pruebas I.
[11]
Folio 194, cuaderno principal.
[12] Folio
41, cuaderno de pruebas I.
[13]
Gaceta del Congreso N° 496 de 16 de septiembre de 2014, página 12. Folio 180,
cuaderno principal,
[14]
Gaceta del Congreso N° 809 de 4 de diciembre de 2014, página 25. Folio 239,
cuaderno de pruebas I.
[15]
Folios 259-274, cuaderno de pruebas I.
[16] Los
Senadores presentaron excusa.
[17]Acta
N° 16, publicada en la Gaceta del Congreso N° 857 del 11 de diciembre de 2014.
Folios
259-274, cuaderno de pruebas I.
[18] Sobre
este punto, en la Sentencia C-1017 de 2012 se expuso que: “La
votación nominal y pública ha sido definida como aquella en la cual cada uno de
los congresistas vota siguiendo el orden alfabético de apellidos o mediante el
uso de cualquier procedimiento electrónico, de suerte que de manera individual
contestarán de viva voz el sentido de su decisión o el mismo quedará consignado
en un sistema electrónico que permita su visualización en tiempo real[18].
Esta modalidad de votación es, por querer del constituyente, la regla general.
Sin embargo, en la misma disposición Superior en la que se expresó este
mandato, se delegó en el legislador el señalamiento de las hipótesis exceptivas
en las cuales dicha votación no tendría ocurrencia”.
[19]
Gaceta del Congreso N° 857 de 11 de diciembre de 2014, Páginas 11 y 12. Folio
Cuaderno
de Pruebas I, folio 264.
[20]Gaceta
del Congreso N° 857 de 11 de diciembre de 2014, Página 13. Folio
26, cuaderno de pruebas I.
[21]Folio
15, cuaderno principal.
[22]Gaceta
del Congreso N° 703 de 12 de noviembre de 2014, Página 10, Cuaderno Principal,
folio 151.
[23]Gaceta
del Congreso N° 103 de 11 de marzo de 2015, Páginas 9-10, Cuaderno de Pruebas
I, folio 62.
[24]
Folios 84-11, cuaderno de pruebas I.
[25] Folio
101, cuaderno principal.
[26]
Folios 147 a 149, cuaderno de pruebas I.
[27]
Folio149, cuaderno de pruebas I.
[28] Folio187,
cuaderno de pruebas I.
[29] Ley 3
de 1992, artículo 2º.
[30]
Folios 197-198, cuaderno de pruebas I.
[31]
Folio 164, cuaderno de pruebas I.
[32] Folio
388,
cuaderno principal.
[33]
Olga Lucía Velázquez, Ricardo Flórez, Jorge Tamayo y Antenor Durán.
[34]
Folios 18-20, cuaderno de pruebas II.
[35] Folios 22-23, cuaderno
principal.
[36]
Folio 43, cuaderno de pruebas II.
[37] Folios
396-427, cuaderno principal.
[38] Es
importante resaltar que este periodo solo hace referencia al trámite
legislativo y no incluye la etapa de revisión que realiza la Corte
Constitucional. Sentencias C-1011 y C-713 de
2008.
[39]
Corte Constitucional. Sentencia C-817 de 2011.
[40]
Corte Constitucional. Sentencia C-1025 de 2001.
[41]
Corte Constitucional. Sentencia C-786 de 2004.
[42] En la Sentencia C-208 de 2005 la Corte Constitucional
estableció que: “resulta contrario al principio de consecutividad en la
aprobación de las leyes que un texto propuesto en el seno de las comisiones no
sea sujeto al trámite correspondiente, sino que, simplemente, se delegue su
estudio a las plenarias de cada cámara, puesto que tal situación, en la que la
comisión correspondiente renuncia a su competencia constitucional a favor de
las plenarias, impide que se efectúe debidamente el primer debate del proyecto
de ley, desconociéndose con ello lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 157
C.P.”
[43] Corte
Constitucional, Sentencia C-940 de 2003 (MP. Marco Gerardo
Monroy Cabra). En la sentencia, la Corte consideró que el principio de
identidad “(…) adquiere en la Constitución de 1991 una connotación distinta a
la que tenía en el régimen constitucional anterior, (…) si en la Carta de 1886
se exigía que el texto aprobado en cada uno de los debates fuera exactamente el
mismo, por lo cual cualquier modificación aun menor implicaba repetir todo el
trámite, hoy en día se ha abandonado el principio de identidad rígido, para
permitir que las comisiones y las plenarias de las cámaras puedan introducir
modificaciones al proyecto (CP art. 160), y que las discrepancias entre lo
aprobado en una y otra Cámara no obliguen a repetir todo el trámite, sino que
las comisiones accidentales preparen un texto unificado que supere las
diferencias, texto que es entonces sometido a la aprobación de las plenarias.”
[44]
Corte Constitucional. Sentencia C-453 de 2006.
[45]
Corte Constitucional. Sentencia C-366 de 2011.
[46]
Ley 819 de 2003, Artículo 7º. “Análisis del impacto fiscal de las normas. En
todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o
acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse
explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. ║
Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de
motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la
iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de
dicho costo. ║ El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier
tiempo durante el respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá
rendir su concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso
anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del Marco Fiscal
de Mediano Plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso.
║ Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto
adicional o una reducción de ingresos, deberá contener la correspondiente
fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual
deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público. ║ En las entidades territoriales, el trámite previsto en el
inciso anterior será surtido ante la respectiva Secretaría de Hacienda o quien
haga sus veces.”
[47] Corte Constitucional. C-929 de 2006.
[48]
Corte Constitucional. C-502 de 2007.
[49] Corte
Constitucional. Sentencias C-662 y C-850 de
2009.
[50] Gacetas del Congreso números 277 de 11 de mayo de
2015, 177 de 10 de abril de 2015 y 315 del 20 de mayo de 2015.
[51] Folios
70 y 71, cuaderno principal.
[52] Según este precepto: “La Corte Suprema de Justicia
es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y se compondrá del número
impar de magistrados que determine la ley. Esta dividirá la Corte en salas,
señalará a cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y
determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno.”
[53] En la Sentencia C-713 de 2008 la Corte revisó la
constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria No. 023 de 2006 Senado y No.
286 de 2007 Cámara, “por la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria
de la Administración de Justicia”.
[54]
Corte Constitucional. Sentencia C-713 de 2008.
[55] Se
encargó al Ministerio de Justicia mientras entraba en funcionamiento el Consejo
Superior de la Judicatura.
[56] La citada norma perdió vigencia al no ser
incorporada como legislación permanente mediante la Ley 192 de 1995. La
disposición establecía: “JUECES AD HOC PARA FALLO. Mientras entra en
funcionamiento el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministro de Justicia
podrá conformar un grupo de jueces ad hoc cuya función será la de resolver
procesos que estén a despacho para sentencia y que no lo hayan sido dentro del
término legal. Estos jueces tendrán las mismas calidades de los jueces del
conocimiento y estarán a disposición del Consejo Superior de la Judicatura para
ser asignados a los juzgados según el número de procesos que se encuentren
pendientes de fallo.”
[57]
Esta disposición se mantuvo en el ordenamiento hasta la entrada en vigencia de
la Ley 446 de 1998. Ella expresaba: “ARTÍCULO 55. JUECES DE DESCONGESTIÓN.
Autorízase la creación de cargos de jueces que se denominarán de descongestión,
dependientes de los tribunales, con el objeto de asignar uno o varios con su
respectiva secretaría, donde sea necesario por el número de procesos. Estos
Jueces deberán tener las mismas calidades de aquéllos con quienes colaboran y
su misma remuneración. Su competencia y funciones serán las mismas de los
jueces del despacho al que fueren asignados.”
[58] “ARTÍCULO
63. DESCONGESTIÓN. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, en caso de congestión de los Despachos Judiciales, podrá regular la
forma como las Corporaciones pueden redistribuir los asuntos que tengan para
fallo entre los Tribunales y Despachos Judiciales que se encuentren al día;
seleccionar los procesos cuyas pruebas, incluso inspecciones, puedan ser
practicadas mediante comisión conferida por el Juez de conocimiento, y
determinar los jueces que deban trasladarse fuera del lugar de su sede para
instruir y practicar pruebas en procesos que estén conociendo otros jueces.
Igualmente,
podrá crear, con carácter transitorio, cargos de jueces o magistrados
sustanciadores o de fallo, de acuerdo con la ley de presupuesto.”
[59]
Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996.
[60] Ibídem.
[61] La
Ley 446 de 1998 tenía como una de sus finalidades dictar “disposiciones
sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia” tal como se deriva
del propio título de la misma.
[62] Ibíd.
[63]
Este acto legislativo introdujo el sistema acusatorio en Colombia.
[64]
Artículo 10 del Decreto 2637 de 2004. La norma citada establecía en lo
pertinente: “Igualmente podrá crear, con carácter transitorio, cargos de
empleados, jueces o magistrados que tramiten, sustancien, fallen y/o asuman
íntegramente el conocimiento de procesos, quienes podrán tener un régimen
salarial y prestacional especial o ad honorem. Las actuaciones necesarias para
la ejecución material de las decisiones proferidas por quienes administran
justicia, podrán ser atendidas por los empleados judiciales de los despachos,
salas y secciones, de conformidad con el reglamento que expida la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.|| La Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura también podrá crear, con carácter
transitorio cargos de jueces o magistrados de trámite o sustanciación, de fallo
o que cumplan ambas funciones, y salas y jueces de plena competencia y/o
itinerantes de descongestión, descongestión y/o depuración para la práctica de
pruebas y, eventualmente, trámite y fallo de los procesos, de acuerdo con la
ley de presupuesto. Los nominadores harán los nombramientos con base en los
Registros de Elegibles vigentes para los cargos transitorios a proveer y no
podrán designarse funcionarios o empleados que estén ocupando en propiedad
otros destinos en la Rama Judicial, salvo que formen parte del respectivo
Registro de Elegibles.”
[65]
Corte Constitucional. Sentencia C-672 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[66] Es
enunciado normativo estableció: “ARTÍCULO 3o. SALAS ESPECIALES TRANSITORIAS
DE DECISIÓN. Adiciónase un artículo nuevo transitorio en la Sección Segunda,
del Capítulo Tercero, del Título XXXIII, del Libro Cuarto del Código
Contencioso Administrativo, referente al recurso de súplica, el cual quedará
así: Artículo transitorio. Salas Especiales Transitorias de Decisión. Créanse
en el Consejo de Estado Salas Especiales Transitorias de Decisión, encargadas
de decidir los recursos extraordinarios de súplica que, a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley, tengan proferido el respectivo auto admisorio.
Estas Salas estarán conformadas por cuatro Magistrados de la Sala Contencioso
Administrativa del Consejo de Estado, pertenecientes a cada una de las
Secciones que integran dicha Sala, con excepción de la Sección que profirió la
providencia impugnada. Su integración y funcionamiento se hará de conformidad
con lo que al respecto establezca el Reglamento que para tal efecto expida el
Consejo, y el fallo se adoptará dentro de los términos previstos en el mismo.||
En caso de presentarse empate en las Salas Especiales, se sorteará un
Magistrado adicional entre los restantes Magistrados de la Sala Contencioso
Administrativa con el fin de que lo dirima, excluyendo a aquellos integrantes
de la Sección que produjo la providencia recurrida.
La vigencia de
cada una de las Salas Especiales de Decisión culminarán una vez fallados todos
los asuntos a ellas entregados en el respectivo reparto.”
[67]
Corte Constitucional. Sentencia C-1233 de 2005. En esa
oportunidad se consideró que no existía violación al debido proceso en este
caso dado que los recursos de súplica interpuestos con anterioridad a la
vigencia de la norma y que no hubieran sido admitidos serían decididos por la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
[68]
Artículo 7 del proyecto de ley estatutaria Nº 023/06 Senado y Nº 286/07 Cámara.
En lo pertinente, esta disposición establecía: “La Sala Especializada podrá
disponer la integración de Salas de Decisión para asumir el conocimiento de los
asuntos a cargo de la Corporación o de sus diferentes Salas, cuando a su juicio
se requiera adelantar un programa de descongestión.”
[69]
Artículo 10 del proyecto de ley estatutaria Nº 023/06 Senado y Nº 286/07
Cámara. En lo pertinente, esta disposición establecía: “Parágrafo 1°. Para
efectos de descongestión, en cualquier época la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado podrá integrar salas de decisión que
asuman el conocimiento de aquellos procesos o asuntos que de manera regular se
encuentren atribuidos a las Secciones o Subsecciones que la integran.”
[70]
Corte Constitucional. Sentencia C-713 de 2008.
[71] La
Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “con salvedad de
dictar sentencia” contenida en la versión original del Artículo 15 del
proyecto de ley estatutaria Nº 023/06 Senado y Nº 286/07 Cámara. La Sala estimó
que la imposición de una restricción de esta clase impediría a los jueces de
descongestión que
[72]
Artículo 15 del proyecto de ley estatutaria Nº 023/06 Senado y Nº 286/07
Cámara.
[73]
Corte Constitucional Sentencia C-713 de 2008.
[74]
Corte Constitucional Sentencia C-713 de 2008.
[75]
Artículo 304 de la Ley 1437 de 2011. La citada norma establece en lo pertinente:
“Dentro del año siguiente contado a partir de la promulgación de la ley, el
Consejo Superior de la Judicatura con la participación del Consejo de Estado,
preparará y adoptará, entre otras medidas transitorias, un Plan Especial de
Descongestión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, cuyo
objetivo es el de llevar hasta su terminación todos los procesos judiciales
promovidos antes de la entrada en vigencia de la presente ley y que se
encuentren acumulados en los juzgados y tribunales administrativos y en el
Consejo de Estado(…)|| El Plan Especial de Descongestión se ejecutará en el
grupo de despachos judiciales seleccionados para el efecto, de acuerdo con los
volúmenes de negocios a evacuar y funcionará en forma paralela a los despachos
designados para asumir las nuevas competencias y procedimientos establecidos en
esté Código. Estos despachos quedarán excluidos del reparto de acciones
constitucionales.”
[76]
Corte Constitucional. Sentencia C-334 de 2012.
[77] Corte
Constitucional. Sentencia C-168 de 1993. En un aparte
posterior de dicha providencia, la Corte expresa que: que: “descongestionar"
significa, en el lenguaje corriente y ordinario predicable de las cosas de
común ocurrencia, la disminución o el control del flujo y de la concurrencia o
la aglomeración anormal o excesiva de una sustancia o de algunos objetos
presentes en un cuerpo o entidad determinados, lo que no se acompasa con el
funcionamiento de estos y enerva el desarrollo de sus tareas. || No obstante lo
anterior, se tiene que dicho flujo anormal no solo se mide en términos de
cantidad o de volumen, sino también del ritmo, de la velocidad o del contenido
de la sustancia presente en el cuerpo o entidad de que se trata, siendo así que
la demora en evacuar o en hacer circular aquella conduce a la congestión, y su
circulación normal o la presencia del flujo continuado de la misma, gracias a
distintos factores internos o externos, significa e implica la
"descongestión".|| Dicha observación de carácter gramatical y
práctico debe ser acompasada, en el caso del examen judicial de la norma que
sirve de fundamento para la expedición de las disposiciones  acusadas, con
otros elementos que atiendan a la voluntad del Constituyente, a la naturaleza
de las cosas que se quieren regular y a la experiencia racional, so pena de no
comprender sus verdaderos alcances.”
[78] Ibídem.
[79] Corte Constitucional. Sentencia C-592 de 1992.
[80] Ibídem.
Sentencia
C-037 de 1996.
[81]
Corte Constitucional. Sentencia C-168 de 1993.
[82] Corte
Constitucional. Sentencia C-468 de 1993.
[83] Corte Constitucional. Sentencia C-168 de 1993.
[84] Corte Constitucional. Sentencia C-468 de 1993.
[85] Corte Constitucional. Sentencia C-591 de 1993.
[86]
Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996.
[87]
Cabe mencionar que la Corte Constitucional, al realizar el control previo del
artículo 63 de la Ley 270 de 1996 se pronunció únicamente respecto de la
facultad de redistribuir los asuntos pendientes de fallo entre los distintos
jueces y no al hecho de la creación de jueces o magistrados de descongestión,
que también se consagró en la misma norma jurídica.
[88]
Dicha supresión se llevó a cabo mediante la Ley 954 de 2005.
[89]
Corte Constitucional. Sentencia C-1233 de 2005.
[90]
Corte Constitucional. Sentencia C-713 de 2008.
[91] Ibídem.
[92] Ibídem.
La decisión analizó el Proyecto de Ley Estatutaria Nº 023 de 2006 Senado y
Nº 286 de 2007 Cámara, “por la cual se reforma la Ley 270 de 1996
Estatutaria de la Administración de Justicia”, que en su artículo 23,
literal b), restringía la competencia en razón del territorio en materia
laboral. La Sala declaró inexequible esta disposición puesto que, además de
afectarse los derechos de los trabajadores y el acceso a la justicia, no tenía
utilidad para descongestionar la justicia.
[93]
Corte Constitucional. Sentencia C-372 de 2011.
[94] Ibídem.
[95]
Corte Constitucional. Sentencia C-156 de 2013.
[96]
Corte Constitucional. Sentencia C-372 de 2011.
[97]
Corte Constitucional. Sentencia T-633 de 2007.
[98] Ibídem.
[99]
Corte Constitucional. Sentencia C-372 de 2011.
[100]
Corte Constitucional. Sentencia C-363 de 2012.
[101]
Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996.
[102]
Corte Constitucional. Sentencia C-591 de 1993.
[103]
Corte Constitucional. Sentencia C-713 de 2008.
[104] La
modificación legislativa mediante la Ley Estatutaria 1285 de 2009 mantuvo el
carácter de temporalidad de los cargos de jueces y magistrados sustanciadores
de descongestión judicial.
[105]
Corte Constitucional Sentencia C-713 de 2008.
[106] En
la Sentencia C-713 de 2008 se afirmó que “la existencia de un Plan Nacional
de Descongestión no ofrece problemas de constitucionalidad, en la medida en que
se entienda que dicho plan no tiene vocación de permanencia indefinida sino que
representa una estrategia transitoria para superar los graves problemas de
congestión judicial por los que atraviesa buena parte de la administración de
justicia.”(Resaltado fuera del texto original). Dado que la creación de los
referidos cargos se enmarca en el Plan Nacional de Descongestión, de ello es
posible concluir que su naturaleza transitoria se debe a la temporalidad del
plan, que depende a su vez de la superación de la situación de represamiento y
congestión en la administración de justicia.
[107]
Corte Constitucional. Sentencia C-333 de 2012.
[108] En
la citada Sentencia C-333 de 2012 la Corte señaló que los jueces de
descongestión son aquellos “que se nombran por un lapso de tiempo fijo y no
hacen parte de la carrera, para resolver un problema de congestión judicial”.
[109] La
Sala expresó además: “Un cargo de descongestión no vincula a la persona a la
carrera judicial y, en tal medida, su vinculación es temporal. Pero para los
ciudadanos ello no es así. Si una persona acude a la justicia, le es
irrelevante la condición de temporalidad del funcionario, puesto que la
sentencia va a tener el mismo valor de cosa juzgada que tendría si se tratara
de un funcionario judicial en propiedad, en la carrera
administrativa.”(Sentencia C-333 de 2012).
[110] Ibídem.
[111]
Corte Constitucional. Sentencia C-713 de 2008.
[112]
Corte Constitucional. Sentencia C-333 de 2012.
[113] Ibídem.
[114]
Sentencia C-713 de 2008.
[115] En
este marco, la Corte Constitucional también ha avalado aquellas medidas de
descongestión que establecen factores que permiten el reparto objetivo de los
asuntos, en contraste con uno discrecional o arbitrario. (Sentencia C-713 de
2008.)
[116]
Corte Constitucional. Sentencia C-162 de 1999.
[117] Ibídem.
[118] Al
respecto se afirma: “La Corte recordó que la reserva de ley –en ese caso
estatutaria- se mantiene incólume incluso cuando lo que se pretende es
autorizar la creación de salas transitorias con miras a superar problemas de
congestión judicial.” (Sentencia C-713 de 2008).
[119]
Corte Constitucional. Sentencia C-162 de 1999.
[120] Ibídem.
[121] Ibídem.
[122]
Corte Constitucional. Sentencia C-713 de 2008.
[123] Ibídem
[124] Ibídem.
[125] Ibídem.
[126]
Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996.
[127]
Corte Constitucional. Sentencia C-713 de 2008.
[128] Ibídem.
[129] En
relación con la finalidad del período en el ejercicio de un cargo público y su
importancia para la preservación de la autonomía e independencia judicial, pueden
verse las sentencias C-1262 de 2001, C-737 de 2006, referidas a estos atributos
en el caso de los magistrados de Tribunales Superiores Militares.
[130] Sentencia C-288
de 2012.
[131] Sentencia
C-1643 de 2000.
[132] Al
respecto se pueden consultar los documentos de trabajo de la Cumbre
Iberoamericana de Presidentes Supremos y Tribunales Supremos de Justicia. En
particular el Documento de fundamentación sobre la evaluación de desempeño
disponible en: http://www.cumbrejudicial.org/html-cumbres/Referentes_Internacionales_de_Justicia/Ref_Int_por_temas/DOCUMENTOS/EVALUACION/EVALUACION_Canc%C3%BAn.pdf.
Consultado el 03 de marzo de 2016.
[133] En
la exposición de motivos del proyecto de Ley bajo examen se dice lo siguiente “la
congestión, en determinadas circunstancias, se convierte en una denegación de
justicia, a la vez que representa una violación de derechos fundamentales como
el de acceso a la Administración de Justicia. Por ello, aparte de garantizar un
correcto funcionamiento de las corporaciones judiciales, el proyecto de reforma
que se plantea procura avanzar en el cumplimiento de principios y derechos constitucionales
como el trabajo, la justicia, la dignidad humana, el debido proceso y la
seguridad social”. Gaceta del Congreso No. 446 del 1 de septiembre de 2014
Página 3, Folio 33 del Cuaderno de pruebas I
[134]
Gaceta del Congreso No. 446 del 1 de septiembre de 2014 Página 3, Folio 33 del
Cuaderno de pruebas I
[135] Corte
IDH. Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs.
Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de
agosto de 2013. Serie C No. 266.
[136] Principios
Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura
adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán, Italia, del 26 de
agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus
resoluciones 40/32 del 29 de noviembre de 1985 y 40/146 del 13 de diciembre de
1985.
[137] Principio 11 de
los Principios Básicos de las Naciones Unidas.
[138] Principio 12 de
los Principios Básicos de las Naciones Unidas.
[139] Comité de
Derechos Humanos, Observación General No. 32, Artículo 14: El Derecho a un
Juicio Imparcial y a la Igualdad ante los Tribunales y Cortes de Justicia,
CCPR/C/GC/32, 23 de agosto de 2007, párr. 20. Ver también Comité de Derechos Humanos,
Comunicación No. 1376/2005, Soratha Bandaranayake Vs. Sri Lanka,
CCPR/C/93/D/1376/2005, párr. 7.3. Cita extraída de Corte IDH. Caso
de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto
de 2013. Serie C No. 266.
[140] Corte
IDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197.
[141] Corte
Constitucional. Sentencia C-037 de 1996.
[142]
C.P. Camilo Arciniegas Andrade
[143]
Sentencia T-178 de 2009.
[144] “La
Corte aceptó que al momento de ser presentada una acción de tutela se haga uso
de las reglas de reparto que impone el Decreto 1382, sin que ellas per se,
impidan a un juez que no sea el que señala esta norma conocer y fallar
válidamente una acción de tutela. Por tanto, en aplicación de este criterio, la
Corte decidió que los jueces no podían anular una decisión de tutela por el
hecho de no aplicar las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de
2000, por cuanto se imponía la prevalencia del derecho sustancial para lograr
la efectividad del derecho a la administración de justicia; la protección
efectiva de los derechos fundamentales; la celeridad de la acción de tutela y
la integridad del pro­ceso judicial”
[145]
Auto 193 de 2012.
[146] MP Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[147]
Corte Constitucional, Sentencias C- 668 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, C-998
de 2004 M.P.
Alvaro Tafur,
C-372 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt, C-596 de 2000 M.P. Antonio Barrera y
C-1065 de 2000 M.P. Alejandro Martínez.
[148] Folios
342 y 343, cuaderno principal.
[149] En el
prólogo del libro de los profesores Stephen Holmes y Cass Sunstein titulado El
Costo de los derechos, se enseña que: “En una medida muy importante,
nuestros derechos siguen dependiendo día tras día, de cuánto se esté dispuesto
a gastar en ellos y de cómo se lo quiera hacer. Los derechos se tienen que
pelear en la arena política, no sólo en el plano normativo. El Estado,
finalmente, no tiene recursos ilimitados, y alguien tendrá a su cargo la tarea
de decidir qué funciones se privilegian por sobre otras”. Siglo Veintiuno
Editores, 2011, p. 23.
[150] MP
Clara Inés Vargas Hernández.
[151] M.P.
Clara Inés Vargas Hernández. En ese caso se analizó una objeción presidencial
presentada en contra de una ley orgánica que establecía que los consulados de
ciudades donde hubiera una población superior a 10.000 colombianos, tendrían
que contratar personal adicional para prestar asesoría a dicha población. Según
el Gobierno, tal disposición vulneraba el artículo 151 de la Constitución
Política por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 819 de
2003. La Corte declaró infundada la objeción presidencial.
[152] M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En ese caso se analizó una objeción
presidencial presentada en contra de una ley orgánica que establecía que las
Asambleas Departamentales determinarían el tope a pagar por concepto de
prestaciones sociales a los diputados. Según el Gobierno Nacional, la norma iba
en contra del Marco Fiscal de Mediano Plazo y la ley anual de presupuesto.  En
esa oportunidad no se hizo ninguna referencia al impacto fiscal en la
exposición de motivos del proyecto, no obstante el Ministerio de Hacienda
presentó su concepto en contra del proyecto, en la medida en que consideró que
era una medida no se podía ejecutar financieramente sin afectar otros rubros
del presupuesto de los departamentos. Se declaró fundada la objeción
presidencial.
[153] MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esta oportunidad, la Corte revisó una
objeción presidencial presentada en  contra de una la ley que otorgaba
beneficios económicos a todo servidor público que hubiera sido víctima de
secuestro, toma de rehenes o desaparición forzada, posteriormente a la
terminación del periodo para el que fue designado. Según el Gobierno Nacional,
la norma era incompatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en la medida en
que se imponían nuevos gastos presupuestales, pero no era claro para quien iban
dirigidos dichos beneficios y quiénes debían asumir su costo, ya que afectaría
el presupuesto de todas las entidades que hubieran sido empleadores de las
víctimas, en la medida en que la norma establecía que el responsable de pagar
tal beneficio era el empleador inmediatamente anterior de la víctima. En ese
caso, se evidenció que no se había hecho ninguna referencia al impacto fiscal
del proyecto en la exposición de motivos y que el Ministerio presentó su
concepto el mismo día en que fue aprobado el proyecto de Ley en cuarto debate.
A pesar de lo anterior, esta Corporación declaró infundada la objeción
presidencial por considerar que la obligación del Congreso de revisar el
impacto fiscal de la norma surgía una vez el Ministerio de Hacienda rindiera su
concepto y en este caso no se había podido analizar, debido a que éste se
radicó el mismo día en que se aprobó el proyecto.
[154] Gacetas
del Congreso números 177 de 10 de abril de 2015, 277 de 11 de mayo de 2015, y
315 del 20 de mayo de 2015.
[155] Folios
70 y 71, cuaderno principal.
[156] Ibídem.
[157] Gaceta del Congreso
No. 295 del 13 de mayo de 2015.
[158] Sobre este
principio y la línea jurisprudencial que lo ha aplicado puede verse la
sentencia C-929 de 2014, MP Mauricio González.
[159] Sentencia C-203 de 2011 MP. Juan Carlos Henao Pérez: “El recurso tiene como finalidad
esencial revisar la legalidad de la sentencia del juzgador de segunda
instancia, salvo en los casos en que se admite la casación per saltum. Es, por
consiguiente un juicio de legalidad contra la sentencia, en razón de los
errores en que se incurra por el sentenciador en la aplicación de la norma de
derecho sustancial o de las reglas de procedimiento. -En cumplimiento de
dicha finalidad se busca: i) la unificación de la jurisprudencia, con el fin de
garantizar una interpretación uniforme de la ley, ante situaciones de hecho y
derecho similares, con lo cual se tiende a hacer efectivo el derecho a la
igualdad; ii) ejercer un control para asegurar la aplicación justa de la ley en
cada caso concreto; iii) restablecer los derechos que le han sido conculcados a
las partes, mediante la anulación de la sentencia por el tribunal de casación y
la expedición de una nueva decisión que favorezca los derechos del recurrente
agraviado con dicha sentencia.” (Subraya
fuera de texto).
[160] Ibídem “La
institución, atendida la tradición legislativa, doctrinaria y jurisprudencial,
presenta las siguientes características: - Es un recurso de carácter
extraordinario y, por lo tanto, excepcional; ello implica que sólo puede ser
utilizado para impugnar determinadas sentencias judiciales, cuando se han
violado las normas sustanciales, o porque se han quebrantado las normas que
consagran requisitos esenciales de procedimiento y como resultado de ello se
han vulnerado aquéllas. No es por lo tanto, una tercera instancia, ni un
recurso que pueda ser equiparable a los llamados recursos ordinarios.”
[161]“ARTICULO  255. Modificado por el art. 16, Acto Legislativo 02 de 2015. El nuevo texto es el
siguiente: La Gerencia de
la Rama Judicial es un órgano subordinado al Consejo de Gobierno Judicial y
estará organizada de acuerdo con el principio de desconcentración territorial. La
Gerencia de la Rama Judicial es la encargada de ejecutar las decisiones del
Consejo de Gobierno Judicial, proveer apoyo administrativo y logístico a este
órgano, administrar la Rama Judicial, elaborar para aprobación del Consejo de
Gobierno Judicial el proyecto de presupuesto que deberá ser remitido al
Gobierno, y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el Congreso,
elaborar planes y programas para aprobación del Consejo de Gobierno Judicial,
formular modelos de gestión e implementar los modelos procesales en el
territorio nacional, administrar la Carrera Judicial, organizar la Comisión de
Carrera Judicial, realizar los concursos y vigilar el rendimiento de los
funcionarios y los despachos. El Gerente de la Rama Judicial representará
legalmente a la Rama Judicial. Ejercerá las demás funciones que le atribuya la
ley.” (Resaltado fuera del texto
original).
[162] El
artículo 178A de la Constitución Política establece: “Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de
Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y el Fiscal General de la Nación serán responsables por cualquier
infracción a la ley disciplinaria o penal cometida en el ejercicio de sus
funciones o con ocasión de estas. En todo caso, no podrá exigírseles en
ningún tiempo responsabilidad por los votos y opiniones emitidos en sus
providencias judiciales o consultivas, proferidas en ejercicio de su
independencia funcional, sin perjuicio de la responsabilidad a la que haya
lugar por favorecer indebidamente intereses propios o ajenos. Una Comisión
de Aforados será competente para investigar y acusar, conforme a la ley y
los principios del debido proceso, a los funcionarios señalados en el inciso
anterior, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso,
será competente para conocer de los hechos u omisiones ocurridos en el
desempeño de los mismos”.
[163] “Adicionalmente,
comprendida en este conjunto, el artículo 341 Superior –que se transcribe a
continuación- confió al Consejo Superior de la Judicatura la siguiente
competencia: Artículo 341 C. N. El Gobierno elaborará el Plan
Nacional de Desarrollo con participación activa de las autoridades de
planeación de las entidades territoriales y del Consejo Superior de la
Judicatura y someterá el proyecto correspondiente al concepto del Consejo
Nacional de Planeación”.
[164] Artículo
256 C. N. Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos
seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones:
(…) 2. Elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios
judiciales y enviarlas a la entidad que deba hacerla. Se exceptúa la
jurisdicción penal militar que se regirá por normas especiales. Artículo 231 C.
N. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado
serán nombrados por la respectiva corporación, de listas enviadas por el
Consejo Superior de la Judicatura.
[165]
Artículo 256 C. N. (…) 3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los
funcionarios de la rama judicial como las de los abogados en el ejercicio de su
profesión, en la instancia que señale la ley.
[166]
Artículo 256 C. N. (…) 6. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran
entre las distintas jurisdicciones.
[167]
Sentencia T-633 de 2007. M.P. Humberto Antonio  Sierra Porto
[168]
M.P. Jaime Córdoba Triviño
[169] Sentencia SU-529 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[170] Sentencia C-836
de 2001, mediante la cual esta Corporación se pronunció sobre la
constitucionalidad del artículo 4o de la ley 169 de 1.896.