C-091-18
Sentencia C-091/18
PROHIBICION DE RECONOCIMIENTO OFICIOSO DE LA
PRESCRIPCION EXTINTIVA EN LA JURISDICCION ORDINARIA-No se vulnera
el principio constitucional de igualdad
Al
prohibir al juez el reconocimiento oficioso de la prescripción, a diferencia de
lo previsto en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los artículos 282 de la Ley
1564 de 2012, Código
General del Proceso y 2513 del Código Civil no vulneran el principio constitucional
de igualdad, ya que a pesar de que se evidencia un trato diferente respecto de
los justiciables, usuarios del servicio público de administración de justicia,
dicha diferencia resulta razonable, ya que las normas demandadas persiguen la
finalidad constitucionalmente legítima de amparar la autonomía de la voluntad y
el medio utilizado es idóneo para alcanzar dicho fin, mientras que la norma del
CPACA persigue el fin de interés general, de amparar el patrimonio público en
los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, sin comprometer, no obstante, su imparcialidad en la decisión
del asunto.
TRATOS DIFERENTES EN MATERIA PROCESAL-Jurisprudencia constitucional
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Aptitud del cargo
PRESCRIPCION-Definición/PRESCRIPCION ADQUISITIVA-Concepto/PRESCRIPCION EXTINTIVA-Concepto
En el sistema
jurídico colombiano, la prescripción es una institución jurídica que
corresponde a dos figuras diferentes: por una parte, la adquisitiva, también
conocida como usucapión (adquisición o apropiación por el uso, por
su etimología latina usucapionem, de usus-uso- ycapere –tomar-), que es un
título originario de adquisición de derechos reales, por la posesión ejercida
durante el tiempo y bajo las condiciones exigidas por la ley y la prescripción
extintiva o liberatoria, que es un modo de extinguir derechos u
obligaciones, como resultado de su no reclamación, alegación o defensa durante
el tiempo determinado por la ley, por cualquier razón subjetiva que motive la inacción
de su titular, dejando salvas las suspensiones determinadas por la ley en favor
de ciertas personas.
PRESCRIPCION-Alcance
CADUCIDAD Y PRESCRIPCION EXTINTIVA-Diferencia
PRESCRIPCION-Institución compatible con el ordenamiento
constitucional colombiano
PRESCRIPCION EXTINTIVA-Diferencia de
trato en jurisdicción ordinaria y contencioso administrativa
JUICIO DE PROPORCIONALIDAD-Niveles de intensidad
JUICIO DE PROPORCIONALIDAD DE INTENSIDAD DEBIL-Jurisprudencia constitucional
JUICIO DE IGUALDAD-Patrón
de comparación e intensidad
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Mandatos que comprende
(i) un mandato de trato idéntico a destinatarios
que se encuentren en circunstancias idénticas, (ii) un mandato de
trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no comparten
ningún elemento en común, (iii) un mandato de trato paritario a destinatarios
cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes
sean más relevantes a pesar de las diferencias y, (iv) un mandato de trato
diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte
similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más
relevantes que las similitudes.
Expediente: D-11871
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 282 (parcial) de
la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso y artículo 2513 (parcial) del
Código Civil.
Actores: Marisol Gómez Camacho y Luis Nelson Tabares Medina.
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá,
D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de
sus atribuciones constitucionales y legales, en especial la prevista en el
artículo 241.4 de la Constitución, una vez cumplidos los trámites y requisitos
contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la Acción Pública consagrada en el
artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, los ciudadanos Marisol
Gómez Camacho y Luis Nelson Tabares Medina demandan la declaratoria de
inconstitucionalidad parcial de los artículos 282 de la Ley 1564 de 2012,
Código General del Proceso y artículo 2513  del Código Civil.
Mediante providencia del 7 de diciembre de
2016, el Magistrado sustanciador dispuso inadmitir la demanda de la referencia,
por la vulneración del artículo 13 de la Constitución Política, al constatar el
no cumplimiento de las exigencias formales establecidas en el artículo 2 del
Decreto 2067 de 1991. Mediante escrito presentado ante la Corte Constitucional
el 14 de diciembre de 2016[1], los
demandantes corrigieron la demanda. Por Auto del 23 de enero de 2017, el
Magistrado sustanciador decidió admitir la demanda, al constatar que se habían
corregido los defectos puestos de presente en el auto inadmisorio. Al tiempo
ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación, a fin de que
emitiera su concepto en los términos de los artículos 242.2 y 278.5 de la
Constitución; fijar en lista el proceso con el objeto de que cualquier
ciudadano impugnara o defendiera la norma y comunicar, de acuerdo con el
artículo 11 del Decreto 2067 de 1991, la iniciación del mismo al Presidente de
la República, para los fines previstos en el artículo 244 de la Constitución,
así como al Presidente del Congreso y al Ministro de Justicia y del Derecho.
Se invitó a participar en el presente juicio al Ministerio
de Justicia y del Derecho, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de
Estado, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al Colegio de Abogados del
Trabajo, a la  Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Facultad de Derecho
de la Universidad Externado de Colombia, a la Facultad de Derecho de la
Universidad de los Andes, a la Facultad de Jurisprudencia y a la Escuela de
Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, a la facultad de derecho de la
Universidad de la Sabana, a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad
Javeriana, a la facultad de derecho de la Universidad Libre, a la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas, a la Facultad de
Derecho de la Universidad del Cauca, a la Facultad de Derecho, Ciencia Política
y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte y a la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional.
Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la
Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver
sobre la presente demanda.
A. NORMA DEMANDADA
El siguiente es el texto del artículo 282 de la Ley 1564
de 2012, Código General del Proceso y del artículo 2513 del Código Civil. Las
normas acusadas se transcriben a continuación:
LEY 1564 DE 2012
(julio 12)
Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se expide el Código General del
Proceso y se dictan otras disposiciones
“ARTÍCULO 282. RESOLUCIÓN SOBRE EXCEPCIONES. En
cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que
constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia,
salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que
deberán alegarse en la contestación de la demanda.
Cuando no se proponga oportunamente la excepción
de prescripción extintiva, se entenderá renunciada.
Si el juez encuentra probada una excepción que
conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de
examinar las restantes. En este caso si el superior considera infundada aquella
excepción resolverá sobre las otras, aunque quien la alegó no haya apelado de
la sentencia.
Cuando se proponga la excepción de nulidad o la de
simulación del acto o contrato del cual se pretende derivar la relación
debatida en el proceso, el juez se pronunciará expresamente en la sentencia
sobre tales figuras, siempre que en el proceso sean parte quienes lo fueron en
dicho acto o contrato; en caso contrario se limitará a declarar si es o no
fundada la excepción”
CÓDIGO CIVIL
Ley 57 de 1887, art. 1o. “Regirán en la República,
noventa días después de la publicación de esta ley, con las condiciones y
reformas de que ella trata, los códigos siguientes:
(...)
El Civil de la Nación, sancionado el 26 de mayo de 1873
(...)”
“ARTICULO 2513. El que quiera aprovecharse de la prescripción
debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio.
<Inciso adicionado por el artículo 2 de la Ley 791 de 2002. El nuevo
texto es el siguiente:> La prescripción tanto la adquisitiva como la
extintiva, podrá invocarse por vía de acción o por vía de excepción, por el
propio prescribiente, o por sus acreedores o cualquiera otra persona que tenga
interés en que sea declarada, inclusive habiendo aquel renunciado a ella”.
B. LA DEMANDA
Los ciudadanos Marisol
Gómez Camacho y Luis Nelson Tabares Medina demandan la declaratoria de
inconstitucionalidad de los apartes resaltados del artículo 282 de la Ley 1564
de 2012, Código General del Proceso y del artículo 2513  del Código Civil, al
considerar que dichas disposiciones desconocen el artículo 13 de la
Constitución Política.
Consideran
que existe un trato diferente injustificado respecto de los justiciables, que
se materializa por el contraste entre esta regulación y la presente en el
artículo 180 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo,
Ley 1437 de 2011, el que dispone que el juez deberá decidir, de oficio, incluso
lo relativo a la prescripción extintiva. A su juicio, no existe ninguna razón
válida que justifique el trato diferente y, por el contrario, al regular de
manera distinta la misma situación, el legislador afectó el derecho de todos
los justiciables a ser tratado en condiciones de igualdad.
En el
escrito de corrección de la demanda, los demandantes precisaron que la falta de
simetría entre las regulaciones de los poderes del juez, respecto de la
excepción de prescripción extintiva, en el Código General del Proceso y el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
vulnera el mandato de trato igual a personas que se encuentran en una situación
equivalente, en este caso, los justiciables, usuarios del servicio público de
la justicia. Sostienen que el legislador no justificó, de manera alguna, el
trato diferente dentro de la categoría de los justiciables y la división de
tareas entre las distintas jurisdicciones, no es razón suficiente para el trato
dispar. Agregaron que el Estado tiene la obligación de promover el interés
público, como lo hace el CPACA al hacer obligatorio el reconocimiento de la
prescripción “pero igualmente debe hacerlo con el interés privado, en
tratándose de quiénes (sic) acceden a la jurisdicción ordinaria, pues en
ambos casos se corre el riesgo de daño económico y/o respecto a sus derechos
para la parte afectada (sea el Estado, o la persona natural)”. Por
consiguiente, consideran que no se advierte razón alguna para tratar distinto a
usuarios de la justicia que deben recibir la misma protección en su calidad de
usuarios de este servicio público.
C. INTERVENCIONES
1. De entidades públicas
a. Ministerio de Justicia
La directora de la Dirección de Desarrollo del Derecho y
del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia[2],
solicita la declaratoria de constitucionalidad de la norma cuestionada.  Explica
que la prescripción extintiva en las dos jurisdicciones en cuestión tiene
características diferentes, relativas a su naturaleza, sus efectos y al tipo de
derecho al que pertenecen, público y privado, lo que explica que el legislador
les otorgue un trato diferenciado. Considera que los justiciables de ambas
jurisdicciones se encuentran en situaciones diferentes. El reconocimiento
oficioso de la prescripción por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo busca, a su juicio, la protección del interés público. Así, el
trato diferenciado estaría plenamente justificado.
Agrega que no existe omisión legislativa relativa, porque
el legislador no estaba obligado a otorgar un trato paritario a la situación de
los justiciables en ambas jurisdicciones y, por el contrario, esta regulación hace
parte del margen de configuración del legislador en materia procesal.
2. Intervenciones de las
universidades y organizaciones académicas
a. Universidad
Externado de Colombia
Un docente del Departamento de Derecho
Procesal de la Universidad Externado de Colombia[3] intervino
en el proceso para solicitar la declaratoria de exequibilidad de las normas
demandadas. En su concepto, los demandantes incurren en el error conceptual de
considerar que hay dos clases de prescripción: la adquisitiva y la extintiva,
cuando en realidad, son la misma institución jurídica, ya que la extinción de
un derecho para alguien, genera coetáneamente, la pérdida del derecho para otro.
Por esta razón, considera que no es posible que, como lo solicita el actor, el
juez dé un trato diferente a la prescripción extintiva, respecto de la
adquisitiva, lo que generaría un trato contrario al principio de igualdad.
También considera que los demandantes confunden la prescripción con la
caducidad, la que se refiere no a los derechos, sino a los términos procesales
para incoar las acciones. Por esta razón, explica por qué, en Colombia, el juez
debe decretar de oficio la caducidad, no así la prescripción.
El interviniente explica que la diferencia
de trato respecto de la regulación de la prescripción en el CPACA tiene una
justificación, ya que el juez de lo contencioso administrativo tiene un rol
especial de control de actos administrativos, que explica que deba declarar de
oficio la prescripción como excepción previa “siempre desde la óptica de la
defensa del interés común que comporta el derecho del Estado”. Así, al
tratarse de situaciones diversas, el trato diferente se encuentra justificado.
b. Academia Colombiana de Jurisprudencia
Uno de los Académicos de Número de la
Academia Colombiana de Jurisprudencia[4] rindió
concepto en el que solicita que las normas demandadas sean declaradas
exequibles. Expone que el artículo 282 del CGP recoge la regulación que ya
existía en el artículo 306 del CPC, derogado, en lo relativo a la denominada
excepción genérica que obliga al juez al reconocimiento oficioso de los hechos
exceptivos que enervan la demanda, salvo las llamadas excepciones propias, es
decir, aquellas que necesariamente deben alegarse, por razones sustanciales y
que no pueden ser reconocidas de oficio por el juez. Explica las diferencias
entre la nulidad sustancial relativa, establecida para proteger a la parte
afectada del contrato; la compensación, la que puede alegarse en el proceso o
hacerse valer en proceso separado; y la prescripción cuya invocación
potestativa constituye un acto de disposición de quien podría aprovecharse de
ella. En este sentido, considera que no podría pretenderse que el juez suplante
este acto de voluntad privado, por la decisión oficiosa del juez.
Para el interviniente, la manera como el
CPACA reguló la excepción de prescripción se explica en razón de la naturaleza
de la materia, el régimen legal aplicable, los intereses en juego y la
naturaleza de los recursos que exigen la indisponibilidad  y carácter no
renunciable de la prescripción que beneficie al Estado. Así, considera que la
diferencia de trato se justifica en la prevalencia del interés general sobre el
particular en la regulación del proceso ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
b. Universidad Libre
Miembros de la comunidad académica de la Universidad Libre[5] defienden la exequibilidad de las normas
demandadas. Para esto, explican la función que cumple la excepción de
prescripción extintiva en los procesos judiciales. Explican que la prescripción
es un fenómeno que crea o extingue derechos por el paso del tiempo y dependen
de la acción o inacción de la persona, razón por la cual no podría el juez
suplantar este hecho para declararla de oficio. A este efecto, con base en las
sentencias C-227 de 2009 y C-836 de 2013, diferencian la prescripción, fenómeno
de interés privado, de la caducidad, como fenómeno de orden público, lo que
implica el deber del juez de declararla de oficio. Agrega que la imposibilidad
de reconocer de oficio la prescripción en el CGP se justifica en el carácter
dispositivo del sistema procesal de derecho privado.
En cuanto a la diferencia de trato entre la Jurisdicción Ordinaria y la
de lo Contencioso Administrativo explican que las mismas conocen de asuntos de
distinta naturaleza. Arguyen que para la protección del patrimonio público, el
numeral 6 del artículo 180 del CPACA previó el deber del juez o magistrado
ponente de reconocer de oficio la prescripción extintiva, ya que en estos
procesos el Estado es sujeto pasivo y la falta de alegar esta excepción podría
afectar al conglomerado social, al menoscabar el patrimonio público. Así,
sostienen que no es posible equiparar la situación en la que se encuentran los
justiciables de cada una de esas dos jurisdicciones. Por el contrario, en el
caso de la Jurisdicción Civil, la alegación de la prescripción haría parte del
deber de diligencia que resulta razonable como carga del debido proceso. A su
juicio, la norma especial del CPACA haría parte de un conjunto de medidas para
proteger el patrimonio público, tales como la prohibición de confesión o de
allanamiento. Por estas razones, solicitan la declaratoria de exequibilidad de
las normas demandadas.
c. Intervenciones ciudadanas
De manera extemporánea[6], los accionantes allegaron a la Corte Constitucional un escrito
denominado de “alegatos de conclusión”. Debe advertirse que esta figura
no se encuentra prevista en el derecho procesal constitucional colombiano,
razón por la cual, el escrito remitido corresponde a una intervención más en el
proceso.
D. CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la
Nación, en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 242.2
y 278.5 de la Constitución Política, emitió en su oportunidad el Concepto 6278,
por medio del cual solicita la inhibición de la Corte Constitucional y, en su
defecto, la exequibilidad de las normas demandadas. Considera que la demanda
carece de especificidad al no explicar de qué manera se estaría vulnerando el
artículo 13 de la Constitución, ya que de acuerdo con la sentencia C-227 de
2009, la comparación sólo resulta posible cuando existan condiciones
comparables y la diferencia de jurisdicción competente, impide realizar una
comparación en términos constitucionales. Explica que la comparación es posible
entre personas, mas no entre procesos jurisdiccionales, de acuerdo con la
sentencia C-496 de 2016, es decir que la diferencia no puede predicarse de
leyes, sino de personas, afirmación que extrae de las sentencias C-155 de 1996
y C-600 de 2011. De acuerdo con la sentencia C-673 de 2001 concluye que no
existe, en el presente caso, término de comparación. En este sentido, considera
que el demandante no pone de presente algún trato injusto o irrazonable.
Para defender subsidiariamente la exequibilidad
de las normas acusadas, explica el concepto fiscal que la prescripción es, a la
vez, un modo de adquisición y de extinción de derechos y de acciones que buscan
la preservación del principio de seguridad jurídica a través de la estabilidad
en las relaciones frente al derecho. A su juicio el fundamento de las normas
demandadas se encuentra en el derecho del demandado para disponer libremente,
de acuerdo con sus convicciones, si se aprovecha o no de la prescripción.
Agrega que la doctrina ha asimilado la prescripción a un asunto de consciencia,
en cuanto al ocurrir la prescripción la obligación se convierte en natural y su
cumplimiento no será exigible, sino un asunto de moral.
En cuanto a la regulación de la prescripción en
el CPACA, la vista fiscal explica que dicha previsión ya se encontraba en el
artículo 164 del Decreto Ley 01 de 1984 y en el artículo 111 de la Ley 167 de
1941. El sustento de dichas normas sería la imposibilidad de las entidades
públicas para renunciar a sus derechos, así como en la protección del
patrimonio público. Para fundamentar esta conclusión, el concepto cita
extractos doctrinales. En estos términos, el concepto del Procurador concluye
que el trato diferente se encuentra plenamente justificado y no contraría así,
el artículo 13 de la Constitución.
II. CONSIDERACIONES
A. COMPETENCIA
1.       En virtud de lo dispuesto por el artículo 241.4 de la Constitución
Política, este tribunal es competente para conocer de la presente demanda, por
dirigirse contra preceptos contenidos en normas con fuerza y rango de ley: la Ley
1564 de 2012, Código General del Proceso y el Código Civil.
B. CUESTIONES PREVIAS: LA APTITUD DE LA DEMANDA
2.       En
su concepto, el Procurador General de la Nación sostiene que la demanda carece
de especificidad porque, a la luz de la jurisprudencia constitucional, los
juicios de igualdad sólo resultan posibles cuando la comparación se realiza
entre personas, no entre procedimientos. Agrega entonces, que no existe patrón
de comparación entre los procesos que se desarrollan ante la Jurisdicción
Ordinaria y ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
3.       Justamente
la necesidad de identificar quiénes serían los sujetos comparables, destinatarios
del trato posiblemente contrario al principio de igualdad, fue lo que condujo
al Magistrado Ponente a inadmitir inicialmente la demanda, lo que permitió a
los accionantes, en el escrito de corrección de la demanda, sostener que la
comparación planteada no se establece entre normas procesales, sino respecto
del trato que las mismas profieren a la categoría común de los justiciables los
que, a su juicio, requieren un trato respetuoso del principio de igualdad,
independientemente de la jurisdicción competente para tramitar y resolver el
asunto. Sostuvieron también que no existen razones de fondo que justifiquen
dejar desprotegido los intereses de los justiciables en la Jurisdicción
Ordinaria, por la imposibilidad de reconocer de oficio la ocurrencia de la
prescripción, a diferencia de lo que ocurre ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, donde los intereses del demandado sí resultan
amparados por las atribuciones oficiosas del juez. Esta nueva argumentación
permitió la admisión de la demanda al considerar “Que la jurisprudencia
constitucional ha realizado juicios de constitucionalidad por vulneración al
principio de igualdad, en razón de las diferencias de la regulación de los
procesos adelantados ante las distintas jurisdicciones, a partir del análisis
del trato proferido dentro del grupo de los justiciables (…)”[7].
4.       En
efecto, más allá de que la comparación se estableciera a partir de regímenes
procesales diferentes, para acudir a jurisdicciones distintas, la Corte Constitucional
examinó si la determinación para las víctimas, de términos diferentes de
prescripción de la acción civil derivada del delito, cuando ésta se ejerciera
autónomamente, o dentro del proceso penal, vulneraba el principio de igualdad.
Así, en la sentencia C-570 de 2003, concluyó la Corte que la diferencia de
trato no es inconstitucional y que el legislador no había desbordado el margen
de configuración atribuido a él en materia procesal, ya que la diferencia de
trato es razonable y proporcionada. Concluyó la Corte que “dado
que el fin de la prescripción es sustraer al sindicado del poder punitivo del
Estado, no sería razonable que el juez penal dictara la condena en perjuicios
si la acción penal ya ha sido prescrita. La coherencia interna exigida por el proceso
penal obligan a que la pretensión adyacente de naturaleza civil siga la suerte
de la pretensión principal y que si esta desaparece, desaparezca la primera
como su consecuencia lógica. Ello no obsta, sin embargo, para reconocer que
cuando el juez penal dicta una sentencia absolutoria o establece que la
conducta desplegada es atípica, el afectado patrimonialmente por la conducta
conserva la facultad de acudir a la jurisdicción civil para solicitar la
indemnización correspondiente”[8].
5.       Posteriormente,
en la sentencia C-492 de 2016 decidió la Corte si la previsión de multas a los
abogados que interponen el recurso de casación contra la sentencia, pero
posteriormente no presentan la demanda, en materia laboral, constituía una
vulneración al principio de igualdad, ya que dicha sanción no está prevista
para los litigantes que incurren en la misma conducta ante la Sala Civil y
Agraria o ante la Sala Penal, cuyos recursos de casación se encuentran regidos
por codificaciones diferentes. Para la accionante, dicho trato implicaba “una
vulneración del derecho a la igualdad que afecta de manera irrazonable a los
profesionales del derecho”. En dicha oportunidad este tribunal halló apta
la demanda[9] y al
examinar su constitucionalidad sostuvo que sí se encontraba afectado “el derecho a la igualdad, pues el derecho positivo asigna consecuencias
distintas a una misma conducta realizada por los apoderados judiciales
en el marco de los trámites de casación, en función de la instancia
jurisdiccional ante la cual actúan. La conducta objeto de la diferenciación es
la falta de presentación de la demanda de casación, después de que el recurso
ha sido presentado y admitido. Frente a esta misma conducta omisiva, el
ordenamiento atribuye un efecto diferenciado, según la instancia ante la cual
se litiga: cuando se trata de la Sala Laboral, el efecto jurídico consiste en
declarar desierto el recurso, y en imponer al apoderado judicial una multa
entre cinco y diez salarios mínimos mensuales; cuando se trata de la Sala Penal
o de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, el efecto es meramente
procesal, porque se circunscribe a la declaratoria de desierta del recurso” (negrillas no originales) [10]. En dicha oportunidad, la Corte fue más allá e identificó que el trato
contrario al principio de igualdad no sólo afectaba a los abogados, sino en
últimas, a sus clientes: “Aunque el derecho positivo radica en el apoderado
judicial la obligación de pagar la multa cuando no se presenta en tiempo la
demanda de casación, de manera consecuencial e indirecta la medida legislativa
establece una diferenciación entre los clientes o poderdantes que actúan
en las instancias jurisdiccionales laborales, y quienes actúan en las
instancias jurisdiccionales civil y penal, porque en últimas, es en estos
sujetos en que se radican las consecuencias y los efectos de la diferenciación”
(negrillas no originales)[11]. Frente
a lo anterior, no encontró la Corte que el trato diferente fuera
constitucional, porque a más de la indeterminación reprochable de la norma
sancionatoria, la medida se evidenciaba inidónea para alcanzar el fin de
descongestión judicial alegado en defensa de la norma.
6.       Posteriormente,
la sentencia C-493 de 2016 examinó si la exigencia de interposición y
sustentación del recurso de apelación, en materia laboral, vulneraba el
principio de igualdad ya que, en materia penal, los justiciables tienen
la posibilidad de sustentar el recurso dentro de los cinco días siguientes a su
interposición. Consideró la Corte que la diferencia de trato entre los
justiciables era razonable, ya que el proceso laboral es oral, lo que implica
una preparación permanente y adecuada de las partes y justifica la exigencia de
sustentación inmediata del recurso, teniendo en cuenta que las mismas “han
intervenido en varias etapas previas del proceso y en armonía con los
principios de inmediación y debido proceso las partes no son sorprendidas con
la decisión, ni en la preparación de la apelación”. En dicha oportunidad,
la norma fue declarada exequible porque  se trata de una “regulación
que garantiza el cumplimiento de los fines de la apelación y a la vez armoniza
los principios de celeridad y oralidad, sin dilaciones injustificadas, con
la garantía del derecho de defensa y acceso real, no formal, a una segunda
instancia”[12].
7.       También, en la reciente sentencia C-053 de 2018, esta Corte juzgó la
constitucionalidad de la existencia del grado administrativo de consulta
previsto en el artículo 146 de la Ley 836 de 2003, “por la cual se
expide el reglamento disciplinario de las Fuerzas Militares” para los
fallos disciplinarios absolutorios por faltas gravísimas y graves. El
accionante consideraba que dicha norma desconocía el mandato de igualdad que,
en el caso concreto, se predicaba del grupo de los servidores públicos,
teniendo en cuenta que dicho mecanismo de revisión automática de estos actos
administrativos, no está previsto respecto del resto de los mismos: ni en el
régimen del Código Disciplinario Único, ni respecto del régimen disciplinario
de la Policía Nacional, ni de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
Así, aunque la Corte encontró que sí existe un patrón de comparación relativo a
los servidores públicos y un trato diferente en materia procesal[13],
no lo halló contrario al principio constitucional de igualdad y, por lo tanto,
declaró la exequibilidad de la norma demandada.
8.       De
lo anterior se colige que en precedentes ocasiones, esta Corte ha examinado de
fondo la constitucionalidad de tratos diferentes en materia procesal, a pesar
de que el asunto se encuentre regulado en codificaciones diferentes y deba ser
tramitado ante autoridades jurisdiccionales o administrativas distintas, por
encontrar, más allá de la autoridad pública competente para decidir el asunto,
un patrón de comparación, relativo a los sujetos involucrados[14].
Así, ha juzgado la posible vulneración del principio de igualdad en el trato
proferido en distintas jurisdicciones respecto de las víctimas del delito
(sentencia C-570 de 2003), de los abogados y sus clientes (sentencia C-492 de
2016) y respecto del grupo de los justiciables (sentencia C-493 de 2016) o en
lo que respecta al trato proferido por distintas autoridades administrativas,
en procedimientos disciplinarios diferentes, al grupo de los servidores
públicos (sentencia C-053 de 2018). De estos precedentes subyace así la idea
constitucional según la cual la diversidad de regímenes procesales o de
autoridades competentes no constituye, en sí misma, una razón que excluya el examen
de la constitucionalidad del trato y que impida la realización de un juicio de constitucionalidad
de fondo en materia del derecho a la igualdad.
9.       En
atención a lo anterior, la demanda que ahora examina la Corte Constitucional sí
plantea un cargo apto, teniendo en cuenta que los accionantes argumentaron que
el patrón de igualdad se establece dentro del grupo de los justiciables, en el
que pusieron de presente que existe un trato diferente, ya que quienes son
demandados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo pueden no
alegar la prescripción y, en todo caso, el juez la reconocerá oficiosamente,
mientras que si son demandados ante la Jurisdicción Ordinaria, el juez no podrá
declarar de oficio dicho fenómeno extintivo. Finalmente, los accionantes aducen
que el trato diferente no encuentra razón válida alguna, ya que, a su juicio,
la protección del patrimonio y los intereses de los sujetos, sean éstos
públicos o privados, debe ser una responsabilidad de los jueces, en cualquier
jurisdicción. Así, la prohibición de reconocimiento oficioso de la
prescripción, prevista en las normas demandadas del Código Civil y del Código General
del Proceso carecería, en el concepto de los demandantes, de razonabilidad, al
no perseguir un fin legítimo, ni fundarse en criterios objetivos que le den
sustento al trato diferente.
10.   En vista de lo anterior,
se concluye que es posible proferir un pronunciamiento de fondo de la Corte
Constitucional.
C. PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
11.   El
artículo 282 del Código General del Proceso prevé que en los procesos regidos
por dicha codificación, el juez no podrá, de oficio, reconocer la
ocurrencia de la prescripción y que, por lo tanto, dicho fenómeno deberá ser
alegado en la contestación de la demanda, a título de excepción. La norma agrega
que la no formulación oportuna de la excepción de prescripción, hará entender
que se ha renunciado a la misma. Por su parte, y de manera congruente con la
regulación procesal, el artículo 2513 del Código Civil dispone que el que
quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla y que el juez no puede
declararla de oficio. Para los demandantes, estas dos normas desconocen el
principio de igualdad predicable de todos los justiciables, porque en virtud
del numeral 6 del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, en adelante CPACA, quienes
acudan como demandados a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no
tienen la carga de alegar la prescripción extintiva, ya que, en dicha
jurisdicción, el juez la deberá reconocer de oficio. Para el demandante no
existe justificación constitucional para dicha diferencia de trato y, en virtud
del principio de igualdad, en los procesos regidos por el Código General del
Proceso el juez también debería reconocer de oficio la prescripción, para
tutelar adecuadamente los derechos patrimoniales de los justiciables, lo que
resultaría de la inexequibilidad de los apartes cuestionados de las normas
demandadas. Contrario al concepto de los accionantes, los intervinientes y el
Procurador General de la Nación consideran que las normas resultan
constitucionales, ya que la diferencia de trato resulta razonable.
12.   En
estos términos, el problema jurídico que debe resolver la Corte Constitucional
en el presente caso es el siguiente: ¿Al impedir el reconocimiento oficioso de
la prescripción extintiva por parte del juez, a diferencia de lo que ocurre en
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, los artículos 282 del Código
General del Proceso y 2513 del Código Civil desconocen el principio de igualdad
respecto de los justiciables?
13.
Para
responder a este problema jurídico y, determinar por esta vía la
constitucionalidad de las normas demandadas, esta Corte precisará, por una
parte, (i) el concepto y fundamento de la prescripción en el ordenamiento
jurídico colombiano y examinará, por otra parte, (ii) la constitucionalidad de
la diferencia de trato en lo relativo al reconocimiento oficioso de la
prescripción, en virtud del principio de igualdad. Para esto, recurrirá al
desarrollo de un juicio o test de igualdad.
D. EL CONCEPTO Y
FUNDAMENTO DE LA PRESCRIPCIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO
14.   En
el sistema jurídico colombiano, la prescripción es una institución jurídica que
corresponde a dos figuras diferentes[15]: por
una parte, la adquisitiva, también conocida como usucapión (adquisición
o apropiación por el uso, por su etimología latina usucapionem,
de usus-uso- y capere –tomar-), que es un título originario de adquisición de derechos reales,
por la posesión ejercida durante el tiempo y bajo las condiciones exigidas por
la ley[16] y la prescripción
extintiva o liberatoria, que es un modo de extinguir derechos u
obligaciones[17], como
resultado de su no reclamación, alegación o defensa durante el tiempo
determinado por la ley, por cualquier razón subjetiva que motive la inacción de
su titular[18],
dejando salvas las suspensiones determinadas por la ley en favor de ciertas
personas[19].
15.   La
usucapión y la prescripción extintiva corresponden a una decisión de política
legislativa contraria a la idea de perpetuidad de los derechos[20], que busca hacer coincidir la realidad (la posesión continua o la
inacción prolongada), con el ordenamiento jurídico[21] para, por una parte, premiar a
quien explota los derechos reales, a pesar de no ser su titular, pero que
desarrolla la función social de la propiedad (artículo 58 de la Constitución), en
el caso de la usucapión y, por otra parte, conminar a la definición pronta y
oportuna de las situaciones jurídicas, so pena de exponerse a perder el derecho
o la acreencia, en el caso de la prescripción extintiva[22]. En este sentido, para imprimir
certeza en el tráfico jurídico y sanear situaciones de hecho, la prescripción materializa
la seguridad jurídica, principio de valor constitucional que podría resultar
comprometido por la indefinición latente y prolongada de los problemas
jurídicos surgidos de hechos jurídicos relevantes[23]: la posesión del derecho real
ajeno o la inacción en la reclamación de los derechos u obligaciones[24]. Al otorgar una respuesta
jurídica a situaciones de hecho prolongadas, la prescripción también responde a
necesidades sociales y busca implementar un orden justo, establecido como fin esencial
del Estado en el artículo 2 de la Constitución. Así, la prescripción, en sus
dos formas, apunta en últimas a materializar el fin, valor, derecho y deber de
la paz (artículos 2, 6.6 y 22 de la Constitución), al regular un aspecto
esencial de la solución pacífica de los litigios y controversias y, buscar, por
esta vía, la convivencia social[25]. Como
reflejo de este fundamento constitucional, es posible identificar en la
prescripción una parte de interés general de por medio (convivencia pacífica,
seguridad jurídica y orden justo), el que se entremezcla con el interés
particular de aquel puede beneficiarse de la misma[26].
16.   A pesar de las
dificultades teóricas para diferenciar la caducidad de la prescripción
extintiva, ya que ambas figuras conducen a resultados prácticos equivalentes,
por la imposibilidad de hacer efectiva la obligación o el derecho[27],
esta Corte ha establecido que la prescripción extintiva se diferencia de la
caducidad por su naturaleza y por sus efectos. La caducidad es un fenómeno de
orden público que extingue la acción correspondiente, cierra la posibilidad de
acceder a la justicia y genera, por consiguiente, el rechazo de la demanda, en
razón de su no presentación oportuna[28] o, si no
fue preliminarmente advertida, la adopción de una sentencia inhibitoria, por
tratarse de un defecto insaneable del proceso. Por su parte, la prescripción extintiva
suprime los derechos o las obligaciones[29] y, por
lo tanto, no cierra el acceso al juez, no impide que el mismo profiera una
sentencia de fondo, respecto de las pretensiones formuladas ya que, al lado del
pago, son asuntos relativos al objeto mismo de la litis.
17.  En suma, la
prescripción en general es una institución compatible con el ordenamiento
constitucional colombiano, pero su configuración concreta, relativa a los
plazos y las condiciones para su configuración y reconocimiento, es una materia
de competencia del legislador, por lo que su constitucionalidad debe ser
analizada caso por caso.
E. LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA DIFERENCIA DE TRATO
EN CUANTO AL RECONOCIMIENTO OFICIOSO DE LA PRESCRIPCIÓN
18.  El problema
jurídico bajo estudio consiste en determinar si la diferencia de trato puesta
de presente por los accionantes, respecto del reconocimiento oficioso de la
ocurrencia de la prescripción, consulta o no el principio constitucional de
igualdad. Para resolver esta problemática y determinar la constitucionalidad de
las normas demandadas, se recurrirá al desarrollo de un test o juicio integrado
de igualdad[30], en el
que se desarrollarán tres etapas: En un primer término se determinará el patrón
de comparación o tertium comparationis, es decir, se identificará si la
situación planteada por los accionantes resulta comparable. En segundo lugar se
identificará si realmente existe un trato jurídica o fácticamente diferente y,
en tercer lugar, se examinará la razonabilidad de la diferencia de trato[31]. Para
esto último, se recurrirá al examen o juicio de razonabilidad.
La determinación de
la intensidad del juicio:
19.  Al tratarse de un
modo de extinción de derechos y obligaciones, por su no presentación, reclamación
o exigencia oportuna, o de adquisición de derechos por su posesión en los
términos de la ley, que requiere necesariamente de una sentencia judicial para
su configuración, la prescripción es una figura comunicante del derecho
sustancial, con implicaciones en el derecho procesal y determinada por el mismo[32], a tal punto que la norma demandada
del Código Civil, norma eminentemente sustancial, establece un mandato dirigido
a los jueces en los procesos: “El que quiera aprovecharse de la prescripción
debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio”[33]. Lo anterior implica que es el
legislador a quien le corresponde configurar el régimen concreto de la
prescripción: las hipótesis en las que se predica, los términos para su
ocurrencia y el tratamiento procesal relativo a su alegación y reconocimiento
judicial.
20.  El fundamento
constitucional de dicha atribución se encuentra en el numeral 2 del artículo
150 de la Constitución según el cual, le corresponde al Congreso de la
República “Expedir
códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones”. Es por
esta razón que, de manera consistente, esta Corte ha identificado la existencia
de un amplio margen de configuración del legislador en lo relativo a las
materias procesales[34], como
el caso bajo revisión, para determinar, entre otros asuntos[35], los términos para presentar las demandas,
las reglas de competencia, las cargas procesales, las etapas del proceso, los
poderes del juez, el contenido y congruencia de la sentencia, así como los
recursos procedentes contra las providencias judiciales[36], siempre y cuando en dicha configuración normativa,
la ley no vulnere los principios, valores, derechos y garantías
constitucionales, en particular, las derivadas del derecho al debido proceso[37]; las formas procesales sean razonables y
proporcionadas y en ellas se dé prevalencia al derecho sustancial, sobre el
adjetivo (artículo 228 de la Constitución). Pero también esta amplitud de
juicio ha sido reconocida en lo que concierne específicamente a la prescripción[38], con el límite de no desconocer la
intangibilidad, intemporalidad y carácter irrenunciable de ciertos derechos,
como aquellos laborales y de la seguridad social, sin perjuicio de la
prescripción extintiva concreta no del derecho, sino de las mesadas o
prestaciones económicas periódicas, no oportunamente reclamadas[39].
21.  En virtud de la
deferencia al juicio del legislador respecto de las normas aquí cuestionadas,
el examen de la razonabilidad de la diferencia de trato se realizará en su
menor intensidad. Este rigor se confirma, en el caso concreto, porque (i) las
normas demandadas recurren a la jurisdicción competente como criterio para
establecer la diferencia de trato[40], dicho
criterio no se encuentra constitucionalmente prohibido[41] y no es sospechoso de discriminación
negativa; (ii) las normas no materializan la afectación o limitación al goce de
un derecho fundamental y (iii) no existe un mandato constitucional
específicamente dirigido a la igualdad de los justiciables en los diferentes
procesos y ante las diferentes jurisdicciones establecidas en nuestro
ordenamiento jurídico.
22.   Respecto
del juicio débil, la Corte Constitucional reiteró y unificó las etapas o
elementos del juicio de razonabilidad y de proporcionalidad en las sentencias
C-114 y C-115 de 2017. En dichas providencias precisó la Corte que: “(…) en
función de su intensidad el juicio de proporcionalidad puede ser débil,
intermedio o estricto. La intensidad incide, o bien en lo que exige la
aplicación de cada uno de los pasos que componen el juicio, o bien en la
relevancia de algunos de sus pasos. (…) El juicio de
proporcionalidad de intensidad débil impone determinar, inicialmente,
si la medida (i) persigue una finalidad constitucional legítima o no prohibida
por la Constitución. En caso de ser ello así, se requiere además establecer si
(ii) el medio puede considerarse, al menos prima facie, como idóneo para
alcanzar la finalidad identificada”[42].
23.  Así las cosas, en
el presente caso se examinará (i) el patrón de comparación o  tertium
comparationis. Si se concluye que se trata de situaciones comparables, (ii)
se identificará la existencia de un trato jurídica o fácticamente diferente y,
en este caso, (iii) se juzgará la razonabilidad de la diferencia de trato por
la (a) legitimidad del fin perseguido por las normas y (b) la idoneidad prima
facie de la medida.
(i) El patrón de comparación:
24.  La determinación
del patrón de comparación, parámetro de comparación o tertium comparationis
es el primer paso en el examen del respeto del principio constitucional de
igualdad, teniendo en cuenta que dicho mandato de optimización sólo resulta
predicable de situaciones comparables y, en este caso, implica “(i) un
mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias
idénticas, (ii) un mandato de trato enteramente diferenciado a
destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún elemento en común, (iii) un
mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten
similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de
las diferencias y, (iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se
encuentren también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en
cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes.”[43].
25.  En el caso bajo
estudio, las normas demandadas del Código Civil y del Código General del
Proceso impiden el reconocimiento oficioso de la ocurrencia de la prescripción
en los asuntos regidos por dichas codificaciones, mientras que el CPACA lo
permite, en los asuntos por él regulados. El criterio a partir del cual se
establece la diferencia es, a la vez, el régimen jurídico aplicable al asunto y
la jurisdicción competente para resolver el litigio. A este respecto podría
pensarse prima facie que no se trata de situaciones comparables ya que,
estas diferencias serían suficientes para excluir el cotejo, al no encontrarse
en la misma situación. Sin embargo, como quedó establecido en el análisis de la
aptitud de la demanda, más allá de este tipo de diferencias, la comparación a
la luz del principio de igualdad resulta posible por el reconocimiento del
justiciable[44], como
sujeto del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia
(artículo 228 de la Constitución), usuario del servicio público esencial de la
administración de justicia (artículo 125 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, 270 de 1996) y titular de una serie de derechos y
garantías reconocidas transversalmente, independientemente del cuerpo normativo
que se ocupe del asunto, de la especialidad de la materia o de la jurisdicción
competente (artículo 29 de la Constitución[45]). Estas
características comunes predicables del grupo de los justiciables le otorga
fundamento a la tendencia a la unidad del derecho procesal que pretende la
simplificación en el acceso a la justicia y propende por una tutela judicial
efectiva, con prevalencia del fondo, sobre las formas procesales. Si bastara
con el establecimiento de diferentes jurisdicciones para excluir el examen del
respeto del principio de igualdad en el grupo de los justiciables, se estaría
entonces dando una autorización incondicional al legislador para establecer
diferencias de trato irrazonables o caprichosas y el principio de igualdad
quedaría desdibujado por un examen de primer nivel del criterio o patrón de
comparación.
26.  Debe advertirse,
además, que la comparación en este asunto no se establece a partir de
diferencias claras entre sujetos diferentes: entre particulares, por una parte,
y entidades públicas, por la otra, ya que ambos sujetos procesales acuden tanto
a la Jurisdicción Ordinaria, como a la de lo Contencioso Administrativo. Así,
por ejemplo, las entidades públicas acuden en calidad de demandadas ante la
Jurisdicción Ordinaria, en lo que concierne a la responsabilidad contractual y
extracontractual cuando pertenecen al sector financiero, bursátil y asegurador
y la causa litis corresponde al giro ordinario de sus negocios (numeral
1 del artículo 105 del CPACA); también son demandadas ante esta jurisdicción las
entidades públicas en lo que concierne a los litigios laborales y de la
seguridad social de los trabajadores oficiales (numeral 4 común de los
artículos 104 y 105 del CPACA); igualmente son demandadas ante la Jurisdicción
Ordinaria Laboral y de la Seguridad Social las entidades públicas que
pertenezcan al Sistema Integral de Seguridad Social (numeral 4 del artículo 2
del Código Procesal Laboral). Por su parte, los particulares también pueden ser
demandados o llamados en garantía ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo en calidad de agentes del Estado, para efectos de la repetición,
cuando ejerzan funciones públicas (artículos 1, 2 y 7 de la Ley 678 de 2001);
también, en aplicación de un fuero de atracción, es posible que particulares
que coparticiparon con entidades públicas en la causación de daños, su
responsabilidad civil sea demandada ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo[46].
27.   En consideración
de lo anterior, se concluye que en el presente caso sí existe materia de
comparación, a la luz del principio de igualdad.
(ii) El trato diferente
28.  Respecto de los
sujetos de la administración de justicia, mientras que los artículos 282 del
CGP y 2513 del CC imponen a quien pretenda beneficiarse de la prescripción, la
carga de alegarla en el proceso y, por consiguiente, prohíben al juez su
reconocimiento oficioso, el artículo 180 del CPACA impone en el juez la
obligación de reconocer la ocurrencia de la prescripción extintiva, incluso si
ésta no fue alegada en la contestación de la demanda. De esta descripción surge
un trato jurídicamente diferente otorgado por el ordenamiento jurídico a los
justiciables, en lo que respecta a la tutela judicial de la prescripción, por
el establecimiento de diferentes reglas técnicas al respecto: por una parte, la
dispositiva, en lo que concierne a los asuntos regidos por el Código General
del Proceso y la inquisitiva, en los asuntos de competencia de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo.
29.  Ahora bien, dicha
diferencia de trato sólo es predicable de la prescripción extintiva o
liberatoria, teniendo en cuenta que (i) las normas demandadas del Código Civil
y del Código General del Proceso se refieren genéricamente a la prescripción,
la que, como se explicó precedentemente, se refiere tanto a la usucapión o
prescripción adquisitiva y a la prescripción extintiva o liberatoria, mientras
que el CPACA se limita a lo relativo a la prescripción extintiva, teniendo en
cuenta que ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no se tramita
la declaración de pertenencia por usucapión (artículo 104 del CPACA). Por
consiguiente, el examen de la razonabilidad del trato diferente se limitará a
lo relativo a la prescripción extintiva.
(iii) La razonabilidad del trato
diferente
30.  Para determinar la
razonabilidad del trato diferente, a la luz del principio de igualdad, en el
presente caso se examinará si la finalidad perseguida es legítima o
constitucional y, en ese caso, si la medida es potencialmente idónea para
lograr dicho fin.
a) El examen del carácter
legítimo de la finalidad: La alegación de la prescripción como una carga de la
parte, que  busca proteger la autonomía de la voluntad privada
31.   Al establecer las
normas demandadas que la prescripción debe ser alegada por quien pretenda
beneficiarse de ella y que, en consecuencia, al juez le está vedado su
reconocimiento oficioso, las mismas configuran la prescripción como una
excepción propia, es decir, un argumento en contra de la prosperidad de las
pretensiones del demandante, que debe ser puesto de presente por el demandado y
aunque se encuentren probados en el proceso los hechos que la configurarían, el
juez no dispone del poder para sustituir a la parte en cuanto a su alegación.  De
esta manera, las normas en cuestión establecen la formulación procesal de la
prescripción, como una carga procesal en cabeza de aquel que pretenda
beneficiarse de ella[47]. Así, a
diferencia de las obligaciones, las cargas son deberes establecidos en interés
del sujeto sobre pesan las mismas, lo que implica que su cumplimiento trae
aparejados beneficios para quien las realiza; consecuencias adversas para quien
no las cumple y no existen medios jurídicos para forzar, coactivamente, su
realización[48]. Esto
implica que en el presente asunto se juzga la constitucionalidad de una carga
procesal establecida por el legislador respecto de ciertos justiciables, a
diferencia de otros.
32.   La carga procesal de alegar
la prescripción en su beneficio, actualmente prevista en el Código Civil y en
el Código General del Proceso, consulta el origen mismo de la figura en el
derecho romano, al tratarse de una advertencia, aviso o praescriptio –
escrito antes o de manera previa - que debía ponerse de presente al juez en el
encabezado de la fórmula que delimitaba la Litis[49].
En el derecho colombiano, la carga de la alegación de la prescripción responde
a una larga tradición procesal. Así, el Código Judicial de 1931, Ley 105,
establecía en el artículo 343 que “Cuando el Juez halle
justificados los hechos que constituyen una excepción perentoria, aunque ésta
no se haya propuesto ni alegado, debe reconocerla en la sentencia y fallar el
pleito en consonancia con la excepción reconocida, salvo la de prescripción,
que debe siempre proponerse o alegarse”. En igual sentido, el Código de
Procedimiento Civil de 1970, Decreto Ley 1400, disponía en su artículo 306 que
“Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción,
deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción,
compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la
demanda”. En la materia, la legislación colombiana resulta concordante con algunas
referencias importantes en el derecho comparado[50].
33.   La razón
de ser de que en los asuntos regidos por el derecho privado y, en este caso,
por el Código General del Proceso, la prescripción deba ser alegada como una carga
procesal, radica en que con el transcurso del tiempo necesario para la
prescripción del derecho o de la obligación, surge para el deudor la
posibilidad, mas no la obligación, de oponerse al cobro[51], como una medida pensada en su interés
particular, razón por la cual, una vez cumplido el tiempo[52], quien puede beneficiarse de ella pueda
renunciar de manera expresa o tácita a la misma, sin comprometer el interés
general (artículo 2514 del Código Civil) y aceptar voluntariamente, por esta
vía, la ejecución de la obligación. En otras palabras, la no oposición de la
excepción de prescripción en el proceso, constituye un acto dispositivo de
renuncia o abandono de la misma[53], frente
a la cual, es necesario concluir que el legislador, al prohibir el
reconocimiento oficioso de la prescripción, en las normas demandadas, buscó
justamente amparar la autonomía de la voluntad privada, limitada por la
posibilidad de que la misma pueda ser alegada por terceros con interés en
subrogación del deudor[54]. La
prescripción extintiva ante la Jurisdicción Ordinaria requiere, para su configuración,
la participación de tres sujetos: el acreedor o titular del derecho que no
exigió su cumplimiento o ejecución a tiempo, el deudor o sujeto pasivo de la
relación jurídica que alegó la ocurrencia de la prescripción como excepción[55] y así se opuso a su realización[56] y el juez que la declaró en la sentencia[57]. La falta de la participación de cualquiera
de los tres sujetos, impide la configuración de la prescripción.
34.   Siendo
entonces renunciable la prescripción por parte de los sujetos que acuden como
demandados ante la Jurisdicción Ordinaria, resultaría desconocida la autonomía
de la voluntad privada el otorgamiento al juez del poder de suplantar a quien
podría beneficiarse de la prescripción para reconocerla oficiosamente y tomar
la decisión en su lugar. Es por lo anterior, que hay autores que refieren que
en los sistemas jurídicos en los que no se reconoce la autonomía de la voluntad
privada, como en los antiguos países del bloque comunista, el juez reconoce de
oficio la ocurrencia de la prescripción y se priva así al particular de la
facultad de aceptar la demanda y renunciar a la prescripción[58].
35.   Fue
justamente el reconocimiento de la autonomía de la voluntad privada, que funda
el carácter renunciable de la prescripción y explica la carga procesal de la
alegación, lo que condujo al Congreso de la República a rechazar un artículo incluido
en un proyecto de ley presentado en los años 1999 y 2000, que buscaba
justamente otorgar esta facultad a los jueces en todos los asuntos[59]. La exposición de motivos de dicho proyecto
argumentaba que se trataba de (i) una unificación en la
materia, ya que si el juez de lo contencioso administrativo tenía la facultad
de reconocer de oficio la prescripción, no había razón para que no lo hiciera
el juez civil, que (ii) descongestionaría los despachos judiciales y (iii) que
pondría a tono el derecho colombiano, con las “actuales tendencias en la
materia”[60].
La ponencia para primer debate reiteró los mismos argumentos[61]
y la ponencia para segundo debate los confirmó[62]. Dicho proyecto
fue defendido en la Cámara de Representantes por el profesor Hernán Fabio López[63].
Sin embargo, desde la ponencia para el primer debate, esta propuesta fue
rechazada por el Senado de la República, al considerar que “no es de recibo
el contenido del artículo 3 de la iniciativa, cuando establece que la
prescripción puede ser decretada de oficio, por cuanto la prescripción es un
derecho potestativo, que el interesado utiliza o no, según su conveniencia y
conciencia, por lo mismo es una ventaja patrimonial, cuya adquisición no se le
puede imponer al interesado. La oficiosidad en la declaración de la
prescripción en materia penal, obedece a razones de favorabilidad de la ley
penal para el reo, principio constitucional fundamental, en tanto que en el
derecho fiscal, es una decisión política del Estado acreedor y la caducidad,
que no la prescripción, de las accionantes contra el Estado, es una protección
especial que este se otorga. Nada de lo cual ocurre con la prescripción en
materia de obligaciones y de otras acciones. ǁ En todas las legislaciones,
desde cuando existe la figura de la prescripción, su declaración ha exigido
alegación de parte, y por lo mismo siempre se le ha prohibido al juez
decretarla de oficio. Y en cuanto a que con esa oficiosidad se produciría una
considerable descongestión judicial esa manifestación carece de sustento y
seriedad. No hay ningún estudio que demuestre cuántos son los procesos en los
que se ventila o se ha ventilado una excepción de prescripción. Y la
declaración oficiosa de la prescripción al rechazar preventivamente o in
limine la demanda, además de ser producto de una confusión con la figura de
la caducidad lejos de aminorar la oportunidad de debate y la prolongación del
proceso, la aumentaría, fuera de que implicaría una restricción, por no decir
una supresión de las posibilidades de defensa del demandante”[64]. Para decidir al respecto, en Comisión
fueron escuchados varios expertos, quienes defendieron el rechazo de la
propuesta relativa al reconocimiento oficioso de la prescripción: el profesor
Ramiro Bejarano[65]; el
entonces Presidente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, Carlos Ignacio Jaramillo[66] y el
profesor Fernando Hinestrosa[67],
quienes unánimemente criticaron el proyecto relativo a la declaración oficiosa
de la prescripción. En consideración de estos argumentos, este poder no le fue
finalmente atribuido al juez en la Ley 791 de 2002.
36.   En
suma, la prohibición contenida en las normas demandadas, para que el juez
reconozca de oficio la ocurrencia de la prescripción, independientemente de que
este argumento haya sido o no presentado por el demandado, a título de
excepción, tiene por finalidad amparar la autonomía de la voluntad privada de
quien podría resultar beneficiado con esta institución y permitirle, si lo
considera pertinente, renunciar a la prescripción mediante un acto jurídico
abdicativo, cuya voluntad se manifiesta a través del silencio; no oponer así la
excepción de prescripción, constituye una renuncia a la misma, teniendo en
cuenta que el transcurso del tiempo no configura la prescripción, sino crea en
el sujeto, el derecho a alegarla. Se trata de una ponderación realizada por el
legislador, entre el interés general presente en la figura de la prescripción,
relativo a la seguridad jurídica y el interés particular de quien podría
beneficiarse de la misma. En estos términos, la finalidad es legítima desde el
punto de vista constitucional, teniendo en cuenta que la autonomía de la
voluntad privada que la norma busca amparar, es una manifestación del principio
de dignidad humana[68] que
desarrolla los derechos y libertades públicas que fundamentan el poder de
autodeterminación de las personas en el tráfico jurídico[69], con las limitaciones razonables y
proporcionadas que establezca el orden jurídico[70].  En sentido parecido, esta Corte declaró
la constitucionalidad de los apartes de los artículos 1743 del Código Civil y
900 del Código de Comercio que disponen que la nulidad relativa no puede ser
declarada de oficio por el juez, al considerar que se trata de medidas que
amparan la autonomía de la voluntad privada[71]
y permiten, por la no alegación, como un acto de renuncia, la convalidación del
vicio frente a un negocio jurídico que a pesar del error, la fuerza o el dolo,
pudo resultar benéfico para el sujeto, por lo que, en dicha materia, no existen
razones de interés general que fundamenten un reconocimiento oficioso del juez[72].
El
reconocimiento oficioso de la prescripción extintiva en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo: una larga tradición que pretende proteger el patrimonio público,
ante dicha jurisdicción
37.   Es cierto que en
precedentes ocasiones, la Corte Constitucional ha incluido la imposibilidad del
reconocimiento oficioso de la prescripción, como un elemento de su esencia o
definición[73]; sin embargo,
a diferencia de lo que ocurre en el presente caso en el que el accionante
plantea la posible vulneración del principio de igualdad y para esto, pone de
presente el trato otorgado a quien podría beneficiarse de la prescripción ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en anteriores ocasiones la
Corte no ha tomado en consideración la regulación propia del CPACA, que es aquí
puesta como referente del principio de igualdad.
38.   El reconocimiento
oficioso de la prescripción en los procesos que se adelanten ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no es una creación de la Ley
1437 de 2011, ya que fue introducida al ordenamiento jurídico por el artículo
111 de la Ley 167 de 1941, segundo código de lo Contencioso Administrativo que
derogó la Ley 130 de 1913 y dispuso que “Las excepciones se
deciden en la sentencia definitiva. ǁ Pueden ser declaradas
sin instancia de parte, cuando se encuentren justificados los hechos u
omisiones que las constituyen”. A pesar de no hacer mención expresa a la
excepción de prescripción, la norma es general y desde la exposición de motivos
de la ley, se refirió concretamente la prescripción como una de las excepciones
que podrían ser reconocidas de oficio por parte del juez[74]. Esta
diferencia respecto de la regulación del procedimiento civil fue confirmada por
el artículo 164 del Decreto Ley 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo
que dispuso, en su inciso segundo que “En la sentencia definitiva se
decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada”. En este sentido, el numeral 6 del
artículo 180 del CPACA, aquí utilizado como referente de igualdad, se inserta
en esta tradición al disponer que durante la audiencia inicial del proceso ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo “El Juez o
Magistrado Ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las
excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción,
conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva”.
39.   De esta manera, la
norma del CPACA, heredera de la tradición expuesta, excepciona las reglas
propias del derecho privado y constituye, por lo tanto, una típica norma de
derecho administrativo que, en materia de prescripción extintiva, busca amparar
el interés general que subyace en la protección del patrimonio público que
resulta salvaguardado, en los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo, en razón de la oficiosidad del reconocimiento de
este fenómeno.
40.   Así, mientras las
normas demandadas del Código Civil y del Código General del Proceso tienen por
finalidad amparar la autonomía de la voluntad privada y permitir la libre
disposición de los sujetos para permitirles hacer valer o renunciar a la
prescripción, la norma del CPACA tiene una finalidad diferente, de interés
general, que consiste en el amparo del patrimonio público, cuya protección
también goza de respaldo constitucional, al tratarse de un interés colectivo y
su protección, un principio constitucional[75].
Igualmente, ya que la renuncia a la prescripción es un acto dispositivo, el
ordenamiento jurídico exige que quien pretende renunciar disponga de capacidad
para ello, algo de lo que gozan en principio quienes acuden a la Jurisdicción
Ordinaria[76],
mientras en la materia no es predicable la autonomía de la voluntad de las
entidades públicas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo[77],
ya que ante ésta, existen una serie de limitaciones a la disposición de los
recursos públicos, tales como las autorizaciones previas para allanarse a las
pretensiones de la demanda[78]. De
esta manera es posible sostener que el reconocimiento oficioso de la
prescripción, por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es
una norma de derecho público, característica propia del Contencioso
Administrativo, que persigue finalidades de interés general[79]
y hace parte de otra serie de normas propias del Derecho Administrativo, que
lo hacen especial, frente al derecho privado, tales como la invalidez de la
confesión de los representantes de las entidades públicas[80]
y las condiciones especiales para la validez de la conciliación de las
entidades públicas[81]. No
obstante, estas normas que caucionan el patrimonio público, no pueden ser
entendidas como un mandato general a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo que permita concluir que su función jurisdiccional consiste en
la protección del erario en favor de la administración pública, ya que esto
atentaría contra el principio de imparcialidad, como garantía esencial exigible
de cualquier juez de la República. En realidad, se trata de normas precisas que
incluyen garantías particulares de protección del patrimonio público o que le
otorgan funciones concretas al juez, como la de reconocer de oficio la
ocurrencia de la prescripción extintiva, sin afectar su imparcialidad al
momento de fallar el asunto.
41.   Ahora bien, debe
advertirse que el reconocimiento oficioso de la prescripción no persigue una
protección del patrimonio público a partir de un criterio orgánico o subjetivo,
en beneficio de todas las entidades públicas, independientemente de la
jurisdicción a la que acudan, lo que constituiría un privilegio procesal
orgánico. Se trata de una garantía que materialmente el legislador limitó a los
procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
(artículo 104 del CPACA y las normas especiales que determinan el objeto de
esta jurisdicción), razón por la cual la decisión legislativa de distribución
de competencias entre ésta y la Jurisdicción Ordinaria, determina la presencia
o no de estas garantías procesales especiales, en consideración de razones de
fondo tales como la naturaleza de la actividad en la que participan las
entidades públicas, la naturaleza del vínculo o la actividad sometida a la
libre competencia, en la que participan las entidades públicas, lo que
determina, para el caso concreto, que cuando resulten demandadas ante los
jueces ordinarios, deban someterse, en igualdad de condiciones, a las mismas
reglas procesales que los particulares, incluidas las relativas a la carga de alegar
la prescripción. En otras palabras, las cautelas especiales al patrimonio
público son predicables de las materias o los asuntos que, en ejercicio del
amplio margen de configuración del que dispone el legislador en la materia[82],
decidió confiar a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
b) La idoneidad prima facie de la
medida: La prohibición al juez para reconocer de oficio la prescripción es un
medio idóneo para amparar la autonomía de la voluntad privada
42.   Ya que en los asuntos
que se rigen por el Código Civil y por el Código General del Proceso, las
normas demandadas persiguen la finalidad constitucionalmente legítima de
proteger la autonomía de la voluntad privada, ¿La imposibilidad del juez de
declarar de oficio la ocurrencia de la prescripción extintiva, es una medida
idónea para alcanzar dicho fin?
43.   En razón del carácter
renunciable de la prescripción en los asuntos regidos por el Código Civil y por
el Código General del Proceso, la no formulación de la excepción
correspondiente constituye un negocio jurídico cuya voluntad se expresa
mediante el silencio, razón por la cual, las normas demandadas dirigidas al
juez, responden adecuadamente a esta naturaleza y evitan, lógicamente, que el mismo
cercene la posibilidad de quien podría beneficiarse de la prescripción, por
cualquier razón, de no oponer el medio exceptivo correspondiente y reconocer, a
pesar del paso del tiempo, la existencia de una obligación con causa jurídica
válida y justa. Lo anterior indica que la medida demandada es idónea para
proteger la autonomía de la voluntad, porque evita que el juez suplante la
decisión libre del demandado de hacer valer o no la ocurrencia de la
prescripción, incluso si se trata de una entidad pública que acude a la
Jurisdicción Ordinaria.
44.   En estos términos, al
prohibir al juez el reconocimiento oficioso de la prescripción, a diferencia de
lo previsto en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los artículos 282 de la Ley
1564 de 2012, Código General del Proceso y 2513 del Código Civil no
vulneran el principio constitucional de igualdad, ya que a pesar de que se
evidencia un trato diferente respecto de los justiciables, usuarios del
servicio público de administración de justicia, dicha diferencia resulta
razonable, ya que las normas demandadas persiguen la finalidad constitucionalmente
legítima de amparar la autonomía de la voluntad y el medio utilizado es idóneo
para alcanzar dicho fin, mientras que la norma del CPACA persigue el fin de
interés general, de amparar el patrimonio público en los procesos que se
adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin
comprometer, no obstante, su imparcialidad en la decisión del asunto.
SÍNTESIS DE LA
DECISIÓN
45.   Le
correspondió a la Corte Constitucional resolver el siguiente problema jurídico:
¿Al impedir el reconocimiento oficioso de la prescripción extintiva por parte
del juez, a diferencia de lo que ocurre en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, los artículos 282 del Código General del Proceso y 2513 del
Código Civil desconocen el principio de igualdad respecto de los justiciables?
46.
Para
responder a este problema jurídico y, determinar por esta vía la
constitucionalidad de las normas demandadas, esta Corte precisó, por una parte,
(i) el concepto y fundamento de la prescripción en el ordenamiento jurídico
colombiano y examinó, por otra parte, (ii) la constitucionalidad de la
diferencia de trato en lo relativo al reconocimiento oficioso de la
prescripción, en virtud del principio de igualdad. Para esto, se desarrolló de
un juicio o test de igualdad.
47.   Concluyó la Corte que al
prohibir al juez el reconocimiento oficioso de la prescripción, a diferencia de
lo previsto en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los artículos 282 de la Ley
1564 de 2012, Código General del Proceso y 2513 del Código Civil no
desconocieron el principio constitucional de igualdad, ya que a pesar de existir
un trato diferente respecto de los justiciables, encontró la Corte que dicha
diferencia es razonable, teniendo en cuenta que las normas demandadas persiguen
la finalidad constitucionalmente legítima de amparar la autonomía de la
voluntad privada, al permitir la renuncia a la prescripción y el medio
utilizado es idóneo para alcanzar dicho fin, mientras que la norma del CPACA
persigue el fin, también legítimo, de proteger el patrimonio público, en los
procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
48.   Por las anteriores
consideraciones, las normas demandadas serán declaradas exequibles.
III. DECISIÓN
En mérito a las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada dentro del
presente proceso mediante el Auto 305 de 2017.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLES, por el
cargo de vulneración del artículo 13 de la Constitución Política, los apartes demandados
de los artículos 282 de la Ley 1564 de 2012, Código General del
Proceso y 2513 del Código Civil.
Notifíquese, publíquese y archívese el expediente.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
Impedimento aceptado
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARÍA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folio
12 y siguientes del expediente.
[2] Diana
Alexandra Remolina Botía. Página 60 y siguientes del expediente.
[3] Jimmy Rojas
Suárez. Folio 46 y siguientes del expediente.
[4] Luis
Augusto Cangrejo Cobos. Página 49 y siguientes del expediente.
[5] Jorge
Kenneth Burbano Villamarín, Paola Fernanda Erazo Ramírez y Nelson Enrique Rueda
Rodríguez. Folio 53 y siguientes del expediente.
[6] El término
de fijación en lista venció el 15 de febrero de 2017, de acuerdo con el informe
secretarial del 16 de febrero del mismo año (folio 66 del expediente) y la
intervención fue recibida el 17 de mayo de 2017. En el escrito sostienen que el
reconocimiento oficioso de la prescripción respondería a los principios de
economía procesal e impulso procesal.
[7] Folio 21
del expediente.
[8] Corte
Constitucional, sentencia C-570/03.
[9] “Así
planteada la controversia, corresponde a la Corte determinar si se vulnera el
derecho a la igualdad cuando una misma conducta procesal de los apoderados
judiciales, consistente en presentar un recurso extraordinario y no sustentarlo
en tiempo, es sancionada cuando se despliega en una instancia jurisdiccional, y
no lo es cuando se despliega en las demás jurisdicciones, sobre la base de que
en el primero de los escenarios existe un alto nivel de congestión que hace
necesaria la racionalización en el uso de los dispositivos procesales”:
Corte Constitucional, sentencia C-492/16.
[10] Corte
Constitucional, sentencia C-492/16.
[11] Corte
Constitucional, sentencia C-492/16 que declaró inexequible la expresión “y
se impondrá al apoderado judicial una multa de 5 a 10 salarios mínimos”, contenida
en el artículo 49 de la Ley 1395 de 2010.
[12] Corte
Constitucional, sentencia C-493/16.
[13] “Atendiendo
a ese patrón de igualdad, la Corte estima que en efecto hay un trato desigual
respecto del grado de consulta en los distintos procedimientos disciplinarios.
Por ende, pasa a revisar si ese trato desigual que se presenta respecto del
grado jurisdiccional de consulta entre los distintos regímenes disciplinarios
supera o no un test de igualdad.”: Corte Constitucional, sentencia
C-053/18.
[14] “(…) en
relación con el argumento de los demandantes en el sentido que en el proceso
civil, a diferencia del laboral, sí resulta procedente la casación respecto de
las excepciones de prescripción y cosa juzgada, así ellas se tramiten como
previas, reitera la Sala el criterio que consistentemente ha sostenido
esta Corporación frente a acusaciones por presunta vulneración al
principio de igualdad en las diversas regulaciones de los procesos judiciales,
en el sentido que no son extremos comparables en la medida que regulan
supuestos fácticos distintos, y las diferencias entre unos y otros se
introducen en función de los procesos y no en función de las partes que
intervienen en ellos. De manera que al predicarse el principio de igualdad
de las personas y no de los procesos, no resulta procedente aducir la
violación del derecho a la igualdad mediante la comparación de normas procesales
pertenecientes a diversos estatutos” (negrillas no originales): Corte
Constitucional, sentencia C-820/11.
[15] El
artículo 1136 del Código Civil mexicano las denomina prescripción positiva y
prescripción negativa.
[16] “La prescripción adquisitiva (usucapión) es un modo de adquirir las
cosas comerciables ajenas, por haberlas poseído durante un tiempo y con arreglo
a las condiciones definidas en la ley (Cód. Civil arts 2512 y 2518 y ss)”: Corte Constitucional, sentencia C-466/14, que declaró exequible el
artículo 2532 del Código Civil, en el entendido de que la usucapión
extraordinaria se suspende a favor de las víctimas de desplazamiento forzado,
que por esta circunstancia se han visto ante la imposibilidad absoluta de
ejercer su derecho de propiedad, en los términos del artículo 2530 del Código
Civil.
[17] El
artículo 1527 del Código Civil dispone que “Las obligaciones son civiles o
meramente naturales. ǁ Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su
cumplimiento. ǁ Naturales las que no confieren derecho para exigir su
cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o
pagado, en razón de ellas. ǁ (…) 2a.) Las obligaciones civiles
extinguidas por la prescripción”. De manera más técnica, sin
recurrir a la expresión “obligación natural”, el artículo 2940 del Código Civil
italiano dispone: “Pago de la deuda prescrita. No se admite repetición de
aquello pagado espontáneamente en cumplimiento de una deuda prescrita”.
[18] “En
virtud de la  prescripción, en su dimensión liberatoria (…) se
tiene por extinguido un derecho que, por no haberse ejercitado, se puede
presumir que el titular lo ha abandonado; por ello en la prescripción
se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio, o sea la negligencia
real o supuesta del titular” (subrayado
original): Corte Constitucional, sentencia C-227/09.
[19] El
artículo 2530 del Código Civil, modificado por el artículo 3 de la Ley 791 de
2002, dispone: “La prescripción ordinaria puede suspenderse sin extinguirse;
en ese caso, cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el
tiempo anterior a ella, si alguno hubo. ǁ La prescripción se suspende a
favor de los incapaces y, en general, de quienes se encuentran bajo tutela o
curaduría. ǁ Se suspende la prescripción entre el heredero beneficiario y
la herencia. ǁ Igualmente se suspende entre quienes administran patrimonios
ajenos como tutores, curadores, albaceas o representantes de personas
jurídicas, y los titulares de aquellos. ǁ No se contará el tiempo de
prescripción en contra de quien se encuentre en imposibilidad absoluta de hacer
valer su derecho, mientras dicha imposibilidad subsista”.
[20] “(…) la
idea de perpetuidad de la pretensión y del derecho subyacente vino a menos, en
obsequio del apremio de certeza y seguridad (…) La prescripción, que
como tal implica un cambio y tiene una función constitutiva, obedece a una
decisión política del ordenamiento, consistente en otorgarle el derecho al
interesado de hacer valer el tiempo corrido en determinadas condiciones”: Fernando
Hinestrosa, La prescripción extintiva, 2 edición, Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 2006, p. 54.
[21] “Esta
institución jurídica otorga derechos con base en la ocurrencia de hechos”:
Corte Constitucional, sentencia C-832/01.
[22] “La prescripción extintiva o liberatoria es la institución
jurídica por medio de la cual se pone fin a un derecho y a la correspondiente
obligación, como consecuencia del paso del tiempo y de la pasividad de su
titular en exigirlo por los cauces previstos en el ordenamiento”: Corte
Constitucional, sentencia C-895/09.
[23] “La convivencia pacífica, consagrada en el artículo 2 de la
Constitución, consecuencia del interés general consignado en el primero, exigen
que existan reglas jurídicas claras a las cuales deban someter su conducta las
personas que viven en Colombia, y que no subsistan indefinidamente situaciones
inciertas generadoras de disputas y litigios sin fin, incompatibles con la
seguridad jurídica y, en último término, con el derecho a la paz, que es el eje
de toda nuestra normatividad superior”: Corte Constitucional, sentencia
C-597/98, que declaró exequible el aparte acusado del artículo 1742 del Código
Civil que dispone que la nulidad absoluta no generada por objeto o causa
ilícita puede sanearse por ratificación de las partes “y en todo caso por
prescripción extraordinaria”.
[24] La prescripción persigue “la seguridad jurídica, que al ser
de interés general, es prevalente (art. 1o. superior). Y
hacen posible la vigencia de un orden justo (art. 2o. superior), el cual no
puede ser jamás legitimador de lo que atente contra la seguridad jurídica, como
sería el caso de no fijar pautas de oportunidad de la acción concreta derivada
del derecho substancial”: Corte Constitucional, sentencia C-072/94,
reiterada en la sentencia C-916/10.
[25] “3- Los
derechos constitucionales como tales en general no prescriben, puesto que
emanan del reconocimiento de la dignidad de la persona humana y configuran
valores superiores del ordenamiento jurídico colombiano (CP arts 1º y 5º). Sin
embargo, esto no significa que la prescripción extintiva como tal vulnere el
orden constitucional, ya que ésta cumple funciones sociales y jurídicas
invaluables, por cuanto contribuye a la seguridad jurídica y a la paz social,
al fijar límites temporales para adelantar controversias y ejercer acciones
judiciales”: Corte Constitucional, sentencia C-198/99.
[26] “la
prescripción extintiva tiene una estrecha relación con principios
constitucionales como el orden público, la seguridad jurídica y la convivencia
pacífica, por ello es protegida dentro de nuestro ordenamiento. En efecto, en
los casos en los que el titular de un derecho permanece indefinidamente sin
ejercerlo, no sólo se encuentra involucrado el interés particular, sino también
el interés general en la seguridad jurídica del ordenamiento y estabilidad de
las relaciones”: Corte Constitucional, sentencia T-581/11.
[27]“De acuerdo con la
teoría procesal, tanto la prescripción como la caducidad son fenómenos de
origen legal cuyas características y efectos debe indicar el legislador; estas
figuras procesales permiten determinar con claridad los límites para el
ejercicio de un derecho”: Corte Constitucional, sentencia C-227/09.
[28] “La
caducidad es una institución jurídico procesal a través del cual, el
legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el
tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el
fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se haya en la
necesidad  por parte del conglomerado social de obtener seguridad
jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la
caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la
protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la
acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el
proceso”: Corte Constitucional, sentencia C-832/01.
[29] “(…) la
prescripción del derecho sustancial o material equivale a la extinción jurídica
de una situación como consecuencia del transcurso del tiempo, como consecuencia
de una renuncia, abandono, desidia o inactividad”: Corte Constitucional,
sentencia C-412/97.
[30] “El
juicio integrado de igualdad se compone entonces de dos etapas de análisis. En la primera, (i) se establece el criterio de
comparación, patrón de igualdad o tertium comparationis, es
decir, se precisa si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si
se confrontan sujetos o situaciones de la misma naturaleza. En esta parte,
asimismo, (ii) se define si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe
un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales. ǁ Una vez
establecida (iii) la diferencia de trato entre situaciones o personas que
resulten comparables, se procede, como segunda parte de este juicio, a
determinar si dicha diferencia está constitucionalmente justificada”: Corte
Constitucional, sentencia C-106/16.
[31] “(…) para
que un trato que practique alguna forma de diferenciación, sea considerado como
constitucional, es necesario que responda a criterios de razonabilidad[31],
como una de las formas de excluir la arbitrariedad del Estado. La
diferenciación, no es entonces en sí misma contraria al principio de igualdad,
ya que, en realidad, puede resultar completamente ajustada al mismo y
realizarlo de manera adecuada”: Corte Constitucional, sentencia C-115/17.
[32] “(…)
es claro que  no invade el derecho procesal una esfera ajena, cuando
reglamenta  asuntos atinentes a la prescripción, que ocurren dentro del
proceso. Pues, como se ve, la prescripción es institución que no puede
encuadrarse exclusivamente en uno de  estos dos campos: el correspondiente  al
derecho sustancial y el del derecho procesal.”: Corte Constitucional,
sentencia C-543/93.
[33] Artículo
2513 del Código Civil.
[34] “Todo
cuanto concierne a los procedimientos judiciales, a menos que lo haya
establecido directamente la Constitución, corresponde al legislador, como surge
con claridad de los artículos 29, 228, 229 y 230 de aquélla, entre otros.”:
Corte Constitucional, sentencia C-217/96.
[35] “(…)
corresponde a ese órgano político evaluar y definir  las etapas,
características, términos y demás  elementos integrantes de los
procedimientos mediante los cuales se adelanten los procesos judiciales”: Corte
Constitucional, sentencia C-135/99.
[36] Corte
Constitucional, sentencia C-555/01.
[37] “
(…) la cláusula general de competencia de la que goza constitucionalmente el
legislador, - numeral 2º del artículo 150 del Estatuto Superior -, lo habilita
con amplio margen de configuración, para regular los procedimientos, las
etapas, los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones
procesales en general (…) mientras el legislador, no
ignore, obstruya o contraríe las garantías básicas previstas por la
Constitución, goza de discreción para establecer las formas propias de cada
juicio”: Corte Constitucional, sentencia C-227/09.
[38] Corte
Constitucional, sentencias C-072/94 y C-916/10.
[39] “Así
las cosas, la pensión de jubilación, vejez e invalidez, entre otras, no admiten
una prescripción extintiva del derecho en sí mismo como cualquier otra clase de
derechos, lo cual no significa que se atente contra el principio de seguridad
jurídica (…) Cabe agregar, que dada la naturaleza periódica o de tracto
sucesivo y vitalicia de las pensiones, la prescripción resulta viable,
exclusivamente, respecto de los créditos o mesadas pensionales que no se
hubiesen solicitado dentro de los tres años anteriores al momento en que se
presente la reclamación del derecho”: Corte Constitucional, sentencia
C-230/98 que declaró inexequible el parágrafo del segundo parágrafo del
artículo 2o. de la Ley 116 de 1928 que disponía que “El derecho a solicitar
pensiones prescribe a los treinta años”.
[40] En otro
caso de examen de vulneración del principio de igualdad por trato diferente en
varias jurisdicciones, la Corte Constitucional también recurrió a un juicio
débil: sentencia C-493/16.
[41] “Es
necesario advertir que el juicio de proporcionalidad, en todos estos casos, se
encuentra precedido de un examen que tiene por propósito definir si la medida
cuyo juzgamiento se pretende está directamente proscrita por la Carta. Así por
ejemplo, no resulta permitido acudir a medidas como la tortura y las penas
crueles, inhumanas o degradantes (art. 12), la prisión perpetua o el destierro
(art. 34) o la expropiación sin indemnización (arts. 58 y 59)”: Corte
Constitucional, sentencias C-114 y 115 de 2017.
[42] Corte Constitucional,
sentencias C-114 y 115 de 2017.
[43] Corte
Constitucional, sentencia C-250/12.
[44] Corte
Constitucional, sentencia C-493/16.
[45] “(…) una
característica esencial del Estado de derecho es el respeto del debido proceso
para así evitar la arbitrariedad del Estado con el justiciable”: Corte
Constitucional, sentencia C-820/05.
[46] “La
demanda se dirigió contra la Policía Nacional, la Clínica Montería S.A.,
entidad de naturaleza privada y contra los doctores Julio César Zapateiro Pérez
y Jorge Luis Rodríguez Burgos, motivo por el cual se considera que al
demandarse entidades oficiales y particulares además de personas naturales, se
debe dar aplicación a la figura del fuero de atracción y por tanto la
jurisdicción competente para resolver la controversia es la contencioso
administrativa”: Consejo de Estado, Sección 3, sentencia del 7 de junio de
2012, rad. 2010877, exp. 23001-23-31-000-1998-00359-01 (21722).
[47] “Reclamar a tiempo es carga; Alegar en el
proceso, excepcionar, también es entonces una carga procesal ““la prescripción
es una de las cargas procesales que el presunto titular del derecho debe
soportar. Esta carga consiste en tener que acudir oportunamente al aparato
judicial, antes de perder el derecho. Lo anterior bajo el supuesto de que son
los ciudadanos los primeros llamados a actuar diligentemente, mucho más, si se
tiene en cuenta que son sus derechos los que están en juego”: Corte Constitucional, sentencia T-662/13.
[48] “(…)
las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan
o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en
interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias
desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e
inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso. De
allí que la posibilidad de las partes de acudir a la jurisdicción para hacer
efectiva la demanda de sus derechos en un término procesal específico, son
cargas procesales que puede válidamente determinar el legislador en los
términos señalados”: Corte Constitucional, sentencia C-227/09.
[49] “(…) la praescriptio era
una cláusula con la que se planteaban de manera preliminar las reservas pro
actione y pro reo, de modo de limitar el ámbito de las acciones”:
Antonio Guarino, Profilo del diritto romano, editorial Jovene,
Nápoles, 1994, p. 107, citado por Fernando
Hinestrosa, La prescripción extintiva, ob. Cit, p. 23-24.
[50] El artículo 2247 del
Código Civil francés, modificado por el artículo 1 de la Ley 2008-561 del 17 de
junio de 2008 dispone que “Los jueces no pueden suplir oficiosamente el
argumento –moyen- de la prescripción”. Por su parte, el artículo
2938 del Código Civil italiano prevé que “El juez no puede reconocer de
oficio la prescripción no alegada”. En el ámbito
latinoamericano, el artículo 2493 del Código Civil chileno prevé que “El que
quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede
declararla de oficio” y el artículo 1992 del Código Civil peruano dispone “El juez no puede fundar sus fallos en la prescripción si no ha sido
invocada”.
[51] “La prescripción no genera la eliminación del derecho, sino una
excepción. Por lo mismo, el cumplimiento del término no puede ser declarado de
oficio”: Heinrich Lange, BGB Allgemeiner Teil, 13 edición, CH Beck,
Múnich y Berlín, p. 108 citado por Fernando Hinestrosa, La prescripción
extintiva, ob. Cit., p. 99.
[52] El
artículo 2514 del Código Civil dispone que “La prescripción puede ser
renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después de cumplida”.
[53] Para la
Corte Suprema de Justicia: “(…) la razón de ser para que el juez no le sea
permisible declarar de oficio la prescripción, sin embargo de que llegue a
encontrarla probada, estriba en que el beneficiado con ella puede renunciarla,
incluso tácitamente. Que a esto equivale el abstenerse de alegarla dentro del
proceso respectivo”: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
sentencia del 13 de octubre de 1993, id. 16069, número del proceso 3617,
providencia: S-151, CCXXV, pp. 204.
[54] El inciso
segundo del artículo 2513 del Código Civil, adicionado por el artículo 2 de la
Ley 791 de 2002, dispone que “La prescripción tanto la adquisitiva como la
extintiva, podrá invocarse por vía de acción o por vía de excepción, por el
propio prescribiente, o por sus acreedores o cualquiera otra persona que tenga
interés en que sea declarada, inclusive habiendo aquel renunciado a ella”.
[55] La
excepción “tiene una doble función, una de naturaleza sustancial y otra de
naturaleza procesal: por una parte, completa el supuesto de hecho de
prescripción, por otra parte, como acto normativo que desencadena el deber del
juez de determinar, mediante una sentencia declarativa, los efectos ya
producidos por el supuesto de hecho”: Bruno Troisi, La prescrizione come
procedimento, Edizioni Scientifiche Italiane, Camerino, 1980.
[56] La
prescripción “No opera por el simple paso del tiempo, sino que tiene en
consideración elementos subjetivos como el ejercicio o inactividad de un
derecho subjetivo. ǁ De la definición anterior se desprende su
carácter renunciable y la necesidad de ser alegada por quien busca beneficiarse
de ella”: Corte Constitucional, sentencia C-832/01
[57] “Si la
prescripción estuviera regida exclusivamente por el derecho sustancial y
operara exclusivamente  en la esfera de éste, estaría el juez
inexorablemente obligado a declararla, como un hecho anterior al proceso, ajeno
a éste. Pero, no ocurre así, no lo ha dispuesto así la ley (…) El
que la prescripción sólo pueda alegarse en el proceso, implica algo que puede
pasarse por alto fácilmente: que uno de los elementos que la conforman sólo se
da  en el proceso y pertenece a éste  exclusivamente. Pues no bastan,
en tratándose de la adquisitiva,  la posesión y el paso del tiempo, ni la sola
inacción del acreedor  en relación con la extintiva: en uno y otro caso
quien tiene a su favor la prescripción, tiene que  ALEGARLA. SÓLO
ASÍ PODRÁ EL JUEZ DECLARARLA. Puede decirse, en consecuencia, que la
prescripción se estructura o integra dentro del proceso”: (resaltados
originales) Corte Constitucional, sentencia C-543/93. Así, “su alegación no lo es respecto de un hecho (extintivo)
acaecido con anterioridad al proceso (como podría ser el pago, la novación, la
condonación, etcétera), sino que aquella es en sí misma fuente del efecto
extintivo”: Eugenia Ariano Deho, “Renuncia y alegación de la prescripción
entre el Código Civil y el Código Procesal Civil”, en Ius et veritas, Pontificia
Universidad Católica del Perú, n. 33, p. 203.
[58] “Que la
prohibición al juez de declarar de oficio la prescripción es la expresión del
principio de la disponibilidad por parte del particular del efecto extintivo,
está demostrado por la consideración de que en los ordenamientos en los que no
se reconoce la autonomía privada (como por ejemplo en los (antiguamente
llamados) países socialistas), la prescripción es declarable de oficio por el
juez”: Biagio Grasso, “Prescrizione, diritto privado”, Enciclopedia del
Diritto, xxxv, Milano, 1986, p. 59, nota 17 citado por Fernando Hinestrosa,
La prescripción extintiva, ob. Cit. p 89.
[59] El
proyecto original de lo que se convertiría en la Ley 791 de 2002 que redujo los
términos de prescripción, incluía un artículo 3 que disponía “Artículo 3°. La
prescripción extintiva también podrá ser declarada de oficio” y cuyo texto
fue ajustado por Cámara de Representantes: “Artículo 3°. La prescripción
extintiva en las materias a que se refiere esta ley se decretará de oficio o a
petición de parte.”: Proyecto de Ley n. 063 de 2000, Cámara, Gaceta del
Congreso, n. 8, 26 de enero de 2001.
[60] “12.
Por último la ley, recogiendo lo que ha sido constante legislativa en materia
de procedimiento contencioso administrativo y tributario, faculta al juez para
declarar aún de oficio la prescripción extintiva, con lo que en esta materia se
unifica el sistema procesal colombiano, pues es inconcebible que si, por
ejemplo, en materia tributaria o contencioso administrativa el mismo Estado
debe declarar de oficio la prescripción, el juez en materias propias del campo
civil no lo pueda hacer, dado que el artículo 306 del C. de P.C., obliga a que
se alegue la prescripción extintiva, aspecto que debe quedar derogado para unificar
los sistemas. 13. Lo anterior necesariamente contribuye en buena medida a
la descongestión de los despachos judiciales, habida cuenta que en la
actualidad son muchos los procesos que demoran un buen tiempo entre la
presentación de la demanda, la formulación de la excepción de prescripción por
parte del demandado y la sentencia que la declare probada, lapso que se
reduciría si el juez puede declararla oficiosamente a través del rechazo in
limine de la demanda, como ocurre con la caducidad, fenómeno que igualmente
reconoce el efecto del transcurso del tiempo en el ejercicio de los derechos,
pues el objeto tanto de la prescripción como de la caducidad es extinguir los
derechos por la omisión de su ejercicio por parte de su titular durante un
cierto lapso. En efecto, prescripción y caducidad son fenómenos que coinciden
en la extinción de un derecho por su no oportuno ejercicio, sin embargo, la
doctrina ha querido encontrar diferencias entre las dos instituciones
básicamente para resaltar el carácter privado de la primera y la naturaleza
pública de la segunda. Lo cierto es que no existen verdaderas diferencias de
orden sustancial entre las dos figuras y ambas, en ultimas (sic),
cumplen una función de orden público como quiera que están llamadas a brindar
certeza y seguridad jurídica en el ejercicio de los derechos. Desde ese punto
de vista, no existe razón valedera para que la prescripción no pueda ser
declarada oficiosamente. Por otra parte, nuestro ordenamiento no siempre es muy
claro en señalar si en determinadas normas se consagra un fenómeno de
prescripción o de caducidad, lo cual confirma que no existen diferencias entre
las dos figuras, habida cuenta que bien podría escogerse entre cualquiera de
las dos. (…). Por ello es importante consagrar la posibilidad de
declarar de oficio la prescripción a efecto de evitar que ambivalencias como la
señalada estén llamadas a crear confusión, reforma que, además traslada a un
campo puramente académico la discusión atinente a las diferencias entre
prescripción y caducidad. Así las cosas, resulta de suma importancia brindarle
al juez la posibilidad de declarar oficiosamente la prescripción cuando
advierta su ocurrencia, toda vez que con ello se adaptaría el derecho procesal
a las actuales tendencias que persiguen resaltar el papel del juez como
director del proceso, se descongestionarían en buena medida los despachos
judiciales, se resaltaría la función de orden público que está llamada a
cumplir la prescripción y se permitiría unificar situaciones que han generado
confusión” (negrillas no originales): Manuel Ramiro Velásquez Arroyave,
“Exposición de motivos Proyecto de Ley Numero 63 De 2000 Cámara, por medio
de la cual se reducen los términos de prescripción extintiva”, en Gaceta
del Congreso, n. 366, 12 de septiembre de 2000, p. 18. Esta exposición de
motivos ya acompañaba el proyecto de ley 187 de 1999 (Gaceta del Congreso, n.
23, 23 de marzo de 1999) y  surgió de una investigación realizada por el
Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia:
Hernán Fabio López Blanco, La reforma al régimen de la prescripción, Universidad
Externado de Colombia, Bogotá, 2003, p. 14, nota 6.
[61] “Desde
ese punto de vista, no existe razón valedera para que la prescripción no pueda
ser declarada oficiosamente”: Gustavo Ramos Arjona, “Ponencia para el
primer debate al proyecto de Ley número 063 de 2000 cámara”, en Gaceta del
Congreso, n. 385, 26 de septiembre de 2000, p. 15.
[62] Miguel de
la Espriella Burgos, “Ponencia para segundo debate al proyecto de ley número 63
de 2000, Cámara”, en Gaceta del Congreso, n. 484 del 1 de diciembre de
2000, p. 6.
[63] “Entonces,
cuando se dice “la prescripción extintiva también podrá ser declarada de
oficio”, se abre la posibilidad que ya existe en contencioso administrativo y
tributario, donde hay leyes, que dicen que el mismo Estado puede declarar la
prescripción de oficio, o sea, el mismo Estado lo puede declarar, cómo no lo
podrá hacer el juez frente a otras relaciones sin necesidad de que alguien la
alegue”: Hernán Fabio López Blanco en  Gaceta del Congreso, 67, 14
de marzo de 2001, p. 16 y ss.
[64] Germán
Vargas Lleras en ponencia para primer debate “: Germán Vargas Lleras, “Ponencia
para primer debate”, en Gaceta del Congreso, n. 179, 7 de mayo de 2001.
[65] “La
idea de volver o tornar posible que se decrete la prescripción extintiva por
vía de oficio, sí nos parece que es inconveniente. Que desvertebra por completo
la institución del Código Civil. ǁ La prescripción es una institución
que a pesar de que es renunciable por el ciudadano, es una institución de
orden público y sobre esa figura centenaria del Código Civil hemos cabalgado
durante casi ya 200 años de vida republicana y no me parece que haya motivos
válidos para que eso pueda abrirse camino.  (…) convertir la
prescripción extintiva para que pueda ser declarada de oficio por el juez,
plantearía un problema de desequilibrio gigantesco en los procesos. Y es que
aquel demandante que pueda formular una demanda con base en un derecho
prescrito, se sometería de pronto a que el juez de entrada le dijera, usted no
tiene derecho a venir a formular esa demanda aquí, porque su derecho está
prescrito. ǁ Y de entrada le cercenaría el derecho de acceso a la
justicia, le impediría en un eventual proceso demostrar, por ejemplo, si a
pesar de la prescripción operó o no un fenómeno de interrupción de la
prescripción. De suerte que no se trata solamente de decirle a los honorables
Senadores que mantengamos una arqueología jurídica, sino es que además hay una
postulación ética y política y es la que el demandante que tiene un derecho
prescrito pueda demandar a pesar de eso, y tiene además el derecho en un
proceso a demostrarle al demandado que a pesar de la prescripción operó el
fenómeno de la interrupción de la prescripción y que por lo tanto el derecho
sigue vivo. ǁ De suerte que desde ese punto de vista celebro que se haya
advertido esa circunstancia y que se recoja en el proyecto del Senado” (negrillas
no originales): Ramiro Bejarano Guzmán, en “Acta de Comisión”, n. 31, del 5 de
junio de 2001, Gaceta del Congreso del 26 de septiembre de 2001.
[66] “(…) si
lo que se persigue es justamente la descongestión judicial, creemos que
entregarle esta importante herramienta al juez de la República podría
significar lo contrario justamente, más atraso, más congestión, más
proliferación de disputas y debates judiciales”: Carlos Ignacio Jaramillo en “Acta de Comisión”,
n. 31, del 5 de junio de 2001, Gaceta del Congreso del 26 de septiembre
de 2001.
[67] La
exigencia de alegación es un deber “obvio y universal” “las razones que se
aducen para la prescripción de oficio, no son atendibles. ǁ En ese sentido
habiéndole seguido de cerca el recorrido al proyecto, celebro y digo a boca
llena, que este proyecto una parte enmiende lo que a mi modo de ver y
respetuosamente lo digo, son yerros graves”: Fernando Hinestrosa,
intervención en sesión del 22 de agosto de 2001 en Senado, Gaceta del
Congreso, n. 102, 12 de abril de 2002. En su obra relativa a la materia,
agregó el profesor Hinestrosa que “La posibilidad de alegarla o no es “una
demostración palmaria de que la prescripción no pertenece, en rigor, al “orden
público”, y que el “interés general” en sus efectos y proyecciones no alcanza a
penetrar en la órbita del ius cogens. De la misma manera que la inercia
es potestativa del titular del derecho, y que la alegación de la prescripción
pertenece al arbitrio de su contradictor, es de la absoluta autonomía del
prescribiente el prescindir de la prescripción (renuncia), sin otro límite, en
los distintos casos, que el de la subrogación (acción oblicua) y la revocación
en favor de terceros cuya relación jurídica con el respectivo sujeto se vería
afectada por la conducta remisa o abdicativa de este”: Fernando Hinestrosa, La prescripción extintiva, ob. Cit.,
p.  179.
[68] “Dicha
autonomía se convierte en un derecho íntimamente ligado y vinculado a la
dignidad de la persona humana, ya que se erige en el instrumento principal e
idóneo para la satisfacción de las necesidades básicas, mediante el poder que
le otorga el ordenamiento positivo para regular sus propios intereses en el
tráfico jurídico. De ahí que, en la actualidad, se estime que es indispensable
conferir un cierto grado razonable de autorregulación a los asociados”:
Corte Constitucional, sentencia T-468/13.
[69] “la autonomía de la voluntad privada goza de sustento constitucional. En
efecto, este postulado se deriva de la aplicación de varios derechos
constitucionales concurrentes, a saber: el derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica (C.P. art. 14), el derecho a la propiedad privada (C.P.
art. 58), la libertad de asociación (C.P. arts. 38 y 39), la libertad
económica, la libre iniciativa privada y la libertad de empresa (C.P. arts. 333
y 334). Estos derechos constitucionales le confieren a los asociados la
potestad de crear, modificar y extinguir relaciones jurídicas”: Corte Constitucional, sentencia T-468/13.
[70] “La
autonomía de la voluntad privada consiste en el reconocimiento más o menos
amplio de la eficacia jurídica de ciertos actos o manifestaciones de voluntad
de los particulares. En otras palabras: consiste en la delegación que el
legislador hace en los particulares de la atribución o poder que tiene  de
regular las relaciones sociales, delegación que estos ejercen mediante el
otorgamiento de actos o negocios jurídicos”: Corte Constitucional, sentencia
T-338/93.
[71] “La
regulación contenida en el Código Civil y en el Código de Comercio en materia
de vicios del consentimiento y, particularmente, en relación con la fuerza como
uno de ellos, permite identificar que con tal régimen se pretende asegurar que
la declaración de la voluntad sea “transparente” o “auténtica”, es decir, que
entre lo dicho y lo querido exista coherencia e identidad, de modo que la
protección a la autonomía de la voluntad privada sea efectiva. La función de
consagrar la fuerza como vicio del consentimiento consiste, por tanto, en
amparar a las personas que debido al temor infundido en la celebración de un
acto jurídico terminan disociando la voluntad (lo querido) y la declaración de
la misma (lo manifestado). Lo anterior no se trata de ausencia de
consentimiento, sino de una distorsión del mismo”: Corte Constitucional,
sentencia C-345/17.
[72] “No
cabe duda que sería violatorio de las normas constitucionales, a las que se
adscribe la autonomía de la voluntad privada, un régimen que impidiera alegar a
la persona la invalidez del negocio que ha sido celebrado bajo los efectos de
fuerza. (…) Proceder, como lo plantean los demandantes, implicaría
que sin intervención alguna del legislador, este Tribunal impondría a los
jueces la obligación de actuar de oficio frente a un defecto que no compromete,
al menos en principio, la vigencia efectiva del orden público. Incluso, de
admitir el planteamiento de la demanda, el afectado no podría elegir conservar
un negocio que puede favorecerlo, tal y como ocurriría en el caso de un
contrato que, aunque originalmente viciado por una amenaza o presión, termina
reportándole un beneficio patrimonial. Acceder a las pretensiones podría
conducir, paradójicamente, a conferir una menor protección a quien el
ordenamiento pretende, precisamente, amparar de mejor manera”: Corte
Constitucional, sentencia C-345/17. Agrega la sentencia que “reconocer
a los particulares, luego de cesada la violencia, la posibilidad de definir si
continúan o no con el vínculo contractual, tiene en cuenta el hecho de que
ellos, y no terceros, son los que se encuentran en mejor posición de adoptar la
decisión”.
[73] “La
prescripción requiere, al contrario de la caducidad, alegación de parte y, en
tal virtud, no puede ser declarada de oficio por el juez. (…) La
prescripción es renunciable una vez ocurrida, mientras que el juez no podría
jamás aceptar tal determinación de las partes con relación a la caducidad.”:
Corte Constitucional, sentencia C-574/98.
[74] “En
relación con las excepciones (….) se dispone que puedan ser propuestas desde
que el negocio se fija en lista hasta que se dicte auto de citación para
sentencia, en cualquiera de las instancias del juicio; que se decidan en la
sentencia definitiva; que pueden ser declaradas sin instancia de parte cuando
se encuentren acreditados los hechos que las constituyen, y que este
pronunciamiento de oficio puede hacer aun respecto de la prescripción,
contrariamente a como se dispone en la ley para los juicios civiles”
(negrillas no originales): Tulio Enrique Tascón, Ramón Miranda, Gustavo
Hernández Rodríguez, Guillermo Peñaranda Arenas, Elías Abad Mesa, Carlos
Rivadeneira y Gonzalo Gaitán, 27 de noviembre de 1939, “Exposición de motivos
del proyecto de ley orgánica del Consejo de Estado y de la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo”, en Anales de la Cámara de Representantes, p.
1773
[75] La Corte
Constitucional declaró la exequibilidad de la solidaridad legal establecida en
el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 472 de 1998, entre el representante
legal de la entidad y el contratista, al considerar que “Ha dado, pues, el
Legislador, vigencia al principio de protección de los recursos presupuestales
de la Nación;  ha cumplido con el deber de velar por la intangibilidad de los
recursos públicos; ha propendido por la estricta observancia de la moralidad
administrativa y ha dado pleno cumplimiento al mandato contemplado en el
artículo 133 de la Carta Política pues, ciertamente, la justicia y el bien
común requieren de herramientas que aseguren una mayor eficacia en la defensa
del interés colectivo representado en los recursos del patrimonio público”:
Corte Constitucional, sentencia C-088/00.
[76] “No
puede renunciar la prescripción sino el que puede enajenar”: artículo 2515
del Código Civil.
[77] Si bien es
cierto que ante la Jurisdicción Ordinaria es posible renunciar a la
prescripción “No ocurre lo mismo en el procedimiento contencioso
administrativo; en éste se debaten asuntos que desbordan la órbita del derecho
subjetivo particular de libre disposición de las partes, para tratar asuntos de
interés general que conciernen al patrimonio estatal. No se puede aceptar la
renuncia tácita a una excepción, porque dicha renuncia implica en la práctica,
la cesión de un derecho del cual no se puede disponer”: Consejo de Estado,
Sección 2, Sub. A, sentencia del 24 de febrero de 2005, rad.
66001-23-31-000-2001-00855-01(2866-03).
[78] “Allanamiento
a la demanda y transacción. Cuando la pretensión comprenda aspectos que por su
naturaleza son conciliables, para allanarse a la demanda la Nación requerirá
autorización del Gobierno Nacional y las demás entidades públicas requerirán
previa autorización expresa y escrita del Ministro, Jefe de Departamento
Administrativo, Gobernador o Alcalde o de la autoridad que las represente o a
cuyo Despacho estén vinculadas o adscritas. En los casos de órganos u
organismos autónomos e independientes, tal autorización deberá expedirla el
servidor de mayor jerarquía en la entidad”: inciso 1 del artículo 176 del
CPACA.
[79] “La
declaratoria oficiosa de la prescripción encuentra fundamento en tanto la
entidad pública no puede, por principio, renunciar a sus derechos. Debe
recordarse que los derechos renunciables son solo aquellos que comprometen el
interés particular”: Consejo de Estado, Sección 2,
sentencia del 27 de enero de 2000,  rad. 465-99.
[80] El
artículo 217 del CPACA dispone: “Declaración de representantes de las
entidades públicas. No valdrá la confesión de los representantes de las
entidades públicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen
jurídico al que estén sometidas. ǁ Sin embargo, podrá pedirse que el
representante administrativo de la entidad rinda informe escrito bajo
juramento, sobre los hechos debatidos que a ella conciernan, determinados en la
solicitud. El Juez ordenará rendir informe dentro del término que señale, con
la advertencia de que si no se remite en oportunidad sin motivo justificado o
no se rinde en forma explícita, se impondrá al responsable una multa de cinco
(5) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.
[81] “En
materia contencioso administrativa, el legislador estableció unas condiciones
particulares que reducen la posibilidad de afectación del derecho de acceso a
la justicia en esta materia. ǁ  En primer lugar, con el fin de
proteger la legalidad y los intereses patrimoniales del Estado, la conciliación
administrativa debe ser aprobada judicialmente.   ǁ En segundo lugar, la
conciliación administrativa sólo puede ser adelantada ante los agentes del
Ministerio Público asignados a la jurisdicción contencioso administrativa. Ello
implica una intervención mayor del conciliador con el fin de proteger el
interés general, la legalidad del proceso y los derechos fundamentales. Además,
el conciliador puede solicitar pruebas adicionales a las presentadas por las
partes para la sustentación del acuerdo conciliatorio y si tales pruebas no son
aportadas, puede decidir que no se logró el acuerdo. ǁ En tercer lugar, la
conciliación administrativa impone a los representantes de las entidades
públicas no sólo la obligación de concurrir a la audiencia de conciliación,
sino además la obligación de discutir las propuestas de solución que se hagan,
salvo que exista justificación para ello, y de proponer fórmulas de solución”:
Corte Constitucional, sentencia C-1195/01.
[82] “La identificación de las materias sobre las que recae la
competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y que
justifican, a la vez, su existencia como jurisdicción constitucionalmente
especializada, es un ejercicio normativo de orden constitucional y legal, pues
aun cuando el Constituyente de 1991 constitucionalizó la existencia de misma,
algo ya presente en la Constitución anterior, no le otorgó, con rango
constitucional, un objeto determinado. El único asunto que se atribuyó en su
conjunto a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la suspensión de
actos administrativos (artículo 238 de la CP).
ǁ Excepto los pocos asuntos en los que el Constituyente atribuyó
competencia al Consejo de Estado, máximo tribunal de lo Contencioso
Administrativo, la determinación del objeto de esta jurisdicción fue un asunto
confiado al legislador”: Corte Constitucional, sentencia T-686/17.