C-797-00
Sentencia C-797/00
Sentencia C-797/00
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Alcance
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Contenido y alcance deben fijarse con
arreglo a convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL Y LIBERTAD
DE ASOCIACION SINDICAL-Relación
existente
LIBERTAD SINDICAL-Alcance/LIBERTAD DE ASOCIACION SINDICAL-Alcance
Considera la Corte que la libertad sindical comporta:
i) el derecho de todos los trabajadores, sin discriminación ni distinción
alguna, para agruparse a través de la constitución de organizaciones
permanentes que los identifican como grupos con intereses comunes, y cuya
defensa propugnan. Este derecho implica  la libertad tanto para afiliarse como
para retirarse de dichas organizaciones; ii) la facultad de constituir y
organizar estructural y funcionalmente las referidas organizaciones y
conformarlas automáticamente como personas jurídicas, sin la injerencia,
intervención o restricción del Estado; iii) el poder de las organizaciones de
trabajadores de determinar: el objeto de la organización, condiciones de
admisión, permanencia, retiro o exclusión de sus miembros, régimen
disciplinario interno, órganos de gobierno y representación, constitución y
manejo del patrimonio, causales de disolución y liquidación, procedimiento
liquidatorio, y otros aspectos que atañen con su estructura, organización y
funcionamiento, que deben ser, en principio, libremente convenidos por los
miembros de las asociaciones sindicales al darse sus propios estatutos o
reformarlos, salvo las limitaciones que válidamente pueda imponer el legislador
conforme al inciso 2 del art. 39; iv) La facultad de las asociaciones
sindicales para formular las reglas relativas a la organización de su
administración, así como las políticas, planes y programas de acción que mejor
convengan a sus intereses, con la señalada limitación; v) la garantía de que
las organizaciones de trabajadores no están sujetas a que la cancelación o la
suspensión de la personería jurídica sea ordenada por la autoridad
administrativa, sino por vía judicial; vi) el derecho de las organizaciones sindicales
para constituir y afiliarse a federaciones y confederaciones nacionales e
internacionales; vii) la inhibición, para las autoridades públicas, incluyendo
al legislador, de adoptar regulaciones, decisiones o adelantar acciones que
tiendan a obstaculizar el disfrute del derecho a la libertad sindical.
LIBERTAD SINDICAL-No tiene carácter absoluto
SINDICATO-Objeto/SINDICATO-Realización de negocios o
actividades lucrativas
El art. 355 establece que los sindicatos no pueden
tener por objeto la explotación de negocios o actividades con fines de lucro. A
juicio de la Corte la referida disposición debe ser interpretada, en el sentido
de que este tipo de organizaciones no pueden tener como objeto único la
realización de negocios o actividades lucrativas, pues si ello estuviera
permitido se desnaturalizarían sus funciones y perderían lo que es de la
esencia y la razón de su existencia, como representantes y defensores de los
intereses comunes de sus afiliados. Es decir, perderían su identidad y podrían
confundirse con las sociedades comerciales que persiguen la realización de un
objetivo comercial, con fines de lucro.
SINDICATO-Operaciones comerciales con sus trabajadores o con
terceros
ACTIVIDAD ECONOMICA POR SINDICATO-No puede constituirse como objetivo único
y principal
La actividad económica que pueden desarrollar los
sindicatos no puede tener el alcance de un objetivo único y principal, sino
apenas complementario o accesorio a las labores que constituyen su objeto esencial;
por lo tanto, la posibilidad del ejercicio de dicha actividad no se encuadra
dentro de la preceptiva del art. 333 de la Constitución, sino como algo que
resulta útil y conveniente para la realización de los fines de la organización
sindical.
ACTIVIDAD ECONOMICA POR SINDICATO-No es equiparable a realización de actos
de comercio
El ejercicio de actividades económicas por los
sindicatos no es equiparable a la realización de actos de comercio, propios de
los comerciantes, que implican la necesaria especulación económica y la
obtención de un lucro o beneficio para los asociados, a través del reparto de
utilidades individuales. La actividad económica de los sindicatos, por
consiguiente, puede ser asimilable a la que desarrollan cierto tipo de organizaciones
de propiedad solidaria, autorizadas por la Constitución, en los términos de los
arts. 58, inciso 3, 60, inciso 2 y 333, inciso 3, que antes que el beneficio
económico individual persiguen el bienestar y la realización de fines
colectivos.
DERECHO DE AFILIACION A SINDICATO-Restricciones y condiciones reguladas en
los estatutos
SINDICATO-Estatutos/SINDICATO-Devolución de cuotas o
aportes
CAUCION PARA GARANTIZAR CORRECTO MANEJO DE
FONDOS PERTENECIENTES A SINDICATO-Exigencia a tesorero/CAUCION PARA GARANTIZAR CORRECTO MANEJO DE
FONDOS PERTENECIENTES A SINDICATO-Cuantía la establece asamblea general
Considera la Corte que se ajusta a la
Constitución la exigencia de una caución al tesorero de los sindicatos con el
fin de garantizar el adecuado y correcto manejo de los fondos pertenecientes a
éstos, pues se trata de una norma que tiende a asegurar la protección del
patrimonio de las mencionadas organizaciones y de los aportes o cuotas de sus
miembros. Por consiguiente, es razonable que sea función de la asamblea general
determinar la cuantía y condiciones bajo las cuales dicho tesorero debe prestar
la aludida caución.
SINDICATO COMO EMPLEADOR-Asignación de sueldos por asamblea general
DERECHO A ELEGIR EN ORGANIZACIÓN
SINDICAL/SINDICATO-Elección
de representantes/LEGISLADOR-Incompetencia para regular proceso
democrático de elección de directivos de organización sindical
SINDICATO-Aprobación del presupuesto/SINDICATO-Autonomía
administrativa, patrimonial y financiera
SINDICATO-Afiliación a federaciones y confederaciones
SINDICATO-Reconocimiento automático de personería jurídica
El artículo 39 dispuso que el reconocimiento jurídico
de la organización sindical se produce con la simple acta de su constitución,
es decir, en forma automática, y según lo establecido en los artículos 5, 6, 7,
del Convenio 87 de la O.I.T., las organizaciones de los trabajadores y de
empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, sin
necesidad de que el Estado otorgue el reconocimiento de personería jurídica.
UNIDAD NORMATIVA-Integración
FEDERACION DE SINDICATOS-Reconocimiento automático de personería
jurídica/CONFEDERACION DE SINDICATOS-Reconocimiento automático de
personería jurídica
Los sindicatos tienen como objetivo principal
representar los intereses comunes de los trabajadores frente al empleador, lo
cual se manifiesta primordialmente en la integración de comisiones de diferente
índole, en la designación de delegados o comisionados, en la presentación de
pliego de peticiones, en la negociación colectiva y la celebración de
convenciones colectivas y contratos colectivos, en la declaración de huelga y
la designación de árbitros de acuerdo con las previsiones de los artículos 373
y 374 del C.S.T.
FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES-Naturaleza/FEDERACIONES Y
CONFEDERACIONES-Función de asesoría de organizaciones afiliadas
Las federaciones y confederaciones son uniones
sindicales de segundo y tercer grado, que desarrollan funciones de asesoría de
sus organizaciones afiliadas ante los respectivos empleadores en la tramitación
de sus conflictos y frente a las autoridades o terceros de cualesquiera
reclamaciones y adicionalmente pueden, según sus estatutos, atribuirse “las
funciones de tribunal de apelación contra cualquier medida disciplinaria,
adoptada por una de las organizaciones afiliadas; la de dirimir las
controversias que se susciten entre los miembros de un sindicato afiliado por
razón de las decisiones que se adopten, y la de resolver las diferencias que
ocurran entre dos o mas organizaciones federales”.
DERECHO DE HUELGA-Restricción en federaciones y
confederaciones
La representación directa de los trabajadores en el
conflicto económico que han planteado al empleador a través del pliego de
peticiones corresponde exclusivamente a los sindicatos. Igualmente son los
trabajadores sindicalizados, reunidos en asamblea, los que toman la decisión de
declarar la huelga, cuando no es posible solucionar el conflicto por la vía
directa. En tales circunstancias, se justifica constitucionalmente, que las
federaciones y confederaciones estén excluidas de una decisión, como es la
declaración de huelga, que es una cuestión que toca de manera directa y
sustancial con los intereses de los trabajadores afiliados y aun con los no
afiliados. La decisión de irse o no a la huelga, compete de manera privativa a
los trabajadores que se encuentran vinculados a la empresa, y son éstos y no
las organizaciones de segundo y tercer nivel, quienes en su fuero interno pueden
determinar en toda su dimensión los efectos económicos y jurídicos que se
producen con la declaratoria de huelga y en relación con su contrato de
trabajo.
LIBERTAD DE ASOCIACION SINDICAL-Afiliación a varios sindicatos de la misma
clase o actividad
LEGISLADOR-Establecimiento de condiciones para ser miembro de
junta directiva de sindicato/SINDICATO-Requisitos para ser miembro de
junta directiva
SINDICATO-Presentación de pliego de condiciones por delegados/LIBERTAD
SINDICAL-A la organización sindical corresponde determinar el número de
delegados
SINDICATO-Aprobación oficial de la liquidación es inherente a
sus reglamentos
La aprobación
oficial de la liquidación de la asociación sindical es un tema inherente a los
reglamentos de la organización, donde el Estado no tiene ninguna facultad para
intervenir, salvo y por la vía judicial, cuando la liquidación sea impugnada
por algún interesado que resulte afectado por ella en sus derechos.
INHIBICION DE
LA CORTE CONSTITUCIONAL-Carencia actual de objeto
SINDICATO-Desafiliación
por dejar de ejercer en forma voluntaria la profesión u oficio
Referencia: expediente D-2720
Normas Acusadas:
Apartes normativos contenidos en los artículos  355, 358
360, 362, 369, 374, 376, 379, 384, 388, 390, 394, 395, 396, 399, 400, 404, 417,
422, 424, 425, 432, 444, 448, 486 del Código Sustantivo del Trabajo.
Demandante:
Benjamin Ochoa Moreno
Magistrado Ponente:
Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Santafé  de
Bogotá, D. C., junio veintinueve (29) de dos mil (2000).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámites establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES.
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad el ciudadano Benjamin Ochoa Moreno demandó, en algunos
casos totalmente y en otros parcialmente las normas contenidas en los artículos
355, 358, 360, 362-3, 369, 374-1, 374-3, 376 parágrafo, 379-d, 384, 388, 390-1,
390-2, 394, 395, 396, 399, 400-1, 400-3, 404, 417-1, 422, 424, 425, 432-1,
432-2, 444 inciso 4, 448-3, 486-1 del Código Sustantivo del Trabajo.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales
propios de esta clase de procesos, procede la Corte a decidir sobre la demanda
de la referencia.
II. NORMAS
ACUSADAS.
A
continuación se hace la transcripción literal del texto de las normas
demandadas, destacando con negrilla los apartes acusados:
ARTICULO 355. Actividades lucrativas.
Los sindicatos no pueden tener por objeto la explotación de negocios o
actividades con fines de lucro.
ARTICULO 358. Libertad de afiliación.
Altos empleados. Los sindicatos son asociaciones de libre ingreso y retiro
de los trabajadores En los estatutos se reglamentarán las condiciones y
restricciones de admisión, la devolución de cuotas o aportes a los
afiliados en caso de retiro voluntario o expulsión, así como la
coparticipación en instituciones de beneficio mutuo que hubiere establecido el
sindicato con aportes de sus miembros.
ARTICULO 360. Afiliación
a varios sindicatos.- Se prohibe ser miembro a la vez de varios sindicatos de
la misma clase o actividad.
ARTICULO 362. (Subrogado por el artículo 42
de la ley 50 de 1990). Estatutos. Toda organización sindical tiene el derecho
de redactar libremente sus estatutos y reglamentos administrativos. Dichos
estatutos contendrán, por lo menos, lo siguiente:
(....)
3. Condiciones y restricciones de
admisión
ARTICULO 369. (Subrogado por el artículo 48
de la ley 50 de 1990). Modificación de los estatutos. Toda modificación de los
estatutos debe ser aprobada por la asamblea general del sindicato y remitida
para efectos del registro correspondiente, al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su
aprobación, con copia del acta de la reunión donde se haga constar las reformas
introducidas y firmadas por todos los asistentes.
Para el
registro se seguirá en lo pertinente, el trámite previsto en el artículo 366 de
este Código.
ARTICULO 374. Otras funciones. Corresponde
también a los sindicatos:
1. Designar de entre sus propios
afiliados las comisiones de reclamos permanente o transitorias, y los
delegados del sindicato en las comisiones disciplinarias que se acuerden.
2. Presentar pliegos de peticiones
relativos a las condiciones de trabajo o a las diferencias con los patronos,
cualquiera que sea su origen y que no estén sometidas por la ley o la
convención a un procedimiento distinto, o que no hayan podido ser resueltas por
otros medios.
3. Adelantar la tramitación de los pliegos
de peticiones, designar y autorizar a los afiliados que deban
negociarlos y nombrar los conciliadores y árbitros a que haya lugar.
ARTICULO 376. (Modificado, art. 16 de la ley 11 de 1984).
Atribuciones exclusivas de la asamblea. Son de atribución exclusiva de la
asamblea general los siguientes actos: la modificación de los estatutos, la
fusión con otros sindicatos, la afiliación a federaciones o confederaciones y
el retiro de ellas; la sustitución en propiedad de los directores que llegaren
a faltar y la destitución de cualquier director; la expulsión de cualquier
afiliado; la fijación de cuotas extraordinarias; la aprobación del presupuesto
general; la determinación de la cuantía de la caución del tesorero; la
asignación de los sueldos; la aprobación de todo gasto mayor de un equivalente
a diez (10) veces el salario mínimo mensual mas alto; la adopción de pliego
de peticiones que deberán presentarse a los patronos a mas tardar dos (2) meses
después; la designación de negociaciones; la elección de conciliadores y
árbitros; la votación de la huelga en los casos de ley y la disolución del
sindicato.
Parágrafo. (adicionado por el
artículo 51 de la ley 50 de 1990). Cuando en el conflicto colectivo esté
comprometido un sindicato de industria o gremial que agrupe más de la mitad de los trabajadores de la
empresa, éstos integrarán la asamblea para adoptar pliego de peticiones,
designar negociadores y asesores y optar por la declaratoria de huelga o
someter el conflicto a la decisión arbitral.
ARTICULO 379. Prohibiciones. Es prohibido a
los sindicatos de todo orden:
(...)
d) Efectuar operaciones comerciales de
cualquier naturaleza, sea que se realicen con los trabajadores o con terceros;
ARTICULO 384.
Nacionalidad. No puede funcionar sindicato alguno cuyo personal no este
compuesto por lo menos en sus dos terceras partes, por ciudadanos colombianos.
Cualquiera que sea la forma de dirección del sindicato, ningún extranjero es
elegible para los cargos directivos.
ARTICULO 388. Requisitos para los miembros
de la junta directiva. 1. Para ser miembro de la junta directiva de un
sindicato, tanto de la provisional como de las reglamentarias, deben
reunirse los siguientes requisitos, además de los que exijan los
estatutos respectivos:
a) Ser colombiano;
b) Ser miembro del sindicato;
c) Estar
ejerciendo normalmente, es decir, no en forma ocasional, o a prueba, o como
aprendiz, en el momento de la elección, la actividad, profesión u oficio
característico del sindicato, y haberlo ejercido normalmente por más de seis
(6) meses en el año anterior;
d) Saber leer y escribir;
e) Tener
cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad, según el caso, y
f) No haber
sido condenado a sufrir pena aflictiva a menos que haya sido rehabilitado, ni
estar llamado a juicio por delitos comunes en el momento de la elección.
2. La falta
de cualquiera de estos requisitos invalida la elección; pero las interrupciones
en el ejercicio normal de la actividad, profesión u oficio de que trata el
aparte c) no invalidarán la elección cuando hayan sido ocasionadas por la
necesidad de atender a funciones sindicales.
ARTICULO 390. Periodo de
directivas. 1. El periodo de las directivas sindicales no puede ser
menor de seis meses con excepción de la directiva  provisional, cuyo mandato no
puede prolongarse por más de treinta (30) días, contados desde la publicación
oficial del reconocimiento de la personería jurídica, pero el mismo personal
puede ser elegido para el periodo reglamentario. Esto no limita la libertad
del sindicato para remover, en los casos previstos en los estatutos, a
cualesquiera miembros de la junta directiva, ni la de estos para renunciar a
sus cargos; los suplentes entran a reemplazarlos por el resto del periodo.
2. Si dentro de los treinta (30) días de
que habla este artículo, la junta provisional no convocare a asamblea general
para la elección de la primera junta reglamentaria, un número no menor de
quince (15) afiliados puede hacer la convocatoria.
ARTICULO 394. (modificado por el artículo
19 de la ley 11 de 1984). El sindicato, en asamblea general, votará el
presupuesto de gastos para periodos no mayores de un (1) año y sin autorización
expresa de la misma asamblea no podrá hacerse ninguna erogación que no este
contemplada en dicho presupuesto. Sin perjuicio de las prohibiciones o de los
requisitos adicionales que los estatutos prevean, todo gasto que exceda del
equivalente al salario mínimo mensual más alto, con excepción de los sueldos
asignados en el presupuesto, requiere la aprobación previa de la junta directiva,
los que excedan del equivalente a cuatro (4) veces el salario mínimo más alto,
sin pasar del equivalente a diez (10) veces el salario mínimo más alto y no
estén previstos en el presupuesto, necesitan, además, la refrendación expresa
de la asamblea general, con el voto de la mayoría absoluta de los afiliados; y
los que excedan del equivalente a diez (10) veces el salario mínimo mensual más
alto aunque estén previstos en el presupuesto, la refrendación de la asamblea
general, por las dos terceras partes (2/3)  de los votos de los afiliados.
Estas normas no se aplican para gastos que ocasionen las huelgas declaradas por
el sindicato, cualquiera que sea su cuantía.
ARTICULO 395. Caución del tesorero. El
tesorero de todo sindicato debe prestar a favor de éste una caución para
garantizar el manejo de los fondos. La cuantía y forma de la misma serán
señaladas por la asamblea general, y una copia del documento en que ella conste
será depositada en el departamento nacional de supervigilancia sindical.
ARTICULO 396. (modificado por el artículo
20 de la ley 11 de 1984). Depósito de los fondos. Los fondos de todo sindicato
deben mantenerse en algún banco o caja de ahorros, salvo la cantidad para
gastos cotidianos  menores que autoricen los estatutos y que no puede exceder
en ningún caso del equivalente al salario mínimo mensual más alto. Todo giro y
toda orden de pago deberán estar necesariamente autorizados por las firmas
conjuntas del presidente, tesorero y el fiscal.
ARTICULO 399.
Separación de miembros. Todo sindicato decretará la separación del socio que
voluntariamente deje de ejercer durante un año la profesión u oficio cuya
defensa y mejoramiento persigue la asociación.
ARTICULO 400. Subrogado por el artículo 23
del decreto 2351 de 1965). Retención de cuotas. 1. Toda asociación sindical de
trabajadores tienen derecho a solicitar con el voto de las  dos terceras
partes de sus miembros, que los patronos respectivos deduzcan de los
salarios de los trabajadores afiliados y pongan a la disposición del sindicato
el valor de las cuotas ordinarias o extraordinarias con que aquéllos deben
contribuir. La retención de las cuotas extraordinarias requiere copia
autenticada del acta de la asamblea sindical en que fueron aprobadas. Para la
retención de las cuotas ordinarias bastará que el secretario y el fiscal
del sindicato comuniquen certificadamente al patrono su valor y la nómina de
sus afiliados
(..)
3. Previa comunicación escrita y firmada
por el presidente, el fiscal y el tesorero del sindicato, el patrono
deberá retener y entregar las cuotas federales y confederales que el sindicato
este obligado a pagar a los organismos de segundo y tercer grado a que dicho
sindicato este afiliado.
ARTICULO 404.
Aprobación oficial. La liquidación debe ser sometida a la aprobación del juez
que la haya ordenado, y en los demás casos, a la del Departamento Nacional de
Supervigilancia Sindical, debiendo expedir el finiquito al liquidador, cuando
sea el caso.
ARTICULO 417. Derecho de federación 1.
Todos los sindicatos tienen, sin limitación alguna, las facultades de unirse o
coaligarse en federaciones locales, regionales, profesionales o industriales y
éstas en confederaciones. Las federaciones y confederaciones tienen derecho
al reconocimiento de personería propia y las mismas atribuciones de los
sindicatos, salvo la declaración de huelga, que compete privativamente,
cuando la ley la autoriza a los sindicatos respectivos o grupos de trabajadores
directa o indirectamente interesados.
2. Las confederaciones pueden
afiliar sindicatos, si sus estatutos lo permiten.
ARTICULO 422. Junta Directiva.
1. Para ser miembro de la junta directiva
de una federación o confederación de sindicatos, tanto de la provisional
como de las reglamentarias, deben reunirse los siguientes requisitos,
además de los que se exijan en los estatutos respectivos:
a) Ser colombiano;
b) ser
miembro activo de una cualquiera de las organizaciones asociadas;
c) Estar
ejerciendo normalmente, en el momento de la elección, la actividad, profesión u
oficio característico de su sindicato, y haberlo ejercido normalmente por más
de un año, con anterioridad;
d) Saber leer y escribir;
e) Tener
cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad, según el caso, y
f) No haber
sido condenado a sufrir pena aflictiva, a menos que haya sido rehabilitado, ni
estar llamado a juicio por delitos comunes en el momento de la elección.
2. La falta
de cualquiera de estos requisitos produce el efecto previsto en el inciso 2 del
artículo 388.
3. Las
condiciones exigidas en los apartes b) y c) de los incisos 1 y 2 no se toman en
cuenta cuando el retiro del sindicato, o la interrupción en el ejercicio de la
profesión, o la extinción del contrato de trabajo en una empresa determinada, o
el cambio de oficio hayan sido ocasionado por razón, de funciones, comisiones o
actividades sindicales, lo cual debe ser declarado por la asamblea que haga la
elección. Tampoco se toman en cuanta las suspensiones legales del contrato de
trabajo.
ARTICULO 424. Directiva provisional. La directiva
provisional de una federación o confederación sindical ejercerá el mandato
hasta la primera reunión posterior al reconocimiento de su personería jurídica
que celebre la asamblea general.
ARTICULO 425. Estatutos. El periodo de las
directivas o comités ejecutivos reglamentarios y las modificaciones de su
elección, la integración de los mismos, el quórum y la periodicidad  de las
reuniones ordinarias de las asambleas, la vigencia de los presupuestos y los
requisitos para la validez de los gastos se rigen por las disposiciones de los
estatutos federales o confederales aprobados por el Ministerio del Trabajo.
ARTICULO 432. Delegados.
1. Siempre que se presente un conflicto
colectivo  que pueda dar por resultado la suspensión de trabajo, o que deba ser
solucionado mediante el arbitramento obligatorio, el respectivo sindicato o
los  trabajadores nombrarán una delegación de tres (3) de entre ellos
para que presente al patrono, o a quien lo represente, el pliego de peticiones
que formulan.
2. Tales
delegados deben ser colombianos, mayores de edad, trabajadores actuales de la
empresa o establecimiento, y que hayan estado al servicio de éste por mas de
seis (6) meses, o por todo el tiempo que hubiere funcionado el establecimiento
cuando fuere menor de seis (6) meses.
ARTICULO 444. (Subrogado por el artículo 61
de la ley 50 de 1990). Decisión de los trabajadores. Concluida la etapa de
arreglo directo sin que las partes hubieren logrado un acuerdo total sobre el
diferendo laboral, los trabajadores podrán optar por la declaratoria de huelga
o por someter sus diferencias a la decisión de un tribunal de arbitramento.
La huelga o la solicitud de arbitramento
serán decididas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
terminación de la etapa de arreglo directo, mediante votación secreta, personal
e indelegable, por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de
la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen mas
de la mitad de aquellos trabajadores.
Para este efecto, si los afiliados al
sindicato o sindicatos mayoritarios o los demás trabajadores de la empresa,
laboran en mas de un municipio, se celebrarán asambleas en cada uno de ellos,
en las cuales se ejercerá la votación en la forma prevista en este artículo y,
el resultado final de ésta lo constituirá la sumatoria de los votos emitidos en
cada una de las asambleas.
Antes de
celebrarse la asamblea o asambleas se dará aviso a las autoridades del trabajo
para que puedan presenciar y comprobar su desarrollo. Este aviso deberá darse
con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles.
ARTICULO 448 (Subrogado
por el artículo 63 de la ley 50 1990). Funciones de las autoridades. 1. Durante
el desarrollo de la huelga, las autoridades policivas tienen a su cargo la
vigilancia del curso pacífico del movimiento y ejercerán de modo permanente la
acción que les corresponda, a fin de evitar que los huelguistas, los
empleadores, o cualesquiera personas en conexión con ellos excedan las
finalidades judiciales de la huelga, o intenten aprovecharla para promover
desórdenes o cometer infracciones o delitos.
2. Mientras la mayoría de los trabajadores
de la empresa persistan en la huelga, las autoridades garantizarán el ejercicio
de este derecho y no autorizarán ni patrocinarán el ingreso al trabajo de
grupos minoritarios de trabajadores aunque éstos manifiesten  su deseo de
hacerlo.
3. Declarada la huelga, el Ministerio del
Trabajo y seguridad social de oficio o a solicitud del sindicato o sindicatos
que agrupen la mayoría de los trabajadores de la empresa, o en defecto de
éstos, de los trabajadores en asamblea general, podrán someter a votación de
la totalidad de los trabajadores de la empresa, si desean o no, sujetar las
diferencias persistentes a fallo arbitral. Si la mayoría absoluta de ellos
optare por el tribunal, no se suspenderá el trabajo o se reanudará dentro de un
término máximo de tres (3) días hábiles si se hallare suspendido.
El ministro
solicitará al representante legal del sindicato o sindicatos convocar la
asamblea correspondiente. Si la asamblea no se celebra dentro de los cinco (5)
días calendario siguientes a dicha solicitud, el ministro la convocará de
oficio.
En la
resolución de convocatoria de la asamblea, se indicará la forma en que se
adelantará, mediante votación secreta, escrita, e indelegable, y el modo de
realizar los escrutinios por los inspectores del trabajo, y en su defecto por
los alcaldes municipales.
4. Cuando una huelga se prolongue por
sesenta (60) días calendario, sin que las partes encuentren fórmula de solución
al conflicto que dio origen a la misma, el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social podrá ordenar que el diferendo se someta a la decisión de un tribunal de
arbitramento, en cuyo caso los trabajadores tendrán la obligación de reanudar
el trabajo dentro de un término máximo de tres (3) días hábiles.
ARTICULO 486. Subrogado por el artículo 41
del decreto 2351 de 1965). Atribuciones y sanciones. 1. Los funcionarios del
Ministerio del Trabajo podrán hacer comparecer a sus respectivos despachos a
los patronos, trabajadores y directivos o afiliados a las organizaciones
sindicales para exigirles las informaciones pertinentes a su misión, la
exhibición de libros, registros, planillas y demás documentos, la obtención de
copias o extractos de los mismos, entrar sin previo aviso, y en cualquier
momento mediante su identificación como tales, en toda empresa, y en toda
oficina o reunión sindical con el mismo fin y ordenar las medidas
preventivas que considere necesarias, asesorándose de peritos como lo crean
conveniente, para impedir que violen las  disposiciones relativas a las
condiciones de trabajo y a la  protección de los trabajadores en el ejercicio de
su profesión y del derecho de libre asociación sindical. Tales medidas tendrán
aplicación inmediata sin perjuicio de los recursos y acciones legales
consignadas en ellos. Dichos funcionarios no quedan facultados, sin embargo,
para declarar derechos individuales ni definir controversias cuya decisión este
atribuida a los jueces aunque si para actuar en esos casos como conciliadores.
2. (Subrogado artículo 97 de la ley 50 de
1990). Los funcionarios del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, que
indique el Gobierno, tendrán el carácter de autoridades de policía para todo lo
relacionado con la vigilancia y control de que trata el numeral anterior, y
están facultados para imponer cada vez multas equivalentes al monto de una (1)
a cien (100) veces el salario mínimo mensual más alto vigente según la gravedad
de la infracción y mientras subsista, con destino al Servicio nacional de
Aprendizaje, Sena.
3. Las resoluciones de multas que impongan
los funcionarios del Ministerio del Trabajo prestarán mérito ejecutivo. De
estas ejecuciones conocerán los jueces del trabajo, conforme al procedimiento
especial de que trata el capítulo 16 del Código de Procedimiento del Trabajo.
III. LA DEMANDA.
A juicio del demandante, las disposiciones acusadas
violan el preámbulo y los artículos 1, 2, 5, 13, 25, 29-4, 38, 39, 53 inc 4, 55
inc. 1, 56 inc 1, 83, 93, 94 y 333 de la Constitución, los Convenios 87 y 98 de
la O.I.T. y el artículo 119 de la Constitución de la O.I.T. El concepto de la
violación, en esencia, se contrae a establecer que las normas acusadas
desconocen la libertad sindical en lo que atañe con la facultad que tienen las
personas que se afilian a un sindicato para establecer autónomamente sus
estatutos y la forma de su organización y funcionamiento. En tal virtud, se
destaca en la demanda del actor, los siguientes aspectos de la acusación:
En la Constitución de 1886 se regulaba de manera
genérica el derecho de asociación en el art. 44, pero específicamente nada se
decía en relación con el derecho de asociación sindical. De este modo, los
sindicatos eran una especie de las asociaciones, no obtenían personería
jurídica automática y, por lo tanto, debían obtener el reconocimiento de
personería jurídica por el Estado, la cual sólo podía ser otorgada cuando sus
estatutos no contravinieran “la moral y el orden legal”.
"La norma buscaba asegurar el control político
del Gobierno, en la constitución de asociaciones y fundaciones (privilegio
administrativo, lo denominaban los teóricos del asunto). Ese control político
por ende recaía en los sindicatos, grupos políticos, logias masónicas,
asociaciones católicas, religiones distintas a la católica, etc. De allí que
antes de la carta de 1991, la farsa de la personería automática de los
sindicatos creada por la ley 50 de 1990 era inconstitucional, personería
automática que hoy frente a la nueva Constitución de 1991 tiene un alcance
trascendental".
"En cuanto al principio de libertad sindical,
ninguna norma se ocupaba de él. De la flaca Carta de Derechos Civiles (título III)
no se desprendía amparo especial alguno para este derecho fundamental. En
consecuencia y teniendo en cuenta las amplísimas facultades, casi ilimitadas de
que gozaba el legislador en el asunto sub examine (art. 76), así como la
potestad reglamentaria, administrativa y el poder de policía en cabeza del
Presidente (art.120), tal libertad era precaria y residual".
No obstante la ratificación por Colombia de los
Convenios 87 y 88 de la OIT, mediante las leyes 26 y 27 de 1976, “los efectos
prácticos de aquellos Convenios hasta la entrada en vigencia de la Constitución
de 1991, fueron escasos por no decir que nulos”.
Dado que la legislación laboral colectiva sigue siendo
la misma que fue expedida antes de la Constitución de 1991, existe una
contradicción evidente de muchas de sus disposiciones con las normas de la
Constitución y de los Convenios mencionados. Por lo tanto, nos hallamos aún, en
el ámbito estrecho de la Constitución de 1886.
Los Convenios de la OIT antes citados integran junto
con los arts. 53 y 93 de la Constitución Política un bloque de
constitucionalidad; por ende, el examen de constitucionalidad de las normas
acusadas debe hacerse con referencia a las normas que lo integran, según la
sentencia C-225/95 (M.P. Alejando Martínez Caballero).
La libertad sindical consagrada en nuestra
Constitución y desarrollada en el referido Convenio implica que las
organizaciones sindicales gozan de una especial autonomía, lo cual se concreta
en la facultad jurídica que les permite auto regularse sin que exista ningún
tipo de injerencia estatal. Esto significa que el legislador encuentra
restringido su marco normativo y, en consecuencia, sólo le es
constitucionalmente permitido regularlo en sus aspectos genéricos, dejando
abierto el camino para que dichas organizaciones de trabajadores puedan
reglamentar y modificar sus propios estatutos, composición de sus cuerpos
directivos, periodos, requisitos, condiciones de afiliación y desafiliación y
clases de miembros entre otros.
En forma concreta, los apartes normativos censurados
violan el derecho a la libertad sindical, el principio de igualdad, el
preámbulo, y los artículos 1, 2 y 5 de la Constitución, teniendo en cuenta que
el legislador a pesar de estar facultado para regular dicha libertad, desbordó
sus límites constitucionales, toda vez que a través de las normas que se acusan
no tiene en cuenta los siguientes aspectos: i) reconocimiento automático de la
personería jurídica; ii) el principio de autonomía que tienen los sindicatos
para darse su propio reglamento; iii) los derechos que tienen los sindicatos de
organizar su parte administrativa y financiera, en forma autónoma y, iv) el
derecho que tienen los sindicatos de formular sus programas y planear su
crecimiento en forma autónoma.
En tal virtud, es posible concretar los cargos de la
demanda, así:
1. En relación con la violación al derecho de libertad
sindical.
a) Los artículos 355 y 379 violan el artículo 39 de la
Constitución, en razón de que establecen en forma injustificada una prohibición
a los sindicatos para realizar actividades lucrativas. En efecto, dichas
disposiciones impiden que las organizaciones sindicales puedan ejecutar
actividades comerciales de cualquier naturaleza, cuando lo cierto es que a otro
tipo de asociaciones el legislador no les prohibe desarrollar actividades de
dicha naturaleza, con lo cual, se establece un trato discriminatorio que rompe
el principio de igualdad.
Además, se vulnera el principio de  autonomía
sindical, porque se restringe injustificadamente una actividad a los sindicatos
que los priva de fuentes de ingreso para su sostenimiento y los coloca en una
posición de manifiesta inferioridad económica que repercute en la defensa de
los intereses de los trabajadores que representa, dado que cuando se presentan
conflictos con los empleadores la falta de recursos económicos para
solventarlos adecuadamente puede incidir en su sometimiento a la voluntad de
éstos.
Las normas acusadas, adicionalmente, restringen el
disfrute pleno de la libertad económica consagrada en el inciso 1 del artículo
333. Ciertamente, las organizaciones sindicales son autónomas y les asiste el
derecho de organizar su administración y de formular sus programas e
inversiones para el logro de sus objetivos; por ello, el ejercicio de
actividades económicas constituye un soporte necesario para que puedan cumplir
con los fines que le son propios.
b) Los artículos 358 parcial y 362 numeral 3 violan el
artículo 39 de la Constitución y los artículos 2, 3-1 del Convenio de la O.I.T.
toda vez que los trabajadores gozan del derecho de afiliación a los sindicatos,
y la única condición exigida para ello, es de observar sus estatutos, por tanto
no se pueden imponer restricciones para la admisión, ya que se vulneraría la
libertad de ingreso y la libertad de redactar los estatutos, al ordenar que
éstos tengan limitaciones para su admisión.
c) En relación con los artículos 358 parcial, 376, 390
numerales 1 y 2, 394 y 424 las normas acusadas violan el Convenio 87 de la
O.I.T. y los artículos 39-1 y 83 de la Constitución, en razón de que los
sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos
administrativos, y a organizar su administración y sus actividades. Por lo
tanto, “las autoridades públicas, incluido el legislador, deberán abstenerse de
toda intervención que tienda a limitar ese derecho o entorpecer su ejercicio”.
Las organizaciones de trabajadores no están sujetas a la intervención del
Estado y las actuaciones de los particulares ante las autoridades públicas se
presumen ceñidas a los postulados de la buena fe.
Corresponde al sindicato, en
consecuencia, dentro de la libertad para darse sus estatutos y organizar sus
actividades y formular sus programas de acción, determinar si es procedente
fijar o no caución al tesorero para garantizar el manejo de los fondos del
sindicato, y lo concerniente a su cuantía y forma debe ser función de la
Asamblea General, de la junta directiva o de otro órgano. Igualmente,
corresponde autónomamente a la organización sindical determinar el órgano
competente para la asignación de los sueldos y la aprobación de los gastos, en
atención a su cuantía, sin que le sea dable al legislador regular tales
cuestiones.
En lo referente a las expresiones demandadas,
contenidas en los artículos 390 y 424 del C.S.T, que se refieren al periodo de
las directivas sindicales y a las directivas provisionales, deben ser
declaradas inconstitucionales, ya que “es el sindicato quien libremente en sus
estatutos debe organizar la administración de sus actividades y por ende fijar
el periodo de sus directivas”.
Además, las expresiones demandadas se encuentran
derogadas tácitamente, porque ya no se requiere de reconocimiento de personería
jurídica, pues ésta se adquiere automáticamente desde el instante mismo de la
fundación del sindicato.
El artículo 394 del C.S.T. resulta inexequible, en
razón, a que contiene “disposiciones minuciosas y obstruccionistas de la
administración de los recursos de los sindicatos, que implican una clara
violación a la libertad de redactar los estatutos y reglamentos
administrativos” lo que “hace imposible la administración y el desarrollo de
las actividades sindicales”, toda vez que al exigir que los presupuestos no
deben abarcar periodos mayores al año y al exigir que las erogaciones en el
presupuesto se efectúen con la refrendación de la asamblea general, hace
imposible la administración y el desarrollo de las actividades sindicales.
Además, el referido artículo, viola el principio de la
buena fe, pues “los sindicatos no son menores de edad y sus afiliados y
directivos  no son delincuentes a quienes se les debe impedir el manejo
autónomo de sus propios recursos. Son los estatutos y reglamentos
administrativos los llamados a fijar de manera autónoma las reglas particulares
que han de orientar el manejo económico de los sindicatos”.
d) Los artículos 395, 396 y 400-1 del C.S.T.
desconocen la facultad que tienen las organizaciones sindicales para redactar
sus reglamentos administrativos y, la libertad de organizar sus actividades sin
que le sea permitido al Estado intervenir en dicha tarea. Por ello, no existe
razón que justifique la exigencia que señalan los artículos 395 y 396 cuando
impone al tesorero la obligación de prestar caución. Por lo anterior, se debe
cuestionar si resulta constitucionalmente admisible que el legislador pueda
ordenar a cualquier otra persona privada dónde y cómo manejar sus fondos.
En referencia al artículo 400-1, se cuestiona su
constitucionalidad en razón de que rara vez los sindicatos logran reunir el
quórum exigido en éste y menos tomar una decisión por dicha mayoría; así las
cosas, la norma impide que los sindicatos puedan adoptar o cambiar el sistema
de cuotas fijado en sus estatutos iniciales.
De manera similar, se puede afirmar que la exigencia
para la retención de las cuotas sindicales se requiere de la certificación del
secretario y del fiscal. Por lo tanto, se viola el derecho de libertad
sindical, en cuanto son los estatutos de las organizaciones sindicales las
normas que establecen cuáles directivos tienen funciones de representación ante
el empleador, ante los afiliados y ante terceros, como se predica de toda
persona jurídica.
e) En relación con el artículo 400-3, las expresiones
demandadas violan las libertades a redactar los estatutos y reglamentos
administrativos, ya que “lo relacionado con cuotas sindicales es un asunto de
incumbencia estatutaria, básico para la libertad real y no meramente formal de
asociación sindical federal y confederal”. Agregó el actor que la norma demandada
tiene como fin que los sindicatos de segundo y tercer grado sean débiles,
carentes de recursos, lo que conlleva a que estén subordinados económicamente a
las asociaciones sindicales de primer grado.
f) Los apartes demandados contenidos en el artículo 417
del C.S.T. resultan ser inconstitucionales, toda vez van en contra de los
lineamientos contenidos en los artículos 3, 13, 55 y 56 de la Constitución y
del principio de igualdad, ya que conforme a lo dispuesto en los Convenios de
la O.I.T. sobre las federaciones y confederaciones, dichas organizaciones gozan
de los mismos derechos que los sindicatos, y por ello gozan del derecho de
organizar su administración y actividades y el de formular su programa de
acción.
Agrega que la expresión “cuando la ley la autoriza”
resulta inexequible, por cuanto viola el derecho de huelga, en razón de que “la
ley (sic) no tiene la atribución de autorizar la huelga, ni de prohibirla. La
atribución de la ley se limita a señalar en que casos no se garantiza, por
tratarse de un servicio público esencial”.
También se presenta violación del artículo 4 del
Convenio 98, toda vez que “es deber del Estado estimular y fomentar el pleno
desarrollo y el uso de procedimientos de negociación voluntaria, con el objeto
de reglamentar, por medio de convenciones colectivas, las condiciones de
empleo”.
g) El artículo 360 del C.S.T. viola lo dispuesto en
los artículos 38 y 39 de la Constitución y los artículos 2 y 3 del Convenio 87
de la O.IT. toda vez que “los trabajadores sin ninguna distinción tienen
derecho a afiliarse a los sindicatos, con la sola condición de observar sus
estatutos y reglamentos administrativos”.
Por lo anterior, no hay justificación alguna para que
el ánimo asociativo sea restringido por la ley, y la única causal existente
para limitar el ejercicio de la libertad sindical es la contenida en el
artículo 39 superior, por ser miembro de la fuerza pública.
Expresa el actor “que además, son los estatutos
sindicales los llamados a fijar las condiciones de admisión y no la ley”.
h) El aparte demandado del artículo 369 del C.S.T.
desconoce la libertad de redactar los estatutos, al exigir que en el término de
5 días, el sindicato remita la reforma estatutaria al Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social, ya que considera que la vigencia de los estatutos no debe
tener límite.
La exigencia de la norma de acompañar los estatutos
con el acta de reunión donde se aprobaron, la cual debe contener la firma de
todos sus asistentes, vulnera el principio de buena fe, dispuesto en el
artículo 83 de la Constitución, ya que el representante legal del sindicato, es
quien debería dar fe de los actos internos del mismo, como lo dispone la ley
para las demás personas jurídicas.
Además, la exigencia de la firma de todos los
asistentes para la aprobación de los estatutos de los sindicatos, es difícil de
lograr, situación que impide el trámite efectivo de una reforma estatutaria,
violando la libertad de redactar los estatutos a los sindicatos.
La exigencia para que proceda la inscripción de la
reforma de los estatutos, en la cual se requiere que no sea contraria a la ley
o a las buenas costumbres, resulta ser muy subjetiva, y complica el proceso de
modificación de los mismos, afectando el ejercicio de la libertad sindical,
pues las autoridades públicas se deben abstener de intervenir o entorpecer
dichos procesos.
i) Las expresiones demandadas contenidas en los
artículos 374 numerales 1-3, 388 parcial, 422 parcial, 432 numerales 1 y 2,
vulneran los artículos 5,13,29-4 y 100 Superiores y los artículos 3-1 y 3-2 del
Convenio 87 y el artículo 4 del Convenio 98 de la O.I.T., toda vez que las
organizaciones sindicales tienen derecho a elegir libremente sus representantes
y por ello, las autoridades públicas se deben abstener de intervenir el
ejercicio legal de sus derechos para no limitarlos.
Los requisitos exigidos por los artículos demandados
son discriminatorios, ya que los sindicatos son libres para escoger las
personas que realicen funciones de representación, y por tanto, restringir esa
posibilidad imponiendo calidades o condiciones no tiene cabida alguna, puesto
que los estatutos y los reglamentos administrativos son los llamados a
fijarlos, conforme a los establecidos en los citados convenios de la O.I.T.
Este artículo desconoce lo dispuesto en los artículos
38 y 39 de la Constitución y los artículos 2 y 3 del Convenio 87 de la O.IT.
dado que “los trabajadores sin ninguna distinción tienen derecho a afiliarse a
los sindicatos, con la sola condición de observar sus estatutos y reglamentos
administrativos".
j) El parágrafo del artículo 376 del C.S.T. resulta
inconstitucional, en razón de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución
y el artículo 10 del Convenio 87 de la O.I.T., porque los sindicatos de
industria o rama de actividad y los gremiales deben tener los mismos derechos
que los sindicatos de empresa para organizar su administración y sus
actividades y para formular su programa de acción; por ello al exigírseles una
mayoría calificada para que se puedan constituir en asamblea para la adopción
de pliegos de peticiones, designación de negociadores y asesores se les
vulneran los derechos a la igualdad y a la negociación colectiva.
k) El artículo 404 del C.S.T. es
inconstitucional, porque viola las libertades de los sindicatos de organización
administrativa y de redactar los estatutos, según lo dispuesto en el artículo 3
del Convenio 87 de la O.I.T. y en los artículos 13 y 39 Superiores, ya que la
liquidación sindical debe realizarse mediante un trámite administrativo
interno, conforme a lo establecido en los estatutos y en el reglamento
administrativo, sin intervención del Estado, pues quien debe aprobar la
liquidación sindical son los asociados de manera exclusiva, más no el juez, ni
el Ministerio del Trabajo, toda vez que la creación de los mismos se hace sin
intervención estatal, y por ello su liquidación debe realizarse de igual
manera; sin perjuicio de las acciones judiciales a que tiene derecho quien se
considere afectado, como acontece para demás formas asociativas.
La disposición demandada, también vulnera los
principios de igualdad y buena fe, al dar un trato discriminatorio a los
sindicatos frente a las demás entidades sin ánimo de lucro y a las sociedades
comerciales, pues son éstas o sus asociados quienes aprueban su liquidación. El
principio de buena fe también resulta afectado, al negarles a las asociaciones
sindicales su autocontrol en la liquidación, e imponerles su aprobación de
manera externa.
l) Los apartes demandados de los artículos 417 numeral
1, 424 y 425  del C.S.T. son inconstitucionales, por la circunstancia de que
van en contra de los lineamientos contenidos en los artículos 3, 13, 55 y 56 de
la Constitución y del principio de igualdad, pues conforme a las disposiciones
contenidas en los citados convenios de la O.I.T. sobre las federaciones y
confederaciones, dichas organizaciones gozan de los mismos derechos que los
sindicatos, y por ello tienen el derecho de organizar su administración y
actividades y el de formular su programa de acción.
La expresión “cuando la ley la autoriza” contenida en
el numeral 1 del artículo 417 del C.S.T. resulta inconstitucional, por violar
el derecho de huelga, pues el legislador no tiene la atribución de autorizar la
huelga, ni de prohibirla. La ley sólo se limita a señalar en que casos no se
garantiza, por tratarse de un servicio público esencial.
m) El artículo 444 parcial, el numeral 3 del  artículo
448 y el numeral 1 del artículo 486 del C.S.T. son inconstitucionales, en razón
de que vulneran los artículos 3-1 y 3-2 del Convenio 87 de la O.I.T. y el
artículo 39-1 de la Constitución, pues “las disposiciones acusadas consagran el
deber de dar aviso a las autoridades con antelación de cinco (5) días a la celebración
de la asamblea en que se ha de votar la huelga “para que pueda presenciar y
comprobar su desarrollo” (art. 444); que durante la huelga, el Ministerio del
Trabajo y Seguridad Social de oficio o a solicitud del sindicato o sindicatos o
en defecto de los trabajadores en asamblea general podrán someter a votación de
los trabajadores si desean o no el tribunal de arbitramento, fijando un
procedimiento, (art. 448-3 en sus diversos incisos); así como la intervención
de las autoridades del trabajo en el control de la gestión de los sindicatos
(art. 486-1). Estas instituciones son claramente intervencionistas de las
actividades sindicales y van en contra de las libertades de elegir a sus
representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su
programa de acción.
2. En relación con la violación al principio de
igualdad.
a) El artículo 399 del C.S.T. es inconstitucional,
toda vez que viola el principio de igualdad, por consagrar en contra de los
sindicatos, un trato diferente injustificado, en virtud a que a ninguna forma
asociativa sin ánimo de lucro, la ley le impone el deber de decretar la
separación de miembros por dejar de ejercer la actividad característica de la
asociación, tal es el caso de las corporaciones, juntas de acción comunal,
cooperativas, etc.
Las normas
acusadas, que regulan la libertad sindical, violan el principio de la igualdad
en sus modalidades de "igualdad ante la Ley" y de "no
discriminación en materia de derechos, libertades y oportunidades, contenidos
en el artículo 13 de la Constitución Política, ya que las normas demandadas
establecen un trato discriminatorio frente a las demás formas asociativas sin ánimo
de lucro, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución
Política y en el Decreto 2150 de 1996, estas nacen mediante escritura pública o
documento privado reconocido y su inscripción está exenta de rigores legales.
El trato dado a las organizaciones sindicales es
doblemente discriminatorio, pues a los sindicatos se les prohibe realizar
actividades lucrativas, y a las demás personas jurídicas no; además, a los
sindicatos se le fijan restricciones para adoptar sus estatutos, organizar su
administración y establecer condiciones a la afiliación de ciertos
trabajadores.
También se viola el principio de igualdad debido a que
el trato dado a las federaciones y confederaciones es diferente al que se le da
al sindicato. En efecto: i) en la legislación colombiana no se permite
pertenecer a varios sindicatos de la misma clase o actividad; ii) a los
sindicatos se les exige cumplir con procedimientos y controles de legalidad
administrativos y previos; iii) a los sindicatos se les impone el deber de
decretar la separación de miembros por dejar de ejercer la actividad
característica de la asociación; iv) las asociaciones sindicales carecen de
autonomía liquidatoria y v) a las federaciones y confederaciones se les exige
el reconocimiento de personería jurídica por el Gobierno y en cambio los
sindicatos obtienen su personería jurídica de manera inmediata.
3. En
relación con la violación del preámbulo, y los artículos 1, 2, y 5 de la
Constitución Nacional.
Las normas demandadas vulneran lo dispuesto en el
Preámbulo y los arts. 1 y 5 de la Constitución Política, pues éstas discriminan
a los trabajadores y sus organizaciones sindicales, obstruyendo la libertad
sindical e impidiendo que se den los procesos autónomos de constitución,
administración y liquidación de aquéllas.
Además las normas demandadas vulneran los principios,
derechos y deberes consagrados en el artículo 2 de la Constitución Nacional,
pues restringen la libertad sindical y el derecho a constituir organizaciones
sindicales, de redactar sus estatutos, reglamentos administrativos, elegir
libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades.
IV. INTERVENCION DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL.
El ciudadano Pedro Nel Londoño Cortés, en su condición
de apoderado del referido Ministerio, intervino para sustentar la defensa de
las normas acusadas, y solicitó a la Corte declararlas exequibles. Su
participación se puede resumir así:
El demandante cuando señala su inconformidad con las
normas cuestionadas, no tomó en cuenta el mandato establecido en el inciso 2
del artículo 39 Superior en donde se establece que la estructura y
funcionamiento de los sindicatos se sujetarán al orden legal y a los principios
democráticos. Bajo este criterio, los segmentos censurados, no hacen cosa
distinta que regular las condiciones de existencia de los sindicatos a fin de
darle certeza y seguridad jurídica a sus actos.
Por ello, "contrariamente a lo que sostiene el
demandante las normas acusadas desarrollan en un todo el bloque de
constitucionalidad que el demandante estima violado, especialmente el artículo
39 de la Carta Política que habla del sometimiento a un orden legal, pero
particularmente a un: RECONOCIMIENTO JURIDICO".
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.
El Procurador General de la Nación, al rendir el
concepto de su competencia se refirió a los cargos formulados por el demandante
contra las normas acusadas, de la siguiente manera:
El derecho de asociación sindical se encuentra
consagrado en el artículo 39 de la Constitución y desarrollado en los Convenios
87, 98 y 154[1] de la OIT y los artículos
12 y 353 del Código Sustantivo del Trabajo.
La libertad de asociación sindical es un bien jurídico
protegido por los arts. 290 a 292 del Código Penal Colombiano, los cuales
tipifican los delitos que pueden configurarse, en razón de las conductas
atentatorias de dicha libertad.
"Con estas herramientas se pretende facilitar el
ejercicio efectivo de la libertad de asociación sindical, a favor de los
patronos y trabajadores, quienes tienen la posibilidad de ingresar y retirarse
libremente de las organizaciones asociativas, cuando a bien lo determinen, pues
así lo prevé el artículo 358. Ib., por cuanto esta es la máxima expresión del
principio universal de la libertad sindical y como se mencionó es de doble
vía".
Por lo anterior, el legislador al desarrollar el
mandato constitucional, estableció una serie de instrumentos mediante los
cuales le brinda una especial protección a las organizaciones sindicales. De
esta manera, nuestro Estado busca asegurar que el derecho de asociación
sindical sea ejercido plenamente. Bajo esta óptica, impone sanciones a quienes
pretendan obstaculizarlo, elimina los trámites administrativos innecesarios a
efectos de obtener personería y, finalmente, los faculta para darse sus propios
reglamentos. Sin embargo, debe observarse que la expedición de los estatutos y
su contenido material deben respetar el principio de legalidad, de acuerdo con
el mandato establecido en el inciso 2 del artículo 39 de la Constitución.
"En todos los actos y actividades, no podrá tener
injerencia el Estado, ni tampoco ningún servidor público o particular ajeno a
la organización gestante o en proceso de formación, ya que la estructura
interna y el funcionamiento del sindicato u organización social estará sujeto
al orden legal y a los principios democráticos".
"En cuanto a los estatutos y reglamentos
administrativos tenemos que deberán ser redactados, sometidos a consideración y
aprobados por la propia organización sindical, toda vez que las decisiones que
adopten en el seno del sindicato, deberán tomarse teniendo en cuenta los
principios democráticos, como se enunció, pues el ejercicio de este derecho no
puede haber restricción o limitación alguna que imposibilite su efectividad;
así lo reconoce el artículo 3 Inciso primero del Convenio 87 de la O.I.T.”
En relación con el examen material de cada una de las
normas demandadas la Vista Pública se pronunció así:
a) Respecto a los artículos 355 y 379 literal d,
compartió los argumentos del actor, ya que consideró que las expresiones
demandadas deben declararse inexequibles debido a que "las organizaciones
de trabajadores y empleadores tienen derecho a redactar sus estatutos y
reglamentos administrativos, el de organizar su administración y formular el
programa de acción, pues así lo dispone el artículo 3 del Convenio 87 de la
O.I.T, y como se dijo fue aprobado y ratificado por Colombia con la Ley 26 de
1.976".
Agregó que no hay razón valedera y jurídica para que
se restrinja la posibilidad a las organizaciones sindicales de realizar actos
de comercio con sus afiliados o con terceros, conforme a lo dispuesto en el
artículo 333 inc. 1 de la Constitución Política y al derecho a la igualdad, por
cuanto se le está dando un trato discriminatorio a las organizaciones
sindicales, en relación con las demás personas jurídicas, pues se les impide el
ejercicio de la libertad de empresa e iniciativa privada.
En lo referente al derecho a la igualdad manifestó que
se ha establecido para todas las personas y que "no resulta ajustado a la
Carta, que a los sindicatos y asociaciones de trabajadores y patronos, se les
impida adelantar actividades comerciales, pues sus utilidades pueden redundar
en beneficio de los afiliados...", por tanto consideró que "... se
está dando un trato discriminatorio a las organizaciones sindicales, en
relación con las demás personas jurídicas".
b) Respecto a las expresiones "y
restricciones" contenidas en los artículos 358 y 362 parciales, adujo que
se deben declarar exequibles, toda vez que al establecerse condiciones y
restricciones de admisión de nuevos socios o personas a los sindicatos es una
protección para los mismos, pues sin dicho control quedarían obligados a
recibir a toda persona que aspire a ingresar sin restricción alguna, hecho que
afectaría al no haber selección previa y razonable.
c) En relación con los artículos 358 parcial, 376, 390
numerales 1 y 2, 394 y 424 del C.S.T., compartió parcialmente los
argumentos del actor respecto a la expresión demandada contenida en el artículo
358 parcial del C.S.T., toda vez que al imponer la regulación la devolución de
cuotas o aportes a los afiliados, en caso de retiro o expulsión, resulta lesivo
para el patrimonio del sindicato, en virtud a "que es cierto que las
organizaciones sindicales en ejercicio de su libertad, están facultadas para
expedir sus estatutos y reglamentos administrativos, sin más limitaciones que
el orden jurídico y los principios democráticos". Por lo anterior,
consideró "que los estatutos podrían prever o no, la devolución de cuotas
o partes a los afiliados en caso de retiro o suspensión temporal o expulsión,
pero no como una obligación inexorable que se deba consignar en aquellos, por
cuanto menoscaba el patrimonio de la organización sindical". Bajo ese
entendido el Procurador consideró que la norma es constitucional.
Respecto al artículo 376 del Código Sustantivo del
Trabajo, consideró que la expresión “exclusiva”, aunque no está demandada, debe
por unidad de materia declararse inexequible por la Corte.
Lo anterior, debido a que dicha palabra es contraria a
las previsiones contenidas en el numeral 1 del artículo 3 del Convenio 87 de la
O.I.T. por cuanto, al imponer la ley de manera restrictiva tales funciones a
cargo de la asamblea general, cercena el derecho de autodeterminación que les
asiste a las organizaciones sindicales, e impide que a través de los estatutos,
dichas tareas sean atribuidas a otros u otros entes administrativos. Con la
declaración de inexequible de dicho vocablo desaparece la limitación que impone
la norma.
En cuanto al artículo 424, por una parte, dice que ha
sido derogado por los Convenios de la OIT toda vez que ya no es necesaria la
conformación de la junta directiva provisional de las federaciones y
confederaciones sindicales, como consecuencia de la ausencia de la exigencia
del reconocimiento de la personería jurídica de las mismas. Y, por otra, dice
que debe ser declarado inexequible por idénticas razones.
d) Con relación a los artículos 395, 396 y 400-1 del
C.S.T. expresa que la primera de estas normas es constitucional, pues la
intención del legislador al determinar que el tesorero de todo sindicato debe
prestar caución en su favor para garantizar el manejo de los fondos de éste, es
la de salvaguardar los intereses de sus afiliados.
En relación con las expresiones demandadas
pertenecientes a las demás normas adujo que menoscaban la libertad sindical que
le asiste a toda asociación de trabajadores, y concretamente, con respecto a la
exigencia de un quórum de las dos terceras partes de los miembros del sindicato
para solicitar la retención de las cuotas al empleador, dice que hace nugatoria
la posibilidad de alcanzar los resultados, ya que en muy pocas oportunidades se
logra reunir esa cantidad de afiliados al sindicato; y porque considera que
tampoco se necesita de tanta rigurosidad para hacer efectiva la decisión del
sindicato para que el empleador les retenga las cuotas sindicales, ya que basta
con la firma del presidente del sindicato, para disponer el cumplimiento de
dicha retención.
Por lo anterior, solicita que se declare inexequible
el art. 396 y exequible el numeral 1 del artículo 400, “bajo el entendido que
se requiere de las 2/3 partes de los miembros asistentes a la reunión en que se
decida”.
e) En lo que concierne con el artículo 400-3 argumentó
las mismas consideraciones que sostuvo para el artículo 396 del C.S.T., en
razón de que no se necesita de tanta rigurosidad para hacer efectiva la
decisión de los sindicatos de segundo y tercer grado para que el empleador les
retenga las cuotas sindicales. Por ello, solicitó a la Corte declarar la
exequibilidad del numeral 3 del artículo 400 del C.S.T. condicionada al hecho
de que las comunicaciones sean suscritas por el presidente y tesorero del
sindicato.
f) En lo que atañe con el artículo 417 del C.S.T
compartió los argumentos del actor, pues adujo que “al establecer el legislador
la prohibición de la declaratoria de huelga a las federaciones y
confederaciones de sindicatos, de una parte se está haciendo una discriminación
cuando hay razón que la justifique, toda vez que al estar equiparados unos y
otros, deberán gozar de los mismos derechos y beneficios; de otra parte, al
imposibilitar el ejercicio del derecho, se está privando a estas organizaciones
gremiales de un mecanismo eficaz para lograr sus pretensiones y aspiraciones
gremiales laborales, pues de lo contrario, sus anhelos se verán frustrados y no
lograrán las conquistas que efectivamente sí obtienen las organizaciones de
primer grado (sindicatos)”. Agregó que la norma acusada desconoce el principio
de igualdad, ya que los sindicatos sí gozan del derecho a declarar la huelga,
pero a las agremiaciones de segundo y tercer grado se les niega tal derecho,
desconociendo los artículos 6 y 3 del Convenio 87 de la O.I.T. Por lo anterior,
solicita que se declare inconstitucional la frase "derecho de
reconocimiento de" contenida en el artículo 417 del C.S.T.
g) Con
respecto al artículo 360 compartió los argumentos del actor “toda vez que no
existe razón de carácter constitucional o en convenio internacional alguno, que
restrinja esta posibilidad, pues es cierto que de conformidad con el inciso
último del artículo 39 Superior, se proscribe el derecho de asociación sindical
a los miembros de la fuerza, pública... no obstante, a que sobre
el particular se tramita una reforma constitucional”. Consideró que la única
obligación subsiguiente para quien se afilia, es la de observar los estatutos
y, por ello, solicitó a la Corte declarar inconstitucional dicho artículo.
h) En relación con el artículo 369 del C.S.T.
considera que se debe declarar inexequible en lo referente a “la imposición
de la exigencia de someter a registro la reforma estatutaria, dentro del
término legal de aprobación, con la copia de acta donde se haga constar las reformas
que se han verificado, con la firma de todos los asistentes, ya que resulta
contrario a la Carta política (art. 83), porque de una parte el legislador está
partiendo de la premisa de la mala fe, circunstancia que lo obliga a solicitar
una serie de exigencias, para establecer la veracidad de lo acontecido; y de
otra parte, porque es evidente que al representante legal de la agremiación en
cumplimiento de las funciones que el cargo le impone, le compete certificar e
informar sobre los hechos, situación que revela el cumplimiento de lo previsto
en el texto acusado”.
i) Aduce que el numeral 1 y 3 (parciales) del artículo
374, los literales b), c), d), e), f) y el numeral 2 del artículo 388, el
numeral 2 del artículo 432 y el artículo 422 del C.S.T. son inexequibles, toda
vez que violan lo dispuesto en los artículos 13, 53 y 93 Superiores y los 2, 3,
6, 8 del Convenio 87 de la O.I.T.
Respecto al numeral 2 del artículo 388 compartió los
argumentos del actor “toda vez que no existe razón de carácter constitucional o
en convenio internacional alguno, que restrinja esta posibilidad, pues es
cierto que de conformidad con el inciso último del artículo 39 Superior, se
proscribe el derecho de asociación sindical a los miembros de la fuerza,
pública... no obstante a que sobre el particular se tramita una reforma
constitucional”. Considera que “la única obligación subsiguiente para quien se
afilia, es la de observar los estatutos y por ello, solicitó a la Corte
declarar inconstitucional dicho artículo”.
Considera que el numeral 1 y 3 (parciales) del
artículo 374, los literales b), c), d), e), f) y el numeral 2 del artículo 388,
el numeral 2 del artículo 432 y el artículo 422 del C.S.T. vulneran el
principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, al no
autorizar la participación de los extranjeros en las juntas directivas de las
organizaciones sindicales, o de restringir el derecho a ciertos trabajadores de
sindicalización por ostentar ciertas calidades; toda vez que al "prohibir
la representación de algunos sectores, en razón del origen nacional de sus
integrantes, afiliación al sindicato, saber leer y escribir, tener cédula de
ciudadanía o tarjeta de identidad, entre otros, significa desconocer el derecho
constitucional a la participación democrática de los mismos y la finalidad
esencial del Estado Social de Derecho, como es la de facilitar la participación
de todos en las decisiones que los afectan”.
Adujo que no es procedente invocar las restricciones
que el artículo 100 de la Constitución previó para ejercer los derechos civiles
y políticos de los extranjeros para impedir el acceso a cargos directivos de la
junta del sindicato, en razón de su nacionalidad, toda vez que la
representación sindical no es un derecho de naturaleza civil y político porque
no existen razones de orden público para negar su ejercicio y porque los
extranjeros gozan de las garantías concedidas por la Constitución a los
nacionales.
Concluyó este cargo, manifestando que “en ejercicio de
los principios democráticos y del derecho de participación, las organizaciones
sindicales tienen la facultad y autonomía de elegir libremente a los
representantes (art.3 Convenio 87), que han de ocupar cargos en la junta
directiva, sin que sea admisible para el legislador intervenir en este aspecto,
al consagrar calidades, requisitos, condiciones, que deben reunir los elegidos,
menos aún que se discriminen a los trabajadores que en forma ocasional, periodo
de prueba o aprendiz para la época de la elección, ya que al redactar sus
estatutos y reglamentos administrativos, la organización puede definirlos”.
j) En lo que concierne al artículo 404 del C.S.T.
adujo, respecto a la primera parte la norma, “que se ajusta al ordenamiento
constitucional, toda vez que de un lado, el artículo 4 del Convenio 87 de la
O.I.T. determina que la organización de trabajadores y empleadores no está
sujeta a la disolución o suspensión por la vía administrativa, es decir, que
ello procede por la vía judicial, norma que fue acogida en el inciso 3 del artículo
39 de la Carta.
De suerte que una vez es decretada la disolución, como
consecuencia sobrevendrá la liquidación, la que deberá ser aprobada por el juez
que la ordenó, para garantizar de una parte el debido proceso (C. P. art. 29) a
favor de todas las partes comprometidas en el asunto y de otra parte
salvaguardar el principio de igualdad (C. P. 13), pues contrario a lo indicado
por el accionante, en los procesos judiciales donde se ordene la disolución de
la sociedad (v.gr. conyugal), el juez que la decreta deberá aprobarla.
Situación diferente se presenta, respecto de la
liquidación que debe adelantarse en los demás casos, pues en estos eventos su
trámite queda sometido a lo establecido en los estatutos y reglamentos
administrativos y la aprobación de ésta deberá ajustarse a las previsiones que
allí se determinan.
Así que de una parte, la norma está desactualizada,
habida cuenta a que el departamento Nacional del Supervigilancia Sindical
actualmente no existe, de otra, esta función está asignada al Ministerio del
Trabajo, es decir, que a una autoridad administrativa se está sometiendo la
aprobación relacionada con un acto de administración, cual es la de ponerle fin
a la vida jurídica de la organización sindical, hecho que resulta contrario a
lo establecido en el numeral 2 del artículo 3 del Convenio 87, porque esta
gestión implica un acto de injerencia en asuntos internos del sindicato y su
participación puede limitar o entorpecer el ejercicio del derecho darle fin al
ente jurídico, ya que por razones de diferente naturaleza se puede torpedear la
determinación mayoritaria del sindicato, máxime que el inciso final del
artículo 55 de la Constitución ordena que es deber del Estado promover la
concertación y la utilización de los demás medios de solución pacífica de los
conflictos colectivos de trabajo, disposición que es desconocida por el
precepto en estudio.
Por lo anterior, solicitó la declaración de
constitucionalidad de la expresión "la liquidación debe ser sometida a la
aprobación del juez que la haya ordenado”, y la declaración de la
inconstitucionalidad del texto “y en los demás casos, a la del Departamento
Nacional de Supervigilancia Sindical, debiendo expedir el finiquito al
liquidador cuando sea necesario", contenidos en el artículo 404 del Código
Sustantivo del Trabajo.
k)
Respecto al artículo 417 numeral 1, compartió los argumentos del actor, pues
adujo que “al establecer el legislador la prohibición de la declaratoria de
huelga a las federaciones y confederaciones de sindicatos, de una parte se está
haciendo una discriminación cuando hay razón que la justifique, toda vez que al
estar equiparados unos y otros, deberán gozar de los mismos derechos y
beneficios; de otra parte, al imposibilitar el ejercicio del derecho, se está
privando a estas organizaciones gremiales de un mecanismo eficaz para lograr
sus pretensiones y aspiraciones gremiales laborales, pues de lo contrario, sus
anhelos se verán frustrados y no lograrán las conquistas que efectivamente si
obtienen las organizaciones de primer grado (sindicatos)”.
Agregó que la norma acusada desconoce el principio de
igualdad, ya que los sindicatos sí gozan del derecho a declarar la huelga, pero
a las agremiaciones de segundo y tercer grado se les niega tal derecho,
desconociendo los artículos 6 y 3 del Convenio 87 de la O.I.T.
Por lo anterior, solicitó a la Corte declarar la
inconstitucionalidad de la parte final acusada del artículo 417 del C.S.T.
l) Respecto a los artículos 444 y 448 expresó que
comparte los planteamientos expuestos por el demandante “ toda vez que el
derecho de huelga está garantizado por mandato constitucional, salvo en los
servicios esenciales definidos por el legislador y es el máximo mecanismo de
presión con que cuentan los trabajadores para lograr sus aspiraciones y conquistas
laborales. Pero si en su ejercicio se establecen fórmulas de injerencia de las
autoridades públicas, como en efecto acontece en las disposiciones en estudio,
se desconoce flagrantemente el contenido de los numerales 1 y 2 del artículo 3
del Convenio 87, porque con ello se estropea su efectividad, al permitirse la
intromisión de aquellos, pues con su intervención puede limitar el derecho y
entorpecer su ejercicio legal, lográndose finalmente resultados nefastos,
relativos y desestimulantes para la organización sindical”.
Agregó que “el artículo 37 de la Constitución Nacional
reconoce el derecho de reunión y la posibilidad de manifestarse pública y
pacíficamente, de manera que los afiliados al sindicato y la misma organización
lo pueden ejercer, en pos de la búsqueda de soluciones pacíficas al conflicto
laboral para decidir si se declara o no la huelga, pero permitir que en estos
eventos concurra cualquier autoridad administrativa, mengua o limita el
ejercicio del derecho”.
Por lo anterior, solicitó a la Corte declarar
inexequibles las expresiones demandadas.
VI.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE.
1. Alcance del fallo.
1.1. La Corte no se pronunciará en relación con el
artículo 384, con los literales a) de los  artículos 388 y 422 y, la expresión
"ser colombianos" contenida en el numeral 2 del art. 432 del Código
Sustantivo del Trabajo, por existir cosa juzgada constitucional, dado que
dichos preceptos fueron declarados inexequibles en la sentencia C-385/2000[2].
En tal sentido, en la parte resolutiva de esta sentencia se ordenará estarse a
lo resuelto en el mencionado fallo.
1.2. Tampoco se pronunciará en relación con las
expresiones acusadas del numeral 3 del artículo 448 del Código Sustantivo del
Trabajo, subrogado por el artículo 63 de la ley 50 de 1990, por existir cosa
juzgada constitucional, según se desprende del contenido de las sentencias
115/91[3] de la Sala Plena de la
Corte Suprema de Justicia y C-085/95[4] proferida por esta
Corporación.
1.3. No
obstante que el Congreso de la República, mediante ley 584/2000, publicada en
el Diario Oficial No. 44.043 de 14 de junio de 2000, derogó algunas y modificó
otras de las normas cuya inconstitucionalidad se demanda, la Corte se
pronunciará sobre la pretensión del demandante, por cuanto se encuentran
produciendo efectos jurídicos, salvo en lo relacionado con la acusación contra
apartes normativos del numeral 1 del art. 486 del C.S.T.
2. El problema jurídico planteado.
Según los términos de la demanda, la
intervención del Ministerio de Justicia y el concepto emitido por el Procurador
General de la Nación, le corresponde a la Corte determinar si las normas
acusadas violan la Constitución, en cuanto permiten una injerencia indebida del
legislador en asuntos que son privativos de la organización y administración de
los sindicatos, y limitan la autonomía que tienen las organizaciones sindicales
para obtener en forma automática su personería, elaborar sus reglamentos,
establecer las calidades y requisitos de admisión de afiliados, y determinar su
forma de gestión administrativa y financiera y, por consiguiente, desconocen la
libertad sindical y el principio de igualdad.
3. Solución al problema.
3.1.
Apreciaciones generales en torno al derecho de libertad sindical.
En relación con el derecho fundamental de
asociación sindical la Corte en la sentencia C-385/2000[5],
tuvo ocasión de pronunciarse en los siguientes términos:
“2.1. El art. 39 de la Constitución
consagra el derecho fundamental de asociación sindical de los trabajadores, el
cual constituye una modalidad del derecho de libre asociación, dado que aquél
consiste en la libre voluntad o disposición de los trabajadores para constituir
formalmente organizaciones permanentes que los identifiquen y los una, en
defensa de los intereses comunes de la respectiva profesión u oficio, sin
autorización previa o la injerencia o intervención del Estado, o de los
empleadores”.
“En la sentencia T-441/92[6]
la Corte expresó, sobre el derecho de asociación sindical, lo siguiente:
‘Se concluye que el derecho de asociación sindical es
un derecho subjetivo que tiene una función estructural qué desempeñar, en
cuanto constituye una vía de realización y reafirmación de un estado social y
democrático de derecho, más aún cuando este derecho que permite la integración
del individuo a la pluralidad de grupos, no constituye un fin en sí mismo o un
simple derecho de un particular, sino un fenómeno social fundamental en una
sociedad democrática  y, es más, debe ser reconocido por todas las ramas y
órganos del poder público’.
‘La Asociación Sindical tiene un carácter
voluntario, ya que su ejercicio descansa en una autodeterminación de la persona
de vincularse con otros individuos y que perdura durante esa asociación’.
‘Tiene también un carácter relacional o sea que se
forma de una doble dimensión. Ya que de un lado aparece como un derecho
subjetivo de carácter individual y por el otro se ejerce necesariamente en
tanto haya otros ciudadanos que estén dispuestos a ejercitar el mismo derecho y
una vez se dé el acuerdo de voluntades se forma una persona colectiva’.
‘Tiene así mismo un carácter instrumental
ya que se crea sobre la base de un vínculo jurídico, necesario para la
consecución de unos fines que las personas van a desarrollar en el ámbito de la
formación social’”.
(....)
“La Corte estima
necesario precisar que el derecho de asociación sindical, debe necesariamente
considerarse integrado a la concepción democrática del Estado Social de
Derecho, pluralista, participativo, fundado en el respeto de la dignidad y de
la solidaridad humanas, que reconoce y protege unas libertades básicas, si se
repara que la libertad de asociarse en sindicatos no es otra cosa que la
proyección de un conjunto de libertades fundamentales del hombre, como las de
expresión y difusión del pensamiento y opiniones e información, y de reunión,
las cuales conducen a afirmar el derecho de participación en la toma de
decisiones relativas a los intereses comunes de los asociados, que constituye
el punto de partida para la participación política”.
Según los arts. 53, inciso 4, 93 y 94 de
la Constitución el contenido y alcance del derecho de asociación sindical ha de
fijarse con arreglo a los convenios y tratados internacionales sobre derechos
humanos[7]. Específicamente ha de
tenerse en cuenta el Convenio 87 de la OIT relativo a la libertad sindical y a
la protección del derecho de sindicalización que, en lo pertinente, establece
lo siguientes principios:
Artículo
1
“Todo miembro de la Organización
Internacional del Trabajo para el cual este en vigor el presente Convenio se
obliga a poner en práctica las disposiciones siguientes”.
Artículo 2
“Los trabajadores y los empleadores, sin
ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir
las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas
organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas”.
Artículo 3.
“1. Las organizaciones de trabajadores y
empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos
administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su
administración y sus actividades y el de formular sus programas de acción”.
“2. Las autoridades públicas deberán
abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a
entorpecer su ejercicio legal”.
Articulo 4
“Las
organizaciones de trabajadores y empleadores no están sujetas a disolución o
suspensión por vía administrativa”
Artículo 5
“Las
organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de constituir
federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas, y toda
organización, federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a las
organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores”
Artículo 6.
“Las disposiciones de los arts. 2, 3 y 4 de
este convenio se aplican las federaciones y confederaciones de organizaciones
de trabajadores y de empleadores”.
Artículo 7
“La
adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores
y empleadores, sus federaciones y confederaciones no puede estar sujeta a
condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones de los
arts. 2, 3 y 4 de este Convenio”.
Artículo 8.
“1. Al ejercer los derechos que se le
reconocen en el presente Convenio, los trabajadores, los empleadores y sus
organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o
las colectividades organizadas, a respetar la legalidad”.
“2.
La legislación no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las
garantías previstas en este Convenio”.
Artículo 11
“Todo miembro de la
Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente
Convenio se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para
garantizar a los trabajadores y empleadores el libre ejercicio del derecho de
sindicación”.
Las normas del Convenio 87 se encuentran
complementadas en el Convenio 98, que regulan lo relativo a la aplicación de
los principios de derecho de sindicalización y negociación colectiva.
En la sentencia C-385/2000[8]
la Corte precisó la relación entre derecho de asociación y libertad sindical de
la siguiente manera:
“En el derecho de asociación sindical
subyace la idea básica de la libertad sindical que amplifica dicho derecho,
como facultad autónoma para crear organizaciones sindicales, ajena a toda
restricción, intromisión o intervención del Estado que signifique la imposición
de obstáculos en su constitución o funcionamiento. Ello implica, la facultad
que poseen las referidas organizaciones para autoconformarse y autorregularse
conforme a las reglas de organización interna que libremente acuerden sus
integrantes, con la limitación que impone el inciso 2 del art. 39, según el
cual la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos se sujetan al
orden legal y a los principios democráticos”.
Considera la Corte, en consecuencia, que la libertad
sindical comporta: i) el derecho de todos los trabajadores, sin discriminación
ni distinción alguna, para agruparse a través de la constitución de
organizaciones permanentes que los identifican como grupos con intereses
comunes, y cuya defensa propugnan. Este derecho implica  la libertad tanto para
afiliarse como para retirarse de dichas organizaciones; ii) la facultad de
constituir y organizar estructural y funcionalmente las referidas
organizaciones y conformarlas automáticamente como personas jurídicas, sin la
injerencia, intervención o restricción del Estado; iii) el poder de las
organizaciones de trabajadores de determinar: el objeto de la organización,
condiciones de admisión, permanencia, retiro o exclusión de sus miembros,
régimen disciplinario interno, órganos de gobierno y representación,
constitución y manejo del patrimonio, causales de disolución y liquidación,
procedimiento liquidatorio, y otros aspectos que atañen con su estructura,
organización y funcionamiento, que deben ser, en principio, libremente
convenidos por los miembros de las asociaciones sindicales al darse sus propios
estatutos o reformarlos, salvo las limitaciones que válidamente pueda imponer
el legislador conforme al inciso 2 del art. 39; iv) La facultad de las
asociaciones sindicales para formular las reglas relativas a la organización de
su administración, así como las políticas, planes y programas de acción que
mejor convengan a sus intereses, con la señalada limitación; v) la garantía de
que las organizaciones de trabajadores no están sujetas a que la cancelación o
la suspensión de la personería jurídica sea ordenada por la autoridad
administrativa, sino por vía judicial; vi) el derecho de las organizaciones
sindicales para constituir y afiliarse a federaciones y confederaciones
nacionales e internacionales; vii) la inhibición, para las autoridades
públicas, incluyendo al legislador, de adoptar regulaciones, decisiones o
adelantar acciones que tiendan a obstaculizar el disfrute del derecho a la
libertad sindical.
No es admisible reconocer el carácter absoluto de la
libertad sindical, en la medida en que la propia Constitución establece como
limitación, concretable por el legislador, que “la estructura interna de los
sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y
a los principios democráticos” (art. 39 inciso 2) y que, los Convenios
Internacionales sobre derechos humanos autorizan que por vía legislativa puedan
imponerse restricciones a los derechos, en cuanto ellas sean necesarias,
mínimas, indispensables y proporcionadas a la finalidad  que se persiga, para
garantizar la seguridad nacional, el orden, la salud o moral públicos, los
derechos y deberes ajenos y, en general, el cumplimiento de cualquier finalidad
que se estime esencialmente valiosa. Por lo tanto, se advierte, que las
aludidas restricciones o limitaciones no pueden, en modo alguno, afectar lo que
se considera el núcleo esencial del derecho a la libertad sindical, de modo que
la desnaturalicen o impidan su normal y adecuado ejercicio.
3.2. ANÁLISIS DE LOS CARGOS.
3.2.1. Artículos 355 y 379 literal d). Prohibición a
los sindicatos de ejercer actividades lucrativas y de efectuar operaciones
comerciales.
El art. 355 establece que los sindicatos no pueden
tener por objeto la explotación de negocios o actividades con fines de lucro.
A juicio de la Corte la referida disposición debe ser
interpretada, en el sentido de que este tipo de organizaciones no pueden tener
como objeto único la realización de negocios o actividades lucrativas, pues si
ello estuviera permitido se desnaturalizarían sus funciones y perderían lo que
es de la esencia y la razón de su existencia, como representantes y defensores
de los intereses comunes de sus afiliados. Es decir, perderían su identidad y
podrían confundirse con las sociedades comerciales que persiguen la realización
de un  objetivo comercial, con fines de lucro.
En tales circunstancias, considera la Corte que la
norma acusada se ajusta a la Constitución, y será declarada exequible.
Por el contrario, el aparte normativo acusado del
literal d) del art. 379 que prohibe a los sindicatos efectuar operaciones
comerciales de cualquier naturaleza con sus trabajadores o con terceros es
inconstitucional, por las siguientes razones:
El logro de los objetivos de la asociación sindical
necesariamente exige el desarrollo de ciertas actividades de naturaleza
económica, que involucran tanto a sus afiliados como a terceros, aunque es necesario
precisar lo siguiente:
- La actividad económica que pueden desarrollar los
sindicatos no puede tener el alcance de un objetivo único y principal, sino
apenas complementario o accesorio a las labores que constituyen su objeto
esencial; por lo tanto, la posibilidad del ejercicio de dicha actividad no se
encuadra dentro de la preceptiva del art. 333 de la Constitución, sino como
algo que resulta útil y conveniente para la realización de los fines de la
organización sindical.
- El ejercicio de actividades económicas por los
sindicatos no es equiparable a la realización de actos de comercio, propios de
los comerciantes, que implican la necesaria especulación económica y la
obtención de un lucro o beneficio para los asociados, a través del reparto de
utilidades individuales.
- La actividad económica de los sindicatos, por
consiguiente, puede ser asimilable a la que desarrollan cierto tipo de
organizaciones de propiedad solidaria, autorizadas por la Constitución, en los
términos de los arts. 58, inciso 3, 60, inciso 2 y 333, inciso 3, que antes que
el beneficio económico individual persiguen el bienestar y la realización de
fines colectivos.
Por las razones anteriores, se declara exequible el
art. 355 e inexequible la expresión acusada del literal d) del art. 379 del
C.S.T.
3.2.2. Artículos 358 y 362, parcial.
Libertad de afiliación, restricciones de admisión, devolución de cuotas a los
afiliados y coparticipación en instituciones de beneficio mutuo.
En razón de la unidad de materia que
presenta el artículo 358 la Corte analizará en su integridad su
constitucionalidad.
Lo primero que observa la Corte es que el
título del artículo, en cuanto alude a los “altos empleados” no corresponde a
la materia que se regula.
La norma en cuestión establece que los sindicatos
son asociaciones de libre ingreso y retiro de los trabajadores, y que en los
estatutos se reglamentarán las condiciones y restricciones de admisión a éstos,
lo relativo a la devolución de las cuotas o aportes a los afiliados, en caso de
retiro o expulsión, y la coparticipación en instituciones de beneficio mutuo
que hubiere establecido el sindicato con aportes de sus miembros.
Ningún reparo de constitucionalidad
encuentra la Corte al aparte normativo, según el cual los sindicatos son
asociaciones de libre ingreso y retiro de los trabajadores, pues ello es un
desarrollo fiel de la libertad positiva y negativa de asociarse a un sindicato
o a desafiliarse de éste.
Tampoco encuentra la Corte que sea
inconstitucional el mandato conforme al cual en los estatutos se deben regular
las condiciones y restricciones de admisión al sindicato, porque es usual que
tales condiciones y restricciones se señalen con respecto al ingreso de
miembros a cualquier tipo de asociación, con el fin de asegurar que éstos se
identifiquen y compartan los intereses y propósitos comunes que los agrupan.
La norma no esta imponiendo ningún tipo
de limitación o restricción concreta al ingreso de miembros a las
organizaciones sindicales, sino que se limita a señalar que corresponde a éstas
establecerlas de conformidad con los objetivos e intereses que deben perseguir
y proteger y que constituyen la base esencial de su existencia. Se trata, en
consecuencia, de una norma neutra que no puede equipararse a una restricción.
En lo que concierne con las regulaciones
atinentes a la devolución de cuotas o aportes, considera la Corte que son los
estatutos del sindicato, los que deben determinar, bajo que circunstancias
concretas procede o no el reintegro de los aportes.
La norma en sí misma no es
inconstitucional, porque simplemente esta señalando que son los estatutos los
que deben reglamentar lo relativo a la devolución de aportes; habrá casos en
que dadas las circunstancias y condiciones en que se hace un aporte o se
entrega una cuota no existirá la obligación de reintegrarlos y en cambio habrá
otros casos en que sí procede la devolución de éstos.
Ningún reparo de constitucionalidad
encuentra la Corte a que en los estatutos se reglamente lo relativo a la
coparticipación en instituciones de beneficio mutuo que hubiere establecido el
sindicato con aportes de sus miembros, pues tratándose de cuestiones que pueden
afectar tanto al patrimonio de éste como de sus afiliados debe existir una
expresa regulación en aquéllos.
En cuanto a la expresión “y
restricciones”, contenida en el numeral 3 del art. 362 la Corte, por las mismas
razones antes expuestas, no encuentra vicio de inconstitucionalidad alguno.
Conforme a lo expresado, la Corte
declarará exequible el art. 358, salvo la expresión “la devolución de cuotas
o aportes a los afiliados en caso de retiro voluntario o expulsión” que se
declara exequible pero bajo los condicionamientos antes señalados. Igualmente
declarará exequible la expresión “y restricciones” contenida en el numeral 3 del
art. 362.
3.2.3. Artículos 376 parcial, 390
numerales 1 y 2, 394, 395, 396 y 424. Atribuciones exclusivas de las asambleas,
período de directivas, votación del presupuesto, caución del tesorero y
directiva provisional de federación y confederación.
- La expresión acusada del artículo 376,
señala que es atribución exclusiva de la asamblea determinar la cuantía de la
caución del tesorero, la asignación de sueldos y la aprobación de gastos en la
cuantía allí especificada. En armonía con esta disposición en el art. 395 se
regula lo relativo a la caución que debe prestar el tesorero de todo sindicato
para garantizar el manejo de los fondos a su cargo, cuya cuantía y forma deben
ser determinados por la asamblea general.
Considera la Corte que se ajusta a la
Constitución la exigencia de una caución al tesorero de los sindicatos con el
fin de garantizar el adecuado y correcto manejo de los fondos pertenecientes a
éstos, pues se trata de una norma que tiende a asegurar la protección del
patrimonio de las mencionadas organizaciones y de los aportes o cuotas de sus
miembros. Por consiguiente, es razonable que sea función de la asamblea general
determinar la cuantía y condiciones bajo las cuales dicho tesorero debe prestar
la aludida caución.
Asi mismo estima la Corte que se ajusta a
la Constitución que, según el art. 376, sea atribución de la asamblea la
asignación de los sueldos, pues como órgano supremo de la administración es
normal que tenga competencia para señalar, en forma general, la correspondiente
escala de sueldos o salarios, de modo que los órganos que tengan competencia
para incorporar y promover a los empleados del sindicato no actúen en forma
discrecional, sino ajustándose en esta materia a los parámetros que aquélla
señale.
Sin embargo, considera la Corte que es
irracional, en la forma como esta concebida, la norma del mismo art. 376, según
la cual, la asamblea debe aprobar “todo gasto mayor de un equivalente a 10
veces el salario mínimo mas alto”, porque ello puede atentar contra la eficacia
y la eficiencia administrativas, en la medida en que dado lo ínfimo de dicha
cuantía será necesario reunir frecuentemente a la asamblea general, cuando se
requiera realizar asi sea en forma urgente un gasto que supere la aludida
cifra, con los consiguientes inconvenientes para el buen funcionamiento
administrativo. En tales circunstancias, con el fin de superar los problemas
que pueden derivarse de la aplicación estricta  de la referida norma,   la
Corte la declarará exequible bajo el entendido de que corresponde a la asamblea
la aprobación de todo gasto que supere la cuantía mencionada, siempre que no
este contemplado en el presupuesto.
- Los apartes acusados del artículo 390
aluden a restricciones que se imponen al período de las directivas sindicales,
el cual  no puede ser menor de seis meses, con excepción de la directiva
provisional, cuyo mandato no puede prolongarse por más de 30 días, contados a
partir de la publicación del reconocimiento de personería jurídica, y que
cuando la junta provisional no convocare la asamblea para la elección de la
junta reglamentaria un número no menor de quince afiliados puede hacer la
respectiva convocatoria.
Dada la unidad de materia que contiene
esta disposición se analizará, en forma integral su constitucionalidad, así:
La norma del art. 390 es
inconstitucional, porque de acuerdo con el artículo 3 del Convenio 87 a las
organizaciones sindicales les asiste el derecho de elegir libremente sus
representantes, e igualmente les corresponde, a través de sus estatutos fijar
las reglas de juego, concernientes con el proceso de elección de los miembros
de las juntas directivas. Por consiguiente, el legislador desbordó el ámbito de
su competencia, al entrar a regular aspectos del proceso democrático de
elección de las directivas de las organizaciones  sindicales, en los cuales no
le es dable intervenir, por pertenecer al núcleo básico o esencial de la
libertad sindical.
- En cuanto a las regulaciones contenidas
en los artículos 394, que se refieren a la competencia de la asamblea para
votar el presupuesto de gastos, a las restricciones y condicionamientos para
efectuar ciertas erogaciones, y al manejo de los fondos por los sindicatos,
considera la Corte lo siguiente:
Es exequible el aparte normativo del art.
394, en cuanto señala que el sindicato en asamblea general votará el
presupuesto de gastos para periodos no mayores de un año y que sin autorización
expresa de la misma asamblea no podrá hacerse ninguna erogación que no este
contemplada en dicho presupuesto, porque esta norma realiza el principio del
art. 39 de la Constitución.
Es viable, en consecuencia, que sea el
órgano de representación de los miembros del sindicato el que tenga la
atribución de aprobar el presupuesto, y resulta razonable, con el fin de
asegurar el buen manejo de los recursos de aquél, que no puedan realizarse
erogaciones que no estén previstas en dicho presupuesto.
Es exequible el inciso final del art.
394, que excluye de la aprobación de la asamblea general los “gastos que
ocasionen las huelgas declaradas por el sindicato, cualquiera que sea su
cuantía”, porque con ello se garantiza plenamente el derecho de huelga. En
efecto, imponer como requisito la aprobación de la asamblea, cuya reunión
rápida y oportuna puede dificultarse, por la necesidad de convocarla con la
debida anticipación, y de darle publicidad al acto de convocación, para que
apruebe los gastos, no previstos en el presupuesto, que se generen en relación
de las referidas huelgas, implica restringir indebida e injustificadamente el
referido derecho.
- El aparte normativo restante del art.
394 dispone que, sin perjuicio de las prohibiciones o de los requisitos
adicionales previstos en los estatutos, todo gasto que exceda del equivalente
al salario mínimo mensual mas alto, salvo los sueldos aprobados en el
presupuesto, requiere la aprobación previa de la junta directiva; los que
excedan del equivalente a 4 veces el salario mínimo mas alto, sin pasar del
equivalente a 10 veces el salario mínimo mas alto y no estén previstos en el
presupuesto, requieren adicionalmente la refrendación expresa de la asamblea
general, con el voto de la mayoría absoluta de los afiliados; y los que excedan
de 10 veces el salario mínimo mensual mas alto aunque estén previstos en el
presupuesto, la refrendación de la asamblea general por las dos terceras partes
del voto de los afiliados
Aprecia la Corte que el legislador no
puede intervenir o injerir en aquéllos aspectos que conciernen al núcleo básico
o esencial de la autonomía administrativa, patrimonial y financiera de las
organizaciones sindicales. Son los estatutos de éstas los que deben determinar
lo relativo a la aprobación de su presupuesto por la asamblea general, que debe
contener el estimativo de sus ingresos y egresos, y los gastos no previstos en
éste que requieren aprobación de la junta directiva o de la asamblea general;
aunque como se dijo antes al analizar la constitucionalidad del art. 376, puede
justificarse que los gastos que superen la cuantía allí determinada, siempre
que no estén previstos en el presupuesto, requieran aprobación expresa de dicha
asamblea.
Un examen detenido de la mencionada
disposición permite deducir que ella contiene una serie de regulaciones, que
van hasta el detalle, en lo concerniente a la forma como los sindicatos deben
manejar sus recursos económicos, que se juzgan innecesarias, irracionales,
desproporcionadas y, por ende, violatorias del derecho de la libertad
sindical.
- El art. 396 le impone a los sindicatos la necesidad
de mantener sus fondos en instituciones bancarias o de ahorro, salvo la
cantidad necesaria para atender gastos menores, según los estatutos, y por una
cuantía que no exceda el salario mínimo mensual mas alto. Igualmente se prevé
en dicha norma la necesidad de que toda orden de pago cuente con la
autorización conjunta del presidente, el tesorero y el fiscal.
A juicio de la Corte es justificada la
aludida regulación, porque ella busca atender una finalidad legítima como es la
protección y el adecuado manejo del patrimonio y de los recursos de las
organizaciones sindicales.
- El art. 424 señala que la directiva
provisional de una federación o confederación sindical ejercerá el mandato
hasta la primera reunión posterior al reconocimiento de su personería jurídica
que celebre la asamblea general.
La totalidad de la mencionada disposición
será declarada inexequible, por las siguientes razones: porque el artículo 39
dispuso que el reconocimiento jurídico de la organización sindical se produce
con la simple acta de su constitución, es decir, en forma automática, y según
lo establecido en los artículos 5, 6, 7, del Convenio 87 de la O.I.T., las
organizaciones de los trabajadores y de empleadores tienen el derecho de
constituir federaciones y confederaciones, sin necesidad de que el Estado
otorgue el reconocimiento de personería jurídica. Además, es cuestión que
pertenece al ámbito de la reglamentación estatutaria el determinar lo relativo
a la conformación de las directivas de las federaciones y confederaciones
sindicales y al carácter de éstas; es decir, su carácter de provisional o
definitivo. No le es dable al legislador, por consiguiente, expedir
reglamentaciones como las contenidas en la norma acusada, que conciernen con
materias que pertenecen al núcleo esencial del derecho de libertad sindical.
Con fundamento en las consideraciones
anteriores la Corte adoptará las siguientes decisiones:
En relación con el art. 376 se declarará
exequible la expresión “la determinación de la cuantía de la caución
del tesorero; la asignación de los sueldos” y exequible en forma
condicionada la expresión “la aprobación de todo gasto mayor de un
equivalente a diez (10) veces el salario mínimo mensual más alto”.
Con respecto al art. 394 se declarará su
inexequibilidad, salvo las siguientes expresiones que se declaran exequibles:
“El sindicato, en asamblea general, votará
el presupuesto de gastos para periodos no mayores de un (1) año y sin
autorización expresa de la misma asamblea no podrá hacerse ninguna erogación
que no este contemplada en dicho presupuesto” y “Estas normas no se aplican para gastos que
ocasionen las huelgas declaradas por el sindicato, cualquiera que sea su
cuantía”.
Se declarará exequible la totalidad del
art. 395, con la aclaración de que la alusión al “departamento nacional
de supervigilancia sindical”, debe entenderse hoy, con respecto a la División
de Asuntos Colectivos.
Se declarará igualmente exequible el art.
396.
Se declararán inexequibles los arts. 390
y 424.
3.2.4. Artículo 400. Retención de cuotas sindicales.
- Los segmentos normativos demandados del inciso
primero, exigen que “con el voto de las dos terceras partes de sus miembros” la
asociación sindical tiene derecho a que los empleadores deduzcan de los
salarios y pongan a disposición del sindicato las cuotas ordinarias y
extraordinarias de sus afiliados y, además, que para la retención de cuotas
ordinarias bastará que “el secretario y el fiscal del” sindicato comuniquen
certificadamente al empleador su valor y la nómina de afiliados.
En el numeral 3 se demanda la expresión “y firmada por
el presidente, el fiscal y el tesorero”, que alude a la comunicación escrita
que debe enviarse al patrono para retener y entregar las cuotas a las
federaciones y confederaciones a las que se encuentra afiliado el sindicato.
Observa la Corte que la expresión acusada del numeral
1 del art. 400 que dice “con el voto de las dos terceras partes de sus
miembros” es inconstitucional, porque comporta una intervención injustificada e
irracional del legislador en un asunto que atañe exclusivamente a la
organización sindical dentro del ámbito de la libertad sindical, que además,
obstaculiza o dificulta que los sindicatos puedan recaudar oportunamente dichas
cuotas.
Nada puede disponer la ley en relación con la forma
como se deben llevar a cabo las votaciones para la adopción de decisiones en el
seno de las organizaciones sindicales, en asuntos que conciernen con el manejo
de su patrimonio.
No sucede lo propio con los demás apartes demandados
del mismo numeral 1 y 3, en relación con las formalidades que deben cumplirse
para que el patrono lleve a cabo la retención de las cuotas ordinarias con que
deben contribuir los afiliados al sindicato, asi como la retención de las
cuotas federales y confederales a cargo del sindicato, pues ello en nada afecta
la autonomía y el derecho de libertad sindical. Se busca simplemente con dichas
normas que el empleador tenga certeza, para efectos de la aludida retención,
que ésta se exige por los órganos que tienen la representación del sindicato.
Conforme a lo anterior se declarará inexequible en
relación con el numeral 1 del art. 400 la expresión “con el voto de las dos
terceras partes de sus miembros” y exequible la expresión “secretario y
el fiscal”. Igualmente se declarará exequible la expresión “y firmada
por el presidente, el fiscal y el tesorero”  contenida en el numeral 3 del
art. 400.
3.2.5. Numeral 1 del artículo 417. Derecho de federación.
El numeral 1 del artículo 417 consagra el derecho que
tienen los sindicados de afiliarse a las federaciones y éstas de hacer parte de
las confederaciones. Agrega, que las organizaciones de segundo y tercer grado
tienen derecho al reconocimiento de personería jurídica propia y las mismas
atribuciones de los sindicatos, salvo la de declarar la huelga, por ser esta
decisión atribución exclusiva de los sindicatos.
En razón de la unidad normativa que aprecia la Corte,
se considera que lo demandado es la siguiente expresión del art. 417:
“Las federaciones y confederaciones tienen derecho al
reconocimiento de personería jurídica y las mismas atribuciones de los
sindicatos, salvo la declaración de huelga, que compete privativamente, cuando
la ley lo autoriza, a los sindicatos respectivos o grupos de trabajadores
directa o indirectamente interesados”.
- Considera la Corte que la expresión “al
reconocimiento” contenida en el art. 417 es inconstitucional porque las
federaciones y confederaciones, al igual que los sindicatos, tienen derecho al
reconocimiento automático de su personería jurídica, sin la intervención del
Estado (art. 39 C.P. Convenio 87 de la OIT).
- En cuanto a
la restricción que contiene la norma de atribuir exclusivamente a los
sindicatos la declaración de huelga, considera la Corte lo siguiente:
Si bien las federaciones y confederaciones tienen los
mismos derechos de los sindicatos conforme se ha precisado, hay que entender
cuál es el papel que cumplen unos y otras. En efecto:
Los sindicatos tienen como objetivo principal
representar los intereses comunes de los trabajadores frente al empleador, lo
cual se manifiesta primordialmente en la integración de comisiones de diferente
índole, en la designación de delegados o comisionados, en la presentación de
pliego de peticiones, en la negociación colectiva y la celebración de
convenciones colectivas y contratos colectivos, en la declaración de huelga y
la designación de árbitros de acuerdo con las previsiones de los artículos 373
y 374 del C.S.T.
En cambio las federaciones y confederaciones son
uniones sindicales de segundo y tercer grado, que desarrollan funciones de
asesoría de sus organizaciones afiliadas ante los respectivos empleadores en la
tramitación de sus conflictos y frente a las autoridades o terceros de
cualesquiera reclamaciones y adicionalmente pueden, según sus estatutos,
atribuirse “las funciones de tribunal de apelación contra cualquier medida
disciplinaria, adoptada por una de las organizaciones afiliadas; la de dirimir
las controversias que se susciten entre los miembros de un sindicato afiliado
por razón de las decisiones que se adopten, y la de resolver las diferencias
que ocurran entre dos o mas organizaciones federales” (arts. 418 y 426 C.S.T.).
La representación directa de los trabajadores en el
conflicto económico que han planteado al empleador a través del pliego de
peticiones corresponde exclusivamente a los sindicatos. Igualmente son los
trabajadores sindicalizados, reunidos en asamblea, los que toman la decisión de
declarar la huelga, cuando no es posible solucionar el conflicto por la vía
directa. En tales circunstancias, se justifica constitucionalmente, que las
federaciones y confederaciones estén excluidas de una decisión, como es la
declaración de huelga, que es una cuestión que toca de manera directa y
sustancial con los intereses de los trabajadores afiliados y aun con los no
afiliados. Ello es así, si se tiene en cuenta que eventualmente podrían
presentarse conflictos de intereses entre los trabajadores afiliados al
sindicato o no afiliados y la federación o confederación correspondiente, en el
evento de que aquéllos hayan decidido declarar la huelga o no declararla y ésta
adopte una determinación contraria.
Otro argumento que se puede dar en beneficio de esta
restricción, consiste en que la decisión de irse o no a la huelga, compete de
manera privativa a los trabajadores que se encuentran vinculados a la empresa,
y son éstos y no las organizaciones de segundo y tercer nivel, quienes en su
fuero interno pueden determinar en toda su dimensión los efectos económicos y
jurídicos que se producen con la declaratoria de huelga y en relación con su
contrato de trabajo, v. gr., cesación de pago de sueldos y prestaciones.
En síntesis, estima la Corte razonable y proporcionada
la restricción mencionada, que corresponde a la facultad del legislador para
reglamentar el ejercicio del derecho de huelga. En tal virtud, será declarada
inexequible la expresión “al reconocimiento” y exequible la expresión “salvo
la declaración de huelga que compete privativamente, cuando la ley la autorice
a los sindicatos respectivos o grupos de trabajadores directa o indirectamente
interesados” antes mencionada.
3.2.6. Artículo 360. Afiliación a varios sindicatos.
Según el artículo
360 se prohibe ser miembro a la vez de varios sindicatos de la misma clase o
actividad.
La
prohibición mencionada no tiene justificación constitucional por las razones
que se explican a continuación:
- En
consideración a las clases de sindicatos que pueden organizarse según el art.
356, la norma indicaría que una persona no puede al mismo tiempo ser miembro de
dos sindicatos de base, gremiales, de industria o de oficios varios.
- Como en una
empresa sí pueden existir dos o mas sindicatos de base según lo decidió la
Corte al declarar inexequible en la sentencia C-567/2000[9]
los numerales 1 y 3 del art. 26 del decreto legislativo 2351 de 1965, el
trabajador en ejercicio de la libertad positiva de asociación puede afiliarse a
los sindicatos de base existentes en ellas. También puede hacerlo, por
consiguiente, cuando se trata de dos o mas empresas y se presenta la
coexistencia de contratos.
- En el
evento de dos sindicatos gremiales o de industria, en principio, no existe
impedimento para que el trabajador haga parte de ellos, en el evento de que el
trabajador pertenezca al gremio o industria correspondientes.
- En el caso
de los sindicatos de oficios varios, los requisitos señalados para su
existencia excluyen per se la existencia de éstos en un mismo lugar,
pues la letra d) del art. 356 dice que esta clase de sindicatos “sólo pueden
formarse en los lugares en donde no haya trabajadores de una misma actividad,
profesión u oficio en número mínimo requeridos para formar uno gremial, y sólo
mientras subsista dicha circunstancia”, lo cual es explicable.
- Por lo
demás, la restricción carece de efectos jurídicos prácticos, en la medida en
que no existe ningún tipo de consecuencia jurídica o sanción, toda vez que la preceptiva
demandada ni ninguna otra establecen sanción al trabajador que la desconoce.
Aparte de lo
expresado, considera la Corte, que según el Convenio 87 de la OIT y lo
establecido en el art. 39, una restricción de esta naturaleza viola el derecho
de la libertad sindical, por la circunstancia de que no existe razón objetiva y
seria, y legitima desde el punto de vista constitucional que  justifique la
referida disposición.
En razón de las consideraciones precedentes, el
artículo 360 será declarado inexequible.
3.2.7. Artículo 369. Modificación de los estatutos.
El inciso primero del artículo 369 se refiere a la
modificación de los estatutos sindicales, por la asamblea de la organización
sindical,  y a la obligación de presentarla al Ministerio del Trabajo. Se
demanda el aparte de dicho inciso, que exige la remisión de dicha modificación
dentro de un término perentorio de cinco días, junto con la copia del acta  de
la respectiva reunión en que consten las reformas introducidas, debidamente
firmada por todos los asistentes.
Así mismo, se demanda el inciso final  que dispone que
para el registro se seguirá el trámite  previsto en el artículo 366 del C.S.T.
No se opone a la Constitución la exigencia relativa a
que toda modificación de los estatutos, para efectos del registro
correspondiente, se remita en el plazo señalado al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, con copia de los documentos correspondientes, porque dentro
de las atribuciones del legislador se encuentra la de asegurar que las reformas
estatutarias de los sindicatos, por razones de publicidad y para proteger
derechos de terceros, sean registradas oportunamente.
En cuanto la norma
contenida en el inciso segundo del artículo 369, la Corte considera que no
merece ningún reparo de inconstitucional, pues la misma lo único que establece
es una remisión neutral al artículo 366, el cual ya fue objeto de estudio por
parte de esta Corporación, y declarado exequible en la sentencia C- 567/200[10].
Consecuente con lo expuesto, la Corte habrá de
declarar exequibles las expresiones acusadas del art. 369.
3.2.8. Numerales 1 y 3 del artículo 374. Otras
funciones.
Las disposiciones demandadas señalan como funciones
adicionales de los sindicatos, entre otras, la de designar comisiones de
reclamos, delegados en las comisiones disciplinarias y adelantar la tramitación
de pliegos de peticiones, designar y autorizar los afiliados que deban
negociarlos y nombrar los conciliadores y árbitros a que haya lugar.
La acusación simplemente se limita en el numeral 1 a
solicitar la declaración de inexequibilidad de la expresión "de entre sus
propios afiliados" y en el numeral 3 del vocablo "afiliados".
Determinar quienes deben representar a la organización
sindical es asunto que concierne exclusivamente a ésta en ejercicio de la
libertad de que es titular. Las expresiones acusadas, por lo tanto, violan el
art. 39 de la Constitución y el Convenio 087 de la OIT.
De esta manera, se declararán inexequibles las expresiones
acusadas de los numerales 1 y 3 del artículo 374.
3.2.9. Artículos 388, 422, 432 numerales 1 y 2.
Requisitos para los miembros de junta directiva y delegados.
- En el art. 388 se señalan los requisitos para ser
miembro de las juntas directivas, provisional y reglamentaria de un sindicato,
además de las que se señalan en los estatutos, en el sentido de que se debe ser
miembro del sindicato, estar ejerciendo normalmente la actividad, profesión u
oficio característico del sindicato durante un determinado periodo, saber leer
y escribir, tener documento de identificación, no haber sido condenado a sufrir
pena aflictiva salvo que haya sido rehabilitado ni estar llamado a juicio por
delitos comunes al momento de la elección, con la consecuencia de que la falta
de estos requisitos, en principio, invalida la elección.
El actor demanda en el encabezamiento del numeral 1
del art. 388 las expresiones “tanto de la provisional como de la
reglamentaria”, así como las expresiones “siguientes”; “además de los”, y las
letras b), c), d), e) y f) de dicho numeral y su numeral 2.
El señalamiento de la naturaleza de las juntas
directivas de las organizaciones sindicales, esto es, si son provisionales o
reglamentarias, es materia propia de los estatutos de dichas organizaciones,
que pueden darse libremente en ejercicio de la autonomía que, en principio,
tienen para determinar sus órganos de gobierno. Por lo tanto, el legislador no
puede injerir en una materia que toca con el núcleo esencial de la libertad
sindical que se reconoce a las organizaciones de trabajadores.
Es razonable y no viola el derecho a la libertad
sindical que el legislador establezca como condiciones para hacer parte de la
junta directiva de un sindicato, las siguientes:
Ser miembro del sindicato, porque es apenas normal que
quienes integren los órganos de gobierno y administración del sindicato estén
afiliados a éste. El interés común que une a éstos debe reflejarse en la
participación como integrantes de dichos órganos;
Estar ejerciendo normalmente la actividad, profesión u
oficio característico del sindicato, y haberlo ejercido normalmente por seis
meses en el año anterior, porque ello es relevante tratándose de sindicatos de
industria, gremiales o de oficios varios, dado que la práctica, de la actividad,
profesión u oficio es lo que vincula al afiliado con aquél y lo hace acreedor
del derecho a hacer parte de la junta directiva. La exigencia, por
consiguiente, no resulta irrazonable.
Tener cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad según
el caso, porque ello es apenas un requisito normal y razonable para establecer
la identidad de las personas que hacen parte de la junta directiva. Sin
embargo, se aclara que tratándose de extranjeros la identificación se establece
con la respectiva cédula de extranjería.
Resultan, a juicio de la Corte irrazonables y
desproporcionadas las siguientes exigencias:
Saber leer y escribir, por cuanto éste es un requisito
irrelevante, dado que para representar a los trabajadores en la junta directiva
no se requiere de este condicionamiento. Son los afiliados del sindicato a
quienes corresponde libremente determinar quienes lo representan en los órganos
de gobierno y administración; por lo tanto ellos, en principio, son los que
deben señalar las calidades que deben tener sus representantes, y bien pueden
determinar que no sea necesario saber leer y escribir para ejercer la
representación en la junta directiva.
No haber sido condenado a sufrir pena aflictiva a
menos que haya sido rehabilitado, ni estar llamado a juicio por delitos
comunes, porque si ya cumplió la pena y no existe una inhabilidad para ello, no
se encuentra razón válida para que no pueda hacer parte de la junta directiva
del sindicato, y porque el llamamiento a juicio no significa que la persona
esté condenada o necesariamente vaya a ser condenada. Lo que interesa es que el
afiliado al sindicato esté en condiciones de llevar la representación y ejercer
efectivamente el cargo en la junta directiva; pero es natural que estas
situaciones sólo pueden ser evaluadas libremente por quienes realizan la
correspondiente elección.
Concordante con lo anterior, resulta exequible el
numeral 2 del art. 388, en cuanto simplemente se limita a señalar la
consecuencia que se deriva de la ausencia de los anotados requisitos, que es la
invalidez de la elección.
En el art. 422 se señalan requisitos parecidos, a los
previstos en el art. 388, además de los previstos en los estatutos, para ser
miembro de la junta directiva de una federación o confederación de sindicatos,
con las mismas consecuencias jurídicas, cuando faltan dichos requisitos.
El mismo
examen de constitucionalidad hecho precedentemente en relación con el art. 388,
resulta válido con respecto al art. 422 bajo examen, en lo acusado, esto es,
las expresiones censuradas correspondientes al encabezamiento del numeral 1 de
dicha norma, que son: “tanto de la provisional como de la reglamentaria”;
“siguientes”, y “además de los”, y las letras b, c, d, e, y f,
En el art. 432 se alude a los delegados del sindicato
para presentar pliegos de peticiones ante el empleador.
Se demanda del inciso 1 la expresión “de tres (3) de
entre ellos”, es decir, se cuestiona la exigencia de que los representantes de
los trabajadores deban ser necesariamente tres. Igualmente, se demanda la
totalidad del inciso 2 que señala los requisitos que deben reunir los referidos
delegados, entre otros, ser mayores de edad, trabajadores de la empresa y tener
una determinada antigüedad en ésta.
Estima la Corte que la norma, en lo acusado, desconoce
el derecho a la libertad sindical, pues son las organizaciones sindicales las
que deben autónomamente determinar cuántos son los delegados que deben
presentar ante el empleador el pliego de peticiones y qué condiciones deben
reunir.
Por lo anterior, la Corte adoptará las siguientes
determinaciones:
a) Se declarará exequible el art. 388, con excepción
de la expresión “tanto de la provisional como de las reglamentarias”; y
de las letras d) y f) del numeral 1 que se declararán inexequibles, y lo que se
prevé en el punto 1.1.
b) Se declarará exequible el art. 422, con excepción
de la expresión “tanto de la provisional como de las reglamentarias”; y
de las letras d) y f) del numeral 1 que se declaran inexequibles, y lo que se
prevé en el punto 1.1.
c) Se declarará inexequible la expresión “de tres
(3) de entre ellos”  del numeral 1 y el numeral 2 del art. 432, excepción
hecha de la expresión “ser colombianos”  que fue declarada inexequible
por la Corte en la sentencia C-385/2000.
3.2.10. Parágrafo del artículo 376 parcial.
Atribuciones exclusivas de la asamblea.
La norma acusada dispone que cuando en el conflicto
colectivo este involucrado un sindicato de industria o gremial, que agrupen a
mas de la mitad de los trabajadores de la empresa, éstos llevarán la
representación correspondiente. Se acusa la expresión “mas de la mitad de” del
mencionado parágrafo.
El problema planteado consiste en determinar si lo
relativo a la representación de las organizaciones sindicales es asunto que
debe ser regulado por el legislador.
Según el art. 39 de la Constitución y el Convenio 87
de la OIT (art. 3, aparte 1), lo relativo a la representación de los
trabajadores es cuestión esencial que hace parte del derecho de asociación y de
la libertad sindical, razón por la cual en esta materia no puede, en
principio,  intervenir el legislador.
Por lo demás, ya esta Corte definió el problema
relativo a la representación de los trabajadores, cuando en una empresa existen
dos o más sindicatos de base, al declarar inexequible, en la sentencia
C-567/2000[11] el numeral 3 del art. 26
del decreto legislativo 2351 de 1965, que establecía: “si ninguno de los
sindicatos agrupa a la mayoría de los trabajadores de la empresa, la
representación corresponderá conjuntamente a todos ellos. El Gobierno
reglamentará la forma y modalidades de esta representación”.
En dicha sentencia expresó la Corte lo siguiente:
“Otro argumento importante de los que defienden la
constitucionalidad de la limitación legal, la encuentran en la representación
sindical, en el sentido de que al limitar la existencia de un sólo sindicato de
base en una misma empresa, se fortalece la representación de los trabajadores.
Sin embargo, la Corte considera que éste tampoco es un argumento de índole
constitucional, pues no hay que olvidar que la representación sindical es un asunto
que se gana en la misma lucha democrática, dentro de la propia organización
sindical, y no por medio de una legislación que, bajo la excusa de proteger a
los trabajadores, está impidiendo el goce efectivo de un derecho fundamental,
como es el de la libertad sindical”.
Lo expuesto en la aludida sentencia para declarar
inexequible lo relativo a la representación de los trabajadores cuando en una
empresa existen dos o más sindicatos de base, es igualmente válido cuando se
trata de la representación en el conflicto colectivo en aquellos casos en que
un sindicato gremial coexiste con el de base o de industria. Por lo tanto,
corresponde a las organizaciones sindicales en forma autónoma definir lo
relativo a la representación.
Por las razones expresadas antes, será
declarado inexequible el parágrafo del art. 376.
3.2.11. Artículo 404. Aprobación oficial.
La norma
acusada regula lo relativo a la aprobación oficial a que debe someterse la
liquidación de un sindicato.
Dos son las
situaciones que ella prevé:
En primer
término, dispone que la liquidación será sometida a consideración del juez
cuando éste la haya ordenado, para su aprobación, y en segundo lugar, establece
que en los demás casos, es decir, cuando la liquidación no ha sido ordenada
dentro de un proceso judicial, será el Departamento Nacional de Supervigilancia
Sindical, hoy la Dirección de Asuntos Colectivos, quien impartirá su
aprobación.
La Corte comparte plenamente los argumentos
presentados por el Procurador, en cuanto la primera situación se adecua
plenamente al artículo 39 constitucional y al artículo 4 del Convenio 87, que
disponen la cancelación de la personería jurídica no procede por vía
administrativa, sino a través de la rama judicial. En estas circunstancias, la
consecuencia lógica, será la intervención del juez, en la aprobación de la
liquidación de la asociación sindical.
En cambio,
para la Sala, la segunda hipótesis resulta inconstitucional, porque establece
una injerencia injustificada en asuntos internos del sindicato, según se ha
expuesto en forma reiterada en esta providencia.
En efecto, la
aprobación oficial de la liquidación de la asociación sindical es un tema
inherente a los reglamentos de la organización, donde el Estado no tiene
ninguna facultad para intervenir, salvo y por la vía judicial, cuando la
liquidación sea impugnada por algún interesado que resulte afectado por ella en
sus derechos.
Conforme a lo expresado, se declarará exequible el
art. 404 salvo la expresión “y en los demás casos, a la del Departamento Nacional
de Supervigilancia Sindical” que se declarará inexequible.
3.2.12. Artículo 425 parcial. Funciones de la junta
provisional y aprobación de los estatutos de las federaciones y
confederaciones.
El art. 425, se refiere a ciertas materias que deben ser
reguladas por los estatutos de las federaciones y confederaciones; pero se
exige que ellos sean aprobados por el Ministerio del Trabajo. Se demanda la
expresión “aprobados por el Ministerio de Trabajo”, contenida en dicho
artículo.
Considera la Corte que la expresión demandada del art.
425 es inconstitucional, porque atenta contra la libertad sindical ya que son
las organizaciones de trabajadores las que pueden darse sus estatutos, con
sujeción al art. 39 de la Constitución, sin la intervención del Estado. En tal
virtud, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no puede impartir la
aprobación de éstos.
Será declarada inexequible la expresión acusada.
3.2.13. Artículos 444 y 486 numeral. Decisión de los
trabajadores, funciones, atribuciones y sanciones a cargo de las autoridades
administrativas.
- El art. 444 establece que cumplida la etapa de
arreglo directo, sin que se hubiere logrado un acuerdo sobre el conflicto
laboral, los trabajadores podrán optar por la huelga o por someter sus
diferencias a la decisión de un tribunal de arbitramento, y que la huelga o la
solicitud de arbitramento deben ser decididos dentro del término, las
condiciones y el procedimiento que allí se señalan.
Sin embargo
dicha disposición, en la parte acusada, obliga a los sindicatos en los casos en
que la asamblea general vaya a decidirse por la huelga, o por acudir a un
tribunal de arbitramento, a dar aviso al Ministerio de Trabajo, con el fin de
que dicha autoridad presencie y compruebe su desarrollo.
En relación con el aparte normativo
demandado del art. 444 la Corte considera que es inconstitucional por las
siguientes razones:
Corresponde
al sindicato como función esencial, el ejercicio del derecho a la negociación
colectiva, e igualmente el de declarar la huelga o someter el diferendo laboral
a la decisión de un tribunal de arbitramento.
Tales
derechos son consustanciales a la asociación y a la libertad sindical; de tal
suerte que las autoridades administrativas del trabajo no pueden hacer
presencia ni mucho menos comprobar el desarrollo de las reuniones de las
asambleas sindicales, salvo que los estatutos así lo dispongan o el sindicato
lo solicite, cuando se trate de adoptar decisiones de la anotada estirpe,
porque ello implica la intervención y, en alguna forma, la obstaculización de
las actividades de dichas organizaciones, pues es obvio que la presencia de
dichas autoridades en aquéllas, así no sea activa, constituye un factor que
perturba o coarta la adopción de dichas decisiones.
- El numeral
primero del artículo 486 dispone que los funcionarios del Ministerio del
Trabajo podrán intervenir a efectos de hacer comparecer a los trabajadores y
directivos o afiliados a las organizaciones sindicales, para exigirles las
informaciones, exhibición de libros, todos los demás documentos que consideren
pertinentes, así como también entrar a toda oficina o reunión sindical con el
mismo fin y ordenar las medidas preventivas que considere necesarias,
asesorándose de peritos como lo crean conveniente, para impedir que violen las
disposiciones relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los
trabajadores en el ejercicio de su profesión y del derecho de libre asociación
sindical. Tales medidas tendrán aplicación inmediata sin perjuicio de los
recursos y acciones legales consignadas en ellos. Dichos funcionarios no quedan
facultados, sin embargo, para declarar derechos individuales ni definir
controversias cuya decisión esté atribuida a los jueces aunque sí para actuar
en esos casos como conciliadores.
El numeral siguiente de
dicho artículo establece que los funcionarios respectivos del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social tendrán el carácter de autoridades de policía para
todo lo relacionado con la vigilancia y control y que están facultados para
imponer multas en las cuantías que allí se especifican.
La demanda versa sobre las expresiones
“trabajadores y directivos o afiliados a las organizaciones sindicales” y,
además, “y en toda oficina o reunión sindical”, del numeral 1 del art. 486 y se
dirige a impedir, con la declaración de inexequibilidad de dichos apartes
normativos, que las autoridades del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
ejerzan control sobre las organizaciones sindicales.
Al hacer una comparación de la norma del
art. 486 con la del art. 20 de la ley 584/2000, que modificó precisamente la
primera de las mencionadas disposiciones, claramente se observa que los
segmentos normativos acusados fueron eliminados de la nueva disposición. En tal
virtud, la Corte considera improcedente adelantar un juicio de
constitucionalidad sobre unos preceptos que han dejado de regir.
Conforme a lo
anterior la Corte declarará inexequible el inciso 4 del art. 444 y se inhibirá
para decidir sobre las expresiones acusadas del numeral 1 del art. 486 por
carencia actual de objeto.
3.2.14. Artículo 399. Separación de miembros.
Esta norma indica que los sindicatos deben separar a
los afiliados que en forma voluntaria hayan dejado de ejercer durante un año la
profesión u oficio y  cuyos intereses defiende la organización sindical.
Observa la Corte que requisito previo para afiliarse a
un sindicato es el ejercicio de una actividad laboral en conjunto con otras
personas; éstas justamente, conforme a lo previsto en el art. 39 de la Carta se
unen en una asociación cuyo propósito es el mejoramiento de las condiciones de
los trabajadores en general y de cada uno de ellos en particular. De esta
suerte, si alguien, de manera voluntaria deja de ejercer la profesión u oficio
de que se trata, resulta una consecuencia lógica de ello que, de la misma
manera, deje entonces de pertenecer al sindicato al que antes, cuando era
trabajador, se encontraba afiliado.
Con todo, resulta indispensable hacer hincapié en que
esa terminación de la condición de trabajador de la empresa respectiva sea
voluntaria, requisito éste que no se cumplirá cuando el trabajador deja de
ejercer material y realmente la labor contratada para cumplir, durante un
tiempo funciones de carácter sindical, lo que ocurre, por ejemplo, cuando se le
concede por el empleador, para ese fin, una “comisión” o “permiso sindical”,
pues es claro que, en este caso, no hay la decisión de abandonar la condición
de trabajador, sino otra: la de asumir la defensa de los afiliados al sindicato
en una posición de dirección y, entonces, precisamente en garantía del derecho
de asociación sindical, habrá que entender que en eventos tales la norma
acusada no puede interpretarse en el sentido de que se hubiere dado el supuesto
de dejar de ejercer la profesión u oficio para cuya defensa y mejoramiento fue
creado el sindicato. En estas circunstancias, la norma habrá de declararse
exequible, en forma condicionada y para este efecto.
VII. DECISION.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO. ESTESE A LO DISPUESTO en la sentencia C-385/2000 en
relación con el artículo 384, con los literales a) de los artículos 388 y 422
y,  la expresión "ser colombianos" contenida en el numeral 2 del art.
432 del Código Sustantivo del Trabajo.
SEGUNDO. ESTESE A LO DISPUESTO en las sentencias 115/91[12]
de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y C-085/95[13]
proferida por esta Corporación en relación con las expresiones acusadas del
numeral 3 del artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el
artículo 63 de la ley 50 de 1990 por existir cosa juzgada constitucional.
TERCERO. Declararse INHIBIDA para decidir sobre las expresiones
acusadas del numeral 1 del art. 486 del C.S.T., por carencia actual del objeto.
CUARTO. Declarar EXEQUIBLE el art. 355 e INEXEQUIBLE la
expresión acusada del literal d) del art. 379 del C.S.T.
QUINTO. Declarar EXEQUIBLE
el art. 358 del C.S.T., salvo la expresión “la devolución de cuotas
o aportes a los afiliados en caso de retiro voluntario o expulsión”, que se
declara EXEQUIBLE
bajo los condicionamientos señalados en la consideración 3.2.2.
Igualmente declarar EXEQUIBLE la expresión
“y
restricciones” contenida en el numeral 3 del art. 362 del C.S.T.
SEXTO. Declarar EXEQUIBLE
la expresión “la
determinación de la cuantía de la caución del tesorero; la asignación de los
sueldos” contenida en el art. 376 del C.S.T. y EXEQUIBLE en forma
condicionada, como se expresa en la consideración 3.2.3, la expresión “la
aprobación de todo gasto mayor de un equivalente a diez (10) veces el salario
mínimo mensual más alto”, del mismo artículo.
Declarar INEXEQUIBLE el art. 394
del C.S.T., salvo las siguientes expresiones que se declaran EXEQUIBLES:
“El sindicato, en asamblea general, votará
el presupuesto de gastos para periodos no mayores de un (1) año y sin
autorización expresa de la misma asamblea no podrá hacerse ninguna erogación
que no este contemplada en dicho presupuesto” y “Estas normas no se aplican para gastos que
ocasionen las huelgas declaradas por el sindicato, cualquiera que sea su
cuantía”.
Declarar EXEQUIBLE la totalidad
del art. 395 del C.S.T., con la aclaración de que la alusión al “departamento
nacional de supervigilancia sindical”, debe entenderse hoy, con respecto a la
División de Asuntos Colectivos.
Declarar igualmente EXEQUIBLE el art. 396
del C.S.T..
Declarar INEXEQUIBLES los arts.
390 y 424 del C.S.T..
SEPTIMO. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “con el voto de las dos
terceras partes de sus miembros” y EXEQUIBLE la expresión “secretario
y el fiscal” en relación con el numeral 1 del art. 400 del C.S.T..
Declarar EXEQUIBLE la expresión “y firmada
por el presidente, el fiscal y el tesorero”  contenida en el numeral 3 del
art. 400.
OCTAVO. Declarar INEXEQUIBLE la expresión del art. 417 del C.S.T. “al
reconocimiento” y EXEQUIBLE la expresión “salvo la declaración de
huelga que compete privativamente, cuando la ley la autorice a los sindicatos
respectivos o grupos de trabajadores directa o indirectamente interesados”.
NOVENO. Declarar INEXEQUIBLE,
el artículo 360 del C.S.T.
DECIMO. Declarar EXEQUIBLE el art. 369 del C.S.T. en lo acusado.
DECIMO PRIMERO. Declarar INEXEQUIBLES, los numerales 1 y 3 del
374 del C.S.T., en lo acusado.
DECIMO SEGUNDO. Declarar EXEQUIBLE el art. 388 del C.S:T., con
la salvedad anotada en el ordinal 1 de la parte resolutiva y con excepción de
la expresión “tanto de la provisional como de las reglamentarias”; y de
las letras d) y f) del numeral 1 que se declararán INEXEQUIBLES.
Declarar EXEQUIBLE el art. 422 del C.S.T., con
la salvedad ya registrada, y con excepción de la expresión “tanto de la
provisional como de las reglamentarias”; y de las letras d) y f) del
numeral 1 que se declaran INEXEQUIBLES.
Declarar INEXEQUIBLE la expresión “de tres
(3) de entre ellos”  del numeral 1 y el numeral 2 del art. 432 del C.S.T.,
excepción hecha de la expresión “ser colombianos”  que fue declarada
inexequible por la Corte en la sentencia C-385/2000.
DECIMOTERCERO. Declarar INEXEQUIBLE el parágrafo del art. 376
del C.S.T.
DECIMOCUARTO. Declarar
EXEQUIBLE el art. 404 del C.S.T. salvo la expresión “y en los
demás casos, a la del Departamento Nacional de Supervigilancia Sindical”
que se declarará INEXEQUIBLE.
DECIMOQUINTO. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “aprobados
por el Ministerio de Trabajo del art. 425 del C.S.T.
DECIMOSEXTO. Declarar INEXEQUIBLE el inciso 4
del art. 444 del C.S.T.
DECIMOSEPTIMO. Declarar EXEQUIBLE en forma condicionada,
según el considerando 3.2.14, el art. 399 del C.S.T.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
Que el Honorable Magistrado, Doctor Alejandro Martínez
Caballero, no firma la presente sentencia por encontrarse en comisión oficial
en el exterior.
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Salvamento parcial de voto a la Sentencia C-797/00
LIBERTAD SINDICAL-Decisión del sindicato de separar a sus
miembros/SINDICATO-Autonomía para establecer en estatutos causales de
retiro de sus afiliados (Salvamento parcial de voto)
Consideramos, como lo decía la ponencia original, que
la norma demandada es inconstitucional, porque impone de manera injustificada a
la organización sindical, con violación del derecho a la libertad sindical, la
toma de una decisión consistente en la obligación de separar a sus miembros de
ésta, en la hipótesis señalada. La adopción o no de una determinación de esta
naturaleza corresponde a dicha organización en forma autónoma, la cual a través
de sus estatutos puede disponer en forma libre lo concerniente a los requisitos
y condiciones para la exclusión de sus miembros. No puede injerir, por
consiguiente, el legislador en una materia que es ajena a sus competencias.
Normas acusadas:
Apartes normativos contenidos en los artículos  355, 358
360, 362, 369, 374, 376, 379, 384, 388, 390, 394, 395, 396, 399, 400, 404, 417,
422, 424, 425, 432, 444, 448, 486 del Código Sustantivo del Trabajo.
Con el respeto debido por la decisión
mayoritaria, adoptada por la Sala Plena de la Corporación en el asunto de la referencia,
procedemos a exponer las razones de nuestro salvamento parcial de voto a dicha
decisión, en los siguientes términos:
La norma acusada (art. 399 del C.S.T.) impone a todo
sindicato la obligación perentoria de decretar la separación del socio que voluntariamente
deje de ejercer durante un año la profesión u oficio cuya defensa y
mejoramiento persigue la asociación.
En el numeral decimoséptimo de la parte resolutiva de
la sentencia se declaró inexequible en forma condicionada la mencionada
disposición, por las siguientes razones que aparecen expuestas en el punto
3.2.14 de la parte motiva:
“Observa la Corte que requisito previo para afiliarse
a un sindicato es el ejercicio de una actividad laboral en conjunto con otras
personas; éstas justamente, conforme a lo previsto en el art. 39 de la Carta se
unen en una asociación cuyo propósito es el mejoramiento de las condiciones de
los trabajadores en general y de cada uno de ellos en particular. De esta
suerte, si alguien, de manera voluntaria deja de ejercer la profesión u oficio
de que se trata, resulta una consecuencia lógica de ello que, de la misma
manera, deje entonces de pertenecer al sindicato al que antes, cuando era
trabajador, se encontraba afiliado”.
“Con todo, resulta indispensable hacer hincapié en que
esa terminación de la condición de trabajador de la empresa respectiva sea
voluntaria, requisito éste que no se cumplirá cuando el trabajador deja de
ejercer material y realmente la labor contratada para cumplir, durante un
tiempo funciones de carácter sindical, lo que ocurre, por ejemplo, cuando se le
concede por el empleador, para ese fin, una “comisión” o “permiso sindical”,
pues es claro que, en este caso, no hay la decisión de abandonar la condición
de trabajador, sino otra: la de asumir la defensa de los afiliados al sindicato
en una posición de dirección y, entonces, precisamente en garantía del derecho
de asociación sindical, habrá que entender que en eventos tales la norma
acusada no puede interpretarse en el sentido de que se hubiere dado el supuesto
de dejar de ejercer la profesión u oficio para cuya defensa y mejoramiento fue
creado el sindicato. En estas circunstancias, la norma habrá de declararse
exequible, en forma condicionada y para este efecto”.
Consideramos, como lo decía la ponencia original, que
la norma demandada es inconstitucional, porque impone de manera injustificada a
la organización sindical, con violación del derecho a la libertad sindical, la
toma de una decisión consistente en la obligación de separar a sus miembros de
ésta, en la hipótesis señalada.
La adopción o no de una determinación de esta
naturaleza corresponde a dicha organización en forma autónoma, la cual a través
de sus estatutos puede disponer en forma libre lo concerniente a los requisitos
y condiciones para la exclusión de sus miembros. No puede injerir, por
consiguiente, el legislador en una materia que es ajena a sus competencias.
En los anteriores términos dejamos expuestas las
razones de nuestro salvamento parcial de voto.
Fecha up supra,
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGOIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
Salvamento parcial de voto a la Sentencia C-797/00
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL/FEDERACION Y
CONFEDERACION DE SINDICATOS-Son
manifestación del derecho de asociación sindical/DERECHO DE HUELGA EN
FEDERACION Y CONFEDERACION DE SINDICATOS-No puede restringirse por ley
(Salvamento parcial de voto)
Las federaciones y confederaciones sindicales son una
manifestación expresa del derecho de asociación sindical consagrado por el
artículo 39 de la Carta Política y, como quiera que la propia Constitución
establece, entre otros derechos de los trabajadores los de "negociación
colectiva para regular las relaciones laborales" y el de "huelga,
salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador",
consideramos que la ley no puede, a pretexto de la regulación propia del
derecho colectivo del trabajo, cercenar, ni prohibir, como lo hace en la
segunda parte del numeral primero del artículo 417 del Código Sustantivo del
Trabajo el derecho a la declaración de huelga de los trabajadores cuyos
sindicatos de primer grado se encuentren afiliados a federaciones o
confederaciones de ese carácter. Por esta vía se abre el camino para despojar
de las funciones propias de las organizaciones sindicales a las entidades de
segundo o tercer grado que agrupen a los trabajadores, para convertirlas,
simplemente, en personas jurídicas que, a su turno, estén conformadas por otras
personas jurídicas, sin ningún ejercicio real de actividad alguna en defensa de
los trabajadores, que es, en el fondo, precisamente, la razón de su existencia.
Los suscritos magistrados, con el debido respeto a las
decisiones de la Corte, salvamos parcialmente nuestro voto en relación con lo
resuelto en la Sentencia C-797 de 29 de junio de 2000, en lo atinente a la
exequibilidad parcial del artículo 417 del Código Sustantivo del Trabajo, por
las razones que van a expresarse:
1ª.  El artículo 417 del Código Sustantivo del
Trabajo, dispone en su numeral 1º, que: "Todos los sindicatos tienen, sin
limitación alguna, las facultades de unirse o caoaligarse en federaciones
locales, regionales, profesionales o industriales y éstas en confederaciones.
Las federaciones y confederaciones tienen derecho al reconocimiento de personería
propia y las mismas atribuciones de los sindicatos, salvo la declaración de
huelga, que compete privativamente, cuando la ley la autoriza a los sindicatos
respectivos o grupos de trabajadores directa o indirectamente interesados",
norma esta respecto de la cual  se solicitó por los actores la declaración de
inexequibilidad de las expresiones que aparecen en negrilla.
2ª.  La Sentencia C-797 de 29 de junio de 2000, en su
numeral octavo declaró inexequible la expresión "al reconocimiento"
y exequible la expresión "salvo la declaración de huelga que compete
privativamente, cuando la ley la autorice a los sindicatos respectivos o grupos
de trabajadores directa o indirectamente interesados".
3ª.  Por cuanto los suscritos magistrados encontramos
que las federaciones y confederaciones sindicales son una manifestación expresa
del derecho de asociación sindical consagrado por el artículo 39 de la Carta
Política y, como quiera que la propia Constitución establece, entre otros
derechos de los trabajadores los de "negociación colectiva para regular
las relaciones laborales" y el de "huelga, salvo en los servicios
públicos esenciales definidos por el legislador", consideramos que la ley
no puede, a pretexto de la regulación propia del derecho colectivo del trabajo,
cercenar, ni prohibir, como lo hace en la segunda parte del numeral primero del
artículo 417 del Código Sustantivo del Trabajo el derecho a la declaración de
huelga de los trabajadores cuyos sindicatos de primer grado se encuentren
afiliados a federaciones o confederaciones de ese carácter. Por esta vía se
abre el camino para despojar de las funciones propias de las organizaciones
sindicales a las entidades de segundo o tercer grado que agrupen a los
trabajadores, para convertirlas, simplemente, en personas jurídicas que, a su
turno, estén conformadas por otras personas jurídicas, sin ningún ejercicio
real de actividad alguna en defensa de los trabajadores, que es, en el fondo,
precisamente, la razón de su existencia.
Así, las federaciones y confederaciones sindicales
serían solamente entes inanes, refugio de supuestos dirigentes, carentes de
relación directa con sus bases, semejantes a generales sin ejércitos, para que
entonces pueda entronizarse con facilidad la corrupción sindical, el tráfico de
influencias y una burocracia sin sentido alguno de su responsabilidad
democrática con los asociados, que lejos de defenderlos, se convertiría pronto
en instrumento dócil de otros intereses. Ello indica, a las claras, que la
prohibición a las federaciones y confederaciones para declarar la huelga, es un
obstáculo que se crea por la ley al ejercicio de las funciones sindicales, con
vulneración del artículo 39 de la Carta y del Convenio No. 98 de la
Organización Internacional del Trabajo, suscrito por Colombia, circunstancia
esta que indica que, además, se vulnera el artículo 93 de la Constitución
Política.
Por ello, tal prohibición ha debido declararse
inexequible.  No lo hizo así la Corte, razón esta que explica nuestro
salvamento de voto.
Fecha ut supra.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA                CARLOS GAVIRIA
DÍAZ
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Salvamento parcial de voto a la Sentencia C-797/00
LIBERTAD SINDICAL-Limitaciones impuestas por legislador
(Salvamento parcial de voto)
PRINCIPIO DEMOCRATICO-Observancia al interior de organización
sindical (Salvamento parcial de voto)
Referencia: expediente D-2720
Normas acusadas:
Apartes normativos contenidos en los artículos  355, 358
360, 362, 369, 374, 376, 379, 384, 388, 390, 394, 395, 396, 399, 400, 404, 417,
422, 424, 425, 432, 444, 448, 486 del Código Sustantivo del Trabajo.
Magistrado Ponente:
Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Con el habitual respeto expresamos a continuación las
razones de nuestro desacuerdo con la decisión mayoritaria de la Corte conforme
a la cual se declararon inexequibles varias de las disposiciones acusadas
integrantes del Código Sustantivo del Trabajo por considerar la Corte con que
con ellas se afecta el núcleo esencial de la libertad sindical y se excede
consecuencialmente el ámbito de la competencia estatal prevista en el artículo
39 de la Constitución Política.
Sobre el particular consideramos que las disposiciones
contenidas en los artículos 360, 374 numerales 1 y 3, 376 parágrafo,
388-literales d. y f. del numeral 1º-, 390, 394, 400, 417, 424, 404, 422, 424,
e inciso cuarto 444- inciso cuarto- han debido ser declaradas ajustadas a las
reglas constitucionales pues constituyen un desarrollo apropiado de las
competencias constitucionales del Estado a través de la ley.
En efecto, en la sentencia de la cual nos apartamos se
expresa, entre los lineamientos de la libertad sindical, que el legislador
puede imponer limitaciones a dicha libertad en cuanto  a la determinación del
objeto de la organización; ese reconocimiento se encausa hacia aquellas
restricciones que sean “necesarias, mínimas, indispensables y proporcionadas a la
finalidad que se persiga, para garantizar la seguridad nacional, el orden, la
salud o moral públicos, los derechos y deberes ajenos y, en general, el
cumplimiento de cualquier finalidad que se estime esencialmente valiosos”. “Por
tanto se advierte que las aludidas restricciones o limitaciones no pueden
afectar lo que se considera el núcleo esencial del derecho a la libertad
sindical, de modo que la desnaturalice no impidan su normal y adecuado
ejercicio”.
Sobre el particular consideramos que el mandato del
artículo 39 constitucional, en cuanto sujeta el ejercicio de la libertad
sindical en punto a la determinación de la estructura interna y funcionamiento
de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales, al orden legal y a los
principios democráticos, adquiría, con las disposiciones en cuestión, cabal
proyección, pues es evidente que la observancia de los principios democráticos
en el seno de las organizaciones sindicales, sociales y gremiales, exige el
señalamiento de pautas, por supuesto razonables y proporcionadas, que fije el
Estado, porque solo mediante ellas se garantizan de manera efectiva los
derechos de todos los asociados o agremiados.
De otra parte, la mención que se hace en la norma al
orden legal, pone de presente la habilitación constitucional a una intervención
normativa que sirva de marco a la acción de esas organizaciones indispensables
y provechosas para el equilibrio desarrollo social.
Al repasar las normas objeto de la declaración de
inexequibilidad, en los aspectos que generan nuestro disentimiento, se
encuentra:
El artículo 394 en la parte declarada inexequible
regulaba lo relativo a la exigencia de aprobación previa por parte de la Junta
Directiva de ciertos gastos de los sindicatos; el artículo 390 se refería al
periodo mínimo de las directivas sindicales; el artículo 424 aludía al
ejercicio de las directivas provisionales de federaciones o confederaciones
sindicales; el artículo 400 en las partes declaradas inexequibles se refería a
la necesidad de una mayoría determinada para la petición de deducción del valor
de las cuotas ordinarias o extraordinarias con que deben contribuir los
trabajadores afiliados a los sindicatos y a la forma de realizar la retención,
para lo cual bastaba comunicación certificada del secretario y del fiscal del
sindicato; el artículo 360 disponía la prohibición de ser miembro a la vez de
varios sindicatos de la misma clase o actividad; el artículo 374 en sus
numerales 1 y 3 se refería a los requisitos que deben cumplir los miembros de
las comisiones de reclamos permanentes o transitorias y a la autorización que a
los afiliados correspondía otorgar a los sindicatos para la negociación de
pliegos de peticiones y nombramientos de los conciliadores y árbitros a que
haya lugar.
En fin, el artículo 388 se refería a los requisitos
que han de reunir los miembros de las juntas directivas de los sindicatos tanto
de las provisionales como de las reglamentarias y el cuato inciso del artículo
444 se refería al aviso que debía darse a las autoridades del trabajo para
presenciar y comprobar el desarrollo de las asambleas de los sindicatos.
Como puede apreciarse se trata del enunciado del marco
básico dentro del cual las organizaciones sindicales y gremiales del trabajo
podían desarrollar plenamente la autonomía constitucionalmente reconocida,
significando el orden legal una garantía mínima razonable y proporcionada para
asegurar la efectividad de los principios democráticos y el buen funcionamiento
de la organización. Las disposiciones en cuestión, se repite, proyectaban,
junto con las normas que fueron declaradas exequibles en la sentencia, un marco
de garantías básicas que en nada contrariaba los mandatos constitucionales; por
el contrario propiciaban su realización apropiada, como corresponde a la acción
del legislador, en un estado social de derecho, con el figurado en el Estatuto
Superior.
Fecha ut supra,
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ      VLADIMIRO
NARANJO MESA
Magistrado                                                                    Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
Salvamento de voto a la Sentencia C-797/00
EMPLEADOR-Deducción de cuotas sindicales a trabajador/SINDICATO-Solicitud
a empleador para deducir del salario del trabajador cuotas sindicales debidas
(Salvamento de voto)
Con el acostumbrado respeto a la decisión adoptada por
la mayoría, me permito, a continuación, consignar las razones de mi
disentimiento, en relación con la decisión adoptada a propósito de la
inexequibilidad parcial de la expresión "con el voto de las dos
terceras partes de sus miembros" contenida en el artículo 400 del
Código Sustantivo del Trabajo, conforme al numeral 7º de la parte resolutiva de
la Sentencia de la referencia.
En efecto, en mi sentir, el inciso primero del
artículo 400 del C.S.T., otorga a la asociación sindical el derecho a que los
empleadores deduzcan de los salarios y pongan a disposición de las directivas
sindicales competentes las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus
afiliados, y, además, que para la correspondiente retención de las referidas
cuotas basta con que el Secretario y el Fiscal del Sindicato, comuniquen
certificadamente al empleador su valor  para efectos de la deducción
correspondiente en la nómina del trabajador afiliado al sindicato.
Así las cosas, en mi sentir, la expresión acusada del
inciso primero del artículo referido, según el cual, "con el voto de
las dos terceras partes de sus miembros", resultaría exequible, porque
comporta una intervención justificada, racional, necesaria y proporcionada por
parte del legislador, en un asunto que no atañe exclusivamente a la autonomía
sindical ni a la conducta de sus órganos sociales, como lo entendió la mayoría
de la Sala Plena pues no lesiona el ámbito de la libertad sindical, ya que
únicamente facilita el recaudo oportuno de las cuotas ordinarias y
extraordinarias, en la medida en que el patrono lleva a cabo la retención de
las cuotas ordinarias o extraordinarias, con que debe contribuir el afiliado al
sindicato, así como la retención de las cuotas federales y confederales a cargo
de los órganos sindicales de primer grado. Por lo tanto, se reitera una vez
más, que el segmento normativo acusado, no invade los derechos constitucionales
ni las garantías que la Carta Política otorga a los sindicatos, especialmente
en cuanto a su autonomía y libertad sindical, pues, lo que pretende el legislador,
es consagrar mecanismos que permitan el fortalecimiento patrimonial de los
sindicatos, en cuanto autoriza que el empleador tenga, a su vez, certeza para
efectos de la aludida retención, fijados por los órganos que tienen la
representación del sindicato, esto es, por la Asamblea ordinaria de afiliados,
ya que el logro de los objetivos de la asociación sindical, necesariamente
exige contar con los ingresos económicos provenientes de las cuotas ordinarias
y extraordinarias, lo que naturalmente comporta un desarrollo directo, por
parte del legislador de los artículos 39 inc, 2º, 58 inc. 3º, 60 inc. 2º y 333
inc. 3º superiores, pues repárese que la actividad económica de los sindicatos
es asimilable a la que desarrollan cierto tipo de organizaciones de propiedad
solidaria protegidas constitucionalmente, que realizan actos que persiguen el
bienestar y la obtención de fines sociales y de intereses económicos amparados
por el orden constitucional, máxime cuando la afiliación a un sindicato por
parte de sus miembros, es un acto voluntario libre y desprovisto de toda
coacción, lo cual conlleva a que la asociación sindical tenga derecho a que los
empleadores deduzcan de los salarios, las cuotas ordinarias y extraordinarias
de los afiliados a las organizaciones sindicales, conforme a las mayorías
previstas por el artículo 400 del Código Sustantivo del Trabajo.
Fecha ut Supra
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
[1] Convenio pendiente de ratificación por Colombia.
[2] M. P. Antonio Barrera Carbonell.
[3] M.P. Jaime Sanin Greiffenstein
[4] M.P. Jorge Arango Mejía
[5] M.P. Antonio Barrera Carbonell
[6] M.P. Alejandro Martínez Caballero
[7] Declaración Universal de los Derechos Humanos arts.
2 y 23. Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
art. 8 . Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU.
[8] Idem.
[9] M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[10] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[11] Idem.
[12] M.P. Jaime Sanin Greiffenstein
[13] M.P. Jorge Arango Mejía