T-135-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-135/12
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional/ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad/ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de
jurisprudencia sobre requisitos generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO SUSTANTIVO Y DEFECTO FACTICO-Reiteración de jurisprudencia
DEFECTO FACTICO-Concepto/DEFECTO
SUSTANTIVO-Concepto
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL-Reiteración de jurisprudencia/DECISION JUDICIAL-Motivación/JUEZ-Obligación
de motivar las decisiones
DAÑO
ANTIJURIDICO-Concepto
RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURIDICO-Alcance/RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURIDICO-Reparación integral
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE EN LA
TASACION DE LOS PERJUICIOS MORALES
TASACION DE PERJUICIOS MORALES-Justificación conforme a las sentencias del Consejo de
Estado y criterios de reparación integral y de equidad establecidos en la ley y
jurisprudencia de la Corte Constitucional
SEPARACION
DEL PRECEDENTE-Ante situaciones fácticas iguales corresponde la misma
solución jurídica, a menos que el juez competente exprese razones serias y
suficientes para apartarse del precedente
SENTENCIA DE
JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Ausencia de motivación en materia
de cuantificación del daño moral
DERECHO A LA
IGUALDAD Y AL DEBIDO PROCESO-Vulneración por desconocimiento del precedente
judicial en fallo de Reparación directa que adolece de motivación en
cuantificación del daño moral que aplicó monto máximo contra el ICFES
LINEA JURISPRUDENCIAL DEL CONSEJO DE
ESTADO EN MATERIA DE DAÑO MORAL Y TASACION DE PERJUICIOS MORALES-Principios de equidad, razonabilidad y
reparación integral en la tasación de perjuicios morales
RACIONALIDAD Y
RAZONABILIDAD-Diferencia
DEBIDO PROCESO
DEL ICFES EN TASACION DE PERJUICIOS MORALES-Precedente en sentencias T-351
y T-464 de 2011
Referencia:
expedientes acumulados T-3174715 y T-3181389
Acción de
tutela instaurada por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior (ICFES) contra el Tribunal Administrativo del Cauca y los Juzgados
Sexto y Tercero Administrativo de Popayán.
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de
febrero de dos mil doce (2012)
La Sala Quinta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Nilson Elías Pinilla
Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván Palacio Palacio, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las
contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de
los fallos dictados por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado.
I.
ANTECEDENTES
El Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior (ICFES), a través de apoderado judicial, presentó escritos
de acción de tutela el 20 de agosto de 2010 (expediente T-3174715) y el 23 de
noviembre del mismo año (T-3181389), contra las providencias judiciales dictadas
por los Juzgados  Tercero y Sexto Administrativo de Popayán y el Tribunal
Administrativo del Cauca, dentro del proceso de reparación directa iniciado por
Édgar Ernesto Astudillo y otros (expediente T-3174715) y Janio Fernando Ruiz
Burbano y otros (expediente T-3181389) contra el Icfes, el Ministerio de
Educación Nacional y la Universidad Libre de Colombia.  Sustenta sus
solicitudes en los siguientes
1.  Hechos y requerimientos:
Para mayor claridad, los hechos
que sustentan los amparos constitucionales se han dividido en dos: primero, los
que sustentaron la presentación de la acción de reparación directa y, segundo,
aquellos que concretan las providencias que habrían vulnerado los derechos
fundamentales. Posteriormente, se definirán los requerimientos y se señalarán
los criterios específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales que son invocados por el actor.
1.1.  Hechos que precedieron a
la presentación de la acción de reparación directa
A partir de 1999 el señor Édgar
Ernesto Astudillo López y las señoras Teresa Fierro Urazán, María Liliana López
Criollo y Zully Bernarda Ruiz Meneses iniciaron sus estudios de derecho en un
programa ofrecido por la Universidad Libre de la ciudad de Popayán (expediente
T-3174715). Por su parte, el ciudadano Janio Fernando Ruiz Burbano comenzó sus
estudios en el año 1994 (expediente T-3181389).
Advierte que los estudiantes citados
no se percataron de que la Universidad no había cumplido con la obligación
legal de registrar el programa ante el “Sistema Nacional de Información sobre la
Educación Superior” (Snies).
La ausencia de registro llevó a
que el Ministerio de Educación Nacional iniciara una investigación contra la
Universidad en junio de 1998, la cual culminó con una amonestación pública que
posteriormente, en atención a un recurso de reposición, fue levantada ya que “la
citada Universidad se encontraba sometida a intervención gubernamental cuando
se abrió el programa”.
Aclara que para favorecer a las
personas que habían iniciado sus estudios y permitir su graduación, el
Ministerio delegó al ICFES para que organizara la práctica de un “examen de
idoneidad”, el cual no tuvo ningún costo para los estudiantes.
1.2.  Hechos que definen qué
providencias vulneraron los derechos fundamentales
Señala que las acciones de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional, el
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior – ICFES y la
Universidad Libre de Colombia, fueron presentadas por Janio Fernando Ruiz
Burbano y su familia el 17 de diciembre de 2003 (expediente T-3181389) y por el
señor Édgar Ernesto Astudillo López y otros el 05 de mayo de ese mismo año
(expediente T-3174715), con el objetivo de definir la responsabilidad inferida
de la “omisión de la función de vigilancia y control” respecto al
funcionamiento sin registro del programa de “Derecho y Ciencias Políticas y
Sociales” por parte de la Universidad Libre de Colombia, sede Popayán.
Indica que la primera instancia
dentro del proceso adelantado por el señor Ruiz fue tramitada ante el Juzgado
Tercero Administrativo de Popayán, que declaró la responsabilidad del ICFES así
como del MEN y condenó al pago de 100 smlm vigentes por concepto de perjuicios
morales, mediante decisión del 08 de septiembre de 2009.
Agrega que la primera instancia
del proceso adelantado por el señor Astudillo López y otras, fue tramitada ante
el Juzgado Sexto Administrativo de Popayán que en providencia del 22 de enero
de 2010 llegó a la misma conclusión.
Afirma que los fallos fueron
apelados por las entidades condenadas y que el Tribunal Administrativo del
Cauca los confirmó en su totalidad, a través de providencias del 04 y el 20 de
mayo de 2010.
Considera que las condenas de los
perjuicios morales carecen de justificación, ya que el expediente no cuenta con
pruebas de las que se deduzca el daño sufrido. Aclara que en el curso del
proceso se recibieron algunos testimonios, los cuales no dieron ninguna
información sobre el daño que habrían sufrido los demandantes, sino que se
limitaron a realizar manifestaciones genéricas.
Precisa que las providencias
desconocen que la actuación del ICFES, específicamente la aplicación del
“examen de idoneidad”, no puede calificarse de daño; no tienen en cuenta que la
condena por 100 smlm es una suma excesiva que se aplica a la muerte de un
familiar aplicable a un agente estatal y olvidan que el daño alegado no fue
causado por ningún servidor adscrito al Instituto. Finalmente advierte lo
siguiente: “[l]a única actuación realizada por el ICFES fue dar cumplimiento
a una resolución del Ministerio de Educación expedida precisamente con el
objeto de no causarle daño a los estudiantes que se encontraban en la misma
situación de los demandantes”.
1.3.  Requerimientos
Solicita se disponga la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad y,
como consecuencia, se dejen sin efecto las sentencias proferidas por los
Juzgados Tercero y Sexto Administrativo de Popayán y por el Tribunal
Administrativo del Cauca, de manera que se absuelva al ICFES de las
pretensiones contenidas en la demanda de reparación directa.
1.4.  Causales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales aplicables
al caso
De acuerdo a la entidad
demandante, las providencias censuradas adolecen de los defectos sustantivo y
fáctico, así como desconocen el precedente jurisprudencial aplicable al caso.
1.4.1.  Sobre el primero, indica
que ellas “fueron proferidas con desconocimiento total del ordenamiento
jurídico vigente y a través de una interpretación contraevidente”. Precisa
que no es posible derivar responsabilidad de la entidad por omisión en el
ejercicio de los deberes de inspección y vigilancia, debido a lo siguiente: “i)
según el ordenamiento jurídico no cumple ninguna función de este tipo, solo
realiza funciones de apoyo al ejercicio de esa función; ii) no existe ninguna
prueba de que haya incumplido ningún deber a su cargo; iii) según las normas
aplicables no es su función realizar el registro de los programas de educación
superior o garantizar que las Universidades lo realicen; y iv) no existe prueba
de que la apertura del programa de derecho sin registro haya sido realizada por
el ICFES o por alguno de sus agentes”.
Más adelante concluye lo
siguiente: “[r]esulta claro que tanto el Juzgado como el Tribunal dieron por
probada la responsabilidad del ICFES sin hacer ningún examen detallado de la
normatividad a la que se encontraba sujeta esta entidad; sin analizar cuáles
eran sus funciones legales; sin determinar si el daño reclamado por los
demandantes era consecuencia de su incumplimiento”.
1.4.2.  Respecto del defecto
fáctico, el ICFES transcribe el aparte de la demanda de reparación directa
relativo a los perjuicios morales, así como extractos de testimonios recaudados
dentro del proceso. A continuación, considera que los argumentos presentados
por las instancias para declarar la responsabilidad estatal son escasos y no
justifican la condena por 100 smlm por concepto de daño moral. Sobre el
particular, se destaca lo siguiente:
“En las
sentencias objeto de esta tutela, en vez de concluirse que no existía prueba
del perjuicio, tal como surge de la realidad del expediente y que por ende no
pueden ser indemnizados, se dieron por demostrados unos hechos de los cuales no
existe evidencia y a partir de ello, o sea, partiendo de un supuesto falso, se
declaró la existencia de los daños morales.
El único
hecho probado en el proceso para todos los demandantes (sic) es el de
haber presentado una prueba de idoneidad para validar los años cursados durante
el tiempo que el programa educativo se adelantó sin registro por lo que debe
establecerse si resulta razonable considerar que verse obligado a presentar un
examen de idoneidad con tal finalidad, puede considerarse como un hecho
constitutivo de daño moral”.
1.4.3.  Respecto al cargo
relativo al desconocimiento del precedente jurisprudencial, el ICFES plantea
que la condena de los perjuicios morales no atiende los parámetros establecidos
por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Por un lado, explica que la misma
es arbitraria y carente de motivación; más adelante, advierte que la suma
definida corresponde a la máxima condena reconocida por este concepto en la
jurisprudencia del Consejo de Estado; es decir, aquella que se otorga a los
padres de una persona que fallece por la acción u omisión de una autoridad
estatal.
Finalmente, el Instituto
considera que la presente acción es viable ya que cumple con los requisitos
formales de procedibilidad y alertó que el conjunto de decisiones adoptadas a
favor de los egresados de la Universidad Libre en el Cauca, causa un grave perjuicio
al patrimonio público de la entidad.
2.  Respuesta de las
autoridades judiciales accionadas
2.1.  El Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Popayán, que decidió la acción de reparación
directa en primera instancia dentro del proceso adelantado por Édgar Ernesto
Astudillo López y otros (expediente T-3174715), se opone a la protección de
derechos fundamentales planteada por el ICFES. Advierte que el actor sólo
pretende desvirtuar la responsabilidad que fuera declarada en el trámite
ordinario y aclara que la tasación del perjuicio moral atiende lo dispuesto en
el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, en el cual se dispone que el cálculo del
daño debe atender los principios de reparación integral y de equidad.
Posteriormente, señala los criterios de procedibilidad del amparo contra
providencias judiciales y, a partir de ellos, infiere que “no existe mérito
para acceder a la petición de tutela”. Luego reseña un aparte de la
providencia en la que se justifica la condena y concluye lo siguiente:
“La
responsabilidad de las entidades demandadas, fue declarada bajo la comprobación
de la conducta omisiva al deber de vigilancia y control, consistente en que el
ICFES, a pesar de haber sido informado de la existencia del programa de derecho,
en ejercicio de su función de colaboración, debió comunicar al Ministerio de
Educación Nacional, la situación de la Universidad Libre, para que ésta
realizara las medidas correctivas del caso, lo cual solo vino a ocurrir el 4 de
febrero de 1998, es decir tres años después de haber tenido conocimiento de las
irregularidades”.
Finalmente, se refiere a las
explicaciones esbozadas por la segunda instancia de la acción ordinaria y
particularmente, al alcance de la Resolución 343 de 2002, en la cual el MEN
revocó la sanción impuesta a la Universidad Libre, debido a que para la época
en que se adoptó el programa de derecho, ésta se encontraba intervenida por el
ICFES. Advierte que las decisiones adoptadas dentro del proceso contencioso
administrativo se fundamentaron en la normatividad aplicable y en las pruebas
allegadas al proceso, por lo que previene que no se ha configurado una vía de
hecho.
2.2.  Por su parte, el Juzgado
Tercero Administrativo de Popayán, que decidió la reparación directa impetrada
por Janio Fernando Ruiz Burbano (expediente T-3181389), considera que no
vulneró ninguno de los derechos fundamentales invocados atendiendo que aplicó
todas las garantías legales y constitucionales al trámite del proceso.
Finalmente, advierte que la tutela no reúne los requisitos necesarios para que
proceda en contra de la decisión judicial y, por tanto, solicita se declare su
improcedencia.
2.3.  De igual manera, la
presidenta del Tribunal Administrativo del Cauca, se opone a la pretensión de
protección de los derechos fundamentales invocados[1].
Efectúa una relación de los requisitos establecidos por la Corte Constitucional
para que proceda una acción de tutela contra una providencia judicial y luego
afirma que en el caso no se configura ninguno de los defectos alegados.
Finalmente advierte que el Consejo de Estado ha rechazado acciones similares a
ésta e insiste en que la decisión fue debidamente argumentada.
3. Intervención de los
terceros con interés legítimo en el proceso
3.1. A través de Auto del 13 de
enero de 2012, el Magistrado Sustanciador vinculó dentro de la acción de tutela
radicada bajo el número T-3174715 a los ciudadanos que interpusieron la acción
de reparación directa en contra del Icfes. Como consecuencia de esta
providencia el señor Édgar Ernesto Astudillo López y la señora Teresa Fierro
Urazán radicaron escrito el 27 de enero de 2012, en el que se oponen a la
solicitud de protección de derechos fundamentales, ya que consideran que la
acción es “abiertamente temeraria”, incumple el requisito de inmediatez
y dilata el cumplimiento de las decisiones ordinarias. Advierte que el
Instituto pretende crear una tercera instancia y asegura que en el trámite
ordinario se aplicaron todas las garantías establecidas en la ley y en la
Constitución. Reitera los hechos que sustentaron la acción de reparación
directa y que llevaron a condenar a la actora, califica sus alegatos como
“amañados y temerarios” y concluye lo siguiente:
“La
estimación de los perjuicios morales en la cuantía determinada por los
despachos judiciales tutelados no es más que la expresión de los principios que
rigen la administración de justicia dentro de un estado Social de Derecho, es
decir, la equidad y la imparcialidad que se fundamenta claramente en lo
dispuesto por el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 “Dentro de cualquier proceso
que se surta ante la administración de justicia, la valoración de los daños
irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de la
reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.
Por lo
anterior es competencia del Juez en ejercicio de su arbitrio judicial estimar
los perjuicios que se encuentren demostrados en el proceso, aunque no esta (sic)
impedido para presumirlos y más que en el presente caso se encuentran
debidamente demostrados, pues se trata de una facultad del operador jurídico,
que se expresa a partir del estudio de los medios probatorios obrantes y de la
prueba indiciaria resultante en consonancia con las reglas de la experiencia
que permiten establecer con un alto grado de probabilidad la existencia de una
determinada circunstancia. (…)
Se debe
tener en cuenta que los perjuicios morales fueron demostrados fehacientemente
toda vez que obran pruebas contundentes del estado afectación (sic) y
aflicción sufrido por cada uno de los actores que vieron interrumpido su
proyecto de vida de ser profesionales del derecho en una institución
universitaria de reconocida trayectoria en el ámbito nacional, lo cual provoco (sic)
un daño que debe ser indemnizado a la luz de las disposiciones
constitucionales y legales”.
Posteriormente refieren unas
sentencias del Consejo de Estado en las que se ha definido que el
reconocimiento del daño moral tiene una función satisfactoria y no reparatoria
que permite su demostración a través de cualquier medio de prueba[2]
y señalan que el “petium doloris” se determina conforme al prudente
arbitrio de los jueces. A continuación argumentan que la solicitud de amparo es
improcedente ya que la tutela no puede proponerse contra providencias
judiciales en firme, agregan que no se vulneró el debido proceso, para lo cual
relatan los pasos seguidos dentro del trámite ordinario, advirtiendo que el
Icfes no solicitó pruebas, ni participó en la recepción de los testimonios
recaudados y precisan que el alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo ya
ha declarado la improcedencia de la tutela en casos muy similares a éste.
Por último hacen alusión al
contenido del derecho al debido proceso e insisten en que las decisiones
ordinarias de instancia se “expidieron conforme a derecho, en con (sic) de
toda la normatividad aplicable”. Alertan que la solicitud no cumple con el
requisito de inmediatez ya que transcurrieron más de 15 meses desde su
interposición y la decisión de primera instancia por parte del Juzgado Sexto
Administrativo de Popayán.
3.2.  La ciudadana María Liliana
López Criollo, en escrito separado allegado el 26 de enero de 2012, reproduce
los mismos argumentos planteados por el señor Astudillo y la señora Fierro.
3.3.  Asimismo, el señor Janio
Fernando Ruiz Burbano, como tercero interesado en el proceso radicado con el
número T-3181389, solicita que la acción presentada por el Icfes sea rechazada
por improcedente. Considera que la tutela no puede dejar sin piso jurídico
decisiones que ya hicieron tránsito a cosa juzgada, advierte que las
providencias hicieron parte de un trámite en el que se garantizaron todas las
garantías del debido proceso y plantea que el Icfes no alegó ninguna anomalía
en su oportunidad. Respecto al derecho a la igualdad, argumenta que en varios
procesos se ha dado el mismo tratamiento al Instituto y en lo que se refiere al
daño, insiste que éste se genera teniendo en cuenta los tres años que tuvo que
esperar para graduarse como abogado.
II.  DECISIONES OBJETO
DE REVISIÓN
1.  Expediente T-3174715
a.  Primera Instancia
La Sección Segunda, Subsección
“B” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado rechaza
por improcedente la acción de tutela. Luego de relacionar las condiciones bajo
las cuales la Corte Constitucional ha admitido la procedencia del amparo contra
providencias judiciales, considera que dichos parámetros son valiosos para
resolver el caso. Sin embargo, al identificar que el problema jurídico se
limita a definir el sustento probatorio de la cuantificación del daño moral,
comprueba que dicha figura fue sustentada a partir de los testimonios que
fueron arrimados al proceso y concluye: “Por lo anterior, no se comparte la
apreciación del actor en el sentido de afirmar que se carece de las pruebas
para determinar el daño moral, pues los jueces de conocimiento valoraron las
pruebas obrantes en el mismo para determinar la existencia de una afectación de
este tipo”. Por último, manifiesta que la tasación de ese perjuicio se debe
efectuar conforme al prudente arbitrio del juez, sin que éste sea un escenario
apto para cuestionar el criterio del juez ordinario.
b. Segunda Instancia.
Ante la impugnación presentada
por el apoderado del Icfes, la Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado confirma la sentencia proferida por el
a-quo. Aunque acepta que la tutela es de recibo excepcionalmente contra las
providencias que dictan los jueces, advierte que en este caso la tutela no
procede por las discrepancias con los argumentos e interpretaciones presentadas
por los jueces.
2. Expediente T-3181389
a. Primera instancia
La Sección Segunda, Subsección
“A” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado rechaza
por improcedente la acción de tutela presentada por el ICFES. Advierte que en
virtud de la cosa juzgada y el principio de seguridad jurídica, la tutela no
tiene la virtud de revivir términos judiciales y, por lo mismo, es improcedente
para censurar las decisiones que han sido adoptadas por los diferentes jueces
de la República. Agrega que la tutela sólo operaría cuando quiera que se pruebe
la vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia o al debido proceso.  Más adelante, en el análisis del caso concreto,
señala que el trámite ordinario se adelantó atendiendo todas las garantías
aplicables al mismo, y en ellas el ICFES tuvo la posibilidad de discutir y
censurar la tasación de perjuicios.
b. Segunda Instancia
Producto de la impugnación
presentada por el apoderado del Icfes, la Sección Cuarta, Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirma la sentencia
proferida por el a-quo. Aunque acepta que la tutela procede excepcionalmente
respecto a las providencias que dictan los jueces, advierte que en este caso el
actor tuvo la oportunidad de hacer efectivos sus argumentos y de presentar sus
derechos de defensa y contradicción. Finalmente, alerta que el amparo no puede
extenderse a las interpretaciones que realizan los jueces y, especialmente, que
esta herramienta no puede ser usada para controvertir la tasación de los
perjuicios.
III.
PRUEBAS
1. Expediente T- 3174715
En el trámite de la acción de
tutela en comento obran las siguientes pruebas:
1.     Copia
simple de la demanda de reparación directa presentada por Édgar Ernesto
Astudillo López y otros (folios 26 a 51).
2.     Copia
simple de la contestación de la demanda presentada por el ICFES (folios 52 a 67).
3.     Copia
simple de la sentencia número 008, del 22 de enero de 2010, proferida por el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán (folios 68 a 103).
4.     Copia
simple de la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del
Cauca, el 20 de mayo de 2010 (folios 104 a 110).
2.  Expediente T-3181389
1.     Copia
simple de la demanda de reparación directa presentada por Janio Fernando Ruiz
Burbano y otros (folios 27 a 37).
2.     Copia
simple de la contestación de la demanda presentada por el ICFES (folios 38 a 54).
3.     Copia
simple del Auto 590 del 14 de septiembre de 2007, por el cual el Juzgado
Tercero Administrativo de Popayán decreta pruebas (folios 55 a 56)
4.     Copia
simple de los testimonios recibidos por el Juzgado Tercero Administrativo de
Popayán (folios 57 y 58).
5.     Copia
simple de la sentencia número 323, del 08 de septiembre de 2009, proferida por
el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán (folios 59 a 69).
6.     Copia
simple de la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del
Cauca, el 04 de mayo de 2010 (folios 70 a 78).
IV.  CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1.      Competencia
Es competente esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional para revisar los fallos mencionados, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86, inciso tercero, y 241
numeral noveno de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico
Los presentes asuntos
tienen origen en las sentencias proferidas por tres autoridades judiciales, en
las que se declaró la responsabilidad de una entidad estatal por haber omitido
el deber de vigilancia y control sobre la implementación y el desarrollo de un
programa profesional sin el debido registro ante el Sistema Nacional de
Información sobre la Educación Superior (Snies). Tal desatención provocó que
los estudiantes del programa no se graduaran a tiempo, ya que tuvieron que presentar
un examen adicional de “idoneidad”. Varios de dichos alumnos presentaron acción
de reparación directa que culminó con la máxima condena por daño moral,
representada en 100 salarios mínimos legales mensuales.
Este escenario fáctico y
jurídico conlleva a que la Sala se plantee el siguiente problema jurídico: ¿una
autoridad judicial vulnera los derechos al debido proceso y a la igualdad, al
condenar al ICFES al pago del máximo tope de perjuicios morales, como
consecuencia de la acción de reparación directa presentada por un estudiante de
un programa profesional que previamente no había obtenido el registro
correspondiente y que lo obligó a presentar un examen final de idoneidad?
La Sala evidencia que la
respuesta a dicho interrogante ya fue abordada por la Corte en las sentencias
T-351 y T-464 de 2011. Por tanto, para responderlo, la Sala reiterará los
criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, haciendo breve énfasis en los defectos fáctico y sustantivo, y
luego presentará algunas consideraciones acerca de la responsabilidad
patrimonial del Estado, la entidad jurídica del daño que es imputable a él y,
finalmente, hará una breve referencia a los conceptos de reparación integral y
la equidad.
3.  Procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Criterios
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.  Defectos
sustantivo y fáctico.  Reiteración de jurisprudencia[3].
3.1.  En la sentencia C-543 de 1992 esta Corporación declaró
inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991.  Dicha
decisión planteó la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales cuando quiera que éstas configuren una “actuación de
hecho”. La Corte infirió, en atención a los principios de autonomía judicial,
seguridad jurídica y la cosa juzgada, que sólo bajo esa condición es posible
evidenciar la amenaza de los derechos fundamentales por parte de los operadores
jurisdiccionales.  La sentencia en comento expresó lo siguiente:
“Ahora
bien, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no
cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la
función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los
particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de
la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen
derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus
providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se
ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de
decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los
términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización
de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de
las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco
cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, (...). En
hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra  la seguridad
jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que
persigue la justicia”.
Conforme a tal razonamiento, a partir de la sentencia T-079 de 1993 se
comenzaron a desarrollar los criterios de procedibilidad excepcional que rigen
la acción constitucional en contra de las providencias que dictan los
diferentes operadores judiciales. Para ello ha sido necesario precisar un
conjunto de causales constitucionalmente relevantes, adscritas al goce efectivo
de los derechos fundamentales en los diferentes trámites de carácter
jurisdiccional.
En las primeras decisiones sobre el tema, esta Corporación enfatizó y
definió que el punto en el que giraba la viabilidad del examen de las
decisiones judiciales a través de la tutela lo constituía la ‘vía de hecho’,
definida como el acto absolutamente caprichoso y arbitrario[4],
producto de la carencia de fundamentación legal y constitucionalmente
relevante.
No obstante, con la síntesis de los diferentes casos atendidos por las
Salas de Revisión de la Corte Constitucional, la jurisprudencia ha avanzado
hacia los denominados “criterios de procedibilidad de la acción de tutela
contra decisiones judiciales”. Al respecto, la sentencia T-949 de 2003
señaló lo siguiente:
“Esta Corte
en sentencias recientes ha redefinido dogmáticamente el concepto de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta
redefinición ha operado a partir del poder de irradiación del principio de
eficacia de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.) y de una interpretación sistemática de diversas disposiciones de la Constitución (arts. 1, 2,
13, 86, 228 y 230 C.P.).
En esta
tarea se ha reemplazado el uso conceptual de la expresión “vía de hecho” por la
de “causales genéricas de procedibilidad”. Lo anterior ha sido inducido por la
urgencia de una comprensión diferente del procedimiento de tutela con tal de
que permita "armonizar la necesidad de proteger los intereses
constitucionales que involucran la autonomía de la actividad jurisdiccional y la
seguridad jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de
irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los derechos
fundamentales que pueden verse afectados eventualmente con ocasión de la
actividad jurisdiccional del Estado.”
La sistematización de los criterios a partir de los cuales es posible
justificar la procedencia de una tutela contra una decisión judicial ha
generado varias obligaciones específicas en cabeza de los operadores. En
efecto, en paralelo a su deber de aplicar la ley y de dar alcance a las pruebas
que hayan sido aportadas legalmente dentro del proceso, la jurisprudencia ha
rescatado la obligación de respetar los precedentes, así como la de guardar
respeto y armonía entre su discrecionalidad interpretativa y los derechos
fundamentales previstos en la Constitución[5]. En todo caso, cada una
de dichas pautas ha llevado a que esta Corporación adscriba al ejercicio
jurisdiccional, el compromiso de argumentar suficientemente cada una de las
decisiones y también de ponderar con claridad los valores superiores que se
encuentren en disputa.
Sumado a lo anterior, la jurisprudencia ha sido reiterativa en señalar
que existen unos requisitos generales de procedencia de la acción,
que hacen las veces de presupuestos previos a través de los cuales se determina
la viabilidad del examen constitucional de las providencias. En la sentencia
C-590 de 2005, se hizo un ejercicio de sistematización sobre este punto. Al
respecto se indicó:
“24.  Los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales son los siguientes:
a. Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya
se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[6].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se
hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[7].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[8].  De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando
se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora[9].
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e. Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[10].
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento
de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no
se trate de sentencias de tutela[11].  Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas
son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso
en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión
de la sala respectiva, se tornan definitivas.”
Evacuados dichos
ingredientes se estableció que además de los presupuestos generales resulta
necesario acreditar la existencia de –por lo menos- una causal o defecto
específico de procedibilidad. La sentencia C-590 de 2005 enunció los vicios que
son atendibles a través de la acción de tutela de la siguiente manera:
“25.  Ahora,
además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de
tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de
requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que
proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos,
uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
“a. Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente
al margen del procedimiento establecido.
“c.  Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales[12] o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“e. Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
“f.  Decisión
sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
“g.  Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[13].
“h.  Violación
directa de la Constitución.” (Subrayas fuera del texto original.)”.
Posteriormente, la sentencia en
comento advirtió que la sistematización de los defectos, sirve como herramienta
base para definir la existencia de una fallo judicial ilegítimo. En efecto, en
la sentencia C-590 de 2005 se afirmó que los anteriores vicios “involucran
la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos
supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales.”
En conclusión, dichos criterios
constituyen el catálogo mínimo a partir del cual es posible justificar de
manera excepcional si procede o no, la tutela contra providencias judiciales.
3.2.  Defecto fáctico.
En relación con el defecto fáctico la Corte ha señalado que se
presenta cuando resulta evidente que se omitió decretar pruebas que eran
necesarias, en el evento en que no se aprecia el acervo probatorio o el mismo
se valora inadecuadamente o en aquellas decisiones que se basan en una prueba
obtenida ilícitamente. Al respecto, en la sentencia T-1065 de 2006 se dijo:
"En otras
palabras, se presenta defecto fáctico por omisión cuando el juzgador se
abstiene de decretar pruebas. Lo anterior trae como consecuencia 'impedir la
debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para
la solución del asunto jurídico debatido'. Existe defecto fáctico por no
valoración del acervo probatorio, cuando el juzgador omite considerar pruebas
que obran en el expediente bien sea porque 'no los advierte o simplemente no
los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el
caso concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y
valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente.'
Hay lugar al defecto fáctico por valoración defectuosa del material
probatorio cuando o bien 'el funcionario judicial, en contra de la
evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente
probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar
de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas
fundamenta la decisión respectiva' dando paso a un defecto fáctico por no
excluir o valorar una prueba obtenida de manera ilícita”.
La jurisprudencia ha reconocido y
defendido, a partir del principio constitucional de autonomía e independencia
judicial, el amplio margen que tienen los jueces al momento de efectuar la valoración
de las pruebas aportadas al proceso conforme a las reglas de la sana crítica[14];
no obstante, la Corte ha advertido que tal poder comporta un límite, ya que no
puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto puede lesionar derechos
fundamentales.
En efecto, en atención a las
pautas constitucionales y en aras de evitar cualquiera de las fórmulas
adscritas al defecto fáctico, al operador judicial le corresponde
adoptar al momento de adelantar el estudio del material probatorio: “criterios
objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es
decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas
allegadas, y rigurososhttp://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-916-08.htm
- _ftn45, esto es, que materialicen la función de
administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales
sobre la base de pruebas debidamente recaudadas.”[15].
De manera semejante, en la
sentencia T-233 de 2007 se estableció que el defecto fáctico tiene dos
dimensiones, una positiva y otra negativa. En cuanto a la dimensión positiva,
se dijo que se presenta cuando la autoridad aprecia pruebas que no ha debido
admitir ni valorar, por haber sido indebidamente recaudadas, desconociendo de
manera directa la Constitución. En relación con este aspecto se indicó:
“La dimensión
positiva del defecto fáctico por indebida apreciación probatoria se concreta
cuando el juez somete a consideración y valoración un elemento probatorio cuya
ilegitimidad impide incluirlo en el proceso. Se trata de la inclusión y
valoración de la prueba ilegal, es decir, de aquella que ha sido practicada,
recaudada, y valorada en contravía de las formas propias de cada juicio,
concretamente, del régimen legal de la prueba, o de la prueba inconstitucional,
esto es, de aquella prueba que en agresión directa a los preceptos
constitucionales, ha sido incluida en el proceso en desconocimiento y afrenta
de derechos fundamentales.”
En relación con la dimensión
negativa del defecto fáctico, la sentencia T-233 de 2007 estableció que se
presenta cuando el operador judicial niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa u omite su valoración, y sin razón valedera
da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la apreciación de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez.  Sobre el particular se expuso:
“El juez, en
el ejercicio de su facultad de valoración, deja de apreciar una prueba
fundamental para la solución del proceso, ignora sin razones suficientes
elementos probatorios cruciales o, simplemente, efectúa un análisis
ostensiblemente deficiente e inexacto respecto del contenido fáctico del
elemento probatorio.”
Bajo este marco, el defecto
fáctico ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como aquel que
surge o se presenta por omisión en el decreto y la práctica de las pruebas; la
no valoración del acervo probatorio y el desconocimiento de las reglas de la
sana crítica[16]; por último, la Corte
también lo ha llegado a derivar de problemas intrínsecos relacionados con los
soportes probatorios[17].
3.3.  Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial[18].
Existe un defecto
sustantivo en la decisión judicial cuando la actuación controvertida
desconoce una ley adaptable al caso o se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable[19],
ya sea porque[20]
(i) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley[21],  (ii) es
inconstitucional[22],
(iii) o porque el contenido de la disposición no tiene conexidad material con
los presupuestos del caso[23].
También puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se
produce (iv) un grave error en la interpretación de la norma[24], el cual
puede darse por desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes o
cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación contraria a la
Constitución[25].
Se considera
igualmente defecto sustantivo (v) el hecho que la providencia judicial tenga
problemas determinantes relacionados con una insuficiente sustentación o
justificación de la actuación que afecte derechos fundamentales[26];
o (vi) cuando se desconoce el precedente judicial[27]
sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación que hubiese permitido una decisión
diferente si se hubiese acogido la jurisprudencia[28];
entre otros.
3.3.1.
Respecto de la necesidad de argumentar suficientemente las decisiones
judiciales, la sentencia T-1130 de 2003 fijó unos parámetros mínimos de
carácter hermenéutico que, aunque limitan la autonomía del juez, aseguran el
carácter público, objetivo y justo de cualquier determinación[29].
De aquella providencia vale la pena destacar los siguientes párrafos:
“(…) una
interpretación que reconozca los contenidos constitucionales debe ser acorde
con ciertas reglas, de cuya comprobación se deriva la validez del ejercicio
hermenéutico:  razonabilidad, ausencia de capricho y de arbitrariedad[30]
y cumplimiento de requisitos de argumentación mínima, relacionados con la
inexistencia de las causales que la jurisprudencia constitucional estima
procedentes para la acción de tutela contra decisiones judiciales[31].
15. Se
entiende que una decisión es razonable cuando, en primera medida, las
conclusiones resultantes de la interpretación del texto normativo ante el caso
concreto son admisibles y demuestran cierto grado de corrección, que se
verifica a través de su consonancia con el plexo de principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución.  Por lo tanto, la decisión
judicial es caprichosa en aquellos eventos en que la conclusión a la que llega
el intérprete no es lógicamente compatible con el contenido de la norma
aplicada[32]http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-1130-03.htm - _ftn33.
Entonces, la actividad judicial debe demostrar, a través de una argumentación
mínima y suficiente, que dicha conclusión puede imputarse razonablemente del
texto jurídico utilizado.  En caso que esta situación no pueda
verificarse, se está ante un ejercicio hermenéutico indebido, que sólo pretende
incluir en la decisión “las simples inclinaciones o prejuicios de quien debe
resolver el asunto”[33].
16.
Mientras que el capricho en la decisión judicial se deriva de la
incompatibilidad entre las disposiciones invocadas y las conclusiones a las que
arriba el funcionario judicial, la arbitrariedad comporta el desconocimiento
por el juez de normas de mayor jerarquía, entre ellas, y en un lugar
preeminente, los postulados contenidos en la Carta Política, como consecuencia
del desborde en la discrecionalidad interpretativa.  Esta conducta
contrae, al menos, dos consecuencias importantes.  La primera, el
desconocimiento del principio de supremacía constitucional consagrado en el
artículo 4 C.P. y, la segunda, el incumplimiento del deber que el mismo Texto
Superior impone a las autoridades públicas, entre ellas los funcionarios
judiciales, de lograr la efectividad de los mandatos superiores (Art. 2 C.P.)” (negrilla fuera de texto original).
Obviamente,
debido a su vínculo con la autonomía de los jueces, la Corte ha advertido que
la valoración que se puede efectuar en sede de tutela en relación con la
argumentación que presentan los operadores judiciales, tiene un carácter
restringido.  En la sentencia T-233 de 2007 se abordó esta prevención de la
siguiente manera:
“(…) la
motivación suficiente de una decisión judicial es un asunto que corresponde
analizar en cada caso concreto. Ciertamente, las divergencias respecto de lo
que para dos intérpretes opuestos puede constituir una motivación adecuada no
encuentra respuesta en ninguna regla de derecho. Además, en virtud del
principio de autonomía del funcionario judicial, la regla básica de
interpretación obliga a considerar que sólo en aquellos casos en que la
argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o, en
últimas, inexistente, puede el juez de tutela intervenir en la decisión
judicial para revocar el fallo infundado. En esos términos, la Corte
reconoce que la competencia del juez de tutela se activa únicamente en los
casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la
providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una
arbitrariedad”. (Subrayado fuera de texto original).
3.3.2.  Por
su parte, en relación con el desconocimiento del precedente, la Corte ha
advertido[34] que “un caso
pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del
pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de
fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado,
(ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial
no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que
modifique algún supuesto de hecho para su aplicación.”[35]
En ese orden de ideas, en
aquellas ocasiones en que por vía de tutela se pretende atacar un fallo por
esta causal, debe entenderse que el mismo implica, además de la vulneración del
debido proceso, el desconocimiento del derecho a la igualdad.  Recíprocamente,
en atención a que la autoridad judicial se aparta de los precedentes
jurisprudenciales sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación[36],
también se puede aducir que la decisión carece de la suficiente sustentación o
justificación.
El artículo
230 de la Carta Política establece que el juez únicamente está sometido al
imperio de la ley, por tanto, en principio podría entenderse que no está
obligado a fallar de la misma manera a como lo ha hecho en casos anteriores[37].
No obstante, cuando se presentan fallos contradictorios originados en la misma
autoridad judicial, frente a hechos semejantes y que no están suficiente y
legítimamente diferenciados, se genera una transgresión al derecho a la
igualdad[38].  En este sentido la
sentencia T-698 de 2004 estableció:
“Nótese
que ante esos eventos, lo que está en contradicción es el principio de
autonomía judicial  (Art. 230 C.P.) con el  principio de igualdad (Art. 13 C.P.), confrontación que exige necesariamente una armonización de estos contenidos constitucionales,
so pena de desconocer un derecho constitucional en principio inviolable, por
medio de actuaciones contradictorias de las autoridades judiciales.  El
artículo 13 de la Constitución Política consagra el principio de igualdad en la
aplicación de la ley, y dispone que "las personas deben recibir la misma
protección y trato de las autoridades", en donde el trato igual,
evidentemente, involucra la actividad de los órganos jurisdiccionales.[39]
En
este sentido ha concluido la jurisprudencia de esta Corporación, que el derecho
de acceso a la administración de justicia implica también el derecho a recibir
un trato igualitario. Precisamente en la sentencia C-104 de 1995,  se dijo que
el  artículo 229 de la Carta debía ser concordado con el artículo 13 superior,
de manera tal que el derecho de acceder igualitariamente ante los jueces, se
entendiera  no solo como la idéntica oportunidad de ingresar a los estrados
judiciales sino también como la posibilidad de recibir  idéntico tratamiento
por parte de estas autoridades y de  los tribunales, ante situaciones
similares.”
En este orden
de ideas, se puede establecer prima facie, en aras de proteger el
principio de igualdad, que cuando quiera que se presenten las siguientes
características el operador judicial no podrá apartarse de sus propias
decisiones previas o de aquellas proferidas por órganos superiores:
(i) Si los
hechos relevantes que definen el caso pendiente de la sentencia son semejantes
a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado.
(ii) Si la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del evento anterior, constituye
la pretensión del caso presente.
(iii) Si la
regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o
más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación.
Sin embargo, la Corte ha
advertido que el juez puede apartarse de un precedente cuando demuestre que no
se configuran los mismos supuestos fácticos que en un caso resuelto
anteriormente o cuando encuentre motivos suficientes para replantear la regla
jurisprudencial. Para tal fin, el operador debe cumplir dos requisitos:
(i) En primer lugar, debe hacer
referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o
simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de
transparencia).
(ii) En segundo lugar, debe
ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera
suficiente y razonada los motivos por los cuales considera que es necesario
apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual
jerarquía (principio de razón suficiente)[40].
Así en
conclusión, si un juez asume una posición contrapuesta en casos similares, que
implique serio compromiso de los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin
que presente argumentación pertinente y suficiente, se verá incurso en una
causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
4.  La responsabilidad patrimonial del Estado, la entidad del daño
antijurídico, la reparación integral y la equidad. Reiteración de
jusrisprudencia[41].
Los artículos 6º y 90 de la Carta Política contienen la fórmula
principal que sustenta la responsabilidad patrimonial del Estado. A partir de
ellos, la jurisprudencia ha definido las características de esta figura
jurídica y ha determinado qué tipo o categoría de daño puede imputarse,
resarcirse y compensarse.  La sentencia C-430 de 2000 abordó tales parámetros
de la siguiente manera:
“En tal
virtud, en la responsabilidad del Estado el daño no es sólo el resultado de una
actividad irregular o ilícita, sino también del ejercicio de una actuación
regular o lícita, pues lo relevante es que se cause injustamente un daño a una
persona.
Como lo ha
señalado la doctrina y la jurisprudencia, la licitud o ilicitud no se predica
de la conducta de sus agentes, sino sólo del daño. Por consiguiente, cuando
el daño no puede reputarse como antijurídico, en razón de que es el resultado
del ejercicio legítimo de los poderes del Estado, no está obligado a
indemnizarlo, dado que en este evento todas las personas están obligadas a
asumirlo como una obligación o una carga.
Se ha
considerado por la doctrina y la jurisprudencia que el daño antijurídico es
aquél que la víctima no esta en el deber jurídico de soportar, razón por la
cual deviene en una lesión injusta a su patrimonio.” (negrilla fuera de
texto original).
Así las cosas, en Colombia el daño estatal es una categoría jurídica
que se configura con independencia de la licitud o de la ilicitud de la
conducta. Ella solo está fundada en aquellos hechos lesivos o perjudiciales que
el ciudadano no tiene la obligación jurídica de soportar o, como se afirmó al
interior de la Asamblea Nacional Constituyente, este tipo de perjuicio “se
basa en la posición jurídica de la víctima y no sobre la conducta del actor del
daño”[42].  Esta fórmula
conceptual ha sido incorporada en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que
desde 1993 aplicó un “desplazamiento” de la causa de la antijuricidad hacia el
daño mismo.  La sentencia C-333 de 1996 destacó este acontecimiento de la
siguiente manera:
“7- Esta
concepción de daño antijurídico ha sido admitida por la jurisprudencia del
Consejo de Estado en nuestro país. Así, en múltiples oportunidades ese tribunal
ha definido el daño antijurídico como "la lesión de un interés legítimo,
patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de
soportar", por lo cual "se ha desplazado la antijuricidad de la causa
del daño al daño mismo". Por consiguiente, concluye esa Corporación,
"el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero
también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los
regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva"[43].
Paralelo a tal concepto de daño,
el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 estableció los términos de valoración del
perjuicio que han de atenderse en cualquier proceso judicial.  Este artículo
dispone lo siguiente:
“Artículo
16. Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta
ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las
personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y
equidad y observará los criterios técnicos actuariales.” (negrilla
fuera de texto original).
Asimismo, en la sentencia C-965
de 2003, en donde la Corte se declaró inhibida para examinar la
inconstitucionalidad de tal disposición, se abordaron algunos criterios que ha
tener en cuenta para su aplicación[44]:
“Sobre
esto último, cabe agregar que, si como lo ha sostenido la Corte, el derecho a
la reparación es un derecho regulable y materia de configuración legislativa[45],
el escenario adecuado para debatir sobre la forma como tiene que aplicarse el
sistema de reparación a favor de las víctimas y afectados es el Congreso de la
República y no la Corte Constitucional. Al respecto, es menester aclarar,
siguiendo la abundante jurisprudencia sobre la materia[46], que en
virtud del principio de la responsabilidad patrimonial del Estado, el cual
encuentra fundamento constitucional en los artículos 2°, 58 y 90 de la Carta,
la administración tiene el deber de reparar integralmente los daños
antijurídicos sufridos por los ciudadanos. No obstante, en la medida en que la
Constitución política no define ni precisa el concepto de reparación integral,
es al Congreso de la República, en desarrollo de la libertad de configuración
política, a quien compete regular técnicamente ese régimen de responsabilidad,
las modalidades del daño y todo lo relacionado con los métodos para
cuantificarlo. En concordancia con esta posición, en la Sentencia C-916 de
2002, la Corte precisó que el legislador “al definir el alcance de la
‘reparación integral’ puede determinar cuáles daños deben ser tenidos en
cuenta, y en esa medida incluir como parte de la reparación integral los daños
materiales directos, el lucro cesante, las oportunidades perdidas, así como los
perjuicios morales, tales como el dolor o el miedo sufridos por las víctimas,
los perjuicios estéticos o los daños a la reputación de las personas, o también
los llamados daños punitivos, dentro de límites razonables. Puede también el
legislador fijar reglas especiales para su cuantificación y criterios para
reducir los riesgos de arbitrariedad del juez. Estos criterios pueden ser de
diverso tipo. Por ejemplo, pueden consistir en parámetros que orienten al juez,
en límites variables para ciertos perjuicios en razón a lo probado dentro del
proceso para otra clase de perjuicios, o en topes fijos razonables y
proporcionados.”
Así,
teniendo en cuenta que el asunto estudiado se enmarca dentro de las materias
que hacen parte de la libertad de configuración política, y que no existen
verdaderas razones de índole constitucional para cuestionar el principio de
responsabilidad patrimonial del Estado y la decisión del Congreso de incluir el
concepto de reparación integral y equidad como sistemas de indemnización, la
posibilidad de adelantar un juicio de límites y juzgar la potencial
inconstitucionalidad del precepto resulta del todo improcedente.” (negrilla
fuera de texto original).
Aunque en dicha sentencia la
Corte negó la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad del concepto de
“reparación integral”, sí aceptó que era conveniente que el legislador
definiera parámetros o límites que prevengan de la arbitrariedad de los jueces
cuando determinan la indemnización y compensación de un daño.
Bajo tales parámetros, la Corte
ha insistido en que la amplitud o indeterminación del artículo 16 de la Ley 446
de 1998 no puede conducir a decisiones que riñan con otros mandatos de la Carta
y, por supuesto, con los derechos fundamentales de quienes participan de un
proceso. Como consecuencia, es evidente que una herramienta básica para evitar
la arbitrariedad, la constituye el deber de justificación de la decisión
judicial (supra 3.3.1.) y la atención de los precedentes aplicables al
caso (supra, 3.3.2.).  De hecho, en la sentencia T-934 de 2009 esta
Corporación revocó una providencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Nariño, en la que se había negado la reparación de los perjuicios morales a los
hermanos de una víctima, en claro desconocimiento de la línea de jurisprudencia
vigente proferida por el Consejo de Estado[47].
De otra parte, no sobra apuntar
que esta Corporación ya ha identificado cuál es la utilidad y cuáles las
exigencias a las que se somete cualquier operador jurídico cuando quiera
aplicar el principio de equidad.  En la sentencia C-083 de 1995 anotó lo
siguiente:
“Ahora
bien: cuando se trata no de integrar el ordenamiento sino de optar por una
entre varias interpretaciones posibles de una norma que se juzga aplicable,
entran a jugar un importante rol las fuentes jurídicas permisivas (en el
sentido de que no es obligatorio para el juez observar las pautas que de ellas
se desprenden) tales como las enunciadas por el artículo 230 Superior como
"criterios auxiliares de la actividad judicial".
Si un
juez, en la situación límite antes descrita, recurre a la equidad como
fundamento de su fallo, no habrá hecho nada diferente de proyectar al caso sub
judice su concepción de lo que es la justicia, construyendo a partir de ella un
principio que materialmente no hace parte del sistema pero que encuentra en él
su fundamento formal. El juez en cuestión deberá entonces esmerarse en mostrar
que su decisión está justificada por un principio ético o político (en todo
caso extrajurídico), al que él adhiere y a cuya invocación lo autoriza
expresamente el derecho positivo. No será, pues, su determinación arbitraria la
que informe el fallo, sino las ideas, genéricamente mentadas por el
ordenamiento como derecho natural o equidad, esta última en el
más riguroso sentido aristotélico del término. Uno y otra sirven pues al
propósito de que el fallo resulte siempre razonable y proporcionado.”
En el mismo sentido, es decir, con el objetivo de definir los patrones
que deben ser atendidos para aplicar la equidad a los asuntos bajo litigio, la
sentencia SU-037 de 2002 estimó lo que sigue:
“La
motivación de una decisión consiste en las razones que se dan para sustentarla.
Una decisión motivada es aquella que se fundamenta en razones que justifican lo
decidido, es decir, que responden al por qué de la decisión. Por tanto, una
mera tautología consistente en repetir en la parte motiva lo decidido en la
parte resolutiva carece de los atributos mínimos de una motivación. Dar razones
para una decisión no consiste simplemente en reiterar la decisión con las
mismas u otras palabras. No existe motivación de una decisión cuando no existen
razones expresas que la justifiquen.
“Ahora
bien, la motivación de una decisión puede ser de diversa naturaleza – p.ej.
jurídica, en equidad, política, moral, económica, etc. – dependiendo del tipo
de razones que se esgriman para respaldarla. En el caso de la decisión en
equidad, es claro que las razones de respaldo no requieren ser normativas, a
diferencia de lo que sucede con la decisión en derecho. Aún cuando el marco
mínimo en el que se adopta la decisión en equidad esté fijado en la
Constitución y la ley – los árbitros en equidad deben decidir respetando los
derechos y facultades constitucionales, legales y convencionales de las partes
(art. 458 CST) –, el referente para justificar la decisión es otro, diferente a
las normas jurídicas. La decisión en equidad ausculta las circunstancias
concretas del conflicto y propugna por la justicia del caso, sin necesidad de
basarse en referentes normativos positivos. La decisión en equidad se basa en
una constelación de factores diferentes y relevantes relativos a las
especificidades de cada caso – como por ejemplo los intereses en juego, las
necesidades de los involucrados en el conflicto o la situación económica de las
partes. En cuanto a su justificación, la decisión en equidad debe entonces
presentar razones para entenderse motivada. Cuando no existen razones que
sustenten la decisión en equidad, ésta no puede ser tenida como ejercicio
legítimo de una función pública, al tornarse incontestable y sinónimo de un
acto inexpugnable y arbitrario.” (negrilla fuera de texto original).
Nótese que la relación entre una
decisión en equidad y la justificación o su motivación es incontestable.  Una
providencia de este tipo, sin argumento pertinente y suficiente, deviene
automáticamente en arbitrariedad. Aunque estos razonamientos no deben acudir a
normas positivas para adquirir validez, su corrección sí radica en el
equilibrio que logren aplicar a los intereses en disputa, en el caso de la
responsabilidad del Estado, la enmienda que se aplique sobre daño antijurídico
debidamente probado.
Un parámetro similar al expuesto
se ha consolidado al interior de la jurisprudencia del Consejo de Estado para
determinar la valoración del perjuicio moral.  En sentencia del 12 de abril de
1999, la Sección Tercera previno lo siguiente:
“Por el
contrario, la posibilidad de acudir al principio de la valoración de daños en
equidad, exige del juez de la responsabilidad, una ponderación del daño sobre
bases objetivas y ciertas, que han de aparecer acreditadas en la instancia y
que, fundamentan el poder o facultad discrecional que a él asiste, para
completar las deficiencias o dificultades de orden probatorio, sobre la
específica materia del quantum indemnizatorio.
“La Sala
subraya que, el principio de valoración en equidad supone y exige que el
elemento daño antijurídico aparezca debidamente acreditado en cuanto a su
ocurrencia y existencia,  quedando reducida la aplicación del principio a la
exclusiva determinación del quantum, cuando por razones varias, sea difícil su
acreditamiento y, todo lo cual, con el propósito fundamental, de concretar una
indemnización  acorde y razonable, habida consideración del evento dañino,
posibilitando de esta manera  la efectividad del principio informador de
nuestro ordenamiento de la indemnizabilidad del daño antijurídico.”[48]
Con lo expuesto se comprueba que dos de los ingredientes
sobresalientes de la responsabilidad patrimonial del Estado, que además tienen
relevancia constitucional, son: (i) la definición de un daño antijurídico,
entendido como una carga que la persona no tenía la obligación de soportar, y
(ii) la determinación de un modelo argumentativo que soporte la reparación
integral de tal perjuicio.
Bajo tales presupuestos, la Sala de Revisión pasará a analizar y
resolver el problema jurídico planteado por el Icfes.
5.  Caso concreto. Reiteración
de la subregla de decisión consignada en las sentencias T-351 y T-464 de 2011.
Los Juzgados Tercero y Sexto
Administrativo de Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca condenaron al
Icfes y al Ministerio de Educación Nacional al pago de los perjuicios morales
ocasionados a los señores Édgar Ernesto Astudillo López y Janio Fernando Ruiz
Burbano, y a las señoras Teresa Fierro Urazán, María Liliana López Criollo y
Zully Bernarda Ruiz Meneses, debido a la imposibilidad temporal que tuvieron
para obtener el grado de abogado de la Universidad Libre de Colombia, sede
Popayán, por la ausencia de registro del programa profesional en el Sistema
Nacional de Identificación de la Educación Superior.
En respuesta, el Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior presenta acción de tutela
contra tales providencias judiciales, en protección de sus derechos al debido
proceso y a la igualdad, que precisa a través de los defectos sustantivo y
fáctico, así como en el desconocimiento del precedente aplicable al caso.
5.1.
Previo a abordar las censuras presentadas por el Icfes, la Sala definirá
si el caso cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, conforme a los mismos parámetros
definidos en las sentencias T-351 y T-464 de 2011.
-  Relevancia constitucional
del asunto. La Sala considera que este caso cumple con este requisito de
procedibilidad debido a que en él se plantea la presunta vulneración de los
derechos fundamentales generada con las decisiones judiciales que condenaron al
Icfes al pago de los perjuicios morales en su tope máximo. Como se advirtió,
algunos de los elementos adscritos a la responsabilidad estatal tienen génesis
en la Constitución y, en su desarrollo, poseen un vínculo con la aplicación de
valores superiores como la reparación integral y la equidad.
-  Agotamiento de los
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios. Los hechos por los
cuales fue interpuesta la acción de tutela que actualmente estudia la Sala
Quinta de Revisión se originan en un proceso de reparación directa sobre el
cual recayeron decisiones de primera y segunda instancia, actualmente
ejecutoriadas y sobre las cuales no existen más recursos ante la jurisdicción
contencioso administrativa.
-  Principio de
inmediatez. Como lo ha explicado esta Corporación, la acción de
tutela está sometida a su interposición dentro un plazo objetivo y razonable.
La importancia de esta exigencia radica en lo siguiente: (i) garantiza una
protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente amenazados o
vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a atribuciones jurídicas de
terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y (iv) desestima las
solicitudes negligentes.
En este caso la acción de tutela
fue presentada dentro de un término razonable.  En efecto, contrario a lo
planteado por uno de los terceros con interés legítimo, el amparo se interpuso
3[49]
y 6[50] meses después de
proferida la sentencia de segunda instancia[51], lo que constituye un
término prudencial teniendo en cuenta la complejidad del asunto y el número de
acciones contenciosas derivadas de los mismos hechos.
-  En caso de tratarse de una
irregularidad procesal, que ésta tenga incidencia directa en la decisión que
resulta vulneratoria de los derechos fundamentales. El requisito no es
aplicable al asunto bajo estudio ya que las anomalías que se alegan son de
carácter sustantivo, fáctico y de desconocimiento del precedente.
-  Identificación de los
hechos que generan la violación y que ellos hayan sido alegados en el proceso
judicial, en caso de haber sido posible. Los hechos propuestos como
vulneradores de derechos fundamentales son: (i) insuficiencia de pruebas para
determinar el daño moral y (ii) la estimación desproporcionada del monto de los
perjuicios. Estos criterios, particularmente la inexistencia del daño y la
censura sobre su cuantificación, fueron presentados por el Instituto en la
contestación de la demanda y en el recurso de apelación a la sentencia[52].
-  Que el fallo controvertido
no sea una sentencia de tutela. Como se ha indicado, las providencias que
se censuran hicieron parte de un proceso de reparación directa.
5.2.  Cumplidos los criterios
generales de procedibilidad la Sala pasará a examinar si se configura el
defecto sustantivo, fáctico o si las providencias desconocen el precedente
aplicable al caso.
-
Defecto sustantivo.
De acuerdo a este cargo, las
decisiones proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo y por el Tribunal
Administrativo del Cauca desconocen las funciones y deberes radicados en cabeza
del Icfes por parte de la Ley. De manera textual, este cargo se encuentra
sintetizado así: “(…) tanto el Juzgado como el Tribunal dieron por probada
la responsabilidad del ICFES sin (sic) hacer ningún examen detallado de
la normatividad a la que se encontraba sujeta esta entidad; sin analizar cuáles
eran sus funciones legales; sin determinar si el daño reclamado por los
demandantes era consecuencia de su incumplimiento”.
En contraste con las censuras
presentadas por el Icfes, esta Sala de Revisión encuentra que cada una de las
instancias dentro del proceso de reparación directa se detuvo a analizar en qué
tipo de acciones u omisiones había incurrido la entidad estatal en conexión con
el daño antijurídico padecido por los demandantes. En ninguna de las cuatro
providencias se evidencia que la imputación efectuada al Icfes no tenga
sustento o se base en criterios subjetivos y extrajurídicos; por el contrario,
éstas se fundamentan, entre otros, en el Decreto 837 de 1994[53]
y en algunos actos expedidos por funcionarios de esta entidad y del Ministerio
de Educación, mientras estuvo intervenida la Universidad Libre.
Al respecto, la sentencia del
Juzgado Sexto Administrativo de Popayán del 22 de enero de 2010 argumentó lo
siguiente dentro del caso interpuesto por Édgar Ernesto Astudillo Lopez y otros
(expediente T-3174715):
“La
imputación entendida como la atribución jurídica que se le hace a las entidades
demandadas, de un daño antijurídico, se concreta en este caso en que los
actores antes referidos, debieron homologar sus estudios en la Universidad
Pontificia Bolivariana, por cuanto la Universidad Libre Seccional Cali, con
extensión del programa de derecho en la ciudad de Popayán, no contaba con
registro ante el ICFES, circunstancia que implicó que a pesar de haber cursado
y aprobado sus estudios de derecho hayan tenido que homologarlos acreditando su
idoneidad, circunstancia generada ante la conducta omisiva del deber de
vigilancia y control, por lo que el caso se estudiará bajo el régimen de la
falla del servicio, entendida como la violación del contenido obligacional del
Estado, que se presenta cuando la administración debiendo actual no actúa, o
actúa, pero lo hace tardíamente o en forma irregular”.
“Las
siguientes normas entre otras, constituyen los fundamentos que debieron
acatarse por parte de las entidades demandadas, según sus competencias o marco
de acción, en relación con el caso objeto de estudio” (negrilla fuera
de texto original).
(…)
“3.2.3.2.
EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR –ICFES-.
“Al tenor
del Decreto No. 837 de 1994 al ICFES le asiste el deber de diseñar o establecer
el formato para la actualización de la información de los programas que
ofrezcan las universidades, para efectos de mantener actualizado el Sistema
Nacional de Información de la Educación Superior y para el ejercicio de la
función de inspección y vigilancia (art. 5); quien tiene a su cargo, colaborar
con el Ministerio de Educación Nacional en el cumplimiento de la función de
suprema inspección y vigilancia delegada y verificar cuando lo estime
necesario, la información suministrada por las instituciones de educación
superior (art. 7); registrar en el sistema nacional de información de la
educación, mediante resolución, los programas a que se refiere el artículo 3º
de este decreto, previa orden del Ministerio de Educación.
“Conforme
a lo expuesto y dado que el ICFES, colabora con el Ministerio de Educación
Nacional en el cumplimiento de la función de inspección y vigilancia delegada
por el Gobierno Nacional, y tiene la función de registrar los programas de
pregrado y de especialización conforme al Decreto 837 de 1994, “Por el cual se
establecen los requisitos para notificar e informar la creación y desarrollo de
programas académicos de pregrado y de especialización de educación superior”,
vigente para la época en que se dio apertura al programa de derecho en la
Universidad Libre Seccional Cali, con extensión a Popayán, no le queda al
despacho la menor duda que a dicho establecimiento, le es atribuible el daño
antijurídico causado a los actores del presente proceso, por cuanto esta
institución conocía de la existencia del programa de pregrado en derecho
ofrecido en extensión Popayán por esa universidad, aprobado por Consejo Directivo
según Acta No 03 de agosto de 1994 y ratificado por Acta de Consiliatura No 22
de octubre de 1994[54], tal como consta en
el oficio del 18 de abril de 1995 – folio 183 a 189 del c. ppal.
“En tal
sentido, se confirma que el ICFES aún habiendo sido informado de la existencia
de ese programa debió en ejercicio de la función de colaboración con el
Ministerio de Educación Nacional en el cumplimiento de la función de suprema
inspección y vigilancia delegada, verificar la información suministrada por la
Universidad Libre para que el Ministerio de Educación Nacional, adoptara las
medidas correctivas del caso en forma oportuna de conformidad con lo previsto
en el ya citado artículo 7 del Decreto 837 de 1994.  Sin embargo, el ICFES solo
hasta el 4 de febrero de 1998, es decir casi tres años después de habérsele
dado a conocer sobre la existencia del programa de pregrado en derecho de la
Seccional Cali en extensión Popayán, hace constar la carencia de su registro a
solicitud de la Subdirección Jurídica, de allí que su actuación fuera tardía
incurriendo en una falla probada del servicio por lo que se reitera, existe
mérito para atribuirle responsabilidad, hechos que desvirtúan la falta de
legitimación aludida en el escrito de contestación.”
Asimismo, en la sentencia
proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán dentro
de la acción interpuesta por Janio Fernando Ruiz Burbano (expediente T-3181389)
se lee lo siguiente:
“Al tenor
del Decreto No. 837 de 1994, al ICFES le corresponde diseñar o establecer el
formato para la actualización de la información de los programas que ofrezcan
las universidades, para efectos de mantener actualizado el Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior y para el ejercicio de la función de
inspección y vigilancia (art. 5). Igualmente, tiene a su cargo colaborar con el
Ministerio de Educación Nacional en el cumplimiento de las funciones de
inspección, vigilancia y control para verificar cuando lo estime necesario, la
información suministrada por las instituciones de educación superior (art. 7),
así como registrar en el Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior, los programas educativos, previa orden del Ministerio de Educación
(art. 8).
“Conforme
a lo expuesto y dado que el ICFES colabora con el Ministerio de Educación
Nacional en el cumplimiento de la función de inspección y vigilancia delegada
por el Gobierno Nacional y tiene la función de registrar los programas de
pregrado y de especialización conforme al Decreto 837 de 1994, vigente para la
época en que se dio apertura al programa de derecho en la Universidad Libre
Seccional Cali, con extensión a Popayán, no le queda al despacho la menor duda
que a dicho establecimiento, también le es atribuible el daño antijurídico
causado al señor el señor (sic) Janio Fernando Ruiz Burbano, por cuanto
del oficio que obra a folios 236 a 238 del C. Pruebas-, de fecha 18 de abril de
1995, suscrito por el rector nacional de la Universidad Libre, doctor Alfonso
Santos Montero y dirigido al doctor Jaime Niño Diez, Director General del
Icfes, con nota de recibo de esa institución del 19 de abril de ese año a las
11:26 am, se infiere que esta institución conocía o debió conocer de la
existencia del programa de pregrado en derecho ofrecido en extensión Popayán
por esa universidad, por cuanto en él, se lee: (…)
Queda
claro, entonces, que el ICFES, aun cuando estaba informada (sic) de la
existencia de ese programa, en ejercicio de la función de colaboración con el
Ministerio de Educación Nacional y en el cumplimiento de la función de suprema
inspección y vigilancia delegada, no verificó la información suministrada por
la misma Universidad Libre, para que el Ministerio de Educación Nacional
adoptara las medidas correctivas del caso en forma oportuna de conformidad con
lo previsto en el ya citado artículo 7 del Decreto 837 de 1994.  El ICFES, sólo
hasta el 4 de febrero de 1998, es decir casi tres años después de habérsele
dado a conocer sobre la existencia del programa de pregrado en derecho de la
Seccional Cali en extensión Popayán, hace constar la carencia de su registro a
solicitud de la Subdirección Jurídica, de allí que su actuación fuera tardía
incurriendo en una falla probada del servicio, por lo que, se reitera existe
mérito para atribuirle responsabilidad, hechos que, dicho sea de paso,
desvirtúan la falta de legitimación aludida en el escrito de contestación.”
Por su parte, de la sentencia del
Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, del 20 de mayo de 2010, dictada
dentro del proceso adelantado por Édgar Ernesto Astudillo y otros, se hace
necesario tener en cuenta lo siguiente:
“Sobre
este aspecto, comparte la Sala los criterios dados por el a quo, en el sentido
de que obran en el expediente, pruebas que demuestran la responsabilidad del
ICFES y el Ministerio de Educación Nacional, circunstancia que se dilucida
especialmente con el análisis de la prueba documental que reposa en el
expediente, así:
Resolución
No 100 de agosto 30 de 1994, de la Universidad Libre Seccional Cali, donde se
autorizó la apertura de tres cursos nocturnos en la ciudad de Popayán, como
extensión de los existentes en la ciudad de Cali, entre otras directrices.
(Folios 46-47 Cuaderno de Pruebas).
Mediante
Resolución 1493 de 23 de julio de 2001, el Ministerio de Educación Nacional,
acogiéndose al criterio del funcionario investigador comisionado para la
Universidad Libre, decidió imponer la sanción de amonestación pública, por el
cargo de ofrecer y desarrollar desde el mes de agosto de 1994, el programa de
derecho jornada nocturna en la ciudad de Popayán, sin haber adelantado el
proceso de información que ordena la ley para efectos de creación y desarrollo
de programas académicos y por ende, sin contar con el registro en el Sistema
Nacional de Información del mencionado programa. (Fls. 39- 43; 131-136 del
Cuaderno Principal No. 1).
Contra la
anterior decisión la Universidad Libre formuló recurso de reposición que fuera
resuelto a través de la Resolución 343 de 25 de febrero de 2002, decidiéndose
revocar la decisión de sanción impuesta.  Se argumentó que la medida de
extender el programa de derecho existente en la ciudad de Cali a la ciudad de
Popayán, fue adoptada por la época en la cual la Universidad Libre, se
encontraba intervenida por el Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior ICFES y que por tanto “… la responsabilidad en este caso no
pudo recaer en la Universidad por cuanto esta carecía de autonomía. Por
el contrario, debe hacerse mención, como se dijo en su oportunidad, que la
responsabilidad recae sobre el rector interventor, quien tenía a su cargo la
marcha de la universidad y concretamente para el caso, la información de la
extensión del programa” A través de este mismo acto administrativo se
dispuso que en el término de tres meses a partir de la ejecutoria de esta
resolución , el ICFES debía designar una institución de educación superior para
efectuar los correspondientes exámenes de idoneidad y de comprobación de
niveles mínimos de aptitudes y conocimientos de los estudiantes egresados que
cumplían con los requisitos académicos del programa y los estudiantes que para
la época cursan sus estudios. (Fls. 51-56; 136-141Cuaderno de Principal No 1).
Mediante la
Resolución 0895 de 16 de mayo de 2002, el ICFES designó a la Universidad
Pontificia Bolivariana para que en la ciudad de Popayán practicara los exámenes
de aptitudes e idoneidad señalados en la Resolución 343 de 25 de febrero de
2002.
Conforme
a lo expresado, no cabe duda a la Sala que la responsabilidad del ICFES  y el
Ministerio de Educación, se encuentra plenamente demostrada, puesto que fue
precisamente en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que les
tiene asignada la ley, que de manera irregular, se procedió a dar apertura al
programa de derecho en la ciudad de Popayán. (negrilla fuera de
texto original)
Resulta
inadmisible que los funcionarios responsables del control y vigilancia de las
Instituciones de Educación Superior, sean los causantes directos de la
infracción de las normas cuyo control les esta (sic) encomendado, tal
como se evidencia en el presente caso.
Es claro
que el ICFES y el Ministerio de Educación Nacional, incumplieron sus
obligaciones de vigilancia y control y que en desviación de esta potestad,
propiciaron el incumplimiento de las normas que rigen la educación superior y
en especial el deber de inscripción en el Sistema Nacional de Información del
programa de derecho ofrecido por la Universidad Libre jornada nocturna sede
Popayán, debido a que dicha decisión fue adoptada por el Rector Interventor
designado por el ICFES y el Ministerio de Educación Nacional, precisamente
durante el período de intervención decretado por estas mismas entidades sobre
la mentada Universidad.
Con
respaldo en lo expuesto, no son de recibo los argumentos expuestos por el
Ministerio de Educación Nacional, sobre su actuación diligente en la
investigación y sanción de las conductas irregulares de la Universidad Libre,
porque que (sic) si bien ejercieron estas facultades, las mismas no
cumplieron con el objetivo para el cual fueron establecidas (…) tampoco
es dable sostener que es responsabilidad de la Universidad Libre, el haber
ofertado y desarrollado el programa de derecho de manera irregular, pues como
acertadamente lo señaló el Ministerio de Educación al revocar la decisión de
sanción, esta institución universitaria se encontraba suspendida en el
ejercicio de sus facultades de decisión y dirección, hecho que la exime de
responsabilidad de la decisión de apertura del programa de derecho en la ciudad
de Popayán, adoptada por el Rector Interventor, designado por las entidades de
control.”
De la misma manera o, mejor, en
términos muy similares, en el fallo dictado por el Tribunal mencionado, el 04
de mayo de 2010, dentro de la acción impetrada por Janio Fernando Ruiz Burbano,
se dijo lo siguiente:
“Sobre
este aspecto, considera la Sala que obran en el expediente, pruebas que
demuestran la responsabilidad del ICFES y del Ministerio de Educación Nacional,
circunstancia que se dilucida especialmente con el análisis de los documentos
aportados por estas mismas entidades en la contestación de la demanda.
En efecto,
se tiene que mediante Resolución 0805 del 1 de abril de 1992 (Fls. 143 a 152 Cdno Ppal No 1), el Director General del Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior, dispuso suspender en el ejercicio de sus funciones por el
término de sesenta (60) días, a la Sala General, a la Consiliatura y al Rector
de la Universidad Libre, luego de detectar el incumplimiento de normas sobre la
educación superior.
Mediante
Resolución 01040 de 16 de Febrero de 1994, se levantó temporalmente la medida
de suspensión en el ejercicio de funciones de la Sala general de la Universidad
Libre, impuesta mediante la Resolución 0805 de 1º de abril de 1992 (Fl. 153 a 154 Cdno. Principal No. 1). Posteriormente, mediante Resolución 201 de 26 de enero de 1996, se
decidió levantar de manera definitiva la suspensión en las medias (sic) impuestas
a la Universidad Libre (Fl. 263 a 265 Cdno. Pruebas).
Mediante
Resolución 1493 del 23 de julio de 2001, el Ministerio de Educación Nacional,
acogiéndose al criterio del funcionario investigador comisionado para la
Universidad Libre, decidió imponer la sanción de amonestación pública, por el
cargo de ofrecer y desarrollar desde el mes de agosto de 1994, el programa de
derecho jornada nocturna en la ciudad de Popayán, sin haber adelantado el
proceso de información que ordena la ley para efectos de creación y desarrollo
de programas académicos y por ende, sin contar con el registro en el Sistema
Nacional de Información del mencionado programa. (Fls. 6 a 15, 160 a 176 Cdno Principal y 51 a 60 Cdno. Pruebas).
Contra la
anterior decisión la Universidad Libre formuló recurso de reposición, que se
resolvió a través de la Resolución 343 de 25 de febrero de 2002, por medio de
la cual se revocó la decisión de sanción impuesta. Como fundamento de ello, la
Entidad argumentó que la medida de extender el programa de derecho existente en
la ciudad de Cali a la ciudad de Popayán, fue adoptada por la época en la cual la
Universidad Libre, se encontraba intervenida por el Instituto Colombiano para
el Fomento de la Educación Superior ICFES y que por tanto “… la responsabilidad
en este caso no pudo recaer en la Universidad por cuanto esta carecía de
autonomía. Por el contrario, debe hacerse mención, como se dijo en su
oportunidad, que la responsabilidad recae sobre el rector interventor, quien
tenía a su cargo la marcha de la universidad y concretamente para el caso, la
información de la extensión del programa” (Fls. 16 a 27, 156 a 176 Cdno Principal y 39 a 50 Cdno de Pruebas).
Conforme
a lo expresado, no cabe duda a la Sala que la responsabilidad del ICFES y el
Ministerio de Educación se encuentra plenamente demostrada, puesto que fue
precisamente en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que les
tiene asignada la ley, que de manera irregular se procedió a dar apertura al
programa de derecho en la ciudad de Popayán. (negrilla fuera de
texto original)
Resulta
inadmisible que los funcionarios responsables del control y vigilancia de las
Instituciones de Educación Superior, sean los causantes directos de la
infracción de las normas cuyo control les está encomendado, tal como se
evidencia en el presente caso.
Es claro
que el ICFES y el Ministerio de Educación Nacional, incumplieron sus
obligaciones de vigilancia y control y que en desviación de esta potestad,
propiciaron el incumplimiento de las normas que rigen la educación superior y
en especial el deber de inscripción en el Sistema Nacional de Información del
programa de derecho ofrecido por la Universidad Libre jornada nocturna sede
Popayán, debido a que dicha decisión fue adoptada por el Rector Interventor
designado por el ICFES y el Ministerio de Educación Nacional.
Con
respaldo en lo expuesto, no son de recibo los argumentos expuestos por la Entidad
impugnante, sobre su actuación diligente en la investigación y sanción de las
conductas irregulares de la Universidad Libre, porque si bien el ICFES y el
Ministerio de Educación Nacional ejercieron estas facultades, no cumplieron con
el objetivo para el cual fueron establecidas (…) tampoco es dable
sostener que es responsabilidad de la Universidad Libre, el haber ofertado y
desarrollado el programa de derecho de manera irregular, pues como
acertadamente lo señaló el Ministerio de Educación al revocar la decisión de
sanción, esta Institución Universitaria se encontraba suspendida en el
ejercicio de sus facultades de decisión y dirección, hecho que la exime de
responsabilidad de la medida de apertura del programa de derecho en la ciudad
de Popayán, adoptada por el rector Interventor, designado por las entidades de
control.”
El cargo planteado no tiene la
posibilidad de prosperar ya que, como se observa, cada una de las instancias
sustentó a partir de argumentos jurídicos, los fundamentos de responsabilidad
del Icfes en el daño ocasionado al demandante dentro de la acción de reparación
directa. En contraste con la aseveración genérica planteada por el actor, según
la cual no existió ningún deber que fuera desconocido por el Instituto, las
autoridades judiciales fundaron su argumentación en el Decreto 837 de 1994 y en
la Resolución 343 de 2002, en las cuales, respectivamente (i) definen las
obligaciones de éste, en ejercicio de la función de inspección y vigilancia;
(ii) y se reconoce que el responsable de abrir el programa de derecho en
Popayán sin el registro respectivo fue el Rector Interventor, por supuesto,
(iii) con conocimiento del Icfes.
-
Defecto fáctico.
El Instituto plantea este cargo a
partir de la insuficiencia de las pruebas para inferir la existencia y la
cuantificación del daño. Califica de inverosímil que se pueda determinar el
perjuicio por el hecho de tener que presentar el examen de suficiencia o
convalidación; considera que una valoración razonable habría detectado que el
demandante obtuvo el título de abogado y que la evaluación que tuvo que
presentar no frustró su proyecto de vida.
Siguiendo la técnica empleada en
el apartado anterior, la Sala citará aquellos apartes que fundamentaron la
existencia y dimensión del daño antijurídico que se habría ocasionado al actor
de la acción de reparación directa. En la sentencia del Juzgado Sexto
Administrativo de Popayán (expediente T-3174715), en lo relativo al daño
antijurídico, se lee lo siguiente:
“Conforme
a la prueba testimonial reseñada y la documental referida en la presente
providencia, -acápite de daño antijurídico-, fluye claramente que los actores
del presente proceso, sufrieron perjuicios de carácter moral por haber tenido
que postergar su graduación, toda vez que debieron  homologar sus estudios
cuando ya los habían terminado y aprobado en su totalidad.
Para el
despacho estos testimonios tienen pleno valor probatorio, respecto de los
actores ÉDGAR ERNESTO ASTUDILLO LOPEZ, TERESA FIERRO URAZAN, MARIA LILIANA
LÓPEZ CRIOLLO y ZULLY BERNARDA RUIZ MENESEZ (sic), en la medida en que
con ellos se acredita la afectación moral y anímica de que fueron objeto, y que
hacen relación al perjuicio reclamado.
De otra
parte las reglas de la experiencia enseñan que cualquier persona que cursa una
carrera en una universidad de trayectoria como la Universidad Libre, resultaría
afectada al ver que su meta debió prolongarse en el tiempo a más que debió
homologar sus estudios ante la situación presentada, a la que se ha hecho
referencia.”
Más adelante, para justificar la
tasación de los perjuicios, el Juzgado recurrió a la jurisprudencia del Consejo
de Estado y, en especial, a la del Tribunal Contencioso Administrativo del
Cauca[55], quien en una sentencia
proferida dentro de un caso similar recurrió a la definición del daño moral y
su carácter satisfactorio, así como a la función del “prudente arbitrio de los
jueces” en el cálculo del perjuicio. En lo que se refiere la justificación del
daño aplicable al caso concreto, la sentencia del Tribunal citada por el Juez
Sexto Administrativo dijo:
“A fin de
determinar la cuantía de los daños morales, la Sala tiene en consideración que
la pérdida de los esfuerzos de varios años de dedicación en la obtención de un
título universitario que finalmente no pudo concretarse, conlleva una
desilusión moral de considerable magnitud, por tratarse de la frustración de un
proyecto de vida, cuyo impacto trasciende las esferas internas, sociales y
familiares, elementos en los cuales la Sala considera que esta indemnización
debe ser ajustada a la cuantía en CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS CX LEGALES
MENSUALES, para cada uno de los demandantes”.
Conforme a dicha pauta y luego de
denegar los perjuicios materiales solicitados, el Juzgado Sexto Administrativo
del Circuito de Popayán solamente argumentó lo siguiente respecto al daño moral
aplicable al caso:
“Así las
cosas, solo se reconocerán perjuicios morales a favor de cada uno de los
actores, en cuantía equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, a la ejecutoria de esta sentencia, en proporciones iguales; es decir,
el 50% de este valor lo asume la NACION- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y el
otro 50%, el INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
–ICFES-.”.
Por su parte, el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Popayán, dentro del caso fallado a favor del
señor Janio Fernando Ruiz Burbano (expediente T-3181389), explicó lo siguiente:
“De las
pruebas que preceden se concluye que el señor JANIO FERNANDO RUIZ BURBANO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.627.652 de Bolivar-Cauca,, (sic)
cursó sus estudios de derecho en la Universidad Libre Seccional Cali,
extensión Popayán, cumpliendo entre otros requisitos, relevantes para optar al
título de abogado, los de haber aprobado la totalidad de las asignaturas,
presentar preparatorios y prestar el servicio de consultorio jurídico – periodo
1998 a 2000- y haber obtenido su título el 5 de septiembre de 2003, previo a
la homologación de estudios con la Universidad Pontificia Bolivariana y que le
fuere impuesta mediante la Resolución No. 0895 del 16 de mayo de 2002 expedida
por la Dirección General del ICFES.
“Para el
despacho, el hecho de haber tenido que homologar sus estudios, no obstante
haber culminado sus estudios y reunido todos los demás requisitos académicos,
constituye una carga adicional que no estaba obligado a soportar, con lo que se
quebranta el principio de la confianza legítima y de buena fe, bajo el cual
obraba, ya que el tratarse de una Universidad que ofrece servicios de educación
al público, reconocida en el ámbito nacional, con despliegue de publicidad
–folios 28 a 31 C.P.- y en condiciones en las cuales, cualquier institución de
educación superior puede funcionar, generó en el señor JANIO FERNANDO RUIZ
BURBANO, un grado de confianza que direccionó su comportamiento no sólo a
matricularse en ella, sino a creer en que al culminar sus estudios se graduaría
como lo hace cualquier ciudadano matriculado en una universidad de las que
funcionan en el país”.
(…)
“3.4.2.-
Las pruebas aportadas, en relación con los perjuicios morales sufridos por los
demandantes.
Prueba
testimonial
Noru Surez
(…)
María
Stella Sánchez (…)
En el
mismo sentido se hallan las declaraciones de los Señores MARIBEL CAJAS, FABIOLA
FUENTES –fls. 74 a 75 C. Pruebas-.
Si bien
estas pruebas testimoniales acabadas de reseñar no son lo suficientemente
contundentes para acreditar con ellas que el señor JANIO FERNANDO RUIZ BURBANO,
sufrió perjuicios de carácter moral al haberse visto obligado a homologar sus
estudios cuando ya los había terminado y aprobado en su totalidad en el año
2000, postergándose su graduación hasta el 5 de septiembre de 2003, para el
despacho dicha afectación ha de presumirse en cuanto al directamente afectado,
dado que se trata de una persona que simultáneamente trabajaba y que lo menos
que razonablemente podía esperar era que al culminar sus estudios y requisitos
académicos, después del esfuerzo que estas dos actividades simultaneas supone,
pudiera obtener el título de profesional, pero que por las razones analizadas
en esta providencia, debió esperar cerca de tres (3) años para lograr su sueño,
viéndose obligado a cumplir con un requisito que no lo esperaba para cuando
comenzó su empresa académica – la homologación-, circunstancia que
indudablemente, le debió causar la natural decepción que cualquier persona,
sometida a la misma experiencia debe sufrir. Lo anterior es más que suficiente
para acceder a la pretensión de la indemnización de un perjuicio moral, como el
reclamado, en la cuantía solicitada, es decir, cien (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.”
Conforme a
la prueba testimonial reseñada y la documental referida en la presente
providencia, -acápite de daño antijurídico-, fluye claramente que el señor
SILVIO OVIDIO BARAHONA CABRERA, sufrió perjuicios de carácter moral por haber
tenido que postergar su graduación, toda vez que debió homologar sus estudios
cuando ya los había terminado y aprobado en su totalidad en el año 2000- El
grado se efectuió el 25 de julio de 2003.
Para el
despacho estos testimonios tienen pleno valor probatorio, respecto del actor,
en la medida en que con ellos se acredita la afectación moral y anímica de que
fue objeto, y que hacen relación al perjuicio reclamado.
De otra
parte las reglas de la experiencia enseñan que cualquier persona que cursa una
carrera en una universidad de trayectoria como la Universidad Libre, resultaría
afectada al ver que su meta debió prolongarse en el tiempo a más que debió
homologar sus estudios ante la situación presentada, a la que se ha hecho referencia.
(…)
“De las
pruebas aportadas al expediente, y en especial la prueba testimonial recaudada,
es procedente el reconocimiento de los perjuicios morales solicitados en la
demanda, a favor del señor SILVIO OVIDIO BARAHONA, los que se cuantifican en el
equivalente de sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la
ejecutoria de esta sentencia, en proporciones iguales; es decir, el 50% de ese
valor los asume el Ministerio de Educación Nacional, y el otro 50%, el
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior – ICFES-.”
El Tribunal Contencioso
Administrativo del Cauca, en la sentencia proferida a favor del Édgar Ernesto
Astudillo López y otros (expediente T-3174715), justificó la cuantía del daño
de la siguiente manera:
“Así
entonces es claro que el arbitrio judicial, se configura como único sistema
para realizar la tasación de los perjuicios morales y que es este el método al
que debe acudirse para definir las cuantías indemnizatorias reconocidas al
actor, por tanto, a este sistema se acudirá para resolver el monto de los
perjuicios morales.
A fin de
determinar la cuantía de los daños morales en el caso concreto, la Sala tiene
en consideración que el sentimiento de pérdida de los esfuerzos de varios años
de dedicación y la obtención de un título universitario, pero no lograr ejercer
la profesión por la imposibilidad de conseguir la tarjeta profesional, conlleva
una desilusión moral de considerable magnitud, por tratarse de la frustración
de un proyecto de vida, cuyo impacto trasciende las esferas internas, sociales
y familiares, elementos con sustento en las cuales la Sala considera la
indemnización concedida por el a-quo por perjuicios morales en monto de 100
salarios mínimos mensuales vigentes, para los directamente afectados, se
encuentra ajustada a la realidad fáctica probada toda vez que habían invertido
6 años de su vida, los cuales sintieron en algún momento desperdiciados por la
irregularidad en el registro del programa que había cursado.”
Finalmente, en el fallo que el
Tribunal Administrativo del Cauca dictó a favor de Janio Fernando Ruiz Burbano,
solo se advirtió que los perjuicios morales a favor de los familiares cercanos
no se presumen; sobre este aspecto vale la pena citar lo siguiente:
“Sobre tal
argumento el H. Consejo de Estado ha establecido la presunción del dolor moral
de los parientes más cercanos en casos como la muerte, las lesiones físicas y
la privación injusta de la libertad, lo que no significa de manera alguna que
la presunción se haya hecho extensiva a todos los eventos en los que este
perjuicio se reclame a título de indemnización, convirtiéndose  en la regla
general y exonerando a la parte actora de la carga de la prueba que le
corresponde”.
Esta Sala de Revisión considera,
en los mismos términos de la sentencia T-464 de 2011, que la lectura de las
providencias impide inferir la existencia del defecto fáctico alegado por el
Icfes. En efecto, en definición de la existencia de una carga que el ciudadano
no tenía la obligación de soportar, las autoridades judiciales acudieron a la
prueba documental que demuestra que el actor cumplió con el ciclo de estudios;
este medio de prueba mostró que debido a la ausencia del registro en el Snies,
la ceremonia de grado se pospuso, en tanto los estudiantes tuvieron que
presentar un examen de validación o suficiencia. Asimismo, para determinar el
acaecimiento de la ‘aflicción’, tanto los Juzgados como el Tribunal acudieron a
los testimonios de personas allegadas al actor de la acción contenciosa y a una
regla de experiencia según la cual resulta frustrante para cualquier estudiante
no poderse graduar a tiempo en un programa de pregrado, cuyo ciclo debía transcurrir
en seis años.
Así las cosas, la Sala considera
que no existe fundamento para calificar de ‘inverosímiles’ las inferencias
realizadas por las autoridades judiciales demandadas.  En contraste con las
apreciaciones del Icfes, es importante señalar que la existencia del perjuicio
no se fundamentó únicamente en la presentación de un nuevo examen sino también
en el tiempo adicional –tres años- que tuvo que esperar el actor para poder
obtener su título de abogado.
Lo expuesto no implica, sin
embargo, que tal perjuicio sea imputable necesariamente o totalmente a los
organismos del Estado y no a la Universidad, por abrir un programa superior sin
el registro respectivo, o de los propios estudiantes, por cursarlo sin
constatar esa falta de aprobación o, a pesar de saberlo, confiar en que se
subsanaría.
-
Desconocimiento del precedente.
El Icfes advierte que la condena
de los perjuicios morales desconoce los parámetros definidos por el Consejo de
Estado y que, en todo caso, es arbitraria, carente de motivación y excesiva,
teniendo en cuenta que los 100 smlm es el monto máximo adoptado para los padres
de una persona que ha fallecido.
Sobre el particular, es necesario
tener en cuenta que las autoridades judiciales demandadas fundamentaron la
definición de la responsabilidad estatal y la materialización y cuantificación
del perjuicio en las sentencias que ha venido profiriendo el Consejo de
Estado.  En realidad, sobre la naturaleza de la acción y la entidad del daño
antijurídico no evidencia esta Sala que se desconozca el precedente del máximo
tribunal de la jurisdicción contenciosa administrativa. Además, el “prudente
arbitrio” invocado por los demandados, sumado a los argumentos contenidos en el
apartado anterior de esta providencia y al principio de autonomía judicial,
impiden que la Sala censure la desilusión moral que las autoridades judiciales
encontraron dentro del caso bajo estudio.
Sin embargo, respecto de la
cuantificación del daño, esta Sala sí identifica que existe un desconocimiento
injustificado del precedente judicial aplicable, que vulnera los derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso del Icfes. Específicamente,
esta Corporación no puede pasar por alto que al valorar la congoja de los
egresados de la Universidad Libre, no se haya justificado por qué los
perjuicios causados se estiman en el máximo que ha definido la jurisprudencia[56].
En otras palabras, la Sala echa
de menos que a pesar de que se ha definido que el daño ocasionado por la muerte
de un ser querido es el más intenso, no se haya justificado por qué la
cuantificación de la frustración por no obtener el título de abogado por
algunos años iguala la gravedad de tal situación.
Sin perjuicio del arbitrio
citado, para cuantificar el daño las autoridades judiciales se encontraban
obligadas a atender los parámetros establecidos por la jurisprudencia del
Consejo de Estado y los criterios adscritos a los conceptos de “reparación
integral” y de “equidad” consignados en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998.
Como se advirtió, la amplitud de la citada disposición, no constituye carta
abierta para que se definan cantidades dinerarias arbitrarias. Por el
contrario, es absolutamente necesario atender las particularidades del caso y
definir, por lo menos, qué aspectos hacen equiparable los asuntos con la
pérdida definitiva de un ser querido.
En definitiva, la ausencia de
argumentos que expliquen por qué a las acciones de reparación directa invocadas
por los señores Astudillo López, Ruiz Burbano y las señoras Fierro Urazán,
López Criollo y Ruiz Meneses le es aplicable el monto máximo del perjuicio
moral, llevan a que la Sala considere tal determinación como arbitraria y, por
tanto, vulneradora de los derechos a la igualdad y al debido proceso.
En consecuencia, en reiteración
de la jurisprudencia definida en las sentencias T-351 y T-464 de 2011, la Sala
concederá el amparo de los derechos a la igualdad y al debido proceso
del Icfes, teniendo en cuenta que las sentencias dictadas dentro de los
procesos de reparación directa invocados por Édgar Ernesto Astudillo López y
otros (expediente T-3174715) y Janio Fernando Ruiz Burbano (expediente
T-3181389), contra el Ministerio de Educación Nacional, el Icfes y la
Universidad Libre adolecen de ausencia de motivación en materia de
cuantificación del daño moral.
VI.  DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- Dentro del
expediente T-3174715, REVOCAR el fallo proferido por la Sección Cuarta
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado del 03 de
marzo de 2011, que confirmó la decisión proferida por la Sección Segunda,
Subsección “B” de la misma Corporación, dentro de la acción de tutela
presentada por el Icfes contra el Juzgado Sexto Administrativo de Popayán y el
Tribunal Administrativo del Cauca.
Segundo.-  CONCEDER la
protección de los derechos a la igualdad y al debido proceso del Icfes, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Como consecuencia, DEJAR
SIN EFECTO la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Cauca, el 20 de mayo de 2010, dictada dentro del proceso de
reparación directa invocado por Édgar Ernesto Astudillo y otros, contra el
Ministerio de Educación Nacional, el Icfes y la Universidad Libre (expediente
2003-00507-01), debido a que no justificó por qué la tasación de los perjuicios
morales asciende a 100 smlm, conforme a las sentencias del Consejo de Estado y
los criterios de “reparación integral” y de “equidad” establecidos en el
artículo 16 de la ley 446 de 1998 y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Tercero.-  ORDENAR al
Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de este fallo, adopte las medidas necesarias para
dictar nueva sentencia debidamente motivada, en donde se pronuncie y justifique
el monto de la condena por perjuicios morales en el caso de Édgar Ernesto
Astudillo y otros, contra el Ministerio de Educación Nacional, el Icfes y la
Universidad Libre (expediente 2003-00507-01), teniendo en cuenta los argumentos
contenidos en esta providencia. El término máximo para proferir la nueva
providencia es de dos meses. Para este efecto, a través de Secretaría General,
remítase copia de esta providencia al citado Tribunal.
Cuarto.- Dentro del
expediente T-3181389, REVOCAR el fallo proferido por la Sección Cuarta
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado del 07 de
abril de 2011, que confirmó la decisión proferida por la Sección Segunda,
Subsección “A” de la misma Corporación, dentro de la acción de tutela
presentada por el Icfes contra el Juzgado Tercero Administrativo de Popayán y
el Tribunal Administrativo del Cauca.
Quinto.-  CONCEDER
la protección de los derechos a la igualdad y al debido proceso del Icfes, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Como
consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida por el
Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, el 04 de mayo de 2010, dictada
dentro del proceso de reparación directa invocado por Janio Fernando Ruiz
Burbano y otra, contra el Ministerio de Educación Nacional, el Icfes y la
Universidad Libre (expediente 2003-02319-01), debido a que no justificó por qué
la tasación de los perjuicios morales asciende a 100 smlm, conforme a las
sentencias del Consejo de Estado y los criterios de “reparación integral” y de
“equidad” establecidos en el artículo 16 de la ley 446 de 1998 y en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Sexto.-  ORDENAR al Tribunal
Contencioso Administrativo del Cauca que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de este fallo, adopte las medidas necesarias para dictar nueva
sentencia debidamente motivada, en donde se pronuncie y justifique el monto de
la condena por perjuicios morales en el caso de Janio Fernando Ruiz Burbano y
otra, contra el Ministerio de Educación Nacional, el Icfes y la Universidad
Libre (expediente 2003-02319-01), teniendo en cuenta los argumentos contenidos
en esta providencia. El término máximo para proferir la nueva providencia es de
dos meses. Para este efecto, a través de Secretaría General, remítase copia de
esta providencia al citado Tribunal.
Séptimo.-  Por Secretaría líbrese la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1.991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
NILSON ELÍAS PINILLA
PINILLA
Magistrado
Con aclaración de
voto
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
NILSON PINILLA PINILLA
A LA SENTENCIA T-135/12
Referencia:
expediente T-3174715 y T-3181389, acumulados.
Acción de
tutela presentada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación Superior (ICFES) contra el Tribunal Administrativo del Cauca y otro.
Magistrado
sustanciador:
JORGE IVAN
PALACIO PALACIO
Habiendo votado
positivamente y firmado el proyecto presentado en este caso por el Magistrado
sustanciador, estimo necesario consignar por escrito una muy sucinta aclaración
sobre el sentido de mi voto en el presente asunto.
Si bien
participo de la resolución adoptada, por cuanto comparto la percepción de que
se agotó la jurisdicción común sin que se fallara el asunto bajo estudio de
manera congruente con la jurisprudencia constitucional que esta corporación ha
sentado, permitiendo así la probabilidad de un detrimento patrimonial
injustificado para la entidad accionante, debo aclarar mi voto, pues siempre he
disentido frente al enfoque amplificado de la noción de “vía de hecho” y en
relación con algunas de las argumentaciones que se exponen para arribar a la
decisión adoptada.
Particularmente,
tal como lo he explicado con más amplitud frente a otras decisiones , no
comparto el alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se reconoce
por parte de la Corte Constitucional a la acción de tutela contra decisiones
judiciales, y que en el caso de la sentencia a que me vengo refiriendo se pone
de presente en la cita que se efectúa (consideración 3ª, en las páginas 12, 13
y 14) de la sentencia C-590 de junio 8 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyas consideraciones discrepo parcialmente desde cuando fue
expedida.
Mi desacuerdo
con dicha sentencia, que el actual fallo invoca como parte de la fundamentación,
radica en el hecho de que, en la práctica, especialmente las llamadas “causales
especiales de procedibilidad” a que dicha providencia se refiere en su punto
25, abarcan todas las posibles situaciones que podrían justificar la
impugnación común contra una decisión judicial, dejando así la imagen de que
esta Corte estima que la acción de tutela constituye un recurso complementario,
añadible a los establecidos en el proceso de que se trata.
Con ello, la
solicitud y trámite de la acción de tutela al amparo de tales enunciados,
deviene simplemente en una (o más) nueva(s) oportunidad(es) que se confiere(n)
a quien se ha visto desfavorecido por la decisión adoptada por el juez
competente, o lo que es lo mismo, en una (o varias) instancia(s) adicional(es),
no prevista(s) en absoluto en el respectivo proceso debido, situación que
difiere, de lejos, del propósito de protección subsidiaria a los derechos
fundamentales que animó al constituyente de 1991, que vino a quedar reflejado
en el artículo 86 superior.
Además, no
sobra acotar que si bien esta corporación con fundamento en la sentencia C-590
de 2005 aduce sistematizar una línea jurisprudencial construida y decantada a
partir de las consideraciones que se dejaron planteadas en la sentencia C-543
de 1992, ello no es exacto, ya que en realidad ese pronunciamiento , de suyo
sólo argüible frente a la casación penal por ser ésta la institución regulada
en el precepto parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de 2004), se ha interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó decidido en la
C-543 de 1992.
En efecto,
mientras que en esa providencia de 1992 se consideró, con firmeza de cosa
juzgada constitucional (art. 243 Const.), que no puede ser quebrantada, que la
tutela contra decisiones judiciales atentaba contra la seguridad jurídica y
contra otros importantes valores constitucionales, como el “principio
democrático de la autonomía funcional del juez”, “la independencia y
desconcentración que caracterizan a la administración de justicia” y “la
función garantizadora del Derecho” que cumple el proceso, y en consecuencia se
declaró inexequible la preceptiva que reglamentaba tal posibilidad, en la C-590
de 2005 se presenta un amplio listado de situaciones, creyéndose que de
inferirse la materialización de alguna de ellas, en opinión de quien realiza el
control tutelar, de por sí le está permitido remover o dejar sin efecto la
decisión judicial, cual si aplicara un recurso ordinario más, con lo cual se ha
desquiciado gravemente su carácter excepcionalísimo y, en la práctica, se ha
abatido la seguridad jurídica, que es también un derecho fundamental.
Por lo
anterior, dado que la decisión adoptada con mi acuerdo y participación incluye
algunas consideraciones con alcances de tal índole, que no comparto, aclaro el
voto en el caso de la referencia.
Con mi
acostumbrado respeto,
Fecha ut supra
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
[1] Esta autoridad solo
presentó argumentos dentro del expediente T-3181389.
[2] Sentencia del 02 de junio
de 2004, expediente 14950.
[3] Este marco dogmático fue
presentado por la Sala Quinta de Revisión en la sentencia T-464 de 2011.
[4]  Ver sentencia T-008 de
1998.
[5] Sentencia T-1031 de 2001,
argumento jurídico número 6.
[6]
Sentencia 173/93.
[7]
Sentencia T-504/00.
[8]
Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05.
[9]
Sentencias T-008/98 y SU-159/2000.
[10]
Sentencia T-658-98.
[11]
Sentencias T-088-99 y SU-1219-01.
[12] Sentencia T-522/01
[13] Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01;
T-1625/00 y  T-1031/01.
[14]
Sobre este aspecto el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil indica: “Apreciación
de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas
en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. //El juez
expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.”
[15] SU-159 de 2002.
[16] Ver sentencia T- 458 de 2007.
[17] Cfr. Sentencia T-436 de
2009.
[18]  Vid. Sentencia T-161 de
2010.
[19]
Corte Constitucional. Sentencia T-774 de 2004.
[20]
Corte Constitucional. Sentencia SU-120 de 2003.
[21]
Vgr. ha sido derogada o declarada inexequible.
[22]
Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006.
[23] Corte Constitucional. Sentencia SU-1185 de 2001.
[24]
En la sentencia T-1031 de 2001 la Corte decidió que la acción de tutela procede
contra una providencia judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes
aplicables al caso o cuando “su discrecionalidad interpretativa se desborda
en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados”. Puede verse
además la sentencia T-1285 de 2005 y la T-567 de 1998.
[25]
Corte Constitucional. Sentencias SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de
2001. También la T-047 de 2005. En estos casos, si bien el juez de la causa es
quien le fija el alcance a la norma que aplica, no puede hacerlo en oposición a
los valores, principios y derechos constitucionales, de manera que, debiendo
seleccionar entre dos o más entendimientos posibles, debe forzosamente acoger
aquél que se ajuste a la Carta política.
[26]
Sentencias T-114 de 2002 y T-1285 de 2005.
[27]
Ver las sentencias T-292 de 2006. También las SU-640 de 1998 y T-462 de 2003.
[28]
Sobre el particular en la sentencia T-123 de 1995, esta Corporación señaló:
"Es razonable exigir, en aras del principio de igualdad en la
aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios que consideren
autónomamente que deben apartarse de la línea jurisprudencial trazada por las
altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de manera suficiente y
adecuada su decisión, pues, de lo contrario, estarían infringiendo el principio
de igualdad (CP art.13). A través de los recursos que se contemplan en cada
jurisdicción, normalmente puede ventilarse este evento de infracción a la Constitución”. Sobre este tema, también puede consultarse  la sentencia T-949 de 2003.
[29]
Sobre el particular, la sentencia T-302 de 2008 explicó lo siguiente: “En un
estado democrático de derecho, en tanto garantía ciudadana, la obligación de
sustentar y motivar las decisiones judiciales, resulta vital en el ejercicio de
la función jurisdiccional. La necesidad de justificar las decisiones
judiciales, salvo aquellas en las cuales expresamente la ley ha
prescindido  de este deber,  garantiza que sea la voluntad de la ley
y no la del juez la que defina el conflicto jurídico.  En este sentido, la
motivación de los actos jurisdiccionales, puede ser vista como un componente
que refuerza el contenido mínimo del debido proceso, dado que  constituye
una barrera a la arbitrariedad judicial y contribuye a garantizar la sujeción
del juez al ordenamiento jurídico y el posterior control sobre la razonabilidad
de la providencia”.
[30]  Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia T-546/02.
[31]
Una recopilación de estas causales de procedibilidad puede
encontrarse en las sentencias T-441/03 y T-462/03.
[32]  Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia T-114/02.
[33]  Corte
Constitucional, Sentencia T-607/00.
[34]
En este sentido, entre muchas otras, pueden verse las sentencias SU-049 de
1999, SU-1720 de 2000, C-252 de 2001, T-468 de 2003, T-292 de 2006, C-820 de
2006 y T-162 de 2009.
[35]
Sentencia T-158 de 2006.
[36]
En la sentencia T-949 de 2003, esta Corporación señaló: "Es razonable
exigir, en aras del principio de igualdad en la aplicación de la ley, que los
jueces y funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse de la
línea jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre
que justifiquen de manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de lo
contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A través
de los recursos que se contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede
ventilarse este evento de infracción a la Constitución.”
[37] Así lo estableció la
sentencia C-836 de 2001.
[38]
En relación con el derecho a la igualdad de trato que deben
recibir los ciudadanos por parte de los operadores judiciales, la sentencia
C-836 de 2001 expuso: “La igualdad, además de ser un principio
vinculante para toda actividad estatal, está consagrada en el artículo 13 de la Carta como derecho fundamental de las personas. Este derecho comprende dos garantías
fundamentales: la igualdad ante la ley y la igualdad de protección y trato por
parte de las autoridades. Sin embargo, estas dos garantías operan conjuntamente
en lo que respecta a la actividad judicial, pues los jueces interpretan la ley
y como consecuencia materialmente inseparable de esta interpretación, atribuyen
determinadas consecuencias jurídicas a las personas involucradas en el litigio.
Por lo tanto, en lo que respecta a la actividad judicial, la igualdad de trato
que las autoridades deben otorgar a las personas supone además una igualdad en
la interpretación y aplicación de la ley.”
[39] Sentencia T-321 de 1998.
[40] Sentencia T-698 de 2004.
[41] Sentencia T-464 de 2011.
[42]
Augusto Ramírez Ocampo. “Ponencia para segundo debate de la nueva
Constitución Política de Colombia”.  En Gaceta Constitucional núm. 112, 3
de julio de 1991, págs 7 y 8. Citado en la sentencia C-333 de 1996.
[43] Consejo de Estado.
Sentencia del 13 de julio de 1993.
[44]
Aunque de manera muy genérica, esos criterios también están presentes en la
sentencia C-487 de 2000 de la siguiente manera: “En efecto,
el fin que se persigue con la norma acusada, cuando se conmina al juzgador a
considerar los principios de reparación integral y equidad, en el proceso de
valoración del daño irrogado a una persona para tasar la indemnización, no es otro
que el de buscar una justicia recta y eficiente y facilitar la solución del
respectivo conflicto, asi como la de evitar que para efectos de la
indemnización de los daños en forma integral sea necesaria la tramitación de
nuevos procesos, lo cual, indudablemente, contribuye a la descongestión de los
despachos judiciales”.
[45] Cfr., entre otras, la
sentencia C-916 de 2002.
[46] Cfr. sentencias C-333 de
1996, C-832 y C-892 de 2001.
[47]
De esta sentencia vale la pena resaltar lo siguiente: “7.3.
En las condiciones anotadas, resulta fácil concluir que la tesis adoptada en la
sentencia cuestionada mediante el ejercicio de la acción de tutela corresponde
a la posición abandonada por el Consejo de Estado y que, debido a ello, el
Tribunal Administrativo de Nariño desconoció la jurisprudencia vigente, pues
sólo ordenó la indemnización por perjuicios morales a favor de la madre del
soldado profesional Hugo Hernández, mas no a favor de sus hermanos, a quienes
descartó por ser mayores de edad y no haber probado especiales lazos de afecto
con la víctima.
7.4.
Ciertamente el Consejo de Estado como máxima autoridad judicial en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene la función de unificar la
jurisprudencia en su respectivo ámbito y, por esa razón, los precedentes que
fije en desarrollo de su labor de unificadora deben ser acatados por los
tribunales y jueces de inferior jerarquía.”
[48]
Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, abril doce (12) de mil novecientos noventa y
nueve  (1.999), Radicación número: 11344, Actor:
Miguel Castellanos  Rodríguez; Demandado: Instituto Colombiano De Hidrología,
Meteorología Y Adecuación De Tierras -HIMAT-
[49]
Expediente T-3174715: la sentencia de segunda instancia data del 20 de mayo de
2010 y la tutela fue interpuesta el 20 de agosto del mismo año.
[50]
Expediente T-3181389: la sentencia de segunda instancia fue dictada el 04 de
mayo de 2010 y el amparo se interpone el 23 de noviembre del mismo año.
[51]
La sentencia del Tribunal Administrativo del cauca data del 29 de septiembre de
2009 y la tutela fue presentada el 28 de abril de 2010.
[52]
En el folio 106 del expediente T-3174715 se encuentra consignado el resumen de
los argumentos que componen el recurso de apelación, de la siguiente manera: “Por
último consideró que la cuantificación de los perjuicios realizada por el
Juzgado es desproporcionada ya que los cien salarios mínimos reconocidos corresponde
(sic) al evento de muerte de una persona y no al de las molestias
sufridas para conseguir el título de abogada, las cuales no se salen de la
esfera de lo que, de manera general debe acreditar un estudiante”.
[53]
“Por el cual se establecen los requisitos para notificar e informar la
creación y desarrollo de programas académicos de pregrado y de especialización
de Educación Superior”.
[54]
En oficio REC-184 del 5 de mayo de 1997, que reposa en copia auténtica, de
folio 563 a 564 y que fue dirigido al Subdirector General Jurídico del ICFES,
por el Rector Nacional de la Universidad Libre, con nota de recibo del ICFES del 09 de mayo de 1997, también se hace mención a este documento.
[55]  Providencia del 09 de
julio de 2009.
[56]
La Sección Tercera del Consejo de Estado, en fallo del 6 de
septiembre de 2001 argumentó lo siguiente: “Considera esta Sala que
debe abandonarse el criterio adoptado por ella desde 1978, conforme al cual,
para efectos de la indemnización del perjuicio moral, se daba aplicación
extensiva a las normas que, al respecto, traía el Código Penal. (…) Se afirma,
entonces, la independencia del juez contencioso administrativo para fijar, en
cada caso, con sustento en las pruebas del proceso y según su prudente juicio,
el valor de la indemnización del perjuicio moral. (…) Considerando que el
salario mínimo mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la
variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del
perjuicio moral, en los casos en que éste cobre su mayor intensidad, puede
fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales
(…) cantidad que servirá de directriz a los jueces y tribunales de la misma
jurisdicción”. (negrilla fuera de texto original).