T-345-14
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-345/14
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-No es una instancia adicional
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
DEBIDO PROCESO
EN ACTUACIONES DISCIPLINARIAS-Garantía constitucional
DEBIDO PROCESO-Ambitos de protección constitucional/DEBIDO PROCESO-Objetivo
fundamental
En sentido estricto, el concepto de debido proceso
alude al derecho que tienen  todas las personas involucradas en una determinada
actuación, encaminada a la toma de una decisión que adjudica derechos o impone
obligaciones, para que durante el curso de la misma se cumplan de manera
rigurosa los pasos y etapas previamente señalados en la norma que regula ese
específico asunto. El objeto de esta garantía es entonces que quienes
participan de ese trámite o procedimiento (de allí el nombre de debido
proceso), no resulten sorprendidos por el abuso de poder de la autoridad que lo
dirige o de aquellos sujetos que defienden intereses contrapuestos a los suyos,
lo que además sería contrario a la igualdad y pondría en serio riesgo los
derechos sustanciales cuya garantía o efectividad se persigue a través del
diligenciamiento. Por el contrario, se busca que todos los involucrados puedan
prever, en lo que fuere previsible, el desarrollo subsiguiente y futuro del
diligenciamiento de su interés, y a partir de ello decidir sus futuras
actuaciones y comportamiento procesal y anticiparse de manera efectiva a las
contingencias que pudieran surgir, sea a partir de la actuación de los demás
sujetos interesados o por otras causas.
REGIMEN DISCIPLINARIO DEL SERVIDOR
PUBLICO-Fundamento de aplicación
CODIGO
DISCIPLINARIO UNICO-Derechos,
deberes, prohibiciones, incompatibilidades, impedimentos, inhabilidades y
conflicto de intereses de servidor público
DERECHO
DISCIPLINARIO Y DERECHO PENAL-Distinción/LEY DISCIPLINARIA-Finalidad específica
DEBIDO PROCESO
EN INVESTIGACION DISCIPLINARIA-Protección de acceso a la justicia y derecho de defensa de los sujetos
pasivos
El derecho al debido proceso también incluye los
derechos de defensa y de acceder a la justicia, en conformación de todas
aquellas garantías que aseguran a los sujetos procesales que cada uno de ellos
será objeto de un trato procesal justo y equitativo, abarcando las
posibilidades de poner en funcionamiento la Rama Judicial del poder público,
pedir pruebas, controvertir las que las otras partes aduzcan, ser escuchado
durante el proceso y participar en todas las audiencias y/o actos procesales
que se realicen, conocer la motivación o fundamento de las decisiones
judiciales, impugnar aquellas que fueren desfavorables y, en general, la
garantía igualitaria de recibir un trato justo por parte de los jueces u otras
autoridades, similar o proporcionado al que se prodigue a los demás sujetos
involucrados en el mismo trámite o en otros de igual naturaleza. Bajo este
entendimiento, resulta entonces posible considerar, como adelante se precisará,
que más allá de la eventual lesión del derecho al debido proceso, algunos de
los hechos y situaciones que han reprochado los actores en tutela, impliquen
específica violación de los derechos de defensa y acceso a la justicia.
DEBIDO PROCESO
EN INVESTIGACION DISCIPLINARIA-Autonomía judicial y su eventual lesión cuando el juez es objeto de una
acción disciplinaria
PRINCIPIO DE AUTONOMIA
JUDICIAL FRENTE A  RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DE FUNCIONARIO JUDICIAL-Línea jurisprudencial
Las sanciones disciplinarias impuestas a los
administradores de justicia resultan violatorias de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la defensa y al acceso a la justicia, cuando quiera que la
actuación cuestionada sea de aquellas sobre las que el funcionario judicial
debe resolver autónomamente, lo que incluye lo relativo a las situaciones en
las que el juez interpreta razonadamente el derecho, como parte del proceso de
su aplicación. De esa manera, la decisión sobre si procede o no el amparo frente
a un escenario de este tipo, dependerá de la calificación que el juez
constitucional pueda realizar acerca de si los actos o decisiones que dieron
lugar a la sanción son de aquellos que incumbe definir al juez, en válido
ejercicio de su responsable autonomía e independencia.
PROYECTOS DE SENTENCIAS EN LAS ALTAS
CORPORACIONES-Firma y fecha de
providencias y conceptos serán definidos en los reglamentos internos de cada
Corporación, según Ley Estatutaria
MAGISTRADO PONENTE-Presupuestos para que opere el cambio
MAGISTRADO
PONENTE-Cuando se rechaza
un proyecto éste pierde competencia y opera la cosa juzgada
FALLOS DE UNICA INSTANCIA EN PROCESO DISCIPLINARIO
ADELANTADO CONTRA FUNCIONARIOS DE LA RAMA JUDICIAL-Improcedencia de recursos, según ley 734 de 2002
artículo 205
PRINCIPIO DE
AUTONOMIA JUDICIAL-No
involucra actuaciones procesales
CONJUECES-Casos en los que procede la designación
(i) La necesidad de reemplazar Magistrados separados
de un determinado tema por haberse aceptado un impedimento o recusación; (ii)
dirimir empates; y (iii) completar la mayoría decisoria cuando por alguna razón
ésta se hubiere visto reducida por debajo del mínimo necesario. La referida
norma resulta afortunada en cuanto recoge de manera completa el conocimiento
existente en la comunidad jurídica colombiana sobre el papel de los conjueces y
las principales reglas que rigen su desempeño.
SALVAMENTO DE
VOTO Y ACLARACION DE VOTO-Diferencia
Encuentra la Sala de Revisión que este aspecto depende
directamente de que el número mínimo de Magistrados requeridos expresen su
voluntad de respaldar la totalidad de las decisiones contenidas en la parte
resolutiva de tal decisión. Es aquí cuando, frente a las posibles situaciones
que pudieran presentarse, aparecen las figuras que en la práctica judicial
colombiana se han denominado como aclaración y salvamento de voto. La primera
de ellas permite expresar la posición particular a aquellos participantes de la
decisión que habiendo acompañado con su voto la totalidad de las resoluciones,
discrepen total o parcialmente de la sustentación que las precede, mientras que
la segunda, el salvamento de voto, es la que permite a los disidentes de la
decisión explicar las razones por las cuales estuvieron en desacuerdo con
aquélla, según hubiere quedado planteado a partir de su voto negativo. Cabe
agregar que resulta posible expresar un salvamento parcial, en aquellos casos
en los que exista disenso solo frente a una parte de lo decidido, o simplemente
salvamento (que en tal medida se asumiría como total) cuando quiera que no se
comparta ninguna de las decisiones incorporadas en la providencia así aprobada.
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DISCIPLINARIO-Procedencia por vulneración del debido
proceso, defensa y acceso a  la justicia, al aprobar el mismo ponente fallo
disciplinario sancionatorio que había sido derrotado en Sala con anterioridad,
sin tener competencia para ello y existir cosa juzgada
Referencia: expedientes T-2.176.282, T-2.365.166  y T-2.405.772
Peticionarios:
Rubén Darío Campo Charris, María Antonia Cotes Pérez y Rafael Antonio Vélez
Fernández, respectivamente
Procedencia: Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria
Magistrado Ponente:
NILSON PINILLA PINILLA
Bogotá, D.C.,  cinco (5) de junio
de dos mil catorce (2014).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los  Magistrados Nilson Pinilla
Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en la revisión de los
siguientes fallos, todos dictados por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura: i) de diciembre 16 de 2008, revocatorio del
dictado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca (Sala Especial de Conjueces) el 20 de noviembre de
2008, dentro de la acción de tutela presentada por el señor Rubén Darío Campo
Charris contra Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria (expediente T-2.176.282); ii) de julio 3 de
2009 (Sala Especial de Conjueces), que revocó el dictado por otra Sala Especial
de Conjueces de la corporación Seccional antes mencionada, el 27 de abril de
2009, dentro de la acción de tutela presentada por la señora María Antonia
Cotes Pérez contra dicho Consejo Superior, Sala Jurisdiccional Disciplinaria
(expediente T-2.365.166), y iii) de agosto 12 de 2009, por parte de una
Sala mayoritariamente integrada por conjueces, revocatorio del dictado por el
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca (Sala Especial de Conjueces)
el 9 de febrero de 2009, dentro de la acción de tutela presentada por el señor
Rafael Antonio Vélez Fernández contra el Consejo Superior de la Judicatura,
Sala Jurisdiccional Disciplinaria (expediente T-2.405.772).
En cada caso, los expedientes
llegaron a la Corte Constitucional por remisión que se hizo en virtud de lo
ordenado por los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política y 32
del Decreto 2591 de 1991.
La Sala Cuarta de Selección
ordenó revisar el primero de ellos mediante auto de abril 3 de 2009.
Posteriormente, la Sala Décima de Selección, mediante auto de octubre 8 de 2009
decidió escoger para revisión los otros dos expedientes arriba referidos,
ordenando además acumularlos al T-2.176.282 para ser fallados en una sola
sentencia, si así lo consideraba la correspondiente Sala de Revisión.
I.  ANTECEDENTES
Los señores Rubén Darío Campo Charris, María Antonia
Cotes Pérez y Rafael Antonio Vélez Fernández, quienes en su momento se
desempeñaron como Magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura del
Atlántico, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, incoaron sendas acciones de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, al considerar
que esa corporación ha vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso,
defensa, presunción de inocencia, igualdad, trabajo, honra, buen nombre, mínimo
vital, habeas data, salud y libre desarrollo de la personalidad, por las
razones que en cada caso se expresan.
Las referencias fácticas de todos los demandantes
tienen en común el hecho de haber sido sancionados mediante dos distintas
decisiones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, en circunstancias que consideran irregulares, contrarias a derecho
y vulneratorias del debido proceso. Además, por esta razón, la entidad
accionada es, en los tres casos, la Sala análoga del Consejo Superior de la
Judicatura o sus integrantes.
1.1. Expediente T-2.176.282
1.1.1. Recuento fáctico
Rubén Darío Campo Charris instauró el 9 de octubre de 2008 acción de tutela al considerar que el Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria, vulneró sus
derechos fundamentales en mención, a partir de los siguientes hechos:
1. El actor se desempeñó como Magistrado
del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, desde julio de 1998, cargo que, según afirma, ejerció
siempre de manera pulcra, dando estricto y cabal cumplimiento a los deberes
inherentes al mismo, pese a las adversas condiciones en que debía desarrollar
su trabajo. Destaca especialmente el gran esfuerzo realizado para superar la
acumulación de procesos y el alto grado de congestión existente en su despacho
al momento de recibir el cargo.
2. Mediante decisión adoptada por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en abril de
2008 al término de un proceso disciplinario seguido en su contra (radicación
2004-1017-00) fue suspendido por el término de doce (12) meses en el ejercicio
de su cargo.
3. La sanción impuesta se originó en el presunto mal
rendimiento observado en el ejercicio del cargo por el accionante y por los
otros integrantes del referido Consejo Seccional[1], particularmente porque durante el tiempo que duró el
desempeño de sus funciones se decretó la prescripción de un alto número de
procesos disciplinarios.
4. El tutelante considera que la decisión adoptada en
su contra por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior es
injusta, entre otras razones por cuanto ignora importantes circunstancias
fácticas relativas a las adversas condiciones en que él y sus compañeros de
Sala cumplían sus labores, da por probados hechos que no lo estarían, y
sanciona por igual a todos los integrantes de su Sala, por situaciones que sólo
deberían imputarse a uno de ellos, como sustanciador de los procesos
disciplinarios cuyo desarrollo habría dado lugar a la configuración de las
faltas que les fueron imputadas[2].
5. En esta línea, explica el actor que más allá del
contenido concreto de esa decisión, la actuación disciplinaria de que fueron
objeto él y los otros demandantes presentó graves irregularidades en su trámite,
dentro de las cuales cabe destacar que el proceso respectivo se originó en una
indagación preliminar abierta contra el Magistrado Rafael Vélez Fernández, lo
que ocurrió simultáneamente con indagaciones iniciadas contra todos los
integrantes de la Sala por idéntico motivo (presunto bajo rendimiento a partir
del alto número de prescripciones decretadas). Según relata más adelante,
mientras que las diligencias disciplinarias en su contra fueron objeto de
archivo definitivo[3], lo  mismo que las dirigidas contra la Magistrada Cotes Pérez, las del doctor Vélez
Fernández no solo avanzaron, sino que dieron origen a la apertura de
investigación disciplinaria contra todos los integrantes de la Sala[4], que fue aquella dentro de la cual se dictó la
decisión sancionatoria aquí cuestionada.
6. Cuestiona también el hecho de que se hubiera dado
validez como prueba, además de haberle concedido gran importancia como tal, a
una inspección judicial adelantada en la sede del Consejo Seccional de la
Judicatura en Barranquilla, diligencia que el demandante estima ilegal.
7. Informa que la decisión sancionatoria reprochada se
adoptó por los miembros de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura de manera irregular, después de haber sido
formalmente negada por quienes en fecha anterior[5] a la del fallo sancionatorio[6] integraban esa Sala.
8. Relata que solicitó la nulidad de todo lo actuado a
partir del auto que dispuso el cierre del período probatorio e interpuso
recurso de reposición contra la decisión sancionatoria. Sin embargo, esas
solicitudes fueron negadas por la misma Sala Jurisdiccional Disciplinaria
accionada, en julio 9 de 2008.
9. Considera que la actuación disciplinaria
adelantada, y en particular el auto de formulación de cargos, la providencia
que negó la nulidad de la inspección judicial cuestionada y la decisión de no
admitir la procedencia de ningún recurso contra la sentencia sancionatoria “configuran
verdaderas vías de hecho que desdibujan su carácter judicial”. A este
respecto menciona gran cantidad de detalles que, en su concepto, demuestran el
carácter irregular del procedimiento seguido en este caso y de la decisión
adoptada a su término, hechos que en su concepto serían constitutivos de
defectos sustantivos, fácticos y procedimentales.
1.1.2. Pretensiones
El demandante Campo Charris pide al juez de tutela
amparar los derechos fundamentales invocados, para lo cual solicita: i) dar
validez a la decisión adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura adoptada el 28 de noviembre de 2007, por la
cual (según entiende) se le absolvió de las faltas que dentro del referido
proceso disciplinario se le imputaron; ii) que en desarrollo de esta última decisión
se le reintegre a su cargo y se le paguen los salarios y demás emolumentos
dejados de percibir como consecuencia de la sanción que le fuera aplicada; iii)
que a estas decisiones se les dé publicidad comparable a la que en su momento
tuvo la decisión sancionatoria, a través de la página web de la Rama
Judicial.
Más adelante, como pretensiones subsidiarias plantea
las siguientes: i) que se declare la nulidad de todo lo actuado dentro del
proceso disciplinario seguido en su contra y radicado bajo el número
2004-1017-01, por haberse tramitado por el procedimiento ordinario, no
aplicable a esta situación; ii) que se declare la nulidad de la inspección
judicial practicada por el Magistrado Auxiliar Miguel Ángel Barrera, por cuanto
el acta elaborada a partir de ella “contiene apreciaciones del comisionado
que le cercenan el carácter objetivo de prueba imparcial”; iii) que se le
ordene a la entidad accionada tomar una nueva decisión de fondo sobre el caso
planteado, en la cual deberá tenerse en cuenta “que en casi todos los casos
ha operado el fenómeno de prescripción y que respecto a los comportamientos
expresamente reprochados en el auto de cargos existe atipicidad”; iv) que
se reconozca la existencia de fuerza mayor como causal exonerativa de
responsabilidad disciplinaria, vistas las difíciles circunstancias en que los
funcionarios y empleados del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico
desempeñaban sus labores durante la época en que se originó esta investigación;
v) que como consecuencia de la nulidad de la sanción impuesta, se le reintegre
a su cargo y se ordene pagarle todos los salarios y demás emolumentos dejados
de percibir a partir del 15 de septiembre de 2008; vi) que se aclare a la
opinión pública que el aquí accionante nunca incumplió sus deberes; vii) que se
publique la decisión que le exonere de responsabilidad.
1.1.3.
Pruebas que obran en el expediente
El actor anexó un cuaderno que contiene tres
ejemplares de las pruebas documentales que solicita apreciar como demostración
de sus alegaciones y de la vulneración de derechos fundamentales que acusa,
cada uno de los cuales asciende aproximadamente a 300 folios. Entre ellas se
destacan:
·
Documentos que buscan demostrar “las
inhumanas condiciones en que laborábamos en la Sala Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura del Atlántico y su influencia en la producción
laboral”.
·
Documentos que demostrarían que el
Secretario de dicha Sala no incurrió en falta gravísima y que, en consecuencia,
los Magistrados que se abstuvieron de disciplinarlo tampoco incurrieron en
dicha falta.
·
Documentos que demostrarían que el
actor no fue un servidor negligente.
·
Documentos que demostrarían las
circunstancias en que se adoptó el fallo disciplinario, inicialmente derrotado
y posteriormente aprobado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura.
·
Documentos que pretenden acreditar
“las irregularidades cometidas durante el trámite del proceso radicado bajo
el número 2004-1017-01”, que considera violatorias de sus derechos
fundamentales.
1.1.4.
Trámite judicial
Esta acción de tutela fue dirigida al Consejo Superior
de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, pero recibida por la del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, donde el reparto
correspondió a la Magistrada Martha Patricia Zea Ramos, quien en octubre 10 de
2008 manifestó estar impedida al haber participado, como Magistrada encargada
en el Consejo Superior, en la decisión disciplinaria motivo de la acción de
tutela, por lo cual ordenó remitir el expediente al despacho del Magistrado que
le sigue en turno.
A continuación, sucesivamente la totalidad de los
Magistrados que integran la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de ese Consejo
Seccional de la Judicatura manifestaron sendas causales de impedimento,
relacionadas con el hecho de que el doctor Rafael Vélez Fernández, también
sancionado en la acción disciplinaria que dio origen a esta acción
constitucional[7], era para entonces Magistrado del Consejo Seccional
de la Judicatura de Cundinamarca, y por ende compañero de Sala de todos ellos,
quienes refirieron haberle expresado solidaridad y emitir públicamente
opiniones sobre la decisión aquí cuestionada.
Por su parte, el Magistrado Germán Londoño Carvajal se
declaró impedido al advertir su posible interés en el resultado de esta acción,
al estar ocupando en provisionalidad el cargo dejado vacante por el Magistrado
Vélez Fernández.
Así, la Sala a la que correspondió el trámite de esta
acción procedió en octubre 16 de 2008 al sorteo de dos conjueces para que
conocieran de ella, designación que recayó en los doctores Alberto Cárdenas
González y Jairo Gerardo Chávez Varela, quienes, con ponencia del primero de
ellos, el 20 del mismo mes emitieron un auto en el que, atendidas las reglas de
competencia contenidas en el Decreto 1382 de 2000, determinaron enviar la
acción para su conocimiento a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura.
Recibido el expediente en esa corporación Superior,
fue repartido al entonces Magistrado Henry Villarraga Oliveros, quien aceptó
que esa Sala sería la competente para conocer de esta acción. Sin embargo, “en
aras de garantizar el principio de la doble instancia, tanto como el del Debido
Proceso, en punto de la imparcialidad de los funcionarios judiciales”,
resolvió devolver este expediente a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional
de la Judicatura de Cundinamarca, para que conociera de él en primera
instancia.
Finalmente, mediante auto de noviembre 5 de 2008, en
consonancia con ese último pronunciamiento, los dos conjueces previamente
sorteados emitieron auto en el que aceptaron los impedimentos planteados por
todos los integrantes de la Sala, avocaron conocimiento de la acción y
ordenaron su notificación a los demandados.
1.1.5.  Respuesta de los Magistrados integrantes de la
Sala accionada
Practicadas las notificaciones, solamente se pronunció
en tiempo el abogado Carlos Mario Isaza Serrano, quien para noviembre de 2007
hacía parte, en calidad de Magistrado encargado, de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; en su respuesta, ratificó
la versión del accionante en el sentido de que esa Sala, por decisión
mayoritaria tomada en fecha que no menciona, derrotó el proyecto sancionatorio
presentado dentro del trámite del expediente 20041017-00 por el entonces
Magistrado Temístocles Ortega Narváez. Informó que “en dicha Sala, quienes
intervinimos para apartarnos de la citada ponencia… consideramos explícita o
implícitamente, yo lo hice explícitamente, que no había mérito para sancionar y
por consiguiente, se debía absolver a los procesados. Así terminamos decidiéndolo
en esa oportunidad”.
Manifestó también que a continuación se procedió al
sorteo de “un nuevo conductor del proceso que redactara la ponencia
absolutoria, que repito quedó de igual forma votada, porque al considerar que
no se debía sancionar sino absolver, no había cabida a más interpretaciones por
los operadores disciplinarios, respecto de la suerte final del proceso en
cuestión”, correspondiéndole al despacho a su cargo, por lo que impartió
instrucciones en este sentido a su Magistrado Auxiliar.
Sin embargo, refirió también que antes de estar listo
el nuevo texto de la decisión, se produjo la posesión de la nueva Magistrada
titular de ese despacho, doctora María Mercedes López Mora, terminando su labor
como Magistrado encargado, por lo que no le fue posible en su momento enterarse
“de la suerte final que corrió ese expediente”, indicando que
posteriormente supo “que la ponencia derrotada había sido revivida y llevada
a sala y aprobada, contra la decisión que se había adoptado de absolver a los
procesados en anterior oportunidad, dentro del referido expediente”.
Por su parte, la Magistrada María Mercedes López Mora
se pronunció también sobre la demanda de tutela, aunque en la misma fecha en
que ésta fue decidida en primera instancia, por lo que sus explicaciones no
alcanzaron a ser tenidas en cuenta en dicha providencia.
Esta Magistrada interviniente se opuso expresamente a
la prosperidad de la acción, defendiendo la validez de la decisión adoptada por
la Sala en abril 9 de 2008, respecto de la cual considera que no concurre
ninguna causal que haga procedente la tutela solicitada. Aunque reconoce que,
en efecto, la Sala reunida en noviembre 28 de 2007 no acogió la ponencia
entonces presentada por el Magistrado Temístocles Ortega Narváez, considera
errada la conclusión del actor en el sentido de que la no aprobación de esa
propuesta implicara la adopción de una decisión contraria, es decir, de
absolución.
En apoyo de su dicho, transcribió lo que hubiera sido
la parte resolutiva de la providencia estudiada y no aprobada en esa sesión de
noviembre 28, la cual incluía: i) la denegación de varias solicitudes de
nulidad propuestas por los otros dos disciplinados, Magistrados María Antonia
Cotes Pérez y Rafael Vélez Fernández; ii) la declaratoria de prescripción de la
acción disciplinaria en relación con más de 200 de los hechos investigados;
iii) la absolución de los tres Magistrados investigados, en relación con las
conductas estudiadas en otras 14 actuaciones; iv) la decisión de sancionar a
los tres investigados por conductas diferentes a las descartadas en los
numerales anteriores, y v) convertir en multa la sanción impuesta a la
Magistrada María Antonia Cotes Pérez, quien ya no seguía en la función. De ser
cierta la conclusión del demandante, debería entonces entenderse que la Sala
adoptó la decisión contraria frente a cada uno de estos puntos.
Resaltó que el presente caso no puede encuadrarse en
las normas del Reglamento de esa corporación (Acuerdo 012 de mayo 31 de 1994)
citadas por el actor, ya que existió una circunstancia especial no prevista en
aquél, como fue el cambio de titular del despacho que en su momento fue
encargado de proyectar la nueva decisión. En este orden de ideas, precisa que
la decisión que la Sala Jurisdiccional Disciplinaría del Consejo Superior
habría adoptado en noviembre 28 de 2007 resultaba inoponible a ella, por cuanto
para esa fecha aún no hacía parte de la corporación. Explica también que por
esa razón, al posesionarse del cargo de Magistrada gozaba de plena autonomía
para tomar decisiones o participar en las que se adoptaran a propuesta de otros
Magistrados, como en efecto hizo en este caso.
Refirió además que la posibilidad de que un nuevo
Magistrado manifieste su conformidad con un proyecto de decisión que hubiere
sido negado por la respectiva Sala con anterioridad a su posesión, no es un
hecho aislado o insólito dentro del Consejo Superior de la Judicatura, sino por
el contrario, una ocurrencia relativamente frecuente, según ilustra con varios
ejemplos, que pide al juez de tutela analizar.
Sostuvo que no puede hablarse de violación al
principio de cosa juzgada como consecuencia del proyecto sancionatorio aprobado
el 9 de abril de 2008, por cuanto solo es dable hablar de cosa juzgada cuando
existe ejecutoria, y en relación con las decisiones de carácter disciplinario
esta situación sólo se genera en cuanto la respectiva providencia haya sido
suscrita por el funcionario competente, cosa que según explica, no ocurrió
durante la Sala realizada el 28 de noviembre de 2007. En su opinión, como
resultado de lo sucedido en esta última fecha, el proceso quedó en su momento
sin definición, no pudiendo predicarse entonces efecto alguno de cosa juzgada.
Finalmente, refuta el entendimiento planteado por el
entonces Magistrado Carlos Mario Isaza Serrano con respecto a lo ocurrido en
este caso en la Sala cumplida el 28 de noviembre de 2007, a propósito de lo
cual solicita que se decrete el testimonio del también entonces Magistrado
Guillermo Bueno Miranda, quien asistió a dicha sesión, y de la señora
Secretaria Judicial de la misma Sala.
1.2. Expediente T-2.365.166
1.2.1. Recuento fáctico
María Antonia Cotes Pérez entabló el 3 de octubre de 2008 acción de tutela al considerar que la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, específicamente los entonces
Magistrados Temístocles Ortega Narváez, Angelino Lizcano Rivera, Martha
Patricia Zea Ramos y María Mercedes López Mora, vulneraron sus reclamados derechos fundamentales, a partir de los siguientes
hechos:
1. La actora se desempeñó también como
Magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura del Atlántico, cargo desde el cual tuvo la oportunidad de conducir
un proceso disciplinario adelantado contra varios jueces laborales de la ciudad
de Barranquilla, a propósito de la actuación que tuvieron dentro del conocido
caso de FONCOLPUERTOS, el cual concluyó con la destitución de aquéllos mediante
sentencia de abril 30 de 2004. Según informó, contra esta decisión se interpuso
recurso de apelación, que fue desatado por la respectiva Sala del Consejo
Superior de la Judicatura, la cual encontró que la acción disciplinaria se
encontraba prescrita. A su turno, ese hallazgo dio lugar a que en el mismo
fallo se diera la orden de compulsar copias para que se investigara a los
autores de la referida decisión.
Esa compulsación habría dado origen, desde
octubre de 2004, a la investigación disciplinaria (radicación 2004-2091-00) que
culminó en que fuera sancionada, mediante sentencia de abril 9 de 2008, con
tres (3) meses de suspensión en el ejercicio de su cargo, luego convertidos en
multa.
2. Indica que la referida actuación se
originó únicamente en la circunstancia de haberse considerado prescrita la
acción disciplinaria, pese a lo cual más adelante, al proferirse el pliego de
cargos[8] se incluyeron otros hechos posiblemente constitutivos
de falta disciplinaria, entre ellos la presunta remoción irregular de un
conjuez, la posible aprobación de decisiones sin las mayorías requeridas, la
orden al Secretario de no ingresar expedientes a su despacho durante varios
meses y el supuesto trato descortés hacia sus compañeros, lo cual estima que
contravino la regla prevista en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, en
cuanto “la indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del
que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean
conexos”.
Resalta que pese a haberse decretado y
practicado las pruebas que en su momento pidió con el ánimo de demostrar la
atipicidad de las faltas imputadas, fueron desestimadas y, por ello, hallada
responsable, conclusión que surgió de un débil y dudoso soporte probatorio, que
incluyó referencias tomadas de los descargos y versiones libres rendidas en el
mismo proceso por sus entonces compañeros de Sala, los Magistrados Rafael Vélez
Fernández y Rubén Darío Campo Charris, también investigados dentro de esa misma
actuación[9].
Agrega que una vez adoptada la decisión
sancionatoria en su contra, interpuso frente a ella recurso de reposición y
solicitó la nulidad de lo actuado, pero ambas peticiones fueron desestimadas
como improcedentes mediante auto de julio 9 de 2008, ignorando que en casos
semejantes (cita dos) tales recursos fueron tramitados.
3. Seguidamente, explica por qué esta
acción de tutela cumple los llamados requisitos generales de procedibilidad,
indicando que el asunto tiene suficiente relevancia constitucional, que se
cumple el criterio de inmediatez, que las alegadas violaciones al debido
proceso tienen efecto directo sobre el contenido de la decisión cuestionada y
que no se trata de tutela contra tutela. En cuanto a los requisitos
específicos, sostiene que en la decisión de abril 9 de 2008 contra la cual
dirige esta acción de tutela, se incurrió en defectos orgánico, procedimental,
fáctico y material o sustantivo, además de constituir una decisión sin
motivación y un desconocimiento de los precedentes aplicables.
4. El defecto orgánico
alegado en este caso consistiría en el hecho de haber sancionado situaciones
que a su entender hacen parte de la autonomía judicial, y que por lo mismo no
pueden dar lugar a una investigación disciplinaria, como son el supuesto relevo
irregular de un conjuez y la presunta aprobación de una sentencia sin las
mayorías necesarias. Respecto de los alcances de la autonomía judicial cita,
entre otras, las sentencias C-417 de 1993, T-094 de 1997, T-751 de 2005 y T-678
de 2007, de la Corte Constitucional.
El defecto procedimental,
que además califica como absoluto, habría consistido en el hecho de haberse
extendido la indagación preliminar y posteriormente la formulación de cargos a
hechos ajenos a los que dieron lugar a la compulsación de copias que dio origen
al proceso disciplinario. En ese sentido, informa también que los entonces
Magistrados Guillermo Bueno Miranda y Eduardo Campo Soto, miembros de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, salvaron su
voto.
En cuanto al defecto fáctico,
vendría dado por haber sido sancionada sin que, según afirma, existiera prueba
suficiente de las faltas disciplinarias imputadas, refiriéndose particularmente
al relevo del conjuez previamente designado para participar en la adopción de
la decisión sobre el caso FONCOLPUERTOS y la eventual falta de la mayoría
necesaria para decidir.
Afirma que esos hechos no podían asumirse
como faltas disciplinarias, por cuanto no existe norma que regule de manera
precisa las circunstancias en que los Consejos Seccionales de la Judicatura
deben designar conjueces, ni lo relativo a las situaciones en que sus
integrantes salvan o aclaran sus votos, por lo cual en relación con estos temas
no podría hablarse de incumplimiento de deberes. Sostiene que la única norma
que regula la designación de conjueces es el artículo 54 de la Ley 270 de 1996
(Estatutaria de la Administración de Justicia), y que en este caso no se dieron
los supuestos en ella contemplados, por lo cual la designación de conjuez fue
una actuación claramente errónea y, por lo mismo, era conducente su remoción.
A partir de estos criterios, y después de
rememorar los hechos a raiz de los cuales tuvieron lugar el nombramiento y
posterior remoción del conjuez y la adopción de la decisión, concluye que es
inadecuado que a partir de ellos se asuma la supuesta ocurrencia de hechos
susceptibles de sanción disciplinaria.
De otra parte, indica que no existió
dentro del proceso disciplinario seguido en su contra prueba de la orden que
supuestamente habría impartido al Secretario Judicial de la corporación, para
que se abstuviera de ingresar a su despacho nuevos expedientes hasta tanto
resolviera el caso de FONCOLPUERTOS, sobre lo cual invoca las estadísticas de
rendimiento de su despacho durante ese período, que acreditarían que lo
tramitado nunca se redujo y, por lo mismo, que no es cierto que diese tal
orden.
En relación con los aspectos probatorios
de la actuación disciplinaria seguida en contra suya, cuestiona dos
circunstancias más: i) que en algunos aspectos, especialmente en lo que le
desfavorece, se tuvo como prueba el contenido de las actas de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria de la cual ella hacía parte, mientras que en
otros, los que podrían beneficiarla, se refute el valor demostrativo de tales
actas, y ii) que para asumir como prueba en su contra los comentarios de los
Magistrados Campo Charris y Vélez Fernández, recogidos durante sus respectivas
diligencias de descargos, era menester que se les hubiese juramentado.
Por todo lo anterior, señala que la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura desatendió
la presunción de inocencia, garantizada en el artículo 29 constitucional y
olvidó también que toda decisión debe fundarse en pruebas legalmente
practicadas, lo que pone en evidencia el defecto fáctico cuya
perpetración aduce.
En lo relativo a la supuesta falta de
motivación que afectaría la decisión disciplinaria que ataca, llama la
atención sobre el hecho de que a través del proceso controvirtió la supuesta
existencia de una pluralidad de faltas disciplinarias, explicando que en
realidad existía un concurso aparente de tipos disciplinarios, aspecto que
habría sido omitido en la decisión final, sin hacer ninguna referencia al
mismo. Sobre el tema invoca jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia.
Más adelante, sostiene que al haberse
cuestionado el proceder de la Sala por ella presidida en torno a la designación
y posterior remoción de un conjuez, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior incurrió en desconocimiento del precedente judicial
aplicable, contenido en múltiples sentencias de la Corte Constitucional, que
cita, que han resaltado la imposibilidad de cuestionar mediante el ejercicio de
la acción disciplinaria las decisiones autónomamente adoptadas por los jueces.
Finalmente, critica que se hubiera tenido
por improcedente el trámite de una recusación presentada después de emitida la
decisión  disciplinaria, así como la dificultad para acceder al expediente en
los meses previos a la adopción de dicha decisión final, aspectos que serían
también violatorios del debido proceso y, por lo mismo, justificativos de la
acción de tutela interpuesta.
1.2.2. Pretensiones
La demandante Cotes Pérez pide al juez de tutela que
al amparar los derechos fundamentales invocados, deje sin efecto la decisión
sancionatoria cuestionada.
Adicionalmente, con apoyo en lo previsto en el
artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, y con el fin de evitar un perjuicio irremediable,
solicita que como medida provisional se suspenda el pago de la multa a la cual
fue condenada por la decisión del Consejo Superior de la Judicatura que
mediante esta acción repudia, teniendo en cuenta que carece de otra fuente de
ingresos distinta a la pensión que devenga, por lo cual el pago le resultaría
gravemente lesivo.
1.2.3.
Pruebas que obran en el expediente
La accionante Cotes Pérez relacionó un conjunto de
documentos que, según afirma, serían relevantes para el análisis de los hechos
demandados y la decisión de esta tutela, e incluye un cuaderno de pruebas (en
363 folios), que contiene algunas de las anunciadas. Entre los documentos
anexados se destacan i) el fallo disciplinario emitido por el Consejo Superior
de la Judicatura y los recursos por ella interpuestos, y ii) sentencias de esta
corporación y de otras autoridades judiciales, que demostrarían la validez de
las interpretaciones asumidas por los Magistrados investigados.
Adicionalmente, solicitó al juez de tutela practicar
inspección a los libros de actas del Consejo Seccional de la Judicatura del
Atlántico, con el fin de acreditar la inexistencia de la orden que
supuestamente habría dado al Secretario de no pasar a su despacho nuevos
expedientes, así como otras incidencias del proceso de FONCOLPUERTOS que estuvo
a su cargo y que resultarían relevantes contra la decisión disciplinaria que le
ha afectado.
1.2.4.
Trámite judicial
Esta acción de tutela fue inicialmente dirigida al
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, en cuya Sala Jurisdiccional
Disciplinaria correspondió a la Magistrada Martha Inés Montaña Suárez, quien
mediante auto octubre 7 de 2008, observando lo determinado en el Decreto 1382 de
2000, se abstuvo de asumir conocimiento y remitió el caso al Consejo Superior.
Recibido el expediente en esa corporación y repartido
a la Magistrada Julia Emma Garzón de Gómez, por auto de octubre 17 del mismo
año ella reconoció que esa Sala sería la competente para conocer de la acción,
pero con el propósito de garantizar el principio de la doble instancia, decidió
inaplicar para el caso concreto las reglas del citado Decreto y devolver el
expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, para que conociera de él en primera instancia.
Llegado el expediente nuevamente al despacho de la
Magistrada Montaña Suárez, en octubre 28 de 2008 esta funcionaria adujo haber
expresado públicamente su opinión sobre el asunto, en el cual además se
encontraba involucrado su compañero de Sala Rafael Vélez Fernández, por lo
cual, a efectos de garantizar imparcialidad, remitió el caso al Magistrado que
le seguía en orden alfabético.
Seguidamente y de manera sucesiva, otros siete
Magistrados integrantes de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca manifestaron sendas causales de
impedimento, la mayoría de ellas relacionadas con el hecho de que el doctor
Rafael Vélez Fernández, también sancionado dentro del trámite disciplinario que
dio origen a la acción de tutela[10], fuese Magistrado de esa misma Sala y, por tanto,
compañero de labores, aun cuando para esa fecha se encontraba cumpliendo la
suspensión ordenada en una de las sanciones. Estos Magistrados también anotaron
haberle expresado solidaridad al doctor Vélez Fernández y emitir públicamente
opiniones en relación con las decisiones aquí cuestionadas.
Con todo, dos de los impedimentos planteados
obedecieron a otras causas: i) el del Magistrado Germán Londoño Carvajal, estar
ocupando el cargo del suspendido Magistrado Vélez Fernández, por lo que podría
tener interés en las decisiones controvertidas; ii) el de la Magistrada Martha
Patricia Zea Ramos, haber tomado parte como integrante del Consejo Superior de
la Judicatura en la decisión objeto de la solicitud de tutela.
Por lo anterior, el 6 de noviembre de 2008 la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca procedió al sorteo de dos conjueces para decidir sobre los
impedimentos manifestados por ocho integrantes de la misma, y para resolver lo
que fuere del caso en relación con esta acción de tutela, designación que
recayó en los abogados Héctor Arenas Ceballos y Alberto Cárdenas González,
quienes en enero 13 de 2009 emitieron auto aceptando todos los impedimentos
planteados.
Además, mediante otra providencia de la misma fecha,
el conjuez ponente avocó conocimiento de la tutela interpuesta y ordenó su
notificación a los accionados, denegando la inspección judicial y la medida
provisional solicitadas por la demandante.
1.2.5.
Respuesta de los Magistrados integrantes de la Sala accionada
Según se observa en el cuaderno original de primera
instancia, los integrantes de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, guardaron silencio dentro del término de traslado y
tampoco enviaron al juez de tutela el expediente disciplinario antecedente, que
les fuera solicitado.
1.3. Expediente T-2.405.772
1.3.1. Recuento fáctico
Rafael Antonio Vélez Fernández, por
conducto de apoderado, entabló
el 6 de octubre de 2008 acción de tutela,
al considerar que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura vulneró sus derechos fundamentales ya referidos, a
partir de los siguientes hechos:
1. Relató que esa corporación adelantó una
investigación disciplinaria (la distinguida con el número de radicación
20041017-00) en contra suya y de otros dos Magistrados[11] del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico.
2. Indicó que una vez finalizada la
indagación, el Magistrado ponente Temístocles Ortega Narváez presentó a la Sala
un proyecto sancionatorio, que fue rechazado por la mayoría de los asistentes
durante la sesión de noviembre 28 de 2007, cuyo desarrollo consta en el acta
129, cuya copia adjuntó[12], proyecto que, en su entender, fue negado y quedó
como salvamento de voto, pues según agrega, en la misma fecha se encomendó al
Magistrado encargado Carlos Mario Isaza Serrano, integrante del grupo que se
opuso a la ponencia, proyectar el nuevo texto de la sentencia, cuyo contenido
debería recoger la decisión mayoritaria, absolutoria.
3. Señaló que poco tiempo después se
retiró del Consejo Superior de la Judicatura el encargado Isaza Serrano, al
llegar la Magistrada María Mercedes López Mora, elegida como titular de ese
despacho, quien después de asumir su cargo i) se rehusó expresamente a redactar
el fallo absolutorio, como era su deber; ii) decidió, sola y de manera
extemporánea, que estaba en desacuerdo con el fallo absolutorio y de acuerdo
con el condenatorio; iii) determinó, igualmente sola, fuera de tiempo y contra
todo derecho, remitir el expediente al doctor Temístocles Ortega Narváez, para
que él redactara el fallo condenatorio, conducta que, según afirma el actor, “constituye
una rebeldía insoportable en un estado de derecho” de parte de esta
Magistrada.
4. Más adelante, transcribió fragmentos de
la sentencia T-808 de 2007 de esta corporación, en la que se relacionan los
requisitos generales y especiales de procedibilidad de la tutela contra
decisiones judiciales y explica las razones por las cuales los considera reunidos
en su caso.
En torno a los segundos, afirmó que la
decisión sancionatoria de fecha abril 9 de 2008, con ponencia del Magistrado
Temístocles Ortega Narváez, contiene seis distintas graves violaciones a sus
derechos fundamentales, los cuales sustentó de la siguiente forma:
i) Defecto procedimental absoluto,
al haber violado el derecho constitucional a no ser juzgado dos veces por el
mismo hecho, en cuanto al producirse la decisión (sancionatoria) de abril 9 de
2008 existía ya una decisión sobre el caso, la absolutoria de fecha noviembre
28 de 2007.
En relación con este aspecto transcribió
apartes del acta 129, correspondiente a la sesión últimamente citada,
resaltando que la decisión final en relación con el proyecto del Magistrado
Ortega Narváez fue la de negarlo, lo que implica la decisión de absolver a los
investigados, entre ellos el actor de esta tutela, Magistrado Rafael Vélez
Fernández. Igualmente transcribió fragmentos del artículo 15 del Reglamento
Interno de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, resaltando que de esa norma se desprende que en ningún caso puede
haber más de una votación, que no es posible volver a votar y que la decisión
tomada en esa única votación es definitiva y vinculante, tanto para los
miembros de la corporación como para los disciplinados concernidos.
Sobre este aspecto citó y transcribió
también el artículo 56 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración
de Justicia, que gobierna lo relativo a la firma y fecha de las providencias y
conceptos, e incorporó una extensa transcripción de apartes de la sentencia
T-1087 de 2003 de esta corporación, en la cual se resolvió de manera favorable
un caso semejante al acá planteado.
ii) También defecto procedimental
absoluto, al actuar completamente fuera del diligenciamiento aplicable,
ignorando las reglas contenidas en el artículo 15 del Reglamento Interno de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que según resalta el actor, establecen que
sólo se realiza una votación y que si la ponencia es derrotada, se encargará a
otro Magistrado elaborar el nuevo proyecto, que recoja la tesis de la mayoría,
sin que haya lugar a una nueva votación.
iii) Igualmente defecto procedimental
absoluto, al ser vulnerado el derecho del actor al debido proceso, al tomar
decisiones y realizar actuaciones de facto que implican la invalidación de todo
lo actuado el 28 de noviembre de 2007, fecha en la que se sometió a votación el
proyecto sancionatorio originalmente presentado por el Magistrado Temístocles
Ortega Narváez, invalidación producida sin que existiera causal legal que la
justificara.
iv) Así mismo defecto procedimental
absoluto, en relación con el proceder de la Magistrada María Mercedes López
Mora, al no cumplir el deber que tendría, al momento de asumir su cargo, de
realizar las tareas asignadas a su antecesor como era, en lo que a este caso
interesa, redactar un nuevo proyecto de sentencia que reflejara la postura
mayoritaria evidenciada en la sesión del 28 de noviembre de 2007, en la que no
se aprobó la propuesta llevada por el Magistrado Temístocles Ortega Narváez.
v) Defecto orgánico, al haberse
proferido una decisión por parte de una autoridad que carecía de competencia
para ello. El actor se refiere a que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, al adoptar una decisión en su sesión de
noviembre 28 de 2007, en el proceso disciplinario seguido contra los ahora
demandantes, habría perdido facultad para volver a pronunciarse sobre el mismo
tema, y en ese sentido la posterior decisión, adoptada en abril 9 de 2008,
sería inválida, por falta de competencia.
En torno a este tema resaltó que, por
regla general, los jueces son incompetentes para revisar sus propias
decisiones, al adquirir éstas el efecto de cosa juzgada, que es lo que habría
ocurrido en este caso respecto de la determinación presuntamente tomada en
noviembre de 2007.
vi) Igualmente defecto orgánico, también
por falta de competencia, atinente específicamente a la actuación del entonces
Magistrado Temístocles Ortega Narváez, quien habiendo sido relevado de la
sustanciación del proceso disciplinario seguido contra los tres demandantes, en
razón a no haber acogido la Sala el proyecto de fallo por él presentado, y
habiéndose procedido a la designación por sorteo del nuevo ponente (Carlos
Mario Isaza Serrano, posteriormente reemplazado por María Mercedes López Mora),
Ortega Narváez reasumió ese rol y actuó otra vez como ponente, para proponer a
la misma Sala Jurisdiccional Disciplinaria en abril de 2008 la aprobación de un
proyecto idéntico al rechazado por esa Sala más de cuatro meses atrás.
Transcribió nuevamente un fragmento del fallo
T-1087 de 2003, para a partir de ello insistir en que cuando un proyecto es
desaprobado por la respectiva Sala, y su sustanciador no acepta cambiar su
posición para acoger la de sus colegas, pierde la competencia para seguir
actuando en esa calidad, razón por la cual el Magistrado Ortega Narváez no
podía volver a desempeñarse como ponente en relación con el mismo asunto, como
en este caso hizo.
1.3.2. Pretensiones
El apoderado del demandante Vélez Fernández pide así
al juez de tutela amparar los derechos fundamentales invocados, para lo cual
solicita: i) que se anule o declare sin valor ni efecto el fallo de 9 de abril
de 2008, en el cual se impone sanción, entre otros a su asistido; ii) que, en
consecuencia, se disponga la restitución de todos los derechos que venía
ejerciendo el referido Magistrado Vélez Fernández; iii) que se ordene a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura reponer todo
lo actuado a partir del momento en que el proceso disciplinario de que se trata
quedó en manos del nuevo Magistrado ponente, encargado de presentar un proyecto
que recogiera la posición de la mayoría, y iv) que se ordene a este ponente o a
quien haga sus veces dar cumplimiento al encargo de redactar un nuevo proyecto,
en el que se acojan las tesis de la mayoría, según lo decidido el 28 de
noviembre de 2007.
1.3.3.
Pruebas que obran en el expediente
También en este caso el actor allegó un conjunto de
documentos, a partir de los cuales buscó demostrar los hechos demandados, entre
los cuales incluye: i) extractos parciales de actas del Consejo Superior, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria, correspondientes a las reuniones de 28 de
noviembre de 2007 y 9 de abril de 2008; ii) copias de información suministrada
por la página web del Consejo Superior de la Judicatura y por la
Secretaria Judicial de la misma corporación, en relación con las actuaciones en
el proceso disciplinario sobre el cual se interpuso esta acción de tutela; iii)
copia del Reglamento Interno de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior, contenido en el Acuerdo 12 de mayo 31 de 1994 y sus posteriores
reformas.
Simultáneamente solicitó al juez de tutela recabar
toda la información que resulte disponible en relación con lo sucedido en las
reuniones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, correspondientes a los días
28 de noviembre de 2007 y 9 de abril de 2008, respecto del fallo disciplinario
confutado.
1.3.4.
Trámite judicial
También en este caso la acción de tutela fue
inicialmente dirigida al Consejo Superior de la Judicatura, siendo repartida al
Magistrado Angelino Lizcano Rivera, quien en octubre 8 de 2008 reconoció que
esa Sala sería competente para conocerla, de conformidad con lo previsto en el
Decreto 1382 de 2000, pero teniendo en cuenta que la misma carece de superior
jerárquico, así como de Salas paralelas u homólogas ante las cuales pudiera
surtirse la eventual impugnación de lo decidido, y en resguardo del derecho de
defensa, resolvió remitir el asunto a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, para que lo conociera en
primera instancia.
Llegado el expediente a esta última corporación, fue
repartido a la Magistrada Martha Inés Montaña Suárez, quien mediante auto de
octubre 20 de 2008 adujo haber expresado públicamente su opinión sobre el
asunto, lo que la situaba en la hipótesis prevista como causal de impedimento
en el numeral 4° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de
2004). Por esa razón, decidió remitir el asunto al Magistrado que le seguía en
orden alfabético.
A continuación, y de manera sucesiva, todos los demás
Magistrados que integraban la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de ese Consejo
Seccional de la Judicatura manifestaron distintas causales de impedimento,
principalmente las relacionadas con haber emitido opiniones sobre la decisión
controvertida y con haber manifestado solidaridad al actor Rafael Vélez
Fernández, integrante de la misma Sala, a propósito de la sanción que le fuera
impuesta. Por su parte, el Magistrado Germán Londoño Carvajal adujo interés en
la decisión, por encontrarse ocupando el cargo vacante por efecto de la sanción
que se discute en esta acción de tutela, y la Magistrada Martha Patricia Zea
Ramos informó haber participado de esa decisión al desempeñarse como Magistrada
encargada del Consejo Superior de la Judicatura.
Así, se procedió el 29 de octubre de 2008 al sorteo de
dos conjueces para que resolvieran los impedimentos planteados, y también para
que, llegado el caso, conocieran de la misma, designación que recayó en los
doctores Carlos Alberto Corrales Muñoz y Jairo Gerardo Chávez Varela, siendo
designado como ponente el primero de ellos.
Seguidamente, por auto de noviembre 5 de 2008, los dos
conjueces antes referidos aceptaron los impedimentos planteados por todos los
integrantes de la Sala, después de lo cual, mediante providencia de noviembre
14 del mismo año el conjuez ponente admitió la tutela interpuesta y ordenó su
notificación a los accionados, providencia que fue luego complementada por otra
del 26 del mismo mes y año, en la que se ordenó notificar al Magistrado que
para la fecha ocupaba el cargo dejado vacante por la suspensión del actor, así
como a cada uno de los integrantes de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura.
1.3.5.  Respuesta de los Magistrados integrantes de la
Sala accionada y del tercero con interés en la decisión.
Practicadas las notificaciones, se recibió vía fax
respuesta de la Magistrada María Mercedes López Mora, quien se pronunció sobre
esta acción en similares términos a como lo hiciera en la misma fecha respecto
de la tutela instaurada por el señor Rubén Darío Campo Charris, reseñados
páginas atrás en esta sentencia (punto 1.1.5.). Como se expresó, esta
interviniente se opuso a la prosperidad de la acción, realzando que al no haber
hecho parte de la Sala que negó el proyecto presentado por el Magistrado Ortega
Narváez el 28 de noviembre de 2007, no estaba obligada a proyectar decisión
absolutoria dentro del proceso disciplinario de marras, lo cual no constituye
un acto de rebeldía, como lo presenta el actor.
También intervino el Magistrado Germán Londoño
Carvajal, quien según se explicó, ocupaba el cargo transitoriamente dejado
vacante por el suspendido Magistrado Vélez Fernández y en tal medida fue
considerado como tercero interesado en las resultas de esta acción. Se opuso
así mismo a la prosperidad de la acción de amparo, controvirtiendo los
fundamentos expuestos por el apoderado del accionante, anotando que sin haber
participado en las situaciones que dieron origen a esta acción, sabe que es
cierto lo relatado en torno a la derrota del proyecto presentado en Sala de
noviembre 28 de 2007 por el Magistrado Temístocles Ortega Narváez, la
designación del doctor Carlos Mario Isaza Serrano como nuevo ponente, la
llegada de la Magistrada López Mora y la posterior aprobación por parte de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el 9 de abril de 2008, de un proyecto
semejante al previamente negado.
Sin embargo, se aparta de la calificación jurídica que
sobre estos hechos hizo el actor y expone que al no haber alcanzado el
encargado Isaza Serrano a llevar un nuevo proyecto a consideración de la Sala,
al asumir el cargo la Magistrada López Mora no estaba obligada a proyectar una
ponencia de contenido absolutorio, sino que en ejercicio de su autonomía tenía
plena libertad para elaborar un nuevo proyecto en el sentido que considerara
adecuado, estimando igualmente válido que decidiera obrar como en efecto hizo,
remitiendo el caso al despacho del Magistrado inicialmente a cargo de la
sustanciación, al estar de acuerdo con el contenido de su proyecto inicial.
Señaló además que no existe prueba de que la no aprobación del proyecto
presentado por el Magistrado Ortega Narváez obedeciera al hecho de que los
otros integrantes de la Sala consideraran procedente la absolución de los
disciplinados, lo que también reforzaría la validez de lo sucedido.
Invocando su amplia experiencia pasada como Magistrado
Auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura, el togado Germán Londoño
Carvajal relató que es una ocurrencia bastante frecuente en esa corporación que
después de haber sido derrotado un proyecto, el nuevo ponente presente otro en
cualquier otro sentido, que podría también ser derrotado y requerirse la
designación de un tercer ponente, quien queda en entera libertad de proponer la
decisión que considere conducente, a partir de lo cual concluyó que nada hubo
irregular ni calificable como vía de hecho en la actuación de la Magistrada
López Mora ni de quienes subsiguientemente integraron esa Sala, por lo que
solicita a los conjueces denegar la tutela solicitada en este caso por el actor
Vélez Fernández.
II.
LAS SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
2.1. Expediente T-2.176.282
2.1.1. Sentencia de primera instancia
El 20 de noviembre de 2008 una Sala Dual de Conjueces de
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca concedió la tutela interpuesta por el doctor Rubén Darío Campo
Charris y dispuso decretar la nulidad del proceso disciplinario seguido contra él,
desde la sentencia de abril 9 de 2008, inclusive.
Para hacerlo, dicha Sala realizó inicialmente una
sucinta reseña de la situación planteada y de la respuesta que oportunamente
diera a esta tutela el otrora Magistrado (e) Carlos Mario Isaza Serrano, y a
continuación efectuó una breve consideración sobre las condiciones bajo las
cuales procede la tutela contra decisiones judiciales, la cual concluye con una
cita del fallo T-1087 de 2003.
Al entrar en materia, la Sala afirmó encontrar
probadas en el presente caso dos graves situaciones, un defecto orgánico
y un defecto procedimental, que consideró suficientes para justificar la
prosperidad de esta acción, sin necesidad de adentrarse en los demás aspectos
alegados por el actor. Señaló este fallo que los hechos que originaron tales
defectos fueron corroborados por la declaración del referido Magistrado (e) de
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ponente
de la decisión que aquélla asumiría, al descartarse el proyecto elaborado por
el Magistrado Ortega Narváez.
El defecto orgánico hallado por el juez
de tutela es aquel en que habría incurrido el Magistrado Temístocles Ortega
Narváez al volver a actuar como ponente del proceso disciplinario contra el
aquí accionante, después de que su proyecto no fuera aprobado, expresamente,
por la Sala reunida en noviembre 28 de 2007, y al presentar a consideración de
aquélla una nueva ponencia, de contenido equivalente a la antes rechazada, que
finalmente fue aprobada en sesión de abril 9 de 2008, con la participación de
varios nuevos Magistrados, distintos a quienes decidieron sobre el particular,
más de cuatro meses antes.
Mientras tanto, el defecto procedimental
sería el que nace de la realización de tales actuaciones, pese a lo
expresamente previsto en el Reglamento Interno de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, Acuerdo 012 de 1994, cuyo artículo 15 literal g) dispone: “Si
el proyecto principal no tiene el mínimo de votos, el negocio pasará al
Magistrado que corresponda, mediante sorteo, para que redacte el nuevo proyecto
en el que se expongan las tesis de la mayoría. Este último proyecto podrá
discutirse otra vez, pero solo en cuanto a su forma y estilo, no requiriéndose
nueva votación.”
Por último, la Sala de Conjueces destacó la presunta ligereza
en que habría incurrido la Magistrada María Mercedes López Mora, quien al segundo
día hábil después de haber asumido su cargo dictó un auto, en el que resolvió
devolver el expediente al despacho del Magistrado cuya ponencia no había sido aprobada,
bajo el argumento de estar de acuerdo con el sentido de dicha ponencia, ello no
obstante el gran volumen del referido expediente, que haría inverosímil la
posibilidad de haberlo revisado en tan corto lapso.
Finalmente, la Sala a quo dijo seguir en este
caso el precedente sentado por la Corte Constitucional en la sentencia T-1087
de 2003, por la cual se resolvió un caso semejante, señalando que el autor de
un proyecto cuya ratio decidendi es derrotada y que no se acoge a la
posición de la mayoría, pierde competencia para redactar el nuevo proyecto, y
que por ello no resulta posible que el nuevo encargado resuelva devolver el
asunto al ponente original.
2.1.2. Impugnaciones
Notificada la anterior decisión, fue oportunamente
impugnada por las Magistradas Martha Patricia Zea Ramos, María Mercedes López
Mora y Julia Emma Garzón de Gómez, todas integrantes de la Sala autora de la
decisión controvertida por vía de tutela, y por el abogado Germán Londoño
Carvajal, quien invocó la calidad de tercero interesado.
Mediante auto de diciembre 1° de 2008, el conjuez
ponente en el Consejo Seccional concedió tal recurso y frente a la impugnación
presentada por las Magistradas Zea Ramos, López Mora y Garzón de Gómez precisó
que ellas carecerían de legitimidad para recurrir a título personal, pues en
este caso ello correspondería al Presidente de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, resolvió
conceder también estos recursos “en virtud del principio de informalidad que
rige la acción de tutela”.
Como sustento de su impugnación, la Magistrada María
Mercedes López Mora reiteró la mayor parte de las consideraciones que hiciera
en su extemporánea contestación, de las cuales cabe destacar i) que no puede
asumirse que la desaprobación del proyecto presentado en la sesión del 28 de
noviembre de 2007 implicaba la absolución de los disciplinados, pues ese
proyecto proponía varias distintas decisiones y el desacuerdo de los disidentes
podía referirse a cualquiera de ellas; ii) que en dicha oportunidad no se
produjo una decisión con fuerza de cosa juzgada, la cual solo puede generarse
cuando las providencias son firmadas, cosa que no ocurrió en el caso de autos;
iii) que en ese evento no resultaba aplicable la norma del Reglamento Interno
de la corporación citada por el actor y por los conjueces a quo, puesto
que se presentó una circunstancia no contemplada entonces,  como fue la
relativa a la reintegración de la Sala con ocasión del vencimiento del período
de uno de sus integrantes y del subsiguiente ingreso de un nuevo Magistrado en
propiedad; iv) que en consecuencia no es cierto que la Sala y sus entonces
integrantes carecieran de competencia para adoptar la decisión acordada el 9 de
abril de 2008; v) que el criterio de un juez o magistrado que por primera vez
entra a ejercer su cargo no puede verse limitado por las decisiones previamente
tomadas por antiguos  integrantes, de las cuales no ha participado; vi) que en
tales circunstancias no se presentó en este caso ninguna situación constitutiva
de vía de hecho, necesaria para que pudiera prosperar la tutela.
Por su parte, la sustentación de los recursos
interpuestos por las Magistradas Garzón de Gómez y Zea Ramos comparte la
mayoría de lo expuesto por la Magistrada López Mora, coincidiendo en señalar
que al interior de la Sala Disciplinaria es relativamente frecuente la
ocurrencia de situaciones como la aquí cuestionada, incluyendo el regreso de un
asunto al despacho de un anterior ponente cuyo proyecto hubiere sido negado, en
caso de que posteriormente se establezca que los integrantes de la Sala
respaldarán la aprobación de aquél.
De igual manera, concordaron en reprochar que la Sala
de Conjueces le hubiera concedido completa credibilidad al dicho del entonces
Magistrado Carlos Mario Isaza, ante lo cual solicitaron al juez de segunda
instancia escuchar la declaración de los otros Magistrados que se opusieron al
proyecto del Magistrado Ortega Narváez, así como la de la Secretaria Judicial
de la Sala, quien podría ilustrar al juez de tutela en torno a la ocurrencia de
tales situaciones, que estiman constituye el precedente vigente y aplicable a
este tipo de situaciones, al interior del Consejo Superior de la Judicatura.
Finalmente, el abogado Germán Londoño Carvajal,
Magistrado (e) del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, tercero
que se consideró afectado por la decisión de tutela de primera instancia,
sustentó su desacuerdo en razonamientos similares a los expuestos por las otras
impugnantes. Resaltó que en su entender no existió cosa juzgada a partir de la
decisión negativa acaecida en la sesión de fecha 28 de noviembre de 2007,
consideración a partir de la cual se descarta la ocurrencia de una vía de hecho
que abra paso a esta tutela.
Por su parte, el accionante Rubén Darío Campo Charris
hizo llegar, con destino a la corporación de segunda instancia, un escrito en
el que, a partir de las explicaciones contenidas en su demanda, procura refutar
los planteamientos de los impugnantes y solicita confirmar la decisión de
primera instancia.
Así mismo la abogada María Antonia Cotes Pérez,
también sancionada dentro del proceso disciplinario adelantado contra el actor[13], quien en tal condición fue notificada del fallo de
tutela de primera instancia, hizo llegar un escrito en el que pidió confirmar
esa decisión.
2.1.3. Sentencia de segunda instancia
Llegado el expediente a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para la decisión de las
impugnaciones, se presentaron también varios impedimentos, por parte de los
Magistrados Angelino Lizcano Rivera, Julia Emma Garzón de Gómez y María
Mercedes López Mora, las dos últimas, entre otras razones, por ser partícipes
de la decisión cuestionada y por haber presentado dos de los recursos a decidir.
Tales impedimentos fueron aceptados, mediante sendas
providencias de fecha diciembre 16 de 2008, quedando la Sala integrada para
efectos de este proceso, por los Magistrados Henry Villarraga Oliveros, José
Ovidio Claros Polanco, Carlos Arturo Ramírez Vásquez (e) y Pedro Alonso
Sanabria Buitrago.
En la misma fecha, bajo ponencia del entonces
Magistrado Villarraga, la Sala así conformada profirió sentencia de segunda
instancia revocando la decisión del a quo y negando la tutela solicitada
por Rubén Darío Campo Charris. Este fallo estuvo precedido de un extenso
recuento de los antecedentes del caso, de la actuación procesal surtida, de las
intervenciones presentadas, de las pruebas documentales obrantes en el
expediente, de la sentencia de primera instancia y de los recursos
interpuestos.
Más adelante, a propósito de la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, se cita la sentencia C-590 de
2005 de esta corporación, a partir de lo cual se acepta que el caso cumple las
denominadas causales genéricas de procedencia y que no se observa la presencia
de ninguna causal específica de improcedibilidad.
Respecto de las circunstancias en que el proyecto de
fallo del proceso disciplinario subyacente fue considerado y negado en
noviembre de 2007 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura, y la posterior aprobación, en abril de 2008, de un proyecto
de idéntico contenido al primero, realizó las precisiones que más adelante se
relatan, previa aclaración sobre la imposibilidad de tener como prueba en un
caso de esta naturaleza las actas de las sesiones de dicha corporación
disciplinaria. De igual manera, tomó en cuenta el contenido de los artículos 54
y 56 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996),
en cuanto regulan el proceso de toma de decisiones y suscripción de las
respectivas providencias.
Con apoyo en la última de las disposiciones citadas,
destacó esa Sala que las providencias judiciales llevan la fecha de la sesión
en la que son finalmente adoptadas, y no la de los días en que hubieren sido
registradas, analizadas o discutidas. Indica que todo lo ocurrido en torno a
ellas en sesiones anteriores a aquella en la cual son finalmente aprobadas, “son
apenas debates propios y necesarios que anteceden a la decisión, pero que como
tales, no son vinculantes”. Se refirió además a todas las incidencias que
pueden presentarse en relación con un proyecto puesto a consideración de la
Sala, las cuales incluyen la posibilidad de que quienes inicialmente hubieren
manifestado desacuerdo o reserva, finalmente lo acojan, o que el mismo ponente
cambie total o parcialmente de postura, a partir de los comentarios y propuestas
de sus compañeros de Sala.
Agrega también que la norma del Reglamento Interno de
esa corporación citada por el demandante y por el a quo, solo aplica
para los casos en que los Magistrados que expresan su desacuerdo han precisado
el alcance del mismo o cuando por contener el proyecto una única decisión puede
deducirse que la discrepancia abarca la totalidad del mismo, situaciones que no
se presentaron en el caso de autos. En torno al mismo tema, aduce que cuando el
Reglamento  señala que el proyecto será nuevamente discutido “solo en cuanto
a su forma y estilo”, no implica que el debate esté vedado, sino que en
razón a las ya anotadas circunstancias, no resulta necesario.
A partir de estas consideraciones y del análisis de
las constancias existentes en el acta de la sesión cumplida el 28 de noviembre
de 2007, cuya copia parcial obra en el expediente, el fallo de tutela del ad
quem descartó que pueda entenderse que en este caso se produjo una decisión
de fondo en esa fecha, supuesto necesario de los posibles defectos orgánico
y procedimental, sobre los cuales se edificó la sentencia de primera
instancia.
Evacuado este punto se refirió a otro aspecto
discutido por el actor, relacionado con el hecho de haberse declarado improcedente
el recurso de reposición que interpuso contra la sentencia que puso fin al
trámite disciplinario. Sobre este tema afirmó que pese a que bajo una
determinada lectura de las normas aplicables ese recurso podría considerarse
procedente, es igualmente válida la posibilidad contraria, acogida por la
práctica de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en el sentido de entender que
tal recurso no resulta viable.
Concluyó entonces que, aún admitiendo que en opinión
de algunas personas ese recurso pudiera tenerse como procedente, al tratarse de
un aspecto interpretativo, no resulta posible predicar la existencia de una vía
de hecho a partir de la determinación tomada por la Sala a ese respecto.
2.2. Expediente T-2.365.166
2.2.1. Sentencia de primera instancia
En este caso el abogado Héctor Arenas Ceballos,
conjuez ponente designado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, presentó inicialmente a
consideración del otro integrante de la Sala, Alberto Cárdenas González, un
proyecto en que se denegaba la acción de tutela instaurada por la doctora María
Antonia Cotes Pérez, el cual no fue aceptado por este último, quien anunció su
salvamento de voto. En tales circunstancias se procedió al sorteo de un nuevo
conjuez, responsabilidad que recayó en el abogado Efraín Mora Castillo, quien
mediante comunicación de febrero 25 de 2009 se declaró impedido para conocer
del caso. Designado un nuevo conjuez, el togado Víctor Manuel Zuluaga Hoyos,
tampoco estuvo de acuerdo con el proyecto presentado por el ponente Arenas
Ceballos, por lo cual se procedió a asignar la ponencia al conjuez Alberto
Cárdenas González.
Así las cosas, con el voto favorable de los conjueces
Cárdenas González y Zuluaga Hoyos y el salvamento de voto del inicial ponente
Arenas Ceballos[14], la Sala de Conjueces de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante
sentencia de abril 27 de 2009, concedió parcialmente la tutela solicitada por
la doctora María Antonia Cotes Pérez, con apoyo en las siguientes
consideraciones:
Después de efectuar un breve recuento de los hechos
que dieron lugar a esta acción de tutela y de aquellos que en criterio de la
actora hacen que se satisfagan los requisitos generales y especiales de
procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales, se concluyó que en
efecto se cumplen.
En esta primera exploración, encontró esa Sala que el
fallo disciplinario confutado por la actora Cotes Pérez contiene dos
irregularidades procesales, y que al menos la primera de ellas tiene
trascendencia suficiente para afectar el contenido de esa decisión. Se trata
del hecho de que dentro del proceso disciplinario se habría ignorado o
desconocido la regla contenida en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, según
el cual la indagación preliminar “no podrá extenderse a hechos distintos del
que fue objeto de denuncia, queja o iniciativa oficiosa y los que le sean
conexos”. La segunda, en todo caso violatoria del debido proceso, haberse
procedido a adoptar la decisión de fondo sin tramitar, más allá de su rechazo
de plano, la recusación presentada por la actora contra el entonces Magistrado
ponente.
El análisis del caso concreto está precedido de una
breve referencia a la más reciente línea jurisprudencial de esta corporación,
en lo que atañe a los así llamados requisitos especiales de procedibilidad. A
partir de ello, la Sala de Conjueces vuelve a profundizar su análisis sobre las
dos circunstancias referidas en el párrafo anterior, que a su juicio son
suficientes para justificar la concesión parcial de la tutela impetrada.
En torno al primer tema, resalta esa Sala, con apoyo
en lo previsto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, que se encontraría
probado el hecho de que el proceso disciplinario tuvo por objeto al menos
cuatro situaciones que no fueron mencionadas en el auto de apertura de la
precedente investigación (las relativas a los supuestos relevo irregular de un
conjuez, aprobación de una decisión sin las mayorías requeridas, orden de no
pasar expedientes a su despacho y trato descortés hacia sus compañeros de
Sala), pues esa circunstancia fue afirmada por la actora y no fue desmentida
por la corporación accionada, la cual se abstuvo de contestar la demanda de
tutela. Con base en esta premisa, y aun cuando se observa que tales presuntas
faltas sí fueron relacionadas en el subsiguiente pliego de cargos, estimó dicha
Sala que se afectó de manera irreparable el debido proceso de la actora, lo que
resultaría suficiente para que se conceda la tutela en lo que a este aspecto se
refiere.
De igual manera, consideró irregular la Sala de
Conjueces el hecho de que la Sala accionada hubiere omitido tramitar la recusación
planteada por la ex Magistrada Cotes Pérez, so pretexto de haberse proferido ya
la decisión y ser ésta de única instancia. Observó que a este respecto, en
vista de la ausencia de normas sobre el tema en la Ley 734 de 2002, era
imperativo aplicar los artículos 151 y 152 del Código de Procedimiento Civil,
el primero de los cuales prevé la posibilidad de que la recusación se proponga “en
cualquier momento del proceso, de la ejecución de la sentencia”, lo que
permite concluir que ni siquiera el hecho de haberse proferido fallo y de
encontrarse éste en firme, haría extemporánea la presentación de una
recusación.
Finalmente, precisó que en vista de que la actora
dirigió su cuestionamiento a los hechos ya relatados y no a otros, y
especialmente que no ofreció razones que permitieran controvertir la sanción
impuesta en lo relacionado con la supuesta prescripción de la acción
disciplinaria por ella adelantada en el caso de FONCOLPUERTOS, y que tampoco se
observa en este punto irregularidad alguna, la tutela no podría ser concedida
en lo que a este tema se refiere.
En armonía con estas consideraciones, la Sala decidió
conceder parcialmente la tutela solicitada por la actora Cotes Pérez, y en
desarrollo de esto, dejar sin efecto el fallo disciplinario de fecha 9 de abril
de 2008 controvertido por la tutelante, únicamente en lo que a ella se refiere.
Adicionalmente, la Sala precisó que dado que en razón
a la concesión parcial del amparo, las faltas disciplinarias imputables a la
demandante quedan reducidas a lo relativo a la prescripción de la acción
disciplinaria, cuya comprobación justificó la compulsación de copias, que a su
turno dio origen al proceso cuyo fallo se cuestiona, se hacía necesario que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura profiriera una nueva decisión en la que se redosifique la
sanción impuesta, por haberse basado la anterior en la supuesta ocurrencia de
un concurso de faltas disciplinarias, elemento que en razón a la parcial
concesión del amparo queda entonces desvirtuado.
2.2.2. Impugnación
En este caso, el fallo de tutela fue impugnado al
momento de su notificación por la doctora Marta Patricia Zea Ramos, quien en su
calidad de Magistrada encargada de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura participó de
la decisión controvertida, y posteriormente por el entonces Presidente de esa
Sala, Magistrado José Ovidio Claros Polanco.
Al sustentar su recurso, el Magistrado Claros Polanco
aludió a los desarrollos jurisprudenciales de esta corporación en torno a la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales,
indicando que en atención al principio constitucional de autonomía judicial,
aquélla no podrá abrirse paso en casos en los que se observe apenas una
disparidad de criterios entre el juez competente que ha decidido sobre un
proceso y el actor que cuestiona su fallo.
Adicionalmente, la actora María Antonia Cotes Pérez y
un apoderado especial por ella constituido para esos efectos, presentaron a
consideración de la segunda instancia sendos memoriales, solicitando la
confirmación del fallo recurrido, para lo cual reiteraron consideraciones
inicialmente vertidas en su demanda de tutela. Adicionalmente, informó la
demandante que su silencio respecto de la sanción relacionada con la posible
ocurrencia de la prescripción de la acción disciplinaria por ella proseguida en
el caso de FONCOLPUERTOS obedeció al hecho de haber sido absuelta por este
aspecto, lo que la Sala de Conjueces no pudo conocer al no haber recibido el
correspondiente expediente de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
2.2.3. Trámite y sentencia de segunda instancia
Recibido el expediente por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura fue repartido a la Magistrada Julia Emma Garzón de Gómez,
quien mediante comunicación de mayo 28 de 2009 se declaró impedida para conocer
del caso, informando que fue denunciada ante la Comisión de Acusaciones de la
Cámara de Representantes por uno de los Magistrados objeto de la sanción
disciplinaria controvertida.
Seguidamente los Magistrados Angelino Lizcano Rivera,
María Mercedes López Mora, Carlos Arturo Ramírez Vásquez, Pedro Alfonso
Sanabria Buitrago, Henry Villarraga Oliveros y José Ovidio Claros Polanco
plantearon también diversos impedimentos para conocer de este asunto, entre
ellos haber tomado parte en la decisión atacada y/o haber intervenido en el
fallo de otras acciones de tutela relacionadas con los mismos hechos aquí
controvertidos.
Frente a esta situación se procedió al sorteo de
conjueces para decidir sobre los impedimentos y eventualmente sobre el recurso
interpuesto en relación con esta acción de tutela. Después de que algunos de
los conjueces sorteados manifestaran su imposibilidad para participar de la
sesión en la que se definirían estos aspectos, se realizaron nuevos sorteos al
término de los cuales la Sala quedó integrada por los conjueces Fidalgo Javier
Estupiñán Carvajal, Edgar Alfonso Velilla de la Ossa, Isnardo Gómez Urquijo,
Jorge Armando Otálora Gómez, Jesús Antonio Guarnizo Palacio, Adolfo León
Castillo Arbeláez y Abel de Jesús Zapata Barros, quienes en providencia
calendada el 3 de julio de 2009 resolvieron aceptar los impedimentos. Posteriormente,
mediante sentencia de la misma fecha, la referida Sala de Conjueces resolvió
sobre las impugnaciones presentadas, decidiendo revocar el fallo de primera
instancia, para en su lugar negar el amparo solicitado por la ex Magistrada
María Antonia Cotes Pérez.
Después de relacionar los antecedentes fácticos del
caso, la actuación procesal desarrollada, las intervenciones de las partes, la
sentencia de primera instancia y las razones de la impugnación, la Sala de Conjueces
incorporó una extensa reflexión sobre el alcance restringido de la tutela
contra decisiones judiciales, de conformidad con la jurisprudencia de esta
corporación.
A partir de ello, consideró que en el caso de autos se
encuentran satisfechos los denominados requisitos generales de procedibilidad.
Por el contrario, respecto de la presencia de una o más causales específicas,
concluyó la Sala que no concurre ninguna, lo que justifica la negación de esta
tutela.
En relación con la primera circunstancia que la Sala a
quo estimó constitutiva de vía de hecho, esto es, que la indagación
preliminar y el posterior pliego de cargos se hubieran extendido a aspectos
distintos de los que fueron objeto de denuncia, entendió el ad quem que
al mirar en su debido contexto la norma que establece esta regla, se concluye
que ese hecho no lesionó el debido proceso ni otro derecho fundamental de la
accionante, por cuanto a la disciplinada se le permitió contestar el pliego de
cargos, solicitar pruebas y, en general, en todo momento del proceso pudo
ejercer su defensa, contando incluso con la asesoría y acompañamiento de un
profesional del derecho.
Seguidamente se refiere, aunque ese aspecto no fue
analizado por la sentencia de primera instancia, a la queja relativa al hecho
de no haberse tramitado el recurso de reposición interpuesto por la aquí demandante
contra la decisión sancionatoria. A este respecto afirma que tal decisión de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria obedece a la práctica sostenida hace años por
esa corporación, y que al tratarse de una controversia sobre la interpretación
realizada, conforme a la jurisprudencia de esta corporación, ello no podría ser
catalogado como vía de hecho que amerite tutela.
Finalmente, desestimó también el problema planteado en
torno a no haberse tramitado la recusación presentada por la doctora Cotes
Pérez contra el Magistrado Temístocles Ortega Narváez, por el hecho de haberse
proferido ya fallo disciplinario. A este respecto destacó que aparentemente la
recusación planteada llegó a conocimiento de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dos meses después de
emitido ese fallo, por lo cual resultaba manifiestamente extemporánea.
Indica además que las recusaciones que contra los
jueces se propongan deben ser debidamente fundamentadas a partir de las
causales previstas en la Ley y no en meras apreciaciones del sujeto procesado o
disciplinado, pues no resulta posible que él termine escogiendo al juez que se
hará cargo de su caso. Así las cosas, al considerar que la recusación planteada
en este caso no tomó en cuenta esas pautas, la Sala de Conjueces estimó que
tampoco en este caso se observa la presencia de una vía de hecho, a partir de
lo cual decidió negar la tutela solicitada por la accionante Cotes Pérez.
2.3. Expediente T-2.405.772
2.3.1. Sentencia de primera instancia
También en este caso el doctor Carlos Alberto Corrales
Muñoz, conjuez ponente designado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, puso a consideración del
otro conjuez integrante de la Sala Dual, Jairo Gerardo Chávez Varela, un
proyecto en que se denegaba la acción de tutela instaurada por el doctor Rafael
Antonio Vélez Fernández, el cual no fue aceptado por el segundo, anunciando su
salvamento de voto. En tales circunstancias se procedió al sorteo de un tercer
conjuez, responsabilidad que recayó en el abogado Carlos Torres Ochoa, quien
igualmente manifestó su desacuerdo con el referido proyecto.
Así las cosas, se designó como nuevo ponente al
conjuez Chávez Varela, y finalmente, con el voto favorable de éste y del
conjuez Torres Ochoa y el salvamento de voto del inicial ponente Corrales Muñoz[15], la Sala de Conjueces de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante
sentencia de febrero 9 de 2009, concedió la tutela pedida por el doctor Rafael
Antonio Vélez Fernández, con apoyo en las siguientes consideraciones:
Después de efectuar un breve recuento de los hechos
que dieron lugar a esta acción de tutela, de las pretensiones del accionante,
las respuestas de los accionados y los documentos que obran como prueba, la
Sala de Conjueces se adentró en el análisis de la situación generada al ser
derrotado el proyecto que el Magistrado Temístocles Ortega Narváez sometió a
consideración de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria el 28 de noviembre de
2007 para decidir de fondo, sobre el proceso disciplinario seguido contra los
actores de las tres acciones de tutela aquí acumuladas, el envío a un nuevo
ponente, la posterior devolución del expediente al despacho del ponente
original y la subsiguiente aprobación, cuatro meses después, del proyecto
derrotado o de otro de igual contenido.
A partir de la evidencia disponible en el expediente,
y especialmente de la declaración del antes Magistrado encargado Carlos Mario
Isaza Serrano, la Sala de Conjueces censuró la actuación cumplida por los
Magistrados López Mora y Ortega Narváez al considerar que, independientemente
de las razones específicas por las cuales los otros Magistrados concurrentes a
la precitada sesión de noviembre 28 de 2007 votaron en contra del proyecto que
se les propuso[16], de conformidad con el artículo 15 del Reglamento
Interno de esa corporación disciplinaria, estimó claro que el Magistrado cuya
ponencia fue rechazada por la Sala pierde definitivamente competencia para
volver a actuar como ponente, circunstancia que no podría ser subsanada por el
hecho de que posteriores integrantes de la misma Sala manifiesten su
conformidad con la ponencia previamente derrotada.
De otra parte, el conjuez ponente hizo explícito que
participó, también en calidad de conjuez, en la decisión de la tutela
interpuesta por el letrado Rubén Darío Campo Charris en relación con los mismos
hechos aquí debatidos, la que se resolvió en primera instancia mediante
sentencia de noviembre 20 de 2008, reseñada en el punto 2.1.1. de esta
providencia. En vista de esta circunstancia, y al manifestar que mantiene el
mismo criterio entonces expresado, incluye una extensa transcripción del
referido fallo.
Concluida la cita, resaltó que en razón a lo allí
expuesto, no puede aceptarse la explicación dada en su contestación por la
Magistrada María Mercedes López Mora, luego respaldada por el abogado Germán
Londoño Carvajal, conforme a la cual lo sucedido en la sesión del 28 de
noviembre de 2007 carece de relevancia al ser, según su criterio, completamente
incierto el sentido de la supuesta decisión allí adoptada.
Precisó que si bien es válido considerar que en esa
fecha no se produjo una sentencia, puesto que en acatamiento a lo previsto en
el Reglamento Interno de la corporación se encargó al Magistrado (e) Isaza
Serrano elaborar un nuevo proyecto que recogiera la posición de la mayoría, es
claro que sí se tomó una decisión acerca del sentido del fallo, la que en
consecuencia, no podía ser cambiada más adelante.
En refuerzo de estos razonamientos, incluyó citas
parciales del fallo T-1087 de 2003 de este tribunal, antes reseñado, subrayando
de manera especial las consideraciones que en su momento hiciera la Sala de
Revisión en torno a la pérdida de competencia del ponente cuya proyecto no es aprobado
y las razones que justifican esa necesaria consecuencia. Resaltó además que en
razón a la identidad de situaciones, existente entre el caso entonces decidido
y el puesto a consideración de la Sala de Conjueces, así como al hecho de que
este precedente proviene del órgano de cierre en materia constitucional, es
imperativo observarlo y decidir el caso planteado en armonía con aquél.
Como consecuencia de lo explicado, la Sala de
Conjueces consideró evidente que, en el caso, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior, incurrió en vía de hecho que afectó el
debido proceso contra el actor Rafael Vélez Fernández, razón suficiente para
conceder la tutela por él solicitada.
Finalmente, la Sala precisó que para materializar la
protección otorgada por esa sentencia de tutela, se declara nula la actuación
disciplinaria adelantada en este caso, a partir de la sentencia de abril 9 de
2008 inclusive, ordenándose a la Magistrada ponente María Mercedes López Mora,
o a quien la Sala Jurisdiccional Disciplinaria designe, reponer la actuación a
partir de ese punto, procediendo a proyectar un fallo absolutorio, en el
sentido decidido en la sesión del 28 de noviembre de 2007, para que en
desarrollo de lo previsto en el Reglamento Interno, sea aprobado y suscrito por
los integrantes de esa Sala.
2.3.2. Impugnación
En este caso el fallo de tutela fue impugnado al
momento de su notificación por las doctoras Marta Patricia Zea Ramos y Julia
Emma Garzón de Gómez, quienes en su calidad de Magistradas de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura participaron de la decisión controvertida. Estos recursos
fueron concedidos mediante auto de febrero 24 de 2009.
Al sustentar su recurso, la Magistrada Garzón de Gómez
insiste en que el proyecto negado en la Sala de noviembre 28 de 2007 contenía
distintas resoluciones, siendo incierto cuáles de ellas causaron el voto
negativo de los entonces Magistrados Bueno Miranda, Henao Orozco, Campo Soto e
Isaza Serrano. Reiteró que en tales condiciones no es posible afirmar que en
esa oportunidad se produjo un fallo disciplinario, ni que de él se derive
efecto de cosa juzgada, como aseveró el actor y aceptó el fallo de tutela, a
menos que se entienda que todas las decisiones propuestas fueron rechazadas,
incluso aquellas que resultaban favorables a los demandantes.
Señaló además que una lectura integral  del artículo
15 del Reglamento Interno de la corporación, demuestra que sí es viable que la
decisión final coincida en su contenido con un proyecto que hubiere sido negado
en una fase más temprana del procedimiento, como también que en tales
circunstancias un caso retorne al despacho de quien originalmente fungió como
ponente.
En esta misma línea, sostuvo que la actuación de la
Magistrada López Mora y de quienes en sesión del 9 de abril de 2008 aprobaron
el proyecto previamente improbado se encuentra amparada por el principio de
autonomía judicial, ya que sería imposible exigir que un juez falle en sentido
diferente al que le dicte su recta conciencia, como considera que en este caso
ocurrió. Sobre este aspecto la recurrente incorporó varias citas normativas y
jurisprudenciales, entre ellas el artículo 230 de la Constitución Política, el
artículo 5º de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de
Justicia) y fragmentos de la sentencia C-037 de 1996, mediante la cual esta
corporación realizó la revisión previa y automática de constitucionalidad de
esa ley.
De otra parte, explicó lo que fue su intervención en
la resolución del caso que dio origen a esta acción de tutela, señalando que el
9 de abril de 2008, poco tiempo después de su posesión como Magistrada de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria, participó en una sesión ordinaria durante la
cual el Magistrado Ortega Narváez presentó a consideración de los demás
integrantes de la Sala el proyecto con el que se resolvería el proceso
disciplinario radicado bajo el número
20041017-00, el cual fue considerado y votado por los asistentes, a partir de
su propia consideración sobre los hechos investigados.
Resaltó que según la práctica de las corporaciones
judiciales, los Magistrados suelen conocer los casos y proyectos de los que no
son ponentes únicamente en el momento en que son llevados a consideración de la
Sala. Agrega que aun si llegare a considerarse relevante lo sucedido en
relación con este caso en la sesión realizada en noviembre 28 de 2007, deberá
tenerse en cuenta que en las circunstancias ya indicadas, ni ella ni los demás
Magistrados que para esa fecha aún no tenían esta investidura, tenían
conocimiento al momento de recibir el proyecto presentado en abril de 2008 de
que el caso hubiera sido previamente debatido meses atrás, ni de la
trascendencia que esa anterior discusión tendría, razón que debería conducir a
la negación de la tutela pedida.
También sostuvo que, dentro del marco de su autonomía
como Magistrados, la razón principal para haber votado favorablemente el
proyecto propuesto por el Magistrado Ortega Narváez fue la de encontrarse
plenamente probada la responsabilidad de los tres servidores judiciales
investigados, especialmente en lo relacionado con la gran cantidad de
prescripciones que su inacción frente a los asuntos a su cargo permitió
configurar.
Señaló además que el hecho de que el autor de la ponencia
derrotada en noviembre de 2007 hubiera sido restablecido en su función y su
proyecto entonces rechazado fuera luego aprobado por los integrantes de la Sala,
es una ocurrencia usual al interior de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria,
que incluso cataloga como un precedente horizontal (en los términos de la
sentencia C-836 de 2001) que los Magistrados López Mora y Ortega Narváez se
limitaron a seguir, de buena fe y en desarrollo de su autonomía judicial. En
relación con este aspecto cita varios casos para entonces recientes, en los que
habría ocurrido exactamente eso, la posterior aprobación de proyectos
inicialmente rechazados por la Sala, obrando como ponente el mismo Magistrado
que inicialmente los propuso.
Finalmente solicitó al juzgador de segunda instancia
escuchar en declaración a los ex Magistrados Bueno Miranda, Henao Orozco y
Campo Soto, y a la Secretaria Judicial de la Sala, doctora Yira Lucía Olarte
Ávila, para que den su concepto sobre le alcance de lo ocurrido en la Sala de
noviembre 28 de 2007.
Por su parte, la ex Magistrada Zea Ramos sustentó su
recurso con argumentos similares a los de la Magistrada Garzón de Gómez,
discutiendo también el entendimiento del demandante sobre los efectos de lo
sucedido en la Sala realizada el 28 de noviembre de 2007, así como la
credibilidad que la Sala de Conjueces autora de la sentencia de primera
instancia asignó a la declaración del entonces Magistrado encargado Isaza
Serrano, frente a lo cual pidió también al juzgador ad quem recibir el
testimonio de los restantes Magistrados que participaron de esa reunión y de la
Secretaria Judicial de esa Sala.
2.2.3. Trámite y sentencia de segunda instancia
Recibido el asunto en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura, se repartió al entonces Magistrado Henry Villarraga Oliveros,
quien en un primer momento manifestó no tener impedimento frente al caso,
mientras los Magistrados Julia Emma Garzón de Gómez, Angelino Lizcano Rivera,
María Mercedes López Mora y Carlos Arturo Ramírez Vásquez sí plantearon
diversos impedimentos, entre ellos haber tomado parte en la decisión atacada o
en su ejecución, haber manifestado opinión y/o haber intervenido en el fallo de
otras acciones de tutela relacionadas con los mismos hechos aquí
controvertidos.
Más adelante, y pese a iniciales manifestaciones en
contrario, también se declararon impedidos los Magistrados Pedro Alfonso
Sanabria Buitrago, Henry Villarraga Oliveros y José Ovidio Claros Polanco.
Frente a esta situación se procedió al sorteo de
conjueces para decidir sobre los impedimentos planteados y eventualmente sobre
el recurso interpuesto dentro del trámite de esta acción de tutela. Teniendo en
cuenta que antes de adoptarse tales decisiones el Magistrado Ramírez Vásquez fue
reemplazado por la doctora Nancy Ángel Müller, la Sala quedó finalmente integrada
por esta Magistrada encargada, designada ponente, y por los conjueces Jorge
Armando Otálora Gómez, Jesús Antonio Guarnizo Palacio, Adolfo León Castillo
Arbeláez, Nicolás Enrique Zuleta Hincapié, Edgar Alfonso Velilla de la Ossa y Edilberto
Carrero López, quienes en providencia calendada el 12 de agosto de 2009, con
ausencia de los dos últimos, resolvieron aceptar los impedimentos expresados
por los seis Magistrados antes referidos.
Seguidamente, mediante fallo de la misma fecha, esa Sala
mayoritariamente integrada por conjueces resolvió sobre las impugnaciones
presentadas, decidiendo revocar el fallo de primera instancia, para en su lugar
negar el amparo solicitado por el Magistrado Rafael Antonio Vélez Fernández.
Después de relacionar los antecedentes fácticos del
caso, la actuación procesal desarrollada, las intervenciones de las partes, la
sentencia de primera instancia y las razones de la impugnación, la Sala efectuó
una sucinta reflexión sobre las reglas planteadas por la jurisprudencia de esta
corporación en torno a la procedencia de la tutela contra sentencias, resaltando
que se trata de un remedio constitucional extraordinario para situaciones
también extraordinarias de vulneración de los derechos fundamentales dentro de los
fallos judiciales.
Al estudiar frente a tales reglas las circunstancias del
caso concreto, consideró la Sala que pese a cumplirse las llamadas causales
genéricas de procedibilidad, no se observaba, en cambio, la ocurrencia de situaciones
que justificaran la prosperidad de la tutela solicitada. Frente a los hechos
sucedidos durante la sesión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de
noviembre 28 de 2007, descartó que pudieran tener la implicación que le
atribuyeron los demandantes, resaltando la dificultad para deducir el sentido
de la decisión que allí se habría adoptado, a partir del hecho de que la
resolución rechazada por la mayoría de la Sala contenía cinco distintas resoluciones
de diverso contenido.
De igual manera, resaltó que la principal razón que
soportó el voto favorable de los Magistrados presentes en la Sala realizada en
abril 9 de 2008, fue encontrar acreditada la responsabilidad disciplinaria del ahora
demandante y de sus compañeros de Sala, circunstancia que también conduce a descartar
la prosperidad del amparo solicitado.
III.  ACTUACIONES SURTIDAS ANTE LA
SALA DE REVISIÓN
Mediante auto de julio 9 de 2009, dentro del trámite
de revisión de la acción de tutela radicada como expediente T-2.176.282, antes
de la selección y acumulación de los otros dos casos[17], el Magistrado sustanciador decretó la petición de
algunos documentos a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura, así como la realización de una inspección judicial al expediente
200401017-00, que contiene la actuación disciplinaria en la cual se impuso sanción
de suspensión al Magistrado Campo Charris[18].
Practicadas esas pruebas, mediante auto de julio 23 de
2009 proferido por la entonces Sala Séptima de Revisión, se decretaron otras y
se suspendieron los términos para resolver en el presente asunto mientras se
recibía y evaluaba esa información, así como las otras pruebas que más adelante
pudieran decretarse.
Como resultado de las pruebas ordenadas en los dos
autos anteriormente mencionados, se recibieron y obran en el expediente los siguientes
documentos, comunicaciones e informaciones:
1. Dentro de la diligencia de inspección judicial
adelantada por el Magistrado Auxiliar adscrito al despacho del Magistrado
sustanciador, cuya acta obra a folios 79 a 84 del cuaderno de la Corte
Constitucional para el expediente T-2.176.282, se relacionaron gran parte de los
documentos examinados durante esa diligencia. De igual manera, como consta en
esa acta, se observa que antes de concluir la referida inspección, el Magistrado
Auxiliar a cargo de la misma solicitó y obtuvo copia de varias de las referidas
piezas procesales.
Advierte la Sala que en razón a la cantidad y
extensión de los documentos consultados, se relacionan a continuación
únicamente aquellos cuyas copias fueron incorporadas, no obstante lo cual, en
caso necesario, se hará completa mención de cualquiera documento que la Sala de
Revisión encuentre relevante en relación con lo planteado. Los documentos relevantes
cuya copia obra en el expediente de revisión son los siguientes:
a)      Copia
auténtica en 66 folios del acta 129 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, correspondiente a la sesión de noviembre 29 de
2007.
b)      Copia
auténtica, en 38 folios, del Reglamento Interno de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (Acuerdo N° 12 de mayo 31
de 1994).
c)       Copia
auténtica en 74 folios del acta 040 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior, sesión de abril 9 de 2008.
d)      Auto de 18
de mayo de 2004, suscrito por el Magistrado Temístocles Ortega Narváez, ordenando
realizar indagación preliminar sobre la situación del Magistrado Rafael Vélez
Fernández y la práctica de otras pruebas, entre ellas una inspección judicial
en la sede del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico (en 2 folios).
e)       Acta de
la diligencia de inspección judicial cumplida en la sede del Consejo Seccional
de la Judicatura del Atlántico los días 7 a 11 de junio de 2004 y 4 al 13 de
octubre del mismo año, adelantada por el Abogado Asistente Miguel Ángel Barrera
Núñez (en 6 folios).
f)       Auto de
18 de noviembre de 2004 suscrito por el Magistrado Temístocles Ortega Narváez,
por el cual se dispone la apertura de investigación disciplinaria contra los Magistrados
Rafael Vélez Fernández, Rubén Darío Campo Charris, Gerda Isabel Miketta Trillos
y María Antonia Cotes Pérez y se ordena practicar algunas pruebas relativas al
rendimiento laboral de los investigados (en 5 folios).
g)      Constancia
de notificación personal de esa providencia al Magistrado Rubén Darío Campo
Charris, diligencia cumplida el 16 de diciembre de 2004 (en 1 folio).
h)      Diligencia
de declaración jurada del Magistrado Rubén Darío Campo Charris, recibida en
Barranquilla en abril 18 de 2005, por el Magistrado Auxiliar Carlos Rafael
Juvinao Daza, comisionado al efecto, respecto del rendimiento laboral del
Magistrado Rafael Vélez Fernández (en 2 folios).
i)       Auto de 7
de diciembre de 2005, por el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura evalúa el mérito probatorio de la
investigación adelantada contra los Magistrados Rafael Vélez Fernández, Rubén
Darío Campo Charris, Gerda Isabel Miketta Trillos y María Antonia Cotes Pérez y
profiere pliego de cargos en contra de todos ellos, por diversas infracciones
disciplinarias, incluyendo otra falta específica contra el primero de los
nombrados (en 197 folios).
j)       Salvamento
de voto a la anterior decisión, suscrito por el Magistrado Eduardo Campo Soto el
30 de enero de 2006 (en dos folios).
k)      Notificación
personal de esa providencia a la Magistrada María Antonia Cotes Pérez, efectuada
el 16 de febrero de 2006 (en 1 folio).
l)       Documento
de descargos presentado por el Magistrado Rubén Darío Campo Charris (en 13
folios).
m)     Auto de junio
14 de 2006 por el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior decide sobre varias solicitudes de nulidad, cambio de la calificación,
acumulación y decreto de pruebas (en 32 folios).
n)      Constancias
de notificación personal de la anterior providencia a los Magistrados Rubén
Darío Campo Charris, Gerda Isabel Miketta Trillos y María Antonia Cotes Pérez y
a los apoderados especiales de esta última y del Magistrado Rafael Vélez Fernández,
diligencias cumplidas los días 29, 30 y 31 de agosto y 6 de septiembre de 2006
(en 2 folios).
o)      Auto de 10
de abril de 2007, por el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura resuelve varias solicitudes elevadas por la
Magistrada María Antonia Cotes Pérez.
p)      Fallo de
fecha 9 de abril de 2008, por el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior deniega unas solicitudes de nulidad, decreta unas prescripciones
y en unos aspectos absuelve y en otros sanciona a los Magistrados investigados.
q)      Oficio
enviado el 26 de noviembre de 2008 por la Secretaria Judicial de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a los abogados
Alberto Cárdenas González y Jairo Cháves Varela, Conjueces de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, respecto del cumplimiento de la sentencia de tutela de primera instancia
dictada dentro de la acción instaurada por el Magistrado Campo Charris (en 1
folio).
r)       Auto de 9
de julio de 2008 por el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior decide varias solicitudes de los Magistrados disciplinados, respecto
al fallo de abril 9 del mismo año (en 13 folios).
s)       Auto
proferido por el Magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez, de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior, el 22 de enero de 2009,
haciendo constar que en razón a la revocatoria del fallo de tutela de primera
instancia recaído en el caso del Magistrado Rubén Darío Campo Charris, no se
hace necesario que esa corporación realice otra actuación, por lo cual se ordena
el archivo del expediente disciplinario.
2. Comunicación radicada el 28 de julio de 2009 por la
Secretaria Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, en relación con la solicitud de información dirigida
al ex Magistrado de esa Sala Temístocles Ortega Narváez, respecto de las
circunstancias que rodearon la adopción del fallo disciplinario ahora
confutado.
En esta comunicación la señora Secretaria de esa Sala informó
que se dio traslado de tal solicitud al ex Magistrado Ortega Narváez, al tiempo
que, en ejercicio de su cargo, ella suministra  información sobre el asunto
consultado.
Según expone, “en sesión de Sala N° 129 del 28 de
noviembre de 2007 fue negada la ponencia presentada por el mencionado ex
Magistrado dentro del proceso radicado bajo el N° 200401017-00… y pasó por
sorteo al doctor CARLOS MARIO ISAZA SERRANO, quien fungía como Magistrado en
provisionalidad para esa fecha”. Más adelante agregó: “Como la doctora MARÍA
MERCEDES LÓPEZ MORA tomó posesión de dicha Magistratura de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria en propiedad el 07 de diciembre de 2007, devolvió
el expediente al Despacho del doctor TEMÍSTOCLES ORTEGA NARVÁEZ, argumentando
que estaba de acuerdo con la ponencia que le había sido negada a él en sesión
de Sala N° 129 del 28 de noviembre de 2007; por esta razón el doctor
TEMÍSTOCLES ORTEGA NARVÁEZ reasumió la competencia, y llevó ponencia a Sala, la
cual fue aprobada sesión N° 040 del 09 de abril de 2008 en donde se tomó
decisión.”
3. El 30 de julio de 2009 se recibió otra comunicación
suscrita por el Magistrado Claros Polanco, para entonces Presidente de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quien dio
respuesta a dos solicitudes de información contenidas en el auto de julio 23 de
ese mismo año.
En torno a la posible regulación de la diligencia de
registro de proyectos de fallo dentro de los trámites internos de esa Sala,
remitió copia completa del Reglamento Interno de la misma[19], así como del Manual de Funciones de su Secretaría
Judicial[20], indicando que la reglamentación existente sobre el particular
es la que consta en tales documentos.
Por otra parte, a propósito de los relevos sucedidos
al frente de los despachos que conforman esa Sala, mientras se adelantó la
investigación disciplinaria que dio origen a la primera de estas acciones de
tutela, así como el trámite de las otras tutelas sobre las cuales decide ahora la
Sala de Revisión, informó sobre los nombres y períodos de los distintos
integrantes de aquella Sala, tanto titulares como en calidad de encargados,
desde octubre de 2007 hasta la fecha de esa comunicación.
4. El 10 de agosto de 2009 se recibió en el despacho
del Magistrado sustanciador una comunicación enviada por el ex Magistrado
Temístocles Ortega Narváez, pronunciándose sobre los aspectos consultados en el
auto de julio 23 anterior.
Sobre el particular, señaló que el hecho de que el
proyecto de su autoría llevado a Sala para la sesión de noviembre 28 de 2007
hubiera sido NEGADO, según se observa en la correspondiente acta, en ningún
caso implicaba que la mayoría hubiera descartado la responsabilidad
disciplinaria de los Magistrados entonces investigados, pues por el contrario,
según afirma, la Sala o por lo menos la mayoría de sus integrantes acogieron el
supuesto contrario, esto es, la responsabilidad de los ahora accionantes.
Explica que esa es la razón por la cual el proyecto
regresó a su despacho para ser nuevamente presentado a la Sala Plena en busca
de la aprobación de sus integrantes, como finalmente ocurrió en el subsiguiente
mes de abril.
En este sentido afirmó que los desacuerdos que dieron
lugar a la negación de su ponencia, tuvieron que ver con diversos criterios de
los cuales dependía la ocurrencia de la prescripción respecto de algunas de las
faltas investigadas y la dosificación de las sanciones que se impondrían. A
partir de esas reflexiones desmiente una de las principales razones en las que
se apoyan estas solicitudes de tutela, como es la relacionada con haber
revivido un proyecto ya derrotado, cuando ya se había adoptado una decisión
diferente (la de absolverlos).
Finalmente señala que conforme a la práctica de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria de la cual hizo parte, cuando un proyecto es
negado, ello implica  la necesidad de volver a llevar a la Sala y someter a
votación un proyecto alternativo, elaborado por el Magistrado a quien se
hubiere adjudicado, en búsqueda del número de votos que hagan posible adoptar
una decisión en uno u otro sentido, práctica que en su concepto explica lo que
ocurrió en este caso.
5. Antes y después de la práctica de estas pruebas, los
tres Magistrados demandantes en las acciones de tutela sobre las cuales decide
la Sala, dirigieron distintas comunicaciones, en las que ponen en conocimiento
informaciones y hechos noticiosos acaecidos durante este tiempo, relativos a la
conducta de algunos de los integrantes anteriores y actuales de la accionada Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en su
sentir contribuyen al entendimiento del contexto dentro del cual se presentaron
los sucesos controvertidos. Así mismo solicitaron resolver con prontitud, lo
cual no se había podido cumplir en razón a varias circunstancias, entre ellas
la complejidad de cada una de las tres acciones aquí acumuladas y la ingente cantidad
de asuntos que congestionan este tribunal, pese a lo cual la Sala Sexta de
Revisión se permite presentar a los actores una disculpa por la tardanza
registrada en la elaboración y aprobación de esta sentencia de tutela.
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Primera. Competencia
Es competente la Corte Constitucional
para analizar en sede de revisión el asunto acumulado en referencia, según lo
dispuesto en los artículos 86 y 241- 9 de la Constitución Política y 31 a 36
del Decreto 2591 de 1991.
Segunda. Lo que se analiza
Corresponde a esta Sala de Revisión determinar si los derechos fundamentales invocados
por los señores Rubén Darío Campo Charris, María Antonia Cotes Pérez y Rafael Antonio
Vélez Fernández, entre ellos el debido proceso, el derecho de defensa, el
acceso a la administración de justicia, la presunción de inocencia, la
igualdad, el trabajo, la honra, el buen nombre, el mínimo vital, el hábeas
data, la salud y el libre desarrollo de la personalidad, han sido vulnerados
durante o con ocasión de las actuaciones disciplinarias que contra ellos adelantó
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
concluidas mediante dos distintos fallos condenatorios, ambos fechados el 9 de
abril de 2008. Uno de ellos, el que puso fin al proceso disciplinario con
número de radicación 2004-1017-00, que aunque afecta a todos ellos, fue
controvertido en sus respectivas tutelas por los entonces Magistrados Campo
Charris y Vélez Fernández, mientras que el otro, por el cual se resolvió la
actuación adelantada bajo el expediente 2004-02091-00, también contra los tres
actores, fue debatido solo por la accionante Cotes Pérez.
Más allá de las razones que usualmente justifican la
acumulación de varios expedientes de tutela seleccionados para revisión por este
tribunal, la Sala observa que en este caso se trata de situaciones de hecho que
de manera simultánea involucran a los actores de las tres demandas de tutela aquí
acumuladas.
En efecto, todos ellos laboraron, en lapsos parcialmente
coincidentes, como Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, y en tal condición fueron
investigados y a la postre sancionados por el Consejo Superior de la Judicatura,
Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en dos separados diligenciamientos disciplinarios,
dentro de los cuales habría vulnerado sus referidos derechos fundamentales bajo
diversas circunstancias, razón por la cual la corporación autora de tales
sanciones es el sujeto pasivo de la acción de tutela en los tres casos.
Esta circunstancia determina entonces que buena parte
de las reflexiones conceptuales que la Sala efectuará para fundamentar las decisiones
que en esta providencia se adoptan, tengan relevancia respecto de los distintos
reclamos planteados en los tres casos.
Ahora bien, teniendo en cuenta que las dos decisiones
que en estos casos se cuestionan por vía de tutela fueron emitidas por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que
conforme a lo previsto en  el artículo 116 superior es un órgano administrador
de justicia, como también que los actores enfocaron sus demandas desde esta perspectiva,
la Sala comenzará por hacer referencia a las reglas conforme a las cuales las
decisiones judiciales pueden ser excepcionalmente invalidadas por vía de
tutela.
De otra parte, vista la diversidad de
derechos fundamentales invocados, debe la Sala precisar que aquellos que más
directamente podrían verse afectados como consecuencia de las actuaciones
disciplinarias censuradas son, naturalmente, los derechos al debido proceso, a la defensa y de acceso a la
administración de justicia, quedando la posible vulneración de todos los demás sujeta
a lo que previamente se concluya en relación con aquéllos.
Lo anterior por cuanto, en caso de observarse
que las actuaciones disciplinarias seguidas en contra de los tres demandantes, han
sido correctas y que, por ende, no existe vulneración de los referidos
derechos, se entendería entonces que ellos están jurídicamente obligados a
afrontar el desfavorable resultado de las mismas, lo que implicaría que
cualquier eventual afectación de derechos tales como el trabajo, la honra, el
buen nombre, el mínimo vital o la salud debería ser igualmente asumida por ellos,
como consecuencia de tales sanciones. Viceversa, en caso de encontrarse lesionados
el debido proceso, el acceso a la  administración de justicia y el derecho de
defensa, podría entonces contemplarse la posible vulneración de esos otros
derechos.
Por lo anterior, la Sala se detendrá a considerar, en
primer término, las distintas facetas y el contenido específico que el derecho
al debido proceso está llamado a tener dentro del ámbito de las actuaciones que
la Constitución Política encomienda a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura. Seguidamente, se referirá a los alcances de
los derechos de defensa y acceso a la justicia dentro de ese mismo contexto. Y
en tercer lugar, en la medida en que una de los accionantes aduce la vulneración
del primero de estos derechos, en lo que atañe a la autonomía necesaria para ejercer
la función jurisdiccional disciplinaria de la que también ella era titular, la
Sala de Revisión estudiará además este aspecto.
Posteriormente, con base en esos planteamientos, se
abordará el estudio de los casos concretos, para lo cual se examinará si de lo
probado durante el trámite de estas acciones de tutela resultan una o más reales
vulneraciones de los derechos al debido proceso y/o los derechos de defensa y
de acceso a la justicia, a partir de lo cual se adoptarán las decisiones que
correspondan. Conforme a lo antes explicado, en este punto se analizaría
también, a partir del resultado de esa primera exploración, la eventual afectación
de los otros derechos fundamentales invocados, entre ellos el trabajo, la salud,
la honra, el buen nombre y los demás cuya posible vulneración depende de lo que
se concluya en relación con la corrección de esas actuaciones disciplinarias.
Por su parte, en lo atinente a los hechos denunciados,
se estudiará en primer término lo relativo a la actuación disciplinaria
adelantada bajo el expediente de radicación 20041017-00
y su respectivo fallo, controvertidos por los actores Campo Charris y Vélez
Fernández. Seguidamente se mirará lo relativo al otro proceso disciplinario, el
contenido en el expediente número 200402091-00, en el que pese a haberse
impuesto distintas sanciones a los tres actores, solo la ex Magistrada Cotes
Pérez interpuso tutela.
Tercera. Por
regla general, la acción de tutela no procede contra decisiones judiciales que
pongan fin a un proceso
3.1. Como es bien sabido, mediante la sentencia C-543
de octubre 1º de 1992 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo) esta Corte
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 (también,
desde otro enfoque, fueron entonces excluidos del ordenamiento jurídico los
artículos 11 y 12 ib.), normas que establecían reglas relacionadas con el
trámite de acciones de tutela contra decisiones judiciales que pongan fin a un
proceso, cuya inconstitucionalidad derivó de afirmarse la improcedencia del
amparo contra tal clase de providencias, salvo si se trata de una ostensible y
grave “actuación de hecho”, perpetrada por el propio funcionario
judicial.
Entre otras razones, se consideró inviable el especial
amparo constitucional ante diligenciamientos reglados, dentro de los cuales
están previstos, al interior del respectivo proceso judicial, mecanismos de
protección de garantías fundamentales.
Al respecto, al estudiar el asunto frente al tema del “principio
democrático de la autonomía funcional del juez”, reconocido expresamente en
la carta política y en preceptos del bloque de constitucionalidad, esta Corte
determinó que el juez de tutela no puede extender su actuación a resolver la cuestión
litigiosa, obstaculizar el ejercicio de diligencias ordenadas por el juez
ordinario, ni modificar sus providencias, o cambiar las formas propias de cada
juicio, lo cual sí violaría gravemente los principios constitucionales del
debido proceso[21].
En el referido pronunciamiento se expuso (en el texto
original sólo está en negrilla “de hecho”, del primer párrafo que se
cita):
“Ahora bien, de conformidad con el concepto
constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen
esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus
resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado.
En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u
omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no
significa que proceda dicha acción contra sus providencias. Así, por
ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha
incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que
proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni
riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones
de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o
amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar
un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada
la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de
la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo
por el juez ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º
del Decreto 2591 de 1991). En hipótesis como éstas no puede hablarse de
atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se
trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia.
Pero, en cambio, no está dentro de las atribuciones
del juez de tutela la de inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial en
curso, adoptando decisiones paralelas a las que cumple, en ejercicio de su
función, quien lo conduce, ya que tal posibilidad está excluida de plano en los
conceptos de autonomía e independencia funcionales (artículos 228 y 230 de la
Carta), a los cuales ya se ha hecho referencia.
De ningún modo es admisible, entonces, que quien
resuelve sobre la tutela extienda su poder de decisión hasta el extremo de
resolver sobre la cuestión litigiosa que se debate en un proceso, o en relación
con el derecho que allí se controvierte.
No puede, por tanto, proferir resoluciones o mandatos
que interfieran u obstaculicen diligencias judiciales ya ordenadas por el juez
de conocimiento, ni modificar providencias por él dictadas, no solamente por
cuanto ello representaría una invasión en la órbita autónoma del juzgador y en
la independencia y desconcentración que caracterizan a la administración de
justicia (artículo 228 C.N.), sino porque, al cambiar inopinadamente las reglas
predeterminadas por la ley en cuanto a las formas propias de cada juicio
(artículo 29 C.N.), quebrantaría abierta y gravemente los principios
constitucionales del debido proceso. Lo anterior sin tener en cuenta la ostensible
falta de competencia que podría acarrear la nulidad de los actos y
diligencias producidos como consecuencia de la decisión con los consiguientes
perjuicios para las partes, la indebida prolongación de los procesos y la
congestión que, de extenderse, ocasionaría esta práctica en los despachos
judiciales.
De las razones anteriores concluye la Corte que no
procede la acción de tutela contra ninguna providencia judicial, con la única
salvedad del perjuicio irremediable, desde luego aplicada en este evento como
mecanismo transitorio supeditado a la decisión definitiva que adopte el juez
competente.”
Las razones tenidas en cuenta para apoyar esta
posición jurisprudencial se hallan consolidadas, con la fortaleza inamovible
erigida por lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 243 superior, a partir de la declaratoria de inexequibilidad de
los removidos artículos del Decreto 2591 de 1991, como quiera que la parte
resolutiva de dicha sentencia está protegida por la garantía de la cosa juzgada
constitucional, luego es de obligatoria observancia.
En sustento de esa decisión,
entre otras consideraciones convergentemente definitorias, se plasmó además lo
siguiente (sólo están en negrilla en el texto original las expresiones “alternativo”,
“último” y “único”):
“La acción de tutela no es, por
tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar
el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de
protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos
que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena
protección de sus derechos esenciales.
Se comprende, en consecuencia,
que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más aún,
cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede
pretenderse adicional al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86
de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de
otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya culminado en un
pronunciamiento definitorio del derecho. Bien puede afirmarse que,
tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el
medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus
remotos orígenes.”
En relación con el mismo asunto,
y particularmente sobre el cumplimiento por parte del proceso de una “función
garantizadora del derecho”, agregó (no está en negrilla en el texto
original):
“Así, pues, no corresponde a las reglas de
hermenéutica ni se compadece con los principios de la lógica asumir que el
Constituyente de 1991 consagró la acción de tutela como medio de defensa contra
los resultados de los procesos que él mismo hizo indispensables en el artículo
29 de la Constitución para asegurar los derechos de todas las personas.
Debe entenderse, por el contrario, como lo ha entendido desde su instauración
el constitucionalismo, que los procesos han sido instituidos en guarda de la
justicia y la equidad, con el propósito de asegurar a los gobernados que el
Estado únicamente resolverá las controversias que entre ellos se susciten
dentro de límites clara y anticipadamente establecidos por la ley, con el
objeto de evitar los atropellos y las resoluciones arbitrarias, desde luego
dentro de la razonable concepción, hoy acogida en el artículo 228 de la Carta,
sobre prevalencia del derecho sustancial, cuyo sentido no consiste en eliminar
los procesos sino en impedir que el exagerado culto a las ritualidades
desconozca el contenido esencial y la teleología de las instituciones
jurídicas.
Así concebido, el proceso cumple una función
garantizadora del Derecho y no al contrario, razón por la cual no puede
afirmarse que su efectiva aplicación ni la firmeza de las decisiones que con
base en él se adoptan tengan menor importancia para la protección de los
derechos constitucionales fundamentales que el instituto previsto en el
artículo 86 de la Constitución.”
Del mismo fallo C-543 de 1992, refréndase que “si
la tutela es un mecanismo subsidiario o supletorio, según queda demostrado, es
clara su improcedencia cuando ya se han producido no sólo un proceso, en el
cual se encuentran comprendidos todos los recursos y medios judiciales que
autoriza la ley, sino también una providencia definitiva que puso fin al mismo”.
Igualmente, con fundamento en que el constituyente
estableció jurisdicciones autónomas y separadas cuyo funcionamiento ha de ser
desconcentrado, ese fallo indicó que “no encaja dentro de la preceptiva
fundamental un sistema que haga posible al juez, bajo el pretexto de actuar en
ejercicio de la jurisdicción Constitucional, penetrar en el ámbito que la
propia Carta ha reservado a jurisdicciones como la ordinaria o la contencioso
administrativa a  fin de resolver puntos de derecho que están o estuvieron al
cuidado de estas”.
3.2. Sin embargo, a partir de algunas manifestaciones
que la propia Corte incluyó dentro de esa providencia, entre ellas que los jueces
de la República tienen el carácter de autoridades públicas y pueden incurrir en
“actuaciones” de hecho, fue dándose origen a la doctrina de la vía de
hecho, a partir de la cual, de forma muy excepcional, se permite el uso de la
acción de tutela para cuestionar aquellas “decisiones” que por
contrariar de manera grave, flagrante y grosera el ordenamiento constitucional,
no puedan en realidad reputarse como verdaderos pronunciamientos judiciales.
Así, siendo claro e indiscutible que también los
administradores de justicia deben respeto a la Constitución y a las leyes, más
aún en el ejercicio de sus competencias, ello implica que las decisiones
judiciales han de ser adoptadas con estricto apego al ordenamiento jurídico, en
el cual la primacía de los derechos fundamentales ocupa un lugar significativo.
En ese sentido, el proceso ordinario constituye el espacio idóneo para lograr
la corrección de las actuaciones que constituyan afectaciones a esas garantías.
En la jurisprudencia se vino desarrollando de tal forma,
desde 1993, la noción de la vía de hecho[22], al igual que, en los últimos años, la concepción de
algunos requisitos generales de procedencia y las causales especiales
de procedibilidad.
Con todo, es preciso recordar que la acción de tutela
procede para aquellos eventos en los cuales se presente una verdadera
conculcación de un derecho fundamental, lo cual suele traducirse en actuaciones
arbitrarias, ostensiblemente opuestas al ordenamiento jurídico, al punto de
requerirse la intervención del juez de tutela como única vía para su
restablecimiento, pues de otra forma el instrumento de amparo consignado en el
artículo 86 superior habría de convertirse en un mecanismo de enmienda de las
decisiones judiciales, interpretación que resulta por completo ajena a la
especial naturaleza con la cual ha sido concebida la acción de tutela.
En esta misma línea, la Corte ha realzado que la
circunstancia de que el juez de tutela pueda, por rigurosa excepción, revisar
una decisión judicial tildada de arbitraria, no lo convierte en juzgador de
instancia, ni puede llevarle a sustituir a quien lo es. En efecto, el amparo constitucional
constituye una confrontación de la actuación judicial con el texto superior,
para la estricta verificación del cumplimiento y garantía de los derechos
fundamentales, que no puede conducir a que se imponga una interpretación de la
ley o una particular forma de apreciación probatoria, que se considere más
acertada a la razonadamente expuesta en el proceso y en la sentencia respectiva[23].
A su vez, es importante exponer que si bien la
jurisprudencia constitucional ha ampliado paulatinamente el ámbito de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, pese a la
claridad y al efecto de cosa juzgada (art. 243 Const.) que es inmanente a las
decisiones contenidas en la sentencia C-543 de 1992 antes referida, no sería
menos pertinente mantener atención sobre los parámetros de racionalidad dentro
de los cuales el legislador extraordinario de 1991 quiso enmarcar la
procedencia de esta acción.
En este sentido, es oportuno añorar el contenido del
inciso final del parágrafo 1° del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que por
esa decisión fue declarado inexequible: “La tutela no procederá por errónea
interpretación judicial de la ley ni para controvertir pruebas.”
3.3. De otra parte, la sentencia C-590 de junio 8 de
2005 (M. P. Jaime Córdoba Triviño), circunscrita al estudio y declaración de
inexequibilidad de un segmento normativo del artículo 185 de la Ley 906 de
2004, que conducía a la proscripción de la acción de tutela contra sentencias
de casación penal, contiene también importantes reflexiones, muy pertinentes al
propósito de fijar el espacio estrictamente excepcional dentro del cual es
constitucionalmente admisible la tutela contra decisiones judiciales.
Sobre el tema, expuso en esa ocasión esta Corte que “no
puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho
legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de
instancia” (no está en negrilla en el texto original, como tampoco en
las trascripciones siguientes).
En esa misma providencia se sustentó previamente:
“21. A pesar de que la Carta Política indica
expresamente que la acción de tutela procede ‘por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública’ susceptible de vulnerar o amenazar derechos
fundamentales, en algunos ámbitos se ha cuestionado su procedencia contra
sentencias, no obstante tratarse de actos emanados de jueces y tribunales en
tanto autoridades públicas y la consecuente posibilidad, aunque sumamente
excepcional, de que a través de tales actos se vulneren o amenacen derechos
fundamentales.
Sin embargo, el panorama es claro ya que como regla
general la acción de tutela no procede contra decisiones judiciales y esto
por varios motivos. Entre ellos, en primer lugar, el hecho que las
sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y
realización de los derechos fundamentales proferidos por funcionarios
profesionalmente formados para aplicar la Constitución y la ley; en segundo
lugar, el valor de cosa juzgada de las sentencias a través de las cuales se
resuelven las controversias planteadas ante ellos y la garantía del principio
de seguridad jurídica y, en tercer lugar, la autonomía e independencia
que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público inherente
a un régimen democrático.
En cuanto a lo primero, no puede desconocerse que la
administración de justicia, en general, es una instancia estatal de
aplicación del derecho, que en cumplimiento de su rol debe atenerse a la
Constitución y a la ley y que todo su obrar debe dirigirse, entre otras cosas,
a garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución, incluidos, obviamente, los derechos fundamentales. Si
esto es así, lo obvio es que las sentencias judiciales se asuman como
supuestos específicos de aplicación del derecho y que se reconozca su
legitimidad en tanto ámbitos de realización de fines estatales y, en
particular, de la garantía de los derechos constitucionales.
En cuanto a lo segundo, no debe perderse de vista que
el derecho, desde la modernidad política, es la alternativa de legitimación del
poder público y que tal carácter se mantiene a condición de que resulte un
instrumento idóneo para decidir, de manera definitiva, las controversias
que lleguen a suscitarse pues sólo de esa forma es posible definir el alcance
de los derechos y crear las condiciones necesarias para su adecuado disfrute. De
allí el valor de cosa juzgada de que se rodean las sentencias judiciales y la
inmutabilidad e intangibilidad inherentes a tales pronunciamientos, pues de no
ser así, esto es, de generarse una situación de permanente incertidumbre en
cuanto a la forma como se han de decidir las controversias, nadie sabría el
alcance de sus derechos y de sus obligaciones correlativas y todos los
conflictos serían susceptibles de dilatarse indefinidamente. Es decir, el
cuestionamiento de la validez de cualquier sentencia judicial resquebrajaría el
principio de seguridad jurídica y desnudaría la insuficiencia del derecho como
instrumento de civilidad.
Y en cuanto a lo tercero, no debe olvidarse que una
cara conquista de las democracias contemporáneas viene dada por la autonomía e
independencia de sus jueces. Estas aseguran que la capacidad racionalizadora
del derecho se despliegue a partir de las normas de derecho positivo y no de
injerencias de otros jueces y tribunales o de otros ámbitos del poder público.
De allí que la sujeción del juez a la ley constituya una garantía para los
asociados, pues estos saben, gracias a ello, que sus derechos y deberes serán
definidos a partir de la sola consideración de la ley y no por razones
políticas o de conveniencia.
22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la
acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos
ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales
inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las
sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción
en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente
excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que
vulneran o amenazan derechos fundamentales.”
3.4. Empero, luego de esos categóricos raciocinios, en
la citada providencia fueron compilados los denominados “requisitos generales
de procedencia” y las “causales generales de procedibilidad”, siendo
catalogados los primeros de la siguiente manera:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[24].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[25]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos
los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar
en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[26]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora[27].
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible[28]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa
a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé
cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[29]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de
los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho
más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no
seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas.”
Adicionalmente se indicó que, “para que proceda
una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la
existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben
quedar plenamente demostradas”, siendo agrupadas de la siguiente forma:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina
cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece
del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos
en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[30] o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado[31].
i. Violación directa de la Constitución.”
3.5. Recapitulando esos desarrollos jurisprudenciales,
merece también especial atención el criterio de esta Corte en cuanto a la labor
específica del juez de tutela, en punto a que no puede desconocer “los
conceptos y principios de autonomía, independencia de los jueces, acceso a la
administración de justicia, seguridad jurídica y vigencia del Estado social de
derecho”[32].
Es entonces desde las rigurosas perspectivas expuestas
en precedencia, donde además converge el deber impostergable de ofrecer amparo
efectivo a los derechos fundamentales y el compromiso de acatar los principios
que han sido enunciados, que el juez debe avocar el análisis cuando se
argumente por quienes acudieron a un proceso judicial la presunta violación de
garantías fundamentales, como resultado de las providencias entonces
proferidas.
Cuarta. El derecho fundamental al debido proceso dentro
del marco de las actuaciones jurisdiccionales disciplinarias
Según lo establece el artículo 29 de la Constitución
Política, el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales
y administrativas. De ello se desprende que, al margen del carácter jurisdiccional
que corresponda a la función disciplinaria atribuida por el texto superior a la
respectiva Sala del Consejo Superior de la Judicatura, resulta imperativo que en
su desarrollo se observen plenamente las garantías asociadas con este derecho. Por
esta razón, es necesario referirse como punto de partida al concepto básico de
este derecho y a los principales aspectos que él comprende, así como a las
particularidades que pueden caracterizarlo en su aplicación a los procesos
disciplinarios, para a partir de ello poder valorar la actuación de la
corporación accionada dentro de los trámites sancionatorios cuyo desarrollo dio
lugar a las solicitudes de tutela.
En sentido estricto, el concepto de debido proceso
alude al derecho que tienen  todas las personas involucradas en una determinada
actuación, encaminada a la toma de una decisión que adjudica derechos o impone
obligaciones, para que durante el curso de la misma se cumplan de manera
rigurosa los pasos y etapas previamente señalados en la norma que regula ese
específico asunto.
El objeto de esta garantía es entonces que quienes
participan de ese trámite o procedimiento (de allí el nombre de debido proceso),
no resulten sorprendidos por el abuso de poder de la autoridad que lo dirige o
de aquellos sujetos que defienden intereses contrapuestos a los suyos, lo que además
sería contrario a la igualdad y pondría en serio riesgo los derechos
sustanciales cuya garantía o efectividad se persigue a través del diligenciamiento.
Por el contrario, se busca que todos los involucrados puedan prever, en lo que fuere
previsible, el desarrollo subsiguiente y futuro del diligenciamiento de su
interés, y a partir de ello decidir sus futuras actuaciones y comportamiento
procesal y anticiparse de manera efectiva a las contingencias que pudieran surgir,
sea a partir de la actuación de los demás sujetos interesados o por otras
causas.
Como es sabido, la preocupación por garantizar la
predecibilidad de los trámites y procedimientos a cargo de una autoridad
pública surge originalmente hace más de dos siglos en el campo del juzgamiento
penal, como una forma de prevenir los efectos de la arbitrariedad del soberano
en la toma de tales decisiones, cuya gravedad sería directamente proporcional a
la de las sanciones imponibles, que podían llegar incluso a la pena de muerte. Tiempo
después, esa preocupación se entendió justificada y el respectivo derecho
resultó extendido a todo tipo de actuaciones judiciales y, más recientemente, a
los trámites y actuaciones administrativas, como en 1991 quedó expresamente
incluido para Colombia, en el artículo 29 de la Constitución Política.
Así, el principal objetivo del debido proceso
es ser prenda de garantía de una decisión justa, que se emite al término del
procedimiento previamente establecido normativamente, cuyo contenido depende de
lo que resulte probado dentro de aquél, una vez que todos los distintos sujetos
han tenido la oportunidad de intervenir en defensa de sus derechos e intereses.
Con todo, en cuanto, según se expuso, las actuaciones judiciales o
administrativas tienen por objeto la adjudicación de derechos u obligaciones
respecto de los sujetos involucrados, quienes usualmente persiguen intereses
contrapuestos, es claro que la decisión será a menudo desfavorable para uno o
más de ellos, sin que por esa sola razón pueda aducirse una supuesta vulneración
del debido proceso.
Más allá de ese concepto general de debido proceso,
cuyo imperio depende entonces de lo que para cada caso haya establecido la ley
o el reglamento, con vigencia que debe materializarse en todo tipo de
actuaciones judiciales y administrativas (art. 29 Const.), el texto superior señala
en artículos subsiguientes otras garantías particulares que en tal medida forman
parte de este derecho fundamental, y que son aplicables principalmente, aunque
no de manera exclusiva, a los procesos penales, que como se anotó, fue el escenario
dentro del cual tuvo su origen este concepto.
Entre ellas deben mencionarse el derecho a la libertad
personal y la prohibición de ser detenido salvo que medie un mandamiento
judicial escrito (art. 28); los principios de tipicidad, necesidad de ley
preexistente al acto que da lugar a la sanción, juez natural, favorabilidad y
presunción de inocencia, el derecho de defensa, la publicidad del proceso, la
posibilidad de presentar pruebas y la de controvertir las que aduzca el
contrario, el derecho de impugnar la sentencia condenatoria y la garantía de no
ser juzgado dos veces por el mismo hecho (art. 29); el derecho de hábeas corpus
(art. 30); el principio de doble instancia y la prohibición de la reformatio
in pejus  (art. 31); la garantía de no ser obligado a declarar contra sí
mismo ni contra los parientes más próximos (art. 33); la prohibición de ciertas
penas (art. 34); y las reglas sobre extradición y derecho de asilo (arts. 35 y
36).
Otras varias garantías procesales han sido delineadas
por la jurisprudencia, respecto de algunas situaciones específicas. Al mismo
tiempo, esta corporación ha sido prolífica en el análisis de cuáles de esas
facetas del debido proceso resultan aplicables frente a los distintos tipos de
actuaciones judiciales y administrativas, señalando también que algunas de
ellas pueden considerarse pertinentes a diversas situaciones, aunque con
distinta intensidad, dependiendo de las circunstancias del caso concreto, de la
trascendencia y de la instrumentalidad de las formas. Dentro de este contexto, como
ya se mencionó, la investigación y el juzgamiento de los delitos son los tipos
de actuación que reclaman mayor nivel de garantismo.
Se ha debatido activamente cuáles de las garantías
propias del debido proceso resultan aplicables a las actuaciones y procesos disciplinarios,
interrogante que reviste mayor interés en cuanto resultan parcialmente
asimilables a los procesos penales, por el carácter sancionatorio que es común
a ambos. Sin embargo, es cierto que existe también cercanía entre este contexto
y las actuaciones administrativas, perspectiva que conferiría un distinto
alcance a las precauciones y garantías procesales aplicables.
De otra parte, existe gran variedad de trámites que
pese a tener importantes diferencias en cuanto a los sujetos involucrados y a la
implicación social de las actividades que son objeto de control, serían todos genéricamente
encuadrables dentro del concepto de actuaciones disciplinarias. En todo caso, es
común a todos ellos el hecho de existir una autoridad que, en cuanto titular de
la acción y el poder disciplinarios, tiene la potestad de imponer sanciones a determinado
sujeto como consecuencia del incumplimiento de una o más reglas de conducta inherentes
a la función u oficio que aquél desempeña. Es así mismo coincidente el
propósito de esta función, que de manera general ha sido definido como “la prevención y buena marcha de la gestión pública,
así como la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en
relación con las conductas de los servidores públicos que los afecten o pongan
en peligro”[33].
En desarrollo de esos objetivos, todo servidor público
está sujeto a algún específico régimen disciplinario[34]. Sin embargo, y de manera análoga, existen también mecanismos
de control disciplinario en el sector privado, establecidos de manera voluntaria
por los sujetos interesados y excepcionalmente por disposición legal, por
ejemplo para quienes ejercen ciertas profesiones u oficios[35] o para quienes integran algunas organizaciones de
personas, entre ellos los partidos políticos, los sindicatos, las cooperativas,
etc.
En el caso de los servidores públicos, el régimen
disciplinario general es actualmente el contenido en la Ley 734 de 2002, Código
Disciplinario Único (en adelante CDU), conforme al cual la titularidad de la
acción disciplinaria corresponde a las oficinas de control interno
disciplinario, a otros funcionarios con potestad disciplinaria y, de manera
preferente, a la Procuraduría General de la Nación. Si se trata de funcionarios
que administran justicia, el titular de la acción disciplinaria es el Consejo
Superior de la Judicatura, o en su caso el correspondiente Consejo Seccional, y
la normativa aplicable es también el CDU, con las precisiones contenidas en su
Título XII (artículos 193 a 222).
A partir de lo anterior, la jurisprudencia constitucional
ha señalado desde sus inicios el mínimo de aspectos inherentes a la noción de
debido proceso, cuya vigencia es indispensable en todo tipo de actuación
disciplinaria. Esos criterios, que se traducen en deberes de la autoridad
disciplinaria, son los siguientes[36]:
“i) La comunicación formal de la
apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las
conductas pasibles de sanción;
ii) La formulación de los cargos
imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de
manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas
conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas
disciplinarias;
iii) El traslado al imputado de todas y
cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados;
iv) La indicación de un término durante
el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su
contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos;
v) El pronunciamiento definitivo de las
autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente;
vi) La imposición de una sanción
proporcional a los hechos que la motivaron; y
vii) La posibilidad de que el encartado
pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las
decisiones.”
En
la misma línea, la jurisprudencia se ha referido también a los siguientes
elementos o principios, derivados del artículo 29 superior y aplicables a todas
las actuaciones disciplinarias[37]: “(i) el
principio de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el
principio de publicidad, (iii) el derecho de defensa y especialmente el derecho
de contradicción y de controversia de la prueba, (iv) el principio de la doble
instancia, (v) la presunción de inocencia, (vi) el principio de imparcialidad,
(vii) el principio de non bis in idem, (viii) el principio de cosa juzgada y
(ix) la prohibición de la reformatio in pejus.”
Ahora bien, en torno a la cercanía o distancia temática
que pudiera existir entre las distintas especies de derecho sancionatorio y el
derecho penal, así como sobre la posibilidad de aplicar en aquel campo las estrictas
garantías procesales propias de éste, ha reconocido este tribunal[38]: “… entre el
derecho penal y los otros derechos sancionadores existen diferencias que no
pueden ser desestimadas. Así, el derecho penal no sólo afecta un derecho tan
fundamental como la libertad, sino que además sus mandatos se dirigen a todas
las personas, por lo cual es natural que en ese campo se apliquen con máximo
rigor las garantías del debido proceso. En cambio, otros derechos sancionadores
no sólo no afectan la libertad física, pues se imponen otro tipo de sanciones,
sino que además sus normas operan en ámbitos específicos, ya que se aplican a
personas que están sometidas a una sujeción especial -como los servidores
públicos- o a profesionales que tienen determinados deberes especiales, como
médicos, abogados o contadores. En estos casos, la Corte ha reconocido que los
principios del debido proceso se siguen aplicando pero pueden operar con una
cierta flexibilidad en relación con el derecho penal.”
Construyendo sobre esas mismas premisas también ha destacado
esta Corte que existen tres elementos principales que marcan la diferencia
entre los alcances que tiene el derecho al debido proceso en el ámbito penal y
en el terreno disciplinario. Ellos son “(i) la imposibilidad de transportar integralmente los
principios del derecho penal al derecho disciplinario, (ii) el incumplimiento
de los deberes funcionales como fundamento de la responsabilidad
disciplinaria  y (iii) la vigencia en el derecho disciplinario del sistema de sanción de las faltas disciplinarias
denominado de los números abiertos, o numerus apertus, por oposición al sistema
de números cerrados o clausus del derecho penal”[39].
Adicionalmente, en uno de sus primeros y más conocidos
pronunciamientos sobre el tema, señaló esta corporación, refiriéndose en su
orden al derecho penal y a las demás especies de derecho sancionatorio que “mientras en el primero se protege el orden social
en abstracto y su ejercicio persigue fines retributivos, preventivos y
resocializadores, la potestad sancionatoria de la administración se orienta más
a la propia protección de su organización y funcionamiento, lo cual en
ocasiones justifica la aplicación restringida de estas garantías - quedando a
salvo su núcleo esencial - en función de la importancia del interés público
amenazado o desconocido”[40].
A partir de este concepto, años después se puntualizó, también en la referida sentencia C-948
de 2002, que “la ley disciplinaria
tiene como finalidad específica la prevención y buena marcha de la gestión
pública, así como la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del
Estado en relación con las conductas de los servidores públicos que los afecten
o pongan en peligro”, propósito que
explica el diferente rigor que en este caso se erige como debido proceso, ciertamente
menor al exigible en materia penal.
Ahora bien, en adición a los anteriores contenidos, los
inherentes al concepto general de debido proceso y los específicos del debido
proceso disciplinario, forma también parte de este derecho la garantía de que todas
las actuaciones de esta naturaleza se adelanten mediante la estricta aplicación
de las etapas, términos y reglas previstos en las normas legales y
reglamentarias pertinentes.
En el caso de aquellos trámites cuya competencia
corresponde a los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, la plena
vigencia de este derecho incluye también la aplicación de las reglas procedimentales
atinentes, contenidas en los reglamentos internos de tales corporaciones
disciplinarias.
En suma, es claro que en todos los trámites de
naturaleza disciplinaria, los respectivos operadores jurídicos deberán observar
y aplicar de manera rigurosa el derecho fundamental al debido proceso, lo que
incluye, además de aquellas garantías que según se explicó conforman su
contenido básico aplicable en todos los casos, las que la jurisprudencia ha señalado
como propias de este tipo de procesos. Así las cosas, en el aparte correspondiente,
la Sala analizará si en las actuaciones disciplinarias que por vía de tutela han
sido cuestionadas se dio plena aplicación a este derecho, o si por el contrario,
tuvieron lugar situaciones que implicaran su vulneración, en perjuicio de los
aquí accionantes.
Quinta. Los derechos fundamentales de acceso a la
justicia y de defensa de los sujetos pasivos de una investigación disciplinaria
Aun cuando estas dos garantías son entendidas como facetas
particulares del recién referido derecho fundamental al debido proceso, suelen
ser también tenidas como nociones adicionales o extensiones suyas, al comprender
aspectos que van más allá del simple ceñimiento a la ruta trazada y a las
ritualidades previamente indicadas por las normas aplicables a la específica
situación.
En esta última perspectiva podría hablarse de que
ambos derechos cumplen una función análoga, aunque usualmente frente a sujetos
que promueven intereses contrapuestos. En los dos casos se trata de un conjunto
de posibilidades que engloba todas las garantías necesarias para el
planteamiento, prosecución y adecuada valoración de la postura asumida por un
específico sujeto procesal, dentro de una actuación en la que un juez u otra
autoridad ha de tomar una decisión, relativa a la adjudicación de derechos y/o
obligaciones entre aquél y otra personas. Así, mientras que el acceso a la
justicia es comúnmente asociado con quien toma la iniciativa de presentar una
demanda o promover otro tipo de proceso o actuación, que debe arribar a una
determinación definitiva, el derecho de defensa suele pensarse en términos de
quien debe afrontar una actuación impulsada por otro, o defenderse de ella.
Ahora bien, aun cuando esta última separación
conceptual parece prima facie razonable, tampoco ella es pacíficamente
aceptada, pues es común encontrar situaciones en las que un demandado alega
vulneración de su derecho de acceso a la justicia o, viceversa, que quien ha iniciado
un proceso, plantee la supuesta lesión de su derecho de defensa. En el primer
caso, porque el derecho de acceder a la justicia suele ser entendido como la
posibilidad de lograr una solución efectiva por parte de aquélla, frente a una
situación controvertida que afecta a una persona, cualquiera sea la posición
que ésta ocupe en tal escenario, mientras que el derecho de defensa tiene una
connotación más reactiva, pues en general evoca la necesidad de contener un
ataque, que bien podría provenir de un demandado y afectar a quien
originalmente fungió como actor. En suma, vista la íntima complementariedad de ambos
conceptos, los dos derechos podrían ser reclamados por cualquier sujeto
procesal. De hecho, en los casos bajo análisis, en el que los actores ocupan la
posición de disciplinados o procesados, todos ellos invocaron como vulnerados ambos
derechos.
Así, el derecho al debido proceso también incluye los derechos
de defensa y de acceder a la justicia, en conformación de todas aquellas
garantías que aseguran a los sujetos procesales que cada uno de ellos será
objeto de un trato procesal justo y equitativo, abarcando las posibilidades de poner
en funcionamiento la Rama Judicial del poder público, pedir pruebas, controvertir
las que las otras partes aduzcan, ser escuchado durante el proceso y participar
en todas las audiencias y/o actos procesales que se realicen, conocer la
motivación o fundamento de las decisiones judiciales, impugnar aquellas que
fueren desfavorables y, en general, la garantía igualitaria de recibir un trato
justo por parte de los jueces u otras autoridades, similar o proporcionado al que
se prodigue a los demás sujetos involucrados en el mismo trámite o en otros de
igual naturaleza. Bajo este entendimiento, resulta entonces posible considerar,
como adelante se precisará, que más allá de la eventual lesión del derecho al
debido proceso, algunos de los hechos y situaciones que han reprochado los
actores en tutela, impliquen específica violación de los derechos de defensa y
acceso a la justicia.
Sexta. De la autonomía judicial y su eventual lesión
cuando el juez es objeto de una acción disciplinaria
Si bien es claro que los servidores judiciales, incluso
quienes ejercen jurisdicción disciplinaria, pueden ser a su vez objeto de una
actuación de ese mismo carácter, así como de un eventual reproche a través de
un procedimiento sancionatorio, la Corte ha reconocido que esa posibilidad
plantea una delicada tensión de principios superiores, ciertamente armonizable
como producto de una adecuada ponderación de los mismos[41].
Desde sus inicios, esta corporación ha avalado la
adecuación constitucional de los procesos disciplinarios contra los operadores
judiciales, que por lo demás es una de las principales funciones que la propia
carta política (artículo 256) atribuyó a las respectivas Salas del Consejo
Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales, definida como la
facultad de “examinar la
conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial”. Empero, con igual énfasis, este tribunal ha precisado
también que no resulta válido que, so pretexto de ejercer esa función, la
autoridad disciplinaria entre a cuestionar, menos aún a descalificar, el
sentido de las decisiones de los jueces, o la interpretación que ellos hagan
del derecho que aplican, cuando unas y otra sean producto de su legítima autonomía
judicial razonada, así mismo reconocida y relievada por el texto superior en su
artículo 228, como tampoco a restringir indirectamente su ejercicio como
producto del temor de los jueces a eventuales cuestionamientos de orden disciplinario.
Sobre el tema, esta Corte ha construido una sólida y
clara línea jurisprudencial, que se inicia en la sentencia C-417 de 1993 (M. P.
José Gregorio Hernández Galindo), donde a
propósito de cuestionamientos que entonces se hicieron respecto de la
exequibilidad de una norma disciplinaria vigente desde antes de la Constitución
de 1991, la Corte efectuó esta trascendental reflexión:
“La responsabilidad disciplinaria de jueces y
magistrados no puede abarcar el campo funcional, esto es el que atañe a la
autonomía en la interpretación y aplicación del derecho según sus competencias.
Por consiguiente, el hecho de proferir una sentencia judicial en
cumplimiento de la función de administrar justicia no da lugar a acusación ni a
proceso disciplinario alguno. Si se comprueba la comisión de un delito al
ejercer tales atribuciones, la competente para imponer la sanción es la
justicia penal en los términos constitucionales y no la autoridad
disciplinaria. Ello resulta de la autonomía garantizada en los artículos 228
y 230 de la Constitución.”
(Negrillas no son del texto original.)
Desde entonces esta postura jurisprudencial se ha mantenido
invariable en sus aspectos esenciales, y en desarrollo de ella se han emitido varias
importantes decisiones de tutela, en las cuales las Salas de Revisión han protegido
el derecho invocado por distintos operadores judiciales, que fueron sancionados
a partir del sentido de decisiones válidamente adoptadas en ejercicio de sus funciones
y de la ya referida autonomía judicial[42]. De igual manera, en desarrollo de esos mismos
principios, ha negado el amparo de los derechos invocados en aquellas
situaciones en las que el cuestionamiento disciplinario no causaba lesión a la
autonomía e independencia de los jueces, al aparecer evidente el incumplimiento
de un deber funcional específico o la existencia de otra situación, que por su
misma naturaleza permitiera descartar ese peligro[43].
En suma, en aplicación de la referida línea jurisprudencial,
es claro que las sanciones disciplinarias impuestas a los administradores de justicia
resultan violatorias de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa
y al acceso a la justicia, cuando quiera que la actuación cuestionada sea de
aquellas sobre las que el funcionario judicial debe resolver autónomamente, lo
que incluye lo relativo a las situaciones en las que el juez interpreta razonadamente
el derecho, como parte del proceso de su aplicación. De esa manera, la decisión
sobre si procede o no el amparo frente a un escenario de este tipo, dependerá
de la calificación que el juez constitucional pueda realizar acerca de si los
actos o decisiones que dieron lugar a la sanción son de aquellos que incumbe
definir al juez, en válido ejercicio de su responsable autonomía e independencia.
Séptima. Análisis de los casos concretos
A partir de los conceptos planteados, se analizarán en
forma individual las distintas situaciones planteadas por los actores, para
determinar si en verdad implican amenaza o vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
7.1. De los hechos y circunstancias acaecidos dentro del
proceso disciplinario correspondiente al expediente 20041017-00
Como se recordará, este proceso disciplinario afectó
por igual a los tres actores en tutela[44], pese a lo cual solo los entonces Magistrados Campo
Charris y Vélez Fernández lo controvirtieron mediante sendas acciones de amparo.
De otro lado, estos dos demandantes coincidieron en cuestionar
un aspecto puntual y específico del trámite, como es el relativo a las
circunstancias en que se produjo el fallo sancionatorio[45], después de que en una anterior sesión de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria[46] un
proyecto de idéntico contenido había sido negado y, por ende, derrotado por la
mayoría de los Magistrados presentes.
Incluso, si bien el demandante Campo Charris denunció
también otros aspectos del proceso antecedente, en el caso del actor Rafael
Vélez Fernández este fue el único aspecto cuestionado y, a partir de él, se
plantearon los distintos defectos que este accionante le atribuyó al fallo
sancionatorio. Por su parte, los juzgadores de tutela de primera instancia, en
los dos casos[47], dedicaron particular atención a este hecho, que a la
postre fue razón determinante para que en ambos se dictara sentencia a favor de
tales actores, en el caso de Campo Charris sin necesidad de considerar los
demás cuestionamientos planteados, decisiones que en ambos casos fueron luego
revocadas en segunda instancia, a partir de un distinto análisis de estos
mismos hechos.
Así, también esta Sala analizará detenidamente este
aspecto, pese a lo cual se referirá también, previamente en razón al orden
cronológico que tales aspectos tienen dentro del proceso disciplinario, a los otros
hechos denunciados en su acción de tutela por el entonces Magistrado Campo Charris,
los cuales podrían ciertamente incidir en el sentido de la decisión que al respecto
adopte esta Sala.
7.1.1. El primer aspecto debatido de manera particular
por el otrora Magistrado Campo Charris tiene que ver con el hecho de que se
habría sancionado por igual a los tres integrantes de la Sala[48], por actuaciones que solo deberían ser reprochadas a uno
de ellos (el Magistrado Rafael Vélez Fernández).
Como elemento adicional que demostraría esa circunstancia,
refiere el hecho de que si bien inicialmente todos ellos fueron objeto de indagación
preliminar en forma individual por temas relacionados con su presunto pobre
desempeño laboral, posteriormente las diligencias relacionadas con el trabajo
de los Magistrados Campo Charris y Cotes Pérez fueron archivadas, mientras que
las relativas a Vélez Fernández prosiguieron, dieron lugar a la práctica de
pruebas, entre ellas una inspección judicial cuya validez también cuestiona, y luego
condujeron a la apertura de investigación contra los tres y a la posterior
sanción de todos, siempre por hechos relacionados con los expedientes a cargo
del doctor Vélez Fernández.
Con respecto a ello, la Sala observa que las
indagaciones individuales habrían surgido por una situación generalizada de
congestión y bajo rendimiento de cada uno de los integrantes de la Sala
entonces conformada por los tres actores, pero posteriormente dos de ellos
fueron exonerados, a partir de lo que sería un entendimiento benevolente del
fenómeno de la congestión judicial y sus múltiples causas[49], al paso que el tercero es acerbamente cuestionado, aparentemente
por hechos que serían comparables a los de sus compañeros de Sala, lo que da
lugar a la apertura de una investigación disciplinaria, a la formulación de un
pliego de cargos y posteriormente a la sanción de suspensión contra los tres
integrantes de la Sala, por doce (12) meses en el ejercicio del respectivo
cargo.
Más aún, en la decisión sancionatoria fechada el 9 de
abril de 2008, se observa que si bien al momento de atribuir responsabilidades
por los hechos investigados, se precisó que el Magistrado Rafael Vélez Fernández
cometió varias faltas no imputadas a los demás, entre ellas las relativas a “procesos
que acusaron total desconexión suya para con éstos y/o pésima instrucción y dirección
de los mismos”, “renuncia al principio de inmediación”, “procesos
con denuncias por hechos de especial gravedad, trascendencia o entidad que recibieron
tratamiento displicente”[50], no es menos cierto que tanto él como los demás fueron
reprimidos por conductas relacionadas solo con expedientes a cargo suyo, entre
ellas las relacionadas con la ausencia de investigación frente a situaciones
como “procesos en los cuales hubo mora en Secretaría de más de dos y hasta
seis años”, “procesos en los cuales las copias ordenadas por la Sala
fueron expedidas muchos años después”, o “procesos en los que los
defensores oficiosos fueron renuentes”, así como por situaciones en las que
habría habido escaso rigor jurídico en providencias de la Sala, especialmente
en lo atinente a la forma de contabilizar los términos de prescripción de las
acciones disciplinarias.
Por lo demás, pese a esas diferenciaciones, al momento
de establecer la sanción imponible a cada uno de los investigados, y bajo la consideración
de ser todas faltas graves, en adición a la negligencia demostrada en el
cumplimiento de sus funciones, el grave daño social causado por sus conductas y
otros semejantes[51], se les impuso a todos idéntica sanción, suspensión
de sus cargos por el término de doce meses, por hechos que, se repite, eran
todos originados en los procesos a cargo de uno solo de ellos.
Debe anotarse además que si bien la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria autora del fallo cuestionado se adelantó a
justificar estos aspectos[52], que en su momento fueron planteados por la defensa
de los Magistrados Cotes Pérez y Campo Charris, aparece un posible tratamiento
desigual, cuando a dos de los tres disciplinados se les exonera por hechos
semejantes a los que, en cambio, se enrostran al tercero, en condiciones que se
aprecian de tal gravedad como para además alcanzar a aquellos miembros de la Sala
que no fueron sancionados por lo ocurrido en los procesos que estaban a su
cargo.
Y es que no parece razonable tal rigor frente a lo sucedido
con los procesos cuya sustanciación corresponde a un colega, cuando la práctica
demuestra que, tal como en varias oportunidades lo alegaron los actores, los
integrantes de una Sala de Decisión en las altas Cortes o de los tribunales seccionales
que operan en Colombia, solo conocen sobre las incidencias y la evolución de
los procesos a cargo de sus compañeros de Sala cuando éstos presentan un
proyecto de decisión a consideración de aquélla, con lo cual, más aún si esa
Sala se encuentra altamente congestionada, como en este caso sucedía, aparece entonces
desproporcionado responsabilizar por igual al responsable como sustanciador, que
a los demás integrantes de la Sala.
Las anteriores consideraciones han de ser tenidas en
cuenta al recapitular las distintas incidencias de este proceso disciplinario, con
miras a la posible concesión del amparo pedido por el actor Rubén Darío Campo
Charris.
7.1.2. El primero de los demandantes cuestionó también
las circunstancias en que se cumplió la inspección judicial ordenada por el
Magistrado Temístocles Ortega Narváez, practicada en Barranquilla durante junio
y octubre de 2004 por el comisionado Miguel Ángel Barrera Núñez, así como la
importancia que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria accionada le concedió a esta
prueba como elemento cardinal de convicción, para la adopción del fallo disciplinario
atacado por vía de tutela.
En efecto, según se observa en el acta de la referida
inspección judicial[53], el funcionario comisionado inspeccionó
exhaustivamente y de manera individual durante un lapso de quince días hábiles,
la mayoría de los expedientes que en su momento estuvieron a cargo del
Magistrado Rafael Vélez Fernández, como producto de lo cual consignó precisas y
detalladas observaciones, muchas de ellas de carácter valorativo, algunas de
carácter global y otras caso por caso, tanto en dicha acta, como en sus documentos
anexos.
Se aprecia también que esos documentos fueron extensamente
reseñados, con detalladas reflexiones individuales, en la providencia por la cual
se formuló pliego de cargos a los tres Magistrados ahora actores en tutela[54] y en el fallo de fondo[55], habiendo sido en ambos casos un elemento de
convicción determinante para la toma de tales resoluciones. Así mismo, se
observa que en estas dos providencias, así como en otro auto fechado el 14 de
junio de 2006, se resolvieron en forma negativa repetidas solicitudes de
nulidad de la referida inspección judicial planteadas por los actores, bajo
razonamientos muy similares a los que también soportan su cuestionamiento en
esta oportunidad.
Ahora bien, pese a la reconocida alta incidencia de
esta prueba en los hallazgos de responsabilidad a que llegó la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y a las demás
circunstancias antes relatadas, entre ellas los juicios de valor emitidos por
el comisionado en el acta de esa diligencia, no se observa que esos hechos permitan
concluir que con la práctica de esa prueba se vulneraron derechos fundamentales
de los investigados, para ameritar la concesión del amparo por esa razón.
A la anterior conclusión puede arribarse al estimar,
en primer lugar, que por la naturaleza de las conductas investigadas, relacionadas
con el presunto bajo rendimiento de los disciplinados, así como la incidencia
de su supuesto descuido o negligencia en el frecuente reconocimiento de
prescripciones, la detenida inspección a los correspondientes expedientes era
un imprescindible elemento de juicio para el esclarecimiento de lo sucedido.
De otra parte, si bien resulta preferible que las
apreciaciones que pudieran tener carácter subjetivo, así como las inferencias y
conclusiones posteriores frente a lo observado durante la inspección, se
reserven para las providencias de fondo en las que las pruebas practicadas son
evaluadas, no es menos cierto que el funcionario que la realiza puede y debe
dejar constancia en el acta de todos los detalles relevantes que observe
durante la práctica de la diligencia, con el objeto de que tales elementos puedan
ser apreciados y valorados por el fallador, conjuntamente con las demás pruebas
que obren en el expediente al momento de emitir su decisión.
En esa medida, si bien es recomendable evitar consignar
en las actas de inspección juicios de valor sobre lo observado, tampoco resulta
enteramente censurable que en ocasiones ello ocurra, siempre que tal proceder no
tenga el propósito de sesgar el juicio que en el momento procesal oportuno habrá
de realizarse, sino apenas el de ofrecer para entonces mejores y más efectivas
referencias sobre la  realidad observada.
Adicionalmente, es claro que en los casos en que, como
aquí ocurrió, esta prueba se practique a través de comisionado[56], éste tiene para el efecto los mismos poderes que en
su caso tendría el comitente. Pero además resulta válido considerar que en este
caso puede incluso resultar oportuno que quien practica la inspección consigne
sus impresiones espontáneas sobre lo observado, pues de otra manera el juez de conocimiento
no dispondría de tales elementos al momento de apreciar la prueba y tomar su decisión.
Por todo lo anterior, en este punto considera la Sala de
Revisión que no le asiste razón al demandante Campo Charris, pues las circunstancias
en que se practicó y apreció en este caso la prueba de la inspección judicial,
no resultan violatorias de sus derechos fundamentales.
7.1.3. Como quedó reseñado, en dos de las acciones de
tutela que ahora se deciden los actores cuestionaron las circunstancias en que
se produjo el fallo sancionatorio, concretamente el hecho de que hubiere sido aprobado
meses después de que otro proyecto de idéntico contenido había sido derrotado
por la mayoría de los entonces integrantes de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Según aparece en los expedientes acumulados, probado en lo fáctico y no controvertido, el proyecto originalmente
propuesto durante la sesión del 28 de noviembre de 2007 por el conductor del
proceso disciplinario 2004-1017-00, Magistrado Temístocles Ortega Narváez, fue negado
por cuatro votos[57] contra dos[58], de lo cual da cuenta el acta 129, cuya copia íntegra
obra en varios ejemplares. Seguidamente, mediante sorteo, se asignó el asunto al
Magistrado (e) Carlos Mario Isaza Serrano, cuya posición estuvo con la mayoría
que no aprobó la ponencia sometida a votación.
El Magistrado Isaza Serrano, que ejercía su cargo en remplazo
transitorio de la Magistrada Leonor Perdomo Perdomo, quien recientemente había
cumplido su período, no alcanzó a presentar el nuevo proyecto a la Sala, pues
antes de hacerlo, el 7 de diciembre de 2007, tomó posesión de ese cargo la
nueva titular, Magistrada María Mercedes López Mora, quien el 10 de los mismos
mes y año decidió que no elaboraría el nuevo proyecto, pues estaba de acuerdo
con el anteriormente presentado por el Magistrado Ortega Narváez, a quien resolvió
devolver el expediente contentivo de la actuación disciplinaria.
Finalmente, en la sesión del 9 de abril de 2008, cuyo
desarrollo consta en el acta 040 de esa fecha, de la cual obra también copia en
los expedientes de tutela, el Magistrado Temístocles Ortega Narváez sometió a
consideración de la Sala un proyecto de igual contenido al que él mismo propuso
en noviembre de 2007, el cual fue aprobado por cuatro votos a favor[59] y ninguno en contra.
7.1.4. Al contestar estas dos acciones de tutela, así
como al impugnar las respectivas decisiones de primera instancia, los Magistrados
López Mora, Ortega Narváez y demás integrantes de la Sala que participaron en la
reunión en la que se adoptó ese fallo disciplinario[60], refutaron el entendimiento de los accionantes en
tutela, a partir de las siguientes razones: i) En realidad no se adoptó ninguna
decisión en la sesión de noviembre 28 de 2007 y, por eso, la única decisión
válida es la aprobada en abril 9 de 2008; ii) la norma citada por los actores (artículo
15 del Reglamento Interno de esa Sala) resulta inaplicable, a raíz de un hecho
no contemplado en ella, como fue la llegada de una nueva Magistrada, que no
participó en la primera de tales reuniones y quien, por ende, en razón de su
autonomía, no podía quedar atada a lo decidido en esa ocasión; iii) la situación
presentada (devolución del expediente al autor de una ponencia previamente no
aceptada), es algo usual y frecuente al interior de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria por ellos integrada, por lo cual resulta equivocado considerarla
contraria a derecho; iv) dado que el proyecto sometido a votación en la primera
sesión contenía cinco distintas propuestas de decisión en su parte resolutiva,
era imposible deducir que todos los votos negativos que la ponencia recibió se debieran
a un desacuerdo sobre la responsabilidad de los encartados, que pudiera
conducir a su absolución, como lo sostienen los actores.
7.1.5. Para valorar lo sucedido y decidir sobre este
particular, es necesario tener presentes las normas aplicables del Reglamento
Interno de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria vigente para la época[61]. En este caso la única de ellas pertinente al punto controvertido
es el literal g) de su artículo 15, que regula de manera extensa los temas
relacionados con el debate y la toma de decisiones por parte de esa Sala, bajo
el siguiente tenor:
“g) Si el proyecto principal no tiene
el mínimo de votos, el negocio pasará al Magistrado que corresponda mediante
sorteo, para que redacte el nuevo proyecto en el que se expongan las tesis de
la mayoría. Este último proyecto
podrá discutirse otra vez, pero solo en cuanto a su forma y estilo, no
requiriéndose nueva votación. A los disidentes se les concederá el término
legal para que presenten sus escritos de salvamento.”
Al examinar nuevamente lo sucedido a la luz de esta
norma, se observa en primer lugar que la designación del nuevo conductor del
proceso se produjo en desarrollo de lo previsto en esa norma reglamentaria,
pues según consta en la correspondiente acta el entonces Magistrado (e) Isaza
Serrano formó parte del grupo mayoritario que se opuso al proyecto que había
sido propuesto por el ponente Temístocles Ortega Narváez.
En esa medida, es acertado considerar que la labor del
nuevo ponente debía también ajustarse a lo previsto en esa norma, de la cual resulta
particularmente ilustrativo reiterar: “Este último proyecto podrá discutirse
otra vez, pero solo en cuanto a su forma y estilo, no requiriéndose nueva
votación.”
Según observa la Sala, esas reglas ciertamente
permiten entender que en estos casos, aún cuando en rigor no exista aún una
resolución sobre el tema que se pretendía decidir, sí habría al menos un principio
de decisión, que debe luego materializarse en la providencia que finalmente se
adopte, una vez cumplido el encargo del nuevo Magistrado sustanciador. Esta
claridad resulta sobre todo del aparte últimamente transcrito y, particularmente,
de la precisión según la cual no se requerirá nueva votación, pues el proyecto
que recoja las tesis de la mayoría (se refiere a aquella reflejada en la
primera y única votación) solo será discutido en cuanto a su forma y estilo.
Ahora bien, aun cuando el ejercicio de la autonomía
judicial, que en este caso reclamó la recién llegada Magistrada titular, podría
justificar su negativa a redactar un proyecto contrario a su convicción, y pese
a ser cierto que el Reglamento de la Sala no contempla de manera específica una
situación como la aquí analizada (el relevo del Magistrado que debía elaborar
el proyecto mayoritario), no es menos cierto que la actuación desplegada en
este caso, particularmente por la Magistrada López Mora y por su colega Ortega
Narváez tampoco encuentra respaldo en ese Reglamento, el cual guarda completo
silencio frente a una posibilidad como la que en este caso se asumió.
Ante tal escenario, dado que ciertamente el Reglamento
examinado no regula de manera explícita y completa una situación como la sucedida,
a efectos de determinar qué tipo de actuación resulta en esos casos adecuada y
respetuosa del debido proceso, la Sala estima necesario acudir a otras fuentes
normativas.
La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia[62] no
regula en detalle lo atinente a la manera de adoptar las decisiones; su
artículo 56 defiere a los Reglamentos Internos de las distintas corporaciones
judiciales la posibilidad de establecer tales reglas, facultad a partir de la
cual existen disposiciones como el trascrito literal g) del artículo 15 del
Reglamento previamente referido. Sin embargo, el citado artículo 56 de la Ley
Estatutaria contiene en su parte final esta norma, sin duda relevante para el
caso de autos (no está en negrilla en el texto original): “La sentencia
tendrá la fecha en que se adopte.”
De otra parte, teniendo en cuenta la ya referida
remisión a los Reglamentos, es ilustrativo examinar lo que frente al mismo
supuesto hubieren dispuesto las normas adoptadas por otras corporaciones judiciales
en Colombia.
Así, el artículo 33 del Reglamento Interno de la Corte
Suprema de Justicia actualmente vigente[63] prevé
sobre este particular (no está en negrilla en el texto original, como tampoco
en las subsiguientes citas):
“Artículo 33. Votación. Clausurado el debate la
ponencia será sometida a votación. Si de la discusión hubieren surgido
discrepancias de fondo, se votará primero la parte resolutiva y si fuere
aprobada, se votará la motiva. Si hubiere disentimiento en la parte resolutiva
habrá salvamento de voto y si ocurriese en la motiva, simplemente aclaración. Si
la ponencia fuere derrotada, se encargará la elaboración de una nueva al
Magistrado que conformando la mayoría siguiere en turno por orden alfabético,
quien deberá elaborar el fallo de acuerdo con lo decidido para que sea firmada
por los que participaron.”
Por su parte, la regla 9ª del artículo 34 del Reglamento
Interno de la Corte Constitucional actualmente vigente[64], establece:
“9. Cuando el proyecto o estudio tenga la mayoría
legal de los votos de los magistrados pero no la unanimidad, a cada uno de los
disidentes se concederá el plazo fijado en el Decreto 2067 de 1991 para aclarar
o salvar su voto.
Si el proyecto principal no obtiene en la Sala ese
mínimo de votos, el negocio pasará al Magistrado que corresponda entre el grupo
de los magistrados mayoritario, para que redacte el nuevo proyecto en el que se
exponga la tesis de la mayoría, si el Magistrado ponente original no acepta
hacerlo.
El nuevo estudio será sometido oportunamente a
votación. En este caso y
cuando, como consecuencia de las deliberaciones haya de efectuar ajustes a la
ponencia, el Magistrado sustanciador dispondrá del plazo de diez (10) días para
depositar en la Secretaría el texto definitivo, copia del cual hará llegar a
los magistrados disientes, (sic)
con el objeto de que presenten dentro de los cinco (5) días siguientes, el
correspondiente escrito de salvamento o aclaración de voto."
La norma que contiene las reglas generales de funcionamiento
de los tribunales superiores del país[65], plantea en el último inciso de su artículo 10°:
“En el evento de ser mayoritaria la
posición contraria a la del ponente, la decisión será proyectada por el
magistrado que siga en turno y aquél salvará el voto sin que pierda
competencia para ordenar el trámite posterior o para las demás apelaciones que
se presenten en el mismo proceso.”
Del anterior recuento y de la confrontación de estas
reglas con el contenido del ya examinado literal g) del artículo 15 del
Reglamento Interno de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura, puede colegirse que, más allá de sus diversos enfoques de
redacción, existen importantes coincidencias. En todos los casos, ante la
realidad de un proyecto no aprobado, la solución incluye que el rol de ponente sea
asumido por uno de los Magistrados que hicieren parte de la postura mayoritaria
que ha derrotado la propuesta original. Por su parte, en lo relacionado con la forma
de aprobación de la nueva decisión, los Reglamentos de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria y de la Corte Suprema de Justicia establecen que no habrá lugar a
nueva votación, al paso que el de la Corte Constitucional sí requiere de tal
diligencia y el de los Tribunales Superiores no es específico al respecto.
En todo caso, esas normativas coinciden en facilitar
la posibilidad de que la decisión que finalmente se suscriba, recoja la
posición mayoritaria, reflejada en la votación que, terminado el respectivo
debate, hubiera tenido lugar. Esta observación resulta también del hecho de que
ninguno de ellos prevé o menciona como posible el regreso del asunto al despacho
del ponente inicial.
Tampoco contemplan reglas para el caso de que se
produjeren cambios entre quienes conforman la Sala a la que corresponde adoptar
la decisión, hecho que, según en este caso argumentan los Magistrados de la corporación
accionada, daría lugar a un nuevo y diferente escenario.
Así, es precisamente esa ausencia de regulación sobre una
importante circunstancia del caso debatido, la que con apoyo en lo estatuido en
el artículo 8° de la Ley 153 de 1887 lleva a la Corte a considerar que ese
punto debía y ha de ser decidido a partir de la teleología que inspira las normas
aplicables a casos semejantes, en similar escenario y dentro de espacios análogos,
orientación que según puede apreciarse, resulta visiblemente coincidente[66].
Ahora, como señalaron los demandantes y algunos de los
juzgadores de instancia, existe además en la jurisprudencia de este tribunal un
caso comparable al actual, en el que la Corte decidió conceder el amparo
solicitado, al considerar irregular y contrario al debido proceso el retorno
del expediente al despacho del Magistrado inicialmente derrotado. Se trata del
fallo T-1087 de 2003, con ponencia del Magistrado Eduardo Montealegre Lynnet.
En ese precedente la corporación accionada era un
Tribunal Superior, donde un proyecto sometido por el respectivo ponente a la
Sala de Decisión no fue aprobado por sus dos compañeros. Enviado el expediente
a quien seguía en turno, semanas después lo devolvió al ponente original, anotando
que tras un examen más detenido concluía estar de acuerdo con el proyecto inicial.
Para resolver sobre la tutela interpuesta a raíz de
ello, la Corte analizó y aplicó el inciso final del artículo 10° del Reglamento
de los Tribunales Superiores, antes transcrito. Entre los asuntos analizados,
esta corporación específicamente estudió “(ii) si el hecho por el cual se
cambia de ponente implica una decisión judicial previa y, (iii) si resulta
posible devolver el expediente, cuando ha operado un cambio de ponente”.
Al resolver el asunto, teniendo en cuenta la regla
sobre designación de un nuevo ponente, así como la expresión “… sin que
pierda competencia para ordenar el trámite posterior o para las demás
apelaciones que se presenten en el mismo proceso”, la Corte dedujo como
primera conclusión, que por regla general el ponente derrotado sí pierde competencia
para seguir actuando como tal, especialmente en el trámite relativo a la
adopción del fallo, aún pendiente.
Pero justamente a propósito de esta última
circunstancia, la de que conforme a lo establecido en el artículo 56 de la citada
Ley Estatutaria, no existe aún una verdadera decisión judicial, se preguntó la
Corte en qué condiciones se hace público lo acaecido en torno al fallido intento
de decisión y su contenido, si se tiene en cuenta que son reservados,
concluyendo que es necesario oficializar el resultado, en cuanto esa situación
es la que constituye el supuesto de hecho de la norma que autoriza y, más aún,
ordena el cambio de ponente. Así lo expuso la Corte en esa ocasión (no está en
negrilla en el texto original):
“La pérdida de
competencia del funcionario tiene por finalidad asegurar, en punto a la validez
formal de la decisión, que el funcionario no puede proyectar la decisión.
Es decir, no resulta válida la decisión si ésta ha sido proyectada por el
funcionario separado. Con ello, por otra parte, se pone énfasis en el
carácter dramático del evento de cambio de ponente. Es un punto cardinal dentro
del proceso. Pero más allá, tiene, en clave sistémica, otras explicaciones.
…   …   …
Esta pérdida de competencia
está asociada a un efecto de cosa juzgada. Habiéndose adoptado una decisión,
y antes de su notificación y ejecución, el funcionario judicial está atado a
ella. Respecto de ella, el funcionario se ha de comportar como si
hubiese cosa juzgada. Lo anterior, por cuanto la necesidad de otorgar firmeza a
las decisiones judiciales no sólo se vincula a la estabilidad de las
expectativas de las partes, sino también al aseguramiento de principios y valores
centrales del sistema jurídico. Entre tales valores y principios, está la
confianza en el sistema judicial, que demanda que las decisiones no sean
modificables por voluntad del fallador. Así mismo, el derecho a que el proceso
culmine en algún momento, que comprende el derecho a que realmente se adopten
decisiones.”
Esas conclusiones, derivadas de la norma reglamentaria
que resultaba aplicable al caso, devienen así mismo pertinentes frente a lo que
ahora ha de decidirse, por la semejanza existente en los aspectos fácticos, al
igual que por la similitud y unidad de propósito que existe entre las regulaciones
aplicables en las distintas corporaciones judiciales, anteriormente trascritas.
Así, al regresar a las circunstancias en que se adoptó
el fallo disciplinario en contra de los acá demandantes, se observa que la
actuación de los autores de la decisión confutada, sobre todo al devolver la
Magistrada López Mora el asunto al ponente original Ortega Narváez, recibirlo
éste y luego llevar por segunda vez a la Sala el proyecto antes derrotado, no
solo no encuentra apoyo en el Reglamento aplicable, sino que lleva a un
resultado opuesto al que persiguen ese precepto y normas análogas, que según se
explicó, es facilitar la adopción de la decisión que, en su momento, fue respaldada
por la mayoría de la Sala.
Pese a ello, la actuación desplegada por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior finalmente condujo a la adopción del mismo
proyecto antes desaprobado, procedimiento censurable en cuanto el Magistrado
Ortega Narváez no podía volver a actuar como ponente y porque, si bien no
existía aún una providencia de fondo sobre el caso sometido a estudio, sí se había
producido una decisión con fuerza catalogable como cosa juzgada, que al no
haberse acogido el proyecto propuesto en la sesión de noviembre 28 de 2007, lo
que implicaba que la decisión finalmente adoptada no pudiera ser esa misma.
Como ya se anotó, la norma reglamentaria aplicable
implícitamente determina que, aunque haya cambio de ponente, no habrá lugar a otra
votación, pues el nuevo texto se examinará en Sala solo “en cuanto a su
forma y estilo”. Así, lo ocurrido resulta contrario al debido proceso y al
derecho de defensa de quienes por efecto de esa decisión fueron disciplinados.
Aclara la Sala que esta conclusión no se opone al
derecho a decidir libremente que, sin duda, posee cada integrante de una Sala
de Decisión en ejercicio de la autonomía judicial, que en este caso invocó la
Magistrada López Mora, en respaldo de su decisión de no proyectar una providencia
en los términos en que pensaba hacerlo su antecesor, el Magistrado encargado
Isaza Serrano. Tampoco desconoce el hecho de que, evidentemente, no existe
certeza sobre la razón que explicaría cada uno de los votos negativos emitidos
frente a la ponencia que sobre este caso presentó el Magistrado Ortega Narváez
ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria en noviembre 28 de 2007, pues tanto
el contenido de la regla aplicable como el del acta que da cuenta de lo
ocurrido, hacen imposible tener claridad sobre este punto.
Sin embargo, el reconocimiento de esos aspectos en
modo alguno invalida la razón de fondo que en este caso respalda el reclamo de
los actores, que radica en que, como antes se explicó, al producirse en esa
fecha una decisión negativa frente a lo propuesto, ello trajo consigo la
pérdida de iniciativa de quien formuló tal proposición y un efecto como de cosa
juzgada, que torna imposible que la decisión finalmente adoptada fuera la misma
previamente improbada.
Con todo, sin perjuicio del estudio de los puntos aún
pendientes, es claro que la tutela pedida ha de ser concedida, en lo que a este
hecho se refiere, conforme se reiterará en los análisis finales y se ordenará
en la parte resolutiva de este fallo.
7.1.6. En adición a los aspectos ya analizados, se
observa que el demandante Rubén Darío Campo Charris estima violatorio de sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, que la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura hubiera considerado
improcedente el recurso de reposición que en su momento interpuso contra el
fallo sancionatorio[67]. En este caso cabe anotar que también la entonces Magistrada
María Antonia Cotes Pérez formula idéntica queja, pues frente a lo decidido en
el proceso disciplinario 2004-02091-00 que motiva su acción de tutela, interpuso
también ese recurso, el cual fue así mismo objeto de rechazo, bajo la misma
argumentación de improcedencia planteada en el otro proceso.
Por su parte, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al dar respuesta en tales
acciones, estimaron que ese recurso es improcedente, pues las decisiones de esa
Sala tienen naturaleza judicial, no están sujetas a ningún control posterior y
no se rigen por lo previsto en el artículo 113 del Código Disciplinario Único
(Ley 734 de 2002), sino por la norma especial contenida en el artículo 205 ibídem,
que indica que sus fallos quedan  ejecutoriados al momento de su suscripción,
lo que implica la improcedencia de recursos. En ambos casos, ese entendimiento fue
respaldado por los jueces de tutela de segunda instancia.
Sobre este particular no les asiste razón a los demandantes,
pues aun cuando la improcedencia de recursos contra la decisión final pueda resultar
desfavorable a los intereses de los disciplinados, es también claro que tal restricción
tiene fundamento normativo, por lo que no puede reputarse como injusta o
arbitraria.
En efecto, debe recordarse que si bien el artículo 31
de la Constitución establece como regla general la posibilidad de que toda
sentencia judicial pueda ser apelada o consultada, esa misma norma deja claro
que tal regla estará sujeta a “las excepciones que consagre la ley”, a partir
de lo cual, esta corporación ha considerado conforme al texto superior la
existencia de procesos de única instancia en distintos escenarios, según lo
decidido por el legislador, siempre que tal decisión no resulte arbitraria,
sino fundada en motivos razonables[68].
7.1.7. Es de anotar, así mismo, que el artículo  8° de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, en el literal h de su
numeral 2°, el derecho “de recurrir del fallo ante juez o tribunal
superior”, lo que también instituye el artículo 14, numeral 5°, del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “toda persona declarada
culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la
pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior,
conforme a lo prescrito por la ley”  (no está en negrilla en los textos
originales), previsiones que además de apuntar a cuando se estén juzgando imputaciones
por delitos, no definen lo que sucede cuando la decisión está encomendada directamente
al órgano máximo en el ámbito respectivo, esto es, cuando no exista juez o
tribunal jerárquicamente superior ante el cual recurrir, porque el asunto ha
sido, de una vez, puesto a cargo de la superioridad respectiva, lo que es de
suyo un privilegio foral, que esta Corte planteó en los siguientes términos,
relacionados con la exequibilidad expresamente definida sobre el juzgamiento en
única instancia a cargo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, que mutatis mutandis podría ilustrar lo analizado en el
presente asunto[69]:
“… constituye la máxima garantía del
debido proceso visto integralmente por las siguientes razones: (i) porque
asegura el adelantamiento de un juicio que corresponde a la jerarquía del
funcionario, en razón a la importancia de la institución a la cual éste
pertenece, de sus responsabilidades y de la trascendencia de su investidura.
Por eso, la propia Carta en el artículo 235 Superior indicó cuáles debían ser
los altos funcionarios del Estado que gozarían de este fuero; (ii) porque ese
juicio se adelanta ante un órgano plural, con conocimiento especializado en la
materia, integrado por profesionales que reúnen los requisitos para ser
magistrados del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria; y (iii) porque ese
juicio se realiza ante el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, quien
tiene a su cargo la interpretación de la ley penal y asegurar el respeto de la
misma a través del recurso de casación.”
7.1.8. Alegan los integrantes de la corporación accionada
en este proceso acumulado, que lo consagrado en el antes citado artículo 205
del CDU plantearía una excepción a la regla general sobre procedencia de la reposición
contra los fallos disciplinarios de única instancia, contenida en el artículo
113 ibídem. Sin embargo, debe admitirse que la norma primeramente citada no es
explícita en señalar que si el fallador es el Consejo Superior de la Judicatura
no habrá recursos, ante lo cual, tal resultado se deduce de la regla sobre
ejecutoria inmediata, contenida en la misma norma.
Ahora bien, así mismo alegan los accionados que pese
al carácter indirecto de esta regla, para la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
es actualmente clara esa circunstancia (la improcedencia del recurso de
reposición contra los fallos de esa Sala), a partir de una razonable
interpretación del contenido de las normas aplicables al punto, tal como podría
comprobarse al examinar lo sucedido frente a muchos otros fallos disciplinarios,
agregando que por esta razón no procedería tutela en defensa de tal pretensión.
A partir de una observación general respecto del
asunto planteado, es razonable la defensa que en este punto expusieron los
Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, por cuanto efectivamente
se trata de una postura uniforme al interior de esa corporación, y por lo
mismo,  conocida por la comunidad jurídica, con lo que no podían los actores
sentirse sorprendidos o asaltados en su buena fe. Pero más que ello, se trata
de una interpretación jurídica razonable a la luz del contenido de las normas
aplicables, pues en efecto la ejecutoria de una providencia ciertamente implica
que contra ella no procede recurso alguno, a partir de lo cual resulta válido
argumentar que esa circunstancia hace inviable una acción de tutela fundada en
ese tipo de reclamo.
Finalmente, cabe señalar que en otras varias ocasiones
esta corporación ha revisado acciones de tutela en las que se cuestiona la
negativa de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria a dar trámite al recurso de
reposición en un escenario como el aquí planteado, casos en los cuales se ha
encontrado inviable la solicitud de amparo, precisamente en razón a la
aquiescencia de la norma superior frente a la existencia de trámites y procesos
de única instancia, y a la razonabilidad de la interpretación que a ese respecto
ha hecho la corporación disciplinaria aquí accionada[70].
A partir de estas consideraciones, encuentra la Sala
que, en lo relativo a este argumento, las tutelas de los ex Magistrados Campo
Charris y Cotes Pérez no están llamadas a prosperar.
7.2. De los hechos y circunstancias acaecidos dentro
del proceso disciplinario correspondiente al expediente 200402091-00
Como quedó expuesto, también el fallo que puso fin a
este proceso afecta a los tres demandantes, quienes para la época de los hechos
integraban la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura
del Atlántico. Pese a ello, solo la entonces Magistrada María Antonia Cotes
Pérez cuestionó esa decisión por vía de tutela[71]. A continuación la Sala pasa a analizar las glosas
que al respecto formulara la mencionada actora.
Los hechos que habrían generado la vulneración de
derechos fundamentales aquí demandada pueden dividirse en cinco temas diferenciables;
no todos ellos guardan relación con el contenido específico de la decisión
sancionatoria, pues al menos uno tiene que ver con las etapas iniciales del proceso
disciplinario antecedente, mientras que otros dos se relacionan con situaciones
posteriores a la emisión de ese fallo. En consecuencia, para facilitar el
análisis, la Sala abordará esos distintos temas en orden cronológico.
7.2.1. La actora informó que este proceso
disciplinario se originó en una compulsación de copias que la propia Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ordenó dentro de una decisión
de segunda instancia, en la cual se declaró prescrita la acción disciplinaria adelantada
contra varios jueces laborales de la ciudad de Barranquilla por hechos
relacionados con el conocido caso de los desfalcos a FONCOLPUERTOS, proceso que
en su momento correspondió sustanciar a la entonces Magistrada María Antonia Cotes
Pérez.
Ahora bien, dado que la información contenida en las
copias compulsadas dio lugar a la apertura de una indagación preliminar, y
posteriormente al proceso disciplinario cuya conclusión ahora se cuestiona, la
actora invoca el inciso 6° del artículo 150 del CDU, según el cual “La
indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto
de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos”.
Así, el primer problema que habría afectado el desarrollo
de este proceso sancionatorio sería que habiéndose iniciado la indagación preliminar
por el hecho de haber dejado que prescribiera un proceso de tanta gravedad y
trascendencia como el antes indicado, se incluyeron posteriormente otros cuestionamientos
que en ese primer momento no quedaron referidos, siendo estos los que a la
postre dieron lugar a la sanción que le fuera impuesta pues, de otra parte, lo
relativo a la prescripción del proceso de FONCOLPUERTOS fue tempranamente desestimado.
El juez de tutela de primera instancia concedió el amparo
en relación con este punto, al considerarlo probado conforme a lo previsto en
el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, en razón al silencio de la corporación
disciplinaria accionada, que no respondió la acción de tutela. Sin embargo, la
Sala no comparte esta postura, por dos razones fundamentales.
En primer lugar, si bien, ciertamente, el citado artículo
20 establece que “se tendrán por ciertos los hechos” si el accionado no presenta
la información solicitada dentro del plazo indicado, ello no implica que el
juez de tutela deba aceptar como irrevocablemente ciertos los hechos narrados
por el actor, al margen de cualquier otra consideración, pues de hecho, la
misma norma advierte en su parte final que a partir de esta circunstancia se podrá
entrar a resolver de plano “salvo que el juez estime necesaria otra
averiguación previa”. Así, para la Corte es claro que esta regla contiene
una presunción, que sin duda puede ser desvirtuada por cualquier otro medio de
prueba que llegue a conocimiento del juez, según resulta también de la regla contenida
en el inciso final del artículo 21 ibídem, conforme al cual “el juez podrá
fundar su decisión en cualquier medio probatorio para conceder o negar la
tutela”.
Frente a la aplicación de esta presunción respecto al
punto, debe reconocerse que el único elemento probatorio disponible era el dicho
de la actora, pues en el expediente no se encuentran otras piezas del proceso
disciplinario contra ella adelantado (con la única excepción del fallo de
fondo), y particularmente se echan de menos el auto que dio inicio a la
indagación preliminar, el que ordenó la apertura de la investigación y el que
calificó el mérito de ésta, emitiendo pliego de cargos contra los tres
Magistrados investigados[72].
Sin embargo, como pudo constatarse, existía al menos
una fuente de información públicamente disponible, que ante el silencio de los
Magistrados de la corporación accionada, permitía contrastar el dicho de la actora
en torno a las razones y circunstancias en las que tuvo origen este proceso
disciplinario. Se trata de la decisión emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura en agosto 18 de 2004, en la cual se
ordenó la compulsación de copias que dio origen al proceso disciplinario cuya
decisión final ha sido cuestionada por vía de tutela[73].
Según puede observarse en la parte final (punto 3) de
las consideraciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria en esta providencia,
la compulsación de copias abarcó todos los temas por los cuales se tomó la
decisión de invalidar la sentencia dictada con ponencia de la ahora accionante
el 30 de abril de 2004, lo que incluía, además de la prescripción de la acción
disciplinaria en relación con la mayoría de las conductas investigadas, lo relativo
a la remoción del conjuez que inicialmente fuera designado para participar en
la decisión del asunto, punto sobre el cual se cuestionaría a los tres
integrantes de la Sala del Consejo Seccional del Atlántico, y la presunta falta
de resolución de una recusación contra la Magistrada sustanciadora, que había
sido presentada antes de la fecha en que finalmente se adoptó tal decisión.
Cabe incluso señalar que el punto relativo a la prescripción del proceso no se
atribuye a quien fungiera como ponente de la decisión sancionatoria, la
Magistrada Cotes Pérez, sino a quien inició tal proceso, su antecesora en el
cargo Gerda Isabel Miketta Trillos.
A partir de esta precisión, resulta claro para la Sala
que si la indagación preliminar tuvo su origen en la referida compulsación de
copias, conforme al artículo 150 del CDU, ella bien podía tener por objeto
varias de las conductas que a la postre fueron investigadas, y no apenas lo
relativo a la prescripción de la acción disciplinaria. En esa medida, no podía
concederse la tutela impetrada, en lo que a este aspecto se refiere.
En segundo término, más allá de estos hechos y sin
desconocer el contenido, por demás imperativo, del citado inciso 6° del
artículo 150 del CDU, la Sala encuentra que el amparo también sería inviable en
cuanto esa norma no puede ser entendida como un obstáculo para el válido adelantamiento
del proceso disciplinario en relación con cualquier conducta de la cual se
tenga conocimiento o sospecha durante tales actuaciones, o de alguna otra
manera, o en cualquier otro momento procesal. Varias razones respaldan esta
conclusión.
La primera de ellas es que, según resulta de lo
concordantemente establecido en los artículos 150 y 152 del CDU, la indagación
preliminar no es una etapa necesaria, sino apenas eventual del proceso
disciplinario, razón por la cual, carecería de sentido que el ámbito de lo
conocido en fase tan temprana del proceso disciplinario, que bien puede no
presentarse, tuviera la capacidad de restringir su posterior desarrollo. Así,
la apertura de la investigación puede estar o no ligada al previo
adelantamiento de una indagación preliminar, sin que en ese caso pueda
establecerse tal limitación.
De otra parte, según se colige de lo preceptuado en
los artículos 68, 69 y 70 del mismo CDU, la acción disciplinaria es pública,
debe iniciarse y proseguirse de oficio y, además, es obligatoria, siempre que
exista información que merezca credibilidad, que dé cuenta sobre la posible
comisión de faltas disciplinarias.
De tal manera, frente a la claridad de estos mandatos,
resultaría incomprensible que la acción disciplinaria no pudiera adelantarse en
los casos en que, habiendo precedido indagación preliminar, por alguna razón, como
el precario o escaso conocimiento de los hechos que es propio de esa etapa, no
hubiere sido objeto de ella algún hecho o situación que constituya falta
disciplinaria.
Finalmente, también es claro que, aún si el citado
inciso 6° del artículo 150 del CDU tuviere el efecto limitativo que le atribuye
la actora, contrario sensu la indagación preliminar sí podría “extenderse
a hechos que … sean conexos”, con aquellos que fueron “objeto de
denuncia, queja o iniciación oficiosa”.
Por ello, en el presente caso, resulta evidente que si
la primera noticia que dio origen al proceso disciplinario provino de la
providencia por la que se declaró la nulidad de la decisión sancionatoria
adoptada con ponencia de la aquí actora, esa actuación bien podía referirse a cualesquiera
otros hechos derivados de esa misma providencia, como sin duda lo eran todos
los demás que, según se ha explicado en esta sentencia, ocasionaron las
sanciones disciplinarias de que fueron objeto los tres ex Magistrados, cuyas
tutelas ahora se deciden.
Así las cosas, la Sala de Revisión encuentra que en lo
atinente a esta primera razón de inconformidad, el amparo solicitado no debe
ser concedido.
7.2.2. El segundo aspecto frente al cual la actora María
Antonia Cotes Pérez solicita protección constitucional tiene que ver con dos de
los hechos sancionados, por los cuales fueron disciplinados también sus compañeros
de Sala. Según ella sostiene, las supuestas faltas relacionadas con el relevo
irregular de un conjuez y la adopción de una decisión judicial sin las mayorías
necesarias, que dentro de la providencia cuestionada por vía de tutela fueron calificadas
como infracciones a los deberes contenidos en los numerales 1° y 2° del
artículo 153 de la Ley Estatutaria de la Justicia, en concordancia con lo
previsto en el artículo 196 del CDU, no podrían dar lugar a una sanción
disciplinaria, pues en ambos casos se trata de actuaciones cumplidas al amparo
de la autonomía que es inherente a la función judicial.
Sin embargo, tampoco en este caso la Sala de Revisión
estima fundado el reclamo de la demandante, pues en aplicación de la línea jurisprudencial
reseñada en la consideración Quinta anterior, no encuentra que conductas como las
dos en este caso atribuidas a los integrantes de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria se encuadren dentro del concepto de autonomía judicial.
Este tribunal considera que tales comportamientos no
caben dentro de ese concepto, por cuanto esas decisiones de trámite no se tomaron
en un contexto en el que el operador judicial debiera interpretar el derecho
para luego deducir las consecuencias normativas de unos hechos determinados, casos
en los cuales, por efecto de esa autonomía, puede haber varias posibles
soluciones igualmente válidas.
En este caso ocurre algo diferente pues, contrario
sensu, se trataba de escenarios en los que no podría haber soluciones alternativas,
sino una sola posible. Así, en lo que atañe al logro de la mayoría necesaria
para adoptar una decisión, solo existen dos opciones posibles, la presencia o
la ausencia de mayoría suficiente, siendo la primera conforme a la ley y la
segunda contraria a aquella. Y frente a lo sucedido con el conjuez ocurre
igual: si fue removido por una causa legal, hay una actuación así mismo legal,
y si tal causa no existía, habrá una infracción de las normas.
Ahora bien, frente a estas dos situaciones
específicas, alega la actora que no existen normas claramente aplicables a
ninguno de los dos casos, ante lo cual no sería dable cuestionar al operador
judicial por haber asumido una u otra conducta. No lo entiende así la Sala, de
una parte por cuanto no es enteramente cierto que no existan normas sobre tales
temas, y de otra porque se trata de situaciones atinentes al proceso mismo,
ámbito dentro del cual no imperan la autonomía y la libre iniciativa del
juzgador, sino el orden y la predecibilidad.
La Corte reafirma que frente a situaciones
estrictamente procesales, el libre albedrío del operador judicial resulta
inaceptable, pues ello afecta de manera sensible los derechos de quienes
intervienen en la actuación, que no sabrían qué esperar durante el desarrollo
de la actuación, lo que implica lesión de su derecho fundamental al debido
proceso.
Por ello, aún en el caso ciertamente infrecuente, de
no existir normas específicas aplicables a una determinada situación procesal,
ella no puede entenderse librada al arbitrio de la autoridad que la conduce,
pues la forma adecuada de desarrollarla ha de ser una sola, y podrá
determinarse a partir del sentido y finalidad de las instituciones de que se trate,
con la ayuda de los principios generales de derecho y, si fuere necesario,
mediante la aplicación analógica de preceptos que regulen casos semejantes[74]. En el caso de los procesos disciplinarios, el artículo
21 del CDU expresamente ordena que en lo no previsto en esa ley se apliquen
varias fuentes normativas específicas, incluyendo los principales tratados
internacionales sobre derechos humanos y los códigos de procedimiento vigentes
en el país[75], “en todo lo que no contravengan la naturaleza del
derecho disciplinario”.
En esta línea, al analizar las dos situaciones que en
este caso dieron lugar a la imposición de sanciones disciplinarias, mirando inicialmente
lo sucedido con el conjuez convocado y luego removido, debe admitirse que no
existen en los principales cuerpos normativos aplicables (por ejemplo el CDU o
la Ley Estatutaria de la Justicia) normas que regulen directamente los eventos
en que debe procederse a su designación, ni las reglas sobre su eventual
remoción, pero sí habría de considerarse que existe en la comunidad jurídica
colombiana, un consenso amplio y bastante pacífico, acerca de cuál es el rol
que incumbe desarrollar a los conjueces y sobre las condiciones en que ellos lo
cumplen.
De igual manera, aparecen también en algunos de los
estatutos antes referidos, regulaciones parciales e indirectas sobre la
materia, siendo quizás una de las más completas la contenida en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo[76], cuyo artículo 115 lista los escenarios en los cuales
procede la designación de conjueces, básicamente tres: (i) la necesidad de
reemplazar Magistrados separados de un determinado tema por haberse aceptado un
impedimento o recusación; (ii) dirimir empates; y (iii) completar la mayoría
decisoria cuando por alguna razón ésta se hubiere visto reducida por debajo del
mínimo necesario. La referida norma resulta afortunada en cuanto recoge de
manera completa el conocimiento existente en la comunidad jurídica colombiana
sobre el papel de los conjueces y las principales reglas que rigen su
desempeño, a las que antes se hizo referencia.
De preceptos como el antes citado y de las demás
regulaciones existentes, así como del conocimiento disponible en torno a la
función de los conjueces, aparecen claras las que serían las reglas aplicables
al tema: debe procederse a la designación de uno o más conjueces, según resulte
necesario, siempre que se verifique alguna de las circunstancias anotadas y
únicamente en esos casos.
Ahora, según se deduce de tales regulaciones y de la
naturaleza de esta función, una vez que se procede a la designación de un
conjuez y éste toma posesión, se entendería que tiene el deber de participar en
la discusión y la posterior decisión del asunto para el cual fue convocado, por
lo que no resulta razonable que sea intempestivamente relevado de ese encargo.
En esta medida, considera la Sala de Revisión que la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria de la que formaba parte la actora no tenía la
posibilidad de decidir de manera discrecional si nombraba o no un conjuez, sino
que solo podía hacerlo en cuanto se hubiera verificado uno de los supuestos que
puede dar lugar a tal decisión, como tampoco podía resolver a su arbitrio el
retiro del conjuez ya vinculado al caso, pues llegados a ese punto, él debía
participar necesariamente en la toma de la decisión, salvo que sobreviniere
alguna circunstancia, como el advenimiento de una situación que pudiere
considerarse fuerza mayor. Según se observa entonces, ni la designación del
conjuez ni su posible remoción son actos amparados por la autonomía judicial,
que pudieran suceder o no, u ocurrir de una u otra forma, sino actos reglados,
razón por la cual cualquier actuación en sentido diferente resultaría
cuestionable.
Por su parte, en lo que atañe a la alegada ausencia de
mayoría suficiente en la adopción de la decisión sancionatoria de fecha abril 30
de 2004 ocurre algo semejante, pues si bien el asunto se enfocó a partir de la
diferencia existente entre un salvamento de voto y una aclaración, claramente puede
discernirse si en un determinado caso existe o no el número de votos necesarios
para la aprobación de una decisión judicial.
Encuentra la Sala de Revisión que este aspecto depende
directamente de que el número mínimo de Magistrados requeridos expresen su voluntad
de respaldar la totalidad de las decisiones contenidas en la parte resolutiva de
tal decisión. Es aquí cuando, frente a las posibles situaciones que pudieran
presentarse, aparecen las figuras que en la práctica judicial colombiana se han
denominado como aclaración y salvamento de voto[77].
La primera de ellas permite expresar la posición
particular a aquellos participantes de la decisión que habiendo acompañado con
su voto la totalidad de las resoluciones, discrepen total o parcialmente de la sustentación
que las precede, mientras que la segunda, el salvamento de voto, es la que
permite a los disidentes de la decisión explicar las razones por las cuales estuvieron
en desacuerdo con aquélla, según hubiere quedado planteado a partir de su voto
negativo. Cabe agregar que resulta posible expresar un salvamento parcial, en
aquellos casos en los que exista disenso solo frente a una parte de lo
decidido, o simplemente salvamento (que en tal medida se asumiría como total)
cuando quiera que no se comparta ninguna de las decisiones incorporadas en la
providencia así aprobada.
A partir de lo expuesto, es entonces diáfana la
diferencia existente entre una aclaración de voto y un salvamento parcial,
razón por la cual no resulta posible que los integrantes de una Sala decidan
autónomamente, en pretendido ejercicio de su autonomía, cómo se rotula una
determinada postura de uno de ellos frente a una decisión de Sala, como en este
caso se quiso hacer. Así mismo, resulta claro que tampoco sería posible que a
través de un acuerdo de este tipo, los Magistrados participantes influyan o determinen
si en un caso particular existió o no mayoría suficiente para la aprobación de
la correspondiente providencia.
Por las anteriores razones, aun cuando el fallo
disciplinario frente al cual se discute si hubo o no mayoría no obra en el
expediente de tutela[78], según alcanza a deducirse de otras piezas procesales
disponibles, entre ellas extractos de intervenciones del Magistrado Rafael
Vélez Fernández y de otros varios participantes de ese proceso[79], es claro que este operador judicial respaldó la
declaratoria de responsabilidad disciplinaria de los encartados, pero no el tipo
y quantum de la sanción impuesta.
De ello se deriva entonces que, sobre este último aspecto,
solo habría habido un voto, el de la Magistrada sustanciadora María Antonia
Cotes Pérez, lo que ciertamente implicaría que no existió en ese punto mayoría
suficiente. Además, se reitera, es claro que la Sala no podía a su libre
elección catalogar la postura de uno de sus miembros como aclaración o
salvamento parcial, ni influir sobre la consecuencia que ello genera frente a
la existencia o no de mayoría decisoria, como en la actuación antecedente al
caso de autos habría ocurrido.
Con apoyo en estas consideraciones, la Sala de
Revisión encuentra sustentado que el disciplinante hubiere deducido incumplimiento
de deberes en relación con estas dos situaciones, ya que, según se explicó, aun
cuando no existiese una regulación expresa y definida sobre los dos temas
referidos, sí había, en cambio, elementos a partir de los cuales deducir sin dificultad,
el manejo que a ellos habría de darse, sin que cupiera invocar al respecto la
autonomía judicial, como en este caso postuló la actora María Antonia Cotes Pérez.
A partir de las anteriores reflexiones, concluye la
Sala que tampoco por estas razones puede concederse la tutela impetrada, pues
la sanción de los dos hechos analizados no implica lesión de los derechos
fundamentales invocados.
7.2.3. Otra circunstancia por la cual la actora
controvirtió la decisión sancionatoria de que fue objeto, radica en la forma en
que habrían sido valoradas las pruebas disponibles en el proceso disciplinario
antecedente. De manera general, la demandante censuró como insuficiente el
soporte probatorio invocado para sustentar una decisión como la que en este caso
se adoptó, pero más allá de ello, formuló glosas sobre algunos aspectos
específicos.
Así por ejemplo, se quejó de que se hubieran
considerado probadas faltas como la relativa al trato descortés o intimidatorio
hacia sus compañeros de Sala, o la orden que ella habría impartido al
Secretario de ésta para que no ingresara nuevos expedientes a su despacho,
hasta tanto no concluyera el importante proyecto en el que estaba trabajando.
También señaló que la Sala accionada habría empleado un dudoso parámetro
probatorio frente a la evidencia disponible en las actas de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria de la cual ella hacía parte, al considerarlas prueba válida y
fehaciente en algunos casos, por ejemplo para demostrar la instrucción que ella
habría dado al Secretario, y estimarlas en cambio insuficientes cuando se
trataba de probar que fue esa Sala la que en el caso FONCOLPUERTOS decidió considerar
como aclaración de voto la postura asumida por el Magistrado Vélez Fernández.
También cuestionó que se hubieran acogido como prueba
del aducido trato descortés contra sus compañeros de Sala, algunos comentarios
de ellos contenidos en los descargos que formularon dentro de la misma
actuación disciplinaria, sin haber tenido el cuidado de tomarles juramento, en
cuanto estaban formulando acusaciones en contra de otras personas.
Para
decidir sobre lo planteado es pertinente recordar que el CDU contiene en su
Título VI[80] una regulación apenas parcial del tema probatorio,
dentro de la cual se destacan principios tan importantes como el de la necesidad
de la prueba (art. 128), la imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la
verdad real (art. 129), la libertad probatoria (art. 131), la apreciación
integral de las pruebas (art. 141) y la necesidad de que haya certeza derivada
de las pruebas disponibles, sobre la existencia de la falta y la
responsabilidad del investigado, como presupuestos necesarios para tomar una decisión
sancionatoria (art. 142).
Son
estos, entonces, los principales aspectos que la autoridad o el juez
disciplinario ha de tener en cuenta en lo relacionado con el decreto, la
práctica y la apreciación de las pruebas en este tipo de actuaciones.
Ahora
bien, en los temas no previstos en estas normas, entre ellos la regulación
detallada de los distintos medios de prueba, gracias a la ya referida remisión normativa
prevista en el artículo 21 del mismo CDU, han de tenerse en cuenta los
principios y reglas contenidos en los distintos códigos de procedimiento, particularmente
el de Procedimiento Civil[81], que como es sabido, es el que realiza un desarrollo
más extenso y completo sobre la materia[82].
De
otra parte, es necesario recordar que, tanto en las actuaciones judiciales como
en las administrativas, siempre que se dé cumplida aplicación a los principios
arriba señalados, el funcionario competente para adoptar decisiones goza de
amplia libertad en lo relativo a la valoración probatoria. En el primero de
esos casos esa libertad ha sido además asumida como parte de los conceptos de autonomía
e independencia, que como atrás se explicó, son principios esenciales del
ejercicio de la actividad judicial. Por esta razón, en el desarrollo jurisprudencial
que a través de los años ha realizado este tribunal en torno a la tutela contra
decisiones judiciales, se ha insistido en la necesidad de demostrar plenamente los
aspectos en los que la arbitrariedad o la ilegalidad hubieren manchado la actividad
probatoria cumplida por el fallador, pues de lo contrario, en protección de la
referida autonomía, han de prevalecer los enfoques probatorios que para el caso
hubiere aplicado el juez de la causa.
En
los casos antes referidos, la jurisprudencia constitucional ha definido como defecto
fáctico[83] los errores o situaciones que podrían contaminar la
valoración probatoria que sustenta una providencia de ese tipo. Esta Corte ha
explicado que a ese resultado puede llegarse a partir de diversas
circunstancias que pueden acaecer dentro del trámite del decreto, práctica y
apreciación de las pruebas, las cuales pueden clasificarse bajo dos perspectivas
opuestas, una dimensión negativa y una dimensión positiva.
En
esta línea, se ha señalado que la dimensión negativa u omisiva del
defecto fáctico se relaciona con todas aquellas situaciones en las que una
determinada prueba que hubiera conducido a cierto tipo de decisión, es dejada
de lado, al no haber sido decretada, o no haber sido practicada, o porque pese
a sí hacer parte del acervo probatorio, el juzgador la ignoró, la pasó por
alto, le restó mérito probatorio, o en fin, miró de otro modo su capacidad suasoria,
al tiempo que la dimensión positiva, comprende los casos en que la decisión
se fundamenta en una apreciación probatoria notoriamente equivocada, en pruebas
recaudadas  incorrectamente o nulas de pleno derecho, o en probanzas que en
realidad no podían ser valoradas como suficientes para dar por demostrados los
hechos que a partir de ellas se consideraron probados.
Como
también se anotó, si bien el defecto fáctico es una ocurrencia previsible
dentro de la actividad judicial, la intervención del juez de tutela en tales
casos ha de tener un carácter extremadamente excepcional y riguroso, pues el respeto por los principios de autonomía judicial y de
adscripción de competencias, impiden que aquel avance en un examen exhaustivo
de las pruebas con base en las cuales se hubiere decidido el proceso. Por ello,
en todo momento este tribunal ha subrayado que “en lo que hace al análisis
del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y
trascendencia”[84].
En
la misma tónica, se ha precisado además que
el error “en el juicio valorativo de
la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y
el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto”[85].
En
esa perspectiva, de vuelta al caso concreto y con base en un detallado estudio
del acto sancionatorio contra el cual la demandante María Antonia Cotes Pérez
incoó la acción de tutela, la Sala accionada realizó un estudio extenso y pormenorizado
de las probanzas existentes[86], y también explicó, al menos sucintamente, el mérito
e importancia que confirió a cada una de aquellas, a efectos de llegar a la necesaria
certeza sobre la existencia de las faltas investigadas y la responsabilidad de
los encartados en relación con ellas.
La
Corte encuentra que la Sala autora de la decisión controvertida, fundó su
convicción sobre la responsabilidad de la aquí demandante por las faltas que le
fueron imputadas, a partir de una apreciación global pero razonada de los
medios de prueba disponibles, la cual condujo a la conclusión, que esta Sala no
encuentra contraevidente ni palmariamente carente de razón, de que en efecto
ella realizó las referidas conductas, como la orden al Secretario de detener el
ingreso de expedientes, o el trato descortés hacia sus colegas, por ellos
referido.
Por
lo demás, anota esta Sala que al no existir en el CDU ni en los demás estatutos
aplicables, reglas específicas ni tarifa legal sobre la forma de valorar determinados
medios de prueba, entre ellos las actas de las corporaciones disciplinarias y
las declaraciones vertidas por los investigados durante la fase de descargos, tanto
más factible resulta que tales situaciones fueran libre y responsablemente
analizadas conforme a los dictados de la sana crítica, como en este caso lo habría
hecho la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura. Así, no encuentra esta Sala de Revisión razón para considerar
válidas las glosas que a este respecto formulara la actora.
Como
resultado de estas consideraciones, tampoco se abre paso este nuevo motivo de
cuestionamiento contra la decisión disciplinaria atacada, por lo que, en
consecuencia, no se concederá la tutela en lo que a estos aspectos se refiere.
7.2.4. Otra razón por la que, según la actora, se habrían
vulnerado sus derechos fundamentales, aunque no relacionada con el contenido
del fallo disciplinario confutado sino incluso posterior a su expedición, tiene
que ver con el hecho de que la Sala accionada habría dejado de decidir sobre una
recusación presentada por la actora María Antonia Cotes Pérez contra el Magistrado
Temístocles Ortega Narváez, aparentemente por hechos relativos a la actuación de
él dentro del otro proceso disciplinario contra ella dirigido y fallado en la
misma fecha, contenido en el expediente 2004-1017-00, que es aquel que dio
lugar a las tutelas interpuestas por los Magistrados Campo Charris y Vélez
Fernández.
En
relación con este punto, baste señalar que la Sala de Revisión encuentra
suficientemente razonable la explicación a partir de la cual la Sala accionada
se abstuvo de dar trámite a la referida recusación, que como se sabe, fue
formulada con posterioridad a la aprobación del fallo disciplinario ahora
discutido, en momentos en que la eventual parcialización del Magistrado
cuestionado no podía ya causar perjuicio alguno a la actora.
En
efecto, para esta Sala es claro que en razón a la ejecutoria inmediata prevista
por el artículo 205 del CDU para las decisiones disciplinarias adoptadas por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y ante
la ya comentada improcedencia de recursos contra ellas, no queda pendiente
ninguna otra actuación ni posible decisión dentro de la cual pudiera uno de los
integrantes de esa corporación sesgar su criterio como consecuencia de hechos
legalmente previstos como constitutivos de impedimento. De esta manera,
precisamente en aplicación del mandato contenido en el inciso 1° del artículo
151 del Código de Procedimiento Civil entonces vigente, es plausible estimar
que una vez aprobado un fallo de esta naturaleza, en realidad no existe ya
proceso dentro del cual quepa plantear una posible causal de recusación, por lo
que resultaba válido el rechazo que a ese respecto se produjo.
En
tal medida, este otro cuestionamiento planteado por la actora, no puede tener
prosperidad como posible razón para la concesión del amparo solicitado.
7.2.5. La última razón por la cual la actora María
Antonia Cotes Pérez cuestionó el fallo disciplinario, por un hecho posterior a
ese pronunciamiento, tuvo que ver con no haberse tramitado eBl recurso de
reposición que interpuso.
En relación con este aspecto, dada la identidad
existente entre este caso y el anterior, en el que el también demandante Rubén
Darío Campo Charris formuló idéntico reproche frente a la misma situación
fáctica, es pertinente remitirse a las reflexiones vertidas en los puntos 7.1.6
a 7.1.8 de esta sentencia, en los cuales se descartó la prosperidad de este
posible motivo de amparo.
Así las cosas, tampoco en este caso hay lugar a tutela
por la susodicha razón.
Octava. Conclusión
Agotado el análisis de los distintos aspectos planteados
por los actores, como razones para la defensa de sus derechos fundamentales frente
a la actuación cumplida por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria en torno a los fallos de fecha 9 de abril de 2008,
sus antecedentes y, en algunos puntos específicos, la actuación posterior a
ellos, la Sala Sexta de Revisión ha llegado a las siguientes conclusiones, a
partir de las cuales adoptará las decisiones que a continuación se explican:
8.1. En relación con el proceso rituado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura bajo el expediente 2004-01017-00, sobre cuyo
fallo versan las acciones de tutela de los ex Magistrados Rubén Darío Campo
Charris (expediente T-2.176.282) y Rafael Antonio Vélez Fernández (expediente
T-2.405.772), esta Sala de Revisión encontró válidos dos de los cuatro
cuestionamientos por ellos planteados como violatorios de sus derechos
fundamentales, principalmente los del debido proceso, derecho a la defensa y
acceso a la justicia.
Sin embargo, debe destacarse que uno solo de estos defectos,
el relativo a las irregulares circunstancias en que se aprobó el fallo
disciplinario de abril 9 de 2008, después de no haber sido aprobado meses atrás
un proyecto con el mismo contenido, y con la actuación como ponente de quien en
esa pretérita ocasión había sido derrotado, afecta e invalida ese fallo en su
totalidad, en razón a su carácter indivisible, incluso en relación con la ex
Magistrada María Antonia Cotes Pérez, también sancionada, quien no lo controvirtió
por vía de tutela.
Así, la decisión que a esta Corte atañe en pro de los
derechos fundamentales afectados, será la de revocar los correspondientes
fallos de segunda instancia, para en su lugar dejar sin efectos esa providencia
disciplinaria, y ordenar a la Sala accionada, por conducto de sus actuales
integrantes, dictar una nueva decisión que ponga fin a la referida actuación,
dando correcta aplicación a las reglas pertinentes a la adopción de decisiones,
y también teniendo en cuenta lo observado por esta sentencia en su
consideración 7.1.1., en torno a la situación desigual que queda planteada al
sancionar por igual a todos los integrantes de la Sala por situaciones relacionadas
con los procesos a cargo de uno solo de ellos.
Ahora bien, no ignora esta Sala de Revisión, que de conformidad
con lo previsto en el artículo 30 del Código Disciplinario Único (Ley 734 de
2002, adicionada entre otras por la Ley 1474 de 2011), la prescripción de la acción
disciplinaria conducente a la sanción de las conductas que en este caso fueron
investigadas se habría producido ya, desde fecha muy cercana a cuando estas acciones
de tutela fueron seleccionadas para revisión por parte de esta Corte.
De tal manera, la nueva decisión que a este respecto
emita la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura deberá reconocer esa circunstancia.
8.2. En relación con el proceso tramitado por la Sala
accionada en el expediente 2004-02091-00, la Sala Sexta de Revisión encontró que
no es procedente ninguno de los cuestionamientos elevados por la actora María
Antonia Cotes Pérez (expediente T-2.365.166), pues ni la actuación desarrollada
ni el contenido del fallo emitido al término de ella, atentan contra los derechos
fundamentales de la demandante, en la forma por ella planteada ni alguna otra.
En efecto, comprobó esta Sala que i) no se desconoció
el artículo 151 del CDU, por haber formulado cargos y sancionar por hechos no
contemplados durante la indagación preliminar; ii) no se vulneraron la
autonomía e independencia de la actora, en cuanto servidora judicial, al
sancionar situaciones como la irregular remoción de un conjuez, o la adopción
de una decisión sin las mayorías suficientes; iii) el fallo confutado se
sustenta en una razonable valoración de las pruebas disponibles dentro del
proceso precedente; iv) tampoco se violó el debido proceso al abstenerse de
decidir de fondo sobre dos solicitudes elevadas por ella con posterioridad al
fallo disciplinario, en concreto un recurso de reposición y una recusación
contra quien actuó como Magistrado ponente.
En consecuencia, en este caso se confirmará el fallo
dictado por una Sala Especial de Conjueces de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura, que en segunda instancia denegó la
tutela impetrada por la actora María Antonia Cotes Pérez contra Magistrados de
esa misma Sala.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. Levantar
la suspensión de términos decretada en este proceso mediante auto de julio 23
de 2009.
Segundo. En
relación con el expediente T-2.176.282, REVOCAR el fallo de segunda instancia proferido en diciembre
16 de 2008 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, que revocó el dictado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca (Sala Especial de Conjueces)
el 20 de noviembre de 2008. En su lugar, se dispone TUTELAR los derechos
al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia y a
la igualdad del señor Rubén Darío Campo Charris, identificado con cédula de
ciudadanía 12.608.649 de Ciénaga.
Tercero. En
relación con el expediente T-2.405.772, REVOCAR el fallo de segunda instancia proferido en agosto 12
de 2009 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, mayoritariamente integrada por conjueces, que revocó el dictado por
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca (Sala Especial de Conjueces) el 9 de febrero de 2009. En su lugar,
se dispone TUTELAR los derechos al debido proceso, a la defensa y al
acceso a la administración de justicia del señor Rafael Antonio Vélez Fernández,
identificado con la cédula de ciudadanía 19.130.309 de Bogotá.
Cuarto. En
consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el fallo
disciplinario proferido el 9 de abril de 2008 por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura contra los señores Rubén
Darío Campo Charris, María Antonia Cotes Pérez (C. C. 36’537.182 de Santa
Marta) y Rafael Antonio Vélez Fernández. En su lugar, ORDENAR a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria accionada, por conducto de sus actuales integrantes, que dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia,
profiera una nueva sentencia con pleno reconocimiento del derecho de los
actores al debido proceso, a la defensa, al acceso a la justicia y a la
igualdad, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Quinto. En relación con el expediente T-2.365.166, CONFIRMAR
el fallo de segunda instancia proferido
en julio 3 de 2009 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura (Sala Especial de Conjueces), que revocó el dictado
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura
de Cundinamarca (Sala Especial de Conjueces) el 27 de abril de 2009.
Sexto.
Por Secretaría General, LÍBRESE
la comunicación a que alude el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese y cúmplase,
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Con aclaración de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaría General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL
MAGISTRADO
ALBERTO ROJAS RÍOS
A LA SENTENCIA T-345/14
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-No se tuvo en
cuenta la evolución jurisprudencial respecto al reemplazo de la expresión
"vía de hecho" por la de "causales genéricas de
procedibilidad" (Salvamento parcial de voto)
En la sentencia, el Magistrado Ponente reseñó la línea
jurisprudencial sobre las acciones de tutela contra providencia judicial. Al
respecto, precisó que esa acción constitucional era procedente para atacar las
sentencias de forma excepcional, lo cual ocurre cuando el juez incurría en una
vía de hecho. Más adelante, la providencia objeto de disidencia advirtió que en
la C-590 de 2005, la Corte Constitucional fijó que la acción de tutela puede
discutir los fallos judiciales cuando se configuran las causales genéricas y
específicas de procedibilidad. Sin embargo, el proveído no explicó los
conceptos centrales del cambio de jurisprudencia que efectuó esta Corporación
en la procedencia de la acción de tutela contra sentencia, el cual consistió en
precisar que el amparo de los derechos vulnerados ocurrirá cuando la
providencia adolece de un defecto específico y no en la configuración clásica
de una vía de hecho. El giro conceptual es importante, en la medida que se
centra en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Así, la
Corte pasó del concepto de vía de hecho, que se concentra en identificar las
actuaciones arbitrarias del juez que se oponen al ordenamiento jurídico y que
vulneran derechos fundamentales, a la simple afectación de éstos sin mirar la
conducta judicial, lo que se conoce como las causales específicas. De esta
manera, se reconfiguró una institución de carácter subjetivo y se retomó las
infracciones objetivas de la constitución, por ello se incluyó el
desconocimiento del precedente judicial como causal de procedibilidad. En
palabras de la Sala Plena de la Corte se renunció “[a]l sesgo subjetivo que
sirve de base a la tesis de la vía de hecho, para admitir uno de mayor
objetividad, fundado no ya en los conceptos de abuso o arbitrariedad
judiciales, sino en el desconocimiento directo de la normativa y -en algunos
casos- de la jurisprudencia constitucional.”
DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia (Salvamento parcial de voto)
MORA JUDICIAL
INJUSTIFICADA-Vulneración de derechos
fundamentales por dilación de casi cinco (5) años de la Corte Constitucional en
expedir sentencia (Salvamento parcial de voto)
Deseo llamar la atención sobre la demora de casi cinco
(5) años que tuvieron los asuntos de la referencia para ser resueltos, puesto
que los casos fueron seleccionados en el año de 2009 y solo hasta la anualidad
en curso se presentó proyecto de fallo. Cabe resaltar que la recopilación de
las pruebas necesarias para expedir la sentencia concluyó hace cinco (5) años
cuando se efectuó la inspección judicial a los procesos objeto de estudio. Esta
situación no se compadece con el papel protector que tiene la Corte
Constitucional frente a los derechos fundamentales de las personas. Es más, la
dilación injustificada en expedir la decisión de fondo implicó la vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso de los actores y que se
mantuviera la afectación de las garantías constitucionales de ellos. “la Corte indicó que de los postulados
constitucionales se sigue el deber de todas las autoridades públicas de
adelantar actuaciones y resolver de manera diligente y oportuna los asuntos
sometidos a ella. En ese sentido, la dilación injustificada y la inobservancia
de los términos judiciales pueden conllevar la vulneración de los derechos al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia”. A mi juicio
carece de coherencia ética que esta Corporación avale la sanción que se impuso
a la Magistrada María Antonia Cotes Pérez (expediente T-2.365.166) por dejar
prescribir un asunto sometido a su competencia, si se tiene en cuenta que la
Corte Constitucional se demoró en fallar cinco (5) años, plazo similar a la
extinción de la acción disciplinaria. Por ende, es paradójico que la Sala tome
esa determinación incurriendo en la misma falta que se reprochó a la
peticionaria en el proceso sancionatorio.
Referencia: expedientes T-2.176.282, T-2.365.166 Y
T-2.405.773
Acción de tutela presentada por Rubén Darío Campos
Charris, María Antonia Cotes Pérez y Rafael Antonio Vélez Fernández contra la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Magistrado Ponente:
Nilson Pinilla Pinilla.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones adoptadas por los
miembros de la Sala, expreso que debo
salvar mi voto de forma parcial en la decisión acogida en esta oportunidad. Con el propósito de exponer las razones de mi disidencia, a
continuación realizaré un sucinto análisis de las particularidades del
caso y de las consideraciones generales de la
providencia en cuestión.
i.
Contenido de la sentencia T-345 de 2014.
La
presente providencia analizó tres casos en los cuales la autoridad demandada
sancionó disciplinariamente a varios Magistrados. La exposición del contenido
de la providencia se efectuará de acuerdo a la forma en que ésta agrupó los
plenarios.
Expediente
T-2.176.282 y T-2.405.772. Los
señores Rubén Campos y Rafael Vélez se desempeñaron como Magistrados del
Consejo Seccional la Judicatura del Atlántico. En abril de 2008, el Consejo
Superior de la Judicatura suspendió a los peticionarios del ejercicio de sus
empleos por el término de 12 meses, debido a su bajo rendimiento en su trabajo,
situación que se evidenció en que los demandantes decretaron la prescripción de
varios procesos disciplinarios que estuvieron bajo su competencia.
Los
actores manifestaron que la autoridad judicial accionada vulneró su derecho al
debido proceso, porque modificó la sentencia cuando carecía de competencia para
ello. Así, en la Sala adelantada el 28 de noviembre de 2007, el Consejo
Superior de la Judicatura desechó la ponencia que sancionaba a los empleados
jurisdiccionales y dispuso que se sustanciara el fallo absolutorio. Más
adelante, con la llegada de la Magistrada María Mercedes López Mora al alto
Tribunal, el Juez Colegiado demandado sometió de nuevo a votación el proyecto
sancionatorio, decisión que fue aprobada por la Sala.  Además, señalaron que la
autoridad judicial accionada declaró improcedente el recurso de reposición
interpuesto contra el fallo sancionatorio.
Expediente
T-2.365.166. La señora María Antonia
Cotes Pérez desempeñó el empleo de Magistrada del Consejo Seccional la
Judicatura del Atlántico. En abril de 2008, la Corporación judicial demandada
suspendió a la petente del ejercicio de las funciones de su cargo por 3 meses,
dado que ella destituyó a varios jueces laborales sin tener en cuenta que la
acción disciplinaria había prescrito. No obstante, el Consejo Superior de la
Judicatura convirtió la sanción impuesta a la tutelante en una multa.
La
actora consideró que el Consejo Superior de la Judicatura vulneró su derecho al
debido proceso, comoquiera que: i) el procedimiento disciplinario se extendió
más allá de los hechos expuestos en la queja, escenario que implicó el desconocimiento
del artículo 150 de la Ley 734 de 2002; ii) el Juez Colegiado valoró de forma
indebida las pruebas del proceso; iii) la sanción desconoció el principio de
autonomía judicial que tiene todo juez; y iv) esa autoridad judicial declaró
improcedente la recusación y el recurso de reposición que ella promovió.
Con
relación a la parte motiva de la decisión, el Magistrado Ponente inició con
referenciar la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Más
adelante, resaltó la importancia que tiene el derecho al debido proceso para el
indiciado en cualquier procedimiento o proceso sancionatorio. Además, advirtió
que ese derecho es una garantía para que se expidan decisiones justas y señaló
los principios que hacen parte de su núcleo esencial en materia disciplinaria.
En el fallo se precisó que el derecho al debido proceso obliga a los jueces de
la jurisdicción disciplinaria a aplicar los reglamentos de las Corporaciones
judiciales en los juicios de su competencia.
Luego
se expuso que el acceso a la justicia y el derecho de defensa son garantías
adicionales o extensivas del debido proceso que pueden operar a favor de los
disciplinados, tal como sucede en el caso concreto. Por ello, los acusados
tienen el derecho a que los jueces concedan un trato igual al de todos los
intervinientes del proceso.
Finalmente,
la sentencia señaló que la actividad de los jueces es objeto de control
disciplinario. No obstante, esa competencia no puede ser utilizada para
sancionar a los funcionarios jurisdiccionales por sus decisiones conforme a
derecho o su interpretación razonada, puesto que se encuentran amparadas por el
principio de autonomía judicial. En los eventos en que se desconoce tales premisas
se configura la vulneración a los derechos al debido proceso, a la defensa y al
acceso a la justicia de los funcionarios  jurisdiccionales.
En
el caso concreto, la providencia decidió frente a cada causa:
Expediente
T-2.176.282 y T-2.405.772: El
Magistrado Ponente concluyó que la autoridad judicial demandada vulneró los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los
actores, en razón de que en la corporación judicial accionada, el Magistrado
Ponente derrotado en la Sala inicial no podía volver actuar como ponente en la
decisión final, ni tenía la posibilidad de presentar nuevamente el mismo
proyecto de fallo, porque: i) ese funcionario jurisdiccional había perdido la
competencia para pronunciarse sobre el asunto, conforme estableció la sentencia
T-1087 de 2003; y ii) la decisión absolutoria se encontraba cobijada por la
institución de la cosa juzgada. Además, el Consejo Superior desconoció su
propio reglamento, al decidir por segunda vez el asunto de la referencia, toda
vez que ese cuerpo normativo precisa que cuando se presenten nuevas decisiones
derivadas de los proyectos de fallo derrotados no habrá lugar a votación y el
texto solo se examinará “en cuanto a su forma  y estilo”. En contraste,
sintetizó que el hecho de que el Juez Colegiado demandado rechazara el recurso
de reposición no quebranta el derecho al debido proceso de los peticionarios,
comoquiera que esa decisión es una interpretación razonable del ordenamiento
jurídico, según ha manifestado esta Corporación.
Expediente
T-2.365.166: El fallo estimó que el
Consejo Superior de la Judicatura no vulneró los derechos fundamentales de la
señora María Antonia Cotes, porque: i) la denuncia disciplinaria expuso la
situación fáctica de la sanción y la indagación preliminar es una etapa
prescindible en el proceso disciplinario; ii) la autoridad judicial accionada
valoró en forma debida las pruebas del proceso sancionatorio; iii) la autonomía
judicial no faculta al juez a desconocer el ordenamiento jurídico, por ejemplo
la remoción irregular del conjuez o adoptar decisiones sin las mayorías
requeridas; y iv) después de que se dictó la sentencia del proceso
disciplinario son improcedentes las peticiones de recusación de un magistrado o
la interposición del recurso de reposición contra el fallo sancionatorio.
ii.
Motivos del Salvamento
parcial de voto.
1.
Comparto el sentido de la
sentencia T-345 de 2014 y los argumentos
que sustentaron la decisión en los expedientes T-2.176.282 y T-2.405.772,
procesos en los que se dejó sin efecto el fallo impugnado y se ampararon los
derechos de los peticionarios.
2.
En contraste, estoy en desacuerdo
con algunas de las consideraciones de la parte motiva de la providencia de la
que me aparto y con la decisión adoptada en el plenario T-2.365.166. Por ende,
me veo obligado a precisar las consideraciones del fallo respecto de la
procedibilidad de tutela contra providencia judicial. De la misma forma, debo
llamar la atención en la demora que tuvo la Sala para resolver el presente asunto
y en la falta de coherencia ética en que incurrió la Corte al avalar la
decisión demandada.
2.1.
En la sentencia, el Magistrado
Ponente reseñó la línea jurisprudencial sobre las acciones de tutela contra
providencia judicial. Al respecto, precisó que esa acción constitucional era
procedente para atacar las sentencias de forma excepcional, lo cual ocurre
cuando el juez incurría en una vía de hecho. Más adelante, la providencia
objeto de disidencia advirtió que en la C-590 de 2005, la Corte Constitucional
fijó que la acción de tutela puede discutir los fallos judiciales cuando se
configuran las causales genéricas y específicas de procedibilidad.
Sin embargo, el proveído no explicó los conceptos
centrales del cambio de jurisprudencia que efectuó esta Corporación en la
procedencia de la acción de tutela contra sentencia, el cual consistió en
precisar que el amparo de los derechos vulnerados ocurrirá cuando la
providencia adolece de un defecto específico y no en la configuración clásica
de una vía de hecho. El giro conceptual es importante, en la medida que se
centra en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Así, la
Corte pasó del concepto de vía de hecho[87], que se concentra en identificar las actuaciones
arbitrarias del juez que se oponen al ordenamiento jurídico y que vulneran
derechos fundamentales, a la simple afectación de éstos sin mirar la conducta
judicial, lo que se conoce como las causales específicas. De esta manera, se
reconfiguró una institución de carácter subjetivo y se retomó las infracciones
objetivas de la constitución, por ello se incluyó el desconocimiento del precedente
judicial como causal de procedibilidad[88]. En palabras de la
Sala Plena de la Corte se renunció “[a]l sesgo subjetivo que sirve de base
a la tesis de la vía de hecho, para admitir uno de mayor objetividad, fundado
no ya en los conceptos de abuso o arbitrariedad judiciales, sino en el
desconocimiento directo de la normativa y -en algunos casos- de la
jurisprudencia constitucional.”[89].
Lo expuesto desarrolla el principio de supremacía de la
Constitución, a través del cual todos los servidores públicos que ejercen
funciones jurisdiccionales deben garantizar y proteger los derechos
fundamentales de los sujetos procesales que intervienen en los diferentes
procesos ordinarios. No se puede olvidar que la legitimidad del Estado Social
de Derecho se concreta en el respeto de los derechos fundamentales de las
personas[90].
2.2.
Deseo llamar la atención sobre la
demora de casi cinco (5) años que tuvieron los asuntos de la referencia para
ser resueltos, puesto que los casos fueron seleccionados en el año de 2009 y
solo hasta la anualidad en curso se presentó proyecto de fallo. Cabe resaltar
que la recopilación de las pruebas necesarias para expedir la sentencia
concluyó hace cinco (5) años cuando se efectuó la inspección judicial a los
procesos objeto de estudio. Esta situación no se compadece con el papel
protector que tiene la Corte Constitucional frente a los derechos fundamentales
de las personas. Es más, la dilación injustificada en expedir la decisión de
fondo implicó la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso de
los actores y que se mantuviera la afectación de las garantías constitucionales
de ellos. “la Corte indicó que de
los postulados constitucionales se sigue el deber de todas las autoridades
públicas de adelantar actuaciones y resolver de manera diligente y oportuna los
asuntos sometidos a ella. En ese sentido, la dilación injustificada y la
inobservancia de los términos judiciales pueden conllevar la vulneración de los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia”[91].
A mi juicio carece de coherencia ética que esta
Corporación avale la sanción que se impuso a la Magistrada María Antonia Cotes
Pérez (expediente T-2.365.166) por dejar prescribir un asunto sometido a su
competencia, si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional se demoró en
fallar cinco (5) años, plazo similar a la extinción de la acción disciplinaria.
Por ende, es paradójico que la Sala tome esa determinación incurriendo en la
misma falta que se reprochó a la peticionaria en el proceso sancionatorio.
Fecha ut supra,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
[1] Quienes son demandantes
en las acciones de tutela T-2.365.166 y T-2.405.772, respectivamente.
[2] Se refiere al
Magistrado Rafael Vélez Fernández, demandante dentro de la acción de tutela T-2.405.772.
[3] Providencia de
fecha 2 de marzo de 2005 (M. P. Jorge Alonso Flechas Díaz), expediente N°
20041018, decisión en la que se concluye que el Magistrado Campo Charris mostró
esfuerzo y diligencia en el manejo de los asuntos a su cargo, y que la mora y
el bajo rendimiento endilgados tendrían justificación, al menos parcial.
[4] Auto de 18 de
noviembre de 2004, expediente N° 2004107-00, dictado por el Magistrado
Temístocles Ortega.
[5] Decisión adoptada
el 28 de noviembre de 2007.
[6] Decisión adoptada
el 9 de abril de 2008.
[7] Demandante en la acción
de tutela radicada bajo el número T-2.405.772.
[8] Fechado el 20 de
septiembre de 2006.
[9] Demandantes dentro
de las acciones de tutela radicadas bajo los números T-2.405.772 y T-2.176.282.
[10] Demandante en la acción
de tutela radicada bajo el número T-2.405.772.
[11] Rubén Darío Campo
Charris y María Antonia Cotes Pérez, demandantes en las acciones de tutela
radicadas bajo los números 2.176.282 y 2.365.166 respectivamente.
[12] Explica que este
proyecto fue votado negativamente por los Magistrados Eduardo Campo Soto,
Guillermo Bueno Miranda, Rubén Darío Henao Orozco y Carlos Mario Isaza Serrano,
mientras que los también Magistrados Jorge Alonso Flechas Díaz y Fernando Coral
Villota no participaron por cuanto estuvieron ausentes de esa sesión.
[13] Accionante dentro
del proceso de tutela correspondiente al expediente 2.365.166.
[14] Quien solicitó que
se tuviera como salvamento de voto su ponencia derrotada por los restantes
conjueces.
[15] Quien solicitó que
se tuviera como salvamento de voto su ponencia derrotada por los restantes
conjueces.
[16] Se trata de los
entonces Magistrados Guillermo Bueno Miranda, Rubén Darío Henao Orozco y
Eduardo Campo Soto.
[17] Los contenidos en
los expedientes 2.365.166 y 2.405.772.
[18] Pese a no haberse
seleccionado para esa fecha los expedientes 2.365.166 y 2.405.772, debe
recordarse que el expediente objeto de inspección contiene la investigación
disciplinaria adelantada contra los tres Magistrados del Consejo Seccional de
la Judicatura del Atlántico autores de las tres tutelas que en esta providencia
se deciden, y específicamente la actuación controvertida por vía de tutela
tanto por el Magistrado Campo Charris como por el Magistrado Vélez Fernández,
razón por la cual tales documentos resultan relevantes también en relación con
el último de estos casos.
[19] Acuerdo N° 12 de
mayo 31 de 1994 y más de 15 acuerdos posteriores que desde esa época hasta la
de este envío han introducido reformas parciales al referido Reglamento.
[20] Acuerdo
N° 05 de marzo 22 de 1996.
[21] Cfr. T-133 de
febrero 24 de 2010 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla).
[22] Esta Corte ha abordado
el tema de la tutela contra providencias judiciales en gran número de
pronunciamientos, pudiendo destacarse entre muchas otras las sentencias T-079 y T-173 de
1993; T-231 de 1994; T-492 y T-518 de 1995; T-008 de 1998; T-260 de 1999;
T-1072 de 2000; T-1009 y SU-1184 de 2001; SU-132 y SU-159 de 2002;  T-481,
C-590 y SU-881 de 2005;  T-088,  T-196,  T-332,  T-539, T-590, T-591, T-643,
T-780 y T-840 de 2006; T-001, T-147, T-247, T-364, T-502A, T-680, T-794, T-987
y T-1066 de 2007; T-012,  T-240, T-350,  T-402, T-417,  T-436, T-831,  T-871,
T-891, T-925,  T-945, T-1029  y T-1263 de 2008; T-093, T-095, T-199 y T-249 de
2009; T-679 de 2010; T-030 y T-330 de 2011; T-106, T-201, T-256, T-298, T-390,
T-429, T-639, T-812, T-813, T-981 y T-1043 de 2012;  T-028, T-030,  T-169,  T-211,
T-228A, T-410, T-452, T-464, T-509, T-643 y T-704 de 2013.
[23] Cfr. sobre este tema, entre muchas otras, las
sentencias T-008 de enero 22 de 1998 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-357 de
abril 8 de 2005 (M. P. Jaime Araújo Rentería) y T-952 de noviembre 16 de 2006 (M.
P. Nilson Pinilla Pinilla).
[24] “Sentencia T-173/93.”
[25] “Sentencia T-504/00.”
[26] “Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05.”
[27] “Sentencias T-008/98 y SU-159/2000.”
[28] “Sentencia
T-658-98.”
[29] “Sentencias
T-088-99 y SU-1219-01.”
[30] "Sentencia
T-522/01.”
[31] “Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01;
T-1625/00 y T-1031/01.”
[32] Cfr. T-518 de
noviembre 15 de 1995 (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa) citada a su vez en la
T-1036 de noviembre 28 de 2002 (M. P. Eduardo Montealegre Lynnet).
[33] Cfr. sentencia
C-948 de 2002 (M. P. Álvaro Tafur Galvis).
[34] La sujeción de los
servidores públicos a un régimen disciplinario aparece mencionada en varias
disposiciones constitucionales, entre ellas los artículos 92, 125, 185, 217,
218, 253, 269, 277, 278 y 279.
[35] Entre estos últimos
pueden mencionarse los relacionados con la profesión médica (Ley 23 de 1981),
los odontólogos (Ley 35 de 1989) o los arquitectos y sus profesiones afines
(Ley 435 de 1998).
[36] Sobre este tema ver
especialmente la sentencia T-301 de 1996 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz),
reiterada en otras posteriores, entre ellas T-433 de 1998 (M. P. Alfredo
Beltrán Sierra), T-561 de 2005 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-1034 de 2006
y C-213 de 2007 (en estas dos M. P. Humberto Antonio Sierra Porto) y C-542 de
2010 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[37] Cfr. especialmente
la sentencia C-555 de 2001 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), además de las ya
citadas T-1034 de 2006, C-213 de 2007 y C-542 de 2010.
[38] Sentencia C-597 de
1996 (M. P. Alejandro Martínez Caballero).
[39] Sentencia C-948 de
2002 (M. P. Álvaro Tafur Galvis).
[40] Cfr. sentencia
T-145 de 1993 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), citada y reiterada múltiples
veces, entre otras en las sentencias T-097 de 1994, C-160 de 1998, C-564 y
C-637 de 2000, C-181, C-506 y C-616 de 2002, T-561 de 2005, T-284 de 2006,
T-967 de 2007, T-161 de 2009 y más recientemente en el fallo C-632 de 2011.
[41] La Corte ha
sintetizado su postura sobre esta tensión constitucional en varios importantes
pronunciamientos, destacándose entre los de los años más recientes, las
sentencias T-238 de 2011 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla) y T-319A de 2012 (M. P.
Luis Ernesto Vargas Silva).
[42] La Corte ha
aplicado esta línea jurisprudencial, entre otras, en las sentencias T-249 de
1995, T-625 de 1997, T-001 de 1999, T-056 de 2004, T-751 de 2005, T-800 de
2006, T-678 de 2007, T-489 y T-910  de 2008, T-747 de 2009 y T-238 de 2011.
[43] Se han adoptado
decisiones negativas frente a casos de esta naturaleza en las sentencias T-342
y T-423 de 2008, T-958 de 2010  y T-319A de 2012, entre otras.
[44] Es
pertinente señalar que la Magistrada Gerda Isabel Miketta Trillos, quien hasta
marzo de 2001 ocupó el despacho luego asumido por la actora María Antonia Cotes
Pérez, fue también objeto de la investigación abierta mediante auto de
noviembre 18 de 2004. Sin embargo, posteriormente fue desvinculada (auto de
junio 14 de 2006), teniendo en cuenta que en razón al tiempo transcurrido, la
totalidad de las conductas que a ella serían imputables se encontraban
prescritas.
[45] De
fecha 9 de abril de 2008.
[46] De fecha 28 de
noviembre de 2007.
[47] Que en ambos casos
fueron Salas de Conjueces del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca.
[48] Se refiere a la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del
Atlántico.
[49] Así se observa en el
único documento relativo a las indagaciones preliminares adelantadas contra los
Magistrados Campo Charris y Cotes Pérez en relación con estos hechos, que es el
auto de archivo proferido en beneficio del primero de ellos, de fecha marzo 2 de
2005 y con ponencia del Magistrado Jorge Alonso Flechas Díaz (ver nota 3 supra),
que aparece dentro de las pruebas adicionales aportadas con la acción de tutela
de Rubén Darío Campo Charris.
[50] Folio 209 del fallo
sancionatorio de abril 9 de 2008.
[51] Cfr. punto 5.4.,
folio 244 ibídem.
[52] Cfr. folio 237 ibídem.
[53] De la cual el
Magistrado sustanciador de esta providencia obtuvo copia en la inspección
judicial referida en el punto III de esta providencia (“Actuaciones surtidas
ante la Sala de Revisión”).
[54] Auto de fecha 7 de
diciembre de 2005, folios 27 a 162.
[55] Fallo disciplinario
de fecha 9 de abril de 2008, folios 32 a 176.
[56] La práctica de
pruebas a través de comisionado en los procesos disciplinarios es expresamente
permitida por el artículo 133 del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002),
así como por el artículo 209 ibídem, específicamente para el caso de los
procesos a cargo del Consejo Superior de la Judicatura.
[57] Los de los entonces
Magistrados Bueno Miranda, Campo Soto, Henao Orozco e Isaza Serrano.
[58] El del ponente y el
del Magistrado Fernando Coral Villota.
[59] Además de los
Magistrados Ortega Narváez (ponente) y López Mora, votaron favorablemente este
proyecto las Magistradas entonces encargadas Julia Emma Garzón de Gómez y Martha
Patricia Zea Ramos.
[60]  Ver nota anterior
de pie de página.
[61] Aprobado mediante
Acuerdo 12 de mayo 31 de 1994 y aún vigente para la fecha de los hechos, copia
íntegra del cual obra en varios ejemplares en los expedientes de tutela y en
los cuadernos correspondientes a la actuación de la Corte Constitucional en
sede de revisión.
[62] Ley 270 de 1996,
parcialmente modificada y adicionada por la Ley 1285 de 2009.
[63] Reglamento
codificado por el Acuerdo 006 de 2002, con algunas reformas posteriores.
[64] Codificado por el
Acuerdo 05 de 1992, con algunas reformas posteriores.
[65] Acuerdo 108 de 1997
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
[66] Artículo 8° de la
Ley 153 de 1887: “Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso
controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes,
y en su defecto la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho.”
[67] Decisión adoptada
mediante auto de 9 de julio de 2008, expediente 2004-01017-00.
[68] Cfr. C-934 de noviembre
15 de 2006 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa) y, en complementario sentido, entre
otras, C-040 de enero 30 de 2002 (M. P. Eduardo Montealegre Lynnet), C-670 de
julio 13 de 2004 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández) y C-545 de mayo 28 de 2008
(M. P. Nilson Pinilla Pinilla).
[69] C-934 de 2006,
previamente citada.
[70] Ver  entre  otras  las
sentencias  T-121 de 1999  (M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez), T-962 de
2009 (M. P. María Victoria Calle Correa) y T-637 de 2012 (M. P. Luis Ernesto
Vargas Silva).
[71] Se aclara que los
hechos que dieron lugar a este proceso disciplinario tuvieron que ver con un
proceso cuya sustanciación estaba a cargo de la Magistrada Cotes Pérez. De otra
parte, si bien los tres integrantes de la Sala fueron censurados, las sanciones
a ellos impuestas no fueron idénticas, siendo la más extensa la sanción
impuesta a la actora Cotes Pérez.
[72] Del cual se sabe,
por diversas fuentes indirectas, que fue expedido el 20 de septiembre de 2006.
[73] Esta providencia,
cuyo ponente fue el entonces Magistrado Jorge Alonso Flechas Díaz se encuentra
disponible a través de Internet en
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur//normas/Norma1.jsp?i=21328, página consultada
por el Magistrado sustanciador de este proceso el 21 de abril de 2014.
[74] Siguiendo la regla
establecida en el artículo 8° de la Ley 153 de 1887.
[75] La norma (expedida
en 2002) menciona en su orden el Código Contencioso Administrativo, el Penal,
el de Procedimiento Penal y el de Procedimiento Civil.
[76] Ley 1437 de 2011 (arts.
115 y 116). Para la época de los hechos aquí controvertidos regía el anterior
Código Contencioso Administrativo, expedido mediante Decreto 1 de 1984 y
reformado en varias ocasiones, que trataba el tema en los artículos 99 y 99A en
forma bastante semejante a la de la actual regulación.
[77] En otros países de lengua
hispana se habla genéricamente de votos particulares, los cuales pueden ser
concurrentes (para las aclaraciones)  o discrepantes (para los salvamentos).
[78] Debe tenerse en
cuenta que a la demanda de tutela no se anexó copia del fallo disciplinario de
fecha 30 de abril de 2004, cuya anulación originó el proceso contra cuya
decisión se interpuso tutela. De otra parte, como ya se anotó, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria accionada no envió al juez de tutela el expediente
contentivo de aquel proceso disciplinario antecedente.
[79] Reseñadas dentro
del recuento probatorio que antecede la decisión sancionatoria de fecha abril 9
de 2008 contra la cual se interpuso tutela, la cual sí fue aportada como prueba
dentro de este caso.
[80] Artículos 128 a 142
CDU.
[81] Decreto 1400 de
1970 con sus reformas, vigente para la época de los hechos materia de esta
acción de tutela, recientemente sustituido por el Código General del Proceso,
adoptado mediante Ley 1564 de 2012.
[82] Artículos 174 a 301
C. de P. C..
[83] Sobre el defecto
fáctico ver, entre muchas otras, T-442 de 1994 (M. P. Antonio Barrera Carbonell),
T-567 de 1998 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), SU-159 de 2002 (M. P. Manuel
José Cepeda Espinosa), C-590 de 2005 (M. P. Jaime Córdoba Triviño), T-1100 de
2008 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-707 de 2010 (M. P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo), T-583 de 2012 (M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub),
T-637 de 2012 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-444 de 2013 (M. P. Jorge
Iván Palacio Palacio).
[84] Cfr. la sentencia
SU-198 de 2013 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva), que a su vez cita las
sentencias T-055 de 1997 (M. P.Eduardo
Cifuentes Muñoz)
y T-590 de 2009 (M. P. Luís Ernesto Vargas Silva).
[85] Cfr. las ya citadas
sentencias T-442 de 1994, SU-159 de 2002, T-590 de 2009 y SU-198 de 2013.
[86] Debe recordarse que
en el expediente de tutela no obran las actas, escritos o documentos
contentivos de las distintas pruebas a partir de las cuales la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura tomó la
decisión ahora controvertida en sede de tutela, por lo cual el análisis de la
Sala de Revisión se ha limitado al relato y apreciación que de cada una de
tales pruebas realizó la Sala accionada, dentro del referido fallo
disciplinario y como sustento del mismo.
[87] Sentencia T-821 de 2010
M.P. Nilson Pinilla Pinilla. En esa ocasión la Corte precisó que la vía de
hecho respondía a “una
verdadera infracción contra un derecho fundamental, a partir de actuaciones
arbitrarias, ostensiblemente opuestas al ordenamiento jurídico, al punto de
requerirse la intervención del juez de tutela como única vía para lograr el
restablecimiento de aquél”,
[88] Sentencia T-118 de
2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[89] Auto de Sala Plena
333 de 2010, M.P Mauricio González Cuervo y sentencia T-462 de 2003 “[e]n esta
tarea se ha reemplazado el uso conceptual de la expresión “vía de hecho” por la
de “causales genéricas de procedibilidad”. Lo anterior ha sido inducido por la
urgencia de una comprensión diferente del procedimiento de tutela con tal de
que permita ‘armonizar la necesidad de proteger los intereses constitucionales
que involucran la autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad
jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de irradiación y
cerrar las puertas a la necesidad de proteger los derechos fundamentales que
pueden verse afectados eventualmente con ocasión de la actividad jurisdiccional
del Estado’.” Sentencia)
[90]Sentencia T-1092 de
2012 M.P. Luis Ernesto Vargas.
[91] Sentencia
T-1249 de 2004 M.P. Humberto Sierra Porto y T-643ª de 2011 M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.