T-425-20
Sentencia T-425/20
Referencia:
Expediente T-7.672.795.
Acción de tutela instaurada por Digna Judith
González González, actuando en representación de Antonio González Gouriyu, autoridad
tradicional de la comunidad de Punta Coco, contra la Secretaría de Educación de
Uribia, La Guajira.
Magistrado Ponente:
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá,
D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veinte (2020).
La Sala Octava de Revisión
de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Richard S.
Ramírez Grisales (e), Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
profiere la siguiente,
SENTENCIA
Dentro del proceso de
revisión de los fallos proferidos por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Uribia el 26 de noviembre de 2018 y el Juzgado Segundo
Promiscuo del Circuito de Maicao el 1° de febrero de 2019, en primera y segunda
instancia, respectivamente.
I. ANTECEDENTES
El 14 de noviembre de 2018, Digna Judith González
González, actuando en representación de Antonio González
Gouriyu, autoridad tradicional de la comunidad de Punta Coco, presentó acción
de tutela contra la Secretaría de Educación del municipio de Uribia, La
Guajira, al considerar vulnerados los derechos fundamentales a la educación y
la igualdad de los niños del aula de Punta Coco, perteneciente al Centro
Etnoeducativo Integral Rural Bahía Hondita. Como
sustento de su solicitud, relacionó los siguientes hechos:
1.  Indicó que el aula de la comunidad de Punta Coco cuenta con 58
estudiantes incluidos en el Sistema Integrado de Matrícula -en adelante, Simat-.
Igualmente, señaló que la Secretaría de Educación del municipio de Uribia no
está garantizando el servicio de transporte escolar para los educandos que
componen ese grupo[1].
2.  Expresó que los padres de los menores de edad han manifestado su
preocupación sobre el particular, pues residen en una zona de difícil acceso que
se ha visto especialmente afectada por el invierno. Al respecto, explicó que
los estudiantes han tenido que recurrir a motocicletas, bicicletas o, incluso,
a caminar cerca de dos horas para llegar hasta el centro educativo, lo que, en
su criterio, genera un gran riesgo de deserción escolar.
3.  Sostuvo que el 9 de octubre de 2018, puso en conocimiento de la
Secretaría de Educación del municipio de Uribia el problema relacionado con el
transporte escolar.
4.  Refirió que el 26 de octubre de 2018, la entidad le informó que ha
adelantado actuaciones encaminadas a garantizar la permanencia de los niños en
el sistema educativo. Además, le informó que su petición fue trasladada al “(…)
comité de cobertura, con el fin de darle solución a la necesidad de
transporte escolar que tiene [el] aula de Punta Coco y se concluyó que
para el próximo año escolar se estudiara (sic) la ampliación de las
rutas y los recorridos con los vehículos existentes, previa disponibilidad
presupuestal para la vigencia, en aras de poder garantizarle el derecho de
transporte escolar a los estudiantes de [la] comunidad”[2].
5.  Argumentó que la respuesta otorgada no es de fondo y desconoce los
derechos de los menores de edad, así como sus usos y costumbres. Afirmó que los
estudiantes del aula de la comunidad de Punta Coco no tienen que soportar las
consecuencias generadas por falencias administrativas, por lo que es necesario
que se garantice el acceso al servicio de transporte. También cuestionó que a
otras comunidades indígenas con menos estudiantes sí se les está asegurando ese
beneficio, por lo que considera que los estudiantes de Punta Coco están siendo
discriminados.
6.  Con sustento en lo expuesto, solicitó el amparo de los derechos
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes del aula de la comunidad de
Punta Coco. En consecuencia, pidió que se le ordene a la entidad accionada que
les garantice el servicio de transporte escolar de forma oportuna y con calidad[3].
Trámite
procesal
7.  El Juzgado Promiscuo Municipal de Uribia mediante auto del 14 de
noviembre de 2018, admitió la acción de tutela y dio traslado a la accionada,
así como a la Administración Temporal para la Prestación del Servicio de
Educación en el Departamento de La Guajira, el distrito de Riohacha y los
municipios de Maicao y Uribia. De igual modo, les solicitó a esas dos entidades
una explicación detallada de los hechos que motivaron la acción de tutela y un
pronunciamiento expreso acerca de las pretensiones[4]. Dichas entidades
contestaron el requerimiento, a excepción de la Secretaría de Educación de
Uribia que guardó silencio.
8.  La Administración Temporal para la Prestación del Servicio de
Educación en el Departamento de La Guajira, el distrito de Riohacha y los
municipios de Maicao y Uribia, a través de correo electrónico del 20 de
noviembre de 2018, contestó la acción de tutela. Expresó que, en concordancia
con el acuerdo suscrito con la alcaldía del municipio de Uribia, el transporte
escolar sería financiado de forma conjunta y concurrente entre la
Administración Temporal y el ente territorial.
Añadió
que, a pesar de que se suscribió un contrato para la prestación de ese servicio
en el municipio en el año 2018, la comunidad de Punta Coco, como sede del Centro
Etnoeducativo Integral de Bahía Hondita, no hacía parte de las rutas de
transporte escolar establecidas como resultado de la aplicación de los
criterios de priorización y focalización para la utilización de los recursos
financieros disponibles. Además, explicó que la autorización de los recorridos
se estableció conforme a los lineamientos que los directores y rectores de los
centros e instituciones académicas remitieron al área de cobertura de la
Secretaría de Educación de Uribia[5].
En
cualquier caso, manifestó que se han generado espacios orientados a remediar
problemas como el planteado por la accionante, por lo que la carencia del
servicio de transporte para el aula de Punta Coco fue socializada ante el
Comité de Cobertura a efectos de examinar la ampliación de este beneficio para
el 2019.
Sentencias
objeto de revisión
Decisión de primera instancia
9.       El Juzgado Promiscuo Municipal de Uribia, en sentencia del 26 de
noviembre de 2018, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que,
a pesar de encontrarse superados los requisitos formales de procedibilidad de
la solicitud de amparo, se configuró el fenómeno de la carencia actual de
objeto por daño consumado en relación con la posibilidad de suministrar el
servicio de transporte para el año 2018, en tanto el calendario académico de
ese año terminaba el 30 de noviembre, es decir, cuatro días después[6].
A pesar de ello, conminó a la Secretaría de
Educación de Uribia y a la Administración Temporal para la Prestación del
Servicio de Educación en el Departamento de La Guajira, el distrito de Riohacha
y los Municipios de Maicao y Uribia para que incorporaran a las rutas de
transporte del 2019 el aula de Punta Coco. Lo anterior para evitar que se
incurriera nuevamente en la conducta que originó la acción de tutela.
Impugnación
8.     La parte actora impugnó la sentencia del a quo, sin
presentar argumentos adicionales a los expuestos en la acción de tutela[7].
Decisión de segunda instancia
9.  El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Maicao, en fallo del
1° de febrero de 2019, confirmó la decisión de primera instancia[8] bajo el argumento de
que la información allegada al trámite de tutela permitía descartar la posible
vulneración de derechos fundamentales.
Pruebas que obran en el expediente
10.
Al expediente se aportaron como pruebas las copias
de los siguientes documentos:
(i) La cédula de ciudadanía de Antonio González Gouriyu[9] y de Digna Judith González González[10].
(ii) Acta de posesión del señor Antonio González
Gouriyu como autoridad tradicional de la comunidad de los
Cocos-Kaurima-Monterrey-Wasutta, Sector Bahía Portete, Corregimiento Bahía
Honda[11].
(iii) El “poder” que otorgó el señor
Antonio González Gouriyu a la señora Digna Judith González González[12].
(iv) La respuesta que emitió la Secretaría de
Educación de Uribia el 26 de octubre de 2018, por medio de la cual informa a la
accionante sobre la remisión de su petición al comité de cobertura, así como
sobre la posibilidad de que se preste el servicio de transporte en el 2019.
(v) Las certificaciones expedidas por la
Directora del Centro Etnoeducativo Integral Rural Bahía Hondita donde constan las
rutas escolares que al momento de presentación de la acción de tutela cubrían
el centro etnoeducativo y donde se da cuenta que “la comunidad de Punta Coco
carece de transporte escolar [desde] hace más de 10 años, ocasionando un
perjuicio para los estudiantes del aula de Punta Coco, Alta Guajira”[13].
(vi) El listado de estudiantes de las aulas de
Punta Coco, Kyusivalaralu y Amuyuwou[14].
Actuaciones en sede de revisión
11.
La Sala de
Selección Número Uno[15],
mediante auto del 31 de enero de 2020, escogió el presente asunto para revisión.
12.
Posteriormente, el Magistrado Sustanciador en
auto del 10 de marzo de 2020, dictó auto de pruebas, para lo cual formuló una
serie de interrogantes[16] sobre
la prestación del servicio de transporte de escolar a los menores de edad del
aula de Punta Coco a la Secretaría de Educación Municipal de Uribia; a la
Administración Temporal para la Prestación del Servicio de Educación en el
Departamento de La Guajira, el distrito de Riohacha y los municipios de Maicao
y Uribia; y al Ministerio de Educación, que fue vinculado al trámite[17].
13.
El 20 de marzo de 2020, la
Secretaría de Educación de Uribia, a través de uno de sus contratistas, informó
que la respuesta fue remitida a la Administradora Temporal para la Prestación
del Servicio de Educación en el Departamento de La Guajira, el distrito de
Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia a efectos de su aprobación, en
tanto esta era la autoridad competente para absolver las preguntas formuladas por
la Corte.
14.
El 27 de marzo de 2020, el Gerente para el
Sector Educativo en el Municipio de Uribia indicó que actualmente la
Administradora Temporal para la Prestación del Servicio de Educación en el
Departamento de La Guajira, el distrito de Riohacha y los municipios de Maicao
y Uribia tiene a su cargo la prestación del servicio de transporte escolar para
el Centro Etnoeducativo Integral Rural de Bahía Hondita, al que pertenece la sede
de Punta Coco.
Informó que para la vigencia 2020 la
Administración Temporal suscribió con la Unión Temporal Akotchojía Tepichi el
contrato No. AT-117-2020, a efectos de “PRESTAR EL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CANASTA PARCIAL COMPLEMENTARIA-COMPONENTE TRANSPORTE
ESCOLAR ÉTNICO A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE URIBIA (…)”[18].
También precisó que la cláusula octava de este incorpora como lugar de
ejecución del contrato el Centro Etnoeducativo Integral Rural de Bahía Hondita,
al cual pertenece la sede de Punta Coco. Sin embargo, explicó que el servicio
no se está prestando debido a la suspensión de clases derivada de la emergencia
sanitaria por el COVID-19.
Expuso que la prestación del servicio de
transporte se adecúa a los parámetros establecidos por el Ministerio de
Transporte en la Resolución 3018 de 2018, y en la sentencia T-302 de 2017.
Igualmente, sostuvo que “(…) las estrategias de acceso y permanencia de transporte
escolar diseñadas por el Gobierno nacional disponen de recursos finitos que
pasan por la priorización y focalización de la población que realmente necesita
dicha estrategia, tal es el caso de algunos niños y niñas que habitan en zonas
rurales del municipio de Uribia (…)”[19],
y que el mencionado servicio se presta conforme a los lineamientos del
Ministerio de Educación.
Finalmente, refirió que la Administración
Temporal es respetuosa de la Constitución y de la ley, de ahí que trabaje por “(…)
la normalización del sector educativo en este sector del País”[20] y la garantía de
los derechos de la población de La Guajira.
Más adelante, a través de providencia del 31 de
julio de 2020, el Magistrado Sustanciador profirió un nuevo auto de pruebas solicitándole
a la Secretaría de Educación Municipal de Uribia, y a la Administración
Temporal para la Prestación del Servicio de Educación en el Departamento de La
Guajira, el distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia, con el
fin de que brindaran información relacionada con (i) la distancia a la que
residen cada uno de los estudiantes del aula Punta Coco; y (ii) el alcance del
contrato de transporte suscrito y el tiempo desde el cual se presta dicho servicio[21].
15.
El 20 de agosto de 2020, la Secretaría de
Educación de Uribia, a través de otro de sus contratistas, informó que la
respuesta fue remitida a la Administradora Temporal para la Prestación del
Servicio de Educación en el Departamento de La Guajira, el distrito de Riohacha
y los municipios de Maicao y Uribia a efectos de su aprobación y posterior
radicación.
16.
De otro lado, mediante un correo electrónico del
28 de agosto de 2020, la señora Digna Judith González recordó que antes del
2018 los 58 niños que en ese momento estaban registrados en el Simat recorrían cerca
de una o dos horas a través de los 10 kilómetros que separaban su residencia
del centro etnoeducativo. Asimismo, indicó que actualmente cuentan con 47 niños
registrados en el Simat y que el recorrido es más “aliviado” con el
transporte escolar. Al respecto, explicó que “(…) todos los niños son
beneficiarios del transporte escolar”, aunque también señaló que su
prestación es complicada debido a la capacidad del vehículo utilizado. Agregó
que debido al COVID-19 los menores de edad están tomando sus clases de acuerdo
con el cronograma presentado por el director del Centro Etnoeducativo de Bahía
Hondita y que aún no han recibido pagos por el servicio de transporte escolar,
por lo que se encuentran a la espera de la respuesta de la Secretaría de
Educación de Uribia.
17.
El 31 de agosto de 2020, el Gerente para el
Sector Educativo en el Municipio de Uribia solicitó que se le prorrogara el
término para responder la pregunta relacionada con la distancia a la que se
encuentran los estudiantes del aula Punta Coco, argumentando que las
comunidades indígenas habían restringido el ingreso y la salida de sus
territorios como una medida de prevención ante el COVID-19 y que estaba
iniciando la temporada invernal[22].
Además de esa petición, refirió que el contrato
suscrito fue proyectado para atender a los niños de la comunidad de Punta Coco
que fueron debidamente focalizados. Asimismo, señaló que el servicio de
transporte escolar no se estaba prestando como consecuencia del cese de las
actividades presenciales debido al COVID-19, y que el contrato celebrado no se
estaba ejecutando por cuanto, reiteró, los niños están desarrollando su trabajó
desde sus casas. También señaló que no habrá regreso a clases con alternancia,
según la decisión adoptada en forma concertada con las autoridades locales.
18.
El 1° de septiembre de 2020, se recibió una
comunicación suscrita por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio
de Educación Nacional. En ese documento se sostuvo que “[e]l Ministerio de Educación es ajeno a los hechos que
suscitan la presente acción de tutela, pues lo relatado en ella recae sobre el
ámbito de competencias de los entes territoriales certificados en educación,
particularmente a través de las Secretarías de  Educación y en este caso ante
la Administradora Temporal del Servicio Educativo de la  Guajira, la cual se
encuentra facultada para adelantar todo el proceso de contratación  en el
Departamento de la Guajira, adicionalmente se debe establecer que ante el
Ministerio de Educación Nacional no se ha efectuado solicitud alguna
relacionada con los accionantes de ningún tipo”.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
1.  La Sala es competente para analizar los fallos materia de revisión,
de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política y 31 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Presentación del caso y
planteamiento del problema jurídico
2.  La señora Digna Judith González González, actuando en representación de Antonio González
Gouriyu, autoridad tradicional de la comunidad de Punta Coco, presentó acción
de tutela contra la Secretaría de Educación del municipio de Uribia, al
considerar vulnerados los derechos fundamentales a la educación e igualdad de
los niños del aula de Punta Coco, perteneciente al Centro Etnoeducativo
Integral Rural Bahía Hondita. En criterio de la accionante esa entidad no estaba garantizando el servicio de transporte escolar para los
miembros ese grupo.
3.  El Ministerio de Educación guardó silencio y la Secretaría de
Educación de Uribia en sede de revisión señaló que remitió a la Administración
Temporal para la Prestación del Servicio de Educación en el Departamento de La
Guajira, el distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia el
proyecto de respuesta, al ser esta la autoridad competente para contestar el
auto de pruebas.
4.  Por su parte, la Administración Temporal indicó que la comunidad de Punta Coco no hacía parte de las rutas de transporte escolar
que habían sido autorizadas en el 2018. Empero, señaló que se estaban adoptando
medidas a efectos de suministrar el transporte para el año 2019. De otro lado,
al resolver las preguntas planteadas por esta Corporación, precisó que para la
vigencia 2020 se había suscrito un contrato que incluía la ruta escolar que
originó la presentación de la solicitud de amparo y que actualmente no se
estaba prestando el servicio a consecuencia de la suspensión de clases por la emergencia
sanitaria generada por a la pandemia del COVID-19.
5.  Así las cosas, a la Sala Octava de Revisión le corresponde examinar
si en este caso se configuró el fenómeno de la carencia actual de objeto por
hecho superado. De no ser así, deberá estudiar si se encuentran satisfechos los
requisitos formales de procedencia de la acción de tutela y, consecuentemente, determinar
si una entidad territorial vulnera los derechos fundamentales a la educación de
los niños, niñas y adolescentes de una comunidad indígena al no suministrarles
el servicio de transporte escolar[23].
6.  En concordancia con ello, este Tribunal abordará su jurisprudencia relacionada
con (i) el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado y (ii)
el contenido del derecho fundamental a la educación y, finalmente, se analizará
(iii) el caso concreto.
El fenómeno de la
carencia actual de objeto por hecho superado
7.   El artículo 86 de la Constitución establece que la acción de
tutela es un instrumento que les otorga a todas las personas la posibilidad de
reclamar en cualquier tiempo, a través de un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de
sus derechos fundamentales, “(…) cuando quiera que éstos resulten vulnerados
o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”[24] y, en ciertos
eventos, por los particulares[25].
8.  En concordancia con ello, esta Corporación ha sostenido que esta
herramienta pierde su eficacia y sustento cuando se han alterado o desaparecido
las circunstancias que dieron origen a la presentación de la solicitud de
amparo[26].
Esto por cuanto “(…) al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería
la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para
esta acción”[27].
9.  A partir de ello, la doctrina constitucional ha desarrollado el
concepto de la carencia actual de objeto para establecer los escenarios en los
que resulta materialmente imposible que los jueces de tutela profieran una
orden que permita salvaguardar los derechos en controversia[28]. En este
sentido, la Corte ha explicado que esta figura “(…) se constituye en el
género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede
materializarse a través de las siguientes figuras: (i) hecho superado, (ii)
daño consumado o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por
la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una situación
sobreviniente”[29].
10.  Concretamente, acerca del hecho superado, este Tribunal ha señalado
que está reglamentado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de 1991, en tanto
contempla el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se presentó
la acción de tutela y se emitió la sentencia, cesó la actuación generadora de
la vulneración como resultado del obrar de la entidad accionada, por lo que ya
no habría riesgo que detener o vulneración que extinguir[30]. Dicho de otro
modo, esto ocurre, según la sentencia T-457 de 2017, cuando “(…) tuvo lugar
la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, se superó
la afectación y resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el
juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la
actualidad, la accionada ha dejado de desconocer (…)”.
La Corte ha sostenido que cuando se configura el
fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado no es
obligatorio que los jueces de tutela efectúen un examen de fondo acerca de la
controversia presentada por el peticionario, pero sí que demuestren que
realmente se extinguió la vulneración de los derechos fundamentales antes de
emitirse la sentencia[31].
A pesar de ello, estos pueden hacerlo cuando estimen “(…) que la decisión
debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso
para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la
situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la
inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así
lo considera[n]”[32].
Este Tribunal también ha señalado que los efectos
del hecho superado en la decisión son diferentes dependiendo del momento en el
que ocurre la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales, ya que
(i) si ocurre de forma previa al inicio del trámite de tutela o en el curso de
este, no es posible exigir que los jueces de tutela adopten una decisión
distinta a la declarar la carencia actual de objeto, por lo que la Corte deberá
confirmar las decisiones de instancia. En cambio, (ii) si la extinción de la
vulneración ocurre cuando se encuentra en curso el trámite de revisión, a esta
Corporación le corresponde, si evidencia que se ha debido conceder el amparo,
revocar los fallos que esté revisando y reconocer la protección reclamada, así
no exista ninguna orden que proferir[33].
11.  El daño consumado que está reglamentado por el numeral 4°
del artículo 6° del Decreto Ley 2591 de 1991, ocurre cuando la amenaza o la
vulneración ha originado el daño o la afectación que se buscaba prevenir con la
presentación de la solicitud de amparo, por lo que no es posible que los jueces
de tutela emitan una orden en el caso[34].
En estos casos, ha señalado la Corte, es obligatorio que los jueces de tutela
presenten un pronunciamiento de fondo sobre la controversia que les fue
planteada a efectos de establecer los correctivos correspondientes y, además, para
evitar que en el futuro se vuelva incurrir en las mismas violaciones[35].
12.  El hecho sobreviniente ocurre cuando desaparece o cambia
sustancialmente la amenaza o la vulneración como resultado de una circunstancia
que no está relacionada con el obrar de la entidad accionada o cuando se perdió
el interés en el resultado de la solicitud de amparo debido a esa misma situación[36].
13.  En conclusión, cuando se configura el fenómeno de la carencia
actual de objeto, bien sea por hecho superado, daño consumado o hecho
sobreviniente, a los jueces de tutela les corresponde demostrar y motivar de
forma suficiente las circunstancias que han configurado cada uno de estos
escenarios.
El transporte
escolar y su conexión con el derecho fundamental a la educación
14.  La controversia que ocupa a la Corte está relacionada con el acceso
al servicio de transporte escolar de los niños de una comunidad indígena en el
municipio de Uribia, La Guajira. El reclamo que presenta la accionante, por lo
tanto, busca que se garantice el traslado al Centro Etnoeducativo Integral del
que hacen parte los menores de edad. Conforme a ello, a continuación se
indagará acerca de las implicaciones del componente de accesibilidad, al ser este
el que, prima facie, se advierte desconocido[37].
15.  Esta Corporación, siguiendo los parámetros de la Observación
General No. 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha
explicado que el concepto de accesibilidad se compone de los siguientes
mandatos: (i) la no discriminación, conforme con el cual la educación debe
estar disponible para todas las personas, especialmente para los grupos más
vulnerables de hecho y de derecho; (ii) la accesibilidad material, según el
cual la educación debe ser asequible no solo formal, sino materialmente, bien
sea a través un centro educativo que de acceso geográfico razonable o por medio
de tecnología moderna; (iii) la accesibilidad económica, que conlleva que la
educación debe estar al alcance de todos, en armonía con el párrafo 2 del
artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, por lo que la enseñanza primaria debe ser gratuita para todos,
mientras que la educación secundaria y superior debe ser gratuita gradualmente[38].
Asimismo, este Tribunal ha explicado que esta
“(…) obligación-dimensión implica concretamente adoptar medidas que
eliminen las barreras que puedan desincentivar a los menores de edad de su
proceso de aprendizaje, a pesar de las complejidades presupuestales[39]”[40] (subrayado del
texto) y, además, ha especificado que los servicios administrativos generales,
de restaurante y de transporte son condiciones de acceso material a la
educación de los niños y niñas[41].
16.  Sobre el servicio de transporte escolar, la sentencia T-273 de 2014
precisó que esta es una de las medidas que concreta la accesibilidad material,
“(…) especialmente cuando existen circunstancias geográficas que
dificultan la movilidad, cuando los estudiantes viven en áreas rurales
apartadas de los centros educativos, o cuando existen otros factores que les
impiden acudir a las aulas por carecer de facilidades de transporte”. De la
misma manera, la sentencia T-545 de 2016 sostuvo que “[l]as entidades
obligadas no pueden dejar de resolver efectivamente las problemáticas
educativas, entre ellas la prestación del servicio de transporte escolar, ya
que esto pondría en riesgo de forma indefinida el disfrute del derecho
fundamental a la educación”. A su turno, la sentencia T-105 de 2017 indicó
lo siguiente:
“(…) los colegios públicos requieren
indispensablemente de un sistema de transporte escolar, más aún en las zonas
rurales del país, donde el transporte público en algunos casos es prácticamente
nulo. Es por esto, que debe proveerse el traslado de todos los menores del
lugar desde sus hogares, independientemente de lo remoto que este sea o el
reducido número de beneficiarios del servicio, hacia la institución educativa
más cercana, que en muchos casos […] están ubicadas en el casco urbano
municipal”.
17.  Aunado a lo anterior, esta Corporación ha reconocido que el
componente de accesibilidad del derecho fundamental a la educación no se
satisface solamente con su oferta, sino que en algunas ocasiones “(…) dadas
las condiciones económicas de los menores y sus familias, este deberá ser
suministrado de manera gratuita (…)”[42]. Adicionalmente, es necesario que el
servicio se preste de forma idónea y eficaz, lo que supone que cumpla los
requisitos legales, así como que garantice un trato digno para los
beneficiarios; y que les permita a los estudiantes trasladarse desde su lugar
de residencia hasta el sitio donde cursan sus estudios[43].
18.   En suma, el derecho fundamental a la educación se estructura a
partir de los componentes de disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y
aceptabilidad. A su turno, la accesibilidad comporta la obligación para el
Estado de asegurar el acceso igualitario al sistema educativo, la supresión de
cualquier tipo de discriminación y la adopción de medidas que faciliten el goce
efectivo de este servicio desde el punto de vista geográfico y económico.
Caso concreto
16.  Según las pruebas que obran en el expediente, en el 2018 los
menores de edad que hacían parte del aula de Punta Coco, perteneciente al Centro Etnoeducativo Integral
Rural Bahía Hondita, no recibieron el servicio de transporte escolar. Por ello,
el 9 de octubre de ese año la accionante puso en conocimiento de la Secretaría
de Educación de Uribia, La Guajira, dicha problemática.
Diecisiete días después, la entidad le comunicó que se estudiaría la
posibilidad de incluir esa ruta escolar para el 2019.
Ante ese panorama, la actora presentó acción de
tutela al considerar vulnerados los derechos fundamentales a la educación y a
la igualdad de los niños, niñas y adolescentes de la sede de Punta Coco. Los
jueces constitucionales de instancia negaron el amparo deprecado.
Concretamente, el Juzgado Promiscuo Municipal de Uribia consideró que se había
estructurado el fenómeno del daño consumado en relación con el transporte
escolar para el 2018. El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Maicao
confirmó esa decisión al estimar que la información incorporada en el trámite
de tutela permitía descartar la vulneración de derechos fundamentales.
17.  Siguiendo el esquema que se planteó inicialmente, a continuación se
examinará si en el asunto sub examine se configuró la carencia actual de
objeto por hecho superado y, a partir de la respuesta que se obtenga a ese
interrogante, se efectuará el estudio de fondo del mismo, en caso que hubiere
lugar a ello.
La carencia actual de objeto por hecho superado
18.  La accionante solicita que se le
ordene a la entidad accionada garantizar el servicio de transporte escolar de
forma oportuna y con calidad a los menores de edad que hacen parte de la sede
de Punta Coco del Centro Etnoeducativo
Integral Rural Bahía Hondita. En ese orden, para que en este caso se configure
la carencia actual de objeto por hecho superado es necesario que la entidad que
tiene a su cargo la prestación del servicio de transporte solicitado
actualmente lo esté proporcionando a la comunidad reclamante.
Observa la Corte que la Administración Temporal
para la Prestación del Servicio de Educación en el Departamento de La Guajira,
el distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia informó que es la
entidad que actualmente tiene la competencia para prestar el servicio de
educación en la localidad donde ocurre la omisión censurada. Lo anterior,
debido a que, a través de Resolución No. 0624 del 21 de febrero de 2020, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público prorrogó “(…) por el término de dos
(2) años la vigencia de la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la
competencia adoptada mediante la Resolución 059 del 21 de febrero de 2017 […]
en el Departamento de La Guajira, y los municipios de Maicao, Riohacha y Uribia”[44].
19.  Asimismo, la Sala encuentra que el 9 de marzo de 2020 la
Administración Temporal suscribió un contrato con la Unión Temporal Akotchojía
Tepichi con el objeto de “PRESTAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CANASTA PARCIAL COMPLEMENTARIA-COMPONENTE TRANSPORTE ESCOLAR ÉTNICO A LOS
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE
URIBIA”[45].
Aunado a lo anterior, la cláusula segunda de ese
documento establece que la descripción y el alcance del contrato está
encaminado a prestar el servicio escolar a los estudiantes que autorice la
Administración Temporal en cada sede educativa, en tanto estén matriculados en
colegios oficiales o de educación contratada. Igualmente, a suministrar el
servicio de transporte escolar con un adulto acompañante de ruta según el
requerimiento de la misma Administración en los recorridos que seguirán las
condiciones contenidas en el contrato, particularmente, en lo relacionado con
el cumplimiento del Decreto 348 de 2015 “Por el cual se reglamenta el
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial”, así como el Decreto
1079 del 26 de maro de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Transporte”[46].
En lo que respecta a su plazo de ejecución, la
cláusula séptima señala que este será de 51 días calendario escolar,
contabilizado a partir del acta de inicio[47].
Y frente al lugar en el que se llevarán a cabo las actividades que tienen su
origen en el contrato, la cláusula octava refiere que estas se concretarán en
el municipio de Uribia. Además, precisa que entre los centros e instituciones
que se beneficiarán con el mismo se encuentra el Centro Etnoeducativo Integral
de Bahía Hondita, al que pertenece la sede de Punta Coco.
20.  Así las cosas, esta Corporación entiende que los efectos del
Contrato No. AT-117-2020 sí inciden en el goce efectivo de los derechos
fundamentales a la educación y a la igualdad invocados por la accionante, en
tanto con este se garantiza el servicio de transporte escolar para la comunidad
de Punta Coco. En esa medida, el objeto de la solicitud de amparo actualmente
se encuentra satisfecho con la suscripción del mencionado acuerdo, pues con
este se les ofrece a los niños, niñas y adolescentes una respuesta administrativa
conveniente, aunque tardía, que les permite acceder a las clases en el Centro
Etnoeducativo del que hacen parte.
21.  Ahora bien, el asunto que ocupa a la Corte fue escogido para revisión
por la Sala de Selección Número Uno[48], mediante auto del 31 de enero del 31
de enero de 2020, y el contrato suscrito por la Administración
Temporal data del 9 de marzo de 2020.
22.  Como se explicó en las consideraciones de esta decisión, cuando la
actuación que causó la configuración de la carencia actual de objeto por hecho
superado se origina en el trámite de revisión, la Corte deberá revocar las
decisiones de instancia si evidencia que se ha debido concederse el amparo, así
no exista una orden que proferir[49].
En consecuencia, a pesar de haber cesado la vulneración, se abordará brevemente
el fondo del asunto con la finalidad de hacer explícitos los motivos por los
cuales esta Sala estima que el Juzgado Promiscuo Municipal de Uribia y el
Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Maicao han debido conceder la acción
de tutela.
Procedibilidad formal de la acción de tutela
23.  Legitimación por activa: La actora se encuentra facultada para interponer una
acción de tutela en aras de obtener la protección de los derechos fundamentales
de los menores de edad que hacen parte de la comunidad de Punta Coco. Esto
debido a que, aunque no acreditó ostentar la calidad de abogada, por lo que no
podría actuar como apoderada de la autoridad tradicional de ese grupo, esta
Corte ha señalado que cualquier ciudadano puede presentar solicitudes de amparo
a efectos de lograr la protección de las garantías superiores de los niños y
niñas, tal como ocurre en este caso[50].
24.  Legitimación por pasiva: La
Secretaría de Educación de Uribia está legitimada por pasiva para actuar en
este trámite de tutela, por cuanto es la entidad pública en la que, en
principio[51],
recae la obligación de prestar el servicio de educación en el municipio[52].
En lo que respecta a la Administración Temporal
para la Prestación del Servicio de Educación en el Departamento de La Guajira,
el distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia se evidencia que,
además de que fue notificada por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Uribia desde el inicio del trámite de tutela, también
está legitimada por pasiva debido a que, como ya se mencionó, a través de
Resolución No. 0624 del 21 de febrero de 2020, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público prorrogó “(…) por el término de dos (2) años la vigencia de
la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la competencia adoptada mediante
la Resolución 059 del 21 de febrero de 2017 […] en el Departamento de La
Guajira, y los municipios de Maicao, Riohacha y Uribia”[53].
Por último, el Ministerio de Educación se
encuentra legitimado por pasiva, pues, según lo establece el artículo
2.6.3.4.2.15 del Decreto 1068 de 2015, “[c]uando la medida de Asunción
temporal de la competencia deba ser ejecutada por una entidad del orden
nacional, la entidad estatal responsable será la sectorialmente encargada de
formular la política en relación con el servicio que se asume”.
De igual modo, tal como lo reconoció la sentencia
T-058 de 2019, el Ministerio de Educación “(…) es la entidad cabeza del sector educativo y se encarga, entre otras
cosas, de formular, dirigir y coordinar la política nacional de educación. En
particular, para el caso de La Guajira, entre otras responsabilidades, les
corresponde el monitoreo del servicio de educación, así como la normalización
de la prestación efectiva del servicio educativo para que la entidad
territorial certificada reasuma la competencia”.
25.  Subsidiariedad: Este requisito se
encuentra satisfecho, en tanto la peticionaria no cuenta con otro mecanismo de
defensa judicial idóneo y eficaz para garantizar el componente de accesibilidad
del derecho fundamental a la educación de los menores de edad que hacen parte
de la comunidad de Punta Coco[54].
26.  Inmediatez: La última respuesta
que recibió la actora respecto del servicio de transporte de escolar data del
26 de octubre de 2018 y la acción de tutela se presentó el 13 de noviembre de
ese mismo año. En esa medida, entre una y otra fecha solamente transcurrieron 15
días, lapso que se evidencia razonable.
Análisis material de la acción de tutela
27.  Como se explicó anteriormente, el derecho fundamental a la
educación se estructura a partir de los componentes de disponibilidad,
accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. A su turno, la accesibilidad
comporta la obligación para el Estado de asegurar el acceso igualitario al
sistema educativo, la supresión de cualquier tipo de discriminación y la
adopción de medidas que faciliten el goce efectivo de este servicio desde el
punto de vista geográfico y económico. Con base en ello, esta Sala explicará
por qué, en su momento, las autoridades constitucionales de instancia han debido
conceder el amparo de los derechos fundamentales de los niños y niñas de la comunidad
de Punta Coco. Veamos:
28.  La controversia suscitada con la solicitud de amparo que presentó
la señora Digna Judith González González está relacionada
con el suministro oportuno del servicio de transporte escolar. Su reclamo se
originó debido a que para el momento en el que se presentó la acción de tutela
no se estaba prestando ese servicio, lo que suponía una vulneración al derecho
fundamental a la educación de los niños y niñas del aula Punta Coco en su
componente de accesibilidad. Ante esa situación, y como consecuencia de la
proximidad con la fecha de finalización del calendario académico del 2018, el
Juzgado Promiscuo Municipal de Uribia resolvió declarar que se había
configurado el fenómeno del daño consumado. Tal conclusión, en criterio de la
Corte, es desacertada por al menos dos motivos.
El primero, por cuanto
el goce efectivo del derecho fundamental a la educación no depende de los
periodos lectivos que establecen las autoridades públicas encargadas de
administrar este servicio. De ahí que la
imposibilidad de acceder al servicio de transporte escolar en el 2018 no
suspenda la titularidad del derecho fundamental a la educación de cada uno de los
estudiantes del aula de Punta Coco, ni consuma el daño o la afectación que se
pretendía evitar con la presentación de la acción de tutela. Por el contrario,
tan solo prolonga la vulneración de esta garantía en el tiempo.
El segundo, pues se desconoce que el servicio de
educación en Colombia no se extingue con la terminación de un año escolar, sino
que tan solo se suspende temporalmente, es decir, la finalización del año
escolar 2018 no implicó que en el 2019 los estudiantes del aula de Punta Coco
no volvieran a clases y tuvieran que padecer nuevamente el problema relacionado
con la falta del servicio de transporte, máxime cuando al momento de
presentación de la acción de tutela no se estaba prestando el servicio.
29.  De otro lado, la Corte no encontró en el expediente el sustento de
la decisión de segunda instancia adoptada por el Juzgado Segundo Promiscuo del
Circuito de Maicao, que consideró que la información allegada al trámite de
tutela permitía descartar la posible vulneración de derechos fundamentales, por
lo que confirmó la decisión del a quo.
30.  En suma, la Corte evidencia que en este caso existió una
vulneración al componente de accesibilidad del derecho fundamental a la
educación de los niños y niñas del aula Punta Coco, pues en el 2018 no se les
prestó el servicio de transporte escolar. Ello se infiere no solamente de las
afirmaciones presentadas por la accionante, sino también de la respuesta que antes
de la presentación de la acción de tutela ofrecieron las autoridades encargadas
de esa prestación[55].
31.  Sin embargo, en sede de revisión se logró constatar que para la
vigencia 2020 la Administración Temporal para la Prestación del
Servicio de Educación en el Departamento de La Guajira, el distrito de Riohacha
y los municipios de Maicao y Uribia celebró un contrato para garantizar la
movilidad de los menores de edad afectados, con lo cual cesó la omisión
cuestionada. Debido a esas circunstancias, no hay lugar a proponer ningún
remedio judicial, aunque sí a revocar las decisiones de instancia, pues, como
se explicó anteriormente (supra 10), si la extinción de la vulneración
ocurre cuando se encuentra en curso el trámite de revisión, a esta Corporación
le corresponde, si evidencia que se ha debido conceder la protección, revocar
los fallos que esté revisando y reconocer la protección reclamada, así no
exista ninguna orden que proferir.
32.  En consecuencia, la Corte revocará las decisiones de instancia y,
en su lugar, concederá el amparo del derecho fundamental a la educación. Sin
embargo, no emitirá ninguna orden debido a que en este caso ha cesado la
vulneración que causó la presentación de la acción de tutela y que hasta el
momento en el que se decretó el primer aislamiento preventivo obligatorio, como
consecuencia de la crisis sanitaria que vive el país, se encontraban vigentes
las medidas administrativas requeridas para suministrar el servicio de
transporte escolar a los niños y niñas inicialmente afectados[56].
En relación con este último aspecto, la Corte
tiene presente que la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 trastocó el
normal desarrollo de las actividades académicas, debido a que, entre otras
múltiples consecuencias, generó la necesidad de suspender el desarrollo
presencial de la vida escolar[57].
A pesar de ello, actualmente el país se encuentra en un paulatino proceso de
reactivación. Al respecto, en los lineamientos que ha establecido el Ministerio
de Educación en este ámbito se menciona que “(…) la planeación del proceso de retorno gradual y progresivo de la
comunidad educativa del hogar a las instituciones bajo un esquema de
alternancia, debe coordinarse con las autoridades territoriales competentes y
estar en línea con las medidas tomadas en el marco de la emergencia sanitaria,
considerando las condiciones de cada territorio y las características del
servicio y de la población que integra la comunidad educativa”. Es por ello que el regreso a clases, y la
consecuente obligación de garantizar el transporte escolar, deben llevarse a
cabo en concordancia con las medidas que en este sentido tomen las autoridades
competentes, así como con los protocolos de bioseguridad que se establezcan.
En esa medida, se exhortará a la Administración
Temporal para la Prestación del Servicio de Educación en el Departamento de La
Guajira, el distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia para que,
una vez se levanten las medidas administrativas a través de las cuales se
suspendió la prestación presencial del servicio de educación en el Centro
Etnoeducativo de Bahía Hondita, garantice el componente de accesibilidad del derecho
fundamental a la educación y, con ello, el servicio de transporte escolar de
todos los niños y niñas que estén administrativamente a su cargo, siguiendo los
protocolos de bioseguridad que para tal efecto establezcan las autoridades
competentes. De igual modo, en concordancia con el artículo 24 del Decreto Ley 2591
de 1991, se le informará que “(…) si procediere de modo contrario, será
sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este
Decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido”.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Segundo
Promiscuo del Circuito de Maicao el 1° de febrero de 2019, que confirmó la
decisión emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Uribia el 26 de
noviembre de 2018. En su lugar, CONCEDER el amparo del derecho
fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes que componen la comunidad
de Punta Coco, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo: EXHORTAR a la Administración Temporal para la Prestación del Servicio de
Educación en el Departamento de La Guajira, el distrito de Riohacha y los
municipios de Maicao y Uribia para que, una vez se levanten las medidas
administrativas a través de las cuales se suspendió la prestación presencial
del servicio de educación en el Centro Etnoeducativo de Bahía Hondita,
garantice el componente de accesibilidad del derecho fundamental a la educación
y, con ello, el servicio de transporte escolar de todos los niños y niñas que
estén administrativamente a su cargo, siguiendo los protocolos de bioseguridad
que para tal efecto establezcan las autoridades competentes. Asimismo,
informarle que si procediere de modo contrario será sancionada de acuerdo con
lo establecido en el Decreto Ley 2591 de 1991, sin perjuicio de las
responsabilidades en que ya hubiere incurrido.
Tercero: Por la Secretaría General, LÍBRESE la
comunicación a que se refiere el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
RICHARD
STEVE RAMÍREZ GRISALES
Magistrado
(e)
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Es
importante destacar que los cuestionamientos planteados por la accionante en la
solicitud de amparo están relacionados con el año lectivo 2018.
[2] Folio
2 del cuaderno de instancia.
[3] La
pretensión planteada en la acción de tutela no está circunscrita a un periodo
académico determinado.
[4] Folios
23 y 24 del cuaderno de instancia.
[5] Folio 29 del
cuaderno de instancia.
[6] Folios
34 a 40 del cuaderno de instancia.
[7] Folio
46 del cuaderno de instancia.
[8] Folio
58 a 61 del cuaderno de instancia.
[9] Folio
8 del cuaderno de instancia.
[10] Folio
9 del cuaderno de instancia.
[11] Folio
10 del cuaderno de instancia.
[12] Folio
11 del cuaderno de instancia.
[13] Folios
13 y 14 del cuaderno de instancia.
[14] Folios
15 a 20 del cuaderno de instancia.
[15] Conformada
por los Magistrados José Fernando Reyes Cuartas y Carlos Bernal Pulido. En lo
que respecta al tiempo que transcurrió entre el momento en el que se profirió
el fallo de segunda instancia y se seleccionó el asunto, la Corte evidencia que
el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Maicao remitió de forma tardía el
expediente de tutela a esta Corporación. Téngase en cuenta que la Sala de
Selección Número Once de 2019 compulsó copias de este expediente al Consejo
Seccional de la Judicatura de La Guajira a efectos de que resolviera sobre la
eventual responsabilidad disciplinaria de esa autoridad judicial por esta
cuestión.
[16] Concretamente,
se plantearon los siguientes cuestionamientos: (i) actualmente qué autoridad
pública tiene a su cargo la prestación del transporte escolar para el aula de
Punta Coco?; (ii) ¿se está prestando el servicio de transporte escolar a la
población estudiantil de la comunidad de Punta Coco?; (iii) si es así, ¿en qué
condiciones se está prestando ese beneficio? o, de lo contrario, ¿cómo suplen
los estudiantes la falta de ese servicio?; (iv) ¿a cuántos kilómetros del
centro educativo residen cada uno de los estudiantes que componen el aula de
Punta Coco?; (v) ¿cuál ha sido en concreto su gestión para enfrentar la
problemática expuesta en la acción de tutela?; (vi) en caso de que actualmente
se suministre el servicio de transporte, ¿cómo se pretende seguir cubriendo
este servicio de transporte escolar a futuro?; y (vii) en caso de que no se
esté prestando el servicio de transporte, ¿por qué motivos no se está haciendo?
¿Cuáles son los criterios de priorización que se tienen en cuenta para otorgar
este servicio?
[17] A
dicha autoridad se le dio traslado de la acción de tutela, sus anexos,
contestaciones y decisiones de instancia, a fin de que se pronunciara sobre los
hechos y pretensiones, así como que aportara las pruebas que pretendiera hacer
valer.
[18] Folio
62 del cuaderno de revisión.
[19] Folio
53 del cuaderno de revisión.
[20] Folio
54 del cuaderno de revisión.
[21] Concretamente,
se plantearon los siguientes tres cuestionamientos: (i) ¿A cuántos kilómetros
del centro educativo reside cada uno de los estudiantes que componen el aula de
Punta Coco?; (ii) ¿Todos ellos se benefician con el contrato No. AT-117 de
2020, suscrito por la Administración Temporal para la prestación del servicio
de transporte escolar en el municipio de Uribia?; (iii) De ser así, ¿desde
cuándo los estudiantes del aula de Punta Coco cuentan con el servicio de
transporte escolar? Además de las respuestas que a continuación se ponen de
presenten, también se recibieron sendas comunicaciones suscritas por el Líder
de Gestión de la Secretaría de Educación de Maicao y por un asesor de la
Alcaldía de Maicao en las que informan que carecen de competencia en el asunto.
[22] A través de auto del 10 de septiembre, el Magistrado Sustanciador
negó la solicitud por extemporánea.
[23] Si bien la
accionante argumentó que la autoridad accionada vulneró el derecho fundamental
a la igualdad, la Sala no encuentra que a partir de su reclamo exista un
criterio sospechoso de discriminación, por lo cual se abstendrá de examinar ese
aspecto. Adicionalmente, no se puede pasar por alto que en el
auto 031A de 2002 la Sala Plena sostuvo que “(…) la Corte, al ejercer
su función de revisión, no tiene el deber de estudiar en detalle todos los
aspectos y puntos planteados por el actor en su solicitud de tutela, pues no
constituye una tercera instancia en la resolución de esta clase de
controversias. En efecto, si una función básica de la revisión es unificar la
doctrina constitucional sobre los derechos fundamentales, y si la Corte tiene
la potestad discrecional de seleccionar qué casos merecen revisión para tal
efecto, entonces es claro que la Corte goza también de una razonable
discrecionalidad para delimitar los temas que en el caso concreto ameritan un
examen en sede de revisión”.
[24] Constitución
Política de Colombia, artículo 86.
[25] Según
el artículo 86, “[l]a ley establecerá los casos en los que la acción de
tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio
público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o
respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o
indefensión”.
[26] Cfr.
Sentencias SU-399 de 2019, T-168 de 2019, T-152 de 2019 y T-449 de 2018.
[27] Ibídem.
[28] Cfr.
T-152 de 2019.
[29] Sentencias
T-200 de 2013, T-585 de 2010 y T-988 de 2007.
[30] Cfr.
SU-399 de 2019 y T-152 de 2019.
[31] Cfr. Sentencia T-170 de 2009, reiterada en las sentencias SU-399 de 2019,
T-387 de 2018, T-070 de 2018 y T-498 de 2012.
[32] Ibídem.
[33] Sentencia
T-152 de 2019.
[34] Cfr. Sentencias
T-423 de 2017, T-021 de 2017 y T-970 de 2014.
[35] Cfr.
Sentencia T-030 de 2017.
[36] Cfr.
Sentencia SU-399 de 2019, T-401 de 2018, T-621 de 2017 y T-481 de 2016.
[37] La
exclusión de la disponibilidad, la adaptabilidad y la aceptabilidad está orientada
a lograr una adecuada articulación de esta decisión, por lo que no busca
desconocer que los cuatro componentes se encuentran interconectados y, además,
son interdependientes (sentencias T-279 de 2018 y T-207 de 2018).
[38] Cfr. Sentencia T-497 de 2018, T-297 de 2018
[39] Sentencias
T-273 de 2014, T-810 de 2013, T-458 de 2013 y T-734 de 2011.
[40] Sentencia
T-279 de 2018. También se pueden consultar las sentencias T-122 de 2018, T-545
de 2016, T-008 de 2016 y T-690 de 2012.
[41] Cfr. Sentencias T-279 de 2018 y T-273 de 2014.
[42] Sentencia T-105 de 2017.
[43] Cfr. Sentencias T-122 de 2018 y T-105 de 2017
[44] Folio
62 del cuaderno de revisión. Esto, a su vez, fue confirmado por la Secretaría
de Educación de Uribia en su contestación a las preguntas que le planteó esta
Corte.
[45] Folio 62 del cuaderno de revisión.
[46] Folio 62 del cuaderno de revisión.
[47] Folio 73 del cuaderno de revisión.
[48] Conformada
por los Magistrados José Fernando Reyes Cuartas y Carlos Bernal Pulido.
[49] Acerca de esta
conclusión, es necesario hacer énfasis en que sede de revisión
la Administración Temporal no presentó medios de prueba que permitieran inferir
que la vulneración cuestionada cesó antes de la suscripción del Contrato AT-117-2020.
[50] Cfr.
Sentencias T-380A de 2017, T-525 de 2016, T-512 de 2016, SU-696 de 2015, T-619
de 2014, T-551 de 2014, T-541A de 2014, T-397 de 2014, T-955 de 2013, T-767 de
2013, T-636 de 2013, T-598 de 2013, T-562 de 2013, T-546 de 2013, T-094 de
2013, T-036 de 2013, T-844 de 2011, T-306 de 2011, T-197 de 2011, T-084 de 2011,
T-120 de 2009, T-647 de 2008, T-816 de 2007, T-439 de 2007, T-551 de 2006,
T-540 de 2006, T-197 de 2006, T-569 de 2005 y T-462 de 1993.
[51]  No se puede pasar
por alto que en el caso que nos ocupa el Gobierno Nacional asumió temporalmente
la competencia para prestar el servicio público de educación en el departamento
de La Guajira.
[52] Ley
115 de 1994, artículo 152: “FUNCIONES DE LAS SECRETARÍAS DE
EDUCACIÓN MUNICIPALES. Las secretarías de educación municipales
ejercerán las funciones necesarias para dar cumplimiento a las competencias
atribuidas por la Ley 60 de 1993, la presente ley y las que le delegue el respectivo
departamento”.
[53] Folio
55 del cuaderno de revisión. El artículo 13.3.1 del Decreto 028 de 2008 “[e]l
Administrador o el tercero contratado para estos efectos tendrá las facultades
propias del jefe del organismo intervenido para la administración del servicio
público (…)”.
[54] A
esta misma conclusión ha llegado la Corte al resolver asuntos similares
(sentencias T-228 de 2019, T-209 de 2019 y T-497 de 2018).
[55] Folio 2 del cuaderno de instancia.
[56] Para
la Corte resulta relevante tener en cuenta la situación que actualmente vive el
país, debido a que como consecuencia de esta se han decretado restricciones a
la movilidad de los ciudadanos y al normal desarrollo de la vida escolar de los
niños, niñas y adolescentes del país.
[57] A través de la
sentencia C-145 de 2020, esta Corporación reconoció la gravedad de esta
situación en los siguientes términos: “Esencialmente se está ante una grave
calamidad pública de origen sanitario y epidemiológico como lo reconoce el
decreto declaratorio, al poner en riesgo la salud, vida y seguridad de las
personas, situación que algunos especialistas y científicos en principio
atribuyen a causas naturales y biológica y/o procesos ambientales y de base
zoonótica, que produce una alteración grave e intempestiva de las condiciones
económicas y sociales en todo el país y ha sido responsable de un elevado y
veloz crecimiento de contagio y una alta tasa de mortalidad, único en su clase
y de gravedad en lo que va corrido de la vida republicana de Colombia”.