C-144-18
Sentencia C-144/18
ACUERDO ENTRE COLOMBIA Y LA OTAN
SOBRE COOPERACION Y SEGURIDAD DE INFORMACION-Revisión
formal y material/ACUERDO ENTRE COLOMBIA Y LA OTAN SOBRE COOPERACION Y
SEGURIDAD DE INFORMACION-Se ajusta a la Constitución Política
En relación con el aspecto formal, la Corte concluyó que el Estado
colombiano estuvo válidamente representado durante el proceso de adopción del
Acuerdo, y que se observaron las reglas propias del trámite legislativo que
precedieron la aprobación de la ley objeto de análisis. Asimismo,
revisado el contenido de las disposiciones, la Corte encontró que el
Acuerdo establece que la cooperación se hará con el objeto de compartir
conocimientos y experiencias, promover acciones conjuntas de entrenamiento, e
intercambiar información en asuntos relativos a la defensa de los intereses
nacionales. Lo anterior se ajusta a los postulados
constitucionales relativos a la soberanía nacional, reciprocidad en las
relaciones internacionales, interés superior de los asuntos de seguridad nacional
siempre limitado por el contenido de los derechos humanos, y seguridad de
información –en especial- cuando es pública reservada y pública clasificada, además
de que somete su cumplimiento a la observancia plena de las reglas del derecho
interno de la parte que origina la información.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE
TRATADOS Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Competencia de la Corte Constitucional/CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE LEY APROBATORIA DE TRATADO-Características/CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE LEY APROBATORIA DE TRATADO-Alcance
El numeral 10 del
artículo 241 del Texto Superior atribuye a la Corte Constitucional competencia
para examinar la constitucionalidad de los tratados internacionales y de sus
leyes aprobatorias. De acuerdo con lo expresado en
reiterada jurisprudencia, dicho control (i) es previo al
perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a
la sanción gubernamental; (ii) es automático, pues debe ser enviado
directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro
de los seis (6) días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) es integral,
en la medida en que este Tribunal debe analizar tanto los aspectos formales
como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto
constitucional; (iv) hace tránsito a cosa juzgada; (v) es
condición sine qua non para la ratificación del correspondiente
acuerdo, y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es
garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los
compromisos internacionales del Estado colombiano. La Corte, en consecuencia,
realizará el control de constitucionalidad a su cargo, de acuerdo con el
siguiente esquema: (i) proceso de formación del instrumento internacional, en
cuanto a la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos
de negociación y celebración del instrumento y la competencia de los
funcionarios en la negociación y firma del tratado; (ii) trámite legislativo
del correspondiente proyecto de ley en el Congreso de la República; y (iii)
contenido material de las disposiciones del tratado y la ley.
ACUERDO ENTRE COLOMBIA Y LA OTAN
SOBRE COOPERACION Y SEGURIDAD DE INFORMACION-Representación del Estado,
suscripción del Acuerdo y aprobación presidencial
LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS
INTERNACIONALES-Procedimiento de formación previsto
para leyes ordinarias/LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS INTERNACIONALES-Trámite
legislativo
ACUERDO ENTRE COLOMBIA Y LA OTAN
SOBRE COOPERACION Y SEGURIDAD DE INFORMACION-Trámite
legislativo de la Ley 1839 de 2017
ACUERDO ENTRE COLOMBIA Y LA OTAN
SOBRE COOPERACION Y SEGURIDAD DE INFORMACION-Fines
ACUERDO ENTRE COLOMBIA Y LA OTAN
SOBRE COOPERACION Y SEGURIDAD DE INFORMACION-Preámbulo
ACUERDO ENTRE COLOMBIA Y LA OTAN
SOBRE COOPERACION Y SEGURIDAD DE INFORMACION-Disposiciones
Expediente LAT-444
Asunto: Revisión de constitucionalidad de la Ley 1839
del 12 de julio de 2017 “Por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la
República de Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre
Cooperación y Seguridad de Información, suscrito en la ciudad de Bruselas,
Reino de Bélgica, el 25 de junio de 2013”
Magistrado Sustanciador:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá D.C., cinco (5) de Diciembre de dos mil dieciocho (2018)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus
atribuciones constitucionales y de los requisitos y el trámite establecidos en
el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de constitucionalidad de la Ley 1839 del 12 de julio de 2017 “Por medio de la cual
se aprueba el acuerdo entre la República de Colombia y la Organización del
Tratado del Atlántico Norte sobre Cooperación y Seguridad de Información”.
I.
ANTECEDENTES
La
Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 241-10 de la Carta Política, mediante oficio Nro. 17-00087352 radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 17 de julio
de 2017, remitió a esta Corporación, para efectos de su revisión
constitucional, copia auténtica de la Ley 1839 de 2017 y
del acuerdo objeto de aprobación.
Mediante auto del 14 de agosto de 2017, se avocó el
conocimiento del proceso y se dispuso la práctica de pruebas. El 13 de septiembre
de 2017, se ordenó continuar el trámite y, en consecuencia, fijar
en lista por el término de diez (10) días; comunicar la iniciación del
proceso al Presidente de la República; al Presidente del Congreso de la
República; al Ministro de Defensa; al Ministro de Relaciones
Exteriores; y al Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones;
y dar traslado al señor Procurador General de la Nación
para lo de su competencia.
En la misma providencia se invitó a que
intervinieran en el proceso, en caso de estimarlo conveniente, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a DeJusticia y a los
Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades de Antioquia, del
Rosario, Los Andes, del Norte, Distrital Francisco José de Caldas, Externado de
Colombia, Libre, Militar, Nacional, Pontificia Javeriana, Industrial de Santander,
Sergio Arboleda y Autónoma de Bucaramanga.
Según informe de la Secretaría General
de 4 de septiembre de 2017, fueron allegadas las pruebas requeridas, por lo que,
verificada la documentación presentada a esta Corporación, mediante Auto del 13
de septiembre de 2017, se resolvió continuar con el trámite del proceso.
Mediante Auto Nro. 305 de 21 de junio
de 2017, la Sala Plena dispuso suspender los términos de los procesos de constitucionalidad
en curso, entre ellos, el proceso de la referencia a partir del 14 de
septiembre de 2017, de lo cual la Secretaria General dejó constancia en el
sistema de información de la Corte Constitucional, suspensión que fue levantada
mediante Auto Nro. 387 del 20 de junio de 2018.
Cumplidos
los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, procede esta Corte a decidir
sobre la exequibilidad del Acuerdo, sus anexos y de la ley que los aprueba.
II.
TEXTO DEL CONVENIO QUE SE REVISA Y DE SU LEY APROBATORIA
LEY 1839
DE 2017
Diario Oficial No. 50.292 de
12 de julio de 2017
CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
Por medio de
la cual se aprueba el “Acuerdo entre la República de Colombia y la
Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre Cooperación y Seguridad de Información”, suscrito en Bruselas, el 25 de junio de 2013.
Visto el texto del “Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización del
Tratado del Atlántico Norte sobre Cooperación y Seguridad de Información”,
suscrito en Bruselas, el 25
de junio de 2013.
ACUERDO ENTRE
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Y
LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO
DEL ATLÁNTICO NORTE
SOBRE COOPERACIÓN Y SEGURIDAD
DE INFORMACIÓN
La República de Colombia, representada
por
Su Excelencia Juan Carlos
Pinzón Bueno, Ministro de Defensa Nacional y
la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN), representada por
Su Excelencia Anders Fogh
Rasmussen, Secretario General de la OTAN
Habiendo acordado hacer consultas sobre aspectos políticos y
de seguridad de interés común y ampliar e intensificar la cooperación;
Conscientes de que la efectiva cooperación en este aspecto
conlleva el intercambio de información sensible y/o privilegiada entre las
Partes;
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO 1.
Las Partes deberán:
(i) proteger y salvaguardar la información y el
material de la otra Parte;
(ii) hacer todo lo que esté a su alcance por
garantizar que, si es clasificada, dicha información y material mantendrán las
clasificaciones de seguridad establecida por cualquiera de las partes con
respecto a información y material del origen de esa Parte y protegerá dicha
información y material de acuerdo con los estándares comunes acordados;
(iii) no utilizarán la información y el material
intercambiados para propósitos diferentes de los establecidos en el marco de
los respectivos programas y de las decisiones y resoluciones inherentes a
dichos programas;
(iv) no divulgarán dicha información y material a
terceros sin el consentimiento del originador.
ARTÍCULO 2.
(i) El Gobierno de Colombia acepta el compromiso de
hacer que todos sus connacionales quienes, en desarrollo de sus funciones
oficiales, requieran o puedan tener acceso a información o material
intercambiado de acuerdo con las actividades de cooperación aprobadas por el
Consejo del Atlántico Norte, hayan sido investigados y aprobados en materia de
seguridad antes de que obtengan acceso a dicha información y material.
(ii) Los procedimientos de seguridad estarán diseñados
para determinar si una persona, teniendo en cuenta su lealtad y fiabilidad,
puede tener acceso a información clasificada sin poner en riesgo su seguridad.
ARTÍCULO 3.
La Oficina de Seguridad de la OTAN (NOS), bajo la dirección y
en nombre del Secretario General y el Presidente, el Comité Militar de la OTAN,
actuando en nombre del Consejo del Atlántico Norte y el Comité Militar de la
OTAN, y bajo su autoridad, es responsable por hacer los arreglos de seguridad
para la protección de información y material clasificados intercambiados dentro
de las actividades de cooperación aprobadas por el Consejo del Atlántico Norte.
ARTÍCULO 4.
El Gobierno de Colombia informará a NOS la autoridad de
seguridad con la responsabilidad nacional similar. Se redactarán convenios administrativos
separados entre el Gobierno de Colombia y OTAN, los cuales abarcarán, entre
otras cosas, las normas de la protección de seguridad recíproca para la
información que sea intercambiada y la coordinación entre la autoridad de
seguridad de la República de Colombia y NOS.
ARTÍCULO 5.
Antes de intercambiar cualquier información clasificada entre
el Gobierno de Colombia y OTAN, las autoridades de seguridad responsables
deberán establecer de manera recíproca a su satisfacción que la Parte receptora
está dispuesta a proteger la información que reciba, tal como lo requiere el
originador.
ARTÍCULO 6.
Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que el
Gobierno de Colombia y OTAN se hayan notificado entre sí por escrito que se han
cumplido sus respectivos requerimientos Internos legales para la entrada en
vigor de este Acuerdo.
El Gobierno de Colombia o la OTAN podrá denunciar este
Acuerdo en cualquier momento mediante notificación escrita entre sí. La
Información o el material que sea Intercambiado previo a la fecha de
terminación de este Acuerdo seguirá siendo protegida de acuerdo con sus
disposiciones.
En testimonio de lo cual, los Representantes arriba
nombrados firman el presente Acuerdo.
Dado en duplicado en Bruselas, el día 25 de junio de
2013, en español, Inglés y francés, teniendo los tres textos la misma
autoridad.
Por la República de Colombia
Por la Organización del Tratado del
Pacífico Norte
Andres Fogh Rasmusson
LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE
TRATADOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CERTIFICA:
Que la reproducción del texto que antecede es copia fiel y
completa de la versión en idioma español del "Acuerdo entre la
República de Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre
Cooperación y Seguridad de Información", suscrito en Bruselas el 25 de
junio de 2013, documento que reposa en los archivos del Grupo Interno de
Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de
este Ministerio y consta en tres (3) folios.
Dada en Bogotá D.C. a los cinco (05) días del mes de agosto
de dos mil quince (2015).
MARIA ALEJANDRA ENCINALES JARAMILLO
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 2 de septiembre de 2013
Autorizado. Sométase a la consideración del Honorable
Congreso de la República para los efectos constitucionales.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR
DECRETA:
ARTÍCULO 1º. Apruébese el “Acuerdo
entre la República de Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico
Norte sobre Cooperación y Seguridad de Información”, suscrito en Bruselas
el 25 de junio de 2013.
ARTÍCULO 2º. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo entre la
República de Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre
Cooperación y Seguridad de Información”, suscrito en Bruselas el 25 de
junio de 2013, por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al
país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional
respecto de la misma.
ARTÍCULO 3º. La presente ley rige a
partir de la fecha de su publicación.
Presentado al Honorable Congreso de la República por
la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Defensa Nacional.
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.
Ministra de Relaciones Exteriores
LUIS CARLOS VILLEGAS ECHEVERRI
Ministro de Defensa Nacional
REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al
artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de julio de 2017.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.
El Ministro de Defensa Nacional,
LUIS CARLOS VILLEGAS ECHEVERRI.
III.
INTERVENCIONES
1.
Ministerio de Relaciones Exteriores[1]
La Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores de la Cancillería, expuso las razones que justifican la
declaratoria de constitucionalidad de la Ley 1839 de 12 de julio de 2017, así:
1.1.
Relación de cooperación entre Colombia
y la Organización del Tratado del Atlántico Norte – OTAN
1.1.1.
Política Exterior
del Sector Defensa
Manifestó que el Ministerio de Defensa
Nacional viene desarrollando una estrategia de cooperación internacional que se
despliega en los ámbitos bilateral y multilateral. Explicó que uno de los objetivos
estratégicos de Colombia es incrementar la cooperación con organismos
multilaterales, con el fin de afianzar la efectividad en la lucha contra la
delincuencia transnacional, así como también para orientar la visión de futuro
de las Fuerzas Armadas de Colombia.
Como parte de la ejecución de esta estrategia,
el Gobierno de Colombia ha venido adelantando conversaciones con la Unión
Europea (UE), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con el objetivo de desarrollar un amplio
marco de actividades de cooperación que contribuyan al fortalecimiento de las
capacidades de las Fuerzas Armadas.
1.1.2.
Sobre la
Organización del Tratado del Atlántico Norte - OTAN y su relación con el Estado
Colombiano
Aclaró que en el mismo tratado constitutivo de
la OTAN se definen qué Estados podrán hacer parte de esa Organización y que, a
partir de esa definición, es claro que Colombia no cumple con los requisitos
previstos, por lo que no es dable afirmar que un propósito en este sentido
orienta la voluntad del Gobierno Nacional.
Sin perjuicio de lo anterior, resaltó que
existen Estados no miembros que por diferentes razones han entablado una
relación de asociación con la OTAN, con el fin de cooperar en temas de interés
común; esas asociaciones son: (i) Diálogo del Mediterráneo; (ii) Iniciativa de
Cooperación de Estambul; (iii) Consejo de Sociedad Euro-Atlántico; y (iv)
Socios a través del Globo. Aclaró que Colombia no está listada dentro de
ninguna de dichas categorías.
1.2.
Acuerdo entre la República de Colombia
y la OTAN sobre Cooperación y Seguridad de Información
1.2.1.
Reseña del Contenido
del Acuerdo
Expuso que el instrumento sub examine
consagra el marco para facilitar la relación de cooperación que permita el
intercambio de información y experiencias en temas de militares de mutuo
interés para las partes.
Precisó que el Acuerdo establece un mecanismo
para los intercambios de información que se requieran en el marco de la
relación de cooperación estratégica que se busca establecer con la OTAN. No
obstante, en el caso de que la información que se pretenda intercambiar tenga
algún tipo de clasificación, es decir, que su difusión se encuentre restringida
y limitada, se determina que ambas partes se sujeten al cumplimiento de su
normatividad interna.
Así las cosas, aclaró que el Acuerdo no crea
derecho alguno que vincule al Gobierno Nacional Colombiano respecto del
tratamiento que deba dar a la información de carácter clasificado; por el
contrario, establece que el intercambio de información clasificada se realiza a
satisfacción de cada una de las partes, siendo respetuoso de los procedimientos
y normas que las vinculan al marco de la normatividad que las rige.
1.2.2.
Constitucionalidad
del Acuerdo
Señaló que si bien el acuerdo contempla la
posibilidad de intercambio de información de diferente naturaleza -desde
información pública hasta información con algún de nivel de clasificación-, en
ningún caso ello representa grado alguno de indeterminación teniendo en cuenta
que el Estado Colombiano cuenta con un marco jurídico de protección a la
información regulado con detalle. De lo anterior se desprende que no existe
discrecionalidad para los servidores públicos que actúan en nombre del gobierno
colombiano en el marco de este Acuerdo para determinar o establecer reserva a
la información que no esté amparada en el marco jurídico que para el efecto ha
establecido la ley interna y que ha sido objeto de múltiples pronunciamientos
por parte de la Corte Constitucional, pues las normas sobre protección y
seguridad de la información no son susceptibles de negociación en un Acuerdo.
1.2.3.
Importancia de la
ratificación por parte del Estado Colombiano del “Acuerdo Marco”
(i)
Permitirá contar con
el marco normativo requerido para realizar las gestiones que conlleva la
relación de cooperación con esta Organización Internacional.
(ii)
Fortalecerá las
capacidades de las Fuerzas Militares de Colombia, mediante la definición de
estándares que permiten la interoperabilidad, en diversos frentes, entre las
Fuerzas Armadas Colombianas y los países parte de esta Alianza.
(iii)     Se dará cumplimiento al desafío de definir una
hoja de ruta para determinar el futuro de las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional.
1.3.
Constitucionalidad del trámite de
aprobación interna del acuerdo
Señaló que el “Acuerdo entre la República
de Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre Cooperación
y Seguridad de Información” fue suscrito por el entonces Ministro de
Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón Bueno, el 25 de junio de 2013 en Bruselas,
con Plenos Poderes otorgados el 21 de junio de 2013.
Posteriormente, el presidente Juan Manuel
Santos Calderón, impartió la respectiva Aprobación Ejecutiva el día 2 de septiembre
de 2013, ordenando someter el acuerdo a consideración del Congreso de la
República.
Surtidos los respectivos debates, el Congreso
aprobó la Ley 1839 de 12 de julio de 2017, “[P]or medio de la cual se
aprueba el acuerdo entre la República de Colombia y la Organización del Tratado
del Atlántico Norte sobre Cooperación y Seguridad de Información”.
1.4.
Solicitud
Solicitó declarar exequible la ley aprobatoria
del “[A]cuerdo entre la República de Colombia y la Organización del Tratado
del Atlántico Norte sobre Cooperación y Seguridad de Información”, suscrito
en la ciudad de Bruselas, Bélgica, el 25 de junio de 2013, por considerar que
cumplió con los requisitos formales previstos en la Constitución Política para
su suscripción y aprobación legislativa y que su contenido consulta los principios
y postulados que gobiernan al Estado colombiano y su política exterior.
2.
Ministerio de Defensa Nacional[2]
La apoderada especial de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional,
solicitó declarar la exequibilidad del Acuerdo junto con la Ley 1839 de 2017,
por las siguientes razones:
2.1. El Acuerdo suscrito entre el Gobierno
Colombiano y la OTAN no tiene grado alguno de indeterminación, por cuanto los
límites legales para la protección y seguridad de la información y el acceso a
la misma se encuentran claramente definidos en la legislación colombiana.
2.2. Explicó que corresponde a cada una de las
partes, en su calidad de emisora y propietaria de la información, determinar la
naturaleza de la información suministrada y, por tanto, establecer el nivel de
protección requerido para su intercambio.
2.3. Señaló que la obligación de no divulgar
información objeto del Acuerdo a terceros no afecta el derecho fundamental al Habeas
Data, teniendo en cuenta que el Gobierno colombiano -al intercambiar
información que involucre datos personales sensibles- debe dar aplicación a la
Ley 1581 de 2012. En este orden de ideas, cuando una persona esté interesada en
conocer información sobre datos personales consignados en bases de datos
administradas por el Gobierno, podrá presentar solicitud a la autoridad
competente con base en las normas internas aplicables.
3.
Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones[3]
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones solicitó a la
Corte Constitucional declarar la exequibilidad de la norma demandada, por las
siguientes razones:
3.1.
La Constitucionalidad de la Ley 1839 de
2017
Expresó que ninguno de los tres artículos
constitutivos de la Ley 1839 de 2017 resulta contrario a la Constitución, pues
(i) se limitan a la aprobación del acuerdo internacional, competencia radicada en
cabeza del Congreso de la República de conformidad con lo señalado en el
numeral 16 del artículo 150 y en el artículo 224 de la Carta Política; y (ii) la
OTAN es una entidad de derecho internacional, y en esa medida, el Gobierno está
autorizado a celebrar contratos con este tipo de entidades.
3.2.
La Constitucionalidad del acuerdo entre
la República de Colombia y la OTAN sobre Cooperación y Seguridad de la
Información
Indicó que el Acuerdo objeto de control constitucional
establece el marco para el intercambio de información relacionada con seguridad
entre la República de Colombia y la OTAN, y que este tipo de convenios
internacionales se ajusta a la norma superior pues procuran garantizar la
independencia nacional, mantener la integridad territorial, asegurar la
convivencia pacífica y propender por la vigencia de un orden justo.
Posteriormente expuso los argumentos para
defender la Constitucionalidad de cada uno de los artículos que conforman el
Acuerdo, precisando:
3.2.1.
Artículo 1
Señaló que el primer numeral de
este precepto establece el deber de la República de Colombia y de la OTAN, de
proteger y salvaguardar la información y el material de la otra parte, por lo
que esta disposición se ajusta a la Constitución ya que establece un deber de
guarda y custodia sobre la información y material intercambiados.
Expuso que el segundo numeral
establece el deber para Colombia de mantener la clasificación de seguridad de
la información recibida de la OTAN y protegerla de acuerdo con los estándares
comunes acordados, y señaló que de conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano,
la reserva sobre cierto tipo de información relacionada con la defensa y
seguridad nacional está justificada.
También indicó que resulta
conforme a la Constitución que se establezcan niveles de clasificación de la
información y concluyó que el deber de mantener la clasificación de la
información recibida y la prohibición de difundir la información que tenga
carácter reservado sin el consentimiento del originador, se ajustan a la
Constitución Nacional.
3.2.2.
Artículo 2
Indicó que este precepto establece limitaciones en cuanto a los
funcionarios que puedan tener acceso a la información, como que previamente
hayan sido investigados de conformidad con procedimientos de seguridad que
verifiquen su lealtad y fiabilidad.
Señaló, además, que en la sentencia C-540 de 2012, la Corte
Constitucional -al examinar el proyecto de ley estatutaria para fortalecer el
marco jurídico de los organismos que desarrollan actividades de inteligencia y
contrainteligencia- encontró ajustado a la Constitución que se limitara el
acceso a esta información sólo a ciertos funcionarios públicos.
3.2.3.
Artículos 3 y 4
Los analizó de forma conjunta manifestando que
están dirigidos a concretar los deberes de protección y de reserva de la
información intercambiada establecidos en el artículo 1.
Así, además de establecer que (i) la
OTAN y el Gobierno de Colombia deben designar a los responsables del manejo de
la información clasificada, podrán (ii) suscribir convenios
administrativos para desarrollar los temas de interés mutuos.
3.2.4.
Artículo 5
Esta disposición se limita a establecer un deber de
verificación, previo al intercambio de información reservada, también ajustado
a la Constitución, pues impide que la información reservada suministrada por el
Estado Colombiano, sea difundida sin el cumplimiento de las condiciones
establecidas por el ordenamiento jurídico nacional.
3.2.5.
Artículo 6
Al respecto señaló que también resulta ajustado a la
Constitución, pues establece que el convenio entrará en vigor en la fecha en
que el Gobierno de Colombia y OTAN se hayan notificado entre sí el cumplimiento
de los requerimientos internos legales para su entrada en vigencia.
4.
Universidad Militar Nueva Granada[4]
Solicitó declarar la exequibilidad de la norma
toda vez que cumplió con los parámetros establecidos para la expedición de una
ley aprobatoria de tratado internacional, sin vicios de procedimiento notables
que impidan su incorporación al ordenamiento jurídico interno.
Precisó que la OTAN busca que los Estados empleen a los mejores y más
leales funcionarios para que el manejo de la información intercambiada sea útil
y eficaz, sin que suponga una vulneración de los derechos fundamentales de los
colombianos pues, si bien prohíbe la divulgación abierta de información, no
impide que mediante los mecanismos constitucionales se pueda solicitar
información.
5.
Universidad Externado[5]
El director del Departamento de Propiedad Intelectual de la Universidad
Externado de Colombia, conceptuó que la Ley aprobatoria del Acuerdo firmado
entre la República de Colombia y la OTAN debe pasar el examen de
constitucionalidad que realiza la Corte Constitucional.
En su opinión, resulta innegable que la información es una pieza
fundamental en todas las actividades económicas humanas. En el sector de
defensa y en particular en el ámbito militar, el tratamiento de la información
es de vital importancia debido a las consecuencias para la seguridad nacional
que puede producir un rompimiento de los deberes de confidencialidad y reserva.
Afirmó que es posible señalar que el articulado del Convenio que se
adopta con la Ley 1839 de 2017 no hace otra cosa que reafirmar aquello que ya se
encontraba en la legislación colombiana, en materias tanto mercantil como
militar y, por tanto, no presenta ninguna incompatibilidad con las normas y
postulados constitucionales, ni vulnera ningún derecho subjetivo o colectivo.
Finalizó diciendo que el Acuerdo no crea derecho alguno que vincule al
Gobierno Colombiano respecto del tratamiento que deba dar a la información de
carácter clasificado, puesto que dicho tratamiento ya se encuentra regulado por
la figura del secreto empresarial.
IV.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación,
mediante concepto Nro. 006447 de 7 de septiembre de 2018[6],
solicitó la declaratoria de exequibilidad del “Acuerdo entre
la República de Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte
sobre Cooperación y Seguridad de Información” y de su ley
aprobatoria.
1.
Examen formal
El concepto del
Procurador General de La Nación concluyó, después de realizar el recuento del
trámite legislativo, que se respetaron los parámetros constitucionales, legales
y reglamentarios.
2.
Análisis material del Acuerdo
2.1.
Temática principal y finalidades que
persigue el Acuerdo
Precisó que el Acuerdo tiene como propósito el
intercambio y salvaguarda de información clasificada entre las partes.
Explicó que el Artículo 1 establece las
obligaciones concretas que las partes deberán cumplir con el propósito de hacer
efectivo el intercambio de información clasificada, mientras que el Artículo 2 desarrolla
los procedimientos de seguridad para garantizar que los funcionarios públicos que
tengan acceso a la información objeto del Acuerdo, sean fiables. En su opinión,
estos dos artículos constituyen el núcleo esencial del contenido del Acuerdo
objeto de revisión, pues las restantes disposiciones se ocupan de aspectos
accesorios para la ejecución del tratado.
2.2.
Conformidad del Tratado con los
fundamentos constitucionales generales relativos a la política internacional
Consideró que el Acuerdo respeta los mandatos
constitucionales sobre política exterior y se encuentra conforme al artículo 2
Superior, como lo sostiene la exposición de motivos, ya que pretende “fortalecer
las capacidades de las Fuerzas Militares de Colombia, mediante el
establecimiento de estándares que permiten la interoperabilidad, en diversos
frentes, entre las Fuerzas Armadas de los países que hacen parte de esta
Alianza”.
Manifestó que el Acuerdo cumple con la
exigencia de reciprocidad, pues el intercambio de información clasificada impone
obligaciones de igual naturaleza a las dos partes, lo que no parece ser
contrario a los intereses nacionales. Y en este orden de ideas, no desconoce
los fundamentos constitucionales generales que deben guiar el manejo de las
relaciones internacionales, esto es, la soberanía, la autodeterminación de los
pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional
aceptados por Colombia.
2.3.
Conformidad del Tratado con los
derechos constitucionales a la libertad de expresión, el derecho de petición y
el derecho de acceso a la información pública
El Ministerio Público analizó la constitucionalidad del Acuerdo con
respecto a la posible afectación de ciertos derechos fundamentales
constitucionales, especialmente el Habeas Data (art. 15 inc. 2° C.P) y el
derecho a acceder a documentos públicos (art. 74 C.P), toda vez que el tratado
versa sobre aspectos que guardan relación con los mismos. Al respecto, encontró
que el tratado contiene una regulación restrictiva sobre el acceso a la
información compartida por parte de la OTAN hacia Colombia, medidas que se
justifican en tanto se trata de “información compartida de origen
internacional”, razón que habilita la creación de reglas propias e,
incluso, más restrictivas a las que rigen el acceso ordinario a la información
pública interna.
2.3.1. Consideró
que el Artículo 1 pacta una condición de salvaguardia y tres restricciones de
acceso a la información compartida a través del tratado, a través del cual
obliga a que cada parte proteja la información compartida por la otra,
utilizando el esquema de reserva previsto en la normativa propia de aquélla que
la comparte.
Si bien tales disposiciones obligan al Estado colombiano a asumir
superiores restricciones de acceso a la información, tal situación encuentra
justificación en la medida en que garantiza que la OTAN no menoscabe las
reservas previstas para la información de origen colombiano, y permite a la
OTAN que se conserve su propio nivel de clasificación respecto de la
información compartida.
La Vista Fiscal resaltó que las leyes estatutarias colombianas
encuentran admisible que existan restricciones al acceso a la información con
fundamento en que se trate de información derivada de las “relaciones
internacionales” (Ley 1712 de 2014, art. 19, lit. c).
En cuanto a la contradicción de la expresión “clasificada” con
la prevista en los artículos 6 y 18 de la Ley 1712 de 2014, sostiene que ese
término debe entenderse a partir de su sentido natural y genérico, esto es, la
información que cobija toda tipo de reserva o excepción al acceso a la
información.
2.3.2. Para
el Ministerio Publico la medida contemplada en el Artículo 2 debe evaluarse en
el contexto de las relaciones internacionales, teniendo en consideración que su
finalidad es el acceso a la información internacionalmente compartida.
2.3.3. Por
su Parte, el Artículo 3 establece una medida análoga a la prevista en el
artículo segundo, por parte de la Oficina de Seguridad de la OTAN.
2.3.4.
Con el propósito de definir el objeto de la información de la que trata el
acuerdo, el Artículo 4 prevé la celebración de convenios administrativos, lo cual
resulta admisible para el ordenamiento superior, siempre que su objeto sea la
ejecución de las obligaciones previamente adquiridas.
2.3.5. El
Artículo 5 establece un asunto instrumental que consiste en la obligación de
verificación recíproca de los protocolos de seguridad para el manejo de
información compartida.
2.3.6. Finalmente,
en el Artículo 6 se establecen cláusulas típicas del derecho de los tratados,
como la vigencia, la denuncia del acuerdo y sus versiones, razón por la que no
encontró oposición con el ordenamiento superior.
Por todo lo anterior, la Procuraduría estimó que el contenido del Acuerdo
se ajusta a las disposiciones constitucionales.
II. CONSIDERACIONES
1.
La competencia de la Corte
Constitucional en materia de tratados y de leyes aprobatorias de tratados
El numeral 10 del artículo 241 del Texto Superior atribuye
a la Corte Constitucional competencia para examinar la constitucionalidad de
los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias[7]. De acuerdo con lo expresado en reiterada
jurisprudencia, dicho control (i) es previo al perfeccionamiento
del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción
gubernamental; (ii) es automático, pues debe ser enviado directamente
por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis
(6) días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) es integral,
en la medida en que este Tribunal debe analizar tanto los aspectos formales
como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional;
(iv) hace tránsito a cosa juzgada; (v) es condición sine qua
non para la ratificación del correspondiente acuerdo, y (vi) cumple
una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de
la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del
Estado colombiano[8].
La Corte, en consecuencia, realizará el control de constitucionalidad a
su cargo, de acuerdo con el siguiente esquema: (i) proceso de formación del
instrumento internacional, en cuanto a la validez de la representación del
Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento
y la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado;
(ii) trámite legislativo del correspondiente proyecto de ley en el Congreso de
la República; y (iii) contenido material de las disposiciones del tratado y la
ley.
Se advierte que la
Corte mediante sentencia C-337 de 2015 decidió declarar inexequible la Ley 1734
del 8 de septiembre de 2014, aprobatoria de éste
Acuerdo, al evidenciar un vicio insubsanable “por cuanto en el momento
preciso de llevarse a cabo la votación de la iniciativa legislativa 086 de 2013
ante la Plenaria del Senado de la República (segundo debate), ni del acta de
sesión ni de la certificación respectiva es posible acreditar las exigencias
constitucionales de quórum decisorio y de la aprobación por la mayoría
simple, así como tampoco se logra establecer el requisito legal que consagra el
artículo 123-4 de la Ley 5ª de 1992”. Por tanto, el trámite de la ley
aprobatoria debió realizarse nuevamente en su totalidad en el Congreso de la
República, siendo ahora objeto de examen por parte de la Corte.
2.
El proceso
de formación del instrumento internacional:
representación y competencia en la suscripción del Convenio
2.1. El control de constitucionalidad
comprende la verificación de las facultades del representante del Estado
colombiano para negociar, adoptar el articulado y autenticar el instrumento
internacional respectivo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 7 a 10 de
la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados entre Estados[9].
2.2. El Ministerio de Relaciones Exteriores,
mediante comunicación recibida el 29 de agosto de 2018[10],
firmada por la Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales (E), informó a
esta Corporación que para la suscripción del “Acuerdo entre la República de
Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre Cooperación y
Seguridad de Información”, el Gobierno Nacional otorgó plenos poderes al
entonces Ministro de Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón Bueno.
Dentro del material probatorio aportado por la Cancillería reposa copia
del documento de fecha 21 de junio de 2013, que otorgó plenos poderes al
Ministro de Defensa Nacional para que suscribiera, en nombre del Estado
Colombiano, el Acuerdo con la OTAN sobre Cooperación y Seguridad de información[11],
lo cual se materializó el 25 de junio de 2013 en Bruselas - Reino de Bélgica.
Adicionalmente, dicha agencia estatal remitió copia del acto por medio
del cual el Presidente de la República impartió la respectiva aprobación
ejecutiva, el 2 de septiembre de 2013, y sometió a consideración del Congreso
de la República el mencionado Acuerdo[12].
2.3. En este orden de ideas, la Sala Plena encuentra que el Acuerdo en
comento fue suscrito de conformidad con las disposiciones constitucionales que
regulan la celebración de tratados internacionales por parte del Estado
colombiano. Advierte, igualmente, que fueron cumplidas las previsiones
contenidas en el artículo 7, numeral 1º, literal a) de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados, en el sentido de que para la adopción y
autenticación de un tratado, al igual que para manifestar el consentimiento del
Estado en obligarse por un acuerdo internacional, se considera que una persona
representa a un Estado si presenta plenos poderes, como sucede en el
presente caso.
Finalmente, en lo que concierne a la aprobación presidencial del
Acuerdo, se tiene que el Presidente de la República cumplió con este requisito
y ordenó la remisión del texto correspondiente al Congreso, con el fin que
fuera discutido y aprobado, cumpliéndose con ello lo previsto en los artículos
189-2 y 224 de la Constitución Política.
3.
El proceso de formación del proyecto de
ley en el Congreso de la República
Las
leyes aprobatorias de tratados internacionales deben surtir el procedimiento de
formación previsto para las leyes ordinarias[13],
regulado en los artículos 150 a 169 de la Carta y en la Ley 5ª de 1992 “Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el
Senado y la Cámara de Representantes”. La única previsión específica establecida en la
Constitución para este tipo de leyes es que su trámite debe iniciar en el
Senado de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 154 inciso final.
Asimismo, es preciso establecer si, en razón de su contenido, debía adelantarse
el procedimiento de consulta previa con los grupos étnicos, conforme a lo
establecido en el artículo 6.1. a) del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, norma integrante del bloque de constitucionalidad.
De
acuerdo con estas disposiciones, corresponde a la Corte verificar los
siguientes aspectos:
(i) Inicio del trámite de la ley
aprobatoria en el Senado de la República (art. 154 C.P.).
(ii) Publicación del proyecto de ley
antes de darle curso en la comisión respectiva (art. 157 num. 1 C.P.).
(iii) Aprobación en primer debate en las
comisiones respectivas de Senado y Cámara, y en segundo debate en las plenarias
de esas corporaciones (art. 157 num. 2 y 3 C.P.).
(iv) Publicación y reparto del informe
de ponencia previo a los cuatro debates correspondientes y del texto aprobado
en cada uno de ellos (arts. 144, 156 y 157 de la Ley 5ª de 1992).
(v) Anuncio previo en el que se informe
de la sesión en que se efectuará la discusión y votación del proyecto en cada
uno de los cuatro debates correspondientes, según el inciso final del artículo
160 de la Constitución Política adicionado por el artículo 8 del Acto
Legislativo 01 de 2003[14] la cual ordena que: 1) la fecha de votación de
los proyectos de ley sea previamente anunciada; 2) el anuncio de tal votación
se realice en sesión distinta a la de la sesión en que es sometido a su
aprobación; y 3) la votación se efectúe el día en que fue anunciada. La Corte
ha señalado, además, que si bien no es exigible una fórmula específica para realizar
el anuncio, sí deben utilizarse expresiones de las que sea posible inferir con
claridad para qué se convoca a los congresistas y que se haga para una sesión
posterior, es decir, para “una
fecha futura prefijada y determinada, o por lo menos, determinable”[15].
(vi) Quórum decisorio al momento de la aprobación del proyecto en cada uno
de los cuatro debates correspondientes. Tratándose de proyectos de ley
aprobatoria de tratados internacionales aplica la regla general prevista en el
artículo 145 de la Constitución, según la cual se exige la presencia de la mayoría de los integrantes de la
respectiva comisión o plenaria.
(vii) Votación en debida forma en cada
uno de los respectivos debates. Al respecto, el artículo 133 Superior establece
que, salvo las excepciones previstas en la ley, la votación de los proyectos de
ley debe efectuarse de manera nominal y
pública[16].
El artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 (modificado por el artículo 1º de la Ley
1431 de 2011), establece las hipótesis en que, para hacer efectivo el principio
de celeridad de los procedimientos, puede exceptuarse esta regla general para
admitir la votación ordinaria[17].
(viii) Aprobación en cada uno de los
respectivos debates por la regla de
mayoría
correspondiente. Para el caso de leyes aprobatorias de tratados
internacionales, la aprobación requiere la mayoría de los votos de los
asistentes (mayoría simple), de acuerdo con lo establecido en el artículo 146
Superior[18].
(ix) Cumplimiento de la regla de lapso entre debates prevista en el artículo 160 C.P., según la cual entre el
primero y el segundo debate en cada cámara deberá mediar un lapso no inferior a
ocho (8) días, y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la
iniciación del debate en la otra, habrán de transcurrir no menos de quince (15)
días.
(x) Que se haya surtido el trámite de conciliación, en caso de existir discrepancias entre los textos
aprobados en el Senado y la Cámara de Representantes, y la publicación del
texto aprobado por las plenarias de Senado y Cámara (art. 161 C.P.).
(xi) Que el trámite del proyecto no haya
excedido dos legislaturas (art. 162 C.P.).
(xii) Que el proyecto reciba sanción del
Gobierno y, en caso de objeciones, que se haya surtido el trámite
correspondiente (arts. 165 a 168 C.P.).
(xiii) Remisión oportuna del
tratado y de su ley aprobatoria a la Corte Constitucional (art. 241 núm. 10
C.P.).
A
continuación, se examina el trámite impartido al Proyecto de Ley 98 de 2015
Senado y 194 de 2016 Cámara, con el fin de establecer si se realizó de
conformidad con los requisitos señalados.
4.
El proyecto de ley
4.1.
Iniciativa y radicación
Se
cumple este requisito, toda vez que el proyecto de ley fue presentado por el Gobierno Nacional el 22 de
septiembre de 2015 ante la Secretaría del
Senado de la República por medio
de los Ministros de Relaciones
Exteriores, María Ángela Holguín, y de Defensa, Luis Carlos Villegas Echeverri[19].
Allí fue radicado como Proyecto de Ley 98 de 2015 Senado.
4.2.
Publicación del texto y la exposición de motivos
El texto original del
proyecto de ley, junto con la respectiva exposición de motivos, fue publicado
en la Gaceta del Congreso Nro. 743 de 23 de septiembre de 2015[20].
4.3.
Trámite en el Senado de la República
4.3.1. Primer
debate en Senado: Comisión Segunda Constitucional Permanente.
4.3.1.1. Publicación
de la ponencia.
Fue
designado como ponente el senador Jimmy
Chamorro Cruz, cuya ponencia favorable
fue publicada en la Gaceta del
Congreso Nro. 888 del 5 de noviembre de 2015[21], de conformidad con el artículo 156 de la Ley 5ª de
1992.
4.3.1.2. Anuncio para votación en primer debate.
El Proyecto de Ley 98 de 2015 Senado fue anunciado
para primer debate en la Comisión Segunda del Senado en la sesión ordinaria de
10 de noviembre de 2015, según consta en el Acta Nro. 11 de 2015, publicada en
la Gaceta Nro. 217 de 3 de mayo de 2016[22], indicando
que la discusión y votación del proyecto se llevaría a cabo “para la próxima
sesión”[23].
El anuncio se llevó a cabo de conformidad
con lo previsto en el inciso final del
artículo 160 constitucional (adicionado por el artículo 8 del Acto Legislativo
01 de 2003), por cuanto (i) se realizó con antelación a la sesión en la
que finalmente se aprobó el proyecto; (ii) se identificó con claridad la
sesión para la cual fue anunciado el proyecto y, como se examinará a
continuación, (iii) la aprobación se efectuó en la sesión siguiente,
según lo indicado.
4.3.1.3.
Aprobación en primer debate (quorum y mayoría).
Según lo anunciado, la discusión y votación del
proyecto en primer debate tuvo lugar en la siguiente sesión ordinaria de 18 de noviembre de 2015, según consta en el Acta Nro. 12 de 2015 de la
Comisión Segunda del Senado, publicada en la Gaceta del Congreso Nro. 217 de
2016. Se configuró quorum deliberatorio, como se evidencia en la Gaceta
anteriormente referida así:
Siendo las
10:00 a.m. del día miércoles dieciocho (18) de noviembre del año dos mil quince
(2015), previa convocatoria hecha por el señor Secretario de la Comisión
Segunda, doctor Diego Alejandro González González, se reunieron los honorables
Senadores para sesionar en la Comisión.
El señor
Presidente de la Comisión Segunda, Senador Carlos Fernando Galán Pachón,
declara abierta la sesión de la Comisión, solicito al señor Secretario se
sirva llamar a lista y verificar el quórum.
El señor
Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González,
procede con el llamado a lista:
Señor
Presidente, honorables Senadores:
Avirama Avirama Marco
Aníbal
Barón Neira León
Rigoberto
Cepeda Castro Iván
Presente
Chamorro Cruz William
Jimmy
Presente
Durán Barrera Jaime
Enrique
Galán Pachón Carlos
Fernando
Presente
García Romero Teresita
Holguín Moreno Paola
Andrea
Presente
Lizcano Arango Óscar
Mauricio
Name Cardozo José David
Osorio Salgado Nidia
Marcela
Presente
Vega de Plazas Thania
Presente
Velasco Chaves Luis
Fernando
Presente
El señor
Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González,
informa:
Señor
Presidente, han contestado a lista siete (7) honorables Senadores, en
consecuencia se registra quórum para decidir.
Con excusa por incapacidad el honorable Senador:
Óscar Mauricio Lizcano Arango
Excusa de la Senadora:
Teresita García Romero
Durante el
transcurso de la Sesión se hacen presentes los honorables Senadores:
Marco Aníbal Avirama Avirama
León Rigoberto Barón Neira
Jaime Enrique Durán Barrera
José David Name Cardozo
Conforme a la certificación de 22 de agosto de 2017, suscrita por
el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado, la votación de la
proposición final, la omisión de la lectura del articulado, el articulado
propuesto y el título del proyecto, se realizó conforme al Acto Legislativo Nro.
1 de 2009, con votación nominal y pública, obteniendo como resultado 8 votos a
favor y 1 voto en contra. De
esta forma se verifica el cumplimiento del requisito de votación nominal y
pública establecido en los artículos 133 Superior y 129 de la Ley 5ª de 1992.
El detalle de la votación consta en el Acta Nro. 12 de 2015 de la Comisión
Segunda del Senado, publicada en la Gaceta del Congreso Nro. 217 de 2016. La votación de la proposición positiva
con que terminó el informe de ponencia, fue la siguiente:
El señor
Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González,
informa:
Señor
Presidente y honorables Senadores, la proposición final dice así: por las
anteriores consideraciones de conveniencia y de conformidad, propongo darle
primer debate ante la honorable Comisión Segunda Constitucional del Senado
de la República, al Proyecto de ley número 98 de 2015 Senado, por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la República de Colombia
y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sobre Cooperación
y Seguridad de Información, suscrito en Bruselas el 25 de junio de 2013.
Cordialmente,
Jimmy Chamorro Cruz.
Senador de la República.
Está leída
la proposición señor Presidente. El honorable Senador Iván Cepeda ha solicitado
la votación nominal del proyecto.
El señor
Presidente de la Comisión Segunda, Senador Carlos Fernando Galán Pachón,
informa a la Comisión:
Está a
consideración el informe con el cual termina la ponencia, se abre el debate.
Anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. Lo aprueba esta Comisión. Sírvase
llamar a lista para la votación nominal Secretario.
El señor
Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González:
Procede con
el llamado a lista para la votación nominal, para la aprobación del informe con
el cual termina la ponencia del Proyecto de ley número 98 de 2015.
Avirama Avirama Marco
Aníbal
Vota Sí
Barón Neira León
Rigoberto
Vota Sí
Cepeda Castro Iván
Vota No
Chamorro Cruz William
Jimmy
Vota Sí
Durán Barrera Jaime
Enrique
Galán Pachón Carlos
Fernando
Vota Sí
García Romero Teresita
Holguín Moreno Paola
Andrea
Vota Sí
Lizcano Arango Óscar
Mauricio
Name Cardozo José David
Osorio Salgado Nidia
Marcela
Vota Sí
Vega de Plazas Thania
Vota Sí
Velasco Chaves Luis
Fernando
Vota Sí
Le informo
señor Presidente, han contestado por el SÍ ocho (8) honorables Senadores, por
el NO, un (1) honorable Senador, en consecuencia ha sido aprobada la
proposición final con que termina el informe de ponencia.
El señor
Presidente de la Comisión Segunda, Senador Carlos Fernando Galán Pachón:
Solicita al
Secretario dar lectura al articulado del Proyecto de ley número 98 de 2015
Senado.
El señor
Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González,
informa:
Señor
Presidente, han solicitado la omisión de la lectura del articulado.
El señor
Presidente de la Comisión Segunda, Senador Carlos Fernando Galán Pachón,
informa:
A los
Senadores, está en consideración la omisión de lectura del articulado y el
articulado del proyecto. Lo aprueba esta Comisión.
El señor
Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González:
Procede con
el llamado a lista para la votación nominal de la omisión de lectura del
articulado y el articulado del Proyecto de ley número 98 de 2015 Senado.
Avirama Avirama Marco
Aníbal
Vota Sí
Barón Neira León
Rigoberto
Vota Sí
Cepeda Castro Iván
Vota No
Chamorro Cruz William
Jimmy
Vota Sí
Durán Barrera Jaime
Enrique
Galán Pachón Carlos
Fernando
Vota Sí
García Romero Teresita
Holguín Moreno Paola
Andrea
Vota Sí
Lizcano Arango Óscar
Mauricio
Name Cardozo José David
Osorio Salgado Nidia
Marcela
Vota Sí
Vega de Plazas Thania
Vota Sí
Velasco Chaves Luis
Fernando
Vota Sí
Le informo
señor Presidente, han contestado por el SÍ ocho (8) honorables Senadores, por
el NO, un (1) honorable Senador, en consecuencia ha sido aprobada la omisión de
lectura del articulado y el articulado del proyecto de ley.
El señor
Presidente de la Comisión Segunda, Senador Carlos Fernando Galán Pachón:
Solicita al
Secretario dar lectura al título del proyecto.
El señor
Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González,
procede con la lectura del título del proyecto:
Proyecto
de ley número 98 de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo
entre la República de Colombia y la Organización del
Tratado del Atlántico Norte, sobre Cooperación y Seguridad de Información,
suscrito en Bruselas el 25 de junio de 2013.
El señor
Presidente de la Comisión Segunda, Senador Carlos Fernando Galán Pachón,
informa:
A los
Senadores, está en consideración el título del proyecto, sírvase llamar a lista
para la votación nominal.
El señor
Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González:
Procede con
el llamado a lista para la votación nominal del articulado del Proyecto de
ley 98 de 2015:
Avirama Avirama Marco
Aníbal
Vota Sí
Barón Neira León
Rigoberto
Vota Sí
Cepeda Castro Iván
Vota No
Chamorro Cruz William
Jimmy
Vota Sí
Durán Barrera Jaime
Enrique
Galán Pachón Carlos
Fernando
Vota Sí
García Romero Teresita
Holguín Moreno Paola
Andrea
Vota Sí
Lizcano Arango Óscar Mauricio
Name Cardozo José David
Osorio Salgado Nidia
Marcela
Vota Sí
Vega de Plazas Thania
Vota Sí
Velasco Chaves Luis
Fernando
Vota Sí
Le informo
señor Presidente, han contestado por el SÍ, ocho (8) honorables Senadores, por
el NO, un (1) honorable Senador, en consecuencia ha sido aprobado el título del
Proyecto de ley número 98 de 2015 Senado[24].
Por último, la pregunta sobre si “[q]uiere la Comisión que este
Proyecto de Ley número 98 de 2015 tenga segundo debate”, se aprobó conforme
al artículo 129 de la Ley 5 de 1992, modificado por el artículo 1° de la ley
1431 de 2011, en los siguientes términos:
El señor
Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González,
informa:
Señor
Presidente que así lo quiere la Comisión que el Proyecto de ley
número 98 de 2015 tenga segundo debate.
El señor
Presidente de la Comisión Segunda, Senador Carlos Fernando Galán Pachón:
Nombra como
ponente para el segundo debate al Senador Jimmy Chamorro Cruz. Continúe con el
siguiente punto del Orden del Día señor Secretario.
4.3.2. Segundo
debate
4.3.2.1. Término entre comisión y plenaria.
El debate en la Comisión Segunda del Senado se efectuó el 18 de
noviembre de 2015 y el surtido en la Plenaria de dicha Corporación tuvo lugar
el 26 de octubre de 2016.
4.3.2.2. Publicación del texto aprobado y de la ponencia.
El
senador Jimmy Chamorro Cruz rindió ponencia positiva para segundo debate la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso Nro. 960 de 24 de noviembre de 2015[25], donde
se incluye, además, la publicación del texto definitivo aprobado en primer
debate por la Comisión Segunda Constitucional Permanente.
4.3.2.3. Anuncio para votación en segundo debate.
El proyecto de ley fue
anunciado, conforme al Acto
Legislativo 01 de 2003, en tres ocasiones: la primera, según consta en acta
número 23 de 4 de octubre de 2016, contenida en la Gaceta No. 40 de 2017[26]; la segunda, según se indica en acta número
27 de 19 de octubre de 2016, insertada en la Gaceta Nro. 43 de 2017[27]; y, la última, como puede observarse en el
acta número 28 de 25 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Nro. 44 de
2017, en la que se indica que el proyecto de ley será discutido y votado en la
próxima sesión.  Al finalizar la sesión, la Presidencia convocó para el 26 de
octubre de 2016[28].
4.3.2.4. Aprobación en segundo debate.
Efectivamente, el proyecto fue debatido y
aprobado mediante votación nominal y pública en la sesión plenaria que se llevó
acabo el día 26 de octubre de 2016, arrojando como resultado 54 votos a favor y
2 en contra de la proposición positiva con que termine el informe; 52 votos
positivos y 2 negativos, la omisión de la lectura del articulado, el bloque del
articulado, el título del proyecto, y el querer de la plenaria de que el
proyecto surta su tránsito en la Cámara de Representantes. Lo anterior,
conforme se evidencia en el acta número 29 contenida en la Gaceta Nro. 45 de 3
de febrero de 2017[29], en los siguientes términos:
Lectura de
Ponencias y Consideración de proyectos en Segundo Debate.
Proyecto de
ley número 098 de 2015 Senado por medio del cual se aprueba el “Acuerdo
entre la República de Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico
Norte sobre Cooperación y Seguridad de Información”, suscrito en Bruselas
el 25 de junio de 2013.
La
Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Ponente
William Jimmy Chamorro Cruz.
(…)
La
Presidencia somete a consideración de la plenaria la proposición con que
termina el informe de ponencia del Proyecto de ley número 098 de 2015 Senado y,
cerrada su discusión, abre la votación e indica a la secretaría abrir el
registro electrónico para proceder en forma nominal.
La Presidencia cierra la votación, e indica a la
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el resultado de la
votación.
Por
Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por el Sí:                54
Por el No:               2
Total:            56
Votos
Votación
nominal a la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del
Proyecto de ley número 98 de 2015 Senado por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la
República de Colombia y la Organización del Tratado del
Atlántico Norte sobre Cooperación y Seguridad de Información”, suscrito en Bruselas el 25 de junio de
2013.
Honorables
Senadores por el SÍ:
Aguilar
Hurtado Nerthink Mauricio
Amín
Hernández Jaime Alejandro
Andrade
Serrano Hernán Francisco
Araújo Rumié
Fernando Nicolás
Ashton
Giraldo Álvaro Antonio
Avirama
Avirama Marco Aníbal
Bustamante
García Éverth
Cabrales
Castillo Daniel Alberto
Cabrera Báez
Ángel Custodio
Castañeda
Serrano Orlando
Celis Carrillo
Bernabé
Cepeda
Sarabia Efraín José
Chamorro
Cruz William Jimmy
Char Chaljub Arturo
Correa Borrero Susana
Delgado Ruiz Édinson
Duque Márquez Iván
Durán Barrera Jaime Enrique
Elías Vidal Bernardo Miguel
Galán Pachón Carlos
Fernando
García Burgos Nora María
García Realpe Guillermo
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Jiménez Juan Diego
Guerra de la Espriella
Antonio del Cristo
Guerra de la Espriella
María del Rosario
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Lizcano Arango Óscar
Mauricio
López Hernández Claudia
Nayibe
Macías Tovar Ernesto
Martínez Rosales Rosmery
Mejía Mejía Carlos Felipe
Mora Jaramillo Manuel
Guillermo
Morales Hoyos Viviane
Aleyda
Motoa Solarte Carlos
Fernando
Name Cardozo José David
Navarro Wolff Antonio José
Ospina Gómez Jorge Iván
Paredes Aguirre Myriam
Alicia
Pedraza Gutiérrez Jorge
Hernando
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramos Maya Alfredo
Rangel Suárez Alfredo
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Rodríguez Sarmiento Milton
Árlex
Santos Marín Guillermo
Antonio
Serpa Uribe Horacio
Sierra Grajales Luis Emilio
Soto Jaramillo Carlos
Enrique
Tovar Rey Nohora Stella
Uribe Vélez Álvaro
Vega de Plazas Ruby Thania
Velasco Chaves Luis
Fernando
Honorables
Senadores por el NO:
López Maya Alexánder
Robledo Castillo Jorge
Enrique
En
consecuencia, ha sido aprobada la proposición con que termina el Informe de
Ponencia del Proyecto de ley número 098 de 2015 Senado.
Se abre Segundo Debate:
Por
solicitud de la honorable Senadora Maritza Martínez Aristizábal, la
Presidencia somete a consideración de la plenaria la omisión de la lectura
del articulado del Proyecto de ley número 098 de 2015 Senado y, cierra su
discusión.
La
Presidencia somete a consideración de la plenaria el articulado del
proyecto y cerrada su discusión, pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado
propuesto?
La
Presidencia abre la votación de la omisión de la lectura del articulado,
el bloque del articulado del Proyecto de ley número 098 de 2015 Senado e indica
a la Secretaría abrir el registro electrónico para proceder en forma
nominal.
La Presidencia cierra la votación, e indica a la
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el registro:
Por
Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por el Sí:                52
Por el No:                 2
Total:
54
Votos
Votación
nominal a la omisión de la lectura del articulado, el bloque del articulado del
Proyecto de ley número 98 de 2015 Senado por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo
entre la República de Colombia y la Organización del
Tratado del Atlántico Norte sobre Cooperación y Seguridad de Información”, suscrito
en Bruselas el 25 de junio de 2013.
Honorables
Senadores por el Sí
Aguilar
Hurtado Nerthink Mauricio
Amín
Hernández Jaime Alejandro
Andrade
Serrano Hernán Francisco
Araújo Rumié
Fernando Nicolás
Ashton
Giraldo Álvaro Antonio
Avirama
Avirama Marco Aníbal
Bustamante
García Éverth
Cabrales
Castillo Daniel Alberto
Cabrera Báez
Ángel Custodio
Castañeda
Serrano Orlando
Celis
Carrillo Bernabé
Cepeda
Sarabia Efraín José
Chamorro
Cruz William Jimmy
Char Chaljub
Arturo
Correa
Borrero Susana
Delgado Ruiz
Édinson
Duque
Márquez Iván
Durán Barrera Jaime Enrique
Elías Vidal
Bernardo Miguel
Galán Pachón
Carlos Fernando
García
Burgos Nora María
García
Realpe Guillermo
Gnecco Zuleta José Alfredo
Guerra
de la Espriella Antonio del Cristo
Guerra
de la Espriella María del Rosario
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos
Giraldo Germán Darío
Lizcano
Arango Óscar Mauricio
López Hernández Claudia
Nayibe
Macías Tovar
Ernesto
Martínez
Aristizábal Maritza
Martínez Rosales Rosmery
Mejía Mejía
Carlos Felipe
Mora Jaramillo Manuel
Guillermo
Morales
Hoyos Viviane Aleyda
Motoa
Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo
José David
Navarro
Wolff Antonio José
Ospina Gómez
Jorge Iván
Pulgar Daza
Eduardo Enrique
Rangel
Suárez Alfredo
Rodríguez
Rengifo Roosvelt
Rodríguez
Sarmiento Milton Arlex
Santos Marín Guillermo
Antonio
Serpa Uribe Horacio
Sierra
Grajales Luis Emilio
Soto
Jaramillo Carlos Enrique
Tovar Rey Nohora Stella
Uribe Vélez
Álvaro
Vega de
Plazas Ruby Thania
Velasco
Chaves Luis Fernando
Villadiego
Villadiego Sandra Elena
Honorables
Senadores por el No
López Maya
Alexánder
Robledo
Castillo Jorge Enrique
En
consecuencia, ha sido aprobada la omisión de la lectura del articulado, el
bloque del articulado del Proyecto de ley número 098 de 2015 Senado.
La
Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del
proyecto. Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 098
de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo
entre la República de Colombia y la Organización del
Tratado del Atlántico Norte sobre Cooperación y Seguridad de Información”, suscrito
en Bruselas el 25 de junio de 2013.
Leído
este, la Presidencia somete a consideración de la plenaria, y cierra
su discusión y pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación el
título leído?
Cumplidos
los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la
Presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de
ley aprobado surta su trámite en la Cámara de Representantes?
La
Presidencia abre la votación del título y que surta su tránsito en la
Cámara de Representantes el Proyecto de ley número 098 de 2015
Senado e indica a la Secretaría abrir el registro electrónico
para proceder en forma nominal.
La Presidencia cierra la votación, e indica a la
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el registro.
Por
Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por el Sí:                52
Por el No:                2
Total:                     54
Votos
Votación
nominal al título y que surta su tránsito en la Cámara de
Representantes el Proyecto de ley número 98 de 2015 Senado por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo
entre la República de Colombia y la Organización del
Tratado del Atlántico Norte sobre Cooperación y Seguridad de Información”, suscrito
en Bruselas el 25 de junio de 2013.
Honorables
Senadores por el Sí
Aguilar
Hurtado Nerthink Mauricio
Amín
Hernández Jaime Alejandro
Andrade
Serrano Hernán Francisco
Araújo Rumié
Fernando Nicolás
Ashton
Giraldo Álvaro Antonio
Avirama
Avirama Marco Aníbal
Bustamante
García Éverth
Cabrales
Castillo Daniel Alberto
Cabrera Báez
Ángel Custodio
Castañeda
Serrano Orlando
Celis
Carrillo Bernabé
Cepeda
Sarabia Efraín José
Chamorro
Cruz William Jimmy
Correa
Borrero Susana
Delgado Ruiz
Édinson
Duque
Márquez Iván
Durán
Barrera Jaime Enrique
Elías Vidal
Bernardo Miguel
Galán Pachón
Carlos Fernando
García
Burgos Nora María
García
Realpe Guillermo
Gnecco
Zuleta José Alfredo
Guerra
de la Espriella Antonio del Cristo
Guerra
de la Espriella María del Rosario
Holguín
Moreno Paola Andrea
Hoyos
Giraldo Germán Darío
Lizcano
Arango Óscar Mauricio
López
Hernández Claudia Nayibe
Macías Tovar
Ernesto
Martínez
Rosales Rosmery
Mejía Mejía
Carlos Felipe
Mora
Jaramillo Manuel Guillermo
Morales
Hoyos Viviane Aleyda
Motoa
Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo
José David
Ospina Gómez
Jorge Iván
Paredes Aguirre
Myriam Alicia
Pedraza
Gutiérrez Jorge Hernando
Prieto Riveros Jorge
Eliéser
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramos Maya Alfredo
Rangel Suárez Alfredo
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Rodríguez Sarmiento Milton
Arlex
Serpa Uribe Horacio
Sierra Grajales Luis Emilio
Soto Jaramillo Carlos
Enrique
Tovar Rey Nohora Stella
Uribe Vélez
Álvaro
Vega de
Plazas Ruby Thania
Velasco
Chaves Luis Fernando
Villadiego
Villadiego Sandra Elena
Honorables
Senadores por el No
López Maya
Alexánder
Robledo
Castillo Jorge Enrique
En
consecuencia ha sido aprobado el título y que surta su tránsito en la
Cámara de Representantes el Proyecto de ley número 098 de 2015 Senado.
(…)
Por consiguiente, puede concluirse que el proyecto se
aprobó con el quorum y mayorías requeridas (art. 146 C.P.), dando cumplimiento
a la regla de votación prevista en el artículo 123 numeral 4º de la Ley 5ª de
1992.
4.3.2.4. Publicación del
texto definitivo.
El texto definitivo
aprobado en segundo debate en la Plenaria del Senado fue publicado en la Gaceta
del Congreso Nro. 959 del 2 de
noviembre de 2016[30].
4.4. Trámite en la Cámara de Representantes
4.4.1. Primer debate
4.4.1.1. Término entre Senado y Cámara de Representantes.
Entre la aprobación del proyecto en la Plenaria del
Senado, el 26 de octubre de 2016,
y el inicio del debate en la Cámara, el 4 de abril de 2017, transcurrió un tiempo superior a quince (15) días.
4.4.1.2. Publicación del texto aprobado y de la ponencia.
El Proyecto de Ley 98 de
2015 Senado fue remitido a la Cámara de Representantes donde le fue asignado el
número 194 de 2016. En la Comisión Segunda Constitucional Permanente fueron
nombrados como ponentes los
Representantes Efraín Torres Monsalvo y Federico Hoyos Salazar. Su ponencia, fue publicada en la Gaceta del Congreso Nro. 1146 del 16 de diciembre
de 2016[31].
4.4.1.3.
Anuncio de votación.
El proyecto fue
anunciado el 22 de marzo de 2017, según consta en el Acta Nro. 22 de la misma
fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nro. 246 del 21 de abril de 2017, en
la que se indicó que “para los anuncios leídos, vamos a citar para el
próximo miércoles”, y al final de la sesión el Presidente de la Comisión
señaló: “[S]e levanta la sesión y se cita para el próximo martes a las 10
A.M. y el miércoles, igualmente a las 10 de la mañana, de este miércoles en
ocho” [32].
4.4.1.4. Aprobación del proyecto.
Conforme a lo anunciado, la discusión y votación del
proyecto en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes que se realizó el miércoles 4 de abril de 2017,
con un quórum deliberatorio y decisorio de 17 representantes, mediante votación
nominal y pública, como consta en el Acta Nro. 23 de la misma fecha, publicada
en la Gaceta del Congreso Nro. 329 de 11 de mayo de 2017[33], dando aplicación al artículo 130 de la Ley
5° de 1992 y la Ley 1431 de 2011, en los siguientes términos:
Llamado a lista Comisión Segunda Constitucional
Permanente, abril 4 de 2017.
Honorable Representante
Registro
Agudelo
García Ana Paola
-----
Barreto
Castillo Miguel Ángel
Presente
Cabello Flórez Tatiana
Presente
Deluque Zuleta
Alfredo Rafael
Presente
Durán
Carrillo Antenor
Presente
Hoyos
Salazar Federico Eduardo
-----
Merlano Rebolledo
Aída
-----
Mesa Betancur José
Ignacio
------
Mizger Pacheco
José Carlos
-----
Pérez Oyuela José
Luis
Excusa
Rincón
Vergara Nevardo Eneiro
-----
Rosado
Aragón Álvaro Gustavo
-----
Torres Monsalvo Efraín
Antonio
-----
Triana
Vargas María Eugenia
Presente
Uribe
Muñoz Alirio
Presente
Urrego Carvajal
Luis Fernando
Presente
Villamizar
Ortiz Andrés Felipe
Presente
Yepes Martínez
Jaime Armando
Presente
Presidente, la Secretaría le certifica que hay quórum
deliberatorio.
Se hicieron presentes durante la sesión los siguientes
honorables Representantes:
Agudelo García Ana Paola
Hoyos Salazar Federico Eduardo
Merlano Rebolledo Aída
Mesa Betancur José Ignacio
Mizger Pacheco José Carlos
Rincón Vergara Nevardo Eneiro
Rosado Aragón Álvaro Gustavo
Torres Monsalvo Efraín Antonio.
Presentó excusa el siguiente honorable Representante:
Pérez Oyuela José Luis.
(…)
Hace uso de la palabra el Secretario General de la
Comisión Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Tercer punto. Discusión y votación del proyecto de ley
en primer debate.
Primer proyecto. Proyecto de ley 194 de 2016
Cámara, 098 de 2015 Senado.
Hace uso de la palabra la señora Vicepresidenta de la
Comisión Segunda, honorable Representante Tatiana Cabello Flórez:
Señor secretario, por favor leer la proposición con la
que termina el informe de ponencia.
Hace uso de la palabra el Secretario General de la
Comisión Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Proposición
Con base en las anteriores consideraciones, nos
permitimos presentar ponencia favorable y en consecuencia solicitamos, muy
respetuosamente a los honorables Representantes de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente dar primer debate al Proyecto de ley número 194
de 2016 Cámara, 098 de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba el
Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización del Tratado del
Atlántico Norte sobre Cooperación y Seguridad de Información, suscrito en
Bruselas, el 25 de junio de 2013, de conformidad con el texto presentado
originalmente.
Firman el informe de ponencia, el doctor Efraín Torres
Monsalve, ponente coordinador, y el doctor Federico Hoyos Salazar, ponente. Ha
sido leído el informe de ponencia.
(…)
Hace uso de la palabra la señora
Vicepresidenta de la Comisión Segunda, honorable Representante Tatiana Cabello
Flórez:
Muchas gracias a ustedes. En
consideración a la proposición con la que termina el informe de ponencia,
anuncio que va a cerrarse la discusión, queda cerrada, ¿aprueban los
Representantes la proposición con que termina el informe de potencia?
Hace uso de la palabra el
Secretario General de la Comisión Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Presidenta. Votación nominal, ya
que se ha anunciado voto negativo y por instrucciones de la Corte
Constitucional también debe hacerse nominal. Representantes me permito informar
que este proyecto de ley, el informe de ponencia, fue publicado en la Gaceta
del Congreso número 1146 de 2016, y fue anunciado el 22 de marzo de 2017,
nuevamente me permito dar lectura al informe de ponencia, para mayor claridad.
Proposición Final:
Proposición
Con base en las anteriores
consideraciones, nos permitimos presentar ponencia favorable y en consecuencia
solicitamos, muy respetuosamente a los honorables Representantes de la Comisión
Segunda Constitucional Permanente dar primer debate al Proyecto de ley número
194 de 2016 Cámara, 098 de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba el
Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización del Tratado del
Atlántico Norte sobre Cooperación y Seguridad de Información, suscrito en
Bruselas, el 25 de junio de 2013, de conformidad con el texto presentado
originalmente.
Me permito llamar a lista para votación
Presidenta. Votando Sí, se aprueba el informe de ponencia, votando No, se
niega.
HONORABLES REPRESENTANTES
VOTACIÓN
Agudelo García Ana Paola
Sí
Barreto Castillo Miguel Ángel
Sí
Cabello Flórez Tatiana
Sí
Deluque Zuleta Alfredo Rafael
Sí
Durán Carrillo Antenor
Sí
Hoyos Salazar Federico Eduardo
Sí
Merlano Reoblledo Aída
Sí
Mesa Betancur José Ignacio
Mizger Pacheco José Carlos
Sí
Pérez Oyuela Jose Luís
Excusa
Rincón Vergara Nevardo Eneiro
Sí
Rosado Aragón Alvaro Gustavo
Sí
Torres Monsalvo Efraín Antonio
Sí
Triana Vargas María Eugenia
Sí
Uribe Muñoz Alirio
No
Urrego Carvajal Luís Fernando
Sí
Villamizar Ortíz Andrés Felipe
Sí
Yepes Martínez Jaime Armando
Sí
Señora Presidenta, han votado 16
honorables Representantes, quince (15) por el Sí, uno (1) por el No, en
consecuencia ha sido aprobado el informe de ponencia.
Hace uso de la palabra la señora
Vicepresidenta de la Comisión Segunda, honorable Representante Tatiana Cabello
Flórez:
Señor secretario, el articulado.
Hace uso de la palabra el
Secretario General de la Comisión Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Este proyecto consta de tres
artículos, no hay proposiciones que modifiquen el articulado. Con su venia
Presidenta, me permito llamar a lista para votación del articulado.
HONORABLES REPRESENTANTES
VOTACIÓN
Agudelo García Ana Paola
Sí
Berreto Castillo Miguel Ángel
Sí
Cabello Flórez Tatiana
Sí
Deluque Zuleta Alfredo Rafael
Sí
Durán Carrillo Antenor
Sí
Hoyos Salazar Federico Eduardo
Sí
Merlano Reoblledo Aída
Sí
Mesa Betancur José Ignacio
Mizger Pacheco José Carlos
Sí
Pérez Oyuela Jose Luís
Excusa
Rincón Vergara Nevardo Eneiro
Sí
Rosado Aragón Alvaro Gustavo
Sí
Torres Monsalvo Efraín Antonio
Sí
Triana Vargas María Eugenia
Sí
Uribe Muñoz Alirio
No
Urrego Carvajal Luís Fernando
Sí
Villamizar Ortíz Andrés Felipe
Sí
Yepes Martínez Jaime Armando
Sí
Señora Presidenta, han votado 16
honorables Representantes, quince (15) por el Sí, uno (1) por el No, en
consecuencia ha sido aprobado el articulado.
Hace uso de la palabra la señora
Vicepresidenta de la Comisión Segunda, honorable Representante Tatiana Cabello
Flórez:
Señor secretario por favor leer el
título.
Hace uso de la palabra el
Secretario General de la Comisión Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
por medio de la cual se aprueba
el Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización del Tratado del
Atlántico Norte sobre Cooperación y Seguridad de Información, suscrito en
Bruselas, el 25 de junio de 2013.
Ha sido leído el título
Presidenta.
Hace uso de la palabra la señora
Vicepresidenta de la Comisión Segunda, honorable Representante Tatiana Cabello
Flórez:
¿Aprueba la comisión el título del
proyecto?
Hace uso de la palabra el
Secretario General de la Comisión Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Presidenta, puede usted someter el
título y la pregunta, si quiere que este proyecto de ley surta su segundo
debate y se convierta en ley de la República.
Hace uso de la palabra la señora
Vicepresidenta de la Comisión Segunda, honorable Representante Tatiana Cabello
Flórez:
Aprueba la Comisión el título del
proyecto y la pregunta, si quiere la Comisión que este proyecto de ley pase a
segundo debate y sea ley de la República.
Hace uso de la palabra el
Secretario General de la Comisión Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Me permito Presidenta llamar a
lista para la votación del título y pregunta.
HONORABLES REPRESENTANTES
VOTACIÓN
Agudelo García Ana Paola
Sí
Berreto Castillo Miguel Ángel
Sí
Cabello Flórez Tatiana
Sí
Deluque Zuleta Alfredo Rafael
Sí
Durán Carrillo Antenor
Sí
Hoyos Salazar Federico Eduardo
Sí
Merlano Reoblledo Aída
Sí
Mesa Betancur José Ignacio
Mizger Pacheco José Carlos
Sí
Pérez Oyuela Jose Luís
Excusa
Rincón Vergara Nevardo Eneiro
Sí
Rosado Aragón Alvaro Gustavo
Sí
Torres Monsalvo Efraín Antonio
Sí
Triana Vargas María Eugenia
Sí
Uribe Muñoz Alirio
No
Urrego Carvajal Luís Fernando
Sí
Villamizar Ortíz Andrés Felipe
Sí
Yepes Martínez Jaime Armando
Sí
Señora Presidenta, han votado 16
honorables Representantes, quince (15) por el Sí, uno (1) por el No, en
consecuencia ha sido aprobado el título del proyecto y la pregunta.
Hace uso de la palabra la señora
Vicepresidenta de la Comisión Segunda, honorable Representante Tatiana Cabello
Flórez:
Se designa como ponentes para
segundo debate al honorable Representante Efraín Torres y al honorable
Representante Federico Hoyos, por favor señor Secretario, antes de continuar
con el Orden del Día. Tiene la palabra el Representante Eneiro.
(…)
Según se desprende de lo consignado en esta
Gaceta, y en la certificación expedida el 23 de agosto de 2017[34]
por el Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes, en la que señala que la proposición con que termina el informe
de ponencia para primer debate, el articulado del proyecto, el título y la
manifestación de que este tuviera segundo debate, registró 15 votos a favor y 1
en contra.
Así  las cosas, la Corte pudo establecer la existencia
de quórum decisorio al momento de votar (art. 145 C.P.); esto a su vez permitió
verificar que el proyecto se aprobó con las mayorías requeridas (art. 146 C.P.)
y en cumplimiento de la regla de votación prevista en el artículo 123 numeral
4º de la Ley 5ª de 1992.
4.4.2. Segundo debate
4.4.2.1. Término entre comisión y plenaria.
El primer debate en la Comisión Segunda de la
Cámara de Representantes se realizó el 4 de abril de 2017, y el
surtido en la Plenaria se efectuó en las sesiones del 31 de mayo y 1 de junio
de 2017.
4.4.2.2. Publicación del texto aprobado y de la ponencia.
Los
Representantes Efraín Torres y
Federico Hoyos rindieron ponencia positiva para segundo debate la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso Nro. 293 de 3 de mayo de 2017[35], donde
se incluye además la publicación del texto definitivo aprobado en primer debate
por la Comisión Segunda Constitucional Permanente.
4.4.2.3. Anuncio para votación en Plenaria.
El proyecto fue
anunciado el 30 de mayo de 2017, según consta en Acta Nro. 220 contenida en la
Gaceta Nro. 741 de 25 de agosto de 2017[36]. Al finalizar la sesión se convocó para el 31
de mayo de 2017.
El anuncio se llevó a cabo de conformidad
con lo previsto en el inciso final del
artículo 160 constitucional (adicionado por el artículo 8 del Acto Legislativo
01 de 2003), por cuanto (i) se realizó con antelación a la sesión en la
que finalmente se aprobó el proyecto; (ii) se identificó con claridad la
sesión para la cual fue anunciado el proyecto y, como se examinará a
continuación, (iii) la aprobación se efectuó en la próxima sesión, según
lo indicado.
4.4.2.4. Aprobación.
Conforme a lo indicado en
el tercer anuncio, el 31 de mayo
de 2017, se hicieron presentes 148 Representantes a la Cámara, como consta en
el Acta de la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes Nro. 221,
publicada en la Gaceta del Congreso Nro. 533 de 30 de junio de 2017[37], en la que por votación nominal y pública se
aprobó el informe con el que terminó la ponencia con 79 votos positivos y 7
negativos.
Al finalizar la
sesión se convocó para el 1 de junio de 2017, con el fin de dar continuidad a
la votación del proyecto que no pudo seguir su curso porque se desintegró el
quorum, en los siguientes términos:
(…)
Les recuerdo a los
Representantes que mañana a las 8 de la mañana será convocada la
Plenaria de la Cámara, si no alcanzan hoy los votos suficientes,
mañana abriremos la Plenaria con la votación de este proyecto que
está en curso, continuaremos con el proyecto del tratado de Israel, saludamos
aquí a la señora Ministra de Comercio Exterior, que se encuentra presente en el
recinto, mañana, entonces, en la mañana arrancaremos con los dos tratados y
pasaremos al proyecto de la adición presupuestal.
¿Representante John Jairo
Roldan ya votó?
Señor Secretario, vamos a
suspender la votación en este momento, continuáremos mañana la votación de este
proyecto y vamos a darle paso a la condecoración que estaba programada para el
día de hoy del doctor José Alejandro Cortés.
Ordene cerrar el registro,
señor Secretario.
Intervención del Secretario
Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se suspende la votación,
señores de cabina suspender la votación. Se anuncian para el día de mañana los
siguientes proyectos.
Intervención del Presidente
Miguel Ángel Pinto Hernández:
Perdón, señor Secretario,
antes de que anuncie queremos informarle a los señores Generales y Coroneles
que nos acompañan hoy en el recinto y al Director, que mañana continuaremos la
votación en el punto en que quedó, votando el articulado, el título y la
pregunta, con eso abriremos la sesión del día de mañana, se anunciarán solamente
para la sesión de mañana los dos tratados que están en discusión y el proyecto
de adición presupuestal. Señor Secretario, si quiere, anuncie los tres
proyectos y pasamos a la condecoración.
Intervención del Jefe de
Relatoría Raúl Enrique Ávila Hernández:
Sí, señor presidente, se
anuncian los siguientes proyectos de ley para la sesión plenaria del día 1 de
junio o para la siguiente sesión donde se debatan y discutan proyectos de ley o
actos legislativos.
(…)
Proyecto de ley número 194
de 2016 Cámara, 98 de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba el
acuerdo entre la República de Colombia y la organización del Tratado
del Atlántico Norte sobre cooperación y seguridad de información, suscrito
en Bruselas el 25 de junio de 2013.
(…)
Señor presidente, han sido
anunciados los proyectos de ley[38].
A la plenaria del 1 de junio de 2017 contenida en el Acta Nro. 222,
publicada en la Gaceta Nro. 655 de 2017[39], asistieron 132 Representantes a la Cámara y
se dio continuidad al debate, y aprobación del proyecto de ley 194 de 2016
Cámara, 98 de 2015 Senado mediante votación nominal y pública. El articulado
del proyecto se aprobó con 87 votos a favor y 5 en contra; el título y la
pregunta “quiere la Plenaria que este proyecto sea Ley de la República”
arrojó como resultado 85 votos por el SÍ y 3 por el NO. Lo anterior se desarrolló de la siguiente manera:
Intervención del Presidente,
Miguel Ángel Pinto Hernández:
Bueno, muy bien, señor
Secretario ¿qué quórum existe en este momento?
Intervención del Jefe de
Relatoría, Raúl Enrique Ávila Hernández:
Señor Presidente, la
Secretaría le informa que se ha constituido quórum decisorio.
Intervención del Presidente,
Miguel Ángel Pinto Hernández:
Muy bien, existiendo quórum
decisorio, pongo en consideración de la Plenaria de la
Cámara el Orden del Día que ha sido leído, está en discusión, anuncio que
va a cerrarse, queda cerrado, ¿lo aprueba la Plenaria de la
Cámara?
(…)
Intervención del Presidente,
Miguel Ángel Pinto Hernández:
Bueno muy bien, señor
Secretario por favor ordene cerrar el registro y anuncie el resultado.
Intervención del Secretario,
Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Juan Pablo, por favor
mejorar el sonido, ah ahora sí, ahora sí, perfecto, Albeiro Vanegas vota sí,
señores de cabina cerrar el registro, la votación final es como sigue:
Por el Sí, 83 votos
electrónicos y 4 manuales, para un total por el Sí de 87 votos.
Por el No, 5 votos
electrónicos, ninguno manual, para un total por el No de 5 votos.
Señor Presidente, ha sido
aprobado el articulado como viene en la ponencia.
Publicación registro de
votación - articulado Proyecto de ley 194 número 2016 Cámara, 098 de 2015
Senado
(…)
Resultados de grupo
Partido 100% Colombiano
Sí
No
No votado
2
0
0
Partido Cambio Radical
Sí
No
No votado
11
0
0
Partido Centro Democrático
Sí
No
No votado
9
0
0
Partido Conservador
Sí
No
No votado
13
1
0
Partido de la U
Sí
No
No votado
16
0
0
Partido Funeco
Sí
No
No votado
1
0
0
Partido Liberal Colombiano
Sí
No
No votado
23
0
0
Partido MIRA
Sí
No
No votado
2
0
0
Partido Movimiento AICO
Sí
No
No votado
1
0
0
Partido Movimiento de Integra
Sí
No
No votado
1
0
0
Partido Opción Ciudadana
Sí
No
No votado
3
0
0
Partido Verde
Sí
No
No votado
1
4
0
Resultados individuales
Yes
Carlos Arturo Correa Mojica
Partido de la
José Carlos Mizger Pacheco
Partido 100
Iván Darío Agudelo Zapata
Partido Liber
Jair Arango Torres
Partido Cam
David Alejandro Barguil Assis
Partido Cons
Lina María Barrera Rueda
Partido Cons
Diela Liliana Benavides Solarte
Partido Cons
Carlos Julio Bonilla Soto
Partido Liber
Óscar Fernando Bravo Realpe
Partido Cons
Didier Burgos Ramírez
Partido de la
José Edilberto Caicedo Sastoque
Partido de la
Carlos Alberto Cuenca Chaux
Partido Cam
Alfredo Rafael Deluque Zuleta
Partido de la
Eduardo Diazgranados Abadía
Partido de la
Luis Eduardo Díaz Granados Torres
Partido Cam
José Bernardo Flórez Asprilla
Partido de la
Julio Eugenio Gallardo Archbold
Partido Movi
Atilano Alonso Giraldo Arboleda
Partido Cam
Jack Housni Jaller
Partido Liber
José Ignacio Mesa Betancour
Partido Cam
Alfredo Guillermo Molina Triana
Partido de la
Diego Patiño Amariles
Partido Liber
Hernán Penagos Giraldo
Partido de la
Pedrito Tomás Pereira Caballero
Partido Cons
Jhon Eduardo Molina Figueredo
Partido 100
Miguel Ángel Pinto Hernández
Partido Liber
Crisanto Pizo Mazabuel
Partido Liber
John Jairo Roldán Avendaño
Partido Liber
Jorge Enrique Rozo Rodríguez
Partido Cam
Heriberto Sanabria Astudillo
Partido Cons
Efraín Antonio Torres Monsalvo
Partido de la
Armando Antonio Zabaraín D’Arce
Partido Cons
Bérner León Zambrano Eraso
Partido de la
Julián Bedoya Pulgarín
Partido Liber
Eduard Luis Benjumea Moreno
Partido Liber
Guillermina Bravo Montaño
Partido MIR
María Fernanda Cabal Molina
Partido Cent
Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza
Partido de la
Jairo Enrique Castiblanco Parra
Partido de la
Fabián Gerardo Castillo Suárez
Partido Cam
Nilton Córdoba Manyoma
Partido Liber
Wilson Córdoba Mena
Partido Cent
Hernán Gustavo Estupiñán Calvache
Partido Liber
Carlos Alberto Cuero Valencia
Partido Cent
Élbert Díaz Lozano
Partido de la
Antenor Durán Carrillo
Partido Movi
Nicolás A. Echeverry Alvarán
Partido Cons
Rafael Elizalde Gómez
Partido Opci
Ciro Fernández Núñez
Partido Cam
Ángel María Gaitán Pulido
Partido Liber
Juan Carlos García Gómez
Partido Cons
Kelyn Johana González Duarte
Partido Liber
Hugo Hernán González Medina
Partido Cent
Luciano Grisales Londoño
Partido Liber
Orlando A. Guerra de la Rosa
Partido Cons
Carlos Eduardo Guevara Villabón
Partido MIR
José Élver Hernández Casas
Partido Cons
Samuel Alejandro Hoyos Mejía
Partido Cent
Óscar de Jesús Hurtado Pérez
Partido Liber
Álvaro López Gil
Partido Cons
Jaime Felipe Lozada Polanco
Partido Cons
Franklin Lozano de la Ossa
Partido Opci
Norbey Marulanda Muñoz
Partido Liber
Sandra Liliana Ortiz Nova
Partido Verd
José Luis Pérez Oyuela
Partido Cam
Esperanza María Pinzón de Jiménez
Partido Cent
Eloy Chichi Quintero Romero
Partido Cam
Ciro Alejandro Ramírez Cortés
Partido Cent
Antonio Restrepo Salazar
Partido Cam
Marco Sergio Rodríguez Merchán
Partido Liber
Clara Leticia Rojas González
Partido Liber
Óscar Hernán Sánchez León
Partido Liber
José Neftalí Santos Ramírez
Partido Liber
Fernando Sierra Ramos
Partido Cent
Hernán Sinisterra Valencia
Partido Liber
Jorge Eliécer Tamayo Marulanda
Partido de la
Eduardo José Tous de la Ossa
Partido de la
Maria Eugenia Triana Vargas
Partido Opci
Santiago Valencia González
Partido Cent
Argenis Velásquez Ramírez
Partido Liber
Martha Patricia Villalba Hodwalker
Partido de la
Ángelo Antonio Villamil Benavides
Partido Liber
Álvaro Gustavo Rosado Aragón
Partido Fuñe
No
Ángela María Robledo Gómez
Partido Verd
Inti Raúl Asprilla Reyes
Partido Verd
Óscar Ospina Quintero
Partido Verd
Ana Cristina Paz Cardona
Partido Verd
Arturo Yepes Alzate
Partido Cons
Registro
manual para votaciones
Proyecto de ley número 194
de 2016
Tema a votar: Articulado
Sesión Plenaria: jueves 1°
de junio de 2017
NOMBRE
CIRCUNSCR
PARTIDO
VOTO
SÍ
NO
Olga Lucía Velásquez Nieto
Bogotá, D. C.
Partido Liberal
X
Alejandro Carlos Chacón C.
N. Santander
Partido Liberal
X
Flora Perdomo Andrade
Huila
Huila Mejor
X
Albeiro Vanegas Osorio
Arauca
Partido de la U
X
Intervención del Presidente,
Miguel Ángel Pinto Hernández:
Título y pregunta, señor
Secretario.
Intervención del Secretario,
Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Título “por medio de la
cual se aprueba el Acuerdo entre la República de Colombia y la
Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre Cooperación y Seguridad
de Información”, suscrito en Bruselas el 25 de junio de 2013 y la
pregunta ¿quiere la Plenaria que este Proyecto sea Ley de la
República?
Intervención del Presidente,
Miguel Ángel Pinto Hernández:
En consideración el título y
la pregunta, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, señor Secretario, por
favor ordene abrir el registro para votar.
Intervención del Secretario,
Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se abre el registro para
votar el título y pregunta de este Proyecto de Acuerdo entre la
República de Colombia y la Organización del Tratado del
Atlántico Norte. Olga Lucía Velásquez vota sí, Flora Perdomo vota sí.
(…)
Intervención del Secretario,
Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Señores de cabina cerrar el
registro, señores Representantes de la Plenaria, señor Presidente, la
votación final es como sigue:
Por el Sí, 79 votos
electrónicos y 6 manuales para un total por el Sí, de 85 votos.
Por el No, 3 votos
electrónicos ninguno manual, para un total por el No, de 3 votos.
Señor Presidente, ha sido
aprobado el título y la pregunta sobre este Acuerdo.
Publicación
Registro de Votación Título y Pregunta Proyecto de ley número 194 de 2016
Cámara, 98 de 2015 Senado
(…)
Resultados de grupo
Partido 100% Colombiano
Sí
No
No votado
2
0
0
Partido Cambio Radical
Sí
No
No votado
10
0
0
Partido Centro Democrático
Sí
No
No votado
9
0
0
Partido Conservador
Sí
No
No votado
13
0
0
Partido de la U
Sí
No
No votado
19
0
0
Partido Funeco
Sí
No
No votado
1
0
0
Partido Liberal Colombiano
Sí
No
No votado
18
0
0
Partido MIRA
Sí
No
No votado
2
0
0
Partido Movimiento de Integra
Sí
No
No votado
1
0
0
Partido Opción Ciudadana
Sí
No
No votado
2
0
0
Partido Por un Huila Mejor
Sí
No
No votado
1
0
0
Partido Verde
Sí
No
No votado
1
3
0
Resultados individuales
Yes
Carlos Arturo Correa Mojica
Partido de la
José Carlos Mizger Pacheco
Partido 100
Iván Darío Agudelo Zapata
Partido Liber
Fabio Raúl Amín Saleme
Partido Liber
Jair Arango Torres
Partido Cam
David Alejandro Barguil Assis
Partido Cons
Lina María Barrera Rueda
Partido Cons
Diela Liliana Benavides Solarte
Partido Cons
Carlos Julio Bonilla Soto
Partido Liber
Óscar Fernando Bravo Realpe
Partido Cons
Dídier Burgos Ramírez
Partido de la
José Edilberto Caicedo Sastoque
Partido de la
Carlos Alberto Cuenca Chaux
Partido Cam
Alfredo Rafael Deluque Zuleta
Partido de la
Eduardo Diazgranados Abadía
Partido de la
Luis Eduardo Díaz Granados Torres
Partido Cam
José Bernardo Flórez Asprilla
Partido de la
Julio Eugenio Gallardo Archbold
Partido Movi
Juan Felipe Lemos Uribe
Partido de la
José Ignacio Mesa Betancour
Partido Cam
Alfredo Guillermo Molina Triana
Partido de la
Diego Patino Amariles
Partido Liber
Hernán Penagos Giraldo
Partido de la
Pedrito Tomás Pereira Caballero
Partido Cons
Jhon Eduardo Molina Figueredo
Partido 100
Miguel Ángel Pinto Hernández
Partido Liber
Crisanto Pizo Mazabuel
Partido Liber
John Jairo Roldán Avendaño
Partido Liber
Jorge Enrique Rozo Rodríguez
Partido Cam
Heriberto Sanabria Astudillo
Partido Cons
Efraín Antonio Torres Monsalvo
Partido de la
Albeiro Vanegas Osorio
Partido de la
Armando Antonio Zabaraín D'Arce
Partido Cons
Bérner León Zambrano Eraso
Partido de la
Eduard Luis Benjumea Moreno
Partido Liber
Guillermina Bravo Montaño
Partido MIR
Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza
Partido de la
Jairo Enrique Castiblanco Parra
Partido de la
Fabián Gerardo Castillo Suárez
Partido Cam
Nilton Córdoba Manyoma
Partido Liber
Wilson Córdoba Mena
Partido Cent
Carlos Alberto Cuero Valencia
Partido Cent
Élbert Díaz Lozano
Partido de la
Nicolás A. Echeverry Alvarán
Partido Cons
Ciro Fernández Núñez
Partido Cam
Ángel María Gaitán Pulido
Partido Liber
Pierre Eugenio García Jacquier
Partido Cent
Juan Carlos García Gómez
Partido Cons
Kelyn Johana González Duarte
Partido Liber
Orlando A. Guerra de la Rosa
Partido Cons
Carlos Eduardo Guevara Villabón
Partido MIR
José Élver Hernández Casas
Partido Cons
Samuel Alejandro Hoyos Mejía
Partido Cent
Óscar de Jesús Hurtado Pérez
Partido Liber
Álvaro López Gil
Partido Cons
Jaime Felipe Lozada Polanco
Partido Cons
Franklin Lozano de la Ossa
Partido Opci
Norbey Marulanda Muñoz
Partido Liber
Rubén Daño Molano Piñeros
Partido Cent
Nevardo Eneiro Rincón Vergara
Partido Liber
Sandra Liliana Ortiz Nova
Partido Verd
Flora Perdomo Andrade
Partido Por u
José Luis Pérez Oyuela
Partido Cam
Esperanza María Pinzón de Jiménez
Partido Cent
Eloy Chichi Quintero Romero
Partido Cam
Ciro Alejandro Ramírez Cortés
Partido Cent
Antonio Restrepo Salazar
Partido Cam
Héctor Javier Osorio Botello
Partido de la
Óscar Hernán Sánchez León
Partido Liber
Fernando Sierra Ramos
Partido Cent
Hernán Sinisterra Valencia
Partido Liber
Jorge Eliécer Tamayo Marulanda
Partido de la
Eduardo José Tous de la Ossa
Partido de la
Maria Eugenia Triana Vargas
Partido Opci
Santiago Valencia González
Partido Cent
Argenis Velásquez Ramírez
Partido Liber
Martha Patricia Villalba Hodwalker
Partido de la
Ángelo Antonio Villamil Benavides
Partido Liber
Álvaro Gustavo Rosado Aragón
Partido Fune
No
Ángela María Robledo Gómez
Partido Verd
Inti Raúl Asprilla Reyes
Partido Verd
Óscar Ospina Quintero
Partido Verd
Registro
manual para votaciones
Proyecto de ley número 194
de 2016
Tema a votar: Título y pregunta
Sesión Plenaria: jueves 1° de junio de 2017
NOMBRE
CIRCUNSCRIPCIÓN
PARTIDO
VOTO
SÍ
NO
Olga Lucía Velásquez Nieto
Bogotá, D. C.
Partido Liberal
X
Alejandro Carlos Chacón C.
N. Santander
Partido Liberal
X
José Neftalí Santos Ramírez
N. Santander
Partido Liberal
X
Julián Bedoya Pulgarín
Antioquia
Partido Liberal
X
Luciano Grisales Londoño
Quindío
Partido Liberal
X
Clara Leticia Rojas González
Bogotá, D. C.
Partido Liberal
X
Intervención del Presidente,
Miguel Ángel Pinto Hernández:
Siguiente punto del Orden
del Día señor Secretario.
(…)
4.4.2.5. Publicación del texto
definitivo. El texto definitivo aprobado en cuarto debate en la
Plenaria de la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso
No. 460 de 2017[40].
4.5. Sanción Presidencial y envío a la Corte
Constitucional
4.5.1. Sanción
La sanción gubernamental de la Ley 1839 de 2017 tuvo
lugar el 12 de julio de 2017 y su envío a la Corte Constitucional se llevó a
cabo el 17 de julio siguiente[41].
4.5.2. Remisión gubernamental oportuna.
La remisión de la Ley 1839 de
2017 se efectuó dentro del
término previsto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política,
esto es, dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción de la misma.
4.6. Conclusión
El proyecto de la ley aprobatoria del “Acuerdo entre la República de
Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre
Cooperación y Seguridad de Información”, suscrito en Bruselas el 25 de junio de
2013: (i) surtió los cuatro
debates de aprobación con el quórum exigido y las mayorías necesarias; (ii)
contó con las publicaciones del proyecto y las ponencias para cada debate;
(iii) recibió los anuncios previos a cada votación; (iv) cumplió los términos obligatorios
entre las votaciones en comisión y plenaria de ambas cámaras, y entre Senado y
Cámara de Representantes, y así se verifica el cumplimiento de lo establecido
en el artículo 160 Superior, pues entre
el primero y el segundo debate en cada cámara transcurrió un lapso superior a
ocho (8) días.  En el presente caso: (a) el primer debate
en la Comisión Segunda del Senado se efectuó el 18 de noviembre de 2015 y el
segundo debate en la Plenaria de dicha corporación tuvo lugar el 26 de octubre
de 2016; a su vez, (b) el primer debate en la Comisión Segunda de la
Cámara de Representantes se realizó el 4 de abril de 2017, y el
segundo debate en la Plenaria se efectuó en las sesiones del 31 de mayo y 1º de
junio de 2017. Asimismo, entre la
aprobación del proyecto en la Plenaria del Senado, el 26 de octubre de 2016, y el inicio del debate en la Cámara, el 4 de abril de 2017, transcurrió un tiempo superior a quince (15) días; y v) su trámite no excedió dos legislaturas toda vez que el proyecto de ley aprobatoria en examen
fue radicado en el Senado el 22 de septiembre de 2015, esto es, durante el
primer periodo de la legislatura que inició el 20 de julio de 2015 y finalizó
el 20 de junio de 2016. Entretanto, la aprobación del texto final del título y
articulado -con el que finalizó el trámite en el Congreso- tuvo lugar el 1 de
junio de 2017, esto es, 19 días antes del vencimiento de la legislatura que
inició el 20 de julio de 2016 y finalizó el 20 de junio de 2017. Por lo anterior, la Corte concluye que no
hay vicio alguno de constitucionalidad en el trámite de este proyecto.
Adicionalmente,
la Corte encuentra que, en este caso, no era
obligatorio adelantar el proceso de consulta previa a los grupos étnicos, toda vez que en las
disposiciones del instrumento internacional materia de examen y de la
correspondiente ley aprobatoria, no se encuentran contenidos normativos que
afecten de manera directa a las comunidades indígenas, afrocolombianas,
raizales, palenqueras o al pueblo Rom. En
efecto, el tratado no pretende redefinir o alterar su territorio, no se refiere
a la explotación de recursos naturales en territorios determinados donde
habiten estas comunidades y tampoco se refiere a temas relacionados con las
entidades locales de las unidades territoriales de dichos pueblos.
La anterior verificación le permite a este Tribunal
concluir que tanto en la suscripción del instrumento internacional sometido a
control, como en el trámite de su ley aprobatoria, se cumplieron las exigencias
requeridas por la Constitución y por las normas del bloque de
constitucionalidad que en este caso operan como parámetro de control.
Verificado el cumplimiento del procedimiento
legislativo que dio paso a la expedición de la Ley 1839 de 2017, procede la
Corte a examinar si dicha ley, y el instrumento internacional en ella
contenido, se ajustan, desde el punto de vista material, a la Constitución
Política.
5. Examen Material
5.1. Fines del Acuerdo
El Acuerdo tiene como finalidad, según lo
dicho en la exposición de motivos, establecer una relación
de cooperación que permita intercambiar información y experiencias en temas
militares de interés mutuo.
Así, motivado por la necesidad de fortalecer
las capacidades de las Fuerzas Armadas de Colombia y orientar
su visión de futuro para lograr mayor efectividad en la lucha contra la
delincuencia transnacional y otras amenazas, el sector defensa se ha
comprometido a elevar los estándares profesionales y operacionales
internos en materia de seguridad y defensa, promoviendo la
integración con otros sujetos de derecho internacional.
La OTAN es una
organización internacional de carácter político-militar creada mediante el
Tratado de Washington suscrito el 4 de abril de 1949, cuyo fin esencial es la
salvaguarda de la libertad y la seguridad de los países parte por medios
políticos o militares a través de los cuales promociona los valores
democráticos, el diálogo y la cooperación en asuntos de seguridad y defensa con
el objeto de construir confianza y prevenir conflictos[42].
Conformada por 28 de las principales democracias de Norteamérica y Europa, coopera
junto con otros países con los que, sin hacer parte de su estructura
organizativa, comparte intereses comunes. En esta relación, Colombia se
encuentra en la categoría de Socio a través del Globo[43].
De modo que el Acuerdo
entre la República de Colombia y la OTAN se constituye en el marco normativo
que permitirá desarrollar las actividades logísticas, técnicas y operativas,
que se requieran para hacer frente a los desafíos que existen en el escenario
internacional y que podrían impactar la estabilidad interna. Lo anterior, dado
que “[U]na de las finalidades básicas de las autoridades colombianas es la
defensa de la integridad nacional y la preservación del orden público y de la
convivencia pacífica, no sólo porque así lo establece expresamente el artículo
2º de la Carta, sino además porque esos elementos son condiciones materiales
para que las personas puedan gozar de sus derechos y libertades”[44].
De esta forma lo expresó el Ministro de
Defensa al justificar la suscripción del instrumento internacional:
“El Ministerio de Defensa Nacional viene desarrollando una
estrategia de cooperación internacional que se despliega en los ámbitos
bilateral y multilateral. Esta se rige por la prudencia, el respeto, la
cooperación, la transparencia y el pragmatismo, siempre privilegiando la vía
diplomática y el derecho internacional.
(…)
Esta estrategia se fundamenta en consolidar la participación de la
Fuerza Pública en escenarios internacionales. Esto, bajo la perspectiva del
futuro de la Fuerza Pública, contribuyendo con las capacidades desarrolladas en
los últimos años, y, a su vez, proyectando nuevas capacidades y estándares,
fundamentados en el profesionalismo de los hombres y mujeres de las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional.
Las capacidades de nuestra Fuerza Pública son la base que permite
a Colombia consolidar su posición como un actor relevante en los escenarios
regionales, hemisféricos y globales, mediante diferentes mecanismos de
cooperación bilateral, triangular y multilateral.
Lo anterior, proyectando las relaciones internacionales con países
y organizaciones desde un punto de vista dinámico, que permita de manera
flexible adaptarse a los retos de seguridad del futuro, mediante elementos de
proyección de capacidades que involucren el desarrollo de un portafolio de
demanda y de oferta de cooperación.
Así, constituye un objetivo estratégico de Colombia fortalecer
la cooperación con organismos multilaterales y otras naciones, no solamente
desde la perspectiva de buscar mayor efectividad en la lucha contra la
delincuencia transnacional y otras amenazas, sino también para orientar la
visión de futuro de las Fuerzas Armadas de Colombia.
La experiencia de Colombia en la lucha contra el terrorismo, el
narcotráfico, y la delincuencia transnacional en general, es hoy reconocida a nivel
internacional. Solo a manera ilustrativa, desde 2010 las Fuerzas Armadas de
Colombia han capacitado más de 24.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de
Seguridad de alrededor de 70 países. Colombia continuará con este esfuerzo
de contribución a la seguridad, a la paz y a la estabilidad regional e
internacional, brindando su experiencia a las naciones que lo requieran.
Como parte de la ejecución de la estrategia internacional del
Sector Defensa, el Gobierno de Colombia ha venido adelantando conversaciones
con la Unión Europea (UE), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con el objeto de
desarrollar un amplio marco de actividades de cooperación que contribuyan al
fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas.
Lo anterior, con el objeto de desarrollar un amplio marco de
actividades de cooperación que contribuyan al fortalecimiento de las
capacidades de las Fuerzas Armadas y así elevar sus estándares
profesionales y operacionales, en áreas como misiones humanitarias, misiones de
paz, derechos humanos, justicia militar, entre otros” (subrayado fuera de texto).
Por consiguiente, esta Corporación considera que el
fin del Acuerdo armoniza plenamente con los postulados constitucionales al ser
expresión de la cooperación internacional institucionalizada, en los términos
de los artículos 226 y 227 Superiores[45].
Lo anterior, por cuanto procura hacer frente, de manera cualificada, a los
distintos riesgos y amenazas que pongan en peligro la seguridad nacional,
hemisférica y global, gracias a los aprendizajes que deja el intercambio de
información en temas político-militares que incluyen los de seguridad y
defensa, y los de inteligencia y contrainteligencia.
Se trata, pues, de un instrumento internacional marco
o básico que se limita a imponer a las partes la obligación de impulsar la
cooperación en los temas específicos de los que trata, y a definir los
procedimientos para asegurar la protección de la información intercambiada.
5.2. Preámbulo
El preámbulo del Acuerdo expresa la intención
de las partes en los siguientes términos:
“Habiendo acordado hacer consultas sobre aspectos
políticos y de seguridad de interés común y ampliar e intensificar la
cooperación;
Conscientes de que la efectiva cooperación en este
aspecto conlleva el intercambio de información sensible y/o privilegiada entre
las Partes;
Han acordado lo siguiente: (…)”
De lectura del anterior texto se entiende,
por un lado, que dentro de la estrategia de cooperación que las une, las partes
del Acuerdo comparten el mutuo interés de intercambiar información a través de
los mecanismos que se desarrollan en el artículado; y por el otro, que dicha
información puede ser sensible y privilegiada sobre aspectos políticos y de
seguridad.
La Sala anota que la redacción de las
consideraciones respeta los principios de soberanía y reciprocidad que han de
inspirar las relaciones internacionales.
Por un lado, el Estado colombiano se vinculó
internacionalmente a través de la manifestación de su voluntad expresada por el
plenipotenciario que dio su consentimiento en obligarse a hacer consultas sobre
temas políticos y militares. Justamente, una de las formas en las que la OTAN
coopera con sus pares, es a través del mecanismo de consultas por medio
del cual invita a adelantar discusiones, hacer preguntas y elevar observaciones
sobre temas específicos, que permiten a los participantes identificar buenas
prácticas nacionales e internacionales y experiencias significativas en el
quehacer específico de la seguridad y defensa[46].
Por el otro, se trata de un diálogo en el que
se reconoce a ambas partes los mismos derechos y
obligaciones, de suerte que se puedan beneficiar recíprocamente con la
información necesaria y útil para propiciar ajustes en sus propias políticas a
través de “criterios
estratégicos de prevención, cooperación y modernización para el fortalecimiento
de la seguridad y la defensa nacional”[47].
En consecuencia, el consentimiento expresado
como quedó indicado en el preámbulo del Acuerdo, reitera la capacidad del
Estado para adquirir obligaciones en el ámbito internacional (artículo 9 CP)[48].
Ahora, en lo que respecta al intercambio de
información, con base en los principios de finalidad,
utilidad y circulación restringida[49], entiende la Corte que se trata de una práctica habitual
contenida en los acuerdos de cooperación que para nada desconoce la Carta
Política por ser la razón misma por la que el Estado decide, soberanamente,
obligarse a cumplir su finalidad[50].
Por la naturaleza del Acuerdo que ahora se estudia, la información
intercambiada debe estar relacionada con temas políticos y militares que, de
suyo, contienen datos sensibles o privilegiados; por tanto al ser tratados con
los más altos estándares de seguridad, ayudan a la realización de los fines
esenciales del Estado social de derecho (artículos 2 y 217
CP). Y dado que la información que se intercambia debe ser relevante o
esencial para los fines del tratado, de sus disposiciones se deduce el
impedimento de suministrar “datos genéricos o de forma indiscriminada”
[51]
que nada aporten al objetivo común.
Así, atendiendo el
compromiso de mantener la confidencialidad de la misma y con base en los
estándares internacionales sobre tutela de la privacidad y del flujo de datos,
el suminsitro de información por parte del Estado colombiano no tiene tacha constitucional, pues, como se analizará más
adelante, habrá de cumplir y exigir el cumplimiento de la normativa interna que
regula dichos temas.
La concepción de un instrumento internacional en estos términos permite
internacionalizar las relaciones políticas del Estado sobre bases de equidad,
igualdad, reciprocidad y conveniencia nacional (artículos 226 y 227 CP); sujeta
su ejecución a los fundamentos de las relaciones exteriores (artículo 9 CP); y como
se verá más adelante, somete su cumplimiento al respeto del ordenamiento
jurídico interno.
5.3. Artículo 1.
El artículo 1 del Acuerdo establece
que:
“Las Partes deberán:
(i)
proteger y salvaguardar la
información y el material de la otra Parte;
(ii)
hacer todo lo que esté a su
alcance por garantizar que, si es clasificada, dicha información y material
mantendrán las clasificaciones de seguridad establecida por cualquiera de las
partes con respecto a información y material del origen de esa Parte y protegerá
dicha información y material de acuerdo con los estándares comunes acordados;
(iii)
no utilizarán la
información y el material intercambiados para propósitos diferentes de los
establecidos en el marco de los respectivos programas y de las decisiones y
resoluciones inherentes a dichos programas;
(iv)
no divulgarán dicha
información y material a terceros sin el consentimiento del originador”.
De acuerdo con lo expresado en la exposición de motivos, el “artículo primero dispone las
obligaciones generales de las Partes en referencia a la protección y
salvaguardia de la información y material que se reciba de la otra parte”. En
el mismo sentido lo entendió el señor Procurador General de la Nación, quien,
además, agregó que “[E]n el artículo primero se pacta una condición de
salvaguardia y tres restricciones de acceso a la información compartida a
través del tratado”.
En efecto, este artículo impone la obligación de proteger y
salvaguardar la información y el material de la otra parte, lo que implica,
según el sentido natural de las palabras que utiliza, la adopción de las
medidas necesarias para custodiarla; en caso de ser clasificada, la parte
receptora deberá asegurarla de acuerdo con los estándares pactados; en ningún
caso podrá ser utilizada para fines distintos a los acordados; y no podrá ser
divulgada sin la autorización previa del originario de la misma.
Para la Corte, estas previsiones se acompasan con las normas superiores
porque la información suministrada y la recibida será tratada observando las
reglas que al efecto han establecido cada una de las partes, preservando así,
tanto la soberanía nacional[52]
como el principio de legalidad, por cuanto el intercambio habrá de realizarse dentro de los límites normativos sobre la
seguridad de la información[53].
De igual manera, el principio de reciprocidad se halla
presente al imponer iguales obligaciones con el mismo alcance a las partes del
Acuerdo (artículo 226 CP)[54].
Es así como el flujo recíproco de información, cuyo propósito es lograr los
objetivos del convenio, deberá ser manejado por ambas partes de acuerdo con las
previsiones de reserva y confidencialidad exigidas por quien la suministra.
Ahora, entiende la Corte que la información y material
intercambiados pueden estar o no clasificados. En ambos casos su protección estaría garantizada por
las partes de acuerdo con las normas vigentes en el ordenamiento interno de
cada una siendo aceptadas las condiciones por la Parte receptora, lo que supone
una mayor exigencia cuando se trate de manejar información sensible[55].
Es así como las partes del Acuerdo se obligan a proteger la información
compartida por la otra según las normas de confidencialidad y reserva
determinadas por quien la suministró, situación que se encuentra justificada
por versar sobre información proveniente de la otra parte. Como lo sostuvo el
Ministerio Público en su intervención, “[E]llo resulta válido en los dos
sentidos, pues garantiza que la OTAN no menoscabe las reservas previstas
legalmente para el caso de la información de origen colombiano, y permite a la
OTAN que se conserve su propio nivel de clasificación respecto de la
información que ella comparte”.
Sobre los propósitos de los programas de cooperación y con base en lo
expresado en la exposición de motivos, la información a intercambiar se
circunscribe a asuntos de defensa y seguridad, y de inteligencia y
contrainteligencia. Por tanto, la Sala considera que las limitaciones lógicas
que estos temas imponen al manejo de los datos personales en nada riñen con los
postulados constitucionales, siempre que se tenga en la cuenta que “los
derechos humanos desempeñan un papel de vital importancia en este asunto, pues
tienen la capacidad de limitar y condicionar las estrategias del Gobierno
Colombiano destinadas a lograr propósitos de interés general, como la garantía
de la seguridad nacional, la convivencia pacífica y la defensa de la soberanía
del país. Así, deberá entenderse que los distintos instrumentos de derechos
humanos ratificados por Colombia constituyen – en cuanto hacen parte de la Constitución
Política en virtud de la figura del bloque de constitucionalidad – verdaderos
límites a la acción de los Estados en el cumplimiento de sus acuerdos de
cooperación”[56].
A propósito, resulta importante subrayar que la Ley 1581 de 2012 , por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales, estipula en el artículo 2 que los principios y
disposiciones en ella contenidos “no serán de aplicación” ni a las bases
de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional,
así como la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y
el financiamiento del terrorismo (literal b); ni a las bases de datos que
tengan como fin y contengan información de inteligencia y contrainteligencia
(literal c), ya que requieren reglas especiales “por cuanto son ámbitos en
los que existe una fuerte tensión entre el derecho al habeas data y otros
principios constitucionales”. Se trata, pues, de “casos exceptuados –no
excluidos- de la aplicación de las disposiciones de la ley, en virtud del tipo
de intereses involucrados en cada uno y que ameritan una regulación especial y
complementaria, salvo respecto de las disposiciones que tienen que ver con los
principios”, por lo que la aplicación del Acuerdo deberá garantizar la
obligación de salvaguarda de la dignidad humana y los derechos fundamentales de
las personas que puedan verse afectadas con el intercambio de la información
objeto del Acuerdo, como lo precisó la Corte en la sentencia C-748 de 2011.
En esa ocasión, la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre las
labores de seguridad y defensa, explicando que:
“(…) tienen lugar con ocasión de la existencia de amenazas
actuales y graves contra
el orden público y la soberanía, y solamente pueden ser ejecutadas por la
Fuerza Pública[57].
Amenazas de tal magnitud justifican el tratamiento de datos personales para los
propósitos de defensa y seguridad nacional; es más, esta Corporación ha
indicado que el tratamiento de datos personales para esos propósitos ‘(…) es un elemento importante para el logro de sus fines
constitucionales de mantenimiento del orden constitucional y de las condiciones
necesarias para el ejercicio adecuado de los derechos y libertades previstos en
la Carta’[58], es decir, se trata de una herramienta importante de
la que disponen las autoridades para cumplir sus funciones de defensa.
Sin embargo, como lo ha indicado esta Corporación, la
defensa del orden público y de la integridad de la soberanía no pueden servir
de excusa para desconocer las garantías básicas del estado social de derecho
e implementar un estado totalitario en el que las personas se conviertan en
objetos al servicio del Estado[59].
Por ello, toda labor de seguridad y defensa nacional debe ser compatible con
la dignidad y los derechos fundamentales de las personas que puedan resultar
afectadas. En este orden de ideas, la Sala reitera que el tratamiento de
datos personales con estas finalidades debe sujetarse de manera estricta a las
exigencias del principio de proporcionalidad” (subrayado fuera de texto).
Por su parte, es sabido que en la función de inteligencia y
contrainteligencia el activo más importante es la información, por cuanto, una
vez procesada, se convierte en el insumo necesario para que el Gobierno realice
acciones de prevención y neutralización de las amenazas a los intereses
legítimos de la Nación. Al respecto, la Ley 1621 de 2013[60]
en el artículo 11, permite, en estos asuntos, la cooperación con organismos de inteligencia homólogos, siempre que existan protocolos de seguridad
(en el Acuerdo bajo estudio se denominan estándares comunes acordados)
que, ceñidos a las normas superiores que protegen los derechos humanos y el
derecho internacional humanitario, garanticen la protección y reserva de la
información intercambiada[61]. Por lo que lo
anterior consulta los postulados constitucionales debido a que el manejo de
dicha información -en el marco del Acuerdo- habrá de ceñirse a lo dispuesto en
la sentencia C-540 de 2012 en lo que a los límites y fines de la información de
inteligencia y contrainteligencia se refiere.
El alcance de dichas labores ya había sido abordado por esta Corte en
la sentencia C-913 de 2010 que declaró inexequible la Ley 1288 de 2009, “[P]or medio del cual se
expiden normas para fortalecer el marco legal que permite a los organismos, que
llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, cumplir con su
misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”, en la que concluyó que
“De los anteriores conceptos pueden
destacarse, entre otros, los siguientes elementos comunes acerca de las labores
de inteligencia y contrainteligencia: i) se trata de actividades de acopio,
recopilación, clasificación y circulación de información relevante para el
logro de objetivos relacionados con la seguridad del Estado y de sus
ciudadanos; ii) el propósito de esas actividades y el de la información a que
se ha hecho referencia es prevenir, controlar y neutralizar situaciones que
pongan en peligro tales intereses legítimos, así como hacer posible la toma de
decisiones estratégicas que permitan la defensa y/o avance de los mismos; iii)
es inherente a estas actividades el elemento de la reserva o secreto de la
información recaudada y de las decisiones que en ella se sustentan, dado que la
libre circulación y el público conocimiento de las mismas podría ocasionar el
fracaso de esas operaciones y de los objetivos perseguidos; iv) dado que se
trata de detectar y prevenir posibles hechos ilícitos y/o actuaciones
criminales, la información de inteligencia y contrainteligencia es normalmente
recaudada y circulada sin el conocimiento, ni menos aún el consentimiento de
las personas concernidas”.
De esta manera, la prohibición de utilizar información y material
intercambiados para propósitos diferentes a los establecidos en el Acuerdo es un criterio hermenéutico que advierte límites que
no podrán ser desconocidos por las partes en aplicación del mismo, lo que de
nuevo consulta los postulados de soberanía y reciprocidad antes mencionados.
Finalmente, en lo que se refiere a la limitación de
acceder a la información de la que trata el numeral 4 del artículo 1 del
Acuerdo, la Sala no advierte desconocimiento alguno de los mandatos superiores
por cuanto los límites para la protección y seguridad de la información y el
acceso a la misma, se encuentran definidos en la legislación colombiana[62],
de forma tal que el artículo 74 de la Constitución no se encuentra vulnerado,
porque si bien el Acuerdo establece la prohibición de divulgar la información
sin el consentimiento de la parte que la origina, no anula la posibilidad de
que cualquier persona pueda solicitar y acceder a la información deseada en
aplicación de la normativa interna y no en desarrollo del Acuerdo, pues de lo
que se trata es de imponer una restricción que impide que la parte receptora la
divulgue sin autorización[63].
Al respecto, “[E]l principio
de máxima divulgación ordena diseñar un régimen jurídico en el cual la
transparencia y el derecho de acceso a la información sean la regla general
sometida a estrictas y limitadas excepciones. De este principio se derivan las
siguientes consecuencias: (1) el derecho de acceso a la información debe estar
sometido a un régimen limitado de excepciones, el cual debe ser interpretado de
manera restrictiva, de forma tal que se favorezca el derecho de acceso a la
información; (2) toda decisión negativa debe ser motivada y, en este sentido,
corresponde al Estado la carga de probar que la información solicitada no puede
ser revelada; y (3) ante una duda o un vacío legal, debe primar el derecho de
acceso a la información”[64].
Como
lo sostuvo esta Corte en sentencia C-274 de 2013, al analizar las disposiciones
de la Ley 1712 de 2014, el derecho fundamental de acceso a la información
pública protegido por el artículo 74 constitucional, en consonancia con el
artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y el
artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: a)
garantiza la participación democrática y el ejercicio de los derechos
políticos; b) cumple una función instrumental para el ejercicio de otros
derechos constitucionales; y c) promueve la transparencia de la gestión
pública, además de que está íntimamente ligado al derecho de petición y al
derecho a obtener información, consagrados en los artículos 23 y 20 de la
Constitución Política, respectivamente. Por tanto, cualquier restricción
tendiente a mantener la reserva de cierta información debe resultar razonable y
proporcionada a los fines que pretende alcanzar[65].
Sobre
asuntos relacionados con la seguridad y defensa nacional, la Sala recuerda que
su reserva legal se dispuso en el artículo 12 de la ley 57 de 1985[66] y ha sido
amparada por esta Corporación al considerar que “la finalidad de proteger la
seguridad o defensa nacional es constitucionalmente legítima y por lo tanto
para el logro de tales objetivos puede establecerse la reserva de cierta
información. Sin embargo, en cada caso es necesario “acreditar que tales derechos o bienes se
verían seriamente afectados si se difunde determinada información, lo que hace
necesario mantener la reserva”. En otras palabras, no basta con apelar a la
fórmula genérica “defensa y seguridad del Estado” para que cualquier
restricción resulte admisible”[67].
Por
el contenido del Acuerdo, se tiene que la información a ser intercambiada -al
recaer sobre asuntos de seguridad y defensa- tiene naturaleza de pública[68], pública
clasificada[69]
y pública reservada[70].
Esta última, en virtud del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 está exceptuada,
es decir que el acceso a la
misma podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito, siempre
que se indiquen tanto los riesgos reales, probables y específicos de dañar el
interés protegido, como en qué sentido el acceso a la información produce un
daño significativo[71].
En consecuencia, “la tensión entre el derecho a acceder a la
información pública clasificada o pública reservada deberá resolverse en cada
caso concreto, para determinar si la posibilidad de negar el acceso a este tipo
de información, resulta razonable y proporcionada a la luz de los intereses que
se pretenden salvaguardar al garantizar el derecho de acceso a la información
pública”[72].
En el mismo sentido lo expresó esta Corporación en la sentencia
C-951 de 2014 al estudiar la constitucionalidad de la Ley 1755 de 2015 sobre el
derecho de petición, en la que además advirtió, de un lado, que “la reserva [será] inoponible cuando quiera que los
documentos o la información sea necesaria para investigar las posibles
vulneraciones a los derechos humanos”;
y del otro, que se permitirá el levantamiento de la reserva de determinada
información para que las autoridades judiciales, legislativas y administrativas
que lo requieran puedan ejercer de sus funciones, lo que en ningún caso implica
que “la información y documentos a los que acceden pierdan su carácter de
confidencialidad, toda vez que el funcionario está obligado a mantener  la
reserva”[73].
Lo anterior resulta
conforme a los artículos 15,
20, 23, 74 y 78 de la Constitución Política en los términos señalados, y por
tanto la aplicación del Acuerdo deberá estar acorde con lo dicho por la Corte
en las sentencias C-274 de 2013 y C-951 de 2014 sobre información
exceptuada e inoponibilidad y levantamiento de la reserva.
5.4. Artículo 2.
El artículo 2 del Acuerdo establece
que:
“(i) El Gobierno de Colombia acepta el compromiso de
hacer que todos sus connacionales quienes, en desarrollo de sus funciones
oficiales, requieran o puedan tener acceso a información o material
intercambiado de acuerdo con las actividades de cooperación aprobadas por el
Consejo del Atlántico Norte, hayan sido investigados y aprobados en materia de
seguridad antes de que obtengan acceso a dicha información y material.
(ii) Los procedimientos de seguridad estarán diseñados
para determinar si una persona, teniendo en cuenta su lealtad y fiabilidad,
puede tener acceso a información clasificada sin poner en riesgo su seguridad”.
En la exposición de motivos se sostuvo que “[E]l artículo segundo estipula que el
Gobierno de la República de Colombia acepta el compromiso de investigar y
aprobar de manera previa a todos aquellos connacionales que requieran o puedan
tener acceso a la información en cuestión”.
Al respecto, el Procurador General de la Nación manifestó que la
previsión contenida en el artículo 2 del Acuerdo es “una medida de
intervención fuerte en relación con los requisitos que deben cumplirse para el
acceso a la información compartida por la OTAN hacia Colombia. Dicha medida
consiste en que la persona que accederá a la referida información debe superar
ciertos criterios de seguridad subjetivos. Si bien en el ordenamiento interno
no existe una medida análoga para el acceso a la información, ello no quiere
decir per se que esta sea inconstitucional para este caso concreto. Para el
Ministerio Público, dicha medida debe evaluarse en el contexto de las
relaciones internacionales, y teniendo en consideración que se tiene por
finalidad el acceso a la información internacionalmente compartida, frente a la
que el sujeto de origen puede establecer condiciones restrictivas para su
divulgación”.
A diferencia de lo que sostiene el Ministerio
Público, la Sala entiende que el artículo 2 del Acuerdo no regula el acceso a
la información como derecho fundamental, sino que se ocupa de la conducta del
funcionario público que, en cumplimiento de sus funciones, debe recibir,
analizar y custodiar la información entregada por la OTAN.
En este orden de ideas, el contenido del
artículo 2 del Acuerdo debe analizarse en conjunto con el del artíuclo 1 ídem,
puesto que las condiciones de fiabilidad, idoneidad y confianza que se exigen a
los funcionarios públicos que accederán a la información entregada por la OTAN
son las que dicha organización utiliza en el giro ordinario de sus actividades.
Lo anterior armoniza con lo estipulado en el artículo analizado en precedencia,
a propósito de que las partes del Acuerdo se obligan a
proteger la información compartida por la otra de acuerdo con las normas de
confidencialidad y reserva determinadas por quien la suministró, siendo que
para la OTAN, las personas que manejen la información por ella entregada deben
cumplir con características de fiabilidad muy específicas.
Dichas exigencias no son
novedosas en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, el capítulo VI de la ya
mencionada Ley 1621 de 2013 desarrolla normas similares. Al respecto, en el
estudio de constitucionalidad que adelantó esta Corte, se sostuvo que, al
tratarse del manejo de información que envuelve importantes intereses para el
Estado, es deseable que se desarrollen mecanismos para “salvaguardar la
necesaria reserva en la materia”[74], para
lo cual “podrán aplicar todas las pruebas técnicas, con la periodicidad que
consideren conveniente, para la verificación de las calidades y el cumplimiento
de los más altos estándares en materia de seguridad por parte de los servidores
públicos que llevan a cabo tales actividades (…). Al respecto, debe señalarse
que los estudios de seguridad deben fundarse en razones
neutrales derivadas de hechos objetivos, ciertos, específicos y relevantes, que
además habrá de atender una base fáctica idónea y cierta dada a conocer al
servidor público”[75],
por lo que “la no superación de las pruebas de
credibilidad y confiabilidad será causal de no ingreso o retiro del organismo”[76].
Para la Corte, el
contenido de esta disposición no tiene reproche de constitucionalidad alguno,
pues procura la seguridad de la información entregada por la OTAN, que, por la
sensibilidad de su contenido, impone a que quien esté en posición de conocerla
en ejercicio de sus funciones, deba cumplir con unas condiciones estrictas de
idoneidad y fiabilidad[77].
5.5. Artículos 3 y 4.
El texto es el siguiente:
“ARTÍCULO 3.
La Oficina de
Seguridad de la OTAN (NOS), bajo la dirección y en nombre del Secretario
General y el Presidente, el Comité Militar de la OTAN, actuando en nombre del
Consejo del Atlántico Norte y el Comité Militar de la OTAN, y bajo su
autoridad, es responsable por hacer los arreglos de seguridad para la
protección de información y material clasificados intercambiados dentro de las
actividades de cooperación aprobadas por el Consejo del Atlántico Norte.
ARTÍCULO 4.
El Gobierno de
Colombia informará a NOS la autoridad de seguridad con la responsabilidad
nacional similar. Se redactarán convenios administrativos separados entre el
Gobierno de Colombia y OTAN, los cuales abarcarán, entre otras cosas, las
normas de la protección de seguridad recíproca para la información que sea
intercambiada y la coordinación entre la autoridad de seguridad de la República
de Colombia y NOS”.
En la exposición de
motivos se sostuvo que “[E]l artículo tercero señala quiénes serán los
organismos responsables y competentes, dentro de la OTAN, a efectos del manejo
de la información intercambiada bajo la egida de este acuerdo. El artículo
cuarto plasma la obligación para el Estado colombiano de informar a la OTAN
quiénes serán aquellas autoridades nacionales que fungirán como responsables en
concordancia con el artículo anterior”.
Al respecto, el Procurador
General de la Nación expuso que “los artículos 3 y 4 establecen,
respectivamente, que la oficina de seguridad de la OTAN (NOS), bajo la
dirección del Secretario y el Presidente, es la encargada de efectuar los
arreglos correspondientes, para efectos de proteger la información y material
clasificado dentro de las actividades de cooperación aprobadas por el Consejo
de la OTAN; mientras que el segundo de los artículos citados establece que se
celebrarán convenios interadministrativos entre Colombia y la OTAN, para
señalar las normas de protección de seguridad recíproca, así como el deber del
Gobierno de Colombia de informar la entidad que, en forma análoga, cumplirá las
funciones de representación para efectos de la suscripción de estos convenios”.
Para la Corte, estas
normas se ajustan al ordenamiento constitucional en cuanto buscan asegurar el
manejo adecuado y la reserva de la información intercambiada, al establecer: 1)
que la autoridad responsable del manejo de la información intercambiada por
parte de la OTAN es la oficina de seguridad NOS; 2) que el Estado colombiano
deberá informar quién será el encargado en el país de dichas funciones; y que
3) la coordinación entre las autoridades responsables se regulará a través de
convenios administrativos.
Así, además de establecer
quiénes son los responsables de la seguridad de la información intercambiada
entre las partes, que para el caso de Colombia será definida con posterioridad
a la firma del Acuerdo atendiendo los procedimientos internos que se
establezcan para el efecto, prevé la suscripción de acuerdos administrativos
para desarrollar en detalle, no sólo la necesaria coordinación entre las
autoridades, sino todos los demás temas que sea necesario desarrollar para
cumplir los fines del pacto.
Como se dijo al abordar el
capítulo referido a los Fines del Acuerdo, los tratados marco establecen “parámetros
generales conforme a los cuales se deberán proponer, acordar y ejecutar los
proyectos o programas de cooperación específicos, particularidad ésta que hace
que sea usual que en esta clase de convenios se incluyan cláusulas en las que
se facultan a las partes para celebrar, en el futuro, acuerdos o convenios
complementarios en los cuales se vierten los programas o proyectos de
cooperación concretos, siendo su finalidad la de ofrecerle a los Estados Parte
un instrumento ágil y eficaz mediante el cual se puedan poner en operación las
diversas acciones de cooperación delimitadas en el Acuerdo”[78].
Tal previsión respeta los
postulados superiores y los principios del derecho internacional (artículos 2,
93, 217 y 218 del CP), por cuanto faculta a las partes para que acudan a la
técnica de los convenios de simple ejecución -que en el texto del Acuerdo
revisado se denominan convenios administrativos- para definir los
procedimientos que deberán seguir en el cumplimiento de las obligaciones
consignadas en el Acuerdo.
Se advierte, que para que
los mencionados convenios administrativos “se entiendan excluidos de la
necesidad de obtener la aprobación del Congreso de la República y de ser
sometidos a control automático de constitucionalidad, es preciso que cumplan
con los siguientes requisitos: a) que no contengan nuevas obligaciones
distintas a las pactadas en el Acuerdo; b) que se enmarquen dentro de sus
propósitos y objetivos; y c) que no modifiquen el contenido o la naturaleza
jurídica del Acuerdo que le sirve de marco. En caso contrario, como lo ha
sostenido la Corte, el documento internacional que incluya nuevas obligaciones
o modifique las existentes, tendrá que someterse al trámite interno de
incorporación, de conformidad con lo establecido en los artículos 150.16 y
241.10 de la Constitución Política”[79],
por lo que los convenios administrativos de los que trata el artículo 4 del
Acuerdo que se revisa, deberán surtir el trámite de aprobación ante el Congreso
de la República y el consiguiente control automático de constitucionalidad, en
caso de que impongan al Estado colombiano obligaciones distintas a las
consignadas en este documento.
5.6. Artículos 5.
El artículo 5 del Acuerdo dispone
que:
“Antes
de intercambiar cualquier información clasificada entre el Gobierno de Colombia
y OTAN, las autoridades de seguridad responsables deberán establecer de manera
recíproca a su satisfacción que la Parte receptora está dispuesta a proteger la
información que reciba, tal como lo requiere el originador”.
Al respecto, la exposición de motivos dice
que “[E]n caso de que la información que se
pretenda intercambiar tenga algún tipo de clasificación, esto es, su difusión
se encuentre restringida y por tanto limitada, se establece un mecanismo que
garantiza a las dos partes el cumplimiento de su normatividad interna. En este
orden de ideas, es claro que el acuerdo no crea derecho alguno que vincule al
Gobierno Colombiano respecto del tratamiento que deba dar a información de
carácter clasificado. Por el contrario, el acuerdo establece que el intercambio
de información clasificada se realiza a satisfacción de cada una de las Partes
(artículo 5º), lo que significa que el mismo es respetuoso de los
procedimientos y normas que vinculan a cada una de las partes en el marco de la
normatividad que les rige”.
A su turno, el Procurador General de la
Nación “encuentra que el tratado obliga a que cada parte proteja la
información compartida por la otra, utilizando el esquema de reserva previsto
por la parte que la comparte. Si bien tales disposiciones difieren de la
regulación original prevista en las leyes estatutarias colombianas, y obligan
al Estado colombiano a asumir restricciones de acceso a la información incluso
superiores, tal situación encuentra justificación en la medida en que se trata
de la información que se recibe. Es decir, la parte que reciba cierta
información tiene la obligación de conservar el nivel de acceso que ha
establecido la parte que la comparte. Ello resulta válido en los dos sentidos,
pues garantiza que la OTAN no menoscabe las reservas previstas legalmente para
el caso de la información de origen colombiano, y permite a la OTAN que se
conserve su propio nivel de clasificación respecto de la información que ella
comparte”.
En el mismo sentido en el que se ha venido
explicando, esta norma reconoce los principios de soberanía y reciprocidad,
además de que insiste en que la seguridad de la información intercambiada debe
cumplir con las normas de protección establecidas por el originador de la
misma, con más rigor en tratándose de información clasificada, y que el
receptor está dispuesto a protegerla en las condiciones pactadas.
Por tanto, siendo que el fin del Acuerdo es,
precisamente, establecer una relación de cooperación en
temas militares de interés mutuo, la Corte entiende que la norma contiene las
previsiones necesarias para su correcta ejecución en aplicación del principio pacta
sunt servanda[80],
en tanto las partes se comprometen de buena fe, a proteger y asegurar la
información entregada de acuerdo con las condiciones impuestas por cada una.
Se trata, pues, de una
obligación de verificación que habrá de ser desarrollada a través de un
convenio administrativo en el que se establezcan dichas condiciones, por lo que,
al momento de suscribir los convenios administrativos que se requieran al
efecto, el plenipotenciario que represente los intereses del Estado colombiano
deberá sujetarse tanto a la normativa interna que regula los temas de reserva y
acceso a la información, como a los pronunciamientos que sobre la misma haya
producido esta Corporación.
En este orden de ideas
esta norma del instrumento internacional que se controla, se orienta a
propósitos constitucionalmente admisibles en el ordenamiento colombiano, pues respeta los procedimientos que vinculan a cada una de las partes
en el marco de la normatividad que les rige.
5.7. Artículo 6.
El artículo 6 dice:
“Este
Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que el Gobierno de Colombia y OTAN se
hayan notificado entre sí por escrito que se han cumplido sus respectivos
requerimientos Internos legales para la entrada en vigor de este Acuerdo.
El
Gobierno de Colombia o la OTAN podrán denunciar este Acuerdo en cualquier
momento mediante notificación escrita entre sí. La Información o el material
que sea Intercambiado previo a la fecha de terminación de este Acuerdo seguirá
siendo protegida de acuerdo con sus disposiciones.
En
testimonio de lo cual, los Representantes arriba nombrados firman el presente
Acuerdo.
Dado
en duplicado en Bruselas, el día 25 de junio de 2013, en español, Inglés y
francés, teniendo los tres textos la misma autoridad”.
Al respecto, la exposición de motivos
expuso que “[E]l artículo sexto consagra la cláusula de entrada en vigor
del acuerdo, la cual indica que el mismo entrará en vigor en la fecha en que el
Gobierno de la República de Colombia y la OTAN se hayan notificado entre sí,
por escrito, que se han cumplido sus requerimientos internos legales.
Igualmente, este artículo incluye una cláusula de denuncia, la cual permite a
las Partes denunciar el instrumento en cualquier momento mediante notificación
entre sí”.
Por su parte, el Procurador General de la
Nación explicó que dicha norma “contiene algunas previsiones acerca de su
entrada en vigor, de una parte,  las reglas relativas a la denuncia del
tratado, aclarando que la información intercambiada con anterioridad a la fecha
de terminación del Acuerdo, seguirá siendo protegida conforme con las
disposiciones del mismo”.
En efecto, la Corte encuentra que los
enunciados contenidos en el artículo 6 del Acuerdo son desarrollo de los
artículos 31, 32 y 33 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de lo
Tratados, por lo que no cabe predicar su inconstitucionalidad por tratarse de
prescripciones derivadas de los principios del derecho internacional público
reconocidos en el artículo 9 de la Constitución Política.
6. Síntesis.
6.1. En relación con el aspecto formal, la Corte concluyó que el Estado
colombiano estuvo válidamente representado durante el proceso de adopción del
Acuerdo, y que se observaron las reglas propias del trámite legislativo que
precedieron la aprobación de la ley objeto de análisis.
6.2. Asimismo, revisado el contenido de las disposiciones, la
Corte encontró que el Acuerdo establece
que la cooperación se hará con el objeto de compartir conocimientos y
experiencias, promover acciones conjuntas de entrenamiento, e intercambiar
información en asuntos relativos a la defensa de los intereses nacionales. Lo
anterior se ajusta a los
postulados constitucionales
relativos a la soberanía nacional, reciprocidad en las relaciones
internacionales, interés superior de los asuntos de seguridad nacional siempre limitado
por el contenido de los derechos humanos, y seguridad de información –en
especial- cuando es pública reservada y pública clasificada, además de que somete su cumplimiento a la
observancia plena de las reglas del derecho interno de la parte que origina la
información.
6.3. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte
Constitucional declarará exequible la Ley 1839 del 12 de julio de 2017, “Por
medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la República de Colombia y la
Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre Cooperación y Seguridad de
Información”, suscrito
en Bruselas el 25 de junio de 2013.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo entre la República de Colombia y la
Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre Cooperación y Seguridad de
Información”, suscrito en Bruselas el 25 de junio de 2013.
SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1839 del 12 de julio de 2017, “Por medio
de la cual se aprueba el acuerdo entre la República de Colombia y la
Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre Cooperación y Seguridad de
Información”, suscrito
en Bruselas el 25 de junio de 2013.
TERCERO.- Disponer que se comunique inmediatamente esta sentencia al Presidente
de la República para lo de su competencia, así como al Presidente del Congreso
de la República.
Notifíquese, comuníquese, publíquese, cúmplase
y archívese el expediente.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
Impedimento aceptado
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Oficio suscrito por Alejandra Valencia Gärtner, el 29
de septiembre de 2017. Folios 93-96.
[2] Oficio suscrito el 9 de agosto de 2018 por
Sandra Marcela Parada Aceros. Folios 175-184.
[3] Oficio firmado el 2 de octubre de 2017, por Humberto
Carlos Izquierdo Saavedra. Folios 105-111.
[4] Oficio suscrito el 17 de octubre de 2017 por Claudia Margarita Martínez Sanabria. Folios 124-129.
[5] Oficio suscrito el 11 de octubre de 2017 por Ernesto Rengifo García. Folios 120-123.
[6] Concepto suscrito por el señor Procurador General de la Nación,
Fernando Carrillo Flórez. Folios 195-201.
[7] Cfr. Corte Constitucional; Sentencia C-225 de 2014.
[8] Tales características han
sido destacadas en las sentencias de la Corte Constitucional: C-195 de 2009,
C-285 de 2009, C-378 de 2009, C-011 de 2010, C-982 de 2010, C-258 de 2014,
C-335 de 2014, C-339 de 2014, C-286 de 2015, C-210 de 2016, C-337 de 2015 y
C-214 de 2017, entre otras.
[9] “7. Plenos poderes. 1. Para la adopción la autenticación del texto de un
tratado, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un
tratado, se considerará que una persona representa a un Estado:a) si se presentan los adecuados plenos
poderes, o b) si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados o
de otras circunstancias, que la intención de esos Estados ha sido considerar a
esa persona representante del Estado para esos efectos y prescindir de la
presentación de plenos poderes. 2. En virtud de sus funciones, y sin tener que
presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado: a) los
Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de relaciones exteriores, para
la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado; b)
los Jefes de misión diplomáticas, para la adopción del texto de un tratado
entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados;
c) los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia
internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, para
la adopción del texto de un tratado en tal conferencia. 8. Confirmación ulterior de un acto ejecutado sin
autorización. Un acto relativo
a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que, conforme al
artículo 7, no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un
Estado, no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado
por ese Estado. 9. Adopción
del texto. 1. La
adopción del texto de un tratado se efectuará por consentimiento de todos los
Estados participantes en su elaboración, salvo lo dispuesto en el párrafo 2.2.
La adopción del texto de un tratado en una conferencia internacional se
efectuará por mayoría de dos tercios de los Estados presentes y votantes, a
menos que esos Estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente. 10.
Autenticación del texto. El texto de un tratado quedara establecido como
auténtico y definitivo a) mediante el procedimiento que se prescriba en él o
que convengan los Estados que hayan participado en su elaboración; o b) a falta
de tal procedimiento, mediante la firma, la firma "ad referéndum" o
la rúbrica puesta por los representantes de esos Estados en el texto del
tratado o en el acta final de la conferencia en la que figure el texto”.
[10] Folios 179 al 182 del cuaderno de pruebas.
[11] Folio 181 del cuaderno de pruebas.
[12] Folio 182 del cuaderno principal.
[13] “Con respecto al control
formal, la propia jurisprudencia ha destacado que, salvo la exigencia
constitucional de iniciar su trámite en el Senado de la República, los
proyectos de ley aprobatorios de tratados internacionales y demás instrumentos
internacionales que tienen tal condición, no se encuentran sometidos a un
trámite especial de aprobación, lo que permite concluir que para efectos de su
discusión, aprobación y sanción, los mismos deben seguir el procedimiento
legislativo general, es decir, el previsto por la Constitución y el Reglamento
del Congreso para las leyes ordinarias”[13].
Corte Constitucional, Sentencia C-032 de 2014.
[14] El artículo 160 de la Constitución
fue adicionado por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 del 3 de julio de
2003, así: “Artículo 8°.  El artículo 160 de la Constitución Política tendrá
un inciso adicional del siguiente tenor: ║ Ningún proyecto de ley será
sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya
anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la
Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual
se realizará la votación”.
[15] Corte Constitucional; Sentencia C-644 de 2004. Ahora bien,
la Corte ha establecido unas subreglas jurisprudenciales para analizar el cumplimiento del
anuncio previo como requisito, sistematizadas
en la sentencia C–533 de 2008. Reiteradas en Sentencias C-305 de 2010, C-982 de
2010 y C-214 de 2017, entre otras, a saber: (i) No exige el uso de fórmulas sacramentales: No se
impone el uso de expresiones lingüísticas determinadas, lo importante es que
tengan la entidad suficiente para transmitir inequívocamente la intención de
someter a votación un determinado proyecto. La Corte ha aceptado el uso de
expresiones como “anunciar”, “discutirán” y “aprobarán”. (ii) Determinación de la sesión futura en
que tendrá lugar la votación del proyecto, pues, lo contrario, hace de aquél un
anuncio no determinado ni determinable que no cumple con la exigencia
constitucional: si bien la exigencia constitucional parte de que en una
deliberación anterior se anuncien los proyectos que serán discutidos y votados
en una sesión posterior, no es necesario indicar la fecha exacta en que habrá
de realizarse la votación, siempre que sea determinable. Esta Corporación ha
avalado expresiones como: “próximo martes”, “próxima sesión”, “próxima
semana”, “siguiente sesión” y “día de mañana”. (iii) Continuación de la cadena de anuncios
por aplazamiento de la votación. Sin embargo, ante su ruptura, no existe vicio
de procedimiento cuando el proyecto hubiere sido anunciado para debate en
sesión anterior a la aprobación: frente al aplazamiento indefinido de la
votación debe continuarse la sucesión de anuncios a fin de evitar el
rompimiento de la secuencia temporal del aviso. Sin embargo, no se desconoce la
exigencia constitucional cuando a pesar de presentarse dicha ruptura, existió
claridad de que se realizaría el debate en la sesión en que efectivamente se
debatió y aprobó el proyecto de ley. (iv) Se cumple con el requisito de anuncio
previo del debate cuando a pesar de no efectuarse la votación en la fecha
prevista, finalmente ésta se realiza en la primera ocasión en que vuelve a
sesionarse, lo cual puede corroborarse atendiendo el orden sucesivo de las
actas de comisión o plenaria de cada Corporación legislativa. Sistematizadas en la sentencia C–533 de 2008. Reiteradas en
Sentencias C-305 de 2010, C-982 de 2010 y C-214 de 2017, entre otras.
[16] Regulada en el artículo 130
de la Ley 5ª de 1992 (modificado por el artículo 2 de la Ley 1431 de 2011). En
este tipo de votación se discrimina el sentido del voto de cada congresista y
el resultado de la votación.
[17] Este tipo de votación,
regulada en el artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 (modificado por el artículo 1º
de la Ley 1431 de 2011), se efectúa dando los congresistas, con la mano, un
golpe sobre el pupitre, seguido del cual el Secretario informará sobre el
resultado de la votación, el cual se tendrá por exacto si no se pidiere en el
acto la verificación.
[18] El quórum deliberatorio será de una cuarta
parte de los miembros del Congreso en pleno, Cámara o Comisión. El quórum
decisorio exige la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva
Corporación. En relación con la toma de decisión, se requerirá la mayoría de
votos de los asistentes, salvo que la Constitución exija expresamente una
mayoría especial.
[19] Folio 6 (reverso) del cuaderno principal.
[20] Gaceta del Congreso Nro.743 de 23 de septiembre de 2015, pp. 1-6.
Folios 3 al 20 del cuaderno de pruebas.
[21] Gaceta del Congreso Nro. 888 de 5 de noviembre de 2015, pp.
7-12.  Folios 24 al 26 del cuaderno de pruebas.
[22] Gaceta del Congreso Nro.
217 de 3 de mayo de 2016. Folios 35 al 50 del cuaderno de pruebas.
[23] Ver folio 30 del
cuaderno de pruebas. Acta Nro. 11 del 10 de noviembre de 2015 Senado: “COMISION SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE
ACTA NÚMERO 11 de 2015 (noviembre 10), publicada en la Gaceta 217 de 2016.  ||
[…] || “El señor
Secretario, doctor Diego Alejandro González González: Señor Presidente, por
instrucciones suyas me permito dar anuncio a un proyecto de ley para discutir y
votar en la próxima sesión: Proyecto de ley número 98 de 2015 Senado, por medio de la cual se
aprueba el acuerdo entre la República de Colombia y la
Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre Cooperación y Seguridad
de Información, suscrito en Bruselas el 25 de junio de 2013. || Autores:
Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Defensa Nacional. || Ponente:
honorable Senador Jimmy Chamorro Cruz. || Publicaciones proyecto de
ley: Gaceta del Congreso número 739 de 2015. || Ponencia
Primer Debate: Gaceta del Congreso número 888 de 2015 […]. || Está
anunciado el proyecto de ley para la próxima sesión señor Presidente. || El
señor Presidente, honorable Senador Carlos Fernando Galán Pachón: Se levanta la sesión y se convoca para
mañana a las 10:00 de la mañana para el proyecto que ha sido planteado en el
Orden del Día, muchas gracias” (negrillas y cursivas originales).
[24] Acta Nro. 12 de 2015 de
la Comisión Segunda del Senado, publicada en la Gaceta del Congreso Nro. 217 de
3 de mayo de 2016. Folios 35 al 50 del cuaderno de pruebas.
[25] Gaceta del Congreso Nro. 960 del 24 de noviembre de 2015. Folios
31 al 34 del cuaderno de pruebas.
[26] Ante la falta de respuesta de la Secretaria
General del Senado, se consultaron sus bases de datos: http://www.secretariasenado.gov.co. “Acta número 23 de la sesión
ordinaria del día 4 de octubre de 2016: Por Secretaría se informa que se ha registrado quórum
deliberatorio. || Siendo las 10:48 a. m., la Presidencia manifiesta: || Ábrase la sesión y proceda el
señor Secretario a dar lectura al Orden del Día, para la presente reunión. || Por Secretaría se da lectura
al Orden del Día para la presente sesión: […] II - Anuncio de proyectos || Por instrucciones de la
Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por
Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la
próxima sesión: || Anuncio de proyectos de ley y de actos legislativos que
serán considerados y eventualmente votados en la sesión plenaria siguiente a la
del día de hoy martes 4 de octubre de 2016. (…) Con ponencia para segundo debate: || Proyecto de ley número 098 de
2015 Senado, por
medio del cual se aprueba el ¿Acuerdo entre la República de Colombia
y la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre Cooperación y
Seguridad de Información, suscrito en Bruselas el 25 de junio de 2013.
|| (…)” (negrillas
y cursivas originales).
[27]Ante la falta de respuesta de la
Secretaria General del Senado, se consultaron sus bases de datos: http://www.secretariasenado.gov.co. “Acta número 27 de la sesión
ordinaria del día 19 de octubre de 2016: Por Secretaría se informa que se ha registrado quórum decisorio. || Siendo las 1:30 p. m., la
Presidencia manifiesta: || Ábrase la sesión y proceda el señor Secretario a dar lectura al Orden del Día, para la presente reunión.
|| Por
Secretaría se da lectura al Orden del Día para la presente sesión. || (…) Por instrucciones de la
Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por
Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la
próxima sesión: || Anuncio de proyectos de ley y de actos legislativos que serán
considerados y eventualmente votados en la sesión plenaria siguiente a la del
día de hoy 19 de octubre de 2016. (…) Con ponencia para segundo debate: || Proyecto de ley número 098 de
2015 Senado, por
medio del cual se aprueba el ¿Acuerdo entre la República de Colombia
y la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre Cooperación y
Seguridad de Información, suscrito en Bruselas el 25 de junio de 2013.
|| (…)” (negrillas
y cursivas originales).
[28] Ante la falta de respuesta de la Secretaria
General del Senado, se consultaron sus bases de datos: http://www.secretariasenado.gov.co. “Acta número 28 de la sesión
ordinaria del día 25 de octubre de 2016: Por Secretaría se informa que se ha registrado quórum
deliberatorio. || Siendo las 3:23 p. m., la Presidencia manifiesta: || Ábrase la sesión y proceda el señor Secretario
a dar lectura al Orden del Día, para la presente reunión. || Por Secretaría se da lectura
al Orden del Día para la presente sesión. || (…) Por instrucciones de la
Presidencia y
de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian
los proyectos que se discutirán y votarán en la próxima sesión. || Señor Presidente, los
siguientes son los diferentes proyectos para debatir o votar en la próxima
sesión, de conformidad con la Sentencia C-930 del 2014. || (…) Proyectos en segundo debate: || Proyecto de ley número 098 de
2015 Senado, por
medio del cual se aprueba el Acuerdo entre la República de Colombia
y la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre Cooperación y
Seguridad de Información, suscrito en Bruselas el 25 de junio de 2013.
|| (…) Todos
estos diferentes proyectos señor Presidente, están debidamente publicados
en la Gaceta del Congreso. || Están leídos y anunciados los
proyectos para la próxima sesión plenaria señor Presidente. || (…)” (negrillas y cursivas originales).
[29] Acta número 29 de la sesión ordinaria de 26 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta del Congreso Nro.
45 del 3 de febrero de 2017. Ante la falta de respuesta de la Secretaria General del Senado,
se consultaron sus bases de datos: http://www.secretariasenado.gov.co.
[30] Gaceta del Congreso Nro. 959 de 2 de noviembre de 2016, p. 15. Ante la falta de respuesta de la
Secretaria General del Senado, se consultaron sus bases de datos: http://www.secretariasenado.gov.co.
[31] Gaceta del Congreso Nro. 1146 de 16 de diciembre de 2016, pp.
6-8.  Folios 56 y 57 del cuaderno de pruebas.
[32] Gaceta del Congreso Nro. 246 de 21 de abril de 2017, pp. 2.
Folio 65 (reverso) del cuaderno de pruebas.
[33] Gaceta del Congreso Nro. 329 de 11 de mayo de 2017, pp.1-9.
Folios 68 al 72 del cuaderno de pruebas.
[34] Folios 51 al 53 del cuaderno principal.
[35] Gaceta del Congreso Nro. 293 de 3 de mayo de 2017. Folios 76 al 91
del cuaderno de pruebas.
[36]Ante la falta de respuesta de la
Secretaria General del Senado, se consultaron sus bases de datos: http://svrpubindc.imprenta.gov.co/senado/view/gestion/gacetasPublicas.xhtml: Gaceta del Congreso Nro. 741 de 25 de
agosto de 2017, pp.44.
“Acta número
220 de la sesión ordinaria del día 30 de mayo de 2017: (…) La Secretaría General informa que hay quórum decisorio. // La
Presidencia ordena a la Secretaría General dar lectura al orden
del día. // La Secretaría General procede de conformidad. (…) Se están anunciando los
proyectos para la sesión del día 31 de mayo de 2017, a partir de las
dos de la tarde o cuando haya plenaria donde se tramiten proyectos de ley y
actos legislativos, repito se anuncian entonces. // (…) Proyecto de ley número
194 del 2016 Cámara, 98 del 2015 Senado. (…) // (…) Han sido anunciados,
señora Presidenta, los proyectos para la sesión de fecha 31 de mayo de 2017, a partir de las dos de la tarde, o cuando se tramiten proyectos de
ley o actos legislativos. (…)” (subrayado
y negrillas originales).
[37] Gaceta del Congreso Nro. 533 de 30 de junio de 2017, pp.34.
Folios 112 al 136 del cuaderno de pruebas. “NOTA ACLARATORIA DE VOTACIÓN //
ACTA DE PLENARIA 221 DE // LA SESIÓN PLENARIA DEL // 31 DE MAYO DE 2017 //
VOTACIÓN INFORME DE PONENCIA // PROYECTO DE LEY 194 DE 2016 // Revisada la votación de
proposición del informe de ponencia, por error involuntario en la lectura de la
votación no se mencionó el voto NEGATIVO MANUAL del honorable Representante
Óscar Ospina Quintero, el resultado de las votaciones: // Por el NO, 6 votos
electrónicos y 1 manual, para un total de 7 votos por el NO. Por el SÍ, 72
votos electrónicos y 7 manuales, para un total de 79 votos por el SÍ. (…)” (Negrillas originales).
[38] Gaceta del Congreso Nro. 533 de 30 de junio de 2017, pp.35.
Folio 129 del cuaderno de pruebas.
[39] Gaceta del Congreso Nro. 655 de 8 de agosto de 2017. Folios 137 al
168 del cuaderno de pruebas.
[40] Gaceta del Congreso Nro. 460 del 9
de junio de 2017. Folios 169 al 178 del cuaderno de pruebas.
[41] Folio 14 del cuaderno principal.
[42] https://www.nato.int/nato-welcome/index.html consultada el 28 de noviembre de 2018.
[43] Ídem.
[44] Corte Constitucional; Sentencia C-251 de 2002.
[45] Cfr. Corte Constitucional; Sentencias C-578 de 2002, C-354 de
2003, C-1034 de 2003 y C-032 de 2014, entre otras.
[46] https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49187.htm consultada el 28 de noviembre de 2018.
[47] http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201839%20DEL%2012%20DE%20JULIO%20DE%202017 consultada el 28 de noviembre de 2018.
[48] Cfr. Corte Constitucional; Sentencia C-578 de 2002.
[49] Cfr. Corte Constitucional; Sentencia C-225 de 2014.
[50] Cfr. Corte Constitucional; Sentencia C-032 de 2014.
[51] Corte Constitucional; Sentencia C-225 de 2014.
[52] Cfr. Corte Constitucional; Sentencia C-225 de 2014.
[53] Cfr. Corte Constitucional; Sentencia C-337 de 2015.
[54] Cfr. Corte Constitucional; Sentencia C-032 de 2014.
[55] Cfr. Corte Constitucional; Sentencia C-337 de 2015.
[56] Corte Constitucional; Sentencia C-819 de 2012.
[57] En la sentencia C-251 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y
Clara Inés Vargas Hernández, la Corte explicó lo siguiente: “La posibilidad
de imponer deberes en materia de orden público y defensa se encuentra además
delimitada por la propia Carta, que atribuye ese papel fundamentalmente a la
Fuerza Pública. Así, a las Fuerzas Militares corresponde la defensa de la
soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden
constitucional, mientras que la Policía debe mantener las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y asegurar
que los habitantes de Colombia convivan en paz (CP arts 217 y 218). Esto
significa que es la Fuerza Pública la garante de la convivencia ciudadana, y no
puede trasladarse a los propios ciudadanos esa función, sin desnaturalizar la
estructura constitucional del Estado colombiano, como se explicará posteriormente”.
[58] Corte Constitucional; Sentencia C-1011 de 2008.
[59] En la sentencia C-251 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y
Clara Inés Vargas Hernández, la Corte expresó: “Así,
esa fórmula constitucional implica una proscripción de cualquier asomo totalitario.
En efecto, como es sabido, los Estados totalitarios –como el nazismo y el
fascismo- que se desarrollaron en Europa entre las dos guerras mundiales,
tenían algunos rasgos distintivos: eran no sólo regímenes de terror sino
naciones en donde no existían límites entre el Estado y la sociedad, de suerte
que la sociedad era absorbida por el Estado. Además, en ese tipo de sociedades
las personas estaban al servicio del Estado, que era considerado un fin en sí
mismo. En radical oposición a ese tipo de filosofías políticas, la Carta de
1991, que es esencialmente personalista y no estatalista, hace de la dignidad y
los derechos de la persona la base del Estado, y por ello, en vez de poner al
individuo al servicio del Estado, pone a las autoridades al servicio de la
comunidad y de las personas (CP arts 1°, 2° y 5°). “El sujeto, razón y fin de
la Constitución de 1991 es la persona humana”, ha reiterado esta Corte desde
sus primeras decisiones. Y por consiguiente, es claro que están proscritas de
nuestro ordenamiento constitucional las políticas que permitan una absorción de
la sociedad por el Estado, o la instrumentación de las personas en beneficio
del simple engrandecimiento y glorificación del Estado”. 9- Estos rasgos
definitorios del Estado colombiano, tienen implicaciones evidentes sobre las
políticas de seguridad y defensa. Si el Estado se fundamenta en la dignidad
y derechos de la persona, entonces la preservación del orden público no es una
finalidad en sí misma sino que constituye, como esta Corte lo ha dicho, ‘un
valor subordinado al respeto a la dignidad humana’, por lo que, ‘la
preservación del orden público lograda mediante la supresión de las libertades
públicas no es entonces compatible con el ideal democrático’. Y de otro lado,
si el Estado está al servicio de la comunidad y de las personas, entonces
corresponde obviamente a las autoridades del Estado proteger y ser garantes de
la seguridad de las personas, y no a las personas proteger y ser garantes de la
seguridad del Estado” (subrayado fuera de texto).
[60] Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco
Jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de
inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal,
y se dictan otras disposiciones.
[61] Cfr. Corte Constitucional; Sentencia C-337 de 2015.
[62] Cfr. Corte Constitucional; Sentencia C-337 de 2015.
[63] Ídem.
[64] “El
derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano”,
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, 2010. En Corte Constitucional; Sentencia C-274 de 2013.
[65] Corte
Constitucional; Sentencia C-491 de 2007.
[66] “Artículo
12. Toda persona tiene derecho a consultar los
documentos que reposen en las oficinas públicas y a que se le expida copia de
los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme
a la Constitución o la ley, o no hagan relación a la defensa o seguridad
nacional”.
[67] Corte
Constitucional; Sentencia C-491
de 2007.
[68] “Es
toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, o controle
en su calidad de tal”.
[69] “Es aquella información que estando en poder o custodia de
un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular
y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso
podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias
legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el
artículo 18 de esta ley”.
[70] “Es aquella información que estando en poder o custodia de
un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la
ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de
los requisitos consagrados en el artículo 19 de esta ley”.
[71] Corte
Constitucional; Sentencia C-274 de 2013.
[72] Corte
Constitucional; Sentencia C-274 de 2013.
[73] Corte
Constitucional; Sentencia C-951 de 2014.
[74] Corte Constitucional; Sentencia C-540 de 2012.
[75] Corte Constitucional; Sentencia C-1173 de 2005.
[76] Corte Constitucional; Sentencia C-540 de 2012.
[77] Cfr. Ídem.
[78] Corte Constitucional; Sentencia C-819 de 2012.
[79] Corte Constitucional; Sentencia C-225 de 2014.
[80] Cfr. Corte Constitucional; Sentencia C-032 de 2014.