T-442-18
Sentencia T-442/18
SELECCION DE FALLO DE TUTELA PARA REVISION
POR LA CORTE CONSTITUCIONAL-Caso
en que fallo de tutela fue seleccionado por error para revisión, en lugar de
otro no seleccionado que tiene identidad de partes con el escogido y se refiere
a hechos relacionados con este último
CORTE
CONSTITUCIONAL-Fallo o exclusión de revisión de proceso de
tutela hacen tránsito a cosa juzgada constitucional
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL FRENTE AL PRINCIPIO FRAUDE LO CORROMPE TODO
Este reconocimiento de
escenarios en que la cosa juzgada cede frente a otros intereses
constitucionalmente relevantes ha llevado a la Corte incluso a tener en cuenta
información conocida con posterioridad a un fallo ejecutoriado. Tal es la
situación que se ha presentado, por ejemplo, en casos en que esta Corporación
ha encontrado que un fallo de tutela que no fue objeto de revisión es resultado
de fraude. La jurisprudencia constitucional, en este sentido, en aplicación del
principio según el cual “el fraude lo corrompe todo” (fraus omnia corrumpit), ha admitido la procedencia
excepcional de la acción de tutela en contra de sentencias de tutela y de
actuaciones realizadas dentro del trámite de un recurso de amparo, para “revertir o detener situaciones
fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden” contenida
en tales providencias. De nuevo, en dichos casos se ha encontrado que la
necesidad de aplicar el principio mencionado para evitar que se causen
perjuicios a terceros y a la comunidad como resultado de un proceso fraudulento
prima sobre el principio de cosa juzgada.
ERROR EN SELECCION DE FALLO DE TUTELA PARA
REVISION POR LA CORTE CONSTITUCIONAL-Corresponde determinar si existe afectación sustantiva
y material de derechos o intereses constitucionalmente relevantes, que amerite
reabrir proceso de tutela cuyo expediente ha sido descartado
Cuando la Corte
Constitucional tiene conocimiento cierto e indiscutible de que un fallo de
tutela fue seleccionado por error para revisión de esta Corporación, en lugar
de otro no seleccionado que tiene identidad de partes con el escogido y se
refiere a hechos relacionados con este último, corresponde determinar si existe
una afectación sustantiva y material de derechos o intereses
constitucionalmente relevantes, que amerite reabrir el proceso de tutela cuyo
expediente ha sido descartado. La regla descrita, que implica que la Corte haga
un examen sustantivo previo del caso para determinar si procede su revisión,
tiene carácter excepcional, pues solo aplica (i) en circunstancias en que sea
evidente e innegable el error operativo que haya llevado a la Corporación a
seleccionar un expediente equivocado; y (ii) siempre y cuando la Sala tenga
conocimiento sobre tal falla con posterioridad al vencimiento del término para
insistir en la selección del expediente. En caso de que dicho término no
haya vencido, los magistrados y las demás entidades facultadas podrán insistir
en la selección del expediente ante la Sala de Selección respectiva.
ERROR EN SELECCION DE FALLO DE TUTELA PARA
REVISION POR LA CORTE CONSTITUCIONAL-Existencia de debate legítimo sobre los hechos del
caso que no permite que la Corte constitucional proceda a revisar los fallos de
tutela que no fueron formalmente seleccionados
La Sala concluye que, en
las condiciones concretas del presente caso, no se encuentra justificada la
reapertura del debate que se estudió en los fallos correspondientes a la
segunda acción de tutela del accionante, que no fueron formalmente seleccionados
para revisión debido a un error en el trámite de selección. Tal conclusión se
deriva de la existencia de una discusión legítima que deberá ser resuelta a
través de los mecanismos ordinarios de defensa que el actor tiene a su disposición.
Dada la existencia del debate mencionado, la Corte no puede establecer con toda
la claridad y certeza que exista una vulneración arbitraria y material de los
derechos fundamentales del accionante, que lleve forzosamente a reabrir un
debate ya cerrado en detrimento del principio de cosa juzgada constitucional.
PRINCIPIO DE LA
BUENA FE EN CONTRATO DE SEGUROS-Se predica tanto de tomador
como de asegurador
RETICENCIA O
INEXACTITUD EN EL CONTRATO DE SEGUROS-Las
aseguradoras sólo podrán eximirse de la responsabilidad de realizar el pago de
la indemnización, cuando se encuentre debidamente probada la mala fe del
tomador
DEBIDO PROCESO EN
CONTRATO DE SEGUROS-Obligación de las aseguradoras de probar el nexo
de causalidad entre la preexistencia alegada y la ocurrencia del siniestro
CONTRATO DE
SEGUROS-Argumento sobre ausencia de una incapacidad total y permanente se
basa en una interpretación arbitraria e irrazonable de las condiciones de la
póliza
CONTRATO DE
SEGUROS-Inexistencia de nexo causal entre preexistencia alegada por
accionada y la pérdida de capacidad laboral de accionante
JUEZ
DE TUTELA-Facultad de fallar extra y ultra petita
DERECHO
AL MINIMO VITAL EN CONTRATO DE SEGUROS-Órdenes
dirigidas a renegociar condiciones de pago de crédito adquirido por accionante
y a evitar que en las condiciones actuales se emprenda o continúe, si ya se
inició, cobro judicial o extrajudicial de la deuda
DERECHO
DE PETICION EN CONTRATO DE SEGUROS-En expediente
cuyo fallo fue formalmente seleccionado, el derecho de petición del accionante
debía ser protegido, como en efecto ocurrió
ERROR EN SELECCION DE FALLO DE TUTELA PARA
REVISION POR LA CORTE CONSTITUCIONAL-Medidas y correctivos para evitar en el
futuro la ocurrencia de hechos similares
Referencia: expediente T-6.364.567
Acción de tutela instaurada por Yerlin
Antonio Burbano Maya contra Seguros de Vida Alfa S A Vidalfa S A
Magistrada ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá, D.C., ocho (8) de noviembre
de dos mil dieciocho (2018)
La Sala Segunda de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero
Pérez y Alejandro Linares Cantillo, y por la magistrada Diana Fajardo Rivera,
quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente de las previstas en el artículo 86 y en el numeral 9 del
artículo 241 de la Constitución Política, y en el Decreto 2591 de 1991,
profiere la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del
fallo de tutela adoptado por el Juzgado Setenta y Siete (77) Penal Municipal
con Función de Control de Garantías de Bogotá, D.C., que resolvió la acción de
tutela interpuesta por Yerlin Antonio Burbano Maya
contra Seguros de Vida Alfa S A Vidalfa S A.[1]
I.
ANTECEDENTES
1.
Hechos y solicitud
1.1.
El 10 de febrero de 2017, Yerlin Antonio Burbano
Maya presentó acción de tutela contra Seguros de Vida
Alfa S A Vidalfa S A (en adelante, “Vidalfa”). Afirmó que esta Aseguradora vulneró sus derechos fundamentales de
petición y al mínimo vital, al no responder dos peticiones suyas con respecto a
una póliza de seguro de accidentes personales para créditos de libranza.[2] El accionante ingresó a
dicha póliza en calidad de asegurado, tras adquirir un crédito de ese tipo con
el Banco de Bogotá, entidad que aparece como tomadora en la póliza
correspondiente.[3]
Solicita que se ordene a la accionada dar respuesta de fondo a sus peticiones.
1.2.
Las peticiones que el accionante presentó ante
la Compañía demandada responden a los siguientes hechos:
1.2.1. El accionante se desempeñaba como patrullero de la Policía Nacional.[4]
1.2.2. Adquirió un crédito de libranza con el Banco de Bogotá, cuya fecha
de inicio, según las pruebas que constan en el expediente, fue el 9 de
diciembre de 2015.[5]
En esta misma fecha ingresó como asegurado, según Vidalfa le informó a la Sala,
a una póliza de seguro de vida grupo deudores que el Banco de Bogotá, en
calidad de tomador, tiene contratada con dicha Compañía Aseguradora.[6]
Dentro de las coberturas de la
póliza, se incluye, además de la muerte accidental del asegurado, su “incapacidad
total y permanente”. En caso de que este siniestro ocurra, las condiciones
de la póliza incluidas en el formato de solicitud de seguro y certificado individual
que el accionante firmó establecen que Vidalfa “reconocerá a favor del
beneficiario la suma asegurada”. Igualmente, se aclara que la “incapacidad
deberá estar fundamentada en un dictamen de calificación de invalidez emitido
por la EPS o ARL, Colpensiones, Junta Regional o Nacional de Calificación de
Invalidez, el cual deberá ser mayor o igual al cincuenta por ciento (50%)”.
La fecha de ocurrencia del siniestro, según el texto de las condiciones, se
entiende “como la fecha determinada en el momento en que la persona evaluada
alcance el cincuenta por ciento (50%) de pérdida de capacidad laboral u
ocupacional”. En la póliza se anota, además, que “bajo este amparo se
cubren miembros de las Fuerzas Militares y Policía Nacional”.[7]
1.2.3. El 10 de mayo de 2016, una Junta Médico-Laboral de la Policía
Nacional determinó que el actor tenía una pérdida de capacidad laboral del cincuenta
y tres con veinte por ciento (53.20 %).[8]
La afección fue clasificada como “incapacidad permanente parcial”. Se
estableció igualmente que el accionante era “no apto” y se incluyó la
leyenda “no se sugiere reubicacion [sic] laboral”. Dentro de las
conclusiones reseñadas en el acta, se mencionan “secuela fractura escafoides
derecho”, así como los diagnósticos de trastorno de ansiedad (debido a “problemas
relacionados con desaveniencias [sic] con el jefe y sus compañeros de
trabajo-ataque de pánico sin agorafobia”) y parálisis facial de Bell.
Con respecto a la secuela de la
fractura del escafoides derecho, la Junta encontró que esta lesión ya había
sido calificada por otra Junta Médico-Laboral que se reunió el 18 de noviembre
de 2014 y aclaró, por consiguiente, que “no se asignan índices lesionales”
frente a este diagnóstico. La Junta del 18 de noviembre de 2014, cuya acta fue
allegada en copia por el accionante, estableció un cero por ciento (0 %)
de disminución de la capacidad laboral, determinó que el accionante era apto
para la actividad policial y definió que el caso no ameritaba “asignacion
[sic] de indice [sic] lesional”.[9]
El accionante aportó copia de su historia clínica registrada, por un
lado, durante un periodo de hospitalización en la Unidad Mental del Hospital
Departamental María Inmaculada E. S. E. ubicado en Florencia
(Caquetá) entre el 10 y el 21 de diciembre de 2015.[10] En esta historia
clínica, la entrada del 10 de diciembre de 2015 indica que se trata de un “paciente
vinculado a la Policía Nacional con antecedentes de tratamiento psiquiátrico
por presentar episodio de ansiedad y depresión con ataque de pánico”.[11] Se agrega que el actor
presentaba “adherencia al tratamiento formulado” y que acudió al
servicio de urgencias “por cuadro clínico manifestado por múltiples
somatizaciones, inquitud [sic] motora, insomnio, ideas de desesperanza y
de suicidio poco elaboradas”.[12]
Al reseñar la anamnesis, se señala que el motivo de la consulta es que el
paciente refirió que “esta [sic] mal de la cabeza, con la ansiedad”.[13] El análisis reportado
menciona que el cuadro clínico detectado es de un (1) día y que el actor se
encontraba “en control previo con psiquiatria [sic]” y que presentaba “agudizacion
[sic] de su enfermedad”.[14]
Por otro lado, se allegó copia de la historia registrada por el
médico psiquiatra que lo ha tratado. En el expediente se encuentran registros
ingresados entre el 4 de marzo y el 14 de octubre de 2016, que se refieren al
diagnóstico de trastorno de ansiedad secundario a problemas laborales.[15] En estos últimos, el
médico psiquiatra tratante anota, entre las medidas a tomar, “no porte de
arma, […] no conducir vehículos”.
1.2.4. Como consecuencia de esta calificación, el accionante fue retirado
del servicio activo de la Policía Nacional y la Entidad le reconoció pensión de
invalidez “equivalente al 50% del sueldo básico de un Patrullero”.[16]
1.2.5.  Con base en el dictamen mencionado, el
señor Burbano presentó una solicitud inicial ante el Banco de Bogotá para que
la Entidad realizara “todos los trámites correspondientes para reclamar”
la póliza de seguro.[17]
Según relata el accionante, el Banco de Bogotá le manifestó que la Entidad “no
es la encargada d [sic] esos trámites, [y] que el que debe [debía]
realizar la reclamación” era el actor mismo. Así las cosas, el demandante presentó
dos solicitudes ante Vidalfa, pero no recibió respuesta alguna, por lo que
decidió interponer la acción de tutela de la referencia.[18]
2.
Decisión de instancia
2.1.
El juez de tutela decidió conceder el amparo.[19] Cabe aclarar que
aunque en el expediente no consta una contestación de Vidalfa a la acción de
tutela, en el fallo que aquí se revisa se hace referencia a una serie de
manifestaciones de la “Representante Legal de [sic] para asuntos judiciales”
de la Compañía.[20]
Según la Sentencia, la persona mencionada indicó que las coberturas de la
póliza de seguro no se habían activado en el presente caso, en la medida que “el
actor venía con las preexistencias que generaron la disminución de su capacidad
laboral”.[21]
Se indica igualmente que la accionada sostuvo que no había vulnerado derecho
alguno del señor Burbano, “pues con la presente acción de tutela busca garantizar
el reconocimiento del pago de la presunta indemnización causada”.[22] En consecuencia,
solicitó que se declarara la improcedencia de la acción, según quedó consignado
en el fallo aquí revisado.
El Juez de Instancia consideró
que las causas del recurso de amparo no habían cesado,
“dado que no se ha resuelto la petición
incoada por el accionante, aun cuando la entidad accionada adjunta copia de la
respuesta emitida a la entidad financiera, la misma no es garantía de que se
haya dado respuesta al señor Burbano Maya, situación con la cual se hace
notoria la afectación al derecho de petición del aquí demandante”.[23]
En el expediente no se encuentra
respuesta alguna de Vidalfa al Banco de Bogotá, documento al que parece hacer
referencia el fallo de instancia. La autoridad judicial ordenó a Vidalfa que
respondiera la petición del señor Burbano.[24]
El fallo no fue impugnado.[25]
3.
Actuaciones en sede de revisión
3.1.
La Sala tuvo conocimiento sobre una segunda
acción de tutela que el accionante presentó por hechos relacionados con el
trámite de la referencia
3.1.1. Con base en un escrito de insistencia que la Defensoría del Pueblo
presentó ante esta Corporación, la Sala se enteró sobre hechos nuevos ocurridos
después del momento en que se dictó el fallo que se revisa.[26] De igual manera, ya en
sede de revisión, el accionante presentó un escrito al que anexó, entre otros
documentos, copia del escrito que presentó ante la Defensoría del Pueblo para
solicitar que dicha Entidad presentara insistencia ante la Corte.[27] Particularmente, a
través de estos escritos este Tribunal supo de una segunda acción de tutela que
el accionante presentó el 31 de mayo de 2017 contra Vidalfa, después de recibir
la respuesta de la Aseguradora a sus peticiones.
Habiendo tenido noticia de estos
hechos y para tener conocimiento suficiente sobre el caso, la Magistrada
Ponente decidió, por un lado, vincular al Banco de Bogotá y, por otro, oficiar
a esta Entidad, a Vidalfa y al accionante para que se pronunciaran sobre los
hechos del caso y aportaran las pruebas que consideraran relevantes. En el caso
puntual del accionante, se le solicitó que allegara copia de los documentos que
tuviera a su disposición en relación con la segunda tutela que presentó.[28] Asimismo, la Magistrada
Ponente ofició al Juez de Primera Instancia de la tutela mencionada para que
enviara a la Corte copia del expediente de esta.[29] Así las cosas, la Sala
se ve obligada a estudiar hechos que van más allá de los estrictamente
acreditados en el expediente que se revisa.
3.1.2. En consecuencia, la Sala ha tenido conocimiento sobre los siguientes
hechos:
3.1.2.1.
En atención a la orden del Juez de Instancia,
Vidalfa respondió la petición del accionante.[30]
En su respuesta, la Aseguradora le informa al actor que “el evento materia
de reclamo carece de cobertura” y, por tanto, objeta la reclamación del
señor Burbano, por tres razones. Primero,
“se observa que la Incapacidad [sic]
dictaminada al citado deudor corresponde a una Incapacidad Permanente Parcial
con el 53.20% y no a una Incapacidad Total y Permanente, que es el amparo
otorgado por la Compañía de Seguros a través de la póliza respectiva”.
Segundo, “el dictamen [de
la Junta Médico-Laboral de la Policía Nacional] cita antecedentes
patológicos anteriores a la vigencia de la póliza, con fractura de escafoides
derecho desde el año 2014, el cual determinó la pérdida de capacidad laboral en
un 53.20%”.
Tercero, la Aseguradora cita el
Decreto 1796 de 2000, que contiene el régimen especial de disminución de
capacidad laboral, incapacidades, pensión por invalidez y otros asuntos
relacionados aplicable a
“los miembros de la Fuerza Pública,
Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional,
personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas
Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con
anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”.
El artículo 28 de este Decreto clasifica
las incapacidades en dos categorías: temporales y permanentes parciales.
Establece que “se considera inválida la persona cuando la incapacidad
permanente parcial sea igual o superior al 75% de disminución de la capacidad
laboral”. Esta norma lleva a la Compañía a afirmar que la pérdida de
capacidad laboral del 53.20 % que le fue dictaminada al señor Burbano “según
el régimen especial no genera ningún tipo de invalidez, se entiende que es una Limitación
Permanente Parcial” (énfasis en el original).[31]
3.1.2.2.
Como consecuencia de la respuesta de Vidalfa, el
accionante decidió interponer la segunda acción de tutela aquí mencionada, esta
vez contra la Aseguradora y el Banco de Bogotá.[32] En el escrito pidió
que se protegieran sus derechos al mínimo vital y a la dignidad humana, que
consideró vulnerados por las Compañías accionadas. Señaló que, para el momento
en que presentó este segundo recurso de amparo, su pensión de invalidez
equivalía a ochocientos noventa y siete mil pesos ($897 000) y que la
cuota mensual que debía pagar por el crédito adquirido era de setecientos
cuarenta mil pesos ($740 000). Igualmente, anotó que con sus ingresos
sostiene a sus dos padres, de la tercera edad,[33]
y responde por su “propia subsistencia”. Solicitó que se ordenara a
Vidalfa, por un lado, efectuar “el trámite necesario para pagar al BANCO
BOGOTA [sic] como beneficiario de la póliza, el saldo insoluto adquirido
por el suscrito”; y al Banco de Bogotá, por otro lado, “abstenerse de iniciar
cualquier tipo de cobro judicial y/o extrajudicial”. Esta tutela fue negada
tanto en primera como en segunda instancia.[34]
3.2.
Intervenciones en sede de revisión
3.2.1. En sede de revisión, el accionante intervino tres veces.[35] Manifestó que, como
consecuencia del crédito con el Banco de Bogotá, le son descontados cuatrocientos
quince mil pesos ($415 000) de su mesada mensual y adjuntó los extractos
de mesada pensional en los que se ve reflejada esa cifra.[36] Así las cosas, el
valor neto que le ingresa al accionante es de aproximadamente quinientos mil
pesos ($500 000), con los que, según indica, debe responder por sus
necesidades y las de sus dos padres.[37]
Adicionalmente, por medio de un nuevo dictamen, le fue calificada una
disminución de su capacidad laboral del setenta y dos con ochenta por ciento
(72.80 %).[38]
El accionante relató que una compañía de cobranza lo ha contactado y le ha
indicado que el Banco de Bogotá ha emprendido el cobro jurídico de su deuda.[39] Adjuntó copia de una
comunicación en la que el Banco de Bogotá le informa que debe contactar al “call
center de cobranzas” para llegar a una eventual negociación con respecto a
la obligación pendiente y una captura de pantalla de un teléfono celular en la
que constan los mensajes de texto que ha recibido, en los que se le informa que
“su obligacion [sic] esta [sic] en cobro Juridico [sic]”.[40]
3.2.2. En respuesta al Auto de la Magistrada Ponente, Vidalfa insistió en
los argumentos que defendió al objetar la reclamación del accionante.[41] Adicionalmente, la Compañía
sostuvo
“que el accionante presentó en dos
ocasiones la misma acción constitucional en contra de las mismas partes, hechos
y pretensiones, obrando con temeridad y peor aún, en la última acción de
tutela atentó contra el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 (Juramento)”.
(Énfasis en el original)
Sostuvo que el mínimo vital del
señor Burbano “no ha sido afectado por el no reconocimiento de la
indemnización solicitada”, en la medida que “es policía de profesión,
actualmente se encuentra pensionado por invalidez, es decir que continua [sic]
percibiendo un salario”. Afirmó que no existe perjuicio irremediable en
este caso y que la acción no cumple con el criterio de subsidiariedad, pues “el
accionante cuenta con la vía civil, es decir que existen otros [sic] medias
[sic] de defensa para que se debata el reconocimiento al [sic] derecho
pretendido”.
Insistió en los argumentos
relacionados con la ausencia de una “incapacidad total y permanente” y
alegó “que las patologías del accionante son anteriores al ingreso de la
póliza, lo cual era de su pleno conocimiento”.[42] Concluyó que la Compañía
ha actuado de acuerdo con la ley y con las condiciones del contrato de seguro,
por lo que, según defendió, está “claro que esta Aseguradora no ha amenazado
y mucho menos vulnerado un derecho fundamental que pueda afectar de manera
alguna las condiciones de subsistencia mínima o el entorno social del
Accionante”. Finalmente, señaló que la acción de tutela no es la vía
adecuada para tramitar, como en su concepto ocurre en el presente caso,
pretensiones que “tienen un carácter eminentemente económico que desborda
sin lugar a dudas la naturaleza de protección inmediata de derechos
fundamentales”.
3.2.3. Finalmente, el Banco de Bogotá informó a la Sala el estado de la obligación
que el señor Burbano tiene pendiente con dicha entidad financiera.[43] De esta manera, la
Sala conoció que el monto original del crédito que el accionante adquirió es de
$40 378 280. Registra 230 días de mora a la fecha del escrito
presentado por el Banco de Bogotá (7 de marzo de 2018) “y un saldo a capital
en mora de $2.871.007.00”. El Banco sostuvo que
“pese a las solicitudes que ha hecho el
Banco de Bogotá al señor Yerlin Antonio Burbano Maya para que se acerque a esta
Entidad Financiera y celebre un acuerdo de pago que atienda su capacidad
económica, no se ha celebrado ningún acuerdo de normalización”.
Agregó que
“este Establecimiento Bancario
generalmente adopta una posición de intermediación entre la reclamación que
hace el cliente informando el siniestro y solicitando el pago de la respectiva
indemnización y la compañía aseguradora, sin perjuicio de que se acuda
directamente a esta última”.
No obstante, indicó que en sus “bases
de datos y archivos no se evidencian reclamaciones para la afectación de
la póliza de SEGUROS ALFA S.A., por parte del señor Yerlin Antonio Burbano Moya
[sic]”.
Aclaró que (i) el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero[44]
“establece que la actividad aseguradora está reservada únicamente para
las compañías que tengan dentro de su objeto social exclusivamente el
desarrollo de este tipo de operaciones” (énfasis en el original); (ii)
sus clientes contratan seguros con Vidalfa “bajo su propia y exclusiva
responsabilidad”, por lo que el Banco “conserva su calidad de acreedor y
en consecuencia de ello, a pesar de las objeciones que pueda presentar la
compañía de seguros contratada [sic] persiste para el deudor su deber de
cumplir con las obligaciones que emanan del contrato de mutuo”; y (iii) Vidalfa
“es una entidad autónoma, independiente y externa al Banco de Bogotá”,
por lo que este último no responde por las decisiones de la Aseguradora.
3.3.
La Sala conoció que la Corte Constitucional
seleccionó el expediente equivocado debido a un error ocurrido al suministrarle
la información correspondiente al accionante
3.3.1. El expediente de la segunda acción de tutela que presentó el actor
fue descartado para revisión por la Sala de Selección Número Nueve de 2017
mediante Auto del 14 de octubre de ese año. Según manifiesta el accionante en
escrito presentado ante la Corte en respuesta al Auto de pruebas que la Magistrada
Ponente profirió,[45]
fue por esta razón que tomó la decisión de acudir ante la Defensoría del Pueblo
para solicitar que se insistiera en la selección del expediente del segundo
recurso de amparo. La insistencia iba dirigida realmente a que esta Corporación
seleccionara para revisión el expediente de la segunda acción de tutela. No
obstante, el escrito de insistencia, que motivó la selección del expediente de
la referencia y que se refiere a los hechos correspondientes a la segunda
acción de tutela, citó el número del presente expediente, en el que se estudió
única y exclusivamente la vulneración del derecho de petición del demandante,
en la medida que Vidalfa no había respondido sus solicitudes. En otras
palabras, se indicó un número de expediente errado.
3.3.2. El accionante explicó que
“el error se presentó el día 05 de
octubre de 2017 cuando me acerque [sic] a la corte [sic] constitucional [sic]
para que me diera el radicado de la tutela en mención y el secretario de esta
entidad me manifestó que en sistema no aparecía el radicado, que me dirija al
juzgado diecisiete penal del circuito y solicite el oficio por el cual envía la
tutela para una eventual revisión”.[46]
El actor relata que solicitó
copia del oficio correspondiente en el Juzgado
Diecisiete (17) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, D.C.,
que profirió la Sentencia de segunda instancia correspondiente a la segunda
acción de tutela,
“el cual lo presento ante el secretario
de la corte [sic] y me da el radicado Nro. T 6364557 [sic] es así como la
insistencia se hace con este número por equivocación del secretario y no con el
expediente T-6.329.331 que es la tutela interpuesta el 31 de mayo de 2017”. [47]
3.3.3.
El demandante aclaró entonces que “la acción
de tutela que se insistió ante la DEFENSORIA [sic] DEL PUEBLO es la
interpuesta el día 31 de mayo de 2017 ya que es la que estudio [sic] esta entidad y decidido [sic] insistir ante LA CORTE CONSTITUCIONAL”.[48] Resaltó,
en consecuencia, “que el expediente que se debe revisar es el registrado en
la corte [sic] constitucional [sic] con radicación Nro.
T-6.329.331. El cual se insistió en el término establecido”.[49] Esta
explicación del señor Burbano da cuenta de un error ocurrido en la Secretaría
General de la Corte Constitucional en el momento de informarle el número del
expediente. Este error ocasionó que la Defensoría del Pueblo, que no verificó
si el dato entregado por el accionante era correcto, presentara un escrito de
insistencia con el número de radicado incorrecto. De igual manera, la Sala de
Selección Número Diez de 2017 seleccionó el expediente equivocado, a pesar de
que el escrito de insistencia se refiriera a otros hechos distintos a los
estudiados en el trámite de la referencia. Esta cadena de hechos llevó,
finalmente, a que la Magistrada Ponente recibiera para revisión un expediente
que no corresponde con el escrito de insistencia que motivó su selección, lo
que la obligó a decretar las pruebas mencionadas y a tomar las medidas
explicadas anteriormente. Esta situación es evaluada por la Sala en la parte
motiva de esta providencia.
II.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
La
Sala es competente para revisar el fallo de tutela
adoptado en el proceso de la referencia de conformidad con las facultades
conferidas por los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y
por los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Además, procede la revisión
en virtud de la selección realizada por las Salas de Selección de Tutelas y del
reparto realizado en la forma que el reglamento de esta Corporación establece.
2.
Cuestión previa: el proceso de selección del
expediente se vio afectado por errores operativos no atribuibles al accionante,
que podrían afectar el derecho al debido proceso y el acceso a la justicia
2.1.
Como se indicó anteriormente, en sede de
revisión, la Sala tuvo conocimiento sobre nuevos hechos ocurridos después de
proferido el fallo de instancia en el trámite de la referencia. Estos hechos
incluyen una segunda acción de tutela que el accionante interpuso. La Corte
conoció también que el escrito de insistencia que la Defensoría del Pueblo
presentó y que motivó la decisión de la Sala de Selección de escoger el
expediente para su revisión se refiere materialmente al expediente que
corresponde a este segundo recurso de amparo. Es así como tal insistencia
sintetiza los hechos del caso y las decisiones de instancia que fallaron esa
segunda acción de tutela, no la primera.[50]
Así las cosas, es evidente para la Sala que la Defensoría del Pueblo insistió materialmente
en la selección de este segundo expediente, pero al citar el número de
expediente equivocado, se refirió formalmente al primero que fue
finalmente seleccionado.
Esta desafortunada situación fue
el resultado de una secuencia de hechos y confusiones. Como lo indicó el
accionante, en un primer momento, dada la identidad de partes que existe entre
las dos acciones de tutela (las dos enfrentan al señor Burbano y a Vidalfa,
aunque en la segunda se incluye también al Banco de Bogotá como accionado), en
la Secretaría General de la Corte Constitucional se le suministró el número
errado de radicación. Por consiguiente, en adelante, ese fue el número de radicación
del expediente que la Defensoría del Pueblo referenció en su escrito de
insistencia, sin verificar que la información suministrada por el accionante
fuera en efecto la correcta. La insistencia fue entonces conocida por la Sala
de Selección, que se percató de esta inconsistencia, y seleccionó el caso que
era de su competencia seleccionar para revisión: el expediente de la
referencia.
2.2.
Se debe resaltar, entonces, que el escrito de
insistencia de la Defensoría del Pueblo se refiere en términos materiales a la
segunda acción de tutela aunque, formalmente, solicita la selección del
expediente de la referencia, que abarca únicamente la primera acción de tutela,
precisamente por la confusión suscitada previamente, y que nunca fue resuelta o
disipada. La primera acción de tutela enfrentó al Juez de Instancia a un típico
caso en que se reclamó la garantía del derecho de petición y fue fallado a
favor del accionante. El juez de única instancia ordenó a Vidalfa responder de
fondo las peticiones del señor Burbano porque ese era el objetivo de la acción
de tutela.
Así, el caso finalmente
seleccionado para revisión, aparte de la confusión, probablemente no habría sido
seleccionado, por no cumplir con los criterios orientadores de selección
establecidos en el artículo 52 del Reglamento Interno de esta Corporación
(Acuerdo 02 de 2015).[51]
La Sala de Selección escogió el expediente en virtud de los criterios de “desconocimiento
de un precedente jurisprudencial” y “urgencia de proteger un derecho
fundamental”, pensando en la otra controversia de tutela entre las partes a
la que se ha hecho mención, que no fue seleccionada.[52] Pero tales criterios
no se configurarían para el caso de la referencia, sobre el derecho de petición
que el accionante consideró vulnerado en la primera acción de tutela. En el
proceso de acción de tutela de la referencia el derecho de petición fue protegido
porque Vidalfa no había respondido las solicitudes del actor en el momento en
que presentó la primera acción. Es decir, la decisión de la referencia no
incurre en desconocimiento del precedente constitucional ni tampoco conlleva la
urgencia de proteger un derecho fundamental. El derecho de petición fue
tutelado por el Juez de Instancia siguiendo la jurisprudencia constitucional
aplicable.
2.3.
En este orden de ideas, la Sala no está de
acuerdo con Vidalfa cuando afirma que el accionante incurrió en una actuación
temeraria, al presentar la segunda acción de tutela. Las tutelas versan sobre
hechos distintos, contienen pretensiones diferentes e incluso no están dirigidos
exactamente contra los mismos accionados,[53]
por lo que no es posible sostener que sean “la misma acción de tutela”,
en los términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.[54]
2.4.
Ahora bien, la Sala encuentra que conocer estos
hechos nuevos, que no están en estricto sentido relacionados con el fallo de
tutela que aquí se revisa, sino con otra acción de tutela que, en términos
formales, fue descartada por la Sala de Selección Número Nueve de 2017 mediante
Auto del 14 de octubre de ese año, podría desconocer el principio de cosa
juzgada y, en consecuencia, el de seguridad jurídica. Tanto el fallo de primera
instancia de ese expediente, que declaró improcedente la acción de tutela, como
el de segunda, que confirmó esta decisión, hicieron tránsito a cosa juzgada.
Este Tribunal ha aclarado que uno de los principales efectos de la decisión que
la Corte toma en el sentido de no seleccionar una sentencia de tutela para
revisión es la “ejecutoria formal y material de esta”, pues con tal
determinación se activa el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.[55] De esta manera, la Corporación
ha aclarado que, una vez la Corte ha fallado un proceso o descartado una
sentencia para revisión y, en este último caso, cuando vence el término para
que los autorizados insistan en su selección, la decisión queda en firme y no
es posible reabrir el debate respectivo.[56]
Por supuesto, la exclusión de selección de un caso por parte de la Corte, en
modo alguno puede ser entendida como una confirmación o refrendación de la
decisión que fue excluida de revisión. Aunque muchas sentencias pueden ser
excluidas de revisión porque fueron decididas correcta y adecuadamente a la luz
de la Constitución y la jurisprudencia, otras pueden ser descartadas, a pesar
de ser decisiones que no siguen los precedentes establecidos (tal es el caso,
por ejemplo, de una acción de tutela sobre salud que fue decidida por los
jueces de instancia de forma errada pero luego, antes de la selección, la EPS
informa a la Corte que ya prestó el servicio de atención negado).
Consecuentemente, como cuestión
previa, la Sala abordará un primer problema jurídico planteado en los
siguientes términos: ¿Cuando la Corte Constitucional tenga conocimiento cierto
e indiscutible de que un fallo de tutela fue seleccionado por error para
revisión de esta Corporación, en lugar de otro no seleccionado que tiene
identidad de partes con el escogido y se refiere a hechos relacionados con este
último, la Sala de Revisión correspondiente debe limitarse a revisar el
expediente de la sentencia efectivamente seleccionada, a pesar de tener noticia
de que podría existir una afectación sustantiva y material de derechos o
intereses constitucionalmente relevantes en el expediente no seleccionado?
2.5.
Para responder este problema jurídico, la Sala
llama la atención sobre la jurisprudencia en que, sin desconocer la importancia
del principio de cosa juzgada y el valor que este tiene, se ha entendido que
existen casos determinados en los que tal principio debe ceder frente a otros
intereses o derechos constitucionales. Así, por ejemplo, la Corte les ha dado
preponderancia a otros valores en materias como las siguientes:
2.5.1. Existe en la actualidad una línea jurisprudencial consolidada con
respecto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
y la consecuente posibilidad de que un juez de tutela deje sin efectos una
decisión judicial que vulnera, en una serie de escenarios estrictamente
delimitados, el derecho al debido proceso de alguno de los involucrados en un
proceso judicial.[57]
Desde las sentencias que fundaron esta línea jurisprudencial, esta Corporación
ha reconocido que en tales casos el juez constitucional debe actuar en
protección de determinados derechos y principios constitucionales que priman
sobre la cosa juzgada. Así, la Corte ha establecido desde sus inicios que la “certeza
que impone la cosa juzgada no constituye un valor absoluto frente a la vigencia
y defensa de los derechos fundamentales”.[58]
2.5.2. A través de su jurisprudencia, la Corte también ha reconocido la
procedencia excepcional de solicitudes de nulidad de sus sentencias y, por
consiguiente, la posibilidad, también extraordinaria, de que la Sala Plena de
la Corporación anule sus fallos o los de las Salas de Revisión, ante
vulneraciones indudables, ciertas, notorias y flagrantes del debido proceso. La
Corte ha reconocido que esta alternativa puede poner en peligro el principio de
cosa juzgada, así como los de seguridad jurídica, certeza y firmeza de las
decisiones, entre otros, por lo que la ha sometido a limitaciones estrictas,
que incluyen un término de tres (3) días para presentar la petición de nulidad,
tras la notificación de la providencia atacada.[59]
2.6.
Este reconocimiento de escenarios en que la cosa
juzgada cede frente a otros intereses constitucionalmente relevantes ha llevado
a la Corte incluso a tener en cuenta información conocida con posterioridad a
un fallo ejecutoriado. Tal es la situación que se ha presentado, por ejemplo,
en casos en que esta Corporación ha encontrado que un fallo de tutela que no
fue objeto de revisión es resultado de fraude. La jurisprudencia constitucional,
en este sentido, en aplicación del principio según el cual “el fraude lo
corrompe todo” (fraus omnia corrumpit), ha admitido la procedencia
excepcional de la acción de tutela en contra de sentencias de tutela y de
actuaciones realizadas dentro del trámite de un recurso de amparo, para “revertir
o detener situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de
una orden”[60]
contenida en tales providencias.[61]
De nuevo, en dichos casos se ha encontrado que la necesidad de aplicar el
principio mencionado para evitar que se causen perjuicios a terceros y a la
comunidad como resultado de un proceso fraudulento prima sobre el principio de
cosa juzgada.
2.7.
Así las cosas, la Sala estima que el presente
caso ha puesto en conocimiento de la Corte una serie de hechos que podrían
llevar a que el principio de cosa juzgada y otros relacionados, incluidos
aquellos de seguridad jurídica, de certeza y de firmeza de las decisiones
judiciales, deban ceder frente a otros intereses o derechos constitucionales
que podrían estar en juego. Según el accionante, los nuevos hechos que no hacen
parte del expediente que se seleccionó formalmente para revisión,
específicamente la objeción de Vidalfa frente a su reclamación, comprometen sus
derechos fundamentales al mínimo vital y a la dignidad humana.
La Corte reitera que el expediente
en cuya selección insistió materialmente la Defensoría del Pueblo fue el
relacionado con la segunda acción de tutela interpuesta por el actor, pero por
un error operativo no atribuible a este último, que no fue verificado y
corregido por las entidades involucradas, la insistencia se recibió formalmente
en relación con el expediente de la referencia, en el que únicamente se analizó
la vulneración inicial del derecho de petición del señor Burbano, que fue
debidamente protegido. Sin tal insistencia, que materialmente, se recalca, se
refiere a la segunda acción de tutela, la Sala de Selección no habría escogido
el presente expediente. Por consiguiente, el mencionado error operativo obliga
a la Sala a hacer una revisión material de los aspectos que tienen relevancia
constitucional dentro de los hechos nuevos de los que tuvo conocimiento, para
determinar si justifican la revisión del conflicto derivado de la segunda
acción de tutela, incluso si se afecta el principio de cosa juzgada.
Mal haría la Sala en ignorar los
hechos que, en un primer momento, la Defensoría del Pueblo y el mismo
accionante pusieron en su conocimiento, más aún cuando tales hechos involucran
posibles vulneraciones de las garantías fundamentales del señor Burbano. Tal
conducta equivaldría a pasar completamente por alto parte de la información que
consta en el expediente. La Corte Constitucional no puede vendar sus ojos ante
una situación de este tipo, pues estaría violando el encargo que expresamente
le asignó la Constitución Política al confiarle la “guarda de la integridad
y supremacía de la Constitución”.[62]
Consecuentemente, la Sala
concluye que cuando la Corte Constitucional tiene conocimiento cierto e
indiscutible de que un fallo de tutela fue seleccionado por error para revisión
de esta Corporación, en lugar de otro no seleccionado que tiene identidad de
partes con el escogido y se refiere a hechos relacionados con este último, corresponde
determinar si existe una afectación sustantiva y material de derechos o
intereses constitucionalmente relevantes, que amerite reabrir el proceso de
tutela cuyo expediente ha sido descartado. La regla descrita, que implica que
la Corte haga un examen sustantivo previo del caso para determinar si procede
su revisión, tiene carácter excepcional, pues solo aplica (i) en circunstancias
en que sea evidente e innegable el error operativo que haya llevado a la
Corporación a seleccionar un expediente equivocado; y (ii) siempre y cuando la
Sala tenga conocimiento sobre tal falla con posterioridad al vencimiento del
término para insistir en la selección del expediente.[63] En caso de que dicho
término no haya vencido, los magistrados y las demás entidades facultadas
podrán insistir en la selección del expediente ante la Sala de Selección
respectiva.
3.
A pesar de que en el presente caso hay derechos
constitucionales potencialmente en peligro, la Sala encuentra que existe un
debate legítimo sobre los hechos del caso que no permite que la Corte
Constitucional proceda a revisar los fallos de tutela que no fueron formalmente
seleccionados
En línea con lo expuesto
anteriormente, para determinar si hay lugar a reabrir el trámite de la segunda
acción de tutela, cuyos fallos de instancia fueron descartados para revisión
por la Sala de Selección Número Nueve de 2017, le corresponde a la Sala hacer
un análisis sustantivo de las circunstancias que esta Corporación ha conocido
durante el trámite de revisión, con el objetivo de definir si ellas ameritan
que se proceda de esa manera. Así las cosas, la Sala estudiará, en primer
lugar, las condiciones actuales del actor y las razones por las que sostiene
que sus derechos al mínimo vital y a la dignidad humana se encuentran en
peligro. En segundo lugar, la presente Sentencia estudiará los argumentos con
base en los que Vidalfa objetó la reclamación del accionante. En tercer lugar,
la Sala llamará la atención sobre un debate legítimo que está pendiente por resolver
en el presente caso en relación con las condiciones de salud del accionante en
el momento en que ingresó a la póliza. Tal situación lleva a la Corte a
concluir que no está justificada la reapertura del debate correspondiente a la
segunda acción de tutela, pero que, en cualquier caso, la discusión pendiente
podrá ser ventilada a través de los mecanismos ordinarios de defensa que el
sistema jurídico pone a disposición del demandante.
3.1.
El accionante es un sujeto de especial
protección constitucional y su mínimo vital y el de sus padres se encuentran
afectados
3.1.1. El señor Burbano fue inicialmente calificado con una pérdida de
capacidad laboral del 53.20 % y en la actualidad tal porcentaje aumentó al
72.80 %. De acuerdo con lo alegado en la segunda acción de tutela que
presentó, la cuota que le corresponde pagar mensualmente para cubrir el crédito
adquirido con el Banco de Bogotá equivale a más del 80 % de su mesada
pensional, que equivale, sin descuentos de ningún tipo, “al 50% del sueldo
básico de un Patrullero”.[64]
Con los descuentos que se aplican sobre su mesada, además de encontrarse en
mora, pues no son suficientes para cubrir la cuota, le ingresan aproximadamente
$500 000, es decir menos de un salario mínimo legal mensual vigente.[65] Señala que con estos
ingresos debe responder por sus necesidades y las de sus dos padres, quienes
viven con él y son personas de la tercera edad. Además de esto, dado que los
descuentos no cubren la totalidad de la cuota, el Banco de Bogotá le ha
comunicado que su deuda está en cobro jurídico. Estos hechos no fueron
controvertidos o desvirtuados por Vidalfa ni por el Banco de Bogotá.
3.1.2. Las circunstancias referidas, que según el recuento que se hizo
arriba de los antecedentes y de las pruebas que constan en el expediente, están
debidamente acreditadas, permiten llegar a dos conclusiones de relevancia
constitucional frente al caso. En primer lugar, el accionante es un sujeto de
especial protección constitucional. Tal calidad le es reconocida dada su
pérdida de capacidad laboral del 72.80 %, sumada a la circunstancia
particular de que esta fue adquirida mientras se desempeñaba como patrullero de
la Policía Nacional, es decir, como miembro de la Fuerza Pública. La
jurisprudencia constitucional ha determinado que las personas a quienes les ha
sido dictaminada una disminución de su capacidad laboral de este grado tienen el
estatus mencionado y que tal protección especial adquiere un valor particular
cuando se trata de un miembro de la Fuerza Pública.[66]
En segundo lugar, es clara la
afectación al mínimo vital del demandante y de sus padres, personas de la
tercera edad y, por consiguiente, también protegidos constitucionalmente. Como
resultado de la disminución de su capacidad laboral, sus ingresos mensuales se
redujeron a la mitad, pues su pensión de invalidez equivale al 50 % del salario
que recibía como patrullero. Lo anterior, aunado a los descuentos que son
aplicados cada mes sobre su mesada pensional, genera que reciba menos de un
salario mínimo legal mensual vigente para responder por su sostenimiento y el
de sus dos padres. Adicionalmente, dado que no puede cubrir la totalidad de las
cuotas mensuales para pagar el crédito, su monto puede aumentar con el paso del
tiempo, como resultado de los intereses moratorios aplicables.
3.1.3. Con estas dos conclusiones en mente, la Sala estudiará algunas
particularidades del caso que tienen relevancia constitucional, para determinar
si procede o no la reapertura del debate relativo a la segunda acción de tutela
del señor Burbano contra Vidalfa y el Banco de Bogotá. La Sentencia abordará, a
continuación, los dos argumentos en los que la Sala encuentra que se sustenta
la objeción de Vidalfa a la reclamación del accionante: (i) la supuesta falta
de configuración de una incapacidad total y permanente, que es el riesgo
asegurado, y (ii) la presunta existencia de una preexistencia no informada por
el accionante. Como se explica en las dos secciones siguientes, la Sala
considera que tales argumentos no son válidos en el marco del presente caso. No
obstante, la Corte hará referencia a un debate legítimo que no ha sido resuelto
y que no le permite revisar en detalle los fallos que no fueron formalmente seleccionados.
3.2.
El argumento de Vidalfa
sobre la ausencia de una “incapacidad total y permanente” se basa en una
interpretación arbitraria e irrazonable de las condiciones de la póliza
3.2.1. La Corte ha reconocido de manera reiterada la importancia del
principio de buena fe en el marco del vínculo jurídico que el contrato de
seguro plantea entre una compañía aseguradora y sus usuarios o beneficiarios,
así como las correlativas limitaciones a la libertad contractual en estos
escenarios. El lugar central que tal principio tiene en dichas relaciones ha
llevado a que la Corte proteja los derechos fundamentales de los asegurados en
casos como el presente, cuando la objeción de la aseguradora se basa en
actuaciones arbitrarias que carecen de justificación.[67] Así, una objeción de
la aseguradora no se puede basar, por ejemplo, en una interpretación arbitraria
e irrazonable de las condiciones de la póliza. Si el juez de tutela encuentra
una interpretación de este tipo que resulta en la vulneración de derechos
fundamentales, en principio, debe proceder a protegerlos, pues como se dijo
anteriormente, el litigio se sale del ámbito de una pretensión estrictamente
económica y toma relevancia constitucional.
3.2.2. Uno de los argumentos de Vidalfa para objetar la reclamación del
señor Burbano se refiere a que no se configura en el presente caso una
incapacidad total y permanente, que es el riesgo que cubre la póliza a la que
ingresó el accionante en calidad de asegurado. Este argumento se basa en el
hecho de que la Junta Médico-Laboral cuyo dictamen motivó la solicitud del
actor determinó una pérdida de capacidad laboral del 53.20 %, que la llevó
a establecer la existencia de una “incapacidad permanente parcial”[68]. La Aseguradora,
entonces, cita el Decreto 1796 de 2000, que contiene el régimen especial aplicable
al accionante por tratarse de un miembro de la Policía Nacional y que indica
que “se considera inválida la persona cuando la incapacidad permanente
parcial sea igual o superior al 75% de disminución de la capacidad laboral”.[69] Este régimen no prevé expresamente
una incapacidad clasificada como “total y permanente”, sino que clasifica las
incapacidades en temporales y permanentes parciales —las últimas son las que
generan la “invalidez” de la persona en los términos de la norma—. Así,
Vidalfa concluye que el señor Burbano no tiene una incapacidad total y
permanente que active la aplicación de la cobertura.
3.2.3. La Sala encuentra que tal interpretación de las condiciones de la
póliza es arbitraria e irrazonable por las siguientes razones. En primer lugar,
como se indicó anteriormente, la póliza dispone que el dictamen de pérdida de
capacidad laboral en el que se base la reclamación correspondiente “deberá
ser mayor o igual al cincuenta por ciento (50%)”[70]. En relación con este
requisito, las condiciones ofrecidas por Vidalfa, que fueron aceptadas por el
accionante, establecen expresamente que “bajo este amparo se cubren miembros
de las Fuerzas Militares y Policía Nacional”[71].
El señor Burbano es un miembro de
la Policía Nacional. La póliza a la que ingresó como asegurado no solo indica
que se considera incapacidad total y permanente la derivada un dictamen que
defina una disminución de la capacidad laboral mayor al 50 %, sino que
cubre expresamente bajo este amparo a los miembros de las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional. La Corte, por consiguiente, considera que la interpretación
que Vidalfa defiende en este caso es arbitraria e irrazonable, pues se sale de
la literalidad de las condiciones que la misma Compañía ofrece para que sus
usuarios o clientes se adhieran a ellas. No es razonable, entonces, que la Aseguradora
niegue la indemnización a la que hay lugar como resultado de la póliza por no
configurarse la pérdida de capacidad laboral que, en los términos del Decreto
1796 de 2000, lleva a que un miembro de la Policía Nacional se considere
inválido.
3.2.4. No es razonable esta interpretación, en segundo lugar, en la medida
que el régimen especial aplicable a una persona como el accionante, definido en
el Decreto mencionado, no prevé una incapacidad catalogada como “total y
permanente”, sino que las clasifica únicamente en temporales y permanentes
parciales. Sería abusivo, entonces, si Vidalfa pretende sustentar su objeción
en esta norma, que ofreciera sus pólizas a miembros de las Fuerzas Militares o
de la Policía Nacional, por ejemplo, pues nunca se darían las condiciones
necesarias para activar la cobertura contratada.
3.3.
No existe un nexo causal entre la preexistencia
alegada por Vidalfa y la pérdida de capacidad laboral del accionante
3.3.1. Como consecuencia de la aplicación del mencionado principio de buena
fe al contrato de seguro y, además, del derecho al debido proceso, la Corte ha
entendido que, en casos como el que se estudia,
“la aseguradora y el banco deberán
evaluar las pruebas aportadas a la reclamación efectuada por el tomador del
seguro o el usuario financiero, con el fin de determinar la existencia o no de
un incumplimiento contractual o de la procedencia de la indemnización”.[72]
En este sentido, la Corte ha
establecido que, al alegar la configuración de reticencia del asegurado
derivada de una presunta preexistencia, la carga de la prueba recae en la
aseguradora, que debe probar de manera clara y precisa un nexo de causalidad
entre la preexistencia alegada y la condición médica que genera el siniestro.[73] En otras palabras, en
un caso como este, al afirmar que existe reticencia, la compañía debe acreditar
que existe un vínculo entre la preexistencia que afirma no fue informada por el
asegurado y la pérdida de capacidad laboral que motiva la reclamación
correspondiente. La Corte ha entendido, de hecho, que la aseguradora tiene una
doble carga que se traduce en el deber de probar dos elementos: (i) uno
objetivo, que equivale a la mencionada “relación inescindible entre la
condición médica preexistente y el siniestro acaecido”; y (ii) uno
subjetivo, consistente en “que el tomador actuó de mala fe, y que
voluntariamente omitió la comunicación de dicha condición”.[74]
3.3.2. Pues bien, la Sala encuentra que en el presente caso Vidalfa no
acreditó ninguno de estos dos elementos. El segundo argumento en el que basa su
objeción frente a la reclamación del accionante consiste en que existe una
preexistencia que el actor no informó en el momento de ingresar a la póliza:
una fractura del hueso escafoides derecho que una Junta Médico-Laboral de la
Policía Nacional estudió en noviembre de 2014 y para la que determinó que no
existía pérdida de capacidad laboral alguna.[75]
En este orden de ideas, la Sala
concluye, por un lado, que Vidalfa no acreditó ni el vínculo entre esta
supuesta preexistencia y la condición médica que motivó la calificación de la
pérdida de capacidad laboral del accionante, en la que basó su reclamación; ni
tampoco probó la mala fe del señor Burbano. Pero además, por otro lado, la Sala
encuentra que dicho vínculo no existe. Como ya se dijo, la Junta Médico-Laboral
que estudió esta lesión no determinó ninguna disminución de la capacidad
laboral del demandante. De hecho, la Junta del 10 de mayo de 2016, que emitió
el dictamen que el accionante adjuntó a su reclamación, determinó no asignar “índices
lesionales” con respecto a tal condición, dado que ya había sido estudiada
por una Junta previa. La pérdida de capacidad laboral del 53.20 % que la
Junta de 2016 decidió establecer se derivó de los diagnósticos de trastorno de
ansiedad y parálisis facial de Bell. Por estos motivos, para la Sala no está
acreditado un vínculo entre la preexistencia alegada por la accionada y la condición
que motivó la reclamación del accionante.
3.4.
La Sala encuentra que existe un debate legítimo referido
a los antecedentes de ansiedad del accionante, que no le permite asumir la
revisión de los fallos que no fueron formalmente seleccionados por esta Corporación
3.4.1. A pesar de que los argumentos de Vidalfa, estudiados anteriormente,
no están llamados a prosperar, la Sala observa que, en el presente caso, existe
un debate legítimo que debe ser resuelto a través de los mecanismos ordinarios
de defensa que el actor tiene a su disposición. Como se anotó en la sección I
de esta Sentencia, la historia clínica del señor Burbano registrada entre el 10
y el 21 de diciembre de 2015 durante el periodo que estuvo hospitalizado en la
Unidad Mental del Hospital Departamental María Inmaculada E. S. E. de
Florencia (Caquetá) menciona “antecedentes de tratamiento psiquiátrico por
presentar episodio de ansiedad y depresión con ataque de pánico”.[76] La Corte estima que
este tipo de información podría tener relevancia a la hora de determinar si
Vidalfa incumplió el contrato de seguro al objetar la reclamación del
accionante, teniendo en cuenta que el señor Burbano ingresó a la póliza de
seguro de vida grupo deudores el 9 de diciembre de 2015.
No obstante, este debate deberá
ser ventilado a través de los mecanismos ordinarios, pues de su resolución podría
depender la definición sobre el presunto incumplimiento contractual de Vidalfa,
más allá de la discusión puramente constitucional. Específicamente, según lo ha
reconocido la jurisprudencia constitucional, como regla general, el mecanismo judicial ordinario para litigar causas relativas a un
contrato de seguros es el proceso ordinario adelantado ante la Jurisdicción
Civil.[77]
Adicionalmente, el numeral 2 del artículo 24 del Código General del Proceso,[78] así como
el artículo 57 del Estatuto del Consumidor[79]
le asignan a la Superintendencia Financiera facultades jurisdiccionales que le
permiten conocer, a prevención y a través del proceso verbal o verbal sumario,[80]
“de las controversias que surjan entre
los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas
exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones
contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora
y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los
recursos captados del público” (énfasis añadido).[81]
Al referirse a esta segunda
alternativa, este Tribunal ha anotado que
“se entiende que existe una alternativa
adicional a la cual pueden acudir los tomadores o beneficiarios de un seguro,
para lograr la protección y el restablecimiento de sus derechos, la cual
garantiza el conocimiento técnico y especializado que demandan los litigios y
controversias que surgen de una relación de aseguramiento, con una amplia
potestad de definición”.[82]
La Sala aclara, en cualquier caso, que la jurisprudencia constitucional ha reconocido escenarios en los
que, a pesar de que existen mecanismos ordinarios de defensa, estos no resultan
idóneos y/o eficaces para contrarrestar la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, por lo que la acción de tutela puede resultar
procedente. Esta, de cualquier manera, es una conclusión que debe estar
precedida de un análisis de las circunstancias particulares de cada caso.[83]
En contextos específicos, la Corte ha entendido de manera excepcional que la
acción de tutela es procedente para reclamar el pago de pólizas de seguros.[84]
3.4.2. Así las cosas, la Sala concluye que, en las condiciones concretas
del presente caso, no se encuentra justificada la reapertura del debate que se
estudió en los fallos correspondientes a la segunda acción de tutela del señor
Burbano, que no fueron formalmente seleccionados para revisión debido a
un error en el trámite de selección. Tal conclusión se deriva de la existencia
de una discusión legítima que deberá ser resuelta a través de los mecanismos
ordinarios de defensa que el actor tiene a su disposición. Dada la existencia
del debate mencionado, la Corte no puede establecer con toda la claridad y
certeza que exista una vulneración arbitraria y material de los derechos
fundamentales del accionante, que lleve forzosamente a reabrir un debate ya cerrado
en detrimento del principio de cosa juzgada constitucional. Ahora bien, dado
que se encontró una afectación con respecto al mínimo vital del accionante y de
sus padres, la Sala tomará las medidas que se explican a continuación.
4.
Existe una situación actual, real y presente que
vulnera el derecho al mínimo vital del accionante y de sus padres, por lo que
el juez de tutela debe tomar medidas dirigidas a mitigar tal afectación
4.1.
De acuerdo con lo concluido en la sección 3.1.
de la presente Sentencia, es claro que, en sus circunstancias actuales, el
mínimo vital del accionante y de sus padres se encuentra en peligro. La Corte
ha reconocido que, dado el carácter informal y sumario del proceso de tutela,
el juez constitucional está facultado para tomar
decisiones por fuera de lo estrictamente solicitado en el correspondiente
recurso de amparo.[85]
Por consiguiente, a pesar de que la Sala determinó que
en este caso no procede, en sede de revisión, la reapertura del debate relativo
a la segunda acción de tutela que presentó el actor, no puede desconocer la situación
que se describió, pues ha detectado que existen derechos fundamentales
afectados.
4.2.
Dado que tal afectación se deriva de los
descuentos que se aplican sobre la mesada pensional del demandante como
resultado de su crédito con el Banco de Bogotá, la Sala encuentra necesario
tomar medidas para mitigarla. Por consiguiente, impartirá una serie de órdenes
dirigidas a dicho establecimiento de crédito, teniendo en cuenta la disminución
de los ingresos del actor y las consecuentes dificultades que le han surgido
para cubrir el crédito adquirido. La Corte ha ordenado la aplicación de
remedios de este tipo en virtud del principio de solidaridad, que como
principio fundamental reconocido en la Constitución Política y derivado de la
cláusula de Estado social de derecho,[86]
implica “racionalizar ciertos intercambios sociales (…) [y] corregir
sistemáticamente algunos de los efectos nocivos que tienen las estructuras
sociales y económicas sobre la convivencia política a largo plazo”.[87] En consecuencia, las
órdenes que se impartirán están dirigidas a que se renegocien las condiciones
de pago del crédito de libranza que el accionante adquirió con el Banco de
Bogotá y a evitar que en las condiciones actuales se emprenda o se continué, si
ya se inició, el cobro judicial o extrajudicial de la deuda.[88]
5.
En el expediente cuyo fallo fue formalmente seleccionado,
el derecho de petición del accionante debía ser protegido, como en efecto ocurrió
5.1.
Habiendo analizado la totalidad de los hechos
conocidos por la Corte en el presente caso, la Sala confirmará el fallo que
concedió la tutela del derecho de petición del accionante en el expediente que
fue seleccionado para revisión. La Corte Constitucional, por un lado, ha
reconocido la procedencia de la acción de tutela contra entidades del sistema
financiero y asegurador, en la medida que (i)
realizan una actividad de interés público, por lo que sus operaciones, al menos
en algunas circunstancias, son una manifestación de un servicio público; y (ii)
sus clientes y usuarios se encuentran en una situación de indefensión frente a
ellas, dada su posición dominante.[89] Por otro lado, una organización o institución privada[90] en una posición dominante
vulnera el derecho de petición de una persona que se encuentra en situación de
indefensión frente a la primera, cuando dicha persona presenta una solicitud vinculada
a la garantía de un derecho fundamental y la entidad no emite una respuesta de
fondo dentro del término legalmente establecido para ello.[91]
5.2.
La Corte anota que, de acuerdo con la
jurisprudencia sobre la materia, la acción de tutela resulta procedente en el
caso de la referencia.[92]
Las peticiones que el actor presentó ante Vidalfa en calidad de cliente de esta
Compañía no fueron respondidas por Vidalfa dentro del término legal. No solo se
encuentra el señor Burbano en una situación de indefensión frente a la Aseguradora
que tiene a su vez una posición dominante según la jurisprudencia aquí
reiterada, sino que las peticiones del actor estaban estrechamente vinculadas
con la garantía de su derecho fundamental al mínimo vital y el de sus dos
padres, dadas las circunstancias ya analizadas. Por consiguiente, el ejercicio
del derecho fundamental de petición procedía en el caso analizado. Así, la Corte concluye que la accionada en definitiva
vulneró el derecho fundamental de petición del accionante al omitir dar
respuesta a sus solicitudes.[93]
6.
Resumen de la decisión y de las órdenes a
impartir
6.1.
Con base en las consideraciones presentadas, la
Sala confirmará la Sentencia de instancia que se revisó en esta providencia, en
la medida que tuteló el derecho de petición del señor Burbano ante la falta de
respuesta de Vidalfa a sus solicitudes.
6.2.
Como consecuencia de los hechos que conoció en
sede de revisión en relación con el error operativo que llevó a la selección
del expediente equivocado, la Sala aplicará los siguientes remedios:
6.2.1. Ordenará a la Secretaría General de la Corte Constitucional que tome
las medidas necesarias y adopte las correcciones del caso para asegurar que la
información entregada a las personas y entidades que solicitan datos sobre los
expedientes radicados en esta Corporación sea correcta, cierta, confiable y
precisa.
6.2.2. Prevendrá a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de
la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, al
insistir ante la Corte Constitucional en la selección de determinados fallos de
tutela, tomen las medidas necesarias para asegurar que los datos incluidos en
el escrito correspondiente sean los correctos, de manera que se garantice que,
en caso de que la Sala de Selección respectiva acoja la solicitud de dichas entidades,
el expediente que efectivamente se seleccione sea también el correcto.
6.3.
Para proteger el derecho al mínimo vital del
accionante, de acuerdo con la parte motiva de esta Sentencia, impartirá las
siguientes órdenes al Banco de Bogotá:
6.3.1. Otorgar al accionante la posibilidad de renegociar los términos y
condiciones del contrato crediticio, para ajustarlo a unos compromisos que no
afecten su mínimo vital. Por lo tanto, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación de la presente  Sentencia, el Banco de Bogotá
deberá iniciar un proceso de negociación orientado a establecer un acuerdo con
el actor, de manera tal que las condiciones anteriores, presentes y futuras del
cobro del crédito se ajusten a la situación en la que actualmente se encuentra
y a su capacidad de pago. Tal Entidad deberá proponerle alternativas de
refinanciación y renegociación al accionante, y explicarle detalladamente y de
forma comprensible sus alcances y efectos en términos de plazos, intereses y
monto total a pagar. Las nuevas condiciones solo serán exigibles bajo el
supuesto de que el demandante manifieste su consentimiento en ese sentido.[94]
Por lo demás, durante la
realización de tal proceso, el actor deberá estar acompañado por el Defensor
del Consumidor Financiero de la citada Entidad Bancaria, con el propósito
de que las condiciones establecidas obedezcan a una adecuada gestión del riesgo
crediticio y tomen en consideración las diferentes variables que, teniendo en
cuenta la situación del accionante, puedan resultar relevantes. El Defensor del
Consumidor Financiero deberá contribuir a asegurar, adicionalmente, que el
accionante comprenda con claridad las condiciones que acuerde con el Banco de
Bogotá.[95]
6.3.2. Abstenerse de iniciar cualquier tipo de cobro (judicial y/o
extrajudicial) en contra del demandante, por el crédito de libranza del cual es
deudor, para permitir que el proceso de negociación al que se refiere la orden
anterior culmine y que el actor comience a cumplir con su obligación en los
términos que sean acordados. En caso de que haya iniciado un proceso ejecutivo
para exigir el pago de la suma adeudada por el accionante, dentro de los ocho
(8) días siguientes a la notificación de esta providencia, el Banco de Bogotá
deberá informar sobre la presente providencia al juez ordinario que esté
conociendo de dicho proceso, para que se dé por terminado inmediatamente y se
levanten las medidas cautelares que se hayan producido con ocasión de este.[96]
III.
DECISIÓN
Cuando la Corte Constitucional
tiene conocimiento cierto e indiscutible de que un fallo de tutela fue
seleccionado por error para revisión, en lugar de otro no seleccionado que
tiene identidad de partes con el escogido y se refiere a hechos relacionados con
este último, corresponde determinar si existe una afectación sustantiva y
material de derechos o intereses constitucionalmente relevantes, que amerite
reabrir el proceso de tutela cuyo expediente ha sido descartado. La regla
descrita, que implica que la Corte haga un examen sustantivo previo del caso
para determinar si procede su revisión, tiene carácter excepcional, pues solo
aplica (i) en circunstancias en que sea evidente e innegable el error operativo
que haya llevado a esta Corporación a seleccionar un expediente equivocado; y
(ii) siempre y cuando la Sala tenga conocimiento sobre tal falla con
posterioridad al vencimiento del término para insistir en la selección del
expediente. En caso de que dicho término no haya vencido, los magistrados y las
demás entidades facultadas podrán insistir en la selección del expediente ante
la Sala de Selección respectiva.
Una organización o institución
privada en una posición dominante vulnera el derecho de petición de una persona
que se encuentra en situación de indefensión frente a la primera, cuando dicha
persona presenta una solicitud vinculada a la garantía de un derecho
fundamental y la entidad no emite una respuesta de fondo dentro del término
legalmente establecido para ello.
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.
LEVANTAR la suspensión de términos decretada en el trámite
de la referencia.
Segundo.
CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado Setenta y Siete (77) Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Bogotá, D.C. el 24 de
febrero de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Tercero.
ORDENAR a la Secretaría
General de la Corte Constitucional que tome las medidas necesarias y adopte las
correcciones del caso para asegurar que la información entregada a las personas
y entidades que solicitan datos sobre los expedientes radicados en la
Corporación sea correcta, cierta, confiable y precisa.
Cuarto.
PREVENIR a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, al insistir ante
la Corte Constitucional en la selección de determinados fallos de tutela, tomen
las medidas necesarias para asegurar que los datos incluidos en el escrito
correspondiente sean los correctos, de manera que se garantice que, en caso de
que la Sala de Selección respectiva acoja la solicitud de dichas entidades, el
expediente que efectivamente se seleccione sea también el correcto.
Quinto.
ORDENAR al Banco de Bogotá que, por conducto de su
representante legal o de quien haga sus veces, otorgue a
Yerlin Antonio Burbano Maya la posibilidad de renegociar los términos y
condiciones del contrato crediticio, para ajustarlo a unos compromisos que no
afecten su mínimo vital. Por lo tanto, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación de la presente Sentencia, el Banco de Bogotá
deberá iniciar un proceso de negociación orientado a establecer un acuerdo con
el actor, de manera tal que las condiciones anteriores, presentes y futuras del
cobro del crédito se ajusten a la situación en la que actualmente se encuentra
y a su capacidad de pago. Tal Entidad deberá proponerle alternativas de
refinanciación y renegociación al accionante, y explicarle detalladamente y de
forma comprensible sus alcances y efectos en términos de plazos, intereses y monto
total a pagar. Las nuevas condiciones solo serán exigibles bajo el supuesto de
que el demandante manifieste su consentimiento en ese sentido.
Por
lo demás, durante la realización de tal proceso, el actor deberá estar
acompañado por el Defensor del Consumidor Financiero de la citada Entidad
Bancaria, con el propósito de que las condiciones establecidas obedezcan a una
adecuada gestión del riesgo crediticio y tomen en consideración las diferentes
variables que, teniendo en cuenta la situación del accionante, puedan resultar
relevantes. El Defensor del Consumidor Financiero deberá contribuir a asegurar,
adicionalmente, que el accionante comprenda con claridad las condiciones que
acuerde con el Banco de Bogotá.
Sexto.
ORDENAR al Banco de Bogotá que se abstenga de iniciar cualquier tipo de cobro (judicial y/o extrajudicial) en
contra de Yerlin Antonio Burbano Maya, por el crédito de libranza del cual es
deudor, para permitir que el proceso de negociación al que se refiere la orden
anterior culmine y que el actor comience a cumplir con su obligación en los
términos que sean acordados. En caso de que haya iniciado un proceso ejecutivo
para exigir el pago de la suma adeudada por el accionante, dentro de los ocho
(8) días siguientes a la notificación de esta providencia, el Banco de Bogotá
deberá informar sobre la presente Sentencia al juez ordinario que esté
conociendo de dicho proceso, para que se dé por terminado inmediatamente y se
levanten las medidas cautelares que se hayan producido con ocasión de este.
Séptimo.
Por medio de la
Secretaría General de esta Corporación, DEVOLVER al Juzgado Sesenta y Siete (67) Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Bogotá, D.C. el expediente con número de radicación
1100140880672017007900, identificado en la Corte Constitucional con el número
T-6.329.331, correspondiente a una acción de tutela presentada por Yerlin
Antonio Burbano Maya contra Seguros de Vida Alfa S A Vidalfa S A y el
Banco de Bogotá.
Octavo.
Por Secretaría
General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO
RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con
aclaración de voto
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
Con salvamento
de voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
general
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
A LA SENTENCIA T-442/18
SELECCION DE FALLO DE TUTELA PARA REVISION POR LA
CORTE CONSTITUCIONAL-Se
debió declarar improcedente
por incumplimiento del requisito de subsidiariedad (Salvamento de voto)
SELECCION DE FALLO DE TUTELA PARA REVISION POR LA
CORTE CONSTITUCIONAL-Se
desconoció el principio de cosa juzgada (Salvamento de voto)
La Sala no
justificó suficientemente por qué la existencia de un error operativo de la
Corte hace que el principio de cosa juzgada deba ser desconocido.
En segundo lugar, la diferenciación entre selección “formal” y “material”,
que se propone para justificar la revisión material de la segunda acción de
tutela, plantea dificultades, dado que la Sala terminó por revisar los dos
fallos de amparo, lo cual no solamente desconoce el principio de la cosa
juzgada respecto de por lo menos una de ellas, sino que, además, comporta el
traslado de un problema jurídico concluido a otro litigio entre las partes
RETICENCIA O
INEXACTITUD EN EL CONTRATO DE SEGUROS-La relación
inescindible entre la preexistencia y el siniestro no es un requisito para
alegar la reticencia (Salvamento de voto)
La tesis de la mayoría desconoce que la
omisión intencional de aportar información relevante para la aseguradora a
efectos de que esta decida si asume el traslado del riesgo y que ello afecta al
contrato en su origen y no es, por el contrario, una vicisitud o contingencia
de su ejecución
Expediente T-6.364.567. Acción de
tutela instaurada por Yerlin Antonio Burbano Maya contra Seguros de Vida Alfa
S.A. Vidalfa S.A.
Magistrada
Ponente:
DIANA FAJARDO
RIVERA
Con el
acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte, salvo mi voto frente a la
decisión adoptada en la sentencia T-442 de 2018 por las siguientes razones. En primer
lugar, considero que la acción de tutela ha debido ser declarada
improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. En segundo
lugar, la revisión de fondo de la segunda acción de tutela, que no fue
seleccionada para revisión, plantea dificultades desde la perspectiva del
principio de cosa juzgada. En tercer lugar, la existencia de un nexo de
causalidad entre la preexistencia y el siniestro no es un requisito para que
las aseguradoras aleguen la configuración de la reticencia.
1)
La acción de tutela es improcedente
por incumplimiento del requisito de subsidiariedad
El inciso 4º del
artículo 86 de la Constitución y el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591
de 1991, establecen el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, al
señalar que el amparo constitucional es improcedente cuando existan otros
medios de defensa judicial para definir el litigio planteado.
La mayoría de la
Sala afirma que en este caso existen tres controversias entre el accionante y
Vidalfa en torno a la póliza que ampara el crédito de libranza, referidas a (i)
la existencia de una “incapacidad total y permanente”; (ii) el nexo
causal entre las preexistencias y el siniestro; y (iii) los antecedentes de
ansiedad del accionante. El requisito de subsidiariedad exigía que la Sala
analizara si existe un medio ordinario para resolver estos debates, a pesar de
lo cual, únicamente estudió este requisito en el aparte relacionado con los
antecedentes de ansiedad, concluyendo que el accionante no había agotado el
proceso ordinario ante la jurisdicción civil, ni ante la Superintendencia
Financiera[97].
Aunque comparto
esta conclusión, considero que la Sala debió declarar la improcedencia de la
acción de tutela frente a estos temas, o al menos, explicar detalladamente las
razones por las cuales los procedimientos ordinarios no constituyen medios
judiciales idóneos y eficaces para abordarlos.
A mi juicio, en el
análisis de los medios ordinarios de defensa judicial, deben tenerse en cuenta
las reformas legislativas y reglamentarias que se han introducido en los
últimos años a efectos de optimizar los procesos de decisión en la jurisdicción
ordinaria y habilitar a las autoridades administrativas para el ejercicio de
potestades jurisdiccionales.
2)
La revisión de los dos expedientes de
tutela desconoció el principio de cosa juzgada
De acuerdo con
reiterada jurisprudencia de este Tribunal, la decisión de no seleccionar una
sentencia de tutela para revisión implica que ésta haga tránsito a cosa juzgada[98]. En el
presente caso, la mayoría de la Sala concluyó que la cosa juzgada
constitucional no opera respecto del segundo fallo de tutela, debido a que en
casos en los que una sentencia de tutela no haya sido seleccionada por un error
operativo de la propia Corte, la cosa juzgada debe ceder ante la posible
afectación del mínimo vital del accionante.
Concuerdo con la
Sala en que el principio de cosa juzgada no es absoluto, sin embargo, considero
que el establecimiento de una nueva excepción a su configuración no fue
suficientemente motivado, por tanto, discrepo del análisis y de la conclusión
de la sentencia.
En primer lugar,
la Sala no justificó suficientemente por qué la existencia de un error
operativo de la Corte hace que el principio de cosa juzgada deba ser
desconocido. En segundo lugar, la diferenciación entre selección “formal”
y “material”, que se propone para justificar la revisión material de la
segunda acción de tutela, plantea dificultades, dado que la Sala terminó por
revisar los dos fallos de amparo, lo cual no solamente desconoce el principio
de la cosa juzgada respecto de por lo menos una de ellas, sino que, además,
comporta el traslado de un problema jurídico concluido a otro litigio entre las
partes
El complejo
proceso de selección de expedientes a efectos de la revisión de sentencias de
tutela, implica para la Corte la realización de los mejores esfuerzos, a fin de
que dicho trámite se realice con sujeción a sus reglas y se oriente por los
principios que lo gobiernan. Sin embargo, después de que el expediente ha sido
excluido definitivamente de la selección, la Corte tiene que admitir, a menos que
exista una razón absolutamente poderosa, que el asunto ha hecho tránsito a cosa
juzgada. En ello no solo está en juego el principio de seguridad jurídica que
respalda el respeto de dicha figura, sino también la salvaguarda de la
competencia de la Salas de Selección designadas por la Sala Plena.
3)
La relación inescindible entre la
preexistencia y el siniestro no es un requisito para alegar la reticencia
Aun cuando la Sala
de Revisión admite la existencia de asuntos que deben ser ventilados ante la
jurisdicción ordinaria, entra al estudio de fondo de estos temas, señalando,
entre otras cosas, que la aseguradora (Vidalfa) tiene el deber de probar un
elemento objetivo, consistente en la “relación inescindible entre la
condición médica preexistente y el siniestro acaecido”, sobre lo cual
discrepo, pues considero que este análisis desconoce el texto del artículo 1058
del Código de Comercio y, particularmente, los efectos propios de la nulidad
relativa. El referido artículo 1058 establece que la reticencia del tomador
genera la nulidad relativa del seguro por su sola ocurrencia, pues esta norma
no establece como requisito funcional -según lo ha indicado la doctrina más
autorizada- que la reticencia deba tener cierta relación “siquiera tímida o
tenue, con la materialización del riesgo contractual (riesgo asegurado)”[99].
La jurisprudencia
de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, así como las decisiones
arbitrales[100]
y la doctrina especializada[101]
se han pronunciado en igual sentido. Por ejemplo, en sentencia C-232 del 1997
la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de dicha norma, expresando que
la nulidad tiene lugar “por el solo acaecimiento de la inexactitud o
reticencia”. En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia ha indicado
que la nulidad es un vicio originario que afecta la validez del contrato con
efectos retroactivos –ex tunc-, y que se configura concomitantemente a
la celebración del contrato, con independencia de los hechos o siniestros que
ocurran con posterioridad[102].
Entonces, la tesis
de la mayoría desconoce que la omisión intencional de aportar información
relevante para la aseguradora a efectos de que esta decida si asume el traslado
del riesgo y que ello afecta al contrato en su origen y no es, por el
contrario, una vicisitud o contingencia de su ejecución. Por lo tanto,
considero que la Sala no debió exigirle a Vidalfa la prueba del llamado
elemento objetivo como requisito para alegar reticencia.
A partir de todo
lo expuesto, se advierte que en el presente caso el juez constitucional
sobrepasó los límites de sus competencias, puesto que como quedó expuesto,
invadió las atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria, desconoció la
cosa juzgada constitucional modificando radicalmente el objeto del litigio y se
separó injustificadamente de la interpretación pacífica y reiterada sobre el
deber de información en el contrato de seguros. En este sentido, considero que
la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional varió el equilibrio que
debe existir en las relaciones negociales, afectando estructuralmente la
autonomía y la libertad privadas.
Fecha ut
supra,
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
[1] Por medio de auto del 27 de octubre de 2017, la Sala de Selección
Número Diez de 2017, que estuvo integrada por el magistrado Antonio José
Lizarazo Ocampo y la magistrada Diana Fajardo Rivera, escogió para revisión el
expediente de la referencia. Los criterios que motivaron la selección del
expediente fueron los de “desconocimiento de un precedente jurisprudencial”
y “urgencia de proteger un derecho fundamental” (cuaderno de revisión,
folios 20-34).
[2] La acción de tutela, junto con sus anexos, se encuentra en los
folios 1-25 del cuaderno principal. La Sala aclara que el accionante nació el
15 de noviembre de 1978 (folio 6, cuaderno principal).
[3] El accionante allegó copia de la póliza de seguro y esta consta
en los folios 18-20 del cuaderno principal.
[4] Cuaderno de revisión, folios 17-18.
[5] Cuaderno de revisión, folio 331.
[6] Cuaderno de revisión, folio 201.
[7] El formato de solicitud de seguro y certificado individual
firmado por el accionante, junto con las condiciones de la póliza, se
encuentran en los folios 18-20 del cuaderno principal.
[8] El acta de la Junta Médico-Laboral del 10 de mayo de 2016 se
encuentra en los folios 15-17 del cuaderno principal.
[9] Cuaderno de revisión, folios 86-87.
[10] Cuaderno principal, folios 12-14. Cuaderno de revisión, folios
227-249.
[11] Cuaderno principal, folio 12.
[12] Cuaderno principal, folio 12.
[13] Cuaderno de revisión, folio 227.
[14] Cuaderno de revisión, folio 228.
[15] Cuaderno principal, folios 7-11. Cuaderno de revisión, folios
222-226.
[16] El accionante fue retirado del servicio mediante la Resolución
7379 del 11 de noviembre de 2016 expedida por el director general de la Policía
Nacional (cuaderno de revisión, folio 77). Esta entidad le reconoció la pensión
por medio de la Resolución 165 del 8 de febrero de 2017, que expidió el
subdirector general. Además de la pensión, le fueron reconocidas “las
siguientes partidas: 13% prima de retorno a la experiencia, 1/12 parte de la
prima de servicios, 1/12 parte de la prima de vacaciones, subsidio de
alimentación y 1/12 parte de la prima de navidad” (cuaderno de revisión,
folio 78).
[17] La solicitud presentada ante el Banco de Bogotá consta en el
folio 21 del cuaderno principal y tiene fecha 1 de octubre de 2016. La Sala
aclara que el documento no tiene sello u otra evidencia de que el Banco de
Bogotá la haya recibido. Sin embargo, la prueba no fue controvertida.
[18] El 1 de noviembre de 2016, el accionante envió la documentación
que, según indica, un asesor de Vidalfa le informó que debía aportar para
iniciar la reclamación correspondiente (cuaderno principal, folio 23). Tales
documentos fueron enviados a la dirección siniestros@bancodebogota.com.co, que
fue la señalada por el mismo asesor, según se indica en la acción de tutela.
Dado que no recibió respuesta, el 4 de enero de 2017, el señor Burbano radicó
en las oficinas de Vidalfa una petición en la que solicita “ordenar a quien
corresponda para [sic] que realicen [sic] todos los tramites [sic]
tendientes a reconocerme la indemnización ya que hay una póliza firmada con
ustedes” (cuaderno principal, folios 24-25). Esta petición tiene el sello
de recibido de Vidalfa.
[19] La acción de tutela fue conocida por el Juzgado Setenta y Siete
(77) Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, D.C. El
fallo de tutela, proferido el 24 de febrero de 2017, consta en los folios 29-33
del cuaderno principal.
[20] No es claro en qué oportunidad ni de qué manera se hicieron las
mencionadas manifestaciones.
[21] Cuaderno principal, folio 30.
[22] Cuaderno principal, folio 30.
[23] Cuaderno principal, folio 32.
[24] Cuaderno principal, folio 32. Vidalfa debía cumplir tal orden “en
el término de treinta y seis (36) horas” a partir de la notificación de la
sentencia, según se lee en el fallo de instancia.
[25] Llama la atención de la Sala el hecho de que, en algunos
fragmentos del fallo de instancia, incluida la parte resolutoria, se hace
referencia, como si fueran las partes, a terceros que no tienen ningún grado de
involucramiento en el presente caso. Esos terceros parecieran ser partes de
otro proceso de tutela del que conoció la misma autoridad judicial. La Sala
invita a los jueces de instancia a evitar este tipo de descuidos.
[26] Por medio de auto del 26 de septiembre de 2017, la Sala de
Selección Número Nueve de 2017 (conformada por los magistrados José Fernando
Reyes Cuartas y Alejandro Linares Cantillo) resolvió inicialmente no
seleccionar la sentencia que aquí se revisa. El 25 de octubre de 2017, la
Defensoría del Pueblo presentó ante esta Corporación un escrito de insistencia
en el que solicitó a la Corte Constitucional revisar el fallo de tutela del
asunto y describió hechos nuevos ocurridos después del momento en que se dictó
la sentencia de instancia (cuaderno de revisión, folios 4-18). Fue teniendo en
cuenta los argumentos de la Defensoría del Pueblo que la Sala de Selección
Número Diez de 2017 resolvió (i) seleccionar para revisión la sentencia de
tutela dictada en el proceso de la referencia; y (ii) asignarla a la magistrada
ponente.
[27] El escrito mencionado y sus anexos fueron presentados por el
accionante el 12 de diciembre de 2017. Estos documentos constan en los folios
38-50 del cuaderno de revisión.
[28] La Corte le solicitó al señor Burbano que allegara copia de los
siguientes documentos: (i) la segunda acción de tutela presentada contra
Vidalfa el 31 de mayo de 2017, con sus respectivos anexos y pruebas; (ii) los
fallos de primera y de segunda instancia proferidos en el trámite de dicha
acción de tutela; (iii) el contrato suscrito con el Banco de Bogotá en el
momento de adquirir el crédito de libranza el 9 de diciembre de 2015, junto con
otros documentos relevantes relacionados con el préstamo; (iii) extractos del
Banco de Bogotá correspondientes al crédito de libranza; (v) comunicaciones o
avisos del Banco de Bogotá, si existen, en que dicha entidad informa al señor
Burbano sobre la mora en el pago de las cuotas del crédito de libranza; (vi) la
respuesta de Vidalfa a las peticiones del señor Burbano; y (vii) cualquier otro
documento relacionado con la acción de tutela mencionada o con los hechos que
el señor Burbano alega, que considerara relevante poner en conocimiento de la
Corte Constitucional.
[29] La segunda tutela que el accionante interpuso en contra de
Vidalfa fue conocida en primera instancia por el Juzgado Sesenta y Siete (67)
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, D.C. Dicha
autoridad judicial respondió al oficio de la Corte Constitucional mediante
oficios radicados en la Secretaría General de esta Corporación los días 6 y 13
de febrero de 2018. En esta última fecha, el juzgado hizo llegar a la Corte el
expediente de la segunda acción de tutela que el accionante presentó en contra
de Vidalfa y del Banco de Bogotá. Además del expediente original, el juzgado
envió una copia digital que consta en los folios 294 a 306 del cuaderno de
revisión (incluido un CD en el que se encuentra copia del cuaderno de primera
instancia de ese expediente).
[30] Cuaderno de revisión, folios 210-211.
[31] En sede de revisión, la Sala conoció una comunicación de Vidalfa
dirigida al Banco de Bogotá, con fecha 8 de febrero de 2017. En esta se
incluyen en esencia los mismos argumentos contenidos en la respuesta de la
aseguradora al accionante (cuaderno de revisión, folios 81-82).
[32] Esta segunda acción de tutela fue presentada el 31 de mayo de
2017 (cuaderno de revisión, folio 66). El escrito correspondiente consta en los
folios 66-72 del cuaderno de revisión y también en el expediente que
corresponde al trámite de este segundo recurso de amparo, que el juzgado que lo
conoció en primera instancia remitió a la Corte tanto en original como en copia
digital. Esta última se encuentra en un CD a folio 306 del cuaderno de revisión
del expediente de la referencia.
[33] Según indica el accionante, su madre tiene 77 años y su padre, 85 (CD a folio 306 del cuaderno de revisión).
[34] En primera instancia, el Juzgado Sesenta y Siete (67) Penal
Municipal con Función de Control de Garantías, mediante sentencia del 14 de
junio de 2017 (que se encuentra en los folios 107-113 del cuaderno de primera
instancia de esta segunda tutela —disponible a su vez en copia digital a folio
306 del cuaderno de revisión del expediente de la referencia—) consideró que la
acción de tutela era improcedente, pues el accionante puede acudir ante la
jurisdicción ordinaria para tramitar sus pretensiones, mecanismo que, según el
criterio de la autoridad judicial mencionada, resulta idóneo en el presente
caso. Igualmente, dado que el accionante recibe una pensión de invalidez, el
juez consideró que no quedaba acreditado perjuicio irremediable alguno. Como
consecuencia de estas consideraciones, resolvió “no tutelar, [sic] los
derechos fundamentales al mínimo vital, dignidad humana y debilidad manifiesta
de Yerlin Antonio Burbano Maya”. El accionante impugnó este fallo (folios
124-130 del cuaderno de primera instancia —cuaderno de revisión, folio 306—) y
sostuvo que sí existe un perjuicio irremediable en su caso, en la medida que
responde por el sostenimiento de sus padres y por el suyo propio, y su pensión
es insuficiente para cubrir el monto de las cuotas del crédito de libranza que
adquirió con el Banco de Bogotá. Adicionalmente, allegó un nuevo dictamen sobre
su pérdida de capacidad laboral, al que se hace referencia más adelante. En
segunda instancia, el Juzgado Diecisiete (17) Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá, D.C., mediante fallo del 1 de agosto de 2017 (folios
4-10 del cuaderno de segunda instancia del expediente de la segunda acción de
tutela —cuaderno de revisión, folio 306—) confirmó la decisión de primera
instancia e insistió en los argumentos en los que el juzgado de primera
instancia basó su decisión.
[35] Una primera, mediante escrito radicado en la Secretaría General
de la Corte el 12 de diciembre de 2017 (cuaderno de revisión, folios 38-50) y
otras dos, después de que la magistrada ponente profirió el auto de pruebas,
mediante memoriales radicados el 9 (cuaderno de revisión, folios 61-149) y el
16 de febrero de 2018 (cuaderno de revisión, folios 313-318).
[36] Cuaderno de revisión, folio 38.
[37] El accionante allegó un acta de declaración juramentada llevada a
cabo ante el notario 59 del círculo de Bogotá, D.C. el 12 de mayo de 2017, en
la que sostuvo que certificaba que sus padres “vive [sic] y dependen
económicamente de mi [sic] ya que por su mayoría de edad, no laboran, no
son pensionados, no reciben renta o subsidio de ninguna entidad pública ni
privada” (cuaderno de revisión, folio 43). Los extractos que el accionante
aportó al proceso, que constan en el cuaderno de revisión, reflejan para el mes
de septiembre de 2017 un ingreso neto de $482 333.43 (folio 44); para
octubre de 2017, de $481 433.43 (folio 45); para diciembre de 2017, de
$525 520.32 (folio 137); y para enero de 2018, de $526 270.32 (folio
138).
[38] El actor puso en conocimiento de la
magistrada ponente copia de un dictamen de una nueva Junta Médico-Laboral de la
Policía Nacional que se reunió el 1 de junio de 2017 y que estudió una serie de
conceptos médicos de dermatología, optometría y audiología y una radiografía de
columna dorsolumbar, que no se refieren a las patologías ya estudiadas por las
dos juntas anteriores que se han mencionado en esta providencia. Con base en
sus hallazgos, la Junta concluyó que el accionante, para la fecha del dictamen,
tenía una disminución de la capacidad laboral “actual” del diecinueve
con sesenta por ciento (19.60 %), que sumada a la ya establecida del
53.20 %, llevó a que la Junta estableciera una pérdida total del setenta y
dos con ochenta por ciento (72.80 %). Esta Junta resumió las
calificaciones de las dos juntas anteriores e indicó que la primera, llevada a
cabo el 18 de noviembre de 2014, determinó una disminución de la capacidad
laboral (“DCL”) del 0 %, y que la segunda, que tuvo lugar el 10 de
mayo de 2016, calificó la pérdida de capacidad laboral del actor en
53.20 % (cuaderno de revisión, folios 41-42).
[39] Cuaderno de revisión, folio 62.
[40] La comunicación del Banco de Bogotá se encuentra a folio 134 del
cuaderno de revisión y la captura de pantalla, a folio 136 del mismo cuaderno.
[41] La respuesta de Vidalfa consta en los folios 199-255 del cuaderno
de revisión. Fue presentada por su apoderado general para asuntos judiciales.
[42] Esto lleva a la aseguradora a sostener que el accionante faltó “a la verdad en la suscripción por Reticencia” (énfasis en el original).
[43] El Banco de Bogotá no respondió originalmente al Auto de pruebas
que profirió la Magistrada Ponente el 29 de enero de 2018. Por consiguiente, la
Sala procedió a requerir a dicha entidad por medio de Auto emitido el 21 de
febrero del mismo año. El Banco de Bogotá radicó su respuesta en la Secretaría
General de la Corte Constitucional el 13 de marzo de 2018 y el escrito fue
recibido en el despacho de la Magistrada Ponente el 14 de marzo. El escrito lo
firma un(a) funcionario(a) de la Gerencia de Soporte Postventa cuyo nombre no
aparece en el documento. Dicha respuesta se encuentra en los folios 327-341 del
cuaderno de revisión.
[44] Decreto 663 de 1993, “por medio del cual se actualiza el
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración”.
[45] Cuaderno de revisión, folios 61-64.
[46] Cuaderno de revisión, folio 62.
[47] Cuaderno de revisión, folio 62.
[48] Cuaderno de revisión, folio 62.
[49] Cuaderno de revisión, folio 62.
[50] Cuaderno de revisión, folios 4-18.
[51] El artículo 52 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional
establece una serie de criterios orientadores del proceso de selección de
expedientes de tutela para revisión. Dicha disposición aclara que estos
criterios aplican “sin perjuicio del carácter discrecional de la selección
de fallos de tutelas” y los clasifica en objetivos, subjetivos y
complementarios.
[52] Auto del 27 de octubre de 2017 (cuaderno de revisión, folios
20-34).
[53] La primera acción de tutela, cuyo expediente fue seleccionado para
revisión en esta providencia, se dirigió únicamente contra Vidalfa. La segunda,
como se explicó arriba, fue presentada contra Vidalfa y el Banco de Bogotá.
[54] El artículo mencionado del Decreto 2591 de 1991, que reglamenta la
acción de tutela, al definir las consecuencias de la actuación temeraria,
dispone que “cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de
tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios
jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las
solicitudes”.
[55] Sentencia SU-1219 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa, SV Clara
Inés Vargas Hernández). En esta sentencia, la Corte estableció que “la
decisión de la Corte Constitucional consistente en no seleccionar para revisión
una sentencia de tutela tiene como efecto principal la ejecutoria formal y
material de esta sentencia, con lo que opera el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional. Salvo la eventualidad de la anulación de dicha sentencia por
parte de la misma Corte Constitucional de conformidad con la ley, la decisión
de excluir la sentencia de tutela de la revisión se traduce en el
establecimiento de una cosa juzgada inmutable y definitiva. De esta forma se
resguarda el principio de la seguridad jurídica y se manifiesta el carácter de
la Corte Constitucional como órgano de cierre del sistema jurídico”. Esta
misma postura ha sido defendida, por ejemplo, entre muchas otras, en la
sentencia T-1204 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) y más recientemente en
la T-286 de 2018 (MP José Fernando Reyes Cuartas).
[56] Sentencia SU-1219 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa, SV Clara
Inés Vargas Hernández).
[57] Ver la sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), en la
que se sintetizan, por un lado, los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y, por otro, sus causales
especiales de procedibilidad.
[58] Sentencia T-175 de 1994 (MP Antonio Barrera Carbonell). Esta
interpretación es la que ha permitido que la Corte reconozca la procedencia excepcional
de la acción de tutela contra providencias judiciales. En la sentencia
mencionada, este Tribunal señaló que, cuando estén en juego derechos
fundamentales, “procede la tutela contra sentencias que sean el resultado de
una ‘vía de hecho’, lo cual ocurre cuando el juez la adopta contrariando
ostensiblemente el contenido y voluntad de la ley o desconociendo ritualidades
cuya observancia consagran una garantía del derecho de defensa de las partes en
el proceso. La cosa juzgada como resultado de una vía de hecho, pierde su valor
de decisión intangible y poco vale como cosa juzgada”.
[59] Ver, por ejemplo, el auto 232 de 2001 (MP Jaime Araujo Rentería),
en el que la Corte estableció que “en aras de conservar valores
fundamentales del derecho tales como la justicia, el bien común y la seguridad
jurídica que sirven de sustento a instituciones jurídicas existentes
en nuestro ordenamiento, tales como, la caducidad, la prescripción, la cosa
juzgada, etc., es que considera necesario esta Sala determinar la oportunidad
procesal en que los ciudadanos pueden acudir a ésta Corporación cuando se
considere que con sus decisiones se vulnera el debido proceso” (énfasis
añadido). Igualmente, la Sala Plena consideró “que es indispensable por
motivos de interés general, precisar el término dentro del cual debe proponerse
dicha nulidad, pues de lo contrario se estaría frente a una situación
indefinida en el tiempo, quedando al arbitrio de las partes el invocarla en
cualquier época, circunstancia que genera incertidumbre entre los asociados,
inseguridad jurídica en los destinatarios de los fallos judiciales y,
más importante aún, implica desconocimiento del régimen que corresponde al
debido proceso que en materia constitucional se aplica al trámite de las
solicitudes de tutela. A más de que dicha situación atentaría contra los
principios de: efectividad del derecho objetivo, celeridad en los trámites,
certeza y firmeza de las decisiones, y cosa juzgada que, entre otros,
deben orientar y estar presentes en el ordenamiento jurídico procesal propio de
un Estado de Derecho” (énfasis añadido). Esta postura se ha defendido en
autos como los siguientes, en los que se decidieron solicitudes de nulidad: 033
de 1995 (MP José Gregorio Hernández Galindo), 022A de 1998 (MP Vladimiro Naranjo
Mesa), 315 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), 037 de 2003 (MP Rodrigo
Escobar Gil), 162 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil, AV Jaime Araújo Rentería),
180 de 2004 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), 117 de 2005 (MP Clara Inés Vargas
Hernández) y 186 de 2005 (MP Álvaro Tafur Galvis).
[60] Sentencia T-951 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[61] Ver, entre muchas otras, las sentencias T-104 de 2007 (MP Álvaro
Tafur Galvis), T-951 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-373 de 2014 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva), SU-627 de 2015 (MP Mauricio González Cuervo, AV
María Victoria Calle Correa, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio
Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, SV Alberto Rojas Ríos) y T-286 de 2018
(MP José Fernando Reyes Cuartas).
[62] Artículo 241 de la Constitución Política.
[63] De acuerdo con el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, que
reglamenta el ejercicio de la acción de tutela, “cualquier magistrado de la
Corte, o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de
tutela excluido por éstos cuando considere que la revisión puede aclarar el
alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave”. El artículo 57 del
Reglamento Interno de la Corte Constitucional (Acuerdo 02 de 2015) establece
que tales solicitudes mediante las que se insiste en la selección de una
sentencia ya descartada pueden ser presentadas “dentro de los quince (15)
días calendario siguientes a la fecha de notificación por estado del auto de la
Sala de Selección”.
[64] Esto es lo que indica la Resolución 165 del 8 de febrero de 2017
expedida por el subdirector general de la Policía Nacional, que le reconoció la
pensión de invalidez al accionante (cuaderno de
revisión, folio 78). El actor afirma que, en el momento
en que presentó la segunda acción de tutela, la cuota mensual que le
correspondía pagar al Banco de Bogotá ascendía a $740 000
y su mesada pensional mensual era de $897 000.
[65] De acuerdo con el Decreto 2269 de 2017, el salario mínimo legal
mensual vigente para 2018 es de $781 242.
[66] La protección especial de los sujetos mencionados ha sido
reconocida, entre otras, en sentencias tales como las siguientes: T-443 de 2017
(MP Iván Humberto Escrucería Mayolo, AV Alberto Rojas Ríos) y T-008 de 2018 (MP
Alberto Rojas Ríos). En específico, la Corte ha reconocido el carácter
particular que esta protección adquiere en el caso de miembros de la fuerza
pública en sentencias como la T-516 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub)
y la T-717 de 2017 (MP Diana Fajardo Rivera, AV Carlos Bernal Pulido). Esta
última interpretación se deriva de jurisprudencia más temprana en la que esta
Corporación ha resaltado que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la
Policía Nacional son “personas que por la naturaleza de sus funciones y
debido a las actividades que diariamente ejecutan, afrontan riesgos permanentes
para su vida e integridad personal y que frecuentemente sufren lesiones
severas, en muchos casos irreversibles. La sociedad y el Estado tienen entonces
un compromiso particular, pues se trata de garantizar y prestar el servicio de
seguridad social, a quienes de manera directa actúan para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades” (sentencia T-1197 de 2001, MP Rodrigo Uprimny
Yepes).
[67] Véanse, por ejemplo, las sentencias T-832 de 2010 (MP Nilson
Pinilla Pinilla), T-751 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa), T-720 de 2013
(MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-222 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva), T-830 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-007 de 2015 (MP Jorge
Iván Palacio Palacio), T-393 de 2015 (MP Myriam Ávila Roldán), T-282 de 2016
(MP Gloria Stella Ortiz Delgado) y T-676 de 2016 (MP Alejandro Linares
Cantillo).
[68] Cuaderno principal, folios 15-17.
[69] Artículo 28.
[70] Cuaderno principal, folios 18-20.
[71] Cuaderno principal, folios 18-20.
[72] Sentencia T-282 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[73] Véanse las sentencias T-720 de 2013 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, SV Luis Guillermo Guerrero Pérez) y T-282 de 2016 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado). Sobre la carga de la prueba en el contrato de seguro, véase,
por ejemplo la sentencia T-222 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[74] Sentencia T-282 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[75] Cuaderno de revisión, folios 86-87.
[76] Cuaderno principal, folio 12.
[77] Véanse, por ejemplo, las sentencias T-570 de 2015 (MP Luis
Guillermo Guerrero Pérez, AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-058 de 2016
(MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, AV Alejandro Linares Cantillo y Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo), T-501 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, AV
Alejandro Linares Cantillo y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-676 de 2016
(MP Alejandro Linares Cantillo).
[78] Ley 1564 de 2012.
[79] Ley 1480 de 2011.
[80] El parágrafo 3 del artículo 390 del Código General del Proceso
establece que “los procesos que versen sobre violación a los deberes de los
consumidores establecidos en normas generales o especiales, con excepción de
las acciones populares y de grupo, se tramitarán por el proceso verbal o por el
verbal sumario, según la cuantía, cualquiera que sea la autoridad
jurisdiccional que conozca de ellos”.
[81] Numeral 2 del artículo 24 del Código General del Proceso.
[82] Sentencia T-660 de 2017 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, AV
Antonio José Lizarazo Ocampo).
[83] Véanse, entre muchas otras, las sentencias T-302 de 1993 (MP
Hernando Herrera Vergara), T-378 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-117 de
1995 (MP José Gregorio Hernández Galindo), T-203 de 1996 (MP Vladimiro Naranjo
Mesa), T-345 de 1997 (MP José Gregorio Hernández Galindo), T-210 de 1998 (MP
Fabio Morón Díaz), T-1012 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett), T-514 de
2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-052 de 2013 (MP Nilson Pinilla
Pinilla) y T-724 de 2017 (MP Antonio José Lizarazo Ocampo).
[84] La Corte ha entendido que procede la acción de tutela para reclamar
el pago de la indemnización correspondiente a una póliza de seguro de vida o de
accidentes personales, por ejemplo, en las sentencias T-832 de 2010 (MP Nilson
Pinilla Pinilla), T-1018 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-751 de 2012 (MP
María Victoria Calle Correa), T-342 de 2013 (MP Nilson Pinilla Pinilla, AV
Alberto Rojas Ríos), T-222 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-316 de
2015 (MP María Victoria Calle Correa, SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez), entre
múltiples otras providencias.
[85] Las facultades extra y ultra petita del juez de
tutela han sido reconocidas por esta Corporación en sentencias tales como las
siguientes: T-310 de 1995 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), T-450 de 1998 (MP
Alfredo Beltrán Sierra), T-886 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-794
de 2002 (MP Alfredo Beltrán Sierra), T-610 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra), SU-484 de 2008 (MP Jaime Araújo Rentería), SU-195 de 2012 (MP Jorge
Iván Palacio Palacio, SPV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-634 de 2017 (MP
Cristina Pardo Schlesinger).
[86] De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Política, “Colombia
es un Estado social de derecho organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y
en la prevalencia del interés general” (énfasis añadido).
[87] Sentencia T-520 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[88] La Corte Constitucional ha ordenado la aplicación de este tipo de
remedios en sentencias como las que se describen a continuación, en las que han
sido analizados casos similares al estudiado en la presente providencia. En la
sentencia T-857 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), la Corte ordenó
que, en el evento en que la pérdida de capacidad laboral que le fuera
dictaminada al accionante no fuera suficiente para activar la póliza, el banco
con el que el demandante había adquirido el crédito acordara con este último “una
reestructuración de su crédito”. Igualmente, en las sentencias T-328A de
2012 (MP Mauricio González Cuervo, SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-058
de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, AV Alejandro Linares Cantillo y
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-463 de 2017 (MP Cristina Pardo
Schlesinger, AV Alberto Rojas Ríos y SV Iván Humberto Escrucería Mayolo), en
las que la Corte, por distintas razones relacionadas con los casos específicos,
negó el amparo o declaró improcedente la acción de tutela contra una compañía
aseguradora, se ha ordenado a los bancos involucrados la renegociación o
reajuste del crédito, tras encontrar derechos fundamentales afectados. En la
sentencia T-662 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), por su parte, la Corte
concedió el amparo y ordenó que la aseguradora pagara el monto del crédito y,
adicionalmente, que el banco involucrado se abstuviera de iniciar cualquier
cobro. En caso de que se hubiese emprendido ya algún proceso judicial, la Corte
ordenó “al juez de conocimiento dar por terminado inmediatamente cualquier
tipo de proceso y levantar las medidas cautelares que se hayan producido con
ocasión del mismo”. Otras órdenes de esta clase se encuentran también en
providencias en las que este Tribunal ha conocido de casos en que víctimas de
la violencia (de secuestro o desplazamiento forzado, especialmente) se han
visto en situaciones análogas frente a créditos que han adquirido. Ver, en este
sentido, por ejemplo, las sentencias T-358 de 2008 (MP Nilson Pinilla Pinilla),
T-312 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-207 de 2012 (MP Juan
Carlos Henao Pérez).
[89] Según el artículo 335 de la Constitución Política, “las
actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con
el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que
se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público
y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley,
la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y
promoverá la democratización del crédito”. Por un lado, con base en la
norma citada, la Corte ha llamado la atención sobre el carácter de interés
público de las actividades que realizan las entidades que hacen parte del
sistema financiero y asegurador. De esta manera, esta Corporación ha entendido
que, dado que sus operaciones involucran la captación de recursos del público,
constituyen una manifestación de un servicio público. En este sentido, véanse,
por ejemplo, las sentencias de revisión de tutelas T-057 de 1995 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz, AV Carlos Gaviria Díaz), T-661 de 2001 (MP Jaime Córdoba
Triviño), T-847 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-738 de 2011 (MP
Mauricio González Cuervo), T-662 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-058
de 2014 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-007 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio), T-501 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, AV Alejandro Linares
Cantillo y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-676 de 2016 (MP Alejandro
Linares Cantillo) y T-400 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos). La Sala Plena de la
Corte también se ha pronunciado en ese sentido en sentencias tales como la
C-378 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio, SV Humberto Antonio Sierra Porto)
y la C-640 de 2010 (MP Mauricio González Cuervo). Con respecto a la actividad
de las compañías aseguradoras, específicamente, la Sala Plena de la Corte
Constitucional comenzó a emitir pronunciamientos de fondo sobre su condición de
servicios de interés público en las sentencias C-232 de 1997 (MP Jorge Arango
Mejía, AV Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-269 de 1999 (MP Martha Victoria Sáchica
de Moncaleano, AV Eduardo Cifuentes Muñoz). Por otro lado, esta Corporación ha
considerado que el recurso de amparo procede contra las entidades del sistema
mencionado, dado que tienen una posición dominante en su relación con sus
usuarios y clientes, quienes se encuentran en una situación de indefensión
frente a las primeras. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias T-118
de 2000 (MP José Gregorio Hernández Galindo), T-661 de 2001 (MP Jaime Córdoba
Triviño), T-1085 de 2002 (MP Jaime Araujo Rentería), T-323 de 2003 (MP Alfredo
Beltrán Sierra), T-608 de 2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-863 de 2005
(MP Álvaro Tafur Galvis), T-517 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-136
de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-222 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva), T-316 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa, SPV Luis Guillermo
Guerrero Pérez), T-570 de 2015 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, AV Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo) y T-676 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo). De
esta manera, se concluye que la acción de tutela contra entidades del sistema
financiero y asegurador resulta procedente, en la medida que queda cubierta por
dos de los casos en las que procede el recurso de amparo contra acciones u
omisiones de particulares, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución
Política y los numerales 3 y 9 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
[90] El artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho
fundamental de petición y establece que “toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución”. Igualmente,
faculta al Legislador para “reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales”. En virtud de esta
norma, la Corte Constitucional ha protegido de manera reiterada el derecho de
petición cuando una autoridad no responde de fondo y de manera oportuna una
solicitud de una persona. Ahora bien, la Ley 1755 de 2015 reguló el derecho de
petición, en general, y su ejercicio ante organizaciones e instituciones
privadas, en particular. La Sala Plena de la Corte Constitucional se pronunció
sobre la constitucionalidad de dicha ley estatutaria mediante la sentencia
C-951 de 2014 (MP Martha Victoria Sáchica Méndez). No obstante, desde antes de
su promulgación, la Corte ha entendido que, en determinadas circunstancias,
este derecho se debe proteger con respecto a solicitudes presentadas frente a
particulares. Véanse, entre muchas otras, las sentencias T-507 de 1993 (MP
Alejandro Martínez Caballero), T-126A de 1994 (MP Hernando Herrera Vergara),
T-529 de 1995 (MP Fabio Morón Díaz), T-105 de 1996 (MP Vladimiro Naranjo Mesa),
T-165 de 1997 (MP José Gregorio Hernández Galindo), T-391 de 1998 (MP Fabio
Morón Díaz), T-306 de 1999 (MP Martha Victoria Sáchica Méndez), SU-166 de 1999
(MP Alejandro Martínez Caballero), T-295 de 2000 (MP Alfredo Beltrán Sierra),
T-730 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-111 de 2002 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), T-215 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-275 de 2005 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto), T-345 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-051 de
2007 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-707 de 2008 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), T-425 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-268 de 2013 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-903 de 2014 (MP Luis
Guillermo Guerrero Pérez). Naturalmente, una vez la ley mencionada fue
promulgada, la Corte ha continuado reiterando la línea jurisprudencial en
comento, por ejemplo, en la sentencias T-430 de 2017 (MP Alejandro Linares
Cantillo), T-451 de 2017 (MP Carlos Bernal Pulido), T-477 de
2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), T-487 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos) y
T-333 de 2018 (MP Diana Fajardo Rivera, SV Alejandro Linares Cantillo).
[91] En el marco de la línea mencionada, la jurisprudencia constitucional
ha reconocido que el derecho de petición se puede ejercer frente a
particulares, entre otros escenarios, (i) cuando la petición se presenta para
la garantía o ejercicio de otro derecho fundamental (ver, por ejemplo, las
sentencias T-105 de 1996, MP Vladimiro Naranjo Mesa; T-374 de 1998, MP José
Gregorio Hernández Galindo; SU-166 de 1999, MP Alejandro Martínez Caballero;
T-268 de 2013, MP Jorge Iván Palacio Palacio, SV Nilson Pinilla Pinilla; y
T-919 de 2014, MP Martha Victoria Sáchica Méndez); (ii) cuando la persona que
presenta la solicitud se encuentra en una situación de indefensión frente a la
entidad a quien la dirige (ver, por ejemplo, las sentencias T-498 de 1994, MP
Eduardo Cifuentes Muñoz; T-368 de 1998, MP Fabio Morón Díaz; y T-163 de 2002,
MP Jaime Córdoba Triviño); y (iii) cuando la organización o institución privada
tiene una posición dominante (ver, por ejemplo, la sentencia T-345 de 2006, MP
Manuel José Cepeda Espinosa). Estas reglas, además, fueron sistematizadas por
la Sala Plena de esta Corporación al estudiar la Ley 1755 de 2015 en la
sentencia C-951 de 2014 (MP Martha Victoria Sáchica Méndez), a la que se hizo
referencia anteriormente. Esta ley estatutaria, por su parte, no solo establece
en su artículo 32 que “toda persona podrá ejercer el derecho de petición
para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o
sin personería jurídica”; sino que también en el parágrafo 1 del mismo
artículo extiende esta posibilidad a solicitudes que se presentan ante personas
naturales, al disponer que “este derecho también podrá ejercerse ante
personas naturales cuando frente a ellas el solicitante se encuentre en
situaciones de indefensión, subordinación o la persona natural se encuentre
ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario”. La
Corte ha aclarado que el hecho de que uno de los parágrafos de la norma que
reconoce el ejercicio del derecho de petición ante particulares establezca
estas condiciones para la presentación de solicitudes ante personas naturales
no puede ser interpretado en el sentido de que “si una persona tiene una
relación de subordinación o indefensión con una persona jurídica, o en caso de
que esa persona jurídica ejerza posición dominante, el afectado no pueda acudir
al derecho de petición” (sentencia T-726 de 2016, MP Alejandro Linares
Cantillo, SV Gloria Stella Ortiz Delgado; esta providencia fue reiterada en la
sentencia T-430 de 2017, MP Alejandro Linares Cantillo). Esta posibilidad ha
sido reconocida, como se ha explicado, desde antes de la expedición de la ley
que reguló el derecho fundamental de petición.
[92] La Sala verifica que la persona que instauró la acción de tutela
podía interponerla. Yerlin Antonio Burbano Maya considera que sus derechos
fundamentales fueron vulnerados e interpuso el recurso de amparo en nombre
propio. Igualmente, la Corte encuentra que la acción se presentó contra la
persona o entidad que supuestamente vulneró los derechos del accionante y que
el demandante podía dirigirla contra esta, pues a pesar de que Vidalfa es un particular,
de acuerdo con la jurisprudencia que aquí se ha reiterado, las entidades del
sistema financiero y asegurador (i) desarrollan actividades de interés público,
que pueden implicar manifestaciones de un servicio público; y (ii) tienen una
posición dominante frente a sus usuarios y clientes, quienes están en una
situación de indefensión frente a ellas. Además, la Sala considera que la
acción de tutela fue interpuesta en un término razonable. El accionante
presentó las solicitudes para el pago de la póliza a Vidalfa y al Banco de
Bogotá entre octubre y noviembre de 2016. Ante la falta de respuesta, interpuso
la acción de tutela el 10 de febrero de 2017. Esta Corporación entiende,
entonces, que el demandante ha actuado de manera oportuna frente a los hechos
que aquí se estudian. Finalmente, este Tribunal estima que, en el presente
caso, la acción de tutela es un medio idóneo y eficaz para exigir la garantía
de los derechos fundamentales de la persona que la instauró, pues no existe en
el sistema jurídico otro mecanismo judicial para reclamar el cumplimiento del
derecho de petición.
[93] Como se establece en la sentencia T-430 de 2017 (MP Alejandro
Linares Cantillo), esta Corporación ha entendido reiteradamente que el núcleo
esencial del derecho de petición está conformado por tres elementos: “(i) la
posibilidad de formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la
resolución dentro del término legal y la consecuente notificación de la
respuesta al peticionario”.
[94] Los términos de esta orden han sido establecidos con base en las
que fueron impartidas en sentencias como las siguientes. En la T-328A de 2012
(MP Mauricio González Cuervo, SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), la Corte
incluyó la siguiente orden: “ORDÉNASE al Banco GNB Sudameris, iniciar dentro
de los 5 días siguientes a la notificación de esta sentencia, en caso de que el
accionante manifieste su disposición para hacerlo, un proceso de negociación
orientado a establecer un acuerdo con el accionante de manera tal que las
condiciones anteriores, presentes y futuras del cobro del crédito se ajusten a
la situación en la que actualmente se encuentra y a su capacidad de pago. Tal
entidad deberá proponerle al accionante, alternativas de refinanciación y
renegociación exponiendo detalladamente y de forma comprensible su alcance y
efectos. La Superintendencia Financiera así como el Defensor del Consumidor
Financiero de la entidad bancaria deberán acompañar el proceso de negociación
con el propósito de que las condiciones establecidas obedezcan a una adecuada
gestión del riesgo crediticio y tomen en consideración las diferentes variables
que, atendiendo la situación del accionante, puedan resultar relevantes”.
Por su parte, en la T-058 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, AV Alejandro
Linares Cantillo y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), la Corte ordenó al banco
involucrado en ese caso “que dentro de los quince (15) días siguientes a la
notificación de esta providencia, se reúna con la señora Jacqueline Hernández
Herrera, con el propósito de informarle sobre las nuevas condiciones a las
cuales se sujetaría el contrato de mutuo No. 00130960009600127264, en los
términos dispuestos en la parte motiva de esta providencia. || Para ello
deberá explicarle lo que dicha modificación implica en términos de plazos,
intereses y monto total a pagar. Las nuevas condiciones sólo serán exigibles
bajo el supuesto de que la accionante manifieste su consentimiento en ese
sentido. Por lo demás, durante la realización de este proceso, la actora deberá
estar acompañada por el Defensor del Consumidor Financiero de la citada entidad
bancaria, con el propósito de cumplir con los fines dispuestos en el numeral
3.6.4 de esta providencia”.
[95] Adicional a las órdenes que se incluyeron como ejemplos en la nota
al pie de página anterior, este tipo de remedio ha sido ordenado, por ejemplo,
en la sentencia T-463 de 2017 (MP Cristina Pardo Schlesinger, SV Iván Humberto
Escrucería Mayolo), en los siguientes términos: “ORDENAR al Banco Citibank –
Colombia S.A., que dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación
de esta providencia, se reúna con el señor José, con el propósito de informarle
sobre las nuevas condiciones a las cuales se sujetarían la Tarjeta de Crédito
MasterCard No. xxx y la cuenta corriente No. xxx, en los términos dispuestos en
la parte motiva de esta providencia. || Para ello deberá explicarle lo
que dicha modificación implica en términos de plazos, intereses y monto total a
pagar. Las nuevas condiciones sólo serán exigibles bajo el supuesto de que el
accionante manifieste su consentimiento en ese sentido. Por lo demás, durante
la realización de este proceso, el accionante deberá estar acompañado por el
Defensor del Consumidor Financiero de la citada entidad bancaria”.
[96] Para la redacción de esta orden se tuvo en cuenta la siguiente, que
fue impartida en la sentencia T-662 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva): “Ordenar
al Banco BCSC abstenerse de iniciar cualquier tipo de cobro (judicial y/o
extrajudicial) en contra de la Señora Mery Montoya de González por el crédito
hipotecario del cual es deudora, el cual deberá cubrir la aseguradora Liberty
Seguros S.A. En caso de haber iniciado algún trámite judicial, se ordena al juez
de conocimiento dar por terminado inmediatamente cualquier tipo de proceso y
levantar las medidas cautelares que se hayan producido con ocasión del mismo,
de conformidad con la parte considerativa de este fallo”.
[97] Código
General del Proceso, art. 24 (2) y art. 57 ley 1480 de 2011.
[98] Este punto es reconocido por la mayoría de la Sala en la página 13
de la sentencia.
[99] Carlos Ignacio Jaramillo, Derecho de Seguros, Tomo II,
Editorial Temis, 2011, pág. 672.
[100] Laudo Arbitral, Empresa Colombiana de Vías Férreas Ferrovías en
Liquidación vs. Seguros del Estado S.A., del 20 de marzo de 2007.
[101]Al respecto señala, Efrén Ossa señala que entre la declaración del
tomador y el consentimiento del asegurado debe existir una relación causal. Sin
embargo “ello no significa, en ningún caso, como algunos lo han pretendido,
que la sanción [nulidad] solo sea viable jurídicamente en la medida en que el
hecho o circunstancias falseados, omitidos o encubiertos se identifiquen como
causas determinantes del siniestro”. En adición a ello ha indicado: “Que,
ocurrido o no, proveniente de una u otra causa, de una magnitud u otra, es
irrelevante desde el punto de vista de la formación del contrato. El contrato
existe o no, es válido o no, dependiendo, en todo caso de circunstancias concomitantes,
al momento de su celebración (el riesgo, entre ellas, debidamente declarado,
como vicio sucesorio, el consentimiento del asegurador exento de vicios) y no
del siniestro mismo hecho realidad.” Efrén Ossa, Teoría General del
Contrato de Seguro, Temis, 1991, Vol II, pág. 336.
[102] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 1
de junio de 2007, M.P., Ruth Marina Díaz: “(…) no puede el intérprete hacer distingos, observándose que el
vicio se genera independientemente de que el siniestro finalmente no se
produzca como consecuencia de los hechos significativos, negados u ocultados
por quien tomó el seguro”. Ver también, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
Sentencia del 19 de diciembre de 2005.