T-588-00
Sentencia T-588/00
Sentencia
T-588/00
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias
laborales/DERECHO AL MINIMO VITAL DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Pago
oportuno de mesadas pensionales
DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Asunción
de atención médica por municipio por falta de afiliación a EPS
Aún cuando en el presente caso los actores no aportaron pruebas que
confirmaran su delicado estado de salud (uno de ellos con cáncer y otro  con
continuas convulsiones), el ente demandado, en el oficio dirigido al juez de
instancia, tampoco dió cuenta de los descuentos que presuntamente hizo a los
actores y de los aportes que en consecuencia debió transferir al Sistema
General en Salud. Por lo tanto, y de conformidad a lo establecido por el
artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, se tendrán por ciertos los hechos
expuestos por los demandantes en éste sentido y se ordenará al Municipio asumir
de manera directa la prestación de los servicios médicos requeridos por los
demandantes y sus beneficiarios, hasta tanto  haya efectuado la correspondiente
afiliación a una E.P.S., libremente escogida por los demandantes.
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia:
expediente T-279563
Acción de tutela
instaurada por Eduardo Enrique Berdugo Patiño y Adelfa Soñeth de Sarmiento
contra el Tesorero del Municipio de Sabanalarga (Atlántico).
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR
GALVIS
Santa Fe de Bogotá,
D.C., a los dieciseis (16) días del mes de mayo de dos mil (2000).
La Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, en particular las previstas contenidas en los
artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de
revisión del fallo proferido por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de
Sabanalarga (Atlántico), al resolver sobre la acción de tutela instaurada por
Eduardo Enrique Berdugo Patiño y Adelfa Soñeth de Sarmiento contra el Tesorero
del Municipio de Sabanalarga (Atlántico).
I.
ANTECEDENTES.
1. Hechos.
Mediante
apoderado judicial, los demandantes Eduardo Enrique Berdugo Patiño y Adelfa
Soñeth de Sarmiento señalan que les fue reconocida su pensión de jubilación
mediante resoluciones No. 092 y 068 del 30 de septiembre y 22 de julio de 1999.[1] Si
bien adquirieron el  derecho a dicha prestación laboral, el Tesorero Municipal
se ha negado a cancelarles las mesadas correspondientes.[2]
Los demandantes,
nunca fueron afiliados por el municipio de Sabanalarga a una entidad prestadora
de servicios de salud, y aún así de sus mesadas pensionales se hicieron los
correspondientes descuentos por aportes. A pesar  de encontrarse enfermos, pues
uno de ellos padece de cáncer y el otro sufre frecuentes convulsiones, no han
recibido atención médica alguna, al igual que su respectivos cónyuges.
Ante tal
situación, consideran violados sus derechos fundamentales a la vida, al mínimo
vital y a la seguridad social y solicitan del ente accionado la cancelación de
lo adeudado, así como la vinculación a una empresa prestadora de salud.
2. Sentencia objeto
de revisión.
El Juzgado
Promiscuo del Circuito de Sabanalarga (Atlántico), en sentencia del 4 de noviembre
de 1999, resolvió negar la tutela. Consideró el juez de instancia que para
obtener el efectivo pago de las mesadas retroactivas, los actores cuentan con
la acción ejecutiva laboral, y además, no se intuye perjuicio irremediable
alguno, puesto que los demandantes se encuentran incluidos en nómina para la
cancelación de sus mesadas.
En cuanto a la
protección del derecho a la seguridad social, observó el a quo que el
cónyuge de la señora Adelfa Soñeth de Sarmiento, es beneficiario de Saludcoop,
tal y como consta en la autorización de servicios No. 4882793. En cuanto a la
esposa del señor Berdugo Patiño, si bien ella fue atendida por un médico
particular, ha de tenerse en cuenta que según lo dicho por el artículo 157 de
la Ley 100 de 1993, “los pensionados y jubilados deben afiliarse al sistema
de seguridad social en salud mediante las normas del régimen contributivo, pero
necesariamente deben escoger libremente la EPS. En otras palabras, corresponde a
los accionantes en su calidad de jubilados elegir sin coacción o intromisión
alguna la entidad prestataria de los servicios de salud y no el municipio de
Sabanalarga, lo cual implica entregar toda la documentación requerida para que
sea extendido a sus núcleos familiares. Si ya los jubilados - accionantes
cumplieron con esas requisitorias y el municipio de Sabanalarga no ha girado
oportunamente las cotizaciones a la entidad de seguridad social
correspondiente, en el evento de requerir atención médica y hospitalaria el
empleador deberá asumir todos los gastos necesarios para eliminar la real
amenaza contra la salud y la vida.”
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE.
1. Competencia.
De conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1.991, la Corte Constitucional es competente para revisar las
decisiones judiciales mencionadas.
2. Procedencia
excepcional de la acción de tutela para el pago de acreencias laborales.
Protección especial al mínimo vital.
En
lo referente al pago de mesadas legalmente adeudadas, ésta Corporación ha
venido sosteniendo que la acción de tutela es procedente, cuando con la no
cancelación del monto de la pensión reconocida se esté vulnerando o poniendo en
peligro el derecho a la vida o a la salud de personas de la tercera edad que se
encuentran en estado de debilidad manifiesta, o cuando se ve afectado el mínimo
vital y las condiciones de vida digna de quienes acuden a este mecanismo
excepcional.
Sobre la necesidad del pago completo de las
mesadas pensionales, y el perjuicio que causa la demora en la cancelación de
las mismas, la sentencia T-126 de 2000, Magistrado Ponente José Gregorio
Hernández Galindo, dijo lo siguiente:
“La mesada
pensional es una fuente de manutención, una forma de asegurar dignamente el
estado de sobrevivencia, como lo ha considerado la doctrina constitucional,
cuando ha precisado que el ser pensionado no es un privilegio, sino una
compensación que se ha ganado previo cumplimiento de los requisitos
establecidos para tal fin, lo que indica que los pensionados merecen la
protección del Estado, por cuanto su capacidad laboral ya se extinguió.
“Por regla
general, quien vivió siempre del salario y ahora lo hace de su pensión,
especialmente si es exigua, ve afectada su posibilidad real de subsistencia al
no poder procurársela por otros medios, y por tanto, sus derechos esenciales se
ven atropellados por la falta de pago de las mesadas que legítimamente le
corresponden.”
Si bien el
Municipio viene afrontando una difícil situación económica,[3] al igual que muchos
otros entes territoriales del país, esta Sala de Revisión no puede desconocer
la protección que demandan los derechos fundamentales vulnerados a los demandantes,
ante la carencia de sus mesadas y la desprotección a la seguridad social, que
merece amparo por esta vía cuando se eleva a la categoría de derecho fundamental en los eventos en los cuales
su desconocimiento atenta contra derechos como la vida o la salud del
pensionado.[4]
Aún
cuando en el presente caso los actores no aportaron pruebas que confirmaran su
delicado estado de salud (uno de ellos con cáncer y otro  con continuas
convulsiones), el ente demandado, en el oficio dirigido al juez de instancia,
tampoco dió cuenta de los descuentos que presuntamente hizo a los actores y de
los aportes que en consecuencia debió transferir al Sistema General en Salud.
Por lo tanto, y de conformidad a lo establecido por el artículo 20 del Decreto
2591 de 1991, se tendrán por ciertos los hechos expuestos por los demandantes
en éste sentido y se ordenará al Municipio de Sabanalarga asumir de manera
directa la prestación de los servicios médicos requeridos por los demandantes y
sus beneficiarios, hasta tanto  haya efectuado la correspondiente afiliación a
una E.P.S., libremente escogida por los demandantes.[5]
En la medida en que los aportes al Sistema General en Salud son de
orden parafiscal y el Municipio de Sabanalarga descuenta los respectivos
aportes y no los traslada a una E.P.S., se ordenará compulsar copias de la
presente decisión a la Fiscalía General de la Nación para que investigue su
destinación por parte del Departamento.
Si bien es
cierto que al momento de proferir este fallo, existe constancia del Municipio[6] de haber cancelado
parte de la deuda pendiente con los demandantes por concepto de mesadas
pensionales, se ordenará de todas maneras la protección constitucional en la
medida en que la omisión acusada continúa lesionando el mínimo vital de los
actores, ante la carencia de unas mesadas que como se vió, apenas alcanzan el
monto mínimo legal.[7]
Ahora bien,
debido a que se trata de una pensión compartida, en donde concurren  tanto el
Municipio de Sabanalarga como Cajanal y el Instituto de Transito y Transporte
Departamental del Atlántico, en el caso del señor Berdugo Patiño[8], y con la Empresa
de Acueducto, Aseo y Alcantarillado (A.A.A.) y el Bachillerato Femenino ambos de
Sabanalarga, se ordenará al Municipio demandado cancelar las mesadas
pensionales dejadas de pagar, en la proporción que le corresponda asumir de
conformidad con las Resoluciones que reconocieron dichas pensiones.
Se le hace
saber al Municipio que para el pago efectivo de las mesadas adeudadas a los
actores, también puede hacer uso del mecanismo previsto en el parágrafo segundo
de la ley 549 de l999, mediante la cual se creó el Fondo de Pensiones de las
entidades territoriales y se dispuso anticipar a éstas los recursos que debe
girarles la Nación, para que fuesen destinados al pago de mesadas pensionales
atrasadas.
Por lo
anterior, esta Sala Novena de Revisión, revocará el fallo proferido por el
Juzgado Promiscuo del Circuito de Sabanalarga (Atlántico), y en su lugar
tutelará el derecho al mínimo vital de subsistencia de Eduardo Enrique Berdugo
Patiño y Adelfa Soñeth de Sarmiento.
III. DECISIÓN.
En mérito de
lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR el
fallo proferido el 4 de noviembre de 1999, por el Juzgado Primero Promiscuo del
Circuito de Sabanalarga (Atlántico). En su lugar, CONCEDER la protección de los
derechos al pago oportuno de la pensión y al mínimo vital.
Segundo. ORDENAR al señor Tesorero del
Municipio de Sabanalarga que en el término de quince ( 15 ) días  siguientes a
la notificación de este fallo, proceda a la cancelación de las mesadas que  aún
adeuda a los demandantes, en la proporción que le corresponda asumir de
conformidad con las Resoluciones No. 068 y 092 del 22 de julio y 30 de
septiembre de 1999.
Tercero. ORDENAR al
Municipio de  Sabanalarga que en el  término de quince días siguientes a la
notificación de este fallo, afilie a los demandantes a una E.P.S. en el Plan
Obligatorio de Salud, dentro del cual queden también cobijados sus cónyuges.
Mientras se surten los trámites de afiliación, el Municipio asumirá los gastos
necesarios para la atención médica, clínica, hospitalaria y quirúrgica de los
empleados y de sus familias.
El desacato a lo
ordenado en esta providencia, se sancionará de conformidad con lo señalado en
el artículo 52 del decreto 2591 de 1991.
Cuarto. COMPULSAR copias de la presente decisión a la
Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.
Quinto. Por
Secretaría líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] A folios 8 y 9 del expediente, existe la
Resolución No. 092 de septiembre 30 de 1999, por la cual se reconoce al señor
Eduardo Enrique Berdugo Patiño, una pensión en cuantía de $ 251.708 pesos. En
los folios 10 y 11 se encuentra la Resolución No. 068 de junio 22 de 1999, en
la cual se reconoce a la señora Adelfa Soñeth de Sarmiento, una pensión por un
monto de $ 236.400 pesos.
[2] En oficio fechado el 22 de octubre de 1999 dirigido
al juez de instancia por el Tesorero Municipal de Sabanalarga, se reconoce la
deuda pendiente y se establece que al señor Eduardo Enrique Berdugo Patiño, se
le adeudan $ 1.182.190 pesos y a la señora Adelfa Soñeth de Sarmiento, le
adeuda $ 1.761.956 pesos. (Folio 26 del expediente).
[3] En el mismo oficio en que se reconoce la deuda con
los demandantes, el Tesorero Municipal de Sabanalarga indica que “el
municipio no tiene los recursos suficientes para el pago, debiendo someterse a
una programación de conformidad con los ingresos que se perciban y siempre
estos sean para cancelar gastos de funcionamiento, en virtud de que hay rentas
de destinación específica para inversión social, que no pueden utilizarse para
cubrir estas obligaciones sin incurrir en un presunto peculado.”
[4] Cfr. Sentencias
T-147 y T-156 de 1995, T-554 de 1998, T-658 de 1998, SU-430 de 1998.
[5] T-075 de 1998 y T-137 de 2000. Según la doctrina
consignada en estas sentencias, el patrono debe responder personalmente, cuando
por su negligencia no se trasladan las cotizaciones para seguridad social a los
entes de salud designados, y los trabajadores y pensionados carecen del
servicio requerido, con mas razón debe asumir tal responsabilidad cuando se
trata de cotizaciones inexistentes por no haber afiliado a sus trabajadores a
la seguridad social.
[6] Folio  34 del expediente.
[7] Al señor Eduardo Enrique Berdugo Patiño se le reconoció
una pensión en cuantía de        $ 251.708 pesos, y a la señora Adelfa Soñeth
de Sarmiento, una pensión por un monto de   $ 236.400 pesos.
[8] Ver folio 8 y 9 del expediente..