C-909-13
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-909/13
ACUERDO
DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE TITULOS Y GRADOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR
ENTRE COLOMBIA Y ESPAÑA-Es acorde con los principios, objetivos
y finalidades del estado social de derecho
El Acuerdo
aprobado mediante la Ley 1611 de 2013, y esta misma, se ajustan a la
Constitución Política, en sus aspectos formales al haber satisfecho cabalmente
los requisitos procedimentales normativamente establecidos para ello.
Igualmente en lo material, por cuanto sin contrariedad alguna frente a la
preceptiva nacional, cumple el propósito perseguido, que en este caso es deseo
común de ambos países de facilitar el mutuo reconocimiento de estudios,
títulos, diplomas y grados académicos de educación superior que tengas validez
oficial en el sistema educativo de cada uno”, logrado en plena observancia de
los principios, objetivos y finalidades propios del Estado social de derecho,
asumido como modelo político, económico y social por la República de Colombia.
CONTROL
AUTOMATICO DE TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES QUE LOS APRUEBAN-Implica
un control integral del procedimiento
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES APROBATORIAS DE
TRATADOS-Características/CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Resulta
absolutamente necesario que el control que ejerce la Corporación agote todo el
análisis de posibles vicios de procedimiento y de fondo
En cuanto a las características de este
control, la jurisprudencia constitucional ha señalado que es: (i) Previo al
perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a
la sanción gubernamental. (ii) Es automático, pues la ley aprobatoria debe ser
enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional
dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción gubernamental. (iii) Es integral
en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los
materiales de la ley y del tratado, confrontándolos con todo el texto
constitucional. (iv) Tiene fuerza de cosa juzgada. (v) Es una condición sine
qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) Cumple una función
preventiva, en cuanto tiene la finalidad de detectar previamente a la vigencia
del tratado, los eventuales quebrantamientos a la preceptiva superior del
Estado colombiano. Así, desde sus inicios, la jurisprudencia constitucional ha
dejado establecido que el control integral tanto del Tratado como la Ley que lo
aprueba, es el mecanismo consagrado por el Constituyente para armonizar el
principio de supremacía constitucional y la necesidad de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones internacionales. Por ello, resulta
absolutamente necesario que el control que ejerce la Corporación agote todo el
análisis de posibles vicios de procedimiento y de fondo.
CONSULTA
PREVIA-Jurisprudencia
constitucional/DERECHO DE LAS COMUNIDADES ETNICAS A LA IDENTIDAD ETNICA Y
CULTURAL-Jurisprudencia constitucional/DERECHO A LA
AUTODETERMINACION-Jurisprudencia constitucional/DERECHO A LA
AUTODETERMINACION-Ambitos de protección
CONSULTA
PREVIA EN MATERIA DE LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Verificación
de requisitos cuando afectan directamente a las comunidades étnicas
ANUNCIO
PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Finalidad
ANUNCIO
PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Requisitos
mínimos
El anuncio debe cumplir los siguientes
requisitos: “a)  El anuncio debe estar presente en la votación de todo proyecto
de ley. b) El anuncio debe darlo la presidencia de la cámara o de la comisión
en una sesión distinta y previa a aquella en que debe realizarse la votación
del proyecto. c) La fecha de la votación debe ser cierta, es decir, determinada
o, por lo menos, determinable. d)   Un proyecto de ley no puede votarse en una
sesión distinta a aquella para la cual ha sido anunciado”.
PROYECTO
DE LEY-Consideración
en no más de dos legislaturas
DERECHO
A LA EDUCACION-Doble función
La
Carta Política reconoce que el derecho a la educación tiene una doble función: (i)
ser un derecho de la persona encaminado a garantizarle su propio desarrollo, y (ii)
un servicio público con función social, hallándose comprometido el Estado a
proporcionar los medios para su cumplimiento.
Referencia:
expediente LAT-410
Revisión
oficiosa de la Ley 1611 de 2013, Por medio de la cual se aprueba el
“Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación
superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de
diciembre de 2010”
Magistrado
Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., tres (3) de diciembre de dos mil trece (2013)
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el decreto 2067
de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el
proceso de revisión automática del “Acuerdo de
reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior
universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del
Reino de España”,
suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010, y de la Ley
1611 de 2013, por medio de la cual fue aprobado.
1.
ANTECEDENTES
En
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la
Constitución Política, el 11 de enero de 2013, la Secretaria Jurídica de la
Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional copia auténtica
de la Ley 1611 de 2013 “Por medio de la cual se aprueba el
“Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación
superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de
diciembre de 2010”
Mediante
Auto del siete (7) de febrero de dos mil trece (2013), el Magistrado
Sustanciador avocó el conocimiento del proceso de la referencia y notificó a
las Secretarías Generales de la Cámara y Senado para que remitieran toda la
información concerniente al trámite legislativo dado a la Ley bajo estudio.
Adicionalmente, se ordenó comunicar el proceso al Ministerio
de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Educación,
al Instituto Colombiano
para la Evaluación de la Educación ICFES, al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior, ICETEX, a Colciencias, a la Asociación Colombiana de Universidades
(ASCUN), a la Asociación de
Facultades de Derecho – ACOFADE, a la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), a la Universidad Pedagógica Nacional, a
la Universidad de Antioquia, a la Universidad EAFIT, a
la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB Medellín), a la Universidad del Atlántico, a
la Universidad del Norte (UNINORTE), a la Universidad de Cartagena, a
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC),Tunja, a la Universidad de Caldas, a
la Universidad del Cauca, a la Universidad Surcolombiana (USCO), a
la Universidad del Tolima, a la Universidad de Sucre, a la Universidad del
Valle, a
la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería, a la Universidad Javeriana,
a la Universidad del Sinú, a la Universidad del Rosario, a la Universidad
Sergio Arboleda, a la Universidad Externado de Colombia y a la  Academia
Colombiana de Jurisprudencia.
Una
vez revisada y analizada la totalidad del material probatorio allegado se
dispuso continuar adelante con el proceso de revisión constitucional.
Cumplidos los trámites propios de
esta clase de procesos y previo el concepto del Procurador General de la
Nación, procede la Corte a decidir acerca del asunto de la referencia.
1.1.
TEXTO
DEL ACUERDO QUE SE REVISA Y DE SU LEY APROBATORIA
A
continuación se transcribe el texto completo de la Ley
aprobatoria del Acuerdo que se revisa.
LEY 1611 2013
(enero 2)
Por
medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y
grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno del Reino de España” suscrito en Mar del
Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el texto del “Acuerdo
de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior
universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del
Reino de España”, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de
2010.
(Para ser transcrito: Se
adjunta fotocopia fiel y completa en castellano del instrumento internacional
mencionado, certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de la
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, documento que reposa en los archivos de ese Ministerio).
ACUERDO DE RECONOCIMIENTO
MUTUO DE TÍTULOS Y GRADOS ACADÉMICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA
El Gobierno de la República
de Colombia y el Gobierno del Reino de España, en adelante “las Partes”
En desarrollo de lo
establecido en el Artículo IV del Convenio Cultural entre Colombia y España,
suscrito el 11 de abril de 1953, el cual hace referencia a la Convalidación de
Títulos Universitarios entre las dos Altas Partes contratantes;
De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 1.d) del Protocolo de Cooperación Educativa y Cultural,
integrante del Tratado General de Cooperación y Amistad de 29 de octubre de
1992;
Motivados por el deseo de
desarrollar las relaciones entre los pueblos de ambos países y colaborar en las
áreas de la Educación, la Cultura y la Ciencia;
En cumplimiento de la
declaración realizada con motivo de la I Reunión Interministerial
Iberoamericana de Innovación y Conocimiento celebrada en Estoril, en noviembre
de 2009;
Reconociendo los progresos
realizados desde la Primera Reunión de Ministros de Educación Iberoamericanos;
y
Teniendo en cuenta la
declaración de Lisboa aprobada en la XIX Conferencia Iberoamericana de
Educación, particularmente en materia de promoción de la colaboración de los
sistemas nacionales de evaluación y acreditación de la calidad de la educación
superior de la región, con el objetivo de promover el establecimiento de
mecanismos ágiles de mutuo reconocimiento de períodos de estudio, títulos y
diplomas,
Han convenido lo siguiente:
ARTÍCULO I
Objeto y ámbito de
aplicación
El
objeto del presente Acuerdo es facilitar el mutuo reconocimiento de estudios,
títulos, diplomas y grados académicos de educación superior que tengan validez
oficial en el sistema educativo de cada una de las Partes.
Para los efectos de este
Acuerdo se entenderá por reconocimiento la validez oficial otorgada por una de
las Partes a los estudios realizados en instituciones de educación superior del
sistema educativo del otro Estado, con acreditación institucional o de
programas académicos.
El
presente Acuerdo es aplicable a los estudios que tengan validez oficial en el
sistema educativo de cada una de las partes, así como a los certificados, títulos,
diplomas y grados académicos que acrediten dichos estudios conforme a los
ordenamientos legales de cada una de las Partes.
ARTÍCULO II
Reconocimiento de títulos y
grados académicos
Las Partes reconocerán y
concederán validez a los títulos y grados académicos de educación superior
universitaria otorgados por universidades e instituciones de educación superior
autorizadas y reconocidas oficialmente por los gobiernos del país emisor, a
través de los respectivos organismos oficiales, siendo en Colombia el
Ministerio de Educación Nacional y en España el Ministerio de Educación o las
Universidades si se trata de títulos de postgrado.
Este reconocimiento
procederá siempre que dichos títulos guarden equivalencia en cuanto a los
créditos y/o cuenten con verificación o acreditación vigente por las
respectivas agencias u órganos de acreditación a nivel de programas o
instituciones, siendo en la República de Colombia el Consejo Nacional de
Acreditación y en el Reino de España, el Consejo de Universidades previa
evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) o de las agencias evaluadoras dependientes de las Comunidades Autónomas
habilitadas por la normativa española.
ARTÍCULO III
Comisión Bilateral Técnica
Al
objeto de tratar todas las cuestiones suscitadas por la aplicación del presente
Acuerdo, se constituirá una Comisión Bilateral Técnica compuesta por entre
cinco y siete miembros, respectivamente designados por cada una de las Partes,
destinada a elaborar una tabla general de equivalencias y acreditaciones que se
reunirá a petición de una de las Partes, cuantas veces lo considere necesario
para cumplir el objetivo previsto.
Dicha Comisión se reunirá
dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha correspondiente al canje
de instrumentos de ratificación.
ARTÍCULO IV
Efectos del reconocimiento
El reconocimiento de títulos
en virtud del presente Acuerdo producirá los efectos que cada Parte confiera a
sus propios títulos oficiales, a excepción de aquellos títulos que estén
vinculados al ejercicio de profesiones reguladas, para los que será necesario,
además de cumplir con las reglamentaciones que cada país impone a sus
nacionales, de acuerdo con las normas legales vigentes para cada profesión,
someterse a los procedimientos de reconocimiento específicos vigentes en cada
una de las Partes.
ARTÍCULO V
Prosecución de Estudios
Los estudios completos
realizados en el nivel superior en uno de los países signatarios del presente
Acuerdo serán reconocidos en el otro a los fines de la prosecución de los
estudios.
Las autoridades competentes
según su legislación en cada una de las Partes podrán admitir a los titulados
conforme al sistema educativo de la otra Parte para la realización de estudios
oficiales de postgrado, previa comprobación de que los títulos corresponden a
un nivel de formación equivalente a los que facultan en cada Parte para el
acceso a dichos estudios, sin necesidad de reconocimiento previo, siempre y
cuando se cumplan los requisitos de acceso exigibles de acuerdo con lo
establecido en las respectivas legislaciones internas.
La admisión a estos estudios
no supondrá el reconocimiento del título previo obtenido en la otra Parte, ni
su reconocimiento a otros efectos que el de cursar estudios de Postgrado.
Superados los estudios de
Postgrado correspondientes, los títulos obtenidos tendrán plena validez y
efectos oficiales.
ARTÍCULO VI
Actualización o
Rectificación de Información
Cada Parte deberá notificar
a la otra, por vía diplomática las modificaciones o cambios producidos en el
sistema de educación superior de sus respectivos países.
Asimismo
las Partes se comprometen a mantener actualizada en la página oficial de su
organismo acreditador o instrumento que declare la oficialidad de los títulos,
la publicación de la relación de títulos y diplomas y toda rectificación y/o
actualización que se produzca en los mismos.
A tales efectos, en el Anexo
del presente Acuerdo se recoge información sobre la estructura de los estudios
universitarios de cada una de las Partes.
ARTÍCULO VII
Convenios entre
Universidades
Las Partes impulsarán
asimismo la celebración de convenios entre sus Universidades para el desarrollo
de programas oficiales de Grado y Postgrado conjuntos. La elaboración,
requisitos y aprobación de estos programas se realizarán de acuerdo con la
legislación de cada una de las Partes.
ARTÍCULO VIII
Cumplimiento del Acuerdo y
Solución de Controversias
Las
disposiciones de este Acuerdo prevalecerán sobre todo otro Convenio vigente en
la materia entre las Partes a la fecha de su entrada en vigor.
Las Partes adoptarán las
medidas correspondientes para garantizar el cumplimiento del presente Acuerdo
por todas las instituciones interesadas en los respectivos países.
En caso de controversia
entre las Partes acerca de la interpretación o la aplicación del presente
Acuerdo, las Partes se consultarán para solucionar dicha controversia mediante
negociación amistosa.
ARTÍCULO IX
Entrada en vigor
El presente Acuerdo entrará
en vigor en la fecha que las Partes contratantes se comuniquen recíprocamente
su aprobación conforme a las respectivas legislaciones internas.
ARTÍCULO X
Duración del Convenio
El presente Acuerdo se
concluye por un periodo de cinco años, después del cual se prorrogará
tácitamente por períodos iguales, pudiendo denunciarlo cualquiera de las dos
Partes mediante vía diplomática que surtirá efecto un año después de la
notificación respectiva.
En fe de lo cual los abajo
firmantes, debidamente facultados por sus respectivos Gobiernos, firman el
presente Acuerdo.
Firmado en Mar del Plata
(Argentina), a los cuatro (4) días del mes de diciembre del año 2010, en dos
textos originales, siendo ambos igualmente auténticos.
Por el Gobierno de la
República de Colombia
La Ministra de Relaciones
Exteriores,
María Ángela Holguín
Cuéllar.
Por el Gobierno del Reino de
España, a.r.
El Ministro de Educación,
Ángel Gabilondo Pujol.
ANEXO
1.
Tabla descriptiva de los estudios
universitarios en España y Colombia
REPÚBLICA
DE COLOMBIA*
REINO DE ESPAÑA
Programas
de Pregrado:
Técnico
Profesional: entre 65 y 75 créditos académicos;
Tecnólogo:
entre 95 y 105 créditos aca-démicos;
Programas
Profesionales: Entre 4 y 5 años; entre 150 y 170 créditos académicos**.
Primer Ciclo:
Grado: 4 años de duración,
240 ECTS
Programas
de Posgrado:
Especializaciones:
Entre 25 a 32 Créditos.
Maestría***:
Entre 50 a 60 créditos
Segundo ciclo:
Máster: entre 1 o 2 años
de duración, 60 a 120 ECTS
Doctorado:
Entre
80 a 100 créditos.
Tercer Ciclo:
Doctor
* Los rangos de créditos se
presentan como una tendencia en el sistema de educación superior colombiano,
sin embargo, las instituciones de educación superior en virtud de su autonomía
universitaria pueden establecer créditos superiores o inferiores a los del
rango teniendo en cuenta las actividades académicas que la institución defina,
para el proceso de formación del estudiante.
** Un crédito equivale a 48
horas de trabajo académico del estudiante, que comprende las horas con
acompañamiento directo del docente y las horas de trabajo independiente que el
estudiante debe dedicar a la realización de actividades de estudio, prácticas u
otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje.
*** Las Maestrías en
Colombia requieren de la presentación por el estudiante de un trabajo de
investigación.
2. Nota descriptiva sobre
la estructura de los sistemas educativos/régimen de títulos de ambos países
A efectos de información y
aclaración, se recoge a continuación una síntesis de los sistemas educativos y
régimen de títulos de los dos países.
Ambas Partes podrán
intercambiar información sobre sus respectivos sistemas educativos, tanto a
través de la Comisión Bilateral Técnica prevista en el artículo III del
presente Acuerdo como a través de las vías diplomáticas, mediante Nota Verbal,
para ampliar y actualizar este resumen.
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Estudios de Pregrado
Educación técnica
profesional
La Educación técnica
profesional reúne las formaciones técnicas con objetivo profesional asegurando
la práctica y el dominio de procedimientos técnicos. Estos estudios permiten
obtener el título de “Técnico Profesional en…”
Educación tecnológica
La Educación tecnológica
comprende las formaciones tecnológicas tendientes a la aplicación y la práctica
de conocimientos en un conjunto de actividades profesionales. Estos estudios
permiten obtener el título de “Tecnólogo en…”
Profesional
Universitario
Los programas de formación
de Profesional Universitario (entre 150 y 170 créditos académicos), preparan
para el ejercicio profesional en múltiples campos que requieren competencias
más complejas y una intensidad horaria más importante, propios de una profesión
o disciplina de naturaleza tecnológica o científica y dentro del campo de las
Ciencias humanas, Bellas artes y Filosofía. Estos estudios permiten obtener el
título de ¿Profesional Universitario en¿¿.
Los títulos de formación
Técnico Profesional y Tecnólogo capacitan a las personas para el ejercicio de
profesiones en Colombia, previo cumplimiento de las condiciones requeridas
cuando este ejercicio está reglamentado por la ley, como es el caso de los
títulos relacionados con la salud, el derecho, la contabilidad, la ingeniería,
etc.
El Decreto 1295 de 2010
establece:
Programas de
especialización
Las instituciones de
educación superior pueden ofrecer programas de especialización técnica
profesional, tecnológica o profesional, de acuerdo con su carácter académico.
Estos programas tienen como propósito la profundización en los saberes propios
de un área de la ocupación, disciplina o profesión de que se trate, el
desarrollo de competencias específicas para su perfeccionamiento y una mayor
cualificación para el desempeño laboral.
Especializaciones
médicas y quirúrgicas
Son los programas que
permiten al médico la profundización en un área del conocimiento específico de
la medicina y adquirir los conocimientos, competencias y destrezas avanzados
para la atención de pacientes en las diferentes etapas de su ciclo vital, con
patologías de los diversos sistemas orgánicos que requieren atención especializada,
lo cual se logra a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje teórico que
hace parte de los contenidos curriculares, y práctico con el cumplimiento del
tiempo de servicio en los sitios de prácticas asistenciales y la intervención
en un número de casos adecuado para asegurar el logro de las competencias
buscadas por el programa.
De conformidad con el
artículo 247 de la Ley 100 de 1993, estos programas tendrán un tratamiento
equivalente a los programas de maestría.
Programas de maestría
Los programas
de maestría tienen como propósito ampliar y desarrollar los conocimientos para
la solución de problemas disciplinares, interdisciplinarios o profesionales y
dotar a la persona de los instrumentos básicos que la habilitan como
investigador en un área específica de las ciencias o de las tecnologías o que
le permitan profundizar teórica y conceptualmente en un campo de la filosofía,
de las humanidades y de las artes. Los programas de maestría podrán ser de
profundización o de investigación o abarcar las dos modalidades bajo un único
registro.
Las modalidades se deberán
diferenciar por el tipo de investigación a realizar, en la distribución de
horas de trabajo con acompañamiento directo e independiente y en las
actividades académicas a desarrollar por el  estudiante.
La maestría de
profundización busca el desarrollo avanzado de competencias que permitan la
solución de problemas o el análisis de situaciones particulares de carácter
disciplinar, interdisciplinario o profesional, por medio de la asimilación o
apropiación de saberes, metodologías y, según el caso, desarrollos científicos,
tecnológicos o artísticos. La maestría de investigación debe procurar el
desarrollo de competencias científicas y una formación avanzada en
investigación o creación que genere nuevos conocimientos, procesos tecnológicos
u obras o interpretaciones artísticas de interés cultural, según el caso.
El trabajo de investigación
de la primera, podrá estar dirigido a la investigación aplicada, al estudio del
caso, o la creación o interpretación documentada de una obra artística, según
la naturaleza del programa.
El de la segunda debe
evidenciar las competencias científicas, disciplinares o creativas propias del
investigador, del creador o del intérprete artístico.
Programas de doctorado
Un programa de doctorado
tiene como propósito la formación de investigadores con capacidad de realizar y
orientar en forma autónoma procesos académicos e investigativos en un área
específica del conocimiento y desarrollar, afianzar o profundizar competencias
propias de este nivel de formación.
Los resultados de las
investigaciones de los estudiantes en este nivel de formación deben contribuir
al avance en la ciencia, la tecnología, las humanidades o las artes.
REINO DE ESPAÑA
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
Enseñanzas de Grado:
Primer Ciclo: Títulos Universitarios oficiales de Grado
El primer ciclo de los
estudios universitarios comprenderá enseñanzas básicas y de formación general,
junto a otras orientadas a la preparación para el ejercicio de actividades de
carácter profesional.
El número total de créditos
(Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos ECTS) de las
enseñanzas y actividades académicas conducentes a la obtención de los títulos
oficiales de Grado es, con carácter general, de 240 créditos (4 años).
Enseñanzas de
Posgrado
Segundo ciclo: Título oficial de Máster
El segundo ciclo de los
estudios universitarios tendrá como finalidad la formación avanzada, de
carácter especializado o multidisciplinar, dirigido a una especialización
académica o profesional, o bien a promover la iniciación de tareas
investigadoras.
Los estudios universitarios
de segundo ciclo conducentes a la obtención del título oficial de Máster
tendrán una extensión mínima de 60 créditos y máxima de 120 (entre 1 y 2 años).
Tercer ciclo: Título de Doctor
El
tercer ciclo de los estudios universitarios tendrá como finalidad la formación
avanzada del estudiante en las técnicas de investigación, podrá incluir cursos,
seminarios u otras actividades dirigidas a la formación investigadora, e
incluirá la elaboración y presentación de la correspondiente tesis doctoral,
consistente en un trabajo original de investigación.
Para acceder a los estudios
de Doctorado se exige el título de Máster o un mínimo de 60 créditos de Posgrado,
y tener un mínimo de 300 créditos (5 años) entre Grado y Posgrado.
3. Acreditación de
Títulos y Diplomas en Colombia y en España
REPÚBLICA DE COLOMBIA
El Decreto 2150 de 1995,
suprimió el registro estatal de los títulos, y dispuso que esta función
corresponde a las instituciones de educación superior legalmente reconocidas
por el Estado. Para tal efecto las instituciones deben dejar constancia del
número del registro en el diploma y en el acta de grado.
En el
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, se lleva el registro
de las instituciones de educación superior legalmente autorizadas para ofrecer
y desarrollar programas académicos de educación superior, así como el de los
programas que constituyen su oferta educativa.
El acceso al sistema es
público a través del enlace:
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/channel.html
REINO DE ESPAÑA
La vigente normativa en
materia de enseñanza universitaria ha creado el Registro de Universidades,
Centros y Títulos (RUCT), establecido en el Real Decreto 1509/2008, de 12 de
septiembre, cuyo artículo 1º determina su carácter público y el tipo de
información que inscribirá:
1. Tiene carác ter público y
de registro administrativo.
2. Se inscribirán en el
RUCT, las Universidades y los Centros universitarios, los títulos
universitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio
nacional, establecidos de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1393/2007
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.
3. Se incluirá la
información actualizada relativa al sistema universitario español, para lo que
se inscribirán en el mismo los datos relevantes relativos a Universidades,
Centros y Títulos.
Toda la información del RUCT
se puede consultar en la página web del Ministerio de Educación en el enlace: https://www.educacion.es/ruct/home.do
La suscrita Coordinadora del
Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos jurídicos
internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de
Colombia
CERTIFICA:
Que la reproducción del
texto que antecede es copia fiel y completa de la versión en idioma español del
“Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación
superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno del Reino de España”, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de
diciembre de 2010, documento que reposa en los archivos del Grupo Interno de
Trabajo Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este
Ministerio.
Dada en Bogotá, D. C., a los
ocho (8) días del mes de julio de dos mil once (2011).
La Coordinadora del Grupo
Interno de Trabajo de Tratados, Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales,
Alejandra Valencia Gartner.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER
PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 19 de julio
de 2011
Autorizado. Sométase a la
consideración del honorable Congreso de la República para los efectos
constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS
CALDERÓN
La Viceministra de
Relaciones Exteriores encargada de las funciones del Despacho de la Ministra de
Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Mónica Lanzetta
Mutis.
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados
académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en Mar del
Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de
1944, el Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de
educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia
y el Gobierno del Reino de España, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4
de diciembre de 2010, que por el artículo 1° de esta ley se aprueban, obligarán
al Estado a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional
respecto de las mismas.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C.,
Presentado al honorable
Congreso de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores y la Ministra
de Educación Nacional.
La Ministra de Relaciones
Exteriores,
María Ángela Holguín
Cuéllar.
La Ministra de Educación
Nacional,
María Fernanda Campo
Saavedra.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER
PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 19 de julio
de 2011
Autorizado. Sométanse a la
consideración del honorable Congreso de la República para los efectos
constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS
CALDERÓN
La Viceministra de Asuntos
Multilaterales encargada de las funciones del Despacho de la Ministra de
Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Mónica Lanzetta
Mutis.
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados
académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en Mar del
Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de
1944, el Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de
educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia
y el Gobierno del Reino de España, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4
de diciembre de 2010, que por el artículo 1° de esta ley se aprueban, obligarán
al Estado a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional
respecto de las mismas.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable
Senado de la República,
Roy Barreras Montealegre.
El Secretario General del honorable
Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la
honorable Cámara de Representantes,
Augusto Posada Sánchez.
El Secretario General de la
honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla
Serrano.
REPÚBLICA DE COLOMBIA -
GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo
241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 2
de enero de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Viceministra de
Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargada de las
funciones del Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,
Mónica Lanzetta Mutis.
La Viceministra de Educación
Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación Nacional, encargada de
las funciones del Despacho de la Ministra de Educación Nacional,
Roxana de los Ángeles
Segovia de Cabrales.
1.2.
INTERVENCIONES.
1.2.1. Ministerio de Relaciones
Exteriores. Exequibilidad
El
Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Director de Asuntos
Jurídicos Internacionales (E), intervino en el proceso de la referencia y
solicitó la declaratoria de EXEQUIBILIDAD del  “Acuerdo de
reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior
universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del
Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010”
así como de la Ley 1611 de 2013, aprobatoria del mismo.
En
primer lugar, indica que el Acuerdo objeto de estudio constituye un instrumento
internacional idóneo para facilitar el mutuo reconocimiento de títulos y grados
académicos de educación superior. De igual forma, busca promover la
articulación de los sistemas de educación de la República de Colombia y el Reino
de España y, fomentar la movilidad académica, conforme a lo dispuesto en la Ley
30 de 1992 y en consulta con los lineamientos de la “Declaración Mundial
Sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: visión y acción”, de la
organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura-UNESCO.
Añade
que lo que se busca con el Acuerdo es fortalecer la relación bilateral en
materia educativa, lo que supone un beneficio para la comunidad colombiana
residente en el Reino de España, que es una de las más grandes en el exterior.
En
segundo lugar, afirma que el Acuerdo permite efectuar, de manera clara, el
reconocimiento de las instituciones de educación superior y de los programas
acreditados por cada uno de los sistemas de calidad de los dos Estados y , a su
vez promover el posicionamiento internacional del Sistema Colombiano de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
Por
último, expresa que fomenta la internacionalización de la educación superior,
en la medida en que permite la consolidación de redes y espacios de
conocimiento bilateral que facilitan el desarrollo de funciones sustantivas de
las instituciones de educación superior, a través de la cooperación
interinstitucional, la movilidad académica, la investigación científica y la
innovación tecnológica.
1.2.2.
Universidad del Sinú-Extensión Bogotá.
Exequibilidad
El
rector de la Universidad del Sinú-Extensión Bogotá, intervino en el presente
proceso para solicitar la exequibilidad de la Ley 1611 de 2013, por medio de la
cual se aprueba el“Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados
académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del
Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010”,
teniendo
en cuenta lo siguiente:
1.2.2.1.
El
Acuerdo no vulnera la Constitución, por el contrario se encuentra acorde con
sus principios, valores y preceptos, pues las medidas que los Estados Partes
adoptan en el referido Acuerdo tienden a reforzar los lazos culturales que
históricamente une a estos dos países y su contenido responde  a lo señalado en
el artículo 9 de la constitución.
1.2.2.2.
Explica
que el mutuo reconocimiento de estudios va encaminado a desarrollar la
cooperación educativa y cultural entre los dos Estados Partes, y facilitará a
los nacionales colombianos hacer estudios de posgrados y así mejorar y
perfeccionar su formación académica.
Agrega,
que esto no solo impacta positivamente el desarrollo personal de los
estudiantes, sino que también redunda en pro de la sociedad en general, en la
medida en que se mejore y diversifique la educación y capacitación en
diferentes áreas del conocimiento. De igual forma, corresponde al fenómeno
actual de globalización e interculturalidad en el plano de la educación.
1.2.2.3.
Afirma
que el referido Acuerdo también eventualmente abriría a los colombianos la
posibilidad de trabajar fuera del país y, en su respectivo campo profesional,
siempre y cuando así lo permitan las políticas y las normas internas en materia
laboral de los Estados Partes.
Añade
que el mutuo reconocimiento de estudios, títulos, diplomas y grados académicos
de educación superior supone que éstos tendrán la misma validez oficial en el
sistema educativo de cada una de las partes y, se aclara en el Acuerdo que para
lograr ese reconocimiento, los estudios deben ser realizados en instituciones
de educación superior del sistema educativo del otro Estado con acreditación
institucional o de programas académicos, lo que resulta razonable en materia de
garantía de calidad en la formación.
1.2.2.4.
Sostiene
que las medidas de persecución de estudios y actualización de información, así
como el impulso de las Partes para la celebración de convenios entre sus
universidades para el desarrollo de programas oficiales de grado y posgrados
conjuntos, son medios eficaces para el desarrollo cultural y educativo del
Acuerdo y, en nada viola alguna previsión constitucional.
1.2.2.5.
En
conclusión, estima que el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de
títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España,
suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010” y su respectiva
Ley aprobatoria (1611 de 2013) son EXEQUIBLES.
1.2.3.
Academia Colombiana de Jurisprudencia. Exequibilidad
La
Academia Colombiana de Jurisprudencia intervino en el presente
proceso, para solicitar la EXEQUIBILIDAD del “Acuerdo de
reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior
universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del
Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010”
y
de la Ley 1611 de 2013 que lo aprobó. Lo anterior, bajo el argumento de que el
citado Acuerdo mantiene y preserva la soberanía nacional, ya que una
manifestación de la misma es la capacidad del Estado de celebrar tratados
internacionales que respeten la legislación nacional que rige en Colombia
respecto del otorgamiento de títulos y el reconocimiento de los otorgados en
España.
Añade
que en lo concerniente a la orientación de la política exterior de Colombia
hacia la integración Latinoamericana y del Caribe, el Acuerdo contribuye con
ese fin a través de la generación de lazos más estrechos con España, los cuales
seguramente ayudaran a encontrar más oportunidades para la integración
Latinoamericana, ya que fue por España y a través de la lengua común que
tenemos, que se crearon lasos indisolubles entre estos países, los cuales se
verán reforzados por la firma del tratado que redundará en el beneficio de la
profundización de esas relaciones.
En
cuanto a la disposición de crear una Comisión Bilateral Técnica, para tratar
todas la cuestiones suscitadas por la aplicación de referido Acuerdo, la
creación ya fue avalada por la Corte, cuando se refirió a una institución
similar en el Convenio de Reconocimiento Mutuo de Certificados de Estudios,
Títulos y Grados Académicos de Educación Superior entre los Gobiernos de la
República de Colombia y de los Estados Unidos Mexicanos.
Por
otro lado, sostiene que el Acuerdo refuerza la consagración constitucional del
derecho al trabajo, toda vez que los estudios y el reconocimiento de los mismos
contribuye en su beneficio, el cual pueden desarrollar en mejor forma y con
mayor capacidad, quienes tengan un título universitario reconocido, que les
permitirá trabajar haciendo un mayor aporte a la sociedad en la cual se
desempeñan.
Agrega
que el referido Acuerdo refuerza las libertades garantizadas por la
Constitución, puesto que será más asequible para los estudiantes Colombianos
acceder a la enseñanza, apoyada por la expedición de títulos que serán
reconocidos en los dos Estados, España y Colombia.  Además, le otorga al Estado
Colombiano la facultad de regular, inspeccionar y vigilar la educación, así
como la de velar por el cumplimiento de sus fines, sin que con la aplicación
del Acuerdo se pierdan ninguna de las facultades a favor de la otra parte.
En
definitiva, el Acuerdo no vulnera las normas de la Constitución Nacional, por
cuanto es un instrumento que está en consonancia y armonía con esas normas,
abriéndoles a todos los ciudadanos de los Estados Partes, amplias posibilidades
en cuanto a su educación, capacitación, ejercicio profesional y contribución
con el avance de los conocimientos.
1.2.4.  Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES
La Jefe
de la Oficina Jurídica (E) del Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación ICFES, informó mediante oficio adiado el 31 de julio de 2013,
a la Secretaría General de esta Corte que las funciones relacionadas con el
tema de vigilancia y control de la calidad de la educación superior, sus
programas y los demás que de este control se derivan, fueron deferidas al
Ministerio de Educación Nacional a través de la Dirección de Calidad para la
Educación Superior del Viceministerio de Educación Superior, por razón de su
competencia, conforme a lo cual se dio traslado del escrito a esa dependencia.
1.2.5.  Ministerio de Educación Nacional. Exequibilidad
La
representante legal del Ministerio de Educación Nacional, intervino en el
presente proceso para solicitar se declare la EXEQUIBILIDAD de la Ley 1611 de 2013, por
medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de
títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España,
suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010”,
teniendo
en cuenta lo siguiente:
1.2.5.1.   El Ministerio
que representa ha manifestado que con la declaratoria de constitucionalidad de
la Ley, se obtendría un reforzamiento de los derechos fundamentales consagrados
en los artículos 25 y 26 de la Carta Constitucional, teniendo en cuenta que con
la validación de los preceptos del acuerdo, se abre la puerta a los nacionales
que se encuentran radicados en España y quieren desempeñarse laboralmente
conforme a los títulos académicos que, luego de cursar y aprobar programas
académicos en instituciones de educación superior reconocidas oficialmente en
Colombia, obtuvieron de manera legal y por ende certificaría su capacidad e
idoneidad para ejercer tales habilidades en territorio Español.
1.2.5.2.   Indica que para
el Ministerio que representa, de aprobarse el Acuerdo, se favorecería a los
nacionales y/o extranjeros que una vez culminados sus estudios de pregrado o
posgrado en reconocidas instituciones de educación superior españolas, deseen
retornar al país a ejercer sus profesiones, obteniéndose como beneficio: (i) el
desarrollo de nuevas tecnologías y tesis académicas no conocidas en el territorio
nacional, (ii) la generación de empresa mediante la inversión extrajera
derivada del traslado de capital humano capacitado en el extranjero, (iii) la
generación de garantías e incentivos para recuperar el material humano
colombiano calificado que se encuentra radicado en el extranjero, entre otras.
1.2.5.3.   Sostiene que es
de gran importancia resaltar que de conformidad con el artículo IV de la Ley
1611 de 2013, el reconocimiento de títulos producirá los efectos que cada parte
confiera a sus propios títulos oficiales, siempre y cuando el título sometido a
reconocimiento no se refiera a profesiones reguladas por el país receptor. A
juicio del Ministerio, dicha disposición, robustece el derecho a la igualdad
consagrado en el artículo 13 constitucional, ya que garantiza la competencia
laboral en paridad de condiciones, ya que no sólo somete la demostración del
profesionalismo a la exhibición de un título de educación superior, sino que
exige el cumplimiento de las reglamentaciones que cada país impone a sus nacionales
con respecto a las profesiones que se encuentren reguladas.
1.2.5.4.   Afirma que otra
materia importante que regula el mencionado Acuerdo, es la correspondiente al
impulso por parte de los gobiernos partes, a la celebración de convenios entre
universidades para el desarrollo de programas de educación superior conjuntos,
lo cual  fomenta la internacionalización de la educación y el mejoramiento
continuo de la calidad de los programas académicos, abriéndose de esta manera
nuevos horizontes para la población educativa.
1.2.5.5.   Finalmente,
considera de gran importancia la declaración de EXEQUIBILIDAD de la Ley
1611 de 2013, puesto que permite alcanzar una de las metas que tiene el
Gobierno Nacional frente al tema educativo, la cual es la internacionalización
de la educación. Adicionalmente, abre la posibilidad a los nacionales
colombianos, de traer al país nuevos conocimientos en búsqueda del continuo
mejoramiento de los procesos sociales, industriales y económicos de la nación.
1.2.5.6.   Asociación
Colombiana de Facultades de Derecho-ACOFADE        Exequibilidad
El
Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho -
ACOFADE, intervino en el presente proceso  para solicitar
la EXEQUIBILIDAD de la Ley 1611 de 2013, por medio de la cual se aprueba
el
“Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación
superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de
diciembre de 2010”, teniendo
en cuenta lo siguiente:
1.2.5.6.1.
Sostiene
el representante de ACOFADE que el Acuerdo en mención y la ley que lo aprueba
no contravienen la Constitución, es más, a su juicio, dicho acuerdo constituye
un instrumento de apoyo, no sólo con relación al instrumento internacional de
las instituciones colombianas de educación superior sino, a la oportunidad que
estas tienen de fortalecer la integración iberoamericana, los lazos
socioculturales, así como la tendencia signada por el Estado Colombiano en la
globalización de todas las áreas del saber.
1.2.5.6.2.
Sostiene
que el artículo 1 de la Carta de 1991, consagra a Colombia como un Estado
Social de Derecho, fundado en la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y
en la prevalencia del interés general. En lo que se encuentra inmersa la
obligación del Estado de garantizar los derechos fundamentales, y la educación
es un derecho fundamental. Así mismo, hace referencia al artículo 2 de la Carta
que consagra a su vez, los fines esenciales del Estado, dentro de los cuales,
se establece entre otros, los de garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes de las personas y los demás derechos y libertades, en los
cuales se encuentra el acceso a la educación, que comprende no sólo recibir
formación sino el título correspondiente que acredite su idoneidad.
1.2.5.6.3.
De
igual manera, hace mención al artículo 67 de la Constitución, el cual estipula
que la Educación es un servicio público, prestado o no directamente por el
Estado, consagrado como derecho fundamental, tal y como lo ha manifestado la
Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia. (Sentencias T- 539 de 2009,
T- 009 de 2009 entre otras)
1.2.5.6.4.
Indica
que con relación al control de constitucionalidad, es importante destacar que
la Corte Constitucional se ha pronunciado en otros casos similares al que hoy
es objeto de discusión. En dicho sentido, la Sentencia C- 750 de 2008, al
ejercer el control de constitucionalidad sobre un convenio de igual naturaleza,
declaró la constitucionalidad de la ley aprobatoria del convenio de cooperación
comercial sucrito entre Colombia y el gobierno de los Estados Unidos de
Norteamérica.
1.2.5.6.5.   Por último,
afirma la asociación, que la Ley 1611 es constitucional, tanto en la forma como
en el fondo, pero corresponde a la sabiduría de la Corte, determinar si se debe
modular o condicionar dicha interpretación, determinando si corresponde al
Gobierno Colombiano garantizar que se establezcan mecanismos alternos que
respeten íntegramente el principio de igualdad, para que no se configure con
dicha norma un trato discriminatorio en nuestro país entre las universidades
acreditadas y las que no lo están, puesto que el acuerdo sólo es aplicable para
aquellas que sí se encuentran debidamente acreditadas.
1.3.
CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
En
ejercicio de las competencias previstas en los artículos 242.2 y 278.5 del
texto constitucional, el señor Procurador General de la Nación, Alejandro
Ordóñez Maldonado, presentó concepto número 5617 dentro del trámite de la
referencia, en el cual solicita a la Corte la declaración de exequibilidad de
las normas objeto de estudio.
En
cuanto al trámite del proyecto de la ley aprobatoria, la Vista Fiscal advierte
que se ajustó a los cánones constitucionales. Sobre el particular, señala que
el Proyecto de Ley surtió los debates reglamentarios, tanto en el Senado como
en la Cámara de Representantes, y se dio cumplimiento a la exigencia de
votación nominal y pública.
En
relación con el contenido material del tratado internacional, la Procuraduría
afirma que es importante que las naciones contratantes den prioridad al derecho
a la educación, implementando políticas que faciliten el enriquecimiento de los
conocimientos de sus asociados, con el fin de obtener un desarrollo humano más
armonioso y menos discriminado.
Añade que estos convenios  benefician a los estudiantes de
diversas áreas de la educación superior, al permitirles afianzar sus
conocimientos y estar a la vanguardia del progreso que está transformando el
contexto mundial. Así mismo, les facilita herramientas para enfrentar los
desafíos del porvenir económico y científico a los individuos, se constituye
para los Estados Parte en una vía de progreso para la obtención de ideales de
libertad, paz y justicia social.
Expone
que como
antecedente del Acuerdo objeto de estudio, este  constituye desarrollo del
Protocolo de Cooperación Educativa y Cultural entre la República de Colombia y
el Reino de España, integrante del Tratado General de Cooperación y Amistad,
suscritos en Madrid el 29 de octubre de 1992, ratificados por Colombia el 15 de
julio de 1994 por la Ley 150, y que fue avalado, en cuanto a su
constitucionalidad, por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-130 de
1995.
De
esta manera, explica que el Convenio impulsa el intercambio académico mediante
mecanismos diseñados para cumplir con las tendencias y exigencias de la
globalización, permitiendo el desarrollo de las potencialidades de los
estudiantes y el fortalecimiento de las naciones donde ellos ejerzan su
profesión
Advierte que
las cláusulas sustantivas consignadas en el Acuerdo contemplan, de manera
conjunta, la convalidación de títulos y grados académicos de educación
superior, lo que representa para los colombianos que residen en España y para
nuestros nacionales que realizan estudios en dicho país, un beneficio reflejado
tanto en el crecimiento intelectual, como en el campo laboral en el que van a
tener mayores oportunidades.
En
este orden, resalta que el Convenio se enmarca
dentro del especial tratamiento que da la Constitución a la educación para que los
ciudadanos puedan acceder a tal garantía (arts. 27, 67
a 69 C.P.) y a compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia
de educación como son los derivados del artículo 13 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, artículo 26 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el artículo 12 de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
De igual forma, expresa que el tratado le
brinda la posibilidad a los colombianos que decidan ejercer su profesión u
oficio en el exterior, que sus títulos y certificaciones expedidas en Colombia
sean reconocidos válidamente, situación que favorece el desarrollo de
competencias, mejora las perspectivas laborales de las personas y contribuye tanto
a la reducción de la tasa de desempleo como al crecimiento económico.
Así
las cosas, el Procurador General de la Nación concluye que tanto el Acuerdo
bajo revisión como su ley aprobatoria deben ser declarados EXEQUIBLES
puesto que, no vulneran la Constitución Política en su contenido material y,
por el contrario, sus disposiciones normativas garantizan y desarrollan los
principios constitucionales y legales establecidos en nuestro ordenamiento
jurídico.
2.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
2.1.
COMPETENCIA
De
acuerdo a lo establecido en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta
Política, la Corte Constitucional es competente para ejercer el control
integral de constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes
que los aprueben. La Ley 1611 de 2013 “Por medio de la cual se aprueba el
acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación
superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno del Reino de España”, suscrito en el Mar del Plata, Argentina,
el 4 de diciembre de 2010, es aprobatoria de un tratado público por
lo que, tanto desde el punto de vista material como formal, esta Corporación es
competente para adelantar su estudio de constitucionalidad. Razón por la cual,
se procederá a realizar un análisis sobre dicho control.
2.1.1.
EL
CONTROL AUTOMÁTICO SOBRE LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y LAS LEYES QUE LOS
APRUEBAN IMPLICA REALIZAR UN CONTROL INTEGRAL DEL PROCEDIMIENTO
La
Constitución de 1991 estableció, para algunas disposiciones del ordenamiento,
un control automático de constitucionalidad contemplado, entre otros para los
tratados internacionales y las leyes que los aprueban.
En
efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la
Carta, corresponde a la Corte el examen de constitucionalidad de los tratados
internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos.
En
cuanto a las características de este control, la jurisprudencia constitucional
ha señalado que es:
(i)
Previo al
perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a
la sanción gubernamental.
(ii)
Es
automático, pues la ley aprobatoria debe ser enviada directamente por el
Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis (6)
días siguientes a la sanción gubernamental.
(iii)
Es
integral en la medida en que la Corte debe analizar tanto los
aspectos formales como los materiales de la ley y del tratado, confrontándolos
con todo el texto constitucional.
(iv)
Tiene
fuerza de cosa juzgada.
(v)
Es
una condición sine qua non para la ratificación del
correspondiente acuerdo; y
(vi)
Cumple
una función preventiva, en cuanto tiene la finalidad de detectar
previamente a la vigencia del tratado, los eventuales quebrantamientos a la
preceptiva superior del Estado colombiano.
Así,
desde sus inicios, la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que
el control integral tanto del Tratado como la Ley que lo aprueba, es el
mecanismo consagrado por el Constituyente para armonizar el principio de
supremacía constitucional y la necesidad de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones internacionales. Por ello, resulta absolutamente necesario que
el control que ejerce la Corporación agote todo el análisis de posibles vicios
de procedimiento y de fondo. Sobre el particular, la Sentencia C-468 de
1997[1],
dijo:
“La
supremacía de la Constitución (C.P. art. 4) y la necesidad de garantizar la
efectividad de los compromisos internacionales (C.P. art. 9) exigen que la
Corte examine y decida definitivamente, en forma automática y previa, si un
tratado internacional está conforme o no con los mandatos constitucionales. En
efecto, la Carta de 1991 diseñó el control constitucional previo de los
tratados internacionales como un mecanismo que permite garantizar al mismo
tiempo la supremacía de la Constitución y el cumplimiento de los compromisos
internacionales por el Estado colombiano. Así, el control constitucional previo
se ubica en un sistema de relaciones de coordinación entre los órganos
públicos, pues impulsa el proceso de perfeccionamiento de los instrumentos
internacionales, los cuales habiendo cumplido las fases de negociación,
adopción, confirmación presidencial del texto celebrado por el delegado
plenipotenciario, aprobación por parte del Congreso y sanción presidencial,
buscan preservar la supremacía de la Constitución, sobre la base de que todos
los tratados internacionales tienen vocación para producir efectos jurídicos
vinculantes para los Estados que lo ratifican.
En
cuanto al control por eventuales vicios de procedimiento que la Corte ejerce sobre
los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, según lo prescrito
en el artículo 241 numeral 10 superior, éste se dirige tanto a examinar la
validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de
negociación y celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios
en la negociación y firma del tratado, como el cumplimiento de las reglas
relativas al trámite legislativo durante el estudio y
aprobación del correspondiente proyecto de ley en el Congreso de la República”.
Esta misma posición ha sido reiterada en múltiples oportunidades,
como las sentencias C-861 de 2001[2], C-915 de 2001[3], C-578 de 2002[4], C-781 de 2004[5], C-863 de 2004[6], C-333 de 2005[7], A. 089 de 2005[8], C-931 de 2005[9], C-1151 de 2005[10], C-172 de 2006[11], C-276 de 2006[12], C-576 de 2006[13], C-649 de 2006[14], C-863 de 2006[15], , C-718 de 2007[16], C-721 de 2007[17], C-858 de 2007[18], C-927 de 2007[19], C-291 de 2008[20], C-464 de 2008[21], C-541 de 2008[22], C-750 de 2008[23], C-751 de 2008[24], C-799 de 2008[25], C-944 de 2008[26], C-1156 de 2008[27], C-1192 de 2008[28], C-094 de 2009[29], C-195de 2009[30], C-150 de 2009[31], A. 267 de 2009[32], C-288 de 2009[33], C-376 de 2009[34], C-378 de 2009[35], C-379 de 2009[36], C-446 de 2009[37], C-466 de 2009[38], C-577 de 2009[39], C-615 de 2009[40], C-638 de 2009[41], C-639 de 2009[42], C-683 de 2009[43], C-285 de 2009[44], C-801 de 2009[45], C-293 de 2010[46], C-538 de 2010[47], C-941 de 2010[48], C-261 de 2011[49], C-169 de 2012[50], C-819 de 2012[51], C-822 de 2012[52], entre otros.
En cuanto a los vicios de trámite, la Corporación ha
señalado que el control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de
tratados, comprende la totalidad del procedimiento legislativo.
Así, en la Sentencia C-1002 de 2003[53]
dispuso que “La Corte ha afirmado en forma reiterada
que el control de constitucionalidad que ejerce respecto de los Tratados y de
sus leyes aprobatorias, comprende la totalidad del contenido de esos
actos jurídicos, tanto en sus aspectos formales como materiales.”
De igual manera, en la Sentencia C-460 de 2010[54]
se dispuso que el control constitucional de las leyes aprobatorias de Tratados,
implica la verificación del cumplimiento de los requisitos consagrados en la
Ley Orgánica del Congreso. Sobre el particular dijo:
El
control de constitucionalidad formal persigue verificar el cumplimiento de los
requisitos necesarios en el proceso de negociación y celebración del tratado
como en el trámite legislativo desarrollado y la sanción presidencial del
proyecto de ley[55].
Además, la ley aprobatoria debe observar el procedimiento de una ley ordinaria por
no disponer lo contrario la Carta Política y así indicarlo la Ley Orgánica del
Congreso de la República[56],
salvo lo concerniente a la iniciación del debate en el Senado de la República
al referir a las relaciones internacionales y la remisión oportuna por el
Gobierno del tratado y la ley aprobatoria.
(Subrayado fuera del texto)
Se
concluye entonces que el control automático de las leyes aprobatorias de los
Tratados es automático, integral y definitivo. En razón a lo expuesto, lo que
se pretende es evitar la incertidumbre jurídica del ordenamiento legal vigente
y por el contrario, procurar la estabilidad de las normas que implican en
cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado.
2.2.       Análisis formal de la suscripción y aprobación del
Convenio.
2.2.1.
Suscripción del Convenio
El
“Acuerdo
de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior
universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del
Reino de España”,
fue suscrito en  el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010, por la
Ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín Cuellar[57], en
representación del Estado colombiano, quien conforme con lo establecido en el
literal a) del numeral 2º, del artículo 7º de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados[58],
no requiere de la presentación de plenos poderes para ejecutar los actos
relativos a dicha celebración.
Además,
la suscripción del Convenio por parte de la Ministra de Relaciones Exteriores
fue aprobada por el Jefe del Ejecutivo el  19 de julio de 2011[59].
De tal suerte que la suscripción del instrumento objeto de estudio, cumplió con
lo dispuesto por el artículo 189 de la Constitución Política, que confía al
Presidente de la República la dirección de las relaciones internacionales y
que, en ejercicio de dicha facultad, le asigna la celebración de acuerdos con
otros Estados y con entidades de derecho internacional.
2.2.2.
Trámite
previo: en el presente caso no era necesario agotar la consulta previa.
La Constitución Política de Colombia de 1991
reconoce y garantiza la pluralidad de etnias y su derecho fundamental a la
libre determinación. De esta manera, el artículo 1º Superior define a Colombia
como un Estado democrático, participativo y pluralista; en concordancia, el
artículo 7º señala que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y
cultural de la Nación colombiana.
Por su parte, el artículo 8º de la Carta Política
indica que es obligación del Estado y de todas las personas proteger las
riquezas culturales de la Nación, mientras el artículo 10º establece que pese a
que el castellano es el idioma oficial del país, las lenguas y dialectos de los
grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. A su turno, el
artículo 70 señala que la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento
de la nacionalidad y el artículo 72 llama la atención sobre la obligación del
Estado de proteger el patrimonio cultural.
Con fundamento en estas disposiciones, entre otras,
la jurisprudencia constitucional ha reconocido el derecho de las comunidades
étnicas a la identidad étnica y cultural, el cual, en los términos de la
sentencia T-778 de 2005[60],
tiene como finalidad “(…) que las comunidades que no ostentan los valores
culturales y sociales de la sociedad mayoritaria puedan ejercer sus derechos
fundamentales de acuerdo con su propia manera de ver el mundo. Ello implica que
también los individuos que pertenecen a una comunidad indígena puedan
expresarse y autodeterminarse de acuerdo con su cosmovisión cultural
dentro y fuera de sus territorios.”(Subrayado fuera de texto)
En este orden, ha dicho la Corte que el derecho a la
libre determinación comprende el derecho de las comunidades étnicas a “(…)
determinar sus propias instituciones y autoridades de gobierno; a darse o
conservar sus normas, costumbres, visión del mundo y opción de desarrollo o
proyecto de vida; y de adoptar las decisiones internas o locales que estime más
adecuadas para la conservación o protección de esos fines”.[2]Así,
la consagración de este derecho, junto con el de otros derechos de las
comunidades étnicas, como se manifestó en la sentencia C-030 de 2008,
parte del reconocimiento del valor intrínseco de las comunidades étnicas como
grupos diferenciados culturalmente.
En la Sentencia T-973 de 2009, la Corte precisó que
el derecho a la autodeterminación comprende tres ámbitos de protección ligados
a distintos factores de interacción:
“En el ámbito externo, el respeto por la
autonomía de las comunidades indígenas exige reconocer el derecho de tales
grupos, a participar en las decisiones que los afectan. Ese
reconocimiento supone que en las relaciones entre estos pueblos y el
Estado, la consulta previa a las comunidades indígenas juega un rol
necesario en los términos previamente enunciados, para asegurar que las
aspiraciones culturales, espirituales y políticas de los pueblos indígenas sean
consideradas en el ejercicio de las demás atribuciones y competencias de la
Administración. Por lo tanto, estos pueblos tienen el derecho a ser consultados
previamente con relación a las decisiones que los afecten, en los términos que
determine la Constitución y la ley. Un segundo ámbito de protección, también
externo, tiene que ver con la participación política de estas
comunidades, en la esfera de representación nacional en el Congreso. Así,
las comunidades indígenas tienen el derecho de participar en la circunscripción
especial electoral prevista para ellas, de acuerdo con la Constitución. (…)
Finalmente, existe un tercer
ámbito de reconocimiento a la autonomía de estas comunidades que es de orden
interno, y que está relacionado con las formas de autogobierno y de
autodeterminación de las reglas jurídicas al interior de los pueblos indígenas.
Ello supone el derecho de las comunidades, (i) a decidir su forma de gobierno
(CP art. 330); (ii) el derecho a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de
su ámbito territorial (C.P. art. 246) y (iii) el pleno ejercicio del derecho de
propiedad de sus resguardos y territorios, con los límites que señale la
Constitución y la ley. La autonomía política y jurídica, relacionada de este
modo con una autogestión territorial, actúa así como un instrumento de
reafirmación de la identidad de las comunidades indígenas, las cuales, mediante
el ejercicio de sus prácticas tradicionales, avanzan en el fortalecimiento de
sus autoridades internas y en el auto-reconocimiento de sus espacios de
expresión colectiva”.(Subrayado fuera de texto)
Así, se ha establecido la consulta previa como
un derecho fundamental de las comunidades étnicas y un requisito de
procedimiento que debe surtirse antes de un trámite legislativo en el que se
adopten medidas que puedan afectarlas directamente.
En este sentido, la Corte expresó en la Sentencia C-702 de 2010[61]:
“La consulta debe efectuarse en un
momento previo a la radicación del proyecto en el Congreso de la República,
para que los resultados del proceso de participación incidan en el
contenido de la iniciativa que se somete a consideración; no obstante, durante el trámite legislativo en el Congreso de la
República dicho proceso participativo no se interrumpe.” (Subrayado original)
Debe
señalarse que la consulta previa solamente es necesaria en el caso de
decisiones que conciernen directamente a
una o varias comunidades étnicas. Sobre este punto, la Corte en la Sentencia
C-030 de 2008[62]
diferenció para efectos de participación entre decisiones que conciernen
directamente o indirectamente a las comunidades étnicas:
“De
este modo, cuando se adopten medidas en aplicación del convenio, cabe
distinguir dos niveles de afectación de los pueblos indígenas y tribales: el
que corresponde a las políticas y programas que de alguna manera les
conciernan, evento en el que debe hacerse efectivo un derecho general de
participación, y el que corresponde a las medidas administrativas o
legislativas que sean susceptibles de afectarlos directamente, caso para el
cual se ha previsto un deber de consulta.”
En
relación con las decisiones que afectan directamente a las comunidades étnicas,
esta misma sentencia precisó que “lo que debe ser objeto de consulta son
aquellas medidas susceptibles de afectar directamente a las comunidades
indígenas en su calidad de tales y no aquellas disposiciones que se han
previsto de manera uniforme para la generalidad de los colombianos”.
Concluyendo que en cada caso concreto debe establecerse si opera el deber de
consulta, bien sea porque se está ante la perspectiva de adoptar una medida
legislativa que de manera directa y específica regula situaciones de las
comunidades étnicas, o porque del contenido material se desprende una posible
afectación de tales comunidades en ámbitos que le son propios.
Ahora
bien, a fin de establecer si la consulta es obligatoria en un caso concreto,
por afectar directamente a las mencionadas comunidades, la jurisprudencia
constitucional ha señalada que hay “afectación directa cuando la ley altera
el status de la persona o comunidad bien sea porque le impone restricciones o
gravámenes, o por el contrario le confiere beneficios. De manera que procede la
consulta, cuando la ley contiene disposiciones susceptibles de dar lugar a una
afectación directa a los destinatarios, independientemente de que tal afecto
sea positivo o negativo, aspecto éste que debe ser, precisamente, objeto de la
consulta.”[63]
En
relación con la consulta previa en materia de leyes aprobatorias de tratados
internacionales, la Corte ha sostenido que al realizar el control automático de
constitucionalidad que le compete sobre instrumentos internacionales
ratificados por Colombia, debe también verificar el cumplimiento del requisito
de la consulta previa cuando se trate de normas que afectan directamente a las
comunidades étnicas.[64]
En
el caso bajo estudio, un examen del contenido de la Convención, permite
concluir que las medidas que mediante él se pretenden adoptar no conciernen
directamente a ninguna comunidad étnica asentada en el territorio nacional, de
modo que la consulta previa no era un requisito previo. En efecto, el Acuerdo
hace alusión al reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos entre
Colombia y el Reino de España, cuya finalidad general es fortalecer la relación
bilateral en materia educativa entre los Estados Partes, lo que es un beneficio para los colombianos que residen en
España y para los nacionales que realizan estudios en dicho país.
En
definitiva, dado que en el presente caso el Convenio en examen no afecta de
manera directa a comunidades étnicas colombianas, no era necesario realizar
procesos de consulta antes de dar inicio al trámite legislativo.
2.2.3.
Trámite
de aprobación del proyecto de ley en el Congreso de la República
La
Constitución Política no señaló trámite especial para las leyes aprobatorias de
los tratados internacionales y su incorporación a la legislación interna, por
lo que a éstas les corresponde el previsto para las leyes ordinarias (C.P.,
artículos 157, 158, 160 y 165).
Por
su parte, en virtud de lo previsto en el artículo 154 Superior, la iniciación
del procedimiento legislativo debe efectuarse en el Senado de la República,
toda vez que la ley que aprueba un instrumento público se inscribe en la órbita
de las relaciones internacionales. En efecto, de acuerdo con el inciso final
del artículo 154 de la Carta, “Los proyectos de ley relativos a los tributos
iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se refieran a
relaciones internacionales, en el Senado”.(subrayado fuera de texto)
Sobre
el particular la Corte ha sostenido:
“Cabe,
señalar en relación a este último aspecto que el procedimiento de expedición de
las leyes aprobatorias de tratados internacionales es el mismo de las leyes
ordinarias, pues la Constitución no previó un trámite especial para ellas,
salvo en cuanto a  la necesidad de iniciar su trámite en el Senado de la
República, según lo establece el inciso final del artículo 154 de la Carta”[65].
De
conformidad con la documentación que obra en el expediente legislativo, se
logró establecer que el proyecto de ley radicado bajo los números 107 de
2011 Senado y 141 de 2012 Cámara, agotó el siguiente trámite en el
Congreso de la República:
2.2.3.1.
Trámite en el Senado de la República.
El
proyecto de ley fue radicado en el Senado de la República por el Gobierno
Nacional, el día 7 de septiembre de
2011, a
través de la Ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín
Cuéllar  y de la Ministra de Educación Nacional, doctora María Fernanda Campo Saavedra.
El
texto original con la respectiva exposición de motivos radicados en el Senado,
aparecen publicados en la Gaceta del Congreso No. 665 del 7 de septiembre
2011[66],
cumpliéndose así, con los requisitos referentes a la iniciación de esta clase
de asuntos en el Senado de la República (artículo 154 constitucional), y a la
publicación del proyecto de ley antes de darle curso en la Comisión Respectiva
(numeral 1 del artículo 157 de la Carta).
2.2.3.1.1.
Publicación de la ponencia para primer debate:
La
ponencia para primer debate fue repartida en la Comisión Segunda del Senado de
la República y presentada en forma favorable por
el Senador designado Edgar Gómez Román. La ponencia fue publicada en la Gaceta
del Congreso No. 139 del 11 de abril de 2012[67].
2.2.3.1.2.
Anuncio y aprobación en primer debate:
El
Proyecto de Ley 107 de 2011 Senado fue anunciado para primer debate en el
Senado de la República el 8 de mayo de 2012, tal como consta en el Acta
No. 22 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 547 del 23
de agosto de 2012[68],
en los siguientes términos (subrayas fuera de texto):
“Por
instrucciones de la Presidenta de la Comisión Segunda del Senado de la
República, anuncio de discusión y votación de Proyectos de ley para la
próxima sesión. (Artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003):
1.
Proyecto de ley número 107 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el
“Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación
superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno del Reino de España”, suscrito en mar del Plata, Argentina, el 4 de
diciembre de 2010.
En
la parte final del acta, el Presidente de la Comisión indica: “Se levanta la
sesión y se cita para mañana a las 10 de la mañana.”
El
proyecto fue discutido y aprobado el 9 de mayo de 2012, según consta en
el Acta No. 23 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No.
548 del 23 de agosto de 2012[69].
El siguiente es el texto de la aprobación:
“Proposición:
De acuerdo a las anteriores
consideraciones, me permito proponer a los honorables Senadores, dése primer
debate al Proyecto de ley número 107 de 2011 Senado, por medio de la cual se
aprueba el Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de
educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia
y el Gobierno del Reino de España, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4
de diciembre de 2010. (SIC)
Cordialmente, firma el
honorable Senador Édgar Gómez Román, ponente.
La señora Presidenta,
Senadora Alexandra Moreno Piraquive,
informa que está en consideración el informe leído. Aprueba la Comisión el
informe final del Proyecto de ley número 107 de 2011 Senado.
El Secretario de la
Comisión, doctor Diego González González, le
informa a la Presidencia que ha sido aprobado el informe final del Proyecto de
ley número 107 de 2011 Senado.
La Presidente, Senadora
Alexandra Moreno, informa que se ha
solicitado la omisión de la lectura del articulado. Aprueban los Senadores de
la Comisión la omisión y el bloque del articulado del proyecto.
El
Secretario de la Comisión, doctor Diego González González, informa a la Presidencia
que sí se aprueba por los Senadores de la Comisión, la omisión de lectura del
articulado, y el bloque del articulado del Proyecto de ley número 107 de 2011
Senado.
Lectura del título del
proyecto.
El Secretario, doctor Diego
González González, da lectura al título del Proyecto de ley número 107 de 2011
Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de reconocimiento mutuo de
títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España,
suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010. Está leído el
título del proyecto señora Presidenta.
La señora Presidenta,
Senadora Alexandra Moreno Piraquive,
somete a consideración de los Senadores de la Comisión, el título del Proyecto
de ley número 107 de 2011 Senado, leído por el Secretario. ¿Aprueba la Comisión
el título y que este proyecto de ley tenga segundo debate en la Plenaria del
Senado?
El Secretario de la
Comisión, doctor Diego Alejandro González González, le informa a la Presidencia que sí aprueban los Senadores de la
Comisión, el título del Proyecto de ley número 107 de 2011 Senado, y el querer
de los Senadores que este proyecto se convierta en ley de la República y pase a
segundo debate en la Plenaria del Senado.
En consecuencia, la
señora Presidenta, Senadora Alexandra Moreno Piraquive,
nombra como ponente para el segundo debate al mismo Senador Edgar
Gómez Román”. (Negrillas y subrayado fuera del texto)
De
acuerdo con certificación del 13 de febrero de 2013[70],
suscrita por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la
República, el proyecto de ley en cuestión fue discutido y aprobado con un
quórum deliberatorio y decisorio de trece senadores que conforman la Comisión.
Todos ellos aprobaron el referido proyecto por unanimidad, tal y como consta en
la Gaceta No. 548 de 2012. (Ver folio 1 -2, cuaderno de pruebas No. 1  OPC-13/13)
2.2.3.1.3.
Ponencia para segundo debate:
La
ponencia para segundo debate al proyecto de ley de la referencia fue publicada
en la Gaceta No.579 del 31 de agosto de 2012[71],
siendo presentada en forma favorable por el Senador Edgar Gómez Román.
2.2.3.1.4.
Anuncio y aprobación del proyecto en segundo debate:
El
proyecto de ley fue anunciado el 4 de septiembre de 2012 para la próxima
sesión, tal como consta en el Acta No. 12 de esa fecha, publicada en la Gaceta
del Congreso No. 797 del 9 de noviembre de 2012. El anuncio se realizó así:
“…Anuncio
de proyectos
“Por
instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de
2003, por Secretaría se anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en
la próxima sesión.(…) Proyecto de ley número 107 de 2011 Senado”.(Subrayado
fuera de texto)
Al final se lee: “Siendo las 6:50
p. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día martes 11 de
septiembre de 2012, a las 3:00 p. m...”
Según
consta en el Acta No. 13 del 11 de septiembre de 2012, publicada en la Gaceta
del Congreso No. 798 de la misma fecha[72],
la plenaria del Senado aprobó el proyecto en la fecha para la cual fue
anunciado. La votación fue unánime como se puede deducir del Acta, toda vez
que hubo un quórum de 92 votos afirmativos de 100 senadores pues 8 se
encontraban ausentes con excusa, cero negativos y cero abstenciones de 100
senadores. Lo anterior, es ratificado por la certificación expedida el 25
de febrero de 2013 por el Secretario General del Senado de la República[73].
Debe
tenerse en cuenta que la iniciativa fue aprobada en cada uno de los debates,
tanto en comisiones como en plenaria. Al respecto, debe tenerse en cuenta que
en cada una de las etapas del trámite legislativo el proyecto fue aprobado por
unanimidad y a través de votación ordinaria. Así, aunque el artículo 133 CP
prescribe que las votaciones de las corporaciones públicas serán nominales y
públicas, difirió las excepciones a la Ley. Por tanto, el artículo 129
R.C., modificado por el artículo 1 de la Ley 143 de 2011 estipula en su numeral
16 que no se requerirá votación nominal y pública “cuando en el trámite del
proyecto de ley exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o
plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto a
menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus miembros”.
En
lo concerniente al caso objeto de estudio, se puede observar que dicha
unanimidad es comprobable, pues en cada una de las etapas del trámite no se
mostró negativa frente al articulado, e incluso en cada una de las etapas se
adelantaron acciones que uniformemente mostraban el común acuerdo tanto de
comisiones como de plenaria, respecto a la aprobación del proyecto.
El
siguiente es el texto de la aprobación[74]:
“La
Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del proyecto.
Por
Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 107 de 2011
Senado, por medio del cual se aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de
títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito
en mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.
Leído
este, la Presidencia lo somete a consideración de la Plenaria, y cerrada su
discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación el título leído? Y
estos le imparten su aprobación, con el quórum constitucional  requerido.
Cumplidos
los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia
pregunta:
¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de
ley aprobado, surta su trámite en la honorable Cámara de Representantes? Y
estos responden afirmativamente con el quórum constitucional requerido.
La
Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente proyecto del
Orden del Día”.
2.2.3.2.      Trámite
en la Cámara de Representantes
2.2.3.2.1.
Ponencia para primer debate:
Radicado
el proyecto de ley de la referencia en la Cámara de Representantes con el
número 141 de 2012, fue repartido a la Comisión Segunda Constitucional de la
Cámara de Representantes, y se designó como ponente al Representante Iván Darío
Sandoval Perilla. La ponencia favorable para primer debate se encuentra
publicada en la Gaceta del Congreso No. 825 del 21 de noviembre de 2012[75].
2.2.3.2.2.
Anuncio y aprobación en primer debate:
De
conformidad con el texto del Acta No. 22 del 21 de noviembre de 2012, publicada
en la Gaceta del Congreso No. 222 del 22 de abril de 2013[76],
el anuncio de la aprobación del proyecto de ley se realizó en los
siguientes términos:
“Anuncios de proyectos de ley para discusión y aprobación en
primer debate, para dar cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo número
01 de 2003 y estos proyectos van a ser discutidos y votados en la próxima
sesión donde se discutan y aprueben proyectos de ley.
Proyecto de ley número 141 de 2012 Cámara, 107 de 011 Senado, por medio de la cual se aprueba ¿El Acuerdo de reconocimiento
mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre
el Gobierno de la República de Colombia y El Gobierno del Reino de España, suscrito
en Mar de Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010. (Negrilla fuera del
texto)
Enseguida,
el Presidente de la Comisión expresó:
Con ello hemos terminado nuestra sesión del día de hoy y
convocamos para el próximo miércoles 28 de noviembre a las 10 de la mañana.
En
efecto, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes discutió y aprobó el
proyecto de ley de la referencia en la sesión del  28 de noviembre de 2012,
según consta en el Acta No. 23 de esa fecha, publicada en la Gaceta
del Congreso No. 224 del 22 de abril de 2013[77].
De acuerdo con certificación expedida por la Secretaria General de la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes de fecha 14 de febrero de 2013, allegada
a esta Corporación el 21 de febrero del mismo año, la aprobación se dio “por
votación ordinaria unánime” con el SI de los 13 Honorables Representantes
presentes, pues 5 de los 18 se encontraba ausentes con excusa, tal y como
consta en el acta mencionada.”[78](Negrillas
fuera de texto)
2.2.3.2.3.
Ponencia para la Plenaria de la Cámara de
Representantes:
La
ponencia para segundo debate al proyecto de la ley de la referencia fue
publicada en la Gaceta del Congreso No. 885 del 5 de diciembre de 2012[79],
con ponencia favorable del Representante a la Cámara Iván Darío Sandoval
Perilla.
2.2.3.2.4.
Anuncio y aprobación de la Plenaria:
El
anuncio de votación del proyecto de ley que ordena el Acto Legislativo 01 de
2003 se hizo en la sesión del 12 de diciembre de 2012, según consta en
el Acta No. 183 de esa fecha y que se encuentra publicada en la Gaceta
del Congreso No. 221 del 22 de abril de 2013.
La
trascripción del anuncio es la siguiente:
“Dirección de la Presidencia, doctor Carlos Andrés Amaya
Rodríguez:
Señor Secretario, por favor anunciar proyectos según el Orden del
Día que se ha establecido para hoy.
Subsecretario (E), doctor Raúl Enrique Ávila Hernández:
Sí señor Presidente se anuncian proyectos para la Sesión Plenaria
del día 13 de diciembre de 2012, de acuerdo al Acto Legislativo número 01 de
2003 o para la siguiente sesión donde se voten y discuten proyectos de ley o
proyectos de Acto Legislativo. (…)Proyecto
de ley número 141 de 2012 Cámara  107 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de reconocimiento
mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España,
suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010”.
En
efecto, tal como consta en el Acta No. 184 de la sesión del 13 de
diciembre de 2012, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el
proyecto de la ley por unanimidad en votación ordinaria con la
asistencia de 159 Representantes, como consta en la Gaceta del Congreso No.
271 del 10 de mayo de 2013, según lo ratifica la certificación expedida[80]por
el Secretario General de la Cámara de Representantes el 18 de febrero de 2013.
La
aprobación se realizó de la siguiente manera[81]:
“Secretario, doctor Jorge
Humberto Mantilla Serrano, informa:
Cuarto punto, Proyecto de ley número 141 de 2012 Cámara, 107 de 2011 Senado,
por medio de la cual se aprueba el acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y
grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno del Reino de España suscrito en Mar del
Plata Argentina el cuatro de diciembre de 2010.
El informe con que termina
la ponencia dice así: Proposición,
por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo
dispuesto por la Constitución Política y la ley me permito proponer al pleno de
la Cámara de Representantes aprobar en segundo debate el Proyecto de ley número
141 de 2012 Cámara y 107 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el
acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior
universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el gobierno del
Reino de España suscrito en Mar del Plata Argentina el 4 de diciembre de 2010.
Firma Iván Darío Sandoval Perilla, Representante a la Cámara.
Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Gracias señor Secretario, en
consideración el informe de ponencia, anuncio que va a cerrarse queda cerrado,
¿Aprueba la Plenaria?
Subsecretaria, doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa:
Ha sido aprobado señor
Presidente.
Dirección de la Presidencia,
doctor Augusto Posada Sánchez:
Agradeciéndole a la doctora
Alejandra Valencia, Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales de la
Cancillería la presencia en esta Plenaria.
Articulado del proyecto
señor Secretario.
Secretario, doctor Jorge
Humberto Mantilla Serrano, informa:
Señor Presidente tiene tres
artículos y ninguna proposición.
Dirección de la Presidencia,
doctor Augusto Posada Sánchez:
¿En consideración el
articulado del proyecto, anuncio que va a cerrarse queda cerrado, aprueba la
Plenaria?
Secretario, doctor Jorge
Humberto Mantilla Serrano, informa:
Ha sido aprobado, señor
Presidente”
Dirección de la Presidencia,
doctor Augusto Posada Sánchez:
Título y pregunta, señor
Secretario.
Secretario, doctor Jorge
Humberto Mantilla Serrano, informa:
Por medio de la cual se
aprueba el acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de la
educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia
y el Gobierno del Reino de España, suscrito en Mar del Plata Argentina el 4 de
diciembre de 2010.
Ha sido leído señor
Presidente el título.
Dirección de la Presidencia,
doctor Augusto Posada Sánchez:
Gracias señor
Secretario, título y pregunta si la Plenaria quiere que este proyecto sea Ley
de la República, anuncio que va a cerrarse queda cerrado ¿aprueba la Plenaria?
Secretario, doctor
Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
Ha sido aprobado,
señor Presidente”.
2.2.4.
Sanción Presidencial y envío a la Corte
Constitucional
El
02 de enero de 2013[82],
el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del convenio
internacional, convirtiéndose en la Ley 1611 de 2013.
Posteriormente,
, fue remitido el texto de la ley por la Secretaría Jurídica de la Presidencia
de la República a la Corte Constitucional, dando cumplimiento al término de
seis días otorgado por el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución.
2.3.
CONSTITUCIONALIDAD DEL TRÁMITE DADO A LA LEY 1461 DE
2011.
Luego
del recuento anterior, pasa la Corte a determinar la constitucionalidad del
trámite de aprobación de la Ley 1611 de 2013.
2.3.1.
Oportunidad en la radicación del proyecto de ley en
el Senado de la República.
La
Corte observa que la aprobación ejecutiva del Acuerdo fue suscrita por el
Presidente de la República el día 19 de julio de 2011[83].
Por otro lado, se verifica que la radicación del proyecto de ley en el Senado
de la República por parte de la Ministra de Relaciones Exteriores María Ángela
Holguín Cuellar, y la Ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo Saavedra,
se realizó el 07 de septiembre de 2011[84]
y la publicación del proyecto de ley se llevó a cabo el 7 de septiembre de
2011, según consta en la Gaceta del Congreso No. 665 de esa fecha[85],
cumpliendo
así con lo dispuesto en el artículo 154 de la Constitución Política, esto es,
inició su trámite en el Senado de la República y, de otro lado, inició su
trámite en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de Relaciones
Internacionales, Comercio Exterior y Defensa Nacional, de conformidad con lo
establecido en la Ley 3ª de 1992.
2.3.2.
Oportunidad de la publicación del proyecto de ley y
cumplimiento del mínimo de debates para su aprobación.
Esta
Corte constata que el proyecto de la ley fue publicado en el Congreso antes de
darle curso en la comisión respectiva: el proyecto de ley fue publicado el 7
de septiembre de 2011[86]
y se inició el trámite en la Comisión Segunda del Senado el 11 de abril de 2012[87]
(Art. 157-1 C.P.).
Además,
fue aprobado en primer debate en las correspondientes comisiones de cada cámara
(art. 157-2 C.P.), aprobado en segundo debate en las plenarias de cada cámara
(art. 157-3 C.P.) y recibió la debida sanción presidencial (art. 157-4
C.P.).
2.3.3.
Cumplimiento del primer inciso del artículo 160
Superior
Entre
el primero y segundo debate en cada una de las cámaras transcurrió un tiempo no
inferior a ocho días, tal como lo ordena el artículo 160 constitucional, así:
la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda del Senado tuvo lugar el 9
de mayo de 2012[88],
mientras que la aprobación en la plenaria ocurrió el 11 de septiembre de
2012[89];
del mismo modo, la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda de la
Cámara ocurrió el 28 de noviembre de 2012[90],
y el segundo debate tuvo lugar el 13 de diciembre de 2012[91].
De
otro lado, entre la aprobación del proyecto en el Senado (11 de septiembre
de 2012) y la iniciación del debate en la Cámara de Representantes (21
de noviembre de 2012) transcurrió un lapso no inferior a quince días, en
cumplimiento del artículo 160 de la Carta Política.
2.3.4.
Cumplimiento del quórum decisorio.
En
cuanto al quórum decisorio al que hace referencia el artículo 146 de la Carta
Política, las votaciones en las sesiones de comisión y de plenaria se
realizaron con el cumplimiento del quórum requerido y el proyecto fue
aprobado por unanimidad, tal como lo ratifican las certificaciones expedidas
por los respectivos secretarios generales de las comisiones constitucionales
permanentes y de las plenarias de cada cámara.
2.3.5.
Cumplimiento del requisito de anuncio del artículo
160 constitucional, tal como fue modificado por el artículo 8º del Acto
Legislativo 01 de 2003
En
cuanto al cumplimiento del requisito del anuncio de que trata el artículo 8°
del Acto Legislativo 01 de 2003[92],
que adicionó el artículo 160 de la Constitución Política, encuentra la Corte
que dicho requisito también se cumplió.
En
efecto, el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003 dispone lo siguiente:
“Ningún
proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que
previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a
votación lo dará la presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a
aquella en la cual se realizará la votación.”
Según
lo establece la jurisprudencia pertinente, esta disposición busca evitar la
votación sorpresiva de los proyectos de ley y actos legislativos, en aras de
permitir que los congresistas se enteren de los proyectos que van a ser
discutidos y votados en las sesiones siguientes[93].
Según la Corte, la finalidad del anuncio es la de“permitir
a los Congresistas saber con anterioridad cuales proyectos de ley o informes de
objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el
conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos
con votaciones intempestivas”[94].
La
exigencia del anuncio previo es entonces de rango constitucional, para afianzar
el principio democrático, el respeto por las minorías parlamentarias, y la
publicidad y transparencia del proceso legislativo.
Ahora
bien, del texto de la disposición constitucional se desprende que el anuncio
debe cumplir los siguientes requisitos[95]:
“a)       El
anuncio debe estar presente en la votación de todo proyecto de ley.
b)         El
anuncio debe darlo la presidencia de la cámara o de la comisión en una sesión
distinta y previa a aquella en que debe realizarse la votación del proyecto.
c)         La
fecha de la votación debe ser cierta, es decir, determinada o, por lo menos,
determinable.
d)         Un
proyecto de ley no puede votarse en una sesión distinta a aquella para la cual
ha sido anunciado”.
En
el caso concreto de la aprobación del proyecto de la Ley 1611 de 2013, esta
Corte encuentra lo siguiente:
En
el curso del proyecto durante su primer debate en la Comisión Segunda del
Senado, el 8 de mayo de 2012 (Acta No. 22, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 547 del 23 de agosto de 2012), se anunció
el proyecto de ley para la próxima sesión y al finalizar la sesión se
convocó para el día 9 de mayo de 2012, sesión en la que efectivamente se
llevó a cabo la aprobación (Acta No. 23, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 548 del 23 de agosto de 2012).
Igualmente,
en el trámite del proyecto en el segundo debate en la plenaria del Senado, el
proyecto se anunció el 4 de septiembre de 2012 (Acta
No. 12 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 797 del 9
de noviembre de 2012) para la próxima sesión y al finalizar la
sesión se convocó para el día martes 11 de septiembre de 2012
a las 3:00 p.m. Y, efectivamente, el 11 de septiembre de 2012, el
proyecto fue aprobado según consta en el Acta No. 13 de esa fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 798 del 11 de septiembre de 2012.
Por
su parte, en cuanto a lo ocurrido en la Cámara de Representantes, se encontró
que el anuncio para primer debate se realizó el 21 de
noviembre de 2012 (Acta No. 22 de esa fecha, publicada en la Gaceta
del Congreso No. 222 del 22 de abril de 2013) para el 28 de noviembre de
2012 a las 10 de la mañana, sesión en la que efectivamente
se discutió y aprobó el proyecto (Acta No. 23, publicada en la Gaceta
del Congreso No. 224 del 22 de abril de 2013).
Finalmente,
en el segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, el proyecto
de ley se anunció en la sesión del 12 de diciembre de 2012
(Acta No. 183 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No.
221 del 22 de abril de 2013) para el 13 de diciembre de 2012, fecha
en la que el proyecto fue aprobado (Acta No. 184, publicada en la Gaceta
del Congreso No. 271 del 10 de mayo de 2013).
Resalta
la Corte que en ninguna de las etapas de formación de este proyecto se
interrumpió la secuencia de anuncios, citaciones y votaciones. Así, tanto para
los Congresistas de la correspondiente cámara legislativa, como para los
ciudadanos interesados en la formación de esta ley, la fecha en que se haría la
votación del proyecto era claramente determinable y futura, lo cual asegura que
los fines de este requisito constitucional se cumplieron a cabalidad.
2.3.6.
Cumplimiento del artículo 162 de la Constitución.
El
artículo 162 de la Constitución Política señala que “Los proyectos de ley
que no hubieren completado su trámite en una legislatura y que hubieren
recibido primer debate en alguna de las Cámaras, continuarán su curso en la
siguiente, en el estado en que se encuentren. Ningún proyecto de ley podrá
ser considerado en más de dos legislaturas”. (Subrayado fuera de texto)
Observa
la Corte que se le dio cabal cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 162
Superior. Lo anterior, se verifica al observar la fecha en que el proyecto fue
radicado en el Senado de la República y la fecha en que fue aprobado en cuarto
debate. Así, el proyecto fue radicado en el Senado de la República el 07 de
septiembre del año 2011, es decir, en la legislatura que empezó el 20 de
julio de 2011 y que terminó el 20 de junio de 2012. Por su parte, el proyecto
fue aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes el 13 de
diciembre de 2012, o sea en la siguiente legislatura que empezó el 20 de
julio de 2012 y que terminó el 20 de junio de 2013.
En
consecuencia, colige la Corte Constitucional que desde el punto de vista
formal, la Ley 1611 de 2013 cumplió el procedimiento legislativo previsto en la
Constitución Política de Colombia y en la Ley 5 de 1992[96]
Concluido
el análisis de forma del procedimiento de aprobación del proyecto de la ley de
la referencia, procede la Corte a realizar el estudio material del Acuerdo
objeto de revisión.
2.4.
ANÁLISIS
MATERIAL SOBRE EL CONTENIDO Y ESTIPULACIONES DEL INSTRUMENTO INTERNACIONAL
APROBADO MEDIANTE LA LEY 1611 DE 2013
2.4.1.
Del
propósito de este Acuerdo y de su adecuación constitucional
De
lo expuesto con anterioridad, puede deducirse que, el Acuerdo
de Reconocimiento Mutuo de Títulos y Grados Académicos de Educación superior
Universitaria, firmado en Mar
del Plata, Argentina, en diciembre de 2010, entre la República de Colombia y el
Reino de España, e incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la
Ley 1611 de 2013, que ahora se revisan, son una muestra del “deseo
común de ambos países de facilitar el mutuo reconocimiento de estudios,
títulos, diplomas y grados académicos de educación superior que tengas validez
oficial en el sistema educativo de cada uno”.
En
los artículos 1 y 2, las partes que suscriben el Acuerdo incluyeron una
prerrogativa adicional, la cual se enfatiza en la validez oficial otorgada por
una de las partes a los estudios realizados en instituciones de educación
superior del sistema educativo del otro Estado, con acreditación institucional
o de sistemas académicos, dejando con esto, por fuera de la esfera de
aplicación de dicho acuerdo, aquellas instituciones educativas que no se
encuentran acreditadas.
Aunando
a lo anterior, indica que las Partes reconocerán y concederán validez a los
títulos y grados académicos de educación superior universitaria otorgados por
universidades o instituciones de educación superior autorizadas y reconocidas
oficialmente por los gobiernos del país emisor, a través de sus organismos
respectivos, siendo, en el caso Colombiano, el Ministerio de Educación Superior
y, en el caso Español, el Ministerio de Educación o las Universidades si se
trata de títulos de postgrado.
Agregan
que dicho reconocimiento solo procederá siempre y cuando los títulos guarden
equivalencia en cuanto a los créditos y/o cuenten con verificación o
acreditación vigente por las respectivas agencias u órganos de acreditación a
nivel de programas o instituciones, siendo en Colombia el Consejo Nacional de
Acreditación y en el Reino de España, el Consejo de Universidades previa
evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) o de las agencias evaluadoras dependientes de las Comunidades Autónomas
habilitadas por la normativa española.
El
artículo 3 hace referencia a la creación de una Comisión Bilateral Técnica.
Comisión que tendrá por objeto tratar todas las cuestiones suscitadas por la
aplicación del presente Convenio. Esta Institución estará compuesta por entre
cinco (5) o siete (7) miembros, respectivamente designados por cada una de las
partes. Así mismo, está destinada a elaborar una tabla general de equivalencias
y acreditaciones, la cual se reunirá a petición de una de las Partes, cuantas
veces lo considere necesario. Lo anterior, con la finalidad de cumplir con el
objetivo previsto.
Esta
Comisión se reunirá, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha
correspondiente, al canje de instrumentos de ratificación.
Los
artículos 4 y 5, hacen mención a los Efectos del Reconocimiento y la Prosecución
de Estudios. Señalan que el reconocimiento de títulos producirá los mismos
efectos que cada parte confiera a sus propios títulos oficiales, a excepción de
aquellos que estén vinculados al ejercicio de profesiones reguladas, para los
que será necesario, además de cumplir con las regulaciones que cada país parte
impone a sus nacionales, conforme a las normas legales vigentes para cada
profesión, someterse a los procedimientos de reconocimiento específico vigentes
en cada una de las Partes.
En
cuanto al artículo 5, indica que los estudios realizados en el nivel superior
en uno de los países signatarios del presente acuerdo, serán reconocidos en el
otro a los fines de la prosecución de los estudios y, las autoridades
competentes conforme a la legislación de cada una de las partes, podrán admitir
a los titulados, según el sistema educativo de la otra Parte para la
realización de estudios oficiales de postgrado, con la previa confirmación de
que los títulos corresponden a un nivel de formación equivalente a los que
facultan en cada Parte para el acceso a dichos estudios, sin necesidad de
reconocimiento previo, siempre y cuando cumplan con los requisitos de acceso
exigibles de acuerdo a lo establecido en las legislaciones internas de cada
Estado Parte. Superados los estudios de postgrados correspondientes, los
títulos obtenidos tendrán plena validez y efectos oficiales.
En
el artículo 6, se ocupa de la Actualización o Rectificación de la información.
En este ítem, se impone a cada una de las Partes, la obligación de notificar a
la otra, por vía diplomática, las modificaciones o los cambios producidos en el
sistema de educación superior de sus respectivos países. Igualmente, las partes
se comprometen a mantener actualizada en la página oficial de su organismo
acreditador o instrumento que declare la oficialidad de los títulos, la
publicación de la relación de títulos y diplomas, y toda la rectificación y/o
actualización que se produzca de los mismos.
El
artículo 7 se ocupa de los convenios entre las respectivas universidades, para
el desarrollo de programas oficiales de grado y postgrado conjuntos. Así mismo,
se encarga de que la elaboración, los requisitos y aprobación de estos
programas se realice conforme a la legislación de cada uno de los Estados
Partes.
El
artículo 8 consagra que las disposiciones del Acuerdo prevalecerán sobre otro
Convenio vigente en la materia entre las Partes a la fecha de su entrada en
vigor. Añade que serán las partes quienes adoptarán las medidas
correspondientes para garantizar el cumplimiento del Acuerdo por todas las
instituciones interesadas en los respectivos países.
En
caso de controversia entre las Partes acerca de la interpretación o la
aplicación del Acuerdo, las Partes se consultarán, para solucionar dicha
controversia, mediante negociación amistosa.
El
artículo 9 indica que el Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que las partes
contratantes se comuniquen recíprocamente su aprobación, conforme a las
respectivas legislaciones internas.
Por
último, en el artículo 10 se estipuló que el Acuerdo se concluye por un periodo
de cinco (5) años, después del cual se prorrogará tácitamente por periodos
iguales, pudiendo denunciarlo cualquiera de las dos partes mediante vía
diplomática que surtirá efecto un año después de la notificación respectiva.
2.4.2.
Compatibilidad del Acuerdo con la Carta Política
En
cuanto a las normas específicas que integran el Acuerdo junto a su Reglamento
Anexo, y la Ley que lo aprueba, la Corte observa que se ajustan ampliamente a
la Constitución colombiana, pues se podría afirmar que ningún artículo
contraviene las disposiciones constitucionales ni las competencias que tiene el
Gobierno Nacional para adoptar estos textos. Por el contrario, dicho Acuerdo no
sólo constituye una herramienta de apoyo, en lo referente al desarrollo
internacional de las instituciones colombianas de educación superior, sino que
les brinda a los colombianos la oportunidad de ampliar sus estudios en el
exterior y, que estos sean reconocidos oficialmente en los países parte.
Así
mismo, el artículo 1 de la Constitución, consagra que Colombia es un Estado
Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas
que la integran. Con base en lo anterior, es deber del Estado garantizar los
derechos fundamentales de los individuos, dentro de los cuales se encuentra
inmerso el derecho a la educación.
De
esta forma, la Carta Política reconoce que el derecho a la educación tiene una
doble función: (i) ser un derecho de la persona encaminado a
garantizarle su propio desarrollo, y (ii) un servicio público con
función social, hallándose comprometido el Estado a proporcionar los medios
para su cumplimiento.
Frente
a lo cual, esta Corte en la Sentencia T-638 de 1999[97],
indicó que la Constitución “ha reconocido a la educación el carácter de
derecho fundamental, en cuanto constituye el medio idóneo para acceder en forma
permanente al conocimiento y alcanzar el desarrollo y perfeccionamiento del ser
humano. Se trata, en realidad, de un derecho inalienable y consustancial al
hombre que contribuye decididamente a la ejecución del principio de igualdad
material contenido en el preámbulo y los artículos 5° y 13 superiores, pues ‘en
la medida en que la persona tenga igualdad de posibilidades educativas, tendrá
igualdad de oportunidades en la vida para efectos de su realización como
persona’”.
Así
mismo, en la sentencia en mención, se enfatizó en la función social que cumple
el servicio de educación y que lo identifica como un derecho-deber que
compromete a todos los sectores que participan en su ejecución. Al respectó
manifestó:
“El artículo 67 de la Constitución establece en forma
expresa que la educación primordialmente es una función social. “Este concepto
de función social tiene su origen en los Estudios sobre la Transformación del
Estado de León Duguit, que sostenía que: "Todo individuo tiene en la
sociedad una cierta función que cumplir, una cierta tarea que ejecutar. Y ése
es precisamente el fundamento de la regla de derecho que se impone a todos,
grandes y pequeños, gobernantes y gobernados... Todo hombre tiene una función
social que llenar, y por consecuencia tienen el deber social de desempeñarla;
tiene el deber de desenvolver, tan completamente como le sea posible, su
individualidad física, intelectual y moral para cumplir esa función de la mejor
manera posible y nadie puede entorpecer ese libre desenvolvimiento”.  “De la
tesis de la función social de la educación surge entonces la educación como
"derecho-deber", que afecta a todos los que participan en esa órbita
cultural”.[98]
Teniendo
en cuenta las precisiones descritas con anterioridad, para esta Corte dichas
consideraciones justifican la adopción del presente Acuerdo y la exequibilidad
de la Ley 1611 de 2013 que lo aprueba, por la importancia de afianzar los nexos
entre la República de Colombia y el Reino de España en el área educativa, “bajo
un criterio de correspondencia, generando espacios de movilidad e intercambio
de experiencias e información, así como la transferencia de expertos en las
distintas áreas sobre la materia”, con reciprocidad en el apoyo
intelectual, intercambio de experiencias, la divulgación mutua de conocimientos
y la cooperación en diferentes ámbitos, hacia la mejor comprensión, vinculación
e integración entre el pueblo colombiano y el español.
Siguiendo
con el mismo lineamiento, lo acordado no genera contradicciones ni dificultades
frente a la regulación constitucional colombiana, contrario sensu, se encuentra
dentro de su marco axiológico y compagina con las tendencias globalizantes, lo
anterior, conforme a lo estipulado en el numeral 4° del artículo 15 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual indica: “Los
Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del
fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en
cuestiones científicas y culturales”. [99]
Aunado
a ello, dentro de los derechos sociales, económicos y culturales referidos en
la Constitución de 1991 en su capitulo 2, título II, el artículo 67 consagra la
educación como una garantía fundamental, inherente, inalienable y esencial de
la persona[100] y
un servicio público que tiene una función social, pretendiendo el acceso “al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la
cultura” por
cuyo intermedio se “formará al colombiano en el respeto a los derechos
humanos, a la paz y a la democracia”, correspondiéndole al Estado regular y
ejercer la “suprema inspección y vigilancia”, velando por su calidad y
el cumplimiento de sus fines.
Adicionalmente,
las previsiones estipuladas en el mencionado Acuerdo por los Estados Partes,
encuadran dentro de un marco de conveniencia nacional, reciprocidad, equidad,
respeto por la soberanía de los Estados signatarios y  la autodeterminación de
los pueblos, que realzan el acatamiento de lo estipulado en los artículos 9°,
150 numeral 16 y 226 de la nuestra Carta Política, análogamente es importante
precisar que, las ventajas que emanan del mencionado convenio podrán ser
aprovechadas, en plena igualdad de condiciones, por nacionales de ambos países.
De manera que, la suscripción por parte de Colombia
de este convenio, tiene un evidente sustento constitucional y además, favorece
a la realización de los mandatos superiores, pues en el caso en concreto, se
fomenta la Educación, ya que el reconocimiento de títulos incentiva, tanto a
los nacionales colombianos, como a los españoles a realizar en dichos países
estudios en universidades acreditadas por los mismos. De igual forma, sirve
como estímulo para los diferentes sectores sociales que busquen formarse en
áreas del conocimiento aplicadas contemporáneamente en la educación
globalizada.
Por último, el presente convenio, también les abre
la puerta a los nacionales colombianos que se encuentren radicados en España
que quieran desempeñarse laboralmente en ese país y que hayan obtenido los
títulos académicos en instituciones de educación superior reconocidas
oficialmente en Colombia. Lo que desvirtúa cualquier eventual objeción para que
sea incorporado al derecho interno y el Estado colombiano se comprometa
formalmente a su cumplimiento.
2.5.
CONCLUSIÓN
En
síntesis, el Acuerdo aprobado mediante la Ley 1611 de 2013, y esta misma, se
ajustan a la Constitución Política, en sus aspectos formales al haber
satisfecho cabalmente los requisitos procedimentales normativamente
establecidos para ello.
Igualmente
en lo material, por cuanto sin contrariedad alguna frente a la preceptiva
nacional, cumple el propósito perseguido, que en este caso es deseo común de
ambos países de facilitar el mutuo reconocimiento de estudios, títulos,
diplomas y grados académicos de educación superior que tengas validez oficial
en el sistema educativo de cada uno”, logrado en plena observancia de los
principios, objetivos y finalidades propios del Estado social de derecho, asumido
como modelo político, económico y social por la República de Colombia.
3.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de Colombia, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO:
Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo de
reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior
universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del
Reino de España”,
suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.
SEGUNDO:
Declarar EXEQUIBLE la Ley 1611 de 2013, por medio de la cual
se aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados
académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en
el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Presidente
Con
aclaración de voto
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA                       MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrada
Magistrado
Con aclaración de voto
Ausente con excusa
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ  GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Magistrado
Con
aclaración de voto                                                      Con
aclaración de voto
NILSON ELÍAS PINILLA PINILLA        JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
Magistrado
Con
aclaración de voto
ALBERTO ROJAS
RIOS                                               LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado                                                                          Magistrado
Con
aclaración de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
ACLARACIÓN
DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
A LA
SENTENCIA C-909/13
SESIONES
SIMULTANEAS DE COMISION Y LA RESPECTIVA PLENARIA-Prohibición
(Aclaración de voto)
ACUERDO
DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE TITULOS Y GRADOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR
ENTRE COLOMBIA Y ESPAÑA-Resulta inaplicable el cargo sobre la
prohibición de simultaneidad de sesiones de las comisiones permanentes y
plenarias (Aclaración de voto)
Referencia: expediente LAT-410
Revisión oficiosa de la Ley 1611 de 2013, Por medio de la cual se
aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos
de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en Mar del Plata,
Argentina, el 4 de diciembre de 2010”.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Con el respeto que merecen
las decisiones de esta Corporación, me permito manifestar mi aclaración de voto
en relación con lo decidido por la Sala Plena en el asunto de la referencia.
Si bien estoy de acuerdo con la
exequibilidad del instrumento internacional cuya validez analizó la Corte en
esta oportunidad, creo necesario hacer algunas precisiones acerca de por qué no
resultaba necesario que el Tribunal, en esta oportunidad, examinara si se había
respetado la prohibición de simultaneidad de sesiones de las comisiones
permanentes y plenarias establecida en el artículo 93 de la Ley 5ª de 1992 y
recientemente analizada en la sentencia C-740 de 2013.
Sea lo primero aclarar que en dicho
fallo la Corporación no restringió o limitó la importancia de la mencionada
prohibición a la calidad de los debates. Por el contrario, como se lee en la
providencia enunciada, lo que ponderó en aquella ocasión fue cómo la
simultaneidad podía comprometer importantes principios del proceso legislativo
tales como el respecto por las minorías, el pluralismo y el principio
democrático, entre otros. Es este y no otro el sentido de la regla fijada por
la Corte, tal y como quedó consignado en la sentencia C-740 de 2013, a la que
me remito.
Vale agregar que, en mi parecer, en el
presente caso no era imperativo examinar si se había respetado la prohibición
de simultaneidad de sesiones de las comisiones permanentes y plenarias. Entre
otras, la circunstancia de que en el asunto resuelto mediante sentencia C-740
de 2013 se tratara de una demanda de inconstitucionalidad en la que se había
planteado el cargo por vulneración de esa prohibición, hacía inaplicable aquel
precedente en relación con lo decidido mediante la providencia C-909 de 2013.
Fecha ut supra
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
ACLARACION DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA C-909/13
REF.:
Expediente: LAT-410
Revisión
oficiosa de la Ley 1611 de 2013, Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo
de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior
universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del
Reino de España, suscrito en el Mar de Plata, Argentina, el 4 de diciembre de
2010”
Magistrado
Ponente:
Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub
Con
el debido respeto por las decisiones de esta Corte, me permito aclarar mi voto
a la presente sentencia, mediante la cual esta Corporación
realizó la revisión oficiosa de la Ley 1611 de 2013, por medio de la cual se
aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos
de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar de Plata,
Argentina, el 4 de diciembre de 2010”, con base en los siguientes
argumentos:
1. Mediante este
pronunciamiento se falla declarando exequibles tanto el Acuerdo de
reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior
universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del
Reino de España, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de
2010, como la Ley 1611 de 2013 por medio de la cual se aprueba el acuerdo.
La Sala Plena de este Tribunal
encontró que en el trámite surtido por el proyecto se cumplieron, por parte del
Congreso, con todas las etapas, requisitos y procedimientos que se han
establecido en la Constitución Política,  al igual que con el Reglamento del
Congreso, y por lo tanto en su aspecto formal es exequible, ya que se ajusta a
las normas constitucionales.
2. No
obstante lo anterior, considero necesario aclarar mi voto en relación con los
requisitos para analizar el trámite legislativo de tratados e instrumentos
internacionales, en el sentido de que para este examen particular no es necesario,
ni imperativo desde el punto de vista constitucional, examinar si se ha
respetado la prohibición de simultaneidad de sesiones de las comisiones
permanentes y plenarias. Esta postura obedece, entre otras razones, a que en el
precedente de la Sentencia C-740 de 2013, en el cual se realizó este tipo de
análisis, se trataba de una demanda de inconstitucionalidad en la que se había
planteado el cargo puntual precisamente por vulneración de dicha prohibición,
caso que no corresponde con el análisis que debe adelantar esta Corporación en
la revisión oficiosa de tratados internacionales, de conformidad con la Carta.
Con fundamento en el argumento expuesto,
aclaro mi voto a la presente providencia judicial.
Fecha
ut supra,
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA C-909/13
ACUERDO DE
RECONOCIMIENTO MUTUO DE TITULOS Y GRADOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR ENTRE
COLOMBIA Y ESPAÑA-Es necesario precisar que la verificación de que en el trámite de
leyes no se infringió la prohibición de simultaneidad no se impone, sin más,
por la aplicación de una regla de decisión establecida en una sentencia
anterior, que no tiene valor de precedente para este caso (Aclaración de
voto)
Referencia: Expediente LAT-410
Asunto: Revisión oficiosa de la Ley 1611 de 2012, "Por
medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y
grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno del Reino de España’, suscrito en Mar del
Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010”.
Magistrado Ponente:
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Con el debido respeto por las decisiones
de la Corte, aclaro mi voto a la sentencia C-909 de 2013.
Acompaño la decisión de la Sala Plena al
declarar exequible el tratado internacional objeto de revisión, al igual que su
ley aprobatoria, por encontrar que tanto en su trámite, como en su contenido,
se ajustan a lo previsto en las normas constitucionales.
Sin embargo, aclaro el voto en relación
con el debate surgido en torno a si, con fundamento en el precedente fijado en
la sentencia C-740 de 2013[101],
era preciso verificar si en este caso se había dado cumplimiento al artículo 93
de la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso), según el cual las comisiones
permanentes deberán sesionar en horas que no coincidan con las plenarias.
En la sentencia C-740 de 2013 la Corte
se ocupó de revisar el trámite de un acto reformatorio de la Constitución y,
por tanto, sus consideraciones han de ser interpretadas a la luz de la
distinción efectuada en dicha sentencia sobre el mayor rigor que debe acompañar
el control constitucional de las reformas constitucionales. En efecto, una
razón determinante de aquella decisión fue el especial valor que tiene el
respeto de los procedimientos como condición de legitimidad de los procesos de
cambio constitucional.  Al respecto, se dijo en aquella sentencia que:
“(…)
la Constitución merece una consideración diferente, en cuanto ella contiene,
precisamente, las reglas estables a partir de las cuales deben adoptarse las
principales decisiones que interesan a la sociedad y a la comunidad política, y
dirimirse los desacuerdos o controversias que pueden surgir al interior de
ella. Por esta razón, la norma fundamental, y ciertamente sus eventuales
reformas, no puede depender únicamente de un criterio mayoritario, que es algo
esencialmente mutable y contingente, sino que ha de ser producto de un consenso
mucho más comprehensivo y meditado, el que ha de resultar del cumplimiento del
exigente trámite de aprobación que ella misma establece para el efecto.”
Sobre esta base, la Corte reafirmó la
necesidad de emplear un estándar de control especialmente exigente tratándose
de actos reformatorias de la Carta Política:
“En
ese sentido, es deber de esta corporación verificar celosamente la absoluta
corrección de todas las incidencias ocurridas durante ese proceso, pues según
lo dispuso el constituyente, es mediante el cumplimiento de tales diligencias
que puede asegurarse la legitimidad del proceso de cambio constitucional. Por
ello, es claro que si en el procedimiento seguido para el efecto se observan
deficiencias o irregularidades que por su naturaleza impliquen vulneración de
los principios democráticos, ellas pueden ciertamente causar el fracaso de esa
iniciativa, mediante la declaratoria de inexequibilidad del acto de reforma”.
En vista de tales consideraciones, cabe
entender que la regla de decisión establecida en la sentencia C-740 de 2013,
sólo tiene el valor de precedente en relación con el control de actos
reformatorios de la Carta Política.
La regla contenida en el artículo 93 del
Reglamento del Congreso, se orienta a garantizar condiciones para la igual
participación de todos los parlamentarios en las sesiones donde tienen lugar la
discusión y aprobación de proyectos de ley y de reforma constitucional, el
ejercicio de control político y demás funciones atribuidas al Congreso. Esta
regla deba ser empleada por la Corte como parámetro de control de
constitucionalidad de las leyes. Pero en esta aclaración de voto es necesario
precisar que la verificación de que en el trámite de leyes no se infringió la
prohibición de simultaneidad no se impone, sin más, por la aplicación de una
regla de decisión establecida en una sentencia anterior, que no tiene el valor
de precedente para este caso.
Fecha
ut supra,
María
Victoria Calle Correa
Magistrada
ACLARACION DE
VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
AL SENTENCIA
C-909/13
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES APROBATORIAS DE
TRATADOS-Características (Aclaración de
voto)
Referencia:
Expediente LAT-410. Revisión oficiosa de
la Ley 1611 de 2013, Por medio de la
cual se aprueba el "Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados
académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del
Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010"
Magistrado ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Con el respeto acostumbrado, debo expresar que
comparto la decisión que la Corte adoptó en la sentencia C-909 de 2013, en
el siguiente sentido:
"PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE el
"Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de
educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia
y el Gobierno del Reino de España ", suscrito en el Mar del Plata,
Argentina, el 4 de diciembre de 2010. // SEGUNDO: Declarar EXEQUIBLE la Ley
1611 de 2013, por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de
reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior
universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del
Reino de España ", suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de
diciembre de 2010".
Sin embargo, considero menester aclarar
mi voto, por cuanto, en la parte motiva de la providencia no se distinguió
apropiadamente, entre el control oficioso de constitucionalidad y el control, a
instancia ciudadana, mediante la acción pública de constitucionalidad.
En efecto, el fundamento jurídico del
control oficioso de constitucionalidad es el numeral 10 del artículo 241
constitucional, el cual se caracteriza por ser previo, automático e integral, e
implica la exclusión de cualquier otra especie de control posterior sobre
tratados ya perfeccionados y de sus leyes aprobatorias, tiene naturaleza de
cosa juzgada absoluta y, la decisión referida a la exequibilidad o
inexequibilidad de la ley y del tratado abarca tanto el aspecto formal como
material de los mismos. La Ley 1611 de 2013, analizada en esta oportunidad, es
aprobatoria de un acuerdo por lo que le correspondía ser sometida a este tipo
de control.
La revisión
constitucional de los tratados públicos y de sus leyes aprobatorias, presenta
las siguientes características, de conformidad con lo expuesto por la
jurisprudencia constitucional[102]:
(i)      Se realiza previo
al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y
a la sanción gubernamental.
(ii)   Es automático,
pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte
Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental.
(iii) Es integral, en
la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los
materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto
constitucional.
(iv) Tiene fuerza de
cosa juzgada.
(v). Es una condición sine qua non para
la ratificación del correspondiente acuerdo.
(vi). Cumple una función preventiva, pues
su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el
cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.
Además de las características enunciadas,
y sin desconocer el alto grado de subjetivismo académico que ello supone, se
puede afirmar que el control oficioso de constitucionalidad es una cuestión de
derecho, y no de hecho, en consecuencia, respecto a los aspectos formales que
se analizan, estos deben obedecer a lo establecido, de forma específica, en las
normas aplicables, verbi gracia, las etapas de formación de la ley, en cuanto
al número de sesiones que se deben agotar en las comisiones permanentes y
plenarias[103], o aspectos análogos o equivalentes.
Por lo tanto, el asunto referido a la
simultaneidad de sesiones, dilucidado en la parte motiva de la sentencia, no
debió haber sido abordado, porque esa hipótesis obedece a una situación de
hecho concreta, en la que se alteran circunstancialmente las reglas generales
del proceso de positivización de la ley respecto a los horarios en que se
hubieren desarrollados las sesiones; por el mismo motivo, de ordinario, esta
causal suele invocarse como cargo, expuesto por un demandante en sede de
control de constitucionalidad por acción.
A este respecto, los artículos 83 y 93
del Reglamento del Congreso, coinciden en prohibir que las comisiones y las
plenarias de una misma cámara sesionen de manera concurrente, por una razón
fáctica lógica, y es que, cada congresista forma parte de una comisión y de una
plenaria, y la simultánea citación a las dos implicaría la imposibilidad física
de cumplir a plenitud con sus deberes.
En abono del
aludido enfoque resulta ilustrativo traer a colación la Sentencia C-740 de
2013, en la que la Corte abordó el estudio de una demanda de
inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 02 de 2012, "por el cual
se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de
Colombia", en la cual el demandante controvirtió como situación
de hecho sustentadora del primer cargo: "la supuesta realización simultánea
de sendas sesiones ordinarias de la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes y de la plenaria de la misma corporación el día 26 de septiembre
de 2012, fecha en la que el proyecto que antecedió a este Acto Legislativo fue
aprobado en primer debate de segunda vuelta (quinto debate de la totalidad del
trámite legislativo) ".
Por consiguiente, a mi juicio, la Sala,
en esta oportunidad, debió limitarse a estudiar los asuntos materiales y
formales strictu sensu, y no abordar un aspecto fáctico o de
hecho, propio del control por acción y no del control oficioso de
constitucionalidad, para así propiciar un más amplio y profundo debate
posterior y separado sobre el tema, razón esta última que es la que en realidad
valida, con mayor fundamento, la distinción que consideramos era menester
acoger.
Fecha
ut supra,
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1] M.P. Alejandro Martínez Caballero
[2] Clara Inés Vargas Hernández
[3] MP, Dr. Eduardo Montealegre Lynett
[4] MP, Dr. Jaime Córdoba Triviño
[5] MP, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[6] MP, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[7] MP, Dr. Jaime Córdoba Triviño
[8] MP, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[9] MP, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[10] MP, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[11] MP, Dr. Jaime Córdoba Triviño
[12] MP, Dr. Manuel José Cepeda
Espinosa.-Marco Gerardo Monroy Cabra
[13] MP, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[14] MP, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[15] MP, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[16] MP, Dr. Nilson Pinilla Pinilla
[17] MP, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[18] MP, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[19] MP, Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.
[20] MP, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[21] MP, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[22] MP, Dr.Nilson Pinilla Pinilla
[23] MP, Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
[24] MP, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[25] MP, Dra. Clara Inés Vargas Hernández
[26] MP, Dr. Nilson Pinilla Pinilla
[27] MP, Dra. Clara Inés Vargas Hernández
[28] MP, Dr. Nilson Pinilla Pinilla
[29] MP, Dra. Clara Inés Vargas Hernández
[30] MP, Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
[31] MP, Dr. Mauricio González Cuervo.
[32] MP, Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[33] MP, Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
[34] MP, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[35] MP, Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.
[36] MP, Dra. María Victoria Calle Correa.
[37] MP, Dr. Mauricio González Cuervo.
[38] MP, Dra. María Victoria Calle Correa.
[39] MP, Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.
[40] MP, Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.
[41] MP, Dr. Nilson Pinilla Pinilla.
[42] MP, Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
[43] MP, Dr. Mauricio González Cuervo.
[44] MP, Dr. Nilson Pinilla Pinilla.
[45] MP, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[46] MP, Dr. Nilson Pinilla Pinilla
[47] MP, Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
[48] MP, Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
[49] MP, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[50] MP, Dra. Maria Victoria Calle Correa
[51]MP, Dr.  Alexei Julio Estrada
[52] MP, Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[53] M.P.Dr. Álvaro Tafur Galvis
[54] M.P.Dr.  Jorge Iván Palacio Palacio
[55] El
artículo 150-14 de la Constitución, señala que corresponde al Congreso la
función de “Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con
otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos
tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia
nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos
internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración
económica con otros Estados”.
La Ley 5 de
1992, artículo 217, refiere: “CONDICIONES EN SU TRÁMITE. Podrán presentarse
propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de Tratados
y Convenios Internacionales. El texto de los Tratados no puede ser objeto de
enmienda. Las propuestas de reserva sólo podrán ser formuladas a los Tratados y
Convenios que prevean esta posibilidad o cuyo contenido así lo admita. Dichas
propuestas, así como las de aplazamiento, seguirán el régimen establecido para
las enmiendas en el proceso legislativo ordinario. Las Comisiones competentes
elevarán a las plenarias, de conformidad con las normas generales, propuestas
razonadas sobre si debe accederse o no a la autorización solicitada”. Dicha disposición orgánica fue declarada exequible en la
sentencia C-227 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía. Cft. sentencia C-578 de 2002,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[56] Ley 5
de 1992, artículo 204. “TRÁMITE. Los
proyectos de ley orgánica, ley estatutaria, ley de presupuesto, ley sobre
derechos humanos y ley sobre tratados internacionales se tramitarán por el
procedimiento legislativo ordinario o común, con las especialidades establecidas
en la Constitución y en el presente Reglamento”.
[57] Folio 6, cuaderno principal.
[58] Aprobada por la Ley 32 de 1985
[59] Folio 64, cuaderno principal.
[60] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[61] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[62] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[63] Sentencias C-030 de 2008,
M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-461 de 2008,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-750 de 2008,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-175 de 2009,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; entre otras
[64] Sentencias C-615 de 2009 y C-187 de 2011,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[65]Sentencia C-334 de 2002 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[66] Ver folio 121 y siguientes del cuaderno de pruebas No. 1
[67] Ver folios 118-119 del cuaderno de pruebas No. 1
[68] Ver folios 41-61 del cuaderno de pruebas No. 1
[69] Ver folio 4-5 del cuaderno de pruebas No. 1
[70] Ver folios 1-2, Cuaderno de Pruebas No.
1, OPC-013/13.
[71] Ver folio 68-69 del Cuaderno de pruebas No. 1 OPC-013/13
[72] Ver folios 68-71, Cuaderno principal.
[73] Ver folio 70, Cuaderno Principal
[74] Páginas 22 de la Gaceta del Congreso No. 798 del 11 de septiembre
de 2012.
[75] Ver folios 58-60 del Cuaderno principal
[76] Ver folio 35 del Cuaderno principal
[77] Ver folios 16-17 de cuaderno de pruebas No. 2 OPC-014/13
[78] Ver folios 38-40 del cuaderno principal.
[79] Ver folio 4 y siguientes del cuaderno principal
[80] Ver folio 24-25 del Cuaderno principal
[81] Página 35 de la Gaceta del Congreso No. 271 del 10 de mayo de
2013
[82] Ver folio 14 del cuaderno principal
[83] Ver folio 64 del cuaderno principal
[84] Ver folio 12 del cuaderno principal.
[85] Ver folios 122 y siguientes del cuaderno de pruebas No 1
OPC-013/13
[86] Gaceta del Congreso No. 665 del 28 de septiembre de 2012.
[87] Publicación de la ponencia para primer debate en la
Gaceta del Congreso No. 1106 del 30 de octubre de 2009.
[88] Según consta en el Acta No. 23 del 9 de mayo de 2012, publicada
en la Gaceta del Congreso No. 548 del 23 de agosto de 2012.
[89] Según consta en el Acta No. 13 del 11 de septiembre de 2012,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 798 de la misma fecha.
[90] Según consta en el Acta No. 23 del 28 de noviembre de 2012,
publicado en la Gaceta del Congreso No.- 224 del 22 de abril de 2013.
[91] Según consta en el Acta No. 184 del 13 de diciembre de 2012,
publicada en la gaceta del Congreso No. 271 del 10 de mayo de 2013.
[92]“Por el cual se adopta una Reforma Política constitucional y se
dictan otras disposiciones”
[93] Cfr. Sentencia C-644 de 2004,
M.P. Rodrigo Escobar Gil
[94] Cfr. Auto 038 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y
Sentencia C-533 de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[95]Sentencia C-576 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[96]“Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la
Cámara de Representantes”
[97] MP, Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
[98]
Sentencia T-02 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[99] Adoptado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y en
vigor para Colombia por su aprobación mediante la
Ley 74 de 1968.
[100] Cfr., entre muchas otras, las sentencias T-539 de septiembre 23
de 1992, M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y T-009 de mayo 22 de 1992,
M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[101] MP. Nilson Pinilla Pinilla, SV. Mauricio González Cuervo, SV.
Luis Guillermo Guerrero Pérez, SV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, SV. Alberto
Rojas Ríos, AV. María Victoria Calle Correa.  En esta sentencia se declaró
inexequible el Acto Legislativo No. 02 de 2012, debido a que en su trámite se
infringió la prohibición de sesiones simultáneas de las comisiones permanentes
y las plenarias.
[102] Ver, Sentencias C-468 de 1997; C-376 de
1998; C-426 de 2000 y C-924 de 2000.
[103] Establecidas en la Ley 5* de 1992.