T-473-17
Sentencia
T-473/17
INTERVENCION EN ACTUACION DISCIPLINARIA DEL QUEJOSO Y DE LA VICTIMA EN
PROCESO POR EJECUCION EXTRAJUDICIAL
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARACTER
PARTICULAR Y CONCRETO-Procedencia excepcional
En materia de actos
administrativos de contenido particular y concreto, la jurisprudencia de esta
Corporación ha establecido que
por regla general la acción de tutela no es procedente para controvertir actos
administrativos, toda vez que las discrepancias suscitadas por la aplicación o
interpretación de los mismos deben ser dirimidas a través de la jurisdicción
contenciosa administrativa. No obstante, en criterio de la Corte, la aceptación
de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra los actos
administrativos depende de si el contenido de los mismos implica una
vulneración evidente de los derechos fundamentales o la amenaza de la
ocurrencia de un perjuicio irremediable de tal magnitud que obligue la
protección urgente de los mismos.
PROCESO DISCIPLINARIO-Naturaleza y características
Esta Corporación ha
señalado que el derecho disciplinario comprende, por un lado, el “poder disciplinario”, entendido como la facultad en virtud de la cual el
Estado está legitimado para tipificar las faltas disciplinarias en que pueden
incurrir los servidores públicos y los particulares que cumplen funciones
públicas; y por el otro, el “derecho disciplinario en sentido positivo”, esto es, el conjunto de normas a través de las
cuales se ejerce ese poder disciplinario.
PROCESO DISCIPLINARIO-Limitaciones de las atribuciones
al quejoso
VICTIMAS EN DERECHO DISCIPLINARIO-No existencia
como regla general
Por regla general, en el derecho disciplinario no pueden
participar sujetos procesales en calidad de víctimas, en tanto las faltas
disciplinarias que en él se investigan corresponden a infracciones de los
deberes funcionales de los servidores públicos o de los particulares en el
ejercicio de funciones públicas, más no a la lesión de derechos subjetivos. Sin
embargo, solo de manera excepcional, es posible permitir que una persona
participe como víctima de una falta disciplinaria en esa clase de procesos cuando
de la infracción al deber funcional surge una vulneración del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario.
Esas víctimas o perjudicados pueden entonces intervenir en el proceso
disciplinario, no como meros interesados sino como verdaderos sujetos
procesales con un interés legítimo y directo en las resultas de ese proceso.
PRIVACION
ARBITRARIA DE LA VIDA Y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES COMO VULNERACION DEL
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
DERECHO AL DEBIDO
PROCESO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN PROCESO DISCIPLINARIO
POR EJECUCION EXTRAJUDICIAL-Vulneración por cuanto accionantes no
fueron reconocidos como sujetos procesales
DERECHO AL
DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN PROCESO
DISCIPLINARIO POR EJECUCION EXTRAJUDICIAL-Orden a Procuraduría Delegada
para la Policía Nacional reconocer a accionantes como sujetos procesales y
conceder ante superior el recurso de apelación contra fallo disciplinario
Referencia:
expediente T-6.002.532
Acción de tutela
instaurada por los señores Liliana Lizarazo Flórez y Gustavo Arley Trejos
contra la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional.
Magistrado
Ponente (e.):
IVÁN
HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Bogotá
D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Sexta de Revisión de tutelas de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Cristina Pardo Schlesinger,
Alberto Rojas Ríos e Iván Humberto Escrucería Mayolo (e.), en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos emitidos
por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá[1] y la
Sala de Decisión de Tutelas N° 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia[2],
dentro de la acción de tutela interpuesta por Liliana Lizarazo Flórez y Gustavo
Arley Trejos contra la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional de la
Procuraduría General de la Nación.
I.
ANTECEDENTES.
Los señores Liliana Lizarazo
Flórez y Gustavo Arley Trejos presentan
acción de tutela contra la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, en busca de la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.
1. Hechos y solicitud de tutela
interpuesta.
1.1. Manifiestan los accionantes que el 19 de agosto
de 2011, aproximadamente a las diez (10) de la noche, en las inmediaciones de
la calle 116 con Avenida Boyacá de la ciudad de Bogotá, un miembro activo de la
Policía Metropolitana de Bogotá (Patrullero Wilmer Alarcón Vargas), disparó su
arma de fuego contra su menor hijo Diego Felipe Becerra Lizarazo, causándole la
muerte.
1.2. Señalan que como consecuencia del hecho
anterior se inició proceso penal por parte de la Fiscalía General de la Nación,
así como proceso disciplinario a cargo de la Procuraduría General de la Nación.
1.3. Aseguran que adelantadas las dos
investigaciones, se determinó que “(…) se ingresó un arma a la escena del
crimen; que el joven fallecido no la portaba ni la disparó; que hubo una DEMORA
INJUSTIFICADA en la entrega de la escena al CTI por parte del primer
respondiente y de los demás miembros que se acercaron al lugar de los hechos, y
que el fin era ocultar el crimen cometido por el PT. Wilmer Antonio Alarcón
Vargas (…)”.
1.4. Indican que ante ese panorama tanto la Fiscalía
como la Procuraduría General de la Nación, iniciaron las correspondientes
investigaciones en contra de los miembros de la Policía Nacional que hubieran
podido ser responsables de las “presuntas irregularidades relacionadas con
la alteración de la escena del crimen del menor Diego Felipe Becerra Lizarazo”.
1.5. Informan que la Procuraduría Delegada para la
Policía Nacional, mediante auto del 29 de noviembre de 2011, con fundamento en
la compulsa de copias que se ordenó en el Pliego de Cargos contra el Patrullero
Wilmer Antonio Alarcón Vargas (dentro del proceso disciplinario radicado bajo
el número IUS 2011-306741), inició investigación disciplinaria en contra del
Coronel José Javier Vivas Báez y otros.
1.6. Afirman que enterados de la iniciación del
proceso disciplinario por las “presuntas irregularidades relacionadas con la
alteración de la escena del crimen del menor Diego Felipe Becerra Lizarazo”,
formularon queja disciplinaria (sin indicar la fecha) para que se ampliara la
investigación a otros miembros activos de la Policía que también pudieron
incurrir en las irregularidades señaladas, así como que se incorporaran otras
pruebas adicionales.
1.7. Expresan que sin recibir respuesta formal por
parte de la Procuraduría Delegada, el 29 de febrero de 2016 ampliaron la queja
formulada para insistir en la solicitud probatoria inicial, con el fin de que
se investigara también al Brigadier General Francisco Patiño Fonseca y, además,
para que se les suministrara información del proceso.
1.8. Mencionan que a pesar de la queja presentada y
la solicitud probatoria, “sin permitirnos el acceso al expediente ni
responder a nuestra petición, el pasado 18 de agosto de 2016, la Procuraduría
Delegada para la Policía Nacional, en cabeza del doctor Jaime Mejía Ossman,
profirió sentencia absolutoria a favor de los oficiales de la Policía
disciplinados (sancionó únicamente a los suboficiales), decisión de la que nos
enteramos informalmente”.
1.9. Comentan que sin haberles comunicado de la
aludida decisión, el 22 de agosto de 2016 solicitaron con memorial –manuscrito-
que se les notificara el fallo proferido para interponer los recursos
procedentes. Agregan que sin haber recibido respuesta, el 26 de agosto
siguiente solicitaron que se les autorizara la obtención de copias del proceso
disciplinario.
1.10. Destacan que el 29 de agosto de 2016, el
Procurador Delegado profirió auto por medio del cual resolvió declarar
improcedente la solicitud por ellos elevada, al considerar que la actuación
disciplinaria se había iniciado de oficio y, por lo tanto, no tenían la calidad
de quejosos. Sin embargo, precisan, se les puso a disposición el expediente
para los efectos que consideraran pertinentes.
1.11. Informan que aun cuando no se les notificó del
fallo absolutorio, radicaron el día 09 de septiembre de 2016, recurso de
apelación contra el mismo, siendo igualmente declarado improcedente mediante
auto del 06 de octubre de 2016, por no tener la condición de quejosos.
1.12. Aseguran que se está frente a un proceder
inadecuado del Procurador Delegado para la Policía Nacional, al impedirles “formular
recursos contra el fallo absolutorio sin un sustento legal idóneo”. Dicen
que “si bien es cierto que las victimas-quejosos no somos parte dentro del
proceso disciplinario, si tenemos unos derechos que nos deben ser garantizados,
de conformidad con las previsiones del mismo C.D.U., entre ellos, el que
invocamos ahora (sic) de impugnar el fallo absolutorio, pues se convierte en la
única manera de garantizar los derechos anejos de VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN
y GARANTÍA DE NO REPETICIÓN, consagrado no solo en instrumentos internacionales
y en el bloque de constitucionalidad, sino que irradia la participación de las
víctimas en todas las actuaciones jurisdiccionales y administrativas, siendo el
proceso disciplinario una de estas”.
1.13. Insisten en su interés directo en el proceso como
víctimas, habida cuenta que con la alteración de la escena del crimen por el
homicidio de su menor hijo se buscaba “manipular y engañar a la justicia y
hacerlo aparecer como victimario o delincuente, afectando no solo su honra y
memoria, sino la de nosotros sus progenitores”, constituyéndose en un “falso
positivo urbano”.
1.14. Con fundamento en lo expuesto, solicitan el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En consecuencia, piden “se ordene a la
Procuraduría Delegada para la Policía Nacional que le dé trámite al recurso de
apelación interpuesto y sustentado contra el fallo absolutorio del 18 de agosto
de 2016”.
1.15. Por último, solicitan, como medida
provisional, se decrete la suspensión de los términos procesales dentro del
proceso disciplinario, habida cuenta de que el 21 de noviembre de 2016 opera el
fenómeno de la prescripción, ordenándose les sea notificado formalmente el
fallo absolutorio.
2. Pruebas
aportadas por las partes.
2.1. Los accionantes aportaron las siguientes
pruebas:
2.1.1. Copia de queja disciplinaria de fecha 07 de
julio de 2016 (folios
22 a 30 del cuaderno de primera instancia).
2.1.2. Copia de
ampliación de queja disciplinaria de fecha 22 de febrero de 2016 (Folios 15 a 21
del cuaderno de primera instancia).
2.1.3. Copia del auto proferido el 29 de agosto de
2016 por el Procurador Delegado para la Policía Nacional (proceso IUS
2011-306741), mediante el cual se dispuso declarar improcedente la solicitud de
notificación del fallo absolutorio de agosto 18 de 2016 (Folios 41 y 42
del cuaderno de primera instancia).
2.1.4. Disco
compacto contentivo de copia digital del fallo absolutorio disciplinario de
agosto 18 de 2016 – proceso IUS 2011-306741 (Folio 43 del
cuaderno de primera instancia).
2.1.5. Copia del
auto proferido el 06 de octubre de 2016 por el Procurador Delegado para la
Policía Nacional (proceso IUS 2011-306741), mediante el cual declara
improcedente la solicitud realizada por los accionantes (“interposición y
sustentación de recurso de apelación contra fallo absolutorio”) (Folios 152 y 153
del cuaderno de primera instancia).
2.2. La Procuraduría Delegada para la Policía
Nacional aportó las siguientes pruebas:
2.2.1. Fotocopias de diferentes artículos publicados
en distintos medios de comunicación escritos, con fecha del mes de agosto de
2011, en los que se cubre la noticia respecto a las circunstancias que rodearon
la muerte del joven Diego Felipe Becerra Lizarazo (Folios 62 al 74
del cuaderno de primera instancia).
2.2.2. Copia del auto del 23 de agosto de 2011,
proferido por el Procurador Delegado para la Policía Nacional, mediante el cual
da inicio a la indagación preliminar disciplinaria – proceso IUS 2011-306741 (Folios 75 a 79
del cuaderno de primera instancia).
2.2.3. Copia del
Certificado de Antecedentes Disciplinarios del señor Wilmer Antonio Alarcón
Vargas (Folios
80 y 81 del cuaderno de primera instancia).
2.2.4. Copia de
la parte resolutiva del auto del 21 de noviembre de 2011, proferido por el
Procurador Delegado para la Policía Nacional, mediante el cual formula cargos
disciplinarios contra el señor Wilmer Antonio Alarcón Vargas y compulsa copias
de la actuación “para que por cuerda procesal separada y con nuevo número de
IUC con cargo a esta Delegada, se investigue la conducta del Coronel José
Javier Vivas Báez (…), del Teniente Coronel Nelson de Jesús Arévalo Rodríguez
(…), del Subteniente Madrid Orozco Rosemberg (…) del Subteniente Leal Barrero Juan
Carlos, del Patrullero Rodríguez Castillo Nelson Daniel (…) del Patrullero
Navarrete Rodríguez Fredy Esneider (…)” (Folios 82 a 84 del cuaderno de
primera instancia).
2.2.5. Copia del auto del 29 de noviembre de 2011,
proferido por el Procurador Delegado para la Policía Nacional, mediante el cual
se da inicio a la investigación disciplinaria en contra del Coronel José Javier Vivas Báez, el Teniente Coronel Nelson de Jesús Arévalo, el Subteniente Rosemberg Madrid Orozco,
el Subintendente Juan Carlos Leal Barrero, el Patrullero Nelson Daniel
Rodríguez Castillo y el Patrullero Fredy Esneider Navarrete Rodríguez (Folios 85 a 92
del cuaderno de primera instancia).
2.2.6. Copia de los autos de apertura de indagación
preliminar del 22 de agosto y 16 de noviembre de 2011, y del 22 de octubre de
2012, proferidos por la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de
la Policía Nacional y por el Inspector General – Grupo de Procesos
Disciplinarios de Primera Instancia de la Policía Nacional (Folios 93 a 100
del cuaderno de primera instancia).
2.2.7. Oficio 0036 del 20 de enero de 2017, suscrito
por la Procuradora Delegada para la Policía Nacional (e.), donde informa al
juez de primera instancia que: “se verifica que hay una petición denominada
“… nos permitimos formular queja…”, sin embargo dicho escrito fue radicado en
la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios el día 07/07/2016, cuyo
radicado se le asignó el número 247139-2016. Así mismo los documentos en
mención fueron recibidos en este Despacho el día 08/09/2016, cuando ya se
estaba proyectando el fallo de primera instancia”. Se adjuntan copias de
los escritos radicados por los accionantes el 02 de febrero y 07 de julio de
2016 (mismos relacionados en los puntos 2.1.1. y 2.1.2.), así como las
respuestas dadas a estos por el Procurador Auxiliar para Asuntos Disciplinarios
el 09 de marzo y el 30 de agosto de 2016 (Folios 44 a 58 del cuaderno de segunda
instancia)[3].
3. Trámites adelantados por los
jueces de tutela de primera y segunda instancia.
3.1. El 13 de septiembre de 2016, la
Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá admitió la acción de tutela
interpuesta por los señores Liliana Lizarazo Flórez y Gustavo Arley Trejos en
contra de la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, disponiendo
corrérsele traslado de la demanda a dicha entidad. Igualmente, mediante auto de
la misma fecha, el Tribunal negó la medida provisional solicitada, al
considerar que ésta tiene similar objetivo a lo pretendido en la demanda de
tutela, agregando que “no se cuenta con prueba, esto es, el expediente que
permita verificar los argumentos expuestos por los accionantes”.
3.2. La Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá profirió sentencia de primera instancia el 21
de septiembre de 2016, en la que negó el amparo solicitado por los accionantes.
3.3. Luego de impugnada la anterior
decisión, la Sala de Decisión de tutelas N° 3 de la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, mediante auto del 18 de octubre de 2016, decretó
la nulidad del fallo impugnado en tutela, “con el fin de que se vincule a
José Vivas Báez, Nelson de Jesús Arévalo Rodríguez, Rosemberg Madrid Orozco,
Juan Carlos Leal Barrero, Nelson Daniel Rodríguez Castillo, Fredy Esneider
Navarrete Rodríguez y a todos los sujetos intervinientes dentro del proceso
disciplinario N° IUS 2011-306741, adelantado por la Procuraduría Delegada para
la Policía Nacional, para que cuenten con la posibilidad cierta de pronunciarse
sobre la demanda, antes de proferirse la decisión constitucional de primer
grado”. Esto por cuanto dichas personas son sujetos procesales en la
actuación disciplinaria, “pudiendo resultar afectados con el fallo que se
profiera” en sede de tutela, debiéndose entonces garantizar sus derechos de
contradicción y defensa.
3.4. En cumplimiento de lo ordenado por
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Decisión Penal
del Tribunal Superior de Bogotá profirió un nuevo auto el 31 de octubre de 2016,
corriendo traslado de la demanda de tutela a los implicados en el proceso
disciplinario.
4. Respuesta presentada por la entidad
accionada y por las personas vinculadas.
4.1.
Respuesta de la Procuraduría General de la Nación.
La
Procuraduría General de la Nación, a través de apoderado, se opuso a la
prosperidad de la demanda, señalando que dado el carácter residual y
subsidiario de la acción de tutela, esta resulta improcedente por cuanto los
accionantes no agotaron los mecanismos de defensa judiciales a su alcance, como
lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Asimismo,
recuerda que la acción constitucional ha sido diseñada para el amparo de los
derechos fundamentales objeto de violación o amenaza, lo cual en el presente
caso no se evidencia en la medida que “los accionantes jamás fueron quejosos
en el proceso disciplinario”. Agrega que los demandantes no probaron “la
existencia de un perjuicio irremediable, ni de una amenaza concreta y
fehaciente contra algún derecho fundamental, que hiciera viable la presente
acción de tutela”.
Enfatiza
que en virtud de las noticias emitidas por los medios de comunicación el día 23
de agosto de 2011, en donde se informaban posibles irregularidades cometidas
por los miembros de la Policía Nacional en torno a los hechos que rodearon la
muerte del joven Diego Felipe Becerra Lizarazo, se inició la indagación
preliminar de oficio. Indica que en el proceso disciplinario, mediante fallo
del 14 de noviembre de 2012, confirmado parcialmente mediante fallo del 09 de
mayo de 2013, se sancionó con destitución e inhabilidad general para ocupar
cargos públicos al señor Wilmer Antonio Alarcón. Precisa que en este proceso, “ya
en la etapa de pliego de cargos, auto de noviembre 21 de 2011, se ordenó
también “compulsar copias” de dicha actuación a este mismo Despacho, con el fin
de investigar la conducta de los señores (1) CR. José Javier Vivas Báez,
Subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá; (2) TC. Nelson de Jesús
Arévalo Rodríguez, Comandante Estación de Policía Suba; (3) ST. Rosemberg
Madrid Orozco, Comandante CAI Andes; (4) SI. Juan Carlos Leal Barrero; (5) PT.
Nelson Daniel Rodríguez Castillo; y del (6) PT. Fredy Esneider Navarrete
Rodríguez, policiales adscritos a la Estación de Policía Suba”.
En
consonancia con lo anterior, menciona que la Procuraduría Delegada, mediante
providencia del 29 de noviembre de 2011, inició investigación disciplinaria de
oficio en contra de los funcionarios mencionados. Igualmente, destaca que
verificados los procesos iniciados por las respectivas oficinas disciplinarias
de la Policía Nacional, se encontró que “también las actuaciones allí reseñadas
fueron iniciadas de oficio con ocasión de los informes de prensa”. Por
tanto, los ahora accionantes no han ostentado la calidad de quejosos dentro del
proceso disciplinario, por lo que no es posible dar aplicación al parágrafo del
artículo 90 de la Ley 734 de 2002.
4.2. Respuesta del Coronel (r.) José
Javier Vivas Báez.
Descorriendo
el traslado de la demanda, el Coronel José Javier Vivas Báez se opone a las
pretensiones de la tutela al considerar que éstas van en contravía de lo
reglado por la Ley 734 de 2002, habida cuenta de que el proceso disciplinario
IUS 2011-306741 adelantado en su contra y otras personas más por la
Procuraduría accionada, tuvo su origen “por una compulsa de copias que se
efectuó a través de otro proceso disciplinario, o sea a través (sic) de una
información a través del servidor público, donde no se observa en el proceso
que para dar apertura de éste, haya mediado una queja directa de particular”.
Estima
que posiblemente los actores estén reconocidos como víctimas en el proceso
penal, pese a lo cual, en su concepto, no los hace quejosos en el proceso
disciplinario, al ser estos juicios diferentes e independientes uno del otro. De
esta manera, considera que no podían los funcionarios de la Procuraduría notificarles
las resultas del proceso a los accionantes so pena de incurrir en falta
disciplinaria e incurrir en prevaricato por acción.
Pone
de presente que la ampliación de queja disciplinaria a la que aluden los
actores, es dirigida a la Procuradora Auxiliar para Asuntos Disciplinarios mas
no a la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, haciendo referencia a
un proceso distinto (SIAF 190572) al adelantado en su contra (IUS 2011-306741).
Indica
que en el proceso no existe diligencia de ratificación y ampliación de queja,
ya que los accionantes no fueron quejosos; “más lo que sí existe son unos
testimonios rendidos por los tutelantes bajo la gravedad de juramento, bajo la
calidad de testigos, los cuales fueron solicitados por un sujeto procesal que
fue el teniente Madrid; de lo contrario no hubieran comparecido nunca a este
proceso”.
Finalmente,
señala que ante el rechazo del recurso de apelación, los actores han debido
acudir al recurso de queja previsto en la ley disciplinaria para oponerse y
controvertir tal determinación, lo cual no hicieron.
4.3.
Las demás personas vinculadas al proceso de tutela guardaron silencio al
traslado de la demanda.
5. Decisiones judiciales objeto de
revisión.
5.1. Primera instancia.
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 15 de noviembre de 2016, niega el
amparo solicitado. Considera que la actuación disciplinaria no se originó
con ocasión de una queja presentada por los accionantes, sino de oficio, por lo
que éstos no ostentaban la calidad de quejosos y, en consecuencia, no existía
obligación legal de notificarlos del fallo proferido por la Procuraduría
accionada. Al respecto estimó:
“De las pruebas
que aportó la entidad demandada se puede determinar que en efecto el proceso
disciplinario referido por los accionantes no se originó o inició por queja
presentada por los actores, por lo tanto, dentro del mismo no tienen la calidad
de quejosos y, por ese motivo, no existía la obligación legal de notificarlos
del fallo absolutorio emitido el 18 de agosto de 2016, por lo tanto, no se les
desconocieron sus derechos, al no tener las facultades que el artículo 90 de la
Ley 734 de 2002 otorga a los sujetos procesales.
El hecho de que
una vez enterados de la apertura del referido proceso disciplinario hubiesen
radicado escritos formulando “queja” contra el coronel José Javier Vivas Báez y
otros (folio 22) y solicitando practica de pruebas (folio 15) no les otorga la
calidad de quejosos, porque para ese momento la investigación se había
iniciado, no por su queja, sino oficiosamente por compulsa de copias ordenadas
por la misma entidad, dentro de otro trámite disciplinario”.
De
otra parte, advierte que si bien la acción de tutela procede para controvertir
providencias judiciales o disciplinarias, solo opera cuando éstas se apartan abiertamente
de los preceptos jurídicos que las deben regir, incurriendo en “vías de
hecho”. Sin embargo, considera que en el presente caso no se estructura
dicha figura “comoquiera que en la actuación censurada no se ha demostrado
el desconocimiento de las garantías fundamentales de los tutelantes con la
decisión que se tomó, esto es, la absolución de los oficiales de la Policía
investigados”.
Finalmente,
señala que no le corresponde al juez de tutela invadir la competencia en esa
clase de investigaciones y convertir la acción pública en mecanismo alterno al
proceso disciplinario para tomar decisiones que son de competencia de la
respectiva autoridad. Agrega que los accionantes cuentan con otro mecanismo de
defensa judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa, donde pueden
reclamar el amparo de los derechos que estiman desconocidos en el referido
trámite.
5.2. Impugnación.
Inconformes con la anterior decisión, los
accionantes la impugnan.
Luego de hacer un recuento de los hechos, enfatizan
que “para agotar los recursos que considerábamos existentes a nuestro favor
dentro de la actuación disciplinaria, interpusimos ante la Procuraduría el 9 de
septiembre de 2016 recurso de apelación contra el fallo absolutorio, que fue
declarado improcedente (…)” mediante auto del 06 de octubre de 2016. Indican
que “Inconformes con esa decisión formulamos recurso de queja el 10 de
octubre siguiente, que hasta la fecha no se ha resuelto”.
Insisten en que se presentaron en la actuación
disciplinaria para formular queja y ampliar el espectro de investigación, “con
el objetivo de que se vinculara a los oficiales responsables de la manipulación
de la escena del crimen de nuestro hijo, en la medida en que con ella
claramente se pretendió afectar no sólo su honra y memoria, sino la de nosotros
sus progenitores, pues terminó más que acreditado – e incluso el mismo fallo
impugnado así lo considera- que se trató de falsear la verdad de lo ocurrido,
lo que se constituye en un falso positivo urbano, cometido por miembros de la
Policía Nacional y específicamente de la Policía Metropolitana de Bogotá,
dentro de los que se encuentran los oficiales absueltos contraevidentemente”.
Aseguran
que la Procuraduría desconoció su condición de víctimas y de quejosos,
aprovechándose de la interpretación más exegética posible de la ley,
desconociendo los principios constitucionales que propugnan por la protección
de las víctimas en el sentido de garantizar la verdad, la justicia, la reparación
y la garantía de no repetición, lo cual fue soslayado por el fallo de tutela de
primera instancia.
Aclaran
que “no estamos pidiéndole al juez de tutela que revoque el fallo
disciplinario que cuestionamos, lo que sí significaría convertir este escenario
en otra instancia, sino que exigimos, en aras de la verdad, la justicia, la
reparación y la garantía de no repetición, que se nos garantice el debido
proceso, en el sentido de permitirnos apelar el fallo que consideramos
contraevidente (casi una apología del delito), reconociéndonos la calidad de
quejosos y permitiéndonos agotar las instancias que correspondan”.
Consideran
que les asiste el derecho a impugnar la sentencia absolutoria dictada dentro
del proceso disciplinario, no solo porque tienen un interés directo en las
resultas del mismo, dada su condición de víctimas, sino porque presentaron una
solicitud de queja formal ante la procuraduría accionada, hecho que resulta
suficiente para que puedan ejercer las facultades que ostenta cualquier sujeto
procesal. A su juicio, la demandada soporta la negativa de que puedan
intervenir en la actuación, en argumentos simplemente formales, desconociendo
la prevalencia del derecho sustancial y las garantías de las víctimas a la
verdad, a la justicia y a la reparación.
5.3. Segunda
instancia.
La Sala de Decisión de Tutelas N° 3 de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 24 de
enero de 2017, confirma el fallo impugnado.
Estima que la acción de tutela es
improcedente al no evidenciarse vulneración alguna de derechos fundamentales,
en la medida que los accionantes no ostentan la condición de sujetos procesales
ni de quejosos. Recuerda que la referida categoría se circunscribe, en los
términos del artículo 89 de la Ley 734 de 2002, al Ministerio Público, al
investigado y su defensor. Precisa que si bien la ley no le reconoció al
quejoso la calidad de sujeto procesal, sí le otorgó determinadas facultades al
interior del proceso, concretamente, la de presentar y ampliar la queja,
aportar las pruebas que tenga en su poder y recurrir la decisión de archivo y
el fallo absolutorio. En esa medida, considera que “quien no ostente la
calidad de quejoso, ni la de sujeto procesal, no le es dado reclamar el
reconocimiento y aplicación de prerrogativas que están delimitadas a los
sujetos procesales o a los intervinientes”.
Bajo ese entendido, señala que en el
presente asunto no se está en presencia de una vía de hecho al no comunicar a
los accionantes el fallo que culminó la actuación disciplinaria, con el fin de
interponer recursos contra ella, ya que “la entidad demandada no estaba en
la obligación legal de proceder en ese sentido, al no ser partes ni
intervinientes dentro de la investigación, quedando por ende excluida la
posibilidad de que invoquen prerrogativas que la ley no les defirió
expresamente, siendo de notar que proveer en la forma en que lo solicitan,
conllevaría a conculcar el derecho al debido proceso de los investigados
disciplinariamente, pues se estaría dando trámite a recursos promovidos por
personas no legitimadas por la ley para interponerlos”.
Hace énfasis en que la actuación
disciplinaria inició de oficio en el año 2011, de manera que los accionantes no
podrían, cinco años después, fungir en la condición de quejosos y, por ende,
estar habilitados para ejercer las prerrogativas propias de tales, con el
simple hecho de radicar unos escritos en el año 2016, “cuando evidentemente
la acción se habría iniciado y desarrollado cinco años antes, sin su oportuna intervención”.
6. Actuaciones
adelantadas en sede de revisión constitucional.
6.1. La Sala de
Selección N° 2 de esta Corporación, mediante auto del 28 de febrero de
2017, decidió seleccionar para revisión el presente asunto, asignándolo al
despacho del ahora ponente[4].
6.2. Mediante
auto del 06 de abril de 2017, el Magistrado sustanciador (e.), luego de
advertir la ausencia del expediente relacionado con el proceso disciplinario
radicado bajo el número IUS 2011-306741, seguido contra el señor Coronel José
Javier Vivas Báez y otros, ante la Procuraduría Delegada para la Policía
Nacional, “cuyo examen permitirá a la Sala contar con los suficientes
elementos de juicio que se requieren para adoptar la decisión a que haya lugar”,
ordenó la práctica de dicha prueba, solicitando a la accionada el préstamo del
referido expediente[5].
6.3. En cumplimiento del auto del 06 de abril de
2017, el Presidente de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la
Nación, facilitó la expedición de copias del expediente disciplinario[6], el
cual consta de 4.387 folios, sobre los cuales la
Corte solo hará referencia a
aquellos que resulten relevantes al momento de analizar el caso concreto.
6.4. La Sala
Sexta de Revisión, a través de auto del 12 de mayo de 2017, dispuso que la
prueba allegada fuera puesta a disposición de las partes y terceros con interés,
conforme al artículo
64 del Acuerdo 02 de 2015[7],
“por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte
Constitucional”, para que puedan emitir pronunciamiento en caso de
estimarlo necesario y se garantice el derecho de contradicción en materia
probatoria. Adicionalmente, dada la complejidad del asunto y el volumen del
expediente disciplinario allegado al proceso, la Sala dispuso la suspensión de
términos procesales por el periodo de 2 meses, “mientras se valora la prueba
y las respectivas intervenciones que presenten las partes, conforme al artículo
64 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional”[8].
6.5. La Secretaría General de esta
Corporación dejó constancia del traslado de la prueba ordenada, la cual fue
puesta a disposición de las partes y terceros interesados, conforme a lo resuelto
en el auto mencionado[9].
En el término otorgado se acercaron a la Secretaría General el Teniente Coronel
Nelson de Jesús Arévalo Rodríguez, la señora Liliana Lizarazo Flórez y el señor
Gustavo Arley Trejos. Solamente el Coronel José Javier Vivas Báez[10] y el Subteniente
Rosemberg Madrid Orozco[11],
así como los accionantes[12],
se pronunciaron ante el traslado efectuado, sin presentar objeciones o
controvertir la prueba allegada, pero sí reiterando los argumentos por los
cuales consideran que la tutela debe denegarse o concederse de acuerdo a sus
intereses.
I.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1.
Competencia.
Esta Sala de Revisión es competente para revisar los
fallos de tutela mencionados, de conformidad con lo previsto en los artículos
86 y 241 de la Constitución Política y el Decreto Estatutario 2591 de 1991.
2.
Problema
jurídico.
2.1. De acuerdo con la situación fáctica planteada y las
decisiones adoptadas por los jueces de instancia, corresponde a la Sala
Sexta de Revisión determinar (i) si la presente acción de tutela es formalmente
procedente para enjuiciar la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados. En ese sentido, la Corte deberá establecer si en el caso concreto
los medios ordinarios de defensa judiciales son idóneos y eficaces para estudiar
la protección constitucional solicitada. De encontrar procedente la acción, la
Sala deberá establecer (ii) si la Procuraduría
Delegada para la Policía Nacional vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de los accionantes, al no
considerarlos quejosos ni sujetos procesales dentro del proceso conocido bajo
el número IUS 2011-306741 IUC D 2011-819-469540, negándose a notificarlos
del fallo disciplinario y declarando improcedente el recurso de apelación
interpuesto contra dicha decisión, bajo el argumento de que la actuación
disciplinaria inició de oficio. Lo anterior, en razón a que, según lo
refieren los accionantes, en el proceso presentaron queja y ampliación de
queja, y son víctimas directas de los hechos que dieron lugar al proceso
disciplinario, por considerar que se trata de una ejecución extrajudicial de su
menor hijo, así como de la alteración de la escena del crimen por parte de
agentes de la Policía Nacional, en violación del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.
2.2. Con el propósito de solucionar el
problema planteado, la Sala reiterará las reglas jurisprudenciales relativas a:
(i) la procedibilidad de la acción de tutela contra actos administrativos; (ii) la
naturaleza y características del proceso disciplinario; (iii) la intervención
en la actuación disciplinaria del quejoso y de las víctimas por violación del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos; y, (iv) la privación
arbitraria de la vida y las ejecuciones extrajudiciales por
agentes estatales como vulneración del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos. Una
vez precisados estos aspectos, (v) se abordará el estudio del caso concreto.
3.  Procedibilidad de la acción de
tutela contra actos administrativos. Principio de subsidiaridad. Reiteración de
jurisprudencia.
3.1. La Corte ha señalado desde sus primeros
pronunciamientos que la acción de tutela tiene un carácter subsidiario debido a
que su objeto no es el de reemplazar a los medios judiciales ordinarios con los
que cuentan los ciudadanos.[13]
En este sentido, ha indicado que ante la existencia de otros medios de defensa
judiciales la acción de tutela por regla general no es procedente. Lo anterior,
sustentado en lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional que señala que la
acción de tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Dicho mandato fue
reiterado en el desarrollo normativo de la acción de tutela en el numeral 1°
del artículo 6° del Decreto Estatutario 2591 de 1991[14].
3.2. También ha advertido este Tribunal que la
tutela no constituye un mecanismo o una instancia para definir aquellos
conflictos que la ley ha establecido como competencia de otras jurisdicciones.
Esto, por cuanto el ordenamiento jurídico dispone la existencia de
jurisdicciones diferentes a la constitucional, que de forma especializada
atienden cada uno de los diferentes conflictos que los ciudadanos elevan ante
la administración de justicia. Pero precisando además, que las decisiones de
todas las autoridades, incluidas por supuesto las judiciales, deben someterse
al ordenamiento jurídico (arts. 4º y 230 C. Pol.), marco dentro del cual los derechos fundamentales tienen un carácter primordial.[15]
De manera que si los procesos ordinarios están
diseñados para solucionar los conflictos jurídicos y, por tanto, para proteger
los derechos de las personas, la tutela no puede ser empleada como un mecanismo
alterno o complementario.[16]
Bajo esta premisa, la procedencia de la tutela está supeditada a que para su
ejercicio se hayan agotado todas las instancias y los recursos con los que
cuenta el afectado para la protección de sus derechos.[17]
3.3. No obstante lo anterior, esta Corporación ha
precisado que debido al objeto de la acción de tutela, esto es, la protección
efectiva de los derechos fundamentales de las personas, al analizar su
procedibilidad es necesario valorar en cada caso concreto su viabilidad. Ello,
debido a que no basta con la existencia del medio ordinario de defensa
judicial, pues habrá que determinar (i) si este es idóneo y eficaz, y en
última instancia, (ii) la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable
que ponga en riesgo la afectación de los derechos fundamentales de las
personas.[18]
3.3.1. En el primer caso, la Corte ha precisado que
la tutela procede cuando un medio de defensa judicial no es idóneo o eficaz
para proteger los derechos fundamentales del accionante. Y además ha explicado
que la idoneidad hace referencia a la aptitud material del mecanismo
judicial para producir el efecto protector de los derechos fundamentales, lo
que ocurre cuando el medio de defensa se corresponde con el contenido del
derecho.[19]
Respecto a la eficacia, se ha indicado que se relaciona con el hecho de
que el mecanismo esté diseñado de forma tal que brinde de manera oportuna e
integral una protección al derecho amenazado o vulnerado.[20]
De manera que, para determinar la concurrencia de
estas dos características del mecanismo judicial ordinario, deben
analizarse entre otros aspectos: los hechos de cada caso; si
la utilización del medio o recurso de defensa judicial existente ofrece la
misma protección que se lograría a través de la acción de tutela[21];
el tiempo de decisión de la controversia ante la jurisdicción ordinaria; el
agotamiento de la posibilidad de ejercicio del derecho fundamental durante el
trámite[22];
la existencia de medios procesales a través de los cuales puedan exponerse los
argumentos relacionados con la protección de los derechos fundamentales[23];
las circunstancias que excusen o justifiquen que el interesado no haya
promovido o no espere promover los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance[24];
la condición de sujeto de especial protección constitucional del peticionario
que exige una particular consideración de su situación[25].
Así las cosas, la Corte ha admitido excepcionalmente
el amparo definitivo en materia de tutela ante la inexistencia de un medio de
defensa judicial o cuando aún existiendo no resulta idóneo o eficaz para la
protección de los derechos fundamentales de las personas que solicitan el
amparo de sus derechos fundamentales[26],
lo que se justifica por la imposibilidad de solicitar una protección efectiva,
cierta y real por otra vía.[27]
3.3.2. Adicionalmente, la jurisprudencia ha
precisado que si el mecanismo existente es idóneo y eficaz, la tutela solo
resultaría procedente si se evidencia la amenaza de ocurrencia de un perjuicio
irremediable[28].
En este caso, la tutela se torna viable y el amparo se otorga transitoriamente
hasta tanto la situación sea definida en la jurisdicción competente. Para ello,
el demandante del amparo deberá instaurar las acciones ordinarias
correspondientes dentro de un término máximo de 4 meses a partir del fallo,
lapso que se suspende con la presentación de la demanda ordinaria.[29]
En este caso, el término señalado es imperativo, y si el actor no cumple con la
obligación señalada, el amparo pierde su vigencia.[30]
En estos términos, la persona que solicita el amparo, deberá demostrar de forma
suficiente la necesidad de la medida para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable[31].
3.4. Ahora bien, en materia de actos administrativos
de contenido particular y concreto, la jurisprudencia de esta Corporación[32]
ha establecido que por regla general la acción de tutela no es procedente para
controvertir actos administrativos, toda vez que las discrepancias suscitadas
por la aplicación o interpretación de los mismos deben ser dirimidas a través
de la jurisdicción contenciosa administrativa[33]. No
obstante, en criterio de la Corte, la aceptación de la procedencia excepcional
de la acción de tutela contra los actos administrativos depende de si el
contenido de los mismos implica una vulneración evidente de los derechos
fundamentales o la amenaza de la ocurrencia de un perjuicio irremediable de tal
magnitud que obligue la protección urgente de los mismos[34].
En este sentido, la Corte ha precisado que (i)
la improcedencia de la tutela como mecanismo principal para la protección de
derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, se justifica en la existencia de otros
mecanismos, tanto administrativos, como judiciales para su defensa; (ii)
que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las
actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un
perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de
tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7° del
Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8° del
Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativa.[35]
Adicionalmente, se ha señalado que cada acción constitucional conlleva la
necesidad de confrontar las condiciones del caso, de manera que se defina el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la jurisprudencia para el
acaecimiento del perjuicio irremediable[36].
3.5. No obstante lo anterior, la Corte ha determinado[37]
que en los eventos en que se evidencie que (i) la actuación
administrativa ha desconocido los derechos fundamentales, en especial los
postulados que integran el derecho al debido proceso; y (ii) los
mecanismos judiciales ordinarios, llamados a corregir tales yerros, no resultan
idóneos en el caso concreto o se está ante la estructuración de la inminencia
de un perjuicio irremediable; la acción de tutela es procedente de manera
definitiva en el primer caso, o como mecanismo transitorio en el segundo, en
aras de contrarrestar los efectos inconstitucionales del acto administrativo[38].
3.6. Finalmente, en cuanto a la procedencia de la
acción de tutela de forma definitiva en relación con actos administrativos, la
Corte ha señalado que deben atenderse las circunstancias especiales de cada
caso concreto[39].
En estos eventos específicos, ha indicado que pese a la existencia de otro
mecanismo de defensa judicial como el medio de control de la nulidad y
restablecimiento del derecho, se deben analizar las condiciones de eficacia
material y las circunstancias especiales de quien invoca el amparo, que pueden
hacer viable la protección de los derechos del afectado a través de la acción
de tutela de forma definitiva.
4. Naturaleza y características del
proceso disciplinario[40].
4.1. Esta Corporación ha señalado que el derecho
disciplinario comprende, por un lado, el “poder disciplinario”,
entendido como la facultad en virtud de la cual el Estado está legitimado para
tipificar las faltas disciplinarias en que pueden incurrir los servidores
públicos y los particulares que cumplen funciones públicas; y por el otro, el “derecho
disciplinario en sentido positivo”, esto es, el conjunto de normas a través
de las cuales se ejerce ese poder disciplinario[41].
En la sentencia C-252 de 2003 la Corte realizó
importantes consideraciones sobre el fundamento constitucional y la naturaleza
de la imputación disciplinaria, explicando que los servidores públicos deben
cumplir la Constitución y la ley, ponerse al servicio de los intereses
generales y desarrollar los principios de la función administrativa. Sobre el
particular señaló:
“Nótese
cómo la realización integral de la persona humana mediante la garantía de
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en el Texto
Superior, hace parte fundamental del compendio de fines de la actuación
estatal, situación esta compatible con la concepción del respeto por la
dignidad humana como uno de los fundamentos del Estado social de derecho
constituido.
En ese
marco, las autoridades de la República, a través de las cuales actúa el Estado
como personificación jurídica de la Nación, están instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares.  Esta orientación finalística de las
autoridades de la República determina el fundamento de su responsabilidad y de
allí que, de acuerdo con el artículo 6° Superior, ellas respondan por infringir
la Constitución y la ley y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus
funciones.  Esto es entendible: la atribución de función pública genera un
vínculo de sujeción entre el servidor público y el Estado y ese vínculo
determina no sólo el ámbito de maniobra de las autoridades con miras a la
realización de los fines estatales, sino que también precisa el correlativo
espacio de su responsabilidad, independientemente de la especificidad que en
cada caso pueda asumir la potestad sancionadora del Estado.
Es por
ello que el Constituyente advirtió que cada servidor público debía tener
claridad acerca de los criterios superiores con los que se vinculaba a la
administración y de allí porqué exigió, en el artículo 122, que sólo entre a
ejercer su cargo después de prestar juramento de cumplir y defender la
Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.  Además, una vez
satisfecha esa exigencia, debe tener siempre presente que la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y que debe
desarrollarse, según el artículo 209, con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
Entonces,
nótese cuál es el fundamento de la imputación disciplinaria: la necesidad de
realizar los fines estatales le impone un sentido al ejercicio de la función
pública por las autoridades.  Éstas deben cumplir la Constitución y la ley,
ponerse al servicio de los intereses generales, desarrollar los principios de
la función administrativa y desempeñar para ello los deberes que les incumben.
Una actitud contraria de las autoridades lesiona tales deberes funcionales.
Como estos deberes surgen del vínculo que conecta al servidor con el Estado y
como su respeto constituye un medio para el ejercicio de los fines estatales
orientados a la realización integral de la persona humana, es entendible que su
infracción constituya el fundamento de la imputación inherente al derecho
disciplinario.  De allí que la antijuridicidad de la falta disciplinaria remita
a la infracción sustancial del deber funcional a cargo del servidor público o
del particular que cumple funciones públicas”.
4.1.
Bajo
ese entendido, el legislador, a través del derecho disciplinario, configura las
faltas por la infracción de los deberes funcionales de los servidores públicos
o de los particulares investidos de funciones públicas, y determina la sanción
dependiendo de la gravedad de la falta, atendiendo al estricto procedimiento
establecido para ello en la Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código
Disciplinario Único.
Dicha normatividad consagra en el artículo 152 que
cuando con fundamento en una queja, en la información recibida o en la
indagación preliminar, se identifique al posible autor o autores de una falta
disciplinaria, el funcionario debe iniciar la correspondiente investigación. El
objetivo de esa diligencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 153 siguiente,
es verificar la ocurrencia de la conducta, si esta es constitutiva de la falta,
esclarecer los motivos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el
perjuicio causado a la administración y la responsabilidad del investigado.
El funcionario que adelante la investigación
disciplinaria deberá adoptar la decisión de cargos si se reúnen los requisitos
para ello o el archivo de las diligencias, según sea el caso (art. 156).  Luego
de la formulación del pliego de cargos, la cual se hará cuando esté objetivamente
demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del
investigado (art. 162), el expediente quedará a disposición de los sujetos
procesales, quienes podrán aportar y solicitar pruebas, y del investigado o su
defensor, quienes podrán presentar sus descargos (art. 166). Culminado el
término probatorio y el traslado para alegatos de conclusión, el funcionario
deberá proferir un fallo motivado en el cual se encuentren debidamente
sustentadas las razones de la sanción o de la absolución (art. 170).
De acuerdo con esa normatividad, los intervinientes
en los procesos disciplinarios son la autoridad administrativa o judicial que
adelanta el proceso, los sujetos procesales y el quejoso:
(i) Autoridad administrativa o judicial: el artículo
2º de la Ley 734 de 2002[42]
señala que, sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría
General de la Nación y de las Personerías Distritales y Municipales,
corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los
funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del
Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de
sus dependencias. Consagra igualmente que el titular de la acción disciplinaria
en los eventos de los funcionarios judiciales, es la jurisdicción
disciplinaria.
Entonces, la autoridad que conoce del proceso puede
ser judicial, en el caso de los Consejos Superior y Seccionales de la
Judicatura, cuando investigan a magistrados, jueces y abogados; o también
administrativa, como ocurre con las entidades administrativas donde está
vinculado el disciplinado, con las personerías y con la Procuraduría General de
la Nación.
(ii) Sujetos procesales: el artículo 89[43]
dispone que pueden intervenir en la actuación disciplinaria como sujetos
procesales, el investigado y su defensor, y el Ministerio Público cuando la
actuación se adelante en el Consejo Superior o Seccional de la Judicatura o en
el Congreso de la República, esto es, cuando no es la autoridad que conoce del
proceso, ni ejerce la función de vigilancia administrativa.
Dentro de las facultades de los sujetos procesales
están las de: a) solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la
práctica de las mismas; b) interponer los recursos de ley; c) presentar las
solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la
actuación disciplinaria y el cumplimiento de los fines de la misma; y d)
obtener copias de la actuación, salvo que por mandato constitucional o legal
ésta tenga carácter reservado.
(iii) El quejoso: es la persona que pone la
falta disciplinaria en conocimiento de la autoridad. No es un sujeto procesal y
de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 90 de la Ley 734
de 2002[44],
su intervención se limita únicamente a presentar y ampliar la queja bajo la
gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a
recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio.
5.
La
intervención en la actuación disciplinaria del quejoso y de la víctima por
violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
5.1.
En
la sentencia C-014 de 2004 esta Corporación estudió la demanda de
inconstitucionalidad presentada contra los artículos 123 y 125[45],
parciales, de la Ley 734 de 2002, referentes a la revocatoria de los fallos
sancionatorios en un proceso disciplinario.
A juicio del demandante, esas disposiciones
vulneraban la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en tanto: (i) impedían a las víctimas de
violaciones a derechos humanos ejercer el derecho a solicitar la revocatoria
directa de los fallos en materia disciplinaria; (ii) generaban un tratamiento
legal discriminatorio injustificado porque el sancionado podía solicitar la
revocatoria del fallo sancionatorio, pero la víctima no podía solicitar la
revocatoria del fallo absolutorio; (iii) ignoraban la desventaja en que se
encontraba la víctima, porque se le habían violado sus derechos humanos y no
podía intervenir en el proceso disciplinario; (iv) desconocían los derechos de
las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, reconocidos por
tratados de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad,
ya que no existían motivos para que el reconocimiento de tales derechos se
circunscribieran al proceso penal y no se extendieran al proceso disciplinario
5.2.
Al
analizar los cargos formulados, la Corte explicó, en primer lugar, que la
limitación de la intervención del quejoso en el proceso disciplinario es
compatible con la índole de los intereses que se debaten en este. Sobre el
particular expuso:
“En el
derecho disciplinario, el contenido de injusticia de la falta se agota en la
infracción de los deberes funcionales que le asisten al sujeto disciplinable,
es decir, en el desenvolvimiento de actos funcionales sin estricto apego al
principio de legalidad que regula sus actos.  Entonces, como la imputación
disciplinaria no precisa de la vulneración de un bien jurídico, entendida tal
vulneración como causación de un daño concreto o como la producción de un
resultado materialmente antijurídico, no es posible afirmar la concurrencia de
una persona afectada con la comisión de la falta.  De allí que, en estricto
sentido, en el proceso disciplinario no exista una persona afectada con la
comisión de la ilicitud disciplinaria y que no sea posible legitimar a una
persona para que intervenga en el proceso planteando un interés directo y
alentando unas pretensiones específicas.  Es decir, en el proceso
disciplinario no hay víctimas y ello es consecuente con la índole de la imputación
que en él se formula” (Destaca la Sala).
Para mayor comprensión sobre la limitación de las
atribuciones del quejoso, sostuvo que era preciso tener en cuenta la distinta
situación en que se hallan los particulares en un proceso penal y en un proceso
disciplinario.
Una persona que actúa en calidad de víctima o
perjudicado en un proceso penal puede concurrir como titular de los derechos
conculcados con la conducta punible que es investigada y al mismo tiempo
hacerlo en calidad de sujeto procesal, y tiene la facultad de intervenir para
que se garanticen sus derechos al conocimiento de la verdad, a la realización
de la justicia y a la reparación del daño. Por el contrario, no puede concurrir
en el proceso disciplinario porque este “remite a una imputación que se basa
en la infracción de deberes funcionales y no en la vulneración de derechos de
terceros”; y de allí que “aparte de las faltas expresamente consagradas
por la ley, la responsabilidad disciplinaria se genere por el incumplimiento de
los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones o la
violación del régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades,
incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución y en
la ley”[46].
En otras palabras:
“Así,
mientras la imputación penal parte de la vulneración de bienes jurídicos
relacionados con derechos de terceros, la imputación disciplinaria desvalora la
vulneración de los deberes funcionales a cargo del servidor público. Por
ello, mientras en el proceso penal un particular puede invocar la calidad de
víctima o perjudicado y acceder a él en calidad de sujeto procesal, los particulares,
si bien pueden tener a acceso al proceso disciplinario, tienen un acceso
limitado ya que sus facultades se apoyan en el interés ciudadano de propender
por la defensa del ordenamiento jurídico, mas no en la vulneración de un
derecho propio o ajeno”[47] (Destaca
la Sala).
No obstante lo anterior, en la sentencia C-014 de
2004 se abordó como situación excepcional aquellos eventos en los que la falta
disciplinaria investigada o infracción del deber funcional del servidor público
es de tal grado de lesividad que constituye una violación del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario.
Sobre el particular, sostuvo que cuando se incurre en una de esas faltas “no
solo se está ante el quebrantamiento de las normas mediante las cuales el
Estado disciplina a sus servidores o a los particulares que desempeñan
funciones públicas, sino ante el flagrante desconocimiento de derechos humanos
en cuyo respeto no solo está comprometido cada Estado en particular sino también,
y quizá fundamentalmente, la comunidad internacional”.
Explicó que en esos casos el fundamento de la
imputación sigue siendo la infracción del deber funcional del servidor público
o del particular que desempeña funciones públicas, pero a diferencia de lo que
sucede con la generalidad de las faltas disciplinarias, en aquellas la
infracción del deber implica de manera directa la vulneración de derechos
fundamentales. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte se preguntó: ¿Cuando se
trata de las víctimas o perjudicados con la comisión de una falta disciplinaria
que, a la vez, constituye una violación del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario, ellas o estos pueden
intervenir en el proceso disciplinario? La respuesta de la Corte Constitucional
fue afirmativa. Para responder este interrogante indicó:
“Para
la Corte, es claro que tales víctimas o perjudicados pueden intervenir en el
proceso disciplinario, pues si un tercero, que no es víctima de falta
disciplinaria alguna, puede acudir ante las autoridades administrativas o
judiciales con el propósito de poner esa falta en su conocimiento y si, en la
actuación desatada con base en la queja por él instaurada, puede ejercer las
limitadas facultades de intervención que le confiere la ley,  ¿por qué no
podría hacerlo una persona en quien concurre la calidad de víctima de o
perjudicado con la falta disciplinaria a investigar?. Entonces, no cabe duda
que la víctima o el perjudicado sí pueden concurrir ante las autoridades, poner
la queja en su conocimiento e intervenir en la actuación a partir de ella
desatada”
(Destaca la Sala).
Este Tribunal continuó explicando en la referida
sentencia que la calidad de víctima o perjudicado con esa clase de faltas
disciplinarias los habilita para intervenir no solo como interesados en la
defensa del ordenamiento jurídico, sino como portadores de un interés legítimo
y directo en las resultas del proceso; es decir, son titulares de los bienes
jurídicos vulnerados y, por lo tanto, los faculta para intervenir, no como
simples terceros, sino como verdaderos sujetos procesales. En esa oportunidad,
la Corte explicó que adoptaba esa interpretación, en los siguientes términos:
“La
Corte se inclina por esta última interpretación pues el ejercicio de la
potestad disciplinaria del Estado plantea un espacio en el que también se
imparte justicia.  Esto es así por cuanto se trata de un escenario en el que se
imputa la comisión de conductas que han sido tipificadas como faltas y para las
que se han previsto sanciones y de allí por qué, en la actuación que se
promueve para que se demuestren aquellas y se impongan estas últimas, deban
respetarse los contenidos del debido proceso.  Claro, existen espacios de
ejercicio del poder disciplinario que en estricto sentido no hacen parte de la
rama jurisdiccional del poder público, como ocurre con aquellos que pertenecen
a la administración o incluso a los particulares que ejercen esa potestad por delegación.
No obstante, aún en tales supuestos, las autoridades disciplinarias despliegan
una actividad con contenidos materiales propios de la función de administrar
justicia.  Si esto es así, en el ámbito del poder disciplinario existe también
una legítima pretensión estatal orientada a la aplicación de la ley sustancial
y, en caso que la falta imputada haya afectado a terceros, éstos pueden invocar
sus derechos”.
Al adoptar esta postura, la Corte hizo dos
aclaraciones:
(i) Con ella no se desnaturaliza el derecho
disciplinario, en la medida en que el fundamento de la imputación disciplinaria
sigue siendo la infracción del deber funcional del servidor público. En otras
palabras, “la manifestación que la infracción de ese deber tiene sobre los
derechos humanos es un plus que, sin mutar la naturaleza de tal imputación,
coloca al particular en una situación diferente de aquella en que se encuentra
cualquier ciudadano y que le permite acceder, en otras condiciones, a la
actuación administrativa en la que aquella se formula”.
(ii) Con su adopción no se desconoce la existencia
de otros niveles de discusión de responsabilidad en los que es factible que la
víctima invoque sus derechos, como la jurisdicción penal o la reparación del
daño ante la jurisdicción contencioso administrativa. Lo anterior, en tanto “se
trata de un comportamiento que es susceptible de imputaciones diversas y por
ello, así como permiten que se investigue penal y disciplinariamente al
presunto responsable, legitiman también a la víctima o al perjudicado para
intervenir en cada una de esas actuaciones con finalidades diversas. En una,
para que se le atribuya una consecuencia a la infracción del deber funcional y,
en otra, para que se le asignen consecuencias a la vulneración de derechos”.
Ahora bien, en esa providencia esta Corporación
formuló un interrogante adicional: ¿la lectura constitucional de los derechos a
la verdad, a la justicia y a la reparación de la víctima, es privativa del
derecho penal, o con las debidas matizaciones, puede llegar a extenderse al
ejercicio de la potestad disciplinaria del Estado en particular a aquellos
supuestos excepcionales en que concurren víctimas o perjudicados con ocasión de
faltas disciplinarias constitutivas de violaciones del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario? La respuesta a lo
anterior fue afirmativa. Sobre el particular manifestó:
“Las
víctimas o perjudicados con una falta disciplinaria constitutiva de una
violación del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho
internacional humanitario están legitimadas para intervenir en el proceso
disciplinario para que en éste se esclarezca la verdad de lo ocurrido, es
decir, para que se reconstruya con fidelidad la secuencia fáctica acaecida, y
para que en ese específico ámbito de control esas faltas no queden en la
impunidad.  Es decir, tales víctimas o perjudicados tienen derecho a exigir
del Estado una intensa actividad investigativa para determinar las
circunstancias en que se cometió la infracción al deber funcional que, de
manera inescindible, condujo al menoscabo de sus derechos y a que, una vez
esclarecidas esas circunstancias, se haga justicia disciplinaria. (…).
Estos
derechos de las víctimas de las indicadas faltas disciplinarias son compatibles
con la legitimidad de los distintos juicios de responsabilidad que pueden
generarse a partir de una misma conducta y con los derechos correlativos que en
cada uno de esos espacios le asisten al imputado. En este sentido, es nutrida
la jurisprudencia de esta Corporación en la que se admite la posibilidad de que
a partir de un mismo hecho se generen imputaciones de distinta índole, como la
penal y la disciplinaria, pues ello es consecuente con los diversos ámbitos de
responsabilidad previstos por el ordenamiento jurídico.  (…).
Con
todo, es claro para la Corte que en el proceso disciplinario, las víctimas no
pueden pretender el reconocimiento del derecho a la reparación pues esta
pretensión no está ligada directamente a la infracción del deber funcional que
vincula al sujeto disciplinable con el Estado, sino que está vinculada con el
daño causado al bien jurídico de que aquellas son titulares.  Y bien se sabe
que la protección de tales bienes jurídicos y la reparación del daño a ellos
causado es inherente a la jurisdicción y escapa a la órbita del derecho
disciplinario” (Destaca la Sala).
Con base en estas y otras consideraciones la Corte
declaró exequibles las normas demandadas y las que fueron objeto de integración
normativa.
En consecuencia, dada la necesidad de conciliar el
alcance del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario, de los contenidos materiales del debido proceso, del
derecho de igualdad, del derecho de participación y de los derechos de las
víctimas, como también las funciones de la Procuraduría General de la Nación,
con el régimen de la revocatoria de los fallos absolutorios o decisiones de
archivo, declaró exequibles los apartes demandados “en el entendido que
cuando se trata de faltas constitutivas de violaciones del derecho
internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario,
también procede la revocatoria del fallo absolutorio y del auto de archivo”.
Tal revocatoria procede de oficio o  puede ser
solicitada por la víctima o los perjudicados, aunque con las limitaciones
derivadas de la interposición de recursos, y la competencia para su decisión
recae en el funcionario que profirió el fallo o en el superior o en el
Procurador General.
5.2.1.
En
definitiva, de conformidad con la normatividad vigente y los pronunciamientos
en sede de control abstracto de constitucionalidad, por regla general, en el
derecho disciplinario no pueden participar sujetos procesales en calidad de
víctimas, en tanto las faltas disciplinarias que en él se investigan
corresponden a infracciones de los deberes funcionales de los servidores
públicos o de los particulares en el ejercicio de funciones públicas, más no a
la lesión de derechos subjetivos.
Sin embargo, solo de manera excepcional, es posible
permitir que una persona participe como víctima de una falta disciplinaria en
esa clase de procesos cuando de la infracción al deber funcional surge una
vulneración del Derecho Internacional de los Derechos Humanos o del Derecho
Internacional Humanitario. Esas víctimas o perjudicados pueden entonces
intervenir en el proceso disciplinario, no como meros interesados sino como
verdaderos sujetos procesales con un interés legítimo y directo en las resultas
de ese proceso[48].
6. La privación arbitraria de la vida y las
ejecuciones extrajudiciales como una vulneración del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos.
6.1. La inviolabilidad de la vida se
concibe en la Constitución Política como un principio, valor y derecho
fundamental, dada su importancia para asegurar el goce efectivo del resto de
derechos y libertades reconocidas a las personas en el ordenamiento jurídico.
Desde sus inicios, esta Corporación ha sostenido que, “la vida constituye
la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el
presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones”[49].
El Preámbulo de la Carta consagra la vida
humana como un valor superior que debe asegurar la organización política, pues
las autoridades públicas están instituidas para protegerla integralmente y para
garantizar el derecho constitucional fundamental a la integridad física y
mental; en concordancia con ese valor, el artículo 11 Superior establece el
derecho a la vida como el de mayor connotación jurídico política, al erigirse
en el presupuesto ontológico para el goce y ejecución de los demás derechos
constitucionales, ya que cualquier prerrogativa, facultad o poder en la
sociedad es consecuencia necesaria de la existencia humana[50].
Esta Corte ha
señalado que “la Constitución no sólo protege la vida como un
derecho (CP artículo 11) sino que además la incorpora como un valor del
ordenamiento, que implica competencias de intervención, e incluso deberes, para
el Estado y para los particulares. Así, el Preámbulo señala que una de las
finalidades de la Asamblea Constitucional fue la de “fortalecer la unidad de la
Nación y asegurar a sus integrantes la vida”. Por su parte el artículo 2o
establece que las autoridades están instituidas para proteger a las personas en
su vida y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares... Esas normas superiores muestran que la Carta no es neutra
frente al valor vida sino que es un ordenamiento claramente en favor de él,
opción política que tiene implicaciones, ya que comporta efectivamente un deber
del Estado de proteger la vida”[51].
Conforme al artículo 2o de la
Constitución, son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Carta. Del mismo modo, según esta norma Superior,
las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades[52]. En cumplimiento
de tales obligaciones constitucionales se exige que, tanto en situaciones de
normalidad, como de alteración del orden público, el Estado garantice el
derecho a la vida de sus asociados, es decir, le impone el deber de actuar, no
sólo en los casos en que se advierte la amenaza o el peligro de ésta o la
inminencia de que ocurra algún daño o situación que la altere.
6.2. Son varios los
tratados e instrumentos internacionales de alcance universal o regional
americano que expresamente consagran el derecho a la vida, así como a las
garantías para la protección del goce de la misma. Al
terminar la segunda guerra mundial e iniciarse el proceso de descolonización,
la comunidad internacional estableció los cimientos de la promoción y
protección de los derechos humanos con la proclamación de la Declaración
Universal de Derechos Humanos. En este documento declarativo la Asamblea
General de las Naciones Unidas reconoce la “dignidad intrínseca” y “los
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”,
consagrando el derecho a la vida en el artículo 3°, según el cual “todo
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona”. De esta manera, la Declaración Universal constituyó, dentro de
las Naciones Unidas, el paso inicial y fundamental hacia la protección
constante y creciente de los derechos humanos y, en particular, el derecho a la
vida.
Por su parte, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (incorporado al derecho interno
mediante Ley 74 de 1968[53]),
en su artículo 6° reitera que “el derecho a la vida es inherente a la
persona humana”, estableciendo que “este derecho estará protegido por la
ley” y que “nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”[54].
Igualmente, la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre prevé en su artículo 1° que “Todo
ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona”. En el mismo sentido, el artículo 4°-1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (incorporada al derecho interno mediante Ley 16 de 1972[55]) garantiza
expresamente el derecho a la vida de manera amplia y general: “Toda persona
tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley,
y en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de
la vida arbitrariamente”[56].
También la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 en su resolución
44/25, consagra en el artículo 6°-1, que “Los Estados Partes reconocen que
todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida”.
De acuerdo con los instrumentos internacionales
referidos, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las
condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese
derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten
contra él[57].
Como resultado de todo ello, la promoción y
protección del derecho a la vida,  garantizado en varios instrumentos
internacionales, no se considera ya una cuestión que corresponda exclusivamente
a la jurisdicción interna de cada Estado, sino una cuestión de interés
internacional. Los Estados tienen la obligación de asegurar que sus órganos
respetan la vida de las personas en el ámbito de su jurisdicción. Esta
interpretación del derecho a la vida, de modo que abarque medidas positivas de
protección por parte del Estado, encuentra respaldo actualmente tanto en la
jurisprudencia internacional como en la doctrina[58]. En
esa medida, no cabe duda que el derecho fundamental a la vida pertenece al dominio
del jus cogens[59].
6.3. Aun cuando
el derecho a la vida cuenta con expreso reconocimiento en los principales
tratados internacionales, la ejecución extrajudicial no ha tenido una
regulación concreta en un tratado o convención internacional de alcance
universal o regional sino que encuentra su base jurídica en resoluciones de
órganos de las Naciones Unidas, calificándose de procedimiento
extraconvencional o basado en la Carta. Algunos instrumentos internacionales de
“soft law”[60]
han desarrollado importantes parámetros sobre la materia, como lo son “Los
principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones
extralegales, arbitrarias o sumarias”, el Manual sobre la Prevención e Investigación
Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, la Resolución
69/182
sobre ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (aprobada por la
Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2014) o
incluso ciertas regulaciones metodológicas derivadas del Mandato del Relator
Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias que cada vez
se abren espacio en materia de la prevención, la investigación judicial, la
investigación médico-legal, los medios probatorios y los procedimientos
judiciales en las ejecuciones extrajudiciales.
6.4. En cuanto tiene que ver con el concepto de
ejecución extrajudicial de personas, según la Oficina en Colombia del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esta se configura
así:
“Norma básica 9. (…). El
concepto de ejecución extrajudicial se compone de varios elementos importantes:
es un acto deliberado, no accidental, infringe leyes nacionales como las que
prohíben el asesinato, o las normas internacionales que prohíben la privación
arbitraria de la vida, o ambas. Su carácter extrajudicial es lo que la
distingue de: - un homicidio justificado en defensa propia, - una muerte
causada por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que han empleado la
fuerza con arreglo a las normas internacionales, - un homicidio en una
situación de conflicto armado que no esté prohibido por el derecho
internacional humanitario. (…).
En lo referente al homicidio
perpetrado por agentes del Estado colocando a la víctima en situación de
indefensión o inferioridad, es de precisar que esta conducta se identifica con
lo que en el derecho internacional de los derechos humanos recibe el nombre de
ejecución extrajudicial.
Hay
ejecución extrajudicial cuando individuos cuya actuación compromete la
responsabilidad internacional del Estado matan a una persona en acto que
representa los rasgos característicos de una privación ilegítima de la vida. Por lo
tanto, para que con rigor pueda hablarse de este crimen internacional la muerte
de la víctima ha de ser deliberada e injustificada. La ejecución extrajudicial
debe distinguirse, pues, de los homicidios cometidos por los servidores
públicos que mataron: a. Por imprudencia, impericia, negligencia o violación
del reglamento. b. En legítima defensa. c. En combate dentro de un conflicto
armado. d. Al hacer uso racional, necesario y proporcionado de la fuerza como
encargados de hacer cumplir la ley”[61].
La doctrina especializada refiere a que la ejecución
extrajudicial es una violación que puede consumarse en el ejercicio del poder
del cargo del agente estatal, de manera aislada, con o sin motivación política,
o más grave aún, como una acción derivada de un patrón de índole institucional.
Usualmente se entiende que la ejecución se deriva de una acción intencional para
privar arbitrariamente de la vida de una o más personas, de parte de los
agentes del Estado o bien de particulares bajo su orden, complicidad o
aquiescencia[62].
Autores como Humberto Henderson,
señalan que “se está ante una ejecución extrajudicial, cuando un agente
perteneciente a los cuerpos de seguridad del Estado, de manera individual y en
ejercicio de su cargo, priva arbitrariamente de la vida de una o más personas.
Aunque no hubiera una incidencia institucional previa, producido el hecho, ese
agente podría intentar servirse del manto protector de relaciones estatales, a
efectos de encubrir la verdad, o bien, para impedir u obstaculizar que se
inicien investigaciones o acusaciones penales en su contra. Si bien este hecho
puede carecer de una expresa intencionalidad política, luego de acaecido, el
agente estatal se podría aprovechar de las facilidades que pudiera otorgarle el
estar trabajando en un cuerpo de seguridad estatal, algo que, en principio se
presenta como teóricamente inalcanzable para un particular que ha cometido un
homicidio”[63].
En ese sentido, puede afirmarse
que conceptualmente una ejecución extrajudicial resulta cuando se consuma la
privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la
complicidad, tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un proceso judicial o
legal que lo disponga[64].
6.5. Las ejecuciones
extrajudiciales han sido proscritas por Organismos Internacionales. El 15 de
diciembre de 1989, mediante la Resolución 44/162, la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó el instrumento titulado “Principios relativos a una
eficaz prevención e investigación de ejecuciones extralegales, arbitrarias y
sumarias”. De acuerdo con lo depositado en este instrumento internacional,
los Estados tienen las siguientes obligaciones, entre las que caben resaltar:
i) prohibir por ley tales ejecuciones y velar por que ellas sean tipificadas
como delitos en su derecho penal; ii) evitar esas ejecuciones, garantizando un
control estricto de todos los funcionarios responsables de la captura, la
detención, el arresto, la custodia o el encarcelamiento de las personas, y de
todos los funcionarios autorizados por la ley para usar la fuerza y las armas
de fuego; iii) prohibir a los funcionarios superiores que den órdenes en que
autoricen o inciten a otras personas a llevar a cabo dichas ejecuciones.
Por su parte, el Relator Especial sobre las
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias adopta medidas cuando
examina las violaciones del derecho a la vida cometidas por las autoridades del
Estado, como la policía, las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, y por
otros grupos o individuos que cooperan con el gobierno o son tolerados por
éste. El Relator Especial ha considerado, entre otras, las siguientes
situaciones que suponen violaciones del derecho a la vida que justifican su
actuación:
“(…)
Muertes durante la detención policial.
El
Relator Especial adopta asimismo medidas cuando se han denunciado casos de
muerte durante la detención policial. En este contexto las violaciones del
derecho a la vida se producen principalmente como resultado de torturas u otros
tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como de falta de cuidados, del uso
de la fuerza y de la existencia de condiciones de detención que constituyen un
peligro para la vida 11/.
Muertes debidas al uso excesivo de la fuerza por los
agentes del orden.
El
uso excesivo de la fuerza por los funcionarios de policía y los agentes de
seguridad con consecuencias fatales es otra situación que entra en el mandato
sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias 12/. El Relator
Especial podría intervenir cuando el uso de la fuerza no se ajuste a los
criterios de absoluta necesidad y proporcionalidad. Se presta especial atención
a las violaciones del derecho a la vida debidas al excesivo uso de la fuerza
por los agentes del orden en el contexto de manifestaciones y otras reuniones
pacíficas.
Impunidad.
El
Relator Especial ha observado que la impunidad continúa siendo la causa principal
de la perpetuación de las violaciones de los derechos humanos y, en particular,
de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Es obligación de
los gobiernos investigar en forma exhaustiva e imparcial toda denuncia de
violación del derecho a la vida para identificar, someter a la justicia y
castigar a sus autores, y adoptar medidas efectivas para evitar la repetición
de tales violaciones 17/. En consecuencia, el Relator Especial examina las
denuncias que recibe del incumplimiento de esta obligación y adopta las medidas
procedentes. Normalmente exhorta a las autoridades nacionales a que enjuicien y
castiguen a los autores con arreglo a la ley. Además, el Relator Especial
presta atención a las leyes nacionales de amnistía que puedan dar lugar a la
impunidad.
Derechos de las víctimas.
Las
víctimas de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias o sus familias
deberían recibir una reparación suficiente del Estado cuando la violación del
derecho a la vida fue cometida por un funcionario público u otros agentes que
actuaban a título oficial o cuasi oficial 18/. El derecho de las víctimas o de
sus familias a recibir una indemnización suficiente es a la vez un
reconocimiento de la responsabilidad del Estado por los actos cometidos por sus
agentes y una expresión del respeto al ser humano. La concesión de una
reparación presupone el cumplimiento de la obligación de investigar las
denuncias de violaciones de los derechos humanos con miras a identificar y
procesar a los presuntos autores. No obstante, la concesión de una reparación
económica o de otra índole a las víctimas o a sus familiares antes de que se
inicien o concluyan tales investigaciones no exime a los gobiernos de esta
obligación”[65].
La Asamblea General de la Organización de Naciones
Unidas, mediante la Resolución 69/182 sobre ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, aprobada el 18 de diciembre de 2014,
sobre esta materia instó a todos los Estados de la siguiente manera:
“Convencida
de
la necesidad de tomar medidas eficaces para prevenir, combatir y eliminar la
abominable práctica de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias,
que constituyen violaciones flagrantes del derecho internacional de los
derechos humanos, especialmente del derecho a la vida, así como del derecho
internacional humanitario,
1.
Reitera su enérgica condena de todas las ejecuciones extrajudiciales, sumarias
o arbitrarias que continúan produciéndose en distintas partes del mundo;
2.
Exige que todos los Estados aseguren que se ponga fin a la práctica de las
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y tomen medidas eficaces
para prevenir, combatir y eliminar el fenómeno en todas sus formas y
manifestaciones;
3.
Reitera que todos los Estados deben investigar de manera expeditiva, exhaustiva
e imparcial todos los casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales, sumarias
o arbitrarias, identificar y enjuiciar a los responsables, asegurando al mismo
tiempo el derecho de toda persona a un juicio justo ante un tribunal
competente, independiente e imparcial establecido por la ley, conceder una
indemnización adecuada dentro de un plazo razonable a las víctimas o a sus
familiares y adoptar todas las medidas que sean necesarias, incluso de carácter
legal y judicial, para acabar con la impunidad e impedir que se repitan ese
tipo de ejecuciones, como se recomendó en los Principios relativos a una Eficaz
Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o
Sumarias, en plena consonancia con las obligaciones contraídas en virtud del derecho
internacional;
(…)
6.
Insta a todos los Estados a que:
a)
Adopten todas las medidas requeridas en virtud del derecho internacional de los
derechos humanos y del derecho internacional humanitario para prevenir la
pérdida de vidas humanas, en particular de niños, durante las
detenciones, los arrestos, las manifestaciones públicas, las situaciones de
violencia interna y comunitaria, los disturbios civiles, las emergencias
públicas o los conflictos armados, y aseguren que la policía, los agentes del
orden, las fuerzas armadas y otros agentes que actúan en nombre del Estado o
con su consentimiento o aquiescencia lo hagan con moderación y de conformidad
con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario, incluidos los principios de proporcionalidad y necesidad, y, a ese
respecto, aseguren que la policía y los agentes del orden se guíen por el
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los
Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; (…)”.
6.6. De acuerdo a todo lo anterior, la ejecución
extrajudicial refiere a una privación ilegítima de la vida, que implica una
vulneración de los Derechos Humanos, sancionada por el Derecho Internacional
Humanitario en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo
3°, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 6°,
la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 1° y la Convención
Americana de los Derechos del Hombre en su artículo 4°.
En el Derecho Penal Colombiano,
las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias conciernen al homicidio agravado,
consagrado en el artículo 104 del numeral 7° del Código Penal, el cual consiste
en el homicidio perpetrado por agentes del Estado colocando a la víctima en
situación de indefensión o inferioridad, cuya pena es de doscientos ocho (208)
a cuatrocientos cincuenta (450) meses de prisión.
Aun cuando no se encuentra estipulada de manera
concreta en el régimen disciplinario, se llega a ella cuando se configura una
conducta susceptible de sancionarse como falta disciplinaria en virtud del
numeral primero del artículo 48 del Código Disciplinario Único, que dispone: “Realizar
objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito
sancionado a título de dolo, cuando se cometa con razón, con ocasión o como
consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo”.
6.7. Existen varios instrumentos normativos
adicionales que guardan estrecha relación con distintos aspectos del derecho a
la vida, en particular en el sistema universal. Entre ellos cabe mencionar el Código
de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado
por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 34/69 del 17 de
diciembre de 1979, que establece en sus tres primeros artículos lo siguiente:
“Artículo
1º. Los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los
deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas
las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de
responsabilidad exigido por su profesión[66].
Artículo
2º. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los
derechos humanos de todas las personas.
Artículo
3º. Los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo
cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño
de sus tareas”.
Igualmente, figuran los Principios
básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptados por el 8º
Congreso de Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del
delincuente, celebrado en la Habana (Cuba) el 27 de agosto de 1990[67], que
en algunos de sus apartes señalan:
“(…)
4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus
funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de
recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza
y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no
garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.
5. Cuando el empleo de las armas de fuego sea
inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley:
a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la
gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga;
b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y
respetarán y protegerán la vida humana;
(…)
9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de
otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con
el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que
entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una
persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para
impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos
extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer
uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para
proteger una vida.
10. En las circunstancias previstas en el principio 9,
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se identificarán como tales
y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, con
tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia
se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas,
o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del
caso.
(…)
23. Las personas afectadas por el empleo de la fuerza
y de armas de fuego o sus representantes legales tendrán acceso a un proceso
independiente, incluido un proceso judicial. En caso de muerte de esas
personas, esta disposición se aplicará a sus herederos.
24. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer
cumplir la ley adoptarán las medidas necesarias para que los funcionarios
superiores asuman la debida responsabilidad cuando tengan conocimiento, o
debieran haberlo tenido, de que los funcionarios a sus órdenes recurren, o han
recurrido, al uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego, y no adopten todas
las medidas a su disposición para impedir, eliminar o denunciar ese uso”.
Así entonces, son numerosos los instrumentos
internacionales que prohíben el atentado directo contra la vida humana y por
ello obligan al Estado a ejercer un control efectivo sobre las autoridades en
general, y en particular las fuerzas del orden, para evitar el uso excesivo o
indiscriminado de la fuerza. En tal virtud, para hacer cumplir sus cometidos
constitucionales y legales el uso de la fuerza es excepcional y debe realizarse
estrictamente bajo un doble prisma: necesidad y proporcionalidad de las
medidas, por cuanto el derecho a la vida ostenta el status de dispositivo
normativo integrante del jus cogens[68]
que no admite acuerdo en contrario (art. 53 Convención de Viena).
7. Caso concreto.
7.1. Breve presentación del asunto.
7.1.1.
Los
accionantes manifiestan que luego de la “ejecución extrajudicial” de su
menor hijo Diego Felipe Becerra Lizarazo (q.e.p.d.), ocurrida el 19 de agosto
de 2011 por un agente activo de la Policía Metropolitana de Bogotá, la
Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, mediante auto del 29 de
noviembre de 2011, con fundamento en la compulsa de copias que se ordenó en
otro proceso, inició investigación disciplinaria en contra del Coronel José
Javier Vivas Báez y otros, por haber tenido injerencia en las
circunstancias que rodearon la muerte del menor, particularmente por las
irregularidades relacionadas con la alteración de la escena del crimen.
Informan que formularon
queja disciplinaria y ampliación de la misma para que se extendiera la
investigación a otros miembros activos de la Policía que también pudieron
incurrir en las irregularidades señaladas, así como que se incorporaran otras
pruebas adicionales. Aseguran que el 18 de agosto de 2016 la Procuraduría Delegada
para la Policía Nacional profirió fallo absolutorio a favor de los  oficiales
de la Policía implicados, enterándose de tal decisión informalmente. Dicen que
el 22 de agosto de 2016 solicitaron a la Procuraduría Delegada ser notificados
de fallo para interponer los recursos procedentes, a lo cual no accedió la
entidad mediante auto del 29 de agosto siguiente, por estimar que no eran
quejosos ya que la actuación había iniciado de oficio. Informan que aun cuando
no se les notificó del fallo absolutorio, radicaron el 09 de septiembre de
2016, recurso de apelación contra el mismo, el cual fue declarado improcedente
a través de auto del 06 de octubre siguiente, al no considerárseles quejosos.
Esgrimen que tienen derecho a impugnar la sentencia de la Procuraduría por ser
quejosos y sobre todo víctimas de la ejecución extrajudicial de su hijo y
posterior alteración de la escena del crimen, ya que esta sería la manera de
que se les garantizara los derechos de verdad, justicia, reparación y garantía
de no repetición, más aun cuando lo que se buscaba con la variación  de la
escena del homicidio de su hijo era “manipular y engañar a la justicia y
hacerlo aparecer como victimario o delincuente, afectando no solo su honra y
memoria, sino la de nosotros sus progenitores”. Señalan que el crimen
cometido al menor constituye una vulneración al Derecho Internacional de
los Derechos Humanos y por lo tanto debió permitirse su participación como
sujetos procesales. En esa medida, solicitan el amparo de sus derechos y
se ordene a la autoridad accionada darle trámite al recurso de apelación
interpuesto contra el fallo del 18 de agosto de 2016.
7.1.2. En contestación de la acción de tutela, la
Procuraduría Delegada para la Policía Nacional aduce que la tutela es
improcedente por cuanto los accionantes no agotaron los mecanismos de defensa
judicial, como lo es el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Asegura que los
accionantes jamás fueron quejosos en el proceso disciplinario, por lo que no
hay derecho fundamental alguno que les haya sido lesionado. Precisa que el
proceso disciplinario se inició de oficio en virtud de las noticias emitidas
por los medios de comunicación el día 23 de agosto de 2011, en donde se
informaban posibles irregularidades cometidas por los miembros de la Policía
Nacional en torno a los hechos que rodearon la muerte del joven Diego Felipe
Becerra Lizarazo, así como por la compulsa de copias que se realizó en otro
proceso. En esa medida, argumenta que los accionantes no han ostentado la
calidad de quejosos dentro del proceso disciplinario, por lo que no es posible
dar aplicación al parágrafo del artículo 90 de la Ley 734 de 2002.
7.1.3.
De las personas vinculadas al proceso constitucional solo descorrió el traslado
de la demanda el Coronel José Javier Vivas Báez, quien se opone a las
pretensiones de la tutela al considerar que estas van en contravía de lo
reglado por la Ley 734 de 2002, por cuanto el proceso disciplinario tuvo su
origen por la compulsa de copias sin que haya habido queja directa de
particular. Indica que la ampliación de queja disciplinaria a la que aluden los
actores, fue dirigida a la Procuradora Auxiliar para Asuntos Disciplinarios mas
no a la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, haciendo referencia a
un proceso distinto (SIAF 190572) al adelantado en su contra (IUS 2011-306741).
Precisa que ante el rechazo del recurso de apelación, los actores han debido
acudir al recurso de queja previsto en la ley disciplinaria para oponerse y
controvertir tal determinación, lo cual omitieron.
7.1.4.
El
juez de primera instancia en sede de tutela niega la protección constitucional
invocada. Argumenta que la
actuación disciplinaria no se originó con ocasión de una queja presentada por
los accionantes, sino de oficio, por lo que éstos no ostentaban la calidad de
quejosos y, en consecuencia, no existía obligación legal de notificarlos del
fallo proferido por la Procuraduría accionada. Igualmente, considera que no se configuró
irregularidad alguna, pues la actuación censurada se adelantó sin
desconocimiento de las garantías fundamentales de los actores. Estima que la
acción de tutela no es un mecanismo alterno al proceso disciplinario para tomar
decisiones que son de competencia de la respectiva autoridad. Concluye
asegurando que los accionantes cuentan con otro mecanismo de defensa judicial
ante la jurisdicción contencioso administrativa, donde pueden reclamar la
garantía de sus derechos.
Esta
decisión fue confirmada en segunda instancia, al considerar que los
accionantes no ostentan la condición de sujetos procesales ni de quejosos, por
lo que la accionada no estaba obligada a notificarlos del fallo disciplinario,
ya que de hacerlo se desconocería el derecho al debido proceso de los
investigados, pues se estaría dando trámite a recursos promovidos por personas
no legitimadas por la ley para interponerlos.
7.2.
Procedibilidad
formal de la acción de tutela.
De
acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, es deber del juez constitucional verificar determinados requisitos
para la procedibilidad de la acción de tutela contra los actos administrativos
de carácter particular o concreto. Como fue explicado, tal mecanismo
constitucional es procedente contra este tipo de actos de la administración, ya
sea como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, como mecanismo definitivo cuando se evidencia la vulneración de
un derecho fundamental, o en los casos en que las vías alternas para la defensa
de los intereses invocados no son idóneas ni eficaces.
7.2.1.
De los presupuestos fácticos expuestos y de las pruebas allegadas durante el
trámite es posible concluir que, en el caso que ahora es objeto de estudio, es
necesaria la intervención del juez constitucional por las razones que pasan a desarrollarse:
7.2.1.1.
Mediante fallo de primera instancia del 18 de agosto de 2016[69], la Procuraduría Delegada
para la Policía Nacional, en el marco del proceso disciplinario Nº IUS
2011-306741, resolvió absolver de los cargos endilgados al Coronel José Javier
Vivas Báez, al Teniente Coronel Nelson de Jesús Arévalo y al Subteniente Rosemberg
Madrid Orozco, y declaró probado los cargos endilgados al Subintendente Juan
Carlos Leal Barrero, al Patrullero Nelson Daniel Rodríguez Castillo y al
Patrullero Fredy Esneider Navarrete Rodríguez, declarándolos disciplinariamente
responsables. La mayoría de los implicados en el proceso disciplinario fueron
notificados del fallo a través de edicto fijado del 21 al 23 de septiembre de
2016[70],
quedando “debidamente ejecutoriado el veintiocho (28) de septiembre de 2016,
a las cinco de la tarde”[71].
7.2.1.2.
El día 22 de agosto de 2016, la accionante elevó solicitud manuscrita ante la
Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, con destino al proceso
disciplinario Nº IUS 2011-306741, en los siguientes términos:
“Liliana Lizarazo Florez,
identificada civilmente como aparece junto a mi firma, en mi calidad de madre
de Diego Felipe Becerra Lizarazo y quejosa en el expediente de la referencia,
mediante el presente escrito me permito solicitar se me notifique conforme a la
Ley 734/2002, el fallo de fecha 18 de agosto de 2016, proferido dentro de la
investigación disciplinaria a fin de hacer uso de los recursos de ley”[72].
Asimismo,
mediante escrito del 26 de agosto de 2016, los accionantes solicitaron a la
Procuraduría, “en nuestra condición de padres del joven Diego Felipe Becerra
(q.e.p.d.), como víctimas – quejosos dentro del asunto de la referencia, (…) se
autorice la expedición de copias de la totalidad del expediente disciplinario”[73].
En respuesta a las anteriores solicitudes, el
Procurador Delegado para la Policía Nacional, mediante auto del 29 de agosto de
2016, luego de señalar que el proceso disciplinario inició de oficio con base
en la información de prensa de varios medios de comunicación y por la “compulsa
de copias” ordenada en otra actuación adelantada contra el patrullero
Wilmer Antonio Alarcón, encontró que la señora Liliana Lizarazo no ostentaba la
calidad de quejosa, resolviendo:
“PRIMERO: DECLÁRESE
IMPROCEDENTE la solicitud realizada por la señora LILIANA LIZARAZO FLÓREZ de
conformidad con los motivos anteriormente señalados.
SEGUNDO: COMUNÍQUESE la
presente decisión a la señora LILIANA LIZARAZO FLÓREZ, al correo (…), advirtiéndole
que contra la misma no procede recurso alguno.
TERCERO: HÁGANSE las
notificaciones, comunicaciones y anotaciones a que haya lugar” (destaca la Sala)[74].
En esta decisión, aun cuando no quedó
consignado en la parte resolutiva, la Procuraduría dispuso que “el
expediente está a disposición de la señora solicitante para los efectos que
considere pertinentes”[75].
Del mismo modo, mediante auto del 07 de septiembre de 2016[76], la Procuraduría Delegada
dispuso la expedición de las copias solicitadas por la señora Lizarazo Flórez, “en
calidad de afectada”.
7.2.1.3. Mediante memorial del día 09 de
septiembre de 2016[77],
luego de obtenidas las copias del expediente disciplinario, los accionantes
interpusieron y sustentaron recurso de apelación contra el fallo del 18 de
agosto de 2016, aun sin haber sido notificados formalmente del mismo.
7.2.1.4. A través de auto del día 06 de
octubre de 2016, el Procurador Delegado para la Policía Nacional se pronuncia
sobre el recurso de apelación interpuesto en los siguientes términos:
“PRIMERO: Este Despacho
mediante auto de 29 de agosto de 2016, consideró que por ser una actuación
iniciada de oficio, durante los diferentes procesos disciplinarios, la señora
LILIANA LIZARAZO[78],
no ha ostentado la calidad de quejosa, por lo tanto es improcedente una
solicitud en el sentido de que se le notificara el fallo de 18 de agosto hogaño
para interponer los recursos de ley.
SEGUNDO: Los ciudadanos
solicitantes interpusieron acción de tutela ante el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal, radicado (…), con el fin precisamente
se dejara sin efectos el señalado auto de 29 de agosto de 2016, y se procediera
a la respectiva notificación para interponer los recursos de ley
correspondientes, dando como resultado que mediante fallo de primera instancia
calendado 23 de septiembre de 2016 dicho tribunal negara la acción de tutela
(folios 2487 y 2788 del C-O 9).
TERCERO: En ESE ORDEN de
ideas reitera que los solicitantes: señora LILIANA LIZARAZO FLÓREZ y el señor
GUSTAVO ARLEY TREJOS, no tienen la condición de quejosos en el presente
proceso, por tanto se considera improcedente la solicitud realizada –
INTERPOSICIÓN Y SUSTENTACIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA FALLO ABSOLUTORIO –
(folios 2269 al 2327 del C-O 9).
RESUELVE:
PRIMERO: DECLÁRESE
IMPROCEDENTE la solicitud realizada tanto por la señora LILIANA LIZARAZO
FLÓREZ, como por el señor GUSTAVO ARLEY TREJOS de conformidad con los motivos
anteriormente señalados.
SEGUNDO: COMUNÍQUESE la
presente decisión a los solicitantes, AL CORREO (…)”[79].
7.2.1.5. Contra la decisión inmediatamente
reseñada, en escrito radicado el día 10 de octubre de 2016, los accionantes interpusieron
y sustentaron recurso de queja, solicitando a la Sala Disciplinaria de la
Procuraduría General de la Nación, se revocara el auto del 6 de octubre de
2016, “para en su lugar conceder y tramitar el recurso de apelación
interpuesto y sustentado el 9 de septiembre de 2016 contra el fallo absolutorio
del 18 de agosto de 2016 (…)”[80].
7.2.2. Del anterior recuento la Sala advierte
que los accionantes no cuentan con recursos al interior del proceso
disciplinario para controvertir las decisiones de sustanciación mediante los
cuales el Procurador Delegado para la Policía Nacional declaró improcedentes,
tanto la solicitud para que se les notificara del fallo del 18 de agosto de
2016 como el recurso de apelación interpuesto contra el mismo. En efecto,
contra este tipo de decisiones la Ley 734 de 2002 no prevé la procedencia de
recurso alguno[81],
razón por la cual en el ordinal segundo de la parte resolutiva del auto del 29
de agosto de 2016 la Procuraduría hizo dicha advertencia.
Ahora bien, podría aducirse de la forma en
que lo alegó el Coronel José Javier Vivas Báez (vinculado al proceso), que frente
al auto del 06 de octubre de 2016, mediante el cual la accionada declaró
improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el fallo del 18 de
agosto de 2016, procedía el recurso de queja previsto en el artículo 117 del
Código Disciplinario Único, según el cual “el recurso de queja procede
contra la decisión que rechaza el recurso de apelación”. Sin embargo, en
esta oportunidad el recurso de apelación no fue rechazado sino declarado
improcedente, razón por la cual dicha impugnación no era viable. Pese a todo,
al margen de la diferenciación técnica entre una decisión de rechazo y una
declaratoria de improcedencia, los accionantes interpusieron el recurso de
queja contra esa última determinación, agotando este medio de defensa, sin que
de la información suministrada por las partes y de las copias del expediente
disciplinario allegadas al proceso se advierta que se le haya dado trámite
alguno.
De
lo anterior la Sala concluye que los accionantes no contaban dentro del proceso
disciplinario con recursos legales para controvertir las decisiones que
declararon improcedentes sus solicitudes. En todo caso, aún en la hipótesis de
la procedencia del recurso de queja, este fue interpuesto en oportunidad, sin
que haya evidencia dentro del expediente de su trámite o resultado.
7.2.3.
De otra parte, es cierto que contra las decisiones adoptadas por la Procuraduría
Delegada para la Policía Nacional que no accedieron a las solicitudes de los
accionantes, estos podrían haber acudido, en principio, al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, como lo consideró el a-quo.
Sin
embargo, es preciso recordar lo señalado en la parte considerativa de esta
providencia, en cuanto a que la tutela procede contra los actos de carácter
particular y concreto bajo dos supuestos: (i) como mecanismo transitorio, en
los eventos en que se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable; y (ii) como mecanismo definitivo, cuando la acción judicial
ordinaria no sea idónea o eficaz para la protección de los bienes jurídicos[82].
Según se explicó, la sola existencia de otro mecanismo judicial no constituye
una razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción, porque el
medio debe ser idóneo, esto es, materialmente apto para producir el efecto
protector de los derechos fundamentales, y debe ser un eficaz; es decir, estar
diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho[83].
7.2.3.1.
La Sala estima que en este caso el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho[84] no
era un mecanismo idóneo ni eficaz para la protección de los derechos invocados
en la acción de tutela.
En
efecto, si bien los accionantes pudieron acudir al referido medio de control,
esta vía judicial podría tornarse larga y dispendiosa, resultando irrazonable
que deban soportar durante varios años la terminación de un proceso ante la
jurisdicción contencioso administrativa, toda vez que es un hecho notorio la
prolongada duración de este tipo de juicio, para solo definir si los
accionantes son o no quejosos o víctimas en el marco del proceso disciplinario
y así establecer si es procedente el recurso de apelación por ellos interpuesto,
prologándose la eventual vulneración de los derechos fundamentales invocados. Adicionalmente,
al dar trámite al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
seguiría corriendo el término de prescripción de la sanción disciplinaria,
existiendo así el riesgo de que esta prescriba.
En el presente caso no resulta idóneo que los accionantes
se vean obligados a soportar el proceso dispendioso de la vía contenciosa para
obtener la protección de sus derechos fundamentales. Es en este evento que el
factor de temporalidad cobra especial relevancia, pues obligar a los actores a
poner en movimiento el andamiaje judicial y tener que esperar varios años no
resulta razonable cuando lo que se debate es una cuestión accidental en el
proceso disciplinario y no el fondo de dicho asunto.
7.2.3.2.
Por otro lado, según lo señalado en el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, en
todos los procesos declarativos que se adelanten ante la jurisdicción
contencioso administrativo, antes de ser notificado el auto admisorio de la
demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente
sustentada, podrá el juez o magistrado ponente decretar, en providencia
motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia. En esta oportunidad, no se obtendría ese efecto en caso de solicitar
dichas medidas cautelares, en tanto el proceso disciplinario ya surtió su
primera instancia y el uso de tales medidas, en ningún caso, conllevaría al
reconocimiento de los accionantes como sujetos procesales.
Particularmente en lo que respecta a la medida
cautelar de suspensión provisional prevista en el artículo 330 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sala
considera que en el caso concreto la acción de tutela se erige como un
mecanismo más eficaz que la referida medida cautelar, pues al juez
constitucional no se le imponen los requisitos previstos en el artículo 231 de
dicho Código[85]
para que la misma sea decretada, sino que cuenta con un margen más amplio de
apreciación de las circunstancias que envuelven el asunto sometido a su
conocimiento, no solo ligadas a la legalidad de los actos administrativos
demandados sino a las circunstancias personales de los afectados, y hacerlo además en relación con principios, valores y preceptos
constitucionales de manera directa.
Por ejemplo, el numeral 3º del artículo 231 de la
Ley 1437 de 2011, exige para decretar la medida cautelar que el juez llegue a
la conclusión de que resultaría más gravoso para el interés público negar la
misma que concederla. En cambio, el juez de tutela no realiza un juicio de
ponderación entre los intereses públicos y privados, sino que se enfoca en
verificar que los derechos fundamentales de la persona sean garantizados, aún
en desmedro del interés público. Así, una es la perspectiva del juez contencioso administrativo para decretar la suspensión
provisional de los actos, debiéndose someter a los condicionamientos que le
impone la ley, y otra es la del juez de tutela, cuyo objetivo es garantizar la
efectividad de los derechos constitucionales fundamentales. Bajo la orientación
de la estricta regulación legal, el juez administrativo puede estimar que un
derecho fundamental no se encuentra desconocido, mientras que el juez
constitucional puede considerar lo contrario al apreciar el mérito de la
violación o amenaza.
En todo caso, la posibilidad de
solicitar al juez administrativo la suspensión provisional de los actos, no
significa de ninguna manera que la acción de tutela indefectiblemente es
improcedente cuando con ella se pretenda la protección de los derechos
fundamentales vulnerados por actos administrativos. Suponer lo contario
implicaría restringir ilegítimamente el acceso de los ciudadanos a la acción de
amparo y poner en el mismo nivel de efectividad el mecanismo constitucional de
protección de derechos fundamentales con la medida cautelar prevista en la ley
para los procesos contencioso administrativos.
7.2.4. Finalmente, esta Corporación
considera que el fondo del asunto de que trata la presente tutela, esto es, el
reconocimiento de los accionantes como quejosos o víctimas en una actuación disciplinaria,
por tratarse de una investigación relacionada con el homicidio de su menor hijo
y posterior alteración de la escena del crimen por parte de agentes de la
Policía Nacional, reviste gran relevancia constitucional por el análisis que
debe ser realizado sobre las faltas disciplinarias, no solo a la luz del
derecho interno, sino del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Asimismo,
dadas las particularidades que ofrece este asunto, la mencionada relevancia también
reposa en el hecho de que el proceso disciplinario es seguido contra algunos altos
mandos de la Policía Nacional por parte de la Procuraduría General de la Nación
en ejercicio de su poder preferente, donde supuestamente se ha desconocido a
los padres del menor asesinado alguna de las calidades que les permitiría
participar activamente al interior del mismo en busca de obtener verdad y
justicia, pudiéndose ver comprometidos derechos y principios fundamentales como
el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la dignidad
humana.
En este orden de ideas, las circunstancias expuestas
hacen que la acción de tutela se erija como el medio idóneo para la protección
oportuna de los derechos fundamentales posiblemente afectados en el trámite del
proceso disciplinario. Así, superado el examen de procedibilidad formal del
mecanismo de amparo, la Sala pasará a efectuar el análisis material del asunto
sometido a revisión.
7.3. Procedibilidad material de la
acción de tutela.
Corresponde entonces a la Corte establecer si la
Procuraduría Delegada para la Policía Nacional vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los
accionantes, al no considerarlos quejosos ni sujetos procesales, negándose a
notificarlos del fallo disciplinario y declarando improcedente el recurso de
apelación interpuesto por los mismos contra dicha decisión, bajo el argumento
de que la actuación disciplinaria inició de oficio. Esto en razón a
que, según lo manifestaron los actores, en el proceso presentaron queja y
ampliación de queja, además de considerar que son víctimas directas de los
hechos que dieron lugar al proceso disciplinario por tratarse de una ejecución
extrajudicial de su menor hijo, así como de la alteración de la escena del
crimen por parte de agentes de la Policía Nacional, en violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
7.3.1. Dado que lo pretendido con la acción de
tutela es que
“se ordene a la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional que le dé
trámite al recurso de apelación interpuesto y sustentado contra el fallo
absolutorio del 18 de agosto de 2016”, resulta imperioso verificar
como presupuesto que los accionantes ostenten alguna calidad al interior del
proceso disciplinario que los faculte para interponer dicho recurso. En la
medida que la facultad para recurrir el fallo absolutorio o interponer los
recursos de ley al interior del proceso está otorgada únicamente al quejoso y a
los sujetos procesales[86],
respectivamente, deviene necesario que la Sala determine si los actores
encuadran en alguna de estas categorías.
7.3.1.1. Para establecer si los accionantes fueron
quejosos en el proceso disciplinario aludido, es útil recordar lo dispuesto en
el artículo 69 de la Ley 734 de 2002, según el cual: “La acción disciplinaria se iniciará y adelantará de oficio, o
por información proveniente de servidor público o de otro medio que amerite
credibilidad, o por queja formulada por cualquier persona, y no procederá por
anónimos, salvo en los eventos en que cumpla con los requisitos mínimos
consagrados en los artículos 38 de Ley 190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992”.
Pues bien, de acuerdo a las pruebas allegadas al
expediente, advierte la Sala que los demandantes no tenían la calidad de
quejosos en el mencionado proceso, en la medida que la acción disciplinaria se
activó o inició de oficio.
En efecto, examinado el cuaderno N° 01 del
expediente disciplinario, se evidencia a folios N° 01 a 13 los informes
noticiosos de varios medios de comunicación que dan cuenta del suceso ocurrido el
día 19 de agosto de 2011. A folios  N° 14 a 18 del mismo cuaderno reposa el
auto del 23 de agosto de 2011, donde el Procurador Delegado para la Policía
Nacional ordena dar inicio a la indagación preliminar con base en los hechos
narrados en dichas noticias, así:
“2.1.
Los medios de comunicación (revista SEMANA edición del 23 de agosto de 2011,
periódico el TIEMPO edición del 23 de agosto de 2011 y el noticiero citytv.co
edición de las 12:00 del día del 23 de agosto de 2011), publicaron que el joven
Diego Felipe Becerra, de 16 años, fue asesinado por un policía (sic). La
versión de las autoridades policiales apuntan a manifestar que momentos antes
de la muerte de este joven, cuatro personas habrían asaltado un bus de servicio
público, y uno de ellos, supuestamente Diego Felipe, amenazó al conductor con
un arma y le hizo descender la velocidad mientras sus compañeros robaban las pertenencias
de los pasajeros, hecho que habría desencadenado la persecución policial en la
que murió esta persona cuando intentó dispararle a uno de los uniformados. No
obstante lo anterior, las versiones de los amigos y familiares de la víctima
afirman que el hecho ocurrió mientras éste pintaba un graffiti en la avenida
Boyacá con calle 116, en el norte de Bogotá”.
Asimismo, a folios 58 a 61 se encuentra comunicación
del 30 de agosto de 2011 suscrita por el Personero Delegado para Asuntos de
Gobierno de la Personería de Bogotá y dirigida al Procurador General de la
Nación, donde le allega, “para los fines pertinentes”, un informe
elaborado por la Personería Delegada por los Derechos Humanos, en la que
básicamente se expone la situación presentada por la muerte del menor Diego
Felipe Becerra y se recomienda “remitir informe a la Procuraduría para que
por competencia y jurisdicción se adelante la investigación correspondiente”.[87]
Igualmente, a folios 200 a 237 del mismo cuaderno
reposa el auto del 21 de noviembre de 2011, en el que el Procurador Delegado
para la Policía Nacional evalúa el mérito de la investigación disciplinaria,
formula cargos y resuelve “compulsar copias” de la actuación para que se
investigue la conducta de las personas vinculadas en esta acción de tutela por
su presunta responsabilidad en los hechos relacionados con la muerte del menor
Diego Felipe Becerra Lizarazo.
Del mismo modo, a folios 250 a 257 del cuaderno Nº 2
del expediente disciplinario, aparece el auto del 29 de noviembre
de 2011, proferido por el Procurador Delegado para la Policía Nacional,
mediante el cual se da inicio a la investigación disciplinaria en contra del
Coronel José Javier Vivas Báez, el Teniente Coronel Nelson de Jesús Arévalo
Rodríguez, el Subteniente Rosemberg Madrid Orozco, el Subintendente Juan Carlos
Leal Barrero, el Patrullero Nelson Daniel Rodríguez Castillo y el Patrullero Fredy
Esneider Navarrete Rodríguez, “en atención a lo ordenado mediante
providencia del 21 de noviembre de 2011” dentro del proceso disciplinario adelantado
contra el Patrullero de la Policía Nacional Wilmer Antonio Alarcón Vargas.
De otra parte, examinados los cuadernos 01, 03 y 04 de
anexos del expediente disciplinario, se encuentran los autos de apertura de
indagación preliminar del 16 noviembre[88],
22 de agosto[89]
y 22 de noviembre de 2011[90],
adelantados por el Inspector General del Grupo de Procesos Disciplinarios de
Primera Instancia de la Policía Nacional, la Jefe de la Oficina de Control
Disciplinario Interno de la Policía Nacional y la Inspectora Delegada Especial de
la Policía Nacional, respectivamente, en relación a los hechos que rodearon la
muerte del joven Becerra Lizarazo y la alteración de la escena del crimen, donde
se aprecia que las mismas fueron iniciadas por las noticias emitidas por los
medios de comunicación y por el informe de los hechos rendido por el Patrullero
Wilmer Alarcón Vargas. Estas actuaciones fueron remitidas a la Procuraduría
Delegada para la Policía Nacional para que fueran incorporadas al proceso
disciplinario allí adelantado al avocar competencia por poder preferente.
De acuerdo con todo lo anterior, para la Sala
resulta claro que la actuación disciplinaria desde su origen, esto es, cuando
se dio inicio a la indagación preliminar, tuvo como fundamento los informes
noticiosos de la prensa escrita y audiovisual. Posteriormente, respecto de la
investigación disciplinaria abierta contra las personas vinculadas al proceso
de tutela, esta fue con ocasión de la compulsa de copias dispuesta por la misma
Delegada de la Procuraduría, al momento de evaluar el mérito de la
investigación adelantada contra el Patrullero Alarcón Vargas.
Ahora bien, la Corte debe referirse a lo manifestado
por los accionantes respecto de que en el proceso disciplinario presentaron
queja y ampliación de queja, adjuntando copia de los memoriales radicados ante
la Procuraduría General de la Nación (folios 15 a 30 del cuaderno de primera
instancia).
En este punto debe anotarse que los accionantes pretendieron
hacer valer dos escritos sin relación o incidencia directa en el proceso
disciplinario cuyas actuaciones ahora se cuestionan para que se les considerara
quejosos, lo cual no es admisible. En la tutela los demandantes no fueron
claros en señalar que el escrito de “queja” fue posterior al de “ampliación de
queja” y no tenían relación entre sí ni referían al proceso disciplinario que
se examina. Los actores omitieron indicar la fecha de presentación del escrito
de “queja”, la cual, examinadas las pruebas se determinó que fue del 07 de
julio de 2016, es decir, posterior al de “ampliación de queja”, del 29 de
febrero de 2016. De la forma en que fueron presentados los hechos, en una
primera lectura el juez constitucional entra en confusión, que solo es aclarada
mediante el escrutinio de las pruebas allegadas en segunda instancia y del
expediente disciplinario.
Así, examinados dichos escritos se advierte que el
denominado “Ampliación de queja – SIAF 190572”, fue radicado el 29 de
febrero de 2016 y dirigido a la Procuradora Auxiliar para Asuntos
Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, con la cual buscaban
ampliar la queja “que fuera presentada en contra del Brigadier General
FRANCISCO PATIÑO FONSECA, y por la cual su Despacho adelanta actuación
disciplinaria, por los hechos que tuvieron ocurrencia el día 19 de agosto de
2011, en los cuales resultara muerto nuestro hijo DIEGO FELIPE BECERRA LIZARAZO,
y las posteriores maniobras fraudulentas adelantadas presuntamente por miembros
de la Policía Nacional”.
Los accionantes obtuvieron respuesta al anterior
memorial por parte del Procurador Auxiliar el día 09 de marzo de 2016, oficio Nº
38121, así:
“Ref.
IUS 2012-405970.
En
atención a su comunicación radicada el 29 de febrero de 2016 por medio de la
cual presentan ampliación de queja formulada contra el Brigadier General
Francisco Patiño Fonseca, me permito manifestarles lo siguiente:
La
actuación disciplinaria que cursa en este Despacho se inició con ocasión de la
comunicación enviada por el señor brigadier general Francisco Patiño Fonseca,
el 23 de octubre de 2012, mediante la cual se puso a disposición del señor
Procurador General de la Nación, para atender cualquier citación que se le
hiciera, con ocasión de la noticia dada en los medios de comunicación, respecto
a la intervención que como comandante de la policía metropolitana, hiciera en
los hechos en los cuales perdió la vida el joven Diego Felipe Becerra.
Posteriormente,
este Despacho acumuló el radicado Siaf 12924-2013 que hace referencia a los
mismos hechos, pero esta vez presentados por la señora Myrian Pachón Murcia.
Pese a
que puede considerarse el escrito antes señalado como queja, el parágrafo del
artículo 90 de la Ley 734 de 2002 establece que la intervención del quejoso se
limita únicamente a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del
juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión
de archivo.
Así las
cosas, este Despacho considera que su solicitud de pruebas presentadas en el
mencionado escrito, sería improcedente por falta de legitimidad, al no tener
ustedes la condición de sujetos procesales en la presente actuación.
En
relación con la información respecto de la etapa procesal en la que se encuentra
la actuación disciplinaria, me permito informales que se encuentra con apertura
de investigación disciplinaria”[91].
De esta manera, no cabe duda que el aludido escrito
fue dirigido a otra actuación disciplinaria diferente a la que ahora se
controvierte, a cargo de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios y
cuyo implicado era el Brigadier General Francisco Patiño Fonseca. En esa
medida, no es razonable entender que los accionantes al radicar una ampliación
de queja respecto de otro proceso en el mes de febrero de 2016, deban ser
considerados quejosos en otra actuación diferente que, como se vio, fue
iniciada de oficio en noviembre de 2011.
Similar situación ocurre respecto del escrito radicado
el 07 de julio de 2016, en el que los accionantes formulan queja “en contra
del General Francisco Patiño Fonseca, Coronel José Javier Vivas Báez, Coronel
Leonardo Alberto Mejía, Coronel Ricardo Blanco, Teniente Coronel Nelson de
Jesús Arévalo, Teniente Coronel Jhon Harvey Peña Nieto, Mayor Alain Albeiro
Echavez Martínez, Teniente Leidy Perdomo, Teniente Rosemberg Madrid Orozco,
Teniente Carlos Eduardo Hurtado Villamil, Subintendente Nelson Geovanny Tovar,
Subintendente Juan Carlos Leal Barrero, Subintendente Fleiber Leandro
Zarabanda, Patrullero Fredy Navarrete y Patrullero Wilmer Alarcón, quienes en
calidad de miembros activos de la Policía Nacional, presuntamente participaron
en las acciones tendientes a la alteración de la escena del crimen y al
encubrimiento del homicidio de nuestro hijo, hechos que se presentaron el 19 de
agosto de 2011”.
Dicho memorial de “queja”, fue también respondido
por el Procurador Auxiliar, mediante oficio Nº 145471 del 30 de agosto de 2016,
en los siguientes términos:
“Ref.
IUS 2012-405970.
En
atención a su comunicación radicada el 7 de julio del presente año, por medio
de la cual presentan queja contra el señor Brigadier General Francisco Patiño
Fonseca y varios oficiales y suboficiales de la policía nacional, por la
presunta participación en las acciones tendientes a la alteración de la escena
de los hechos y al encubrimiento del homicidio del joven Diego Felipe Becerra
Lizarazo, “El grafitero” me permito manifestar lo siguiente:
(…)
En el
caso que nos ocupa como ya se informó mediante comunicación del 9 de marzo del
presente año, la investigación que cursa en este Despacho contra el señor
General Francisco Patiño, se inició de oficio, lo que significa que la queja
sobre los mismos hechos, en este momento procesal no cumpliría con la función
legal del artículo 69, como es, activar la acción disciplinaria.
Por otro
lado, teniendo en cuenta que en la comunicación allegada por ustedes, se hace
referencia a otros oficiales y suboficiales los cuales no se encuentran
involucrados en las diligencias que cursan en este Despacho, se dispondrá la
compulsa de copias de dicha comunicación a la Procuraduría Delegada para la
Policía Nacional para lo de su competencia”[92].
La mencionada comunicación fue efectivamente remitida
por la Procuraduría Auxiliar a la Procuraduría Delegada para la Policía
Nacional, mediante oficio Nº 330540 del 05 de septiembre de 2016, reposando a
folios 2233 a 2237 del cuaderno Nº 9 del expediente disciplinario. La
Procuraduría Delegada informó sobre el particular al juez de segunda instancia,
indicando que “los documentos en mención fueron recibidos en este Despacho
el día 08/09/2016, cuando ya se estaba proyectando el fallo de primera
instancia”[93].
Para la Sala la remisión al expediente disciplinario
del escrito presentado por los actores el 07 de julio de 2016, no tiene la
virtualidad de hacerlos, sobre la marcha y ad portas de finalizar la
primera instancia, quejosos en un proceso iniciado cinco años atrás ni variar
la forma en que se activó la acción disciplinaria[94], la
cual, como se vio fue iniciada de oficio, es decir, no tuvo su origen en queja
alguna.
Como corolario de lo estudiado hasta este punto, la
Sala concluye que los accionantes no ostentan la calidad de quejosos
en el proceso disciplinario Nº IUS 2011-306741 adelantado ante la Procuraduría
Delegada para la Policía Nacional, por cuanto la acción disciplinaria inició de
oficio. En esa medida, la entidad accionada no estaba en la obligación de
reconocerlos como tales al interior del mencionado proceso.
7.3.1.2. Pasa entonces la Corte a establecer si los señores
Liliana Lizarazo Flórez y Gustavo Arley Trejos tienen la calidad de sujetos
procesales por considerarse víctimas o perjudicados de las faltas
disciplinarias que, estiman, constituyen violación del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, al tratarse de la muerte violenta sin justificación de su
menor hijo y posterior alteración de la escena del crimen por parte de
uniformados de la Policía Nacional.
A efectos de lo anterior, deben recordarse los
hechos que rodearon el homicidio de Diego Felipe Becerra Lizarazo, conforme se
extrae de diferentes actuaciones al interior del proceso disciplinario. Veamos:
En el primer auto que aparece en el expediente, esto
es, el del 23 de agosto de 2011, que da inicio a la indagación preliminar “en
averiguación de responsables”, se lee:
“3.1. En
el caso estudiado, ha resultado afectado el derecho fundamental a la vida del
joven Diego Felipe Becerra en desarrollo de un procedimiento policial, en el
que, según la versión vertida por los medios de comunicación por parte del
Comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad de Bogotá, la muerte se
desencadenó como consecuencia de una persecución en momentos en que esta
persona trataba de huir después de haber asaltado un bus de servicio público,
sin embargo en versiones dadas por los familiares de la víctima a los medios de
comunicación, se señala que el joven Diego Felipe Becerra nunca había portado
ni utilizado un arma de fuego y para el día de los hechos, se encontraba en
compañía de unos amigos, pintando un graffiti en la calle 116 con Avenida
Boyacá, cuando los uniformados le dispararon por la espalda quitándole la vida.
3.2. En
ese orden, ante las versiones encontradas de las autoridades y de los
familiares de la víctima y de cara a la afectación del derecho fundamental a la
vida del joven Diego Felipe Becerra, se vislumbra la posible materialización de
hechos constitutivos de falta disciplinaria que pueden llegar a tipificarse
como conductas que comportan la vulneración de derechos fundamentales como
la vida, ya que en los términos en que los uniformados de la Policía
Nacional involucrados, no guarda correspondencia ni proporcionalidad alguna
frente a la función Constitucional y legal atribuida a la Policía Nacional y a
la afectación de derechos fundamentales, como la vida, derecho inviolable en
cualquier situación y que el Estado colombiano está obligado a garantizar y
proteger en virtud de lo consagrado en la Constitución Política, la ley y en
los Pactos y Tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia”[95].
Posteriormente, en el auto del 23 de noviembre de
2011, que dio inicio a la investigación disciplinaria, se señala con más
precisión:
“2.1. Siendo
las 10:30 pm. del 19 de agosto de 2011, en la carrera 71 D con calle 116 A, en
el noroccidente de Bogotá, luego de desencadenarse una persecución policial, el
Patrullero de la Policía Nacional Wilmer Antonio Alarcón Vargas, le propinó un
disparo con arma de fuego al joven de 16 años de edad Diego Felipe Becerra
Lizarazo, quien al quedar gravemente herido, fue trasladado, al parecer por el uniformado
de la Policía, a la Clínica Shaio, lugar en el que minutos después murió como
consecuencia de las heridas producidas por el proyectil de arma de fuego en la
región Toroco-Lumbar.
2.2. El
uniformado involucrado ha señalado que Diego Felipe Becerra Lizarazo pertenecía
a un grupo de delincuentes que minutos antes habría protagonizado un atraco a
un bus de servicio público, que portaba un arma de fuego con la que le disparó,
situación que según su versión, fue la que originó su inmediata reacción
haciendo uso de su arma de dotación. En la escena de los hechos fueron
recolectadas, entre otras evidencias físicas y elementos materiales probatorios,
una pistola calibre 22 LR marca Sterling, de la cual se dice, era la que
portaba Diego Felipe Becerra Lizarazo al momento de los hechos”[96].
En este mismo auto, en los cargos formulados contra
el patrullero Wilmer Antonio Alarcón Vargas, se señala:
“6.1.
Primer cargo: Usted señor Wilmer Antonio Alarcón Vargas, (...) con la conducta
desplegada el 19 de agosto de 2011, con ocasión y como consecuencia de sus
funciones como Patrullero de la Policía Nacional, cuando desarrollaba un
procedimiento de apoyo policial solicitado por la Central de Radio para lograr
la captura de un grupo de delincuentes que presuntamente minutos antes habría
atracado un bus de servicio público, ocasionó la muerte del joven Diego Felipe
Becerra Lizarazo, en hechos ocurridos en el sector de la calle 116 A con
carrera 71 D, al norte de la ciudad de Bogotá D.C., con lo cual, pudo incurrir
en falta disciplinaria, al haber incumplido con los parámetros básicos de
actuación de la Fuerza Pública, que no son otros, sino el respeto de derechos
como la vida, tal y como lo establecen los artículos 2, 11, 123, 209 y 218 de
la Constitución Política, al desbordar probablemente sus atribuciones y
traspasar los límites establecidos por la Ley y los Reglamentos para el uso de
la fuerza y de las armas, inobservando los procedimientos legales establecidos
para ello y desconociendo su deber de mantener las condiciones necesarias para
el ejercicio de los derechos de los habitantes del territorio colombiano.
Lo
anterior, por cuanto si bien la ley lo autoriza para acudir al uso de la fuerza
y de las armas en su misión institucional de prevenir y perseguir el delito,
usted al parecer desconoció principios fundamentales en la persecución del
mismo, como el de proporcionalidad, entendido este como la adecuación entre el
fin buscado y los medios utilizados para alcanzarlo, la excepcionalidad del uso
de la fuerza y de las armas, principio que establece que se acude a las armas
cuando no se puede prevenir el delito por otros medios, evitando el uso
indiscriminado de la fuerza, particularmente las armas de fuego y no utilizar
más fuerza de la necesaria, la cual debe utilizarse excepcionalmente,
buscando siempre que la medida impuesta no sea la más rigurosa, ya que si una
medida menos rigurosa basta, ésta es la que debe ser aplicada, tal y como se
establece en el Capítulo IV del Código Nacional de Policía al reglamentar el
empleo de la fuerza y otros medios coercitivos y, como lo señala el Reglamento
de Vigilancia Urbana y Rural para la Policía Nacional, el Código de conducta
para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios
básicos sobre el empleo de la fuerza y de la armas de fuego por los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
En ese
orden, con su conducta y atendiendo las pruebas que obran en el expediente
disciplinario, se concluye que usted pudo haber incurrido en la falta
disciplinaria descrita en el numeral 9º del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006
–Régimen Disciplinario Especial para la Policía Nacional-, que establece:
“Realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando
se comete en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo”,
norma abierta que por vía de remisión nos lleva al artículo 103 de la Ley 599
de 2002, al configurarse de manera objetiva el tipo penal allí tipificado
como Homicidio.
6.2.
Segundo cargo: Igualmente, se le endilga al servidor público investigado, que
con el actuar desplegado el 19 de agosto de 2011, pudo incurrir en falta
disciplinaria, al presuntamente haber contribuido en la alteración de la
escena en donde ocurrieron los hechos, al disparar un arma de fuego tipo
pistola calibre 22 LR marca Sterling y luego colocarla cerca del cuerpo de
Diego Felipe Becerra, a quien además señaló de ser integrante de una banda
delincuencial, para hacer creer que éste la portaba en la pretina de su
pantalón y que cuando lo perseguía, la sacó y con ella le hizo un disparo,
razón por la cual él tuvo que reaccionar disparándole también con su arma de
dotación. Todo con el propósito de justificar la muerte del menor de edad y así
desviar las circunstancias de modo en que ocurrieron los hechos.
Con su
proceder, el disciplinado al parecer pretendió desviar la verdad real de los
hechos investigados y con ello pudo haber obstaculizado en forma grave las
investigaciones adelantadas por las autoridades administrativas,
jurisdiccionales o de control competentes, comportamiento que se encuentra
descrito como falta disciplinaria gravísima, en el numeral 2 del artículo 48 de
la Ley 734 de 2002, el cual se aplica al policial investigado”[97].
Luego de adelantada la correspondiente investigación,
la Procuraduría sancionó
con destitución e inhabilidad por el término de 10 años al patrullero de la
Policía Nacional Wilmer Antonio Alarcón Vargas por su responsabilidad en la
muerte del joven Diego Felipe Becerra Lizarazo y contribuir en la posterior
alteración de la escena de los hechos[98].
El Ministerio Público demostró la responsabilidad del uniformado en los hechos
ocurridos el 19 de agosto de 2011, en los que resultó muerto el menor después
de haber recibido un disparo con arma de fuego en medio de una persecución
policial. El patrullero fue investigado porque en cumplimiento de sus funciones
como patrullero de la Policía Nacional, al momento de desarrollar un
procedimiento de apoyo para lograr la captura de un grupo de delincuentes que
al parecer minutos antes habría atracado un bus de servicio público, ocasionó
la muerte del menor. Asimismo, por el actuar desplegado con posterioridad a los
hechos al contribuir en la alteración de la escena, cuando se disparó un arma
de fuego tipo pistola y luego se colocó cerca del cuerpo del joven, a quien se
señaló de ser integrante de una banda delincuencial, con el propósito de
justificar su muerte haciéndola parecer como una reacción del uniformado a un
ataque del menor. Las pruebas periciales demostraron que el joven Diego Felipe
no portaba arma alguna y menos aún que con ella le hubiera disparado al
uniformado de la Policía. A partir de las pruebas se estableció que al momento
de recibir el disparo propinado por el patrullero Alarcón, el joven Diego
Felipe se encontraba corriendo dando la espalda al uniformado que lo perseguía
y no portaba arma alguna pues solo llevaba consigo una mochila en la que
guardaba cuatro aerosoles de pintura. El uniformado sin reparo alguno le
disparó al menor por la espalda con su arma de dotación, a tan solo un metro y
30 centímetros de distancia, sin atender su obligación de extremar las medidas
de seguridad y protección de la vida de la persona a quien perseguía. La
Procuraduría explicó que el quebrantamiento sustancial del deber funcional del
patrullero atentó de forma grave contra los fines esenciales del Estado, toda
vez que su actuar pervirtió la garantía y efectividad de los derechos
consagrados en la Constitución, como el derecho fundamental a la vida[99].
Los hechos que rodearon la muerte del menor y
posterior alteración de la escena del crimen, también se extraen de la
sentencia del 11 de abril de 2016, proferida por el Juzgado 19 Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, en el que se condenó
anticipadamente a pena de prisión a los uniformados Nelson Daniel Rodríguez
Castillo y Fredy Esneider Navarrete Rodríguez, por los delitos de favorecimiento
al homicidio y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material
probatorio. Allí se lee:
“El 19
de agosto de 2011, a la salida de la calle 116 A con carrera 71 C de esta
ciudad a las 10:30 de la noche fue ultimado con arma de fuego el menor Diego
Felipe Becerra Lizarazo, tras ser perseguido desde la calle 116 con avenida
Boyacá, donde se encontraba realizando graffitis, por el policial PT. Wilmer
Alarcón, quien fuera la misma persona que accionara el arma de fuego contra su
humanidad.
Se
estableció en la investigación radicado (…) que la escena del crimen fue
manipulada por parte de varios agentes del orden, en concurrencia con
civiles que pretendieron engañar a la administración de justicia en pro de
beneficiar al patrullero Wilmer Alarcón y hacer creer que el hoy occiso Diego
Felipe Becerra Lizarazo había participado en un hurto ocurrido en sistema de
transporte público y que al verse descubierto por la autoridad emprendió la
huida accionando arma de fuego contra la autoridad, lo cual resultó un
montaje para justificar el homicidio acaecido”[100].
Finalmente, en el fallo disciplinario del 18 de
agosto de 2016, se indica al concluir el aparte de la valoración probatoria, lo
siguiente:
“POR TODO LO ANTERIOR, y de toda la prueba tanto documental
como testimonial, ESTÁ DEMOSTRADO, SIN LUGAR A DUDAS, que se ingresó un arma
a la escena del crimen; que el joven fallecido no la portaba ni la disparó;
que hubo una DEMORA INJUSTIFICADA en la entrega de la escena al CTI por parte
del primer respondiente y de los demás miembros que se acercaron al lugar de
los hechos, y que el fin era ocultar el crimen cometido por el PT.
WILMER ANTONIO ALARCÓN VARGAS” (Mayúsculas del texto original)[101].
De acuerdo con los presupuestos fácticos reseñados y
tenidos en cuenta en el proceso disciplinario, para la Sala no cabe duda que se
está frente a un conjunto de conductas que constituyen una violación del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, referidas a la privación
arbitraria de la vida de un menor de edad, con ocasión del uso excesivo
de la fuerza y
posterior alteración de la escena del crimen por parte de agentes de la Policía
Nacional, conforme fue estudiado en el apartado 6 de esta providencia.
Efectivamente el homicidio causado a Diego Felipe Becerra
Lizarazo en manos de un agente del orden, de acuerdo a las conclusiones a que
llegaron tanto los jueces penales como la autoridad disciplinaria, permiten
afirmar que se trató de una privación ilegítima de la vida al emplearse
desmedidamente el uso de la fuerza (arma de fuego) contra un menor de edad en
situación de indefensión e inferioridad, pretendiéndose posteriormente hacer
pasar a la víctima como delincuente al manipularse la escena del crimen para
que pareciera que aquel portaba un arma y la había utilizado contra el
uniformado, configurándose así lo que se ha denominado como un “falso
positivo urbano”.
Con las conductas anteriores, claramente se
desconoció el Derecho Humano a la vida amparado en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (art. 3º), el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (art. 6º), la Convención Americana de Derechos Humanos (art.
1°), la Convención Americana de los Derechos del Hombre (art. 4º) y la
Convección sobre los Derechos del Niño (art. 6º). Asimismo, por la forma en que
ocurrieron los hechos, indubitablemente se obviaron también los instrumentos
estudiados en la parte dogmática de esta sentencia, como lo son la Resolución
69/182
de
Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la  Resolución
44/162 de Naciones Unidas sobre los Principios relativos a una eficaz
prevención e investigación de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias,
la Resolución 34/69 de Naciones Unidas sobre el Código de
conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los Principios
básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptados por las Naciones
Unidas.
A similares conclusiones, mutatis mutandis,
han llegado los organismos del sistema interamericano al estudiar asuntos con
connotaciones equivalentes, como por ejemplo la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán
Morales y otros) Vs. Guatemala, donde se encontró responsable al Estado por la
ejecución extrajudicial de varios menores de edad por parte de agentes de la
Policía: “146. La Corte no puede dejar de señalar la especial gravedad que
reviste el presente caso por tratarse las víctimas de jóvenes, tres de ellos
niños, y por el hecho de que la conducta estatal no solamente viola la expresa
disposición del artículo 4 de la Convención Americana, sino numerosos
instrumentos internacionales, ampliamente aceptados por la comunidad
internacional, que hacen recaer en el Estado el deber de adoptar medidas
especiales de protección y asistencia en favor de los niños bajo su
jurisdicción (infra, párr. 191). // 147. Con base en todo lo anterior, la Corte
concluye que el Estado violó el artículo 4 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de
Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Julio Roberto
Caal Sandoval, Jovito Josué Juárez Cifuentes y Anstraum Aman Villagrán Morales”[102].
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ha citado reiteradamente los instrumentos atrás mencionados, en
especial los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de
fuego[103]. En una
decisión relativa a la muerte a balazos de un menor de edad que, según el
Estado, habría opuesto resistencia a una orden de detención, la CIDH declaró:
“La
Comisión debe considerar si el disparo del agente de seguridad que costó la
vida de la víctima respondía a la necesidad de evitar un crimen mayor, o a una
legítima defensa por parte del policía. Toma en cuenta al respecto los
“Principios Básicos sobre el uso de Fuerza y de Armas de Fuego por Oficiales de
Aplicación de la Ley” que definen claramente los casos en que es legítimo su
uso. Si bien el Estado no ha planteado esa defensa, la Comisión entiende que
debe referirse a este punto. No existe evidencia convincente en el caso que
sostenga ninguna de estas situaciones, ni de que el joven estuviera armado o
amenazando de muerte ni al policía ni a otras personas. Quitar la vida a una
persona que supuestamente está cometiendo un robo no es la forma de reaccionar
por parte de las fuerzas de seguridad, excepto en circunstancias extremas de
peligrosidad o en legítima defensa (…)”[104].
La CIDH en otra decisión sobre el caso de ocho
jóvenes baleados por la policía en distintas circunstancias, señaló:
“La
Comisión debe considerar si la acción de los agentes de la seguridad pública
que costó la vida o la integridad física de las víctimas apuntaba a la
necesidad de evitar un delito mayor o fue la práctica de un acto de legítima
defensa. Para ello, se tuvieron en cuenta los “Principios básicos sobre el uso
de la fuerza y de las armas de fuego por agentes de la ley” de la Naciones
Unidas, que definen claramente los casos en que su uso es legítimo. (…)
En
ningún caso de los ocho en consideración existe prueba alguna que sustente la
aceptabilidad de la fuerza en los términos de los principios mencionados ni
prueba alguna de que los jóvenes contra los que se disparó estuviesen armados o
constituyesen una amenaza de muerte tanto para los agentes como para otras
personas. Por el contrario, en los casos en cuestión existen testimonios de que
las víctimas ni siquiera habían cometido ni estaban por cometer ilícito alguno.
Ello indica que la actuación policial, más que desproporcionada, fue
injustificada”[105].
Así entonces, para la Corte resulta claro que en
esta ocasión al ser las conductas investigadas faltas disciplinarias que
constituyen violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los
señores Liliana Lizarazo Flórez y Gustavo Arley Trejos[106], en
su condición de padres del menor asesinado, sobrevienen víctimas o perjudicados
de tales conductas[107]
y por tanto son de hecho sujetos procesales y titulares de las facultades a
ellos conferidas por el artículo 90 de la Ley 734 de 2002, entre ellas la de “interponer
los recursos de ley”.
La condición de sujetos procesales de los actores
fue puesta de presente a lo largo de la investigación disciplinaria, sin que
formalmente se les reconociera como tal. De esto hay evidencia en distintas
etapas del proceso, empezando por la diligencia de declaración rendida por los
padres del menor en indagación preliminar el día 20 de octubre de 2011, donde se
lee:
“En igual
forma se deja constancia que la doctora DIANA ANGÉLICA MARTÍNEZ LEMUS a quien
los padres de DIEGO FELIPE BECERRA le otorgaron poder para que los represente,
se hizo presente en esta Delegada con el propósito de participar en la
diligencia, sin embargo, no fue posible permitir su intervención, toda vez
que no ostentan la calidad de sujetos procesales en la presente actuación o por
lo menos no obra en el proceso providencia que así lo acredite o lo hubiese
reconocido”[108].
Igualmente, en la misma etapa se observa solicitud
de la apoderada de los accionantes a la Procuraduría Delegada, en los
siguientes términos:
“DIANA
ANGÉLICA MARTÍNEZ LEMUS, mayor de edad, identificada como aparece junto a mi
firma, en calidad de representante de víctimas dando alcance a lo
establecido en la sentencia C-014 de 2004 que señala que “en el entendido de
que las víctimas o perjudicados de las faltas disciplinarias que constituyan
violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario también son sujetos procesales y titulares de las
facultades a ellos conferidas por la ley”, de manera respetuosa me permito
solicitar se sirva expedir a mi costa, copia íntegra de la investigación de la
referencia, tal como lo consagra el numeral 4 del artículo 92 de la Ley 734 de
2002”[109].
Frente a esta solicitud no reposa en el expediente
disciplinario evidencia alguna de que se le haya dado trámite o que haya habido
pronunciamiento frente a la alegada calidad de representante de las víctimas.
Respecto de la condición de víctimas o perjudicados,
resulta de particular relevancia las declaraciones rendidas bajo la gravedad de
juramento por los accionantes ante la Procuraduría Delegada el día 04 de
diciembre de 2015. La señora Lizarazo Flórez frente a los interrogantes formulados
respondió así:
“PREGUNTADO:
Es un hecho notorio que usted tiene un esquema de seguridad, indique a la
Procuraduría si ese esquema se debe a estos hechos y por qué. CONTESTÓ: Si
tengo esquema de seguridad, fue asignado debido a los procesos que tengo
actualmente contra funcionarios de la Policía Nacional porque fui víctima de
amenazas de uno de los funcionarios a través de la red Facebook y también
hemos tenido seguimientos constantes durante todo el proceso. Mi calificación
de riesgo actual es extraordinaria, y como colombiana es decepcionante
saber que personas que deben proteger y cuidar la vida de los ciudadanos no lo
hagan y deba uno cuidarse de ellos. (…) PREGUNTADO: Con cuales de los acá
investigados ha tenido comunicación verbal, y que le han comentado sobre cada
una de las posibles responsabilidades de ellos. CONTESTÓ: Con el TE. Rosemberg
Madrid Orozco, y con Nelson Daniel Rodríguez, quienes me han pedido
disculpas por lo ocurrido y por no haber contado la verdad desde el principio
(…)”[110].
Por su parte, el señor Gustavo Arley Trejos respondió
de la siguiente manera:
“PREGUNTADO:
Indíquele al Despacho si tiene conocimiento si de manera directa o indirecta se
han presentado presiones de altos oficiales sobre subalternos que estuvieron en
la escena. CONTESTÓ: Desde el principio que se presentaron las denuncias públicas
que hice en la prensa se han presentado intervenciones ilegales de las líneas
telefónicas y celulares en la casa de los sujetos procesales, fiscal, abogados,
de nosotros como víctimas, policiales que han querido decir la verdad,
abogados de estos policías, por parte de la policía nacional. (…) PREGUNTADO:
Usted ha sido amenazado por estos hechos y si en la actualidad está en un
programa de protección. CONTESTÓ: Nosotros recibimos amenazas el 07 de febrero
de 2012, el día que se capturó a Wilmer Alarcón por parte del PT. Gilberto
Manpula, investigación que se está llevando por parte de la Fiscalía,
investigación que fue archivada por la Policía Nacional pese a que no se
pidieron las pruebas que solicitamos, hemos sido víctimas de seguimientos continuos,
a finales de 2012 varios policías empezaron a averiguar datos de en qué trabajamos,
a qué hora salimos, cuales eran nuestras rutinas, información que se puso al
tanto de la Fiscalía, Procuraduría y organismos internacionales y se nos dio un
esquema de seguridad por parte de la UNP con el cual llevan 3 años”[111].
Finalmente[112],
en el recurso de apelación interpuesto por los accionantes contra el fallo
disciplinario del 18 de agosto de 2016, estos alegan su condición de “víctimas-quejosos”,
señalando que “a pesar de que materialmente está claro que no hay
justificación jurídica admisible para limitar el ejercicio de los derechos que
nos asisten como ciudadanos y como padres-víctimas de un crimen de Estado, al
punto que ignorando nuestro dolor y omitiendo la notificación de las decisiones
que se profieren en esta actuación, se están cercenando garantías fundamentales.
(…) Si bien es cierto las víctimas – quejosos no somos parte dentro del proceso
disciplinario, si tenemos unos derechos que nos deben ser garantizados, de
conformidad con las previsiones del mismo C.D.U., entre ellos, el que invocamos
a la hora de impugnar el fallo absolutorio, pues se convierte en la única
manera de garantizar los derechos anejos de VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN y
GARANTÍA DE NO REPETICIÓN, consagrado no solo en instrumentos internacionales y
en el bloque de constitucionalidad, sino que irradia la participación de las
víctimas en todas las actuaciones jurisdiccionales y administrativas, siendo el
proceso disciplinario una de estas”[113].
Como ya fue reseñado, el recurso de apelación fue
declarado improcedente mediante auto del 06 de octubre de 2016, centrando
únicamente la argumentación en considerar que los accionantes no eran quejosos,
sin hacer pronunciamiento alguno sobre la alegada calidad de víctimas.
De acuerdo a todo lo examinado, la Corte insiste en
la condición de víctimas de los señores Liliana Lizarazo Flórez y Gustavo Arley
Trejos, no solo por la pérdida de su menor hijo, que conlleva una natural
aflicción moral en el seno de la familia, sino por las circunstancias particularmente
violentas del suceso, el riesgo que ha acarreado a su seguridad personal y,
sobre todo, por el intento de mancillar la honra y memoria del joven asesinado,
al tratarse de falsear la verdad de lo ocurrido manipulándose la escena del
crimen y hacer pasar al joven Diego Felipe Becerra Lizarazo como victimario o
delincuente a quien era necesario ultimar.
Frente a este último aspecto, resulta pertinente
recordar que
“las víctimas o perjudicados con una falta disciplinaria constitutiva de una
violación del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho
internacional humanitario, en tanto encarnan bienes jurídicos que también
buscan ser protegidos por el derecho disciplinario como la dignidad humana, los
fines del Estado, la convivencia pacífica  y la consecución de un orden justo, tienen
un legítimo derecho a que en el proceso disciplinario se establezca la verdad y
se concrete la justicia en ese ámbito, derecho que conlleva el deber del Estado
de investigar y sancionar esa conducta lesiva de la dignidad humana cuya
restitución y afirmación ha de alcanzarse en el marco de los diferentes
espacios en que se hace justicia entre los cuales está el derecho disciplinario”[114].
En este orden, el homicidio del
menor y la alteración de la escena del crimen por parte de agentes de la
Policía Nacional deben verse como un todo, aun en el evento que se lleven por
cuerda procesal separada, pues su relación es inescindible y necesaria[115], ya
que sin aclararse la última los presupuestos de responsabilidad de la primera
no tendrían sustento[116].
De
igual manera, debe tenerse presente que al no conservarse la pureza de la
escena del delito,
incorporándose
elementos con vocación probatoria en el lugar de los hechos, se buscó generar
impunidad, repercutiendo en la imposibilidad de las víctimas de materializar
los postulados de verdad y justicia. Así entonces, al estar clara la
conexidad del conjunto de conductas que constituyen desconocimiento del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, los padres del menor, como víctimas o
perjudicados, se encuentran legitimados para intervenir en el proceso
disciplinario en calidad de sujetos procesales, “para que
en éste se esclarezca la verdad de lo ocurrido, es decir, para que se
reconstruya con fidelidad la secuencia fáctica acaecida, y para que en ese
específico ámbito de control esas faltas no queden en la impunidad”[117].
7.3.1.3. Conforme a todo lo señalado en precedencia,
al igual que los recursos de apelación interpuestos por los apoderados del
Patrullero Nelson Daniel Rodríguez Castillo y del Subintendente Juan Carlos
Leal Barrero[118],
para la Corte el recurso de apelación interpuesto el 09 de septiembre de 2016 por
los señores Liliana Lizarazo Flórez y Gustavo Arley Trejos contra el fallo
disciplinario del 18 de agosto de 2016 proferido por la Procuraduría Delegada
para la Policía Nacional ha debido ser concedido por ostentar aquellos la
calidad de sujetos procesales en los términos expuestos en esta providencia. Al
respecto debe destacar la Sala que el auto del 06 de octubre de 2016, mediante
el cual la entidad accionada declaró improcedente el mencionado recurso, omitió
abordar la condición de víctimas alegada por los actores y la naturaleza de los
hechos en referencia al DIDH, circunscribiendo su análisis a la sola
determinación de que aquellos no eran quejosos, limitando así su intervención como sujetos procesales en la investigación
disciplinaria, sin la debida justificación fáctica y jurídica.
Sin necesidad de disertaciones
adicionales, la Sala concluye que en el asunto sub júdice la
Procuraduría Delegada para la Policía Nacional vulneró los derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de los señores Liliana
Lizarazo Flórez y Gustavo Arley Trejos, por no
reconocerlos como sujetos procesales dentro de la investigación disciplinaria
adelantada en contra del Coronel José Javier Vivas Báez, el Teniente Coronel
Nelson de Jesús Arévalo, el
Subteniente Rosemberg Madrid Orozco, el Subintendente Juan Carlos Leal Barrero,
el Patrullero Nelson Daniel Rodríguez Castillo y el Patrullero Fredy Esneider
Navarrete Rodríguez (expediente IUS 2011-306741).
Por
esa razón se revocarán las decisiones de instancia adoptadas en el trámite de
la acción de tutela. En su lugar, se concederá el amparo de los derechos
fundamentales cuya protección se invoca y dejará sin efecto el auto del 06 de
octubre de 2016, mediante el cual la accionada resolvió declarar improcedente
el recurso de apelación interpuesto contra el fallo disciplinario del 18 de
agosto de 2016, así como las actuaciones
posteriores a esa fecha realizadas en el proceso disciplinario. Asimismo, se dispondrá
que se emita una nueva decisión a través de la cual se reconozca a los señores
Liliana Lizarazo Flórez y Gustavo Arley Trejos como sujetos procesales dentro
del proceso disciplinario y se conceda el recurso de apelación por ellos
interpuesto, atendiendo las consideraciones expuestas en esta providencia
acerca de los mandatos constitucionales e instrumentos internacionales sobre la
privación arbitraria de la vida y el uso excesivo de la fuerza por parte de
agentes del orden como violación al Derecho Internacional de los Derechos
Humanos.
II.
DECISIÓN.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos
ordenada mediante auto del 12 de mayo de 2017 en el proceso de la referencia.
Segundo.- REVOCAR la sentencia
proferida el veinticuatro (24) de enero de dos mil diecisiete (2017) por la
Sala de Decisión de Tutelas N° 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, que a su vez confirmó la emitida el quince (15) de noviembre
de dos mil dieciséis (2016), por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá,
dentro de la acción de tutela interpuesta por los señores Liliana Lizarazo
Flórez y Gustavo Arley Trejos contra la Procuraduría Delegada para la Policía
Nacional de la Procuraduría General de la Nación. En su lugar, CONCEDER
la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, en los términos expuestos en esta providencia.
Tercero.- DEJAR SIN EFECTO el
auto proferido el seis (06) de octubre de dos mil dieciséis (2016) por el
Procurador Delegado para la Policía Nacional, en el que declaró improcedente el
recurso de apelación interpuesto por los accionantes, así como las actuaciones
posteriores a esa fecha realizadas en el proceso disciplinario N° IUS 2011-306741 IUC D 2011-819-469540, adelantado
en contra del Coronel José Javier Vivas Báez, el Teniente Coronel
Nelson de Jesús Arévalo, el
Subteniente Rosemberg Madrid Orozco, el Subintendente Juan Carlos Leal Barrero,
el Patrullero Nelson Daniel Rodríguez Castillo y el Patrullero Fredy Esneider
Navarrete Rodríguez. En consecuencia, ORDENAR a la
Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación de esta providencia, reconocer a los señores
Liliana Lizarazo Flórez y Gustavo Arley Trejos la calidad de sujetos procesales
y conceder ante el superior el recurso de apelación interpuesto por ellos el
nueve (09) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) contra el fallo
disciplinario proferido el dieciocho (18) de agosto del mismo año, de
conformidad con las consideraciones expuestas en esta sentencia.
Cuarto.-
LÍBRENSE por
Secretaría General de la Corte Constitucional las comunicaciones de que trata
el artículo 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado (E.)
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
ROCÍO LOAIZA MILIAN
Secretaria General (e.)
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL
MAGISTRADO
ALBERTO ROJAS RÍOS
A LA SENTENCIA T-473/17
DERECHO AL
DEBIDO PROCESO-Garantías
(Salvamento parcial de voto)
PROCESO
DISCIPLINARIO-Participación
de las víctimas de conductas que constituyen violación del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos es indispensable y trascendental (Salvamento parcial de
voto)
PROCESO
DISCIPLINARIO POR EJECUCION EXTRAJUDICIAL-Se debió determinar la ineficacia
de todo lo actuado desde la primera solicitud de intervención de las víctimas,
toda vez que se impidió que ejercieran su derecho de defensa y contradicción de
manera oportuna (Salvamento parcial de voto
Expediente:
T-6.002.532.
Referencia:
Acción de tutela interpuesta por Liliana Lizarazo Flórez y Gustavo Arley Trejos contra la Procuraduría Delegada para la Policía
Nacional.
Magistrado
Ponente (e):
Iván Humberto Escrucería Mayolo.
Esta providencia nos quedó
incompleta. Bien hubiera venido una protección constitucional que dejara a
salvo la integridad de los derechos fundamentales del debido proceso y el
acceso a la administración. Las razones que me conducen a salvar parcialmente
mi voto en relación con la decisión adoptada dentro del asunto de la referencia,
son las que expreso a continuación:
Comparto el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de
la señora Liliana Lizarazo Flórez y el señor Gustavo Arley Trejos, padres del
menor Diego Felipe Becerra (Q.E.P.D), quien presuntamente fue asesinado por un
miembro de la Policía Metropolitana de Bogotá. Sin embargo, desde la
perspectiva de las garantías procesales, considero que la protección
constitucional otorgada por esta Sala pudo haber resultado más
garantista e integral si se
hubiese determinado la invalidez o ineficacia de la actuación a partir de la
primera oportunidad en que se resolvió desfavorablemente la solicitud de
intervención elevada por las víctimas, en el marco del proceso disciplinario
con radicación IUS 2011-306741[119].
Lo
anterior, toda vez que durante el proceso y en la presente providencia se corroboró que los padres del menor asesinado
son sujetos procesales titulares de derechos dentro de la acción disciplinaria
por haber sido víctimas de conductas que constituyen violaciones del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, no obstante lo cual, desde la etapa de
indagación preliminar[120] el
Procurador Delegado para la Policía Nacional no los reconoció como tal.
Respecto del derecho fundamental al
debido proceso, la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que es el
conjunto de garantías contempladas en el ordenamiento jurídico, por medio del
cual se protege la actuación de los individuos dentro de los procesos
judiciales o administrativos, con la finalidad de obtener la aplicación correcta
de la justicia[121]. Hacen
parte de las garantías del debido proceso: (i) el derecho a la jurisdicción;
(ii) el derecho al juez natural; (iii) el derecho a la defensa; (iv) el derecho
a un proceso público; (v) el derecho a la independencia del juez y por último,
(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario.
Por este motivo, en criterio del
suscrito, la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia a lo largo de toda la
actuación disciplinaria y no solo a la hora de declarar la improcedencia del
recurso de apelación, pues en el trámite de primera instancia las víctimas no
pudieron ejercer el derecho de contradicción solicitando pruebas[122] y presentando alegatos de
conclusión[123], con
el fin de controvertir los argumentos esgrimidos por la defensa de los miembros
de la Policía Metropolitana de Bogotá investigados.
La jurisprudencia de esta Corporación
ha indicado que la participación en los procesos disciplinarios por parte de
víctimas de conductas que constituyen violación del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario, como sujetos
procesales, se lleva a cabo en aras de hacer efectivos los derechos de verdad y
justicia, toda vez que esta intervención constituye una forma de reparación
distinta a la pecuniaria.
En este sentido, la Sentencia C-014
de 2004 de esta Corte dispuso que las víctimas de las conductas antes
mencionadas están legitimadas para acudir al proceso disciplinario como sujetos
procesales, con todas las facultades que les son reconocidas por la ley. En tal
sentido, resaltó que las víctimas de estos delitos:
“están
legitimadas para intervenir en el proceso disciplinario para que en éste se
esclarezca la verdad de lo ocurrido, es decir, para que se reconstruya con
fidelidad la secuencia fáctica acaecida, y para que en ese específico ámbito de
control esas faltas no queden en la impunidad.  Es decir, tales víctimas o
perjudicados tienen derecho a exigir del Estado una intensa actividad
investigativa para determinar las circunstancias en que se cometió la
infracción al deber funcional que, de manera inescindible, condujo al menoscabo
de sus derechos y a que, una vez esclarecidas esas circunstancias, se haga
justicia disciplinaria.”.
Dicho esto, es evidente que la
participación de las víctimas de las conductas que constituyen violación del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como ocurre en este caso, es
indispensable y trascendental dentro del análisis de los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Por lo anterior,
lamento que la ponencia, a pesar de nuestras observaciones y la informalidad de
la acción de tutela, no haya otorgado un alcance extra petita y ultra
petita a la solicitud de la acción de tutela[124], pues, si bien los accionantes se
limitaron a solicitar la nulidad del auto en virtud del cual la Procuraduría
Delegada para la Policía Nacional declaró la improcedencia del recurso de
apelación, siendo titulares de derechos y objeto de protección, tenían plenas
garantías procesales para incidir en la decisión de primera instancia.
Considero que la decisión adoptada en
el presente caso no constituye una protección material suficiente de los
derechos vulnerados a los accionantes por parte de la Procuraduría demandada,
toda vez que el recurso de apelación debe ser resuelto por la misma entidad, la
cual, probablemente, confirmará el fallo de primera instancia. Por este motivo,
y en aras de que el amparo de los derechos fuera idóneo y eficaz, esta Sala
debió dejar sin efecto todas las actuaciones adelantadas dentro de la acción
disciplinaria, con el propósito de que la familia de este menor pudiera
intervenir y allegar los elementos materiales probatorios necesarios para
brindar una nueva versión de los hechos.
En suma, en procura de garantizar y
materializar la efectiva protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de los padres del menor
Diego Felipe Becerra, se debió propiciar la ineficacia de todo lo actuado desde
la primera solicitud de intervención de las víctimas dentro de la acción
disciplinaria, toda vez que la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional
impidió que estos ejercieran su derecho de defensa y contradicción de manera
oportuna.
En los anteriores términos, disiento parcialmente de lo
resuelto en el fallo, dejando a salvo mi absoluto respeto por la decisión
mayoritaria de la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional.
Fecha ut supra,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
[1] Del 15 de noviembre de
2016.
[2] Del 24 de enero de 2017.
[3] Esta prueba fue allegada en
virtud a lo ordenado por el Juez de segunda instancia mediante auto de enero 17
de 2017, en donde se dispuso: “solicítese al apoderado de la Procuraduría
General de la Nación, (…) aclare cuál fue la fecha de radicación de la petición
inicial que manifiestan Liliana Lizarazo Florez y Gustavo Arley Trejos”
(folios 37 y 38 del cuaderno de segunda instancia).
[4] Folios 3 a 8 del cuaderno de
revisión.
[5] Folios 13 a 15 del cuaderno de
revisión.
[6] Folios 17 y 18 del cuaderno de
revisión.
[7] Acuerdo 02 de 2015, artículo 64: “(…) una vez se hayan
recepcionado [las pruebas], se pondrán a disposición de las partes o
terceros con interés por un término no mayor a tres (3) días para que se
pronuncien sobre las mismas, plazo durante el cual el expediente quedará en la
Secretaría General”.
[8] Folios 57 a 59 del cuaderno de
revisión.
[9] Folio 56 del cuaderno de
revisión.
[10] Folios 44 a 53 del cuaderno de
revisión.
[11] Folios 61 y 62 del cuaderno de
revisión.
[12] Folios 31 a 37 del cuaderno de
revisión.
[13] Sentencia T-001 de 1992.
[14] Al respecto dispone esta norma
que “[l]a acción de tutela no procederá (…) Cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”
[15] Sentencia T-590 de 2011.
[16] Sentencias C-543 de 1993 y T-590
de 2011.
[17] Sentencias C-590 de 2005, T-858
de 2010, T-179 de 2009, T-510 de 2006 y T-590 de 2011.
[18] Consultar las sentencias T-589
de 2011 y T-590 de 2011.
[19] Ver entre otras las sentencias
T-999 de 2000, T-847 de 2003, T-972 de 2005, T-580 de 2006, T-068 de 2006,
T-211 de 2009, SU-961 de 1999, T-589 de 2011 y T-590 de 2011. Por su parte,
Botero considera que un medio de defensa judicial idóneo es aquel que
garantiza la definición del derecho controvertido y que en la práctica tiene la
virtualidad de asegurar la protección del derecho violado o amenazado, o, en
otros términos, es el camino adecuado para el logro de lo que se pretende, Cfr.
Botero, Catalina, La acción de tutela en el Ordenamiento Constitucional
Colombiano, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Consejo Superior de la Judicatura, Bogotá, 2006, P. 108.
[20] Ver, entre otras, las sentencias
T-106 de 1993, T-280 de 1993 y T-847 de 2003, T-425 de 2001, T-1121 de 2003,
T-021 de 2005, T-514 de 2008, T-211 de 2009, T-858 de 2010, T-160 de 2010, T-589
de 2011 y T-590 de 2011. Nuevamente trayendo a colación el concepto de Botero,
la autora sostiene que la eficacia está relacionada con que el medio
judicial ordinario proteja de manera integral, vigorosa y oportuna el derecho
fundamental que aparece vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una
acción u omisión de una autoridad pública o de particulares en los casos
señalados por la ley. Respecto a la diferencia entre idoneidad y eficacia,
Botero sostiene que esta última “está relacionada con la protección oportuna
del derecho, mientras la idoneidad se refiere a la protección adecuada del
mismo.” Op. Cit. Botero, Catalina.
[21] Ver sentencias T-414 de 1992,
T-384 de 1998, T-822 de 2002l, T-068 de 2006.
[22] Ver sentencias T-778 de 2005,
T-979 de 2006, T-864 de 2007 y T-123 de 2007.
[23] Ver
sentencias T-843 de 2006, T-436 de 2008, T-809 de 2009, T-816 de 2010 y T-417
de 2010, entre otras.
[24] Ver, entre otras, las sentencias
T-512 de 2009 y T-039 de 1996.
[25] Ver, entre otras, las sentencias
T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004 y T-1012 de 2003,
T-329 de 1996, T-573 de 1997, T-654 de 1998 y T-289 de 2003.
[26] Ver Sentencia T-232 de
2013.
[27] Sentencias T-083 de 2004, T-400
de 2009, T-881 de 2010, T-421 de 2011 y T- 208 de 2012. Respecto a la
procedencia definitiva en materia de tutela, Botero sostiene que esta fórmula
se aplica en aquellos casos en los que la violación que está en juego es una de
aquellas cuestiones de carácter “meramente constitucional”. Para otorgar esta
forma de amparo, es necesario la concurrencia de los siguientes requisitos: (i)
que las circunstancias de hecho estén meridianamente claras y que sobre ellas
no exista discusión; (ii) que las disposiciones jurídicas aplicables no
ofrezcan dudas; (iii) que no exista alguna controversia mayor que solo pueda
ser resuelta en un proceso ordinario; (iv) que la tutela transitoria tenga como
único efecto un desgaste y congestión innecesarios del aparato judicial. Op.
Cit. Botero, Catalina.
[28] Consultar sobre este tema las
sentencias C-531 de 1993, T-719 de 2003, T-436 de 2007 y T-086 de 2012.
[29] Decreto 2591 de 1991, artículo
8°: “La tutela como mecanismo transitorio. Aun cuando el afectado disponga
de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. (…)
En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de
cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela. (…) Si no la instaura cesarán
los efectos de éste. (…) ”
[30] Sentencias T-098 de 1998,
T-608 de 2001 y T-1062 de 2010.
[31] La jurisprudencia de la
Corte ha señalado que un perjuicio se considera irremediable cuando: “de
conformidad con las circunstancias del caso particular, sea (a) cierto e inminente –esto
es, que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a una apreciación
razonable de hechos ciertos-, (b)grave, desde el punto de vista del bien
o interés jurídico que lesionaría, y de la importancia de dicho bien o interés
para el afectado, y (c) de urgente atención, en el sentido de que
sea necesaria e inaplazable su prevención o mitigación para evitar que se
consume un daño antijurídico en forma irreparable”. Ver sentencias, T-1316
de 2011, T-494 de 2010, T-232 de 2013, entre muchas otras.
[32] Sentencias T-198 de 2006, T-1038
de 2007, T-992 de 2008, T-866 de 2009, entre otras.
[33] Ver, entre otras, la Sentencia
T-016 de 2008.
[34] Sentencia T-514 de 2003.
[35] Ídem.
[36] Sentencia T-708 de 2011.
[37] Sentencia T-932 de 2012.
[38] Consultar, adicionalmente, las
sentencias T-387 de 2009 y T-076 de 2011.
[39] Sentencia T-392 de 2005 y T-048
de 2009.
[40] En este aparte la Sala
reproducirá la jurisprudencia sobre la materia, trazada en sentencia T-265 de
2016.
[41] Sentencia C-014 de 2004.
[42] “Artículo
2. TITULARIDAD DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. Sin perjuicio del poder
disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las
Personerías Distritales y Municipales, corresponde a las oficinas de control
disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las
ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios
contra los servidores públicos de sus dependencias. El titular de la acción disciplinaria
en los eventos de los funcionarios judiciales, es la jurisdicción
disciplinaria. La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que
pueda surgir de la comisión de la falta”.
[43] “Artículo
89. SUJETOS PROCESALES EN LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. Podrán intervenir en
la actuación disciplinaria, como sujetos procesales, el investigado y su
defensor, el Ministerio Público, cuando la actuación se adelante en el Consejo
Superior o Seccional de la Judicatura o en el Congreso de la República contra
los funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitución
Política. En ejercicio del poder de supervigilancia administrativa y cuando no
se ejerza el poder preferente por la Procuraduría General de la Nación, ésta
podrá intervenir en calidad de sujeto procesal”.
[44] “Artículo
90. FACULTADES DE LOS SUJETOS PROCESALES. Los sujetos procesales podrán:
1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la práctica de las
mismas. 2. Interponer los recursos de ley. 3. Presentar las solicitudes que
consideren necesarias para garantizar la legalidad de la actuación
disciplinaria y el cumplimiento de los fines de la misma, y 4. Obtener copias
de la actuación, salvo que por mandato constitucional o legal ésta tenga
carácter reservado”.
[45] “Artículo 123.
Competencia. Los fallos sancionatorios podrán ser revocados por el
funcionario que los hubiere proferido o por su superior funcional. Parágrafo.
El Procurador General de la Nación podrá revocar de oficio los fallos sancionatorios
expedidos por cualquier funcionario de la Procuraduría, o asumir directamente
el conocimiento de la petición de revocatoria, cuando lo considere necesario,
caso en el cual proferirá el fallo sustitutivo correspondiente.
(…)
Artículo 125. Revocatoria a
solicitud del sancionado. El sancionado podrá solicitar la revocación total o
parcial del fallo sancionatorio, siempre y cuando no hubiere interpuesto contra
el mismo los recursos ordinarios previstos en este código. La solicitud de
revocatoria del acto sancionatorio es procedente aun cuando el sancionado haya
acudido a la jurisdicción contencioso administrativa, siempre y cuando no se
hubiere proferido sentencia definitiva. Si se hubiere proferido, podrá
solicitarse la revocatoria de la decisión por causa distinta a la que dio
origen a la decisión jurisdiccional. La solicitud de revocación deberá
decidirla el funcionario competente dentro de los tres meses siguientes a la
fecha de su recibo. De no hacerlo, podrá ser recusado, caso en el cual la
actuación se remitirá inmediatamente al superior funcional o al funcionario
competente para investigarlo por la Procuraduría General de la Nación, si no
tuviere superior funcional, quien la resolverá en el término improrrogable de
un mes designando a quien deba reemplazarlo. Cuando el recusado sea el
Procurador General de la Nación, resolverá el Viceprocurador” (Se subrayan los apartes
acusados).
[46] Sentencia C-014 de 2004.
[47] Ibíd.
[48] Al respecto, en sentencia C-666 de 2008, la Corte
señaló: “Las víctimas o perjudicados con una falta disciplinaria
constitutiva de una violación del derecho internacional de los derechos humanos
o del derecho internacional humanitario, en tanto encarnan bienes jurídicos que
también buscan ser protegidos por el derecho disciplinario como la dignidad
humana, los fines del Estado, la convivencia pacífica  y la consecución de un
orden justo, tienen un legítimo derecho a que en el proceso disciplinario se
establezca la verdad y se concrete la justicia en ese ámbito, derecho que
conlleva el deber del Estado de investigar y sancionar esa conducta lesiva de
la dignidad humana cuya restitución y afirmación ha de alcanzarse en el marco
de los diferentes espacios en que se hace justicia entre los cuales está el
derecho disciplinario”.
[49] Sentencia T-102 de 1993.
[50] Sentencia T-645 de 1998.
[51] Sentencia
C-239 de 1997.
[52] Sentencias T-539 de 2004 y T-328
de 2012.
[53] Ratificado el 29 de octubre de 1969.
[54] Respecto a la privación
arbitraria de la vida, el
Comité de Derechos Humanos, creado por el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de Naciones Unidas, ha señalado: “La protección contra
la privación arbitraria de la vida, que es explícitamente exigida por el tercer
párrafo del artículo 6.1 [del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos] es de suprema importancia. El Comité considera que los Estados
Partes deben tomar medidas no sólo para prevenir y castigar la privación de la
vida [causada por] actos criminales sino también para prevenir los homicidios
arbitrarios [cometidos por] sus propias fuerzas de seguridad. La privación de
la vida por autoridades del Estado es una cuestión de suma gravedad. En
consecuencia, [el Estado] debe controlar y limitar estrictamente las
circunstancias en las cuales [una persona] puede ser privada de su vida por
tales autoridades”. (Comité
de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comentario General 6/1982, párr. 3 y cfr.
también Comentario General 14/1984, párr. 1.).
[55] Ratificada el 31 de julio de 1973.
[56] La jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que la protección del derecho a
la vida es esencial para garantizar el ejercicio de otros bienes esenciales
consagrados en la Convención, por lo cual, los Estados Partes se encuentran en
la obligación de tomar todas las medidas necesarias para procurar el goce del
mismo y adelantar las investigaciones que se requieran para determinar las
causas y responsabilidades en casos donde sea vulnerado.
[57] En
varias ocasiones la Asamblea General de las Naciones Unidas ha precisado
diversos aspectos del derecho a la vida. En la resolución 2993 (XXIII) de 26 de
noviembre de 1968, la Asamblea General invitó a los gobiernos a que aseguraran
los procedimientos legales más estrictos y las mayores garantías posibles a los
acusados en caso de pena capital en los países donde existiera la pena de
muerte. En 1980, el Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del
Delito y Tratamiento del Delincuente condenó “la práctica de asesinatos y
ejecuciones de oponentes políticos o de presuntos delincuentes cometidos por
fuerzas armadas, instituciones encargadas de la aplicación de la ley u otros
organismos gubernamentales o grupos paramilitares políticos” que actúan con
el apoyo tácito o de otra índole de tales fuerzas u organismos. La Asamblea
General, alarmada por la frecuencia con que se producían en diferentes partes
del mundo ejecuciones sumarias y arbitrarias y preocupada por los casos de
ejecuciones por motivos políticos, aprobó su resolución 35/172, de 15 de
diciembre de 1980, en la que instó a los Estados Miembros a que respetasen,
como norma mínima, el contenido de las disposiciones de los artículos 6°, 14 y
15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que abarcan el
derecho a la vida y diversas salvaguardias que garantizan un juicio justo e
imparcial.
[58] Cf., al
respecto, v.g., B. G. Ramcharan (ed.), The Right to Life in International Law,
Dordrecht, Nijhoff, 1985, pp. 1-314; J. G. C. van Aggelen, Le rôle des
organisations internationales dans la protection du droit à la vie, Bruxelles,
E. Story-Scientia, 1986, pp. 1-104; D. Prémont y F. Montant (eds.), Actes du
Symposium sur le droit à la vie - Quarante ans après l’adoption de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme: Evolution conceptuelle,
normative et jurisprudentielle, Genève, CID, 1992, pp. 1-91; A.A. Cançado
Trindade, “Human Rights and the Environment”, Human Rights: F. Przetacznik,
“The Right to Life as a Basic Human Right”, 9 Revue des droits de l’homme/Human
Rights Journal (1976) pp. 585-609.
[59] Para
abordar el tema del reconocimiento del derecho a la vida como categoría del ius
cogens puede verse el trabajo de Ollarves Irazabal, Jesús, Ius Cogens en
el Derecho Internacional Contemporáneo, Instituto de Derecho Público,
Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2005, p. 293 y siguientes.
Igualmente, existen otros trabajos, tales como: Charles de Visscher,
“Positivisme et jus cogens”, 75 Revue générale de Droit international public
(1971) pp. 5-11.
[60] El concepto de “soft law” tiende a ser definido como un conjunto de
mecanismos, tales como declaraciones, resoluciones y programas de acción, que
demuestran conformidad ante las normas establecidas por el Derecho
Internacional pero no son vinculantes ante la ley. A pesar de que su uso y
puesto en vigor resulta ser de índole persuasiva, el “soft law” provoca efectos
legales, entendiéndose que la adopción de tales mecanismos constituye el primer
paso para que se conviertan en “hard law”. Ver Dinah L. Shelton, Soft Law, Handbook
of International Law 1 (2008).
[61] Ver:
CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2011,
OEA/Ser. L/V/II., Doc. 69, 30 diciembre 2011, Capítulo IV. Colombia; CIDH,
Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos  Humanos 2010, OEA/Ser.
L/V/II., 7 marzo 2011, Capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009, OEA/Ser. L/V/ II, 30
diciembre 2009, Capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos 2008, OEA/Ser. L/V/II.134, 25 febrero 2009,
Capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos 2007, OEA/Ser. L/V/II.130, 29 diciembre 2007, Capítulo IV.
Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
2006, OEA/Ser. L/V/II.127, 3 marzo 2007, Capítulo IV. Colombia.
[62] Cfr.
Henderson, Humberto (2006). La ejecución extrajudicial o el homicidio en las
legislaciones de América Latina. Revista IIDH. Pág. 285. Disponible en:
http://www.corteidh.or.cr/tablas/R08060-7.
[63] Ibídem. Pág. 287.
[64] La Organización de la
Naciones Unidas ha indicado que “Por grave violación de los derechos humanos
debe entenderse toda acción u omisión con la cual servidores públicos (o
personas de condición particular que obran bajo la determinación, con el apoyo
o con la aquiescencia de agentes del Estado) vulneran o amenazan severamente
alguno de los derechos fundamentales enunciados en instrumentos como el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos”. Oficina
del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos.
Informe Oacnudh del 14 de septiembre de 2005. Bogotá: Humanidad Vigente, 2005.
Pág. 80.
[65] Folleto
informativo Nº 11 (Rev.1) - Ejecuciones Sumarias o Arbitrarias. Quincuagésimo
aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos 1948-1998.
[66] De conformidad con el
comentario al artículo 1º del Código de conducta para funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley, la expresión “funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley” incluye a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o
elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de
arresto o detención. En los países en que ejercen las funciones de policía
autoridades militares, ya sean uniformadas o no, o fuerzas de seguridad del
Estado, se considerará que la definición de funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley comprende los funcionarios de esos servicios.
[67] En los considerandos de este instrumento, entre otros
aspecto se indicó: “Considerando que los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley desempeñan un papel
fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad
de las personas, tal como se garantiza en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y se reafirma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
(…) // Los Principios Básicos que se enuncian a continuación, formulados para
asistir a los Estados Miembros en sus actividades destinadas a asegurar y
fomentar el papel que corresponde a los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley, deben ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en
el marco de sus respectivas legislaciones y prácticas nacionales, y deben
señalarse a la atención de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,
así como de otras personas como jueces, fiscales, abogados y miembros del poder
ejecutivo y legislativo, y del público en general”.
[68] La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) ha sido enfática en el reconocimiento del carácter especial del
derecho a la vida. En una decisión adoptada en 1996 expresa: “(…) la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe destacar (…) que el derecho a
la vida entendido como un derecho fundamental de la persona humana consagrado
en la Declaración Americana y en diversos instrumentos internacionales a escala
regional y universal, tiene el estatus de jus-cogens. El concepto de
jus-cogens, se deriva de un orden superior de normas establecias en tiempos
antiguos y que no puede ser contravenidas por las leyes del hombre o de las
naciones”. CIDH, caso Remolcadora 13 de marzo, párr.. 79 (1996).
[69] Folios 2092 a 2190, cuaderno N° 9, expediente
disciplinario.
[70] Folio 2378, ídem.
[71] Constancia de ejecutoria a folio
2480, ídem.
[72] Folio 2229, ídem.
[73] Folio 2230, ídem.
[74] Folio 2231 y 2232, ídem. Esta
decisión fue comunicada mediante oficio Nº 1659 del 12 de septiembre de 2016, a
folios 2246 y 2247, ídem.
[75] Ibídem.
[76] Folios 2239 y 2243, ídem.
[77] Folios 2248 a 2279, ídem.
[78] En el mismo sentido aplica para
el señor ARLEY TREJOS, pues los citados procesos enunciados en el auto que se
reseña fueron iniciados de oficio con ocasión de informes de servidores
públicos e información de medios de comunicación.
[79] Folios 2490 y 2491, ídem.
[80] Folios 2500 a 2514, ídem.
[81] Ley 734 de 2002, artículo 110: “Clases de recursos y sus formalidades. Contra las
decisiones disciplinarias proceden los recursos de reposición, apelación y
queja, los cuales se interpondrán por escrito, salvo disposición expresa en
contrario. Parágrafo. Contra las decisiones de simple trámite no procede
recurso alguno”.
[82] Sentencia T-232 de 2013.
[83] Sobre el particular la Corte ha considerado lo
siguiente: “Sin embargo, y con el primordial objetivo de preservar la
eficacia de la acción de tutela como mecanismo de protección jurídica de los
derechos fundamentales, en numerosas ocasiones y de manera constante se ha
manifestado por la jurisprudencia constitucional que es necesario realizar
un análisis sustancial, y no simplemente formal, al evaluar la existencia de
mecanismos ordinarios para la protección del derecho fundamental vulnerado o
amenazado. En este sentido se ha insistido en que dicha evaluación no debe
observar únicamente que el ordenamiento prevea la existencia de recursos o
acciones para la solución por la vía jurídica de determinada situación, sino
que en el contexto concreto dicha solución sea eficaz en la
protección del derecho fundamental comprometido” (Sentencia
T-232 de 2013). Lo anterior significa que el otro mecanismo de
defensa judicial al que hace referencia el artículo 86 de la Constitución debe
tener, por lo menos, la misma eficacia en materia de protección inmediata de
derechos fundamentales que por su naturaleza tiene la acción de tutela (Sentencia T-414
de 1992. Reiterado en la sentencia SU-355 de 2015). En otras palabras, el otro medio de defensa judicial ha de tener una
efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr que la
protección sea inmediata.
[84] La Corte debe recordar
que el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), establece el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, según el cual “[t]oda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad
del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño”. A través de este medio de control se pueden
controvertir los actos administrativos,  cuando estos hayan sido expedidos con
infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en
forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o
mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de
quien los profirió.
[85] Ley 1437 de 2011: “Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la
suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las
disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en
escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y
su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del
estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se
pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios
deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.
En los demás casos, las medidas cautelares
serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:
1. Que la demanda esté razonablemente
fundada en derecho.
2. Que el demandante haya demostrado, así
fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.
3. Que el demandante haya presentado los
documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir,
mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para
el interés público negar la medida cautelar que concederla.
4. Que, adicionalmente, se cumpla una
de las siguientes condiciones:
a) Que al no otorgarse la medida se cause
un perjuicio irremediable, o
b) Que existan serios motivos para
considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían
nugatorios”.
[86] Ley 734 de 2002: “Artículo
90. Facultades de los sujetos procesales. Los sujetos procesales
podrán: 1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la
práctica de las mismas. 2. Interponer los recursos de ley. 3. Presentar
las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la
actuación disciplinaria y el cumplimiento de los fines de la misma, y 4.
Obtener copias de la actuación, salvo que por mandato constitucional o
legal ésta tenga carácter reservado. Parágrafo. La
intervención del quejoso se limita únicamente a presentar y ampliar la
queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su
poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio.
Para estos efectos podrá conocer el expediente en la secretaría del despacho
que profirió la decisión”.
[87] Este mismo informe fue remitido a
la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional por el Jefe de Control
Disciplinario Interno MEGOB (folios 78 a 82 del cuaderno N° 1 del expediente
disciplinario).
[88] Folios 3 a 5 del cuaderno de
anexo 1.
[89] Folios 8 y 9 del cuaderno de
anexo 3.
[90] Folios 1 a 3 del cuaderno de
anexo 4.
[91] Folio 52 del cuaderno de segunda
instancia.
[92] Folio 58 del cuaderno de segunda
instancia.
[93] Folio 44 del cuaderno de segunda
instancia.
[94] Pese a
ello, el escrito de queja presentado por los demandantes si bien no les otorga
tal calidad en el proceso disciplinario cuyas actuaciones ahora se cuestionan,
podría ser objeto de la apertura de uno nuevo, teniendo en cuenta el
señalamiento de otras personas y la diversidad de conductas que se les endilga.
No obstante, dicha situación o el trámite que deba dársele a la nueva queja no
es objeto de estudio en esta oportunidad.
[95] Folio 15, cuaderno N° 1,
expediente disciplinario.
[96] Folio 250 del cuaderno N° 1 del
expediente disciplinario.
[97] Folios 218 a 220 del cuaderno N°
1, expediente disciplinario.
[98] Fallo de primera instancia del 14 de noviembre de
2012, confirmado en segunda instancia el 12 de junio de 2012: “Está probado
que Diego Felipe Becerra, al momento de recibir el disparo propinado por el
patrullero Alarcón, se encontraba corriendo y de espalda en relación con el
uniformado que lo perseguía y no portaba arma alguna, sólo llevaba consigo una
mochila en la que guardaba cuatro aerosoles”. “Ante todo su obligación era
proteger la vida de la persona que perseguía, una vez le gritó que se detuviera
antes de reducirlo y/o capturarlo, prefirió dispararle por la espalda estando a
tan solo 1,32 metros de distancia sin que pueda decirse que su intención al
disparar era reducirlo, por cuanto el disparo fue hecho directamente a la
espalda causándole heridas que posteriormente le causaron la muerte”. Referencia
a folio 2114 reverso, del cuaderno N° 9, expediente disciplinario.
[99] En
cuanto a la responsabilidad penal, el 18 de enero de 2017, el Juzgado 43 de
conocimiento de Bogotá emitió
fallo condenatorio contra el patrullero de la Policía, Wilmer Antonio Alarcón por
el delito de homicidio
en circunstancias de agravación, por ser cometido en estado de indefensión en
contra de un menor de edad. El juez del caso determinó que el uniformado atacó de manera
injustificada a Becerra Lizarazo, quien recibió un disparo en su espalda. Para
el funcionario judicial no fueron de recibo los argumentos de la defensa del
procesado quien aseguró que la acción se presentó en una legítima defensa por
parte del patrullero quien se sintió amenazado por el joven. Se indicó que de
acuerdo a los diferentes dictámenes periciales se estableció que el joven nunca
portó y mucho menos disparó un arma de fuego. Además en su maletín solamente se
encontraron latas de aerosol.
[100] Folios 1941 y 1942 del cuaderno
N° 8, expediente disciplinario.
[101] Folio 2114 reverso, del cuaderno
N° 9, expediente disciplinario.
[102] Corte IDH, sentencia del 19 de noviembre
1999 (Fondo).
[103] Cuando
se evaluó la investigación disciplinaria el 21 de noviembre de 2011, la
Procuraduría Delegada, en lo que respecta al concepto de la violación, indicó: “En
el caso estudiado, dichos parámetros y principios al parecer fueron
desconocidos por el policial involucrado, quien presuntamente dejó de lado la
especial protección que tiene el derecho fundamental a la vida, el cual es
catalogado como inderogable en cualquier situación, en razón a que es
fundamento y condición necesaria para que todos los demás derechos que se
pretendan proteger por parte del Estado puedan ser efectivos. En ese orden,
toda labor de la Fuerza Pública debe estar orientada a salvaguardar el derecho
que tienen las personas a existir, su incumplimiento demanda la responsabilidad
inmediata, no solo de quien por acción se encuentre involucrado en la comisión
de la conducta, sino de quienes por omisión permiten su ocurrencia. (…) // Por
tanto, la afectación del derecho fundamental a la vida, se traduce en una
infracción de los deberes de respeto, protección y garantía de dicho derecho,
que en el caso concreto, debió asumir el servidor público en virtud de la
relación especial de sujeción que lo ata con el Estado. Por tal razón, el
posible quebrantamiento de esos deberes se configura en un grave atentado
contra los principios que rigen la buena marcha de la Función Pública confiada
al policial investigado” (folio 228 del cuaderno N° 1, expediente
disciplinario).
[104] CIDH, caso Da Silva c. Brasil,
párr. 34. (2000). En una nota de pie de página la CIDH cita los principios 9 y
10. La CIDH
reiteró este análisis, incluida la referencia a los Principios básicos sobre el
uso de la fuerza y de armas de fuego, en otra decisión adoptada en el mismo año
(caso De Oliviera c. Brasil, párr. 33.).
[105] CIDH, caso Calvacante y otros c.
Brasil, párrs. 138-139. En nota de pie de página se citan de nuevo los
Principios 9 y 10.
[106] El señor Gustavo Arley Trejo es
padre de crianza del joven Diego Felipe Becerra Lizarazo, de acuerdo a la
declaración rendida por este bajo la gravedad de juramento ante la Procuraduría
Delegada para la Policía Nacional el 20 de octubre de 2011: “PREGUNTADO POR
EL DESPACHO: Qué vínculo o parentesco tenía usted con el joven DIEGO FELIPE
BECERRA. CONTESTÓ: Yo era el padrasto, estaba con él desde que tenía un año o
año y medio” (folio 184 del cuaderno N° 1, expediente disciplinario).
[107] Resulta más que evidente que se
debe utilizar la noción ampliada de víctima o perjudicado a los padres del
menor asesinado, ante la imposibilidad lógica de que el occiso acuda al
proceso.
[108] Folios
177 y 183 del cuaderno N° 1, expediente disciplinario.
[109] Folio 193 del cuaderno N° 1,
expediente disciplinario.
[110] Folio 1467 y 1468, cuaderno N° 6,
expediente disciplinario.
[111] Folios 1483 y 1485 del cuaderno
N° 6, expediente disciplinario.
[112] Asimismo,
mediante escrito del 26 de agosto de 2016, los accionantes solicitaron a la
Procuraduría, “en nuestra condición de padres del joven Diego Felipe
Becerra (q.e.p.d.), como víctimas – quejosos dentro del asunto de la
referencia, (…) se autorice la expedición de copias de la totalidad del
expediente disciplinario”. Folio 2230 del cuaderno N° 9, expediente
disciplinario. En respuesta a esta solicitud, mediante auto del 07 de
septiembre de 2016, la Procuraduría Delegada dispuso la expedición de las
copias solicitadas por la señora Lizarazo Flórez, “en calidad de
afectada”. Folio 2243 del cuaderno N° 9, expediente disciplinario.
[113] Folios 2298 y 2299 del cuaderno
N° 9, expediente disciplinario.
[114] Sentencia C-666 de 2008.
[115] Cualquier modificación,
alteración o supresión de un elemento material probatorio que deviene de la
escena del delito desvía la investigación, permite construir hipótesis
delictivas o supuestos fácticos errados y contrarios a la verdad de los hechos
acaecidos, lo que necesariamente genera obstrucción en la labor investigativa.
[116] La manipulación del lugar de los hechos donde ocurrió
el homicidio, responde al incumplimiento del principio 24 de los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de
las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, según el cual “24. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer
cumplir la ley adoptarán las medidas necesarias para que los funcionarios
superiores asuman la debida responsabilidad cuando tengan conocimiento, o
debieran haberlo tenido, de que los funcionarios a sus órdenes recurren, o han
recurrido, al uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego, y no adopten todas
las medidas a su disposición para impedir, eliminar o denunciar ese uso”.
En el caso del menor Becerra
Lizarazo, no se buscó denunciar el uso ilícito de la fuerza y del arma de
fuego, sino que, por el contrario, se quiso encubrir.
[117] Sentencia C-014 de 2004.
[118] Auto del 06 de octubre de 2016
mediante el cual se concede recurso de apelación contra el fallo de primera
instancia a folio 2492 del cuaderno N° 9, expediente disciplinario.
[119]  Solicitud presentada el
20 de octubre de 2016  por la apoderada de las Víctimas, la señora Diana
Angélica Martínez Lemus (Folio 56).
[120] Artículo 150 Ley 734 de
2002 (Código Disciplinario Único).
[121] Sentencia C-341 de 2014
[122] Artículo 166 Ley 734 de
2002 (Código Disciplinario Único).
[123] Artículo 169 Ley 734 de
2002 (Código Disciplinario Único).
[124] Al respecto al Sentencia
T-060 de 2016 se pronunció en los siguientes términos: “El juez de
tutela está investido de la facultad oficiosa de proferir fallos extra y ultra
petita, cuando de los hechos de la demanda se evidencia la vulneración de un
derecho fundamental, incluso cuando no ha sido solicitado por el tutelante.”