T-506-20
Sentencia T-506/20
Referencia:
Expediente T-7.826.409
Acción de tutela instaurada
por Leonardo Arvey Morales Niño, Ana Julia Niño Aguilar y otros, contra la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
Procedencia: Tribunal
Administrativo de Casanare.
Asunto: Valoración de actos asociados
al conflicto armado en relación con solicitudes de inclusión en el Registro
Único de Víctimas.
Magistrada
Ponente:
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Bogotá, D.C., cuatro
(4) de diciembre de dos mil veinte (2020).
La Sala Sexta de Revisión de
la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y por las
Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la
preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del
fallo de tutela proferido el 12 de diciembre de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Casanare, que confirmó la sentencia de primera instancia que
emitió el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal –Sistema Oral,
por medio de la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo interpuesta
por Leonardo
Arvey Morales Niño, Ana
Julia Niño Aguilar
y otros, contra
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
El asunto llegó a la Corte
Constitucional en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991, por remisión que efectuó la Secretaría General del Tribunal
Administrativo de Casanare, el 15 de enero de 2020[1]. La Sala de Selección de Tutelas Número
Tres escogió el presente caso para su revisión el 3 de agosto de 2020[2] y el proceso fue remitido a este
despacho el 10 de septiembre siguiente[3].
I.
ANTECEDENTES
Los señores Leonardo Arvey Morales Niño,
Ana Julia Niño Aguilar, a nombre propio y en representación de su hijo menor de
edad Yerson David Morales Niño, y otros[4] interpusieron
acción de tutela contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en
adelante, UARIV), por considerar que dicha entidad vulneró sus derechos a “la
dignidad humana, buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial
ante la no inclusión en el RUV”[5].
De conformidad con los argumentos
expuestos por los accionantes, el menor de edad Aneiro Yerson Morales Niño –pariente
de los solicitantes–, fue reclutado de manera forzosa por grupos de autodefensa
del municipio de Paz de Ariporo (Casanare), en el 2002. A los pocos meses, según
el relato de los actores, Aneiro Yerson fue víctima de homicidio en el contexto
del conflicto armado, por lo que la señora Ana Julia Niño Aguilar, su madre,
solicitó ante la UARIV su inclusión en el Registro Único de Víctimas (en
adelante, RUV), así como la consecuente reparación integral por el hecho de homicidio.
Sin embargo, la entidad accionada,
consideró que en realidad el niño no había sido víctima del conflicto armado
sino victimario, al haber sido miembro activo de un grupo armado al margen de
la ley, razón por la que no accedió a las pretensiones de la señora Ana Julia
Niño Aguilar.
Los tutelantes, que son más de doce
personas pertenecientes a la familia del infante, aducen que la entidad accionada
vulneró sus derechos y no dictó sus decisiones a partir de un fundamento
jurídico sólido. En particular, argumentan que considerar a los menores de edad
como victimarios del conflicto armado contradice la legislación y la
jurisprudencia de la Corte, que establece que los niños, niñas y adolescentes
en los conflictos armados están protegidos por el Derecho Internacional
Humanitario (en adelante DIH), tanto como civiles afectados por las
hostilidades, como por ser participantes en ellas. Por esta razón, afirman que
la UARIV analizó su situación en forma contraria a la jurisprudencia
constitucional, al derecho internacional y al deber del Estado de proteger los
derechos prevalentes de los menores de edad; y, de ese modo, revictimizó a la
señora Ana Julia Niño Aguilar y a todos los familiares que presentan la tutela y
que afirman haber sido afectados psicológicamente por la muerte de Aneiro
Yerson Morales Niño[6].
A.
Hechos
y pretensiones
1.
El 10 de octubre de
2002, Aneiro Yerson Morales Niño, de 15 años, desapareció en el municipio de
Paz de Ariporo (Casanare)[7].
2.
El día 13 de octubre siguiente,
el niño llamó a su familia para informarle que se encontraba en buen estado.
Sin embargo, no refirió que hubiera sido reclutado por algún grupo armado al
margen de la ley[8]. Tiempo
después su madre –Ana Julia Niño Aguilar–, tuvo conocimiento de que su hijo había
sido reclutado por grupos de autodefensa que pernoctaban en el municipio de Paz
de Ariporo[9].
3.
El día 20 de abril de
2003, una persona que adujo ser cercano a Aneiro Yerson Morales le informó a su
familia que el menor de edad había sido asesinado[10].
4.
El 13 de enero de
2010, Ana Julia Niño Aguilar presentó ante la Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional, una solicitud de reparación administrativa a su favor por el hecho
victimizante de homicidio, ocurrido el 15 de octubre de 2002, en el municipio
de Paz de Ariporo[11].
5.
El 4 de agosto de
2010, la señora Niño Aguilar denunció el reclutamiento de su hijo y el
homicidio en persona protegida[12]. La Fiscalía
Séptima Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de
Villavicencio –Unidad Especial de Justicia Transicional asumió la investigación.
6.
El 12 de febrero de
2014, mediante Resolución 2014-387322, la UARIV resolvió no incluir a Ana Julia
Niño Aguilar en el RUV[13]. A su
juicio, conforme a los hechos y la documentación allegada, el menor de edad
Aneiro Yerson Morales Niño “era
miembro activo de un Grupo armado Organizado al Margen de la Ley”[14]. Lo anterior, a juicio de la UARIV, excluye
a la madre del niño de cualquier reconocimiento, ya que el programa de
reparación individual por vía administrativa, “(…) en ningún momento (…) establece que los miembros de
los Grupos armados Organizados al Margen de la Ley puedan ser considerados víctimas,
todo lo contrario, son considerados “perpetradores o victimarios, de acuerdo
con lo determinado en el artículo 2 de la Ley 1448 de 2011 (…)”[15]. De hecho, aclaró que “(…) no es legalmente posible reconocer
como víctima para los efectos de indemnización por vía administrativa a
personas que hayan sufrido un daño siendo miembros de un Grupo armado
Organizado al Margen de la Ley”[16].
Por lo anterior, resolvió “NO INCLUIR a ANA JULIA NIÑO AGUILAR (…) en el Registro Único de
Víctimas (…) En consecuencia NO RECONOCER el hecho victimizante HOMICIDIO, de
la señora ANA JULIA NIÑO AGUILAR identificado(a) con Registro Civil de
Nacimiento No. 10529741, respecto del caso No.282783”[17].
7.
El 12 de septiembre de
2014, la Fiscal Coordinadora de la Unidad Segunda de Vida, de la Fiscalía
Treinta y Cinco Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio
–Unidad de Compulsa de Copias de Justicia Transicional–, solicitó al Director
Regional del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses “(…) efectuar toma de muestra de ADN de la
señora Ana Julia Niño Aguilar (…) para posterior cotejo con restos óseos que se
exhumarán de su hijo Eneiro (sic) Yerson Morales Niño, quien se encuentra
inhumado en el cementerio de Paz de Ariporo, Casanare”[18].
8.
El 6 de junio de 2017,
Ana Julia Niño Aguilar interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación
en contra de la Resolución 2014-387322 del 12 de febrero de 2014 de la UARIV,
en la que esa entidad le negó el reconocimiento al que aspira en calidad de víctima[19].
La demandante argumentó que algunos aspectos de esa decisión eran errados,
entre ellos, que ella no fue integrante de ningún grupo armado organizado al
margen de la ley, o que hubiera denunciado su propia muerte, como lo indicaba
la parte resolutiva de la Resolución atacada[20]. Por
el contrario, recalcó que ella había denunciado la muerte de su hijo menor de edad,
quien fue reclutado forzosamente y, posteriormente, murió en combate[21].
Por lo tanto, solicitó: (i) revocar la resolución en cita; (ii) que la UARIV se
pronunciara sobre la exhumación del cadáver de su hijo, efectuada por parte de la
Fiscalía General de la Nación; y (iii) que la entidad la incluyera en el RUV[22].
9.
El 6 de julio de 2017[23],
mediante Resolución No.2014-387322R, la UARIV resolvió el recurso de reposición
interpuesto por la solicitante. A este respecto, advirtió que los miembros de
grupos armados al margen de la ley no son considerados víctimas del conflicto
armado “(…) salvo para el caso de niños, niñas y adolescentes desvinculados
siendo menores de edad, quienes son considerados víctimas”[24].
En consecuencia, como los hechos puestos de presente por la señora Ana
Julia Niño Aguilar no se adecuaban a esa excepción normativa, la UARIV confirmó
su decisión y concluyó que la accionante no era víctima del conflicto armado
interno.
10.      El 13 de julio de 2017, la Fiscal Séptima
Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio, Unidad Especial
Compulsa de Copias –Justicia Transicional, expidió una certificación en la que
confirmó ser la encargada de adelantar:
“(…) la investigación preliminar
No.175450, en contra de RESPONSABLES por los delitos de reclutamiento ilícito
desde aproximadamente octubre de 2002 en Paz de Ariporo, Casanare y Homicidio
en Persona Protegida sucedido el día 20 de abril de 2003 en la vereda Los Alpes
de Barranca de Upia, Meta, en medio de combate entre organizaciones armadas
ilegales. Siendo víctima Aneiro Yerson Morales Niño quien se identifica con la
Tarjeta de Identidad No. 861209-85568, la investigación se encuentra en etapa
de pruebas”[25].
11.      El 31 de agosto de 2017, mediante
Resolución No. 201745900[26], la UARIV resolvió el recurso de
apelación interpuesto por la accionante. En ese acto administrativo, la entidad
aclaró que la señora Ana Julia Niño Aguilar presentó: (i) copia única de la solicitud
administrativa con radicado No.282783; (ii) copia de los documentos de
identidad de la recurrente y algunos de sus familiares; (iii) formato único de la
noticia criminal con la denuncia por reclutamiento y homicidio del niño ante la
Fiscalía; (iv) copia del registro civil de nacimiento de Aneiro Yerson Morales
Niño; y (v) copia del escrito de interposición de los recursos de reposición y
apelación contra la Resolución No.2014-387322 del 12 de febrero de 2014. A
partir de esta documentación la UARIV no encontró que el menor de edad hubiera
sido asesinado con ocasión del conflicto armado. Explicó que, a su juicio, no
obraba en el expediente “(…)
denuncia del hecho declarado ante autoridad competente como: GAULA (del
ejército o la Armada en zona rural y de la policía en zona urbana); Comisaría
de Policía, Inspección de policía o ante las Unidades de Reacción Inmediata de
la Fiscalía General de la Nación (URIS)”[27]. Por ende, la UARIV advirtió que no tenía
elementos para asegurar la ocurrencia del hecho victimizante del homicidio. Para
reforzar su postura, la entidad argumentó que, según los datos con los que
cuenta, desde el año 1993, la tasa de homicidio en el departamento del Casanare
superó el promedio nacional, situación que se tornó crítica durante los años
1998, 2011 y 2004. A partir del año 2004, esta tasa registró un decrecimiento importante,
aunque era una de las más altas del país. Esto, no solo a raíz de la presencia
de grupos armados al margen de la ley, sino también de bandas delincuenciales asociadas
a las dinámicas del narcotráfico[28]. Con fundamento en estas aseveraciones, la entidad confirmó la
Resolución No.2014-387322 del 12 de febrero de 2014.
12.
El 26 de septiembre de 2017, La Fiscalía
Séptima Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de
Villavicencio –Unidad Especial de Justicia Transicional, informó a la señora
Ana Julia Niño Aguilar que el cadáver de Aneiro Yerson Morales Niño había sido
exhumado el 6 de septiembre de 2014. Los restos óseos recuperados fueron
remitidos al laboratorio de identificación humana de Medicina Legal en Villavicencio,
para la práctica de los análisis forenses de necropsia, antropología y odontología.
Los resultados confirmaron la identidad del menor de edad y, por lo tanto, se le
comunicó a la madre que le serían entregados en Paz de Ariporo, Casanare, el
día 20 de octubre de 2017[29].
13.
El 17 de octubre de
2017, el Fiscal 211 Seccional del Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda,
Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas –GRUBE– citó a la familia
del menor de edad a la diligencia de entrega de sus restos óseos. Esto, toda
vez que esa seccional venía “adelantando diligencias judiciales de entregas
de cadáveres plenamente identificados a los familiares de aquellas personas que
fueron víctimas directas del conflicto armado (…)[30].
La diligencia debía llevarse a cabo en el auditorio de la Fiscalía General de
la Nación, sede Villavicencio.
14.      El día 20 de octubre de 2017, los restos
de Aneiro Yerson Morales Niño fueron entregados a su madre, conforme a lo
previsto. Del hecho se dejó “acta de entrega de cadáver a familiares de
víctima de desaparición forzada y homicidio”[31].
15.      Entonces, el 9 de noviembre de 2017, Ana
Julia Niño Aguilar le solicitó a la UARIV la revocatoria directa de las resoluciones No. 2014-387322 del 12 de febrero de 2014,
2014-387322R del 6 de julio de 2017 y 201745900 del 31 de agosto de 2017[32], pues consideró que su hijo, al ser menor de edad, claramente
había sido víctima del conflicto armado y un victimario, como lo afirmó dicha
entidad.
Particularmente, precisó que debía tomarse en cuenta la
prevalencia constitucional de los derechos de los menores de edad sobre los de
los demás individuos; específicamente, señaló que su hijo había sido reclutado
ilegalmente y que la Fiscalía adelantaba una investigación por ese hecho. Así
las cosas, solicitó la revocatoria directa de la resolución en mención –con
fundamento en la causal de generación de un agravio injustificado, en los
términos del numeral 3 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011[33]–, y que se
le concedieran, en consecuencia, “los derechos y beneficios que la ley de víctimas establece para
quienes somos víctimas del conflicto armado en nuestro país”[34]. A este respecto, la accionante afirmó no
haber recibido respuesta.
16.      El 6 de julio de 2018, el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá inadmitió una demanda de
nulidad y restablecimiento de derecho interpuesta por la señora Ana Julia Niño
Aguilar[35] contra de las
decisiones de la UARIV. Lo anterior, debido a que la demandante no presentó las
constancias de notificación de los actos administrativos acusados junto con su
solicitud, en especial, la determinación que resolvió el recurso de apelación
interpuesto contra la Resolución 2014-387322 del 12 de febrero de 2014[36].
Además el juez señaló que, de la demanda, no se desprendían cargos claros y
concisos a través de los cuales se pudiera realizar un estudio de legalidad de
las resoluciones demandadas[37].
Finalmente, adujo que no se había aportado
la constancia de agotamiento de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría
General de la Nación, la cual es un requisito de procedibilidad de las demandas
en las que se formulan pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho[38].
17.      El 11 de julio de 2018, la
accionante interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación contra
la decisión adoptada el 6 de julio de 2018 por el Juzgado Sexto Administrativo
del Circuito de Bogotá[39].
18.      El 26 de octubre de 2018, el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá no repuso el auto del 6 de
julio de 2018[40]. Esto, por
cuanto la demandante no explicó por qué el acto administrativo atacado
vulneraba las normas del Derecho Internacional[41].
Además, a juicio del juez, el asunto objeto de análisis era susceptible de
conciliación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.4.3.1.1.2. del
Decreto 1069 de 2015, y este requisito no se había cumplido[42].
19.      El 5 de abril de 2019[43],
el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá rechazó el recurso de apelación
contra aquel, bajo el argumento de que ese recurso no procede contra las providencias
que inadmiten la demanda[44].
20.      El 8 de noviembre de 2019[45],
a raíz de los anteriores hechos, la señora Ana Julia Niño Aguilar y otros
familiares de Aneiro Yerson Morales Niño interpusieron acción de tutela en
contra de la UARIV, por la presunta vulneración de sus derechos a “la
dignidad humana, buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho
sustancial ante la no inclusión en el RUV”[46].
En su escrito trajeron a colación, en primer lugar, algunas providencias
de la Corte Constitucional
que sostienen que los niños, niñas y adolescentes están protegidos por el
Derecho Internacional Humanitario en los conflictos armados, tanto como civiles
afectados por las hostilidades, como por ser sujetos vinculados a ellas. Además,
precisaron que “(…) el fenómeno de reclutamiento ilícito de menores [de
edad] tiene lugar en el ámbito del conflicto armado interno e involucra un
catálogo de derechos cuya afectación es lo común en un escenario de violencia y
confrontación armada, por contraposición a la protección especial que sobre
tales derechos prohíja el artículo 44 de la Constitución”[47].
En ese sentido, a juicio de los accionantes, las conductas
punibles que fueron cometidas contra Aneiro Yerson Morales Niño en un contexto
de conflicto armado, vulneraron sus derechos prevalentes a tener una familia y
a no ser separado de ella, a la integridad física y a la vida. Por esta razón, afirmaron que,
en la Resolución 2014-387322 del 12 de febrero de 2014, la UARIV realizó un
análisis contrario a la jurisprudencia constitucional, al derecho internacional
y al deber del Estado de proteger los derechos prevalentes de los menores de
edad.
Seguidamente, describieron la jurisprudencia relacionada con la
manera en que la no inclusión en el RUV afecta los derechos fundamentales de
las personas afectadas, al mínimo vital, a la unidad familiar, a la
alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, entre otros[48].
Asimismo, mencionaron otras providencias que establecen que la acción de tutela
es procedente cuando la satisfacción de los derechos de la población víctima
del conflicto armado depende de su inclusión en el RUV[49].
Finalmente señalaron que, de acuerdo con lo dicho por la Corte, la reparación
integral es una obligación del Estado, cuya finalidad es devolver a la víctima
al estado en que se encontraba con anterioridad al hecho que originó tal
condición, lo cual se hace efectivo mediante la indemnización, entre otros
mecanismos[50].
Con fundamento en estas premisas, los peticionarios solicitaron
que: (i) se tutelaran sus derechos como víctimas del conflicto armado; (ii) se
ordenara a la UARIV incluir a la familia de Aneiro Yerson Morales Niño en el
RUV; y (iii) que la entidad otorgara la indemnización integral de que trata el
artículo 25 de la Ley 1448 de 2011, particularmente, 40 SMLMV por el hecho
victimizante de homicidio y 30 SMLMV por el hecho victimizante del
reclutamiento forzado, distribuidos entre la madre, abuela, hermanos, cuñados y
sobrinos del niño[51].
B.
Actuación
procesal
Mediante auto del 12 de noviembre de 2019[52],
el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal admitió la acción de
tutela. También ordenó notificar personalmente al Director General de la UARIV
y al Procurador 182 Judicial I delegado, como agente del Ministerio Público
ante el despacho. Asimismo, ordenó comunicar la demanda y anexos, al
representante de la Defensoría del Pueblo, Regional Casanare.
Respuesta de la UARIV
Mediante escrito presentado el 19 de
noviembre de 2019[53], la UARIV solicitó
que se declarara improcedente la acción de tutela de la referencia. Para
argumentar su petición aclaró que los accionantes no están incluidos en el RUV
por el hecho victimizante del homicidio, porque mediante la Resolución 2014- No.2014-387322 del 12 de febrero de 2014,
la entidad resolvió no considerar al menor de edad Aneiro Yerson Morales como víctima
directa del conflicto armado. Una decisión que fue confirmada luego de que la
señora Ana Julia Niño Morales interpusiera los recursos de reposición y
apelación, y que, por lo tanto, se encuentra en firme.
Por lo anterior, y en atención al hecho de
que los demás accionantes no habían elevado petición alguna previamente, la
UARIV aseguró no haber vulnerado ningún derecho fundamental, pues la tutela no
es el medio adecuado para definir la inclusión de víctimas en el RUV o
reconocer el derecho a la medida indemnizatoria.
C.
Decisiones
objeto de revisión
Sentencia de primera instancia
El 22 de noviembre de 2019[54],
el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal declaró (i) la falta de
legitimación por activa de todos los accionantes, excepto de la señora Ana
Julia Niño Aguilar; y (ii) la improcedencia de la acción de tutela. Primero
observó que, salvo en el caso de la señora Ana Julia Niño Aguilar, ninguno de
los accionantes acreditó de forma directa o tangencial vulneración alguna de
sus derechos. No se evidenció ninguna acción u omisión de la entidad accionada
que pudiera ocasionar alguna afectación a sus derechos[55].
Segundo, precisó que los hechos que dieron
origen a las reclamaciones de carácter constitucional datan del 31 de agosto de
2017, mientras que la acción de tutela fue interpuesta el 8 de noviembre de
2019[56]. Al haber
transcurrido más de dos años entre uno y otro evento, el a quo dedujo
que, o bien a la accionante le era indiferente acceder a la indemnización
administrativa que la UARIV concede a quienes han sido víctimas del conflicto
armado interno, o no existía una necesidad apremiante que la conminara a
recurrir a la acción de tutela. Por ende, no encontró acreditado el requisito
de inmediatez[57].
Por último, el juez advirtió que la
pretensión de la tutelante era de carácter meramente económico, pues si bien solicitó
ser reconocida como víctima, también buscaba que la entidad accionada le
otorgara una indemnización administrativa por los presuntos hechos
victimizantes de reclutamiento forzoso y homicidio. En consecuencia, concluyó que:
(i) la solicitante debía acudir a las autoridades judiciales competentes si
deseaba cuestionar la legalidad de las resoluciones emitidas por la UARIV; y (ii)
si había recaudado nuevos elementos probatorios que soportaran su solicitud de
inclusión en el RUV, podía presentar una nueva petición ante la entidad
accionada para que evaluara de nuevo su caso. Lo anterior, debido a que el juez
constitucional no contaba con la disponibilidad financiera para ordenar y/o
disponer el pago de una indemnización administrativa y (iii) si la entidad
accionada negaba de nuevo la solicitud de la señora Ana Julia Niño Aguilar,
podía acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para hacer valer sus
pretensiones. Finalmente, (iv) como la tutelante no demostró la existencia de
una situación urgente o una amenaza que ameritara la intervención del juez
constitucional, tampoco encontró acreditado el requisito de subsidiariedad[58].
Impugnación
El 28 de noviembre de 2019[59],
los accionantes impugnaron la sentencia de primera instancia. En particular adujeron
que, si bien la señora Ana Julia Niño Aguilar fue la única que acudió ante la
UARIV, ella solicitó la inclusión en el RUV en nombre de todo el grupo familiar,
por lo que “a través de la resolución que se le expidiera con ocasión al
hecho victimizante denunciado, se esperaba que [ella] fuera favorable para
solicitar (…) [así, la extensión de] sus efectos a todo el grupo familiar”[60]. Además, aclararon que la
Fiscalía General de la Nación ya los reconocía como víctimas del conflicto
armado interno, tal como constaba en los elementos probatorios aportados, que
no fueron considerados por el a quo. Específicamente, aseguraron que “(…)
las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación Seccional–Villavicencio
y Medicina Legal de esta misma ciudad arrojaron que todos somos víctimas del
conflicto armado”[61].
Por consiguiente, sostuvieron que estaban legitimados en la causa por
activa y debían ser inscritos en el RUV por los hechos victimizantes de
reclutamiento forzado y homicidio en persona protegida.
Asimismo, hicieron alusión a su situación
socioeconómica. Particularmente, afirmaron que la señora Ana Julia Niño Aguilar
es madre cabeza de familia. Además, el grupo familiar en su conjunto fue
afectado psicológicamente por la muerte del menor de edad en el contexto del
conflicto armado interno. Por ello, de no ampararse sus derechos como víctimas,
afirman que serían revictimizados. También hicieron hincapié en el hecho de que
la Corte Constitucional flexibiliza el examen de los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez de la acción de tutela, cuando los accionantes son
sujetos de especial protección constitucional[62].
Por otro lado, aclararon que, a pesar de
su situación económica, buscaron ayuda de un profesional del derecho con el fin
de interponer una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las
decisiones que confirmaron la Resolución 2014-3877322 del 12 de febrero de
2014. Esta demanda fue inadmitida el 6 de julio de 2018 por el Juzgado Sexto
Administrativo de Bogotá. Y aunque interpusieron los recursos de reposición y
apelación, el 26 de octubre de 2018 ese juzgado no accedió al recurso de
reposición y el 5 de abril de 2019 rechazó el recurso de apelación[63].
Finalmente, refutaron la inexistencia de
una necesidad apremiante o urgente para interponer la acción de tutela, como lo
concluyó el a quo, por lo que solicitaron que se evaluara su situación,
se analizará el material probatorio aportado y se ampararan sus derechos como
víctimas del conflicto armado. En particular, reiteraron la necesidad de ser incluidos
en el RUV, y solicitaron que se le ordenara a la UARIV otorgar la indemnización
administrativa de que trata el artículo 25 de la Ley 1448 de 2011 por los
hechos victimizantes de homicidio (40 SMLMV) y reclutamiento forzado (30 SMLMV)[64].
Sentencia de segunda instancia
Mediante sentencia del 12 de diciembre de
2019[65], el Tribunal
Administrativo de Casanare confirmó la providencia apelada. Dicha autoridad
judicial consideró que la única persona legitimada por activa en el asunto era
la señora Ana Julia Niño Aguilar, en la medida en que la presunta vulneración
de los derechos de los accionantes tuvo su origen en las decisiones adoptadas
por la UARIV, que se tomaron exclusivamente con relación a la madre demandante.
Por consiguiente, los actos administrativos enunciados resolvieron la situación
particular y concreta de la señora Ana Julia Niño Aguilar, una circunstancia
que no generó afectación o amenaza para los derechos de los demás tutelantes,
pues esas determinaciones no se extendieron a ellos[66].
A su vez, con respecto a la aseveración de
los solicitantes a cerca que la Fiscalía General de la Nación los reconoce como
víctimas, señaló que los documentos aportados solo dan cuenta de la existencia
de un proceso penal adelantado por la muerte de Aneiro Yerson Morales Niño, lo
cual no puede equipararse al reconocimiento de los tutelantes como víctimas del
conflicto armado. En todo caso, precisó que dichas pruebas no acreditaban la
vulneración de sus derechos, sino que permitían cuestionar los fundamentos
legales de los actos administrativos expedidos por la UARIV, lo que a su juicio
no hace parte de la órbita del juez constitucional[67].
Con relación al requisito de inmediatez,
adujo que, conforme a la Sentencia T-169 de 2019, debía evaluarse en conjunto
el transcurso del tiempo con otros elementos que permitieran determinar las
condiciones de debilidad, vulnerabilidad e indefensión del peticionario. En el
caso concreto, el tribunal no observó que a la accionante le hubiera sido
imposible acudir ante el juez de tutela una vez se expidieron las resoluciones
de la UARIV que presuntamente vulneraron sus derechos fundamentales[68],
por lo que confirmó la decisión del a quo en ese punto.
Finalmente, sobre el requisito de
subsidiariedad, precisó que la accionante no dio cuenta de cuáles derechos
consideraba realmente vulnerados. Por el contrario, para el fallador, la
peticionaria cuestionó básicamente la legalidad de los actos administrativos
expedidos por la UARIV; para lo cual, la peticionaria contaba con el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho[69].
D.
Actuaciones
en el trámite de Revisión
Mediante auto del 2 de octubre de 2020 la
Magistrada sustanciadora decretó la práctica de pruebas, en virtud de las
competencias derivadas del artículo 170 del Código General del Proceso[70]
y del Reglamento Interno de la Corporación[71]. Ofició a la Fiscalía General de la
Nación para que enviara a la Corte un resumen del estado actual de la investigación
por los delitos de reclutamiento ilícito y homicidio en persona protegida,
cometidos contra Aneiro Yerson Morales Niño. También requirió a la Fiscalía 211 Seccional, de la Dirección de Fiscalía
Nacional Especializada Justicia Transicional –GRUBE, para que suministrara información sobre
las diligencias judiciales que se adelantaron con relación a la identificación
y análisis de los restos óseos del menor de edad. Asimismo, solicitó el aporte
de mayores datos sobre las condiciones socioeconómicas de la señora Ana Julia
Niño Aguilar, como mayores detalles sobre aspectos puntuales del proceso
administrativo que adelantó la accionante ante la UARIV.
Respuesta de la Fiscalía Séptima Delegada ante los Jueces Penales
del Circuito Especializado de Villavicencio
El 23 de octubre de 2020[72],
dicha Fiscalía remitió respuesta al auto de decreto de pruebas. Al respecto,
informó que en dicha entidad se encuentra activa una
investigación penal bajo radicado 175.450, en la que figura el menor de edad
Aneiro Yerson Morales Niño como presunta víctima de los delitos de
reclutamiento ilícito y homicidio en persona protegida.
Asimismo, anotó que, mediante Resolución
del 26 de septiembre de 2017, se dispuso la entrega de los restos del niño a su
familia, la cual fue llevada a cabo por la Fiscalía 211 Seccional, de la
Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Justicia Transicional –GRUBE.
Respuesta de la señora Ana Julia Niño
Aguilar
El 23 de octubre de 2020[73],
la accionante respondió los interrogantes formulados por la Magistrada
sustanciadora.
En relación con las condiciones
socioeconómicas en las que vive, indicó que reside en Paz de Ariporo, Casanare,
en una vivienda a nombre de su exesposo, fallecido. Señaló que prepara y vende
alimentos, actividad por la que recibe $720.000 pesos mensuales,
aproximadamente[74]. De otro lado, afirma que sus gastos
mensuales son de $250.000 y que no es propietaria de ningún bien mueble o
inmueble[75].
Actualmente, vive con su actual pareja, un hijo menor de edad y dos nietas[76]
y tanto su pareja como su hijo le colaboran a cubrir algunos de sus gastos
mensuales[77]. Está afiliada al régimen contributivo
de salud, como beneficiaria de su pareja[78].
Ahora bien, la tutelante recalcó que es
víctima indirecta del homicidio de su hijo. Para argumentar su posición, citó
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado[79],
mediante la cual estos altos Tribunales indicaron lo siguiente: (i) la Ley 1448
de 2011 no define la condición fáctica de víctima, sino que incorpora un
concepto operativo de víctima, en la medida en que busca determinar su marco de
aplicación, en relación con el universo de los destinatarios de las medidas
especiales de protección previstas en dicho ordenamiento[80];
(ii) los niños son sujetos especiales de protección por parte de su familia, la
sociedad y el Estado[81]. (iii) Por consiguiente, este último
tiene obligaciones relacionadas con la promoción y la protección de los
derechos de las víctimas de reclutamiento ilícito, como lo son los niños cuya
participación en la guerra está proscrita debido a su edad y a su falta de
madurez física y mental. Así las cosas, el Estado tiene el deber de reparar y
restituir los derechos afectados por su victimización[82].
Adicionalmente destacó que, en 1999, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una recomendación general
sobre la erradicación del reclutamiento y la participación de niños en los conflictos
armados[83].
En dicho documento señala que “pese a que la mayoría de los países miembros [de
la Organización de Estados Americanos] establece en su legislación un mínimo
de 18 años para el reclutamiento militar obligatorio, subsisten en este aspecto
prácticas violatorias de los derechos humanos de los derechos humanos de los
niños que la Comisión considera pura y simplemente situaciones similares a la
esclavitud y de servidumbre forzada”[84]. Así, conforme al artículo 3º
del Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, el reclutamiento
forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados es
considerado una forma de esclavitud[85].
Sobre el proceso administrativo que
adelantó ante la UARIV, la solicitante precisó que, al acercarse a la entidad
con el fin de ser reconocida como víctima, no presentó ningún documento. Allí
fue direccionada a la Fiscalía General de la Nación para que radicara una
denuncia por los delitos de reclutamiento ilícito y homicidio en persona
protegida. De esa forma, obtendría los elementos materiales probatorios
suficientes para evidenciar el hecho victimizante. En el curso del proceso
administrativo, aportó el formato de noticia criminal, en el que consta
denuncia del homicidio cometido contra su hijo[86].
Finalmente, afirmó no haber recibido
respuesta a la solicitud de revocatoria directa de las resoluciones No. 2014-387322 del 12 de febrero de 2014, 2014-387322R del 6 de julio de 2017 y 201745900
del 31 de agosto de 2017, que interpuso el 9 de noviembre de 2017[87].
Respuesta de la Fiscalía 211 Seccional, de
la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Justicia Transicional –GRUBE
El 27 de octubre de 2020[88],
la entidad dio respuesta al interrogante planteado por la Magistrada
sustanciadora.
Por un lado, aclaró que las diligencias de
entrega digna del cadáver de Aneiro Yerson Morales Niño se llevaron a cabo con
el apoyo de la Fiscalía Séptima Especializada de Compulsa de Copias de
Villavicencio, de acuerdo con la solicitud que realizó mediante oficio No.359
del 6 de julio de 2007. Por lo tanto, precisó que la Fiscalía 211 no tenía a su
cargo la investigación penal del presunto delito cometido contra el niño.
Posteriormente recordó que, conforme a la
Resolución No.3481 de 2016 proferida por la Fiscalía General de la Nación, el
Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas tiene
dentro de sus competencias: (i) disponer de todas las diligencias de exhumación
que requiera cualquier despacho de la entidad; (ii) entregar los cadáveres de
personas desaparecidas a sus familiares y demás seres queridos; (iii) prestar
apoyo para la programación y realización de diligencias de exhumación a nivel
nacional; y (iv) orientar la identificación de los cuerpos recuperados.
Por otro lado, anexó a su respuesta: (i)
certificado de defunción de Aneiro Yerson Morales Niño; (ii) informes periciales
forenses de antropología, genética y necropsia del cadáver de Aneiro Yerson
Morales[89]; (iii) el
perfil demográfico del cuerpo del niño; (iv) oficio mediante el cual informa la
plena identidad de este menor de edad; y (v) acta de entrega del cadáver.
De esta documentación se extrae la
siguiente información: Aneiro Yerson Morales Niño murió el 20 de abril de 2003,
a los 15 años de edad[90]. Su cuerpo fue hallado en el
cementerio Jardines de Paz, del municipio Paz de Ariporo , Casanare. Estos
restos óseos fueron recuperados por un equipo de criminalística y remitidos a
las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal[91].
Conforme al análisis pericial de genética, el cuerpo corresponde a Aneiro
Yerson Morales Niño, hijo de Ana Julia Niño Aguilar[92].
En el cadáver se encuentran lesiones compatibles con “mecanismo contundente
de alta energía cinética, consistente con el impacto(s) y/o paso(s) de por lo
menos dos (2) proyectiles de arma de fuego en: (1) cráneo y mandíbula y (2)
fémur izquierdo y tibia izquierda”[93]. De igual forma, se presentan
otras lesiones en (i) el húmero derecho; (ii) escápula izquierda y húmero
izquierdo; (iii) cubito izquierdo y radio izquierdo; y (iv) fémur derecho. Sin
embargo, no puede establecerse el mecanismo que las produjo[94].
En el informe pericial forense de antropología, se recomienda al médico
prosector resaltar a la autoridad la condición de menor de edad de Aneiro
Yerson Morales Niño. Esto, debido a que –conforme a la Convención sobre los
Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño, relativo a la participación de los niños en conflictos
armados–, “se condena el hecho de que en las situaciones de conflicto armado
los niños se conviertan en blanco”[95]. Finalmente, en el perfil
demográfico del cadáver consta que la causa probable de su muerte fue un
combate entre las autodefensas y grupos subversivos[96].
De lo anterior, el Instituto Nacional de
Medicina Legal concluyó que el cadáver analizado “se trata de un hombre
adolescente quien falleció por trauma craneoencefálico a causa de heridas por
proyectiles de arma de fuego en circunstancias no aclaradas, pero se presume
muerto en combate por el patrón de las lesiones. El cotejo genético indicó que
se trata de hijo biológico de Ana Julia Niño Aguilar sin reporte de otro hijo
desaparecido en igual contexto (…)”[97].
Respuesta de la Unidad Administrativa para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV
El 30 de octubre de 2020[98],
el doctor Vladimir Martín Ramos –representante judicial de la UARIV–, presentó
algunos argumentos en defensa de la entidad, para que fueran valorados en sede
de revisión.
Primero, señaló que, en relación con la
valoración que realiza la UARIV para reconocer a alguien como víctima del
conflicto armado, se agotan una serie de pasos de verificación interna de la
información. Luego, se adopta una decisión conforme a la evaluación realizada,
a partir de elementos jurídicos, técnicos y de contexto de
los hechos victimizantes relacionados en la declaración[99].
En cuanto a los elementos jurídicos, explicó que la entidad evalúa si el
hecho está relacionado con el conflicto armado interno, el cual define como “toda
aquella situación que se enmarca en dinámicas propias de grupos armados
colombianos, situación en la que se logra identificar que hay una infracción al
Derecho Internacional Humanitario o violaciones graves a los derechos humanos”[100].
También, examina que el hecho victimizante tenga una relación de conexidad
suficiente con el desarrollo del conflicto armado[101]
y, en el caso especial de desplazamiento forzado, estudia si puede
identificarse una vulneración de derechos humanos como consecuencia de acciones
violentas que hacen parte de las dinámicas propias del territorio colombiano[102].
Finalmente, observa si el hecho victimizante ocurrió luego del 1° de enero de
1985, y si el solicitante lo declaró a más tardar 4 años después de la
promulgación de la Ley 1448 de 2011 o de sus decretos reglamentarios, según sea
aplicable[103].
Respecto de los elementos de contexto,
por medio de fuentes institucionales y/o académicas, la entidad verifica las
dinámicas y modo de operación de grupos armados en distintas zonas del país,
así como el índice de riesgo de victimización de la población en la época en
que ocurren los hechos victimizantes descritos[104].
En cuanto a los elementos técnicos precisó
que, a través de la Red Nacional de Información, la UARIV está en capacidad de
contrastar la información suministrada por el declarante con los datos registrados
en fuentes institucionales especializadas en cada uno de los hechos
victimizantes. Además, cuenta con los elementos probatorios que aporta el
declarante al diligenciar el Formato Único de Declaración. De esta manera, la
documentación es tenida en cuenta como insumo en el proceso de valoración y en
la adopción de la decisión. En relación con lo anterior, el señor Vladimir
Martín Ramos advirtió que “no existe tarifa probatoria en este sentido, pues
la Unidad para las Víctimas valora cualquier prueba sumaria allegada con la
declaración, una vez esta es tomada por el Ministerio Público”[105].
Seguidamente, se refirió al proceso de
valoración. Recordó que, conforme al artículo 2.2.2.3.16 del Decreto 1084 de
2015, los actos administrativos que niegan la inclusión en el RUV deben
contener, como mínimo, dos requisitos: (i) la motivación suficiente por la cual
se adoptó la decisión; y (ii) los recursos que legalmente proceden contra las
decisiones de que se trate, las autoridades ante quienes deben interponerse y
los plazos para hacerlo[106].
Precisó que los criterios y lineamientos
con base en los cuales la entidad adopta la decisión de inscripción o no en el
RUV se encuentran compilados en el Manual de Criterios de Valoración[107].
De igual modo, aclaró que este documento es de uso habitual y obligatorio por
parte de un equipo de profesionales encargado del estudio de la inclusión en el
RUV[108].
Aunado a lo anterior, existe un proceso de fortalecimiento de la calidad de los
procesos, que consiste en una verificación porcentual de las solicitudes que
han sido revisadas por cada uno de los valoradores. De este modo, el líder de
calidad asignado tiene la facultad de devolver aquellas declaraciones respecto
de las cuales considere que no se ha efectuado un adecuado análisis y
aplicación de los criterios[109], que son actualizados constantemente.
Descrito el proceso de valoración, el
representante judicial de la entidad accionada se refirió a los elementos
jurídicos, de contexto y técnicos, que la UARIV tiene en cuenta, en relación
con el asunto concreto. Así, la entidad concluyó que “para el caso de la
señora Ana Julia Niño se observa un enfoque relacionado con las dinámicas del
conflicto armado y sin embargo, al realizar una verificación del elemento jurídico
en concordancia con la situación de contexto, no se logró determinar que los
hechos descritos se relacionaran con las dinámicas propias del conflicto armado
interno. Por esas razones, de cara a lo descrito en el artículo 3 de la Ley
1448 de 2011, no se consideró viable el reconocimiento de la señora Ana Julia
Niño en el Registro Único de Víctimas”[110]. Adicionalmente
aclaró que, si bien la accionante interpuso los recursos de reposición y
apelación contra la decisión tomada, no aportó elementos fácticos que
desvirtuaran las conclusiones de la entidad.
También explicó que, conforme al parágrafo
2° del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos armados
organizados al margen de la ley, como lo fue el menor de edad Aneiro Yerson
Morales Niño, no son considerados víctimas[111]. Por consiguiente, la UARIV no
vulneró los derechos fundamentales de la señora Ana Julia Niño Aguilar[112],
por lo que solicitó “negar la protección del derecho fundamental a las
víctimas y su Registro Único”[113].
Por otra parte, adjuntó el Oficio
No.201811312301631 del 24 de julio de 2018, mediante el cual la UARIV resolvió
la solicitud de revocatoria directa contra las Resoluciones 2014-387322 del 12
de febrero de 2014, 2014-387322R del 6 de julio de 2017 y 201745900 del 31 de
agosto de 2017, interpuesta por la señora Ana Julia Niño Aguilar[114].
En dicho documento, la UARIV informa que valoró la posibilidad de incluir a la
accionante en el RUV por el hecho victimizante de homicidio de Aneiro Yerson
Morales Niño. Mediante la Resolución No.2014-387322 del 12 de febrero de 2014,
no reconoció este hecho victimizante y, por medio de las Resoluciones
2014-387322R del 6 de julio de 2017 y 201745900 del 31 de agosto de 2017,
confirmó su decisión. Por lo anterior, concluyó que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 70 del Decreto 01 de 1984[115],
la solicitud de revocatoria directa resultaba improcedente, pues según la norma
en mención “[n]o podrá pedirse la revocación directa de los actos
administrativos respecto de los cuales el peticionario haya ejercitado los
recursos de la vía gubernativa”[116].
Finalmente, la entidad accionada remitió
el expediente correspondiente a la solicitud de inclusión en el RUV de la
señora Ana Julia Niño Aguilar. A este respecto, además de la documentación que
ya había recibido la Corte[117] como se reseñó anteriormente, se
encuentra el recurso de reposición mediante el cual la accionante atacó la resolución
que negó su requerimiento. En este, la solicitante adjunta como pruebas del
hecho victimizante de homicidio de Aneiro Yerson Morales Niño: (i) registro
civil del menor de edad; (ii) comunicación de la Fiscalía 35 Delegada ante los
Jueces Penales del Circuito de Villavicencio –Unidad de Compulsa de Copias de
Justicia Transicional, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, en la que requiere efectuar toma de muestra de ADN de la señora Ana
Julia Niño Aguilar para posterior cotejo con los restos óseos de su hijo; y (iii)
formato único de noticia criminal, en el que figura que la peticionaria
denunció el delito de homicidio cometido contra su hijo[118].
II.
CONSIDERACIONES
Competencia
1.
Corresponde
a la Corte Constitucional analizar, a través de esta Sala de Revisión, los
fallos proferidos dentro de la acción de tutela de la referencia, con
fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
Planteamiento de los problemas jurídicos
2.
De acuerdo
con los antecedentes resumidos anteriormente, en primer lugar, esta Sala de
Revisión debe resolver el siguiente problema jurídico relacionado con la
procedencia de la acción de tutela:
i. ¿La presente acción cumple
los requisitos generales de procedencia de la tutela? ¿La acción de tutela
procede para dejar sin efectos la resolución de la UARIV que negó la inclusión
de los accionantes en el RUV?
Para responder a estas
inquietudes preliminares, la Sala reiterará los elementos generales de
procedibilidad de la acción de tutela y, en particular, aquellos relacionados con
solicitudes de amparo contra actos administrativos. De superarse este análisis
inicial, además, la sentencia deberá responder a partir de un análisis de
fondo, las inquietudes que siguen:
ii. ¿ La UARIV vulneró los derechos
fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso administrativo y a la
indemnización administrativa de los peticionarios, al desconocer la calidad de
víctimas de los parientes y la madre de un menor de edad, quien fue aparentemente
reclutado de manera forzosa y asesinado cuando aún era adolescente, bajo el
argumento de que el joven era un victimario, no estaba cobijado por la
exclusión prevista en el parágrafo 2 del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 y respecto
de lo sucedido no se acreditó el vínculo de los hechos con el conflicto armado
interno?
iii. ¿Los accionantes son víctimas indirectas
de daños por los hechos victimizantes de reclutamiento ilícito y homicidio
de grupos de autodefensa?
En el evento en que proceda el
análisis material, la Sala revisará: (i) el concepto de víctima contemplado en la
Ley 1448 de 2011; (ii) explicará el tratamiento jurídico del reclutamiento
ilícito de menores de edad, tanto a nivel internacional como nacional; y (iii)
resumirá las principales reglas en materia del derecho de inclusión en el RUV. Por
último y con fundamento en tales consideraciones, la Sala estudiará el asunto
objeto de análisis y presentará una solución, a la controversia planteada.
Requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Consideraciones preliminares
Reglas generales de la procedencia excepcional de tutela
contra actos administrativos expedidos por la UARIV en relación con el Registro
Único de Víctimas. Reiteración de jurisprudencia[119]
3.
El artículo 86[120] de la Constitución –refrendado
por las normas procesales de la tutela[121]–
establece que esta acción constitucional procede como un mecanismo para
reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales
de las personas ante los jueces, cuando quiera que resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad. Sin embargo, la
misma regla constitucional establece un claro límite a la procedencia de la
acción, al señalar que solo será admisible cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que la tutela sea utilizada como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable o cuando el medio
judicial no sea adecuado o idóneo.
A este respecto, la Corte
Constitucional ha señalado en repetidas ocasiones, que el amparo constitucional
no puede convertirse en un mecanismo alternativo, sustitutivo o paralelo a los
procedimientos judiciales pertinentes. Ante la existencia de estos, el amparo solo
se torna procedente cuando dichas vías sean ineficaces, inexistentes o se
configure un perjuicio irremediable[122]. En
relación con este último aspecto, es importante anotar que dicho perjuicio se
configura cuando existe riesgo de que un derecho constitucional fundamental
sufra un grave menoscabo. En ese sentido, el riesgo de daño debe ser inminente,
grave y requerir medidas urgentes e impostergables. La gravedad de los hechos ha
de ser tal que implique una adecuada y pronta medida de protección.
4.
El amparo
constitucional es procedente cuando los
actores no cuenten con un mecanismo ordinario de protección. Sin embargo, este
Tribunal también ha sostenido que procede aun en aquellos eventos en que exista
otro medio de defensa judicial[123]cuando: (i) si bien este fue dispuesto por
la ley para resolver las controversias no es idóneo y eficaz, conforme a las
especiales circunstancias del caso que se estudia, escenario en el cual el
amparo procede como mecanismo definitivo; o, (ii) no impide la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, circunstancia en la que la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio.
Las anteriores reglas
implican que, de verificarse la existencia de otros medios de defensa judicial,
en cada caso debe valorarse su idoneidad para determinar si tiene la capacidad
de restablecer de forma efectiva e integral los derechos invocados. Este análisis
debe ser sustancial y no simplemente formal, y debe efectuarse sin perder de
vista que el juez de tutela no puede suplantar al juez ordinario. Así, en caso
de evidenciar la falta de idoneidad del otro mecanismo, la acción de tutela procede
de manera definitiva[124].
5.
Con todo,
como lo recordó la Sentencia T-290 de 2016[125] al resolver una tutela
interpuesta contra la UARIV por una persona a la que le fue negada la inclusión
en el RUV, cuando la vulneración proviene de un acto administrativo, por regla
general, la acción de tutela no procede porque la jurisdicción constitucional
no puede suplantar la vía judicial ordinaria pues para ello existen
instrumentos judiciales, como los medios de control ante la jurisdicción
administrativa. Sin embargo, esta Corporación también ha señalado que, debido
al particular estado de vulnerabilidad en el que se encuentra la población
víctima del conflicto armado interno, la acción de tutela es el mecanismo
judicial idóneo para garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales,
cuando su satisfacción dependa de la inclusión en el RUV[126]. En tal virtud, resulta imperativo
verificar si sus reclamos, como personas que merecen especial protección
constitucional, puede ser tramitado y decidido de forma adecuada por vía
ordinaria, o si, por su situación particular, no puede acudir a dicha
instancia.
Flexibilidad
en el examen de procedibilidad en el caso de sujetos de especial protección
constitucional que buscan su inscripción en el RUV
6.
Como se
advirtió específicamente en los casos de personas que solicitan ser incluidas
en el RUV, la idoneidad del mecanismo judicial o el perjuicio
irremediable se valora en relación con su particular estado de
vulnerabilidad. Así, la Corte ha determinado que el examen de estos supuestos
es más flexible, ya que su condición amerita un tratamiento diferencial
positivo. En este sentido, una de las maneras en las que una persona se puede
encontrar en estado de debilidad manifiesta ocurre cuando se trata de sujetos
de especial protección constitucional[127].
7.
De hecho,
en el caso de las víctimas del conflicto armado interno, como lo reconoció la Sentencia
T-211 de 2019[128], la jurisprudencia
de esta Corporación ha
reiterado que el cumplimiento del requisito de subsidiariedad para la
interposición de acciones de tutela debe ser estudiado en forma flexible[129], en relación con su condición de sujetos
de especial protección constitucional[130].
Lo que no implica “que las víctimas de la violencia no estén obligadas a
acudir a las instancias legalmente establecidas para el reconocimiento de sus
derechos”, sino que “en ciertos casos, estos procedimientos pueden
llegar a tornarse ineficaces, ante la urgente e inminente necesidad de
salvaguardar sus derechos como sujetos de especial protección constitucional”[131],
por lo que puede ser desproporcionado exigirle a una víctima el uso de los mecanismos
judiciales en sede contencioso administrativa y, bajo ese fundamento,
declarar la improcedencia de la acción de tutela[132].
La providencia en mención también recordó que, como la mayoría de los medios de control ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativa deben interponerse mediante
apoderado judicial, ello marca una diferencia entre la idoneidad de los
recursos ante la jurisdicción contenciosa y la acción de tutela[133],
dado que como el amparo se puede presentar a nombre propio y sin asesoría legal, en ocasiones la
rigurosidad ante el juez contencioso administrativo podría tornarse
desproporcionada para las víctimas del conflicto armado interno.
Esta diversidad de
situaciones amerita que el juez de tutela, en tales casos, brinde un
tratamiento diferencial al accionante y verifique si tiene la posibilidad de
ejercer el medio de defensa, en igualdad de condiciones al común de la sociedad[134]. De esa valoración dependerá la satisfacción
del requisito de subsidiariedad en cada circunstancia.
Análisis de procedencia en el caso sub
examine
Legitimación en la causa por activa
8.
En el
presente caso, la
Sala debe analizar si todo el grupo familiar del niño Aneiro Yerson Morales
(compuesto por su madre, hermanos, cuñadas, sobrinos y abuela) está legitimado
en la causa por activa para interponer la presente acción de tutela, aun si
los actos administrativos proferidos por la UARIV, que son objeto de reproche
en esta acción, resolvieron únicamente la situación concreta de la señora Ana
Julia Niño Aguilar.
A este respecto, es preciso
recordar que, conforme al artículo 86 de la Carta, toda persona podrá presentar
acción de tutela ante los jueces, para procurar la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de cualquier autoridad o de un particular, en ciertos casos. A su vez, el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991 regula la legitimación para el ejercicio de la acción de
tutela, al establecer que la solicitud de amparo puede ser presentada: (i) a
nombre propio; (ii) a través de representante legal; (iii) por medio de
apoderado judicial; o (iv) mediante agente oficioso.
En consecuencia, se encuentra legitimado
por activa quien promueva una acción de tutela siempre que se acrediten las
siguientes condiciones: (i) que la persona actúe a nombre propio, a través de
representante legal, por medio de apoderado judicial o mediante agente
oficioso; y (ii) procure la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, que considera vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de una entidad pública o un particular.
9.
En el
caso objeto de estudio, está demostrado que la señora Ana Julia Niño
Aguilar se encuentra legitimada en la causa por activa para formular la
acción de tutela de la referencia. En primer lugar, porque actúa a nombre
propio para defender los derechos fundamentales que considera vulnerados, como
se anuncia en el escrito de tutela. En segundo lugar, porque la UARIV, al
proferir la Resolución 2014-387322
del 12 de febrero de 2014 y los actos administrativos que confirmaron la
decisión, resolvió la situación propuesta exclusivamente por la peticionaria.
De manera tal que la negativa de la entidad y su presunto desconocimiento de
los derechos al debido proceso, a la dignidad humana y a la indemnización
administrativa de la madre, por no reconocer su presunta calidad de víctima por
el reclutamiento y muerte de su hijo es una afectación que solo se predica de
la demandante y sus exigencias puntuales ante la UARIV.
De este modo, en lo que concierne a los demás familiares que
interponen la tutela, no es posible deducir, de una parte, que la accionante
los representa y, de la otra, que la entidad vulneró o amenazó alguno de sus
derechos fundamentales. En primer lugar, la señora Ana Julia Aguilar Niño
acudió ante la entidad accionada a título personal, sin haber aportado
documentos que acreditaran el parentesco entre los demás accionantes y el joven
Aneiro Yerson Morales Niño.
Segundo, al interponer el amparo constitucional, cada uno de los
solicitantes acreditó su relación con la víctima directa[135]
. Sin embargo, el análisis de este requisito de procedencia debe tomar como
punto de partida el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, que establece que “[t]ambién son víctimas el cónyuge,
compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer
grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se
le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los
que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.” Desde esta perspectiva, la
única persona que comparte el primer grado de consanguinidad con Aneiro Yerson
Morales Niño es la señora Ana Julia Niño Aguilar y, por ende, es la única
legitimada en la causa por activa. Ahora bien, la Sentencia C-052 de 2012[136] declaró condicionalmente
exequible el inciso en cita, “en el entendido de que también son víctimas aquellas personas que
hubieren sufrido un daño, en los términos del inciso primero[137] de dicho artículo”. En este sentido, si los demás
familiares de la víctima directa consideran haber sufrido un daño como
consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos,
ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, deberán acudir ante la
UARIV con las pruebas que acrediten dicho daño.
En suma, la acción de tutela sólo es
procedente respecto de la madre del joven Aneiro Yerson Morales Niño, la señora
Ana Julia Niño
Aguilar.
Legitimación en la causa por pasiva[138]
10.
La legitimación en la causa
por pasiva se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se
dirige la acción, para responder eventualmente por la vulneración o amenaza de
un derecho fundamental[139]. A juicio
de la Corte, “refleja la calidad subjetiva de la parte demandada en
relación con el interés sustancial que se discute en el proceso, la misma, en
principio, no se predica del funcionario que comparece o es citado al proceso,
sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a responder por
la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello”[140]. Según los artículos 86 de
la Constitución y 5° del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela
procede contra toda acción u omisión de cualquier autoridad que haya
violado, viole o amenace un derecho fundamental.
11.
En el expediente de la
referencia, la acción de tutela se dirige contra la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas. Se trata de una entidad
pública de origen legal, adscrita al Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República[141], a la
que se acusa vulnerar derechos fundamentales a partir de decisiones adoptadas por
esa misma entidad, de manera tal que se encuentra legitimada en la causa por
pasiva en este proceso.
Inmediatez[142]
12.
Esta
Corporación ha resaltado que, de conformidad con el artículo 86 de la
Constitución, la acción de tutela no tiene un término de caducidad. Sin
embargo, la solicitud de amparo debe formularse en un tiempo razonable desde el
momento en el que se produjo el hecho vulnerador, en la medida en que la finalidad de la acción constitucional es lograr la
protección urgente de un derecho constitucional fundamental y conjurar
situaciones que requieren de la inmediata intervención del juez constitucional.
El requisito de inmediatez
pretende entonces que exista “una correlación temporal entre la solicitud de
tutela y el hecho (…) vulnerador de los derechos fundamentales”[143],
de manera que se preserve la naturaleza de la acción de tutela, concebida
como un remedio de aplicación urgente ante una situación que demanda la protección
efectiva y actual de los derechos invocados[144].
Por ello se entiende que, en los casos en
los que el accionante interpone la acción de tutela mucho tiempo después del
hecho u omisión que genera la vulneración a sus derechos fundamentales, se
desvirtúa su carácter urgente y se altera la posibilidad de que el juez
constitucional tome una decisión que contenga la situación presuntamente
vulneradora de sus derechos fundamentales[145]. Desde esta perspectiva, la satisfacción del requisito
debe analizarse bajo el concepto de plazo razonable y en atención a las
circunstancias de cada proceso en concreto.
13.
En el
presente caso, mediante Resolución 2014-387322 del 12 de febrero de 2014[146],
la UARIV negó a la accionante Ana Julia Niño Aguilar su inclusión en el RUV. La
tutelante por su parte, interpuso los recursos de reposición y apelación contra
esa decisión. El 6 de julio y el 31 de agosto de 2017[147],
respectivamente, la entidad confirmó dicho acto administrativo. Posteriormente,
la señora Ana Julia interpuso el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la decisión en firme de esa entidad, pero el 6 de julio de
2018[148], el Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá inadmitió la demanda. La
solicitante interpuso el recurso de reposición y en subsidio apelación[149]
contra esa providencia, y el 26 de octubre de 2018 el juez no repuso el auto
proferido[150] y,
finalmente, el 5 de abril de 2019[151] rechazó el
recurso de apelación.
Agotadas las actuaciones en
sede administrativa y judicial, la señora Ana Julia Niño Aguilar interpuso
acción de tutela el 8 de noviembre de 2019[152],
es decir, 7 meses después de haber sido notificada de la última decisión
proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá.
14.
En atención a las consideraciones expuestas, la Sala considera que
el presupuesto de inmediatez está acreditado. Si bien la decisión que se
cuestiona fue proferida en 2014, la accionante no acudió a la acción de tutela
en el 2019 por ausencia de diligencia o desidia en la gestión de sus derechos,
sino que lo hizo después de haber interpuesto los recursos ordinarios que tenía
a su disposición para controvertir los actos administrativos de la UARIV que
negaron su solicitud de ser incluida en el RUV. Dicho de otro modo, el tiempo
transcurrido entre la última decisión adoptada por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Bogotá –que negó la pretensión de la accionante
de anular los actos administrativos proferidos por la UARIV– y la interposición
de la acción de tutela es razonable, y da cuenta del interés y la diligencia de
la accionante para controvertir la decisión administrativa que estima
violatoria de sus derechos fundamentales.
Subsidiariedad[153]
15.
El inciso 4
del artículo 86 de la Constitución Política establece el principio de
subsidiariedad como requisito de procedencia de la acción de tutela así: “[E]sta
acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable”.
Esta norma determina entonces que, si hay
otros mecanismos de defensa judicial idóneos y eficaces para solicitar la
protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe
recurrir a ellos y no a la acción de tutela. Así lo ha reiterado la Corte
Constitucional[154] al afirmar que, cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos fundamentales, no puede desconocer las acciones judiciales ordinarias
contempladas en el ordenamiento jurídico.
La inobservancia de tal
principio es causal de improcedencia de la tutela, a la luz de lo dispuesto en
el artículo 86 superior y el numeral 1° del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de
1991[155].
Y si el accionante cuenta con otros medios de defensa judicial, la consecuencia
directa es que el juez constitucional no puede decidir el fondo del asunto
planteado.
16.
Sin
embargo, como ya se mencionó, en virtud de lo establecido en las mismas normas
referidas, aunque exista un mecanismo ordinario que permita la protección de
los derechos que se consideran vulnerados, la tutela es procedente si se
acredita: (i) que este no es idóneo ni eficaz, o (ii) que “siendo apto para
conseguir la protección” en cualquier caso existe la inminencia de un
perjuicio irremediable[156].
Ahora bien, en el primer
supuesto, la aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada
caso concreto, en consideración a las características procesales del mecanismo
y al derecho fundamental involucrado. Un medio judicial es apto y excluye la
procedencia de la acción de tutela, cuando salvaguarda de manera eficaz el
derecho fundamental invocado[157]. Por el contrario, no es idóneo
cuando no ofrece una solución integral y no resuelve el conflicto en toda su
dimensión constitucional[158]. En caso de que no ofrezca una
protección completa y eficaz, el juez puede asumir el conocimiento del amparo
constitucional de forma definitiva o transitoria según las circunstancias
particulares[159].
Con respecto al segundo supuesto, esta Corporación ha
establecido que el perjuicio irremediable se presenta “cuando existe un
menoscabo moral o material injustificado que es irreparable, debido a que el
bien jurídicamente protegido se deteriora hasta el punto que ya no puede ser
recuperado en su integridad.”[160] De esta forma, sus características
esenciales exigen que el daño debe ser inminente, es decir, que esté por
suceder y no sea una mera expectativa ante un posible perjuicio, aunque el
detrimento en los derechos aún no esté consumado. Segundo, las medidas
necesarias para evitar la ocurrencia del perjuicio deben ser urgentes y
precisas ante la posibilidad de un daño grave. Finalmente, se exige que la
acción de tutela sea impostergable, para que las actuaciones de las
autoridades públicas o particulares del caso respectivo sean eficaces y puedan
asegurar la debida y cabal protección de los derechos fundamentales
comprometidos.
17.
En las
circunstancias que propone esta tutela, se tiene que la señora Ana Julia Niño
Aguilar realizó las siguientes acciones en sede administrativa: (i) solicitó
ante la UARIV su inclusión en el RUV por el hecho victimizante de homicidio;
(ii) interpuso los recursos de reposición y apelación en contra de la
Resolución 2014-387322 del 12
de febrero de 2014, mediante la cual la entidad accionada negó sus
pretensiones; y (iii) requirió la revocatoria directa de los actos
administrativos que denegaron su solicitud.
Además, en sede judicial, propuso el
mecanismo de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
resolución que negó su inclusión en el RUV, pero su demanda, presentada incluso
mediante apoderado, fue inadmitida y los recursos que siguieron en contra de
esa determinación fueron denegados.
De este modo, la Sala encuentra
que la demandante utilizó todos los mecanismos de defensa que tenía a su
disposición para intentar controvertir los actos administrativos que a su
juicio vulneraron sus derechos fundamentales y la mantienen ajena a la
posibilidad de ser incluida en el RUV.
18.
Con todo,
de manera hipotética, alguien podría alegar que la peticionaria cuenta aún con
la acción de reparación directa, que de acuerdo con el artículo 140 de la Ley
1437 de 2011 tiene como fin que el Estado repare el daño antijurídico producido
por la acción u omisión de sus agentes. Sin embargo, desde el punto de vista de
la protección de los derechos fundamentales que invoca la demandante y de su
expectativa de reconocimiento de los derechos como víctima del conflicto
armado, se trata de un mecanismo que, por la complejidad del proceso y de la
congestión de la justicia contencioso administrativa, es demorado y su objetivo
no es incluir a las víctimas en el RUV. De hecho, ese registro, aunque es una
herramienta de carácter técnico que no otorga en
sí la calidad de víctima[161],
sí contribuye al goce de los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación con garantía de no repetición de quienes alegan esa condición[162],
en la medida en que les da el acceso a las personas a una oferta institucional
concreta, específica y distintiva, dirigida a la protección de los derechos de
quienes se han visto afectados por el conflicto armado interno.
A este respecto, es pertinente
recordar que el artículo 25 de la Ley 1448 de 2011 contempla el derecho de las
víctimas a “(…) ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora
y efectiva por el daño que han sufrido”. Además, el artículo 28 enuncia
como derechos de las víctimas: (i) acudir a escenarios de diálogo institucional
y comunitario; (ii) solicitar y recibir atención humanitaria, (iii) acceder a
la reparación administrativa, entre otros derechos[163].
19.
La acción
de reparación directa no está destinada a garantizar el acceso al RUV de la
peticionaria o a controvertir las decisiones de la UARIV, por cuanto es una
acción “tendiente a indemnizar a las personas con ocasión de la
responsabilidad extracontractual en que pudo incurrir el Estado (…) que excluye
de entrada el acto administrativo” [164].
Desde esa perspectiva, es una opción judicial insuficiente para proteger los
derechos diferenciados que la actora reivindica en su calidad de víctima, con
la pretensión de inclusión en el RUV; se trata de una acción que no es idónea
para proteger integralmente los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados.
20.
Por último,
como se precisó previamente, en los casos de las personas que solicitan ser incluidas en el RUV
por su condición de víctimas del conflicto armado, la idoneidad del mecanismo
judicial se valora en cada caso concreto y de manera flexible, con fundamento
en las condiciones particulares del solicitante. En el presente caso, la
accionante resulta ser una trabajadora independiente, que se gana la vida
preparando y vendiendo alimentos. Según el acervo probatorio, recibe como
ingreso mensual menos del salario mínimo, no posee bienes a su nombre, y para
su manutención, recibe ayuda de parte de su pareja e hijo para cubrir sus
gastos. Además tiene bajo su cargo un hijo menor de edad.
Aunado a lo anterior, de las
pruebas recabadas en el expediente se desprende a su vez, que es una persona
que ha intentado por diversas vías jurídicas evidenciar su situación, optando
por las instancias administrativas y también por las judiciales, de una manera
activa, pero sin ningún resultado definitivo. De hecho, desde el 2010 denunció
los delitos de reclutamiento ilícito y homicidio en persona protegida cometidos
contra el joven Aneiro Morales Niño, y en ese mismo año, solicitó ser
reconocida como víctima. Al respecto, una década después, el proceso penal de
la referencia aún se encuentra en la fase de investigación preliminar y la
solicitante no ha sido incluida en el RUV.
Sobre esa base, exigirle a la
demandante el inicio de un nuevo proceso contencioso administrativo a partir de
una nueva petición sobre los mismos hechos, –como único camino conducente para movilizar
a la jurisdicción contencioso administrativa, ante la superación actual del
término para impugnar por esa vía los actos administrativos enunciados–, o el
ejercicio de la acción de reparación directa, que como vimos no es un mecanismo
idóneo, sería desproporcionado para una peticionaria que intentó agotar todos
los mecanismos de defensa judicial con los que contaba para lograr la inclusión
en el RUV y el reconocimiento de su condición de víctima.
21.
En mérito
de lo expuesto, la Sala considera en esta oportunidad que la acción de tutela
debe proceder como mecanismo definitivo, debido a que la solicitante agotó
todos los medios judiciales idóneos que tenía a su disposición para el efecto,
en aras de buscar la protección de sus derechos al debido proceso
administrativo, a la dignidad humana y a la indemnización administrativa.
Por lo tanto, la Sala entrará a
resolver de fondo la controversia constitucional planteada por la señora Ana
Julia Niño Aguilar en el trámite de revisión de la referencia y a determinar si
existe o no una violación a sus derechos fundamentales.
El concepto de víctima del conflicto
armado establecido por el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011. Reiteración de
jurisprudencia[165]
22.
La Ley 1448 de 2011 es el marco
jurídico general que consagra la protección y garantía del derecho fundamental
de las víctimas del conflicto armado interno a la reparación integral[166].
Con el objetivo de establecer límites razonables que permitan su aplicación[167],
el artículo 3º de esa preceptiva define el universo de víctimas que tienen
derecho a acceder a las medidas allí establecidas[168].
Ahora bien, en la Sentencia C-069 de 2016[169] , la Corte Constitucional señaló que dicho
artículo no define la condición fáctica de la víctima, sino que incorpora un
concepto operativo que es útil para determinar el ámbito de aplicación de la Ley
1448 de 2011, en relación con los destinatarios de las medidas especiales de
protección previstas en ella. En otras palabras, lo que hace la Ley 1448 de
2011 no es definir quién es víctima, sino en el contexto de la ley, determinar
aquellas que serán destinatarias de las medidas especiales de protección que prevé[170].
Concretamente, el inciso 1 del artículo 3º
de la Ley 1448 de 2011 reconoce como víctimas a las personas que, individual o
colectivamente, hayan sufrido un daño como consecuencia de graves violaciones a
los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario,
ocurridas con ocasión del conflicto armado interno a partir del 1
de enero de 1985. Su inciso segundo, además, especifica que también lo son “(…)
el cónyuge,
compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en
primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima
directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere
desaparecida”.
A falta de estas, lo serán quienes se encuentren en el segundo grado de
consanguinidad ascendente. En
razón a que este inciso no contiene ninguna precisión en torno a las características de
los hechos victimizantes, éstas son las mismas establecidas en el inciso
primero, tanto en lo relativo a la fecha de su ocurrencia, como al tipo de
infracción perpetrada y al hecho de haber sucedido con ocasión del conflicto
armado interno[171]. De igual modo, esa
disposición normativa consagra en su parágrafo 3°, que la definición de
víctimas establecida no cobija a quienes fueron afectados por actos atribuibles
a la delincuencia común.
23.
Con todo, para la comprensión adecuada de esta
definición legal, este Tribunal ha sostenido que la expresión “con
ocasión del conflicto armado interno” contenida en la citada norma
jurídica, debe entenderse en sentido amplio[172],
como una noción que cobija diversas situaciones ocurridas en el contexto de
confrontación armada. Un punto de vista reiterado en la Sentencia
C-253A de 2012[173], que declaró la
exequibilidad del ya citado parágrafo 3º del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011[174].
24.
En efecto, quienes
formularon la acción pública de inconstitucionalidad analizada en la referida
sentencia afirmaron que la expresión “delincuencia común” contenida
en ese precepto, era excesivamente indeterminada y por ende, cabía la
posibilidad de formular interpretaciones que excluyeran a ciertas víctimas de
infracciones al Derecho Internacional Humanitario y graves violaciones a los
derechos humanos, únicamente con el pretexto de que tales hechos victimizantes
habían sido cometidos por miembros de grupos catalogados como delincuencia
común, particularmente las denominadas “bandas criminales”[175].
En relación con dicho cargo, esta
Corporación determinó que la interpretación de la noción “delincuencia
común” debía hacerse por oposición al concepto operativo de “víctima”[176],
contenido en el inciso primero del artículo 3° de la referida norma legal[177].
Así, estableció como elementos característicos de la definición de víctima,
el que los hechos victimizantes: (i) hayan ocurrido a partir del 1° de enero de
1985; (ii) se deriven de una infracción al DIH o de una violación grave y
manifiesta a las normas internacionales de derechos humanos; y (iii) se hayan
originado con ocasión del conflicto armado.
Es por ello que deben entenderse incluidas
en la noción de “delincuencia común” del parágrafo 3º aquellas
“conductas que no se inscriban dentro de los anteriores elementos
definitorios y, particularmente, que no se desenvuelvan dentro del
conflicto armado interno[178]” (subrayas fuera del
original).
Ahora bien, con la idea de precisar aún
más el alcance de la noción de delincuencia común en función de un
entendimiento adecuado de la idea de conflicto armado interno, en la
referida sentencia[179] –que a su vez reiteró las
reglas establecidas en la Sentencia C-291 de 2007[180]–,
la Corte concluyó que la exequibilidad de la expresión “delincuencia
común”, parte de la comprobación de que su contenido, “puede
ser fijado con base en criterios objetivos”. En consecuencia, en aplicación
de la Ley 1448 de 2011, al buscar la relación de los hechos victimizantes con
el conflicto armado interno, se presentan tres posibilidades: (i) que
existan casos en los que puedan hallarse elementos objetivos que permitan
encuadrar ciertas conductas dentro del conflicto armado interno; (ii)
otros, en los que resulte claro que se está ante actos de delincuencia común
no cubiertos por las previsiones de la ley; y (iii)
finalmente, “zonas grises”, en las cuales no es posible
predeterminar de antemano si existe relación con el conflicto armado, pero
tampoco es admisible excluirlas a priori de la aplicación de
la Ley 1448 de 2011, con base en una calificación meramente formal. En estos
supuestos, el análisis de cada situación debe llevarse a cabo en consonancia
con el objetivo mismo de la ley y con un criterio tendiente a la protección de
las víctimas.
Desde esta perspectiva, la Corte
Constitucional declaró exequible la exclusión derivada del parágrafo 3º del
artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 en materia de delincuencia común, pero
advirtió que en su aplicación deben observarse criterios objetivos, con el fin
de establecer si la conducta a partir de la cual se pretende el reconocimiento
de la condición de víctima para los efectos de la ley, “se encuadra o no en
el ámbito del conflicto armado interno”. Por lo demás, enfatizó en que los
daños originados por infracciones al DIH y violaciones al Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, “cometidas por actores armados con estructura militar o
dominio territorial, como consecuencia de acciones que guarden una relación
cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto armado, podrán ser
invocados por sus víctimas, en los términos de la Ley 1448 de 2011, para los
fines en ella previstos, previa la demostración respectiva”.
25.
Ahora bien,
en cuanto al
alcance de la noción conflicto armado interno, en la Sentencia
C-781 de 2012[181] la Corte Constitucional reiteró la posición jurisprudencial
referida. Esta
decisión estudió una demanda de inconstitucionalidad, esta vez contra la
expresión “con ocasión del conflicto armado interno”, contenida en
el inciso primero del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011. Dicho pronunciamiento recordó
que esta Corporación ha adoptado una concepción amplia del concepto,
a partir de criterios objetivos decantados por la jurisprudencia constitucional
–tanto en sede de revisión como de control abstracto de constitucionalidad–,
con el fin de garantizar una atención adecuada y oportuna a las víctimas, y de asegurar
el goce efectivo de sus derechos. En esta decisión, la Corte afirmó que una
noción amplia del conflicto es aquella que reconoce toda la complejidad real e
histórica que ha caracterizado la confrontación interna colombiana y no la
reduce.
De este modo, en dicha decisión se precisó
que una perspectiva
amplia de la noción descrita se contrapone a una visión estrecha del
fenómeno[182], que tiene
lugar cuando éste se limita (i) a un conjunto específico de acciones y actores
armados; (ii) al uso de ciertas armas y medios de guerra, o, (iii) se
circunscribe a áreas geográficas específicas. Una concepción estrecha de
conflicto armado, en consecuencia, vulnera los derechos de las víctimas y,
reduce las posibilidades de cumplimiento del deber de prevención, atención y
protección que las autoridades deben brindar a todos los habitantes del
territorio colombiano en relación con cualquier acto violento.
Igualmente, dicha providencia destacó
las notorias dificultades que presenta en la práctica, la distinción entre
víctimas de la violencia generada por delincuencia común y las del conflicto
armado, pues con frecuencia se requiere de un ejercicio de valoración y
ponderación de los distintos factores del contexto del conflicto armado interno
en cada caso concreto, para determinar si existe esa relación cercana y
suficiente amparada por la Ley 1448 de 2011. Por lo que resulta
indispensable, según la Corte, que en cada caso concreto se evalúe el contexto
en que se produce la vulneración de los derechos de las víctimas y se valoren
distintos elementos de juicio para determinar la relación de conexidad con el
conflicto armado, habida cuenta de la complejidad del fenómeno.
Sin embargo, la sentencia resaltó que la propia jurisprudencia
constitucional ha esclarecido el asunto en algunos aspectos concretos, al
reconocer como hechos acaecidos en el marco del conflicto armado
expresamente, los siguientes: (i) los desplazamientos intraurbanos[183],
(ii) el confinamiento de la población[184]; (iii) la violencia sexual contra las
mujeres[185];
(iv) la violencia generalizada[186];
(v) las amenazas provenientes de actores armados desmovilizados[187];
(vi) las acciones legítimas del Estado[188]; (vi) las actuaciones atípicas del
Estado[189];
(viii) los hechos atribuibles a bandas criminales[190]; (ix) los
hechos atribuibles a grupos armados no identificados[191], y (x) a grupos
privados de seguridad [192],
entre otros ejemplos[193].
En consideración de lo anterior, la Corte
Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión “con ocasión
del conflicto armado”, al constatar que la misma: (i) no conlleva una
lectura restrictiva sino amplia del concepto de “conflicto armado” y
(ii) cobija diversas situaciones ocurridas en el contexto de ese conflicto. Además, la decisión reiteró que, en caso
de duda, debe aplicarse la interpretación del citado segmento normativo que
resulte más amplia y, por tanto, más favorable a los derechos de las víctimas.
26.
En
conclusión, para la aplicación del concepto de víctima del conflicto armado
establecido en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, se deben tener en cuenta
las siguientes reglas jurisprudenciales:
(i)
la norma
contiene una definición operativa del término “víctima”, en la
medida en que no define la condición fáctica de víctima en sí, sino que
determina un ámbito de destinatarios para las medidas especiales de protección
contempladas en ese estatuto legal;
(ii)
la
expresión “conflicto armado interno” debe entenderse a partir
de una concepción amplia, es decir, en contraposición a una noción estrecha o
restrictiva de dicho fenómeno[194], pues ésta última vulnera los
derechos de quienes son considerados víctimas;
(iii)
la
expresión “con ocasión del conflicto armado” incluye diversas
situaciones ocurridas en el contexto del conflicto. Por ende, es preciso
considerar criterios objetivos para establecer si un hecho victimizante tuvo
lugar con ocasión del conflicto armado interno o si, por el contrario, se
encuentra excluido del ámbito de aplicación de la norma, por haber sido
perpetrado por la “delincuencia común”;
(iv)
con todo,
existen “zonas grises”, es decir, supuestos de hecho en los cuales no es
clara la ausencia de relación con el conflicto armado interno. En tales
eventos, es indispensable llevar a cabo una valoración de cada caso concreto y
de su contexto, para establecer si existe una relación cercana y suficiente con
la confrontación interna. En tales circunstancias no resulta admisible
excluir a priori la aplicación de la Ley 1448 de 2011;
(v)
de hecho,
en caso de duda sobre si un fenómeno se dio con ocasión del conflicto armado,
debe aplicarse la definición de conflicto armado interno que resulte más
favorable a los derechos de las víctimas[195].
27.
Ahora
bien, presentadas estas precisiones sobre el concepto de víctima al que se
refiere la Ley 1448 de 2011, la Sala se centrará en el tratamiento jurídico a
un grupo de víctimas en particular, esto es, a los menores de edad reclutados
ilícitamente por parte de grupos armados.
Marco jurídico y jurisprudencial en
materia de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos
armados
28.
El artículo
44 de la Constitución Política dispone que los niños y las niñas deben ser protegidos “contra
toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso
sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”. También
consagra una obligación en cabeza de la familia, la sociedad y el Estado, de
asistirlos y protegerlos, “para garantizar su desarrollo armónico e
integral y el ejercicio pleno de sus derechos”.
De esta manera, la Constitución establece
un régimen de protección reforzado para quienes que se encuentran en situación
de debilidad con ocasión de su edad, que asegura que a los niños se les conceda
un ámbito de protección objetivo derivado de la necesidad de proteger su
dignidad humana, ante su estado particular de indefensión o vulnerabilidad.
29.
Ahora bien,
en un contexto de conflicto armado, esta protección reforzada se extiende al
fenómeno del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes en
las hostilidades, tanto en el ordenamiento jurídico colombiano como en
instrumentos internacionales y en la jurisprudencia foránea. Por esa razón, la
Sala procederá a continuación, a: (i) enunciar las garantías y prohibiciones
establecidas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en cuanto al
reclutamiento y participación de los menores de edad en conflictos armados;
(ii) ejemplificará la aplicación de estos preceptos en la jurisprudencia de la
Corte Penal Internacional y de otros Estados; y (iii) explicará la manera en
que la legislación y la jurisprudencia nacional protege a los niños, niñas y
adolescentes que participan activamente en el conflicto armado interno.
Garantías y prohibiciones establecidas en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) en cuanto al reclutamiento y
participación de los menores de edad en conflictos armados[196]
30.
Varios
instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad
prohíben el reclutamiento y vinculación de niños, niñas y adolescentes, tanto en
los grupos armados irregulares como en la fuerza pública de los Estados.
31.
A este
respecto, la Convención Americana de Derechos Humanos[197]
de manera general, señala en su artículo 19 que todo “niño tiene derecho a las medidas de
protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la
sociedad y del Estado”[198].
La Convención sobre los Derechos del Niño[199], a su
vez, ha establecido que los Estados Parte tienen el deber de adoptar “todas
las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para
proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el
niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o
de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”[200].
32.
En cuanto a
la protección concreta relacionada con los niños y niñas vinculados a los
conflictos armados, el artículo 36 de esa última Convención señala
genéricamente que los “Estados
Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación que sean
perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar”. Y en cuanto al reclutamiento y
participación de los menores de edad en la fuerza pública o en grupos armados
irregulares, consagra el deber de los países firmantes de: (i) respetar los
preceptos del Derecho Internacional Humanitario; (ii) prevenir la participación
de los niños y niñas en las hostilidades; (iii) no reclutar menores de 15 años
en las fuerzas armadas estatales y (iv) promover la reintegración social de los
niños que participen en conflictos armados. En ese sentido, los artículos 38 y
39 de la Convención sobre los Derechos del Niño establecen expresamente, las
siguientes premisas:
“Artículo 38.
1. Los Estados Partes se
comprometen a respetar y velar por que se respeten las normas
del derecho internacional humanitario que les sean aplicables
en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño.
2. Los Estados Partes adoptarán
todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún no
hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente
en las hostilidades.
3. Los Estados Partes se
abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no hayan
cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años,
pero que sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a los
de más edad.
4. De conformidad con las
obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la
población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán
todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los
niños afectados por un conflicto armado.
Artículo 39
Los Estados Partes adoptarán
todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y
psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de:
cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados.
Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente
la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”. (Subrayas fuera del
texto original)[201].
33.
Por su
parte, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño
relativo a la participación de los niños en conflictos armados[202],
aumentó la edad mínima para el reclutamiento obligatorio en las fuerzas armadas
de los Estados, a los 18 años[203]. Además, (ii) autorizó el
reclutamiento voluntario en las fuerzas armadas de los países
miembros a menores de 18 años, pero fijó medidas de salvaguarda para garantizar
que el reclutamiento sea efectivamente voluntario[204] por
parte de los Estados firmantes. Finalmente, en este tema en particular, (iii)
prohibió sin excepción alguna, el reclutamiento y utilización de menores de
18 años en conflictos bélicos, por parte de grupos armados no estatales[205].
34.
En materia
de DIH, el artículo 4º del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de
1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin
carácter internacional[206], establece como premisa que “los
niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos
armados y no se permitirá que participen en las hostilidades”.
35.
Asimismo,
el artículo 8º del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado
en Colombia mediante Ley 742 del 5 de junio de 2002[207],
consagra dentro de los crímenes de guerra, el reclutamiento o alistamiento de
niños menores de 15 años o la utilización de estos para participar activamente
en las hostilidades.
36.
Finalmente,
en el artículo 3º del Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo
infantil[208], bajo el concepto de “las peores
formas de trabajo” se incluyó para el caso de los niños, “todas las
formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y
la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el
trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u
obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados” (Subrayas
fuera del original).
37.
Se trata de
disposiciones internacionales que tanto los Estados como la comunidad
internacional han aplicado, con el fin de proteger debidamente a los niños,
niñas y adolescentes que se ven involucrados en conflictos armados, tanto en el
ámbito interno de los países como desde la perspectiva del ordenamiento
internacional, tal y como se ejemplifica a continuación.
Del reclutamiento forzado de niños, niñas
y adolescentes en la legislación y jurisprudencia internacional
38.
El número
de niños involucrados en conflictos armados en distintos países ha aumentado
considerablemente en las últimas décadas, y en la actualidad hay casos
verificados de reclutamiento forzado o voluntario de menores de edad, en más de
17 Estados al alrededor del mundo[209]. Varios de ellos, de hecho, han
incluido en su legislación, la prohibición de reclutar niños para que
participen activamente en hostilidades y conflictos internos. Pueden
destacarse, entre otros, los casos del Congo, Ruanda y Sri Lanka.
39.
En efecto,
en el primero de ellos, la Ley sobre Protección del Niño del Congo define la
palabra “niño” en su artículo 2º, como “toda persona menor de 18
años”. Igualmente, su artículo 53 prohíbe el reclutamiento forzado u
obligatorio de menores de edad como una de las peores formas de trabajo
infantil[210].
Por su parte, el Código Penal de Sri Lanka
dicta que cualquier persona que vincule o reclute a un menor de 18 años para su
uso en un conflicto armado incurrirá en delito[211],
y la Orden Presidencial de Ruanda, en estos momentos, establece en los
estatutos militares generales, de acuerdo con su artículo 5º, que para que
alguien califique para ser reclutado en las Fuerzas de Defensa de Ruanda debe
tener al menos 18 años[212].
Así las cosas, una breve mirada al derecho
comparado demuestra que, en su mayoría, el reclutamiento forzado de menores de
18 años se considera ajeno al ordenamiento jurídico interno y contrario a los
derechos de los niños[213].
40.
Asimismo, a
nivel jurisprudencial, distintas corporaciones se han pronunciado sobre la
gravedad del reclutamiento forzado de niños y niñas. Concretamente, la Corte Penal
Internacional (en adelante, CPI) emitió una sentencia en relación con este tema[214],
en un caso del reclutamiento que se presentó en Ituri (Congo), a lo largo de
los años 2002 y 2003[215]. Así, según los hechos relatados por
el fiscal en el caso “Prosecutor v. Bosco Ntaganda”[216],
el acusado –líder del grupo armado Unión de Patriotas Congoleños (en
adelante, UPC)–, realizó campañas de reclutamiento e incluso de secuestro de
menores de edad en esas zonas, para nutrir a sus grupos armados. Entre otras
prácticas, reclutó a los niños bajo el argumento de que defenderían sus villas,
acudió a escuelas primarias y reclutó a los que habían logrado escapar, esta
vez mediante el uso de amenazas en contra de sus familiares[217].
Los niños eran obligados a realizar ejercicios militares y se les tenía
prohibido abandonar los campamentos de entrenamiento. En caso de incumplir esas
determinaciones, los niños podían ser sometidos a castigos severos e incluso
ser ejecutados[218]. Debido a esta práctica sistemática, la
UPC llegó a ser conocido coloquialmente como “el ejército de niños”[219].
La Corte Penal Internacional, en esa
decisión recordó que en cuanto a los conceptos de “reclutamiento” y
“enlistamiento”, la coerción u obligatoriedad distingue al primero del
segundo. También aclaró que cuando se trata de menores de 15 años, distinguir
los dos conceptos de manera clara puede ser muy difícil, ya que en esos casos los
niños pueden ser incapaces de dar un consentimiento informado y genuino, para
enlistarse en un grupo armado[220].
En cuanto al caso concreto, la CPI
reconoció que la UPC obligó a las familias a ofrecer a sus niños para que
prestaran su servicio en ese grupo armado, bajo amenaza. También, durante su
participación activa en las hostilidades, los niños usaron armas, asesinaron
civiles y ellos, asimismo, fueron heridos y asesinados[221].
Por consiguiente, la CPI concluyó que (i)
el acusado, como líder de la UPC, no tomó las medidas apropiadas para prevenir
que menores de 15 años fueran reclutados[222]; y, además, (ii) él mismo reclutó,
entrenó y usó menores de edad para que participaran en las hostilidades[223].
Así las cosas, esa Corte Internacional encontró a Bosco Ntaganda responsable a
la luz del artículo 8(2)(e)(vii)[224] del Estatuto de Roma, y lo
sentenció a 18 años de prisión por el reclutamiento o enlistamiento de menores
de 15 años, entre otros delitos[225].
41.
De forma
similar, en el caso de Thomas Lubanga –miembro fundador de la UPC–, la CPI también
lo encontró responsable de cometer este mismo hecho delictivo[226].
En esa oportunidad ese tribunal
internacional precisó que, incluso si no existe coacción de por medio, el
reclutamiento o enlistamiento de menores de 15 años se encuentra tipificado en
el artículo 8(2)(e)(vii) del Estatuto de Roma[227].
Además, aclaró que el concepto de “participar activamente en hostilidades”, contenido
en la normativa en comento, involucra un amplio rango de actividades,
tanto aquellas que se realizan en la primera línea de combate como el sinnúmero
de roles adoptados por los combatientes, y las actividades que cubren tanto la
participación directa como indirecta en el conflicto y que tienen una
característica común subyacente: a un niño involucrado, que es como mínimo,
un blanco potencial. De manera tal que el factor decisivo para concluir si
un papel “indirecto” en el conflicto debe ser tratado como una
participación activa en las hostilidades, es establecer si el apoyo
proporcionado por el niño a los combatientes, lo expuso al peligro, como
objetivo potencial[228].
A partir de lo anterior, la Corte Penal
Internacional concluyó que: (i) la UPC era un grupo armado; (ii) entre 2002 y
2003 fue responsable del reclutamiento generalizado de menores de edad, tanto
de forma obligatoria como “voluntaria”; (iii) los niños reclutados
sobrellevaron un arduo entrenamiento y sufrieron castigos severos.
Adicionalmente, las niñas fueron víctimas de violencia sexual por los
comandantes de la UPC; y (iv) los niños tomaron parte en los combates y
sirvieron como guardias[229]. También encontró que el acusado,
personalmente, (i) participó en la consolidación de un grupo armado, con el fin
de ejercer control sobre Ituri; y (ii) utilizó menores de 15 años como sus
guardaespaldas y como combatientes[230].
Por ende, determinó que Thomas Lubanga era
culpable del crimen de
reclutar, enlistar a niños menores de 15 años en la UPC y utilizarlos para
participar activamente en hostilidades, en el sentido de los artículos
8(2)(e)(vii) y 25(3)(a)[231]
del Estatuto de Roma[232].
42.
Otras
Cortes han condenado igualmente esta práctica. Por ejemplo, mediante sentencia
del 25 de febrero de 2009, la Corte Especial de Sierra Leona dictó fallo en el
caso “Fiscalía v. Issa Hassan Sesay, Morris Kallon y Augustine Gbao”[233],
en el que los procesados eran miembros del Frente Revolucionario Unido (en
adelante, FRU) a quienes se les acusó, entre otros crímenes, de vulnerar el
Derecho Internacional Humanitario, por haber reclutado y usado menores de 15
años para participar activamente en las hostilidades[234].
Dicha corporación encontró que el reclutamiento se realizó de
forma institucionalizada y a gran escala. Además, como parte de su
entrenamiento militar, los imputados enseñaron a los niños a usar armas y
preparar emboscadas y, luego de recibir ese entrenamiento, fueron asignados al
cumplimiento de funciones específicas[235].
Por lo anterior, la Corte Especial de Sierra Leona declaró a los
procesados culpables del delito de reclutamiento forzado de menores de 15 años,
de su utilización indebida para la participación activa en hostilidades y de
otras violaciones al Derecho Internacional Humanitario, sancionables bajo el
artículo 4°del Estatuto Especial de esa Corte[236].
43.
Ahora bien,
en el 2013, el Comité Africano de Expertos en los Derechos y Bienestar del Niño[237]
(en adelante, Comité Africano) se pronunció a su vez sobre una petición enviada
por Michelo Hunsungule y otros –en representación del norte de Uganda–, en
contra del gobierno de este país, por asuntos relacionados con el reclutamiento
de niños. Los demandantes recordaron que, a partir de 1986 y durante veinte
años, el norte de Uganda fue sometido a una insurrección que causó gran
sufrimiento a la población. La inseguridad era tal, que solo era posible
proteger a la población si se trasladaba a campamentos. Pero, aun así, los
rebeldes se infiltraban en ellos y secuestraban ciudadanos locales en redadas,
destruían propiedades y realizaban otras atrocidades[238].
Centenares de menores de edad fueron secuestrados por estos grupos y obligados
a ejercer ciertos roles. Lo que los motivó a sostener que el gobierno de Uganda
no había protegido debidamente a esos niños; específicamente, su derecho a no
estar involucrados en el conflicto, a la vida, a la supervivencia y al desarrollo,
como también a gozar del mayor nivel posible de salud física, mental y
espiritual; y a estar resguardados contra el abuso sexual y la violencia.
Además, si bien la respuesta general del
gobierno fue rescatarlos del cautiverio, rehabilitarlos y reintegrarlos a su
entorno familiar, hubo casos en los que los menores de edad rescatados fueron
llevados al frente para apoyar la inteligencia de las fuerzas armadas, lo que a
su vez los expuso al peligro y a una violación de sus derechos.
En relación con estas circunstancias, el
Comité Africano recordó que la jurisprudencia internacional establece que “tomar
parte directa en hostilidades” cubre tanto la participación directa en
combate como otras actividades, tales como el espionaje, sabotaje y el uso de
niños como señuelos, mensajeros o parte de retenes militares. Además, precisó
que bajo la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, todo
reclutamiento voluntario de menores de edad vulnera el artículo 22, que
establece que los Estados Parte tienen la obligación de asegurar que ningún
niño tome parte directa en las hostilidades o sea reclutado. Esto, con
fundamento en que los menores
de edad no pueden dar su consentimiento “informado” para participar
activamente en la guerra, dado que carecen de una comprensión completa del
impacto de hacerlo, a corto y largo plazo.
Así las cosas, dicho Comité concluyó que “la línea entre
reclutamiento voluntario y forzoso es legalmente irrelevante y prácticamente
superficial en el contexto de los niños en los conflictos armados”[239].
Por lo anterior, recomendó al gobierno de Uganda incluir en su
Código Penal la responsabilidad de cualquiera que reclutara o utilizara menores
de edad en hostilidades, tensiones o conflictos. Asimismo, instó a que se
implementara en ese país un estándar de procedimientos para la recepción y
entrega de niños recuperados de grupos rebeldes o de las fuerzas armadas[240]
a sus núcleos familiares.
44.
Finalmente, en el caso
de decisiones proferidas por Cortes nacionales, en la República del Congo, en
el 2009, una corte militar condenó al comandante Gédéon Kyungu Mutanga y a veinte personas
más por crímenes contra la humanidad, por los delitos de insurgencia,
terrorismo, reclutamiento de niños y otros crímenes cometidos en el “triángulo
de la muerte” de Katanga central, entre 2003 y 2006. No obstante, uno de
los imputados por estos hechos fue absuelto en el proceso, precisamente porque
era menor de edad en el momento en que los crímenes fueron cometidos[241].
45.
De manera similar,
Colombia también prohíbe el reclutamiento de menores de 18 años. Esto, por
cuanto el
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a
la participación de los niños en conflictos armados, avalado por la Ley 833 del
10 de julio de 2003, prohíbe el reclutamiento de menores de edad, tanto por
grupos armados al margen de la ley como por las fuerzas armadas. Igualmente, desde el punto de vista de la
jurisprudencia constitucional, cuenta con varios pronunciamientos sobre esta
práctica ilegal que afecta profundamente los derechos de los niños, niñas y
adolescentes. Se trata de varias decisiones relevantes, que se referirán a
continuación.
Del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes y
su condición de víctimas, según la ley y la jurisprudencia constitucional colombiana[242]
46.
Tratándose
de la legislación interna, la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y
Adolescencia, presenta varios artículos relacionados con la prevención y
atención del reclutamiento forzado de niños y niñas. En primer lugar, artículo
3º establece que todas las personas menores de 18 años son sujetos titulares de
derechos. A su vez, el artículo 7º consagra el principio de protección integral
de las personas menores de edad, específicamente señala qué se entiende por
protección integral de los niños, niñas y adolescentes, esto es, su reconocimiento
como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la
prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento
inmediato en desarrollo del principio del interés superior. Seguidamente, el
artículo 10° determina que la familia, la sociedad y el Estado son
corresponsables en la atención, cuidado y protección de los niños, niñas y
adolescentes. Finalmente, el numeral 7º del artículo 20 establece el derecho de
los menores de edad a ser protegidos, de manera que no resulten reclutados y
utilizados por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley.
47.
Asimismo,
el artículo 2º de la Ley 548 de 1999[243] dicta que “los menores de 18 años
no serán incorporados a filas para la prestación del servicio militar”.
48.
El Código
Penal colombiano, por su parte, tipifica como delito en su artículo 162, el
reclutar, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, a menores de 18
años u obligarlos a participar directa o indirectamente en hostilidades o
en acciones armadas, y señala una pena de 6 a 10 años y multa de 600 a 1000
salarios mínimos legales mensuales vigentes como sanción.
49.
También la
Ley 1448 de 2011[244] en su artículo 3º,
parágrafo 2, como ya se mencionó, incluye como “víctima”, a los
menores de edad que fueron miembros de un grupo armado organizado al margen de
la ley, siempre que “(…) hubieren sido desvinculados del grupo armado
organizado al margen de la ley siendo menores de edad”.
Además, el artículo 181 de esta misma
normativa consagra que, debido a su calidad de víctimas, tienen el derecho a
obtener una indemnización, por lo que precisa que cuando se trata de “reclutamiento
ilícito”, los niños, niñas o adolescentes “deben haber sido
desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de
edad para acceder” a dicha “indemnización”.
50.
En varias
ocasiones, la jurisprudencia constitucional de esta Corporación ha abordado el tema
de reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes.
Así pues, mediante Sentencia C-172 de
2004[245], la Corte Constitucional
aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño
relativo a la participación de los niños en conflictos armados. En dicha
providencia, de manera específica, la Corte advirtió la vulnerabilidad de los
niños, niñas y adolescentes en los grupos armados, al destacar que:
“en situaciones de conflicto
armado los niños y niñas resultan ser blanco de hostilidades y los efectos
sicológicos y sociales son profundos. El reclutamiento de niños, niñas y
adolescentes [en] la confrontación armada vulnera sus derechos a la integridad
personal, a la vida, a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, a
la expresión, a la educación, a la salud, a la familia y a la recreación, entre
otros. Aquellos que deciden voluntariamente vincularse o adherirse a los
grupos armados ilegales lo hacen por diversas causas, ya sea económicas,
sentimentales o por defender a sus familias, y en el interior de esos grupos la
población infantil resulta siendo víctima de violencia y esclavitud sexual.”
(negrilla
fuera del texto).
Por ello, adujo que el Protocolo pretendía
otorgar una mayor protección y garantía a los menores de edad, en cuanto no
permite su participación directa en las hostilidades; e impone a los Estados
Parte la obligación de cooperar en la aplicación de sus disposiciones.
Adicionalmente, consideró de gran trascendencia la prohibición de que fuerzas
armadas distintas a las de un Estado recluten o utilicen a menores de 18
años[246] , así como el compromiso impuesto a
cada Estado Parte para que adopte medidas tendientes a impedirlo. Bajo tales
premisas, la Corte encontró que el Protocolo se ajustaba plenamente a los
preceptos de la Carta Política.
51.
Seguidamente,
en la Sentencia C-203 de 2005[247], la Corte se pronunció sobre
el juzgamiento de menores de edad desmovilizados de grupos armados ilegales, y analizó
las causas, las razones y los efectos del fenómeno del reclutamiento de
menores de 18 años por parte de grupos al margen de la ley.
A este respecto, precisó que el
reclutamiento de menores de edad se efectúa mediante el uso directo de la
violencia, el secuestro, la abducción o la intimidación directa, mientras que
otros, ingresan a estos grupos para defender a sus familias o para protegerse a
sí mismos.
Así, aunque la mayoría de los niños son
reclutados de manera forzosa, algunos ingresan bajo la apariencia de un
reclutamiento “voluntario”. Sin embargo, la Corte recordó que para la
comunidad internacional y para los expertos, el calificativo de “voluntario”
no corresponde en realidad a la situación material que lleva a los infantes
a “decidir” libremente su vinculación a un grupo armado. Lo anterior,
debido a que los factores que subyacen a estas “decisiones” son
principalmente:
“de naturaleza económica y
social (…), si con ello creen que van a garantizar alimentación, vestuario o
atención médica para sus familias; la disolución de las estructuras económicas
y sociales por causa del conflicto, que priva a los niños de opciones
educativas y a sus familias de fuentes de ingreso y sustento, y favorece la
opción por los grupos armados. En otros casos, el ingreso obedece a la
desesperación: sin oportunidades educativas, separados de sus familias y sin
acceso a estructuras sociales o institucionales de protección, los niños pueden
“optar” por el reclutamiento como última alternativa. Lo que es más, múltiples
informes documentan que proporciones significativas de niños buscan ingresar a
los grupos armados por creer que éstos les darán protección (…) [ya que] los
menores identifican estos grupos como núcleos capaces de proteger su integridad
y seguridad”.
Asimismo, dicha providencia señaló que los
factores psicológicos y culturales también inciden sobre este fenómeno, pues
los niños, niñas y adolescentes son altamente vulnerables a la retórica de los
reclutadores y fácilmente manipulables, para ingresar así, a dinámicas
violentas que no pueden comprender cabalmente ni resistir. Para la Corte, según
precisó el fallo, la decisión de ingresar a los grupos armados al margen de la
ley es entonces, en realidad, una opción poco “voluntaria”. Por ende,
concluyó que “[l]os menores de edad son objeto de protección especial por el
Derecho Internacional Humanitario, a varios niveles que resultan relevantes
para conflictos internos tales como el colombiano; (…) (i) en primer lugar los
menores son protegidos como parte de la población civil, (ii) además reciben
especial protección por tratarse de miembros particularmente vulnerables de la
población civil, y (iii) cuandoquiera que participan directamente en las
hostilidades, son beneficiarios de disposiciones protectivas específicas para
su situación”.
52.
Precisamente,
en el Auto 251 de 2008[248], la
Corte señaló que más del 50% de las personas desplazadas forzosamente son
menores de edad, lo cual se explica por varios factores conjuntos[249]
asociados a la exposición de ese grupo poblacional a los actos criminales
cometidos en el marco del conflicto armado. Además, los riesgos especiales a
los que están expuestos los niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado
contribuyen sustancialmente a su desplazamiento, precisamente, para evitar
ser víctimas de reclutamiento forzado por parte de los grupos armados
ilegales.
En relación con este riesgo especial, la
Corte aclaró que es una práctica criminal en la que incurren en forma
extensiva, sistemática y habitual los grupos armados ilegales que son parte del
conflicto armado en Colombia, tanto guerrillas como paramilitares.
Adicionalmente, precisó que el número de niños y niñas involucrados en la
confrontación armada colombiana había aumentado significativamente en los
últimos años anteriores a su emisión (2008), según diversas fuentes. Los
principales estimativos señalaban que, para el año 2006, había entre 11.000 y
14.000 menores de edad en las filas de los grupos armados ilegales que operaban
en el territorio nacional.
De hecho, alertó que prácticamente todo el
territorio nacional había sido afectado por el reclutamiento forzado de menores
de edad[250], y que la
magnitud y extensión territorial de ese fenómeno no había sido dimensionada aún
en su real alcance por las autoridades o la sociedad civil en Colombia. A ello
contribuían varios factores “(…) entre ellos, la falta de denuncia y reporte
de los eventos de reclutamiento, principalmente por el miedo de víctimas y familias
a las retaliaciones por parte de los perpetradores; y la inacción de las
autoridades encargadas de la investigación y juzgamiento penal de estos delitos
graves”[251].
Finalmente, tal como lo puso de presente
en la Sentencia C-203 de 2005[252],
la gran mayoría de los menores de edad ingresan a las filas de los grupos
armados ilegales bajo la apariencia de un “alistamiento voluntario”. Sin
embargo, esta decisión es el resultado de la manipulación perversa y engañosa
de los miembros de estas estructuras criminales, así como de diversos y
complejos factores de vulnerabilidad y de presión, materiales y psicológicos, a
los que los niños y niñas están expuestos, en un clima social y cultural de
idealización de la guerra.
53.
A su vez,
mediante la Sentencia C-253A de 2012[253], la Corte estudió una demanda
de inconstitucionalidad en contra el parágrafo 2° del artículo 3º de la Ley
1448 de 2011, previamente citado[254]. A lo largo de sus
consideraciones, esta Corporación dedujo que dicha ley no busca eliminar la
posibilidad de que los integrantes de los grupos armados al margen de la ley
puedan, en ciertas circunstancias, tener la calidad de víctimas; sino que
procura delimitar el universo de los destinatarios de las medidas especiales de
protección contenidas en la referida ley, para que solo sea aplicable en los
términos establecidos en el primer inciso del artículo 3.
Específicamente, para el caso de los niños
reclutados, afirmó que, “cuando se sobrepasa la minoría de edad, cambian las
circunstancias que le imponen al Estado el deber de especial protección y por
ello, resulta admisible que la ley de víctimas establezca como límite para
acceder a las medidas de protección en ella consagradas el hecho de que la
desmovilización haya ocurrido mientras las personas sean menores de edad”.
No obstante, aclaró que esto no significa que las personas queden privadas de
toda protección porque dejan de ser menores de edad. Quienes hayan sido
reclutados, al cumplir la mayoría de edad, pueden ingresar al proceso de
reintegración social y económica que lidera la Alta Consejería para la
Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, siempre
que cuenten con la certificación de desvinculación de un grupo armado
organizado al margen de la ley expedida por el Comité Operativo para la
Dejación de las Armas. Además, pueden también acceder a los mecanismos
ordinarios de verdad, justicia y reparación, así como a los programas
especiales de reinserción y de integración social que el Estado ha previsto.
Ahora bien, la Corte extrajo dicha
conclusión de los antecedentes legislativos de la Ley 1448 de 2011. Recordó que
el proyecto inicialmente presentado a consideración del Congreso simplemente disponía que los miembros de los
grupos armados organizados al margen de la ley no serían considerados en ningún
caso como víctimas, para los efectos previstos en dicha normativa.
No obstante, en los debates posteriores, se propuso que, en consonancia
con lo dispuesto en otros apartes del proyecto sobre la protección de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento forzado,
éstos podrían acceder a las medidas de reparación previstas en el proyecto de
ley, cuando se hubiesen desvinculado del grupo armado al margen de la ley de
que se trate, cuando aún fueran menores de edad[255].
54.
En la Sentencia
C-069 de 2016[256] la Corte recordó que: “[l]a vinculación de menores en los
conflictos armados, supone para ellos una amenaza cierta a sus derechos a la
vida, integridad, libertad y educación, entre otros. Los niños y las niñas
reclutados y utilizados para la guerra, además de ser separados prontamente de
sus familias, se ven expuestos al manejo de armas y explosivos; a la práctica
de homicidios y secuestros; al abuso sexual, la tortura y el maltrato, así como
a todos los demás aspectos perversos de las hostilidades”[257].
Por lo tanto, aclaró que la afectación que genera esta situación no está relacionada
con el tipo de conflicto ni depende del grupo armado que practique el reclutamiento. La vulneración a
los derechos de los menores de edad se produce por el hecho mismo del
reclutamiento ilícito y su condición de vulnerabilidad, lo que ocurre con independencia
del tipo de actuación o de las circunstancias particulares de contribución del niño
en los grupos y/o escenarios de conflicto.
55.
Bajo estos supuestos,
en definitiva, al evaluar lo enunciado en los pronunciamientos constitucionales
anteriores, un menor de edad, –entendido como el niño, niña o adolescente menor
de 18 años–, es considerado en nuestro ordenamiento, como víctima del
delito de reclutamiento ilícito, indistintamente de su forma de participación
(voluntaria o forzosa) o su rol (directo o indirecto) en el conflicto armado.
En atención a lo anterior, y de acuerdo
con la Sentencia C-541 de 2017[258], “[c]onforme a
los tratados internacionales de derechos humanos que hacen parten del bloque de
constitucionalidad, al Estado colombiano se le atribuyen especiales
obligaciones en la promoción y protección de los derechos de las víctimas de
reclutamiento ilícito, entre las cuales se cuenta la de reparar y restituir los
derechos afectados con la victimización.”
56.
Por todo lo
anterior, esta Sala concluye que tanto la Constitución como varios instrumentos
internacionales establecen obligaciones para la prevención del reclutamiento
forzado y la protección de los niños, niñas y adolescentes de aquel. Tales
instrumentos instan a los Estados a tomar las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas para proteger a los menores de edad
contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación.
En materia de reclutamiento ilícito de
menores de edad, se prohíbe el reclutamiento de niños que no hayan cumplido 15
años, pero el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño relativo a la participación de los niños en conflictos armados,
aumentó la edad a los 18 años. En consideración a lo anterior, varios Estados
consagran en su legislación interna disposiciones que prohíben el reclutamiento
de niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años. Además, distintas
corporaciones judiciales y administrativas han considerado estos delitos como
crímenes de guerra y han recomendado a los gobiernos promulgar las normativas
apropiadas e implementar los mecanismos necesarios para evitar esa práctica.
57.
En
Colombia, el reclutamiento de menores de 18 años está prohibido tanto por parte
de los grupos armados al margen de la ley, como por parte de las Fuerzas
Armadas, con fundamento en los tratados internacionales de derechos humanos
mencionados, el DIH y la legislación interna. A su vez, la Ley 1448 de 2011
define como “víctima” a los menores de edad que hayan sido reclutados y
se hayan desvinculado del grupo armado organizado al margen de la ley antes de
alcanzar la mayoría de edad. Por lo tanto, el concepto de “víctima” cobija
a todo menor de 18 años, independientemente de que su vinculación sea
aparentemente “voluntaria”, dado que existen realidades que condicionan
la decisión de los niños e impiden la configuración de un consentimiento
informado.
58.
Esclarecido
el tratamiento jurídico de este fenómeno, a continuación, procederá la Sala a
explicar en qué consiste el derecho fundamental de las víctimas del conflicto
armado interno a la inclusión en el RUV y los deberes a cargo la UARIV para
materializarlo.
El derecho fundamental de las víctimas del
conflicto armado interno a la inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV).
Importancia del registro. Reiteración de jurisprudencia[259]
59.
De conformidad con los
artículos 154 de la Ley
1448 de 2011[260]
y 17 del Decreto 4800 de 2011[261],
la UARIV es la entidad responsable del RUV, el cual reemplazó al Registro Único
para la Población Desplazada (RUPD)[262].
A su turno, el citado decreto define al RUV como “una
herramienta administrativa que soporta el procedimiento de registro de las
víctimas”[263]. Además,
aclara que la condición de víctima es una situación que no se encuentra
supeditada al reconocimiento oficial a través de la inscripción en el Registro “pues
cumple únicamente el propósito de servir de herramienta técnica para la
identificación de la población que ha sufrido un daño en los términos del artículo
3° de la Ley 1448 de 2011 y de sus necesidades”[264]. Igualmente, el artículo 19
del Decreto 4800 de 2011 enuncia, como mandatos que orientan las normas sobre
Registro Único de Víctimas, los principios de favorabilidad, buena fe,
prevalencia del derecho sustancial propio del Estado Social de Derecho,
participación conjunta y confianza legítima, entre otros[265].
En consonancia con lo anterior, la Sentencia T-004 de 2014[266],
como ya se mencionó, precisó que el RUV es una herramienta de carácter técnico
que no define u otorga la condición de víctima. Según la Sentencia T-290 de
2016[267],
la condición de víctima del conflicto armado interno sí genera, paralelamente,
el derecho a la inclusión en el RUV de forma individual o por núcleo familiar,
en los términos del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011.
A ese respecto, esta Corporación ha reconocido la importancia del
RUV en múltiples pronunciamientos y ha resaltado que la
inscripción en el RUV constituye un derecho fundamental de las víctimas[268].
En efecto, la inclusión de una persona en el RUV implica, entre otros
beneficios: (i) la posibilidad de afiliación al Régimen Subsidiado de salud por
el solo hecho de su inclusión, en caso de carecer de capacidad de pago
suficiente para acceder al Régimen Contributivo[269]; (ii)
determina el momento en el cual se adquiere el derecho a recibir la ayuda
humanitaria de emergencia o de transición (según el caso) y cesa, por lo tanto,
la asistencia humanitaria inmediata[270]. Además,
una vez
superadas dichas carencias, permite la priorización en el acceso a las medidas
de reparación y, particularmente, a la indemnización, así como a la oferta
estatal aplicable para avanzar en la superación de la situación de
vulnerabilidad; (iii)
implica el envío de la información relativa a los hechos delictivos que fueron
narrados como victimizantes para que la Fiscalía General de la Nación adelante
las investigaciones necesarias[271];
(iv) permite el acceso a los programas de empleo contemplados para la población
desplazada[272];
y, (v) en general, posibilita el acceso a las medidas de asistencia y reparación
previstas en la Ley 1448 de 2011, las cuales dependerán de la vulneración de
derechos y de las características del hecho victimizante, siempre y cuando la
solicitud se presente dentro de los cuatro años siguientes a la expedición de
la norma[273].
De igual forma, la jurisprudencia constitucional ha establecido
las siguientes reglas en relación con la inscripción en el RUV[274], a saber:
(i) la falta de inscripción en el RUV de una persona que cumple con los
requisitos necesarios para su inclusión, no solo afecta su derecho fundamental
a ser reconocido como víctima, sino que además implica la violación de una
multiplicidad de derechos fundamentales como el mínimo vital, la unidad
familiar, la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, entre otros.
Por lo anterior, conforme al artículo 42 del Decreto 4800 de 2011 (artículo
2.2.2.3.16. del Decreto compilador 1084 de 2015), el acto administrativo que
niega la inclusión en el RUV deberá contener, entre otras cosas, “[l]a motivación suficiente por
la cual se llegó a la decisión de no inclusión”, de manera que el administrado conozca
las razones por las cuales se adoptó la determinación y cuente con elementos de
juicio suficientes para controvertirla[275]; (ii) los funcionarios encargados del registro deben suministrar
información pronta, completa y oportuna sobre los derechos involucrados y el
trámite que debe surtirse para exigirlos; (iii) para la inscripción en el RUV únicamente
pueden solicitarse los requisitos expresamente previstos por la ley; (iv) las
declaraciones y pruebas aportadas deben tenerse como ciertas en razón del
principio de buena fe, salvo que se pruebe lo contrario; y (v) la evaluación
debe tener en cuenta las condiciones de violencia propias de cada caso y
aplicar el principio de favorabilidad[276], con arreglo al deber de
interpretación pro homine.
De lo anterior se desprende que el derecho al debido proceso
administrativo se garantiza en la medida en que la UARIV motive suficientemente
los actos administrativos mediante los cuales resuelve las solicitudes de
inclusión en el RUV y acoja las premisas que señala la ley. En efecto, la Corte ha reconocido
que “el acto administrativo por el cual se niega la inclusión en el RUV
debe contar con motivación suficiente, por lo que la mera contradicción [con] la
declaración de una persona no puede dar lugar a que se profiera una decisión en
sentido negativo. En este escenario, la entidad, dentro de sus competencias,
debe asumir la carga probatoria y demostrar que no se cumplen los supuestos
para acceder a la solicitud de inscripción”[277].
Asimismo, este Tribunal ha advertido que
la motivación de los actos administrativos emitidos por la UARIV es la
expresión del principio de publicidad contenido en el artículo 290 superior[278]
y, de acuerdo con la jurisprudencia, evita abusos o arbitrariedades, permite al
administrado ejercer la defensa de sus derechos e intereses y hace posible que
los funcionarios judiciales adelanten el control jurídico del acto[279].
En suma, el derecho al debido proceso
administrativo representa un límite al ejercicio del poder público. En el
presente caso, este se concreta en la medida en que la UARIV realice el examen
de inclusión en el RUV conforme a los principios de buena fe y favorabilidad, conforme al deber de interpretación pro
homine, motive
suficientemente por qué decide no incluir a un solicitante en el RUV y respete
las reglas jurídicas a aplicar en el análisis de los casos de conocimiento. De
esta manera, este procedimiento administrativo se adelantará con sujeción a los
principios de legalidad, competencia, publicidad, y los derechos de defensa,
contradicción y controversia probatoria y de impugnación, que hacen efectiva la
intervención y defensa del administrado[280].
60.
Por otra
parte, la Corte ha esclarecido en varias oportunidades la manera en que la
UARIV debe materializar los principios y condiciones anteriormente reseñados.
En primer lugar, ha establecido que, en caso de existir duda sobre las
declaraciones de los solicitantes sobre la ocurrencia del hecho victimizante, “(…)
se entiende que la entidad debe motivar con suficiente material probatorio la
negativa a la inscripción en el RUV”[281]. A
este respecto, también ha indicado que la entidad tiene la obligación de asumir
la carga probatoria y demostrar que no se cumplen los supuestos para acceder a
la solicitud de inscripción[282].
61.
Así pues,
la UARIV también debe valorar las solicitudes de inclusión en el RUV a la luz
de la presunción de buena fe y de la posibilidad de que las víctimas puedan
acreditar los hechos por cualquier medio aceptado, y probar “de manera sumaria
el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a
relevarla de la carga de la prueba.”[283] Por
lo tanto:
“en virtud del principio de
buena fe, deben tenerse como ciertas, prima facie, las declaraciones y
pruebas aportadas por el declarante. En este sentido, si el funcionario
considera que la declaración o la prueba falta a la verdad, debe demostrar que
ello es así; los indicios deben tenerse como prueba válida; y las
contradicciones de la declaración no son prueba suficiente de que el
solicitante falte a la verdad”[284].
A partir de lo anteriormente expuesto, la Corte ha estimado que es procedente ordenar de
manera directa por vía de tutela la inscripción de una persona en el RUV,
siempre y cuando se verifique que la UARIV:
“(i) ha efectuado una
interpretación de las normas aplicables contraria a los principios de
favorabilidad y buena fe; (ii) ha exigido formalidades irrazonables
o desproporcionadas o ha impuesto limitantes para acceder al registro que
no se encuentran en las normas aplicables; (iii) ha proferido una decisión que
no cuenta con una motivación suficiente; (iv) ha negado la
inscripción por causas ajenas al solicitante; o (v) ha impedido que
el solicitante exponga las razones por las cuales considera que se halla en
situación de desplazamiento forzado interno o que ejerza los recursos
arbitrados por el ordenamiento para controvertir la decisión administrativa que
le niega la inscripción en el Registro”[285].
(Subrayas fuera del original)
62.
En efecto,
distintas Salas de Revisión han examinado acciones de tutela en las que los
demandantes solicitaron ser incluidos en el RUV por el homicidio de alguno de
sus familiares y, por una u otra razón, la UARIV negó dicha solicitud.
Por ejemplo, en la Sentencia T-163
de 2017[286], la Sala Quinta de Revisión
analizó la tutela interpuesta por una mujer que presentó una declaración para
ser incluida en el RUV por los hechos victimizantes de amenaza, desplazamiento
forzado y homicidio de su cónyuge. Precisó que su pareja fue extorsionada por
miembros de las “Águilas Negras” y que finalmente fue
asesinada por denunciar esos hechos.
En esa oportunidad, la Sala consideró que
la UARIV vulneró los derechos fundamentales de la accionante, al negar la
inscripción en el RUV, bajo el argumento de que los hechos esbozados como
victimizantes “no ocurrieron con ocasión del conflicto armado porque
fueron perpetrados por las denominadas bandas criminales”. En efecto,
la Corte determinó que la accionada había desconocido los principios de
carga de la prueba, buena fe y favorabilidad, al momento de
valorar la declaración de la solicitante y las pruebas aportadas, por
lo que ordenó la inclusión en el RUV.
63.
Posteriormente,
en la Sentencia T-301 de 2017[287], la Corte analizó si la UARIV
vulneró los derechos a la dignidad humana, a la vivienda digna y a la
indemnización administrativa de una mujer y su núcleo familiar. Lo anterior,
debido a que la accionante adujo que su hijo había sido víctima de
reclutamiento ilícito y de homicidio, pero la entidad accionada negó su
inclusión en el RUV debido a la inexistencia de suficientes elementos de juicio
al menos sumarios que permitieran establecer que la muerte ocurrió en el marco
del conflicto armado interno.
En aquella ocasión, esta Corporación
concluyó que la UARIV “se limitó a negar la pretensión sin señalar los
motivos y los elementos materiales probatorios que se estudiaron”. De esta
manera, la Sala encontró que la entidad “no recaudó la información
necesaria sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron el
hecho victimizante y no acudió a bases de datos y otras fuentes para la
evaluación de elementos jurídicos, técnicos y de contexto que le hubieran
permitido fundamentar su decisión”. Por lo anterior, ordenó a la entidad
accionada evaluar de nuevo la solicitud de la solicitante y proferir un nuevo acto
administrativo suficientemente motivado.
64.
Por su
parte, en la Sentencia T-478 de 2017[288], la
Sala Quinta de Revisión estudió una tutela interpuesta por una mujer que
solicitó que se volviera a valorar su solicitud de inscripción en el RUV por el
homicidio de su hijo. La Sala concluyó que la entidad demandada no vulneró
los derechos de la actora, debido a que determinó que en el caso no había ni
siquiera una prueba sumaria de que el asesinato estuviera relacionado con el
conflicto armado.
65.
En la Sentencia
T-584 de 2017[289], la Sala Sexta de Revisión
estudió el caso de una persona que solicitó la inscripción en el RUV para sí
misma y para su núcleo familiar debido al fallecimiento de su cónyuge. En ese
caso, la UARIV recibió la constancia de investigación del caso, emitida por la
Fiscalía General de la Nación. En dicho documento, se advierte que uno de los autores
materiales rindió declaración. Sin embargo, la UARIV advirtió que, si bien el
autor era integrante de un grupo emergente, de acuerdo con el análisis de todos
los documentos adjuntados y la narración de hechos, no existía una relación
cercana y suficiente del hecho con el conflicto armado y, por el contrario, el
hecho revelaba un modus operandi más cercano a la delincuencia común.
A este respecto, la Sala
determinó que la entidad demandada había realizado “una
indebida aplicación de las normas legales para la evaluar y decidir la petición
de la actora, además exigió de manera desproporcionada a la interesada la
prueba de la ocurrencia y autoría del hecho victimizante”, lo que a su
juicio constituía una limitante formal para acceder al registro.
Adicionalmente, advirtió que la muerte del cónyuge de la accionante fue
perpetrada en el marco del conflicto armado interno, pues los autores del
crimen fueron miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, tal y como lo
certificó el Juzgado Cuarto (4º) Penal del Circuito de Cúcuta, despacho judicial
que adelantó y decidió el asunto. En consecuencia, la Sala ordenó la inclusión
en el RUV.
66.
Más
adelante, con relación a la solicitud de amparo de una mujer que buscaba que la
UARIV reconociera su calidad de víctima indirecta por el homicidio de su hijo
en Medellín, la Sentencia T-478 de 2017[290]
advirtió que la Fiscalía General de la Nación no había podido determinar un
vínculo entre el mencionado delito y la violencia política del país. A pesar de
que en la tutela se anexaron artículos de prensa sobre los hechos de violencia
que ocurrieron en Medellín para la época en que ocurrieron los hechos, no fue
posible establecer un vínculo causal directo con el asesinato del hijo de la
solicitante. Por consiguiente, este Tribunal concluyó que la entidad accionada
no actuó arbitrariamente al negar la inclusión de la peticionaria en el RUV.
67.
De igual
forma, mediante la Sentencia T-227 de 2018[291], esta Corporación analizó
tres casos acumulados en los que los tutelantes solicitaban ser incluidos en el
RUV por los homicidios cometidos contra sus hijos. A este respecto, la Corte
recordó la obligación de la UARIV de motivar suficientemente los actos
administrativos mediante los cuales niega una inclusión en el RUV. Luego, al
analizar los casos concretos, encontró que en uno de ellos la entidad no obtuvo
la información necesaria para precisar las circunstancias de tiempo, modo y
lugar que generaron el hecho victimizante y no consultó, aun estando facultada
para ello, las bases de datos y sistemas que conforman la Red Nacional de
Información para la Atención y Reparación de Víctimas u otras fuentes
pertinentes. Además, si bien en dos de estos casos las investigaciones
adelantadas por la Fiscalía habían sido archivadas, se había logrado establecer
la injerencia de miembros de milicias y otros actores del conflicto armado
interno en la muerte de las víctimas directas; sin embargo, la UARIV no tuvo en
cuenta estos hechos. Finalmente, la Sala observó que, aun cuando la UARIV
valoró las pruebas aportadas por uno de los accionantes y acudió a varias bases
de datos, en ningún momento presentó argumentos para desvirtuar el dicho
del solicitante y no hizo mención alguna a la investigación penal que se
encontraba en estado activo.
Por lo anterior, en aquella ocasión la
Corte amparó el derecho al debido proceso de los tutelantes, dejó sin efecto
las resoluciones expedidas por la entidad accionada y ordenó a la UARIV que
expidiera nuevos actos administrativos, suficientemente motivados, que
resolvieran las solicitudes de inclusión en el RUV.
68.
Finalmente,
en la Sentencia T-092 de 2019[292], la Corte analizó un caso en
que la UARIV negó la inclusión en el RUV de una mujer, en razón a que la
Fiscalía Segunda Seccional de Corinto no había podido establecer los autores o
los móviles del homicidio cometido contra su esposo. De la documentación
aportada, esta Corporación dedujo que la UARIV vulneró los derechos al debido
proceso y a la igualdad de la solicitante, pues no respetó los principios de
buena fe y favorabilidad que rigen la actuación de la administración en
relación con el RUV. Particularmente, desestimó las manifestaciones de la
peticionaria sin tener ninguna prueba en contrario, ya que el informe del ente
acusador no negaba sus afirmaciones, sino que se limitaba a decir que para ese
entonces no había logrado establecer el autor y los motivos del delito. La
vulneración del principio de favorabilidad, a juicio de la Corte, se derivó del
razonamiento de la Unidad, que parecía fundarse en la siguiente regla: “si
el ente investigador no puede determinar las causas y responsables de un hecho
victimizante, el registro no puede ser llevado a cabo. La Sala sin embargo
tuvo en cuenta que “las cifras más recientes revelaban un alto índice de
impunidad en el castigo del delito de homicidio”, por lo que admitir el
argumento de la UARIV implicaría exigir que fueran los solicitantes quienes
demostraran probatoriamente el hecho alegado, aun cuando en muchos casos ni
siquiera el aparato estatal puede hacerlo. Bajo esa premisa, ordenó a la UARIV
incluir a la peticionaria en el RUV.
Así las cosas y a modo de conclusión, es necesario recordar que el
RUV es una herramienta administrativa de gran importancia, pues materializa el
derecho fundamental de las víctimas del conflicto armado interno a ser
reconocidas como tales. En su labor respecto de dicho registro, la UARIV debe
observar los principios de favorabilidad, buena fe, confianza legítima y
prevalencia del derecho sustancial, entre otros. Por ende, para la inclusión en
el RUV únicamente pueden exigirse los requisitos que la ley prevé de manera
expresa. Además, las
afirmaciones y pruebas sumarias presentadas por los solicitantes deben ser
interpretadas como ciertas, de manera que es la UARIV quien tiene la carga de
la prueba, si su interés es desvirtuarlas. Lo que no obsta para que, en los
casos en los que no exista ni siquiera una prueba sumaria de los hechos que se
alegan, la UARIV pueda válidamente negar las peticiones invocadas. Revisadas las anteriores consideraciones jurídicas,
pasará la Sala a analizar el caso concreto.
Caso concreto
69.
El 13 de
enero de 2010, Ana Julia Niño Aguilar presentó solicitud de reparación
administrativa por el hecho victimizante de homicidio, ocurrido el 15 de
octubre de 2002 contra su hijo menor de edad quien, según ella indica, fue
reclutado forzosamente por grupos de autodefensa en el Casanare. Sin embargo,
mediante Resolución No. 2014-387322
del 12 de febrero de 2014, confirmada por diversos actos administrativos
posteriores, la UARIV negó la solicitud bajo el argumento de que el niño Aneiro
Yerson Morales Niño, al haber pertenecido a un grupo armado organizado al
margen de la ley, había sido victimario y no víctima del conflicto armado
interno.
Posteriormente, al resolver el recurso de
apelación interpuesto por la accionante, la entidad también adujo que no
existía prueba de que el menor de edad hubiera sido asesinado con ocasión del
conflicto armado, pues la solicitante tan solo aportó copia del formato único
de la noticia criminal. A juicio de la entidad, era necesario aportar “denuncia del hecho declarado ante
autoridad competente como: GAULA (del ejército o la Armada en zona rural y de
la policía en zona urbana); Comisaría de Policía, Inspección de policía o ante
las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación (URIS)”[293].
Entonces, la demandante
interpuso acción de tutela contra la UARIV, con el objetivo de que se
protegieran sus derechos a “la
dignidad humana, buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho
sustancial, ante la no inclusión en el RUV”[294], pues a su juicio, el joven Aneiro Yerson Morales
Niño fue víctima del conflicto armado, aun cuando los niños, niñas y
adolescentes se encuentran protegidos por el Derecho Internacional Humanitario,
ya sea como civiles o como sujetos vinculados a las hostilidades. Bajo ese
supuesto, alega tener derecho a ser reconocida como víctima, en los términos de
ley.
Los jueces de instancia, por su
parte, no encontraron acreditados los requisitos de procedencia de la acción.
Para el ad quem, los documentos presentados por la peticionaria tan solo
daban cuenta de una investigación que adelantaba la Fiscalía General de la
Nación sobre los hechos, y no eran idóneos para confirmar si el joven era
víctima del conflicto armado o no.
70.
La Sala
observa que en esta oportunidad existen varios elementos en la negativa de la
UARIV que deben ser revisados con detenimiento, y que particularizan este
asunto concreto.
El primer tema por analizar es
el reconocimiento de la calidad de víctima de quienes, fueron reclutados como
menores de edad y mueren en el conflicto armado como niños, niñas o
adolescentes. Lo anterior, en la medida en que, bajo los parámetros de la Ley
1448 de 2011, y según la UARIV, solo puede considerarse víctima la población
infantil que se desvincule de la organización que se ha reclutado, antes de
cumplir la mayoría de edad.
El segundo asunto por examinar son
las exigencias probatorias para quienes pretenden su inscripción en el RUV y el
valor probatorio de los instrumentos que aportan, pues a juicio de la UARIV, de
los documentos presentados por la demandante no se puede concluir que los
hechos que ella aduce fueron producto del conflicto armado interno, dado que
para la época en que ellos ocurrieron, en la zona también operaban bandas
delincuenciales auspiciadas por el narcotráfico.
Del análisis de estos dos
aspectos derivados del caso concreto, la Sala determinará si se produjo o no
una violación de los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso
administrativo y eventualmente a los derechos de las víctimas, entre los que se
encuentra el derecho a la indemnización administrativa, con ocasión de las
circunstancias narradas por la demandante.
Del reconocimiento o no de la calidad de
víctimas, de quienes fueron reclutados como menores de edad y mueren en el
conflicto armado cuando aún son niños, niñas o adolescentes, en consideración a
los parámetros consagrados en la Ley 1448 de 2011
71.
Como se mencionó previamente, el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 reza
lo siguiente:
“ARTÍCULO 3o. VÍCTIMAS. Se
consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que
individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir
del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho
Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas
internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado
interno.
(…)
La condición de víctima se
adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o
condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda
existir entre el autor y la víctima.
(…)
PARÁGRAFO 2o. Los miembros de
los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados
víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes
hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley
siendo menores de edad (…) (Subrayas fuera del original)
72.
Así, en lo que concierne a los miembros de los grupos armados al margen
de la ley, primero debe recordarse que, según la Sentencia C-253A de 2012,
se trata de
personas que cuando sean víctimas de infracciones al Derecho Internacional
Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales
de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, pueden
acceder a los mecanismos de verdad, justicia y reparación previstos en el
ordenamiento jurídico, pero no así a los beneficios de las medidas de
protección especial previstas en la Ley 1448 de 2011,
por tratarse de un mecanismo concreto de protección diseñado así por el Legislador.
En el caso de
los niños que son reclutados en los grupos armados organizados, la Ley 1448 de
2011 prevé que sí pueden considerarse víctimas para efectos de esta normativa,
cuando se han desvinculado de tales grupos, cuando aún son menores de edad. Al
respecto, la acusación ciudadana que dio origen a la Sentencia C-253A de
2012 argüía que esta norma desconocía “que los combatientes que no se desmovilicen siendo
menores de edad, fueron sujeto pasivo del delito de reclutamiento forzado y,
dada la gravedad del hecho punible, tienen la condición de víctimas de
violación al DIH, por lo que deben ser acreedores de los beneficios que
establece la norma acusada”. No obstante, la Corte en aquella ocasión recordó que, en esta materia, “el alcance de
la ley es el de que los menores desmovilizados en condición de tales son
reconocidos per sé como víctimas. Cuando la
desmovilización sea posterior a la mayoría de edad, no se pierde la condición
de víctima, derivada, en primer lugar, de la circunstancia del reclutamiento
forzado, pero en ese caso se impone acreditar ese hecho y acceder los programas
especiales de desmovilización y de reinserción, en los cuales será preciso que
se adelante una política diferencial, que tenga en cuenta la situación de los
menores y las limitaciones que tienen para abandonar los grupos a margen de la
ley”.
73.
Las que se han referido son decisiones judiciales que no evaluaron específicamente
si aquellos menores de edad reclutados forzosamente, que fallecieron durante el
conflicto armado sin alcanzar la mayoría de edad y, por ese hecho, no pudieron
desvincularse de los grupos armados al margen de la ley, de manera oportuna, en
los términos de la disposición enunciada, podían ser considerados víctimas, para
los efectos previstos en esta Ley.
A este
respecto, la Sala considera que una interpretación de la norma enunciada que
sea sistemática y respetuosa de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, debe propender por: (i) proteger de manera integral a los menores de
edad; (ii) restablecer sus derechos en caso de que sean amenazados o vulnerados;
(iii) tener en cuenta los compromisos que ha adquirido el Estado colombiano, en
relación con el Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos; y
(iv) responder a los factores que condicionan el fenómeno del reclutamiento
forzado de menores de edad, así como a los peligros que enfrentan los niños,
niñas y adolescentes víctimas de este delito.
Por
consiguiente, la expresión “[l]os miembros de los grupos armados organizados
al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los
que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del
grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad”, no
debe ser interpretada de manera limitada, de tal forma que únicamente se
refiera a los niños, niñas y adolescentes que se desmovilicen antes de
cumplir la mayoría de edad.
74.
Desde esta perspectiva, la desvinculación de un grupo armado organizado
al margen de la ley también puede presentarse como consecuencia de la muerte de
la víctima. Precisamente, al estar expuestos a varios riesgos, la normativa
existente a nivel internacional y en el ordenamiento jurídico colombiano
propende por proteger a los niños, niñas y adolescentes de un contexto que
vulnera sus derechos preferentes a la vida, a la integridad física, a la salud,
a tener una familia y a no ser separado de ella, al cuidado y al amor. En ese
sentido, el hecho de que un menor de edad muera mientras es víctima de
reclutamiento forzado debe ser interpretado como una “desvinculación” en
los términos del artículo 3º, parágrafo 2, de la Ley 1448 de 2011. Así,
la interpretación de esta norma se orienta por la protección de quienes han
sido reclutados ilícitamente y han tenido la peor consecuencia con ese
reclutamiento, que es la muerte en condiciones de esclavitud y maltrato
infrahumano, como lo han reconocido las legislaciones y cortes a nivel nacional
e internacional. Sin duda, un menor de edad que ha sido reclutado ilegalmente y
que muere en combate no solo concreta la afectación más grave a sus derechos,
sino que pierde la posibilidad de restablecer los derechos que les son violados
mientras participan en las hostilidades.
Del reconocimiento o no de la calidad de
víctima del joven Aneiro Yerson Morales Niño, en consideración a los parámetros
consagrados en la Ley 1448 de 2011
75.
En atención a la regla anteriormente expuesta, aducir que el menor de
edad Aneiro Yerson Morales Niño fue victimario, debido a su participación
en el conflicto armado interno, desconoce los principios del Derecho
Internacional Humanitario, así como la legislación y jurisprudencia interna. Tampoco
se desprende del parágrafo 2 del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, citado por
la entidad accionada, que establece que los niños, niñas y adolescentes
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley serán considerados
víctimas, siempre que se desvinculen cuando aún son menores de edad. Lo
anterior, debido a que, en primer lugar, este niño fue víctima de reclutamiento
ilícito, en la medida en que perteneció a un grupo armado organizado al margen
de la ley a sus 15 años. Con independencia de las actividades que haya llevado
a cabo, fue blanco de las hostilidades y, en efecto, su derecho a la
vida fue vulnerado antes de cumplir la mayoría de edad. De este modo, Aneiro
Yerson Morales Niño –mientras era víctima de un delito continuado, esto es, reclutamiento
ilícito-, fue asesinado cuando era un sujeto de especial protección bajo los
principios del Derecho Internacional Humanitario y los convenios
internacionales suscritos por Colombia. En ese sentido, su muerte,
precisamente, causó su desvinculación del grupo armado al que pertenecía antes
de cumplir los 18 años.
76.
En suma, el joven Aneiro Yerson Morales Niño no fue victimario del
conflicto armado interno, por el contrario, fue víctima de este, al ser
reclutado de manera forzosa y posteriormente asesinado, cuando aún era menor de
edad.
77.
Ahora es preciso analizar si, en efecto, la muerte del adolescente
Morales Niño ocurrió con ocasión del conflicto armado interno.
Análisis de la actuación
de la UARIV, al evaluar si el homicidio cometido contra Aneiro Yerson Morales
Niño había ocurrido con ocasión del conflicto armado
78.
Conforme al artículo
42 del Decreto 4800 de 2011, el acto administrativo que niega la inclusión en
el RUV deberá contener, entre otras cosas, “[l]a motivación suficiente por la cual se
llegó a la decisión de no inclusión”. Asimismo, dispone que la UARIV deberá tener en cuenta las condiciones de
violencia propias de cada caso y aplicar el principio de favorabilidad, al
momento de evaluar una solicitud de inclusión en el RUV. Por otra parte, el artículo 5º de la Ley 1448 de
2011 establece que “bastará a la víctima probar de manera
sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda
a relevarla de la carga de la prueba.” Finalmente, la Corte ha
establecido que, en virtud del principio de buena fe, prima facie, las
declaraciones y pruebas aportadas por el declarante deben tenerse como ciertas.
En este sentido, si el funcionario considera que la declaración o la prueba
falta a la verdad, debe demostrar que ello es así.
79.
En el presente caso, en el curso
del procedimiento administrativo adelantado ante la UARIV, la accionante aportó
el formato único de la noticia criminal, en el que denunciaba el homicidio
cometido contra su hijo. Este documento es el conocimiento o información sobre
la comisión de una conducta punible obtenidos por la policía judicial o
Fiscalía, ya sea de oficio o mediante denuncia[295]. A pesar de lo
anterior, sin justificación alguna, la entidad accionada exigió la presentación
de una denuncia “ante autoridad competente”, con el fin de probar la ocurrencia
del hecho victimizante; por lo tanto, vulneró el principio de buena fe que
caracteriza el proceso de inscripción en el RUV.
80.
Por otra parte, la vulneración del principio de favorabilidad se deriva
del razonamiento de la UARIV. A su juicio, no puede concluirse que la muerte de
Aneiro Yerson Morales Niño hubiese ocurrido con ocasión del conflicto armado,
pues en la zona también operaban bandas delincuenciales auspiciadas por el
narcotráfico.
Sin embargo,
para la época, Paz de Ariporo también sufría la presencia de grupos
guerrilleros y paramilitares, que se disputaban el territorio. Primeramente, el
desarrollo del paramilitarismo en Casanare surgió en la década de 1980 y estuvo
marcado por la presencia de múltiples organizaciones con diferentes orígenes[296]. Para el año de 1998, el grupo
paramilitar conocido como “Los Llanos” empezó a disputarle a la
guerrilla el territorio compuesto por catorce municipios: Aguazul, Hato
Corozal, Maní, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Sabanalarga, San Luis de
Palenque, Tauramena, Villanueva, Trinidad, Yopal y Monterrey[297]. Finalmente, para el año 2000,
este grupo al margen de la ley había accedido a las esferas del poder político
del Casanare[298].
En suma, en el período comprendido entre 1997 y 2001, la disputa bélica entre el
Estado colombiano y la guerrilla tuvo lugar en la mayoría de esos municipios.
Igualmente, se registró la confrontación bélica entre la guerrilla y los grupos
autodefensas en Paz de Ariporo entre 1997 y 2007[299]. Esta situación ocasionó que
este municipio presentara una tasa de homicidios promedio superior al nacional[300].
81.
Asimismo, debe anotarse que, según consta en los informes periciales
forenses realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal, Aneiro Yerson
Morales Niño murió como consecuencia de un trauma craneoencefálico, a causa de
heridas provocadas por proyectiles de armas de fuego. Conforme al patrón de
estas lesiones, el Instituto presume que el asesinato ocurrió en medio de un
combate. Además, según se establece en el perfil demográfico del cuerpo de este
menor de edad, dicho combate presumiblemente se presentó entre grupos
autodefensas y subversivos.
Por ende, es
absolutamente inaceptable, no sólo en los términos del artículo 5º de la Ley
1448 de 2011, sino también desde la perspectiva de la jurisprudencia
constitucional[301]
y de la evidencia fáctica, que la UARIV haga uso de un argumento especulativo y
contraevidente para concluir que el homicidio del joven Aneiro Yerson Morales
Niño no fue producto del conflicto armado y de esa manera negar la inclusión en
el RUV.
En virtud del
principio de buena fe, las afirmaciones de la accionante deben tenerse
por ciertas. Igualmente, Paz de Ariporo es un municipio caracterizado por la
presencia de grupos armados organizados al margen de la ley, los cuales se
enfrentaron por el control del territorio a inicios del siglo XXI. Por último, si
bien la Fiscalía General de la Nación aún recolecta pruebas sobre los presuntos
delitos de reclutamiento ilícito y homicidio en persona protegida que fueron
cometidos en contra del hijo de la accionante, lo cierto es que el joven murió
a causa del impacto de dos proyectiles de arma de fuego, en medio de un
enfrentamiento entre, al parecer, grupos de autodefensas y subversivos.
Desconocer los anteriores hechos genera una carga desproporcionada a la
solicitante y vulnera el principio de favorabilidad que debe regir la actuación
de la administración en relación con el RUV, según el cual debe realizarse la
interpretación que resulte más favorable para la víctima, tal como esta
Corporación ya lo ha afirmado con anterioridad[302].
82.
En todo caso, ante la duda respecto de si el homicidio del
menor de edad Aneiro Yerson Morales Niño ocurrió con ocasión del conflicto
armado, la UARIV debió aplicar la noción de aquel que resultaba más favorable a
los derechos de la accionante. En relación con este asunto, en virtud de
las Sentencias C-781 de 2012 y C-253A de 2012 ya mencionadas, es claro
que el concepto de conflicto armado debe ser analizado de manera amplia,
en atención a la necesidad de protección de las víctimas y las dificultades en
la determinación de las aristas del conflicto, en el caso colombiano. Por esta
razón, la Corte ha establecido que una concepción estrecha del
conflicto armado vulnera los derechos de las víctimas. De hecho, ha destacado
las notorias dificultades que presenta la distinción entre víctimas de la violencia generada por
delincuencia común y del conflicto armado; por ello, ha reconocido expresamente, en zonas en
las que se registran los hechos asociados a este último, los hechos atribuibles
a bandas criminales o a grupos armados, aunque no estén plenamente identificados,
como sus autores. En este sentido, afirmar que, para la época en que murió el
hijo de la solicitante y en el municipio en que sucedieron los hechos, operaban
bandas delincuenciales asociadas al narcotráfico carece de relevancia y no es
suficiente para negar la inclusión de la señora Ana Julia Niño Aguilar en el
RUV. Más aun, cuando se tiene en cuenta que (i) el artículo 3º de la Ley 1448
de 2011 establece que se adquiere la condición de víctima, “con independencia de que se
individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible”; y (ii) que existe
efectivamente un proceso penal en curso que no descarta el conflicto armado,
por la edad del joven Aneiro
Yerson Morales Niño, las circunstancias bajo las cuales fue asesinado y la
presencia de grupos armados al margen de la ley en la zona.
83.
En suma, la Sala encuentra que el menor de edad Aneiro Yerson Morales
Niño, en principio, fue víctima directa de reclutamiento ilícito y
homicidio, en los términos de la Ley 1448 de 2011. Por lo tanto, la
Sala observa que la UARIV revictimizó a la señora Ana Julia Niño Aguilar, no
solo porque debió soportar el dolor de perder a su hijo, sino también porque la
entidad estatal lo calificó como victimario del conflicto armado interno. Por
el contrario, sus bienes jurídicos a la libertad y a la vida fueron vulnerados
en un contexto en el que, bajo los principios del Derecho Internacional
Humanitario y de los Derechos Humanos, debían ser protegido. Así las cosas, la
UARIV incumplió su misión de liderar acciones para atender y reparar
integralmente a las víctimas, con el fin de contribuir a la inclusión y a la
paz[303].
Por lo
anterior, la Sala advertirá a la UARIV que tiene la obligación de interpretar
el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 conforme a los principios de buena fe,
favorabilidad y prevalencia del derecho sustancial, en aras de no incurrir en
prácticas que supongan la exclusión de víctimas, como el hijo de la accionante.
Asimismo, ordenará a la entidad actualizar el Manual de Criterios de Valoración
y realizar las gestiones administrativas necesarias para capacitar a los
funcionarios encargados de resolver las peticiones y solicitudes relacionadas
con la inscripción en el RUV, en relación con los parámetros establecidos por
la jurisprudencia de la Corte Constitucional para la interpretación del
artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 y de la subregla que emana de esta
providencia.
Particularmente, en el
Manual de Criterios de Valoración se deberán abordar los siguientes asuntos,
de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia: (i) los
preceptos del Derecho Internacional Humanitario, del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, de la legislación y de la jurisprudencia nacional que
regulan el delito de reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes; (ii)
la manera en que la participación de menores de edad en las hostilidades
vulnera sus derechos fundamentales; (iii) el concepto de “desvinculación” incluido
en el artículo 3º, parágrafo 2, de la Ley 1448 de 2011, cuyo significado no se
reduce a “desmovilización”, sino también a las demás situaciones que
ocasionan la salida de los menores de edad del grupo armado organizado al
margen de la ley al que pertenecían,  tal como su muerte en el marco del
conflicto; y (iv) el deber de analizar si existe una relación cercana y
suficiente con el conflicto armado en cada caso concreto, conforme a una
concepción amplia y favorable a la víctima de este concepto.
Sobre la calidad de
víctima de la accionante
84.
Ahora es necesario analizar las consecuencias que genera el declarar
víctima a Aneiro Yerson Morales Niño en la presente sentencia. A este respecto,
la Sala observa que la señora Ana Julia Niño Aguilar es víctima indirecta de
los hechos victimizantes de reclutamiento ilícito y homicidio. En primer
lugar, el joven Aneiro Yerson Morales Niño, al haber sido desvinculado de un
grupo de autodefensas en el año 2003, no corre la suerte de los miembros de
grupos armados organizados al margen de la ley, quienes no son considerados
víctimas en los términos de la Ley 1448 de 2011. En su lugar, es víctima en
los términos del artículo 3º, inciso 1, de la Ley en comento, que define como
víctimas a “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido
un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como
consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.
Segundo, la accionante sufrió
el desasosiego de perder a su hijo en circunstancias inciertas. Además, si bien
supo de su muerte, el cuerpo estuvo desaparecido durante 14 años. Finalmente,
si bien la accionante ya pudo darle sepultura al joven Aneiro Yerson Morales
Niño, el proceso penal adelantado por los presuntos delitos de reclutamiento
ilícito y homicidio en persona protegida sigue en curso. En ese sentido, la
señora Ana Julia Niño Aguilar aún padece las consecuencias de haber perdido a
su hijo con ocasión del conflicto armado, y no ha podido esclarecer las
condiciones exactas en las que fue reclutado, participó en las hostilidades y
fue asesinado. La situación que ha vivido la solicitante desde el 2002, con
toda la zozobra y angustia que supone, conlleva a que sea víctima indirecta
de los hechos victimizantes de reclutamiento ilícito y homicidio, en los
términos  del inciso 2 del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, que establece “[t]ambién son víctimas el (…)
familiar en primer grado de consanguinidad (…) de la víctima
directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere
desaparecida”. Lo
anterior, debido a que, en el presente caso, la víctima directa de estos hechos
ya falleció[304].
85.
Por lo anterior, la Sala concluye que la UARIV vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana y a la indemnización
administrativa de la señora Ana Julia Niño Aguilar. Por consiguiente, se
ordenará su inclusión en el RUV. Asimismo, requerirá a la entidad accionada
para que brinde información, guía y acompañamiento con respecto a la oferta institucional
y los beneficios contemplados en la ley para víctimas de la violencia,
especialmente el procedimiento para el reconocimiento de la indemnización
administrativa[305].
Sobre la
solicitud de revocatoria directa de las resoluciones No. 2014-387322 del 12 de
febrero de 2014, 2014-387322R del 6 de julio de 2017 y 201745900 del 31 de
agosto de 2017
86.
Adicionalmente, la Sala advierte que, el 9 de noviembre de 2017, Ana Julia Niño Aguilar le
solicitó a la UARIV la revocatoria directa de las resoluciones No. 2014-387322 del 12 de febrero de 2014, 2014-387322R del 6 de julio de 2017 y 201745900
del 31 de agosto de 2017[306], pues consideró que su hijo, al ser menor de edad,
claramente había sido víctima del conflicto armado y no un victimario, como lo
afirmó dicha entidad.
La UARIV declaró improcedente esta solicitud porque, conforme al
artículo 70 del Decreto 01 de 1984, “[n]o podrá pedirse la revocación directa
de los actos administrativos respecto de los cuales el peticionario haya
ejercitado los recursos de la vía gubernativa”[307].
La Sala
advierte al respecto, sin embargo, que para la fecha en que se profirió el acto
administrativo en mención, el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011[308]
ya había derogado la norma citada por la entidad accionada. En su lugar, la
entidad debió considerar los artículos 93 a 95 de la Ley referenciada, que
respectivamente señalan: (i) Los actos administrativos deberán ser revocados
por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos
superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, cuando
sea manifiesta su oposición a la Constitución o a la Ley; no estén conformes
con el interés público o social, o atenten contra él; o cuando con ellos se
cause agravio injustificado a una persona. (ii) La revocación directa a
solicitud de parte no procede por una presunta oposición a la Carta Política o
la Ley, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos
actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la
caducidad para su control judicial. Finalmente, (iii) la revocación directa de
los actos administrativos podrá cumplirse aun cuando se haya acudido ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se haya
notificado auto admisorio de la demanda.
En ese sentido, la UARIV lesionó el
derecho al debido proceso administrativo de la solicitante, al basar su
decisión final en una norma claramente derogada. Por consiguiente, la Sala
dejará sin efectos el Oficio con radicado 201811312301631 del 24 de julio de
2018, mediante el cual respondió la solicitud de revocatoria directa contra las
resoluciones No.
2014-387322 del 12 de febrero
de 2014, 2014-387322R del 6
de julio de 2017 y 201745900 del 31 de agosto de 2017, interpuesta por la
señora Ana Julia Niño Aguilar.
Conclusiones
87.
La Sala encontró acreditada la procedencia de la acción de tutela contra
la UARIV, únicamente en relación con la señora Ana Julia Niño Aguilar. Esto, debido
a que: (i) Es ella la titular de los derechos constitucionales cuya defensa
inmediata invoca. Por el contrario, los demás familiares del menor de edad
Aneiro Yerson Morales Niño no acudieron ante la UARIV, con el fin de ser
incluidos en el RUV. En ese sentido, la entidad no realizó ninguna acción
contra ellos u omitió algún deber que pudiera afectar alguno de sus derechos
fundamentales; (ii) la UARIV es una entidad pública a la que se acusa
de la vulneración de garantías constitucionales, por lo que tiene legitimación
por pasiva en este asunto; (iii) el tiempo transcurrido entre la última
decisión proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá y
la presentación de la tutela es razonable de acuerdo con la situación de la
señora Ana Julia Niño Aguilar; y (iv) la peticionaria, además de interponer los
recursos de reposición y apelación contra la Resolución que negó su inclusión
en el RUV, presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra ese
acto administrativo. Por ende, utilizó todos los mecanismos judiciales de
defensa que tenía a su disposición para controvertir la decisión de la UARIV y
lograr su inclusión en el RUV.
88.
Al pasar al estudio de fondo, la Sala recordó que el concepto de víctima
del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 no define la condición
fáctica de la víctima, sino que determina los destinatarios de las medidas
especiales de protección contempladas en dicho estatuto legal. Por otro lado,
enfatizó en que la expresión “con ocasión del conflicto armado” cobija
diversas situaciones ocurridas en el contexto del conflicto armado, de manera
que debe entenderse desde una concepción amplia. Además, señaló que en caso de
duda respecto de si un hecho determinado ocurrió con ocasión del conflicto
armado, debe aplicarse la definición de conflicto armado interno que resulte
más favorable a los derechos de las víctimas.
89.
Seguidamente, recogió las normas y jurisprudencia que regulan el delito
de reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes. Recordó lo establecido
en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en cuanto al reclutamiento
y participación de los menores de edad en conflictos armados. También
ejemplificó la manera en que otros Estados han tratado jurídicamente este
fenómeno. Asimismo, indicó que Colombia condena el reclutamiento de menores de
18 años y obligarles a participar en hostilidades o acciones bélicas.
Finalmente, resumió la jurisprudencia que ha tratado la materia. Precisó que un
niño “decide” pertenecer a un grupo armado ilegal por diversas causas
que condicionan su consentimiento. Por ello, no es posible tomar como “voluntaria”
la determinación de un menor de edad de ingresar a los grupos armados al
margen de la ley. Además, advirtió que la vinculación de niños, niñas y
adolescentes en los conflictos armados supone una amenaza cierta para sus
derechos fundamentales, pero en todo caso la afectación de estos se produce por el hecho mismo del
reclutamiento ilícito y su condición de vulnerabilidad, con independencia del tipo de
actividades realizadas o las circunstancias particulares de contribución del
menor de edad en los grupos y escenarios de conflicto.
90.
Posteriormente, recordó que el RUV es una herramienta administrativa que sirve para
identificar a las personas que han sufrido un hecho victimizante en los términos del artículo 3º de la Ley 1448 de
2011. De este modo, el proceso de valoración de las solicitudes de inscripción
en él se debe llevar a cabo con arreglo al principio de buena fe y presunción
de veracidad. Por lo tanto, las afirmaciones y pruebas sumarias presentadas por
los solicitantes deben ser interpretadas como ciertas.
91.
En el análisis del caso concreto, la Sala determinó que la
UARIV desconoció la regulación aplicable en torno al delito de reclutamiento
ilícito de niños, niñas y adolescentes. Además, vulneró los principios de
favorabilidad y buena fe que rigen la
actuación de la administración en relación con el RUV. Lo anterior, debido a
que afirmó que el hijo de la accionante había sido victimario del conflicto
armado interno, a pesar de que –conforme al derecho internacional y marco
jurídico interno–, todo menor de edad que participa en las hostilidades es
considerado víctima. Una interpretación diferente no puede encontrar fundamento
en el parágrafo 2 del artículo 3º de la Ley de Víctimas, puesto que Aneiro
Yerson Morales Niño murió, mientras era
víctima de reclutamiento ilícito, antes de cumplir la mayoría de edad, de modo
que su desvinculación tuvo lugar antes de ello. Por otra parte, la entidad negó
los hechos alegados por la demandante sin haberlos refutado previa y
adecuadamente, pues exigió la presentación de una denuncia aun cuando la
accionante había aportado la noticia criminal del hecho delictivo. Además,
interpretó de manera desfavorable la solicitud de la peticionaria pues, con tan
solo afirmar que en la zona también operaban bandas delincuenciales auspiciadas
con el narcotráfico, concluyó de manera especulativa que el homicidio de Aneiro
Yerson Morales Niño no había ocurrido con ocasión del conflicto armado. Por lo
tanto, la UARIV transgredió los derechos fundamentales al debido proceso, a la
dignidad humana y a la indemnización administrativa de la accionante y, en
consecuencia, tiene derecho a ser inscrita en el RUV como víctima indirecta de los
hechos victimizantes de reclutamiento ilícito y de homicidio, conforme al
segundo inciso del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011. De manera adicional, la
Sala advirtió que la UARIV declaró improcedente la solicitud de revocatoria
directa de la Resolución No.2014-387322 del 12 de febrero de
2014, con base en el artículo 70 del Decreto 01 de 1984 ya derogado.
Por ende, también dejó sin efectos este acto administrativo.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto,
la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia del 12 de diciembre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare, a través de la cual se confirmó la
providencia del 22 de noviembre de 2019 emitida por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Yopal. En su lugar, AMPARAR los
derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana y a la indemnización
administrativa, únicamente de la señora Ana Julia Niño Aguilar, vulnerados
por la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación a las Víctimas.
Respecto de los demás accionantes, DECLARAR la improcedencia del
presente fallo, al no acreditar el requisito de legitimación en la causa por
activa.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS las Resoluciones No. 2014-387322
del 12 de febrero de 2014, 2014-387322R
del 6 de julio de 2017 y 201745900 del 31 de agosto de 2017, mediante las cuales se negó
la inscripción de la señora Ana Julia Niño Aguilar en
el Registro Único de Víctimas, y el Oficio 201811312301631 del 24 de julio de 2018,
mediante el cual respondió la solicitud de revocatoria directa de las
anteriores resoluciones interpuesta por la señora Ana Julia Niño Aguilar.
Tercero.- ORDENAR a la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas que,
en el término máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la
notificación de esta sentencia, incluya a la señora Ana Julia Niño Aguilar en
el Registro Único de Víctimas por los hechos victimizantes de reclutamiento
ilícito y homicidio.
Cuarto. -ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas que brinde a la señora Ana Julia Aguilar Niño información,
guía y acompañamiento sobre la oferta estatal y los beneficios contemplados en
la ley para víctimas de la violencia, especialmente en relación con el
procedimiento para el reconocimiento de la indemnización administrativa.
Quinto. -ADVERTIR a
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas que tiene la obligación de interpretar el artículo 3º
de la Ley 1448 de 2011 conforme a los principios de buena fe, favorabilidad y
prevalencia del derecho sustancial, en aras de no incurrir en prácticas que
supongan una exclusión injustificada de las víctimas del Registro Único de Víctimas.
Sexto.
-ORDENAR a la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que, en el
término máximo de tres (3) meses contados a partir de la notificación de esta
sentencia, actualice el Manual de Criterios de Valoración y realice las
gestiones administrativas necesarias para capacitar a los funcionarios
encargados de resolver las peticiones y solicitudes relacionadas con la
inscripción en el RUV, en relación con los parámetros establecidos por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional para la interpretación del artículo
3° de la Ley 1448 de 2011.
Particularmente, en el
Manual de Criterios de Valoración se deberán abordar los siguientes asuntos,
de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia: (i) los
preceptos del Derecho Internacional Humanitario, del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, de la legislación y de la jurisprudencia nacional que
regulan el delito de reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes; (ii)
la manera en que la participación de menores de edad en las hostilidades
vulneran sus derechos fundamentales; (iii) el concepto de “desvinculación” incluido
en el artículo 3º, parágrafo 2, de la Ley 1448 de 2011, cuyo significado no se
reduce a “desmovilización”, sino también a las demás situaciones que
ocasionan la salida de los menores de edad del grupo armado organizado al
margen de la ley al que pertenecían,  tal como su muerte en el marco del
conflicto; y (iv) el deber de analizar si existe una relación cercana y
suficiente con el conflicto armado en cada caso concreto, conforme a una
concepción amplia y favorable a la víctima de este concepto.
Quinto.- Por Secretaría
General, LIBRAR la
comunicación a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
A LA SENTENCIA T-506/20
Referencia: Expediente T-7.826.409.
Acción de
tutela interpuesta por Ana Julia Niño Aguilar y otros contra la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
Magistrada
Ponente:
Gloria Stella Ortiz Delgado
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de la Sala Sexta de Revisión, procedo a aclarar mi voto en la
sentencia proferida en el asunto de la referencia.
1. Ana Julia Niño Aguilar solicitó a la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante
UARIV) la inclusión en el Registro Único de Víctimas (en adelante RUV), debido
a que su hijo menor de 15 años, en el año 2002, fue víctima de reclutamiento y
homicidio por grupos de autodefensa del municipio de Paz de Aripo (Casanare).
La petición fue negada por la UARIV y confirmada luego de agotar los recursos
de reposición y apelación. La señora Niño Aguilar solicitó la revocatoria de
dicha decisión y también acudió a la jurisdicción contenciosa administrativa
mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. La primera acción
fue declarada improcedente, y la segunda se inadmitió y posteriormente se
rechazó en apelación.
2. A raíz de lo anterior la madre del menor
y otros familiares acudieron a la acción de tutela con el fin de solicitar la
inclusión en el RUV. En primera instancia se declaró improcedente el amparo por
falta de legitimación en la causa por activa -excepto de la progenitora del
menor-, en tanto los demás familiares no acreditaron de forma directa la
vulneración de sus derechos fundamentales; además se indicó que tampoco
cumplieron los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. Esta decisión fue
confirmada en segunda instancia, tras considerar que la única legitimada por
activa era la madre del menor, por cuanto las decisiones de la UARIV habían
resuelto solamente su situación jurídica.
3. Mediante la sentencia T-506 de 2020, la
Sala Sexta revocó los fallos de instancia. En su lugar amparó los derechos
fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana y a la indemnización
administrativa de la madre del menor. Respecto de los demás accionantes declaró
la improcedencia al no acreditar el requisito de legitimación en la causa por
activa.
4. Si bien comparto la protección otorgada
en la providencia, me veo precisado a aclarar mi voto respecto de un
planteamiento realizado en la parte motiva en el análisis de la legitimación en
la causa por activa respecto de los demás integrantes del grupo familiar del
menor, según explico a continuación.
5.  La sentencia parte de que no se cumplió
con dicha exigencia -legitimación de la causa por activa- tomando como punto de
partida lo establecido en el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia
C- 052 de 2012 que establecen quiénes se consideran como víctimas del conflicto[309].
Bajo tales parámetros, la sentencia T-506 de 2020 concluyó que los demás
accionantes debían acudir a la UARIV con las pruebas que acreditaran el daño.
Agregó que no era posible deducir un daño por parte de la entidad demandada a
sus derechos fundamentales, en tanto solo la madre del menor acudió a la UARIV
a título personal, sin haber aportado documentos que acreditaran el parentesco
entre los otros actores y la joven víctima. En concreto, la Sala señaló lo
siguiente:
“(…) al interponer el amparo constitucional,
cada uno de los solicitantes acreditó su relación con la víctima directa (…).
Sin embargo, el análisis de este requisito de procedencia debe tomar como
punto de partida el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, que establece que
‘[t]ambién son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas
del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de
la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere
desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo
grado de consanguinidad ascendente’. Desde esta perspectiva, la única
persona que comparte el primer grado de consanguinidad con Aneiro Yerson
Morales Niño es la señora Ana Julia Niño Aguilar y, por ende, es la única
legitimada en la causa por activa. Ahora bien, la Sentencia C-052 de
2012136 declaró condicionalmente exequible el inciso en cita, “en el entendido
de que también son víctimas aquellas personas que hubieren sufrido un daño, en
los términos del inciso primero137 de dicho artículo”. En este sentido, si
los demás familiares de la víctima directa consideran haber sufrido un daño
como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, deberán acudir
ante la UARIV con las pruebas que acrediten dicho daño (…)” (resaltado
fuera del texto original).
6. Si bien comparto tal argumento estimo
que dicho análisis debió realizarse en el acápite de la subsidiariedad y, en
ese sentido, declararse la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir
con dicho presupuesto de procedencia formal. Ello es así, por cuanto ni la
Constitución, ni el Decreto 2591 de 1991, ni la jurisprudencia constitucional,
exigen acreditar la condición de víctima para interponer la acción de tutela.
7. El artículo 86 de la Constitución
Política prescribe que, toda persona podrá presentar acción de tutela ante los
jueces, para procurar la protección inmediata de sus derechos fundamentales,
cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de
cualquier autoridad o de un particular, en ciertos casos. Por su parte, el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 regula la legitimación para el ejercicio
de la acción de tutela, al establecer que la solicitud de amparo puede ser
presentada: (i) a nombre propio; (ii) a través de representante legal; (iii)
por medio de apoderado judicial; y, (iv) mediante agente oficioso. Sobre el
particular, es preciso hacer mención a las sentencias T-274 de 2018, T-092 y
T-171 de 2019. En estos casos, la Corte al estudiar  diversas acciones de
tutela  interpuestas contra la UARIV por ciudadanos que solicitaron la
inclusión en el RUV, -por considerar vulnerados sus derechos fundamentales con
ocasión de algún hecho victimizante-, encontró acreditado el requisito de
procedibilidad asociado a la legitimación en la causa por activa, en tanto eran
titulares de los derechos constitucionales fundamentales cuya defensa
invocaron, sin acudir a valoraciones asociadas a la condición de víctima de
quienes solicitaron el amparo constitucional.
8. Basta con que se demuestre la
titularidad del derecho para acreditar el cumplimiento de dicho requisito sin
exigencias adicionales. En esta oportunidad, los accionantes acreditaron su
relación con la victima directa             -aportaron los respectivos
registros civiles como lo reconoce la sentencia- e indicaron que se vieron
afectados con la negativa de la Unidad al no reconocer como víctima a la madre
del menor, lo que les impidió solicitar la extensión de sus efectos a todo el
grupo familiar, por cuanto ellos también son parientes de la persona que sufrió
los hechos victimizantes de reclutamiento ilícito y homicidio.
9. Por ello, el análisis de legitimación en la causa
por activa debe partir de una premisa básica, a saber, que toda persona que
considere lesionados sus derechos puede interponer la acción de tutela sin
más exigencias que la demostración de su titularidad, por tanto, como acaba de
exponerse, la condición de víctima debe entenderse ajena en la valoración de
procedencia formal de legitimación en la causa por activa.
10. En consecuencia, en el caso objeto de
estudio todos los accionantes estaban legitimados en la causa por activa y por
ende no había lugar, como lo señala la providencia objeto de aclaración, a
declarar improcedente la acción constitucional respecto del análisis de este
presupuesto de procedibilidad por ser contrario a la Constitución, la ley y el
precedente de esta Corporación.
En los anteriores términos dejo consignada
mi aclaración de voto.
Fecha ut supra,
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
[1]
Folio 1, cuaderno de revisión.
[2]
Auto del 3 de agosto de 2020, disponible en:
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/AUTO%20SALA%20DE%20SELECCION%2003%20DE%20AGOSTO%20DE%202020%20NOTIFICADO%2008%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf.
[3]
Según consta en mensaje electrónico remitido por la Secretaría General,
mediante el correo secretaria1@corteconstitucional.gov.co
[4]
Los accionantes son: Ana Julia Niño Aguilar (madre); FMN (hermano); RAMN
(hermano); YYMN (hermana); LAMN (hermano); AKMN (hermana); YDMN (hermano); AIA
(abuela); CCCR (cuñada); DYCM (cuñada); EAMR(sobrino); MAMM (sobrina); e IJMM
(sobrina). A este respecto, la Sala hace uso de las iniciales de los
accionantes, con el fin de preservar su intimidad conforme al artículo 15
superior y no someterlos a un escenario que pueda revictimizarlos.
[5]
Folio 1, cuaderno principal.
[6]
Folios 1-8, cuaderno principal. Hecho enunciado en la acción de tutela.
[7]
Acción de tutela y copia de formato único de la noticia criminal por el delito
de homicidio, folios 2 y 40. De manera específica, la señora Ana Julia Niño
Aguilar afirmó que su hijo dejó el hogar el 10 de octubre de 2002.
[8]
Ibidem. Hecho enunciado en la acción de tutela.
[9]
Ibidem. Específicamente, la señora Ana Julia Aguilar afirmó que, al averiguar
en el municipio de Paz de Ariporo, fue informada de que a su hijo lo habían
visto con miembros de grupos autodefensas en Yopal.
[10]
Ibidem.
[11]
Folio 23, cuaderno principal. Esta información consta en los considerandos de
la Resolución 2014-387322 de la UARIV.
[12]
Copia del formato único de noticia criminal, folios 38-40.
[13]
Folios 23-26, cuaderno principal. La entidad aclara que, para el 20 de
diciembre de 2011, la solicitud de reparación administrativa solicitada por Ana
Julia Niño Aguilar, con radicado No.282783, no había sido resuelta por el
Comité de Reparaciones Administrativas. Por lo anterior, la Unidad
Administrativa para la Atención y Reparación a las Víctimas procedió a
resolverla, conforme a los parámetros establecidos en el artículo 155 del
Decreto 4800 de 2011.
[14]
Folio 24, cuaderno principal.
[15]
Ibidem.
[16]
Ibidem.
[17]
Ibidem, folio 25.
[18]
Copia del oficio No.228 de la Fiscalía Treinta y Cinco Seccional Delegada ante
los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio–Unidad de Compulsa de Copias
de Justicia Transicional, folio 43, cuaderno principal.
[19]
Recurso de reposición remitido por la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, como respuesta al auto de decreto de pruebas que
emitió la Magistrada Sustanciadora, el 2 de octubre de 2020.
[20]
Ibidem, pág.1.
[21]
Ibidem, pág.2.
[22]
Ibidem, págs.4-5
[23]
Folios 27-29, cuaderno principal.
[24]
Copia de esa Resolución. Folio 29, cuaderno principal. Al respecto, el
parágrafo 2 del artículo 3° de la Ley
1448 de 2011 establece: “Los miembros de los grupos armados
organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los
casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados
del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad”.
[25]
Folio 42, cuaderno principal.
[26]
Folios 30-35, cuaderno principal.
[27]
Folio 32, cuaderno principal.
[28]
Folio 34, cuaderno principal.
[29]Copia
de comunicación del Fiscal Séptimo Delegado ante los Jueces Penales
Especializados Unidad de Copias –Justicia Transicional. Folio 44, cuaderno
principal.
[30]
Copia de la comunicación del Fiscal 211 seccional del despacho 67– Grupo Interno
de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas—
GRUBE, folio 45, cuaderno principal.
[31]
Copia del acta de entrega de cadáver a familiares de víctima de desaparición
forzada y homicidio, suscrita por el Fiscal 211 Seccional de Grupo Interno de
Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas— GRUBE.
Folio 45, cuaderno principal.
[32]
Folios 36-37, cuaderno principal.
[33]
Según la Ley 1437 de 2011: “Los actos administrativos deberán ser revocados
por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos
superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en
cualquiera de los siguientes casos: // 1. Cuando sea manifiesta su oposición a
la Constitución Política o a la ley. // 2. Cuando no estén conformes con el
interés público o social, o atenten contra él. // 3. Cuando con ellos se cause
agravio injustificado a una persona.
[34]
Folio 36, cuaderno principal.
[35]
Folios 79-81, cuaderno principal.
[36]
Folio 80, cuaderno principal.
[37]
Folio 81, cuaderno principal.
[38]
Ibidem.
[39]
Folio 82, cuaderno principal, según consta en el auto de 26 de octubre del
2018, proferido por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá.
[40]
Folios 82-85, cuaderno principal.
[41] Folio 84, ibidem.
[42] Ibidem.
[43]
Ibidem.
[44]
Artículo 243 de la Ley 1437 de 2011: “Son apelables las
sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán
apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los
jueces administrativos: // 1. El que rechace la demanda. // 2. El que decrete
una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y
desacato en ese mismo trámite. // 3. El que ponga fin al proceso. // 4. El que
apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser
interpuesto por el Ministerio Público. // 5. El que resuelva la liquidación de
la condena o de los perjuicios. // 6. El que decreta las nulidades procesales.
// 7. El que niega la intervención de terceros. // 8. El que prescinda de la
audiencia de pruebas. // 9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna
prueba pedida oportunamente. // Los autos a que se refieren los numerales 1, 2,
3 y 4 relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por
los tribunales administrativos en primera instancia. // El recurso de apelación
se concederá en el efecto suspensivo, salvo en los casos a que se refieren los
numerales 2, 6, 7 y 9 de este artículo, que se concederán en el efecto
devolutivo. // PARÁGRAFO. La apelación solo procederá de
conformidad con las normas del presente Código, incluso en aquellos trámites e
incidentes que se rijan por el procedimiento civil”.
[45]
Folios 1-8, cuaderno principal.
[46]
Folio 1, cuaderno principal.
[47]
Sentencia C-541 de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
[48]
Sentencias T-517 de 2014, M.P Jorge Iván Palacio Palacio; T-478 de 2017, M.P
Gloria Stella Ortiz Delgado; y T-067 de 2020, M.P Antonio José Lizarazo Ocampo.
[49]
Al respecto, ver las sentencias T-301 de 2017, M.P. Aquiles Arrieta Gómez; y
T-211 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[50]
Sentencia T-083 de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[51]
Recuérdese que los accionantes son: Ana Julia Niño Aguilar (madre); Filadelfo
Morales Niño (hermano); Rodrigo Alberto Morales Niño (hermano); Yaimi Yuliset
Morales Niño (hermana); Leonardo Arvey Morales Niño (hermano); Ana Karina
Morales Niño (hermana); Yerson David Morales Niño (hermano); Ana Inés Aguilar
(abuela); Celida Consuelo Carreño Romero (cuñada); Diana Yuliedt Carreño Meta
(cuñada); Esteban Andrés Morales Romero (sobrino); Maira Alejandra Morales Meta
(sobrina); e Íngrid Julieth Morales Meta (sobrina).
[52] Folio 49, cuaderno principal.
[53] Folios 55-57, cuaderno principal.
[54]
Folios 62-65, cuaderno principal.
[55]
Folios 61-62, cuaderno principal.
[56]
Para este momento, los accionantes no habían aportado los documentos
relacionados con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
interpuesta por la señora Ana Julia Niño Aguilar.
[57]
Folio 62, cuaderno principal.
[58]
Folios 62-64, cuaderno principal.
[59]
Folio 67, cuaderno principal.
[60]
Ibidem.
[61]
Folio 67, cuaderno principal.
[62]
Folio 68, cuaderno principal.
[63]
Folio 69, cuaderno principal.
[64]
Folios 69-71, cuaderno principal.
[65]
Folios 4-13, cuaderno 2.
[66]
Folio 11, cuaderno 2.
[67]
Ibidem.
[68]
Folios 11-12, cuaderno 2.
[69]
Folio 12, cuaderno 2.
[70]
Código General del Proceso. Artículo 170. Decreto y práctica
de pruebas de oficio. “El juez deberá decretar pruebas de oficio, en
las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de
fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la
controversia. Las pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la
contradicción de las partes”.
[71]
Artículo 64. Pruebas en revisión de Tutelas. “Con
miras a la protección inmediata y efectiva del derecho fundamental vulnerado y
para allegar al proceso de revisión de tutela elementos de juicio relevantes,
el Magistrado sustanciador, si lo considera pertinente, decretará pruebas. Una
vez se hayan recepcionado, se pondrán a disposición de las partes o terceros
con interés por un término no mayor a tres (3) días para que se pronuncien
sobre las mismas, plazo durante el cual el expediente quedará en la Secretaría
General”.
[72]
Tal como consta en el correo electrónico que la entidad remitió, en respuesta
al oficio OPT-A-1574-2020 de la Secretaría General de la Corte Constitucional,
enviado el día 21 de octubre de 2020.
[73]
Expediente T-7.826.409. NIÑO AGUILAR, Ana Julia. (mundoinnova@outlook.es). Buenas
tardes, presentamos contestación a requerimiento en proceso de la
Ref.T-7.826.409. Fecha de envío del mensaje: 23 de octubre de 2020 a las
16:34. Archivo adjunto: Binder 1.pdf. En adelante, “Respuesta al auto de
decreto de pruebas”.
[74]
Ibidem, pág.4-5.
[75]
Ibidem, pág.5.
[76]
Ibidem.
[77]
Ibidem, pág.7.
[78]
Respuesta al auto de decreto de pruebas, pág.4.
[79]
Ibidem, págs.7-9. En particular, la accionante cita la Sentencia C-069 de 2016,
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; y la Sentencia del 7 de julio de 2016
(42867) de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, C.P.
Guillermo Sánchez Luque.
[80]
Sentencia C-069 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
[81]
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C. C.P Guillermo Sánchez Luque. Sentencia con número de radicación:
200001-23-31-000-2009-00296-01 (42867).
[82]
Sentencia C-069 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[83]
Respuesta al auto de decreto de pruebas, pág.9. La accionante cita el Informe
Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1999). Capítulo 6. Recomendación
sobre la erradicación del reclutamiento y la participación de niños en
conflictos armados. Disponible en: https://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/capitulo6b.htm
URL 25/10/2020.
[84]
Ibidem.
[85]
Respuesta al auto de decreto de pruebas, pág.9. A este respecto, la accionante
cita la sentencia del 26 de septiembre de 2006 (Caso Vargas Areco vs.
Paraguay) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
[86]
Respuesta al auto de decreto de pruebas, pág.9.
[87]
Ibidem, pág.10.
[88]
LUCERO MONROY, Luis Fernando (luis.lucero@fiscalia.gov.co).
Expediente T-7.826.409 acción de tutela MAGISTRADA GLORIA ESTELLA ORTIZ
DELGADO. Fecha de envío del mensaje: 27 de octubre de 2020 a las 18:06.
Archivos adjuntos: Corte Constitucional, Secretaría Aneiro Yerson Morales;
Documentación.pdf; Genética.pdf; Oficio Víctima.pdf; Oficio.PDF; Perfil
Demográfico Aneiro.doc; Registro civil de defunción.pdf; Acta de entrega digna
de cadáver –Aneiro Yerson.doc; Análisis antropológico.doc; Certificado de
defunción.pdf. En adelante: “Respuesta al auto de decreto de pruebas”.  A
este respecto, debe aclararse que, conforme al artículo 8º del Decreto 806 de
2020, “[l]a notificación personal se entenderá
realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del
mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación”. La Corte declaró exequible esta
norma de manera condicionada, en el entendido de que el término de dos
(2) días allí dispuesto empieza a contarse cuando se acuse de recibo o se pueda
por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje de datos de que
tratan tales disposiciones. En este caso, el Fiscal 211 del GRUBE, seccional
Villavicencio, remitió a esta Corporación el formato de certificado de
permanencia por comisión de servicios, en el que consta que, del 19 al 23 de
octubre de 2020, estuvo en el cementerio de Mapiripán, Meta. Por consiguiente,
indicó que tuvo acceso a su correo electrónico el lunes 26 de octubre de 2020.
[89]
Conforme a los documentos remitidos por el fiscal 211 del GRUBE, seccional
Villavicencio, el informe pericial de antropología forense en cita fue expedido
el 21 de octubre de 2015, la documentación de informe pericial fue remitida a
la fiscal 35 seccional Unidad Segunda de Vida el 26 de abril de 2016 y,
finalmente, el informe pericial de genética fue expedido el 2 de octubre de
2016.
[90]
Registro civil de defunción, remitido como adjunto en la respuesta al auto de
decreto de pruebas.
[91]
Informe pericial forense de antropología, pág.8, remitido como adjunto en la
respuesta al auto de decreto de pruebas.
[92]
Informe pericial simplificado de genética, pág.2. Remitido como adjunto en la
respuesta al auto de decreto de pruebas.
[93]
Ibidem.
[94]
Ibidem, pág.9.
[95]
Ibidem.
[96]
Perfil demográfico, “Grupo al que se atribuyen los hechos/ narración hechos/
informante fosa”. Remitido como adjunto en la respuesta al auto de decreto
de pruebas.
[97]
Remisión de documentación original de informe pericial por parte del Instituto
Nacional de Medicina Legal a la Fiscalía 35 Seccional Unidad de Vida, pág.3.
[98]
Expediente T-7.826.409. OFICINA JURÍDICA (oficinajuridica@unidaddevictimas.gov.co).
Expediente T-7.826.409. Fecha de envío de mensaje: 30 de octubre de
2020, a las 16:56. Tal como consta en el correo electrónico remitido por la
entidad, por medio del cual dio respuesta al Oficio A-1577/2020. A este
respecto, debe aclararse que, conforme al artículo 8º del Decreto 806 de 2020, “[l]a notificación personal se entenderá realizada una vez
transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos
empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación”. La Corte declaró exequible esta norma de manera condicionada, en
el entendido de que el término de dos (2) días allí dispuesto empezará a
contarse cuando se presente el acuse de recibo o se pueda por otro medio
constatar el acceso del destinatario al mensaje de datos de que tratan tales
disposiciones. En este caso, la entidad solicitó reenviar el auto de decreto de
pruebas a los correos notificaciones.juridicaUARIV@unidadvictimas.gov.co y yolanda.guerrero@unidadvictimas.gov.co
y acusó su recibo el día 29 de octubre de 2020.
[99]
Oficio No.202011028654661, pág.2.
[100]
Ibidem.
[101]
Ibidem.
[102]
Ibidem, pág.3-4.
[103]
Ibidem, págs.4-5.
[104]
Ibidem, pág.5
[105]
Ibidem, pág.6.
[106]
Ibidem.
[107] Dicho manual está debidamente publicado en la página
web de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas. Disponible en: https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/manualdevaloracionv2.pdf
[108]
Oficio No.202011028654661, pág.6.
[109]
Ibidem, pág.7.
[110]
Ibidem, pág.8.
[111]
Ibidem, págs.8-10.
[112]
Ibidem, pág.10.
[113]
Ibidem.
[114]
Se advierte que este Oficio fue notificado personalmente a la accionante.
[115]
Si bien la entidad cita el Decreto 01 de 1984, la Ley aplicable para la fecha
es la 1437 de 2011. Conforme a su artículo 93: “[l]os
actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los
hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de
oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: // 1.
Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. // 2.
Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
// 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. Asimismo, el artículo 94 de esta normativa indica: “La
revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no
procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el
peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean
susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su
control judicial”.
Finalmente, el artículo 95
establece: “La revocación directa de los actos administrativos
podrá cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de
la demanda. // Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por
la autoridad competente dentro de los dos (2) meses siguientes a la
presentación de la solicitud. // Contra la decisión que resuelve la solicitud
de revocación directa no procede recurso (…)”.
[116]
Oficio No.201811312301631, respuesta a la solicitud de revocatoria directa
contra Resolución No.2014-387322 del 12 de febrero de
2014, Resolución 2014-387322R del 6 de julio de 2017 y Resolución 201745900 del
31 de agosto de 2017. Pág.2.
[117]
Adicionalmente, se encuentra la notificación por aviso de la Resolución
No.2014-387322R del 2017, la cual estuvo fijada del 18 de agosto de 2017 hasta
el día 25 del mismo mes.
[118]
Recurso de reposición, págs.9-10.
[119]
Este acápite es reiteración de la Sentencia T-478 de 2017, M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[120]
Constitución Política, art.86 (parcial). “Toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actué a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública (…) Esta acción solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.
[121]
Decreto 2591 de 1991. Artículo 5. “Procedencia de la acción
de tutela. La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las
autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de
los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley. También procede contra
acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el
Capítulo III de este Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está
sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en
un acto jurídico escrito”.
[122]
Ver entre otras, la Sentencia T-788 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
[123] Sentencia T-662 de 2016 M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[124]
Sentencia T-246 de 2020. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[125]
M.P. Alberto Rojas Ríos.
[126]
Ver, entre otras, las sentencias T-006 de 2014, M.P. Mauricio
González Cuervo; T-692 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; y T-573
de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
[127]
Sobre este particular, la Corte ha dicho que: “el amparo
reforzado de los sujetos de especial protección constitucional, parte del
reconocimiento que el Constituyente de 1991 hizo de la desigualdad formal y
real a la que se han visto sometidos históricamente. Así la Constitución
Política en su artículo 13 establece que “el Estado protegerá especialmente a
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan.” Al respecto, la Corte Constitucional ha
señalado como sujetos de especial protección a los niños y niñas, a las madres
cabeza de familia, a las personas en situación de discapacidad, a la población
desplazada, a los adultos mayores, y todas aquellas personas que por su
situación de debilidad manifiesta los ubican en una posición de desigualdad
material con respecto al resto de la población; motivo por el cual considera
que la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en
la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones
de debilidad manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de
acceso a los mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de
garantizar la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a
favor de los grupos mencionados”. (Sentencia T-736 de 2013, M.P. Alberto
Rojas Ríos).
[128]
M.P. Cristina Pardo Schelesinger.
[129] Ver también las sentencias: T-517 de 2014,
M.P Jorge Iván Palacio Palacio; T-692 de 2014, M.P Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; T-006 de 2014, Mauricio González Cuervo; T-556 de 2015, M.P María
Victoria Calle Correa; T-290 de 2016, M.P Alberto Rojas Ríos; T-290 de 2016, M.P Alberto Rojas Ríos; T-163 de 2017, M.P Gloria Stella Ortiz
Delgado; T-584 de 2017, M.P
José Fernando Reyes Cuartas; T-478 de 2017, M.P Gloria Stella Ortiz Delgado y T-301 de 2017, M.P Aquiles
Arrieta Gómez.
[130]
Ver las sentencias T-188 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-462 de 2012, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio; T-364 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo; y
T-404 de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.
[131]
Ver sentencia T-404 de 2017, M.P Carlos Bernal Pulido.
[132] Sentencias T-192 de 2010, M.P Jorge Iván Palacio Palacio; T-006
de 2014, M.P Mauricio
González Cuervo; T-692 de 2014, M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
T-525 de 2014, M.P María Victoria Calle Correa; T-573 de 2015, M.P María
Victoria Calle Correa; T-417 de 2016, M.P Jorge Iván Palacio Palacio; T-301 de 2017, M.P Aquiles
Arrieta Gómez y T-584 de 2017, M.P José Fernando Reyes Cuartas, en las que
esta Corporación ha sido enfática al advertir que tratándose de víctimas de la
violencia resulta desproporcionado exigir el agotamiento de los medios de
defensa judicial existentes en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
[133]
Ver Sentencia T-376 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[134]
Sentencias T-662 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-527 de 2015 M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[135] Para ello, aportaron
sus registros civiles correspondientes. Folios 10-20, cuaderno principal.
[136] M.P Nilson Pinilla
Pinilla.
[137]
Esto es, “[s]e consideran víctimas, para los efectos
de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un
daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985,
como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.
[138]
Apartado sustentado en las consideraciones de las Sentencias T-279 de 2018 y
T-092 de 2019, M.P Gloria Stella Ortiz Delgado.
[139]
Sentencias T-373 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y
T-416 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández.
[140]
Sentencia T-416 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández.
[141]
Ley 1448 de 2011. Artículo 166. De la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las
Víctimas. Créase la Unidad de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas como una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica y
autonomía administrativa y patrimonial, adscrita al Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República.
[142]
Este apartado es reiteración parcial de la Sentencia T-426 del 2019, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[143]
Sentencia SU-241 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[144]
Sentencia T-091 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
[145]
Sentencia SU-108 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[146]
Cuaderno principal, folios 23-26.
[147]
Ibidem, folios 27-35.
[148]
Ibidem, folios 79-81.
[149]
Ibidem, folio 82. Según consta en el auto de 26 de octubre del 2018, proferido
por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
[150]
Ibidem.
[151]
Ibidem, folios 76-77.
[152]
Ibidem, folio 47.
[153]
Consideraciones tomadas de la Sentencia T-444 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado, reiterada en la Sentencia T-426 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[154]
Ver las sentencias T-091 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido; T-471 de 2017,
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-541 de 2015, M.P. María Victoria Calle
Correa, entre otras.
[155]
“Artículo 6º. Causales de improcedencia de la tutela. La
acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias
en que se encuentre el solicitante (…) Se entiende por irremediable el
perjuicio que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante una
indemnización”.
[156]
Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
[157]
Ver las sentencias T-471 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado; T-373 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-594 de 2006, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández y T-441 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández.
[158]
Ver entre otras las sentencias T-375 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado;
T-091 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido; T-471 de 2017, M.P. Gloria Stella
Ortiz; T-230 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[159]
En este caso, se cita la Sentencia SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[160]
En este caso, se citó la Sentencia T-225 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[161]
Sentencia T-211 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schelesinger
[162]
Artículo 1º. “La presente ley tiene por objeto establecer
un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas,
individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones
contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de
justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a
la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo
que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la
materialización de sus derechos constitucionales”.
[163]
Artículo 28. “DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. Las víctimas
de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, tendrán
entre otros los siguientes derechos en el marco de la normatividad vigente:
1. Derecho a la verdad, justicia y reparación.
2.
Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario.
3.
Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el
Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de
dignidad.
4.
Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria.
5.
Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la
política pública de prevención, atención y reparación integral.
6.
Derecho a que la política pública de que trata la presente ley, tenga enfoque
diferencial.
7.
Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de
victimización se haya dividido el núcleo familiar.
8.
Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de
voluntariedad, seguridad y dignidad, en el marco de la política de seguridad
nacional.
9.
Derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojado de ella, en los
términos establecidos en la presente Ley.
10.
Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas
que se establecen en la presente Ley.
11.
Derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos que se
estén adelantando, en los que tengan un interés como parte o intervinientes.
12.
Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia
[164]
Jaime Orlando Santofimio Gamboa (2004). Tratado de Derecho Administrativo.
Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Tomo III, pág. 211. Citado en la
Sentencia C-644 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Dice la sentencia: “La acción de reparación directa es una herramienta ‘(…)
tendiente a indemnizar a las personas con ocasión de la responsabilidad
extracontractual en que pudo incurrir el Estado (…) que excluyen de entrada
el acto administrativo”
[165] Este acápite es reiteración de la Sentencia T-418 de
2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[166] Sentencia SU-254 de 2013, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[167] Ver, entre otras, la Sentencia C-781 de 2012, M.P.
María Victoria Calle Correa; y la Sentencia C-069 de 2016, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[168] Ley 1448 de 2011. Artículo 3. “Se
consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que
individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir
del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho
Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas
internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado
interno (…) Parágrafo 3 Para los efectos de la definición contenida en el
presente artículo, no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un
daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común”
[169] Sentencia C-069 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
[170] Sentencia C-253A de 2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[171]
Esta interpretación fue desarrollada por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-052 de 2012, M.P Nilson Pinilla Pinilla.
[172] Ver, entre otras, las sentencias C-781 de 2012, M.P.
María Victoria Calle Correa; y C-253A de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[173] Sentencia C-253A de 2012, M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
[174] Dice el parágrafo 3º del artículo 3º de la
Ley 1448 de 2011: “PARÁGRAFO 3o. Para los efectos de la definición contenida
en el presente artículo, no serán considerados como víctimas quienes hayan
sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia
común” (El resaltado fuera del original).
[175] Los demandantes se refirieron, “en
particular, al caso de las llamadas bandas criminales emergentes, que han sido
calificadas por el Gobierno como delincuencia común, pero que, sin embargo,
comparten rasgos estructurales con los que han sido reconocidos como grupos
armados al margen de la ley dentro del conflicto armado interno,
específicamente con los paramilitares”. Cfr. Corte Constitucional.
Sentencia C-253A de 2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[176] “La fijación del concepto de delincuencia común, debe
hacerse por oposición a la definición de víctimas que, para efectos operativos,
se hace en el primer inciso del artículo 3º, no sólo porque la expresión
acusada es un desarrollo normativo que hace parte de ese mismo artículo, sino,
además, porque hay una remisión expresa a dicha definición, en la medida en que
la referida exclusión se hace ‘(…) para los efectos de la definición
contenida en el presente artículo’ ” Cfr. Sentencia C-253A de 2012, M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
[177] Dice la norma: “ARTÍCULO 3o. VÍCTIMAS.
Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas
que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a
partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho
Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas
internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado
interno”.
[178] Sentencia C-253A de 2012, M.P Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
[179] Ibidem.
[180] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[181] M.P. María Victoria Calle Correa.
[182]
Sentencia T-067 de 2020, M.P Antonio José Lizarazo Ocampo. Esta providencia, a
su vez, reitera las sentencias C-253A de 2012, M.P Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo; C-781 de 2012, M.P María Victoria Calle Correa y T-478
de 2017, M.P Gloria Stella Ortiz Delgado. A este respecto, establece: “En la
Sentencia C-781 de 2012 se recordó que la Corte ha adoptado una concepción
amplia del concepto de conflicto armado, a partir de criterios objetivos
decantados por la jurisprudencia constitucional (tanto en sede de revisión como
de control abstracto de constitucionalidad), con el fin de garantizar una
atención adecuada y oportuna a las víctimas y asegurar el goce efectivo de sus
derechos. Afirmó, entonces, que una noción amplia del conflicto es aquella que
reconoce toda la complejidad real e histórica que ha caracterizado a la
confrontación interna colombiana. Adicionalmente, en la Sentencia T-478 de
2017, Sala Quinta de Revisión sostuvo que “el entendimiento del concepto de
conflicto armado desde una perspectiva amplia se contrapone a una noción
estrecha de dicho fenómeno, en la cual éste: (i) se limita a un conjunto
específico de acciones y actores armados, (ii) se caracteriza por el uso de
ciertas armas y medios de guerra, o, (iii) se circunscribe a áreas geográficas
específicas. Así, esta Corporación ha determinado que esa concepción estrecha
de conflicto armado vulnera los derechos de las víctimas y, además, reduce las
posibilidades de cumplimiento del deber de prevención, atención y protección
que deben brindar las autoridades a todos los habitantes del territorio
colombiano frente a actos violentos”.
[183] Sentencia T-268 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[184] Auto 093 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[185] Auto 092 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[186] Sentencia T-821 de 2007, M.P. Catalina
Botero Marino.
[187] Sentencia T-895 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[188] Ver, entre otras, las sentencias T-611 de
2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-299 de 2009, M.P. Mauricio
González Cuervo.
[189] Sentencia T-318 de 2011, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[190] Sentencia T-129 de 2012, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[191] Sentencia T-265 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[192] Sentencia T-076 de 2011, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[193] Sentencia C-781 de 2012, M.P. María Victoria Calle
Correa.
[194] Como fue expresado anteriormente, una
perspectiva estrecha de conflicto armado es aquella en la cual este fenómeno
(i) se limita a un conjunto específico de acciones y actores armados, (ii) se
caracteriza por el uso de ciertas armas y medios de guerra, o, (iii) se
circunscribe a áreas geográficas específicas.
[195] Adicionalmente, esta Corporación ha establecido que, para la
correcta aplicación del concepto de víctima del conflicto armado establecido
por el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, también debe tenerse en cuenta que
(i) la condición de víctima
no puede establecerse únicamente con base en la calidad o condición específica
del sujeto que cometió el hecho victimizante; y (ii) los hechos atribuidos a
los grupos post-desmovilización se consideran ocurridos en el contexto del
conflicto armado, siempre que se logre establecer su relación de conexidad con
la confrontación interna. Al respecto, entre otras ver las sentencias T-274 de
2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; T-169 de 2019, M.P. José Fernando
Reyes Cuartas; y T-067 de 2020, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[196] Este acápite reitera parcialmente la
Sentencia C-240 de 2009, M.P.
Mauricio González Cuervo.
[197] Aprobada en Colombia mediante la Ley 16 de
1972.
[198] La Convención Americana de Derechos
Humanos en su artículo 2º reza en cuanto al deber de los Estados de protección
de los derechos consagrados en ella, lo siguiente: “Deber de Adoptar
Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y
libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a
las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y
libertades”.
[199] Aprobada en Colombia mediante la Ley 12 de
1991.
[200] El artículo 19 de la Convención sobre
los Derechos del Niño reza lo siguiente: // “1. Los Estados Partes adoptarán
todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico
o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el
abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de
un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
//2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda,
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con
objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él,
así como para otras formas de prevención y para la identificación,
notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y
observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y,
según corresponda, la intervención judicial”.
[201] Estas normas están originalmente citadas
en la Sentencia C-240 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
[202] Este texto fue adoptado por la Asamblea General de la ONU el 25 de mayo de 2000 y entró en
vigor el 12 de febrero de 2002. Este protocolo fue avalado por la Ley 833 del 10 de julio de
2003 y la Sentencia C-172 del 2 de marzo de 2004 declaró exequible esa Ley y el
"Protocolo Facultativo relativo a la Participación de Niños en los
Conflictos Armados", adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de
mayo de dos mil (2000).
[203] El artículo
2º del Protocolo Facultativo reza lo siguiente: “Los Estados Partes velarán
por que no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas
a ningún menor de 18 años”.
[204] Artículo 3º del Protocolo Facultativo.
[205] Artículo 4º del Protocolo Facultativo.
[206] Aprobado en Colombia mediante la Ley 171 de 1994.
[207] Declarado
exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-578 de 2002, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa. A este respecto, al momento de ratificar el Estatuto de
Roma, el Congreso lo hizo con la salvedad prevista en el artículo 124, de
un período de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto
entró en vigor, es decir, el 1° de noviembre de 2002, y no se aceptó la
competencia de la Corte Penal Internacional sobre la categoría de crímenes de
guerra, entre los cuales está el de reclutamiento. Por tanto, solo a partir del
1° de noviembre de 2009 la Corte Penal Internacional tuvo plena jurisdicción
para investigar y sancionar el reclutamiento de menores de 15 años en Colombia.
Asimismo, mediante la Sentencia C-007 de 2018, esta Corporación declaró
exequible la expresión “reclutamiento de menores conforme a lo establecido
en el Estatuto de Roma”, contenida en distintas disposiciones de la Ley
1820 de 2016 (artículos 23, 30, 46, 47, 52 y 57). Así las cosas, dicha
expresión debe entenderse debe entenderse así: “el reclutamiento de menores
de 15 años en el caso de conductas ocurridas hasta el 25 de junio de 2005, y el
reclutamiento de menores de 18 años en el caso de conductas ocurridas con
posterioridad a esa fecha”.
[208] Aprobado en Colombia mediante la Ley 704
de 2001.
[209] Child Soldiers International, 2019. En:
https://www.refworld.org/publisher/CSCOAL.html
[210] Ibidem.
[211] Ibidem.
[212] Ibidem.
[213] En ese sentido puede destacarse además que
el Código Penal de Francia, por ejemplo, en su sección sobre crímenes de
guerra, establece que: “reclutar niños menores de dieciocho años en las
fuerzas armadas o en grupos armados (…) se sanciona con 20 años de prisión.
Esta disposición no constituye ningún obstáculo para el alistamiento voluntario
de niños mayores de quince años”.
[214] A la luz de una estimación conservadora,
para la época al menos un 40% de cada fuerza armada estaba compuesta por
menores de 18 años.
[215] CORTE PENAL INTERNACIONAL (2019). The Prosecutor v.
Bosco Ntaganda. Sentencing Judgement. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_06674.PDF
URL 19/10/2020.
[216] CORTE PENAL INTERNACIONAL (2018) The Prosecutor v.
Bosco Ntaganda. Closing brief on behalf of the former child soldiers. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_05215.PDF
19/10/2020.
[217] Ibidem, págs.36-41.
[218] Ibidem, págs.47-50.
[219] Ibidem, pág.45.
[220] CORTE PENAL INTERNACIONAL (2019). The
Prosecutor v. Bosco Ntaganda. Sentencing Judgement. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_06674.PDF
URL 19/10/2020.
[221] Ibidem, pág.79.
[222] Ibidem, págs.82-83.
[223] Ibidem, págs.83-85.
[224] “Reclutar o alistar
niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos para
participar activamente en hostilidades”.
[225] Ibidem, págs.114-117.
[226] CORTE PENAL INTERNACIONAL (2012). The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_03947.PDF
URL 19/10/2020.
[227] Ibidem, pág.9.
[228] Ibidem, págs.9-10.
[229] Ibidem, págs.10-12.
[230] Ibidem, págs.15-16.
[231] “Artículo 25. Responsabilidad penal individual (…)
3) De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente responsable y podrá
ser penado por la comisión de un crimen de la competencia de la Corte quien: a)
Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea éste o no
penalmente responsable”.
[232] CORTE PENAL INTERNACIONAL (2012). The Prosecutor v.
Thomas Lubanga Dyilo. PágS.16-17. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_03947.PDF
URL 19/10/2020.
[233] Caso “Fiscalía v. Issa Hassan Sesay, Morris Kallon
y Augustine Gbao” Disponible en: https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=49b1029a2
URL 13/10/2020.
[234] Ibidem. pág.2.
[235] Entre las actividades que realizaban los
niños se pueden enumerar: (i) labores domésticas; (ii) búsqueda de comida;
(iii) operaciones de combate; (iv) actos de espionaje; (v) participación en
patrullas armadas; (vi) funciones de escolta; (vii) comisión de crímenes contra
civiles; y (viii) protección de objetivos militares, tales como los campos del
FRU y las minas de diamantes.
[236] Ibidem, págs.15 y 24.
[237] El sistema africano de derechos humanos y de los
pueblos, se basa en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que
es un documento que consagra tanto derechos individuales y colectivos como
deberes individuales de las personas. El sistema prevé una Comisión Africana
como órgano de supervisión en materia de Derechos Humanos y, recientemente,
entró en vigor un Protocolo adicional a la Carta, que establece una Corte
Africana. El Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el
Bienestar del Niño supervisa la aplicación de la Carta Africana sobre los
Derechos y el Bienestar del Niño. Como Comité internacional, emite
recomendaciones a los países parte de la Carta Africana sobre sus
preocupaciones en materia de la protección de los derechos de los niños en ese
continente.
[238] Ibidem, pág.2.
[239] Ibidem. pág.14, numeral 58.
[240] Ibidem, pág.20.
[241] HUMAN RIGHTS WATCH (2009). DR Congo:
Militia Leader Guilty in Landmark Trial. Disponible en: https://www.refworld.org/docid/49b8e033c.html
URL 14/10/2020.
[242] Este acápite reitera
parcialmente la Sentencia T-419 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[243] Sobre prestación del servicio militar, que
modifica la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997.
[244]“Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones”.
[245] M.P. Jaime Córdoba Triviño. En dicha ocasión, la Corte
realizó la revisión de la constitucionalidad de la Ley 833 de 2003, por la
que se aprobó el “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en conflictos
armados”.
[246] Las normas correspondientes del Protocolo
descrito prescriben lo siguiente: “Artículo 1. Los Estados
Partes adoptarán todas las medidas posibles para que ningún miembro de sus
fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades”.
// “Artículo 4. // 1. Los grupos armados distintos de las fuerzas
armadas de un Estado no deben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar
en hostilidades a menores de 18 años”.
[247] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[248]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[249]
A este respecto, la sentencia indica: “en primer
lugar de la dinámica misma del conflicto armado y los patrones prevalecientes
del desplazamiento forzado en el país –v.g. el hecho de que las víctimas
sobrevivientes de los hechos de violencia son en una significativa proporción
de los casos las mujeres y sus hijos menores de edad, constituyendo por ende el
grueso de la población desplazada, mientras que los hombres son en la mayoría
de los casos víctimas de homicidio o desaparición forzada”.
[250]
Específicamente, la Corte constató lo siguiente: “La
Defensoría del Pueblo (…) “pudo constatar, con base en la información allegada
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que el delito de
reclutamiento ilícito de menores de edad por parte de grupos armados ilegales,
es una problemática que se ha presentado prácticamente en todo el territorio
nacional (los niños, niñas y las y los adolescentes atendidos por el programa
del ICBF fueron reclutados en 27 de los 32 departamentos del país).” ACNUR, por
su parte (…) expresó que ha constatado la persistencia de la amenaza de
reclutamiento forzado de menores en Putumayo, Amazonas, Vaupés, Antioquia,
Arquía (Chocó), Nariño, Quibdó, Soacha y Bolívar - particularmente en
Cartagena-, Arauca, Guaviare, Meta, Valle, Cauca y Risaralda; y en su Balance
2004-2007, dicha agencia indica que ha conocido, con base en informes propios y
de OACNUDH, de casos cometidos entre la población indígena Awá de Nariño, y en
los municipios de San Miguel y Valle del Guamuez (Putumayo), Amazonas, Mitú
(Vaupés) y Soacha (Cundinamarca). El Secretario General de las Naciones Unidas
ha llamado la atención sobre la extensión territorial de este fenómeno en
Colombia, al denunciar que “las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –
Ejército del Pueblo (FARC-EP) siguen reclutando y utilizando niños. Al
respecto, se han denunciado casos en los departamentos del Cauca, Antioquia,
Sucre, Bolívar, Cundinamarca, Guaviare, Meta y Nariño. En Corinto, departamento
del Cauca, los miembros de las FARC suele visitar escuelas para persuadir a los
niños de que se unan a sus filas. (…) En diciembre de 2006, dos niñas, una de
14 y otra de 15 años, fueron reclutadas a la fuerza por el ELN en Nariño,
municipio de Guachavez – Santa Cruz”; y también denuncia que el reclutamiento
infantil es practicado por los grupos paramilitares que operan en el país,
entre los cuales algunos que se han sometido a un proceso de desmovilización se
han abstenido de reportar y entregar a los menores de edad reclutados a sus
filas: “Cada vez existe una mayor preocupación por las denuncias de violaciones
y abusos cometidos contra niños por nuevos grupos armados ilegales organizados.
Estos grupos, como las Águilas Negras, Manos Negras, la Organización Nueva
Generación o los Rastrojos, están muy involucrados en actividades delictivas
relacionadas fundamentalmente con el tráfico de drogas. El Gobierno considera
que dichos grupos son bandas de delincuentes. En junio de 2007, se denunció
que, en Cartagena y en el departamento de Bolívar, el grupo Águilas Negras
había coaccionado a niños para que se unieran a sus filas. En el período que se
examina, también se han recibido denuncias sobre el reclutamiento y la
utilización de niños por los otros tres grupos antes mencionados en el
departamento del Valle del Cauca; la ciudad de Cartagena, en Bolívar; y la
ciudad de Medellín, en Antioquia. Además, los dos grupos armados ilegales, al
margen del proceso de desmovilización que figuran en mi informe de 2006, a
saber, las Autodefensas Campesinas del Casanare y el Frente Cacique Pipinta,
sólo se han desmovilizado parcialmente, y se cree que aún tienen niños en sus filas.
La gravedad de las violaciones que, según las denuncias recibidas, cometen
estos grupos es muy real y exige que se adopten medidas serias para mejorar la
protección de los niños (…)”.
[251]
Ciertamente, la Corte advirtió que el Auto 171 de 2007 expresó
que “la Corte Constitucional no ha sido informada hasta el momento sobre la
iniciación o adelantamiento de investigaciones penales por la comisión de estas
graves violaciones de la ley penal por parte de la Fiscalía General de la
Nación, ni sobre la existencia de programas especiales de protección a las
víctimas o denunciantes de tales hechos punibles; y que durante la sesión
técnica del 28 de junio, se afirmó que estas manifestaciones de criminalidad
están amparadas por la impunidad.”
[252]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[253] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[254] Dice el parágrafo: “Los miembros de los
grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas,
salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados
del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad”.
[255] Informe de ponencia para segundo debate en la Cámara
de Representantes.
[256] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Relativa al
artículo 190 (parcial) de la Ley 1448 de 2011.
[257] La presente cita es original de la Sentencia C-240 de
2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
[258] M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
[259] Sobre esta materia, la Sala adoptará la
recopilación sobre el derecho fundamental de las víctimas del conflicto armado
interno a la inclusión en el RUV, planteada en la Sentencia T-478 de 2017, que
a su vez cita la T-163 de 2017, M.P Gloria Stella Ortiz Delgado.
[260] Ley 1448 de 2011. Artículo 154. Registro Único de
Víctimas. “La Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, será la responsable del
funcionamiento del Registro Único de Víctimas. Este Registro se soportará en el
Registro Único de Población Desplazada que actualmente maneja la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional para la
atención a la población en situación de desplazamiento, y que será trasladado a
la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas dentro de un (1) año
contado a partir de la promulgación de la presente Ley”.
[261] Decreto 4800 de 2011. Artículo 17. Entidad
responsable del manejo del Registro Único de Víctimas. “La
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
será la encargada de la administración, operación y funcionamiento del Registro
Único de Víctimas”.
[262] En este sentido, la Corte Constitucional
ha indicado que las reglas jurisprudenciales aplicables al Registro Único de
Población Desplazada (RUPD) son trasladables a la inscripción en el Registro
Único de Víctimas (cfr. Sentencia T-067 de 2013, M.P Alexei Julio Estrada).
[263] Decreto 4800 de 2011. Artículo 16.
[264] Ibidem.
[265] Decreto 4800 de 2011. Artículo 19. Principios que
orientan las normas sobre Registro Único de Víctimas. “Las normas que
orientan a los servidores públicos encargados de diligenciar el Registro, deben
interpretarse y aplicarse a la luz de los siguientes principios y
derechos: 1. El principio de favorabilidad; 2. El principio de buena
fe; 3. El principio de prevalencia del derecho sustancial propio del Estado
Social de Derecho; 4. El principio de participación conjunta; 5. El derecho a
la confianza legítima; 6. El derecho a un trato digno; y 7. Hábeas Data”.
[266] Sentencia T-004 de 2014, M.P. Mauricio
González Cuervo.
[267] Sentencia T-290 de 2016, M.P. Alberto
Rojas Ríos.
[268] Ver, entre otras, las sentencias T-004 de
2014, M.P. Mauricio González Cuervo; T-087 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; T-525 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada: y T-573 de 2015, M.P. María
Victoria Calle Correa.
[269] Ley 1448 de 2011, art.52.
[270] Ley 1448 de 2011, art.62-65.
[271] Ley 1448 de 2011, art.64.
[272] Ley 1448 de 2011, art.65.
[273] Ley 1448 de 2011, arts. 155 y 156.
[274] Ver, entre otras, las sentencias T-517 de
2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; y T-067 de 2013, M.P. Alexei Julio
Estrada.
[275] Sentencia T-991 de 2012, M.P. María Victoria Calle
Correa.
[276] Sentencias T-025 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa; T-067 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada; T-517 de 2014, M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio; T-692 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
T-556 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa; T-290 de 2016, M.P. Alberto
Rojas Ríos. Igualmente, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por
el artículo 158 de la Ley 1448 de 2011, con fundamento en el cual se debe
observar el principio de favorabilidad en las actuaciones que se adelanten en
relación con el registro de las víctimas.
[277] Sentencia T-301 de
2017, M.P Aquiles Arrieta Gómez.
[278] “Con el cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale la
ley, y en los casos que ésta determine, se realizará el examen periódico de los
límites de las entidades territoriales y se publicará el mapa oficial de la
República”.
[279] Sentencia T-227 de
2018, M.P Cristina Pardo Schlesinger.
[280] Ibidem.
[281] Sentencias T-692 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo y T-556 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
[282] Sentencia T-301 de 2017, M.P. Aquiles Arrieta
Gómez.
[283] Ley 1448 de 2011. “Artículo
5. Principio de buena fe. El Estado presumirá la buena fe de las víctimas de
que trata la presente ley. La víctima podrá acreditar el daño sufrido, por
cualquier medio legalmente aceptado. En consecuencia, bastará a la víctima
probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para
que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba”.
[284] Sentencia T-1064 de 2012, M.P. Alexei Julio Estrada,
citada en la Sentencia T-092 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[285]
Al respecto, ver sentencias T-112 de 2015, M.P Jorge Iván Palacio Palacio;
T-393 de 2018, M.P Alberto Rojas Ríos; T-169 de 2019, M.P José Fernando Reyes
Cuartas; T-211 de 2019, M.P Cristina Pardo Schlesinger, entre otras.
[286] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[287] M.P. Aquiles Arrieta Gómez.
[288] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[289] M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[290] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[291] M.P Cristina Pardo
Schlesinger.
[292] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[293]
Folio 32, cuaderno principal.
[294]
Folio 1, cuaderno principal.
[295]
Ministerio de Justicia. Glosario. Disponible en:
https://sej.minjusticia.gov.co/PoliticaCriminal/Paginas/Glosario.aspx#:~:text=Noticia%20Criminal%3A,denuncia%2C%20querella%20o%20petici%C3%B3n%20especial.
URL 29/10/2020.
[296]
Conforme a la Monografía Político Electoral del Departamento del Casanare
(1997-2007), realizada por la Misión de Observación Electoral, las autodefensas campesinas del norte del Casanare, las autodefensas
del sur del Casanare y las autodefensas campesinas de Casanare. Pág.6.
Disponible en: https://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/casanare.pdf.
[297]Ibidem,
pág.63.
[298]
Ibidem.
[299]
Ibidem, pág.23.
[300]
Ibidem, pág.31. Para más información sobre la presencia de grupos autodefensas
en el departamento del Casanare a inicios del siglo XXI, se puede consultar: EL
ESPECTADOR: A juicio por terror en el Casanare (4/12/2009). https://www.elespectador.com/noticias/judicial/a-juicio-por-terror-en-casanare/
Paramilitar ‘Martín Llanos’ habría influido
en política del Casanare (26/01/2009). https://www.elespectador.com/noticias/judicial/paramilitar-martin-llanos-habria-influido-en-politica-del-casanare/
Casanare, política convulsionada (24/06/2011). https://www.elespectador.com/noticias/nacional/casanare-politica-convulsionada/
VERDAD ABIERTA (2011). El despojo silencioso en Casanare. Disponible
en: https://verdadabierta.com/el-despojo-del-mar-verde-en-el-casanare/
URL 11/11/2020. CONVENIOS DE FUERZA Y JUSTICIA. Situación de violencia en la
región. Disponible en: http://rutasdelconflicto.com/convenios-fuerza-justicia/node/278
URL 11/11/2020
[301]
Sentencias T-163 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y
T-584 de 2017, M.P. José Fernando Reyes Cuartas, entre otras.
[302]
Específicamente, en la Sentencia T-092 de 2019, M.P Gloria Stella Ortiz
Delgado, la Corte advirtió que la vulneración del principio de
favorabilidad en aquel caso concreto se derivó del razonamiento de la Unidad,
que parecía fundarse en la siguiente regla: si el ente investigador no puede
determinar las causas y responsables de un hecho victimizante, el registro no
puede ser llevado a cabo. La Sala sin embargo tuvo en cuenta que “las
cifras más recientes revelaban un alto índice de impunidad en el castigo del
delito de homicidio”, por lo que admitir el argumento de la UARIV
implicaría exigir que fueran los solicitantes quienes demostraran
probatoriamente el hecho alegado, aun en el evento de que en muchos casos ni
siquiera el aparato estatal pudiera hacerlo.
[303]
UARIV. Misión y Visión. Disponible en: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/quienes-somos/mision-y-vision/184
URL 30/10/2020
[304]
A este respecto, es necesario aclarar que, en la Sentencia C-052 de 2012, M.P
Nilson Pinilla Pinilla, esta Corporación afirmó que, debido a que el artículo
3º, inciso 2, de la Ley 1448 de 2011 no contiene ninguna
precisión en torno a las características de los hechos victimizantes, “es
evidente que éstas son las mismas establecidas en el inciso primero, tanto en
lo relativo a la fecha de su ocurrencia, como al tipo de infracción perpetrada
y al hecho de haber sucedido éstas con ocasión del conflicto armado interno”.
[305]
Conforme al artículo 2.2.7.3.4. del Decreto Único
Reglamentario 1084 del 26 de mayo de 2015, la UARIV podrá reconocer por
indemnización administrativa los montos de hasta 40 y 30 SMMLV por los hechos
victimizantes de homicidio y reclutamiento forzado de menores, respectivamente.
Asimismo, el artículo 2.2.7.4.9. dispone que, “[s]i respecto
de una misma víctima concurre más de una violación de aquellas establecidas en
el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, ésta tendrá derecho a que el monto
de la indemnización administrativa se acumule hasta un monto máximo de cuarenta
(40) SMLMV”.
[306]
Folios 36-37, cuaderno principal.
[307]
Oficio No.201811312301631, respuesta a la solicitud de revocatoria directa
contra Resolución No.2014-387322 del 12 de febrero de
2014, Resolución 2014-387322R del 6 de julio de 2017 y Resolución 201745900 del
31 de agosto de 2017. Pág.2.
[308]
Este artículo reza: “Deróganse a partir de la vigencia
dispuesta en el artículo anterior todas las disposiciones que sean contrarias a
este Código, en especial, el Decreto 01 de 1984 (…)”
[309]
La referida disposición indica que “(…) son víctimas el cónyuge,
compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer
grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se
le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán
quienes se encuentren en segundo grado de consanguinidad ascendente (…)”.
En la sentencia C- 052 de 2012, la Corte señaló que también son víctimas “aquellas
personas que hubieren sufrido un daño, en los términos del inciso primero [del
artículo 3° de la Ley 1448 de 2012]”.