T-476-19
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-476/19
ACCION DE TUTELA
PARA SOLICITAR PROTECCION DEL DERECHO AL AGUA-Procedencia excepcional
La exigibilidad del agua como derecho
colectivo (servicio público de acueducto), por regla general, se debe tramitar
ante el juez ordinario a través de la acción popular. Empero, la exigibilidad del agua como derecho
fundamental individual,
cuyo contenido básico alude a la cantidad mínima necesaria para consumo humano,
se puede solicitar mediante la acción de tutela
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Obligaciones del Estado para garantizar
disponibilidad, accesibilidad y calidad del servicio de agua
DERECHO FUNDAMENTAL
AL AGUA-Protección internacional
DERECHO FUNDAMENTAL
AL AGUA-Jurisprudencia constitucional
DERECHO FUNDAMENTAL
AL AGUA-Orden a alcaldía y empresa de
acueducto diseñar e implementar un plan de contingencia para asegurar el acceso
efectivo de agua potable
DERECHO AL AGUA, A LA VIDA DIGNA, A LA SALUD Y A LA VIVIENDA
DIGNA-Se
ordena con efectos inter comunis suministro de agua potable a comunidad
afectada por problema de impotabilidad del agua del acueducto
Referencia: Expediente T-7.276.111.
Acción de tutela formulada por Leonel Alcides Hoyos
Gómez contra la Alcaldía Municipal, Secretaría de Salud Municipal y Curaduría
Urbana Nº 2 de Ibagué, Construcciones JF S.A.S., Superintendencias de Servicios
Públicos Domiciliarios y del Subsidio Familiar, Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio, Fiduciaria Colpatria, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo
–Fonade- y Junta de Acción Comunal de la Vereda Ambalá Sector el Triunfo de
Ibagué.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá D.C., quince (15) de octubre de dos mil diecinueve
(2019).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y los Magistrados Carlos
Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos -quien la preside-, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo de tutela
adoptado por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagué, el 4 de febrero de 2019, que confirmó la providencia proferida por el Juzgado Sexto Civil Municipal de esa misma ciudad,
el 29 de noviembre de 2018, que denegó el amparo solicitado dentro del
trámite de la acción de tutela de la referencia.
I.       ANTECEDENTES
El 15 de noviembre de 2018, Leonel Alcides Hoyos Gómez,
en nombre propio, formuló acción de tutela contra la Alcaldía Municipal,
Secretaría de Salud Municipal y Curaduría Urbana Nº 2 de Ibagué, Construcciones
JF S.A.S., Superintendencias de Servicios Públicos Domiciliarios y del Subsidio
Familiar, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Fiduciaria Colpatria,
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (en adelante Fonade) y Junta de
Acción Comunal de la Vereda Ambalá Sector el Triunfo de Ibagué, por estimar vulnerados
sus derechos fundamentales al agua potable,
a la salud y a la vivienda digna, ante el suministro de agua en condiciones de
calidad no adecuada en el
predio donde reside.
Hechos y pretensiones de la demanda
1. El accionante manifiesta que su núcleo familiar está conformado
por su esposa y su hijo menor de edad[1].
2. Indica que en agosto de 2015 realizó
la separación y suscribió preventa con Fiduciaria Colpatria S.A. (encargo
fiduciario Nº 0024263635) de una vivienda
de interés social: apartamento 106 de la torre 1 de la Urbanización
Alminar Samoa, ubicado en la calle 61C # 23B-114[2], Barrio Ambalá
Sector El Triunfo del Municipio de Ibagué, cuya empresa constructora es
Construcciones JF S.A.S.. Advierte que en esa oportunidad no le informaron que
el proyecto no contaba con agua potable.
3. Señala que la Curaduría Urbana Nº 2 de
Ibagué, mediante Resolución Nº 73-001-2-6-0438 del 16 de septiembre de 2016, otorgó
licencia de urbanismo y construcción[3]
para las torres 1 y 2 de la referida urbanización.
4. Afirma que el 1º de
septiembre de 2017 se le entregó[4] el mencionado apartamento, en el cual
reside con su familia desde entonces, y que en el mes de diciembre de ese mismo
año se enteró que el agua que se surte en su predio y demás apartamentos de esa
comunidad no es potable, es decir, no apta para consumo humano.
5. Relata que, el 2 de octubre de 2018, una propietaria de otro de
los inmuebles ubicados en dicho conjunto residencial, solicitó a la Secretaría
de Salud Municipal de Ibagué que expidiera certificación en relación con la
calidad del agua que se abastece en todas esas viviendas, por cuanto el líquido
proviene del acueducto El Triunfo[5].
6. Por Oficio[6] 103146 del 25 de octubre de 2018, la Dirección
de Salud Pública Municipal de Ibagué respondió que, según el Índice de Riesgo
de Calidad de Agua para el Consumo Humano -IRCA-, el agua que se suministra en
los predios de la Urbanización Alminar Samoa
presenta
un nivel de riesgo alto en algunos meses y es inviable sanitariamente en otros,
por lo que no es apta para el consumo humano. Refirió que el agua analizada
debe ser sometida a un proceso de desinfección o tratamiento convencional para
evitar riesgos en la salud de las personas[7].
7. El demandante expone que, dada la importancia de los servicios
públicos domiciliarios en la vida cotidiana de su núcleo familiar, y ante la
falta de suministro de agua potable en su vivienda, ha tenido que comprar
botellones y bolsas que contienen agua para suplir dicho servicio, lo cual afecta
notoriamente su mínimo vital.
8. Sostiene que, pese a que la Curaduría Urbana Nº
2 y la Alcaldía Municipal de Ibagué tienen conocimiento de la situación,
siguen otorgándose licencias de construcción. Agrega que el conjunto
residencial tampoco cuenta con los servicios de transporte y alumbrado público.
9. Con base en lo anterior, el accionante solicita que se: (i) acceda
al amparo invocado; (ii) ordene abastecerse transitoriamente agua potable en los
tanques de almacenamiento de la Urbanización Alminar
Samoa; (iii) realicen las gestiones necesarias para potabilizar el agua
que se surte en las viviendas de dicha urbanización; (iv) suspenda la concesión
de licencias de construcción y las compraventas del proyecto Alminar Samoa a la
constructora Construcciones JF S.A.S., hasta tanto se potabilice el agua; (v)
abstenga de conceder licencias de construcción para nuevas construcciones en
Ibagué, mientras no se garantice el suministro de agua potable; (vi) adelanten las
investigaciones penales, civiles y administrativas a que haya lugar por la deficiente
inspección, vigilancia y control por parte de las autoridades; y (vii) ordene a
la Oficina de Planeación Municipal de Ibagué verificar la estratificación,
teniendo en cuenta que la urbanización no tiene los servicios de agua potable,
alumbrado y transporte público[8].
Material probatorio relevante cuya copia obra en el
expediente
1. Certificado de tradición del predio
del actor, cuya matrícula inmobiliaria corresponde al número 350-233031[9].
2. Certificación[10] expedida
por el Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Ambalá Sector el
Triunfo, el 22 de marzo de 2013, en la cual se indica que la Asamblea General
de la referida junta aprobó por unanimidad la autorización del servicio de acueducto
y alcantarillado para el proyecto urbanístico que dio lugar a la Urbanización Alminar Samoa.
3. Resolución Nº 73-001-2-6-0438[11] del 16 de
septiembre de 2016, por la cual la Curaduría Urbana Nº 2 de Ibagué otorgó
licencia de urbanismo y construcción de la Urbanización Alminar Samoa, considerándose,
entre otras cosas, lo que a continuación se trascribe:
“Que el solicitante presenta escrito de
la Junta de Acción Comunal Vereda Ambalá Sector el Triunfo con NIT. 800.082.986-1,
en el cual autoriza la disponibilidad del Servicio de Acueducto para mil doscientas
(1.200) viviendas unifamiliares, para el proyecto urbanístico a desarrollar por
la sociedad CONSTRUCCIONES JF LTDA, ubicado en el Lote 2 sector el triunfo
barrio Ambalá Calle 61 C No. 23 B-114, con vigencia de cuatro (4) años, oficio
suscrito por VÍCTOR BECERRA presidente de la Junta de Acción Comunal Vereda
Ambalá Sector el Triunfo.
Que la Corporación Autónoma Regional del
Tolima –CORTOLIMA- mediante Resolución No. 0693 de Mayo 07 de 1998, ‘por medio
de la cual se aumenta una concesión de aguas y se adoptan otras medidas’,
resuelve:
‘ARTÍCULO PRIMERO. Aumentar en 8.75
L/seg. la concesión de aguas otorgada a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA
AMBALÁ SECTOR EL TRIUNFO con NIT. 800.082.986-1, de la quebrada Ambalá. Quedado
en total con un litraje concesionado de 10 L/seg., para beneficio del Acueducto
de la comunidad de la Vereda Ambalá – Sector el Triunfo, ubicado en el
Municipio de Ibagué, Departamento del Tolima.
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente aumento se
otorga para consumo humano, doméstico y agropecuario (…)’”.
4. Certificado de estrato para delineación
urbana[12]
expedido por la Alcaldía Municipal de Ibagué el 23 de enero de 2017, donde
consta que el inmueble del peticionario corresponde al estrato 3 medio-bajo.
5. Registro civil de
nacimiento del hijo menor de edad del actor[13].
6. Informes de resultado[14]
de ensayo físico-químico y microbiológico de aguas de acueducto números 3786, 3935,
3993, 4101, 4193 y 4283, expedidos por la Secretaría de Salud de la Gobernación
del Tolima el 2 de mayo, 12 de junio, 5 de julio, 9 de agosto, 5 de septiembre y 2 de octubre de 2018, respectivamente, en los cuales se evidencia presencia de Coliformes
Totales y Escherichia Coli en las muestras de agua tomadas del grifo de una de
las viviendas ubicadas en el Sector
El Triunfo del Municipio de Ibagué.
7. Oficio 103146[15]
del 25 de octubre de 2018, por el cual, la Secretaría de Salud Municipal de
Ibagué informó que, en relación con los resultados señalados en precedencia: “Para
la vigencia 2017, de los reportes emitidos los parámetros analizados y los
valores admisibles según la Resolución 2115 de 2007, se calcula Índice de
Riesgo de Calidad de Agua para el Consumo Humano (IRCA) del Acueducto del
barrio el Triunfo, como lo indica la siguiente Tabla:
Tabla de IRCA´s Muestra ACUEDUCTO MIRADOR TRIUNFO de
Ibagué (2017)
Mes
IRCA
Nivel de Riesgo
Junio
82,79
Inviable Sanitariamente
Julio
65,59
Alto
Agosto
75,15
Alto
Septiembre
71,35
Alto
Octubre
87,86
Inviable Sanitariamente
Noviembre
70,52
Alto
Diciembre
87,86
Inviable Sanitariamente
De acuerdo a la tabla anterior se puede concluir que
las muestras analizadas para los meses de Junio, Octubre y Diciembre presentan
un Nivel de Riesgo INVIABLE SANITARIAMENTE y las muestras de los meses Julio,
Agosto, Septiembre y Noviembre se encuentran en un nivel de riesgo ALTO, por lo
tanto son aguas NO APTAS PARA CONSUMO HUMANO. El consolidado para la vig. 2017
con los meses reportados dan un puntaje promedio de 77,30 para un nivel del
riesgo ALTO, siendo estas aguas NO APTAS PARA CONSUMO HUMANO y se debe realizar
un proceso de desinfección o tratamiento convencional para evitar riesgos a la
salud de las personas.
Para la vigencia 2018, se muestra en la siguiente
Tabla:
Tabla de IRCA´s Muestra ACUEDUCTO MIRADOR TRIUNFO de
Ibagué (2018)
Mes
IRCA
Nivel de Riesgo
Mayo
88,07
Inviable Sanitariamente
Junio
78,65
Alto
Julio
61,8
Alto
Agosto
66,27
Alto
Septiembre
59,14
Alto
Octubre
66,67
Alto
De acuerdo a la tabla anterior se puede concluir que
el consolidado para la vig. 2018 con los meses reportados da un puntaje
promedio de 70,1 para un nivel del riesgo ALTO, siendo estas aguas NO APTAS
PARA CONSUMO HUMANO y se debe realizar un proceso (SIC) desinfección o
tratamiento convencional para evitar riesgos a la salud de las personas.
De acuerdo a la visita desarrollada el día 23 de
octubre de 2018 por parte de Manuel Cuero profesional de apoyo de la secretaría
de salud de Ibagué, se pudo verificar que de acuerdo a la zona, el agua del
conjunto ALMINAR SAMOA, procede del Acueducto del Barrio el Triunfo, esta agua
se recoge de un tanque de almacenamiento del multifamiliar para su
distribución. Con los soportes emitidos por la Secretaría de Salud de Ibagué,
el agua que suministra dicho acueducto se encuentra en un nivel ‘ALTO’, siendo
esta agua NO apta para consumo humano.”
8. Circular[16] emitida
por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio para los municipios y distritos, prestadores de los
servicios públicos de acueducto y alcantarillado, superintendencia de servicios
públicos, autoridades encargadas de expedir licencias urbanísticas, curadores
urbanos, urbanizadores y constructores, cuyo asunto alude a la aplicación del
Decreto 3050 de 2013[17].
En el fundamento legal de la mencionada circular se indica: “La Ley 1537 de 2012, dispone lo
siguiente en su artículo 50:
‘Artículo 50. Servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado. Los prestadores de servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado, están obligados a otorgar la viabilidad y
disponibilidad de los servicios y prestarlos efectivamente a usuarios finales,
en los suelos legalmente habilitados para el efecto, incluyendo los nuevos
sometidos al tratamiento de desarrollo, renovación urbana o consolidación,
salvo que demuestren, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario
siguientes a la recepción de la solicitud de licencia respectiva, no contar con
capacidad ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en los
términos y condiciones que defina el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.
En caso de que la Superintendencia
compruebe que la empresa no cuenta con la capacidad, el ente territorial a fin
de desarrollar los proyectos previstos en la presente ley, adelantará las
acciones necesarias para asegurar la financiación de la infraestructura
requerida o aplicar lo establecido en los parágrafos 4° y 5° del artículo 16 de
la Ley 1469 de 2011. Igualmente, el Gobierno Nacional podrá apoyar la
financiación y desarrollo de estos proyectos en el marco de la política de Agua
Potable y Saneamiento Básico.’
Esta norma es concordante con el artículo
12 de la Ley 388 de 1997, el cual establece que el perímetro urbano no puede
ser superior al perímetro de servicios. Igualmente, el artículo 50 guarda total
armonía con el artículo 38 de la referida Ley 388 que indica que constituyen el
suelo urbano, las áreas del territorio distrital o municipal destinadas a usos
urbanos por el plan de ordenamiento, que cuenten con infraestructura vial y
redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado.
Como se observa, las disposiciones citadas
son claras en señalar que constituyen el suelo urbano las áreas de los
distritos y municipios que cuenten con infraestructura de vía y redes
primarias de energía, acueducto y alcantarillado.
En consecuencia, y con fundamento en los
artículos 12 y 31 de la Ley 388 de 1997, el artículo 50 de la Ley 1537 de 2012,
no hacen nada distinto de exigir que en los suelos habilitados de los
perímetros urbanos definidos en los POT, se otorgue la viabilidad y
disponibilidad de los servicios para prestarlos efectivamente a los usuarios
finales, salvo que el prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado
demuestre no tener capacidad.
De otro lado, conviene agregar que para
efectos de dar cumplimiento a los citados artículos 12 y 31, y con el fin de poder
incorporar al perímetro urbano otras clases de suelos (rural, suburbano y de
expansión urbana), el artículo 47 de la Ley 1537 de 2012 exige, entre otros
requisitos, que los predios cuenten con conexión o disponibilidad inmediata de
servicios públicos domiciliarios.
Finalmente, esta norma se armoniza con lo
dispuesto en el artículo (SIC) Decreto 1469 de 2010[18], en
particular su artículo 22, según el cual, el certificado de disponibilidad
inmediata de servicios públicos en el predio o predios objeto de licencia solo
se exige a los urbanizadores. De tal forma que una vez urbanizado un predio o
predios, no se puede exigir al constructor certificado de viabilidad y
disponibilidad.” (Subraya
y negrillas dentro del texto original).
Actuación procesal
1. Por auto[19] del 19 de noviembre de 2018, el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ibagué admitió la acción de tutela y corrió
traslado a los accionados para que ejercieran sus derechos de defensa y
contradicción.
2. La Curaduría Urbana Nº 2 de Ibagué, en respuesta[20]
del 22 de noviembre de 2018, solicitó
que se declarara improcedente la acción de tutela, al exponer que: (i) “los
conflictos relacionados con el presunto desconocimiento de derechos colectivos,
deben ser resueltos a través del ejercicio de la acción popular”; y (ii) “…cumplió
y acató el procedimiento administrativo establecido para el estudio de
licencias urbanísticas y que corresponde a la empresa de servicio públicos que
certificó la prestación de servicios públicos garantizar su adecuada prestación”.
3. El 23 de noviembre de 2018, Construcciones
JF S.A.S. estimó improcedente la acción, al señalar que existen otros
mecanismos judiciales y que el objetivo que persigue el tutelante “con el
presente caso, tiende a satisfacer un derecho (salubridad pública) de un grupo
de personas que se encuentran afectadas por el agua potable del sector el cual
no ha sido vulnerado y tampoco existe registro de epidemia, pandemia o
condición similar.” Indicó que la actividad económica que desarrolla con el
proyecto Alminar Samoa no vulnera los derechos fundamentales de sus
inversionistas, pues la misma cumple con los requisitos legales. Sostuvo que a la
administración municipal de Ibagué le corresponde garantizar el servicio de
agua potable[21].
En cuanto a la afirmación del accionante,
según la cual, esa constructora no le informó que el proyecto no contaba con agua potable,
contestó lo siguiente: (i) “Desde el momento de la promoción del proyecto,
incluso de la firma de la promesa de compraventa y la escritura pública de compraventa,
se anunció y se estipuló que el agua del proyecto Alminar Samoa era
suministrada por el acueducto del barrio el triunfo (acueducto comunitario),
situación que podía ser verificada desde dicho momento y que advertir después
de transcurrido más de un año después de la entrega del inmueble, sin
alteración alguna de la su salud o de su núcleo familiar.” (ii) Dicho
acueducto presta el servicio desde hace más de 20 años, “sin presentar
epidemias, pandemias o anomalía alguna que ponga en peligro la salud de los
usuarios.” Y (iii) por conocimiento público, los acueductos comunitarios de
Ibagué, incluyendo el del barrio el Triunfo, “tiene falencias en su
tratamiento que pueden ser subsanadas por el usuario con filtros y otras
herramientas disponibles en el mercado.”
4. El
23 de noviembre de 2018, la
Junta de Acción Comunal Ambalá -sector el Triunfo de Ibagué- solicitó[22] que se declarara improcedente la acción.
Advirtió que el suministro de agua potable debe ser una labor conjunta entre
las entidades prestadoras del servicio y la Administración Municipal, pero que
tal colaboración no se evidenciaba en el caso en comentario. Expuso que ese
acueducto comunitario no puede prestar el servicio de agua potable hasta tanto
la Alcaldía Municipal de Ibagué cumpla con la optimización de la planta de
tratamiento de agua potable.
5. La Secretaría de Salud Municipal de
Ibagué, en Oficio[23]
111682 del 26 de noviembre de 2018, solicitó su desvinculación, al señalar que carece
de competencia frente a las pretensiones formuladas en el escrito tutelar y que
como ente de inspección y vigilancia ha realizado los estudios correspondientes
frente a lo solicitado por la comunidad.
6. El 26 de noviembre de 2018, la
Alcaldía Municipal de Ibagué solicitó su exoneración frente a cualquier
responsabilidad y se denegaran las pretensiones de la tutela, al argumentar que
“no ha habido, acción u omisión por parte de la administración que amenace
violar derechos e intereses colectivos comprometidos, pues tal como se expresa
en los mismos hechos de la demanda, el supuesto caso de vulneración de los
derechos colectivos le corresponde a la Curaduría Urbana Nº 1 (SIC) de Ibagué.”[24]
7. La Superintendencia del Subsidio
Familiar, en respuesta[25]
del 27 de noviembre de 2018, solicitó su desvinculación por carecer de
legitimación en la causa por pasiva, en cuanto no se encuentra demostrado que
exista un incumplimiento que vulnere o amenace con trasgredir los derechos
fundamentales del actor.
8. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios emitieron pronunciamientos extemporáneos, en los siguientes
términos.
8.1. El mencionado Ministerio solicitó negar
el amparo implorado y se lo excluya del trámite tutelar, tras estimar que
carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no es el competente
para conocer de las pretensiones formuladas por el peticionario, así como
tampoco ha vulnerado ni amenazado derecho fundamental alguno. Añadió que
corresponde a los municipios garantizar la prestación eficiente de los servicios
públicos domiciliarios, construir las obras que demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria,
el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, de conformidad con lo
establecido en los artículos 311 de la Constitución, 6 de la Ley 1551 de 2012 y
5 y 6 de la Ley 142 de 1994, por lo tanto, “es la administración municipal
quien deberá realizar las gestiones necesarias para su solución, incluyéndose
aquellas relacionadas con la formulación del proyecto y la consecución de los
recursos correspondientes.”[26]
8.2. La referida Superintendencia solicitó
que se “declare la inexistencia de violación de derechos fundamentales”
de su parte, al indicar que, si bien es la autoridad competente para iniciar
las investigaciones administrativas e imponer las sanciones a que haya lugar a
los prestadores que suministran o distribuyen agua para consumo humano que
incumplen lo previsto en el Decreto 1575 de 2007, también es cierto que ello
depende del respectivo reporte que le allegue el Instituto Nacional de Salud
–INS-[27].
Informó que requirió a la Alcaldía
Municipal de Ibagué y a la Junta de Acción Comunal Vereda Ambalá Sector
Triunfo, para que informaran acerca de la situación actual del acueducto del Sector
el Triunfo.
Relató que una vez se reciban las respuestas que se
emitan, se procedería con las acciones administrativas a que haya lugar, con
base en las pruebas que se alleguen y las que esa entidad decrete. Explicó que para
adelantar las gestiones de control frente a la calidad del agua que suministran
los prestadores a los usuarios, es indispensable la información que llegare a
reportar la mencionada autoridad de salud.
9. Por su parte, Fiduciaria Colpatria y Fonade guardaron silencio.
Sentencia de primera instancia
El Juzgado Sexto Civil Municipal de Ibagué, mediante sentencia[28] del 29
de noviembre de 2018, negó
el amparo invocado, al aducir una
razón de improcedencia, esto es, la inobservancia del presupuesto de
subsidiariedad, en la medida que el accionante cuenta con otro mecanismo de
defensa judicial. Adujo que “la acción de tutela no es la vía para solicitar
la reparación de un daño, causado a un derecho o interés colectivo o a un
derecho de cada uno de los miembros de un grupo social que ha sido causado para
todos y por una misma causa, dirigiéndose a la protección de derechos
colectivos”.
Impugnación
El 07 de diciembre de 2018, y con fundamento en la
jurisprudencia constitucional relacionada con la protección del derecho
fundamental al suministro de agua potable, cuyos casos son semejantes al
presente, el demandante impugnó[29]
la decisión para solicitar su revocatoria y, en su lugar, se conceda el amparo implorado.
Sentencia de segunda instancia
En sentencia[30] del 4 de febrero de
2019, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagué confirmó la providencia impugnada,
bajo la misma razón de improcedencia esbozada por el a quo. Explicó que,
como bien lo informó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, “están
adelantando el trámite correspondiente tendiente a resolver de fondo sobre la
problemática planteada frente al servicio de agua potable del conjunto
residencial donde habita el actor…luego entonces indiscutiblemente no se han
agotado en su totalidad los medios de defensa con que cuenta el actor”.
II. ACTUACIÓN PROCESAL EN SEDE DE
REVISIÓN
1. Por correo electrónico[31] recibido en la
Secretaría General de la Corte Constitucional el 21 de febrero de 2019, el actor
solicitó la selección para revisión de los fallos de tutela de instancias y, en
consecuencia, se revoquen para que, en su lugar, se adopte la decisión que en
derecho corresponda.
2. La Sala de Selección de Tutelas Número
Cuatro[32]
de la Corte Constitucional, en Auto[33]
del 10 de abril de 2019, seleccionó el expediente T-7.276111 para su revisión y, de acuerdo con el sorteo realizado, lo repartió al
Despacho del Magistrado Alberto Rojas Ríos, para que tramitara y proyectara la sentencia correspondiente.
III.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1. La Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos
dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 86, inciso 3, y 241, numeral 9, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Análisis de procedencia de la acción de
tutela
2. La Sala iniciará por establecer si la presente
acción de tutela procede respecto de hechos relacionados con un derecho
colectivo cuando la afectación de este concurre o causa la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. Para tal efecto, se reiterarán las reglas
jurisprudenciales que determinan los requisitos mínimos de procedencia de la
solicitud de amparo: (i) legitimación en la causa por activa, (ii) legitimación
en la causa por pasiva, (iii) inmediatez y (iv) subsidiariedad y, con base en
ello, se verificará el cumplimiento de esas exigencias. De resultar procedente
la acción de tutela, la Sala abordará el examen de fondo.
Legitimación en la causa por activa
3. En cuanto a la legitimación en la causa
por activa, se ha reiterado lo siguiente:
(i) la tutela es un medio de
defensa de derechos fundamentales que toda persona puede formular “por sí misma o por quien actúe a su nombre”; (ii) no es necesario que el titular de los derechos
instaure directamente el amparo, pues un tercero puede hacerlo a su nombre; y
(iii) ese tercero debe tener la calidad de: a) representante del titular de los
derechos, b) agente oficioso, o c) Defensor del Pueblo o Personero Municipal[34].
4. La
Sala encuentra cumplido el referido requisito
de procedibilidad. Se verifica
que el actor solicita por sí mismo el
amparo de los derechos fundamentales que invoca, cuya titularidad es suya dada
la situación fáctica del asunto, lo cual lo legitima y habilita para procurar a
nombre propio la salvaguarda de los mismos.
Legitimación en la causa por pasiva
5. Según el artículo 5 del Decreto 2591 de
1991, la acción de tutela procede contra: (i) toda acción u omisión de las
autoridades públicas, que haya vulnerado, quebrante o amenace violar cualquier
derecho fundamental, y (ii) las acciones u omisiones de los particulares[35].
Se ha sostenido que la acción de tutela
puede promoverse frente a particulares cuando: (i) presten servicios públicos,
(ii) atenten gravemente contra el interés colectivo, o (iii) respecto de los
cuales exista un estado de indefensión o subordinación[36].
6. La Sala de igual manera haya reunido
este requisito, toda vez que: (i)
la Alcaldía Municipal, la Secretaría de
Salud Municipal y la Curaduría Urbana Nº 2 de Ibagué, así como las
Superintendencias de Servicios Públicos Domiciliarios y del Subsidio Familiar,
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y Fonade, son autoridades públicas; y (ii) Construcciones JF S.A.S., Fiduciaria Colpatria, y la
Junta de Acción Comunal de la Vereda Ambalá Sector el Triunfo de Ibagué son personas
jurídicas de naturaleza privada, respecto de las cuales, se discute el presunto
desconocimiento de los derechos fundamentales invocados por el peticionario y,
en esa medida, gozan de legitimación en la causa por pasiva.
Inmediatez
7. Para
constatar la observancia de esta exigencia, este Tribunal ha reiterado que el
juez de tutela debe comprobar cualquiera de estas situaciones: (i) si resulta razonable el tiempo
comprendido entre el día en que ocurrió o se conoció el hecho vulnerador y/o
constitutivo de la amenaza de algún derecho fundamental y, el día en que se
formuló la acción de tutela[37];
y/o (ii) si resulta razonable el lapso comprendido entre el día en que cesaron
los efectos de la última actuación que el accionante desplegó en defensa de sus
derechos presuntamente vulnerados y el día en que se solicitó el amparo[38].
8. La Sala también observa cumplido el presupuesto de
inmediatez en el asunto sub examine. En efecto: (i) el
1º de septiembre de 2017, se entregó al
accionante el apartamento 106
de la torre 1 de la Urbanización Alminar Samoa, ubicada en la calle 61C #
23B-114, Barrio Ambalá del Municipio de Ibagué, en el cual reside con su familia desde entonces; (ii) el 2 de octubre
de 2018, se solicitó a la Secretaría de Salud Municipal de Ibagué que expidiera
certificación en relación con la calidad del agua que se surte en las viviendas
de la referida urbanización; (iii) el 25 de octubre de 2018, la Dirección de
Salud Pública Municipal de Ibagué respondió que, según el Índice de Riesgo de
Calidad de Agua para el Consumo Humano -IRCA-, el agua que se abastece en esos inmuebles
presenta un nivel de riesgo alto e inviable sanitariamente, es decir, que no es
apta para el consumo humano; y (iv) dada esa situación, el demandante formuló
la acción de tutela el 15 de noviembre de 2018, es decir, 20 días después de que cesaron los efectos de la última
actuación que se desplegó en defensa de sus derechos e intereses, término que es razonable para esta Sala
Revisión.
Subsidiariedad en materia de suministro de
agua potable y protección de derechos e intereses colectivos. Reiteración de
jurisprudencia
9. Se ha reiterado que la solicitud de
amparo es un medio de protección de carácter residual y subsidiario que puede
utilizarse frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando
no exista otro medio idóneo de defensa o, existiendo, no resulte
oportuno o se requiera acudir al amparo como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable[39].
10. Se ha explicado que en los casos donde
se solicita el amparo del derecho fundamental al agua potable, es necesario
realizar el análisis de subsidiariedad con base en las siguientes pautas constitucionales[40]:
10.1. El agua tiene tres facetas: (i) como un recurso vital
y valioso para el medio ambiente, la naturaleza y los seres vivos; (ii) como un
recurso hídrico indispensable para la subsistencia de la humanidad que se
concreta en un derecho colectivo, “por ello, se construyen servicios
públicos para su suministro”; y (iii) como “un derecho fundamental
referido a la exigibilidad de derecho individual”[41].
10.2. La exigibilidad del agua como derecho
colectivo (servicio público de acueducto), por regla general, se debe tramitar
ante el juez ordinario a través de la acción popular[42].
10.3. Empero, la exigibilidad del agua como
derecho fundamental individual,
cuyo contenido básico alude a la cantidad mínima necesaria para consumo humano,
se puede solicitar mediante la acción de tutela[43].
11. En lo concerniente a la solicitud de
amparo promovida en representación de personas de la tercera edad y/o menores
de edad, con las cuales se reclama el suministro de agua potable, debe tenerse
en cuenta que “en
casos en los que se protege el derecho fundamental al agua potable, esto es,
cuando la suspensión del servicio de acueducto pone en riesgo el mínimo de
condiciones de vida digna a sujetos de especial protección constitucional, es
desproporcionado exigir que acuda a la vía contencioso administrativa o a otras
vías judiciales, como la acción popular, para la protección urgente y eficaz de
los derechos afectados. Por esa razón, la acción de tutela es procedente como
mecanismo definitivo.”[44]
12. En armonía con lo anteriormente expuesto, el artículo 4 de la Ley 472 de 1998[45] prevé que los derechos
e intereses colectivos incluyen el goce del medio ambiente sano, la existencia
de un equilibrio ecológico, el aprovechamiento racional de los recursos
naturales, y la preservación y restauración del medio ambiente, así como el
acceso a servicios públicos[46].
Al respecto, se ha sostenido que, en
principio, conflictos como el que en esta ocasión ocupa a esta Sala de Revisión
deben ser decididos mediante el trámite de la acción popular, por cuanto están
comprometidos la estabilidad y salubridad de las fuentes hídricas, así como la
provisión de los servicios de acueducto y alcantarillado. Sin embargo, cabe
advertir que, en situaciones análogas, la Corte Constitucional ha admitido la
procedencia de la tutela para amparar el derecho fundamental al agua potable,
al considerar idónea esa protección por dicho mecanismo judicial, en el
entendido que el preciado líquido es indispensable para la eficacia de otros
derechos fundamentales[47].
13. A modo de ejemplo, en sentencia T-891
de 2014, esta Corporación estudió la solicitud de amparo que formuló la entonces
Presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Villa Constanza,
ubicada en el Municipio de Palermo (Huila), contra la Nación-Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, la Gobernación del Huila-Secretaría de Salud
Departamental, la Alcaldía de Palermo (Huila)-Secretaría de Salud Municipal y
Amborco S.A. ESP -en liquidación-, para que se protegieran sus derechos fundamentales y los de su
comunidad a la salud, agua potable, vida digna, petición e igualdad, que consideraba
vulnerados por el suministro de agua no apta para el consumo humano.
En esa oportunidad, este Tribunal concluyó
que la tutela procedía formalmente, pese a que existía un desconocimiento
concomitante de derechos colectivos. En sustento de ello, la Corte expuso lo
siguiente: “se está frente a eventos que amenazan de forma clara los
derechos subjetivos y particulares de la accionante. Así como los derechos
fundamentales de cada uno de los residentes de la zona que consumen agua que no
es apta para el uso humano. No se trata entonces de la afectación a un derecho
de todos, sino a múltiples derechos individuales.
La contaminación del agua para consumo
humano con residuos transportados por las aguas residuales del alcantarillado
pone en riesgo el derecho a la salud, a la vida digna, al agua y a la vivienda
digna, tal como se expondrá más adelante. Estos son derechos fundamentales
radicados en cabeza de cada una de las personas afectadas por el incumplimiento
de los deberes de la compañía prestadora de servicios públicos de proveer agua
potable a sus usuarios, así como de las entidades estatales encargadas de velar
por la correcta prestación del servicio.
Resultaría inaceptable que se adujese que
por estar comprometidos derechos colectivos, de forma adicional a las
afectaciones iusfundamentales, el amparo solicitado resulta improcedente. El
juez de tutela no puede renunciar a su deber de velar por la primacía de los
derechos fundamentales de las personas bajo el argumento que esta se ve
acompañada de la lesión de otros intereses constitucionales, máxime cuando en
el caso que nos ocupa la lesión a los derechos colectivos produjo una lesión
directa de derechos fundamentales.”
14. Descendiendo al asunto sub examine, cabe
recordar que mediante la
presente acción de tutela el accionante solicita
que se: (i) acceda al amparo implorado; (ii) ordene abastecerse
transitoriamente agua potable en los tanques de almacenamiento de la Urbanización Alminar Samoa; (iii) realicen las gestiones necesarias para
potabilizar el agua que se surte en las viviendas de dicha urbanización; (iv)
suspenda la concesión de licencias de construcción y las compraventas del
proyecto Alminar Samoa a la constructora Construcciones JF S.A.S., hasta tanto
se potabilice el agua; (v) abstenga de conceder licencias de construcción para
nuevas construcciones en Ibagué, mientras no se garantice el suministro de agua
potable; (vi) adelanten las investigaciones penales, civiles y administrativas
a que haya lugar por la deficiente inspección, vigilancia y control por parte
de las autoridades; y (vii) ordene a la Oficina de Planeación Municipal de
Ibagué verificar la estratificación, teniendo en cuenta que la urbanización no
cuenta con los servicios de agua potable, alumbrado y transporte público.
15. Examinadas cada una de esas pretensiones
a la luz de lo precisado por la jurisprudencia constitucional en la materia,
esta Sala de Revisión observa que las tres primeras de ellas hacen referencia a
la presunta vulneración del derecho al agua en su faceta de derecho fundamental
individual, cuyo contenido básico radica en el suministro mínimo de agua necesaria para el consumo humano de
quienes residen en el apartamento 106 de la torre 1 de la Urbanización Alminar
Samoa, ubicada en la calle 61C # 23B-114, Barrio Ambalá del Municipio de Ibagué,
por lo que su exigibilidad puede reclamarse mediante la acción de tutela, en la
medida que es vital para el accionante, su esposa e hijo contar con el
abastecimiento mínimo y adecuado de dicho líquido, de lo contrario, se pondrían
en riesgo las condiciones básicas para que vivan dignamente.
Cabe resaltar que en el presente asunto uno
de los titulares del derecho fundamental al agua potable (suministro mínimo y
necesario para el consumo humano) es sujeto de especial protección constitucional,
como lo es el hijo menor de edad del peticionario (16 años de edad), lo cual refuerza la procedencia de la exigibilidad
de la protección iusfundamental que se solicita en la tutela de la referencia
frente a la dimensión individual del derecho al agua potable que le asiste a
cada miembro de esa familia, pero, se insiste, en lo que respecta a las tres primeras
pretensiones descritas.
16. La Sala no puede concluir lo mismo
frente a las demás pretensiones anteriormente reseñadas, por cuanto ninguna de
ellas alude a la dimensión individual del derecho fundamental al agua potable,
sino a otro tipo de aspectos que claramente escapan de la competencia del juez
de tutela. En efecto, y en este caso particular, el juez de amparo no es competente
para suspender concesiones de licencias
de construcción y compraventas de proyectos de vivienda, conceder o no licencias
de construcción para nuevas construcciones, ordenar que se verifique la
estratificación de algún predio, y menos para adelantar investigaciones
penales, civiles y administrativas por la deficiente inspección, vigilancia y
control que se realice al respecto.
Tales pretensiones no son exigibles mediante el
ejercicio de esta acción de tutela, de tal manera que el demandante podrá, si
así lo considera, acudir a las correspondientes autoridades administrativas y
judiciales, para ponerlas de presente y que sean resueltas cada una de esas reclamaciones.
17. Adicionalmente, esta Sala considera
que, a pesar de que en este caso coexiste una presunta vulneración de derechos colectivos, es evidente
la procedencia formal de la solicitud de amparo, por cuanto: (i) se está frente
a circunstancias con la potencialidad de amenazar o desconocer los derechos subjetivos
y particulares del demandante, su familia y demás residentes de la Urbanización
Alminar Samoa, a quienes se les suministra agua no apta para consumo humano;
(ii) de tal manera que no se trata de una supuesta afectación a unos derechos
de todos, sino a varias prerrogativas individuales; (iii) el nivel de riesgo alto y la inviabilidad sanitaria que
presenta el agua que se surte a los predios de la referida urbanización, pone en riesgo los derechos a la salud y a la vivienda digna de los moradores; (iv) éstos son
derechos fundamentales cuya titularidad radica en cada una de las personas
afectadas por la presunta inobservancia de los deberes legales y constitucionales
de abastecer agua potable y velar por la adecuada prestación del servicio; (v) es
inadmisible concebir que por estar comprometidos derechos colectivos, de forma
adicional a las supuestas vulneraciones iusfundamentales, la tutela es improcedente;
y (vi) es deber del juez de tutela velar por la primacía de los derechos
fundamentales, pese a que frente a ello coexista una presunta conculcación de otros
intereses constitucionales, máxime cuando en este asunto la supuesta lesión a
los derechos colectivos, al parecer, también amenaza o desconoce de forma
directa derechos fundamentales.
18. Todo
lo constatado hasta aquí permite concluir
que la presente solicitud de amparo es procedente, por lo que se pasa a
efectuar el análisis de fondo.
Problemas jurídicos a resolver
19. Según la situación fáctica expuesta en
precedencia y los matices efectuados hasta ahora, corresponde a la Sala Novena de
Revisión resolver los siguientes problemas jurídicos:
¿Vulneran el Municipio de Ibagué y el Acueducto Comunitario de la Junta de Acción Comunal Ambalá -Sector el
Triunfo de ese mismo municipio, el
derecho fundamental al agua potable del accionante y su núcleo familiar, por no
tomar las medidas tendientes a garantizar dicho servicio, cuando el prestador
habitual no tiene la capacidad para ello?
¿Vulneran el Municipio de Ibagué y el Acueducto
Comunitario de la Junta de
Acción Comunal Ambalá -Sector el Triunfo de dicho
municipio, los derechos fundamentales a la salud y a la vivienda digna del
demandante y su familia, debido al suministro inadecuado de agua a las
viviendas de interés social que con licencia de construcción construyó una
empresa privada?
20. Para tales cometidos, se reiterará lo relacionado
con: (i) las
obligaciones del Estado y de las autoridades en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado; (ii) el derecho fundamental al agua potable en el ámbito
nacional e internacional; y (iii) el contenido y protección del derecho
fundamental al agua potable. Con base en ello, se solucionará el caso concreto.
Obligaciones del Estado y de las autoridades en la
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado. Reiteración
de jurisprudencia[48]
21. Se ha indicado que el acueducto y el
alcantarillado son servicios públicos domiciliarios reglados en la Ley 142 de
1994[49].
Según el artículo 14.22 de la referida ley, el servicio público de acueducto “es
la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su
conexión y medición.” Por su parte, el artículo 14.23 dispone que el
servicio de alcantarillado “… (e)s la recolección municipal de residuos, principalmente
líquidos, por medio de tuberías y conductos.”[50]
22. En concordancia con tales disposiciones legales,
el artículo 2 del mismo cuerpo normativo determina el rol del Estado en la
prestación y supervisión de los servicios públicos domiciliarios. Se ha
señalado que ese precepto indica que, entre otras cosas, es deber del Estado
velar por la calidad y el destino final de los bienes provistos en desarrollo
del servicio, ampliar la cobertura, establecimiento y mecanismos para que aquellos
que carecen de recursos para asumir el pago de la prestación de los servicios
públicos puedan acceder a los mismos, priorizar la provisión de agua y
saneamiento a quienes no cuentan con el servicio, garantizar la continuidad en
el suministro del líquido objeto de provisión, y proceder con eficiencia en la
observancia de sus obligaciones legales y constitucionales[51].
23. Se ha explicado que los deberes en cabeza del
Estado previstos en la ley de servicios públicos están asignados a diferentes entidades
encargadas de su cumplimiento. Por ejemplo, el artículo 5 de la mencionada ley
alude a las responsabilidades de los municipios en cuanto a la prestación de
servicios públicos. Específicamente se prevé que la prestación eficiente del
servicio de acueducto y alcantarillado debe ser asegurada por esas entidades
territoriales, cuya ejecución podrá efectuarse mediante operadores privados,
públicos o mixtos, o estar a cargo de los mismos municipios[52].
A los municipios también: (i) se les atribuye el deber
de garantizar que los usuarios puedan participar en la gestión y fiscalización
de las empresas prestadoras de servicios públicos, así como conceder subsidios
para que aquellos con recursos insuficientes cuenten con la provisión de los
mismos; y (ii) se les impone la obligación de contribuir con las empresas de
servicios públicos, los departamentos y la nación, con el propósito de que éstos
logren sus objetivos en esta materia[53].
24. Los servicios de agua potable y alcantarillado han
sido estudiados por la jurisprudencia de esta Corporación, haciéndose énfasis
en la importancia que tiene la prestación de servicios públicos domiciliarios
para el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios[54],
como se evidencia en los pronunciamientos abordados en la sentencia T-891 de
2014, en los precisos términos que a continuación se reiteran:
24.1. Por sentencia T-055 de 2011, en la cual se analizó
el caso de una persona a quien se le negó la prestación del servicio de
acueducto por cuanto las aguas servidas de la vivienda se descargaban en un
afluente, lo cual a juicio del accionante desconocía sus derechos fundamentales
a la vida digna, a la salud y a la igualdad. Esa vez, este Tribunal: (i) identificó
que el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del país precisaba
implementar medidas encaminadas a lograr la eficiencia, calidad y cubrimiento
de acueducto; y (ii) adujo que la prestación del servicio de agua potable puede
estar en manos del propio Estado, de comunidades organizadas o de particulares.
Se afirmó que la solidaridad y la igualdad constituyen
los postulados básicos que han de guiar la prestación final del servicio a los
usuarios, y que “(e)llo
implica el desarrollo de un entorno legal que fue esbozado a nivel constitucional
y que conlleve (i) la calidad y la eficiencia del servicio público y su aptitud
para satisfacer las necesidades básicas de los usuarios (art. 367 Superior);
(ii) la atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en
materia de agua potable y saneamiento básico (art. 366 Superior), y (iii) la
ampliación permanente de la cobertura hasta que llegue a cobijar a todos los
habitantes del territorio nacional (art. 365 Superior)”.
Se estableció que la prestación del servicio de
acueducto con carácter universal, de buena calidad y continuo, cimenta la
garantía de múltiples derechos fundamentales como la vida digna y la salud. De
esta forma “(…) el
Estado asegura la consolidación de uno de sus fines sociales al confirmar la
importancia de la eficiencia y la universalidad en la prestación de tales
servicios; procurando la solución a las necesidades mínimas insatisfechas de
salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable; y ratificando la
universalidad en la cobertura y calidad en la prestación de los servicios
públicos domiciliarios, sin olvidar los principios de solidaridad y
redistribución del ingreso en el cubrimiento de los costos que implica la
prestación de dichos servicios públicos”.[55]
24.2. Mediante sentencia T-082 de 2013, se decidió una
acción de tutela formulada por varios ciudadanos, quienes estimaron vulnerados
sus derechos a la vida, salud, agua potable, vivienda digna, ambiente sano y dignidad
humana, debido a que los predios que habitaban no contaban con el servicio. En
las consideraciones de dicho fallo se lee que “(…) esta Corporación desde sus primeros
pronunciamientos ha manifestado que el derecho al servicio de alcantarillado
debe ser considerado como un derecho susceptible de ser protegido por medio de
la acción de tutela, cuando su ineficiente prestación o ausencia afecte de
manera notoria derechos y principios constitucionales fundamentales, como lo
son la dignidad humana, la vida, la salud o derechos de personas en situación
de vulnerabilidad”.[56]
Se desarrolló la normatividad constitucional
relacionada con la prestación de servicios públicos. Para tal efecto, (i) se
retomó lo estatuido en los artículos 365 a 370 Superiores, enfatizándose en el
vínculo indisoluble entre la provisión de esos servicios y los fines del Estado
Social de Derecho; y (ii) se desentrañaron las competencias que la Carta Política
confiere a las autoridades nacionales, regionales y locales, concluyéndose que
si bien el Estado puede obrar a través de particulares para la prestación de
servicios públicos, en todo caso éste conserva las facultades de vigilancia,
regulación y control frente a los prestadores.
25. Con fundamento en lo reiterado en
precedencia, se ha concluido que “los servicios de acueducto y
alcantarillado son presupuestos básicos para la vigencia de múltiples derechos
fundamentales”, entre los cuales se encuentran el agua, la salud, el ambiente
sano, la vida y la vivienda digna[57].
El derecho fundamental al agua potable en
el ámbito nacional e internacional. Reiteración de jurisprudencia[58]
26. En la Carta Política no está
explícitamente consagrado el derecho fundamental al acceso a un mínimo agua[59],
sin embargo, diversas disposiciones constitucionales contienen obligaciones
concretas dirigidas a proteger este líquido. El artículo 79 prevé como mandato
la protección de las fuentes hídricas; el artículo 365 prescribe la obligación
del Estado de establecer redes de acueducto y alcantarillado para todos los
habitantes del territorio nacional; el artículo 8º refiere las obligaciones de
proteger las riquezas naturales del país, incluida el agua; el artículo 80
dispone el manejo planificado de los recursos naturales para garantizar el
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y exige a
las autoridades públicas prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, así como, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de
los daños causados[60].
27. En el ámbito del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, los primeros instrumentos convencionales no contenían
explícitamente el derecho humano a acceder un mínimo de agua. Esta preocupación
emergió en la década de los años setenta[61]
con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del
Plata, Argentina en 1977[62],
escenario en que la comunidad internacional vinculó el acceso al agua con el
ejercicio de otros derechos humanos. En las conclusiones de la Conferencia se
dijo: “Todos los pueblos, cualquiera sea su estado de desarrollo y sus
condiciones sociales y económicas, tiene el derecho a disponer de agua potable
en cantidad y calidad suficiente para sus necesidades básicas. Es de
reconocimiento universal que la disponibilidad de dicho elementos por parte del
hombre es imprescindible para la vida y para su desarrollo integral como
individuo o como integrante del cuerpo social”[63].
28. Fue el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, en su Observación General 15 del 2002, quien recalcó
que, si bien el derecho humano al agua no está previsto en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, sí debe ser
deducido del contenido normativo previsto en los artículos 11 y 12 del
Instrumento. En estas disposiciones se establecen las obligaciones de los
Estados Parte frente al derecho a un nivel de vida adecuado y al nivel
más alto de salud posible[64].
29. En la Observación General 15 se dice
que disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para
uso personal y doméstico, es condición para el ejercicio de otras libertades
como la vida, la salud o la alimentación equilibrada, “(…) [p]or
ejemplo, el agua es necesaria para producir alimentos (el derecho a una
alimentación adecuada) y para asegurar la higiene ambiental (el derecho a la
salud). El agua es fundamental para procurarse medios de subsistencia (el
derecho a ganarse la vida mediante un trabajo) y para disfrutar de determinadas
prácticas culturales (el derecho a participar en la vida cultural)”.[65]
30. Otros instrumentos internacionales
disponen de manera explícita un derecho humano al agua, es el caso de la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, aprobada en 1979, que en su artículo 14. 2 literal f) señala que los
Estados Partes adoptarán las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en las zonas rurales, y en particular priorizarán “(…)
condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda,
los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua,
el transporte y las comunicaciones.”[66]
31. Obligaciones en el mismo sentido han
sido desarrolladas en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 en sus
artículos 24, y 27.3; en el Convenio 161 -artículo 5º- de la OIT, sobre los servicios
de salud en el trabajo, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, en su artículo 28[67].
32. De igual manera, pronunciamientos de la
Corte Constitucional han destacado documentos internacionales que refuerzan el
carácter fundamental del derecho al agua. Por ejemplo, en sentencia C-094 de
2015, la Corporación robusteció la importancia del derecho al agua en el
hemisferio, y acudió para ello, a la Declaración Centroamericana del Agua,
adoptada en San José de Costa Rica en 1998, en la que se recalcó la obligación
estatal de cuidar los recursos hídricos y la correspondencia de esta práctica,
con la justicia ambiental[68].
33. Desde sus inicios la jurisprudencia
constitucional[69]
reconoció el derecho fundamental a disponer de un mínimo de agua potable,
especialmente en aquellos casos en los que el líquido está destinado a
satisfacer las necesidades básicas de las personas. Inicialmente, esta Corte
vinculó el goce de este derecho en conexidad con el derecho a la vida en
condiciones de dignidad, o como mecanismo para proteger el medio ambiente sano.
En esa medida, el agua potable en cualquiera de sus estados, es un recurso
natural insustituible y al mismo tiempo es condición indispensable para
el disfrute de otros derechos como la vida, la salud y la dignidad humana[70].
La Corporación relacionó el acceso al agua potable con el disfrute de otros
derechos fundamentales, como la vida, la dignidad humana, o la salud. Por ello,
ha precisado que “(…) el agua que es utilizada diariamente por las personas
es imprescindible para garantizar la vida misma y la dignidad humana, entendida
como la posibilidad de contar con unas condiciones materiales de existencia que
les permitan desarrollar un papel activo en la sociedad, para lo cual es
evidentemente necesario contar con las garantías básicas del derecho a la salud
y a la alimentación, los cuales, evidentemente no pueden ejercerse si no se
cuenta con agua potable”[71].
34. En razón a su carácter fundamental, y a
que es una condición que permite el ejercicio y disfrute de otros derechos
constitucionales, la Corte protege en sede de amparo el acceso al agua en
hipótesis concretas, y tras el cumplimiento de requisitos específicos. Para
ello ha exigido[72]
que (i) se demuestre que se requiere para el consumo humano; (ii) se evidencia
que el agua que se ofrece al accionante y/o a una comunidad determinada se
encuentra contaminada, o no es apta para el consumo humano y; (iii) los
usuarios cumplen con los requisitos señalados en la ley y los reglamentos para
la instalación del servicio público, pues este derecho también implica el deber
de acatar las normas técnicas especializadas para la correcta prestación del
servicio.
Contenido y protección del derecho
fundamental al agua potable. Reiteración de jurisprudencia[73]
35. Con la Observación General 15 del
Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas,
esta Corporación ha detallado el contenido esencial del derecho al agua, así
como los atributos y características que debe reunir su suministro[74]. En Sentencia T-891 de
2014, la Corte reiteró diversos precedentes constitucionales[75] y precisó
que el abastecimiento del agua debe reunir cinco condiciones, a saber: (i)
cantidad suficiente; (ii) disponibilidad; (iii) de calidad adecuada; (iv)
accesible físicamente; y (v) asequible para los usuarios.
36. A continuación se determina el alcance
de la obligación derivada de cada uno de los elementos constitutivos del
derecho fundamental al agua. Para ello, se utilizará como fuente del Derecho
Internacional, la Observación General 15, que en su capítulo II, párrafos 10,
11 y 12 define cada una de estas características en los siguientes términos[76].
36.1. En relación con el primer elemento, Cantidad,
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales precisa que este
indicador hace referencia a una medición cuantitativa del número de metros
cúbicos necesarios para una persona. La Corte Constitucional[77], y la
Organización Mundial de la Salud han definido que los metros cúbicos mínimos
necesarios para una personas -con variación en atención a la región, el clima,
los hábitos etc.- siempre está alrededor de cincuenta (50) a cien (100) metros
cúbicos. Al respecto, este Tribunal ha señalado que: “(…) una cantidad
suficiente de agua abarca el recurso necesario para el saneamiento, usos
personales y domésticos (consumo, preparación de alimentos e higiene).[78]
Adicionalmente, se estima que el nivel de agua que en promedio resulta
necesario para satisfacer estas necesidades varía entre los cincuenta (50) y
cien (100) litros de agua por persona al día, de acuerdo a la Organización
Mundial de la Salud -OMS-.”[79]
36.2. El segundo elemento que permite
identificar una garantía adecuada al derecho fundamental al agua, es la disponibilidad.
Frente a ella la Observación General 15 recalca que el abastecimiento del
líquido de cada persona debe ser continuo y suficiente para los
usos personales y domésticos. Los mismos comprenden “el consumo personal, el
saneamiento, ‘la colada’[80],
la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica”[81].
La disponibilidad implica que los Estados deben garantizar un suministro
constante, permanente y confiable del líquido. En esta medida, se considera
violatorio de la disponibilidad, cuando la distribución de agua necesaria para
suplir las necesidades personales, es intermitente o episódico. Frente a esta
obligación, la Corte[82]
ha tutelado el derecho al agua potable, cuando una persona, o grupo de personas
no contaban con el servicio en sus inmuebles por la negligencia de las empresas
prestadoras, que se negaban a realizar la conexión del mismo.
En esos eventos, esta Corporación ha
decidido que obtener agua de manera eventual, discontinua o interrumpida no
asegura los niveles mínimos de suministro del líquido en su hogar. También se ha
sostenido que existen circunstancias especiales donde, pese al incumplimiento
del pago de los servicios públicos, no se puede efectuar la suspensión del
mismo, ya que se vulneraría la disponibilidad del derecho al agua. Esto
produce que los efectos de la suspensión se concreten “en un desconocimiento
desproporcionado a los derechos constitucionales de sujetos o establecimientos
especialmente protegidos, o en una grave afectación en las condiciones de vida
de una comunidad”[83].
36.3. El tercer atributo que debe tener el
suministro de agua, es que esta sea de calidad[84], es decir,
debe ser salubre y potable “por lo tanto, no ha de contener microorganismos
o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la
salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y
un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico”[85].
A propósito de dicho componente, en sentencia
T-891 de 2014, la Corte examinó un asunto análogo al que en esta ocasión ocupa
a la Sala Novena de Revisión. El caso aludía a una acción de tutela que había
sido instaurada por la Presidenta de la Junta de Acción Comunal de la
Urbanización Villa Constanza, ubicada en el Municipio de Palermo (Huila),
contra la Nación-Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Gobernación
del Huila-Secretaría de Salud Departamental, la Alcaldía de Palermo
(Huila)-Secretaría de Salud Municipal y Amborco S.A. ESP -en liquidación-, con
el objeto de que ampararan sus
derechos fundamentales y los de su comunidad a la salud, agua potable, vida
digna, petición e igualdad, que consideraba vulnerados por el suministro de
agua no apta para el consumo humano.
En los fundamentos de la mencionada
sentencia, esta Corporación identificó, reiteró, compiló y precisó las reglas constitucionales
relacionadas con lo que denominó “los tres campos de aplicación donde la
protección del derecho al agua resulta de importancia suprema”: (i) el corte
del servicio de acueducto por la imposibilidad de pago de los usuarios; (ii) la
falta de redes de acueducto y/o escasez del líquido vital; y (iii) la
afectación de las fuentes hídricas debido a factores de contaminación.
Respecto al primer escenario de aplicación:
corte del servicio de acueducto por la imposibilidad de pago de los usuarios,
el Tribunal concluyó:
“(i) en el caso de las viviendas
clasificadas en nivel uno (1) del Sisbén, debe presumirse que la falta de pago
no justifica la desconexión del servicio de acueducto; (ii) no puede
suspenderse el servicio, pese al incumplimiento sucesivo de pago, si la
desconexión viola el debido proceso, afecta derechos constitucionales de
sujetos de especial protección, entorpece el funcionamiento de establecimientos
protegidos o afecta las condiciones materiales de existencia de un grupo;[86]
(iii) en casos de desconexión los sujetos de especial protección constitucional
tienen la carga de informar que el corte afecta a un sujeto que ostenta dicha
calidad, que con ella se pueden afectar derechos fundamentales, y que el
incumplimiento en el pago se generó a partir de ‘circunstancias involuntarias,
insuperables e incontrolables’[87];
(iv) el contenido del derecho al igual incluye las características de
disponibilidad, calidad, accesibilidad, asequibilidad y aceptabilidad; (v) la
tutela no resulta procedente para acceder a la reconexión cuando el accionante
utilizó medios ilegales para hacerse al preciado líquido.”
Frente al segundo campo de aplicación: falta
de redes de acueducto y/o escasez del líquido vital, la Corte reseñó lo
siguiente:
“(i) el agua para consumo humano es un
derecho fundamental, pues se encuentra en conexión con el derecho a la vida
digna y a la salud; (ii) el derecho al agua puede ser protegido por medio de
tutela contra autoridades públicas o particulares, cuando estos entorpezcan su
disfrute; (iii) en los casos en que la realización del derecho al agua implique
la ejecución de programas, es posible exigir el cumplimiento inmediato de
ciertas obligaciones como la adopción de un plan con contenidos, forma de
diseñarlo, ponerlo en marcha y evaluarlo;[88] (iv) el derecho al agua se encuentra
unido de forma indivisible e interdependiente a los demás derechos
fundamentales;[89] (v) se vulnera el derecho al agua cuando
el suministro del servicio se hace de forma discontinua, en detrimento de las garantías
mínimas de los individuos; (vi) se puede vulnerar el derecho al agua debido a
la inexistencia del servicio de acueducto; (vii) no puede suspenderse la
provisión de agua en situaciones de emergencia; (viii) deficiencias en los
servicios de alcantarillado o acueducto pueden poner en riesgo los derechos
fundamentales de los usuarios; (ix) no pueden oponerse los reglamentos,
procedimientos o requisitos como obstáculos que justifiquen desconocer el
derecho al agua, más allá de las restricciones que resulten razonables;[90]
(x) la realización del
derecho fundamental al agua está dada por la ‘satisfacción de las necesidades
básicas de una persona para tener una existencia digna.’[91]”
Y en cuanto al tercer escenario de
aplicación: afectación de las fuentes hídricas debido a factores de
contaminación, esta Corporación expuso:
“(i) la contaminación del agua para consumo
humano pone en riesgo los derechos a la vida, vivienda digna, salud y vida
digna;[92]
(ii) es deber del Estado garantizar el saneamiento ambiental a las personas que
habitan el territorio nacional;[93] (iii) utilizar como zona de tratamiento de
desechos zonas aledañas a fuentes hídricas que se destinan para consumo humano
lesiona el derecho al agua; (iv) en casos de contaminación ambiental, los
ciudadanos deben contar con participación real y efectiva en la toma de
decisiones que los afecten; (v) si el Estado o un particular inicia la
construcción de una obra civil para prestar un servicio público, este ‘(…) asume la responsabilidad de su
culminación eficiente e idónea para los fines propuestos’;[94]
(vi) la solución de problemas de contaminación del agua para consumo humano
precisa que se emitan órdenes complejas por parte del juez constitucional;
(vii) hasta tanto se dé solución definitiva al problema de contaminación o
escasez del recurso hídrico, se deben establecer mecanismos temporales para el
abastecimiento de agua para las personas afectadas; (viii) existe un deber
radicado en cabeza de quien contamina de limpiar los elementos del ambiente
afectados.[95]“
Al abordar el examen de fondo del asunto,
este Tribunal observó que existía un grave problema de calidad del agua para
consumo humano que se abastecía a los inmuebles de Villa Constanza, por cuanto:
(i) en múltiples oportunidades, el líquido había sido catalogado por las autoridades
de salubridad como no apta para consumo humano, ante la presencia de coliformes
totales, E. coli y niveles inaceptables de cloro residual; y (ii) se
le había establecido un nivel de riesgo alto. Tales circunstancias permitieron
a la Corte afirmar que se estaba inobservando el criterio de salubridad, como
uno de los componentes que determinan el derecho fundamental al agua, lo cual
condujo a que esta Corporación concluyera que se había vulnerado el referido
derecho, así como los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la salud y
a la vivienda digna de la accionante y demás residentes de la Urbanización
Villa Constanza, dadas las siguientes razones:
Derecho al agua. Este Tribunal encontró que ese era un caso paradigmático de negligencia en
la prestación de servicios públicos. Sostuvo que el mal estado del
alcantarillado había repercutido en la salubridad del agua que era suministrada
mediante la red de acueducto, en detrimento del derecho fundamental al agua de
las personas que consumían el líquido no tratado. Afirmó que en ese asunto tal derecho
era de carácter personal, ya que el recurso no potable se destinaba a la
satisfacción de necesidades inmediatas de los usuarios, especialmente el
consumo humano.
Con ocasión de ello, la Corte sostuvo que
se trataba de una vulneración del derecho al agua en sus dimensiones de
abstención y prestacional, en razón a: (i) que se había incumplido el deber de
no contaminar los afluentes de los cuales se extraía el agua y (ii) la mala
construcción del alcantarillado y la falta de tratamiento al agua del
acueducto.
Esta Corporación advirtió que era
inaceptable concebir que el derecho al agua no había sido vulnerado en ese
asunto bajo el supuesto de que al ser un derecho programático no podía exigirse
su suministro inmediato a los afectados. Al respecto, aclaró que si bien
existen esferas de protección iusfundamental que se satisfacen a mediano
o largo plazo, también es cierto que el derecho al agua es exigible de manera inmediata
al Estado y/o prestadores de servicios públicos.
Este Tribunal agregó que “el agua
constituye un presupuesto para el disfrute de múltiples derechos fundamentales.
En este sentido, no solo es un derecho autónomo, sino que sirve de base para
otras garantías de igual naturaleza. Es a esta situación a la que se hace
referencia con los conceptos de indivisibilidad e interdependencia. Conviene en
este punto recordar que la
Relatora Especial para el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento ha
expresado que un tratamiento inadecuado a las aguas residuales puede dar lugar
a la vulneración de derechos como la salud, la educación y el trabajo. En el
caso de Villa Constanza, resulta claro que el mal estado del alcantarillado ha
generado carencia de líquido apto para el consumo humano, además de
afectaciones al medio ambiente. A lo dicho deben sumarse las problemáticas que
los habitantes de la zona han experimentado en relación con los derechos a la
vida digna, la salud y vivienda digna.”
Derecho a la salud. La Corte, tras poner de presente los efectos adversos en la salud de los usuarios
del servicio de acueducto que se habían generado por el consumo de agua
insalubre, anotó que, en situaciones similares a la estudiada en esa ocasión, se
“ha reconocido que se lesiona el derecho a la salud de los residentes de una
zona cuando se les provee de agua para el consumo humano que no es salubre. Es
indudable que el suministro de líquido contaminado afecta el bienestar físico y
social de las personas que lo consumen. Por lo anterior, se tiene que en el
caso concreto el derecho a la salud de la accionante y demás afectados se
encuentra en grave riesgo, pues el mero suministro de agua contaminada ya de
por sí representa una amenaza considerable al derecho a la salud.”
Derecho a la vivienda digna. La Corporación consideró lesionado el
derecho en comentario, al señalar que: (i) las viviendas de la Urbanización Villa Constanza no
gozaban con un servicio de acueducto que respetara su prerrogativa de contar
con agua de calidad; (ii) gozar de servicios de acueducto y alcantarillado está
dentro de las condiciones necesarias para que las viviendas puedan ser
consideradas dignas; y (iii) los inmuebles carecían de seguridad física para
sus habitantes. “Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, la salud de
los residentes de la zona se ha visto afectada por el consumo de agua
insalubre, sobre todo la de los niños y los ancianos así como por la exposición
a un entorno ambiental contaminado. Esta situación inevitablemente amenaza la
seguridad de los habitantes de las viviendas, pues se ven expuestos a los factores
de enfermedad que circundan en el ambiente, en detrimento de su integridad
personal.”
En vista de lo anterior, la Corte revocó
parcialmente la sentencia
proferida en única instancia, en
tanto había negado por improcedente el amparo implorado y, en su lugar, tuteló,
además, los derechos al agua potable, a la vida, a la salud y a la vivienda
digna de la actora, su familia y demás miembros de la Urbanización Villa
Constanza.
Con la finalidad de hacer efectiva la
protección, se: (i) ordenó suministrar agua potable salubre de forma
provisional a la accionante y demás habitantes de Villa Constanza; (ii) ordenó ajustar
a los parámetros constitucionales aplicables al caso el plan para garantizar de
manera definitiva la prestación eficaz de los servicios públicos de agua potable
salubre y alcantarillado; (iii) ordenó iniciar las acciones pertinentes para
diseñar y ejecutar un plan para limpiar las fuentes de agua que fueron
contaminadas por el alcantarillado de Villa Constanza; (iv) remitió copias de
esa sentencia a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del
Pueblo y a la Personería Municipal de Palermo, para que acompañaran la
ejecución del plan que debía adoptarse e hicieran seguimiento a sus avances;
(v) conminó a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de
la República y a la Superintendencia de Servicios Públicos para que investigaran
si de los hechos que dieron lugar a ese proceso se derivaban situaciones
sancionables dentro de los límites competenciales de cada una de esas
entidades; y (vi) comisionó al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva para
que verificara el cumplimiento de todas esas órdenes.
36.4. La accesibilidad – cuarto
atributo del derecho humano al agua- se refiere a que las instalaciones e
infraestructura física que sirve para distribuir y garantizar el acceso al
agua, debe ser cercana y segura para todos, y sin discriminación alguna. En
cuanto a ello, el Alto Comisionado de las Naciones[96] ha señalado:
“Se debe facilitar acceso a agua potable y al saneamiento dentro del hogar o
en sus cercanías inmediatas, y en una manera en que haya un suministro regular
de agua y no se deba dedicar demasiado tiempo para recogerla. Por consiguiente,
las obligaciones de derechos humanos de los Estados en relación con el agua
potable y el saneamiento no les imponen que faciliten el acceso en cada casa.
Sin embargo, el agua y las instalaciones sanitarias deben estar muy cerca de
cada hogar, centro de enseñanza y lugar de trabajo, y deben encontrarse al
alcance, de manera segura, de todos los sectores de la población, teniendo en
cuenta las necesidades de grupos particulares, entre ellos las personas con
discapacidades, los niños, las personas de edad y las mujeres (…) debería
existir normalmente una fuente con capacidad para suministrar agua suficiente,
salubre y regular a menos de 1.000 metros del hogar, y el tiempo para recoger
alrededor de 20 litros de agua por día no debería superar los 30 minutos.”
Se ha sostenido que el acceso al agua debe
darse en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus
cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones tendrán que ser de
calidad suficiente y culturalmente adecuados, tener en cuenta las necesidades
relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. No pueden existir barreras
físicas para el acceso al agua. En cumplimiento de esta obligación, los Estados
desarrollarán y extenderán los acueductos y redes necesarias, para que en todos
los lugares donde existan poblaciones haya disposición el líquido[97].
Bajo esa línea, esta Corte ha tutelado el
derecho al agua y ha ordenado su suministro permanente y constante sin importar
el lugar en que se encuentre el accionante[98].
Es necesario precisar que la accesibilidad es plena sólo si confluyen los
siguientes atributos: “Se debe garantizar en condiciones de no
discriminación (debe ser accesible a todos de hecho y de derecho, incluso a los
sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación
alguna por cualquiera de los motivos prohibidos), y Acceso a la información (la accesibilidad comprende el derecho a solicitar,
recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua).[99]”[100].
36.5. En lo que atañe a la asequibilidad
o accesibilidad económica, los Estados tendrán que garantizar cargos y
tasas acordes con el patrimonio de cada ciudadano. Los costos de la
infraestructura y puesta en marcha de los servicios de acueducto consultarán
las posibilidades económicas de las comunidades. En esa medida, las facturas
deben ser razonables y no pueden comprometer ni poner en peligro el ejercicio
de otros derechos[101].
Análisis del caso concreto
37. El accionante afirma que, junto con su núcleo
familiar reside, desde el 1º de septiembre de 2017, en el predio ubicado en la Calle 61C # 23B-114, Urbanización Alminar
Samoa, torre 1, apartamento 106, Barrio Ambalá del Municipio de Ibagué. Sostiene
que en diciembre de ese mismo año se
enteró que el agua que se surte en su predio y demás apartamentos de esa
comunidad no es potable, es decir, no apta para consumo humano. Por tanto, acude
a la acción de tutela para solicitar que se: (i) conceda el amparo reclamado;
(ii) ordene el abastecimiento transitorio de agua potable en los tanques de
almacenamiento de dicha urbanización; y (iii) ordene realizar las gestiones
necesarias para potabilizar el agua que se surte en esas viviendas.
38. Corrido el traslado de la demanda, la Alcaldía
Municipal de Ibagué solicitó
su exoneración frente a cualquier responsabilidad y se denegaran las
pretensiones de la tutela, al señalar que no ha habido acción u omisión por
parte de la administración que amenace violar derechos e intereses colectivos
comprometidos.
39. Por su parte, la Junta de Acción Comunal Ambalá -Sector el Triunfo de
Ibagué- solicitó que se declarara improcedente la
acción. Advirtió que el suministro de agua potable debe ser una labor conjunta
entre las entidades prestadoras del servicio y la Administración Municipal,
pero que tal colaboración no se evidenciaba en este caso. Expuso que ese
acueducto comunitario no puede prestar el servicio de agua potable hasta tanto
la Alcaldía Municipal de Ibagué cumpla con la optimización de la planta de
tratamiento de agua potable.
40. Examinada la anterior situación fáctica y los
elementos probatorios obrantes en el expediente a la luz de las consideraciones
reiteradas en precedencia, la Sala Novena de Revisión evidencia que el Municipio
de Ibagué y el Acueducto Comunitario de la Junta de Acción Comunal Ambalá -Sector el Triunfo de ese mismo municipio están vulnerando el
derecho fundamental al agua potable del accionante y su núcleo familiar.
41. Al
igual que el asunto resuelto en la sentencia T-891 de 2014, la Sala considera que
en este caso también existe un grave problema de calidad del agua para
consumo humano que se suministra a las viviendas de la Urbanización Alminar Samoa, toda vez que: (i) en varias oportunidades
el líquido ha sido catalogado por las autoridades de salubridad como no apta
para consumo humano, dada la presencia de
Coliformes Totales y Escherichia Coli, y (ii) se le ha establecido unos niveles de
riesgo inviable sanitariamente y alto, circunstancias ante las cuales se inobserva
el criterio de calidad, como uno de los componentes que determinan el
derecho fundamental al agua.
42. En lo que a la calidad del agua atañe, cabe reiterar que el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, mediante la Observación General número 15, estableció que el agua debe cumplir con los estándares
microbiológicos de salubridad, es
decir, debe ser salubre y potable, por lo que “no ha de contener microorganismos
o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la
salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y
un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico”[102].
43. No obstante lo previsto en ese mandato
internacional y en la jurisprudencia constitucional[103] abordada
en esta providencia, esta Sala de Revisión constata que el agua que se surte en
los inmuebles de la Urbanización Alminar Samoa no reúne el componente de calidad
adecuada, como se demuestra a continuación:
43.1. De conformidad con los informes de resultado de ensayo físico-químico y
microbiológico de aguas de acueducto[104]
números 3783, 3935, 3993, 4101, 4193 y 4283, expedidos por la
Secretaría de Salud de la Gobernación del Tolima el 2 de mayo, 12 de junio, 5
de julio, 9 de agosto, 5 de
septiembre y 2 de octubre de 2018,
respectivamente, se evidencia presencia
de Coliformes Totales y Escherichia Coli[105]
en las muestras de agua tomadas del grifo de una de las viviendas ubicadas en
el Sector El Triunfo del
Municipio de Ibagué, lo cual indica que el agua no es salubre y potable, por cuanto contiene tales
microorganismos.
Con fundamento en lo auscultado, en cada
uno de los mencionados informes se conceptúa que no se cumple “la resolución
2115/2007 por parámetros físico-químicos fuera de rango (Color (UPC)) Turbiedad
(UNT), Hierro Total, Cloro Residual Libre”; y se indica que para “determinar
uso para consumo humano requiere desinfección o tratamiento convencional.”
43.2. La anterior situación anómala fue confirmada por
la Dirección de Salud Pública Municipal de Ibagué en oficio[106] 103146 del 25 de
octubre de 2018, al poner de presente que, conforme al Índice de Riesgo de
Calidad de Agua para el Consumo Humano -IRCA-, el agua que se surte del
Acueducto del Barrio el Triunfo presenta un nivel de riesgo alto en
algunos meses e inviable sanitariamente[107]
en otros meses de los años 2017 y 2018. Tal información se ilustró en dos
tablas, a saber:
Año 2017
Mes
IRCA
Nivel de Riesgo
Junio
82,79
Inviable Sanitariamente
Julio
65,59
Alto
Agosto
75,15
Alto
Septiembre
71,35
Alto
Octubre
87,86
Inviable Sanitariamente
Noviembre
70,52
Alto
Diciembre
87,86
Inviable Sanitariamente
Año 2018
Mes
IRCA
Nivel de Riesgo
Mayo
88,07
Inviable Sanitariamente
Junio
78,65
Alto
Julio
61,8
Alto
Agosto
66,27
Alto
Septiembre
59,14
Alto
Octubre
66,67
Alto
La referida entidad concluyó que los consolidados para
las vigencias 2017 y 2018 muestran que el agua analizada no es apta para consumo
humano y que debe ser sometida a un proceso de desinfección o tratamiento
convencional para evitar riesgos en la salud de las personas.
Adicionalmente, enfatizó que, según la visita llevada a cabo el 23 de octubre de 2018 por
parte del profesional de apoyo de la Secretaría de Salud de Ibagué, se verificó
“que de acuerdo a la zona, el agua del conjunto ALMINAR SAMOA, procede del
Acueducto del Barrio el Triunfo, esta agua se recoge de un tanque de
almacenamiento del multifamiliar para su distribución. Con los soportes
emitidos por la Secretaría de Salud de Ibagué, el agua que suministra dicho
acueducto se encuentra en un nivel ‘ALTO’, siendo esta agua NO apta para
consumo humano.”
44. Esta Sala estima que, en el presente asunto, el derecho al agua conculcado es de
carácter personal, en la medida que el líquido no potable se destina a la satisfacción
de las necesidades básicas e inmediatas de los usuarios en el sector, inclusive,
para consumo humano. Se trata entonces de una lesión al derecho al agua en su faceta
prestacional, dada la ausencia de tratamiento al agua del acueducto
involucrado.
45. En atención a que este caso es análogo al decidido
en la tantas veces aludida sentencia T-891 de 2014, cabe reiterar que es “inaceptable afirmar que el derecho al
agua no fue desconocido en el caso concreto en la medida que al ser un derecho
programático no puede exigirse que el recurso hídrico sea suministrado de
inmediato a los afectados. Si bien hay esferas de protección iusfundamental que
han de satisfacerse a mediano o largo plazo, el derecho al agua resulta
exigible de forma inmediata al Estado o los prestadores de servicios públicos,
según sea el caso.”
46. En ese orden de ideas, no es de recibo para esta
Sala tanto el proceder como lo manifestado por la Alcaldía Municipal de Ibagué
y la Junta de Acción Comunal
Ambalá -Sector el Triunfo de ese mismo municipio, frente a la delicada y urgente situación que afrontan
el demandante, su familia y demás residentes de la Urbanización Alminar Samoa, pues únicamente se han
limitado a negar u omitir su responsabilidad, a pesar de conocer con exactitud
sus deberes y obligaciones que la respectiva normatividad y jurisprudencia
constitucional ha impuesto al respecto.
46.1. En efecto, y conforme a la situación fáctica que
gira en torno este asunto, se observa que dicha Junta de Acción Comunal[108] es la que
ha asumido la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en la zona,
específicamente en las viviendas que componen la referida urbanización, de tal
suerte que, en principio, es la llamada a cumplir con el deber legal y
constitucional de abastecer agua en
condiciones de cantidad
suficiente, disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y calidad a esa
comunidad.
46.2. Sin detrimento de lo anterior, y según los
parámetros jurisprudenciales replicados en este pronunciamiento, cabe recordar
que los Municipios son los primeros convocados tanto a observar el mencionado mandato
legal y constitucional, así
como a velar por el cumplimiento del mismo por parte de aquellos que, de forma indirecta,
asumen la prestación del servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado.
Lo anterior en virtud del artículo 311 Superior,
el cual señala que al municipio “le corresponde prestar los servicios
públicos que determine la ley”, así como “construir las obras que demande el progreso
local”, entre otras cosas. Y el artículo 5 de
la Ley 142 de 1994 que atribuye a los
municipios competencia para: “Asegurar que se presten a sus habitantes, de
manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado,
aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de
servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la
administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el
artículo siguiente.”
En esa medida, corresponde al Municipio
de Ibagué asegurar el goce efectivo del derecho fundamental al agua del
peticionario, su familia y los usuarios restantes de la Urbanización Alminar
Samoa, con el suministro del preciado líquido que debe efectuarse en condiciones de cantidad suficiente, disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad
y calidad adecuada. Máxime cuando de los hechos del presente caso y de los
elementos probatorios obrantes en el expediente se desprende que, durante
varios años, la Junta de Acción Comunal Ambalá -Sector el Triunfo de ese
municipio ha carecido de capacidad para prestar eficientemente el referido servicio[109], por lo
que se requiere con urgencia que los obligados en comentario aúnen máximos esfuerzos
para que, armónica y coordinadamente, asuman
y solucionen las dificultades que padece esa comunidad por la deficiente e
inadecuada prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado.
47. Retomando la sentencia T-891 de 2014, se tiene que
“el agua
constituye un presupuesto para el disfrute de múltiples derechos fundamentales.
En este sentido, no solo es un derecho autónomo, sino que sirve de base para
otras garantías de igual naturaleza. Es a esta situación a la que se hace
referencia con los conceptos de indivisibilidad e interdependencia. Conviene en
este punto recordar que la
Relatora Especial para el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento ha
expresado que un tratamiento inadecuado a las aguas residuales puede dar lugar
a la vulneración de derechos como la salud, la educación y el trabajo.”
A la luz de esas pautas constitucionales,
esta Sala de Revisión considera que, con ocasión del desconocimiento del
derecho fundamental al agua, el Municipio
de Ibagué y el Acueducto Comunitario de la Junta de Acción Comunal Ambalá -Sector el Triunfo también están amenazando y/o lesionando los
derechos fundamentales a la salud y a la vivienda digna del accionante y
su familia, toda vez que, en asuntos como el que en esta ocasión ocupa a la
Sala, el primero de esos derechos es presupuesto para la efectividad de esas
dos últimas prerrogativas.
A quienes se les garantice el derecho al
agua bajo condiciones de cantidad suficiente, disponibilidad,
accesibilidad, asequibilidad y calidad adecuada, por esa misma razón, y al
tiempo, igualmente se les garantiza sus derechos a la salud y a la vivienda
digna. Basta con que se inobserve alguno de los elementos que componen el
derecho al agua para comprometer no solo el goce efectivo de dicho derecho,
sino también el de la salud, el de la vivienda digna y el de otros derechos,
según el caso. En otros términos, aquellos que no cuenten con el suministro de
agua en las circunstancias debidas, pueden ver comprometida su salud y vivienda
digna, como ocurre en el presente asunto, inclusive, su vida en condiciones de
dignidad, como ha acontecido en otros casos, pues el agua no es solo fuente de
vida, sino que también es la vida misma, es decir, es base de todo y lo es todo
a su vez.
48. Derecho a la salud. Aquí
es oportuno traer a colación el inciso quinto del artículo 49 de la Carta Política, según el cual, “Toda
persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su
comunidad.” Aunado a ello, la Organización Mundial de la Salud –OMS- ha
sostenido que la salud es “(…) un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades…”[110]
En la Observación General N°14[111],
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señaló la manera en la
que los Estados-Partes del Pacto han de cumplir con sus deberes en cuanto al derecho
al disfrute del nivel más alto posible de salud[112]. De conformidad
con ese Comité, “(…) el derecho a la salud abarca una amplia gama de
factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las
personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los
factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la
nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones
sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio
ambiente sano.”[113]
Dicho Comité ha precisado que al nivel
más alto de salud posible comprende los principales componentes de la salud,
entre los cuales se encuentra el derecho al agua limpia potable, en condiciones
sanitarias adecuadas y al medio ambiente sano[114]. En la
Observación General N° 14, igualmente se resaltó el deber de los Estados “(…)
de adoptar medidas contra los peligros que para la salud representan la contaminación
del medio ambiente…”[115]
Finalmente, en tal observación se advirtió que una de las obligaciones básicas
del derecho a la salud es la de suministrar agua potable.
Descendiendo al asunto objeto de estudio,
la Sala encuentra que la afectación del derecho a la salud del peticionario y su
núcleo familiar se concreta en que se evidenció que el agua que se abastece para
consumo humano en la Urbanización Alminar Samoa no es salubre y potable, por
cuanto contiene Coliformes Totales y Escherichia Coli y sus niveles de riesgo son inviable sanitariamente y alto, circunstancias suficientes para constituir
una amenaza considerable, grave y latente para su salud, así como para los
demás habitantes de esa urbanización.
Así lo advirtió la Dirección de Salud Pública Municipal de Ibagué, al
informar que los consolidados para las vigencias 2017 y 2018 muestran que el
agua analizada no es apta para consumo humano y que debe ser sometida a un
proceso de desinfección o tratamiento convencional para evitar riesgos en la
salud de las personas involucradas.
Es claro entonces que el tutelante, su
familia y la comunidad de la urbanización en comentario no gozan de un estado completo
de bienestar físico y social, no porque se estime que padezcan alguna afección
o enfermedad, sino porque en este caso en particular no se les ha garantizado el
derecho al disfrute del nivel más alto posible de salud, ante el incumplimiento
del deber legal y constitucional de suministrarles agua limpia potable y en
condiciones sanitarias adecuadas, como uno de los elementos más relevantes que determinan
el derecho fundamental a la salud en este tipo de asuntos.
49. Derecho a la vivienda digna. Sea lo
primero hacer énfasis en que el artículo 51 Superior prevé que “Todos los colombianos tienen derecho
a vivienda digna…”. En armonía con esa disposición constitucional, mediante
la Observación General N° 4[116],
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desarrolló el contenido
del derecho a una vivienda adecuada, dispuesto en el artículo 11 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[117].
Según ese Comité “(…) el derecho a la
vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo
equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un
tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una
comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz
y dignidad en alguna parte.”
Conforme a la mencionada Observación
General, “Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios
indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos
los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso
permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la
cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de
almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios
de emergencia.” Al respecto, se ha explicado que “contar con suministro
de agua potable y salubre y el servicio de alcantarillado, son elementos que se
encuentran inmersos dentro del derecho a una vivienda digna, de acuerdo con el
Pacto. De la misma manera, el Comité también llamó la atención sobre la
necesidad de que la vivienda provea seguridad a sus habitantes, entre otros,
aislándolos de vectores de enfermedad.”[118]
En el asunto de la referencia, esta Sala
de Revisión considera que la vulneración del derecho fundamental a la vivienda
digna se configura por las siguientes razones: (i) las
viviendas de interés social, dentro de las cuales se encuentra la de propiedad
del demandante, que se construyeron con la respectiva licencia para tal efecto
y que integran la Urbanización Alminar Samoa, no
gozan del servicio público de acueducto que respete la prerrogativa de contar
con agua de calidad, como se ha constatado a lo largo de esta providencia; (ii)
por consiguiente, esos inmuebles no pueden ser considerados dignos, en tanto
carecen de suministro de agua potable y salubre, como una de las condiciones
necesarias y/o elementos que componen el derecho fundamental a la vivienda
digna; y (iii) esos predios no proveen seguridad física a sus habitantes, pues el
agua que se abastece en los mismos para consumo humano contiene microorganismos
que tienen la potencialidad de ser perjudiciales para su integridad personal, es
decir, dentro de sus propias viviendas están expuestos a distintos factores de
enfermedad que pueden generarse por la delicada situación que afrontan.
50. En suma, la inadecuada y deficiente
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado ha dado lugar al
desconocimiento de los derechos fundamentales al agua potable, a la salud y a
la vivienda digna, en los términos expuestos en este pronunciamiento.
51. Lo evidenciado es suficiente para revocar las decisiones de instancias
adoptadas dentro del trámite de tutela y, en su lugar, conceder el amparo implorado
por el accionante. En consecuencia, se
dispondrá lo siguiente:
(i) Ordenar al Municipio de Ibagué y al Acueducto Comunitario de la Junta de Acción Comunal Ambalá -Sector el
Triunfo de ese mismo municipio que, si
aún no lo han hecho, en el término de quince (15) días siguientes a la
notificación de esta providencia, procedan a suministrar, en forma continua, agua potable al señor Leonel Alcides Hoyos Gómez y su núcleo familiar en el inmueble
ubicado en la Calle 61C #
23B-114, Urbanización Alminar Samoa, torre 1, apartamento 106, Barrio Ambalá de
la Ciudad de Ibagué, por el medio que
consideren más idóneo, garantizando una cantidad diaria mínima de agua que les
permita vivir digna y sanamente hasta que se brinde una solución definitiva a
las dificultades de provisión constante y de calidad del recurso hídrico.
Para ello, el referido municipio y el
mencionado acueducto comunitario deberán realizar visitas a dicha vivienda y
establecer cuál es la situación socio económica actual de esa familia y sus
necesidades básicas en términos de escasez de agua potable, con el fin de
determinar la cantidad de agua a suministrar.
(ii) Ordenar al Municipio de Ibagué y al Acueducto Comunitario de la Junta de Acción Comunal Ambalá -Sector el
Triunfo de ese municipio que, si
aún no lo han hecho, dentro del plazo
de un (1) mes calendario, contado a partir de la notificación del presente
fallo, procedan a elaborar un plan para garantizar de forma definitiva la
prestación eficaz de los servicios públicos de agua potable salubre y
alcantarillado, y ajustarlo a los parámetros constitucionales aplicables al
caso, referidos a que el plan debe incluir acciones reales y concretas para
solucionar el problema, que este ha de definir las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que el mismo habrá de ejecutarse, y contar con los trámites
administrativos, financieros y presupuestales necesarios para hacerlo viable. El
plan deberá contemplar mecanismos de monitoreo y control internos para evaluar
el progreso del mismo. La comunidad de la Urbanización Alminar Samoa habrá
de tener participación real y significativa en su elaboración y este deberá ser
ejecutado en un periodo máximo de seis (6) meses siguientes a la notificación
de esta sentencia. De los avances del plan deberá informarse, por medio de
reportes bimensuales que describan de forma clara, concreta y específica las
acciones realizadas para la prestación eficiente de los servicios de acueducto
y alcantarillado, a las entidades conminadas a hacer acompañamiento a la
ejecución del plan, así como al
Juzgado Sexto Civil Municipal de Ibagué, que velará por el cumplimiento de esta
decisión.
(iii) Remitir copia de esta sentencia a la
Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Personería
Municipal de Ibagué, para
que difundan y expliquen el alcance de la presente decisión a toda la comunidad
de la Urbanización Alminar Samoa del Barrio
Ambalá de la Ciudad de Ibagué, y brinden la asesoría jurídica y el
acompañamiento legal adecuado que requiera esa comunidad, con la finalidad de
que acompañen el cumplimiento de este
fallo, a efecto de materializar la eficacia de los derechos fundamentales al agua potable, a la salud y a la vivienda
digna.
(iv) Conminar a la Procuraduría General de
la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que en ejercicio de sus facultades
constitucionales, legales y reglamentarias, investiguen si de los hechos que
dieron lugar a este proceso de tutela se derivan situaciones sancionables
dentro de límites competenciales de cada una de esas entidades[119].
Alcance de las órdenes a impartir
52. La Sala Novena de Revisión constata que
quienes integran la familia demandante del caso de la referencia no son los
únicos a quienes la Alcaldía Municipal de
Ibagué y el Acueducto Comunitario de la Vereda Ambalá Sector el Triunfo de esa
misma ciudad han desconocido
sus derechos fundamentales al agua
potable, a la salud y a la
vivienda digna, debido al suministro
inadecuado de agua a su vivienda de interés social. En esa idéntica situación se encuentran todos
aquellos que habitan los demás inmuebles que componen la Urbanización Alminar Samoa. Por tanto, es necesario y razonable que
los efectos de este fallo se extiendan a todas las personas que tengan esas
mismas condiciones.
53. El artículo 36 del Decreto 2591 de 1991
establece que “las sentencias en que se revise una decisión de tutela solo
surtirán efectos en el caso concreto (…)”. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha optado por extender los efectos de sus sentencias a quienes se
encuentran en las mismas circunstancias de los peticionarios, pese a no haber acudido
a la acción de tutela en calidad de accionantes[120].
54. Los efectos inter comunis pretenden
salvaguardar el principio de igualdad entre los sujetos pasivos de una
vulneración de derechos fundamentales, puesto que las mismas condiciones obligan
a que el juez emita órdenes uniformes para todos los afectados. Así mismo, esos
alcances de las decisiones garantizan la coherencia del sistema de derecho y la
seguridad jurídica, como quiera que deben existir decisiones similares a casos
equivalentes.
55. La Sala observa que en el asunto examinado
concurren los requisitos para dictar una decisión con efectos inter comunis,
toda vez que: (i) proteger únicamente los derechos fundamentales al agua potable,
a la salud y a la vivienda digna de la parte accionante amenaza el derecho a la
igualdad de las otras personas que requieren del Estado el suministro de agua
potable en condiciones de cantidad suficiente, disponibilidad,
accesibilidad, asequibilidad y calidad adecuada; (ii) las personas que no
acudieron al presente proceso de tutela se encuentran en la misma situación que Leonel Alcides Hoyos Gómez y su familia, por cuanto habitan otras viviendas que
también integran la
Urbanización Alminar Samoa; y
(iii) no hay duda que con la adopción de esta decisión se alcanza el goce
efectivo de los derechos fundamentales al agua potable, a la salud y
a la vivienda digna de la comunidad de dicha urbanización y el acceso a la
tutela judicial efectiva en relación con todas esas personas.
56. En esa medida, se dispondrá extender, con efectos inter comunis, la presente sentencia a todas las personas que, en las mismas
circunstancias aquí verificadas, residan en otras viviendas que también hagan parte de la Urbanización Alminar Samoa del Barrio
Ambalá de la Ciudad de Ibagué.
Síntesis de la decisión
57. El ciudadano
Leonel Alcides Hoyos Gómez formuló acción de tutela contra la Alcaldía
Municipal, Secretaría de Salud Municipal y Curaduría Urbana Nº 2 de Ibagué,
Construcciones JF S.A.S., Superintendencias de Servicios Públicos Domiciliarios
y del Subsidio Familiar, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Fiduciaria Colpatria, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo –Fonade- y
Junta de Acción Comunal de la Vereda Ambalá Sector el Triunfo de Ibagué, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al agua potable, a la salud y
a la vivienda digna.
58. La Corte inicialmente examina la procedencia de la acción de tutela. Efectuado
lo anterior, la Corporación encuentra que la solicitud de amparo es procedente,
por cuanto concurren los requisitos mínimos de: (i) legitimación en la causa
por activa, (ii) legitimación en la causa por pasiva, (iii) inmediatez y (iv) subsidiariedad.
59. Seguidamente el Tribunal plantea los siguientes
problemas jurídicos:
¿Vulneran el Municipio de Ibagué y el Acueducto Comunitario de la Junta de Acción Comunal Ambalá -Sector el
Triunfo de ese mismo municipio, el
derecho fundamental al agua potable del accionante y su núcleo familiar, por no
tomar las medidas tendientes a garantizar dicho servicio, cuando el prestador
habitual no tiene la capacidad para ello?
¿Vulneran el Municipio de Ibagué y el Acueducto
Comunitario de la Junta de
Acción Comunal Ambalá -Sector el Triunfo de dicho
municipio, los derechos fundamentales a la salud y a la vivienda digna del
demandante y su familia, debido al suministro inadecuado de agua a las
viviendas de interés social que con licencia de construcción construyó una
empresa privada?
60. Para resolverlos, se reitera lo relacionado
con: (i) las obligaciones del Estado y de las autoridades en
la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado;
(ii) el derecho fundamental
al agua potable en el ámbito nacional e internacional; y (iii) el contenido y protección del derecho fundamental al agua.
61. Con base en lo anterior, pasa la
Corte a solucionar el caso concreto. Una vez iniciado, la Corporación observa que el Municipio de
Ibagué y el Acueducto Comunitario de la Junta de Acción Comunal Ambalá -Sector el Triunfo de ese mismo municipio vulneran el
derecho fundamental al agua potable del accionante y su núcleo familiar.
En sustento de ello, este Tribunal expone
que, al igual que el asunto resuelto en la sentencia T-891 de 2014, en este
caso también existe un grave problema de calidad del agua para consumo
humano que se suministra a las viviendas de la Urbanización Alminar Samoa, toda vez que: (i) en varias oportunidades el líquido
ha sido catalogado por las autoridades de salubridad como no apta para consumo
humano, dada la presencia de Coliformes
Totales y Escherichia Coli, y (ii) se le ha establecido unos niveles de riesgo inviable sanitariamente y alto, circunstancias ante las cuales se
inobserva el criterio de calidad, como uno de los componentes que
determinan el derecho fundamental al agua.
62. Seguidamente, la Corte considera
que, con ocasión del desconocimiento del derecho fundamental al agua, el referido municipio y el mencionado acueducto comunitario
también amenazan y/o lesionan
los derechos fundamentales a la salud y a la vivienda digna del accionante y su
familia, toda vez que el primero de esos derechos es presupuesto para la
efectividad de esas dos últimas prerrogativas.
Al respecto, esta Corporación señala que a
quienes se les garantiza el derecho al agua bajo condiciones de cantidad
suficiente, disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y calidad adecuada,
por esa misma razón, y al tiempo, igualmente se les garantiza sus derechos a la
salud y a la vivienda digna. Basta con que se inobserve alguno de los elementos
que componen el derecho al agua para comprometer no solo el goce efectivo de
dicho derecho, sino también el de la salud, el de la vivienda digna y el de
otros derechos, según el caso. En otros términos, aquellos que no cuenten con
el suministro de agua en las circunstancias debidas, pueden ver comprometida su
salud y vivienda digna, como ocurre en el presente asunto, inclusive, su vida
en condiciones de dignidad, como ha acontecido en otros casos, pues el agua no
es solo fuente de vida, sino que también es la vida misma, es decir, es base de
todo y lo es todo a su vez.
63. Este Tribunal encuentra que la afectación del derecho a la salud
del peticionario y su núcleo familiar se concreta en que se evidenció que el
agua que se abastece para consumo humano en la Urbanización Alminar Samoa no es
salubre y potable, por cuanto contiene
Coliformes Totales y Escherichia
Coli y sus niveles de
riesgo son inviable sanitariamente y alto, lo cual implica una amenaza
considerable, grave y latente para su salud, así como para los demás habitantes
de esa urbanización.
Para la Corte es claro que el tutelante,
su familia y la comunidad de la urbanización en comentario no gozan de un
estado completo de bienestar físico y social, no porque se estime que padezcan
alguna afección o enfermedad, sino porque en este caso en particular no se les
ha garantizado el derecho al disfrute del nivel más alto posible de salud, ante
el incumplimiento del deber legal y constitucional de suministrarles agua
limpia potable y en condiciones sanitarias adecuadas, como uno de los elementos
más relevantes que determinan el derecho fundamental a la salud en este tipo de
asuntos.
64. Esta Corporación considera que la vulneración del derecho fundamental a
la vivienda digna se configura por las siguientes razones: (i) las viviendas de interés social, dentro de las cuales
se encuentra la de propiedad del demandante, que se construyeron con la
respectiva licencia para tal efecto y que integran la Urbanización Alminar Samoa, no
gozan del servicio público de acueducto que respete la prerrogativa de contar
con agua de calidad; (ii) por consiguiente, esos inmuebles no pueden ser
considerados dignos, en tanto carecen de suministro de agua potable y salubre,
como una de las condiciones necesarias y/o elementos que componen el derecho
fundamental a la vivienda digna; y (iii) esos predios no proveen seguridad
física a sus habitantes, pues el agua que se abastece en los mismos para consumo
humano contiene microorganismos que tienen la potencialidad de ser
perjudiciales para su integridad personal, es decir, dentro de sus propias viviendas
están expuestos a distintos factores de enfermedad que pueden generarse por la
delicada situación que afrontan.
65. La
Corte estima que lo evidenciado es suficiente para revocar los pronunciamientos
de instancias adoptados
dentro del trámite de tutela y, en su lugar, conceder el amparo implorado por
el accionante.
IV.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR las
sentencias adoptadas, en segunda
instancia, por el Juzgado Sexto
Civil del Circuito de Ibagué el 4 de febrero de 2019 y, en primera instancia, por el Juzgado Sexto Civil Municipal de esa misma ciudad el 29 de noviembre de 2018, que denegaron el amparo solicitado dentro de la acción
de tutela formulada por Leonel Alcides
Hoyos Gómez contra la Alcaldía Municipal, Secretaría de Salud Municipal y
Curaduría Urbana Nº 2 de Ibagué, Construcciones JF S.A.S., Superintendencias de
Servicios Públicos Domiciliarios y del Subsidio Familiar, Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, Fiduciaria Colpatria, Fondo Financiero de
Proyectos de Desarrollo –Fonade- y Junta de Acción Comunal de la Vereda Ambalá -Sector
el Triunfo de Ibagué-. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales
al agua potable, a la salud y
a la vivienda digna de Leonel Alcides
Hoyos Gómez y su núcleo familiar, según lo expresado en la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO.- ORDENAR al Municipio de
Ibagué y al Acueducto Comunitario de la Junta de Acción Comunal Ambalá -Sector el Triunfo de ese mismo municipio que, si aún no lo han hecho, en
el término de quince (15) días siguientes a la notificación de esta
providencia, suministren, en
forma continua, agua potable al señor Leonel
Alcides Hoyos Gómez y su núcleo familiar en el inmueble ubicado en la Calle 61C # 23B-114, Urbanización Alminar
Samoa, torre 1, apartamento 106, Barrio Ambalá de la Ciudad de Ibagué, por el medio que consideren más idóneo, garantizando
una cantidad diaria mínima de agua que les permita vivir digna y sanamente
hasta que se brinde una solución definitiva a las dificultades de provisión
constante y de calidad del recurso hídrico.
Para ello, el referido municipio y el
mencionado acueducto comunitario deberán realizar visitas a dicha vivienda y
establecer cuál es la situación socio económica actual de esa familia y sus
necesidades básicas en términos de escasez de agua potable, con el fin de
determinar la cantidad de agua a suministrar.
TERCERO.- ORDENAR al Municipio
de Ibagué y al Acueducto Comunitario de la Junta de Acción Comunal Ambalá -Sector el Triunfo de ese municipio que, si aún no
lo han hecho, dentro del plazo
de un (1) mes calendario, contado a partir de la notificación del presente
fallo, elaboren un plan para garantizar de forma definitiva la prestación
eficaz de los servicios públicos de agua potable salubre y alcantarillado, y lo
ajusten a los parámetros constitucionales aplicables al caso, referidos a que
el plan debe incluir acciones reales y concretas para solucionar el problema,
que este ha de definir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el
mismo habrá de ejecutarse, y contar con los trámites administrativos,
financieros y presupuestales necesarios para hacerlo viable. El plan deberá
contemplar mecanismos de monitoreo y control internos para evaluar el progreso
del mismo. La comunidad de la Urbanización
Alminar Samoa habrá de tener
participación real y significativa en su elaboración y este deberá ser
ejecutado en un periodo máximo de seis (6) meses siguientes a la notificación
de esta sentencia. De los avances del plan deberá informarse, por medio de
reportes bimensuales que describan de forma clara, concreta y específica las
acciones realizadas para la prestación eficiente de los servicios de acueducto
y alcantarillado, a las entidades conminadas a hacer acompañamiento a la
ejecución del plan, así como al
Juzgado Sexto Civil Municipal de Ibagué, que velará por el cumplimiento de esta
decisión.
CUARTO.- EXTENDER, con
efectos inter comunis, la presente sentencia a todas las personas que, en las mismas
circunstancias aquí verificadas, habiten en otras viviendas que también hagan parte de la Urbanización Alminar Samoa del Barrio
Ambalá de la Ciudad de Ibagué, de conformidad con lo establecido en este pronunciamiento.
QUINTO.- Por Secretaría General de la Corte
Constitucional, REMÍTASE copia
de esta providencia a la Procuraduría General de la Nación, a
la Defensoría del Pueblo y a la Personería Municipal de Ibagué, para que difundan y expliquen el alcance
de la presente decisión a toda la comunidad de la Urbanización
Alminar Samoa del Barrio Ambalá de esa Ciudad, y brinden la asesoría jurídica y
el acompañamiento legal adecuado que requiera esa comunidad, con la finalidad
de que acompañen el cumplimiento de este
fallo, a efecto de materializar la eficacia de los derechos fundamentales al agua potable, a la salud y a la vivienda
digna.
SEXTO.- CONMINAR a
la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República
y a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, que en
ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias,
investiguen si de los hechos que dieron lugar a este proceso de tutela se
derivan situaciones sancionables dentro de límites competenciales de cada una
de esas entidades.
SÉPTIMO.- COMISIONAR al Juzgado Sexto Civil Municipal de Ibagué para que
verifique el cumplimiento de las órdenes emitidas en esta sentencia.
OCTAVO.- Por Secretaría General de esta Corte, LIBRENSE las comunicaciones a que alude el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
cúmplase y archívese.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento de voto
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO
MAGISTRADO CARLOS BERNAL PULIDO
A LA SENTENCIA T-476/19
DERECHO FUNDAMENTAL
AL AGUA-La ausencia
de suministro de agua potable por parte del Estado no genera, per se, una
vulneración de este derecho (Salvamento de voto)
Es necesario verificar si, en las condiciones de cada caso, dicho
incumplimiento genera, efectivamente, una afectación al “mínimo vital general”.
Naturalmente, en los casos en los que los individuos afectados están en
capacidad de autosatisfacer su necesidad no existe una afectación al
“mínimo vital general” y, por la misma razón, no existe una vulneración del
derecho fundamental al agua potable. Este presupuesto encuentra sustento en la
jurisprudencia constitucional reiterada, relativa a la suspensión del servicio
de acueducto por falta pago. Según esta consolidada línea jurisprudencial, uno
de los presupuestos necesarios para el amparo es que la falta de pago tenga
como causa una “imposibilidad comprobada de pago” ; contrario sensu, cuando tal
capacidad se acredita, la suspensión del servicio encuentra eco constitucional.
REQUISITO
DE SUBSIDIARIEDAD-La procedencia de la tutela se fundamenta
en una incorrecta conceptualización de la faceta individual del derecho al agua
potable (Salvamento de voto)
La prestación del servicio público
domiciliario de acueducto (faceta colectiva) tiene por objeto garantizar el
suministro de agua apta para consumo humano. Por lo tanto, es contradictorio
afirmar, como lo hace la mayoría de la Sala, que, en su faceta individual, el
derecho al agua potable exige lo mismo, es decir, que el Estado suministre agua
potable para consumo humano a toda la población en cualquier parte del
territorio, con independencia de que exista o no infraestructura de red
Referencia:
Expediente T-7.276.111
Magistrado ponente: Alberto Rojas Ríos
En atención a la decisión adoptada en este asunto por
la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, presento salvamento de
voto porque considero que la acción de tutela en este caso era improcedente, en
tanto el requisito de subsidiariedad no se encontraba acreditado y, en
cualquier caso, la solicitud de amparo debía ser negada. Dicha conclusión se
fundamenta en las razones que a continuación expongo:
(1)     La decisión de la Sala se fundamenta en una
conceptualización incorrecta del ámbito de protección subjetivo del derecho
fundamental al agua potable
La mayoría de la Sala estima que el derecho
fundamental al agua potable tiene dos facetas: una colectiva y una subjetiva o
individual (lo cual comparto). En su faceta colectiva, el ámbito de protección
del derecho comprende la prestación del servicio público de acueducto (lo cual
parcialmente comparto). En su faceta individual, para la mayoría de la Sala (de
lo cual me aparto), comprende el suministro de un mínimo de agua potable para
consumo humano, que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de las
personas, es decir un mínimo vital , que, según la jurisprudencia que se cita,
se estima en 50 litros de agua potable por persona al día. Este suministro,
indica la mayoría de la Sala, debe darse en condiciones de cantidad suficiente,
disponibilidad, calidad adecuada, accesibilidad física y asequibilidad
económica para los usuarios. Para la mayoría de la Sala, el suministro de agua
potable, en estas condiciones, constituye un mínimo esencial de exigibilidad
inmediata  y, por tanto, se sigue de esta premisa que debe ser garantizado por
el Estado a todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio, incluso en
zonas en las que no existen redes de acueducto y, en consecuencia, es
susceptible de protección mediante la acción de tutela.
Considero que esta conceptualización del ámbito de
protección subjetivo del derecho fundamental al agua potable es equivocada por
las siguientes razones:
Primero, el ámbito de protección del derecho al agua
potable y el deber correlativo del Estado de protegerlo debe ser analizado en
cada caso, en función de la capacidad de los individuos de autosatisfacer su
necesidad de contar con agua potable. Por tanto, la ausencia de suministro de
agua potable por parte del Estado no genera, per se, una vulneración de este
derecho. Por el contrario, es necesario verificar si, en las condiciones de
cada caso, dicho incumplimiento genera, efectivamente, una afectación al
“mínimo vital general”. Naturalmente, en los casos en los que los individuos
afectados están en capacidad de autosatisfacer su necesidad  no existe una
afectación al “mínimo vital general” y, por la misma razón, no existe una
vulneración del derecho fundamental al agua potable. Este presupuesto encuentra
sustento en la jurisprudencia constitucional reiterada, relativa a la
suspensión del servicio de acueducto por falta pago. Según esta consolidada
línea jurisprudencial, uno de los presupuestos necesarios para el amparo es que
la falta de pago tenga como causa una “imposibilidad comprobada de pago” ;
contrario sensu, cuando tal capacidad se acredita, la suspensión del servicio
encuentra eco constitucional .
Segundo, el nivel de satisfacción del derecho al agua
potable exigible mediante la acción de tutela no puede ser determinado en
abstracto. Por el contrario, este debe ser establecido en cada caso concreto,
mediante un modelo de adjudicación fundado en los principios de razonabilidad y
proporcionalidad . Este modelo (i) impide que los jueces tomen decisiones en
las que no se consideren todos los argumentos e intereses en juego (de las
partes y terceros involucrados en un proceso de tutela), (ii) de allí que sea
uno más adecuado que el del “mínimo vital particular”. Esto es así, entre otras
razones, dado que el último modelo (el del “mínimo vital particular”), hace que
los jueces se preocupen únicamente por uno de los factores relevantes en el
análisis de constitucionalidad, esto es, determinar si el mínimo de un derecho
en particular ha sido satisfecho, sin consideración de las demás circunstancias
relevantes del caso.
Tercero, el suministro de un mínimo de agua potable en
las condiciones descritas, que garantice la satisfacción de las necesidades
básicas de los individuos, no es una pretensión o posición jurídica de
exigibilidad inmediata. El suministro de agua potable es una obligación prestacional
de cumplimiento que requiere la movilización de recursos económicos y un
desarrollo normativo, reglamentario y técnico destinado, precisamente, a
identificar los requisitos que determinan su exigibilidad . Por tanto, su
cumplimiento debe ser evaluado a la luz del principio de progresividad en cada
caso , a partir del modelo de adjudicación descrito en el párrafo anterior.
(2)     La solicitud de amparo es improcedente por no
satisfacer el requisito de subsidiariedad
A partir del entendimiento del ámbito de protección de
la faceta individual del derecho fundamental al agua potable, en los términos
descritos en el numeral anterior, concluyo que las pretensiones 1 a 3 del
accionante tienen por objeto proteger la faceta colectiva del derecho
fundamental al agua potable. Por lo tanto, deben ser resueltas mediante el
ejercicio de la acción popular y la acción de tutela, en su integridad, debe
declararse improcedente, tal como lo consideró la Sala, de forma mayoritaria,
en relación con las pretensiones 4 a 7, formuladas por el accionante .
En relación con el primer grupo de pretensiones, el
accionante solicita que (i) se acceda al amparo; (ii) de manera transitoria, se
ordene el suministro de agua potable en los tanques de almacenamiento de la
urbanización Alminar Samoa; y (iii) se realicen las gestiones necesarias para
potabilizar el agua que se surte en dicha urbanización. La mayoría de la Sala
concluyó que estas pretensiones “hacen referencia a la presunta vulneración del
derecho al agua en su faceta de derecho fundamental individual, cuyo contenido
básico radica en el suministro de agua necesaria para el consumo humano” y, por
tanto, pueden “reclamarse mediante la acción de tutela”  .
Difiero de esta conclusión por tres razones
fundamentales.
Primero, la procedencia de la tutela se fundamenta en
una incorrecta conceptualización de la faceta individual del derecho al agua
potable, como se indicó en el numeral anterior.
Segundo, la posición de la Sala hace que la distinción
entre la faceta individual y colectiva del derecho al agua potable sea
inoperante. En efecto, la prestación del servicio público domiciliario de
acueducto (faceta colectiva) tiene por objeto garantizar el suministro de agua
apta para consumo humano. Por lo tanto, es contradictorio afirmar, como lo hace
la mayoría de la Sala, que, en su faceta individual, el derecho al agua potable
exige lo mismo, es decir, que el Estado suministre agua potable para consumo
humano a toda la población en cualquier parte del territorio, con independencia
de que exista o no infraestructura de red. En estos términos, los resolutivos
segundo y tercero de la decisión de la cual me aparto son órdenes tendientes a
proteger un interés colectivo, en este caso, “El acceso a los servicios
públicos [de acueducto] y a que su prestación sea eficiente y oportuna”, tal
como lo dispone el literal j) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, “por la
cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en
relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan
otras disposiciones”. La orden de suministrar agua potable en condiciones de
accesibilidad, cantidad y calidad al accionante y su familia, y los demás
individuos que se encuentren en sus mismas condiciones equivale, en esencia, a
ordenar la prestación del servicio de acueducto. En efecto, las obligaciones de
hacer que se derivan de estas órdenes son típicas prestaciones positivas y
obligaciones de cumplimiento que requieren la movilización de recursos
económicos y un desarrollo normativo, reglamentario y técnico, que no se valora
en la decisión.
Tercero, el accionante y su familia (i) no se
encuentran en una situación de vulnerabilidad que permita concluir que la
acción popular no es eficaz en concreto; y (ii) no existe evidencia en el expediente
que acredite una situación de perjuicio irremediable que permita considerar que
la acción de tutela es procedente como mecanismo transitorio. Por el contrario,
el accionante reconoce que él y su familia satisfacen su consumo de agua
potable por un medio alternativo, al “comprar agua en botellón y en bolsa” , de
lo que sigue la satisfacción del contenido de consumo (hidratación y
preparación de alimentos), pues para los otros, relativos a la higiene básica
(aseo del inmueble e higiene personal), cuenta con un suministro de agua no
potable (que es el presupuesto de la acción), apto para tales fines.
(3)     En cualquier caso, considero que la solicitud
de amparo debió haber sido negada
En cualquier caso, aun de aceptarse que la acción de
tutela era procedente, considero que Sala debió haber negado el amparo
solicitado. Lo anterior, por tres razones.
Primero, no existe certeza de la vulneración de los
derecho de acceso al agua potable, salud y vivienda digna del accionante y su
familia pues, (i) el accionante y su familia satisfacen su necesidad de agua y
agua potable por sus propios medios y (ii) no existe evidencia de que, como
resultado de la calidad del agua que reciben en el domicilio (potable y no
potable, en los términos ya señalados), esté comprometida su salud o la de su
familia, o exista un riesgo tal.
Segundo, no existe evidencia que permita concluir que
la Junta de Acción Comunal de la Vereda Ambalá Sector el Triunfo tenga la
obligación de prestar el servicio público domiciliario de agua potable al
accionante y a su familia. Del hecho de que organizaciones como estas presten
servicios de suministro de agua no potable no se sigue que tengan un deber
exigible de suministrar agua potable, en condiciones de accesibilidad, calidad
y disponibilidad. En este caso, (i) la ponencia no explica cuál es la fuente
legal de esta obligación entre dicha junta y el accionante y su familia y (ii)
no existe evidencia de que la Junta de Acción Comunal se hubiere obligado a
suministrar agua potable al accionante o que tal obligación tenga como causa un
fundamento normativo diferente . En ausencia de estas pruebas, la Sala no
contaba con elementos de juicio para concluir que la Junta estaba obligada a
prestar el servicio de agua potable y, por tanto, que hubiese incumplido tal
deber.
Tercero, las órdenes de la sentencia le imponen,
injustificadamente, una obligación de hacer a la junta de acción comunal cuyo
cumplimiento supone una carga económica considerable. La sentencia no
especifica si la junta de acción comunal debe asumir dichos costos o si puede
cobrar por el servicio de suministro de agua potable que eventualmente preste,
para satisfacer las necesidades básicas del accionante, su familia y la
comunidad de la Urbanización Alminar Samoa respecto de los cuales se impone tal
suministro. Lo anterior es contrario (i) a la jurisprudencia constitucional
que, en casos similares, ha indicado, de manera explícita, que el suministro de
agua potable de manera transitoria a una población, mientras se ejecuta una
solución definitiva, no es gratuito (entre otras las sentencias T-223 de 2018 y
T-012 de 2019); y (ii) a la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional
en el sentido de que la prestación del servicio público de acueducto exige un
deber correlativo de pago por parte de los usuarios . En estos términos, la
sentencia tiene el efecto nocivo de desincentivar la creación de este tipo de
organizaciones comunitarias, al imponerles cargas económicas que no les
corresponden, máxime que, como lo ha considerado la jurisprudencia
constitucional, están fundadas en el principio de solidaridad y se orientan al
mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados y de la comunidad en
general, así como al logro de fines altruistas en favor de grupos marginados.
Fecha
ut supra,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
[1]
Según registro civil obrante a folio 20 del cuaderno 1, se observa que cuenta
con 16 años de edad.
[2]
En el certificado de tradición del mencionado inmueble, obrante a folios 2 a 5
del cuaderno 1, se lee: “DIRECCIÓN DEL INMUEBLE Tipo de predio: RURAL”.
[3]
Folios 25 a 31 del cuaderno 1.
[4]
Conforme al certificado de tradición visible a folios 2 a 5
ibídem.
[5]
Folio 33 ib..
[6]
Folios 8 a 13 ib..
[7]
A su respuesta anexó el resultado del análisis físico-químico y microbiológico
de aguas realizado por el Laboratorio de Salud Pública de la Gobernación del
Tolima, en donde se evidencia la presencia de Coliformes Totales y Escherichia
Coli. Ésta última por el hallazgo de materia fecal en las muestras de agua
tomadas entre el 2 de mayo y el 2 de octubre de 2018.
[8]
Folios 35 a 36 del cuaderno 1.
[9]
Folios 2 a 4 ibídem.
[10]
Folio 7 ib..
[11]
Folios 25 a 31 ib..
[12]
Folio 22 ib..
[13]
Folio 20 ib..
[14]
Folios 14 a 19 ib..
[15]
Folios 8 a 13 ib..
[16]
Folios 65 a 68 ib..
[17]
“Por el cual se establecen las condiciones para el trámite de las
solicitudes de viabilidad y disponibilidad de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado”.
[18]
“Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a
las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función
pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones.”
[19]
Folio 46 ib..
[20]
Folios 74 a 78.ib..
[21]
Folios 79 a 89 ib..
[22]
Folio 196 ib..
[23]
Folios 197 a 199 ib..
[24]
Folios 200 a 202 ib..
[25]
Folios 225 a 227 ib..
[26]
Folios 238 a 242 ib..
[27]
Folios 255 y 256 ib..
[28] Folios
228 a 232 ib..
[29]
Folios 284 a 301 ib..
[30]
Folios 50 a 52 del cuaderno 2.
[31]
Folio 2 del cuaderno de revisión.
[32] Integrada por la Magistrada Cristina Pardo Schlesinger y el Magistrado Alberto
Rojas Ríos.
[33] Folios 5 a 24 del cuaderno de revisión.
[34]
Sentencia SU-377 de 2014. Reglas reiteradas en las sentencias
T-083 de 2016, T-291 de 2016, T-100 de 2017, T-651 de 2017, T-063 de 2018,
T-176 de 2018 y T-240 de 2019.
[35]
Ver sentencias T-100 de 2017, T-651 de 2017, T-063 de 2018, T-176 de 2018 y
T-027 de 2019.
[36] Sentencia
T-328A de 2012, reiterada en las sentencias T-251 de 2017 y T-027 de 2019.
[37] Ver las sentencias T-135 de 2015, T-291
de 2016, T-480 de 2016, T-063
de 2018 y T-176 de 2018.
[38]
Cfr., T-135 de 2015, T-291 de 2016, T-480 de 2016, T-063 de 2018, T-176 de 2018 y T-240 de 2019.
[39] Ver, entre otras, las sentencias T-1085 de 2003,
T-806 de 2004, T-397 de 2008, T-629 de 2009, T-338 de 2010, T-135 de 2015,
T-379 de 2015, T-291 de 2016, T-100
de 2017, T-651 de 2017, T-063 de 2018, T-176 de 2018 y T-240 de 2019.
[40]
Sentencia T-100 de 2017.
[41]
Sentencia T-245 de 2016, reglas reiteradas en la sentencia
T-100 de 2017.
[42]
Ibídem.
[43]
Ib.
[44]
Ver sentencia T-093 de 2015, reiterada en la sentencia T-100
de 2017.
[45]
“Por la cual se desarrolla el art. 88 de la Constitución
Política en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se
dictan otras disposiciones”.
[46]
Sentencia T-891 de 2014.
[47]
Ibídem.
[48]
Se seguirá de cerca la sentencia T-891 de 2014, ponencia de la
Magistrada María Victoria Calle Correa.
[49]
“Por la cual se establece el régimen de servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones”,
artículo 1. “Esta Ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas
combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil
en el sector rural; a las actividades que realicen las personas prestadoras de
servicios públicos de que trata el artículo 15 de la presente Ley, y a las
actividades complementarias definidas en el Capítulo II del presente título y a
los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley.”
[50]
Sentencia T-891 de 2014.
[51]
Ibídem.
[52]
Ib..
[53]
Ib..
[54]
Ib..
[55]
Sentencia T-055 de 2011.
[56]
Sentencia T-082 de 2013.
[57]
Sentencia T-891 de 2014.
[58]
La Sala replicará lo expuesto en las sentencias T-760 de 2015
y T-100 de 2017, ambas con ponencia del Magistrado Alberto Rojas Ríos.
[59]
Sentencia T-891 de 2014, reiterada en las sentencias T-760 de
2015 y T-100 de 2017.
[60]
Cfr. sentencia C-126 de 1998, reiterada en las sentencias
T-760 de 2015 y T-100 de 2017.
[61]
PINTO, Mauricio, MARTIN, Liber, et al, “Configuración del derecho al agua: del
uso común al derecho humano. Particularidades de su integración y expansión
conceptual”, en EMBID IRUJO, Antonio (dir), El Derecho al Agua, Thomson
Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, pp. 285-316.
[62]
Cfr. sentencia C-094 de 2015.
[63]
Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, Mar del Planta,
Argentina, del 14 al 25 de marzo de 1977, documento E/CONF.70/29, p. 67.
[64]
Sentencias T-760 de 2015 y T-100 de 2017.
[65]
Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Observación General Nº 15, HRI/GEN/1/Rev.7 at 117 (2002).
Sentencias T-760 de 2015 y T-100 de 2017.
[66]
Sentencias T-760 de 2015 y T-100 de 2017.
[67]
Ibídem.
[68]
Ib.
[69]
Sentencias T-578 de 1992 y T-232 de 1993, reiteradas en los fallos T-760 de 2015 y T-100 de 2017.
[70] Cfr.
Sentencia T-379 de 1995, reiterada en las sentencias T-760 de
2015 y T-100 de 2017.
[71]
Cfr. Sentencias T-348 de 2013, T-312 de 2012 y T-881 de 2002, reiteradas
en las sentencias T-760 de 2015 y T-100 de 2017.
[72]
Cfr. Sentencia T-424 de 2013, reiterada en las sentencias
T-760 de 2015 y T-100 de 2017.
[73]
Se siguen las pautas de las sentencias T-242 de 2013, T-348 de 2013 y T-891 de
2014, reiteradas en las sentencias T-760 de 2015 y T-100 de
2017.
[74]
Sentencias T-760 de 2015 y T-100 de 2017.
[75]
Cfr. Sentencia T-194 de 2014, reiterada en las sentencias T-760 de 2015 y T-100 de 2017.
[76]
Sentencias T-760 de 2015 y T-100 de 2017.
[77]
Cfr. Sentencia T-016 de 2014, reiterada en las sentencias T-760 de 2015 y T-100 de 2017.
[78]
Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Informe Anual del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e Informes de la
Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General: “Informe del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sobre el Alcance y
el Contenido de las Obligaciones Pertinentes en Materia de Derechos Humanos
Relacionados con el Acceso Equitativo al Agua Potable y el Saneamiento que
Imponen los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.”, A/HRC/6/3,
2007, párr. 13.
[79]
Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Informe Anual del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e Informes de la
Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General: “Informe del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sobre el Alcance y el
Contenido de las Obligaciones Pertinentes en Materia de Derechos Humanos
Relacionados con el Acceso Equitativo al Agua Potable y el Saneamiento que
Imponen los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.”, A/HRC/6/3,
2007, párr. 15. Citado en la sentencia T-891 de 2014, reiterada en las
sentencias T-760 de 2015 y T-100 de 2017.
[80]
En la versión en francés de la Observación General No. 15 se usa el término “le
lavage du linge”, el cual puede ser traducido como lavado de ropa, o
lavandería. En el mismo documento, pero en su traducción en ingles se lee: “washing
of clothes”, que inequívocamente refiere a el lavado de ropa. Sentencias
T-760 de 2015 y T-100 de 2017.
[81]
Ibid. Párrafo 12 lit. a. Sentencias T-760 de 2015 y T-100 de
2017.
[82]
Cfr., sentencias T-616 de 2010, T-891 de 2014, T-717 de 2010 y T-424 de 2013,
reiteradas en las sentencias T-760 de 2015 y T-100 de 2017.
[83] Cfr.
Sentencia T-546 de 2009, en esta oportunidad, la Corte ordenó la reconexión del
servicio a una persona gravemente enferma que no canceló oportunamente la
factura, pero que requería urgentemente del agua para continuar recibiendo
atención médica en su hogar en condiciones dignas, al tiempo que se decidió que
era necesario acordar otra forma de pagar las cuotas en mora. Reiterada en las
sentencias T-760 de 2015 y T-100 de 2017.
[84]
Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Observación General 15, HRI/GEN/1/Rev.7 at 117 (2002) párrafo 12 Lit. B).
Sentencias T-760 de 2015 y T-100 de 2017.
[85]
Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Observación General Nº 15, HRI/GEN/1/Rev.7 at 117 (2002). Sentencias T-760 de
2015 y T-100 de 2017.
[86]
Sentencia T-717 de 2010.
[87]
Ibídem.
[88]
Sentencia T-143 de 2010.
[89]
Sentencia T-418 de 2010.
[90]
Ibídem.
[91]
Sentencia T-616 de 2010.
[92]
Sentencia T-231 de 1993.
[93]
Sentencia T-092 de 1993.
[94]
Sentencia T-171 de 1994.
[95]
“Sobre este asunto, lo primero es advertir que en el marco internacional de
protección del derecho al agua se ha avanzado en la creación de estándares para
garantizar que el líquido para el consumo humano esté libre de agentes
contaminantes y que se dé tratamiento a las aguas residuales. Desde este punto
de vista, el trabajo de la Relatora Especial para el Derecho Humano al Agua
Potable y al Saneamiento ha sido de especial importancia. Para el caso concreto
tenemos que el informe presentado en dos mil trece (2013) por la Relatora se
concentró en el tratamiento dado a las aguas residuales y la disminución de la
contaminación de los recursos hídricos. El reporte indica que ‘(l)a exposición
a materias fecales y aguas residuales es una realidad que enfrentan muchas
personas. Sus efectos van desde problemas de salud hasta obstáculos a la
educación y el trabajo. Los procesos de cambio a nivel mundial, como el
crecimiento de la población, y, lo que es más importante, el crecimiento
económico, los cambios en los estilos de vida y la alimentación, y la
urbanización, aumentarán aún más la demanda de agua y producirán aguas
residuales en un volumen creciente…’ A continuación, la Relatora hace
referencia a la no contaminación del agua como elemento central a la
realización de este derecho humano y advierte que el no tratamiento de las
aguas residuales afecta la disponibilidad del líquido para consumo humano. El
informe enfatiza que ‘(…) (c)uando no se gestionan, las  aguas residuales
constituyen un peligro tanto para el medio ambiente como para la salud de los
seres humanos, cuestiones entre las que hay una vinculación estrecha, ya que
los daños a la integridad de los ecosistemas repercuten inevitablemente en la
salud y el bienestar de las personas...’ y aclara que los efectos de la falta
de tratamiento de las aguas residuales, por oposición a lo que normalmente se
cree, pueden resultar visibles únicamente con el trascurso de los años, y
afectar lugares y personas que no circundan la fuente inmediata de
contaminación. La Relatora llamó la atención sobre los efectos que puede tener
el agua residual no tratada sobre otros derechos humanos e intereses estatales,
para lo cual manifestó que ‘(…) los organismos patógenos presentes en las aguas
cloacales y otros contaminantes causan múltiples enfermedades, ya sea por la
contaminación del agua potable o por el contacto directo con ellos o porque
entran en la cadena alimentaria. La gestión inadecuada de las aguas residuales
limita el desarrollo, pone en peligro los medios de vida y aumenta la pobreza,
al incrementar los gastos de atención de la salud y reducir la productividad y
las oportunidades educativas.’ De igual forma, conviene traer a colación la
reflexión que hace la Relatora sobre cómo la decisión de no tratar las aguas
residuales en una comunidad puede generar profusos efectos negativos en grupos
de personas que no tuvieron parte en esa decisión. Por ello, el tratamiento de
las aguas residuales no es un problema individual, sino que tiene efectos
colectivos. El informe de la Relatora concluye afirmando que: ‘La contaminación
de los recursos hídricos tiene repercusiones importantes en la realización de
los derechos humanos, incluido el derecho humano al agua, pero también los
derechos a la salud, a la alimentación y a un medio ambiente sano, entre otros.
Los principios y las normas de derechos humanos son pertinentes más allá del
contexto de la prestación de servicios de suministro de agua y saneamiento y
deben estar presentes en las deliberaciones sobre la ordenación de los recursos
hídricos y la gestión de las aguas residuales en todos los niveles.’ De igual
manera, el documento recomienda que ‘Los Estados deben priorizar el acceso a
servicios de saneamiento para todos, pero sus esfuerzos deben ir más allá de
ese objetivo y deben encaminarse a mejorar la gestión de las aguas residuales.
Los Estados deben cumplir su obligación de proteger a las personas para que sus
derechos humanos no sean vulnerados por la contaminación causada por otros.’”
[96]
A/HRC/6/3, 2007. En http://daccess-ods.un.org/TMP/5078876.01852417.html. Citado en la sentencia T-891 de 2014, reiterada en las sentencias
T-760 de 2015 y T-100 de 2017.
[97]
Sentencias T-760 de 2015 y T-100 de 2017.
[98]
Cfr. T-790 de 2014 y T-016 de 2014, reiteradas en las sentencias T-760 de 2015
y T-100 de 2017.
[99] Naciones
Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación
General Nº 15, HRI/GEN/1/Rev.7 at 117 (2002).
[100]
Cfr. Sentencia T-199 de 2014, reiterada en las sentencias T-760 de 2015 y T-100 de 2017.
[101]
Sentencias T-760 de 2015 y T-100 de 2017.
[102]
Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Observación General Nº 15, HRI/GEN/1/Rev.7 at 117 (2002).
[103]
Especialmente lo establecido en la sentencia T-891 de 2014.
[104]
Folios 14 a 19 del cuaderno 1.
[105]
Al respecto, es necesario acudir a la Resolución 2115 de 2007, “Por medio de
la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del
sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano”.
“Artículo 1º. Definiciones. Para los efectos de la presente Resolución,
se adoptan las siguientes definiciones, además de las señaladas en el
Decreto1575 de 2007: (…)
COLIFORMES:
Bacterias Gram Negativas en forma bacilar que fermentan la lactosa a
temperatura de 35 a 37ºC, produciendo ácido y gas (CO2) en un plazo de 24 a 48
horas. Se clasifican como aerobias o anaerobias facultativas, son oxidasa
negativa, no forman esporas y presentan actividad enzimática de la b
galactosidasa. Es un indicador de contaminación microbiológica del agua para
consumo humano. (…)
ESCHERICHIA
COLI - E-coli: Bacilo aerobio Gram Negativo no esporulado que se
caracteriza por tener enzimas específicas como la galactosidasa y
glucoronidasa. Es el indicador microbiológico preciso de contaminación fecal en
el agua para consumo humano.”
[106]
Folios 8 a 13 ibídem.
[107]
Aquí también resulta válido consultar la
Resolución 2115 de 2007, “Artículo 15º. Clasificación del nivel de
riesgo. Teniendo en cuenta los resultados del IRCA por muestra y del IRCA
mensual, se define la siguiente clasificación del nivel de riesgo del agua suministrada
para el consumo humano por la persona prestadora y se señalan las acciones que
debe realizar la autoridad sanitaria competente:
Cuadro Nº. 7 Clasificación del
nivel de riesgo en salud según el IRCA por muestra y el IRCA mensual y acciones
que deben adelantarse
Clasificación IRCA (%)
Nivel de Riesgo
IRCA por muestra (Notificaciones
que adelantará la autoridad sanitaria de manera inmediata)
IRCA mensual (Acciones)
80.1 - 100
INVIABLE SANITARIAMENTE
Informar a la persona prestadora, al COVE, Alcalde,
Gobernador, SSPD, MPS, INS, MAVDT, Contraloría General y Procuraduría
General.
Agua no apta para consumo humano, gestión directa de
acuerdo a su competencia de la persona prestadora, alcaldes, gobernadores y
entidades del orden nacional.
35.1 - 80
ALTO
Informar a la persona prestadora, COVE, Alcalde,
Gobernador y a la SSPD.
Agua no apta para consumo humano, gestión directa de
acuerdo a su competencia de la persona prestadora y de los alcaldes y
gobernadores respectivos.
14.1 – 35
MEDIO
Informar a la persona prestadora, COVE, Alcalde y
Gobernador
Agua no apta para consumo humano, gestión directa de
la persona prestadora.
5.1 - 14
BAJO
Informar a la persona prestadora y al COVE.
Agua no apta para consumo humano, susceptible de
mejoramiento.
0 - 5
SIN RIESGO
Continuar el control y la vigilancia.
Agua apta para consumo humano. Continuar la
vigilancia.”
[108]
En cuanto a las Juntas Administradoras de Acueductos Comunitarios, la Corte
Constitucional, en Sentencia T-245 de 2016, manifestó lo siguiente: “En la
garantía del derecho al agua y el servicio público de acueducto en Colombia
confluyen diversos actores. Como se expuso, la Constitución se detuvo en
establecer que la prestación de los servicios públicos podía estar a cargo del
Estado, las comunidades organizadas o los particulares (artículo 365).
Igualmente, la Ley 142 de 1994 dispuso que las organizaciones autorizadas
por esa normativa podrían prestar servicios públicos en municipios menores, en
zonas rurales y áreas urbanas específicas (artículo 15). El Decreto 421 de
2000 reglamentó la participación de las comunidades organizadas en la
prestación de servicios públicos y determinó que éstas podrían llevar a
cabo dicha actividad una vez se constituyan como personas jurídicas sin ánimo
de lucro y se registren en la Cámara de Comercio de su jurisdicción, la
Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico.
Dentro
de la categoría de organizaciones autorizadas para la prestación del servicio
se encuentran los acueductos comunitarios. Su régimen jurídico es el
mismo que el de las empresas prestadoras de servicios públicos, dado que la Ley
142 de 1994 les confiere la potestad de ser prestadoras del servicio y no
establece diferencias entre las obligaciones de los distintos prestadores.
En ese sentido, deben garantizar el derecho al agua, en los componentes de
disponibilidad, accesibilidad y calidad.” (Subraya fuera del texto
original).
[109]
Para mayor profundidad en esa materia, ver lo consignado en la
Circular emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para los municipios y distritos,
prestadores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado,
superintendencia de servicios públicos, autoridades encargadas de expedir
licencias urbanísticas, curadores urbanos, urbanizadores y constructores, cuyo
asunto alude a la aplicación del Decreto 3050 de 2013, visible a folios 65 a 68
del cuaderno 1.
[110]
Sentencia T-201 de 2014, reiterada en la sentencia T-891 de
2014.
[111] Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N° 14, E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000.
[112]
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo
12.1.
[113]
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Observación General N° 14, E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000.
Fundamentos expuestos en la sentencia T-891 de 2014.
[114]
Sentencia T-891 de 2014.
[115]
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Observación General N° 14, E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000.
[116]
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Observación General N° 4, 1991.
[117]
“Los Estados Partes en el Presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su
familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados y a una mejora
continua de las condiciones de vida…”
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo
11.1.
[118]
Sentencia T-891 de 2014.
[119]
Las anteriores órdenes también se impartieron en la tantas
veces citada sentencia T-891 de 2014, con la cual se decidió un caso semejante
al presente.
[120]
Al respecto, consultar, entre otras, las sentencias T-760 de 2015 y T-100 de
2017.