T-490-15
Sentencia T- 490/15
DERECHO AL PAGO DE INCAPACIDAD LABORAL-Procedencia de tutela cuando afecta
mínimo vital del trabajador y su familia
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD
SOCIAL-Protección
constitucional
El
carácter prestacional del derecho a la seguridad social no lo excluye de su
reconocimiento como fundamental, bajo la idea de que cualquier derecho
consagrado en la Carta Política, sin distinción, ostenta esa calidad.
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE INCAPACIDADES
LABORALES-Teoría del
allanamiento a la mora
Con fundamento en la figura del allanamiento a la
mora, no podrá negarse el reconocimiento de una incapacidad laboral por
enfermedad general en tanto se parte de la base que las entidades responsables
de autorizarlas y cancelarlas, en este caso, las EPS, han aceptado los aportes
en salud efectuados al sistema de forma tardía, sin que hayan rechazado su pago
o emprendido acciones legales serias orientadas a su cobro judicial. No es
posible, que las mismas aleguen la extemporaneidad del pago de los aportes tan
solo cuando le son solicitadas prestaciones y no cuando reciben el dinero en
cuestión.
INCAPACIDAD LABORAL DE ORIGEN PROFESIONAL
Y DE ORIGEN COMUN-Normatividad
aplicable
INCAPACIDAD LABORAL POR ENFERMEDAD COMUN-Si la incapacidad es igual o menor a tres
días será asumida directamente por el empleador
DERECHO AL MINIMO VITAL DE PERSONA EN
ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA-Pago de incapacidad laboral
Referencia: expedientes
T-4.928.895
Acción de tutela interpuestas por Carlos
Andrés Montoya Londoño contra Coomeva
EPS, Multiservicios Empresariales GC S.A.S., Hospital Universitario del Valle
“Evaristo García” E.S.E., Centro Medico Imbanaco y el Ministerio de Salud y
Protección Social
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá D.C., cinco
(5) de agosto de dos mil quince (2015)
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alberto
Rojas Ríos, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván Palacio Palacio, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
profiere la siguiente:
SENTENCIA:
Dentro del
proceso de revisión del  fallo proferido por el Juzgado Trece Civil Municipal
de Oralidad de Cali, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por Carlos
Andrés Londoño Montoya contra Coomeva EPS.
I.      ANTECEDENTES
1.       Hechos
1.1.    Carlos
Andrés Londoño Montoya, de 26 años de edad, se vinculó como trabajador a la
Sociedad Multiservicios Empresariales G.C. S.A.S. el 1 de agosto de 2014, con
una remuneración de $ 644.350 m/cte.
1.2.    La
sociedad mencionada lo afilió a la EPS Coomeva.
1.3.    El 10 de
agosto de 2014, mientras se encontraba en un partido de fútbol en la cancha del
barrio San Luis de la ciudad de Cali, se desató una disputa entre algunas
pandillas que se encontraban en el sector. Producto de estos hechos, el
accionante fue víctima de una bala perdida, la cual atravesó su tórax, le produjo
algunas lesiones en las costillas y fracturó las vértebras T6 Y T7.
1.4.    Fue
trasladado al Hospital Departamental Evaristo García en Cali, donde el médico
René Arcos Quintero lo diagnosticó y le practicó varios exámenes y radiografías
que arrojaron como resultado una lesión Raquimedular[1].
1.5.    Producto
del incidente acaecido, a la fecha se encuentra parapléjico, lo que lo obliga
hacer uso de una silla de ruedas, al perder la movilidad en gran parte de su
cuerpo.
1.6.    Fue
amenazado por integrantes de las pandillas que participaron en el incidente,
por lo que decidió abandonar su lugar de residencia para irse junto con su progenitora
a la casa de su tía situada en el barrio San Fernando de la ciudad de Cali.
1.7.    La EPS Coomeva
ha suministrado el tratamiento y los servicios de salud requeridos, siendo valorado
por los médicos adscritos a dicha promotora de salud, así como también ha
recibido visitas domiciliarias y realizadas las curaciones que ha necesitado.
1.8.    No obstante,
indica que dicha EPS no ha pagado las incapacidades médicas, lo que a su juicio
constituye en una vulneración al mínimo vital, al no contar con recursos
económicos para sufragar sus gastos personales y lo que acarrea su enfermedad.
Incapacidad
Nº de
Incapacidad
Inicio
Fin
Total
días
1
7826429
9 de
septiembre de 2014
8 de octubre
de 2014
30
2
7826438
10 de octubre
de 2014
30 de octubre
de 2014
22
3
7826477
31 de octubre
de 2014
29 de
noviembre de 2014
30
Total
82
1.9.
Una vez obtenidos los
certificados de incapacidad, el empleador procedió a radicar ante la promotora
de salud las solicitudes de reconocimiento y pago de dichas prestaciones. La
EPS informó al accionante que no pagaría dichas prestaciones, ya que con base
en los artículos 80 del Decreto 806 de 1998[2]
y 21 del Decreto 1804 de 1999[3]
no tiene derecho, toda vez que se reportan pagos por fuera de la fecha límite
para efectuarlos.
1.10.
Según afirma el accionante, los
pagos se han llevado a cabo de manera oportuna por parte de su empleador.
1.11.
La EPS Coomeva ha suministrado
de manera íntegra y oportuna los servicios de salud requeridos, por lo cual, a
su juicio, dicha conducta debe entenderse como un allanamiento a la mora.
1.12.
Señala el señor Londoño
Montoya que no cuenta con recursos económicos para subsistir, por lo cual
reitera la afectación a su derecho al mínimo vital. Advierte que no tiene los
recursos para sufragar sus gastos personales y los de su progenitora, quien a
raíz de su discapacidad ha estado presente para atenderlo. Así mismo, debe sufragar
los gastos que genera su enfermedad y los que por residir en la casa de su tía debe
costear.
1.13.
Pretende mediante acción de
tutela la protección de sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud,
al mínimo vital y a la seguridad social. Por lo anterior, que se ordene a
Coomeva EPS realizar el pago de las incapacidades expedidas en su favor desde
el 9 de septiembre de 2014 hasta el 29 de noviembre de ese mismo año, así como
las que se lograren probar en el trámite de la acción.
2.
Respuestas de las entidades
accionadas
2.1.
Entre tanto, mediante
apoderada judicial Coomeva EPS[4]
señaló que no le asiste el reconocimiento y pago de las incapacidades
solicitadas por el accionante, puesto que con base en el Decreto Ley 19 de 2012[5]
quien tiene el deber de realizar el trámite ante la EPS es el empleador, debido
a que esa carga administrativa no puede trasladarse al empleado incapacitado.
2.2.
Señala el accionado que existe
una falta de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que debe ser
el empleador quien asuma el pago de las incapacidades y posteriormente realizar
el recobro del dinero ante la EPS.
Así
mismo, indica que conforme a la Circular Externa 11 de 1995[6],
se autoriza al empleador para que haga directamente el pago de las
incapacidades al afiliado dependiente con la misma periodicidad de su nómina.
Así las cosas, a juicio de Coomeva EPS el empleador debe descontar el costo de
las incapacidades o licencias de maternidad en el formato de autoliquidación. De
la oportunidad con que realice el usuario o empleador la radicación dependerá
que en la siguiente autoliquidación realice el descuento.
En
relación con el pago de las incapacidades Nº 7826429 de 9 de septiembre hasta
el 8 de octubre de 2014; Nº 7826438 de 10 de octubre hasta el 30 de octubre de
2014; Nº 7826477 de 31 de octubre hasta el 29 de noviembre de 2014, advierte
que estas no fueron pagadas al accionante por culpa exclusiva de su empleador
al encontrarse en mora.
Aduce la
accionada que realizó todas las gestiones encaminadas a obtener el pago de las
cotizaciones adeudas por el empleador. Envió requerimientos por escrito a la
sociedad Multiservicios Empresariales GC S.A.S., y le realizó llamadas a esa
empresa con el fin de requerirlos para el pago. Por lo dicho, Coomeva EPS
concluye que no se allanó a la mora puesto que adelantó acciones encaminadas a
obtener el pago de los aportes por parte de la sociedad empleadora.
En cuanto al
reporte de llamadas la promotora de salud señala que efectuó las siguientes
comunicaciones:
Id. De llamada
Fecha
Hora
Duración
Agente
Terminación
Observaciones
19764932
05/09/2014
102416
100 seg
Salcedo Elkin
Mensaje con terceros
3174387799 se deja mensaje de
voz indicando línea de cartera.
20320351
03/10/2014
144733
45 seg
Ortiz Cindy
Mensaje con terceros
3174387799 se deja msj
información adicional línea de cartera.
18372059
05/07/2014
104047
91 seg
Salazar Fergie
Mensaje con terceros
3174387799 se dejó mensaje de
voz, con información de la mora, se deja número de cartera.
19765126
05/09/2014
115908
60 seg
Varela Leidy
Mensaje con terceros
3174387799 se deja mensaje de
voz y se indica la línea de cartera.
190142152
02/08/2014
93559
75 seg
González Nancy
Mensaje con terceros
3174387799 se deja mensaje para
TT e inf adicional
16700775
08/04/2014
131620
103 seg
Zabala Luz
Mensaje con terceros
082-3702700 se deja mensaje y
numero de Coomeva a titular monicaarte
Por
lo expuesto, la promotora de salud solicita que se declare la improcedencia de
la acción por falta de competencia. Aunado a ello, señala que no ha vulnerado
ni puesto en riesgo ninguno de los derechos fundamentales del accionante.
2.3.
Mediante escrito el Ministerio
de Salud y Protección Social[7]
sostuvo que para acceder al reconocimiento y pago de las incapacidades, el
accionante debía cumplir con los requisitos exigidos por los artículos 21 del
Decreto 1804 de 1999[8]
y 9 del Decreto 783 de 2000[9].
En esa medida, indica que si el accionante no había cotizado en la forma
indicada en las normas, es decir, no acreditó los aportes de forma completa e
ininterrumpida, la EPS no asumirá el reconocimiento de las incapacidades.
Finalmente, indicó que la acción de tutela no es el
mecanismo idóneo para reclamar el reconocimiento y pago de las incapacidades, al
estar de por medio una controversia de carácter contractual y económica, no siendo
del resorte del juez constitucional pronunciarse al respecto, máxime cuando el
accionante cuenta con otros medios de defensa judicial para solicitar lo
pretendido.
2.4.
De otro lado, el Hospital
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.[10]
mediante apoderada judicial se opuso a las pretensiones de la acción de tutela.
Indicó que el señor Londoño Montoya ha sido atendido de manera íntegra y
oportuna, por cuanto se le han suministrado los servicios de salud que ha
requerido. Por ello advierte que no ha vulnerado ningún derecho fundamental al
paciente, puesto que lo ha atendido de acuerdo a su capacidad resolutoria y en
cumplimiento de su objeto social.
2.5.
El representante legal del Centro
Medico Imbanaco de Cali S.A.[11]
indicó que no tiene injerencia alguna en el reconocimiento y pago de las
incapacidades pretendidas por el accionante, así mismo señala que dicho centro
médico no ha prestado ninguna atención al señor Londoño Montoya.
3.
Fallo objeto de revisión
constitucional
El
Juzgado Trece Civil Municipal de Oralidad de Cali, mediante Sentencia de 2 de
marzo de 2015[12],
consideró que el accionante no reunía los requisitos exigidos por la
jurisprudencia constitucional para acceder al reconocimiento y pago de las
incapacidades laborales, en la medida en que fue afiliado al Sistema de Salud
con posterioridad a la ocurrencia de los hechos que dan origen a las
incapacidades, al respecto indicó:
“En reiterada jurisprudencia la Honorable Corte
Constitucional ha determinado que para efectos de protección del derecho al
mínimo vital los actores deben reunir una serie de requisitos diseñados por el
ordenamiento jurídico colombiano, como lo es haber cotizado ininterrumpidamente
un mínimo de cuatro (4) semanas, inmediatamente anteriores a la causación.
“Se desprende de lo anterior que si el actor figura
inscrito al Sistema de Seguridad Social en Salud desde el 01 de septiembre de
2014, entonces el accionante no cumple con el requisito legal y jurisprudencial
para la protección del derecho fundamental invocado, pues nótese que se
requiere de un mínimo de cuatro semanas de cotización ininterrumpida para que
se pueda acceder a los beneficios de prestación económica derivadas de la
incapacidad por enfermedad general y el actor figura incapacitado antes de su
vinculación al sistema.”
Advierte el juzgador de instancia que este no es el
mecanismo idóneo para pretender el reconocimiento y pago de las incapacidades, toda
vez que el petente cuenta con otro mecanismo de defensa judicial. Al respecto, puntualizó:
“Así las cosas se concluye de lo precedente que lo solicitado escapa al margen
de la acción de tutela, por cuanto el querer del actor es el pago de una
prestación de carácter económica, que no puede concederse por la vía de tutela,
salvo que concurran los requisitos que ha determinado el máximo organismo
Constitucional, lo cual no se da en el caso de autos.”.
Por lo anterior, el juzgador de instancia declaró la
improcedencia de la acción de tutela y en consecuencia no protegió los derechos
fundamentales de Carlos Andrés Londoño Montoya.
4.
Pruebas aportadas en sede
de instancia
-
Certificados de incapacidades
laborales Nº 7826429[13],
7826438[14]
y 7826477[15]
expedidos por Coomeva EPS. De dichos documentos se constata que al señor Londoño
Montoya le fueron reconocidos 82 días en total como tiempo de incapacidad, a
causa de la enfermedad general padecida.
-
Copia de formula médica emitida
por Hospital en Casa[16]
en la cual se determina que existe un paciente con trauma Raquimedular. Así
mismo, en dicho documento se concede incapacidad a partir del 31 de octubre de
2014 hasta el 31 de enero de 2015.
-
Copia de la historia clínica del
accionante[17].
En ella se indica que ingresó a la clínica el 10 de agosto de 2014, producto de
heridas sufridas por artefacto que le produjeron neumotórax y trauma
Raquimedular con fracturas torácicas a nivel de las vértebras T6 y T7, con
paraplejia y trastornos de esfínteres durante la hospitalización. Así mismo, el
médico tratante (Dr. René Arcos Quintero) fijó como incapacidad el periodo
comprendido entre el 10 de agosto y el 31 de octubre de 2014.
-
Comprobantes de pago de los
aportes al Sistema de Salud de los periodos comprendidos entre el 01/09/2014 a
04/02/2015[18],
hechos por la sociedad Multiservicios Empresariales GC S.A.S.
-
Copia del formulario de afiliación
del accionante[19],
en el cual consta que empresa Multiservicios Empresariales GC S.A.S lo afilió a
la EPS Coomeva. Dicho formato tiene fecha de radicación el 1 de agosto de 2014.
5.
Actuaciones en sede de
revisión
Mediante Auto de 30 de junio de 2015, la Sala de Revisión
dispuso:
“Primero: ORDENAR a Coomeva EPS[20]
que en el término de dos (2) días contados a partir de la notificación de este
proveído, indique:
(i)
¿Qué otros certificados de
incapacidad a parte de los indicados en el acápite de antecedente ha expedido
en favor del señor Carlos Andrés Londoño Montoya? Indique fechas de expedición,
periodos que comprende y los días autorizados.
(ii)
Señale si ha requerido a la
sociedad Multiservicios Empresariales G.C. S.A.S. para el pago de los aportes
en salud del señor Londoño Montoya. De ser afirmativa su respuesta, informe de
manera precisa, en que fechas realizó dichos requerimientos y a través de qué
medios de comunicación los efectuó. Lo anterior deberá responderse teniendo en
cuenta que la fecha de afiliación del accionante al sistema es el 1 de
septiembre de 2014.
(iii)
Indique cuáles son los
meses en que la sociedad  Multiservicios Empresariales G.C. S.A.S. estuvo en
mora de realizar los aportes al sistema de salud. De otro lado, señale si en la
actualidad la mencionada empresa se encuentra en mora o no en realizar las
contribuciones antes mencionadas.
Segundo: ORDENAR al representante legal de la sociedad Multiservicios
Empresariales G.C. S.A.S[21]
que en el término de dos (2) días contados a partir de la notificación de este
proveído, informe:
(i)
¿Cuál es el tipo de
contrato por medio del cual vinculó laboralmente al señor Carlos Andrés Londoño
Montoya? ¿Cuál es la fecha de inicio del contrato? ¿Qué funciones desempeñaba
el señor Londoño Montoya en su empresa? ¿Cuál era el salario que este percibía?
¿en qué horarios laboraba?
(ii)
¿Cuál ha sido la gestión en
su calidad de empleador ante la EPS Coomeva para obtener el reconocimiento y
pago de las incapacidades reclamadas por el señor Londoño Montoya?
(iii)
¿Qué aportes ha realizado
al sistema de salud en favor del señor Carlos Andrés Londoño Montoya? Precise
las fechas en que los ha hecho.
(iv)
En calidad de empleador del
señor Londoño Montoya, indique si la promotora de salud en algún momento lo ha
requerido para que efectúe el pago de los aportes en salud del accionante por
encontrarse en mora de hacerlos. De ser positiva su respuesta, señale las
fechas y los medios que esa entidad ha utilizado para requerirlo.
Tercero: ORDENAR al señor Carlos Andrés Londoño Montoya[22]
que indique si en la actualidad cuenta con algún ingreso económico. De ser
afirmativa su respuesta, señale cuáles son y de donde provienen.”
5.1.
Mediante correo electrónico
allegado el 7 de julio del año en curso, Coomeva EPS dio respuesta a los
cuestionamientos formulados en el Auto de 30 de junio de 2015, de la siguiente
manera:
5.1.1.
Refiere la promotora de salud, que
el accionante registra como fecha de ingreso a la sociedad Multiservicios
Empresariales G.C. S.A.S. el 1 de agosto de 2014 en calidad de trabajador
dependiente. Indica que la sociedad realizó su primer pago al Sistema General
de Seguridad Social en Salud el 1 de septiembre de 2014.
5.1.2.
En cuanto a las incapacidades
expedidas por los médicos tratantes del señor Londoño Montoya y radicadas por su
empleador ante Coomeva EPS, exponen las siguientes:
Nº de incapacidad
Fecha de inicio
Fecha fin
Días autorizados
Días pagados EPS
8154045
30/11/2014
29/12/2014
30
0
8154069
30/12/2014
28/01/2015
30
0
8113335
31/01/2015
01/03/2015
30
0
8113350
02/03/2015
31/03/2015
30
0
TOTAL
120
Respecto a su reconocimiento aduce, que estas debieron
ser reconocidas por el empleador con la periodicidad de nómina como lo
establece la Circular 011 de 1995, puesto que de acuerdo con la norma
mencionada, a quien le asiste el deber de pagar dichas prestaciones económicas
es al empleador y es él quien debe agotar el trámite ante la EPS.
En lo atinente a la negativa de reconocer el pago de
las incapacidades al accionante, señala que Multiservicios Empresariales G.C.
S.A.S. ha permanecido en mora en la realización de los aportes al sistema de
algunos de sus trabajadores. Por tanto, su renuencia para pagar dichas prestaciones
encuentra sustento legal en el artículo 21 del Decreto 1804 de 1999.
5.1.3.
En cuanto a los requerimientos
hechos a la sociedad mencionada, advierte en primer lugar que esta ha
incumplido su deber legal de realizar los aportes al sistema de manera
oportuna, situación que se ha venido configurando desde el año 2012. Lo
anterior, a juicio de Coomeva  se convierte en una conducta que va en
detrimento de los derechos de los trabajadores, toda vez que impide el
reconocimiento y pago de las incapacidades como la prestación de los servicios
suministrados por el sistema de salud. Para ilustrar lo anterior enlista una
serie de llamadas telefónicas hechas a la sociedad empleadora:
Id de llamada
Fecha
Hora
Duración
Agente
Terminación
observaciones
24555219
04/05/2015
15:14:11
58 seg
Salcedo Elkin
Mensaje con terceros
3174387799 se deja mensaje al TT con información de
línea de cartera
23343020
03/03/2015
9:48:50
73 seg
Ulloa Carmen
Mensaje con terceros
3174387799 se deja información al titular e
información adicional , se indica línea de cartera
22069909
07/01/2015
11:47:51
45 seg
Espinosa Leidy
Mensaje con terceros
3174387799 se deja mensaje al titular e información
adicional
23888218
09/04/2015
13:26:05
31 seg
Tamayo Lucy
Mensaje con terceros
3174387799 se deja mensaje al titular e información
adicional
Nota:
este cuadro relaciona las llamadas hechas al empleador durante el año 2015 las
cuales se unen al reporte inicialmente entregado por la promotora de salud e
indicado en el acápite de antecedentes.
5.1.4.
Referente al estado de cuenta
allegado por Coomeva, se tiene que Multiservicios Empresariales, adeuda un
total de $ 2.450.300.00 m/cte. Ello corresponde a la mora en el pago de los
aportes de un grupo de trabajadores que allí laboran. Entre tanto, lo que dicha
sociedad adeuda por concepto de aportes  del afiliado Carlos Andrés Londoño
Montoya asciende a $ 25.800 m/cte.
5.2.
Mediante correo electrónico
enviado el 7 de julio a este Despacho, la sociedad Multiservicios
Empresariales G.C. S.A.S. dio respuesta al núm. Segundo de la parte
resolutiva del Auto de 30 de junio de 2015, en los siguientes términos:
5.2.1.
Señala que el señor Carlos Andrés
Londoño Montoya está vinculado a esa empresa desde el 1 de agosto de 2014
mediante un contrato verbal de trabajo desempeñando oficios varios, teniendo
como asignación mensual lo equivalente a un salario mínimo legal mensual
vigente y en un horario comprendido entre las 8:00 am y 12:00 m y 2:00 pm a
5:00 pm.
5.2.2.
En relación con la gestión
desplegada como sociedad empleadora del señor Londoño Montoya ante la EPS
Coomeva para obtener el reconocimiento y pago de las incapacidades, señaló que
radicó ante dicha promotora de salud las incapacidades expedidas en favor del
accionante por sus médicos tratantes. Señala que después de radicadas, estas
eran transcritas en el formato de incapacidad de Coomeva EPS.
Sostiene el representante legal de la sociedad que dichas
radicaciones se llevaron a cabo el 4 de diciembre de 2014, el 29 de diciembre de
2014, el 6 de enero de 2015, el 23 de enero de 2015, el 12 de marzo de 2015 y
el 16 de abril de 2015 en la Sala de Servicios Personalizados de Coomeva.
Finalmente, aduce que los funcionarios de la EPS
indicaron que las incapacidades se encontraban en análisis por la Auditoría, a
lo cual debían esperar respuesta de la promotora de salud, lo que a la fecha no
ha ocurrido.
5.2.3.
Respecto de los aportes al
sistema, señala que ha efectuado en favor del señor Londoño Montoya los
correspondientes pagos, en las siguientes fechas: 3 de septiembre de 2014, 3 de
octubre de 2014, 6 de noviembre de 2014, 3 de diciembre de 2014, 6 de enero de
2015, 4 de febrero de 2015, 4 de marzo de 2015, 8 de abril de 2015, 27 de mayo
de 2015 y el 19 de junio de 2015.
5.2.4.
Indica que en sus registros no
encuentra comunicaciones ni requerimientos por parte de Coomeva EPS, sea por
falta de pago o por morosidad en el mismo respecto de los aportes en salud.
5.2.5.
Finalmente agrega que: “la
negativa a conceder la tutela de los derechos de accionante, por parte del
juzgador de primera instancia, obedece a que el señor al momento del insuceso
que le generó la lesión, sólo tenía 10 días de estar afiliado, y no es por otro
motivo, como pudiera ser pagos extemporáneos dentro de los seis meses anteriores
a la fecha de iniciación de la primera incapacidad.”
5.3.
Mediante correo electrónico
allegado el 8 de julio de 2015, Carlos Andrés Londoño Montoya  señaló que no
recibe recursos económicos externos para sufragar sus gastos y que subsiste con
los pocos ingresos que su madre logra recaudar para su manutención y la de él.
En esa medida, manifiesta a Coomeva EPS que: “ha sido una situación muy dura
el no recibir mi incapacidad para suplir mis gastos”.
6.
Mediante Auto de 10 de julio
de 2015, el Magistrado sustanciador vinculó al proceso al Fondo de Pensiones y
Cesantías Porvenir S.A. para que se pronunciara sobre el escrito de tutela
presentado por el señor Carlos Andrés Londoño Montoya. En el mismo proveído, se
ordenó a esta entidad que informara el tiempo cotizado por el accionante a
pensión así como que allegara su historia laboral.
6.1.
El 22 de julio de 2015, el
fondo de pensiones y cesantías Povernir S.A. dio respuesta al mencionado
proveído señalando, en primer lugar, que Coomeva EPS le notificó del Concepto
de Rehabilitación Integral (CRI) del accionante, el 7 de julio de 2015, es
decir cuando el señor Londoño Montoya había sobrepasado los 180 días de
incapacidad continua, los cuales se cumplieron el 8 de febrero de 2015.
Lo que significa, a juicio de Porvenir S.A., que la
promotora de salud en mención expidió dicho concepto de manera extemporánea, toda
vez que su obligación legal para emitirlo es antes de que se cumpla el día 120
de incapacidad, como lo señala el artículo 142 del  Decreto Ley 019 de 2012[23].
Aunado a lo antedicho, señala que los presupuestos sine
qua non para proceder al reconocimiento del subsidio económico equivalente
al valor de las incapacidades hasta por 360 días adicionales a los primeros 180
son:
“- Cuando exista un concepto favorable de
rehabilitación y por un tiempo limitado expresamente por la norma.
-
Que se postergue el trámite de
calificación.
-
En caso de existir dicho
concepto favorable de rehabilitación a favor del afiliado, la EPS debe emitirlo
inmediatamente. Si la EPS no emite y remite a la AFP oportunamente dicho
concepto, debe en consecuencia pagar con cargo a sus propios recursos las
incapacidades posteriores al día 181 y hasta que lo emita.”
Así
las cosas, advierte que la EPS no cumplió con su deber legal de expedir y
remitir en término al fondo de pensiones el Concepto de Rehabilitación Integral
(CRI) por tanto quien debe asumir el reconocimiento y pago de las incapacidades
es Coomeva EPS.
II.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
Esta Sala de
revisión es competente para revisar los fallos de tutela mencionados, de
conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución
Política y el Decreto Estatutario 2591 de 1991.
2.  Problema
jurídico
De la lectura al expediente, se tiene que la Sala Sexta
de Revisión deberá verificar si Coomeva EPS vulneró los derechos fundamentales a
la vida digna, a la igualdad, a la seguridad social, a la salud y al mínimo
vital  al no reconocer y pagar las  prestaciones económicas derivadas de las
incapacidades al señor Carlos Andrés Londoño Montoya.
Para
ello la Sala analizará (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela para
obtener el reconocimiento y pago de incapacidades, (ii) la seguridad social como
derecho constitucional fundamental, (iii) teoría del allanamiento a la mora por
parte de la Empresa Promotora de Salud; (iv) la normatividad que regula las
incapacidades de origen común y profesional, y los procedimientos que deben
seguirse al momento del pago, finalmente (iv) abordará el caso concreto.
3.  Procedencia excepcional
de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de las incapacidades
laborales. Reiteración jurisprudencial
3.1.    La Constitución Política en
su artículo 49 establece la garantía para que todos los ciudadanos accedan a
los servicios de promoción, protección, prevención, rehabilitación y
recuperación de la salud, cuando la misma se ha visto mermada con ocasión del
desarrollo de actividades laborales generando como consecuencia las denominadas
incapacidades laborales.
3.2.    De igual manera, esta
Corporación ha señalado reiteradamente que las sumas de dinero reconocidas como
subsidio por incapacidad vienen a sustituir el salario durante el lapso en el
cual el trabajador se encuentra  al margen de sus labores, constituyendo la
garantía necesaria para que su recuperación transcurra de manera tranquila al
no tener que preocuparse por la procura de los ingresos necesarios para el
sostenimiento personal o de su grupo familiar, garantizando su subsistencia en
condiciones dignas, (artículo 53 de la Carta Política).  En materia de
procedencia de la tutela para el reconocimiento de esta prestación, en la
sentencia T-684 de 2010, se compilaron las siguientes subreglas:
“La
jurisprudencia constitucional igualmente ha fijado unos criterios que deben
tenerse en cuenta para que el reconocimiento de incapacidades laborales sea
procedente a través de la acción de tutela, los cuales son:
i) el
pago de las incapacidades sustituye el salario del trabajador, durante el
tiempo que por razones médicas está impedido para desempeñar sus labores[24],
cuando las incapacidades laborales son presumiblemente la única fuente de ingreso
con que cuenta el trabajador para garantizarse su mínimo vital y el de su
núcleo familiar;
ii) el
pago de las incapacidades médicas constituye también una garantía del derecho a
la salud del trabajador, pues coadyuva a que se recupere satisfactoriamente,
sin tener que preocuparse por la reincorporación anticipada a sus actividades
laborales, con el fin de obtener recursos para su sostenimiento y el de su
familia[25];
y
iii)
Además, los principios de dignidad humana e igualdad exigen que se brinde un
tratamiento especial al trabajador, quien debido a su enfermedad se encuentra
en estado de debilidad manifiesta[26].”
3.3.    Este Tribunal Constitucional
ha sostenido que cuando no se reconoce el pago de las incapacidades laborales,
se pueden estar afectando otros derechos fundamentales como la salud, la vida
en condiciones dignas, el mínimo vital del trabajador y de su núcleo familiar,
ya que en la mayoría de los casos el subsidio por incapacidad representa su
único sustento. Al respecto, se ha indicado:
“De lo anterior puede colegirse que, el
reconocimiento de la incapacidad por enfermedad general constituye un mecanismo
idóneo para la salvaguarda de los derechos fundamentales de los trabajadores
dependientes e independientes, entre los que pueden destacarse los siguientes,
no sin antes aclarar que no son los únicos:
(i) La salud, en la medida que permite al
afiliado disponer de una suma de dinero periódica a pesar de que en estricto
sentido no exista prestación de servicio, circunstancia que contribuirá a la
recuperación satisfactoria de su estado de salud, puesto que le permite seguir
con el tratamiento prescrito por el médico tratante y guardar el reposo
requerido para su óptima recuperación (…).
(ii) El mínimo vital, por cuanto constituye la
única fuente de ingresos económicos que permiten satisfacer las necesidades
básicas personales y familiares del actor, en la medida que posibilita la
conservación del giro ordinario del proyecto vital del beneficiario y de su
grupo familiar.
Conviene recordar en este punto que, la jurisprudencia
constitucional ha indicado que el derecho al mínimo vital no se agota de
manera exclusiva en la posibilidad de gozar de un ambiente en el cual las
necesidades de subsistencia biológica se encuentren satisfechas, pues tal
derecho ‘debe permitir el ejercicio y realización de los valores y propósitos
de vida individual, y su falta compromete el logro de las aspiraciones legítimas
del grupo familiar que depende económicamente del trabajador’.[27]
Así pues, en la medida en que el pago de este tipo de
incapacidades procura la consecución de fines constitucionales, se concluye que
su creación en el Sistema de Seguridad Social procura la satisfacción de
múltiples derechos fundamentales, entre los que pueden destacarse el derecho a
la salud, el mínimo vital, y la seguridad social del cual hace parte.”[28]
3.4.
Respecto al mínimo vital la Corte
ha reiterado que se presume que el pago de las incapacidades laborales
constituye la única fuente de ingreso con la que el trabajador cuenta para
garantizar su subsistencia y la de su familia, tal como ocurre con su salario.
Es por ello que a pesar de la existencia de otras vías judiciales por las
cuales se pueden reclamar las acreencias laborales, entre ellas las
incapacidades, cuando éstas no se pagan oportunamente se afectan derechos del
orden constitucional, por lo que se hace necesaria la intervención del juez de
tutela a fin de neutralizar el perjuicio irremediable al que se ve sometido el
asalariado y su núcleo familiar.
4.  La seguridad
social como derecho constitucional fundamental y su protección por medio de la
acción de tutela. Reiteración jurisprudencial.
4.1.
La Constitución Política en su
artículo 48 contempla la seguridad social como un derecho así como un servicio
público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación
y control del Estado y con observancia de los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad.
4.2.
Igualmente la Ley 100 de 1993[29],
catalogó este derecho como un servicio público esencial en lo relacionado con
el sistema de salud y el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales y
demás prestaciones económicas que cubre el sistema de salud. En esa medida, lo
que busca este derecho es mitigar las consecuencias propias de la
desocupación, la vejez y la incapacidad de las personas, que garantiza
consigo mismo el ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como el
derecho a la vida, la dignidad humana y el mínimo vital.[30]. (subrayas fuera del texto original)
4.3.
De otro lado, debe señalarse que
según la ubicación en la Constitución, este derecho se considera como los
denominados de segunda generación. Sin embargo la jurisprudencia de esta
Corporación ha dejado de reconocerlo como un derecho social, en el entendido
que: “todos los derechos constitucionales son
fundamentales, pues se conectan de manera directa
con los valores que los Constituyentes quisieron elevar democráticamente a la
categoría de bienes especialmente protegidos por la Constitución”[31].
4.4.
Sobre el particular la
jurisprudencia constitucional ha indicado que, inicialmente, los derechos
fueron clasificados en razón a los procesos históricos que dieron origen a los
llamados derechos
civiles y políticos y a los derechos económicos, sociales y culturales. Así, los
primeros “buscaban principalmente proteger al individuo en su
autonomía, estableciendo obligaciones negativas o de no hacer a los Estados (no
detener a una persona arbitrariamente); por dicho carácter negativo se entendió
que estos derechos eran totalmente justiciables y exigibles, por ende,
fundamentales”. En lo que corresponde a  los segundos “apuntaban a la protección de
la sociedad frente a ciertas necesidades y contingencias de la vida humana e
imponían a los Estados obligaciones positivas o de hacer (establecer la
prestación del servicio de salud para todos los habitantes), implicando estos,
entre muchas otras acciones, la asignación de partidas presupuestales para su
realización, condición que les situó como derechos prestacionales,
programáticos, no justiciables ni exigibles, en consecuencia no fundamentales”[32].
4.5.
Por lo anterior, la primera
tesis utilizada por este Tribunal fue la relacionada con “la improcedencia general de
la acción de tutela para la protección de los derechos sociales, por no ser
ellos fundamentales”[33]. Sin embargo, luego de
reconocer las dificultades que implicaba dicha categorización,  fue
reconocida la segunda tesis conocida como la protección por conexidad de los
derechos de segunda generación, en el entendido que estos podían ser amparados
a través de la acción de tutela “cuando se lograra demostrar un nexo inescindible entre los
derechos de orden prestacional y un derecho fundamental”[34].
4.6.
posteriormente, la
doctrina y la jurisprudencia constitucional reconocieron que las obligaciones
positivas y negativas se encuentran en cualquier tipo de derecho, sin importar
la categoría o clasificación que ostente, razón por la cual ahora se entiende
que “el carácter
fundamental de un derecho lo otorga su consagración en la Constitución Política
Colombiana, debido a que todos los allí consignados son fruto del desarrollo de
los principios y valores en que se funda este Estado Social de
Derecho, razón por la cual la distinción que otrora se realizó hoy resulta
inocua”[35]
4.7.
En ese entendido, debe señalarse
que el carácter prestacional del derecho a la seguridad social no lo excluye de
su reconocimiento como fundamental, bajo la idea de que cualquier derecho
consagrado en la Carta Política, sin distinción, ostenta esa calidad. Como
componente de este derecho la Sala hará mención a las incapacidades, como
una de las formas a través de las cuales se busca proteger a quienes, con
ocasión de la disminución de producción laboral, se encuentran imposibilitados
para obtener por su cuenta los medios necesarios para su subsistencia en
condiciones dignas. Para ello, recordará la jurisprudencia y lo  establecido en
la Ley 100 de 1993 y demás normatividad que regule la materia.
5.
Teoría del
allanamiento a la mora por parte de la Empresa Promotora de Salud. Reiteración
jurisprudencial
5.1.    El precedente constitucional que se ha decantado en
múltiples casos es que cuando los empleadores o trabajadores independientes
pagan de manera extemporánea los aportes al sistema de seguridad social, las
empresas prestadoras del servicio de salud, EPS, no pueden negarse a cancelar
el pago de la incapacidad por enfermedad general, a no ser que hayan actuado
para solicitar el pago oportuno de las cotizaciones o hayan rechazado los pagos
efectuados por fuera del término establecido. Esta teoría fue aplicada, en un
primer momento, a situaciones análogas que se han presentado en el análisis de
los asuntos sobre la licencia de maternidad pero se ha extendido a los casos
sobre la licencia por enfermedad general:
“(…) en aplicación
del principio de la buena fe, entendido como la confianza en las relaciones
jurídicas de las partes la EPS no puede desconocer el pago de la licencia de
maternidad cuando hubiere allanado la mora del empleador. En efecto, si una
empresa promotora de salud no alega la mora en la cancelación de los aportes
que realiza el empleador a la seguridad social, posteriormente no puede negar
la prestación económica del trabajador por ese hecho, pues aceptar lo contrario
implicaría favorecer la propia negligencia en el cobro de la cotización e
impondría una carga desproporcionada a la parte más débil de esta relación
triangular, esto es, al trabajador. Además, debe recordarse que el Seguro
Social está en todo el derecho de reclamar al empleador el pago oportuno de las
cotizaciones y de los intereses moratorios que se originan con el
incumplimiento, pues esa entidad tiene los medios jurídicos que expresamente se
disponen para ello, y en caso de que éstos sean insuficientes, es deber del
Legislador desarrollar tales mecanismos a fin de asegurar la eficacia del
sistema de seguridad social.” [36]
5.2.    Los argumentos que esbozó la Corte Constitucional para
aplicar la teoría del allanamiento a la mora también a los casos relacionados
con el pago de la incapacidad por enfermedad general fueron los siguientes:
“Si bien hasta el
momento la Corporación ha aplicado la tesis del allanamiento a la mora a
negativas de pago de licencia de maternidad, esta Sala de Revisión considera
que tal criterio también puede ser aplicado, mutatis mutandi, cuando por la
mora en el pago de los aportes en salud por parte del patrono se niega el pago
de una incapacidad laboral, llegándose a afectar el mínimo vital. En esta
situación se presentan tres elementos comunes a las situaciones hasta ahora
contempladas por la jurisprudencia: (i) vulneración del mínimo vital del
accionante por el no pago oportuno de una acreencia de tipo laboral, (ii)
actuación contraria a la buena fe por parte de la entidad promotora de salud al
no haber requerido oportunamente al empleador para el pago oportuno del aporte,
y (iii) pago efectivo, aunque tardío, de los aportes en salud.
“Esta similitud
justifica la aplicación de la doctrina jurisprudencial desarrollada, hasta el
momento, en los casos de no pago de licencia de maternidad a los casos de
incapacidades laborales.”[37]
5.3.    Por lo anterior, es menester mencionar algunos casos
referidos de manera particular, en los cuales esta Corporación ha acudido de
manera precisa al uso de la teoría del allanamiento a la mora al reconocimiento
y pago de las incapacidades por enfermedad general.
5.4.    Así, en la sentencia T-413 de 2004,[38]
la Sala Sexta de Revisión analizó la situación de una mujer en estado de
embarazo a quien le habían sido prescritas varias incapacidades laborales derivadas
de la amenaza de parto prematuro. La EPS a la que se encontraba afiliada se
negó a cancelarlas aduciendo el pago extemporáneo en los aportes de salud. La
Sala concedió el amparo y ordenó a la EPS el pago de la prestación económica
solicitada, considerando que (i) estaba probado que las incapacidades laborales
no pagadas hasta el momento afectaban el mínimo vital de la accionante, y (ii)
si bien había existido un pago extemporáneo de los aportes en salud, en el
tiempo que la accionante había estado vinculada a la EPS, esta nunca había iniciado
el procedimiento correspondiente para el pago oportuno de tales aportes por lo
que se configuraba la tesis del allanamiento a la mora. Lo relevante de esta
sentencia, es que se consideró que el allanamiento a la mora cuyo origen se
remontaba al caso de licencias de maternidad, tenía total vigencia y cobraba
total aplicabilidad en los casos de las incapacidades laborales por presentarse
supuestos similares en los cuales las entidades se negaban a reconocer las
prestaciones que les correspondían, con el argumento de la extemporaneidad en
los pagos de los aportes, sin que hubieran actuado para remediar esta
situación. En esa oportunidad, la Sala manifestó lo siguiente:
“Si bien
hasta el momento la Corporación ha aplicado la tesis del allanamiento a la mora
a negativas de pago de licencia de maternidad, esta Sala de Revisión considera
que tal criterio también puede ser aplicado, mutatis mutandi, cuando por la
mora en el pago de los aportes en salud por parte del patrono se niega el pago
de una incapacidad laboral, llegándose a afectar el mínimo vital. En esta
situación se presentan tres elementos comunes a las situaciones hasta ahora
contempladas por la jurisprudencia: (i) vulneración del mínimo vital del
accionante por el no pago oportuno de una acreencia de tipo laboral, (ii)
actuación contraria a la buena fe por parte de la entidad promotora de salud al
no haber requerido oportunamente al empleador para el pago oportuno del aporte,
y (iii) pago efectivo, aunque tardío, de los aportes en salud.
Esta
similitud justifica la aplicación de la doctrina jurisprudencial desarrollada,
hasta el momento, en los casos de no pago de licencia de maternidad a los casos
de incapacidades laborales”.
5.5.    La sentencia T-956 de 2008 se ordenó a Coomeva EPS el
pago de la incapacidad por enfermedad en favor de una señora a quien se le
había negado tal prestación pues no había cancelado sus aportes dentro de los
dos días hábiles indicados. Al respecto la Corte Constitucional estableció: “En
la oportunidad que se trae a colación, recordó también la Sala la línea
jurisprudencial elaborada “con apoyo en la teoría del allanamiento y el
principio de buena fe”, a cuyo tenor, pese a la mora de los empleadores o
trabajadores independientes en el pago de sus cotizaciones a la Seguridad
Social, las Empresas Prestadoras de Salud están obligadas a reconocer y pagar
las prestaciones económicas por incapacidad, “por haber incumplido también su
deber de adelantar las acciones de cobro correspondientes y no oponerse
oportunamente al pago extemporáneo.”[39]
5.6.
Posteriormente
a este pronunciamiento, diferentes Salas de Revisión han sostenido que las
empresas prestadoras del servicio de salud, no pueden, so pretexto de la mora
en el pago de los aportes a cargo del empleador o del cotizante independiente,
rehusarse a cancelar y reconocer una incapacidad laboral por enfermedad general,
si obraron de manera negligente para su efectivo pago, o si incumplieron el
deber de adelantar de manera oportuna las acciones legales de cobro, incluso
con la consecuente oposición al pago extemporáneo. A juicio de la Corte, dicha
actuación desconoce los postulados de la buena fe y contraviene el contenido de
la teoría del allanamiento a la mora que consiste en el hecho de señalar que si
una empresa promotora de salud: “no alega la mora en la cancelación de los
aportes y luego se autoriza la negación de la prestación económica al
trabajador, se estaría favoreciendo la propia negligencia de la empresa en el
cobro de la cotización y se desestimarían los efectos jurídicos que
genuinamente se espera que genere el pago de los aportes. Adicionalmente, la figura
del allanamiento a la mora cumple con el propósito de proteger el derecho a la
remuneración y el mínimo vital de los trabajadores”.[40]
5.7.
Bajo
ese entendido, las EPS deben reconocer y pagar las incapacidades reconocidas a
sus usuarios, en tanto que una actuación contraria supondría imponerle al
afiliado una carga desproporcionada que no le corresponde asumir. Para ello, el
legislador ha establecido mecanismos y acciones apropiadas para asegurar la
viabilidad económica del sistema de seguridad social.
5.8.
De
otro lado, en la sentencia T-862 de 2013,[41]
la Sala Octava de Revisión examinó dos acciones de tutela acumuladas, en las
cuales se analizaba si la negativa de las entidades promotoras de salud a
reconocer y pagar las incapacidades por enfermedad general solicitadas por dos
trabajadores independientes afiliados, desconocía su derecho fundamental al
mínimo vital a pesar de que algunos aportes al sistema de seguridad social en
salud se habían efectuado en forma extemporánea.
En el primer
caso, se trató el asunto de una ciudadana a quién después de haberle practicado
una cirugía en el pie izquierdo con el propósito de retirarle un injerto
ortopédico, le fue expedida por su médico tratante una incapacidad por el
término de treinta (30) días, la cual no fue pagada por la EPS aduciendo mora
en el pago de los aportes. De los hechos de la tutela, se extrae que la accionante
se encontraba afiliada al sistema general de seguridad social en salud, como
cotizante independiente con un ingreso base de cotización (IBC) equivalente al
salario mínimo, el cual destinaba para su sustento y el de su familia. En esta
ocasión, la Sala concedió el amparo y le ordenó a la EPS accionada pagar la
totalidad de la prestación económica derivada de la incapacidad laboral. Como
sustento de su decisión, consideró que en el presente caso resultaba procedente
la acción de tutela, en tanto (i) se trataba de una persona de setenta y tres
(73) años de edad, imposibilitada para trabajar debido a sus condiciones de
salud, las que incluso le habían impedido cancelar oportunamente sus aportes,
por lo que el no pago de la incapacidad afectaba gravemente su mínimo vital.
Además, su ingreso base de cotización era de un (1) salario mínimo legal
mensual vigente, y no se había demostrado la existencia de otros ingresos que
permitieran su subsistencia digna; (ii) aunque no se habían aportado los
recibos correspondientes a los seis (6) meses anteriores a la fecha de la
solicitud de la incapacidad, se habían constatado los pagos correspondientes en
los tres (3) meses anteriores a esta fecha, y (iii) la EPS en ningún momento
había rechazado los pagos realizados en forma extemporánea ni había adelantado
acciones legales para su cobro, por lo que se entiende se había allanado a la
mora. Para la Sala, las anteriores eran razones suficientes para obligar a la
EPS a reconocer y pagar la incapacidad prescrita a la accionante. Sobre el
particular sostuvo:
“Ahora
bien, aunque la norma y la jurisprudencia exigen que para el reconocimiento de
una prestación económica, como son las incapacidades, se cotice al menos cuatro
(4) de los últimos seis meses anteriores a la fecha de causación del derecho,
se debe decir, que a pesar de esta exigencia en el presente caso, está probada
la afectación del mínimo vital de la señora Blanca Nelly Restrepo Mejía, una
persona que exige una especial protección, y que aunque ella no tuvo la precaución
de aportar sino tres (3) de los cuatro (4) recibos anteriores a la fecha de
causación de la incapacidad, como se exige, lo que sí aportó fueron seis (6)
recibos de pago, pero anteriores a la fecha de la presentación de la tutela, de
los cuales solo el del mes de marzo pagó de manera extemporánea; no por ello
entonces, debe la Sala negar el amparo, por el contrario, en el presente caso
debe presumirse la buena fe de la accionante; máxime si la accionada no se
opuso a la realización del pago, aunque extemporáneo del mes de marzo de 2013,
allanándose de esta manera a la mora del mismo”.
En el segundo
asunto, se estudió la situación de un ciudadano quien, como
consecuencia de una afección en su mano, fue sometido en el año dos mil trece
(2013) a una cirugía ortopédica de la que se derivó una incapacidad médica
desde el tres (3) de abril hasta el tres (3) de mayo de dos mil trece (2013), y
luego del cuatro (4) de mayo al dos (2) de junio del mismo año. La EPS a la que
se encontraba adscrito, se negó al pago de las incapacidades aduciendo que los
aportes efectuados al sistema se habían realizado en forma extemporánea, razón
suficiente para justificar la negativa tal como lo establecía el Decreto 1804
de 1999, conforme al cual: “los aportes deben ser pagados en “forma
completa y oportuna”, por lo menos cuatro (4) meses de los seis (6) anteriores
a la fecha de inicio de la incapacidad por enfermedad general para el
reconocimiento por parte de la EPS”. En esta
oportunidad, la Sala amparó el derecho fundamental al mínimo vital del
accionante, ordenando el pago de su incapacidad. Para ello, consideró que (i)
la no cancelación de esta prestación afectaba gravemente su subsistencia digna,
pues las afecciones en su estado de salud, limitaban su derecho al trabajo y por
consiguiente sus ingresos con los que procuraba su sostenimiento y el de su
familia integrada por dos menores de edad; (ii) existían pruebas que daban
cuenta del pago continuo aunque extemporáneo de los aportes efectuados durante
los cuatro meses anteriores a la fecha de inicio de la prestación, y (iii)
aunque la EPS había requerido al demandante mediante escrito con ocasión de la
morosidad presentada y lo había conminado a realizar los pagos dentro de los
cinco (5) primeros días de cada mes, lo cierto es que la misma había aceptado
los pagos extemporáneos realizados, a los que nunca se opuso, es decir, que se
había allanado a la mora, luego no podía ahora alegar su propia culpa.
5.9.
En
consecuencia, con fundamento en la figura del allanamiento a la mora, no podrá
negarse el reconocimiento de una incapacidad laboral por enfermedad general en
tanto se parte de la base que las entidades responsables de autorizarlas y
cancelarlas, en este caso, las EPS, han aceptado los aportes en salud
efectuados al sistema de forma tardía, sin que hayan rechazado su pago o
emprendido acciones legales serias orientadas a su cobro judicial. No es
posible, que las mismas aleguen la extemporaneidad del pago de los aportes tan
solo cuando le son solicitadas prestaciones y no cuando reciben el dinero en
cuestión.[42]
6.
Normatividad
aplicable a las incapacidades tanto de origen común como profesional y los
procedimientos que deben seguirse al momento de reclamar el pago de las mismas.
Reiteración jurisprudencial
6.1.
La Constitución
de 1991 estableció en los artículos 48 y 49 el derecho a la seguridad social.
De igual manera, estipuló los principios que deben regirla y autorizó al legislador
para que expidiera las leyes necesarias a fin de lograr  el desarrollo integral
del Sistema.
6.2.
Para los fines pertinentes
que interesan a esta tutela se puede apreciar que en cuanto a las contingencias
que llegare a padecer un trabajador en razón a una enfermedad o lesión que lo
incapacite para laborar en forma permanente o temporal, el sistema contempla
las distintas situaciones que en cada evento se puedan presentar y los
procedimientos a seguir con el único fin de garantizar que la persona afectada
no interrumpa sus tratamientos médicos o que pueda percibir un sustento
económico a título de incapacidad o de pensión de invalidez, según el caso.
6.3.
Es así como ante una enfermedad o
un accidente bien sea de origen común o profesional, el sistema integral de
seguridad social prevé el pago de las respectivas incapacidades. En orden a dar
claridad a este punto, corresponde
establecer quién es la entidad encargada de cancelar las incapacidades para lo
cual se debe distinguir entre un suceso de (a) origen común o (b)
profesional.
a.
Incapacidades de origen
común.
6.3.1.
Si la incapacidad es igual o menor
a tres días, la misma será asumida directamente por el empleador. Así lo
establece el Decreto 1406 de 1999, que en su artículo 40 – Parágrafo-1, señala
lo siguiente:
“Serán
de cargo de los respectivos empleadores las prestaciones económicas correspondientes
a los tres (3) primeros días de incapacidad laboral originada por enfermedad
general, tanto en el sector público como en el privado. En ningún caso dichas
prestaciones serán asumidas por las entidades promotoras de salud o demás entidades
autorizadas para administrar el régimen contributivo en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud a las cuales se encuentren afiliados los
incapacitados”.
A
su vez, a la EPS le corresponde pagar las incapacidades de origen común a
partir del día cuarto, siempre y cuando la misma no sea prórroga
de otra. Cabe advertir que las incapacidades se entienden prorrogadas cuando
entre la que se va a liquidar y la anterior no existe un lapso mayor de 30 días
y corresponda a la misma enfermedad.
No obstante,
dicho parágrafo fue modificado por el Decreto 2943 de 2013, el cual señaló:
“Artículo  1. Modificar
el parágrafo 1° del artículo
40 del Decreto 1406 de 1999, el cual quedará así:
Parágrafo
1°. En el
Sistema General de Seguridad Social en Salud serán a cargo de los respectivos
empleadores las prestaciones económicas correspondientes a los dos (2) primeros
días de incapacidad originada por enfermedad general y de las Entidades
Promotoras de Salud a partir del tercer (3) día y de conformidad con la
normatividad vigente. En el Sistema General de Riesgos Laborales las
Administradoras de Riesgos Laborales reconocerán las incapacidades temporales
desde el día siguiente de ocurrido el accidente de trabajo o la enfermedad
diagnosticada como laboral. Lo anterior tanto en el sector público como en el
privado.”
En
conclusión, con la modificación reseñada el empleador deberá asumir el pago de
las incapacidades durante los dos (2) primeros días de esta. No obstante a
partir del tercer (3) día y hasta el día ciento ochenta (180) el pago de esta
prestación económica estará a cargo de las Empresas Promotoras de Salud.
5.3.2.
Ahora bien, la Ley 100 de 1993 respecto de las incapacidades, en su artículo
206 indica:
“ARTÍCULO 206. INCAPACIDADES. Para los afiliados de que trata el literal a) del artículo 157,
el régimen contributivo reconocerá las incapacidades generadas en enfermedad
general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Para el
cubrimiento de estos riesgos las Empresas Promotoras de Salud podrán
subcontratar con compañías aseguradoras. Las incapacidades originadas en
enfermedad profesional y accidente de trabajo serán reconocidas por las
Entidades Promotoras de Salud y se financiarán con cargo a los recursos
destinados para el pago de dichas contingencias en el respectivo régimen, de
acuerdo con la reglamentación que se expida para el efecto.”
6.3.2. Lo anterior sin perjuicio de lo contemplado en el
artículo 227 del
Código Sustantivo del Trabajo y que cobra vigencia cuando el empleador no ha
afiliado a sus trabajadores:
“Art. 227. Valor del auxilio. En caso
de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, ocasionada por
enfermedad no profesional, el trabajador tiene derecho a que el patrono le
pague un auxilio monetario hasta por ciento ochenta (180) días, así: las dos
terceras (2/3) partes del salario durante los primeros noventa (90) días, y la
mitad del salario por el tiempo restante.”
6.3.3.
El citado artículo también resulta
aplicable en aquellos casos en los cuales la enfermedad es de origen común,
pero (i) el trabajador no tiene el número mínimo de semanas cotizadas en la
forma en que lo exige el artículo 3°, numeral 1° del Decreto 47 de 2000[43]; (ii) el empleador incurrió en mora en el pago de las
cotizaciones sin que la EPS se hubiera allanado a ella[44]; y (iii) el empleador no suministra las pertinentes informaciones
acerca de la incapacidad concreta del trabajador[45].
6.3.4.
De otro lado, el Decreto 1804 de
1999 indica que para acceder al reconocimiento y pago de las incapacidades por
enfermedad general, el empleador como mínimo debió haber cotizado “en forma
completa sus cotizaciones como empleador durante el año anterior a la fecha de
solicitud frente a todos sus trabajadores. Igual regla se aplicará al
trabajador independiente, en relación con los aportes que debe pagar al
Sistema. Los pagos a que alude el presente numeral, deberán haberse efectuado
en forma oportuna por lo menos durante cuatro (4) meses de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de causación del derecho.”
6.3.5.
Entre tanto¸ el Decreto 783 de
2000 en su artículo 9[46]
señala que para acceder al reconocimiento económico de las incapacidades por
enfermedad general, los trabajadores deberán haber cotizado como mínimo cuatro
(4) semanas en forma ininterrumpida y completa antes de la estructuración de la
incapacidad.
6.3.6.
Finalmente, el Decreto Ley 019 de
2012[47]
establece que quien debe tramitar el reconocimiento y pago de las incapacidades
por enfermedad general ante las Empresas Promotoras de Salud es el empleador.
Lo anterior, por cuanto al trabajador no se le puede trasladar la carga
administrativa que demanda la obtención de dicho reconocimiento, en esa medida
la mencionada norma señala:
“Artículo
121. Trámite de reconocimiento de incapacidades y licencias de maternidad y
paternidad. El trámite para el reconocimiento de
incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad o paternidad a
cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, deberá ser adelantado,
de manera directa, por el empleador ante las entidades promotoras de salud,
EPS. En consecuencia, en ningún caso puede ser trasladado al afiliado el
trámite para la obtención de dicho reconocimiento.
Para efectos laborales, será obligación de los afiliados informar al
empleador sobre la expedición de una incapacidad o licencia.”
6.3.7.
Cabe advertir que si la enfermedad
no cuenta con un concepto favorable de recuperación el trabajador mantiene el
derecho a la reinstalación en el empleo. Si la enfermedad genera una limitación
o pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, da lugar al reconocimiento y
pago de la pensión de invalidez, en cuyo caso la calificación de la pérdida
laboral corresponde emitirla a la EPS[48],
a la Aseguradora o a la Junta de calificación de invalidez, según sea el caso.
Para ello y mientras se surte el trámite respectivo, el trabajador encuentra
cubiertas sus necesidades económicas con el pago de las respectivas
incapacidades, correspondiendo cubrir a la
EPS los primeros 180 días y a la AFP hasta por 360 días más[49]. Por último, tiene garantizado el reintegro a sus
ocupaciones laborales en el mismo cargo que venía desempeñando en la empresa o
en una actividad similar, según las aptitudes con que cuente después de superar
la respectiva incapacidad.
b.
Incapacidades de
origen laboral.
En estos casos,
la Administradora de Riesgos Laborales asume el pago de todas las prestaciones
a que haya lugar desde el primer día, hasta que: (i) la persona quede
integralmente rehabilitada y, por tanto, reincorporada al trabajo; (ii) se le
califique su estado de incapacidad parcial permanente y en este caso se
indemnice; o (iii) en el peor de los casos se califique la pérdida de capacidad
laboral en un porcentaje superior al 50%, adquiriendo el derecho a la pensión
de invalidez.
En suma, los
distintos actores del Sistema General de Seguridad Social deben actuar de
manera armónica a fin de alcanzar la protección efectiva de los derechos de los
usuarios en aras de establecer el origen de sus patologías, así como los demás
servicios en salud y prestaciones económicas que otorga el mismo dentro de la
estructura de un Estado Social de Derecho.
7.  Análisis del caso concreto
El señor
Carlos Andrés Londoño Montoya quien en la actualidad está próximo a cumplir 27
años, ingresó a trabajar en la sociedad Multiservicios Empresariales GC S.A.S
el 1 de agosto de 2014.
Aduce que
el 10 de agosto de ese año mientras se encontraba disputando un partido de
fútbol en la ciudad de Cali, se desató una disputa entre pandillas que se
encontraban en el sector, producto del cual  fue víctima de una bala perdida. Herido
de gravedad, el señor Londoño Montoya fue trasladado al Hospital Universitario
del Valle. Una vez examinado le fueron detectadas varias lesiones en las
costillas, en el tórax y fracturas en las vértebras T6 y T7, siendo diagnosticado
con una lesión Raquimedular, la cual lo dejó parapléjico y en estado de
invalidez.
Posterior a la
valoración hecha por su médico, refiere que le han expedido a su favor una
serie de incapacidades que no han sido pagadas por Coomeva EPS.  Por su parte,
dicha promotora de salud indica que no le asiste el deber de responder por esas
prestaciones debido a que en su base de datos el empleador del accionante reporta
mora en la realización de los aportes al sistema de salud toda vez que estos
fueron efectuados a destiempo. En esa medida, señala que no le corresponde
pagar las incapacidades reclamadas por el demandante.
Con base en lo
descrito, el señor Londoño Montoya interpuso acción de tutela para que le
fueran amparados sus derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad
social, a la salud y al mínimo vital, en la medida en que la EPS en mención
actuó en detrimento de sus derechos constitucionales al negar el reconocimiento
y pago de las incapacidades reclamadas.
En única instancia,
el Juzgado Trece Civil Municipal de Oralidad de Cali negó las pretensiones al
considerar que el accionante había violado el requisito de subsidiariedad, ya que
acudió a la acción de tutela teniendo otros mecanismos judiciales como la
acción laboral ante la jurisdicción ordinaria.
Analizado el
caso concreto, la Sala debe advertir que, como fue reseñado, el señor Juan Carlos
Londoño Montoya producto del accidente, hoy se encuentra en estado de invalidez.
Con base en ello, este Tribunal debe destacar que la jurisprudencia constitucional
ha catalogado como sujeto de especial protección constitucional a las personas inválidas
o con discapacidad[50],
como es el caso del accionante. Por tanto el examen de procedibilidad de la
acción de tutela debe flexibilizarse.
Aunado a lo
anterior, cabe destacar que el señor Londoño Montoya se encontraba laborando
para la sociedad Multiservicios Empresariales GC S.A.S. desempeñando oficios
varios. Por la ejecución de dicha actividad devengaba un salario mínimo con el
cual subsistía. Dicho ingreso le servía para costear sus gastos personales, así
como los de su progenitora con quien vive. A raíz del accidente, el accionante  no
pudo regresar a trabajar, por tanto no volvió a percibir la remuneración
mensual que a la que tenía derecho por las funciones que desempeñaba; en esa
medida, se vieron menguados sus ingresos, lo cual afectó su congrua
subsistencia y la de su familia, hecho que va en detrimento del derecho al
mínimo vital del accionante.
Al respecto, la
jurisprudencia de esta Corporación  ha indicado que el pago de las
incapacidades hace las veces de salario mientras que el trabajador se encuentra
en recuperación y alejado de la actividad laboral, de tal suerte que la
cancelación de dichas prestaciones permite al empleado restablecer su salud sin
que esta se vea alterada por la preocupación que pueda surgir por conseguir los
recursos para sufragar las diferentes obligaciones con las que cuenta.
Por lo anterior,
la Sala debe señalar que la acción de tutela interpuesta por el señor Londoño
Montoya es procedente para obtener el reconocimiento y pago de las
incapacidades pretendidas por dos motivos a saber: (i) el accionante es sujeto
de especial protección por estar en estado de invalidez; (ii) la jurisprudencia
ha reconocido que la acción de tutela se torna procedente también,  cuando la
ausencia de reconocimiento y pago de las incapacidades afecta los derechos fundamentales
como el mínimo vital. De tal suerte, al encontrarse impedido el accionante para
desempeñar alguna actividad que le permita obtener ingresos, el pago de las
incapacidades haría sus veces de salario y no se menoscabaría sus derechos y
los de su familia.
Establecida la
procedibilidad de la acción de tutela, la Sala analizará si el accionante
cumple con los requisitos exigidos por la normatividad vigente para acceder al
reconocimiento y pago de las incapacidades solicitadas por el señor Londoño
Montoya.
Previo a dicho
análisis, este Tribunal debe precisar la fecha en la cual el accionante fue
afiliado a la promotora de salud Coomeva, para ello valorará las pruebas que
obran en el expediente y que permitirán clarificar hechos que interesan al
proceso. En esa medida, se advierte que en  el acervo probatorio obra el
Formulario Único de Afiliación en Inscripción al Régimen Contributivo de
trabajadores dependientes[51]
a la mencionada promotora de salud, cuya radicación se dio el 1 de agosto de
2014. De otro lado, el juzgador de instancia tuvo en cuenta como fecha de
afiliación al sistema de salud la registrada en el Registro Único de Afiliados (RUAF),
el cual tiene como fecha 1 de septiembre de 2014[52].
Por lo anterior,
la Sala debe indicar que contrario a como fue manifestado en la sentencia
objeto de revisión, Multiservicios Empresariales GC S.A.S. presentó el formato
único de afiliación destinado por Coomeva para tal efecto, el 1 de agosto de
2014, hecho que no se acompasa con lo afirmado por el Juzgado Trece Civil
Municipal de Oralidad de Cali cuando señala que el accionante fue afiliado a
dicha promotora de salud con posterioridad a la ocurrencia de los hechos. En
conclusión, este Tribunal dará prevalencia a las pruebas que obran en el
expediente y en consecuencia tendrá como fecha de afiliación del accionante a
Coomeva EPS, el 1 de agosto de 2014.
Precisada la
fecha de afiliación al sistema de salud, esta Corporación debe indicar que el
artículo 206  de la ley 100 de 1993[53],
contempla la posibilidad que los afiliados del régimen contributivo se
beneficien del pago de incapacidades por enfermedad general  cuyo
reconocimiento está a cargo de las Empresas Promotoras de Salud. Así las cosas,
se advierte por parte del Tribunal que el accionante se encuentra afiliado al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, en calidad de cotizante al
régimen contributivo como dependiente a Coomeva EPS, por lo que es esta
entidad, en principio y según la norma reseñada, la responsable de asumir
dichos pagos.
De otro lado, el
Decreto 1804 de 1999[54]
señala que para que proceda el pago de incapacidades por enfermedad general, el
empleador debe: (i) haber efectuado en forma completa sus cotizaciones durante
el año anterior a la fecha de solicitud frente a todos sus trabajadores; (ii)
los pagos a que alude el presente numeral, deberán haberse efectuado en forma
oportuna por lo menos durante cuatro (4) meses de los seis (6) meses anteriores
a la fecha de causación del derecho.
Analizada la
norma, esta Corporación encuentra que para el caso concreto el hecho que
originó la incapacidad ocurrió el 10 de agosto de 2014, es decir, el accionante
tan solo llevaba diez días de estar vinculado laboralmente a la sociedad
empleadora y de afiliado al régimen contributivo como trabajador dependiente a
Coomeva EPS. En esa medida, observa la Sala que el empleador, pese a haber
afiliado y realizado los aportes, y en la actualidad encontrarse al día en los
pagos, para el momento de la ocurrencia de los hechos, el empleador no había
efectuado los pagos de la manera indicada en la norma, en tanto que entre el
vínculo laboral y el hecho que originó las incapacidades tan solo habían
transcurrido 10 días, evento que a todas no se enmarca dentro del precepto
normativo señalado, toda vez que las cotizaciones no podían efectuarse durante
el año anterior a la causación del hecho.
De tal suerte
que los pagos aludidos en la norma antedicha, para el caso bajo examen no se
cumplieron, ya que el empleador canceló los aportes a partir del mes de
septiembre de 2014 y no, como lo establece el mentado acto administrativo, es
decir cancelar mínimo cuatro (4) meses de seis (6) anteriores a la causación
del derecho. Es oportuno recordar que el trabajador tan solo llevaba 10 días de
vinculación laboral a la empresa Multiservicios Empresariales GC S.A.S.
En ese orden de
ideas y con base en el análisis efectuado, el accionante no tendría derecho al
reconocimiento y pago de las incapacidades laborales que solicita, puesto que
la sociedad Multiservicios Empresariales GC. S.A.S. en cumplimiento de su
obligación como empleador efectuó el pago de los aportes al sistema desde en el
mes de septiembre de 2014, dado que la vinculación laboral se llevó a cabo el 1
de agosto de ese año. No obstante, vale la pena reiterar que el accionante llevaba
tan solo 10 días de haber iniciado actividades laborales en esa  empresa cuando
ocurrieron los hechos que originaron la reclamación de las incapacidades.
Otra norma
aplicable al caso que ocupa a la Sala, es el artículo 9 del Decreto 783 de 2000[55], que exige al
trabajador un mínimo de cuatro (4) semanas cotizadas al sistema en forma
ininterrumpida y completa. Del análisis de este precepto, en relación con el caso
concreto, la Sala debe indicar que el accionante no cumple con el requisito
establecido en dicha norma, en la medida en que, como se mencionó, tan solo
llevaba 10 días vinculado laboralmente a Multiservicios Empresariales GC S.A.S.
y de afiliado al sistema de salud.
En el caso
particular, la Sala debe señalar que los hechos expuestos no se acompasan con
los preceptos normativos referidos, toda vez que el señor Londoño Montoya no
cumple con los requisitos exigidos por aquella, para acceder al pago de las
prestaciones económicas aludidas.
Así las cosas, esta
Corporación encuentra que la situación expuesta por el accionante se torna
relevante constitucionalmente, ya que al aplicar de manera estricta las normas
al caso concreto, se advierte una desprotección a los derechos fundamentales del
accionante, tales como la dignidad humana, la igualdad y la seguridad social, lo
que implica para el juez de tutela pronunciarse de fondo sobre el régimen
jurídico empleado para el caso bajo examen.
Lo anterior,
busca la concreción del principio de interpretación de la norma conforme a la Constitución,
de manera tal que las disposiciones observen los valores y principios contemplados
en la Carta Política, conforme a lo indicado en el artículo 4 de dicha norma,
la cual señala que: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales.”
Además, este
Tribunal debe resaltar la condición de sujeto de especial protección
constitucional del accionante, toda vez que quedó probada su invalidez a raíz
de la ocurrencia de los hechos antes reseñados[56].
Ahora bien, en
relación con el análisis de los principios constitucionales que deben ilustrar
el caso concreto, se puede afirmar que el artículo 206 de la Ley 100 de 1993, 21
del Decreto 1804 de 1999 y el artículo 9 del Decreto 783 de 2000 avalan el
reconocimiento y pago de las incapacidades por enfermedad general en favor de
los trabajadores.
No obstante,
existen reparos por parte de la Sala en cuanto a los requisitos de cotización exigidos
tanto al empleador (4 meses de los 6 meses anteriores a la causación del
derecho) como para el trabajador dependiente (mínimo de 4 semanas en forma
ininterrumpida y completa). Así las cosas, los tiempos de cotización al sistema
que deben efectuarse, conforme a la normatividad reseñada, no se acompasan con
los postulados constitucionales, en la medida en que se desprotege a aquellas
personas que  recién inician su trabajo, corren con la mala suerte de sufrir un
accidente de origen común que les causa alguna afectación a su salud,
limitándolos e impidiéndoles continuar con su vida profesional, a escasos días
de haber iniciado un contrato laboral, hecho que está fuera del control del
individuo y por tanto no puede evitarlo.
En el caso sub
examine, la Sala advierte un déficit de protección a los derechos
fundamentales a la vida digna, a la igualdad, a la salud, a la seguridad social
y al mínimo vital del señor Carlos Andrés Londoño Montoya, puesto que como se
indicó, inició labores el 1 de agosto de 2014, posteriormente (a los 10 días)
sufrió una lesión a causa de un artefacto (trauma Raquimedular) que lo dejó en
estado de invalidez (parapléjico). Su afiliación al sistema se produjo el mismo
día en que inició labores y el primer pago, como se corrobora del acervo
probatorio, se dio el 1 de septiembre de 2014, posterior a la ocurrencia de los
hechos, lo cual no permitiría el reconocimiento y pago de las incapacidades
solicitadas por el accionante.
Ello permite a
la Sala concluir que de aplicarse estrictamente las normas mencionadas, el
accionante y su empleador no cumplen con el número mínimo de semanas a cotizar y
exigidas para acceder al reconocimiento económico de las prestaciones por
enfermedad general, lo cual se traduce en una vulneración a los derechos
fundamentales del peticionario, en especial su vida digna, igualdad, mínimo
vital y seguridad social.
De otro lado, el
desconocimiento de los derechos del señor Londoño Montoya no radica simplemente
en la inaplicación de los artículos 21 del Decreto 1804 de 1999 y 9 del Decreto
783 de 2000. Esta Corporación debe anotar la magnitud del mismo, en el hecho de
que el accionante en el estado actual en que se encuentra ve afectado su
derecho al mínimo vital, puesto que por su condición de salud está
imposibilitado para acceder al mercado laboral y, en esa medida, sus ingresos
se ven afectados ya que no percibe salario, lo cual afecta su subsistencia y la
de su progenitora, quien lo asiste en sus necesidades básicas y por la cual él
responde económicamente.
Aun así, dadas
las características socioeconómicas del accionante y su familia, los requisitos
planteados por los actos administrativos referidos para acceder al
reconocimiento y pago de las incapacidades por enfermedad general, se
encuentran desprovistos de interpretación constitucional, lo cual impide que el
señor Londoño Montoya acceda al pago de las prestaciones económicas
pretendidas.
De otra parte,
el principio de solidaridad contenido en la Carta Política no solamente obliga
al Estado, la sociedad y la familia a proteger las personas que se encuentran
en situación de debilidad manifiesta (C.P Arts. 1,13 y 95), sino que además les
fija el deber de prestar colaboración a aquellas personas que se encuentran en
riesgo de  poner en juego su vida y salud[57].
Por los
argumentos expuestos, la Sala hará uso de la excepción de inconstitucionalidad
e inaplicará en este caso los artículos 21 del Decreto 1804 de 1999 y 9 del
Decreto 783 de 2000 en cuanto a los tiempos requeridos de cotización, tanto en
lo que corresponde al empleador como al trabajador para acceder al
reconocimiento y pago de las prestaciones económicas por enfermedad general, con
el fin de materializar la protección real y efectiva de los derechos
fundamentales a la vida digna (art. 11), a la igualdad (art. 13), a la
seguridad social (art. 48), a la salud (art.49) y al mínimo vital (art. 53) del
accionante, quien es sujeto de especial protección constitucional  por
encontrarse en situación de debilidad manifiesta[58].
De esta manera,
la Corporación dará eficacia directa a la Constitución en lo concerniente a los artículos 1° (Estado Social de derecho), 2° (fines
esenciales del Estado), 11 (vida), 13 (igualdad), 47 (salud), 48 (derecho a la
seguridad social) y 53 (derecho al mínimo vital), y en este caso, dadas las
circunstancias especiales del mismo, interpretará los artículos 21 del
Decreto 1804 de 1999 y 9 del Decreto 783 de 2000 de manera amplia y favorable,
comprendiendo dentro de los beneficios de las citadas normas al señor Carlos Andrés
Londoño Montoya lo cual lo hace merecedor del reconocimiento y pago de las
incapacidades[59]
por parte de Coomeva EPS.
Ahora bien, en
cuanto al incumplimiento de la obligación por parte del empleador por realizar
extemporáneamente los aportes al sistema de salud, alegado por Coomeva EPS, la
Sala debe recordar que la jurisprudencia constitucional ha advertido que cuando
los empleadores efectúan los aportes a salud de manera extemporánea, las
empresas promotoras de salud (EPS) no pueden negarse al reconocimiento y pago
de las incapacidades por enfermedad general, salvo en aquellos casos en los que
actuó de manera activa a fin de obtener el pago correspondiente o simplemente
lo rechazó por realizarse fuera del termino previsto para ello.
Así las cosas,
el Tribunal Constitucional advierte del expediente, que Coomeva EPS no inició
las acciones contempladas por la Ley 100 de 1993 en sus artículos 24[60] y 57[61] a fin de obtener el
pago de los aportes adeudados. En igual sentido, debe indicarse que tampoco
hubo rechazo por parte de dicha entidad al pago, puesto que no se evidencia
prueba que permita inferir negativa alguna a las cancelaciones llevadas a cabo
por Multiservicios Empresariales GC S.A.S.
Por el
contrario, el empleador probó mediante los reportes mensuales el pago de los
aportes correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2014 y enero y febrero de 2015. No obstante, a raíz del Auto de
pruebas señalado en el acápite de antecedentes, se allegaron los comprobantes
de pago de aportes a salud de los meses comprendidos entre marzo y junio de
2015.
Para ilustración
de lo dicho, se relacionan las fechas en que el empleador efectuó los aportes y
en la que fue requerido por la promotora de salud:
Fechas de los pagos realizados por el empleador
Fecha de los requerimientos hechos por la Coomeva
EPS a la sociedad Multiservicios Empresariales G.C. S.A.S. vía telefónica
3 de septiembre de 2014
5 de septiembre de 2014
3 de octubre de 2014
3 de octubre de 2014
6 de noviembre de 2014
5 de julio de 2014
3 de diciembre de 2014
5 de septiembre de 2014
6 de enero de 2015
2 de agosto de 2014
4 de febrero de 2015
8 de abril de 2014
4 de marzo de 2015
7 de enero de 2015
8 de abril de 2015
3 de marzo de 2015
27 de mayo de 2015
9 de abril de 2015
19 de junio de 2015
4 de mayo de 2015
Sumado a lo
antes referido, el estado de cuenta allegado por Coomeva EPS  evidencia que
Multiservicios Empresariales GC. S.A.S. adeuda una suma superior a los
2.000.000 m/cte. Al respecto, esta Sala debe advertir que la sociedad
empleadora presenta mora en el pago de los aportes en relación con otros trabajadores
que se encuentran en su nómina. Sin embargo, en lo que respecta al señor Carlos
Andrés Londoño Montoya, esta Corporación constató en dicho reporte que Multiservicios
Empresariales G.C. S.A.S. ha realizado los pagos correspondientes por aportes
hasta el mes de junio de 2015, con un  periodo pendiente por pagar al sistema
de salud correspondiente al mes de julio del año 2015 y un saldo negativo
superior a los $ 28.000 m/cte.
En esa medida, la
Sala concluye que el empleador ha efectuado el pago de los aportes al sistema
de salud dentro de los meses correspondientes a su cancelación, por tanto
desvirtúa la posición de Coomeva en relación a la asunción del reconocimiento y
pago de las incapacidades.
Además, la Sala estima
que Coomeva EPS al continuar con la prestación de los servicios de salud en
favor del accionante, no iniciar las acciones comprendidas en la ley 100 de
1993 y no rechazar los pagos efectuados por el empleador, se allanó a la mora de
este. Por lo expuesto, la Sala considera insuficiente el motivo alegado por la
EPS accionada para negarse a realizar el pago de las prestaciones económicas
pretendidas por Carlos Andrés Londoño Montoya, máxime cuando se constató que se
ha realizado el pago de los aportes.
Finalmente, la
Sala encuentra que dentro de las pruebas allegadas por Porvenir S.A. en
respuesta al Auto de 10 de julio de 2015 Coomeva EPS emitió Concepto de
Recuperación Integral (CRI) favorable, el 6 de julio de 2015 y del cual dio
información al fondo de pensiones en mención el 7 de julio del año en curso.  Al
respecto, la Sala denota que conforme al artículo 142 del Decreto Ley 019 de
2012, dicho concepto fue emitido extemporáneamente, en la medida en que fue
expedido al día 232 de incapacidad y no, como lo determina la norma, antes del
día 120 de incapacidad. Así las cosas, tomando como base la norma referida,  Coomeva
EPS deberá cubrir el pago de las incapacidades que superen los 180 días
iniciales como lo contempla el artículo 142 del Decreto-Ley 019 de 2012[62].
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución.
RESUELVE:
Primero: REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Trece Civil Municipal de Oralidad de
Cali proferido el 2 de marzo de 2015 y en su lugar CONCEDER la
protección de los derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad, salud,
a la seguridad social y al mínimo vital del señor Carlos Andrés Londoño
Montoya.
Segundo: ORDENAR a Coomeva EPS que en el término de 48 horas siguientes a la
notificación de esta providencia, pague las siguientes incapacidades prescritas
por los médicos adscritos a esa entidad al señor Carlos Andrés Londoño Montoya:
Incapacidad
Nº de
Incapacidad
Inicio
Fin
Total
días
1
7826417
10/08/2014
8/09/2014
30
2
7826429
9/09/2014
8/10/2014
30
3
7826438
09/10/ 2014
30/10/2014
22
4
7826477
31/10/ 2014
29/11/2014
30
5
8154045
30/11/2014
29/12/2014
30
6
8154069
30/12/2014
28/01/2015
30
7
8113335
31/01/2015
01/03/2015
30
8
8113350
02/03/2015
31/03/2015
30
Total
232
Tercero: ORDENAR a Coomeva EPS
que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de este
proveído, si es del caso califique la pérdida de la capacidad laboral del señor
Carlos Andrés Londoño Montoya a fin de que pueda iniciar el trámite de la
pensión de invalidez.
Cuarto: LÍBRENSE  por Secretaría General las comunicaciones de que trata el artículo 36
del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado Ponente
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] http://www.aibarra.org/Guias/2-17.htm
“Etiológicamente, 40% de las injurias son secundarias a accidentes de tránsito,
20% secundarias a caídas y 40% a heridas de bala, deportes, accidentes
industriales y de agricultura. Aproximadamente 85% de los casos son hombres y
el pico de incidencias está entre los 15 y los 28 años. La mayoría ocurre entre
las 12 de la noche y las 5 de la mañana, con un segundo pico en la mitad tarde.
El nivel más frecuente de trauma es la región cervical media baja (C5-C6). El
siguiente lugar es la unión toracolumbar. Estos dos niveles coinciden con las
áreas de mayor movilidad de la columna espinal. Aproximadamente 43% de las
lesiones exiben déficit neurológico completo, 18% déficit parcial, 3% franco
síndrome de Brown-Sequard; 3% presentan un síndrome de canal central cervical,
12% lesión radicular únicamente y 23% no tienen déficit neurológico. En Estados
Unidos ocurren cada año aproximadamente diez mil traumatismos raquimedulares;
20% de todas las muertes por accidente de tránsito incluyen traumatismos
espinales cervicales severos y cerca de 500 casos de cuadriplejia por año, son
secundarios a accidentes automovilísticos.”
[2]
Artículo 80. Pago de
incapacidades y licencias. Cuando el empleador se encuentre en mora y se genere
una incapacidad por enfermedad general o licencia de maternidad éste deberá
cancelar su monto por todo el período de la misma y no habrá lugar a
reconocimiento de los valores por parte del Sistema General de Seguridad Social
ni de las Entidades Promotoras de Salud ni de las Adaptadas.
[3]
Artículo 21. Reconocimiento y pago de licencias. Los empleadores o trabajadores
independientes, y personas con capacidad de pago, tendrán derecho a solicitar
el reembolso o pago de la incapacidad por enfermedad general o licencia de
maternidad, siempre que al momento de la solicitud y durante la incapacidad o
licencia, se encuentren cumpliendo con las siguientes reglas: 1. Haber
cancelado en forma completa sus cotizaciones como Empleador durante el año
anterior a la fecha de solicitud frente a todos sus trabajadores. Igual regla
se aplicará al trabajador independiente, en relación con los aportes que debe
pagar al Sistema. Los pagos a que alude el presente numeral, deberán haberse
efectuado en forma oportuna por lo menos durante cuatro (4) meses de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de causación del derecho. Cuando el empleador
reporte la novedad de ingreso del trabajador, o el trabajador independiente
ingrese por primera vez al Sistema, el período de que trata el presente numeral
se empezará a contar desde tales fechas, siempre y cuando dichos reportes de
novedad o ingreso al Sistema se hayan efectuado en la oportunidad en que así lo
establezcan las disposiciones legales y reglamentarias. Esta disposición
comenzará a regir a partir del 1º de abril del año 2000. 2. No tener deuda
pendiente con las Entidades Promotoras de Salud o Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud por concepto de reembolsos que deba efectuar a dichas
entidades, y conforme a las disposiciones vigentes sobre restricción de acceso
a los servicios asistenciales en caso de mora. Conforme a la disposición
contenida en el numeral 1 del presente artículo, serán de cargo del Empleador
el valor de las licencias por enfermedad general o maternidad a que tengan
derecho sus trabajadores, en los eventos en que no proceda el reembolso de las
mismas por parte de la EPS, o en el evento en que dicho empleador incurra en
mora, durante el período que dure la licencia, en el pago de las cotizaciones
correspondientes a cualquiera de sus trabajadores frente al sistema. En estos
mismo eventos, el trabajador independiente no tendrá derecho al pago de
licencias por enfermedad general o maternidad o perderá este derecho en caso de
no mediar el pago oportuno de las cotizaciones que se causen durante el período
en que esté disfrutando de dichas licencias. 3. Haber suministrado información
veraz dentro de los documentos de afiliación y de autoliquidación de aportes al
Sistema. 4. No haber omitido su deber de cumplir con las reglas sobre períodos
mínimos para ejercer el derecho a la movilidad durante los dos años anteriores
a la exigencia del derecho, evento en el cual, a más de la pérdida de los
derechos económicos, empleado y empleador deberán responder en forma solidaria
por los aportes y demás pagos a la entidad promotora de salud de la que
pretenden desvincularse o se desvincularon irregularmente. Para este efecto,
los pagos que deberán realizar serán equivalentes a las sumas que falten para
completar el respectivo año de cotización ante la entidad de la que se han
desvinculado, entidad que deberá realizar la compensación una vez reciba las
sumas correspondientes. 5.  Derogado por el art. 20.
Decreto Nacional 783 de 2000. No tratarse de
incapacidad generada por la atención de una exclusión del Plan Obligatorio de
Salud o las complicaciones de dichas exclusiones, conforme las disposiciones
legales.
[4] Cuaderno de
tutela, folios 30 a 48.
[5] “Por el cual se dictan normas para
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública.”
[6] Circular 11 de
1995. 1-3-. “El pago lo hará directamente el empleador al afiliado cotizante
dependiente, con la misma periodicidad de su nómina, los valores así
reconocidos se descontarán a más tardar en las dos siguientes liquidaciones del
pago de cotizaciones a la EPS donde esté afiliado el cotizante. Cuando se
presenten traslados de EPS, los descuentos deberán ser realizados a la nueva
entidad en su primer pago quien repetirá en la parte correspondiente ante la
anterior.”
[7] Cuaderno de
tutela, folios 59 a 61.
[8] Artículo 21.
Reconocimiento y pago de licencias. Los
empleadores o trabajadores independientes, y personas con capacidad de pago,
tendrán derecho a solicitar el reembolso o pago de la incapacidad por
enfermedad general o licencia de maternidad, siempre que al momento de la
solicitud y durante la incapacidad o licencia, se encuentren cumpliendo con las
siguientes reglas: 1. Haber cancelado en forma completa sus cotizaciones como
Empleador durante el año anterior a la fecha de solicitud frente a todos sus
trabajadores. Igual regla se aplicará al trabajador independiente, en relación
con los aportes que debe pagar al Sistema. Los pagos a que alude el presente
numeral, deberán haberse efectuado en forma oportuna por lo menos durante
cuatro (4) meses de los seis (6) meses anteriores a la fecha de causación del
derecho. Cuando el empleador reporte la novedad de ingreso del trabajador, o el
trabajador independiente ingrese por primera vez al Sistema, el período de qué
trata el presente numeral se empezará a contar desde tales fechas, siempre y
cuando dichos reportes de novedad o ingreso al Sistema se hayan efectuado en la
oportunidad en que así lo establezcan las disposiciones legales y
reglamentarias. Esta disposición comenzará a regir a partir del 1º de abril del
año 2000; 2. No tener deuda pendiente con las Entidades Promotoras de Salud o Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud por concepto de reembolsos que deba efectuar
a dichas entidades, y conforme a las disposiciones vigentes sobre restricción
de acceso a los servicios asistenciales en caso de mora.
[9] Artículo  9°. El numeral 1 del artículo 3° del Decreto 047 de 2000,
quedará así: "1. Incapacidad por enfermedad general. Para acceder a las
prestaciones económicas generadas por incapacidad por enfermedad general, los
trabajadores dependientes e independientes deberán haber cotizado, un mínimo de
cuatro (4) semanas en forma ininterrumpida y completa, sin perjuicio de las
normas previstas para el reconocimiento de prestaciones económicas, conforme
las reglas de control a la evasión.".
[10] Cuaderno de
tutela, folios 49 a 56.
[11] Cuaderno de
tutela, folio 29.
[12] Cuaderno de
tutela, folios 62 a 73.
[13] Cuaderno de
tutela, folio 10.
[14] Cuaderno de
tutela, folio 11.
[15] Cuaderno de
tutela, folio 12.
[16] Cuaderno de
tutela, folio 13.
[17] Cuaderno de
tutela, folios 14 a 15.
[18] Cuaderno de
tutela, folios 17 a 17.
[19] Cuaderno de
tutela, folio 18.
[20] Carrera 61 #
9-250 en la ciudad de Cali (Valle del Cauca).
[21] Avenida 2N # 7
N-55 Oficina 322, edificio Centenario 2 en la ciudad de Cali (Valle del Cauca).
[22] Carrera 26 # 2A
-34 Barrio San Antonio, en la ciudad de Cali (Valle del Cauca)
[23] ARTICULO  142. CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE
INVALIDEZ. El
artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 52 de la Ley 962 de 2005, quedará así: "Artículo 41.Calificación del Estado de Invalidez. El
estado de invalidez será determinado de conformidad con lo dispuesto en los
artículos siguientes y con base en el manual único para la calificación de
invalidez vigente a la fecha de calificación. Este manual será expedido por el
Gobierno Nacional y deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación para
calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por
pérdida de su capacidad laboral. Corresponde al Instituto de Seguros Sociales,
Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de
Riesgos Profesionales - ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo
de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en
una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de
invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no
esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro
de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas
Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco
(5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días.
Contra dichas decisiones proceden las acciones legales. El acto que declara la
invalidez que expida cualquiera de las anteriores entidades, deberá contener
expresamente los fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen a esta
decisión, así como la forma y oportunidad en que el interesado puede solicitar
la calificación por parte de la Junta Regional y la facultad de recurrir esta
calificación ante la Junta Nacional. Cuando la incapacidad declarada por una de
las entidades antes mencionadas (ISS, Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones -, ARP, aseguradora o entidad promotora de salud) sea inferior en
no menos del diez por ciento (10%) a los límites que califican el estado de
invalidez, tendrá que acudirse en forma obligatoria a la Junta Regional de
Calificación de Invalidez por cuenta de la respectiva entidad. Para los casos
de accidente o enfermedad común en los cuales exista concepto favorable de
rehabilitación de la Entidad Promotora de Salud, la Administradora de Fondos de
Pensiones postergará el trámite de calificación de Invalidez hasta por un
término máximo de trescientos sesenta (360) días calendario adicionales a los
primeros ciento ochenta (180) días de incapacidad temporal reconocida por la
Entidad Promotora de Salud, evento en el cual, con cargo al seguro previsional
(sic) de invalidez y sobrevivencia o de la entidad de previsión social
correspondiente que lo hubiere expedido, la Administradora de Fondos de
Pensiones otorgará un subsidio equivalente a la incapacidad que venía
disfrutando el trabajador.
Las Entidades
Promotoras de Salud deberán emitir dicho concepto antes de cumplirse el día
ciento veinte (120) de incapacidad temporal y enviarlo antes de cumplirse el
día ciento cincuenta (150), a cada una de las Administradoras de Fondos de
Pensiones donde se encuentre afiliado el trabajador a quien se le expida el
concepto respectivo, según corresponda. Cuando la Entidad Promotora de Salud no
expida el concepto favorable de rehabilitación, si a ello hubiere lugar, deberá
pagar un subsidio equivalente a la respectiva incapacidad temporal después de
los ciento ochenta (180) días iníciales con cargo a sus propios recursos, hasta
cuando se emita el correspondiente concepto.
[24] Cfr.
T-311 de 1996.
[25] T-311
de 1996.
[26] T-789 de 2005.
[27]
Sentencia T-818 de 2000.
[28]
Sentencia T-772 de 2007. Posición reiterada, entre otras, en las sentencias
T-680 de 2008, T-468 de 2010 y T-237 de 2011.
[29] Artículo 4,
inciso 2: “Este servicio público es esencial en
lo relacionado con el sistema general de seguridad social en salud. Con
respecto al sistema general de pensiones es esencial sólo en aquellas
actividades directamente vinculadas con el reconocimiento y pago de las
pensiones.”
[30] Sentencia T-201
de 2013
[31] Ibídem.
[32] Sentencia T-334
de 2011.
[33] Ibídem.
[34] Sentencia T-122
de 2010.
[35] Sentencia T-334
de 2011.
[36] Sentencia C-177
de 1998. MP. La aplicación de la figura del allanamiento a la mora en materia
de licencia por maternidad, ha sido reiterada por esta corporación en abundante
jurisprudencia, ver sentencias: T-005/06, T-105/06, T-150/06, T-182/06, T-202/06, T-208/06, T-210/06, T-218/06, T-336/06, T-347/06, T-360/06, T-371/06, T-408/06, T-409/06, T-414/06, T-437/06, T-459/06, T-481/06, T-543/06, T-569/06, T-603/06, T-674/06, T-946/06, T-983/06, T-1011/06, T-1024/06, T-1058/06, T-1089/06, T-003/07, T-008/07, T-032/07, T-034/07, T-039/07, T-088/07, T-122/07,
T-629/07, T-667/07, T-707/07,  entre otras.
[37] Sentencia T-413
de 2007.
[38] MP Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[39] Sentencia T-956
de 2008.
[40]
Sentencia T-862 de 2013 (MP Alberto Rojas Ríos), que será explicada en párrafos
posteriores.
[41] MP Alberto
Rojas Ríos.
[42] Sobre el
particular puede consultarse la sentencia T-483 de 2007 (MP Álvaro Tafur
Galvis). En esta oportunidad, la Sala Octava de Revisión, estudió el caso de un
señor a quien la EPS le negó el reconocimiento y pago de la incapacidad laboral
expedida por enfermedad general, aduciendo que conforme lo indicaba el artículo
21 del Decreto 1804 de 1999:“Los pagos a que alude el presente numeral,
deberán haberse efectuado oportunamente por lo menos durante 4 meses de los
seis anteriores a la fecha de causación del derecho”. Conforme se
extrae de los hechos de la tutela, el accionante pagó los aportes a la salud,
si bien no de manera puntual, si los canceló y la entidad accionada los recibió
sin hacerle ningún tipo de reparo. En esta ocasión, se reiteró lo dicho en la
sentencia T-413 de 2004 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) considerando que en
razón de importantes elementos comunes que se presentaban entre los casos de
falta de pago de incapacidades laborales y falta de pago de la licencia de
maternidad, las líneas jurisprudenciales sobre licencia de maternidad
resultaban aplicables a los casos en que un juez de tutela se enfrentara a
solicitudes de pago de incapacidades. La Sala decidió conceder el amparo y ordenar
el pago de lo pretendido, con fundamento en (i) la difícil situación económica
del accionante al dejar de percibir remuneración alguna, siendo su único
sustento, y (ii) el hecho de que la entidad accionada no demostró haberse
opuesto en su momento al pago de los aportes, ni haber iniciado acciones
correspondientes encaminadas a exigir el cobro de lo adeudado, por lo que se
había allanado a la mora. En igual sentido, la sentencia T-418 de 2008 (MP
Marco Gerardo Monroy Cabra). En esta ocasión, la Sala Sexta de Revisión estudió
la situación de una trabajadora independiente, a quien la EPS le negó el
reconocimiento de unas incapacidades laborales derivadas de la ocurrencia de un
accidente de tránsito, aduciendo la extemporaneidad en la cancelación de los aportes
al sistema de seguridad social en salud. La Sala ordenó el pago de las
incapacidades expedidas, considerando que (i) la entidad prestadora de salud se
había allanado en la mora al momento de no requerirle a la actora el pago
oportuno de los aportes ni haberle rechazado los mismos por ser extemporáneos;
por tanto, dicha entidad no podía oponerse a la autorización de las
incapacidades reclamadas, y (ii) se encontraba afectado el mínimo vital de la
peticionaria, en tanto durante el periodo de tiempo que permaneció
incapacitada, no recibió ingreso alguno, el cual equivalía a un salario de
cuatrocientos treinta y tres mil setecientos pesos y como consecuencia de ello,
tuvo que enfrentar una difícil situación económica, llegando casi a la
mendicidad. En la misma línea, la sentencia T-334 de 2009 (MP Juan Carlos Henao
Pérez). En esta ocasión, a la Sala Primera de Revisión le correspondió
determinar si una EPS vulneraba los derechos fundamentales al mínimo vital, y a
la vida en condiciones dignas de una mujer en estado de embarazo, al no
cancelar la prestación económica surgida con ocasión de la incapacidad médica
reconocida por 30 días como consecuencia de serios trastornos en su proceso de
gestación. Como trabajadora independiente, la accionante reclamó a su EPS el
pago de la prestación pero la misma le fue negada aduciendo mora en el pago de
los aportes. La Sala concedió el amparo pretendido y ordenó el reconocimiento y
pago de la incapacidad solicitada. Como sustento de su decisión, consideró que
la accionante cumplió en su momento con los requisitos legal y
jurisprudencialmente señalados, pues además de haber pagado los últimos cuatro
meses de cotizaciones anteriores a la iniciación de su incapacidad, la EPS que
ahora invocaba la reiterativa extemporaneidad en dichos pagos, jamás puso en
conocimiento tal situación a la actora y mucho menos tomó las medidas
conducentes para solucionarla, por lo que se configuraba una clara situación de
allanamiento a la norma. Igualmente, consideró que durante el periodo de tiempo
en que la usuaria estuvo incapacitada, no contó con un ingreso económico para
suplir sus necesidades básicas personales y de quienes dependían económicamente
de ella, razón por la cual sus derechos al mínimo vital y a una vida en
condiciones dignas, se vieron efectivamente vulnerados.
[43] En la
Sentencia T-520 de 2008, la Corte Constitucional concedió la tutela de una
persona que solicitaba el pago de incapacidades laborales por enfermedad de
origen común, pero estimó que en ese caso concreto la EPS no estaba obligada a
pagarlas porque el trabajador no había efectuado el número mínimo de
cotizaciones exigido por las normas correspondientes, que era de cuatro
semanas. El artículo 3, No. 1 del Decreto 47 de 2000, modificado por el Decreto
783 de 2000  dispone: “[p]ara acceder a las prestaciones económicas
generadas por incapacidad por enfermedad general, los trabajadores dependientes
e independientes deberán haber cotizado un mínimo de cuatro (4) semanas en
forma ininterrumpida y completa (…)”. Ese artículo fue luego modificado
por el Decreto 783 de 2000.
[44] De
acuerdo con lo que ha dispuesto la jurisprudencia constitucional, aunque en
principio las EPS no están obligadas a cubrir las incapacidades laborales de
los afiliados morosos, si no han requerido a los afiliados el pago oportuno de
los aportes al sistema o han recibido el  pago extemporáneo de los mismos sin
objetarlo, se allanan a la mora y pierden la posibilidad de rehusarse al pago
de las prestaciones económicas. Cfr., Sentencias T-413 de 2004 y T-1090 de
2007. En la primera de estas, la Corte extendió al pago de incapacidades
laborales las reglas que sobre allanamiento a la mora en materia de licencias
de maternidad había construido la jurisprudencia. En ese sentido, estableció
que del principio de la buena fe, entendido como la confianza en las relaciones
jurídicas de las partes, si una empresa promotora de salud no alega la mora en
la cancelación de los aportes realizados por el empleador a la seguridad
social, posteriormente no puede negar la prestación económica del trabajador
por ese hecho, de aceptarse lo contrario implicaría favorecer la propia
negligencia en el cobro de la cotización e impondría una carga desproporcionada
a la parte más débil de esta relación triangular: el trabajador.
[45] En la
Sentencia T-311 de 1996, la Corte concedió la tutela del derecho al mínimo
vital de una persona que solicitaba el pago de prestaciones económicas por
incapacidad laboral. La orden de pago estuvo dirigida al empleador de la
tutelante, porque en ese caso no había suministrado la información pertinente
acerca de la enfermedad concreta de la empleada. La Corte adujo que: “[d]e
la normatividad vigente resulta, tanto por la necesidad de dar aplicación a los
preceptos constitucionales como por las reglas establecidas en la ley, que
existe una clara e impostergable obligación, exigible de manera inmediata por
los trabajadores y a cargo de las entidades pertenecientes al Sistema General
de Seguridad Social, de cubrir de manera oportuna las incapacidades que se
originen, a menos que el patrono estuviere en mora en el pago de las
cotizaciones, que no hubiere inscrito oportunamente al trabajador o que no
hubiere suministrado las pertinentes informaciones acerca de la incapacidad
concreta del empleado -como en este caso-, eventos en los cuales deberá asumir
directamente tales pagos”.
[46] Artículo  9°.
El numeral 1 del artículo 3° del Decreto 047 de 2000, quedará así: "1.
Incapacidad por enfermedad general. Para acceder a las prestaciones económicas
generadas por incapacidad por enfermedad general, los trabajadores dependientes
e independientes deberán haber cotizado, un mínimo de cuatro (4) semanas en
forma ininterrumpida y completa, sin perjuicio de las normas previstas para el
reconocimiento de prestaciones económicas, conforme las reglas de control a la
evasión."
[47] “Por el cual se dictan normas
para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública”
[48] Decreto Ley 019
de 2012, Articulo  142.
CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE INVALIDEZ. El artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 52 de la Ley 962 de 2005, quedará así: "Artículo 41.Calificación del Estado de Invalidez. El
estado de invalidez será determinado de conformidad con lo dispuesto en los
artículos siguientes y con base en el manual único para la calificación de
invalidez vigente a la fecha de calificación. Este manual será expedido por el
Gobierno Nacional y deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación para
calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por
pérdida de su capacidad laboral. Corresponde
al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones
-COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, a las
Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las
Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la
pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de
estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la
calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días
siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de
Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días
siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación
de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas
decisiones proceden las acciones legales. El
acto que declara la invalidez que expida cualquiera de las anteriores
entidades, deberá contener expresamente los fundamentos de hecho y de derecho
que dieron origen a esta decisión, así como la forma y oportunidad en que el
interesado puede solicitar la calificación por parte de la Junta Regional y la
facultad de recurrir esta calificación ante la Junta Nacional. Cuando la incapacidad declarada por una de las
entidades antes mencionadas (ISS, Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones -, ARP, aseguradora o entidad promotora de salud) sea inferior en
no menos del diez por ciento (10%) a los límites que califican el estado de
invalidez, tendrá que acudirse en forma obligatoria a la Junta Regional de
Calificación de Invalidez por cuenta de la respectiva entidad. Para los casos de accidente o enfermedad común
en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación de la Entidad
Promotora de Salud, la Administradora de Fondos de Pensiones postergará el
trámite de calificación de Invalidez hasta por un término máximo de trescientos
sesenta (360) días calendario adicionales a los primeros ciento ochenta (180)
días de incapacidad temporal reconocida por la Entidad Promotora de Salud,
evento en el cual, con cargo al seguro previsional (sic) de invalidez y
sobrevivencia o de la entidad de previsión social correspondiente que lo hubiere
expedido, la Administradora de Fondos de Pensiones otorgará un subsidio
equivalente a la incapacidad que venía disfrutando el trabajador. Las Entidades Promotoras de Salud deberán
emitir dicho concepto antes de cumplirse el día ciento veinte (120) de incapacidad
temporal y enviarlo antes de cumplirse el día ciento cincuenta (150), a cada
una de las Administradoras de Fondos de Pensiones donde se encuentre afiliado
el trabajador a quien se le expida el concepto respectivo, según corresponda.
Cuando la Entidad Promotora de Salud no expida el concepto favorable de
rehabilitación, si a ello hubiere lugar, deberá pagar un subsidio equivalente a
la respectiva incapacidad temporal después de los ciento ochenta (180) días
iníciales con cargo a sus propios recursos, hasta cuando se emita el
correspondiente concepto.
[49]
Artículo 23 del Decreto 2463 de 2001. “(…)para los casos de accidente o
enfermedad común en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación, la
administradora de fondos de pensiones con la autorización de la aseguradora que
hubiere expedido el seguro previsional de invalidez y sobrevivencia o entidad
de previsión social correspondiente, podrá postergar el trámite de calificación
ante las juntas de calificación de invalidez hasta por un término máximo de
trescientos sesenta (360) días calendario adicionales a los primeros ciento
ochenta (180) días de incapacidad temporal otorgada por la entidad promotora de
salud, siempre y cuando se otorgue un subsidio equivalente a la incapacidad que
venía disfrutando el trabajador.”
[50]
Sentencias C-401 de 2003, T-1258 de 2008, T-370 de 2004, T-884 de 2006, T-826
de 2004, T-179 de 2000, T-340 de 2010, entre muchos otros. “Esta Corporación ha
establecido en jurisprudencia reiterada y uniforme que las personas con
discapacidad son sujetos de especial protección constitucional[50],
como consecuencia de los mandatos de igualdad ante la ley, prohibición de
discriminación, y promoción y protección de grupos tradicionalmente
discriminados o personas en condición de debilidad manifiesta (artículo 13 de
la Constitución Política), y de la obligación del Estado de propiciar la
reintegración y rehabilitación de las personas en condición de discapacidad
(artículo 47 de la Constitución Política)”.
[51] Cuaderno de
tutela, folio 18.
[52]
file:///D:/Users/JuanGG/Downloads/D04AfiliacionesPersonaRUAF%20(5).pdf
[53] Artículo 206.
Incapacidades. Para los afiliados de que trata el literal a) del artículo 157, el
régimen contributivo reconocerá las incapacidades generadas en enfermedad
general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Para el
cubrimiento de estos riesgos las Empresas Promotoras de Salud podrán
subcontratar con compañías aseguradoras. Las incapacidades originadas en
enfermedad profesional y accidente de trabajo serán reconocidas por las
Entidades Promotoras de Salud y se financiarán con cargo a los recursos
destinados para el pago de dichas contingencias en el respectivo régimen, de
acuerdo con la reglamentación que se expida para el efecto.
[54] Artículo 21.
Reconocimiento y pago de licencias. Los
empleadores o trabajadores independientes, y personas con capacidad de pago,
tendrán derecho a solicitar el reembolso o pago de la incapacidad por
enfermedad general o licencia de maternidad, siempre que al momento de la
solicitud y durante la incapacidad o licencia, se encuentren cumpliendo con las
siguientes reglas: 1. Haber cancelado en forma completa sus cotizaciones como
Empleador durante el año anterior a la fecha de solicitud frente a todos sus
trabajadores. Igual regla se aplicará al trabajador independiente, en relación
con los aportes que debe pagar al Sistema. Los pagos a que alude el presente
numeral, deberán haberse efectuado en forma oportuna por lo menos durante
cuatro (4) meses de los seis (6) meses anteriores a la fecha de causación del
derecho. Cuando el empleador reporte la novedad de ingreso del trabajador, o el
trabajador independiente ingrese por primera vez al Sistema, el período de que
trata el presente numeral se empezará a contar desde tales fechas, siempre y
cuando dichos reportes de novedad o ingreso al Sistema se hayan efectuado en la
oportunidad en que así lo establezcan las disposiciones legales y
reglamentarias. Esta disposición comenzará a regir a partir del 1º de abril del
año 2000. 2. No tener deuda pendiente con las Entidades Promotoras de Salud o
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud por concepto de reembolsos que
deba efectuar a dichas entidades, y conforme a las disposiciones vigentes sobre
restricción de acceso a los servicios asistenciales en caso de mora.
Conforme a la
disposición contenida en el numeral 1 del presente artículo, serán de cargo del
Empleador el valor de las licencias por enfermedad general o maternidad a que
tengan derecho sus trabajadores, en los eventos en que no proceda el reembolso
de las mismas por parte de la EPS, o en el evento en que dicho empleador
incurra en mora, durante el período que dure la licencia, en el pago de las
cotizaciones correspondientes a cualquiera de sus trabajadores frente al
sistema. En estos mismo eventos, el trabajador independiente no tendrá derecho
al pago de licencias por enfermedad general o maternidad o perderá este derecho
en caso de no mediar el pago oportuno de las cotizaciones que se causen durante
el período en que esté disfrutando de dichas licencias. 3. Haber suministrado
información veraz dentro de los documentos de afiliación y de autoliquidación
de aportes al Sistema. 4. No haber omitido su deber de cumplir con las reglas
sobre períodos mínimos para ejercer el derecho a la movilidad durante los dos
años anteriores a la exigencia del derecho, evento en el cual, a más de la
pérdida de los derechos económicos, empleado y empleador deberán responder en
forma solidaria por los aportes y demás pagos a la entidad promotora de salud
de la que pretenden desvincularse o se desvincularon irregularmente. Para este
efecto, los pagos que deberán realizar serán equivalentes a las sumas que
falten para completar el respectivo año de cotización ante la entidad de la que
se han desvinculado, entidad que deberá realizar la compensación una vez reciba
las sumas correspondientes. 5.  Derogado por el art. 20. Decreto Nacional 783 de 2000. No
tratarse de incapacidad generada por la atención de una exclusión del Plan
Obligatorio de Salud o las complicaciones de dichas exclusiones, conforme las
disposiciones legales.
[55]Artículo  9°. El
numeral 1 del artículo 3° del Decreto 047 de 2000, quedará así: "1.
Incapacidad por enfermedad general. Para acceder a las prestaciones económicas
generadas por incapacidad por enfermedad general, los trabajadores dependientes
e independientes deberán haber cotizado, un mínimo de cuatro (4) semanas en
forma ininterrumpida y completa, sin perjuicio de las normas previstas para el
reconocimiento de prestaciones económicas, conforme las reglas de control a la
evasión."
[56]
Sentencia T-110 de 2008: “Los elementos señalados, aunados a la pérdida de
capacidad laboral de la peticionaria, lo que la ubica por fuera del mercado
laboral, son suficientes para concluir que existe el peligro de que la negativa
de reconocimiento de la pensión de invalidez derive en un perjuicio
irremediable para sus condiciones materiales de subsistencia, en circunstancias
acordes con la dignidad humana.”.
[57] Artículo  95. La calidad de colombiano enaltece a todos los
miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y
dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta
Constitución implica responsabilidades. (…) 2. Obrar conforme al principio de
solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que
pongan en peligro la vida o la salud de las personas;(…)
[58]
Ver sentencias T-777 de 2009, T-796 de 2010, T-755 de 2011, T-028, T-687,
T-924,T-574 y T-226 de 2012, T-779 de 2016.
[59]
Incapacidad
Nº de
Incapacidad
Inicio
Fin
Total días
1
7826417
10/08/2014
8/09/2014
30
2
7826429
9/09/2014
8/10/2014
30
3
7826438
09/10/ 2014
30/10/2014
22
4
7826477
31/10/ 2014
29/11/2014
30
5
8154045
30/11/2014
29/12/2014
30
6
8154069
30/12/2014
28/01/2015
30
7
8113335
31/01/2015
01/03/2015
30
8
8113350
02/03/2015
31/03/2015
30
Total
232
[60]ARTICULO.
24.-Acciones de cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los
diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del
incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la
reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación
mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo.
[61]ARTICULO.
57.-Cobro coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, las entidades
administradoras del régimen de prima media con prestación definida podrán
establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus créditos.
[62] “Las
Entidades Promotoras de Salud deberán emitir dicho concepto antes de cumplirse
el día ciento veinte (120) de incapacidad temporal y enviarlo antes de
cumplirse el día ciento cincuenta (150), a cada una de las Administradoras de
Fondos de Pensiones donde se encuentre afiliado el trabajador a quien se le
expida el concepto respectivo, según corresponda. Cuando la Entidad Promotora
de Salud no expida el concepto favorable de rehabilitación, si a ello hubiere
lugar, deberá pagar un subsidio equivalente a la respectiva incapacidad
temporal después de los ciento ochenta (180) días iníciales con cargo a sus
propios recursos, hasta cuando se emita el correspondiente
concepto.”