T-054-04
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-054/04
DERECHO DE PETICION-Alcance
DERECHO DE PETICION EN MATERIA PENSIONAL-Términos para resolver
DERECHO DE PETICION SOBRE RECONOCIMIENTO DE
PENSION-Después de
transcurridos cuatro meses no se ha resuelto la solicitud
SEGURO SOCIAL-Obligación de responder solicitud de reconocimiento
de pensión
Referencia: expediente T-797612
Peticionario: Mario Tonguino Suárez
Accionado: I.S.S. Seccional Valle del Cauca
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de enero de
dos mil cuatro (2004).
La Sala Sexta de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Eduardo Montealegre Lynett, Álvaro Tafur Galvis y
Marco Gerardo Monroy Cabra, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la sentencia
proferida el 31 de julio de 2003, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Palmira Valle.
I.
HECHOS
Manifiesta el tutelante, que presentó
solicitud  de pensión de vejez el 14 de febrero de 2003, la cual hasta la fecha
de radicación de la tutela el 21 de julio del mismo año, no había sido
resuelta. Por esta razón y habiendo transcurrido más de cuatro meses sin
obtener respuesta, interpuso la presente acción de tutela por considerar, que
la omisión de la entidad accionada  vulnera su derecho fundamental de petición.
El peticionario aporta como prueba, el
desprendible de la radicación de los documentos,  No. 363593.
II. DECISIÓNES JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN
A. Primera Instancia
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Palmira Valle, mediante fallo proferido el 31 de julio de 2003, negó el amparo
solicitado por el señor Tonguino Suárez, por considerar que de acuerdo a lo
prescrito por la Ley 700 de 2001, el Seguro Social cuenta con un plazo no mayor
de seis meses para adelantar  los trámites necesarios tendientes al pago de las
mesadas pensionales, plazo que empieza a correr a partir del momento en que se
eleve la solicitud de reconocimiento de la pensión por parte del interesado. En
este orden, el a quo concluye afirmando que el Seguro social aún se
encuentra  dentro del plazo  previsto por la mencionada Ley.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
A. Competencia
Esta Corte es competente de conformidad con
los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, y el decreto 2591 de 1991,
para revisar el presente fallo de tutela.
B. Fundamentos
1.
Problema
jurídico
Corresponde a la Sala Sexta de
Revisión establecer si el Instituto de Seguros sociales Seccional Valle del
Cauca, ha vulnerado el derecho de petición del señor Mario Tonguino Suárez al
no haber dado respuesta al momento de la interposición de la tutela, a la
solicitud de reconocimiento de pensión de vejez, presentada ante la entidad
demandada el 14 de febrero de 2003.
2. Derecho de
petición
De manera reiterada  la Corte se ha pronunciado en
torno de  la obligación de la administración de dar una respuesta pronta y de
fondo a las peticiones a ella formuladas[1],
destacando el carácter  fundamental[2].
del derecho de petición. En este sentido esta Corporación ha precisado el
alcance del ejercicio y del contenido de este derecho fundamental en los
siguientes términos: [3]
(i) El derecho de petición es fundamental y
determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia
participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los
derechos a la información, a la participación política y a la libertad de
expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser
resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo
solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el
cual debe ser lo más corto posible[4];
(v)la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta
siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se
aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares[5]; (vii) el silencio
administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía
gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de
petición[6]
pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la
prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; (viii) el
derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa[7]; (ix) la falta de
competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de
responder;[8]
y (x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar
su respuesta al interesado.[9]
3. Término para resolver las solicitudes relacionadas
con la pensión. Alcance del artículo 4º de la Ley 700 de 2001. Reiteración de
jurisprudencia.
Como regla general, se
ha entendido[10]
que el término que tiene la administración para resolver las peticiones
formuladas, es el establecido en el  artículo 6º del Código Contencioso
Administrativo que señala 15 días para resolver. La jurisprudencia de la Corte
ha manifestado que en los casos en que  no sea posible responder de fondo la
cuestión planteada, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto, la
autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en
el cual se efectuará la  contestación con base en criterios de razonabilidad en
torno al grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.
De esta manera, cuando en determinados casos no
aparece señalado un término dentro del cual debe decidir la administración
sobre las peticiones respetuosas que se le presenten, por analogía se han
aplicado las normas del Código Contencioso Administrativo que establecen que en
el caso de peticiones de carácter particular la administración tiene un plazo
de 15 días para responder, a menos que por la naturaleza del asunto se requiera
un tiempo mayor para resolver, lo cual no es óbice para que la administración
responda, dado que ésta tiene la obligación de informar al peticionario dentro
del término de los 15 días, cuánto le tomará resolver el asunto y el plazo
razonable dentro del cual lo hará.
Sin embargo, en materia de pensiones, el
legislador expidió la Ley 700 de 2001[11],
“por medio de la cual se dictan medidas tendientes a mejorar las condiciones de
vida de los pensionados y se dictan otras disposiciones”, cuyo  artículo 4
consagra:
“A partir de la vigencia de la presente
ley, los operadores públicos y privados del sistema general de pensiones y
cesantías, que tengan a su cargo el reconocimiento del derecho pensional,
tendrán un plazo no mayor de seis meses a partir del momento en que se eleve la
solicitud de reconocimiento por parte del interesado para adelantar los
trámites necesarios tendientes al pago de las mesadas correspondientes.”
Respecto de este término y sus alcances, la
Sala reitera la jurisprudencia consolidada[12]
en cuanto a que las entidades públicas o privadas del Sistema General de
Pensiones para hacer efectivo el derecho solicitado cuentan, en total, con un
término máximo de seis meses para tramitar y comenzar a pagar la pensión
respectiva, que se distribuyen así: quince días para atender preliminarmente la
petición y hacer las indicaciones que fueren pertinentes al solicitante; cuatro
meses para resolver la solicitud de la petición en concreto, de tal manera que
se comience a pagar la pensión correspondiente a más tardar seis meses después
de que se hizo la solicitud inicial. De esta manera se concluye que la
sumatoria de todos los trámites, desde la solicitud de pensión hasta la resolución
de otorgamiento, no puede sobrepasar los seis meses.
En este sentido, la Sala reitera la eficacia del
derecho de petición, el cual no se debe estimar desplazado por los términos
mencionados con antelación:
Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional
para la resolución de recursos interpuestos ante decisiones que resuelven sobre
el reconocimiento o no reconocimiento de una pensión “sigue vigente y le
resulta aplicable (...) el término de 15 días hábiles a que hace referencia
expresa el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo”[13].
De esta manera, ante  eventos  en los que  se presente
un derecho de petición sobre una materia para la cual existe norma que
establezca el término para su contestación, como lo sería el caso de la pensión
gracia, y no sea posible responder de fondo la cuestión planteada dentro de los
15 días establecidos por la regla general, la autoridad deberá explicar los
motivos y señalar el término en el cual se efectuará la  contestación, que en
todo caso no podrá ser posterior al vencimiento del término máximo dispuesto
por la regulación correspondiente. En efecto, la administración tiene el deber
de informar al petente dentro del plazo establecido por el artículo 6 del
Código Contencioso Administrativo, el curso de su solicitud y el término que
falta para que la entidad conteste de fondo la petición, esto es, el tiempo que
falta para el vencimiento de los cuatro meses referidos.
Del caso en concreto
Como aparece demostrado en el expediente, el ciudadano
Mario Tonguino Suárez presentó ante el Instituto de Seguros Sociales, Seccional
Valle del Cauca, solicitud de reconocimiento de pensión de gracia el 14 de
febrero de 2003, es decir que habían transcurrido cinco (5) meses y siete (7)
días cuando acudió a la formulación de la tutela, el 21 de julio de 2003.
En consecuencia, la Sala advierte que al
momento de presentar la acción de tutela de la referencia, el término de cuatro
meses para responder la solicitud de reconocimiento de la pensión – toda vez
habían transcurrido cinco (5) meses y siete (7) días -, ya había vencido.
Por tal razón,  la entidad demandada
estaba en la obligación de hacerle saber al actor, la decisión de fondo sobre
su solicitud de reconocimiento de pensión de vejez.
En este sentido y ante la
situación fáctica del caso, la Sala estima necesario realizar dos precisiones.
Primero, señalar que el juez de instancia erró en el fallo materia de revisión,
por cuanto  negó el amparo con base en el término de seis meses fijado por la
Ley 700 de 2001 sin tener en  cuenta la jurisprudencia constitucional ni la ley
existente sobre el tema del derecho de petición,  en torno al referido término
de cuatro meses para pronunciarse  sobre el reconocimiento de la pensión.
Y segundo reiterarle a
Instituto de Seguros Sociales, la obligación constitucional y legal que tiene
como autoridad, de responder oportunamente a las solicitudes que se le
formulen.
En consecuencia, esta Sala concederá la tutela
solicitada por el señor Mario
Tonguino Suárez y ordenará al Instituto de Seguros Sociales, en el evento de
que aún no haya emitido decisión de fondo, lo haga en el plazo máximo de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política
RESUELVE
PRIMERO : REVOCAR
el fallo de julio
treinta y uno (31) del año dos mil tres (2003), proferido por el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Palmira  - Valle y en su lugar, TUTELAR
el derecho de petición solicitado por el señor mario tonguino suárez.
SEGUNDO: ORDENAR al INSTITUTO DE Seguros Sociales Seccional Valle
del Cauca, que si aún no lo ha hecho, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia profiera el acto
administrativo correspondiente que resuelva de fondo lo solicitado por el señor
mario tonguino suárez.
TERCERO : PREVENIR al INSTITUTO DE Seguro Social para que en el futuro se abstenga de
incurrir en esta clase de actuaciones que como en el caso concreto vulnera los
derechos fundamentales de sus afiliados.
CUARTO: Para los efectos del artículo 36 del decreto 2591 de
1991, el juzgado de origen hará las notificaciones y tomará las medidas
conducentes para el cumplimiento de esta sentencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General (e)
[1] En el
mismo sentido, pueden consultarse,
entre otras, las sentencias SU-166 de 1999, T-307 de 1999, T-377 de 2000, T-079 de 2001,
T-129 de 2001, T-418 de 2001, T-1089 de 2001,
T-279 de 1994, T-604 1995, T-766 de 2003, T-565 de 2001.
[2] Véanse
entre otras las Sentencias T-481/92,  T-056/94 y T-275/97.
[3] En las
sentencias T-377 de 2000, MP. Alejandro Martínez Caballero y T-1060 A de 2001,
MP.  Manuel José Cepeda Espinosa, fueron sintetizadas las líneas
características del derecho de petición.
[4]
Sentencia T-481 de 1992, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein.
[5] Al
respecto véase la sentencia T-695 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierrra.
[6]
Sentencia  T-1104 de 2002, M.P Manuel José Cepeda.
[7]
Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.
[8]
Sentencia 219 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz.
[9]
Sentencia 249 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[10] En este mismo sentido consúltese la sentencia T- 1169 A de
2001, M.P. Manuel José Cepeda
[11] Diario Oficial No. 44.614, 14 de noviembre de 2001.
[12] Sentencia T-326 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[13] Sentencia T-001 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.