T-884-01
Sentencia T-819/01
Sentencia T-884/01
DERECHO A LA
SALUD-Suministro de
prótesis por E.P.S.
Referencia:
expediente T- 446025
Acción de
tutela instaurada por Adalberto Manjarrés Valencia contra Susalud E.P.S.
Magistrado
Ponente:
Dr. EDUARDO
MONTEALEGRE LYNETT.
Bogotá ,D.C., agosto nueve (9) de dos mil
uno (2001).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Montealegre Lynett,
Alvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en uso de sus facultades
constitucionales y legales ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los
fallos proferidos por el Juzgado Ochenta y Seis Penal Municipal de Bogotá y el
Juzgado Treinta y Seis Penal del Circuito de Bogotá, en el trámite de la acción
de tutela instaurada por Adalberto Manjarrés Valencia, mediante apoderado,
contra Susalud E.P.S.
ANTECEDENTES.
El señor German Varón Cotrino personero
de Bogotá instauró acción de tutela, en calidad de representante legal de
Adalberto Manjarrés Valencia, en contra de Susalud E.P.S., por considerar que
dicha entidad, ha vulnerado los derechos a la vida, a la salud, a la integridad
personal y a la seguridad social del demandante, debido a que se ha negado a
suministrarle una prótesis, que le fuera ordenada por su médico tratante,
aduciendo que se encuentra excluido del Plan Obligatorio de Salud.
Los hechos que originaron las sentencias
materia de revisión son los siguientes:
1. El accionante se encuentra afiliado a
Susalud desde el veintiuno (21) de mayo de 1999, como cotizante de la empresa
KW en la cual trabaja.
2. El demandante hace once años sufrió
una enfermedad y, por ende, le tuvieron que amputar la pierna izquierda.
3. Posteriormente, el galeno tratante del
accionante le prescribió una nueva prótesis de conformidad con las necesidades
de éste.
4. En consecuencia, el demandante
solicitó a Susalud E.P.S. que le suministrara la prótesis que le había sido
formulada por su médico tratante, sin embargo, ésta no fue entregada, por
cuanto no se encuentra establecida dentro de la cobertura del Plan Obligatorio
de Salud.
5. De esta manera, el señor Adalberto
Manjarrés Valencia, mediante apoderado, interpone acción de tutela contra
Susalud E.P.S., por considerar vulnerados los derechos a la salud, a la vida, a
la integridad personal y a la seguridad social.
Pretensión.
El accionante solicita se ordene a la
entidad demandada el suministro de la prótesis “convencional para amputación
de rodilla Mll, rodilla libre, pie tipo sach importado 27L tacón 25 mm”.
SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN.
Primera instancia.
El Juzgado Ochenta y Seis Penal Municipal
de Bogotá, mediante providencia del veintidós (22) del mes de enero de 2001,
negó la protección pretendida por el accionante. Al respecto, el despacho
judicial afirmó lo siguiente: ”el hecho de que el galeno haya ordenado el
cambio de la prótesis, ello no necesariamente conlleva a que la salud del
paciente este gravemente afectada o peligre su vida, y en ese sentido no es
factible tutelar el derecho a la vida a través de la presente acción, ya que el
Máximo tribunal constitucional ha manifestado la necesidad de analizar cada
caso en particular para no poner en riesgo tanto los recursos de la sociedad
que son limitados y normalmente escasos, ni el sistema mismo de seguridad
social” (fl.67).
Sentencia de Segunda Instancia.
EL Juzgado Treinta y Seis Penal del
Circuito de Bogotá, mediante sentencia del veintiocho (28) del mes de febrero
de 2001, confirmó la decisión del juez de primera instancia, por cuanto “no
basta, como quedó visto, con la demostración de la afiliación de la persona al
régimen de seguridad social y que el médico tratante haya dado la orden de
cambio de la prótesis, como lo asegura el apelante, ni mucho menos que en el
personal criterio del paciente las condiciones actuales del aparato esté
afectando la columna vertebral, pues ello fue descartado por el medico
respectivo; tampoco lo es que esté demostrada la incapacidad económica del
afiliado para costear con sus propios medios la nueva prótesis; para que la
acción de tutela pueda prosperar, requisito inicial y esencial es que
efectivamente se amenace un bien jurídico tutelado, y es por lo que los
argumentos del impugnante no están llamados a prosperar, para modificar el
fallo de primera instancia, el cual se mantendrá integralmente” (fl.105).
ll. CONSIDERACIONES DE LA SALA.
El problema jurídico planteado.
De conformidad con la situación fáctica
que ha sido planteada en esta causa, le corresponde a la Sala definir si la
entidad demandada vulneró los derechos a la vida, a la salud, a la integridad
personal y a la seguridad social, al negar el suministro de una prótesis al
accionante, en razón de que ésta se encuentra excluida del Plan Obligatorio de
Salud.
La solución del problema.
El derecho a la salud y la vida en
condiciones dignas.
La Corte Constitucional en reiteradas
oportunidades ha señalado que el derecho a la salud, en principio, no ostenta
la calidad de fundamental, sin embargo, este derecho adquiere el carácter de
fundamental cuando, según las circunstancias del caso, se encuentra íntimamente
ligado a un derecho catalogado como fundamental[1].
Al respecto, la Corporación ha señalado:
“La prestación de los
servicios de salud como componente de la seguridad social, por su naturaleza
prestacional, es un derecho y un servicio público de amplia configuración
legal, pues corresponde a la ley definir los sistemas de acceso al sistema de
salud, así como el alcance de las prestaciones obligatorias en este campo (C.P.
48 y 49). La salud no es entonces, en principio, un derecho fundamental,
salvo en el caso de los niños, no obstante lo cual puede adquirir ese carácter
en situaciones concretas debidamente analizadas por el juez constitucional,
cuando este derecho se encuentre vinculado clara y directamente con la
protección de un derecho indudablemente fundamental. Así, el derecho a la salud
se torna fundamental cuando se ubica en conexidad con el derecho a la vida o el
derecho a la integridad personal”[2].
En igual sentido, la Corporación ha
manifestado:
"Si bien el derecho a la salud no es
en si mismo un derecho fundamental, si puede llegar a ser efectivamente
protegido,  cuando la inescindibilidad entre el derecho a la salud y el derecho
a la vida hagan necesario garantizar éste último, a través de la recuperación
del primero, a fin de asegurar el amparo de las personas y de su dignidad. De
ahí que el derecho a la salud sea un derecho protegido constitucionalmente,  en
los eventos en que por conexidad, su perturbación pone en peligro o
acarrea la vulneración de la vida u  otros derechos fundamentales de las
personas"[3].
Por otra parte, el derecho a la vida debe
ser interpretado de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política,
según el cual “Colombia es un estado social de derecho organizado en forma
de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y la prevalencia del interés general” (Subraya la
Sala) y, por ende, el derecho a la vida no se limita a la mera subsistencia
orgánica del individuo, sino que “expresa
una relación necesaria con la posibilidad que les asiste a todas las personas
de  desarrollar dignamente todas las facultades inherentes al ser humano.  Sin
duda, cuando se habla de la posibilidad de existir y desarrollar un determinado
proyecto de vida, es necesario pensar en las condiciones que hagan posible la
expresión autónoma y completa de las características de cada individuo en todos
los campos de la experiencia”[4].
En este caso, las pruebas aportadas
evidencian que la omisión del demandado, en suministrar el aparato ortopédico
requerido por el accionante,  vulnera el derecho a la salud en conexidad con
los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la integridad
personal de éste, pues es importante reconocer que “la  facultad de
desplazamiento, de movilidad y de actividad física, resulta ser una opción
necesaria para que una persona con una discapacidad como la suya, pueda
continuar con una calidad de vida digna e idónea, dada su evidente debilidad”[5].
Sobre este punto, la Corte ha manifestado:
“El concepto de
Vida al que se ha hecho referencia, supone un derecho constitucional
fundamental no entendido como una mera existencia, sino como una existencia
digna con las condiciones suficientes para desarrollar, en la medida de lo
posible, todas las facultades de que puede gozar la persona humana; así mismo,
un derecho a la integridad personal en todo el sentido de la expresión que,
como prolongación del anterior y manifestación directa del principio de la
dignidad humana, impone tanto el respeto por la no violencia física y moral,
como el derecho al máximo trato razonable y la mínima afectación posible del
cuerpo y del espíritu.
El ser humano,
necesita mantener ciertos niveles de salud para sobrevivir y desempeñarse, de
modo que, cuando la presencia de ciertas  anomalías en la salud, aún cuando no
tenga el carácter de enfermedad, afectan esos niveles, poniendo en peligro la
dignidad  personal, resulta válido pensar que el paciente tiene derecho, a
abrigar esperanzas de recuperación, a procurar alivio a sus dolencias, a
buscar, por los medios posibles, la posibilidad de una vida, que no obstante
las dolencias, pueda llevarse con dignidad”[6].
La
exclusión de ciertos tratamientos y medicamentos de la cobertura del Plan
Obligatorio de Salud. Reiteración de jurisprudencia.
El Consejo Nacional de Seguridad Social
en Salud a través del POS  establece los servicios de salud que deben prestar
las Empresas Promotoras de Salud a las personas que estén afiliadas al Sistema
de Seguridad Social en Salud por el Régimen Contributivo[7]. Sin embargo, el Plan
Obligatorio de Salud consagra la existencia de exclusiones y limitaciones, que
en general serán todas “aquellas actividades, procedimientos,
intervenciones, medicamentos y guías de atención integral que expresamente
defina el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, que no tengan por
objeto contribuir al diagnostico, tratamiento y rehabilitación de la
enfermedad; aquellos que sean considerados como cosméticos, estéticos o
suntuarios, o sean el resultado de complicaciones de estos tratamientos o
procedimientos”[8].
No obstante lo anterior, la Corte
Constitucional, en virtud de la supremacía de la Constitución sobre las demás
fuentes formales del derecho, ha inaplicado la reglamentación que excluye el
tratamiento o medicamento requerido, para ordenar que sea suministrado, y
evitar, de ese modo, “que una reglamentación legal o administrativa impida
el goce efectivo de garantías constitucionales y de los derechos fundamentales
a la vida y a la integridad de las personas”[9].
Sobre el tema la Corporación ha señalado lo siguiente:
"Cuando la vida y la salud de
las personas se encuentren grave y directamente comprometidas, a causa de
operaciones no realizadas, tratamientos inacabados, diagnósticos dilatados,
drogas no suministradas, etc., bajo pretextos puramente económicos, aun contemplados
en normas legales o reglamentarias, que están supeditadas a la Constitución,
cabe inaplicarlas en el caso concreto en cuanto obstaculicen la protección
solicitada. En su lugar, el juez debe amparar los derechos a la salud y a
la vida teniendo en cuenta la prevalencia de los preceptos superiores, que los
hacen inviolables"[10]. (Subraya la Sala).
Sin embargo, antes de inaplicar la
normativa que regula las exclusiones y limitaciones del Plan Obligatorio de
Salud, se debe verificar que: 1) la falta del medicamento o tratamiento amenace
o vulnere los derechos fundamentales a la vida o la integridad personal del
afiliado, lo cual debe entenderse no sólo cuando “existe inminente riesgo de
muerte sino también cuando la ausencia de la droga altera condiciones de
existencia digna”[11]
; 2) el medicamento o tratamiento excluido no pueda ser reemplazado por otro
que figure dentro del Plan Obligatorio de Salud ; 3) el paciente no tenga
capacidad de pago para sufragar el costo del medicamento o del tratamiento
respectivo ; 4) el medicamento o tratamiento haya sido prescrito por un médico
adscrito a la Empresa Promotora de Salud a la cual se encuentre afiliado el
demandante. En consecuencia, la Corte luego de verificar el cumplimiento de los
anteriores requisitos, ordena a la entidad demandada la ejecución de la
conducta omitida por ésta, esto es, la entrega del medicamento o la realización
de la intervención quirúrgica ordenada por el médico tratante adscrito a la EPS[12]. De esta manera, el
demandado tiene derecho al reembolso de las sumas pagadas, a través del Fondo
de Solidaridad y Garantía FOSYGA, a fin de preservar el equilibrio financiero
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pues “el sistema de
seguridad social está a cargo del Estado y éste, cuando la situación lo amerite,
procederá a cubrir los gastos extras que se generen en aras de garantizar la
satisfacción del derecho sub judice"[13].
La Corte Constitucional en sentencia
T-796 de 1998, indicó de igual forma que:
“En efecto, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, con la finalidad de proteger los derechos fundamentales de las
personas, ha llevado a una situación en virtud de la cual, por dar cumplimiento
al objetivo fijado por el constituyente en relación con el derecho a la salud y
su conexidad con derechos como la vida y la dignidad humana, y su garantía a
todas las personas a través del plan de atención básico en salud -POS-, las
Empresas Promotoras de Salud se han visto en la obligación de garantizar la
realización de intervenciones, el otorgamiento de medicamentos y otras
prestaciones, a pesar de estar expresamente excluidas de dicho plan, todo ello,
como se indicó, por dar cabal aplicación a la garantía constitucional de los
derechos fundamentales. Claro está, la Corporación siguiendo las normas
superiores y legales, ha reconocido en estos casos el derecho que las EPS
tienen a que el Estado, por intermedio del Fosyga, les reembolse oportunamente
las sumas que deban cancelar para atender el tratamiento, intervención o
medicamentos cuando estén excluidos del plan”[14]. (Subraya la Sala).
Caso concreto.
En el asunto objeto de estudio, de conformidad con el
acervo probatorio obrante en el expediente, la entidad demandada omite entregar
la prótesis al accionante, por cuanto “la resolución 5261 de 1994, que
contiene el Plan Obligatorio de Salud, no contempla el suministro de la
prótesis convencional para amputación arriba de rodilla mii, rodilla libre, pie
tipo Sach importado 27L tacón MM y, en consecuencia, SUSALUD E.P.S., no se
encuentra obligada a cubrirla” (fl.52).
Ahora bien, la Corte Constitucional, en un caso
semejante, consideró que el artículo 12 de la Resolución 5261 de 1994 no
excluye el suministro de prótesis del Plan Obligatorio de Salud y, por ende, la
entidad demandada debe proporcionar el aparato ortopédico al accionante. Al
respecto, la Corporación expreso:
“La interpretación del artículo 12 de
la Resolución 5261 de 1994,  expedida por  el Ministerio de Salud, no puede ser
otra distinta de aquella que el mismo Ministerio interpreta y explica en el
concepto proferido por el Dr. José Armando Porras Niño en su oportunidad, en el
que se incluyen las prótesis de extremidades inferiores dentro de la estructura
del P.O.S. a fin de complementar la capacidad física del paciente. En
efecto, nótese no sólo que esa interpretación es la que resulta acorde con lo
prescrito en el artículo en mención respecto a la definición de lo que implican
estas prótesis, su importancia y su naturaleza, sino que concuerda claramente
con las exclusiones que muy bien define la administración en el artículo 18 de
la misma resolución. En efecto, la Resolución 5261 de 1994, en el artículo 18
aclara la razón de ser de las exclusiones, y expresamente consagra que serán en
general aquellas  que no  tengan por objeto  contribuir con el diagnóstico,
tratamiento o rehabilitación de la enfermedad y aquellas que sean considerados
cosméticas, estéticas o suntuarios.  Así mismo, el artículo 12 de la misma resolución,
señala en el parágrafo correspondiente,  que "Se suministran prótesis,
ortesis y otros: marcapasos, prótesis valvulares y articulares y material de
osteosíntesis, siendo excluidas todas las demás." De esa expresión, al
parecer los otros elementos, son los que resultan después de los dos puntos, de
manera tal que los demás tipos de prótesis se desprenden de la primera parte
del parágrafo.
En consecuencia, y en virtud de lo anteriormente
descrito, se ordenará a la EPS, brindarle al actor la asistencia necesaria para
que le sean adaptados las prótesis, y le sean entregadas las mismas, acorde con
sus necesidades ortopédicas"[15].
Por consiguiente,
la Sala de conformidad con el precedente mencionado, ordenara que la entidad
demandada suministre la prótesis al accionante, a fin de garantizarle una
existencia en condiciones dignas, pues “el derecho a la vida no significa una
posibilidad simple de existencia, cualquiera que sea, sino por el contrario,
una existencia en condiciones dignas y cuya negación es, precisamente, la
prolongación de dolencias físicas, la generación de nuevos malestares y el
mantenimiento de un estado de enfermedad, cuando es perfectamente posible
mejorarla en aras de obtener una óptima calidad de vida”[16]. En igual sentido, la
Corte en sentencia T-096 de 1999, indicó:
"El derecho a
la vida en sí mismo considerado, no es un concepto restrictivo que no se limita
solamente a la idea reducida  de peligro de muerte, sino que es un concepto
que se extiende a la posibilidad concreta de recuperación y mejoramiento de las
condiciones de salud, en la medida en que ello sea posible, cuando éstas
condiciones se encuentran debilitadas o lesionadas y afecten la calidad de vida
de las personas o las condiciones necesarias para garantizar a cada quien, una
existencia digna”[17]
(Subraya la Sala).
De esta manera, la Sala considera
procedente revocar la sentencia de febrero veintiocho (28) de dos mil uno
(2001), proferida por el Juzgado Treinta y Seis Penal del Circuito de Bogotá,
mediante la cual decidió confirmar el fallo dictado por el Juzgado Ochenta y
Seis Penal Municipal de Bogotá, y en su defecto proteger el derecho a la salud
en conexidad con los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y a
la integridad personal del accionante.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR la sentencia  de
segunda instancia proferida por el Juzgado Treinta y Seis Penal del Circuito de
Bogotá, mediante la cual decidió CONFIRMAR el fallo dictado por el Juzgado
Ochenta y Seis Penal Municipal de Bogotá, y en su lugar TUTELAR el derecho a la
salud en conexidad con los derechos fundamentales a la vida en condiciones
dignas y a la integridad personal de
Adalberto
Manjarrés Valencia
Segundo.- ORDENAR a Susalud E.P.S. que, a más tardar dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación del fallo, entregue la prótesis “convencional
para amputación de rodilla Mll, rodilla libre, pie tipo sach importado 27L
tacón 25 mm” al accionante.
Tercero.
Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
EDUARDO
MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNANDEZ
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1]Sobre el tema la Corporación ha manifestado: “Los derechos
fundamentales por conexidad son aquellos que no siendo denominados como tales
en el texto constitucional, sin embargo, les es comunicada esta calificación en
virtud de la íntima e inescindible relación con otros derechos fundamentales,
de forma que si no fueren protegidos los primeros en forma inmediata se
ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos. Es el caso de la salud,
que no siendo en principio derecho fundamental adquiere esa categoría cuando la
desatención del enfermo amenaza con poner en peligro su derecho a la vida”
(Sentencia T-571 de 1992, M.P. Jaime Sanin Greiffenstein).
[2]Sentencia C-177 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[3]Sentencia T-941 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[4]Sentencia T-926 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[5]Sentencia T-941 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[6]Sentencia T-099 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[7]Sobre el tema ver la Sentencia T-1120 de 2000, M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[8]Artículo 86 del Decreto 806 de 1998.
[9]Ibidem.
[10]Sentencia T-150 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández.
[11]Ibidem.
[12]Sobre el tema véase las siguientes sentencias: SU-480 de 1997,
M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-640 de 1997, M.P. Antonio Barrera
Carbonell; T-796 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara; T-099 de 1999, M.P.
Alfredo Beltrán Sierra; T-860 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-887 de 1999,
M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-926 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-975 de
1999, M.P. Alvaro Tafur Galvis; T-119 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández;
T-337 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-1120 de 2000, M.P. Alejandro
Martínez Caballero; T-042A de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz; T-461 de 2001, M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra y T-566 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[13]Sentencia T-622 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[14]M.P. Hernando Herrera Vergara.
[15]Sentencia T-941 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[16]Sentencia T-260 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.
[17]Sentencia T-096 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.