C-639-09
Sentencia C-639/09
Sentencia C-639/09
PROTOCOLO
DE ENMIENDA AL ACUERDO LATINOAMERICANO DE COPRODUCCION CINEMATOGRAFICA-Propósitos
El Protocolo de Enmienda al Acuerdo Latinoamericano de
Coproducción Cinematográfica constituye un mecanismo renovado que permite
avanzar significativamente en los propósitos de fomento de la actividad
cinematográfica y audiovisual en los países iberoamericanos y busca continuar
promoviendo y fomentando el acceso a la cultura en sus diversas
manifestaciones, como lo es el cine, además de hacer realidad los mandatos
constitucionales de integración no sólo latinoamericana sino con los países
ibéricos. Es un instrumento de ayuda y colaboración mutua en la identificación
cultural de los pueblos, que pretende redundar en el desarrollo de la
cinematografía colombiana, dentro del espacio audiovisual de los países
iberoamericanos y la integración en materia de coproducción. Las disposiciones
del Protocolo de Enmienda estuvieron motivadas por: i) la necesidad de
fortalecer y ampliar el desarrollo cinematográfico y audiovisual de los países
iberoamericanos y ii) que la coproducción de material cinematográfico y
audiovisual en el marco del Acuerdo, no incluye solamente a países de América
Latina, sino que se extiende también a los Estados ibéricos contratantes del
Acuerdo, encontrando la Corte que tanto el Protocolo de Enmienda y su ley
aprobatoria se ajustan a la Constitución por cuanto incrementan el esfuerzo por
apoyar las iniciativas en materia cinematográfica para el desarrollo cultural
de los pueblos. A la vez, trata de armonizar las políticas cinematográficas y
audiovisuales de las partes, como resolver los problemas de producción,
distribución y exhibición cinematográfica de la región, además de ampliar el
mercado para el producto cinematográfico.
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Alcance
respecto de enmiendas y modificaciones
Como lo ha sostenido la Corte,
las enmiendas o modificaciones buscan alterar o variar el contenido del tratado
internacional inicialmente suscrito, por lo que el alcance de las obligaciones
contraídas originariamente y las condiciones y reglas instituidas ya no son las
mismas. En esa medida, cuando la Constitución refiere a tratados
internacionales, comprende también a las enmiendas, estando sujetas, mutatis
mutandi, al mismo procedimiento de aprobación por el Congreso de la República y
examen constitucional de la Corte Constitucional
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Características
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Alcance
respecto de vicios de procedimiento
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Ejercicio
independiente de consideraciones de conveniencia, oportunidad, efectividad y
utilidad
La Corte recuerda que los
aspectos de conveniencia, oportunidad, efectividad y utilidad de los tratados
internacionales, son materias ajenas a las funciones jurídicas que le han sido
asignadas a la Corte Constitucional, como guardiana de la integridad y
supremacía de la Constitución. Su valoración, corresponde constitucionalmente
al Presidente de la República en el ejercicio de la dirección de las relaciones
internacionales y al Congreso de la República al disponer la aprobación o
improbación de los tratados
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y
LEY APROBATORIA-Negociación y celebración
TRATADO
INTERNACIONAL-Confirmación presidencial subsana eventual vicio de
representación del Estado
REQUISITO
DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Uso de la expresión “la siguiente sesión plenaria en
la cual se debatan proyectos de ley” sin que se considere rota la cadena de
anuncios
REQUISITO
DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento
REQUISITOS
DE INICIACION DE TRAMITE EN EL SENADO, TERMINOS ENTRE DEBATES, PUBLICACIONES,
QUORUM Y ANUNCIOS DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Cumplimiento
El proyecto de ley que
posteriormente vino a convertirse en Ley 1262 de 2008, aprobatoria del Protocolo
de Enmienda al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, cumplió
debidamente los requisitos formales exigidos por la Carta Política, pues dicho
proyecto: (i) inició su trámite en el Senado de la República; (ii) fue
publicado previamente al inicio del proceso legislativo; (iii) fue aprobado
tanto en primero como en segundo debate en cada una de las dos cámaras que
conforman el órgano legislativo, con el quórum y las mayorías exigidas por la
Constitución y el reglamento; (iv) las ponencias, tanto en comisiones como en
plenaria fueron publicadas antes de iniciarse los respectivos debates; (v) se
cumplieron los términos de 8 y 15 días, que deben mediar entre los debates;
(vi) fue sancionado por el Presidente de la República una vez concluido el
trámite legislativo; (vii) fue enviado para su revisión de constitucionalidad a
conocimiento de esta Corte dentro de los seis (6) días siguientes a su sanción
presidencial.
Referencia: expediente
LAT-342
Revisión de constitucionalidad del “Protocolo de Enmienda al Acuerdo
Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica” y de la Ley aprobatoria
No. 1262 de 26 de diciembre de 2008.
Magistrado Ponente:
Dr. JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Bogotá D. C., dieciséis (16) de
septiembre de dos mil nueve (2009).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y una vez
cumplidos los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
profiere la siguiente
SENTENCIA
I.  ANTECEDENTES.
En cumplimiento de lo dispuesto
en el numeral 10º del artículo 241 de la Constitución,  la Secretaría Jurídica
de la Presidencia de la República remitió a esta Corporación copia del “Protocolo
de Enmienda al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, firmado
en Bogotá D.C. el 14 de julio de 2006” y de la Ley aprobatoria No. 1262 de
26 de diciembre de 2008.
En desarrollo de dicho mandato
constitucional, el Despacho Sustanciador en proveído de 11 de febrero de 2009,
dispuso: i) avocar el conocimiento del Protocolo de Enmienda y de la ley
aprobatoria, ii) decretar la práctica de algunas pruebas, iii) fijar en lista
el asunto y simultáneamente correr traslado al Procurador General de la Nación,
para que rindiera el concepto de rigor, iv) comunicar inmediatamente la
iniciación del asunto al Presidente de la República, al Presidente del Congreso
de la República, al Ministro del Interior y de Justicia, al Ministro de
Hacienda y Crédito Público y a la Ministra de Cultura, de conformidad con los
artículos 244 de la Constitución y 11 del Decreto 2067 de 1991, e v) invitar al
Instituto Colombiano de Derecho Tributario, al Fondo Mixto de Promoción
Cinematográfica “Proimágenes en Movimiento”, a la Asociación Colombiana de
Distribuidores de Películas Cinematográficas, a Cine Colombia S.A. y a las
universidades Nacional, de los Andes, Externado de Colombia, Libre de Colombia,
Javeriana, Santo Tomás y Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, para que
aportaran sus opiniones sobre el asunto de la referencia.
Por cuanto el material probatorio
solicitado no fue remitido en su totalidad, el Despacho Sustanciador, en
providencia de 9 de marzo de 2009, dispuso requerir a las autoridades bajo el
apremio del artículo 50 del Decreto 2067 de 1991. Allegado el material
probatorio el día 3 de abril siguiente, se dispuso continuar el trámite
correspondiente.
Cumplidos los trámites
constitucionales y legales, y previo concepto del Ministerio Público, la Corte
Constitucional procede a decidir sobre este asunto.
II.  TEXTO DEL PROTOCOLO DE
ENMIENDA Y DE SU LEY APROBATORIA.
“LEY 1262 DE 2008
(diciembre 26)
Diario Oficial No. 47.214 de 26 de diciembre de 2008
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo de
enmienda al Acuerdo latinoamericano de coproducción cinematográfica”, firmado
en Bogotá, D. C., el 14 de julio de 2006.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
Visto el texto del “Protocolo de enmienda al Acuerdo
latinoamericano de coproducción cinematográfica”, firmado en Bogotá, D. C., el
14 de julio de 2006, que a la letra dice:
(Para ser trascrito: Se adjunta fotocopia del texto
íntegro del Instrumento Internacional mencionado).
PROTOCOLO DE ENMIENDA ACUERDO LATINOAMERICANO DE
COPRODUCCION CINEMATOGRAFICA
Los Estados Parte del Acuerdo Latinoamericano de
Coproducción Cinematográfica:
CONSCIENTES de la necesidad de fortalecer y ampliar el
desarrollo cinematográfico y audiovisual de los países iberoamericanos;
TENIENDO en cuenta que la Conferencia de Autoridades
Cinematográficas de Iberoamérica, en su IX Reunión Ordinaria, celebrada en la
ciudad de Madrid, Reino de España, los días 19 y 20 de junio de 2000, aprobó la
introducción de ciertas enmiendas al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción
Cinematográfica, suscrito en la ciudad de Caracas, el 11 de noviembre de 1989;
TENIENDO en cuenta asimismo, que la coproducción de
material cinematográfico y audiovisual en el marco del Acuerdo, no incluye
únicamente a países de la América Latina, sino que se extiende igualmente a los
Estados ibéricos que sean, o se hagan partes contratante del Acuerdo;
Han acordado efectuar ciertas enmiendas en el Acuerdo
Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica (denominado en lo adelante “el
Acuerdo”), y para estos efectos han resuelto concertar el siguiente Protocolo
de Enmienda al mencionado Instrumento Internacional:
ARTICULO I.
El Título del Acuerdo queda enmendado en los términos
siguientes:
“Acuerdo Iberoamericano de Coproducción
Cinematográfica”
ARTICULO II.
El Artículo III del Acuerdo queda enmendado en los términos
siguientes:
“Las obras cinematográficas realizadas en coproducción
de conformidad con lo previsto en este Acuerdo, serán consideradas como
nacionales por las autoridades competentes de cada país coproductor, y gozarán
de pleno derecho de las ventajas e incentivos fiscales que resulten de
aplicación a la industria cinematográfica, que estén en vigor o pudieran ser
promulgadas en cada país. Estas ventajas e incentivos fiscales serán otorgados
solamente al productor del país que las conceda.
Sin perjuicio de lo anterior, el presente Acuerdo no
afectará a ningún otro aspecto de la legislación fiscal de los Estados
signatarios o a los convenios para evitar la doble imposición suscritos entre
Estados signatarios”.
ARTICULO III.
El Artículo V del Acuerdo queda enmendado en los
términos siguientes:
“1. En la coproducción de las obras cinematográficas
la proporción de los respectivos aportes de cada uno de los coproductores podrá
variar desde el veinte (20) al ochenta por ciento (80%) por película.
2. Las obras cinematográficas realizadas bajo este
Acuerdo, no podrán tener una participación mayor al treinta por ciento (30%) de
países no miembros y necesariamente el coproductor mayoritario deberá ser de
uno de los países miembros.
De contar con un coproductor de país no miembro del
Acuerdo, la participación de los países miembros no podrá ser inferior al diez
por ciento (10%), y la mayor no podrá exceder del setenta por ciento (70%) del
coste total de la producción.
Conforme al reglamento que para tal fin elabore la
CACI, la SECI examinará las condiciones de admisión de estas obras
cinematográficas caso por caso.
3. En el caso de coproducciones multilaterales en que
uno o unos coproductores cooperen artística y técnicamente mientras otro u
otros solo participen financieramente, el porcentaje de participación de éste o
estos últimos no podrá ser inferior al diez por ciento (10%), ni superior al
veinticinco por ciento (25%) del coste total de la producción.
4. Las aportaciones de los coproductores minoritarios
miembros deben incluir en forma obligatoria una participación técnica y
artística efectiva. La aportación de cada país coproductor en personal creador,
en técnicos y en actores, debe ser proporcional a su inversión.
Excepcionalmente podrán admitirse erogaciones acordadas por las autoridades
competentes de cada país miembro.
5. La aportación de cada país incluirá por lo menos,
un elemento considerado como creativo, un actor o actriz en papel principal, un
actor o actriz en papel secundario y un técnico cualificado. El actor o actriz
en papel principal podrá ser sustituido por dos técnicos cualificados.
Se entiende por personal creativo a las personas que
tengan la cualidad de autor (autores, guionistas o adaptadores, directores,
compositores) así como el montador jefe, el director de fotografía, el director
artístico y el jefe de sonido. La aportación de cada uno de estos elementos
creativos será considerada individualmente”.
ARTICULO IV.
Se agrega un artículo a continuación del Artículo XIV
con la redacción siguiente:
“Por excepción a las disposiciones precedentes del
presente Acuerdo, pueden ser admitidas coproducciones bipartitas de películas
realizadas, que reúnan las condiciones siguientes:
1. Tener una calidad técnica y un valor artístico
reconocidos; estas características deberán ser constatadas por las autoridades
competentes.
2. Ser de un coste igual al monto determinado por las
autoridades cinematográficas de cada país en su momento.
3. Admitir una participación minoritaria que podrá ser
limitada al ámbito financiero, conforme al contrato de coproducción, sin que
sea inferior al diez por ciento (10%), ni superior al veinticinco por ciento
(25%). Excepcionalmente las autoridades competentes podrán aprobar porcentajes
de participación financiera superiores a la señalada.
4. Reunir las condiciones fijadas para la concesión de
nacionalidad por la legislación vigente del país mayoritario.
5. Incluir en el contrato de coproducción
disposiciones relativas al reparto de los ingresos.
El beneficio de la coproducción bipartita solo se
concederá a cada una de estas obras después de autorización, dada caso por
caso, por las autoridades competentes.
En estos casos, el beneficio de la coproducción solo
será efectivo, en el país del cual es originario el coproductor minoritario,
cuando una nueva película, de participación mayoritaria de ese país, haya sido
admitida por las autoridades competentes al beneficio de la coproducción en los
términos del presente Acuerdo.
Las aportaciones financieras efectuadas por una y otra
parte deberán estar, en el conjunto de esas películas, globalmente equilibradas
en un plazo de cuatro (4) años”.
ARTICULO V.
El Artículo XX del Acuerdo queda enmendado en los
términos siguientes:
“Artículo XXI
A voluntad de uno o varios de los Estados Miembros,
podrán proponerse modificaciones al presente Acuerdo, a través de la SECI, para
ser consideradas por la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de
Iberoamérica (CACI) y aprobadas por la vía diplomática”.
ARTICULO VI.
Los Artículos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX del
Acuerdo deberán leerse como XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, respectivamente.
ARTICULO VII.
El Anexo A del Acuerdo queda enmendado en los términos
siguientes:
“NORMAS DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Para la aplicación del Acuerdo Iberoamericano de
Coproducción Cinematográfica se establecen las siguientes normas:
1. Las solicitudes de admisión de coproducción
cinematográfica bajo este Acuerdo, así como el contrato de coproducción
correspondiente, se depositarán simultáneamente ante las autoridades
competentes de los países coproductores por lo menos cuarenta (40) días antes
del inicio del rodaje. Una copia de dichos documentos será depositada ante la
SECI.
2. Dichas solicitudes deberán ser acompañadas de la siguiente
documentación en el idioma del país correspondiente:
2.l. Documentos que certifiquen la propiedad legal de
los derechos de autor de la obra a realizar.
2.2. Guión y sinopsis.
2.3. Contrato de coproducción indicando:
a) Título de la coproducción;
b) Identificación de los coproductores contratantes;
c) Identificación del autor del guión o del adaptador,
si se ha extraído la obra de otra fuente literaria;
d) Identificación del director, nacionalidad y
residencia. Es permitida una cláusula de sustitución para prevenir su reemplazo
si fuere necesario;
e) Presupuesto por rubros en la moneda que determinen
los coproductores, reflejando el porcentaje de participación de cada productor
que debe corresponder con la valoración financiera de sus aportes técnicos y
artísticos;
f) Plan financiero, incluyendo monto, características
y origen de las aportaciones de cada coproductor;
g) Distribución de las recaudaciones y reparto de los
mercados, medios, o una combinación de estos;
h) Fecha para el inicio del rodaje y su terminación;
i) Cláusula que detalle las participaciones
respectivas de los coproductores en gastos excesivos y menores, las que en
principio serán proporcionales a sus respectivas contribuciones;
j) Cláusula que señale las medidas a tomar si una de
las partes incumple sus compromisos, o si las autoridades competentes de
cualquiera de los países rechaza la concesión de los beneficios solicitados;
k) Cláusula que prevea el reparto de la propiedad de
los derechos de autor, sobre una base proporcional a las respectivas
contribuciones de los coproductores;
1) Lista del personal creativo y técnico indicando
nacionalidad y categoría de su trabajo, y en el caso de los artistas,
nacionalidad, papeles a interpretar, categoría y duración de los mismos;
m) Programación de la producción, indicando locaciones
y plan de trabajo;
3. La sustitución de un coproductor sólo se permitirá
en casos excepcionales, previa notificación a las autoridades competentes de
los países coproductores y a la SECI.
4. Las modificaciones introducidas eventualmente en el
contrato original deberán ser notificadas a las autoridades competentes de cada
país coproductor y a la SECI.
5. Una vez terminada la coproducción, las autoridades
gubernamentales respectivas procederán a la verificación de los documentos, a
fin de constatar el cumplimiento de las condiciones de este Acuerdo, de las
reglamentaciones correspondientes y del contrato respectivo. Hecho esto podrán
proceder a otorgar el Certificado de Nacionalidad”.
ARTICULO VIII.
El presente Protocolo de Enmienda podrá ser suscrito
por aquellos países miembros del Acuerdo Latinoamericano de Coproducción
Cinematográfica.
ARTICULO IX.
El original del presente Protocolo, cuyos textos en
castellano y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la sede de
la SECI, que enviará copias certificadas a los países miembros del Acuerdo para
su ratificación o adhesión.
ARTICULO X.
Los instrumentos de ratificación o adhesión serán
depositados en el País Sede de la SECI, que comunicará a los países miembros
cada depósito y la fecha del mismo.
ARTICULO XI.
El presente Protocolo entrará en vigor cuando ocho (8)
de los países signatarios hayan efectuado el depósito del Instrumento de
Ratificación en los términos del Artículo anterior. Para los demás Estados el
presente Protocolo entrará en vigor a partir de la fecha del depósito del
respectivo Instrumento de Ratificación o Adhesión.
El presente Protocolo, al entrar en vigor, se
considerará como parte integrante del Acuerdo.
“EN FE DE LO CUAL, los infrascritos Plenipotenciarios,
debidamente autorizados, firman el presente Protocolo de Enmienda al Acuerdo
Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica en nombre de sus respectivos
Gobiernos, en la ciudad de Bogotá, Colombia, el día 14 de julio de 2006”.
“CERTIFICADO
“QUIEN SUSCRIBE, Luis Enrique Girón Brito, Secretario
Ejecutivo Interino de la Cinematografía Iberoamericana, certifica que el texto
que se acompaña, identificado con el sello de la Secretaría Ejecutiva de la
Cinematografía Iberoamericana y compuesto de seis (6) folios, contiene el
Protocolo de Enmienda al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción
Cinematográfica, suscrito a los catorce días del mes de julio de dos mil seis,
en la ciudad de Bogotá, República de Colombia”.
En Caracas, a los veinte días del mes de julio de dos
mil seis.
Luis Enrique Girón Brito,
Secretario Ejecutivo (I) de la Cinematografía
Iberoamericana (SECI).
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 30 de julio de 2007
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable
Congreso de la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Fernando Araújo Perdomo.
DECRETA:
Artículo 1o. Apruébase el “Protocolo de enmienda al
Acuerdo latinoamericano de coproducción cinematográfica”, firmado en Bogotá, D.
C., el 14 de julio de 2006.
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Protocolo de enmienda al Acuerdo
latinoamericano de coproducción cinematográfica”, firmado en Bogotá, D. C., el
14 de julio de 2006, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al
país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional
respecto del mismo.
Artículo 3o. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a …
Presentado al honorable Congreso de la República por
el Ministro de Relaciones Exteriores y la Ministra de Cultura.
El Ministro de Relaciones Exteriores,
Fernando Araújo Perdomo.
La Ministra de Cultura,
Paula Marcela Moreno.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 30 de julio de 2007
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable
Congreso de la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Fernando Araújo Perdomo.
DECRETA:
Artículo 1o. Apruébase el “Protocolo de enmienda al
Acuerdo latinoamericano de coproducción cinematográfica”, firmado en Bogotá, D.
C., el 14 de julio de 2006.
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Protocolo de enmienda al Acuerdo
latinoamericano de coproducción cinematográfica”, firmado en Bogotá, D. C., el
14 de julio de 2006, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al
país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional
respecto del mismo.
Artículo 3o. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,
HERNÁN FRANCISCO ANDRADE SERRANO.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
EMILIO OTERO DAJUD.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
GERMÁN VARÓN COTRINO.
El Secretario General de la honorable Cámara de
Representantes,
JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional,
conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de diciembre de 2008
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones Exteriores,
JAIME BERMÚDEZ MERIZALDE.
La Ministra de Cultura,
PAULA MARCELA MORENO ZAPATA”.
III.    INTERVENCIONES.
1.      Instituto Colombiano
de Derecho Tributario.
Lucy Cruz de Quiñones, presidenta
del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, solicita a la Corte declarar la
exequibilidad del artículo II del Protocolo de Enmienda.
Empieza por recordar que la Corte
en la sentencia C-105 de 1995, examinó la constitucionalidad de la Ley 155 de
1994, que aprobó el Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, el
cual no contempló incentivos tributarios para el desarrollo de estas
producciones.
Como disposición concerniente a
la materia tributaria, identifica el artículo II del Protocolo de Enmienda, el
cual considera instituye una reciprocidad entre los Estados firmantes. Señala
que en cada uno de ellos estarán en pie de igualdad las obras cinematográficas
nacionales con las que resulten de la coproducción regulada en el convenio,
toda vez que éstas también tendrán el carácter de nacionales del respectivo
país, lo que permitirá acceder a cualquier incentivo o beneficio.
Encuentra que se trata de evitar
que un Estado adopte un tratamiento diferenciado sobre las obras extranjeras,
pues de lo contrario no tendría sentido el esfuerzo integracionista.
El establecer que las ventajas e
incentivos fiscales serán otorgados solamente al productor del país que las
conceda, considera que mantiene intacto el principio de equidad entre los
Estados signatarios y es un reflejo del principio de trato nacional en el
proceso de integración.
Concluye que la norma tributaria
resulta concordante con la Constitución ya que ésta se ha previsto para no
discriminar en materia impositiva.
2.      Universidad Santo
Tomás.
José Joaquín Castro Rojas,
Director de Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás, solicita a la
Corte declarar la exequibilidad del Protocolo de Enmienda y de la ley aprobatoria.
Expone que con la aprobación del
Protocolo de Enmienda se posibilita el crecimiento de la industria
cinematográfica a nivel latinoamericano, al abrir la participación al Estado
español dado los avances que representa la cinematografía ibérica.
Señala que se fortalecen los
lazos culturales y de cooperación, como también se acogen los principios que
fundamentan las relaciones exteriores del Estado colombiano.
3.      Ministerio de Cultura.
Janeth Bustos Salgar, apoderada
judicial del Ministerio de Cultura, solicita a la Corte declarar la
exequibilidad del Protocolo de Enmienda y de la ley aprobatoria.
Para el Ministerio el Protocolo
mantiene la finalidad del acuerdo inicial de impulsar el desarrollo audiovisual
de los países partes, contribuir al desarrollo de la industria cinematográfica
y fomentar la producción y comercialización de los productos audiovisuales y
cinematográficos de los Estados miembros.
Expresa que la industria
cinematográfica nacional y su participación en el exterior, tienen gran
trascendencia social y contribuyen a la construcción de la Nación y su
desarrollo.
Respecto al articulado del
Protocolo, expresa que el cambio del título del Acuerdo obedece al ánimo de
fortalecer y ampliar el desarrollo cinematográfico y audiovisual con los países
iberoamericanos.
Señala que el artículo 2º
contempla ventajas e incentivos fiscales para el productor del país que las
conceda, aclarando que ello no afectará aspectos adicionales de la legislación
fiscal o demás tratados de los países signatarios.
En cuanto al artículo 3º señala
que fija el porcentaje mínimo y máximo de la participación financiera en las
coproducciones multilaterales, al igual que conserva la exigencia de por lo menos
aportes técnicos y artísticos efectivos y, por último, mantiene el aporte de
personal en cuatro pero varía para promover mayor participación de diversidad
de actores, creativos y técnicos de todos los países miembros. Considera que
este mínimo de personal favorece la participación nacional en coproducciones
internacionales.
Expone que se persigue mantener
la equidad, la igualdad y la reciprocidad del Acuerdo Latinoamericano de
Coproducción Cinematográfica, suscrito en Caracas en 1989, fomentando la integración
para el mejoramiento de las condiciones y el desarrollo de la industria
cinematográfica, no solo en el contexto nacional sino internacional.
De esta manera, expone que el
Protocolo de Enmienda y la ley aprobatoria resultan concordantes con los
artículos 2º, 9º, 70, 71, 226 y 227 de la Constitución, al constituir
importantes herramientas para el intercambio cultural entre los países ya no
solo latinoamericanos sino iberoamericanos.
Resalta que el Protocolo es un
instrumento valioso para el cumplimiento de las funciones propias del
Ministerio de Cultura, toda vez que sus objetivos están dados en formular,
coordinar, ejecutar y vigilar la política de Estado en materia cultural, al
igual que fomentar las industrias culturales en el país, dentro de las que se
encuentra la cinematográfica.
Por último, denota la
concordancia de la ley aprobatoria del Protocolo de Enmienda con las leyes 155
de 1994, 397 de 1997 y 814 de 2003, que regulan la actividad cinematográfica en
Colombia.
IV.    CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN.
El Procurador General de la
Nación, en concepto No. 4776, recibido en la Secretaría General de esta
Corporación el 27 de mayo de 2009, solicita a la Corte declarar la
exequibilidad del Protocolo de Enmienda y su ley aprobatoria.
En cuanto al análisis formal,
considera que se cumplieron las exigencias constitucionales como son el inicio
del trámite en el Senado, las publicaciones oficiales, los términos que deben
mediar entre los debates, el quórum y las mayorías requeridas, y el anuncio
previo a la votación.
Respecto al examen material,
expuso el Ministerio Público que el Protocolo de Enmienda constituye un
importante mecanismo para impulsar y consolidar las relaciones multinacionales
en materia económica y comercial, que está en consonancia con los artículos 9º,
226 y 227 de la Constitución.
Encuentra que el instrumento
atiende la obligación constitucional de promover la integración económica,
social y política con las demás naciones. Particularmente, considera que guarda
concordancia con los artículos 70 y 71 de la Constitución, que consagran la
cultura en sus distintas manifestaciones como un fundamento de la nacionalidad,
bajo la obligación del Estado de promover el desarrollo y la difusión de
valores culturales, así como la creación de incentivos para personas e
instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología, y las
demás manifestaciones culturales.
Así las cosas, concluye que el
Protocolo de Enmienda y su ley aprobatoria se ajustan al ordenamiento
constitucional, tanto en su aspecto formal como material.
V.  CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL.
1.      Competencia.
La Corte Constitucional es
competente para examinar la constitucionalidad del Protocolo de Enmienda y su
ley aprobatoria, atendiendo lo previsto en el numeral 10º del artículo 241 de la
Constitución.
2.      Alcance del
control de constitucionalidad sobre los tratados internacionales y las leyes
aprobatorias.
El asunto que nos ocupa trata de
un Protocolo de Enmienda al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción
Cinematográfica. Como lo ha sostenido la Corte, las enmiendas o modificaciones
buscan alterar o variar el contenido del tratado internacional inicialmente
suscrito, por lo que el alcance de las obligaciones contraídas originariamente
y las condiciones y reglas instituidas ya no son las mismas. En esa medida,
cuando la Constitución refiere a tratados internacionales, comprende también a
las enmiendas, estando sujetas, mutatis mutandi, al mismo procedimiento
de aprobación por el Congreso de la República y examen constitucional de la
Corte Constitucional (arts. 150-16 y 241-10 de la Carta)[1].
La revisión constitucional que le
corresponde efectuar a la Corte Constitucional sobre los tratados
internacionales y sus leyes aprobatorias tiene las siguientes características:
i) es previo a la ratificación del tratado, aunque posterior a la
aprobación del Congreso y la sanción del Gobierno; ii) es automático,
por cuanto deben remitirse por el Gobierno dentro de los seis (6) días
siguientes a la sanción de la ley; iii) es integral, toda vez que
se examinan los aspectos formales y materiales de los actos frente al texto
integral de la Constitución; iv) es preventivo, al buscar
garantizar el principio de supremacía de la Constitución (art. 4º) y el
cumplimiento de los compromisos del Estado colombiano frente a la comunidad
internacional; v) es una condición sine qua non para la ratificación del
instrumento internacional; y vi) tiene fuerza de cosa juzgada constitucional.
El control de
constitucionalidad formal persigue verificar el cumplimiento de los
requisitos necesarios en el proceso de negociación y celebración del tratado[2],
así como en el trámite legislativo desarrollado[3] y la sanción presidencial
del proyecto de ley. Además, la ley aprobatoria debe observar el procedimiento
de una ley ordinaria por no disponer lo contrario la Carta Política y así
señalarlo la Ley Orgánica del Congreso[4], salvo lo concerniente a
la iniciación del debate en el Senado de la República, por referir a las
relaciones internacionales (art. 154 superior), y a la remisión oportuna por el
Gobierno del tratado y la ley aprobatoria a la Corte (art. 241, numeral 10
superior).
De esta manera, la Corte ha
manifestado que el examen formal comprende: i) la remisión oportuna del
instrumento internacional y la ley aprobatoria, ii) la validez de la
representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y
celebración del tratado, así como la competencia del funcionario que lo
suscribió, iii) la iniciación del trámite en la cámara correspondiente, iv) las
publicaciones efectuadas por el Congreso (art. 157 C.P.), v) la aprobación en
primer y segundo debate respectivamente (art. 157 C.P.), vi) el cumplimiento de
los términos que debe mediar para los debates en una y otra cámara (art. 160
C.P.), vii) el quórum deliberatorio y decisorio, al igual que las
mayorías con las que fue aprobado el proyecto, y viii) el anuncio previo a la
votación (art. 160 C.P.).
De otra parte, en cuanto al control
de constitucionalidad material, la función de esta Corte se
circunscribe a examinar el contenido del instrumento internacional y su ley
aprobatoria a la luz del contenido integral de la Constitución.
Por último, la Corte recuerda que
los aspectos de conveniencia, oportunidad, efectividad y utilidad de los
tratados internacionales, son materias ajenas a las funciones jurídicas que le
han sido asignadas a la Corte Constitucional, como guardiana de la integridad y
supremacía de la Constitución (art. 241-10 superior). Su valoración, entonces,
corresponde constitucionalmente al Presidente de la República en el ejercicio
de la dirección de las relaciones internacionales (art. 189-2) y al Congreso de
la República al disponer la aprobación o improbación de los tratados (art.
150-16).
3.      La
constitucionalidad formal del Protocolo de Enmienda y de la ley aprobatoria.
3.1.   La oportunidad en la
remisión.
La Ley No. 1262 que aprueba el “Protocolo
de Enmienda al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, firmado
en Bogotá, D.C., el 14 de julio de 2006”, fue expedida el 26 de
diciembre de 2008, siendo recibida fotocopia auténtica en la Corte
Constitucional[5], el día 13 de enero
de 2009, proveniente de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República.
Quiere ello decir, que el
Gobierno remitió el texto de la ley junto con el tratado internacional, al
primer día hábil de sancionada la ley y, por lo tanto, dentro del término de
los seis (6) días previsto en el numeral 10º del artículo 241 de la Constitución[6].
3.2.   Negociación y
celebración del tratado internacional.
3.2.1.    Competencia del
funcionario que lo suscribió.
El Ministerio de Relaciones
Exteriores informó a la Corte que el Protocolo de Enmienda fue firmado por el
Sr. David Melo Torres, Director de Cinematografía del Ministerio de Cultura, a
quien se le confirió plenos poderes por el Presidente de la República, el día
11 de julio de 2006[7].
Como lo
ha determinado esta Corporación, la revisión constitucional de los tratados
internacionales incluye el examen de las facultades del representante del
Estado colombiano para negociar el instrumento, adoptar el articulado y
autenticar el texto del tratado internacional, de acuerdo con lo previsto en
los numerales 7º a 10º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados de 1969, aprobada por la Ley 32 de 1985.
Específicamente,
el artículo 7 de la mencionada Convención, indica que en la celebración de
tratados se considera que una persona representa al Estado para la
adopción, autenticación del texto y manifestación del consentimiento del Estado
en obligarse, cuando presenta los adecuados plenos
poderes.
En esa
medida, la Corte ha considerado que verificada la ocurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en la disposición citada, se tiene por cumplido el
requisito de la debida representación del Estado colombiano para la negociación
y celebración de los acuerdos internacionales[8].
Por lo tanto, al haber sido
suscrito el presente instrumento internacional por el Sr. David Melo Torres,
Director de Cinematografía del Ministerio de Cultura, a quien el Presidente de la
República le confirió plenos poderes, se encontraba debidamente acreditado para
representar al Estado colombiano.
3.2.2. La confirmación por el
Presidente de la República.
El 30 de julio de 2007, el
Presidente de la República, Dr. Álvaro Uribe Vélez, impartió aprobación al
instrumento internacional, conforme al artículo 8º de la Convención de Viena de
1969 sobre el Derecho de los Tratados.
3.3.   Revisión formal
de la Ley No. 1262 del 26 de diciembre de 2008, aprobatoria del Protocolo de
Enmienda al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica.
Conforme a la documentación que
reposa en el expediente, se observa que el trámite dado al proyecto de ley 143
de 2007 Senado y 309 de 2008 Cámara, el cual culminó con la expedición de la
Ley No. 1262 de 2008, fue el siguiente:
3.3.1. Trámite en el Senado de la
República al proyecto de ley 143 de 2007.
El 20 de septiembre de 2007,
el Gobierno radicó en la Secretaría General del Senado de la República, el
proyecto de ley 143 de 2007 Senado, “Por medio de la cual se aprueba el
Protocolo de Enmienda al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción
Cinematográfica, firmado en Bogotá, D.C., el 14 de julio de 2006”, a través
de los ministros de Relaciones Exteriores y de Cultura, Drs. Fernando Araújo
Perdomo y Paula Marcela Moreno.
Acto seguido, la Presidencia del
Senado dio por repartido el proyecto de ley a la Comisión Segunda
Constitucional. El texto original del proyecto de ley y del instrumento
internacional, junto con la exposición de motivos, fueron publicados en la
Gaceta del Congreso 469 del 24 de septiembre de 2007, Senado[9].
3.3.1.1.  La ponencia para dar
primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República, fue
presentada por la Senadora Alexandra Moreno Piraquive, siendo publicada en la
Gaceta del Congreso 616 del 3 de diciembre de 2007, Senado[10].
Conforme al Acta 15 del 4 de
diciembre de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso 177 del 24 de abril
de 2008, Senado[11], en dicha
sesión se dio el aviso de votación, en los siguientes términos:
“El
secretario da lectura al siguiente punto:
Por
orden del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio
de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión, según
el artículo 8º del Acto Legislativo número 1 de 2003, se trata de los
siguientes proyectos:
…
.
Proyecto de ley número 143 de 2007, Senado, por medio de la cual se aprueba el
Protocolo de Enmienda al Acuerdo Latinoamericano de coproducción
cinematográfica, firmado en Bogotá el 14 de julio de 2006.
…
Presidente.
Gracia señor Secretario, entonces citamos para mañana miércoles 5 de
diciembre a las 9 de la mañana”.
Según el Acta 16 del 5 de
diciembre de 2007, publicada igualmente en la Gaceta del Congreso 177 del
24 de abril de 2008, Senado[12], en esa
sesión se dio nuevamente el aviso de votación:
“Anuncio
de discusión y votación de proyectos de ley.
Por
orden del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio
de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión
(artículo 8º del Acto Legislativo número 01 de 2003).
…
3.
Proyecto de ley número 143 de 2007 Senado, por medio de la cual se aprueba el
Protocolo de Enmienda al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción
Cinematográfica, firmado en Bogotá, el 14 de julio de 2006”.
Del Acta 17 del 11 de diciembre
de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso 178 del 24 de abril de 2008,
Senado[13], se extrae
que en esa sesión fue discutido y votado el proyecto de ley 143 de 2007,
Senado. El quórum deliberatorio y decisorio fue de 9 de los 13 Senadores que
conforman esa Comisión[14]. Se designó
como ponente para segundo debate ante la Plenaria del Senado, nuevamente a la
Senadora Alexandra Moreno Piraquive.
3.3.1.2.  La ponencia para dar
segundo debate en la Plenaria del Senado de la República, presentada por la
Senadora Alexandra Moreno Piraquive, fue publicada en la Gaceta del Congreso 55
del 25 de febrero de 2008, Senado[15].
Conforme al Acta 42 del 22 de
abril de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 321 del 5 de junio de
2008, Senado[16], en dicha
sesión se dio el aviso de votación, de la siguiente manera:
“Por
instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número
01 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y
aprobarán en la próxima sesión.
Proyectos
para discutir y votar en la próxima sesión Plenaria del Senado.
…
Proyecto
de ley número 143 de 2007 Senado, por medio de la cual se aprueba el Protocolo
de Enmienda al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, firmado
en Bogotá, el 14 de julio de 2006.
…
Son
los proyectos para debatir y votar en la siguiente sesión plenaria, señor
Presidente”.
Según el Acta 43 del 29 de
abril de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 404 del 1 de julio de
2008, Senado[17], en esa
sesión fue discutido y votado el proyecto de ley 143 de 2007, Senado. El quórum
deliberatorio y decisorio fue de 87 de los 102 Senadores que conforman esa
Plenaria[18].
El texto definitivo aparece
publicado en la Gaceta del Congreso No. 274 del 21 de mayo de 2008, Senado[19].
3.3.2. Trámite en la Cámara de
Representantes al proyecto de ley 309 de 2008 Cámara y 143 de 2007 Senado.
3.3.2.1.  La ponencia para dar
primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue
presentada por el Representante Lidio Arturo García Turbay, siendo publicada en
la Gaceta del Congreso 332 del 9 de junio de 2008, Cámara[20].
Conforme al Acta 34 del 17 de
junio de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 597 del 3 de septiembre
de 2008, Cámara[21], en dicha
sesión se dio el aviso de votación, en los siguientes términos:
“Hace
uso de la palabra la Secretaria de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Anuncio
de proyectos de ley para aprobación en primer debate para dar cumplimiento al
artículo 8º del acto legislativo número 01 de 2003, para ser votados cuándo señor presidente.
Hace
uso de la palabra el Presidente de la Comisión, honorable Representante Augusto
Posada Sánchez:
Para
votar el día de mañana, próximo miércoles 18 de junio que estaremos citando a las diez de la mañana.
…
3.
Proyecto de ley número 143 de 2007 Senado, 309 de 2008 Cámara, por medio de la
cual se aprueba el Protocolo de Enmienda al Acuerdo Latinoamericano de
Coproducción Cinematográfica, firmado en Bogotá el 14 de julio de 2006.
…
Se
cita para el día de mañana a las diez de la mañana”.
Según el Acta 35 del 18 de
junio de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 598 del 3 de septiembre
de 2008, Cámara[22], en esa
sesión fue discutido y votado el proyecto de ley. El quórum deliberatorio y
decisorio fue de 18 de los 19 Representantes que conforman esa Comisión[23].
Se designó como ponente para segundo debate ante la Plenaria de la Cámara,
nuevamente al Representante Lidio Arturo García Turbay.
3.3.2.2.  La ponencia para dar
segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, presentada
por Lidio Arturo García Turbay, fue publicada en la Gaceta del Congreso 494 del
1 de agosto de 2008, Cámara[24].
Conforme al Acta 153 del 25 de
noviembre de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 15 del 30 de enero
de 2009, Cámara[25], en dicha
sesión se dio el aviso de votación, de la siguiente manera:
“La
Subsecretaria General de la Cámara de Representantes, doctora Flor Marina Daza
Ramírez, procede a anunciar los proyectos:
Señor
Presidente, se anuncia los proyectos para el próximo 2 de diciembre o
para la siguiente Sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos
de ley o actos legislativos.
…
.Proyecto
de ley 309 de 2008 Cámara, 143 de 2007 Senado, por medio de la cual se aprueba
el Protocolo de Enmienda al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción
Cinematográfica, firmado en Bogotá el 14 de julio de 2006.
…
Señor
Presidente están anunciados los proyectos de ley.
Damos
por terminada la sesión y se convoca para el día de mañana a las 3:00 de la
tarde para debate de control político. Muchas gracias”.
Atendiendo lo expuesto al final de
dicha sesión, el debate de control político se surtió efectivamente al día siguiente
según consta en el Acta 154 del 26 de noviembre de 2008, contenida en la
Gaceta del Congreso No. 101 del 6 de marzo de 2009, Cámara[26].
Según consta en el Acta 155 del
3 de diciembre de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 35 del 16 de
febrero de 2009, Cámara[27], en esa
sesión fue discutido y votado el proyecto de ley 309 de 2008 Cámara.
En dicha acta se deja constancia
que el día 2 de diciembre de 2008, no se surtió la discusión y votación
del proyecto de ley y de los demás asuntos, en razón a que no hubo sesión
en señal de duelo por la muerte del ex Representante y Senador José Gonzalo
Gutiérrez, por lo que se realizó en la sesión inmediatamente siguiente, según
se había previsto en el anuncio de votación. Veamos lo expresado al respecto:
“La
Secretaría deja constancia que los proyectos que hoy se van a estudiar y a
discutir fueron anunciados en la sesión del miércoles anterior para
el día martes 2 de diciembre o para la siguiente en que se discutieran o
votaran proyectos de ley, en razón a que el día de ayer martes 2 no hubo
sesión como señal de duelo por la muerte del ex representante y senador José
Gonzalo Gutiérrez.
Como
en el día de ayer no hubo plenaria, el día de hoy es un día habilitado para estudiar estos proyectos de
ley que fueron anunciados en su momento, por ser la sesión inmediatamente
siguiente a la de la fecha en que se anunciaron.
Con
esta constancia señor Presidente, damos lectura al proyecto de ley 309 de 2008
Cámara, 143 de 2007 Senado, por medio de la cual se aprueba el Protocolo de
Enmienda al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, firmado en
Bogotá el 14 de julio de 2006”.
El quórum deliberatorio y
decisorio fue de 138 de los 166 Representantes que conforman esa Plenaria[28].
El texto definitivo aparece
publicado en la Gaceta del Congreso 929 del 10 de diciembre de 2008, Cámara[29].
3.3.3.  De la secuencia
legislativa anterior, en cuanto al trámite dado al proyecto de ley 143 de 2007
Senado y 309 de 2008 Cámara, la Corte concluye lo siguiente:
3.3.3.1. Inició su trámite en el
Senado de la República (art. 154 superior).
3.3.3.2. Se efectuaron las
publicaciones oficiales según el numeral 1º del artículo 157 de la Constitución,
por cuanto:
El texto original del proyecto de
ley junto con la exposición de motivos, se  publicaron en la Gaceta del
Congreso 469 del 24 de septiembre de 2007, Senado, antes de darle curso en la
comisión respectiva.
Las ponencias fueron  publicadas
así: en la Comisión Segunda del Senado, en la Gaceta 616 del 3 de diciembre de
2007; en la Plenaria del Senado, en la Gaceta 55 del 25 de febrero de 2008; en la
Comisión Segunda de la Cámara, en la Gaceta 332 del 9 de junio de 2008; y en la
Plenaria de la Cámara, en la Gaceta 494 del 1 de agosto de 2008, todas las
cuales se realizaron antes de iniciarse los respectivos debates.
3.3.3.3. Se cumplieron los
términos de 8 y 15 días, que deben mediar entre los debates (art. 160 superior)[30],
toda vez que:
En el Senado el primer debate en la
Comisión fue el 11 de diciembre de 2007 y en la Plenaria fue el 29 de abril de
2008 (más de 8 días). En la Cámara el primer debate en la Comisión fue el 18 de
junio de 2008 y en la Plenaria el 3 de diciembre de 2008 (más de 8 días).
La aprobación del proyecto en la Plenaria del Senado fue el 29 de abril de
2008 y la iniciación del debate en la Cámara fue el 18 de junio 2008 (más de 15
días).
3.3.3.4.       El proyecto de ley
fue aprobado en primero y segundo debate conforme al quórum y las mayorías
exigidos por los artículos 145 y 146 de la Constitución y el Reglamento del
Congreso.
3.3.3.5.       En cuanto al requisito
del anuncio previo a la votación contemplado en el artículo 8º del Acto
Legislativo No. 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 de la Constitución, se
aprecia su cumplimiento por cuanto:
3.3.3.5.1. En el primer debate en
la Comisión Segunda del Senado i) se anunció debidamente el proyecto de ley al
emplearse las expresiones “anuncio de discusión y votación de proyectos de
ley” (actas 15 y 16 de 2007); ii) los anuncios se realizaron en sesiones
distintas (4 y 5 de diciembre de 2007) y previa a la votación (11 de diciembre
de 2007, Acta 17); y iii) la fecha de la votación resulta determinable al
emplearse las palabras “próxima sesión” (Acta 16 del 5 de diciembre
2007), como lo ha admitido esta
Corporación[31], lo cual puede
corroborarse al haberse realizado en la siguiente sesión del 11 de diciembre de
2007 y atendiendo el consecutivo de las actas (número 17).
3.3.3.5.2. En el segundo debate
en la Plenaria del Senado i) se anunció debidamente el proyecto de ley al
utilizarse las expresiones “anuncia los proyectos que se discutirán y
aprobarán” (Acta 42 de 2008); ii) el anuncio se verificó en sesión distinta
(22 de abril de 2008) y previa a la votación (29 de abril de 2008, Acta 43); y
iii) la fecha de la votación resulta determinable al emplearse las palabras “próxima
sesión” (Acta 42 del 22 de abril 2008), como
lo ha admitido esta Corporación, lo cual puede corroborarse al haberse
realizado en la siguiente sesión del 29 de abril de 2008 y según el consecutivo
de las actas (número 43).
3.3.3.5.3.  En el primer debate en
la Comisión Segunda de la Cámara i) se anunció debidamente el proyecto de ley
al emplearse las expresiones “anuncio de proyectos de ley para aprobación”
(Acta 34 de 2008); ii) el anunció se realizó en sesión distinta (17 de junio de
2008) y previa a la votación (18 de junio de 2008, Acta 35)[32];
y iii) la fecha de la votación resulta determinada por cuanto señaló que era
para el “el día de mañana, próximo miércoles 18 de junio”, como se
cumplió efectivamente (18 de junio de 2008) y puede corroborarse según el
consecutivo de las actas (número 35).
3.3.3.5.4.  En el segundo debate
en la Plenaria de la Cámara, se aprecia que i) se anunció debidamente el
proyecto de ley al utilizarse las expresiones “se anuncia los proyectos…en
la cual se debatan” (Acta 153 de 2008); ii) el anuncio se verificó en
sesión distinta (25 de noviembre de 2008) y previa a la votación (3 de
diciembre de 2008, Acta 155).
En cuanto a si la fecha de
votación resulta determinada o determinable (iii), la Corte aprecia lo
siguiente:
Según consta en el Acta 153 del 25
de noviembre de 2008, el anuncio del proyecto de ley para discusión y
aprobación se dio para el “próximo 2 de diciembre o para la siguiente
sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley”.
Conforme al Acta 155 del 3 de
diciembre de 2008, el día 2 de diciembre de 2008, no se surtió la
discusión y aprobación del proyecto de ley, toda vez que no hubo sesión
en señal de duelo por la muerte del ex Representante y Senador José Gonzalo
Gutiérrez, por lo que la Plenaria de la Cámara procedió a debatir el proyecto
de ley en la siguiente sesión plenaria, realizada al día
siguiente, es decir, 3 de diciembre de 2008.
Para la Corte se cumple
debidamente el anuncio de votación del proyecto de ley, por cuanto se señaló
como día para celebrarse la discusión y votación el 2 de diciembre o
en la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley
(Acta 153 del 25 de noviembre de 2008) y dado que no hubo sesión el 2 de
diciembre por el fallecimiento del congresista, la Plenaria de la
Cámara se encontraba habilitada para votarlo en la siguiente
sesión en que se debatieran los proyecto de ley, tal como lo había
previsto expresamente el anuncio de votación, y sucedió al cumplirse al día
siguiente (3 de diciembre de 2008, Acta 155)[33].
En otras palabras, se cumple lo
previsto en el anuncio de votación ya que la discusión y aprobación del
proyecto de ley se dio efectivamente en la primera ocasión en que pudo sesionar
la Plenaria de la Cámara de Representantes. Recuérdese que en el Acta 153 de
2008, se registra el anuncio de votación para el próximo 2 de diciembre o para
la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan los proyectos de ley.
La anterior posición resulta
conforme a la jurisprudencia vertida por esta Corporación sobre la materia,
como puede apreciarse de las sentencias C-615 de 2009[34],
C-502 de 2007 y C-309 de 2007, de las cuales puede derivarse como premisa que
la no realización de la votación del proyecto de ley en el día previsto, por no
haber existido sesión alguna, no implica el deber de renovar el anuncio de
votación, siempre que se practique la misma en la primera ocasión en que se
vuelva a sesionar.
En la sentencia C-502 de 2007, se
examinó la no realización de la votación del proyecto de ley (comisiones
primeras) en los días señalados en los anuncios, por no haberse cumplido
ninguna sesión, siendo entonces efectuada en la primera oportunidad en que se
volvió a sesionar. Al respecto, la Corte concluyó que no se desconocía el
artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, según puede apreciarse:
“La continuidad en la numeración de las actas de las
dos Comisiones Primeras permite concluir que, si bien la discusión y votación
del proyecto no se realizó en las fechas indicadas en los anuncios,  la
aprobación del mismo se practicó en la primera ocasión en que las dos
Comisiones volvieron a sesionar.
Lo cierto es, entonces, que tan pronto pudieron
reunirse de nuevo las dos Comisiones se cumplió con lo establecido en lo
anunciado anteriormente para la siguiente sesión. Esto indica que no se vulneró
el principio de la consecutividad en el anuncio de la discusión y votación del
proyecto, por cuanto el orden del día que se había previsto se desarrolló en la
primera ocasión en que pudieron sesionar las Comisiones, es decir, en la
“próxima sesión”. De esta manera, puede concluirse que en las dos situaciones
anotadas sí se cumplió con el objetivo de la norma, cual es el de darle certeza
al orden del día de la siguiente reunión, con el fin de que los miembros de las
Comisiones o de las Plenarias estén al tanto de lo que se va a debatir y a
votar en cada sesión, y no sean sorprendidos con la inclusión de proyectos cuya
consideración y votación no había sido anunciada. El hecho mismo de que las
votaciones se hubieran efectuado en un ambiente de calma, sin que ningún
congresista expresara protestas, indica que en las dos ocasiones se cumplió con
la finalidad de la norma”[35].
En la sentencia C-309 de 2007,
esta Corporación abordó un asunto similar en el que el anunció para votación,
realizado por la Comisión Segunda del Senado, no se cumplió en la fecha
señalada al no mediar ninguna sesión sino hasta el día siguiente, concluyendo
que no se incumplió el deber de renovar el anunció:
“(D)ado que entre la sesión en que se hizo el anuncio
y la sesión en que finalmente ocurrió la votación no medió ninguna sesión de la
Comisión, ésta no incumplió con el deber de renovar el anuncio.
En estas condiciones, la Corte no considera que el
anuncio que tuvo lugar en la sesión de la Comisión Segunda Constitucional
Permanente del Senado de la República hubiera sido efectuado con violación de
las normas procesales pertinentes”.
De otra parte, la situación que
nos ocupa dista sustancialmente de las examinadas recientemente en los Autos
171 y 267 del 29 de abril y 2 de septiembre de 2009, respectivamente.
En dichas oportunidades la Corte
se ocupó de estudiar el anuncio de votación realizado por la Comisión Segunda
de la Cámara para el día 13 de mayo de 2008, que finalmente ocurrió el 14 de
mayo, sin que se hubiere renovado el aviso de votación en la sesión realizada
el 13 de mayo[36].
Precedentes reseñados que difieren
del caso que nos ocupa ya que, en primer lugar, parten de una fecha cierta y
previamente determinada que hacía imperativo cumplirla y, en segundo lugar,  sí
se efectuó una sesión, lo que motivaba renovar el aviso de votación. En tanto
que en el caso que nos ocupa se señala una fecha en principio determinada (2 de
diciembre) pero finalmente determinable (o en la siguiente sesión
Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley), además de que no existió
sesión previa alguna.
De esta forma, la Corte puede
concluir que la Ley No. 1262 de 26 de diciembre de 2008, aprobatoria del Protocolo
de Enmienda al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, cumplió
debidamente los requisitos formales exigidos por la Carta Política.
A continuación, la Corte pasa a
examinar si dicho instrumento internacional cumple materialmente las
previsiones constitucionales.
4.      La constitucionalidad
material del Protocolo de Enmienda y de la ley aprobatoria.
4.1.      Una Constitución
cultural. El fomento de la actividad cinematográfica en el ordenamiento
jurídico colombiano.
El constitucionalismo
contemporáneo que propicia el Estado social de derecho no escapa a la decisión
del Estado de cultura y concretamente al estudio de la Constitución cultural,
en orden al tratamiento jurídico en el plano constitucional de los derechos
culturales[37].
La expresión “Constitución
cultural” tiene su origen en la doctrina italiana que la ha utilizado para
comprender el conjunto de normas y principios constitucionales que aseguran a
las personas la satisfacción real y efectiva de sus necesidades en el campo de
la cultura, la ciencia, el medio ambiente y el disfrute del patrimonio
histórico y artístico. Además, recuérdese que el concepto de “Constitución
cultural” fue acuñado por el profesor Alessandro Pizzorusso, quien puso de
presente que junto a las disposiciones que la Constitución dedica a las
relaciones económicas, se encuentran otras no menos importantes orientadas a
asegurar una protección básica a la vida humana considerada como valor en sí,
al margen del uso que se realice de los recursos humanos en atención a fines
económicos o políticos[38].
La Constitución cultural se
inserta así en el Estado de cultura, cuya función está dada en proteger
y promover su desarrollo y libertad. Tal Estado se remonta al pensamiento
idealista alemán de principios del Siglo XIX, pasa por la cultura en el
pensamiento socialista en torno a la idea de comunidad nacional y termina en la
cultura del Estado social[39].
La doctrina que ha indagado sobre
el concepto actual de cultura expone un extenso campo de contenidos como son
las ideas, creencias, sentimientos, actitudes, actos, costumbres, pautas de
conducta, instituciones, códigos, obras de artes y formas artísticas,
lenguajes, etcétera. De ahí que para el derecho la cultura se presenta como un
concepto jurídico indeterminado[40].
Con la expresión derechos
culturales se designa la subclase de derechos humanos en el ámbito de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales que comprende los derechos y
libertades fundamentales, los derechos de prestación y las determinaciones
constitucionales de los fines del Estado en materia cultural, cuya pretensión
es la búsqueda de la propia identidad personal y colectiva que ubique a la
persona en su medio existencial en cuanto a su pasado (tradición y conservación
de su patrimonio histórico y artístico), presente (admiración, creación y comunicación
cultural) y futuro (educación y progreso cultural, investigación científica y
técnica, y la protección y restauración del medio ambiente)[41].
Ingresando al ordenamiento
superior en Colombia, la normativización de los valores, los principios y las
reglas en el ámbito de la cultura, nos lleva a la hoy denominada “Constitución
cultural”[42].
La cultura no fue un asunto extraño para el Constituyente de 1991, toda vez que
su lectura sistemática permite deducir su existencia:
Preámbulo (el conocimiento) y los
artículos 1º (Estado social de derecho, pluralismo y dignidad humana), 2º
(facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la
vida cultural de la Nación), 5º (primacía de los derechos inalienables de la
persona), 7º (Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la
Nación colombiana), 8º (obligación del Estado y de las personas de proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación), 10º (idioma oficial, lenguas y
dialectos), 12 (prohibición de desaparición forzada, torturas o penas crueles,
inhumanos o degradantes), 13 (igualdad), 14 (personalidad jurídica), 17
(prohibición de esclavitud, servidumbre y trata de seres humanos en todas sus
formas), 18 (libertad de conciencia), 20 (libertad de expresar y difundir su
pensamiento y opiniones), 26 (libertad de escoger profesión u oficio), 27
(libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra), 40 (derecho a
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político), 41
(pedagogía constitucional), 42 (educación de los menores o impedidos), 44
(derechos fundamentales del niño a la educación y a la cultura), 45 (educación
del adolescente), 47 (política de previsión, rehabilitación e integración
social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos), 52 (ejercicio del
deporte, manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas para la
formación integral), 53 (capacitación y adiestramiento de los trabajadores), 54
(la formación y habilitación profesional y técnica de los trabajadores), 61
(protección por el Estado de la propiedad intelectual), 63 (tierras comunales
de grupos étnicos, protección del patrimonio arqueológico de la Nación y demás
bienes), 67 (función social de la educación, acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura), 68
(fundación de establecimientos educativos y formación de los integrantes de los
grupos étnicos que respete y desarrolle su identidad cultural), 69 (autonomía
universitaria), 70 (deber del Estado de promover y fomentar el acceso a la
cultura en igualdad de oportunidades), 71 (la búsqueda del conocimiento y la
expresión artística son libres), 72 (Protección por el Estado del patrimonio
cultural de la Nación), 95 (deber de las personas de proteger los recursos
culturales), 189-21 (inspección y vigilancia de la enseñanza por el Ejecutivo
de conformidad con la ley), 189-27 (concesión de patente de privilegio temporal
a los autores de invenciones o perfeccionamiento útiles, con arreglo a la ley),
222 (ley determina sistemas de promoción profesional, cultural y social de los
miembros de la Fuerza Pública), 300-10 (regulación de la educación por las
asambleas departamentales en concurrencia con los municipios), 302
(establecimiento para departamentos de capacidades y competencias de gestión
con el objeto de mejorar la administración o prestación de servicios públicos
de acuerdo con las circunstancia culturales), 305 (corresponde al Gobernador
fomentar las actividades convenientes al desarrollo cultural del departamento
que no correspondan a la Nación y a los municipios), 310 (protección de la
identidad cultural de las comunidades nativas), 311 (municipio y mejoramiento
social y cultural de sus habitantes), 313-9 (corresponde a los concejos dictar
normas para el control, preservación y defensa del patrimonio ecológico y
cultural del municipio), 328 (distritos turísticos de Cartagena y Santa Marta),
330 (territorios indígenas y protección de la integridad cultural), 333
(delimitación de la libertad económica cuando lo exija el patrimonio cultural
de la Nación), 336 (rentas destinadas a la educación), 356 (destino de recursos
del sistema general de participaciones y prioridad de la educación), 365
(servicios públicos como inherentes a la finalidad social del Estado) y 366 (la
educación como objeto fundamental del Estado).
El paso hacia un Estado social de
derecho conlleva indefectiblemente el reconocimiento y puesta en marcha de los
denominados Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Capítulo 2 de la
Constitución).
El plasmar la cultura en el texto
constitucional es una consecuencia directa de su reconocimiento por el derecho
internacional de los derechos humanos. Así puede mencionarse la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948, que en el artículo 27, dispone:
“1. Toda persona tiene derecho a tomar parte
libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a
participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los
intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”.
Igualmente, el artículo 22 de
dicha Declaración señala: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene
derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de
cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales,
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.
El Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, consagra el derecho de los
pueblos a su desarrollo cultural (art. 1º), al compromiso de los Estados Partes
de asegurar a las mujeres y a los hombres todos los derechos culturales
enunciados en el Pacto (arts. 3º y 6º) y conforme al artículo 15:
“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
el derecho de toda persona a:
a) Participar en la vida cultural;
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y
de sus aplicaciones;
c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales
y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas,
literarias o artísticas de que sea autora.
2. Entre las medidas que los Estados Partes en el
presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho,
figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de
la ciencia y de la cultura.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se
comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación
científica y para la actividad creadora.
4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las
relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales”.
El Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de 1966, se ocupa del desarrollo cultural de los
pueblos (art. 1º) y la vida cultural de las minorías en los términos siguientes
(art. 27):
“En los Estados en que existan minorías étnicas,
religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas
minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su
grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia
religión y a emplear su propio idioma”.
La Convención Americana sobre
Derechos Humanos de 1969, alude a la libertad de asociación con fines
culturales (art. 16) y a los derechos culturales (Capítulo III). Su Protocolo
Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988,
reconoce el derecho a los beneficios de la cultura:
“1.
Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda
persona a:
a.    participar en la vida cultural y
artística de la comunidad;
b.    gozar de los beneficios del
progreso científico y tecnológico;
c.    beneficiarse de la protección de
los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
2. Entre las medidas que los Estados partes en el
presente Protocolo deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este
derecho figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la
difusión de la ciencia, la cultura y el arte.
3.    Los Estados partes en el presente
Protocolo se comprometen a respetar la indispensable libertad para la
investigación científica y para la actividad creadora.
4.    Los Estados partes en el presente
Protocolo reconocen los beneficios que se derivan del fomento y desarrollo de
la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas,
artísticas y culturales, y en este sentido se comprometen a propiciar una mayor
cooperación internacional sobre la materia”.
De esta manera, en el ámbito
internacional de los derechos humanos se enumeran los derechos culturales bajo
una concepción amplia que reclaman su importancia y la tutela judicial
efectiva.
Ahora bien, siendo la cultura, en
sus diversas manifestaciones, fundamento de la nacionalidad (art. 70 superior),
el fomento de la actividad cinematográfica se constituye en un medio para
cumplir dicho imperativo constitucional[43].
El cine ha sido
catalogado como una de las más extraordinarias expresiones del arte en el mundo
moderno[44]. En palabras de la Corte
se “revela en nuestros días como una  actividad que consulta realidades
tanto artísticas y educativas como económicas.  Por lo primero, se erige en un
instrumento de transmisión y promoción de la cultura, llegando con frecuencia a
constituirse en creador de conceptos y valores sobre la belleza, el amor, la
vida social y política, y, el mundo de relación en general. De allí que sea un
foco de interés para los asociados, en el cual, además, encuentran una fuente
habitual de esparcimiento”[45].
El ordenamiento jurídico
colombiano se ha ocupado de resaltar la importancia que tiene el fomento de la
actividad cinematográfica, que esta Corte ha validado constitucionalmente.
Como una primera medida
legislativa, se expidió la Ley 9ª de 1942, que busca fomentar la industria
cinematográfica, en desarrollo de la reforma constitucional de 1936.
Después, vino el Convenio de
Integración Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en Caracas el 11 de
noviembre de 1989, el cual fue declarado exequible en la sentencia C-589 de
1992.
Más adelante, se expidió la Ley
151 de 1994, aprobatoria del Acuerdo para la creación del Mercado Común
Cinematográfico Latinoamericano, hecho en Caracas el 11 de noviembre de 1989,
que fue hallado exequible en la sentencia C-070 de 1995.
A continuación, la Corte revisó
la constitucionalidad del Acuerdo Latinoamericano de Coproducción
Cinematográfica, suscrito en Caracas el 11 de noviembre de 1989 y de la Ley 155
de 1994 aprobatoria del mismo, que fueron declarados exequibles en la sentencia
C-105 de 1995.
Posteriormente, se expidió la Ley
397 de 1997, denominada Ley General de Cultura. Esta ley indica qué se entiende
por cultura[46], su importancia para el
Estado[47], el deber de impulsarla
y estimularla[48] y la corresponsabilidad
del Estado y las personas de valorar, proteger y difundir el patrimonio
cultural de la Nación[49].
Dicha ley también señala que el
patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes
materiales, manifestaciones inmateriales, productos y representaciones de la
cultura, que son expresión de la nacionalidad colombiana, así como por los
bienes materiales a los que se les atribuye especial interés sonoro,
audiovisual y fílmico[50].
Además, los artículos 40 al 47 de
la citada ley refieren a la importancia del cine para la sociedad[51],
los aspectos industrial y artístico del cine[52], las empresas
cinematográficas colombianas[53], la nacionalidad de la
producción cinematográfica[54], la coproducción
colombiana[55], los incentivos a los
largometrajes colombianos[56], el fondo mixto de
producción cinematográfica[57] y el fomento
cinematográfico[58].
Consciente
el legislador de la relevancia del asunto, expidió la Ley 814 de 2003, “Por
la cual se dictan normas para el fomento de la actividad cinematográfica en
Colombia”[59]. En armonía con los
propósitos de la Ley 397 de 1997, esta nueva ley procura afianzar el objetivo
de propiciar un desarrollo progresivo, armónico y equitativo de cinematografía
nacional y, en general, promover la actividad cinematográfica en Colombia.
Además, cataloga la actividad cinematográfica como de interés social (art. 1º).
Así mismo, esta ley define actividad
cinematográfica y sus aspectos concernientes, las competencias, la cuota para
el desarrollo cinematográfico, el fondo para el desarrollo cinematográfico, los
estímulos a la exhibición de cortometrajes colombianos, los estímulos a la
distribución de largometrajes colombianos, los beneficios tributarios a la
donación o inversión en producción cinematográfica y el impulso a la
cinematografía nacional (art. 2 y subsiguientes).
Adicionalmente, puede traerse a
colación el Acuerdo de Coproducción Audiovisual entre los gobiernos de Colombia
y Canadá, firmado en Bogotá el 10 de julio de 2002 y la Ley 897 de 2004
aprobatoria del mismo, que fueron declarados ajustados a la Constitución en la
sentencia C-241 de 2005[60].
Finalmente, se expidió la Ley
1185 de 2008, que modifica y adiciona la Ley 397 de 1997.
Además, debe señalarse que en la
actualidad el sector cinematográfico nacional se encuentra reglamentado por
múltiples decretos[61] y resoluciones[62].
Conforme a lo anterior, es claro
para la Corte la importancia que reviste el fomento de la actividad
cinematográfica como una política cultural del Estado colombiano, que la Corte
ha encontrado ajustada a la Constitución[63].
4.2.   El asunto que nos ocupa. La conformidad del articulado del
Protocolo de Enmienda y de la ley aprobatoria con la Carta Política.
La Conferencia de Autoridades
Cinematográficas de Iberoamérica, en su IX Reunión Ordinaria, celebrada en la
ciudad de Madrid, Reino de España, los días 19 y 20 de junio de 2000, aprobó la
introducción de ciertas enmiendas al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción
Cinematográfica, suscrito en la ciudad de Caracas, el 11 de noviembre de 1989.
El Acuerdo inicial que hoy se
enmienda fue suscrito originariamente por once (11) países y aprobado en
Colombia por la Ley 155 de 1994, que fueron declarados exequibles por la Corte
en la sentencia C-105 de 1995.
La finalidad del Acuerdo estuvo
dada en impulsar el desarrollo audiovisual, en aquellos países que no cuentan
con una infraestructura suficiente para realizar de manera autónoma
producciones en este campo. Así mismo, pretende reducir los costos de
producción de las películas con la celebración de contratos que regulen la
participación de dos o más países signatarios en su elaboración y busca
favorecer la comercialización de las películas entre los países, para lo cual
se consagró que las obras cinematográficas realizadas en coproducción por medio
de un contrato debidamente registrado, se beneficiarán de las ventajas de las obras
nacionales de cada país coproductor. Al respecto, la Corte sostuvo:
“El Acuerdo sub-examine trata así de fomentar el
montaje de una infraestructura adecuada para la producción y comercialización
cinematográfica, teniendo en cuenta que cada Estado en forma independiente no
cuenta con los recursos necesarios para realizar obras de esa envergadura. Sin
duda, son objetivos que sólo brindan beneficios para Colombia y redundan en la
integración latinoamericana, uno de los puntales de las relaciones
internacionales del país.
La Corte Constitucional considera entonces que la
finalidad del Acuerdo se adecua a los lineamientos que establece la
Constitución de 1991, debido a que se trata de esfuerzo de la comunidad
latinoamericana para proteger su producción audiovisual….
De otro lado, el tratado bajo estudio, busca el
desarrollo cultural de la región latinoamericana y el afianzamiento de su
identidad, a través de un modo de cultura como es el audiovisual. Así, el
Convenio resalta explícitamente esta dimensión cultural, puesto que consagra,
en el artículo 10, que se promoverá con particular interés la realización de
obras cinematográficas de especial valor artístico y cultural. Esta intención
no hace más que coadyuvar a los deberes del Estado colombiano en el desarrollo
y promoción de la cultura, la cual tiene tal importancia en la Carta, que es
posible hablar de la existencia de una Constitución Cultural, tal y como esta
Corporación ya lo había establecido.
…
Así las cosas, el Acuerdo en mención, al fomentar los
esfuerzos en la preservación del patrimonio cultural de la región
latinoamericana, desarrolla la Constitución cultural consagrada en la Carta” [64].
Además, esta Corporación expuso
que el Acuerdo también constituía un desarrollo del Convenio de Integración
Cinematográfica Iberoamericana, que fue declarado exequible en la sentencia
C-589 de 1992. En aquella ocasión, la Corte destacó que la finalidad del
Convenio -a saber, favorecer la integración cinematográfica entre los países
iberoamericanos-, armonizaba plenamente con los principios que, según la Carta,
deben orientar las relaciones internacionales del Estado colombiano. Dijo
entonces esta Corporación:
"El contenido general de los objetivos propuestos,
es sin duda alguna de amplios sentimientos altruistas que permiten a los
pueblos latinoamericanos solidariamente desarrollar esta clase de actividades
en forma compacta y mancomunada, en procura de alternativas capaces de hacer
más competitivas las producciones del séptimo arte en estos países que por las
secuelas del subdesarrollo se han ido quedando al margen en ésta y otras
actividades que los ha marginado para competir, por esta infortunada
circunstancia, en igualdad de condiciones.
Es, pues, el Convenio, en su contenido y por su
proyección loable, benéfico y oportuno y con seguridad serán muchas las
ventajas y experiencias que sobrevendrán de sus ejecutorias; a todas luces es
digno de admirar el criterio integracionista que anima a los Estados de la
Región  porque  como  se  ha dicho, las necesidades y los problemas que padecen
estos países, están identificados por causas comunes, que merecen y exigen
tratamientos y soluciones análogas y solidarias.
Encaja este Convenio dentro de los preceptos que tuvo
el Constituyente de l991, como elemento fundamental para incorporar en el
Estatuto Básico del derecho colombiano,  desde el mismo Preámbulo de la
Constitución al afirmar  el sentimiento latinoamericano que debe imperar en las
actuaciones y decisiones institucionales”[65].
Por todo lo anterior, la Corte
encontró que el Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica y su
ley aprobatoria se ajustaba a la Constitución, toda vez que estimula la
integración latinoamericana y se fundamenta en el respeto de la soberanía
nacional, la igualdad de derecho y el mutuo beneficio entre las partes (arts.
9º, 150-16 y 226 de la Carta).
De esta forma, la Corte ha
encontrado ajustado a la Constitución el fomento de la actividad cinematográfica
a través de la suscripción de instrumentos internacionales, como los acuerdos
de coproducción en los órdenes latinoamericano e iberoamericano.
En el asunto que nos ocupa, se
trata de un Protocolo de Enmienda al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción
Cinematográfica, el cual, como se ha expuesto, al corresponder a un tratado
internacional, está sujeto al mismo procedimiento de aprobación por el Congreso
y examen de la Corte Constitucional, ya que según los artículos 150 numeral 16
y 241 de la Constitución, el Presidente de Colombia sólo puede manifestar
válidamente el consentimiento frente a las obligaciones contenidas en un
tratado internacional.
Para la Corte, el Protocolo de
Enmienda y su ley aprobatoria, armonizan sustancialmente con los mandatos
constitucionales.
Desde la exposición de motivos al
proyecto de ley 143 de 2007 Senado y 309 de 2008 Cámara, que culminó con la
expedición de la Ley 1262 de 2008, el Congreso de la República resaltó la
importancia de la aprobación del  instrumento modificatorio del Acuerdo:
“Contiene disposiciones esenciales para desarrollar
labores de colaboración y complementariedad de acuerdo con la realidad nacional
de cada uno de nuestros países, y en el entorno internacional.
Este Protocolo permite la formación de un marco
institucional que regule las relaciones de cooperación dentro del campo
cinematográfico entre Colombia y los países Parte en el Convenio, y también
contribuye a fortalecer la solidaridad y el intercambio cultural
iberoamericano.
…
En últimas, el objetivo central de este acuerdo es permitir
a los productores de cine colombianos compartir con sus colegas de área de
recursos financieros, creativos, técnicos y artísticos, para producir películas
y obras televisivas que tengan la condición de producto nacional en cada uno de
los países coproductores. Todas las obras que se realicen acogiéndose a este
Acuerdo estarán sujetas a aprobación por parte de las autoridades competentes
de cada país”.
El Protocolo de Enmienda al
Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica constituye, entonces,
un mecanismo renovado que permite avanzar significativamente en los propósitos
de fomento de la actividad cinematográfica y audiovisual en los países
iberoamericanos. Es un instrumento de ayuda y colaboración mutua en la
identificación cultural de los pueblos, que pretende redundar en el desarrollo
de la cinematografía colombiana, dentro del espacio audiovisual de los países
iberoamericanos y la integración en materia de coproducción (Preámbulo y arts.
9º, 70, 71, 226 y 227 de la Constitución).
Ingresando al análisis particular
de las disposiciones del presente Protocolo de Enmienda, la Corte aprecia su
conformidad con la Constitución por cuanto:
En el Preámbulo se hacen expresas
las motivaciones que llevaron a concertar la introducción de ciertas enmiendas
al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, como son i) la
necesidad de fortalecer y ampliar el desarrollo cinematográfico y audiovisual
de los países iberoamericanos y ii) que la coproducción de material
cinematográfico y audiovisual en el marco del Acuerdo, no incluye solamente a
países de América Latina, sino que se extiende también a los Estados ibéricos
contratantes del Acuerdo.
De este modo el Estado con la
suscripción del Protocolo de Enmienda, busca continuar promoviendo y fomentando
el acceso a la cultura en sus diversas manifestaciones, como lo es el cine,
además de hacer realidad los mandatos constitucionales de integración no sólo
latinoamericana sino con los países ibéricos.
Para la Corte el instrumento
pretende implementar ventajas para la coproducción cinematográfica en el
contexto de cada uno de los Estados y particularmente facilitar su aplicación
en los países de pequeña cinematografía al no disponer todos de la misma
capacidad de coproducción (arts. 9º, 70 y 226 de la Constitución).
-El artículo I, cambia el título
del Acuerdo original que ahora se denominará “Acuerdo Iberoamericano de
Coproducción Cinematográfica”, lo cual no presenta reparo constitucional alguno
en la medida en que tiende a reflejar la conformación actual de los países.
-El artículo II, que enmienda el
artículo III del Acuerdo, establece que las obras cinematográficas realizadas
en coproducción serán consideradas como nacionales por las autoridades
competentes de cada país productor y gozarán de pleno derecho de las ventajas e
incentivos fiscales que resulten de la aplicación a la industria
cinematográfica, que se otorgarán solamente al productor del país que las
conceda. También, se precisa que sin perjuicio de lo anterior, el Acuerdo no
afectará ningún otro aspecto de la legislación fiscal de los Estados signatarios
o a los convenios para evitar la doble imposición suscrita entre los mismos.
Entonces, la disposición pretende
que las obras cinematográficas realizadas en coproducción tengan los mismos
derechos y beneficios tributarios que se apliquen a la industria
cinematográfica local, con lo cual se hace realizable el trato igualitario en
torno a los incentivos para las producciones entre varios países coproductores,
que sólo serán otorgados al productor del país que las llegare a conceder.
Ello resulta consonante con el
texto constitucional, en la medida en que constituye un valioso incentivo para
el desarrollo de la actividad cinematográfica, al establecer una reciprocidad
entre los Estados firmantes, toda vez que estarán en pie de igualdad las obras
nacionales con las que resulten de la coproducción al considerarse como
nacionales, lo que les permitirá acceder a cualquier incentivo o beneficio.
Para la Corte se persigue evitar
que un Estado adopte un tratamiento diferenciado sobre las obras extranjeras
producto del Acuerdo; además, que se mantenga el principio de equidad al
otorgarse las ventajas e incentivos fiscales solamente al productor del país
que las conceda. También se busca excluir cualquier tratamiento discriminatorio
en materia tributaria entre las producciones cinematográficas locales y las
realizadas conjuntamente con los países signatarios del Acuerdo, al igual que
repercuta sobre la legislación fiscal de los Estados signatarios para evitar la
doble imposición[66].
-El artículo III , que modifica
el artículo V del Acuerdo, hace referencia en términos generales, al porcentaje
mínimo y máximo de aportes de cada uno de los coproductores (numeral 1), al
porcentaje máximo de participación de países no miembros siendo el coproductor
mayoritario uno de los países miembros (numeral 2), al porcentaje mínimo y
máximo en el caso de coproducciones multilaterales en que uno o unos
coproductores cooperen artística y técnicamente, mientras otro u otros
participen financieramente (numeral 3), a incluir una participación técnica y
artística efectiva en las aportaciones de los coproductores minoritarios
miembros. Así mismo, señala que la aportación de cada país coproductor en personal
creador, técnicos y actores, debe ser proporcional a su inversión (numeral 4) y
que la aportación de cada país incluya al menos un elemento considerado como
creativo, un actor o actriz en papel principal y otro en papel secundario, y un
técnico cualificado (numeral 5).
Para la Corte dicha disposición
no ofrece motivo de inconstitucionalidad alguno toda vez que se limita a
señalar las características que rodean las coproducciones cinematográficas
dentro del marco del Acuerdo que se enmienda, para fortalecer y ampliar el
desarrollo cinematográfico y audiovisual de los países iberoamericanos y
hacerse merecedor de los beneficios que se mencionan, al establecer unos topes
mínimos y máximos que se encuentran razonables, además que se favorece la
participación nacional como de los países signatarios en coproducciones
internacionales.
-El artículo IV, agrega un
artículo a continuación del artículo XIV del Acuerdo, en orden a admitir
excepcionalmente coproducciones bipartitas de películas realizadas siempre que
se reúnan unas condiciones en cuanto a i) calidad técnica y valor artístico
reconocido, ii) coste igual al monto determinado por las autoridades
cinematográficas, iii) admisión de una participación minoritaria que puede ser
limitada al ámbito financiero conforme al contrato sin que se superen en
principio los porcentajes establecidos, iv) cumplimiento de condiciones
establecidas para la concesión de nacionalidad por la legislación del país
mayoritario e v) inclusión en el contrato de disposiciones sobre el reparto de
los ingresos. Adicionalmente, se precisan aspectos concernientes a la concesión
del beneficio de coproducción, su efectividad  y plazo de equilibrio global.
De esta forma, se abre el camino
para que se realicen las llamadas coproducciones bipartitas de películas bajo
unas condiciones para su realización, lo cual para la Corte se acompasa con el
ordenamiento constitucional ya que al ampliar el ámbito de las coproducciones
cinematográficas se termina fomentando dicha actividad para beneficio del
Estado de cultura.
-El artículo V, el cual enmienda
el artículo XX y que pasa a ser el XXI, establece que a voluntad de uno o
varios de los Estados miembros, podrán proponerse modificaciones al presente
Acuerdo a través de la SECI[67], para ser considerados
por la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica CACI y
aprobadas por vía diplomática.
Ello para la Corte no contraría
precepto constitucional alguno, toda vez que permite ajustar el Acuerdo a los
cambios que se requieran para beneficio del fomento de las coproducciones
cinematográficas, todo lo cual habrá de observar, como lo reconoce la misma
disposición, el trámite interno correspondiente, además, de su aprobación por
el Congreso y la revisión por la Corte Constitucional (art. 241-10 superior).
-De igual modo, en la medida en
que el artículo VI, se limita a renumerar los artículos XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX y XX del Acuerdo, al tener que leerse como XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI,
respectivamente, se declararán ajustados a la Constitución.
-El artículo VII, modifica al
Anexo “A” del Acuerdo, sobre normas de procedimiento de ejecución, lo cual
armoniza con la Constitución al pretender hacer más expedito, claro y preciso
el trámite de las solicitudes de admisión de coproducción cinematográfica y el
contrato de coproducción correspondiente.
-Los artículos VIII, IX, X y XI,
concernientes a la suscripción del presente Protocolo de Enmienda, la autenticidad
y el depósito en la sede de la SECI, el depósito de los instrumentos de
ratificación o adhesión y su entrada en vigencia, respectivamente, no ofrecen
reparo constitucional alguno porque constituyen aspectos propios del trámite a
que se sujetan este tipo de instrumentos internacionales.
Conforme a lo expuesto, para la
Corte el Protocolo de Enmienda y su ley aprobatoria se ajustan a la Constitución
por cuanto incrementan el esfuerzo por apoyar las iniciativas en materia
cinematográfica para el desarrollo cultural de los pueblos. A la vez, trata de
armonizar las políticas cinematográficas y audiovisuales de las partes, como
resolver los problemas de producción, distribución y exhibición cinematográfica
de la región, además de ampliar el mercado para el producto cinematográfico.
También procura a quienes hacen
cine en Colombia, instrumentos que faciliten su trabajo en aras de impulsar y
renovar la producción cinematográfica nacional como parte de la agenda
legislativa de la cultura.
Todo ello resulta congruente con
los principios rectores de la Carta Política comprometidos a impulsar la
integración regional y con los demás Estados sobre bases de equidad, igualdad y
reciprocidad y de las relaciones exteriores del Estado, fundamentadas en la
soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el
reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por
Colombia (Preámbulo y artículos 9º, 226 y 227 de la Constitución).
Al igual, para la Corte se
pretende promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos,
en sus diversas manifestaciones, como lo es en el caso concreto la coproducción
cinematográfica (arts. 70 y 71 de la Constitución).
Por lo anterior, la Corte
declarará ajustado a la Constitución Política el Protocolo de Enmienda al
Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica y la ley aprobatoria
No. 1262 de 2008.
VI.    DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala
Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y
por mandato de la Constitución,
RESUELVE :
Primero. Declarar EXEQUIBLE
la Ley No. 1262 del 26 de diciembre de 2008, “Por
medio de la cual se aprueba el Protocolo de Enmienda al Acuerdo Latinoamericano
de Coproducción Cinematográfica, firmado en Bogotá, D.C., el 14 de julio de 2006”.
Segundo. Declarar EXEQUIBLE
el “Protocolo de Enmienda al Acuerdo
Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, firmado en Bogotá, D.C., el 14
de julio de 2006”.
Cópiese, notifíquese, comuníquese al
Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
NILSON PINILLA PINILLA
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Sentencias C-378 de 2009, C-991 de 2000 y C-176 de 1997.
[2] El artículo 189, numeral 2 de la Constitución, señala: “Corresponde
al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema
Autoridad Administrativa: …2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a
los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y
celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o
convenios que se someterán a la aprobación del Congreso”.
[3] El artículo 150, numeral 14 de la
Constitución, señala que corresponde al Congreso la función de “Aprobar o
improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades
de derecho internacional”.
La Ley 5 de 1992,
artículo 217, refiere: “Condiciones en su trámite.. Podrán presentarse propuestas de no
aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de Tratados y Convenios
Internacionales. El texto de los Tratados no puede ser objeto de enmienda. Las
propuestas de reserva sólo podrán ser formuladas a los Tratados y Convenios que
prevean esta posibilidad o cuyo contenido así lo admita. Dichas propuestas, así
como las de aplazamiento, seguirán el régimen establecido para las enmiendas en
el proceso legislativo ordinario. Las Comisiones competentes elevarán a las
plenarias, de conformidad con las normas generales, propuestas razonadas sobre
si debe accederse o no a la autorización solicitada”. Disposición orgánica que fue declarada
exequible en la sentencia C-227 de 1993. Cft. sentencia C-578 de 2002.
[4] Ley 5 de 1992, artículo 204: “Trámite. Los proyectos de ley orgánica, ley
estatutaria, ley de presupuesto, ley sobre derechos humanos y ley sobre
tratados internacionales se tramitarán por el procedimiento legislativo
ordinario o común, con las especialidades establecidas en la Constitución y en
el presente Reglamento”.
[5] En la Oficina de correspondencia del Palacio de Justicia. En la
presidencia de la Corte Constitucional fue entregada el 14 de enero de 2009.
[6] Recuérdese que hubo periodo de vacaciones colectivas para la Rama
Judicial entre el 20 de diciembre y el 10 de enero de 2009. Además, los días 11
y 12 de enero corresponden a los días domingo y lunes festivo.
[7] Oficio No. 10190 del 20 de febrero de 2009. Acompaña copia del
documento que acredita los plenos poderes otorgados al Sr. David Melo Torres
para suscribir el Protocolo de Enmienda.
[8] Cft. Sentencias C-933 de 2006, C-241 de 2006
y C-1139 de 2000, entre otras. Igualmente, el Auto de Sala Plena No. 119 de
2007.
[9] Págs. 18
a 22.
[10] Págs. 9
a 11.
[11] Pág.
15.
[12] Pág.
19. En la página 24 reposa anuncio de discusión y votación de dos (2) proyectos
de ley adicionales, reiterando nuevamente los anunciados para la próxima
sesión.
[13] Págs. 3
y 4.
[14] Págs. 1 y 3.
[15] Págs. 2
y 3.
[16] Págs.
25 y 26.
[17] Págs.
11 y 12.
[18] Págs. 1 y 2.
[19] Pág. 18.
[20] Págs. 6
y 7.
[21] Págs.
27 y 28.
[22] Págs. 6
y 7.
[23] Pág. 1.
[24] Págs.
13 y 14.
[25] Págs.
53 y 54.
[26] Pág. 11 en adelante.
[27] Págs.
19 y 20.
[28] Pág. 5.
[29] Pág. 22.
[30] La Corte ha señalado que los plazos que deben
mediar entre los debates se contabilizan en días comunes y no hábiles.
Sentencias C-1153 de 2005 y C-309 de 2004, entre otras.
[31] En cuanto a la validez de la expresión “próxima
sesión”, empleada para el anuncio de votación, puede consultarse, entre
otras, las sentencias C-228 de 2009, C-195 de 2009, C-276 de 2006, C-241 de
2006 y C-1040 de 2005, como el Auto 145 de 2007. Específicamente, en la
sentencia C-1040 de 2005, se sostuvo: “la expresión “en la próxima sesión”
ha sido admitida por la Corte, como una de las frases que se puede utilizar
para acreditar el cumplimiento del requisito del aviso previsto en el último
inciso del artículo 160 Superior, pues se trata de una fecha que resulta
determinable teniendo en cuenta las disposiciones del Reglamento del Congreso
que expresamente determinan en qué días se surte de ordinario las sesiones y
quiénes pueden convocar para su práctica”.
[32] En
relación con las votaciones realizadas al día siguiente del anuncio de la
votación, pueden consultarse las sentencias C-195 de 2009 y C-181 de 2007,
entre otras.
[33] Recuérdese que el no consecutivo de las actas (153 y 155 de
2008), obedece a que en la sesión de anunció para votación del proyecto de ley
que nos ocupa (Acta 153 del 25 de noviembre de 2008), al finalizar la
misma se hizo manifiesto que la discusión y votación del proyecto de ley
previsto para el 2 de diciembre o en la siguiente sesión en que se
debatieran proyectos de ley, estaría precedida por un debate de control
político al día siguiente (corresponde al Acta 154 del 26 de noviembre
de 2008).
[34] En esta decisión la Corte no encontró reparo constitucional alguno en
que frente a la citación de anuncio para votación para la próxima sesión, ante
la certificación de que no se sesionó para el día 29 de noviembre de 2007, se
hubiere discutido y aprobado en la siguiente sesión del 4 de diciembre de 2007.
[35] Sentencia C-502 de 2007.
[36] En la cual se llevó a cabo una sesión
informal para atender una visita oficial de parlamentarios canadienses en el
Congreso.
[37] Estado de Cultura, Derechos Culturales y Libertad Religiosa.
Beatriz González Moreno. Civitas. A Thomson Company. Madrid. 2003. Págs. 19 a
26.
[38] Ibidem. Págs. 137 y 138. Cft. A. Pizzorusso, Lecciones de
Derecho Constitucional. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1985,
Págs. 193 y ss.
[39] Ibidem. Págs. 27 a 40.
[40] Ibidem. Págs. 84 a 87. Con orígenes en la Conferencia
Intergubernamental sobre las Políticas Culturales en Africa (1975, Accra,
Ghana) y en las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre las Políticas
Culturales (Mondiacult, México, 1982), la UNESCO ha empleado la siguiente
definición de cultura: es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un
grupo social y abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las
maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las
creencias. Información extraída del texto en cita, según pág. 97.
[41] Ibidem. Págs. 96 y 97.
[42] Cft. sentencia T-002 de 1992. En esta decisión la Corte Constitucional
dedujo la existencia de una Constitución cultural.
[43] Cft. Sentencia C-577 de 2004.
[44] Cft. Sentencia C-260 de 1993.
[45] Sentencia C-070 de 1995.
[46] Para la Ley “Cultura es el conjunto de rasgos distintivos,
espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los
grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de
vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias” (art.
1º, numeral 1).
[47] Para el Congreso “La cultura, en sus diversas manifestaciones, es
fundamento de la nacionalidad y actividad propia de la sociedad colombiana en
su conjunto, como proceso generado individual y colectivamente por los colombianos.
Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la identidad y la cultura
colombianas” (art. 1º, numeral 2).
[48] Señala que “El Estado impulsará y estimulará los procesos,
proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por
la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana” (art. 1º,
numeral 3).
[49] Artículo 1º, numeral 5.
[50] Artículo 4º. Ver, sentencia C-742 de 2006.
[51] El Estado, a través del Ministerio de Cultura, de
Desarrollo Económico y de Hacienda y Crédito Público, fomentará la
conservación, preservación y divulgación, así como el desarrollo artístico e
industrial de la cinematografía colombiana como generadora de una imaginación y
una memoria colectiva propias y como medio de expresión de nuestra identidad
nacional.
PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por
el artículo 12 de
la Ley 1185 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de la
divulgación de la cinematografía colombiana, el Ministerio de Cultura, a través
de la Dirección de cinematografía, podrá entregar materiales pedagógicos y de
divulgación a las entidades públicas del orden territorial y a las entidades
sin ánimo de lucro, que tengan dentro de su objeto el desarrollo de actividades
culturales, que este determine, a título de cesión gratuita.
[52] Para lograr el desarrollo armónico de nuestra
cinematografía, el Ministerio de Cultura, en desarrollo de las políticas que
trace, podrá otorgar:
1. Estímulos especiales a la creación cinematográfica
en sus distintas etapas.
2. Estímulos e incentivos para las producciones y las
coproducciones cinematográficas colombianas.
3. Estímulos e incentivos para la exhibición y
divulgación de la cinematografía colombiana.
4. Estímulos especiales a la conservación y
preservación de la memoria cinematográfica colombiana y aquella universal de
particular valor cultural.
5. Estímulos
especiales a la infraestructura física y técnica que permita la producción,
distribución y exhibición de obras cinematográficas.
[53] Considérase como empresas cinematográficas colombianas aquellas cuyo
capital suscrito y pagado nacional sea superior al cincuenta y uno por ciento
(51%) y cuyo objeto sea la narración hecha con imágenes y sonidos, impresa por
medio de procesos ópticos sobre un soporte de celulosa, de impresión
electrónica y otros que se inventen n el futuro con el mismo fin.
[54] Se entiende por producción cinematográfica colombiana
de largometraje, la que reúna los siguientes requisitos:
1. Que el capital colombiano invertido no sea inferior
al 51%.
2. Que su personal técnico sea del 51% mínimo y el
artístico no sea inferior al 70%.
3. Que su duración en pantalla sea de 70 minutos o más
y para televisión 52 minutos o más.
PARAGRAFO 1o. De la totalidad de los
recursos destinados al fomento de la producción cinematográfica, por lo menos
el 50% deberá ser destinado a producciones cinematográficas colombianas, y el
resto para los proyectos de coproducciones.
[55] Se entiende por coproducción cinematográfica
colombiana de largometraje la que reúna los siguientes requisitos:
1. Que sea producida conjuntamente por empresas
cinematográficas colombianas y extranjeras.
2. Que la participación económica nacional no sea
inferior al veinte por ciento (20%).
3. Que la participación artística colombiana que
intervenga en ella sea equivalente al menos al 70% de la participación
económica nacional y compruebe su trayectoria o competencia en el sector
cinematográfico.
[56] El Estado, a través del Ministerio de Cultura,
otorgará incentivos industriales económicos a las producciones y coproducciones
cinematográficas de largometrajes colombianos, mediante los convenios previstos
en la ley, de acuerdo con los resultados de asistencia y taquilla que hayan obtenido
después de haber sido comercialmente exhibidos dentro del territorio nacional
en salas de cine abiertas al público o a través de la televisión local,
regional, nacional o internacional.
[57] Autorízase al Ministerio de Cultura para crear el
Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica, y para aportar recursos del
presupuesto.
El fondo funcionará como entidad autónoma, con
personería jurídica propia, y en lo referente a su organización, funcionamiento
y contratación, se regirá por el derecho privado.
Siempre y cuando la participación pública sea
mayoritaria, entendiendo por tal un porcentaje superior al cincuenta por ciento
(50%) del fondo social, el fondo será presidido por el Ministro de Cultura. En
este evento la aprobación de los gastos de funcionamiento para la vigencia
fiscal respectiva, la decisión sobre su disolución, la compraventa de bienes
inmuebles, así como la aprobación de proyectos de inversión cuya cuantía exceda
el diez por ciento (10%) del presupuesto del fondo, deberá contar con el voto
favorable del Ministro de Cultura. El resto de su composición, estructura,
dirección y administración, será determinado en el acto de creación y en sus
estatutos.
El fondo tendrá como principal objetivo el fomento y
la consolidación de la preservación del patrimonio colombiano de imágenes en
movimiento, así como de la industria cinematográfica colombiana, y por tanto
sus actividades están orientadas hacia la creación y desarrollo de mecanismos
de apoyo, tales como: incentivos directos, créditos y premios por taquilla o
por participación en festivales según su importancia. El fondo no ejecutará
directamente proyectos, salvo casos excepcionales, que requieran del voto
favorable del representante del Ministerio de Cultura, en la misma forma se
deberá proceder cuando los gastos de funcionamiento superen el veinte por
ciento (20%) del presupuesto anual de la entidad.
La renta que
los industriales de la cinematografía (productores, distribuidores y
exhibidores) obtengan, y que se capitalice o reserve para desarrollar nuevas
producciones o inversiones en el sector cinematográfico, será exenta hasta del
cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto sobre la renta.
[58] Trasládase al Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica los bienes que
pertenecieron al Fondo de Fomento Cinematográfico, Focine, con todos los
rendimientos económicos hasta la fecha.
[59] Cft. Sentencia C-1040 de 2004, que declaró exequibles los artículos
5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 y 22 de la Ley 814
de 2003.
[60] Respecto al numeral 1, artículo I, se dispuso que el Presidente de la
República al prestar su consentimiento declare la correspondiente declaración
interpretativa según la cual ninguna modificación al mencionado Acuerdo puede
exceder los términos del mismo.
[61] Decretos 763 de 2009, 7382 de 2007, 2555 de 2007, 897 de 2004, 352 de
2004, 2291 de 2003, 358 de 2000, 2685 de 1999, 1355 de 1970, 2055 de 1970,
entre otros.
[62] Resoluciones 1708 de 2009, 1262 de 2008, 756 de 2007, 016 de 2005,
1283 de 2003, 183 de 2001, 4240 de 2000, entre otras.
[63] Cft. Sentencias C-589 de 1992, C-260 de 1993, C-070 de 1995, C-105 de
1995, C-276 de 1996, C-577 de 2004 y C-1040 de 2004.
[64] Sentencia C-105 de 1995.
[65] Ibidem.
[66] El artículo 18 de la Decisión 578 de 2004 de la Comunidad Andina de
Naciones consagra el principio de trato nacional según el cual  ningún país
miembro aplicará a las personas domiciliadas en los otros países miembros, un
tratamiento menos favorable que el que le aplica a las personas domiciliadas en
su territorio, respecto de los impuestos materia del convenio.
Cft. Intervención
del Instituto Colombiano de Derecho Tributario.
[67] Secretaría Ejecutiva de Cinematografía Iberoamericana.