T-181-19
Sentencia T-181/19
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
DEBIDO PROCESO PENAL-Vulneración por falta de notificación
La indebida notificación viola el
debido proceso y, cuando es consecuencia de la conducta omisiva de la
autoridad, es un defecto procedimental absoluto porque: (i) concurre cuando el
juez actúa inobservando el procedimiento establecido en la ley; (ii) se
entiende como un defecto de naturaleza calificada que requiere para su
configuración que el operador jurídico haya desatendido el procedimiento
establecido por la norma; y, además, (iii) implica una evidente vulneración al
debido proceso del accionante
INDEBIDA
NOTIFICACION JUDICIAL-Configura un defecto procedimental absoluto que lleva a
la nulidad del proceso/PROCESOS JUDICIALES-Necesidad de notificación
efectiva
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto procedimental
absoluto por falta de notificación en proceso penal
Referencia: T-7.125.824
Acción de tutela interpuesta por Jaime Alberto Méndez Niño
contra el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá.
Procedencia: Sala Penal del Tribunal Superior de
Cundinamarca y Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial.
Debido proceso. Notificaciones.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., ocho (8) de Mayo de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Sexta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y
las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
El 30 de agosto de 2018 Jaime Alberto Méndez Niño, mediante
apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el fallo del  20 de
noviembre de 2017, proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá. La
decisión controvertida fue proferida dentro del trámite del CUI
25175-60-00-688-2014-00134 por el delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes agravado.
El tutelante pretende que sea amparado su derecho
fundamental al debido proceso que considera vulnerado por la providencia
mencionada debido a que, a partir de la audiencia de legalización de captura,
todas las comunicaciones y telegramas concernientes al proceso fueron enviados
a una dirección incompleta y/o equivocada, a pesar de que aportó su dirección
completa y datos de contacto en dicha audiencia. Según el accionante, tal
circunstancia le impidió ejercer adecuadamente sus derechos de defensa y contradicción
dentro del proceso penal correspondiente.
A. Hechos y pretensiones
1.
El 16 de
marzo de 2004, Jaime Alberto Méndez Niño fue capturado por presuntamente llevar
consigo sustancias alucinógenas y comercializarlas.
2.
El 17 de
marzo de 2004, el Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Chía legalizó la captura por solicitud de un delegado de la
Fiscalía. Durante esa audiencia Jaime Alberto Méndez Niño estuvo acompañado por
su abogado de confianza.
3.
En el
desarrollo de la mencionada audiencia, el delegado de la Fiscalía le formuló al
accionante imputación como presunto autor del delito de tráfico, fabricación o
porte de estupefacientes agravado y solicitó la imposición de medida de
aseguramiento de detención preventiva.
4.
El Juez
Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Chía negó la
solicitud de imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva,
al estimar que el implicado no representaba peligro para la sociedad.
5.
En el
desarrollo de la mencionada audiencia, se identificaron plenamente los sujetos
procesales. El señor Jaime Alberto Méndez Niño aportó su dirección completa,
así como su número de celular y la línea telefónica fija de su residencia.
6.
El 28 de
abril de 2014, el Fiscal Tercero Seccional de Zipaquirá presentó escrito de
acusación y el proceso fue asignado al Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá.
Dicha situación fue comunicada al fiscal y al defensor de confianza.
7.
Después de
la comunicación el defensor de confianza renunció al poder mediante escrito
radicado en el Juzgado y solicitó a éste que le informara dicha circunstancia
al señor Jaime Alberto Méndez Niño[1].
8.
El 23 de
mayo de 2014, el Juzgado envió comunicación al tutelante en la cual informó la
renuncia del defensor de confianza, concedió el término de 3 días para nombrar
un nuevo defensor e indicó que de no hacerlo le asignarían un Defensor de
Oficio. Esa comunicación se envió a una dirección incompleta[2].
9.
El 16 de
septiembre de 2014, luego de varios intentos fallidos de comunicación con el
señor Jaime Alberto Méndez Niño mediante la remisión de telegramas, en virtud
de que fueron enviados a la dirección incompleta y/o equivocada, el Juzgado
Penal del Circuito de Zipaquirá celebró la audiencia de acusación, sin la
asistencia del tutelante pero representado por un defensor público.
10.
La
audiencia preparatoria fue celebrada el 14 de enero de 2015, sin la asistencia
del accionante, pero representado por un defensor público.
11.
La
audiencia de juicio oral tuvo lugar el 13 de enero de 2017 y continuó el 16 de
febrero de 2017 y el 20 de noviembre de 2017, sin la asistencia del señor
Méndez Niño, pero representado por un defensor público.
12.
El 20 de
noviembre de 2017, el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá dictó sentencia
condenatoria consistente en 128 meses de prisión y multa de 4 S.M.L.M.V.
Además, le fue negada la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la
prisión domiciliaria, por lo que el juez libró orden de captura.
13.
El 29 de
enero de 2018, dado que el fallo no fue recurrido, el Juzgado Penal del
Circuito de Zipaquirá remitió la carpeta a los juzgados de ejecución de penas y
medidas de seguridad de Tunja, para lo de su competencia.
14.
El 2 de
mayo de 2018, el señor Méndez Niño se enteró de la sentencia firme en su
contra, cuando fue capturado por miembros de la Policía Nacional.
15.
El 30 de
agosto de 2018, el tutelante, mediante apoderada judicial, interpuso acción de
tutela contra el fallo del 20 de noviembre de 2017, proferido por el Juzgado
Penal del Circuito de Zipaquirá.
16.
La
apoderada afirma que las actuaciones llevadas a cabo por el Juzgado Penal del
Circuito de Zipaquirá, posteriores a la audiencia preparatoria en la que se
tramitó la legalización de captura, violan su derecho fundamental al debido
proceso por haberle impedido ejercer adecuadamente sus derechos de defensa y
contradicción dentro del proceso.
17.
En
consecuencia, la apoderada solicitó al juez de tutela que: a) ampare el derecho
fundamental al debido proceso; b) anule la sentencia del 20 de noviembre de
2017, proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá, en la que se
condenó al accionado por el delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes; c) declare la nulidad de todo lo actuado, a partir de la
audiencia de formulación de acusación[3]; y d) ordene notificar en debida
forma al tutelante para que pueda participar dentro del proceso que se adelanta
en su contra.
B. Actuación procesal
Mediante
auto del 3 de septiembre de 2018[4],
el Magistrado Ponente de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca, admitió la acción de tutela y notificó al juzgado
demandado, así como a los sujetos procesales e intervinientes en la noticia
criminal No. 25175-60-00-688-2014-00134[5],
adelantada en contra del aquí accionante, para que ejercieran sus derechos de
defensa y contradicción.
Respuesta
del abogado Luis Eduardo Rivera Gómez[6]
(defensor de oficio)
El 5 de septiembre
de 2018, el abogado
allegó escrito en el que informó que prestó sus servicios profesionales en
calidad de defensor público del aquí accionante, adscrito a la Defensoría del
Pueblo Regional Cundinamarca, por designación del Juzgado Penal del Circuito de
Zipaquirá. Manifestó que durante el proceso intentó comunicarse telefónicamente
con el defendido sin éxito, por lo cual el 8 de octubre de 2014 libró misión de
trabajo al investigador de la defensoría, técnico en criminalística grado 15,
para que ubicara al imputado, estableciera el arraigo y diera información de
posibles elementos probatorios a tener en cuenta en su defensa.
El abogado informó que recibió
contestación de la misión el 23 de octubre de 2014 en la que se señala que no
fue posible localizar al imputado telefónica ni personalmente[7]. Por
último, manifestó que en sus actuaciones garantizó el derecho a la defensa del
imputado.
Respuesta del abogado Enrique Caicedo
Beltrán[8]
(defensor de confianza)
El abogado Caicedo Beltrán, mediante correo
electrónico del 4 de septiembre de 2018, comunicó que prestó sus servicios
profesionales al accionante, en virtud de contrato verbal, mediante el que
acordaron que sólo lo asistiría para la primera audiencia (la de imputación,
legalización de captura y medida de aseguramiento). Manifestó que luego de
asistirlo en dicha audiencia presentó renuncia irrevocable a la defensa del
aquí accionante y le solicitó al respectivo juez que le informaran al imputado
de su decisión.
Sobre las pretensiones del tutelante
conceptuó que “la decidia demostrada por el inidiciado, de ninguna manera
puede ser trasladada a terceras personas, por que (sic) siempre conocio (sic)
de la existencia del proceso, lo que lo obligaba al menos, a estar pendiente
del mismo, y dejarlo al garete.”[9]
Respuesta del Juzgado Penal del Circuito
de Zipaquirá[10]
El 5 de septiembre de 2018, el Juez
titular del despacho anotado, comunicó que el 20 de noviembre de 2017 su
juzgado profirió sentencia condenatoria contra el tutelante, en la que se le
condenó a la pena de 128 meses de prisión y multa de 4 S.M.L.M.V., al hallarlo
autor del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, sentencia
que quedó en firme en la misma fecha dado que nadie la impugnó.
Manifestó que respecto a la
inconformidad que motiva la acción de tutela propuesta por el accionante en
relación al trámite adelantado en la actuación “debo aclarar que el suscrito
asumió la dirección del despacho el 13 de marzo de 2017, adelantando en el
presente trámite audiencia de juicio oral y proferimiento de sentencia”[11].
Adicionalmente, afirmó que:
“El
sentenciado fue vinculado mediante formulación de la imputación en presencia
suya, es decir, que era claramente conocer (sic) de la iniciación de la
actuación procesal en su contra, de las posibilidades de defensa que tenía, así
como de determinar si haría frente al proceso o dejaría dicha función
exclusivamente en cabeza de su apoderado privado”[12].
Finalmente, solicitó negar las
pretensiones en atención a que el accionado siempre estuvo representado por un
defensor, sin que quienes fungieron en esa categoría hubiesen formulado reparos
sobre las citaciones o direcciones aportadas y que, aludir a la indebida
citación, luego de que han transcurrido más de cuatro años de iniciada la
actuación, sin siquiera averiguar el curso dado a la misma y su estado, era el
equivalente a alegar su propia incuria.
Respuesta del Fiscal Tercero Seccional
de Zipaquirá[13]
Mediante oficio del 5 de septiembre de
2018, el Fiscal Tercero Seccional de Zipaquirá, respondió el traslado de la
acción de tutela, describió todas las etapas del proceso penal llevado a cabo
contra el accionante desde la audiencia de legalización de captura y hasta la
sentencia condenatoria que no fue impugnada por ninguna de las partes.
Sobre las pretensiones del accionante
manifestó que no deben prosperar puesto que:
“Siempre
esta persona estuvo asistido de su defensor, en primer momento por el de
confianza y posteriormente como es obligación del estado  (sic) garantizarle la
defensa, nombrarle un defensor público, en razón a que su defensor que nombró
en primer momento no volvió a acudir, sin saber las razones o circunstancias
por los (sic) cuales esta persona deja las obligaciones inherentes al cargo que
le fue conferido”[14].
Sobre la indebida citación a las
diligencias manifiesta que la misma no ocurrió “como su señoría lo
confirmara (sic) con los diferentes documentos que reposan”[15].
C. Decisiones objeto de revisión
Primera instancia
El 14 de septiembre de 2018, la acción de tutela fue
concedida en primera instancia. En tal sentido, la Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cundinamarca ordenó: a) conceder el amparo del derecho
fundamental al debido proceso; b) dejar sin efectos las actuaciones surtidas a
partir de la audiencia de formulación de acusación y trámites posteriores; y c)
que el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá, en el término improrrogable de
24 horas: (i) emitiera las órdenes y decisiones a que hubiere lugar para
retrotraer los efectos de lo actuado en el proceso; (ii) rehiciera la actuación
procesal protegiendo los derechos y garantías fundamentales del procesado; y
(iii) iniciara y diera trámite a las investigaciones disciplinarias
correspondientes, en contra de los empleados a su cargo, que con sus
actuaciones constitutivas de falta, hayan dado lugar a la vulneración del derecho
al debido proceso del accionante.
La Sala Penal del Tribunal encontró satisfechos los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, sobre las
causales de procedencia especial, manifestó que en este caso el Juzgado Penal
del Circuito de Zipaquirá había incurrido en una clara vía de hecho. El
Tribunal recordó que:
“La notificación, que se entiende como el
conocimiento formal del administrado o de quien es parte o interviniente en un
proceso judicial, sobre el contenido de las providencias que se adoptan por el
juez o de los actos administrativos que lo afectan, tiene por fundamento
específico la garantía del debido proceso, exigible en todas las actuaciones
judiciales y administrativas”[16].
Adicionalmente, citó jurisprudencia de la Corte
Constitucional en la que se establece que la notificación es un elemento
primordial del debido proceso, en tanto garantiza el reconocimiento de las
decisiones por parte de los interesados, limita las etapas y enmarca los
términos procesales para el ejercicio de la contradicción por lo que:
“La omisión de las autoridades
judiciales en notificar debidamente las actuaciones del proceso, constituye una
violación al debido proceso de tal envergadura, que la decisión judicial
devendría en vía de hecho. Lo anterior, ya que el procesado se ve en
imposibilidad de ejercer debidamente su derecho de defensa, por desconocer las
providencias”[17].
Así, como fruto de la revisión del expediente de la causa
penal, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, manifestó en su
sentencia que:
“[S]e aprecia que ciertamente, se
incurrió en una vía de hecho en la actuación adelantada por parte del Juzgado
Penal del Circuito de Zipaquirá, a través de la cual se dispuso citar al señor
Jaime Alberto Méndez Niño, a efectos de que asistiera a cada una de las
actuaciones del proceso penal que se seguía en su contra ante dicho estrado
judicial y finalmente culmina con un fallo condenatorio en su contra. (…) [Lo
anterior, porque] se aprecia que la última dirección de notificación
aportada por el accionante a las diligencias, fue la calle 182 No. 35ª – 54,
Torre 26, Apto 303, bario San Antonio de Bogotá (…) [Sin embargo, el
despacho judicial] adelantó toda la actuación penal subsiguiente, culminando
con fallo condenatorio el 20 de noviembre de 2017, sin citar en debida forma en
ninguna oportunidad a MENDEZ NIÑO, como se observa de la revisión de la causa
penal, en la que se aprecia que algunas direcciones a las que remitían telegramas
de citación, se dirigieron a la calle 182 No. 35ª – 54, sin hacer indicación
alguna del numero de interior y apartamento al cual debían der dirigidas, y las
restantes se enviaron a la calle 182 No. 35ª – 54 Interior 2, las cuales en
efecto contenían información errada y carecían de otra, dado que el número del
interior era el 23 y el apartamento el 303”[18].
El Tribunal concluyó entonces que las inconsistencias
impidieron que el accionante conociera de los trámites surtidos ante el juzgado.
Resaltó el Tribunal que dentro del material probatorio se encontraba la
certificación expedida por la administradora y representante legal del conjunto
residencial “Agrupación de Vivienda Portal de la 183 P.H.”, en la que indica
que no le fue posible entregar los telegramas al accionante. Lo anterior,
porque la información no estaba completa en las comunicaciones y el nombre del
accionante no figura en la lista de propietarios. Al respecto, la certificación
explica que la propietaria del apartamento es la hermana del accionante y no él,
como lo corrobora el certificado de tradición y libertad aportado por el
accionante.
Así, según el a quo, la indebida citación privó al
accionante de la posibilidad de comparecer al juzgado para ejercer los recursos
a los que había lugar contra el fallo emitido en su contra, así como de ejercer
en debida forma sus derechos de defensa y contradicción.
Por último, la decisión indicó respecto a las
irregularidades en las que incurrió el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá:
“[N]o le pueden ser endilgadas a dicho
ciudadano, y mucho menos convalidarse bajo el argumento acerca de la falta de
diligencia de aquél en estar al pendente de la actuación que se le adelantaba,
pues a pesar de que fuese vinculado a la actuación penal, y se le comunicara en
la audiencia de formulación de imputación que se le estaba investigando por
determinados hechos, quien ostentaba el deber de informar y comunicar en debida
forma la culminación de dicho proceso de indagación con resultados
desfavorables para aquél, era precisamente la administración de justicia, en
quien radica la correlativa potestad y deber de persecución punitiva de actos
delictivos”[19].
Impugnación
Luego de haberse notificado de la sentencia y a través de
oficio allegado el 19 de septiembre de 2018, el Juzgado Penal del Circuito de
Zipaquirá informó a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca haber
dado cumplimiento a algunas de las órdenes del fallo dentro del término de las
24 horas, pero solicitó “se amplíe el término inicial concedido para cumplir
el fallo, ya que dentro del mismo será imposible materialmente rehacer la
actuación procesal”[20]. Al final de su escrito el juzgado dijo:
“Finalmente, manifiesto respetuosamente
que, como actual funcionario a cargo del juzgado accionado, IMPUGNO la decisión
de primera instancia ante la Corte Suprema de Justicia. Dentro del término de
ejecutoria expresaré por escrito algunos fundamentos para ser considerados por
la Corporación de segunda instancia”[21].
Segunda instancia
Concedida la impugnación ante la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia[22], remitido el expediente a dicha
corporación y sin recibir los fundamentos escritos por parte del Juez Penal del
Circuito de Zipaquirá que impugnó la sentencia de primera instancia, el 8 de
noviembre de 2018[23] la Sala de Decisión de tutelas
Número 1º de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió
el fallo de segunda instancia.
En su decisión, la anotada Corporación revocó la sentencia del
Tribunal Superior y, en su lugar, negó el amparo, al considerar que la garantía
del debido proceso no es absoluta, por lo que el accionante -que estuvo
presente en la formulación de la imputación- debía averiguar por la suerte del
proceso en virtud de la lealtad procesal y la buena fe y no sólo esperar a que
le llegaran las citaciones. Así, el ad quem consideró que:
“Si bien es cierto, todo implicado en un
asunto penal tiene reconocida su garantía constitucional al debido proceso en
el curso de las actuaciones judiciales en las que están involucrados, también
lo es que tal prerrogativa no es absoluta, en el entendido que,
correlativamente, surgen deberes para ellos (sic), los cuales requieren ser
acatados, a efectos de lograr una recta y oportuna administración de justicia
(artículo 95-7 Superior), por cuanto tales causas, por regla general, ostentan
un alto contenido dialéctico”[24].
Sustentó la Corporación dicha afirmación en que así como
derecho al debido proceso, los ciudadanos vinculados a una causa penal tienen
el deber de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de
justicia. Lo anterior tendría como consecuencia que “[S]i un ciudadano es
vinculado a una causa penal, mediante formulación de imputación en presencia
suya, mínimamente le corresponde, en virtud de los pilares de la lealtad
procesal y buena fe, averiguar por la suerte de la misma; y no sólo esperar, a
manera de estrategia defensiva, que llegue <<a sus manos>> alguna
citación”[25].
Así las cosas, y luego de analizar el informe presentado
por el técnico de la Defensoría del Pueblo en el que refería la imposibilidad
de encontrar la dirección, el Ad quem resaltó que la labor fue idónea
porque “no significa que, por no haber hallado al implicado, la tarea
realizada por el citado investigador fue insuficiente, pues la misma constituye
una obligación de medio y no de resultado”[26].
También tuvo en cuenta el hecho de que el Juzgado Penal del
Circuito de Zipaquirá no haya consultado la dirección completa aportada por el
accionante en la audiencia de legalización de captura y sobre ello manifestó
que:
“[S]i bien no desconoce la imprecisión
cometida por el juzgado accionado en las citaciones expedidas en el proceso
señalado, también lo es que ello no puede erigirse en excusa suficiente para
remediar su propia actitud de desentenderse de un asunto tan relevante, como en
efecto lo hizo, porque, se insiste, el principal interesado en las resultas del
mismo es el implicado”[27].
Por último, la Corte Suprema de
Justicia destacó que el accionante siempre estuvo asistido de un abogado, pues
en la etapa de juzgamiento contó con defensor de oficio y, sobre la
incorformidad referente a la inadecuada valoración probatoria, manifiestó que
no se referirá a ella por cuanto era responsabilidad del accionado acudir,
quien por lo tanto “no debatió, al interior del trámite reprochado, la
supuesta anomalía”[28].
Por último, luego de hacer el análisis de fondo, la
sentencia advirtió que:
“[E]l interesado incumplió la condición de
procedibilidad de este mecanismo constitucional: emplear los recursos de
apelación y eventualmente, casación, si a ello hubiere lugar, para la
salvaguarda de sus intereses, contra la referida providencia. Conforme a lo
explicado en precedencia, el libelista dejó de activar los aludidos medios de
defensa que tenía a su alcance, en aras de refutar el proveído atacado y
obtener, por esa vía, un nuevo estudio de su caso”[29].
Así las cosas, la Sala de
Decisión de Tutelas No. 1, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, por las razones anteriores, revocó el fallo recurrido y, en su lugar,
negó el amparo solicitado.
II. ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
EN SEDE DE REVISIÓN
Mediante Auto del 22 de febrero de 2019[30],
con el objeto de contar con mayores elementos de juicio para resolver el asunto
bajo estudio, la Magistrada Sustanciadora solicitó que el Juzgado Penal del
Circuito de Zipaquirá y el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Tunja -quien tuviera el expediente en su poder-, remitieran a esta
Corporación en calidad de préstamo, el expediente radicado con el número CUI
25175-60-00-688-2014-00134.
El 27 de febrero de 2019, la secretaria del Juzgado
Penal del Circuito de Zipaquirá remitió oficio[31]
a esta Corte en el que informaba que el expediente de la referencia estaba en
poder del Juzgado 004 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja a
quien le corrió traslado de la solicitud para lo pertinente.
Como quiera que, vencido el término concedido en el Auto
de 22 de febrero de 2019, esta Corporación no recibió respuesta alguna por
parte del Juzgado 004 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, la
Magistrada Sustanciadora profirió el Auto del 22 de marzo de 2019[32], en el que
requirió a dicho Juzgado para que remitiera el expediente de la referencia
dentro de las 48 horas siguientes, advirtiéndole además que debía prestar en
forma eficaz e inmediata la colaboración solicitada por esta Corporación, so
pena de las investigaciones y sanciones correspondientes. El 27 de marzo fue recibido
en la Secretaría de esta Corporación el expediente en calidad de préstamo.
III.
CONSIDERACIONES
Competencia
1. La Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar los
fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 (numeral 9º) de la Constitución
Política, 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y 61 del Acuerdo 02 de 2015
(Reglamento Interno de la Corte Constitucional).
Asunto objeto de análisis, problema jurídico y método de
solución
2. El 30 de agosto de 2018,
Jaime Alberto Méndez Niño, mediante apoderada judicial, interpuso acción de
tutela contra el fallo de fecha 20 de noviembre de 2017, proferido por el
Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá. La decisión controvertida fue
proferida dentro del trámite del CUI 25175-60-00-688-2014-00134 por el delito
de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.
3. El tutelante pretende que
sea amparado su derecho fundamental al debido proceso que considera vulnerado
por la providencia mencionada debido a que, desde la audiencia de legalización
de captura, todas las comunicaciones y telegramas concernientes al proceso
fueron enviados a una dirección incompleta y/o equivocada, a pesar de que
aportó su dirección completa y datos de contacto en dicha audiencia. Según el
accionante, tal circunstancia le impidió ejercer adecuadamente sus derechos de
defensa y contradicción dentro del proceso.
4. En consecuencia, la
apoderada solicitó al juez de tutela: a) amparar el derecho fundamental al
debido proceso; b) anular la sentencia del 20 de noviembre de 2017 proferida
por el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá en la que se condenó al
accionado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; c) declarar
la nulidad de todo lo actuado, a partir de la audiencia de acusación; y d)
ordenar notificar en debida forma al tutelante para que pueda participar dentro
del proceso que se adelanta en su contra.
5. De acuerdo con los antecedentes
expuestos, corresponde a la Sala determinar si:
¿Constituye defecto
procedimental absoluto, por violación al debido proceso del señor Jaime Alberto
Méndez Niño, la sentencia del 20 de noviembre de 2017, proferida por el Juzgado
Penal del Circuito de Zipaquirá, en la medida en que durante todo el trámite
del proceso penal le enviaron al hoy condenado las comunicaciones a direcciones
inexistentes o incompletas, a pesar de que se encontraba plenamente
identificado y su dirección completa constaba en la grabación de la audiencia
de legalización de captura?
6. Para resolver el problema
jurídico, la Sala abordará los siguientes asuntos: (i) la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, de
conformidad con la jurisprudencia constitucional reiterada; (ii) la
verificación de las causales genéricas de procedencia del amparo contra
decisiones judiciales en el caso concreto; (iii) el defecto procedimental
absoluto por indebida notificación; y (iv) el análisis del caso concreto.
Procedencia excepcional de la
tutela contra decisiones judiciales. Reiteración de jurisprudencia[33]
7. El artículo 86 de la
Constitución Política consagró la acción de tutela como un mecanismo de
protección de derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten
amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública,
incluidas aquellas que administran justicia.
En desarrollo de este precepto,
los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 establecieron que la acción
de tutela podía ser presentada en contra de decisiones judiciales que
desconocieran los derechos fundamentales. Sin embargo, la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-543 de 1992[34]  declaró la inexequibilidad
de las referidas normas jurídicas. En dicho fallo, la Corte precisó que
permitir el ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales,
transgredía la autonomía y la independencia judicial y contrariaba los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
8. A pesar de tal declaración
de inexequibilidad, esta Corporación desarrolló desde sus primeras sentencias
la doctrina de las vías de hecho, en virtud de la cual consideró que la acción
de tutela puede ser invocada contra una providencia judicial, cuando ésta es
producto de una manifiesta y ostensible transgresión del ordenamiento jurídico,
creada por acciones u omisiones de los jueces que desconocen o amenazan un
derecho fundamental.
En esa medida, a partir de 1992
se permitió la procedencia de la acción de tutela para atacar, por ejemplo,
sentencias que se hubieran basado en normas inaplicables, proferidas con
carencia absoluta de competencia o bajo un procedimiento ajeno al fijado por la
legislación vigente. Tales vías de hecho se identificaron caso a caso.
9. Posteriormente, la Sala
Plena de la Corte Constitucional profirió la Sentencia C-590 de 2005[35],
en la cual la doctrina de las vías de hecho fue replanteada en los términos de
los avances jurisprudenciales que se dieron en ese interregno. En dicho fallo,
la Corte diferenció dos tipos de requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, así: (i) requisitos generales de
naturaleza procesal y (ii) causales específicas de procedibilidad, de
naturaleza sustantiva.
10. Bajo el presupuesto
mencionado, la Corte Constitucional ha admitido que el amparo constitucional
puede presentarse contra decisiones judiciales que quebranten los derechos
fundamentales de las partes y se aparten de los mandatos constitucionales. No
obstante, se ha precisado que la procedencia de la acción de tutela en estos
casos debe ser excepcional, con el fin de que no se desconozcan los principios
de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica y a la
naturaleza subsidiaria que caracteriza a la tutela.
11. En la citada Sentencia
C-590 de 2005, la Corte estableció diversas condiciones procesales que
deben superarse en su totalidad para que resulte posible el estudio posterior
de las denominadas causales especiales. De este modo, se armoniza el control de
las decisiones judiciales por vía de acción de tutela, con los principios de
cosa juzgada, independencia y autonomía judicial y seguridad jurídica.
En tal sentido, los aludidos
presupuestos generales son: (i) que la cuestión sea de relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial
al alcance; (iii) que se cumpla el principio de inmediatez; (iv) si se trata de
una irregularidad procesal, que la misma sea decisiva en el proceso; (v) que se
identifiquen, de manera razonable, los hechos que generaron la vulneración de
derechos fundamentales y (vi) que no se trate de una tutela contra tutela. A
continuación, la Sala explicará brevemente el contenido de cada uno de estos
requisitos:
11.1. En relación con la
exigencia de que lo discutido sea de evidente relevancia constitucional, esta
Corte ha dicho que obedece al respeto por la órbita de acción de las
autoridades judiciales. Por ende, el juez de tutela debe argumentar clara y
expresamente las razones por las cuales el asunto sometido a su consideración
es realmente una cuestión de relevancia constitucional, que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
11.2. A su turno, el deber de
agotar todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al
alcance del afectado, guarda relación con la excepcionalidad y subsidiariedad
de la acción de tutela pues, de lo contrario, el amparo constitucional se
convertiría en una alternativa adicional para las partes en el proceso. No
obstante, esta exigencia puede flexibilizarse cuando se trata de evitar la
consumación de un perjuicio irremediable, de conformidad con lo previsto en el
artículo 86 Superior.
11.3. Adicionalmente, el juez
debe verificar que la acción de tutela se invoque en un término razonable y
proporcionado, contado a partir del hecho vulnerador, de modo que se acredite
el requisito de inmediatez. De no ser así, se pondrían en riesgo la seguridad
jurídica y la cosa juzgada, pues las decisiones judiciales estarían siempre
pendientes de una eventual evaluación constitucional.
11.4. Así mismo, cuando se
trate de una irregularidad procesal, ésta debe haber sido decisiva o
determinante en la sentencia que se impugna y debe afectar los derechos
fundamentales del peticionario. Tal condición implica que sólo las
circunstancias procesales verdaderamente violatorias de garantías fundamentales
sean objeto de acción de tutela contra providencias judiciales, de manera que
se excluyan todas aquellas que pudieron subsanarse durante el trámite ya sea
por el paso del tiempo, por el desarrollo de actuaciones subsiguientes al
interior del proceso o por no haberse alegado oportunamente.
11.5. También se exige que la
parte accionante identifique razonablemente los hechos que generaron la
vulneración de derechos fundamentales. Este requisito pretende que el actor
ofrezca plena claridad en cuanto al fundamento de la presunta afectación de
derechos en los que habría incurrido la decisión judicial.
11.6. Finalmente, en principio
se requiere que la sentencia atacada no sea de tutela. Así se pretende evitar
la prolongación indefinida del debate constitucional. No obstante, deben
tenerse en cuenta los eventos excepcionalísimos en los cuales esta Corporación
ha admitido que pueden presentarse acciones de amparo constitucional en contra
de fallos de tutela .
12. Igualmente, en la
mencionada sentencia, se determinaron ciertos escenarios especiales en los que,
al advertirse que una decisión judicial adolece de ciertos defectos, se hace
oportuna la intervención del juez constitucional en salvaguarda de los derechos
fundamentales. Tales defectos han sido denominados por la jurisprudencia como
causales específicas de procedencia, o requisitos materiales y son los
siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta
cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se
origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son
los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando
el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente,
hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución”[36].
13. Cuando se advierte la
configuración de alguna de dichas causales específicas de procedencia, se está
en presencia de auténticas transgresiones al debido proceso que reclaman la
reivindicación de la justicia como garante de los derechos, por lo cual esta Corte
ha sostenido que en esos casos “no sólo se justifica, sino se exige la
intervención del juez constitucional”[37] .
14. De modo que el juez, ante
quien se controvierte una providencia por conducto de la acción constitucional
de tutela, se encuentra llamado, en primer lugar, a verificar que concurran los
requisitos generales previos a adelantar un escrutinio de mérito, y pasado este
primer tamiz, a constatar que el reproche contra la decisión de que se trata
esté enmarcado en al menos una de las causales específicas antes enunciadas.
15. Agotado este doble cotejo,
el juez constitucional conseguirá precisar si el pronunciamiento judicial
acusado quebranta los derechos consagrados en la Constitución y, de ser así, le
corresponderá despojarlo de la coraza que le otorgan los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica.
De conformidad con lo anterior,
procede la Sala a evaluar la satisfacción de los requisitos generales y
causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, conforme a lo dispuesto en las Sentencias C-590 de 2005, SU-034
de 2018 y la demás jurisprudencia vigente sobre la materia.
Análisis de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
en los casos concretos
16. La Sala observa que en el
expediente analizado concurren los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales que han sido fijados por la
jurisprudencia de esta Corporación. A continuación, se verificará expresamente
cada uno de ellos.
Relevancia Constitucional
16.1. El asunto planteado tiene
relevancia constitucional porque se refiere a la posible vulneración del
derecho fundamental al debido proceso, en particular la privación del ejercicio
de los derechos de defensa y contradicción, por no haberse notificado al
accionante oportunamente de las actuaciones y etapas del proceso penal
adelantado en su contra. Esta consideración es suficiente para dar por cumplido
el requisito.
Legitimación en la causa por
activa y por pasiva
16.2. Conforme
al artículo 86 de la Carta Política, toda persona podrá presentar acción de
tutela ante los jueces para procurar la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de cualquier autoridad pública.
En
el caso objeto de estudio, se encuentra acreditado que el accionante tiene
legitimación por activa para interponer la acción de tutela ya que es titular
del derecho fundamental cuya protección inmediata se solicita. En efecto, se
acredita que el tutelante actúa en el proceso de amparo constitucional por
intermedio de apoderado, debidamente facultado para tal efecto[38].
16.3. Por su parte, la legitimación por pasiva dentro del trámite
de amparo se refiere a la capacidad legal del destinatario de la acción de
tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o
amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el
proceso.
En el asunto de la referencia el
despacho judicial accionado es una autoridad pública, razón por la cual resulta
procedente la acción de tutela en contra de aquel.
Inmediatez
16.4.  El análisis de este
requisito merece especial consideración en atención a las circunstancias del
caso. En efecto, en razón a que las comunicaciones fueron enviadas a
direcciones incorrectas o inexistentes, el accionante sólo conoció de la
condena en su contra cuando fue detenido, el 2 de mayo de 2018. Por lo tanto,
si bien la sentencia definitiva en el proceso penal es del 20 de noviembre de
2017, esa fecha no puede tenerse en cuenta a efectos de determinar la
inmediatez en la actuación del accionante.
Lo anterior en virtud de que la
jurisprudencia de este Tribunal ha sostenido que el presupuesto de inmediatez
no debe valorarse en abstracto, sino según las particularidades de cada caso,
con el fin de identificar que el reclamo constitucional haya sido interpuesto
dentro de un tiempo razonable desde la ocurrencia del hecho vulnerador, puesto
que, si bien en este ámbito no existe un término de caducidad, la urgencia de
la protección es uno de los rasgos distintivos de la acción de tutela.
En este caso, la oportunidad en
la actuación se valora al verificar que el actor interpuso la acción de tutela
el 30 de agosto de 2018,  es decir, transcurridos menos de 4 meses desde que
conoció la sentencia en firme en su contra y desde que fue privado de la
libertad, por lo que la Sala considera que se cumple el requisito de
inmediatez.
En tal sentido, la Sala estima
que el mecanismo de tutela se instauró dentro de un término razonable a partir
de la ocurrencia del evento presuntamente vulnerador, toda vez que entre la
captura efectiva del accionante y la presentación de la acción de tutela no
transcurrió un término desproporcionado, en atención a las singulares
circunstancias en que está envuelta la controversia.
Subsidiariedad
16.5. Como se manifestó en la sección anterior,
los hechos por los cuales fue interpuesta la acción de tutela que actualmente
estudia la Sala tienen origen en el proceso penal que terminó con sentencia
condenatoria en contra del accionante el 20 de noviembre de 2017. Dicha
providencia no fue impugnada por el defensor de oficio, lo cual hace parte de
los reproches constitucionales respecto a la labor de defensa técnica.
Efectivamente,
el defensor de oficio no apeló la sentencia condenatoria y con ello renunció también
al recurso de casación[39].
No obstante, podría pensarse que aún tiene disponible la acción de revisión del
artículo 192 del CPP[40].
Sin embargo, en el presente caso no se ha configurado ninguno de los escenarios
que haría procedente la mencionada acción.
Esta
circunstancia implica el análisis detallado de la satisfacción o no del requisito
de subsidiariedad en la medida en que, como se ha establecido antes, la acción
de tutela tiene un carácter residual y subsidiario.
16.6.
Esta Corporación ha sostenido que, en principio, la tutela resulta improcedente
cuando el actor dejó de interponer los recursos judiciales ordinarios que
estaban a su alcance para confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos
fundamentales. En este caso, precisamente, uno de los argumentos del Ad quem
para revocar la protección del derecho fue el considerar que no se
interpusieron los recursos ordinarios procedentes.
En
efecto, la acción de tutela no tiene la vocación de sustituir aquellos
mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia, descuido o incuria de
quien solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a su debido
tiempo.
16.7.
No obstante, la jurisprudencia ha reconocido que la regla general mencionada
merece algunas especialísimas excepciones. Específicamente, al analizar la
tutela de un ciudadano que alegó vulnerado su derecho al debido proceso por
ausencia de notificaciones, en la Sentencia T-654 de 1998[41], esta
Corte estudió la situación excepcional de procedencia cuando la tutela es el
único mecanismo de defensa para la protección de un derecho fundamental
gravemente vulnerado, siempre que se logre demostrar que el actor no pudo
utilizar los mecanismos ordinarios de defensa por encontrarse en una situación
que se lo impedía por completo. En esos casos “el criterio de procedibilidad
que ha sido expuesto cede ante la demostración palmaria de que la omisión que
se advierte no puede ser imputable al actor y, sin embargo, el daño que se
originaría de no proceder el amparo constitucional sería de suma gravedad”[42].
Esa
es la hipótesis que se analiza, dado que en el asunto que se revisa el actor no
cuenta ahora con otros medios de defensa judicial y que, justamente la
imposibilidad de interponer los recursos en forma oportuna tiene que ver con la
omisión en la debida notificación por parte del juez penal.
Es
así como, ya que el accionante sólo se enteró del fallo en el momento de su
captura, afrontó condiciones que le hicieron imposible ejercer su defensa
judicial de manera adecuada a través de abogado de confianza y ahora no cuenta
con otros mecanismos porque todos han fenecido.
16.8. Con
base en estos elementos, para esta Sala es claro que la acción de tutela es
procedente por haber cumplido el requisito de subsidiariedad, pues actualmente
no hay otros mecanismos judiciales idóneos para conjurar la violación de los
derechos fundamentales del actor.
Que, en caso de tratarse de una
irregularidad procesal, la misma sea decisiva en el proceso
16.9. El requisito se encuentra
acreditado en tanto las irregularidades procesales alegadas en este caso sobre
la notificación del proceso penal tienen incidencia directa en los derechos
fundamentales del accionante al debido proceso y a la defensa. La falta de
notificación ha sido aceptada por la Corte como un aspecto de trascendencia
procesal[43].
Identificación de los hechos
que presuntamente vulneran derechos fundamentales
16.10. El tutelante identificó
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración, como los
derechos vulnerados. Su argumentación establece que la violación de sus
derechos se dio en el marco del proceso penal seguido en su contra debido a que
no pudo ejercer su defensa como consecuencia de la falta de notificación por el
reiterado envío de las comunicaciones a direcciones inexistentes o inexactas. Los
argumentos presentados por el accionante permiten a la Sala pronunciarse sobre
la eventual configuración de un defecto procedimental.
Que la providencia
controvertida no sea una sentencia de tutela
16.11. Al respecto, como ya ha
sido mencionado, la providencia que se considera violatoria del derecho
fundamental al debido proceso se produjo en el curso de un proceso penal.
16.12 En
consecuencia, la Sala encuentra acreditado el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Por consiguiente, pasará a estudiar si se configuran las causales específicas
de procedibilidad en la providencia judicial cuestionada mediante la respectiva
acción de tutela que se revisa en el presente fallo.
Defecto
procedimental. Vulneración del debido proceso por
ausencia de notificación. Reiteración de jurisprudencia.
17. La
jurisprudencia constitucional[44]
ha caracterizado el defecto procedimental como aquel que se configura cuando el
juzgador viola derechos fundamentales al negar el derecho sustancial[45] por no
aplicar la norma procesal acorde con el procedimiento de que se trate[46], o cuando excede
la aplicación de formalidades procesales y hace nugatorio un derecho[47].
18. En esos
casos, el funcionario aplica los procedimientos como un obstáculo para la
eficacia del derecho sustancial y sus actuaciones generan una denegación de
justicia[48]
causada por la aplicación de disposiciones procesales opuestas a la vigencia de
los derechos fundamentales[49],
por la exigencia irreflexiva del cumplimiento de requisitos formales[50] o por un
rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas[51]. Estas
hipótesis implican la violación de los derechos al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia.
19. El debido
proceso se ve afectado cuando el funcionario judicial se aparta del proceso
legalmente establecido, ya sea porque sigue un proceso distinto al aplicable o
porque omite una etapa sustancial del mismo. De acuerdo con
la Sentencia SU-159 de 2002[52],
este último evento se presenta cuando la ausencia de una etapa procesal o de
alguna formalidad desconoce las garantías previstas en la ley para los
sujetos procesales, de forma tal que, por ejemplo, se impide que:
(i.)
puedan ejercer el derecho a una defensa técnica[53],
que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado –en los eventos
en los que sea necesario -, ejercer el derecho de contradicción y presentar y
solicitar las pruebas que considere pertinentes para sustentar su posición;
(ii.) se les comunique de la iniciación del proceso y se permita su
participación en el mismo[54]
y (iii.) se les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que
de acuerdo con la ley, deben serles notificadas[55],
entre otras.
20. El presente asunto está relacionado
principalmente con la omisión de dos garantías indispensables para
ejercer adecuadamente los derechos a la defensa y la contradicción dentro del
proceso penal: la notificación de las providencias correspondientes de acuerdo
con la ley y la posibilidad del procesado de contar con defensa técnica, esto
es, con la asesoría de un profesional del derecho a lo largo del trámite de la
acción. Por ello, a continuación la Sala reconstruirá la línea jurisprudencial
en relación con ambos temas.
Vulneración del debido proceso por
ausencia de notificación de las actuaciones y providencias. Reiteración de
jurisprudencia[56].
21. La notificación pone en conocimiento
de los sujetos procesales el contenido de las providencias proferidas por
autoridades judiciales y administrativas. Adquiere trascendencia constitucional
en la medida en que permite al individuo conocer las decisiones que le
conciernen y establecer el momento exacto en que empiezan a correr los términos
procesales, de modo que se convierte en presupuesto para ejercer los derechos
de defensa y contradicción en todas las jurisdicciones[57].
22. Las notificaciones en materia penal
tienen un carácter cualificado debido a las consecuencias de su trámite
indebido: la condena judicial de un ciudadano, la pérdida de la presunción de
inocencia y la obligación de soportar el poder sancionador del Estado, que le
impone límites al goce de sus derechos fundamentales a la libertad de
locomoción, a la libertad personal, etc., por un espacio considerable de tiempo[58].
23. Con todo, en general, estas
irregularidades pueden ser corregidas dentro del mismo proceso, por ejemplo, a
través de la nulidad y de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las
decisiones. Por eso, la Corte ha dicho que la configuración de un defecto
procedimental por un error en la notificación sólo hace procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales si ostenta suficiente entidad como para
ser determinante en el proceso[59].
En estos casos, el emplazamiento y nombramiento de un defensor de oficio son
actuaciones que no sustituyen la obligación de vincular de forma personal al
afectado, por lo cual cualquier actitud contraria o insuficiente configura una
violación del debido proceso[60].
24. La jurisprudencia reiterada de esta
Corporación ha sostenido que la notificación es:
“[E]l acto material de comunicación, mediante el cual
se vincula a una determinada actuación judicial o administrativa, a los sujetos
que puedan tener interés en ella, poniéndolos en conocimiento de las decisiones
que allí se profieran. Dicho acto constituye un requisito esencial del debido
proceso que permite el ejercicio del derecho de defensa de las partes, de los
terceros y de todos aquellos legitimados para intervenir, en la medida en que
puedan verse afectados por algún aspecto del proceso. Por otra parte, la
notificación es la manera como se garantiza la legalidad del proceso desde un
punto de vista objetivo, pues permite que el juez tenga en cuenta todos los
elementos de juicio pertinentes, tanto desde el punto de vista fáctico, como
jurídico[61].
25. Así, la notificación en debida forma
asegura que la persona a quien concierne una determinación se entere de su
sentido y define simultáneamente -con fecha cierta- en qué momento ha tenido
lugar la transmisión oficial de la respectiva información. Resultan, por tanto,
realizados el valor de la seguridad jurídica y los principios procesales de
celeridad y economía. De todas maneras, de las exigencias constitucionales del
debido proceso se deriva que ni los jueces ni la administración pública pueden
actuar de espaldas a los interesados, ni fundar sus decisiones sobre la base de
la ignorancia de ellos en torno a las decisiones que adoptan.
26. En el mismo sentido, la Sentencia T-003
de 2001[62]
dispuso que: (i) la notificación materializa la garantía para hacer efectiva la
protección de los derechos al debido proceso y a la defensa de los sujetos
procesales y de los terceros con intereses legítimos; (ii) la obligación de
realizar las notificaciones está a cargo del aparato judicial; (iii) si no se
efectúan debidamente las notificaciones, por la conducta omisiva de la
autoridad judicial, los sujetos pierden la oportunidad de participar en el
debate probatorio, interponer recursos y ejercer plenamente su derecho de
defensa, lo que, a la postre, los ubica en una situación de manifiesta
indefensión e inferioridad[63].
27. Con base en lo anterior, esta Corte en
diferentes pronunciamientos, dentro de los cuales se encuentran las Sentencias
T-400 de 2004[64]
y T-1209 de 2005[65],
ha previsto que las anomalías que afectan la notificación de las decisiones
judiciales tienen la suficiente entidad constitucional para ser catalogadas
como defectos procedimentales, pues en la ejecución de los diferentes tipos o
categorías de notificación judicial o administrativa se ha reconocido la
materialización del principio de publicidad y la garantía de los derechos de
defensa, contradicción y al debido proceso.
28. Cabe resaltar que la Sentencia T-400
de 2004 reiteró la importancia de la debida notificación a afectos de
salvaguardar los derechos a la defensa y a la contradicción de las partes en el
proceso. En dicha oportunidad se dijo:
“[…] la Corte ha mantenido una sólida línea jurisprudencial,
en el sentido de que la notificación, en cualquier clase de proceso, se
constituye en uno de los actos de comunicación procesal de mayor efectividad,
en cuanto garantiza el conocimiento real de las decisiones judiciales con el
fin de dar aplicación concreta al debido proceso mediante la vinculación de
aquellos a quienes concierne la decisión judicial notificada, es un medio
idóneo para lograr que el interesado ejercite el derecho de contradicción,
planteando de manera oportuna sus defensas y excepciones. De igual manera, es
un acto procesal que desarrolla el principio de la seguridad jurídica, pues de
él se deriva la certeza del conocimiento de las decisiones judiciales”.
29. Por último, recientemente la Sentencia
T-025 de 2018[66]
reconoció que la indebida notificación constituye defecto procedimental
absoluto. La providencia analizó la tutela de un ciudadano que consideraba
que varios juzgados habían vulnerado su derecho fundamental al debido proceso,
al negarse a declarar la nulidad de los procesos declarativo y ejecutivo
instaurados en su contra, en los que resultó condenado a pesar de que no fue
adecuadamente notificado de los mismos por cuanto (a pesar de que su dirección
de notificación se encontraba en registros públicos) los diferentes juzgados
enviaron las comunicaciones a otras direcciones. En esa oportunidad esta Corte manifestó:
“De lo anterior, se evidencia que la notificación fue
enviada a una dirección que no correspondía a la que se encontraba en una pieza
del expediente que consistía en el Certificado de Tradición del vehículo
expedido por el Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico.
(…)
En este sentido se comprueba que el juez incurrió en
un error, ya que podía usar esa dirección a pesar de que no era la misma que
indicó el demandante como dirección de notificaciones del señor Iglesias
Flórez. En efecto cuando no aparece la parte, el juez tiene la carga de buscar
la dirección. De lo contraro es una carga desproporcionada para el demandado”.
30. En síntesis, conforme con lo
establecido por la jurisprudencia de esta Corporación, la indebida
notificación viola el debido proceso y, cuando es consecuencia de la conducta
omisiva de la autoridad, es un defecto procedimental absoluto porque: (i)
concurre cuando el juez actúa inobservando el procedimiento establecido en la
ley; (ii) se entiende como un defecto de naturaleza calificada que requiere
para su configuración que el operador jurídico haya desatendido el
procedimiento establecido por la norma; y, además, (iii) implica una evidente
vulneración al debido proceso del accionante.
Lo anterior, puesto que desconocer las
etapas procesales establecidas por la ley, ya sea porque prescinde de ellas en
el proceso o porque la forma de aplicación del procedimiento se convierte en un
obstáculo para la eficacia del derecho sustancial, implica que las fases de
contradicción y defensa pueden ser incumplidas y así los derechos de las partes
son desconocidos y vulnerados.
31. Ahora bien, también es robusta la doctrina
constitucional sobre la vulneración del derecho de defensa material por
ausencia de citación al implicado para que acuda a notificarse de las
decisiones adoptadas en el curso del proceso penal.
Así, la Sentencia C-488 de 1996[67]
distinguió entre los casos en que la ausencia de notificación es producto de la
intención del sindicado de evadir las consecuencias del proceso ocultándose y/o
aportando direcciones falsas, de aquellos casos en  los cuales los procesados
no se presentan porque no conocen las actuaciones procesales correspondientes.
Manifestó la Corte en esa oportunidad que:
“[C]cuando la persona se oculta, está renunciando al
ejercicio personal de su defensa y delegándola en forma plena en el defensor
libremente designado por él o en el que le nombre el despacho judicial del
conocimiento. No obstante, conserva la facultad de hacerse presente en el
proceso en cualquier momento e intervenir personalmente en todas las
actuaciones a que haya lugar de acuerdo con la etapa procesal respectiva; pero
no puede pretender que se repitan las actuaciones ya cumplidas, aunque sí
solicitar la declaración de nulidad por falta de defensa técnica si hay lugar a
ello”.
32. Mas adelante, la Sentencia T-654 de
1998[68],
en un caso análogo al que aquí se resuelve porque el condenado no fue
notificado de la práctica de pruebas, del cierre de la investigación, de la
acusación formal ni la sentencia condenatoria, pese a que en el expediente
constaba su dirección completa donde podía ser encontrado, expuso que:
“[E]n estos casos existe una evidente tensión entre el
derecho al debido proceso (CP art. 29), alegado con acierto por el actor, y la
protección del interés general, la seguridad jurídica y la eficiencia de la
administración de justicia (CP arts. 1,2, 209 y 228), con base en los cuales
sustentan en parte sus decisiones negativas los jueces de tutela, principios
que tienen también raigambre constitucional. En efecto, no puede olvidarse que
la persecución y castigo de los hechos criminales son elementos esenciales de
la protección de la paz social (CP art. 20), la seguridad de las personas y la
convivencia pacífica entre los colombianos (CP art. 2º), bienes que encuentran
expresa consagración en la Carta”.
33. Entonces, en casos como estos la Corte
se ha preguntado si es posible armonizar principios de estirpe constitucional
como la protección a la defensa técnica y la eficacia de la justicia y, en todo
caso, cuál de los dos principios mencionados,  prima facie, tiene prevalencia
constitucional. A este respecto, en la sentencia en cita, la Corte indicó que
cuando los actos y omisiones que comprometieron el derecho de defensa no son
imputables al implicado debe prevalecer el derecho al debido proceso y la
garantía de los derechos fundamentales de las personas sobre la eficacia de la
administración de justicia y la seguridad jurídica[69].
34. Ahora bien, la Sentencia SU-960 de
1999[70]
revisó la tutela de un condenado en un proceso penal a quien no le notificaron
el desarrollo del proceso a pesar de que era cotizante del Sistema de Seguridad
Social -por lo que sus datos estaban en bases de datos públicas-, y de que era empleado
del Banco que lo había denunciado penalmente durante el desarrollo del proceso.
En esa oportunidad, el juez de primera instancia consideró que en la medida en
que el condenado conocía de la existencia del proceso, tenía una obligación de
debida diligencia en la averiguación sobre el curso del mismo y no podía
depender de las notificaciones. En ese caso, la Corte revocó la sentencia del a
quo y, en su lugar, concedió el amparo por considerar que:
“En cumplimiento de las finalidades que le han sido
asignadas -entre las cuales se encuentran, según nuestra Constitución, la de
realizar un orden político, económico y social justo, la de asegurar a los
integrantes de la comunidad una pacífica convivencia y la de proteger a todas
las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y
demás derechos y libertades- el Estado goza del llamado "ius
puniendi", en cuya virtud corresponde a sus autoridades imponer los
castigos previstos en la ley a los miembros de la sociedad que infringen sus
preceptos. Ejerce, pues, una potestad sancionatoria cuyos efectos están
llamados a cumplir una función de interés colectivo.
El poder estatal en esa materia, cuya realización
apareja consecuencias que en concreto afectan derechos de las personas -como la
libertad, el trabajo, la honra y el buen nombre-, es legítimo únicamente en la
medida en que se ajuste a los límites y condiciones impuestos a la autoridad
que lo ejerce por la Constitución y por la ley. Correlativamente, en la misma
medida, las restricciones sufridas en el campo de sus derechos por los sujetos
pasivos de esa acción resultan ser justificadas.
El artículo 29 de la Carta, por expresa voluntad del
Constituyente plasmada en su mismo texto, es de obligatoria e ineludible
observancia en toda clase de actuaciones tanto judiciales como administrativas,
de tal modo que, ante la meridiana claridad del precepto, ninguna autoridad
dentro del Estado está en capacidad de imponer sanciones o castigos ni de
adoptar decisiones de carácter particular  encaminadas a afectar en concreto a
una o varias personas en su libertad o en sus actividades, si previamente no ha
sido adelantado un proceso en cuyo desarrollo se haya brindado a los sujetos
pasivos de la determinación la plenitud de las garantías que el enunciado
artículo incorpora.
El Estado no puede condenar a un individuo sino sobre
la base de haberlo oido y vencido en juicio, esto es, la decisión de la
autoridad que impone sanción al inculpado como consecuencia de su conducta
únicamente puede estar fundamentada en que se haya discernido y declarado que
es culpable, desvirtuando la presunción de inocencia dentro de un esquema
procesal ajustado a las normas que aseguran sus posibilidades de defensa y
contradicción. (…)
No entiende la Corte que los procesos penales puedan
adelantarse sobre la base puramente formal de listas, direcciones y datos
antiguos, desactualizados (en el caso concreto obtenidos dieciséis años antes)
y que solamente para el fin de aplicar una condena ya impuesta se localice
físicamente al condenado, cuando el Estado fue inepto en la tarea de ubicarlo
para asegurar su comparecencia al proceso”.
35. En el mismo sentido, la Sentencia T-945
de 1999[71]
concedió el amparo a unos condenados que no tuvieron conocimiento de la
existencia del proceso penal hasta que la sentencia se encontraba en firme y
recordó que si bien “los juicios en ausencia son procedimientos íntegramente
válidos a la luz del ordenamiento constitucional, pues a pesar de que se
tramitan -como se infiere de su denominación - sin la presencia del sindicado,
se encuentran rodeados de los mecanismos necesarios para garantizar el respeto
por los derechos del procesado (…) ésta modalidad de procedimiento se aplica
por excepción, cuando no existe información adecuada sobre el paradero del
presunto responsable, o a los organismos de seguridad del Estado les ha sido
imposible su localización (art. 356 C.P.P.)”.
36. Más recientemente, la Sentencia
T-1180 de 2001[72]
estudió un caso en el que el condenado había sido capturado en flagrancia y
dejado en libertad durante la investigación -como en el presente caso-, por lo
que se había identificado plenamente en la diligencia. Sin embargo, durante el
trámite del proceso penal correspondiente, dicho accionante fue capturado por
otro delito, encontrándose entonces privado de su libertad durante el trámite
del proceso penal, sin recibir las notificaciones del mismo, que se estaban enviando
a la dirección aportada por el accionante.
En ese caso el a quo negó el amparo
por considerar que desde el momento en que se surtió la diligencia de
indagatoria el accionante sabía de la existencia del proceso en su contra y
debía estar atento a cualquier pronunciamiento judicial que se diera dentro del
mismo. Sin embargo, la Corte revocó la sentencia y concedió el amparo al
considerar que era deber del juez encontrar al accionante, sobre todo
encontrándose privado de su libertad.
37. A diferencia de los precedentes
citados, y del asunto que aquí se resuelve, la Sentencia T-107 de 2003[73]
analizó el caso de un accionante capturado en flagrancia y puesto en libertad
durante el trámite del proceso que había aportado una dirección falsa en la
diligencia de indagatoria y que, al verse condenado, interpuso una acción de
tutela en la que alegó la violación del debido proceso por indebida
notificación.
En esa oportunidad,  este Tribunal aclaró
que cuando el accionante ha llevado a cabo maniobras de ocultamiento -como
aportar direcciones falsas o incompletas- las autoridades judiciales no tenían mayor
deber que el de garantizar la defensa técnica y no se configura la violación al
debido proceso. Dijo la Corte en esa oportunidad:
“Sobre el particular observa la Sala que no le asiste
razón al demandante, debido a que las citaciones fueron remitidas a la
dirección que él mismo registró en la diligencia de indagatoria que rindió ante
el Juzgado 92 de Instrucción Penal Militar (fls. 42 – 46 del Proceso Penal),
por tal motivo, no es de recibo que se afirme que las autoridades demandadas
incumplieron con las  normas que regulan las notificaciones, puesto que las
citaciones deben enviarse a la última dirección que aparezca registrada en el
expediente, tal como lo prescribía el artículo 190 del Código de Procedimiento
Penal vigente para la época, y fue a esa misma dirección a la que se ofició al
peticionario, luego si él cometió un error al registrarla fue de su absoluta
responsabilidad, sin que hoy pueda atribuirle ese hecho a las autoridades
judiciales, para derivar de allí la vulneración de su derecho a la defensa.
Uno de los criterios más importantes para determinar
en qué casos hay violación del derecho a la defensa, es el llamado principio de
protección, en virtud del cual, quien con su comportamiento desleal da lugar a
un acto irregular, no puede invocar una violación al debido proceso.
Cuando una persona es vinculada al proceso penal,
surgen inmediatamente para él ciertas cargas de lealtad y diligencia, y tiene
la obligación de orientar sus actuaciones con base en la buena fe. Por esta
razón, una vez tenga conocimiento de la imputación, debe brindar información
cierta y actualizada, sobre el lugar en el cual debe ser informado de las
decisiones. (...)
Por las razones anteriores, si la persona conoce la
existencia de la investigación y no cumple con la carga de informar sobre un
lugar cierto donde le puedan comunicar los actos procesales, no existe
violación del derecho fundamental de defensa” (Negritas fuera de texto).
38. De los precedentes citados es indiscutible
la subregla, según la cual, en los eventos en que el condenado no se ha
ocultado (a través de maniobras como la evasión o aportar direcciones falsas) resulta
violatorio del debido proceso, a la luz del ordenamiento constitucional, el que
el aparato judicial decida tramitar en ausencia un proceso penal, sin utilizar
previamente las herramientas que tiene a mano para notificar del proceso al
sindicado. Máxime si dentro del expediente obra, como en este caso, la
información completa para llevar a cabo dichas notificaciones.
Es claro que el deber de los jueces en
materia de notificaciones es el de la diligencia; no pueden dar lugar con sus
actuaciones a que las citaciones no sean recibidas por su destinatario, así
como deben realizar las diligencias necesarias tendientes a ubicar al actor, lo
que, cuando existe una dirección aportada en el expediente por el condenado, significa
que es allí donde deben enviarse las diferentes comunicaciones y no a otro
lugar.
Análisis del caso concreto. La sentencia atacada
incurrió en defecto procedimental absoluto por indebida notificación ya que el
interesado había aportado sus datos de contacto, no se ocultó y sin embargo no
se le notificó en debida forma.
39. Corresponde ahora a esta Sala analizar
si la sentencia condenatoria del 20 de noviembre de 2017, proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá
incurrió en defecto procedimental absoluto, en la medida en que durante todo el
trámite del proceso penal le enviaron al hoy condenado las comunicaciones a
direcciones inexistentes o incompletas, a pesar de que se encontraba plenamente
identificado y su dirección completa constaba en la grabación de la audiencia
de legalización de captura.
40. La Sala encuentra que, en efecto, el Juzgado Penal del
Circuito de Zipaquirá incurrió en errores en el envío de las comunicaciones al
accionante durante todo el trámite del proceso y que dichos errores no son
imputables al accionante.
40.1. Se encuentra probado que el 17 de marzo de 2004, en el
desarrollo de la audiencia de imputación como presunto autor del delito de
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, el señor Jaime
Alberto Mendez Niño aportó su dirección completa, así como su número de celular
y la línea fija de su residencia[74].
40.2. Igualmente, se verifica que, desde el 28 de abril de 2014,
cuando el Fiscal Tercero Seccional de Zipaquirá presentó el escrito de
acusación y el proceso fue asignado al Juzgado Penal del Ciurcuito de
Zipaquirá, todas las comunicaciones enviadas al accionante fueron dirigidas a
direcciones incompletas o inexistentes, lo cual hizo imposible su
comparecencia.
40.3. En todo el tiempo de desarrollo del proceso, el Juzgado ofició
todas las notificaciones a las direcciones incompletas y/o equivocadas, sin
nunca verificar que coincidieran con aquella que el accionante aportó al
proceso desde marzo de 2004[75].
Así lo aceptaron en primera y segunda instancia todos los sujetos
procesales, y es reconocido como probado en la sentencia de primera instancia.
Al respecto el Tribunal dijo que:
Se aprecia que finalizada dicha etapa, y concluida la labor
investigativa de la Fiscalía General de la Nación frente a los hechos
comunicados en dicha diligencia al actor, procedió a radicar escrito de
acusación ante el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá, actuación que dio
inicio a la fase de juicio en contra del señor JAIME ALBERTO MÉNDEZ NIÑO;
empero, este último Despacho Judicial, que adelantó toda la actuación penal
subsiguiente, culminando con fallo condenatorio el 20 de noviembre de 2017, sin
citar en debida forma en ninguna oportunidad a MENDEZ NIÑO, como se observa de
la revisión de la causa penal, en la que se aprecia que algunas direcciones a
las que remitían telegramas de citación, se dirigieron a la calle 182 No.
35ª-54 del Barrio San Antonio de Bogotá, sin hacer indicación alguna del número
de interior y apartamento, y las restantes se enviaron a la calle 182 No.
35ª-54 interior 2, las cuales en efecto contenían información errada y carecían
de otra, dado que el número del interior era 23 y el apartamento 303 (negrita
fuera de texto)[76].
40.4. Adicionalmente, se encuentra probado que el tutelante no
modificó su dirección de residencia[77] y que
la misma corresponde a un inmueble de propiedad de su hermana[78], razón por la cual, aunque en algunas
oportunidades las comunicaciones llegaron al conjunto residencial del
accionante, la administradora y representante legal del conjunto residencial
afirmó[79] no
haberlas entregado al destinatario, por cuanto no aparecía en el registro de
propietarios y no había manera de saber en cuál de las torres y apartamentos
podría estar viviendo.
41. Si bien durante todo el proceso el accionante estuvo
representado por un defensor público, dicho defensor no fue completamente
diligente en el ejercicio de su encargo, lo cual no es objeto de análisis en
esta providencia, en tanto la responsabilidad de la notificación se encuentra a
cargo del aparato judicial.
41.1. Así pues, si bien el defensor manifestó que había intentado
comunicarse telefónicamente con el accionante sin éxito, así como probó que el
8 de octubre de 2014 libró una misión de trabajo a un técnico investigador de
la defensoría para que ubicara a su defendido, lo cierto es que el abogado no
hizo caso a la sugerencia consignada en el respectivo informe en el que se lee:
“se sugiere respetuosamente verificar en el informe presentado por la
Policía Judicial las actividades de verificación de arraigo del usuario así
como los datos suministrados por el mismo en el momento de su captura, los
cuales quedan registrados en el acta de derechos del capturado y constancias
que quedan en los informes”[80]
41.2. De conformidad con lo anterior, esta Sala encuentra incongruente la respuesta remitida por el
defensor de oficio, abogado Luis Eduardo Rivera Gómez, en la que afirma haberse
esforzado por encontrar al defendido. Lo anterior, pues todo el tiempo en el
registro de la audiencia se encontraba la información para localizarlo y el
técnico de la defensoría también le sugirió consultar dicha información en el
informe presentado como respuesta a su solicitud. En efecto, no consultó la
información de contacto aportada por su defendido al expediente y permitió que
el Juzgado enviara las comunicaciones a la misma dirección equivocada durante
todo el trámite del proceso.
41.3. Por último, como consta en las sentencias de primera y
segunda instancia de este amparo, el defensor no impugnó la sentencia
condenatoria, lo que tuvo como consecuencia la renuncia a la posibilidad de la
interposición del recurso extraordinario de casación.
42. Como fue explicado en los fundamentos jurídicos 21 a 30 de
esta sentencia, la indebida notificación viola el debido proceso y, cuando
es consecuencia de la conducta omisiva de la autoridad, es un defecto
procedimental absoluto porque: (i) concurre cuando el juez actúa
inobservando el procedimiento establecido en la ley; (ii) se entiende como un
defecto de naturaleza calificada que requiere para su configuración que el
operador jurídico haya desatendido el procedimiento aplicable decretado por la
norma; y, además,(iii) implica una evidente vulneración al debido proceso del
accionante.
43. Así mismo, según el recuento jurisprudencial presentado en los
fundamentos jurídicos 31 a 37, este Tribunal ha reiterado que, en los casos en que el condenado no se ha ocultado a través de
maniobras como la evasión o el haber aportado direcciones falsas, resulta
violatorio del debido proceso, específicamente de los derechos de contradicción
y defensa, a la luz del ordenamiento constitucional, el que el aparato judicial
decida tramitar en ausencia un proceso penal, sin utilizar previamente las
herramientas que tiene a mano para notificar del proceso al sindicado. Máxime
si dentro del expediente obra, como en este caso, la información completa para
llevar a cabo dichas notificaciones.
44. En suma, en este caso se configuró el
defecto procedimental absoluto por la indebida notificación, la violación del
debido proceso y la consecuente vulneración de los derechos de defensa y
contradicción. Se trata, en efecto, de la verificación de un vicio o defecto
procedimental, en la medida en que la sentencia no es fruto de un proceso en el
que el accionante hubiese podido solicitar las pruebas necesarias para probar
su eventual inocencia o controvertir las que condujeron a demostrar su
responsabilidad. En tales condiciones, esta Corte ha establecido que la única
manera de restablecer los derechos vulnerados es anular todo lo actuado, de
manera tal que el accionante pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa
técnica y material.
45. Así, en el presente caso, confluyeron los siguientes elementos
que, tomados en conjunto, configuran una violación del derecho al debido
proceso por no haber logrado la comparecencia del tutelante ante la autoridad
judicial y, eventualmente, obstruir sus derechos de defensa y contradicción:
(i) El
Juzgado no tuvo en cuenta la información de contacto aportada por el accionante
al proceso desde la audiencia de legalización de captura.
(ii) Durante el desarrollo del proceso penal, los actos del
Juzgado fueron reiterados, pero poco razonables. De hecho, fueron repetitivos (comunicaciones
enviadas a la misma dirección equivocada), la autoridad no buscó otras
estrategias para la ubicación del procesado, no consultó con cuidado la
información que obraba en el expediente y tampoco insistió en ellas con
respecto a la Fiscalía y al Defensor de Oficio.
(iii) El procesado nunca se ocultó de la administración de
justicia y adjuntó pruebas a la demanda de tutela, en las que se verifica que
durante el desarrollo del proceso estuvo todo el tiempo viviendo en el lugar
que había informado.
(iv) La magnitud del daño causado por estas actuaciones es
significativa. En este caso el perjuicio es grave: ha estado privado de la
libertad por más de diez meses, sin la posibilidad de interponer recursos ni
controvertir la decisión condenatoria.
46. Con base en estos elementos, y de conformidad con el contenido
del derecho de defensa que comprende la posibilidad de solicitar y controvertir
pruebas e interponer los recursos de ley, es necesario que esta Sala asegure el
pleno ejercicio de este derecho para el señor Méndez Niño. Por lo tanto, la
Corte anulará la decisión condenatoria y todas las actuaciones que se surtieron
desde que su comparecencia fue imposible.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
Pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia
del 8 de noviembre de 2018, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, por la cual dicha Corporación revocó la proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca-Sala Penal el 14 de
septiembre de 2018,  para negar la protección constitucional reclamada.
En su lugar, CONFIRMAR
la sentencia del 14 de septiembre de 2018, proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cundinamarca-Sala Penal, y TUTELAR los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y la contradicción del señor
Jaime Alberto Méndez Niño. En consecuencia, dejar sin efecto las actuaciones
surtidas a partir de la audiencia de formulación de acusación y trámites
posteriores dentro del trámite del CUI 25175-60-00-688-2014-00134 por el delito
de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.
SEGUNDO.
ORDENAR al Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá que, en el
término de 48 horas desde la notificación de esta sentencia emita las órdenes y
decisiones a que hubiere lugar con la finalidad de: (i) retrotraer los efectos
de lo actuado en el proceso; y (ii) rehacer la actuación procesal en atención
de los derechos y garantías fundamentales del procesado a partir de la audiencia
de formulación de acusación.
TERCERO. Por
Secretaría General, DEVUÉLVASE inmediatamente este expediente de tutela
al Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá.
CUARTO.  Por Secretaría
General, DEVUÉLVASE el expediente del proceso penal cuestionado al Juzgado
Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja.
QUINTO. Por
Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones previstas en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Folio 8, Cuaderno 1.
[2]
Ibídem.
[3] La
solicitud de nulidad a partir de la audiencia de formulación de acusación
porque fue el momento a partir del cual el tutelante estuvo representado por
Defensor de Oficio sin saberlo. Antes de eso, en la audiencia preliminar en la
que se tramitó la legalización de la captura, el tutelante estuvo acompañado y
representado por su defensor de confianza.
[4] Folios 29 y
30, Cuaderno 1.
[5] Incluyendo al abogado Enrique Caicedo Beltrán, quien actuó como
defensor de confianza del procesado dentro de la referida causa.
[6] Folio 43,
Cuaderno 1.
[7] El abogado
adjuntó copia del informe presentado por Eyner Adolfo Castro Sandoval del Grupo
de Investigación Defensorial, que obra a folios 44, 45 y 46 del Cuaderno 1 en
el que se lee “Se sugiere respetuosamente verificar en el informe presentado
por la Policía Judicial las actividades de verificación de arraigo del usuario
así como los datos suministrados por el mismo en el momento de su captura, los
cuales quedan registrados en el acta de derechos del capturado y constancias
que quedan en los informes”.
[8] Folio 52,
Cuaderno 1.
[9] Ibídem.
[10] Folio 58,
Cuaderno 1.
[11] Ibídem.
[12] Ibídem.
[13] Folios 59
y 60, Cuaderno 1.
[14] Folio 60,
Cuaderno 1.
[15] Ibídem.
[16] Folio 80,
Cuaderno 1.
[17] Folio 80,
Cuaderno 1.
[18] Folios 81
y 82, Cuaderno 1.
[19] Folio 83,
Cuaderno 1.
[20] Folio 109,
Cuaderno 1.
[21] Ibídem.
[22] Mediante
Auto del 1 de octubre de 2018 que obra a folio 137 del Cuaderno 1.
[23]
Folios 9 al 31, Cuaderno 2.
[24] Folio 20,
Cuaderno 2.
[25] Folio 22,
Cuaderno 2.
[26] Folio 25,
Cuaderno 2.
[27] Folio 26,
Cuaderno 2.
[28] Folio 29,
Cuaderno 2.
[29] Ibídem.
[30] Folios 14
y 15, Cuaderno 3.
[31] Folio 22,
Cuaderno 3.
[32] Folios 24
al 26, Cuaderno 3.
[33] Con el
objetivo de respetar el precedente constitucional, promover una mayor
eficiencia en la administración de justicia y habida cuenta de que la Corte
Constitucional ha decantado un estándar para resumir de
manera detallada las reglas jurisprudenciales sobre los requisitos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se tomarán
como modelo de reiteración los parámetros fijados en las sentencias T-039 de
2018, SU-168 de 2017, SU-498 de 2016 y SU-034 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[34] M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[35] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[36] Sentencia
C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[37] Ibídem.
[38] Jaime
Alberto Méndez Niño actúa por medio de su apoderada, Maria Nayibe Arias Socha,
el poder obra a folio 1, Cuaderno 1.
[39] El recurso
extraordinario de casación es improcedente en este caso porque, si bien el
desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o
de la garantía debida a cualquiera de las partes es una de las causales de
procedencia del mismo (Artículo 181 numeral 2 de la Ley 906 de 2004) en virtud del
artículo 181 de la Ley 906 de 2004, sólo procede casación contra las sentencias
proferidas en segunda instancia de los procesos adelantados por delitos, cuando
afecten derechos o garantías fundamentales por alguna de las 4 razones del
mencionado artículo.
[40] El
artículo 192 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) establece “Artículo
192. Procedencia. La acción de revisión procede contra sentencias
ejecutoriadas, en los siguientes casos:
1. Cuando se haya
condenado a dos (2) o más personas por un mismo delito que no hubiese podido
ser cometido sino por una o por un número menor de las sentenciadas.
2. Cuando se hubiere
dictado sentencia condenatoria en proceso que no podía iniciarse o proseguirse
por prescripción de la acción, por falta de querella o petición válidamente
formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal.
3. Cuando después de la
sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al
tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su
inimputabilidad.
4. Cuando después del
fallo en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al
derecho internacional humanitario, se establezca mediante decisión de una
instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto
de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia, un
incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria
e imparcialmente tales violaciones. En este caso no será necesario acreditar
existencia de hecho nuevo o prueba no conocida al tiempo de los debates.
5. Cuando con
posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en firme, que el
fallo fue determinado por un delito del juez o de un tercero.
6. Cuando se demuestre
que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó, en todo o en parte,
en prueba falsa fundante para sus conclusiones.
7. Cuando mediante
pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio
jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de
la responsabilidad como de la punibilidad.
Parágrafo. Lo dispuesto
en los numerales 5 y 6 se aplicará también en los casos de preclusión y
sentencia absolutoria”.
[41]
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[42]
Sentencia T-654 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[43] Sentencia
T-1049 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[44] Sentencia
T-363 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[45] Cfr.
Sentencias T-268 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-301 de 2010 M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub y T-893 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[46] Cfr. Sentencias
T-389 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-1267 de 2008 M.P. Mauricio
González Cuervo y T-386 de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[47] Cfr. Sentencias
T-327 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-591 de 2011 M.P. Luís
Ernesto Vargas Silva y T-213 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[48] Sentencia
T-1306 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[49] Cfr. Sentencias
T-386 de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-429 de 2011 M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, T-893 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[50] Cfr. Sentencia
T-892 de 2011 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[51] Cfr. Sentencias
T-531 de 2010 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-950 de 2010 M.P. Nilson
Pinilla Pinilla, T-327 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[52]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[53] Cfr. Sentencia
T-984 de 2000. La Corte afirmó en aquella oportunidad que, en materia penal, el
procedimiento “debe ser llevado a cabo, en principio, por los jueces penales
dentro de los procesos en los que se manifiesten deficiencias en la defensa
técnica de los sindicados, pues si mediante tales procedimientos, en sede de
tutela, lo que se pretende es restablecer derechos conculcados, al aplicarlo
dentro del proceso penal, se previenen eventuales vulneraciones de sus derechos
fundamentales”
[54] Cfr. Sentencia
T-654 de 1998. Se concedió la tutela porque se probó que, pese a que el
indagado había manifestado claramente el lugar en el que podía ser informado
sobre cualquier decisión judicial y que, por carencia de medios económicos, no
contaba con un defensor de confianza ni le había sido nombrado defensor de
oficio, el juzgado no le informó sobre la expedición del cierre de
investigación ni le nombró un defensor de oficio. Lo anterior, sumado a la casi
absoluta falta de defensa técnica, y la no práctica de las pruebas solicitas
por el sindicado llevaron a la Corte a considerar que se constituía una
verdadera vía de hecho.
[55] Cfr. Sentencia
T-639 de 1996. En esa oportunidad, se concedió la tutela por encontrar que el
juzgado decretó clausurada la investigación, sin adelantar diligencia alguna
tendiente a lograr la comparecencia del procesado, a pesar de que tenía a su
disposición la dirección donde podía ser localizado. En ese caso, al accionante
no se le notificó siquiera de la apertura de investigación en su contra.
[56] Este
apartado se basa en la reconstrucción hecha por la Corte en la Sentencia T-612
de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[57] Ver, entre
otras, la Sentencia C-648 de 2001 M.P Marco Gerardo Monroy Cabra.
[58] Ver
sentencias T-211 de 2009 M.P Luis Ernesto Vargas Silva y T-1123 de 2003 M.P
Álvaro Tafur Galvis.
[59] Ver, entre
otras, las Sentencias T-1246 de 2008 M.P Humberto Sierra Porto y T-970 de 2006
M.P Marco Gerardo Monroy Cabra. En dichas sentencias la Corte aclara que no
cualquier error procesal tiene como efecto la configuración del defecto
procedimental. Así, para configurar el defecto, debe haber ocurrido una
deficiencia, no atribuible al afectado, que afecte de manera grave el derecho
al debido proceso y que tenga una influencia directa en la decisión de fondo
adoptada como “cuando se deja de notificar una decisión judicial a raíz de
lo cual la parte pierde arbitrariamente la oportunidad de controvertir dicha
decisión”.
[60] Ver
sentencias T-617 de 2007 M.P Córdoba Triviño y T-1209 de 2005 M.P Clara Inés
Vargas Hernández.
[61] Auto 002
de 2007. M.S. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[62] M.P.
Eduardo Montealegre Lynett.
[63] Dijo la
Corte en la citada sentencia: “[…] esta Corporación ha reafirmado su
jurisprudencia en el sentido de precisar sobre la necesidad y trascendencia de
la notificación de las providencias judiciales, como una de las garantías con
que cuentan los sujetos procesales para hacer efectiva la protección de sus
derechos al debido proceso y a la defensa, así como la de terceros que puedan
tener algún interés legítimo en su resultado.  […] corresponde al aparato
judicial, en los términos indicados por el legislador, llevar a cabo las notificaciones,
a partir de las cuales las partes que actúan dentro del proceso, puedan conocer
el contenido de las decisiones judiciales.
Si ello no fuere así,
las personas no tienen la oportunidad de conocer su existencia, ni mucho menos
participar en su debate o impugnación, es decir, se deja sin eficacia alguna el
ejercicio pleno del derecho de defensa.
Lo anterior acarrea una
anormalidad que por regla general puede ser subsanada, mediante declaración de
nulidad dentro del mismo proceso. En razón de lo anterior, la acción de tutela
sólo procederá, en aquellos casos en que de la autoridad judicial que adoptó la
decisión asume una conducta evidentemente omisiva, en virtud de la cual no se
permite garantizar el debido proceso, ni brinda a la parte afectada, la
oportunidad para que asuma una defensa oportuna y adecuada de sus intereses,
pues dicho actuar irregular pone a la persona en la absoluta imposibilidad de
conocer la existencia del proceso y en una situación de manifiesta indefensión
e inferioridad”
[64] M.P. Clara
Inés Vargas Hernández.
[65] M.P. Clara
Inés Vargas Hernández.
[66]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[67] En la que
se resolvió sobre la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 136
(parcial), 313 (parcial), 356, 384 (parcial), 385 (parcial) y 387 (parcial) del
decreto 2700 de 1991, por medio del cual se expide el Código de Procedimiento
Penal. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[68] M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[69] Ver Sentencia T-654 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, que
estableció que: “La Corporación no duda en señalar que en caso de que no
pueda establecerse una armonización concreta de los principios constitucionales
en conflicto, debe darse preferencia al derecho fundamental al debido proceso,
pues la eficacia de la administración de justicia y la seguridad jurídica no
pueden alcanzarse a riesgo de sacrificar los derechos fundamentales de las
personas. (…) Los actos y omisiones que comprometieron el derecho de defensa
del implicado no le pueden ser imputables a éste, pues ha sido demostrado que
manifestó claramente el lugar en el que podía ser encontrado para cualquier
gestión que lo requiriera”.
[70] M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[71] M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[72] M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[73] M.P. Jaime Araújo Rentería.
[74]
Folio 82, Cuaderno 1.
[75] Ver Folio
82, Cuaderno 1. En la sentencia de primera instancia el Tribunal cita 12
comunicaciones enviadas a direcciones equivocadas o incompletas que obran a
folios 40, 45, 62, 53, 57, 66, 71, 81, 83, 88 y 91 del expediente del proceso
penal.
[76]
Folio 82, Cuaderno 1.
[77]
Al respecto cabe mencionar que las líneas telefónicas aportadas por el
tutelante se mantuvieron vigentes hasta finales de 2017, así como estuvo
afiliado al sistema de seguridad social en diferentes meses de 2014 y 2015 con
la misma dirección que aportó en la audiencia. Folio 6, Cuaderno 1.
[78]
Ver el Certificado de tradición y libertad del inmueble donde habita el
tutelante, que se encuentra a nombre de su hermana, quien lo adquirió desde el
6 de marzo de 2008. Folios 24 al 26, Cuaderno 1.
[79]
Ver certificación expedida por la administradora del Conjunto Portal de la 183,
donde refiere que no se entregaron las citaciones al tutelante porque no tenían
dirección completa que obra a folio 23 del Cuaderno 1.
[80] Folios 44
al 46, Cuaderno 1.