T-242-16
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-242/16
DERECHO AL
DEPORTE, RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE-Hace parte
del gasto social
DERECHO AL
DEPORTE-Naturaleza jurídica/DERECHO AL DEPORTE-Fundamental
La jurisprudencia de esta Corte ha establecido
que el derecho fundamental al deporte: (i) es indispensable para que el
individuo desarrolle su vida dignamente; (ii) se relaciona con los derechos al
libre desarrollo de la personalidad, a la educación, a la libre asociación, a
la salud y al trabajo; (iii) conlleva las obligaciones correlativas a cargo del
Estado, de fomentar el deporte y velar porque su práctica se lleve a cabo de
conformidad con principios legales y constitucionales; y (iv) se garantiza
también a través de las organizaciones deportivas y recreativas, las cuales
constituyen medios eficaces para la realización de los fines sociales y de los
derechos constitucionales de las personas.
DERECHO AL
DEPORTE-Dimensiones
DERECHO AL
DEPORTE-Marco normativo
DERECHO A LA
LIBERTAD DE ASOCIACION-Alcance en relación con el derecho al deporte
La
asociación para la práctica del deporte puede darse dentro del Sistema Nacional
del Deporte, o por fuera de éste, pues las personas son libres de reunirse con
otras para desarrollar actividades, compartir sus intereses y emprender un
proyecto deportivo.
DERECHO AL
DEPORTE Y A LA LIBERTAD DE ASOCIACION-Vulneración por parte de entidades privadas al
censurar el ejercicio de una actividad que no estaba prohibida e impedir la
asociación de deportistas por fuera del Sistema Nacional del Deporte
Las opiniones emitidas por las entidades
demandadas conllevan la negación del derecho de los deportistas a asociarse con
otras personas que tienen un interés común. Así, al censurar la reunión de
personas que desean compartir su tiempo libre en actividades deportivas, con
fundamento en que al estar asociadas a una organización del Sistema Nacional
del Deporte solo pueden ejercer el deporte a través de asociaciones
institucionales, se impide que se unan personas que comparten un interés común y
de ese modo se priva a los deportistas de espacios para compartir valores,
intercambiar su cultura y construir una identidad colectiva alrededor de la
práctica del deporte.
CARENCIA ACTUAL DE
OBJETO-Fenómeno que puede presentarse
a partir de dos eventos que a su vez sugieren consecuencias distintas: hecho
superado y daño consumado
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-La Federación Colombiana de Patinaje expidió una
nueva comunicación mediante la cual informó que el evento “Liga Capitalina
SP” no es ilegal
Referencia: expediente T-5.326.297
Acción de
tutela presentada por Juan Sebastián Gómez Parra contra la Federación
Colombiana de Patinaje y la Liga de Patinaje de Bogotá.
Procedencia: Juzgado 51 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D.
C., dieciséis (16) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y la
Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite
de revisión del fallo de única instancia, adoptado por el Juzgado 51 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá el 28 de septiembre de
2015 que declaró improcedente el amparo, en el proceso de tutela promovido por el
señor Juan Sebastián Gómez Parra contra la Federación Colombiana de Patinaje y
la Liga de Patinaje de Bogotá.
Conforme a lo
consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto
2591 de 1991, la Sala de Selección Número Dos de la Corte Constitucional
escogió, para efectos de su revisión, el asunto de la referencia.
De acuerdo
con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a
dictar la sentencia correspondiente.
I.
ANTECEDENTES
El 14 de septiembre
de 2015, el señor Juan Sebastián Gómez Parra, a nombre propio, interpuso acción
de tutela contra la Federación Colombiana de Patinaje y la Liga de Patinaje de
Bogotá, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al libre
desarrollo de la personalidad, a la libre asociación, a la recreación, al
deporte y al “aprovechamiento del tiempo libre”.
La tutela de
la referencia se presenta en razón a que la presidencia de la Federación
Colombiana de Patinaje y la Liga de Patinaje de Bogotá, emitieron dos
comunicados en los que señalaron que la realización del evento “Liga Capitalina
de Hockey Sobre Patín”, del cual hace parte, es ilegal.
A. Hechos
y pretensiones
1.  Afirma
el accionante que tiene como medio de esparcimiento el deporte y en sus ratos
libres practica hockey sobre patín en el Parque Nacional en la ciudad de
Bogotá, con otras 120 personas que se reúnen para ejercitar el deporte
mencionado en distintos horarios.
2.  Señala
que el 1º de septiembre de 2015, de manera informal, quienes regularmente
asisten a practicar hockey sobre patín en el Parque Nacional, decidieron
programar dentro de sus horarios de entrenamiento una actividad a la cual
denominaron “Liga Capitalina SP”, la cual tiene como finalidad reunirse para
practicar ese deporte, realizar tertulias coloquiales y compartir un rato de
esparcimiento en familia.
3.  El
3 de septiembre de 2015 la Federación Colombiana de Patinaje emitió un
comunicado suscrito por su presidente en el que estableció que la actividad
desarrollada por la Liga Capitalina es ilegal[1].
Específicamente, el documento mencionado informa lo siguiente:
“EL COMITÉ
EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE SE PERMITE ACLARAR, QUE DE
ACUERDO A LAS INFORMACIONES ALLEGADAS A ESTA ENTIDAD SOBRE LA REALIZACIÓN EN
BOGOTÁ DE UN EVENTO DE HOCKEY SP LLAMADO 'LIGA CAPITALINA':
1.
ESTE EVENTO NO TIENE AVAL DE LA LIGA DE CUNDINAMARCA NI LA
DE BOGOTÁ Y, POR ENDE, TAMPOCO DE ESTA FEDERACIÓN, MÁXIMA AUTORIDAD DEL
PATINAJE EN EL PAÍS.
2.
DE ACUERDO A LAS NORMAS Y LOS ESTATUTOS VIGENTES POR MEDIO DE LOS
CUALES SE RIGE NUESTRA ENTIDAD, Y TODO EL QUE PERTENECE DE UNA U OTRA FORMA A
LA FEDEPATINAJE, DICHO EVENTO ES ‘ILEGAL’.
3.
DE ACUERDO A ESTO, NINGÚN DEPORTISTA, DIRECTIVO, CLUB, JUEZ O
ÁRBITRO QUE PERTENEZCA O ESTÉ FEDERADO, PUEDE TOMAR PARTE EN EL MISMO, SO PENA
DE SER REMITIDO A COMISIÓN NACIONAL DISCIPLINARIA PARA QUE LE SEA APLICADA LA
RESPECTIVA SANCIÓN.
4.
DE PERSISTIR DICHA INICIATIVA FUERA DEL REGLAMENTO Y LAS NORMAS,
LA FEDEPATINAJE SE VERÁ EN LA PENOSA NECESIDAD DE RETIRAR EL APOYO A ESTA
DISCIPLINA EN TODAS SUS CATEGORÍAS, ASÍ COMO LOS PROCESOS SELECTIVOS DE CARA A
LOS CERTÁMENES INTERNACIONALES.
5.
NO ESTAMOS EN CONTRA DEL DESARROLLO DE ESTA MODALIDAD EN EL PAÍS,
PUES HEMOS SIDO LOS PRINCIPALES PROMOTORES Y AUSPICIADORES PARA MANTENER LA
MODALIDAD VIGENTE, MANTENIENDO LOS CALENDARIOS NACIONALES, IMPULSANDO LA
CAPACITACIÓN PARA TODOS SUS ACTORES, CONTRATANDO TÉCNICOS EXTRANJEROS BRINDANDO
LAS OPORTUNIDADES A LOS NACIONALES.
6.
DESDE QUE ESTE COMITÉ EJECUTIVO ASUMIÓ LAS RIENDAS DE LA
FEDERACIÓN NO HEMOS DEJADO DE ASISTIR A LOS CAMPEONATOS MUNDIALES CON TOTAL
APOYO DE LA ENTIDAD
7.
QUE CUALQUIER CASO O INICIATIVA PARA ORGANIZAR EVENTOS AL MARGEN
DEL CALENDARIO NACIONAL, BIEN SEAN REGIONALES, INVITACIONALES, AMISTOSOS, DEBEN
CONTAR CON LOS AVALES DE LAS LIGAS Y LA FEDERACIÓN.
8.
ESPERAMOS QUE SE TOMEN EN CUENTA ESTAS DISPOSICIONES Y SE CANCELE
DICHO EVENTO INMEDIATAMENTE PARA NO IR EN DESMEDRO DEL HOCKEY SP DE NUESTRO
PAÍS, QUE CON MUCHO ESFUERZO HEMOS PODIDO MANTENER VIGENTE." (Negrillas en
el texto)
4.  Del
mismo modo, mediante comunicado del 3 de septiembre de 2015, el presidente de
la Liga de Patinaje de Bogotá hizo "(…) saber que los deportistas que
pertenecen al registro de la Liga de Patinaje de Bogotá, y que forman parte del
proceso de Selección Bogotá, que contuen [sic] participando en el campeonato
denominado Liga Capitalina, serán excluidos del proceso."[2]
5.  El
accionante afirma que la actividad informal programada por el grupo que
practica este deporte, no interfiere con las programaciones deportivas de la
Federación Colombiana de Patinaje y la Liga de Patinaje de Bogotá, pues en la
actualidad no hay eventos oficiales programados que demanden el uso de los
espacios utilizados por la Liga Capitalina SP, y se trata de una actividad
privada de esparcimiento y recreación familiar.
Además, indica que con su comunicado, la Federación (i) amenaza las
aspiraciones legítimas de algunos deportistas que pretenden integrar las
selecciones o equipos de hockey que la entidad realiza; (ii) restringe el
ejercicio del derecho fundamental a la recreación y al deporte; y (iii)
constriñe el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues evita que los
aficionados ejerciten una actividad que los realiza como personas.
Por otra parte, asevera que el comunicado emitido por la Federación
vulnera el derecho de asociación, pues evita que los aficionados al hockey
sobre patín se reúnan para practicarlo. Asimismo, aclara que la Liga Capitalina
SP no busca desconocer la formalidad, sino organizar la práctica informal de
ese deporte por parte de las personas que lo ejercen en su tiempo libre.
6.  A
juicio del actor, el comunicado emitido por la Federación Nacional de Patinaje,
es un acto que amerita la protección del juez de tutela porque “ha generado
un perjuicio irremediable” debido a que actualmente cesó la práctica del
deporte como consecuencia de la amenaza emitida por la entidad.
Asimismo, indica que no existe otro medio eficaz para evitar que tal
entidad prohíba la realización de la actividad de manera informal, pues se
trata de una persona jurídica privada y el ordenamiento jurídico no prevé
mecanismos judiciales efectivos para controlar las decisiones que ésta emita.
Así pues, el accionante considera que la tutela es el mecanismo idóneo
para obtener la protección de los derechos fundamentales invocados.
7.  Por
consiguiente, Juan Sebastián Gómez Parra solicita al juez de tutela: amparar transitoriamente
sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la libre
asociación, a la recreación, al deporte y al “aprovechamiento del tiempo libre”.
En consecuencia, pide que se ordene: (i) a la Federación Colombiana de
Patinaje, que revoque el comunicado del 3 de septiembre de 2015, mediante el
cual se califica como ilegal la actividad denominada Liga Capitalina y se
advierte sobre la adopción de medidas sancionatorias a quienes la practican;
(ii) a la Federación Colombiana de Patinaje y a la Liga de Patinaje de Bogotá, a)
que se abstengan de iniciar cualquier acción de carácter disciplinario contra
los deportistas que participan de esta actividad, b) que permitan el
desarrollo de la actividad privada denominada “Liga Capitalina de Hockey SP”, y
c) que en adelante la actividad de la Liga Capitalina de Hockey esté
incluida dentro del calendario de la Federación; y (iii) compulsar copias para
que se investigue la actuación del presidente de la Federación Colombiana de
Patinaje[3].
B.
Actuación procesal de única instancia
Mediante auto del
15 de septiembre de 2015[4], el Juzgado
51 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá avocó el
conocimiento de la acción de tutela y ordenó vincular, en calidad de
autoridades accionadas, a la Federación Colombiana de Patinaje y la Liga de
Patinaje de Bogotá.
Respuesta
de la Federación Colombiana de Patinaje
Mediante
escrito del 18 de septiembre de 2015[5], el
presidente de la Federación Colombiana de Patinaje manifestó que la actividad
que se ha denominado 'Liga Capitalina' no es un espacio de esparcimiento como
lo manifiesta el accionante, pues "(...) está conformada por
deportistas de alto rendimiento que aspiran a pertenecer a la Selección
Colombiana de Hockey S.P. y que pertenecen a los clubes oficiales Mimbre del
Quindío, Drapeg Tolima, Corazonista e Internacional Bogotá, que a su vez
pertenecen a las Ligas de Cundinamarca, Tolima, Quindío y Bogotá, que desde
luego se encuentran afiliadas a la Federación. Los cuales se reúnen con el fin
de competir y realizar prácticas los fines de semana de manera paralela a lo
programado en el calendario oficial"[6].
Además,
indicó que de conformidad con los artículos 3º, 4º, 8º, 9º, 10 y 11 del Acuerdo
001 del 31 de marzo del 2015, “[p]or medio del cual se reglamenta la
participación de deportistas, técnicos (entrenadores, preparadores físicos),
autoridades de juzgamiento (jueces, calculadores) y/o dirigentes de eventos
OFICIALES y NO OFICIALES”, para participar en un evento de patinaje no
oficial, los deportistas que pertenezcan a los clubes oficiales y a las ligas,
deben cumplir con unos requisitos para participar en este tipo de eventos y en
este caso no lo hicieron.
Por otra
parte, determinó que en el comunicado objeto de controversia se usó la palabra
'ilegal' para referirse a la actividad de la Liga Capitalina porque está por
fuera de las normas establecidas para la realización de eventos no oficiales. En
efecto, se trata del ejercicio de un deporte sin el cumplimiento de los
parámetros establecidos por la Federación Colombiana de Patinaje para su
desarrollo.
De otro lado,
señaló que en la comunicación se hizo un llamado a observar el conducto
regular, "bajo la salvedad" de que su desconocimiento acarrearía
sanciones disciplinarias, lo cual no constituye una amenaza a los deportistas.
En consecuencia, afirmó que la entidad no vulneró los derechos fundamentales
invocados por el actor, pues con la comunicación emitida simplemente se
pretendió velar por el respeto del reglamento, a fin de no desconocer el
derecho de los deportistas que sí lo cumplen.
De otra parte,
indicó que el actor cuenta con mecanismos de defensa distintos de la tutela
para controvertir la actuación de la entidad, pues "(…) basta con que
el accionante agote el conducto regular establecido para la realización de la
actividad en comento”.[7]
Adicionalmente,
a juicio del presidente de la Federación Colombiana de Patinaje, en este caso
no se está ante la inminencia de un perjuicio irremediable que justifique la
procedencia excepcional de la tutela, pues el comunicado objeto de controversia
no ha generado alguna situación que requiera que se adopten medidas urgentes
para conjurarlo, debido a que mediante éste se exigió el cumplimiento de la
reglamentación expedida por la institución, la cual es de conocimiento del actor.
Por último,
solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela, pues en este caso no
se cumplen los presupuestos previstos por la jurisprudencia para que ésta se
interponga contra un particular, pues: (i) la Federación Colombiana de Patinaje
no tiene a su cargo la prestación de un servicio público, sino la regulación de
un deporte; (ii) con su actuar se protege el ejercicio de un derecho colectivo;
y (iii) el accionante no está en una situación de indefensión respecto de la
entidad.
Respuesta
de la Liga de Patinaje de Bogotá
Mediante
escrito radicado ante el juez de instancia el 18 de septiembre de 2015[8],
el presidente de la Liga de Patinaje de Bogotá manifestó que la práctica
deportiva debe desarrollarse de conformidad con "(...) normas
preestablecidas orientadas a fomentar valores morales, cívicos y sociales que
faciliten la participación ordenada en la competición y promoción del juego, y
a su vez, permitan establecer las responsabilidades de quienes participan en
los eventos, directa o indirectamente, esto en la medida que las actividades
deportivas y recreativas comportan derechos y deberes con la comunidad que
implican la observancia de normas mínimas de conducta.|| El Estado tiene en
consecuencia la obligación de asegurar que la práctica deportiva se realice de
conformidad con los principios legales para alcanzar los objetivos educativos y
socializadores."[9]
En este orden
de ideas, señaló que las comunicaciones emitidas constituyen un llamado para
seguir el "manual de convivencia" para la práctica del deporte, pues
el evento denominado Liga Capitalina de Hockey SP, no contó con el aval al que
están obligados los deportistas y clubes afiliados al deporte asociado, ya que
quienes programaron el evento no solicitaron ninguna autorización para el
efecto. En consecuencia, el presidente de la Liga de Patinaje de Bogotá pidió
negar el amparo, en razón a que la entidad no vulneró los derechos
fundamentales del actor al exhortar a los deportistas a cumplir “lo que la
Constitución y la Ley quieren del deporte".
C.
Decisión objeto de revisión
Sentencia
de única instancia
En sentencia
del 28 de septiembre de 2015[10], el Juzgado
51 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá declaró
improcedente la tutela, en consideración a que no se cumplió con el requisito
de subsidiariedad, ni se probó que existiera alguna circunstancia que
comportara la inminencia de un perjuicio irremediable.
Específicamente
estableció que los comunicados emitidos por la Federación Colombiana de
Patinaje y la Liga de Patinaje de Bogotá son actos administrativos de contenido
general, pues mediante estos se manifiesta que el evento Liga Capitalina de
Hockey SP es ilegal y quien participe en éste puede ser sancionado.
En ese
sentido, existe un mecanismo idóneo para controvertir los actos mencionados,
que es el medio de control de nulidad simple, y en este caso el accionante no
acreditó que estuviera ante la inminencia de sufrir un perjuicio irremediable,
que justificara la procedencia de la acción. En efecto, su único argumento
consistió en la vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad,
pero no probó que estuviera ante la posibilidad de sufrir un daño inminente,
grave, que necesitara de la adopción de medidas urgentes e impostergables. Por
consiguiente, el juez declaró la improcedencia de la acción.
D. Actuaciones en sede de revisión
1.  La Magistrada
sustanciadora profirió el auto del 18 de abril de 2016, en el que solicitó a la
Federación Colombiana de Patinaje y a la Liga de Patinaje de Bogotá, que
informaran: (i) si profirieron algún comunicado o cualquier otro acto
relacionado con la actividad desarrollada por la Liga Capitalina SP; y (ii) si
los comunicados del 3 de septiembre de 2015, mediante los cuales los
presidentes de ambas entidades manifestaron que la actividad desarrollada por
la Liga Capitalina es ilegal, estaban vigentes.
En
cumplimiento de la providencia mencionada, se recibieron los siguientes
documentos:
2.  Mediante
oficio recibido por la Secretaría General de la Corte Constitucional el 28 de abril
de 2016[11], suscrito
por el Presidente de la Federación Colombiana de Patinaje, la entidad informó a
esta Corporación:
a)  Que
en el evento denominado “Liga Capitalina” fue organizado y liderado por el Club
Búfalos de Cundinamarca, con la participación de otros clubes oficiales de
patinaje (se trata de los clubes deportivos Mimbre, D’rapeg, Internacional
Bogotá Hockey Club y Colegio Corazonistas), los cuales están afiliados a las
ligas de patinaje de sus respectivos departamentos, que conforman la Federación
Colombiana de Patinaje.
Agregó,
que se trata de un evento no oficial que incumple lo estipulado en el Acuerdo
001 de 2015, mediante el cual la Federación Colombiana de Patinaje reglamentó
la participación de deportistas, técnicos, autoridades de juzgamiento, y/o
dirigentes en eventos oficiales y no oficiales.
b)
Que el evento Liga Capitalina no era en sí un espacio de práctica,
esparcimiento y tertulias; pues se trataba de un evento en el que participaban
deportistas federados, y estaba organizado por clubes de patinaje oficialmente
reconocidos, que tenían como fin competir y practicar el deporte de forma
paralela y sin el aval de las Ligas Departamentales de Patinaje.
c)
Que el 3 de septiembre de 2015 la Federación emitió un comunicado
dirigido a las Ligas y Clubes de patinaje de Bogotá y Cundinamarca, mediante el
cual señaló que el evento denominado Liga Capitalina es “ilegal”.
Además, indicó que aunque la expresión “ilegal” se usó con
ligereza, en realidad se pretendió advertir que no se estaba cumpliendo la
reglamentación establecida para la participación en eventos no oficiales.
d)
Que con ocasión de la expedición del comunicado del 3 de septiembre de
2015, 24 deportistas participantes de la Liga Capitalina, interpusieron tutelas
contra la Federación. De las 24 tutelas presentadas (i) 23 fueron negadas
-incluida la tutela de la referencia-, y (ii) una fue concedida.
En
particular, señaló que la tutela concedida fue promovida por el deportista Luis
Fernando Castillo y conocida en primera instancia por el Juzgado Primero
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá y, en segunda, por el Juzgado
18 Laboral del Circuito de Bogotá.
e)
Que mediante sentencia del 23 de septiembre de 2015[12],
el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá concedió el
amparo de los derechos al deporte y al libre desarrollo de la personalidad de
Luis Fernando Castillo Calderón y, en consecuencia, ordenó al presidente de la
Liga Colombiana de Patinaje: (i) que dejara “(…) sin valor y efecto el
comunicado con el Asunto ‘REALIZACIÓN EVENTO DE HOCKEY SP SIN AVAL OFICIAL’
fechado 03 de septiembre de 2013 [sic], dirigido a las Ligas y Clubes de Bogotá
y Cundinamarca, lo cual deberá acreditar tanto al actor como a este Despacho
judicial, y en consecuencia, deberá abstenerse de hacer efectivas las sanciones
allí anunciadas”; y (ii) que permitiera la realización del evento siempre y
cuando en éste los participantes no representaran ni usaran el nombre de las
diferentes ligas, la Federación, o la República de Colombia.
f)
Que en cumplimiento de las órdenes proferidas por el Juzgado Primero
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, la presidencia de la
Federación Colombiana de Patinaje profirió el comunicado del 6 de noviembre de
2015[13], mediante el
cual la entidad dejó sin valor el comunicado del 3 de septiembre del mismo año
e indicó que permitiría la realización del evento Liga Capitalina, siempre y
cuando en éste no se representara a las diferentes ligas de patinaje, a la
Federación Colombiana de Patinaje o a la República de Colombia.
Adicionalmente, en la referida
comunicación se aclaró que el evento Liga Capitalina no es oficial, y en
consecuencia, “(…) para participar en un evento deportivo nacional o
internacional de patinaje de carácter no oficial y que implique representar
bien sea a la Federación, sus afiliados o en nombre de ésta al país, en calidad
de deportista, técnico (entrenador, preparador físico), autoridad de
juzgamiento (juez, calculador) y/o dirigente, se deberá cumplir con los
requisitos que para tal efecto se regulan en el referido acuerdo.”[14]
g)
Que la Federación impugnó el fallo de primera instancia y mediante
sentencia del 10 de noviembre de 2015[15], el Juzgado
18 Laboral del Circuito de Bogotá (i) adicionó la decisión del a quo, en
el sentido de precisar que la Federación se debía abstener de imponer sanciones
al actor, “hasta tanto se garantice su derecho de defensa y debido proceso”;
y (ii) modificó la decisión, en relación con la orden consistente en permitir
la realización del evento en cuanto a todos sus participantes, y estableció que
esta autorización se refería solamente a la participación particular del
accionante (Luis Fernando Castillo), siempre y cuando éste no representara ni
usara el nombre de las diferentes ligas, la Federación, o la República de
Colombia.
h)
Que como consecuencia de la decisión del ad quem, el 18 de
noviembre de 2015 la Federación profirió un tercer comunicado, mediante el cual
modificó el del 6 de noviembre de 2015 y, en particular, estableció que el evento
Liga Capitalina es de carácter privado, válido y no oficial. Asimismo, se
indicó que el señor Luis Fernando Castillo estaba autorizado para participar en
tal evento.
i)
Que la situación suscitada por la expedición de la comunicación del 3 de
septiembre de 2015 fue superada, pues se trataba de un llamado al cumplimiento
de la reglamentación aplicable y durante su “vigencia” no se dio inicio a
procesos disciplinarios contra los deportistas federados participantes del
evento.
3.
Mediante oficio recibido por la Secretaría General de la Corte
Constitucional el 28 de abril de 2016[16], el
presidente de la Liga de Patinaje de Bogotá, informó lo siguiente:
a)
Que ante la manifestación de la Federación Colombiana de Patinaje en
relación con la falta de aval del evento denominado Liga Capitalina, la Liga de
Patinaje de Bogotá informó mediante correo electrónico a los clubes y
deportistas afiliados a la misma, que su intervención en el evento mencionado
impediría su participación en los procesos de selección distrital.
b)
Que como consecuencia de las comunicaciones remitidas por la Federación
Colombiana de Patinaje y la Liga de Patinaje de Bogotá, la actividad objeto de
reproche no se volvió a realizar.
c)
Que distintos participantes presentaron tutelas, una de las cuales fue
concedida, motivo por el cual la Federación dejó sin efecto la comunicación del
3 de septiembre de 2015, y cualquier comunicación remitida por la Liga de
Patinaje de Bogotá sobre el particular perdió vigencia ante el “agotamiento
de su objeto”.
d)
Que a pesar de que la Federación permitió la realización del evento,
éste “sin embargo, no fue más”.
e)
Que la Liga de Patinaje de Bogotá adelantó el proceso de selección para
integrar las selecciones que representaron a Bogotá en el evento interligas
para el año 2015, y contó con la participación de todos sus deportistas sin que
se presentaran inconvenientes.
4.  De otra parte,
el 4 de mayo de 2016 el abogado Conrado Arnulfo Lizarazo Pérez, radicó un
escrito ante la Secretaría General de la Corte Constitucional, en el que
manifestó actuar como tercero interesado en este proceso. En particular, el
señor Lizarazo solicitó a la Corte Constitucional “ordenar la unificación” de
nueve procesos de tutela que tienen identidad fáctica con la presente acción[17].
Afirma el
interviniente que esta Corporación no ha tenido la oportunidad de ocuparse
sobre la aplicación de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a
la práctica deportiva por parte de las entidades y personas jurídicas que rigen
el deporte a nivel nacional.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1.  Con fundamento en las
facultades conferidas por los artículos 86 y 241 -numeral 9°- de la
Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Quinta de Revisión de
Tutelas de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de
tutela proferido en el proceso de la referencia.
Asunto
objeto de análisis y problemas jurídicos
2.  El 14 de septiembre de 2015,
el señor Juan Sebastián Gómez Parra, a nombre propio, interpuso acción de
tutela contra la Federación Colombiana de Patinaje y la Liga de Patinaje de
Bogotá, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al libre
desarrollo de la personalidad, a la libre asociación, a la recreación, al
deporte y al “aprovechamiento del tiempo libre”.
La tutela de
la referencia se presenta en razón a que la presidencia de la Federación
Colombiana de Patinaje y la Liga de Patinaje de Bogotá emitieron dos
comunicados en los que señalaron que la realización del evento de la “Liga
Capitalina de Hockey Sobre Patín”, de la cual hace parte, es ilegal.
Señala que el
1º de septiembre de 2015, de manera informal, quienes regularmente asisten a
practicar hockey sobre patín en el Parque Nacional, decidieron programar dentro
de sus horarios de entrenamiento una actividad a la cual denominaron “Liga
Capitalina SP”, la cual tiene como finalidad reunirse para practicar ese
deporte, realizar tertulias coloquiales y compartir un rato de esparcimiento en
familia.
Mediante
comunicados del 3 de septiembre de 2015, los presidentes de la Liga de Patinaje
de Bogotá y de la Federación Colombiana de Patinaje manifestaron que la
actividad desarrollada por la Liga Capitalina es ilegal.
A juicio del
actor, el comunicado emitido por la Federación Nacional de Patinaje, es un acto
que amerita la protección del juez de tutela porque “ha generado un perjuicio
irremediable” debido a que actualmente cesó la práctica del deporte como
consecuencia de la amenaza emitida por la entidad.
Además,
indica que no existe otro medio eficaz para evitar que tal entidad prohíba la
realización de la actividad de manera informal, pues se trata de una persona
jurídica privada y el ordenamiento jurídico no prevé mecanismos judiciales
efectivos para controlar las decisiones que ésta emita.
3.  La situación fáctica exige a
la Sala determinar si procede la tutela para hacer efectivos los derechos al
deporte, a la libre asociación y al libre desarrollo de la personalidad, o si
existe otro mecanismo, idóneo para conseguir que tanto la Federación Colombiana
de Patinaje como la Liga de Patinaje de Bogotá, dejen sin efectos los
comunicados mediante los cuales calificaron la actividad desarrollada por la
Liga Capitalina SP como ilegal, y se abstengan de imponer sanciones a quienes
formaran parte de tal evento.
En caso de
ser procedente, será preciso entrar a analizar el fondo del asunto, el cual
plantea tres interrogantes que se explican a continuación.
4.  En primer lugar, el
accionante probó que las entidades accionadas emitieron unos comunicados
mediante los cuales manifestaron que el evento denominado “Liga Capitalina SP”
era ilegal, pues éste no contaba con el aval de la Federación Nacional de
Patinaje. Ello conlleva a plantear el siguiente problema: ¿se desconoce el
derecho al deporte cuando una entidad privada que hace parte del Sistema
Nacional del Deporte, censura la creación de un evento no oficial por el hecho
de no haberle dado su aval?
5.  En segundo lugar, de los
hechos de la tutela se evidencia que los comunicados mencionados se
fundamentaron también en que la actividad de la Liga Capitalina era ejercida
por quienes pertenecían a las ligas oficiales de patinaje, quienes podían ser
sancionados por asociarse con otros deportistas sin la autorización de la
Federación Colombiana de Patinaje y las ligas a las que pertenecían. La
situación anterior permite plantear otro cuestionamiento: ¿se desconoce el
derecho a la libertad de asociación cuando una entidad privada que hace parte
del Sistema Nacional del Deporte amenaza con sancionar a sus deportistas por
hacer parte de un evento no oficial?
6.  En tercer lugar, en el
trámite de la tutela en sede de revisión la Federación Colombiana de Patinaje y
la Liga Colombiana de Patinaje informaron que como consecuencia de una tutela
presentada por otro deportista, por lo mismos hechos que dieron origen a la
presente acción, la Federación Colombiana de Patinaje expidió una nueva
comunicación mediante la cual informó que el evento Liga Capitalina SP no es
ilegal. Posteriormente, aquella comunicación fue modificada por un tercer
comunicado mediante el cual se dio cumplimiento a la providencia de segunda
instancia en el trámite de la tutela mencionada. En consecuencia, en la actualidad
la censura de la entidad al evento no está vigente.
Los sucesos
antes descritos permiten formular esta pregunta: ¿se configura la carencia
actual de objeto por hecho superado cuando se presenta la tutela con el fin de
que un particular deje sin efectos lo expresado en un comunicado público y en
el trámite de la acción se demuestra que la retractación efectivamente ocurrió?
7.  Para resolver los
cuestionamientos planteados, se estudiarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela en el caso que se analiza; (ii) el derecho
al deporte y el marco normativo que lo desarrolla; (iii) el derecho a la
libertad de asociación y su alcance en relación con el derecho al deporte; y
(iv) la carencia actual de objeto por hecho superado en la presente acción de
tutela.
Examen de
procedencia de la acción de tutela
-       Legitimación
pasiva
8.  La legitimación pasiva en la
acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien
se dirige la acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza
del derecho fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado
resulte demostrada.[18]
Sobre el
particular, el artículo 86 de la Constitución establece que la tutela procede
contra particulares respecto de quienes el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión. Del mismo modo, el artículo 42 -numeral 4º- del
Decreto 2591 de 1991 determina que esta acción procede contra particulares cuando
estos sean quienes tengan control sobre la acción que presuntamente vulnere
derechos fundamentales, o se beneficien de la situación que motivó la acción, “siempre
y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con
tal organización”.
9.  La presente tutela se
interpone contra la Federación Colombiana de Patinaje y la Liga de Patinaje de
Bogotá, entidades que de conformidad con los Decretos 2845 de 1984 -artículos
11 y 14-[19] y 1228 de
1995 -artículos 7 y 11-[20], y la Ley 181
de 1995 -artículo 51-[21], son organismos
de derecho privado que cumplen funciones de interés público y social, y tienen
a su cargo organizar y administrar, a nivel nacional y territorial,
respectivamente, el patinaje, y en particular el deporte de hockey sobre patín.
10.  Por otra parte, en el
trámite de esta acción la Federación Colombiana de Patinaje informó que el
joven Juan Sebastián Gómez Parra pertenece a la Federación, por lo que la Sala
advierte que el accionante está en una situación de indefensión respecto de la
organización privada mencionada, pues tal y como se evidencia de las pruebas
allegadas al proceso, es miembro de dicha entidad y a ésta le corresponde elegir
a los deportistas que la representará en las competiciones internacionales de
hockey sobre patín.
11.  Ahora bien, en relación con
la legitimación de la Liga de Patinaje de Bogotá, la Sala observa que en el
trámite de esta tutela la Federación Colombiana de Patinaje indicó que el
accionante pertenece al Club Búfalos de Cundinamarca[22]
y la Liga de Patinaje de Bogotá informó que está vinculado al Club D'rapeg del
Tolima[23]. La
contradicción mencionada evidencia que no se tiene certeza sobre la asociación
del accionante a algún club o liga.
Sin embargo,
de las intervenciones de la Liga de Patinaje de Bogotá se demuestra que la
comunicación mediante la cual informó que la actividad desarrollada por la Liga
Capitalina S.P. era ilegal, fue enviada a todos los clubes, de manera que el
concepto de la Liga de Patinaje de Bogotá puede tener efectos en la vinculación
del actor a cualquiera de estas organizaciones (incluida aquella entidad, la
cual no controvirtió su legitimación pasiva en este proceso). Lo anterior
ocurre porque al calificar la actividad desarrollada por el accionante como
ilegal, la Liga de Patinaje de Bogotá pone en riesgo su vinculación actual o
futura a cualquier club porque indica que la actividad que el accionante
desarrolla en su tiempo libre puede acarrear su exclusión de los certámenes en
los que participan los clubes[24].
En este orden
de ideas, se evidencia que el actor está en una situación de indefensión
respecto de la Liga de Patinaje de Bogotá, pues independientemente de estar o
no vinculado a la misma, no tiene recursos para controvertir el comunicado
mediante el cual se informó a los clubes de la ilegalidad de la actividad que
este deportista desarrolla.
12.  Así pues, la Sala encuentra
que en este caso: (i) la Liga de Patinaje de Bogotá y la Federación Colombiana
de Patinaje son organizaciones privadas; (ii) la vulneración de los derechos
invocados, presuntamente se generó como consecuencia de dos comunicados
expedidos por ambas entidades, mediante los cuales calificaron el evento denominado
Liga Capitalina SP (del cual el actor hace parte), como ilegal y advirtieron a
los participantes de tal actividad que podrían ser sancionados y retirados de los
procesos de selección para participar en certámenes internacionales; y (iii) el
actor está en una situación de indefensión respecto de las entidades accionadas,
porque no puede evitar por sí mismo la vulneración o amenaza de sus derechos
fundamentales. Por consiguiente, es posible concluir que se satisface el
presupuesto de legitimación pasiva en el caso que se analiza.
-
Subsidiariedad
13.  El inciso 4º del artículo 86
de la Constitución consagra el principio de subsidiariedad como requisito de
procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.
Del
texto de la norma se evidencia que, si existen otros mecanismos de defensa
judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a ellos y
no a la tutela. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que
cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le
sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales
contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela
adopte decisiones paralelas a las del funcionario que debe conocer dentro del
marco estructural de la administración de justicia, de un determinado asunto
radicado bajo su competencia.[25]
La aptitud del
medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso concreto, en
consideración a las características procesales del mecanismo y al derecho
fundamental involucrado. Entonces, un medio judicial excluye la procedencia de
la acción de tutela, cuando salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental
invocado.[26]
14.  Corresponde a la Sala
examinar si, tal y como lo estableció el juez de única instancia, las
comunicaciones emitidas por la Federación Colombiana de Patinaje y la Liga de
Patinaje de Bogotá son actos administrativos susceptibles de control por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues de ello depende la
procedencia de la tutela en este caso.
15.  De conformidad con el
artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, entre otros, de las controversias
y litigios originados en actos sujetos al derecho administrativo, en los que
estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan
función administrativa.
Del mismo modo,
según la jurisprudencia del Consejo de Estado, “(…) lo que resulta
indispensable para la existencia del acto administrativo, es que se trate de
una manifestación unilateral de voluntad de la Administración en ejercicio
de función administrativa, que cree, modifique o extinga situaciones
jurídicas generales –actos administrativos de carácter general -, o
particulares e individuales -actos administrativos de carácter particular-.”
(Negrillas fuera del texto)[27].
16.  En el caso
objeto de estudio, la Sala observa que las comunicaciones emitidas por la
Federación Colombiana de Patinaje y la Liga de Patinaje de Bogotá no son actos
administrativos, porque no fueron expedidas en ejercicio de una función de
autoridad.
En efecto, las comunicaciones
controvertidas por el accionante no suponen una manifestación de voluntad de
crear, declarar, modificar o extinguir una relación jurídica, ni se derivan de
una actuación administrativa; simplemente se limitan a informar que las
organizaciones que las expiden estiman que la actividad desarrollada por la
Liga Capitalina no es legal y advierten que podrá imponerse sanciones a quienes
participen de este evento.
Así pues, se trata de documentos
mediante los cuales se expresa una opinión por parte de las organizaciones
accionadas, y como tal, no supone una decisión que resulte de la aplicación de
un mandato legal de manera que, al expedirlos, las organizaciones accionadas no
ejercían función administrativa.
17.  En síntesis,
las comunicaciones mencionadas no fueron emitidas en ejercicio de función
administrativa y por tanto no son actos administrativos, por lo que, de
conformidad con el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, no pueden ser
demandados en ejercicio de los medios de control de nulidad simple o nulidad y
restablecimiento del derecho.
Así pues, la Sala estima que el
argumento para negar el amparo en este proceso, esto es, que no concurría el
presupuesto de subsidiariedad porque el actor contaba con otros mecanismos para
controvertir los “actos administrativos” censurados, no puede ser admitido. Lo
anterior ocurre porque las comunicaciones emitidas por las entidades accionadas
no son actos administrativos, y por lo tanto no existe un mecanismo ordinario
idóneo para conseguir la protección de los derechos invocados por el actor.
En
consecuencia, dado que las actuaciones de los particulares contra las que se
presenta esta tutela no pueden ser controvertidas por otra vía judicial, la
acción de tutela constituye el mecanismo idóneo para conseguir el amparo de los
derechos fundamentales invocados por el accionante, y en esa medida, el
presupuesto de subsidiariedad se encuentra satisfecho.
El derecho al
deporte y el marco normativo que lo desarrolla
18.  El artículo 52 de la
Constitución Política (modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo No. 2
de 2000) reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la
práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. Además, la norma
Superior determina que el ejercicio del deporte, sus manifestaciones
recreativas, competitivas y autóctonas, tienen como función la formación
integral de las personas, preservar y desarrollar la salud del ser humano.
Por otra parte, la disposición
mencionada establece que el Estado tiene a su cargo la obligación de fomentar
estas actividades e inspeccionar, vigilar y controlar las organizaciones
deportivas y recreativas, y que el deporte y la recreación constituyen gasto
público social.
19.  En un principio, la Corte
Constitucional estableció que por tratarse de un derecho económico social y
cultural, el deporte no era fundamental por sí mismo, sino por estar en
conexidad con los derechos a la educación y al libre desarrollo de la
personalidad.[28]
No obstante, esta Corporación se
ha referido a la naturaleza jurídica de esta garantía, y ha determinado que se
trata de un derecho fundamental autónomo[29].
Lo anterior se fundamenta en las siguientes razones: (i) a la luz de los
instrumentos internacionales que consagran las obligaciones del Estado
colombiano, todos los Derechos Humanos deben ser garantizados; (ii) la adopción
del modelo de Estado Social de Derecho, conlleva el reconocimiento de los
Derechos Económicos Sociales y Culturales como fundamentales[30];
(iii) todos los derechos comprenden tanto mandatos de abstención, como de
prestación y ello no es óbice para negar su naturaleza fundamental[31];
(iv) es común a todos los derechos constitucionales cierto grado de
indeterminación; y (v) una cosa es la naturaleza del derecho y otra su eficacia,
por lo que un derecho fundamental puede tener distintos grados de eficacia.
20.  Esta Corporación ha
determinado que tanto el deporte como la recreación, son actividades propias
del ser humano que resultan indispensables para su evolución y desarrollo,
tanto a escala personal como social. En particular, el deporte es un
instrumento para la adaptación del individuo al medio en que vive, constituye
un mecanismo facilitador en su proceso de crecimiento y formación integral, e
impulsa las bases de la comunicación y las relaciones interpersonales.[32]
Así pues, el deporte y la
recreación son garantías que permiten que el individuo desarrolle su vida
dignamente de acuerdo con sus expectativas y decisiones dentro de un marco
participativo.[33]
21.  De otra parte, la Corte
Constitucional ha precisado que el deporte es una actividad que tiene
múltiples dimensiones, esto es, como un espectáculo, una forma de realización
personal, una actividad laboral y una empresa. El carácter polisémico
del deporte, implica también que su ejercicio se relacione con diversos
derechos, así: “1. tiene carácter formativo y educativo tanto en su faceta
recreativa como competitiva; 2. la opción por una concreta práctica deportiva,
en el nivel aficionado o profesional, corresponde a una decisión del sujeto que
encuentra amparo en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; 3. el
derecho de libre asociación se encuentra en la base de las organizaciones
deportivas creadas por los particulares con el objeto de promover y regular la
práctica social e individual del deporte; 4. adicionalmente, el ejercicio del
deporte, en cualquiera de sus ramos, por su valor formativo para la
personalidad, no es ajeno a la educación como derecho y como servicio público.”[34]
22.  Además,
el derecho fundamental al deporte constituye una actividad de interés público y
social, cuyo ejercicio, tanto a escala aficionada como profesional, se debe
guiar por normas preestablecidas que faciliten la participación ordenada en la
competición y promoción del juego y, a su vez, permitan establecer las
responsabilidades de quienes participan directa e indirectamente en tales
eventos.[35]
La adopción de normas que regulen los deportes es
necesaria, en razón a que su ejercicio usualmente involucra los derechos de la
comunidad, por lo que es preciso que quienes lo practican observen unos
estándares mínimos de conducta. De ahí que corresponda al Estado, no solo
fomentar el deporte, sino velar porque su práctica se lleve a cabo de
conformidad con unos principios legales.
23.  En
otro orden de cosas, esta Corporación se ha referido a las asociaciones
deportivas, y ha determinado que la relación entre éstas y el Estado, “(…)
se desenvuelve en torno de, por una parte, las acciones de fomento y, por otra,
de la inspección vigilancia y control, habida cuenta del papel que estas
organizaciones están llamadas a cumplir en la sociedad como medios eficaces
para la realización de los fines sociales y de los derechos constitucionales de
las personas.” (Negrillas fuera del texto).[36]
24.  En
suma, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que el derecho fundamental
al deporte: (i) es indispensable para que el individuo desarrolle su vida
dignamente; (ii) se relaciona con los derechos al libre desarrollo de la
personalidad, a la educación, a la libre asociación, a la salud y al trabajo;
(iii) conlleva las obligaciones correlativas a cargo del Estado, de fomentar el
deporte y velar porque su práctica se lleve a cabo de conformidad con principios
legales y constitucionales; y (iv) se garantiza también a través de las
organizaciones deportivas y recreativas, las cuales constituyen medios eficaces
para la realización de los fines sociales y de los derechos constitucionales de
las personas.
La
normativa que rige el derecho al deporte y las organizaciones deportivas
25.  Del derecho fundamental antes descrito, deriva la obligación a
cargo del Estado de fomentar el deporte y velar porque su práctica se lleve a
cabo de conformidad con principios legales y constitucionales, imperativo que
desarrolló el Legislador en diversas disposiciones. Veamos:
26.  El Decreto Ley 2845 de
1984[37], previó
distintos organismos deportivos, tales como clubes, ligas y federaciones, y
determinó que aquellos cumplen funciones de interés público y social, y están
constituidos para organizar administrativa y técnicamente el deporte que les
corresponda, con la participación de deportistas aficionados o profesionales, o
con ambos. Además, tal normativa estableció la estructura de estas entidades, y
en particular previó la existencia de órganos de dirección, administración, control
y de disciplina deportiva[38].
27.  Por su parte, la Ley 181
de 1995[39], creó el
Sistema Nacional del Deporte, entendido como el conjunto de organismos
articulados entre sí, con el objetivo de “generar y brindar a la comunidad
oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, fomento y
práctica del deporte”[40].
La
organización del Sistema Nacional del Deporte dispuesta por la ley corresponde
a la división política del territorio nacional e incluye, a nivel municipal, a
los clubes deportivos, promotores y profesionales; a nivel departamental, a las
ligas y asociaciones deportivas departamentales y del Distrito Capital; y a
nivel nacional, a los Comités Olímpico y Paralímpico[41]
nacionales y las Federaciones Deportivas.
28.  La
misma normativa determina que el Sistema Nacional del Deporte se rige por
distintos principios[42], de los
cuales resultan relevantes para el caso los siguientes:
El principio
de universalidad, que implica que todos los habitantes del territorio
nacional tienen derecho a la práctica del deporte y la recreación y al
aprovechamiento del tiempo libre.
El principio
de democratización que supone que el Estado tiene a su cargo la
obligación de garantizar la participación democrática de sus habitantes para
organizar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del
tiempo libre, sin discriminación alguna por razones de raza, credo, condición o
género, entre otros.
29.  De
otro lado, la ley mencionada establece que el Estado debe tener como objetivos,
entre otros: a) fomentar, proteger, apoyar y regular la asociación
deportiva en todas sus manifestaciones como marco idóneo para las prácticas deportivas
y de recreación, y b) promover y planificar el deporte competitivo y de
alto rendimiento, en coordinación con las federaciones deportivas y otras
autoridades competentes.
En
particular, la normativa en cita regula el deporte asociado, definido como el “(…)
conjunto de entidades de carácter privado organizadas jerárquicamente, con el
fin de desarrollar actividades y programas de deporte competitivo, de orden
municipal, departamental, nacional e internacional que tengan como objeto el
alto rendimiento de los deportistas afiliados a ellas.”[43]
30.
En desarrollo de la norma anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto
Ley 1228 de 1995[44], que en
términos generales estableció la estructura de los organismos deportivos y la
competencia de COLDEPORTES en relación con las funciones de inspección,
vigilancia y control de los organismos deportivos y demás entidades del Sistema
Nacional del Deporte.
31.
A pesar de que las organizaciones previstas por las normas mencionadas
son mecanismos mediante los cuales se garantiza el orden en el ejercicio de un
deporte determinado, no se puede olvidar que tales entidades tienen por objeto fomentar
la práctica deportiva, el cual comporta el desarrollo integral de las personas.
En
ese orden de ideas, esta Corporación ha establecido que a pesar de que la
Constitución reconoce un amplio margen de autonomía a las distintas
asociaciones deportivas, en relación con su facultad de desarrollar reglas para
la práctica del deporte, al cumplir esta función no pueden desconocer los
principios constitucionales, ni vulnerar los derechos fundamentales de sus
destinatarios.
Así
pues, no es admisible que los derechos constitucionales de los deportistas
queden supeditados a las decisiones empresariales adoptadas por los clubes,
ligas y federaciones, “(…) no sólo porque se desconocería la primacía de la
Constitución y de los derechos de la persona (CP arts 4 y 5), sino porque se
estaría permitiendo un prohibido abuso de posición dominante de parte de esas
asociaciones (CP art. 334)”.[45]
32.
Del marco normativo antes descrito se
evidencia que (i) el Sistema Nacional del Deporte supone una
organización, conformada por entidades públicas y privadas, que tiene como
finalidad llevar a cabo procesos de iniciación, formación, fomento y práctica
del deporte, y (ii) los organismos de deporte asociado tienen la función de
organizar administrativa y técnicamente el deporte que les corresponda, con la
participación de deportistas aficionados o profesionales, o con ambos.
El derecho a
la libertad de asociación y su alcance en relación con el derecho al deporte
33.  El
artículo 38 de la Constitución determina que “[s]e garantiza el derecho de
libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las
personas realizan en sociedad”. El derecho fundamental a asociarse es una
libertad de la que gozan todas las personas, que comporta tanto la posibilidad
de integrar organizaciones reconocidas por el Estado (con capacidad para
adquirir derechos y obligaciones) y emprender proyectos económicos, sociales,
culturales o de cualquier otra índole, como la facultad de abstenerse de formar
parte de determinada organización.
Así pues, el derecho de asociación posee una doble dimensión, “[u]na
que se manifiesta mediante la integración o el acceso a una organización
conformada con cualquiera de esos propósitos y otra que se manifiesta negándose
a hacer parte de una organización determinada o desvinculándose de ella. Las
dos facultades han sido objeto de reconocimiento constitucional pues
constituyen un legítimo ejercicio tanto de la cláusula general de libertad como
de las libertades de pensamiento, expresión y reunión.”[46]
34.
La Corte Constitucional[47] se ha
referido al derecho a la libertad de asociación y su relación con el derecho al
deporte, y ha determinado que, en razón a que el derecho de asociación es
social y en principio no es válido que la ley cree directamente asociaciones
privadas, sí puede promocionar su desarrollo.
En efecto, dado que el Estado tiene a su cargo fomentar el deporte, está
facultado para promover la creación de aquellas entidades que tienen como
función estimular la práctica de las disciplinas deportivas. Así pues, las
organizaciones deportivas constituyen mecanismos democráticos para ejercer el
deporte profesional o aficionado y su existencia es manifestación del derecho
fundamental de asociación.
35.  De otra parte, esta
Corporación ha indicado que el derecho de asociación para el ejercicio del
deporte no solo comporta la promoción y creación de las organizaciones
previstas en las normas descritas en el acápite anterior, sino de otras formas
de reunión para practicar deportes.
Particularmente, en la sentencia C-802 de 2000[48] la Corte estudió la
constitucionalidad del artículo 7º del Decreto 1228 de 1995[49] y determinó que las personas deben gozar de la
oportunidad de organizarse y asociarse espontáneamente con miras a estimular
las prácticas deportivas, preparar física y técnicamente a los jóvenes,
promocionar certámenes en los que pueda participar la comunidad y desarrollar
las formas de recreación y uso del tiempo libre.
Así pues, el Legislador no puede establecer barreras
infranqueables que impidan la creación de asociaciones privadas concebidas con
tales propósitos, en especial cuando la sociedad busca canalizar las energías
de la juventud hacia el sano esparcimiento.
Sin embargo, por su importancia social, el deporte lleva implícito
un interés público que exige que el Legislador fije unas reglas básicas que
permitan organizar y promover el deporte de manera ordenada y eficiente tanto a
nivel nacional como en las regiones y localidades. De ahí que pueda señalar los
elementos que faciliten la promoción y dirección de la actividad deportiva.
Entonces, cuando el Legislador dispuso que las ligas
departamentales no existirían a nivel municipal, ejerció su competencia en lo
referente a la organización del sistema deportivo, con una estructura que, a su
juicio es funcional y lógica.
En particular, la Corte determinó que al permitirse la existencia
de una liga por deporte en la respectiva jurisdicción territorial, no se
restringe la libertad de asociación ni el principio de la democratización del
deporte, “(…) pues este solo hecho no impide el acceso de los habitantes a
la práctica del deporte o de la recreación y el aprovechamiento del tiempo
libre, el cual está garantizado mediante la vinculación a los clubes que operan
en el nivel municipal, ni tampoco significa prohibición de asociarse con
fines similares, sin bien la organización deportiva regulada como Sistema
Nacional del Deporte tiene que gozar de la ya señalada unidad.”
(Negrillas fuera del texto).
En este orden de ideas, la asociación para la práctica del deporte
puede darse dentro del Sistema Nacional del Deporte, o por fuera de éste, pues
las personas son libres de reunirse con otras para desarrollar actividades,
compartir sus intereses y emprender un proyecto deportivo.
36.  De lo anterior
es posible concluir que: (i) el Sistema Nacional del Deporte, conformado entre
otros por organizaciones privadas para el fomento y la práctica del deporte,
constituye un mecanismo para hacer efectivo el derecho a la libertad de
asociación; y (ii) el principio de democratización del deporte supone la
posibilidad de asociarse con el fin de practicar una actividad de este tipo, bien
sea al formar parte de una organización del Sistema Nacional del Deporte
(clubes, ligas o federaciones), o de grupos informales de deportistas que
deseen practicar deportes por fuera de las instituciones previstas por la ley.
Desconocimiento
de los derechos al deporte y a la libertad de asociación en el caso concreto
37.  En el caso que se analiza,
está demostrado: (i) que quienes regularmente asisten a practicar hockey sobre
patín en el Parque Nacional, decidieron programar dentro de sus horarios de
entrenamiento una actividad a la cual denominaron “Liga Capitalina SP”, la cual
tiene como finalidad reunirse para practicar ese deporte, realizar tertulias
coloquiales y compartir un rato de esparcimiento en familia; (ii) que mediante
comunicados del 3 de septiembre de 2015, los presidentes de la Liga de Patinaje
de Bogotá y de la Federación Colombiana de Patinaje manifestaron que la
actividad desarrollada por la Liga Capitalina es ilegal porque no contaba con
su aval, y advirtieron que los deportistas federados o asociados a las ligas
departamentales o del distrito capital podrán ser sancionados por participar en
esa actividad, y no serían convocados para representar al país en certámenes
internacionales; y (iii) que como consecuencia de la intimidación producida por
las comunicaciones mencionadas, el accionante y los otros miembros de la Liga
Capitalina SP cesaron la práctica del deporte en espacios de tiempo dedicados a
su esparcimiento.
38.  En primer lugar, de los
hechos de la tutela se evidenció que, con fundamento en la falta de aval por
parte de la Federación Colombiana de Patinaje para la práctica de un evento no
oficial, se expidieron comunicados mediante los cuales se censuró la actividad
por ser considerada como “ilegal”. Las comunicaciones mencionadas no tienen un
fundamento jurídico claro y tal y como se estableció en el análisis sobre la
subsidiariedad en este caso, no se trata de actos administrativos.
De otro lado, del
reglamento de la Federación Colombiana de Patinaje, expedido en ejercicio de
las funciones que le han sido asignadas por la ley para organizar y fomentar la
práctica del deporte, se evidencia que la participación en eventos no oficiales
puede estar sujeta a restricciones.
En particular, el Acuerdo N°
001 del 31 de marzo de 2015, “[p]or medio del cual se
reglamenta la participación de deportistas, técnicos (entrenadores,
preparadores físicos) autoridades de juzgamiento (jueces, calculadores) y/o
dirigentes en eventos OFICIALES y NO OFICIALES”[50] establece lo siguiente:
“ARTÍCULO
2: EVENTOS NO OFICIALES - No son oficiales aquellos eventos
invitacionales que no se encuentran aprobados en el Calendario Oficial de la
Federación, y que siendo solicitada una participación, no sea avalada.
ARTÍCULO 3:
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NO OFICIALES. - Para participar en un evento
deportivo nacional o internacional de patinaje de carácter no oficial y que
implique representar bien sea a la Federación, sus afiliados o en nombre de
ésta al país, en calidad de deportista, técnico (entrenador,
preparador físico), autoridad de juzgamiento (juez, calculador) y/o dirigente,
se deberá cumplir con los requisitos que para tal efecto se regulan en el
presente reglamento.
ARTÍCULO
4: REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS EN EVENTOS NO OFICIALES. - Todo
deportista que desee participar en un evento deportivo no oficial de patinaje
deberá cumplir con los siguientes requisitos para solicitar y obtener el
respectivo aval por parte de la Federación: a. Solicitud por escrito dirigida a
la Federación suscrita por el Representante Legal de la Liga a la que se
encuentre afiliado el club y/o deportista federado que aspira a participar en
el evento respectivo. b. Manifestación escrita del deportista y/o su
representante en caso de ser menor de edad en donde se compromete a cumplir con
las normas de organización que se adopten para la respectiva delegación y que
tienen que ver con desplazamientos, alojamientos, inscripciones y en fin, todos
los aspectos relacionados con una decorosa participación de la Selección que
avalará la Federación para el evento correspondiente. c. Expresa voluntad por
escrito del deportista de asumir los costos que implica su participación en el
evento nacional o internacional para el cual está solicitando el respectivo
aval y su compromiso de cumplir con las normas consagradas en el reglamento de
competiciones vigente de la Federación Colombiana de Patinaje y el manual de
convivencia para el evento respectivo. d. Informe escrito del Presidente de la
Comisión Nacional de la modalidad a la que pertenece el deportista que solicita
el aval, en el que establece que cumple con el nivel técnico que se requiere
para
participar en el evento respectivo, e. Carta de invitación de
la entidad organizadora del evento, y f. Carta de aval emitida por la
Federación del país donde se organiza el evento.”
(Negrillas fuera del texto)
Así, las normas
transcritas evidencian que el reglamento de la Federación Colombiana de
Patinaje respeta y garantiza el derecho al deporte y establece específicamente
que es posible celebrar eventos de patinaje no oficiales y que los deportistas
asociados pueden participar en estos sin el aval de la organización,
siempre y cuando no se identifiquen como miembros de las ligas o de la
federación. No obstante, las entidades accionadas desconocieron su propio
reglamento y emitieron comunicados con el fin de censurar la práctica de un
evento no oficial, el cual, por no formar parte del Sistema Nacional del
Deporte, no requería de una autorización de la Federación salvo que los
deportistas se identificaran como miembros de la Federación o de alguna liga,
pues se trataba de una actividad de esparcimiento que no era excluyente del
ejercicio del deporte a través de la organización.
39.  En consecuencia, la Sala
estima que las entidades accionadas vulneraron el derecho fundamental al
deporte del accionante, pues a través de sus comunicados desconocieron su
propio reglamento (el cual es un mecanismo para garantizar los derechos de sus
asociados) y amenazaron con sancionarlo por practicar hockey sobre patín en
eventos distintos de los dispuestos por la Federación Nacional de Patinaje,
todo lo anterior con la clara intención de que cesara el ejercicio del deporte
por fuera de los eventos programados por los organismos asociados.
Además, está
comprobado que los comunicados mencionados tuvieron el efecto deseado, porque
ante el temor de no participar en los certámenes nacionales e internacionales
como representantes de las ligas y de la federación, los miembros de la Liga
Capitalina SP cesaron la práctica informal de hockey sobre patín.
40.
De otra parte, cabe agregar que tal y como se estableció en el
fundamento jurídico 19 de esta providencia, el derecho al deporte se relaciona
con otros, de los cuales para este caso resulta relevante el derecho al libre
desarrollo de la personalidad. En efecto, el accionante
tiene derecho a escoger, sin intromisiones ni presiones de ninguna clase, las
actividades que desarrolla por fuera de sus prácticas como miembro de las
organizaciones accionadas. Lo anterior se deriva de la autonomía para gobernar
su propia existencia y construir su plan de vida.[51]
En ese orden de
ideas, a juicio de la Sala la participación del actor en la Liga Capitalina SP
supone una opción por una concreta práctica deportiva, en el nivel aficionado,
y en esa medida corresponde a una decisión que encuentra amparo en el derecho
al libre desarrollo de la personalidad. Por este motivo, las amenazas emitidas
por la Federación Colombiana de Patinaje y la Liga de Patinaje de Bogotá
suponen el desconocimiento de su derecho al libre desarrollo de la
personalidad.
Así pues, la restricción arbitraria de las accionadas,
al exigir un aval que no está previsto en la norma para practicar el deporte de
hockey sobre patín por fuera del Sistema Nacional del Deporte, comporta la
violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad del joven Juan
Sebastián Gómez Parra, porque lo constriñe a renunciar a la decisión que de
manera responsable y autónoma tomó en relación con las actividades que desea
desarrollar en su tiempo libre.
41.  En segundo lugar, la Sala
estima que al emitir los comunicados con el fin de intimidar a los deportistas
asociados e impedir que se celebrara el evento Liga Capitalina SP, la
Federación Colombiana de Patinaje y la Liga de Patinaje de Bogotá desconocieron
el derecho a la libre asociación del accionante.
En efecto, de los
hechos de la tutela se evidencia que los comunicados mencionados se
fundamentaron en que la actividad de la Liga Capitalina era ejercida por
quienes pertenecían a las ligas oficiales de patinaje, quienes podían ser
sancionados por asociarse con otros deportistas sin la autorización de la
Federación Colombiana de Patinaje y las ligas de las que hacían parte.
42.  Tal y como se estableció en
los fundamentos jurídicos 16 a 22 de esta sentencia, las asociaciones
deportivas que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte, son medios para
hacer efectivo el derecho al deporte y el ejercicio de sus funciones legales
deben respetar los derechos constitucionales de las personas.
En este sentido,
las organizaciones deportivas deben observar el derecho a los deportistas de
asociarse por fuera del Sistema Nacional del Deporte, pues el principio de democratización
del deporte supone la posibilidad de reunirse con el fin de practicar una
actividad de este tipo, bien sea al formar parte de una organización del
Sistema Nacional del Deporte (clubes, ligas o federaciones), o de grupos
informales de deportistas que deseen practicar deportes por fuera de las
instituciones previstas por la ley.
En el caso que se
estudia, las opiniones emitidas por las entidades demandadas conllevan la negación
del derecho de los deportistas a asociarse con otras personas que tienen un
interés común. Así, al censurar la reunión de personas que desean compartir su
tiempo libre en actividades deportivas, con fundamento en que al estar
asociadas a una organización del Sistema Nacional del Deporte solo pueden ejercer
el deporte a través de asociaciones institucionales, se impide que se unan
personas que comparten un interés común y de ese modo se priva a los
deportistas de espacios para compartir valores, intercambiar su cultura y
construir una identidad colectiva alrededor de la práctica del deporte.
43.  En síntesis, la Federación
Colombiana de Patinaje y la Liga de Patinaje de Bogotá, como encargadas de
promover y hacer efectivo el derecho al deporte, vulneraron los derechos
fundamentales al deporte, al libre desarrollo de la personalidad y a la
libertad de asociación de Juan Sebastián Gómez Parra, al censurar el ejercicio
de una actividad que no estaba prohibida por tales organizaciones, e impedir la
asociación de deportistas por fuera del Sistema Nacional del Deporte.
La carencia
actual de objeto por hecho superado en la presente acción de tutela.
44.  Esta
Corporación ha considerado que la decisión del juez de tutela carece de objeto
cuando al momento de proferirla, se encuentra que la acción u omisión que dio
origen a la solicitud de amparo, ha cesado, pues desaparece toda posibilidad de
amenaza o vulneración a los derechos fundamentales. En este sentido, cuando hay
carencia de objeto la protección a través de la tutela pierde sentido y, en
consecuencia, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir alguna orden
dirigida a proteger el derecho fundamental invocado.[52]
En primer lugar, se entiende por hecho superado la situación que
se presenta cuando, durante el trámite de la acción de tutela o de su revisión
eventual ante la Corte Constitucional, sobreviene la ocurrencia de hechos que
demuestran que las circunstancias existentes al momento de interponer la acción
se transformaron y por lo tanto la parte accionante ha perdido el interés sobre
la satisfacción de su pretensión o ésta no puede obtenerse, pues la situación
en principio informada a través de la tutela, ha cesado.[53]
En segundo
lugar, la carencia actual de objeto por daño consumado se presenta
cuando no se repara la vulneración del derecho, sino que, a raíz de su falta de
garantía, se ha ocasionado el daño que se buscaba evitar con la orden del juez
de tutela[54].
En esos casos procede el resarcimiento del daño causado por la violación del
derecho fundamental[55].
45.  En el trámite de la tutela
en sede de revisión la Federación Colombiana de Patinaje y la Liga Colombiana
de Patinaje informaron que como consecuencia de una tutela presentada por otro
deportista por lo mismos hechos que dieron origen a la presente acción, la
Federación Colombiana de Patinaje expidió una nueva comunicación mediante la
cual informó que el evento Liga Capitalina SP no es ilegal.
En
efecto, la presidencia de la Federación Colombiana de Patinaje profirió el
comunicado del 6 de noviembre de 2015[56], mediante el
cual la entidad dejó sin valor el comunicado del 3 de septiembre del mismo año
e indicó que permitiría la realización del evento Liga Capitalina, siempre y
cuando en éste no se representara a las diferentes ligas de patinaje, a la
Federación Colombiana de Patinaje o a la República de Colombia.
Adicionalmente, en la referida
comunicación se aclaró que el evento Liga Capitalina no es oficial, y en
consecuencia, “(…) para participar en un evento deportivo nacional o
internacional de patinaje de carácter no oficial y que implique representar
bien sea a la Federación, sus afiliados o en nombre de ésta al país, en calidad
de deportista, técnico (entrenador, preparador físico), autoridad de
juzgamiento (juez, calculador) y/o dirigente, se deberá cumplir con los
requisitos que para tal efecto se regulan en el referido acuerdo.”[57]
46.  Posteriormente, aquella
comunicación fue modificada por un tercer comunicado mediante el cual se dio
cumplimiento a la providencia de segunda instancia en el trámite de la tutela
mencionada.
Específicamente,
el 18 de noviembre de 2015 la Federación profirió un tercer comunicado,
mediante el cual modificó el del 6 de noviembre de 2015 y, en particular,
estableció que el evento Liga Capitalina es de carácter privado, válido y no
oficial, y precisó que el accionante de esa tutela no puede ser sancionado por
participar en dicho evento.
47.  Los hechos antes descritos
demuestran que en este caso se configura la carencia actual de objeto por hecho
superado, puesto que la tutela se presentó con el fin de que se revocara la
declaratoria de ilegalidad del evento Liga Capitalina SP y como consecuencia de
las órdenes proferidas en el trámite de otra tutela presentada por los mismos
hechos de la presente acción, la censura de la entidad al evento no está
vigente.
En
consecuencia, la Sala considera que se está ante la existencia de un hecho
superado en relación con la vulneración de los derechos fundamentales al
deporte, al libre desarrollo de la personalidad y a la libre asociación, ante
la inexistencia de la declaratoria de ilegalidad del evento Liga Capitalina SP.
Conclusiones
y decisión a adoptar
48.  Del
análisis del caso planteado, se derivan las siguientes conclusiones:
-
La Federación Colombiana de Patinaje y la Liga de Patinaje de Bogotá
desconocen los derechos fundamentales al deporte y al libre
desarrollo de la personalidad, cuando censuran la práctica del deporte de
sus asociados por desarrollarse en escenarios distintos del Sistema Nacional
del Deporte.
En este sentido,
la Federación Colombiana de Patinaje y la Liga de Patinaje de Bogotá vulneraron
los derechos fundamentales al deporte y al libre desarrollo de la personalidad
de Juan Sebastián Gómez Parra, porque a pesar de que el reglamento no impedía
la práctica del deporte de sus asociados en eventos no oficiales, emitieron
comunicados con el fin de censurar la práctica del deporte por fuera del
Sistema Nacional del Deporte. En particular, a pesar de que el actor no
requería del aval de la Federación salvo que se identificara como miembro de la
Federación o de alguna liga, la actividad de la cual hacía parte fue declarada
ilegal a pesar de que se trataba de una asociación informal que no era
excluyente del ejercicio del deporte a través de tales organizaciones.
Así pues, las
amenazas consistentes en sancionar al actor por practicar hockey sobre patín en
eventos distintos de los dispuestos por la Federación Nacional de Patinaje, y
la exigencia de un aval que no está previsto en el
reglamento, demuestran que el accionante fue constreñido para que cesara
el ejercicio del deporte por fuera de los eventos programados por los
organismos asociados, es decir, para renunciar a la decisión
que de manera responsable y autónoma tomó en relación con las actividades que
desea desarrollar en su tiempo libre.
No obstante, debido a que en la actualidad la Federación Colombiana de
Patinaje expidió dos comunicaciones más a través de las cuales dio cumplimiento
a otra tutela interpuesta por otro de los deportistas afectados con la misma
decisión, y determinó que las actuaciones de la Liga Capitalina SP no eran
ilegales, sino que se trataba de un evento no oficial, la Sala considera que en
relación con la violación de los derechos al deporte y al libre desarrollo de
la personalidad, se está ante un hecho superado.
-
La Federación Colombiana de Patinaje y la Liga de Patinaje de Bogotá
desconocen el derecho fundamental a la libertad de asociación, cuando
amenazan a sus deportistas con el fin de evitar que pertenezcan a otras
asociaciones que no hacen parte del Sistema Nacional del Deporte.
En efecto, las
organizaciones deportivas deben observar el derecho de los deportistas a
asociarse por fuera del Sistema Nacional del Deporte, pues el principio de democratización
del deporte supone la posibilidad de reunirse con el fin de practicar una
actividad de este tipo, bien sea al formar parte de una organización del
Sistema (clubes, ligas o federaciones), o de grupos informales de deportistas
que deseen practicar deportes por fuera de las instituciones previstas por la
ley.
Entonces, las
opiniones emitidas por las entidades demandadas conllevan un rechazo
institucional a la reunión informal de personas que desean compartir su tiempo
libre alrededor del deporte. De este modo, la Federación Colombiana de Patinaje
y la Liga Colombiana de Patinaje impidieron la asociación de personas que
comparten un interés común y los privó de compartir espacios y valores,
intercambiar su cultura y construir una identidad colectiva con la práctica del
deporte.
No obstante, debido a que en la actualidad la Federación Colombiana de
Patinaje expidió dos comunicaciones más a través de las cuales dio cumplimiento
a otra tutela y determinó que las actuaciones de la Liga Capitalina SP no eran
ilegales, sino que se trataba de un evento no oficial, la Sala considera que en
relación con la transgresión del derecho a la libre asociación, también se está
ante un hecho superado.
49.  Por otra parte, de la
respuesta allegada por la Liga Colombiana de Patinaje en sede de revisión se
evidenció que en la actualidad la actividad de la Liga Capitalina SP cesó,
motivo por el cual, a pesar de que se declarará la existencia de un hecho
superado, la Sala advertirá a la Federación Colombiana de Patinaje y a la Liga
de Patinaje de Bogotá, que si la actividad de la Liga Capitalina SP continúa,
no podrán constreñir a sus miembros y que, siempre y cuando los deportistas asociados
no se identifiquen en eventos no oficiales como deportistas federados o
miembros de alguna liga oficial, no podrán imponerse sanciones ni requerir el
aval de la Federación o de la Liga para pertenecer a alguna asociación por
fuera del Sistema Nacional del Deporte.
Por ende, es
preciso revocar la decisión de única instancia, proferida por el Juzgado 51
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que declaró
improcedente la tutela, y en su lugar, declarar la carencia actual de objeto
por hecho superado.
III.-
DECISIÓN.
En mérito de
lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR
la decisión adoptada por el Juzgado 51 Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Bogotá, el 28 de septiembre de 2015, que negó por improcedente
el amparo. En su lugar, DECLARAR
LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO.
SEGUNDO. ADVERTIR a
la Federación Colombiana de Patinaje y a la Liga de Patinaje de Bogotá, que (i)
si la actividad de la Liga Capitalina SP continúa, no podrán constreñir a sus
miembros para que se abstengan de asociarse y practicar el deporte en
escenarios distintos de los ofrecidos por el Sistema Nacional del Deporte; y
(ii) siempre y cuando los deportistas asociados no se identifiquen en eventos
no oficiales como deportistas federados o miembros de alguna liga oficial, no
podrán imponerse sanciones ni requerir el aval de la Federación o de la Liga
para pertenecer a alguna asociación por fuera del Sistema Nacional del Deporte.
TERCERO. Por Secretaría General
líbrese las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]
Folios 8-9, Cuaderno de Única Instancia.
[2]
La comunicación de la Liga de Patinaje de Bogotá se encuentra a folio 7
del Cuaderno de Única Instancia.
[3]
El accionante no identifica cuál es la entidad encargada de investigar la
actuación del Presidente de la Federación Colombiana de Patinaje.
[4]
Folio 13, Cuaderno de única instancia.
[5]
La contestación de la Federación Colombiana de Patinaje, se encuentra a folios
16-26 ibídem.
[6]
Folio 20, Cuaderno de única instancia.
[7]
Folio 23, Cuaderno de única instancia.
[8]
La respuesta de la Liga de Patinaje de Bogotá se encuentra a Folios 27-30
ibídem.
[9]
Folio 27, Cuaderno de única instancia.
[10]
Folios 55-67, ibídem.
[11]
La contestación de la Federación Colombiana de Patinaje y sus anexos se
encuentran a folios 23-117 del Cuaderno de revisión.
[12]
A folios 77-87 del Cuaderno de revisión se encuentra la sentencia proferida el
23 de septiembre de 2015, por el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Bogotá, en el proceso identificado con el número de radicado
11001410500120150016300.
[13]
A folios 89-90 del Cuaderno de revisión se encuentra el comunicado del 6 de
noviembre de 2015.
[14]
Folio 89 Ibídem.
[15]
A folios 93-107 del Cuaderno de revisión se encuentra la sentencia del 10 de
noviembre de 2015, proferida por el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá.
[16]
La contestación de la Liga de Patinaje de Bogotá se encuentra a folios 118-120
del Cuaderno de revisión.
[17]
Se identifican como accionantes en los procesos referidos las siguientes
personas: David Antonio Lizarazo Álvarez, Daniel Lizarazo Álvarez, Santiago Carrascal
Álvarez, Luis Fernando Castillo Calderón, Santiago Romero Herrera, Conrado
Arnulfo Lizarazo Pérez, Camilo Mora Peraza, Santiago Bautista Prieto y Mario
Parra Álvarez.
[18]
Ver sentencias T-1015 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-780 de 2011, M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[19]ARTÍCULO
11. “Las ligas deportivas son organismos de derecho privado que cumplen
funciones de interés público y social, constituidas para organizar
administrativa y técnicamente en ámbito territorial, por delegación de la
correspondiente federación deportiva, si la hubiere, su deporte. Tendrán
derecho a obtener personería jurídica cuando cumplan los requisitos señalados
por el presente decreto y por sus normas reglamentarias.”
ARTÍCULO 14. “Las
federaciones deportivas nacionales son organismos de derecho privado que
cumplen funciones de interés público y social, constituidas para organizar
administrativa y técnicamente, en el orden nacional, su deporte, con
deportistas aficionados o profesionales, o con ambos. Tendrán derecho a obtener
personería jurídica, cuando cumplan los requisitos señalados por el presente
decreto y por las normas reglamentarias.”
[20]ARTÍCULO
7º.- “Ligas deportivas. Las ligas deportivas son organismos de derecho
privado constituidas como asociaciones o corporaciones por un número mínimo de
clubes deportivos o promotores o de ambas clases, para fomentar, patrocinar y
organizar la práctica de un deporte con sus modalidades deportivas, dentro del
ámbito territorial del departamento o del Distrito Capital, según el caso, e
impulsarán programas de interés público y social. (…)”
ARTÍCULO 11º.- Modificado
por el art. 1, Ley 494 de 1999 “Federaciones deportivas. Las
federaciones deportivas nacionales son organismos de derecho privado,
constituidas como asociaciones o corporaciones por un número mínimo de ligas
deportivas o asociaciones deportivas departamentales o del Distrito Capital o
de ambas clases, para fomentar, patrocinar y organizar la práctica de un
deporte y sus modalidades deportivas dentro del ámbito nacional e impulsarán programas
de interés público y social. (…)”
[21]ARTÍCULO
51. “Los niveles jerárquicos de los organismos del Sistema Nacional del
Deporte son los siguientes:
Nivel Nacional.
Ministerio de Educación Nacional, Instituto Colombiano del Deporte -
Coldeportes, Comité Olímpico Colombiano y Federaciones Deportivas Nacionales.
Nivel Departamental.
Entes deportivos departamentales, Ligas Deportivas Departamentales y Clubes
Deportivos.
Nivel Municipal. Entes
deportivos municipales o distritales, Clubes Deportivos y Comités Deportivos.”
[22] Folio
32 Cuaderno de Revisión.
[23] Folio
29 Cuaderno Principal.
[24] Folios
118-119 Cuaderno de Revisión.
[25]
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, se estableció: “En
efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de
competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el
ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.
Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el
requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias
y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que
regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior
de cada una de las jurisdicciones.”
[26] Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo y T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[27] CONSEJO
DE ESTADO. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Sentencia del 13 de
mayo de 2009. Radicación
número: 11001-03-26-000-2004-00020-00(27832). Sobre el
particular, se puede consultar también: CONSEJO DE ESTADO. Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección
Primera. C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Sentencia del 10 de abril de
2008. Radicación Número: 25000-23-24-000-2002-00583-01.
[28]
Sobre el particular, se pueden consultar las sentencias T-410 de 1999 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa), y T-435 de 2005 (M.P Marco Gerardo Monroy Cabra).
[29]
Sobre el particular, se pueden consultar las sentencias T-660 de 2014 (M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado) y T-560 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado).
[30] En
reiteradas oportunidades, esta Corte ha sostenido que las actividades
deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre, son una
expresión del Estado Social de Derecho. Ver entre otras las sentencias C-005 de
1993 (M.P. Ciro Angarita Barón) T-383 de 1994 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa),
C-317 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), SU-479 de 1997 (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo) y C-758 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[31]
Sobre el carácter fundamental y autónomo de los derechos constitucionales se
pueden consultar entre otras, las sentencias T-016 de 2007 y T-160 de 2011
sobre el derecho a la salud, T-585 de 2008 sobre el derecho a la vivienda digna
y T-580 de 2007 sobre el derecho a la seguridad social.
[32]Ver
sentencias T-466 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón), C-625 de 1996 (M.P.
Hernando Herrera Vergara), y T-410 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
[33]Sentencia
T-466 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón).
[34]
Sentencia T-435 de 2005 (M.P Marco Gerardo Monroy Cabra).
[35]Ver
sentencia T-410 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
[36]
Sentencia C-758 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[37]“Por
el cual se dictan normas para el ordenamiento del deporte, la educación física
y la recreación”, expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas por la Ley 50 de 1983.
[38]
Artículo 31. “Los organismos deportivos deberán tener la siguiente
estructura: 1.De dirección, a través de la Asamblea. / 2.De administración,
mediante un comité ejecutivo o un presidente. / 3.De control, con un fiscal y
su suplente. / 4.De disciplina, mediante un tribunal deportivo. / Parágrafo.
Las ligas y las federaciones deportivas nacionales deberán tener, además,
comisiones técnicas y un colegio de árbitros y jueces y podrán afiliar a
instituciones educativas y gremiales.”
[39]“Por
la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el
aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema
Nacional del Deporte”.
[40]
Artículo 47. “El Sistema Nacional del Deporte tiene como objetivo generar y
brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos de
iniciación, formación fomento y práctica del deporte, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al desarrollo integral del
individuo y a la creación de una cultura física para el mejoramiento de la
calidad de vida de los colombianos.”
[41] Previsto por el artículo 7º de la Ley 582 de 2000, “Por
medio de la cual se define el deporte asociado de personas con limitaciones
físicas, mentales o sensoriales, se reforma la Ley 181 de 1995 y el Decreto
1228 de 1995, y se dictan otras disposiciones”.
[42] Previstos en el artículo 4º de la Ley 181 de 1995.
[43]
Artículo 16 de la Ley 181 de 1995.
[44]“Por
el cual se revisa la legislación deportiva vigente y la estructura de los
organismos del sector asociado con objeto de adecuarlas al contenido de la Ley
181 de 1995”.
[45] Sentencia C-320 de 1997
(M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[46] Sentencia
C-792 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[47] Sobre el particular, se puede consultar la sentencia
C-1110 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero)
[48] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[49] La demandante consideraba que la
disposición acusada vulneraba los artículos 1º, 2º, 4º, 13, 16, 38, 52, 286 y 287
de la Constitución Política, al limitar la creación de ligas deportivas para la
práctica del deporte sólo al ámbito territorial del departamento respectivo o
del Distrito Capital, y excluir de tal facultad a las otras entidades
territoriales consagradas en el artículo 286 de la Carta Política, esto es los
municipios, los territorios indígenas y las regiones y provincias.
[50] Proferido por la asamblea general de afiliados y el
presidente de la Federación Colombiana de Patinaje, en uso de sus facultades
legales y estatutarias en especial las conferidas en los artículos 20, 48 y 50
del Estatuto de la Federación.
[51]
Sobre el alcance y contenido del derecho al libre desarrollo de la
personalidad, se pueden consultar las sentencias T-532 de 1992, T-429 de 1994,
T-124 de 1998, C-309 de 1997, C-336 de 2008, T-034 de 2013.
[52] Sobre el particular se pueden ver, entre otras, las sentencias T-1100
de 2004, T-093 de 2005, T-137 de 2005, T-753 de 2005, T-760 de 2005, T-780 de
2005, T-096 de 2006, T-442 de 2006, y T-431 de 2007.
[53] Sentencia T-1130 de 2008 (M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra) y T-170 de 2009 (M.P. Humberto Sierra Porto).
[54]Ver
la sentencias T-699 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández); T-170 de 2009
(M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-634 de 2009 (M.P. Mauricio González
Cuervo).
[55]Ver Sentencia
T-083 de 2010 M.P. Humberto Sierra Porto.
[56]
A folios 89-90 del Cuaderno de revisión se encuentra el comunicado del 6 de
noviembre de 2015.
[57]
Folio 89 Ibídem.