T-684-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-684/13
PROCESO
DE LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO-Procedencia
excepcional de tutela
LANZAMIENTO
POR OCUPACION DE HECHO-Diligencia
administrativa que cumple funciones judiciales
JUICIO
DE POLICIA-Inexistencia de recursos
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
La jurisprudencia constitucional ha establecido que la
finalidad de que no exista recurso, ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, contra las decisiones de policía, es que las mismas tengan un
efecto inmediato para evitar la perturbación del orden público y mantener así
el statu quo. Y en este sentido, en diversos pronunciamientos ha establecido
que las decisiones adoptadas en un proceso de policía son de carácter
jurisdiccional y están sustraídas de control ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
PROCESO
POLICIVO DE LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO DE PREDIO URBANO-Trámite
El trámite
de lanzamiento por ocupación de hecho de predios urbanos tiene su fundamento en
el Decreto Ley 1355 de 1970, el cual establece como característica esencial la
no controversia del derecho del dominio dentro del mismo y la protección tanto
del poseedor como del tenedor. La regulación de este proceso es complementada
por los Códigos de Policía de cada ente territorial, por medio de los cuales se
regula los aspectos relacionados con la especificidad del debido.
DEBIDO
PROCESO EN LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO-Supuestos para la protección
Esta Corporación
ha amparado el derecho al debido proceso dentro del trámite de lanzamiento por
ocupación de hecho cuando: a) se demoró de manera injustificada el inicio del
mencionado trámite; b) se aplicaron las normas que fueron subrogadas y, además,
no se tuvo en cuenta que se trataba de la ocupación de un bien inmueble rural,
lo cual implica la aplicación de otras normas; y c) estaba en curso un proceso
de extinción de dominio sobre el bien inmueble ocupado. Mientras que en otras
ocasiones ha negado su protección, al considerar que a) el proceso se adelantó
de acuerdo con la ley, garantizando los derechos a la defensa y a la propiedad
y en otro caso porque b) el no dar traslado de la querella no afecta el debido
proceso, por cuanto la oportunidad para pronunciarse acerca de la misma es en
la diligencia en donde se recibieron las pruebas y en donde el accionante
estuvo presente. El trámite de lanzamiento por ocupación de hecho se debe
ajustar a las reglas del debido proceso, tanto generales contenidas en la
Constitución Política, como particulares previstas en la ley y ordenanzas, pues
es la garantía de una decisión acorde con el ordenamiento jurídico.
LANZAMIENTO
POR OCUPACION DE HECHO Y PROTECCION DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE POBLACION DESPLAZADA-Caso en que procede suspensión de diligencias
Cuando se trata de personas víctimas del desplazamiento
forzado, se ha ordenado la suspensión de la diligencia hasta tanto se garantice
un albergue provisional, tras considerar que la medida de desalojo resulta
desproporcionada frente a la situación de los ocupantes si no se les da
precisamente un albergue. En algunos eventos se han analizado adicionalmente,
si el terreno que ocupan es habitable, y en caso de no serlo, se ha ordenado la
provisión inmediata del albergue provisional. En otros se ha especificado que
el nuevo albergue se debe encontrar en condiciones de dignidad y se ha
requerido a las autoridades para hacer efectivo los programas creados a su
favor. Cuando no se trata de personas desplazadas por la violencia, esta
Corporación ha dejado en firme la medida de lanzamiento por ocupación de hecho
y a su vez ha exhortado a las autoridades municipales para que les informen a
las personas desalojadas los programas sociales a los que pueden acceder.
Asimismo, ha advertido que en la práctica de la diligencia de lanzamiento por
ocupación de hecho se debe respetar la dignidad personal de los ocupantes, con
especial esmero respecto de los ancianos y los niños que se encuentren en el
inmueble y se debe proporcionar orientación respecto de la(s) entidad(es) del
Estado a la(s) que pueden acudir para acceder a los subsidios de vivienda.
DEBIDO
PROCESO EN LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO-No vulneración
por cuanto los querellados fueron notificados en debida forma y tuvieron la
oportunidad de ejercer su derecho de defensa
Referencia: expedientes
T- 3.831.308
Acción de
tutela presentada por José Edgar Castillo Hernández y otros contra la
Secretaría de Gobierno de Villavicencio, Gustavo Zambrano Díaz y Wilson Gaona Álvarez.
Magistrado
Ponente:
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de
septiembre de dos mil trece (2013).
La
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis
Guillermo Guerrero Pérez quien l0a preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro
del trámite de revisión de los fallos dictados, en primera y segunda instancia,
por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Villavicencio y el Juzgado Primero
Civil del Circuito de la misma ciudad, respectivamente.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
José Edgar
Castillo Hernández, Xenius Alexander Sobrino Racine y Jhon Alejandro Rodríguez
Bonilla, presentan acción de tutela contra la Secretaría de Gobierno Municipal
de Villavicencio, por la presunta vulneración de sus  derechos fundamentales al
debido proceso y a la vivienda digna.
Señalan los
accionantes que son personas desplazadas por la violencia, que tienen familias
con niños y que no han recibido ayuda del gobierno nacional ni local.
Afirman que en
julio de 2011 adquirieron una vivienda a orillas del caño en la ciudad de
Villavicencio; en agosto de la misma anualidad comenzaron a ejercer actos de
posesión, y posteriormente se inició en su contra un proceso de lanzamiento por
ocupación de hecho, el cual ha sido irregular, por cuanto, según manifiestan:
no los notificaron de su inicio; no son personas indeterminadas, tienen nombre
y son personas de buena fe; el demandante dejó pasar dos meses para entablar el
mencionado proceso y allega como prueba anticipada los testimonios de dos
personas que son sus compradores; no vive en el sitio objeto de litigio; el
certificado de libertad y tradición allegado data de los años 2006 y 2007 y la
dirección con linderos no coincide.
2.
Solicitud de tutela
En razón a lo
anterior, solicitaron el amparo de los derechos fundamentales alegados y que “se
tome la medida preventiva contra el desalojo programada para el día ocho (8) de
febrero de 2012 a las 8. am, por medio de la inspección de policía n° 5 del
barrio popular”.
3.
Intervención de parte accionada
El 7 de
febrero de 2012 el Juzgado Quinto Civil Municipal de Villavicencio admitió la
acción de tutela, notificó de su inicio a la Secretaría de Gobierno Municipal
de Villavicencio, a Gustavo Zambrano Díaz y a Wilson Gaona Álvarez,  y vinculó
al trámite a la Inspección Quinta del Barrio Popular.
3.1 Carlos
Hernán Becerra Cuesta, Inspector Quinto de Policía- Barrio Popular,
Villavicencio señaló que “el 15 de diciembre de 2011, notificó mediante
aviso la realización de la diligencia, siendo atendidos por el señor Alexander
Sobrino, tal y como consta en folio 61 de la querella” y que “las
personas que rindieron declaración extra juicio fueron escuchadas en la
respectiva diligencia de inspección ocular surtida el 8 de febrero de 2012, con
el propósito de constatar la veracidad de las mismas”.
Agregó que su
actuación se ajustó a los parámetros normativos en cada una de las etapas del trámite;
que no ha violado el debido proceso y que el material probatorio recaudado será
analizado para determinar si hay lugar al lanzamiento de las personas que ocupan
el predio o a abstenerse del mismo.
3.2 Wilson
Gaona Álvarez, quien dice actuar en representación de Gustavo Zambrano Díaz,
señaló que el término de indeterminados lo utilizó porque el poderdante
desconocía los nombres de las personas que invadieron el terreno; su cliente se
enteró que el predio había sido ocupado por los invasores en el mes de octubre
de 2011, por información suministrada por su hija Andrea Zambrano, persona con
quien se turna para la limpieza del lote y a los pocos días presentó la demanda
por ocupación de hecho; que no es cierto que no les notificaron el proceso,
pues tuvieron la oportunidad de hacer oposición cuando se les notificó por
aviso en el predio y el día de la inspección judicial. Agregó, que su poderdante
nada tiene que ver con la problemática del desplazamiento interno.
Por lo
anterior solicitó que la acción de tutela sea declarada infundada por carecer
de fundamento legal y estar alejada de la realidad.
3.3 La
Secretaria de Gobierno Municipal de Villavicencio no contestó la demanda de
tutela, a pesar de que fue notificada del inicio de esta acción (fl. 14 cdno.
Instancia)
4. Pruebas
aportadas al proceso
a. Declaración
con fines extra procesales de Daniel Gonzalo Umbarilla Caicedo el 21 de octubre
de 2011, ante la Notaría Primera del Círculo de Villavicencio, en la que
manifiesta: “conozco desde hace 2 años de manera personal de vista trato y
comunicación al señor Gustavo Zambrano Díaz (…) quien me consta y puedo dar fe,
que ha ejercido la posesión material del lote urbano desde hace 6 años, de
forma quieta, pacífica e ininterrumpida del terreno urbano ubicado en la
Urbanización Viña del Mar calle 19 C sur no. 23-46 este de la manzana C del
municipio de Villavicencio, estábamos haciendo negocio para comprarlo cuando
fuimos a verlo el 9 de octubre como a las 3 de la tarde, nos sorprendimos al
observar, la polisombra verde, con teja de zinc, invadida por unos niños y una
señora, si compró ese lote según matrícula inmobiliaria 230-80005 por remate
del Juzgado 3 Civil de Villavicencio el 13 de diciembre de 2005” (fl. 1cdno. Instancia).
b. Declaración
con fines extra procesales de Rafael Ernesto Velásquez Velásquez el 21 de
octubre de 2011, ante la Notaría Primera del Círculo de Villavicencio,  en la
que manifiesta: “conozco desde hace 8 meses de manera personal de vista
trato y comunicación al señor Gustavo Zambrano Díaz (…) quien me consta y puedo
dar fe, que ha ejercido la posesión material del lote urbano desde hace 6 años,
de forma quieta, pacífica e ininterrumpida del terreno urbano ubicado en la
Urbanización Viña del Mar calle 19 C sur No. 23-46 este de la manzana C del
municipio de Villavicencio, estábamos haciendo negocio para comprarlo cuando
fuimos a verlo el 9 de octubre como a las 3 de la tarde, nos sorprendimos al
observar, la polisombra verde, con teja de zinc, invadida por unos niños y una
señora, el compró ese lote según matrícula inmobiliaria 230-80005 por remate
del Juzgado 3 Civil de Villavicencio el 13 de diciembre de 2005” (fl. 2cdno. Instancia).
c. Copia del
recibo de cobro del impuesto predial unificado de fecha 06-30-2011, matrícula
inmobiliaria 230-80005 a nombre de Gustavo Zambrano Díaz (fl. 4 cdno.
Instancia).
d. Copia del
aviso fijado por la Inspección Urbana de Policía Barrio Popular, Villavicencio,
el jueves 15 de diciembre de 2011, en el predio ubicado en la calle 19 sur no.
23-46 Este Manzana C Urbanización Villa del Mar, en el que notifica que para el
8 de febrero de 2012, a partir de las 8:00am, se llevará a cabo diligencia de
lanzamiento por ocupación de hecho dentro de proceso de lanzamiento por
ocupación de hecho seguido por Gustavo Zambrano Díaz, por medio de apoderado,
Wilson Gaona Álvarez contra Personas Indeterminadas. Aviso recibido por
Alexander Sobrino (fl. 19 cdno. Instancia).
e. Copia de la
diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho de fecha 8 de febrero de 2012.
En ésta se determinó el lugar y los linderos; se escuchó a Luz Amparo Botero,
en representación de las personas que ocupan el predio, quien señaló que “nosotros
llegamos acá hace nueve meses; mi esposo rozó este lote porque estaba lleno de
basura (…) ahora que vieron que esto está limpio entonces apareció dueño”.
Abierto el
periodo probatorio, se ratificaron las declaraciones de Daniel Gonzalo Umbarila
y Rafael Ernesto Velásquez y se escuchó la declaración de Rosa Gabriela Gómez
Portillo. El primero señaló que “(…) nació la idea de que nos venden lotes
(…) y por eso vinimos a ver este lote, pero no había aquí nada, era monte, eso
fue el 9 de octubre de 2011 y no había nada (…) es que nosotros tenemos un
negocio con él, creo enterarme el mismo 9 de octubre cuando vinimos a comprar
el lote y fue cuando ví que ya estaba invadido (…) al respecto de eso debo
corregir que con antelación habíamos venido en varias oportunidades a observar
el lote y no estaba invadido, cuando en la fecha 9 de octubre de 2011 con una
posible objeto de negociación vimos que estaba invadido”.
Rafael Ernesto
Velásquez, indicó que “el dueño es el señor Gustavo Zambrano Díaz, quien en
varias oportunidades estuvimos dos veces acá que vinimos a ver el lote, y pues
nos enseñó el predio que estaba sólo, no estaba ocupado y pues tenía las
intensiones de venderlo, en alguna oportunidad nos enseñó una copia del
registro de instrumentos públicos donde constaba que él era el dueño y que no
tenía embargos y ninguna cuestión pendiente (…) nosotros vinimos para octubre
del año pasado 2011, vine en compañía con el señor Daniel Umbarila, eso fue un
domingo a eso del medio día, eso fue el 9 de octubre (…) y llegamos acá y ya
estaban esas construcciones y a nosotros se nos hizo extraño (…) pues me decía
que él a veces venía una persona o hija a estar pendiente el lote (…)”.
Rosa Gabriela
Gómez Portillo, “Preguntado: Manifiéstele al Despacho si tiene algún tipo de
relación o parentesco con alguna de las personas que se encuentran ocupando el
predio donde nos encontramos. Contestó: Desde hace un año, amistad con la señora
amparo (…) la verdad hace nueve meses, más o menos que llevo viviendo acá nadie
había limpiado este predio. Preguntado: Indíquele al Despacho si sabe desde
cuando están ocupando este predio las personas que en él se encuentran.
Contestó: Hace más o menos desde finales de agosto, iniciando ya septiembre del
año 2011 (…) Limpiamos totalmente el predio y como somos personas de escasos
recursos empezamos poco a poco a parar las construcciones que se ven.
En dicha
diligencia se concluyó que, “ratificadas las declaraciones y escuchado el
testimonio anterior, el despacho procederá a estudiar la totalidad del acervo
probatorio obrante en la presente querella, por lo que se procede a suspender
la presente diligencia para tomar la decisión de verificar el lanzamiento o
abstenerse del mismo”
Firma: Carlos
Hernán Becerra Cuesta –Inspector de Policía; Luz Amparo Botero-Quien atendió la
diligencia; Esilda Bravo Gutiérrez- quien atendió la diligencia; Alexander
Sobrino Racine- Quien atendió la diligencia; los agentes de policía; Alba
Marina Rincón Romero- Secretaria ad-hoc. (fl. 20-23 cdno. Instancia)
f. Copia de la
querella presentada el 24 de octubre de 2011, contra personas indeterminadas,
para que se decrete el lanzamiento por ocupación de hecho del inmueble
localizado en la calle 19 sur no. 23-46 este Manzana C Urbanización Viña del
Mar de Villavicencio (fl. 33-36 cdno. Instancia).
g. Copia de la
escritura pública no. 4644 del 8 de septiembre de 2006, de la Notaria Primera
del Círculo de Villavicencio, otorgada por Isabel Aponte Galindo, en la que se
protocolizó “copia de la diligencia del remate, adelantado en el Juzgado
Tercero Civil Municipal de esta ciudad de Villavicencio, dentro del proceso
ejecutivo singular de Gustavo Zambrano contra Luz Marina Zambrano Carvajal y
otro, se le adjudicó a tal título a Gustavo Zambrano Díaz (…) al folio de
matrícula inmobiliaria 230-80005” (fl. 63-64 cdno. Instancia).
h. Copia del certificado
de libertad y tradición con número de matrícula inmobiliaria 230-80005, de
fecha de 17 de abril de 2007, en la que consta como propietario Gustavo
Zambrano Díaz (fl. 65 cdno. Instacia).
i. Copia de la
Resolución no. 108 del 10 de noviembre de 2011 por medio del cual se ordena una
diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho (fl. 67-70 cdno. Instancia).
II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
El 20 de febrero de 2012, el Juzgado Quinto Civil
Municipal de Villavicencio resolvió negar la acción de tutela, “al
considerar que los accionantes cuentan con otros medios de defensa judicial,
además porque no se vislumbra vulneración a derecho fundamental alguno”.
Argumentó que los accionantes conocían previamente de las
diligencias policivas adelantadas en su contra por la inspección, pues fueron
notificados mediante aviso y en dicho lapso guardaron silencio. Además, no se
hicieron presentes en la diligencia dejando transcurrir esa oportunidad para la
defensa de sus derechos. Agregó que la diligencia está suspendida y que no se
ha proferido decisión de fondo y no se avizora un perjuicio irremediable al
contar los accionantes con otras vías de defensa judicial, por lo que la acción
de tutela es improcedente.
La anterior decisión fue impugnada por los accionantes
bajo similares argumentos a los presentados en la demanda de tutela. Agregaron
que al parecer el propietario del bien inmueble es Cormacarena, quien es el
encargado de proteger las reservas de los caños y ríos y que Flaiber Andrés
Saganome Vargas les vendió el predio que hoy ocupan.
El 29 de marzo de 2012, el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Villavicencio resolvió confirmar el fallo de primera instancia. Consideró
que no se observa la existencia de una de las causales generales de
procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, ni
vulneración de los derechos fundamentales invocados por los accionantes.
Argumentó que el proceso policivo cuenta con mecanismos de
defensa y que quien decretó el lanzamiento fue el alcalde, comisionando a la
inspección de policía para ejecutar la orden. Afirmó que no se vulneró el
derecho al debido proceso de los accionantes, pues fueron notificados mediante
aviso el cual fue recibido por Alexander Sobrino Recine, hoy accionante, y que aquellos
no allegaron prueba de la compraventa que justificara legítimamente su
ocupación y que les permitiera dirimir el conflicto ante la jurisdicción ordinaria.
III. REVISIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
Remitido el expediente a esta Corporación, la Sala de
Selección Número Tres, mediante auto del veintiuno (21) de marzo de dos mil
trece (2013), dispuso su revisión por la Corte Constitucional.
1. Competencia
Esta Corte es competente
para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido
en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes, así como por la escogencia del
caso que hizo la Sala de Selección.
2. Trámite surtido ante la Corte Constitucional
2.1 Por medio de auto del 25 de junio de 2013, el
magistrado sustanciador, en razón a la ausencia de elementos probatorios que
permitan la adopción de una decisión de fondo y aplicando los principios de
celeridad y economía procesal, y en uso de sus facultades constitucionales y
legales, con miras a la protección inmediata y efectiva de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados y debido a la necesidad de elementos de
juicio relevantes, resolvió:
2.1.1 Requerir al Inspector Quinto de Policía-
Barrio Popular de Villavicencio, para que allegue copia del proceso de
lanzamiento por ocupación de hecho iniciado por Gustavo Zambrano Díaz, mediante
el apoderado, contra personas indeterminadas e informe el estado actual del
mismo.
2.1.2 Requerir a la Alcaldía de Villavicencio- Secretaría
de Gobierno, para que se pronuncie acerca de la demanda de tutela que le fue
notificada el 8 de febrero de 2012 y para que informe: a) si José Edgar
Castillo Hernández , Xenius Alexander Sobrino Racine y Jhon Alejandro Rodríguez
Bonilla, quienes dicen ser ocupantes del predio objeto de proceso de
lanzamiento por ocupación de hecho iniciado por Gustavo Zambrano Díaz, mediante
apoderado, contra Personas Indeterminadas, aún ejercen actos de posesión sobre
dicho inmueble o si fueron objeto de la medida de lanzamiento por ocupación de
hecho. En caso de haber ocurrido el lanzamiento, informe si los ocupantes
fueron beneficiarios de alguna medida social tomada por la Alcaldía de
Villavicencio para satisfacer el derecho a la vivienda digna.
De igual forma, se solicitó a la Alcaldía de Villavicencio
que informara si José Edgar Castillo Hernández, Xenius Alexander Sobrino Racine
y Jhon Alejandro Rodríguez Bonilla, están registrados como víctimas del
desplazamiento forzado; si con ocasión a dicha situación les han sido otorgadas
las ayudas humanitarias a las que tienen derecho y si están inscritos en los
programas para superar este estado de vulnerabilidad, en especial, el
relacionado con el acceso a la vivienda digna.
Finalmente, se le requirió para que informara si José
Edgar Castillo Hernández, Xenius Alexander Sobrino Racine y Jhon Alejandro
Rodríguez Bonilla, en caso de no ser víctimas del desplazamiento forzado, se
encuentran en situación de vulnerabilidad y si están inscritos en algún
programa social en especial de acceso a la vivienda digna.
2.1.3 Requerir a Gustavo Zambrano Díaz, para que se
pronuncie acerca de la demanda de tutela que le fue notificada el 16 de febrero
de 2012.
2.1.4 Requerir a Edgar Castillo Hernández, Xenius
Alexander Sobrino Racine y Jhon Alejandro Rodríguez Bonilla, demandantes en
esta acción constitucional, para que informe: a) El lugar de donde fueron
desplazados por la violencia; en qué circunstancias se produjo el
desplazamiento; cómo fueron las circunstancias del desplazamiento; si se encuentran
registrados como víctimas y ante qué autoridades solicitaron o han solicitado
la asistencia social; b) a qué título habitan el inmueble que es objeto en el
proceso de lanzamiento por ocupación de hecho. Adjúntese prueba, en caso de
tener alguna y c) si han ejercido el derecho a la defensa dentro del proceso de
lanzamiento por ocupación de hecho y la existencia de un perjuicio irremediable
con el hecho del lanzamiento del lugar que habitan.
2.1.5 Notificar a la  Unidad para la Atención y
Reparación Integral de las Víctimas, el auto admisorio de la tutela de la
referencia proferido el 7 de febrero de 2012 por el Juzgado Quinto Civil
Municipal de Villavicencio (fl.11), adjuntando copia de ésta para que la
entidad notificada se entienda vinculada a este proceso de tutela y con el fin
de que se pronuncie acerca de los hechos y pretensiones en que se funda la
solicitud de amparo.
De igual forma, se le solicitó a la  Unidad para la
Atención y Reparación Integral de las Víctimas que informe si José Edgar
Castillo Hernández (C.C, 17.343.973), Xenius Alexander Sobrino Racine (C.C.
1.033.710.142) y Jhon Alejandro Rodríguez Bonilla (C.C. 86.059.536) han
solicitado su inscripción en el Registro Único de Población Desplazada, hoy
Registro Único de Víctimas. De ser el caso, adjunte copia de los actos
administrativos que resolvieron dicha solicitud; e informe si les han sido
otorgadas las ayudas humanitarias a las que tienen derecho y si están inscritos
en los programas para superar este estado de vulnerabilidad, en especial, el
relacionado con el acceso a la vivienda digna.
2.2 Con ocasión a los anteriores requerimientos, fue
allegado a esta Corporación lo siguiente:
2.2.1 La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y el
Secretario de Gobierno y Seguridad del municipio de Villavicencio, solicitaron
no tutelar los derechos invocados por los accionantes, por cuanto las
actuaciones se ajustaron al debido proceso.
Señalaron respecto de la demanda de tutela que: “en los
procesos civiles de policía cuando se desconoce el nombre de las personas
contra quienes se dirige, la querella se inicia contra personas indeterminadas”;
que según el testigo Daniel Gonzalo Umbralia el querellante conoció de la
ocupación de hecho el 9 de octubre de 2011; que “la notificación se hizo
mediante aviso, en consideración a que se dirigía contra personas
indeterminadas, de conformidad con el artículo 214 del Código de Policía y
Convivencia Ciudadana del Meta”; que el Alcalde de Villavicencio tramitó la
querella y comisionó al Inspector de Policía para verificar o abstenerse del
lanzamiento conforme al recaudo de pruebas; que éste profirió providencia
mediante la cual se ordena el lanzamiento de los “querellados por haberse
probado que ingresaron al predio de manera ilegal, clandestina y sin autorización
del propietario del predio” y que en la diligencia de inspección ocular los
hoy accionantes tuvieron la oportunidad de pedir y presentar pruebas. Además,  notificada
la resolución que ordenó el lanzamiento fue apelada ante el Consejo
Departamental de Justicia quien confirmó la decisión.
Agregaron que las decisiones de policía que se adoptan en
un proceso de lanzamiento por ocupación de hecho de inmueble rural o urbano son
meramente preventivas y no conllevan el fenómeno de la cosa juzgada.
Consideraron que “el querellante probó que tenía la
posesión del bien objeto de la litis y que la ocupación de los hoy accionantes
era arbitraria e ilegal”, y que si bien los demandantes justificaron su
ingreso manifestando haber comprado el predio a una persona, no conocen su nombre
completo ni identificación, por lo que no lograron probar la ocupación del predio
con justa causa.
Dijeron que los accionantes cuentan con otro mecanismo
judicial para hacer valer sus derechos ante la vía ordinaria; que en los
procesos de lanzamiento por ocupación de hecho, los alcaldes actúan como
funcionarios de policía y desarrollan funciones jurisdiccionales, por lo que la
tutela sería procedente si se advierte la configuración de algunas de las
causales generales de procedencia, circunstancia que no se probó en este
trámite de tutela y que la tutela no puede ser estudiada como mecanismo
transitorio, porque no se aportó ningún elemento que demuestre la existencia de
un perjuicio irremediable.
En lo que atañe con el estado actual del proceso,
señalaron que se fijo para el 27 de junio de 2013 fecha de la diligencia de
lanzamiento, la cual fue suspendida por una medida provisional decretada por el
Juez Segundo Penal Municipal de Villavicencio con radicado No.
5000140880022013-0009300
2.2.2 La parte demandada allegó copia del
expediente que contiene la querella policiva de lanzamiento por ocupación de
hecho con radicado no. 081 de 2011, en el cual se observan las siguientes
piezas procesales:
a.
Querella presentada el 24 de octubre de 2011 por Gustavo Zambrano Díaz,
mediante apoderado contra personas indeterminadas para que se decrete el
lanzamiento por ocupación de hecho respecto del inmueble localizado en la calle
19 sur número 23-46 este manzana C Urbanización Viña del Mar en la que se señala
que adquirió el bien inmueble en diligencia de remate llevada a cabo en el
Juzgado Tercero Civil Municipal de Villavicencio y que ha ejercido la posesión “mediante
una continua y adecuada explotación económica, consistente en la limpieza,
siembra de árboles y poda del pasto, desmatoneo de árboles y arborización de la
ladera del caño que circunda el terreno que a la vez sirve de lindero que lo
limita y en general la limpieza de su frente (…)” y que “el día 9 de
octubre del presente año (…), tuvo conocimiento que personas indeterminadas lo
habían ocupado sin mediar su consentimiento” (fl. 56-57 cdno. Corte).
b. Actas de
declaración con fines extraprocesales del 21 de octubre de 2011 de Daniel
Gonzalo Umbarila y Rafael Ernesto Velásquez Velásquez (fl. 59-60 cdno. Corte).
c. Certificado
de tradición matricula inmobiliaria 230-80005 en la que consta el acto de
adjudicación en remate del bien inmueble allí descrito a favor de Gustavo
Zambrano Díaz (fl. 61-62 cdno. Corte).
d. Copia de la
escritura pública no. 4644 del 8 de septiembre de 2006 por la cual se
protocoliza la diligencia de remate adelantada en el Juzgado Tercero Civil
Municipal de Villavicencio en la que se le adjudicó a Gustavo Zambrano Díaz el
lote de terreno ubicado en la Vereda Ocoa, Jurisdicción de Villavicencio (fl.
63-69).
e. Copia del
certificado proferido el 19 de octubre de 2011 por el Jefe de la Oficina de
Difusión y Mercadeo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el que consta
que el predio con matrícula inmobiliaria 230-80005 ubicado en la calle 19 Sur
23-46 Este Manzana C Viña del Mar inscrito a nombre de Gustavo Zambrano Díaz
tiene una ubicación en el área rural (fl. 70).
f. Copia del
pago del impuesto predial del bien inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 230-80005 de fecha 16 de junio de 2011 (fl. 73).
g. Copia de la
Resolución 108 del 10 de noviembre de 2011 en la que el Alcalde de
Villavicencio resuelve admitir la querella de lanzamiento por ocupación de
hecho; decretar el lanzamiento de las personas indeterminadas; señalar el 29 de
diciembre de 2011 para llevar a cabo la diligencia; comisionar con amplias
facultades a la Inspección de Policía No. 5 del barrio Popular para que realice
las diligencias propias del proceso de lanzamiento; entre otras determinaciones.
Se consideró
que “encuentra que están dadas a cabalidad las exigencias del artículo 15 de
la Ley 57 de 1905, reglamentado por el Decreto 992 de 1930, para prodigar el
amparo policivo que se solicita (…) máxime teniendo en cuenta que en la
diligencia de lanzamiento es el momento procesal para ratificar, excepcionar y
evaluar las pruebas” (fl. 98-101):
h. Copia del aviso de la decisión
adoptada por medio de la Resolución 108 de 10 de noviembre de 2011 en la que se
ordena “notificar el contenido de esta providencia a los querellados en la
forma prevista en el artículo 6 del Decreto 992 de 1930 y comunicar al señor
Personero de la ciudad de Villavicencio (…)” (fl.102-103).
i. Copia de la decisión del
Inspector de Policía en la que señala el 8 de febrero de 2012 como fecha para
realizar la diligencia y ordena oficiar a la Policía Nacional y notificar a las
partes interesadas (fl. 113).
j. Copia del aviso fijado en la
puerta de ingreso del inmueble el 15 de diciembre de 2011 en el que se informa
que el 8 de febrero de 2012 se iniciará la diligencia de lanzamiento por
ocupación de hecho en el predio ubicado en la calle 19 sur no. 23-46 este manzana
C Urbanización Viña el Mar y en el que consta que recibió Alexander Sobrino
(fl. 117).
k. Copia de la solicitud
presentada el 3 de enero de 2012 por Xenius Alexander Sobrino al Inspector de
Policía del Barrio Popular en la que solicita copia del proceso de ocupación de
hecho, al ser parte de una de las familias que viven en la calle 19 sur no.
23-41 sur manzana B, casa 24 del barrio Villa del Mar (fl. 119) y el 4 de enero
de 2012 el Inspector autoriza la expedición de copias (fl. 120).
l. Copia de la diligencia de
lanzamiento por ocupación de hecho del 8 de febrero de 2012 (fl. 121-124) en la
que se describe como están compuestas las familias que ocupan el bien objeto de
lanzamiento. Así, indica que se trata de tres familias: una compuesta por dos
adultos y dos menores, la otra por una pareja y la tercera por dos adultos y
tres menores; se escucha a Luz Amparo Botero como ocupante; se declara abierto
el periodo probatorio y se escuchan las declaraciones de Daniel González
Umbarila, Rafael Ernesto Velásquez y Rosa Gabriela Gómez Portillo, a esta
última se le pregunto “indique al despacho si sabe quien es el propietario
del inmueble en donde nos encontramos. Contestó: la verdad hace nueve meses,
mas o menos de agosto para acá empezaron a limpiar porque dos años más o menos
que llevo viviendo acá nadie había limpiado este predio. Preguntado: Indíquele
al despacho si sabe desde cuando están ocupando este predio las personas que en
él se encuentran Contestó: Hace más o menos desde finales de agosto, iniciando
ya septiembre el año 2011 (…) limpiamos totalmente el predio y como somos
personas de escasos recursos empezamos poco a poco a parar las construcciones
que se ven (…)” (fl. 121-124).
m. Proveído del 14 de mayo de
2012 en el que el Inspector de Policía fija para el 27 de junio de 2012
diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho (fl. 146), providencia que se
notificó por medio de aviso fijado en el inmueble ubicado en la calle 19 sur
número 23-46 este manzana c urbanización Viña del mar en la que firma Esilda
Bravo y Maritza Beltrán (fl. 150).
n. Copia de la diligencia de
lanzamiento por ocupación de hecho del 27 de junio de 2012 en la que consta que
en el inmueble materia de desalojo residen Luz Amparo Botero, su esposo José Edgar
Castillo Hernández y sus tres menores hijos Zully Marcela Castillo (5 años),
Eduar Ferney (9 años) y Carolina Castillo (12 años) afirman estar viviendo hace
dos años; en el lote de enseguida vive Xenius Alexander Sobrino y Raquel
Yaritza Berltran Herrara afirman estar viviendo hace 12 meses; y John Alejandro
Rodríguez Bonilla con Ecilda Bravo y tres menores de 13, 4 y 2 años, afirman
estar viviendo allí hace dos años. Señalan que encontrándose en la UAO
solicitando ayuda como desplazados, un señor se les acercó a las tres familias
para venderle el lote de terreno que actualmente ocupan. Recibida estas
declaraciones el inspector decreta el statu quo sobre el lote de
terreno, lo que implica que no se podrá seguir construyendo hasta que se
profiera decisión de fondo.
En esta misma diligencia se
interroga a Gustavo Zambrano Díaz quien afirma que el bien inmueble lo adquirió
por medio de un remate; que “por ahí cada tres meses le pagaba a los
vecinos de allí para que me lo limpiaran, no lo tenía cercado (…) yo me enteré
porque el vecino que me limpiaba el lote me llamó, se me olvida el nombre de
él, él me llamó el 9 de octubre por la noche del año pasado (…) y yo envíe a mi
hija (…) yo vine a los ocho días (…) estuve con dos opciones, vender, inclusive
le había puesto un aviso se vende, pero ahora no lo vendo (…) hay dos clientes
que querían comprarlo pero los distingue el doctor Gaona (…) el 9 de octubre lo
invadieron y hacía por ahí unos tres meses lo había mandado a limpiar del vecino”;
ante la pregunta de si conoce a los posibles compradores dice que no se
acuerda; “preguntado: Infórmele al despacho si en alguna oportunidad usted
le mostró el lote en donde nos encontramos y lo ofreció en venta a los señores
Daniel Gonzalo Umbarila Caicedo y Rafael Ernesto Velásquez Velásquez contestó:
yo me comuniqué con ellos por teléfono y me preguntaron que cuanto valía el
lote, yo les dije que esto valía a lo que vale el metro. Preguntado: Sabe usted
o le consta si los señores Umbarila Caicedo y Velásquez Velásquez hayan venido
en alguna oportunidad a mirar el lote. Contestó: Posiblemente si vinieron
porque me pusieron problema por el Caño”. Se determinó suspender la
diligencia. Firma: Maule Eduardo Useche-Inspector de Policía; jairo Emiro
Cepeda Alza- Apoderado en esta diligencia del señor querellante; Luz Amparo
Botero, Xenius Alexander Sobrino Racine y Jhon Añejandro Rodríguez- quien
atendió la diligencia y ocupante del predio; los agentes de la Policía
Nacional;  Gustavo Zambrano Díaz- Interrogado y Alba Marina Rincón
Romero-Secretaría Ad hoc” (fl. 152-155).
ñ. El 15 de noviembre de 2012 la
Inspección de Policía Urbana B Popular resolvió de fondo las pretensiones de la
querella y ordenó decretar el lanzamiento, se requirió para la entrega
voluntaria y se advirtió la entrega forzosa. Consideró que “los argumentos
sostenidos por la parte demandante ofrecen credibilidad y reflejan con
congruencia la ocurrencia de hechos materiales y positivos, como lo esgrimió en
los hechos el señor  apoderado de la parte demandante y lo corroboraron sus
testigos (…) se puede observar que el señor Gustavo Zambrano Díaz ha ejecutado
actos de singular significación sin el consentimiento de persona alguna, ya que
está detentando la condición de poseedor (…) aunado al hecho de que pretendía
venderlo, por lo tanto era reconocido por los vecinos como el único poseedor
del bien (…) complementado con la tenencia material el mismo de la cual dan fe
las pruebas aportadas al proceso (…) la adquirida posesión se vio violentada
por los señores Luz Amparo (…) y demás personas indeterminadas que ocupan el
inmueble (…) hubo una verdadera ocupación de hecho, habida cuenta que los
ocupantes del predio no probaron sumariamente, de donde proviene su posesión,
(…) no aportan documentos que permitan al despacho inferir que la ocupación que
ostentan la adquirieron legalmente y no de forma violenta o clandestina (…)
siempre se ha acreditado (…) que el señor Gustavo Zambrano es el legítimo
poseedor del predio en litigio (…) tales hecho se pueden determinar dentro del
trámite seguido por el querellante para que le adjudicara el bien objeto de la
litis, la adjudicación y posesión material del inmueble (…), pasar revistas
continuas por el inmueble, cancelar impuestos, además de estar en constante
comunicación con los vecinos del sector (…) el despacho reitera que el supuesto
vendedor nunca tuvo legitimación en la causa para poder transferir a algún
título, o posesión alguna a los querellados, por cuanto lo que se ve a todas
luces es una verdadera ocupación de hecho (…) no es creíble para este despacho
que las personas asentadas en el predio, desconocieran que el inmueble
pertenecía al querellante, por cuanto su presencia en el predio era constante y
permanente, pasando revista y máxime en los últimos meses, pues pretendía
venderlo, para lo cual buscó la ayuda de comisionistas, que aunque de manera no
muy clara dan cuenta de los hechos acaecidos, y no se demostró en el plenario
que la persona que realizó el negocio con los ocupantes, tuviese la capacidad
para transferir la supuesta posesión alegada, pues claramente los querellados
hubiesen podido adquirir el predio al señor Gustavo Zambrano Díaz, el cual era
reconocido en el sector como señor y dueño del terreno y evitar ser timado por
extraños  (…) los argumentos expuestos por la parte querellante (…) deben
negarse por ser ineficaces (…), pues no lograron desvirtuar probatoriamente los
reales actos constitutivos de posesión ejercidos materialmente y jurídicamente
por el señor Gustavo Zambrano, quien sin asomo de duda ha probado en el
presente proceso la posesión material y real del inmueble objeto de litigio”
(fl. 157-167).
o. Constancia de notificación de
la anterior decisión a los querellados (fl. 169).
p. Copia del recurso de apelación
presentado por Xenius Alexander Sobrino. Dijo que “muchas personas [los]
vieron trabajando, nunca nadie [les] dijo que ese lote tenía dueños. Después de
haber construido el ranchito en tabla, lona, fue que aparecieron unos supuestos
dueños del lote diciendo que eso era de ellos, luego otro también apareció (…)
a los pocos días apareció Cormacarena (…) los ahorros con los que nos tocó
salir desplazados lo depositamos de buena fe al señor que nos ofreció ese lote
para vivir” (fl. 171-172).
q. Copia del recurso de apelación
presentado por José Edgar Castillo Hernández en el que reitera los argumentos
del anterior escrito (fl. 175-176).
r. Copia del oficio mediante el
cual se fija el proceso por 3 días (fl. 180) y de la resolución del recurso de
apelación resuelto por el Consejo Departamental de Justicia el 2 de abril en el
2013 en el que se resuelve confirmar la providencia del 15 de noviembre de 2012.
Se consideró que: “luego de hacer el análisis individual de las pruebas, al
revisarlas en conjunto se debe decir que efectivamente le asiste razón al a-quo
toda vez que los testimonios aportados por el querellante, nos dan certeza de
que el querellante ha venido ejerciendo posesión del inmueble y de que allí se
presentó ocupación indebida del predio (…) Las afirmaciones de los ocupantes de
hecho al momento de la inspección no desvirtuaron las pretensiones del
querellante, no demostraron las razones o los motivos por los cuales se
encontraban habitando ese lugar, solo manifiesta que realizaron un presunto
negocio de comprar el lote con un señor que no les cumplió, no demostraron que
su ocupación es legal, no probaron de donde viene su posesión (…) al mirar en
conjunto las pruebas de manera diáfana se concluye que es el querellante quien
tiene la legitimidad para actuar, es quien ejerce la posesión del predio en
concordancia con lo manifestado por los testimonios y además de lo observado en
la inspección ocular practicada” (181-187).
s. Copia de la notificación de la
providencia del 2 de abril de 2013 a Luz Amparo, a José Castillo, a Xenius
Alexander Sobrino (fl. 190) y se fijo fecha para realizar la diligencia de
lanzamiento de ocupación de hecho para el 27 de junio de 2013.
t. Copia del acta de la diligencia
de lanzamiento por ocupación de hecho de fecha 27 de junio de 2013, la cual es
suspendida porque el Juzgado Segundo Penal Municipal de Villavicencio en el
marco de una acción de tutela decretó la medida provisional de suspensión de la
diligencia de desalojo y requirió prestado el expediente del proceso de
lanzamiento por ocupación de hecho (fl. 194-195).
Finalmente, respecto de la condición de desplazados de los
accionantes señalaron que “según nota interna de la Secretaría de Gestión
Social y Participación Ciudadana, los accionantes no se encuentran registrados
como desplazados” y tampoco probaron dicha calidad. Agregaron que en los
programas sociales de la Secretaría de Gestión Social y Participación
Ciudadana, John Alejandro Rodríguez aparece como beneficiarios del programa
familias en acción, por el cual recibe un incentivo económico; y que José Edgar
Castillo Hernández y Xenies Alexander Sobrino Racine aparece en la base de
datos del Sisben de Villavicencio con puntaje 5.13 y 29.81, respectivamente.
2.2.3 El Inspector de Policía No. 5 barrio Popular-
Villavicencio señaló que “la orden de lanzamiento decretada se encuentra en
suspenso su cumplimiento en razón a que, los aquí accionantes instauraron
acción de tutela No. 5000140880022013-00093-00 contra el Municipio de
Villavicencio, Secretaría de Gobierno Municipal, Inspector de Policía, Señores
Gustavo Zambrano Díaz y Wilson Gaona, Cormacarena y Unidad de Atención y
Orientación al Desplazados, la que fue admitida por el señor Juez Segundo Penal
Municipal de Villavicencio, quien mediante oficio (…) del 25 de junio de 201
(sic), comunicó aplicación de la medida provisional de suspensión de
diligencia de lanzamiento, que se tenía programada para el 27 de junio de 2013
(…) así las cosas ha de entender este despacho que las personas continúan en
posesión del inmueble en atención a la nueva acción de tutela”.
2.2.4 Gustavo Zambrano Díaz informó que en el año
2005 adquirió por remate efectuado en el Juzgado Tercero Civil Municipal de
Villavicencio el lote de terreno objeto del lanzamiento; que se enteró de la
ocupación, porque un vecino el 8 de octubre de 2011 se lo comunicó
telefónicamente, ante lo cual envió a su hija con los documentos que
acreditaban la propiedad al CAI, lugar en el que la policía le manifestó que
eran falsos, frente a lo cual contrató a un abogado quien presentó una querella
que fue repartida para su conocimiento a la Inspección Quinta de Policía del
barrio Popular de Villavicencio.
Allegó copia de la diligencia de lanzamiento, de la providencia
emitida en segunda instancia por el Consejo Departamental de Justicia dentro
del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho y copia de la segunda tutela
presentada por los accionantes.
a. Copia de la segunda demanda de tutela presentada por
José Edgar Castillo Hernández y Xenius Alexander Sobrino Racine contra la
Secretaría de Gobierno Municipal, la Inspección de Policía del Barrio Popular,
Gustavo Zambrano Díaz y Wilson Gaona Álvarez. En esta demanda señala que el 22
de julio de 2011 llegaron desplazados a Villavicencio y que haciendo fila un
señor se les acercó a ofrecer en venta un lote, el cual comenzaron a ocupar y
cuarenta días después aparece el señor Gustavo Zambrano afirmando que ese lote
era de él.
2.2.5 La Directora Técnica de Registro y Gestión de
la Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral informó que “las
siguientes personas NO Registran como víctimas en las bases de datos que integran
el Registro Único de Victimas (RUV) José Edgar Castillo Hernández, Xenius
Alexander Sobrino Racine John Alejandro Rodríguez Bonilla”.
2.3 El 9 de julio de 2013 la Sala Tercera de
Revisión en razón a que los accionantes no se habían pronunciado acerca del
requerimiento realizado y luego de analizar las pruebas allegadas, advirtió la
necesidad de nuevos elementos de juicio relevantes para la adopción de una
decisión y por ende resolvió:
2.3.1 Requerir nuevamente a Edgar Castillo
Hernández, Xenius Alexander Sobrino Racine y Jhon Alejandro Rodríguez Bonilla,
demandantes en esta acción constitucional, para que informe lo solicitado en
auto del 25 de junio de 2013.
2.3.2 Asimismo, solicitar a la Alcaldía de
Villavicencio, para que allegue copia de la Ordenanza 507 de 2002 (Código
Departamental de Policía del Meta) e informe si el bien inmueble objeto de la
querella de lanzamiento por ocupación de hecho iniciada por Gustavo Zambrano Díaz,
mediante apoderado, contra personas indeterminadas, es rural o urbano.
2.3.3 Requerir al Juez Segundo Penal Municipal de
Villavicencio, para que informe el estado actual del proceso de tutela no.
5000140880022013-009300 y allegue copia de la demanda de tutela y de los
pronunciamientos judiciales emitidos en el marco de este trámite
constitucional.
2.3.4 Solicitar a la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena, Cormacarena, para que
informe si ha emitido algún concepto o pronunciamiento respecto del uso del
bien inmueble identificado con matricula inmobiliaria no. 230-80005, registro
catastral número 001700710009000 y el cual se encuentra ubicado en la calle 19 sur
número 23-46 este manzana C Urbanización Viña del Mar. De igual forma, se le
requirió para que allegue los documentos que estime pertinentes y que sustentan
su respuesta.
Finalmente, se ordenó suspender el término para la
resolución del trámite de revisión del fallo proferido dentro del expediente de
la referencia, hasta cuando sea recibida y evaluada por esta Corporación la
información indicada anteriormente (artículo 57 del Acuerdo 05 de 1992-
Reglamento Interno de esta Corporación).
2.4 Con ocasión de los anteriores requerimientos,
se allegó a este proceso la siguiente información:
2.4.1 La Directora de Justicia de la Secretaría de
Gobierno y Seguridad de la Alcaldía de Villavicencio envió copia de la
ordenanza no. 507 de 2002 – Código de Policía y Convivencia Ciudadana del
Departamento del Meta, e informó que el bien objeto de la querella de
lanzamiento por ocupación de hecho es de carácter urbano.
2.4.2 El Juzgado Segundo Penal Municipal de
Villavicencio informó que el 8 de julio de 2013 profirió sentencia de tutela,
por medio de la cual resolvió no tutelar los derechos invocados y levantar, la
medida provisional de protección, consistente en la suspensión de la
realización de la diligencia de desalojo que estaba programada para el 27 de
junio de 2013.
Allegó copia de la sentencia del 8 de julio de 2013, por
medio de la cual se resuelve no tutelar los derechos fundamentales
constitucionales invocados por José Edgar Castillo Hernández y Xenius Alexander
Sobrino Racine. En esta providencia se consideró que a) “las conductas
presuntamente desplegadas por los señores Gustavo Zambrano Díaz y Wilson Gaona
Álvarez accionada no se vislumbra violación de derecho fundamental alguno, y no
se configura vulneración actual, real e inminente de algún derecho en cabeza de
los demandantes”; b) existen hechos nuevos en la presente acción respecto
de los analizados por el Juez Primero Civil del Circuito y concluye que en el
proceso de lanzamiento por ocupación de hecho no se vulneró el derecho al debido
proceso, pues la resolución fue notificada a los accionantes quienes apelaron y
enviada al Consejo Departamental de Justicia quien decretó el lanzamiento a las
personas que se encuentran ocupando el inmueble objeto de la litis; c) los
accionantes nunca han ejercido su derecho de postulación para el reconocimiento
de la calidad de desplazados y que d) a Cormacarena no le corresponde asegurar
el uso, ni el goce ni mucho menor la disposición de un predio que si bien se
ubica dentro de la delimitación del humedal Kirpas-Pinilla-La Cuerena, finalmente
es de naturaleza privada.
2.4.3 Cormacarena señaló que “no ha emitido
concepto alguno referente al predio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria no. 230-80005 y cédula catastral no. 001700710009000 ubicado en la
calle 19 sur no. 23-46 este manzana C Urbanización Viña del Mar”. Informó
que a partir del acuerdo no. 0009 del 19 de diciembre de 2007 Cormacarena
procedió a la declaratoria del Sistema Kirpas-Pinilla- La Cuerena bajo la
categoría de reserva hídrica y que “el predio señalado (…) Cormacarena lo
ubicó dentro de la delimitación del DCS [Distrito de Conservación de
Suelos] Kirpas Pinilla La Cuerera. Por lo tanto, el señalado predio hace
parte del área protegida, específicamente su área de protección”.
2.4.4 De los accionantes no se recibió respuesta
alguna frente al requerimiento vía telegrama proferido con ocasión del auto de
pruebas decretado. Asimismo, en diversas ocasiones el despacho del magistrado
sustanciador a pesar de intentar comunicación telefónica con los accionantes
igualmente no obtuvo respuesta alguna.
3. CONSIDERACIONES
3.1 Problema jurídico y esquema de resolución
Debe la Sala determinar si los derechos al debido proceso
y a la vivienda digna de los accionantes, quienes dicen ser víctimas de
desplazamiento forzado, fueron vulnerados por las autoridades accionadas en el
trámite del proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho adelantando
en su contra.
Para resolver el anterior problema jurídico, esta Sala se
pronunciará acerca de: i) la procedencia de la acción de tutela en el marco de
un proceso de lanzamiento por ocupación de hecho; ii) el trámite de lanzamiento
por ocupación de hecho en el caso concreto; iii) supuestos en los que esta
Corporación ha amparado el derecho al debido proceso en el trámite de
lanzamiento por ocupación de hecho y iv) los eventos en que al interior de
dicho procedimiento se ha justificado la suspensión de la medida de
lanzamiento. Descrito lo anterior, se pasará a resolver el caso concreto.
Procedencia de la acción
de tutela en el marco de un proceso de lanzamiento por ocupación de hecho
1. El artículo 86 de la
Constitución Política define la tutela como la acción que tiene toda persona
para reclamar, ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten amenazados o vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o por un particular en los
casos definidos en la ley.
El mismo artículo citado, en concordancia con el Decreto
2591 de 1991, dispone que esta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como un
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable o cuando existiendo
éste no sea eficaz para la protección de los derechos fundamentales amenazados
o vulnerados.
2. Previo a definir para este caso la procedencia, es
importante destacar que las decisiones que se adoptan en un proceso de
lanzamiento por ocupación de hecho, a pesar de ser proferidas por una autoridad
administrativa, tienen el alcance de actuación judicial (2.1) y sobre dicha
determinación no procede recurso alguno ante la jurisdicción ordinaria (2.2).
2.1 La posibilidad de atribuir funciones judiciales a
autoridades administrativas, a través de la ley, está prevista en el artículo
116 de la Constitución Política en el que se señala expresamente que: “(…) excepcionalmente
la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a
determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido
adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos”.
Conforme con lo anterior, el artículo 13 de la Ley 270 de
1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia-, tal como fue modificado
por el artículo 6° de la Ley 1285 de 2009, dispone que:
“Artículo 13: Del ejercicio de
la función jurisdiccional por otras autoridades y por particulares. Ejercen
función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constitución
Política:
(…)
2. Las autoridades
administrativas respecto de conflictos entre particulares, de acuerdo con las
normas sobre competencia y procedimiento previstas en las leyes. Tales
autoridades no podrán, en ningún caso, realizar funciones de instrucción o
juzgamiento de carácter penal; y
(…)”.
Por su parte, el numeral 2° del artículo 315 de la
Constitución Política dispone que el alcalde es la primera autoridad de policía
del municipio, y el artículo 39 del Decreto Ley 1355 de 1970 en armonía con lo
anterior, establece que en el marco de dicha característica, el alcalde tiene
la función de resolver conflictos entre particulares, “para evitar que se
perturbe el derecho de posesión o mera tenencia que alguien tenga sobre un
bien, y en el caso de que se haya violado ese derecho, para restablecer y
preservar la situación que existía en el momento en que se produjo la
perturbación” (artículo 125 del Decreto Ley 1355 de 1970). La facultad de
resolver conflictos entre particulares y, en ese contexto de adelantar procesos
de lanzamiento por ocupación de hecho, se da en el marco del ejercicio de la
función jurisdiccional que ostenta dicha autoridad administrativa.
2.2 Ahora bien, la Ley 1437 de 2011 -Por la cual se expide
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-
dispone que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no conocerá de los
asuntos definidos por una autoridad administrativa en juicios de policía. Así,
el artículo 105 del referido compendio normativo señala:
“Artículo 105. Excepciones. La
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes
asuntos:
(…)
3. Las decisiones proferidas
en juicios de policía regulados especialmente por la ley.
(…)”.
Esta disposición ha estado prevista en las normas que antecedieron
a la expedición del mencionado Código. Así, el artículo 82 del Decreto 1 de
1984 consagra que “(…) La jurisdicción en lo contencioso administrativo no
juzgará las providencias dictadas en juicios de policía de carácter penal o
civil, ni las sanciones que imponga el Tribunal Disciplinario”; en el Decreto
2304 de 1989 se establece que “(…) La jurisdicción de lo contencioso
administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios civiles o penales
de policía regulados especialmente por la ley”; en la Ley 446 de 1998 se
dispone que “(…) La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga
las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la
ley”, y, finalmente, la Ley 1107 de 2006 señala que “ (…) La
jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones
proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley”.
Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que la finalidad de que no exista recurso, ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, contra las decisiones de policía, es que las
mismas tengan un efecto inmediato para evitar la perturbación del orden público
y mantener así el statu quo[1].
Y en este sentido, en diversos pronunciamientos ha establecido que las
decisiones adoptadas en un proceso de policía son de carácter jurisdiccional y
están sustraídas de control ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo[2].
3. Las características señaladas en el numeral anterior
respecto de las decisiones en juicios de policía, han conducido a esta
Corporación a concluir que:
a)     La acción
de tutela contra dichas medidas sólo procede con el fin de salvaguardar el
derecho al debido proceso, esto es, cuando se adopta la decisión sin observar
las formas propias de cada juicio, pues esta acción constitucional resulta ser
el único mecanismo de defensa en este sentido[3].
Los asuntos relativos con el
derecho al dominio, posesión y tenencia o el debate entorno a los derechos
reales o subjetivos son aspectos ajenos al juicio de policía, el cual se centra
en conservar el statu quo, y en todo caso, en la jurisdicción ordinaria
se puede presentar dicho debate[4].
b)    Al ser producto
de una función judicial, los aspectos relativos a la procedencia han de ser
analizados de igual forma como si se tratara de una acción de tutela contra una
providencia judicial, esto es, determinando en primer lugar las causales
genéricas de procedibilidad y posteriormente la configuración de algunas de las
causales específicas[5].
4. En este sentido, cuando se trata de una solicitud de
tutela frente a una providencia judicial, esta Corporación ha determinado que
su procedencia es excepcional, por cuanto las autoridades estatales están
instituidas para garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución Política (artículo 2 C. P.), por lo que sus decisiones “constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y
realización de los derechos fundamentales”[6];
y gozan de libertad para la apreciación de los hechos y la aplicación del
derecho, estando su actuar amparado bajo los principios de independencia y
autonomía judicial (artículo 228 de la C.P y artículo 5° de la Ley 270 de 1996[7]), lo que, en
principio, excluye la intervención de cualquier otra autoridad en sus
decisiones.
Sus pronunciamientos implican que una vez adoptada una
decisión, el conflicto que la originó no puede ser nuevamente estudiado por alguna
autoridad judicial, generando de esta forma seguridad jurídica en el
ordenamiento.
5. Sin embargo, cuando las medidas judiciales son
adoptadas desconociendo las normas sustanciales y procesales que rigen la
resolución de un determinado conflicto, la garantía de la cosa juzgada y el
amparo a los principios de independencia y autonomía judicial deben ceder en
aras de proteger la esencia de la Constitución Política que es la salvaguarda
de los derechos de rango fundamental.
De este modo, esta Corporación en diversos
pronunciamientos ha señalado que la acción de tutela contra providencias
judiciales es un instrumento idóneo, cuando no habiendo otro mecanismo de
defensa judicial, o ante la configuración de un perjuicio irremediable o bajo
la consideración de que el medio ordinario es ineficaz para el caso concreto,
éstas han sido “el resultado de una actuación arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, contraria al orden jurídico preestablecido y violatoria de
las garantías constitucionales y legales que integran los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia”[8].
6. Justamente, con base en la
premisa de que la acción de tutela contra providencia judicial es excepcional,
esta Corporación ha determinado que su procedencia está dada por la
satisfacción de unos requisitos que han sido determinados por la jurisprudencia
constitucional en aras de salvaguardar la inmutabilidad de las providencias
judiciales. Asimismo para la prosperidad de su amparo esta Corporación ha
determinado que la providencia judicial debe haber incurrido en algunos de los
defectos determinados por la jurisprudencia, que si bien no son taxativos,
ejemplifican la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
6.1 Así, esta Corporación ha
fijado de manera excepcional la competencia del juez de tutela para
pronunciarse sobre la validez constitucional de las decisiones judiciales y ha
definido que la misma procede cuando:
a.
La cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional;
b.
Se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable;
c.
La parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
transgresión en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible;
d.
No se trate de sentencias de tutela y
e. Se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración.
6.2. Por otra parte, esta Corte
ha definido que el amparo de algún derecho fundamental, generalmente al debido
proceso, prospera frente a una providencia judicial si en esta se ha incurrido
en alguno de los siguientes defectos[9]:
a. Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental
absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido.
c.  Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que
afecta derechos fundamentales.
f.  Decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
g.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos
la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
h.  Violación
directa de la Constitución.
7. Visto lo anterior, la Sala
considera que en este caso se satisfacen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela, por cuanto:
a) La cuestión que se discute es
de relevancia constitucional, pues se trata de la posible afectación de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la vivienda de, al parecer, un sujeto de
especial protección constitucional, dentro de un trámite policivo.
b) Se han agotado todos los
medios ordinarios de defensa judicial. Al respecto, se reitera que (numeral 2
de la parte considerativa) contra las decisiones adoptadas en un proceso de
lanzamiento por ocupación de hecho, no procede recurso alguno ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En lo que atañe al caso concreto,
es necesario señalar que los jueces de instancia negaron el amparo solicitado
argumentando que la acción de tutela era improcedente, en razón a que no había
concluido el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho, razón que, en
principio, avala esta Corporación.
Empero, al momento de ser
analizada en sede de revisión esta acción de tutela, se advierte que dicho
trámite concluyó con decisión de segunda instancia en la que se profirió orden
de lanzamiento de los hoy demandantes, circunstancia que modifica el supuesto
de hecho del que partieron los jueces de instancia y que impulsa a esta
Corporación ha concluir que los medios ordinarios de defensa se han agotado.
Con base en lo anterior, esta
Corte reitera que no puede ser ajena al cambio de circunstancias al momento de
decidir el amparo de un derecho fundamental presuntamente amenazado o
vulnerado, por cuanto la función del juez constitucional, de tener lugar la
protección, es dar una orden que efectivamente propenda por el amparo y que se
adecue a las circunstancias fácticas del caso.
c) Constata la Sala que los
accionantes satisfacen el requisito de exponer de manera clara las razones que
fundamentan la supuesta trasgresión del derecho fundamental al debido proceso,
y asimismo se evidencia que los argumentos relacionados con que son personas
desplazadas por la violencia y el hecho de que adquirieron por medio de un
contrato de compraventa el lote y que han ejercido la posesión del mismo, fue
efectivamente alegado dentro del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho
que hoy se censura (ver literal n. del numeral 2.2.2 del trámite surtido ante la
Corte Constitucional).
Aspecto diferente acontece con el
alegato de que no fueron debidamente notificados; se refirieron a ellos como
personas indeterminadas; el querellante dejó pasar dos meses para entablar el proceso
policivo, allegó como prueba anticipada los testimonios de dos personas que son
sus compradores y no vive en el sitio objeto de litigio; el certificado de
libertad y tradición allegado data de los años 2006 y 2007 y la dirección con
linderos no coincide; por cuanto estos hechos no fueron expuestos en el
escenario propio que es al interior del proceso censurado, sino que solamente
se vinieron a presentar en sede de tutela.
Con base en lo expuesto, la
acción de tutela es procedente solamente para analizar los argumentos
relacionados con su condición de personas desplazadas por la violencia y el de la
compra del bien inmueble, argumentos que fueron expuestos en el trámite que se
censura.
d) Lo que se objeta por medio de
la acción de tutela no es una sentencia de tutela, sino las decisiones
adoptadas dentro del trámite de lanzamiento por ocupación de hecho.
e) Se cumple con el requisito de
la inmediatez, por cuanto estando en curso el proceso de lanzamiento por
ocupación de hecho, se presentó la acción de tutela ante la consideración de
los accionantes de la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso y a la vivienda digna y la necesidad de una protección
inmediata.
8. Así, la Sala considera que la
acción de tutela es procedente para analizar si dentro del proceso de
lanzamiento por ocupación de hecho, seguido contra los hoy accionantes, se
configuró algún defecto específico que genere el desconocimiento de dicho
trámite judicial y el consecuente amparo del derecho fundamental al debido
proceso.
De este modo y con el objeto de
definir la prosperidad del amparo y determinar si en el proceso que se censura
se incurrió en algún defecto de los señalados en el numeral 7 de esta
providencia, se hace necesario, como seguidamente se presentará, describir el
procedimiento que rigen el lanzamiento por ocupación de hecho del que fueron
parte los hoy accionantes.
Trámite de lanzamiento
por ocupación de hecho de predios urbanos
9. El proceso de
lanzamiento por ocupación de hecho de predios urbanos está previsto en el artículo
125 del Decreto Ley 1355 de 1970 “por el cual se dictan normas sobre
policía”, el cual señala:
“Artículo 125: La policía solo
puede intervenir para evitar que se perturbe el derecho de posesión o mera
tenencia que alguien tenga sobre un bien, y en el caso de que se haya violado
ese derecho, para restablecer y preservar la situación que existía en el
momento en que se produjo la perturbación”
El proceso de lanzamiento por
ocupación de hecho fue desarrollado por los artículos siguientes del mencionado
decreto ley en este sentido:
“Artículo 126: En los procesos
de policía no se controvertirá el derecho de dominio ni se considerarán las
pruebas que se exhiban para acreditarlo.
Artículo 127: Las medidas de
policía para proteger la posesión y tenencia de bienes se mantendrán mientras
el juez no decida otra cosa.
(…)
Artículo 129: La protección
que la policía preste al poseedor, se dará también al mero tenedor.
(…)
Artículo 131: Cuando se trate
de diligencias tendientes a verificar el estado y la tenencia de inmuebles
frente a actos de perturbación, se practicará siempre una inspección ocular con
intervención de peritos, y se oirá dentro de tal inspección a los declarantes
que presenten el querellante y el querellado”.
10. El anterior decreto ley
subrogó el artículo 15 de la Ley 57 de 1905[10],
que disponía dicha facultad y el Decreto 992 de 1930[11] que regulaba su
procedimiento. Así lo definió esta Corporación en sentencia de
constitucionalidad C-241 de 2010, en donde determinó que el señalado decreto
ley subrogó las normas en este párrafo mencionadas, pues regula el mismo
supuesto fáctico, ampara los derechos reales de dominio, posesión y tenencia y
busca corregir la perturbación y restablecer el statu quo.
La diferencia entre estos dos conjunto de normas (el
Decreto Ley 1355 de 1970 y la Ley 57 de 1905), indicó esta Corporación, se
sustenta en que el decreto ley amplió el derecho de defensa a los ocupantes del
predio. De este modo, los ocupantes antes sólo podían acreditar la tenencia y ahora
pueden aducir alguna causa justificable de ocupación derivada de la condición
de tenedor o poseedor o de una orden de autoridad competente, es decir, permite
la presentación de cualquier otro título que justifique válidamente su ocupación.
11. Esta Corporación, con base en las normas señaladas ha definido
respecto del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho de un predio urbano que:
a) Procede ante una ocupación de
hecho, entendida como una incursión arbitraria sobre un predio con el fin de
apoderarse de éste o de una parte del mismo, que priva a una persona de algún
derecho sobre el predio, sin que medie consentimiento del dueño ni contrato
alguno[12].
b) Busca contrarrestar la
ocupación y preservar el statu quo, esto es, restablecer la situación al
momento anterior en que se produce la perturbación y restituir la tenencia a
favor del legítimo tenedor[13].
c) No decide controversias
suscitadas con relación al derecho de dominio o posesión, pues éstas deben
someterse ante la jurisdicción ordinaria, por lo que no se evalúan las pruebas
que se exhiban para acreditarlo[14].
d) Ante la falta de especificidad
de las normas procesales contenidas en el Decreto ley 1355 de 1970, el
procedimiento del lanzamiento por ocupación de hecho se rige adicionalmente por
el respectivo código de policía departamental del lugar donde se encuentra el
bien inmueble[15].
Así, la asamblea departamental de
conformidad con el numeral 8° del artículo 300 de la Constitución Política,
tiene la función de, por medio de ordenanzas, “dictar normas de policía en
todo aquello que no sea materia de disposición legal”.
e) El competente para conocer de
su trámite es el alcalde municipal como jefe de policía, quien puede delegar
(artículo 9 de la Ley 489 de 1998) la realización de la diligencia de
lanzamiento a los inspectores de policía (artículo 320 literal d. del Decreto
1333 de 1986)[16].
f) El legitimado para presentar
la querella es el propietario, arrendador, poseedor, o el tenedor del bien
perturbado, quien debe presentar prueba sumaria de que fue privado de la
tenencia o conoció de la ocupación. Los datos del inmueble ocupado y el título
que lo legítima para presentar la acción.
g) Se debe notificar
personalmente o por aviso a los ocupantes del predio, de la fecha y hora en la
que se va a efectuar la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho.
h) No se ordena el lanzamiento si
no se demuestran los hechos descritos en la solicitud y, se ordena si dichos
requisitos se satisfacen y los ocupantes no exhiben un título o prueba que
justifique su ocupación.
12. Con base en lo anterior, y en aras de completar el
supuesto normativo para resolver el caso concreto, advierte esta Sala que el
proceso de lanzamiento por ocupación de hecho de un predio urbano en el
departamento del Meta se encuentra regulado, además del Decreto ley 1355 de
1970 -“Por el cual se dictan normas de policía”, por la Ordenanza 507 de
2002 proferida por la Asamblea Departamental del Meta- “Por la cual se
expide el Código de Policía y Convivencia Ciudadana del Departamento del Meta”,
la cual dispone que:
a) Un proceso civil de policía,
es aquel en el que se deciden controversias entre particulares relacionadas con
derechos civiles, como lo es, el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho
(numeral 1° artículo 207).
b) El Inspector de Policía,
conoce en primera instancia, y previa delegación del respectivo alcalde
municipal, de “los procesos para la desocupación de predios y lanzamiento
por ocupación de hecho en predios urbanos o rurales agrarios debida e
indebidamente explotados, cuando el titular de la acción la haya presentado en
la debida oportunidad. Y en los eventos de que trata la Ley 388 de 1997 y las
normas que la complementen, modifiquen o adicionen (…)” (numeral 3.3 del
artículo 184).
c) El plazo para promover la
acción policiva caduca “en 30 días en los procesos de lanzamiento por
ocupación de hecho en predio rural o urbano (…), este término se cuenta a
partir del primer acto de usurpación o perturbación, o desde aquel en que cesó
la violencia o clandestinidad, si se tratare de usurpación violenta o
clandestinidad” (artículo 208).
d) Para que proceda la acción
civil de policía y haya lugar a decretar el statu quo, no es necesario
que esté ya en ejecución el hecho de la perturbación, basta que el demandante
pruebe sumariamente, por cualquiera de los medios que autoriza la ley, la
preparación inequívoca del hecho, como el acopio de materiales u otras
circunstancias que hagan presumir el ánimo o la intención de iniciar trabajos
que impliquen perturbación y usurpación (artículo 209).
e) La querella deberá contener: “1.La
designación del funcionario a quien se dirige; 2. El nombre, dirección y
domicilio del querellante y el querellado; 3. El nombre, dirección y domicilio
del representante legal, en caso de que alguna de las partes sea incapaz; 4. Si
el querellante comparece mediante apoderado se indicará además, el nombre de
éste y su dirección; 5. Lo que se pretende, expresando con precisión y
claridad, formulando por separado las varias pretensiones que se quiera hacer
valer; 6. Los hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente
determinados, clasificados y numerados; 7. Los bienes inmuebles se
especificarán por su ubicación, linderos, nomenclatura y demás circunstancias
que los identifiquen; 8. La petición de las pruebas que el querellante pretenda
hacer valer;  9. La prueba sumaria de la posesión o tenencia de los hechos
perturbadores y la fecha de su iniciación. Esta prueba podrá consistir en
declaraciones de testigos que tengan conocimiento del hecho de manera directa y
personal; 10. Solo se podrá litigar en materia de policía a nombre propio
cuando: a. El Municipio donde se presente la querella no sea cabecera de
circuito y no existan por los menos dos abogados inscritos (Conc. Dec. 196-7
14) o b. Cuando el querellado o querellante sea abogado en ejercicio”
(artículo 210).
f) La querella se declarará
inadmisible cuando: “1 No reúna los requisitos formales de la querella
contenidos en el Artículo anterior. 2 No se haya presentado personalmente por
el signatario o su apoderado. En estos casos, el funcionario señalará los
defectos de que adolezca, para que el querellante los subsane en el término de
tres (3) días y, si no lo hace la rechazará de plano” (artículo 211).
g) La querella se rechazará in
limine cuando el funcionario carezca de jurisdicción o competencia; cuando
de su contenido o de los anexos aparezca que el término para presentarla está
vencido. Contra este auto procede los recursos de reposición y de apelación que
se interpondrán dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación y
dentro de los tres (3) días siguientes se resolverá el recurso (artículo 212).
h) Reunidos los requisitos de la
querella, el funcionario de policía dictará un auto admisorio en el que
ordenará practicar la diligencia de inspección ocular, con la presencia de un
perito, seleccionado por turno, de la lista de los Auxiliares de la Rama
judicial al predio objeto de la querella, con el fin de especificar su
ubicación, linderos, nomenclatura y demás circunstancias que lo identifiquen;
los actos perturbadores objeto de la litis, el tiempo desde cuando se inició su
ejecución y las personas realizadoras de los mismos. Dicho auto también
contendrá la ratificación de los testigos extra-proceso y la práctica de las
demás pruebas conducentes a establecer los hechos enunciados en la querella
(artículo 213).
i) El auto admisorio de la
querella se notificará personalmente al querellado, pero si no fueren hallados
se surtirá la notificación por medio de aviso fijado en la puerta del predio
urbano o rural de que se trate, o en la puerta del domicilio del querellado. El
aviso expresará que ha sido admitida la querella, la fecha y hora señaladas
para la diligencia de inspección ocular, será firmado por el funcionario
secretario y deberá permanecer fijado durante un (1) día hábil, pasado el cual,
se entenderá surtida la notificación (artículo 214).
j) En la diligencia de inspección
ocular se practicaran las pruebas decretadas en el auto admisorio y las que
solicite la parte querellada; los testigos deberán estar el día de la
diligencia. Las pruebas se practicaran en un día y de no ser posible se
suspenderá para continuarla. De todo lo actuado en la diligencia de inspección
ocular se realizará un acta. El acta será firmada por quienes hayan intervenido
en la diligencia. En la diligencia de inspección ocular se conminará al
querellado a que suspenda de inmediato la continuación de la obra, si es que se
encuentra en obra, hasta que se profiera la resolución que ponga fin al proceso
(artículo 216).
k) Se debe dar traslado al
dictamen pericial (artículo 217). Contra la resolución de fallo (artículo 219)
procede el recurso de apelación (artículo 221) y en firme la providencia, se
fijará fecha y hora para la práctica de la diligencia y previa citación de la
parte vencida (artículo 229). La resolución tiene el carácter de cosa juzgada
formal y se mantendrá mientras la justicia ordinaria no decida lo contrario
(artículo 230).
13. De este
modo, se concluye que el trámite de lanzamiento por ocupación de hecho de
predios urbanos tiene su fundamento en el Decreto Ley 1355 de 1970, el cual
establece como característica esencial la no controversia del derecho del
dominio dentro del mismo y la protección tanto del poseedor como del tenedor.
La regulación de este proceso es complementada por los Códigos de Policía de
cada ente territorial, por medio de los cuales se regula los aspectos
relacionados con la especificidad del debido proceso, en particular para este
caso el de la Ordenanza 507 de 2002 proferida por la Asamblea Departamental del
Meta.
Supuestos
en los que esta Corporación ha amparado el derecho al debido proceso en el
trámite de lanzamiento por ocupación de hecho
14. Ahora
bien, esta Corporación ha amparado el derecho al debido proceso dentro del trámite
de lanzamiento por ocupación de hecho cuando: a) se demoró de manera
injustificada el inicio del mencionado trámite[17];
b) se aplicaron las normas que fueron subrogadas y, además, no se tuvo en
cuenta que se trataba de la ocupación de un bien inmueble rural, lo cual
implica la aplicación de otras normas[18];
y c) estaba en curso un proceso de extinción de dominio sobre el bien inmueble
ocupado[19]
.
Mientras que
en otras ocasiones ha negado su protección, al considerar que a) el proceso se adelantó
de acuerdo con la ley, garantizando los derechos a la defensa y a la propiedad[20] y en otro
caso porque b) el no dar traslado de la querella no afecta el debido proceso,
por cuanto la oportunidad para pronunciarse acerca de la misma es en la
diligencia en donde se recibieron las pruebas y en donde el accionante estuvo
presente[21].
En
conclusión, el trámite de lanzamiento por ocupación de hecho se debe ajustar a
las reglas del debido proceso, tanto generales contenidas en la Constitución
Política, como particulares previstas en la ley y ordenanzas, pues es la
garantía de una decisión acorde con el ordenamiento jurídico.
Eventos en que es
procedente la suspensión de la medida de lanzamiento por ocupación de hecho
15. Aún cuando el trámite
de lanzamiento por ocupación de hecho se ajuste al debido proceso, esta
Corporación ha tomado medidas de suspensión de la diligencia. En dicho
escenario, ha concluido que si bien la medida de lanzamiento es legítima y
adecuada para conservar el statu quo, en algunos eventos, dependiendo
del grupo ocupante y del bien ocupado, entre otros factores, dicha medida puede
ser objeto de suspensión.
Así, cuando se trata de personas víctimas del
desplazamiento forzado, se ha ordenado la suspensión de la diligencia hasta
tanto se garantice un albergue provisional, tras considerar que la medida de
desalojo resulta desproporcionada frente a la situación de los ocupantes si no
se les da precisamente un albergue[22].
En algunos eventos se han analizado adicionalmente, si el terreno que ocupan es
habitable, y en caso de no serlo, se ha ordenado la provisión inmediata del
albergue provisional[23].
En otros se ha especificado que el nuevo albergue se debe encontrar en
condiciones de dignidad y se ha requerido a las autoridades para hacer efectivo
los programas creados a su favor[24].
Empero no siempre ha sido de esta forma. Por ejemplo, en
sentencia T- 967 de 2002, esta Corporación no suspendió la diligencia de
lanzamiento por ocupación de hecho de un bien inmueble fiscal que ocupaba una
persona víctima del desplazamiento forzado, al considerar que “la ocupación
de un bien fiscal carecía de sustento legal por lo que no podría considerarse,
fuente de derechos subjetivos o de expectativas legítimas, ni dar pie a la
suspensión del desalojo, pues ello implicaría la legitimación de una actuación
de hecho”.
16. La medida
de suspensión de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho y la
provisión de un albergue provisional o la ejecución de programas a favor de los
habitantes desalojados, ha encontrado fundamento en la Observación General
Número 7 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas que contiene, entre otras consideraciones, que: “El Estado
parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en el mayor medida que
permitan sus recursos para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o
acceso a tierras productivas, según proceda”.
Lo anterior no
implica, tal y como lo señala la misma observación, que los desalojos legales y
de acuerdo con las disposiciones de los Pactos Internacionales de Derechos
Humanos, estén prohibidos.
17. Con base en lo anterior,  la ocupación por vía de
hecho de un bien carece de protección legal y da lugar a una orden de desalojo
legítimo, sin embargo cuando esta medida resulta desproporcionada en razón de
la situación de los ocupantes, en especial si se trata de personas desplazadas
por la violencia en determinadas condiciones sociales vulnerables dicha medida
puede ser objeto de suspensión mientras se consigue un albergue temporal para
suplir su necesidad de vivienda.
18. Finalmente, se ha de señalar que cuando no se trata de
personas desplazadas por la violencia, esta Corporación ha dejado en firme la
medida de lanzamiento por ocupación de hecho y a su vez ha exhortado a las
autoridades municipales para que les informen a las personas desalojadas los
programas sociales a los que pueden acceder[25].
Asimismo, ha advertido que en la práctica de la diligencia de lanzamiento por
ocupación de hecho se debe respetar la dignidad personal de los ocupantes, con
especial esmero respecto de los ancianos y los niños que se encuentren en el
inmueble y se debe proporcionar orientación respecto de la(s) entidad(es) del
Estado a la(s) que pueden acudir para acceder a los subsidios de vivienda[26].
Caso concreto
19. Superada la procedencia de la acción de tutela para
este caso, y expuestos los fundamentos que ha definido esta Corporación
respecto del trámite de lanzamiento por ocupación de hecho, pasa la Sala a
analizar si en el trámite que se censura se vulneró el derecho al debido
proceso de los accionantes, al no tener en consideración que habían adquirido el
bien inmueble (22) y que son personas desplazadas por la violencia (23).
20. No obstante, previo a lo anterior, considera esta Sala
pertinente demostrar que, en todo caso, no se configuró una vulneración del
derecho fundamental al debido proceso respecto de los argumentos que fueron
excluidos de ser analizados de fondo en esta providencia por no haberse
expuesto en el trámite que se censura ( literal c) del numeral 8), estos son,
los relacionados con el aspecto de “la notificación; el hecho de haberse
iniciado la acción contra personas indeterminadas; la razón de que el
querellante dejó pasar dos meses para entablar el proceso policivo, allegó como
prueba anticipada los testimonios de dos personas que son sus compradores y no
vive en el sitio objeto de litigio; que el certificado de libertad y tradición
allegado data de los años 2006 y 2007 y que la dirección con linderos no
coincide”.
De este modo, en primer lugar se constata que al interior del
proceso de lanzamiento por ocupación de hecho que se censura, los hoy
accionantes fueron debidamente notificados (21.1) e identificados (21.2) y
tuvieron la oportunidad de ejercer actos de defensa a favor de sus intereses
(21.3).
20.1 Así, en primer lugar
evidencia la Sala que en el trámite de lanzamiento por ocupación de hecho,
constan las siguientes actuaciones procesales de las cuales se deriva que los
accionantes fueron debidamente notificados y ejercieron su derecho a la
defensa:
i)
Resolución 108 del 10 de noviembre de 2011, por medio de la cual se
ordenó notificar a los querellados en la forma prevista en el artículo 6 del
Decreto 992 de 1930 (fl. 102-103 cdno. Corte);
ii)
Aviso fijado el 15 de diciembre de 2011 en el predio ubicado en la calle
19 sur no. 23-46 este manzana C Urbanización Villa del Mar, en el que se
notifica que para el 8 de febrero de 2012 a partir de las 8:00am, se llevará a cabo diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho dentro de proceso de
lanzamiento por ocupación de hecho seguido por Gustavo Zambrano Díaz, por medio
de apoderado, Wilson Gaona Álvarez contra Personas Indeterminadas.
Aviso recibido
por Alexander Sobrino (fl. 117 cdno. Corte), quien es demandante en esta acción
de tutela.
iii)
Solicitud de copias del “proceso de ocupación de hecho”
presentada el 3 de enero de 2012 por Xenius Alexander Sobrino (fl. 119 cdno.
Corte).
iv)
Diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho del 8 de febrero de
2012, en la que se escuchó a Luz Amparo Botero quien dijo actuar en
representación de las personas que ocupan el predio, y en donde consta que
quienes atendieron la diligencia como ocupantes del predio fueron Luz Amparo
Botero, Alexander Sobrino, y Esilda Bravo Gutiérrez. (fl. 121-214 cdno. Corte).
En la
diligencia efectuada el 8 de febrero de 2012 se identificaron las personas que
se encontraban en el inmueble objeto del proceso de lanzamiento por ocupación
de hecho, en el que se individualizan los tres núcleos familiares que encabezan
cada uno de los accionantes. Así, se identifica que Luz Amparo Botero es la
compañera de José Edgar Castillo; Esnilda Bravo es la compañera de John
Alejandro Rodríguez y Yaritza Beltrán la compañera de Alexander Sobrino.
v)
Aviso de notificación de la realización de la diligencia de lanzamiento
por ocupación de hecho para el 27 de junio de 2012, el cual está firmado por
Esilda Bravo y Yaritza Beltrán (fl. 150 cdno. Corte).
vi)
Diligencia del 27 de junio de 2012 la cual es firmada por Luz Amparo
Botero, Xenius Alexander Sobrino Racine y Jhon Alejandro Rodríguez (fl. 152-155
cdno. Corte).
vii)
Notificación de la decisión de lanzamiento por ocupación adoptada el 15
de noviembre de 2012 por el Inspector Quinto de Policía.
El aviso de
notificación fue firmado el 12 de diciembre de 2012 por Luz Amparo Botero y
otros (fl. 169 cdno. Corte).
viii)
Recurso de apelación contra la decisión del 15 de noviembre de 2012
presentado por Xenius Alexander Sobrino (fl. 171-172 cdno. Corte) y José Edgar
Castillo (fl. 175-176 cdno. Corte).
Lo anterior permite concluir que
los querellados fueron notificados del proceso de lanzamiento por ocupación de
hecho y tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa.
20.2 Asimismo, dentro del proceso
policivo que se censura, los hoy accionantes fueron efectivamente identificados
en el curso del mismo. De este modo, la censura por parte de los accionantes
referente a que la querella de lanzamiento había sido presentada contra
personas indeterminadas fue superada y en todo caso se justificaba que dicha
acción fueran presentada en su inicio en ese sentido, por cuanto en un
principio no se tenía conocimiento de los ocupantes del referido bien inmueble,
y ante dicho suceso, la ley procesal, ha permitido el inicio de la acción de
esa forma[27].
20.3 En lo que atañe con el
alegato acerca de que el querellante dejó pasar dos meses para entablar el
proceso policivo, allegó como prueba anticipada los testimonios de dos personas
que son sus compradores y no vive en el sitio objeto de litigio; que el
certificado de libertad y tradición allegado data de los años 2006 y 2007 y que
la dirección con linderos no coincide; considera la Sala que ello pudo haber
sido alegado en el trámite de lanzamiento por ocupación de hecho para efecto de
que fuera parte de la valoración a realizar por la autoridad judicial encargada
de definir el caso.
21. Ahora, respecto de la adquisición del lote que ocupan
los accionantes, éstos manifestaron en la diligencia efectuada el 27 de junio
de 2012 dentro del trámite de lanzamiento por ocupación de hecho lo siguiente:
José Edgar Castillo Hernández: “nosotros
estábamos en la UAO pidiendo apoyo y un señor nos ofreció a las tres familias
en venta este lote por $5.000.000, él me dio el número del celular, pero se me
perdió”.
Xenius Alexander Sobrino: “yo
me encontraba en la UAO lo de desplazados pidiendo ayuda y encontramos allá un
señor que estaba vendiendo este lote, él nos dijo que tenía un lote para la
venta y nos dijo que vamos y lo miramos el señor es de nombre Jaiber Andrés,
ese día ibamos a ir a la Notaría, y cuando él nos mostró el lote la dimos la
suma de $2.500.000 y nos quedamos de ir a la Notaría y no llegó, llevamos dos
años acá y en ese tiempo el único que ha venido es este señor Gustavo Zambrano”.
John Alejandro Rodríguez Bonilla:
“se lo compré a un señor que estaba en la UAO, y no tenemos documento, el
nombre del señor es Andrés, pero no se más datos”.
21.1 Por su parte, el
querellante en el trámite de lanzamiento por ocupación de hecho afirmó que ha
ejercido la posesión mediante una continua y adecuada explotación económica;
anexó actas de declaración de dos testigos; certificado de tradición de
matrícula inmobiliaria; copia de la escritura pública en la que se protocolizó
la diligencia de remate que le adjudicó el bien objeto de la ocupación y pago
del impuesto predial.
21.2 Con base en lo anterior,
el 15 de noviembre de 2012 el Inspector Quinto de Policía, por comisión
efectuada por el Alcalde de Villavicencio, resolvió “decretar el lanzamiento
(…)”. Consideró que:
“de los supuestos dilucidados
o aclarados por medio de las declaraciones y demás elementos probatorios
recaudados se puede inferir la existencia o actos de señor y dueño que resaltan
como auténticos hechos posesorios por parte del querellante señor Gustavo
Zambrano Díaz y de los actos perturbatorios y de ocupación por vías de hecho
que realizaron personas indeterminadas (…) el señor Gustavo Zambrano Díaz ha
ejecutado actos de singular significación sin el consentimiento de persona
alguna, ya que está detentando la condición de poseedor ejerciendo actos de
uso, goce y disfrute del bien, aunado al hecho de que pretendía venderlo (…)
complementado con la tenencia material del mismo (…) hubo una verdadera
ocupación de hecho, habida cuenta que los ocupantes del predio no probaron
sumariamente, de donde proviene su posesión, pues como manifiestan que
adquirieron el lote a un señor y/o a unas personas, del cual no refieren
identificación completa, valga la pena aclarar este “sujeto” no tenía la
legitimación en la causa para traspasar o entregar el predio objeto de la
litis, además no aportan documentos que permitan al despacho inferir que la
ocupación que ostentan la adquirieron legalmente y no de forma violenta y
clandestina, como lo refiere el querellante señor Gustavo Zambrano Díaz (…)
(…) el señor Gustavo Zambrano
es el legítimo poseedor del predio en litigio a través del ejercicio
escalonado, progresivo y ampliamente demostrado de sus hechos positivos que en
el plano real se traducen en la posesión entendida como animus y corpus, como
hechos materiales sin reconocer dominio ajeno, tales hechos se pueden
determinar dentro del trámite seguido por el querellante para que se le
adjudicara el bien objeto de la litis, la adjudicación y posesión real y
material del inmueble el cual fue entregado mediante remate celebrado en el
Juzgado Tercero Civil, pasar revistas continuas por el inmueble, cancelar impuestos,
además de estar en constante comunicación con los vecinos del sector (…).
(…) no basta para este
despacho con que el opositor -querellado- arguya conjeturas, sino que se esmere
para probar sus supuestos fácticos y jurídicos, so pena de que se presentara un
caos en razón a que cualquier persona por el solo hecho de ver un inmueble
desocupado, procediera a ocuparlo y porque no negociarlo sin tener capacidad
para ejercer tales actos (…)” (fl. 157-167)
Impugnada la anterior decisión
por los querellados, el 12 de abril de 2013 el Consejo Departamental de
Justicia del Departamento del Meta resolvió confirmar la providencia del 15 de
noviembre de 2012. Juzgó que:
“ (..) el
fundamento teleológico de la acción se encamina a devolverle la tenencia a
quien la ha perdido debido a una ocupación de hecho (…) En lo que tiene que ver
con la ocupación de hecho, es ocupante de hecho quien arrebata la tenencia
material de un predio a quien lo tiene. Esto se concreta en que sin el
consentimiento del tenedor u orden de autoridad competente el querellado
despoja del predio al querellante, bien por medio de la violencia o por actos
clandestinos y ocupa su lugar. Luego de hacer el análisis individual de las
pruebas, al revisarlas en conjunto se debe decir que efectivamente le asiste
razón al a-quo toda vez que los testimonios aportados por el querellante, nos
dan certeza de que el querellante ha venido ejerciendo posesión del inmueble y
de que allí se presentó ocupación indebida del predio (…) Las afirmaciones de
los ocupantes de hecho al momento de la inspección no desvirtuaron las
pretensiones del querellante, no demostraron las razones o los motivos por los
cuales se encontraban habitando ese lugar, solo manifiesta que realizaron un
presunto negocio de comprar el lote con un señor que no les cumplió, no
demostraron que su ocupación es legal, no probaron de donde viene su posesión
(…) al mirar en conjunto las pruebas de manera diáfana se concluye que es el
querellante quien tiene la legitimidad para actuar, es quien ejerce la posesión
del predio en concordancia con lo manifestado por los testimonios y además de
lo observado en la inspección ocular practicada” (fl.181-187).
21.3 Frente al proceso de lanzamiento por ocupación de
hecho, esta Corporación ha determinado que su finalidad es salvaguardar el statu
quo y que dicha querella no saldrá avante si los ocupantes logran
justificar su ocupación derivada de la condición de tenedor o poseedor o tener una
orden de una autoridad competente. Aspecto que, como lo evidenciaron las
decisiones de las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales,
no fue satisfecho, pues los querellados, hoy accionantes, se limitaron a
señalar que habían adquirido el bien inmueble por compra, sin que exista
prueba ni documental ni testimonial que sustente dicha afirmación. En
contraposición a lo anterior, lo que se demostró en el proceso fue la condición
de dueño y poseedor de Gustavo Zambrano Díaz y la privación injustificada y
clandestina de su posesión.
De este modo, se concluye la no configuración de algún
defecto en las providencias censuradas, pues la actuación de dichas instancias
se ajustó al debido proceso y su valoración probatoria resultó acorde con el
material recaudado, y razonable dentro de la finalidad del proceso de
lanzamiento por ocupación de hecho, por lo que se negará el amparo solicitado.
22. De acuerdo a lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia, en algunas ocasiones esta
Corporación ha adoptado medidas para el amparo del derecho a la vivienda digna
de las personas a quienes se les inicia el proceso de lanzamiento por ocupación
de hecho, este amparo ha obedecido a la constatación de unas condiciones de
especial vulnerabilidad, como es el caso del desplazamiento forzado.
Si bien en esta acción se alega
la condición de víctimas del desplazamiento forzado por parte de los demandantes,
en el expediente no obra prueba de dicha circunstancia, pues no consta un
registro de su calidad de víctimas y, en todo caso, no siendo ésta, la prueba determinante
de su condición de desplazamiento, requeridos los demandantes para ampliar los
hechos acerca de la circunstancia de desplazamiento, éstos guardaron silencio,
por lo que no existe prueba para derivar dicha condición de los demandantes. Asimismo,
a la Alcaldía de Villavicencio tampoco le consta este hecho ni a la Dirección
Técnica de Registro y Gestión de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas.
En todo caso,
se constató el estado de vulnerabilidad de los accionantes, por cuanto, según
informó la Alcaldía de Villavicencio, uno de los accionantes John Alejandro
Rodríguez está en un programa social (familias en acción) y los otros dos
demandantes, José Edgar Castillo y Alexander Sobrino, se encuentran en la base
de datos del SISBEN, por lo que, bajo la presunción de que un lanzamiento
podría generar una situación de debilidad a sus ocupantes, esta Corte exhortará
a la Alcaldía de Villavicencio para que le informe a los accionantes los
programas sociales para acceder a vivienda y los ofrecidos en general para
grupos en estado de vulnerabilidad y en caso de calificar a algunos de ellos se
inicie, su proceso de incorporación.
Además de lo anterior, se resalta que el lote que ocupan
los hoy accionantes hace parte de una zona protegida por ser reserva natural,
lo cual restringe su uso. A este respecto, reitera la Sala que dicha
característica del bien ha sido fundamento para no suspender la diligencia de
lanzamiento por ocupación de hecho, por cuanto con dicha medida se protege no
sólo el derecho a la propiedad sino también el del medio ambiente. Lo expuesto,
constituye asimismo un argumento adicional para negar el amparo solicitado.
23. Con base
en lo expuesto, esta Sala, partiendo de las razones aquí expuestas, confirmará
la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Villavicencio, por medio de la cual se confirmó la providencia del Juzgado
Quinto Civil Municipal de Villavicencio que negó el amparo solicitado. No
obstante, se exhortará a la Alcaldía de Villavicencio para que le informe a los
accionantes los programas sociales para acceder a vivienda y los ofrecidos en
general para grupos en estado de vulnerabilidad y en caso de calificar a
algunos de ellos se inicie, su proceso de incorporación.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Tercera de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero: Levantar
la suspensión de términos decretada para decidir el asunto de la
referencia.
Segundo: Confirmar,
por las razones aquí expuestas, la sentencia proferida por el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Villavicencio, por medio de la cual se confirmó la
providencia del Juzgado Quinto Civil Municipal de Villavicencio que negó el
amparo solicitado.
Tercero:
Exhortar a la Alcaldía de Villavicencio para que le informe a los
accionantes los programas sociales para acceder a vivienda y los ofrecidos en
general para grupos en estado de vulnerabilidad y, en caso de calificar a
alguno de ellos, se inicie su proceso de incorporación.
Cuarto: Dar
por secretaría cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado Ponente
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] C- 241-10.
[2] T-267-11.
[3] T-061-02, T-1104-08, T-267-11, T-423-10, C-241-10.
[4]  T-746-01, T-029-12.
[5] T-472-09, T-423-10
[6] C-590-05.
[7] Artículo 5° de la Ley 270 de 1996: La Rama
Judicial es independiente y autónoma en el ejercicio de su función
constitucional y legal de administrar justicia. Ningún superior jerárquico en
el orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o
aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios
que deba aportar a sus providencias.
[8] T-565-06.
[9] C-590-05.
[10] “Artículo 15.- Reglamentado por el Decreto Nacional 992 de 1930,
Modificado parcialmente por el art. 15, ley 200 de 1936.  Cuando alguna finca
ha sido ocupada de hecho sin que medie contrato de arrendamiento ni
consentimiento del arrendador, el jefe de policía ante quien se presente la
queja se trasladará al lugar en que esté situada la finca dentro de las
cuarenta y ocho horas después de la presentación del escrito de queja; y si los
ocupantes no exhiben el contrato de arrendamiento, o se ocultan, procederá a
verificar el lanzamiento sin dar lugar a recurso alguno ni a diligencia que
pueda demorar la desocupación de la finca”.
[11] "“Por el cual se reglamenta el
artículo 15 de la Ley 57 de 1905 y se deroga el Decreto 515 de 1923".
[12] C-241-10.
[13]  Ibídem, T-093-06,
T.-029-12,
[14] T-115-04, T-093-06.
[15] C-241-10.
[16] T-093-06, T-210-10,
[17] T-093-06
[18] T-423-10.
[19] T-267-11.
[20] T-029-12
[21] T-210-10.
[22] T-119-12
[23] T-078-04, T- 770-04
[24] T-068-04, T-770-04, T-967-09, T-282-11, T-119-12.
[25] T-029-12.
[26] T-746-01.
[27] A manera de ejemplo, el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012)
en los artículos 87, 303, numeral 8 del artículo 375 se refiere a actuaciones
procesales que se deben surtir cuando se trata de personas indeterminadas en el
marco de un proceso judicial.