T-649-15
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-649/15
SUSPENSION
EN EL PAGO DE LAS MESADAS PENSIONALES-Procedencia de la acción de tutela
Por regla general la acción de
tutela no es el mecanismo de defensa idóneo para cuestionar la suspensión,
revocatoria o terminación del acto que determina la ilegalidad de una pensión.
Sin embargo, según la jurisprudencia de este tribunal, excepcionalmente la
tutela puede ser procedente para ordenar la reanudación de las mesadas si: (i)
se prueba la existencia de un perjuicio irremediable, o (ii) se demuestra que
contra el acto que adopta dicha decisión, no procede recurso alguno.
SUSPENSION
EN EL PAGO DE LAS MESADAS PENSIONALES-Improcedencia de tutela por existir otro medio de
defensa judicial y no acreditarse perjuicio irremediable
Referencia: Expedientes T-4.915.877, T-4.916.339,
T-4.937.309, T-4.938.205, T-4.939.852, T-4.958.853,
T-4.996.743.
Acciones de tutela interpuestas por Guillermo Alberto Ávila, Juan Carlos Velasco Barriga, Manuel Alberto Medina, Edgar Mauricio Millán, Juan Camilo Negret,
Germán Flores Escobar y Hernán
Francisco Muñoz, contra
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Caja de Auxilios y
Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles - CAXDAC y la
Superintendencia Financiera de Colombia.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.
Bogotá, D.C., trece (13) de octubre de dos mil quince
(2015).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB y ALBERTO ROJAS RÍOS, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA:
Dentro de los procesos de revisión de los fallos de tutela emitidos
en segunda instancia por: el Tribunal Superior del Distrito Superior de Bogotá,
Sala de Decisión Penal (expediente T-4.915.877),
la Sección Cuarta del Consejo de Estado (expediente 4.916.339), el Tribunal Superior
del Distrito Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal (expediente T-4.937.309),
la Sección Cuarta del Consejo de Estado (expediente T-4.938.205), el Tribunal
Superior del Distrito Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal (expediente T-4.939.852), el Juzgado Cuarto Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá (expediente T-4.958.853) y el
Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá (expediente T-4.996.743).
ANTECEDENTES
Mediante auto
del 24 de julio de 2015, la Sala de Selección número seis decidió acumular los
expedientes T-4.915.877, T-4.916.339, T-4.937.309,
T-4.938.205, T-4.939.852, T-4.958.853 y T-4.996.743 para ser
fallados dentro de una misma sentencia, luego de advertir que existe conexidad
temática entre ellos.
I. Expediente
T-4.915.877.
1. Hechos.
1.1. El señor
Guillermo Alberto Ávila Nieto interpone acción de tutela en
contra de la Superintendencia Financiera y la Asociación Colombiana de
Aviadores ACDAC – CAXDAC, al considerar que dichas entidades vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la seguridad
social.
1.2. Afirma el accionante que la Caja de Auxilios y
Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores ACDAC-CAXDAC le reconoció
la pensión de vejez el 18 de octubre de 2012. En dicho acto se le informó,
entre otras cosas, que la liquidación se calcularía con base en lo previsto en
los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993.
1.3. No
obstante lo anterior, el 29 de julio de 2014 CAXDAC le informó al accionante que por orden de la
Superintendencia Financiera de Colombia se le debía suspender el pago de la
mesada pensional, lo anterior, por cuanto existía duda frente a la legalidad de
la pensión reconocida. En el mencionado oficio se le explicó que según el concepto
del 26 de junio de 2014 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
el régimen de pensiones especiales transitorias previsto en el Decreto 1282 de
1994, al no ser un régimen de transición de acuerdo con lo señalado en el Acto
Legislativo 01 de 2005, había expirado el 31 de julio de 2010.
1.4. En
consecuencia, se le informó que una vez revisadas las condiciones de su pensión,
era claro que para el 31 de julio de 2010 él no reunía las semanas de
cotización ni la edad requerida en el artículo 6 del Decreto 1282 de 1994. Por
lo tanto, se le informó que “la pensión reconocida se encontraría fuera del
ordenamiento legal”.
1.5. Señala
que la Junta Directiva de CAXDAC no tomó la mencionada decisión como lo ordenan
sus estatutos, es decir, por el procedimiento de votación, e igualmente asevera
que tampoco se agotó un procedimiento administrativo en el cual se garantizara
su derecho a la defensa.
1.6. El
accionante asegura que CAXDAC desatendió la orden emitida por el Procurador
Delegado para los asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, mediante la cual
solicitó a la entidad accionada, revisar el trámite interno que esa entidad
dispuso para suspender el pago de las pensiones especiales reconocidas a los aviadores
civiles.
1.7. Por la
situación anteriormente descrita, el señor Guillermo
Alberto Ávila Nieto, presentó acción de tutela
solicitando que se continúen cancelando las prestaciones pensionales irregularmente
suspendidas.
1.8. Finalmente
el peticionario reconoce que puede acudir a la jurisdicción ordinaria, sin
embargo, señala que dicho mecanismo de defensa judicial no tiene la misma
eficacia y prontitud que la acción de tutela, por lo cual considera es
procedente el amparo para lograr el restablecimiento inmediato del pago de sus
mesadas.
Actuaciones
del juez de primera instancia.
Mediante auto
de fecha 26 de enero de 2015, el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá decidió: (i) admitir la acción de tutela y (ii)
correr traslado de la misma a la Superintendencia Financiera y a la Asociación
Colombiana de Aviadores  ACDAC – CAXDAC para que ejercieran su derecho de
defensa.
2. Respuestas de las entidades accionadas.
2.1. El Subdirector de Representación
Judicial de la Superintendencia Financiera, en su escrito de contestación, afirmó
que el 4 de abril de 2014 la Caja de Auxilio y de Prestaciones de ACDAC- CAXDAC
remitió a su entidad el concepto del Ministerio de Hacienda de fecha 17 de
agosto de 2012, en el cual se exponían algunas consideraciones sobre la
vigencia y aplicación del régimen de pensiones especiales transitorios y su
interpretación ante el Acto legislativo 01 de 2005.
Afirma que en ningún momento ordenó la suspensión de las mesadas
pensionales, ya que la solicitud presentada a CAXDAC solo tenía
por fin establecer el número de prestaciones reconocidas en aplicación de este
régimen especial. Razón por la cual, concluye no es
posible aducir que esa Superintendencia en ejercicio de sus funciones haya
incurrido en alguna vulneración a la constitución, la ley o los reglamentos.
Por lo anterior solicita que se niegue el amparo.
2.2. La Caja de Auxilios y Prestaciones de ACDAC- CAXDAC asevera que
en ningún momento utilizó la figura de revocatoria directa, ya que no es una
entidad que emite actos administrativos. Asevera que realizó la suspensión
provisional en el pago de las mesadas pensionales en acatamiento de un
requerimiento efectuado por la autoridad administrativa competente como lo fue
la Superintendencia Financiera, la cual le manifestó que debía suspender los
pagos hasta tanto no se resolviera judicialmente la controversia suscitada.
La entidad accionada informó que ya instauró una demanda ordinaria
laboral donde solicitó la revocatoria de la pensión al considerar que existen
motivos que pueden suponer el indebido reconocimiento de las mismas conforme a
lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Aduce que el 31 de julio de 2010, el accionante no cumplía con los
requisitos previstos en el artículo 6 del Decreto 1282 de 1994, ya que no
contaba con las semanas mínimas para pensionarse a esa edad.
Finalmente advierte que el actor había iniciado un proceso laboral
en contra de CAXDAC, para que se reconociera su pensión en el régimen de
pensiones especiales transitorias, expediente que se encuentra actualmente ante
la Corte Suprema de Justicia, ya que en los fallos de primera y segunda
instancia se absolvió a CAXDAC de las pretensiones solicitadas.
3. Pruebas relevantes aportadas al proceso
Escrito mediante
el cual se le informa al señor Guillermo Alberto Ávila Nieto de la respuesta a la comunicación presentada respecto a la pensión
de vejez reconocida por CAXDAC (folio 143, cuaderno 1).
Escrito mediante
el cual se le informa al señor Guillermo Alberto Ávila Nieto el reconocimiento de la pensión de vejez por parte de CAXDAC (folio
124, cuaderno 1).
Escrito mediante
el cual se le informa al señor Guillermo Alberto Ávila Nieto la suspensión del pago de la mesada pensional por parte
de                                                         CAXDAC (folio 122,
cuaderno 1).
4. DECISIÓNES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
4.1. Decisión de primera instancia.
El Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 10 de febrero de 2015, resolvió declarar
improcedente la acción de tutela debido a la existencia en el ordenamiento jurídico
de otros mecanismos de defensa judicial.
El referido despacho igualmente consideró que el señor Guillermo
Alberto Ávila Nieto no es un sujeto de especial protección constitucional.
Sobre el particular manifestó: “De lo analizado, se reitera para finalizar
que no se concede el amparo constitucional, en primer lugar, porque existe otro
medio judicial al cual debe acudir en aras de que su pretensión sea dilucidada,
vale decir, la justicia ordinaria laboral, que es el juez natural en el
presente evento, el cual, mediante un proceso de esa jurisdicción, discernirá
con la totalidad de los elementos de juicio y de derecho, sobre la pretensión
del accionante. En segundo lugar, no existen elementos de juicio dentro de la
actuación que vislumbre perjuicio irremediable en la situación del accionante”.
4.2. Impugnación.
Contra la mencionada decisión, el accionante en el término legal
interpuso impugnación manifestando que existían precedentes que unificaban la
jurisprudencia respecto al reconocimiento de las pensiones de jubilación y el
procedimiento para su suspensión. Teniendo en cuenta lo anterior, solicitó
cumplir de manera estricta con las directrices y subreglas constitucionales
allí establecidas.
4.3. Decisión de segunda instancia.
El Tribunal Superior del Distrito Superior de Bogotá, Sala de
Decisión Penal, mediante providencia del 25 de marzo de 2015, confirmó el fallo
del a-quo. Las razones que llevaron a adoptar dicha determinación fueron
las siguientes: (i) la imposibilidad del juez constitucional de
sustituir los mecanismos ordinarios de defensa y (ii) la inexistencia de
un perjuicio irremediable.
Sobre las razones que llevaron a declarar improcedente la acción, el
Tribunal Superior de Bogotá, manifestó: “en este caso, no se cuenta con
datos indicativos de un perjuicio irremediable, este más bien aparece
desvirtuado, en razón de que el demandante, dada su vinculación laboral con
Avianca S.A., está percibiendo un ingreso mensual aproximado de 14.178.564,
premisa que descarta la viabilidad de la tutela como mecanismo transitorio”. Respecto
a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial el fallo en mención
consideró que: “ha de concluirse que aparte de que el actor dispone de otro
medio de defensa judicial idóneo para reclamar la protección de sus derechos
fundamentales, no se advierte que se halle frente a un perjuicio irremediable.”
II.
Expediente T-4.916.339.
1. Hechos.
1.1. El señor
Juan Carlos Velasco Barriga interpone acción de tutela en contra del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, la Caja de Auxilios y Prestaciones de la
Asociación Colombiana de Aviadores Civiles - CAXDAC y la Superintendencia
Financiera de Colombia, al considerar que dichas entidades vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad
social y al trabajo.
1.2. Asevera el accionante que en su calidad de aviador civil de la aerolínea
Avianca, demandó a la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación
Colombiana de Aviadores Civiles – CAXDAC, con el fin de que se “…reconozca, liquide y pague la pensión especial
transitoria de la parte final del inciso primero del artículo 6 del Decreto Ley
1282 de 1994”. Este proceso le correspondió por reparto al Juzgado Octavo
Laboral del Circuito de Bogotá.
1.3. Señala el
accionante, que en atención a las pretensiones de la mencionada demanda,
mediante oficio del 13 de enero de 2014, CAXDAC le informó que:“Nos permitimos comunicarle que de acuerdo a la
solicitud por usted presentada ante el Juzgado 8 Laboral para el reconocimiento
de su pensión de vejez, le ha sido reconocida por CAXDAC la pensión de vejez,
de conformidad con lo preceptuado por los artículos 6 del Decreto 1282 de 1994,
artículos 33 y 34 de la Ley 100 sancionada en 1993, modificados por los
artículos 9º y 10º de la Ley 797 sancionada en el 2003 y Decreto 1269 de 2009”.
1.4.
Posteriormente, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, en audiencia
de juzgamiento realizada el 28 de marzo de 2014, accedió a las pretensiones de
la demanda.
1.5. Dicha
decisión fue apelada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
que en audiencia del 9 de mayo de 2014, revocó la providencia de primera
instancia, al considerar que no se cumplieron los requisitos señalados en el
artículo 6º del Decreto Ley 1282 de 1994, antes de la fecha de la pérdida de
vigencia del régimen especial transitorio –esto es el 31 de julio de 2010–,
en aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005.
1.6. Dentro de
la audiencia, el señor Velasco Barriga presentó el recurso extraordinario de
casación.
1.7. De otra
parte, informa el señor Juan Carlos Velasco que el 17 de junio de 2014, la
Superintendencia Financiera de Colombia, le solicitó al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público emitir concepto sobre el pago de las pensiones especiales
transitorias de los aviadores civiles.
1.8. Mediante
escrito del 26 de junio de 2014, el Director General de Regulación Económica
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al pronunciarse sobre la
solicitud indicó: “(…) Como se dijo
al inicio del presente documento, esta Dirección se ratifica en el concepto
rendido del día nueve de abril de 2012, poniendo énfasis en que: (i) De conformidad
con el Acto Legislativo 01 de 2005, los regímenes pensionales especiales,
expiraron el 31 de julio del año 2010, (ii) El régimen pensional de los
aviadores civiles a que hace referencia el Decreto 1282 de 1994, es un régimen
especial, diferente del Régimen de Transición previsto por la ley 100 de 1993;
(iii) En este orden de ideas, las pensiones especiales transitorias tuvieron
hasta el 31 de julio y no se extienden hasta el año 2014”.
1.9. En
atención de lo anterior, mediante escrito del 18 de julio de 2014 dirigido al
presidente de CAXDAC, el Director Legal para Pensiones, Cesantías y Fiduciarias
de la Superintendencia Financiera de Colombia, señaló:“…En razón al concepto emitido por el Ministerio de
Hacienda, cuya copia se adjunta, según la cual las pensiones especiales
transitorias tuvieron efecto hasta el 31 de julio de 2010 y no se extienden
hasta el año 2014, de manera atenta nos permitimos solicitar informar a este
despacho sobre el número de prestaciones reconocidas en aplicación de este
régimen por fuera de su vigencia y de las acciones que adelantará para ajustar
al ordenamiento legal tales prestaciones”.
1.10. Según
afirma el peticionario, en comunicación fechada el 29 de julio de 2014, la
entidad accionada le informó al accionante que:  “…lamentamos informarle que CAXDAC recibió a través
de la Superintendencia Financiera, entidad encargada de
la vigilancia y control de esta entidad, el concepto emitido por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público el día 26 de junio de 2014, en el que aclara que
el régimen de pensiones especiales transitorias al no ser un régimen de transición
expiró el día 31 de julio de 2010, de acuerdo con lo establecido en el Acto
Legislativo 01 de 2005 (…) Una vez revisadas las condiciones de su
reconocimiento pensional, encontramos que en su caso, antes del 31 de julio de
2010, no reunió las semanas de cotización ni la edad requerida señaladas en el
Decreto 1282 de 1994 en su artículo 6º, modificadas por la ley 797 de 2003. Así
es claro que no cumple con los requisitos para ser beneficiario del
reconocimiento pensional del que fue objeto lo cual nos exige tomar acciones
para ajustarnos a derecho, la Junta Directiva en su sesión del 25 de julio de
los corrientes, ha tomado la decisión de suspender de manera inmediata el pago
de su mesada pensional e iniciar el correspondiente proceso ordinario ante la
jurisdicción laboral, en la cual se revise la legalidad de la pensión a usted
reconocida”.
1.11. Como
consecuencia de lo anterior, mediante escrito radicado el 21 de agosto de 2014,
el tutelante le solicito a CAXDAC que continuara con el pago de su pensión al
no existir una justificación jurídica para suspender unilateralmente el pago.
Afirmó que la decisión del área
administrativa de CAXDAC no le fue previamente informada o consultada,
asaltando así sus derechos fundamentales.
1.12. De otra
parte, CAXDAC demandó al señor Juan Carlos Velasco Barriga, con el fin de que
se declarara, entre otras cosas, “que la pensión reconocida no se ajusta a la ley y
por consiguiente debe procederse a la revocatoria de la mencionada pensión. (…)
se declare que el demandado debe devolver íntegramente los dineros recibidos
por Caxdac, desde el 1 de enero de 2014 a la fecha por concepto de mesadas
pensionales, dado que son dineros pertenecientes a la Seguridad Social”.
1.13. La demanda referida le correspondió por reparto
al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, que por auto del 15 de enero
de 2015 la admitió.
1.14. Por
la situación anteriormente referida, el señor Juan Carlos
Velasco Barriga, presentó acción de tutela solicitando: (i) se
ordene a la Superintendencia Financiera y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público abstenerse de realizar presiones jurídicas o
conceptos que promocionen la vulneración de sus derechos fundamentales, (ii)
se defina si las pensiones especiales
transitorias, fueron concedidas en cumplimiento de la sentencia C-228 del 2011
y (iii) se ordene a
CAXDAC abstenerse de suspender futuras mesadas pensionales.
Actuaciones del juez de primera instancia.
Mediante auto
de fecha 25 de agosto de 2014, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B” decidió: (i)
avocar conocimiento de la tutela y (ii) correr traslado de la misma al
Director Legal para Pensiones y Cesantías del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
al Presidente de la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana
de Aviadores Civiles - CAXDAC y a la Superintendencia Financiera de Colombia
para que se pronunciaran sobre los hechos de la misma.
2. Respuestas de las entidades accionadas.
2.1. La Superintendencia
Financiera por intermedio del Subdirector de
Representación Judicial, indicó que en el caso concreto se presentaba falta de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que si bien esa entidad hizo un
requerimiento a CAXDAC para que informara sobre
“el número de
prestaciones reconocidas en aplicación de este régimen y de las acciones que
adelantarán para ajustar al ordenamiento legal tales prestaciones”. Según manifiesta la accionada,
dicha orden en ningún momento puede asimilarse a la suspensión de pagos
de las prestaciones sociales reconocidas tal y como indebidamente lo anotó la
caja en las comunicaciones de suspensión que remitió al señor Juan Carlos Velasco.
Explicó que lo
que pretendía con ese requerimiento era contar con elementos de juicio sobre
los criterios adoptados por CAXDAC en torno a los regímenes de pensiones
especiales transitorias, lo cual resulta válido y viable atendiendo a las
funciones de inspección, control y vigilancia atribuidas a esa Superintendencia.
Finalizó su
intervención reiterando que: “la decisión de suspender el pago de las pensiones a los aviadores fue
definido de manera autónoma por la Junta Directica de CAXDAC en sesión del 25
de julio de la presente anualidad, circunstancia que fue informada a esta Superintendencia
por el Representante Legal de esa entidad en su comunicación del 28 de julio de
2014”.
2.2.   El
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solicitó la desvinculación de
esa entidad de la acción de tutela de la referencia, al considerar que no es, bajo
ninguna circunstancia, parte ni interesada en el proceso, ya que el conflicto
suscitado en el sub examine incumbe solo a los afiliados y la entidad
administradora de pensiones – CAXDAC.
Explicó que dicha
entidad rindió un concepto, según el cual, los regímenes de pensiones
especiales expiraron el 31 de julio de 2010 en atención a lo establecido en el
Acto Legislativo número 1 de 2005, lo cierto es, que dicho concepto no ordenó
ni sugirió suspender el pago de las mesadas pensionales de los aviadores
civiles, ni tampoco indicó el procedimiento que  debía seguir CAXDAC para el
pago de esas pensiones. Agregó que en todo caso, ese concepto se rindió en
observancia del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, y por ende, no obliga.
De otra parte,
concluyó su escrito afirmando que: “el régimen de los aviadores civiles está
previsto por el Decreto Ley No. 1282 de 1994, sin embargo, para la aplicación
del régimen de transición se hace expresa referencia a los requisitos
establecidos en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, en consecuencia,
considerar que las pensiones especiales transitorias tienen la misma naturaleza
de las pensiones de transición configura una desigualdad con el resto de los
afiliados al régimen de prima medio con prestación definida, en la medida en
que permite obtener una pensión más beneficiosa (a menor edad) por el hecho de
haber servido solamente 10 años a entidades de aviación, situación que no se
replica en ningún otro régimen de transición del Sistema General de Pensiones.
En razón de lo anterior, las pensiones especiales transitorias son de aquellas
prestaciones denominadas especiales, por lo cual esta prestación deja de tener
vigencia a partir del 31 de julio de 2010, de conformidad con lo establecido en
el parágrafo transitorio 2 del Acto Legislativo No. 1 de 2005”.
2.3.   La Caja
de Auxilios y Prestaciones de ACDAC –CAXDAC, por medio de su representante
legal expuso las razones por las cuales consideraba que la acción de tutela era
improcedente. Específicamente señaló que, el señor Juan
Carlos Velasco cuenta con otros mecanismos de defensa
judicial, como lo es el proceso ordinario laboral para ventilar las
inconformidades que plantea en la tutela.
Expuso que el tutelante
ya promovió un proceso ordinario laboral con el fin de que se reconociera su
pensión en aplicación del régimen pensional especial transitorio, sin embargo,
en dicho proceso se negaron sus pretensiones por cuanto el régimen ya había
expirado. Por lo que consideró, que en aplicación del artículo 19 de la ley 797
de 2003, no era necesario contar con autorización previa para suspender el pago
de las mesadas pensionales.
Mencionó que “la
decisión de suspender el pago de las mesadas pensionales a los aviadores
civiles que habían cumplido requisitos por fuera de la vigencia de la Ley (31
de julio de 2010), se tomó por unanimidad de los miembros de la Junta Directiva
de Caxdac, que asistieron a la reunión del 25 de julio de 2010; se aclara
adicionalmente que en la decisión de la junta directiva no se habló de revocatoria
sino de suspensión, pues la revocatoria se adelantaría ante la jurisdicción
ordinaria laboral, quien es la competente para determinar la revocatoria o no
de la pensión que se reconoció”.
Sostuvo que no
se están vulnerando los derechos del peticionario ni se le está causando un
perjuicio irremediable ya que el señor Velasco Barriga se encuentra vinculado a
la empresa Avianca como trabajador activo, percibiendo un salario superior a
los diez millones de pesos y efectuando cotizaciones a salud.
3. Pruebas relevantes aportadas al proceso.
Copia del extracto
de semanas cotizadas a la Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC-CAXDAC
(folios 88 al 93, cuaderno 1).
Escrito de
requerimiento de la Superintendencia Financiera de Colombia al presidente de
CAXDAC sobre la vigencia de las pensiones especiales (folios 369 y 370,
cuaderno 1).
Escrito mediante
el cual se le informa al señor Juan Carlos Velasco Barriga
el reconocimiento de la pensión de vejez por parte de
CAXDAC (folio 337, cuaderno 1).
Escrito mediante
el cual se le informa al señor Juan Carlos Velasco
Barriga la suspensión del pago de la mesada pensional
por parte de                                                         CAXDAC
(folio 350, cuaderno 1).
4. DECISIÓNES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
4.1. Decisión de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección “B”, mediante sentencia del 4 de septiembre de 2014,
resolvió negar las pretensiones del accionante, por
cuanto consideró que el señor Juan Carlos Velasco Barriga tiene otros
mecanismos de defensa judicial para cuestionar la suspensión como lo es la
jurisdicción ordinaria laboral. En igual medida aseguró que salvo que quien
solicite el reconocimiento del derecho pensional sea sujeto de especial
protección, no debe proceder el amparo.
Expuso que “conforme
a los elementos probatorios allegados se pudo determinar que se ha adelantado
en debida forma ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral lo referente al pago de
la pensión especial transitoria de vejez del actor, que hoy se encuentra
suspendida y en trámite de revocatoria ante el Juzgado 5 Laboral del Circuito
de Bogotá, reconocimiento pensional que otorgó el Juzgado 8 Laboral y que así
mismo fue revocado por el Tribunal Superior de Bogotá por considerar que la
concesión de la misma se hizo bajo criterios que carecen de legalidad, toda vez
que para el régimen especial transitorio aplicado a los aviadores civiles tuvo
vigencia hasta el 31 de julio del 2010”.
Finalmente aseguró que no existe afectación al mínimo vital del
actor pues el mismo se encuentra vinculado laboralmente con la aerolínea
Avianca, lo que implica que está recibiendo un salario y las demás prestaciones
que ello implica.
4.2. Impugnación.
Contra la mencionada decisión, el apoderado del accionante,
interpuso impugnación manifestando que en reiterada jurisprudencia, el Consejo
de Estado ha reconocido que para salvaguardar el debido proceso mientras se
adelanta el correspondiente procedimiento administrativo de revocatoria. En
igual medida afirmó “que cuando el litigio versa sobre problemas de
interpretación del derecho; como por ejemplo, el régimen jurídico aplicable, la
aplicación de un régimen de transición, o la aplicación de un régimen especial
frente a uno genera, estos litigios deben ser definidos por los jueces
competentes de conformidad con el artículo 20 de la ley 797 de 2003 y que en
consecuencia no procede la revocatoria directa del acto administrativo sin el
consentimiento del particular”
Expuso, que no
es cierto que la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá haya concluido que
existía lugar al reconocimiento de la pensión en observancia del régimen
pensional especial transitorio para los aviadores civiles, ya que: “en la
actualidad sigue su curso el trámite del recurso extraordinario de CASACIÓN,
para que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se pronuncie al
respecto”.
Finalmente
reiteró que la presente acción de tutela es procedente, ya que se interpone
como mecanismo transitorio, lo cual permite que mientras se decide por parte de
la jurisdicción ordinaria si tiene o no derecho al reconocimiento y pago de la
pensión en observancia del régimen especial de transición consagrado en el
artículo 6º del Decreto Ley 1282 de 1994, se le respeten las prestaciones
otorgadas, es decir, se continúe con el pago de su mesada pensional.
4.3. Actuaciones
del juez de segunda instancia.
Mediante auto
de fecha del 14 de noviembre de 2014, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta le solicitó a CAXDAC que remitiera: (i)
solicitud de reconocimiento de la pensión especial transitoria hecha por el
señor Juan Carlos Velasco Barriga, (ii) acto de reconocimiento de la
pensión especial transitoria del señor Velasco Barriga, (iii) comunicación
o notificación del acto de reconocimiento al interesado, (iv)
comprobantes de pago de la referida pensión al tutelante, (v) acto por
el cual se decidió suspender el pago de la pensión especial transitoria al
actor, (vi) certificación sobre si contra la decisión de suspensión se
interpusieron recursos o reclamación por parte del señor Velasco Barriga. Así
mismo, ofició al Juzgado Quinto Laboral de Bogotá para que allegara copia de
las actuaciones allegadas dentro del proceso promovido por CAXDAC en contra del
accionante.
4.4. Decisión de segunda instancia.
El Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, mediante providencia del 12 de marzo de 2015, confirmó el fallo del
a-quo, aduciendo que en el ordenamiento jurídico
existían procesos judiciales en trámite que debían ser resueltos por la
jurisdicción ordinaria. Sobre el particular manifestó que: “el trámite
iniciado ante la Corte Suprema de Justicia, para que se pronuncie sobre si hay
lugar o no al reconocimiento pensional reclamado por el señor Velasco Barriga,
no ha finalizado, por lo que no podría el juez
de tutela ocuparse de un asunto que debe ser objeto de estudio por parte del
juez ordinario, en el entendido que el juez natural no puede ser desplazado por
el juez constitucional, como se ha establecido en anteriores ocasiones”
En igual medida, la providencia en mención, no encontró la
existencia de un perjuicio irremediable por cuanto “el señor Velasco Barriga
actualmente le presta sus servicios a la Aerolínea Avianca con un salario
superior a los 10 millones de pesos, suma que, a juicio de la Sección, es
suficiente para asumir sus gastos y los de su familia en condiciones dignas.
Así las cosas, al quedar establecido que tampoco se le está causando un perjuicio
irremediable al tutelante el suspender el pago de sus mesadas pensionales por cuanto
quedó establecido que cuenta con los recursos económicos necesarios para su
subsistencia, para la Sección, la presente acción de tutela no procede ni
siquiera como mecanismo transitorio”.
III.
Expediente T-4.937.309.
1. Hechos.
1.1. El señor
Manuel Alberto Medina Cadena interpone acción de tutela en contra de la Caja de
Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles -
CAXDAC y la Superintendencia Financiera de Colombia, al considerar que dichas
entidades vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo
vital, a la seguridad social, a la igualdad y al trabajo.
1.2. El peticionario, señala que el 20 de agosto de 2013, le fue
reconocida pensión de vejez por CAXDAC.
1.3. No
obstante lo anterior, el día 29 de julio de 2014, el área administrativa de la
referida entidad le manifestó que por orden de la Superintendencia Financiera
debía suspender el pago de la mesada pensional por cuanto existían dudas
respecto al régimen aplicable a su derecho pensional.
1.4. Aduce que
la junta directiva de la Caja de Auxilios y prestaciones de la Asociación
Colombiana de Aviadores Civiles conformada por 5 miembros principales, no tomó
la decisión de suspender el pago de la mesada pensional, y además conoce que
algunos miembros de dicha junta directiva se opusieron a la ejecución
arbitraria de dicha medida.
1.5. Pone de
presente el accionante que la suspensión de la mesada pensional lo coloca en
una situación de inferioridad pues debe soportar los perjuicios económicos y
morales de dicha decisión.
1.6. Por
la situación anteriormente referida, el señor Manuel Alberto
Medina Cadena, presentó acción de tutela solicitando se ordene el restablecimiento del pago de la mesada
pensional suspendida por CAXDAC.
Actuaciones del juez de primera instancia.
Mediante auto
de fecha 28 de enero de 2015, el Juzgado Cuarenta y Dos Penal
del Circuito de Bogotá ordenó: (i) admitir la acción tutela y (ii)
correr traslado de la misma, al Presidente de la Caja de Auxilios y
Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles – CAXDAC, a la
Superintendencia Financiera de Colombia y a la junta directiva de la Asociación
Colombiana de Aviadores Civiles para que se pronunciaran sobre los hechos de la
acción.
2. Respuestas de las entidades accionadas.
2.1. El
representante legal de la Caja de Auxilios y Prestaciones de ACDAC- CAXDAC
manifestó que en ningún momento había incumplido con los deberes establecidos
en los Decretos 1282, 1283 y 1302 de 1994. Explicó que se le reconoció la pensión al accionante con ocasión
de la interpretación realizada a la sentencia C-228 de 2011, pero debido al
concepto emitido por el Ministerio de Hacienda decidió suspender la pensión
reconocida por cuanto, desde el año 2010 finalizó el régimen de pensiones
especiales transitorias.
Concluye
señalando que la entidad accionada no empleó la figura de revocatoria directa,
ya que no son una entidad administrativa, sino un ente privado el cual no emite
actos administrativos, los cuales no son sujetos de revocatoria directa,
operando así la suspensión del pago de la mesada pensional en razón a la orden
efectuada.
2.2.   El
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, señaló que por disposición del
parágrafo 2 del artículo 2 del acto legislativo 01 de 2005, la vigencia de los
regímenes pensionales especiales, los exceptuados, y otros establecidos
permanentemente en las leyes del Sistema General de Pensiones, finalizó el día
31 de julio de 2010.
Explicó que el
concepto emitido por ellos en ningún momento ordenó ni sugirió suspender el
pago de las mesadas pensionales de los aviadores, ni indicó el procedimiento
que CAXDAC debía tomar en cuanto al pago de pensiones. Agrega que una de sus
competencias es emitir pronunciamientos y directrices generales para orientar
la más correcta aplicación de las normas legales que conforman el Sistema de
Seguridad Social, sin que el marco funcional citado le permita proferir
conceptos para dilucidar situaciones específicas, lo que quiere decir que no
cuenta con competencia para resolver los conflictos que surjan entre los
afiliados y las administradoras.
2.3.   La Superintendencia
Financiera de Colombia, expuso que la Caja de Auxilios y prestaciones de ACDAC
– CAXDAC remitió a esa entidad el concepto del Ministerio de Hacienda de fecha
17 de agosto de 2012, en el cual se expusieron ciertas consideraciones sobre la
vigencia y aplicación del Régimen de Pensiones Especiales Transitorias y su
interpretación frente al Acto Legislativo 01 de 2005.
Expuso que
analizada la comunicación enunciada y en vista de la existencia de dos
interpretaciones diferentes respecto al reconocimiento de las pensiones
especiales reconocidas por CAXDAC, la dirección legal para pensiones, cesantías
y fiduciarias de esa Superintendencia le solicito al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público un concepto en el que unificara la posición de tal entidad en
cuanto a las pensiones de transición. En respuesta a esa petición se les
informó a los interesados que los regímenes pensionales especiales de los
aviadores habían expirado el 31 de julio de 2010.
Finalizó su
intervención aseverando que la comunicación solo hizo advertencia frente a cuál
era el régimen aplicable a las pensiones especiales, circunstancia que no puede
tomarse como lo señala CAXDAC como una orden de suspensión del pago de las
prestaciones pensionales.
3. Pruebas relevantes aportadas al proceso.
Escrito mediante
el cual se le informa al señor Manuel Alberto Medina
Cadena de la citación a una reunión respecto a la
pensión de vejez reconocida por parte de CAXDAC (folio 52, cuaderno 1).
Escrito mediante
el cual se le informa al señor Manuel Alberto Medina
Cadena del reconocimiento de la pensión de vejez por
parte de CAXDAC (folio 51, cuaderno 1).
Escrito mediante
el cual se le informa al señor Manuel Alberto Medina
Cadena la suspensión del pago de la mesada pensional
por parte de                                                         CAXDAC
(folio 50, cuaderno 1).
4. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
4.1. Decisión de primera instancia.
El Juzgado Cuarenta y Dos Penal del Circuito de
Bogotá, mediante sentencia del 10 de febrero de 2015, resolvió negar las pretensiones del accionante  por cuanto consideró que el señor Manuel Alberto
Medina Cadena tenía a su disposición otros mecanismos
de defensa judicial para cuestionar la suspensión, como lo es la jurisdicción
ordinaria laboral.
Finalmente, la sentencia en comento aseguró que no existía
afectación al mínimo vital del actor, pues el peticionario se encuentra
laborando en una aerolínea comercial, lo que implica que está recibiendo un
salario y las demás prestaciones que ello implica.
4.2. Impugnación.
Contra la mencionada decisión, el accionante, interpuso impugnación
manifestando que al no haberse demostrado la ocurrencia de un ilícito en la
asignación de la pensión, no era procedente la revocatoria unilateral de las
mesadas pensionales conforme lo ha manifestado la Corte Constitucional en
diversas providencias.
4.3. Decisión de segunda instancia
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
mediante providencia del 25 de marzo de 2015, confirmó el fallo del a-quo, aduciendo que en el ordenamiento jurídico existen otros medios de
defensa judicial. Sobre el particular específicamente manifestó: “no se
observa que los requisitos dispuestos por la Corte Constitucional para la
viabilidad de la acción de tutela en materia pensional se cumplen dado que el
demandante dispone de un medio judicial alterno, idóneo y eficaz para la
defensa de sus derechos”.
En igual medida, el fallo en mención, no encontró la existencia de
un perjuicio irremediable por cuanto “si bien en este caso, Manuel Alberto
Median Cadena, pone de presente que el mentado prejuicio se ocasionaría cuando
AVIANCA S.A termine su relación laboral lo cierto es que a la fecha sus
derechos no se ven menguados por la suspensión del reconocimiento de
suspensión, pues según el contrato de trabajo aportado por el accionante, tiene
una relación laboral a término indefinido”.
IV.
Expediente T-4.938.205.
1. Hechos.
1.1. El señor Édgar Mauricio Millán Ayala interpone
acción de tutela en contra de la Nación –Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia Financiera de Colombia y la
Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores
Civiles –CAXDAC, al considerar que dichas entidades
vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, al mínimo vital, a la seguridad social y al trabajo.
1.2. Según
afirma el peticionario, mediante escrito del 13 de diciembre de 2013, le
solicitó a la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de
Aviadores Civiles – CAXDAC, el reconocimiento de la pensión de jubilación, por
considerar que cumplía los requisitos establecidos para acceder a ese
reconocimiento.
1.3. Por oficio
del 30 de enero de 2014, CAXDAC reconoció al actor la pensión de vejez
reclamada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 del Decreto 1282
de 1994, 33 y 34 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 9 y 10 de
la Ley 797 de 2003 y el Decreto 1269 de 2009.
1.4. El 17 de
junio de 2014, la Superintendencia Financiera de Colombia le solicitó al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, concepto sobre el pago de las
pensiones especiales transitorias de los Aviadores Civiles. Mediante escrito
del 26 de junio de 2014, el Director General de Regulación Económica del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al pronunciarse sobre la solicitud de
la Superintendencia, afirmó que: “(i) De
conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005, los regímenes pensionales
especiales, expiraron el 31 de julio del año 2010, (ii) El régimen pensional de
los aviadores civiles a que hace referencia el Decreto 1282 de 1994, es un
régimen especial, diferente del Régimen de Transición previsto por la ley 100
de 993, (iii) En este orden de ideas, las pensiones especiales transitorias
tuvieron hasta el 31 de julio y no se extienden hasta el año 2014”.
1.5. Como
consecuencia de la anterior respuesta, mediante escrito del 18 de julio de
2014, el Director Legal para Pensiones, Cesantías y Fiduciarias de la
Superintendencia Financiera de Colombia, le informó al presidente de CAXDAC, lo
siguiente: “…En razón al concepto emitido por el
Ministerio de Hacienda, cuya copia se adjunta, según la cual las pensiones
especiales transitorias tuvieron efecto hasta el 31 de julio de 2010 y no se
extienden hasta el año 2014’, de manera atenta nos permitimos solicitar
informar a este despacho sobre el número de prestaciones reconocidas en
aplicación de este régimen por fuera de su vigencia y de las acciones que
adelantará para ajustar al ordenamiento legal tales prestaciones”.
1.6. Posteriormente CAXDAC, en comunicación del 29 de julio de 2014, le
informó al accionante que “atendiendo lo solicitado
por la Superintendencia Financiera que nos exige tomar acciones para ajustarnos
a derecho, la Junta Directiva en su sesión del 25 de julio de los corrientes,
ha tomado la decisión de suspender de manera inmediata el pago de su mesada
pensional e iniciar el correspondiente proceso ordinario ante la jurisdicción
laboral, en la cual se revise la legalidad de la pensión a usted reconocida”.
1.7.
Considera el señor Edgar Mauricio Millán Ayala que dicha suspensión en ningún momento fue previamente informada o
consultada; vulnerándose así sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social y al
trabajo
1.8. Por
la situación anteriormente referida, el señor Edgar Mauricio Millán Ayala,
presentó acción de tutela solicitando: (i) se ordene a la
Superintendencia Financiera y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público abstenerse de realizar presiones jurídicas o conceptos que promocionen
la vulneración de derechos fundamentales, (ii) se defina si las pensiones especiales transitorias,
fueron concedidas en cumplimiento de la sentencia C-228 del 2011 y (iii) se ordene a CAXDAC abstenerse de
suspender futuras mesadas pensionales.
Actuaciones
del juez de primera instancia.
Mediante auto
de fecha 5 de septiembre de 2014, Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, decidió: (i) admitir la acción de tutela, (ii)
vincular al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al
Superintendente Financiero de Colombia y el Presidente de la Caja de Auxilios y
de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles - CAXDAC, (iii)
oficiar al juzgado 26 Laboral del Circuito Judicial de Bogotá para que allegara
el estado del proceso ordinario promovido por la Caja de Auxilios y de
Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (CAXDAC) contra
el señor Edgar Mauricio Millán Ayala y (iv)
oficiar al Director de Avianca para que indicara cual es el monto de
emolumentos que el accionante recibía en dicha empresa.
2. Respuestas de las entidades accionadas.
2.1. La aerolínea Avianca, a través de la Gerente de
Relaciones Laborales, informó que el señor Edgar Mauricio Millán Ayala, presta
sus servicios en esa compañía desde el 24 de septiembre de 1985, que
actualmente desempeña el cargo de Piloto A-320 con un contrato a término
indefinido integral, y que en el mes de agosto de 2014 recibió como
remuneración[1]
la suma de $20.195.863
2.2. El Juzgado Veintiséis Laboral del Circuito de Bogotá, por
intermedio de su titular, informó que el proceso ordinario promovido por la
Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores
Civiles CAXDAC contra el señor Edgar Mauricio Millán Ayala, se encuentra al
despacho para proferir primera actuación, es decir, decidir sobre su
admisibilidad.
2.3. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solicitó
la desvinculación de esa entidad del trámite tutelar, al considerar que no es
parte, ya que el conflicto suscitado es entre los afiliados y la entidad
administradora de pensiones – CAXDAC.
Explicó que
ese Ministerio rindió un concepto, según el cual, los regímenes de pensiones
especiales expiraron el 31 de julio de 2010, en atención a lo establecido en el
Acto Legislativo No. 1 de 2005, lo cierto es, que dicho concepto no ordenó, ni
sugirió, suspender el pago de las mesadas pensionales de los aviadores civiles,
ni tampoco indicó el procedimiento que  debía seguir CAXDAC para el pago de
esas pensiones.
2.4. La Caja de Auxilios y Prestaciones de
la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles –CAXDAC, por medio de su
representante legal, expuso que la presente acción de tutela es improcedente si
se tiene en cuenta que el actor cuenta con otros mecanismos de defensa
judicial, como lo es el proceso ordinario laboral para ventilar las
inconformidades que plantea.
Consideró que no se vulneraron los derechos fundamentales del tutelante
si se tienen en cuenta que esa Caja no revocó el pago de su pensión sino que lo
suspendió, y en aras de garantizar el debido proceso del señor Millán Ayala se
notificó oportunamente de la decisión adoptada por esa entidad.
Sostuvo que no se están vulnerando los derechos del accionante ni
se le está causando un perjuicio irremediable pues el peticionario se encuentra
vinculado a la empresa Avianca como trabajador activo, percibiendo un salario
superior a los diez millones de pesos y efectuando cotizaciones en salud.
2.5. La Superintendencia Financiera de Colombia, por medio del
Subdirector de Representación Judicial, indicó que se configuraba la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva toda, vez que si bien esa
entidad hizo un requerimiento a CAXDAC para que informara sobre “el número de prestaciones reconocidas en aplicación de este
régimen y de las acciones que adelantará para ajustarlas al ordenamiento legal”, lo cierto es que este constituía
un requerimiento de información ya que, en ningún momento se le ordenó
suspender el pago de las prestaciones sociales reconocidas tal y como
indebidamente lo anotó la caja en las comunicaciones de suspensión que remitió
al tutelante.
Explicó que lo que pretendía con ese requerimiento era contar con
elementos de juicio sobre los criterios adoptados por CAXDAC en torno a los
regímenes de pensiones especiales transitorias -el cual resulta válido y viable
atendiendo a las funciones de inspección, control y vigilancia atribuidas a esa
Superintendencia-, y no conminar a la entidad a adoptar un criterio determinado
sobre la suspensión  de los pagos.
3. Pruebas relevantes aportadas al proceso
Escrito mediante
el cual se le informa al señor Edgar Mauricio Millán
Ayala de la citación a una
reunión respecto a la pensión de vejez reconocida por parte de CAXDAC (folio
44, cuaderno 1).
Escrito mediante
el cual se le informa al señor Edgar Mauricio Millán
Ayala el reconocimiento de la
pensión de vejez por parte de CAXDAC (folio 39, cuaderno 1).
Escrito mediante
el cual se le informa al señor Edgar Mauricio Millán
Ayala la suspensión del pago
de la mesada pensional por parte
de                                                         CAXDAC (folio 40,
cuaderno 1).
4. DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN
4.1. Decisión de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “D”, mediante sentencia del 16 de septiembre de 2014, resolvió negar las pretensiones del accionante ya que consideró que el señor Edgar Mauricio
Millán Ayala, cuenta con
otros escenarios judiciales principales para controvertir las decisiones de
suspensión de pago de su pensión y, además, no demostró la existencia de un
perjuicio irremediable que permita la protección, en forma transitoria, de los
derechos fundamentales alegados como vulnerados.
Expuso que en el caso específico del accionante,
la caja accionada ya promovió demanda con el fin de solicitar la revocatoria de
la pensión concedida, con fundamento en la expiración del régimen de pensiones
especiales transitorias desde el 31 de julio de 2010, y que ese es el escenario
y la oportunidad procesal que posee el actor para controvertir las decisiones
contrarias a sus intereses.
Finalmente aseguró que el actor se encuentra laborando con
contrato a término indefinido, devengando una remuneración de $20.195.863, suma
con la cual, a juicio de ese Tribunal puede solventar sus gastos y los de su
familia.
4.2. Impugnación
Contra la mencionada decisión, el apoderado del accionante,
interpuso la impugnación manifestando que CAXDAC al no contar con el
consentimiento del señor Edgar Mauricio Millán,
vulneró sus derechos fundamentales más aún si se tiene en cuenta que está
probado que en ningún momento se presentó documentación falsa para obtener el
derecho a la pensión.
En igual medida afirmó que: “…como
pruebas de la tutela, se aportaron los elementos constitutivos de la afectación
al mínimo vital y móvil, que no es otro distinto a la afectación de los
recursos con que mínimamente proporcional al tipo de calidad de la fuerza de
trabajo que entrega, tiene un nivel de vida con los ingresos construidos con su
fuerza de trabajo y que se ven alterados al presentarse una acción
inconstitucional por parte de un administrador pensional, que sin el respeto al
debido proceso, afecta los ingresos que porcentualmente recibe mi poderdante”.
Finalizó su impugnación reiterando que en el caso sub examine la
acción de tutela es procedente, por cuanto se interpuso como mecanismo
transitorio, lo cual permite que mientras se decide por parte de la
jurisdicción ordinaria si tiene o no derecho al reconocimiento y pago de la
pensión en observancia del régimen especial de transición consagrado en el
artículo 6º del Decreto Ley 1282 de 1994, se le respete la pensión otorgada, es
decir, se continúe el pago de su mesada pensional.
4.3
Actuaciones del juez de segunda instancia.
Mediante auto de fecha del 14 de noviembre de 2014,
el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Cuarta, requirió a CAXDAC para que remitiera: (i)
solicitud de reconocimiento de la pensión especial transitoria hecha por el
señor Edgar Mauricio Millán Ayala, (ii) acto de reconocimiento de la
pensión especial transitoria del accionante, (iii) comunicación o
notificación del acto de reconocimiento al interesado, (iv) comprobantes
de pago de la referida pensión al  tutelante, (v) acto por el cual se
decidió suspender el pago de la pensión especial transitoria al actor, (vi) certificación
sobre si contra la decisión de suspensión se interpusieron recursos o
reclamación por parte del señor Millán Ayala.
4.4. Decisión de segunda instancia
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, mediante providencia del 19 de marzo de 2015 confirmó el fallo del
a-quo, aduciendo que la
acción de tutela no es el remedio judicial para discutir las inconformidades de
la parte demandante contra las decisiones adoptadas por la Caja de Auxilios y
Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ya que dicho
mecanismo constitucional se caracteriza por ser residual y excepcional. Esto se
traduce en que no reemplaza los mecanismos ordinarios de defensa previstos por
el legislador para la efectiva protección de derechos.
En igual orden de ideas, la providencia en comento afirmó: “pese
a que se alegó la existencia de un perjuicio irremediable no se evidencia la
ocurrencia del mismo y por ende no se amerita la intervención del juez
constitucional. En el presente asunto, el actor
afirmó en la demanda de tutela que está
sufriendo un perjuicio irremediable, toda vez que se le ha suspendido el pago
mensual de su pensión, sin que mediara orden judicial o por lo menos su
consentimiento, quedando sin los recursos económicos que mensualmente requiere
para vivir dignamente (…) Sin embargo, para la Sala no se evidencia un perjuicio irremediable,
pues, tal y como lo certificó la Aerolínea Avianca el señor Millan Ayala
actualmente le presta sus servicios como Piloto A-320, con contrato a término
fijo  indefinido (integral) y, por lo menos, en el mes de agosto de 2014,
recibió un pago total de $20.195.863, como contraprestación a su labor, suma
que a juicio de la Sección, es suficiente para asumir las obligaciones
financieras que tiene y, además, asumir sus gastos y los de su familia”.
V.
Expediente T-4.939.852.
1. Hechos.
1.1. El señor
Juan Camilo Negret Velásquez interpone acción de tutela en
contra de la Superintendencia Financiera y la Asociación Colombiana de
Aviadores  ACDAC – CAXDA, al considerar que dichas entidades vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y seguridad
social.
1.2. Afirma el accionante que la Asociación Colombiana de
Aviadores Civiles ACDAC, creó la Caja de Auxilios y Prestaciones CAXDAC, para
que sirviera como administradora de Pensiones del régimen solidario de prima media
con prestación definida, y administrara las reservas de los fondos de vejez,
invalidez y sobrevivientes, destinados a atender las obligaciones pensionales
de sus afiliados.
1.3. Asevera,
que la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores
Civiles ACDAC - CAXDA, mediante la resolución número 000463 del 20 de febrero
de 2014, le reconoció la pensión de jubilación con efectos retroactivos a
partir del 21 de enero de ese mismo año.
1.4. Sin
embargo, el día 29 de julio de 2014, el área administrativa de la Caja
accionada argumentó que por orden de la Superintendencia Financiera debía
suspender el pago de la mesada pensional, por cuanto existía duda frente al
régimen aplicable a su pensión.
1.5. Según el
señor Juan Camilo Negret, la suspensión intempestiva y unilateral de las
mesadas en ningún momento fue consultada desconociéndose así su derecho al
debido proceso, defensa y contradicción.
1.6 Sostiene
que la Procuraduría General de la Nación, determinó que la conducta de la Caja
de Auxilios y Prestaciones de la Asociación de Aviadores Civiles, violó el
debido proceso.
1.7. Por la
situación anteriormente referida, presentó acción de tutela solicitando que se
ordene a las accionadas restablecer en forma inmediata el pago de su mesada
pensional.
Actuaciones
del juez de primera instancia.
Mediante auto
de fecha 21 de enero de 2015, el Juzgado Cuarenta y Siete Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Bogotá decidió: (i)
admitir la acción de tutela y (ii) correr traslado de la misma a la
Superintendencia Financiera y a la Asociación Colombiana de Aviadores – ACDAC –
CAXDAC para que ejercieran su derecho de defensa.
2. Respuestas de las entidades accionadas.
2.1. A través de oficio número 583 del 10 de
abril de 2013, el Subdirector de Representación Judicial de la Superintendencia
Financiera, informó que el 4 de abril de 2014 la caja de auxilio y de
prestaciones CAXDAC, debido a la existencia de dos interpretaciones respecto al
régimen de pensiones especiales transitorias aplicables frente al acto legislativo
01 de 2005, solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público un concepto
que unificara la posición de dicho despacho respecto de esas pensiones.
Señala el accionado que el requerimiento formulado por la
Superintendencia Financiera mediante el oficio No 2014034662-004, no comportó
bajo ninguna consideración legal, la emisión de una orden administrativa, por
cuanto para dicho tema tal autoridad carece de competencia, dado que pese a su
función de vigilancia y control de las entidades administradoras del sistema
general de pensiones, no se encuentra facultada para actuar como instancia de
revisión de las decisiones de las mismas.
2.2. La  Caja de Auxilios y Prestaciones de ACDAC – CAXDAX, en su
escrito de respuesta informó que el decreto ley 1282 de 1994 instauro un
régimen pensional para los aviadores civiles y en los artículos 3 y 4
estableció el régimen de transición para los aviadores afiliados a CAXDAC, el
cual era aplicable para los pilotos que para el 1 de abril de 1994, hubieran
cumplido 40 años si era hombre y 35 años si era mujer, y hubieran cotizado 10
años o más.
Por otro lado, señalo que los aviadores que no fueran beneficiarios
del régimen de transición tendrían derecho a una pensión que denomino especial
transitoria prevista en el artículo 6 del mismo decreto.
Sostuvo que de la historia laboral del accionante se desprende que
el primero de abril de 1994 no tenía 10 años de servicio como aviador civil, ni
tenía 40 años, por lo que es claro que no posee el estatus de beneficiario del
régimen de transición.
Según informa la entidad accionada, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público mediante concepto dirigido a la Superintendencia Financiera,
aclaró que el régimen pensional de los aviadores Civiles consagrado en el
decreto ley 1282 de 1994, prevé un régimen especial distinto al régimen de
transición previsto en la ley 100 de 1993, el cual expiró el 31 de julio de
2010 y no se extiende hasta el 2014. Teniendo en cuenta lo anterior, y con
fundamento en la ley 797 de 2003 y el acto legislativo 01 de 2005, revisó las
pensiones otorgadas.
Finalmente advierte que el accionante puede agotar los mecanismos de
defensa judicial existentes, para cuestionar la suspensión de mesadas
decretadas, por cuanto no se encuentra en un perjuicio irremediable ya que es
un piloto activo vinculado a Avianca donde percibe un salario superior a los
10.000.000 de pesos.
2.3. El capitán Jaime Hernández Sierra presidente de la Asociación
Colombiana de Aviadores Civiles, presentó en el trámite tutelar un escrito en
el cual solicita se amparen los derechos fundamentales de los pilotos de CAXDAC
por cuanto la suspensión unilateral fue adoptada de manera irregular.
3. Pruebas relevantes aportadas al proceso
Comunicación remitida
por la Procuraduría General de la Nación a la Caja de Auxilios y de
Prestaciones de ACDAC-CAXDAC por medio de la cual se realiza una intervención
preventiva (folios 49 al 104,
cuaderno 1).
Escrito mediante
el cual CAXDAC le informa al señor Juan Camilo Negret
Velásquez de la suspensión del pago de la mesa del régimen de pensiones
especiales transitorias (folios 106 y 107, cuaderno 1).
Escrito mediante
el cual se le informa al señor Juan Camilo Negret
Velásquez el reconocimiento de la pensión de vejez por CAXDAC (folios 109 al
110, cuaderno 1).
4. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
4.1. Decisión de primera instancia
El Juzgado Cuarenta y Siete Penal del Circuito con Funciones
de Conocimiento de Bogotá, mediante sentencia del 3 de febrero
de 2015, resolvió declarar improcedente la acción de tutela debido a que no se cumplió
con el requisito de inmediatez, lo anterior por cuanto el actor espero más de 5
meses desde el momento en el que se suspendió el pago de la pensión para
promover la acción constitucional.
Ese despacho igualmente consideró que la acción de tutela era improcedente,
por cuanto el señor Juan Camilo Negret tiene a su disposición otros
mecanismos de defensa judicial. Específicamente la decisión en comento
manifestó: “El actor cuenta con la posibilidad de defender
los derechos que considera afectados en la acción laboral que cursa en el
juzgado sexto Laboral del Circuito de Cali, quien, en últimas, dentro de sus
competencias, definirá la controversia. En consecuencia, ante la no
demostración de la ocurrencia de un perjuicio irremediable que implique la
viabilidad de la acción de tutela como mecanismo transitorio y el
incumplimiento de las exigencias desarrolladas jurisprudencialmente respecto
del principio de inmediatez, se impone declarar improcedente la acción
constitucional y en consecuencia negar el amparo de los derechos reclamados por
el ciudadano Juan Camilo Velásquez Negret”
4.2. Impugnación
Contra la mencionada decisión, el accionante en el término legal,
interpuso la impugnación manifestando que se debía tener en cuenta que el
proceso ordinario laboral debido al inmenso cumulo de trabajo que tienen los
jueces no cuenta con la misma eficacia e inmediatez para resolver  la
protección de sus derechos fundamentales. En igual medida afirmó respecto a la
inmediatez que: “la prestación solicitada es periódica, pues las mesadas las
venía recibiendo cada mes, siendo entonces una prestación de tracto sucesivo”
4.3. Decisión de segunda instancia
El Tribunal Superior del Distrito Superior de Bogotá, Sala de
Decisión Penal, mediante providencia del 19 de marzo de 2015, confirmó el fallo
del a-quo. Las razones que llevaron a adoptar dicha determinación fueron
las siguientes: (i) la imposibilidad del juez constitucional de sustituir
los mecanismos ordinarios de defensa y (ii) la inexistencia de un
perjuicio irremediable.
VI.
Expediente T-4.958.853
1. Hechos.
1.1. El señor
Germán Flores Escobar interpone acción de tutela en contra de
la Asociación Colombiana de Aviadores  ACDAC – CAXDAC, al considerar que dicha
entidad vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, mínimo
vital, vida, seguridad social y familia.
1.2. Afirma el accionante que fue pensionado por la Caja de
Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles ACDAC-
CAXDAC desde el 1 de octubre de 2011.
1.3. Asevera,
que dicha pensión le fue reconocida bajo el régimen Especial Transitorio de que
trata el artículo 6 del Decreto 1282 de 1994.
1.4.
Trascurrido un periodo de 31 meses en el cual disfrutó su pensión, la entidad
accionada decidió de manera irregular suspender el pago de la mesada pensional
a partir del 1 de julio del 2014.
1.5. Según el
señor German Flores Escobar, la suspensión se realizó con base a un concepto
emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual no constituye
argumento jurídico decisivo, ni posee fuerza vinculante para tomar tal
determinación.
1.6. Sostiene
que la suspensión se realizó de manera irregular y abusiva en tanto no se
solicitó en ningún momento su consentimiento, ni se produjo por medio de una
sentencia proferida por un juez de la república.
1.7. Según
afirma el accionante dicha mesada pensional es el único sustento económico para
él y su esposa.
Actuaciones
del juez de primera instancia.
Mediante auto
de fecha 06 de octubre de 2014, el Juzgado Sexto Penal Municipal de
Conocimiento de Bogotá decidió: (i) admitir la acción
de tutela (ii) correr traslado de la misma a la Asociación Colombiana de
Aviadores – ACDAC – CAXDAC para que ejerciera su derecho de defensa y (iii)
vincular a la Superintendencia Financiera y al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público al trámite tutelar.
2. Respuestas de las entidades accionadas.
2.1. La Caja de Auxilio y de Prestaciones de
ACDAC- CAXDAC aseveró que en acatamiento a un requerimiento de la
Superintendencia Financiera suspendió el pago de la mesada pensional con
ocasión de la decisión adoptada por la Junta Directiva de la entidad, mientras
se adelantaba el proceso de la revocatoria de la pensión ante la Jurisdicción
Ordinaria Laboral. Específicamente aseveró: “la acción de tutela no es el
mecanismo idóneo para resolver las controversias relacionadas con el
reconocimiento de pensiones, conforme lo ha sentado la Jurisprudencia
Constitucional, por encontrarse comprometidos derechos litigiosos de naturaleza
legal y económica, cuya competencia prevalente es la de la jurisdicción
ordinaria Laboral, pues además existen otros medio de defensa, como lo es en
este caso el proceso Ordinario Laboral que se cursa en el juzgado 4 Laboral de
Bogotá, en el cual el accionante podrá exponer sus razones de defensa”
Aseguró  que en el caso concreto no se ha violado un derecho
adquirido, pues este solo se puede entender como tal cuando se han cumplido con
los requisitos establecidos por la ley, “lo cual para el caso concreto
seria, contar con más de 55 años para el 31 de julio de 2010 y 1175 semanas y/o
tiempos de servicio, o como mínimo contar con 50 años de edad para esa época y
1475 semanas de cotización. Situación que en el caso particular del accionante
no se dio, pues para el 31 de julio de 2010 tan solo contaba con 1215 semanas y
54 años de edad”.
Señaló igualmente, que el accionado según la información que posee
en su base de datos, es trabajador activo de la empresa Aerorepública, por lo
cual cuenta con las fuentes de ingresos necesarios para vivir dignamente.
2.2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, afirmó que se
debía declarar improcedente la acción de tutela respecto a las actuaciones de
su entidad, lo anterior por cuanto dicha entidad no tiene control jerárquico,
ni de tutela sobre CAXDAC, ya que las decisiones que aquella adopte, dependen
única y exclusivamente de su autonomía particular.
Sobre esta situación afirmó: “Este Ministerio no tiene el
carácter de administrador de pensiones y no es empleador de los aviadores, amen
que no tienen la competencia para dirimir conflictos que surjan entre
particulares. Finalmente, en el concepto que se menciona en la acción de
tutela, el Ministerio no insinuó, aconsejó u ordenó que se les suspendiera el
pago de las pensiones a dichos aviadores; por lo que debe ser desvinculado de
la presente acción ya que no es parte del litigio. Adicionalmente, considera esta
Cartera que por tratarse de un conflicto entre particulares este debe ser
dirimido mediante las acciones ordinarias, no en sede de tutela”.
2.3. La Superintendencia Financiera de Colombia, presentó en el
trámite tutelar un escrito en el cual solicita se declare la falta de
legitimación por pasiva en el asunto sub examine. Específicamente manifestó: “la
presunta vulneración o amenaza de los derechos fundamentales tiene como
sustento factico la orden de suspensión de pago de la mesada pensional dado por
CAXDAC, así las cosas se evidencia que esta entidad no es la llamada a
resarcir, morigerar o detener los actos que en criterio de los tutelantes han
dado lugar a la vulneración de sus derechos fundamentales”.
3. Pruebas relevantes aportadas al proceso
Comunicación
elaborada por la Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC-CAXDAC por medio
de la cual se reconoce la pensión de vejez  al señor German Flores
Escobar (folio 17, cuaderno 1).
Fotocopia del
extracto de semanas cotizadas, elaborado por la Caja de Auxilios y de
Prestaciones de ACDAC-CAXDAC  (folios 19 al 21, cuaderno 1).
Escrito mediante
el cual se le informa al señor German Flores Escobar de
la suspensión de aportes a pensión (folio 22, cuaderno 1).
4. DECISIÓNES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
4.1. Decisión de primera instancia.
El Juzgado Sexto Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá, mediante sentencia del 20 de diciembre de 2014, resolvió tutelar
los derechos del accionante aduciendo que “la administración o la entidad
particular no pueden disponer de los derechos adquiridos de los ciudadanos sin
que haya una decisión judicial o una autorización expresa y escrita del
beneficiario (…) así las cosas, al reconocer el derecho prestacional la entidad
no podía de forma unilateral desconocerlo con sustento en un artículo, cuya
aplicación está condicionada a que se debe acudir previamente a la jurisdicción
ordinaria laboral para que allí se revoque, por cuanto los principios de la
seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe le habían dado la certeza al
actor que las normas de derecho que aplicó al reconocerle la prestación fueron
correctas”.
En consecuencia ordenó: “que dentro de las 48 horas siguientes a
la notificación de este previsto, el representante legal de la accionada o
quien haga sus veces, deberá seguir cancelando al actor la pensión desde el
momento en que la suspendió hasta que la autoridad laboral que conozca del caso
decida lo contrario”
4.2. Impugnación
Contra la mencionada decisión, CAXDAC en el término legal, interpuso
la impugnación manifestando que nadie podía alegar la violación de un derecho
que no le correspondía, ni pretender continuar con el pago de una pensión con
cargo a los dineros de la Seguridad Social, sin generar un enriquecimiento sin
justa causa ajeno a la ley. En igual medida afirmó respecto a la subsidiariedad
lo siguiente: “el accionante haciendo uso indebido de la figura de la acción
de tutela, olvida que una de sus principales características es la de tener un
carácter residual o subsidiario y por lo tanto al existir otros mecanismos de
defensa judicial, como lo es en este caso el proceso ordinario laboral de única
o primera instancia”
4.3. Decisión de segunda instancia
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento,
mediante providencia del 27 de febrero de 2015, confirmó el fallo del a-quo.
Las razones que llevaron a adoptar dicha determinación fueron las
siguientes: (i) la imposibilidad de la administración y de los
particulares de revocar unilateralmente las decisiones pensionales sin contar
con el consentimiento del interesado y (ii) la evidente ilegalidad
cometida por CAXDAC al revocar unilateralmente la decisión.
Sobre el particular afirmó: “ahora si bien es verdad, el actor
cuenta con un medio de defensa judicial expedito cual es la justicia ordinaria
laboral, no es menos cierto, que exigírsele a quien padece la suspensión, sea
llamado a acudir a la justicia para cuestionar tal decisión, configura un
exceso en las cargas que debe soportar el administrado, de cara al derecho que
legalmente ya le fue reconocido y que por ende hace parte de su patrimonio; por
lo que es del resorte de la entidad iniciar como lo hizo, la acción judicial
ordinaria correspondiente, pues se insiste no se evidencia que el
reconocimiento pensional sea el resultado de una actuación ilegal del actor,
sino que al parecer lo es de una inadecuada interpretación normativa y
constitucional efectuada por la Caja de Auxilios y Prestaciones de ACDAC-
CAXDAC”
VII.
Expediente T-4.996.743
1. Hechos.
1.1. El señor Hernán Francisco Muñoz Avellaneda
interpone acción de tutela en contra de la
Superintendencia Financiera de Colombia y la Caja de Auxilios y de Prestaciones
de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles –CAXDAC, al considerar que dichas entidades vulneraron sus derechos
fundamentales a la pensión, seguridad social, debido
proceso, defensa, buena fe y respeto al acto propio.
1.2 Asevera el
accionante que ingresó a laborar a Avianca S.A, desde el 9 de septiembre de
1988 como piloto civil, por lo cual fue vinculado a la Caja de Auxilios y
Prestaciones de ACDAC, entidad a la que cotizó un total de 1.294.86 semanas al
19 de noviembre de 2013.
1.3. Por oficio del 10 de agosto de 2011, la
caja de auxilios y prestaciones de ACDAC remitió al accionante una comunicación
en la que le hacía extensible las consideraciones de la Sentencia C-228 de 2011,
razón por la cual solicitó el reconocimiento y pago de pensión por jubilación.
1.4. Según informa
el accionante, su petición fue acogida por la Caja de Auxilios y prestaciones
de ACDAC y mediante comunicación del 14 de enero de 2014, le fue reconocida una
pensión de jubilación, la cual fue pagada hasta el mes de junio de ese año, lo
anterior por cuanto fue suspendida debido a una nueva interpretación que el
Ministerio de Hacienda efectuó respecto al régimen legal especial de pensiones
para aviadores civiles en concordancia con el acto legislativo 01 de 2005.
1.5. Indica
que la suspensión en el pago de la mesada pensional ya reconocida, se dio sin
mediar ningún procedimiento u otorgarle oportunidad de impugnar tal decisión.
1.6. Señala
que la Caja de Auxilios Prestaciones de ACDAC- CAXDAC, ha promovido ante el
juzgado 27 laboral del Circuito de Bogotá, demanda de nulidad del
reconocimiento prestacional al accionante.
Actuaciones del juez de
primera instancia.
Mediante auto
de fecha 10 de febrero de 2015, el
Juzgado Sesenta y Cinco Civil Municipal decidió: (i)
admitir la acción de tutela y (ii) vincular a la
Superintendencia Financiera de Colombia y a la Caja de Auxilios y de
Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (CAXDAC) para que
ejercieran su derecho a la defensa.
2. Respuestas de las entidades accionadas.
2.1. La
Superintendencia Financiera de Colombia, indicó que se configura la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva toda vez que “la presunta
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales tiene como sustento factico
la orden de suspensión de pago de la mesada pensional dada por CAXDAC, se
evidencia que esta entidad no es la llamada a resarcir, morigerar o detener los
actos que en criterio de los tutelantes  han dado lugar a la vulneración de sus
derechos fundamentales”
En igual medida el escrito de respuesta afirmó: “La
Superintendencia no cuenta con facultades legales para emitir ordenes en tal
sentido sino que, de las pruebas aportadas, se evidencia claramente que las
determinaciones de suspensión discutidas, provienen de una autoridad diferente
a la Superintendencia Financiera de Colombia”
2.2. La Caja de Auxilios y Prestaciones de
la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles –CAXDAC, no ejerció en el
término requerido su derecho de defensa. Sin embargo, de manera extemporánea
manifestó que en ningún momento vulneró los derechos fundamentales del
accionante, ya que solo se limitó a cumplir con las indicaciones dadas por
otras autoridades administrativas.
3. Pruebas relevantes aportadas al proceso
Fotocopia del extracto
de semanas cotizadas, elaborado por la Caja de Auxilios y de Prestaciones de
ACDAC-CAXDAC  (folios 35 al 38, cuaderno 1).
Escrito mediante
el cual se le informa al señor Francisco Muñoz Avellaneda de la suspensión de
aportes a pensión (folio 43, cuaderno 1).
Comunicación
elaborada por la Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC-CAXDAC por medio
de la cual se reconoce la pensión de vejez  (folios 35 al 38, cuaderno 1).
Comunicación
elaborada por la Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC-CAXDAC por medio
de la cual se suspende el pago de la mesada del régimen de prensiones
especiales transitorias (folios 45 al 46, cuaderno 1).
Escrito del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público en respuesta del derecho de petición
Rad 2014-045613 presentado por la Superintendencia Financiera de Colombia
(folios 47 al 49, cuaderno 1).
4. DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN
4.1. Decisión de primera instancia
El Juzgado Sesenta y Cinco Civil Municipal de Bogotá, mediante sentencia del 23 de febrero de
2015, resolvió negar las
pretensiones del accionante  por cuanto consideró que
el señor Hernán Francisco Muñoz Avellaneda, cuenta con otros escenarios judiciales
para controvertir las decisiones de suspensión de pago de su pensión y, además,
no demostró la existencia de un perjuicio irremediable que permita la protección,
en forma transitoria de los derechos fundamentales alegados como vulnerados.
Sobre este último punto afirmó la sentencia que: “el actor no
demostró la existencia de un perjuicio irremediable que hubiese hecho hacedero
el estudio a fondo de la tutela que nos ocupa, pues si bien es cierto el
demandante alude que no se le han pagado las mesadas pensionales, no acredita
–pues ni siquiera lo alega- que tal circunstancia ponga en riesgo su salud y
consecuentemente su vida, por lo tanto, tampoco se haría viable por tal aspecto
el estudio der esta acción constitucional”
4.2. Impugnación
Contra la mencionada decisión, el apoderado del accionante,
interpuso la impugnación manifestando que: “su mandante al momento en que
entro en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, había cumplido 750 semanadas
de cotización, tenía derecho a mantener el régimen hasta el año 2014, tal como
lo entendió también la Corte Constitucional”
4.3. Decisión de segunda instancia
El Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá, mediante
providencia del 15 de abril de 2015, confirmó el fallo del a-quo, aduciendo que la acción de tutela no es el
remedio judicial para discutir las inconformidades de la parte demandante
contra las decisiones adoptadas por la Caja de Auxilios y Prestaciones de la
Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ya que para ello contaba con los
mecanismos ordinarios de defensa judicial.
III.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia.
Esta Sala es
competente para analizar los fallos materia de revisión, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y los
artículos 31 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
2.     Planteamiento del problema jurídico.
En el
presente caso todos los accionantes en diferentes circunstancias, han
solicitado que se reanude el pago de sus pensiones especiales, las cuales
fueron suspendidas por CAXDAC aduciendo que contrariaban el acto legislativo 01
de 2005. A excepción de un expediente (T-4.958.853),
todas las tutelas fueron negadas teniendo en cuenta: (i) la capacidad
económica de los accionantes, (ii) su edad y (iii) la no
demostración de alguna circunstancia que pudiese llevar a suponer que los
peticionarios no podían acudir a los mecanismos de defensa ordinarios para
cuestionar la legalidad de dicha suspensión.
Teniendo en cuenta lo anterior, le corresponde a la Corte dar
solución al siguiente problema jurídico:
¿La acción de tutela es procedente para cuestionar la suspensión de
las mesadas pensionales ordenadas por CAXDAC, o por el contrario, los
accionantes deben agotar los medios judiciales existentes?
Para dar
respuesta a lo anterior, la Corte abordará los siguientes aspectos: (i)
la  procedencia de la acción de tutela para ordenar la reanudación de mesadas
pensionales y (ii) finalmente se dará solución a los casos concretos.
3. Procedencia
de la acción de tutela para cuestionar suspensiones de mesadas pensionales.
3.1. El
principio de subsidiariedad de la tutela aparece claramente expresado en el
artículo 86 de la Constitución, al precisarse que: “esta acción solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.
El carácter subsidiario
de la acción de tutela fue examinado por este Tribunal desde sus primeras
decisiones. Así, en la sentencia T-001 de 1992 la Corte sostuvo que tal
mecanismo no fue consagrado “para provocar la
iniciación de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o
especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos ámbitos de
competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las
existentes, ni para otorgar a los litigantes la opción de rescatar pleitos ya
perdidos”.  En esa dirección, el
amparo no constituye “un medio alternativo, ni facultativo, que permita
adicionar o complementar los mecanismos judiciales ordinarios establecidos por
el Legislador.”[2] Según este Tribunal, el carácter
subsidiario “permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y
recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y
prevalentes para la salvaguarda de los derechos.”[3]
Este tribunal ha
manifestado en reiteradas ocasiones que el juez debe analizar en cada caso si
el accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, o en su defecto,
si aún existiendo estos, no resultan eficaces para lograr la protección de los
derechos fundamentales presuntamente conculcados.
De acuerdo con
lo anterior, a la exigencia de subsidiariedad se anuda (i) una regla de
exclusión de procedencia que ordena declarar la improcedencia de la
acción cuando el ordenamiento ha previsto un medio judicial para defenderse de
una agresión iusfundamental. Esa regla se exceptúa en virtud de (ii) la
regla de procedencia transitoria que exige admitir la acción de tutela
cuando, a pesar de existir tales medios judiciales, ella tiene por objeto
evitar un perjuicio irremediable. De lo dicho se sigue que el juez de tutela
debe resolver dos cuestiones para definir la procedencia de la acción de
tutela: en primer lugar, ¿cuándo existe un medio judicial idóneo que impida la
procedencia del amparo? y, en segundo lugar, ¿cuándo se configura un perjuicio
irremediable que, a pesar de la existencia del otro medio, haga posible la
procedencia transitoria del amparo?[4].
Así lo sostuvo
en sentencia T-235 de 2010, al indicar:
“Para que la acción de tutela sea procedente como mecanismo
principal, el demandante debe acreditar que, o no tiene a su disposición otros
medios de defensa judicial, o teniéndolos, éstos, no resultan idóneos y
eficaces para lograr la protección de los derechos fundamentales presuntamente
conculcados. A su turno, el ejercicio del amparo constitucional como mecanismo
transitorio de defensa iusfundamental, implica que, aún existiendo medios de
protección judicial idóneos y eficaces, estos, ante la necesidad de evitar un
perjuicio irremediable, pueden ser desplazados por la acción de tutela[5]”.
Conforme a lo expuesto, es claro que solo después de ejercer
infructuosamente todos los medios ordinarios, o ante la inexistencia de los
mismos, es procedente la acción. Tal y como lo consideró la Corte
Constitucional por ejemplo en la sentencia SU-355 de 2015 en los siguientes
términos:
“Desde sus primeras decisiones esta Corporación destacó que el otro
medio de defensa judicial a que alude el artículo 86 debe poseer
necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en materia de protección
inmediata de derechos constitucionales fundamentales que, por su naturaleza,
tiene la acción de tutela  dado que, de lo contrario se estaría haciendo
simplemente una burda y mecánica exégesis de la norma, en abierta contradicción
con los principios vigentes en materia de efectividad de los derechos y con
desconocimiento absoluto del querer expreso del Constituyente. Así las cosas,
concluyó este Tribunal que el otro medio de defensa judicial a disposición de
la persona que reclama ante los jueces la protección de sus derechos
fundamentales ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de
tutela para lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata. La
idoneidad del medio judicial puede determinarse, según la Corte lo ha indicado,
examinando el objeto de la opción judicial alternativa y el resultado previsible de acudir a ese otro medio de
defensa judicial”.
Así las cosas, la jurisprudencia de la Corte ha sido enfática en la
necesidad de que el juez de tutela someta los asuntos que llegan a su
conocimiento a la estricta observancia del carácter subsidiario y residual de
la acción, en este sentido en Sentencia T-106 de 1993 esta Corporación, afirmó:
"El sentido de la norma es el de subrayar el carácter
supletorio del mecanismo, es decir, que la acción de tutela como mecanismo de
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales debe ser
entendida como un instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de manera que
su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios
que aquél ofrece para la realización de los derechos, no exista alguno que resulte
idóneo para proteger instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es
objeto de amenaza por virtud de una conducta positiva o negativa de una
autoridad pública o de particulares en los casos señalados por la ley, a través
de una valoración que siempre se hace en concreto, tomando en consideración las
circunstancias del caso y la situación de la persona, eventualmente afectada
con la acción u omisión. No puede existir concurrencia de medios judiciales,
pues siempre prevalece la acción ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela
no es un medio adicional o complementario, pues su carácter y esencia es ser
único medio de protección que, al afectado en sus derechos fundamentales,
brinda el ordenamiento jurídico.”
En lo relativo a
la idoneidad y eficacia del instrumento judicial ordinario, esta corporación
expresó también en sentencia T-569 de 2011 que:
“El deber del juez de tutela es examinar si la controversia
puesta a su consideración: (i) puede ser ventilada a través de otros mecanismos
judiciales y (ii) si a pesar de existir formalmente, aquellos son o no suficientes para proveer una respuesta material y
efectiva a la disputa puesta a su consideración. Por consiguiente, no es suficiente, para excluir la tutela, la mera
existencia formal de otro procedimiento o trámite de carácter judicial. Para
que ello ocurra es indispensable que ese mecanismo sea idóneo y eficaz, con
miras a lograr la finalidad específica de brindar inmediata y plena protección
a los derechos fundamentales, de modo que su utilización asegure los efectos
que se lograrían con la acción de tutela. No podría oponerse un medio judicial
que colocara al afectado en la situación de tener que esperar por varios años
mientras sus derechos fundamentales están siendo violados.”
3.2. Acogiendo
lo anterior, esta corporación ha determinado que por regla general la acción de
tutela no procede para cuestionar decisiones que ordenen la suspensión,
interrupción, revocatoria o terminación unilateral del acto o decisión que
reconoce las mesadas pensionales. La Corte en sentencia T-648 del año 2000, respecto
a la asimilación de la figura de la suspensión de la pensión a la revocatoria
directa manifestó que: “es importante señalar que la suspensión de hecho y
unilateral del pago de la pensión de jubilación por parte del empleador, debe
entenderse como una revocación directa del acto administrativo que concedió la
prestación, toda vez que no es posible hacer efectivo el derecho por él
reconocido”.
En este orden de ideas, la jurisprudencia de esta Corte, ha
examinado la procedencia excepcional de la acción de tutela para garantizar el
derecho de defensa y el debido proceso cuando por voluntad unilateral de la
administración se revocan actos de carácter particular y concreto, como lo es
el acto de reconocimiento pensional. Concluyendo que, como regla general, la
acción de tutela no resulta ser el mecanismo idóneo para controvertir las
actuaciones de la administración, puesto que para ello existen las acciones
pertinentes[6].
En el mismo
sentido, la Corte ha manifestado que salvo circunstancias excepcionales, la
acción de tutela no procede para cuestionar la cancelación de derechos
pensionales, salvo que sea un acto contra el cual no proceden recursos. Así las
cosas, en la sentencia T-494 de 2009, este tribunal analizó un caso en el cual el Grupo de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de la Empresa
Puertos de Colombia revocó una resolución que reconocía
el monto de una pensión y ordenó reajustar los beneficios de un accionante.
En el caso sub examine, esta corporación manifestó que:
“Es claro
que la acción de tutela es un mecanismo esencialmente residual o subsidiario,
pues sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial” (art. 86 Const.), salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable, o que la vía común, regular u ordinaria
de defensa carezca de idoneidad o de oportunidad para la subsanación requerida.
Por lo anterior, es importante puntualizar que en este
asunto el interesado no dispone de otro mecanismo de defensa, dado que el acto
atacado es de ejecución, pues se limita a hacer cumplir una providencia. Esto
conlleva, además, que se entre a resolver de manera definitiva la acción”.
En igual línea de pensamiento, esta Corporación ha manifestado que
mientras existan mecanismos de defensa judicial para cuestionar las decisiones
que revocan una pensión, la acción de tutela resulta improcedente, salvo que
situaciones como la edad o la enfermedad generen un perjuicio irremediable en
las garantías constitucionales del peticionario. En desarrollo de lo anterior
la Corte en sentencia T-234 de 2015[7],
adujo sobre esta situación que:
“Encuentra la Sala que el actor plantea una cuestión de relevancia
constitucional, toda vez que considera vulnerados sus derechos al debido
proceso, a la seguridad social y a la vida digna. Adicionalmente, aunque existe
un mecanismo ordinario para controvertir la decisión de la administración como
es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, se encuentra que la revocatoria
de la pensión puede generar un perjuicio irremediable, en la medida en que
afecte el mínimo vital del actor, quien cuenta con 85 años de edad y, en esa
media, es un sujeto de especial protección”.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, señaló lo siguiente en un asunto sometido a su consideración, en el cual un accionante que
fue beneficiario de una pensión, le fue revocada
unilateralmente esta garantía al considerar que había sido obtenida por medios
contrarios a derecho:
“El objetivo fundamental del artículo 86 de la Carta Política que
consagra la acción de tutela, como mecanismo excepcional con procedimiento
preferente y sumario, es la protección efectiva e inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales (…) Su eficacia se manifiesta en la posibilidad
que tiene el juez constitucional al encontrar probada la vulneración o amenaza
alegada, de impartir una orden encaminada a la defensa actual e inminente del
derecho en disputa, siempre y cuando no existan otros recursos o medios de
defensa judicial, caso en el cual tal mecanismo resulta improcedente.  Lo
anterior, sin perjuicio de que sea utilizado en caso extremo como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable…
No es pertinente cuestionar la legalidad
de un acto administrativo a través de esta herramienta diseñada por el
legislador para la defensa de verdaderos derechos fundamentales. Ahora si el actor considera que aquel es lesivo de sus
derechos, puede instaurar las acciones legales pertinentes, a través de las
cuales, logre debatir precisamente, la legalidad de ese acto administrativo
que, hasta tanto la justicia no disponga lo contrario, goza de presunción de
acierto”[8].
Así las cosas, es claro que por regla general la acción de tutela no
es el mecanismo de defensa idóneo para cuestionar la suspensión, revocatoria o
terminación del acto que determina la ilegalidad de una pensión. Sin embargo, según
la jurisprudencia de este tribunal, excepcionalmente la tutela puede ser
procedente para ordenar la reanudación de las mesadas si: (i) se prueba la
existencia de un perjuicio irremediable, o (ii) se demuestra que contra el acto
que adopta dicha decisión, no procede recurso alguno.
7. Casos en concreto
7.1.
Expediente T-4.915.877.
El primer caso consiste en la solicitud de protección de derechos
elevada por el señor Guillermo Alberto Ávila Nieto
contra la Superintendencia Financiera y a la Asociación Colombiana de
Aviadores  ACDAC – CAXDAC. El accionante solicita en su
tutela que se revoque la decisión por medio de la cual le fue suspendida la
pensión reconocida.
El
peticionario reconoce que puede acudir a la jurisdicción ordinaria, sin embargo
señala que dicho mecanismo de defensa judicial no tiene la misma eficacia y
prontitud que la acción de tutela, por lo cual considera es procedente la
acción de tutela para lograr el restablecimiento inmediato del pago de sus
mesadas.
Las entidades
accionadas manifestaron en su intervención: (i) que existían otros
mecanismos de defensa judicial para cuestionar la suspensión de la pensión, (ii)
que el actor ya había iniciado un proceso laboral en contra de CAXDAC, para que
se reconociera su pensión en el régimen de pensiones especiales transitorias,
procesos en los cuales en los fallos de primera y segunda instancia se absolvió
al fondo demandado y (iii) que no existe duda respecto a que el
Decreto 1282 de 1994, al no ser un régimen de transición, de acuerdo con lo
señalado en el Acto Legislativo 01 de 2015, expiró el 31 de julio de 2010.
Las instancias
judiciales que conocieron de la solicitud de amparo concluyeron que la acción
de tutela no es procedente para lograr la reanudación de las prestaciones
suspendidas, debido a la existencia de mecanismos ordinarios de defensa
judicial.
Como
consecuencia de lo expuesto, esta Sala evidencia que la discusión que subyace a
la protección de los derechos en el presente caso puede perfectamente
discutirse por fuera del proceso tutelar. Ciertamente, el señor
Guillermo Alberto Ávila Nieto puede acudir a todos los recursos que le ofrece
la jurisdicción ordinaria, específicamente, por ejemplo, el proceso ordinario
laboral. En consecuencia, la
Sala advierte que la acción no se enmarca dentro del criterio de
subsidiariedad reconocido en el artículo 86 de la Constitución, es más,
en el asunto sub examine es claro que los jueces ordinarios de primera y
segunda instancia conforme a lo probado en el proceso, no accedieron a sus
pretensiones, razón por la cual actualmente se está adelantando el recurso
extraordinario de casación.
En tal sentido,
el peticionario no podía prescindir del mecanismo ordinario para la protección
de sus derechos, pues ello comportaría la desnaturalización de la acción de
tutela como un mecanismo subsidiario y lo convertiría en principal.
En igual medida,
la Sala advierte que en el asunto presentado por el señor Guillermo
Alberto Ávila Nieto no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable
que afecte los derechos del accionante, lo anterior por cuanto según las
pruebas que reposan en el expediente, el peticionario actualmente se encuentra
trabajando, y recibe como remuneración a su labor como piloto un salario
superior a 20 SMLMV.
Por lo que se concluye tal como lo consideraron los jueces de
instancia, que la acción de tutela resulta improcedente para cuestionar la
decisión adoptada por CAXDAC. Teniendo en cuenta lo anterior, la
Sala confirmará los fallos proferidos por el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá en primera
instancia, y el fallo del Tribunal Superior del Distrito
Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal en segunda, los cuales declararon
improcedente la acción de tutela.
7.2. Expediente T-4.916.339
La tutela en
comento consiste en la solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad
social y al trabajo. Los cuales, según el señor Juan
Carlos Velasco Barriga, le fueron vulnerados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Caja de Auxilios y
Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles - CAXDAC y la
Superintendencia Financiera de Colombia al suspenderle
unilateralmente la decisión por medio de la cual le fue reconocida su pensión.
El peticionario reconoce que
acudió a la jurisdicción ordinaria para solicitar el
reconocimiento de su pensión, pretensión que fue accedida por el Juzgado Octavo
Laboral del Circuito de Bogotá, y revocada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de la misma ciudad. Actualmente manifestó el accionante se
encuentra en trámite el recurso extraordinario de casación.
Por la situación anteriormente
referida, el señor Juan Carlos Velasco Barriga,
presentó acción de tutela solicitando: (i) se ordene a la
Superintendencia Financiera y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público abstenerse de realizar presiones jurídicas o conceptos que promocionen
la vulneración de sus derechos fundamentales, (ii) se defina si las pensiones especiales transitorias,
fueron concedidas en cumplimiento de la sentencia C-228 del 2011 y (iii) se ordene a CAXDAC abstenerse de
suspender futuras mesadas pensionales.
Las entidades
accionadas manifestaron en sus escritos de defensa que:
(i) si bien la  Superintendencia
Financiera hizo un
requerimiento a CAXDAC para que informara sobre
“el número de
prestaciones reconocidas en aplicación de este régimen y de las acciones que
adelantará para ajustar al ordenamiento legal tal es prestaciones”, dicha orden en ningún momento puede asimilarse a la
suspensión de pagos de las prestaciones sociales reconocidas, (ii)  el
accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial, como lo es el
proceso ordinario laboral para ventilar las inconformidades que plantea en la
tutela y (iii) el señor Juan Carlos Velasco
Barriga ya promovió un proceso ordinario laboral con
el fin de que se reconociera su pensión en aplicación del régimen pensional
especial transitorio, sin embargo, en dicho proceso se negaron sus pretensiones
por cuanto el régimen ya había expirado.
Las instancias
judiciales que conocieron de la solicitud de amparo concluyeron que la acción
de tutela no es procedente para lograr la reanudación de las prestaciones
suspendidas, debido a la existencia de mecanismos ordinarios de defensa
judicial.
Teniendo en
cuenta lo anterior, la Sala evidencia que el señor Juan Carlos Velasco Barriga cuenta con otros medios de defensa
judicial para ordenar el restablecimiento de las mesadas suspendidas.
Así las cosas, se ha establecido en el marco del proceso que el accionante tiene
otras vías judiciales diferentes a la acción de tutela para lograr la protección
de sus derechos, tal como lo es el proceso laboral ordinario. Proceso además en
el cual, sus pretensiones no fueron aceptadas.
Por último,
quedó claro que el actor no demostró, ni siquiera sumariamente, que estuviera
en riesgo su mínimo vital y que se pueda producir un daño irreparable. Lo
anterior por cuanto según las pruebas que reposan en el expediente, el señor Juan Carlos Velasco Barriga actualmente se encuentra
trabajando, y recibe como remuneración a su labor como piloto un salario
superior a 22 SMLMV.
En
consecuencia, la Sala de revisión declarará que la presente acción de tutela no
es procedente por no cumplir con el principio de subsidiaridad.
Por lo que se concluye que tal como lo consideraron los jueces de
instancia, la acción de tutela resulta improcedente para cuestionar la decisión
adoptada por CAXDAC. Teniendo en cuenta lo anterior, la
Sala confirmará los fallos proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “B”, en primera instancia, y el fallo del
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta en
segunda, los cuales declararon improcedente la acción de tutela.
7.3. Expediente T-4.937.309
El asunto sub examine esta Sala de revisión deberá analizar la
solicitud de protección de derechos elevada por el señor Manuel Alberto Medina Cadena, el cual interpone acción de tutela contra la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación
Colombiana de Aviadores Civiles – CAXDAC, la Superintendencia Financiera de
Colombia y a la junta directiva de la Asociación Colombiana de Aviadores
Civiles. El accionante solicita en su escrito que se
revoque la decisión por medio de la cual le fue suspendida la pensión
reconocida.
El
peticionario pone de presente que la suspensión de la mesada
pensional lo coloca en una situación de inferioridad pues debe soportar los
perjuicios económicos y morales de dicha decisión, razón por la cual el amparo
constitucional procede como mecanismo transitorio.
Las entidades accionadas manifestaron en su escrito de respuesta
que: (i) no se empleó la figura de revocatoria
directa, ya que no son una entidad administrativa, sino un ente privado el cual
no emite actos administrativos y (ii) que
existían otros mecanismos de defensa judicial para cuestionar la decisión de
suspensión de mesadas pensionales.
Las instancias
judiciales que conocieron de la solicitud de amparo concluyeron que la acción
de tutela no es procedente para lograr la reanudación de las prestaciones
suspendidas, debido a la existencia de otros mecanismos ordinarios de defensa
judicial.
Como
consecuencia de lo expuesto, esta Sala evidencia que la discusión que subyace
la protección de los derechos en el presente caso puede discutirse por fuera
del proceso tutelar. Ciertamente, el señor Manuel
Alberto Medina Cadena puede utilizar todos los recursos que le ofrece la
jurisdicción ordinaria laboral para cuestionar la decisión de suspensión de
pagos, específicamente, por ejemplo, el proceso ordinario. En
tal sentido, es claro que el peticionario no puede prescindir de los mecanismos
generales para lograr la protección y el restablecimiento de sus derechos.
En igual medida,
la Sala advierte que en el caso concreto el señor Manuel
Alberto Medina Cadena no logró probar la existencia de un perjuicio
irremediable que afecte de manera desproporcionada sus garantías
constitucionales, lo anterior por cuanto según las pruebas que reposan en el
expediente, el peticionario actualmente se encuentra trabajando, y recibe como
remuneración en razón a su labor como piloto un salario superior a 24 SMLMV.
Por lo que se concluye tal como lo consideraron los
jueces de instancia, que la acción de tutela resulta improcedente para
cuestionar la decisión adoptada por CAXDAC. Teniendo en cuenta lo anterior, la
Sala confirmará los fallos proferidos por el Juzgado Cuarenta y Dos Penal del Circuito de Bogotá, en
primera instancia, y el fallo de la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en segunda, los cuales declararon
improcedente la tutela.
7.4. Expediente T-4.938.205
La presente tutela se origina en la solicitud de protección de los
derechos fundamentales al
debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social y al trabajo. Los cuales, según el señor Edgar
Mauricio Millán Ayala fueron vulnerados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Superintendente
Financiero de Colombia y el Presidente de la Caja de Auxilios y de Prestaciones
de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (CAXDAC), al suspender
unilateralmente la decisión por medio de la cual le fue reconocida su pensión.
El peticionario reconoce que
actualmente está en trámite ante la jurisdicción ordinaria
laboral un proceso tendiente a dilucidar si tiene o no derecho a su pensión, el
cual se encuentra en el Juzgado 26 Laboral del Circuito
Judicial de Bogotá.
Por la situación anteriormente
referida, el señor Edgar Mauricio
Millán Ayala, presentó acción de tutela
solicitando: (i) se ordene a la Superintendencia Financiera y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público abstenerse de realizar presiones jurídicas o
conceptos que promocionen la vulneración de sus derechos fundamentales, (ii)
se defina si las pensiones especiales
transitorias, fueron concedidas en cumplimiento de la sentencia C-228 del 2011
y (iii) se ordene a
CAXDAC abstenerse de suspender futuras mesadas pensionales.
Las entidades accionadas manifestaron en sus
escritos de defensa que: (i) existen otros
mecanismos de defensa judicial para cuestionar la suspensión de pagos, (ii)
el accionante no se encuentra en un perjuicio irremediable por cuanto actualmente desempeña el cargo de Piloto A-320 con un
contrato a término indefinido integral, y que en el mes de agosto de 2014
recibió como remuneración la suma de $20.195.863 y (iii)
el señor Edgar Mauricio Millán
Ayala fue notificado
oportunamente de la decisión adoptada por esa entidad y se le garantizó su
debido proceso.
Las instancias
judiciales que conocieron de la solicitud de amparo concluyeron que la acción
de tutela no es procedente para lograr la reanudación de las prestaciones
suspendidas, debido a la existencia de mecanismos ordinarios de defensa
judicial.
Teniendo en cuenta lo anterior, la
Sala evidencia que el señor Edgar
Mauricio Millán Ayala cuenta con otros medios de
defensa judicial para ordenar el restablecimiento de las mesadas suspendidas.
Así las cosas, se ha establecido en el marco del proceso que el accionante
tiene otras vías judiciales diferentes a la acción de tutela para lograr la
protección de sus derechos, tal como lo es el proceso laboral ordinario que
actualmente está en trámite ante el Juzgado 26 Laboral del Circuito Judicial de Bogotá.
Por último,
queda claro que el actor no demostró, ni siquiera sumariamente, que estuviera
en riesgo su mínimo vital y que se pueda producir un daño irreparable. Lo
anterior por cuanto según las pruebas que reposan en el expediente, el señor Edgar Mauricio Millán Ayala actualmente se encuentra
trabajando como piloto, y recibe como remuneración un salario superior a 31
SMLMV.
En
consecuencia, la Sala de revisión declarará que la presente acción de tutela no
es procedente por no cumplir con el principio de subsidiaridad.
Teniendo en
cuenta lo anterior, la Sala confirmará los fallos
proferidos por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, en
primera instancia, y el fallo del Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Cuarta, en segunda, los cuales declararon improcedente la acción de tutela.
7.5.
Expediente T-4.939.852.
El asunto sub examine esta Sala de revisión deberá analizar la
solicitud de protección de derechos elevada por el señor Juan Camilo
Negret Velásquez, el cual interpone
acción de tutela contra la Superintendencia Financiera
y la Asociación Colombiana de Aviadores – ACDAC – CAXDA.
El accionante solicita en su escrito que se revoque la decisión por medio de la
cual le fue suspendida la pensión reconocida.
El
peticionario pone de presente que la suspensión
intempestiva y unilateral de las mesadas en ningún momento fue consultada
desconociéndose así su derecho al debido proceso, defensa y contradicción.
Las entidades accionadas manifestaron en su escrito de respuesta
que: (i) el accionante al primero de abril de 1994 no tenía 10 años de
servicio como aviador civil, ni tenía 40 años, por lo que es claro que no posee
el estatus de beneficiario del régimen de transición, y (ii) que
existían otros mecanismos de defensa judicial en el ordenamiento jurídico para
cuestionar la decisión de suspensión de mesadas ordenada por CAXDAC.
Las instancias
judiciales que conocieron de la solicitud de amparo concluyeron que la acción
de tutela no es procedente para lograr la reanudación de las prestaciones
suspendidas, debido a la existencia de otros mecanismos ordinarios de defensa
judicial.
Como consecuencia de lo expuesto, esta Sala evidencia que la
discusión que subyace a la protección de los derechos en el presente caso puede
discutirse por fuera del proceso tutelar. Ciertamente, el señor Juan
Camilo Negret Velásquez puede utilizar todos los
recursos que le ofrece la jurisdicción ordinaria laboral para cuestionar la decisión
de suspensión de pagos, específicamente, por ejemplo, el proceso ordinario. En tal sentido, es claro que el peticionario no puede prescindir de
los mecanismos generales para lograr la protección y el restablecimiento de sus
derechos.
En igual medida,
la Sala advierte que en el caso concreto el señor Juan Camilo Negret Velásquez no logró probar la existencia de un perjuicio
irremediable que afecte de manera desproporcionada sus garantías
constitucionales, lo anterior por cuanto según las pruebas que reposan en el
expediente, el peticionario actualmente se encuentra trabajando, y recibe como
remuneración en razón a su labor como piloto un salario superior a 23 SMLMV.
Por lo que se
concluye, que tal como lo consideraron los jueces de instancia, la acción de
tutela resulta improcedente para cuestionar la decisión adoptada por CAXDAC.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala confirmará los
fallos proferidos por el  Juzgado Cuarenta y
Siete Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá en primera
instancia, y el fallo del Tribunal Superior del Distrito
Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal en segunda, los cuales declararon
improcedente la acción de tutela.
7.6. Expediente
T-4.958.853
El asunto de la referencia consiste en la solicitud de protección de
derechos elevada por el señor German Flores Escobar contra
la Asociación Colombiana de Aviadores – ACDAC – CAXDAC, la Superintendencia
Financiera de Colombia y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El accionante solicita en su tutela que se revoque la decisión por
medio de la cual le fue suspendida la pensión reconocida.
El
peticionario sostiene que la suspensión se realizó de manera irregular y
abusiva en tanto no se solicitó en ningún momento su consentimiento, ni se
produjo por medio de una sentencia proferida por un juez de la república.
Además, según afirma el accionante dicha mesada pensional es el único sustento
económico para él y su esposa.
Las entidades accionadas manifestaron en su intervención: (i)
que existían otros mecanismos de defensa judicial para cuestionar la suspensión
de la pensión, (ii) que el actor según la información que reposa en su
base de datos, es trabajador activo de la empresa Aerorepublica, por lo cual
cuenta con las fuentes de ingresos necesarios para vivir dignamente y (iii)
que los regímenes de transición, de acuerdo con lo señalado en el Acto
Legislativo 01 de 2015, expiraron el 31 de julio de 2010.
Las instancias
judiciales que conocieron de la solicitud de amparo concluyeron que la acción
de tutela era procedente para lograr la reanudación de las prestaciones
suspendidas, debido a que CAXDAC al haberle reconocido el derecho prestacional
al señor German Flores Escobar, posteriormente no podía
de forma unilateral desconocerlo sin que mediara la orden de un juez.
Teniendo en
cuenta lo anterior, esta Sala evidencia que la discusión que subyace la
protección de los derechos en el presente caso puede perfectamente discutirse
por fuera del proceso tutelar. Ciertamente, el señor German Flores
Escobar puede acudir a todos los recursos que le ofrece la jurisdicción
ordinaria, específicamente, por ejemplo, el proceso ordinario laboral. En consecuencia, la Sala advierte que la acción no se enmarca dentro
del criterio de subsidiariedad reconocido en el artículo 86 de la constitución.
En tal sentido,
el peticionario no podía prescindir del mecanismo ordinario para la protección
de sus derechos, pues ello comportaría la desnaturalización de la acción de
tutela como un mecanismo subsidiario y lo convertiría en principal.
En igual medida,
la Sala advierte que en el asunto presentado por el señor German Flores
Escobar no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable que afecte desproporcionadamente
los derechos del accionante, lo anterior por cuanto si bien señaló que por sus
circunstancias personales se encontraba en riesgo sus derechos al mínimo vital
y vida, de las pruebas obrantes en el expediente no se logró en ningún momento
probar dicha situación. Es más, revisada la base de Datos Única del Sistema de Seguridad Social, se
evidencia que el señor Germán
Flores Escobar actualmente se encuentra aportando al Sistema en calidad de
cotizante activo, lo cual lleva a desvirtuar la existencia de un perjuicio
irremediable.
Por lo que se
concluye, que la acción de tutela resulta improcedente para cuestionar la decisión
adoptada por CAXDAC. Teniendo en cuenta lo anterior, la
Sala revocará los fallos proferidos por el Juzgado Sexto Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá, en primera instancia, y el fallo del
Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento en segunda, los
cuales concedieron la protección a los derechos del accionante. En su lugar, se
revocará las decisiones de instancia y se declarará improcedente la acción en
comento, debido a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial.
7.7. Expediente
T-4.996.743
La tutela en
comento consiste en la solicitud de protección de los derechos fundamentales a la pensión, seguridad
social, debido proceso, defensa, buena fe y respeto al acto propio. Los cuales, según el señor Hernán
Francisco Muñoz Avellaneda, le fueron vulnerados por la  Superentendía Financiera de Colombia y a la Caja de Auxilios y
de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (CAXDAC) al
suspenderle unilateralmente la decisión por medio de la cual le fue reconocida
su pensión.
Indica que la
suspensión en el pago de la mesada pensional ya reconocida, se dio sin mediar
ningún procedimiento u otorgarle oportunidad de impugnar tal decisión. El
peticionario señala además que la Caja de Auxilios
Prestaciones de ACDAC- CAXDAC, ha promovido ante el juzgado 27 laboral del
Circuito de Bogotá, demanda de nulidad del reconocimiento prestacional al
accionante.
Por la situación anteriormente
referida, el señor Hernán
Francisco Muñoz Avellaneda, presentó acción de
tutela solicitando se reinicie el pago de las mesadas pensionales suspendidas.
Las entidades accionadas manifestaron en sus
escritos de defensa que: (i) la actuación de
CAXDAC solo se limitó a cumplir con las indicaciones dadas por otras
autoridades administrativas y (ii) el accionante cuenta con otros
mecanismos de defensa judicial, como lo es el proceso ordinario laboral para
ventilar las inconformidades que plantea en la tutela.
Las instancias
judiciales que conocieron de la solicitud de amparo concluyeron que la acción
de tutela no es procedente para lograr la reanudación de las prestaciones
suspendidas, debido a la existencia de mecanismos ordinarios de defensa
judicial.
Teniendo en
cuenta lo anterior, la Sala evidencia que el señor Hernán Francisco Muñoz Avellaneda cuenta
con otros medios de defensa judicial para ordenar el restablecimiento de las
mesadas suspendidas. Así las cosas, se ha establecido en el marco del
proceso que el accionante tiene otras vías judiciales diferentes a la acción de
tutela para lograr la protección de sus derechos, tal como lo es el proceso
laboral ordinario que actualmente cursa en el juzgado 27
laboral del Circuito de Bogotá
Por último, quedó claro que el
actor no demostró, ni siquiera sumariamente, que estuviera en riesgo su mínimo
vital y que se pueda producir un daño irreparable. Lo anterior por cuanto según
las pruebas que reposan en el expediente, el señor Hernán
Francisco Muñoz Avellaneda tiene como última
cotización como remuneración a su labor como piloto un salario superior a 23
SMLMV. Es más, revisada la base de Datos Única del Sistema de Seguridad Social, se evidencia que el
accionante actualmente se encuentra aportando al Sistema en calidad de
cotizante activo, lo cual lleva a desvirtuar la existencia de un perjuicio
irremediable.
En
consecuencia, la Sala de revisión declarará que la presente acción de tutela no
es procedente por no cumplir con el principio de subsidiaridad.
Por lo que se concluye que tal como lo consideraron los jueces de
instancia, la acción de tutela resulta improcedente para cuestionar la decisión
adoptada por CAXDAC. Teniendo en cuenta lo anterior, la
Sala confirmará los fallos proferidos por el Juzgado Sesenta y Cinco Civil Municipal, en primera instancia, y el fallo del
Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá, los cuales declararon
improcedente la acción de tutela.
V.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- CONFIRMAR, por las razones
expuestas en esta providencia, las sentencias de tutela proferidas dentro de
los expedientes T-4.915.877, T-4.916.339, T-4.937.309,
T-4.938.205, T-4.939.852 y
T-4.996.743.
SEGUNDO.- REVOCAR, la sentencia
proferida por el Juzgado Sexto Penal Municipal
de Conocimiento de Bogotá, en primera instancia, y el fallo del Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento en segunda, dentro del expediente (T-4.958.853), en cuanto
concedieron el amparo de los derechos fundamentales del señor Germán
Flores Escobar.
TERCERO.- DECLARAR,
improcedente la acción de tutela presentada por el señor German Flores
Escobar debido a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial
CUARTO.- LÍBRESE por Secretaría General
la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
comuníquese, notifíquese, publíquese, insértese y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Con salvamento de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
A LA SENTECIA T-649/15
SOBRE LA
SUSPENSIÓN DE LAS MESADAS PENSIONALES POR PARTE DE ACDAC - CAXDAC CON PONENCIA
DEL MAGISTRADO JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
SUSPENSION
EN EL PAGO DE LAS MESADAS PENSIONALES-La acción de tutela es procedente para cuestionar la
suspensión de las mesadas pensiónales por cuanto los accionantes no cuentan con
recursos adecuados y efectivos que controlen dicha decisión (Salvamento de
voto)
Los
accionantes no cuentan con recursos adecuados y efectivos que
controlen dicha decisión, situación que los deja en una posición de
indefensión, lo cual hace la acción de tutela procedente en cuanto a
subsidiariedad.
SUSPENSION
EN EL PAGO DE LAS MESADAS PENSIONALES-Tratándose de actos que reconozcan la procedencia y
pago de pensiones, no pueden éstos ser posteriormente revocados ni suspendidos
de forma unilateral por el hecho de que exista alguna duda en actuaciones
fraudulentas (Salvamento de voto)
La jurisprudencia ha sido clara en señalar que
tratándose de actos que reconocen una pensión, la prohibición de la revocatoria
directa sin consentimiento del afectado, tiene su fundamento no sólo en el
respeto de la buena fe, la confianza legítima y el debido proceso, sino
especialmente en la garantía del mínimo vital de las personas de la tercera
edad. De manera que, cuando exista una duda respecto de la legalidad del
nacimiento de un beneficio prestacional, sólo se puede suspender el pago cuando
haya indicio grave de fraude en la producción del mismo. Lo contrario sería un
inconstitucional desconocimiento de los principios de buena fe, lealtad y
seguridad jurídica.
SUSPENSION
EN EL PAGO DE LAS MESADAS PENSIONALES-La entidad accionada desconoció la confianza legítima
de los actores, y con ello, el debido proceso al suspender las mesadas
pensionales de forma unilateral y sin autorización previa de una autoridad
judicial laboral (Salvamento de voto)
Referencia:
expedientes
T-4.915.877, T-4.916.339, T-4.937.309, T-4.938.205, T-4.939.852, T-4.958.853,
T-4.996.743.
Problema
jurídico: ¿La acción de tutela es procedente para cuestionar la
suspensión de las mesadas pensiónales ordenadas por CAXDAC, o por el contrario,
los accionantes deben agotar los medios judiciales existentes?
Motivo
del salvamento: estoy en desacuerdo con la decisión por las siguientes
razones: (i) los accionantes no cuentan con
recursos adecuados y efectivos que
controlen dicha decisión, situación que los deja en una posición de
indefensión, lo cual hace la acción de tutela procedente en cuanto a
subsidiariedad; (ii) tratándose de
actos que reconozcan la procedencia y pago de pensiones, no
pueden éstos ser posteriormente revocados ni suspendidos de forma unilateral por el hecho de
que exista alguna duda en actuaciones fraudulentas; (iii)
la
entidad accionada desconoció la confianza legítima de
los actores, y con ello, el debido proceso.
Antecedentes. Alegan los
actores que después de que les fue reconocida la pensión y recibir algunas
mesadas, CAXDAC suspendió de manera unilateral el pago de dicha prestación sin
que se hubiera pronunciado una autoridad judicial, desconociendo además, que el
14 de agosto de 2014 la Procuraduría General de la Nación solicitó al
presidente de la Caja revisar el trámite efectuado para la suspensión de las
mesadas pensiónales realizadas a 33 aviadores, y haciendo una interpretación y
aplicación errónea del Acto Legislativo 01 de 2005, que señala que los
regímenes especiales expiraron el 31 de junio de 2010, pues a pesar de que
estos regímenes perdieron su vigencia, es también cierto que las personas que estaban
amparadas con el régimen de transición estaría vigente hasta diciembre de 2014.
Salvo el voto en la decisión de
la Sentencia T-649 de 2015 sobre los expedientes T-4.915.877, T-4.916.339,
T-4.937.309, T-4.938.205, T-4.939.852, T-4.958.853, T-4.996.743, por las
siguientes razones: (i) los accionantes no cuentan con recursos adecuados
y efectivos que controlen dicha decisión, situación que los
deja en una posición de indefensión, lo cual hace la acción de tutela
procedente en cuanto a subsidiariedad; (ii) tratándose de
actos que reconozcan la procedencia y pago de pensiones, no pueden éstos
ser posteriormente revocados ni suspendidos de forma unilateral por el hecho de
que exista alguna duda en actuaciones fraudulentas; (iii) la entidad
accionada desconoció la confianza legítima de los actores, y con
ello, el debido proceso.
1.
LA SENTENCIA ANALIZADA.
En la Sentencia
T-649 de 2015, la Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional
concluyó que: (i) en los procesos T-4.915.877, T-4.916.339, T-4.937.309,
T-4.938.205, T-4.939.852 y T-4.996.743, se demostró que todos los accionantes
podían haber acudido a la jurisdicción ordinaria laboral, como en efecto la
mayoría lo hizo, al punto de estar en curso inclusive recursos extraordinarios
de casación; (ii) en ningún caso se verificó la existencia de un perjuicio
irremediable ni la vulneración al mínimo vital dado que todos se encuentran
laborando como pilotos y reciben remuneraciones sobre 20 salarios mínimos,
inclusive uno de ellos percibe 31 smlmv; respecto del proceso T-4.958.853,
viene concedido por los jueces de instancia, la Sala consideró que la discusión
puede ventilarse en la jurisdicción ordinaria pues la acción no se enmarca en
el criterio de subsidiariedad.
Por lo anterior,
(i) confirmó los fallos de instancia en los procesos T-4.915.877, T-4.916.339,
T-4.937.309, T-4.938.205, T-4.939.852 y T-4.996.743, (ii) revocó la decisión de
instancia en el proceso T-4.958.853, (iii) y en su lugar declaró que la acción
era improcedente.
No estoy de
acuerdo con la decisión mayoritaria de la Sala y al respecto, me permito
exponer con mayor amplitud los argumentos anunciados.
1.1. LA ACCIÓN DE
TUTELA, EN ESTOS CASOS, SUPERA EL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD, POR LO TANTO ERA
PROCEDENTE.
En cuanto a la
procedencia de las acciones de tutela que es la causa de la confirmación de los
fallos de instancia, y de la revocatoria del proceso que venía a favor del
accionante, considero que la decisión de suspender las mesadas pensiónales de
los accionantes emitida por la Junta Directiva de la CAXDAC fue proferida al
margen de cualquier proceso judicial o actuación administrativa, por lo tanto, los accionantes
no cuentan con recursos adecuados y efectivos que controlen dicha decisión, situación que los
deja en una posición de indefensión. Es de anotar que el cada caso la ACDAC
-CAXDAC inició procesos laborales de revocatoria de pensión concedida
irregularmente, o de nulidad del acto, pero antes de esto, es decir, previo al
inicio de dichos procesos, suspendió el pago de las mesadas, decisión que fue
emitida de forma unilateral contra la cual no existe un recurso.
De este modo,
superado el requisito de subsidiariedad se debió entrar a examinar el fondo de
las pretensiones, y determinar si se violaron derechos fundamentales de los
actores y sus familias al suspender las mesadas pensiónales.
1.2. TRATÁNDOSE
DE ACTOS QUE RECONOZCAN LA PROCEDENCIA Y PAGO DE PENSIONES, NO PUEDEN ÉSTOS SER
POSTERIORMENTE REVOCADOS NI SUSPENDIDOS DE FORMA UNILATERAL POR EL HECHO DE QUE
EXISTA ALGUNA DUDA EN ACTUACIONES FRAUDULENTAS.
Al examinar el
fondo del asunto, cabe recordar que tratándose de actos que reconozcan la
procedencia y pago de pensiones, no pueden éstos ser posteriormente revocados
ni suspendidos de forma unilateral por el hecho de que exista alguna duda en
actuaciones fraudulentas de parte del beneficiario o en la interpretación de
las normas aplicables[9].
En la Sentencia
C-835 de 2003 la Corte Constitucional resaltó que, en virtud del respeto del
acto propio y el debido proceso, las entidades responsables de reconocer y
pagar pensiones, no pueden tomar decisiones de suspender o revocar
unilateralmente estas prestaciones, sin observar las garantías propias del
debido proceso. De este modo, se ha establecido que la irrevocabilidad de los
actos administrativos de carácter particular y concreto busca preservar la
seguridad jurídica de los asociados, como quiera, que las autoridades y los
particulares responsables de pagar estas prestaciones, no pueden disponer de
los derechos adquiridos por los ciudadanos, sin que medie una decisión judicial
o que se cuente con la autorización expresa de la persona de la cual se
solicita dicha autorización, en los términos establecidos en la ley[10].
Específicamente,
la jurisprudencia ha sido clara en señalar que tratándose de actos que
reconocen una pensión, la prohibición de la revocatoria directa sin
consentimiento del afectado, tiene su fundamento no sólo en el respeto de la
buena fe, la confianza legítima y el debido proceso, sino especialmente en la
garantía del mínimo vital de las personas de la tercera edad. De manera que,
cuando exista una duda respecto de la legalidad del nacimiento de un beneficio
prestacional, sólo se puede suspender el pago cuando haya indicio grave de
fraude en la producción del mismo. Lo contrario sería un inconstitucional
desconocimiento de los principios de buena fe, lealtad y seguridad jurídica.[11]
Así las cosas,
existe claridad que para que proceda la revocatoria o suspensión de la pensión,
en razón de alguna de las hipótesis contempladas en el artículo 19 de la Ley
797 de 2003, es necesario acudir a una autoridad judicial, sea
administrativa o laboral, que defina si en efecto existe una actuación ilegal o
fraudulenta del beneficiario o que la interpretación que se ha realizado de la
ley es la correcta para el reconocimiento o no de una pensión.
1.3. LA ENTIDAD
ACCIONADA DESCONOCIÓ LA CONFIANZA LEGÍTIMA DE LOS ACTORES, Y CON ELLO, EL
DEBIDO PROCESO.
Teniendo en
cuenta la narración de los hechos, se puede observar que en todos los casos (i)
existió un acto en virtud del cual fue creada una situación concreta que generó
confianza a los actores, pues todos recibieron sus mesadas pensiónales por
algún tiempo conforme al régimen especial reconocido, de forma regular y
periódica; (ii) la decisión anterior, fue modificada de manera súbita y sin
aviso previo o con el consentimiento de los directos afectados; y (iii) hay
identidad de sujetos entre los accionante y ACDAC - CAXDAC, por lo tanto es
sencillo concluir que la entidad accionada desconoció la
confianza legítima de los actores, y con ello, el debido proceso.
2.
CONCLUSIÓN.
Es por lo
anterior, que considero que la entidad demandada sí vulneró el
derecho al debido proceso de los actores al suspender las mesadas pensiónales de
forma unilateral y sin la autorización previa de una autoridad judicial laboral
que lo declarara procedente conforme el artículo 19 de la Ley 797 de 2003. De
tal manera que, como actualmente se surten procesos laborales que revisan la
procedencia de la revocatoria del reconocimiento de las pensiones especiales de
los actores, la acción de tutela debe concederse en forma transitoria para
evitar que se sigan vulnerando los derechos fundamentales de los actores
quienes confiaban en el ingreso de su pensión, hasta tanto se resuelvan las
controversias en el ámbito de la jurisdicción laboral dentro de los procesos
iniciados por la entidad accionada y siempre y cuando no haya habido
acaecimiento de actos o hechos manifiestamente ilegales para acceder al derecho
a la pensión, es decir, observar lo establecido por la Sentencia C-858 de 2003.
Fecha et supra,
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
[1] Esa suma incluyen: sueldo
básico, auxilio de transporte pilotos, auxilio de alimentación pilotos salario
integral, prima de antigüedad pilotos, prima alimentación pilotos, incentivo
productividad, viáticos manutención, tickets alimentación y como pagos
extraordinarios a la nómina promedio adicional de vacaciones lustros y promedio
viáticos vacaciones.
[2] Sentencias T-108 de 2012, T-858
de 2009, T-165 de 2010 y T-753 de 2012.
[3] Sentencia T-580 de 2006.
[4] Sentencia SU-355 de 2015.
[5] Sentencias T-225 de 1993 y SU-544 de 2001.
[6] Sentencia T-277 de 2010.
[7] En el asunto en cuestión, la
Corte analizó la tutela presentada por un accionante al cualel Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial
vulneró el derecho al debido proceso al revocar unilateralmente y sin el
consentimiento de éste la Resolución No. 909 de 1991 proferida por el INURBE
por medio de la cual se le reconoció el derecho a la pensión.
[8] Sala
de Casación Laboral, Tutela No. 24279, Acta No. 18, Bogotá D.C., 12 de
mayo de 2009.
[9] Ver artículo 19
de la Ley 797 de 2003.
[10] Ver Sentencia
C-672 de 2001, M.P. Alvaro Tafur Galvis
[11] Ver Sentencia
SU-240 de 2015