C-583-16
Sentencia C-583/16
RESTRICCIONES DE TIEMPO Y MODO EN
SEGUNDA AUDIENCIA DEL PROCESO LABORAL ORAL-Cumplen
finalidades legítimas de celeridad e inmediación que no vulneran el derecho al
debido proceso y acceso a la justicia
REFORMA AL CODIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y
DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA HACER EFECTIVA LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS
LABORALES-Imposibilidad de realizar más de dos
audiencias/REFORMA AL CODIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PARA HACER EFECTIVA LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS LABORALES-Receso de una hora
de realizarse la segunda audiencia
CODIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA
SEGURIDAD SOCIAL-Reforma para hacer efectiva la
oralidad y dar celeridad a los procesos laborales/CODIGO PROCESAL DEL
TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL-Reforma para reducir el número de
audiencias del proceso laboral adecuándolo a la oralidad/CODIGO PROCESAL DEL
TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL-Reforma para reconducir la actuación
procesal en dos audiencias
ORALIDAD EN EL CODIGO PROCESAL DEL
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL-No vulnera el derecho de
acceso a la administración de justicia y debido proceso el limitar el tiempo
concedido para desarrollar la audiencia del proceso laboral y el poder de
suspenderla o posponerla
SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Hacen tránsito a cosa juzgada constitucional/PRINCIPIO DE COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL-Significado/PRINCIPIO DE COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Jurisprudencia constitucional
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Categorías
COSA JUZGADA MATERIAL-Noción/COSA JUZGADA MATERIAL-Jurisprudencia constitucional/COSA
JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL-Diferencias/COSA JUZGADA
MATERIAL-Configuración en estricto sentido/COSA JUZGADA MATERIAL-Condiciones
DURACION DE LA AUDIENCIA DE PROCESO
LABORAL ORDINARIO Y POSIBILIDAD DE APLAZARLA O SUSPENDERLA-Inexistencia de cosa juzgada material por diferencias sustanciales
entre normas que no tienen idéntico contenido normativo
AUDIENCIAS DE PROCESO LABORAL ORDINARIO-Prohibición de suspensión e imposibilidad de realizar más de dos/AUDIENCIAS
DE PROCESO LABORAL ORDINARIO-Reformas
PROCESO LABORAL ORDINARIO-Clases de audiencias
COMISION INTERSECTORIAL PARA LA
EFECTIVIDAD DEL PRINCIPIO DE ORALIDAD EN EL REGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO Y DE
LA SEGURIDAD SOCIAL-Integración
REFORMA AL CODIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y
DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA HACER EFECTIVA LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS
LABORALES-Busca asegurar el derecho a acceder a una
justicia sustantiva, pronta y cumplida
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA Y DEBIDO
PROCESO-Jurisprudencia constitucional
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA-Significado múltiple/DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA-Fundamental
ALEGATOS DE CONCLUSION-Parte importante del debido proceso y del acceso a la justicia
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO-Protección constitucional
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA Y DEBIDO
PROCESO-Margen de configuración legislativa de los
procedimientos judiciales/CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA DEL CONGRESO DE LA
REPUBLICA-Amplio margen de configuración legislativa en materia de procedimientos
judiciales y administrativos/CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA DEL CONGRESO DE
LA REPUBLICA EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVO-Razonabilidad
y proporcionalidad
CONTROL CONSTITUCIONAL DE NORMAS QUE REGULAN
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS-Aspectos
centrales/AMPLIO MARGEN DE POTESTAD LEGISLATIVA EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS
JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS-Depende del grado de afectación a los derechos
fundamentales en juego, que genere cada medida en particular/LEGITIMIDAD DE
NORMAS PROCESALES-Proporcionalidad y razonabilidad
MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE REGULAN LOS
PROCEDIMIENTOS-Intensidad del juicio de
razonabilidad y proporcionalidad/INTENSIDAD DEL JUICIO DE RAZONABILIDAD Y
PROPORCIONALIDAD-Jurisprudencia constitucional
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA Y DEBIDO
PROCESO-Bloque de constitucionalidad/CONVENCION
AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Garantiza el derecho al debido proceso/CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Alcance del derecho al debido proceso/DERECHO
AL DEBIDO PROCESO-Efecto útil de los recursos jurídicos
PRINCIPIOS DE CELERIDAD, EFICACIA E
INMEDIATEZ JUDICIAL-Predicables de la función
pública que se desarrolla en el ámbito de la administración de justicia/PRINCIPIOS
DE CELERIDAD, EFICACIA E INMEDIATEZ JUDICIAL EN LOS PROCESOS LABORALES-Importancia/PRINCIPIOS
DE CELERIDAD, EFICACIA E INMEDIATEZ JUDICIAL EN LOS PROCESOS LABORALES-Armonía
mediante la oralidad con los derechos al debido proceso, contradicción,
defensa, y acceso a la justicia en condiciones de igualdad
PRINCIPIO DE ORALIDAD EN LOS PROCESOS
LABORALES-Jurisprudencia constitucional
AUDIENCIA DE TRAMITE Y JUZGAMIENTO EN
PRIMERA INSTANCIA DEL PROCESO LABORAL-Modificación
para su realización
PROHIBICION DE SUSPENDER LAS AUDIENCIAS
DEL PROCESO LABORAL-No extingue el derecho de
presentar alegatos de conclusión/PROHIBICION DE SUSPENDER LAS AUDIENCIAS DEL
PROCESO LABORAL-Restricción a las condiciones de tiempo y modo en que los
alegatos se presentan/REFORMA DEL PROCESO LABORAL ORDINARIO DE PRIMERA
INSTANCIA QUE IMPLEMENTA LA ORALIDAD EN EL DERECHO LABORAL-Prohibición de
suspender la audiencia busca que se desarrolle el procedimiento en dos
audiencias
ORALIDAD EN LAS AUDIENCIAS DEL PROCESO
LABORAL-Restricción temporal de una hora para el
receso previo a la sentencia adaptó la fórmula aplicada en el proceso penal
ORALIDAD EN LAS AUDIENCIAS DEL PROCESO
LABORAL-Restricción de modo se refiere a la manera
como han de presentarse los alegatos de conclusión
ORALIDAD EN EL AMBITO LABORAL-Supone concreción, claridad y simplicidad en los argumentos
REFORMA AL CODIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y
DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA HACER EFECTIVA LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS
LABORALES-Medidas impugnadas no extinguen
posibilidad de presentar alegatos de conclusión ni que sean escuchados y
considerados por el juez
LIMITACION TEMPORAL DE LAS AUDIENCIAS
DEL PROCESO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA-Razonabilidad
CELERIDAD E INMEDIACION COMO FINES
PERSEGUIDOS POR LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO-Fines
constitucionalmente legítimos/CELERIDAD E INMEDIACION EN EL PROCESO LABORAL-Objetivos
constitucionales no prohibidos/CELERIDAD E INMEDIACION EN EL PROCESO
LABORAL-Importancia
PROHIBICION DE SUSPENDER LAS AUDIENCIAS
DE TRAMITE Y JUZGAMIENTO DEL PROCESO LABORAL ORDINARIO-Medida razonable en tanto busca fines legítimos a través de un medio
adecuado para lograr la celeridad e inmediación en la justicia
RECESO DE UNA HORA DE LA AUDIENCIA DE
TRAMITE Y JUZGAMIENTO EN PRIMERA INSTANCIA DEL PROCESO LABORAL-No se trata de una suspensión sino de un receso para evitar se
afecte su desarrollo sin solución de continuidad/RECESO DE UNA HORA DE LA
AUDIENCIA DE TRAMITE Y JUZGAMIENTO EN PRIMERA INSTANCIA DEL PROCESO LABORAL-No
prohíbe que el juez como director del proceso, amplíe o reduzca el término de
forma razonable
REFORMA AL CODIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y
DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA HACER EFECTIVA LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS
LABORALES-Limitaciones temporales de la audiencia y
su receso en el proceso laboral de primera instancia son medidas razonables
Referencia:
Expediente D-11269
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 5 y 12 (parcial) de la Ley 1149 de
2007 “Por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad en sus procesos”.
Actores: Laura
Alarcón Murillo y Carlos Daniel Martínez Mora.
Magistrado
Ponente:
AQUILES ARRIETA
GÓMEZ (e)
Bogotá D. C., veintiséis (26) de octubre de
dos mil dieciséis (2016).
La Sala plena de la
Corte Constitucional, en ejercicio
de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente,
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
Los ciudadanos
Laura Alarcón Murillo y Carlos Daniel Martínez Mora,
en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, demandaron los
artículos 5 y 12 (parcial) de la Ley 1149 de 2007, por considerar que las normas vulneran los derechos al acceso efectivo a la administración de justicia
y al debido proceso. Según el escrito, las disposiciones propician una rigurosa limitante al
tiempo concedido para el desarrollo de la audiencia y en consecuencia, el
tiempo para la presentación y análisis de los alegatos de conclusión resulta insuficiente,
contrariando la interpretación constitucional que esta Corporación habría hecho
sobre el contenido de los principios y
derechos contemplados en los artículos 2, 29 y 229 de
la Constitución Política. Luego
de subsanados los vicios señalados en un primer auto de
admisión,  mediante auto del siete (7) de abril de dos mil dieciséis (2016) la
demanda fue admitida.
II. NORMA
DEMANDADA
A continuación,
se transcribe el texto de los artículos 5 y 12 de la Ley 1149 de 2007 “Por
la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para
hacer efectiva la oralidad en sus procesos.” y se subrayan los apartes
acusados:
Ley
1149 de 2007
Por la cual se reforma
el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad
en sus procesos[1]
[…]
Artículo 5o.—  El artículo 45 del Código Procesal del
Trabajo y la Seguridad Social, modificado por el artículo 22 de la Ley 712 de 2001,
quedará así: Artículo 45. Señalamiento de audiencias. Antes de terminar la
audiencia el juez señalará fecha y hora para efectuar la siguiente, esta deberá
ser informada mediante aviso colocado en la cartelera del Juzgado en un lugar
visible al día siguiente. Las audiencias no podrán suspenderse, se
desarrollarán sin solución de continuidad dentro de las horas hábiles,
hasta que sea agotado su objeto, sin perjuicio de que el juez como director del
proceso habilite más tiempo. En ningún caso podrán celebrarse más de dos (2)
audiencias.
Artículo 12. El
artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social quedará así:
Artículo 80. Audiencia de trámite y juzgamiento en primera instancia. En el día
y hora señalados el juez practicará las pruebas, dirigirá las interpelaciones o
interrogaciones de las partes y oirá las alegaciones de estas. Los testigos
serán interrogados separadamente, de modo que no se enteren del dicho de los
demás.
En el mismo acto dictará la sentencia correspondiente o
podrá decretar un receso de una (1) hora para proferirla y se notificará en
estrados.”
III.  LA DEMANDA
Los demandantes
consideran que los apartes objeto de censura constitucional, contravienen los
fines del Estado en cuanto a la participación en las decisiones, la efectividad
de los derechos, así como el derecho fundamental al debido proceso y el derecho
al acceso a la administración de justicia dispuestos en los artículos 2, 29 y
229  de la Constitución Política, al disponer una rigurosa limitación de tiempo
(una sola audiencia con una sola hora de receso) en el proceso laboral
ordinario de primera instancia, para poder realizar los alegatos de conclusión
y que el juez los evalúe en su sentencia.  A continuación se resumen los
alegatos de la demanda:
1.  Alegan los
accionantes que el artículo 5 de la ley 1149 de 2007, al determinar que "las
audiencias no podrán suspenderse se desarrollarán sin solución de continuidad
dentro de las horas hábiles...",
vulnera el debido proceso, por evitar que se lleven a cabo los alegatos de
conclusión o generar que se elaboren de manera incompleta, al propiciar una
rigurosa limitante de tiempo para la realización de la audiencia, puesto que la
misma debe realizarse sin solución de continuidad y no puede realizarse una
nueva audiencia. A su parecer, el artículo 12° de la Ley demandada viola la
posibilidad de analizar debidamente los alegatos de conclusión, al establecer
que la sentencia deberá dictarse "en el mismo acto" o a más tardar con una hora de receso, en la
audiencia de trámite y juzgamiento. Para los accionantes, esto violenta los
fines del Estado, en particular aquel de permitir a los ciudadanos participar
en las decisiones que les incumban, al imponerle al juez que reduzca el tiempo
dedicado a las audiencias.
2. Los
demandantes sostienen que se ve afectado el acceso a la administración de
justicia, al imponer una limitación, en este caso de tiempo, a los alegatos de
conclusión. Para ellos, las expresiones acusadas afectan gravemente el derecho
de acceso efectivo a la justicia y al debido proceso, en tanto “el
tiempo concedido para el desarrollo de la audiencia y la presentación, estudio
y análisis de los alegatos de conclusión a efectos de que sean considerados en
la decisión, resulta contrario a la interpretación constitucional” que se ha hecho al respecto.
3. Por último,
los demandantes complementan su escrito invocando al principio ‘pro
actione’ de manera que
con la demanda se logró generar el suficiente carácter persuasivo para crear
una duda, al menos prima facie, respecto a la constitucionalidad de la norma
acusada.
IV.  INTERVENCIONES
1. Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario
Intervino en el proceso y solicitó declarar
la exequibilidad de la disposición acusada, con base en tres argumentos: (1) La
confrontación de la norma acusada pasa por alto que el debido proceso no es
incompatible con las formas procesales que lo realizan. Lo anterior, debido a
que “el objeto de la Ley 1149 de 2007 es la celeridad del proceso en que se
debaten la efectividad de derechos vitales de los trabajadores y afiliados al
sistema de seguridad social que deriva del sistema oral que, a pesar de estar
formulado con anterioridad a la norma enjuiciada, el desarrollo se llevaba a
cabo por un juicio escrito con dilaciones que provocaban problemas en la
realización de las garantías previstas en el ordenamiento laboral”. (2) Asimismo,
señaló que “la prohibición de la audiencia obedece a un criterio de
razonabilidad y proporcionalidad de la medida que deriva de la práctica
tradicional de extender el proceso a través de suspensiones”, no obstante
estar previsto en cuatro audiencias. Por ende, la modificación comporta el
rediseño del proceso laboral en dos audiencias cuya suspensión desquiciaría el
objetivo de la norma que tiene por objeto la realización de los derechos
laborales, la mayoría de los cuales son fundamentales (artículos 25 y 53 de la
Constitución Política). (3) Adujo el interviniente que la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha precisado respecto de las fórmulas de solución del
principio de celeridad y las garantías que emanan del debido proceso, que las
medidas tendientes a buscar la celeridad son legítimas y adecuadas. Finalmente,
argumenta que los alegatos de conclusión son una instancia que se considera en
el diseño de la Ley 1149 y se exponen en forma previa al pronunciamiento del
fallo en forma oral. Cualquier tipo de disfuncionalidad puede ser cuestionada
por los recursos contemplados para corregirla.
2. Universidad Católica de
Colombia
En la intervención presentada, la
Universidad solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de la
disposición acusada, luego de analizar la oralidad
(como un mecanismo para el logro de una justicia pronta y eficaz), los
principios de concentración e inmediación y de hacer referencia a los criterios
sobre libertad de configuración
legislativa en materia de diseño de los términos judiciales y sus límites
constitucionales, señaló que la
jurisprudencia de la Corte “da cuenta de la relación entre el principio
constitucional de celeridad y el derecho fundamental al acceso a la justicia,
establecido en el artículo 229 de la Constitución, indicando que tiene un
componente formal y otro material”. Al respecto, sostuvo que el sentido material
significa que el conflicto planteado a la administración  de justicia deberá
ser resuelto de manera pronta. No obstante, a su
parecer la Corte Constitucional ha indicado que la celeridad
en la administración de justicia puede eventualmente colisionar con el derecho
de defensa. La intervención consideró que la
norma demandada “reduce un término que se concede al juez, no a la partes” y
por lo tanto, el juez al momento de dictar la sentencia cuenta con todos los
elementos probatorios, pretensiones de la parte demandante y eventuales
excepciones formuladas por la demandada. De esta manera, la aplicación de los
principios de inmediación y concentración inherentes a la oralidad que rige el
proceso le permiten al juez llegar al final de la audiencia con los elementos
necesarios para tomar una decisión ajustada a los hechos y al derecho. Para
finalizar, concluye que “la norma acusada supera el juicio de
proporcionalidad, en su propósito de imprimir celeridad a los procesos mediante
la reducción del término máximo de suspensión de la audiencia para dictar
sentencia en el proceso, pues con ello no se excedió el amplio margen de
configuración legislativa ni se limitó en forma desproporcionada el derecho de
defensa”.
3. Pontificia Universidad
Javeriana
La Universidad intervino en el proceso para
defender la inexequibilidad de la disposición acusada. Considera que las
expresiones demandadas vulneran el debido proceso consagrado en la Constitución
Política. Lo anterior, debido a que al no tener el juez la facultad de dirigir
la audiencia controlando plenamente los tiempos de ésta, “se perjudica el
derecho de las partes a que sus interpelaciones y alegatos de conclusión sean
tomados realmente en cuenta y que produzcan el verdadero efecto, de influir en
la decisión del juez.”. Sostiene que “se está limitando el alcance de
estas intervenciones produciendo un efecto meramente formal, debido a que si el
juez tuviera un tiempo prudente para revisarlas, las tendría de verdad en cuenta,
analizándolas de fondo para construir su decisión”. Resaltó la Universidad
que según la Corte Constitucional, (C-341 de 2014), “[el] derecho al
tiempo es una de las garantías que protege el derecho constitucional al debido
proceso.” En consecuencia, para la intervención, los preceptos
demandados vulneran este derecho. A pesar de que se le haya dado una amplia
libertad de configuración del Legislador en materia procesal,[2] esta libertad
tiene ciertos límites que se evidencian en el respeto por los principios y
fines del Estado, la vigencia de los derechos fundamentales y la plena
observancia de las demás disposiciones constitucionales. Concluyó el documento aduciendo que la aplicación del
derecho fundamental del debido proceso no debe discriminar los campos de
aplicación, y por consiguiente debe ser idóneo, como en este caso, de un
proceso laboral. “El tiempo que indica la ley 1149 de 2007 en ser una (1)
hora, para poder presentar y preparar los alegatos, no es una condición
jurídica idónea para cualquier proceso. (…) Si bien, se busca un ahorro
procesal, no se cumple este propósito, al generar que la persona migre a otros
sistemas de protección al debido proceso.”
4. Universidad
Libre de Bogotá
La Universidad solicitó declarar la exequibilidad
de la disposición acusada. La intervención considera que la
Corte Constitucional transformó la oralidad estableciendo que la misma sería la
regla general y la escritura como excepción sólo donde la prevea el legislador.
Por ello, aduce, no es  posible afirmar que el mayor tiempo o la posibilidad de
suspender las audiencias de que disponga el juez sea la condición de un fallo
justo, pues al contrario de lo que los actores pretenden, y en palabras del
profesor Hernando Devis Echandía, la oralidad cumple en la realidad con la ‘humanización
del proceso’. Impone al juzgador una mayor inmediación con los litigantes a
efectos de que los conozca y aprecie mejor sus problemas, compense la ignorancia
y pobreza de las partes que obstaculizan su derecho de defensa, los protege de
las colusiones, actos y conductas desleales o ilícitas de los abogados; en fin,
tiende a infundirles confianza en la buena justicia. A su juicio “lejos de
infringir las normas constitucionales el precepto impugnado es coherente con la
Constitución, puesto que todo ciudadano reclama una pronta y eficaz justicia y
es precisamente esto lo que inspiran las disposiciones de la ley 1149 de 2007”.
Esta Ley, advierte,  preserva  principios esenciales para adelantar un proceso
de manera ágil y eficaz, como son los de inmediación, concentración,
contradicción y oralidad, los cuales permiten que el juez pueda dictar
sentencia inmediatamente se practiquen las pruebas y escuche los alegatos de
las partes. Para la intervención, los
demandantes olvidan que corresponde al legislador diseñar los procedimientos
judiciales, de conformidad con el artículo 150 numerales 1 y 2 de la
Constitución. A su parecer, la nueva Ley lo que pretende “es la reducción de
los términos del proceso, buscar mayor celeridad en la solución de las
controversias, a través de la simplificación del procedimiento y la reducción
de los tiempos procesales”. Por ello, para la intervención no puede
predicarse, como lo hacen los demandantes, que el legislador en su propósito de
imprimir celeridad a los procesos laborales mediante la imposibilidad de
suspender las audiencias o establecer un término máximo de suspensión de la
audiencia para dictar sentencia en el proceso, excedió su amplio margen de
configuración legislativa ni limitó en forma desproporcionada el derecho de
defensa.
5. Universidad
Santo Tomás de Bogotá
La Universidad intervino en el proceso y
solicitó declarar la exequibilidad condicionada de la disposición
acusada. La intervención, haciendo mención a la libertad
legislativa que tiene el legislador y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional referente al tema, resaltó que “aun cuando se faculta al
Congreso para la expedición de normas de manera discrecional, éste debe
ajustarse a las garantías constitucionales establecidas por la normativa
superior sin desconocer derechos y principios rectores del Estado social de
derecho y los fines del mismo; y con ello, los derechos y principios
constitucionales que con la demanda objeto de análisis se pretenden proteger”.
Indicó que no es una norma
inconstitucional, pues es conveniente que el proceso laboral realizado
oralmente guarde concordancia con los principios de inmediatez, celeridad,
eficacia y concentración. Por esta razón, el Legislador vio adecuado establecer
la realización en una misma audiencia de la etapa correspondiente al trámite y
al juzgamiento en primera instancia (etapa en la cual se desarrollarán de
manera conjunta la práctica de pruebas, la presentación y análisis de los
alegatos de conclusión y, como consecuencia de ello, el juez procederá a dictar
sentencia, una vez encuentre claros los motivos por los cuales decidirá o
dirimirá los derechos de las partes involucradas en la causa litigiosa). En
consecuencia, considera pertinente que la Corte en su análisis interpretativo
de la constitucionalidad de la norma impugnada, “considere prudente decidir
que, dentro de la audiencia de trámite y juzgamiento, en el momento pertinente
a la lectura del fallo, el juez cuente con un tiempo razonable para el análisis
del mismo, pues en la normativa vigente se establece un término mínimo de (1)
hora para la lectura y análisis de éste, para luego proceder a dictar
sentencia, situación que no se ajusta con una adecuada condición para emitir
una sentencia fundada en las pruebas practicadas y, teniendo en cuenta los
alegatos de las partes”. Finalmente, añade la Universidad que los
operadores jurídicos deben contar un tiempo prudencial para que den una lectura
exhaustiva y analicen las pruebas y los alegatos de conclusión, de manera tal
que no se infrinjan preceptos constitucionales de relevante protección. Es así
como se procede a solicitar que la norma impugnada sea interpretada de manera
condicionada, para que se establezca un tiempo superior para el análisis de los
alegatos de conclusión; que los mismos sean analizados profundamente; que en la
misma audiencia se comunique el sentido del fallo y que para la lectura de la
sentencia y su presentación a las partes, el juez fije un plazo prudencial que
no exceda de un mes (contado desde la finalización de la audiencia).
6. Universidad
de la Sabana
Intervino en el proceso para solicitar que
se declare la exequibilidad de la disposición acusada. Recordó que
“la finalidad de la Ley 1149 no fue otra que permitir la materialización de
la oralidad dentro de la jurisdicción laboral para lograr hacer efectivas las
garantías de eficacia y celeridad de la justicia”. La Ley busca modificar
la metodología de las audiencias laborales para permitir una participación
mucho más activa, afirmó, pero también mucho más rigurosa y exigente de las
partes, garantizando así que aquella celeridad pretendida se fortalezca por la eficiencia,
que no solo nace de la actuación del Juez, sino también de las partes y,
especialmente, de sus apoderados.  Para la intervención, siendo clara la
intención de la norma demandada, debe concluirse que “los artículos
demandados de manera alguna desatienden la garantía constitucional del debido
proceso o el acceso a la justicia, sino que, por el contrario, lo que permite
es una regulación para hacer efectivos tales derechos y garantías.”
7. Universidad
Santiago de Cali
En su escrito de intervención solicitó
declarar la cosa juzgada constitucional y estarse a lo resuelto en sentencia C-543
de 2011. Realizó un análisis comparativo de las disposiciones demandadas
y las disposiciones de la ley 1395 de 2010, analizadas en el 2011 por la Corte,
mostrando que la audiencia se desarrolla de manera continua, sin
interrupciones, sin aplazamientos, de modo que una vez inicie, las partes
tienen la certeza de que la diligencia se desarrollará íntegramente en aquella
oportunidad. Inclusive, se resaltó que en el artículo 5 de la Ley 1149 de 2007
se prevé la posibilidad de una segunda audiencia, lo que no estaba previsto en
el artículo 25 de la Ley 1395 de 2010. En su criterio esto quiere decir que es
todavía menos restrictiva del debido proceso como lo afirma el demandante. Para
la intervención, según la sentencia C-543 de 2011, “le corresponde al
Legislador diseñar los procedimientos judiciales, lo que incluye el establecimiento
de los términos para cada una de las etapas, siempre y cuando estos respeten el
principio de proporcionalidad”. Advierte que la celeridad es consustancial
con el debido proceso y con el derecho de acceso a la administración de
justicia, sin que esto implique la posibilidad de limitar los momentos de
defensa, la reducción desproporcionada de términos y la eliminación de etapas
procesales necesarias como, por ejemplo, la etapa de presentación de
argumentos, de pruebas y de impugnación de las providencias judiciales.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Procurador
General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, solicitó a la Corte
Constitucional declarar exequible las expresiones demandadas de los
artículos 5° y 12 de la Ley 1149 de 2007.
1. Partiendo del propósito
principal de la Ley 1149 de 2007 (buscar la efectividad del principio de
oralidad, agilidad y celeridad en la jurisdicción laboral), tal y como se
presentó en la ponencia rendida para el primer debate en la Cámara de
Representantes (del proyecto de ley que a la postre vino a ser la Ley 1149 de
2007),[3]
se pretende que el procedimiento laboral sea abreviado, sin formalismos ni
ritualidades, que pueda desarrollar la finalidad constitucional de defensa de
los derechos fundamentales, mejorar el acceso a la justicia y hacer efectiva la
oralidad en los procesos laborales. El Ministerio advierte que “los
accionantes estructuran su demanda a partir de un entendimiento erróneo del
contenido y del alcance de las expresiones acusadas, basados en apreciaciones
meramente subjetivas sobre las condiciones de aplicación”. Lo anterior, al
tener en cuenta que consideran que las expresiones demandadas imposibilitan al
juez para suspender la audiencia de trámite y el juzgamiento en los eventos en
que se presenten alegatos de conclusión, lo cual simple y llanamente no es
cierto pues la misma norma “le da la facultad al juez, como director del
proceso, de habilitar más tiempo en caso de que lo requiera con el fin de
analizar y valorar de manera adecuada alguna prueba y emitir un fallo justo a
partir de los elementos expuestos durante el desarrollo de la audiencia”.
2. Así mismo, sostuvo que el contenido del artículo
229 Superior implica “el derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas,
lo cual significa, además de la posibilidad de acceder a la jurisdicción y
obtener una respuesta jurídica a las pretensiones, que el procedimiento se
adelante en un plazo razonable, lo que comporta uno de los objetivos que
persigue el sistema oral en la jurisdicción laboral”.  Para el Ministerio Público, la restricción que la norma demandada
hace es mínima. A pesar de que acorta el tiempo con el que el juez cuenta para
analizar los alegatos de conclusión presentados por las partes, los principios
de inmediación y concentración de pruebas inherentes a la oralidad que rige el
proceso laboral le permiten al fallador llegar al final de la audiencia con los
elementos necesarios para dictar una sentencia ajustada a los hechos y al
derecho, con base en todo el material probatorio. Teniendo en cuenta que los
alegatos de conclusión no consisten en la sustentación de la demanda ni en la
contestación de la misma, sino en la oportunidad que tienen los apoderados de
señalarle al juez de manera contundente y concreta aspectos relevantes que se
hayan dado dentro del proceso y que pueden incidir en la decisión final del
caso, la Procuraduría observó que no se puede alegar que se esté cercenando el
derecho al debido proceso.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Corte Constitucional es competente, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 241 de la
Constitución, para pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad
presentada.
2. Problema jurídico
2.1. Los demandantes consideran que la
norma acusada es inconstitucional por dos aspectos: (i) la imposibilidad
de suspender o aplazar la audiencia de trámite y decisión y  (ii) el
límite de una hora para el receso antes de la sentencia; argumentando que en la
búsqueda por dar celeridad al proceso laboral, el legislador acabó por
extinguir toda eficacia a los alegatos de conclusión. Para la demanda, las
expresiones atacadas hacen imposible para el juez la suspensión de la audiencia
de trámite y juzgamiento en primera instancia, “a pesar de que existan razones
para ello, como sería el caso particular en el que una de las partes presentare
en los alegatos de conclusión un argumento fáctico.” Según los demandantes,
el efecto de la norma es que “el fallador se ve compelido a proceder en
forma apresurada para poder cumplir la exigencia legal que prohíbe la
suspensión momentánea de la audiencia”. A su parecer, la expresión “en
el mismo acto” exige al juez que dicte su sentencia en la misma audiencia,
lo que, según sostienen, los accionantes “en la práctica está impidiéndole
al juez analizar los alegatos de conclusión antes de producir el fallo”.  Para
ellos, la contradicción con la norma constitucional no surge del tenor literal
de las disposiciones sino que “es el efecto que produce la idea que esas
palabras encierran lo que genera una lesión al artículo 29 constitucional, pues
el debido procesos que allí se garantiza se ve erosionado para las partes del
proceso laboral incapacitadas para hacer valer sus argumentos finales.” La
acusación central sobre la que giran los argumentos de la demanda, por tanto, es
que el alegato de conclusión habría perdido toda importancia en virtud de la
norma acusada, pues no permite una adecuada sustentación y mucho menos, una
verdadera valoración judicial. Perdería todo efecto práctico en el
proceso y se convertiría en una simple formalidad vacía de todo contenido, pues
no se puede suspender la audiencia luego de la práctica de pruebas, por lo que no
hay tiempo suficiente para poder realizar detenidamente unos alegatos finales.
Mucho menos para que el juez los analice.[4]
En cuanto a las intervenciones, la Sala advierte que cuatro de las siete universidades
que participaron dentro del presente proceso (del Rosario, Católica de
Colombia, de la Sabana y Libre de Bogotá), junto con el Ministerio Público, coincidieron
en solicitar la exequibilidad de la norma acusada. Las tres universidades
restantes asumieron posiciones distintas. Una de ellas (la de Santo Tomás)
solicita la declaración de exequibilidad de la norma, pero condicionada, pues si
bien los fines buscados por la norma son idóneos, las limitaciones temporales
para la preparación y examen de los alegatos de conclusión afectan el debido
proceso.[5]
En
el extremo opuesto, una Universidad (la Pontificia Javeriana), apoya los
argumentos de la demanda y pide la inexequibilidad de la norma, a su parecer “[e]l
tiempo que indica la ley 1149 de 2007 de una (1) hora, para poder presentar y
preparar los alegatos, no es una condición jurídica idónea para cualquier
proceso. Si bien, se busca un ahorro procesal, no se cumple este propósito, al
generar que la persona migre a otros sistemas de protección al debido proceso”. Finalmente, otra de ellas (la Santiago de
Cali), consideró que se trata de una norma legal que, materialmente, ya fue
analizada y estudiada en sede constitucionalidad por la Corte Constitucional en
el pasado. No la misma norma, se advierte, pero sí una materialmente igual, por
lo que la Sala Plena debería estar obligada a estarse a lo resuelto en aquella
oportunidad.
2.2. Así, de conformidad con los antecedentes
expuestos, la Sala considera que el problema jurídico que esta Corte debe
resolver es el siguiente:  ¿vulneró el legislador los derechos al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia al limitar el tiempo concedido para
el desarrollo de la audiencia de conclusión (una hora) y el poder de
suspenderla y posponerla, por la supuesta afectación que tales restricciones de
tiempo y modo imponen a la presentación y análisis de los alegatos de
conclusión, a pesar de que con ello se busque adecuar la decisión de primera
instancia laboral a los principios de celeridad y de inmediación, propios de la
oralidad procesal?  Para estudiar el cargo planteado, en primer lugar,  (i)
la Sala analizará la posible existencia de cosa juzgada material tal y como lo
sostuvo la Universidad Santiago de Cali en su intervención. En seguida, la Sala
se pronunciará sobre  (ii) las reformas a las audiencias del proceso
laboral ordinario,  (iii) los derechos de acceso a la justicia y debido
proceso, frente al margen de configuración legislativa de los procedimientos
judiciales y  (iv) la jurisprudencia constitucional sobre los principios
de oralidad, concentración e inmediación en los procesos laborales. Finalmente,
(v) se analizará la constitucionalidad de la norma acusada.
3.  Cuestión previa: posible existencia
de cosa juzgada material
3.1. Como se
dijo, la Universidad Santiago de Cali considera que en el presente caso se
configura una cosa juzgada constitucional material, respecto de lo decidido en
la sentencia C-543 de 2011, que declaró la exequibilidad del artículo 25 de la
Ley 1395 de 2010. La Universidad realizó un análisis comparativo de las
disposiciones demandadas y las de la ley 1395 de 2010, resaltando que ambas se
encargan de recortar los tiempos y, en particular, el de decisión del juez para
suspender la audiencia en términos similares; a su parecer las disposiciones
tienen idéntico contenido normativo. Corresponde a esta Sala, por tanto,
establecer en primer lugar si la jurisprudencia constitucional ya ha resuelto en
el pasado un problema jurídico como el planteado en el presente caso, con
ocasión del análisis de constitucionalidad de una norma no formal, pero sí
materialmente igual. Específicamente, sí así lo hizo en la sentencia C-543 de
2011.[6]
3.2. Como lo ha indicado esta Corporación en múltiples
ocasiones, las sentencias proferidas por la Corte Constitucional en ejercicio
de su función de guarda de la integridad de la Constitución hacen tránsito a
cosa juzgada constitucional en virtud de los dispuesto en las normas que se
ocupan de regular la cuestión (el artículo 243 de la Carta, los artículos 46 y
48 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y el artículo 22 del
Decreto 2067 de 1991).[7] La Corte Constitucional ha
entendido que el principio de la ‘cosa juzgada constitucional’, “[…] significa no solamente el carácter
definitivo e incontrovertible de las sentencias que aquélla pronuncia, de
manera tal que sobre el tema tratado no puede volver a plantearse litigio
alguno, sino la prohibición a todo funcionario y organismo de reproducir las
normas que la Corte haya declarado inexequibles por razones de fondo mientras
permanezcan vigentes los mandatos constitucionales con los cuales se hizo el
cotejo.”[8]
Esta posición se ha consolidado así: “la cosa juzgada constitucional es una institución jurídico procesal que
tiene su fundamento en el artículo 243 de la Constitución Política y mediante
la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia de
constitucionalidad, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. De
ella surge una restricción negativa consistente en la imposibilidad de que el
juez constitucional vuelva a conocer y decidir sobre lo resuelto.”[9] “De ella surge igualmente la
prohibición para el Legislador de reproducir el contenido material de una
norma  declarada inexequible, evento en el cual la nueva norma debe ser
igualmente declarada inexequible.”[10] Lo que se busca es la obligatoriedad definitiva de
la decisión y, con ello, asegurar la supremacía de la Constitución Política.[11]
3.3. Ahora bien,
la cosa juzgada puede ser absoluta o relativa; formal o
material; aparente o real; y explícita o implícita, tal como lo ha sostenido la
jurisprudencia constitucional.[12]
En el presente caso, una de las intervenciones considera que se ha dado el
fenómeno de la cosa juzgada material y que, por tanto, la Corte se ha de estar
a lo resuelto previamente. De acuerdo con la jurisprudencia, se “[…] ha
desarrollado la noción de cosa juzgada material a partir de la constatación de
una realidad a la que se enfrenta el juez cuando se demanda una disposición
legal que, aunque no es la misma que ya fue materia de estudio y decisión por
parte de este Tribunal (caso en el que opera el fenómeno de cosa juzgada
formal), sí refiere normas ‘cuyos contenidos normativos son idénticos’[13]
al de otros preceptos que ya han sido objeto de revisión por la Corte y el
contexto en el que se aplican no modifica su significado.  ||  El
fenómeno de la cosa juzgada material opera, así, respecto de los contenidos
específicos de una norma jurídica, y no respecto de la semejanza del problema
jurídico planteado en la demanda con el ya decidido en un fallo anterior. Por
eso, la Corte ha dicho que la cosa juzgada material ‘tiene lugar cuando la
decisión constitucional resuelve el fondo del asunto objeto de su juicio que ha
sido suscitado por el contenido normativo de un precepto, de acuerdo con
el artículo 243 de la Carta Política’[14], […]”[15] Se trata de una perspectiva
jurisprudencial que parte de la diferencia entre norma y disposición normativa,
así, “la cosa juzgada formal recae sobre disposiciones o
enunciados normativos, mientras que la cosa juzgada material se
estructura en relación con las normas, o los contenidos normativos de
cada disposición. En consecuencia, la cosa juzgada formal se configura cuando
se  presenta una demanda contra una disposición sobre cuya
constitucionalidad la Corte se había pronunciado previamente, mientras que la
cosa juzgada material se produce cuando, a pesar de demandarse una disposición
distinta, el Tribunal constitucional constata que su contenido normativo
coincide con el que ya había analizado.”[16]
Existen muchos casos en los que la Corte ha declarado la existencia de una cosa
juzgada formal[17]
o de una cosa juzgada material.[18]
En cualquier caso, la clara y reiterada jurisprudencia de la Corporación, sostiene
que en ambos casos la Corte debe ‘estarse a lo resuelto’ en la decisión previa
de constitucionalidad que haya tenido lugar. [19]
3.3.1. La jurisprudencia constitucional ha indicado, con base en las
reglas constitucionales y jurisprudenciales aplicables, que hay cosa juzgada
material en estricto sentido cuando se reúnen las siguientes condiciones:
“De conformidad con la
disposición constitucional citada [art. 243, CPo], para determinar si se está
en presencia del fenómeno de la cosa juzgada material, es preciso examinar
cuatro elementos: (1) Que un acto jurídico haya sido previamente declarado
inexequible.  ||  (2)  Que la disposición demandada se refiera al mismo
sentido normativo excluido del ordenamiento jurídico, esto es, que lo
reproduzca ya que el contenido material del texto demandado es igual a
aquel que fue declarado inexequible. Dicha identidad se aprecia teniendo en
cuenta tanto la redacción de los artículos como el contexto dentro del cual se
ubica la disposición demandada, de tal forma que si la redacción es diversa
pero el contenido normativo es el mismo a la luz del contexto, se entiende que
ha habido una reproducción.[20]
||  (3)  Que el texto de referencia anteriormente juzgado con el cual se compara
la “reproducción” haya sido declarado inconstitucional por “razones de
fondo”,  lo cual significa que la ratio decidendi de la
inexequibilidad no debe haber reposado en un vicio de forma.  ||
(4)   Que subsistan las disposiciones constitucionales que
sirvieron de fundamento a las razones de fondo en el juicio previo de la
Corte en el cual se declaró la inexequibilidad.[21]
Cuando estos cuatro
elementos se presentan, se está ante el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional material y, en consecuencia, la norma reproducida, también debe
ser declarada inexequible por la violación del mandato dispuesto en el artículo
243 de la Constitución Política, pues éste limita la competencia del legislador
para expedir la norma ya declarada contraria a la Carta Fundamental.  ||  […] la
concurrencia de estos cuatro elementos es analizada por la Corte caso por caso
puesto que cada uno de ellos exige de un proceso de interpretación encaminado a
precisar si se cumplen los supuestos establecidos en la Constitución.” [22]
3.3.2. Ahora
bien, en estricto sentido, la cosa juzgada material se da, de acuerdo con la
disposición constitucional aplicable (art. 243, CPo),[23] cuando una norma ha
sido declarada inexequible; “[…] la cosa juzgada material regulada de manera
expresa en la Constitución supone la declaratoria previa de inexequibilidad de
una norma y su reproducción posterior en contra de una prohibición clara,
establecida en el artículo 243 inciso 2 de la Constitución.”[24]  Situación distinta,
que no configura en estricto sentido cosa juzgada material, ocurre cuando la
norma fue declarada exequible y vuele a ser decretada por el Congreso, pues
“[…] si bien el Congreso no puede reproducir una norma declarada inexequible,
nada impide que vuelva a expedir una norma declarada exequible, puesto que si
ella fue encontrada ajustada a la Carta el legislador no viola la Constitución
al adoptar una disposición idéntica a la anterior.  || Una vez
reproducida la norma exequible, la Corte debe apreciar si en el nuevo contexto
dentro del cual fue expedida, ésta adquirió un alcance o unos efectos
distintos, lo cual justificaría un fallo de fondo en un sentido diferente al
anterior. Lo mismo sucedería en caso de que la Corte encuentre razones
poderosas para introducir ajustes en su jurisprudencia o cambiarla.”[25] En tales eventos, en
estricto sentido no existe cosa juzgada material constitucional (sino en
sentido lato o impropio).[26]
Se requiere por tanto que se hubiese dado un juicio material de inexequibilidad
previo, fundándose en los principios, derechos y valores propios del orden
constitucional vigente.[27]
3.4. En la práctica, la Corte ha sido bastante
prudente en el examen de la cosa juzgada material. Así por ejemplo, en la
sentencia C-250 de 2011, al comparar los textos de la norma acusada y de una
previamente analizada, la Corte encontró diferencias importantes en el contexto
normativo (una disposición se refería a  la sentencias de fondo de la Sala
Penal de la Corte Suprema mientras que la sentencia examinada se refería a la
selección para la Sala Civil), por lo que concluyó que no se trataba de un caso
de cosa juzgada material.[28]
Posteriormente, en la sentencia C-468 de 2011,[29]
se adelantó el estudio de la cosa juzgada, y concluyó que no se configuraba el
fenómeno jurídico, tomando como base en una comparación, no solo de las normas,
sino también de los cargos esgrimidos por los demandantes.[30] Específicamente
respecto al examen que se debe adelantar para establecer la existencia de esta
especie de cosa juzgada constitucional, en la sentencia C-880 de 2014,[31] el tribunal sostuvo,
dado que las normas son en apariencia similares, que es en las diferencias
semánticas donde debe concentrarse el estudio para determinar si las
diferencias lingüísticas afectan también el contenido normativo, o se configura
la cosa juzgada material.[32]
Por tanto, en estricto sentido, el fenómeno de la cosa juzgada material se
plantea cuando un contenido normativo ya ha sido examinado y declarado
inconstitucional previamente, y se reproduce de forma idéntica en una norma
posterior que se inserta en el mismo contexto normativo.  En los casos en los
que el contenido normativo ya ha sido examinado, pero declarado exequible, se
deberán tener en cuenta los parámetros expuestos para estos casos de cosa juzgada
en sentido lato o impropio.
3.5. En el caso concreto que se estudia en
la presente sentencia, como se dijo, la intervención de una de las
Universidades que participaron dentro del proceso de constitucionalidad,
considera que la norma acusada en el presente caso ya fue estudiada y juzgada
materialmente por la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 2011, al
resolver una demanda en contra de una  disposición legal similar. Con el fin de
determinar si en realidad la Sala está ante una norma que es idéntica a otra
que fue previamente analizada, la Sala comparará el tenor literal de sus
textos.
LEY 1395 DE 2010
Por
la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial.
CAPÍTULO
I - Reformas al código de procedimiento civil.
LEY 1149 DE 2007
Por
la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social
para hacer efectiva la oralidad en sus procesos.
ARTÍCULO
25. El artículo 432 del Código de Procedimiento Civil quedará así:
Artículo
432. Trámite de la audiencia. En la audiencia se aplicarán las siguientes
reglas: (…)
4. La
sentencia se emitirá en la misma audiencia, aunque las partes o sus
apoderados no hayan asistido o se hubieren retirado. Si fuere necesario,
podrá decretarse un receso hasta por dos horas para el pronunciamiento de la
sentencia. En la misma audiencia se resolverá sobre la concesión de la
apelación.
ARTÍCULO
5o. El artículo 45 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social,
modificado por el artículo 22 de la Ley 712 de 2001, quedará así: Artículo
45. Señalamiento de audiencias. Antes de terminar la audiencia el juez
señalará fecha y hora para efectuar la siguiente, esta deberá ser informada
mediante aviso colocado en la cartelera del Juzgado en un lugar visible al
día siguiente. Las audiencias no podrán suspenderse, se desarrollarán sin
solución de continuidad dentro de las horas hábiles, hasta que sea
agotado su objeto, sin perjuicio de que el juez como director del proceso
habilite más tiempo. En ningún caso podrán celebrarse más de dos (2) audiencias.
ARTÍCULO
12. El artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social
quedará así: Artículo 80. Audiencia de trámite y juzgamiento en primera
instancia. En el día y hora señalados el juez practicará las pruebas,
dirigirá las interpelaciones o interrogaciones de las partes y oirá las
alegaciones de estas. Los testigos serán interrogados separadamente, de modo
que no se enteren del dicho de los demás.
En
el mismo acto dictará la sentencia correspondiente o podrá decretar un receso
de una (1) hora para proferirla y se notificará en estrados."
CARGOS (Arts. 2, 29, 228, 229)
CARGOS (Arts. 2, 29, 229)
La
autorización de suspender únicamente hasta por dos (2) horas la audiencia
antes de dictar sentencia. Impide al juez ponderar a plenitud la controversia
judicial, vulnera el derecho de defensa, privilegia la forma sobre lo
sustantivo, impide el acceso eficaz a la justicia.
La
restricción de tiempo de la audiencia, que debe ser realizada sin solución de
continuidad y solo puede tener un receso de una (1) hora, impide a las partes
construir unos alegatos de conclusión idóneos, afecta la debida valoración de
dichos alegatos  y, con ello limita el derecho a acceder eficazmente a la
justicia.
Problema Jurídico - sentencia C-543 de
2011
Problema Jurídico del presente asunto
(…) si
la previsión de que, en caso de ser necesario, el juez podrá decretar un
receso de máximo de dos horas en la audiencia de los procesos civiles
verbales de mayor y menor cuantía con el objetivo de dictar sentencia vulnera
la Constitución.
¿Vulneró
el legislador los derechos al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia al propiciar una rigurosa limitante del tiempo concedido para el
desarrollo de la audiencia y en consecuencia para la presentación y análisis
de los alegatos de conclusión a efectos de que sean considerados en la
decisión de primera instancia laboral?
3.5.1. Sin lugar a dudas existe relación entre
las normas y los cargos analizados en aquella ocasión y los analizados en la presente.
Ambas disposiciones están destinadas a brindar celeridad a los procedimientos
en el marco de la implementación de la oralidad. Sin embargo los parámetros
normativos tienen diferencias, pues mientras en el caso ya decidido se analizó la
restricción temporal a la suspensión que el juez puede hacer en la audiencia,
antes de dictar su sentencia, en el presente caso, el problema se fundamenta en
la duración total de la audiencia y en la supuesta imposibilidad de aplazarla o
suspenderla por más de una (1) hora.
3.5.2. Como se
indicó, la cosa juzgada material tiene lugar ante normas con idéntico contenido
normativo, lo cual no ocurre en el presente caso. Las disposiciones comparadas,
si bien tienen un objeto y fin asimilables, presentan diferencias sustanciales.
En primer lugar, el contexto normativo en el que se inscribe cada disposición
es distinto. Las normas ya examinadas se refieren al procedimiento de un asunto
civil, en el que se debaten intereses privados. Las normas objeto de actual
examen están relacionadas con la protección de los derechos del trabajador. Se
trata de un proceso sobre un derecho humano, y en el que se ponen en juego
derechos fundamentales. En segundo lugar, la disposición reformada por el Art.
25 de la Ley 1395 de 2010 y que fue objeto de examen de proporcionalidad,
establece un término máximo de dos (2) horas para el receso de la audiencia,
previo al pronunciamiento del juez. En el caso estudiado, el Art. 5 de la Ley
1149 de 2007, fija un término de receso en la audiencia de una (1) hora, sin
establecer ninguna prohibición para que el término sea ampliado o reducido.
Esto significa que la norma declarada exequible con anterioridad fijaba de
forma perentoria el doble de tiempo para la suspensión de la audiencia, y es
justamente sobre la proporcionalidad de dicha restricción que se concentró el
examen. Tal diferencia semántica entre las normas recae sobre un aspecto
nuclear del examen de constitucionalidad, y no simplemente sobre un elemento
accidental que pueda obviarse. Claramente, por lo tanto, no son disposiciones
de idéntico contenido normativo.
3.6. En consecuencia, la Corte encuentra
que en el presente asunto no hay lugar a declarar la cosa juzgada
constitucional material respecto de lo decidido en la Sentencia C-543 de 2011. No
obstante, dicha decisión judicial contiene aspectos relevantes para analizar y
resolver el presente caso, por lo que constituye un precedente a tomar en
cuenta. Pasa la Sala a continuación a analizar las cuestiones constitucionales
y jurisprudenciales relevantes para poder resolver de fondo el problema
jurídico planteado por la demanda de la referencia.
4. Las reformas a las audiencias del
proceso laboral ordinario
La norma
demandada forma parte de la Ley 1149 de 2007, que tiene por objeto reformar el
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social “para hacer efectiva la
oralidad en sus procesos”. Las modificaciones a que la ley se refiere,
tienen efecto en diversos aspectos a lo largo y ancho del proceso laboral. A
saber: en el trámite de las excepciones; en la proposición y trámite de
incidentes; en el principio de oralidad y de publicidad; en las clases de
audiencias, el señalamiento de las mismas, y las actas y grabación de éstas; en
el juez como director del proceso; en el rechazo de pruebas y diligencias
inconducentes; en la comparecencia de las partes; en la apelación de las sentencias
de primera instancia; en la audiencia obligatoria de conciliación; en la
decisión de excepciones previas; en el saneamiento y fijación del litigio; en
la audiencia de trámite y juzgamiento en primera instancia; en la audiencia de
trámite y fallo en segunda instancia así como en la procedencia de la consulta.
Se trata pues de un conjunto de reformas dirigidas a la implementación del
sistema oral en los juicios laborales, con la finalidad de hacer más expedito
el proceso. El fin último, es procurar hacer más eficiente la justicia y que
ésta sirva de garante de las formas propias del juicio, a través de las nuevas
maneras de inmediación que surgen de la celeridad del proceso laboral mismo.
4.1. Las normas
demandadas realizan modificaciones que se concretan en reducir en la mitad el
número de audiencias, dejando únicamente dos (2). En torno a éstas, debe
concentrarse todo el proceso laboral. A continuación se resumen cuáles son los
cambios más importantes efectuados por las normas impugnadas dentro del
presente proceso:
Redacción original del Código Procesal Del Trabajo y de la
Seguridad Social (Decreto-Ley 2158 de 1948)
Ley 1149 de 2007
Variaciones:
ARTÍCULO
45. Antes de terminarse toda audiencia, el Juez señalará fecha y hora para
efectuar la siguiente. En ningún caso podrán celebrarse más de cuatro
audiencias de trámite.
Texto
modificado por la Ley 712 de 2001:
ARTÍCULO
45. Antes de terminar toda audiencia el juez señalará fecha y hora para
efectuar la siguiente. En ningún caso podrán celebrarse más de cuatro (4)
audiencias de trámite.
Las
audiencias de trámite y de juzgamiento no podrán suspenderse para su
continuación en día diferente de aquel para el cual fueron inicialmente
señaladas, ni aplazarse por más de una vez, salvo que deba adoptar una
decisión que esté, en imposibilidad de tomar inmediatamente o cuando sea
necesario practicar pruebas pendientes.
Si la
suspensión es solicitada por alguna de las partes deberá motivarse.
ARTÍCULO
5°. El artículo 45 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social,
modificado por el artículo 22 de la Ley 712 de 2001, quedará así:
ARTÍCULO
45. Señalamiento de audiencias. Antes de terminar la audiencia el juez
señalará fecha y hora para efectuar la siguiente, esta deberá ser informada
mediante aviso colocado en la cartelera del Juzgado en un lugar visible al
día siguiente.
Las
audiencias no podrán suspenderse, se desarrollarán sin solución de
continuidad dentro de las horas hábiles, hasta que sea agotado su
objeto, sin perjuicio de que el juez como director del proceso habilite más
tiempo.
En
ningún caso podrán celebrarse más de dos (2) audiencias.
Se
reduce el número de audiencias de cuatro (4) a dos (2): la del artículo 77
(Audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas,
saneamiento y fijación del litigio) y la del Artículo 80 (Audiencia de
trámite y juzgamiento).
Se
elimina la posibilidad de suspender las audiencias. Las audiencias deben
desarrollarse sin solución de continuidad hasta agotar su objeto.
ARTÍCULO
80. Audiencia de trámite o de prueba. En el día y hora señalados el
Juez practicará las pruebas, dirigirá las interpelaciones o interrogaciones
de las partes y oirá las alegaciones de éstas. Los testigos serán
interrogados separadamente, de modo que no se enteren del dicho de los demás.
Si resultare indispensable un nuevo señalamiento de audiencia, se hará, en
lo posible, para el día o los días inmediatamente siguientes.
ARTÍCULO
81. (Artículo derogado por el artículo 17 de la Ley 1149 de 2007.) Clausurado
el debate, el Juez podrá proferir en el acto la sentencia, motivándola
oralmente; en ella señalará el término dentro del cual debe ejecutarse, y la
notificará en estrados. Si no estimare conveniente fallar en la misma
audiencia, lo declarará así y citará a las partes para una nueva, que
deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes, en la cual se leerá y
notificará a los interesados la sentencia.
ARTÍCULO
12. El artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social
quedará así:
ARTÍCULO
80. Audiencia de trámite y juzgamiento en primera instancia. En el día
y hora señalados el juez practicará las pruebas, dirigirá las interpelaciones
o interrogaciones de las partes y oirá las alegaciones de estas. Los testigos
serán interrogados separadamente, de modo que no se enteren del dicho de los
demás. En el mismo acto dictará la sentencia correspondiente o podrá
decretar un receso de una (1) hora para proferirla y se notificará en
estrados.
Elimina
la posibilidad de fijar una nueva audiencia y establece que para dictar la
sentencia el juez podrá decretar un receso de una (1) hora en la audiencia.
En el
régimen anterior, el juez podía citar a nueva audiencia, dentro de los diez
(10)  días siguientes para dictar la sentencia.
4.2. Para la Sala, las modificaciones se
dan en el marco de una reforma que organiza los procesos laborales adecuándolos
a la oralidad, y procurando dar coherencia a los términos. Así, el proceso
queda estructurado en dos (2) audiencias[33]
una de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación
del litigio; y otra, que deberá celebrarse durante los tres (3) meses siguientes,
de trámite y de juzgamiento, incorporando en cada una de ellas los
trámites que son necesarios para el desarrollo del proceso y, ajustando su
duración a la regla de audiencias sin solución de continuidad y sin que exista
la posibilidad de suspenderlas o celebrarse otra más.[34]  Para hacer viable un
proceso tan célere, se desarrollaron herramientas dirigidas a ello, así:  (i) se
ordena grabar las audiencias para dejar constancia y memoria de lo realizado;[35]  (ii) se refuerza el
papel del Juez como director del proceso, encargado de velar por los derechos
de las partes,[36]
rechazar las pruebas y diligencias inconducentes o superfluas[37] y  (iii) se establece
la oportunidad de la apelación de la decisión de primera instancia en el
momento de la notificación (por estrados durante la audiencia) con respuesta
judicial inmediata.[38]
4.3. La reforma legal de la que hacen parte
las normas acusadas, se enmarca en los esfuerzos adelantados por implementar la
oralidad, prevista en el Código de Procedimiento Laboral y de Seguridad Social
desde su expedición en 1948, la cual no había podido ser efectuada.[39] Para la redacción del
proyecto, el Gobierno Nacional mediante Decreto 1698 de 2005 creó la Comisión
Intersectorial para la Efectividad del Principio de la Oralidad en el Régimen
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que estuvo integrada por los
Ministros del interior y de Justicia, Hacienda y Protección Social, Magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, un
representante de los Tribunales y Juzgados Laborales del Circuito, así como de
un representante de los abogados litigantes.
4.4. El Proyecto fue producto de un
consenso amplio entre quienes hicieron parte de la  Comisión  e incluso otros
actores que participaron en los debates previos. Se planteó como una reforma
puntual, con economía normativa,  dirigida específicamente a implementar la
oralidad y dar celeridad al proceso.[40]
Posteriormente, en su trámite ante el Congreso, el proyecto fue objeto de
algunos ajustes, con la finalidad de asegurar los objetivos planteados en la
reforma.[41]
Se trata, por tanto, de una serie de normas procesales, que fueron decantadas
durante una amplia discusión, fruto de un proceso de deliberación entre
expertos y usuarios, que ya está próximo a cumplir una década. Se trata de una
reforma que busca asegurar el derecho de toda persona a acceder a una justicia
sustantiva, pronta y cumplida.
Visto el contexto en el que las normas
acusadas se insertan, pasa la Sala a hacer referencia a la jurisprudencia
constitucional acerca de los derechos al debido proceso y al acceso a la
justicia, a propósito del margen de configuración que le asiste al legislador
para regular estos asuntos.
5. Los derechos de acceso a la justicia
y debido proceso, frente al margen de configuración legislativa de los
procedimientos judiciales
5.1. Según lo ha establecido la
jurisprudencia de esta Corte, el derecho a acceder a la justicia tiene un
significado múltiple. Entre otros, se ha reconocido que este derecho
fundamental comprende contar, al menos, con procedimientos idóneos y efectivos
para la determinación legal de derechos y obligaciones;[42] con que las
controversias planteadas sean resueltas dentro de un término prudencial y sin
dilaciones injustificadas;[43]
y contar con decisiones judiciales que sean adoptadas con el pleno respeto del
debido proceso.
5.2. En este sentido, la jurisprudencia ha
indicado que los alegatos de conclusión hacen parte importante del debido
proceso y del acceso a la justicia. Así, en la Sentencia C-107 de 2004, la
Corte debió resolver sobre una demanda al numeral 8 del artículo 92 de la ley
734 de 2002, que argumentaba que el mismo resultaba lesivo del debido proceso,
dado que, “si bien el dispositivo enuncia el derecho a presentar alegatos de
conclusión dentro del proceso disciplinario, por contraste no fija una etapa
procesal para que el investigado sea notificado en debida forma sobre el
término de traslado para alegar, dejando en manos del operador disciplinario la
determinación de los topes relativos a dicha oportunidad procesal”.[44] En aquella decisión,
la Corporación sostuvo que el respeto al debido proceso, implica que las
disposiciones que regulan los procedimientos conserven todas las actuaciones y etapas
propias de un proceso judicial, de forma tal que se guarde su eficacia y el
sentido para el cual han sido diseñados.[45]
Específicamente, en lo que atañe a los alegatos de conclusión sostuvo la
decisión:
“[S]obre la base de las
pruebas incorporadas al proceso, los alegatos de conclusión juegan un destacado
papel en orden al mejor entendimiento de los hechos, de los intereses en
conflicto, de la forma en que cada extremo asume los motivos de hecho y de
derecho –a favor y en contra-, y por tanto, en lo concerniente a la mejor
comprensión del universo jurídico y probatorio que ampara los intereses en
conflicto. Por consiguiente, de una parte, la dinámica de los alegatos de
conclusión tiene la virtualidad de facilitarle a los interesados o
contendientes la oportunidad para esgrimir sus argumentos culminantes en
procura de sus propios derechos e intereses;  y de otra, tal dinámica se ofrece
a los ojos de la autoridad administrativa o del juez correspondiente como un
conjunto de razonamientos que a manera de referente interpretativo les permite
examinar retrospectivamente todas y cada una de las actuaciones surtidas.  Lo
cual, sin duda alguna, se constituye en hito procesal de significativa
importancia para la salvaguarda de la postulación y la excepción, al propio
tiempo que se atiende a la depuración de la certeza jurídica que requiere el
fallador para decir el derecho.”[46]
5.3. Ahora bien, aunque el acceso a la
administración de justicia y el debido proceso son derechos fundamentales
protegidos por la Carta, la jurisprudencia ha sido clara en sostener que en
virtud de la cláusula general de competencia (art. 150-2), el Congreso de la
República tiene un amplio margen de configuración legislativa para fijar los
procedimientos judiciales y administrativos, siempre y cuando observe los
criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Así lo ha considerado la Corte
en el contexto de los procedimientos en general,[47] de los procedimientos penales,[48] de los procedimientos
administrativos,[49]
con relación a las reglas de derecho probatorio[50] o con relación al
control de las sentencias de altas cortes,[51]
para mencionar tan sólo unos ejemplos. Se trata de posiciones jurisprudenciales
reiteradas pacífica y ampliamente.[52]
Al
legislador le corresponde establecer el objeto del proceso, sus etapas, sus términos,
sus recursos, así como demás elementos propios de cada actuación, lo que en ciertas circunstancias puede comportar límites al
derecho, siempre y cuando estos resulten razonables, proporcionales y estén
dirigidos a garantizar el derecho sustancial.[53]
5.4. Con relación
a la jurisprudencia reiterada y pacífica de la Corte respecto del examen
constitucional de normas que regulan procedimientos judiciales y
administrativos es posible concluir al menos cuatro aspectos centrales.  A
saber: (i) el Legislador cuenta con la potestad constitucional de configuración
de procedimientos judiciales y administrativos.[54]  (ii) En ejercicio de esa potestad, el
legislador puede definir el diseño de los procedimientos,[55] sus etapas, sus recursos, el régimen
probatorio, los mecanismos de publicidad de las actuaciones, y los términos,
entre otros aspectos.[56]  (iii) Esta facultad no es
ilimitada; está condicionada por los mínimos expresamente establecidos en la
Constitución (artículo 29 y 228), la efectividad de los derechos fundamentales
y la materialización del acceso a la justicia.[57]  (iv) Además,
las eventuales limitaciones que surjan de las medidas establecidas, deberán
ajustarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y, en general,
a la jurisprudencia constitucional relevante y aplicable. Por lo tanto, la amplitud del margen de
la potestad legislativa en materia de regulación de procedimientos judiciales y
administrativos, depende del grado de afectación a los derechos fundamentales
en juego, que genere cada medida en particular.  La Corte ha señalado que la
legitimidad de las normas procesales se mide en función de su razonabilidad y
proporcionalidad  puesto que “[…] sólo la coherencia y equilibrio del
engranaje procesal permite la efectiva aplicación del concepto de justicia y,
por contera, hace posible el amparo delos intereses en conflicto.”[58] En tal sentido, una
norma resultara violatoria del debido proceso, por ejemplo, cuando prima facie,
o tras una evaluación en abstracto, resultare ineficaz para alcanzar su
propósito, o cuando resulta excesiva y desproporcionada frente al resultado que
pretende obtener.[59]
5.5. Para estudiar la constitucionalidad de
las medidas legislativas que regulan los procedimientos, la Corte ha
establecido que la intensidad del juicio de razonabilidad y proporcionalidad (ordinaria,
intermedia y estricta), depende del grado de afectación y de impacto que el
derecho a acceder a la justicia y al debido proceso que implique la norma en
cuestión. Así, por ejemplo, en la sentencia C-1195 de 2001 la Corte utilizó un
test intermedio al concluir que la restricción que determinan las normas
demandadas (los artículos 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de la Ley 640 de 2001)
imponían una restricción significativa, al imponer un plazo de tres meses
dentro del cual las partes debían acudir a una audiencia de conciliación, antes
de llevar la controversia ante la jurisdicción.[60]  En el mismo sentido,
la sentencia C-372 de 2011,[61]
que revisó la constitucionalidad del artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, “por
la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”, definió
la intensidad del juicio de constitucionalidad a utilizar, teniendo en cuenta
el amplio margen de configuración del legislador para reglamentar
procedimientos judiciales y, a la vez, la posible restricción de derechos
fundamentales alegados en el caso concreto, ante lo cual se escogió un juicio intermedio.[62] La sentencia concluyó
con la declaratoria de inexequiblidad de los artículos 45 y 47 de la Ley 1395
de 2010.[63]
De forma similar, la sentencia C-034 de 2014 decidió evaluar la norma con un
juicio ordinario (leve, deferente con el legislador) al considerar que “el
ámbito de regulación al que se refiere es el diseño de procedimientos
administrativos, uno de aquellos en los que la Constitución prevé mayor
amplitud para las opciones legislativas; y, de otra parte, que las garantías
del debido proceso, aunque inexcusables en todos los asuntos en que se definan
situaciones jurídicas concretas de los ciudadanos, adquieren cierto grado de
flexibilidad en tales procedimientos”.[64]
Recientemente, la sentencia C-086 de 2016, al resolver una demanda sobre el
artículo 167 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012- concluyó, luego
de aplicar un juicio de razonabilidad leve, que “el principio del onus
probandi como exigencia general de conducta prevista por el Legislador en el
Código General del Proceso no se refleja como irrazonable ni desproporcionada.
En efecto, responde a fines constitucionalmente legítimos: ejercer los derechos
con responsabilidad y colaborar con el buen funcionamiento de la administración
de justicia, contribuir al esclarecimiento de la verdad en el marco de un
proceso judicial, asegurar la prevalencia del derecho sustancial y velar por la
vigencia de un orden justo.” [65]
También recientemente, en la sentencia C-493 de 2016, respecto de una
disposición (Art. 10) de la Ley actualmente examinada, la Corte decidió aplicar
un juicio de intensidad leve, para evaluar la norma que dispone la obligación
de sustentar el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia laboral,
en el momento mismo de su presentación en la audiencia. La Corporación consideró
que el legislador cuenta con una amplia facultad discrecional en la
configuración de los procedimientos judiciales en materia laboral, en
particular en lo que se dirige a perseguir el principio de oralidad, que ha
sido definido como un eje rector de la jurisdicción laboral.[66]
5.6. Por supuesto, los derechos al debido
proceso y al acceso a la justicia también tienen sustento en el bloque de constitucionalidad,
tanto por estar insertos en los convenios internacionales de derechos humanos
ratificados por Colombia, como por haber sido parte del desarrollo
interpretativo de órganos internacionales, especialmente por la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Así, el derecho al debido
proceso está garantizado en la Convención Americana de Derechos Humanos, como
el derecho de “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley”.[67] La Corte Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) ha dado claridad en sus sentencias
al alcance de este derecho.[68]
En complemento con el derecho a las garantías judiciales, la Convención en su
artículo 25 establece la obligación para los Estados de consagrar en el ámbito
interno recursos efectivos para la protección de los derechos. En conjunto,
ambas disposiciones implican que no basta con que los recursos jurídicos estén
consagrados en las normas, sino que deben tener un efecto útil.[69] Esta obligación de
generar recursos efectivos y adecuados ha sido aplicada también a situaciones
de ámbito laboral, al examinar el efecto de los recursos interpuestos por
trabajadores despedidos.[70]
Para la Corte IDH los artículos 8 y 25 de la Convención incluyen la obligación
para el Estado de diseñar procedimientos que permitan, a quien participa en un
proceso, la posibilidad de presentar sus pruebas y alegatos, y ser oído por un
juez imparcial, de tal manera que lo presentado pueda tener un efecto en la
decisión.[71]
5.7. En suma, para el derecho
constitucional colombiano, los principios de celeridad, eficacia e inmediatez
judicial (Art. 209 y 229), son predicables de la función pública que se
desarrolla en el ámbito de la administración de justicia. En el caso de los
procesos laborales la efectividad de estos principios cobra mayor importancia
debido a los especiales intereses que se debaten en ellos, estrechamente
vinculados con derechos fundamentales conexos a las relaciones laborales y a la
satisfacción de la seguridad social, así como a la preservación del orden
público social económico, razones que han llevado a que estas materias cuenten
con una especial protección constitucional (Arts. 25, 39, 48, 53, CPo). La
realización de los principios de celeridad, inmediatez y eficacia se buscan
mediante la oralidad en los procesos laborales, debe armonizarse con las demás
garantías propias de los derechos al debido proceso en el contexto laboral, a
la contradicción, a la defensa, y al acceso a la justicia en condiciones de
igualdad. Lograr este equilibrio es parte de las funciones y competencias
propias del amplio margen de configuración del legislador. Es su función
adoptar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar el derecho de toda
persona a acceder a una justicia sustantiva, pronta y cumplida.
Finalmente, antes de entrar a analizar la
constitucionalidad de las normas acusadas, pasa la Sala a contextualizar el
sentido y alcance de las mismas, a partir de las decisiones que en materia de oralidad
ha proferido hasta el presente esta Corporación.
6. La jurisprudencia constitucional
sobre la implementación del principio de oralidad, en los procesos laborales
La Ley 1149 de 2007 que implementó las
reformas para “hacer efectiva la oralidad” en los procesos laborales ha
sido objeto de catorce (14) demandas de constitucionalidad ante esta
Corporación, de las cuales, solo se ha procedido al examen en cuatro (4)
ocasiones anteriores.
6.1. La primera de las decisiones fue la
sentencia C-317 de 2008 que resolvió sobre la demanda contra el artículo 11 de
la Ley, que modifica el artículo 77 CPTSS, sobre la Audiencia obligatoria de
conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del
litigio. La expresión demandada era la siguiente: “Si antes de la hora señalada para la
audiencia, alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaria de una justa
causa para no comparecer, el juez señalará nueva fecha para celebrarla, la cual
será dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha inicial, sin que en ningún caso pueda haber
otro aplazamiento”. [72] En aquella
decisión el problema a resolver se concentró en definir si “vulnera
los valores rectores del Estado Social de derecho, el derecho a la igualdad y
el derecho al debido proceso una norma que establece que una vez una de las
partes de un proceso laboral ha solicitado el aplazamiento de la audiencia de
conciliación, no puede existir un segundo aplazamiento.”[73] Para
el examen, la Corte tomó en consideración el margen de configuración
legislativa y concluyó que, a la luz de los principios que la motivan, la
expresión cuestionada es el resultado legítimo de la potestad de configuración
del legislador en materia procesal.[74]
6.2. Posteriormente se profirió la
sentencia C-820 de 2011 que resolvió sobre el artículo 32 modificado por el
artículo 1º de la Ley 1149 de 2007.[75]
En aquel proceso, los demandantes consideraban que el hecho de que el
legislador haya atribuido a las excepciones de prescripción y de cosa juzgada
en materia laboral un carácter mixto, es decir que pueden ser propuestas como
previas (de trámite) o como de mérito (de fondo), vulnera el preámbulo de la
Constitución, así como los artículos 2°, 13, 29 y 229 del texto superior. Para
resolver la cuestión, la Corte inició por explicar que “el diseño de los procedimientos
judiciales es un asunto respecto del cual el legislador cuenta, por mandato
constitucional, con una amplia potestad de configuración.”[76] Fue dentro de ese
amplio margen que se realizó el examen de la disposición con un juicio leve de razonabilidad,
que permitió a la Corporación concluir que la disposición “no entraña una
limitación desproporcionada o irrazonable a los derechos de contradicción,
defensa y acceso a la justicia del demandante en el proceso laboral”.[77] En ese sentido, y al
analizar si la medida se adecuaba al ejercicio de los amplios poderes de
configuración del legislador, “la
Corte encontró que la anticipación de la resolución de las excepciones de
prescripción y cosa juzgada para el momentos de saneamiento del proceso y
definición del litigio, responde a fines constitucionales legítimos como son
los de procurar la celeridad del proceso y proveer a una pronta y cumplida
justicia.”[78]
6.3. El
año siguiente, la sentencia C-636 de 2012 estudió una
demanda contra los artículos 3 y 5 de la Ley 1149 de 2007, pero la Corte
encontró que la demanda no cumplía con los requisitos exigidos por la
jurisprudencia y se declaró inhibida para conocer del fondo del asunto.[79]
6.4. La más reciente decisión sobre la Ley en
cuestión es la sentencia C-493 de 2016, en la que la Corte decidió  (i) si el
legislador al establecer la sustentación oral del recurso de apelación dentro
de la audiencia de fallo, desconoció el derecho a un trato igualitario de los
usuarios de la jurisdicción laboral y de la seguridad social frente a los
ciudadanos que acuden a la jurisdicción penal, en tanto éstos cuentan con
mayores beneficios en lo atinente al tiempo y al modo para sustentar el recurso
de apelación; y (ii) si dicha medida legislativa resulta desproporcionada al
establecer una carga procesal que hace nugatorios el derecho a la doble
instancia y el acceso efectivo a la administración de justicia.[80] El análisis realizado
por la Corte concluyó en la constitucionalidad de la expresión contenida en el
artículo 10 de la Ley 1149 de 2007. En primer lugar, al constatarse que los
supuestos en los que se funda la sustentación de la apelación en materia penal
y laboral no son asimilables, no solo por la especialidad de los asuntos que se
ventilan en cada una de dichas jurisdicciones, sino porque dentro de la amplia
facultad discrecionalidad del legislador para determinar los recursos,
excepciones y términos de cada procedimiento, estableció como eje rector de la
jurisdicción laboral el principio de la oralidad, mientras que en la penal, con
el fin de promover la descongestión judicial, implementó la sustentación mixta
del recurso. La Corte decidió que la acusación de afectación desproporcionada e
irrazonable del derecho a la doble instancia (art. 31 CPo) y el efectivo acceso
a la administración de justicia (art. 229 CPo) no estaba llamada a prosperar,
por cuanto la finalidad de la celeridad en la jurisdicción ordinaria laboral no
se encuentra prohibida y en efecto se materializa a través de la medida de la
oralidad como principio rector dentro de los procesos surtidos ante la
jurisdicción ordinaria laboral. La Corte estimó razonable la exigencia a la
parte recurrente de sustentar el recurso de apelación durante la audiencia, que
como parte afectada no puede considerarse sorprendida con la decisión adoptada
en primera instancia, ya que cuenta con la posibilidad y el deber legal de
participar activamente en las etapas previas al proceso.
6.5. En resumen, la Corte ha establecido
que: (i) las medidas que adecuan los procedimientos laborales a la oralidad se
desarrollan en el marco de un amplio margen de configuración por parte del
legislador,  (ii) en consecuencia, se debe realizar un juicio de razonabilidad frente
a cada medida que, en principio debería ser ordinario (leve), salvo que existan
razones para hacerlo más exigente.  Y (iii)  la finalidad de dar celeridad al
proceso laboral mediante la oralidad, busca hacer efectivo el derecho de toda
persona a acceder a una justicia sustantiva, pronta y cumplida. Pasa la Sala,
por tanto, a analizar la razonabilidad de las normas acusadas.
7. Análisis constitucional de la norma
demandada
7.1. El alcance de las disposiciones impugnadas
La Ley 1149 de 2007, es el resultado de un
proceso de concertación dirigido a buscar la implementación efectiva de la
oralidad en el derecho procesal laboral. Se trata de una reforma puntual a
ciertas disposiciones del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que
buscó superar los escollos que dificultaban la celeridad y la mediación, y que
no pudieron ser rebasados por la reforma adelantada con la Ley 712 de 2001. Se
diseñó como un ajuste preciso y no como una reforma estructural. Conserva la
estructura general del proceso, pero lo adecúa a la oralidad, a través de diecisiete
(17) artículos que hacen ajustes a catorce (14) disposiciones del Código PTSS[81]. Dentro de dichas
reformas, se plantea la consolidación del proceso laboral de primera instancia
en dos (2) audiencias, como un elemento clave para evitar la dilatación del
proceso. En ese contexto se adentra el objetivo de las disposiciones acusadas.
Las expresiones demandadas de los artículos
5 y 12 de la Ley 1149 de 2007 se resumen así:
Artículo 5o.   El
artículo 45 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado
por el artículo 22 de la Ley 712 de 2001, quedará así:  (…) Las audiencias no
podrán suspenderse, se desarrollarán sin solución de continuidad
dentro de las horas hábiles, hasta que sea agotado su objeto, sin perjuicio de
que el juez como director del proceso habilite más tiempo. En ningún caso
podrán celebrarse más de dos (2) audiencias.
Artículo 12. El
artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social quedará así:
Artículo 80. Audiencia de trámite y juzgamiento en primera instancia.  (…) En
el mismo acto dictará la sentencia correspondiente o podrá decretar un
receso de una (1) hora para proferirla y se notificará en estrados.”
El alegato fundamental de la demanda recae
en dos aspectos. Por una parte la estricta limitación temporal con que cuentan
las partes para realizar sus alegatos de conclusión, puesto que deben ser
preparados y presentados en la misma audiencia, luego de que se hayan
practicado las pruebas; y, por otra parte, en la restricción a una (1) hora del
receso que puede tomar el juez antes de dictar su decisión en la audiencia, lo
que implicaría afectar sus posibilidades para tomar en cuenta todas las pruebas
y en particular los alegatos presentados por las partes.
7.1.1. En primer lugar, como se ha dicho,
las disposiciones parcialmente
impugnadas hacen parte de una reforma parcial del Código Procesal del Trabajo y
la Seguridad Social cuya finalidad es promover la celeridad procesal, haciendo
efectiva la oralidad.[82] En consecuencia, el alcance de dichas
disposiciones se define en virtud de una interpretación sistemática de las
normas del Código del cual hacen parte.  En ese marco, las disposiciones
demandadas en su conjunto, desarrollan uno de los ejes de la reforma
implementada por la Ley 1149 de 2007, el de reconducir la actuación procesal en
dos audiencias. Las modificaciones impuestas por los artículos 5 y 12 demandados,
se traducen, concretamente, en (i) la imposibilidad de realizar más de dos
audiencias[83]
y (ii) de realizar en la segunda audiencia, un receso de una hora.
7.1.2. Para que la Audiencia de Trámite y
Juzgamiento (de primera instancia) se pueda realizar en concordancia con este
modelo, y con el eje de la reforma que consiste en fortalecer los poderes del
juez[84],
el artículo 12 introdujo una modificación por la cual, el Juez en la audiencia:
(i) practica las pruebas, (ii) oye los alegatos de las partes, (iii)
inmediatamente o luego de un receso de una (1) hora, dicta la sentencia y, (iv)
concede o niega el recurso de apelación interpuesto. Como se indicó, sobre esta
audiencia, hasta ahora la Corte ha resuelto (i) la exequibilidad de la norma
que dispone que quien interponga el recurso de apelación debe sustentarlo en el
mismo momento en que se dicta la sentencia[85]
y, (ii)  dispuso que era exequible la norma que establece que solo puede haber
un aplazamiento de la fecha en que ha de realizarse la primera audiencia.[86] En ambos exámenes se
puso en consideración la proporcionalidad de las medidas frente al amplio
margen de configuración legislativa en materia de procedimientos judiciales,
bajo el entendido de que el objetivo de imprimir celeridad y eficacia al
proceso laboral es un fin constitucionalmente legítimo.
7.1.3. Para la Sala es claro que la prohibición
de suspender la audiencia, no extingue el derecho de presentar los alegatos de
conclusión que las partes tengan a bien presentar. El procedimiento está
organizado de tal forma que los alegatos pueden ser presentados por escrito o
de forma oral, en el tiempo que el juez disponga para ello, una vez concluida
la etapa probatoria. No se trata de una medida que prive a las partes de la
oportunidad final para expresar sus conclusiones en torno a sus alegatos frente
a la valoración de los elementos obrantes en el proceso. Se trata de una
restricción a las condiciones de tiempo y modo en que los alegatos se presentan.
La medida en cuestión busca ser  coherente con el procedimiento en dos
audiencias establecido por la reforma para el proceso laboral ordinario de
primera instancia, que se inserta en el esquema de la implementación de la
oralidad en el derecho laboral. Todo ello con el fin de asegurar el goce
efectivo del derecho a acceder a una justicia pronta, cumplida y sustantiva.
7.1.3.1. La restricción temporal de una (1)
hora para el receso previo a la sentencia, inicialmente no estaba incluida en
el proyecto de ley. Fue introducida por el Senado en segundo debate, con una
duración de dos (2) horas,[87]
y luego, en conciliación de textos, ajustada a una (1) hora para el texto final.[88] La razón que motivó al
Senado de la República a introducir esta fórmula fue la de darle tiempo
suficiente al juez para dictar su sentencia, sin necesidad de irse a una
tercera audiencia, para lo cual se adaptó la fórmula del proceso penal, según
consta en la respectiva gaceta del congreso:
“En el artículo
12 del proyecto y, con el fin de que el juez tenga el tiempo suficiente para
dictar sentencia, se propone un receso de dos (2)  horas para proferirla,
permitiendo resolver la petición de que sean tres audiencias. Esta propuesta se
considera inconveniente pues quebraría el espíritu del proyecto de hacer
efectiva la oralidad, acompañada de la concentración y la inmediación, pues el
juez podría señalar para días o meses muy posteriores a la práctica de las
pruebas la fecha de proferir la sentencia, perdiéndose la identidad del juez,
factor central en que la valoración probatoria la debe hacer quien haya
recepcionado las pruebas, conocido a las partes, testigos, verificado cosas, documentos,
etc. Pero existe preocupación de que el juez no siempre podría dictar
inmediatamente la sentencia pues el asunto  bajo su conocimiento podría ser
complejo en su decisión, se ha aceptado la fórmula establecida en el Código
Procesal Penal, en el sentido de que puede decretar un receso hasta por dos
horas, después de los alegatos de las partes, lapso más que suficiente en
cualquier caso, para emitir su fallo y que puede ser utilizado por las partes,
para repasar todo el proceso y preparar un posible recurso si la sentencia les
fuera adversa, quedando el  artículo así: (…)”[89]
El tiempo breve de receso tiene como fin
permitir al juez reflexionar sobre la decisión a proferir y no el de estudiar
los elementos que ya ha conocido de primera mano en el proceso. Se busca evitar
dilaciones y permitir al Juez tomar una decisión con base en el conocimiento
inmediato de los hechos, las pruebas y los alegatos que se han surtido en la
audiencia. La reducción del tiempo, en tal sentido, supone para los litigantes
la necesidad de adaptar sus prácticas anteriores, si pretenden eficacia en sus
recursos.
7.1.3.2. La restricción de modo se refiere
a los ajustes que se debe tener con la manera con la que se presenten los
alegatos de conclusión. En tanto la reforma está dirigida a lograr que exista
una unidad de tiempo que permita la participación directa del juez en toda la
etapa de pruebas, alegatos finales y decisión, en el marco de un proceso guiado
por la oralidad y la mediación judicial, las reglas procesales se ajustan para
que los alegatos sean presentados en consideración al desarrollo de la
oralidad. En el debate legislativo se tomó en consideración que, tal como está
diseñado el proceso, el juez está presente y participa activamente como
“director del proceso”, haciendo efectivo el principio de inmediación judicial.
En tal medida, los abogados no sólo deben ajustarse a las condiciones de
tiempo, sino a la manera y el modo en que se han de presentar los alegatos de
conclusión, para mantener y aprovechar la dinámica procesal de la audiencia. La
concepción según la cual se requeriría un término amplio para desarrollar los
alegatos de conclusión y para que luego sean evaluados por el Juez, es
admisible en un modelo procesal escrito, en el que las partes necesitan complementar
y perfilar sus argumentos de forma sofisticada y compleja por escrito, y por
supuesto, el juez precisa de un tiempo considerable para leer y valorar tales
textos. Por ello, se insiste, la implementación de la oralidad en el proceso no
solo implica la reducción de tiempo sino un verdadero cambio en la cultura
jurídica.[90]
7.1.4. En el debate ante el Congreso se
dijo que se buscó con la norma privilegiar la verdad material y la parte
sustantiva sobre las formalidades del proceso. La oralidad en el ámbito laboral
supone, en tal medida, concreción, claridad y simplicidad en los argumentos. Se
busca que la convicción del juez se forme rápidamente, para que los derechos
del trabajador, sobre la base de su sustento, se definan con prontitud. Así,
las dificultades ante la reducción de los términos, no surgen únicamente de las
normas impugnadas, sino de todo el modelo oral y, por lo tanto, del cambio de proceder
judicial que implica.[91]
Los intervinientes que defienden la norma, sostienen que el juez no está
forzado a tomar una decisión sin tener en consideración los alegatos de conclusión
presentados por las partes. Por el contrario, el diseño de la audiencia está
hecho para que a lo largo de la misma, el juez pueda ir construyendo su juicio,
de forma que los alegatos conclusivos, le sean útiles para fortalecer o cambiar
sus conceptos sobre el asunto. Por eso, justamente, puede tomar un receso de
una hora a fin de tomar una decisión que contemple todo lo visto y estudiado
durante la audiencia.
7.1.5. En conclusión, las medidas
impugnadas no extinguen la posibilidad de presentar alegatos de conclusión ni
de que ellos sean escuchados y considerados por el juez. Se limitan las
condiciones de modo y tiempo en que deben presentarse los alegatos, de forma
tal que se adecuen a las finalidades de celeridad e inmediación que persigue el
diseño procesal, pero no se anulan ni restringen. Una vez caracterizadas las
reglas procesales acusadas y definido el impacto que a primera vista (prima
facie) tienen sobre los derechos de las personas, pasa la Sala a analizar
la razonabilidad constitucional de las medidas.
7.2. La razonabilidad constitucional de
la limitación temporal de las audiencias del proceso laboral de primera
instancia es una medida
La Sala estudiará la razonabilidad
constitucional de las medidas procesales acusadas, de acuerdo con los criterios
establecidos en la jurisprudencia para el efecto.
7.2.1. Según lo visto en el acápite
anterior, la Corte concluye que la limitación generada por las disposiciones
impugnadas a los derechos de acceso a la justicia y debido proceso,  (i) no
implica anular u omitir la instancia final de defensa de las partes,  (ii) se
trata de una restricción de modo y tiempo, que se impuso en materia de
procedimientos judiciales, en ejercicio de una competencia específica del
legislador definida por la Constitución y que  (iii) está orientada a
materializar aspectos centrales de la reforma procesal adelantada. Así pues, la
Sala encuentra que no hay evidencia de una afectación clara y considerable
sobre los derechos procesales alegados. No se está suprimiendo una instancia de
defensa, una herramienta legal o un recurso que se tenía y ahora se pierde. Se
mantienen las etapas procesales propias del proceso laboral, pero limitando una
de ellas (la audiencia de los alegatos de conclusión) en sus condiciones de
tiempo, y, por consiguiente, en el modo en que los alegatos han de ser
expuestos y defendidos. En tal medida, no hay razones para hacer un juicio
estricto o intermedio. Por el contrario, existen razones para mantener la
deferencia que el juez constitucional ha de tener en principio con el
legislador, en especial si no están derechos fundamentales claramente en juego
y se trata de asuntos propios del amplio margen de configuración del
legislador, como lo es precisamente, el diseño y creación de los procedimientos
judiciales.  Así pues, la Corte realizará un juicio de  razonabilidad leve, lo
que implica determinar (i) si el fin buscado no está constitucionalmente
prohibido, (ii) si el medio utilizado tampoco está prohibido por la Carta y
(iii) si el medio resulta adecuado, esto es, idóneo para alcanzar el fin
propuesto.[92]
7.2.2. Sobre la celeridad y la inmediación como
fines perseguidos por las normas de procedimiento, esta Corte se ha pronunciado
reiteradamente sosteniendo que se trata de fines constitucionalmente legítimos.
Más aún, la búsqueda de una justicia pronta,
cumplida y sustantiva, cuando están en juego los derechos de los trabajadores,
se acompasa perfectamente con el fin esencial del Estado (Art. 2, CPo) de
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución. La celeridad y la
inmediación en el proceso laboral son claramente objetivos no prohibidos, tal
como lo exige el test aplicable. Si  bien con esto resulta suficiente, para
superar el requisito exigido, la Corte quiere resalta que los fines buscados
por la norma son imperiosos bajo el orden constitucional vigente. Lograr una
definición rápida de un pleito judicial, garantizando la inmediación del juez
en toda la discusión, para así tener un mejor conocimiento de los hechos y de
los argumentos, es especialmente benéfico en el ámbito laboral. A diferencia de
lo que puede ocurrir en pleitos comerciales entre personas jurídicas o naturales
con cierto nivel de recursos, en los cuales no está en juego su existencia
congrua, respetuosa de su mínimo vital y su dignidad humana, en los procesos
laborales se pueden poner en vilo las condiciones materiales de existencia de
un trabajador. Así, la celeridad e inmediación procesal adquiere una inusitada
importancia, como se ha señalado previamente, en el contexto de reclamos
laborales.[93]
Ambas medidas están por tanto, orientadas a una finalidad legítima
constitucional.
7.2.3. En cuanto a los medios elegidos por
el legislador, la Sala advierte que estos no se encuentran prohibidos o proscritos
de la democracia, como pasaría, por ejemplo, con los actos enunciados en el
artículo 12 de la Carta. La primera expresión demandada, la existencia de una
única audiencia de trámite y juzgamiento en que se practican las pruebas
testimoniales y periciales, se escuchan los alegatos de las partes, se dicta
sentencia y, se resuelve la posible apelación; es la fórmula utilizada por el
legislador para implementar la celeridad y la inmediación que requería la
descongestión de la justicia laboral. Ninguna
disposición de la Carta prohíbe que el legislador diseñe el proceso laboral de
primera instancia de tal forma que sea desarrollado en dos (2) audiencias que
no puedan ser suspendidas. Las restricciones temporales y de espacios
propios de un proceso judicial, no sólo no son medios prohibidos en una
democracia, sino que son, justamente, las herramientas legales legítimas que
puede emplear el legislador para crear y diseñar los procesos judiciales.
7.2.4. Con relación a la razonabilidad del
medio elegido para alcanzar el fin perseguido, es claro que la reforma
implementada  sí es adecuada para lograr celeridad por un lado, evitando que la
audiencia se prolongue indefinidamente, y evitando que el juez se distancie y
pierda el contacto directo, completo y presente con las pruebas y alegatos
presentados. El artículo 5º de la Ley establece la prohibición de suspender las
audiencias y la imposibilidad de que se realicen más de dos audiencias. En la
reforma introducida por la ley 712 de 2001 se diseñaba el proceso en no más de
4 audiencias y se permitía suspender, por una sola vez, la  audiencia. Según
señalan algunos autores, la posibilidad de suspender se convirtió en la regla
general, y ello generaba aplazamientos que redundaban en demoras en la solución
de cada caso.[94]
Por lo tanto, al prohibir la suspensión de las audiencias, el legislador buscó
superar este obstáculo para la celeridad del proceso. El efecto logrado con la
reforma es que el proceso tiene una duración determinada, célere y en la que el
juez participa de forma constante y directa. Una vez iniciada la segunda
audiencia, la misma solo puede terminar con una decisión, sin lugar a
aplazamientos ni a dilaciones. Sin duda ello obliga a las partes y al juez a
adaptar su proceder, pero cumple con el objetivo de dar celeridad e inmediación
al proceso.
7.2.5. La Corte encuentra por lo tanto, que
la prohibición de suspender las audiencias del proceso laboral ordinario y en
particular aquella de trámite y juzgamiento, es una medida razonable
constitucionalmente, en tanto busca fines legítimos a través de un medio no
prohibido, que es adecuado para lograr alcanzar dichos fines de celeridad e
inmediación en la justicia.
7.2.6. En segundo lugar, sobre la medida
que dispone, respecto de la audiencia de trámite y juzgamiento en primera
instancia, que: “En el mismo acto dictará la sentencia correspondiente o
podrá decretar un receso de una (1) hora para proferirla y se notificará en
estrados.”. La disposición trata, no de una suspensión de la audiencia,
sino de un “receso” dentro de la misma, con un término dirigido a evitar que se
afecte la regla de desarrollar la audiencia “sin solución de continuidad”.[95] Nuevamente los
objetivos buscados con la disposición son la celeridad y la inmediación en el
proceso que, como se ha señalado anteriormente, son calificados por esta Corporación
como fines     legítimos. En cuanto al medio, como se dijo, el legislador tiene
un amplio margen de configuración normativa en materia de procedimientos
judiciales. No le está prohibido regular el receso de una audiencia, poniéndole
una duración determinada como sucede en el presente caso.  Finalmente, el
término de una (1) hora para el receso resulta un medio adecuado para alcanzar la
finalidad buscada. Como se ha visto, fue un asunto debatido en el Congreso de
la República (entre cero (0) y dos (2) horas), en el cual se optó por conciliar
con un término intermedio, suficientemente amplio para lograr que el juez
estructure las conclusiones sobre la audiencia y suficientemente corto para
evitar que la audiencia se dilate y, así, se diluyan las impresiones que en la
misma se haya formado el juez.  Tal como está diseñada la norma, el receso es
una opción para el juez, que puede tomarlo, si así lo requiere, inmediatamente
después de concluir con la etapa probatoria, y antes de dictar su fallo. Ahora
bien, la Corte advierte que la norma, si bien indica que el receso será de una
hora, no prohíbe que el juez, como director del proceso[96], cuando así lo considere
estrictamente necesario, amplíe o reduzca ese término de forma razonable, como
lo puede hacer igualmente con otros procedimientos en el marco de la autonomía
y la flexibilidad que imprime la reforma,[97]
siempre y cuando ello no afecte o desnaturalice el sentido del receso y el
respeto por la unidad de la audiencia. En ese sentido, la medida resulta
adecuada para el logro de los fines buscados. Como se vio antes, la motivación
de la medida era la de permitir al juez tomar un tiempo para proferir su
decisión sin afectar la celeridad y la inmediación del proceso. Determinar un
límite temporal al receso, resulta perfectamente adecuado para el logro de
estos fines, pues de otra manera, el receso podría convertirse en una verdadera
suspensión de la audiencia, desnaturalizando su sentido y contrariando la regla
de las dos únicas audiencias en el proceso. La disposición supera por lo tanto,
el test de razonabilidad al que fue sometida.
7.2.7. En conclusión, las limitaciones
temporales de la audiencia y su receso en el proceso laboral de primera
instancia, contempladas en los artículos 5º y 12 de la Ley 1149 de 2007
(parcialmente acusados de inconstitucionales en el presente proceso), son
medidas razonables constitucionalmente, por cuanto buscan un fin legítimo por
un medio no prohibido y adecuado para tal propósito. Por tanto, la Sala
decidirá la cuestión en ese sentido y resolverá declarar la exequibilidad de
los apartes normativos acusados.
VII. DECISIÓN
El
legislador no vulnera los derechos de acceso a la administración de justicia y debido
proceso al establecer restricciones de modo y tiempo en el procedimiento
laboral (la realización del proceso ordinario laboral de primera instancia en
dos (2) audiencias, sin la posibilidad de que la segunda audiencia se aplace o
suspenda, más allá de un receso de una (1) hora antes de la decisión), pues se
trata de medios no prohibidos y adecuados para alcanzar la celeridad y la
mediación judicial en los procesos laborales, fines que además de legítimos,
son también imperiosos.
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de
la Constitución,
RESUELVE:
ÚNICO.-
Declarar exequibles, frente a los cargos examinados, las expresiones “no
podrán” y “sin solución de continuidad” del artículo 5º de
la Ley 1149 de 2007;  y,  “En el mismo acto” y “o
podrá decretar un receso de una (1) hora para proferirla” del  artículo
12 de la misma norma.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el
expediente.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado                                                              Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO     GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrado                                                           Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado                                                        Magistrado (e)
Ausente con permiso
ALBERTO ROJAS RÍOS
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado                                              Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Diario Oficial No. 46688.
[2] La intervención resaltó la facultad de regular los procedimientos
judiciales y administrativos y dentro de ellos definir aspectos como: (i) el
establecimiento de los recursos y medios de defensa que pueden intentar los
administrados contra los actos que profieren las autoridades, así como los
requisitos y las condiciones de procedencia de los mismos; (ii) las etapas
procesales y los términos y formalidades que se deben cumplir en ellas; (iii)
la definición de competencias en una determinada autoridad judicial, siempre y
cuando el constituyente no se haya ocupado de asignarla de manera explícita en
la Constitución; (iv) los medios de prueba; y (v) los deberes, obligaciones y
cargas procesales de las partes, del juez y aún de los terceros.
[3] Gaceta del Congreso 644 de 2006.
[4] Para corroborar la pertinencia de los
argumentos, la demanda trae a colación reflexiones de la jurisprudencia en
torno al “derecho al tiempo razonable” para poder desarrollar la defensa de un
proceso judicial.  Y cita entre otras la sentencia C-598 de 2011, que concluye
con que “la regulación de estos procedimientos no puede desconocer los mínimos
expresamente reconocidos en la Constitución”. En el mismo camino, la demanda
cita la sentencia C-034 de 2014 que se refiere a la razonabilidad de los
plazos. Ambos argumentos jurisprudenciales están llamados a reforzar la idea de
que el legislador no puede regular un procedimiento de forma tal que lo torne
en ilusorio, por contemplar términos que resulten incoherentes.
[5] Propone que: “[…] la norma impugnada sea interpretada de manera
condicionada, es decir, que la norma establezca un tiempo superior para el
análisis de los alegatos de conclusión; que los mismos sean analizados
profundamente y que en la misma audiencia se comunique el sentido del fallo y
que para la lectura de la sentencia y su presentación a las partes, el juez
fije un plazo prudencial, que no exceda de (1) mes contado desde la
finalización de la audiencia”. Sobre ésta y otras intervenciones, ver los
antecedentes de la presente sentencia.
[6] Corte Constitucional, sentencia C-543 de 2011 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto). Se resolvió declarar exequible, por el
cargo analizado, la expresión ‘Si fuere
necesario, podrá decretarse un receso hasta por dos horas para el
pronunciamiento de la sentencia’ contenida en el numeral 4 del artículo 25 de la ley 1395 de 2010.
[7] La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la noción de cosa
juzgada a lo largo de su jurisprudencia, precisando y desarrollando su
concepción, entre otras, en las sentencias: C-004 de 1993 (MP Ciro Angarita
Barón), C-041 de 1993 (MP Alejandro Martínez Caballero), C-165 de 1993 (MP
Carlos Gaviria Díaz), C-397 de 1995 (MP José Gregorio Hernández Galindo), C-427
de 1996 (MP Alejandro Martínez Caballero; AV Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos
Gaviria Díaz, AV y SV José Gregorio Hernández Galindo), C-358 de 1997 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz), C-774 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil, AV Manuel José
Cepeda Espinosa), C-228 (MP Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre
Lynett; AV Jaime Araujo Rentería), C-310 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil),
C-934 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), C-489 de 2009 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub), C-393 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa), C-538 de 2012
(MP Luis Ernesto Vargas Silva), C-014 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa).
[8] Corte Constitucional, sentencia C-397 de 1995 (MP José Gregorio
Hernández Galindo); en este caso la Corte consideró que sí era posible hacer un
análisis de fondo, por cuanto tan sólo existía una cosa juzgada constitucional
‘aparente’.
[9] Corte Constitucional, sentencia C-774 de 2001 (MP Rodrigo Escobar
Gil; AV Manuel José Espinosa). En esta oportunidad se dijo al respecto: “Para
que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere: Identidad de
objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material
o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. […]  ||  Identidad de causa petendi (eadem
causa petendi), es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa
juzgada deben tener  los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando
además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se
permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede
retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar
sobre la nueva causa.  ||  Identidad
de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que
constituye cosa juzgada.”
[10] En tales términos reiteró y complementó la sentencia C-774 de 2001
(MP Rodrigo Escobar Gil; AV Manuel José Espinosa), la sentencia C-030 de 2003
(MP Álvaro Tafur Galvis). Al respecto pueden verse también las sentencias C-181
de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), C-393 de 2011 (MP María Victoria
Calle Correa) y C-526 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[11] Tal como lo recordó la Corte en la sentencia C-720 de 2007 (MP Catalina Botero Marino con su AV), siguiendo la
jurisprudencia al respecto, el efecto de cosa juzgada constitucional apareja,
al menos, las siguientes consecuencias: “En primer lugar la decisión queda
en firme, es decir, que no puede ser revocada ni por la Corte ni por ninguna
otra autoridad. En segundo lugar, se convierte en una decisión obligatoria para
todos los habitantes del territorio. Como lo ha reconocido la jurisprudencia,
la figura de la cosa juzgada constitucional promueve la seguridad jurídica, la
estabilidad del derecho y la confianza y la certeza de las personas respecto de
los efectos de las decisiones judiciales. Esta decisión se
fundó, entre otras, en la sentencia C-153 de 2002 (MP Clara Inés Vargas, SV
Manuel José Cepeda Espinosa y Álvaro Tafur Galvis).
[12] Corte Constitucional, sentencia C-774 de 2001 (MP Rodrigo Escobar
Gil; AV Manuel José Espinosa). Esta decisión ha sido reiterada en muchas
ocasiones para explicar los diferentes casos y circunstancias en las que se
expresa el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
[13] Corte Constitucional, sentencia C-427 de 1996 (MP Alejandro Martínez
Caballero). Al decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 457 del Decreto 2700 de 1991 o Código de Procedimiento Penal, se
resolvió estarse a lo resuelto en la sentencia C-093 de 1993 que, no obstante
haber versado sobre otras normas (el Parágrafo del artículo 13 del Decreto 2790
de 1990, modificado por el artículo 1º del Decreto 390 de 1991), tuvo que
analizar disposiciones jurídicas semejantes.
[14] Corte Constitucional, sentencia C-427 de 1996 (MP Alejandro
Martínez Caballero).  Este argumento se fundamenta en una visión del
artículo 243 de la Carta Política en los siguientes términos. “La Constitución
firmemente repele los actos de las autoridades que reproduzcan el contenido
material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras
subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la
confrontación entre la norma ordinaria y aquélla (CPo art. 243)”.
[15] Corte Constitucional, sentencia C-1064 de 2001 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño; AV Álvaro Tafur Galvis; SV Jaime
Araujo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández). En este caso se resolvió
estudiar la norma acusada por considerar que no se había dado el fenómeno de la
cosa juzgada constitucional material.
[16] Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2014 (MP María Victoria
Calle Correa, AV Luis Guillermo Guerrero Pérez, SV Jorge Iván Palacio Palacio).
Al respecto ver una decisión previa; sentencia C-393 de 2011 (MP María Victoria
Calle Correa).
[17] La Corte ha establecido que puede declararse la existencia de cosa
juzgada formal, en aquellos casos donde existe un pronunciamiento previo del
juez constitucional en relación con el precepto que es sometido a un nuevo y
posterior escrutinio constitucional. Al respecto se ha pronunciado esta Corte,
entre otras, en las sentencias C-427 de 1996 (MP Alejandro Martínez Caballero),
C-489 de 2000 (MP Carlos Gaviria Díaz), C-774 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil,
AV Manuel José Cepeda Espinosa), C-1046 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett;
AV Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Eduardo Montealegre
Lynett y Álvaro Tafur Galvis), C-1216 de 2001 (MP Jaime Araujo Rentería), C-030
de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis), C-210 de 2003 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), C-457 de 2004 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), C-805 de 2008 (MP
Jaime Córdova Triviño), C-178 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa).
[18]  Específicamente la
Corporación, en la Sentencia C-393 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa),
recopilando la jurisprudencia en la materia, sostuvo que la cosa juzgada
material, se presenta “cuando la disposición demandada reproduce el mismo
sentido normativo de otra norma que ya fue examinada por la Corte. Esta
identidad normativa debe apreciarse desde el punto de vista de la redacción de
las disposiciones demandadas, como desde el punto de vista del contexto dentro
del cual ellas se ubican, de tal forma que si la redacción es diversa, pero el
contenido normativo es el mismo a la luz del contexto, se entiende que existe
identidad. Por el contrario, pese a que el texto sea el mismo, si el contexto
normativo en el que se reproduce es diferente, no cabe hablar de cosa juzgada
material.”.
[19] En este sentido ver entre otras las sentencias: C-427 de 1996 (MP
Alejandro Martínez Caballero), C-489 de 2000 (MP Carlos Gaviria Díaz), C-565 de
2000 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), C-774 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil, AV
Manuel José Cepeda Espinoza), C-310 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil), C-1038 de
2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett, AV Jaime Araujo Rentería), C-030 de 2003
(MP Álvaro Tafur Galvis),C-210 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández), C-627
de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández, AV Jaime Araujo Rentería), C-1116 de
2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto, SV Rodrigo Escobar Gil), C-308 de 2007
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV y AV Jaime Araujo Rentería), C-349 de 2009
(MP Luís Ernesto Vargas Silva, SV  Mauricio González Cuervo, Gabriel Eduardo
Martelo y Humberto Sierra Porto), C-443 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), C-250 de 2011 (MP Mauricio González Cuervo), C-462 de 2013 (MP Mauricio
González Cuervo, SV (Parcial) Luis Ernesto Vargas y Mauricio Gonzáles Cuervo;
AV Luis Guillermo Guerrero Pérez; SV y AV María Victoria Calle Correa), C-178
de 2014 (MP María Victoria Calle Correa) en todas ellas, se toma en
consideración la posibilidad de estarse a lo resuelto frente a una decisión
anterior, realizando el examen de la cosa juzgada. Recientemente, la sentencia
C-228 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), recopila varios de los
conceptos y desarrollos jurisprudenciales acerca de la cosa juzgada
constitucional y reitera la regla de estarse a lo resuelto cuando exista cosa
juzgada.
[20] Ver entre otras las sentencias C-427 de 1996 (MP Alejandro Martínez
Caballero), donde la Corte señaló que el fenómeno de la cosa juzgada material
se da cuando se trata, no de una norma cuyo texto normativo es exactamente
igual, es decir, formalmente igual, sino cuando los contenidos normativos son
iguales.
[21] En la sentencia C-447 de 1997 (MP Alejandro Martínez Caballero),
donde la Corte sostuvo que “la cosa juzgada material no debe ser entendida como
una petrificación de la jurisprudencia sino como un mecanismo que busca
asegurar el respeto al precedente. Todo tribunal, y
en especial la Corte Constitucional, tiene la obligación de ser consistente con
sus decisiones previas. Ello deriva no sólo de elementales consideraciones de
seguridad jurídica -pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente
previsibles- sino también del respeto al principio de igualdad, puesto que no
es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez.
(…) Por ello la Corte debe ser muy consistente y cuidadosa en el respeto de los
criterios jurisprudenciales que han servido de base (ratio decidendi) de
sus precedentes decisiones. Esto no significa obviamente que, en materia de
jurisprudencia constitucional, el respeto al precedente y a la cosa juzgada
constitucional deban ser sacralizados y deban prevalecer ante cualquier otra
consideración jurídica, puesto que ello no sólo puede petrificar el
ordenamiento jurídico sino que, además, podría provocar inaceptables
injusticias.”
[22] Corte Constitucional, sentencia C-311 de 2002 (MP  Manuel José
Cepeda Espinosa). En este caso la Corte resolvió “estarse a lo resuelto en la
sentencia C-739 de 2000 y, en consecuencia, declarar EXEQUIBLE la expresión ‘o
uso de líneas de telefonía pública básica conmutada local, local extendida o de
larga distancia no autorizadas’, contenida en el inciso primero del
artículo 257 de la Ley 599 de 2000, en relación con los cargos de la […]
demanda [analizada].” En este caso se retomó la jurisprudencia sobre la
materia, haciendo énfasis en decisiones como la sentencia C-774 de 2001 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil, AV Manuel José Cepeda Espinosa). Estos requisitos fijados en la
sentencia C-311 de 2002 han sido recogidos en varias ocasiones por la
jurisprudencia. Así ha ocurrido recientemente, por ejemplo, en las sentencias
C-532 de 2013 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), C-228 de 2015 (MP Gloria
Stella Ortiz Delgado) y C-621 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, AV
Luis Ernesto Vargas Silva).
[23] Constitución Política de Colombia, “artículo 243.- Los fallos que
la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa
juzgada constitucional.  ||
Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico
declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las
disposiciones que sirvieron para hace la confrontación entre la norma ordinaria
y la Constitución.”
[24] Corte Constitucional, sentencia C-311 de 2002 (MP  Manuel José
Cepeda Espinosa).
[25] Corte Constitucional, sentencia C-311 de 2002 (MP  Manuel José
Cepeda Espinosa). Ya en la sentencia C-774 de 2001 la Corte había señalado: “[en]
el proceso constitucional es necesario modular la operancia de la cosa juzgada
conforme a un análisis que tenga en cuenta la posibilidad de que se planteen
nuevos cargos, no tenidos en cuenta por el juez constitucional, o que el examen
de las normas demandadas se haya limitado al estudio de un solo asunto de
constitucionalidad, o que no se haya evaluado la disposición frente a la
totalidad de la Carta, o que exista una variación en la identidad del texto
normativo. En eventos como estos, no obstante existir ya un fallo de constitucionalidad,
podría abrirse la posibilidad de realizar una nueva valoración de la norma
acusada.”
[26] La jurisprudencia ha hablado en estos casos de una cosa juzgada material en sentido
amplio o lato. Al respecto ver, por ejemplo, la sentencia C-393 de 2011 (MP
María Victoria Calle Correa), en este caso se resolvió “ESTARSE A LO RESUELTO
en la sentencia C-928 de 2006, que declaró EXEQUIBLE  la expresión
“equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de
acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la
comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período”,
del literal B del numeral 3, del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, “por la
cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”,
por el cargo analizado. Sobre la cuestión ver también, entre otras, las
sentencias C-096 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), C-1173 de 2005 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa, SV Jaime Araujo Rentería, Humberto Antonio Sierra
Porto).
[27] La Corporación aclaró desde un inicio que las decisiones de
constitucionalidad adoptadas por la Corte Suprema de Justicia, ejerciendo el
control judicial de la ley durante la vigencia de la Constitución de 1886 y sus
reformas, no dan lugar a cosa juzgada material. Corte Constitucional, sentencia
C-587 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón). Al decidir sobre la admisión de la
demanda, el Magistrado Ponente había considerado que su rechazo era improcedente,
a pesar de que existía un pronunciamiento de la Corte  Suprema de Justicia
sobre la exequibilidad del artículo acusado (sentencia No 08 del 31 de enero de
1991. No se dio aplicación al artículo 6o. del Decreto 2067 de 1991, que hace
referencia al rechazo cuando lo demandado este amparado por sentencia que
hubiere hecho tránsito a cosa juzgada, por cuanto “[L]as decisiones
adoptadas por la Honorable Corte Suprema de  Justicia antes de la
vigencia de la Carta de 1991, no hacen tránsito a cosa juzgada material, toda
vez que el examen realizado por esa  Corporación no comprendió las
disposiciones de la  actual Constitución, que en materia de derechos
fundamentales difieren en su contenido y alcance de las de 1886.”
[28] En la Sentencia C-250 de 2011 (MP Mauricio González Cuervo) la
Corte, al confrontar lo examinado en la sentencia C-423 de 2006, concluyó que
los contenidos normativos no eran idénticos, por lo que no se daba una cosa
juzgada material.
[29] Corte Constitucional, sentencia C-468 de 2011 (MP María Victoria
Calle Correa, AV Juan Carlos Henao Pérez, María Victoria Calle Correa).
[30] La sentencia (C-468 de 2011) tuvo en
cuenta  (i) que la Corte restringió el alcance de su
decisión a los cargos de la demanda presentada en ese momento (la violación del
principio de unidad de materia) y  (ii) que el problema jurídico analizado es
distinto al planteado en la oportunidad previa, para concluir que no había
operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
[31] Corte Constitucional, sentencia C-880 de 2014 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado, SPV María Victoria Calle Correa).
[32] Corte Constitucional, sentencia C-880 de 2014 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado, SPV María Victoria Calle Correa). En este caso, siguiendo los
parámetros constitucionales expuestos se consideró “[…] que se presenta el
fenómeno de la cosa juzgada material cuando la materia o contenido normativo de
las dos disposiciones es el mismo, independientemente de que el texto sea
diferente, siempre y cuando el contexto normativo en el que se encuentren
insertas no les dé alcances diferentes. De tal modo que, desde el punto de
vista lingüístico, el aspecto determinante para establecer si hay o no cosa
juzgada material no es la sintaxis o estructura gramatical del texto demandado,
sino los cambios semánticos. Es decir, lo determinante es establecer si existen
cambios que impliquen una alteración del sentido o significado del texto,
cuando éste sea relevante desde el punto de vista de sus consecuencias
jurídicas. […]”
[33] Ley 1149 de 2007, Artículo  4°. El artículo 44 del Código Procesal
del Trabajo y la Seguridad Social quedará así: Artículo 44. Clases de
audiencias. Las audiencias serán dos: una de conciliación, decisión de
excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio; y otra de trámite y de
juzgamiento.
[34] Ley 1149 de 2007, Artículo  5°. El artículo 45 del Código Procesal
del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por el artículo 22 de la Ley 712
de 2001, quedará así: (…)  En ningún caso podrán celebrarse más de dos (2)
audiencias.
[35] Ley 1149 de 2007, Artículo  6°. El artículo 46 del Código Procesal
del Trabajo y la Seguridad Social quedará así: Artículo 46. Actas y grabación
de audiencias. (…)
[36] Ley 1149 de 2007, Artículo  7°. El artículo 48 del Código Procesal
del Trabajo y la Seguridad Social quedará así: Artículo 48. El juez director
del proceso. El juez asumirá la dirección del proceso adoptando las medidas
necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el
equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite.
[37] Ley 1149 de 2007, Artículo  8° y 9º.
[38] Ley 1149 de 2007, Artículo  10. El artículo 66 del Código Procesal
del Trabajo y la Seguridad Social quedará así: Artículo 66. Apelación de las
sentencias de primera instancia. Serán apelables las sentencias de primera
instancia, en el efecto suspensivo, en el acto de la notificación mediante la
sustentación oral estrictamente necesaria; interpuesto el recurso el juez lo
concederá o denegará inmediatamente.
[39] Así lo señala, entre otros el profesor de la Universidad Libre,
Benjamín Ochoa Moreno, corredactor de la Ley 712 de 2001 y miembro del Instituto
Colombiano de Derecho Procesal “El Código Procesal del Trabajo incorporó la
oralidad que había venido siendo enunciada desde la ley 10 de 1934 y la
desarrolla. Desde ese momento concibió la oralidad, no como algo absoluto, sino
como una herramienta predominante en el proceso pero que ha de ser
prudentemente manejada, como lo dijo el Ministro y los redactores del Código”
en: “La implementación de la Oralidad en el Proceso Laboral” Revista Dialogo de
Saberes, diciembre 2005.
[40] Según señala la Gaceta del Congreso 190 de 2007, “En primer lugar
esta Comisión Intersectorial para la efectividad del principio de Oralidad en
el Régimen Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, se propuso hacer una
consulta nacional a toda la comunidad jurídica relacionada con la justicia
laboral y seguridad Social.  ||  En el año 2005 se organizaron los foros Regionales en las ciudades
de Bogotá el día 3 de junio, Cali el 10 de junio, Barranquilla y Manizales el
17 de junio, Medellín el 24 de junio y Bucaramanga el 15 de julio en los que
participaron los Magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, y de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
los Magistrados de las Salas Laborales o Mixtas de los Tribunales Superiores,
quienes en asocio con los jueces de su Distrito, presentaron ponencias, con
salvedad de los de Neiva y Valledupar, las organizaciones gremiales y
académicas, abogados litigantes, colegios de abogados, el Instituto Colombiano
de Derecho Procesal, academias de jurisprudencia en Derecho Laboral y de la
Seguridad Social, Facultades de Derecho.  ||  La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla hizo la compilación de
las ponencias y conclusiones de los Foros Regionales, la que fue materia de
examen por parte de un grupo de expertos en derecho procesal, reunidos en la
ciudad de Santa Marta, los días 10 y 11 de agosto de 2005, con el auspicio de
la Organización Internacional del Trabajo.”
[41] Gaceta del Congreso 190 de 2007: “Posteriormente se llevó el
Proyecto elaborado a la Comisión de Concertación donde se acordaron algunas
modificaciones como fue el establecer la oralidad en la segunda instancia e
impedir que las audiencias se puedan aplazar o posponer. Sin embargo este
proyecto no fue presentado por el gobierno sino de iniciativa parlamentaria y
sufrió algunas modificaciones en el texto presentado a la honorable Cámara de
Representantes lo que permitió algunas modificaciones o supresiones
absolutamente necesarias.”
[42] Al respecto ver, entre otras, las sentencias T-451 de 1993 (MP
Jorge Arango Mejía), SU-067 de 1993 (MP Ciro Angarita Barón y Fabio Morón
Díaz), T-268 de 1996, (MP Antonio Barrera Carbonell), T-799 de 2011 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto, AV María Victoria Calle Correa), T-283 de 2013
(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, SV Luis Ernesto Vargas Silva) y SU-241 de
2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado, SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en
estas decisiones la Corte analizó la vulneración del derecho al debido proceso
al limitar el acceso efectivo de los recursos judiciales, anulando sus efectos,
lo que dio lugar a conceder la protección de la tutela frente a decisiones
judiciales o administrativas.
[43]  Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, T-399
de 1993 (MP José Gregorio Hernández Galindo), T-502 de 1997 (MP Hernando
Herrera Vergara), C-1195 de 2001 (MP Manuel José Cepeda y Margo Gerardo Monroy
Cabra), C-371 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), C-222 de 2013 (MP María
Victoria Calle Correa), C-390 de 2014 (MP Alerto Rojas Ríos, AV Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub y SPV Alberto Rojas Ríos). En la última decisión se reitera el
criterio jurisprudencial en materia de que el debido proceso implica una
respuesta oportuna, sin dilaciones injustificadas, a propósito del estudio del
numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004   frente  los posibles
retardos injustificados de la detención preventiva por demoras en el inicio del
juicio penal, lo que dio lugar a una declaración de exequibilidad condicionada
a la interpretación por la cual el término se cuenta a partir de la radicación
del escrito de acusación.
[44] Corte Constitucional, sentencia C-107 de
2004 (MP Jaime Araujo Rentería).
[45] Corte Constitucional, sentencia C-107 de
2004 (MP Jaime Araujo Rentería).
Sostuvo la Corte: “[…] la cabal realización del debido
proceso implica la previa existencia de un régimen normativo que contemple
todos los extremos de las potenciales actuaciones y procedimientos; esto es, un
estatuto rector que establezca y regule los principios, las hipótesis jurídicas
y sus consecuencias;  los actos y etapas, los medios probatorios, los recursos
e instancias correspondientes, y por supuesto, la autoridad competente para
conocer y decidir sobre los pedimentos y excepciones que se puedan concretar al
tenor de las hipótesis jurídicas allí contempladas. El debido proceso debe
comprender todos estos aspectos, independientemente de que su integración
normativa se realice en una sola ley o merced a la conjunción de varias leyes.”
[46] Corte Constitucional, sentencia C-107 de
2004 (MP Jaime Araujo Rentería),
sobre la demanda al artículo 8 del Código Disciplinario Único, en que se
determina el derecho a interponer alegatos de conclusión.
[47] Corte Constitucional, sentencia C-401 de 2010 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo). En esa ocasión el demandante pretendía que se declarara
inexequible la caducidad de 20 años para la acción sancionatoria ambiental,
suponiendo que dicho término impedía al Estado cumplir su tarea. La Corte
consideró exequible la norma, en razón al ámbito de configuración legislativa
sobre aspectos procesales, en general.
[48] Corte Constitucional, sentencia C-592 de 1998 (MP Fabio Morón
Díaz). Examina la demanda contra algunos artículos de la Ley 415 e 1997, en
particular por la supuesta violación al derecho a la igualdad al excluir del
subrogado penal de libertad condicional consagrado en el artículo 72ª del Código
Penal a quienes hubieren cometido delitos de mayor gravedad, y someterlo al
cumplimiento de ciertos requisitos y procedimientos.. La Corte declaró
exequible la norma con base en la potestad del legislador de reglamentar
ciertos procedimientos.
[49] Corte Constitucional, sentencia C-437 de 2013 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub), conoce de una demanda sobre el término para reformar la
demanda dentro del plazo de caducidad de la acción electoral. Nuevamente la
Corte reitera el amplio margen de configuración legislativa para los
procedimientos, y declara la exequibilidad de la norma.
[50] Corte Constitucional, sentencia C-738 de 2006 (MP Marco Gerardo
Monroy Cabra), la Corte analiza la disposición sobre temeridad en la queja por
acoso laboral, y la supuesta incertidumbre por no fijar un procedimiento y las
reglas de prueba para que el juez fije la multa. La Corte reitera el amplio
margen de configuración legislativa y declara exequible el procedimiento,
aunque también declara inexequible la expresión que determinaba descontar la
multa del salario de forma sucesiva durante los 6 meses siguientes, por
considerarla desproporcionada y por ende sobre pasar los amplios límites del
legislador en la materia.
[51] Corte Constitucional, sentencia C-372 de 2011 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, SV María Victoria Calle Correa y Humberto Sierra Porto). Se
resuelve la demanda contra el Artículo 48 de la Ley 1395 de 2010 que establece
la cuantía para la casación laboral. Pese a que se reitera que el legislador
tiene un amplio margen de configuración legislativa en materia de regulación de
procedimientos y recursos judiciales, la norma es declarada inexequible, por
considerar que contiene una medida regresiva y no persigue un fin legítimo.
[52] Corte Constitucional, sentencia C-034 de 2014 (MP María Victoria
Calle Correa, SV Jorge Iván Palacio Palacio, Luis Guillermo Guerrero Pérez,
Alberto Rojas Ríos, Luis Ernesto Vargas Silva). Se dijo en esta ocasión: “[E]n
materia de procedimientos la libertad de configuración posee mayor amplitud que
en otros ámbitos, pues así lo disponen los artículos 150 constitucional,
numeral 1 y 2, en concordancia con los artículos 29, 86, 87, 228 y 229
constitucionales, que lo facultan para establecer requisitos, tiempos,
procedimientos, recursos, etc., de manera que el Legislador puede regular el
derecho de acceso a la administración de justicia pero no tornarlo ilusorio,
razón por la que se exige que las restricciones que en virtud de esa potestad
legislativa se lleguen a imponer, deben ser proporcionales frente a este
derecho fundamental y al principio constitucional consagrado en el artículo
238, según el cual lo sustancial debe primar sobre lo formal”. En esta sentencia
se sigue lo dispuesto en la sentencia C-598 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, SPV María Victoria Calle Correa, AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo)
que, a su vez, siguió lo dispuesto en las sentencias C-562 de 1997 (MP
Vladimiro Naranjo Mesa), C-680 de 1998 (MP Carlos Gaviria Díaz), C-1512 de 2000
(MP Álvaro Tafur Galvis, SV Jairo Charry Rivas), C-131 de 2002 (MP Jaime
Córdoba Triviño, SV Rodrigo Escobar Gil) y C-204 de 2003 (MP Álvaro Tafur
Galvis, SPV Jaime Araujo Rentería).
[53] Corte Constitucional, Sentencia C-652 de 1997 (MP Vladimiro Naranjo
Mesa). En este fallo la Corte encontró conforme a la Carta el establecimiento
de plazos perentorios para el ejercicio de determinados recursos procesales en
casos de violencia intrafamiliar, vencidos los cuales ya no era posible
interponerlos pues “existe un interés general por parte del Estado y de la
sociedad para que los procesos judiciales se surtan en forma oportuna y
diligente”. Reiterada entre otras en la Sentencia C-1195 de 2001 (MP Manuel
José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Alfredo Beltrán Sierra,
Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández y Jaime Araujo Rentería; AV
Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Uprimny Yepes).
[54] Esta posición, fijada en sentencias como la C-038 de 1995 (MP
Alejandro Martínez Caballero), ha sido reiterada en distintas ocasiones y desde
distintos ámbitos: así, frente a los ajustes al CPTSS implementado por la ley
1149 de 2007 respecto de las excepciones previas, la sentencia C-820 de 2011
(MP Luis Ernesto Vargas Silva), o al examinar los procedimientos del CPACA en
la Sentencia C-034 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa, SV Jorge Iván
Palacio Palacio, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alberto Rojas Ríos, Luis
Ernesto Vargas Silva).
[55] Corte Constitucional, sentencia C-555 de 2001 (MP Marco Gerardo
Monroy Cabra). En el  mismo sentido, pueden verse también las sentencias C-832
de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil),  C-012 de 2002 (MP Jaime Araujo Rentería) y
C-814 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, SPV Humberto Antonio Sierra
Porto). En estas decisiones, la Corte debió analizar el margen de configuración
sobre normas relativas a procedimientos diseñados por el legislador para temas
tan diversos como la oportunidad para controvertir la prueba en el proceso
disciplinario,  la caducidad de la acción de repetición, presentación demanda
civil,  o incluso la adopción, y en todos esos casos, mantuvo la regla de que
el legislador tiene un amplio espacio para diseñar los procedimientos.
[56] Al respecto, la sentencia C-1104 del 2001 (MP Clara Inés Vargas
Hernández, SV Álvaro Tafur Galvis), reiterada por la C-820 de 2011 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva) sostiene: “La jurisprudencia de esta Corporación ha sido
constante en manifestar que conforme a lo dispuesto en los artículos 29, 150 y
228 de la Carta Política, el legislador se haya investido de amplias facultades
para configurar los procedimientos judiciales, siempre y cuando al hacerlo respete
los principios y valores constitucionales y obre conforme a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad. En desarrollo de esta competencia, el
legislador está habilitado para regular los siguientes aspectos: ||  § El legislador goza de libertad de
configuración en lo referente al establecimiento de los recursos y medios de
defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que profieren
las autoridades. […]  ||  § Corresponde
al Congreso fijar las etapas de los diferentes procesos y establecer los
términos y las formalidades que deben cumplir. Sin embargo, en esta labor el
legislador tiene ciertos límites, representados fundamentalmente en su
obligación de atender los principios y fines del Estado y de velar por la
vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos.  ||  § La radicación de una competencia en una determinada
autoridad judicial, no configura una decisión de índole exclusivamente
constitucional sino que pertenece al resorte ordinario del legislador, siempre
y cuando el constituyente no se haya ocupado de asignarla de manera explícita
entre los distintos entes u órganos del Estado.  ||  § Compete al legislador regular lo concerniente a los medios de
prueba. Como algo consustancial al derecho de defensa, debe el legislador
prever que en los procesos judiciales se reconozcan a las partes los siguientes
derechos: i) el derecho para presentarlas y solicitarlas; ii) el derecho para
controvertir las pruebas que se presenten en su contra; iii) el derecho a la
publicidad de la prueba, pues de esta manera se asegura el derecho de
contradicción; iv) el derecho a la regularidad de la prueba, esto es,
observando las reglas del debido proceso, siendo nula de pleno derecho la
obtenida con violación de éste; v) el derecho a que de oficio se practiquen las
pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de realización y
efectividad de los derechos; y vi) el derecho a que se evalúen por el juzgador
las pruebas incorporadas al proceso.  ||  Especialmente, al legislador también se le reconoce competencia para
establecer dentro de los distintos trámites judiciales imperativos jurídicos de
conducta consistentes en deberes, obligaciones y cargas procesales a las
partes, al juez y aún a terceros intervinientes, ya sea para asegurar la
celeridad y eficacia del trámite procesal,  proteger a las mismas partes e
intervinientes o bien para prevenir situaciones que impliquen daño o perjuicio
injustificado a todos o algunos de ellos.”
[57] Sobre este punto, se pueden ver, entre otras, las sentencias C-493
de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo, SV Alberto rojas Ríos), que reitera lo
sostenido por las sentencias C-373 de 1995 (MP Carlos Gaviria Díaz) y C-537 de
1993 (MP Hernando Herrera Vergara), en que se analizan normas sobre condiciones
personales para el ejercicio de ciertos cargos (Presidente de la junta del ICBF
e inhabilidades para ser Concejal Municipal).
[58] Corte Constitucional, sentencia C-925 de 1999 (MP Vladimiro Naranjo
Meza), que declaró inexequible la notificación por aviso a los demandados
cuando se ordene medidas cautelares en el proceso civil, por considerar que la
norma modificatoria desconocía las garantías procesales con que ellos contaban.
[59] Corte Constitucional, sentencia C-l512 de 2000 (MP Álvaro Tafur
Galvis, SV Jairo Charry Rivas (e)). En esta ocasión la Corte declara exequible
la modificación al Código de Procedimiento Civil que sanciona con la
declaración de desierto el recurso de apelación, cuando quien lo interpone no
cubre los costos de copias y traslado del expediente.
[60] Corte Constitucional, sentencia C-1195 de 2001 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Alfredo Beltrán Sierra, Álvaro
Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández y Jaime Araujo Rentería; AV Manuel
José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Uprimny Yepes); en esa
ocasión la Corte debía resolver si convertir la conciliación en un requisito de
procedibilidad para acceder a la jurisdicción civil, contenciosa administrativa
y de familia constituye una gravosa restricción al ejercicio del derecho
fundamental a acceder a la justicia.
[61] Corte Constitucional, sentencia C-372 de
2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, SV María
Victoria Calle Correa y Humberto Sierra Porto).
[62] Corte Constitucional, sentencia C-372 de 2011. En este caso se dijo
al respecto: “Uno de los primeros criterios a partir de los cuales debe darse
la respuesta a este interrogante lo constituye la mayor o menor amplitud que,
dependiendo de la materia regulada, deba reconocerse a la libertad de
configuración que es inherente a la función legislativa encomendada al Congreso
de la República. En relación con este aspecto debe la Corte comenzar por
resaltar que, desde sus inicios, la jurisprudencia constitucional ha reconocido
que en materias procesales ese ámbito de autonomía es especialmente amplio,
pues según lo ha explicado esta corporación, en ejercicio de su cláusula
general de competencia legislativa, las cámaras tienen la posibilidad de
determinar libremente, entre otras materias: i) lo relativo a las distintas acciones
de que dispondrán los ciudadanos y los tipos de procesos que a partir de ellas
deberán surtirse; ii) la radicación de competencias, salvo en los casos en que
la misma Constitución las ha asignado; iii) las diligencias y etapas que
comprenderán cada uno de tales procesos; iv) los medios de prueba que en cada
caso podrán emplearse; v) los recursos y medios de defensa que los ciudadanos
pueden oponer frente a las decisiones judiciales; vi) los deberes, obligaciones
y cargas procesales de las partes, del juez e incluso de los terceros
intervinientes. Así las cosas, con el fin de no estorbar el libre ejercicio de
esa autonomía por parte del poder legislativo, resulta aconsejable no aplicar
en este caso un test estricto, sino uno intermedio, o incluso de leve
intensidad. De otra parte es necesario considerar que, según se afirma en la
demanda, la norma acusada sería inexequible al afectar el ejercicio de varios
importantes derechos fundamentales, la igualdad, el debido proceso y el acceso
a la justicia. Esta razón conduce entonces en dirección contraria a la
anterior, pues esa posibilidad de afectación justifica un mayor rigor en el
análisis de la  proporcionalidad de esta norma. Entonces, al apreciar
conjuntamente esas dos reflexiones, concluye la Corte que lo adecuado es
aplicar en este caso un test de intensidad intermedia.”
[63] Al respecto sostiene la sentencia: “En suma, encuentra la Corte que
la regla contenida en el artículo 45 de la Ley 1395 de 2010 no supera el test
de proporcionalidad propuesto, por cuanto si bien pretende contribuir a una
finalidad legítima y acorde con la Constitución como lo es la descongestión de
los despachos judiciales, resulta tener un efecto exiguo y dudoso frente al
logro de ese propósito, no puede catalogarse como necesaria, y especialmente,
no resulta proporcionada, dado que somete a los demandados a costos y cargas
adicionales excesivas y reporta a los demandantes un privilegio injustificado,
que puede además conducir a situaciones violatorias del debido proceso y
lesivas del derecho de acceder a la administración de justicia.  ||  Conclusión: la regla según la cual el
actor puede escoger que el proceso laboral se adelante ante el juez del lugar
donde se prestó el servicio o ante el de su propio domicilio vulnera el
principio de igualdad, la garantía del debido proceso y el derecho de acceso a
la justicia.” Después de realizar el test intermedio de proporcionalidad y encontrar
que la norma no cumplía con la proporcionalidad en estricto sentido, sostuvo la
sentencia. “A partir de las anteriores consideraciones observa entonces la
Corte que en cuanto la decisión anticipada de ordenar pagos en ejercicio de la
facultad prevista en el artículo 47 demandado equivale materialmente a una
sentencia, salvo la única e insuficiente consideración de tratarse de un
mecanismo de descongestión judicial, no existen en este caso razones precisas y
constitucionalmente válidas que justifiquen la improcedencia del recurso de
apelación que ordinariamente procede contra tales providencias. Así las cosas,
esa tácita improcedencia de recursos es una razón adicional para concluir que
esta regla resulta contraria a la Constitución.” Corte Constitucional,
sentencia C-372 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub SV María Victoria
Calle Correa y Humberto Sierra Porto).
[64] Corte Constitucional, sentencia C-034 de 2014 (MP María Victoria
Calle Correa, SV Jorge Iván Palacio Palacio, Luis Guillermo Guerrero Pérez,
Alberto Rojas Ríos, Luis Ernesto Vargas Silva). En dicha decisión, el
demandante acusaba el contenido normativo del artículo 40 del Nuevo Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de
2001, según el cual no proceden recursos contra la actuación del funcionario
que decida sobre la solicitud de práctica de pruebas, antes de que se profiera
decisión de fondo.
[65] Corte Constitucional, sentencia C-086 de 2016 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio, AV Gloria Stella Ortiz Delgado). Los demandantes argumentaban
que la norma acusada, al utilizar la expresión “podrá”, facultaba al juez a
distribuir discrecionalmente la carga probatoria entre las partes, exigiendo
acreditar determinado hecho a quien se encuentre en una situación más favorable
para hacerlo. En su sentir, de acuerdo con el derecho a la tutela judicial
efectiva (arts. 2º, 29, 228 y 229 CPo), tal proceder debe ser imperativo y no
producto de la mera liberalidad del juez.
[66] Corte Constitucional, sentencia C-493 de 2016 (MP Alejandro Linares
Cantillo, SV Alberto Rojas Ríos). En esta sentencia, la Corporación estableció
que la acusación de afectación desproporcionada e irrazonable del derecho a la
doble instancia (art. 31 CPo) y el efectivo acceso a la administración de
justicia (art. 229 CPo) por parte del Art.10 de la Ley 1149 de 2007, que
establece la obligación de sustentar el recurso de casación de forma inmediata,
no estaba llama a prosperar, por cuanto la finalidad de la celeridad en la
jurisdicción ordinaria laboral no se encuentra prohibida y en efecto se
materializa a través de la medida de la oralidad como principio rector dentro
de los procesos surtidos ante la jurisdicción ordinaria laboral. La Corte
estimó razonable la exigencia de dicha carga procesal a la parte recurrente,
que como parte afectada no puede considerarse sorprendida con la decisión
adoptada en primer instancia, ya que cuenta con la posibilidad y el deber legal
de participar activamente en las etapas previas al proceso.
[67] Convención Americana de Derechos Humanos, Artículo 8. Garantías
Judiciales “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías
y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o
de cualquier otro carácter.”
[68] Corte IDH. Caso Mohamed Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 noviembre de 2012 Serie C No. 255,
Párrafo 80 “80. Es menester señalar que la Corte, al referirse a las garantías
judiciales protegidas en el artículo 8 de la Convención, también conocidas como
garantías procesales, ha establecido que para que en un proceso existan
verdaderamente dichas garantías, conforme a las disposiciones del artículo 8 de
la Convención, es preciso que se observen todos los requisitos que "sirvan
para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un
derecho” [Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y
Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas], es decir, las “condiciones que deben cumplirse
para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones
están bajo consideración judicial” [Cfr. Garantías Judiciales en Estados de
Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 28, y
Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 95].
[69] Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de
agosto de 2008. Serie C No. 184, Párrafo 106. Al respecto ha dicho la Corte
IDH: “106. A efectos de cumplir su obligación convencional de establecer en el
ordenamiento jurídico interno un recurso efectivo en los términos de la
Convención, los Estados deben promover recursos accesibles a toda persona para
la protección de sus derechos. Si una determinada acción es el recurso destinado
por la ley para obtener la restitución del derecho que se considera violado,
toda persona que sea titular de dicho derecho debe tener la posibilidad real de
interponerlo.”
[70] Así en el caso Baena Ricardo Vs. Panamá, revisando la situación de
270 trabajadores públicos despedidos por haber participado en una manifestación
laboral, sostuvo la Corte IDH: “141. El Estado no proporcionó elementos sobre
los casos de todos los trabajadores, y de los que proporcionó se desprende la
ineficacia de los recursos internos, en relación con el artículo 25 de la
Convención.  Así se evidencia que los tribunales de justicia no observaron el
debido proceso legal ni el derecho a un recurso efectivo.  Como fue expresado,
los recursos intentados no fueron idóneos para solucionar el problema del
despido de los trabajadores.” Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No.
72, Párrafo 141.
[71] Sobre el punto, la Corte IDH sostuvo en el
caso Babani Duarte: “120. El Tribunal ha desarrollado
el derecho a ser oído protegido en el artículo 8.1 de la Convención, en el
sentido general de comprender el derecho de toda persona a tener acceso al
tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones,
el cual en cierto tipo de procesos debe ejercerse de manera oral. Asimismo, al
pronunciarse sobre la observancia de las garantías del debido proceso en la
investigación de violaciones de derechos humanos, la Corte ha indicado que
implica el deber estatal de garantizar que las víctimas o sus familiares tengan
‘amplias posibilidades de ser oídos’ ‘en todas las etapas de los respectivos
procesos, [de manera que] puedan formular sus pretensiones y presentar
elementos probatorios y que éstos sean analizados de forma completa y seria por
las autoridades antes de que se resuelva sobre hechos, responsabilidades, penas
y reparaciones’. Corte IDH. Caso Barbani Duarte y Otros Vs. Uruguay. Fondo
Reparaciones y Costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234,
Párrafo 120.
[72] Corte Constitucional, sentencia C-317 de 2008 (MP Jaime Córdoba
Triviño).
[73] Corte Constitucional, sentencia C-317 de 2008 (MP Jaime Córdoba
Triviño), párrafo 2.
[74] Concluyó la sentencia: “(…) en la ponderación de los distintos
valores, principios y derechos que se ven comprometidos en el diseño del
procedimiento judicial, el legislador optó por dar una sola oportunidad a las
partes del proceso laboral para aplazar la audiencia de conciliación y señaló
la causa que justifica este aplazamiento y las consecuencias del incumplimiento.
El resultado de esta ponderación, al menos en cuanto respecta a la expresión
demandada, no parece irrazonable ni desproporcionad y no vulnera, como ya fue
expuesto, el derecho a la igualdad.”
[75] Corte Constitucional, sentencia C-820 de 2011 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva). En este caso la norma acusada dice: “Decreto Ley 2158 de 1948,
ARTICULO 32. TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES. Modificado por el artículo 1° de la
Ley 1149 de 2007. El juez decidirá las excepciones previas en la audiencia de
conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del
litigio. También podrá proponerse como previa la excepción de prescripción
cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de
su interrupción o de su suspensión, y decidir sobre la excepción de cosa
juzgada. Si el demandante tuviere que contraprobar deberá presentar las pruebas
en el acto y el juez resolverá allí mismo.”
[76] Corte Constitucional, sentencia C-820 de 2011 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva). Párrafo 6.
[77] Corte Constitucional, sentencia C-820 de 2011 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva). Párrafo 21.
[78] Corte Constitucional, sentencia C-820 de 2011 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva). Párrafo 27.
[79] Corte Constitucional, sentencia C-636 de 2012 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo).
[80] Corte Constitucional, sentencia C-493 de 2016 (MP Alejandro Linares
Cantillo, SV Alberto Rojas Ríos).
[81] Se reforman los artículos: 32 -Trámite de
las excepciones-, 37 -Proposición y trámite de incidentes-, 42 -Principio s de
oralidad y publicidad-, 44 -Clases de audiencias-, 45 -Señalamiento de
audiencias-, 46 -Actas y grabación de audiencias-, 48 -El juez director del
proceso-, 53 -Rechazo de pruebas y diligencias inconducentes-, 59
-Comparecencia de las partes-, 66 -Apelación de las sentencias de primera
instancia-, 77 -Audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones
previas, saneamiento y fijación del litigio-,  80.- Audiencia de trámite y
juzgamiento de primera instancia-, 82 -Audiencia de trámite y fallo en segunda
instancia-, y 69 -Procedencia de la Consulta-.
[82] Corte Constitucional, sentencia C-317 de 2008 (MP Jaime Córdoba
Triviño).
[83] Tal como ha sido estructurado por las modificaciones de la Ley
revisada, el proceso laboral se desarrolla en dos (2) audiencias: (i) la
audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y
fijación del litigio, y (ii) audiencia de trámite y de juzgamiento. La
disposición demandada dispone que las mismas se desarrollan sin solución de
continuidad, sin suspensiones y expresamente prohíbe la celebración de otra
audiencia.
[84] Al respecto ver, por ejemplo, la sentencia C-820 de 2011 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva).
[85] Corte Constitucional, sentencia C-493 de 2016 (MP Alejandro Linares
Cantillo, SV Alberto Rojas Ríos). Declaró la exequibilidad de la siguiente
norma: “[…] El artículo 66 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad
Social quedará así: Artículo 66. Apelación de las sentencias de primera instancia.
Serán apelables las sentencias de primera instancia, en el efecto suspensivo,
en el acto de la notificación mediante la sustentación oral estrictamente
necesaria; interpuesto el recurso el juez lo concederá o denegará
inmediatamente.”
[86]  En la sentencia C-317 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño), se
resolvió la exequibilidad del artículo 11 de la Ley, que modifica el artículo
77 del CPTSS, sobre la Audiencia obligatoria de conciliación, decisión de
excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. La expresión demandada
era la siguiente: “Si antes de la hora señalada para la audiencia, alguna de
las partes presenta prueba siquiera sumaria de una justa causa para no
comparecer, el juez señalará nueva fecha para celebrarla, la cual será dentro
de los cinco (5) días siguientes a la fecha inicial, sin que en ningún caso
pueda haber otro aplazamiento.”.
[87] Gaceta del Congreso 190 de 2007.
[88] Gacetas del Congreso 250 de 2007 (Cámara) y 251 de 2007 (Senado).
El informe de conciliación dice al respecto: “III. Los conciliadores están de
acuerdo con las modificaciones hechas por el Senado al documento aprobado por
la Cámara, en su integridad, salvo que en el artículo 12, que modifica el
artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, la Cámara
aprobó que en la audiencia de trámite y juzgamiento el Juez debería fallar ahí
mismo. (…) Por lo tanto, el texto conciliado quedará así: (…) Artículo 12. El artículo
80 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social quedará así: Artículo
80. Audiencia de trámite y juzgamiento en primera instancia. En el día y hora
señalados el juez practicará las pruebas, dirigirá las interpelaciones o
interrogaciones de las partes y oirá las alegaciones de estas. Los testigos
serán interrogados separadamente, de modo que no se enteren del dicho de los
demás. En el mismo acto dictará la sentencia correspondiente o podrá decretar
un receso de una (1) hora para proferirla, y se notificará en estrados.”
[89] Gaceta del Congreso 190 de 2007.
[90] En la exposición de motivos de la reforma, según consta en el Acta
del Congreso Nº 190 de 2007, se dijo: “En los diversos foros que convocó la
Comisión de Oralidad, por consenso, se señaló el fracaso total para lograr la
oralidad, la concentración, la inmediación y la celeridad pretendida en el
Código Procesal del Trabajo causado principalmente por el apego a lo escrito, como
elemento cultural. Distintas voces de magistrados, jueces y litigantes
coinciden en indicar cómo la costumbre de escribir todo lo acaecido en la
audiencia ha convertido el proceso oral del Código en un proceso dictado,
lento, sin inmediación y separado por actuaciones, perdiendo el sentenciador la
oportunidad de sentir lo expresado por las partes y los testigos al momento de
fallar ya que ha sido lejano el día en que practicó las pruebas, o lo fue otro
juez, teniendo un conocimiento mediado por la infidelidad de la memoria (cuando
pudo estar presente en la audiencia) y por la ininteligibilidad de las actas
hechas a contratiempo con errores de redacción, digitación, puntuación y toda
clase de problemas del lenguaje que dejan al operador judicial más lejos de la
real expresión de las partes en la audiencia.”
[91] Sobre las dificultades en la implementación del sistema oral, como
una forma de transformación de la cultura jurídica del país, resulta pertinente
el estudio de la profesora, miembro del Instituto Colombiano de Derecho
Procesal e investigadora sobre políticas públicas judiciales de la Universidad
de los Andes, Ana Bejarano Ricaurte, titulado “transformando la cultura
jurídica en Colombia: una propuesta para superar las resistencias y desafíos en
la implementación de la oralidad en el proceso civil”. Publicado en 2011 en
la Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y disponible en: http://www.icdp.org.co/revista/articulos/37/AnaBejaranoRicaurte.pdf
[92] Corte Constitucional, sentencia C-673 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa, AV Álvaro Tafur Galvis y Jaime
Araujo Rentería). Dijo la Corte: “Según la jurisprudencia de esta
Corporación, el examen de constitucionalidad de una norma legal supone la
intervención de la jurisdicción constitucional en la órbita de competencias del
legislador, en aras de preservar los principios y valores constitucionales. El
principio democrático (art. 1 CPo), el principio de la separación de las ramas
del poder público y de colaboración armónica entre ellas (art. 113 inciso 2
CPo) y el principio de primacía de los derechos inalienables de la persona
(art. 5 CPo) deben ser interpretados sistemáticamente y ponderados en concreto
de forma que se respeten las competencias constitucionales tanto del legislador
como de la Corte Constitucional. Tal es el sentido básico de los distintos
grados de intensidad con los que debe aplicarse el test de razonabilidad de una
medida legislativa.  (…)  ||  Además, es pertinente subrayar que el test de
razonabilidad sigue precisos pasos que le imprimen objetividad al análisis de
constitucionalidad. Las jurisprudencias nacional, comparada e internacional
desarrollan generalmente el test en tres pasos: 1. el análisis del fin
buscado por la medida, 2. el análisis del medio empleado y 3. el
análisis de la relación entre el medio y el fin. Cada uno de estos pasos
busca absolver diversas preguntas, según se trate de un test estricto,
intermedio o leve.” Según lo sostiene la decisión C-034 de
2014 (MP María victoria Calle Correa, SV Jorge Iván
Palacio Palacio, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alberto Rojas Ríos, Luis
Ernesto Vargas Silva) la importancia de la sentencia
(C-673 de 2001) es que “[…] consolidó la metodología del test integrado
de este tipo de examen, que involucra el escrutinio de la razonabilidad y
proporcionalidad de la medida, bajo distintos niveles de intensidad, en virtud
de un análisis sobre el tipo de medida, el alcance de la potestad de
configuración legislativa en cada ámbito normativo, y la posible afectación a
derechos fundamentales, o a personas y grupos a quienes la Constitución depara
un grado reforzado de protección.” Esta decisión ha sido
reiterada, entre otras, en las sentencias C-250 de 2003 (MP Rodrigo
Escobar Gil), T-393 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra), C-076 de 2006 (MP
Jaime Córdoba Triviño), C-715 de 2006 (Álvaro Tafur Galvis, SV
Jaime Araujo Rentería), C-354 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
T-632 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa), C-1021 de 2012 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio),   C-448 de 2015 (MP Mauricio González Cuervo, AV Alberto
Rojas Ríos) y C-104 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, AV María
Victoria Calle Correa y Luis Ernesto Vargas Silva).
[93] Por supuesto hay casos excepcionales, pero por lo general, la parte
trabajadora suele ser una parte débil, cuyos derechos han de ser resueltos
sustantiva, pronta y cumplidamente.
[94] Al respecto señaló el profesor y miembro del Centro de
Investigación Laborales de la Universidad Externado de Colombia, Jorge Mario
Benítez Pinedo: “Si bien el objetivo de la nueva redacción del artículo 45 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social es evitar la práctica
malsana que se viene dando en los juzgados de tiempo atrás, de aplazar las
audiencias contraviniendo lo establecido en la ley respecto de que no habrá más
de 4; tal como sucede con el resto de la reforma, su éxito depende de un cambio
en la cultura jurídica de jueces y demás funcionarios judiciales, toda vez que
esa misma fue la intención del legislador con la reforma introducida por la ley
712 de 2001 y que fue burlada de forma descarada por los jueces, haciendo uso
de la posibilidad que la misma norma les daba de suspender la audiencia por una
sola vez, convirtiendo de esta forma la excepción en la regla general. Sin
embargo, la redacción de la Ley 1149 es más afortunada, toda vez que elimina la
posibilidad de aplazar o suspender la audiencia al señalar que las mismas “no
podrán suspenderse” y que “se desarrollarán sin solución de continuidad…hasta
que sea agotado su objeto”; prohibición que viene a ser reforzada con el inciso
final del artículo que establece que en ningún caso podrán celebrarse más de
dos audiencias.” En: “La oralidad en el proceso laboral: Comentarios a la ley
1149 de 2007,” Revista: Discurso Laboral, Nº 10, Julio de 2007, Universidad
Externado de Colombia. P. 3.
[95] Tal como lo dispone el Art. ARTICULO 45. Señalamiento de
Audiencias. modificado por el artículo 5 de la Ley 1149 de 2007. “Las
audiencias no podrán suspenderse, se desarrollarán sin solución de continuidad
dentro de las horas hábiles, hasta que sea agotado su objeto, sin perjuicio de
que el juez como director del proceso habilite más tiempo.”
[96] ARTÍCULO 48. El juez director del proceso. <Artículo
modificado por el artículo 7 de la Ley 1149 de 2007. Ver artículo 15 sobre
Régimen de Transición. El nuevo texto es siguiente:> El juez asumirá la
dirección del proceso adoptando las medidas necesarias para garantizar el
respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la
agilidad y rapidez en su trámite.
[97] El papel del juez como Director del Proceso Laboral Oral, implica
por una parte la flexibilidad de algunas disposiciones, y por otra, el
fortalecimiento de la autonomía del juez para ajustar los procedimientos a las
finalidades que persigue, en cada caso concreto. Así, lo sostiene la
intervención del Ministerio Público en el expediente, y de la misma forma
autores como Jair Samir Corpus Vanegas, quien  señala: “Dentro del juicio oral,
le corresponde al juez dirigir todas las actuaciones de principio a fin, sin
perjuicio del apoyo que le puedan brindar sus empleados. Ese direccionamiento
implica sobre todo un diálogo constante con las partes y sus apoderados, con el
fin de buscar acuerdos que permitan finiquitar el proceso a la mayor brevedad.
Dentro de este contexto el juez goza de autonomía para resolver el litigio con
las necesidades que amerite cada caso, lo que da lugar a la flexibilización de
la norma pero respetando siempre el derecho de defensa.” En: El juez modelo
para la oralidad laboral, P. 758, disponible en: https://letrujil.files.wordpress.com/2013/09/31jair-samir-corpus-v.pdf,
en el mismo sentido Hugo Alexander Bedoya Díaz, “(…) una dirección técnica o
gerencial en la que el juez determina el ritmo del proceso, eliminando las
actividades procesales innecesarias o superfluas y utilizando activamente
mecanismos alternativos de la conciliación para solucionar el conflicto” en  La
oralidad en el proceso laboral, Leyer, 2008, P. 60.