T-443-02
Sentencia T-
Sentencia T-443/02
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia
frente a quienes administran condominios
SUBORDINACION-Usuario respecto de
reglamento de centro comercial/ACCION DE TUTELA CONTRA CENTRO COMERCIAL-Procedencia
La acción es
procedente por existir subordinación del peticionario respecto de dicho centro
comercial, en cuanto usuario, condición en la cual el segundo está sometido a
las disposiciones reglamentarias y  las decisiones del primero, y no porque
dicho centro individualmente preste el servicio público de comercio, como lo
afirma el juez de segunda instancia, puesto que la persona jurídica
correspondiente no tiene fin de lucro y no tiene por objeto el desarrollo de
actividades comerciales.
ACCION DE TUTELA-Improcedencia por no
vulneración de derechos fundamentales
Referencia: expediente T-
567421
Acción de tutela
instaurada por Francisco Javier Jaramillo Vélez contra Centro Comercial Pereira
Plaza
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA.
Bogotá D. C., treinta (30) de mayo de dos mil dos (2002).
La Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
compuesta por los Magistrados JAIME ARAUJO RENTERIA, ALFREDO BELTRAN SIERRA Y
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por el
Juzgado Quinto Penal Municipal de Pereira, Risaralda, y el Juzgado Segundo
Penal del Circuito de la misma ciudad, al resolver sobre la acción de tutela
formulada por Francisco Javier Jaramillo Vélez contra Centro Comercial Pereira
Plaza.
I. ANTECEDENTES.
1. Solicitud
El señor Francisco Javier Jaramillo
Vélez, obrando en nombre propio, presentó escrito el 16 de Octubre de 2001
(Fls. 1-2) mediante el cual solicita la tutela de los derechos a la dignidad y
la honra, supuestamente vulnerados por el Centro Comercial Pereira Plaza de la
ciudad de Pereira, Risaralda.
El accionante fundamenta la solicitud en los siguientes hechos:
El  12 de Octubre  de 2001 se encontraba de compras junto con su
esposa y sus hijos en el Centro Comercial Pereira Plaza y el administrador de
éste, señor Gabriel Arturo Soto Restrepo, y dos   vigilantes  llamaron a la
fuerza pública para que lo expulsaran del mismo, sin motivo, por lo cual tuvo
que retirarse de él.
2. Contestación del Centro Comercial Pereira Plaza
Mediante escrito presentado por intermedio de apoderado el 22 de
Octubre de 2001 (Fls. 9-16), el Centro Comercial Pereira Plaza contestó la
solicitud de tutela en la siguiente forma:
El 12 de Octubre de 2001, aproximadamente a las 7 p. m., un guía de
seguridad de nombre Mario Tabares informó al señor Gabriel Arturo Soto
Restrepo, Jefe de Seguridad y Mantenimiento del Centro Comercial Pereira Plaza,
que el señor Francisco Javier Jaramillo Vélez tomó sin autorización unos
jabones marca “Lux” que estaban siendo exhibidos en aquel. Este último
manifestó que le habían sido obsequiados por el encargado del puesto de
exhibición, pero el mismo negó que lo hubiera hecho. En consecuencia, el Jefe
de Seguridad y Mantenimiento pidió al señor Jaramillo Vélez que se retirara del
centro comercial.
Manifiesta que existen antecedentes en contra del señor Jaramillo
Vélez en el sentido de que interrumpe por tiempo prolongado el trabajo de
algunas vendedoras del centro comercial, ha sido sorprendido en varias
oportunidades en el Supermercado Ley consumiendo productos sin cancelarlos
previamente, ingresa sin autorización a las instalaciones de la administración
a leer el periódico, realiza conductas insultantes para con otros usuarios del
centro comercial, como ocurrió el 24 de Julio de 2001, día en que fue
sorprendido por un vigilante colocando una nota ofensiva en un vehículo que se
encontraba estacionado en uno de los sótanos, hecho éste por el cual presentó
disculpas mediante carta de 25 de Julio del mismo año.
Sostiene que el día del incidente al cual se refiere la solicitud de
tutela,  el señor Jaramillo Vélez estaba sólo, como ocurre siempre, y no
acompañado de su familia, y en vista de que no atendió la solicitud de
retirarse que le hiciera el Jefe de Seguridad y Mantenimiento, éste llamó a la
policía y cuando acudieron dos de sus miembros se realizó una conversación en
la oficina de la administración, en la que se trató respetuosamente a aquel y
el mismo aceptó retirarse voluntariamente.
Señala que la entrada del peticionario al centro comercial no está
restringida, siempre y cuando no altere la tranquilidad de las demás personas.
3. Pruebas
Obran en el expediente las siguientes pruebas:
3.1. Documentos aportados por el accionante
-
Copia cédula de ciudadanía del mismo (Fl. 3)
-
Ampliación de la solicitud de tutela (Fl. 8)
3.2. Documentos aportados por el Centro Comercial Pereira Plaza:
-
Poder otorgado a su apoderada especial (Fl. 33)
-
Certificado de existencia y representación legal
del centro comercial (Fl. 22)
-
Nota colocada por el señor Jaramillo Vélez en un
vehículo estacionado en el centro comercial (Fl. 17)
-
Carta de 25 de Julio de 2001 enviada por el
señor Jaramillo Vélez al administrador del centro comercial (Fl. 18)
-
Listado de entradas del vehículo del señor
Jaramillo Vélez al parqueadero del centro comercial (Fls. 19-21)
-
Reglamento de Convivencia del centro comercial
(Fls. 23-32)
3.3. Testimonios solicitados por el Centro Comercial Pereira Plaza:
Por solicitud del centro comercial fueron practicados los
testimonios de Consuelo Noira Giraldo de García y Mario Augusto Tabares Gómez
(Fls. 34-37).
3.4. Por orden del Magistrado Sustanciador de la Corte
Constitucional se allegaron los siguientes documentos:
-
Reglamento de Propiedad Horizontal del Centro
Comercial Pereira Plaza con sus reformas (Cuaderno adicional)
-
Reglamento de Convivencia (Fls. 84-93)
-
Acta de Reunión de Junta Directiva del Centro
Comercial Pereira Plaza, No. 5 de Marzo 12 de 1996 (Fls. 94-102)
II. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN.
Sentencia de primera instancia
Por medio de sentencia proferida el 29
de Octubre de 2001 (Fls. 38-50), el Juzgado Quinto Penal Municipal de Pereira,
Risaralda, otorgó la tutela por violación del derecho fundamental al debido
proceso, con fundamento en las siguientes razones:
La Constitución de 1991 contempla la
tutela contra particulares.
El Centro Comercial Pereira Plaza es una
unidad cerrada  que presta los servicios de venta de comestibles y vestuario y
de recreación.
Afirma que a pesar del posible
comportamiento indebido del señor Jaramillo Vélez, la administración del centro
comercial debió aplicar un procedimiento previamente establecido, que no
contiene el manual de convivencia, pues éste sólo prevé sanciones que deben
imponerse mediante resolución motivada,  bajo pena de nulidad en caso de
ausencia de motivación.
Señala que las manifestaciones que se
hicieron al usuario fueron verbales y no se le dio oportunidad de ejercer
debidamente el derecho de defensa.
Sostiene que el administrador del centro
debe acudir a las autoridades respectivas, de naturaleza policiva o penal para
que se impongan al señor Jaramillo Vélez las sanciones correspondientes.
Concluye que conforme a las pruebas
reunidas, el comportamiento del señor Jaramillo Vélez es irregular, pero no se
aplicó el procedimiento debido.
Impugnación
En escrito presentado el 6 de Noviembre
de 2001 (Fls. 52-54), la apoderada del Centro Comercial Pereira Plaza impugnó
la anterior decisión con los siguientes fundamentos:
En el presente caso se aplicó el
procedimiento que debía aplicarse, consistente en llamar a la policía cuando el
señor Jaramillo Vélez fue sorprendido cometiendo un ilícito, como consta en la
declaración rendida por el señor Mario Tabares, la cual puede ser corroborada
con las de los miembros de la Policía Nacional que acudieron al lugar. Por
tanto, no se violó el derecho al debido proceso.
Solicita que se reciban las
declaraciones del señor Gabriel Arturo Soto Restrepo, quien es la persona
encargada de la seguridad y el mantenimiento del centro comercial, el
Subintendente Villamizar, Comandante del CAI Alamos de la Policía Nacional y el
Agente Osorio perteneciente al mismo CAI.
Sentencia de segunda instancia
En virtud de sentencia dictada el 11 de
Diciembre de 2001 (Fls. 60-67), el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Pereira revocó la dictada en primera instancia y en su lugar negó la tutela de
los derechos a la dignidad, la honra y el debido proceso, con base en las
siguientes consideraciones:
El Art. 42 del Decreto 2591 de 1991
contempla la tutela contra particulares, entre otros casos, cuando éstos
prestan un servicio público.
El Centro Comercial Pereira Plaza es una
persona jurídica privada que presta el servicio público de comercio, por lo
cual es viable la acción de tutela.
Expresa que la función de sancionar a
las personas por la comisión de contravenciones de policía corresponde a los
alcaldes municipales o los inspectores de policía y es indelegable en los
particulares, por lo cual no es jurídico afirmar, como lo hizo el juez de
primera instancia, que el centro comercial hubiera violado  el debido proceso.
Indica que no hay prueba de que el
Centro Comercial Pereira Plaza haya prohibido al señor Jaramillo Vélez el
ingreso al mismo en el futuro, pues sólo fue retirado por la fuerza pública por
no haber obedecido la orden de retiro impartida por el jefe de seguridad de
dicho centro. La conducta del usuario ameritaba una sanción inmediata, por
haber faltado al reglamento de la institución privada y haber pisado  inclusive
los linderos del Código Penal, la cual impuso el agente de policía con base en
lo establecido en el Art. 209 del Código Nacional de Policía, que trata de la
expulsión de sitio público o abierto al público.
Manifiesta que, en cambio, la sanción de
no volver a ingresar en el futuro al centro comercial sólo podría ser impuesta
por el alcalde del municipio o un inspector de policía, mediante un proceso con
todas las garantías, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 205 del citado
Código Nacional de Policía.
En consecuencia, no se causó detrimento
a la dignidad ni a la honra del accionante, pues nadie puede alegar a su favor
su propio dolo o culpa.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE.
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86, inciso 2°, y
241-9 de la Constitución Política y los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de
1991, es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para
revisar las decisiones judiciales mencionadas y proferir la sentencia
correspondiente.
2. Procedencia
de la acción de tutela contra los órganos de dirección y administración de
edificios o conjuntos sometidos al régimen de  propiedad horizontal
De conformidad
con lo dispuesto en el Art. 86 de la Constitución Política, “la ley
establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.
El Decreto 2591
de 1991, en los Arts. 42 a 45, desarrolla esta disposición.
En materia de
edificios o conjuntos sometidos al régimen de propiedad horizontal, según la
regulación legal correspondiente, contenida en la Ley 675 de Agosto 3 de 2001,
el Reglamento de Propiedad Horizontal es obligatorio tanto para los
copropietarios y sus causahabientes como para los usuarios y ocupantes de sus
dependencias, privadas y comunes, a cualquier título, en lo que sea pertinente.
Por su parte,
las decisiones de sus órganos tienen el mismo ámbito personal de
obligatoriedad, como lo señala el Art. 37 de la citada ley en relación con la
Asamblea General de Propietarios, en virtud del cual “las decisiones
adoptadas de acuerdo con las normas legales y reglamentarias son de obligatorio
cumplimiento para todos los propietarios, inclusive para los ausentes o
disidentes, para el administrador y demás órganos, y en lo pertinente para los
usuarios y ocupantes del edificio o conjunto”. Esta disposición fue
declarada exequible en forma condicionada en virtud de la sentencia C-318 de
2002 proferida por la Corte Constitucional.
Dicha
obligatoriedad de las disposiciones y las decisiones concernientes a la
organización y funcionamiento de los edificios o los conjuntos sometidos al
régimen de propiedad horizontal implica lógicamente una subordinación de las
personas comprendidas en su campo de aplicación, es decir, de las llamadas a
acatarlas, por lo cual es procedente la acción de tutela cuando las primeras
vulneran o amenazan derechos constitucionales fundamentales de estas últimas.
La Corte
Constitucional  ha expuesto este criterio en los siguientes términos:
“Así pues, en reiterada
jurisprudencia esta Corporación ha manifestado que es posible interponer acción
de tutela contra particulares que administran conjuntos residenciales. En un
pronunciamiento se dijo:
“La subordinación tiene que ver con
acatamiento, sometimiento a órdenes proferidas por quienes, por razón de sus
calidades, tienen la competencia para impartirlas, situación  en la que también
se halla la petente, debido a que la decisión prohijada por la asamblea general
y llevada a efecto por la junta directiva debe ser acatada, según los estatutos
de la copropiedad y ante la coacción de un proceso ejecutivo"[1]” [2]
En otra ocasión indicó:
“En el presente
caso, los demandados ostentan la calidad de miembros de la junta directiva del
edificio, y por su parte la señora (...) también se desempeña como
Administradora del mismo, lo que nos permite determinar la procedencia de la
tutela contra particulares en la modalidad de subordinación, pues los
habitantes de los conjuntos residenciales o edificios, se encuentran en ese
estado, respecto de las juntas directivas, en tanto deben acatar las decisiones
por aquellas tomadas. Además, del análisis de la Ley 16 de 1985 y del Decreto
Reglamentario 1365 de 1986, se desprende que las disposiciones contenidas en
los reglamentos de propiedad horizontal son obligatorias para todos los
habitantes del edificio, y por lo tanto deben cumplir y someterse a las órdenes
dadas por quienes de acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal deben
administrarlo”. [3]
3. Caso concreto
El señor
Francisco Javier Jaramillo Vélez solicita tutela de los derechos a la honra y
la dignidad contra el Centro Comercial Pereira Plaza, localizado en la ciudad
de Pereira, Risaralda, persona jurídica sin ánimo de lucro conforme al
certificado de existencia y representación legal correspondiente expedido por
la Secretaría de Control Físico de la Alcaldía de dicha ciudad (Fl. 22), con
base en el hecho de que, según su afirmación, se le impide la entrada al mismo
sin motivo válido.
La acción es
procedente por existir subordinación del peticionario respecto de dicho centro
comercial, en cuanto usuario, condición en la cual el segundo está sometido a
las disposiciones reglamentarias y  las decisiones del primero, y no porque
dicho centro individualmente preste el servicio público de comercio, como lo
afirma el juez de segunda instancia, puesto que la persona jurídica
correspondiente no tiene fin de lucro y no tiene por objeto el desarrollo de
actividades comerciales, de acuerdo con lo establecido en los Arts. 3º de la
Ley 16 de 1985, antes vigente, y 32 y 33 de la Ley 675 de 2001, actualmente
vigente. Cosa distinta es que los copropietarios individualmente considerados
ejerzan actividades comerciales. Cabe mencionar que la norma contenida en el
citado Art. 32 de la Ley 675 de 2001 fue declarada  exequible en forma
condicionada en virtud de la sentencia C-318 de 2002 proferida por la Corte
Constitucional.
En relación con
los hechos de que trata la solicitud, se puede establecer, con base en las
declaraciones de la señora Consuelo Noira Giraldo de García (Fl. 34),
Secretaria del mencionado centro comercial, y el señor Mario Augusto Tabares
Gómez (Fls. 35-37), guía de información del mismo, y la respuesta a la
solicitud de tutela, por parte de la apoderada del mismo, que el accionante es
un visitante constante de dicho centro y que el 12 de Octubre de 2001, al final
de la tarde, en el desarrollo de una promoción de jabones “Lux”, aquel se
apoderó de un paquete de tres pastas grandes de esos jabones, por lo que el
señor Tabares Gómez llamó al señor Gabriel Arturo Soto Restrepo, Jefe de
Seguridad y Mantenimiento, quien pidió al infractor en forma cortés que se
retirara del centro comercial, lo cual no acató aquel.
Ante esta
situación, el señor Soto Restrepo ordenó que se llamara a la policía, llamado
que fue atendido por el Subintendente Villamizar y el Agente Osorio del CAI
Alamos. El Jefe de Seguridad y Mantenimiento, los dos miembros de la Policía
Nacional y el accionante se dirigieron a la oficina de la administración, donde
las autoridades policivas acordaron con este último que se retiraría
voluntariamente. No obstante, el señor Jaramillo Vélez no cumplió el acuerdo y
continuó en el centro comercial, después de irse la policía, por lo cual el
Jefe de Seguridad y Mantenimiento hizo llamar nuevamente a aquella y en ese
momento el primero abandonó el centro.
Con fundamento
en estos hechos se observa que, ante la comisión de una falta por parte del
señor Jaramillo Vélez contra el patrimonio de  una empresa comercial usuaria
del centro comercial, ni el representante de éste ni las autoridades de policía
le prohibieron que visitara en el futuro el mismo, y tampoco le impusieron
sanción alguna, pues sólo le pidieron que se retirara y, después de un diálogo,
aquel aceptó hacerlo, a pesar de que mostrara alguna renuencia a cumplirlo.
En consecuencia,
no existe vulneración de los derechos fundamentales al buen nombre o la honra,
señalado en los Arts. 15 y 21 de la Constitución Política, y la dignidad
personal, consagrado en el Art. 1º de la misma, pues los individuos tienen la
carga de ejercer debidamente su libertad, de conformidad con la razón y con el
contenido de las normas jurídicas y sociales de convivencia, de suerte que el
uso indebido de tal libertad les acarrea un reproche social, y numerosas veces
también estatal, que resulta justificado y mengua el buen nombre u honra
personal, por obra exclusiva  del sujeto mismo y no por causa de otros.
Sobre este punto
esta corporación ha expresado lo siguiente:
"El buen nombre alude al concepto que
del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su
comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y
profesionales, antecedentes y ejecutorias. Representa uno de los más valiosos
elementos del patrimonio moral y social de la persona y constituye factor
indispensable de la dignidad que a cada uno debe ser reconocida.
"Se atenta contra este derecho cuando,
sin justificación ni causa cierta y real, es decir, sin fundamento, se propagan
entre el público -bien en forma directa y personal, ya a través de los medios
de comunicación de masas- informaciones falsas o erróneas o especies que
distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo
tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el
entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la
opinión general para desdibujar su imagen.
"Pero el derecho al buen nombre no es
gratuito. Por su misma naturaleza, exige como presupuesto indispensable el
mérito, esto es, la conducta irreprochable de quien aspira a ser su titular y
el reconocimiento social del mismo. En otros términos, el buen nombre se
adquiere gracias al adecuado comportamiento del individuo, debidamente
apreciado en sus manifestaciones externas por la colectividad” .[4]
Por otra parte,
como no se impuso una sanción, ni privada del centro comercial, con base en sus
reglamentos y la autorización de las disposiciones legales sobre propiedad
horizontal, ni pública o estatal de las autoridades policivas, no puede existir
vulneración del derecho al debido proceso, como equivocadamente lo afirmó el
juez de primera instancia.
En consecuencia,
se confirmará la sentencia de segunda instancia dictada por el Juzgado Segundo
Penal del Circuito de Pereira, aunque por una razón distinta de la expresada en
ella.
IV.         DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero:  CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de Diciembre de
2001 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, Risaralda.
Segundo: Por Secretaría General, líbrese la comunicación prevista en
el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
JAIME
ARAUJO RENTERIA
Magistrado
Ponente
MENDEZ
ALFREDO
BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL
JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
LA
SECRETARIA GENERAL
DE
LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE
CONSTAR:
Que el H.
Magistrado doctor Alfredo Beltrán Sierra, no firma la presente sentencia por
cuanto se encuentra en comisión en el exterior, la cual fue debidamente
autorizada por la Sala Plena.
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1]
Sentencia T-333 de 1995. M.P. Antonio Barrera Carbonell. Sobre el tema también
pueden consultarse las sentencias T-074 de 1994, T-411 de 1995, T-333 de 1995 y
T-070 de 1997.
[2]
Sentencia T-630 de 1997
[3]
Sentencia T-266 de 1998
[4]
Sentencia T-229 de 1994