C-320-97
Sentencia C-320/97
Sentencia
C-320/97
PROPOSICION
JURIDICA INTELIGIBLE-Demanda
inepta
Es diferente el
caso de la demanda inepta, por falta de proposición jurídica inteligible,
situación en la cual procede la inadmisión e incluso, excepcionalmente, la
sentencia inhibitoria, de aquellos eventos en que el contenido normativo
impugnado por el actor es inteligible y autónomo, pero no puede ser estudiado
independientemente, por cuanto su examen remite inevitablemente al estudio del
conjunto normativo del cual forma parte.
UNIDAD NORMATIVA-Alcance excepcional/PROPOSICION
JURIDICA-Integración
La unidad
normativa procede cuando la proposición jurídica acusada, si bien tiene un
contenido propio, se encuentra tan íntimamente ligada con otros contenidos
jurídicos, que resulta imposible estudiar su constitucionalidad sin analizar
las otras disposiciones. En los otros casos, esto es, cuando la relación entre
las proposiciones jurídicas no es tan estrecha, la unidad normativa no procede,
salvo si la regulación de la cual forma parte la disposición acusada aparece
prima facie de una constitucionalidad discutible. La unidad normativa no opera
entonces exclusivamente en los fallos de inexequibilidad. La unidad normativa
es excepcional, y sólo procede cuando ella es necesaria para evitar que un
fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable para
pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en
debida forma por un ciudadano. En este último caso, es procedente que la
sentencia integre la proposición normativa y se extienda a aquellos otros
aspectos normativos que sean de forzoso análisis para que la Corporación pueda
decidir de fondo el problema planteado. Igualmente es legítimo que la Corte
entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la norma
demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa
constitucionalidad.
DEPORTE
PROFESIONAL-Dimensiones
El deporte
profesional ocupa un lugar complejo en el ordenamiento constitucional puesto
que, tal y como lo ha señalado esta Corporación, es una actividad que tiene
diversas dimensiones, ya que es un espectáculo, una forma de realización
personal, una actividad laboral y una empresa. De un lado, es un espectáculo
público, por lo cual se relaciona con el derecho a la recreación de los
miembros de la comunidad. De otro lado, los jugadores profesionales no sólo
ejercitan el deporte como un medio de realización individual sino que son
personas para quienes la práctica del deporte es una ocupación laboral, por lo
cual esta actividad es una expresión del derecho a escoger profesión u oficio y
cae en el ámbito  del derecho del trabajo y de la especial protección al mismo
prevista por la Constitución.
ASOCIACION
DEPORTIVAS-Ejercicio de
actividad económica
Las asociaciones
deportivas, si bien no tienen ánimo de lucro, y no son por ende sociedades
comerciales, sí ejercen una actividad económica, puesto que contratan
jugadores, reciben ingresos por conceptos de ventas de entradas a los
espectáculos y derechos de transmisión, promocionan marcas, etc, pues son
"titulares de los derechos de explotación comercial de transmisión o
publicidad en los eventos del deporte competitivo". Son entonces
verdaderas empresas, en el sentido constitucional del término, por lo cual su
actividad recae bajo las regulaciones de la llamada Constitución económica. El
deporte profesional además ha tendido a organizarse en formas asociativas
complejas.
LENGUAJE DE UNA
NORMA LEGAL/PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA DEL DEPORTISTA-Transferencia/PRINCIPIO DE CONSERVACION
DEL DERECHO-Lenguaje empleado en la norma/DERECHOS DEPORTIVOS
El lenguaje de
las normas legales revisadas es incompatible con la Constitución ya que
desconoce la dignidad de los deportistas, a quienes cosifica, y vulnera la
terminante prohibición de la esclavitud y de la trata de personas, pues parece
convertir a los clubes en propietarios de individuos. Si ese lenguaje legal
corresponde a la realidad jurídica, es evidente que las normas que regulan la
figura de los derechos deportivos son inaceptables y deben ser declaradas
inexequibles. Sin embargo, si a pesar de ese lenguaje, el contenido normativo
de esas disposiciones es constitucionalmente admisible, no sería lógico que  la
Corte declarara la inexequibilidad de los artículos, puesto que, debido
únicamente a los defectos del lenguaje utilizado por el Legislador, se estaría
retirando del ordenamiento una regulación que es materialmente legítima. Lo
procedente es que la Corte aplique el principio de "conservación del
derecho". Por ello si una disposición admite una interpretación acorde con
la Carta, es deber de esta Corte declararla exequible de manera condicionada, y
no retirarla del ordenamiento. Con mayor razón, si el defecto constitucional de
una regulación no deriva de su contenido normativo sino exclusivamente del
lenguaje empleado, entonces corresponde al juez constitucional mantener la
regulación ajustando el lenguaje legal a los principios y valores
constitucionales. Entendidos los derechos deportivos como una relación entre
los clubes que en principio no afecta las posibilidades laborales de los
jugadores, la Corte considera que la figura no pugna con la Constitución, pues
nada se puede objetar a que la ley y los reglamentos de las federaciones
prevean mecanismos para equilibrar la competencia deportiva, y compensar los
gastos de formación y promoción en que haya incurrido un club, en relación con
un determinado  deportista.
DERECHOS
DEPORTIVOS-Límites
constitucionales/DERECHOS DEPORTIVOS-Titularidad en jugadores
La figura de los
derechos deportivos, como sistema de compensación entre los clubes, es
legítima, siempre y  cuando ella no constituya o permita un abuso de parte de
los clubes, que tienda a desconocer los derechos constitucionales del jugador,
a cosificarlo y a convertirlo en un simple activo de tales asociaciones. La ley
limita a los clubes la titularidad de los derechos deportivos, ya que confiere
esa facultad en "exclusiva" a esas asociaciones. La Corte encuentra
que la prohibición de que los jugadores puedan ser titulares de sus propios
derechos deportivos no sirve ningún propósito constitucionalmente relevante,
pues en nada afecta la transparencia de las transacciones en el ámbito
deportivo que  un deportista adquiera su carta de transferencia, y sea entonces
él mismo el administrador de su carrera profesional. La medida no es entonces
útil a los propósitos de la ley. Además, ella vulnera la protección de la
dignidad, la autonomía y la libertad de los jugadores, ya que impide, sin
ninguna razón aparente, que un deportista, al adquirir su "pase",
pueda entonces orientar en forma libre y autónoma su futuro profesional, por lo
cual se trata de una restricción que tiende a cosificar al jugador al convertirlo
en un simple activo empresarial. Los propios jugadores pueden ser titulares de
sus derechos deportivos. Tanto la regulación legal de los derechos deportivos
como su ejercicio concreto por los clubes deben ser compatibles con la
protección a la libertad de trabajo de los jugadores profesionales establecida
por la Constitución.
CLUB DEPORTIVO Y
DEPORTISTA-Relación
laboral/LIBERTAD DE TRABAJO DEL DEPORTISTA-Conflicto entre clubes por
transferencia derechos deportivos
La posibilidad
que tienen los clubes de mantener los derechos deportivos de un jugador y
controlar su futuro profesional, cuando ni siquiera son patronos de los mismos,
pues no existe relación laboral, afecta la libertad de trabajo y cosifica al
jugador. No es constitucionalmente admisible que se pueda limitar la libertad
de trabajo del deportista, que se encuentra constitucionalmente protegida,
debido a conflictos entre los clubes derivados de la transferencia de los
derechos deportivos. No es compatible con la protección de la libertad de
trabajo que un club pueda poseer los derechos deportivos de un jugador, cuando
no existe ninguna relación laboral entre los mismos. Si cesa la relación
laboral entre el club y el deportista, el jugador adquiere sus derechos
deportivos, siempre y cuando la conducta de este último se haya ceñido al
principio constitucional de la buena fe, al deber constitucional de no abusar
de sus derechos y al principio general del derecho nemo auditur propiam
turpitudinem allegans, con estricta sujeción a las causales de terminación del
contrato previstas en la ley.
ASOCIACION
DEPORTIVAS-Derechos
constitucionales de jugadores/CLUB DEPORTIVO-Derechos constitucionales
del jugador
La Constitución
reconoce amplios márgenes de autonomía a las distintas asociaciones deportivas,
las cuáles tienen la facultad de desarrollar distintas reglas relativas a la
práctica del deporte. En principio es entonces admisible que  la ley contemple
esas competencias reguladoras de las federaciones nacionales e internacionales
en el campo deportivo. Sin embargo, es obvio que estas regulaciones no pueden
desconocer los principios constitucionales, ni vulnerar los derechos
fundamentales de las personas, ya que la Constitución es norma de normas. No se
puede olvidar que los clubes deportivos son verdaderas empresas, por lo cual,
las federaciones deportivas deben ser consideradas asociaciones de empresas, y
sus reglamentos decisiones de empresa. No es pues admisible que los derechos
constitucionales de los jugadores queden supeditados a estas decisiones
empresariales, no sólo porque se desconocería la primacía de la Constitución y
de los derechos de la persona, sino porque se estaría permitiendo un prohibido
abuso de posición dominante de parte de esas asociaciones. Además, la Carta
señala de manera inequívoca que la ley, los contratos, los acuerdos y los
convenios laborales no pueden menoscabar la libertad, la dignidad, ni los
derechos de los trabajadores. Con menor razón son admisibles regulaciones
empresariales que vulneren esos valores.
PRINCIPIO DE LA
BUENA FE EN CONTRATOS DEPORTIVOS/DERECHOS DEPORTIVOS-Ejercicio razonable/CLUB DEPORTIVO-Contrato
de trabajo vigente con el jugador
La referencia al
principio de la buena fe y al deber constitucional de no abusar del derecho
propio no es puramente retórica sino que tiene profundas implicaciones
jurídicas, pues significa que no es legítimo que los clubes o los deportistas
se aprovechen de algunas de sus facultades contractuales con el fin de vulnerar
los legítimos derechos de su contraparte. En efecto, las partes en una relación
contractual no están únicamente obligadas a aquello que escuetamente determina
el texto, sino a todo aquello que en cada situación impone la buena fe.  Así,
el hecho de que la Corte haya concluido que los clubes no pueden ser titulares
de los derechos deportivos sin mantener un contrato de trabajo vigente con el
jugador respectivo, no puede ser entendido como una patente de corso para que
los deportistas incumplan sus obligaciones contractuales o disciplinarias, o
entren en colusión con otros clubes a fin de que se pueda evadir el pago de una
compensación, siendo que ésta era legítima. En ese mismo orden de ideas, el
mantenimiento de la figura de los derechos deportivos, mientras subsiste el contrato
laboral, tampoco significa que los clubes tengan una potestad absoluta en este
campo, ya que estas asociaciones tienen el deber de ejercer de buena fe y en
forma razonable, esos derechos. Es dentro del marco de esos principios
constitucionales que debe ser interpretado el alcance de la doctrina
establecida en esta sentencia. Corresponderá a los jueces laborales resolver en
concreto las distintas controversias que puedan suscitarse en este campo.
Igualmente, las decisiones de las asociaciones deportivas "que supeditan a
razones exclusivamente económicas, el libre desarrollo de la corta vida
deportiva del jugador, su libre escogencia de profesión u oficio, su libertad
de trabajo, de contratación y de asociación y, en general, su libertad personal",
por lo cual en estos eventos esas determinaciones "pueden ser impugnadas
mediante el ejercicio de la acción de tutela, si denotan abuso o explotación
injustificada de una posición privada de supremacía".
DEPORTE
PROFESIONAL-Regulación
legal adecuada
El deporte
profesional puede perfectamente ajustarse a una nuevas regulaciones acordes con
la Constitución, con lo cual se protege el espectáculo y se garantizan los
derechos fundamentales de los deportistas. Es admisible limitar los efectos
temporales de la presente decisión, por lo cual se concluye que la sentencia
tiene efectos hacia el futuro, y por ende no afecta las situaciones jurídicas
consolidadas en virtud de contratos suscritos con anterioridad a la
notificación de la presente sentencia. Es indudable que muchos de los
anteriores problemas derivan de la ausencia de una regulación legal suficiente
y acorde con la Constitución del complejo tema del deporte profesional, sector
económico que tiene rasgos muy característicos.
TRANSFERENCIA EN
PRESTAMO-Forma atípica de
desarrollo del contrato laboral/CLUB DEPORTIVO-Responsabilidad solidaria
en obligaciones laborales/POLICIA DEPORTIVA
Es claro que la
"transferencia en préstamo" de los jugadores de un club a otro sólo
es compatible con los valores constitucionales, y por ende admisible, si se
interpreta esa expresión de conformidad con la dignidad humana de los
deportistas, tal y como lo exige la Carta, puesto que el jugador "como
persona humana no es objeto sino sujeto del contrato". Debe entenderse que
estos préstamos excluyen cualquier cosificación del jugador, quien no puede ser
concebido como un objeto que es entregado y trasladado de un club a otro, al
antojo de los directivos de los mismos, ya que ello implicaría un forma de
servidumbre y trata de seres humanos contrarias a la Carta. En función del
principio de conservación del derecho, es posible mantener esa figura en el
ordenamiento y entenderla como una forma atípica de desarrollo del contrato
laboral, de tal manera que, de modo similar a algunas regulaciones previstas en
otros ordenamientos nacionales, se permite que un deportista entre a desplegar
actividades en otro club, mientras el club de origen conserva los derechos
deportivos. Se debe contar con el consentimiento expreso del respectivo
deportista, y la transferencia no puede traducirse en un desmejoramiento de sus
condiciones de trabajo. Por analogía, son aplicables, para la relación entre el
deportista y los respectivos clubes, las normas que protegen los derechos
laborales en el caso de las sustituciones patronales, esto es, que los dos
clubes deben responder solidariamente de las obligaciones laborales. La
intervención estatal para lograr una mayor transparencia deportiva también es
susceptible de contribuir a un mayor equilibrio entre los clubes, con lo cual
se protege el propio espectáculo, ya que en este campo el interés del público
resulta de una cierta incertidumbre en torno a los resultados de la
confrontación deportiva, pues poca curiosidad genera un torneo en el cual los
desenlaces fueran fácilmente previsibles debido al evidente predominio de uno
de los clubes. La ley, sin inmiscuirse directamente en la estructura ni en la
dinámica interna de las asociaciones deportivas, se limita a establecer una
regulación a fin de garantizar una mayor transparencia deportiva, lo cual es un
legítimo ejercicio del poder de policía deportiva, teniendo en cuenta que
corresponde al Estado inspeccionar estas organizaciones y que el deporte es un
espectáculo público que interesa a la sociedad en su conjunto.
ACTIVIDAD
DEPORTIVA-Regulación
estatal/COLDEPORTES-Inspección, vigilancia y control de organismos
deportivos
Conforme a la
jurisprudencia, es claro que el Estado tiene la facultad de inspeccionar las
instituciones deportivas y la actividad deportiva  y que, en principio esa
función de inspección, vigilancia y control está radicada en cabeza del
Presidente de la República pues, conforme a la propia ley del deporte, tales
clubes son corporaciones sin ánimo de lucro o sociedades anónimas, las cuáles
están sujetas a vigilancia presidencial. En la Constitución vigente es claro
que la delegación es factible pues el artículo 211 superior autoriza la
delegación presidencial también en los representantes legales de entidades
descentralizadas. Ahora bien, conforme a la ley 181 de 1995, Coldeportes es un
establecimiento público del orden nacional, por lo cual ninguna objeción
constitucional se puede hacer a que la ley delegue en esa entidad la
inspección, vigilancia y control sobre los organismos deportivos y demás entidades
que conforman el sistema nacional del deporte.
Referencia:
Expediente D-1516
Norma acusada:
Artículos 34 (parcial) y 61 literal 8º de la Ley 181 de 1995.
Demandante: Carlos
Enrique Marín Vélez
Temas:
Normas demandadas,
integración de la proposición jurídica y alcance de la unidad normativa.
Derechos deportivos
sobre los jugadores, libertad económica, dignidad humana y prohibición de la
esclavitud.
Policía deportiva,
protección de la transparencia deportiva, y autonomía de los clubes y
federaciones.
Regulación estatal
de la actividad deportiva,  inspección y vigilancia sobre organismos deportivos
y posibilidad de delegación.
Magistrado Ponente:
Dr. ALEJANDRO
MARTÍNEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá,
tres (3) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997).
La Corte
Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente Antonio
Barrera Carbonell y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Eduardo Cifuentes
Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera
Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo
Mesa
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN
Ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
El ciudadano Carlos
Enrique Marín Vélez presenta demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 34 (parcial) y 61 literal 8º de la Ley 181 de 1995, la cual fue
radicada con el número D-1516.  Cumplidos, como están, los trámites previstos
en la Constitución y en el Decreto No. 2067 de 1991, procede la Corte a decidir
el asunto por medio de esta sentencia.
II. DEL TEXTO OBJETO DE REVISIÓN.
A continuación se
transcriben los artículos demandados y se subraya la parte acusada.
Ley 181 del 18 de enero de 1995
“Por la cual se dictan disposiciones para
el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la
educación física y se crea el sistema nacional del deporte”
(...)
Artículo 34. Entiéndese por derechos deportivos de los
jugadores o deportistas, la facultad exclusiva que tienen los clubes deportivos
de registrar, inscribir, o autorizar la actuación de un jugador cuya carta de
transferencia le corresponde, conforme a las disposiciones de la federación
respectiva. Ningún club profesional podrá transferir más de dos jugadores o
deportistas en préstamo a un mismo club, dentro de un mismo torneo.
(....)
Artículo 61. El Instituto Colombiano del Deporte
Coldeportes, es el máximo organismo planificador, rector, director y
coordinador del sistema nacional del deporte y director del deporte formativo y
comunitario. Para la realización de sus objetivos, el instituto colombiano del
deporte cumplirá las siguientes funciones:
(...)
8- Ejercer las
funciones de inspección, vigilancia y control sobre los organismos deportivos y
demás entidades que conforman el sistema nacional del deporte, por delegación
del presidente de la república y de conformidad con el artículo 56 de la ley 49
de 1993 y de la presente ley, sin perjuicio de lo que sobre este tema compete a
otras entidades.
III. LA DEMANDA.
Según el actor, las
normas acusadas violan los artículos 13, 16, 25 y 189 ord. 26 de la Carta.
En primer término,
el demandante considera que las expresiones demandadas del artículo 34
desconocen los principios de igualdad y favorabilidad del trabajador, ya que
las únicas federaciones deportivas que tienen divisiones profesionales son las
de fútbol y baloncesto, con lo cual la norma reduce la actividad que
desarrollan esas federaciones. Además, señala el actor, la violación a la
igualdad es más clara si se tiene en cuenta que “el número de deportistas que
componen un equipo  o un conjunto es diferente”, según las actividades
deportivas, “pues mientras un equipo de fútbol lo componen once (11) personas,
el de béisbol, lo integran nueve (9) peloteros y el de basketball cinco (5)
deportistas, lo que hace que la prohibición para transferir dos (2) o más
deportistas a un mismo club, sea mucho más gravosa, para una disciplina
deportiva que para otras”. De esa manera, señala el demandante, la aspiración
de los deportistas para ingresar a la nómina de otros clubes resulta limitada,
pues la prohibición para ser transferidos les impide ejercer el derecho al
trabajo en condiciones de igualdad, ya que “la transferencia es normal, es una
operación íntimamente vinculada al deporte profesional que defiende el
espectáculo y le garantiza al deportista una actuación activa y protagónica”.
Luego el demandante
estudia la evolución histórica de la inspección y vigilancia estatal sobre los
clubes deportivos profesionales. Según su criterio, la norma acusada confiere a
“Coldeportes unas funciones que ya habían sido declaradas inexequibles por la
Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia número 45 del 4 de Julio de
1985”. Así, el artículo 28 del decreto 2845 que establecía que el Gobierno, a
través de Coldeporte, ejercería la inspección, vigilancia y control de los
organismos deportivos, fue declarado inconstitucional en esa sentencia, “entre
otras y muchas razones, porque Coldeportes constitucionalmente no puede ejercer
funciones de inspección y vigilancia, por ser establecimiento público y el
presidente solo las puede delegar en los Ministros, Jefes de Departamento
Administrativo y Gobernadores”. Igualmente, agrega el actor, el artículo 38 del
decreto 2845 que imponía que los estatutos y reglamentos de las organizaciones
deportivas debían ser aprobados por Coldeportes fue también declarado
inexequible porque, según la Corte Suprema, esa entidad “no puede ejercer, por
su naturaleza, funciones de inspección y vigilancia (sentencia 61 de Agosto 15
de 1985).” En ese orden de ideas, según el demandante, el artículo 61 ordinal 8
de la Ley 181 de 1995 viola el artículo 189-26 de la Carta Política, ya que Coldeportes
carece de aptitud constitucional para ejercer la inspección, vigilancia y
control sobre los organismos deportivos y demás entidades que conforman el
sistema nacional del deporte. Concluye entonces al respecto el actor:
El Congreso de la
República, al ordenar que Coldeportes ejerce funciones de inspección y
vigilancia sobre las entidades que conforman el sistema nacional del deporte,
se toma las funciones que corresponden al Presidente de la República y no a Coldeportes
y le entregó a éste ente gubernamental funciones que ya tenía y tiene la
Superintendencia de Sociedades.
Además,
Coldeportes, jamás puede inspeccionar y vigilar a las Cajas de Compensación
Familiar, ni el Director de Coldeportes aprobar estatutos y reglamentos de los
organismos deportivos. Estas atribuciones son el desarrollo y el resultado de
esas funciones de inspección y vigilancia que la ley 181 le dio a Coldeportes.
Por lo tanto, de
prosperar estas acciones de inconstitucionalidad, serían igualmente
inconstitucionales los decretos extraordinarios que complementaron la ley 181,
o sean los decretos 1227, 1228, 1229 y 1230 en lo que respecta al indebido
control que ejerce Coldeportes sobre los clubes profesionales.
Soportar dos
controles, presentar dos informes, tener dos organismos fiscalizadores, riñe
con el orden y con la libertad que debe rodear la libertad económica y la
iniciativa privada, amparados en el artículo 333 de la Constitución. Dos
controles (Superintendencia y Coldeportes) desdicen el fin esencial del estado,
que es el de servir a la comunidad y servir no significa hostilizar ni imponer
doble celaduría a personas jurídicas que no reclaman nada diferente a lo que
dice la constitución y las leyes.
IV. INTERVENCIÓN CIUDADANA
Los ciudadanos
Carlos González Puche, Felipe Devivero Arciniegas y Juan Felipe Pinilla,
intervienen en el proceso y solicitan a la Corte que declare la
inconstitucionalidad del artículo 34 parcialmente demandado, y efectúe unidad
normativa  con la totalidad de los artículos 32, 34 y 35 de la Ley 181 de 1995,
por cuanto consideran que la Corte no puede pronunciarse sobre las normas
parcialmente impugnadas “sin referirse a la reglamentación existente sobre
DERECHOS DEPORTIVOS sobre los jugadores o deportistas, SU POSESIÓN  Y
TRANSFERENCIA, los cuáles se encuentran regulados en los artículos citados
anteriormente”.
Los intervinientes
comienzan entonces por señalar que la restricción de que sólo dos jugadores
puedan ser transferidos a título de préstamo en un mismo torneo vulnera
libertad económica, pues es una limitación que no se justifica en términos de
protección del bien común, el interés social, el ambiente o el patrimonio
cultural de la nación.
Según su criterio,
la Corte debe entrar a estudiar la totalidad del artículo 34, que regula la
figura de los derechos deportivos, así como el artículo 32 que establece que
“únicamente los clubes con deportistas profesionales o aficionados, podrán ser
poseedores de los derechos deportivos de los jugadores o deportistas.” Para los
intervinientes estos derechos deportivos que tienen los clubes sobre los
deportistas o jugadores “trascienden en la práctica el ámbito patrimonial” ya
que implican potestades y prerrogativas frente a la libertad del jugador, “que
en un momento dado pueden entrar a afectar los derechos fundamentales del
mismo, y es en este punto donde se hace necesario que tanto el tratamiento,
como la interpretación que se dé a esta regulación se haga teniendo en cuenta
de manera definitiva nuestra preceptiva constitucional.”
Conforme a lo anterior,
y fundamentándose en la sentencia T-498 de 1994, los intervinientes consideran
que la restricción establecida por la primera parte del artículo 34, según la
cual los clubes son los únicos autorizados para poseer, registrar, inscribir, o
autorizar la actuación de un jugador cuya carta de transferencia le corresponde
es inconstitucional, ya que se “restringe la posibilidad de que los deportistas
o jugadores sean propietarios de sus propios derechos deportivos”. De esa
manera, consideran los ciudadanos, la norma desconoce la dignidad humana “en
tanto hace del jugador o deportista un objeto susceptible de comercio”, y se le
niega la posibilidad de controlar él mismo su evolución profesional, pues queda
en una posición de absoluta subordinación frente a los clubes, situación que se
agrava “si se tienen en cuenta la fortaleza patrimonial de estas personas
jurídicas que pueden permitir que estemos frente al abuso de una posición
dominante”.  Por ello concluyen al respecto que esta norma “le niega al jugador
o deportista la posibilidad de vender y disponer libremente de su fuerza
productiva, constituyéndose en un gravamen que contraría uno de los principios
fundamentales de la sociedad capitalista, la cual se fundamenta en que toda
persona tenga la posibilidad de escoger y ejercer una profesión u oficio de
manera libre, y de vender su fuerza productiva.”
De otro lado, los
intervinientes consideran que la Corte también debe analizar el artículo 35, el
cual establece:
“Los convenios
que se celebren entre organismos deportivos sobre transferencias de deportistas
profesionales, no se consideran parte de los contratos de trabajo. En razón de
estos convenios no se podrá coartar la libertad de trabajo de los deportistas.
Una vez terminado el contrato de trabajo, el jugador profesional transferido
temporalmente regresará al club propietario de su derecho deportivo. Si el club
propietario del derecho deportivo, no ofreciere formalmente un nuevo contrato
laboral o transferencia temporal al jugador dentro de un plazo no mayor a seis
(6) meses, el jugador quedará en libertad de negociar con otros clubes de
acuerdo con los reglamentos internacionales, sin perjuicio de las acciones
laborales que favorezcan al jugador.”
Según los intervinientes,
este artículo en apariencia garantiza los derechos de los deportistas
profesionales, pero en el fondo legitima “una violación de lo que supuestamente
garantiza”. Así, conforme a esta disposición, el  traslado de un jugador
profesional  de un club a otro requiere del “acuerdo entre los clubes, puesto
que conforme al artículo 32, solamente ellos podrán ser poseedores de los
derechos deportivos de los jugadores.” Además, debe existir un convenio entre
el organismo deportivo propietario de los derechos deportivos y otro que desee
usufructuarlo (préstamo) o adquirirlo (venta). En tercer lugar “debe existir un
acuerdo contractual entre el deportista profesional y el club que requiere sus
servicios a título de préstamo o venta.”. En cuarto lugar, “para poder ser
inscrito se requiere, conforme a lo establecido en el artículo 32, primero la
aceptación expresa y escrita del jugador, segundo el trámite previo de la ficha
deportiva y tercero el contrato de trabajo registrado ante la federación
deportiva correspondiente y Coldeportes.” Pero si esto fuera poco, agregan los
ciudadanos, conforme al artículo 22 del Régimen del Jugador de Fútbol, “en caso
de presentarse desacuerdo en la transacción de un jugador profesional de
fútbol, éste deberá resolverse de acuerdo con los reglamentos
internacionales”.  Por ello, señalan los intervinientes, no es cierto que en
razón de esos convenios no se esté coartando la libertad de trabajo de los
deportistas.
Los intervinientes
realizan entonces un repaso de la jurisprudencia nacional sobre la materia y
concluyen “que la regulación existente en materia de pases, derechos deportivos
y transferencias vulnera de manera ostensible y clara los derechos
constitucionales que garantizan la libre escogencia de profesión u oficio, la libertad
de trabajo, de contratación, de asociación y en general la dignidad y libertad
personal de los jugadores o deportistas profesionales o aficionados.”
En tal contexto, los
ciudadanos traen a colación el fallo Bossman de la Corte Europea de Justicia del
15 de septiembre de 1995, pues consideran que el asunto tratado es de interés
para el presente examen constitucional, en la medida en que este futbolista no
podía ejercer su oficio por decisión del propietario de su pase. Así, en esa
decisión, y con fundamento en la prohibición de discriminación y la protección
de la libertad de los individuos, la Corte Europea de Justicia deja en claro,
según los intervinientes, “que no puede permitirse que un club o asociación
deportiva impida la libertad de trabajo  de un jugador profesional en razón a
la existencia de una relación laboral.”  Según su criterio, la similitud del
caso europeo con la situación colombiana permite concluir que son
inconstitucionales las “disposiciones reglamentarias sean de carácter privado o
público que conlleven a la afectación de la libertad de los individuos, a la
violación del derecho al trabajo, así como a la violación del derecho
fundamental a la igualdad”. Señalan entonces al respecto los intervinientes:
El permitir que
las facultades que se les otorgan a las asociaciones deportivas puedan llegar a
limitar los derechos fundamentales de los individuos no es cosa diferente que
permitir la esclavitud bajo un maquillaje burdo.
En Colombia la
reglamentación vigente tal y como sucedía en Europa con anterioridad al caso
BOSSMAN, no se exige la existencia previa de un contrato de trabajo como
requisito para que  los clubes puedan ser propietarios de los derechos
deportivos y de las transferencias. En la comunidad económica europea con posterioridad
al fallo BOSSMAN, y en razón a dicha decisión, se modificó la reglamentación en
el sentido de exigir la existencia de un contrato de trabajo para que el club o
persona propietaria de los derechos deportivos puedan recibir una
“indemnización” por su traspaso o venta (art. 14 Estatutos FIFA). En el evento
en que no exista el contrato no existe posibilidad de recibir “indemnización” o
retribución por la venta o préstamo de los derechos deportivos del jugador. Lo
anterior encuentra su razón de ser en el hecho de que el individuo no es un
objeto y por ende no puede generar consecuencias patrimoniales su propiedad
toda vez que ésta no existe. La propiedad del club es sobre unos derechos
deportivos que para que sean efectivos deben cumplirse algunos requisitos, pero
nunca podrá predicarse propiedad sobre seres humanos.
Teniendo en
cuenta lo anterior es necesario que en Colombia por lo menos se llegue a
exigir, y que así lo establezca la normatividad que regule la materia, la
existencia del contrato laboral, tal y como sucedió con la Unión Europea, para
que una asociación deportiva pueda obtener la explotación patrimonial de los
derechos deportivos del jugador o deportista.
V. DEL CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE
LA NACIÓN.
En su concepto de
rigor, el Procurador GenÁÁal de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar solicita a la
Corte que declare la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas.
Así, en relación con
las transferencia de deportistas entre clubes profesionales, el Ministerio
Público considera que se trata de la legítima intervención estatal en el
deporte, pues la “competencia deportiva entre clubes profesionales está
sometida al estricto acatamiento de las leyes que, en desarrollo de la
Constitución Política, son expedidas para fomentar la práctica de las
diferentes disciplinas”,  tal y como la Corte lo ha señalado en sentencias como
la C-099/96. Además, según su criterio, la norma demandada “permite la
transferencia de jugadores o deportistas en préstamo pero bajo condiciones
razonables que procuran la defensa del sistema deportivo”. Señala entonces al
respecto la Vista Fiscal :
La norma atacada
no significa atentado contra el núcleo esencial del derecho al trabajo de los
jugadores, sino desarrollo de lo establecido en el artículo 25 de la Constitución
Política, pues autoriza la transferencia de deportistas, pero dentro de límites
razonables señalados por el legislador, es decir, no más de dos integrantes en
préstamo a un mismo club, dentro de un mismo torneo.
De esta manera,
la libertad de empresa consagrada en el artículo 333 de la Carta, cuyo límite
está señalado por el bien común; la propiedad privada, que como función social
ha sido establecida en el artículo 58 de la misma; y el derecho al trabajo en
condiciones dignas y justas, amparado por el artículo 25 de la Constitución
Política, concurren en el artículo 34 de la Ley 181 de 1995, para fomentar la
práctica del deporte en condiciones justas y equitativas.
Luego la Vista
Fiscal analiza el problema de la inspección y vigilancia sobre organismos
deportivos y señala que la Carta confiere a las autoridades instrumentos para
“controlar el ejercicio de actividades relevantes para el desarrollo armónico
de la vida comunitaria”, como es el deporte pues, conforme a la jurisprudencia
de la Corte (Sentencia T-498 de 1994), se trata de “un derecho de doble faz,
atendiendo a que sus titulares son la comunidad y las personas que lo
practican”.  Esta intervención estatal se justifica entonces, según el
Procurador, porque “los organismos deportivos realizan funciones que interesan
de manera especial a las personas, a la sociedad y al Estado”, por lo cual la
Constitución establece mecanismos de control para verificar que las actividades
adelantadas por estas instituciones se desarrollen atendiendo a los lineamientos
señalados por el artículo 52 de la Carta”, tal y como lo ha indicado la Corte
en la sentencia C-099/96. Por ende es constitucional que se atribuya a
Coldeportes la inspección, vigilancia y control sobre organismos deportivos y
demás entidades que conforman el sistema nacional del deporte, pues se trata de
una delegación del Presidente de la República autorizada por la Carta, ya que
el artículo 211 superior “permite al jefe de Gobierno transferir funciones a
las entidades descentralizadas, de las cuales hace parte el Instituto
Colombiano del Deporte -Coldeportes” y, por su parte, el artículo 189-26 de la
Constitución “faculta al Presidente de la República para ejercer la inspección
y vigilancia sobre instituciones de utilidad común.”
VI. FUNDAMENTO JURÍDICO
Competencia.
1- Conforme al
artículo 241 ordinal 4º de la Constitución, la Corte es competente para conocer
de la constitucionalidad de los artículos 34 (parcial) y 61 literal 8º de la
Ley 181 de 1995, ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en
contra de disposiciones que hacen parte de una ley de la República.
Integración de la
proposición jurídica y alcance de la unidad normativa.
2- Según los
ciudadanos intervinientes, la Corte no puede pronunciarse sobre el aparte del
artículo 34 de la Ley 181 de 1995 acusado sin analizar otras disposiciones con
las cuales forma una unidad inescindible de sentido, a saber la totalidad de
ese mismo artículo, así como los artículos 32 y 35 de esa misma ley, ya que
todas ellas regulan la figura de los “derechos deportivos”.  Según su criterio,
mal podría la Corte estudiar la constitucionalidad del mandato según el cual
ningún club profesional puede transferir más de dos jugadores o deportistas en
préstamo a un mismo club, dentro de un mismo torneo, sin analizar
implícitamente la reglamentación existente sobre derechos deportivos, puesto
que ese contenido normativo es un desarrollo específico de esa figura. Debe
pues la Corte analizar si procede o no efectuar la unidad normativa solicitada
por los intervinientes.
3- El inciso tercero
del artículo 6º del decreto 2067 de 1991, que regula la unidad normativa,
señala:
El magistrado
sustanciador tampoco admitirá la demanda cuando considere que ésta no incluye
las normas que deberían ser demandadas para que el  fallo en si mismo no sea
inocuo, y ordenará cumplir el trámite previsto en el inciso segundo de este
artículo.  La Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas demandadas y
podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman unidad normativa
con aquellas otras que declara inconstitucionales.
Como se puede
observar, la Corte puede efectuar la unidad normativa en principio en relación
con las decisiones de inexequibilidad. De otro lado, conforme a la
jurisprudencia de esta Corporación, la realización de una unidad normativa
“debe ser excepcional [1]”.
En efecto, salvo los casos taxativos mencionados por la Carta, a la Corte no le
corresponde revisar oficiosamente las leyes sino que debe pronunciarse sobre
aquellas normas que sean demandadas por un ciudadano. Además, en función del
carácter participativo del proceso de control constitucional en nuestro país,
es necesario permitir  el más amplio debate ciudadano sobre las disposiciones
examinadas por la Corporación (CP arts 1º, 40 ord. 6º y 241). Conforme a lo anterior, pareciera entonces
que la única hipótesis en que cabe realizar unidad normativa es cuando la
Corte, después de examinar materialmente la disposición acusada, concluye que
ella es inconstitucional y que, además, la decisión de inexequibilidad es
inocua si la Corporación no se pronuncia igualmente sobre otras normas. Ello
sucede, por ejemplo, cuando es necesario retirar del ordenamiento un artículo
que viola la Carta, pero su contenido normativo se encuentra reproducido en
otras disposiciones, que deben entonces también ser declaradas inexequibles.
4- Sin embargo, esa
restricción de la unidad normativa únicamente a esa hipótesis de
inexequibilidad no es admisible, por cuanto el propio artículo 6º del decreto
2067 de 1991 establece con claridad que la Corte debe pronunciarse “de fondo
sobre todas las normas demandadas”, con lo cual se señala que en principio no
debe haber pronunciamientos inhibitorios cuando un ciudadano demanda en debida
forma una norma legal. Es deber entonces de la Corte, al igual que todo juez,
utilizar todos sus poderes a fin de evitar, hasta donde sea posible, los fallos
inhibitorios, ya que la finalidad de los procedimientos es que prevalezca el
derecho sustancial (CP art. 228 y C. de P. C arts 37 ord. 4º y 401). Ahora
bien, en determinados casos, la Corte debe estudiar una proposición normativa
que fue acusada por un ciudadano, pero frente a la cual resulta materialmente
imposible pronunciarse sobre su exequibilidad o inexequibilidad sin analizar
globalmente los elementos esenciales del conjunto normativo del cual ella forma
parte. En estos eventos, y con el fin de evitar un pronunciamiento inhibitorio,
es válido que la Corte proceda a integrar la unidad normativa, siempre y cuando
ello sea estrictamente necesario para examinar en debida forma las acusaciones
formuladas en la demanda.
Algunos podrían
objetar que esta posibilidad desborda la competencia de la Corte ya que, si es
necesario establecer una unidad normativa para poder estudiar los cargos, es
porque la demanda es inepta, pues el actor no habría acusado una proposición
jurídica autónoma. Sin embargo, la Corte considera que este argumento no es de
recibo, porque confunde dos fenómenos jurídicos diversos. Así, la proposición
jurídica incompleta opera en aquellos casos excepcionales en que el actor no
acusa una norma autónoma, por lo cual ésta no puede ser estudiada, por carecer
de sentido propio[2].
En cambio, en otros eventos, la demanda no es inepta, por cuanto el demandante
verdaderamente impugna un contenido normativo inteligible y separable. Lo que
sucede es que el estudio de ese contenido presupone el análisis de un conjunto
normativo más amplio, por lo cual se hace necesaria la integración de una
proposición jurídica mayor. Es pues diferente el caso de la demanda inepta, por
falta de proposición jurídica inteligible, situación en la cual procede la inadmisión
e incluso, excepcionalmente, la sentencia inhibitoria, de aquellos eventos en
que el contenido normativo impugnado por el actor es inteligible y autónomo,
pero no puede ser estudiado independientemente, por cuanto su examen remite
inevitablemente al estudio del conjunto normativo del cual forma parte.
Con todo, se podría
objetar también que mediante estas integraciones normativas, la Corte se
convierte en una instancia de revisión oficiosa de toda la legislación, cuando
la Constitución le atribuye otra función más específica: pronunciarse sobre las
demandas ciudadanas. Según este razonamiento, una norma siempre hace parte de
un conjunto normativo mayor, el cual a su vez hace parte de otros conjuntos
mayores, que se interrelacionan entre sí hasta abarcar la totalidad del
ordenamiento. Entonces, conforme a este argumento, un sola demanda obligaría a
la Corte a estudiar todas las regulaciones legales, lo cual no es admisible,
pues desvirtúa la función del control constitucional. Esta objeción es en parte
válida, por lo cual la Corte entra a precisar el alcance excepcional de la
unidad normativa en estos casos. Así, ésta procede cuando la proposición
jurídica acusada, si bien tiene un contenido propio, se encuentra tan
íntimamente ligada con otros contenidos jurídicos, que resulta imposible
estudiar su constitucionalidad sin analizar las otras disposiciones. En los
otros casos, esto es, cuando la relación entre las proposiciones jurídicas no
es tan estrecha, la unidad normativa no procede, salvo si la regulación de la
cual forma parte la disposición acusada aparece prima facie de una
constitucionalidad discutible. En efecto, si esa regulación mayor es
constitucionalmente sospechosa, ineludiblemente debe la Corte examinarla, pues
no podría declarar constitucional un aspecto de una determinada institución, si
ésta última puede ser globalmente inexequible.
La unidad normativa
no opera entonces exclusivamente en los fallos de inexequibilidad, lo cual
explica que esta Corporación, en varias decisiones, haya extendido los efectos
de una decisión de constitucionalidad a contenidos normativos que no habían
sido formalmente demandados por el actor, pero cuyo examen era indispensable
para poder pronunciarse de fondo sobre las disposiciones acusadas. Así, frente
a una acusación parcial del artículo 45 del Código de Procedimiento Penal, la
Corte concluyó que “aunque es sólo una expresión la acusada de
inconstitucional, dado que ella sólo es inteligible dentro del precepto íntegro
de que forma parte, y en vista de que las consideraciones que atrás quedan
consignadas se refieren a la norma en su integridad, sobre ésta versará el
pronunciamiento de exequibilidad.[3]”
Igualmente, frente a una demanda parcial del artículo 495 del estatuto procesal
civil, la Corte concluyó que era necesario analizar la totalidad de la
disposición, pues no sólo “el aparte demandado constituye una unidad jurídica o
un todo inescindible en relación con el texto integral de dicha norma” sino
que, además, “de declararse la inexequibilidad del referido segmento normativo
la norma quedaría incompleta, sin sentido, porque básicamente éste es parte
importante y esencial de la regulación que el legislador quiso hacer”[4].
5- Conforme a lo
anterior, la Corte concluye que la unidad normativa es excepcional, y sólo
procede cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando
ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un
contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En
este último caso, es procedente que la sentencia integre la proposición
normativa y se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de
forzoso análisis para que la Corporación pueda decidir de fondo el problema
planteado por los actores. Igualmente es legítimo que la Corte entre a estudiar
la regulación global de la cual forma parte la norma demandada, si tal
regulación aparece prima facie de una dudosa constitucionalidad.
6- En ese orden de
ideas, la Corte se interroga si puede ser estudiada autónomamente la expresión
acusada del artículo 34 de la Ley 181 de 1995 o si, como lo sostienen los
intervinientes, es necesario integrar una proposición jurídica más amplia.
Ahora bien, mal
podría la Corte estudiar y declarar en forma simple la exequibilidad del
mandato, según el cual, “ningún club profesional podrá transferir más de dos jugadores
o deportistas en préstamo a un mismo club, dentro de un mismo torneo”, sin
analizar si la figura misma de los derechos deportivos y de la carta de
transferencia -esto es, lo que coloquialmente se llama el “pase”- se ajustan a
la Carta, ya que la transferencia en préstamo prevista por esa norma es un
desarrollo de los derechos de los clubes deportivos sobre sus jugadores.
Además, inmediatamente la propia figura de los derechos deportivos plantea
agudos problemas constitucionales, pues pareciera que ella autoriza que los
clubes “presten” a sus deportistas, lo cual no armoniza con el reconocimiento
de la dignidad humana y parece desconocer la prohibición de la trata de
personas (CP arts 1º y 17). En tales condiciones ¿cómo podría la Corte declarar
constitucional la limitación a dos de la transferencia en préstamo de
jugadores, si la propia transferencia en préstamo, indisolublemente ligada a la
figura de los derechos deportivos, podría ser inexequible? En ese mismo orden
de ideas, tampoco podría la Corte retirar del ordenamiento la expresión acusada
por considerar que, por ejemplo, viola la libertad económica de los clubes o el
principio de igualdad entre los deportes, como lo sugiere el demandante, pues
la sentencia estaría  declarando inexequible el enunciado impugnado por
considerar que inconstitucionalmente limita el ejercicio de los derechos
deportivos de parte de los clubes, con lo cual se estaría presuponiendo la
legitimidad de esa figura, la cual, como ya se vio, es de una
constitucionalidad discutible. Esta Corporación concluye entonces que los
intervinientes tienen razón en que no es posible analizar la limitación
establecida a la transferencia de dos o más jugadores en préstamo durante un
torneo sin pronunciarse, explícita o implícitamente, sobre la
constitucionalidad de la figura de los “derechos deportivos”, cuyos elementos
esenciales se encuentran en los artículos 32, 34 y 35 de la Ley 181 de 1995
que, para mayor claridad, la Corte procede a transcribir. Dicen las citadas
disposiciones:
Artículo 32. Unicamente los clubes con deportistas
profesionales o aficionados podrán ser poseedores de los derechos deportivos de
los jugadores o deportistas. En consecuencia, queda prohibido a aquéllos
disponer por decisión de sus autoridades que el valor que reciban por tales
derechos pertenezca o sea entregado a persona natural o jurídica distinta del
mismo club poseedor.
Además de los
requisitos exigidos por cada federación, para la inscripción se requiere:
a) Aceptación
expresa y escrita del jugador o deportista;
b) Trámite previo
de la ficha deportiva;
c) Contrato de
trabajo registrado ante la federación deportiva respectiva y el Instituto
Colombiano del Deporte - Coldeportes.
(...)
Artículo 34. Entiéndese por derechos deportivos de los
jugadores o deportistas, la facultad exclusiva que tienen los clubes deportivos
de registrar, inscribir, o autorizar la actuación de un jugador cuya carta de
transferencia le corresponde, conforme a las disposiciones de la federación
respectiva. Ningún club profesional podrá transferir más de dos jugadores o
deportistas en préstamo a un mismo club, dentro de un mismo torneo.
(....)
Artículo 35. Los convenios que se celebren entre
organismos deportivos sobre transferencias de deportistas profesionales, no se
consideran parte de los contratos de trabajo. En razón de estos convenios no se
podrá coartar la libertad de trabajo de los deportistas. Una vez terminado el
contrato de trabajo, el jugador profesional transferido temporalmente regresará
al club propietario de su derecho deportivo. Si el club propietario del derecho
deportivo, no ofreciere formalmente un nuevo contrato laboral o transferencia
temporal al jugador dentro de un plazo no mayor a seis (6) meses, el jugador
quedará en libertad de negociar con otros clubes de acuerdo con los reglamentos
internacionales, sin perjuicio de las acciones laborales que favorezcan al
jugador.
Entra entonces la
Corte a estudiar la legitimidad constitucional de la figura de los derechos
deportivos como presupuesto necesario para el examen del cargo formulado por el
actor.
Los derechos
deportivos en el marco del espectáculo deportivo.
7- El deporte
profesional ocupa un lugar complejo en el ordenamiento constitucional puesto
que, tal y como lo ha señalado esta Corporación, es una actividad que tiene
diversas dimensiones, ya que es un espectáculo, una forma de realización
personal, una actividad laboral y una empresa[5].
De un lado, es un espectáculo público, por lo cual se relaciona con el derecho
a la recreación de los miembros de la comunidad (CP art. 52). De otro lado, los
jugadores profesionales no sólo ejercitan el deporte como un medio de
realización individual sino que son personas para quienes la práctica del
deporte es una ocupación laboral, por lo cual esta actividad es una expresión
del derecho a escoger profesión u oficio (CP art. 26) y cae en el ámbito  del
derecho del trabajo y de la especial protección al mismo prevista por la
Constitución (CP art. 25 y 53). Finalmente, las asociaciones deportivas, si
bien no tienen ánimo de lucro, y no son por ende sociedades comerciales, sí
ejercen una actividad económica, puesto que contratan jugadores, reciben
ingresos por conceptos de ventas de entradas a los espectáculos y derechos de
transmisión, promocionan marcas, etc, pues son “titulares de los derechos de
explotación comercial de transmisión o publicidad en los eventos del deporte
competitivo” (art. 28 de la Ley 181 de 1995). Son entonces verdaderas empresas,
en el sentido constitucional del término, por lo cual su actividad recae bajo
las regulaciones de la llamada Constitución económica (CP arts 58, 333 y 334).
Así, en relación con el fútbol, esta Corporación ya había señalado:
El fútbol es un
deporte que cumple simultáneamente varias funciones: recrea a los espectadores,
genera una actividad económica y hace posible la realización personal del
jugador. Como juego de competición, el fútbol es un medio de esparcimiento de
multitudes, que gracias a los avances tecnológicos en el área de las
comunicaciones, tiende a universalizarse y a estrechar los vínculos entre los
diferentes países. Su internacionalización, por otra parte, ha llevado a que
sea también un negocio atractivo para los inversionistas. El fútbol, concebido
como empresa, al igual que otros deportes, es un negocio en el que se invierten
grandes cantidades de dinero, en parte debido a las altas sumas en que se
cotizan los jugadores[6].
El deporte
profesional además ha tendido a organizarse en formas asociativas complejas.
Así, los clubes se congregan en ligas, las cuáles a su vez se articulan  en
federaciones nacionales e internacionales, que expiden diversas
reglamentaciones para organizar la práctica del deporte competitivo. En tales
circunstancias, y debido a su complejidad, es natural que existan tensiones y
conflictos entre los distintos aspectos del deporte profesional, y en especial
entre los intereses patrimoniales de los empresarios de las actividades
competitivas y los derechos constitucionales de los jugadores, para quienes la
práctica de deporte es la manera de realizarse en su vida profesional o
vocacional, tal y como lo ha señalado esta Corporación en la citada sentencia
T-498/94.
8- Dentro de ese
contexto es que se encuentra la figura de los derechos deportivos, la cual es
definida por el artículo 34 de la ley estudiada, como “la facultad exclusiva
que tienen los clubes deportivos de registrar, inscribir, o autorizar la
actuación de un jugador cuya carta de transferencia le corresponde, conforme a
las disposiciones de la federación respectiva.”
Aun  cuando esta
norma no es particularmente clara, la Corte entiende que los derechos
deportivos son una consecuencia de la titularidad de una carta de transferencia
de parte de un club específico, quien es entonces el único competente para
inscribir a un jugador y autorizar su participación en un torneo. En efecto,
los propios deportistas no pueden ser poseedores de sus derechos deportivos
puesto que, conforme al artículo 32, únicamente los clubes son titulares de
tales derechos.  De otro lado, según el tenor literal de los artículos 34 y 35,
parece entenderse los clubes que son titulares de la carta de un jugador pueden
transferir al deportista a otro club, por un determinado precio, y conforme a
las regulaciones de la federación respectiva, lo cual se conoce en el argot
deportivo como su “venta” o “préstamo”.  Debido a esta posibilidad, se
considera que los derechos deportivos constituyen un verdadero activo
patrimonial del club.
Lenguaje legal y
control constitucional.
9- La anterior
presentación de la figura plantea un primer problema constitucional, pues el
lenguaje empleado por la ley parece implicar que la carta de transferencia y
los derechos deportivos confieren a los clubes una verdadera propiedad sobre
sus jugadores. En efecto, la norma habla de la “transferencia” de los
deportistas,  lo cual significa, en sentido literal, que los clubes son
verdaderos dueños de esas personas, ya que sólo se transfiere, se vende y se
presta aquello de que se es propietario. El lenguaje de una norma legal no es
axiológicamente neutro, ni deja de tener relevancia constitucional, puesto que,
tal y como esta Corporación ya lo había señalado, el uso de términos jurídicos
que tiendan a cosificar a la persona no es admisible, razón por la cual esta
Corporación declaró la inexequibilidad de la expresión “recursos humanos” de la
ley estatutaria de la administración de justicia. Dijo entonces la Corte:
El artículo 1o de
la Constitución consagra “el respeto de la dignidad humana” como uno de los
fundamentos de nuestro Estado social de derecho. Y no es ese un concepto vano,
sino al revés, lleno de contenido ético y político. Porque el reconocimiento de
la dignidad humana implica la concepción de la persona como un fin en sí misma
y no como un medio para un fin. En otras palabras, como un ser que no es
manipulable, ni utilizable en vista de un fin, así se juzgue éste muy
plausible. El Estado está a su servicio y no a la inversa. Llamar “recursos
humanos” a las personas que han de cumplir ciertas funciones, supone adoptar la
perspectiva opuesta a la descrita, aunque un deplorable uso cada vez más
generalizado pugne por legitimar la expresión.
Es deber de la Corte
preservar el contenido axiológico humanístico que informa a nuestra norma
fundamental, velando aún porque el lenguaje utilizado por el legislador no la
contradiga[7].
Conforme a lo
anterior, el lenguaje de las normas legales revisadas es incompatible con la
Constitución ya que desconoce la dignidad de los deportistas, a quienes
cosifica, y vulnera la terminante prohibición de la esclavitud y de la trata de
personas (CP arts 1º, 18 y 53), pues parece convertir a los clubes en
propietarios de individuos. En tales condiciones, si ese lenguaje legal
corresponde a la realidad jurídica, es evidente que las normas que regulan la
figura de los derechos deportivos son inaceptables y deben ser declaradas
inexequibles. Sin embargo, si a pesar de ese lenguaje, el contenido normativo
de esas disposiciones es constitucionalmente admisible, no sería lógico que  la
Corte declarara la inexequibilidad de los artículos estudiados, puesto que,
debido únicamente a los defectos del lenguaje utilizado por el Legislador, se
estaría retirando del ordenamiento una regulación que es materialmente
legítima. En tal evento, lo procedente es que la Corte aplique el principio de
“conservación del derecho”, según el cual, los tribunales constitucionales
deben siempre buscar preservar al máximo las disposiciones emanadas del
Legislador, en virtud del respeto al principio democrático[8]. Por ello si una
disposición admite una interpretación acorde con la Carta, es deber de esta
Corte declararla exequible de manera condicionada, y no retirarla del
ordenamiento. Con mayor razón, si el defecto constitucional de una regulación
no deriva de su contenido normativo sino exclusivamente del lenguaje empleado,
entonces corresponde al juez constitucional mantener la regulación ajustando el
lenguaje legal a los principios y valores constitucionales. Por ende, la Corte
entra a analizar si efectivamente la carta de transferencia y los derechos
deportivos confieren una propiedad a los clubes sobre los deportistas, caso en
el cual las figuras serían incompatibles con la Carta, o si el contenido de la
figura tiene otro alcance jurídico que pueda ser constitucionalmente aceptable.
10- El artículo 35
señala que los “convenios que se celebren entre organismos deportivos sobre
transferencias de deportistas profesionales, no se consideran parte de los
contratos de trabajo”. Este artículo indica entonces que las transferencias son
contratos entre los clubes, que son distintos de los contratos laborales de los
jugadores con la respectiva asociación deportiva. Nótese además que el mismo
artículo es terminante en señalar que las transferencias no pueden “coartar la
libertad de trabajo de los deportistas”. Conforme a tal disposición, se
entiende que los pagos por las transferencias no constituyen una venta del
jugador, quien es persona y puede libremente contratar, sino que son
compensaciones económicas que se pagan al club de origen.
Estas retribuciones
cumplen, según sus defensores, una importante función, ya que están destinadas
a mejorar el espectáculo deportivo, tal y como lo señalaron las federaciones
deportivas nacionales e internacionales, cuando defendieron ante el Tribunal de
Justicia Europeo la legitimidad de los derechos deportivos[9]. Así, de un lado,
estos pagos pretenden resarcir al club de origen los costos en que incurrió por
la formación y promoción del jugador. Son pues una compensación que, además,
estimula la búsqueda de nuevas figuras, pues permite a los clubes obtener una
recompensa económica por el descubrimiento de buenos jugadores. Finalmente, se
considera que el reconocimiento de los derechos de traspaso tiende a favorecer
a muchos clubes pequeños, que en general se especializan en el hallazgo de nuevos
talentos, pues de esa manera se evita que automáticamente los mejores
deportistas sean monopolizados por los grandes clubes, que pueden ofrecerles
los salarios más altos. De esa manera se estimula un mayor equilibrio entre los
clubes, todo lo cual favorece el espectáculo. En efecto, el deporte profesional
tiene una especificidad, y es que los clubes, que son verdaderas empresas, no
pueden fabricar su producto (el partido y el espectáculo) autónomamente sino
que necesitan de su rival, pues las confrontaciones deportivas son entre
varios. Además, la propia calidad de ese producto depende de un cierto
equilibrio deportivo, pues una competición en donde solamente un equipo pueda
llegar a adquirir el título de campeón no suscita interés alguno entre los espectadores.
Un excesivo desequilibrio entre los clubes compromete entonces la viabilidad
financiera del propio deporte profesional y la calidad del espectáculo, lo cual
justifica la existencia de regulaciones destinadas a preservar el equilibrio
competitivo a fin de que haya un reparto adecuado de los talentos entre los
distintos clubes[10].
Así entendidos los
derechos deportivos, esto es, como una relación entre los clubes que en
principio no afecta las posibilidades laborales de los jugadores, la Corte
considera que la figura no pugna con la Constitución, pues nada se puede
objetar a que la ley y los reglamentos de las federaciones prevean mecanismos
para equilibrar la competencia deportiva, y compensar los gastos de formación y
promoción en que haya incurrido un club, en relación con un determinado  deportista.
Los límites
constitucionales a los derechos deportivos.
11- Sin embargo lo
anterior no significa que la figura de los derechos deportivos sea enteramente
admisible, y no suscite otros problemas constitucionales. Al respecto, esta
Corporación ya había precisado que la “racionalidad económica que orienta las
decisiones de los dueños de los "pases" o derechos deportivos de los
jugadores, en no pocas oportunidades, se opone a su autorealización personal y
a la práctica libre del deporte. De cualquier forma, en la resolución de las
controversias que se susciten en materia del traspaso de futbolistas, los
reglamentos privados y las normas legales respectivas deben interpretarse de
conformidad con la Constitución”[11].
En tales condiciones, la Corte considera que la figura de los derechos
deportivos, como sistema de compensación entre los clubes, es legítima, siempre
y  cuando ella no constituya o permita un abuso de parte de los clubes, que
tienda a desconocer los derechos constitucionales del jugador, a cosificarlo y
a convertirlo en un simple activo de tales asociaciones. Entra pues la Corte a
precisar los límites constitucionales dentro de los cuales puede operar esa
figura, para lo cual simplemente bastará con reiterar la doctrina que esta
Corporación había desarrollado al respecto desde 1994, en particular desde la
sentencia T-498/94, la cual en lo esencial armoniza con las pautas
desarrolladas posteriormente por el Tribunal de Justicia Europeo en el llamado
caso Bosman.[12]
Así, en primer
término, la Corte constata que la ley limita a los clubes la titularidad de los
derechos deportivos, ya que el artículo 34 confiere esa facultad en “exclusiva”
a esas asociaciones, y el inciso primero del artículo 32 expresamente señala
que “únicamente los clubes con deportistas profesionales o aficionados, podrán
ser poseedores de los derechos deportivos de los jugadores o deportistas”. Esta
restricción en principio armoniza con la naturaleza de los derechos deportivos,
que son una compensación por pagos de formación y promoción, que busca
equilibrar las competencias deportivas y estimular la búsqueda de nuevos
talentos, por lo cual los clubes son los naturales beneficiarios de la figura.
Además, de esa manera la ley busca finalidades que son constitucionalmente
admisibles, pues pretende evitar que se forme un mercado secundario de “pases”,
ya que éste restaría claridad a las transacciones entre los clubes y
posibilitaría que  ciertos intermediarios controlen con criterios puramente
comerciales el destino profesional de un deportista. La limitación tiene
entonces sustento constitucional, pues no sólo representa una intervención
estatal, a fin de que la actividad económica se desarrolle dentro de los
límites del bien común (CP arts 333 y 334) sino que, además, es una disposición
legal que posibilita una mejor inspección estatal de la actividad deportiva (CP
art. 52).
Sin embargo,
conforme a estas normas, los deportistas no pueden ser titulares de su propia
carta de transferencia, por lo cual debe la Corte analizar si esta restricción
es  constitucionalmente admisible. Ahora bien, la Corte encuentra que la
prohibición de que los jugadores puedan ser titulares de sus propios derechos
deportivos no sirve ningún propósito constitucionalmente relevante, pues en
nada afecta la transparencia de las transacciones en el ámbito deportivo que
un deportista adquiera su carta de transferencia, y sea entonces él mismo el administrador
de su carrera profesional. La medida no es entonces útil a los propósitos de la
ley. Además, ella vulnera la protección de la dignidad, la autonomía y la
libertad de los jugadores (CP arts 1º, 16 y 25), ya que impide, sin ninguna
razón aparente, que un deportista, al adquirir su “pase”, pueda entonces
orientar en forma libre y autónoma su futuro profesional, por lo cual se trata
de una restricción que tiende a cosificar al jugador al convertirlo en un
simple activo empresarial.  Por todo lo anterior, la Corte concluye que la
palabra “exclusiva” del artículo 34 de la Ley 181 de 1995 viola la dignidad de
los deportistas y será retirada del ordenamiento, en el entendido de que los
propios jugadores pueden ser titulares de sus derechos deportivos. Por esas
razones, un mismo condicionamiento se efectuará en relación con el citado
inciso primero del artículo 32.
12- En segundo
término, y conforme a lo señalado anteriormente, es claro que tanto la
regulación legal de los derechos deportivos como su ejercicio concreto por los
clubes deben ser compatibles con la protección a la libertad de trabajo de los
jugadores profesionales establecida por la Constitución (CP arts 25, 26  y 53).
Además, y tal como esta Corporación ya lo había señalado, esta “prohibición de
afectar la libertad de trabajo del futbolista profesional mediante su
transferencia hacia otro club, no debe interpretarse en sentido débil”, por lo
cual no basta que las normas legales y reglamentarias establezcan que esa
libertad no puede ser afectada, o exijan el consentimiento del jugador para
llevar a cabo la transferencia, ya que “la libertad de trabajo también puede
verse afectada por la negativa de una institución deportiva de permitir el
traspaso del jugador hacia otra institución que le ofrece mayores
oportunidades”[13].
Dijo entonces al respecto esta Corporación:
Las diferencias
económicas entre los propietarios de los "pases" no pueden colocar al
jugador ante la alternativa de permanecer inactivo en un organismo deportivo en
el que ya no desea laborar, o de retirarse definitivamente del fútbol
profesional.
Ahora bien, se
podría aducir que la negativa de transferir al jugador hacia otro club no
vulnera el derecho al trabajo, ya que no le está impidiendo "trabajar".
Esta argumentación presupone que el derecho fundamental consagrado en el
artículo 25 de la Constitución sólo protege el derecho a un trabajo in genere y
no a un trabajo específico, en esta ocasión, la práctica profesional del
fútbol. No obstante, una interpretación sistemática de las normas
constitucionales que reconocen y garantizan el trabajo (CP arts. 1, 25, 26 y
53), permite concluir que la Carta Política también ampara la estabilidad en un
empleo o en una actividad profesional determinada, en particular si de su
ejercicio in concreto depende la autodeterminación, la realización individual y
la dignidad de la persona. Es importante recalcar que el artículo 25 de la
Constitución reconoce el derecho que toda persona tiene a un trabajo "en condiciones
dignas y justas". No es justo ni digno con el futbolista que el organismo
deportivo empleador condicione, por razones exclusivamente económicas, su
desarrollo profesional o su permanencia en la organización del fútbol asociado.
El ejercicio del trabajo de quien ha escogido el oficio de futbolista no puede
válidamente hacerse depender del reconocimiento y pago de deudas dinerarias,
para cuyo cobro existen mecanismos legales alternativos[14].
Esta prohibición de
que los “pases” afecten la libertad de trabajo de los deportistas tiene
entonces consecuencias jurídicas importantes. Así, la regulación legal
analizada muestra que es posible que un club sea titular de la carta de
transferencia de un jugador, y sin embargo no exista ningún vínculo laboral
entre el deportista y la respectiva asociación deportiva. En efecto, el
artículo 35 de la Ley 181 de 1995 señala que una “vez terminado el contrato de
trabajo, el jugador profesional transferido temporalmente regresará al club
propietario de su derecho deportivo”, y sólo si después de 6 meses, “el club
propietario del derecho deportivo, no ofreciere formalmente un nuevo contrato
laboral o transferencia temporal”, podrá el jugador “negociar con otros clubes
de acuerdo con los reglamentos internacionales”. Ahora bien, conforme lo señala
el artículo 34 de la Ley 181 de 1995,  la titularidad de la carta de
transferencia confiere a la asociación deportiva la posibilidad de no
inscribir, ni autorizar la participación del jugador.  Esto significa que el
club, a pesar de no tener un contrato de trabajo con el jugador, puede sin
embargo tomar decisiones relativas a la actividad laboral del mismo, ya que
tiene la facultad de condenarlo a la total inactividad, sin siquiera ofrecerle
una contraprestación económica, como sería la remuneración laboral. Esta
inmovilidad puede prolongarse al menos hasta por seis meses, según los términos
de la ley, plazo que puede parecer en principio corto, pero que es
desproporcionado, si se tiene en cuenta la muy corta duración de la carrera de
los deportistas profesionales.
En esas condiciones,
la Corte considera que esa posibilidad que tienen los clubes de mantener los
derechos deportivos de un jugador y controlar su futuro profesional, cuando ni
siquiera son patronos de los mismos, pues no existe relación laboral, afecta la
libertad de trabajo y cosifica al jugador. Con todo, podría objetarse que
mediante esa facultad de retención de los derechos deportivos, la ley y las
reglamentaciones deportivas pretenden simplemente proteger los intereses
patrimoniales de las asociaciones deportivas, cuando se realizan transferencias
de derechos deportivos. Según este criterio, la prohibición de que el
deportista pueda jugar o contratar con el nuevo club antes de que sean
resueltas las eventuales diferencias entre las asociaciones deportivas, es una
simple garantía contractual a fin de que el nuevo club cumpla con sus
obligaciones. Sin embargo, para la Corte este criterio es constitucionalmente
inadmisible pues existen otros mecanismos menos lesivos de la libertad laboral
para zanjar esas desaveniencias económicas entre los clubes. Así, el
ordenamiento legal prevé múltiples instrumentos para controvertir las deudas
entre personas jurídicas. Por ello, la Corte concluye que no es
constitucionalmente admisible que se pueda limitar la libertad de trabajo del
deportista, que se encuentra constitucionalmente protegida (CP arts 25 y 53),
debido a conflictos entre los clubes derivados de la transferencia de los
derechos deportivos. En ese orden de ideas, la Corte reitera lo señalado en la
citada sentencia T-498/94, de que es perfectamente factible que “la negativa de
autorizar el traslado hacia otro club por desacuerdo económico, podría dar
lugar a la permanencia forzosa del jugador en el club de origen. La disyuntiva
de renunciar o desafiliarse del club en nada resuelve la situación del jugador,
ya que si desea seguir formando parte del fútbol asociado y practicar
institucionalmente el deporte, debe sujetarse al régimen de transferencias
establecido en sus reglamentos.” Por todo lo anterior, la Corte concluye que no
es compatible con la protección de la libertad de trabajo que un club pueda
poseer los derechos deportivos de un jugador, cuando no existe ninguna relación
laboral entre los mismos, por lo cual es necesario declarar la inexequibilidad
de la expresión “dentro de un plazo no mayor a seis (6) meses” del aparte final
del artículo 35. Se entiende entonces que si cesa la relación laboral entre el
club y el deportista, el jugador adquiere sus derechos deportivos[15], siempre y cuando la
conducta de este último se haya ceñido al principio constitucional de la buena
fe, al deber constitucional de no abusar de sus derechos y al principio general
del derecho nemo auditur propiam turpitudinem allegans, con estricta
sujeción a las causales de terminación del contrato previstas en la ley.
13- Las anteriores
consideraciones permiten a la Corte precisar los alcances de aquellas
referencias que los artículos 34 y 35 de la Ley 181 de 1995 hacen a las
reglamentaciones de las federaciones deportivas. Así, el artículo 34 precisa
que la carta de transferencia le corresponde a un determinado club “conforme a
las disposiciones de la federación respectiva”. Por su parte al artículo 35
señala que, en determinadas hipótesis, el jugador queda en libertad de negociar
con otros clubes pero “de acuerdo con los reglamentos internacionales” y sin
perjuicio de las acciones laborales que favorezcan al jugador.
La Constitución
reconoce amplios márgenes de autonomía a las distintas asociaciones deportivas,
las cuáles tienen la facultad de desarrollar distintas reglas relativas a la
práctica del deporte, tal y como esta Corporación ya lo ha señalado[16]. En principio es
entonces admisible que la ley contemple esas competencias reguladoras de las
federaciones nacionales e internacionales en el campo deportivo. Sin embargo,
es obvio que estas regulaciones no pueden desconocer los principios
constitucionales, ni vulnerar los derechos fundamentales de las personas (CP
art. 5º), ya que la Constitución es norma de normas (CP art. 4º). No se puede
olvidar que los clubes deportivos son verdaderas empresas, por lo cual, las
federaciones deportivas deben ser consideradas asociaciones de empresas, y sus
reglamentos decisiones de empresa. No es pues admisible que los derechos
constitucionales de los jugadores queden supeditados a estas decisiones
empresariales, no sólo porque se desconocería la primacía de la Constitución y
de los derechos de la persona (CP arts 4 y 5), sino porque se estaría
permitiendo un prohibido abuso de posición dominante de parte de esas
asociaciones (CP art. 334). Además, el inciso final del artículo 53 de la Carta
señala de manera inequívoca que la ley, los contratos, los acuerdos y los
convenios laborales no pueden menoscabar la libertad, la dignidad, ni los
derechos de los trabajadores. Con menor razón son admisibles regulaciones
empresariales que vulneren esos valores.
En ese orden de
ideas, si los reglamentos de las federaciones respectivas prevén que un club
pueda mantener la carta de transferencia de un jugador, a pesar de que haya
cesado el contrato laboral con el mismo, y que el nuevo club con el cual este
jugador haya suscrito un nuevo contrato puede ser sancionado si alinea a este
jugador antes de pagar los derechos de transferencia, aparece claramente una
vulneración de la libertad laboral de los deportistas. En efecto, frente a la
amenaza de sanciones pecuniarias y deportivas previstas por los reglamentos de
las federaciones, ningún club contratará con un deportista, si no se logra un
acuerdo previo sobre el monto de los derechos deportivos. Esto fue claramente
establecido por el Abogado  General y por el propio Tribunal de Justicia
Europeo en el llamado caso Bosman, y fue una de las razones esenciales para que
ese tribunal concluyera que viola la libertad de movimiento para buscar trabajo
del artículo 48 del Tratado de la Comunidad Europea “la aplicación de normas
adoptadas por asociaciones deportivas, con arreglo a las cuales un jugador
profesional de fútbol nacional de un Estado miembro sólo puede, al término del
contrato que le vincula a un club, ser empleado por un club de otro Estado
miembro si éste último ha abonado al club de origen una compensación por
transferencia, formación o promoción.[17]”
Ese tribunal, con criterios que la Corte Constitucional comparte plenamente,
señaló entonces al respecto:
En efecto, en la
medida en que (las reglamentaciones de las federaciones deportivas) establecen
que un jugador profesional de fútbol no puede ejercer su actividad en el seno
de un nuevo club establecido en otro Estado miembro si dicho club no ha pagado
al antiguo la compensación por transferencia cuya cuantía haya sido convenida
por los dos clubes o determinada con arreglo a los reglamentos de las
asociaciones deportivas, dichas normas constituyen un obstáculo a la libre
circulación de los trabajadores.
Como señaló
acertadamente el órgano jurisdiccional nacional, esta afirmación no se ve
afectada por la circunstancia de que las normas relativas a las transferencias
adoptadas por la UEFA en 1990 hayan previsto que las relaciones económicas
entre los dos clubes no influirán en la actividad del jugador, que estará en
libertad para jugar para su nuevo club. En efecto, este último club sigue
estando obligado a pagar la compensación de que se trata, so pena de sanciones
que pueden llegar hasta su exclusión por deudas, lo que impide de manera
igualmente eficaz contratar a un jugador procedente de un club de otro Estado
miembro sin satisfacer el importe de dicha compensación[18].
La Corte
Constitucional considera entonces que la remisión efectuada por la ley a la
regulación de las federaciones de los derechos deportivos puede suscitar
problemas constitucionales, en la medida en que éstas prevean disposiciones
susceptibles de afectar la libertad laboral de los deportistas, si los clubes
no cumplen con sus obligaciones en materia de pago de los derechos por
transferencias. Igualmente considera la Corte inadmisibles aquellas otras
regulaciones que afecten otros derechos constitucionales de los jugadores, como
podrían ser eventuales prohibiciones de acceso a los tribunales o restricciones
injustificadas a la libertad de expresión. Por todo ello, la Corte considera
que, conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, y según lo disponen los
artículos 4º, 25 y 53  de la Carta, son inaplicables todas las disposiciones de
las federaciones nacionales e internacionales que afecten los derechos
constitucionales de los jugadores[19].
Buena fe, abuso
del derecho y ejercicio razonable de los derechos deportivos.
14- Dentro de los
anteriores límites, la figura de los derechos deportivos es admisible, ya que
claramente se restringe a ser un derecho de compensación entre los clubes, que
no puede, en ningún caso, afectar ni directa, ni indirectamente, los derechos
constitucionales de los jugadores, y en especial su libertad de trabajo.  Con
todo, esta Corporación reconoce que en la práctica pueden surgir difíciles
problemas, pues es factible que algunas de las partes en la relación
contractual del deporte profesional intenten abusar de sus derechos durante el
período de transición que el país vivirá en esta materia.
Por ello la Corte
recuerda que uno de los principios esenciales del ordenamiento colombiano es la
buena fe (CP art. 83), profundamente ligado al deber constitucional de toda
persona de no abusar de sus derechos (CP art. 95 ord. 1º). Este, el principio
de buena fe, como lo señala la Carta, y conforme a la amplia jurisprudencia de
esta Corporación al respecto[20],
rige no sólo las relaciones entre el Estado y los ciudadanos sino que se
proyecta sobre las relaciones entre los particulares.  Esto es así, porque este
principio protege la paz social y la confianza, por lo cual los particulares en
el ejercicio de sus derechos o en el cumplimiento de sus deberes, así como las
autoridades en el desarrollo de sus funciones, deben sujetarse a los mandatos
de honestidad, lealtad y sinceridad que integran el principio. Por ende,
conforme a tal principio, no pueden los particulares abusar de sus derechos, ni
las autoridades excederse o desviarse en el ejercicio de sus funciones.
Esta referencia al
principio de la buena fe y al deber constitucional de no abusar del derecho
propio (CP arts 83 y 95 ord. 1º) no es puramente retórica sino que tiene
profundas implicaciones jurídicas, pues significa que no es legítimo que los
clubes o los deportistas se aprovechen de algunas de sus facultades
contractuales con el fin de vulnerar los legítimos derechos de su contraparte.
En efecto, conforme a tal principio, las partes en una relación contractual no
están únicamente obligadas a aquello que escuetamente determina el texto, sino
a todo aquello que en cada situación impone la buena fe.  Así, el hecho de que
la Corte, por las razones largamente expuestas en esta sentencia, haya
concluido que los clubes no pueden ser titulares de los derechos deportivos sin
mantener un contrato de trabajo vigente con el jugador respectivo, no puede ser
entendido como una patente de corso para que los deportistas incumplan sus
obligaciones contractuales o disciplinarias, o entren en colusión con otros
clubes a fin de que se pueda evadir el pago de una compensación, siendo que
ésta era legítima. En ese mismo orden de ideas, el mantenimiento de la figura
de los derechos deportivos, mientras subsiste el contrato laboral, tampoco
significa que los clubes tengan una potestad absoluta en este campo, ya que
estas asociaciones tienen el deber de ejercer de buena fe y en forma razonable,
esos derechos.
Es dentro del marco
de esos principios constitucionales que debe ser interpretado el alcance de la
doctrina establecida en esta sentencia. Ahora bien, no corresponde a la Corte
Constitucional resolver en abstracto todos los eventuales conflictos derivados
del ejercicio abusivo de los derechos en estas complejas relaciones
contractuales, ya que su función, cuando controla la constitucionalidad de las
leyes es otra, a saber, señalar los límites constitucionales dentro de los
cuales es admisible una figura como los derechos deportivos, tal y como se hizo
en los numerales anteriores de esta sentencia. Por ello corresponderá a los
jueces laborales resolver en concreto las distintas controversias que puedan
suscitarse en este campo, conforme a los principios constitucionales y
laborales, y a las pautas desarrolladas en esta sentencia. Igualmente, y tal y
como esta Corte ya lo había señalado, las decisiones de las asociaciones
deportivas “que supeditan a razones exclusivamente económicas, el libre
desarrollo de la corta vida deportiva del jugador, su libre escogencia de
profesión u oficio, su libertad de trabajo, de contratación y de asociación y,
en general, su libertad personal”, por lo cual en estos eventos esas
determinaciones “pueden ser impugnadas mediante el ejercicio de la acción de tutela,
si denotan abuso o explotación injustificada de una posición privada de
supremacía”[21].
Eventuales
efectos de la sentencia, limitación temporal de sus efectos y necesidad de una
regulación legal adecuada.
15- La Corte
Constitucional no desconoce que la presente sentencia puede tener efectos
importantes, al menos a nivel temporal, sobre algunos deportes profesionales,
como el fútbol, no sólo por su impacto sobre la dinámica económica de este
importante espectáculo sino también debido a las eventuales sanciones contra el
país de parte de las federaciones internacionales de este deporte, como la
FIFA. Sin embargo, la Corte considera que esos efectos negativos no deben ser
sobrestimados, ya que, si bien pueden existir algunos traumatismos transitorios
en el corto plazo, en el mediano y largo plazo, el deporte profesional puede
perfectamente ajustarse a una nuevas regulaciones acordes con la Constitución,
con lo cual se protege el espectáculo y se garantizan los derechos fundamentales
de los deportistas. Así, los análisis empíricos realizados no han podido
demostrar que la existencia de los “pases” permita un mayor equilibrio en la
competición deportiva, pues la figura de los “derechos deportivos” no evita que
los mejores clubes concentren a los jugadores más talentosos. De otro lado,
tampoco parece existir una verdadera relación entre los gastos de formación y
promoción de un deportista, y el monto mismo de los derechos de transferencia,
por lo cual los analistas concluyen que, tal y como en la práctica ha operado
la figura, ella no cumple verdaderamente esa función compensatoria. En tercer
término, para resarcir estos gastos de formación de los deportistas, promover
la búsqueda de nuevos talentos, y lograr un mayor equilibrio entre los clubes,
existen otros mecanismos ya utilizados por algunas federaciones deportivas,
como la redistribución de una parte de las utilidades del espectáculo entre los
distintos clubes, a fin de favorecer a aquellas asociaciones que se especializan
en la búsqueda de nuevos jugadores, la suscripción de contratos a un término
mayor que los existentes en la actualidad con cláusulas especiales de
permanencia, el desarrollo de un “sistema de cultivo” (farm system),
como el que existe en ciertas ligas de los Estados Unidos, en donde los grandes
clubes crean fondos para estimular el descubrimiento y formación de nuevas
figuras, etc[22].
En cuarto término, es claro que la presente sentencia se aplica específicamente
a los deportistas profesionales, ya que las normas demandadas estaban referidas
a estos jugadores, aun cuando es obvio que los principios constitucionales no
dejan de operar en el deporte aficionado. Finalmente, la experiencia europea en
relación con el llamado caso Bosman, y las propias reglamentaciones de la FIFA
expedidas  a raíz de esta decisión del tribunal europeo, muestran que es
perfectamente viable armonizar las reglas de estas federaciones internacionales
con la protección nacional y regional de los derechos de los deportistas[23]. Y en todo caso, si
ello no fuera posible, es indudable que en un Estado social de derecho como el
colombiano (CP art. 1º) priman los derechos de las personas y las normas
constitucionales sobre estas regulaciones privadas.
16- Con todo,
incluso si esos efectos graves sobre el espectáculo deportivo existieran, la
Corte considera que ellos no son suficientes para evitar que el juez
constitucional cumpla con su función de salvaguardar los derechos fundamentales
de los deportistas. En este punto, la Corte Constitucional coincide con el
Tribunal Europeo de Justicia, cuando respondió, en el citado caso Bosman, a los
argumentos sobre los efectos perjudiciales de su decisión, en los siguientes
términos:
En cuanto a las
eventuales consecuencias de la presente sentencia en la organización del fútbol
en su conjunto, es jurisprudencia reiterada que si bien las consecuencias
prácticas de cualquier decisión jurisdiccional deben sopesarse cuidadosamente,
no puede llegarse hasta el punto de distorsionar la objetividad del Derecho y
poner en peligro su aplicación futura por causa de las repercusiones que puede
tener una resolución judicial. Como máximo, tales repercusiones podrían ser
tenidas en cuenta para decidir, en su caso, si procede, con carácter
excepcional, limitar los efectos de una sentencia en el tiempo
En ese orden de
ideas, por razones de seguridad jurídica, y conforme a la Sentencia C-113/93,
según la cual corresponde a la Corte la facultad de señalar los efectos de sus
propios fallos, esta Corporación considera que es admisible limitar los efectos
temporales de la presente decisión, por lo cual concluye que la sentencia tiene
efectos hacia el futuro, y por ende no afecta las situaciones jurídicas
consolidadas en virtud de contratos suscritos con anterioridad a la
notificación de la presente sentencia.
17- De todos modos,
es indudable que muchos de los anteriores problemas derivan de la ausencia de
una regulación legal suficiente y acorde con la Constitución del complejo tema
del deporte profesional, sector económico que tiene rasgos muy característicos.
Así, se trata de un mercado muy especializado, en donde existen grandes
diferencias de talento entre los jugadores, las cuales tienen notables
consecuencias sobre los resultados de las confrontaciones. Además, es muy usual
que los partidos se desarrollen en días y horas que son festivos para el resto
de los trabajadores, precisamente para permitir que el público pueda asistir a
los espectáculos. Finalmente, las carreras de los deportistas son en general de
corta duración, pues no se prolongan más allá de unos pocos años.  Estas peculiaridades,
y otras más, no sólo justifican sino que hacen deseable que, obviamente dentro
del respeto de los principios constitucionales en materia laboral (CP arts 25 y
53), el Legislador  prevea una regulación específica que tome en consideración
el carácter especial de este sector económico y de la relación laboral del
deportista profesional. Por ejemplo, y sin que la enumeración pretenda ser
taxativa, se podrían prever términos diferentes de duración de los contratos de
los deportistas; precisar qué elementos son o no factor salarial en este campo;
establecer mecanismos específicos de solución de las controversias; conferir un
tratamiento particular para los llamados períodos de “concentración”;
determinar que los días festivos o las horas nocturnas puedan ser considerados
laborables en este sector; o consagrar un régimen especial disciplinario, ya
que en este caso confluyen las llamadas disciplinas laboral y deportiva. Estas
regulaciones permitirían, dentro del marco de los principios constitucionales,
solucionar muchos de los conflictos que se puedan presentar, lo cual muestra la
importancia de que, como consecuencia de un amplio debate democrático, se
expida una adecuada legislación sobre el tema.
La
constitucionalidad de la limitación del número de jugadores en préstamo
18- Una vez
precisado el marco constitucional de la figura de los derechos deportivos,
entra la Corte a estudiar la constitucionalidad de la limitación a dos del
número de jugadores en préstamo a un mismo club, la cual, según el actor, es
inconstitucional, por cuanto desconoce la igualdad -pues los distintos deportes
tienen diverso número de integrantes-, la libertad económica, y la propia
protección laboral a los jugadores. Por su parte la Procuraduría considera que
se trata de una forma legítima de intervención del Estado en la actividad
deportiva.
En primer término, y
conforme a lo señalado en los numerales precedentes de esta sentencia, es claro
que la “transferencia en préstamo” de los jugadores de un club a otro sólo es
compatible con los valores constitucionales, y por ende admisible, si se
interpreta esa expresión de conformidad con la dignidad humana de los
deportistas, tal y como lo exige la Carta (CP arts 1º y 53), puesto que el
jugador “como persona humana no es objeto sino sujeto del contrato”[24]. Por ende, para ser
constitucionales, debe entenderse que estos préstamos excluyen cualquier
cosificación del jugador, quien no puede ser concebido como un objeto que es
entregado y trasladado de un club a otro, al antojo de los directivos de los
mismos, ya que ello implicaría un forma de servidumbre y trata de seres humanos
contrarias a la Carta (CP art. 17). ¿Cómo interpretar entonces “la transferencia
en préstamo” a fin de hacerla compatible con los principios y valores
constitucionales?
En principio la
Corte constata que el ordenamiento laboral colombiano no prevé, a nivel
general, una figura de esta naturaleza. Así, no se trata de una sustitución
patronal, puesto que ésta supone el cambio de patrono pero la continuidad del
establecimiento (C.S del T art. 67), mientras que en este caso el deportista es
transferido a otro club, esto es, a otro establecimiento. Tampoco se trata de
un traslado en ejercicio del ius variandi, puesto que ésta es una
potestad  que el patrono, dentro de ciertos límites, ejerce dentro de una
relación laboral, mientras en este caso estamos en apariencia frente a un
cambio temporal de patrono. Es pues una figura atípica. Sin embargo, el hecho
de que tal figura no haga parte de la tradición legal colombiana no la hace en
sí misma inconstitucional, siempre y cuando sea posible interpretar sus
alcances de conformidad con la Carta. En ese orden de ideas, la Corte considera
que, en función del principio de conservación del derecho, es posible mantener
esa figura en el ordenamiento y entenderla como una forma atípica de desarrollo
del contrato laboral,  de tal manera que, de modo similar a algunas
regulaciones previstas en otros ordenamientos nacionales, como el español[25], se permite que un
deportista entre a desplegar actividades en otro club, mientras el club de
origen conserva los derechos deportivos. Ahora bien, para la Corte es obvio que
para que esta vicisitud del contrato laboral armonice con la protección de los
derechos constitucionales de los trabajadores y no vulnere su dignidad, se debe
contar con el consentimiento expreso del respectivo deportista, y la
transferencia no puede traducirse en un desmejoramiento de sus condiciones de
trabajo. Además, como la figura no se encuentra adecuadamente regulada por la
ley, por lo cual se podrían afectar los derechos de los deportistas en el
desarrollo de las “transferencias en préstamo”, al existir una incertidumbre en
torno a cual de los clubes debe responder al respecto, la Corte entiende que,
mientras el Congreso aborda el tema, en este caso, y por analogía, son
aplicables, para la relación entre el deportista y los respectivos clubes, las
normas que protegen los derechos laborales en el caso de las sustituciones
patronales, tal y como lo establece el artículo 69 del estatuto laboral, esto
es, que los dos clubes deben responder solidariamente de las obligaciones
laborales.
19- Así entendida la
figura de la transferencia en préstamo, la Corte considera que la limitación
establecida por la norma acusada es admisible. En efecto, esta Corporación ha
reconocido que en los ámbitos económicos, y con el fin de proteger intereses
constitucionales, la facultad de intervención del Estado es amplia, por lo cual
es legítima toda regulación legal que sea razonable con el fin de alcanzar un
objetivo constitucional admisible[26].
Ahora bien, en este caso la regulación persigue asegurar una mayor trasparencia
en la competencia deportiva pues, por medio de amplios préstamos de jugadores,
habría posibilidades de competencia desleal, ya que un equipo podría utilizar
ese proceder para desestabilizar a otros rivales y alterar los propios
resultados de las competencias deportivas. Esta intervención estatal para
lograr una mayor transparencia deportiva también es susceptible de contribuir a
un mayor equilibrio entre los clubes, con lo cual se protege el propio
espectáculo, ya que en este campo el interés del público resulta de una cierta
incertidumbre en torno a los resultados de la confrontación deportiva, pues
poca curiosidad genera un torneo en el cual los desenlaces fueran fácilmente
previsibles debido al evidente predominio de uno de los clubes. Estas
finalidades no sólo encuentran amplio respaldo constitucional (CP art. 52) sino
que además el medio empleado -limitar a dos el préstamo de jugadores en un
mismo torneo a un mismo club- guarda una conexidad razonable con el mismo, ya
que evita que los préstamos excesivos desequilibren artificialmente los
resultados deportivos en beneficio de un determinado club.
20- La Corte no
considera entonces que esa regulación limite la libertad económica. Además, no
es una medida que afecte desproporcionadamente el derecho al trabajo de los
jugadores, como lo sostiene el actor, por cuanto si es voluntad de un jugador
llegar a hacer parte de un buen club, puede hacerlo por medio de acuerdos
directos con el mismo, una vez cumplidas sus obligaciones laborales con la
asociación deportiva de origen. Finalmente, tampoco existe violación a la
igualdad, por cuanto el patrón de comparación utilizado por el actor no es
adecuado. En efecto, la norma acusada trata de la misma manera a todos los
clubes y a todos los deportistas que practican un mismo deporte, por lo cual en
este aspecto la regulación es equitativa. Es cierto que, como lo señala el
actor, la norma es más exigente en relación con deportes como el fútbol que con
el baloncesto, pues el número de jugadores inscritos en el primer deporte es
mayor que en el segundo, por lo cual la limitación de dos jugadores tiene en
ambos casos un peso relativo distinto, lo cual significa que los clubes de
baloncesto tienen relativamente mayores posibilidades de efectuar préstamos.
Sin embargo ello no implica una violación de la igualdad pues el Legislador
bien puede regular de manera diversa los distintos deportes, ya que en ningún
lugar la Constitución exige una idéntica reglamentación de los mismos.
21- Con todo, podría
sostenerse que esa limitación desconoce la Carta, en la medida en que vulnera
la autonomía de las asociaciones deportivas, la cual goza de protección
constitucional. Según este criterio, podría afirmarse que las mismas razones
que llevaron a la Corte, en reciente decisión[27],
a retirar del ordenamiento el Tribunal Nacional del Deporte, deberían conducir
a la inexequibilidad de la expresión impugnada, ya que el establecimiento de
esas limitaciones a los préstamos de los jugadores correspondería a las federaciones,
y no a la ley. La Corte no comparte esa interpretación ya que la situación en
los dos eventos es diversa. Así, la sentencia C-226/97 concluyó que ese
tribunal deportivo era inconstitucional por cuanto implicaba una estatización
de un elemento esencial de la autonomía de estas asociaciones, como es el
ejercicio concreto de la función disciplinaria deportiva, puesto que el
mencionado tribunal significaba “la asunción estatal de competencias
disciplinarias, originariamente privadas”, lo cual  “lejos de ejemplificar una
función de inspección subvierte la estructura “vigilante - vigilado” propia de
aquélla, y, en su lugar, el primero simple y llanamente sustituye al
segundo.(Sentencia C-226/97. Fundamento No 4)”. Sin embargo, la sentencia
explícitamente señaló que lo anterior no supone que frente a esas asociaciones
“no quepa regulación estatal alguna o que ésta necesariamente habrá de ser la
que emane de sus órganos internos. Por el contrario, la regulación podría ser
densa, puesto que los colectivos y la actividad que desarrollan, no constituyen
zonas vedadas para la ley.” Es más, una de las razones esenciales de la
inexequibilidad de ese tribunal del deporte es que la Corte concluyó que la ley
hubiera podido recurrir a medios menos lesivos de la autonomía para alcanzar el
mismo fin, como era el ejercicio de la policía deportiva, que permite la
inspección y vigilancia estatal sobre el deporte, sin vulnerar la autonomía de
esas asociaciones. Dijo al respecto la citada sentencia:
En verdad, a
través de mecanismos propios de policía deportiva consagrados por la ley, los
clubes, federaciones o ligas, conjuntamente con sus miembros, podrían ser
objeto de variadas sanciones y medidas administrativas, cuando quiera que los
reglamentos internos sean violados y la organización deportiva se abstenga de
sancionar su incumplimiento o internamente no garantice a los sancionados el
debido proceso. Si el propósito de la ley era el de obligar a las
organizaciones deportivas a que promovieran el acatamiento a los reglamentos
deportivos, no era estrictamente necesario que las faltas disciplinarias fuesen
conocidas y falladas directamente por un órgano del Estado. La inspección que
el Estado lleva a cabo sobre el deporte y las organizaciones de este sector, se
realiza en los términos de la ley, la cual bien había podido erigir la conducta
omisiva o arbitraria de éstas últimas en un supuesto autónomo de infracción
administrativa sancionable por el Estado. De este modo, la competencia estatal
habría quedado cobijada por la técnica de la inspección, sin desconocer de otro
lado el núcleo esencial de la autonomía de las organizaciones deportivas.
Ahora bien, en el
presente caso la ley, sin inmiscuirse directamente en la estructura ni en la
dinámica interna de las asociaciones deportivas, se limita a establecer una
regulación a fin de garantizar una mayor transparencia deportiva, lo cual es un
legítimo ejercicio del poder de policía deportiva, teniendo en cuenta que
corresponde al Estado inspeccionar estas organizaciones (CP art. 52) y que el
deporte es un espectáculo público que interesa a la sociedad en su conjunto. En
cambio, la instauración del Tribunal Nacional del Deporte anulaba la función
disciplinaria de las asociaciones deportivas, por lo cual constituía una
ilegítima intromisión en su autonomía. Las dos regulaciones legales tienen
entonces alcances diversos frente a la autonomía de estas asociaciones, por lo
cual es perfectamente natural que en este aspecto las decisiones de la Corte
sean también diferentes.
Regulación
estatal de la actividad deportiva, inspección y vigilancia sobre organismos
deportivos y posibilidad de delegación.
22- El artículo 61
literal 8º de la Ley 181 de 1995 delega en Coldeportes una función de
inspección y vigilancia del Presidente, por lo cual, según el actor, se viola
la Carta, por cuanto el Presidente sólo puede delegar sus funciones en los
Ministros, Jefes de Departamento Administrativo y Gobernadores, y no en un
establecimiento público. Para ello cita en su apoyo la sentencia de la Corte
Suprema de Justicia número 45 del 4 de Julio de 1985, la cual declaró
inexequible el artículo 28 del decreto 2845 que establecía que el Gobierno, a
través de Coldeportes, ejercería la inspección, vigilancia y control de los
organismos deportivos. Por el contrario, según la Vista Fiscal, esta delegación
es constitucional ya que el artículo 211 superior permite al jefe de Gobierno
transferir funciones a las entidades descentralizadas, de las cuales hace parte
el Instituto Colombiano del Deporte -Coldeportes.
23- Conforme a la
jurisprudencia  de esta Corporación y de la Corte Suprema cuando ejercía la
guarda de la Constitución, es claro que el Estado tiene la facultad de
inspeccionar las instituciones deportivas y la actividad deportiva (CP art. 52)
y que, en principio esa función de inspección, vigilancia y control está
radicada en cabeza del Presidente de la República[28] pues, conforme a la
propia ley del deporte (arts 29 y ss), tales clubes son corporaciones sin ánimo
de lucro o sociedades anónimas, las cuáles están sujetas a vigilancia
presidencial (CP art. 189 ords 24 y 26). Por consiguiente, el interrogante que
se plantea es si esa función puede o no ser delegada en Coldeportes.
Ahora bien, una
simple lectura del artículo 211, y de su antecedente en la normatividad
anterior, a saber el artículo 135 de la constitución derogada, muestra con
claridad que el cargo del demandante se fundamenta en el anterior orden
constitucional, y no en las normas vigentes. En efecto, el artículo 135 de la
anterior Carta establecía que la delegación presidencial operaba en relación
con los ministros, los jefes de  departamento administrativo y los
gobernadores, por lo cual resulta natural que  la Corte Suprema hubiera
declarado inconstitucional la disposición legal que, dentro de ese marco
constitucional, pretendía delegar en Coldeportes una función de inspección y
vigilancia del Presidente.  Dijo entonces esa Corporación:
No le es dado al
legislador ordinario, ni al extraordinario, asignarle a un establecimiento
público, como lo es el Instituto Colombiano para la Juventud y el Deporte,
Coldeportes, la inspección y vigilancia de organismos que cumplen funciones de
interés público y social, corporaciones, instituciones de utilidad común y
similares, como lo son en virtud de exigencia y calificación legal los clubes
deportivos, así los actualmente organizados como los que luego se establezcan,
porque, se repite, tal facultad es privativa del Presidente de la República,
aunque delegable por él, sólo por él, y previo señalamiento de la ley,
exclusivamente en ministros, jefes de departamentos administrativos y
gobernadores. De donde las normas de los artículos, en las partes indicadas a
las que se refiere esta consideración de la Corte, son claramente contrarias a
estas determinaciones constitucionales, lo que conduce a que la Corte haya de
declararlas inexequibles[29].
Sin embargo, en la
Constitución vigente es claro que esa delegación es factible pues, como bien lo
señala la Vista Fiscal, el artículo 211 superior autoriza la delegación
presidencial también en los representantes legales de entidades
descentralizadas. Ahora bien, conforme al artículo 60 de la misma Ley 181 de
1995, Coldeportes es un establecimiento público del orden nacional, por lo cual
ninguna objeción constitucional se puede hacer a que la ley delegue en esa
entidad la inspección, vigilancia y control sobre los organismos deportivos y
demás entidades que conforman el sistema nacional del deporte.
En ese orden de
ideas, la Corte considera que no tiene relevancia constitucional el argumento
invocado por el actor, según el cual la norma impugnada implica la existencia
de un doble control sobre los clubes deportivos, pues éstos, según su parecer,
quedan sujetos a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades y de
Coldeportes. En efecto, si bien es posible argumentar que una doble vigilancia
puede no ser la más conveniente en términos de eficacia administrativa, ello no
determina la inconstitucionalidad de la disposición, pues se trata de un problema
de oportunidad que no corresponde a esta Corte solucionar. Además, habría que
examinar si esa doble vigilancia existe o no, pues puede ser que se trate de un
conflicto aparente entre diversas disposiciones legales que pueda ser remediado
con clásicas normas para la solución estos conflictos, como ley posterior
deroga ley anterior, o ley especial deroga ley general. Sin embargo, estamos en
frente de un típico problema de hermenéutica legal que tampoco corresponde a la
Corte solucionar, pues de manera insistente esta Corporación ha señalado que la
Carta establece una separación entre la jurisdicción constitucional y las otros
jurisdicciones, por lo cual no es tarea de la Corte establecer el sentido
autorizado de las disposiciones legales, salvo que exista una razón
constitucional que obligue[30],
lo cual no sucede en este caso.
El cargo del
demandante no prospera, por lo cual el ordinal impugnado será declarado
exequible.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero: Declarar EXEQUIBLE
el inciso primero del artículo 32 de la Ley 181 de 1995, en el entendido de que
ese mandato no se aplica a los propios jugadores, quienes pueden ser entonces
titulares de sus derechos deportivos, en los términos de esta sentencia.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE
la frase inicial “Entiéndese por derechos deportivos de los jugadores o
deportistas, la facultad exclusiva que tienen los clubes deportivos de
registrar, inscribir, o autorizar la actuación de un jugador cuya carta de
transferencia le corresponde, conforme a las disposiciones de la federación
respectiva” del artículo 34 de la Ley 181 de 1995, salvo la expresión
“exclusiva”, que es INEXEQUIBLE, en el entendido de que los propios jugadores
pueden ser titulares de sus derechos deportivos, en los términos de esta
sentencia.
Tercero: Declarar EXEQUIBLE
la frase final “Ningún club profesional podrá transferir más de dos
jugadores o deportistas en préstamo a un mismo club, dentro de un mismo torneo”
del artículo 34 de la Ley 181 de 1995, siempre y cuando se entienda que se debe
contar con el consentimiento del deportista y no se puede desmejorar su
situación laboral, conforme a lo señalado en esta sentencia.
Cuarto:
Declarar EXEQUIBLE el artículo 35 de la Ley 181 de 1995, salvo la
expresión “dentro de un plazo no mayor de seis meses”, que es INEXEQUIBLE, en
el entendido de que no puede haber derechos deportivos sin contrato de trabajo
vigente, en los términos de esta sentencia.
Quinto: Declarar
EXEQUIBLE el artículo 61 literal 8º de la Ley 181 de 1995.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Presidente
JORGE ARANGO MEJÍA                        CARLOS
GAVIRIA DÍAZ
Magistrado                                                       Magistrado
EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ                   JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA         ALEJANDRO
MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado                                                Magistrado
FABIO MORÓN DÍAZ
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sentencia C-221 de 1997. MP Alejandro Martínez Caballero.
Fundamento Jurídico No 23.
[2] Ver entre otras, las sentencia C-409/94
[3] Sentencia C-293/95. MP Carlos Gaviria Díaz.
[4] Sentencia C-472/95. MP Antonio Barrera Carbonell. En el mismo
sentido ver también la sentencia C-333/96.
[5] Ver sentencias T-498/94, C-099/96 y C-226/97.
[6] Sentencia T-498/94. MP Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento
Jurídico No 3.
[7] Sentencia C-037/96. MP Vladimiro Naranjo Mesa.
[8]Ver, entre otras, las sentencias C-100/96. Fundamento Jurídico No
10 y C-065/97.
[9] Ver Asunto C-415/93, Jean Marc Bosman, Conclusiones del Abogado
General presentadas el 20 de septiembre de 1995, Acápites 214 y ss, y Sentencia
del Tribunal de Justicia del 15 de diciembre de 1995, acápites 105 y ss.
[10] Ver, el artículo del profesor Kesenne sobre un análisis económico
del pase en Roger Blanpain y M Mercedes Candela Soriano. El caso Bosman ¿El fin
de la era de los traspasos? Madrid: Civitas, 1997, pp 31 y ss.
[11] Sentencia T-498/94. Fundamento Jurídico No 6
[12] Ver Sentencia del Tribunal de Justicia del 15 de diciembre de
1995.
[13] Sentencia T-498/94. Fundamento 7.1
[14] Sentencia T-498/94. Fundamento 7.1
[15] En relación con el tema, la circular 616 de 1997 de la FIFA se
refiere a la rescisión anticipada de contratos de trabajo de jugadores
profesionales cuando el contrato que lo vincula a su club actual haya expirado
o expire en 6 meses. En el mismo sentido, la circular 592 de 1996 de la FIFA
señaló que no es obligatorio el pago de indemnizaciones cuando el contrato de
trabajo del jugador ha expirado.
[16] Ver en particular la sentencia C-226/97. MP Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[17] Ver Sentencia del Tribunal de Justicia del 15 de diciembre de
1995, acápite 114.
[18] Ibidem, acápites 100 y 101.
[19] La ilegitimidad de esas restricciones a los derechos de los
jugadores debido a controversias entre  los clubes por el pago de de los
derechos deportivos ha sido tácitamente aceptada incluso por las federaciones
internacionales. Por ejemplo, la FIFA ha modificado progresivamente sus
regulaciones a fin de no afectar a los deportistas. Así, el apartado 1º del
artículo 20 del Reglamento de la FIFA vigente desde 1994 señala que los
desacuerdos entre los clubes sobre las transferencias no pueden afectar las
actividades profesionales o deportivas del jugador. Igualmente, la circular No
616 del 4 de junio de 1997 establece un nuevo procedimiento para los clubes que
no cumplen sus obligaciones financieras, el cual no prevé sanciones a los
jugadores.
[20] Ver, entre otras, las sentencias T-427/92, T-469/92, T-475/92,
T-122/96, T-455/96, T-533/96 y T-548/96.
[21]Sentencia T-498/94.  Fundamento 8
[22]Sobre la ineficacia relativa de los “derechos deportivos” para
alcanzar muchos de los propósitos con los cuales se justifica la figura, así
como sobre la existencia de estos medios alternativos compatibles con la
protección de la dignidad y libertad de los deportistas, ver las Conclusiones
del Abogado General presentadas el 20 de septiembre de 1995, Acápites 214 y ss,
y Sentencia del Tribunal de Justicia del 15 de diciembre de 1995, acápites 105
y ss. Ver igualmente el artículo citado de Kesenne, o el artículo de J Cairns,
N Jenneth y P.J. Sloane. “The economics of Professional Team Sport: A survey of
theory and evidence” en Journal of  economic studies, 1986.
Sobre el caso estadounidense, ver Peter Katz. A History of free agency in the
United States an Great Britain: Who´s leading the charge?, 15 Comp.Lab.
L.J.371 (1994).
[23] Así, no sólo la FIFA modificó en mayo de 1996 el artículo 14 del
estatuto del jugador a fin de adaptarlo a la decisión del tribunal europeo,
sino que además precisó, según consta en la circular No 592 del 12 de junio de
1996, que “es obligación de todas las asociaciones afiliadas a la FIFA decidir
por sí mismas si desean percibir una indemnización por formación y/o promoción
en el caso de una transferencia interna (transferencia entre dos clubes del
mismo país). En particular, las asociaciones nacionales deberán asumir la
responsabilidad de elucidar si, en primer lugar, su propia legislación nacional
permite un sistema tal.”
[24] Sentencia T-498/94. MP Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento
Jurídico No 6.
[25] Ver Manuel Alonso García. Curso de derecho del trabajo.
(9 De). Madrid: Ariel, 1985, pp 644 y ss. Ver igualmente Remedios Roqueta Buj.
El trabajo de los deportistas profesionales. Valencia: Tirant lo
blanch, 1996, pp 247 y ss.
[26] Ver, entre otras, las sentencias C-265/94 y C-445/95
[27] Ver sentencia C-226/97. MP Eduardo Cifuentes Muñoz.
[28] Ver Corte Constitucional, sentencias C-099/96 y C-226/97. Ver
Corte Suprema de Justicia. . Sentencia No 45 del 4 de julio de 1985.
[29] Corte Suprema de Justicia. Sentencia No 45 del 4 de julio de
1985. Consideración de la Corte No 7 en Gaceta Judicial, No 2422,
pp 19 y 20.
[30] Ver, entre otras, las sentencias C-496/94 y C-109/95.