C-255-96
Sentencia C-255/96
Sentencia
C-255/96
TRATADO
INTERNACIONAL-Texto
incompleto/CONVENCION DE VIENA-Vicio subsanable
Lo que configura
un vicio de procedimiento es que el Gobierno presente un texto incompleto de un
tratado pero señale que se trata de una reproducción fiel e íntegra del tratado
suscrito por el representante internacional de Colombia. En efecto, en tal
caso, se estaría afectando el consentimiento del Congreso pues esa Corporación
pensaría estar aprobando el texto completo de un tratado, sin que ello fuera
cierto. Igualmente se limitaría el control constitucional ejercido por esta
Corporación pues no tendría la oportunidad de revisar el texto integral del
tratado. En este caso, en el trámite de la Ley 194 de 1995, se incurrió en el
anterior vicio de procedimiento, por cuanto el Gobierno sometió a la
consideración del Congreso un texto incompleto del tratado que se pretendía
aprobar mediante tal ley. La Corte consideró que la no aprobación de esos
artículos de la Convención se debió a una inadvertencia, por lo cual se trataba
de un vicio subsanable, pues todo indica que el Gobierno pretendía que el
Congreso aprobara integralmente la Convención y que éste último pensaba estar
aprobando el texto completo del tratado pero que, por la mencionada omisión, se
terminó aprobando parcialmente la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales. En ese orden de ideas, y tal y como se señala en los
antecedentes de esta sentencia, la Corte devolvió la ley a la Secretaría
jurídica de la Presidencia para que se procediera a corregir el mencionado
vicio, dentro de los términos máximos autorizados.
LEY APROBATORIA
DE TRATADO INTERNACIONAL-Falta
de corrección del vicio subsanable/LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Inexequibilidad
Según consta en
el expediente, el vicio no fue corregido en los términos fijados por la Corte.
Esta Corporación fijó a las Cámaras el plazo máximo autorizado, pues tal norma
establece que para la corrección de un vicio subsanable el "término no
podrá ser superior a treinta días contados a partir del momento en que la
autoridad esté en capacidad de subsanarlo". La no corrección del vicio de
formación afecta en su integridad la constitucionalidad Ley 194 de 1995, puesto
que  ella configura un vicio de consentimiento en la aprobación de un tratado.
Por ello la Corte deberá declarar inexequible la citada ley.
Referencia:
Expediente No. L.A.T.-047
Revisión
constitucional de la "Convención de Viena sobre El Derecho de los Tratados
entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986" y de la Ley 194
del 6 de julio de 1995 por medio de la cual se aprueba dicha Convención.
Temas:
La presentación
incompleta de un tratado para su aprobación es un vicio de procedimiento.
Inconstitucionalidad
por falta de corrección de vicios subsanables.
Magistrado Ponente:
Dr. ALEJANDRO
MARTÍNEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá,
D.C., seis (6) de junio de mil novecientos noventa y seis (1996).
La Corte
Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente Carlos Gaviria
Díaz, y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell,
Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera
Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Vladimiro Naranjo Mesa y Julio César
Ortiz Gutiérrez.
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN
Ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
De la Secretaría
Jurídica de la Presidencia de la República se recibió fotocopia auténtica de la
Ley 194 del 6 de julio de 1995, "Por medio de la cual se aprueba la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, hecha en
Viena el 21 de marzo de 1986", proceso que fue radicado con el No.
L.A.T.-047.
El veintiuno (21) de
marzo de mil novecientos noventa y seis (Flios 222 y ss), la Corte constató que
el Gobierno había presentado a la aprobación del Congreso un texto incompleto
de la "Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados
y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, hecha
en Viena el 21 de marzo de 1986". Por las razones desarrolladas en la
parte motiva de  esta sentencia, la Corte consideró que se trataba de un vicio
de procedimiento subsanable en la formación de la Ley 194 de 1995, por lo cual
esta Corporación devolvió la citada ley a la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República para que se corrigiera el vicio de procedimiento.
Igualmente, la Corte señaló un término de siete (7) días para que el Ejecutivo
presentara el proyecto corregido al Congreso, y treinta (30) días, el término
máximo autorizado por el artículo 45 del Decreto 2067 de 1991, para que se
surtieran los debates en las Cámaras y se sancionara nuevamente la ley.  En ese
mismo auto la Corte advirtió que, según lo ordenado por el parágrafo del
artículo 241 de la Constitución y por el artículo 45 del Decreto 2067 de 1991,
el incumplimiento de los términos obligaba a la Corporación a pronunciarse en
forma definitiva respecto de la constitucionalidad de la  Ley 194 de 1995.
Según constancia
secretarial del tres (3) de junio de 1996 (Flio 236), se encuentran vencidos
los términos establecidos por el auto del veintiuno (21) de marzo, sin que se
hubiese recibido documento alguno de parte del Congreso ni de la Presidencia de
la República que mostrara que se había corregido el vicio señalado por la
Corte. La única comunicación recibida fue una solicitud del Presidente de la
Cámara de Representantes, Rodrigo Rivera, del treinta y uno (31) de mayo (Flio
237), por medio de la cual solicita a la Corte la ampliación del término.
Cumplidos, como
están, los trámites previstos en la Constitución y en el Decreto No. 2067 de
1991, procede la Corte a decidir el asunto por medio de esta sentencia.
II. DE LA NORMA OBJETO DE REVISIÓN.
La Ley 194 del 6 de
julio de 1995 tiene el siguiente texto:
LEY Nº 194  6 DE JULIO DE 1995
“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA
“CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS ENTRE ESTADOS Y
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES O ENTRE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES”, HECHA
EN VIENA EL 21 DE MARZO DE 1986
EL CONGRESO DE COLOMBIA
D E C R E T A :
Visto el texto de
la "CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS ENTRE ESTADOS
Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 0 ENTRE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES",
hecha en Viena el 21 de marzo de 1986, que a la letra dice:
(Para ser
transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento
internacional mencionado, debidamente autenticado por el Jefe de la Oficina
Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).
Las Partes en
la presente Convención,
Considerando la función fundamental de los tratados en
la historia de las relaciones internacionales,
Reconociendo el carácter consensual de los tratados y
su importancia cada vez mayor como fuente del derecho internacional,
Advirtiendo que los principios del libre
consentimiento y de la buena fe y la norma pacta sunt servanda están
universalmente reconocidos,
Afirmando la importancia de intensificar el proceso
de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional con carácter
universal,
Convencidos de que la codificación y el desarrollo
progresivo de las normas relativas a los tratados entre Estados y
organizaciones internacional o entre organizaciones internacionales son medios
para fortalecer el orden jurídico en las relaciones internacionales y para
servir los propósitos de las Naciones Unidas,
Teniendo
presentes las
principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones
Unidas, tales como los principios de la igualdad de derechos y de la libre
determinación de los pueblos, de la igualdad soberana y la independencia de
todos los Estados, de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados,
de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y del respeto universal a
los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos y la efectividad
de tales derechos y libertades,
Teniendo
también presentes
las disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,
de 1969,
Reconociendo la relación que existe entre el derecho de
los tratados entre Estados y el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones
internacionales o entre organizaciones internacionales,
Considerando      la importancia de los tratados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales
como medios eficaces de desarrollar las relaciones internacionales y de
asegurar las condiciones para la cooperación pacífica entre las naciones, sean
cuales fueren sus regímenes constitucionales y sociales,
Teniendo
presentes las
características particulares de los tratados en que sean partes organizaciones
internacionales como sujetos de derecho internacional distintos de los Estados,
Advirtiendo que las organizaciones internacionales
poseen la capacidad para celebrar tratados que es necesaria para el ejercicio
de sus funciones y la realización de sus propósitos,
Reconociendo que la práctica de las organizaciones
internacionales en lo que respecta a la celebración de tratados con Estados o
entre ellas debería estar conforme con sus instrumentos constitutivos,
Afirmando que nada de lo dispuesto en la presente
Convención se interpretará de modo que afecte a las relaciones entre una
organización internacional y sus miembros, que se rigen por las reglas de esa
organización,
Afirmando asimismo que las controversias relativas a
los tratados, al igual que las demás controversias internacionales, deberían
resolverse, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, por medios
pacíficos y según los principios de la justicia y del derecho internacional,
Afirmando asimismo que las normas de derecho
internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones no reguladas
en las disposiciones de la presente Convención,
Han convenido
lo siguiente:
PARTE I
INTRODUCCIÓN
Artículo 1º
Alcance de la presente Convención
La presente convención se aplica:
a) a los tratados
entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales, y
b)   a los
tratados entre organizaciones internacionales.
Artículo 2º
Términos empleados
1.   Para los
efectos de la presente Convención:
a)  se entiende
por "tratado" un acuerdo internacional regido por el derecho
internacional y celebrado por escrito:
i) entre uno a o
varios Estados y una o varias organizaciones internacionales; o
ii)   entre
organizaciones internacionales,
ya conste ese
acuerdo en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y
cualquiera que sea su denominación particular;
b) se entiende
por "ratificación" el acto internacional así denominado por el cual
un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en
obligarse por un tratado;
b  bis)
se   entiende  par  "acto  de   confirmación  formal"  un  acto
internacional que corresponde al de la ratificación por un Estado y por el cual
una organización internacional hace constar en el ámbito internacional su
consentimiento en obligarse por un tratado;
b ter)  se
entiende por "aceptación", "aprobación" y
"adhesión", según el caso, el acto internacional así denominado por
el cual un Estado o una organización  internacional hace constar  en  el
ámbito  internacional  su consentimiento en obligarse por un tratado;
c) se entiende
por "plenos poderes" un documento que emana de la autoridad
competente de un Estado o del órgano competente de una organización
internacional y por el que se designa a una o varias personas para representar
al Estado o a la organización en la negociación, la adopción o la autenticación
del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del Estado o de la
organización en obligarse por un tratado, o para ejecutar cualquier otro acto
con respecto a un tratado;
d)   se entiende
por "reserva" una declaración unilateral, cualquiera que sea su
enunciado o denominación, hecha por un Estado o por una organización
internacional al firmar, ratificar, confirmar formalmente, aceptar o aprobar un
tratado o al adherirse a é1, con objeto de excluir o modificar los efectos
jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado o
a esa organización;
e)   se entiende
por  "Estado   negociador" y por “organización negociadora",
respectivamente:
i) un Estado, o
ii) una organización internacional,
que ha participado en la elaboración y adopción del
texto del tratado;
f) se entiende
por "Estado contratante" y por “organización contratante",
respectivamente:
i) un Estado, o
ii) una organización internacional,
que ha consentido en obligarse por el tratado, haya o
no entrado en vigor el tratado;
g) se entiende
por "parte" un Estado o una organización internacional que ha
consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual o a la cual el
tratado está en vigor;
h) se entiende
por "tercer Estado" y por "tercera organización”
respectivamente:
i) un
Estado, o
ii) una
organización internacional,
que no es parte
en el tratado;
i) se entiende
por “organización internacional” una organización intergubernamental;
j) se entiende
por "reglas de la organización" en particular los instrumentos
constitutivos de la organización, sus decisiones y resoluciones adoptadas de
conformidad con éstos y su práctica establecida.
2. Las
disposiciones del párrafo 1 sobre los términos empleados en la presente
Convención se entenderán sin perjuicio del empleo de estos términos o del
sentido que se les pueda dar en el derecho interno de cualquier Estado o en las
reglas de una organización internacional.
Artículo 3º
Acuerdo internacionales no comprendidos en
el ámbito
de la presente Convención
El hecho de que
la presente Convención no se aplique:
i)  ni a los
acuerdos internacionales en los que fueren partes uno varios Estados, una o
varias organizaciones internacionales y uno o varios sujetos de derecho
internacional que no sean Estados ni organizaciones;
ii) ni a los
acuerdos internacionales en los que fueren partes una o varias organizaciones
internacionales y uno o varios sujetos de derecho internacional que no sean
Estados ni organizaciones;
iii) ni a los
acuerdos internacionales no celebrados por escrito entre uno o varios Estados y
una o varias organizaciones internacionales, o entre organizaciones
internacionales;
iv) ni a los
acuerdos internacionales entre sujetos de derecho internacional que no sean
Estados   ni    organizaciones internacionales;
no afectará:
a)   al valor jurídico de tales acuerdos;
b) a la
aplicación a los mismos de cualquiera de las normas enunciadas en la presente
Convención a que estuvieren sometidos en virtud del derecho internacional
independientemente de esta Convención;
c) a la aplicación
de la Convención a las relaciones entre Estados y organizaciones
internacionales o a las relaciones de las organizaciones entre sí, cuando estas
relaciones se rijan por acuerdos internacionales en los que fueren asimismo
partes otros sujetos de derecho internacional.
Artículo 4º
Irretroactividad de la presente
Convención
Sin perjuicio de
la aplicación de cualesquiera normas enunciadas en la presente Convención a las
que los tratados entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones
internacionales o entre organizaciones internacionales estén sometidos en
virtud del derecho internacional independientemente de la Convención, ésta sólo
se aplicará a los tratados de esa índole que sean celebrados después de la
entrada en vigor de la presente Convención con respecto a esos Estados y esas
organizaciones.
Artículo 5º
Tratados constitutivos de organizaciones
internacionales y tratados adoptados en el ámbito de una organización
internacional
La presente
Convención se aplicará a todo tratado entre uno o varios Estados y una o varias
organizaciones internacionales que sea un instrumento constitutivo de una
organización internacional y a todo tratado adoptado en el ámbito de una
organización internacional, sin perjuicio de cualquier regla pertinente de la
organización.
PARTE II
CELEBRACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR DE LOS
TRATADOS
SECCIÓN 1. CELEBRACIÓN DE LOS TRATADOS
Artículo 6º
Capacidad de las organizaciones
internacionales
para celebrar tratados
La capacidad de una organización internacional para
celebrar tratados se rige por las reglas de esa organización.
Artículo 7º
Plenos poderes
1. Para la
adopción o la autenticación del texto de un tratado o para manifestar el
consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una
persona representa a un Estado:
a)   si presenta los adecuados plenos poderes; o
b)  si se deduce
de la práctica o de otras circunstancias que la intención de los Estados y  de
las organizaciones internacionales de que se trate ha sido considerar a esa
persona representante del Estado para esos efectos sin la presentación de
plenos poderes.
2. En virtud de sus funciones, y sin tener que
presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado:
a) los jefes de
Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la
ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un  tratado  entre
uno  o varios   Estados  y  una  o varias organizaciones internacionales;
b)  los
representantes acreditados por los Estados en una conferencia internacional,
para la adopción del texto de un tratado entre Estados y organizaciones
internacionales;
c) los
representantes acreditados por los Estados ante una organización internacional
o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal
organización u órgano;
d) los jefes de
misiones permanentes ante una organización internacional, para la adopción del
texto de un tratado entre los Estados acreditantes y esa organización.
3. Para la
adopción o la autenticación del texto de un tratado o para manifestar el
consentimiento de una organización en obligarse por un tratado, se considerará
que una persona representa a esa organización internacional:
a ) si presenta, los adecuados plenos poderes; o
b) si se deduce
de las circunstancias que la intención de los Estados y de las organizaciones
internacionales de que se trate ha sido considerar a esa persona representante
de la organización para esos efectos, de conformidad con las reglas de la
organización y sin la presentación de plenos poderes.
Artículo 8º
Confirmación ulterior de un acto ejecutado
sin autorización
Un acto relativo
a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que, conforme al
artículo 7, no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un
Estado o a una organización internacional, no surtirá efectos jurídicos a menos
que sea ulteriormente confirmado por ese Estado o esa organización.
Artículo 9º
Adopción del texto
1. La adopción
del texto de un tratado se efectuará por consentimiento de todos los Estados y
de todas las organizaciones  internacionales o, según el caso, de todas las
organizaciones participantes en su elaboración, salvo lo dispuesto en el
párrafo 2.
2. La adopción
del texto de un tratado en una conferencia internacional se efectuará con
arreglo al procedimiento que acuerden los participantes en esa conferencia. Si,
no obstante, no se logra un acuerdo sobre tal procedimiento, la adopción del
texto se efectuará por mayoría de dos tercios de los participantes presentes y
votantes, a menos que esos participantes decidan por igual mayoría aplicar una
regla diferente.
Artículo 10
Autenticación del texto
1. El texto de un
tratado entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones
internacionales quedará establecido como auténtico y definitivo:
a) mediante el
procedimiento,  que se prescriba en él o que convengan los Estados y las
organizaciones que hayan participado en su elaboración; o
b) a falta de tal
procedimiento, mediante la firma, la firma ad referendum o la rúbrica
puesta por los representantes de esos Estados y de esas organizaciones en el
texto del tratado o en el acta final  de la conferencia en la que figure el
texto.
2. El texto de un
tratado entre organizaciones internacionales quedará establecido como auténtico
y definitivo:
a) mediante el
procedimiento que se prescriba en él o que convengan  las organizaciones que
hayan participado en su elaboración; o
b) a falta de tal
procedimiento, mediante la firma, la firma ad referendum o la rúbrica
puesta por los representantes de esas organizaciones en el texto del tratado o
en el acta final  de la conferencia en la que figure el texto.
Artículo 11
Formas de manifestación del consentimiento
en obligarse por un tratado
1. El
consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse
mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la
ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra
forma que se hubiere convenido.
2. El
consentimiento de una organización internacional en obligarse por un tratado
podrá manifestarse mediante la firma el canje de instrumentos que constituyan
un tratado, un acto de conformación formal, la ratificación, la aceptación, la
aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido.
Artículo 12
Consentimiento en obligarse por un tratado
manifestado mediante la firma
1. El
consentimiento de un Estado o de una organización internacional en obligarse
por un tratado se manifestará mediante la firma de su representante:
a) cuando el
tratado disponga que la firma  tendrá ese efecto;
b) cuando conste
de otro modo que los Estados negociadores y las organizaciones negociadoras o,
según el caso, las organizaciones negociadoras han convenido en que la firma
tenga ese efecto; o
c) cuando la
intensión del Estado o de la organización de dar ese efecto a la firma se
desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado
durante la negociación.
2. Para los
efectos del párrafo 1:
a) la rúbrica de
un texto equivaldrá a la firma del tratado cuando conste que los Estados
negociadores y las organizaciones negociadoras o, según el caso, las
organizaciones negociadoras así lo han convenido;
b) La firma ad
referendum de un tratado por el representante de un Estado o de una organización
internacional equivaldrá a la firma definitiva del tratado si ese Estado o esa
organización  lo confirma.
Artículo 13
Consentimiento en obligarse por un tratado
manifestado mediante el canje de instrumentos  que constituyen un tratado
El consentimiento
de los Estados o de las organizaciones internacionales en obligarse por un
tratado constituido por instrumentos canjeados entre ellos se manifestará
mediante este canje:
a) cuando los
instrumentos dispongan que su canje tendrá ese efecto; o
b) cuando conste
de otro modo que esos Estados y esas organizaciones o, según el caso, esas
organizaciones han convenido en que el canje de los instrumentos tenga  ese
efecto.
Artículo 14
Consentimiento en obligarse por un tratado
manifestado mediante la ratificación, un acto de confirmación formal, la
aceptación o la aprobación
1. El
consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante
la ratificación:
a) cuando el
tratado disponga que tal consentimiento debe manifestarse mediante la
ratificación;
b) cuando conste
de otro modo que los Estados negociadores y las organizaciones negociadoras han
convenido en que se exija la ratificación;
c) cuando el
representante del Estado haya firmado el tratado a reserva de ratificación; o
d) cuando la
intención del Estado de firmar el tratado a reserva de ratificación se
desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado
durante la negociación.
2. El
consentimiento de una organización internacional en obligarse por un tratado se
manifestará mediante un acto de confirmación formal:
a)  cuando el
tratado disponga que tal consentimiento debe manifestarse mediante un acto de
confirmación formal;
b) cuando conste
de otro modo que los Estados negociadores y las organizaciones negociadoras  o,
según el caso, las organizaciones negociadoras han convenido en que se exija un
acto de confirmación formal;
c) cuando el
representante de la organización haya firmado el tratado a reserva de un acto
de confirmación formal; o
d) cuando la
intención de la organización de firmar el tratado a reserva de un acto de
confirmación formal se desprenda de los plenos poderes de su representante o se
haya manifestado  durante la negociación.
3. El
consentimiento de un Estado o de una organización internacional en obligarse
por un tratado se manifestará mediante la aceptación o la aprobación en
condiciones semejantes a las que rigen para la ratificación o, según el caso,
para un acto de confirmación formal.
Artículo 15
Consentimiento en obligarse por un tratado
manifestado mediante la adhesión
El consentimiento
de un Estado o de una organización internacional en obligarse por un tratado se
manifestará mediante la adhesión:
a) cuando el
tratado disponga que ese Estado o esa organización puede manifestar tal
consentimiento mediante la adhesión;
b) cuando conste
de otro modo que los Estados negociadores y las organizaciones negociadoras o,
según el caso, las organizaciones negociadoras han convenido en que ese Estado
o esa organización puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión; o
c) cuando todas
las partes hayan convenido ulteriormente en que ese Estado o esa organización
puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión.
Artículo 16
Canje o depósito de los instrumentos de
ratificación, confirmación formal, aceptación, aprobación o adhesión
1. Salvo que el
tratado disponga otra cosa, los instrumentos de ratificación, los instrumentos
relativos a un acto de confirmación formal, o los instrumentos de aceptación,
aprobación o adhesión harán constar el consentimiento de un Estado o de una
organización internacional en obligarse por un tratado entre uno o varios
Estados y una o varias organizaciones internacionales al efectuarse:
a) su canje entre
los Estados contratantes y las organizaciones contratantes;
b) su depósito en
poder del depositario; o
c) su
notificación a los Estados contratantes y a las organizaciones contratantes o
al depositario, si así se ha convenido.
2.  Salvo que el
tratado disponga otra cosa, los instrumentos relativos a un acto de
confirmación formal, o los instrumentos de aceptación, aprobación o adhesión
harán constar el consentimiento de una organización internacional en obligarse
por un tratado entre organizaciones internacionales al efectuarse:
a) su canje entre
las organizaciones contratantes;
b) su depósito en
poder del depositario; o
c) su
notificación a las organizaciones contratantes o al depositario, si así se ha
convenido.
Artículo 17
Consentimiento en obligarse respecto de
parte de un tratado y opción entre disposiciones diferentes
1. Sin perjuicio
de lo dispuesto en los artículos 19 a 23, el consentimiento  de un Estado o de
una organización internacional en obligarse respecto de parte de un tratado
sólo surtirá efecto si el tratado lo permite o los Estados contratantes y las
organizaciones contratantes o, según el caso, las  organizaciones contratantes
convienen en ello.
2. El
consentimiento de un Estado o de una organización internacional en obligarse
por un tratado que permita una opción entre disposiciones diferentes sólo
surtirá efectos si se indica  claramente a qué disposiciones se refiere el
consentimiento.
Artículo 18
Obligación de no frustrar el objeto y el
fin de un
tratado antes de su entrada en vigor
Un Estado o una
organización internacional deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales
se frustren el objeto y el fin de un tratado:
a) si ese Estado
o esa organización ha firmado el tratado o ha canjeado los instrumentos que
constituyen el tratado a reserva de ratificación, de una acto de confirmación
formal, de aceptación o de aprobación, mientras ese Estado o esa organización
no haya manifestado su intención de no llegar  a ser parte en el tratado; o
b) si ese Estado
o esa organización ha manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado
durante el período que proceda a su entrada en vigor y siempre que ésta no se
retarde indebidamente.
SECCIÓN 2. RESERVA
Artículo 19
Formulación de reserva
Un Estado o una
organización internacional podrá formular una reserva en el momento de firmar,
ratificar, confirmar formalmente, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse a
él, a menos:
a) que la reserva
esté prohibida por el tratado;
b) que el tratado
disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales
no figure la reserva de que se trate; o
c) que, en los
casos no previstos en los apartados a) y b), la reserva sea incompatible con el
objeto y el fin del tratado.
Artículo 20
Aceptación de las reservas y objeción a las
reservas
1. Una reserva
expresamente autorizada por el tratado  no exigirá la aceptación  ulterior de
los Estados contratantes y de las organizaciones contratantes o, según el caso,
de las organizaciones contratantes, a menos que el tratado así lo disponga.
2. Cuando el
número reducido de Estados negociadores  y organizaciones negociadoras o, según
el caso, de organizaciones negociadoras y del objeto y del fin del tratado se
desprenda que la aplicación del tratado en su integridad entre todas las partes
es condición esencial  del consentimiento  de cada una de ellas en obligarse
por el tratado, una reserva exigirá  la aceptación de todas las partes.
3.  Cuando el
tratado sea un instrumento constitutivo de una organización internacional y a
menos que en él se disponga otra cosa, una reserva exigirá la aceptación del
órgano competente de esa organización.
4. En los casos
no previstos en los párrafos precedentes y a menos que el tratado disponga otra
cosa:
a) la aceptación
de una reserva por un Estado contratante o por una organización contratante
constituirá al Estado o a la organización internacional autor de la reserva en
parte en el tratado en relación con el Estado o la organización que haya
aceptado la reserva si el tratado ya está en  vigor o cuando entre vigor para
el autor de la reserva y el Estado o la organización que ha aceptado la
reserva;
b) la objeción
hecha por un Estado contratante o por una organización contratante a una
reserva  no impedirá la entrada  en vigor del tratado entre el Estado o la
organización internacional que haya hecho la objeción y el Estado o la
organización autor de la reserva, a menos que el Estado o la organización autor
de la objeción manifieste inequívocamente la intención contraria;
c) un acto por el
que un Estado o una organización internacional manifieste su consentimiento en
obligarse por un tratado y que contenga una reserva surtirá efecto en cuanto
acepte la reserva al menos un Estado contratante o una organización contratante.
5. Para  los
efectos de los párrafos 2 y 4, y a menos que el tratado disponga  otra cosa, se
considerará que una reserva ha sido aceptada por un Estado o una organización
internacional cuando el Estado o la organización internacional no ha formulado
ninguna objeción a la reserva dentro de los doce meses siguientes a la fecha en
que haya recibido la notificación de la reserva o en la fecha en que haya
manifestado su consentimiento en obligarse  por el tratado, si esta última es
posterior.
Artículo 21
Efectos jurídicos de las reservas y de las
objeciones a las reservas
1. Una reserva
que sea efectiva con respecto a otra parte en el tratado de conformidad con los
artículos 19, 20 y 23:
a) modificará con
respecto al Estado o a la organización internacional autor de la reserva en sus
relaciones con esa otra parte  las disposiciones del tratado a que se refiera
la reserva en la medida determinada por la misma; y
b) modificará, en
la misma medida, esas disposiciones en lo que respecta a esa otra parte en el
tratado en sus relaciones con el Estado o con la organización internacional
autor de la reserva.
2. La reserva no
modificará las disposiciones del tratado en lo que respecta a las otras partes
en el tratado en sus relaciones inter se.
3. Cuando un
Estado o una organización internacional que haya hecho una objeción a una
reserva no se oponga a la entrada en vigor del tratado entre él o ella y el
Estado o la organización autor de la reserva, las disposiciones a que se
refiere ésta no se aplicarán entre el autor de la reserva y el Estado o la
organización  que ha formulado la objeción en la medida determinada por la
reserva.
Artículo 22
Retiro de las reservas y de las objeciones
a las reservas
1. Salvo que el
tratado disponga otra cosa, una reserva podrá ser retirada en cualquier momento
y no se exigirá para su retiro el consentimiento del Estado o de la
organización internacional que la haya aceptado.
2. Salvo que el
tratado disponga otra cosa,  una objeción a una reserva podrá ser retirada en
cualquier momento.
3. Salvo que el
tratado disponga o se haya convenido otra cosa:
a) el retiro de
una reserva sólo surtirá efecto respecto de un Estado contratante o de una
organización contratante cuando ese Estado o esa organización haya recibido  la
notificación;
b) el retiro de
una objeción a una reserva sólo surtirá efecto cuando su notificación haya sido
recibida por el Estado o la organización internacional autor de la reserva.
Artículo 23
Procedimiento relativo a las reservas
1. La reserva, la
aceptación expresa de una reserva y la objeción a una reserva habrán de
formularse por escrito y comunicarse a los Estados contratantes y a las
organizaciones contratantes y a los demás Estados y organizaciones
internacionales facultados para llegar a ser partes  en el tratado.
2. La reserva que
se formule en el momento de la firma de un tratado que haya de ser objeto de
ratificación, acto de confirmación formal, aceptación o aprobación habrá de ser
confirmada formalmente por el Estado o por la organización autor de la reserva
al manifestar su consentimiento en obligarse por el tratado. En tal caso, se
considerará que la reserva ha sido hecha en la fecha de su confirmación .
3. La aceptación
expresa de una reserva o la objeción hecha a una reserva, anteriores a la
confirmación de la misma, no tendrán que ser a su vez confirmadas.
4. El retiro de
una reserva o de una objeción a una reserva habrá de formularse por escrito.
SECCIÓN TERCERA. ENTRADA EN VIGOR Y
APLICACIÓN
PROVISIONAL DE LOS TRATADOS
Artículo 24
Entrada en vigor
1. Un tratado
entrará en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga o que
acuerden los Estados negociadores y las organizaciones negociadoras o, según el
caso, las organizaciones negociadoras.
2. A falta de tal
disposición o acuerdo, el tratado entrará en vigor  tan pronto como haya
constancia del consentimiento de todos los Estados negociadores y todas las
organizaciones negociadoras o, según el caso, de todas las organizaciones
negociadoras en obligarse por el tratado.
3. Cuando el
consentimiento de un Estado o de una organización internacional en obligarse
por un tratado se haga constar en una fecha posterior a la entrada en vigor  de
dicho tratado; éste entrará en vigor con relación a ese Estado o a esa
organización en dicha fecha, a menos que el tratado disponga otra cosa.
4.  Las
disposiciones de un tratado que regulen la autenticación de su texto, la
constancia del consentimiento en obligarse por el tratado, la manera o la fecha
de su entrada en vigor, las reservas, las funciones del depositario y otras
cuestiones que se susciten necesariamente antes de la entrada en vigor del
tratado se aplicarán desde el momento de la adopción de su texto.
Artículo 25
Aplicación provisional
1. Un tratado o
una parte de él se aplicará provisionalmente antes de su entrada en vigor:
a) si el propio
tratado así lo dispone; o
b) si los Estados
negociadores y las organizaciones negociadoras o, según el caso, las
organizaciones negociadoras han convenido en ello de otro modo.
2. La aplicación
provisional de un tratado o de una parte de él respecto de un Estado o de una
organización internacional  terminará si ese Estado o esa organización notifica
a los Estados y a las organizaciones con respecto a los cuales el tratado se
aplica provisionalmente su intención de no llegar a ser parte en el mismo, a
menos que el tratado disponga o los Estados negociadores y las organizaciones
negociadoras o, según el caso, las organizaciones negociadoras hayan convenido
otra cosa al respecto.
PARTE III
OBSERVANCIA, APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE
LOS TRATADOS
SECCIÓN 1. OBSERVANCIA DE LOS TRATADOS
Artículo 26
Pacta sunt servanda
Todo tratado en
vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.
Artículo 27
El derecho interno de los Estados, las
reglas de las organizaciones internacionales y la observancia de los tratados
1. Un Estado
parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno
como justificación del incumplimiento del tratado.
2. Una
organización internacional parte en un tratado no podrá invocar las reglas de
la organización como justificación del incumplimiento del tratado.
3. Las normas
enunciadas en los párrafos procedentes se entenderán sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 46.
SECCIÓN 2. APLICACIÓN DE LOS TRATADOS
Artículo 28
Irretroactividad de los tratados
Las disposiciones
de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya
tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para
esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir,
salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo.
Artículo 29
Ámbito territorial de los tratados
Un tratado entre
uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales será
obligatorio para cada uno de los Estados  partes por lo que respecta a la
totalidad de su territorio, salvo que una intención diferente se desprenda de
él o conste de otro modo.
Artículo 30
Aplicación de tratados sucesivos
concernientes
a la misma materia
1. Los derechos y
las obligaciones de los Estados y de las organizaciones internacionales partes
en tratados sucesivos concernientes a la misma materia se determinarán conforme
a los párrafos siguientes.
2. Cuando un
tratado especifique que está subordinado a un tratado anterior o posterior o
que no debe ser considerado incompatible con ese otro tratado, prevalecerán las
disposiciones de este último.
3. Cuando todas
las partes en el tratado anterior sean también partes en el tratado posterior
pero el tratado anterior no queda terminado ni su aplicación suspendida
conforme al artículo 59, el tratado anterior se aplicará únicamente en la
medida en que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior.
4. Cuando las
partes en el tratado anterior no sean todas ellas partes en el tratado
posterior:
a) en las
relaciones entre dos partes, que lo sean en ambos tratados, se aplicará la
norma enunciada en el párrafo 3;
b) en las
relaciones entre una parte en ambos tratados y una parte en un tratado
solamente, los derechos y obligaciones recíprocos se regirán por el tratado en
el que las dos sean partes.
5. El párrafo 4
se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41 y no prejuzgará
ninguna cuestión de determinación o suspensión de la aplicación de un tratado
conforme al artículo 60 ni ninguna cuestión de responsabilidad en que puede
incurrir un Estado o una organización internacional por la celebración o
aplicación de un tratado cuyas disposiciones sean incompatibles con las
obligaciones contraídas con respecto a un Estado o a una organización en virtud
de otro tratado.
6. Los párrafos
precedentes se entenderán sin perjuicio de que, en caso de conflicto entre las
obligaciones contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y las
obligaciones contraídas en virtud de un tratado, prevalecerán las obligaciones
impuestas por la Carta.
SECCIÓN 3. INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS
Artículo 31
Regla general de interpretación
1. Un tratado
deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de
atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en
cuenta su objeto y fin.
2. Para los
efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del
texto, incluidos  su preámbulo y anexos:
a) todo acuerdo
que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con
motivo de la celebración del tratado;
b) todo
instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del
tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado
3. Juntamente con
el contexto, habrá de tenerse en cuenta:
a) todo acuerdo
ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la
aplicación de sus disposiciones;
b) toda práctica
ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo
de las partes acerca de la interpretación del tratado;
c) toda norma
pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las
partes.
4. Se dará a un
término un sentido especial si consta  que tal fue la intención de las partes.
Artículo 32
Medios de interpretación complementarios
Se podrá acudir a
medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos
preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para
confirmar el sentido resultante de la aplicación del  artículo 31, o para
determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el
artículo 31:
a) deje ambiguo u
oscuro el sentido; o
b) conduzca a un
resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.
Artículo 33
Interpretación de tratados autenticados en
dos o más idiomas
1. Cuando un
tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el texto  hará igualmente
fe en cada idioma, a menos que el tratado disponga o las partes convengan que
en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos.
2. Una versión
del tratado en idioma distinto de aquel en que haya sido autenticado el texto
será considerada como texto auténtico únicamente si el tratado así lo dispone o
las partes así lo convienen.
3. Se presumirá
que los términos del tratado tienen en cada texto auténtico igual sentido.
4. Salvo en el
caso en que prevalezca un texto determinado conforme a lo previsto en el
párrafo 1, cuando la comparación de los textos auténticos revele una diferencia
de sentido que no puede resolverse con la aplicación de los artículos 31 y 32,
se adoptará el sentido que mejor concilie esos textos, habida cuenta del objeto
y del fin del tratado.
SECCIÓN 4. LOS TRATADOS Y LOS TERCEROS
ESTADOS O LAS TERCERAS ORGANIZACIONES
Artículo 34
Norma general concerniente a terceros
Estados
y terceras organizaciones
Un tratado no
crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado o una tercera organización
sin el consentimiento de ese Estado o de esa organización.
Artículo 35
Tratados en que se prevén obligaciones para
terceros Estados
o terceras organizaciones
Una disposición
de un tratado dará origen a una obligación para un tercer Estado o una tercera
organización si las partes en el tratado tienen la intención de que tal
disposición sea el medio de crear la obligación y si el tercer Estado o la
tercera organización acepta expresamente por escrito esa obligación. La
aceptación de tal obligación por la tercera organización se regirá por las
reglas de esa organización.
Artículo 36
Tratados en que se prevén derechos para
terceros Estados
o terceras organizaciones
1. Una
disposición de un tratado dará origen a un derecho para un tercer Estado si con
ella las partes en el tratado tienen la intención de conferir ese derecho al
tercer Estado o a un grupo de Estados al cual pertenezca, o bien a todos los
Estados, y si el tercer Estado asiente a ello. Su asentimiento se presumirá
mientras no haya indicación en contrario, salvo que el tratado disponga otra
cosa.
2. Una
disposición de un tratado dará origen a un derecho para una tercera
organización si con ella las partes en el tratado tienen la intención de
conferir ese derecho a la tercera organización o a un grupo de organizaciones
internacionales al cual pertenezca, o bien a todas las organizaciones, y si la
tercera organización asiente a ello. Su asentimiento se regirá por las reglas
de la organización.
3. Un Estado o
una organización internacional que ejerza un  derecho con arreglo al párrafo 1
o 2 deberá cumplir las condiciones que para su ejercicio están prescritas en el
tratado o se establezcan conforme a éste.
Artículo 37
Revocación o modificación de obligaciones o
derechos de terceros Estados
o de terceras organizaciones
1. Cuando de
conformidad con el artículo 35 se haya originado una obligación para un tercer
Estado o una tercera organización, tal obligación no podrá ser revocada ni
modificada sino con el consentimiento de las partes en el tratado y del tercer
Estado o de la tercera organización, a menos que conste que habían convenido en
otra cosa al respecto.
2. Cuando de
conformidad con el artículo 36 se haya originado un derecho para un tercer
Estado o una tercera organización, tal derecho no podrá ser revocado ni
modificado por las partes si consta que tuvo la intención de que el derecho no
fuera revocable ni modificable sin el consentimiento del tercer Estado o de la
tercera organización.
3. El
consentimiento de una organización internacional parte en el tratado o de una
tercera organización, previsto en los párrafos precedentes, se regirá por las
reglas de esa organización.
Artículo 38
Normas de un tratado que lleguen a ser
obligatorias para terceros Estados
o de terceras organizaciones en  virtud de
una costumbre internacional
Lo dispuesto en
los artículos 34 a 37 no impedirá que una norma enunciada en un tratado llegue
a ser obligatoria para un tercer Estado o una tercera organización como norma
consuetudinaria de derecho internacional reconocida como tal.
PARTE IV
ENMIENDA Y MODIFICACIÓN DE LOS TRATADOS
Artículo 39
Norma general concerniente a la enmienda de
los tratados
1. Un tratado
podrá ser enmendado por acuerdo entre las partes. Se aplicarán a tal acuerdo
las normas enunciadas en la Parte II, salvo en la medida en que el tratado
disponga otra cosa.
2. El
consentimiento de una organización internacional a un acuerdo de la índole
mencionada en el párrafo 1 se regirá por las reglas de esa organización.
Artículo 40
Enmienda de los tratados multilaterales
1. Salvo que el
tratado disponga otra cosa, la enmienda de los tratados multilaterales se
regirá por los párrafos siguientes.
2. Toda propuesta
de enmienda de un tratado multilateral en las relaciones entre todas las partes
habrá de ser notificada a todos los Estados contratantes y a todas las
organizaciones contratantes, cada uno de los cuales tendrá derecho a
participar:
a) en la decisión
sobre las medidas que haya que adoptar con relación a tal propuesta;
b) en la
negociación y la celebración de cualquier acuerdo que tenga por objeto enmendar
el tratado.
3. Todo Estado y
toda organización internacional facultados para llegar a ser partes en el
tratado estarán también facultados para llegar a ser partes en el tratado en su
forma enmendada.
4. El acuerdo en
virtud del cual se enmiende el tratado no obligará a ningún Estado ni a ninguna
organización internacional que sea ya parte en el tratado pero no llegue a
serlo en ese acuerdo; con respecto a tal Estado o a tal organización se
aplicará el apartado b) del párrafo 4 del artículo 30.
5. Todo Estado o
toda organización  internacional que llegue a ser parte en el tratado después
de la entrada en vigor del acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado
será considerado, de no haber manifestado una intención diferente:
a) parte en el
tratado en su forma enmendada;
b) parte en el
tratado no enmendado con respecto a toda parte en el tratado que no esté
obligada por el acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado.
Artículo 41
Acuerdos para modificar tratados
multilaterales entre algunas
de las partes únicamente
1. Dos o más
partes de un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo  que tenga por
objeto modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas:
a) si la
posibilidad de tal modificación está prevista por el tratado; o
b) si tal
modificación no está prohibida por el tratado, a condición de que:
i ) no
afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes correspondan en
virtud del tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones;
ii) no
se refiera a ninguna disposición cuya modificación sea incompatible con la
consecución efectiva del objeto y del fin  del tratado en su conjunto.
2. Salvo que en el
caso previsto en el apartado a) del párrafo 1 el tratado disponga otra cosa,
las partes interesadas deberán notificar a las demás partes su intención de
celebrar el acuerdo y la modificación del tratado que en ese acuerdo se
disponga.
PARTE V
NULIDAD, TERMINACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA
APLICACIÓN DE LOS TRATADOS
SECCIÓN 1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 42
Validez y continuación en vigor de los
tratados
1. La validez de
un tratado o del consentimiento de un Estado o de una organización
internacional en obligarse por un tal tratado no podrá ser impugnada sino
mediante la aplicación de la presente Convención.
2. La terminación
de un tratado, su denuncia o el retiro de una parte no podrán tener lugar sino
como resultado de la aplicación de las disposiciones del tratado o de la
presente  Convención. La misma norma se aplicará a la suspensión de la
aplicación de un tratado.
Artículo 43
Obligaciones impuestas por el derecho
internacional independientemente de un tratado
La nulidad,
terminación o denuncia de un tratado, el retiro de una de las  partes o la
suspensión de la aplicación del tratado, cuando resulten de la  aplicación de
la presente Convención o de las disposiciones del tratado, no menoscabarán en
nada el deber de un Estado o de una organización internacional de cumplir toda
obligación enunciada en el tratado a la que ese Estado o esa organización estén
sometidos en virtud del derecho internacional independientemente de dicho
tratado.
Artículo 44
Divisibilidad de las disposiciones de un
tratado
1. El derecho de
una parte, previsto en un tratado o emanado del artículo 56, a denunciar ese
tratado, retirarse de él o suspender su aplicación no podrá ejercerse sino con
respecto a la totalidad del tratado, a menos que el tratado disponga o las
partes convengan otra cosa al respecto.
2. Una causa de
nulidad o terminación de un tratado, de retiro de una de  las partes o de
suspensión de la aplicación de un tratado reconocida en la presente Convención
no podrá alegarse sino con respecto a la totalidad del tratado, salvo en los
casos previstos en los párrafos siguientes o en el artículo 60.
3. Si la causa se
refiere sólo a determinadas cláusulas, no podrá alegarse sino con respecto a
esas cláusulas cuando:
a) dichas
cláusulas sean separables del resto del tratado en lo que respecta a su
aplicación;
b) se desprenda
del tratado o conste de otro modo que la aceptación de esas cláusulas no ha
constituido para la otra  parte o las otras partes en el tratado una base
esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado en su conjunto; y
c) la
continuación del cumplimiento del resto del tratado no sea injusta.
4. En los casos
previstos en los artículos 49 y 50, el Estado o la organización internacional
facultados para alegar el dolo o la corrupción podrán hacerlo en lo que
respecta a la totalidad del tratado o, en el caso previsto en el párrafo 3, en
lo que respecta a determinadas cláusulas únicamente.
5. En los casos
previstos en los artículos 51, 52 y 53 no se admitirá la división de las
disposiciones del tratado.
Artículo 45
Pérdida del derecho a alegar una causa de
nulidad, terminación, retiro o suspensión de la aplicación de un tratado
1. Un Estado no
podrá ya alegar una causa para anular un tratado, darlo por terminado,
retirarse de él o suspender su aplicación con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 46 a 50 o en los artículos 60 y 62, si, después de haber tenido
conocimiento de los hechos, ese Estado:
a) ha convenido
expresamente en que el tratado es válido, permanece en vigor o continúa en
aplicación, según el caso; o
b) se ha
comportado de tal manera que debe considerarse que ha dado su aquiescencia a la
validez del tratado o a su continuación en vigor o en  aplicación, según el
caso.
2. Una organización
internacional no podrá ya alegar una causa para anular un tratado, darlo por
terminado, retirarse de él o suspender su aplicación con arreglo a lo dispuesto
en los artículos 46 a 50 o en los artículos 60 y 62, si, después de haber
tenido conocimiento de los hechos:
a) esa
organización ha convenido expresamente en lo que el tratado es válido,
permanece en vigor o continúa en aplicación, según el caso; o
b) el órgano
competente se ha comportado de tal manera que debe considerarse que la
organización ha renunciado al derecho a legar esa causa.
SECCIÓN 2. NULIDAD DE LOS TRATADOS
Artículo 46
Disposiciones de derecho interno del Estado
y reglas de la organización internacional concernientes a la competencia para
celebrar tratados
1. El hecho de
que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido
manifestado en violación de una disposición de su derecho interno concerniente
a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado
como vicio de su consentimiento, a menos que esa  violación sea manifiesta y
afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno.
2. El hecho de
que el consentimiento de una organización internacional en obligarse por un
tratado haya sido manifestado en violación de las reglas de la organización
concernientes a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por
dicha organización como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación
sea manifiesta y afecte a una regla de importancia fundamental.
3. Una violación
es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado o
cualquier organización internacional que proceda en la materia conforme a la
práctica usual de los Estados y, en su caso, de las  organizaciones
internacionales y de buena fe.
Artículo 47
Restricción específica de los poderes para
manifestar el consentimiento de un Estado o de una organización internacional
Si los poderes de
un representante para manifestar el consentimiento de un Estado o de una
organización internacional en obligarse por un tratado determinado han sido
objeto de una restricción específica, la inobservancia de esa restricción por
tal representante no podrá alegarse como vicio del consentimiento manifestado
por él, a menos que la restricción haya sido notificada, con anterioridad a la
manifestación de ese consentimiento, a los Estados negociadores y a las
organizaciones negociadoras.
Artículo 48
Error
1. Un Estado o
una organización internacional podrá alegar un error en un tratado como vicio
de su consentimiento en obligarse por el tratado si el error se refiere a un
hecho o a una situación cuya existencia diera por supuesta ese Estado o esa
organización en el momento de la celebración del tratado y constituyera una
base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado.
2. El párrafo 1
no se aplicará si el Estado o la organización internacional de que se trate
contribuyó con su conducta al error o si las circunstancias fueron tales que
hubiera quedado advertido de la posibilidad de error.
3. Un error que
concierna sólo a la redacción del texto de un tratado no afectará a la validez
de éste; en tal caso se aplicará el artículo 80.
Artículo 49
Dolo
Un Estado o una
organización internacional inducido a celebrar un tratado por la conducta fraudulenta
de un Estado negociador o de una organización negociadora podrá alegar el dolo
como vicio de su consentimiento en obligarse por un tratado.
Artículo 50
Corrupción del representante de un Estado o
de una organización internacional
Un Estado o una
organización internacional cuya manifestación del consentimiento en obligarse
por un tratado ha sido obtenida mediante la corrupción de su representante,
efectuada directa o indirectamente por un Estado negociador o por una
organización negociadora, podrá alegar esa corrupción como vicio de su
consentimiento en obligarse por el tratado.
Artículo 51
Coacción sobre el representante de un
Estado o de una organización internacional
La manifestación
por un Estado o por una organización internacional del consentimiento en
obligarse por un tratado que haya sido obtenida por coacción sobre el
representante de dicho Estado o de dicha organización mediante actos o amenazas
dirigidos contra él carecerá de todo efecto jurídico.
Artículo 52
Coacción sobre un Estado o una organización
internacional por la amenaza o el uso de la fuerza
Es nulo todo
tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza
en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la
Carta de las Naciones Unidas.
Artículo 53
Tratados que estén en oposición con una
norma imperativa de derecho internacional general (jus coges)
Es nulo todo
tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma
imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente
Convención una norma imperativa de derecho internacional general es una norma
aceptada y reconocida por la comunidad internacional  de Estados en su conjunto
como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada
por una norma ulterior de derecho  internacional general que tenga el mismo
carácter.
SECCIÓN 3. TERMINACIÓN DE LOS TRATADOS Y
SUSPENSIÓN DE SU APLICACIÓN
Artículo 54
Terminación de un tratado o retiro de él en
virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes
La terminación de
un tratado o el retiro de una parte podrán tener lugar:
a) conforme a las
disposiciones del tratado; o
b) en cualquier
momento, por consentimiento de todas las partes después de consultar a los
Estados contratantes y a las organizaciones contratantes.
Artículo 55
Reducción del número de partes en un
tratado multilateral a un número inferior al necesario para su entrada en vigor
Un tratado
multilateral no terminará por el solo hecho de que el número de partes llegue a
ser inferior al necesario para su entrada en vigor, salvo que el tratado
disponga otra cosa.
Artículo 56
Denuncia o retiro en el caso de que el
tratado no contenga disposiciones sobre la terminación, la denuncia o el retiro
1. Un  tratado
que no contenga disposiciones sobre su terminación ni prevea la denuncia o el
retiro no podrá ser objeto de denuncia o de retiro a menos:
a) que conste que
fue intención de las partes admitir la posibilidad de denuncia o de retiro; o
b) que el derecho
de denuncia o de retiro pueda inferirse de la naturaleza del tratado.
2. Una parte
deberá notificar con dos meses por lo menos de antelación su intención de
denunciar un tratado o de retirarse de él conforme al párrafo 1.
Artículo 57
Suspensión de la aplicación de un tratado
en virtud de sus  disposiciones o por consentimiento de las partes
La aplicación de
un tratado podrá suspenderse con respecto a todas las partes o a una parte
determinada:
a) conforme a las
disposiciones del tratado, o
b) en cualquier
momento, por consentimiento de todas las partes previa consulta con los Estados
contratantes y las organizaciones contratantes.
Artículo 58
Suspensión de la aplicación de un tratado
multilateral por acuerdo entre algunas de las partes únicamente
1. Dos a más
partes de un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por
objeto suspender la aplicación de disposiciones del tratado, temporalmente y
sólo en sus relaciones mutuas:
a) si la
posibilidad de tal suspensión está prevista por el tratado; o
b) si tal
suspensión no está prohibida por el tratado, a condición de que:
i)  no
afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes correspondan en
virtud del tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones; y
ii) no
sea incompatible con el objeto y el fin del tratado.
2. Salvo que en
el caso previsto en el apartado a) del párrafo 1 el tratado disponga otra cosa,
las partes interesadas deberán notificar a las demás partes su intención de
celebrar el acuerdo y las disposiciones del tratado cuya aplicación se proponen
suspender.
Artículo 59
Terminación de un tratado o suspensión de
su aplicación implícitas como consecuencia de la celebración de un tratado
posterior
1. Se considerará
que un tratado ha terminado si todas las partes en él celebran ulteriormente un
tratado sobre la misma materia y:
a) Se desprende
del tratado posterior o consta de otro modo que ha sido intención de las partes
que la materia se rija por este tratado; o
b) las
disposiciones del tratado posterior son hasta tal punto incompatibles con las
del tratado anterior que los dos tratados no pueden aplicarse simultáneamente.
2. Se considerará
que la aplicación del tratado anterior ha quedado únicamente suspendida si se
desprende del tratado posterior o consta de otro modo que tal ha sido la
intención de las partes.
Artículo 60
Terminación de un tratado o suspensión de
su aplicación como consecuencia de su violación
1. Una violación
grave de un tratado bilateral por una de las partes facultará a la otra parte
para alegar la violación como causa para dar por terminado el tratado o para
suspender su aplicación total o parcialmente.
2. Una violación
grave de un tratado multilateral por una de las partes facultará:
a) a las otras
partes, procediendo por acuerdo unánime, para suspender la aplicación del
tratado total o parcialmente o darlo por terminado, sea:
i) en
las relaciones entre ellas y el Estado o la organización internacional autor de
la violación, o
ii)
entre todas las partes;
b) a una parte
especialmente perjudicada por la violación, para alegar ésta como causa para
suspender la aplicación del tratado total o parcialmente en las relaciones
entre ella y el Estado o la organización internacional autor de la violación;
c) a cualquier
parte, que no sea el Estado o la organización internacional autor de la
violación, para alegar la violación como causa para suspender la aplicación del
tratado total o parcialmente con respecto a sí misma, si el tratado es de tal
índole que una violación grave de sus disposiciones por una parte modifica
radicalmente la situación de cada parte con respecto a la ejecución ulterior de
sus obligaciones en virtud del tratado.
3. Para los
efectos del presente artículo, constituirán violación grave de un tratado;
a) un rechazo del
tratado no admitido por la presente Convención; o
b) la violación
de una disposición esencial para la consecución del  objeto o del fin del
tratado.
4. Los
precedentes párrafos se entenderán sin perjuicio de las disposiciones del
tratado aplicables en caso de violación.
5. Lo previsto en
los párrafos 1 y 3 no se aplicará a las disposiciones relativas a la protección
de la persona humana contenidas en tratados de carácter humanitario, en particular
a las disposiciones que prohiben toda forma de represalias con respecto a las
personas protegidas por tales tratados.
Artículo 61
Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento
1. Una parte
podrá alegar la imposibilidad de cumplir un tratado como causa para darlo por
terminado o retirarse de él si esa imposibilidad resulta de la desaparición o
destrucción definitivas de un objeto indispensable para el cumplimiento del
tratado. Si la imposibilidad es temporal, podrá alegarse únicamente como causa
para suspender la aplicación del tratado.
2. La
imposibilidad de cumplimiento no podrá alegarse por una de las partes como
causa para dar por terminado un tratado, retirarse de él o suspender su
aplicación si resulta de una violación, por la parte que la alegue, de una
obligación nacida del tratado o de toda otra obligación internacional con
respecto a cualquier otra parte en el tratado.
Artículo 62
Cambio fundamental en las circunstancias
1. Un cambio fundamental
en las circunstancias ocurrido con respecto a las existentes en el momento de
la celebración de un tratado y que no fue previsto por las partes no podrá
alegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de él, a
menos que:
a) la existencia
de esas circunstancias constituyera una base esencial del consentimiento de las
partes en obligarse por el tratado; y
b) ese cambio
tenga por efecto modificar radicalmente el alcance de las obligaciones que
todavía deben cumplirse  en virtud del tratado.
2. Un cambio
fundamental en las circunstancias no podrá alegarse como causa para dar por
terminado un tratado entre dos o más Estados y una o más organizaciones
internacionales o para retirarse de él si el tratado establece una frontera.
3. Un cambio
fundamental en las circunstancias no podrá alegarse como causa para dar por
terminado un tratado o para retirarse de él, si el cambio fundamental resulta
de una violación, por la parte que lo alega, de una  obligación nacida del
tratado o de toda otra obligación internacional con respecto a cualquier otra
parte en el tratado.
4. Cuando, con
arreglo a lo dispuesto en los párrafos precedentes, una de las partes pueda
alegar un cambio fundamental en las circunstancias como causa para dar por terminado
un tratado o para retirarse de él, podrá también alegar ese cambio como causa
para suspender la aplicación del tratado.
Artículo 63
Ruptura de relaciones diplomáticas o
consulares
La ruptura de
relaciones diplomáticas o consulares entre Estados partes en un tratado entre
dos o más Estados y una o más organizaciones internacionales no afectará a las
relaciones jurídicas establecidas entre esos Estados por el tratado, salvo en
la medida en que la existencia de relaciones diplomáticas o consulares sea indispensable
para la aplicación del tratado.
Artículo 64
Aparición de una nueva norma imperativa de
derecho internacional general (jus cogens)
Si surge una
nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente
que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará.
SECCIÓN 4. PROCEDIMIENTO
Artículo 65
Procedimiento que deberá seguirse con
respecto a la nulidad o terminación de un tratado, el retiro de una parte o la
suspensión de la aplicación de un tratado
1. La parte que,
basándose en las disposiciones de la presente Convención, alegue un vicio de su
consentimiento en obligarse por un tratado o una causa para impugnar la validez
de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación, deberá
notificar a las demás partes su pretensión. En la notificación habrá  de
indicarse la medida que se proponga adoptar con respecto al tratado y las
razones en que ésta se funde.
2. Si, después de
un plazo que, salvo en casos de especial urgencia, no habrá de ser inferior a
tres meses contados desde la recepción de la notificación, ninguna parte ha
formulado objeciones, la parte que haya hecho la notificación podrá adoptar en
la forma prescrita en el artículo 67 la medida que haya propuesto.
3. Si, por el
contrario, cualquiera de las demás partes ha formulado una objeción, las partes
deberán buscar una solución por los medios indicados en el Artículo 33 de la
Carta de las Naciones Unidas.
4. La
notificación o la objeción hecha por una organización internacional se regirá
por las reglas de la organización.
5. Nada de lo
dispuesto en los párrafos precedentes afectará a los derechos o a las
obligaciones de las partes que se deriven de cualesquiera disposiciones en
vigor entre ellas respecto de la solución de controversias.
6. Sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 45, el hecho de que un Estado o una organización
internacional no haya efectuado la notificación prescrita en el párrafo 1 no le
impedirá hacerla en respuesta a otra parte que pida el cumplimiento del tratado
o alegue su violación.
Artículo 66
Procedimiento de arreglo judicial, de
arbitraje y de conciliación
1. Si, dentro de
los doce meses siguientes a la fecha en que se haya formulado la objeción, no
se ha llegado a ninguna solución conforme al párrafo 3 del artículo 65, se
seguirán los procedimientos que se indican en los siguientes párrafos.
2. Con respecto a
una controversia relativa a la aplicación o la interpretación del artículo 53 o
el artículo 64:
a) si un Estado
es parte en una controversia con uno o más Estados podrá, mediante solicitud
escrita, someter la controversia a la decisión de la Corte Internacional de
Justicia;
b) si un Estado
es parte en una controversia en la que son partes una o varias organizaciones
internacionales, el Estado podrá, por conducto de un Estado Miembro de las
Naciones Unidas si es necesario, pedir a la Asamblea General o al Consejo de
Seguridad o, cuando corresponda, al órgano competente de una organización
internacional que sea parte en la controversia y esté autorizada de conformidad
con el Artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas, que solicite de la Corte
Internacional de Justicia una opinión consultiva de conformidad  con el
artículo 65 del Estatuto de la Corte.
Artículo 67
Instrumentos para declarar la nulidad de un
tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación
1. La
notificación prevista en el párrafo 1 del artículo 65 habrá de hacerse por
escrito.
2. Todo acto
encaminado a declarar la nulidad de un tratado, darlo por terminado, retirarse
de él o suspender su aplicación de conformidad con las disposiciones del
tratado o de los párrafos 2 ó 3 del artículo 65 se hará constar en un
instrumento que será comunicado a las demás partes. Si el instrumento que
dimane de un Estado no está firmado por el jefe de Estado, el jefe del gobierno
o el ministro de relaciones exteriores, el representante del Estado que lo
comunique podrá ser invitado a presentar sus plenos poderes. Si el instrumento
dimana de una organización internacional, el representante de la organización
que haga la comunicación podrá ser invitado a presentar sus plenos poderes.
Artículo 68
Revocación de las modificaciones y de los
instrumentos previstos en los artículos 65 y 67
Las
notificaciones o los instrumentos previstos en los artículos 65 y 67 podrán ser
revocados en cualquier momento antes de que surtan efecto.
SECCIÓN 5. CONSECUENCIAS DE LA NULIDAD, LA
TERMINACIÓN O LA SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE UN TRATADO
Artículo 69
Consecuencias de la nulidad de un tratado
1. Es nulo un
tratado cuya nulidad quede determinada en virtud de la presente Convención. Las
disposiciones de un tratado nulo carecen de fuerza jurídica.
2. Si no obstante
se han ejecutado actos basándose en tal tratado:
a) toda parte
podrá exigir de cualquier otra parte que en la medida de lo posible establezca
en sus relaciones mutuas la situación que habría existido si no se hubieran
ejecutados esos actos;
b) los actos
ejecutados de buena fe antes de que se haya alegado la nulidad no resultarán
ilícitos por el sólo hecho de la nulidad del tratado.
3. En los casos
comprendidos en los artículos 49, 50, 51 ó 52, no se aplicará el párrafo 2 con
respecto a la parte a la que sean imputables el dolo, el acto de corrupción o
la coacción.
4. En caso de que
el consentimiento de un Estado o de una organización internacional determinados
en obligarse por un tratado multilateral esté viciado, las normas precedentes
se aplicarán a las relaciones entre ese Estado o esa organización y las partes
en el tratado.
Artículo 70
Consecuencias de la terminación de un
tratado
1. Salvo que el
tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto, la terminación
de un tratado en virtud de sus disposiciones o conforme a la presente
Convención:
a) eximirá a las
partes de la obligación de seguir cumpliendo el tratado;
b) no afectará a
ningún derecho, obligación o situación jurídica de las  partes creados por la
ejecución del tratado antes de su terminación.
2. Si un Estado o
una organización internacional denuncia un tratado multilateral o se retira de
él, se aplicará el párrafo 1 a las relaciones entre ese Estado o esa
organización y cada una de las demás  partes en el tratado desde la fecha  en
que surta efectos tal denuncia o retiro.
Artículo 71
Consecuencias de la nulidad de un tratado
que esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional
1. Cuando un
tratado sea nulo en virtud del artículo 53, las partes deberán:
a) eliminar en lo
posible las consecuencias de todo acto que se haya ejecutado basándose en una
disposición que esté en oposición con la norma imperativa de derecho
internacional general; y
b) ajustar sus
relaciones mutuas a la norma imperativa de derecho internacional general.
2. Cuando un
tratado se convierta en nulo y termine en virtud del artículo 64, la
terminación del tratado:
a) eximirá a las
partes de toda obligación de seguir  cumpliendo el tratado;
b) no afectará a
ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes creados por la
ejecución del tratado antes de su terminación; sin embargo, esos derechos,
obligaciones o situaciones podrán en adelante mantenerse únicamente en la
medida en que su mantenimiento no esté por sí mismo en oposición con la nueva norma
imperativa de derecho internacional general.
Artículo 72
Consecuencias de la suspensión de la
aplicación de un tratado
1. Salvo que el
tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto, la suspensión de
la aplicación de un tratado basado en sus disposiciones o conforme a la
presente Convención:
a) eximirá a las
partes entre las que se suspenda la aplicación del tratado de la obligación de
cumplirlo en sus relaciones mutuas durante el período de suspensión;
b) no afectará de
otro modo a las relaciones jurídicas que el tratado haya establecido entre las
partes.
2. Durante el
período de suspensión, las partes deberán abstenerse de todo acto encaminado a
obstaculizar la reanudación de la aplicación del tratado.
PARTE VI
DISPOSICIONES DIVERSAS
Artículo 73
Relación con la Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados
Entre Estados
partes en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969, las
relaciones de esos Estados en virtud de un tratado entre dos o más Estados y
una o varias organizaciones internacionales se regirán por dicha Convención.
Artículo 74
Cuestiones no prejuzgadas por la presente
Convención
Las disposiciones
de la presente Convención no prejuzgarán ninguna cuestión que con relación a un
tratado entre uno o más Estados y una o varias organizaciones internacionales
pueda surgir como consecuencia de una sucesión de Estados, de la
responsabilidad internacional de un Estado o de la ruptura de hostilidades
entre Estados.
2. Las
disposiciones de la presente Convención no prejuzgarán ninguna cuestión que con
relación a un tratado pueda surgir como consecuencia de la responsabilidad
internacional de la organización internacional, de la terminación de su
existencia o de la terminación de la participación de un Estado en calidad de
miembro de la organización.
3. Las
disposiciones de la presente Convención no prejuzgarán ninguna cuestión que
pueda surgir en relación con la creación de obligaciones y derechos para los
Estados miembros de una organización internacional en virtud de un tratado en
el que esa organización sea parte.
Artículo 75
Relación diplomáticas o consulares y
celebración de tratados
La ruptura o la
ausencia de relaciones diplomáticas o consulares entre dos o más Estados no
impedirá la celebración de tratados entre dos o más de dichos Estados y una o
más organizaciones internacionales. Tal celebración por sí misma no prejuzgará
acerca de la situación de las relaciones diplomáticas o consulares.
Artículo 76
Caso de un Estado agresor
Las disposiciones
de la presente Convención se entenderán sin perjuicio de cualquier obligación
que pueda originarse con relación a un tratado entre uno o más Estados y una o
más organizaciones internacionales para un Estado agresor como consecuencia de
medidas adoptadas conforme a la Carta de las Naciones Unidas con respecto a la
agresión cometida por ese Estado.
PARTE VII
DEPOSITARIOS, NOTIFICACIONES, CORRECCIONES
Y REGISTRO
Artículo 77
Depositario de los tratados
1. La designación
del depositario de un tratado podrá efectuarse por los Estados negociadores y
las organizaciones negociadoras o, según el caso, las organizaciones
negociadoras, en el tratado mismo o de otro modo. El depositario podrá ser uno
o más Estados, una organización internacional o el principal funcionario
administrativo de tal organización.
2. Las funciones
del depositario de un tratado son de carácter internacional y el depositario
está obligado a actuar imparcialmente en el desempeño  de ellas. En particular,
el hecho de que un tratado no haya entrado en vigor entre algunas de las partes
o de que haya surgido una discrepancia entre un Estado o una organización
internacional y un depositario acerca del desempeño de las funciones de éste no
afectará a esa obligación del depositario.
Artículo 78
Funciones de los depositarios
1. Salvo que el
tratado disponga o los Estados contratantes y las organizaciones contratantes
o, según el caso, las organizaciones contratantes convengan otra cosa al
respecto, las funciones del depositario comprenden en particular las
siguientes:
a) custodiar el
texto original del tratado y los poderes que se le hayan remitido;
b) extender
copias certificadas conformes del texto original y preparar todos los demás
textos del tratado en otros idiomas que puedan requerirse en virtud del tratado
y transmitirlos a las partes en el tratado y a los Estados y organizaciones
internacionales facultados para llegar a serlo;
c) recibir las
firmas del tratado y recibir y custodiar los instrumentos notificaciones y
comunicaciones relativos a éste;
d) examinar si
una firma, un instrumento o una notificación o comunicación relativos al
tratado están en debida forma y, de ser necesario, señalar el caso a la
atención del Estado o la organización internacional de que se trate;
e) informar a las
partes en el tratado y a los Estados y las organizaciones internacionales
facultados para llegar a serlo de los actos, notificaciones y comunicaciones
relativos al tratado;
f) informar a los
Estados y las organizaciones internacionales facultados para llegar a ser
partes en el tratado de la fecha en que se ha recibido o depositado el número
de firmas o de instrumentos de ratificación, instrumentos relativos a un acto
de confirmación formal, o instrumentos de aceptación, aprobación o adhesión
necesarios para la entrada en vigor del tratado;
g)  registrar el
tratado en la Secretaría de las Naciones Unidas;
h) desempeñar las
funciones especificadas en otras disposiciones de la presente Convención.
2. De surgir
alguna discrepancia entre un Estado o una organización internacional  y el
depositario acerca del desempeño de las funciones de éste, el depositario
señalará la cuestión a la atención:
a) de los Estados
y las organizaciones signatarios, así como de los Estados contratantes y las
organizaciones contratantes; o
b) si
corresponde, del órgano competente de la organización interesada.
Artículo 79
Notificaciones y comunicaciones
Salvo cuando el
tratado o la presente  Convención dispongan otra cosa al respecto, una
notificación o comunicación que deba hacer cualquier Estado u organización
internacional en virtud de la presente Convención:
a) deberá ser
transmitida, si no hay depositario, directamente a los Estados y a las
organizaciones a que esté destinada, o, si hay depositario, a éste;
b) sólo se
entenderá que ha quedado hecha por el Estado o la organización de que se trate
cuando haya sido recibida por el Estado o la organización a que fue transmitida
o, en su caso, por el depositario;
c) si ha sido
transmitida a un depositario, sólo se entenderá que ha sido recibida por el
Estado o la organización a que estaba destinada cuando ese Estado o esa
organización haya recibido del depositario la información prevista en el
apartado c) del párrafo 1 del artículo 78.
Artículo 80
Corrección de
errores en textos  o en copias certificadas conformes de los tratados
1. Cuando,
después de la autenticación del texto de un tratado, los Estados y las
organizaciones internacionales signatarios, los Estados contratantes y las
organizaciones contratantes adviertan de común acuerdo que contiene un error,
éste, a menos que tales Estados y organizaciones decidan proceder a su corrección
de otro modo, será corregido:
a) introduciendo
la corrección pertinente en el texto y haciendo que sea rubricada por
representantes autorizados en debida forma;
b) formalizando
un instrumento o canjeando instrumentos en los que se haga constar la
corrección que se haya acordado hacer; o
c) formalizando,
por el mismo procedimiento empleado para el texto original, un texto corregido
de todo el tratado.
2. En el caso de
un tratado para el que haya depositario, éste notificará a los Estados y las organizaciones
internacionales signatarios y a los Estados contratantes y a las organizaciones
contratantes el error y la propuesta de corregirlo  y fijará un plazo adecuado
para hacer objeciones  a la corrección propuesta. A la expiración del plazo
fijado:
a) si no se ha
hecho objeción alguna, el depositario efectuará y rubricará la corrección en el
texto, extenderá un acta de rectificación del  texto y comunicará copia de ella
a las partes en el tratado  y a los Estados y las organizaciones facultados para
llegar a serlo;
b) si se ha hecho
una objeción, el depositario comunicará la objeción a los Estados y las
organizaciones signatarios y a los Estados contratantes y las organizaciones
contratantes.
3. Las
disposiciones de los párrafos 1 y 2 se aplicarán también cuando el texto de un
tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas y se advierta una falta de
concordancia que los Estados y las organizaciones internacionales signatarios,
así como los Estados contratantes y las organizaciones contratantes convengan
en que debe corregirse.
4. El texto
corregido sustituirá ab initio al texto defectuoso, a menos que los
Estados y las organizaciones internacionales signatarios, así como los Estados
contratantes y las organizaciones contratantes decidan otra cosa al  respecto.
5. La corrección
del texto de un tratado que haya sido registrado será notificada a la
Secretaría de las Naciones Unidas.
6. Cuando se
descubra un  error en una copia certificada conforme de un tratado, el
depositario extenderá un acta en la que hará constar la rectificación y
comunicará copia de ella a los Estados y las organizaciones internacionales
signatarios, así como a los Estados contratantes y las organizaciones
contratantes.
Artículo 81
Registro y publicación  de los Tratados
1. Los tratados,
después de su entrada en vigor, se transmitirán a la Secretaría de las Naciones
Unidas para su registro o archivo e inscripción, según el caso, y para su
publicación .
2. La designación
de un depositario constituirá la autorización para que éste realice los actos
previstos en el párrafo precedente.
PARTE VIII
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 82
Firma
1. La presente
Convención estará abierta hasta el 31 de diciembre de 1986, en el Ministerio
Federal de Relaciones Exteriores de la República de Austria, y, después, hasta
el 30 de junio de 1987, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, a la
firma:
a) de todos los
Estados;
b) de Namibia,
representada por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia;
c) de las
organizaciones internacionales invitadas a participar en la Conferencia de la
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones
Internacionales o entre organizaciones internacionales.
Artículo 83
Ratificación o acto de confirmación formal
La presente
Convención está sujeta a ratificación por los Estados y por Namibia,
representada por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, y a actos de
conformación formal por las organizaciones internacionales. Los instrumentos de
ratificación y los instrumentos relativos a los actos de confirmación formal se
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
ANEXO
PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE Y DE
CONCILIACIÓN ESTABLECIDOS EN APLICACIÓN DEL ARTICULO 66
I. CONSTITUCION DEL TRIBUNAL ARBITRAL O DE
LA COMISIÓN DE CONCILIACIÓN
1. El Secretario
General de las Naciones Unidas establecerá y mantendrá una lista, integrada por
juristas calificados, de la cual las partes en una controversia podrán elegir
las personas que hayan de constituir un tribunal arbitral o, según el caso, una
comisión de conciliación. A tal efecto, se invitará a todo Estado que sea
Miembro de las Naciones Unidas y a toda parte en la presente Convención a que
designe dos personas: los nombres de las personas así designadas constituirán
la lista, una copia de la cual se enviará al Presidente de la Corte
Internacional de Justicia. La designación de los integrantes de la lista, entre
ellos los designados para cubrir una vacante accidental, se hará para un
período de cinco años renovable. Al expirar el período para el cual hayan sido
designadas, esas personas continuarán desempeñando las funciones para la cuales
hayan sido elegidas con arreglo  a los párrafos siguientes.
2. Cuando se haya
realizado una notificación conforme al apartado f) del párrafo 2 del artículo
66, o se haya llegado a un acuerdo sobre el procedimiento en el presente Anexo
conforme al párrafo 3, la controversia se someterá a un tribunal arbitral.
Cuando se haya presentado  una solicitud, conforme al párrafo 4 del artículo
66, al Secretario General, éste someterá la controversia a una comisión de
conciliación. Tanto el tribunal arbitral como la comisión de conciliación se
constituirán en la forma siguiente:
Los Estados, las
organizaciones internacionales o, según el caso, los Estados y las
organizaciones que constituyan una de las partes en la controversia nombrarán
de común acuerdo:
a) un árbitro, o,
según el caso, un amigable componedor, elegido o no de la lista  mencionada en
el párrafo 1, y
b) un árbitro, o,
según el caso, un amigable componedor, elegido entre los incluidos en la lista
que no tenga la nacionalidad de ninguno de los Estados, ni haya sido designado
por ninguna de las organizaciones, que constituyan esa parte en la
controversia; no obstante, una controversia entre dos organizaciones
internacionales no podrá quedar sometida al conocimiento de nacionales de un
mismo Estado.
Los Estados, las
organizaciones internacionales o, según el caso, los Estados y las
organizaciones que constituyan la otra parte en la controversia nombrarán dos
árbitros, o, según el caso, dos amigables componedores, de la misma manera. Las
cuatro personas elegidas por las partes deberán ser nombradas dentro de los
sesenta días siguientes a la fecha en que la otra parte en la controversia haya
recibido la notificación conforme al apartado f) del párrafo 2 del artículo 66,
en que se haya llegado a un acuerdo sobre el procedimiento en el presente Anexo
conforme al párrafo 3 o en que el  Secretario General haya recibido la solicitud
de conciliación.
Las cuatro
personas elegidas, dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que se
haya efectuado el último de sus nombramientos, nombrarán de la lista un quinto
árbitro o amigable componedor, según el caso, que será presidente.
Si el
nombramiento del presidente, o de cualquiera de los árbitros y de los amigables
componedores, según el caso, no se hubiere realizado en el plazo antes
prescrito para ello, lo efectuará el Secretario General de las Naciones Unidas
dentro de los sesenta días siguientes a la expiración de ese plazo. El
Secretario General podrá nombrar presidente a una de las personas de la lista o
a uno de los miembros de la Comisión de Derecho Internacional. Cualquiera de
los plazos en los cuales deben efectuarse los nombramientos podrá prorrogarse
por acuerdo de las partes en la controversia. Si las Naciones Unidas son parte
o están incluidas en una de las partes en la controversia, el Secretario
General transmitirá la mencionada solicitud al Presidente de la Corte
Internacional de Justicia, quien desempeñará las funciones que se asignan al
Secretario General en este apartado.
Toda vacante
deberá cubrirse en la forma prescrita para el nombramiento inicial.
El nombramiento
de árbitros o de amigables componedores por una organización internacional
mencionado en los párrafos 1 y 2 se regirá por las reglas de la organización.
II. FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL ARBITRAL
3. Salvo que las
partes en la controversia acuerden otra cosa, el Tribunal Arbitral fijará su
propio procedimiento, garantizando a cada una de las partes en la controversia
plena oportunidad de ser oída y de hacer la defensa de su causa.
4. El Tribunal
Arbitral, previo consentimiento de las partes en la controversia, podrá invitar
a cualquier Estado u organización internacional interesado a exponer sus
opiniones, verbalmente o por escrito.
5. Las decisiones
del Tribunal Arbitral se adoptarán por mayoría de sus miembros. En caso de
empate, decidirá el voto del Presidente.
6. Cuando una de
las partes en la controversia no comparezca ante el Tribunal o se abstenga de
hacer la defensa de su causa, la otra parte podrá pedir al Tribunal que prosiga
las actuaciones y dicte su laudo. Antes de dictar dicho laudo el Tribunal deberá
asegurarse no sólo de su competencia para decidir la controversia, sino también
de que la pretensión está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho.
7. El laudo del
Tribunal Arbitral se limitará al asunto de la controversia y será motivado. Cualquier
miembro del Tribunal podrá adjuntar una opinión separada o disidente del laudo.
8. El laudo será
definitivo e inapelable. Todas las partes en la controversia deberán someterse
al laudo.
9. El Secretario
General proporcionará al Tribunal la asistencia y las facilidades que necesite.
Los gastos del Tribunal serán sufragados por las Naciones unidas.
III. FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE
CONCILIACIÓN
10. La Comisión
de Conciliación fijará su propio procedimiento. La Comisión, previo
consentimiento de las partes en la controversia, podrá invitar a cualquiera de
las partes en el tratado a exponerle sus opiniones verbalmente o por escrito.
Las decisiones y recomendaciones de la Comisión se adoptarán por mayoría de
votos de sus cinco miembros.
11. La Comisión
podrá señalar a la atención de las partes en la controversia todas las medidas
que puedan facilitar una solución amistosa.
12. La Comisión
oirá a las partes, examinará las pretensiones y objeciones, y hará propuesta a
las partes con miras a que lleguen a una solución amistosa de la controversia.
13. La Comisión
presentará su informe dentro de los doce meses siguientes a la fecha de su
constitución. El informe se depositará en poder del Secretario General y se
transmitirá a las partes en la controversia. El informe de la Comisión,
incluidas cualesquiera conclusiones que en él se indiquen en cuanto a los
hechos y a las cuestiones de derecho, no obligará a las partes ni  tendrá otro
carácter  que el enunciado de recomendaciones presentadas a las partes para su
consideración a fin de facilitar una solución amistosa de la controversia.
14. El Secretario
General proporcionará a la Comisión la asistencia y las facilidades que
necesite. Los gastos de la Comisión serán sufragados por las Naciones Unidas.
EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA  JURIDICA
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
HACE CONSTAR:
Que la presente
reproducción es fotocopia fiel e íntegra del texto certificado de la
"Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y
Organizaciones Internacionales o  entre Organizaciones Internacionales",
hecha en Viena el 21 de marzo de 1986, que reposa en los archivos de la Oficina
Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Dada en Santafé
de Bogotá, D.C., a los veintiséis (26) días del mes de agosto de mil
novecientos noventa y cuatro (1994).
Héctor  Adolfo
Sintura Varela
Jefe Oficina
Jurídica
RAMA EJECUTIVA
DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
SANTAFÉ DE
BOGOTÁ, D.C.,
APROBADO.
SOMÉTASE A LA CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CONGRESO NACIONAL PARA LOS EFECTOS
CONSTITUCIONALES
(Fdo.) CESAR
GAVIRIA TRUJILLO
LA MINISTRA DE
RELACIONES EXTERIORES
(Fdo.) NOEMI
SANIN DE RUBIO
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO:
Apruébase la “CONVENCION DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS ENTRE
ESTADOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES” hecha en Viena el 21 de marzo de
1986.
ARTICULO SEGUNDO:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 7a. de 1944, la
“CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS ENTRE ESTADOS Y
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES”, que por el artículo primero de esta ley se
aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto de la misma.
ARTICULO TERCERO:
La presente Ley rige a partir de su publicación.
El Presidente
del Honorable Senado de la República,
JUAN GUILLERMO
MEJÍA
El Secretario del
Honorable Senado de la República,
PEDRO PUMAREJO
VEGA
El Presidente de
la Honorable Cámara de Representantes,
ALVARO BENEDETTI
VARGAS
El Secretario
General de la Honorable Cámara de Representantes,
DIEGO VIVAS TAFUR
REPUBLICA DE
COLOMBIA -GOBIERNO NACIONAL COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE
Ejecútese previa
revisión de la Corte Constitucional conforme al artículo 241-10 de la
Constitución Política.
Dada en Santafé
de Bogotá, D. C., a 6 de julio de 1995
EL MINISTRO DE
RELACIONES EXTERIORES
RODRIGO PARDO
GARCIA-PEÑA
III- INTERVENCIÓN CIUDADANA Y DE
AUTORIDADES PÚBLICAS.
En el presente
proceso no hubo intervención ciudadana ni de autoridades públicas pues, según
constancia secretarial, el término de fijación en lista venció en silencio.
IV- DEL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.
En su concepto de
rigor, el Procurador General de la Nación solicita a la Corte Constitucional
que declare exequible el convenio bajo revisión así como su ley aprobatoria.
La Vista Fiscal
considera que dentro del expediente no figura prueba de la participación de
Colombia en la celebración de la Convención, por lo cual no se puede analizar
la competencia de "funcionario alguno dentro de esta etapa". Por ello
solicita a la Corte que verifique "la validez del aspecto formal
anotado."  De otro lado, el Procurador estudia en detalle el trámite de
aprobación de la ley y considera que se ajusta a la Carta.
Luego la Vista
Fiscal analiza el contenido material de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales y señala que es
un instrumento internacional casi idéntico al aprobado en nuestra legislación
interna mediante la Ley 32 de 1985,  esto es a la "Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados", suscrita en Viena el 23 de mayo de
1969. No obstante, señala el Procurador, se trata de dos convenios autónomos,
en tanto que las partes que lo suscriben son diferentes y su ámbito de
aplicación es diverso. En efecto, señala el Ministerio Público, la Convención
de Viena de 1969 se aplica a los tratados entre Estados, mientras que la de
1986 regula, de un lado,  los tratados entre uno o varios Estados y una o
varias organizaciones internacionales y, de otro lado, los tratados entre
organizaciones internacionales.
Este diverso ámbito
de aplicación explica la necesidad de esta Convención, así como las principales
diferencias entre ambos convenios, ya que la presencia de organizaciones
internacionales implica ciertas modificaciones en las etapas de negociación,
celebración, ejecución terminación y entrada en vigor de los tratados.
El Ministerio
Público presenta entonces el contenido de la Convención y concluye que su
"objeto primordial es el de regular las relaciones internacionales o entre
los Estados y las organizaciones internacionales o entre las
organizaciones".
Luego la Vista
Fiscal estudia algunos problemas relacionados con determinadas disposiciones.
Así, señala que Colombia efectúo una reserva al artículo 25 de la Convención de
Viena de 1969, la cual consagra la aplicación provisional de tratados, pues en
ese momento se consideró que ese artículo era contrario a la Constitución de
1886, según la cual el Congreso debía aprobar o improbar los tratados que
celebrara el gobierno, "sin que de manera alguna permitiera la aplicación
provisional de los instrumentos públicos en el ordenamiento interno". Sin
embargo, señala el Procurador, ese criterio "no es de recibo en esta
oportunidad, pues el instrumento en revisión no consagra fórmulas exclusivas ni
obligatorias para las etapas que deben verificarse en el perfeccionamiento de
un tratado, sino que ofrece un conjunto de soluciones opcionales al respecto".
Pero, resalta la Vista Fiscal, Colombia sólo puede aplicar provisionalmente
"los instrumentos públicos internacionales de carácter comercial, o sea
que respecto de los acuerdos que no sean de esta índole el Presidente y sus
agentes deberán abstenerse de concederles tal efecto."
Igualmente el
Ministerio Público considera que el artículo 12 sobre la forma como se puede
manifestar el consentimiento en un tratado, mediante firma, es parcialmente
inaplicable por Colombia pues, "en virtud de los artículos 150-16, 189-2,
224 y 241-10 de la Carta Política, existe un trámite de control y adopción del
tratado dentro de la legislación interna, previo a la ratificación del mismo.
Por ello, se puede firmar el texto del tratado a reserva de su posterior confirmación,
y no como acto vinculante definitivo del mismo (Arts. 12-b) y 14 del
Convenio)."
A pesar de lo
anterior, el Ministerio Público considera que no es necesario que Colombia
introduzca reservas en relación con esas disposiciones del Convenio pues
"ello no excusaría el cumplimiento de obligaciones que se pacten a nombre
del Estado en futuros acuerdos por funcionarios que actúen excediendo las
competencias o atribuciones señaladas en nuestra Carta Política. Por ello
resulta inocua la formulación de reservas, pues en cada tratado en particular,
nuestro país debe respetar las reglas de derecho interno en las etapas de
perfeccionamiento de un instrumento público internacional":
Con base en todo lo
anterior, la Vista Fiscal concluye que la finalidad y contenido del Convenio se
ajustan a la Constitución. En efecto, según el Procurador:
"La
Convención bajo estudio es un conjunto armónico, sistemático y completo, que
trae disposiciones a través de las cuales se pueden regular las relaciones
entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre organizaciones
internacionales, para fortalecer los lazos de cooperación y ayuda mútua en
áreas tales como la económica, la cultural, la política, la judicial, etc. De
tal suerte que, contando con un tratado como el presente, se garantiza un
margen de seguridad jurídica en razón a que éste consagra una serie de
disposiciones tendientes a armonizar las normas internas de cada Estado, o las
reglas de funcionamiento de las organizaciones internacionales, con los
postulados generales de derecho internacional.
Finalmente cabe
advertir, una vez reseñadas las materias desarrolladas en el presente Convenio,
que sus disposiciones y las de la Ley que lo aprueban, no presentan reparo
alguno de índole constitucional que afecte su validez".
V- FUNDAMENTO JURÍDICO
Competencia
1- La Corte
Constitucional es competente para la revisión de la "Convención de Viena
sobre El Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales
o entre Organizaciones Internacionales, hecha en Viena el 21 de marzo de
1986" y de su ley aprobatoria, conforme al ordinal 10 del artículo 241 de
la Carta. Y, como lo ha señalado en repetidas ocasiones esta Corporación, se
trata de un control previo, completo y automático de constitucionalidad del proyecto
de tratado y de su ley aprobatoria, por razones de fondo y también de forma[1].
La suscripción
del tratado.
2- Según consta en
el expediente (flios 80 y ss), la Convención bajo revisión fue adoptada en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados entre
Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales, celebrada en Viena en marzo de 1986, en la cual participó como
embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia el señor Carlos
Restrepo Piedrahita, por lo cual la Corte considera que el convenio fue
regularmente suscrito por nuestro país. En todo caso,  obra en el expediente
confirmación presidencial del texto del tratado bajo examen (fl 68), efectuada
con anterioridad a su presentación al Congreso. Esta confirmación presidencial,
conforme al artículo 8º de la Convención de Viena del derecho de los tratados de
1969, aprobada por Colombia por medio de la Ley 32 de 1985, subsana cualquier
eventual vicio de representación del Estado. Este principio es totalmente
aplicable en el derecho constitucional colombiano, puesto que corresponde al
Presidente de la República, como jefe de Estado, dirigir las relaciones
internacionales y celebrar con otros Estados y entidades de derecho
internacional tratados o Convenios (CP art. 189 ord 2º). Es natural entonces
que la confirmación presidencial subsane los vicios de representación durante
el trámite de suscripción del tratado. Por consiguiente, considera la Corte que
no hubo irregularidades en la suscripción del tratado bajo revisión.
El trámite de la
Ley 194 del 6 de julio de 1995  y la existencia de un vicio subsanable.
3- El proyecto de
ley aprobatoria de un tratado debe comenzar por el Senado por tratarse de un
asunto referido a las relaciones internacionales (inciso final artículo 154
CP). Luego sigue el mismo trámite y debe reunir los mismos requisitos de
cualquier proyecto de ley ordinaria señalados por los artículos 157, 158 y 160
de la Constitución, a saber:
- ser publicado
oficialmente por el Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva;
- surtir los
correspondientes debates en las comisiones y plenarias de las Cámaras luego de
que se hayan efectuado las ponencias respectivas y respetando los quórums
previstos por los artículos 145 y 146 de la Constitución;
- observar los
términos para los debates previstos por el artículo 160 de ocho días entre el
primer y segundo debate en cada Cámara, y quince entre la aprobación del
proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra;
-y haber obtenido la
sanción gubernamental.
Luego, la ley
aprobatoria del Tratado debe ser remitida dentro de los seis días siguientes
para su revisión por la Corte Constitucional.
4- El 14 de
septiembre de 1994, el Ejecutivo presentó al Senado, a través del Ministro de
Relaciones Exteriores, el proyecto de ley No 77 de 1994 por la cual se aprueba
la "Convención de Viena sobre El Derecho de los Tratados entre Estados y
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, hecha en
Viena el 21 de marzo de 1986". El proyecto fue publicado en la Gaceta del
Congreso del 15 de septiembre de 1994 y repartido a la Comisión Segunda
Constitucional del Senado[2].
La ponencia fue presentada el 3 de octubre de 1994 y publicada el 18 de octubre
de 1994[3],
y el proyecto fue aprobado por esa comisión por diez de los trece senadores que
la integran[4].
Luego fue presentada y publicada la correspondiente ponencia para el segundo
debate en el Senado[5]
y fue aprobado por la plenaria el 30 de noviembre de 1994 sin ninguna
modificación[6].
Posteriormente el proyecto fue enviado a la Cámara de Representantes en donde
fue radicado como No 123/94 y, luego de que se publicara la ponencia para
primer debate[7],
fue aprobado sin modificaciones en la Comisión Segunda el 31 de mayo de 1995,
con el respeto de los respectivos quórums para deliberar y decidir[8]. Más tarde, se publicó
la ponencia para segundo debate[9]
y el proyecto fue aprobado en la plenaria de la Cámara el 14 de junio de 1995
por 157 Representantes[10].
Luego, el proyecto fue debidamente sancionado como Ley 194 del 6 de julio de
1995, tal como consta en la copia auténtica incorporada al expediente (Folio
17). La Ley fue entonces remitida a la Corte Constitucional el 7 de julio del
año en curso para su revisión.
5- Sin embargo, al
estudiar el contenido del texto de la  Convención aprobada, la Corte constató
que ninguna de las normas establecía cuando entraría a regir la misma, ni
cuáles son sus textos auténticos, ni quien es la autoridad depositaria, pues el
texto remitido por el gobierno y aprobado por el Congreso termina en el
artículo 83, que establece la forma de ratificación de la Convención. Ahora
bien, en términos generales, esta Convención reproduce literalmente muchas de
las disposiciones de la "Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados" entre Estados, suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969 y
aprobada por Colombia mediante Ley 32 de 1985, en la cual los artículos 83, 84
y 85, regulan precisamente la entrada en vigor de la Convención, los textos
auténticos, así como la autoridad depositaria de la misma.
Todo lo anterior
indicaba que el Gobierno había presentado a la aprobación del Congreso un texto
incompleto de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre
Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986, por lo cual la Corte
procedió a verificar si efectivamente el texto presentado por el Gobierno a la
aprobación del Congreso correspondía exactamente al texto aprobado en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados entre
Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales, celebrada en Viena en marzo de 1986, por medio de una copia
auténtica de este texto suministrada por el Centro de Información de las
Naciones Unidas en Colombia, copia que se incorpora al presente expediente
(folios 157 y ss).
Así, la Corte, al
comparar los dos textos, constató que en el texto sometido al Congreso falta la
parte final de la Convención, que establece:
"Artículo. 84. Adhesión.
1. La presente
Convención quedará abierta a la adhesión de todo Estado, de Namibia,
representada por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, y de toda
organización internacional que tenga capacidad para celebrar tratados.
2. El instrumento
de adhesión de una organización internacional contendrá una declaración por la
que se haga constar que la organización tiene capacidad para celebrar tratados.
3. Los
instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.
Artículo 85. Entrada en vigor.
1. La presente
Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya
sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión
por los Estado o por Namibia, representada por el Consejo de la Naciones Unidas
para Namibia.
2. Para cada
Estado, o para Namibia, representada por el Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia, que ratifique la convención o se adhiera a ella después de haberse
cumplido la condición establecida en el párrafo 1, la Convención entrará en
vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal estado o Namibia haya
depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.
3. Para cada
organización internacional que deposite un instrumento relativo a un acto de
confirmación formal o un instrumento de adhesión, la Convención entrará en
vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya efectuado ese
depósito, o en la fecha en que la Convención entre en vigor conforme al párrafo
1, si esta última es posterior.
Artículo 86. Textos auténticos.
El original de la
presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y
ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas.
EN TESTIMONIO
DE LO CUAL, los
plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos,
y los representantes debidamente autorizados del Consejo de las Naciones Unidas
para Namibia y de las organizaciones internacionales, han firmado la presente
Convención.
HECHA EN VIENA, el día veintiuno de marzo de mil
novecientos ochenta y seis."
Con base en todo la
anterior, la Corte concluyó que el texto presentado por el gobierno y aprobado
por el Congreso de la presente Convención estaba incompleto.
6- En tales
circunstancias, el interrogante que se plantea es si la presentación de parte del
Gobierno de un texto incompleto de un tratado y la aprobación del mismo por el
Congreso configura un vicio de formación de la ley aprobatoria. La Corte
considera que es necesario distinguir dos hipótesis. Así, como corresponde al
Gobierno dirigir las relaciones exteriores, suscribir tratados y someterlos a
consideración del Congreso (CP art. 189 ord 2º), el Ejecutivo puede, al someter
un tratado a la aprobación del Congreso, manifestar reservas sobre determinados
artículos y excluirlos del texto presentado, sin que ello configure ninguna
causal de inconstitucionalidad. Sin embargo, lo que configura un vicio de
procedimiento es que el Gobierno presente un texto incompleto de un tratado
pero señale que se trata de una reproducción fiel e íntegra del tratado
suscrito por el representante internacional de Colombia. En efecto, en tal
caso, se estaría afectando el consentimiento del Congreso pues esa Corporación
pensaría estar aprobando el texto completo de un tratado, sin que ello fuera
cierto. Igualmente se limitaría el control constitucional ejercido por esta
Corporación pues no tendría la oportunidad de revisar el texto integral del
tratado. Pero, más grave aún, como el Gobierno no ha hecho explícitas las
reservas, es posible que, por inadvertencia, después de ser aprobado el texto
incompleto por el Congreso y revisado el mismo texto incompleto por la Corte,
el Gobierno ratifique integralmente el tratado, con lo cual el Gobierno estaría
comprometiendo internacionalmente a Colombia sin respetar los procedimientos
constitucionales internos, pues una parte del tratado no habría sido aprobada
por el Congreso ni revisada por la Corte Constitucional.   Esto muestra la
seriedad con la cual se debe tramitar la suscripción de un tratado, su
presentación al Congreso, su aprobación por las Cámaras, su revisión por la
Corte Constitucional y su posterior ratificación por el Gobierno, pues  por
medio de estos actos se están adquiriendo compromisos que pueden eventualmente
comprometer la responsabilidad internacional del Estado.
7- En este caso, en
el trámite de la Ley 194 de 1995, se incurrió en el anterior vicio de
procedimiento, por cuanto el Gobierno sometió a la consideración del Congreso
un texto incompleto del tratado que se pretendía aprobar mediante tal ley, pero
el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores expresó,
en el propio proyecto sometido al Congreso, lo siguiente:
Que la presente
reproducción es fotocopia fiel e íntegra del texto certificado de la
"Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y
Organizaciones Internacionales o  entre Organizaciones Internacionales",
hecha en Viena el 21 de marzo de 1986, que reposa en los archivos de la Oficina
Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Dada en Santafé  de
Bogotá, D.C., a los veintiséis (26) días del mes de agosto de mil novecientos
noventa y cuatro (1994).
8- La Corte
considera que se trata de un vicio debido a una grave inadvertencia del
Gobierno, pues no parece razonable que se introduzcan reservas de exclusión
relativas a los depositarios, la fecha de entrada en vigor o los idiomas
oficiales del tratado, ya que no se puede determinar cuando entra a regir el
convenio internacional para Colombia. Es más, conforme al artículo 19 de la
propia Convención de Viena sobre derecho de los tratados de 1969, reservas de
esta naturaleza no son admisibles, ya que ellas son contrarias al objeto y fin
del tratado, pues mal podría un Estado prestar su consentimiento al texto de un
convenio, pero sin aceptar aquellas normas que señalan cuando entraría regir el
convenio. En efecto, un tal consentimiento es contradictorio, pues el Estado
dice que adquiere ciertos compromisos internacionales pero no indica desde
cuando.
9- Sin embargo, y
teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho en el que
prevalece el derecho sustancial, de conformidad con los artículos 1°, 228 y 323
de la Constitución, respectivamente, la Corte consideró que la no aprobación de
esos artículos de la Convención se debió a una inadvertencia, por lo cual se
trataba de un vicio subsanable, pues todo indica que el Gobierno pretendía que
el Congreso aprobara integralmente la Convención y que éste último pensaba
estar aprobando el texto completo del tratado pero que, por la mencionada
omisión, se terminó aprobando parcialmente la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre
Organizaciones Internacionales, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986. En ese
orden de ideas, y tal y como se señala en los antecedentes de esta sentencia,
la Corte devolvió la ley a la Secretaría jurídica de la Presidencia para que se
procediera a corregir el mencionado vicio, dentro de los términos máximos
autorizados por el artículo 45 del Decreto 2067 de 1991.
La falta de
corrección del vicio subsanable.
10- Según consta en
el expediente, el vicio no fue corregido en los términos fijados por la Corte.
Sin embargo, el Presidente de la Cámara solicitó a la Corporación que se
ampliaran los términos, pues el proceso al Presidente de la República que en
ese momento se adelantaba, había impedido corregir el vicio de procedimiento.
Según sus palabras:
"La
trascendencia que para el país tiene el proceso seguido al señor Presidente de
la República nos ha impedido dar trámite oportuno al Proyecto de Ley de la
Referencia, que por ser de gran importancia, nos lleva a solicitar a los
Honorables Magistrados, la ampliación del término señalado por ustedes para
subsanar la deficiencia en que se incurriera durante el proceso
legislativo."
11- La Corte
entiende la trascendencia que tiene para el país y para el trabajo de la Cámara
de Representantes el proceso seguido al señor Presidente. Sin embargo, esta
Corporación fijó a las Cámaras el plazo máximo autorizado por el artículo 45
del Decreto 2067 de 1991, pues tal norma establece que para la corrección de un
vicio subsanable el "término no podrá ser superior a treinta días contados
a partir del momento en que la autoridad esté en capacidad de subsanarlo".
No es pues posible ampliar tal término, por lo cual, y en cumplimiento de lo
ordenado por esa misma norma y por la Constitución, no queda otra alternativa a
la Corte que proceder a decidir sobre la constitucionalidad de la ley bajo
revisión.
Las decisiones
a tomar: la inexequibilidad de la ley aprobatoria  y la inhibición frente al
conocimiento del tratado.
12- La no corrección
del vicio de formación afecta en su integridad la constitucionalidad Ley 194
del 6º de julio de 1995, puesto que, por las razones señaladas en los
fundamentos jurídicos 6º a 9º de esta sentencia, ella configura un vicio de
consentimiento en la aprobación de un tratado. Por ello la Corte deberá
declarar inexequible la citada ley.
Esta declaración de
inexequibilidad cubre únicamente a la ley aprobatoria, pues al ser expulsada
del ordenamiento esa ley aprobatoria, la Corte debe inhibirse de estudiar el
contenido material de la "Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986". En efecto,
declarada inexequible Ley 194 del 6º de julio de 1995 aprobatoria de tal convención,
debe entenderse que tal tratado no ha sido aún aprobado por el Congreso, por lo
cual carece de todo objeto su estudio material por esta Corporación.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero: Declarar INEXEQUIBLE la Ley 194 del 6º de
julio de 1995, "por medio de la cual se aprueba la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales
o entre Organizaciones Internacionales, hecha en Viena el 21 de marzo de
1986."
Segundo: Declararse INHIBIDA para conocer de la
constitucionalidad de "la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986".
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Presidente
JORGE ARANGO
MEJÍA                          ANTONIO
BARRERA CARBONELL
Magistrado
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
JOSÉ GREGORIO
HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
Magistrado
HERNANDO HERRERA
VERGARA      ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado                                                    Magistrado
VLADIMIRO NARANJO
MESA                         JULIO
CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ
Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]Corte Constitucional. Sentencia C-574 del 28 de octubre de 1992.
M.P.: Dr. Ciro Angarita Barón.
[2]Gaceta del Congreso, Año III, No. 149 del 15 de septiembre de
1994. Págs. 3 y ss..
[3]Gaceta del Congreso, Año III, No. 181 del 18 de octubre de 1994.
Págs 4 y 5.
[4]Ver en el folio 83 la constancia del Secretario General de la
Comisión Segunda del Senado.
[5]Gaceta del Congreso, Año III, No. 215 del 24 de noviembre de 1994.
Págs. 8 a 10.
[6] Según acta 23 de la sesión ordinaria del 30 de noviembre de 1994,
publicada en la Gaceta del Congreso, Año III, No.231 del 5 de diciembre de
1994. Pág. 4.
[7]Gaceta del Congreso Año IV, No. 62 del 25 de abril de 1995. Págs.
3 y 4.
[8]Según certificación del Secretario General de la Comisión Segunda
de la Cámara de Representantes incorporada al expediente (Folio 3 del Anexo No
1º del expediente).
[9]Gaceta del Congreso, Año IV, No. 135 del 8º de junio de 1995.
Págs. 3 y 4.
[10] Ver Acta No 45 de la Sesión Plenaria del 14 de junio de 1995,
publicada en la Gaceta del Congreso Año IV, No. 135 del 17 de junio de 1995.
Pág. 24. Ver igualmente constancia respectiva del Secretario General de la
Cámara de Representantes incorporada a este expediente (Flios 1 y 2 del Anexo
No 1 del espediente).