C-616-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-616/14
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-Turnos para alegar
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-Procedimiento para presentar réplicas de
alegatos de conclusión en el sistema acusatorio/PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR
REPLICAS DE ALEGATOS DE CONCLUSION EN EL SISTEMA ACUSATORIO-Inexistencia de
omisión legislativa relativa
No se configuran los requisitos exigidos por la
jurisprudencia para el reconocimiento de una omisión legislativa relativa por
los siguientes motivos: (i) La norma no omite incluir un ingrediente o
condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar
el texto legal con los mandatos de la Carta, pues no
existe un mandato constitucional que exija que las víctimas tengan una
intervención directa en todas las etapas del juicio oral, pues por el
contrario, la jurisprudencia ha señalado que su participación en esta fase
puede ser menor, ya que en la misma se concentra el debate adversarial entre la
Fiscalía y el imputado. En este sentido, el grado de participación de las víctimas
en esta fase depende de la estructura del sistema acusatorio y de la
posibilidad de que en la actuación concreta se puedan afectar sus derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación. (ii) La imposibilidad de que la
víctima realice directamente una réplica en los alegatos de conclusión es
razonable, pues éstos concentran el debate y la pugna entre la acusación y la
defensa y por ello no pueden contemplar reglas que impliquen un desbalance
desproporcionado de la posición del acusado como permitir que éste tenga que
recibir al mismo tiempo las réplicas de varias partes e intervinientes como la
Fiscalía, los apoderados de las víctimas e incluso el Ministerio Público. (iii)
Lo anterior, no quiere decir que las víctimas no puedan participar en los alegatos
de conclusión, pues la norma demandada permite que tengan una intervención
inicial, a lo cual cabe agregar que la propia Fiscalía tiene el deber
constitucional y legal de proteger los derechos de las víctimas y por ello si
presenta una réplica no deberá concentrarse en la tutela del interés de la
sociedad, sino también de la protección de los derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación. (iv) La imposibilidad de que las víctimas presenten
una réplica no genera una desigualdad injustificada entre los distintos actores
del proceso penal, sino que busca evitar que la defensa quede en una situación
de desventaja en el debate procesal. (v) Finalmente, la imposibilidad de
que las víctimas presenten una réplica a los alegatos de conclusión de la defensa
no constituye un incumplimiento de un deber específico impuesto por el
constituyente al legislador, pues la ley puede limitar la participación de la
víctima en la etapa de juicio oral si se afectan los rasgos esenciales del
sistema acusatorio como el principio de igualdad de armas.
CONTROL
CONSTITUCIONAL DE OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Requisitos para su
procedencia
La Corte Constitucional definió los
requisitos para que el cargo de inconstitucionalidad por omisión pueda
prosperar: (i) que exista una norma sobre la cual se predica; (ii) que una
omisión en tal norma excluya de sus consecuencias aquellos casos que, por ser
asimilables, deberían subsumirse dentro de su presupuesto fáctico (iii) que
dicha exclusión no obedezca a una razón objetiva y suficiente; (iv) que al
carecer de una razón objetiva y suficiente, la omisión produzca una desigualdad
injustificada entre los casos que están y los que no están sujetos a las
consecuencias previstas por la norma y; (v) que la omisión implique el
incumplimiento de un deber constitucional del legislador.
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
MATERIA PROCESAL-Jurisprudencia
constitucional
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
MATERIA PROCESAL-Alcance
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
MATERIA PROCESAL-Límites
La Corte Constitucional ha señalado que
según el artículo 150-2 de la C.P., le corresponde al Congreso de la República
“expedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus
disposiciones”. Con fundamento en esta competencia y en la importancia de la
ley como fuente del Derecho, el Legislador posee por mandato constitucional
“amplia libertad para definir el procedimiento en los procesos, actuaciones y
acciones originadas en el derecho sustancial”. En este sentido, se ha reconocido
una amplia potestad de configuración normativa del legislador en la definición
de los procedimientos judiciales y de las formas propias de cada juicio, a
partir de la cual, le corresponde “evaluar y definir las etapas,
características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento
judicial”. En virtud de esta facultad, el legislador es autónomo para decidir
la estructura de los procedimientos judiciales, no obstante que, en ejercicio
de dicha autonomía, aquel está obligado a respetar los principios establecidos
en la Carta Política. Por lo anterior, pese a que la libertad de configuración
normativa del legislador es amplia, tiene límites que se concretan en el
respeto por los axiomas y fines del Estado, la vigencia de los derechos fundamentales
y la observancia de las demás normas constitucionales. En este sentido, la
discrecionalidad para la determinación de las actuaciones procesales o
administrativas no es absoluta, pues debe ejercitarse dentro del respeto a
valores fundantes de nuestra organización política y jurídica, tales como, la
justicia, la igualdad y un orden justo (Preámbulo) y de derechos fundamentales
de las personas como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de
justicia (C.P., arts. 13, 29 y 229). Igualmente, debe hacer vigente el
principio de la  primacía del derecho sustancial sobre las formas (C.P., art.
228) y proyectarse en armonía con la finalidad propuesta, como es la de
realizar objetiva, razonable y oportunamente el derecho sustancial en controversia
o definición; de lo contrario, la configuración legal se tornaría arbitraria.
Por lo anterior, el legislador debe asegurar la protección ponderada de todos los bienes jurídicos
implicados que se ordenan, cumpliendo con los principios de proporcionalidad y razonabilidad frente al
fin para el cual fueron concebidas, con el objeto de asegurar precisamente la  primacía del derecho
sustancial (art. 228 C.P.), así como el ejercicio más completo posible del
derecho de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.), el debido
proceso (art. 29 C.P), el
cumplimiento del postulado de la buena fe de las actuaciones de los
particulares (CP art. 83) y el principio de imparcialidad.
LEGISLADOR-Proporcionalidad
y razonabilidad en normas procesales/DEBIDO PROCESO-Legitimidad de
normas procesales dada por su proporcionalidad y razonabilidad
La Corte ha señalado que la legitimidad de las normas
procesales está dada en función de su proporcionalidad y razonabilidad “pues
sólo la coherencia y equilibrio del engranaje procesal permite la efectiva
aplicación del concepto de justicia y, por contera, hace posible el amparo de
los intereses en conflicto”. Así las cosas, la violación del debido proceso
ocurriría no sólo en el supuesto de la omisión de la respectiva regla procesal
o de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual fue
diseñada, sino especialmente en el evento de que ésta aparezca excesiva y
desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su
utilización.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Jurisprudencia constitucional
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Alcance
DERECHO A LA VERDAD-Concepto/DERECHO A LA VERDAD-Exigencia/DERECHO
A LA VERDAD-Alcance/DERECHO A LA VERDAD-Criterios jurisprudenciales/DERECHO
A LA VERDAD-Dimensiones/DERECHO A LA VERDAD-Garantías
DERECHO A LA JUSTICIA-Alcance
DERECHO A LA JUSTICIA-Reglas jurisprudenciales
En cuanto al derecho a la justicia, la
Corte Constitucional ha establecido las siguientes reglas en las sentencias C-715 de 2012 y C-099 de 2013:“(i) La obligación del Estado de prevenir las graves
violaciones de derechos humanos, especialmente cuando se trata de violaciones
masivas, continuas y sistemáticas como el desplazamiento forzado interno. (ii)
La obligación del Estado de luchar contra la impunidad. (iii) La obligación de
establecer mecanismos de acceso ágil, oportuno, pronto y eficaz a la justicia
para la protección judicial efectiva de los derechos de las víctimas de
delitos. En este sentido, se fija la obligación del Estado de diseñar y garantizar recursos
judiciales efectivos para que las personas afectadas puedan ser oídas, y de
impulsar las investigaciones y hacer valer los intereses de las víctimas en el
juicio. (iv) El deber
de investigar, procesar y sancionar judicialmente a los responsables de graves
violaciones de derechos humanos como el desplazamiento forzado. (v) El respeto
del debido proceso y de que las reglas de procedimiento se establezcan con
respeto del mismo. (vi) El deber de establecer plazos razonables para los
procesos judiciales, teniendo en cuenta que los términos desproporcionadamente
reducidos pueden dar lugar a la denegación del derecho a la justicia de las víctimas y a la no
obtención de una justa reparación. (vii) El deber de iniciar ex officio las
investigaciones en casos de graves violaciones contra los derechos humanos.
(viii) El deber constitucional de velar porque los mecanismos judiciales
internos tanto de justicia ordinaria, como de procesos de transición hacia la
paz, tales como amnistías e indultos, no conduzcan a la impunidad y al
ocultamiento de la verdad. (ix) El establecimiento de limitantes y
restricciones derivadas de los derechos de las víctimas, frente a figuras de
seguridad jurídica tales como el non bis in ídem y la prescriptibilidad de la
acción penal y de las penas, en casos de violaciones protuberantes a los
derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho
internacional de los derechos humanos. (x) La determinación de límites frente a
figuras de exclusión de responsabilidad penal o de disminución de las penas en
procesos de transición, en cuanto no es admisible la exoneración de los
responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho
Internacional Humanitario, y por tanto el deber de juzgar y condenar a penas adecuadas y proporcionales
a los responsables de los crímenes investigados. Esta regla, como lo ha
señalado la Corte, solo puede tener excepciones en procesos de justicia
transicional en los cuales se investiguen a fondo las violaciones de derechos
humanos y se restablezcan los derechos mínimos de las víctimas a la verdad y a
la reparación integral y se diseñen medidas de no repetición destinadas a
evitar que los crímenes se repitan. (xi) La legitimidad de la víctima y de la sociedad,
en casos de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario para hacerse parte civil dentro de los procesos
penales con el fin de obtener la verdad y la reparación del daño. (xii) La importancia de la participación
de las víctimas dentro del proceso penal, de conformidad con los artículos 29,
229 de la Constitución y 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos. (xiii) La
garantía indispensable del derecho a la justicia para que se garanticen así
mismo los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas”.
DERECHO A LA JUSTICIA-Deberes de las autoridades
El derecho a que se haga justicia en el caso concreto,
es decir, el derecho a que no haya impunidad. Este derecho incorpora una serie
de garantías para las víctimas de los delitos que se derivan de unos
correlativos deberes para las autoridades, que pueden sistematizarse así: (i)
el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores y
partícipes de los delitos; (ii) el derecho de las víctimas a un recurso
judicial efectivo; (iii) el deber de respetar en todos los juicios las reglas
del debido proceso.
DERECHO A LA REPARACION-Instrumentos internacionales
DERECHO A LA REPARACION-Alcance/DERECHO A LA REPARACION-Fundamento
constitucional/DERECHO A LA REPARACION-Parámetros y estándares
constitucionales/MEDIDAS DE REPARACION-Principios de integralidad y
proporcionalidad
En cuanto al derecho a la reparación, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional en las sentencias C-715 de 2012 y C-099 de 2013 ha fijado los siguientes parámetros y estándares
constitucionales, en armonía con el derecho y la jurisprudencia internacional
en la materia:“(i) El reconocimiento expreso del derecho a la reparación del
daño causado que le asiste a las personas que han sido objeto de violaciones de derechos humanos, y
de que por tanto éste es un derecho internacional y constitucional de las
víctimas, como en el caso del desplazamiento forzado; (ii) El derecho a la
reparación integral y las medidas que este derecho incluye se encuentran
regulados por el derecho internacional en todos sus aspectos: alcance,
naturaleza, modalidades y la determinación de los beneficiarios, aspectos que
no pueden ser desconocidos y deben ser respetados por los Estados obligados;
(iii) El derecho a la reparación de las víctimas es integral, en la medida en
que se deben adoptar distintas medidas determinadas no solo por la justicia
distributiva sino también por la justicia restaurativa, en cuanto se trata de
la dignificación y restauración plena del goce efectivo de los derechos
fundamentales de las víctimas;(iv) Las obligaciones de reparación incluyen, en
principio y de manera preferente, la restitución plena (restitutio in
integrum), que hace referencia al restablecimiento de la víctima a la situación
anterior al hecho de la violación, entendida ésta como una situación de
garantía de sus derechos fundamentales, y dentro de estas medidas se incluye la
restitución de las tierras usurpadas o despojadas a las víctimas. (v) De no ser
posible tal restablecimiento pleno es procedente la compensación a través de
medidas como la indemnización pecuniaria por el daño causado; (vi) La
reparación integral incluye además de la restitución y de la compensación, una
serie de medidas tales como la rehabilitación, la satisfacción y garantías de
no repetición. Así, el
derecho a la reparación integral supone el derecho a la restitución de los
derechos y bienes jurídicos y materiales de los cuales ha sido despojada la
víctima; la indemnización de los perjuicios; la rehabilitación por el daño causado;
medidas simbólicas destinadas a la reivindicación de la memoria y de la
dignidad de las víctimas; así como medidas de no repetición para garantizar que
las organizaciones que perpetraron los crímenes investigados sean desmontadas y
las estructuras que permitieron su comisión removidas, a fin de evitar que las vulneraciones continuas, masivas
y sistemáticas de derechos se repitan;  (vii) La reparación integral a las
víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tiene tanto una dimensión
individual como colectiva;  (viii) En su dimensión individual la reparación
incluye medidas tales como la restitución, la indemnización y la readaptación o
rehabilitación; (ix) En su dimensión colectiva la reparación se obtiene también
a través de medidas de satisfacción y carácter simbólico o de medidas que se
proyecten a la comunidad; (x) Una medida importante de reparación integral es el
reconocimiento público del crimen cometido y el reproche de tal actuación. En
efecto, como ya lo ha reconocido la Corte, la víctima tiene derecho a que los
actos criminales sean reconocidos y a que su dignidad sea restaurada a partir
del reproche público de dichos actos. Por consiguiente, una manera de vulnerar
de nuevo sus derechos, es la actitud dirigida a desconocer, ocultar, mentir,
minimizar o justificar los crímenes cometidos; (xi) El derecho a la reparación desborda el campo de
la reparación económica, e incluye además de las medidas ya mencionadas, el
derecho a la verdad y a que se haga justicia. En este sentido, el derecho a la reparación incluye
tanto medidas destinadas a la satisfacción de la verdad y de la memoria
histórica, como medidas destinadas a que se haga justicia, se investigue y
sancione a los responsables. Por tanto, la Corte ha evidenciado el derecho a la
reparación como un derecho complejo, en cuanto se encuentra en una relación de
conexidad e interdependencia con los derechos a la verdad y a la justicia, de
manera que no es posible garantizar la reparación sin verdad y sin justicia;
(xii) La reparación integral a las víctimas debe diferenciarse de la asistencia
y servicios sociales y de la ayuda humanitaria brindada por parte del Estado,
de manera que éstos no pueden confundirse entre sí, en razón a que difieren en
su naturaleza, carácter y finalidad. Mientras que los servicios sociales tienen
su título en derechos sociales y se prestan de manera ordinaria con el fin de
garantizar dichos derechos sociales, prestacionales o políticas públicas
relativas a derechos de vivienda, educación y salud, y mientras la asistencia
humanitaria la ofrece el Estado en caso de desastres; la reparación en cambio,
tiene como título la comisión de un ilícito, la ocurrencia de un daño
antijurídico y la grave vulneración de los derechos humanos, razón por la cual
no se puede sustituirlas o asimilarlas, aunque una misma entidad pública sea
responsable  de cumplir con esas funciones, so pena de vulnerar el derecho a la
reparación. (xiii) La necesaria articulación y complementariedad de las
distintas políticas públicas, pese a la clara diferenciación que debe existir
entre los servicios sociales del Estado, las acciones de atención humanitaria y
las medidas de reparación integral”.
GARANTIA DE NO
REPETICION-Contenido y alcance
GARANTIA DE NO
REPETICION-Relación con el derecho a la reparación
GARANTIA DE NO
REPETICION-Relación con la obligación del Estado de prevenir graves
violaciones de derechos humanos
GARANTIA DE NO
REPETICION-Criterios
En particular, se han identificado los siguientes
contenidos de esta obligación: (i) Reconocer a nivel interno los derechos y ofrecer
garantías de igualdad; (ii) Diseñar y poner en marcha estrategias y políticas de prevención
integral; (iii) Implementar programas de educación y divulgación dirigidos a
eliminar los patrones de violencia y vulneración de derechos, e informar sobre
los derechos, sus mecanismos de protección y las consecuencias de su
infracción; (iv) Introducir programas y promover prácticas que permitan actuar
de manera eficaz ante las denuncias de violaciones a los DDHH, así como fortalecer
las instituciones con funciones en la materia; (v) Destinar recursos
suficientes para apoyar la labor de prevención; (vi) Adoptar medidas
para erradicar los factores de riesgo, lo que incluye el diseño e
implementación de instrumentos para facilitar la identificación y notificación
de los factores y eventos de riesgo de violación; (vii) Tomar medidas de
prevención específica en casos en los que se detecte que un grupo de personas
está en riesgo de que sus derechos sean vulnerados.
DERECHOS DE VICTIMAS
EN SISTEMA CON TENDENCIA ACUSATORIA-Jurisprudencia
constitucional
PARTICIPACION
DE LA VICTIMA EN EL SISTEMA ACUSATORIO-Parámetros generales
De acuerdo a lo anteriormente señalado se pueden
determinar una serie de parámetros generales en relación con el análisis de la
participación de la víctima en el sistema acusatorio: 1. La protección de los
derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no
repetición exigen una protección especial en el proceso penal, derivada de la
profundización de las relaciones entre el derecho constitucional y el Derecho
Penal del Estado Social de Derecho. 2. Los derechos de las víctimas también se
encuentran protegidos en el sistema penal con tendencia acusatoria, aunque el
esquema de su intervención no deberá ser idéntico al consagrado en la Ley 600
de 2000, sino que debe ser compatible con los rasgos estructurales y las
características esenciales del nuevo sistema procesal. 3. Debe buscarse que la
intervención de la víctima sea compatible con el modelo de sistema acusatorio
contemplado en la Constitución Política, para lo cual deberán analizarse los
siguientes factores: (i) el papel asignado a otros participantes, en particular
al Fiscal; (ii) el rol que le reconoce la propia Constitución a la víctima
respecto a la finalidad de la medida correspondiente; (iii) las características
de la audiencia o actuación en la cual se pretende su participación; (iv) las
características de cada una de las etapas del proceso penal; y (v) el impacto
que esa participación tenga tanto para los derechos de la víctima como para la
estructura y formas propias del sistema penal acusatorio.
PRINCIPIO DE
IGUALDAD DE ARMAS-Concepto y alcance
La Corte Constitucional se refirió a la definición y
concepto del principio de igualdad de armas, afirmando que con este axioma se
quiere indicar que: “(…) en el marco del proceso penal, las partes enfrentadas,
esto es, la Fiscalía y la defensa, deben estar en posibilidad de acudir ante el
juez con las mismas herramientas de persuasión, los mismos elementos de
convicción, sin privilegios ni desventajas, a fin de convencerlo de sus
pretensiones procesales. La igualdad de armas implica una garantía de
equiparación entre dos (2) sujetos diferentes que pueden presentar
desequilibrios en los medios de que disponen para acudir a la administración de
justicia a sustentar sus argumentos y defender sus intereses, por lo que se
impone a las autoridades públicas y, en especial, a los operadores de la
justicia el deber de promover el debate procesal en condiciones de igualdad en
el ejercicio del derecho de contradicción entre la acusación y la defensa. Sin
embargo, la igualdad de armas no significa absoluta igualdad de trato en todas
las etapas procesales ni el deber legal de establecer idénticos contenidos del
proceso, pues este principio debe ser compatible con la potestad de
configuración del debido proceso que corresponde libremente al legislador
dentro del marco constitucional. En efecto, en aras de proteger la igualdad de
oportunidades en el proceso penal no podría pretenderse que los intervinientes
y todos los sujetos procesales tengan idénticas condiciones sustanciales y
procesales para ejercer sus derechos, puesto que ello conduciría a la
uniformidad de los procedimientos y a la anulación de la discrecionalidad del
legislador para configurar el derecho. En este sentido, se ha venido
sosteniendo reiteradamente que el principio de igualdad de armas puede admitir
limitaciones, especialmente justificables en la etapa de investigación penal,
puesto que a pesar de que es fundamental que las partes cuenten con los medios
procesales suficientes para defender sus intereses en el proceso penal, esa
igualdad de trato no puede conducir a la eliminación de la estructura de partes
que consagra el sistema penal acusatorio.
PRINCIPIO DE
IGUALDAD DE ARMAS-Fundamento constitucional/PRINCIPIO DE
IGUALDAD DE ARMAS-Hace parte del núcleo esencial de los derechos de defensa
y debido proceso/PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS-Garantía del
derecho a la defensa
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS-Característica fundamental del sistema
penal de tendencia acusatoria
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS-Efectos esenciales
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
reconocido algunos efectos esenciales del principio de igualdad de armas dentro
de los cuales cabe destacar los siguientes: (i) La defensa debe estar en
posibilidad de conocer los elementos de juicio que se encuentra a disposición
de la Fiscalía, pues de ellos depende el diseño de su estrategia defensiva:
“Por ello, en aras de mantener el equilibrio de la contienda y de garantizar la
vigencia del plano de igualdades en el debate, en otras palabras, con el fin de
hacer realidad el principio de la igualdad de armas, la defensa debe estar en
posibilidad de conocer los elementos de juicio que se encuentra a disposición
de la Fiscalía, pues de ellos depende el diseño de su estrategia defensiva”.
(ii) La Fiscalía debe conocer también el material de convicción que la defensa
ha podido recopilar desde el momento en que presentó la formulación de la
imputación e, incluso, desde el instante en que tuvo conocimiento de la
existencia de la indagación preliminar, si así hubiese ocurrido. Por ello, en
la diligencia de descubrimiento, el fiscal también puede pedir a la defensa que
entregue copia de los elementos materiales de convicción, de las declaraciones
juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en el juicio. (iii)
El principio de igualdad de armas o igualdad de medios, también supone que la
carga probatoria del acusador es proporcional a sus medios y que las reglas de
ejercicio del principio contradictorio en virtud de esa carga, buscan equiparar
la participación en el proceso penal, tanto optimizando lo más posible las
garantías de la defensa, como incrementando la exigencia del cumplimiento de la
labor probatoria del acusador. (iv) Este principio tiene una aplicación
importante relativa al pleno ejercicio de la defensa penal, la cual incluye el
contar necesariamente con un abogado, un intérprete, o con la posibilidad de
ser oído en defensa si fuere el caso, así como con el tiempo y medios
razonables para interactuar con quien va a obrar como representante y, para
ejercer las facultades en cuanto al recaudo de material probatorio dentro del
proceso penal, la solicitud de las pruebas que considere pertinentes y la
interacción frente a las pruebas que presente el ente acusador. (v) La defensa
debe estar en posibilidad de ejercer las facultades que le han sido otorgadas
por la misma ley para el recaudo, solicitud y contradicción de pruebas, tanto
en la etapa de investigación como en la etapa de juicio, y ello sin ninguna
limitante por parte de su contraparte, esto es, del ente acusador, sino con las
restricciones propias del Estado de Derecho respecto de la afectación de terceros
y la vulneración de derechos fundamentales, control que le corresponde ejercer
a un juez de la República, en la etapa de investigación al juez de control de
garantías y en la fase de juicio al juez de conocimiento. (vi) El principio de
igualdad de armas tiene aplicación también en relación con la posibilidad para
el imputado y su defensa de escoger la entidad de carácter técnico científico
que deba conceptuar respecto del material probatorio recaudado por el imputado
y su defensor durante la etapa de investigación, y no estar sujeto a una
entidad que depende de su contraparte, esto es, del ente acusador.
Referencia: expediente D-10110
Demanda de inconstitucionalidad contra el
inciso 3º del artículo 443 de la Ley 906 de 2004.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D. C., veintisiete (27) de agosto de
dos mil catorce (2014)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Luis
Ernesto Vargas Silva -quien la preside-, María Victoria Calle Correa, Mauricio
González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub y Martha Sáchica Méndez, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en
el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en
los siguientes,
1.     ANTECEDENTES
Los ciudadanos Vanessa Suelt Cock, Javier Darío Coronado
Díaz, Carlos Duque Morales y Manuel López Rusinque en ejercicio de la acción
pública de inconstitucionalidad, demandaron el inciso 3º del artículo 443 de la
Ley 906 de 2004. A esta demanda se le asignó la radicación D – 10110.
1.1.
NORMA DEMANDADA
“LEY 906 DE 2004
"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.
Artículo 443. Turnos para alegar. El fiscal expondrá oralmente los argumentos
relativos al análisis de la prueba, tipificando de manera circunstanciada la
conducta por la cual ha presentado la acusación.
A continuación se dará el uso de la palabra al
representante legal de las víctimas, si lo hubiere, y al Ministerio Público, en
este orden, quienes podrán presentar sus alegatos atinentes a la
responsabilidad del acusado.
Finalmente, la defensa, si lo considera pertinente,
expondrá sus argumentos los cuales podrán ser controvertidos exclusivamente por
la Fiscalía. Si esto ocurriere la defensa tendrá derecho de réplica y, en todo
caso, dispondrá del último turno de intervención argumentativa. Las réplicas se
limitarán a los temas abordados”.
1.2.
DEMANDA
Los demandantes señalan que el inciso
tercero del artículo 443 de la Ley 906 de 2004 no les permite a las víctimas
presentar réplicas respecto de los alegatos de conclusión de la defensa, lo
cual constituye una omisión legislativa que vulnera sus derechos a la verdad, a
la justicia y a la reparación, por los siguientes motivos:
1.2.1.  Señalan que la norma no le permite a la víctima
presentar réplicas de los alegatos de conclusión de la defensa, por lo cual excluye
de su presupuesto fáctico a un sujeto que debería estar incluido, vulnerando
sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.
1.2.2.  Destacan que el alegato de cierre es la oportunidad
que confiere la Ley a los sujetos e intervinientes dentro del proceso penal,
para que presenten sus consideraciones en torno a la decisión que debería
adoptar el juez de conocimiento, por lo cual es posible que la defensa tergiverse
la prueba, utilice citas doctrinales o jurisprudenciales inexistentes o
inexactas o utilice argumentos impertinentes o términos ofensivos, frente a lo
cual la víctima no debería guardar silencio. Al respecto manifiesta
concretamente la forma como se desconocerían cada uno de los derechos de las
víctimas en virtud de la omisión legislativa señalada:
1.2.2.1.
En relación con el
derecho a la justicia manifiestan que la defensa podría presentar alegaciones
ilegítimas que afectan la expectativa de la víctima de obtener una decisión
condenatoria, pero de acuerdo con la norma demandada esta última no podría
rebatir su contenido.
1.2.2.2.
Frente a los derechos
a la verdad y a la reparación, afirman que atendiendo el diseño de la norma, la
víctima no podría defenderse frente a posibles alegaciones que pretendan
distorsionar el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon la comisión
del delito.
1.2.3.  Expresan que no existe razón objetiva y suficiente que
explique válidamente la exclusión, pues la Corte Constitucional ha reconocido
en sentencias como la C – 209 de 2007 que la víctima puede participar
activamente en el proceso penal, salvo aquellos eventos en los cuales se puedan
desconocer las características esenciales del sistema procesal acusatorio
introducido a través del Acto Legislativo 03 de 2002.
En este sentido, aducen que no existe una
justificación para que la víctima no se encuentre en posibilidad de rebatir el alegato
de conclusión de la defensa, pues ello no desconoce ninguno de los fines del
sistema acusatorio reconocidos en la Sentencia C – 591 de 2005:
“En Colombia, la adopción mediante reforma
constitucional,  de este nuevo sistema procesal penal, perseguía en líneas
generales las siguientes finalidades: (i) fortalecer la función investigativa
de la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de concentrar los esfuerzos
de ésta en el recaudo de la prueba; (ii) establecimiento de un juicio público,
oral, contradictorio y concentrado; (iii) instituir una clara distinción entre
los funcionarios encargados de investigar, acusar y juzgar, con el propósito de
que el sistema procesal penal se ajustase a los estándares internacionales en
materia de imparcialidad de los jueces, en especial, el artículo 8 del Pacto de
San José de Costa Rica; (iv) descongestionar los despachos judiciales mediante
la supresión de un sistema procesal basado en la escritura para pasar a la
oralidad, y de esta forma, garantizar el derecho a ser juzgado sin dilaciones
injustificadas; (v) modificar el principio de permanencia de la prueba por
aquel de la producción de la misma durante el juicio oral; (vi) introducir el
principio de oportunidad; (vii) crear la figura del juez de control de garantías;
e (viii) implementar gradualmente el nuevo sistema acusatorio”.
Indican que incluso bajo una concepción del
juicio como un debate entre Estado y acusado, ello se circunscribe a la fase inicial
y a la discusión probatoria, tal como señala la Sentencia C - 209 de 2007, pero
no a las alegaciones finales.
1.2.4.  Aseveran que se genera una situación de desigualdad
injustificada entre los diferentes actores del proceso penal, por cuanto se entorpece
una vía legítima para que las víctimas se pronuncien frente a argumentaciones
fraudulentas de la defensa que podrían viciar el concepto del juzgador y
apartarlo de una decisión de acuerdo a la realidad de los hechos y a la
responsabilidad del acusado.
1.2.5.  Exponen que la omisión entraña el incumplimiento por
parte del legislador del deber constitucional de consagrar la participación de
la víctima, exigida en virtud de los artículos 1, 2, 15, 21, 229 y 250 de la
Constitución y por los estándares internacionales en materia de protección de
derechos humanos, como los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, tal como se ha reconocido por la Corte Constitucional en las
sentencias C – 228 de 2002, C – 1154 de 2005, C – 979 de 2005, C – 454 de 2006,
C – 516 de 2007, C – 250 de 2011 y C – 260 de 2011.
1.2.6.  Por lo anterior, concluyen que el legislador, de
manera injustificada, no habilitó a las víctimas para que controvirtieran los
alegatos de cierre de la defensa, sin atender las finalidades del sistema
acusatorio y afectando de manera grave sus derechos a la verdad, a la justicia
y a la reparación.
En consecuencia, los demandantes solicitan
que se declare la exequibilidad condicionada de la norma acusada en el
entendido que la víctima también puede presentar réplicas de los alegatos de
conclusión.
1.3.
INTERVENCIONES
1.3.1.
INTERVENCIÓN
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
El Director de Desarrollo del Derecho y del
Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho solicita a la
Corte que declare la constitucionalidad de la norma demandada por los
siguientes motivos:
1.3.1.1.
Considera
que no existe una omisión legislativa, por cuanto la víctima en la etapa de
juicio y en la exposición de los alegatos de conclusión ejerce sus derechos a
través del fiscal, para lo cual fundamenta su posición en la Sentencia C-260 de
2011.
1.3.1.2.
Señala
que la norma acusada está ajustada a la Constitución Política ya que la no
inclusión de la víctima en la disposición que regula los turnos para los
alegatos de conclusión en la etapa de juicio del proceso penal acusatorio no
significa una vulneración de sus derechos fundamentales a la verdad, a la justicia
y a la reparación, pues la misma ha podido participar como interviniente especial
en el curso del proceso, ejerciendo sus derechos a través del Fiscal.
1.3.1.3.
Resalta
las consideraciones que hizo esta Corporación en la sentencia C-209 de 2007 en
la cual indicó que los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación integral están protegidos en la Ley 906 de 2004, los cuales deben
ejercerse de manera compatible con la estructura y las características del
nuevo sistema penal.
1.3.1.4.
Manifiesta
que en la mencionada sentencia se estableció la forma en que pueden intervenir
las víctimas de manera especial a lo largo del proceso penal conforme a las
reglas previstas en el Código de Procedimiento Penal y expresa que en la etapa
del juicio se estableció que no era posible que la víctima interviniera para
presentar una teoría del caso, diferente o contraria a la de la defensa, por
cuanto en las etapas anteriores había podido participar como un interviniente
especial.
1.3.1.5.
Expresa
que mediante el numeral 7 del artículo 250 Superior, la Fiscalía General de la
Nación tiene la función de proteger a las víctimas, testigos y demás personas
que intervienen en el proceso penal, y que le corresponde al Legislador fijar
los términos en los cuales los perjudicados pueden intervenir en el curso del
proceso.
1.3.1.6.
Frente
a los aspectos que aduce relevantes de la Sentencia C-260 de 2011 resalta que
se señaló que la participación directa de la víctima en el juicio conllevaría
modificar rasgos en la estructura del sistema penal acusatorio frente al
principio de igualdad de armas, ya que se convertiría en un segundo acusador lo
cual no permitiría materializar el carácter adversarial entre la Fiscalía y la
defensa.
1.3.1.7.
Finalmente,
indicó que la sentencia en cuestión adujo frente a la constitucionalidad del
artículo 371 del Código de Procedimiento Penal que no existía omisión
legislativa relativa al permitir que al inicio del juicio sólo la Fiscalía y la
Defensa presenten su teoría del caso, ya que se consideró que la limitación de
los derechos de las víctimas estaba plenamente justificada.
1.3.2.  INTERVENCIÓN DE
LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
El Grupo de Acciones Constitucionales de la
Universidad Católica de Colombia considera que la disposición acusada es
inconstitucional por los argumentos que se exponen a continuación:
1.3.2.1.
Aseveran
que la disposición aquí acusada establece una omisión legislativa relativa,
dañosa de los derechos fundamentales de la víctima en cuanto al acceso a la
justicia, a la verdad y a la reparación integral, violentando así garantías
para un debido proceso constitucional. Lo anterior, por cuanto el inciso 3° del
artículo 443 de la Ley 906 de 2004 define que la soberanía de impugnar el
alegato de conclusión de la defensa se encuentra guiada por la Fiscalía General
de la Nación, sin interesar que dicha facultad, también debió haber sido
otorgada a la víctima.
1.3.2.2.
Exponen
que todo lo anterior resulta contrario a los derechos que deben ser protegidos
por la Constitución a las víctimas dentro del Proceso Penal, puesto que no
puede defenderse frente a posibles alegaciones que pretendan distorsionar el
esclarecimiento de las circunstancias que rodean la comisión del delito. Por lo
anterior, consideran que la norma acusada constituye un evento de omisión
legislativa relativa por lo que resulta contraria a la Constitución Política
gobernadora de los derechos y garantías de las personas.
1.3.3.
INTERVENCIÓN
DE LA UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
Los doctores José María del Castillo
Abella, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, Luis
Andrés Fajardo Arturo, Director del Departamento de Derechos Humanos y DIH y
María Camila Jiménez Molina, estudiante del semillero de investigación de
Derechos Humanos y DIH de la Universidad Sergio Arboleda consideran que se debe
declarar la constitucionalidad de la norma demandada por las siguientes
razones:
1.3.3.1.   Argumentan que
con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004 se pasó a un sistema penal con
tendencia acusatoria que permite a las víctimas desarrollar un importante rol
durante el desarrollo del proceso penal, protegiendo y garantizando de esta
manera los derechos de las mismas, lo cual se ve reflejado en el artículo 11
del Código de Procedimiento Penal.
1.3.3.2.   Consideran que
no es válido el señalamiento que hacen los demandantes frente a la vulneración
de los derechos de las víctimas por no poder controvertir las alegaciones
realizadas por la defensa, ya que la falta de intervención de la víctima en esa
fase del proceso penal no es sinónimo de restricción del deber de participación
que ostenta.
1.3.3.3.   Señalan que en
diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional se ha manifestado que los
derechos de las víctimas en el proceso no implican convertirse en una parte
autónoma y diferente de la Fiscalía, ya que lo anterior generaría un
desequilibrio en la igualdad de armas.
1.3.3.4.   Manifiestan que
en esta etapa se condensa la línea de defensa que tiene el acusado y se genera
la oportunidad de ejercer su derecho al debido proceso, por su parte, la
Fiscalía tiene la opción de resumir su línea de argumentación de acusación y
valoración de pruebas que la sustentan. Por lo anterior, señalan que esta fase no
es una discusión abierta de los hechos y el contexto de los mismos, sino una fase
formal sobre el análisis de la responsabilidad en cada caso.
1.3.3.5.   Afirman que si
se presentan argumentos indebidos o inexactos durante esta fase del proceso, la
Fiscalía debe contar con las condiciones suficientes para detectar tal
situación y garantizar los derechos de la víctima, por lo que permitir que se
debatan los argumentos por la Fiscalía y las víctimas supondría un
desequilibrio en la carga procesal del defensor, quien se enfrentaría a una
doble argumentación frente a la cual no tendría ni en tiempo ni en derecho la
misma oportunidad que sus contrapartes.
1.3.3.6.   Expresan que la
norma acusada es resultado de la aplicación del principio de igualdad de armas
en el proceso penal de conformidad con la igualdad procesal y el debido
proceso, aduciendo diversos argumentos de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y de la Corte Constitucional al respecto.
1.3.3.7.Resaltan que el
proceso es un medio para asegurar la solución justa de una controversia e
indican que para la Corte Interamericana no habría igualdad de armas si la
Fiscalía y la víctima pueden controvertir los alegatos de la defensa, ya que se
generaría un claro desbalance.
1.3.3.8.Aducen que no es
cierto que el concepto proferido por el juez pueda padecer de vicios o
apartarse de la realidad de los hechos al no existir una vía legítima que
autorice la participación de la víctima ante argumentaciones fraudulentas de la
defensa, ya que tal función la tiene el fiscal, generando un carácter
igualitario al proceso en donde el defensor y el acusador tienen el mismo plano
de actuación.
1.3.4.  INTERVENCIÓN DE
LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Laura Carolina Galeano Ariza, Camila Andrea
Torres Mafiol y Héctor Wiesner León, integrantes del Departamento de Derecho
Constitucional de la Universidad Externado de Colombia solicitan que la Corte
Constitucional se inhiba para emitir pronunciamientos sobre los cargos
presentados por los siguientes motivos:
1.3.4.1.
Indican
que en la demanda presentada no se formula un cargo sino que se consideran
posibles efectos prácticos de la disposición ya que el demandante considera que
al negarle a las víctimas la posibilidad de controvertir los alegatos de
conclusión de la defensa se pueden tergiversar pruebas, utilizar citas
doctrinales o jurisprudenciales inexistentes o inexactas, sin expresar las razones
que los llevan a realizar tal afirmación.
1.3.4.2.
Aseveran
que el cargo no cumple con el requisito de certeza ya que no se formula un
reparo de orden constitucional a la disposición demandada, sino una serie de
conjeturas sobre las consecuencias de la aplicación de la norma en un caso
concreto.
1.3.4.3.
Exponen
que los demandantes intentan formular un cargo de inconstitucionalidad
fundamentándose en las consecuencias prácticas de la norma y no de una
confrontación del texto legal con la Constitución.
1.3.4.4.
Consideran
que la víctima no está desamparada si se originan los supuestos descritos por
los demandantes, ya que el juez tiene facultades disciplinarias para limitar a
la defensa si esta se excede y de realizar un control concreto de
constitucionalidad si se hace necesario.
1.3.4.5.
Señalan
que los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral
están protegidos por la Ley 906 de 2004, lo cual no significa que se deban
aceptar todas las formas y esquemas de intervención del afectado durante el
proceso ya que el ejercicio de tales derechos se debe hacer conforme a la
estructura y las características propias del sistema penal.
1.3.4.6.
Manifiestan
que conforme al Acto Legislativo 03 de 2002 la víctima como interviniente
especialmente protegido tiene derechos de participación para actuar dentro del
proceso sin que eso signifique sustituir la figura del fiscal.
1.3.5.  INTERVENCIÓN DE
LA ACADEMIA COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA
El Doctor Augusto Ibáñez Guzmán, como
académico de la Academia Colombiana de Jurisprudencia considera que no existe
un quebranto constitucional por parte de la disposición demandada por cuanto
solicita sea declarada la constitucionalidad de la norma con base en los
siguientes argumentos:
1.3.5.1.
Afirma
que la Corte Constitucional en sus diversos pronunciamientos ha establecido la
forma como puede actuar la víctima, los rasgos que de este rol se consagran en
el artículo 250 numeral 3 Superior, las implicaciones de actuar como
interviniente especial, su participación en las diferentes etapas del proceso y
en especial en el juicio oral que es de naturaleza adversarial, lo cual
significa que solo pueden estar enfrentadas dos partes: acusador y acusado.
1.3.5.2.
Aduce
que de acuerdo a las anteriores precisiones no es posible que la víctima en la
etapa de juicio presente su propia teoría del caso, adicionalmente considera
que a partir de una lectura minuciosa de la norma no se puede concluir que la
víctima esté excluida de su participación, encontrándose en equilibrio la
ecuación defensa, interés de la víctima y su derecho a participar.
1.3.5.3.
Indica
que la víctima no puede intervenir en el cierre del juicio oral por alegar
falta de garantías y manifestar otra postura, ya que esto implicaría presentar
una nueva teoría del caso.
1.3.5.4.
Concluye
indicando que los derechos de la víctima no se vulneran en su participación por
la norma demandada, ya que se garantiza el uso del recurso judicial efectivo,
la igualdad de armas, entre otros, por lo que admitir la propuesta formulada
por el accionante generaría un juicio oral interminable, por cuanto las
réplicas se darían una tras de otra.
2.
INTERVENCIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO.
El Procurador General de la Nación solicita
a la Corte Constitucional se declare la exequibilidad del inciso 3° del
artículo 443 de la Ley 906 de 2004 por los siguientes motivos:
2.1.
Manifiesta
que el artículo 250 contiene tres (3) mandatos concretos que originaron las
tres (3) subreglas que son aplicables en el presente caso: (i) el
constituyente catalogó a la víctima como un interviniente en el proceso
penal, no como parte en el mismo; (ii) le confirió al Legislador la
posibilidad de fijar los términos en los cuales puedan intervenir las víctimas;
y (iii) se consagró como una característica esencial del nuevo sistema
penal que la etapa del juicio oral fuera adversarial y acusatoria, lo cual
implica una confrontación con igualdad de medios o armas entre el acusador y el
acusado para persuadir al juez de sus posturas.
2.2.
Afirma
que esta Corporación ha deducido unos estándares que considera son relevantes
para poder solucionar este caso:
2.2.1.  La víctima es un
interviniente y participa en varias etapas del proceso, no en todas. Por lo
anterior se han establecido unos factores para identificar si es posible que la
víctima intervenga de manera directa en una determinada etapa como por ejemplo
el rol de otros intervinientes, el momento procesal en el que se pretende
asegurar la participación de la víctima y el impacto de dicha intervención en
la estructura del sistema penal con tendencia acusatoria.
2.2.2.  Como
intervinientes, las víctimas no pueden desplazar o sustituir al Fiscal quien se
encarga de ejercer la acción penal, acusar ante el juez de conocimiento y velar
por los derechos de las víctimas.
2.2.3.  Una de las
características de la etapa del juicio oral es la confrontación directa entre
el acusado y el acusador (adversarial). La participación autónoma y separada de
la víctima se limita en esa etapa ya que no puede ser un segundo acusador en
contra del acusado quien tendría que defenderse de varios contradictores.
Adicionalmente, indica que el juez de conocimiento debe garantizar que la
comunicación entre el Fiscal y la víctima sea efectiva, de tal modo que sus
derechos se garanticen por conducto del Fiscal.
2.2.4.  Expresa que la
participación de las víctimas se restringe en la etapa del juicio oral, por
cuanto éste tiene un carácter adversarial por el principio de igualdad de armas
derivado del derecho de defensa y así mismo, resalta que las víctimas pueden
intervenir en esa fase del proceso a través del Fiscal, quien debe tener
comunicación permanente con ellas.
2.2.5.  Resalta que el
Legislador no incurrió en una omisión legislativa parcial al promulgar la
disposición acusada por cuanto no se presentan los requisitos para que se
configure tal omisión:
2.2.5.1.Existencia de
una norma sobre la cual se predica la acusación: la demanda se realizó
contra el inciso 3° del artículo 443 de la Ley 906 de 2004, por lo tanto, la
primera exigencia se cumple. Sin embargo los otros tres requisitos no se
presentan en la norma demandada.
2.2.5.2.Existen varias
razones objetivas que justifican que la víctima no pueda controvertir el
alegato de la defensa: la disposición acusada regula los turnos para alegar en
el cierre del juicio oral, de esta manera queda establecido que el Fiscal
presenta sus argumentos, posteriormente lo hacen las víctimas y el Ministerio
Público, y finalmente, la defensa planteará sus alegatos que solo pueden ser
controvertidos por el Fiscal.
2.2.5.3.Aduce la
importancia que la norma señale que el juicio oral se produce entre dos
contendientes que tienen la calidad de parte en el proceso penal: el Fiscal
como acusador y la defensa como acusado, permitiéndose por una sola vez que
participen dos intervinientes como el Ministerio Público y las víctimas, ya que
lo anterior significa que la víctima no es un sujeto igual al fiscal, por lo
que no puede tener el mismo tratamiento dentro del proceso penal.
2.2.5.4.Reitera que si
se permite que la víctima controvierta los alegatos de la defensa se quebrantaría
el principio de igualdad de armas, ya que ésta tendría que responder a las
refutaciones que le hagan el Fiscal y la víctima teniendo así dos acusadores.
2.2.5.5.Así mismo,
indica que el tercer elemento no se cumple, ya que no se presenta una situación
de desigualdad negativa para las víctimas, por cuanto la imposibilidad de que éstas
puedan responder y debatir el alegato de la defensa no implica una situación
que perjudique sus intereses. Lo anterior lo sustenta con varios argumentos:
2.2.5.5.1. La jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha ampliado la posibilidad para que la víctima pueda intervenir
en diversas etapas del proceso, previas y posteriores al juicio, por tal motivo
la víctima puede ejercer sus derechos en varias oportunidades durante el
proceso penal y esa participación que se realiza de manera directa garantiza
que al momento en el que la defensa presente sus alegatos de conclusión, la
Fiscalía, el juez y el Ministerio Público, estén al tanto de sus derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación.
2.2.5.5.2. Durante el juicio oral, el fiscal
debe procurar que se garanticen los derechos de las víctimas. Para lo anterior
en diversos fallos de la Corte Constitucional se ha determinado que el juez de
conocimiento está obligado a permitir la comunicación entre el Fiscal y la
víctima, tanto que si el Fiscal lo solicita, el juez deberá decretar un receso
para facilitar esta comunicación. Esto quiere decir que si la víctima considera
que en el alegato del defensor se presentan irregularidades puede pedirle al
Fiscal que le solicite al juez un receso para expresarle las mismas.
2.2.5.5.3. Asevera que los intereses de la
víctima en el juicio oral y frente a los alegatos de cierre hechos por la
defensa se pueden proteger por el juez de conocimiento, quien también tiene la
obligación de garantizar los derechos de las víctimas, ante alegatos erróneos o
inexactos por parte de la defensa.
2.2.5.5.4. Expone que aunque los mecanismos
de protección de los derechos de las víctimas expresados anteriormente pueden
resultar insuficientes, las víctimas cuentan con otros recursos para resguardar
sus derechos sin tener que desvirtuarse el carácter adversarial del juicio oral
ni afectar el derecho de defensa del acusado.
2.2.5.6.Finalmente argumenta
que no existe un incumplimiento a un deber específico impuesto por el
Constituyente al Legislador, sino que éste último ha cumplido con las
obligaciones que le impuso la Constitución por los siguientes motivos:
3.2.5.6.1. En la Constitución no está
establecido un deber específico que obligue al Legislador a expedir una
regulación en la que se permita la participación directa de la víctima durante
el juicio oral. Si bien es cierto que el Congreso tiene el deber de garantizar
los derechos de las víctimas, la Constitución no lo obliga a determinar una
fórmula específica para lograr este objetivo. Por lo anterior, frente a la
inexistencia de un mandato constitucional específico o de una prohibición
constitucional concreta en la que se haga indispensable que el Legislador le
permita a las víctimas controvertir el alegato de cierre de la defensa, esa
decisión se enmarca dentro del margen de configuración legislativa del Congreso
de la República.
3.2.5.6.2. En la Carta Política se establece
una obligación específica a cargo del Legislador, en el que se le impone el
deber de expedir regulaciones que permitan que la víctima participe, siempre
que no se desvirtúe el carácter adversarial que implica el juicio oral (art.
250.4 de la Constitución), resaltando que si se genera una situación contraria
se establecería una excepción al derecho a la defensa del acusado al permitir
la posibilidad de que en el juicio oral existan dos acusadores simultáneos.
3.     CONSIDERACIONES
3.1.
COMPETENCIA
La Corte Constitucional es
competente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 241 de
la Constitución, para pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad
presentada en contra del inciso 3º del
artículo 443 de la Ley 906 de 2004.
3.2.
APTITUD DEL
CARGO FORMULADO EN LA DEMANDA
3.2.1.
El artículo 2° del
Decreto 2067 de 1991 señala los elementos indispensables que debe contener la
demanda en los procesos de control de constitucionalidad[1]. Concretamente, el ciudadano que ejerce la
acción pública de inconstitucionalidad contra una disposición determinada debe
indicar con precisión el objeto demandado, el concepto de la
violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer
del asunto.
3.2.2.
Por otro lado, en
la Sentencia C-1052 de 2001, esta Corporación señaló las características que
debe reunir el concepto de violación formulado por el demandante, estableciendo
que las razones presentadas por el actor deben ser claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes, posición acogida por
esta Corporación en jurisprudencia reiterada[2].
3.2.3.
En este caso, la demanda
señaló de manera clara argumentos ciertos, específicos, pertinentes y suficientes.
En este sentido, cabe destacar que resulta completamente cierto que en virtud
de la norma demandada las víctimas no pueden presentar réplicas respecto de los
alegatos de conclusión de la defensa, lo cual tiene gran pertinencia
constitucional, pues está directamente relacionado con el ejercicio de sus
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, los cuales han sido
contemplados por la Constitución y reconocidos por la Corte Constitucional.
3.2.4.
En relación con la
suficiencia, la demanda plantea de manera sistemática el cumplimiento de los
cinco (5) requisitos para el reconocimiento de una omisión legislativa:
3.2.4.1.
Identifica la norma sobre la cual se predica la omisión, en este
caso el artículo 443 de la Ley 906 de 2004.
3.2.4.2.
Señala que la omisión excluye de sus consecuencias aquellos casos
que, por ser asimilables, deberían subsumirse dentro de su presupuesto fáctico,
al expresar que la norma excluye de sus consecuencias el derecho a la réplica
de las víctimas, lo cual según los demandantes vulnera los derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación.
3.2.4.3.
Manifiesta
que dicha exclusión no obedece a una razón objetiva y suficiente, pues la Corte Constitucional ha reconocido en
sentencias como la C – 209 de 2007 que la víctima puede participar activamente
en el proceso penal.
3.2.4.4.
Afirma que la
omisión produce una desigualdad injustificada entre los casos que están y los
que no están sujetos a las consecuencias previstas por la norma, señalando
puntualmente que esta exclusión genera consecuencias muy negativas para las
víctimas, pues no podrían desvirtuar argumentos falsos o inexactos de la
defensa.
3.2.4.5.
Finalmente aduce que la
omisión implica el incumplimiento de un deber constitucional del legislador de consagrar la participación de la
víctima, exigido en virtud de los artículos 1, 2, 15, 21, 229 y 250 de la
Constitución y por los estándares internacionales en materia de protección de
derechos humanos
3.3.
PROBLEMA
JURÍDICO
Los demandantes consideran que el inciso 3º del artículo 443 de la Ley 906 de 2004 no permite que las víctimas
presenten una réplica respecto de los alegatos de conclusión de la defensa, lo
cual constituiría una omisión legislativa relativa que vulnera los artículos 1,
2, 93, 229 y 250 de la Constitución Política, pues desconoce sus derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación.
Para resolver este problema jurídico se
estudiarán los siguientes temas: (i) la libertad de configuración
legislativa en materia procesal, (ii) la tutela de los derechos de las
víctimas, (iii) los derechos de las víctimas en el sistema con tendencia
acusatoria, (iv) el principio de igualdad de armas y (v) la norma
demandada.
3.4.
LIBERTAD DE
CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
3.4.1.  La Corte Constitucional[3] ha señalado que según el artículo 150-2 de
la C.P., le corresponde al Congreso de la República “[e]xpedir los códigos
en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones”. Con
fundamento en esta competencia y en la importancia de la ley como fuente del
Derecho, el Legislador posee por mandato constitucional “amplia libertad
para definir el procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones
originadas en el derecho sustancial”[4].
3.4.2.  En este sentido, se ha reconocido una amplia potestad
de configuración normativa del legislador en la definición de los
procedimientos judiciales y de las formas propias de cada juicio[5], a partir de la cual, le corresponde “evaluar
y definir las etapas, características, términos y demás elementos que integran
cada procedimiento judicial”[6].
3.4.3.  En virtud de esta facultad, el legislador es autónomo
para decidir la estructura de los procedimientos judiciales, no obstante que,
en ejercicio de dicha autonomía, aquel está obligado a respetar los principios
establecidos en la Carta Política.[7] Por lo anterior, pese a que la libertad de
configuración normativa del legislador es amplia, tiene límites que se
concretan en el respeto por los axiomas y fines del Estado, la vigencia de los
derechos fundamentales y la observancia de las demás normas constitucionales.[8]
3.4.4.
En este sentido, la
discrecionalidad para la determinación de las actuaciones procesales o
administrativas no es absoluta, pues debe ejercitarse dentro del respeto a
valores fundantes de nuestra organización política y jurídica, tales como, la
justicia, la igualdad y un orden justo (Preámbulo) y de derechos fundamentales
de las personas como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de
justicia (C.P., arts. 13, 29 y 229). Igualmente, debe hacer vigente el principio
de la  primacía del derecho sustancial sobre las formas (C.P., art. 228) y
proyectarse en armonía con la finalidad propuesta, como es la de realizar
objetiva, razonable y oportunamente el derecho sustancial[9] en controversia o definición; de lo
contrario, la configuración legal se tornaría arbitraria[10].
3.4.5.
Por lo anterior, el
legislador debe asegurar la protección
ponderada de todos los bienes jurídicos implicados que se ordenan[11], cumpliendo con los principios de proporcionalidad y razonabilidad frente al
fin para el cual fueron concebidas[12], con el objeto de asegurar precisamente la  primacía del derecho
sustancial (art. 228 C.P.), así como el ejercicio más completo posible del
derecho de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.), el debido
proceso (art. 29 C.P)[13], el cumplimiento del postulado de la buena fe de las actuaciones de los
particulares (CP art. 83)[14] y el principio de imparcialidad[15].
3.4.6.
De esta manera, la
Corte ha señalado que la legitimidad de las normas procesales está dada en
función de su proporcionalidad y razonabilidad “pues sólo la coherencia y
equilibrio del engranaje procesal permite la efectiva aplicación del concepto
de justicia y, por contera, hace posible el amparo de los intereses en
conflicto”.[16] Así las cosas, la violación del debido
proceso ocurriría no sólo en el supuesto de la omisión de la respectiva regla
procesal o de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual
fue diseñada, sino especialmente en el evento de que ésta aparezca excesiva y
desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su
utilización.[17]
3.4.7.
Con el objeto de
garantizar el respeto a tales límites amplios de la potestad legislativa, la
jurisprudencia ha decantado una serie de criterios recogidos inicialmente en la
sentencia C-227 de 2009: “i) que atienda los principios y fines del Estado
tales como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia
de los derechos fundamentales de los ciudadanos[18] que en el caso procesal (…) puede implicar
derechos como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de
justicia (artículos 13, 29 y 229 C.P.)[19]; iii) que obre
conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición
de las formas[20] y iv) que permita la realización material
de los derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las
formas (artículo 228 C.P.)[21]”.
3.5.
LA
TUTELA DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA.
La jurisprudencia constitucional colombiana
ha efectuado un profuso y consistente desarrollo de los derechos de las víctimas,
basándose para ello en la propia normativa constitucional (Arts. 1º, 2º, 15,
21, 93, 229 y 250)[22] y en los avances del derecho internacional
de los derechos humanos. Desde la sentencia C-228 de 2002[23], la Corte Constitucional estableció el
alcance y la naturaleza compleja de los derechos de las víctimas y perjudicados
con el hecho punible, decantando las siguientes reglas que han sido reiteradas
con posterioridad[24]:
3.5.1.  El derecho a la verdad
La Corte Constitucional en la Sentencia C-228
de 2002[25], reiterada en múltiples ocasiones[26], ha señalado que las víctimas tienen
derecho a la verdad, la cual es definida como “la posibilidad de conocer lo
que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad
real”. En todo caso, esta Corporación ha
reconocido que para la garantía del derecho a la verdad se exige “revelar de
manera plena y fidedigna los hechos dentro de los cuales fueron cometidos los delitos”[27].
Este derecho comporta a su vez: (i) el
derecho inalienable a la verdad; (ii) el deber de recordar; y (iii)
el derecho de las víctimas a saber:
“El primero, comporta el derecho de cada
pueblo a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las
circunstancias que llevaron a la perpetración de los crímenes. El segundo,
consiste en el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión como
parte de su patrimonio, y por ello se deben adoptar medidas adecuadas en aras
del deber de recordar que incumbe al estado. Y el tercero, determina que,
independientemente de las acciones que las víctimas, así como sus familiares o
allegados puedan entablar ante la justicia, tiene el derecho imprescriptible a
conocer la verdad, acerca de las circunstancias en que se cometieron las
violaciones, y en caso de fallecimiento o desaparición acerca de la suerte que
corrió la víctima.
En este sentido, la jurisprudencia
constitucional ha determinado que el derecho de acceder a la verdad, implica
que las personas tienen derecho a conocer qué fue lo que realmente sucedió en
su caso. La dignidad humana de una persona se ve afectada si se le priva de
información que es vital para ella. El acceso a la verdad aparece así
íntimamente ligado al respeto de la dignidad humana, a la memoria y a la imagen
de la víctima[28]”[29].
El Conjunto de principios para la protección y la
promoción de los Derechos Humanos, para la lucha contra la impunidad señalan el
derecho inalienable a la verdad[30], el
deber de recordar[31] y
el derecho de las víctimas a saber[32] a
partir de los cuales se derivan una serie de garantías particulares señaladas
en el principio: “Las medidas
apropiadas para asegurar ese derecho pueden incluir procesos no judiciales que
complementen la función del poder judicial. Las sociedades que han
experimentado crímenes odiosos perpetrados en forma masiva o sistemática pueden
beneficiarse en particular con la creación de una comisión de la verdad u otra
comisión de investigación con objeto de establecer los hechos relativos a esas
violaciones de manera de cerciorarse de la verdad e impedir la desaparición de
pruebas. Sea que un Estado establezca o no un órgano de ese tipo, debe
garantizar la preservación de los archivos relativos a las violaciones de los
derechos humanos y el derecho humanitario y la posibilidad de consultarlos”.
En relación con el derecho a la
verdad, las sentencias C-715 de 2012[33] y C-099 de 2013[34] han señalado los siguientes criterios:
“(i) El derecho a la verdad, se encuentra
consagrado en los principios 1 a 4 de los Principios para la protección y
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, y
encuentra su fundamento en el principio de dignidad humana, en el deber de
memoria histórica y de recordar, y en el derecho al bueno nombre y a la imagen.
(ii) Así, las víctimas y los perjudicados por graves
violaciones de derechos humanos tienen el derecho inalienable a saber la verdad
de lo ocurrido.
(iii) Este derecho se
encuentra en cabeza de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en su
conjunto, y por tanto apareja una dimensión individual y una colectiva.
(iv) La dimensión
individual del derecho a la verdad implica que las víctimas y sus familiares
conozcan la verdad sobre los hechos, los responsables y las consecuencias de lo
sucedido. Este derecho
apareja por tanto, el derecho a conocer la autoría del crimen, los motivos y
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos
delictivos, y finalmente, el patrón criminal que marca la comisión de los
hechos criminales. Esto último, implica el derecho a conocer si el delito que
se investiga constituye una grave violación a los derechos humanos, un crimen
de guerra o un crimen de lesa humanidad.
(v) La dimensión
colectiva del derecho a la verdad, por su parte, significa que la sociedad debe
conocer la realidad de lo sucedido, su propia historia, la posibilidad de
elaborar un relato colectivo a través de la divulgación pública de los
resultados de las investigaciones, e implica la obligación de contar con una
“memoria pública” sobre los resultados de estas investigaciones sobre graves
violaciones de derechos humanos.
(vi) El derecho a la
verdad constituye un derecho imprescriptible que puede y debe ser garantizado
en todo tiempo;
(vii) Con la garantía
del derecho a la verdad se busca la coincidencia entre la verdad procesal y la
verdad real.
(viii) Este derecho se
encuentra intrínsecamente relacionado y conectado con el derecho a la justicia
y a la reparación. Así, el derecho a la verdad se encuentra vinculado con el
derecho de acceso a la justicia, ya que la verdad sólo es posible si se
proscribe la impunidad y se garantiza, a través de investigaciones serias,
responsables, imparciales, integrales y sistemáticas por parte del Estado, el
consecuente esclarecimiento de los hechos y la correspondiente sanción.
(ix) De otra parte, el
derecho a la verdad se encuentra vinculado con el derecho a la reparación, ya
que el conocimiento de lo sucedido para las víctimas y sus familiares,
constituye un medio de reparación.
(x) Los familiares de las
personas desaparecidas tienen derecho a conocer el destino de los desaparecidos
y el estado y resultado de las investigaciones oficiales. En este sentido, el
derecho a conocer el paradero de las personas desaparecidas o secuestradas se
encuentra amparado en el derecho del familiar o allegado de la víctima a no ser
objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes y debe ser satisfecho,
incluso, si no existen procesos penales en contra de los presuntos responsables
(por muerte, indeterminación o cualquier otra causa)[35].
(xi) Finalmente, en
cuanto al derecho a la verdad, la Corte resalta no solo la importancia y la
obligación del Estado de adelantar investigaciones criminales con el fin de
esclarecer la responsabilidad penal individual y la verdad de los hechos, sino
también la importancia de mecanismos alternativos de reconstrucción de la
verdad histórica, como comisiones de la verdad de carácter administrativo, que
en casos de vulneraciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, deben
servir a los fines constitucionales antes mencionados”.
3.5.2.  El derecho a la justicia
Este derecho implica que toda
víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos beneficiándose de un
recurso justo y eficaz, principalmente para conseguir que su agresor sea
juzgado, obteniendo su reparación. En este sentido, los Principios de Joinet
señalan que “no existe reconciliación justa y durable sin que sea aportada
una respuesta efectiva a los deseos de justicia”. Ahora bien, también se
establece en los Principios que “(e)l derecho a la justicia confiere al
Estado una serie de obligaciones: la de investigar las violaciones, perseguir a
sus autores y, si su culpabilidad es establecida, de asegurar su sanción. Si la
iniciativa de investigar corresponde en primer lugar al Estado, las reglas
complementarias de procedimiento deben prever que todas las víctimas puedan ser
parte civil y, en caso de carencia de poderes públicos, tomar ella misma la
iniciativa.”[36]
De esta manera, el derecho a que se haga
justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad[37].
Este derecho incorpora una serie de garantías para las víctimas de los
delitos que se derivan de unos correlativos deberes para las autoridades, que
pueden sistematizarse así[38]: (i)
el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores y
partícipes de los delitos; (ii) el derecho de las víctimas a un recurso
judicial efectivo y; (iii) el deber de respetar en todos los juicios las
reglas del debido proceso.
En cuanto al derecho a la justicia,
la Corte Constitucional ha establecido las siguientes reglas en las sentencias C-715 de 2012[39] y C-099 de 2013[40]:
“(i) La obligación del
Estado de prevenir las graves violaciones de derechos humanos, especialmente
cuando se trata de violaciones masivas, continuas y sistemáticas como el
desplazamiento forzado interno.
(ii) La obligación del Estado de luchar
contra la impunidad.
(iii) La obligación de
establecer mecanismos de acceso ágil, oportuno, pronto y eficaz a la justicia
para la protección judicial efectiva de los derechos de las víctimas de
delitos. En este sentido, se fija la obligación del Estado de diseñar y garantizar recursos
judiciales efectivos para que las personas afectadas puedan ser oídas, y de
impulsar las investigaciones y hacer valer los intereses de las víctimas en el
juicio.
(iv) El deber de investigar, procesar y
sancionar judicialmente a los responsables de graves violaciones de derechos
humanos como el desplazamiento forzado.
(v) El respeto del
debido proceso y de que las reglas de procedimiento se establezcan con respeto
del mismo.
(vi) El deber de
establecer plazos razonables para los procesos judiciales, teniendo en cuenta
que los términos desproporcionadamente reducidos pueden dar lugar a la
denegación del derecho
a la justicia de las víctimas y a la no obtención de una justa reparación.
(vii) El deber de
iniciar ex officio las investigaciones en casos de graves violaciones contra
los derechos humanos.
(viii) El deber
constitucional de velar porque los mecanismos judiciales internos tanto de
justicia ordinaria, como de procesos de transición hacia la paz, tales como
amnistías e indultos, no conduzcan a la impunidad y al ocultamiento de la
verdad.
(ix) El
establecimiento de limitantes y restricciones derivadas de los derechos de las
víctimas, frente a figuras de seguridad jurídica tales como el non bis in ídem
y la prescriptibilidad de la acción penal y de las penas, en casos de
violaciones protuberantes a los derechos humanos, el derecho internacional
humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.
(x) La determinación
de límites frente a figuras de exclusión de responsabilidad penal o de
disminución de las penas en procesos de transición, en cuanto no es admisible
la exoneración de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos
y al Derecho Internacional Humanitario, y por tanto el deber de juzgar y condenar a penas
adecuadas y proporcionales a los responsables de los crímenes investigados.
Esta regla, como lo ha señalado la Corte, solo puede tener excepciones en
procesos de justicia transicional en los cuales se investiguen a fondo las
violaciones de derechos humanos y se restablezcan los derechos mínimos de las
víctimas a la verdad y a la reparación integral y se diseñen medidas de no
repetición destinadas a evitar que los crímenes se repitan.
(xi) La legitimidad de la víctima y de la
sociedad, en casos de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario para hacerse parte civil dentro de los procesos
penales con el fin de obtener la verdad y la reparación del daño.
(xii) La importancia de la participación de
las víctimas dentro del proceso penal, de conformidad con los artículos 29, 229
de la Constitución y 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos.
(xiii) La garantía
indispensable del derecho a la justicia para que se garanticen así mismo los
derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas”.
3.5.3.  El derecho a la reparación
El derecho a la
reparación integral comprende la adopción de medidas individuales
relativas al derecho (i) a la restitución, (ii)  a la
indemnización, (iii)  a la rehabilitación, (iv) a la satisfacción
y (v) a la garantía de no repetición. En su dimensión colectiva,
involucra medidas de satisfacción de alcance general como la adopción de
medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las
colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas[41].
Este derecho tiene un
soporte constitucional no sólo en las disposiciones que contemplan las
funciones y competencias de la Fiscalía General de la Nación (art. 250, 6º y
7º) en su redacción proveniente de las modificaciones introducidas mediante el
Acto Legislativo No. 3 de 2002, sino también en la dignidad humana y la
solidaridad como fundamentos del Estado social del Derecho (art. 1º), en el fin
esencial del Estado de hacer efectivos los derechos y dar cumplimiento al deber
de las autoridades de asegurar la vigencia de un orden justo (Preámbulo y art.
2°), en el mandato de protección de las personas que se encuentran en
circunstancia de debilidad manifiesta (art. 13), en disposiciones contenidas en
los tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad o que sirven como
criterio de interpretación de los derechos (art. 93) y  en el derecho de acceso
a la justicia (art. 229)[42].
En efecto, como lo ha dicho en
múltiples oportunidades esta Corporación[43], el derecho constitucional a la reparación
integral de las víctimas no sólo tiene fundamento expreso en los artículos 1º,
2º y 250 de la Constitución, sino también en varias normas del derecho
internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad y, por
consiguiente, resultan vinculantes en nuestro ordenamiento jurídico. Así,
entonces, dijo la Corte, que la petición de reparación del daño causado surge: i)
del concepto mismo de dignidad humana que busca restablecer a las víctimas las
condiciones anteriores al hecho ilícito (artículo 1º superior), ii) del
deber de las autoridades públicas de proteger la vida, honra y bienes de los
residentes y de garantizar la plena efectividad de sus derechos (artículo 2º de
la Carta Política), iii) del principio de participación e intervención
en las decisiones que los afectan (artículo 2º de la Constitución), iv)
de la consagración expresa del deber estatal de protección, asistencia,
reparación integral y restablecimiento de los derechos de las víctimas
(artículo 250, numerales 6º y 7º, idem) y, v) del derecho de acceso a
los tribunales para hacer valer los derechos, mediante los recursos ágiles y
efectivos (artículos 229 de la Constitución, 18 de la Declaración Americana de
Derechos del Hombre, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 25 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos[44].
Las medidas de reparación deben regirse por
dos principios, el de integralidad y el de proporcionalidad. El segundo exige
que la medida sea proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño
sufrido por la víctima[45]:
(i)      El principio de integralidad, supone que las víctimas sean sujetos de
reparaciones de diferente naturaleza, que respondan a los distintos tipos de
afectación que hayan sufrido, lo cual implica que estas diferentes reparaciones
no son excluyentes ni exclusivas, pues cada una de ellas obedece a objetivos de
reparación distintos e insustituibles[46].
(ii)   Por su parte, sobre el principio de
proporcionalidad, se aduce que la reparación a las víctimas debe estar en
consonancia con la altura del impacto de las violaciones de los derechos
humanos. Una reparación, debe tener en cuenta el restablecimiento de los derechos
de las víctimas, la mejora de sus condiciones de vida, asimismo, la
investigación y juzgamiento de los autores de las conductas punibles, de lo
contrario dicha medida perdería su eficacia y sentido.
En cuanto al derecho a la reparación,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional en las sentencias C-715 de 2012[47] y C-099 de 2013[48] ha fijado los siguientes parámetros y estándares
constitucionales, en armonía con el derecho y la jurisprudencia internacional
en la materia:
“(i) El reconocimiento
expreso del derecho a la reparación del daño causado que le asiste a las personas que han sido objeto de
violaciones de derechos humanos, y de que por tanto éste es un derecho
internacional y constitucional de las víctimas, como en el caso del
desplazamiento forzado;
(ii) El derecho a la
reparación integral y las medidas que este derecho incluye se encuentran
regulados por el derecho internacional en todos sus aspectos: alcance,
naturaleza, modalidades y la determinación de los beneficiarios, aspectos que
no pueden ser desconocidos y deben ser respetados por los Estados obligados;
(iii) El derecho a la
reparación de las víctimas es integral, en la medida en que se deben adoptar
distintas medidas determinadas no solo por la justicia distributiva sino
también por la justicia restaurativa, en cuanto se trata de la dignificación y
restauración plena del goce efectivo de los derechos fundamentales de las
víctimas;
(iv) Las obligaciones de reparación
incluyen, en principio y de manera preferente, la restitución plena (restitutio
in integrum), que hace referencia al restablecimiento de la víctima a la
situación anterior al hecho de la violación, entendida ésta como una situación
de garantía de sus derechos fundamentales, y dentro de estas medidas se incluye
la restitución de las tierras usurpadas o despojadas a las víctimas.
(v) De no ser posible
tal restablecimiento pleno es procedente la compensación a través de medidas
como la indemnización pecuniaria por el daño causado;
(vi) La reparación integral incluye
además de la restitución y de la compensación, una serie de medidas tales como
la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no repetición. Así, el derecho a la reparación integral
supone el derecho a la restitución de los derechos y bienes jurídicos y
materiales de los cuales ha sido despojada la víctima; la indemnización de los
perjuicios; la rehabilitación por el daño causado; medidas simbólicas
destinadas a la reivindicación de la memoria y de la dignidad de las víctimas;
así como medidas de no repetición para garantizar que las organizaciones que
perpetraron los crímenes investigados sean desmontadas y las estructuras que
permitieron su comisión removidas, a fin de evitar que las vulneraciones continuas, masivas
y sistemáticas de derechos se repitan;
(vii) La reparación integral a las víctimas
de graves violaciones a los derechos humanos tiene tanto una dimensión
individual como colectiva;
(viii) En su dimensión individual la
reparación incluye medidas tales como la restitución, la indemnización y la
readaptación o rehabilitación;
(ix) En su dimensión colectiva la
reparación se obtiene también a través de medidas de satisfacción y carácter
simbólico o de medidas que se proyecten a la comunidad;
(x) Una medida importante de reparación integral es el
reconocimiento público del crimen cometido y el reproche de tal actuación. En
efecto, como ya lo ha reconocido la Corte, la víctima tiene derecho a que los
actos criminales sean reconocidos y a que su dignidad sea restaurada a partir
del reproche público de dichos actos. Por consiguiente, una manera de vulnerar
de nuevo sus derechos, es la actitud dirigida a desconocer, ocultar, mentir,
minimizar o justificar los crímenes cometidos;
(xi) El derecho a la reparación desborda
el campo de la reparación económica, e incluye además de las medidas ya
mencionadas, el derecho a la verdad y a que se haga justicia. En este sentido, el derecho a la reparación
incluye tanto medidas destinadas a la satisfacción de la verdad y de la memoria
histórica, como medidas destinadas a que se haga justicia, se investigue y
sancione a los responsables. Por tanto, la Corte ha evidenciado el derecho a la
reparación como un derecho complejo, en cuanto se encuentra en una relación de
conexidad e interdependencia con los derechos a la verdad y a la justicia, de
manera que no es posible garantizar la reparación sin verdad y sin justicia;
(xii) La reparación
integral a las víctimas debe diferenciarse de la asistencia y servicios
sociales y de la ayuda humanitaria brindada por parte del Estado, de manera que
éstos no pueden confundirse entre sí, en razón a que difieren en su naturaleza,
carácter y finalidad. Mientras que los servicios sociales tienen su título en
derechos sociales y se prestan de manera ordinaria con el fin de garantizar
dichos derechos sociales, prestacionales o políticas públicas relativas a
derechos de vivienda, educación y salud, y mientras la asistencia humanitaria
la ofrece el Estado en caso de desastres; la reparación en cambio, tiene como
título la comisión de un ilícito, la ocurrencia de un daño antijurídico y la
grave vulneración de los derechos humanos, razón por la cual no se puede
sustituirlas o asimilarlas, aunque una misma entidad pública sea responsable
de cumplir con esas funciones, so pena de vulnerar el derecho a la reparación.
(xiii) La necesaria
articulación y complementariedad de las distintas políticas públicas, pese a la
clara diferenciación que debe existir entre los servicios sociales del Estado,
las acciones de atención humanitaria y las medidas de reparación integral”.
3.5.4.  La garantía de no
repetición
Si bien en algunos casos el derecho a la no
repetición se ha asociado al derecho a la reparación, el mismo merece una
mención especial en contextos de justicia transicional. Esta garantía está
compuesta por todas las acciones dirigidas a impedir que vuelvan a realizarse
conductas con las cuales se afectaron los derechos de las víctimas, las que deben
ser adecuadas  a la naturaleza y magnitud de la ofensa[49].
La garantía de no repetición está
directamente relacionada con la obligación del Estado de prevenir las graves
violaciones de los DDHH[50], la cual comprende la adopción de medidas
de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la
salvaguarda de los derechos[51].
En particular, se han identificado los siguientes
contenidos de esta obligación: (i) Reconocer a nivel interno los derechos y ofrecer
garantías de igualdad[52];
(ii) Diseñar y poner en
marcha estrategias y políticas de prevención integral; (iii) Implementar
programas de educación y divulgación dirigidos a eliminar los patrones de
violencia y vulneración de derechos, e informar sobre los derechos, sus
mecanismos de protección y las consecuencias de su infracción[53];
(iv) Introducir programas y promover prácticas que permitan actuar de
manera eficaz ante las denuncias de violaciones a los DDHH, así como fortalecer
las instituciones con funciones en la materia[54];
(v) Destinar recursos suficientes para apoyar la labor de prevención[55];
(vi) Adoptar medidas para erradicar los factores de riesgo, lo que
incluye el diseño e implementación de instrumentos para facilitar la identificación
y notificación de los factores y eventos de riesgo de violación[56];
(vii) Tomar medidas de prevención específica en casos en los que se
detecte que un grupo de personas está en riesgo de que sus derechos sean
vulnerados[57].
Los Principios
y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones
Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones
Graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución
60/147 de 2005,  señalan que las garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la totalidad o parte de las medidas
siguientes, que también contribuirán a la prevención:
“a)  El ejercicio de un control efectivo de las
autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad;
b) La garantía de que todos los procedimientos civiles
y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a las garantías
procesales, la equidad y la imparcialidad;
c)  El fortalecimiento de la independencia del poder
judicial;
d) La protección de los profesionales del
derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores
conexos, así como de los defensores de los derechos humanos;
e)  La educación, de modo prioritario y permanente, de
todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia de los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas
armadas y de seguridad;
f)  La promoción de la observancia de los códigos de
conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por
los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad,
los establecimientos penitenciarios, los medios de información, la salud, la
psicología, los servicios sociales y las fuerzas armadas, además del personal
de empresas comerciales;
g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir y
vigilar los conflictos sociales;
h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a
las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y
a las violaciones graves del derecho humanitario o las permitan”.
3.6.
LOS DERECHOS DE
LAS VÍCTIMAS EN EL SISTEMA CON TENDENCIA ACUSATORIA. REITERACIÓN DE
JURISPRUDENCIA.
La Corte Constitucional ha señalado en
reiterada jurisprudencia la importancia de los derechos de las víctimas en el
sistema acusatorio y ha delimitado su intervención a través de facultades
específicas que garantizan su participación como interviniente especial y la
tutela de sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no
repetición:
3.6.1.  La Sentencia C-1154 de 2005[58] declaró la exequibilidad del artículo 79
de la Ley 906 de 2004 en el
entendido de que la expresión “motivos o circunstancias fácticas que
permitan su caracterización como delito” corresponde a la tipicidad
objetiva y que la decisión será motivada y comunicada al denunciante y al
Ministerio Público para el ejercicio de sus derechos y funciones.
En este sentido, se consideró que como la
decisión de archivo de una diligencia afecta de manera directa a las víctimas,
dicha determinación debe ser motivada para que aquellas puedan expresar su
inconformidad a partir de fundamentos objetivos y para que puedan conocer esta decisión.
Así mismo, se señaló que cuando exista una controversia sobre la reanudación de
la investigación entre la Fiscalía y las víctimas, éstas últimas podrán
solicitar la intervención del juez de control de garantías.
3.6.2.  La Sentencia C-1177 de 2005[59] declaró exequible la expresión “En todo caso se inadmitirán las
denuncias sin fundamento”, del inciso 2° del artículo 69 de la Ley 906 de
2004, en el entendido que la inadmisión de la denuncia únicamente procede
cuando el hecho no existió, o no reviste las características de delito. Así
mismo, expresó que esta decisión, debidamente motivada, debe ser adoptada por
el fiscal y comunicada al denunciante y al Ministerio Público.
En este sentido, se manifestó que la
preservación de los derechos de las víctimas en el proceso penal exige que la
decisión sobre el mérito de la denuncia esté rodeada de un mínimo de garantías
y que por ello se le debe investir de publicidad y motivación necesarias para
que si es posible, el denunciante ajuste su declaración a los requerimientos de
fundamentación que le señale el fiscal, o para que el Ministerio Público
despliegue las facultades que el artículo 277 numeral 7° de la Constitución le
confiere[60].
Así mismo, declaró exequible la expresión “por una sola vez”,
contemplada en los incisos 2° y 3° del artículo 69 de la Ley 906 de 2004, por
los cargos analizados en esta sentencia y señaló que la ampliación de la
denuncia “por una sola vez”, debe entenderse sin perjuicio de los
derechos de intervención que la Constitución y la Ley prevén para las
víctimas de los delitos.
3.6.3.  La Sentencia C - 454 de 2006[61] declaró exequible, en relación con los cargos estudiados, el artículo
135 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la garantía de comunicación a
las víctimas y perjudicados con el delito opera desde el momento en que éstos
entran en contacto con las autoridades, y se refiere a los derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación. Por su parte, también declaró
exequible por los cargos estudiados, el artículo 357 de la Ley 906 de 2004, en
el entendido que los representantes de las víctimas en el proceso penal, pueden
realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de
condiciones que la defensa y la fiscalía.
En esta sentencia, la Corte Constitucional
señaló la explícita
consagración constitucional de la víctima como sujeto que merece especial
consideración en el conflicto penal, derivada de la profundización de las
relaciones entre el Derecho Constitucional y el Derecho Penal del Estado Social
de Derecho, que promueve una concepción de la política criminal respetuosa de
los derechos fundamentales de todos los sujetos e intervinientes en el proceso.
En este sentido reconoció que “los intereses de la víctima, elevados a rango
constitucional se erigen así en factor determinante de los fines del proceso
penal que debe apuntar hacia el restablecimiento de la paz social”.
Por otra parte, se afirmó que los
fundamentos constitucionales de los derechos de las víctimas,  así como los
pronunciamientos que sobre la Ley 906 de 2004 ha realizado la Corte, permiten
afirmar que la víctima ocupa un papel protagónico en el proceso, que no depende
del calificativo que se le atribuya (como parte o interviniente), en tanto que
se trata de un proceso con sus propias especificidades, en el que los derechos
de los sujetos que participan están predeterminados por los preceptos constitucionales,
las fuentes internacionales  acogidas por el orden interno y la jurisprudencia
constitucional[62].
3.6.4.  La Sentencia C-822 de 2005[63] declaró exequible el artículo 250 de la Ley 906
de 2004, que consagraba el procedimiento en caso de lesionados o de víctimas de
agresiones sexuales, en el entendido que: “a) la víctima o su
representante legal haya dado su consentimiento libre e informado para la
práctica de la medida; b) de perseverar la víctima en su negativa, el
juez de control de garantías podrá autorizar o negar la medida, y la negativa
de la víctima prevalecerá salvo cuando el juez, después de ponderar si la
medida es idónea, necesaria y proporcionada en las circunstancias del caso,
concluya que el delito investigado reviste extrema gravedad y dicha medida se
la única forma de obtener una evidencia física para la determinación de la
responsabilidad penal  del procesado o de su inocencia; c) no se podrá
practicar la medida en persona adulta víctima de delitos relacionados con la
libertad sexual sin su consentimiento informado y libre; d) la práctica de
reconocimiento y exámenes físicos para obtener muestras físicas, siempre se
realizará en condiciones de seguridad, higiene, confiabilidad, y humanidad para
la víctima, en los términos del apartado 5.5.2.6. de esta sentencia”.
En esta sentencia, la Corte consideró que
la restricción a la autonomía de la víctima que consagra la norma es
inconstitucional, porque desvaloriza el consentimiento de la misma y la expone
a una doble victimización[64].
3.6.5.  La Sentencia C-209 de 2007[65] declaró inexequibles las
expresiones “y contra esta determinación no cabe recurso alguno” del
artículo 327 de la Ley 906 de 2004 y “con fines únicos de información”
del inciso final del artículo 337 de la misma ley. Así mismo, declaró la
exequibilidad condicionada de una serie de normas con el objetivo de conceder
unas facultades a las víctimas dentro del proceso penal:
“1. El numeral 2 del artículo 284, en el
entendido de que la víctima también puede solicitar la práctica de pruebas
anticipadas ante el juez de control de garantías.
2. El artículo 289, en el entendido de que
la víctima también puede estar presente en la audiencia de formulación de la
imputación.
3. El artículo 333 de la Ley 906 de 2004,
en el entendido de que las víctimas pueden allegar o solicitar elementos
materiales probatorios y evidencia física para oponerse a la petición de preclusión
del fiscal.
4. El artículo 344, en el entendido de que
la víctima también puede solicitar al juez el descubrimiento de un elemento
material probatorio específico o de evidencia física específica.
5. El artículo 356, en el entendido de que
la víctima puede hacer observaciones sobre el descubrimiento de elementos
probatorios y de la totalidad de las pruebas que se harán valer en la audiencia
del juicio oral.
6. El artículo 358, en el entendido de que
la víctima también puede hacer dicha solicitud.
7. El inciso primero del artículo 359, en
el entendido de que la víctima también puede solicitar la exclusión, el rechazo
o la inadmisibilidad de los medios de prueba.
8. Los artículos 306, 316 y 342, en el
entendido de que la víctima también puede acudir directamente ante el juez
competente a solicitar la medida correspondiente.
9. El artículo 339, en el entendido de que
la víctima también puede intervenir en la audiencia de formulación de acusación
para efectuar observaciones al escrito de acusación o manifestarse sobre
posibles causales de incompetencia, recusaciones, impedimentos o nulidades”.
En esta sentencia, la Corte Constitucional
consideró que los derechos de las víctimas también se encuentran protegidos en
el sistema penal con tendencia acusatoria instaurado por la Ley 906 de 2004,
aunque el esquema de su intervención no deberá ser idéntico al consagrado en la
Ley 600 de 2000, sino que debe ser compatible con los rasgos estructurales y
las características esenciales de este nuevo sistema procesal:
“Los derechos de la víctima del delito a la
verdad, la justicia y la reparación integral también se encuentran protegidos
en el sistema penal con tendencia acusatoria instaurado por la Ley 906 de 2004,
pero dicha protección no implica un traslado automático de todas las formas y
esquemas de intervención en los que la víctima ejerció sus derechos en el
anterior sistema procesal penal regulado por la Ley 600 de 2000, sino que el
ejercicio de sus derechos deberá hacerse de manera compatible con los rasgos
estructurales y las características esenciales de este nuevo sistema procesal,
así como con las definiciones que el propio constituyente adoptó al respecto,
v.gr, caracterizar a las víctimas como intervinientes especiales a lo largo del
proceso penal, no supeditadas al fiscal, sino en los términos que autónomamente
fije el legislador (artículo 250, numeral 7 C.P.)”.
En este sentido, reconoció que la forma
como puede actuar la víctima en el proceso penal de tendencia acusatoria
implantado por el Acto Legislativo 03 de 2002, depende de varios factores: (i)
del papel asignado a otros participantes, en particular al Fiscal; (ii)
del rol que le reconoce la propia Constitución a la víctima; (iii) del
lugar donde ha previsto su participación; (iv) de las características de
cada una de las etapas del proceso penal; y (v) del impacto que esa
participación tenga tanto para los derechos de la víctima como para la
estructura y formas propias del sistema penal acusatorio.
3.6.6.  La Sentencia C-210 de 2007[66] se refirió a las medidas cautelares y a la
prohibición de enajenar como instrumentos consagrados para la protección de las
víctimas,
reconociendo que en la
configuración de las etapas del proceso penal, los derechos de las víctimas
tienen relevancia constitucional y, por consiguiente, el legislador debe
respetar principios básicos de defensa, contradicción y protección a las
víctimas del delito para que, entre otros asuntos, se garantice su derecho a la
indemnización integral del daño[67].
Así mismo, recordó que los derechos de las
víctimas estaban fundados en el concepto dignidad humana, en el deber de las
autoridades públicas de proteger la vida, honra y bienes de los residentes y de
garantizar la plena efectividad de sus derechos, en el principio de
participación e intervención en las decisiones que los afectan, en el deber
estatal de protección, asistencia, reparación integral y restablecimiento de
los derechos de las víctimas, y en el derecho de acceso a los tribunales para
hacer valer los derechos[68].
3.6.7.
La Sentencia C-343 de 2007[69] declaró estarse a lo resuelto en la
Sentencia C-209 de 2007 y además declaró exequible el artículo 390 de la Ley 906 de 2004
sobre el examen de los testigos, señalando que el hecho de no haberle concedido
a la víctima las facultades probatorias otorgadas a la Fiscalía, la defensa,
las partes y el Ministerio Público, no se traduce en un trato diferente e
injustificado entre los distintos actores e intervinientes en el proceso penal,
ya que las facultades previstas en los referidos artículos corresponden a la
etapa del juicio oral y en esa etapa la víctima no tiene participación directa,
de modo que de permitirla se modificarían los rasgos estructurales del sistema
penal acusatorio, tal como fue concebido por el Acto Legislativo 03 de 2002 y
se alteraría de manera sustancial, la igualdad de armas y, además, se
convertiría a la víctima en un segundo acusador o contradictor.
En este sentido, se afirmó la imposibilidad de controvertir los
medios de prueba, elementos materiales probatorios y evidencia en el juicio
oral y en especial de participar en los interrogatorios de los testigos, pues la
omisión advertida no es inconstitucional, pues no genera una desigualdad
carente de justificación, evita la alteración de los rasgos estructurales del
sistema penal, pues en la etapa del juicio oral la víctima no tiene
participación directa y constitucionalmente no resulta factible convertirla en
segundo acusador y afectar de esa manera la igualdad de armas[70].
3.6.8.  La Sentencia C-516 de 2007[71] declaró la exequibilidad condicionada de los artículos
348, 350, 351 y 352 de la Ley 906 de 2004, en el entendido  que la víctima
también podrá intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdos entre la
Fiscalía y el imputado o acusado, para lo cual deberá ser oída e informada de
su celebración por el fiscal y el juez encargado de aprobar el acuerdo.
En esta sentencia, la Corte reconoció que
la exclusión patente de las víctimas de los procesos de negociación, no
responde a las finalidades que la misma ley le atribuye a la institución, pues
desconoce la humanización de la actuación procesal, la eficacia del sistema y
el derecho a la participación de las víctimas y no propicia la solución del
conflicto ni la reparación integral[72].
En este sentido se aclaró que si bien la
víctima no cuenta con un poder de veto de los preacuerdos celebrado entre la
Fiscalía y el imputado, debe: (i) ser oída; (ii) informada del
acuerdo;  (iii) conservar la potestad de aceptar las reparaciones
efectivas que puedan resultar de los preacuerdos entre fiscal e imputado o
acusado, o rehusarlas y acudir a otras vías judiciales;  (iv)
impugnar la sentencia proferida de manera anticipada y ; (v)
promover, en su oportunidad, el incidente de reparación integral[73].
Así mismo, declaró inexequibles: (i) las
expresiones “si el interés de la justicia lo exigiere” del artículo 11
literal h), que limitaba el derecho a ser asistido durante el juicio y el
incidente de reparación integral por un abogado que podrá ser designado de
oficio solamente si el interés de la justicia lo exigiere; (ii) “directa”
de los incisos primero y segundo  del artículo 92 y “directo” del
artículo 132 que limitaba el concepto de “víctima” a las víctimas de
daños directos y; (iii) el inciso segundo del artículo 102, que contemplaba que
“cuando la pretensión sea exclusivamente económica, solo podrá ser formulada
por la víctima directa, sus herederos, sucesores o causahabientes”.
En este sentido, la Corte consideró que la
restricción del concepto de víctima a aquella que hubiera sufrido un daño
directo limita de manera inconstitucional la posibilidad de intervención de los
perjudicados en el proceso penal y su derecho a un recurso judicial efectivo,
concluyendo que “la determinación de la calidad de víctima debe partir de
las condiciones de existencia del daño, y no de las condiciones de imputación
del mismo”. Así mismo, afirmó que reducir la posibilidad de solicitar
medidas cautelares a las víctimas directas del delito “cercena de manera
injustificada las posibilidades de acceso de otros sujetos de derechos que por
haber sufrido un menoscabo material o moral con la conducta punible tendrían
derecho a una reparación integral”.
También declaró inconstitucional el numeral
4° del artículo 137 que señalaba que “En caso de existir pluralidad de
víctimas, el fiscal, durante la investigación, solicitará que estas designen
hasta dos abogados que las represente. De no llegarse a un acuerdo, el fiscal
determinará lo más conveniente y efectivo”.
Adicionalmente se declaró exequible el
artículo 340 de la Ley 906 de 2004 que dispone que en la audiencia de
formulación de acusación se determinará la calidad de víctima, al considerar
que no es cierto que las víctimas solamente puedan participar en el proceso a
partir de esta audiencia, pues las mismas pueden intervenir en fases anteriores
acreditando sumariamente su condición de tal, como lo prevé el artículo 136, y
lo ha reafirmado y precisado la jurisprudencia[74].
Finalmente, declaró constitucional el
inciso primero del artículo 340 de la Ley 906 de 2004, que disponía que “de
existir un número plural de víctimas, el juez podrá determinar igual número de
representantes al de defensores para que intervengan en el transcurso del
juicio oral”, considerando que la facultad del juez de limitar  el
número de apoderados de las víctimas, desarrolla finalidades legítimas como
asegurar la eficacia del procedimiento, y establecer un equilibrio entre la acusación
y la defensa compatible con el carácter adversarial del sistema acusatorio[75].
3.6.9.  La Sentencia C-060 de 2008[76] declaró
inexequible la palabra “condenatoria” y exequible el resto de la
expresión acusada contenida en el inciso segundo del artículo 101 de la Ley 906
de 2004, que consagra la medida de cancelación de registros obtenidos
fraudulentamente, en el entendido de que la
cancelación de los títulos y registros respectivos también se hará en cualquier
otra providencia que ponga fin al proceso penal.
En esta sentencia, se afirmó que los
derechos de las víctimas dentro del proceso penal tienen una importancia
cardinal y no se agotan en la mera reparación económica de los perjuicios
irrogados con la conducta punible, pues además de la reparación que debe ser
integral, se agregan la posibilidad de conocer la verdad acerca de lo sucedido
y que se haga justicia, sancionando conforme a la ley a quien o quienes hayan
cometido el delito
3.6.10.
La Sentencia C-409 de 2009[77] dispuso declarar
inexequibles las expresiones “exclusivamente” y “quien tendrá la
facultad de participar en dicha conciliación”  y exequible la expresión
“para los efectos de la conciliación de que trata el art. 103”, contenidas
en el artículo 108 de la Ley 906 de 2004.
Esta norma señalaba que la víctima, el
condenado, su defensor o el tercero civilmente responsable podrán pedir exclusivamente
para efectos de la conciliación de que trata el artículo 103, es decir, la
señalada respecto del incidente de reparación integral, la citación del
asegurador de la responsabilidad civil amparada en virtud del contrato de
seguro válidamente celebrado. En esta sentencia, la Corte señaló que el precepto acusado se convierte en una medida nugatoria
del derecho de la víctima a la reparación integral, pues burla la
esperanza que se había generado de que el contrato suscrito con él, pudiera
servir al propósito del sistema penal constitucional y legalmente dispuesto de
reparar a la víctima y de hacerlo prontamente a instancias del juez de la causa
penal, en el incidente de reparación integral.
3.6.11.  La Sentencia C-936 de 2010[78] declaró inexequible el numeral 17 del
artículo 2º de la Ley 1312 de 2009 que contemplaba la posibilidad de aplicar el
principio de oportunidad a los desmovilizados de acuerdo a la Ley 975 de 2005 y
declaró la exequibilidad condicionada del parágrafo 3º del artículo 2º de la
Ley 1312 de 2009, en el entendido de que la exclusión de la aplicación del
principio de oportunidad también comprende las graves violaciones a los
derechos humanos.
3.6.12.  La Sentencia C-250 de 2011[79] declaró exequible el artículo 100 de la
Ley 1395 de 2010, en el entendido de que las víctimas y/o sus representantes en
el proceso penal, podrán ser oídos en la etapa de individualización de la pena
y sentencia.
Al respecto se consideró que de acuerdo a
lo dispuesto por el artículo 250.7 de la Constitución que determina que
corresponde al Legislador fijar los términos de intervención de las víctimas
dentro del proceso penal, en concordancia con los artículos 29 y 229 de la
misma, la omisión de la víctima o su representante en la etapa de la
individualización de la pena y la sentencia, entraña el incumplimiento por
parte del legislador de su deber de configurar una verdadera “intervención”
tendiente a la garantía y a la protección de los derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación, que implica no solamente el desconocimiento
injustificado de su derecho a la igualdad frente al condenado, sino también la
limitación de su derecho al acceso a la justicia.
3.6.13.  La Sentencia C-260 de 2011[80] declaró exequible la expresión “Una vez
terminados los interrogatorios de las partes, el juez
y el Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal
entendimiento del caso” contemplada en el
artículo 397 del Código de Procedimiento Penal, al considerar que la exclusión
de la posibilidad de que las víctimas formulen directamente preguntas
complementarias no constituye una omisión legislativa relativa contraria
a los derechos de los perjudicados, por cuanto existen motivos fundados que
justifican de manera objetiva y suficiente el tratamiento disímil previsto en
la norma, ya que tanto al juez como al Ministerio Público les compete, en
cumplimiento de sus roles, el deber de mantener la imparcialidad y evitar
desequilibrios a favor o en contra de una de las partes, en tanto que a la
víctima le asiste un interés por defender la acusación formulada por la
Fiscalía y por esa vía obtener un fallo condenatorio.
En este sentido, la Corte
reiteró que en el sistema penal acusatorio colombiano, la víctima no tiene la condición de parte, sino de
interviniente especial, de donde la naturaleza adversarial especialmente
notoria en la etapa del juicio, reduce significativamente su facultad de
participación directa, pues su intervención alteraría los rasgos estructurales
del sistema penal y por esa vía menoscabaría otros derechos o principios como
el de igualdad de armas, aunque a través de su abogado, podrá ejercer sus
derechos en la etapa del juicio sin convertirse en una parte que pueda
presentar y defender su propio caso al margen del Fiscal. En este sentido
concluye que “el derecho de intervención de las víctimas no se ve
drásticamente afectado puesto que pueden canalizar su derecho de intervención
en el juicio no solamente a través de una vocería conjunta, sino mediante la
intervención del propio Fiscal, tal como lo ha señalado la Corte en anteriores
oportunidades, refiriéndose al aspecto probatorio y de argumentación”.
3.6.14.  La Sentencia C-782 de 2012[81] declaró
exequible el artículo 90 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la víctima
podrá solicitar en la audiencia contemplada en la norma la adición de la
sentencia o de la decisión con efectos equivalentes, que omita un
pronunciamiento definitivo sobre los bienes afectados con fines de comiso, con
el fin de obtener el respectivo pronunciamiento.
En esta sentencia, la Corte
Constitucional reconoció que si bien el fiscal representa los intereses del Estado y de la víctima, ello no
implica que la víctima carezca del derecho de participación en el proceso
penal, señalando que su participación depende de los siguientes factores:“(i)
del papel asignado a otros participantes, en particular al fiscal; (ii) del rol
que le reconoce la propia Constitución a la víctima; (iii) del ámbito en el
cual ha previsto su participación; (iv) de las características de cada una de
las etapas del proceso penal; y (v) del impacto que esa participación tenga
tanto para los derechos de la víctima como para la estructura y formas propias
del sistema penal acusatorio”[82].
Así mismo se afirmó que la intervención de
la víctima, está supeditada a la estructura del proceso acusatorio, por lo cual
la posibilidad de actuación directa y separada de la víctima al margen del
fiscal, es mayor en las etapas previas o posteriores al juicio, y menor en
la etapa del juicio[83].
3.6.15.  La Sentencia C-839 de 2013[84] declaró exequible el
inciso primero del artículo 101 de la Ley 906 de 2004 en el entendido que la
víctima también puede solicitar la suspensión del poder dispositivo de los
bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el
título de propiedad fue obtenido fraudulentamente.
En este aspecto señaló que se cumplen los requisitos para el
reconocimiento de una omisión legislativa relativa relacionada con la no
consagración de la facultad de las víctimas de la suspensión del poder
dispositivo de los bienes sujetos a registro, pues privar a las víctimas de la
posibilidad de solicitar que se suspendan o cancelen los registros obtenidos
fraudulentamente afecta en especial: (i) la garantía del
restablecimiento del derecho, que se vulnera si se permite que los registros
obtenidos fraudulentamente sigan circulando en el tráfico jurídico, aumentando
los perjuicios causados a la víctima y (ii) el derecho a la
reparación, en especial el derecho a la restitución, que solamente será posible
si se vuelve al estado anterior al delito, cancelándose los registros obtenidos
fraudulentamente.
3.6.16.  De acuerdo a lo anteriormente señalado se pueden
determinar una serie de parámetros generales en relación con el análisis de la
participación de la víctima en el sistema acusatorio:
3.6.16.1.
La protección de los derechos de las
víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición
exigen una protección especial en el proceso penal, derivada de la
profundización de las relaciones entre el derecho constitucional y el Derecho
Penal del Estado Social de Derecho.
3.6.16.2.
Los derechos de las
víctimas también se encuentran protegidos en el sistema penal con tendencia
acusatoria, aunque el esquema de su intervención no deberá ser idéntico al
consagrado en la Ley 600 de 2000, sino que debe ser compatible con los rasgos
estructurales y las características esenciales del nuevo sistema procesal.
3.6.16.3.
Debe buscarse que
la intervención de la víctima sea compatible con el modelo de sistema
acusatorio contemplado en la Constitución Política, para lo cual deberán
analizarse los siguientes factores: (i) el papel asignado a otros
participantes, en particular al Fiscal; (ii) el rol que le reconoce la
propia Constitución a la víctima respecto a la finalidad de la medida
correspondiente; (iii) las características de la audiencia o actuación
en la cual se pretende su participación; (iv) las características de
cada una de las etapas del proceso penal; y (v) el impacto que esa
participación tenga tanto para los derechos de la víctima como para la
estructura y formas propias del sistema penal acusatorio.
3.7.
EL PRINCIPIO DE
IGUALDAD DE ARMAS
3.7.1.  Concepto y alcance
3.7.1.1.
El principio de igualdad
de armas (level playing field en inglés  o Waffengleichheit en
alemán), se refiere a la igualdad de oportunidades entre las partes en el
proceso penal y ha sido recogido por los sistemas acusatorios del Derecho penal
anglosajón[85], de los cuales el sistema colombiano ha
recibido aportes fundamentales[86]. Este axioma supone la existencia de dos (2)
partes en disputa y se estructura como un mecanismo de paridad en la lucha, de
igualdad de trato entre los sujetos procesales o de justicia en el proceso[87]. De esta manera, implica que cada parte
del proceso penal pueda presentar su caso bajo condiciones que no representen
una posición desventajosa frente a la otra[88]:
“Las garantías fundamentales en el
procedimiento penal han procurado un alcance más profundo del principio de
contradicción. No sólo la posibilidad de controvertir frente a la otra parte en
igualdad de condiciones (principio del juicio justo o equitativo), sino
procurar la participación del acusado en el proceso, en condiciones que
enmienden el desequilibrio entre los medios de que dispone éste y de los que
dispone el fiscal o acusador, los cuales son claramente superiores”[89].
3.7.1.2.
La Corte Constitucional
se refirió a la definición y concepto del principio de igualdad de armas,
afirmando que con este axioma se quiere indicar que: “(…) en el marco del
proceso penal, las partes enfrentadas, esto es, la Fiscalía y la defensa, deben
estar en posibilidad de acudir ante el juez con las mismas herramientas de
persuasión, los mismos elementos de convicción, sin privilegios ni desventajas,
a fin de convencerlo de sus pretensiones procesales"[90].
3.7.1.3.   La igualdad de armas implica una garantía
de equiparación entre dos (2) sujetos diferentes que pueden presentar
desequilibrios en los medios de que disponen para acudir a la administración de
justicia a sustentar sus argumentos y defender sus intereses, por lo que se
impone a las autoridades públicas y, en especial, a los operadores de la justicia
el deber de promover el debate procesal en condiciones de igualdad en el
ejercicio del derecho de contradicción entre la acusación y la defensa[91].
3.7.1.4.   Sin embargo, la igualdad de armas no
significa absoluta igualdad de trato en todas las etapas procesales ni el deber
legal de establecer idénticos contenidos del proceso, pues este principio debe
ser compatible con la potestad de configuración del debido proceso que
corresponde libremente al legislador dentro del marco constitucional. En
efecto, en aras de proteger la igualdad de oportunidades en el proceso penal no
podría pretenderse que los intervinientes y todos los sujetos procesales tengan
idénticas condiciones sustanciales y procesales para ejercer sus derechos,
puesto que ello conduciría a la uniformidad de los procedimientos y a la
anulación de la discrecionalidad del legislador para configurar el derecho[92].
3.7.1.5.   En este sentido, se ha venido sosteniendo
reiteradamente que el principio de igualdad de armas puede admitir
limitaciones, especialmente justificables en la etapa de investigación penal,
puesto que a pesar de que es fundamental que las partes cuenten con los medios
procesales suficientes para defender sus intereses en el proceso penal, esa
igualdad de trato no puede conducir a la eliminación de la estructura de partes
que consagra el sistema penal acusatorio[93].
3.7.2.  Fundamento constitucional
El principio de “igualdad de armas”
en el proceso penal acusatorio es un imperativo constitucional que no solamente
se deduce del artículo 13 de la Carta, sino también del Acto Legislativo número
3 de 2002 que señaló la estructura del nuevo proceso penal, y éste constituye
una de las premisas fundamentales del mismo, pues está dirigido a garantizar
que el acusador y el acusado tengan a su alcance posibilidades reales y ciertas
para ejercer sus derechos y las herramientas necesarias para situarse en un
equilibrio de poderes y hacer respetar sus intereses[94]:
3.7.2.1.
La aplicación del principio
de igualdad de armas en el proceso penal hace parte del núcleo esencial de los
derechos al debido proceso y de igualdad de trato jurídico para acceder a la
justicia (artículos 29, 13 y 229 de la Constitución), según el cual las partes
deben contar con medios procesales homogéneos de acusación y defensa, de tal
manera que se impida el desequilibrio entre las partes y, por el contrario, se
garantice el uso de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e
impugnación. La desigualdad institucional, evidente en el sistema penal
acusatorio (el aparato estatal investigativo, por regla general, tiene mayor
fortaleza económica, orgánica y funcional, que la defensa a cargo de los
particulares), supone la necesaria intervención legislativa para superarla y
propiciar la igualdad de trato y de oportunidades de defensa[95].
3.7.2.2.
Por otro lado, el
principio de igualdad de armas es un elemento esencial del derecho de defensa,
de contradicción, y más ampliamente del principio de juicio justo, y hace
relación a un mandato según el cual, cada parte del proceso penal debe poder
presentar su caso bajo unas condiciones y garantías judiciales, que permitan
equilibrar los medios y posibilidades de actuación procesal[96].
3.7.2.3.
En este sentido, la
jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que este principio
hace parte del núcleo esencial de los derechos a la defensa y al debido
proceso,[97] y su garantía plena es particularmente
relevante si se considera que de su ejercicio se deriva la garantía de otros
derechos como el de igualdad de oportunidades e instrumentos procesales[98]. Al respecto ha señalado la Corte
Constitucional:“En resumen, para esta Corte el derecho de defensa en materia
penal encuentra uno de sus más importantes y esenciales expresiones en el
principio de igualdad de armas, en procura de garantizar la protección de los
imputados frente a aquellas situaciones que desequilibran su actuación en el
proceso”[99].
3.7.2.4.   A partir de ello, la protección del
principio de defensa y contradicción debe garantizarse, de tal manera que se
permita en el desarrollo del proceso penal, tomar medidas para equiparar en el
mayor grado que se pueda, las posibilidades para que el imputado, el acusado y
su defensa presenten el caso desde una posición que no sea manifiestamente
desventajosa frente a la Fiscalía[100].
3.7.3.  La igualdad de armas en el sistema procesal
penal con tendencia acusatoria
3.7.3.1.
El principio de
igualdad de armas constituye una de las características fundamentales de los
sistemas penales de tendencia acusatoria, pues la estructura de los mismos,
contrario a lo que ocurre con los modelos de corte inquisitivo, es adversarial,
lo que significa que en el escenario del proceso penal, los actores son
contendores que se enfrentan ante un juez imparcial en un debate al que ambos
deben entrar con las mismas herramientas de ataque y protección[101].
3.7.3.2.
En relación con el
nuevo sistema acusatorio, la Corte ha concluido que la igualdad de armas es una
característica esencial de los sistemas penales de tendencia acusatoria, en
cuanto éstos tienen una configuración estrictamente adversarial, esto es, que
tanto el ente acusador como el acusado se deben enfrentar en igualdad de
condiciones en materia de acusación y defensa, ante un juez imparcial que debe
valorar el acerbo probatorio para fallar.  Así lo ha expresado la Corte[102]: “(E)l principio de igualdad de armas
constituye una de las características fundamentales de los sistemas penales de
tendencia acusatoria, pues la estructura de los mismos, contrario a lo que
ocurre con los modelos de corte inquisitivo, es adversarial, lo que significa
que en el escenario del proceso penal, los actores son contendores que se
enfrentan ante un juez imparcial en un debate al que ambos deben entrar con las
mismas herramientas de ataque y protección”[103].
3.7.3.3.
En virtud de lo
anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido algunos
efectos esenciales del principio de igualdad de armas dentro de los cuales cabe
destacar los siguientes:
3.7.3.3.1. La defensa debe estar en posibilidad de conocer los
elementos de juicio que se encuentra a disposición de la Fiscalía, pues de
ellos depende el diseño de su estrategia defensiva:“Por ello, en aras de
mantener el equilibrio de la contienda y de garantizar la vigencia del plano de
igualdades en el debate, en otras palabras, con el fin de hacer realidad el
principio de la igualdad de armas, la defensa debe estar en posibilidad de conocer
los elementos de juicio que se encuentra a disposición de la Fiscalía, pues de
ellos depende el diseño de su estrategia defensiva”[104].
3.7.3.3.2. La Fiscalía debe conocer también el material de
convicción que la defensa ha podido recopilar desde el momento en que presentó
la formulación de la imputación e, incluso, desde el instante en que tuvo
conocimiento de la existencia de la indagación preliminar, si así hubiese
ocurrido. Por ello, en la diligencia de descubrimiento, el fiscal también puede
pedir a la defensa que entregue copia de los elementos materiales de
convicción, de las declaraciones juradas y demás medios probatorios que
pretenda hacer valer en el juicio[105].
3.7.3.3.3. El principio de igualdad de armas o igualdad de
medios, también supone que la carga probatoria del acusador es
proporcional a sus medios y que las reglas de ejercicio del principio
contradictorio en virtud de esa carga, buscan equiparar la participación en el
proceso penal, tanto optimizando lo más posible las garantías de la defensa,
como incrementando la exigencia del cumplimiento de la labor probatoria del
acusador[106].
3.7.3.3.4. Este principio tiene una aplicación importante
relativa al pleno ejercicio de la defensa penal, la cual incluye el contar
necesariamente con un abogado, un intérprete, o con la posibilidad de ser oído
en defensa si fuere el caso, así como con el tiempo y medios razonables para
interactuar con quien va a obrar como representante y, para ejercer las
facultades en cuanto al recaudo de material probatorio dentro del proceso
penal, la solicitud de las pruebas que considere pertinentes y la interacción
frente a las pruebas que presente el ente acusador[107].
3.7.3.3.5. La defensa  debe estar en posibilidad de ejercer las
facultades que le han sido otorgadas por la misma ley para el recaudo,
solicitud y contradicción de pruebas, tanto en la etapa de investigación como
en la etapa de juicio, y ello sin ninguna limitante por parte de su
contraparte, esto es, del ente acusador, sino con las restricciones propias del
Estado de Derecho respecto de la afectación de terceros y la vulneración de
derechos fundamentales, control que le corresponde ejercer a un juez de la República,
en la etapa de investigación al juez de control de garantías y en la fase de
juicio al juez de conocimiento[108].
3.7.3.3.6. El principio de igualdad de armas tiene aplicación
también en relación con la posibilidad para el imputado y su defensa de escoger
la entidad de carácter técnico científico que deba conceptuar respecto del
material probatorio recaudado por el imputado y su defensor durante la etapa de
investigación, y no estar sujeto a una entidad que depende de su contraparte,
esto es, del ente acusador[109].
3.8.
ANÁLISIS DE LA
CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA DEMANDADA
La jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha venido reconociendo una serie de requisitos necesarios
para la procedencia de los cargos por omisión legislativa relativa.
La Sentencia C-427 de 2000[110] decidió abstenerse de emitir
pronunciamiento sobre el artículo 9º de la Ley 399 de 1997, salvo en cuanto a
su parágrafo el cual se declaró exequible.
En esta sentencia, la Corte Constitucional definió los requisitos para que el
cargo de inconstitucionalidad por omisión pueda prosperar: (i) que
exista una norma sobre la cual se predica; (ii) que una omisión en tal
norma excluya de sus consecuencias aquellos casos que, por ser asimilables,
deberían subsumirse dentro de su presupuesto fáctico (iii) que dicha
exclusión no obedezca a una razón objetiva y suficiente; (iv) que al
carecer de una razón objetiva y suficiente, la omisión produzca una desigualdad
injustificada entre los casos que están y los que no están sujetos a las
consecuencias previstas por la norma y; (v) que la omisión implique el
incumplimiento de un deber constitucional del legislador.
Estos requisitos fueron
reconocidos con algunos matices en las sentencias: C-780 de 2003[111] , C-800 de 2005[112], C-192 de 2006[113], C-891 A de
2006[114], C-1043
de 2006[115], C-240 de 2009[116], C-936 de 2010[117], C-090 de 2011[118], C-100
de 2011[119],
C-127 de 2011[120], C-600 de 2011[121] y C-619 de 2011[122], en virtud de lo cual
actualmente la jurisprudencia de la Corte Constitucional el análisis de la
existencia de una omisión legislativa exige el estudio de los siguientes
criterios:
3.8.1.  Que exista una norma sobre la cual se
predique necesariamente el cargo
En este caso, la norma sobre la cual se
predica el cargo se encuentra plenamente determinada y corresponde al inciso tercero
del artículo 443 de la Ley 906 de 2004, en virtud del cual: “Finalmente, la defensa, si lo considera pertinente,
expondrá sus argumentos los cuales podrán ser controvertidos exclusivamente por
la Fiscalía. Si esto ocurriere la defensa tendrá derecho de réplica y, en todo
caso, dispondrá del último turno de intervención argumentativa. Las réplicas se
limitarán a los temas abordados”.
3.8.2.  Que la norma excluya de sus consecuencias
jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos
en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un
ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial
para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta
La norma demandada excluye la posibilidad
de que las víctimas presenten una réplica a los alegatos de conclusión de la
defensa, pues coloca esa facultad exclusivamente en la Fiscalía, lo cual
constituye una manifestación de la libertad de configuración del legislador en
el diseño del proceso penal que no omite incluir un ingrediente o condición
que, de acuerdo con la Constitución, resulte esencial para armonizar el texto
legal con los mandatos de la Carta.
Si bien la Corte Constitucional
ha reconocido múltiples derechos de las víctimas en el sistema acusatorio,
también ha señalado que su intervención directa
puede ser limitada durante juicio oral de acuerdo con las características de
esa etapa procesal, pues
podría menoscabar otros derechos o
principios como el de igualdad de armas, lo cual es más notorio en la fase de
juicio oral, teniendo en cuenta el carácter adversarial de esta etapa:
“La
intervención directa de la víctima en todas y cada una de las instancias del
proceso puede alterar los rasgos estructurales del sistema penal colombiano y
por esa vía menoscabar otros derechos o principios como el de igualdad de
armas. Es por ello que no en todos los casos es admisible que los derechos y
garantías otorgadas a las partes u otros intervinientes se hagan extensivos a
las víctimas y demás actores procesales.
Esta
circunstancia se hace particularmente notoria durante el juicio oral y se
explica por varias razones que ya han sido recogidas en la jurisprudencia, las
cuales se relacionan con la naturaleza adversarial de esa etapa según la
configuración dada por el Constituyente, el rol que cumple la Fiscalía durante
el juicio y la función constitucional de velar por los derechos e intereses de
la víctima y de garantizar una comunicación efectiva con ella durante todo el
proceso[123]”[124].
En este
sentido, la sentencia C – 209 de 2007 ha señalado que la posibilidad de
intervención directa es mayor en las etapas iniciales del proceso y menor en la
etapa del juicio:“De lo anterior surge entonces, que los elementos definitorios
de la participación de la víctima como interviniente especial en las diferentes
etapas del proceso penal depende de la etapa de que se trate, y en esa
medida, la posibilidad de intervención directa es mayor en las etapas
previas o posteriores al juicio, y menor en la etapa del juicio”[125].
Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte ha señalado que “la
participación directa de la víctima en el juicio oral implicaría una
“modificación de los rasgos estructurales del sistema penal acusatorio”, en lo
concerniente al principio de igualdad de armas, convirtiéndola en un segundo
acusador en desmedro del carácter adversarial entre Fiscalía e imputado”[126].
De esta manera, no existe un mandato constitucional que exija que las
víctimas tengan una intervención directa en todas las etapas del juicio oral,
pues por el contrario, la jurisprudencia ha señalado que su participación en
esta fase puede ser menor, por cuanto en la misma se concentra el debate
adversarial entre la Fiscalía y el imputado. En este sentido, el grado de
participación de las víctimas en esta fase depende de la estructura del sistema
acusatorio y de la posibilidad de que en la actuación concreta se puedan
afectar sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.
3.8.3.  La exclusión de la participación de las
víctimas no carece de un principio de razón suficiente
La Corte ha señalado que la participación directa de las víctimas en el juicio oral puede limitarse
cuando afecte los rasgos estructurales del sistema penal acusatorio y comporte
una alteración sustancial de la igualdad de armas, convirtiendo a la víctima en
un segundo acusador o contradictor en desmedro de la dimensión adversarial de
dicho proceso:
“sin embargo, dado que la posibilidad de ejercer
estas facultades ocurre en la etapa del juicio oral, sí existe una razón
objetiva que justifica la limitación de los derechos de la víctima, como quiera
que su participación directa en el juicio oral implica una modificación de los
rasgos estructurales del sistema penal acusatorio que comporta una alteración
sustancial de la igualdad de armas y convierte a la víctima en un segundo
acusador o contradictor en desmedro de la dimensión adversarial de dicho proceso”[127].
En este sentido, la Corte ha considerado que dado el carácter adversarial de esta etapa del
juicio penal y la necesidad de proteger la igualdad de armas, no puede la
víctima participar de manera autónoma y al margen de la actuación del fiscal:
“De conformidad con lo que establece el artículo
371, en la etapa del juicio oral, el fiscal presentará la teoría del caso, y lo
mismo hará la defensa, pero dicho artículo no prevé que la víctima tenga
participación alguna en este momento del juicio oral. No obstante, tal como se señaló al rechazar la posibilidad de que la
víctima interviniera directamente en la audiencia del juicio oral para
controvertir pruebas o interrogar a los testigos, aquí también está justificada
la limitación de sus derechos. Dado el carácter adversarial de esta etapa del
juicio penal y la necesidad de proteger la igualdad de armas, no puede la
víctima participar de manera autónoma y al margen de la actuación del fiscal” [128].
Por lo anterior, la salvaguarda del carácter
adversarial del sistema con tendencia acusatoria y de la igualdad de armas que
éste exige puede implicar que la participación de la víctima sea limitada en
algunos casos.
Como ya se señaló previamente, el principio de igualdad de armas exige
que las partes enfrentadas, es decir, la Fiscalía y la defensa, deben estar en
posibilidad de acudir ante el juez con las mismas herramientas de persuasión,
los mismos elementos de convicción, sin privilegios ni desventajas, a fin de
convencerlo de sus pretensiones procesales[129].
En este sentido, los alegatos de conclusión
constituyen uno de los momentos esenciales del debate adversarial, pues concentran
la discusión y el debate jurídico entre la acusación y la defensa, por ello no se
pueden contemplar reglas que impliquen un desbalance desproporcionado de la
posición del acusado como permitir que éste tenga que recibir al mismo tiempo
las réplicas de varios intervinientes como la Fiscalía, los apoderados de las
víctimas e incluso el Ministerio Público. Por ello es razonable que sólo la
Fiscalía pueda presentar una réplica a los alegatos de conclusión de la
defensa.
Lo anterior, no quiere decir que las víctimas no
puedan participar en los alegatos de conclusión, pues la norma demandada
permite que tengan una intervención inicial, pero sin que puedan hacer réplicas
posteriores, a lo cual cabe agregar que la propia Fiscalía tiene el deber
constitucional y legal de proteger los derechos de las víctimas y por ello si
presenta una réplica no deberá concentrarse solamente en la tutela del interés
de la sociedad, sino también en la protección de los derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación.
3.8.4.  No se genera para los casos excluidos de la
regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran
amparados por las consecuencias de la norma
Como
se ha señalado, la limitación de los derechos de las víctimas durante el juicio
oral no genera una desigualdad, sino que busca evitar una desventaja
injustificada, tal como expresó la Corte Constitucional en la Sentencia C – 209
de 2007 al referirse a la imposibilidad de que pudieran participar en la
práctica de pruebas:
“Por
ello, esta omisión no genera una desigualdad injustificada entre los distintos
actores del proceso penal, sino que busca evitar que la defensa quede en una
situación de desventaja en el juicio oral dados sus rasgos esenciales definidos
por el propio constituyente”[130].
Por
otro lado, la víctima no se encuentra desprotegida en aquellas actuaciones en
las cuales excepcionalmente no pueda intervenir durante el juicio oral, sino
que en este caso el ejercicio de sus derechos se materializará a través del
fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima:
“Por lo tanto, la Corte reiterará que, dado que en
las etapas previas del proceso penal la víctima ha tenido la oportunidad de
participar como interviniente especial para contribuir en la construcción del
expediente por parte del fiscal, en la etapa
del juicio oral la víctima, a través de su abogado, podrá ejercer sus derechos
sin convertirse en una parte que pueda presentar y defender su propia teoría al
margen del Fiscal, y en esa medida, el ejercicio de sus derechos se
materializará a través del fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima.
Dada la importancia que tiene para la víctima la posibilidad de que el fiscal
le oiga, el juez deberá velar para que dicha comunicación sea efectiva, y
cuando así lo solicite el fiscal del caso, decretar un receso para facilitar
dicha comunicación”[131].
(Resaltado fuera de texto)
Adicionalmente,
debe tenerse en cuenta que las argumentaciones falsas, erróneas o incompletas que
realice la defensa dentro de sus alegatos de conclusión deberán verificarse por
parte del Juez, quien como máximo guardián de la legalidad en el proceso deberá
verificar la certeza de lo dicho por todas las partes e intervinientes durante
el proceso penal.
De
esta manera, la imposibilidad de que las víctimas presenten una réplica no
genera una desigualdad injustificada entre los distintos actores del proceso penal,
sino que busca evitar que la defensa quede en una situación de desventaja en el
proceso.
3.8.5.  La omisión no es el resultado del
incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al
legislador
La Corte Constitucional en la Sentencia C –
209 de 2007 señaló que la limitación de la intervención de la víctima en el
juicio oral no supone un incumplimiento por parte del legislador del deber de
configurar una participación efectiva de la víctima en el proceso penal:
“(T)ampoco supone un incumplimiento por parte del legislador del
deber de configurar una intervención efectiva de la víctima en el proceso penal, como quiera que la posibilidad de que
la víctima (o su apoderado) intervenga para controvertir los medios de prueba,
los elementos materiales probatorios y la evidencia física presentados en la
etapa del juicio oral, así como interrogar al testigo y oponerse a las
preguntas que se planteen en el juicio oral, se
ejercerá a través del fiscal con base en la actividad propia y en la de las
víctimas en las etapas previas del proceso, según los derechos que le han sido
reconocidos en esta sentencia y en la ley. En efecto, a lo largo del proceso penal, en las
etapas previas, la víctima ha podido participar como interviniente especial en
la construcción del caso para defender sus derechos, de tal forma que en el
juicio mismo éstos se proyectarán mediante la actividad fiscal.
No obstante, la víctima, a través de su abogado, podrá ejercer sus
derechos en la etapa del juicio sin convertirse en una parte que pueda
presentar y defender su propio caso al margen del Fiscal. El conducto para
culminar en esta etapa final del proceso el ejercicio de sus derechos es el
fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima. Así, por ejemplo, éste podrá aportar
a la Fiscalía observaciones para facilitar la contradicción de los elementos
probatorios, antes y durante el juicio oral, pero solo el fiscal tendrá voz en
la audiencia en aquellos aspectos regulados por las normas acusadas. En el
evento de que la víctima y su abogado estén en desacuerdo con la sentencia
podrán ejercer el derecho de impugnarla, de conformidad con el artículo 177 de
la Ley 906 de 2004”[132].
En el mismo sentido, la Corte ha expresado
que en la etapa del juicio
oral la víctima, a través de su abogado, podrá ejercer sus derechos sin
convertirse en una parte que pueda presentar y defender su propia teoría al
margen del Fiscal, y en esa medida, el ejercicio de sus derechos se
materializará a través del mismo, quien debe oír al abogado de la víctima:
“Por lo tanto, la Corte reiterará que, dado que en
las etapas previas del proceso penal la víctima ha tenido la oportunidad de
participar como interviniente especial para contribuir en la construcción del
expediente por parte del fiscal, en la etapa
del juicio oral la víctima, a través de su abogado, podrá ejercer sus derechos
sin convertirse en una parte que pueda presentar y defender su propia teoría al
margen del Fiscal, y en esa medida, el ejercicio de sus derechos se
materializará a través del fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima.
Dada la importancia que tiene para la víctima la posibilidad de que el fiscal
le oiga, el juez deberá velar para que dicha comunicación sea efectiva, y
cuando así lo solicite el fiscal del caso, decretar un receso para facilitar
dicha comunicación” [133]. (Resaltado fuera de texto)
Por lo anterior, puede concluirse que la
imposibilidad de que las víctimas presenten una réplica a los alegatos de
conclusión de la defensa no constituye un incumplimiento de un deber específico
impuesto por el constituyente al legislador.
3.9.
Conclusiones
3.9.1. Sobre los derechos de las
víctimas
3.9.1.1. El derecho a la verdad
exige “revelar de manera plena y fidedigna los hechos dentro de los cuales
fueron cometidos los delitos” y comporta a su vez: (i) el derecho inalienable a la verdad; (ii)
el deber de recordar; y (iii) el derecho de las víctimas a saber.
3.9.1.2. El derecho a la justicia implica que toda
víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos beneficiándose de un
recurso justo y eficaz, para conseguir que su agresor sea juzgado.
3.9.1.3.
El derecho a la reparación integral comprende la adopción de medidas individuales
relativas al derecho (i) a la restitución, (ii) a la
indemnización, (iii) a la rehabilitación, (iv) a la satisfacción
y (v) a la garantía de no repetición. En su dimensión colectiva,
involucra formas de satisfacción de alcance general como la adopción de medidas
encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las
colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones
ocurridas.
3.9.1.4. La garantía de no repetición exige la
adopción de medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural
que promuevan la salvaguarda de los derechos de las víctimas frente a nuevos
delitos.
3.9.2. Sobre el
análisis de la norma demandada
No se configuran los requisitos exigidos
por la jurisprudencia para el reconocimiento de una omisión legislativa
relativa por los siguientes motivos:
3.9.2.1.
La
norma no omite incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la
Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos
de la Carta, pues no existe un
mandato constitucional que exija que las víctimas tengan una intervención
directa en todas las etapas del juicio oral, pues por el contrario, la
jurisprudencia ha señalado que su participación en esta fase puede ser menor, ya
que en la misma se concentra el debate adversarial entre la Fiscalía y el
imputado. En este sentido, el grado de participación de las víctimas en esta
fase depende de la estructura del sistema acusatorio y de la posibilidad de que
en la actuación concreta se puedan afectar sus derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación.
3.9.2.2.
La
imposibilidad de que la víctima realice directamente una réplica en los
alegatos de conclusión es razonable, pues éstos concentran el
debate y la pugna entre la acusación y la defensa y por ello no pueden
contemplar reglas que impliquen un desbalance desproporcionado de la posición
del acusado como permitir que éste tenga que recibir al mismo tiempo las
réplicas de varias partes e intervinientes como la Fiscalía, los apoderados de
las víctimas e incluso el Ministerio Público.
Lo anterior, no quiere decir que las víctimas no
puedan participar en los alegatos de conclusión, pues la norma demandada
permite que tengan una intervención inicial, a lo cual cabe agregar que la propia
Fiscalía tiene el deber constitucional y legal de proteger los derechos de las
víctimas y por ello si presenta una réplica no deberá concentrarse en la tutela
del interés de la sociedad, sino también de la protección de los derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación.
3.9.2.3.
La
imposibilidad de que las víctimas presenten una réplica no genera una
desigualdad injustificada entre los distintos actores del proceso penal, sino
que busca evitar que la defensa quede en una situación de desventaja en el debate
procesal.
3.9.2.4.
Finalmente,
la imposibilidad de que las víctimas presenten una réplica a los alegatos
de conclusión de la defensa no constituye un incumplimiento de un deber específico
impuesto por el constituyente al legislador, pues la ley puede limitar la
participación de la víctima en la etapa de juicio oral si se afectan los rasgos
esenciales del sistema acusatorio como el principio de igualdad de armas.
3.
DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones
precedentes, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO. Declarar EXEQUIBLE por el cargo analizado, el
inciso tercero del artículo 443 de la Ley 906 de 2004.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, cúmplase y archívese el expediente.
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
Ausente
con excusa
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Magistrado
Impedimento aceptado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Magistrado
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrada
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Magistrado
Magistrada
SONIA VIVAS PINEDA
Secretaria General
[1] Artículo 2º del Decreto 2067 de 1991: “Las
demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por
escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas
como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un
ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las
normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por las
cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el
señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del
acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la
Corte es competente para conocer de la demanda.”
[2] Sentencias de la Corte Constitucional C –
480 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C – 656 de 2003, M.P. Clara Inés
Vargas Hernández; C – 227 de 2004, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa;  C – 675
de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentaría; C – 025 de 2010, M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto; C – 530 de 2010, M.P. Juan
Carlos Henao Pérez; C – 641 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; C – 647 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C – 649 de 2010, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto; C – 819 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio; C – 840 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C – 978 de 2010, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva; C – 647 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y C
– 369 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[3] Sentencias de la Corte
Constitucional C-005
de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-346 de 1997, M.P. Antonio Barrera
Carbonell; C-680 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-742 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández; C-384 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-803 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-596 de 2000, M.P. Antonio
Barrera Carbonell; C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-1717 de 2000,
M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández;
C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-426 de 2002, M.P. Rodrigo
Escobar Gil; C-316 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-798 de 2003,
M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-204 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-1091 de
2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-899 de 2003, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra; C-318 de 2003, M.P. Jaime Araujo Renteria; C-039 de 2004, M.P.
Rodrigo Escobar Gil; C – 279 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[4] Sentencia de la Corte Constitucional C-927 de
2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[5] Sentencia de la Corte Constitucional C-043 de 2002.
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[6] Sentencias de la Corte
Constitucional C-927 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-893 de 2001, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández; C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández;
C-309 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-314 de 2002, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra; C-646 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-123 de 2003, M.P.
Álvaro Tafur Galvis; C-234 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería; C-1146 de 2004,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-275 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis;
C-398 de 2006, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-718 de 2006, M.P. Álvaro Tafur
Galvis; C-738 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-1186 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[7] Sentencias
de la Corte Constitucional C-316 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra;
C-227 de 2009, M.P. Luis Eduardo Vargas Silva y C – 279 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[8] Sentencias
de la Corte Constitucional C-012 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería y C–279 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[9] Sentencia de la Corte Constitucional T-323 de 1999
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[10] Sentencias de la Corte Constitucional C-204 de 2003
M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-471 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis y C
– 279 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[11] Sentencias de la Corte
Constitucional C-736 de 2002, M.P.
Jaime Araujo Renteria; C-296 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-1075
de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[12] Por ende, se decía en la sentencia C-520 de
2009, M.P. María Victoria Calle
Correa, siguiendo el precedente
(Sentencias C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-925 de 1999, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.): “‘la violación del debido proceso ocurriría no
sólo bajo el presupuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la
ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada,
sino especialmente en el evento de que ésta aparezca excesiva y
desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su
utilización’”.
[13] Sobre el particular se observó en la sentencia
C-316 de 2001: “(…) Es así como la eliminación de una institución procesal
puede generar el desamparo de un derecho, cuando quiera que el ordenamiento
jurídico no ofrezca alternativas diferentes para protegerlo (…)”, escenario en
el que el control jurisdiccional de la Corte resulta definitivo. Pues,
“excluida del debate acerca de la pertinencia o impertinencia de los modelos
procedimentales, la Corte reclama su competencia cuando se trata de definir si
el legislador ha hecho uso ilegítimo de la autonomía de configuración que le
confiere el constituyente. En esos términos, el Tribunal determina si la
potestad configurativa se ejerció respetando los principios constitucionales y
las garantías protegidas por el constituyente o si éstas han quedado
desamparadas por la decisión legislativa que se estudia”.
[14] Sentencia de la Corte Constitucional C-798 de
2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[15] Sentencias
de la Corte Constitucional C-925 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa;
C-203 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao
Pérez y C–279 de 2013, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[16] Sentencia de la Corte Constitucional C-925 de
1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[17] Sentencia de la Corte
Constitucional C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[18] Sentencias de la Corte
Constitucional C-728 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas.
[19] Sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de
2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[20] Sentencias de la Corte
Constitucional C-1104 de 2001,
M.P. Clara Inés Vargas y  C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[21] Sentencia de la Corte Constitucional C-426 de
2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-203
de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez y C – 279 de
2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[22] En la sentencia C-228 de 2002,
Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett.
[23] Sentencia de la Corte
Constitucional C-228 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo
Montealegre Lynett, con Aclaración de Voto del Magistrado Jaime Araujo
Rentería. En esta sentencia la Corte Constitucional precisó el alcance
constitucional de los derechos de las víctimas en el proceso penal y resolvió
lo siguiente: Primero.- Declarar EXEQUIBLE, en relación con los cargos
estudiados, el inciso primero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, en el
entendido de que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a la verdad y a
la justicia en los términos de la presente sentencia. Así mismo, declarar
EXEQUIBLES, en relación con los cargos estudiados, los incisos segundo y
tercero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, salvo la expresión “en forma
prevalente y desplazar la constituida por las entidades mencionadas”, contenida
en el inciso segundo, que se declara inexequible. Segundo.- Declarar EXEQUIBLE
el artículo 30 de la Ley 600 de 2000, en relación con los cargos estudiados, en
el entendido de que las víctimas o los perjudicados, una vez se hayan
constituido en parte civil, pueden acceder directamente al expediente.
Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 47 de la Ley 600 de 2000, en relación
con los cargos estudiados, salvo la expresión “a partir de la resolución de
apertura de instrucción” que se declara INEXEQUIBLE.
[24] Sentencia de la Corte
Constitucional C-1033 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Ver también la
Sentencia de la Corte Constitucional C – 579 de 2013, M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[25] Sentencia de la Corte Constitucional C-228 de
2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[26] Sentencia de la Corte Constitucional C-004 de
2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[27] Sentencia de la
Corte Constitucional C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Córdoba Triviño Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro
Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández
[28] Sentencias de la Corte Constitucional T- 443 de
1994, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz y  C- 293 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[29] Sentencia de la Corte
Constitucional C-454 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[30] ONU. Comisión de Derechos
Humanos. “Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los
Derechos Humanos, para la Lucha contra la Impunidad”: Principio 2: “El derecho inalienable a
la verdad. Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca
de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración
de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron,
mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos
crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una
salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones”.
[31] ONU. Comisión de Derechos
Humanos. “Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los
Derechos Humanos, para la Lucha contra la Impunidad”: Principio  3: “El deber de recordar.
El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su
patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras
del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los archivos y otras
pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y el derecho
humanitario y para facilitar el conocimiento de tales violaciones. Esas medidas
deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva y, en
particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas”.
[32] ONU. Comisión de Derechos
Humanos. “Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los
Derechos Humanos, para la Lucha contra la Impunidad”: Principio 4 :El derecho de las
víctimas a saber. Independientemente de las acciones que puedan entablar ante
la justicia, las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a
conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las
violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que
corrió la víctima”.
[33] Sentencia de la Corte Constitucional, C-715 de
2002, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[34] Sentencia de la Corte Constitucional, C-099 de
2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[35] La Corte Interamericana de Derechos Humanos y
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han estimado que las personas que
ignoran el paradero de familiares desaparecidos se encuentran en una situación
tal de angustia y ansiedad que encuentran violado su derecho a la integridad
psíquica y moral y, por tanto, constituyen un trato cruel, inhumano o
degradante. Al respecto se puede consultar, entre otras, la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Blake Vs. Guatemala,
(Sentencia de enero 24 de 1998); Caso Villagrán Morales y otros Vs. Guatemala,
(Sentencia de Noviembre 19 de 1991); caso Bámaca Velásquez s. Guatemala,
(Sentencia de noviembre 8 de 2000).
[36] Sentencia de la Corte Constitucional C-370 de
2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Córdoba Triviño Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro
Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.
[37] Sentencias de la Corte Constitucional C-871 de
2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1033 de 2006, M.P:
Álvaro Tafur Galvis y C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[38] Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006. M.P.
Jaime Córdoba Triviño; C-936 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-260 de
2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[39] Sentencia de la Corte Constitucional C-715 de
2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[40] Sentencia de la Corte Constitucional C-099 de
2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[41] ONU,
Comisión de Derechos Humanos. Conjunto de
principios para la protección y la promoción de los derechos humanos
mediante la lucha contra la impunidad. Doc. E/CN.4/ Sub.2/1997/20/rev.1, Art.
33. Ver también ONU. Comisión de Derechos Humanos. Conjunto de principios
actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante
la lucha contra la impunidad. Informe de Diane Orentlicher, experta
independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha
contra la impunidad.  (8 de febrero de 2005) E/CN.4/2005/102/Add.1.
[42] Sentencia
de la Corte Constitucional C-409 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[43] En relación con
la amplitud del concepto reparación integral del daño causado por el delito,
pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-805 de 2002 y C-916 de 2002.
En cuanto al fundamento constitucional del derecho a la reparación de las
víctimas, véanse las sentencias de la Corte Constitucional C-570 de 2003, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra; C-899 de 2003, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra, C-805 de 2002, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett.
[44] Al respecto,
puede verse la sentencia C-228 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y
Eduardo Montealegre Lynett; C-210 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[45] Ver ONU. Relator Especial sobre la
promoción de la verdad, la justicia, la reparación y
las garantías de no repetición y  Resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas 60/147 de 2005, “Principios y
directrices básicos, sobre el derecho de las víctimas de violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y
obtener reparaciones”.
[46] Sentencia de la Corte
Constitucional C-454 de 2006, M.P: Jaime Córdoba
Triviño: “El derecho de reparación,
conforme al derecho internacional contemporáneo también presenta una dimensión
individual y otra colectiva. Desde su dimensión individual abarca todos los
daños y perjuicios sufridos por la víctima, y comprende  la adopción de
medidas individuales relativas al derecho de
(i) restitución, (ii)  indemnización, (iii)  rehabilitación, (iv)
satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su dimensión colectiva,
involucra medidas de satisfacción de alcance general como la adopción de
medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las
colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas.
La integralidad de la
reparación comporta la adopción de todas las medidas necesarias tendientes a
hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, y a devolver a la
víctima al estado en que se encontraba antes de la violación.”
[47] Sentencia de la Corte Constitucional C-715 de
2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[48] Sentencia de la Corte Constitucional C-099 de
2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[49] Sentencia de la Corte Constitucional C-979 de
2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[50] Ver la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer el art. 4.f.
[51] Ver Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs.
Honduras, sentencia del 29 de julio de 1988. Párr. 175. De forma similar, el
art. 4.f de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
dispone que los estados deben “[e]laborar,
con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole
jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección
de la mujer contra toda forma de violencia”.
Sobre la obligación de adoptar medidas de prevención en distintos ámbitos de
los derechos humanos, consultar: arts. 7.d y 8 de la Convención de Belem do Pará; Asamblea General de las Naciones Unidas, A/RES/52/86 “Medidas
de prevención del delito y de justicia penal para la eliminación de la
violencia contra la mujer”, 2 de febrero
de 1998; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, informe “Acceso
a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas”, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 enero 2007;
[52] Organización de las Naciones
Unidas ONU, “La violencia contra la mujer en la familia”: Informe de la
Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la
mujer, presentado de conformidad con la resolución 1995/85 de la Comisión de
Derechos Humanos, UN Doc. E/CN.4/1999/68, 10 de marzo de 1999, párr. 25. Cita
tomada en Corte IDH, caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México,
sentencia del 16 de noviembre de 2009.
[53] Por ejemplo, en el Sistema Universal de
Protección de los Derechos Humanos el art. 3.a de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW,
dispone que los Estados deben adoptar medidas para “a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de
hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las
prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la
idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en
funciones estereotipadas de hombres y mujeres”.
[54] Ver Corte IDH, caso González y otras (Campo
Algodonero) vs. México sentencia del 16 de noviembre de 2009. Párr. 258.
[55] Por ejemplo, el artículo 4.h de la Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer resalta la importancia de destinar suficientes recursos
para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer.
[56] Ver ONU. Comité
de los Derechos del Niño, Convención de los Derechos del Niño, Observación
General 13 relativa al “Derecho del niño de no ser objeto de ninguna forma de
violencia” (18 de abril de 2011).
[57] Ver Corte IDH, caso González y otras (Campo
Algodonero) vs. México, sentencia del 16 de noviembre de 2009. Párr. 258.
[58] Sentencia de la Corte Constitucional C-1154 de
2005, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[59] Sentencia de la Corte Constitucional C-1177 de
2005 M.P Jaime Córdoba Triviño.
[60] Sentencia de la Corte
Constitucional C-1177 de 2005 M.P Jaime Córdoba Triviño.
[61] Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de
2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[62] Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de
2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[63] Sentencia de la Corte Constitucional C-822 de
2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[64] Sentencia de la Corte Constitucional C-822 de
2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[65] Sentencia de la Corte Constitucional C-209 de
2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[66]  Sentencia de la Corte Constitucional C- 210 de
2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[67] Sentencia de la Corte Constitucional C- 210 de
2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[68] Sentencia de la Corte Constitucional C- 210 de
2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[69] Sentencia de la Corte Constitucional C-343 de
2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[70] Sentencia de la Corte
Constitucional C-343 de 2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[71] Sentencia de la Corte Constitucional C-516 de
2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[72] Sentencia de la Corte Constitucional C-516 de
2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[73] Sentencia de la Corte
Constitucional C-516 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[74] Sentencia de la Corte
Constitucional C-516 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[75] Sentencia de la Corte
Constitucional C-516 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[76] Sentencia de la Corte Constitucional C-060 de
2008. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[77] Sentencia de la Corte Constitucional  C-409 de
2009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[78] Sentencia de la Corte Constitucional C-936 de
2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[79] Sentencia de la Corte Constitucional. C-250 de
2011. M.P. Mauricio González Cuervo.
[80] Sentencia de la Corte Constitucional C-260 de
2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[81] Sentencia de la Corte Constitucional. C-782 de
2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[82] Sentencia de la Corte Constitucional. C-782 de
2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sentencia C-209 de 2007, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa. Reiteración en la Sentencia C-651 de 2011 M.P. María Victoria
Calle Correa.
[83] Sentencia de la Corte
Constitucional. C-782 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[84] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[85] La doctrina especializada ubica el origen de la figura en el diseño
procesal norteamericano, particularmente en el proceso Roviaro Vs United
Status, del que conoció la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ante la
necesidad de que la defensa tuviera oportunidad de producir evidencias a su
favor, la Corte Suprema estableció que, en aplicación del principio de justicia
procesal (fairness), la Fiscalía estaba obligada a revelar la identidad
de un testimonio que adujo como prueba de cargo. Con posterioridad, la Corte
Suprema de Justicia ha extendido los alcances del principio buscando que la
Fiscalía revele información y evidencia relevante para el proceso, siempre y
cuando la misma no esté sujeta a una reserva específica. Entre las decisiones
más importantes en la materia figuran Money Vs Holohan 294 U.S. 103 (1935);
Brady Vs Maryland, 373 U.S. 83 (1963) y United Status Vs. Agurs, 427 U.S. 97
(1976) Ver, “Fundamentos teórico constitucionales del nuevo proceso penal”.
Oscar Julián Guerrero Peralta, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2005, p. 282 Ver también la sentencia de la Corte Constitucional C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
[86] Sentencia de la Corte Constitucional C-1194
de 2005, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[87] Sentencia de la Corte Constitucional C-118 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[88] AMBOS Kai. “Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und die
Verfahrensrechte” [El Tribunal Supremo europeo para los derechos humanos y el
derecho procesal]. En ZStW 115 Heft 3. Pág. 592 y 593. Este autor explica que el principio de igualdad de
armas entendido como la nivelación de la participación en el proceso, del
acusado frente al acusador, se da a partir del cambio de postura del Tribunal
Supremo Europeo para los Derechos Humanos, frente a la posición y al rol del
Procurador General austríaco y el Procurador General belga, como entes
estatales acusadores (Ibídem).
[89] Sentencias de la Corte Constitucional T-1110 de 2005. M.P. Humberto Sierra Porto y C-118 de 2008, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[90] Sentencia de la Corte Constitucional C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
[91] Sentencia de la Corte Constitucional C-118 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[92] Sentencia de la Corte Constitucional C-118 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[93] Sentencia de la Corte Constitucional C-118 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[94] Sentencia de la Corte Constitucional C-118 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[95] Sentencias de la Corte Constitucional
C-396 del 2007, M.P.: Rodrigo Escobar Gil y C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
[96] Sentencia de la Corte Constitucional C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
[97] Sentencias de
la Corte Constitucional C-507 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-131 de 2002, M.P. Jaime Córdoba
Triviño; C-228 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo
Montealegre Lynett; C-040 de 2003, M.P. Clara Inés
Vargas Hernández; C-328 de 2003, M.P.  Manuel José
Cepeda Espinosa  y C-152 de 2004 M.P. Jaime Araújo Rentería.
[98] Sentencia de la Corte Constitucional C-617 de 1996, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[99] Sentencia de la Corte Constitucional C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
[100] Sentencia de la Corte Constitucional C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
[101] Sentencia de la Corte Constitucional C-1194
de 2005, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[102] Sentencia de la Corte Constitucional C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
[103] Sentencias de la Corte Constitucional C-1194 del 2005, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra y C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
[104] Sentencia de la Corte Constitucional C-1194
de 2005, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[105] Sentencia de la Corte Constitucional C-1260 de 2005, M.P. Clara
Inés Vargas Hernández.
[106] Sentencia de la Corte Constitucional C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
[107] Sentencia de la Corte Constitucional C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
[108] Sentencia de la Corte Constitucional C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
[109] Sentencia de la Corte Constitucional C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
[110] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[111] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[112] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[113] M.P. Jaime Cordoba Triviño.
[114] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[115] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[116] M.P. Mauricio González Cuervo.
[117] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[118] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[119] M.P. María Victoria Calle Correa.
[120] M.P. María Victoria Calle Correa .
[121] Sentencia
de la Corte Constitucional C-600 de 2011,
M.P. María Victoria Calle Correa.
[122] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[123] Sentencias de la Corte Constitucional C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa; C-396 de
2007, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra
y C-516 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[124] Sentencia de la Corte Constitucional C-260 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[125] Sentencias de la Corte Constitucional C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[126] Sentencia de la Corte Constitucional C-260 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[127] Sentencias de la Corte Constitucional C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[128] Sentencias de la Corte Constitucional C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa y C-069
de 2009, M.P. Clara
Inés Vargas Hernández.
[129] Sentencia de la Corte Constitucional C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
[130] Sentencia de la Corte Constitucional C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[131] Sentencias de la Corte Constitucional C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa y C – 651
de 2011, M.P. María
Victoria Calle Correa.
[132] Sentencia de la Corte Constitucional C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[133] Sentencia de la Corte Constitucional C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.