T-401-19
Sentencia T-401/19
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Contenido en la ley 1448 de 2011
PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Etapas administrativa y
judicial
FUNCION REGISTRAL-Características/FUNCION REGISTRAL-Naturaleza
DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA-Se requiere del título y el
modo
CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL
MANIFIESTO-Reiteración de jurisprudencia
DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO-Reiteración de jurisprudencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por
no existir defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por cuanto juez de
segunda instancia advierte irregularidad procesal
Referencia:
Expediente T-7.213.670
Acción de tutela
interpuesta por el Fondo Ganadero de Córdoba S.A. -en liquidación judicial-,
contra la Sala Primera Civil Especializada en Restitución de Tierras del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia.
Magistrada Ponente:
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Bogotá D.C.,  treinta
(30) de agosto de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Séptima de
Revisión de tutelas de la Corte Constitucional,
conformada por los magistrados Cristina Pardo Schlesinger –quien la preside-, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas
Ríos, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la
Constitución Política, profiere la siguiente:
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos proferidos por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, que decidieron la acción de tutela
interpuesta por el Fondo Ganadero de Córdoba S.A. -en liquidación
judicial-, en contra de la Sala Primera Civil Especializada en Restitución de
Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia.
I.    ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política (arts. 86 y
241-9), el Decreto 2591 de 1991 (art. 33) y el Acuerdo 02 de 2015 (art. 55), la
Sala de Selección Número Tres de la Corte Constitucional escogió para efectos
de su revisión, la acción de tutela de la referencia[1]. De conformidad con el
artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, la Sala procede a dictar la sentencia
correspondiente.
1. Hechos y pretensiones
El 18 de octubre de 2018 la apoderada judicial del
Fondo Ganadero de Córdoba S.A. -en liquidación judicial-[2], interpuso
acción de tutela contra la providencia judicial emitida el 16 de agosto de 2018,
por el Tribunal Superior de Antioquia en Sala Unitaria de Decisión Civil,
Especializada en Restitución de Tierras, alegando la vulneración de sus
derechos al debido proceso y al acceso material a la administración de justicia.
La apoderada considera que dicha providencia incurrió
(i) en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en la medida que se
utiliza el derecho adjetivo para sacrificar el derecho sustancial y se anteponen
-ilegalmente- las formas para obstaculizar el análisis de fondo del asunto;
(ii) en defecto sustantivo, por cuanto la interpretación y aplicación del
artículo 86 de la Ley 1448 de 2011, resulta perjudicial para los intereses
legítimos de su representada; y (iii) en defecto orgánico funcional atendiendo
la extralimitación de competencias constitucionales y legales en que incurre el
Tribunal accionado, al desconocer providencias judiciales que se encuentran en
firme y surtiendo efectos jurídicos, como lo son los autos proferidos en la
etapa de instrucción, de fecha 29 de mayo de 2014[3] y 24
de febrero de 2017[4],
desconociendo abiertamente la competencia que sobre dicha etapa tiene el Juez
del circuito de conformidad con el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011. Fundamentó
la demanda en los siguientes hechos:
1.1.
La Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas –
Dirección Territorial de Antioquia, presentó solicitud de restitución y
formalización de tierras en favor de Abelardo Mendoza Casarrubia y otros, sobre
los predios “Peor es Nada”, “Si Dios Quiere”, “Finca
la Unión” y “Finca las Delicias”.
1.2.
Mediante auto
interlocutorio RT 56 de fecha 29 de mayo de 2014 (sic)[5], el
Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Apartadó admitió la solicitud de restitución y formalización de tierras
impetrada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas – Dirección Territorial de Antioquia en favor de los
reclamantes y ordenó entre otras disposiciones (quinta) la publicidad de la
solicitud y de la providencia admisoria en los términos del literal e) del
artículo 86 de la Ley 1448 de 2011[6],
para que quienes creyeran tener derechos legítimos sobre los predios objeto de
restitución, se presentaran al proceso para hacer valer sus derechos. Providencia
en la que además se ordena vincular y correr traslado al Fondo Ganadero de
Córdoba S.A. en liquidación judicial, como propietario inscrito de los predios
en reclamación, en los términos del artículo 87 de la Ley 1448 de 2011.
1.3.
El 12 de junio de
2015 el juzgado instructor elaboró el aviso requerido conforme al artículo 86
literal e) de la Ley 1448 de 2011, el cual fue publicado en el diario El Tiempo,
en su edición de 21 de junio de 2015.
Al agente liquidador del Fondo Ganadero de Córdoba, actualmente
en liquidación judicial, César Laureano Negret Mosquera, le fue remitido el
oficio nro. RT5005[7]
por correo certificado 4-72 vinculándolo al proceso y corriéndole traslado de
la solicitud, oficio que fue entregado el día 13 de julio de 2015 según consta
en la guía de envío RN396254387CO. Igualmente, mediante oficio nro. RT504[8]  entregado
el 17 de julio de 2015, según guía de envío RN396254373CO, se corrió traslado
al Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación judicial.
1.4.
El 31 de julio de
2015, el agente liquidador y representante legal del Fondo Ganadero de Córdoba
en liquidación judicial, César Laureano Negret Mosquera, mediante apoderada
judicial, descorrió traslado a la solicitud dentro del término de ley (15 días)
fijado por el artículo 88 de la Ley 1448 de 2011, los cuales se contabilizaron
desde el día 13 de julio de 2015, fecha para la cual se le notificó la admisión
de la solicitud.
1.5.
El 24 de febrero de
2017 el juzgado instructor admitió la oposición formulada[9] y
ordenó requerir a la Superintendencia de Sociedades[10] para
que “se enteren del presente proceso y si a bien lo tienen se manifiesten
frente al mismo”.
Mediante correo electrónico de fecha 9 de marzo de
2017[11],
la Superintendencia de Sociedades acusó recibo del oficio 114 del 14 de febrero
de 2017 que lo requirió, sin pronunciamiento adicional, dada la oposición
presentada dentro del término de ley, por su agente liquidador César Negret
Mosquera.
1.6.
Afirma la apoderada
que mediante auto del 17 de mayo de 2017 el despacho instructor decretó la
práctica de las pruebas solicitadas por las partes, luego de considerar agotado
el trámite de instrucción, dispuso mediante providencia del 18 de junio de 2018
remitir el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia
–Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, para lo de su competencia
de conformidad con el artículo 79 de la ley 1448 de 2011[12].
1.7.
El 16 de agosto de
2018, el Tribunal Superior de Antioquia en Sala Unitaria de Decisión Civil, Especializada
en Restitución de Tierras[13],
resolvió tener como extemporánea la oposición planteada por el Fondo Ganadero
de Córdoba S.A. en liquidación judicial, por considerar que se le debió surtir
el traslado de la solicitud de restitución, como persona indeterminada, esto
es, a través de la publicación en un diario de amplia circulación nacional,
como lo dispone el artículo 86 literal e) de la Ley 1448 de 2011. Lo anterior, al
determinar que el Fondo no es propietario sino poseedor de los predios en
restitución, dada la “REVOCATORIA ADMINISTRATIVA DEJAR SIN EFECTO JURÍDICO
LA ANOTACIÓN No.2, inscrita por la Superintendencia de Notariado y Registro, en
los folios de matrícula inmobiliaria de los predios “Peor es Nada”, “Si Dios
Quiere”, “Finca la Unión” y “Finca las Delicias”, donde se deja sin efecto el
modo de adquisición de los predios por parte del FGC en liquidación judicial”.
De igual manera,
ordenó devolver el proceso al Juzgado Segundo
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó
Antioquia, para que decida de fondo la solicitud de restitución elevada por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
y Abandonadas Forzosamente, al considerar que carece de competencia para
conocer el asunto, teniendo en cuenta que el Fondo Ganadero de Córdoba en
liquidación judicial “no funge como titular de derecho alguno ‘inscrito’ en
los folios de matrículas de los inmuebles solicitados en restitución”.
1.8.
Atendiendo lo
anterior, la Sala Unitaria de Decisión Civil, Especializada en Restitución de
Tierras del Tribunal Superior de Antioquia contabilizó el término de 15 días
para presentar la oposición, desde el 21 de junio de 2015, fecha en la que se
publicó en el diario El Tiempo la solicitud de admisión de la acción de
restitución de tierras, por lo que al hacer el conteo del término de la
oposición se tuvo como extemporáneo. Afirma la apoderada que “dicha decisión
pasó por alto el auto de fecha 24 de febrero de 2017, en donde el juez de
instrucción admitió la oposición presentada dentro del término de ley por el
Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación judicial, valiendo la pena advertir
que el Tribunal en su decisión jamás dejó sin efecto esta providencia judicial
que se encuentra ejecutoriada y que admite la oposición presentada, por
considerarla pertinente”.
Alega igualmente, que “omite el Tribunal que el
juez instructor corrió traslado de la solicitud al FGC en liquidación judicial
y/o Superintendencia de Sociedades, conforme al artículo 87 de la Ley 1448 de
2011, al considerarlos personas determinadas titulares inscritos de un derecho
en los certificados de tradición y libertad. Esto a razón de que el juez del
proceso concursal del FGC en liquidación judicial es la Superintendencia de
Sociedades, tal como se desprende de la medida cautelar inscrita en los bienes
del deudor, de conformidad con el artículo 48 numeral 3 de la Ley 1116 de 2011.
Inscripción tan viable que fue aceptada sin inconveniente alguno por la Oficina
de Instrumentos Públicos de Turbo”.
Indicó que el agente liquidador designado por el juez
del concurso,  Superintendencia de Sociedades, presentó oposición frente a los
predios en cuestión, en tanto el Fondo adquirió por compraventa los mismos, y
alegó en favor de los accionistas de la deudora, buena fe en el curso del
negocio jurídico celebrado, en tanto a la luz de la Ley 1448 de 2011, el fallo
tiene como fin pronunciarse de manera definitiva sobre la propiedad, posesión
del bien u ocupación del baldío en demanda, tal como lo dispone el artículo 91
de la precitada ley.
1.9.
Adujo la accionante
que los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencia
judicial y las causales especiales de procedibilidad se encuentran plenamente
satisfechas.
Explicó que la cuestión que se discute resulta de
evidente relevancia constitucional, pues envuelve (i) la violación del derecho
fundamental al debido proceso, por tener como extemporánea la oposición
planteada y ante el desconocimiento del auto de fecha 24 de febrero de 2017, “en
donde el juez de instrucción la admitió, atentando así contra el principio de confianza
legítima que deriva de los postulados constitucionales de seguridad jurídica,
respeto al acto propio y buena fe”; (ii) la vulneración del derecho
fundamental de acceso material a la administración de justicia, al aplicar
normas en una etapa que no es competencia del Tribunal tutelado, “anteponiendo
su criterio por encima de derechos y principios constitucionales. El artículo
79 de la Ley 1448 de 2011 delimita la competencia de los Jueces Civiles de
Circuito Especializados en Restitución de Tierras, dándole a estos la etapa de
instrucción y asignando al Tribunal Superior de Distrito Judicial competencia
en la etapa del fallo, por lo que bajo esta premisa el Tribunal tutelado está
desconociendo la competencia asignada por el legislador para conocer de los
procesos de restitución, faltándose de esta manera al principio de legalidad
que debe irradiar la decisión y/o providencia judiciales”.
Respecto del agotamiento de los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa, señaló que el auto tutelado no era objeto de
recurso de reposición, toda vez que como se contempló en la sentencia T-034 de
2017, la Ley 1448 de 2011 “solo regula dos tipos de recursos, el primero es
la reposición en contra de la decisión de la UAEGRTD que deniega la inscripción
en el Registro Único de Víctimas y el segundo, el recurso de revisión de la
sentencia”. De cara al recurso de apelación, refirió que por ser el proceso
de restitución de tierras de única instancia, sus decisiones no son apelables,
menos las del Tribunal, que en este tipo de procesos no tiene superior
jerárquico, haciendo improcedente el recurso. En razón de lo anterior, estimó
que es procedente está acción de tutela contra providencia judicial, “aun
cuando el proceso se encuentra en curso y se esté a la espera de que se
profiera el respectivo fallo judicial”.
Consideró cumplido el requisito de inmediatez, pues la
providencia judicial que ataca es del 16 de agosto de 2018.  Según acta individual de reparto, la acción de tutela se repartió el
19 de octubre de 2018[14].
La apoderada señaló que el Fondo Ganadero de Córdoba
en liquidación judicial no está impugnando una sentencia o fallo, que el auto
del 16 de agosto de 2018 proferido por el Tribunal tutelado “incurre en
defectos superlativos que violan de manera evidente y palmaria los derechos
fundamentales del Fondo, al cerrarle de manera arbitraria y de tajo el acceso a
la administración de justicia”. Precisó que su representado no pudo alegar
la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso
material a la administración de justicia dentro del proceso judicial, como
quiera que la Ley 1448 de 2011 no contempla todas las actuaciones procesales
que se derivan de los procesos ordinarios.
Sin perjuicio de lo anterior, reiteró que “el
Tribunal demandado al declarar la extemporaneidad de la oposición presentada, desconoció
el auto de admisión de la misma, proferido por el Juez Segundo Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó, el cual quedó
debidamente ejecutoriado en la etapa de instrucción, pues en su sentir, descartó
un acto eficaz y válido”.
Finalmente, manifestó que el auto impugnado no fue
expedido dentro de un proceso constitucional de tutela, sino dentro de un
proceso de restitución de tierras de única instancia.
Frente a las causales especiales de procedibilidad, señaló
que se incurre:
(i)
en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto “en la medida que se
utiliza el derecho adjetivo para sacrificar el derecho sustancial y se
anteponen -ilegalmente- las formas para obstaculizar el análisis del fondo del
asunto”.
Aduce que el auto demandado atenta contra el principio
de confianza legítima “que deriva de los postulados constitucionales de
seguridad jurídica, respecto (sic) al acto propio y buena fe”.
Impide “in limine” el acceso a la administración de justicia del Fondo
que representa por obstáculos meramente formales o adjetivos. Esto, según dice,
se materializa al disponer el Tribunal tutelado mediante auto de fecha 16 de
agosto de 2018 la devolución del expediente al Juez de instrucción por considerar
la oposición presentada por el Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación
judicial como extemporánea, omitiendo con ello toda la etapa de instrucción
adelantada por el Juez Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución
de Tierras de Apartadó, en la que se reconoció al Fondo como un tercero
determinado y se aceptó su oposición.
Dicha providencia, señala la demandante, desconoce el
auto de 29 de mayo de 2014 por medio del cual el juez instructor admite la
solicitud de restitución y formalización de tierras y el auto de 24 de febrero
de 2017 por medio del cual admite la oposición presentada por el Fondo que
representa, “actuaciones judiciales que se encuentran plenamente
ejecutoriados. Al negarle la calidad en la que actuaba dentro del proceso,
trasgrede sus derechos como parte, tercero inscrito y opositor, pues su calidad
procesal, estaba previamente reconocida en autos, en firme y al amparo del
principio de confianza legítima”.
(ii) en defecto sustantivo “por cuanto la aplicación final del artículo
86 de la Ley 1448 de 2011 es inaceptable, por tratarse de una interpretación
claramente perjudicial para los intereses legítimos del Fondo Ganadero de
Córdoba en liquidación judicial.
En este sentido, argumentó la demandante que el
Tribunal tutelado al interpretar las normas de traslado y publicación de la
admisión de la solicitud de restitución de tierras (artículo 86 y 87 de la Ley
1448 de 2011), contravino de manera desproporcionada los intereses de la parte
opositora, en tanto omitió la calidad de titular inscrito de derechos y
opositor que le había reconocido el juez de instrucción.  Al tenerlo como un
tercero indeterminado y declarar extemporánea la oposición en término
presentada por el Fondo Ganadero en liquidación judicial, el Tribunal accionado
obvió que el juez de instrucción es dueño de su etapa y goza de autotomía e
independencia en la interpretación de las normas procesales, por ende “el
Tribunal debió respetar el traslado que como tercero determinado efectuó el
Juez del Circuito a la luz del artículo 87 de la mencionada ley”.
(iii) en defecto orgánico funcional al “desconocer providencias judiciales
que a la fecha se encuentran en firme y surtiendo plenos efectos jurídicos,
pues el ente accionado jamás se pronunció sobre su validez en la providencia
tutelada, pese a que los mismos fueron proferidos válidamente en la etapa de
instrucción, el Tribunal desconoció arbitrariamente la competencia que sobre
esa etapa tiene el juez del circuito, quien es dueño de la misma, de
conformidad con el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011. Los Tribunales no tienen
una competencia en la etapa de instrucción distinta a decretar pruebas de
oficio en caso de considerarlas necesarias para su decisión, por lo que el
Tribunal accionado no estaba facultado por carecer de competencia para proferir
el auto tutelado, sino para decidir de fondo el asunto”.
Atendiendo la extralimitación de competencias
constitucionales y legales en que incurrió, a juicio de la accionante, el
Tribunal demandado, solicita salvaguardar el debido proceso que como opositor
tiene el Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación judicial, pues la autoridad accionada
“no tenía competencia para proferir el auto de fecha 16 de agosto de 2018,
con el que se dejó a la parte opositora supeditada a una decisión
inconstitucional, ilegal, además de arbitraria”.
2.  Traslado y contestación de la demanda de
tutela
2.1.    Admisión de la acción
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia admitió la acción de tutela a través del auto del 22 de octubre de
2018, ordenó notificar y correr traslado a las partes e intervinientes del
proceso objetado: Magistrados de la Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Antioquia[15],
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas[16], Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Turbo[17],
Defensoría del Pueblo Regional Apartadó[18],
Procurador Judicial Delegado para la Restitución de Tierras[19], Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas[20], Alcaldía Municipal de
Turbo[21],
Central de Inversiones Cisa[22]Agencia
Nacional de Minerías[23],
Agencia Nacional de Tierras[24],
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural[25],
Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Apartadó[26].
2.2.    Contestación de las entidades accionadas
2.2.1.  Superintendencia de Notariado y Registro de
Turbo
Elkin de Jesús López Pacheco, en calidad de Registrador
Seccional, manifestó que desconoce los hechos de la acción de tutela y se opuso
a las pretensiones. Indicó que respecto de la entidad que representa resulta
improcedente el amparo, dado que esa oficina de registro “solamente acata
las órdenes emitidas por las autoridades de restitución, cuando les ordenan que
sean registradas”[27].
En escrito posterior[28], adjuntó a la contestación certificados
de tradición y libertad de los folios de matrícula de los predios “Si Dios
Quiere 034-49007”[29],
“Finca Peor es Nada 034-8501”[30].
2.2.2.  Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia
Los Magistrados de la Sala Civil Especializada
en Restitución de Tierras, Javier Enrique Castillo Cadena, Puno Alirio Correal
Beltrán y John Jairo Ortiz Alzate señalaron en su contestación que “la
posición asumida está expresada en los considerandos del proveído adiado 16 de
agosto de 2018, en el cual se dispuso devolver el expediente de radicado
No.05-045-3121-002-2015-00879-01 al Juzgado Segundo Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó (Ant.) para que se profiera
sentencia[31].
Resaltaron que el auto controvertido en la acción de
tutela fue notificado por anotación en estados No.131 el 17 de agosto de 2018 y
contra el mismo, no se elevó recurso por parte de los interesados[32].
2.2.3.  Unidad de Restitución de Tierras
Elkin Rocha Noriega, en calidad de Director
Territorial Apartadó de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas - UAEGRTD, refirió que tanto en el trámite
administrativo de inscripción en el RTDAF, como en la actuación judicial ante
los operadores judiciales especializados en restitución de tierras de Apartadó
y Antioquia, la entidad que representa ha observado el cumplimiento de los
mandatos constitucionales y legales, en particular lo previsto en la Ley 1448
de 2011 y sus decretos reglamentarios.[33]
Realizó un recuento de las actuaciones adelantadas por
la entidad en sede judicial y señaló que en el proceso se surtieron una serie
de actuaciones que dieron la posibilidad al interesado de acudir al trámite con
plenas garantías para ejercer su defensa en tiempo. No obstante, dice, “por
un yerro del juzgado segundo en la interpretación de la calidad jurídica que
ostentaba el accionante con relación a los predios reclamados, se le dio
traslado como tercero determinado por aparecer inscrito como titular del
derecho de dominio cuando su realidad jurídica era otra, pues la calidad de
propiedad había sido revocada por un acto proferido por la Superintendencia de
Notariado y Registro y no podría tener una interpretación diferente a la dada
por el Honorable Tribunal de Antioquia mediante auto de fecha 16 de agosto de
2018 y que se sustentó en lo contenido en los folios de matrícula inmobiliaria
número 034-8501 y 034-49007 (se adjuntan copias con la contestación[34]”.
Contradijo lo afirmado por el accionante respecto a los
recursos dispuestos en la Ley 1448 de 2011 (reposición contra el acto de no
inclusión y revisión de la sentencia), pues considera que “es un error
afirmar que no son suficientes para atacar las decisiones tomadas por el
Tribunal demandado. De acuerdo a lo contemplado en el artículo 318 del Código
General del Proceso ‘salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede
contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no
susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen’”.
Señaló que el actor no agotó las vías procesales que
por analogía jurídica se aplican al proceso de restitución, en este caso el recurso
de reposición contra el auto del 16 de agosto de 2018 que era, de acuerdo al
artículo citado, la ruta expedita para atacar la decisión que presuntamente
vulnera los derechos invocados vía tutela, lo que de bulto da cuenta de la
ausencia de los requisitos de procedibilidad de la acción.
Teniendo en cuenta lo expuesto y que a su juicio “el
Magistrado al hacer la lectura de la calidad jurídica de aquel que intervenía
en el proceso, procedió a darle traslado al juez que de acuerdo al supuesto normativo
invocado, tenía la competencia para proferir el fallo que pusiera fin al
proceso de restitución”, solicita desestimar las pretensiones y declarar
improcedente la acción de tutela presentada por el Fondo Ganadero de Córdoba en
liquidación judicial.
2.2.4.  Central de Inversiones S.A. - CISA
Isabel Cristina Roa Hastamory actuando en calidad de apoderada
general, alegó la falta de legitimación por pasiva, en tanto la entidad que
representa no es responsable de la vulneración de derechos alegada y tampoco es
parte dentro del proceso de restitución de tierras, ni tiene ningún vínculo
comercial con el accionado ni con el accionante[35].
2.2.5.  Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural
Edward Daza Guevara, en calidad de coordinador del
grupo de atención de procesos judiciales y jurisdicción coactiva, respondió que
el Ministerio no está legitimado para actuar en el proceso, solicitó
desvincularlo y declarar improcedente  la acción de tutela[36].
2.2.6.  Agencia Nacional de Tierras
Andrés Felipe González Vesga, jefe de la oficina
jurídica, contestó que la ANT es ajena a la situación planteada en sede de
tutela, razón por la que solicita declarar probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva[37].
2.2.7.  Secretaría de Minas
Dora Elena Balvin Agudelo, Secretaria de Minas de la
Gobernación de Antioquia, señaló que la entidad que representa no es parte
procesal en ninguno de los trámites que se presentan ante los jueces de
restitución de tierras, su participación en ese tipo de procesos se limita al
aporte de información sobre los trámites mineros que se superpongan a las áreas
que serán objeto de restitución[38].
2.2.8.  Procuraduría 18 Judicial II de Restitución de
Tierras
El Ministerio Público consideró que “el Tribunal
Superior de Antioquia – Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras al
proferir el auto de fecha 16 de agosto de 2018, no incurrió en ninguno de los
defectos procedimentales establecidos en los requisitos especiales para que
proceda el amparo constitucional de tutela contra providencia judicial, que
afecte los derechos ius fundamentales del Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación
judicial”, por lo que solicitó no conceder el amparo invocado[39].
2.2.9.   Las demás entidades guardaron silencio.
3.
Decisiones de
instancia en el trámite de la acción de tutela
3.1.
Primera
instancia
Mediante sentencia del 31 de octubre de 2018, la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia decidió conceder la tutela
interpuesta[40].
El juez de instancia consideró que “aun cuando el
Fondo Ganadero de Córdoba fue calificado como el titular del dominio de los
inmuebles y no lo era, de todos modos para aquél existía una confianza legítima
de que sus ruegos iban a ser esclarecidos ya que de ello (sic) se
comprometió la judicatura cuando le reconoció personería al opositor, por lo
que si bien no está prohibido por la ley que el fallador corrobore su
competencia, como presupuesto procesal de la sentencia, en todo caso una vez el
juez instructor acogió la oposición, que por demás fue presentada en tiempo
como parte conocida, no le era permitido al magistrado sustanciador obrar como
lo hizo ya que lesionaba como sucedió, las prerrogativas supralegales del
quejoso”.
Advirtió el juzgador que el Tribunal no adoptó las
medidas de saneamiento necesarias, ni integró debidamente el contradictorio, “por
cuanto si consideró que los predios no estaban en cabeza del libelista (sic),
debió ordenar vincular a quien lo fuere para con ello evitar la vulneración del
derecho al debido proceso de éste, por lo que dicha cuestión deberá ser objeto
de pronunciamiento”.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, decidió conceder el amparo y dejar sin valor y efecto el auto de 16
de agosto de 2018, para que la Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en el término
de diez (10) días, contados desde la notificación correspondiente, se pronuncie
respecto de lo que en derecho corresponda, con sujeción a lo anotado en el
fallo.
3.2.
Impugnación
Los Magistrados que integran la Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Antioquia presentaron recurso frente a la decisión del juez de tutela
de primera instancia.
En su escrito señalaron que “a pesar que contra la
providencia objeto de la acción constitucional procedía el recurso de
reposición, este no se interpuso, como tampoco otro medio de impugnación,
adquiriendo ejecutoria la decisión, trastocándose, así, el uso de la acción de
tutela como mecanismo principal y único”.
Advirtieron que la Corte al realizar el juicio de
validez, “no examinó si el accionante hizo uso de uno de los medios de
defensa judicial y eficaz a su alcance, obviándose de este modo el requisito de
subsidiariedad, máxime cuando tampoco se expuso razón alguna que evidenciara la
existencia de un perjuicio irremediable, inminente y grave, para con ello
descender al estudio de fondo de la acción constitucional. Por lo anterior, el
asunto advertido se subsume entre las causales de improcedencia de la acción,
sin que así lo tuviera en cuenta el juez de tutela; aunado al hecho que no se
manifestó la presunta vulneración en el proceso civil especial de restitución
de tierras, como era deber”.
Insistieron en que la decisión adoptada en el auto del
16 de agosto de 2018, por medio de la cual se resolvió “tener como
extemporánea la oposición planteada por el Fondo  Ganadero de Córdoba S.A. y la
consecuencial devolución del expediente al juzgado de origen, está acorde a los
lineamientos fijados por el legislador en la Ley 1448 de 2011, además que
cumplió con los requisitos de publicidad y debido proceso en consonancia con
los derechos fundamentales de los intervinientes en el juicio”.
Explicaron que el artículo 79 ibídem delimita la
competencia funcional, en el trámite de única instancia en el proceso especial
de restitución de inmuebles despojados, tanto de los Jueces Civiles del
Circuito Especializados en Restitución de Tierras, como de los Magistrados de
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en su Sala Civil Especializada
en Restitución de Tierras, últimos a quienes se les atribuyó la decisión de los
procesos de restitución y formalización de tierras en aquellos casos en que se
reconozcan opositores dentro del trámite, en tanto que a los primeros (jueces
especializados), les corresponde conocer y decidir los procesos de la misma
naturaleza en aquellos casos en que no se reconozcan opositores dentro del
proceso.
Indicaron que de “tal asunto -atribución de
competencia-, ese sí de superlativas consecuencias jurídicas, depende del
reconocimiento legítimo de la calidad de opositores efectuada por el juez
instructor, pero a fin de evitar fallos inhibitorios o nulidades procesales al
asumirse competencias que no le corresponde, se realiza un control de legalidad
de la actuación, para decantar  la real calidad del opositor, la temporalidad
de la oposición y la debida integración del contradictorio. Es así que la
aplicación contraria de la ley, no puede generar razonablemente beneficios como
los derivados de la “confianza legítima”, pues sería abrir la compuerta a
ejercicios arbitrarios de esta, en aras de un debido proceso que no se ha
pretermitido; y de hecho sería desconocer la disposición legal en concreto
establecida para la atribución de competencia en el artículo 79 ejúsdem,
incurriendo ahí sí en un defecto procedimental absoluto al actuar al margen del
procedimiento establecido y en contravía de las demás reglas establecidas en
los artículos 86, 87 y 88 ibíd., en lo que respecta al modo de convocatoria y
oportunidad para concurrir al proceso”.
Dadas estas circunstancias, calificaron como “incongruente
el fallo impugnado, pues a pesar de predicarse lo contrario a lo explicado, se
echa de menos la adopción de medidas de saneamiento, además que elimina deberes
propios del juez, frente a circunstancias como la legítima asunción de
competencia bien por oposiciones aparentes, ora por extemporáneas, como en este
caso ocurrió, lo que conllevaría eventualmente a la usurpación de la
competencia que a la luz de la normatividad procesal general, resulta
improrrogable (art. 16 C.G. del P.)”.
Consideraron que el criterio asumido por ellos, de
manera alguna, es “antojadizo, caprichoso o subjetivo, descartándose de
plano la existencia de cualquier causal específica de procedibilidad de la
acción de amparo constitucional, por lo que respetuosamente se solicita desatar
la impugnación presentada, se revoque el fallo de tutela de fecha 31 de octubre
de 2018”.
3.3.
Segunda
Instancia
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia mediante sentencia del 23 de enero de 2019 confirmó la decisión del a
quo.
Advirtió la Sala que “aun cuando el Fondo Ganadero
de Córdoba S.A. en liquidación judicial desconoció el presupuesto de
subsidiariedad, por cuanto se abstuvo de formular recurso de reposición contra
el auto que considera lesivo de sus derechos fundamentales, lo cierto es que
resulta pertinente obviar tal exigencia, dada la flagrante violación al debido
proceso por parte del Tribunal encausado al tener por extemporánea su intervención,
lo que conllevó a denegar su acceso a la administración de justicia”.
Concluyó el juez de instancia que “advierte la
vulneración de las prerrogativas superiores del tutelante, dado que se si bien
el mencionado fondo no obraba como titular de derechos sobre los bienes objeto
de litigio, ello no es óbice para que el Tribunal desconozca, so pretexto de
realizar un control de legalidad, su calidad de sujeto determinado y, en ese
orden, el medio de comunicación utilizado por el despacho instructor para notificarlo,
toda vez que al estar plenamente identificado en el expediente y sus anexos
como tercero determinado, lo propio era que su notificación se llevara a cabo
personalmente, como en efecto lo realizó el despacho de primer grado”.
En su criterio, “el Tribunal más que enaltecer la
garantía de defensa la menoscabó, pues la actuación desplegada por el despacho
de instrucción propendió por la debida integración del contradictorio, lo cual
se logra con la vinculación efectiva de quienes obran en el expediente como
sujetos determinados, por lo tanto, no existe razón plausible que motive la
modificación o revocatoria del fallo de primera instancia”.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1. Competencia y procedencia
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y
241, numeral 9°, de la Constitución, es competente para revisar los fallos de
tutela adoptados en el proceso de referencia.
Cuestión previa
El artículo 86 de
la Constitución Política, determina que la acción de tutela es un mecanismo
preferente y sumario que tiene toda persona para solicitar, de manera directa o
por quien actúe legítimamente a su nombre, la protección de sus derechos
fundamentales. Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991 señala que la referida acción constitucional “podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de
sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos”.
Corresponde a la Sala de Revisión determinar
previamente: (i) la legitimación activa y pasiva en el presente caso; (ii) la
procedencia excepcional de la tutela contra providencia judicial; y (iii) el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de tutela contra
providencia judicial, en el caso objeto de
revisión.
2. Legitimación activa y pasiva en el presente caso.
Legitimación activa
de personas jurídicas
Sobre la legitimidad por activa para interponer acción
de tutela, la Corte Constitucional ha advertido las siguientes modalidades: “(i) la acción directa por
parte del afectado, (ii) el ejercicio de la acción a través de representantes
legales (para menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las
personas jurídicas), (iii) el ejercicio de este mecanismo de protección por
medio de apoderado judicial, y (iv) la interposición de la acción de tutela por
parte de un agente oficioso”[41].
En el presente
caso, la acción de tutela fue interpuesta por la apoderada judicial del agente
liquidador y representante legal del Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación
judicial, tal como se acredita con el poder debidamente allegado a la acción de
tutela (folio 1, cuaderno primera instancia). Por tanto, a la luz de la jurisprudencia
constitucional, la legitimación por activa se encuentra plenamente acreditada.
Legitimación pasiva
Igualmente, el artículo 13 del Decreto 2591
de 1991, dispone que la acción de tutela debe ser dirigida “contra la autoridad
pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el
derecho fundamental”.
En el presente caso, se acredita la
legitimación en la causa por pasiva, pues si bien la acción se interpuso contra
la providencia judicial emitida el 16 de agosto de 2018 por el Tribunal
Superior de Antioquia en Sala Unitaria de Decisión Civil, Especializada en
Restitución de Tierras, de la que se predica la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia del Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación judicial, esta Sala
concluye de la lectura de los antecedentes, que es posible
que se estructure una vulneración de derechos fundamentales con ocasión del
fallo de primera instancia proferido dentro del proceso de restitución de
tierras por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Apartadó.
3.
Procedencia
excepcional de la tutela contra providencia judicial. Reiteración.
Requisitos
generales
Esta Corporación desde temprana
jurisprudencia estableció que la acción de tutela procede contra providencias
judiciales de manera excepcional, siempre y cuando se encuentren cumplidos
rigurosos requisitos para su procedibilidad[42].
La excepcionalidad de la acción garantiza
que las sentencias judiciales estén amparadas adecuadamente por el principio de
cosa juzgada que prescribe su inmutabilidad, y que los jueces conserven sus competencias,
autonomía e independencia al decidir los casos de los que conocen.
La Corte
Constitucional ha sido clara al afirmar que “la intervención del juez constitucional en asuntos
decididos por otros jueces, en sus respectivas jurisdicciones, se puede
adelantar únicamente con el fin de proteger los derechos fundamentales
vulnerados. Al respecto, se ha establecido que el juez constitucional no puede
suplantar o desplazar al juez ordinario en el estudio de un caso que, por su
naturaleza jurídica, le compete. Éste sólo puede vigilar si la providencia
conlleva la vulneración de los derechos constitucionales del tutelante, en
especial, el derecho al debido proceso y el acceso a la administración de
justicia”[43] .
Teniendo en cuenta
lo anterior, en la sentencia C-590 de 2005[44]
esta Corporación buscó hacer compatible el control por vía de
tutela de las decisiones judiciales, con los principios de cosa juzgada,
independencia y autonomía judicial y seguridad jurídica. Por ello, estableció
diversas condiciones procesales que deben superarse en su totalidad (requisitos
generales), a fin de avalar el
estudio posterior de las denominadas causales especiales.
Los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial son: “(a) Que el tema
sujeto a discusión sea de evidente relevancia constitucional. (b) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de
un perjuicio iusfundamental irremediable, o de un sujeto de especial protección
constitucional que no fue bien representado, (c) Que se cumpla el requisito de
la inmediatez, (d) En el evento de hacer referencia a una irregularidad
procesal, debe haber claridad que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora, (e) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y qué hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible, (f) Que no se trate de sentencias de tutela”[45].
Según
esa misma jurisprudencia, dichos requisitos son presupuestos “cuyo cumplimiento forzoso es condición necesaria para que el juez
constitucional pueda entrar a valorar de fondo el asunto puesto en su
conocimiento”, mientras que los requisitos específicos corresponden, puntualmente,
“a los vicios o
defectos presentes en la decisión judicial y que constituyen la causa de la
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales”
Verificación en el presente asunto de los requisitos generales de
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
(a) El asunto en estudio tiene una evidente relevancia constitucional, toda vez
que comporta la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso material a la administración de justicia del Fondo Ganadero
de Córdoba en liquidación judicial, dentro un proceso de restitución de tierras
y en el marco de justicia transicional establecido en la Ley 1448 de 2011. Esta
norma crea un procedimiento legal para restituir y
formalizar la tierra de las víctimas del despojo y abandono forzoso en el contexto
del conflicto armado interno, mediante el cual se busca pasar de un entorno de
violencia a uno de paz con una democracia vigorosa e incluyente.
(b) Agotamiento de los mecanismos
de defensa. El
inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción
de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, a menos que se utilice para evitar un perjuicio irremediable.
Igualmente, el
numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 dispone que el amparo
constitucional será improcedente, cuando existan otros medios de defensa
judicial eficaces para resolver la situación particular en la que se encuentre
el solicitante.
La Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992[46], se
refirió al carácter subsidiario de la acción de tutela contra providencia
judicial, indicando que “no es propio de la acción de tutela el sentido de
medio o procedimiento
llamado a reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de
ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de
competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya
que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el
artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección
efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos
constitucionales fundamentales. Así, la tutela no puede converger
con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de
elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo
específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción ordinaria”.
De manera que, el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa
judicial constituye un requisito ineludible para la procedencia de la acción de
tutela. Sobre este particular, la Corte, en la Sentencia T-211 de 2009[47]
precisó lo siguiente:
“Para
la Corte, verificar de manera estricta el requisito de la subsidiariedad cuando
la tutela es presentada contra decisiones judiciales es primordial, por varias
razones:
La
primera consiste en que las sentencias son decisiones emanadas de un juez que
recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una
jurisdicción determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e
independencia. Cuando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o
como último recurso judicial para obtener una decisión favorable en
cualquier materia, se desconoce la división de competencias que la misma Carta
ha delineado, y se niega el principio de especialidad de la jurisdicción.
…
la acción de tutela que no es presentada con apego estricto al principio de
subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la cual,
una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”.
Una
segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial. Las
etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer
espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados,
especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es
en este sentido que la sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de
instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por
excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos
orígenes” (negrillas del original).
Como
tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales,
cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de protección, atenta contra
la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace parte de los fines naturales de
la acción de tutela el causar incertidumbre jurídica entre los asociados. Por
esto,  la Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias
judiciales no pretende sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales
que ya han sido definidos, o están pendientes de definir...”
Se debe precisar
que como regla general, el juez constitucional deberá declarar improcedente la
tutela cuando encuentre que existe otro medio o recurso judicial a través del
cual pueda el ciudadano obtener la protección de sus derechos.
La jurisprudencia constitucional ha identificado tres causales que
conllevan la improcedencia de la acción de tutela contra una providencia
judicial, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. Estas son: “(i)
el asunto está en trámite[48]; (ii) no se han agotado los medios
de defensa judicial ordinarios y extraordinarios[49];
y (iii) se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear
los recursos previstos en el ordenamiento jurídico[50]”[51].
En este punto es
importante reiterar que la solicitud de amparo puede dirigirse contra “providencias judiciales” en
general, por lo que no se limita únicamente a las “sentencias” que ponen fin a los procesos judiciales,
sino que, también procede contra autos interlocutorios que se profieren al
interior del trámite procedimental que puede continuar vigente. En tal evento,
deben acreditarse igualmente las causales de procedibilidad tanto generales
como específicas[52].
Esta Corte ha
precisado que cuando la solicitud de amparo se dirige contra providencias que
tienen la naturaleza interlocutoria, por regla general deben agotarse los
recursos ordinarios propios del procedimiento que aún está en trámite.
En el evento puntual,
de aquellos asuntos que aún están en trámite, esta Corporación ha admitido la
intervención del juez constitucional de forma excepcional[53], “cuando
encuentre que los derechos fundamentales de las partes se pueden vulnerar por
la actuación del operador judicial”[54].
En el asunto que
ocupa la atención de la Sala se observa que el objeto de la acción de tutela incoada por el Fondo Ganadero de Córdoba S.A. en
liquidación judicial, se circunscribe a dejar sin efectos el auto proferido por
la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en el que tuvo como extemporánea
la oposición planteada por aquel y decidió devolver el expediente al juez de
origen para que este fallara de fondo.
El accionante en la demanda de tutela
discute que el auto tutelado no era
objeto de recurso de reposición, toda vez que como se contempló en la sentencia
T-034 de 2017, la Ley 1448 de 2011 “solo regula dos tipos de recursos, el
primero es la reposición en contra de la decisión de la UAEGRTD que deniega la
inscripción en el Registro Único de Víctimas y el segundo, el recurso de
revisión de la sentencia”. De cara al recurso de apelación, refirió que por
ser el proceso de restitución de tierras de única instancia, sus decisiones no
son apelables, menos las del Tribunal, que en este tipo de procesos no tiene
superior jerárquico, haciendo improcedente el recurso. En razón de lo anterior,
estimó que es procedente está acción de tutela contra providencia judicial, “aun
cuando el proceso se encuentra en curso y se esté a la espera de que se
profiera el respectivo fallo judicial”.
Para
el Tribunal accionado, debió presentarse recurso de reposición dentro de los
tres días hábiles siguientes a la notificación de la providencia censurada lo
cual no ocurrió.
Planteada
la situación, esta Sala considera que se concretan algunas circunstancias
especiales y excepcionales que harían procedente el estudio de fondo de la presente
acción de tutela contra providencia judicial, aunque el proceso esté en curso: (i)
la calidad de una de las partes; (ii) la especialidad del proceso de
restitución de tierras; y (iii) la novedad de dicho procedimiento.
(i)
La Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras,
propende al restablecimiento de derechos y la restitución jurídica y material
de las tierras a los despojados y desplazados, reconocidos por el Estado
colombiano como víctimas del conflicto armado, en los términos del artículo 3°
de esa norma.
(ii)
Dicha ley contempla un conjunto de medidas dentro de un marco de justicia
transicional que busca hacer efectivo el goce de los derechos a la verdad, la
justicia y la reparación con garantía de no repetición a quienes se consideren
víctimas del conflicto armado interno[55].
Esta norma establece además un procedimiento especial de única instancia para
restituir y formalizar la tierra de las víctimas del despojo y abandono forzoso[56], lo que hace
imperativo que las actuaciones del juez se circunscriban a los fines y postulados
de rango constitucional que han inspirado las
políticas de restitución.
(iii)
Por tratarse de un proceso de carácter especial, las decisiones proferidas en
virtud de la precitada ley no contemplan el ejercicio de los recursos
ordinarios, salvo el grado jurisdiccional de consulta ante el Tribunal Superior
del Distrito Judicial Sala Civil correspondiente, cuando la sentencia es
adversa al reclamante despojado, y el recurso de revisión ante la Sala Civil de
la Corte Suprema de Justicia; así lo dispone el artículo 79 de la citada Ley y
lo confirma la Sentencia C-099 de 2013[57]
proferida por la Corte Constitucional.
Al
respecto, en la sentencia T-034 de 2017[58]
la Corte señaló “es evidente para la Sala que este
procedimiento es novedoso por lo que no contiene todas las actuaciones
procesales que se derivan de los procedimientos ordinarios. En particular, la Ley
1448 de 2011 no contempla el recurso de reposición contra las decisiones de los
jueces de tierras, sólo regula dos tipos de recursos, el primero es la
reposición en contra de la decisión de la UAEGRTD que deniega la inscripción en el Registro Único de
Víctimas[59] y el segundo el recurso de
revisión de la sentencia[60]. Por lo anterior, es necesario
que los Tribunales de Restitución de Tierras sean quienes determinen el alcance
de las normas de dicho procedimiento, y con sus fallos interpreten la
aplicación de las actuaciones procesales que no se encuentren reguladas en el
proceso. Lo anterior, no significa que se deban sacrificar los derechos de los
partes, sino que se deben unificar las interpretaciones de las diferentes Salas
Especializadas en Restitución de Tierras, para que las personas que intervienen
en el proceso tengan claridad de la procedibilidad de sus actuaciones”.
De acuerdo con lo expuesto, encuentra la Sala acreditados
los requisitos especiales y excepcionales que hacen procedente
el estudio de fondo de la presente acción de tutela contra providencia
judicial, aunque el proceso esté en curso, pues como se advirtió, la parte accionante
no cuenta con otro mecanismo de defensa para contrarrestar la vulneración de
derechos que alega en su demanda.
(c) Inmediatez. La importancia de la inmediatez como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales se ha destacado en la jurisprudencia de esta Corporación, porque
cumple con la obligación de proteger la seguridad jurídica generada por el
carácter de cosa juzgada de las decisiones que adoptan los jueces.
Por ello aun admitiéndose de manera
excepcional la tutela contra providencias judiciales cuando se prueba la
existencia de las condiciones de procedibilidad, se requiere que la solicitud
del amparo no se dilate en el tiempo, para que no se desvirtúe la necesidad de
la protección inmediata de los derechos fundamentales invocados
La providencia atacada vía tutela es del 16
de agosto de 2018. Según acta individual de reparto, la acción de tutela se
repartió el 19 de octubre de 2018, es decir, el amparo solicitado se interpuso
en un término razonable.
(d) La apoderada demandante
identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración de los derechos
que invoca, así como las irregularidades que, estima, hacen procedente la
acción de tutela. En la demanda de amparo se alega que el
Tribunal al declarar la extemporaneidad de la oposición presentada, “desconoció
un acto eficaz y válido, proferido en la etapa de instrucción del proceso de
restitución, irregularidad que no pudo alegar en el proceso judicial como
quiera que la Ley 1448 de 2011 no contempla todas las actuaciones procesales
que se derivan de los procesos ordinarios”. Igualmente, señala que el
demandado extralimitó sus competencias constitucionales y legales al
interpretar y aplicar erradamente los artículos 86 y 87 de la Ley 1448 de 2011
los cuales resultan contrarios a los intereses de su representada.
(f) No se cuestiona una sentencia de
tutela.  Se objeta
el auto del 16 de agosto de 2018 proferido por la
Sala Unitaria de Decisión Civil, Especializada en Restitución de Tierras del
Tribunal Superior de Antioquia. La providencia atacada es un auto
interlocutorio y no un fallo de tutela, lo que hace procedente el análisis de
fondo del presente asunto.
Teniendo
en cuenta que se cumplen los presupuestos procesales generales para estudiar la
acción de tutela de fondo, se plantearán los problemas jurídicos a resolver.
4. Problemas
jurídicos planteados.
En
consideración a los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala de
Revisión responder los siguientes problemas jurídicos:
¿La  Sala Unitaria de Decisión Civil, Especializada en
Restitución de Tierras, del Tribunal Superior de Antioquia vulneró los derechos
al debido proceso y al acceso material a la administración de justicia del
Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación judicial, al proferir el auto del 16
de agosto de 2018, en el que resolvió tener como extemporánea la oposición
planteada por este y devolver el proceso al Juzgado Segundo Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó Antioquia, incurriendo con
ello en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en defecto
sustantivo y en defecto orgánico funcional?.
¿El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Apartadó incurrió en un posible defecto
procedimental absoluto al haber reconocido personería como tercero determinado
dentro del proceso de restitución de tierras al Fondo Ganadero de Córdoba en
liquidación judicial?
Para resolver los
problemas jurídicos planteados, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas
reiterará su jurisprudencia sobre (i) las causales especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el defecto procedimental;
(iii) el defecto sustantivo; (iv) el defecto orgánico funcional; (v) breve
reseña del proceso de restitución de tierras previsto en la Ley 1448 de 2011;
(vi) la función registral y (vii) resolución del caso concreto.
5. Causales especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. Reiteración.
Frente
a las causales especiales de procedibilidad, el precitado fallo C-590 de 2005
explicó que basta con la configuración de alguna de ellas para que proceda el
amparo respectivo. Según señaló, se debe acreditar al menos, uno de los siguientes vicios o
defectos: defecto orgánico[61], defecto procedimental[62], defecto fáctico[63], defecto material y
sustantivo[64], error inducido[65], decisión sin motivación[66], desconocimiento del
precedente[67] y violación
directa de la Constitución.
La sistematización de estos defectos, sirve
como herramienta base para definir la existencia de un fallo judicial
ilegítimo. En efecto, en la sentencia C-590 de 2005 se afirmó que los
anteriores vicios “involucran
la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos
supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales.”
6. El defecto procedimental.
La jurisprudencia constitucional[68]
ha considerado que el defecto procedimental encuentra su fundamento en los
artículos 29 y 228 de la Carta, puesto que se relaciona directamente con los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia y además, con el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre
el procedimental[69].
Esta Corporación en reiterados fallos ha establecido
que existen dos modalidades del defecto procedimental, a saber: (i) el defecto procedimental absoluto,
que ocurre cuando el juez de instancia actúa completamente  al margen del procedimiento
constituido, es decir, se desvía ostensiblemente de su deber de cumplir con las “formas propias de
cada  juicio”[70],
con la consiguiente vulneración o amenaza a los derechos
fundamentales de las partes. En estas circunstancias, el error procesal debe
ser manifiesto, debe extenderse  a la decisión final, y no puede ser en
modo alguno atribuible al afectado[71];
y (ii) el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que desconoce el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre
el procedimental, porque convierte los procedimientos
judiciales en obstáculos para la eficacia del derecho sustancial.[72]
Frente al defecto procedimental absoluto esta
Corporación ha especificado diferentes conductas u omisiones que pueden conllevar
amenazas o violaciones de derechos fundamentales, las cuales permiten la
intervención de los jueces constitucionales, a saber: “el funcionario judicial pretermite una etapa propia del juicio[73], da un cauce que no corresponde al asunto sometido a su competencia[74], ignora completamente el procedimiento establecido[75], escoge arbitrariamente las normas procesales aplicables al caso
concreto[76], incumple términos procesales, por ejemplo cuando la autoridad
judicial restringe el término conferido por la ley a las partes para
pronunciarse en ejercicio de su derecho de defensa[77] o desconoce el derecho de defensa de un sindicado en materia penal[78], omite cumplir los principios mínimos del debido proceso señalados
en la Constitución, principalmente, en los artículos 29 y 228”[79].
En la
Sentencia T-1246 de 2008 la Corte frente a este defecto indicó que se
presenta cuando existe una decisión judicial que desconoce abiertamente
supuestos legales en materia procesal. Sin embargo, destacó que para que este
defecto se configure es necesario que (i) el error sea trascendente, es decir, “que
afecte de manera grave el derecho al debido proceso y que tenga una influencia
directa en la decisión de fondo adoptada y, b) debe ser una deficiencia no
atribuible al afectado. Así por ejemplo, se configura un defecto procedimental
cuando se deja de notificar una decisión judicial a raíz de lo cual la parte
pierde arbitrariamente la oportunidad de controvertir dicha decisión[80]”
Ahora, respecto al
defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, igualmente, este
Tribunal ha señalado que para identificar de forma clara en qué casos se presenta,
deben concurrir una serie de elementos:
“(i) Que no exista la posibilidad de corregir el error por
ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de
tutela;
(ii) Que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que
se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales;
(iii) Que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso
ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
circunstancias del caso específico; y
(iv) Que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración
a los derechos fundamentales.”[81]
Sobre el tema, la
Corte ha indicado que cuando el derecho procesal se convierte en un obstáculo
para la efectiva realización de un derecho sustancial expresamente reconocido
por el juez, mal haría este en “darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del
cual es titular quien acude a la administración de justicia y desnaturalizando
a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la
efectiva realización del derecho material”[82]. Si ese
fuera el caso, el juez incurriría en una vía de hecho por exceso ritual
manifiesto, pues sería una decisión en la que habría una “renuncia consiente de la
verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la
aplicación de las normas procesales, convirtiéndose así en una aplicación de la
justicia material”[83].
En sentencia T-926 de 2014[84], este Tribunal expresó
que:
“(…) el
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto es el resultado de una
concepción del procedimiento como un obstáculo para el derecho sustancial con
la consecuente denegación de justicia. Aunque los jueces gozan de una amplia
libertad para valorar el acervo probatorio de conformidad con las reglas de la
sana crítica, la justicia material y la prevalencia del derecho sustancial son
guías para adelantar este proceso valorativo. En ese sentido, no existen
requisitos sacramentales inamovibles en materia probatoria o procesal, pues el
juez debe valorar si procede desechar la prueba o decretarla de oficio, según
se protejan de mejor manera los derechos fundamentales, de acuerdo con las
particularidades de cada caso concreto.”
De manera que el
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto no se configura ante
cualquier irregularidad de carácter procedimental, sino que debe tratarse de
una anomalía en la aplicación de las formas propias de cada juicio
particularmente grave, que lleva al juez a asumir una ciega obediencia a la ley
procesal en abierto desconocimiento de los derechos sustanciales que le asisten
a las partes en contienda.
7. El defecto sustantivo como causal de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Esta Corporación ha sido enfática en
señalar que el defecto sustantivo (o material) se presenta cuando “la
decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley
le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso
concreto”[85].
De igual forma, se concluyó que este defecto se ha erigido como tal, como
consecuencia de que la competencia asignada a los jueces para interpretar y
aplicar las normas jurídicas no es completamente absoluta, aunque se funde en
el principio de autonomía e independencia judicial. En cuanto esto se indicó:
“[p]or tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho”[86].
La Corte ha identificado ciertas
situaciones en las que se puede incurrir en dicho defecto:
“(i) cuando se aplica una norma que ha sido derogada y en consecuencia no
produce efectos jurídicos,
(ii)  cuando la norma ha sido declarada inexequible por la Corte
Constitucional
(iii) cuando la norma es inconstitucional y el juez se abstuvo de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad;
(iv) cuando la norma no está vigente o a pesar de estarlo y ser
constitucional, no se adecua a las circunstancias del caso
(v) cuando la aplicación de una norma es irracional y
desproporcionada en contra de los intereses de una de las partes del proceso
(vi) cuando el juez desconoce el precedente horizontal o vertical
(vii) cuando la norma aplicable al caso no es tenida en cuenta por el
fallador.”[87]
En suma, todas las expresiones
del defecto sustantivo buscan materializar el artículo
230 de la Constitución Política, según el cual los jueces en sus providencias
están sometidos al imperio de la ley, es decir “al ordenamiento jurídico
como conjunto integrado y armónico de normas, estructurado para la realización
de los valores y objetivos consagrados en la Constitución”[88].
8. Defecto orgánico como causal
específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
El artículo 29 de
la Constitución estableció que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal
competente hace parte de la garantía del debido proceso[89]. Con
fundamento en este precepto constitucional la jurisprudencia de esta
Corporación ha señalado que se está frente a un defecto orgánico cuando un
funcionario judicial que profiere una decisión carece de forma absoluta de
competencia para hacerlo[90].
En este sentido,
ha dicho que este defecto puede llegar a configurarse en dos situaciones: (i)
cuando el peticionario se encuentra supeditado a una situación en la que existe
una actuación consolidada y no tiene otro mecanismo de defensa (por ejemplo
cuando una decisión está en firme y se observa que el fallador carecía de
manera absoluta de competencia)[91];
y (ii) durante el transcurso del proceso el accionante puso de presente las
circunstancias de incompetencia absoluta, y dicha situación fue desechada por
los jueces de instancia, incluso en el desarrollo de recursos ordinarios y
extraordinarios, validándose así una actuación erigida sobre una competencia
inexistente[92].
La jurisprudencia constitucional ha establecido
que el defecto orgánico tiene un carácter: (i) funcional, cuando la autoridad
judicial extralimita de forma manifiesta el ámbito de las competencias
otorgadas tanto por la Carta Política como por la ley; o (ii) temporal, cuando
los jueces a pesar de contar con ciertas atribuciones para realizar determinada
conducta, lo hace por fuera del término consagrado para ello. Por lo anterior,
cuando un operador judicial desconoce los límites temporales y funcionales de la
competencia, configura un defecto orgánico y en consecuencia vulnera el derecho
fundamental al debido proceso.
9. Breve reseña del proceso de
restitución de tierras previsto en la Ley 1448 de 2011.
La Ley 1448 de
2011 definió un procedimiento mixto para acceder a la restitución[93]
y a la formalización de los predios despojados y abandonados forzosamente.  Se compone de una etapa administrativa a
cargo de la Unidad de Restitución de Tierras, y otra judicial a cargo de los
jueces y magistrados especializados en restitución de tierras de cada circuito
y distrito judicial.
La etapa administrativa constituye requisito de
procedibilidad de la acción judicial, está dirigida por la Unidad de
Restitución de Tierras, la cual debe: “(i) identificar física y jurídicamente
los predios, (ii) determinar el contexto de los hechos victimizantes, (iii)
individualizar a las víctimas y sus núcleos familiares, (iv) establecer la
relación jurídica de la víctima con la tierra y los hechos que dieron origen al
despojo o abandono forzado. Esta etapa termina con la decisión de incluir o no
a los solicitantes y a los predios objeto del trámite en el Registro de tierras
despojadas y abandonadas forzosamente”[94]. En esta fase, “[l]os
propietarios, poseedores, ocupantes de predios, o los explotadores de predios
baldíos deberán presentar una solicitud ante la Unidad de Restitución de
Tierras con el fin de inscribir los predios objeto de la solicitud en el
registro. Posteriormente, la Unidad referida informará del trámite de inscripción
a quien o a quienes figuren oficialmente como propietarios, poseedores u
ocupantes del predio que se quiere registrar, con la finalidad de permitirle
acreditar su relación jurídica con éste, y que esta se configuró como resultado
de su buena fe exenta de culpa”[95].[96]
El artículo 76 de
la Ley 1448 de 2011 establece que “una vez recibida la solicitud de
inscripción de un predio en el registro por la parte interesada o, iniciado el
trámite de oficio, la Unidad administrativa Especial de Gestión de Restitución
de Tierras comunicará de dicho trámite al propietario, poseedor u ocupante que
se encuentre en el predio objeto del registro”. Por lo tanto, esta
comunicación avisará a la persona que esté en el predio que su bien es objeto
del Registro y que tendrá la posibilidad de presentar su versión de los hechos
y las pruebas que considere pertinentes para que la Unidad tome la decisión de
inscribir o no el predio en el referido Registro[97].
Este paso se
orienta a respetar y garantizar el derecho al debido proceso administrativo[98]
en la etapa de inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas de
manera forzada y, en particular, el derecho de contradicción y de defensa que
le asiste a la persona que se encuentra en el predio bien sea de buena o mala
fe.
En la etapa judicial, la víctima puede
presentar la solicitud con o sin apoderado judicial. La Unidad de Restitución
está facultada para representar al titular de la acción, en los casos previstos
en la Ley y podrá solicitar a través de demanda de solicitud de restitución y
formalización, la titulación y entrega del predio incluido en el Registro de
Tierras Despojadas.
La solicitud de restitución deberá tener un
contenido mínimo, esto es: (i) identificación del bien, (ii) constancia de
inscripción, (iii) fundamentos fácticos y jurídicos, (iv) certificado de
tradición y libertad de matrícula inmobiliaria, (v) certificación de avalúo
catastral. Si falta alguno de estos presupuestos, se podrá acreditar a través
de otros medios probatorios. (Art. 84 de la Ley 1448 de 2011).
Cuando se admita la solicitud, el juez
deberá proferir auto admisorio que deberá contener: la inscripción de la
solicitud en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, la sustracción
provisional del predio del comercio, la suspensión de procesos, la notificación
al representante legal del municipio donde esté el predio, la publicación de la
admisión de la solicitud en un diario de amplia circulación nacional (artículo
86 de la Ley 1448 de 2011)[99].
En este auto o en cualquier parte del proceso el juez podrá decretar medidas
cautelares, tales como embargo, secuestro, etc.
El artículo 87 de
la Ley 1448 de 2011 indica que se deberá dar traslado de la solicitud a quienes
figuren como titulares inscritos de derechos en el certificado de tradición y
libertad de matrícula inmobiliaria del predio solicitado y a la Unidad de
Restitución de Tierras cuando dicha solicitud no haya sido tramitada a través
suyo.
Además, “con la publicación a que se
refiere el literal e) del artículo anterior se entenderá surtido el traslado de
la solicitud a las personas indeterminadas que consideren que deben comparecer
al proceso para hacer valer sus derechos legítimos y a quienes se consideren
afectados por el proceso de restitución”. Cumplidas las anteriores formalidades
sin que los terceros determinados o indeterminados se presenten, se les
designará un representante judicial para el proceso en el término de cinco (5)
días.
Estipula el artículo 88 que las oposiciones
a la solicitud de restitución se deberán presentar ante el juez dentro de los
quince (15) días siguientes a la misma. Las oposiciones a la solicitud
efectuadas por particulares se presentarán bajo la gravedad del juramento y se
admitirán, si son pertinentes. La oposición que presente la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, cuando
la solicitud no haya sido tramitada con su intervención deberá ser valorada y
tenida en cuenta por el Juez o Magistrado. Al escrito de oposición se
acompañarán los documentos que se quieran hacer valer como prueba de la calidad
de despojado del respectivo predio, de la buena fe exenta de culpa, del justo
título del derecho y las demás pruebas que pretenda hacer valer el opositor en
el proceso, referentes al valor del derecho, o la tacha de la calidad de
despojado de la persona o grupo en cuyo favor se presentó la solicitud de
restitución o formalización.
Al terminar el periodo probatorio, el artículo 91
indica que se pronunciará sentencia definitiva sobre la propiedad, posesión u
ocupación del baldío, y decretará las compensaciones a que haya lugar en favor
de los opositores que probaron la buena fe exenta de culpa. Dicho fallo
constituye título de propiedad. La sentencia deberá referirse a los
siguientes aspectos, de manera explícita y suficientemente motivada, según el
caso:
“(i) identificación, individualización y
deslinde de los inmuebles que se restituyan.
(ii) ordenar a la oficina de registro de
instrumentos públicos inscribir la sentencia y cancelar todo antecedente
registral sobre gravámenes y limitaciones de dominio, títulos de tenencia,
arrendamientos de la denominada falsa tradición y las medidas cautelares
registradas con posterioridad al despojo o abandono, así como la cancelación de
los asientos e inscripciones registrales.
(iii) proferir las órdenes correspondientes
para que los inmuebles restituidos queden protegidos en los términos de la Ley
387 de 1997, siempre y cuando los sujetos a quienes se les restituya el bien
estén de acuerdo con que se profiera dicha orden de protección.
(iv) establecer los mecanismos necesarios
para restituir al poseedor favorecido en su derecho por la sentencia de
restitución cuando no se le reconozca el derecho de dominio en la respectiva
providencia.
(v) tomar las medidas para que se
desengloben o parcelen los respectivos inmuebles cuando el bien a restituir sea
parte de uno de mayor extensión.
(vi) tomar medidas necesarias para que se
haga efectivo el cumplimiento de las compensaciones de que trata la ley, y
aquellas tendientes a garantizar los derechos de todas las partes en relación
con las mejoras sobre los bienes objeto de restitución.
(vii) declarar la nulidad de las decisiones
judiciales y/o actos administrativos que pierdan validez con la sentencia de
restitución.
(viii) cancelar la inscripción de cualquier
derecho real que tuviera un tercero sobre el inmueble objeto de restitución.
(ix) proferir las órdenes pertinentes para
que la fuerza pública acompañe y colabore en la diligencia de entrega material
de los bienes a restituir y garantizar la efectividad de la restitución
jurídica y material del bien inmueble y la estabilidad en el ejercicio y goce
efectivo de los derechos de las personas reparadas.
(x) remitir los oficios a la Fiscalía
General de la Nación en caso de que se perciba la posible ocurrencia de un
hecho punible”[100].
Igualmente, en los parágrafos 1 y 2 indica que, en
todo caso, el Juez o Magistrado mantendrá la competencia para garantizar el
goce efectivo de los derechos del reivindicado en el proceso, dicha competencia
se mantendrá hasta tanto estén completamente eliminadas las causas de la
amenaza sobre los derechos del reivindicado en el proceso, y dictará el fallo
dentro de los cuatro meses siguientes a la solicitud.
Contra la
sentencia se podrá interponer el recurso de revisión ante la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien proferirá los autos
interlocutorios en un término no mayor de diez (10) días y decisión en un término
máximo de dos (2) meses (artículo 92).
10. La función
registral prevista por la Ley 1579 de 2012.
Esta
Corporación en sentencia C-410 de 2015 manifestó que la propiedad privada es un
derecho subjetivo que tiene una persona sobre una cosa corporal o incorporal,
que faculta a su titular para el uso, goce, explotación y disposición de la
misma, con pleno respeto de sus funciones sociales y ecológicas.
En
la Sentencia SU-454 de 2016[101],
la Corte consolidó el concepto del derecho de propiedad y señaló que se
encuentra sometido a las reglas del título[102]
y el modo[103]
como dos elementos inescindibles al momento de concretar el derecho de
propiedad de bienes reales, que se traducen en la forma en que se crean las
obligaciones y la posterior ejecución de las mismas.
Concluyó que la tradición como modo
derivado y adquisitivo de la propiedad de bienes inmuebles, está sometida al
correspondiente registro de instrumentos públicos. De esta suerte, una vez
otorgada la escritura pública que contiene el  título, la tradición se realiza
mediante su inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos del
lugar en el que se encuentre ubicado el inmueble[104].
En esta misma sentencia la Corte
Constitucional explicó que según la doctrina, el sistema registral en Colombia es conocido como “(…) el prototipo de sistema con efectos
de exactitud de lo registrado, puesto que sigue el método de folio oral,
es decir, una hoja registral propia para cada predio, en la que constan los
actos jurídicos que lo afectan[105]”.
Según la Ley 1579 de 2012[106]  el registro de la propiedad inmueble cumple los
siguientes objetivos (artículo 2°):
a) Servir de
medio de tradición del dominio de los bienes raíces y de los otros derechos
reales constituidos en ellos de conformidad con el artículo 756 del
Código Civil;
b) Dar
publicidad a los instrumentos públicos que trasladen, transmitan, muden,
graven, limiten, declaren, afecten, modifiquen o extingan derechos reales sobre
los bienes raíces;
c) Revestir
de mérito probatorio a todos los instrumentos públicos sujetos a inscripción.
(Negrilla propia)
El artículo 3°
contempla una serie de reglas fundamentales que sirven de base al sistema
registral, desarrollados también en la sentencia en cita:
a.La Regla de la
especialidad: es vista en dos
sentidos, de una parte, se deben registrar los inmuebles por naturaleza (bienes
principales), mientras que aquellos por adherencia o por destinación no tienen
inscripción independiente de aquel principal[107].
De otra parte, este principio exige que sólo se inscriben la propiedad privada
y los demás derechos reales, así como las situaciones jurídicas que los graven
o los limiten.
b. La inscripción como
acto constitutivo: puesto que sólo la inscripción del título permite la
transmisión de la propiedad inmueble y demás derechos inmobiliarios.
c. Rogación: el
Registrador no actúa de oficio sino a petición de parte.
d. Prioridad registral: las inscripciones realizadas por el registrador deben realizarse
en el orden en que le sean solicitadas, por lo que no se pueden alterar los
turnos. En otras palabras, la inscripción se realiza conforme al orden de
radicación.
e. Legalidad: es entendida como función calificadora, puesto que el
registrador debe examinar y calificar tanto el documento como el respectivo
folio registral, solo cuando la inscripción se ajuste a la ley, podrá
autorizarlo. Bajo ese entendido, el notario al otorgar el título y el
registrador al inscribirlo, deben confrontar los títulos con la normativa
aplicable al caso[108].
f. Tracto sucesivo: cada inscripción debe ser derivación de la anterior y así
sucesivamente.
g. Publicidad: el registro debe ser público, es decir, conocido por las
partes y los terceros interesados.
h. Legitimación registral: se presume que el derecho inscrito existe en favor de quien
aparece anunciado como tal y la titularidad del registro cancelado se encuentra
extinguido. De tal suerte que son veraces y exactos mientras no se demuestre lo
contrario[109].
i. Fe pública: se
reconoce como titular del dominio a la persona inscrita en la matrícula
inmobiliaria, por lo que sólo él tendrá la facultad de enajenar el dominio u
otro derecho real sobre un inmueble[110].
El artículo 4º de la Ley 1579 de 2012
establece los actos jurídicos que deben registrarse:
“Están sujetos
a registro:
a) Todo acto,
contrato, decisión contenido en escritura pública, providencia judicial,
administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración,
adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o
extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes
inmuebles;
b) Las
escrituras públicas, providencias judiciales, arbitrales o administrativas que
dispongan la cancelación de las anteriores inscripciones y la caducidad
administrativa en los casos de ley;
c) Los
testamentos abiertos y cerrados, así como su revocatoria o reforma de
conformidad con la ley.
PARÁGRAFO
1o. Las actas de conciliación en las que
se acuerde enajenar, limitar, gravar o desafectar derechos reales sobre
inmuebles se cumplirá y perfeccionará por escritura pública debidamente
registrada conforme a la solemnidad consagrada en el Código Civil Escritura
Pública que será suscrita por el Conciliador y las partes conciliadoras y en la
que se protocolizará la respectiva acta y los comprobantes fiscales para efecto
del cobro de los derechos notariales y registrales.”
Al
respecto, la Corte Suprema de
Justicia en sentencia del 29 de septiembre de 1998, Rad. 5169-98, señaló que “(…) la tradición no se efectúa con la
simple entrega material, sino que, por expreso mandato del artículo 756 del
Código Civil, ella tiene lugar mediante la inscripción del título en la
respectiva oficina de Registro de Instrumentos Públicos, norma que guarda
armonía con lo dispuesto por el artículo 749 del mismo Código, que preceptúa
que cuando la ley exige solemnidades especiales para la enajenación no se
transfiere el dominio sin la observancia de ellas. Esto significa, entonces,
que la obligación de dar que el vendedor contrae para con el comprador respecto
de un bien raíz, cumple por aquel cuando la escritura pública contentiva del
contrato de compraventa se inscribe efectivamente en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos correspondiente a la ubicación del inmueble, sin
perjuicio de su entrega”[111].
Entre los
elementos constitutivos del registro inmobiliario, según el artículo 8 de la
Ley en estudio, se encuentra la matrícula inmobiliaria que la define como un folio destinado a la inscripción de
los actos, contratos y providencias relacionados en el artículo 4o, referente a un bien raíz, el cual se distinguirá
con un código alfanumérico o complejo numeral indicativo del orden interno de
cada oficina y de la sucesión en que se vaya sentando. Además, señalará, con
cifras distintivas, la oficina de registro, el departamento y el municipio,
corregimiento o vereda de la ubicación del bien inmueble y el número único de
identificación predial en los municipios que lo tengan o la cédula catastral en
aquellos municipios donde no se haya implementado ese identificador. Indicará
también, si el inmueble es urbano o rural, designándolo por su número, nombre o
dirección, respectivamente y describiéndolo por sus linderos, perímetro,
cabida, datos del acto administrativo y plano donde estén contenidos los
linderos, su actualización o modificación y demás elementos de identificación
que puedan obtenerse. En la matrícula inmobiliaria constará la naturaleza
jurídica de cada uno de los actos sometidos a registro, así: tradición,
gravámenes, limitaciones y afectaciones, medidas cautelares, tenencia, falsa
tradición, cancelaciones y otros.
En
desarrollo de la función del registro y para el proceso de la inscripción
señala el artículo 20 que, “Hecho el estudio sobre la pertinencia de la
calificación del documento o título para su inscripción, se procederá a la
anotación siguiendo con todo rigor el orden de radicación, con indicación de la
naturaleza jurídica del acto a inscribir, distinguida con el número que al
título le haya correspondido en el orden del radicador y la indicación del año
con sus dos cifras terminales. Posteriormente se anotará la fecha de la
inscripción, la naturaleza del título, escritura, sentencia, oficio,
resolución, entre otros, su número distintivo, si lo tuviere, su fecha, oficina
de origen, y partes interesadas, todo en forma breve y clara, y en caracteres
de fácil lectura y perdurables”.
En el parágrafo primero de este artículo se
indica que la inscripción no convalida los actos o negocios jurídicos inscritos
que sean nulos conforme a la ley. Sin embargo, los asientos registrales en que
consten esos actos o negocios jurídicos solamente podrán ser anulados por
decisión judicial debidamente ejecutoriada. Igualmente en el parágrafo segundo se
señala que se tendrá como fecha de inscripción, la correspondiente a la
radicación del título, documento, providencia judicial o administrativa.
El artículo 31 de la ley 1579 de 2012 indica
sobre el mérito probatorio que ninguno de los títulos o instrumentos sujetos a
inscripción o registro tendrá mérito probatorio, si no ha sido inscrito o
registrado en la respectiva oficina.
El artículo 61 de la misma ley, define la
cancelación de un asiento registral como el acto por el cual se deja sin efecto
un registro o una inscripción. Esto procede, cuando se presente ante el
Registrador “la prueba de la cancelación del respectivo título o acto, o la
orden judicial o administrativa en tal sentido”. Según señala el artículo
63, carece de fuerza legal y no recuperará su eficacia sino en virtud de
decisión judicial o administrativa en firme, el registro o inscripción que
hubiere sido cancelado.
Esta norma según se observa, denota la
actividad proactiva en materia de títulos de propiedad que cumple el
Registrador, la cual no se restringe a funciones mecánicas de registro, pues la
prestación del servicio público registral que este asume, cumple con unos fines
específicos entre los que se encuentran la publicidad y la seguridad del
tráfico inmobiliario, todo ello regido por los principios de legalidad y buena
fe.
11. Análisis y resolución del caso
concreto.
Como se indicó en el acápite de hechos, la apoderada judicial del Fondo Ganadero de Córdoba
S.A. -en liquidación judicial-[112],
interpuso acción de tutela contra providencia judicial emitida el 16 de agosto
de 2018, por la Sala Unitaria de Decisión Civil, Especializada en Restitución
de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, en la que resolvió tener como
extemporánea la oposición planteada por el Fondo Ganadero de Córdoba S.A. en
liquidación judicial, al considerar que se le debió surtir el traslado de la
solicitud de restitución, como persona indeterminada, esto es, a través de la
publicación en un diario de amplia circulación nacional, como lo dispone el
artículo 86 literal e) de la Ley 1448 de 2011, y no conforme al artículo 87 ibídem.
Lo anterior, al
determinar que el Fondo no es propietario sino poseedor de los predios en
restitución, dada la “REVOCATORIA ADMINISTRATIVA DEJAR SIN EFECTO JURÍDICO
LA ANOTACIÓN No.2, inscrita por la Superintendencia de Notariado y Registro, en
los folios de matrícula inmobiliaria de los predios “Peor es Nada”, “Si Dios
Quiere”, “Finca la Unión” y “Finca las Delicias”, donde se deja sin efecto el
modo de adquisición de los predios por parte del FGC en liquidación judicial”[113].
Igualmente, la
apoderada objetó la decisión que en el mismo auto tomó la Sala Unitaria de
Decisión Civil, Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior
de Antioquia de devolver el proceso al Juzgado Segundo Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó Antioquia, para que decida
de fondo la solicitud de restitución elevada por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente, al considerar que carece de competencia para conocer el asunto,
teniendo en cuenta que el Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación judicial “no
funge como titular de derecho alguno ‘inscrito’ en los folios de matrículas de
los inmuebles solicitados en restitución”.
Alega la
accionante que la providencia judicial impugnada incurrió en algunos  defectos
que procederá la Sala a verificar:
(i) Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
“en la medida que se utiliza el derecho adjetivo para sacrificar el derecho
sustancial y se anteponen -ilegalmente- las formas para obstaculizar el
análisis del fondo del asunto”.
Aduce la accionante que el auto demandado atenta
contra el principio de confianza legítima “que deriva de los postulados
constitucionales de seguridad jurídica, respecto (sic) al acto propio y
buena fe”. Impide “in limine” el acceso a la administración de
justicia del Fondo que representa por obstáculos meramente formales o
adjetivos. Esto, según dice, se materializa al disponer el Tribunal tutelado
mediante auto de fecha 16 de agosto de 2018 la devolución del expediente al
Juez de instrucción por considerar la oposición presentada por el Fondo
Ganadero de Córdoba en liquidación judicial como extemporánea, omitiendo con
ello toda la etapa de instrucción adelantada por el Juez Segundo Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó, en la que se
reconoció al Fondo como un tercero determinado y se aceptó su oposición.
Dicha providencia, señala la demandante, desconoce el
auto de 29 de mayo de 2014 por medio del cual el juez instructor admite la
solicitud de restitución y formalización de tierras y el auto de 24 de febrero
de 2017 por medio del cual admite la oposición presentada por el Fondo que
representa, “actuaciones judiciales que se encuentran plenamente
ejecutoriadas. Al negarle la calidad en la que actuaba dentro del proceso,
trasgrede sus derechos como parte, tercero inscrito y opositor, pues su calidad
procesal, estaba previamente reconocida en autos, en firme y al amparo del
principio de confianza legítima”.
Por su parte, el
Tribunal demandado considera que no vulneró los derechos alegados por la parte
actora, toda vez que (i) la providencia cuestionada en sede de tutela se
fundamenta en argumentos que consultaron reglas de razonabilidad jurídica y
obedecieron a la labor hermenéutica propia del operador jurídico; (ii) la
decisión adoptada en el auto del 16 de agosto de 2018, por medio de la cual se
resolvió “tener como extemporánea la oposición planteada por el Fondo
Ganadero de Córdoba en liquidación judicial” y la consecuencial devolución
del expediente al juzgado de origen, está acorde a los lineamientos fijados por
el legislador en la Ley 1448 de 2011; (iii) la competencia funcional para
proferir el fallo se encuentra supeditada al reconocimiento de personería a
opositores dentro del proceso efectuada por el juez instructor, pero a fin de
evitar fallos inhibitorios o nulidades procesales, se realiza un control de
legalidad de la actuación, para decantar la real calidad del opositor, la
temporalidad de la oposición y la debida integración del contradictorio.
Como ya se dijo, el
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta cuando el
fallador aplica rigurosamente las normas procesales al punto de anular derechos
fundamentales. Esto, en consideración a que se concibe el procedimiento como un
obstáculo para hacer efectivo el derecho sustancial y en consecuencia se niega
el derecho fundamental de acceso a la justicia.
Sobre el tema, la Corte ha indicado que cuando el
derecho procesal se convierte en un obstáculo para la efectiva realización de
un derecho sustancial expresamente reconocido por el juez, mal haría este
en “darle prevalencia
a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la
administración de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales
cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realización del derecho
material”[114]. Si ese
fuera el caso, el juez incurriría en una vía de hecho por exceso ritual
manifiesto, pues sería una decisión en la que habría una “renuncia consiente de la
verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la
aplicación de las normas procesales, convirtiéndose así en una aplicación de la
justicia material”[115].
También ha señalado la Corte que el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto no se configura ante cualquier
irregularidad de carácter procedimental, sino que debe tratarse de una omisión
en la aplicación de las formas propias de cada juicio particularmente grave,
que lleva al juez a utilizar irreflexivamente normas procesales que lo hacen
apartarse del derecho sustancial.
En el presente caso, surge evidente y sin discusión
alguna que el Tribunal accionado no incurrió en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Para la Sala, la autoridad
demandada obró conforme a derecho, las
decisiones se tomaron de conformidad con los principios y normas
que regulan el proceso de restitución de tierras establecido en la Ley 1448 de
2011.
En efecto, considera la Corte que es determinante
dentro del proceso de restitución de tierras que el juez competente, para el
caso, el juez de instrucción, determine, entre otros, la calidad de los
titulares del derecho a la restitución, que según el artículo 75 de la Ley
1448 de 2011, son “las personas que fueran propietarias o poseedoras de
predios, o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por
adjudicación, que hayan sido despojadas de estas o que se hayan visto obligadas
a abandonarlas…”.
Además, debe establecer cuáles son los derechos que
tiene cada uno de los sujetos que intervienen[116] en
relación con el predio que se pretende restituir. Para ello, el juez competente
debe determinar la situación de poseedor, ocupante o propietario y la variación
de los mismos en el contexto del abandono forzado o el despojo. Así como
propender por garantizar la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso de todas las partes y materializar su participación efectiva conforme
con los principios que rigen el procedimiento de restitución de tierras, tales
como el de seguridad jurídica y el de eficacia, los cuales garantizan la
estabilidad de la decisión.
Esto, teniendo en cuenta que la participación adecuada
de todas las partes procesales asegura la efectividad del derecho a la verdad
de las víctimas y asegura que en caso de que se haga efectiva la restitución,
ésta no pueda ser objetada posteriormente por algún vicio procesal.
Así las cosas, se advierte en el presente caso que la
decisión adoptada por la Sala Unitaria de Decisión Civil, Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, en el auto del 16 de
agosto de 2018, por medio de la cual se resolvió “tener como extemporánea la
oposición planteada por el Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación judicial”
y la consecuencial devolución del expediente al juzgado de origen, obedeció al desacierto
en que incurrió el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras -Juez de Instrucción-, al haberle reconocido personería
como tercero determinado dentro del proceso, al Fondo Ganadero de Córdoba en
liquidación judicial.
Se advierte claramente, que ese indebido
reconocimiento derivó además en la decisión de correrle traslado de la
solicitud de restitución y formalización de tierras despojadas realizada por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
y admitir la oposición presentada por la apoderada del Fondo Ganadero de
Córdoba en liquidación judicial.
Pasó por alto el Juzgado Segundo Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó, el hecho de que en la
matrícula inmobiliaria de los predios objeto de reclamación, si bien aparece el
Fondo Ganadero de Córdoba como “titular inscrito” de los mismos,  esta
anotación registrada en el #2[117],
fue dejada sin efecto jurídico en la anotación #8[118]
mediante “Resolución 09 del 119 de diciembre de 2012 Oficina de Registro de
Turbo”.
Por supuesto, al dejar sin efecto jurídico la
anotación de “compra-venta como modo de adquirir” registrada en la
anotación #2 queda sin fuerza legal el mencionado acto, lo que de contera lleva
a deducir sin duda, que el Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación judicial no
figura como titular inscrito en las matrículas inmobiliarias de los predios
reclamados en el proceso de restitución.
Así las cosas y, ante
la falta de instrucción adecuada del proceso por parte del Juzgado
Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó,
era deber del Tribunal accionado, adoptar
las medidas pertinentes, como en efecto lo hizo, realizando un ejercicio argumentativo
juicioso.
Considera la Sala
en este contexto, que al devolver el expediente al juez
instructor y no fallar de fondo, la Sala
Unitaria de Decisión Civil, Especializada en Restitución de Tierras del
Tribunal Superior de Antioquia garantizó la protección del derecho
fundamental al debido proceso de todas las partes del proceso, que lejos de
impedir el acceso a la administración de justicia y atentar contra el principio
de confianza legítima y los postulados constitucionales de seguridad jurídica,
respeto al acto propio y buena fe, propendió hacia la garantía y estabilidad de
la decisión, además de asegurar que en caso de que se haga efectiva la
restitución, ésta no pueda ser objetada posteriormente por algún vicio
procesal.
Para la Corte, la actuación del Tribunal
accionado se ajusta a la previsión normativa del artículo 79 de la Ley 1448 de
2011 y salvaguarda el debido proceso de las partes en el proceso. Según
el artículo 132 del Código General del Proceso “Agotada cada etapa del proceso
el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios
que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las
cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las
etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y
casación.”. Esto deviene en una garantía que no puede desligarse del derecho a que se cumplan las
formas propias de cada juicio.
En la sentencia
T-079 de 1993 la Corte Constitucional señaló “la legitimidad de las
decisiones estatales depende de su fundamentación objetiva y razonable. El
principio de legalidad rige el ejercicio de las funciones públicas (CP art.
121), es condición de existencia de los empleos públicos (CP art. 122) y su
desconocimiento genera la responsabilidad de los servidores públicos (CP arts.
6, 90). Una decisión de la autoridad no es constitucional solamente por el
hecho de adoptarse en ejercicio de las funciones del cargo. Ella debe respetar
la igualdad de todos ante la ley (CP art. 13), principio que le imprime a la
actuación estatal su carácter razonable. Se trata de un verdadero límite
sustancial a la discrecionalidad de los servidores públicos, quienes, en el
desempeño de sus funciones, no pueden interpretar y aplicar arbitrariamente las
normas, so pena de abandonar el ámbito del derecho y pasar a patrocinar simple
y llanamente actuaciones de hecho contrarias al Estado de Derecho que les da su
legitimidad.” (Negrilla por fuera del texto)
En atención a lo anterior, se reitera, era
deber del Tribunal demandado adoptar las medidas pertinentes ante la falta de instrucción adecuada
del proceso por parte del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Apartadó.
Por las razones
expuestas, para esta Sala, no se configura el defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto alegado por la parte actora.
Posible configuración de un defecto procedimental
absoluto.
Como cuestión
previa advierte la Sala que la Secretaría de la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia mediante oficio del 23 de octubre de 2018 radicado
OSSCC-T No.21080[119],  notificó y
corrió traslado del escrito de la presente acción de tutela al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras -Juez de Instrucción-. No obstante, la mencionada
autoridad guardó silencio en el transcurso del proceso constitucional, razón
por la que la Sala de Revisión presumirá ciertos los hechos expuestos en el
presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 del Decreto
2591 de 1991[120].
Ahora bien, sin
perjuicio del análisis previamente realizado, la
Sala procederá a fallar de forma extra y ultra- petita[121] en el
presente caso, una vez estudie la posible configuración de un defecto
procedimental absoluto.
En efecto, esta Sala de Revisión no puede
pasar por alto el desacierto en que incurrió el
Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Apartadó -Juez de Instrucción-, al haberle reconocido personería como tercero
determinado dentro del proceso, al Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación
judicial, pues ello llevó a la decisión de correrle traslado de la solicitud de
restitución y formalización de tierras despojadas realizada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y
admitir la oposición presentada por la apoderada del mismo.
Como ya se
advirtió, la
situación de poseedor, ocupante o propietario y la variación de los mismos en
el contexto del abandono forzado o el despojo, resulta relevante pues de ello
depende no solo el trámite procesal sino las resultas del proceso. La calidad
de los titulares del derecho a la restitución es determinante, toda vez que de
ella se derivan los actos de notificación y traslado de la solicitud de
restitución previstos en los artículos 86[122] y 87[123] de
la Ley 1448 de 2011, así como el término para presentar la oposición dispuesto
en el artículo 88[124]
de la norma en comento.
Según lo expuesto en la parte motiva de este fallo, se
configura el defecto procedimental absoluto cuando el juez de instancia
actúa completamente  al
margen del procedimiento constituido, esto es, cuando se desvía ostensiblemente
de su deber de cumplir con las “formas propias de cada  juicio”[125], vulnerando por consiguiente
los derechos fundamentales de las partes.
Igualmente, se reiteraron las diferentes conductas u
omisiones que ante la eventual amenaza o violación de un derecho fundamental,
permiten la intervención de los jueces constitucionales, a saber: “el funcionario judicial pretermite una etapa propia del juicio[126], da un cauce que no corresponde al asunto sometido a su competencia[127], ignora completamente el procedimiento establecido[128], escoge arbitrariamente las normas procesales aplicables al caso
concreto[129], incumple términos procesales, por ejemplo cuando la autoridad
judicial restringe el término conferido por la ley a las partes para
pronunciarse en ejercicio de su derecho de defensa[130] o desconoce el derecho de defensa de un sindicado en materia penal[131], omite cumplir los principios mínimos del debido proceso señalados
en la Constitución, principalmente, en los artículos 29 y 228”[132].
En efecto, evidencia la Sala que mediante auto
interlocutorio RT 56 de fecha 29 de mayo de 2014 (sic)[133], el
Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Apartadó admitió la solicitud de restitución y formalización de tierras
impetrada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas – Dirección Territorial de Antioquia en favor de los
reclamantes y ordenó: (i) en el numeral quinto, la publicidad de la
solicitud y de la providencia admisoria en los términos del literal e) del
artículo 86 de la Ley 1448 de 2011[134],
para que quienes creyeran tener derechos legítimos sobre los predios objeto de
restitución, se presentaran al proceso para hacer valer sus derechos; y (ii)
en el numeral vigésimo segundo, correr traslado al Fondo Ganadero de Córdoba
S.A. en liquidación judicial, como titulares inscritos y eventuales opositores
de los predios en reclamación.
Atendiendo la orden emitida en el numeral quinto del
auto interlocutorio RT 56 de fecha 29 de mayo de 2014, el 12 de junio de 2015
el juzgado instructor elaboró el aviso requerido conforme al artículo 86
literal e) de la Ley 1448 de 2011, el cual fue publicado en el diario El
Tiempo, en su edición de 21 de junio de 2015.
Así mismo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral vigésimo
segundo del mencionado auto interlocutorio, el 31 de julio de 2015 el Fondo
Ganadero de Córdoba en liquidación judicial, mediante apoderada judicial,
descorrió traslado a la solicitud. El reconocimiento de personería como tercero
determinado dentro del proceso y la admisión de la oposición presentada por la
apoderada del mencionado Fondo, se surtió por parte del Juez de Instrucción
mediante auto del 24 de febrero de 2017[135].
Identifica la Sala sin ninguna duda que el Juzgado
Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó pasó
por alto el hecho de que en la matrícula inmobiliaria de los predios objeto de
reclamación, si bien aparece el Fondo Ganadero de Córdoba como “titular
inscrito” de los mismos,  esta anotación registrada en el #2[136], fue
dejada sin efecto jurídico en la anotación #8[137] mediante
“Resolución 09 del 119 de diciembre de 2012 Oficina de Registro de Turbo”.
Al quedar sin efecto jurídico la anotación de “compra-venta como modo de
adquirir” registrada en la anotación #2 quedó sin fuerza legal el
mencionado acto, lo que de contera lleva a concluir que el Fondo Ganadero de
Córdoba en liquidación judicial no podía tenerse como titular inscrito en las
matrículas inmobiliarias de los predios reclamados en el proceso de
restitución.
Esta omisión desacertada del Juzgado Segundo
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó – Juez
de Instrucción, derivó (i) en la
orden de traslado de la solicitud de restitución y formalización de tierras
despojadas como “titular inscrito” al Fondo Ganadero de Córdoba en
liquidación judicial; (ii) en el reconocimiento de personería como tercero
determinado dentro del proceso; y (iii) en la admisión de la oposición
presentada por la apoderada del mencionado Fondo. Actuaciones estas que no
procedían y que configuran un ostensible defecto procedimental absoluto.
Ciertamente, esta equivocación no puede ser trasladada
a la parte afectada, razón por la que es necesario renovar las mencionadas
actuaciones, en aras de preservar el debido proceso en este asunto.
Considerando que basta con la configuración de uno de los
requisitos específicos de procedibilidad, la Sala no entrará a verificar los demás
defectos alegados (orgánico funcional y sustantivo).
11. Conclusión.
En el presente caso, surge evidente y sin discusión
alguna que el Tribunal accionado no vulneró los derechos invocados por la parte
demandante, ni la providencia que emitió el 16 de agosto de 2018 incurrió en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
A dicha
conclusión se llega al advertir la Sala que la autoridad demandada obró
conforme a derecho y acorde con los principios y normas que regulan el proceso
de restitución de tierras establecido en la Ley 1448 de 2011.
En efecto la Corte considera que las
decisiones que determinó la Sala Unitaria de
Decisión Civil, Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior
de Antioquia, en el auto del 16 de agosto de 2018 por medio de la cual resolvió
“tener como extemporánea la oposición planteada por el Fondo Ganadero de
Córdoba en liquidación judicial”, y la consecuencial devolución del
expediente al juzgado de origen, propendieron a la garantía y
estabilidad de la decisión final del proceso, además de asegurar que en caso de
que se haga efectiva la restitución, ésta no pueda ser objetada posteriormente
por algún vicio procesal.
El fundamento de
lo anterior es incuestionable por las siguientes razones:
(i) Como se
estableció, dentro del proceso de restitución de
tierras es determinante que el juez competente, esto es, el juez de
instrucción, identifique, entre otros, la calidad de los titulares del derecho
a la restitución, y que según el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, son “las
personas que fueran propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras de
baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido
despojadas de estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas…”.
(ii) Además, debe establecer cuáles son los derechos
que tiene cada uno de los sujetos que intervienen[138] en
relación con el predio que se pretende restituir. Para ello, el juez instructor
debe precisar la situación de poseedor, ocupante o propietario y la variación
de los mismos en el contexto del abandono forzado o el despojo. Así como
propender por garantizar la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso de todas las partes y materializar su participación efectiva conforme
con los principios que rigen el procedimiento de restitución de tierras, tales
como el de seguridad jurídica y el de eficacia, los cuales garantizan la
estabilidad de la decisión.
(iii) Este proceso especial y único, hace
indispensable la participación adecuada de todas las partes procesales pues así
se afirma la efectividad del derecho a la verdad de las víctimas y se asegura
que en caso de que se haga efectiva la restitución, ésta no pueda ser impugnada
por algún vicio procesal, como ya se dijo.
(iv) En el presente caso, el Juzgado Segundo Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó -Juez de
Instrucción en este proceso-, reconoció personería como tercero determinado
dentro del proceso, al Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación judicial,
pasando por alto el hecho de que en la matrícula inmobiliaria de los predios
objeto de reclamación, si bien este aparece como “titular inscrito” de
los mismos,  esta anotación registrada en el #2[139], fue
dejada sin efecto jurídico en la anotación #8[140]
mediante “Resolución 09 del 119 de diciembre de 2012 Oficina de Registro de
Turbo”. Ese erróneo reconocimiento derivó además en la decisión de correrle
traslado en calidad de titular inscrito de la solicitud de restitución y
formalización de tierras despojadas realizada por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y admitir la oposición
presentada por la apoderada del Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación
judicial.
Como ya se advirtió, al dejar sin efecto jurídico la
anotación de “compra-venta como modo de adquirir” registrada en la
anotación #2 queda sin fuerza legal el mencionado acto, lo que de contera lleva
a deducir sin duda, que el Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación judicial no
figura como titular inscrito en las matrículas inmobiliarias de los predios reclamados
en el proceso de restitución y por ende no puede ser considerado propietario
sino a lo sumo, poseedor, si así se demuestra dentro del proceso.
(v) Según el artículo 87 de la Ley 1448 de 2011, el traslado de la solicitud de restitución se surtirá a quienes
figuren como titulares inscritos de derechos en el certificado de tradición y
libertad de matrícula inmobiliaria donde esté comprendido el predio sobre el
cual se solicite la restitución. Esto quiere decir que no procedía el traslado
que efectuó el juez de instrucción, pues en su presunta calidad de poseedor, el
Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación judicial se entendía notificado de la
misma por medio de la publicación a que se refiere el ítem e) del artículo 86
de la mencionada ley. Lo anterior con el fin de comparecer al proceso y hacer
valer sus derechos como posible afectado.
La publicación
en el diario El Tiempo se surtió el 21 de junio de 2015, luego el término para
oponerse (15 días, según el artículo 88) con el que contaba el Fondo Ganadero
de Córdoba cesó el 13 de julio del mismo año, como acertadamente lo estimó el
Tribunal demandado. Según relato de los hechos (numeral 1.4.) el Fondo Ganadero
de Córdoba el 31 de julio de 2015 presentó el escrito de oposición.
(vi) La Sala Unitaria de Decisión Civil, Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, al advertir el desacierto
en que incurrió el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Apartadó -Juez de Instrucción en este proceso-,
decidió mediante el auto del 16 de agosto de 2018, “tener como extemporánea
la oposición planteada por el Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación
judicial” y devolver el expediente al juzgado de origen.
(vii) Ante la falta de instrucción adecuada del
proceso por parte del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Apartadó, era deber del Tribunal accionado, adoptar las medidas correctivas
pertinentes, como en efecto lo hizo, realizando un ejercicio argumentativo
juicioso. En cumplimiento de las garantías y  de las formas propias de cada juicio, como se explicó
previamente.
Se reitera que al devolver el
expediente al juez instructor y no fallar de fondo, la Sala Unitaria de Decisión Civil, Especializada en Restitución de Tierras
del Tribunal Superior de Antioquia garantizó la protección del derecho
fundamental al debido proceso de todas las partes del proceso, que lejos de
impedir el acceso a la administración de justicia y atentar contra el principio
de confianza legítima y los postulados constitucionales de seguridad jurídica,
respeto al acto propio y buena fe, propendió por la garantía y estabilidad de
la decisión final del proceso.
Igualmente, la Sala Unitaria de Decisión Civil, Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia ajustó en derecho el
trámite, pues al variar la calidad jurídica-procesal del Fondo Ganadero de
Córdoba en liquidación judicial, esto es, al verificar que no ostentaba la
calidad de titular inscrito de derechos, indudablemente perdía competencia para
conocer y fallar de fondo el asunto, de acuerdo a los postulados normativos del
artículo 79 de la Ley 1448 de 2011 salvaguardando así, el debido proceso
de todas las partes.
(viii) La providencia judicial que se objeta es
un auto interlocutorio y no la sentencia que pone fin al proceso judicial. No
se trata de una situación consolidada, toda vez que el auto interlocutorio
demandado proferido dentro del trámite procedimental, en curso, no tiene la
virtualidad de consolidar derecho alguno. La providencia judicial emitida por
el Tribunal demandado se circunscribe a decantar la real calidad del opositor[141] (que como quedó demostrado es a lo sumo, la
de poseedor, si así se demuestra dentro del proceso y no la de propietario
inscrito en el certificado de tradición y libertad de
matrícula inmobiliaria de los predios solicitados en restitución), para efectos de
notificación de la solicitud de restitución, la temporalidad de la oposición,
la debida integración del contradictorio y la competencia de los jueces para
fallar el asunto.
De
acuerdo con el artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, la sentencia “se pronunciará de manera
definitiva sobre la propiedad, posesión del bien u ocupación del
baldío objeto de la demanda y decretará las
compensaciones a que hubiera lugar, a favor de los opositores que probaron
buena fe exenta de culpa dentro del proceso […]”. A diferencia de lo que ocurre en otras
jurisdicciones, donde el trámite concluye con la ejecutoria de la última
decisión adoptada, ello no ocurre en el proceso de restitución de tierras, pues
el parágrafo 1º del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011 prevé que “el Juez o Magistrado mantendrá
la competencia para garantizar el goce efectivo de los derechos del reivindicado
en el proceso, prosiguiéndose dentro del mismo expediente las medidas de
ejecución de la sentencia”, lo que significa que el trámite sólo
acaba cuando efectivamente han sido cumplidas las órdenes de protección y
restitución contenidas en la sentencia[142].
(ix) En atención a las consideraciones expuestas
esta Sala concluye que la providencia emitida por la Sala Unitaria de Decisión Civil, Especializada en
Restitución de Tierras, del Tribunal Superior de Antioquia el 16 de agosto de 2018 no
incurrió en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto alegado y, en consecuencia, no vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia del accionante.
(x) Sin perjuicio del anterior análisis, la
Sala de forma extra y ultra- petita[143] estudió la posible
configuración de un defecto procedimental absoluto. No se podía pasar
por alto el desacierto en que incurrió el
Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras
-Juez de Instrucción-, al haberle reconocido personería como tercero
determinado dentro del proceso, al Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación
judicial, pues ello llevó a la decisión de correrle traslado de la solicitud de
restitución y formalización de tierras despojadas realizada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y
admitir la oposición presentada por la apoderada del mismo, como se advirtió.
(xi) Las actuaciones del Juez de Instrucción se puntualizan así: mediante
auto interlocutorio RT 56 de fecha 29 de mayo de 2014 (sic)[144], el
Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Apartadó admitió la solicitud de restitución y formalización de tierras impetrada
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas – Dirección Territorial de Antioquia en favor de los reclamantes y
ordenó: (i) en el numeral quinto, la publicidad de la solicitud y de la
providencia admisoria en los términos del literal e) del artículo 86 de la Ley
1448 de 2011[145],
para que quienes creyeran tener derechos legítimos sobre los predios objeto de
restitución, se presentaran al proceso para hacer valer sus derechos; y (ii)
en el numeral vigésimo segundo, correr traslado al Fondo Ganadero de Córdoba
S.A. en liquidación judicial, como titulares inscritos y eventuales opositores de
los predios en reclamación.
Atendiendo la orden emitida en el numeral quinto del auto interlocutorio
RT 56 de fecha 29 de mayo de 2014, el 12 de junio de 2015 el juzgado instructor
elaboró el aviso requerido conforme al artículo 86 literal e) de la Ley 1448 de
2011, el cual fue publicado en el diario El Tiempo, en su edición de 21 de
junio de 2015.
Así mismo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
numeral vigésimo segundo del mencionado auto interlocutorio, el 31 de julio de
2015 el Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación judicial, mediante apoderada
judicial, descorrió traslado a la solicitud. El reconocimiento de personería
como tercero determinado dentro del proceso y la admisión de la oposición
presentada por la apoderada del mencionado Fondo, se surtió por parte del Juez
de Instrucción mediante auto del 24 de febrero de 2017[146].
Sin asomo de duda identificó la Sala que el Juzgado
Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó,
pasó por alto el hecho de que en la matrícula inmobiliaria de los predios
objeto de reclamación, si bien aparece el Fondo Ganadero de Córdoba como “titular
inscrito” de los mismos,  esta anotación registrada en el #2[147], fue
dejada sin efecto jurídico en la anotación #8[148]
mediante “Resolución 09 del 119 de diciembre de 2012 Oficina de Registro de
Turbo”.  Como se ha mencionado, al quedar sin efecto jurídico la anotación
de “compra-venta como modo de adquirir” registrada en la anotación #2
quedó sin fuerza legal el mencionado acto, lo que de contera lleva a concluir
que el Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación judicial no podía tenerse como
titular inscrito en las matrículas inmobiliarias de los predios reclamados en
el proceso de restitución.
Este desacierto del Juez de Instrucción, se
insiste, derivó en la orden de
traslado de la solicitud de restitución y formalización de tierras despojadas
como “titular inscrito” al Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación
judicial, en el reconocimiento de personería como tercero determinado dentro
del proceso y en la admisión de la oposición presentada por la apoderada del
mencionado Fondo, actuaciones estas que no procedían y que configuran un
ostensible defecto procedimental absoluto.
(xii) Al configurarse el defecto procedimental
absoluto y, entendiendo que no es una carga que pueda ser traslada a la parte
afectada, resulta necesario para garantizar el debido proceso, renovar la actuación
mediante la cual se surtió el aviso requerido conforme al artículo 86 literal
e) de la Ley 1448 de 2011, así como el término previsto en el artículo 88 de la
Ley 1448 de 2011, para lo pertinente. Cabe aclarar que la orden que se profiera
para el efecto, se entenderá únicamente frente a estos trámites, en lo demás se
mantendrá la validez de lo actuado.
Por las anteriores razones, la Sala revocará el fallo
de segunda instancia adoptado por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, el 15 de enero de 2019, que confirmó la sentencia
proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 31
de octubre de 2018, por medio de la cual concedió el amparo constitucional
solicitado por la apoderada judicial del Fondo Ganadero de Córdoba en
liquidación judicial, para en su lugar negar el amparo invocado por dicha
entidad.
En aras de preservar el debido proceso en este asunto, la
Sala ordenará al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Apartadó – Juez de Instrucción, (i) dejar sin
efecto el numeral vigésimo segundo del auto  proferido el 29 de mayo de 2014 mediante el cual corrió traslado de la
solicitud de restitución y formalización de tierras despojadas como “titular
inscrito” al Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación judicial; (ii)
dejar sin efecto el reconocimiento de personería como tercero determinado efectuado
al interior del proceso al Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación judicial,
así como la admisión de la oposición presentada por la apoderada del mismo,
realizada en el auto de 24 de febrero de 2017[149]. Ordenará
igualmente al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Apartadó – Juez de Instrucción, que supliendo el aviso requerido
conforme al artículo 86 literal e) de la Ley 1448 de 2011, le otorgue al Fondo
Ganadero de Córdoba en liquidación judicial, a partir de la notificación de
este fallo, el término previsto en el artículo 88 de la Ley 1448 de 2011[150],
para que, si así lo considera, presente oposición.
III. DECISIÓN
Con base en las
consideraciones expuestas, la Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución.
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR
la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia el 15 de enero de 2019, en la que confirmó el fallo emitido el 31 de
octubre de 2018 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
En su lugar, NEGAR el amparo solicitado por la
apoderada del Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación judicial, de conformidad
con los argumentos expuestos en esta sentencia.
SEGUNDO.- ORDENAR al
Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Apartadó – Juez de Instrucción, (i) dejar sin efecto el numeral vigésimo
segundo del auto  proferido el 29 de
mayo de 2014 mediante el cual corrió traslado de la solicitud de restitución y
formalización de tierras despojadas como “titular inscrito” al Fondo
Ganadero de Córdoba en liquidación judicial; (ii) dejar sin efecto el
reconocimiento de personería como tercero determinado efectuado al interior del
proceso al Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación judicial, así como la
admisión de la oposición presentada por la apoderada del mismo, realizada en el
auto de 24 de febrero de 2017.
TERCERO.- ORDENAR al Juzgado
Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó
– Juez de Instrucción, que supliendo
el aviso requerido conforme al artículo 86 literal e) de la Ley 1448 de 2011, le
otorgue al Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación judicial, a partir de la
notificación de este fallo, el término previsto en el artículo 88 de la Ley
1448 de 2011, para que, si así lo considera, presente oposición. El Juez
renovará únicamente estas actuaciones, en lo demás mantendrá la validez de lo
actuado.
CUARTO.- LÍBRESE, por la Secretaría
General de esta Corporación, las comunicaciones a las que se refiere el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Con salvamento de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO
DE VOTO DEL MAGISTRADO
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
A
LA SENTENCIA T-401/19
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Se debió estudiar
a profundidad requisito de subsidiariedad en proceso de restitución de tierras
(Salvamento de voto)
DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO Y DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO
RITUAL MANIFIESTO-Contradicciones en el análisis realizado en proceso de restitución
de tierras (Salvamento de voto)
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la Corte me
permito expresar las razones que me llevan a apartarme de la posición adoptada
por la mayoría en la sentencia de la referencia.
1.  La Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, presentó solicitud de
restitución y formalización de tierras sobre cuatro predios. El Juzgado Segundo
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó,
Antioquia (juzgado de instrucción) admitió la solicitud, y dispuso vincular y
correr traslado al Fondo Ganadero de Córdoba S.A. -en liquidación judicial-
como propietario inscrito de los predios en reclamación.
Luego de que el Fondo presentara oposición a la solicitud de
restitución, el juzgado instructor remitió el expediente a la Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Antioquia para lo de su competencia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011[151]. Sin embargo, el Tribunal resolvió tener como
extemporánea la oposición del Fondo Ganadero y devolver el proceso al juzgado
de instrucción para que decidiera la solicitud, por considerar que carecía de
competencia para conocer el asunto. Lo anterior, tras encontrar que esa
sociedad no era propietaria sino poseedora de los predios, por lo que se debió
surtir el traslado de la solicitud como persona indeterminada, a través de la
publicación en un diario de circulación nacional[152].
El Fondo Ganadero de Córdoba S.A. -en liquidación judicial-
instauró acción de tutela contra el Tribunal Superior de Antioquia por
considerar que con esa decisión incurrió en los defectos: procedimental por
exceso ritual manifiesto, sustantivo y orgánico.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
concedió el amparo invocado al considerar que el Tribunal no adoptó las medidas
de saneamiento necesarias, pues si bien el Fondo Ganadero fue calificado como
titular del dominio de los inmuebles sin serlo, para aquel existía una
confianza legítima; además, el Tribunal no integró debidamente el
contradictorio, pues si consideraba que los predios no estaban en cabeza de
dicha sociedad debió vincular a quien lo fuere. Por lo tanto, dispuso dejar sin
efecto la decisión del Tribunal y le ordenó pronunciarse en derecho.
Esta decisión fue confirmada por la Sala de Casación Laboral de la
misma Corporación, porque si bien se desconoció el requisito de subsidiariedad
pues contra la decisión del Tribunal accionado procedía el recurso de
reposición, era pertinente obviar tal exigencia dada la flagrante vulneración
al debido proceso al tener por extemporánea la intervención.
2.  Mediante la sentencia
T-401 de 2019, esta Corte concluyó que el Tribunal accionado no vulneró los
derechos de la parte demandante porque su decisión obedeció al error judicial
en que incurrió el juez de instrucción al haberle reconocido personería al
Fondo Ganadero como tercero determinado.
Sin embargo, en uso de las facultades extra y ultra petita,
estudió la posible configuración de un defecto procedimental absoluto. Al
respecto, concluyó que el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Apartadó, Antioquia, pasó por alto que si bien en la
matricula inmobiliaria de los predios objeto de reclamación aparecía el Fondo
como titular inscrito de los mismos, esa anotación fue dejada sin efecto
jurídico por la Oficina de Registro de Turbo. A juicio de la Sala, esta
equivocación no podía ser atribuible al Fondo, por lo que era necesario surtir
nuevamente la actuación.
En consecuencia, dispuso: i) revocar las decisiones de
instancia y en su lugar, negar el amparo invocado; ii) ordenar al
Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Apartadó, Antioquia dejar sin efecto la decisión mediante la cual corrió
traslado al Fondo Ganadero como titular inscrito, así como dejar sin efecto el
reconocimiento como tercero determinado y la admisión de la oposición a la
solicitud; y iii) ordenar al juzgado de instrucción que, supliendo el
aviso requerido conforme al artículo 86 de la Ley 1448 de 2011, le otorgue al
Fondo Ganadero el término previsto en el artículo 88 de esa ley, para que, si
así lo considera, presente oposición.
3.  Mi desacuerdo con
la decisión de la mayoría se fundamenta en los siguientes cuatro puntos:
Sobre la procedencia de la acción de tutela:
Durante el transcurso del proceso de tutela se puso de presente en
dos oportunidades, que contra el auto dictado por el Tribunal accionado
procedía el recurso de reposición[153]. Por un
lado, en la contestación de la acción de tutela, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín indicó que el Fondo no había interpuesto dicho
recurso a pesar de proceder contra el auto cuestionado. Por el otro, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la decisión de segunda
instancia indicó que si bien el Fondo desconoció el requisito de subsidiariedad
al no interponer el recurso de reposición, era pertinente obviar tal exigencia
dada la flagrante vulneración al debido proceso por parte del Tribunal al tener
por extemporánea la oposición.
A pesar de las anteriores manifestaciones, este aspecto no fue
abordado en la sentencia de la cual me aparto. La Sala Séptima de Revisión se
limitó a hacer referencia a la especialidad del proceso de restitución de
tierras, a mencionar sus características y a señalar que la Ley 1448 de 2011
solo regula dos tipos de recursos, lo anterior, reiterando las consideraciones
de la sentencia T-034 de 2017. Sin embargo, no se tuvo en cuenta que, en esa
providencia que sirvió de fundamento, se resolvió un caso en el que sí se
interpuso un recurso de reposición contra un auto de igual naturaleza al que
ahora se cuestiona y más allá de algunas consideraciones generales, no se
definió de manera concreta si interponer ese recurso era una exigencia para la
acreditación del requisito de subsidiariedad.
Considero que era necesario rebatir las manifestaciones del
Tribunal accionado y del juez de segunda instancia sobre este punto, para lo
cual era indispensable estudiar si la inexistencia del recurso de reposición
contra un auto como el cuestionado se debe a un vacío normativo que se supliría
con la remisión contenida en el artículo 1º del Código General del Proceso en
virtud del cual: “[e]ste código regula la actividad procesal en los asuntos
civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, además, a todos los asuntos
de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y
autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en
cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes”.
De ser así, le asistiría razón al Tribunal accionado al sostener
que en este asunto procedía el recurso de reposición, evento en el cual era
necesario evaluar si, como lo concluyó la Corte Suprema de Justicia, a pesar de
ello era pertinente obviar tal exigencia, dada la flagrante vulneración del
derecho al debido proceso; o por el contrario, se podría determinar que si bien
es posible interponer el recurso de reposición contra un auto de esa naturaleza
en virtud de las normas del Código General del Proceso, el no hacerlo tampoco
sería un argumento para considerar como no acreditado el requisito de
subsidiariedad, pues es una exigencia no contenida en el trámite especial de
restitución de tierras.
Esta última opción, a mi juicio, era la más ajustada a las
garantías procesales de las partes teniendo en cuenta la naturaleza del
proceso.
Sobre el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
Si en gracia de discusión se encontrara acreditado el cumplimiento
del requisito de subsidiariedad conforme lo señalado anteriormente, considero
que la decisión de la Sala debió estar dirigida a confirmar las decisiones de
instancia.
El parágrafo 1° del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011 establece
que el juez o magistrado mantendrá la competencia para garantizar el goce
efectivo de los derechos del reivindicado en el proceso, competencia que se
extiende hasta tanto estén completamente eliminadas las causas de la amenaza
sobre tales derechos. Esto significa que el Tribunal accionado estaba facultado
para efectuar un control de legalidad, como en efecto lo hizo.
Sin embargo, la consecuencia de advertir un error como el que
cometió el juzgado instructor era dejar sin efecto dichas actuaciones que
vulneraron los derechos de las partes, adoptar las medidas de saneamiento
necesarias e integrar debidamente el contradictorio, más no, de manera
automática, tener como extemporánea la oposición.
Aunque comparto la conclusión según la cual el Tribunal acertó al
devolver el asunto al juzgado instructor, pues indudablemente perdía
competencia para fallar de fondo, no estoy de acuerdo con mantener vigente su
decisión de tener como extemporánea la oposición, en tanto resulta
contradictorio con las órdenes que más adelante se dictan en la sentencia. Esto
se explicará con mayor detenimiento en el siguiente punto.
Sobre el defecto procedimental absoluto
(i) Al estudiar el defecto procedimental, la mayoría de la Sala
consideró que el juez que conoció en primera instancia notificó y corrió
traslado de la acción de tutela al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Apartadó Antioquia, pero concluyó que, ante el
silencio de ese despacho, se presumirían “ciertos los hechos expuestos en el
presente asunto, de conformidad con lo expuesto en el artículo 20 del Decreto
2591 de 1991”.
Sin embargo, no es claro qué se tiene por cierto y qué efectos se
derivan de ello. Es apenas una afirmación sin mayor argumentación.
(ii) Sin perjuicio de lo anterior, considero que es contradictorio
mantener vigente la decisión del Tribunal de tener como extemporánea la
oposición, y a la vez emitir órdenes dirigidas a realizar nuevamente el trámite
de traslado con el fin de reconocer al Fondo Ganadero como tercero
indeterminado.
Es claro que el juzgado instructor incurrió en un error al
reconocer al Fondo como titular inscrito, también lo es que el Tribunal
accionado acertó al efectuar un control sobre dicha decisión y devolver el
expediente a ese juzgado al perder la competencia. El problema surge cuando el
Tribunal decide “tener como extemporánea la oposición planteada y
devolver el proceso para que decida de fondo la solicitud de restitución”.
Lo que debió hacer el Tribunal es, precisamente, lo que ahora se
pretende solucionar con las órdenes dictadas en la sentencia T-401 de 2019, es
decir, ese cuerpo colegiado debió devolver el expediente, no para que el
juzgado instructor fallara de fondo la solicitud de restitución, sino para que
dejara sin efecto el traslado al Fondo como titular inscrito y el
reconocimiento como persona determinada, y en su lugar, supliera el aviso como
tercero indeterminado.
Al remediar directamente ese yerro, la Sala de Revisión está
incurriendo en una contradicción: de una parte, se está aceptando que hubo una
irregularidad en el proceso y a pesar de ello se está negando la protección
invocada; y de otra, se están emitiendo órdenes para solucionar la indebida
extemporaneidad de la oposición y a la vez se está dejando vigente una
providencia que ordena expresamente no solo tener como extemporánea la
oposición sino también fallar de fondo el asunto.
Si la Corte va a dar esta clase de órdenes, debe ser como
resultado de reconocer que existió una vulneración del derecho al debido
proceso, es decir, confirmando las decisiones de instancia que concedieron el
amparo invocado. Además, es claro que si se encontró acreditada la
configuración de un defecto es porque hubo una vulneración, por lo tanto, ello
implicaba necesariamente conceder el amparo del referido derecho fundamental.
Sobre los defectos orgánico y sustantivo
Según se narró en los antecedentes de la sentencia, a juicio del
Fondo Ganadero de Córdoba S.A. -en liquidación judicial-, el Tribunal accionado
incurrió en i) un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
porque atentó contra el principio de confianza legítima e impidió el acceso a
la administración de justicia; ii) en un defecto sustantivo, debido a
que al interpretar las normas de traslado y publicación de la admisión de la
solicitud de restitución de tierras (art. 86 y 87 de la Ley 1448 de 2011) contravino
de manera desproporcionada los intereses de la parte opositora, al omitir la
calidad de titular inscrito de derechos y opositor que le había sido
reconocida; y iii) en un defecto orgánico funcional, porque no estaba
facultado, por carecer de competencia, para proferir el auto que se cuestiona
sino para decidir de fondo.
La Sala únicamente estudió el defecto procedimental y consideró
que bastaba con la configuración de uno de los requisitos específicos de
procedibilidad, razón por la cual no entró a verificar los demás defectos
alegados (orgánico y sustantivo); pese a ello, bajo el amparo de la facultad extra
petita del juez constitucional, decidió analizar otros defectos no alegados
por la parte accionante. No comparto esta conclusión pues, a mi juicio, primero
era necesario analizar y descartar cada uno de los argumentos expuestos en la
acción de tutela y, luego de encontrar que ninguno de ellos se configuró,
acudir a las facultades extra petita. Lo anterior, con el fin de abordar
cada una de las pretensiones de la demanda garantizando así el derecho al
debido proceso del Fondo Ganadero.
En estos términos, dejo consignado mi salvamento de voto.
Fecha ut
supra,
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
[1] Sala de Selección Número Tres,
conformada por las magistradas Diana Fajardo Rivera y Gloria Stella Ortiz
Delgado. Auto del 15 de marzo de 2019, notificado el 1° de abril de 2019.
[2] Se afirma en la demanda que mediante auto N°. 400-015455
de fecha 23 de octubre de 2014, proferido por la Superintendencia de
Sociedades, se decretó con base en el numeral 7° del artículo 49 de la Ley 1116
de 2006, la apertura del proceso de liquidación judicial de los bienes de la
Sociedad FONDO GANADERO DE CÓRDOBA S.A. con NIT.891080000. Como consecuencia de
lo anterior, la mencionada sociedad quedó disuelta y para todos los efectos
legales deberá anunciarse siempre con la expresión “en liquidación judicial”.
El doctor César Laureano Negret Mosquera fue designado como agente liquidador
de la Sociedad concursada y en tal calidad, otorgó poder a la abogada Andrea
Marcela Galindo Robles para que en nombre y representación del Fondo Ganadero
de Córdoba en liquidación judicial, instaure y lleve hasta su culminación la
presente acción de tutela (folios 1-11, cuaderno primera instancia).
[3] Auto interlocutorio RT56, que admitió la solicitud de
restitución y formalización de tierras despojadas, folios 12-25, cuaderno
primera instancia.
[4] Auto en el que se admite el escrito de oposición
presentado por la apoderada del Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación
judicial, folios 28-31, cuaderno primera instancia.
[5] Se advierte un error en la fecha del auto admisorio,
el cual está calendado “veintinueve (29) de mayo de dos mil catorce (2014),
no obstante, en la última hoja del mismo, se observa sello en que el Juzgado Segundo Civil
del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó, certificó que
“el auto admisorio fue notificado en ESTADO N° 60 fijado en la secretaría
hoy 2 de julio de 2015 a las 8:00 a.m.”. Los oficios con fecha nueve
(9) de julio de 2015, mediante los cuales el juzgado corrió traslado de
la solicitud de restitución al agente liquidador del Fondo de Ganaderos de
Córdoba y al Fondo de Ganaderos de Córdoba señalan “que mediante auto
interlocutorio N° RT 56 del 29 de mayo de 2015, se dispuso correrles
traslado de la solicitud de restitución y formalización de tierras abandonadas
y que el término para que se pronuncien es de quince (15) días, por aplicación
analógica del artículo 88 de la Ley 1448 de 2011, el cual comenzará a contar al
día siguiente de que reciba la presente”. (Resaltado propio), (folios
12-27, cuaderno primera instancia).
[6] Ley 1448 de 2011, artículo 86 literal e)
“La publicación de la admisión de la solicitud, en un diario de amplia
circulación nacional, con inclusión de la identificación del predio y los
nombres e identificación de la persona quien abandonó el predio cuya
restitución se solicita, para que las personas que tengan derechos legítimos
relacionados con el predio, los acreedores con garantía real y otros acreedores
de obligaciones relacionadas con el predio, así como las personas que se
consideren afectadas por la suspensión de procesos y procedimientos
administrativos comparezcan al proceso y hagan valer sus derechos”.
[7] Folio 26 cuaderno primera instancia.
[8] Folio 27 cuaderno primera instancia.
[9] Auto del  Juzgado Segundo Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó Antioquia, en el que admite
y reconoce como opositor al Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación judicial, en
relación con los predios “Peor es Nada”, “Si Dios Quiere”, “Finca la Unión” y
“Finca las Delicias”. (Folios 28-31 cuaderno primera instancia).
[10] El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Apartadó Antioquia, advierte en el auto de fecha 24
de febrero de 2017 lo siguiente: “Revisado el expediente de la referencia,
se constata que en las matrículas inmobiliarias de los predios solicitados en
restitución reposa anotación de medida cautelar de embargo por jurisdicción
coactiva de la SUPERINTENCIA DE SOCIEDADES BOGOTÁ D.C. (sic), por lo que es necesario
requerirlos para que envíen a esta dependencia judicial copia de la actuación
adelantada frente a los bienes aquí pretendidos y, además para que se enteren
del presente proceso y si a bien lo tienen se manifiesten acerca del mismo”
(folio 28 cuaderno primera instancia).
[11] No se adjunta copia de lo mencionado.
[12] No se adjuntan copias de las providencias mencionadas.
[13] M.P. Javier Enrique Castillo Cadena, folios 32-37 cuaderno primera instancia.
[14] Folio 61, cuaderno primera instancia.
[15] Folio 63, cuaderno primera instancia.
[16] Folios 64-65, cuaderno primera instancia.
[17] Folio 66, cuaderno primera instancia.
[18] Folio 67, cuaderno primera instancia.
[19] Folio 69, cuaderno primera instancia.
[20] Folio 71, cuaderno primera instancia.
[21] Folio 72, cuaderno primera instancia.
[22] Folio 74, cuaderno primera instancia.
[23] Folio 75, cuaderno primera instancia.
[24] Folio 76, cuaderno primera instancia.
[25] Folio 77, cuaderno primera instancia.
[26] Folio 82, cuaderno primera instancia.
[27] Folio 88, cuaderno primera instancia.
[28] Folios 100-103, cuaderno primera instancia.
[29] Ver Anexo.
[30] Ver Anexo.
[31] Folio 92, cuaderno primera instancia.
[32] Adjuntan copia del auto que ordena devolver actuación.
Folios 93-95, cuaderno primera instancia.
[33] Folios 106-109, cuaderno primera instancia.
[34] Folios 110-112, cuaderno primera instancia.
[35] Folios 115-116, cuaderno primera instancia.
[36] Folio 119, cuaderno primera instancia.
[37] Folio 123-125, cuaderno primera instancia.
[38] Folios 143-144, cuaderno primera instancia.
[39] Folios 149-152, cuaderno primera instancia.
[40] Folios 159-164, cuaderno primera instancia.
[41] Sentencia
T-608 de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[42] En sentencia C-543 de 1992, M.P. José
Gregorio Hernández, la Corte señaló que “salvo en aquellos casos en que se haya incurrido
en una vía de hecho, la acción de tutela no procede contra providencias
judiciales”. La Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba
Triviño, replanteó la doctrina de las “vías de hecho” e indicó que “los casos en
que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales han sido
desarrollados por la doctrina de esta Corporación tanto en fallos de
constitucionalidad, como en fallos de tutela […] la Corporación ha entendido
que la tutela sólo puede proceder si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos
de procedibilidad”.
[43] Sentencia SU-132 de 2013, M.P. Alexei
Julio Estrada.
[44] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[45] Sentencia
T-1276 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[46] M.P. José Gregorio Hernández.
[47] M.P. Luis Ernesto Vargas.
[48] Ver entre otras, las sentencias SU-1299
de 2001, T-886 de 2001, T-212 de 2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014.
[49] La Corte
en la sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, señaló que es “un deber del actor desplegar
todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga
para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la
acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última”. Posición reiterada en las sentencias SU-858 de 2001,
SU-1299 de 2001, entre otras.
[50] En la Sentencia
T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, se indicó que “En atención al carácter exceptivo de la acción de
tutela, la misma resulta improcedente cuando se pretende emplear para reabrir un
asunto litigioso que por negligencia, descuido o distracción de las partes, se
encuentra debidamente resuelto (…)Entonces, por vía de tutela, no es viable
revivir términos de caducidad agotados, en la medida que se convertiría en un
mecanismo que atentaría contra el principio de seguridad jurídica y se
desnaturalizaría el propósito mismo de la acción constitucional de protección
de los derechos fundamentales”. Ver
en sentido similar, las sentencias T-396 de 2014, T-006 de 2015.
[51] Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[52] Sentencia
T-323 de 2014 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[53] En la Sentencia T-394 de 2014, M.P. Alberto Rojas
Ríos, la Corte señaló: “la Corte ha
sido enfática al considerar que la acción de tutela no es un mecanismo
alternativo o paralelo en la resolución de conflictos, por lo que no es dable
la intromisión de la jurisdicción constitucional en la órbita propia de la
justicia ordinaria sino cuando se presentan unas especialísimas
circunstancias que hacen procedente el amparo”
[54] Sentencia T-034 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz.
[55] Ley 1448 de 2011, artículo 1 y 3.
[56] Ley 1448 de 2011, título IV capítulo II.
[57] M.P. María Victoria Calle. En la sentencia se señaló:
“Frente a
las características y estructura del proceso de restitución de tierras, los
demandantes cuestionan su idoneidad para garantizar los derechos al debido
proceso, el derecho de defensa, y el acceso a la justicia, debido a su brevedad
y al hecho de que el legislador haya establecido que se trata de un proceso de
única instancia. No obstante, observa la Corte Constitucional que a pesar de
algunos vacíos que han surgido en la implementación de este nuevo procedimiento
judicial, y que deberán ser corregidos para asegurar la protección plena de los
derechos de las víctimas, de opositores, intervinientes y terceros, la
estructura, etapas y garantías definidas por el legislador para este
procedimiento son suficientes para garantizar tales derechos y asegurar la
efectividad del proceso de restitución”.
[58] M.P. Gloria Ortiz Delgado.
[59] Artículo 157 de la Ley 1448 de 2011.
[60] Artículo 92 de la Ley 1448 de 2011.
[61] Defecto
orgánico: “Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello”.
[62] Defecto
procedimental: “Se origina cuando el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido”.
[63] Defecto fáctico: “Surge cuando el juez
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión”.
[64] Defecto
material y sustantivo: “Son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión”.
[65] Error
inducido: “Se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta
derechos fundamentales”.
[66] Decisión
sin motivación: “Implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional”.
[67] Desconocimiento
del precedente: “Esta hipótesis se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos, la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado”.
[68] Sentencia T-926 de 2014 M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[69] Sentencia SU-773 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub
[70] Sentencia
SU-1185 de 2001.
[71] Sentencia
SU-158 de 2002.
[72] Al respecto consultar la sentencia T-264
de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Adicionalmente se pueden consultar las
sentencias T-950 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-158 de 2012
M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-213 de 2012
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, ver recientemente sentencia T-926 de 2014 M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[73] Ver sentencia T-996 de 2003.
[74] Ibídem.
[75] T-289 de 2005.
[76] Ibídem.
[77] Ver sentencia T-579 de 2006. En el fallo,
esta Corporación reiteró la sentencia T-1062 de 2002 e indicó: “no todo
incumplimiento de un término procesal o de una norma que establece una etapa es
suficiente para que se incurra en vía de hecho por defecto procedimental, pues
además del desconocimiento mismo se requiere que el ejercicio del derecho de
defensa se haya visto efectivamente afectado”.
[78] Ver T-731 de 2006, T-697 de 2006, T-196 de
2006, entre otras.
[79] Sentencia T-719 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas.
[80] Por ejemplo, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que se configura defecto procedimental por indebida notificación en el
proceso penal cuando se
verifica: (i) denotada negligencia del juez en la realización de intentos de
notificación, (ii) consecuente falta de notificación de las diligencias en el
proceso pena, (iii)  como consecuencia de lo anterior se adelanta el proceso
penal contra persona ausente.
[81] Entre otras, ver las sentencias T-264 de 2009, MP. Luis
Ernesto Vargas Silva, T- 550 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[82] Sentencia T-
1306 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[83] Ídem.
[84] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[85] Corte Constitucional, sentencia T- 008
de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T- 156 de 2000, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo, SU-416 de 2015, M.P. Alberto
Rojas Ríos.
[86] Corte Constitucional, sentencia T- 757
de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[87] Sentencia SU-050 de 2018, M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
[88] Corte Constitucional, sentencia C-836 de
2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[89] Constitución
Política de Colombia. Artículo 29.
[90] Corte
Constitucional, sentencias T – 008 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-
267 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[91] Sentencia
T-058 de 2006.
[92] sentencia T- 267 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[93] La Corte Constitucional en la sentencia T-085 de 2009, dijo al respecto
que : "La restitución, como su nombre lo indica, es
"restablecer o poner algo en el estado que antes tenía", es decir,
para el caso de las personas víctimas de la vulneración de los derechos
fundamentales, se trata de regresarlas a la situación en que se encontraban
antes de la transgresión de sus derechos, "la restitución comprende, según
corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos
humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar
de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus
bienes"
[94] Corte Constitucional, sentencia T-364 de
2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[95] Ídem.
[96] La decisión tomada a través de acto
administrativo de inscribir, o no, el predio en el Registro puede ser objeto de
recursos en la vía gubernativa de conformidad con los artículos 74 a 82 del
Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). O, incluso, de ser
demandado ante la jurisdicción contencioso administrativo, a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 del nuevo Código Contencioso Administrativo. Las impugnaciones de los
registros de predios en el Registro de Tierras Despojadas, serán objeto de
acumulación al proceso que se adelante ante los Jueces Especializados en
Restitución (Art. 95 Ley 1448).
[97] Decreto 4829 de 2011 “Por
el cual se reglamenta el Capítulo III del
Título IV de la Ley 1448 de 2011 en relación con la restitución de tierras”.
[98] Según la sentencia T 653 de 2006 de la
Corte Constitucional, el derecho fundamental al debido proceso administrativo
es “el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la
administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por
parte de la autoridad administrativa; (ii) que guardan relación directa o
indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera
constitucional y legal. Por último, el objeto de esta garantía superior es (i)
procurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de
sus actuaciones, y (iii) salvaguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la
defensa de los administrados”.
[99] En el literal e) de la Ley en cita se
determina que la publicación de la admisión se surte a través de un diario de
amplia circulación nacional, con inclusión de la identificación del predio y
los nombres e identificación de la persona o de quien abandonó el predio cuya
restitución se solicita, para que las personas que tengan derechos legítimos
relacionados con el predio, los acreedores con garantía real y otros acreedores
de obligaciones relacionadas con el predio, así como las personas que se
consideren afectadas por la suspensión de procesos y procedimientos
administrativos comparezcan al proceso y hagan valer sus derechos.
[100] Corte Constitucional, sentencia T-364 de
2017, MP Alberto Rojas Ríos.
[101] M.P. Gloria Stella Ortiz.
[102] El título puede ser justo o
injusto. Será justo aquel título que: i) sea atributivo de
dominio, es decir, aquel que es apto para adquirir el dominio como la
permuta, la compraventa o la donación; ii) es verdadero, lo que implica
que debe existir realmente; y iii) debe ser válido, esto es, que no
adolezca de nulidad, como sería un vicio del consentimiento o la emisión de
requisitos ad substanciam actus. El título es injusto cuando no
reúne los requisitos legales conforme al artículo 766 del Código Civil
Colombiano (actual Código General del Proceso).
[103] El
modo es la “(…) forma jurídica mediante la cual se ejecuta o realiza
el título cuando este genera la constitución o transferencia de derechos reales”.
Así las cosas, se pueden identificar dos clases de modos, entre otros, los
originarios y derivados. Son originarios cuando “(…) la propiedad se
adquiere sin que exista una voluntad anterior o precedente que la transfiera,
como ocurre con la accesión, la ocupación y la prescripción. Se presenta sobre
objetos que no han tenido dominio, o que habiéndolo tenido no existe una
transferencia voluntaria de su primitivo dueño.”. Son derivados
cuando se realiza una trasferencia o transmisión de la propiedad “(…) con
fundamento en una sucesión jurídica, como la tradición y la sucesión por causa
de muerte o acto de partición de una herencia.”
[104] Ternera Barrios. Op. Cit. Pág. 400.
[105] Jiménez París Teresa Asunción. La publicidad de los
derechos reales y el registro de la Propiedad en España.   http://eprints.ucm.es/35416/1/La%20publicidad%20de%20los%20derechos%20reales%20y%20el%20Registro%20de%20la%20Propiedad%20en%20Espa%C3%B1a.pdf.
[106] “Por la cual se expide el estatuto de registro de
instrumentos públicos y se dictan otras disposiciones”
[107] Ternera Barrios. Op. Cit. Pág. 406.
[108] Ibídem. Pág. 406.
[109] Ibídem.
[110] Ibídem.
[111] Citado en la sentencia SU-454 de 2016, (texto referido
en Tenera Barrios Op. Cit. Pág. 401).
[112] Se afirma en la demanda que mediante auto nro.
400-015455 de fecha 23 de octubre de 2014, proferido por la Superintendencia de
Sociedades, se decretó con base en el numeral 7 del artículo 49 de la Ley 1116
de 2006, la apertura del proceso de liquidación judicial de los bienes de la
Sociedad FONDO GANADERO DE CÓRDOBA S.A. con NIT.891080000. Como consecuencia de
lo anterior, la mencionada sociedad quedó disuelta y para todos los efectos legales
deberá anunciarse siempre con la expresión “en liquidación judicial”. El doctor
César Laureano Negret Mosquera fue designado como agente liquidador de la
Sociedad concursada y en tal calidad, otorgó poder a la abogada Andrea Marcela
Galindo Robles para que en nombre y representación del Fondo Ganadero de
Córdoba en liquidación judicial, instaure y lleve hasta su culminación la
presente acción de tutela (folios 1-11, cuaderno primera instancia).
[113] Folios 100-101, cuaderno primera instancia.
[114] Sentencia T-
1306 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[115] Ídem.
[116] Ley 1448 de 2011, artículos 75 y 81: Las personas
que fueran propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras de baldíos cuya
propiedad se pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido despojadas de
estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e
indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata el artículo
3° de la presente Ley, entre el 1° de enero de 1991 y el término de vigencia
de la Ley, puede solicitar la restitución jurídica y material de las
tierras despojadas o abandonadas forzadamente, en los términos establecidos en
este capítulo.
[117] ANOTACIÓN:Nro 2 Fecha:28-09-2000
Radicación:2000-3520
Doc: ESCRITURA
167 del: 20-09-2000 NOTARIA ÚNICA DE SAN PEDRO DE URABÁ VALOR
ACTO$16.427.355.00
ESPECIFICACIÓN:
101 COMPRAVENTA
DE: JIMÉNEZ
LOZANO JOSÉ
A: FONDO
GANADERO DE CÓRDOBA S.A.
[118] ANOTACIÓN:Nro 8 Fecha:20-12-2012
Radicación:2012-9205
Doc: Resolución
09 del: 19-12-2012 OFICINA REGISTRO TURBO
ESPECIFICACIÓN:
0158 REVOCATORIA ADMINISTRATIVA DEJAR SIN EFECTO JURÍDICO LA ANOTACIÓN N.2
(MODO DE ADQUISICIÓN)
DE:
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
A: FONDO
GANADERO DE CÓRDOBA S.A.
[119] Folio 82, cuaderno primera instancia.
[120] Decreto 2591 de 1991, ARTICULO 20.
PRESUNCION DE VERACIDAD. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo
correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de
plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa.
[121] En
Sentencia SU-195 de
2012 se señaló que el juez de tutela está investido de la facultad oficiosa de
proferir fallos extra y ultra petita, cuando de los hechos de la demanda se
evidencia la vulneración de un derecho fundamental, incluso cuando no ha sido
solicitado por el tutelante, “…en cuanto a la posibilidad
de que los fallos puedan ser extra y ultra petita en materia de
tutela, esta Corte de manera pacífica ha señalado que el juez de tutela
puede al momento de resolver el caso concreto conceder el amparo incluso a
partir de situaciones o derechos no alegados, atendiendo la informalidad que
reviste el amparo y además quien determina los derechos fundamentales violados.
Así, desde los primeros pronunciamientos se ha sentado esta posición, toda vez
que conforme a la condición sui generis de esta acción, la labor de
la autoridad judicial no puede limitarse exclusivamente a las pretensiones
invocadas por la parte actora, sino que debe estar encaminada a garantizar el
amparo efectivo de los derechos fundamentales”.
[122] ARTÍCULO 86. ADMISIÓN DE LA
SOLICITUD. El auto que admita la solicitud deberá disponer:
e). La
publicación de la admisión de la solicitud, en un diario de amplia circulación
nacional, con inclusión de la identificación del predio y los nombres e
identificación de la persona o de quien abandonó el predio cuya restitución se
solicita, para que las personas que tengan derechos legítimos relacionados con
el predio, los acreedores con garantía real y otros acreedores de obligaciones
relacionadas con el predio, así como las personas que se consideren afectadas
por la suspensión de procesos y procedimientos administrativos comparezcan al
proceso y hagan valer sus derechos.
[123] ARTÍCULO 87. TRASLADO DE LA
SOLICITUD. El traslado de la solicitud se surtirá a quienes figuren
como titulares inscritos de derechos en el certificado de tradición y libertad
de matrícula inmobiliaria donde esté comprendido el predio sobre el cual se
solicite la restitución y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas cuando la solicitud no haya sido tramitada
con su intervención. Con la publicación a que se refiere el literal e) del
artículo anterior se entenderá surtido el traslado de la solicitud a las
personas indeterminadas que consideren que deben comparecer al proceso para
hacer valer sus derechos legítimos y a quienes se consideren afectados por el
proceso de restitución. Cumplidas las anteriores formalidades sin que los
terceros determinados se presenten, se les designará un representante judicial
para el proceso en el término de cinco (5) días.
[124] ARTÍCULO 88.
OPOSICIONES.  Las
oposiciones se deberán presentar ante el juez dentro de los quince (15) días
siguientes a la solicitud. Las oposiciones a la solicitud efectuadas por
particulares se presentarán bajo la gravedad del juramento y se admitirán, si
son pertinentes.
[125] Sentencia
SU-1185 de 2001.
[126] Ver sentencia T-996 de 2003.
[127] Ibídem.
[128] T-289 de 2005.
[129] Ibídem.
[130] Ver sentencia T-579 de 2006. En el fallo,
esta Corporación reiteró la sentencia T-1062 de 2002 e indicó: “no todo
incumplimiento de un término procesal o de una norma que establece una etapa es
suficiente para que se incurra en vía de hecho por defecto procedimental, pues
además del desconocimiento mismo se requiere que el ejercicio del derecho de
defensa se haya visto efectivamente afectado”.
[131] Ver T-731 de 2006, T-697 de 2006, T-196 de
2006, entre otras.
[132] Sentencia T-719 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas.
[133] Se advierte un error en la fecha del auto admisorio,
el cual está calendado “veintinueve (29) de mayo de dos mil catorce (2014),
no obstante, en la última hoja del mismo, se observa sello en que el Juzgado Segundo Civil
del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó, certificó que
“el auto admisorio fue notificado en ESTADO N° 60 fijado en la secretaría
hoy 2 de julio de 2015 a las 8:00 a.m.”. Los oficios con fecha nueve
(9) de julio de 2015, mediante los cuales el juzgado corrió traslado de
la solicitud de restitución al agente liquidador del Fondo de Ganaderos de
Córdoba y al Fondo de Ganaderos de Córdoba señalan “que mediante auto
interlocutorio N° RT 56 del 29 de mayo de 2015, se dispuso correrles
traslado de la solicitud de restitución y formalización de tierras abandonadas
y que el término para que se pronuncien es de quince (15) días, por aplicación
analógica del artículo 88 de la Ley 1448 de 2011, el cual comenzará a contar al
día siguiente de que reciba la presente”. (Resaltado propio), (folios
12-27, cuaderno primera instancia).
[134] Ley 1448 de 2011, artículo 86 literal e)
“La publicación de la admisión de la solicitud, en un diario de amplia
circulación nacional, con inclusión de la identificación del predio y los
nombres e identificación de la persona quien abandonó el predio cuya
restitución se solicita, para que las personas que tengan derechos legítimos
relacionados con el predio, los acreedores con garantía real y otros acreedores
de obligaciones relacionadas con el predio, así como las personas que se
consideren afectadas por la suspensión de procesos y procedimientos
administrativos comparezcan al proceso y hagan valer sus derechos”.
[135] Folios 28-31, cuaderno primera instancia.
[136] ANOTACIÓN:Nro 2 Fecha:28-09-2000
Radicación:2000-3520
Doc: ESCRITURA
167 del: 20-09-2000 NOTARIA ÚNICA DE SAN PEDRO DE URABÁ VALOR
ACTO$16.427.355.00
ESPECIFICACIÓN:
101 COMPRAVENTA
DE: JIMÉNEZ
LOZANO JOSÉ
A: FONDO
GANADERO DE CÓRDOBA S.A.
[137] ANOTACIÓN:Nro 8 Fecha:20-12-2012
Radicación:2012-9205
Doc: Resolución
09 del: 19-12-2012 OFICINA REGISTRO TURBO
ESPECIFICACIÓN:
0158 REVOCATORIA ADMINISTRATIVA DEJAR SIN EFECTO JURÍDICO LA ANOTACIÓN N.2
(MODO DE ADQUISICIÓN)
DE:
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
A: FONDO
GANADERO DE CÓRDOBA S.A.
[138] Ley 1448 de 2011, artículos 75 y 81: Las personas
que fueran propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras de baldíos cuya
propiedad se pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido despojadas de
estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e
indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata el artículo
3° de la presente Ley, entre el 1° de enero de 1991 y el término de vigencia
de la Ley, puede solicitar la restitución jurídica y material de las
tierras despojadas o abandonadas forzadamente, en los términos establecidos en
este capítulo.
[139] ANOTACIÓN:Nro 2 Fecha:28-09-2000
Radicación:2000-3520
Doc: ESCRITURA
167 del: 20-09-2000 NOTARIA ÚNICA DE SAN PEDRO DE URABÁ VALOR
ACTO$16.427.355.00
ESPECIFICACIÓN:
101 COMPRAVENTA
DE: JIMÉNEZ
LOZANO JOSÉ
A: FONDO
GANADERO DE CÓRDOBA S.A.
[140] ANOTACIÓN:Nro 8 Fecha:20-12-2012
Radicación:2012-9205
Doc: Resolución
09 del: 19-12-2012 OFICINA REGISTRO TURBO
ESPECIFICACIÓN:
0158 REVOCATORIA ADMINISTRATIVA DEJAR SIN EFECTO JURÍDICO LA ANOTACIÓN N.2
(MODO DE ADQUISICIÓN)
DE:
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
A: FONDO
GANADERO DE CÓRDOBA S.A.
[141] De
acuerdo con el artículo 88 de la Ley de víctimas y restitución de tierras
existen tres tipos de oposiciones distintas: (i) aquellas que persiguen
demostrar la calidad de víctima de despojo en relación con el mismo predio
objeto del trámite de restitución de tierras (supuesto regulado por el artículo
78 de la misma Ley ); (ii) las destinadas a tachar la condición de víctima del
solicitante y (iii) las que pretenden demostrar la existencia de una relación
jurídica o material sobre el predio objeto del trámite, generada por una
conducta de buena
fe exenta de culpa. Ver entre otras, la Sentencia T-119 de 2019, M.P. Alejandro
Linares Cantillo.
[142] Sentencia C-330 de 2016, M.P. María Victoria Calle.
[143] En
Sentencia SU-195 de
2012 se señaló que el juez de tutela está investido de la facultad oficiosa de
proferir fallos extra y ultra petita, cuando de los hechos de la demanda se
evidencia la vulneración de un derecho fundamental, incluso cuando no ha sido
solicitado por el tutelante, “…en cuanto a la posibilidad
de que los fallos puedan ser extra y ultra petita en materia de tutela, esta
Corte de manera pacífica ha señalado que el juez de tutela puede al momento de
resolver el caso concreto conceder el amparo incluso a partir de situaciones o
derechos no alegados, atendiendo la informalidad que reviste el amparo y además
quien determina los derechos fundamentales violados. Así, desde los primeros
pronunciamientos se ha sentado esta posición, toda vez que conforme a la
condición sui generis de esta acción, la labor de la autoridad
judicial no puede limitarse exclusivamente a las pretensiones invocadas por la
parte actora, sino que debe estar encaminada a garantizar el amparo efectivo de
los derechos fundamentales”.
[144] Se advierte un error en la fecha del auto admisorio,
el cual está calendado “veintinueve (29) de mayo de dos mil catorce (2014),
no obstante, en la última hoja del mismo, se observa sello en que el Juzgado Segundo Civil
del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó, certificó que
“el auto admisorio fue notificado en ESTADO N° 60 fijado en la secretaría
hoy 2 de julio de 2015 a las 8:00 a.m.”. Los oficios con fecha nueve
(9) de julio de 2015, mediante los cuales el juzgado corrió traslado de
la solicitud de restitución al agente liquidador del Fondo de Ganaderos de
Córdoba y al Fondo de Ganaderos de Córdoba señalan “que mediante auto
interlocutorio N° RT 56 del 29 de mayo de 2015, se dispuso correrles
traslado de la solicitud de restitución y formalización de tierras abandonadas
y que el término para que se pronuncien es de quince (15) días, por aplicación
analógica del artículo 88 de la Ley 1448 de 2011, el cual comenzará a contar al
día siguiente de que reciba la presente”. (Resaltado propio), (folios
12-27, cuaderno primera instancia).
[145] Ley 1448 de 2011, artículo 86 literal e)
“La publicación de la admisión de la solicitud, en un diario de amplia
circulación nacional, con inclusión de la identificación del predio y los
nombres e identificación de la persona quien abandonó el predio cuya
restitución se solicita, para que las personas que tengan derechos legítimos
relacionados con el predio, los acreedores con garantía real y otros acreedores
de obligaciones relacionadas con el predio, así como las personas que se
consideren afectadas por la suspensión de procesos y procedimientos
administrativos comparezcan al proceso y hagan valer sus derechos”.
[146] Folios 28-31, cuaderno primera instancia.
[147] ANOTACIÓN:Nro 2 Fecha:28-09-2000
Radicación:2000-3520
Doc: ESCRITURA
167 del: 20-09-2000 NOTARIA ÚNICA DE SAN PEDRO DE URABÁ VALOR
ACTO$16.427.355.00
ESPECIFICACIÓN:
101 COMPRAVENTA
DE: JIMÉNEZ
LOZANO JOSÉ
A: FONDO
GANADERO DE CÓRDOBA S.A.
[148] ANOTACIÓN:Nro 8 Fecha:20-12-2012
Radicación:2012-9205
Doc: Resolución
09 del: 19-12-2012 OFICINA REGISTRO TURBO
ESPECIFICACIÓN:
0158 REVOCATORIA ADMINISTRATIVA DEJAR SIN EFECTO JURÍDICO LA ANOTACIÓN N.2
(MODO DE ADQUISICIÓN)
DE:
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
A: FONDO
GANADERO DE CÓRDOBA S.A.
[149] Folios 28-31, cuaderno primera instancia.
[150] Ley 1448 de 2011, ARTÍCULO 88.
OPOSICIONES.  Las oposiciones se deberán
presentar ante el juez dentro de los quince (15) días siguientes a la solicitud.
Las oposiciones a la solicitud efectuadas por particulares se presentarán bajo
la gravedad del juramento y se admitirán, si son pertinentes.
[151] Artículo 79: “Los Magistrados de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial Sala Civil, especializados en
restitución de tierras, decidirán en única instancia los
procesos de restitución de tierras, y los procesos de formalización de títulos
de despojados y de quienes abandonaron en forma forzosa sus predios, en
aquellos casos en que se reconozcan opositores dentro del proceso (…)”.
[152] De acuerdo con lo establecido en el
artículo 86 de la Ley 1448 de 2011, el auto que admita la solicitud deberá
disponer, entre otras cosas, la publicación de la admisión de la solicitud, en
un diario de amplia circulación nacional, para que las personas que tengan
derechos legítimos relacionados con el predio, los acreedores con garantía real
y otros acreedores de obligaciones relacionadas con el predio, así como las
personas que se consideren afectadas por la suspensión de procesos y
procedimientos administrativos comparezcan al proceso y hagan valer sus
derechos.
[153] Esto, de conformidad con lo establecido en
el artículo 318 del Código General del Proceso según el cual “salvo norma en
contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez,
contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los
de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se
reformen o revoquen”.