C-086-16
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-086/16
CODIGO GENERAL
DEL PROCESO-Facultad del juez para distribuir la
carga de la prueba
TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA-Diseño de procesos judiciales por
el Legislador
ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Derecho a la tutela
judicial efectiva
DERECHO DE
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Necesidad
inherente a la condición humana
TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA-Expresión medular del carácter
democrático y participativo del Estado/TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-Pilar
fundamental del Estado Social de Derecho/TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-Bloque
de constitucionalidad/TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-Está directamente
relacionada con la justicia como valor fundamental de la Constitución/TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA-Alcance
DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-Efectividad
TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA-Hace parte del núcleo esencial
del debido proceso/TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-Derecho de aplicación
inmediata
CONGRESO DE LA
REPUBLICA-Depositario de la cláusula general de
competencia/CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA-Configuración
de procesos judiciales y reglas para su desarrollo
PROCEDIMIENTOS
JUDICIALES-Amplia potestad del Legislador
PROCESOS
JUDICIALES-Discrecionalidad normativa del
Legislador/LIBERTAD DE CONFIGURACION DEL LEGISLADOR EN PROCESOS JUDICIALES-Limites
PROCESOS
JUDICIALES-Rol del juez en el Estado Social de
Derecho
MARCO DE
ACCION DEL JUEZ-Modelo dispositivo y publicista o
inquisitivo
MARCO DE
ACCION DEL JUEZ-Implementación de modelos mixtos
JUEZ-Atribuciones como director del proceso según el Código de
Procedimiento Civil
CARGAS
PROCESALES ASIGNADAS A LAS PARTES-Razonabilidad y
proporcionalidad
PROCESO-Mecanismo a través del cual se materializa el derecho de acceso a la
administración de justicia
DIFERENCIA
ENTRE DEBERES, OBLIGACIONES Y CARGAS PROCESALES-Jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia
CARGAS
PROCESALES-Carácter potestativo
INCUMPLIMIENTO
DE CARGAS PROCESALES-Rechazo por la jurisprudencia
constitucional
ADMISIBILIDAD
DE CARGAS PROCESALES IMPUESTAS A LAS PARTES EN PROCESO JUDICIAL-Jurisprudencia constitucional
CONDICIONAMIENTO
DE INTERPRETACION DE CARGAS PROCESALES EN PROCESO
JUDICIAL PARA ASEGURAR QUE NO AFECTEN DERECHOS
DE LAS PARTES O INTERVINIENTES-Jurisprudencia constitucional
CARGAS
PROCESALES-Deber de colaboración con la
administración de justicia/CARGAS PROCESALES-Excepción a la declaración
de exequibilidad
CARGA DINAMICA
DE LA PRUEBA-Deberes de las partes y atribuciones
del juez como director del proceso
CARGAS
PROCESALES-Principio onus probando/CARGA
DE LA PRUEBA-Elemento característico de los sistemas procesales de
tendencia dispositiva/PRINCIPIO ONUS PROBANDO-Alcance
CARGA
PROCESAL-Refiere la obligación de probar
ESCLARECIMIENTO
DE LA VERDAD EN EL SISTEMA PROCESAL-Jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia
POSTULADO DEL
ONUS PROBANDI-Consagración legal
PRINCIPIO DE
LA CARGA DE LA PRUEBA ONUS PROBANDI-Excepciones en
la demostración de ciertos hechos
TEORIA DE LA
CARGA DINAMICA DE LA PRUEBA-Principios de
solidaridad, equidad, lealtad y buena fe procesal/CARGA DINAMICA DE LA
PRUEBA-Postulado “quien alega debe probar” cede al postulado “quien puede
debe probar”
TEORIA DE LA
CARGA DINAMICA DE LA PRUEBA-Asimetría entre las
partes y la necesidad de intervención judicial para restablecer la igualdad en
el proceso judicial
CARGA DINAMICA
DE LA PRUEBA-Reasignación de la responsabilidad
CARGA DINAMICA
DE LA PRUEBA-Reconocimiento por la jurisprudencia
del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia
TEORIA DE LA
CARGA DINAMICA DE LA PRUEBA-Amplio sustento
constitucional/TEORIA DE LA CARGA DINAMICA DE LA PRUEBA-Rol del juez en
un Estado Social de Derecho
JUEZ-Función directiva para decretar pruebas en forma oficiosa y
redistribuir cargas probatorias entre sujetos procesales
REDISTRIBUCION
DE LA CARGA PROBATORIA-Jurisprudencia
constitucional
CARGA
PROBATORIA-Redistribución e inversión una vez
probada existencia de trato desigual para iguales o trato igual para desiguales
CARGA DE LA
PRUEBA-Distribución a favor de persona en situación
de debilidad o subordinación frente a otra persona o autoridad/CARGA DE LA
PRUEBA-Distribución cuando existan tratos crueles, inhumanos o degradantes
por parte de superiores jerárquicos
CARGA
PROBATORIA-Inversión se predica de algunos sujetos
de especial protección en condiciones de debilidad manifiesta
CARGA
PROBATORIA-Regulación en acciones de grupo
TEORIA DE LA
CARGA DINAMICA DE LA PRUEBA-Aplicación en acción de
extinción de dominio
FACULTAD DEL
JUEZ PARA DISTRIBUIR LA CARGA DE LA PRUEBA-No
vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva
CODIGO GENERAL
DEL PROCESO Y TEORIA DE LA CARGA DINAMICA DE LA PRUEBA-Trámite legislativo
CARGA DINAMICA
DE LA PRUEBA-Regulación en el Código General del
Proceso Ley 1564 de 2012
ONUS PROBANDO-Principio general de la carga de la prueba
POSTULADO DEL
ONUS PROBANDO-No es absoluto/POSTULADO DEL ONUS
PROBANDO-Excepciones/POSTULADO DEL ONUS PROBANDO-Carga dinámica de
la prueba/POSTULADO DEL ONUS PROBANDO-Hechos notorios y afirmaciones o
negaciones indefinidas
CARGA
PROCESAL-Acreditación de los hechos de acción o de
excepción/EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Implica
el deber de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la
justicia
PRINCIPIO DEL
ONUS PROBANDI-Exigencia no es irrazonable ni
desproporcionada
CARGA DINAMICA
DE LA PRUEBA-Configuración
CARGA DINAMICA
DE LA PRUEBA-Hipótesis según las particularidades
del caso
CARGA DINAMICA
DE LA PRUEBA-Cada situación permite evaluar si la
igualdad entre las partes se ha visto o no comprometida y si se requiere de la
“longa manus” del juez para restablecerla
DISTRIBUCION
DE LAS CARGAS PROBATORIAS-Intervención del juez
JUEZ-Decisión será susceptible de recurso
DERECHO DE
CONTRADICCION Y DEFENSA-Ejercicio e intervención en
condiciones de igualdad para debatir la razonabilidad o no de la distribución
de cargas probatorias a las partes
DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-Autorización al juez para
distribuir la carga de la prueba entre las partes
ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Equilibrio entre función
del juez en el Estado Social de Derecho y cumplimiento de cargas procesales que
corresponde asumir a las partes
DECRETO
OFICIOSO DE PRUEBAS O DISTRIBUCION DE CARGA PROBATORIA-Dejan de ser potestad del juez y se erigen como deber funcional/DISTRIBUCION
DE LA CARGA DE LA PRUEBA-Procedencia excepcional de la acción de tutela
Referencia:
Expediente D-10902
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 167 (parcial) de la ley 1564 de 2012, “por
medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras
disposiciones”.
Accionantes:
Alejandro José Peñarredonda Franco y Helena Carolina Peñarredonda Franco.
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de febrero
de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámite establecidos en el decreto ley 2067 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad los ciudadanos Alejandro José Peñarredonda Franco y Helena
Carolina Peñarredonda Franco demandan parcialmente el artículo 167 de la Ley1564
de 2012, “por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se
dictan otras disposiciones”, por considerar vulnerados los artículos 2º,
29, 228 y 229 de la Carta Política.
El magistrado sustanciador admitió la
demanda mediante auto del 5 de agosto de 2015, dispuso su fijación en lista y
simultáneamente corrió traslado al Procurador General de la Nación para que
rindiera el concepto de su competencia. En la misma providencia ordenó
comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al
Presidente del Congreso de la República, al Ministerio de Interior y al
Ministerio de Justicia y del Derecho para que intervinieran impugnando o
defendiendo la norma acusada; e invitar a las facultades de derecho de las
universidades de los Andes, Externado de Colombia, Javeriana, Libre de
Colombia, Nacional de Colombia, del Rosario, Sergio Arboleda y Santo Tomás, así
como a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de
Derecho Procesal y al Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional,
para que emitan su opinión sobre la demanda de la referencia.
Cumplidos los trámites previstos en el
artículo 242 de la Constitución Política y en el decreto ley 2067 de 1991,
procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe la norma
impugnada de acuerdo con su publicación en el Diario Oficial 48.489 de 12 de
julio de 2012. Se subraya el aparte acusado:
“LEY 1564 DE 2012
(julio 12)
Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se
dictan otras disposiciones.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA:
(…)
ARTÍCULO
167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen.
No obstante,
según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a
petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su
práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar
determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable
para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el
material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por
circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de
incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias
similares.
Cuando el
juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte
correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva
prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este
código.
Los hechos
notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.
III. LA DEMANDA
Los ciudadanos argumentan que la expresión
impugnada vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (artículos 2º, 29,
228 y 229 de la Carta Política).
En un cargo único, consideran que la
expresión “podrá”, contenida en la norma acusada, “otorga al juez discrecionalidad
para la distribución de la carga de la prueba entre las partes, cuando en
realidad, de conformidad con el derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva consagrado en la Constitución, tal proceder es una obligación”.
Comienzan por explicar que los preceptos
superiores vulnerados consagran, en su conjunto, el deber de los funcionarios
judiciales de promover e impulsar las condiciones para que el acceso a la
justicia sea real y efectivo, adoptar las medidas necesarias para que las
partes estén en condiciones de igualdad procesal, y asegurar que esa igualdad
se refleje en el derecho a la prueba como garantía de la tutela judicial
efectiva.
Sostienen que el artículo 2º de la
Constitución establece como fin esencial del Estado el de garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes. En concordancia con ello,
destacan que los artículos 228 y 229 del mismo estatuto recogen el derecho de
acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, en donde ha de prevalecer el
derecho sustancial, lo cual supone que la Constitución “fija una verdadera
obligación jurídica en cabeza de las autoridades públicas (incluyendo las
judiciales), consistente en promover e impulsar las condiciones para que el
acceso a la administración de justicia sea real y efectivo”.
Asimismo, señalan que en el marco de un
Estado Social de Derecho el proceso judicial debe procurar corregir la
desigualdad real que exista entre quienes acudan a los estrados jurisdiccionales
para la solución de sus conflictos, uno de cuyos escenarios es el ámbito
probatorio y la distribución de las cargas entre las partes como una forma de
garantizar los derechos fundamentales sustanciales, como la tutela judicial
efectiva.
A continuación se refieren al artículo 167
del Código General del Proceso y a la introducción del concepto de “carga
dinámica de la prueba”, excepción al principio general según el cual quien
pretende el efecto jurídico de una norma debe acreditar el supuesto fáctico en
ella previsto (onus probandi incumbit actoris).
Explican luego que al utilizar la expresión
“podrá”, el artículo parcialmente acusado “permite inferir
razonablemente que el juez, en lo referente a la distribución de la carga de la
prueba, tiene una facultad, no un deber, y que tal proceder es contingente o
posible, dependiendo de la consideración que en el caso concreto realice”,
de manera que es decisión del juez si distribuye o no la carga de la prueba.
En criterio de los demandantes, las normas
constitucionales referidas no permiten dejar a la mera discrecionalidad del
juez la toma de una decisión de esta naturaleza, porque es su deber promover e
impulsar las condiciones para que el acceso a la justicia sea real y efectivo,
lo cual supone hacer uso de la carga dinámica de la prueba con carácter
imperativo, es decir, como una verdadera obligación constitucional.
Concluyen entonces que la posibilidad que
deja abierta la norma, “de mantener la carga de la prueba en la parte que se
encuentra en una situación desventajosa, a pesar de que se perciba la
existencia de tal asimetría, contraría de manera ostensible el contenido del
derecho a la tutela judicial efectiva, pues de nada sirve poder tener la
oportunidad de asistir a un proceso judicial pretendiendo la protección de
cualquier clase de derechos, si estos no serán garantizados a pesar de que
existe la posibilidad jurídica de ser probados, por la decisión del juez de no
distribuir la carga de la prueba y de aplicar sin contemplaciones el principio
onus probandi incumit actori”.
En este orden de ideas, solicitan declarar
inexequible la expresión “podrá” del artículo 167 de la Ley1564 de 2012,
o subsidiariamente declarar su exequibilidad condicionada, “bajo el entendido
de que el juez, una vez advierta que una de las partes se encuentra en una
situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos
materia de litigio, deberá distribuir la carga de la prueba”.
IV. INTERVENCIONES
1.- Ministerio de Justicia y del
Derecho
El
apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho solicita a la Corte que
declare exequible la palabra “podrá”, contenida en el inciso
segundo del artículo 167 de la ley1564 de 2012.
Comenzó
por hacer referencia a la exposición de motivos del proyecto de ley en donde se
incluyeron consideraciones expresas sobre las modificaciones efectuadas al
régimen probatorio, entre ellas, la introducción de la teoría de la carga
dinámica de la prueba. Sobre al particular, citó apartes de dicho documento en
los cuales se explicó que la adición del inciso segundo del artículo 167 de la ley1564
de 2012 se hizo con la finalidad de “dotar al juez de la posibilidad de
pronunciarse sobre la distribución de la carga de la prueba en caso de que advierta
que a alguna de las partes le queda más fácil demostrar ciertos hechos”[1].
Más
adelante, presentó algunas consideraciones generales sobre el derecho a una
tutela judicial efectiva y a la libertad de configuración legislativa en
materia procesal, para luego concluir que la potestad otorgada al juez en la
norma demandada no implicaba que la misma pudiera ser ejercida de manera
arbitraria. A su juicio, dicha posibilidad permite confirmar que la
distribución de la carga de la prueba “es desarrollo del principio de
colaboración con la administración de justicia, la prevalencia del derecho
sustancial sobre las formalidades y el derecho al debido proceso”, por lo
cual la disposición acusada resulta acorde con los principios y valores
constitucionales.
2.-
Academia Colombiana de Jurisprudencia
El
delegado de la Academia Colombiana de Jurisprudencia conceptúa que la norma
acusada debe ser declarada exequible.
En
primer lugar, considera que no se puede descalificar la norma acusada asumiendo
que el juez eventualmente se negaría a variar la carga de la prueba sabiendo
que la realidad del proceso así se lo exige. Según su criterio, el juez debe
hacer una interpretación universal de las normas y en ese ejercicio está
sometido al imperio de la ley.
En
palabras del interviniente, “la innovación en materia tan delicada [haciendo
referencia a la implementación de la carga dinámica de la prueba], convierte el
tema en innegable, máxime que se puede pedir por la parte y además tiene
recurso. El operador nuestro, en general tiene mentalidad democrática y de
servicio. Por eso no es necesario establecer en la ley una disciplina
draconiana”.
Por lo
anterior, estima que la disposición demandada debe ser declarada exequible y
considera pertinente recordarles a los ciudadanos “que la norma va más allá
de la literalidad”.
3.-
Instituto Colombiano de Derecho Procesal
El
delegado del Instituto Colombiano de Derecho Procesal solicita a la Corte “dejar
incólume dentro de nuestro ordenamiento legal la norma demandada”.
Señala
que desde 1970 el ordenamiento procesal consagra de manera clara e inequívoca
un sistema de “autorresponsabilidad probatoria”, según el cual quien
alega un hecho tiene la carga de demostrar que lo que sostiene se compadece con
la realidad. Esa concepción de la carga de la prueba, según explica, sigue
siendo la regla general en el nuevo Código General del Proceso al señalar en el
inciso 1º del artículo 167 que “incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.
Sin
embargo, continúa, la regla general ha sido morigerada y adaptada a la “carga
dinámica de la prueba”, lo que no significa que pueda ser aplicada a todos
los casos ni de manera obligatoria para el juez. Según su parecer, el fallador
siempre deberá hacer el análisis de a quién le queda más fácil probar en el
proceso, mientras que lo discrecional sería entonces determinar si invierte o
no la carga de la prueba; además, para el interviniente, volver obligatorio
para el juez la distribución de la carga de la prueba sería forzarlo a que lo
haga incluso en casos en los que no es necesario.
Pone
de presente que bajo la nueva noción del Código General del Proceso el juez
tiene la obligación de decretar pruebas de oficio y, en esa medida, “si
tiene que fallar el asunto litigioso única y exclusivamente con las pruebas que
se aportaron, decretaron y practicaron, pero las partes no las aportaron por
negligencia, estrategia, ignorancia o cualquier otro factor, al juez le toca
traerlas oficiosamente”.
Finalmente,
sostiene que la modulación en la distribución de la carga de la prueba puede
tener vocación oficiosa o ser a petición de parte, “lo que significa que el
sujeto débil no está desprotegido frente a la eventual arbitrariedad del juez,
pues ese mismo sujeto puede hacer las peticiones necesarias para que se
produzca la inversión en la carga probatoria”.
4.-
Universidad Javeriana
El
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y un docente del Departamento de
Derecho Procesal de la Universidad Javeriana sostienen que la norma no vulnera
los mandatos constitucionales invocados en la demanda.
Consideran
que de la redacción de la norma demandada se desprende que queda en la
discrecionalidad del juez hacer la distribución de la carga probatoria, lo cual
hará cuando, acorde con las circunstancias de cada caso particular, advierta
que a una de las partes le resulta más asequible probar determinados hechos.
Estiman
que la palabra “podrá”, contenida en el inciso segundo de la disposición
acusada, no vulnera el debido proceso ni tampoco el acceso a la administración
de justicia. En su parecer, si el juez advierte que una de las partes está en
mejor condición probatoria frente a la otra hará la distribución otorgando un
término prudente para que, a quien le desplaza esa carga, aporte y pida las
pruebas que considere necesarias.
5.-
Universidad Libre de Colombia
Los
delegados de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Colombia, Sede
Bogotá, solicitan a la Corte declarar la exequibilidad del término “podrá”
del inciso segundo del artículo 167 de la ley1564 de 2012.
Indican
que la norma demandada no vulnera los derechos al acceso a la administración de
justicia y a la igualdad de las partes, en la medida en que debe ser
complementada con el decreto oficioso de la prueba, deber implícito en todo
proceso no penal.
Explican
que siempre debe prevalecer la igualdad de las partes, el acceso a la
administración de justicia, la búsqueda de la verdad y el convencimiento del
juez, a través de ese deber oficioso, independientemente de que se pueda o no
dinamizar la carga de la prueba. En otras palabras, “el acceso a la
administración de justicia, la igualdad de las partes y el debido proceso, no
se desdeñan con tal término ‘podrá’, pues se insiste, otra norma del mismo
código de carácter general obliga e impone el decreto oficioso y ese poder
implícitamente también conlleva la distribución de la carga de la prueba como
conducta obligatoria y no se da por tanto de manera material y práctica la
violación a la constitución aquí endilgada”.
Indican
que, en todo caso, el artículo demandado prevé la posibilidad de que sean las
partes quienes soliciten la dinamización de la carga de la prueba y de serles
negada pueden recurrir esa decisión.
6.-
Universidad Externado de Colombia
La
Universidad Externado de Colombia, por intermedio de un profesor del
Departamento de Derecho Procesal, interviene para solicitar a la Corte que
declare exequible la expresión acusada.
Señala
que la posibilidad de distribuir la carga de la prueba no es la única
herramienta procesal de naturaleza probatoria con la que cuentan los jueces
para garantizar el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de
justicia en los casos en los cuales una de las partes tiene dificultad para
aportar los medios de prueba. Pone de presente que puede hacer uso de la prueba
de oficio o derivar consecuencias probatorias lesivas en contra de la parte que
falte a su deber de actuar con lealtad procesal (indicio grave en contra).
Bajo
ese entendido, menciona que el Legislador, dentro de su libertad de
configuración normativa, “consideró que la carga de la prueba es un poder
porque es el juez quien de acuerdo con las particularidades del caso puede
determinar dentro de las facultades de dirección formal y material del proceso,
cuál de ellos utilizar y por ende, no le es dado imponerlo por vía de
obligación”.
Por
último, aclara que el juez debe utilizar la distribución de la carga de la
prueba solo en caso de que la dificultad probatoria no pueda superarse por otra
vía, lo que quiere decir que se trata de una facultad que no puede ser usada de
manera arbitraria.
7.-
Universidad del Rosario
El
Director de la Especialización en Derecho Procesal de la Facultad de
Jurisprudencia de la Universidad del Rosario pide a la Corte declarar exequible
la norma demandada.
Considera
que las mejores condiciones para probar dentro del proceso tienen un carácter
excepcionalísimo, en tanto la regla general de la carga de la prueba atribuye
la potestad de probar los supuestos de hecho a la parte que está invocando la
norma que los consagra.
En esa
medida, sostiene, esa excepcionalidad de la carga de la prueba faculta al juez
para que haga una redistribución probatoria dependiendo de las particularidades
del caso, sin que las partes puedan obligarlo a asumir tal conducta porque, de
ser así, “se vaciaría de contenido la labor que por antonomasia le compete a
las partes y frente a la cual ellas son las únicas responsables por ser quienes
tienen un interés directo en las resultas del proceso”.
Concluye
que la facultad del juez para discrecionalmente alterar la carga de la prueba
no implica de ninguna manera una denegación de justicia como lo expresan los
accionantes, sino que “constituye una muestra del impacto del activismo
judicial en el proceso que dota al juez de las más amplias facultades oficiosas
para que sea este el encargado de materializar, solo en casos excepcionales,
los anhelos de justicia de los usuarios del sistema judicial”.
8.-
Universidad Santo Tomás
El
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás -sede Bogotá- y
el Director del Consultorio Jurídico de la misma facultad, solicitan a la Corte
“que declare la interpretación condicionada del artículo 167 de la ley1564
de 2012”.
Los
intervinientes consideran que la misión del juez en el ámbito probatorio es la
de garantizar el esclarecimiento de los hechos y la protección de los derechos
fundamentales de las partes, lo cual comporta en muchas ocasiones la obligación
de distribuir las cargas probatorias. Bajo ese entendido, manifiestan que aun
cuando no en todos los casos sea necesaria la aplicación dinámica de la prueba,
esta no puede convertirse en una facultad discrecional del juez puesto que de
ser así se podría permitir la desigualdad en el proceso y, en consecuencia, en
el acceso a la justicia.
En su
parecer, la Corte Constitucional no está en la facultad de sustituir la
voluntad del legislador y no puede consagrar como obligación de los jueces el
distribuir en todo proceso la carga de la prueba. Por esa razón, estiman que se
debe declarar la constitucionalidad condicionada de la norma demandada en el
sentido de “esclarecer que cuando una de las partes esté en imposibilidad de
probar sus pretensiones y la otra por el contrario pueda hacerlo, la carga de
la prueba deberá ser distribuida, para asegurar el acceso a la justicia, el
debido proceso y los derechos fundamentales de la persona”.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN
El
Procurador General de la Nación, mediante concepto 5967, radicado el 23 de
septiembre de 2015, solicita a la Corte Constitucional declarar exequible
la expresión demandada del artículo 167 de la ley1564 de 2012. Según sus
palabras:
“El jefe del Ministerio Público encuentra que la
disposición acusada se ajusta al ordenamiento superior porque advierte que en
el ejercicio de los derechos, como es en este caso el acceso a la
administración de justicia, en todo caso no elimina la responsabilidad personal
en el cumplimiento de los deberes para su materialización. En tal sentido, se
considera que se encuentra dentro del marco de configuración del Legislador y
dentro del uso constitucionalmente legítimo de su potestad de exigir a quien se
aproxima a la administración de justicia que lo haga con una actitud diligente,
es decir, con la carga de probar lo que alega, como regla general”.
Menciona
que uno de los aspectos que se encuentran bajo la amplia potestad de
configuración legislativa es el establecimiento de deberes, obligaciones y
cargas procesales. Una de las cargas procesales prevista de forma tradicional
en los códigos procesales, explica, es aquella según la cual quien alega algo
ante la jurisdicción está en la obligación de demostrar los supuestos de hecho
de las consecuencias jurídicas que persigue.
La
Vista Fiscal considera que el hecho de que el Legislador establezca la carga de
la prueba como principio general no quiere decir que exista una imposibilidad
constitucional para prever algunas morigeraciones con el fin de armonizar el
debido proceso y el derecho a la administración de justicia. Al respecto
sostiene que, entre otras opciones, “el Legislador puede suavizar la
referida carga a la parte, ya sea previendo la ‘posibilidad’ que el juez
distribuya la carga de la prueba en el caso concreto, o ‘disponiendo
imperativamente’ la distribución de la carga de la prueba para ciertos asuntos.
Como también puede hacerlo a través de contemplar la posibilidad del decreto de
pruebas oficiosas”.
Bajo
esa línea, explica el Procurador que la alternativa legislativa adoptada, esto
es, la carga de la prueba como regla general y la inversión de la carga como
una excepción del juez, implica una ponderación adecuada entre el derecho al
debido proceso y el acceso a la administración de justicia, y los derechos y
deberes de la parte que acude ante los jueces, “en tanto en todo caso no
releva al accionante del deber de diligencia”.
Por
último, el Ministerio Público aclara que la facultad prevista en la norma
demandada no puede ser utilizada en forma caprichosa, de modo que en caso de
arbitrariedad podrán y deberán desplegarse los recursos admisibles (ya sea a
través del recurso de reposición o de la acción de tutela).
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1.-
Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el
numeral 4º del artículo 241 de la Constitución, la Corte es competente para
conocer el asunto de la referencia ya que se trata de una demanda interpuesta
contra una ley, en este caso la ley1564 de 2012, “por medio de la cual se
expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
2.-
Presentación del caso y problema jurídico
2.1.- Los demandantes argumentan que la
norma acusada, al utilizar la expresión “podrá”, faculta al juez a
distribuir discrecionalmente la carga probatoria entre las partes, exigiendo acreditar
determinado hecho a quien se encuentre en una situación más favorable para
hacerlo. En su sentir, de acuerdo con el derecho a la tutela judicial efectiva
(arts. 2º, 29, 228 y 229 CP), tal proceder debe ser imperativo y no producto de
la mera liberalidad del juez.
Para el Jefe del Ministerio Público y la
mayoría de intervinientes[2],
por el contrario, la norma se ajusta a la Constitución y debe ser declarada
exequible. Destacan la amplia potestad de configuración del Legislador en
materia procesal, recuerdan que por regla general a las partes incumbe probar
el supuesto de hecho de las normas que invocan, y precisan que la intervención
del juez a través de la institución de la carga dinámica de la prueba es
excepcional. Así mismo, advierten que la discrecionalidad de la cual se reviste
al juez para valorar cada caso no puede confundirse con arbitrariedad, en cuyo
evento las partes pueden hacer uso de diversos mecanismos judiciales para
corregir dichas anomalías.
2.2.- En este orden de ideas, corresponde a
la Corte determinar si la norma procesal que faculta al juez a distribuir la
carga de la prueba entre las partes de acuerdo con las condiciones en que se
encuentren para hacerlo, al utilizar la expresión “podrá”, y no la
expresión “deberá”, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva
(artículos 2º, 29, 228 y 229 de la Constitución).
2.3.- Para dar respuesta al anterior
interrogante la Sala examinará los siguientes aspectos: (i) tutela judicial
efectiva y diseño de procesos judiciales por el Legislador, (ii) el rol del
juez en el Estado Social de Derecho, (iii) la razonabilidad y proporcionalidad de
las cargas procesales exigibles a las partes y (iv) la carga dinámica de la
prueba. Con base en ello, (v) examinará la constitucionalidad de la norma
parcialmente acusada.
3.-
Tutela judicial efectiva y diseño de procesos judiciales por el Legislador
3.1.- La armónica convivencia en una
sociedad solo es posible cuando esta es capaz de resolver los conflictos entre
sus integrantes por cauces institucionales, que en los estados modernos se
encomienda de ordinario a la rama judicial del poder público[3]. Por eso el
acceso a la administración de justicia –derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva- ha sido catalogado como una necesidad inherente a la
condición humana[4].
No en vano representa uno de los estandartes en un Estado constitucional que,
como el colombiano, además de consagrar un generoso catálogo de derechos
pregona su auténtica vigencia.
3.2.- La tutela judicial efectiva ha sido
considerada “expresión medular del  carácter democrático y participativo del
Estado”[5]
y “pilar fundamental de la estructura de nuestro actual Estado Social de
Derecho”[6].
Encuentra sustento no solo en el texto de la Carta Política sino en los
instrumentos que se integran a ella a través del bloque de constitucionalidad[7].
Su vínculo con el Preámbulo es de primer orden al estar “directamente
relacionada con la justicia como valor fundamental de la Constitución”[8].
Apunta al cumplimiento de los fines esenciales del Estado (arts. 1 y 2 CP),
entre ellos garantizar la efectividad de los derechos, promover la convivencia
pacífica, velar por el respeto a la legalidad y a la dignidad humana y asegurar
la protección de los asociados en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades públicas[9].
Además, su consagración expresa como derecho de toda persona refuerza la valía
que quiso darle el Constituyente de 1991 en el ordenamiento jurídico (art. 229
CP).
En palabras de este Tribunal, el derecho
–fundamental- a la tutela judicial efectiva “se traduce en la posibilidad,
reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en
condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para
propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el
restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a
los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las
garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”[10].
El concepto de “efectividad” que
acompaña este derecho supone que el acceso a la justicia no se circunscribe a
la existencia de mecanismos nominales para poner en marcha la administración de
justicia, sino que exige un esfuerzo institucional para restablecer el orden jurídico
y garantizar la prevalencia del derecho sustancial (art. 228 CP).
La Corte ha explicado que la tutela
judicial efectiva también hace parte del núcleo esencial del debido proceso
(art. 29 CP) y desde esta perspectiva se proyecta como derecho fundamental de
aplicación inmediata[11]
que “se garantiza a través de las distintas acciones y recursos que el
ordenamiento jurídico ha previsto para la protección de los derechos”[12],
con la advertencia de que “el diseño de las condiciones de acceso y fijación
de los requisitos para su pleno ejercicio corresponde al Legislador”[13].
3.3.- De esta manera es el Congreso,
depositario de la cláusula general de competencia (art. 150-2 CP), el llamado
constitucionalmente a configurar los procesos judiciales y las reglas para su
desarrollo, camino por el cual se consolidan la seguridad jurídica, la
racionalidad, el equilibrio y, en definitiva, el principio de legalidad[14].
Es abundante la jurisprudencia que reconoce
la amplia potestad del Legislador para regular los procedimientos judiciales[15].
Ello, por supuesto, siempre y cuando “no ignore, obstruya o contraríe las
garantías básicas previstas por la Constitución”[16], y con la
premisa básica según la cual “el proceso no es un fin en sí mismo, sino que
se concibe y estructura para realizar la justicia y con la finalidad superior
de lograr la convivencia pacífica”[17].
La discrecionalidad normativa de la cual
dispone el Legislador significa que puede confeccionar los procesos judiciales
dentro de un amplio espectro de opciones, cuyo límite es “la razonabilidad y
proporcionalidad de las medidas adoptadas, en cuanto éstas se encuentren
acordes con las garantías constitucionales de forma que permitan la realización
material de los derechos sustanciales”[18]. Esta
corporación ha decantado algunas restricciones al ejercicio de la libertad de
configuración en lo que se refiere a los procesos judiciales:
“Al juez
constitucional, en consecuencia, le corresponde garantizar al máximo esa
libertad configurativa que tiene el legislador; libertad, que sin embargo, no
puede ser absoluta ni arbitraria[19],
sino que debe desarrollarse conforme a los límites que impone la misma Carta[20].
En este sentido, la doctrina constitucional ha considerado que la competencia
normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior, siempre y
cuando tenga en cuenta los siguientes aspectos: i) que atienda los principios y
fines del Estado tales como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele
por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos[21] que en el
caso procesal civil puede implicar derechos como el debido proceso, defensa y
acceso a la administración de justicia (artículos  13, 29 y 229 C.P.) [22];
iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en
la definición de las formas[23]
y iv) que permita la realización material de los derechos y del principio de la
primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.)[24].
De allí que no se estimen válidas, las disposiciones procesales ‘que anulan
u obstaculizan irrazonablemente el ejercicio del derecho de acción’[25],
precisamente porque un objetivo constitucional legítimo es el de ‘realizar
objetiva, razonable y oportunamente el derecho sustancial’[26].”[27]
3.4.- Es así como la definición concreta de
las etapas, características, términos, recursos, medios de prueba, formalidades
y demás aspectos propios de un proceso judicial, habrá de ser valorada y
definida por el Legislador dentro de los límites generales antes mencionados,
uno de los cuales es precisamente el derecho a la tutela judicial efectiva.
4.-
El rol del juez en el Estado Social de Derecho
4.1.- En la configuración de los procesos judiciales
el Legislador  también ha de tener presente cuál es el rol que corresponde
cumplir al juez en el marco de un Estado Social de Derecho como el que pregona
la Constitución de 1991.
En perspectiva histórica se han concebido
dos modelos tradicionales que, al menos desde el Derecho Occidental, definen el
marco de acción del juez como director del proceso: el dispositivo y el
publicista o inquisitivo (el primero prevalente en el ámbito civil y el segundo
en el ámbito penal).
En términos generales puede decirse que el modelo
dispositivo caracterizó la configuración de los códigos desde el
liberalismo clásico hasta bien entrado el siglo XX, bajo una concepción
privatista e individualista de los fines del proceso donde se acentuó la
capacidad de las partes para dar inicio, impulsar y llevar a su culminación las
diligencias judiciales[28].
Con sustento en doctrina autorizada[29],
esta corporación ha explicado que los sistemas dispositivos confieren a las
partes el dominio del procedimiento y el juez no cumple ningún papel activo en
el desarrollo del proceso sino en la adjudicación, al momento de decidir un
litigio. Al respecto ha señalado:
“[E]l sistema
dispositivo confiere a las partes el dominio del procedimiento y se caracteriza
por los siguientes principios: (i) el juez no puede iniciar de oficio (nemo
jure sine actore); (ii) el juez no puede tener en cuenta hechos ni
medios de prueba que no han sido aportados por las partes (quod non est in
actis non est in mundo); (iii) el juez debe tener por ciertos los hechos en
que las partes estén de acuerdo (ubi partis sunt conocerdes nihil ab judicem);
(iv) la sentencia debe ser de acuerdo con lo alegado y probado ( secundum
allegata et probata); (v) el juez no puede condenar a más ni a otra cosa
que la pedida e la demanda (en eat ultra petita partium)”[30].
El modelo inquisitivo, por el
contrario, se caracteriza por una actividad protagónica del juez y secundaria
de las partes. En palabras de este Tribunal:
“En el sistema
inquisitivo el juez debe investigar la verdad, prescindiendo de la actividad de
las partes. Por tanto, puede iniciar oficiosamente el proceso, decretar pruebas
de oficio, impulsar o dirigir el proceso y utilizar cualquier medio que tienda
a buscar la verdad”[31].
Cuando la base teórica que soportaba el modelo
dispositivo hizo crisis (liberalismo clásico, igualdad formal, individualismo),
fue objeto de severas críticas y se pasó a concebir el proceso como un
instrumento de naturaleza “pública”. Se reinterpretó la función del juez
como “longa manus del Estado”, encargado de velar por la protección de
los derechos, en especial ante “la creciente necesidad de dirección y
control por parte del tribunal sobre el procedimiento y la exigencia de suplementar
las iniciativas probatorias de las partes cuando no son suficientes para probar
los hechos en disputa”[32].
Se dio paso entonces a la implementación de
modelos mixtos que caracterizan los sistemas procesales modernos, cada
uno de los cuales, como es natural, presenta sus propias particularidades[33].
En estos se considera que el proceso involucra también un interés público, por
lo que es razonable otorgar al juez facultades probatorias y de impulso
procesal con miras a garantizar una verdadera igualdad entre las partes y
llegar a la verdad real. La Corte Constitucional ha explicado al respecto lo
siguiente:
“En la mayoría
de las legislaciones el proceso civil ha sido prevalentemente dispositivo y el
penal prevalentemente inquisitivo. Sin embargo, en el derecho comparado el
primero puede calificarse hoy en día como mixto[34], pues el
proceso civil moderno se considera de interés público y se orienta en el
sentido de otorgar facultades al juez para decretar pruebas de oficio y para
impulsar el proceso, tiende hacia la verdad real y a la igualdad de las partes
y establece la libre valoración de la prueba. No obstante, exige demanda del
interesado, prohíbe al juez resolver sobre puntos no planteados en la demanda o
excepciones y acepta que las partes pueden disponer del proceso por
desistimiento, transacción o arbitramento”[35].
En la legislación colombiana la adopción
del Código de Procedimiento Civil (Decreto Ley1400 de 1970) implicó abandonar la
visión típicamente dispositiva para reconocer atribuciones inquisitivas al
juez, que permitieron calificar de mixto al proceso civil colombiano[36].
De esta manera, se otorgaron al juez nuevas
atribuciones en su condición de director del proceso. Los artículos 2º, 4º y 37
de dicho estatuto son claras muestras de ese giro en la concepción del proceso[37].
Por ejemplo, el Código dispuso que los jueces
deberían “adelantar los procesos por sí mismos y son
responsables de cualquier demora que ocurra en ellos” (art. 2º); señaló que al interpretar la ley
procesal el juez debería “tener en cuenta que el objeto de los
procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley
sustancial” (art. 4º); les asignó el deber expreso de “dirigir el proceso, velar por su rápida
solución y adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y
procurar la mayor economía procesal” y “hacer efectiva la igualdad de
las partes en el proceso, usando los poderes que este código le otorga”
(art. 37); asimismo, los autorizó para decretar pruebas de oficio cuando las
considerara “útiles para la verificación de los hechos relacionados con las
alegaciones de las partes” (art. 179).
4.2.- Este diseño normativo del proceso para empoderar al juez encontró
abierto respaldo en la Constitución de 1991, que consagró un Estado Social y
Democrático de Derecho: “La aspiración
última del pueblo de alcanzar un marco que garantizara un ‘orden justo’[38],
la consagración de la administración de justicia como una función pública
esencial[39]
y como un derecho fundamental de cada persona[40], así como la
prevalencia del derecho sustancial[41],
significaron en su conjunto un fortalecimiento de la función judicial y un
compromiso férreo de los servidores públicos con la consecución de la justicia
material”[42].
La nueva Carta Política robusteció la
misión del juez como garante del acceso efectivo a la administración de
justicia y de la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos. Es así
como se demandan de él altas dosis de sensibilidad y una actitud diligente para
corregir las asimetrías entre las partes, asegurar los derechos fundamentales,
entre otros el derecho a la tutela judicial efectiva, y, en últimas, la
vigencia de un orden justo. Mas no por ello puede afirmarse que el principio
dispositivo haya sido constitucionalmente proscrito del proceso civil. En este
sentido la Corte ha advertido lo siguiente:
“Es
importante aclarar que el ordenamiento constitucional colombiano no aboga por
la superación plena del principio dispositivo; de hecho, cada rama del derecho
ajusta de forma particular la tensión entre el principio inquisitivo y el
dispositivo. En reiterada jurisprudencia esta
Corporación se ha referido a la amplia potestad de configuración que le asiste
al legislador para definir los procesos judiciales y sus características[43].
Lo que resulta
cierto, en todo caso, aunque nuestro ordenamiento permita un sistema mixto[44],
es que los jueces de la República “son los primeros llamados a ejercer una
función directiva en la conducción de los procesos a su cargo, para lo cual el
Legislador les ha otorgado la potestad de asegurar, por todos los medios
legítimos a su alcance, que las diferentes actuaciones se lleven a cabo”[45].
En el marco del Estado social y democrático de derecho constituido para la
realización de un orden justo, se reclama un mayor dinamismo del juez y una
especial sensibilidad con la realidad viviente que le rodea.
(…)
El Juez del
Estado social de derecho es uno que ha dejado de ser el “frío funcionario
que aplica irreflexivamente la ley”[46],
convirtiéndose en el funcionario -sin vendas- que se proyecta más allá de las
formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su
responsabilidad como un servidor vigilante, activo y garante de los derechos
materiales[47].
El Juez que reclama el pueblo colombiano a través de su Carta Política ha sido
encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial
y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos, a su vez, constituyen el
ideal de la justicia material”[48].
4.3.- En este orden de ideas, en el marco
de un Estado Social y Democrático de Derecho, “la mayor eficacia en cuanto a
la justa composición de un litigio se obtiene a partir de un delicado
equilibrio entre la iniciativa de las partes –principio dispositivo- y el poder
oficioso del juez –principio inquisitivo-, facultades de naturaleza distinta
que operadas de forma coordinada deben concurrir en un mismo y único propósito:
la solución justa y eficiente del proceso”[49]. Buscar ese equilibro
en el diseño de los procesos judiciales es un desafío para el Legislador.
Asegurar su cumplimiento efectivo es la misión del juez en la resolución de los
asuntos sometidos a su conocimiento.
5.-
Cargas procesales, razonabilidad y proporcionalidad
5.1.- En la configuración de los procesos
judiciales, el Legislador no solo ha de tener presente la misión del juez en un
Estado Social de Derecho. También debe evaluar si las cargas procesales
asignadas a las partes son razonables y proporcionadas.
En efecto, el proceso, como mecanismo a
través del cual se materializa el derecho de acceso a la administración de
justicia, inexorablemente conlleva la existencia de ciertas obligaciones de
índole procesal o sustancial que la ley puede distribuir entre las partes, el
juez o incluso terceros intervinientes, “ya sea para asegurar la celeridad y
eficacia del trámite procesal, proteger a las mismas partes e intervinientes o
bien para prevenir situaciones que impliquen daño o perjuicio injustificado a
todos o algunos de ellos”[50].
Teniendo en cuenta que el ejercicio de todos los derechos y libertades
reconocidos en la Constitución implica responsabilidades, ello no es más que
una concreción del mandato previsto en el artículo 95-7 de la Carta Política,
según el cual son deberes de la persona y del ciudadano “colaborar para el
buen funcionamiento de la administración de la justicia”.
5.2.- La jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia[51],
recogida  en varias ocasiones por la Corte Constitucional[52], ha
establecido la diferencia entre deberes, obligaciones y cargas procesales, en
los siguientes términos:
“Son deberes
procesales aquellos imperativos establecidos por la ley en orden a la adecuada
realización del proceso y que miran, unas veces al Juez (Art. 37 C. de P. C.),
otras a las partes y aun a los terceros (Art. 71 ib.), y su incumplimiento se
sanciona en forma diferente según quien sea la persona llamada a su observancia
y la clase de deber omitido (arts. 39, 72 y 73 ibídem y Decreto 250 de 1970 y
196 de 1971). Se caracterizan porque emanan, precisamente, de las normas
procesales, que son de derecho público, y, por lo tanto, de imperativo
cumplimiento en términos del artículo 6° del Código.
Las
obligaciones procesales son, en cambio, aquellas prestaciones de contenido
patrimonial impuestas a las partes con ocasión del proceso, como las surgidas
de la condena en costas que, según lo explica Couture, obedecen al concepto de
responsabilidad procesal derivada del abuso del derecho de acción o del derecho
de defensa. “El daño que se cause con ese abuso, dice, genera una obligación de
reparación, que se hace efectiva mediante la condenación en costas”.
(“Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, número 130).
Finalmente, las
cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan
o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en
interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias
desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e
inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.
Como se ve,
las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la
ley conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el Juez o persona alguna
pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con
las obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear consecuencias
desfavorables. Así, por ejemplo probar los supuestos de hecho  para no recibir
una sentencia adversa”. (Subrayado fuera del
texto).
Una característica de las cargas procesales
es entonces su carácter potestativo (a diferencia de la obligación procesal),
de modo que no se puede constreñir a cumplirla. Una característica es que la
omisión de su realización “puede traer consecuencias desfavorables para
éste, las cuales pueden ir desde la preclusión de una oportunidad o un derecho
procesal hasta la pérdida del derecho material”[53]. En palabras
ya clásicas, “la carga funciona, diríamos, ὰ double face; por un lado
el litigante tiene la facultad de contestar, de probar, de alegar; en ese
sentido es una conducta de realización facultativa; pero tiene al mismo tiempo
algo así como el riesgo de no contestar, de no probar, de no alegar. El riesgo
consiste en que, si no lo hace oportunamente, se falla en el juicio sin
escuchar sus defensas, sin recibir sus pruebas o sin saber sus conclusiones.
Así configurada, la carga es un imperativo del propio interés”[54].
5.3.- La Corte ha señalado en forma
insistente que evadir el cumplimiento de las cargas procesales no es un
criterio avalado por la jurisprudencia constitucional, “en la medida en que
el desconocimiento de las responsabilidades de las partes en el proceso
atentaría contra los mismos derechos que dentro de él se pretenden proteger y
llevaría por el contrario a la inmovilización del aparato encargado de
administrar justicia”. Autorizar libremente el incumplimiento de las cargas
procesales “llevaría al absurdo de permitir que se propenda por perseguir
intereses a través de la jurisdicción sin limitaciones ni restricciones
procesales, incluso alegando la propia culpa o negligencia”[55], lo que
desde luego rechaza la jurisprudencia constitucional[56].
Sin embargo, en la misma providencia
precisó que “ello no significa que toda carga
por el solo hecho de ser pertinente para un proceso, se encuentre acorde con la
Constitución, puesto que si resulta ser desproporcionada, irrazonable o
injusta, vulnera igualmente la Carta y amerita la intervención de esta
Corporación. En estos casos, como ocurre con las normas procesales en general,
será pertinente determinar si sus fines son constitucionales y si la carga
resulta ser razonable y proporcional respecto a los derechos consagrados en la
norma superior”.
En otras palabras, que “una carga
procesal capaz de comprometer el goce efectivo del derecho de acceso a la
justicia de una persona es inconstitucional cuando es irrazonable y
desproporcionada”[57].
Para ello será preciso evaluar si la carga procesal persigue una finalidad
compatible con la Constitución, si es adecuada para la consecución de dicho
objetivo, y si hay una relación de correspondencia entre la carga procesal y el
fin buscado, de manera que no se restrinja severamente o en forma
desproporcionada algún derecho constitucional[58].
5.4.- En varias ocasiones la Corte ha
examinado si las cargas procesales impuestas a las partes dentro de un proceso
judicial son constitucionalmente admisibles, si debe condicionarse su
exequibilidad para excluir interpretaciones incompatibles con la Carta
Política,  o si por el contrario representan un exceso en el ejercicio de las
atribuciones del Legislador.
5.4.1.- Desde la primera perspectiva, por
ejemplo, en la sentencia C-070 de 1993 la Corte declaró exequible la
norma según la cual el arrendatario demandado en un proceso de restitución del
inmueble, con base en la causal de no pago, solo puede ser oído en sus
descargos cuando presente la prueba del pago de los cánones correspondientes a
los últimos tres periodos[59].
Explicó que en esos casos la exigencia impuesta por el legislador es razonable,
en la medida en que esa causal de terminación del contrato de arrendamiento
pone al arrendador ante la imposibilidad de demostrar un hecho indefinido, esto
es, el no pago.
En similar sentido se pronunció en la
sentencia C-056 de 1996, al declarar exequible la norma que establece la
obligación en cabeza del arrendatario de seguir pagando los cánones que se
causen durante el trámite del proceso de restitución de inmueble, so pena de no
ser oído[60].
Sobre el mismo asunto, en la sentencia C-886
de 2004 este Tribunal declaró exequible una disposición en virtud de la
cual es obligación del demandado, dentro de los procesos de restitución de
tenencia por arrendamiento, acreditar el pago de los servicios, cosas o usos
conexos y adicionales, cualquiera que sea la causal invocada por el arrendador,
so pena de no ser oído dentro del proceso[61].
Por otro lado, en la sentencia C-318 de
1998 la Corte avaló la exigencia de una garantía bancaria o de una póliza
de seguros como requisito para ejercer la acción contencioso administrativa,
por medio de la cual los ciudadanos pueden efectuar reclamaciones en materia
tributaria[62].
En la sentencia C-1512 de 2000 la
Corte declaró exequible la norma que estipuló la declaratoria de desierto de un
recurso de apelación en materia civil cuando no se cancelan las copias
requeridas para efectos de surtir el trámite de dicho recurso[63]. Sobre la
misma materia se pronunció este Tribunal en la sentencia C-838 de 2013[64].
En la sentencia C-095 de 2001 examinó
la norma según la cual, en el curso de un proceso civil, para que el tercero
poseedor del bien sobre el cual se han dictado medidas cautelares pueda iniciar
el incidente de levantamiento de embargo y secuestro, debe prestar caución
tendiente a garantizar el pago de costas y multas que llegaren a causarse[65].
La Corte estimó que esa disposición tiene como finalidad asegurar que la
invocación de derechos por parte de terceros en el proceso -a través de una
participación que no se impide, sino que se asegura con la condición previa de
que se cumpla con la carga procesal- no afecte impunemente los intereses de una
de las partes (el acreedor) o de otros terceros, ni se obstruya o se dilate
injustificadamente la administración de justicia.
En la sentencia C-1104 de 2001 fue
declarado exequible el artículo que impuso la perención del proceso civil ante
la inacción de los accionantes para notificar la demanda a todos los demandados
o citados[66].
A juicio de esta Corporación la medida era razonable y proporcional. Por un
lado, porque con su implementación el legislador buscó asegurar la eficiencia
en la administración de justicia, al dejar en manos de los funcionarios
encargados de impartirla la resolución de aquellos asuntos respecto de los
cuales existe interés real de las partes en su prosecución y posterior
definición judicial. Por el otro, porque no afectaba el derecho de defensa de
quienes no fueron citados como demandados al proceso, así como tampoco de
aquellos que sí lo fueron, en tanto el fenecimiento del proceso no implicaba la
pérdida del derecho sustancial de los demandados, quienes como titulares del
derecho subjetivo podían hacerlo valer por fuera del proceso.
Bajo la misma línea argumentativa se
pronunció este Tribunal en la sentencia C-123 de 2003, en la cual
declaró exequible una disposición que prevé la perención del proceso
contencioso administrativo como consecuencia de la falta de impulso procesal
por parte del demandante y por la cual el proceso permanezca en la secretaria
por el termino de seis meses, durante la primera o la única instancia[67].
Reiteró las consideraciones expuestas en la sentencia C-1104 de 2001 y concluyó
que el legislador es competente no solo para establecer la carga procesal del
demandante de impulsar el proceso, sino para deducir las consecuencias
jurídicas en caso de no hacerlo (la perención).
Posteriormente, en la sentencia C-763 de
2009, la Corte declaró exequible una norma en virtud de la cual si la
notificación de una decisión en un proceso disciplinario verbal se hace en
estrados, los recursos deberán interponerse y sustentarse en el curso de la
respectiva audiencia o diligencia[68].
A juicio de esta Corporación, la carga procesal de interponer recursos en
audiencia no es excesiva ni desproporcionada, sino necesaria en el trámite de
los procesos verbales. Lo anterior, debido a la naturaleza propia de esa clase
de procesos, cuyas características especiales de la conducta investigada
permiten un trámite ágil y concentrado, en el cual los principios de oralidad y
publicidad adquieren una especial importancia, y por ende, las audiencias
públicas deben ocupar un rol preeminente en su modulación.
En la sentencia C-279 de 2013 este
Tribunal declaró exequible el artículo en virtud del cual quien pretenda el
reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o
mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento como requisito para la
admisión de la demanda o petición correspondiente[69]. Consideró
que la finalidad de dicha exigencia es desestimular la presentación de
pretensiones sobre estimadas o temerarias, lo que resulta ajustado al
ordenamiento constitucional. Señaló, asimismo, que permite el esclarecimiento
de los hechos, en tanto el juramento estimatorio “no se trata de una
determinación definitiva de lo reclamado, sino que existe un proceso para su
contradicción y en especial se le permite al juez ordenar pruebas de oficio si
advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya
fraude, colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio
las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido”.
5.4.2.- En otras oportunidades la Corte ha
constatado que si bien las cargas procesales impuestas a las partes dentro de
un proceso judicial son constitucionalmente válidas, es necesario condicionar
su interpretación para asegurar que las mismas no afecten los derechos de las
partes o intervinientes. A continuación se reseñan algunas providencias.
En la sentencia C-561
de 2004[70]
esta Corporación analizó la disposición según la cual la causal de nulidad de
falta de competencia territorial del comisionado en un proceso civil solamente
podrá alegarse en el momento de iniciar la práctica de la diligencia
correspondiente.
Para la Corte dicha
exigencia no es, en principio, lesiva del derecho de defensa ni del texto
constitucional, puesto que “el Legislador puede establecer determinadas
cargas procesales para quienes hacen uso de derechos como el de alegar esta
causal nulidad -entre ellas, la de estar presentes al inicio de la diligencia
correspondiente-, en forma tal que puedan invocar, en ese momento específico,
la causal en cuestión”.
Sin embargo, aclaró
que la disposición acusada, para ser respetuosa de la Constitución, debe ser
interpretada y aplicada en forma razonable, de tal manera que “quien no
puede cumplir con la carga procesal en ella impuesta por circunstancias
objetivas y justificadas, ajenas a su voluntad, que le hacen imposible estar
presente al inicio de la diligencia, pueda alegar dicha circunstancia ante el
juez comisionado o ante el de conocimiento, en un momento posterior al de la
iniciación de la diligencia, de forma tal que dicho juez pueda evaluar si es o
no aceptable la invocación de la nulidad de lo actuado por falta de competencia
territorial en un momento diferente al indicado en el inciso final acusado”.
Bajo esa línea de argumentación, declaró exequible el aparte demandado “en el entendido de que la carga
procesal que allí se impone no hubiere sido objetivamente imposible de cumplir
por razones ajenas a la voluntad del solicitante”.
En
la sentencia C-275 de 2006 se estudió una demanda presentada contra la
disposición según la cual a las demandas sobre declaración de
pertenencia debe acompañarse un certificado del registrador de instrumentos
públicos en donde consten las personas que figuran como titulares de derechos
reales sujetos a registro, o certifique que no aparece ninguna[71].
La Corte declaró exequible la norma, “en el entendido que el Registrador de
Instrumentos Públicos siempre deberá responder a la petición de dicho
certificado, de acuerdo con los datos que posea, dentro del término establecido
por el Código Contencioso Administrativo”.
En la sentencia C-227 de 2009 la
Corte analizó la norma en virtud de la cual no se considera interrumpida la
prescripción y opera la caducidad en los casos en que la nulidad del proceso
civil, originada en error en la jurisdicción o falta de competencia, comprende
la notificación del auto admisorio de la demanda[72]. Precisó que
las cargas exigidas cumplían con la finalidad de “preservar el principio de
juez natural y el debido proceso”. Sin embargo, encontró que la generalidad
de la norma imponía al demandante diligente una carga procesal desproporcionada
cuando ha ejercido su acción en tiempo pero yerra en la selección de la
competencia y/o la jurisdicción, sin que le sea imputable dicho error, el cual
puede ser producto de múltiples factores que escapan a su control, como “las
incongruencias de todo el engranaje jurídico, o las divergencias doctrinarias y
jurisprudenciales existentes en materia de competencia y jurisdicción”. En
virtud de lo anterior, declaró la exequibilidad condicionada de la norma “en
el entendido que la no interrupción de la prescripción y la operancia de la
caducidad solo aplica cuando la nulidad se produce por culpa del demandante”.
Lo mismo sucedió en la sentencia C-807
de 2009 cuando analizó la disposición que establece que si una demanda
civil se rechaza de plano por falta de jurisdicción, se ordenará devolver los
anexos sin necesidad de desglose[73].
Explicó que la finalidad de la medida es asegurar el debido proceso, el acceso
a la justicia y la celeridad y eficacia judicial. Sin embargo, la consideró
desproporcionada por cuanto conllevaba el riesgo de que el derecho de acceso a
la justicia del demandante fuera altamente afectado al no poder plantear su
demanda judicial, y porque solo protegía parcialmente el derecho del demandado
a que su situación jurídica sea resuelta prontamente. Por ello, declaró la
exequibilidad de la norma, bajo el entendido de que “en los casos de rechazo
de la demanda por falta de jurisdicción, esta se enviará al juez competente y
con jurisdicción, de forma análoga a como ocurre en los casos de rechazo por
falta de competencia”.
En la sentencia C-083 de 2015 la
Corte analizó la constitucionalidad de una norma en virtud de la cual si el
presunto responsable fiscal y su apoderado se ausentan de manera injustificada
a las audiencias cuando existan solicitudes pendientes de decidir o cuando deba
sustentarse un recurso, implicará el desistimiento y archivo de la petición y
el recurso se declarará desierto[74].
Explicó que la asistencia del apoderado de confianza, si bien es una garantía
reconocida en el proceso verbal de responsabilidad fiscal, no es una exigencia
en todas las instancias del proceso, en tanto se reconoce la posibilidad de que
este se surta, en principio, con la sola presencia del presunto responsable
fiscal. Bajo ese entendido, aclaró, “la necesaria comparecencia tanto del
abogado de confianza como del investigado fiscal a todas las audiencias del
proceso, so pena de soportar las cargas procesales indicadas en el literal
acusado, no parece ser una exigencia fundada en criterios de razonabilidad”
más aún si se tiene en cuenta que la personería jurídica ha sido previamente
reconocida al apoderado.
Con sustento en lo anterior declaró
exequible la norma, “en el entendido de que las cargas de desistimiento y
archivo de la petición o la declaratoria de desierto del recurso que debe ser
sustentado, no se le aplicarán al presunto responsable fiscal, cuando en la
audiencia correspondiente éste se ausente y sólo comparezca su apoderado de
confianza, cuya personería jurídica haya sido debidamente reconocida en el
proceso”.
5.4.3.-
Por último, en algunos casos la Corte ha determinado que ciertas cargas
procesales impuestas a las partes dentro de un proceso judicial representan un
exceso en el ejercicio de las atribuciones del legislador.
Por
ejemplo, en la sentencia C-316 de 2002 declaró inexequible una norma que
establecía un monto mínimo como caución prendaria para obtener la libertad
condicional en materia penal[75].
Consideró que con esa carga se vulneraba el derecho a la igualdad, al
desconocer que no todas las personas sometidas al imperio de la justicia tienen
la misma capacidad económica suficiente para cancelar una suma equivalente a un
salario mínimo destinado a obtener una excarcelación.
En la sentencia C-662 de 2004
declaró inexequible el aparte de un artículo según el cual no se consideraba
interrumpida la prescripción y operaba la caducidad en los casos en que un
proceso civil terminara por haber prosperado las excepciones de falta de
jurisdicción o de existencia de cláusula compromisoria o compromiso[76].
La Corte explicó que, respecto del alcance de esas excepciones, hay
enfrentamientos en la doctrina y en la jurisprudencia que no son atribuibles al
demandante, por lo que no es necesariamente su negligencia o error craso lo que
conduce al equívoco de concurrir a una jurisdicción incorrecta o de iniciar un
proceso ante la jurisdicción ordinaria aunque exista cláusula compromisoria
entre las partes. Al respecto señaló que es una carga desproporcionada “que
hace recaer en el demandante todo el peso de las divergencias que sobre la
materia se suscitan en el ordenamiento jurídico”.
En la sentencia C-670 de 2004[77]
esta Corporación declaró inexequible la norma que impedía alegar la ineficacia
o indebida notificación de la demanda de restitución de inmueble arrendado,
sobre la base del deber de fijar como dirección de notificación la señalada en
el contrato de arrendamiento. A juicio de esta Corporación, aunque la medida
perseguiría un fin constitucionalmente legítimo, el Legislador pudo elegir un
medio igualmente eficaz y que ocasionase un menor traumatismo al ejercicio del
derecho fundamental al debido proceso.
En la sentencia C-203 de 2011[78]
declaró inexequible la disposición según la cual, si la demanda de casación en
materia laboral no reunía los requisitos para su admisión, se impondría al
apoderado judicial una multa de 5 a 10 salarios mínimos mensuales. La Corte fue
enfática en señalar que presentar la demanda de casación laboral cumpliendo los
requisitos de ley es una carga procesal pura “consistente en sustentar de
manera técnica y con las exigencias argumentales previstas en la ley y por la
jurisprudencia de casación laboral, este recurso extraordinario y de difícil
acceso”, y por lo mismo, esto es, por ser carga y no deber ni obligación
procesal, las consecuencias de su incumplimiento no podían ser sino las
desfavorables para sí mismo (declarar desierto el recurso). Bajo ese entendido,
la consecuencia sancionatoria de la norma era inconsistente con la naturaleza
jurídica de la figura allí reconocida, en tanto “lo que aparece no es otra
cosa que la imposición de una medida correccional que resulta inadmisible,
porque no puede ser sancionable el solo hecho de haber ejercido un recurso de
manera oportuna pero insatisfactoria”.
Por otro lado, en la sentencia C-598 de
2011[79]
fue declarada inexequible la norma según la cual no serían admitidas en el
proceso las pruebas que las partes hubieran tenido en su poder y omitido
aportar en el trámite de la conciliación como requisito de procedibilidad para
acudir ante la jurisdicción civil o de familia.
La Corte consideró que, teniendo en cuenta
que la finalidad de esa carga es la celeridad, eficacia y formalidad del
mecanismo de la conciliación, la medida escogida por el legislador para hacerla
efectiva resultaba idónea para alcanzar dicho fin, pero lesiva de otros
derechos igualmente fundamentales como el debido proceso y defensa de las
partes, al  impedir a las partes el derecho a aportar pruebas que
pudieran ser fundamentales para decidir su caso y en el momento de la
conciliación no les dieron trascendencia o simplemente no sabían que contaban
con ellas[80].
5.5.- De lo anterior puede concluirse que las
cargas procesales se encuentran constitucionalmente reconocidas como
manifestación de los deberes de colaboración con la administración de justicia
y su adopción por el Legislador ha sido avalada en numerosas oportunidades por
la jurisprudencia constitucional. Sin embargo, la Corte también ha declarado
inexequibles aquellas cargas procesales que carecen de fundamento objetivo y razonable
y que sacrifican de manera desproporcionada un derecho fundamental, o
condicionado su interpretación para hacerlas compatibles con la Carta Política.
6.-
Carga dinámica de la prueba, deberes de las partes y atribuciones del juez como
director del proceso
6.1.- Una de las principales cargas procesales
cuando se acude a la administración de justicia, en general, y a la
jurisdicción civil, en particular, es la concerniente a la prueba de los hechos
que se alegan. La carga de la prueba es un elemento característico de los
sistemas procesales de tendencia dispositiva. Se conoce como principio “onus
probandi”, el cual indica que por regla general corresponde a cada parte
acreditar los hechos que invoca, tanto los que sirven de base para la demanda
como los que sustentan las excepciones, de tal manera que deben asumir las
consecuencias negativas en caso de no hacerlo[81].
De acuerdo con la doctrina, esta carga
procesal se refiere a “la obligación de ‘probar’, de presentar la prueba o
de suministrarla, cuando no el deber procesal de una parte, de probar la
(existencia o) no existencia de un hecho afirmado, de lo contrario el solo
incumplimiento de este deber tendría por consecuencia procesal que el juez del
proceso debe considerar el hecho como falso o verdadero”[82]. En tal
sentido la Corte Suprema de Justicia ha explicado cómo en el sistema procesal se
exige, en mayor o menor grado, que cada uno de los contendientes contribuya con
el juez al esclarecimiento de la verdad:
“En las
controversias judiciales, por regla general, cada una de las partes acude al
juez con su propia versión de los hechos, esto es, que presenta enunciados
descriptivos o proposiciones fácticas a partir de las cuales pretende generar
un grado de convencimiento tal, que sea suficiente para que se emita un
pronunciamiento favorable al ruego que se eleva ante la jurisdicción. Dicho de
otro modo, en el punto de partida de toda controversia procesal, cada uno de
los extremos del litigio intenta convencer al juez de que las descripciones que
presenta coinciden con la realidad y, a partir de aquéllas, justamente,
propicia el litigio.
De esa manera,
cuando hay una genuina contención, el sistema exige que cada uno de los
contendientes correlativamente contribuya a que el juez supere el estado de
ignorancia en el que se halla respecto de los hechos debatidos, tarea que por
lo general concierne al demandante respecto de sus pretensiones, y al demandado
respecto de las excepciones.
Desde luego, al
juez no le basta la mera enunciación de las partes para sentenciar la
controversia, porque ello sería tanto como permitirles sacar beneficio del
discurso persuasivo que presentan; por ende, la ley impone a cada extremo del
litigio la tarea de traer al juicio de manera oportuna y conforme a las
ritualidades del caso, los elementos probatorios destinados a verificar que los
hechos alegados efectivamente sucedieron, o que son del modo como se
presentaron, todo con miras a que se surta la consecuencia jurídica de las
normas sustanciales que se invocan”[83].
Esta institución pretende que quien concurre
a un proceso en calidad de parte asuma un rol activo y no se limite a
refugiarse en la diligencia del juez ni se beneficie de las dificultades
probatorias o mala fortuna de su contraparte. En otras palabras, “las partes
en el proceso deben cumplir con el deber de diligencia en lo que pretenden
probar. Ninguna debe obrar con inercia porque ello causa que las consecuencias
adversas de la decisión sean deducidas en su contra. El proceso no premia la
estrategia sino la solución del conflicto con la participación de las partes”[84].
En el ordenamiento jurídico colombiano el
postulado del “onus probandi” fue consagrado en el centenario Código
Civil[85].
Se mantuvo en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil de 1970 con la
regla según la cual “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, con excepción
expresa de los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas[86].
6.2.- Sin embargo, el principio de la carga
de la prueba (onus probandi) es un postulado general que admite excepciones
en cuanto a la demostración de ciertos hechos. Algunas excepciones son derivadas
del reconocimiento directo de un acontecimiento por cualquiera que se halle en
capacidad de observarlo debido a su amplia difusión (hechos notorios). Otras se
refieren a aquellos hechos que por su carácter indeterminado de tiempo, modo o
lugar hacen lógica y ontológicamente imposible su demostración para quien los
alega (afirmaciones o negaciones indefinidas)[87].
Y otras son consecuencia de la existencia de presunciones legales o de derecho,
donde “a la persona el sujeto procesal favorecido con la presunción solo le
basta demostrar el hecho conocido que hace creíble el hecho principal y
desconocido, de cuya prueba está exento”[88].
Todas ellas responden por lo general a “circunstancias
prácticas que hacen más fácil para una de las partes demostrar la verdad o
falsedad de ciertos hechos”, donde el traslado de las cargas probatorias “obedece
a factores razonables, bien por tratarse de una necesidad lógica o por expresa
voluntad del legislador, para agilizar o hacer más efectivo el trámite de los
procesos o la protección de los derechos subjetivos de la persona”[89].
6.3.- Con todo, el abandono de una
concepción netamente dispositiva del proceso, al constatarse cómo en algunos
casos surgía una asimetría entre las partes o se requería de un nivel alto de
especialización técnica o científica que dificultaba a quien alegaba un hecho
demostrarlo en el proceso, condujo a revisar el alcance del “onus probandi”.
Fue entonces cuando surgió la teoría de las “cargas dinámicas”, fundada
en los principios de solidaridad, equidad (igualdad real), lealtad y buena fe
procesal, donde el postulado “quien alega debe probar” cede su lugar al
postulado “quien puede debe probar”[90].
La teoría de la carga dinámica de la prueba
halla su origen directo en la asimetría entre las partes y la necesidad de la
intervención judicial para restablecer la igualdad en el proceso judicial. Quizá
el caso más representativo –no el único-, que en buena medida dio origen a su
desarrollo dogmático, jurisprudencial y legal, es el concerniente a la prueba
de las malas prácticas médicas:
“Cierto es que
la susodicha [doctrina de las cargas probatorias dinámicas] nació como un
paliativo para aligerar la ímproba tarea de producir pruebas diabólicas que, en
ciertos supuestos, se hacían caer sin miramientos, sobre las espaldas de
algunas de las partes (actor o demandado) por mal entender las tradicionales y
sacrosantas reglas apriorísticas de distribución de la carga de la prueba (…).
Sin embargo, la fuerza de las cosas demostró, verbigracia, que imponerle al
actor víctima de una lesión quirúrgica en el interior del quirófano, la prueba
acabada de lo que había ocurrido y de cómo había ocurrido, resultaba
equivalente a negarle toda chance de éxito”[91].
De esta manera, la noción de carga dinámica
de la prueba, “que no desconoce las reglas clásicas de la carga de la
prueba, sino que trata de complementarla o perfeccionarla”[92],
supone reasignar dicha responsabilidad, ya no en función de quien invoca un hecho
sino del sujeto que, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, se
encuentra en mejores condiciones técnicas, profesionales o fácticas de acreditarlo[93].
6.4.- Como quiera la legislación procesal colombiana
no hizo referencia a la noción de carga dinámica de la prueba, al menos de
manera directa (hasta la aprobación de la Ley 1564 de 2012 o Código General del
Proceso), su reconocimiento vino de la mano de la jurisprudencia, tanto del
Consejo de Estado en asuntos de responsabilidad por falla presunta en el
servicio médico[94],
como de la Corte Suprema de Justicia en el ámbito de la responsabilidad civil.
Esta última, por ejemplo, hizo referencia expresa a criterios de lealtad
procesal, colaboración, justicia y equidad[95].
6.5.- Es importante poner de presente que
estas posturas jurisprudenciales encontraron abono fértil con la entrada en
vigencia de la Constitución Política de 1991. En efecto, la teoría de la carga
dinámica de la prueba tiene amplio sustento constitucional, especialmente en los
postulados característicos del rol del juez en un Estado Social de Derecho, que
según fue explicado anteriormente propugna por un papel activo –pero también
limitado- en la realización del derecho a la tutela judicial efectiva y la prevalencia
del derecho sustancial y de la consecución de un orden justo.
En efecto, en varias oportunidades la Corte
Constitucional ha destacado la necesidad de activar la función directiva del
juez no solo para decretar pruebas en forma oficiosa sino para redistribuir las
cargas probatorias entre los sujetos procesales.
Por ejemplo, esta corporación ha señalado
que una vez probada la existencia de un trato desigual para iguales o un trato
igual para desiguales, “la carga probatoria se invierte, pues ahora
corresponde probar la razonabilidad y proporcionalidad del trato a quien lo
otorga”[96].
También ha sostenido que en los casos en
los cuales una persona se encuentra en posición de debilidad o de subordinación
frente a otra persona o autoridad, de quien se cuestiona la vulneración de un
derecho, es preciso distribuir la carga de la prueba a favor de la parte menos
fuerte de la relación, como por ejemplo en el ámbito laboral[97]. Lo propio
ha señalado la Corte en casos en los que alega la existencia de tratos crueles,
inhumanos o degradantes por parte de superiores jerárquicos en el ámbito
castrense. En palabras de la Corte:
“La
regla general en materia de pruebas en los procesos de tutela consiste en que
quien alega la vulneración de un determinado derecho fundamental debe probar
los hechos que sustentan su acusación en la medida en que ello le sea posible[98]; por tal
razón, en cierto tipo de casos, en los cuales quien alega la violación de su
derecho se encuentra en posición de debilidad o subordinación frente a la
persona o autoridad de quien proviene la violación, se ha dado un alcance
distinto a dicho deber probatorio, distribuyendo la carga de la prueba en favor
de la parte menos fuerte en la relación, de forma tal que ésta únicamente se
vea obligada a demostrar –con pruebas adicionales a su declaración consistente
y de buena fe- aquellos hechos que esté en la posibilidad material de probar,
correspondiéndole a la otra parte la prueba de las circunstancias que alegue en
su favor para desvirtuar lo alegado en su contra. Así ha sucedido, por ejemplo,
en múltiples casos relacionados con discriminación  en el ámbito laboral[99]. La
justificación de esta distribución de la carga de la prueba radica en la
dificultad con la que cuenta la parte débil de una determinada relación para
acceder a los documentos y demás materiales probatorios necesarios para
acreditar que cierta situación le es desfavorable y constituye un
desconocimiento de sus derechos; es de elemental justicia que sea la parte
privilegiada y fuerte, por su fácil acceso a los materiales probatorios en
cuestión, quien deba asumir dicha carga procesal. Por eso, en materia de
tutela, la regla no es “el que alega prueba”, sino “el que puede probar debe
probar”, lo cual redistribuye la carga probatoria en beneficio de la protección
de los derechos[100].
Para la Sala,
esta misma regla probatoria debe ser aplicada en los casos de las personas que
prestan servicio militar y que alegan la existencia de una determinada
vulneración de sus derechos fundamentales por parte de sus superiores, en
particular cuando se trata de afirmaciones relativas a tratos crueles,
inhumanos o degradantes. La situación de subordinación de estos individuos
frente a un aparato militar estructurado en forma jerárquica, hace virtualmente
imposible para la persona que presta servicio militar obligatorio acceder a los
materiales probatorios pertinentes”[101].
Otro ejemplo de inversión de la carga
probatoria se predica de algunos sujetos de especial protección que se
encuentra en condiciones de debilidad manifiesta, como en el caso de los
portadores de VIH que reclaman una pensión (de quienes se presume su condición
de dependencia económica)[102],
así como de ciertos actos de discriminación contra sujetos o grupos
históricamente discriminados[103].
Este Tribunal también ha avalado la
regulación probatoria de las acciones de grupo prevista en el artículo 30 de la
ley 472 de 1998[104].
Según la norma, aunque por regla general la carga corresponde al demandante, “si
por razones de orden económico o técnico dicha carga no pudiere ser cumplida,
el juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener
los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito,
solicitando dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto
esté referido al tema materia de debate y con cargo a ella”.
De igual forma, ha aceptado que en el
ejercicio de la acción de extinción de dominio tenga aplicación la teoría de la
carga dinámica de la prueba. Al respecto, en la Sentencia C-740 de 2003
sostuvo:
“De allí que al
afectado con el ejercicio de la acción de extinción de dominio, le sea
aplicable la teoría de la carga dinámica de la prueba, de acuerdo con la cual
quien está en mejores condiciones de probar un hecho, es quien debe aportar la
prueba al proceso. Así, en el caso de la acción de extinción de dominio, ya
que el titular del dominio sobre los bienes es el que está en mejores
condiciones de probar su origen lícito, es él quien debe aportar las pruebas que
acrediten ese hecho y que desvirtúen el alcance de las pruebas practicadas por
las autoridades estatales en relación con la ilícita procedencia de esos bienes[105].”
(Resaltado fuera de texto)
6.6.- Como
corolario de lo expuesto puede afirmarse que, en términos abstractos, la teoría
de la carga dinámica de la prueba no solo es plenamente compatible con la base
axiológica de la Carta Política de 1991 y la función constitucional atribuida a
los jueces como garantes de la tutela judicial efectiva, de la prevalencia del
derecho sustancial y de su misión activa en la búsqueda y realización de un
orden justo. Es también compatible con los principios de equidad, solidaridad y
buena fe procesal, así como con los deberes de las partes de colaborar con el
buen funcionamiento de la administración de justicia.
Lo que
resta por examinar es entonces si, en el ámbito específico del Código General
del Proceso, la consagración de la carga dinámica de la prueba como una
potestad del juez y no como un imperativo universal vulnera el derecho a la
tutela judicial efectiva, o si por el contrario es expresión
constitucionalmente válida de la potestad de configuración del Legislador.
7.-
La norma parcialmente acusada no desconoce el derecho a la tutela judicial
efectiva.
7.1.- Según se explica a continuación, la
Corte Constitucional considera que la norma procesal que faculta al juez a
distribuir la carga de la prueba entre las partes de acuerdo con las
condiciones en que se encuentren para hacerlo, al utilizar la expresión “podrá”,
y no la expresión “deberá”, no vulnera el derecho a la tutela judicial
efectiva.
7.1.- De acuerdo con los antecedentes que
dieron origen a la aprobación de lo que hoy es el Código General del Proceso
(Ley 1564 de 2012), en el que se inserta la norma parcialmente acusada, uno de
los propósitos del Congreso de la República fue precisamente “adecuar las
normas del derecho procesal a las disposiciones constitucionales de 1991 y a
las innumerables decisiones judiciales, fundamentalmente las proferidas por la
Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia como por la Corte Constitucional,
con el fin de poder contar con una legislación que eleve a rango legal dicha
jurisprudencia o se hagan los ajustes que la misma advierte o se llenen los
vacíos que la misma pretende suplir”[106].
Con esa orientación general, de manera
expresa se propuso acoger la teoría de la “carga dinámica de la prueba”,
catalogada con acierto como institución “novedosa” en la legislación
colombiana. En la exposición de motivos se afirmó que el derecho fundamental a
la prueba implicaba acceder a ella “sin obligar al necesitado a realizar
actos de proeza” que en la práctica hicieran nugatorio ese derecho. Fue así
como se señaló que, al amparo del principio de solidaridad, en algunos casos
podría haber un desplazamiento de dicha carga según las particularidades de
cada caso y las reglas de la experiencia, pero con la clara y expresa advertencia
que la carga de la prueba mantendría su concepción clásica (onus probandi):
“Nuestra
Constitución consagra en el artículo 29 Superior, el derecho a presentar pruebas
y a controvertirlas. El derecho fundamental a la prueba implica que a ella se
debe acceder sin obligar al necesitado a realizar actos de proeza o que
sencillamente a pesar de tener ese derecho, le resulte imposible conseguirla,
porque quien la puede desahogar es su contraparte y esta no tiene interés en
hacerlo. Frente a esta realidad y con sustento en el artículo 1° de la
Constitución Política que se refiere a la solidaridad de las personas, se
consagra que cuando a una de las partes le resulte más fácil probar
determinados hechos, corresponde a ella demostrarlos. La carga de la prueba
mantiene su concepción clásica, pero en determinados casos hay un
desplazamiento a una especie de solidaridad dentro de la concepción liberal
para que el otro que tiene la facilidad por motivos que no es necesario ni
siquiera enunciar, ya que en cada caso y de conformidad con las reglas de la
experiencia se llegará a la conclusión, a quién le quedaba más fácil probar un
determinado hecho”.[107]
(Resaltado fuera de texto)
El desarrollo del debate congresual en este
punto mantuvo siempre la misma orientación de la propuesta inicial[108],
aun cuando se presentaron algunos ajustes sin alterar su esencia. Por ejemplo,
en el pliego de modificaciones para segundo debate se propuso “dotar al juez
de la posibilidad de pronunciarse sobre la distribución de la carga de la
prueba (carga dinámica de la prueba), en caso de que advierta que a alguna de
las partes le queda más fácil demostrar ciertos hechos”, con el fin de
superar algunos cuestionamientos académicos[109].
Algo similar ocurrió en la ponencia para tercer debate, donde se reguló de forma
más detallada la potestad del juez de distribuir la carga probatoria, acogiéndose
la propuesta de no establecer un catálogo taxativo de las situaciones en que
ello pudiere ocurrir[110].
7.3.- En definitiva, el Código General del
Proceso (Ley 1564 de 2001) introdujo en el ámbito legal la institución de la
carga dinámica de la prueba, que no estuvo presente en el anterior Código de
Procedimiento Civil[111].
Es en este escenario en el cual se enmarca la norma parcialmente acusada y que
ahora es objeto de examen:
“ARTÍCULO 167.
CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante,
según las particularidades del caso, el juez  podrá,  de oficio o
a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su
práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar
determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable
para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el
material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por
circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de
incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias
similares.
Cuando el juez
adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte
correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva
prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este
código.
Los hechos
notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”. (Se
resalta la expresión demandada)
Fue decisión consciente y deliberada del Legislador mantener como
principio general de la carga de la prueba el onus probandi,  según el
cual “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. En breves líneas, su alcance
ha sido explicado por la jurisprudencia en los siguientes términos:
“Luego de una prolongada
evolución, las reglas de la carga de la prueba en materia civil han decantado
hasta el punto que es posible resumir su doctrina en tres principios jurídicos
fundamentales: ‘onus probandi incumbit actori’, al demandante le corresponde
probar los hechos en que funda su acción; ‘reus, in excipiendo, fit actor’, el
demandado, cuando excepciona, funge de actor y debe probar los hechos en que
funda su defensa; y, ‘actore non probante, reus absolvitur’, según el cual el
demandado debe ser absuelto de los cargos si el demandante no logra probar los
hechos fundamento de su acción”[112].
Sin embargo, este postulado no es absoluto por cuanto admite al
menos dos excepciones que la misma ley contempla, a saber: (i) la carga dinámica
de la prueba y (ii) los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones
indefinidas.
La acreditación de los hechos (de acción o
de excepción) es una carga procesal que bien puede ser asignada a las partes
que los invocan. En efecto, sobre la base de que el ejercicio de cualquier
derecho implica responsabilidades –el acceso a la administración de justicia es
uno de ellos-, esta exigencia no es sino una manifestación concreta del deber
general previsto en el artículo 95-7 de la Carta Política, de “colaborar
para el buen funcionamiento de la administración de la justicia”.
A juicio de la Corte el principio del onus
probandi como exigencia general de conducta prevista por el Legislador en
el Código General del Proceso no se refleja como irrazonable ni
desproporcionada. En efecto, responde a fines constitucionalmente legítimos: ejercer
los derechos con responsabilidad y colaborar con el buen funcionamiento de la
administración de justicia, contribuir al esclarecimiento de la verdad en el
marco de un proceso judicial, asegurar la prevalencia del derecho sustancial y
velar por la vigencia de un orden justo.
Es también una carga adecuada para lograr
esos mismos cometidos, si se tiene en cuenta que quien invoca un hecho lo hace
–lo debe hacer- sobre la base de un conocimiento previo del mismo y por lo
general dispone de algunos elementos mínimos para dar crédito a sus
afirmaciones, en especial cuando pretende obtener algún beneficio de ellos; igualmente,
contribuye eficazmente con el juez en su tarea de dilucidar la verdad, garantizar
la primacía del derecho sustancial y resolver los litigios dentro de un término
razonable (celeridad).
Además, tal exigencia no resulta
desproporcionada precisamente porque el propio ordenamiento ha previsto algunas
excepciones para aquellos eventos en los cuales la prueba es superflua (hechos
notorios), o cuando una persona enfrenta serias dificultades para demostrar un
hecho, por ejemplo por razones lógicas (afirmaciones y negaciones indefinidas),
técnicas (cuando se requiere conocimientos especializados), económicas (costo
significativo) o incluso jurídicas (acceso restringido a la información), entre
otras.
7.4.- En lo concerniente a la configuración
de la carga dinámica de la prueba debe decirse que atiende su inspiración
teórica, fundada en los pilares de solidaridad, equidad (igualdad real entre
las partes), lealtad y buena fe procesal, todos ellos reconocidos en la Carta
Política de 1991, donde el principio “quien alega debe probar” cede su
lugar al principio “quien puede debe probar”. Su ejercicio por parte del
juez es, en consecuencia, manifestación de una competencia plenamente legítima
bajo el prisma de un Estado Social de Derecho.
En la regulación aprobada por el Legislador este decidió -también de
manera deliberada y consciente- no fijar un catálogo cerrado de episodios en
las cuales puede tener cabida la carga dinámica de la prueba. Por el contrario,
dejo abierta esa posibilidad al juez, “según las particularidades del caso”,
para lo cual mencionó solo algunas hipótesis: (i) la posesión de la prueba en
una de las partes, (ii) la existencia de circunstancias técnicas especiales, (iii)
la previa y directa intervención en los hechos, (iv) el estado de indefensión o
de incapacidad de una de las partes, “entre otras circunstancias similares”.
Los eventos mencionados recogen en buena medida las reglas trazadas
por la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la propia
Corte Constitucional. Sin embargo, el Legislador facultó a los jueces para
evaluar las circunstancias de cada caso y definir si se dan o no los supuestos
genéricos para recurrir en ciertos casos a la carga dinámica de la prueba. Esta
decisión resulta comprensible y completamente válida, no solo ante la
dificultad para anticiparse a nuevas situaciones en una sociedad que presenta
vertiginosos cambios –algunos tal vez inimaginables-, sino porque son los
contornos de cada situación los que permiten evaluar si la igualdad entre las
partes se ha visto o no comprometida y se requiere de la “longa manus”
del juez para restablecerla.
Es importante recordar que la intervención del juez en la
distribución de las cargas probatorias no tiene cabida únicamente en ejercicio
de sus poderes oficiosos para decretar y practicar pruebas. En efecto, la norma
permite que sean las propias partes quienes hagan un llamado expreso al juez,
ante la cual el funcionario judicial debe inexorablemente pronunciarse en forma
expresa y debidamente motivada, bien para acoger la solicitud o bien para
rechazarla.
En este punto la Corte precisa que cuando la norma señala que la
decisión del juez “será susceptible de recurso”, significa que podrá ser
recurrida tanto la decisión que accede como la que niega la solicitud de
distribución de la carga probatoria, y por supuesto aquella producto del
ejercicio oficioso del juez. Esta hermenéutica es coherente con la vocación de
control a la actividad judicial que quiso imprimir el Legislador cuando hace
uso oficioso de la carga dinámica de la prueba o cuando atiende o desestima la
solicitud elevada por las partes.
Adicionalmente, la posibilidad de revisar dicha decisión permite a
los sujetos procesales ejercer el derecho de contradicción y defensa e
intervenir en condiciones de igualdad para debatir acerca de la razonabilidad o
no de la distribución de cargas probatorias a las partes, de acuerdo con las
especificidades de cada caso.
Visto lo anterior, desde la perspectiva del
derecho a la tutela judicial efectiva (artículos 2º,
29, 228 y 229 de la Constitución) la Corte no advierte reparo constitucional
alguno al hecho de que el Legislador haya autorizado al juez a distribuir la
carga de la prueba entre las partes, según las particularidades del caso, para
exigir probar determinado hecho a quien se encuentre en una situación más
favorable para hacerlo, sin que le haya impuesto el inexorable “deber” hacerlo
en cada caso.
La Sala observa que la
regulación está encaminada a procurar un prudente equilibrio entre la función
del juez en el Estado Social de Derecho y el cumplimiento de las cargas
procesales que constitucionalmente corresponde asumir a las partes cuando ponen
en marcha la administración de justicia. Recuérdese
que “la mayor eficacia en cuanto a la justa composición de un litigio se
obtiene a partir de un delicado equilibrio entre la iniciativa de las partes
–principio dispositivo-  y el poder oficioso del juez –principio inquisitivo-,
facultades de naturaleza distinta que operadas de forma coordinada deben
concurrir en un mismo y único propósito: la solución justa y eficiente del
proceso”[113].
Imponer al juez la obligación
de acudir en todos los eventos a la institución de la carga dinámica de la
prueba, y no de manera ponderada de acuerdo con las particularidades de cada
caso y los principios generales de la Ley 1564 de 2012, significaría alterar la
lógica probatoria prevista en el estatuto procesal diseñado por el Legislador,
para en su lugar prescindir de las cargas procesales razonables que pueden
imponerse a las partes y trasladar esa tarea únicamente al juez.
Con todo, en este punto es
necesario aclarar que la norma acusada no puede ser interpretada al margen de
los fines y principios que orientan el Código General del Proceso y que por lo mismo
tienen fuerza vinculante. Ello significa que el juez, como director del
proceso, ha de estar vigilante para dar cumplimiento a su misión en el marco de
un Estado Social y Democrático de Derecho, ya sea al acudir a sus atribuciones
oficiosas en el decreto y práctica de pruebas, o bien para hacer una
distribución razonable de la carga probatoria según la posición en la que se
encuentren las partes en cada caso.
En este sentido, el artículo
2º del código reconoce el derecho que toda persona tiene “a la tutela
judicial efectiva” para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus
intereses, “con sujeción a un debido proceso de duración razonable”, lo que
reafirma la competencia del juez para asumir un rol activo en el proceso y
logar la búsqueda de la justicia material. El artículo 4º consagra el principio
de igualdad, según el cual “el juez deber hacer uso de los poderes que este
código le otorga para lograr la igualdad real de las partes”; ello supone abandonar
una visión estrictamente formalista de la posición de las partes en el proceso
para hacer uso de las facultades oficiosas y restablecer el equilibrio o
distribuir las cargas probatorias cuando las circunstancias así lo demanden. El
artículo 7º reitera la sujeción de los jueces al imperio del Derecho, lo que
incluye la obligación de tener en cuenta la jurisprudencia y la doctrina
probable incluso en lo relativo a la carga dinámica de la prueba; así como la
obligación de “exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos”
en caso de apartarse de la doctrina probable en la materia o de cambio de
criterio en casos análogos. El artículo 11 exige al juez interpretar las normas
procesales teniendo en cuenta “que el objeto de los procedimientos es la
efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial”. Por último,
el artículo 12 señala que los actos procesales se realizarán “con observancia
de los principios constitucionales y los generales del derecho procesal,
procurando hacer efectivo el derecho sustancial”.
De esta manera, para la Corte
es claro que en algunos casos el decreto oficioso de pruebas o la distribución
de su carga probatoria dejan de ser una potestad del juez y se erige en un verdadero
deber funcional. No obstante, ello debe ser examinado de acuerdo con las
particularidades de cada caso, sin invertir la lógica probatoria prevista por
el Legislador ni alterar las reglas generales en lo concerniente a la
distribución de la carga de la prueba. De hecho, para tal fin también se han
diseñado diversos recursos y mecanismos de control al interior de cada proceso,
e incluso excepcionalmente podrá hacerse uso de mecanismos extraordinarios como
la acción de tutela, lo cual ha sido avalado en numerosas ocasiones por la
jurisprudencia constitucional[114].
En consecuencia, por los
cargos analizados, la Corte declarará exequible la expresión “podrá”
contenida en el inciso 2º del artículo 167 de la ley 1564 de 2012.
VII.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar exequible, por los cargos
analizados, la expresión “podrá” contenida en el inciso 2º del
artículo 167 de la ley 1564 de 2012, “por medio de la cual se expide el
Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
Cópiese, notifíquese, comuníquese e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el
expediente.
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con
aclaración de voto
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretario
General
ACLARACIÓN DE
VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA C-086/16
CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Aplicación del principio de onus probandi y admisión de la
dinamización de la carga de la prueba (Aclaración de voto)/CODIGO GENERAL
DEL PROCESO EN MATERIA DE CARGA DE LA PRUEBA-Corresponde probar a quien
tiene mayor facilidad para hacerlo y no a quien alega el hecho, pues de esa
manera se restablece la igualdad en un proceso judicial (Aclaración de voto)
FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUEZ DE
REDISTRIBUIR LA CARGA PROBATORIA-Razonabilidad y
proporcionalidad siempre que corresponda a las particularidades de cada caso
sin alterar la lógica probatoria prevista por el Legislador (Aclaración de
voto)
PRINCIPIO DEL ONUS PROBANDI Y CARGA
DINAMICA DE LA PRUEBA-Flexibilización de la carga
de la prueba y su distribución entre las partes, no es siempre una excepción
(Aclaración de voto)/CARGA DINAMICA DE LA PRUEBA-Regla para los casos
que el juez valore que debe aplicarse, es decir, impone la redistribución de
las cargas cuando las partes están en una situación procesal desigual
(Aclaración de voto)
CARGA DINAMICA DE LA PRUEBA-Circunstancias que exigen que sea la regla y no la excepción
(Aclaración de voto)/CARGA DINAMICA DE LA PRUEBA-Jurisprudencia de la
Corte Suprema de justicia en asuntos de responsabilidad civil médica
(Aclaración de voto)
CARGA DINAMICA DE LA PRUEBA-Jurisprudencia de la Corte Suprema de justicia en materia laboral
(Aclaración de voto)
CARGA DINAMICA DE LA PRUEBA-No hay lugar a atribuirle un carácter excepcional (Aclaración de
voto)/CARGA DINAMICA DE LA PRUEBA-Como regla general el operador
judicial debe hacer efectiva la igualdad de armas en el proceso, no como una
excepción (Aclaración de voto)
Referencia: expediente
D-10902
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 167 –parcial-  de la Ley 1564 de 2012.
Asunto: carga de la
prueba, principio de onus probandi y distribución de la carga de la
prueba.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Con el
acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, a
continuación presento las razones que me conducen a aclarar el voto en
la decisión adoptada por la mayoría de la Sala Plena, en sesión del 24 de
febrero de 2016.
Comparto la decisión de la Sala consistente
en declarar la exequibilidad del aparte acusado. En
efecto, considero que el Código General del Proceso acogió el principio de onus
probandi, y al mismo tiempo admitió la dinamización de la carga de
la prueba. Así pues, el Legislador mantuvo un sistema dispositivo pero
reconoció que, en ocasiones, ante la asimetría de las partes corresponde probar
ciertas circunstancias a quien tiene mayor facilidad para hacerlo y no a quien
alega el hecho, pues de esa manera se restablece la igualdad en un proceso
judicial.
En este orden de ideas, resulta razonable y
proporcional que se consagre la facultad discrecional del juez de redistribuir
la carga probatoria, siempre que el ejercicio de ésta corresponda a las
particularidades de cada caso, sin alterar la lógica probatoria prevista por el
Legislador.
No obstante, debo puntualizar mi posición
en relación con una afirmación contenida en la sentencia de la referencia.
En el capítulo en el que se analiza la
exequibilidad del aparte acusado se afirma que por regla general, aplica el
principio del onus probandi, “[s]in embargo, este postulado no es absoluto
por cuanto admite al menos dos excepciones que la misma ley contempla, a saber
(i) la carga dinámica de la prueba y (ii) los hechos notorios y las
afirmaciones y negaciones indefinidas.” (Negrillas fuera del texto
original).
No estoy de acuerdo con el aparte
resaltado, pues considero que la flexibilización de la carga de la prueba y su
distribución entre las partes, no es siempre una excepción. En efecto, estimo
que la carga dinámica de la prueba es la regla para los casos en los que el
juez valore que ésta debe aplicarse, es decir, aquellos en los que las partes
están en una situación procesal desigual le impone la redistribución de estas
cargas.
Así pues, existen circunstancias que exigen
que la regla (no la excepción), sea la carga dinámica de la prueba. Por
ejemplo, en asuntos de responsabilidad civil médica, la Corte Suprema de
justicia ha establecido lo siguiente:
“(...) [N]o
es posible sentar reglas probatorias absolutas con independencia del caso
concreto, pues los habrá donde el onus probandi permanezca inmodificable, o
donde sea dable hacer actuar presunciones judiciales, como aquellas que en
ocasiones referenciadas ha tenido en cuenta la Corte, pero también aquellas
donde cobre vigencia ese carácter dinámico de la carga de la prueba, para
exigir de cada una de las partes dentro de un marco de lealtad y colaboración,
y dadas las circunstancias de hecho, la prueba de los supuestos configurantes
del tema de decisión. Todo, se reitera, teniendo en cuenta las características
particulares del caso: autor, profesionalidad, estado de la técnica,
complejidad de la intervención, medios disponibles, estado del paciente y otras
circunstancias exógenas, como el tiempo y el lugar del ejercicio, pues no de
otra manera, con justicia y equidad, se pudiera determinar la corrección del
acto médico (lex artix)”[115]
Del mismo modo, en materia laboral, la
Corte Suprema de Justicia ha dicho que para que el juez pueda determinar la existencia
de un trato discriminatorio desde el punto de vista salarial, “(…)
diferencia fundamentada en elementos fácticos surgidos de la actuación del
empleador, la carga de la prueba no radica en cabeza de quien la alega sino de
aquel de quien proviene la actuación, es decir, es el empleador quien debe
demostrar frente a un trato desigual o diferente entre trabajadores que
desarrollan el mismo trabajo, que el mismo tiene justificación.” [116]
En ese orden de ideas, considero que no hay
lugar a atribuir un carácter excepcional a la carga dinámica de la prueba
prevista en la norma acusada, porque en ocasiones los jueces se enfrentan a
circunstancias en las que la desigualdad entre las partes del proceso exige que
se distribuyan las cargas y en esos casos la inversión de la carga probatoria
será la regla general aplicable. Así pues, en algunos casos el operador judicial
tiene el deber de hacer efectiva la igualdad de armas en el proceso y la
realización de este deber no es una excepción, sino constituye la regla
general.
De esta manera, expongo las
razones que me llevan a aclarar el voto con respecto a las consideraciones
expuestas en la sentencia de la referencia.
Fecha ut supra,
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1]
Ponencia para tercer debate. Gaceta del Congreso 114 de 2012.
[2]
Ministerio de Justicia y del Derecho, Academia Colombiana de
Jurisprudencia, Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Universidad
Javeriana, Universidad Libre de Colombia, Universidad Externado de Colombia y
Universidad del Rosario. Solo el interviniente de la Universidad Santo Tomás,
sede Bogotá, acompaña parcialmente los argumentos de la demanda.
[3]
“En el devenir de las sociedades, particularmente con la aparición de los
Estados modernos, la rama judicial del poder público denota especial
trascendencia ante el inevitable surgimiento de conflictos, producto del choque
de intereses particulares, del ejercicio de la autoridad estatal o de la simple
aplicación de las normas a un caso concreto. El aparato de justicia implica
entonces todo un andamiaje para el reconocimiento y satisfacción de un derecho,
para la solución de disputas en torno a estos y finalmente para el
mantenimiento de la armonía social”. Sentencia SU-768 de 2014. Cfr., Sentencias
C-548 de 1997, C-790 de 2006 y T-600 de 2009.
[4]
“El acceso a la administración de justicia se constituye para el individuo en
una necesidad inherente a su condición y naturaleza, sin él los sujetos y la
sociedad misma no podrían desarrollarse y carecerían de un instrumento esencial
para garantizar su convivencia armónica, como es la aplicación oportuna y
eficaz del ordenamiento jurídico que rige a la sociedad, y se daría paso a la
primacía del interés particular sobre el general, contrariando postulados
básicos del modelo de organización jurídica-política por el cual optó el
Constituyente de 1991”. Sentencia T-476 de 1998. Cfr. Sentencia C-426 de 2002,
entre otras.
[5]
Corte Constitucional, Sentencia C-454 de 2006.
[6]
Corte Constitucional, Sentencia C-426 de 2002. Ver también las
Sentencias C-059 de 1993, C-416 de 1994, C-037 de 1996, C-1341 de 2000, C-1177
de 2005 y C-279 de 2013.
[7]
El fundamento del derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra
especialmente en los artículos 1, 2, 29 y 229 de la Constitución Política, así
como también en los artículos 25 de la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Cfr.
Sentencias C-279 de 2013, C-180 de 2014 y T-339 de 2015, entre otras.
[8]
Corte Constitucional, Sentencia T-339 de 2015.
[9]
Corte Constitucional, Sentencia C-426 de 2002. Cfr.,
Sentencias C-1177 de 2005 y C-279 de 2013.
[10]
Corte Constitucional, Sentencia C-426 de 2002.
[11]
Corte Constitucional, Sentencias T-006 de 1992, C-059
de 1993, T-538 de 1994, C-037 de 1996, T-268 de 1996, C-215 de 1999, C-1341 de
2000, C-1195 de 2001, C-426 de 2002, C-207 de 2003, C-1177 de 2005 y C-279 de
2013, entre muchas otras.
[12]
Corte Constitucional, Sentencia C-207 de 2003.
[13]
Cfr., Corte Constitucional, Sentencia C-426 de 2002. Ver
también las sentencias C-1043 de 2000, C-622 de 2004, C-207 de 2006 y C-279 de
2013, entre muchas otras.
[14]
Corte Constitucional, Sentencia C-622 de 2004.
[15]
Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-562 de 1997, C-927 de
2000, C-204 de 2001, C-555 de 2001, C-1104 de 2001, C-043 de 2002, C-309 de
2002, C-426 de 2002, C-428 de 2002, C-123 de 2003, C-622 de 2004, C-718 de
2006, C-738 de 2006, C-790 de 2006, C-1186 de 2008, C-227 de 2009, C-520 de
2009, C-203 de 2011, C-279 de 2013 y C-083 de 2015, entre muchas otras.
[16]
Corte Constitucional, Sentencia C-622 de 2004.
[17] Corte Constitucional,
Sentencia C-095 de 2001. Ver también las sentencias C-316 de 2002 y C-622 de
2004
[18]
Corte Constitucional, Sentencia C-428 de 2002.
[19]
Corte Constitucional. Sentencia C-309 de 2002.
[20]
Corte Constitucional. Sentencia C-204 de 2001.
[21]
Corte Constitucional. Sentencia C-728 de 2000 y  C-1104 de 2001. M.P. Clara
Inés Vargas, entre otras.
[22]
Corte Constitucional. Sentencia C-1512 de 2000.
[23]
Corte Constitucional. Sentencias C-1104 de 2001 y  C-1512 de 2000.
[24]
Corte Constitucional. Sentencia C-426 de 2002.
[25]
Corte Constitucional. Sentencia C-346 de 1997.
[26]
Corte Constitucional. Sentencia T-323 de 1999.
[27]
Corte Constitucional, Sentencia C-662 de 2004. Cfr., Sentencias C-279 de 2013.
[28]
Corte Constitucional, Sentencia SU-768 de 2014.
[29]
Ugo Alsina, Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, t.
I, 2ª ed. Buenos Aires, Ediar, Sociedad Anónima, editores, 1963, p.105. Ver
también Michele Taruffo, “La Prueba”. Madrid, Marcial Pons,
2008, capítulo IV. Sin embargo, en lo concerniente a la actividad probatoria
Taruffo propone diferenciar entre sistemas probatorios “centrados en las
partes” y “centrados en el tribunal”, con la advertencia de que ninguno de
ellos puede ser calificado en estricto sentido como un sistema puro (p.111).
[30]
Corte Constitucional, Sentencia C-873 de 2004.
[31] Corte Constitucional, Sentencia C-873 de 2004.
[32]
Michele Taruffo, “La Prueba”. Madrid, Marcial Pons, 2008,
p.112.
[33]
En los procesos en los sistemas de common law, aun cuando se mantiene la
concepción tradicionalmente adversarial, “la creciente necesidad de que el
tribunal mantenga un control razonable sobre el proceso y la tendencia a
favorecer el logro de decisiones adecuadas y que se correspondan con la verdad
ha incluido en la visión global del papel del tribunal y ha conducido a la
concepción de un papel directivo del juez en el proceso civil”. Michele
Taruffo, Op. Cit., p.113.
[34]
Las legislaciones procesales civiles expedidas en el mundo a partir del siglo
pasado, tienden a reforzar las facultades del juez: La Ordenanaza Procesal austriaca
de 1895, los códigos de México para el distrito Federal (de 1932) y para los
tribunales federales (de 1942), la Ordenanza Procesal Alemana de 1934 y el
Código Italiano de 1940, contienen esta orientación, aunque conservan el
sistema dispositivo. Igualmente este sistema sustenta el Código  de Brasil de
1942 y el Código Procesal civil y comercial de la nación argentina de 1967.
[35]
Corte Constitucional, Sentencia C-874 de 2003.
[36]
Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-874 de 2003, SU-768 de 2015.
[37]
“ARTÍCULO 2º.- INICIACIÓN E IMPULSO DE LOS PROCESOS. Los procesos sólo podrán
iniciarse por demanda de parte, salvo los que la ley autoriza promover de
oficio. Con excepción de los casos expresamente señalados en la ley, los jueces
deben adelantar los procesos por sí mismos y son responsables de cualquier
demora que ocurra en ellos, si es ocasionada por negligencia suya”.
“ARTÍCULO 4.- INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES.
Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de
los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley
sustancial. Las dudas que surgen en la interpretación de las normas del
presente Código, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios
generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garantía
constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se
mantenga la igualdad de las partes”.
“ARTÍCULO 37.- DEBERES DEL JUEZ. Son deberes del juez:
1.- Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas
conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal,
so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran. 2.- Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando
los poderes que este Código le otorga. (…)”.
[38]
Carta Política 1991, preámbulo.
[39]
Carta Política 1991, art. 228. Ver también Ley estatutaria de
justicia (Ley 270 de 1996), art. 125.
[40]
Carta Política 1991, art. 229.
[41]
Carta Política 1991, art. 228.
[42]
Corte Constitucional, Sentencia SU-768 de 2014.
[43]
Corte Constitucional, Sentencia C-874 de 2003.
[44]
Corte Constitucional, Sentencias T-264 de 2009 y T-213 de 2012
[45]
Corte Constitucional, Sentencia C-713 de 2008.
[46]
Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009.
[47]
Ver Sentencia C-159 de 2007.
[48]
Corte Constitucional, Sentencia SU-768 de 2014.
[49]
Corte Constitucional, Sentencia T-599 de 2009.
[50]
Cfr., Corte Constitucional, Sentencia C-1104 de 2002. Ver también C-1512 de
2000, C-662 de 2004 y C-279 de 2013, entre otras.
[51]
Sala de Casación Civil, M.P. Dr. Horacio Montoya Gil, auto del 17 de septiembre
de 1985, que resolvió una reposición, Gaceta Judicial TOMO CLXXX – No. 2419,
Bogotá, Colombia, Año de 1985, pág. 427.
[52]
Corte Constitucional, Sentencias C-1512 de 2000, C-1104 de 2001, C-662 de 2004,
C-275 de 2006, C-227 de 2009 y C-279 de 2013, entre otras.
[53]
Corte Constitucional, Sentencia C-1512 de 2000.
[54]
Couture, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 3ª edición, Roque
Depalma Editor, Buenos Aires, 1958, p. 211 a 213.
[55]
Corte Constitucional, Sentencia C-662 de 2004.
[56]
Corte Constitucional, Sentencia C-083 de 2015: “En efecto, favorecer el
desconocimiento general de las responsabilidades procesales, no puede ser nunca
un objetivo constitucional último, en la medida en que un propósito semejante
atentaría contra los derechos y las garantías que dentro de los mismos
procedimientos se pretenden proteger, lo que no sólo afectaría las actividades
propias del aparato justicial (C-1104 de 2001), - inmovibilizándolo
eventualmente-, sino que comprometería las expectativas ciudadanas de un juicio
legítimo, justo y con garantías”.
[57]
Corte Constitucional, Sentencia C-807 de 2009.
[58]
“Para determinar si esas cargas impuestas al demandante son desproporcionadas
como lo señala el demandante, corresponde indagar (i) si la limitación que
introduce el contenido normativo acusado persigue una finalidad que resulta
acorde con el ordenamiento constitucional; (ii) si la configuración normativa
que contiene dicha limitación es potencialmente adecuada para cumplir el fin
estimado, y (iii) si hay una proporcionalidad en esa relación, en el sentido
que la limitación no sea manifiestamente innecesaria o claramente
desproporcionada”. Corte Constitucional, Sentencia C-227 de 2009. La Corte
declaró exequible el numeral 3° del artículo 91 del Código de
Procedimiento Civil, en cuanto se refiere a las causales de nulidad previstas
en los numerales 1° y 2° del artículo 140 del CPC, “en el entendido que la no
interrupción de la prescripción y la operancia de la caducidad sólo aplica
cuando la nulidad se produce por culpa del demandante”.
[59]
En esa oportunidad la Corte estudió la demanda presentada
contra el numeral 2º del parágrafo 2º del artículo 424 del Código de
Procedimiento Civil, sobre la restitución de inmueble arrendado.
[60]
En esa ocasión estudió una demanda contra el numeral 3º,
parágrafo segundo, del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil.
[61]
La Corte declaró exequibles varias expresiones del artículo 37 de la Ley  820
de 2003, en el entendido de que esta carga procesal sólo opera si la causal
invocada para la restitución del inmueble es la establecida en el numeral 2º
del artículo 22 de la mencionada ley.
[62]
La Corte declaró exequible el artículo 7º de la ley 383 de
1997, que modificó el artículo 867 del decreto 624 de 1989. Consideró
que la disposición acusada buscaba, al menos, dos finalidades complementarias,
que resultaban ser no solo legítimas, sino constitucionalmente relevantes. En
primer lugar, el cumplimiento del deber ciudadano de no acudir de manera
injustificada ante la administración de justicia, lo que constituye un abuso
del derecho de acción, que repercute negativamente sobre los principios de
eficacia y eficiencia de la administración de justicia y sobre el derecho
fundamental de otros ciudadanos a una tutela judicial efectiva. En segundo
lugar, evitar que las personas hagan uso de sus propias prerrogativas o
derechos, como el derecho de acción, con el fin de evadir el cumplimiento de
una obligación tributaria.
[63]
En esa ocasión, esta Corporación declaró exequible los incisos
4º y 6º (parciales) del numeral 174 del artículo 1º del decreto 2282 de 1989
que modificó el artículo 356 del Código de Procedimiento Civil.
Señaló que “la consecuencia de ese
incumplimiento, da lugar a una situación desfavorable para el apelante pero que
no vulnera sus derechos al debido proceso, de igualdad o de acceso a la
administración de justicia, pues busca facilitar, precisamente, el trámite del
recurso de apelación y, en caso de que el interesado no disponga lo necesario
para que esto ocurra, sancionarlo con la improcedencia del medio de
impugnación, declarando desierto el recurso, lo cual resulta a todas luces
razonable y proporcionado”.
[64]
La norma demandada fue el inciso 6° (parcial) del artículo 358 del Código de
Procedimiento Civil, modificado por el numeral 176 del artículo 1° del decreto
2282 de 1989.
[65]
La Corte declaró exequible un aparte del numeral 8º del artículo 344 del
decreto 2282 de 1989, “por el cual se introducen algunas modificaciones al
Código de Procedimiento Civil”.
[66]
La norma demandada en esa oportunidad fue el artículo 19
(parcial) de la Ley 446 de 1998 “Por la cual se adoptan como legislación
permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del
Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del
Decreto 2270 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso
Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia
y acceso a la justicia”.
[67]
Artículo 148 del Código Contencioso Administrativo.
[68]
Artículo 111 de la ley 734 de 2002.
[69]
La norma demandada fue el artículo 206 de la ley 1564 de 2012.
[70]
Este Tribunal estudió la demanda de inconstitucionalidad presentada
contra el artículo 34, parcial, del Código de Procedimiento Civil, tal y como
fue modificado por el artículo 1º, numeral 10 del Decreto 2282 de 1989,
referente a los poderes del juez comisionado. El aparte declarado exequible
bajo condicionamiento fue: “Solamente podrá alegarse la nulidad por falta de
competencia territorial del comisionado, en el momento de iniciarse la práctica
de la diligencia”.
[71]
La demanda fue presentada contra un apartado del numeral 5° del artículo 407
del Código de Procedimiento Civil.
[72]
La norma fue el artículo 11 (parcial) de la ley 794 de 2003 “Por la cual se
modifica el Código de Procedimiento Civil, se regula el proceso ejecutivo y se
dictan otras disposiciones”.
[73]
La Corte estudió la demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 37,
parcial, del artículo 1° del decreto No. 2282 de 1989, mediante el cual se
modificó el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, sobre la inadmisibilidad
y rechazo de plano de la demanda.
[74]
La disposición analizada fue el literal d) del artículo 98 de la ley 1474 de
2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad
del control de la gestión pública”.
[75]
La norma demandada fue el artículo 369 de la Ley 600 de 2000.
[76]
En esa oportunidad la corte conoció la demanda de inconstitucionalidad parcial
contra el numeral 3º del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil,
modificado por el artículo 11 de la Ley 794 de 2003.
[77]
Fue declarado inexequible el inciso tercero del artículo 12 de la Ley 820 de
2003, en lo referente al lugar para recibir notificaciones.
[78]
La Corte declaró inexequible la expresión “no reúne los
requisitos, o” contemplada en el artículo 49, inciso 3º de la ley 1395 de
2010.
[79]
La Corte declaró inexequible las expresiones “de
fracasar la conciliación, en el proceso que se promueva no serán admitidas las
pruebas que las partes hayan omitido aportar en el trámite de la conciliación,
estando en su poder”, contenida en el parágrafo 2º del artículo
52 de la ley 1395 de 2010 “Por la cual se adoptan medidas de descongestión
judicial”.
[80]
Así mismo, sostuvo que esa carga resultaba desproporcionada, ya que por la
naturaleza misma de la conciliación son las partes y no el conciliador, las que
tienen la capacidad de presentar fórmulas de acuerdo, al ser conocedoras de los
fundamentos de sus pretensiones, sin necesidad de pruebas, como sí sucede en el
proceso formal, en donde es el juez, como tercero ajeno a aquellas, quien debe
tomar la decisión. Por esa razón, el fallador requiere que las partes le
suministren los elementos de prueba que le den sustento a las pretensiones y le
permitan de forma razonada llegar a un convencimiento sobre el aspecto que debe
resolver.
[81]
“Luego de una prolongada evolución, las reglas de la carga de la prueba en
materia civil han decantado hasta el punto que es posible resumir su doctrina
en tres principios jurídicos fundamentales: ‘onus probandi incumbit actori’, al
demandante le corresponde probar los hechos en que funda su acción; ‘reus, in
excipiendo, fit actor’, el demandado, cuando excepciona, funge de actor y debe
probar los hechos en que funda su defensa; y, ‘actore non probante, reus
absolvitur’, según el cual el demandado debe ser absuelto de los cargos si el
demandante no logra probar los hechos fundamento de su acción”. Corte
Constitucional, Sentencia C-070 de 1993.
[82]
Leo Rosenberg, La Carga de la Prueba, Ediciones Jurídicas
Europa América, p.18.- Cfr. Sentencia T-733 de 2013.
[83]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 28 de mayo de
2010. Exp. 23001-31-10-002-1998-00467-01.M.P. Edgardo Villamil Portilla.
[84]
Corte Constitucional, Sentencia T-733 de 2013.
[85]
“ARTÍCULO 1757.- PERSONA CON LA CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe
probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”.
[86]
“ARTÍCULO 177. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los
hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren
prueba”.
[87]
En este sentido, por ejemplo, el artículo 177 del anterior Código de
Procedimiento Civil, recogido también por el artículo 167 del Código General
del Proceso, dispuso que “los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones
indefinidas no requieren prueba”.
[88]
Corte Constitucional, Sentencia C-070 de 1993.
[89]
Ídem.
[90]
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias T-741 de 2004 y T-346 de
2011, entre otras.
[91]
Jorge Peyrano, Carga de la Prueba. Conceptos clásicos y
actuales. En: “Revista de Derecho Privado y Comunitario, nùm.13. Santa Fe,
Rubinzal, 1997. Siguiendo a este autor, María Belén Tepsich añade: “El
mayor disipador de esta floreciente doctrina fue la injusticia que en el ámbito
de la mala praxis médica se producía al quedar en cabeza del paciente-víctima o
sus derechohabientes la carga de la prueba de un hecho ocurrido –por ejemplo-
en la soledad del quirófano”. María Belén Tepsich, “Cargas probatorias
dinámicas”. ”. En: “Cargas probatorias dinámicas” (AAVV).
Buenos Aires, Rubinzal – Culzoni, 2004, p.154.
[92]
Inés Lépori White, “Cargas probatorias dinámicas”. En: “Cargas
probatorias dinámicas” (AAVV). Buenos Aires, Rubinzal – Culzoni, 2004, p.60.
[93]
“La doctrina de las cargas probatorias dinámicas importa un desplazamiento del
onus probandi según fueren las circunstancias del caso, recayendo en cabeza de
quien está en mejores condiciones técnicas, profesionales o fácticas de
producir las pruebas, más allá del emplazamiento como actor o demandado en el
proceso o de que se trate de hechos constitutivos, modificativos, impeditivos o
extintivos, y puede desplazarse del actor al demandado y viceversa, según
corresponda (…)”. Ivanna María Airasca, “Reflexiones sobre la
doctrina de las cargas probatorias dinámicas”. En: “Cargas probatorias
dinámicas” (AAVV). Buenos Aires, Rubinzal – Culzoni, 2004, p.135-136.
[94]
Cfr., Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 24 de octubre de 1990, exp.
5902; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera. Sentencia del 24 de enero de 2002, exp. 12706; Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril de
2005, exp. 14626; entre otras.
[95]
“En conclusión y para ser coherentes en el estudio del tema, se pudiera afirmar
que en este tipo de responsabilidad como en cualquiera otra, deben concurrir
todos los elementos o presupuestos materiales para el éxito de la pretensión,
empezando por supuesto con la prueba del contrato, que es carga del paciente,
puesto que es esta relación jurídica la que lo hace acreedor de la prestación
del servicio médico, de la atención y el cuidado. Igualmente, corresponde al
paciente, probar el daño padecido (lesión física o psíquica) y consecuentemente
el perjuicio patrimonial o moral cuyo resarcimiento pretende. Ahora, probado
este último elemento, sin duda alguna, como antes se explicó, que lo nuclear
del problema está en la relación de causalidad adecuada entre el comportamiento
activo o pasivo del deudor y el daño padecido por el acreedor, pues es aquí
donde entran en juego los deberes jurídicos de atención y cuidado que en el
caso concreto hubo de asumir el médico y el fenómeno de la imputabilidad, es
decir, la atribución subjetiva, a título de dolo o culpa. Pero es precisamente
en este sector del comportamiento en relación con las prestaciones debidas,
donde no es posible sentar reglas probatorias absolutas con independencia del
caso concreto, pues los habrá donde el onus probandi permanezca inmodificable,
o donde sea dable hacer actuar presunciones judiciales, como aquellas que en
ocasiones referenciadas ha tenido en cuenta la Corte, pero también aquellos donde
cobre vigencia ese carácter dinámico de la carga de la prueba, para exigir de
cada una de las partes dentro de un marco de lealtad y colaboración, y dadas
las circunstancias de hecho, la prueba de los supuestos configurantes del tema
de decisión. Todo, se reitera, teniendo en cuenta las características particulares
del caso: autor, profesionalidad, estado de la técnica, complejidad de la
intervención, medios disponibles, estado del paciente y otras circunstancias
exógenas, como el tiempo y el lugar del ejercicio, pues no de otra manera, con
justicia y equidad, se pudiera determinar la corrección del acto médico (lex
artix). (Resaltado fuera de texto). Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, Sentencia del 30 de enero de 2001, exp. 5507.
[96]
Corte Constitucional, Sentencia T-835 de 2000.
[97]
Cfr., Corte Constitucional,
Sentencias T-638 de 1996 y T-772 de 2003, entre otras.
[98]
En este sentido, se puede consultar la sentencia T-835 de 2000.
[99]
Ver la sentencia T-638 de 1996, entre otras.
[100]
Ver la sentencia T-772 de 2003 y el Decreto 2591 de 1991, artículos 3, 20, 21 y
22.
[101]
Corte Constitucional, Sentencia T-741 de 2004.
[102]
Corte Constitucional, Sentencias T-1023 de 2007 y T-346 de
2011.
[103]
Corte Constitucional, Sentencias T-314 de 2011 y T-804 de
2014.
[104]
Corte Constitucional, Sentencia C-215 de 1999.
[105] Como lo ha expuesto la jurisprudencia
contencioso administrativa, “el deber de probar un determinado hecho o
circunstancia se impone a la parte que se encuentre en mejores condiciones de
hacerlo, aun cuando no lo haya alegado o invocado”.  Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo.  Sección Tercera.  Sentencia de 3 de
mayo de 2001.  En el mismo sentido, la Sentencia de 24 de enero de 2002.
[106]
Gaceta del Congreso. 119 de 2011. Exposición de motivos al
proyecto de ley 196 de 2011 Cámara, “por medio de la cual se expide el Código
General del Proceso y de dictan otras disposiciones”.
[107]
Gaceta del Congreso 119 de 2011. Exposición de motivos al
proyecto de ley 196 de 2011 Cámara, “por medio de la cual se expide el Código
General del Proceso y de dictan otras disposiciones”.
[108]
El proyecto original tuvo la siguiente redacción: “Artículo
167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante,
cuando a una de las partes le resulte más fácil probar determinados hechos,
corresponde a ella demostrarlos. Los hechos notorios y las afirmaciones o
negaciones indefinidas no requieren prueba”.
[109]
“Artículo 167. Carga de la prueba. Se adiciona el inciso segundo del artículo
para dotar al juez de la posibilidad de pronunciarse sobre la distribución de
la carga de la prueba (carga dinámica de la prueba), en caso de que advierta
que a alguna de las partes le queda más fácil demostrar ciertos hechos. Tal
pronunciamiento deberá tener lugar al momento de decretar la prueba. Esta
modificación hace que se supere la crítica que a la carga dinámica de la prueba
se hace en algún sector de la doctrina”. Pliego de
modificaciones para segundo debate, Gaceta del Congreso 745 de 2011.
[110]
“Artículo 167. Carga de la prueba. El inciso 2° se modifica para regular de
manera más detallada la distribución la carga de la prueba. Así las cosas, se
sustituye la regla según la cual le corresponde probar a la parte que ‘le
resulte más fácil probar determinados hechos’ por la regla según la cual le
corresponde probar ‘a la parte que se encuentre en una situación más favorable
para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos’. Asimismo,
el inciso 2° establece de manera no taxativa las situaciones de hecho en las cuales
se considera que una parte está ‘en mejor posición para probar’, a saber: ‘en
virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el
objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido
directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de
indefensión o circunstancias de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte’.” ”. Pliego de modificaciones para tercer debate,
Gaceta del Congreso 114 de 2012.
[111]
Decreto Ley 1400 de 1970. “ARTÍCULO 177. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o
negaciones indefinidas no requieren prueba”.
[112]
Corte Constitucional, Sentencia C-070 de 1993.
[113]
Corte Constitucional, Sentencia T-599 de 2009.
[114]
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-215 de 1999, T-835 de
2000, T-950 de 2001, T-741 de 2004, T-417 de 2008, T-264 de 2009, T-654 de
2009, T-346 de 2011, T-733 de 2013, T-804 de 2014, SU-768 de 2014 y T-339 de
2015, entre otras.
[115] CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de enero de 2001.
M.P. José Fernando Ramírez Gómez. Reiterada en: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala
Civil y Agraria. Sentencia del 30 de noviembre de 2011. M.P. Arturo Solarte
Rodríguez.
[116] CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 5 de noviembre de
2014. M.P. Gustavo Hernando López Algarra.