SU062-18
Sentencia SU062/18
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO PROCEDIMENTAL POR
EXCESO RITUAL MANIFIESTO Y DEFECTO FACTICO POR OMISION EN LA VALORACION DE LAS
PRUEBAS
DEFECTO FACTICO-Dimensión
negativa por no incorporar, practicar o valorar pruebas solicitadas o
decretadas
La Sala concluye que la omisión de incorporar y, en
consecuencia, de valorar una prueba solicitada o insinuada en el proceso y
requerida para establecer la verdad material de los hechos, configura un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y defecto fáctico en su
dimensión negativa.
FLEXIBILIZACION DE LOS
ESTANDARES PROBATORIOS EN MATERIA DE VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS-En
caso de falsos positivos
Tratándose de casos de ejecuciones extrajudiciales, la
jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado la
forma en que la existencia de ciertos elementos, conductas o actuaciones pueden
ser indicios de responsabilidad del Estado. Por lo tanto, al valorar en su
integridad todo el acervo probatorio, en materia de ejecuciones
extrajudiciales, la prueba indiciaria tiene una relevancia especial que no
puede ser ignorada por los jueces.
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto y defecto fáctico por cuanto no incorporó ni valoró prueba en
proceso de reparación directa por ejecuciones extrajudiciales -falsos
positivos
Referencia:
Expediente T-6.439.129
Acción de tutela
interpuesta por Jamides Alonso Valderrama Ruidiaz contra la Subsección A de la Sección
Tercera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Bogotá D.C.,
junio (7) de dos mil dieciocho (2018)
La Sala Plena
de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
A.
LA DEMANDA DE TUTELA
1. El expediente que se estudia a
continuación fue seleccionado mediante auto del 14 de noviembre de 2017,
proferido por la Sala de Selección Número Once de esta Corporación.
2. En virtud del artículo 61 del
Reglamento Interno de la Corte Constitucional[1],
el día 14 de marzo de 2018, el Magistrado Sustanciador presentó informe a fin
de que la Sala Plena determinara si asumía el conocimiento de este caso.
3. En sesión del 14 de marzo de 2018, y
con fundamento en el artículo 61 del Reglamento, la Sala Plena decidió asumir
el conocimiento de este proceso en tanto que se trata de una acción de tutela
contra una providencia judicial del Consejo de Estado. Mediante auto del 22 de
marzo de 2018, se suspendieron los términos de dicho proceso hasta que la Sala
Plena adoptara la decisión correspondiente.
4. El accionante interpuso acción de
tutela contra providencias judiciales de la Subsección A, Sección Tercera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y del Tribunal
Administrativo del Cesar por considerar que estas autoridades judiciales vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. En el primer caso, por proferir una providencia que revocó la
sentencia de primera instancia que había declarado la responsabilidad del
Estado por la muerte del hermano del accionante y que incurrió en un defecto
fáctico por indebida valoración probatoria al darle mayor importancia a los
testimonios de los militares que a las pruebas documentales obrantes el
expediente, por ejemplo aquella relativa al Acta de Necropsia. Y en el segundo
caso, por proferir una providencia que resolvió el recurso de revisión
incurriendo en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al
no incorporar y, en consecuencia, no valorar como prueba, la declaración de un
tercero señalando falta de oportunidad probatoria.
B.
HECHOS RELEVANTES
Hechos
relativos a la muerte del hermano del accionante
5. Según el escrito de tutela, el día 22 de
marzo de 2003, el Sargento Efraín Andrade Pérez (Jefe de la Sección de
Inteligencia del Batallón La Popa y miembro del Ejército Nacional) informó, por declaraciones públicas y oficio No. 092/BR2-BAPOP-S2-INT-252,
que tres personas integrantes de las Autodefensas Unidades Ilegales (AUI),
habían sido abatidas en combate[2].
6. El accionante informó que en dicho
combate militar fue asesinado su hermano, Jaider del Carmen Valderrama Ruidiaz,
por miembros de las fuerzas armadas pertenecientes al Batallón de Artillería
No. 2 La Popa, junto con otros dos ciudadanos[3].
7. En su declaración jurada del 22 de
marzo de 2003 ante el Fiscal 25 local de la URI de Valledupar, sostuvo que su
hermano “había salido el día anterior en las horas de la mañana, lo había
ido a buscar uno de los que estaba muerto junto con él, para ir a trabajar,
despidiéndose de mi mamá (…) apareciendo muerto como un terrorista, bandolero
al día siguiente”[4].
Aclaró que su hermano era pintor y trabajaba en la casa de un publicista[5].
8. El 22 de marzo de 2003, el Fiscal 25
local practicó la inspección del cadáver y consignó que tenía “camisa camuflada color verde y marrón, suéter gris,
pantalón jean azul, cinturón de cuero, zapatos tenis semi-destalonados marca
Magries color marrón y negro”[6].
9. Seis días después, en el Protocolo de
Necropsia No. 0146/2003 se señaló que la muerte del hermano del accionante ocurrió “en enfrentamiento con el
ejército en el corregimiento de La Meza, municipio de Valledupar”[7]
y que el cadáver estaba vestido con “camuflado del ejército (sic) Nacional
camisa y pantalón (…)”[8].
10. Según relató el accionante, las
prendas de vestir de su hermano fueron cambiadas en el lugar de los hechos,
donde las autoridades judiciales no pudieron realizar inspección porque los miembros del Ejército Nacional llevaron los
cuerpos sin vida a la morgue del Hospital Rosario Pumarejo de López en la
ciudad de Valledupar[9].
11. El 4 de febrero de 2005, el
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses presentó el informe de investigación de laboratorio relacionado con el
análisis de residuos de disparo (plomo, amonio, bario y cobra), el cual dio
positivo en la mano derecha del hermano del accionante. Este informe precisó
que se debe tener en cuenta que el análisis de quienes manipulan armas de fuego
puede dar positivo sin que necesariamente hayan disparado[10].
Actuaciones
dentro del proceso contencioso administrativo por reparación directa
12. El día 18 de marzo de 2005, el accionante y otros familiares presentaron demanda
de reparación directa contra el Ministerio del Interior y de Justicia, el
Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional solicitando (i) que se declare su
responsabilidad administrativa y patrimonial por la muerte de Jaider del Carmen
Valderrama Ruidiaz y, como consecuencia de lo anterior, (ii) que se condene a
la Nación al pago de los perjuicios morales y materiales. El conocimiento de
esta demanda le correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Valledupar.
13. El Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Valledupar, mediante sentencia del 24 de enero de 2008,
concluyó que el daño antijurídico reclamado en la acción de reparación directa
se produjo como consecuencia de la falla del servicio, por lo que declaró
responsable a la Nación (Ministerio de Defensa - Ejército Nacional) por la
muerte del hermano del accionante y, en consecuencia, la condenó al pago de la
indemnización correspondiente. Esta decisión fue apelada por la parte demandada[11].
14. El 13 de marzo de 2008, el apoderado
judicial de la Nación –Ministerio de Defensa - Ejército– sustentó el recurso de
apelación alegando, principalmente, que se había probado la causal de exoneración
por culpa exclusiva de la víctima al haber fallecido en enfrentamiento armado
con el Ejército Nacional[12].
15. El accionante relató que el
apoderado judicial, que lo representó a él y a los otros familiares de su
hermano fallecido, presentó en el memorial de alegatos de conclusión en la
segunda instancia una fotocopia del artículo publicado el 29 de enero de 2007
en la Revista Semana en el que se refería al Coronel Hernán Mejía Gutiérrez
como el responsable por las ejecuciones extrajudiciales conocidas como  “falsos
positivos” que se dieron en la ciudad de Valledupar[13].
16. El 18 de junio de 2009, el Tribunal
Administrativo del Cesar resolvió el recurso de apelación y decidió revocar la
sentencia[14].
En la providencia judicial, el Tribunal encontró que la muerte del hermano del
accionante “tuvo como causa eficiente su conducta, merced a que del análisis
de las pruebas se desprende que los miembros del Ejército Nacional sólo
reaccionaron y se defendieron del ataque del grupo ilegal del que hacía parte
la víctima, quienes al advertir la presencia de aquellos, abrieron fuego en su
contra”[15].
Por lo anterior, revocó la sentencia de primera instancia por considerar que el
daño provino del hecho exclusivo de la víctima[16].
17. A juicio del accionante, el Tribunal
Administrativo del Cesar se apartó, sin ninguna motivación, de lo relatado por
el Fiscal 25 en relación con las prendas que tenía su hermano, y en cambio,
fundamentó su decisión únicamente en las declaraciones de los militares,
ignorando el acta de levantamiento del cadáver, el álbum fotográfico y el
oficio No. 3147, suscrito por el Mayor Guillermo Gutiérrez Rivero (Oficial de
Operaciones del Batallón La Popa de Valledupar), en el que informó que no se
cuenta con la copia del acta de munición gastada, ni con militares heridos[17].
18. En los primeros días del mes de
junio de 2011, el accionante y los otros familiares presentaron recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia del 18 de junio de 2009
invocando la causal prevista en el numeral 1 del artículo 188 del Código
Contencioso Administrativo (CCA)[18].
En dicho recurso, el apoderado sostuvo que el 22 de junio de 2010, ante un
Juzgado Especializado Penal del Circuito de Bogotá, el señor Jhon Jairo
Hernández Sánchez, alias “Daniel Centella”, ex paramilitar y desmovilizado del
bloque norte de la AUC declaró que las autodefensas le entregaron los tres
jóvenes al coronel Mejía para que los presentaran como “positivos”[19],
refiriéndose a los hechos que dieron lugar a la muerte del hermano del
accionante. De lo anterior se desprendía, a juicio del apoderado judicial del
accionante, que las pruebas con las que se defendieron los miembros del
Ejército Nacional resultaban falsas y adulteradas[20].
19. Por lo anterior, el apoderado del
accionante y de los otros familiares solicitó como prueba que se oficiara a los
Juzgados Cuarto y Sexto Penal Especializados del Circuito de Bogotá para que
enviaran copia auténtica del expediente penal contra los militares José Pastor
Ruiz, Hernán Mejía Gutiérrez, Aureliano Quejada, Efraín Andrade Perea y Nelson
Javier Llanos por el presunto delito de concierto para delinquir, conformación
de grupos armados al margen de la ley y homicidio, en el que declaró el
desmovilizado Jhon Jairo Hernández Sánchez, alias “Daniel Centella[21].
20. Igualmente, el 7 de febrero de 2016,
el mismo apoderado judicial solicitó amparo de pobreza, en nombre del
accionante y los otros familiares, dado que eran “personas desempleadas,
dedicadas al trabajo informal, de escasos recursos, los cuales apenas les
alcanzan para su subsistencia”. El amparo fue concedido por el Consejo de
Estado[22].
21.
Mediante auto del 9 de marzo de 2016, el Consejo de
Estado ofició a los Juzgados Cuarto y Sexto Penales Especializados del Circuito
de Bogotá para que remitieran copia auténtica del expediente penal mencionado[23].
Según los términos del auto:
“Previo
a resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 18 de junio de 2009, proferida por el
Tribunal Administrativo del César, la Sala considera necesario tener claridad
sobre determinados aspectos que inciden directamente en la decisión a tomar.
En
consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 169 del Código
Contencioso Administrativo, según el cual decretará de oficio las pruebas
que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad, se ordena
oficiar a los Juzgados Cuarto y Sexto Penal Especializados del Circuito de
Bogotá, para que remitan al proceso de la referencia copia auténtica del
expediente penal segundo contra los militares José Pastor Ruíz Mahecha, Hernán
Mejía Gutiérrez, Aureliano Quejada, Efraín Andrade Perea y Nelson Javier
Llanos, por los presuntos delitos de concierto para delinquir, conformación de
grupos armados al margen de la ley y homicidio”[24] (énfasis
añadido).
El
Juzgado Cuarto contestó que no contaba con los recursos físicos para expedir
las copias requeridas, pues se trataba de un expediente de cuarenta y cinco
cuadernos, cada uno de ellos con 300 folios[25].
Sin embargo, dispuso dejar a disposición de las partes el expediente para que,
quien haya solicitado la prueba, tome las copias necesarias, proceda a su
autenticación y traslade las pruebas pertinentes al proceso desarrollado por
motivo del recurso de revisión[26].
22. El apoderado judicial del accionante
solicitó al Consejo de Estado el 5 de mayo de 2016 que “ante la
imposibilidad de obtener prueba con la que se demuestra la violación de
derechos humanos de que fue víctima el joven Jaider Alberto Valderrama Ruidiaz”,
se remita como prueba “la declaración del desmovilizado paramilitar Daniel
Centella, donde narra los hechos en que fue vilmente masacrado a manos de
miembros del Ejército Nacional”[27].
23. La Secretaria del Consejo de Estado,
mediante oficio del 19 de mayo de 2016, comunicó al apoderado judicial de la
parte actora el contenido de las respuestas de los juzgados a fin de que llevara
a cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento al auto del 9 de marzo de
2016 y obtener las copias relevantes para lo que concedió un término de diez
días. En los términos del oficio referido:
“Con
el fin de que se dé cumplimiento a lo ordenado en proveído del nueve (09) de
marzo de dos mil dieciséis (2016), por el cual el Despacho dispuso requerir a
los Juzgados Cuarto y Sexto Penal de Bogotá, me permito remitirle copia simple
de la mencionada providencia, del trámite tendiente a obtener lo solicitado por
el Despacho, y de la respuesta por parte de dichos juzgados; esto para que se
pronuncie respecto de dicho trámite o lleve a cabo las acciones necesarias para
dar cumplimiento al auto mencionado como parte interesada en la conclusión del
presente proceso. El término concedido para el efecto es de diez (10) días
contados a partir de la fecha de recibo de la presente comunicación”[28].
24. En escrito del 12 de julio de 2016,
el apoderado judicial del accionante allegó el CD que, según indicó en el
memorial, contenía la declaración de alias “Daniel Centella”[29].
25. El 13 de julio de 2016, la
Secretaría de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado pasó al Despacho del Consejero Ponente Carlos Alberto
Zambrano Barrera, el memorial radicado el día anterior -12 de julio de 2016-
mediante el cual el apoderado judicial del accionante y demás familiares allegaban
el CD que contenía la declaración del desmovilizado alias “Daniel Centella”[30].
26.
Por medio del auto del 21 de julio de 2016, el
Consejero Ponente resolvió negar las solicitudes probatorias del apoderado
judicial del accionante y de los familiares respecto de la declaración del
desmovilizado alias “Daniel Centella” bajo la siguiente justificación:
“Finalmente, si
bien en auto del 9 de marzo de 2016 el Despacho ordenó oficiar a los juzgados
Cuarto y Sexto Penales del Circuito Especializado de Bogotá, para que
remitieran al proceso copia auténtica del expediente penal seguido contra los
militares José Pastor Ruíz
Mahecha, Hernán Mejía Gutiérrez, Aureliano Quejada, Efraín Andrade Perea,
Nelson Javier Llanos por el presunto delito de concierto para delinquir,
conformación de grupos armados al margen de la ley y homicidio (folio 585,
cuaderno principal), en el que había declarado el paramilitar Jhon Jairo
Hernández Sánchez, alias “Daniel Centella”, ello se debió a que se trató de
una prueba pedida en forma oportuna, pero respecto de la cual se omitió decidir
en el momento procesal indicado”[31]
(énfasis añadido).
Agregó
también que las solicitudes del 5 de mayo -a fin de que
se ordenara al Fiscal Octavo Especializado de Valledupar la remisión de la
declaración de alias “Daniel Centella” en la que narra los hechos en que fue asesinado
a manos de miembros del Ejército Nacional el joven Jaider Alberto Valderrama- y del 12 de julio de 2016 -en la que
allegó copia del CD supuestamente con la declaración de alias “Daniel
Centella”- se realizaron de manera extemporánea por
haberse presentado con posterioridad a la presentación de la demanda, por lo
tanto no se puede acceder a ellas en virtud del principio de preclusión[32].  Así lo
señaló:
“En
el caso sub examine, las solicitudes del 5 de mayo y del 12 de julio de
2016, elevadas por el apoderado de la parte actora (folios 593 y 612, cuaderno
principal), se realizaron con posterioridad a la presentación de la demanda,
esto es, por fuera del término de ley y, por ende, conforme al principio de
preclusión que inspira los actos procesales, no se puede acceder a ellos”[33].
27. El 5 de octubre de 2016, la Subsección
A de la Sección Tercera de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado resolvió la no prosperidad del recurso extraordinario de
revisión interpuesto contra la providencia de segunda instancia del 18 de junio
de 2009 por considerar que “el hecho de que eventualmente exista una
declaración del señor alias “Daniel Centella”, en la que se manifieste en un
proceso penal que el joven Ruidiaz Vanegas fue asesinado por miembros del
Ejercicio Nacional, quienes lo presentaron a medios de comunicación como un
paramilitar dado de baja en combate, por sí solo, sin elementos de prueba
que respalden tal aseveración, no permite establecer que las pruebas que
sirvieron de fundamento al Tribunal Administrativo del Cesar para revocar la
sentencia del 24 de enero de 2008, proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Valledupar, son falsas o fueron adulteradas por
el Ejército Nacional”[34]
( subrayas añadidas).
La acción de tutela interpuesta Jamides
Alonso Valderrama Ruidiaz
28. El 24 de abril de 2017, el
accionante interpuso acción de tutela contra la providencia de segunda
instancia del 18 de junio de 2009 del Tribunal Administrativo del Cesar y la
providencia que resolvió el recurso de revisión del 5 de octubre de 2016 por
parte de la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, pues consideró
que la primera providencia incurrió, por una parte, (i) en un defecto
fáctico por otorgar mayor valor probatorio a los testimonios de los
miembros del Ejército Nacional que a otros medios probatorios como el Acta de
levantamiento de cadáver, el álbum fotográfico y por omitir el hecho de que su
hermano era pintor, lo cual explica que la prueba de absorción atómica sobre
residuos de plomo haya arrojado un resultado positivo en el caso de su hermano.
Y, por otra parte, consideró que la providencia del Consejo de Estado incurrió (ii)
en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al negar la incorporación
y valoración por motivos de oportunidad de las solicitudes de prueba del 5 de
mayo y 12 de julio de 2016 en las que aportó un CD con la declaración de
alias “Daniel Centella” que supuestamente narra las circunstancias en las que
murió su hermano[35].
29. En la acción de tutela el accionante
solicitó que se ampare su derecho al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia y, en consecuencia, que se revoquen las providencias
del 18 de junio de 2009 del Tribunal Administrativo del Cesar y del 5
de octubre de 2016 de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado y, en su lugar, se deje en firme la sentencia proferida por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar[36].
C.
RESPUESTA DE LA
ENTIDAD ACCIONADA
Consejo
de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A[37]
30. Solicitó negar la acción de tutela
por considerar que no se llegó al convencimiento de que se hubiera configurado la
causal primera de revisión del artículo 188 del C.C.A. que consiste en haberse
dictado sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. Esta
causal no tenía vocación de prosperar, ya que la sentencia cuya revisión se solicitaba
encontró fundamento en las mismas pruebas utilizadas por el Juzgado 2º
Administrativo del Circuito de Valledupar, solo que su valoración fue distinta
en los dos casos[38].
31. Adicionalmente, sostuvo que el hecho
de que eventualmente existiese una declaración del señor alias “Daniel
Centella”, en la que haya manifestado que el hermano del accionante fue
asesinado por miembros del Ejército Nacional, no constituye por sí sola, sin
elementos adicionales que soporten esa declaración, que el Ejército Nacional
haya adulterado las pruebas en las que se fundamentó la sentencia que se
solicitaba revisar[39].
32. Indicó, además, que la providencia
que se pedía revisar se fundamentó en pruebas testimoniales, pero la causal
primera del artículo 188 del C.C.A. alude únicamente a documentos, de suerte
que no cobija otros medios de prueba distintos[40].
33. Finalmente, resaltó que negó la
solicitud extemporánea de pruebas formuladas porque no se presentaron en la
demanda del recurso de revisión[41],
que era el momento oportuno para ello.
D.
RESPUESTA DE TERCEROS
INTERVINIENTES
Ministerio
de Justicia[42]
34. Advirtió que la acción tutela instaurada
contra la providencia del 18 de junio de 2009 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar es improcedente, ya que no cumple con el requisito de
inmediatez, pues han transcurrido cerca de ocho años desde que se profirió
dicha sentencia judicial. Además, señaló que el
Ministerio no puede entrar a pronunciarse respecto de posibles violaciones a
derechos fundamentales por parte de autoridades judiciales. Por lo anterior, solicitó la desvinculación del Ministerio de
Justicia y la declaración de improcedencia de la acción de tutela[43].
Ministerio del Interior[44]
35. Alegó que no existe legitimación por
pasiva en relación con el Ministerio del Interior, pues los hechos a los que se
refiere el accionante están asociados con la providencia del 5 de octubre de
2016 de la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado que decidió no
conceder el recurso extraordinario de revisión[45].
Por ello, solicitó que se declare probada la excepción de ausencia de
legitimación por pasiva.
E.
DECISIONES JUDICIALES
OBJETO DE REVISIÓN
Primera instancia: Sentencia
proferida el 13 de julio de 2017 por la
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta del Consejo de Estado.
36.  La Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró improcedente la acción
de tutela presentada por Jamides Alfonso Valderrama Ruidiaz por no cumplir con
el requisito de inmediatez. Aclaró que la Sala Plena del Consejo de
Estado estableció un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia para ejercer la acción de tutela y, en el caso
examinado, el término no fue cumplido, ya que la providencia impugnada quedó
ejecutoriada el 21 de octubre de 2016 y la acción de tutela fue radicada el 26
de abril de 2017, según lo establece el fallo de tutela de primera instancia, es
decir que el actor dejó transcurrir un término de 6 meses y 5 días[46].
37. Adicionalmente, complementó su
justificación de la improcedencia de la acción de tutela indicando que en el
trámite del recurso extraordinario de revisión el apoderado judicial del
accionante no presentó recurso alguno contra el auto del 21 de julio de 2016
que negó, por extemporaneidad, las solicitudes de pruebas formuladas por el
apoderado de la parte demandante en el recurso extraordinario de revisión[47]. Concluyó entonces
que la acción de tutela tampoco cumplió con el requisito de subsidiariedad[48].
Impugnación
38.  El 28 de agosto de 2017, el
accionante impugnó el fallo de primera instancia alegando que debido a su
situación económica y a la dificultad de conseguir el expediente del proceso de
la acción de reparación directa para acompañarlo a la acción de tutela, se
demoró seis meses. Sostuvo que el 24 de octubre de 2016 fue el primer día hábil
desde la ejecutoria de la sentencia y el 24 de abril le puso la nota de
presentación personal en la oficina judicial de la ciudad de Valledupar[49].
39. Informó que no cuenta con los medios
económicos para sacar las fotocopias del proceso, las cuales ascienden a tres
mil folios, por lo que solicita que considere su condición de víctima y se siga
el precedente fijado en la sentencia T-246 de 2015 en la que se señala que, en
ocasiones, siete meses es un término razonable para interponer la acción de
tutela[50].
Segunda instancia: Sentencia
proferida el 20 de septiembre de 2017 por la Sección
Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
40.  La Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado rechazó por extemporánea la
impugnación interpuesta por el accionante, por considerar que de acuerdo con el
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la impugnación debe presentarse dentro de
los tres días siguientes a la notificación del fallo. En este caso, el fallo de
tutela fue notificado vía correo electrónico el día 15 de agosto de 2017
–de lo cual se tiene constancia– y la impugnación fue presentada el 28 de
agosto de 2017[51],
es decir, trece días después.
F.
ACTUACIONES ADELANTADAS
ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE REVISIÓN
Aclaración
previa sobre las pruebas existentes
41. Cabe
aclarar que dentro del expediente se encuentra un CD con la supuesta
declaración del desmovilizado paramilitar alias “Daniel Centella” rendida ante
el Fiscal 8º especializado de Valledupar. Sin embargo, esta declaración no pudo
ser escuchada por el Magistrado sustanciador, ya que el archivo estaba dañado,
conclusión a la que se llegó luego de intentar abrir el archivo por varios
medios técnicos y programas de computador para escuchar la declaración.
Por lo anterior, se consideró necesario solicitar como prueba esta declaración.
Solicitud de
pruebas
Primera solicitud
42. El
Magistrado sustanciador, con base en lo dispuesto en el artículo 64 del Acuerdo
02 de 2015 (Reglamento de la Corte Constitucional), profirió el auto del 19 de
diciembre de 2017, mediante el cual decretó varias pruebas dirigidas al Fiscal
8º Especializado en Derechos Humanos de Valledupar[52]
y al accionante[53].
Segunda solicitud
43. Debido
a que no se recibió la prueba requerida, el Magistrado sustanciador la solicitó
nuevamente no solo al accionante, sino al Tribunal Superior de Bogotá –donde
según el sistema de consulta de procesos del Portal Web de la Rama Judicial
reposa el expediente– a las Fiscalías 8º y 12º de justicia transicional de
Valledupar y a los Juzgados Cuarto y Sexto Penal del Circuito Especializados de
Bogotá[54].
Tercera solicitud
44. Igualmente,
se profirió auto de pruebas solicitando al Juzgado Cuarto Penal del Circuito
que informara si el apoderado judicial, el accionante o sus familiares obtuvieron
alguna copia del expediente con radicado No. 41222 20001233100020050065601 en
el que al parecer se encuentra la declaración de alias “Daniel Centella”.
Recepción de
pruebas
45. El
Fiscal 8º Especializado de Valledupar solicitó los datos específicos del
proceso donde reposa la declaración requerida, pues no le ha sido posible
encontrarla con la información suministrada[55].
46. El
accionante respondió que acudió a la Fiscalía 8ª Especializada de Derechos
Humanos a fin de obtener copia de la declaración de alias “Daniel Centella”
rendida el 19 de junio de 2009, pero el asistente de la fiscalía le indicó que
en ese despacho no reposaba la mencionada declaración e informó que ella se
encontraba en la Fiscalía 12 de Justicia Transicional. Luego, el accionante
acude a dicha Fiscalía, donde le dijeron que no podían entregarle copia de la
declaración, por no ser víctima dentro del proceso, insistiendo que la Corte era
la encargada de solicitarlo[56].
47. El
Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá[57]
respondió que la declaración rendida por el señor alias “Daniel Centella” obra
dentro del expediente con radicado 11001-31-07-006-2009-00071-00, causa que
adelanta el Juzgado Sexto de esa especialidad, por lo que no se puede atender
al requerimiento[58].
También informó en un oficio posterior que revisada la actuación respecto del
proceso en el que el juzgado le informó al Consejo de Estado que del expediente
se dejaba copia del mismo a disposición del interesado, no se observa
constancia alguna de que se hayan expedido copias auténticas desde abril de
2016[59].
48. La
Fiscal 115 Especializada de Apoyo Fiscalía 12 de la  Dirección Nacional de
Fiscalías Especializadas en Justicia Transicional[60]
remitió oficio 0170[61]
que contiene las transliteraciones de las versiones libres del postulado Jhon
Jairo Hernández Sánchez, alias “Daniel Centella”, reportadas los días 19 de
junio de 2009 y 5 de mayo de 2009 en las que “hace relación al homicidio del
que resultó víctima Jaider del Carmen Valderrama Ruíz, hechos estos reportados
ante la unidad de Justicia y Paz por la víctima indirecta Jamides Alonso
Valderrama Ruidiaz, el 3 de octubre de 2011, según registro SIJYP número 425026”[62].
En la transliteración de la declaración se lee lo siguiente:
“Ciudad y Fecha.
Santa Marta, 19 de junio de 2009.
“La Fiscal dio
inicio a la versión con el postulado Jhon Jairo Hernández Sánchez y se inicia
haciendo la presentación de cada una de las personas (…)
11:56:35: La
Investigadora: En el periódico, en la edición del 24-03-2003, aparece en el
titular: “identificados los muertos en la Mesa”; el Ejército informó que
pertenecían a las Autodefensas, familiares afirman que fueron a ofrecerles
trabajo como: Iván José Albernia Ortiz, de 22 años; Jaider del Carmen
Valderrama Ruisdiaz, de 22 años e Iván Estefano Navarro Fontalvo de 25, fueron
identificados los tres hombres muertos en la mañana del sábado, en el sitio el
Mamón, ubicado en la zona rural del corregimiento de la Mesa.
11:57:19; El Versionado:
Si esos son; eso fue arribita del Río Palmar.
11:57:32: La Fiscal:
…El Sargento Hugo que cargo tenía dentro del batallón.
11:57:38: El
Versionado: …Él era de inteligencia, él era conocido como Higo, más no sé si
era el nombre de él; el Coronel Mejía era el Comandante del Batallón La Popa
para esa fecha.
11:57:59: La Fiscal:
…Bueno, si era el comandante, andaba solo?
11:58:03: El
Versionado: …Para cuando iba para donde 39, si iba con el conductor, yo conocía
al Coronel Mejía.
11:58:14: La Fiscal:
…Bueno, y usted se ratifica bajo gravedad del juramento de lo que acaba de
mencionar con relación a la persona que se refiere como Hugo y el Coronel
Mejía.
11:58:23: El
Versionado: Claro, me ratifico, doctora.
Fiscal hace
referencia al hecho no. 12 Iván Estefano Navarro Fontalvo. La Investigadora
hace un relato del caso. La Fiscal: Usted entrega las personas vivas. El
Versionado: sí Doctora vivas, no sé quién dispara sé que fue el Ejército, no sé
cómo pasan los hechos, 39 da la orden. No conocía (sic) las tres personas, no
las había visto antes, no sé quiénes participan, los cadáveres fueron mostrados
a la prensa como miembros de las Autodefensas, eso fue entre de la Meza para la
vía que va del Palmar para el Río, por los sectores del Río, yo no lo
presencie, sé lo que sale por la prensa”[63].
49. La
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.[64]
indicó que solo reposa la diligencia del señor Jhon Jairo Hernández Sánchez
“alias Centella” en fecha del 22 de junio de 2010 ante el Juzgado Sexto (6º)
Penal del Circuito Especializado del Circuito de Bogotá[65].
Aclaró que no existe una transliteración de la misma por parte del juzgado de
origen, por lo que se remite copia del audio y, dado que en segunda instancia
se ha logrado la transliteración de muchos testimonios, se remite copia de la
transliteración.
50. Finalmente,
el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá[66]
remitió copia electromagnética de la declaración del señor Jhon Jairo Hernández
Sánchez ante el despacho el 22 de junio de 2010[67].
Igualmente, remiten copia del CD de la declaración que rindió ante la Fiscalía
el 19 de junio de 2009[68].
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
51. Esta Corte es competente para conocer de
esta acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y
241 numeral 9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991, así como en virtud del auto del 14 de noviembre de 2017, expedido
por la Sala de Selección de Tutela Número Once de esta Corte, que decidió
someter a revisión las decisiones adoptadas por los jueces de instancia.
B.
CUESTIONES PREVIAS
–PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
52. La Corte ha sostenido que, por regla general, la acción de tutela
no es procedente contra providencias judiciales[69].
Sin embargo, ha reconocido su procedencia excepcional cuando se amenacen
o vulneren las garantías constitucionales y derechos fundamentales, siempre que
se cumplan los requisitos generales y especiales que ha
establecido.
53. Estos requisitos fueron referidos en la
sentencia C-590 de 2005 y pueden ser resumidos en los siguientes términos:
a. Legitimación
por activa y pasiva.
b. Relevancia
constitucional. El accionante debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué el problema a resolver es genuinamente una cuestión que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
c. Inmediatez.
Que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración o de la entrada en ejecutoria de la
providencia atacada.
d. Efecto
decisivo del defecto procedimental. Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que ella tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.
e. Identificación
razonable de los hechos. Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible.
f. Que
no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la
protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un
riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual
las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
g.
Subsidiariedad. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que el actor deba desplegar todos
los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos[70].
Aplicación de los requisitos generales de procedencia al caso
54. Legitimación por activa. Se encuentra acreditada esta condición dado que la acción de
tutela fue interpuesta por el señor Jamides Alfonso Valderrama Ruidiaz, una de
las personas que inició el proceso de reparación directa y que se considera
afectada por la decisión que negó el recurso extraordinario de revisión
interpuesto –mediante apoderado- por él y otros familiares contra la
providencia del 18 de junio de 2009 del Tribunal Contencioso Administrativo del
Cesar, por lo que se acredita la legitimación por activa. Lo anterior encuentra
su fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política, según el cual toda
persona que considere que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se
encuentren amenazados, podrá interponer acción de tutela en nombre propio o a
través de un representante que actúe en su nombre.
55. Legitimación por pasiva. La acción de tutela se dirige contra el Tribunal Contencioso
Administrativo del Cesar y la Subsección A, Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, ambas autoridades pertenecientes a la
Rama Judicial del poder público[71]
y, en consecuencia, se encuentran legitimadas por pasiva.
56. Relevancia constitucional. El debate planteado por el accionante
adquiere relevancia constitucional al tratarse este caso de una acción de
tutela contra providencias judiciales que presuntamente, según alega el
accionante, incurrieron (i) en defecto fáctico por no valorar
adecuadamente las pruebas dándoles más peso a las declaraciones de la parte
demandada que a otros documentos, y (ii) en un defecto procedimental por
exceso de ritual manifiesto, materializado en que el Consejo de Estado (a) negó,
mediante auto del 21 de enero de 2016, las diferentes solicitudes de naturaleza
probatoria  formuladas por el apoderado judicial del accionante y demás
familiares del difunto, con base en que éstas no fueron presentadas en la
demanda del recurso extraordinario de revisión, pese a que habían sido
solicitadas en el recurso y decretadas previamente por el Consejero Ponente y
(b) declaró, mediante sentencia del 5 de octubre de 2016, que en todo caso tales pruebas no eran suficientes para establecer que
aquellas que sirvieron de fundamento a las decisiones cuestionadas fueran
falsas o adulteradas por el Ejército Nacional. En
particular, la cuestión suscitada se refiere al alcance de la obligación de las
autoridades judiciales de considerar las pruebas aportadas al proceso, garantía
que se desprende de lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución.
57. Inmediatez. Esta Corte ha resaltado la importancia
de que el requisito de inmediatez sea analizado de manera más estricta cuando
se trata de una acción de tutela contra providencias judiciales[72]. En el caso sub
examine, la acción de tutela fue interpuesta el 24 de abril de 2017
dirigida contra la providencia del 18 de junio de 2009 del Tribunal
Administrativo del Cesar y contra la providencia del 5 de octubre de 2016 de
la Sección Tercera, Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado. La Corte ha establecido que la acción de tutela contra
providencias judiciales debe interponerse dentro de un término razonable, oportuno
y  proporcional[73].
Asimismo, en ocasiones es necesario analizar la razonabilidad del tiempo que se
tomó la interposición de la acción atendiendo las particularidades y
complejidades del caso, a fin de evaluar el cumplimiento o no del requisito de
inmediatez[74].
En tal sentido, la sentencia SU-499 de 2016 unificó los criterios para valorar
el cumplimiento del requisito de inmediatez dentro de los cuales se resaltó
aquel que le exige al juez valorar “si existe un motivo válido para la
inactividad de los accionantes”[75].
En el mismo sentido, la Sentencia SU-395 de 2017, sostuvo que para determinar
la razonabilidad del tiempo, a efectos de establecer si existe una demora
justificable o no, resultaban relevantes las siguientes reglas:
“(i) que exista un
motivo válido para la inactividad del actor; (ii) que exista un nexo causal
entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos del
interesado; y (iii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión o bienes
constitucionalmente protegidos de igual importancia. (iv) Excepcionalmente, si
el fundamento de la acción de tutela surge después de acaecida la actuación
violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, su ejercicio debe
realizarse en un plazo no muy alejado de dicha situación (…)”[76].
58. En este caso existen dos elementos
particulares que deben ser tenidos en cuenta al valorar el cumplimiento del
requisito de inmediatez y determinar si la tardanza en la interposición de la
acción de tutela es o no justificable y razonable. El primero de ellos consiste
en que desde el 20 de diciembre de 2016 y hasta el 11 de enero de 2017 existió
vacancia judicial y, el segundo guarda relación con el hecho de que según
informa el accionante, tuvo que trasladarse a Bogotá para solicitar copia del
expediente y aportarlo como prueba, proceso que le fue entregado unos días
antes de la presentación de la acción de tutela[77].
59. Ahora bien, considerando el objetivo del
recurso de revisión presentado por el accionante, cuyo propósito consiste en
demostrar que las pruebas en las que se apoyó la decisión cuestionada podrían
considerarse falsas o adulteradas -una vez se contrastan, por ejemplo, con la
declaración de alias “Daniel Centella”- la Corte estima que el juicio de
constitucionalidad y, en consecuencia el análisis de inmediatez, debe adelantarse
únicamente respecto de la sentencia del 5 de octubre de 2016 de la
Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado frente a la cual se invoca
un defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto.
60. Sobre el particular, la Corte constata
que esta providencia quedó ejecutoriada el 21 de octubre de 2016, de modo que
ha transcurrido un término razonable y proporcional toda vez que la
acción de tutela se interpuso el 24 de abril de 2017. La Sala arriba a
esta conclusión teniendo en cuenta que, por un lado, hubo un período de
vacancia judicial que limitó la posibilidad para el accionante de obtener copia
del expediente del proceso de reparación directa e interponer la acción de
tutela y, por otro lado, el accionante contaba con amparo de pobreza por lo que,
según informa, se le dificultó obtener la copia del expediente del proceso de
reparación directa para incorporarlo como anexo del escrito de tutela debido a
los gastos económicos en los que tuvo que incurrir para el efecto y para desplazarse
hasta los despachos judiciales en la ciudad de Bogotá. En consecuencia, se
considera que se cumplió con el requisito de inmediatez.
61. Efecto decisivo del defecto
procedimental. Esta Corte ha sostenido que cuando
se alega un defecto procedimental en la providencia judicial, éste debe ser de tal
magnitud que tenga un efecto decisivo o determinante en la providencia judicial
cuestionada[78]
o, de otra forma dicho, que sea trascendente. En este caso, se advierte que el
accionante afirma que la declaración del ex paramilitar alias “Daniel Centella”
da a conocer la forma como fue asesinado su hermano y, por tanto, a su juicio,
tiene la potencialidad de incidir en el sentido de la decisión del recurso de
revisión[79].
La Sala considera que, en virtud de las pruebas recaudadas en Sede de Revisión,
es plausible considerar, al menos hipotéticamente, que la valoración de la
prueba por parte del Consejo de Estado de las declaraciones del 19 de junio de
2009 del señor Jhon Jairo Hernández Sánchez ante la Fiscalía y del 22 de junio
de 2010 ante el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá,
podría impactar el sentido de la decisión, por lo que es razonable concluir que
podría tener un efecto decisivo en la providencia atacada.
62. Cabe aclarar en este punto que la
incidencia del eventual defecto procedimental en el sentido de la decisión no
puede ser subvalorado. Especialmente, si se tiene en cuenta que la
jurisprudencia del Consejo de Estado relativa a la causal invocada por el
accionante (haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados[80])
no la ha interpretado de manera restrictiva -al punto de exigir la declaración
del juez penal sobre la falsedad- sino que ha indicado que basta con la
apreciación del Consejo de Estado en la que determinará si la sentencia se
dictó con base en documentos falsos o adulterados y que estos hayan sido
determinantes en la decisión[81].
63. Lo anterior se refuerza en el hecho de
que al decretar de oficio la copia del expediente penal en el que se encuentra
dicha declaración, el mismo Consejo de Estado afirmó que tal decisión era necesaria
para “tener claridad sobre determinados aspectos que inciden directamente en
la decisión a tomar”[82].
Conforme a ello, para el propio Consejo de Estado -al darle trámite al recurso-
la valoración de la prueba solicitada por el accionante resultaba relevante.
64. Identificación razonable de los
hechos. El accionante hace una relación de los
hechos por los cuales considera que le fueron vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia identificando
las providencias atacadas y los defectos alegados.
65. No se trata de sentencia de acción de
tutela. La regla general es que no es procedente de
la acción de tutela contra sentencias de tutela a fin de que los debates sobre
la vulneración de derechos fundamentales no se prolonguen indefinidamente[83]. En este caso, las
providencias contra las cuales se interpone la acción de tutela no son
decisiones de tal naturaleza.
66. Subsidiariedad. Tratándose de una acción contra providencias judiciales, la Corte
ha sostenido que es necesario que el accionante agote todos los recursos
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial para que la acción de tutela
cumpla con este requisito. En palabras de esta Corte, “el amparo constitucional
no resulta procedente cuando, a través de este medio, se pretende reabrir
etapas procesales que se encuentran debidamente cerradas porque no se
presentaron los recursos respectivos, ya sea por negligencia, descuido o
distracción de las partes”[84].
67. Varias razones ha expuesto la Corte para
justificar el examen de subsidiariedad como condición de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales. En primer lugar, las sentencias “son
decisiones emanadas de un juez que recibió el encargo constitucional de poner
fin a las controversias en una jurisdicción determinada, para lo cual, fue
revestido de autonomía e independencia (…) la acción de tutela que no es
presentada con apego estricto al principio de subsidiariedad, niega la garantía
del debido proceso, de acuerdo con la cual, una persona sólo puede ser
procesada por su “juez natural”[85].
En segundo lugar, las etapas, el procedimiento y los recursos “que conforman
un proceso, son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales
de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del
debido proceso” de manera que “no es admisible que el afectado
alegue la vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha
solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el
ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para
corregir durante su trámite las irregularidades procesales que puedan afectarle”[86]. Y la última razón es
que “la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende
sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido
definidos, o están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el
principio de subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra
instancia u otro recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para
advertir violaciones a derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada
y contra la seguridad jurídica”[87].
Por las anteriores razones es fundamental verificar el cumplimiento del
requisito de subsidiariedad y evitar que la acción de tutela se instrumentalice
para fines contrarios a su propósito.
68. Existen cuatro eventos  que conllevan a
la improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad: (i) que el asunto esté en trámite;
(ii) que no se hayan agotado los medios de defensa judiciales ordinarios y
extraordinarios, (iii) que se utilice la acción de tutela como un instrumento
para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el sistema jurídico[88]
y (iv) que el asunto que dio lugar al defecto no haya sido previamente alegado.
69. En el caso sub examine, se
evidencia que el apoderado judicial del accionante no interpuso el recurso de
reposición contra el auto del 21 de julio de 2016 del Consejo de Estado que
negó las solicitudes de prueba, providencia en la que se indicaba (i) que las
solicitudes del 5 de mayo y del 12 de julio de 2016 respecto de la declaración
de alias “Daniel Centella” fueron realizadas con posterioridad a la
presentación de la demanda, ­momento oportuno para las solicitudes probatorias­
y (ii) que la prueba decretada de la declaración de “Daniel Centella” y que
resultó en los oficios a los Juzgados Cuarto y Sexto Penal Especializados de
Bogotá fue solicitada oportunamente en la demanda, pero respecto de la cual “se
omitió decidir en el momento procesal indicado para ello por ley”[89].
70. En este sentido, podría considerarse, al
menos prima facie, la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad. Para la Corte, sin embargo, las
siguientes consideraciones -valoradas en conjunto- permiten concluir que se
encuentra habilitada para pronunciarse sobre el fondo del asunto.
71. La prueba cuya incorporación ha sido
rechazada es el CD que contiene la declaración del señor alias “Daniel
Centella” en la que narra los hechos sobre el presunto asesinato por miembros
del Ejército Nacional del hermano del accionante, prueba que fue solicitada en
el recurso de revisión. En el acápite de pruebas, se indicaba[90]:
“5. Ruego se
sirva ordenar a los Juzgados Cuarto y Sexto Penal Especializado de Bogotá, el
envío con destino a este Recurso (sic), de copia auténtica del expediente penal
seguido contra los militares José Pastor Ruíz Mahecha, Hernán Mejía Gutiérrez,
Aureliano Quejada, Efraín Andrade Perea, Nelson Javier Llanos, por el presunto
delito de concierto para delinquir, conformación de grupos armados al margen de
la ley y homicidio, en el cual declaró el ex paramilitar y desmovilizado
Jhon Jairo Hernández Sánchez, alias “Daniel Centella” (énfasis añadido)[91].
72. Aunque la prueba solicitada fue la copia
auténtica del expediente penal referenciado, es evidente que la solicitud lo
que buscaba realmente era obtener la declaración de Jhon Jairo Hernández
Sánchez, alias “Daniel Centella”, pues era esta declaración la que, según la
demanda del recurso de revisión, aclaraba los hechos de la muerte del hermano
del accionante.
73.  Al formular el recurso de revisión, el
apoderado judicial del accionante solo solicitó una prueba adicional -distinta
a la copia de los expedientes del proceso de la reparación directa y que no se
encontraba en el expediente de dicho proceso- a saber: la declaración del señor
Jhon Jairo Hernández Sánchez alias “Daniel Centella”. Esta prueba es la razón
principal por la cual se interpuso el recurso de revisión, declaración que,
según lo afirma el accionante, sugiere que tres jóvenes, dentro de los cuales
se encontraba su hermano, fueron presentados como “positivos”, cambiados
y presentados como miembros de grupos armados al margen de la ley por parte de
las fuerzas militares[92].
74. Dictar sentencia de revisión sin haber incorporado
y, en consecuencia, valorado la prueba que había sido solicitada desde la
demanda del recurso de revisión –por quien alegaba ser víctima- bajo el
argumento de que se trataba de una prueba diferente, termina vaciando el
propósito del recurso de revisión y deja al accionante sin ninguna alternativa
adicional –distinta a la acción de tutela– para que esa prueba sea incorporada
y valorada. Para la Corte resulta problemático que, a pesar de los esfuerzos
que adelantó el Consejo de Estado para obtener la declaración de alias “Daniel
Centella”, una vez la obtiene por intermedio del apoderado judicial del
accionante, cobijado además por el amparo de pobreza, no admita su
incorporación por ser extemporánea.
75. De acuerdo con lo anterior, en el auto
del 21 de julio de 2016, el Consejo de Estado aclaró que si bien el auto ordenó
oficiar a los Juzgados Cuarto y Sexto Penal del Circuito Especializados de
Bogotá para que remitieran copia auténtica del proceso, tal como lo había
solicitado el accionante, no se recibió la prueba, pues en la respuesta del
Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá se informó que el “Despacho
no cuenta con los recursos físicos ni personales para expedir las copias
requeridas, teniendo en cuenta que se trata de un expediente bastante
voluminoso, pues tiene cuarenta y cinco (45) cuadernos, cada uno con
aproximadamente 300 folios y 38 CDs (…) [e]n consecuencia, sin que de manera
alguna se esté incumpliendo lo solicitado, el proceso que se encuentra al
Despacho para emitir sentencia, se deja  a su disposición en la secretaría del
Centro de Servicios Judiciales adscritas a esta Juzgado para que tomen las
copias necesarias y proceder a la autenticación requerida”[93]. En igual sentido,
contestó la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, a quien le remitieron el
expediente con la declaración y quien agregó que el expediente cuenta con 55
cuadernos, cada uno con aproximadamente 300 folios, razón por la cual “resulta
dispendioso atender [la solicitud] dentro del término fijado”[94].
76. Según se observa en el informe
secretarial, el 19 de mayo de 2016 se envió al apoderado de la parte demandante
la copia de los oficios allegados por los Juzgados Cuarto y Sexto Penal del
Circuito Especializados de Bogotá, sin que haya tenido respuesta alguna de su
parte[95].
No obstante, a pesar de no haber recibido de los juzgados oficiados la copia de
la declaración solicitada, el 12 de julio de 2016 dicho apoderado aportó al
proceso el CD con la declaración de alias “Daniel Centella”. Sin embargo,
se niega su incorporación y, con ello, la consecuente ausencia de valoración
para efectos de resolver el recurso de revisión.
77. La Corte ha sostenido que la acción de
tutela no cumple el requisito de subsidiariedad cuando el accionante no ha
interpuesto el recurso de reposición, incluso cuando se trata de un trámite
extraordinario como el recurso de casación o de revisión[96]. Sin embargo, también
ha sostenido que pueden existir razones extraordinarias que justifican la no
interposición del recurso de reposición y, en consecuencia, que puedan excepcionalmente
dar lugar al cumplimiento del requisito de subsidiariedad[97], tales como la falta
de idoneidad del recurso o la prevalencia del derecho sustancial.
78. De acuerdo con lo anterior, en la
sentencia T-766 de 2008, la Corte señaló que el recurso de reposición no
resultaba idóneo para proteger los derechos de contradicción y acceso a la
administración de justicia de los accionantes, por lo que declaró cumplido el
requisito de subsidiariedad pese a que ellos no lo habían interpuesto contra el
auto que inadmitía su demanda de reparación directa[98]. En esta oportunidad,
la Corte consideró que el recurso de reposición no resultaba idóneo y, además,
indicó que “exigir que interponga el recurso
de reposición tan sólo constituía una mera formalidad porque la cuestión de
fondo estaba resuelta no sólo por la Juez 5ª Administrativo de Pasto sino
también por su superior jerárquico, de tal forma que no sólo era bastante poco
probable que reconsiderara su posición sino que aún sin que se hubiere
interpuesto la cuestión de fondo fue debatida en forma negativa para los accionantes”[99].
79. En este mismo sentido, en la sentencia
T-382 de 2001, la Corte declaró procedente la acción de tutela contra una
providencia en el marco de un concordato pese a que no se había interpuesto el
recurso de reposición contra ella, por considerar que la prevalencia del
derecho sustancial implica que no le era constitucionalmente exigible a la
persona, que había expresado su voluntad de oponerse al concordato, que
posteriormente sustentó su oposición por escrito y que no era abogado,
interponer el recurso de reposición para dar por cumplido el requisito de
subsidiariedad en la acción de tutela[100].
80. Analizado el supuesto que ocupa la
atención de la Sala, puede concluirse que se cumple el requisito de
subsidiariedad -pese a la no interposición del recurso de reposición contra el
auto que, en el trámite del recurso de revisión, negó una prueba- dado que (i) esta
fue previamente solicitada y decretada durante el trámite del recurso por quien
alegaba ser víctima, (ii) existían razones, visto el desarrollo del trámite de
solicitud e incorporación al proceso de la declaración de alias “Daniel
Centella” -destaca la Corte-, para concluir que la decisión no sería modificada,
y (iii) el recurso de revisión era el último medio disponible para debatir el
asunto planteado en el proceso. Una conclusión diversa desconocería el
principio de prevalencia del derecho sustancial reconocido en el artículo 228
de la Constitución.
C.
PROBLEMA JURÍDICO
Teniendo
en cuenta que este caso se trata de una acción de tutela contra providencias judiciales,
le corresponde a la Sala determinar si constituye un defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto y/o un defecto fáctico en su dimensión
negativa la decisión de no incorporar y/o valorar una prueba que podría
tener alguna relevancia para resolver el recurso, pese a haber sido solicitada
por el apoderado judicial del demandante, decretada por el Consejo Estado y
aportada posteriormente por el accionante.
D.   REQUISITOS ESPECIFICOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
81. Este Tribunal ha señalado que, además de
los requisitos antes analizados, el accionante debe demostrar al menos uno de
los requisitos especiales de procedibilidad, dentro de los cuales se
encuentran los siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente
al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión
sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
h. Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación
directa de la Constitución[101], ocurre cuando el
juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Constitución Política por
(i) dejar de aplicar una disposición iusfundamental a un caso o (ii) por
aplicar la ley al margen de las disposiciones constitucionales[102].
82. A continuación se abordará la jurisprudencia
relativa a la configuración de un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto y de un defecto fáctico en su dimensión negativa por
la no incorporación y/o valoración de pruebas que fueron solicitadas o que son
determinantes para alcanzar la verdad material en el proceso.
Defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto y defecto fáctico en su dimensión
negativa por omisión de valoración de pruebas.
83. Esta Corte ha sostenido que el defecto
procedimental se fundamenta en el derecho al debido proceso (art. 29 C.P.)
y en el derecho de acceso a la administración de justicia (art. 228 C.P.) en la
medida en que somete al juzgador a seguir las formas del proceso y a darle
primacía al derecho sustancial sobre el procesal[103].
84. Hay dos tipos de defectos
procedimentales. Uno es el defecto procedimental absoluto que ocurre
cuando el juez (i) se aparta completamente del trámite o del procedimiento
establecido siguiendo uno ajeno o (ii) cuando pretermite instancias del trámite
o procedimiento fijado. El otro es el defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto que se configura cuando “por un apego excesivo
a las formas, se aparta de sus obligaciones [de]: (i) impartir justicia, (ii)
buscar que las sentencias se basen en una verdad judicial que se acerque lo más
posible a la verdad real, y (iii) evitar pronunciamientos inhibitorios que
dificulten la eficacia de las actuaciones de la Administración de Justicia y de
los derechos materiales”[104].
85. El exceso ritual manifiesto se
trata, entonces, de un defecto en la medida que el juez renuncia a que la
verdad judicial se aproxime en la mayor medida posible a la verdad real afectando
la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. Aunque los ritos y las
formas procesales son cruciales en los procesos judiciales en la medida que
buscan optimizar el mandato de protección del derecho al debido proceso, es
posible que su aplicación irrazonable amenace el derecho al acceso a la
administración de justicia. En otras palabras, este defecto surge cuando el juez
“concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho
sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de
justicia”[105].
86. Por su parte, el defecto fáctico tiene
una dimensión negativa y otra positiva. La dimensión negativa
se configura cuando el juez (i) niega una prueba; (ii) no se valora una prueba
o se valora de manera arbitraria, irracional o caprichosa u (iii) omite por
completo la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad
de los hechos analizados o determinante en el desenlace del proceso[106]. La dimensión positiva
se configura, en cambio, (i) cuando el juez admite pruebas que no ha debido
admitir ni valorar, por ejemplo, por tratarse de pruebas ilícitas o (ii) cuando
el juez decide conforme a elementos probatorios que, por disposición de la ley,
no conducen a demostrar el hecho sobre el cual se fundamenta la decisión[107].
87. Como se sostuvo en la sentencia SU-636
de 2015, la jurisprudencia ha determinado que existen algunas causales en
las que se configura un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
y un defecto fáctico en su dimensión negativa. Ello ocurre cuando el
juez “(i) omite valorar prueba documental que ha sido aportada en copia
simple, pese a haber sido conocida y no controvertida por las partes; también
cuando (ii) omite emplear su facultad probatoria de oficio para ordenar que se
alleguen los originales de documentos aportados en copia simple o, en general, [(iii)
cuando omite] practicar pruebas que han sido solicitadas o están insinuadas en
el proceso y se requieren para establecer la verdad material de los hechos”
(énfasis añadido)[108].
En definitiva, se configura un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto y un defecto fáctico en su dimensión negativa cuando el
juez omite practicar o valorar pruebas que han sido solicitadas o que en el
curso del proceso se advierten como relevantes para que la verdad judicial se
aproxime en la mayor medida posible a la verdad material.
Jurisprudencia
sobre defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto por omitir decretar
o valorar una prueba que puede ser determinante
88. En la sentencia T-264 de 2009, se
examinó una acción de tutela presentada en contra de algunas providencias
judiciales por defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y por defecto
fáctico en la medida que, pese a que en un proceso penal se ordenó el pago
de perjuicios a la accionante por el fallecimiento de su cónyuge en un
accidente de tránsito, el juez de segunda instancia en el proceso de
responsabilidad civil (el Tribunal Superior del de Bogotá) resolvió
revocar la sentencia que condenaba a los demandados al pago de los perjuicios
por considerar que la accionante no acreditó la legitimación por activa. A
juicio del Tribunal Superior de Bogotá, la legitimación “no se puede
acreditar mediante las copias de las sentencias penales, pues estas carecen de
valor probatorio y solo demuestran las actuaciones surtidas dentro de un
proceso penal”. La Corte concedió el derecho al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia y ordenó a la autoridad judicial decretar un
período probatorio en el que debía hacer uso de sus facultades probatorias
inquisitivas. La razón de la decisión de esa providencia se resume en las
siguientes líneas:
“(…)
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Civil,
actuó en contra de su papel de director del proceso y del rol protagónico que
le asigna el ordenamiento en la garantía de los derechos materiales, al omitir
la práctica de una prueba imprescindible para fallar, a pesar de la presencia
de elementos que le permitían concluir que por esa vía llegaría a una decisión
indiferente al derecho material. Por esta vía, la autoridad accionada cerró
definitivamente las puertas de la jurisdicción a la peticionaria, olvidó su
papel de garante de los derechos sustanciales, su obligación de dar prevalencia
al derecho sustancial, y su compromiso con la búsqueda de la verdad en el
proceso como presupuesto para la adopción de decisiones justas”[109].
89. En la sentencia T-599 de 2009, la
Corte dejó sin efecto una sentencia en un proceso de reparación directa por
considerar que se incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto al no apreciar un documento –por haber sido aportado en copia
simple– que evidenciaba que la incursión guerrillera en el municipio donde
vivía la accionante era un hecho ya anunciado. En consecuencia, amparó el
derecho al debido proceso de la accionante, dejó sin efecto la providencia
atacada y ordenó a practicar prueba testimonial de quienes suscribieron el
documento para reconocer su contenido. La Corte fundamentó así su decisión:
“(…)
la omisión en la práctica de esta prueba se traduce en un claro exceso ritual
manifiesto que lesiona de bulto los preceptos constitucionales que garantizan
el acceso a la justicia y la prevalencia del derecho sustancial en las
actuaciones judiciales. La no prevalencia del derecho sustancial, como falta de
compromiso por la búsqueda de la verdad en el proceso, se traduce en una
denegación de justicia que favorece fallos inocuos que desconocen la realidad,
al tiempo que anega la confianza legítima de los particulares en quienes
administran justicia al cambiar de manera injustificada e inesperada su
posición frente a una caso idéntico en un limitado espacio de días”[110].
90. En la sentencia T-104 de 2014, la
Corte estudió una acción de tutela contra la decisión de un juez de librar
mandamiento de pago en un proceso ejecutivo singular ignorando que el título
valor con el cual se promovió el proceso no fue suscrito por el demandado (el accionante)
y, aunque éste solicitó como prueba copia auténtica del dictamen proferido por
el CTI respecto de la autenticidad de la firma contenida en el título valor, el
Juzgado Octavo Civil Municipal de Barranquilla resolvió no acceder a dicha solicitud,
aun teniendo conocimiento de que la prueba podía cambiar el curso del proceso.
La Corte amparó el derecho al debido proceso y al acceso real y efectivo a la
administración de justicia y ordenó al Juzgado Octavo Civil Municipal, entre
otras cosas, que practicara de oficio el recaudo de los informes proferidos por
el CTI en los que se indica que la firma plasmada en el título valor que dio
origen al proceso no corresponde con la del accionante[111]- sustentando su
decisión en una regla similar a la de la sentencia T-599 de 2009, a saber:
“(…)
la omisión en la práctica de prueba mencionada, se traduce en un claro exceso
ritual manifiesto que lesiona de bulto los preceptos constitucionales que
garantizan el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del
derecho sustancial en las actuaciones judiciales. La no prevalencia del derecho
sustancial, como falta de compromiso por la búsqueda de la verdad en el
proceso, se traduce en una denegación de justicia que favorece fallos inocuos
que desconocen la realidad, al tiempo que anega la confianza legítima de los
particulares en quienes administran justicia, al permitir el remate de los
bienes de un demandado con base en un título valor que después de haber sido
sometido a dos peritajes aparece como falso”[112].
91. En la sentencia SU-636 de 2015, la
Corte analizó un caso en el que el juez de segunda instancia en el proceso de
reparación directa –que adelantaba el accionante para obtener la indemnización
de los daños producidos por grupos armados al margen de la ley en bienes de su
propiedad–, revocó la sentencia de primera instancia –que había condenado al
Estado– por considerar, entre otras cosas, que no existía material probatorio
suficiente para acreditar la titularidad de los bienes por cuyo daño se reclamaba,
ya que solo hasta la audiencia de conciliación realizada en la segunda
instancia se aportó el certificado de tradición, el que no fue valorado por su
extemporaneidad y tampoco se aportó ningún documento que acreditara el dominio
del otro bien inmueble, ni sobre los bienes muebles destruidos por la incursión
guerrillera. La Corte en esta oportunidad negó el amparo por considerar que no se
configuraban los defectos procedimental y fáctico, en tanto que
“(…)
no concurrían las circunstancias en las cuales el juez viene
constitucionalmente obligado a hacer uso de su facultad inquisitiva, por
cuanto: (i) la calidad de propietarios fue controvertida desde el inicio del
proceso por las entidades demandadas en reparación directa; (ii) los accionantes
no mostraron una actitud diligente para satisfacer la carga probatoria que les
correspondía, en modo alguno explicaron o justificaron dentro del proceso las
razones para no aportarla de manera oportuna o solicitaron su práctica dentro
de las oportunidades probatorias correspondientes; (iii) en el caso concreto no
se evidencia que los demandantes en el proceso de reparación directa se
encontraran en circunstancias de indefensión que ameritasen la intervención
oficiosa del juez para ordenar la práctica de las pruebas que les correspondía
aportar, o en su caso, solicitar”[113].
92. En la sentencia T-535 de 2015, se
examinó una acción de tutela contra una providencia del Tribunal Contencioso
Administrativo del Tolima que revocó el fallo de primera instancia que declaraba
responsable a la Nación-Ministerio de Defensa por la muerte de los hijos de las
accionantes, quienes fueron asesinados por una Brigada del Ejército que
argumentaba haber sido dados de baja en combate, a pesar de que las madres de
los jóvenes insistían que sus prendas de vestir fueron alteradas y no existió
combate alguno ni presencia de grupos armados al margen de la ley el día en que
ocurrieron los hechos. A juicio del Tribunal Contencioso Administrativo, la
inconsistencia en la hora del combate y el hecho de que los jóvenes hayan sido
vistos por última vez con un sujeto sin identificar no son suficientes para
declarar la responsabilidad del Estado. La Corte resolvió amparar el derecho al
debido proceso de las accionantes y, en consecuencia, dejar sin efecto la
sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima. En
su lugar dejó en firme el fallo de primera instancia en el proceso de
reparación directa. Para sustentar su decisión, la Corte señaló:
“(…)
el Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima actuó en contra de la
evidencia probatoria (testimonios, declaraciones, inspecciones técnicas,
informes de inteligencia militar, requerimientos de la Procuraduría, entre
otras), separándose por completo de hechos debidamente probados (ejecución
extrajudicial) y resolvió a su arbitrio el asunto jurídico debatido. De esta
manera, el material probatorio no fue valorado adecuadamente en su conjunto, lo
que desconoce las reglas de la sana crítica que conducen al descubrimiento de
la verdad. Esto se evidencia, toda vez que la única fuente de convicción de la
supuesta confrontación militar son las declaraciones de los militares que
participaron en los hechos y que, a su vez, fue la única prueba sobre la cual
el Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima hizo un pronunciamiento de
fondo, evadiendo referirse a las otras pruebas y eludiendo pronunciarse en
torno a las pruebas obrantes en la investigación penal”[114].
En
esa providencia, la Corte también sustentó que si se alega un defecto procedimental
por exceso de ritual manifiesto se requiere: (i) que no haya posibilidad de
corregir la irregularidad; (ii) que el defecto procesal tenga incidencia en la
decisión; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el proceso y (iv) que,
como consecuencia de lo anterior, se presente una violación de derechos
fundamentales[115].
93. De acuerdo con las sentencias reseñadas,
la Corte ha establecido una regla según la cual la omisión en la práctica o
valoración de una prueba insinuada en el proceso y requerida para establecer la
verdad material del caso configura un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto que vulnera el derecho al acceso a la justicia y la prevalencia del
derecho sustancial en las actuaciones judiciales.
Jurisprudencia
sobre defecto fáctico en su dimensión negativa por no incorporar, practicar o valorar
pruebas solicitadas o decretadas
94. En la sentencia T-393 de 1994, la
Corte estudió una acción de tutela para obtener el amparo del debido proceso
vulnerado por la negativa del Procurador General de la Nación de decretar una
prueba dentro del proceso disciplinario adelantado en contra de la persona cuyo
comportamiento se valoraba. La Corte concedió la acción de tutela argumentando
que “la negativa a la práctica de pruebas sólo puede obedecer a la
circunstancia de que ellas no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos
materia del proceso o que estén legalmente prohibidas o sean ineficaces o
versen sobre hechos notoriamente impertinentes o se las considere
manifiestamente superfluas (arts. 178 C.P.C y 250 C.P.P); (…) debe tenerse
presente que el rechazo de una prueba que legalmente sea conducente constituye
una violación del derecho de defensa y del debido proceso”[116].
95. Luego la Corte, en la sentencia T-488
de 1999, analizó el caso en el que la accionante consideraba que se había
incurrido en un defecto fáctico en su dimensión negativa en el
proceso de filiación natural por haber desestimado las pretensiones de su hijo
sin haber practicado la prueba antropoheredobiológica a los interesados, a
pesar de que ésta había sido decretada. La Corte resolvió conceder la acción de
tutela y ordenó que se practicara la prueba y se decidiera el caso con base en
ella y los demás elementos probatorios que obraban en el proceso. Señaló la
Corte:
“la
autoridad judicial que se niegue sin justificación razonable y objetiva, a
apreciar y valorar una prueba en la que obtiene apoyo esencial en forma
específica y necesaria para formar su juicio sin justificación, incurre en una
vía de hecho y contra su decisión procede la acción de tutela, toda vez que
desconoce varios principios y derechos de rango superior para quien la ha
solicitado, como son la igualdad procesal y de acceso a la administración de
justicia, el debido proceso y defensa y el deber de imparcialidad del juez para
el trámite del mismo”[117].
96. En la sentencia T-526 de 2001, la
Corte analizó el caso de un persona sindicada en un proceso penal a pesar de
que no existía identidad entre el autor del homicidio y él. Este Tribunal decidió
conceder el amparo al debido proceso y ordenó a la Fiscalía adelantar la
investigación correspondiente para determinar la plena identidad del autor del
delito de homicidio en la modalidad de tentativa, disponiendo, adicionalmente,
la libertad del accionante. La Corte concluyó que se había configurado un
defecto fáctico y sobre el particular señaló:
“(…) no existe
ninguna prueba de la que pueda razonablemente deducirse que el accionante es el
mismo señor que fue aprehendido el día de ocurrencia de los hechos, que además
inexplicablemente al día siguiente fue dejado en libertad. Por ello, en el
presente caso no duda la Sala de Revisión en manifestar que existió una
evidente vulneración al debido proceso del actor, pues, con la apariencia del
estricto cumplimiento de las formalidades exigidas en la ley para proferir
sentencia, se incurrió en omisiones de tal índole que configuraron una vía de
hecho, que por lo demás significó para el accionante la privación de su
libertad”.
97. Por último, en la sentencia T-407 de
2017, la Corte concedió el amparo al debido proceso y declaró la nulidad de
lo actuado en un proceso de pertenencia por considerar que el Juzgado Promiscuo
Municipal había incurrido en un defecto fáctico en su dimensión negativa
“por no decretar las pruebas de oficio necesarias para determinar la
naturaleza jurídica del bien”[118]
dentro del proceso de pertenencia a fin de determinar si se trataba de un
predio privado o baldío. Dijo este Tribunal que “los jueces incurren en
defecto fáctico cuando existen fundadas razones para considerar que el no
decreto de pruebas en un asunto específico aparta su decisión del sendero de la
justicia material y, por tanto, del orden constitucional vigente”.
98. La Sala concluye que de la jurisprudencia
citada se extrae una regla según la cual se configura un defecto fáctico
en su dimensión negativa cuando el juez niega la práctica, incorporación
o valoración, o no decreta una prueba de la que se puede obtener un apoyo
esencial para formar un juicio sobre la realidad del caso.
99. Como se puede observar, el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto y el defecto fáctico en su dimensión
negativa están relacionados. Precisamente por esa cercanía, la Corte señaló
en la sentencia SU-636 de 2017 que “se presenta una convergencia entre el
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y un defecto fáctico en su
dimensión negativa. (…) Ello ocurre cuando el juez (i) omite (…), en
general, practicar pruebas que han sido solicitadas o están insinuadas en el
proceso y se requieren para establecer la verdad material de los hechos”
(énfasis añadido)[119].
100. La Sala concluye que la omisión de
incorporar y, en consecuencia, de valorar una prueba solicitada o insinuada en
el proceso y requerida para establecer la verdad material de los hechos,
configura un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y defecto
fáctico en su dimensión negativa.
Los
indicios y la flexibilización probatoria en materia de ejecuciones judiciales.
101. En la Sentencia SU-035 de 2018, la Sala
Plena estudió la acción de tutela presentada en contra de una providencia del
Consejo de Estado al decidir, en segunda instancia, la demanda de reparación
directa que formuló contra la Nación por la muerte del padre del accionante a
manos de militares, dándolo como baja en combate. En esa oportunidad, la Corte
resaltó que existe una nutrida línea jurisprudencial por parte del Consejo de
Estado sobre la flexibilización de los estándares probatorios en materia de
graves violaciones a los derechos humanos, admitiendo que demostrar esos hechos
por medio de una prueba directa es prácticamente imposible en razón de la
vulnerabilidad de las víctimas y la posición dominante que ejercen las Fuerzas
Militares. Por ello, los indicios se convierten, entonces, en uno de los medios
de prueba que por excelencia permite llevar al juez a definir la
responsabilidad de la Nación.
102. Igualmente, la Sentencia  T-237 de 2017, citada por la sentencia SU-035
de 2018, indicó que en aplicación del principio de
equidad, en caso de violaciones de derechos humanos, existe un imperativo de
flexibilizar los estándares probatorios y de fortalecer el deber de los jueces
de ejercer las potestades que les han sido conferidas en aras de garantizar la
justicia material con pleno respeto de los derechos fundamentales de todas las
partes involucradas. Lo anterior trae como consecuencia, entre otras cosas, el
uso de las inferencias judiciales razonables. Entre los indicios que la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha utilizado se encuentran, entre otros:
(i) la existencia
de casos en los cuales se adelantó un enfrentamiento con armas que no eran
idóneas para el combate[120]; (ii) operaciones
adelantadas en conjunto por "informantes desmovilizados", que señalan
a las víctimas como guerrilleros[121]; (iii) contradicciones
e imprecisiones en los testimonios de los militares respecto a la forma en la
que se adelantaron los enfrentamientos[122];
y (iv) la no concordancia entre los relatos de los hechos realizados por los miembros de la
Fuerza Pública y el protocolo de necropsia[123].
103. De acuerdo con lo anterior,
tratándose de casos de ejecuciones extrajudiciales, la jurisprudencia de la
Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado la forma en que la
existencia de ciertos elementos, conductas o actuaciones pueden ser indicios de
responsabilidad del Estado[124]. Por lo tanto, al valorar en
su integridad todo el acervo probatorio, en materia de ejecuciones
extrajudiciales, la prueba indiciaria tiene una relevancia especial que no
puede ser ignorada por los jueces.
E.
SOLUCIÓN DEL CASO
CONCRETO
104. A continuación, procederá la Sala a
examinar si la providencia atacada incurrió en un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto y/o en un defecto fáctico en su dimensión
negativa por no incorporar y valorar la prueba solicitada por el apoderado
judicial del accionante relativa a la declaración de alias “Daniel Centella”,
la cual, según se sostuvo en la demanda del recurso de revisión, revelaba la
verdad de los hechos que dieron lugar a la muerte de su hermano Jaider del
Carmen Valderrama.
105. El Consejo de Estado, mediante auto del 21 de julio de 2016, negó la
incorporación de la prueba que contenía la declaración de alias “Daniel
Centella” por considerar que su aportación, en el trámite del recurso de revisión,
fue extemporánea. A su vez, al pronunciarse sobre el recurso de revisión en
providencia del 5 de octubre de 2016, resolvió su no prosperidad. El accionante
considera que esta providencia incurrió en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto por impedir la incorporación de la prueba, pese a que ella
había sido solicitada desde la demanda del recurso de revisión e incluso
decretada por el propio Consejo de Estado.
106. En la sentencia
que resolvió el recurso de revisión, el Consejo de Estado afirmó que la
declaración según la cual “el joven Valderrama Ruidiaz [hermano del
accionante] fue asesinado por miembros del Ejército Nacional, por sí sola, sin
elementos de prueba que respaldaran tal aseveración, no permitía establecer que
las pruebas que sirvieron de fundamento al Tribunal Administrativo del Cesar
para revocar la sentencia del 24 de enero de 2008, proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar, fueran falsas o habrían sido
adulteradas”[125].
No obstante, en esa misma providencia, el Consejo de Estado motivó su decisión
de negar el recurso, entre otros argumentos, señalando que “en el plenario
no obra la declaración del citado señor [alias Daniel Centella] y, por
consiguiente, no es posible establecer lo que él habría dicho en torno a la
muerte del joven Valderrama Ruidiaz”[126]. Estas afirmaciones indican
que valorando la prueba de la declaración se podrá determinar si (i) era
suficiente por sí sola para modificar la decisión en el recurso de revisión o
(ii) no es suficiente por sí para alterar la parte resolutiva de la decisión
que resuelve el recurso de revisión.
107. La Sala
advierte que no es admisible, sin valorar la prueba de la declaración de alias
“Daniel Centella”, sostener que ella por sí sola no es suficiente para
acreditar lo que pretende probar el accionante y demás familiares en el recurso
de revisión. Esto supondría prejuzgar y determinar el alcance de una prueba -que
se consideró inicialmente pertinente- sin que haya sido practicada o valorada.
Especialmente, si se tiene en cuenta que el proceso discute una supuesta ejecución
extrajudicial, por lo que debe no solo incorporarse y valorarse la declaración
antes mencionada, sino, en general, todo el acervo probatorio incluyendo pero sin limitarse a ellos, los indicios, los testimonios
y declaraciones y, en general, el conjunto de pruebas que permiten una
aproximación integral a las alegaciones y esclarecen la verdad material del
caso.
108. Por otra
parte, tampoco es aceptable el argumento planteado por el Consejo de Estado,
según el cual la prueba del CD aportada por el accionante en el trámite
del recurso revisión surtido ante esa Corporación, y que contenía la
declaración de alias “Daniel Centella” era distinta –y por ello extemporánea– a
la prueba solicitada en la demanda de revisión por el apoderado judicial del
accionante relativa a las copias del proceso penal en el cual alias “Daniel
Centella” hizo tal declaración. Es evidente que el apoderado judicial del
accionante solicitó en el recurso de revisión el expediente penal precisamente
por la razón de que allí se había producido la declaración de alias “Daniel
Centella” que podría brindar mayores elementos de juicio en materia probatoria
antes de tomar la decisión correspondiente.
109. Por lo
anterior, carece de justificación sostener la diferencia entre solicitar como
prueba copia de un expediente en el que se encuentra un testimonio relevante para
el caso y aportar como prueba dicho testimonio cuando el mismo es extraído de
tal expediente. Además de lo anterior, al verificar la demanda de revisión se
puede observar que la razón fundamental por la cual el accionante solicitó
copia del proceso penal adelantado contra los militares José Pastor Ruíz
Mahecha, Hernán Mejía Gutiérrez, Aureliano Quejada, Efraín Andrade Perea,
Nelson Javier Llanos por el presunto delito de concierto para delinquir,
conformación de grupos armados al margen de la ley y homicidio, era porque en
dicho proceso declaró alias “Daniel Centella”, testimonio que, a juicio del
accionante, es trascendental para comprender la realidad de lo ocurrido con su
hermano.
110. Sobre la potencial
trascendencia que la declaración pudo haber tenido en la decisión, se observa
que el Consejo de Estado reconoció en el auto del 9 de marzo de 2016 que las
pruebas decretadas –dentro de las cuales se incluía la declaración– eran
necesarias “para tener claridad sobre determinados aspectos que inciden
directamente en la decisión a tomar” (énfasis añadido)[127]. Lo
anterior indica que el Consejo de Estado reconoció, desde el principio, que la
declaración mencionada por el apoderado judicial del accionante en el recurso
de revisión podía resultar trascedente, tal como lo sostuvo en el auto del 9 de
marzo de 2016.
111. La motivación
presentada por el Consejo de Estado en el auto que negó las solicitudes
probatorias es insuficiente, pues si bien reconoce que en el auto del 9 de
marzo de 2016 había ordenado la prueba de los expedientes del proceso penal en
el que declaró alias “Daniel Centella”, aduce que éstas no se practicaron
porque se omitió decidir en el momento procesal indicado para ello por la ley. Se
comprueba que esta justificación no es clara, ni explica por qué razón la
prueba de la copia electromagnética de la declaración de alias “Daniel
Centella” es negada.
112. Cabe reiterar
que la sentencia SU-636 de 2017 estableció que se
incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y un defecto
fáctico “cuando el juez (i) omite (…), en general, practicar pruebas que han
sido solicitadas o están insinuadas en el proceso y se requieren para
establecer la verdad material de los hechos”[128]. Como se anotó en la
sección anterior, el juez que niega la incorporación y valoración de una prueba
o no la decreta, a pesar de que de ella se puede obtener un apoyo esencial para
formar un juicio sobre la realidad del caso, incurre en defecto fáctico en
su dimensión negativa.
113. Igualmente, la omisión en la incorporación y valoración de una prueba mencionada
en el proceso y requerida para establecer la verdad material del caso, como la
declaración de alias “Daniel Centella”, configura un defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto que vulnera el derecho al acceso a la justicia
y la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales.
114. Por lo tanto, la
Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en defecto
fáctico en su dimensión negativa en convergencia con el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto al negar la incorporación y
valoración de la declaración de alias “Daniel Centella” por considerar que ella
fue aportada inoportunamente, pese a que (i) fue solicitada por el apoderado
judicial del accionante y demás familiares en la demanda del recurso de
revisión, (ii) fue decretada por el Consejo de Estado, (iii) fue aportada posteriormente
por el accionante y (iv) su eventual relevancia fue considerada por el Consejo
de Estado en la sentencia que se pronunció sobre el recurso de revisión.
115. La Sala
dispondrá entonces tutelar
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia del accionante, y dejar sin efectos el auto del 21 de julio de 2016 y la
sentencia proferida el 5 de octubre de 2016, providencias adoptadas por la
Subsección A, Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado. Igualmente ordenará
a la Subsección A, Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado que incorpore la declaración del señor
Jhon Jairo Hernández Sánchez alias “Daniel Centella” rendida en el proceso
penal contra los militares José Pastor Ruíz
Mahecha, Hernán Mejía Gutiérrez, Aureliano Quejada, Efraín Andrade Perea y
Nelson Javier Llanos por el presunto delito de concierto para delinquir,
conformación de grupos armados al margen de la ley y homicidio y proceda a la
valoración de todo el acervo probatorio a efectos de decidir nuevamente sobre
el recurso de revisión, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la
presente providencia.
F.
SÍNTESIS DE LA
DECISIÓN
116. El accionante interpuso acción de
tutela contra la sentencia proferida el 5 de octubre de 2016 de la Subsección A, Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado y contra la sentencia proferida el 18 de
junio de 2009 del Tribunal Administrativo del Cesar por considerar que dichas
providencias incurrieron en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
y por defecto fáctico, respectivamente. Con ello, le vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
117. Considerando el objetivo del recurso de
revisión presentado por el accionante, cuyo propósito consiste en demostrar que
las pruebas en las que se apoyó la decisión cuestionada podrían considerarse
falsas o adulteradas -una vez se contrastaban, por ejemplo, con la declaración
de alias “Daniel Centella”- la Corte estima que el juicio de constitucionalidad
y, en consecuencia el análisis de inmediatez, debe adelantarse únicamente
respecto de la sentencia del 5 de octubre de 2016 de la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado frente a la cual se invoca un defecto
procedimental por exceso de ritual manifiesto.
118. En relación con la providencia del
Consejo de Estado, el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en
convergencia con el defecto fáctico negativo se habría causado por proferir una
providencia que resolvió el recurso de revisión que no incorporó ni valoró como
prueba todo el acervo probatorio, en el que se incluían, indicios, testimonios
y, en especial, la declaración de un tercero (alias “Daniel Centella”), lo
anterior por considerar que el accionante aportó esa prueba de manera
extemporánea, pese a que ella había sido solicitada en el recurso de revisión.
119. La Sala determinó que, pese a que el
apoderado judicial del accionante no presentó el recurso de reposición contra
el auto del 21 de julio de 2016, que negó la solicitud de tener como prueba la
declaración de alias “Daniel Centella” rendida en el proceso penal adelantado
contra los militares José Pastor Ruíz Mahecha,
Hernán Mejía Gutiérrez, Aureliano Quejada, Efraín Andrade Perea, Nelson Javier
Llanos por el presunto delito de concierto para delinquir, conformación de
grupos armados al margen de la ley y homicidio, no por ello deja de cumplir con
el requisito de subsidiariedad.
120. De acuerdo con
lo anterior, la Sala estima que si bien no se presentó
el recurso de reposición contra el auto que negó la solicitud de prueba
relativa a la declaración de alias “Daniel Centella”, existen circunstancias
excepcionales que deben tenerse en cuenta en el análisis del requisito de
subsidiariedad. En efecto, (i) la prueba fue previamente solicitada y decretada
durante el trámite del recurso por quien alegaba ser víctima, (ii) existían
razones, visto el desarrollo del trámite de solicitud e incorporación al
proceso de la declaración de alias “Daniel Centella” -destaca la Corte-, para
concluir que la decisión no sería modificada, y (iii) el recurso de revisión
era el último medio disponible para debatir el asunto planteado en el proceso.
Una conclusión diversa desconocería el principio de prevalencia del derecho
sustancial reconocido en el artículo 228 de la Constitución.
121. La Sala precisó que se configura un defecto fáctico en su dimensión negativa
cuando el juez niega la incorporación, práctica o valoración o no decreta las pruebas
de las que se puede obtener un apoyo esencial para formar un juicio sobre la
realidad del caso. Asimismo, consideró que se incurre en un defecto por
exceso ritual manifiesto cuando el juez omite la incorporación, práctica o
valoración de pruebas insinuadas en el proceso y requeridas para establecer la
verdad material del caso, como la declaración de alias “Daniel Centella”, lo
que termina vulnerando el derecho al acceso a la justicia y la prevalencia del
derecho sustancial en las actuaciones judiciales dada la falta de compromiso
por la búsqueda de la verdad en el proceso.
122. Como resultado de las sub-reglas
jurisprudenciales analizadas en la parte motiva de esta providencia, observa la Sala  que la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en defecto
fáctico en su dimensión negativa en convergencia con el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto al negar la recepción y
valoración de la declaración de “Daniel Centella” por considerar que ella fue
aportada inoportunamente, pese a que (i) fue solicitada por el apoderado
judicial del accionante y demás familiares en la demanda del recurso de
revisión, (ii) fue decretada por el Consejo de Estado, (iii) fue aportada
después de varios esfuerzos por el accionante y (iv) su eventual relevancia fue
considerada por el Consejo de Estado en la sentencia del recurso de revisión.
123. La Sala precisó que en posibles casos
de ejecuciones extrajudiciales o denominados “falsos positivos”, se debe
valorar todo el acervo probatorio y tener en cuenta especialmente (i) la
flexibilización probatoria en materia de graves violaciones a los derechos
humanos y (ii) la relevancia de los indicios para valorar el acervo probatorio
en tal tipo de eventos, tal como lo señaló la SU-035 de 2018.
124. Sobre la base
de lo anterior, la Sala concluyó que la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado vulneró, mediante el auto del 21 de
julio de 2016 y la sentencia del 5 de octubre de 2016, los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia del accionante. En consecuencia, dispuso dejar sin efectos tales
decisiones, ordenando al Consejo de Estado que
proceda a incorporar las pruebas aportadas por el accionante y valorar todo el
acervo probatorio y, en especial, los indicios y la prueba de la declaración de
alias “Daniel Centella” a fin de decidir el recurso de revisión.
125. En
consecuencia, la Corte accederá parcialmente a la petición del accionante,
consistente en tutelar su derecho al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia; y por consiguiente, la Sala revocará el fallo de
tutela de la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que declaró improcedente la
acción de tutela.
III.      DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida el 13 de
julio de 2017 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta
por el señor Jamides Alfonso Valderrama Ruidíaz contra la Subsección A, Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y el
Tribunal Administrativo del Cesar. En su lugar, TUTELAR los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del
accionante.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 21 de julio de 2016 y la
sentencia del 5 de octubre de 2016, providencias proferidas por la Subsección
A, Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado.
Terero.- ORDENAR a la Subsección A, Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que incorpore la declaración
del señor Jhon Jairo Hernández Sánchez alias “Daniel Centella” rendida en el
proceso penal contra los militares José Pastor
Ruíz Mahecha, Hernán Mejía Gutiérrez, Aureliano Quejada, Efraín Andrade Perea y
Nelson Javier Llanos por el presunto delito de concierto para delinquir,
conformación de grupos armados al margen de la ley y homicidio y proceda a (i)
incorporar las pruebas solicitadas y aportadas por el accionante y (ii) valorar
todo el acervo probatorio, en especial, los indicios y la prueba de la
declaración de alias “Daniel Centella” a fin de decidir el recurso de revisión.
Cuarto.- LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría General de la Corte
Constitucional–, así como DISPONER las notificaciones a las partes –a
través de los juzgados de instancia, previstas en el artículo 36 del Decreto
Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y
cúmplase.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Presidente
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con
impedimento
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
En
comisión
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
Ausente
con permiso
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Artículo 61 del Acuerdo 02 de 2015. Revisión por la Sala Plena.
Cuando a juicio de la Sala Plena, por solicitud de cualquier magistrado, un
proceso de tutela dé lugar a un fallo de unificación de jurisprudencia o la
transcendencia del tema amerite su estudio por todos los magistrados, se
dispondrá que la sentencia correspondiente sea proferida por la Sala Plena. /
Adicionalmente, para los fines establecidos en las normas vigentes, después de
haber sido escogidos autónomamente por la Sala de Selección competente, los
fallos sobre acciones de tutela instauradas contra providencias de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado deberán ser llevados por el
magistrado a quien le corresponda en reparto a la Sala Plena, la cual
determinará si asume su conocimiento con base en el informe mensual que le sea
presentado a partir de la Sala de Selección de marzo de 2009. / En tal evento,
el magistrado ponente registrará en la Secretaría el proyecto de fallo
respectivo y se procederá a cumplir el mismo trámite previsto por el artículo
59 del Reglamento de la Corporación para el cambio de jurisprudencia,
en materia de sentencias de revisión
de tutela.
[2] Folio 2 del cuaderno primero del expediente de tutela.
[3] Folio 2 del cuaderno primero del expediente de tutela.
[4] Folio 2 del cuaderno primero del expediente de tutela y folio 268
del expediente del proceso penal militar contenido en el CD.
[5] Folio 268 del expediente del proceso penal militar.
[6] Folio 143 del expediente de primera instancia contenido en
el CD.
[7] Folio 145 del expediente de primera instancia contenido en
el CD.
[8] Folio 3 del cuaderno expediente y folio 145 del cuaderno de primera
instancia contenido en el CD.
[9] Folio 3 del cuaderno primero del expediente de tutela.
[10] Folio 438 del expediente del proceso penal militar.
[11] Folio 5 del cuaderno primero del expediente de tutela y folio 40
del expediente de la acción de reparación directa.
[12] Folio 368 del cuaderno primero del expediente del proceso de la
acción de reparación directa contenido en el CD.
[13] Folio 6 del cuaderno primero del expediente de tutela.
[14] Folio 6 del cuaderno primero del expediente de tutela.
[15] Folio 425 del expediente del proceso de la acción de reparación
directa.
[16] Folio 6 del cuaderno primero del expediente de tutela.
[17] Folio 7 del cuaderno primero del expediente de tutela.
[18] Artículo 188 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de
1984): “Procederá este recurso: 1. Haber dictado la sentencia con fundamento en
documentos falsos o adulterados (…)”.
[19] Folio 8 del cuaderno primero del expediente de tutela.
[20] Folio 7 del cuaderno del recurso de revisión.
[21] Folio 9 del cuaderno primero del expediente de tutela.
[22] Folio 486 del expediente del recurso de revisión (copia
electromagnética).
[23] Folio 9 del cuaderno primero del expediente de tutela y folio 585
del expediente del recurso de revisión (copia electromagnética).
[24] Folio 585 del expediente del recurso de revisión (copia
electromagnética).
[25] Folio 10 del cuaderno primero del expediente de tutela y folio596
del expediente del recurso de revisión.
[26] Ibíd.
[27] Folio 593 del expediente del recurso de revisión (copia
electromagnética).
[28] Folio 609 del cuaderno del recurso de revisión (copia
electromagnética).
[29] Folios 612 y 613 del expediente del recurso de revisión (copia
electromagnética).
[30] Folio 612 del cuaderno del expediente del recurso de revisión
(copia electromagnética).
[31] Folio 616 y 617 del expediente del recurso de revisión (copia
electromagnética).
[32] Folio 616 del expediente del recurso de revisión (copia electromagnética).
[33] Ibíd.
[34] Folio 624 del expediente del recurso de revisión (copia
electromagnética).
[35] Folio 11 del cuaderno primero del expediente de tutela.
[36] Folio 14 del cuaderno primero del expediente de tutela.
[37] Documento suscrito por el Consejero de Estado, Carlos Alberto
Zambrano Barrera.
[38] Folio 34 del cuaderno primero del expediente de tutela.
[39] Folio 33 del cuaderno primero del expediente de tutela.
[40] Folio 33 del cuaderno primero del expediente de tutela.
[41] Folio 32 del cuaderno primero del expediente de tutela.
[42] Documento suscrito por Óscar Julián Valencia Loaiza (Jefe Oficina
Asesora Jurídica).
[43] Folio 38 del cuaderno primero del expediente de tutela.
[44] Documento suscrito por Byron Adolfo Valdivieso Valdivieso (Jefe
Oficina Asesora Jurídica).
[45] Folio 44 del cuaderno primero del expediente de tutela.
[46] Folio 51 del cuaderno primero del expediente de tutela.
[47] Folio 52 del cuaderno primero del expediente de tutela.
[48] Folio 52 del cuaderno primero del expediente de tutela.
[49] Folio 64 del cuaderno primero del expediente de tutela.
[50] Folio 64 del cuaderno primero del expediente de tutela.
[51] Folios 81 y 82 del cuaderno primero del expediente de tutela.
[52] Se le solicitó copia electromagnética de la declaración rendida por
el señor alias “Daniel Centella” del 19 de junio de 2009.
[53] También se le requirió que allegará la declaración rendida por el
señor alias “Daniel Centella” del 19 de junio de 2009.
[54] A todos se les solicitó copia electromagnética de la declaración
rendida por el señor alias “Daniel Centella” del 19 de junio de 2009.
[55] Comunicado al despacho por Secretaría General por oficio
OPTB-028/18. Folio 28 del cuaderno segundo.
[56] Comunicado al despacho por Secretaría General por oficio
OPTB-029/18. Folio 39 del cuaderno segundo.
[57] Comunicado al despacho por Secretaría General por oficio
OPTB-248/18. Folio 40 del cuaderno segundo.
[58] Folio 48 del cuaderno segundo.
[59] Folios 74 y 75 del cuaderno segundo.
[60] Documento suscrito por Aydee Bolaño Fuentes (Fiscal 115).
[61] Comunicado al despacho por Secretaría General por oficio
OPTB-223/18. Folio 49 del cuaderno segundo.
[62] Folio 61 del cuaderno segundo.
[63] Folio 61ª del cuaderno segundo.
[64] Documento suscrito por Jesús Ángel Bobadilla Moreno (Magistrado).
[65] Comunicado al despacho por Secretaría General por oficio
OPTB-224/18. Folio 49 del cuaderno segundo.
[66] Documento suscrito por Alexander Díaz Pedrozo (Juez).
[67] Comunicado al despacho por Secretaría General por oficio
OPTB-226/18. Folio 49 del cuaderno segundo.
[68] Folio 78 del cuaderno segundo.
[69] Corte Constitucional Sentencia T-179ª de 2017 y T-540 de 2017.
[70] Ver Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2015.
[71] Artículo 228 de la Constitución Política y artículo 11 de la
Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 4 de la Ley 1285 de 2009.
[72] Corte Constitucional. Sentencia T-427 de 2017
[73] Ver Corte Constitucional. Sentencia T-936
de 2013, T-797 de 2013 y T-328 de 2010, entre otras.
[74] Ver Corte Constitucional. Sentencia T-246 de 2015.
[75] Corte Constitucional. Sentencia SU-499 de 2016.
[76] Corte Constitucional. Sentencia SU-395 de 2017.
[77] Folio 64 del cuaderno primero.
[78] Ver Corte Constitucional. Sentencia T-404 de 2017.
[79] Folio 13 del cuaderno primero.
[80] Numeral 1 del artículo 188 del Decreto 1 de 1984 (Código
Contencioso Administrativo).
[81] En la sentencia del 2 de junio de 2015, la
Sala Plena del Consejo de Estado, dijo respecto de esta causal de revisión lo
siguiente: “Sobre el contenido de dicha causal primera, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha tenido oportunidad de pronunciarse concluyendo
que no se requiere la previa declaración del Juez penal sobre la falsedad del
documento, como se exige en el recurso de revisión regulado por el artículo 379
del Código de Procedimiento Civil. Al efecto, se dijo: “Se observa que a
diferencia del recurso de Revisión regulado en el artículo 379 del C. de P.C. y
precisamente de la causal del artículo 380.2 ibídem: “haberse declarado falsos
por la justicia penal documentos que fueren decisivos para el pronunciamiento
de la sentencia recurrida”, la del numeral 1 del artículo 188 del C.C.A., no
requiere previa sentencia judicial que declare la falsedad del documento.
Exige, por tanto, un extremo rigor en el análisis y evaluación de su
procedencia, por parte del Juez del recurso, con base en determinar la falsedad
o adulteración del documento que se aduce como fundamento del mismo. Esa
falsedad debe ser indiscutible e integral y a su verificación puede llegar el
Juez, siguiendo la naturaleza de la falsedad que se aduzca, mediante el examen
del documento, tanto desde el punto de vista de su conformación material, como
de su contenido; y su prueba debe ser completa e inobjetable. Por las
características de su regulación la causal solo podrá ser admitida o declarada
su prosperidad cuando no exista duda sobre la falsedad del documento que le
sirve de soporte y sobre la condición de determinante de la sentencia acusada.”
Para la procedencia de esta causal la norma no exige la prejudicialidad penal,
por lo que será el Consejo de Estado al desatar el recurso de revisión a quien
le corresponderá determinar si la sentencia se dictó con base en documentos
falsos o adulterados. (…) Por el contrario, la norma sí exige que los
documentos que se tildan de falsos hayan sido determinantes en la decisión
contenida en la sentencia, pues no tiene sentido darle prosperidad al recurso
de revisión cuando a pesar de verificarse la falsedad esta circunstancia no
tiene el alcance de modificar la providencia impugnada”.
[82] Folio 585 del expediente del recurso de revisión (copia
electromagnética).
[83] Corte Constitucional. Sentencia T-404 de 2017.
[84] Corte Constitucional. Sentencia T-404 de 2017.
[85] Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 2017.
[86] Corte Constitucional. Sentencia T-211 de 2009.
[87] Corte Constitucional. Sentencia T-211 de 2009 (reiterada en T-001
de 2017).
[88] Ver Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 2017 y T-103 de 2014.
[89] Folio 316 del cuaderno del proceso del recurso de revisión (copia
electromagnética).
[90] Auto del 21 de julio de 2016 contenido en el CD del proceso del
recurso de revisión ante el Consejo de Estado.
[91] Folio 10 y 11 del expediente del recurso de revisión contenido en
la copia electromagnética.
[92] Folio 6 de la demanda del recurso de revisión contenido en el CD.
[93] Oficio No. A-2016-0647-0 del Juzgado Cuarto Penal del Circuito
Especializado de Bogotá contenido en el CD del proceso del recurso de revisión
ante el Consejo de Estado.
[94] Folio 600 del proceso de recurso de revisión contenido en el CD.
[95] Informe secretarial del 24 de junio de 2016 contenido en el CD del
proceso del recurso de revisión ante el Consejo de Estado.
[96] Así lo dijo la Corte en la sentencia T-001 de 2017: “La Sala
concluye que no se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad; puesto
que, no se agotaron los medios de defensa judicial ordinarios. En
particular, se dejó de interponer el recurso de reposición, que conforme al
Código de Procedimiento Civil es procedente para solicitar la reconsideración
de autos que hayan sido dictados por la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia”.
[97]
En la sentencia T-001 de 2017, esta Corte consideró necesario verificar si
existían razones extraordinarias que explicaran y justificaran la no
interposición del recurso de reposición contra el auto inadmisorio del recurso
de casación. En palabras de la Corte, “Al analizar el caso, la Sala evidencia
que no se invocaron ni tampoco acreditaron razones extraordinarias por las que
no se instauró el recurso de reposición frente a la decisión de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para solicitar el amparo de sus
derechos en la jurisdicción ordinaria. Ello conlleva a concluir que la
accionante interpuso la acción de tutela como un mecanismo sustitutivo”.
[98] En esa oportunidad, la Corte sostuvo lo siguiente: “Con
todo, el tribunal demandado dijo que el apoderado del accionante no había hecho
uso del recurso de reposición contra el auto que inadmitió la demanda de
reparación directa, por lo que resultaría improcedente que ahora se analicen
los motivos que llevaron a no darle trámite. A pesar de que es cierto que no se
interpuso ese recurso y, al margen de que en el expediente de tutela no está
probado lo dicho por el magistrado disidente en el salvamento de voto a la
decisión de rechazar la demanda en relación con una supuesta violación del
derecho de defensa de los accionantes por la imposibilidad de ejercer ese
recurso por defectos en la notificación, lo cierto es que la Sala considera que
ese recurso no resultaba idóneo para proteger los derechos de contradicción y
de acceso a la justicia de los accionantes” (Sentencia T-766 de 2008).
[99] Corte Constitucional. Sentencia T-766 de 2008.
[100] La Corte afirmó que “La prevalencia del derecho sustancial,
principio rector de la administración de justicia, consagrado en el artículo
228 de la Constitución implica que:  a) Siendo evidente y expresa la
manifestación de la voluntad del deudor de oponerse a la aprobación del
concordato;  b) habiendo sustentado posteriormente su oposición
personalmente y por escrito; y  c) no estando asistido por un abogado que
proveyera una defensa técnica adecuada, no le era constitucionalmente exigible
al demandante conocer las ritualidades procedimentales necesarias para
interponer formalmente un recurso de reposición.  Por lo tanto, se desecha
en el presente caso, la no interposición del recurso de reposición como causal
de improcedencia de la acción de tutela” (Corte Constitucional. Sentencia T-382
de 2001).
[101] Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005 y T.084 de 2017.
[102] Corte Constitucional. Sentencia SU-193 de 2013.
[103] Ver Corte Constitucional. Sentencia T-024 de 2017.
[104] Ibíd.
[105] Corte Constitucional. Sentencia T-264 de 2009.
[106] Ver sentencias T-274 de 2012, T-535 de 2015, T-442 de 1994, T-233
de 2007 y SU-636 de 2015, entre otras.
[107] Ver sentencias T-274 de 2012, T-535 de 2015 y SU-636 de
2015, entre otras.
[108] Corte Constitucional. Sentencia SU-636 de 2015.
[109] Corte Constitucional. Sentencia T-264 de 2009.
[110] Corte Constitucional. Sentencia T-599 de 2009.
[111] Cabe aclarar que en este providencia, la Corte hizo énfasis en que,
siguiendo la regla de la T-264 de 2009, la dimensión probatoria del defecto
procedimental por exceso de ritual manifiesto tiene una estrecha relación con
el defecto fáctico negativo, especialmente cuando “en el expediente [existen]
serios elementos de juicio para generar en el juzgador la necesidad de
esclarecer algunos aspectos de la controversia y para concluir que, de no
ejercer actividades inquisitivas en búsqueda de la verdad, la sentencia
definitiva puede traducirse en una vulneración a los derechos constitucionales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la
peticionaria(o), y en un desconocimiento de la obligación de dar prevalencia al
derecho sustancial” (Corte Constitucional. Sentencia T-104 de 2014).
[112] Corte Constitucional. Sentencia T-104 de 2014.
[113] Corte Constitucional. Sentencia SU-636 de 2015. A pesar de negar la acción de tutela, este Tribunal nuevamente
insistió en la convergencia entre el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto y el defecto fáctico en su dimensión negativa, al indicar
que se incurre en esos defectos cuando: (i) se omite valorar la prueba
documental que ha sido aportada en copia simple, pese a haber sido conocida y
no controvertida por las partes; (ii) se omite emplear la facultad probatoria
de oficio para ordenar que se alleguen el original de los documentos aportados
en copia simple o (iii) cuando se omite practicar pruebas que han sido
solicitadas o están insinuadas en el proceso y son necesarias para que la
verdad judicial se acerque a la verdad material de lo ocurrido.
[114] Corte Constitucional. T-535 de 2015.
[115] Ver sentencias SU-159 de 2002, C-590 de 2005, T-737 de 2007 y T-599
de 2009.
[116] Corte Constitucional. Sentencia T-393 de 2004.
[117] Corte Constitucional. Sentencia T-488 de 1999.
[118] Corte Constitucional. Sentencia T-407 de 2017.
[119] Corte Constitucional. Sentencia SU-636 de 2015.
[120] Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera. Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos
mil catorce (2014). Radicación número: 050012325000199901063-01 (32988).
[121] Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Quinta Consejero Ponente (E): Bogotá, D.C.,
doce (12) de febrero de dos mil quince (2015) Radicación número:
11001-03-15-000-2014-00747-01.
[122] Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Bogotá
D.C., treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014). Radicación número:
41001-23-31-000-1993-07386-00(28075).
[123] Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección “B”. Bogotá, D.
C., seis (06) de diciembre de dos mil trece (2013). Proceso
número:190012331000199900202-01 (28122)..
[124] En general, la jurisprudencia en materia de ejecuciones
extrajudiciales o denominados “falsos positivos” se encuentra en las sentencias
de 18 de mayo de 2017, Exp. 41511; 13 de marzo de 2017, Exp. 47892; 14 de junio
de 2016, Exp. 35029; 1.º de abril de 2016, Exp. 46028; 25 de febrero de 2016,
Exp. 49798; 26 de junio de 2015, Exp. 35752; 26 de junio de 2015, Exp. 34749;
15 de abril de 2015, Exp. 30860; 26 de febrero de 2015, Exp. 28666; 26 de junio
de 2014, Exp. 24724; 30 de abril de 2014, Exp. 28075; 6 de diciembre de 2013,
Exp. 26669; 27 de septiembre de 2013, Exp. 19886; 11 de septiembre de 2013,
Exp. 20601; 5 de abril de 2013, Exp. 24984; 29 de octubre de 2012, Exp. 21377;
9 de mayo de 2012, Exp. 22891; 11 de febrero de 2009, Exp. 16641; 9 de junio de
2005, Exp. 15129; 19 de abril de 2001, Exp. 11940; y  16 de febrero de 2001,
Exp. 12936, entre otras.
[125] Folio 624 expediente del recurso de revisión (copia
electromagnética).
[126] Folio 12 del expediente del recurso de revisión (copia
electromagnética).
[127] Folio 585 del expediente del recurso de revisión contenido en copia
electromagnética.
[128] Corte Constitucional. Sentencia SU-636 de 2015.