T-500-98
Sentencia T-500/98
Sentencia
T-500/98
DERECHO A LA
EDUCACION DEL NIÑO-Permanencia
en sistema y plantel educativo/DERECHO A LA EDUCACION DEL NIÑO-Afectación
permanencia por inconformidad de padres con política de colegio
El derecho a la
educación comprende el derecho de los menores a permanecer en el sistema
educativo, y en el plantel en el que se encuentran matriculados, mientras no
incurran en faltas disciplinarias que ameriten su expulsión, o incumplan de
manera grave sus deberes académicos. Cuando las opiniones expresadas por sus
padres, o la disparidad de criterio sobre la política de administración del
establecimiento que éstos manifiesten, se convierten en razón para que las
directivas de la institución tomen decisiones que afectan la permanencia de los
menores, se viola a éstos el derecho a la educación. Si "los derechos de
los niños prevalecen sobre los derechos de los demás", las autoridades de
las instituciones educativas no pueden, sin violar la Constitución, restringir
o vulnerar esos derechos, por la única razón de que los padres de los menores
disientan de las decisiones que esos directivos adopten.
DERECHO DE
PARTICIPACION EN COMUNIDAD EDUCATIVA-Obligaciones de los padres
En materia de
educación, las obligaciones que el ordenamiento jurídico colombiano impone a
los padres no se limitan a la inscripción de los menores en el ciclo básico
obligatorio. Durante ese ciclo, en los grados que lo preceden en la educación
formal -maternal y párvulos-, y en los que le siguen, los padres y acudientes
deben cumplir con las obligaciones que les impone la ley en desarrollo del
Estatuto Superior, las que se derivan para ellos del Manual de Convivencia de
cada establecimiento, y las que se incluyen en el contrato de matrícula para
cada uno de los períodos escolares. Pero precisamente por tratarse de la
formación de sus hijos o pupilos, las obligaciones de los padres y acudientes
van acompañadas de derechos y, entre ellos, el de participar en la dirección de
las instituciones de educación es de tal importancia que el Constituyente, más
allá de la formulación general del derecho en el artículo 40 Superior, lo
desarrolló de manera especial para los jóvenes en el artículo 45, y en el 68
para los miembros de la comunidad educativa.
DERECHO DE
PARTICIPACION EN COMUNIDAD EDUCATIVA-Inconformidad de padres de menor con políticas de
colegio
ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA-Incumplimiento
de contrato educativo
SECRETARIA DE
EDUCACION-Control de
jardín infantil
Referencia:
Expediente T-162.965
Acción de tutela
contra las directoras del Jardín Infantil Usatama Norte por una presunta
violación de los derechos de los niños, a la igualdad y a la educación.
Actores:
Yineth Susana Castro
Gerardino y Gabriel Alberto Campo Escobar, obrando en nombre propio y en
representación de uno de sus hijos menores.
Temas:
Los derechos de los
niños prevalecen sobre los derechos de los demás.
El derecho a la
participación en las comunidades educativas.
Magistrado Ponente:
Dr. CARLOS GAVIRIA
DÍAZ
Santafé de Bogotá
D.C., quince (15) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Cuarta de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados
José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos Gaviria
Díaz, éste último en calidad de ponente,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN,
procede a dictar
sentencia en la revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Diecisiete de
Familia de Santafé de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la
misma ciudad en el trámite del proceso radicado bajo el número T-162.965.
ANTECEDENTES
1.  Hechos.
Los actores habitan
en el conjunto residencial Usatama Norte, y matricularon a sus hijos menores
Diego Gabriel y Fabián Alberto en el jardín infantil que allí funciona, para
que durante el año escolar de 1997, cursaran los grados kinder y párvulos,
respectivamente.
Después de que ese
año, una tras otra, 7 profesoras estuvieran a cargo del curso Párvulos II, y
una de ellas denunciara una serie de irregularidades, la actora decidió "liderar
una investigación ante el mismo colegio, la Asociación de Padres de Familia y
la Multijunta de Usatama" (folio 1).
Para iniciar el
siguiente año escolar y "teniendo conocimiento de que las matrículas se
encontraban abiertas, me presenté como madre al jardín infantil Usatama Norte,
el día sábado 31 de enero de 1998, para realizar la matrícula escolar de FABIÁN
ALBERTO CAMPO y al dirigirme a la dirección del colegio fui informada por la
señora GLORIA OROZCO P., de que: '...YA NO HAY CUPOS EN EL JARDIN PORQUE LAS
MATRICULAS FUERON EN DICIEMBRE...ADEMAS, CON TANTO PROBLEMA DEL AÑO PASADO
NOSOTRAS NO ESPERABAMOS A FABIANCITO...COMO USTED NO ESTA DE ACUERDO CON LAS
POLITICAS DEL COLEGIO MEJOR LE ENTREGAMOS LA PRESENTE COMUNICACIÓN...', procediendo
a entregarme la resolución No. 01 del 28 de noviembre de 1997, en la cual se
resuelve: 'RECOMENDAR EL CAMBIO DE INSTITUCIÓN A PARTIR DE 1998 PARA SUS
HIJOS'  la cual recibí en la fecha y hora que en su copia marqué: enero 31 de
1998 hora 11:30 a.m. En conclusión me fue negada la matrícula de nuestro hijo,
fue desvinculado de la institución y estas son las razones que nos han motivado
para promover la presente tutela" (folios 22-23, mayúsculas del
texto).
2. Fallo de
primera instancia.
El Juzgado
Diecisiete de Familia de Santafé de Bogotá decidió, el 19 de febrero de 1998,
no tutelar los derechos fundamentales de los actores; consideró que:
"De las
restantes pruebas no es posible llegar a un convencimiento contundentemente
claro e incuestionable, que dé respaldo absoluto a las aseveraciones que hace
la parte accionante como sustento de la acción deprecada, o sea que el resto de
las pruebas, no es lo bastante o suficiente como para hacer cambiar el concepto
a que se llega mediante el contenido del anterior aparte" (folio 98).
3. Fallo de
segunda instancia.
La Sala de Familia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá resolvió la
impugnación interpuesta por los actores en contra del fallo de primera
instancia y confirmó la decisión recurrida, pues:
"En efecto,
de la prueba recaudada, esto es, de los documentos aportados y de las
declaraciones de los señores Martha Lucía Vélez de Buriticá, María José Cabal
Ospina, Clemencia Lucía Valbuena Madero, Julio Alberto Ruiz Torres y María Olga
Rivas Vargas, no puede afirmarse que las directivas del jardín le hubieran
negado el cupo en el mismo al menor Fabián Alberto Campo Castro y, además, que
no lo hubieran dejado matricular para el presente año lectivo, pues algunos de
los testigos dijeron que tenían conocimiento de tales hechos, porque la madre
del menor se los había contado y otros se limitaron a decir que sabían que el
niño no estaba matriculado, afirmación de la cual no puede colegirse si fueron
las directoras del jardín las que impidieron su matrícula o si fueron los
padres quienes tomaron la determinación de no matricularlo, al ser notificados
de la Resolución Rectoral No. 01 del 28 de noviembre de 1997, mediante la cual
se les recomendaba el cambio de institución para sus hijos a partir del año de
1998, con fundamento en la insatisfacción presentada por ellos respecto de los
servicios prestados en la educación de sus hijos y en lo previsto en el
artículo 7° de la Ley 115 de 1994, según el cual, a la familia le corresponde
matricular a sus hijos en instituciones educativas que correspondan a sus
expectativas" (folio
7).
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia.
La Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos de instancia referidos, de
acuerdo con los artículos 86 y 241 de la Carta Política; corresponde a la Sala
Cuarta adoptar la respectiva sentencia, según el reglamento interno y el auto
de la Sala de Selección Número Seis del 8 de junio de 1998.
2. Procedencia de
la acción.
Según establece el
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra
acciones u omisiones de particulares encargados de la prestación del servicio
público de educación (numeral 1), y las señoras Patricia Cadena y Gloria E.
Orozco P. fueron demandadas en su calidad de directoras y representantes legales
del Jardín Infantil Usatama Norte, por lo que a la presente acción se le dio el
trámite pertinente.
3. La prueba de
la conducta atribuída a las demandadas y la violación de los derechos del menor.
Los falladores de
instancia coinciden en que la violación de los derechos fundamentales del menor
y de sus padres -los actores-, sólo está respaldada por el dicho de éstos y,
frente a la afirmación de las Directoras del colegio en sentido contrario, debe
concluírse que no está probado el hecho; a su juicio, esto constituye razón
suficiente para desestimar las pretensiones de la demanda. Pasa la Sala a
considerar el asunto.
Durante la audiencia
pública realizada por el Juzgado Diecisiete de Familia el 12 de febrero de
1998, la señora Martha Lucía Vélez de Buriticá, vecina y amiga de la actora,
declaró bajo la gravedad de juramento: "...este año, fuimos el 31 de
enero a matricularlo, la doctora Yineth me dijo que la acompañara. Ellos
dijeron o dijo la profesora Gloria que con los problemas que habían habido (sic)
el año pasado, y que como la doctora no estaba de acuerdo con la política del
colegio, pues que además las matrículas habían pasado en diciembre pasado, y
que no había cupo. No contaban con él este año. Yo les pregunté pero ese día
estaban matriculando, había como cuatro personas matriculando niños y
niñas...El menor está en la casa actualmente. No está haciendo nada. Ellos se
negaron rotundamente no había nada más que hacer. El menor tiene tres añitos,
es muy suave. No ha tenido inconvenientes en el colegio. A mas compañeros que
estaban con él, los recibieron ese mismo día el 31 media hora luego.
Directamente Gloria Orozco o de Orozco, fue quien dio la negativa, cuando
nosotros salimos, la otra dijo, que nunca había sentido tanta satisfacción como
cuando le negó el cupo a Fabián..." (folios 36-37). Esta declaración
de quien presenció los hechos no fue objeto de contradicción por las demandadas
y su versión, concordante con la de los actores, resulta tanto más digna de
crédito cuanto más contradicciones se detectan entre las manifestaciones que
hicieron las directoras y los medios de prueba documentales -incluso los
aportados por ellas-.
Sin embargo, ése
dejó de ser el asunto a considerar por los jueces de instancia desde que las
demandadas informaron el 11 de febrero, estar dispuestas a aceptar la matrícula
del menor, aunque insistieron en su recomendación de que ésta no se llevara a
cabo.  Si acaso esa negativa no se dio, o si no se mantuvo luego de la
notificación de la demanda de tutela, no era el único asunto de hecho a
considerar para decidir si se violaron o no los derechos fundamentales cuya
protección judicial solicitaron los peticionarios.
El derecho a la
educación comprende el derecho de los menores a permanecer en el sistema
educativo, y en el plantel en el que se encuentran matriculados, mientras no
incurran en faltas disciplinarias que ameriten su expulsión, o incumplan de
manera grave sus deberes académicos. Cuando las opiniones expresadas por sus
padres, o la disparidad de criterio sobre la política de administración del
establecimiento que éstos manifiesten, se convierten en razón para que las
directivas de la institución tomen decisiones que afectan la permanencia de los
menores, se viola a éstos el derecho a la educación.
Está establecido que
a Fabián Alberto y sus compañeros del curso Párvulos II, no se les
dictaron las clases que el colegio estaba comprometido a ofrecerles (ver los
informes sobre el desempeño del menor, firmados por una de las demandadas,
folios 62 a 69); también comprobaron los padres de familia (acta de la reunión
del 20 de octubre de 1997, folios 13 y 14) que ningún uso se hizo de los
instrumentos que ellos compraron para la iniciación musical de sus hijos y que
igual suerte corrieron los implementos destinados a la educación física;
además, que los reportes entregados a los padres no reflejaban los logros o
dificultades de sus niños, pues el cambio constante de las profesoras no
permitió el seguimiento debido -nótese a folio 71 que ninguna anotación se hizo
durante 1997 en la tabla de control de peso y talla del hijo de los actores-.
También está acreditado que a la profesora a cargo del grupo se le encargó de
la enseñanza del inglés cuando la titular de esa asignatura renunció. Por
último, admitieron las demandadas que contrataron personal de planta como
supernumerarios y que en éste caso pagaron menos del salario mínimo legal,
porque la regla general en esa institución es que el salario de las profesoras
no corresponde al consagrado en el escalafón docente oficial.
Este recuento de la
manera precaria en que el Jardín Infantil Usatama Norte venía cumpliendo con
las obligaciones que le corresponden, bien podría considerarse, por sí solo,
una violación del derecho a la educación de Fabián Alberto y sus compañeros; sin
embargo, lo que quiere resaltar la Sala es que en medio de esa irregular
prestación del servicio, el único motivo aducido por las directoras para dar a
los hijos de los actores un trato distinto al dispensado a sus compañeros es la
inconformidad de sus padres con la política del colegio. La Resolución Rectoral
No. 1 de 1997, vulnera entonces el derecho a la igualdad de esos menores, que
resultaron discriminados por ser hijos de quien, con razón, promovió la
averiguación y enmienda de los resultados de tal política institucional.
Si "los
derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás"
(C.P. art. 44), las autoridades de las instituciones educativas no pueden, sin
violar la Constitución, restringir o vulnerar esos derechos, por la única razón
de que los padres de los menores disientan de las decisiones que esos
directivos adopten. Como consta en el expediente, y es plenamente admitido por
las demandadas que así ocurrió, en la parte resolutiva de esta providencia se
tutelarán los derechos a la educación y a la igualdad del menor Fabián Alberto
Campo Castro, y se ordenará a las Directoras del Jardín Infantil Usatama Norte
revocar la Resolución Rectoral No. 1 de 1997, a más de advertirles que en el
futuro deberán abstenerse de proferir tales actos discriminatorios, so pena de
las sanciones contempladas en el Decreto 2591 de 1991 para el desacato. Sin
embargo no se dispondrá que procedan de inmediato a matricular a Fabián
Alberto, porque ya sus padres escogieron otro colegio para él y el año escolar
está próximo a terminar.
4. El derecho a
la participación en las comunidades educativas.
En materia de
educación, las obligaciones que el ordenamiento jurídico colombiano impone a
los padres no se limitan a la inscripción de los menores en el ciclo básico
obligatorio. Durante ese ciclo, en los grados que lo preceden en la educación
formal -maternal y párvulos-, y en los que le siguen, los padres y acudientes
deben cumplir con las obligaciones que les impone la ley en desarrollo del
Estatuto Superior, las que se derivan para ellos del Manual de Convivencia de
cada establecimiento, y las que se incluyen en el contrato de matrícula para
cada uno de los períodos escolares. Pero precisamente por tratarse de la
formación de sus hijos o pupilos, las obligaciones de los padres y acudientes
van acompañadas de derechos y, entre ellos, el de participar en la dirección de
las instituciones de educación es de tal importancia que el Constituyente, más
allá de la formulación general del derecho en el artículo 40 Superior, lo
desarrolló de manera especial para los jóvenes en el artículo 45, y en el 68
para los miembros de la comunidad educativa.
Establecido como
está que los actores formaban parte de la comunidad educativa del Jardín
Infantil Usatama Norte, no sólo tenían derecho a promover la reunión de la
Asociación de Padres de Familia con las Directoras demandadas, para esclarecer
los cargos de la profesora Diana Rincón, sino que también tenían derecho (según
el artículo 23 de la Carta Política y su desarrollo en el Código Contencioso
Administrativo), a presentar la queja correspondiente ante la autoridad
encargada de vigilar la prestación del servicio público por parte de
particulares, con más razón cuando está claro que sí existían irregularidades
que ameritaban ser investigadas administrativamente.
Es cierto, como
adujeron las demandadas, que es un derecho y un deber de los padres y
acudientes matricular a sus hijos y pupilos "en instituciones
educativas que respondan a sus expectativas" (art. 7, Ley 115/94);  y
los actores ejercieron ese derecho al escoger el colegio de su unidad
residencial, donde los compañeros de su hijo y los padres de ellos son vecinos
y comparten la vida comunitaria que impone el condominio. Pero, que hayan
optado por esa institución educativa para cumplir con el deber de educar a sus
hijos, antes que privarles de su derecho a participar en la dirección de la
institución, lo reafirma y concreta en su participación dentro de la comunidad
educativa correspondiente, y el ejercicio de los derechos que la Constitución y
la ley otorgan a los padres de familia frente a las actuaciones de las
autoridades docentes, no puede ser invocada como causal para que esas
autoridades les discriminen, maltraten o sancionen, sin que resulten violados
sus derechos fundamentales.
Una cosa es que haga
parte del derecho y del deber de los padres escoger la clase de institución que
forme a sus hijos de acuerdo con las preferencias familiares, y otra muy
distinta que, una vez matriculado el alumno, sus progenitores deban soportar
cuanta irregularidad convenga a las directivas del colegio, so pena de ser
discriminados invitándoles a trasladarse a otra institución junto con sus
hijos; y si ello ocurre, como en el caso de los actores, sólo por el ejercicio
del derecho constitucional a participar en la dirección del colegio (única
motivación de la Resulución Rectoral No. 1 de 1997, folio 17), los derechos
fundamentales a la igualdad y a la participación resultan indudablemente
violados.
5. Actuación de
la Secretaría de Educación.
Según consta en el
expediente, la actora promovió una reunión de la Asociación de Padres de
Familia con las Directoras para considerar las denuncias de la profesora Diana
Rincón; como ésta se sostuvo en sus afirmaciones y las Directoras no pudieron
desvirtuarlas, la demandante presentó una queja ante la Secretaría de Educación
Distrital, cuyo conocimiento correspondió al Coordinador General de Apoyo a la
Educación Prestada por Particulares, éste encargó a la Supervisora Local 14,
Fanny Beltrán de Gil, quien a su vez encontró que sí existían las fallas
anotadas por la actora en su queja, pero presentó un informe de visita (folios
53 y 54), que merece examen especial.
Los reclamos
relacionados con el sobrecargo de labores para las profesoras, la falta de
docentes calificados para inglés, educación física e iniciación musical, las
precarias condiciones de aseo en que eran devueltos los niños a sus madres, y
las reducidas y repetitivas labores docentes, no pudieron ser verificadas por
la supervisora, "por estar en tiempo de vacaciones" (folio
53). La queja sobre el incumplimiento del contrato educativo, consistente en
que las demandadas confiaron la labor docente a personal no calificado después
de haber incrementado las tarifas en más del 60%, quedó plenamente establecida,
pues sólo "hay una profesora que es normalista y Tecnóloga en
Pre-escolar..." (folio 54).
Sin embargo, y a
renglón seguido, la supervisora sugiere a las Directoras del jardín que le
paguen a las profesoras lo previsto en el escalafón docente (aunque no están
escalafonadas porque "en su mayoría cursan tercer semestre..."),
y concluye, sin dejar constancia de por qué arte de birlibirloque, "las
demás fallas que la señora anota en la carta ya han sido subsanadas".
De esta manera, no es de extrañar que las demandadas adujeran en la impugnación
que la dicha supervisora les dio la razón, y no existe irregularidad alguna.
Empero, esta Sala
sólo encuentra en el expediente que la función de control de la prestación de
un servicio público por parte de particulares resultó burlada, y que debe
remitirse copia de esta providencia a la Secretaría de Educación del Distrito
Capital para que se realice finalmente el control debido sobre el Jardín
Infantil Usatama Norte, y se introduzcan los correctivos que, según consta, son
necesarios para que el Estado pueda garantizar en ese establecimiento la
efectividad del derecho de los menores a la permanencia (C.P. art. 67), más
allá de las rencillas de las demandadas con los padres de familia, y se preste
a los niños el servicio público en las condiciones pactadas con los padres y
costeadas por éstos.
DECISIÓN
En mérito de las
consideraciones que anteceden, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR
la sentencia adoptada por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial  de Santafé de Bogotá el 24 de marzo de 1998 y, en su lugar, tutelar
los derechos fundamentales de los actores a la igualdad y a la participación,
así como los de su menor hijo a la educación y a la igualdad, que fueron
violados por las Directoras del Jardín Infantil Usatama Norte.
Segundo. ORDENAR a
las señoras Patricia Cadena y Gloria E. Orozco P. que procedan a revocar
inmediatamente la Resolución Rectoral No. 1 de 1997 expedida por ellas, ya que
es abiertamente contraria a la Carta Política.
Tercero. ADVERTIR
a las Directoras y representantes legales del Jardín Infantil Usatama Norte
que se abstengan de incurrir en actuaciones como la juzgada en esta
providencia, so pena de las sanciones previstas para el desacato en el Decreto
2591 de 1991.
Cuarto. REMITIR
copia de esta providencia a la Secretaría de Educación del Distrito Capital,
para que se examine disciplinariamente la actuación de la Supervisora Local 14,
se investiguen debidamente las quejas presentadas por la actora, y se
introduzcan los correctivos que requiere la prestación del servicio público de
educación en el Jardín Infantil Usatama Norte.
Quinto. COMUNICAR
esta providencia al Juzgado Diecisiete de Familia de Santafé de Bogotá, para
los fines previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese,
notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado Ponente
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General