C-145-98
Sentencia C-145/98
Sentencia
C-145/98
JUICIOS POR
JURADO-Inconstitucionalidad/JUSTICIA
PENAL MILITAR-Inconstitucionalidad de funciones asignadas a los vocales
En la práctica,
el efecto de la regulación actual de la actuación de los vocales o jurados es
que su albedrío se impone sobre las normas jurídicas existentes. Este resultado
es inaceptable desde el punto de vista de una Constitución que le concede un
lugar privilegiado a los derechos fundamentales y, al mismo tiempo, establece
directamente el sistema de fuentes al cual deben sujetarse los jueces. La Corte
cree necesario reiterar que, como lo dispone el artículo 1º del Acto
Legislativo 02 de 1995, las Cortes Marciales o Tribunales Militares se integran
con miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro. Desde este
punto de vista, la institución de los vocales no viola la Constitución
Política. Sin embargo, la Corte, por las razones expuestas, declarará la
inconstitucionalidad de las normas relativas a los vocales contenidas en el
Código Penal Militar, puesto que ellas están informadas por una filosofía que,
independientemente de su intervención, resulta inconciliable con el derecho al
debido proceso y el derecho para acceder a la administración de justicia. Las
funciones asignadas a los vocales, y el modo concreto de cumplimiento de las
mismas, quebrantan de manera ostensible los mencionados derechos.
JUICIO MILITAR-Facultad del Congreso para regularlo con
participación de vocales
La Constitución
no impide que el legislador contemple la participación de los vocales dentro de
los juicios contra los miembros de la fuerza pública en servicio activo, por
los delitos que ellos cometieren en relación con el mismo servicio. Sin
embargo, la forma en la que está concebido actualmente el juicio por vocales sí
vulnera la Constitución. Así, pues, el Congreso está facultado para regular el
juicio militar con participación de los vocales, pero esa regulación no debe
afectar la vigencia plena de los derechos fundamentales para acceder a la
justicia y contar con un debido proceso, en los términos señalados en esta
sentencia. Experiencias internacionales, como la de los tribunales escabinados,
indican que existe la posibilidad de que la regulación de estos procesos
militares se realice sin afectar la vigencia de los derechos fundamentales. Al
legislador le corresponderá establecer la forma que considere más apropiada.
Referencia:
Expediente D-1772
Actor: Rafael
Barrios Mendivil
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 656 (parcial), 657 (parcial), 660,
661, 662, 675 (parcial), 676 y 680 del Código Penal Militar (Decreto 2550 de
1988).
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Santa Fe de Bogotá,
D.C., Abril veintidós (22) de mil novecientos noventa y ocho (1998). Aprobado
por Acta No. 13
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, integrada por su Presidente Vladimiro Naranjo Mesa, y por
los Magistrados Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos
Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo,  Hernando Herrera Vergara,
Carmenza Isaza de Gómez, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
constitucionalidad de los artículos 656 (parcial), 657 (parcial), 660, 661,
662, 675 (parcial), 676 y 680 del Código Penal Militar (Decreto 2550 de 1988).
I. TEXTO DE LAS NORMAS DEMANDADAS
"ARTICULO
656. Integración del
consejo verbal de guerra. El consejo verbal de guerra se integrará así: Un
presidente, tres vocales elegidos por sorteo, un fiscal, un asesor
jurídico y un secretario.
El presidente, los
vocales, y el fiscal deben ser oficiales en retiro, superiores en grado o
antigüedad del procesado[1].
El secretario será
un oficial en servicio activo, cuando se juzgue a oficiales, o un militar o un
policía de cualquier graduación, también en servicio activo, en los demás
casos.
ARTÍCULO 657. Contenido de la resolución de
convocatoria. La resolución de convocatoria contendrá:
1.
La narración sucinta de los hechos.
2.
Identidad de los procesados.
3.
Breve análisis de las pruebas que establezcan el hecho
punible y las que sirvan de fundamento de la imputación al procesado.
4.
La calificación jurídica provisional, señalando el
capítulo del título respectivo de la ley penal correspondiente.
5.
Designación del presidente, fiscal, asesor jurídico y
secretario del consejo verbal de guerra, quienes tomarán posesión ante el juez
de primera instancia.
6.
La hora de la diligencia para el sorteo de vocales,
diligencia que se efectuará el día hábil siguiente a la ejecutoria de la
resolución.
Esta resolución
será notificada de conformidad con lo establecido en el      artículo 659 de
este código.
ARTÍCULO 660. Procedimiento para el sorteo de vocales.
El día y hora señalados para el sorteo de vocales, el juez de primera
instancia pondrá de manifiesto a las personas que hayan concurrido, una lista
compuesta por un número no inferior a seis (6) oficiales en servicio activo o
en retiro, superiores en grado y antigüedad al procesado, elaborada por el comando
respectivo, publicada por la orden del día y las fichas correspondientes
numeradas a partir de la unidad. Acto seguido ordenará al secretario que las
deposite en una urna para que sean revueltas por el fiscal. Este procederá a
extraer las fichas, una a una, cuyo número será leído en voz alta por el
secretario. El acta de sorteo de vocales se agregará al proceso.
En caso de que en
la unidad no existiere el número suficiente de oficiales para integrar la lista
indicada en el inciso anterior, se solicitará al comando inmediatamente
superior, y una vez recibida se continuará el procedimiento.
ARTÍCULO 661. Manifestación de impedimento legal.
Si alguno de los vocales sorteados tiene impedimento legal para desempeñar
el cargo, lo manifestará en el acto mismo de la notificación; la prueba podrá
ser presentada en el momento de la notificación o el día hábil siguiente.
ARTÍCULO 662. Sorteo parcial. El juez de
primera instancia ordenará, mediante auto de sustanciación, el reemplazo del
vocal o vocales impedidos y señalará fecha y hora para el sorteo parcial, el
cual se efectuará al día siguiente. Se procederá en la forma establecida en el
artículo 660 de este código.
ARTÍCULO 675.  Lectura de cuestionario e intervención
de las partes. Los cuestionarios serán leídos, se entregarán sendas
copias a los vocales, se allegará copia de ellos al proceso, se suspenderá
la sesión y se correrá traslado al fiscal y a los defensores, por tres (3)
horas, renunciables para cada uno, para que preparen sus alegaciones. Si fueren
varios los procesados o el defensor representa a dos (2) o más de ellos, el
traslado para el fiscal o el defensor se aumentará en otro tanto.
Se reanudará la
sesión. El presidente concederá la palabra por una sola vez al fiscal y a los
defensores. También oirá a los procesados si así lo solicitan. La intervención
del fiscal y de los defensores es obligatoria.
ARTÍCULO 676.
Contestación de los cuestionarios. Terminado el debate oral, se suspenderá la sesión para que los
vocales, en presencia del fiscal y de los defensores, respondan los
cuestionarios.
Cada vocal
responderá por escrito, separadamente, sin comunicarse con nadie.
Los vocales
contestarán el cuestionario con un sí o un no; pero si estimaren que el hecho
se cometió en circunstancias distintas de las contempladas en el respectivo
cuestionario, podrán expresarlo así brevemente en la contestación.
La labor de los
vocales no podrá interrumpirse por ningún motivo.
Firmarán sus
respuestas con indicación de su grado, y a medida que terminen entregarán el
cuestionario al presidente.
El presidente
procederá al escrutinio y el resultado será el veredicto, que se consignará en
un ejemplar del cuestionario y que suscribirán el presidente, el asesor
jurídico y el secretario.
Cumplido lo
anterior, se reanudará la sesión; el presidente leerá los cuestionarios; las
respuestas y el resultado del escrutinio será el veredicto.
ARTÍCULO 680.  Contraevidencia. Si el
veredicto es contrario a la evidencia de los hechos procesales, así lo
declarará el presidente del consejo, quien consultará su decisión con el
fallador de segunda instancia; si fuere confirmada, se convocará un nuevo
consejo verbal de guerra.
Están impedidos
para ser vocales en el nuevo consejo verbal de guerra los oficiales que
hubieran intervenido en el consejo anterior.
El veredicto del
segundo consejo es definitivo.
Si el auto de
contraevidencia no fuere confirmado, se ordenará devolver el expediente, para
que se dicte sentencia de acuerdo con el veredicto. Si por cualquier causa no
se encontrare el presidente del consejo en la guarnición, o si por razones del
servicio no pudiere proferir la sentencia ordenada, la autoridad que convocó el
consejo asumirá la competencia y cumplirá la orden del fallador de segunda
instancia.
Si en un mismo
consejo verbal de guerra, uno o varios veredictos son aceptados y otros fueren
declarados contraevidentes, aquellos quedan en suspenso hasta que se defina lo
relativo a la contraevidencia para dictar una sola sentencia.
(Se subrayan las
partes demandadas)
II. ANTECEDENTES
1. El Presidente de
la República expidió el Decreto 2550 de 1988, publicado en el Diario Oficial N°
38.608 del 12 de diciembre de 1988.
2. El ciudadano
Rafael Barrios Mendivil demandó los artículos 656 (parcial), 657 (parcial),
660, 661, 662, 675 (parcial), 676, y 680 del Decreto 2550 de 1988, por
considerarlos violatorio de los artículos 13, 29, 93, 116 y 246 de la
Constitución Política, de los artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención Americana
de Derechos Humanos y de los artículos 2.1, 9 y 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.
3. El apoderado del
Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó la declaratoria de exequibilidad
del texto legal atacado.
4. El Comandante de
la Armada Nacional, mediante escrito del día 29 de agosto de 1997, solicitó
declarar la constitucionalidad de las normas atacadas.
5. El Comandante de
la Fuerza Aérea Colombiana propugnó la exequibilidad de las normas impugnadas.
6. El Comandante de
las Fuerzas Militares se expresó en favor de la declaración de
constitucionalidad de las distintas normas demandadas.
7. El Director de la
Policía Nacional intervino en el proceso para defender la constitucionalidad de
las normas acusadas.
8. La Asociación
Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, (ACORE), expuso su
opinión en favor de la declaración de constitucionalidad de la normas
censuradas.
9. La Comisión
Colombina de Juristas tomó parte en el proceso para abogar por la declaración
de inconstitucionalidad de los textos legales atacados.
10. El Ministerio de
Defensa Nacional intervino en el proceso para defender la exequibilidad de las
disposiciones acusadas.
11. El Viceprocurador
General de la Nación propugnó la inexequibilidad de las normas demandadas, en
concepto rendido el 18 noviembre.
III. CARGOS E INTERVENCIONES
CARGOS DE LA
DEMANDA
El actor pide la
declaratoria de inconstitucionalidad de las normas del Código Penal Militar que
tratan sobre la institución de los vocales de los consejos verbales de guerra.
Señala que si bien el artículo 680 del Código prevé la posibilidad de que se
declare la contraevidencia del veredicto proferido por los vocales del primer
consejo verbal de guerra, cuando se oponga a la realidad procesal, el mismo
artículo dispone que el dictamen emitido por los vocales en el segundo consejo
verbal de guerra es definitivo. Manifiesta que “[l]a forzosa aceptación de este
segundo veredicto ha conducido en la práctica a que tanto los jueces de primera
instancia como el tribunal superior militar se hayan visto compelidos a admitir
fallos absolutorios a sabiendas de que la prueba recaudada durante la
investigación justificaba plenamente la emisión de una sentencia condenatoria”.
Para el actor, el
problema descrito acerca de la obligatoriedad del segundo veredicto radica en
la figura misma de los vocales. Ello por cuanto éstos sólo están presentes
durante el desarrollo del consejo verbal de guerra y emiten su veredicto “a
través de la contestación de un simple cuestionario sobre la responsabilidad o
no de la persona juzgada, pero sin que exista de su parte la obligación de
sustentar el veredicto. Es decir, los vocales deben responder con un sí o un
no, pero no se les puede exigir que fundamenten su respuesta.” De esta manera,
si bien al presidente de la corte marcial le corresponde verificar la
correspondencia del pronunciamiento de los vocales con la realidad de los
hechos, aquél solamente está autorizado para admitir el veredicto o declararlo
contraevidente y, en consecuencia, ordenar la designación de nuevos vocales
para un segundo consejo verbal de guerra.
El demandante estima
que “[l]a mejor manera de evitar estas contradicciones y la impunidad es
declarar inconstitucional el articulado que se impugna y prescindir así de la
figura de los vocales o jueces de conciencia. Con una decisión en ese sentido,
no sólo se evita el riesgo de sentencias proferidas en contra de toda la
evidencia probatoria del proceso, sino que además se abre la posibilidad de que
estas determinaciones judiciales puedan ser atacadas en sede de casación a
través de la invocación de violaciones indirectas de la ley sustancial,
mecanismo éste que resulta improcedente cuando se trata del veredicto de los
vocales debido a que ellos no tienen la obligación de fundamentar su decisión”.
Considera el
demandante que las decisiones de los vocales constituyen una “abierta
denegación de justicia”. Asimismo, expone que vulnera el derecho a la igualdad
el hecho de que el artículo 683 del Código Penal Militar establezca que el
juzgamiento de una serie de delitos se realizará con base en las normas acerca
de los vocales. Expresa que “[e]ste tratamiento diferencial priva, sin ninguna
justificación o explicación jurídica tanto a ciertos sindicados como a ciertas
víctimas de la posibilidad de hacer uso de los recursos en derecho cuando se
produce el veredicto de conciencia de los vocales.”
Afirma, además, que
los jurados de conciencia “no pertenecen a la organización de la administración
de justicia” y que, por lo tanto, la existencia de este instituto vulnera los
artículos 116 y 246 de la C.P. Igualmente, asevera que “la imposibilidad de
impugnar en derecho el veredicto de los vocales, en la medida en que éste se
emite en conciencia”, quebranta el dictado del artículo 29 de la Constitución
acerca de que todo sindicado tiene derecho a impugnar la sentencia
condenatoria.
El actor enfatiza
que el Estado está obligado - en virtud de la Constitución y de distintas
normas contenidas en tratados internacionales, tales como el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos - tanto a asegurarle a todas las personas el derecho a gozar
de un recurso efectivo para la adecuada protección de sus derechos
fundamentales como a reparar plenamente los daños que se causen por la
violación de los mismos. A renglón seguido, aseguran que las normas del Código
Penal Militar que hacen referencia a los vocales y a la obligatoriedad de su
segundo veredicto van en contravía de las mencionadas obligaciones del Estado.
Adicionalmente, expresa que las instancias internacionales de derechos humanos
se han pronunciado ya en distintas ocasiones sobre los problemas que arroja la
justicia penal militar y que, incluso, han sugerido reconsiderar si es
pertinente preservar la figura de los vocales en los Consejos de Guerra,
atendiendo al propósito existente de garantizar el respeto debido a los
derechos al debido proceso y a la justicia.
Para terminar,
expresa que “una de las causas que han permitido que en varios casos, las
decisiones finales de la justicia penal militar hayan absuelto a los autores de
las violaciones de derechos humanos allí investigadas y hayan privado a las víctimas
y a sus familiares de un ‘recurso efectivo’, ha sido la imposibilidad de
revisión en derecho del veredicto del segundo consejo verbal de guerra”.
INTERVENCIONES
ARMADA NACIONAL
El
Comandante de la Armada Nacional, Vicealmirante Edgar Romero Vásquez, defiende
la constitucionalidad de las normas acusadas. En primer lugar, señala que la
Corte Constitucional ya se pronunció, en la sentencia C-141 de 1995, sobre la
expresión “los vocales y el fiscal deben ser oficiales en servicio activo”,
contenida en el inciso 2° del artículo 656 del Código Penal Militar. En aquella
ocasión, la Corte declaró la inexequibilidad de los términos “en servicio
activo”. Lo anterior significa que la Corte ya realizó “un estudio
constitucional integral sobre toda la expresión”, y que, por lo tanto, opera la
figura de la cosa juzgada sobre el resto de la expresión, es decir sobre la
frase “los vocales y el fiscal deben ser oficiales”. Manifiesta entonces que:
“Así las cosas,
ya la Corte se ha pronunciado sobre la exequibilidad de la existencia de los
vocales dejando la mencionada institución con plena vigencia y además la
confrontó con todo el ordenamiento constitucional por lo que no es posible
ahora, por simple seguridad jurídica, volver sobre el mismo tema, siendo esto cierto
la Corte deberá declarar que se atiene a lo resuelto en la ya mencionada
sentencia C-141/95 Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell”.
De otro
lado, expresa que el legislador es el encargado de establecer cuáles son los
procedimientos que se deben seguir para el juzgamiento de los delitos ante la
justicia penal militar, así como los órganos que la integran. Precisamente en
uso de esa atribución el legislador extraordinario “al prescribir unos
procedimientos especiales en el Código Penal Militar, para juzgar las posibles
conductas punibles de los miembros de la fuerza pública determinó unos
procedimientos especiales dentro de los cuales se encuentra el Consejo Verbal
de Guerra con intervención de vocales o jurados de conciencia”.
Igualmente,
asevera que del simple hecho de que los jurados de conciencia hayan
desaparecido del procedimiento penal común no se puede deducir que también
deban desaparecer del ordenamiento especial castrense. Al respecto expone:
“aclaremos que las circunstancias que originaron dicha decisión, obedecieron a
especiales y desafortunados hechos que convencieron al legislativo de la
necesidad de retirar del juzgamiento a los vocales, y las razones no fueron
otras que la inusitada proliferación indiscriminada de presiones indebidas a
los jurados de conciencia que en algunos casos los obligaba a declararse
impedidos y en otros a pensarse que no estaban actuando con la debida
imparcialidad que la administración de justicia requiere de todos sus  jueces.”
Mas estas razones no se aplican a la justicia penal militar, pues, “la
totalidad de la oficialidad de la fuerza pública está integrada por personas
probas, respetuosas de la Constitución y la ley, honorables, honestas y dignas
de poder administrar la justicia en los términos que señala la Constitución y
la ley”. Expresa como sustento a lo anterior, que el Congreso expidió el Acto
Legislativo N°2 de 1995, para “reafirmar que los militares en servicio activo
eran dignos de administrar justicia a sus pares”.
Acerca del
argumento de que a nivel constitucional habrían desaparecido los jurados de
conciencia, en razón de que el inciso 4° del artículo 116 sólo permite que los
particulares puedan ser investidos transitoriamente de la función de administrar
justicia, y únicamente en condición de conciliadores o de árbitros, afirma que
esa prescripción constitucional no se refiere a los servidores públicos, como
los militares, sino a los particulares.
Recalca el
comandante de la Armada la diferencia entre los vocales de guerra y los jurados
de conciencia que existían en la jurisdicción penal ordinaria: “en el
procedimiento penal militar existe la prohibición de que los vocales puedan
intercambiar opiniones sobre los acontecimientos, y en el momento de responder
el cuestionario puesto a su consideración lo deben hacer también en forma
separada y sin comunicarse con nadie. Lo que equivale a que cada uno de los
vocales solo obedece a su conciencia, lo que no ocurría en la jurisdicción
ordinaria cuando los jurados de conciencia al momento del veredicto se podían
reunir y, en muchas ocasiones, el concepto de conciencia de uno de ellos podría
primar sobre los otros”.
La obligatoriedad
del veredicto de los vocales del segundo consejo verbal de guerra la justifica el
interviniente así: cuando “un segundo jurado de conciencia bajo los mismos
parámetros, con las mismas pruebas y con el conocimiento del sentir que ha
hecho el juez de primera instancia para declarar la contraevidencia, falle en
el mismo sentido [que el primer jurado], ya no le es posible al juez de derecho
señalar la contraevidencia porque definitivamente los representantes de la
sociedad y en este caso los representantes de la institución armada, han
considerado que las personas no son responsables de los hechos que se les
imputan, por lo tanto tal decisión es sagrada y debe ser acogida en su
totalidad”.
En respuesta a las
acusaciones concretas de violación de distintos derechos fundamentales a través
de las normas demandadas, expresa el comandante de la Armada Nacional:
a) La figura de los
vocales no vulnera el debido proceso, pues “muchas decisiones donde han actuado
los jurados de conciencia se encuentran en casación ante la Honorable Corte
Suprema de Justicia, desvirtuándose de esta manera que estas decisiones no
puedan ser atacadas en vía de apelación, casación o de hecho”.
b) La institución de
los vocales tampoco “constituye una abierta denegación de justicia y de
incumplimiento por parte del estado colombiano de reparar adecuadamente el daño
causado”, pues las personas afectadas pueden recurrir a las acciones
contencioso administrativas, que son independientes de la acción penal.
c) No se lesiona el
derecho de igualdad, porque todas las sentencias, independientemente de si en
el proceso actuaron los vocales o no, pueden ser recurridas.
Para concluir,
manifiesta que la institución de los vocales tampoco desconoce los tratados
internacionales sobre derechos humanos. Y acerca de los diversos informes de
las instancias internacionales de derechos humanos sobre el funcionamiento de
la justicia penal militar señala que “aunque reconocemos también la importancia
que tienen las apreciaciones de todos los organismos internacionales con
respecto a la justicia penal militar y que dicho sea de paso han sido parte de
los motivos por los cuales el ejecutivo está dispuesto a efectuar una reforma
al Código de Justicia Penal Militar, no pueden ser motivo suficiente, por ser
apreciaciones subjetivas, para que la Corte Constitucional asuma que los
vocales dentro del ordenamiento jurídico están violando la Constitución”.
FUERZA AÉREA
El comandante de la
Fuerza Aérea Colombiana, Mayor General Fabio Zapata Vargas, solicita a esta
corporación declarar la constitucionalidad de las normas acusadas. Para
empezar, advierte que las normas acusadas se encuentran cubiertas por el
principio de la cosa juzgada constitucional, en virtud de las sentencias C-141
de 1995 y C-131 de 1993.
Destaca el origen
constitucional de la jurisdicción penal militar. Asimismo, expresa que la
jurisdicción militar no hace parte de la Rama Judicial - de acuerdo con la
sentencia C-037 de 1996, de esta Corporación -, y que “sus procedimientos son
acordes con la especialidad de la jurisdicción, y el Consejo Verbal de Guerra
es la expresión del principio que reza que los militares deben ser juzgados por
sus propios pares, cuando delincan en circunstancias relacionadas con la
actividad oficial”.
Asegura que los
vocales constituyen una expresión democrática de la jurisdicción penal militar,
“tal como así aparejadamente lo constituyeron los jurados de conciencia en la
justicia ordinaria, es decir, el pueblo juzgando al mismo pueblo, interviniendo
activamente en el restablecimiento del orden jurídico quebrantado por el
delito. Sin embargo, las condiciones de violencia del país, no permitieron que
esta expresión democrática siguiera vigente [en la justicia penal ordinaria],
razón por la cual el legislador hubo de suprimirla. El jurado estaba amenazado,
amedrentado, forzado a expedir fallos contrarios a su conciencia, al punto que
no solamente se le suprimió si no que fue tan fuerte el acoso de las bandas
delincuenciales a la justicia, que terminó el legislador creando jurisdicciones
especiales (...) Sin embargo, en la jurisdicción penal militar no ocurre este
fenómeno, de tal suerte que el vocal constituye un elemento que identifica el
juicio militar, lo hace especial, data de antaño y hasta el presente no existe
motivo para desaparecer esta institución”.
Sostiene, asimismo,
que la decisión de los vocales “se surte dentro de un proceso penal amplio de
garantías y sus veredictos están sujetos al control de legalidad del juez de
derecho, como lo es el juez de primera instancia a través de la institución de
la contraevidencia; Tribunal Superior Militar por vía de consulta o apelación;
y, finalmente, por la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sede de casación
o a través de la acción de revisión”.
A renglón seguido,
el interviniente se concentra en el análisis de los cargos contra cada uno de
los artículos acusados. Interesa recalcar los siguientes:
- Artículo 656:
Considera que los apartes acusados de este artículo son constitucionales. El
artículo 221 de la Constitución señala que el juzgamiento de los militares en
primera instancia debe hacerse a través de Cortes Marciales o Tribunales
Militares, dentro de los cuales “es perfectamente consecuente la existencia del
vocal como procedimiento de juzgamiento”, como institución creada por el
legislador, al cual le corresponde desarrollar el aludido artículo 221. Los
vocales, que son elegidos por sorteo en aras de la imparcialidad del juicio,
son la expresión democrática de la Corte Marcial o Tribunal Militar y son
connaturales a la organización penal militar.
- Artículo 657: Lo
expuesto acerca del artículo 656 es aplicable a los textos demandados del 657.
La diligencia de sorteo de los vocales desarrolla los postulados del artículo
228 de la C.P “en cuanto que es pública, democrática, ahora existe activa
participación del Ministerio Público, a ella puede acceder la parte civil y en
el caso de alguna circunstancia impedimente, el vocal será recusado y deberá
ser apartado del juicio”.
- Artículo 680:
Sostiene que aunque la decisión del jurado es soberana, el juez de derecho debe
cotejarla con el acervo probatorio. Y si no existe correspondencia entre el
veredicto y las pruebas deberá declarar la contraevidencia de aquél y consultar
su resolución con el fallador de segunda instancia. Expresa que “es patente el
desconocimiento del demandante de la normatividad penal militar por cuanto los
recursos ordinario y extraordinarios se regularon en el Código para todos y
cada uno de los procedimientos dentro de un plano de igualdad”. Aclara, además,
que “la decisión del jurado, así se haya producido por segunda vez, es
susceptible de revisar por otras instancias y en derecho”, y que los recursos
pueden ser también interpuestos por los procuradores delegados ante la justicia
penal militar y por la parte civil.
Termina precisando
que “resulta consecuente que si una persona cualquiera es sometida a un segundo
juzgamiento y se produce su absolución, sea declarada como tal por cuanto no se
le puede mantener sub-judice indefinidamente. Los militares también tienen
derecho al debido proceso y a que se adopten las decisiones en los términos que
establezca la ley.”
FUERZAS MILITARES
El Comandante
General de las Fuerzas Militares, General Manuel José Bonett Locarno, defiende
la constitucionalidad de las normas acusadas. Sostiene que las normas atacadas
no vulneran el artículo 116 de la Carta, por cuanto éste “hace alusión única y
exclusiva a quienes administran justicia, sin que en ese precepto superior
exista prohibición alguna en torno de la implantación de la institución del
jurado de conciencia”.
Expresa también que
no le asiste razón al actor al señalar que el veredicto pronunciado  por un
jurado no puede ser atacado en derecho, si es emitido en conciencia. Ello por
cuanto “ningún veredicto per se puede ser materia de ataque; lo atacable sin
lugar a dudas, ha de ser el pronunciamiento del juez letrado que lo acoge o lo
declara contrario a la evidencia de los hechos procesales”. Por lo cual, “si el
pronunciamiento del jurado es acogido por el juez de derecho, tal decisión se
torna en sentencia y por lo mismo es recurrible en los precisos términos de los
artículos 426, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 435 y ss. del ordenamiento penal
militar. Significa lo anterior que las sentencias son recurribles, en sede de
apelación, o merced al recurso extraordinario de casación o la acción de
revisión”.
Expone, asimismo,
que los sujetos procesales tienen también la oportunidad de recurrir la
decisión, cuando el pronunciamiento no es declarado contrario a la evidencia de
los hechos procesales, Adicionalmente, señala que todas las sentencias deben
ser consultadas ante el Tribunal Superior Militar. De otra parte, y contrario a
lo que sostiene el actor, expresa que el Estado sí responde patrimonialmente
por los daños antijurídicos que le sean imputables, “aún tratándose de
sentencias absolutorias, proferidas con fundamento en la emisión de un segundo
veredicto”.
Precisa que la
inexistencia de la institución del jurado de conciencia en el ordenamiento
penal común no implica que los vocales de los consejos verbales de guerra deban
desaparecer. Considera que de ningún aparte de la Constitución se puede deducir
que la institución de los vocales riña con ella: por el contrario, el numeral 7
del artículo 95 establece como responsabilidad de todos los nacionales
“colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia”,
precepto éste en el que se sustenta la institución de los vocales.
Por último, el
Comandante General de las Fuerzas Militares reitera que la Corte ya se
pronunció acerca de la exequibilidad del término “los vocales”, contenido en el
inciso 2 del artículo 656 del Código Penal Militar, mediante la sentencia
C-141/95. De allí se deduce que con relación a esta frase opera el principio de
la cosa juzgada constitucional. Y dado que las demás normas demandadas guardan
una relación íntima con el artículo 656, ellas deben correr la misma suerte y,
por lo tanto, ser declaradas exequibles.
MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
El apoderado del
Ministerio de Defensa Nacional defiende la constitucionalidad de las normas
acusadas con argumentos similares a los esbozados en las intervenciones
anteriores. Sostiene, en primer lugar, que los veredictos de los jurados de
conciencia nunca pueden ser impugnables. Lo que se puede recurrir es el
pronunciamiento del juez que acoge el veredicto o lo declara contrario a la
evidencia procesal. Por eso, si el pronunciamiento es aceptado por el juez de
derecho, tal decisión se convierte en una sentencia, la cual puede ser objeto
de apelación o de los recursos extraordinarios de casación y revisión. De esta
manera, se desvirtúa la afirmación del actor acerca de que la institución de
los jurados de conciencia tiene como consecuencia la denegación de justicia y
el incumplimiento por parte del Estado de su obligación de reparar los daños
causados. Sobre este último punto, recuerda, además, que la acción penal es
independiente de las contencioso administrativas.
De otra parte,
manifiesta que la institución de los vocales tiene sustento constitucional en
el numeral 7 del artículo 95 de la Carta,  que establece como responsabilidad
de los nacionales “colaborar para el buen funcionamiento de la administración
de justicia”.
Asimismo, sostiene
que, en virtud de la sentencia C-141 de 1995, existe cosa juzgada
constitucional respecto al término “los vocales”, comprendido dentro del inciso
2° del artículo 656 del Código Penal Militar.
CONSEJERIA
PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS
La Consejería
Presidencial para los Derechos Humanos adjuntó al proceso una copia del
“Documento de Trabajo sobre problemas de orden jurídico en materia de Justicia
Penal Militar, elaborado por el Comité de Trabajo creado a instancias de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados
Americanos, en el trámite de solución amistosa de dos casos denunciados ante
esa instancia internacional”.
Manifiesta que, en
materia penal militar, el Comité identificó dos obstáculos fundamentales para
la cabal administración de justicia: “la dificultad para el reconocimiento de
la parte civil en los procesos penales militares y el carácter obligatorio del
segundo veredicto en los Consejos Verbales de Guerra”.
En el punto IV del
documento, acerca de las recomendaciones, se sugiere:
“. Tener en cuenta,
en la reforma a la justicia penal militar que el Gobierno presentará a
consideración del Congreso Nacional en el presente año, las consideraciones
formuladas respecto de la conveniencia de suprimir la figura de los Vocales en
los Consejos Verbales de Guerra, de modo que el proceso se ajuste a los
principios de independencia e imparcialidad y, en general, a las garantías
procesales consagradas en los instrumentos internacionales de los cuales
Colombia es parte, así como en la propia Constitución.
“De este modo,
Colombia dará cumplimiento efectivo, tanto a sus compromisos de carácter
internacional, como a las recomendaciones formuladas en este sentido por las
diferentes instancias de las Naciones Unidas y el sistema interamericano.
“. Si no existe
consenso al interior del Gobierno en relación con la recomendación anterior, se
debe garantizar - en todo caso y cuanto menos -, que el veredicto pronunciado
en los segundos Consejos Verbales de Guerra - que contemplan la participación
de los vocales - pueda ser objeto, sin condicionamientos, de revisión jurídica
si así lo solicita cualquiera de los sujetos procesales, mediante el uso del
recurso ordinario de apelación y extraordinario de casación”.
POLICIA NACIONAL
El Director General
de la Policía, Mayor General Rosso José Serrano, aboga por la declaración de
exequibilidad de las normas demandadas.  Recuerda que el artículo 221 de la
Carta Política establece que de los delitos cometidos por los miembros de la
Fuerza Pública, en servicio activo y en relación con el mismo servicio,
conocerán las cortes marciales y tribunales militares, con arreglo a las
prescripciones del Código Penal Militar. De este texto se deriva que el
legislador, que es el que debe dictar el mencionado Código, es la autoridad
pública facultada “para establecer la competencia y el rito que debe observarse
para el juzgamiento del personal uniformado de la fuerza pública”. Por lo
tanto, el Congreso o el legislador extraordinario están habilitados para determinar
quiénes y cómo se debe juzgar a los miembros de la Fuerza Pública que realicen
conductas presuntamente delictivas.
Asegura el
interviniente que el juicio acerca de la conveniencia o inconveniencia de una
institución como la de los vocales escapa al control constitucional, porque “el
legislador en su sabiduría es el competente para determinar cuál es la persona
o corporación que debe hacerlo. En el caso concreto de la Justicia Penal
Militar y respecto a determinados delitos, la ley quiso que lo hicieran los
vocales y en conciencia, lo cual no significa que esta decisión legal sea
contraria a los postulados constitucionales”. Agrega que el hecho de que la
institución de los jurados de conciencia hubiera desaparecido de la
jurisdicción penal ordinaria no significa que también deba ser retirada  del
ordenamiento penal militar.
Por último,
manifiesta el director de la Policía que, contrario a lo señalado por el actor,
los jurados de conciencia sí pertenecen a la administración de justicia. El
artículo 116 de la C.P establece que la justicia penal militar también
administra justicia. El mencionado artículo no señala - ni para la justicia
penal ordinaria ni para la militar - cuáles son los órganos competentes para
administrar justicia y cómo lo han de hacer. Es a la ley a la que le
corresponde regular esa materia. En el caso de la  justicia penal militar ello
se ha hecho a través del Código Penal Militar, el cual  instituyó la figura de
los vocales de los consejos verbales de guerra.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DEL DERECHO
La apoderada del
Ministerio de Justicia y del Derecho defiende también la exequibilidad de las
normas demandadas. Centra su exposición en las acusaciones del actor acerca de
la vulneración de los derechos a la igualdad y al debido proceso y del artículo
216 de la Carta.
Sobre la supuesta
vulneración al debido proceso expresa que el artículo 680 del Código Penal
Militar establece que el presidente del consejo verbal de guerra puede declarar
que el veredicto es contrario a las pruebas obrantes dentro del proceso. Esta
decisión es consultada ante el fallador de segunda instancia y, si es
confirmada, se convoca un nuevo consejo verbal de guerra. De lo anterior se
deduce que existe la oportunidad de revisar el proceso. Además, aclara que, de
acuerdo con el artículo 435 del Código Penal Militar, siempre existe la
posibilidad de interponer el recurso de casación ante la Corte Suprema de
Justicia.
Expresa, asimismo,
que, según el artículo 116 de la C.P, la jurisdicción penal militar también administra
justicia. Al ser así, y dado que la Carta autoriza un régimen especial para la
justicia penal militar y que está dentro de la potestad del Legislador el
establecer el procedimiento de los juicios ante ella, no se ve, entonces, cómo
la institución de los vocales puede vulnerar la Constitución.
ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES -ACORE
El presidente de
ACORE defiende la constitucionalidad de las normas bajo examen. Expresa que si
existen contradicciones entre las normas que regulan la primera instancia del
consejo verbal de guerra y la Constitución, ello se debe a que las autoridades
respectivas no han dictado los reglamentos necesarios para adecuar el espíritu,
alcance y tenor literal de las primeras a la nueva Carta. Manifiesta, además,
que los argumentos expuestos por el actor para justificar su demanda de
inconstitucionalidad no son de recibo dentro de un juicio de
constitucionalidad, aun cuando sí constituyen aportes académicos que el actor
podría hacer llegar al Gobierno Nacional y al Congreso para apoyar la reflexión
acerca de la reforma al Código Penal Militar.
Señala que el actor
acusa ocho artículos del Código Penal Militar “con una visión parcial e
incompleta de un todo que debe ser indivisible, sin haber establecido en su
concepto de violación una correlación entre las partes y el todo”. Considera
que la Corte Constitucional no puede permitir la desintegración del conjunto
del Código. Por último, manifiesta que las normas acusadas y el Código Penal Militar
“no excluyen nunca la vigencia y aplicación de todo el conjunto de las
Convenciones y Pactos de derecho Internacional Público y privado vigentes”. Por
consiguiente, estima que todos los problemas que se pueden presentar en el
marco de estos procesos podrían ser superados con la participación eficaz de
los distintos sujetos procesales.
COMISIÓN
COLOMBIANA DE JURISTAS
Los intervinientes
en nombre de la Comisión Colombiana de Juristas solicitan la declaración de
inconstitucionalidad de los artículos acusados. En primer lugar, se refieren a
la frase “el veredicto del segundo consejo es definitivo”, consagrada en el
inciso 3 del artículo 680 del Código Penal Militar. Argumentan que es
inconstitucional por las siguientes razones:
a) Porque es
contraria a los artículos 1.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos
Humanos que establecen el derecho a la justicia y el compromiso de los Estados
de garantizar los derechos comprendidos en la Convención. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que del compromiso enunciado
se desprenden varias obligaciones para el Estado, entre las cuales se
encuentran la de establecer recursos judiciales eficaces para la protección de
los derechos, y, cuando se presente una violación de los mismos, la de procurar
el restablecimiento del derecho, investigar los hechos con el fin de establecer
la verdad, identificar a los responsables y sancionarlos de acuerdo con la ley.
Para los intervinientes, se incumple con estas dos obligaciones cuando “la
legislación de un Estado admite que una sentencia con la que concluye un
proceso penal se adopte contrariando las pruebas recaudadas. Si las pruebas
indicaban la existencia de un responsable y éste es absuelto, la justicia penal
se torna una vía judicial inepta para la garantía de los derechos (...) Una
sentencia contraria  a las pruebas no puede considerarse como fundada en la
verdad. Tampoco puede afirmarse que se ha identificado y castigado a los
responsables cuando se desoyen las pruebas que señalan un culpable y se le absuelve
dejándolo libre de toda sanción.”
b) Porque vulnera el
artículo 229 de la C.P. que consagra el derecho de acceder a la administración
de justicia. Este derecho, señalan, además de comprender la posibilidad de dar
inicio a un proceso o de hacerse parte del mismo, comprende “los derechos a que
exista suficiencia probatoria en el proceso, a que la investigación se acerque
a la verdad objetiva, a que las pruebas sean tenidas en cuenta y, más
específicamente, a que se falle de acuerdo con ellas”. Por lo anterior,
concluyen con respecto al texto legal  acusado: “Que el veredicto pueda ser
contrario a las pruebas incorporadas al proceso da lugar al desconocimiento del
derecho de acceder a la justicia, por varias razones. En primer lugar, se viola
el derecho a la verdad, por cuanto la sentencia se dicta no de acuerdo con la
realidad de los hechos sino precisamente desconociéndola. Y en segundo lugar,
porque al fallar contradiciendo lo probado no se consideran las pruebas o, si
se las tiene en cuenta, no se ha inferido de ellas el contenido de la decisión
adoptada”.
c) Porque viola el
derecho fundamental al debido proceso. Este derecho comprende la autorización a
las personas para presentar pruebas, “para que estas sean incorporadas al
proceso y su resultado se atenga a ellas”. El derecho a allegar pruebas no se
reduce simplemente a solicitarlas o entregarlas, sino que exige que ellas “sean
estudiadas con detenimiento y que la sentencia tenga origen en el contenido de
las pruebas.” Por lo tanto, concluyen que “un fallo que deba basarse por
prescripción legal en un veredicto contrario al acervo probatorio desconoce
esta expresión del debido proceso, puesto que la sentencia no solamente no se
deriva de manera racional o lógica de la realidad procesal, sino que de manera
evidente entra en contradicción con ella”.
d) Porque vulnera el
derecho de igualdad. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado
que “en la segunda instancia no pueden establecerse regulaciones distintas a
las que rigen la primera instancia que no tengan una razón de ser, una
justificación específica y acorde con el orden constitucional.” Desde este
punto de vista no existe racionalidad suficiente que justifique la diferencia
en el tratamiento del primero y el segundo veredicto. Al respecto afirman que
“si de lo que se trata es de poner fin a un proceso, no concuerda con los
principios y los derechos que guían el nuevo orden constitucional el dar
prelación a la seguridad jurídica sobre la justicia material y sobre la
realización de la función de la rama judicial de garantizar los derechos de los
asociados.” Consideran que en desarrollo del principio de igualdad, lo
procedente en todas las situaciones en las que el presidente encontrara que el
veredicto es contraevidente sería que el veredicto fuera “objeto de debate ante
la instancia judicial superior y eventualmente ante la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia mediante el recurso extraordinario de casación”.
Finalmente, sostienen que el segundo consejo verbal de guerra al estar “orientado
por el mismo funcionario que presidió el primero y convocado como un nuevo
consejo”, viola la garantía de que nadie puede ser juzgado dos veces por un
mismo hecho, lo cual hace parte del derecho al debido proceso.
e) Porque viola el
preámbulo y el artículo 2 de la Constitución, que consagran la justicia como
objetivo del nuevo orden constitucional y como fin esencial del Estado. La
aplicación de la norma demandada implica que en ciertos casos se obliga la
adopción de un fallo contrario a la verdad y al acervo probatorio. Con ello la
norma contraviene fines muy caros de la Constitución y se convierte en un
instrumento de injusticia.
En segundo lugar,
los intervinientes manifiestan que todas las normas acusadas vulneran el
artículo 116 de la C.P, porque asignan a los vocales la función de administrar
justicia, función que la Constitución no les otorga. Según los intervinientes,
“no puede administrar justicia ningún órgano, funcionario o particular que no
haya sido encargado por la Constitución de tal atribución.” Así las cosas, y
teniendo en cuenta que los vocales “no se hallan dentro de las instancias que
son enunciadas por el artículo 116 de la Carta como encargadas de administrar
justicia, ni tampoco fueron creadas por el artículo 221 de la misma... [es
claro que] la ley desconoce la Constitución al crear esta figura y al otorgarle
funciones judiciales.” Para sustentar esta afirmación traen a colación la
sentencia C-226/93, la cual estableció que “los jurados de conciencia no
existen en el régimen constitucional colombiano ya que fueron excluidos de
manera expresa por el Constituyente, puesto que una propuesta de introducción
de esa figura fue votada y negada por la mayoría de la Asamblea Nacional
Constituyente”.
Finalmente, los
representantes de la Comisión Colombiana de Juristas consideran que la frase
“oficiales en servicio activo”, que hace parte del artículo 660, inciso 1, del
Código Penal Militar, es inconstitucional, porque desconoce el principio
constitucional de la separación de poderes. Señalan que el artículo 116 de la
C.P. “admite excepcionalmente que los funcionarios administrativos sean
investidos de la función jurisdiccional, pero a renglón seguido prohibe que
intervengan en la instrucción de sumarios y en el juzgamiento de delitos.” Si
bien la reforma del artículo 221, efectuada mediante el acto legislativo 02 de
1995, consagró una excepción a lo establecido en el artículo 116, al establecer
que las cortes y los tribunales militares serán integrados por oficiales en
servicio activo, esta salvedad no incluye la figura de los vocales, “puesto que
éstos no hacen parte del tribunal al que son convocados, aun cuando desempeñan
con ello funciones judiciales.”
Para los
intervinientes, los vocales “son una figura atípica en el ordenamiento
constitucional colombiano. Son jurados de conciencia (art. 404 del C.P.M), pero
en algunos casos no son particulares, sino funcionarios públicos. Estos
funcionarios pertenecen a la rama ejecutiva, puesto que deben ser miembros de
la fuerza pública, en cumplimiento de las exigencias derivadas de la aplicación
del fuero militar”. Así, las normas acusadas desconocen la prohibición de
asignar a funcionarios de la rama ejecutiva la función de jugar delitos, tarea
que realizan “debido a que la figura de los vocales desempeña un papel decisivo
en el juzgamiento de los delitos militares, puesto que en su veredicto  ha de
fundarse la sentencia que adopte el juez de la causa.” Por lo tanto, concluyen
que la figura de los vocales desconoce el principio de la separación de
poderes, “pues al ser ésta una función relativa al juzgamiento de los delitos,
no puede comprenderse dentro de las excepciones que contempla el artículo 116 a
este principio".
PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACIÓN
El Viceprocurador
General de la Nación rinde concepto en el que solicita que se declare la
inconstitucionalidad de las normas acusadas. Como consideración previa, expone
que la solicitud del actor de declarar la inconstitucionalidad de las normas
acusadas porque éstas vulneran los artículos 8 y 14 del Código Penal Militar y
del Código de Procedimiento Penal ordinario, “resulta improcedente en el ámbito
del control abstracto, que corresponde adelantar a la Corte Constitucional”.
Respecto al fuero
penal militar en particular, expresa que es una garantía procedimental que se
aplica a los miembros de la fuerza pública y de la Policía Nacional en servicio
activo que incurran en comportamientos ilícitos relacionados con el mismo
servicio, “consistente en la atribución de competencia a un tribunal
específico, así como en la formulación y aplicación de un régimen distinto del
general”. Sostiene que el proceso penal militar se rige por las prescripciones
del Código Penal Militar y se le aplican “las garantías y principios del debido
proceso, del derecho de defensa, y del respeto a la dignidad humana, entre
otros; los cuales sirven como normas rectoras de la actividad jurisdiccional en
este campo específico”.
A renglón seguido se
detiene en la descripción del proceso penal militar. Este  consta de tres
fases, a saber: la indagación preliminar, en la que se determina si ha ocurrido
o no el hecho; la investigación; y el juzgamiento. Manifiesta que en caso de no
existir el hecho o de que la conducta sea atípica o que la acción no pueda
iniciarse se dicta auto inhibitorio. En caso contrario, se inicia formalmente
la actuación procesal mediante el auto cabeza de proceso y se abre la
investigación correspondiente. Esta etapa del proceso tiene por objeto
establecer la verdad de los hechos materia de él, por lo que en ella se hace el
recaudo de las pruebas. En esta etapa tienen facultades de instrucción “los
magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados
del Tribunal Superior Militar, los jueces de primera instancia, los jueces de
instrucción penal militar y los auditores de guerra designados por el
respectivo juez de primera instancia”.
La etapa del juicio
tiene lugar cuando “el juez de primera instancia convoca, mediante resolución,
consejo verbal de guerra; lo que ocurre cuando dentro de lo actuado esté
demostrado el hecho y exista por lo menos una declaración de testigo que
ofrezca serios motivos de credibilidad, o indicios graves respecto de la
responsabilidad del procesado en la comisión del hecho punible”.
El veredicto del
Consejo Verbal de Guerra es un fallo en conciencia, tal como lo dispone el
artículo 404, numeral 3, del Código Penal Militar, cuando establece que los
vocales sólo atenderán a su “personal conciencia” y a la “convicción íntima
sobre los hechos”. Pero el veredicto de los vocales puede no estar de acuerdo
con la realidad de los hechos, caso en el cual el presidente del consejo de
guerra, luego de comprobar la oposición entre la verdad de los hechos y el
veredicto, puede efectuar una declaración de contraevidencia. Esta declaración
debe consultarse con el fallador de segunda instancia, quien puede rechazar o
confirmar la decisión del presidente del consejo verbal de guerra. Si el juez
de alzada descarta la declaración de contraevidencia, devuelve el expediente
para que se dicte sentencia de conformidad  con el veredicto. Pero si el juez
de segunda instancia considera, por el contrario, que el veredicto de los
vocales no es ajustado a la realidad de los hechos, ordena convocar un nuevo
consejo verbal de guerra para que se dicte un segundo veredicto. El segundo
veredicto tiene el carácter de definitivo, lo cual, para el viceprocurador,
permite el ejercicio del derecho de defensa “pues el ejercicio de los recursos
de ley sólo es posible a partir de la firmeza de la actuación; en este caso de
la sentencia de primera instancia, cuyo proferimiento depende de la previa
emisión y solidez del veredicto”.
Una vez culminada la
presentación del proceso penal militar, el viceprocurador concluye que tanto la
intervención de los vocales como el carácter vinculante de su veredicto
vulneran el artículo 228 de la C.P. Sostiene que “la posibilidad de que el
veredicto enunciado por los vocales sea contraevidente, y que de su
pronunciamiento dependa la expedición del fallo, desconoce los términos del
Estatuto Superior” porque cuando “la norma procesal en aras de la seguridad
jurídica sacrifica el derecho material... rompe con la finalidad de las normas
de orden formal, cual es la realización del derecho sustancial, cuya efectividad
es medular a la vigencia de un orden justo”. Considera, igualmente, que el
hecho de que la sentencia que debe dictar el funcionario judicial “se encuentre
condicionada por el veredicto” vulnera el artículo 230 de la C.P, según el cual
los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley,
porque cuando se profieren fallos en conciencia, el juez sólo está sometido “a
la íntima convicción de un jurado; convicción que puede ser contraria a la
evidencia de los hechos”.
Manifiesta, finalmente,
que el fallo en el proceso penal militar está “mediatizado por la acción de los
vocales”, los cuales suplantan al juzgador, a quien, por mandato
constitucional, corresponde la función de administrar justicia. Por lo tanto,
su actuar vulnera la independencia judicial “consagrada y defendida como
consustancial a la organización y funcionamiento de una de las ramas del poder
público”.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
1. La Corte es
competente para conocer de la presente demanda en los términos del artículo
241-5 de la Constitución Política.
2. Se trata de
establecer si vulnera la Constitución el hecho de que en el Código Penal
Militar se establezca la participación de vocales dentro de los consejos
verbales de guerra, y que el veredicto dictado por los vocales del segundo
consejo verbal de guerra sea de obligatorio acatamiento para el juez.
¿Existe cosa juzgada sobre la materia de los vocales?
3. El primer
punto que debe analizarse es si, como lo sostienen varios intervinientes,
respecto de las disposiciones acusadas existe cosa juzgada. En la sentencia
C-141 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell, al conocer una demanda contra la
expresión “los vocales y el fiscal deben ser oficiales en servicio activo”,
contenida en el inciso 2° del artículo 656 del Código Penal Militar, la Corte
declaró la inexequibilidad de los términos “en servicio activo o”. Para
el comandante de la Armada Nacional, ello significa que la Corte ya realizó “un
estudio constitucional integral sobre toda la expresión”, y que, por lo tanto,
opera la figura de la cosa juzgada sobre el resto de la expresión. El
Comandante General de las Fuerzas Militares concuerda con esta apreciación y
añade que como “las demás normas demandadas guardan una relación íntima con el
artículo 656, ellas deben correr la misma suerte y, por lo tanto, ser
declaradas exequibles”.
4. En aquella
ocasión, la Corte recalcó que para el cabal cumplimiento de las funciones
judiciales era fundamental que quien administrara justicia fuera imparcial e
independiente. La Corte estimó que el texto legal demandado no cumplía con esta
premisa, por cuanto permitía la intervención en el Consejo Verbal de Guerra de
oficiales en servicio activo. En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad
de la expresión “en servicio activo o” del artículo 656.
Un análisis de la
demanda y de la parte motiva del fallo de esta Corporación permite concluir que
en tal oportunidad no se cuestionó la constitucionalidad de la institución de
los vocales. El debate jurídico giró exclusivamente alrededor de la necesidad
de que los integrantes del consejo verbal de guerra fuesen profesionales del
derecho, y de la importancia de que sus veredictos fuesen autónomos e
imparciales.
En realidad, los
cargos contra la expresión contenida en el artículo 656 no estaban dirigidos a
controvertir la constitucionalidad de la institución de los vocales militares,
sino, como ya se dijo, a señalar la ausencia de autonomía e imparcialidad de
los integrantes de los consejos verbales de guerra, cuando se desempeñaban simultáneamente
como oficiales en servicio activo. Asimismo, el análisis realizado por la Corte
se contrajo exclusivamente a la expresión que fue declarada inexequible. La
constitucionalidad del resto de la expresión no fue discutida ni analizada.
5. Lo anterior
significa, de acuerdo con jurisprudencia reiterada de esta Corporación, que
sobre el texto “los vocales y el fiscal deben ser oficiales” solamente opera la
cosa juzgada relativa, lo cual implica que puede ser objeto de un examen de
constitucionalidad posterior. En efecto, la Corte ya ha señalado que en los
casos en los que una sentencia ha declarado la constitucionalidad de una norma,
sin haber realizado el análisis de distintos aspectos de la misma, la decisión
con respecto a los últimos no tiene el carácter de absoluta, sino de relativa.
Sobre este punto se precisó en la sentencia C-588 de 1992, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo:
“Anota la Corte a
este respecto que el carácter definitivo de la sentencia que declara la
exequibilidad de una norma no implica necesariamente que tal decisión pueda
entenderse absoluta, pues mientras subsistan aspectos no considerados en el
respectivo fallo existirá, en relación con ellos, la posibilidad de examen
posterior y, por ende, podrán entablarse nuevas acciones de
inconstitucionalidad. Vale decir, la cosa juzgada constitucional es, en tales
eventos, relativa en cuanto cubre apenas los asuntos que fueron
materia del fallo.
“Adviértase que no
acontece así en lo referente a fallos de inexequibilidad, toda vez que, hallada
y declarada la oposición entre la norma acusada, objetada o revisada y la
Constitución Política, es aquella retirada del ordenamiento jurídico en virtud
de decisión inapelable y con efectos erga omnes cuyo sentido no
es posible debatir después de pronunciada.”[2]
6. Como ya se ha
expresado, en la sentencia C-141 de 1995 no se hizo ningún tipo de análisis
específico sobre la constitucionalidad de la institución de los vocales. Ello
implica, de acuerdo con la jurisprudencia, que, si bien la referida sentencia
trataba sobre un texto legal que incluía el término “vocales”, el efecto de la
cosa juzgada sobre este vocablo será solamente relativo. De allí que la demanda
que ocupa ahora a esta Corporación, en la que se formulan cargos concretos de
inconstitucionalidad contra la figura de los vocales, conduzca a que la Corte
asuma el correspondiente examen de constitucionalidad. Adicionalmente, la
reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 02 de 1995, ofrece
un parámetro de control de constitucionalidad que abona la necesidad del
presente juicio constitucional.
La institución de
los jurados de conciencia
7. Tradicionalmente
ha sido aceptado que la figura de los jurados de conciencia tiene su origen en
Inglaterra, donde surge como resultado del propósito de los nobles y de la
burguesía de limitar los poderes reales, asegurándose el privilegio de ser
juzgados por sus pares. Dentro del programa de lucha contra el absolutismo, el
Parlamento y el jurado constituyeron las piezas institucionales claves para
asegurar las libertades y garantías de las personas. En efecto, estas dos
instituciones constituían fórmulas de limitación de los poderes del soberano:
la primera, toda vez que las leyes debían ser dictadas por los representantes
del pueblo, y la segunda, por cuanto los ciudadanos mismos serían los
encargados de aplicar las leyes y, por consiguiente, realizar su
interpretación.
8. El surgimiento de
los jurados de conciencia se vincula a la Carta Magna, dictada en 1215 por el
Rey Juan Sin Tierra, y en la cual se consagró, en su artículo 39, lo siguiente:
“Ningún hombre libre será detenido, ni preso, ni privado de su propiedad, de
sus libertades o libres usos, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado, ni
molestado de manera alguna, y Nos no pondremos ni haremos poner mano sobre él,
a no ser en virtud de un juicio legal de sus pares y según la ley del país”.
La institución
adquirió sus rasgos actuales con la Bill of Rights, de 1689, en cuyo
artículo 11 se determinó: “Que las listas de los jurados deben confeccionarse,
y éstos ser elegidos en buena y debida forma, y debe ser notificada y que los
jurados que decidan la suerte de las personas en procesos de alta traición,
deberán ser propietarios libres”.
El arraigo de los
jurados de conciencia en la tradición jurídica inglesa fue de tal envergadura
que en el siglo XVII se consideraba que el derecho a ser juzgado por un jurado
constituía una libertad fundamental, y la institución misma pasó a ser tratada
como uno de los elementos esenciales del sistema jurídico del common law.
9. En su libro “El
Espíritu de las Leyes”, publicado por primera vez en 1748, en el capítulo sobre
la Constitución de Inglaterra (libro XI, Capítulo VI), Montesquieu retomó la
figura del jurado, aun cuando sin mencionarla expresamente. En efecto, luego de
establecer la necesidad de separar los poderes, como fórmula para asegurar las
libertades de los ciudadanos, propone que la justicia no sea administrada por
un estamento judicial de carácter permanente, sino por personas extraídas del pueblo.
Si bien en el mismo capítulo incluirá su conocida frase acerca de que “los
jueces de la nación (...) no son ni más ni menos que la boca que pronuncia las
palabras de la ley, seres inanimados que no pueden mitigar la fuerza y el rigor
de la ley misma”, con lo cual evidencia que su proposición no implica la
desaparición del poder judicial, es de resaltar el papel que le asigna a los
jurados de conciencia. Al respecto afirma:
“Cuando el poder
legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo
cuerpo no hay libertad; falta la confianza, porque puede temerse que el monarca
o el Senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente.
“No hay libertad si
el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder
ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer
arbitrariamente de la libertad y vida de los ciudadanos; como que el juez sería
el legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podrá tener la
fuerza de un opresor.
“Todo se habría
perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea
del pueblo ejerciera los tres poderes : el de dictar las leyes ; el
de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos
entre particulares...
“(...)El poder
judicial no debe dársele a un Senado permanente, sino ser ejercido por personas
salidas de la masa popular, periódica y alternativamente designada de la manera
que la ley disponga, las cuales formen un tribunal que dure poco tiempo, el que
exija la necesidad.
“De este modo se
consigue que el poder de juzgar, tan terrible entre los hombres, no sea función
exclusiva de una clase o de una profesión ; al contrario, será un poder,
por decirlo así, invisible y nulo. No se tienen jueces constantemente a la
vista ; podrá temerse a la magistratura, no a los magistrados...
“(...) Es necesario
también que los jueces sean de la condición del acusado, sus iguales, para que
no pueda sospechar ninguno que ha caído en manos de personas inclinadas a
maltratarle”.
10. El carácter
garantista del jurado inglés fue también reconocido y puesto de relieve por
autores posteriores a Montesquieu, que marcaron el pensamiento jurídico
occidental. Tal es el caso de Cesare Beccaria, quien, en 1766, en su libro “Los
delitos y las penas”, en su capítulo 14, expresa: “¡Dichosa aquella nación
donde las leyes no fuesen una ciencia! Utilísima ley es la que ordena que cada
hombre sea juzgado por sus iguales, porque donde se trata de la libertad y la
fortuna de un ciudadano deben callar aquellos sentimientos que inspira la
desigualdad, sin que tenga lugar en el juicio la superioridad con que el hombre
afortunado mira al infeliz, y el desagrado con que el infeliz mira al superior.
Pero cuando el delito sea ofensa de un tercero, entonces los jueces deberían
ser mitad iguales del reo y mitad del ofendido, así balanceándose todo interés
privado ... Es también conforme a la justicia, que el reo pueda excluir hasta
un cierto número aquellos que le sean sospechosos, y que esto le sea concedido
sin contradicción: parecerá entonces que el reo se condena a sí mismo”.
Igual hicieron, en
el mismo siglo, Jean Luis De Lolme, con su libro “La Constitución de
Inglaterra”, de 1771; William Blackstone, con sus “Comentarios sobre las Leyes
de Inglaterra”, publicados a partir de 1765, que tanta influencia tendrían
sobre el derecho de los Estados Unidos de América; y Gaetano Filangieri, en su
libro “Ciencia de la Legislación”, de 1780.
11. La colonias
británicas en América asumieron la institución del jurado como un derecho
intangible. Así se expresó en distintas constituciones y declaraciones de
derechos de los Estados y en las enmiendas sexta y séptima de la Constitución
federal de 1787, realizadas en 1789, en las cuales se dispuso que “en todas las
causas penales calificadas como criminales, el acusado gozará del derecho a un
proceso  público, sin dilaciones, por un jurado imparcial del Estado y el
distrito donde el crimen fuera cometido...” y que “En pleitos de derecho común,
cuando su valor supere los veinte dólares, se preservará el derecho al jurado,
y ningún hecho así juzgado podrá ser sometido a revisión en ningún tribunal de
los Estados Unidos de forma distinta a la reglada por el mismo derecho común”.
La importancia que
se asignaba al jurado de conciencia en los Estados Unidos fue recalcada por
Tocqueville, en su libro “La democracia en América”, publicado en 1835. El
autor, que enfatiza que el mayor peligro de la federación norteamericana
provenía de la tiranía de las mayorías, manifiesta, en el capítulo VIII de la
segunda parte, que la institución del jurado constituía una de las fórmulas
para moderarla. Toqueville expresa que el jurado es al mismo tiempo una
institución judicial y política, pero que su rasgo fundamental es el político.
Asimismo, en razón de la importancia política del jurado, expone que éste no
debe reservarse únicamente a las causas criminales, sino que debe extenderse
también a los procesos civiles:
“El sistema del
jurado, tal como se entiende en Norteamérica, me parece una consecuencia
directa y tan extrema del dogma de la soberanía del pueblo, como el voto
universal. Son dos medios igualmente poderosos de hacer reinar a la mayoría.
“Todos los soberanos
que han querido extraer de sí mismos las fuentes de su poder, y dirigir la
sociedad en lugar de dejarse dirigir por ella, han destruido la institución del
jurado o la han falseado. Los Tudor enviaban a la prisión a los jurados que no
querían condenar, y Napoleón los hacía elegir por sus agentes.
“(...) El jurado es
ante todo una institución política; se le debe considerar como una forma de la
soberanía del pueblo y sólo debe ser rechazado enteramente cuando se rechaza la
soberanía del pueblo, o ponerlo en relación con las otras leyes que establecen
esa soberanía. El jurado forma la parte de la nación encargada de asegurar la
ejecución de las leyes, como las Cámaras son la parte de la nación encargada de
hacerlas; y para que la sociedad esté gobernada de una manera exacta y
uniforme, es necesario que la lista de los jurados se extienda o se reduzca con
la de los electores ...”
“(...) [El jurado]
enseña a los hombres la práctica de la equidad. Cada uno, al juzgar a su
vecino, piensa que podrá ser juzgado a su vez. Esto es verdad sobre todo en
materia civil : no hay casi nadie que tema ser un día objeto de una
persecución criminal, pero todos pueden tener un proceso...
“Reviste a cada
ciudadano de una especie de magistratura ; hace sentir a todos que tienen
deberes que cumplir para con la sociedad, y que entran en su gobierno. Al
obligar a los hombres a entrar en otras cosas que de sus propios negocios,
combate el egoísmo individual, que es como la carcoma de las sociedades.
“El jurado sirve
increíblemente para formar el juicio y para aumentar las luces naturales del
pueblo. Esa es, en mi opinión, su mayor ventaja. Se le debe considerar como una
escuela gratuita y siempre abierta, donde cada jurado va a instruirse de sus
derechos, donde entra en comunicación cotidiana con los miembros más instruidos
e ilustrados de las clases elevadas, donde las leyes le son enseñadas de una
manera práctica, y son puestas al alcance de su inteligencia por los esfuerzos
de los abogados, las opiniones del juez y las pasiones mismas de las partes.
Pienso que hay que atribuir principalmente la inteligencia práctica y el buen
sentido de los norteamericanos al largo uso del jurado en materia civil”.
12. Como se observa,
la institución del jurado de conciencia materializó tanto postulados liberales
como democráticos. Liberales, en cuanto tendía a garantizar los derechos de los
ciudadanos a la libertad y la propiedad, en la medida en que establecía que los
procesos contra aquéllos serían realizados por sus pares. Con ello se eliminaba
la posibilidad de que los juicios fueran realizados por jueces dependientes del
monarca o del poder político, al tiempo que se impedían las arbitrariedades del
estamento judicial, tan criticadas en la época del absolutismo real. Y
democráticos, en tanto que la figura de los jurados ponía en manos del mismo
pueblo la aplicación de la ley y, por lo tanto, su interpretación para el caso
concreto. Así, a través de los jurados se perseguía la defensa de los “derechos
naturales” de las personas e, igualmente, se reafirmaba la soberanía popular,
al confiarle a personas emanadas del pueblo la responsabilidad de aplicar la
ley a sus conciudadanos. Este hecho es el que puede explicar que la figura de
los jurados hubiera alcanzado tan amplia difusión en Europa continental y en
Latinoamérica, a partir del siglo XIX.
13. Con todo, con el
tiempo también se percibirían algunos problemas de técnica judicial que
acompañan la institución del jurado: cada vez se hace más evidente que existen
veredictos absolutamente injustificados, sin ninguna correspondencia con las
pruebas aportadas en el proceso; los juicios adquieren fórmulas teatrales,
destinadas, más que a debatir las pruebas, a explotar los sentimientos de los
miembros del jurado; se formulan interrogantes acerca de si es válido separar
el juicio sobre el hecho del juicio acerca del derecho; la justicia se hace más
costosa y lenta, en razón de las dificultades que representaban tanto la
conformación de un jurado imparcial como el obtener la presencia permanente de
los jurados en el juicio; los ciudadanos manifiestan su oposición a integrar
los jurados y su desinterés en la labor; los miembros del jurado son más
fácilmente objeto de intimidación; etc.
Por otra parte,
también se presentan importantes transformaciones en el estamento judicial, con
ocasión de las cuales los jueces asumen el papel de  garantes de los derechos y
libertades de las personas. En los Estados democrático - constitucionales los
jueces ya no representan para las personas los peligros del pasado. Dos razones
fundamentales explican este cambio. Por un lado, el hecho de que el poder
judicial adquiere independencia y autonomía con respecto a los poderes
ejecutivo y legislativo. Tanto los sistemas de nombramiento y de promoción como
la inamovilidad en sus cargos tienden a colocar a los jueces al margen de la
voluntad de las mayorías.
Por otro lado, a
partir del siglo XIX se consolida el principio de que las sentencias judiciales
deben ser motivadas, con lo cual las decisiones deben ceñirse a lo establecido
en la ley y basarse en las pruebas aportadas dentro del proceso.[3] El fallo ya no constituye
únicamente una expresión del poder de juzgar y decidir, sino que también
responde a un proceso de búsqueda de la verdad y de procura de convencimiento
del público acerca de la legitimidad de la resolución tomada, proceso que
necesariamente está vinculado a la utilización de principios de lógica
racional. Este hecho es precisamente el que permitirá ejercer un control sobre
las sentencias y facilitará la interposición de los recursos, en tanto que
éstos se basarán en acusaciones acerca de las carencias de las sentencias en la
utilización de la lógica judicial.
14. Las
circunstancias anotadas condujeron a una revaluación de la institución de los
jurados de conciencia. Por una parte, puesto que los cambios fundamentales
operados en lo relacionado con la posición y el papel del juez dentro del
sistema político implicaron que los jurados perdieran importancia como
instituciones tendentes a garantizar las libertades y bienes de los ciudadanos.
Y por la otra, por cuanto, efectivamente, el funcionamiento de estos tribunales
populares representaba problemas, máxime si se tenían en cuenta los grandes
avances que se habían dado en el poder judicial en materia de respeto de los
derechos de las personas y de seguridad jurídica.
Lo anterior explica
que en los países de la Europa continental se impusiera, en este siglo, la
figura de los escabinados, consistentes en tribunales integrados - en
proporciones distintas de acuerdo con el país - por jueces profesionales y
jueces legos. Estos tribunales juzgan tanto sobre los hechos como sobre el
derecho y  tendrían la virtud de poseer las ventajas de la institución del
jurado - participación de los ciudadanos en la administración de justicia,
moderación de la tendencia a una excesiva tecnificación de la administración
judicial, con el consecuente alejamiento de ésta de la sociedad - y de resolver
las dificultades planteadas por el mismo - la falta de motivación de las
sentencias, el desconocimiento de la técnica jurídica, la complicada separación
de los hechos y el derecho.
Por lo tanto, en el
momento presente se habla de dos tipos de jurados, a saber : el puro, que
se ajusta al modelo anglosajón, y el mixto, o escabinado, que responde al
modelo de la Europa continental[4].
El jurado de
conciencia en Colombia
15. La institución
del jurado en Colombia tiene su origen en 1821, cuando en el Congreso de Cúcuta
se expidió una ley sobre libertad y juicio de  imprenta, en la cual se
consagraba el jurado de conciencia. Luego, en 1851, durante el gobierno de José
Hilario López, el Congreso determinó que los delitos de homicidio, hurto de
mayor cuantía y robo serían juzgados por los mismos ciudadanos. Un año más
tarde se extendió el juicio por jurados para todos los delitos, salvo los
cometidos por funcionarios públicos. Posteriormente, con el advenimiento de la
forma federal del Estado, a partir de la Constitución de 1853, los distintos
estados introdujeron sus propias fórmulas de juicio.
16. En la
Constitución de 1886 se contempló expresamente la posibilidad de establecer los
juicios mediante jurados de conciencia. En efecto, el inciso 2 del artículo 164
prescribió que “la ley podrá instituir jurados para las causas criminales.”
Esta autorización fue  utilizada por el legislador para instaurar el juicio por
jurados, tal como ocurrió con la Ley 57 de 1887 - con las reformas que
introdujeron las Leyes 153 de 1887, 135 de 1888, 105 de 1890, 100 y 169 de
1892, 40 de 1907, 92 de 1920, 104 de 1922 y 1ª de 1923; con el Código de
Procedimiento Penal de 1938 - expedido mediante la Ley 94 de ese mismo año, la
cual fue reformada en esta materia por la Ley 4ª de 1943, los Decretos 242 y
1231 de 1951 y 1358 de 1964, y las Leyes 16 de 1968 y 16 de 1969; y el Código
de Procedimiento Penal de 1971 -  expedido mediante el Decreto 409 del mismo año.
17. En el año de
1986, con fundamento en las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 58
de 1984, se elaboró un proyecto de Código de Procedimiento Penal en el que se
suprimía el jurado de conciencia - popular,  para establecer, en su lugar, un
jurado de derecho, integrado únicamente por abogados, quienes, sin embargo,
continuarían fallando en conciencia. Con ello se respondía, parcialmente, a las
críticas formuladas contra la institución del jurado de conciencia por parte de
distintos tratadistas del derecho penal y procesal. Conviene al respecto
transcribir algunas opiniones expresadas sobre el jurado. Así, Hernando Devis
Echandía exponía:
“Esta institución
del jurado debe considerarse como un anacronismo en vía de desaparecer, pues el
viejo y sofisticado argumento de que es la aplicación de la democracia, se
cumple rodeando al procesado de garantías para la recta e imparcial
administración de justicia y haciendo efectivo el derecho de defensa y la
igualdad de las partes en el debate. Desde este punto de vista, el jurado es
una amenaza contra la democracia en la justicia, puesto que expone la libertad
(o los derechos patrimoniales o familiares del individuo cuando se aplica al
proceso civil como en Inglaterra y en los Estados Unidos) a la arbitrariedad de
personas ignorantes limitando gravemente el derecho de defensa al no poderse
conocer las razones de la decisión para combatirlas”.[5]
Igualmente, Alfonso
Reyes Echandía manifestaba sobre la figura de los jurados:
“Tal institución
debe abolirse [... porque] propicia una justicia emocional sin suficiente
ponderación porque el ambiente de la audiencia pública suele estar impregnado
de emotividad, y en tales condiciones los jurados son fácilmente permeables a
consideraciones de esta naturaleza.
“Como consecuencia
de la atmósfera a que se ha hecho referencia el resultado del fallo del jurado
depende del poder de convicción que sobre él ejerzan los oradores, aunque los
argumentos expuestos no sean - como no suelen serlo - de carácter jurídico.
“Se le exige a los
jurados que fallen en conciencia ; pero si tener conciencia de algo es
darse cuenta de lo que se hace, acaso los jueces de derecho no fallan también
en conciencia? Y con una conciencia mucho más reflexiva que la de los jurados
porque conocen mucho mejor el proceso y saben evaluar más ponderadamente las
pruebas.
“El jurado de
conciencia no es responsable de los fallos que emite; terminada la audiencia,
cualquiera que sea la naturaleza de su veredicto, a nadie rinde cuenta de su
determinación, por arbitraria que ella haya sido; no ocurre eso con el juez de
derecho, cuya profesionalidad y el hecho de poseer una investidura más o menos
permanente lo lleva a ser mucho más cuidadoso de sus decisiones, por las que ha
de responder.
“Como el cargo de
jurado es de forzosa aceptación, ordinariamente se desempeña sin vocación ni
voluntad ; por eso muchas veces su veredicto no es fruto de sincera
convicción, del deseo de acertar, sino de consideraciones que nada tienen que
ver con la justicia : con pocas excepciones, el ciudadano que cumple
funciones de jurado se siente metido en una camisa de fuerza de la que quiere
salir prontamente”.[6]
Sin embargo, la
comisión revisora del proyecto rechazó la propuesta de que los jurados fueran
conformados en todos los casos por abogados, conocedores del derecho penal y de
la teoría sobre las pruebas, y preservó la figura de los jurados populares de
conciencia, tal como quedó luego consagrado en el Código de Procedimiento Penal
de 1987 - dictado mediante el Decreto 050.
18. El Decreto 050
de 1987 fue derogado, junto con todas sus normas complementarias, por el Código
de Procedimiento Penal contenido en el Decreto 2700 de 1991, que rige
actualmente y fue expedido con base en la autorización impartida por el literal
a) del artículo 5 transitorio de la Constitución de 1991.
El Decreto 2700
recogió la propuesta de que los jurados fueran integrados en todos los casos
por abogados y estableció, en consecuencia, los jurados de derecho.
19. La instauración
de los jurados de derecho provocó, incluso en el mismo seno de la Comisión
Especial Legislativa que debía aprobar o improbar el proyecto de Código de
Procedimiento Penal elaborado por el gobierno, discusiones acerca de la
compatibilidad de esta figura con la Constitución de 1991. Como es sabido, a
diferencia de la Constitución de 1886, la nueva Carta no contiene ninguna
autorización al legislador para que introduzca los jurados de conciencia. Pero
aún más, el artículo 116 de la Constitución estableció estrictos límites a las
posibilidades de participación de los particulares en la administración de
justicia al expresar que “Los particulares pueden ser investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia en condición de
conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir
fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”.
20. Precisamente con
base en este artículo constitucional, y en los artículos 246 y 247, que
“concretan quiénes son en Colombia los titulares de la función jurisdiccional”,
el Consejo Superior de la Judicatura se abstuvo de dar cumplimiento al artículo
74 del Decreto 2700 de 1991, que establecía que el Consejo conformaría las
listas de candidatos para ser designados como jurados de derecho, recurriendo
para ello a la figura de la excepción de inconstitucionalidad. Esta decisión
fue tomada en su acuerdo N° 10 de 1992, del cual interesa transcribir los
siguientes apartes:
“...Que del contexto
de los preceptos superiores que acaban de transcribirse, surge claramente que
los llamados jurados de derecho, como agregados que serían a los jueces que
deben fallar, también en derecho, ciertos procesos, no encajan en modo alguno
en la organización que el Constituyente quiso dar a la administración de
justicia en Colombia ni corresponden a los casos en que a los particulares les
es permitido impartirla, teniendo en cuenta que su cometido difiere nítidamente
de los que realizan los conciliadores, los árbitros y, en su momento, los
jueces de paz; y que ni siquiera en el supuesto de que fueran compuestos por
servidores de la administración pública, podrían cumplir la misión que el
Código de Procedimiento Penal les encomienda, pues a las autoridades
administrativas se les prohibe expresamente juzgar delitos.
“Que aunque la
anterior conclusión fluye de los textos mismos del Código Constitucional, está
respaldada además con la historia fidedigna de su establecimiento, condensada
en las actas de las correspondientes deliberaciones de la Asamblea Nacional
Constituyente...
“Que el cotejo de
las normas legales cuya aplicación debería hacer el Consejo Superior de la
Judicatura, es decir, las que le imponen el deber de conformar listas de jurado
de derecho y establecer la respectiva remuneración, con la normativa
constitucional que regula el ejercicio de la función jurisdiccional, resulta
palpable la contradicción entre unas y otra.
”Que al tenor de lo
ordenado en el artículo 4 del Estatuto Máximo de la República, en todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica se
aplicarán las disposiciones constitucionales, pues la Constitución es definida
como norma de normas; lo que significa que es obligatorio para el funcionario
encargado de aplicar la ley, abstenerse de hacerlo  si llega a la convicción de
que es inconstitucional, hipótesis que es precisamente la que ocurre en la
presente contingencia.[7]
21. Posteriormente,
esta Corporación conoció de una demanda de inconstitucionalidad contra la
figura de los jurados de derecho contemplada en el mencionado Decreto 2700 de
1991. En su sentencia, la C-226 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero, la
Corte estableció que en la Asamblea Nacional Constituyente distintos proyectos
estuvieron dirigidos a consagrar la institución del jurado de conciencia.[8] Igualmente, constató
que  como producto de las discusiones y de la votación realizadas en la
Comisión Cuarta, que se ocupó de los asuntos relacionados con la Justicia y el
Ministerio Público, se aprobó un artículo que preceptuaba: “Los particulares
podrán intervenir en la administración de justicia en los casos que determine
la ley y proferir fallos en equidad”.
Este artículo fue
aprobado también en el primer debate de la sesión plenaria de la Asamblea. Sin
embargo, la Comisión Codificadora propuso modificarlo para que quedara del
siguiente tenor: “(...) Los particulares pueden ser investidos transitoriamente
de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores, o en la
de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en
equidad, en los términos que determine la ley”.[9]
Y si bien, en la sesión plenaria del 1 de junio, el Ministro de Gobierno
presentó una propuesta sustitutiva que retomaba el artículo aprobado en el
primer debate,[10]
el cual habría permitido que el Legislativo consagrara el juicio por jurados,
finalmente, la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el texto
propuesto por la Comisión Codificadora[11],
el cual constituye actualmente el inciso 4° del artículo 116 de la Carta.
Con base en la
descripción del proceso de aprobación del mencionado inciso 4° del artículo
116, la Corte concluyó entonces:
“(...) En este
sentido, fue voluntad expresa del constituyente el hecho de prescindir de la
intervención de particulares en la administración de justicia en calidad de
jurados de conciencia. Dicha voluntad del autor de la norma, también denominada
criterio subjetivo o auténtico, se expresa en este caso por vía negativa, al no
consagrar una disposición habiéndola considerado y votado.
“En otras palabras,
puede afirmarse que en el caso concreto hubo manifestación directa del
constituyente por vía negativa, al considerar una norma, votarla y rechazarla.”
La Corte encontró
luego que los jurados de derecho no eran auxiliares de la justicia sino que
administraban justicia y que, por lo tanto, su existencia excedía las
facultades que el artículo 116 de la Carta permitía otorgarle a los
particulares en esta materia:
“Los auxiliares de
justicia no administran justicia sino que colaboran con ella, mediante
experticios, peritazgos, tenencia de bienes secuestrados o en concordato,
quiebra, etc. Un jurado de derecho, por el contrario, administra justicia en la
medida en que sus decisiones, denominadas veredictos, fallan en derecho el
asunto de fondo e, incluso, si la primera decisión es declarada contraevidente,
la segunda de ellas obliga al juez y dirime en derecho el fondo del asunto en
los delitos de homicidio -art. 466 CPP-. Stricto sensu un veredicto es
un acto de la esencia de la sentencia, que hace un todo con ésta. El veredicto
debe estar en consonancia con la sentencia para dos efectos: primero, en caso
de total desacuerdo entre el material probatorio y el veredicto el juez de la
causa puede declararlo contraevidente -art. 466 CPP-; segundo, la falta de
armonía entre el segundo veredicto y la resolución de acusación es causal de
casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia -art. 220 numeral
2° CPP-.”
Así, en la
mencionada sentencia se declaró la inconstitucionalidad de las normas del
Código de Procedimiento Penal que se referían a los jurados de derecho, bajo la
premisa de que si le estaba “constitucionalmente vedado a los particulares
ejercer justicia en calidad diferente a la de conciliador o árbitro, la norma
que consagra que los particulares podrán administrar justicia en condición de
jurados de derecho es una norma contraria a la Constitución”.
22. La sentencia
C-226 de 1993 fue dictada el día 17 de junio. Un mes después, el día 23 de
julio, fue sancionada la Ley 58 de 1993. La ley - que había empezado su
trámite en el Congreso en agosto de 1992, por iniciativa del Consejo Superior
de la Judicatura y el Ministerio de Justicia -, derogó las normas del Código de
Procedimiento Penal que contemplaban el jurado de derecho y que ya habían sido
declaradas inconstitucionales por la Corte, en su sentencia C-226 de 1993.
Los vocales en
los consejos verbales de guerra
23. Las funciones de
los vocales de los consejos verbales de guerra equivalen a las que
desempeñaban, mientras rigieron, los jurados de conciencia en los procesos
penales de la justicia ordinaria. Por eso, es evidente que la pregunta que
ahora debe resolverse es si la jurisprudencia de la Corte sobre los jurados de
derecho es aplicable a la institución de los vocales, una institución
tradicional dentro de la justicia penal militar.
24. El artículo 116
de la Constitución establece cuáles son los organismos que administran justicia
y dentro de ellos menciona a la justicia penal militar. A continuación señala
que, excepcionalmente, la ley puede atribuir precisas facultades
jurisdiccionales a determinadas autoridades administrativas, salvo para
adelantar la instrucción de sumarios o juzgar delitos. Igualmente, el artículo
precisa que la ley podrá investir transitoriamente a los particulares de la
función de administrar justicia en condición de conciliadores o en la de
árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en
equidad.
De los dos incisos
finales del artículo 116 de la Carta parecería poder deducirse que
efectivamente se prohibe la existencia de los jurados -en este caso de los
vocales- en la jurisdicción penal militar. Sin embargo, los dos incisos
mencionados no se refieren a ella, sino a la justicia ordinaria. En efecto, la
norma constitucional específica sobre la justicia penal militar - la cual, como
se señaló en la sentencia C-37 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, que se
ocupó de la revisión del proyecto de ley estatutaria de la administración de
justicia, no forma parte de la rama judicial - es el artículo 221 de la Carta,
que trata sobre el fuero militar, y en el cual se establece que “de los delitos
cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en
relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales
militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar...”
25. Desde la
perspectiva que señala el artículo 221 de la Constitución, la consagración de
los vocales como parte integrante del Consejo Verbal de Guerra no se opone a
los designios constitucionales. En efecto, el artículo 221 concede un amplio
espacio de discreción al Legislador para determinar los procedimientos que
regirán el proceso penal militar. Ello permite que, a diferencia de lo señalado
con respecto a la justicia ordinaria, se instaure la figura del juicio por los
pares en la justicia penal militar. Con todo, el hecho de que en la
Constitución se haya expresado que en la justicia penal militar los procesos se
adelantarán de acuerdo con “las prescripciones del Código Penal Militar” no
significa que las normas contenidas en este Código hayan sido exceptuadas de
eventuales controles de constitucionalidad. Si bien el Constituyente le
reconoció al Congreso un mayor ámbito de libertad en la regulación del proceso
penal militar, también en estos casos el Legislador debe cumplir su cometido
dentro del marco constitucional. Por lo tanto, habrá de analizarse si las
regulaciones específicas contenidas en el Código Penal Militar  acerca de la
participación de los vocales dentro del proceso penal militar es aceptable
desde el punto de vista constitucional.
Los derechos de
acceso a la justicia (tutela judicial efectiva) y debido proceso, y la
institución de los vocales
26. El artículo 229
de la Constitución garantiza el derecho de todos los ciudadanos para acceder a
la administración de justicia. Este derecho implica no sólo que las personas
pueden solicitar a los organismos que administran justicia que conozcan y
decidan de fondo sobre sus conflictos - salvo que la ley contemple causas
legítimas de inadmisión -, sino también que esas decisiones sean fundamentadas.
La obligación de motivar las decisiones judiciales obedece a la necesidad de
demostrar que el pronunciamiento no es un producto de la arbitrariedad del
juez. En el Estado de derecho la sentencia responde a la visión del juez acerca
de cuáles son los hechos probados dentro del proceso y cuál es la respuesta que
se le brinda al caso concreto por parte del ordenamiento jurídico. Sin embargo,
es claro que tanto los hechos como las normas pueden ser interpretados de
manera distinta. Por esta razón, se exige que, en su sentencia, el juez realice
un esfuerzo argumentativo con miras a justificar su decisión y, por lo tanto, a
convencer a las partes, a los demás jueces y al público en general, de que su
resolución es la correcta. Precisamente la motivación de las sentencias es la
que permite establecer un control - judicial, académico o social - sobre la
corrección de las decisiones judiciales.
La fundamentación
judicial es necesariamente jurídica, como bien lo establece el artículo 230 de
la Carta, al afirmar que los jueces sólo están sometidos en sus providencias al
imperio de la ley. Esto significa que las sentencias deben basarse en una
apreciación de los hechos probados dentro del proceso, desde la perspectiva de
las normas jurídicas vigentes.
27. El artículo 29
de la Constitución consagra el derecho fundamental al debido proceso, el cual
consiste en que todas las personas que son  parte dentro de un proceso judicial
tienen el derecho de gozar de una serie de garantías. Varias de esas garantías
están contempladas en el mismo artículo citado, pero a ellas se deben agregar
las estatuidas en otros textos constitucionales. Entre las mencionadas
garantías se encuentran el derecho al juez natural, la presunción de inocencia,
el derecho a ser juzgado únicamente con base en las leyes preexistentes, la
aplicación de la ley permisiva o favorable en los procesos penales, el derecho
a una defensa técnica, etc.
Dentro de las
garantías propias del debido proceso y de la tutela judicial efectiva se
encuentran también las de ejercer el derecho de defensa y las de recurrir las
sentencias judiciales.[12]
Ahora bien, para poder presentar recursos contra los fallos judiciales es
necesario conocer cuáles fueron las razones que condujeron al juez a dictar la
sentencia que se controvierte, razones que deben referirse a los hechos (las
pruebas) y a los fundamentos jurídicos en los que se apoya la decisión. Si esas
razones no son públicas el recurrente no podrá esgrimir contra la sentencia más
que argumentos generales, que repetirían lo que él ya habría señalado en el
transcurso del proceso. Precisamente entre los fines del deber de motivar las
sentencias se encuentra el de facilitarle al afectado la comprensión de la
resolución emitida y la formulación de su impugnación.
28. Como se observa,
de los dos derechos fundamentales mencionados se puede derivar la obligación
constitucional de que las sentencias judiciales sean motivadas jurídicamente.
Sin embargo, este principio no tiene vigencia en el caso de los juicios con
participación de los jurados de conciencia. Como bien se afirma en el aparte
transcrito de la sentencia C-226 de 1993, los jurados o vocales administran
justicia. Ello por cuanto, como también lo ha señalado repetidamente la Corte
Suprema de Justicia, el veredicto debe ser el  fundamento de la sentencia del
juez. Mas a la esencia de la institución del jurado puro le pertenece el que
sus decisiones sean inmotivadas. Los jueces de hecho fallan con base en sus
convicciones íntimas, de acuerdo con el principio de verdad sabida y buena fe
guardada, como bien lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia.
29. De acuerdo con
lo señalado en la sentencia C-226 de 1993, la Asamblea Nacional Constituyente
desistió de los juicios por jurado en la justicia ordinaria. La definición de
este aspecto en la justicia penal militar se dejó librado al legislador, el
cual había consagrado la institución de los vocales en el Código Penal Militar
dictado en 1988.
En concordancia con
la naturaleza del fallo del juez de hecho, el artículo 676 del Código Penal
Militar  expresa que “los vocales contestarán el cuestionario con un sí o un
no”. Cada uno de los tres vocales deberá responder por escrito el cuestionario
que se le presenta, sin comunicarse con los otros vocales ni con ninguna otra
persona, y el resultado del escrutinio de las convicciones de los vocales será
el veredicto.
Distintos artículos
del Código procuran la vigencia del principio de que el veredicto de los
vocales sea el fundamento del fallo judicial.[13]
El artículo 680 concede al juez la posibilidad de apartarse del primer
veredicto, señalando que es contraevidente, o sea, que se opone a la evidencia
de los hechos. El juez lo declarará contraevidente mediante un auto
interlocutorio que debe ser consultado con el fallador de segunda instancia, el
Tribunal Superior Militar. Si éste no confirma el auto, el juez deberá fallar
de acuerdo con el veredicto. Mas si el Tribunal refrenda el mencionado auto, se
deberá convocar un nuevo consejo verbal de guerra, con otros vocales, cuyo
veredicto es, en todo caso, definitivo y obligatorio.
De acuerdo con el
artículo 699, también es posible que el Tribunal Superior Militar declare
directamente que un veredicto es contraevidente. Ello ocurre cuando la
sentencia sube en revisión al Tribunal. En estos casos también se deberá
convocar un nuevo consejo verbal de guerra y el veredicto que se dicte dentro
de éste será definitivo.
30. El carácter
definitivo del segundo veredicto explica que entre las causales contempladas en
el Código Penal Militar para recurrir en casación (art. 442) no se encuentre la
de que el veredicto sea contraevidente. Pero aún más, desde hace décadas, la
Corte ha ratificado en su jurisprudencia la intangibilidad de este segundo
pronunciamiento de los jurados.
Inicialmente, las
mismas leyes preveían como causal de casación la injusticia notoria del
veredicto. [14] Es
así como el numeral 5 del artículo 3º de la Ley 118 de 1931 consagraba como
causal el “ser la sentencia violatoria de la ley, por haberse dictado sobre un
veredicto viciado de injusticia notoria, siempre que esta cuestión haya sido
debatida previamente en las instancias”.
Luego, si bien el
Código de Procedimiento Penal de 1938 eliminó esa causal, la Corte se apoyó
durante algún tiempo en la causal 2ª del artículo 567 para declarar en algunas
ocasiones que sí procedía la casación contra los veredictos contraevidentes o
injustos.[15]
Sin embargo, poco tiempo después la Corte varió su jurisprudencia, para señalar
que los fallos judiciales fundados en veredictos eran inamovibles, haciendo la
salvedad de las ocasiones en las que los veredictos eran contradictorios, o
bien no eran claros y precisos, o bien no se ajustaran a los cargos formulados
en la resolución de acusación.
Es así como la
Corte, en sentencia del 31 de enero de 1969, M.P. Samuel Barrientos, publicada
en la Gaceta Judicial, tomo CXXIX, números 2306-2308, en 1969, pp. 137ss.,
expresó[16]:
“Siendo esto así,
tiene que repetir la Corte lo dicho en otras ocasiones sobre esta alegación:
‘En los procesos en los que interviene el Jurado no es admisible invocar como
motivo de impugnación de una sentencia, la apreciación errónea o falta de
apreciación de una prueba y ello por estos motivos: 1º. Porque el Juez de
conciencia tiene libertad para aceptar o rechazar los elementos de juicio que
se someten a su consideración, y sólo cuando se aparta de la realidad tangible
de los hechos, al dar su veredicto, es posible el rechazo de éste por los
juzgadores de instancia; 2º. Porque el estudio de las pruebas, sólo podría
conducir a la declaración de contraevidencia del veredicto, y ello, de una parte,
corresponde, como se acaba de indicar, a los funcionarios de primera o segunda
instancia, y de la otra, tal situación no fue prevista por el legislador como
motivo de casación”.
Si bien algunos
consideraron que el numeral 1° del artículo 580 del Código de Procedimiento
Penal   de 1971  - cuyo contenido es similar al de la primera causal de
casación contemplada en el Código Penal Militar, y según el cual era procedente
la casación “cuando la sentencia sea violatoria de la ley sustancial, por
infracción directa o aplicación indebida o interpretación errónea. Si la
violación de la ley proviene de apreciación errónea o de falta de apreciación
de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este
punto, demostrando haberse incurrido en error de derecho o error de hecho que
aparezca manifiesto en los autos” - podía extenderse a aquellos casos en los
que las sentencias se fundamentaban en veredictos injustos, la Corte Suprema de
Justicia mantuvo su jurisprudencia, en el sentido de declarar que esta
posibilidad no era de recibo. En sentencia del 11 de julio de 1989, M.P.
Gustavo Gómez, publicada en la Gaceta Judicial, tomo CXCIX, Número 2438, de
1989, p. 53ss, la Corte Suprema de Justicia señaló:
“c) Cuando el Juez
de derecho considera que el veredicto emitido por el jurado de conciencia,
contraría abiertamente la prueba válidamente recogida en el sumario y no
desvirtuada en la etapa del juicio o en el debate público, debe declarar su
contraevidencia y convocar un nuevo jurado, salvo que se trate de segundo
veredicto cuya aceptación resulta de imperiosa obligatoriedad. Esta
determinación corresponde exclusivamente a los juzgadores de instancia y
resulta ajena al recurso de extraordinario de casación”.
31. Las
características del juicio por jurados evidencian que en éste la motivación de
las sentencias y su armonía con las normas jurídicas pasan a un segundo lugar.
En este juicio, el eje fundamental está dado por la convicción íntima de los
jueces populares acerca de los hechos objeto del proceso. De allí que la
respuesta que se espera de ellos sea un sí o un no, y que el veredicto del
segundo jurado sea definitivo, incluso en aquellos casos en los que es
evidentemente injusto.
Por otro lado, como
ya se ha señalado, de los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso
nace la obligación de que los fallos de los órganos que administran justicia
sean motivados y el derecho de que los fundamentos de los pronunciamientos
judiciales puedan ser conocidos y atacados por las partes dentro del proceso.
Como se observa, en este punto existe una contradicción. Por eso, el
interrogante que surge es, entonces, si es aceptable desde el punto de vista de
la Constitución Política que en el juicio por jurados se haga una excepción a
las obligaciones y derechos emanados de los derechos fundamentales de acceso a
la justicia y al debido proceso.
La Corte considera
que no. En un Estado de Derecho, las actuaciones de los órganos públicos deben
estar ajustadas a la normatividad jurídica. Igual ocurre con las decisiones
judiciales, máxime cuando se trata de asuntos penales. Ello por cuanto la
normatividad penal está dirigida a proteger los bienes jurídicos que son
considerados como de mayor importancia por el Legislador, y porque, en un
proceso criminal se resuelve sobre la libertad de las personas, uno de los
derechos más preciados. Es por eso que en los procesos penales se acentúa la
necesidad de rodear de garantías a las partes procesales.
32. De acuerdo con
lo expresado, en definitiva, en los juicios por jurado el procesado es
condenado o absuelto de acuerdo con la voluntad de los jueces de hecho, sin que
éstos tengan que justificar su decisión. De esta manera, las sentencias
proferidas en estos juicios se basan enteramente en la opinión de los jurados -
y más concretamente en la opinión de la mayoría de ellos -, independientemente
de la situación jurídica concreta y de las razones personales en que se funda
el concepto de cada jurado. Además, tal como se ha precisado, la regulación de
los juicios mediante jueces de hecho ha estado también dirigida a asegurar la
intangibilidad final del pronunciamiento de los jurados, en la medida en que se
señala que el segundo veredicto es definitivo, aun cuando éste sea
palmariamente opuesto a las evidencias procesales y a las normas jurídicas.
Ello indica que en estas situaciones el ordenamiento jurídico deja de regir,
para ser sustituido por la voluntad de los vocales. En la práctica, el efecto
de la regulación actual de la actuación de los vocales o jurados es que su albedrío
se impone sobre las normas jurídicas existentes. Este resultado es inaceptable
desde el punto de vista de una Constitución que le concede un lugar
privilegiado a los derechos fundamentales y, al mismo tiempo, establece
directamente el sistema de fuentes al cual deben sujetarse los jueces.
33. La Corte cree
necesario reiterar que, como lo dispone el artículo 1º del Acto Legislativo 02
de 1995, las Cortes Marciales o Tribunales Militares se integran con miembros
de la fuerza pública en servicio activo o en retiro. Desde este punto de vista,
la institución de los vocales no viola la Constitución Política. Sin embargo,
la Corte, por las razones expuestas, declarará la inconstitucionalidad de las
normas relativas a los vocales contenidas en el Código Penal Militar - que se
especificarán en la parte resolutiva de esta sentencia -, puesto que ellas
están informadas por una filosofía que, independientemente de su intervención,
resulta inconciliable con el derecho al debido proceso y el derecho para acceder
a la administración de justicia. Las funciones asignadas a los vocales, y el
modo concreto de cumplimiento de las mismas, quebrantan de manera ostensible
los mencionados derechos.
La integración de
los tribunales castrenses con militares en servicio activo o en retiro
constituye un elemento diferenciador de esta jurisdicción frente a las
restantes y, en este caso, desde luego, su participación se estima legítima y
sobre ello no se edifica la inconstitucionalidad. Empero, en los demás
aspectos, particularmente en lo que atañe a la vigencia plena de las garantías
constitucionales relativas a los derechos indicados, los tribunales o cortes
marciales deben sujetarse a los dictados de la Carta. Corresponderá, por
consiguiente, al Legislador, introducir las reformas pertinentes, de suerte
que, respetando la fisonomía peculiar de estos órganos del Estado, se garantice
la primacía del debido proceso y el acceso a la justicia.
Por el momento, cabe
interpretar que, hasta tanto no se dicten las nuevas normas legales, los
delitos cuyo conocimiento corresponde a la justicia penal militar serán
decididos conforme a las normas generales de procedimiento previstas en el
Código Penal Militar, vale decir, según las reglas aplicables a los consejos de
guerra sin intervención de vocales.
La regulación del
Consejo Verbal de Guerra que, a la luz de los argumentos expuestos, se ha
encontrado inconstitucional, obliga a la Corte a integrar la proposición
jurídica de modo que el fallo que se dicte no resulte inocuo. En este sentido,
los artículos que aquélla comprende son todos los que fueron demandados, los
cuales serán declarados inexequibles en su totalidad. También se declarará la
inexequibilidad del artículo 699 y de algunos apartes de los artículos 404, 434
y 639 del Código Penal Militar. A continuación se transcriben las normas
afectadas por la declaración de inconstitucionalidad:
"ARTICULO
656. Integración del
consejo verbal de guerra. El consejo verbal de guerra se integrará así: Un
presidente, tres vocales dos por sorteo, un fiscal, un asesor jurídico y un
secretario.
“El presidente, los
vocales, y el fiscal deben ser oficiales en retiro, superiores en grado o
antigüedad del procesado.
“El secretario será
un oficial en servicio activo, cuando se juzgue a oficiales, o un militar o un
policía de cualquier graduación, también en servicio activo, en los demás
casos.”!
“ARTÍCULO 657. Contenido de la resolución de
convocatoria. La resolución de convocatoria contendrá:
1.
La narración sucinta de los hechos.
2.
Identidad de los procesados.
3.
Breve análisis de las pruebas que establezcan el hecho
punible y las que sirvan de fundamento de la imputación al procesado.
4.
La calificación jurídica provisional, señalando el
capítulo del título respectivo de la ley penal correspondiente.
5.
Designación del presidente, fiscal, asesor jurídico y
secretario del consejo verbal de guerra, quienes tomarán posesión ante el juez
de primera instancia.
6.
La hora de la diligencia para el sorteo de vocales,
diligencia que se efectuará el día hábil siguiente a la ejecutoria de la
resolución.
“Esta resolución
será notificada de conformidad con lo establecido en el      artículo 659 de
este código.”
“ARTÍCULO 660. Procedimiento para el sorteo de vocales.
El día y hora señalados para el sorteo de vocales, el juez de primera instancia
pondrá de manifiesto a las personas que hayan concurrido, una lista compuesta
por un número no inferior a seis (6) oficiales en servicio activo o en retiro,
superiores en grado y antigüedad al procesado, elaborada por el comando
respectivo, publicada por la orden del día y las fichas correspondientes
numeradas a partir de la unidad. Acto seguido ordenará al secretario que las
deposite en una urna para que sean revueltas por el fiscal. Este procederá a
extraer las fichas, una a una, cuyo número será leído en voz alta por el
secretario. El acta de sorteo de vocales se agregará al proceso.
“En caso de que en
la unidad no existiere el número suficiente de oficiales para integrar la lista
indicada en el inciso anterior, se solicitará al comando inmediatamente
superior, y una vez recibida se continuará el procedimiento.”
“ARTÍCULO 661. Manifestación de impedimento legal.
Si alguno de los vocales sorteados tiene impedimento legal para desempeñar el
cargo, lo manifestará en el acto mismo de la notificación; la prueba podrá ser
presentada en el momento de la notificación o el día hábil siguiente.”
“ARTÍCULO 662. Sorteo parcial. El juez de primera
instancia ordenará, mediante auto de sustanciación, el reemplazo del vocal o
vocales impedidos y señalará fecha y hora para el sorteo parcial, el cual se
efectuará al día siguiente. Se procederá en la forma establecida en el artículo
660 de este código.”
“ARTÍCULO 675.  Lectura de cuestionario e intervención
de las partes. Los cuestionarios serán leídos, se entregarán sendas copias
a los vocales, se allegará copia de ellos al proceso, se suspenderá la sesión y
se correrá traslado al fiscal y a los defensores, por tres (3) horas,
renunciables para cada uno, para que preparen sus alegaciones. Si fueren varios
los procesados o el defensor representa a dos (2) o más de ellos, el traslado
para el fiscal o el defensor se aumentará en otro tanto.
“Se reanudará la
sesión. El presidente concederá la palabra por una sola vez al fiscal y a los
defensores. También oirá a los procesados si así lo solicitan. La intervención
del fiscal y de los defensores es obligatoria.”
“ARTÍCULO 676.
Contestación de los cuestionarios. Terminado el debate oral, se suspenderá la sesión para que los
vocales, en presencia del fiscal y de los defensores, respondan los
cuestionarios.
“Cada vocal
responderá por escrito, separadamente, sin comunicarse con nadie.
“Los vocales
contestarán el cuestionario con un sí o un no; pero si estimaren que el hecho
se cometió en circunstancias distintas de las contempladas en el respectivo
cuestionario, podrán expresarlo así brevemente en la contestación.
“La labor de los
vocales no podrá interrumpirse por ningún motivo.
“Firmarán sus
respuestas con indicación de su grado, y a medida que terminen entregarán el
cuestionario al presidente.
“El presidente
procederá al escrutinio y el resultado será el veredicto, que se consignará en
un ejemplar del cuestionario y que suscribirán el presidente, el asesor
jurídico y el secretario.
“Cumplido lo
anterior, se reanudará la sesión; el presidente leerá los cuestionarios; las
respuestas y el resultado del escrutinio será el veredicto.”
“ARTÍCULO 680.  Contraevidencia. Si el veredicto
es contrario a la evidencia de los hechos procesales, así lo declarará el
presidente del consejo, quien consultará su decisión con el fallador de segunda
instancia; si fuere confirmada, se convocará un nuevo consejo verbal de guerra.
“Están impedidos
para ser vocales en el nuevo consejo verbal de guerra los oficiales que
hubieran intervenido en el consejo anterior.
“El veredicto del
segundo consejo es definitivo.
“Si el auto de
contraevidencia no fuere confirmado, se ordenará devolver el expediente, para
que se dicte sentencia de acuerdo con el veredicto. Si por cualquier causa no
se encontrare el presidente del consejo en la guarnición, o si por razones del
servicio no pudiere proferir la sentencia ordenada, la autoridad que convocó el
consejo asumirá la competencia y cumplirá la orden del fallador de segunda
instancia.
“Si en un mismo
consejo verbal de guerra, uno o varios veredictos son aceptados y otros fueren
declarados contraevidentes, aquellos quedan en suspenso hasta que se defina lo
relativo a la contraevidencia para dictar una sola sentencia.”
Artículo 404.
“(…) Para los
vocales de los consejos de guerra: “¿Prometéis, por vuestro honor militar,
examinar con la más minuciosa atención tanto los cargos como la defensa que del
acusado se haga en este juicio; no traicionar ni los intereses de éste, ni los
de la sociedad que lo juzga; no escuchar en el desempeño de vuestra misión ni
el odio, ni el temor, ni el afecto; decidir con la imparcialidad y firmeza, sin
atender a nada distinto de vuestra personal conciencia y no hacerlo jamás sin
convicción íntima de los hechos; no comunicaros con nadie sobre la causa
sometida a vuestro veredicto y no olvidar que la misión que se os ha confiado
es la muy sagrada de administrar justicia sobre los hombres?(…)”
Artículo 434.
“(…) 4. Autos de
contraevidencia.”
Artículo 639.
“(…) 9. Cuando
proferido por el jurado veredicto absolutorio, no fuere declarado
contraevidente por el presidente dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes, o cuando el tribunal revoque el auto por el cual se dictó el
veredicto contrario a la evidencia de los hechos.”
“Artículo 699. Contraevidencia decretada por el
Tribunal. El Tribunal Superior Militar puede declarar, al revisar una
sentencia, que es contraevidente el veredicto que le sirvió de fundamento.”
34. Como ya se ha
señalado, la Constitución no impide que el legislador contemple la
participación de los vocales dentro de los juicios contra los miembros de la
fuerza pública en servicio activo, por los delitos que ellos cometieren en
relación con el mismo servicio. Sin embargo, la forma en la que está concebido
actualmente el juicio por vocales sí vulnera la Constitución. Así, pues, el
Congreso está facultado para regular el juicio militar con participación de los
vocales, pero esa regulación no debe afectar la vigencia plena de los derechos
fundamentales para acceder a la justicia y contar con un debido proceso, en los
términos señalados en esta sentencia. Experiencias internacionales, como la de
los tribunales escabinados, indican que existe la posibilidad de que la
regulación de estos procesos militares se realice sin afectar la vigencia de
los derechos fundamentales. Al legislador le corresponderá establecer la forma
que considere más apropiada.
D E C I S I O N
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional
R E S U E L V E
Primero.- Declarar
INEXEQUIBLES los artículos 656, 657, 660, 661, 662, 675, 676, 680, 699,
los numerales 4 del artículo 434 y 9 del artículo 639 y el inciso 4 del
artículo 404 del Código Penal Militar.
Segundo.- La
presente sentencia rige a partir de su notificación y se aplicará a los
procesos en curso, salvo aquéllos en los que ya se hubiere dictado sentencia.
Notifíquese,
cópiese, comuníquese al Presidente de la República y al Presidente del
Congreso, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
CARMENZA ISAZA DE GOMEZ
Magistrada (E)
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]Mediante la sentencia C-141 de 1995, M.P.
Antonio Barrera Carbonell, se declaró la inconstitucionalidad de la expresión
“en servicio activo o”, contenida en el inciso segundo del artículo 656 del
Código Penal Militar. Posteriormente, el Acto Legislativo Nº 02 de 1995
estableció que las cortes o tribunales militares “estarán integrados por
miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro.”
[2] Sobre el punto de la cosa juzgada
relativa ver también las sentencias C-004 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón, y
C-527 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[3] Un paso fundamental en ese sentido se
había dado en la Revolución Francesa, mediante la ley del 16 de agosto de 1790
que, con el objeto de romper con la arbitrariedad y el voluntarismo judicial
del Antiguo Régimen, dispuso que los jueces debían motivar sus sentencias.
También desde la perspectiva del control de la arbitrariedad judicial debe
entenderse la creación del Tribunal de Casación, mediante la Ley de 27 de
noviembre de 1790, y la obligación que se impuso a los  jueces de ajustarse en
todo caso a la ley.
[4] Sobre estas materias ver: Corcuera,
Javier (1995): La Constitución de 1978 y el Jurado, en: Revista del Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, pp. 91-129; Ferrajoli, Luigi (1997): Derecho
y razón. Teoría del garantismo penal. Editorial Trotta, Madrid, capítulo 9;
Clavero, Bartolomé (1997): Happy Constitution. Cultura y lengua
constitucionales. Editorial Trotta, Madrid; Centro de Estudios Judiciales (ed.)
1990: El Poder Judicial en el bicentenario de la revolución francesa.
Ministerio de Justicia. Madrid.
[5] Devis Echandía, Hernando (1970): Teoría
general de la prueba judicial. Editorial De Palma, Buenos Aires, p. 182.
[6] Citado por Molina, Alberto (1987):
Obsolescencia y reinterpretación del jurado de conciencia. Tesis de grado.
Universidad Pontificia Javeriana, pp. 44ss. Para consultar las opiniones de
otros destacados juristas sobre el tema ver también Gómez Parra, Santiago
(1989): Reflexiones sobre el jurado de conciencia. Ministerio de Justicia;
Murcia Ballén, Rafael (1986): Pasado, presente y futuro del procedimiento
penal. Editorial A B C , Bogotá; Quintero Ospina, Tiberio (1977):  Anatomía de
un jurado de conciencia. Gráficas Venus, Bogotá.
[7] Los fundamentos del citado acuerdo 10 se
encuentran transcritos en la exposición de motivos del proyecto que se
convertiría luego en la Ley 58 de 1993, que derogó la institución de los
jurados de derecho. Ver la Gaceta del Congreso N° 33, del viernes 21 de agosto
de 1992, pp. 12-14.
[8] En efecto, distintos proyectos
propusieron la inclusión de una disposición que señalara expresamente la
existencia de los jurados de conciencia. Ver, por ejemplo, los proyectos
presentados por los constituyentes Juan Gómez Martínez y Hernando Londoño
(Gaceta Constitucional  N° 9, p. 9); Julio Salgado Vásquez (Gaceta Constitucional
N° 46, p. 14); Carlos Daniel Abello Roca (Gaceta Constitucional N° 51, p. 10);
y las transcripciones de los debates adelantados en la Comisión Cuarta los días
9 de abril y 14 de mayo.
[9] Gaceta Constitucional Nro. 113, pág. 8.
[10]Gaceta Constitucional Nro. 123, pág. 6.
[11]Gaceta Constitucional Nro. 142, pág. 28.
[12] El artículo 31 de la Carta expresa que la
ley puede determinar excepciones al principio de que toda sentencia judicial
puede ser apelada o consultada Sin embargo, esta Corporación ya ha señalado
tanto que las sentencias condenatorias son en todo caso apelables, como que son
inconstitucionales las normas que declaran la inimpugnabilidad de decisiones
judiciales cuando con ello se vulnera el derecho de igualdad. Ver al respecto
las sentencias C-019 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón; C-005 de 1996, M.P.
José Gregorio Hernández Galindo: y C-102 de 1996, M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[13]Al respecto es importante mencionar que el
inciso 2° del artículo 580 del Código de Procedimiento Penal   de 1971
consagraba que procedía la  casación “cuando la sentencia ... esté en
desacuerdo con el veredicto del jurado”. También en el inciso 3 del art. 404
del Código Penal Militar se establece expresamente que en su juramento de
posesión los vocales deben prometer que para su veredicto atenderán únicamente
a su personal conciencia y a la convicción íntima sobre los hechos.
[14] Ver Calderón,  Fabio (1985): Casación y
revisión en materia penal. Ediciones Librería del Profesional, Bogotá.
[15] Ver, por ejemplo, la sentencia de febrero
16 de 1942 de la Sala Penal, contenida en el tomo LII, p. 255, de la Gaceta
Judicial.
[16] Ver también, sentencia de julio 28 de
1960, M.P. Simón Montero, publicada en la Gaceta Judicial, Tomo 93, Números
2228-2229, 1960, pp. 253ss.