C-276-06
SENTENCIA No
Sentencia C-276/06
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Características
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Legislador no puede alterar contenido
introduciendo nuevas cláusulas/TRATADO MULTILATERAL-Posibilidad de
introducir reservas/TRATADO INTERNACIONAL-Declaración interpretativa
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL-Negociación
y celebración
LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite de ley
ordinaria
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite legislativo
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO-Alcance
de la expresión “considerar”un proyecto de ley en la próxima sesión
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO-Cumplimiento
aunque en el anuncio no se utilice las expresiones “votación” o “aprobación”/LEY APROBATORIA  DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento del requisito de anuncio
previo de la votación/LEY APROBATORIA  DE TRATADO INTERNACIONAL-No
interrupción de la secuencia de anuncios y citaciones en su trámite
Si bien ha
señalado esta Corporación que lo ideal al hacer el anuncio a que se refiere el
artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 es emplear la expresión “votación”,
cuando ello no es así, tal situación no implica un incumplimiento de esta
exigencia constitucional, si del contexto general se puede inferir que la
expresión empleada para anunciar el proyecto comprende su votación. En el caso
bajo estudio, si bien los distintos anuncios se hicieron para “debatir”, “para
la próxima sesión”, “para discusión”, tal anuncio comprendía tanto deliberar
como votar el proyecto. A pesar de no emplear la expresión “votación” o
“aprobación”, del contexto en que se anunció el Proyecto de ley 234 de 2004
Senado, 015 de 2004 Cámara, se deduce que los parlamentarios sabían que el
anuncio correspondía al exigido por la Constitución. Resalta la Corte que en
ninguna de las etapas de la formación de este proyecto se interrumpió la
secuencia de anuncios y citaciones, cuando se postergó la consideración del
proyecto.
SANCION DE LEY POR MINISTRO DELEGATARIO-Procedencia
SANCION DE LEY-Naturaleza constitucional
SANCION DE LEY-Concepto
SANCION DE LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Acto de
gobierno
LEY APROBATORIA DEL CONVENIO RELATIVO A
GARANTIAS INTERNACIONALES SOBRE ELEMENTOS DE EQUIPO MOVIL Y PROTOCOLO SOBRE
ELEMENTOS DE EQUIPO AERONAUTICO-Sanción por ministro delegatario/DELEGACION DE FUNCIONES
CONSTITUCIONALES PRESIDENCIALES-Requisito del Ministro Delegatario de
pertenecer al mismo partido o movimiento del Presidente de la República
El Ministro del Interior y de Justicia, delegatario de
funciones presidenciales, sancionó el 13 de julio de 2005 la Ley 967 de 2005
mediante la cual se aprobaron la Convención y el Protocolo objeto de análisis.
De conformidad con lo que prevén los artículos 165 y 189-9 de la Carta
Política, la facultad del Gobierno para sancionar las leyes ordinarias se
encuentra dentro de aquellas que pueden ser encomendadas al Ministro
delegatario.  A su vez, el inciso cuarto del artículo 196 Superior establece
que “cuando el Presidente de la República se traslade a territorio extranjero
en ejercicio de su cargo, el ministro a quien corresponda, según el orden de
precedencia legal, ejercerá bajo su propia responsabilidad las funciones
constitucionales que el Presidente le delegue, tanto aquéllas que le son
propias como las que ejerce en su calidad de Jefe del Gobierno”. De esta
manera, en la medida en que la facultad de sancionar los proyectos de leyes fue
expresamente delegada por el Presidente al Ministro del Interior y de Justicia,
de conformidad con el Decreto antes mencionado, la Corte infiere que fueron
cumplidos los requisitos previstos por el Estatuto Superior para esta última
etapa del procedimiento legislativo. En cuanto al cumplimiento de la condición
fijada por el artículo 196 Superior, relacionada con la pertenencia del
Ministro Delegatario al mismo partido o movimiento político del Presidente,
advierte la Corte que en el asunto de la referencia no existen los  elementos
de juicio necesarios que indiquen que el Ministro Delegatario no pertenece al
mismo partido o movimiento político del Presidente de la República.
CONVENIO RELATIVO A GARANTIAS
INTERNACIONALES SOBRE ELEMENTOS DE EQUIPO MOVIL-Importancia/CONVENIO RELATIVO A GARANTIAS
INTERNACIONALES SOBRE ELEMENTOS DE EQUIPO MOVIL-Finalidad
La Convención sobre Garantías Internacionales para
Equipo Móvil busca, en su concepción general y fundamental, promover un
desarrollo más eficiente de los sistemas de financiamiento de compra y arriendo
de medios de transporte de alto costo. Usualmente, la financiación del equipo
móvil opera en tres modalidades bien definidas: compra con garantía real,
reserva de propiedad por parte del vendedor o leasing. Las enormes sumas de
dinero que se invierten en la financiación del equipo móvil exigía el diseño de
una legislación internacional que permitiera hacer efectivas las garantías (del
vendedor, del banco o de la empresa de leassing) en países distintos a aquel en
que se suscribió el negocio. La Convención busca,
precisamente, generar esos mecanismos, de modo que si el deudor del crédito
incumple con el pago, el acreedor pueda perseguir el bien en cualquiera de los
países signatarios; vea respetado su derecho por fuera de sus propias fronteras
y encuentre apoyo jurisdiccional para hacer efectiva el crédito. La
relevancia de este instrumento cobra más fuerza todavía si se tiene en cuenta
la diversidad jurídica en materia de protección del derecho a la propiedad de
los países por los que usualmente transitan los equipos de transporte objeto de
garantía, diversidad que en no pocas ocasiones es fuente conflictos jurídicos
de no fácil resolución. Si además se atiende al hecho de que la regulación doméstica
en materia de protección del derecho a la propiedad cambia constantemente y
resulta imposible prever una línea de protección uniforme, la suscripción de un
tratado internacional sobre la materia parece ser la forma más eficiente de
unificar estos mecanismos de protección.
ORGANIZACION DE LA AVIACION INTERNACIONAL-Naturaleza jurídica
ORGANIZACION DE LA AVIACION INTERNACIONAL-Objeto
ORGANIZACION DE LA AVIACION INTERNACIONAL-Funciones
CONVENCION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL
O CONVENIO DE CHICAGO DE 1944
CONVENIO RELATIVO A GARANTIAS
INTERNACIONALES SOBRE ELEMENTOS DE EQUIPO MOVIL Y PROTOCOLO SOBRE ELEMENTOS DE
EQUIPO AERONAUTICO-Compatible
con la Constitución
A juicio de la Corte Constitucional, las normas que
componen el Convenio relativo a las garantías internacionales de equipo móvil y
el Protocolo relativo a dichas garantías para el equipo aeronáutico son
constitucionales por encontrarse conformes con el ordenamiento jurídico
colombiano. La creación de mecanismos que, como en este caso, facilitan los
trámites para acceder a los recursos financieros destinados a la modernización
de la industria aeronáutica, implica el desarrollo de nuevas vías de integración
de Colombia en el escenario del comercio internacional. Esta integración ha
sido consignada como prioritaria con los países latinoamericanos y del Caribe
por los artículos 9º y 227 de la Constitución, pero también se impone como una
necesidad en el estado histórico de globalización que vive el mundo. Además,
dado que las normas que regulan la garantía internacional aquí estudiada lo
hacen a partir de consideraciones de equidad, reciprocidad y conveniencia, el
Convenio y el Protocolo constituyen manifestaciones positivas del cumplimiento
del mandato contenido en el artículo 226 de la Carta Política, que obliga a
Colombia a tener en consideración dichos principios al adelantar procesos de
integración económica.
CONVENIO RELATIVO A GARANTIAS
INTERNACIONALES SOBRE ELEMENTOS DE EQUIPO MOVIL Y PROTOCOLO SOBRE ELEMENTOS DE
EQUIPO AERONAUTICO-Autorización
para formular declaraciones
CONVENIO RELATIVO A GARANTIAS
INTERNACIONALES SOBRE ELEMENTOS DE EQUIPO MOVIL Y PROTOCOLO SOBRE ELEMENTOS DE
EQUIPO AERONAUTICO-Declaraciones
relacionadas con la protección del debido proceso/GARANTIAS INTERNACIONALES
SOBRE ELEMENTOS DE EQUIPO MOVIL Y DERECHOS ACCESORIOS-Ejercicio de medidas
previas sin intervención judicial es contrario al derecho de acceso a la
administración de justicia/CONVENIO RELATIVO A GARANTIAS INTERNACIONALES
SOBRE ELEMENTOS DE EQUIPO MOVIL Y PROTOCOLO SOBRE ELEMENTOS DE EQUIPO
AERONAUTICO-Inaplicación de normas que concedan al acreedor recursos de
ejecución sin acción judicial
Previamente se dijo que la Corte Constitucional
consideraba ajustado a la Carta que el Convenio y el Protocolo autorizaran al
Estado colombiano formular las correspondientes declaraciones en torno a puntos
específicos de la regulación. En efecto, el Convenio sobre garantías
internacional de equipo móvil y el Protocolo relativo al equipo aeronáutico
contienen en sus artículos correspondientes algunas disposiciones relativas a
la posibilidad con que cuentan los acreedores de adoptar decisiones de
ejecución contra el deudor, sin intervención judicial. A juicio de la Corte, el
hecho de que las medidas previas puedan ser ejercidas directamente por el
acreedor, sin intervención judicial, implica un evidente riesgo para la
preservación del principio de acceso a la administración de justicia (art. 229
C.P.) y del debido proceso (Art. 29 ídem), así como un compromiso serio de la
vigencia del orden justo (art. 2º) mediante la pérdida de efectividad de los
derechos y deberes consagrados en la Carta (art. 2º). Ciertamente, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 229 de la Constitución Política, el régimen
interno colombiano garantiza a todas las personas el derecho de acceder a la
administración de justicia, al tiempo que el artículo 29 del mismo estatuto
consagra el principio general de que el debido proceso se seguirá en cualquier
actuación administrativa o judicial. Una disposición que confiera a una de las
partes la posibilidad de adoptar, sin intervención judicial, medidas tendientes
a hacer efectivo el derecho del que dice ser titular, resulta contraria al
principio de acceso a la administración de justicia de quien pudiendo alegar la
vulneración de un derecho propio o, incluso, la existencia de un derecho
prioritario, no puede oponerse a las medidas que por virtud de esa facultad
pueden imponérsele. Para la Corporación, el hecho de que previamente el deudor
haya autorizado las medidas que pueden ser adoptadas por el acreedor no sanea
el inconveniente de la norma, pues, dicha autorización no excluye la
posibilidad de que el acreedor, por fuera de los estrados judiciales, abuse de
dichos poderes en un caso concreto de supuesto incumplimiento. Por ello,
considera indispensable que al ratificar el Convenio y el Protocolo que aquí se
revisan, el Gobierno Nacional haga las declaraciones que el mismo Convenio
autoriza en su artículo 54 relativas a la inaplicación de las normas que
conceden al acreedor recursos de ejecución contra el deudor que no están
subordinados a una acción judicial.
CONVENIO RELATIVO A GARANTIAS
INTERNACIONALES SOBRE ELEMENTOS DE EQUIPO MOVIL Y PROTOCOLO SOBRE ELEMENTOS DE
EQUIPO AERONAUTICO-Declaraciones
en materia de prioridad de créditos/CREDITOS LABORALES EN CONVENIO RELATIVO
A GARANTIAS INTERNACIONALES SOBRE ELEMENTOS DE EQUIPO MOVIL-Prioridad sobre
garantía internacional pactada/CREDITOS FISCALES EN CONVENIO RELATIVO A
GARANTIAS INTERNACIONALES SOBRE ELEMENTOS DE EQUIPO MOVIL-Prioridad sobre
la garantía internacional pactada
Esta Corporación considera que al ratificar el
Convenio y el Protocolo objeto de revisión, el Gobierno Nacional debe formular
las declaraciones pertinentes en relación con los créditos y garantías que no
se consideran cobijados por los instrumentos internacionales suscritos, por
gozar de categoría privilegiada en el ordenamiento jurídico interno.
Ciertamente, el artículo 39 del Convenio sobre garantía internacional de
equipos móviles autoriza a los Estados contratantes para formular declaraciones
respecto de aquellos derechos o garantías no contractuales que por disposición
de normas de derecho interno son objeto de un privilegio que les confiere
prioridad en el cobro y ejecución. En materia laboral. Los créditos laborales,
reconocidos y especialmente protegidos por los artículos 39, 53 y 336 de la
Carta Política no podrían, en este entendido, quedar cubiertos por las medidas
de la Convención que establecen la prioridad de la garantía internacional
inscrita. Vista la prevalencia constitucional que la Carta Política confiere al
interés público frente al interés particular (art. 82 C.P.); atendiendo al
carácter prioritario del gasto público social (art. 366 C.P.), que se financia
con los recursos del fisco; teniendo en cuenta la necesidad de protección de
los bienes de la Nación que la Constitución asigna a la Contraloría General de
la Nación (art. 267 C.P.) y, en general, acudiendo a la reconocida prelación
que se le confiere a los créditos fiscales, el Gobierno Nacional deberá
declarar, cuando proceda a ratificar el Convenio y el Protocolo sometidos a
revisión de la Corte, que este tipo de créditos no se entienden cobijados por
la garantía internacional a que hacen referencia dichos instrumentos
internacionales.
Referencia: expediente LAT-279
Revisión constitucional de la Ley 967 de
2005 “Por medio de la cual se aprueban el Convenio relativo a garantías
internacionales sobre elementos de equipo móvil y su protocolo sobre cuestiones
específicas de los elementos de equipo aeronáutico del Convenio relativo a
garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil, firmados en ciudad
del Cabo el dieciséis (16) de noviembre de dos mil uno (2001)”
Magistrados Ponentes:
Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá, DC, cinco (5) de abril de dos mil seis (2006).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de la atribución consagrada en el artículo 241, numeral 10, de la
Constitución Política y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto
2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
El 18 de julio de 2005, el Secretario Jurídico
de la Presidencia de la República remitió a esta Corporación, en cumplimiento
de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución, fotocopia
auténtica de la Ley 967 de 13 de julio de 2005 “por medio de la cual se
aprueban el Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de
equipo móvil y su protocolo sobre cuestiones específicas de los elementos de
equipo aeronáutico del convenio relativo a garantías internacionales sobre
elementos de equipo móvil, firmados en ciudad del Cabo el dieciséis (16) de
noviembre de dos mil uno (2001)”.
El 8 de agosto de 2005, el Magistrado
Alfredo Beltrán Sierra, quien había sido sorteado
como ponente, asumió la revisión de la ley, y solicitó a las Secretarías
Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes el envío
de los antecedentes legislativos correspondientes. Los documentos solicitados
finalmente se reunieron el 16 de septiembre de 2005. El 20 del mismo mes y año,
se dispuso que por la Secretaría General se procediera a la fijación en lista
del proceso y se surtiera el traslado al señor Procurador General de la Nación,
para el concepto correspondiente.
Presentado a consideración de la Sala el
proyecto de sentencia por el Magistrado Alfredo Beltrán Sierra, luego de la
discusión correspondiente, derrotada la ponencia original y en virtud de las
decisiones que fueron adoptadas en la sesión del 5 de abril de 2006, se designó
como nuevos ponentes de la sentencia en este proceso a los magistrados Manuel
José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra.
II.   TEXTO
DEL CONVENIO QUE SE REVISA Y DE SU LEY APROBATORIA
El texto de la ley y el Convenio objeto de
revisión, son los siguientes según la publicación efectuada en el Diario
Oficial No. 45.970 de 15 de julio de 2005.
LEY 967 DE 2005
(julio 13)
por medio de la cual se aprueban el
"Convenio Relativo a Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo
Móvil" y su "Protocolo sobre Cuestiones Específicas de los Elementos
de Equipo Aeronáutico, del Convenio Relativo a Garantías Internacionales sobre
Elementos de Equipo Móvil", firmados en Ciudad del Cabo el dieciséis (16)
de noviembre de 2001 (2001).
El Congreso de la República
Vistos los textos del "Convenio
Relativo a Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo Móvil"
y su "Protocolo sobre Cuestiones Específicas de los Elementos de Equipo
Aeronáutico, del Convenio Relativo a Garantías Internacionales sobre Elementos
de Equipo Móvil", firmados en Ciudad del Cabo el dieciséis (16) de
noviembre de dos mil uno (2001), que a la letra dicen:
(Para ser transcritos: Se
adjuntan fotocopias de los textos íntegros de los Instrumentos Internacionales
mencionados).
PROYECTO DE LEY NUMERO 234 DE 2005 SENADO
por medio de la cual se
aprueban el "Convenio Relativo a Garantías Internacionales sobre Elementos
de Equipo Móvil" y su "Protocolo sobre Cuestiones Específicas de los
Elementos de Equipo Aeronáutico, del Convenio Relativo a Garantías
Internacionales sobre Elementos de Equipo Móvil", firmados en Ciudad
del Cabo el dieciséis (16) de noviembre de dos mil uno (2001).
El Congreso de la República
Vistos los textos del "Convenio
Relativo a Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo Móvil"
y su "Protocolo sobre Cuestiones Específicas de los Elementos de Equipo
Aeronáutico, del Convenio Relativo a Garantías Internacionales sobre Elementos
de Equipo Móvil", firmados en Ciudad del Cabo el dieciséis (16) de
noviembre de dos mil uno (2001), que a la letra dicen:
(Para ser transcritos: Se
adjuntan fotocopias de los textos íntegros de los Instrumentos Internacionales
mencionados).
CONVENIO RELATIVO A GARANTIAS
INTERNACIONALES SOBRE
ELEMENTOS DE EQUIPO MOVIL
Firmado en Ciudad del Cabo el 16 de
noviembre de 2001
COPY CERTIFIED AS BEING IN CONFORMITY WITH
THE ORIGINAL
THE SECRETARY-GENERAL HERBERT KRONKE
CIUDAD DEL CABO
16 DE NOVIEMBRE DE 2001
CONVENIO RELATIVO A GARANTIAS INTERNAC
IONALES SOBRE
ELEMENTOS DE EQUIPO MOVIL
Los Estados Partes en el presente convenio,
Conscientes de la necesidad de adquirir y
usar equipo móvil de gran valor o particular importancia económica y de
facilitar la financiación de la adquisición y el uso de ese equipo de forma
eficiente,
Reconociendo las ventajas de la
financiación garantizada por activos y del arrendamiento con ese propósito, y
con el deseo de facilitar esos tipos de transacción estableciendo normas claras
para regirlos,
Conscientes de la necesidad de asegurar que
las garantías sobre ese equipo sean reconocidas y protegidas universalmente,
Deseando que se ofrezcan amplios y
recíprocos beneficios económicos a todas las partes interesadas,
Convencidos de que dichas normas deben
reflejar los principios que fundamentan la financiación garantizada por activos
y el arrendamiento, y fomentar la autonomía de las partes necesaria en estas
transacciones,
Conscientes de la necesidad de establecer
un marco jurídico para las garantías internacionales sobre ese equipo y, con
este fin, crear un sistema internacional de inscripción para proteger estas
garantías,
Teniendo en cuenta los objetivos y
principios enunciados en los Convenios existentes relativos a ese equipo,
Han convenido en las siguientes
disposiciones:
CAPITULO I
Ámbito de aplicación y disposiciones
generales
Artículo 1º
Definiciones
En el presente Convenio, salvo que el
contexto exija otra cosa, los términos que siguen se emplean con el significado
indicado a continuación:
a) "Contrato" designa un contrato
constitutivo de garantía, un contrato con reserva de dominio, o un contrato de
arrendamiento;
b) "Cesión" designa un contrato
que, a título de garantía o de otra forma, confiere al cesionario derechos
accesorios, con o sin transferencia de la correspondiente garantía
internacional;
c) "Derechos accesorios" designa
todos los derechos al pago o a otra forma de ejecución por un deudor en virtud
de un contrato y que están garantizados por el objeto o relacionados con el
mismo;
d) "Comienzo de los procedimientos de
insolvencia" designa el momento en que se considera que los procedimientos
de insolvencia deben comenzar con arreglo a la ley sobre insolvencia aplicable;
e) "Comprador condicional"
designa un comprador en virtud de un contrato con reserva de dominio;
f) "Vendedor condicional" designa
un vendedor en virtud de un contrato con reserva de dominio;
g) "Contrato de venta" designa un
contrato para la venta de un objeto por un vendedor a un comprador, pero que no
es un "contrato" como está definido antes en a);
h) "Tribunal" designa una
jurisdicción judicial, administrativa o arbitral establecida por un Estado
contratante;
i) "Acreedor" designa un acreedor
garantizado en virtud de un contrato constitutivo de garantía, un vendedor
condicional en virtud de un contrato con reserva de dominio o un arrendador en
virtud de un contrato de arrendamiento;
j) "Deudor" designa un otorgante
en virtud de un contrato constitutivo de garantía, un comprador condicional en
virtud de un contrato con reserva de dominio, un arrendatario en virtud de un
contrato de arrendamiento o una persona cuyo derecho sobre un objeto está
gravado por un derecho o una garantía no contractual susceptibles de
inscripción;
k) "Administrador de la
insolvencia" designa una persona autorizada a administrar la
reorganización o la liquidación, incluyendo una persona autorizada
provisionalmente, e incluye un deudor en posesión del objeto si lo permite la
ley sobre insolvencia aplicable;
l) "Procedimientos de
insolvencia" designa quiebra, liquidación u otros procedimientos
judiciales o administrativos colectivos, incluyendo procedimientos
provisionales, en los que los bienes y negocios del deudor están sujetos al
control o a la supervisión de un tribunal para los efectos de la reorganización
o la liquidación;
m) "Personas interesadas"
designa:
i) El deudor;
ii) Toda persona que, con el propósito de
asegurar el cumplimiento de una de las obligaciones en favor del acreedor, dé o
extienda una fianza o una garantía a la vista o una carta de crédito standby o
cualquier otra forma de seguro de crédito;
iii) Toda otra persona que tenga derechos
sobre el objeto;
n) "Transacción interna" designa
una transacción de uno de los tipos enumerados en los apartados a) a c) del
párrafo 2º del artículo 2º, cuando el lugar en que están concentrados los
intereses de todas las partes en esa transacción está situado, y el objeto
pertinente se encuentra (como se especifica en el Protocolo), en el mismo
Estado contratante en el momento en que se celebra el contrato y cuando la
garantía creada por la transacción ha sido inscrita en un registro nacional en
ese Estado contratante que ha formulado una declaración en virtud del párrafo
1º del artículo 50;
o) "Garantía internacional"
designa una garantía de la que es titular un acreedor y a la que se aplica el
artículo 2º;
p) "Registro internacional"
designa las oficinas de inscripción internacional establecidas para los fines
del presente Convenio o del Protocolo;
q) "Contrato de arrendamiento"
designa un contrato por el cual un arrendador otorga el derecho de poseer o de
controlar un objeto (con o sin opción de compra) a un arrendatario a cambio de
un alquiler u otra forma de pago;
r) "Garantía nacional" designa
una garantía sobre un objeto de la que es titular un acreedor y creada por una
transacción interna comprendida en una declaración prevista en el artículo 50;
s) "Derecho o garantía no
contractual" designa un derecho o una garantía otorgados en virtud de la
ley de un Estado contratante que ha formulado una declaración en virtud del
artículo 39 para asegurar el cumplimiento de una obligación, incluyendo una
obligación respecto a un Estado, a una entidad estatal o a una organización
intergubernamental o privada;
t) "Aviso de garantía nacional"
designa un aviso inscrito o que se inscribirá en el Registro internacional de
que se ha creado una garantía nacional;
u) "objeto" designa un objeto
perteneciente a una categoría a la cual se aplica el artículo 2º;
v) "Derecho o garantía
preexistente" designa un derecho o una garantía de cualquier tipo sobre un
objeto que se crea o que nace antes de la fecha en que tiene efecto el presente
Convenio, tal como se define en el apartado a) del párrafo 2º del artículo 60;
w) "Productos de indemnización"
designa los productos de indemnización monetarios o no monetarios de un objeto,
procedentes de la pérdida o de la destrucción física del objeto, o de su
confiscación, expropiación o requisición, sean estas totales o parciales;
x) "Cesión futura" designa una
cesión que se prevé realizar en el futuro, supeditada a que ocurra un hecho
expreso, sea o no seguro que se produzca ese hecho;
y) "Garantía internacional
futura" designa una garantía que se prevé crear o constituir sobre un
objeto como una garantía internacional en el futuro, supeditada a que ocurra un
hecho expreso (que puede incluir la adquisición de un derecho sobre ese objeto
por el deudor), sea o no seguro que se produzca ese hecho;
z) "Venta futura" designa una
venta que se prevé realizar en el futuro, supeditada a que ocurra un hecho
expreso, sea o no seguro que se produzca ese hecho;
aa) "Protocolo" designa, respecto
a toda categoría de objetos y de derechos accesorios a la que se aplica el
presente Convenio, el Protocolo relativo a dicha categoría de objetos y de
derechos accesorios;
bb) "Inscrito" significa inscrito
en el Registro internacional con arreglo al Capítulo V;
cc) "Garantía inscrita" designa
una garantía internacional, un derecho o una garantía no contractual
susceptibles de inscripción o una garantía nacional especificada en un aviso de
garantía nacional inscrita con arreglo al Capítulo V;
dd) "Derecho o garantía no contractual
susceptible de inscripción" designa un derecho o una garantía susceptibles
de inscripción en virtud de una declaración depositada con arreglo al artículo
40;
ee) "Registrador" designa,
respecto al Protocolo, la persona o el órgano designado por el Protocolo o
nombrado con arreglo al apartado b) del párrafo 2º del artículo 17;
ff) "Reglamento" designa el
reglamento establecido o aprobado por la Autoridad supervisora con arreglo al
Protocolo;
gg) "Venta" designa una
transferencia de la propiedad de un objeto en virtud de un contrato de venta;
hh) "Obligación garantizada"
designa una obligación cuyo cumplimiento está asegurado por un derecho de
garantía;
ii) "Contrato constitutivo de
garantía" designa un contrato por el cual el otorgante da o conviene en
dar al acreedor garantizado un derecho (incluso un derecho de propiedad) sobre
un objeto para garantizar el cumplimiento de una obligación presente o futura
del otorgante o de un tercero;
jj) "Derecho de garantía" designa
un derecho creado por un contrato constitutivo de garantía;
kk) "Autoridad supervisora"
designa, respecto al Protocolo, la Autoridad supervisora mencionada en el
párrafo 1º del artículo 17;
ll) "Contrato con reserva de
dominio" designa un contrato para la venta de un objeto con la
estipulación de que la propiedad no se transferirá mientras no se cumplan las
condiciones establecidas en el contrato;
mm) "Garantía no inscrita"
designa una garantía contractual o un derecho o una garantía no contractual
(que no es una garantía a la cual se aplica el artículo 39) que no ha sido
inscrita, sea o no susceptible de inscripción en virtud del presente Convenio;
y
nn) "Escrito" designa un registro
de información (incluyendo la información teletransmitida) que existe en forma
tangible o de otro tipo y que puede reproducirse en una forma tangible
posteriormente, y que indica por medios razonables la aprobación de una
persona.
Artículo 2º
Garantía internacional
1. El presente Convenio prevé un régimen
para la constitución y los efectos de garantías internacionales sobre ciertas
categorías de elementos de equipo móvil y los derechos accesorios.
2. Para los efectos del presente Convenio,
una garantía internacional sobre elementos de equipo móvil es una garantía
constituida con arreglo al artículo 7º sobre un objeto inequívocamente
identificable, de una de las categorías de tales objetos enumeradas en el
párrafo 3º y designada en el Protocolo:
a) Dada por el otorgante en virtud de un
contrato constitutivo de garantía;
b) Correspondiente a una persona que es el
vendedor condicional en virtud de un contrato con reserva de dominio; o
c) Correspondiente a una persona que es el
arrendador en virtud de un contrato de arrendamiento.
Una garantía comprendida en el apartado a)
no puede estar comprendida también en el apartado b) o en el c).
3. Las categorías mencionadas en los
párrafos anteriores son:
a) Células de aeronaves, motores de
aeronaves y helicópteros;
b) Material rodante ferroviario; y
c) Bienes de equipo espacial.
4. La ley aplicable determina si una
garantía a la cual se aplica el párrafo 2º está comprendida en el apartado a),
b) o c) de dicho párrafo.
5. Una garantía internacional sobre un
objeto se extiende a los productos de indemnización de dicho objeto.
Artículo 3º
Ambito de aplicación
1. El presente Convenio se aplica cuando,
en el momento de celebrar el contrato que crea o prevé la garantía
internacional, el deudor está situado en un Estado contratante.
2. El hecho de que el acreedor esté situado
en un Estado no contratante no afecta a la aplicabilidad del presente Convenio.
Artículo 4º
Lugar en que está situado el deudor
1. Para los efectos del párrafo 1º del
artículo 3º, el deudor está situado en cualquier Estado contratante:
a) Bajo cuya ley ha sido constituido o
formado;
b) En que tiene su sede social o su sede
estatutaria;
c) En que tiene su administración central;
o
d) En que tiene su establecimiento.
2. En el apartado d) del párrafo anterior,
la referencia al establecimiento del deudor significa, si tiene más de un
establecimiento, su establecimiento principal o, si no tiene establecimiento
comercial, su residencia habitual.
Artículo 5º
Interpretación y ley aplicable
1. En la interpretación del presente
Convenio se tendrán en cuenta sus fines, tal como se enuncian en el preámbulo,
su carácter internacional y la necesidad de promover su aplicación uniforme y
previsible.
2. Las cuestiones relativas a las materias
regidas por el presente Convenio y que no estén expresamente resueltas en el
mismo se resolverán de conformidad con los principios generales en los que se
funda o, a falta de tales principios, de conformidad con la ley aplicable.
3. Las referencias a la ley aplicable son referencias
a las normas de derecho interno de la ley aplicable en virtud de las normas de
derecho internacional privado del Estado del tribunal que conoce el caso.
4. Cuando un Estado abarca varias unidades
territoriales, cada una de las cuales tiene sus propias normas jurídicas con
respecto al asunto que debe decidirse, y cuando no hay indicación de la unidad
territorial pertinente, la ley de ese Estado decide cuál es la unidad
territorial cuyas normas regirán. A falta de esas normas, se aplicará la ley de
la unidad territorial con la cual el caso tenga un nexo más estrecho.
Artículo 6º
Relaciones entre el Convenio y el Protocolo
1. El presente Convenio y el Protocolo
deben considerarse e interpretarse como un solo instrumento.
2. En caso de cualquier discordancia entre
el presente Convenio y el Protocolo, prevalecerá el Protocolo.
CAPITULO II
Constitución de garantías internacionales
Artículo 7º
Requisitos de forma
Una garantía se constituye como garantía
internacional en virtud del presente Convenio cuando el acuerdo que la crea o
prevé:
a) Es escrito;
b) Está relacionado con un objeto del cual
el otorgante, el vendedor condicional o el arrendador puede disponer;
c) Permite identificar el objeto de
conformidad con el Protocolo; y
d) En el caso de un contrato constitutivo
de garantía, permite determinar las obligaciones garantizadas, pero sin que sea
necesario declarar una cantidad o una cantidad máxima garantizada.
CAPITULO III
Medidas ante el incumplimiento de las
obligaciones
Artículo 8º
Medidas del acreedor garantizado
1. En caso del incumplimiento previsto en
el artículo 11, el acreedor garantizado puede recurrir, en la medida en que el
otorgante lo haya consentido en algún momento y con sujeción a toda declaración
que un Estado contratante pueda formular de conformidad con el artículo 54, a
una o más de las medidas siguientes:
a) Tomar la posesión o el control de
cualquier objeto gravado en su beneficio;
b) Vender o arrendar dicho objeto;
c) Percibir o recibir todo ingreso o
beneficio proveniente de la gestión o explotación de dicho objeto.
2. El acreedor garantizado también puede
optar por solicitar al tribunal una decisión en la que se autorice u ordene
alguno de los actos mencionados en el párrafo anterior.
3. Toda medida prevista en los apartados
a), b) o c) del párrafo 1º o en el artículo 13 se aplicará de una forma
comercialmente razonable. Se considerará que una medida se aplica de una forma
comercialmente razonable cuando se aplique de conformidad con las cláusulas del
contrato constitutivo de garantía, salvo que dichas cláusulas sean
manifiestamente excesivas.
4. Todo acreedor garantizado que, con
arreglo al párrafo 1º, proponga vender o arrendar un objeto debe avisar al
respecto con una antelación razonable y por escrito a:
a) Las personas interesadas especificadas
en los apartados i) y ii) del párrafo m) del artículo 1º; y
b) Las personas interesadas especificadas
en el apartado iii) del párrafo m) del artículo 1º que hayan avisado de sus
derechos al acreedor garantizado con una antelación razonable a la venta o al
arrendamiento.
5. Toda cantidad cobrada o recibida por el
acreedor garantizado como resultado de cualquiera de las medidas previstas en
el párrafo 1 o en el 2 será imputada al pago de la cuantía de las obligaciones
garantizadas.
6. Cuando las cantidades cobradas o
recibidas por el acreedor garantizado como resultado de cualquiera de las
medidas previstas en el párrafo 1 o en el 2 excedan del monto garantizado por
el derecho de garantía y de los costos razonables en que se incurra debido a
alguna de dichas medidas, y salvo que el tribunal decida otra cosa, el acreedor
garantizado distribuirá el excedente entre los titulares de las garantías de
rango inferior que han sido inscritas o de que él haya sido informado, por orden
de prioridad, y pagará el saldo que reste al otorgante.
Artículo 9º
Transferencia del objeto como satisfacción
de la obligación; liberación
1. En cualquier momento después del
incumplimiento previsto en el artículo 11, el acreedor garantizado y todas las personas
interesadas podrán acordar que la propiedad de un objeto gravado por el derecho
de garantía (o cualquier otro derecho del otorgante sobre ese objeto) se
transfiera a dicho acreedor para satisfacer total o parcialmente las
obligaciones garantizadas.
2. El tribunal podrá ordenar, a petición
del acreedor garantizado, que la propiedad de un objeto gravado por el derecho
de garantía (o cualquier otro derecho del otorgante sobre ese objeto) se
transfiera a dicho acreedor para satisfacer total o parcialmente las
obligaciones garantizadas.
3. El tribunal hará lugar a una petición
presentada con arreglo al párrafo anterior únicamente cuando la cuantía de las
obligaciones garantizadas que han de satisfacerse mediante la transferencia
corresponda al valor del objeto, teniendo en cuenta los pagos que el acreedor
garantizado deba efectuar a cualquiera de las personas interesadas.
4. En cualquier momento después del
incumplimiento previsto en el artículo 11 y antes de la venta del objeto
gravado o antes de que se ordene lo previsto en el párrafo 2º, el otorgante o
cualquier persona interesada podrá cancelar el derecho de garantía pagando
íntegramente el monto garantizado, con sujeción a todo arrendamiento consentido
por el acreedor garantizado conforme al apartado b) del párrafo 1º del artículo
8º u ordenado de conformidad con el párrafo 2º del artículo 8º. Cuando, después
del incumplimiento, una persona interesada que no es el deudor efectúa
íntegramente el pago del monto garantizado, dicha persona subroga al acreedor
garantizado en sus derechos.
5. La propiedad o cualquier otro derecho
del otorgante transferido por efecto de la venta prevista en el apartado b) del
párrafo 1º del artículo 8º o realizada con arreglo a los párrafos 1 ó 2 de este
artículo, está libre de toda otra garantía respecto a la cual el derecho de
garantía del acreedor garantizado tiene prioridad en virtud de las
disposiciones del artículo 29.
Artículo 10
Medidas del vendedor condicional o del
arrendador
En caso de incumplimiento en un contrato
con reserva de dominio o en un contrato de arrendamiento como se prevé en el
artículo 11, el vendedor condicional o el arrendador, según el caso, podrán:
a) Con sujeción a toda declaración que un
Estado contratante pueda formular de conformidad con el artículo 54, dar por
terminado el contrato y tomar la posesión o el control del objeto al que se
refiere el contrato; o
b) Pedir al tribunal una decisión que
autorice u ordene alguno de los actos mencionados.
Artículo 11
Significado de incumplimiento
1. El deudor y el acreedor pueden acordar
por escrito en cualquier momento qué casos constituyen incumplimiento o
permiten la aplicación de las medidas y el ejercicio de los derechos enunciados
en los artículos 8º a 10 y 13.
2. Cuando el deudor y el acreedor no lo
hayan acordado, para los efectos de los artículos 8º a 10 y 13,
"incumplimiento" significa un incumplimiento que priva
sustancialmente al acreedor de aquello que tiene derecho a esperar en virtud
del contrato.
Artículo 12
Medidas adicionales
Toda medida adicional permitida por la ley
aplicable, incluyendo toda medida que hayan convenido las partes, puede
ejercerse en la medida en que no sea incompatible con las disposiciones
obligatorias de este capítulo, enunciadas en el artículo 15.
Artículo 13
Medidas provisionales sujetas a la decisión
definitiva
1. Con sujeción a cualquier declaración que
pueda formular de conformidad con el artículo 55, todo Estado contratante debe
asegurar que el acreedor que aduce prueba del incumplimiento de las
obligaciones del deudor pueda obtener rápidamente de un tribunal, antes de que
se decida definitivamente su reclamación y en la medida en que el deudor lo
haya consentido en algún momento, una o varias de las medidas siguientes, según
lo solicite el acreedor:
a) La conservación del objeto y su valor;
b) La posesión, el control o la custodia
del objeto;
c) La inmovilización del objeto; y
d) El arrendamiento o la gestión del objeto
excepto en los casos comprendidos en los apartados a) a c), y el ingreso así
producido.
2. Al ordenar una medida contemplada en el
párrafo anterior, el tribunal podrá imponer las condiciones que considere
necesarias para proteger a las personas interesadas en caso de que el acreedor:
a) Al dar cumplimiento a una orden que
imponga esa medida, no cumpla cualquiera de sus obligaciones respecto al deudor
en virtud del presente Convenio o del Protocolo; o
b) No pueda sostener su reclamación, en
todo o en parte, al decidirse definitivamente esa reclamación.
3. Antes de expedir una orden con arreglo
al párrafo 1º, el tribunal podrá exigir que se dé aviso de lo solicitado a toda
persona interesada.
4. Ninguna de las disposiciones de este
artículo afecta a la aplicación del párrafo 3º del artículo 8º ni limita la
posibilidad de obtener otras medidas provisionales, aparte de las previstas en
el párrafo 1º.
Artículo 14
Requisitos de procedimiento
Con sujeción al párrafo 2º del artículo 54,
toda medida prevista en este Capítulo se aplicará de conformidad con el
procedimiento prescrito por la ley del lugar en que se debe aplicar.
Artículo 15
No aplicación
En sus relaciones recíprocas, dos o más de
las partes mencionadas en este Capítulo podrán en cualquier momento, mediante
acuerdo escrito, no aplicar o modificar los efectos de cualquiera de las
disposiciones anteriores de este Capítulo, salvo los párrafos 3º a 6º del
artículo 8º, los párrafos 3º y 4º del artículo 9º, el párrafo 2º del artículo
13 y el artículo 14.
CAPITULO IV
Sistema de inscripción internacional
Artículo 16
Registro internacional
1. Se establecerá un Registro internacional
para la inscripción de:
a) Garantías internacionales, garantías
internacionales futuras y derechos y garantías no contractuales susceptibles de
inscripción;
b) Cesiones y cesiones futuras de garantías
internacionales;
c) Adquisiciones de garantías
internacionales por subrogación legal o contractual en virtud de la ley
aplicable;
d) Avisos de garantías nacionales; y
e) Acuerdos de subordinación de rango de
las garantías a que se refieren los apartados anteriores.
2. Podrán establecerse diferentes registros
internacionales para diferentes categorías de objetos y derechos accesorios.
3. Para los efectos de este Capítulo y del
Capítulo V, el término "inscripción" incluye, cuando corresponde, la
modificación, la prórroga o la cancelación de una inscripción.
Artículo 17
Autoridad supervisora y Registrador
1. Habrá una Autoridad supervisora como se
prevé en el Protocolo.
2. La Autoridad supervisora:
a) Establecerá o preverá el establecimiento
del Registro internacional;
b) Salvo que en el Protocolo se prevea otra
cosa, nombrará al Registrador y dará por terminadas sus funciones;
c) Se asegurará de que todos los derechos
necesarios para el funcionamiento efectivo y continuo del Registro
internacional en el caso de un cambio de Registrador se transferirán o podrán
cederse al nuevo Registrador;
d) Previa consulta con los Estados
contratantes, dictará o aprobará reglamentos sobre el funcionamiento del
Registro internacional con arreglo al Protocolo y asegurará su publicación;
e) Establecerá procedimientos
administrativos para presentar a la Autoridad supervisora las quejas
concernientes al funcionamiento del Registro internacional;
f) Supervisará al Registrador y el funcionamiento
del Registro internacional;
g) A petición del Registrador,
proporcionará a este la orientación que la Autoridad supervisora estime
pertinente;
h) Establecerá y examinará periódicamente
la estructura tarifaria de los derechos que habrán de cobrarse por los
servicios e instalaciones del Registro internacional;
i) Adoptará todas las medidas necesarias
para asegurar la existencia de un sistema electrónico eficiente de inscripción
a petición del interesado a fin de cumplir los objetivos del presente Convenio
y del Protocolo; y
j) Informará periódicamente a los Estados
contratantes respecto al cumplimiento de sus obligaciones en virtud del
presente Convenio y del Protocolo.
3. La Autoridad supervisora podrá concertar
los acuerdos necesarios para el desempeño de sus funciones, incluyendo
cualquier acuerdo mencionado en el párrafo 3º del artículo 27.
4. La Autoridad supervisora tendrá todos
los derechos de propiedad sobre las bases de datos y los archivos del Registro
internacional.
5. El Registrador asegurará el
funcionamiento eficiente del Registro internacional y desempeñará las funciones
que le asignan el presente Convenio, el Protocolo y el reglamento.
CAPITULO V
Otros asuntos relativos a la inscripción
Artículo 18
Requisitos de inscripción
1. El Protocolo y el reglamento
especificarán los requisitos, incluyendo los criterios de identificación del
objeto para:
a) Efectuar una inscripción (que preverá la
transmisión previa por vía electrónica del consentimiento de toda persona cuyo
consentimiento se requiera de conformidad con el artículo 20);
b) Efectuar consultas y expedir
certificados de consulta; y, con sujeción a esto,
c) Asegurar el carácter confidencial de la
información y los documentos del Registro internacional que no sean información
y documentos relativos a una inscripción.
2. El Registrador no estará obligado a
verificar si efectivamente el consentimiento para la inscripción en virtud del
artículo 20 ha sido dado o si es válido.
3. Cuando una garantía inscrita como
garantía internacional futura llegue a ser garantía internacional no se exigirá
ninguna inscripción adicional, siempre que la información contenida en la
inscripción sea suficiente para inscribir una garantía internacional.
4. El Registrador dispondrá que las
inscripciones se incorporen en la base de datos del Registro internacional y
puedan ser consultadas por orden cronológico de recepción, y en el expediente
constará la fecha y hora de recepción.
5. El Protocolo podrá prever que un Estado
contratante puede designar en su territorio una o varias entidades como puntos
de acceso por medio de los cuales se transmitirá o se podrá transmitir al
Registro internacional la información necesaria para la inscripción. Un Estado contratante
que haga esa designación podrá especificar los requisitos, si los hubiere, que
deberán satisfacerse antes de que esa información se transmita al Registro
internacional.
Artículo 19
Validez y fecha de inscripción
1. Una inscripción será válida únicamente
si ha sido efectuada de conformidad con el artículo 20.
2. Una inscripción, si es válida, quedará
completa al incorporarse la información requerida en la base de datos del
Registro internacional de forma que pueda ser consultada.
3. Una inscripción podrá ser consultada
para los efectos del párrafo anterior cuando:
a) El Registro internacional haya asignado
a la inscripción un número de expediente según un orden secuencial; y
b) La información de la inscripción,
incluido el número de expediente, esté conservada en forma durable y se pueda
tener acceso a ella en el Registro internacional.
4. Si una garantía inicialmente inscrita
como garantía internacional futura llega a ser una garantía internacional,
dicha garantía internacional será considerada como inscrita desde el momento de
la inscripción de la garantía internacional futura, siempre que esta última
inscripción aún estuviera vigente inmediatamente antes de que se constituyera
la garantía internacional con arreglo al artículo 7º.
5. El párrafo anterior se aplica, con las
modificaciones necesarias, a la inscripción de una cesión futura de una
garantía internacional.
6. Una inscripción podrá ser consultada en
la base de datos del Registro internacional de conformidad con los criterios
prescritos en el Protocolo.
Artículo 20
Consentimiento para la inscripción
1. Una garantía internacional, una garantía
internacional futura o una cesión o una cesión futura de una garantía
internacional puede ser inscrita, y esa inscripción puede ser modificada o
prorrogada antes de su expiración, por cualquiera de las partes con el
consentimiento escrito de la otra.
2. La subordinación de una garantía
internacional a otra garantía internacional puede ser inscrita por la persona
cuya garantía se ha subordinado o con su consentimiento escrito dado en
cualquier momento.
3. Una inscripción puede ser cancelada por
la parte beneficiaria o con su consentimiento escrito.
4. La adquisición de una garantía
internacional por subrogación legal o contractual puede ser inscrita por el
subrogante.
5. Un derecho o una garantía no contractual
susceptibles de inscripción pueden ser inscritos por su titular.
6. El aviso de una garantía nacional puede
ser inscrito por el titular de la garantía.
Artículo 21
Duración de la inscripción
La inscripción de una garantía
internacional permanece vigente hasta su cancelación o hasta la expiración del
período especificado en ella.
Artículo 22
Consultas
1. Cualquier persona puede, en la forma
prescrita en el Protocolo y el reglamento, consultar el Registro internacional
o solicitar una consulta por medios electrónicos respecto a garantías o
garantías internacionales futuras inscritas en el mismo.
2. Cuando reciba una solicitud de consulta,
el Registrador expedirá, en la forma prescrita por el Protocolo y el
reglamento, un certificado de consulta del registro por medios electrónicos
respecto a un objeto:
a) En el que conste toda la información
inscrita relativa al objeto y la fecha y hora de inscripción de dicha
información; o
b) En el que conste que en el Registro
internacional no existe ninguna información relativa al objeto.
3. Un certificado de consulta expedido con
arreglo al párrafo anterior indicará que el acreedor mencionado en la
información de la inscripción ha adquirido o tiene el propósito de adquirir una
garantía internacional sobre el objeto, pero no indicará si lo que está
inscrito es una garantía internacional o una garantía internacional futura, aun
cuando esto pueda verificarse a partir de la información pertinente de la
inscripción.
Artículo 23
Lista de declaraciones y derechos o
garantías no contractuales declarados
El Registrador mantendrá una lista de
declaraciones, retiros de declaraciones y de las categorías de derechos y
garantías no contractuales comunicadas al Registrador por el Depositario como
que han sido declaradas por los Estados contratantes de conformidad con los
artículos 39 y 40 y la fecha de cada declaración o retiro de declaración. Dicha
lista será registrada de forma que pueda ser consultada por el nombre del
Estado declarante y estará a disposición de cualquier persona que la solicite,
de conformidad con las modalidades prescritas en el Protocolo y el reglamento.
Artículo 24
Valor probatorio de los certificados
Un documento con la forma prescrita en el
reglamento, que se presente como un certificado expedido por el Registro
internacional, constituye prueba inicial:
a) De que fue expedido por el Registro
internacional; y
b) De los hechos mencionados en ese
documento, incluidas la fecha y la hora de una inscripción.
Artículo 25
Cancelación de la inscripción
1. Cuando las obligaciones garantizadas por
un derecho de garantía inscrito o las obligaciones que originan un derecho o
una garantía no contractual susceptibles de inscripción se hayan extinguido, o
cuando las condiciones de transferencia de la propiedad en virtud de un
contrato con reserva de dominio inscrito hayan sido satisfechas, el titular de
dicha garantía hará cancelar la inscripción, sin demora injustificada, ante la
petición escrita del deudor entregada o recibida en su dirección indicada en la
inscripción.
2. Cuando una garantía internacional futura
o una cesión futura de una garantía internacional hayan sido inscritas, el
futuro acreedor o el futuro cesionario hará cancelar la inscripción, sin demora
injustificada, ante la petición escrita del futuro deudor o cedente entregada o
recibida en su dirección indicada en la inscripción antes de que el futuro
acreedor o cesionario adelante fondos o se haya comprometido a hacerlo.
3. Cuando las obligaciones garantizadas por
una garantía nacional especificada en un aviso inscrito de garantía nacional se
hayan extinguido, el titular de dicha garantía hará cancelar la inscripción,
sin demora injustificada, ante la petición escrita del deudor entregada o
recibida en su dirección indicada en la inscripción.
4. Cuando una inscripción no haya debido
efectuarse o sea incorrecta, la persona en cuyo favor se efectuó la inscripción
la hará cancelar o enmendar, sin demora injustificada, ante la petición escrita
del deudor entregada o recibida en su dirección indicada en la inscripción.
Artículo 26
Acceso a las oficinas de inscripción
internacional
No se negará a nadie el acceso a las
oficinas de inscripción y de consulta del Registro internacional por ningún
motivo, salvo la falta de cumplimiento de los procedimientos prescritos en este
Capítulo.
CAPITULO VI
Privilegios e inmunidades de la Autoridad
supervisora y del Registrador
Artículo 27
Personalidad jurídica; inmunidad
1. La Autoridad supervisora tendrá
personalidad jurídica internacional en el caso de que ya no la posea.
2. La Autoridad supervisora y sus
funcionarios y empleados gozarán de la inmunidad contra procedimientos
judiciales o administrativos que se especifique en el Protocolo.
3. a) La Autoridad supervisora gozará de
exención de impuestos y de los otros privilegios que se prevean mediante
acuerdo con el Estado anfitrión;
b) Para los efectos de este párrafo,
"Estado anfitrión" designa el Estado en que está situada la Autoridad
supervisora.
4. Los bienes, documentos, bases de datos y
archivos del Registro internacional serán inviolables y no podrán ser objeto de
secuestro ni de ningún procedimiento judicial o administrativo.
5. Para los efectos de toda reclamación
contra el Registrador en virtud del párrafo 1º del artículo 28 o del artículo
44, el reclamante tendrá derecho de acceso a la información y los documentos
que sean necesarios para permitirle formular su reclamación.
6. La Autoridad supervisora podrá dejar sin
efecto la inviolabilidad e inmunidad que confiere el párrafo 4º.
CAPITULO VII
Responsabilidad del Registrador
Artículo 28
Responsabilidad y garantías financieras
1. El Registrador será responsable de la
indemnización compensatoria por la pérdida que sufra una persona como resultado
directo de un error u omisión del Registrador, y de sus funcionarios y
empleados, o del mal funcionamiento del sistema de inscripción internacional,
excepto cuando el mal funcionamiento sea causado por un hecho de carácter
inevitable e irresistible, que no pueda evitarse mediante la utilización de las
mejores prácticas actualmente en uso en el campo del diseño y funcionamiento de
los registros electrónicos, incluyendo las relativas a las copias de reserva y
a la seguridad y funcionamiento en red de los sistemas.
2. El Registrador no será responsable, con
arreglo al párrafo anterior, por la inexactitud factual de la información
recibida por el Registrador o transmitida por el Registrador en la forma en que
fue recibida, ni por actos o circunstancias de los cuales ni el Registrador ni
sus funcionarios y empleados son responsables, anteriores a la recepción de la
información relativa a la inscripción en el Registro internacional.
3. La compensación prevista en el párrafo
1º puede reducirse en la medida en que la persona perjudicada haya causado el
daño o haya contribuido al mismo.
4. El Registrador contratará un seguro o
una garantía financiera que cubra la responsabilidad mencionada en este
artículo en la medida determinada por la Autoridad supervisora de conformidad
con el Protocolo.
CAPITULO VIII
Efectos contra terceros de las garantías
internacionales
Artículo 29
Rango de las garantías concurrentes
1. Una garantía inscrita tiene prioridad
sobre cualquier otra inscrita con posterioridad y sobre una garantía no
inscrita.
2. La prioridad de la garantía mencionada
primeramente en el párrafo anterior se aplica:
a) Aun cuando la garantía mencionada
primeramente haya sido constituida o inscrita teniendo conocimiento de la otra
garantía; y
b) Aun por lo que respecta a todo
adelanto de fondos que haga el titular de la garantía mencionada primeramente
teniendo dicho conocimiento.
3. El comprador de un objeto adquiere
derechos sobre este:
a) Gravados por las garantías ya inscritas
en el momento de la adquisición de sus derechos; y
b) Libres de toda garantía no inscrita, aun
cuando tuviera conocimiento de la misma.
4. El comprador condicional o el
arrendatario adquiere derechos sobre ese objeto:
a) Gravados por las garantías inscritas
antes de la inscripción de la garantía internacional de la que el vendedor
condicional o el arrendador son titulares; y
b) Libres de toda garantía no inscrita en
esa fecha, aun cuando tuviera conocimiento de la misma.
5. El rango de las garantías o derechos
concurrentes en virtud de este artículo puede modificarse mediante acuerdo de
los titulares de esas garantías, pero un acuerdo de subordinación no obliga al
cesionario de una garantía subordinada, a menos que en el momento de la cesión
se haya inscrito una subordinación de rango relativa a e se acuerdo.
6. Toda prioridad conferida por este
artículo a una garantía sobre un objeto se extiende a los productos de
indemnización.
7. El presente Convenio:
a) No afecta a los derechos que una persona
tenga sobre un elemento, que no es un objeto, antes de la instalación del
elemento en un objeto si los derechos continúan existiendo después de la
instalación en virtud de la ley aplicable; y
b) No impide la creación de derechos sobre
un elemento, que no es un objeto, instalado anteriormente en un objeto, cuando
esos derechos se crean en virtud de la ley aplicable.
Artículo 30
Efectos de la insolvencia
1. En los procedimientos de insolvencia
contra el deudor, una garantía internacional tiene efecto si la garantía fue
inscrita antes del comienzo de dichos procedimientos y de conformidad con el
presente Convenio.
2. Ninguna de las disposiciones de este
artículo disminuye la eficacia de una garantía internacional en los
procedimientos de insolvencia cuando dicha garantía tiene efecto en virtud de
la ley aplicable.
3. Ninguna de las disposiciones de este
artículo afecta a:
a) Las normas de derecho aplicables en los
procedimientos de insolvencia relativas a la invalidación de una transacción
mediante un arreglo preferencial o a una transferencia en fraude de los
derechos de los acreedores; ni a
b) Las normas de procedimiento relativas a
la observancia de los derechos de propiedad bajo el control o la supervisión
del administrador de la insolvencia.
CAPITULO IX
Cesión de derechos accesorios y garantías
internacionales; derechos de subrogación
Artículo 31
Efectos de la cesión
1. Salvo que las partes acuerden otra cosa,
la cesión de derechos accesorios efectuada de conformidad con el artículo 32
transfiere también al cesionario:
a) La correspondiente garantía
internacional; y
b) Todos los derechos del cedente y su
rango en virtud del presente Convenio.
2. Ninguna de las disposiciones del
presente Convenio impide una cesión parcial de los derechos accesorios del
cedente. En el caso de una cesión parcial, el cedente y el cesionario pueden
acordar cuáles son sus respectivos derechos relacionados con la correspondiente
garantía internacional cedida en virtud del párrafo anterior, pero no como para
afectar negativamente al deudor sin su consentimiento.
3. Con sujeción al párrafo 4º, la ley
aplicable determinará las excepciones y los derechos de compensación que pueda
invocar el deudor contra el cesionario.
4. El deudor puede renunciar en cualquier
momento, mediante acuerdo escrito, a todas o a cualesquiera de las excepciones
y los derechos de compensación a que se refiere el párrafo anterior que no sean
excepciones originadas en actos fraudulentos del cesionario.
5. En el caso de una cesión a título de
garantía, los derechos accesorios cedidos vuelven al cedente, en la medida en
que aún subsistan, cuando se cancelan las obligaciones garantizadas por la
cesión.
Artículo 32
Requisitos de forma de la cesión
1. La cesión de derechos accesorios
transfiere la correspondiente garantía internacional únicamente cuando:
a) Es escrita;
b) Permite identificar los derechos
accesorios con el contrato en el cual tienen origen; y
c) Tratándose de una cesión a título de
garantía, permite determinar las obligaciones garantizadas de conformidad con
el Protocolo, pero sin necesidad de declarar una cantidad o una cantidad máxima
garantizada.
2. La cesión de una garantía internacional
como garantía no será válida a menos que también se cedan algunos o todos los
derechos accesorios relacionados con la misma.
3. El presente Convenio no se aplica a una
cesión de derechos accesorios que no tiene el efecto de transferir la garantía
internacional relacionada con los mismos.
Artículo 33
Obligación del deudor respecto del
cesionario
1. En la medida en que los derechos
accesorios y la correspondiente garantía internacional hayan sido transferidos
de conformidad con los artículos 31 y 32, el deudor de la obligación con
relación a esos derechos y esa garantía está obligado por la cesión y debe
pagar al cesionario o ejecutar otra obligación para el cesionario, pero
únicamente cuando:
a) Al deudor se le ha dado aviso por
escrito de la cesión, directamente por el cedente o con la autorización de este
último; y
b) En el aviso se identifican los derechos
accesorios.
2. El pago o la ejecución de la obligación
liberarán al deudor si se hacen de conformidad con el párrafo anterior, sin
perjuicio de cualquier otra forma de pago o ejecución que sean igualmente
liberatorias.
3. Ninguna de las disposiciones de este
artículo afectará al rango de las cesiones concurrentes.
Artículo 34
Medidas en caso de inejecución de una
cesión  a título de garantía
En caso de incumplimiento del cedente
respecto a sus obligaciones en virtud de la cesión de derechos accesorios y de
la correspondiente garantía internacional a título de garantía, se aplican los
artículos 8º, 9º y 11 a 14 en las relaciones entre el cedente y el cesionario
(y, respecto a los derechos accesorios, se aplican en la medida en que esas
disposiciones se puedan aplicar a bienes inmateriales) como si las referencias:
a) A la obligación garantizada y al derecho
de garantía fueran referencias a la obligación garantizada por la cesión de los
derechos accesorios y de la correspondiente garantía internacional y al derecho
de garantía creado por la cesión;
b) Al acreedor garantizado o acreedor y al
otorgante o deudor fueran referencias al cesionario y al cedente;
c) Al titular de la garantía internacional
fueran referencias al cesionario; y
d) Al objeto fueran referencias a los
derechos accesorios cedidos y a la correspondiente garantía internacional.
Artículo 35
Rango de las cesiones concurrentes
1. En caso de que haya cesiones
concurrentes de derechos accesorios y de que al menos una de las cesiones incluya
la correspondiente garantía internacional y esté inscrita, las disposiciones
del artículo 29 se aplican como si las referencias a una garantía inscrita
fueran referencias a la cesión de los derechos accesorios y la correspondiente
garantía internacional y como si las referencias a una garantía inscrita o no
inscrita fueran referencias a una cesión inscrita o no inscrita.
2. El artículo 30 se aplica a una cesión de
derechos accesorios como si las referencias a una garantía internacional fueran
referencias a una cesión de derechos accesorios y la correspondiente garantía
internacional.
Artículo 36
Prioridad del cesionario con respecto a los
derechos accesorios
1. El cesionario de derechos accesorios y
de la correspondiente garantía internacional cuya cesión ha sido inscrita tiene
prioridad, en virtud del párrafo 1º del artículo 35, sobre otro cesionario de
los derechos accesorios únicamente:
a) Si el contrato en el que tienen origen
los derechos accesorios establece que los mismos están garantizados por el
objeto o relacionados con el mismo; y
b) En la medida en que los derechos
accesorios estén relacionados con el objeto.
2. Para los efectos del apartado b) del
párrafo anterior, los derechos accesorios están relacionados con un objeto únicamente
en la medida en que consistan en derechos al pago o a la ejecución de la
obligación que se relaciona con:
a) Una cantidad adelantada y utilizada para
la compra del objeto;
b) Una cantidad adelantada y utilizada para
la compra de otro objeto sobre el cual el cedente tenía otra garantía
internacional, si el cedente transfirió esa garantía al cesionario y la cesión
ha sido inscrita;
c) El precio que debe pagarse por el
objeto;
d) Los alquileres que deben pagarse
respecto al objeto; o
e) Otras obligaciones que tienen origen en
una transacción mencionada en cualquiera de los apartados anteriores.
3. En todos los otros casos, el rango de
las cesiones concurrentes de los derechos accesorios se determinará por la ley
aplicable.
Artículo 37
Efectos de la insolvencia del cedente
Las disposiciones del artículo 30 se
aplican a los procedimientos de insolvencia del cedente como si las referencias
al deudor fueran referencias al cedente.
Artículo 38
Subrogación
1. Con sujeción al párrafo 2º, ninguna de
las disposiciones del presente Convenio afecta a la adquisición de derechos
accesorios y de la correspondiente garantía internacional por subrogación legal
o contractual en virtud de la ley aplicable.
2. Los titulares de un derecho comprendido
en el párrafo anterior y de un derecho concurrente pueden modificar el rango de
sus respectivos derechos mediante acuerdo escrito, pero el cesionario de una
garantía subordinada no está obligado por un acuerdo de subordinación de esa
garantía, salvo que en el momento de la cesión se haya inscrito una
subordinación relativa a ese acuerdo.
CAPITULO X
Derechos o garantías sujetos a
declaraciones de los Estados contratantes
Artículo 39
Derechos no inscritos que tienen prioridad
1. Un Estado contratante podrá declarar en
cualquier momento, en una declaración depositada ante el Depositario del
Protocolo, en general o específicamente:
a) Las categorías de derechos o garantías
no contractuales (que no sean un derecho o garantía a los que se aplica el
artículo 40) que en virtud de la ley de ese Estado tienen sobre una garantía
relativa a un objeto una prioridad equivalente a la del titular de una garantía
internacional inscrita y que tendrán prioridad sobre una garantía internacional
inscrita, en el marco de procedimientos de insolvencia o no; y
b) Que ninguna de las disposiciones del
presente Convenio afectará al derecho de un Estado o de una entidad estatal, de
una organización intergubernamental o de otro proveedor de servicios públicos a
embargar o detener un objeto en virtud de las leyes de dicho Estado por el pago
de las cantidades adeudadas a esa entidad, organización o proveedor en relación
directa con esos servicios respecto de ese objeto o de otro objeto.
2. Una declaración formulada con arreglo al
párrafo anterior podrá estar expresada de forma que comprenda las categorías
creadas después del depósito de esa declaración.
3. Un derecho o una garantía no contractual
tienen prioridad sobre una garantía internacional únicamente si son de una
categoría comprendida en una declaración depositada antes de la inscripción de
la garantía internacional.
4. Sin perjuicio de lo previsto en el
párrafo anterior, un Estado contratante podrá, en el momento de la
ratificación, aceptación o aprobación del Protocolo, o de la adhesión al mismo,
declarar que un derecho o una garantía de una categoría comprendida en una
declaración formulada en virtud del apartado a) del párrafo 1º tendrán
prioridad sobre una garantía internacional inscrita antes de la fecha de la
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
Artículo 40
Derechos y garantías no contractuales
susceptibles de inscripción
Un Estado contratante podrá presentar en
cualquier momento, en una declaración depositada ante el Depositario del
Protocolo, una lista de las categorías de derechos o garantías no contractuales
que podrán inscribirse en virtud del presente Convenio respecto a cualquier
categoría de objetos como si esos derechos o garantías fueran garantías
internacionales, y serán reglamentados como tales. Dicha declaración podrá modificarse
periódicamente.
Capítulo XI
Aplicación del Convenio a las ventas
Artículo 41
Venta y venta futura
El presente Convenio se aplicará a la venta
o a la venta futura de un objeto de conformidad con lo previsto en el Protocolo
y sus modificaciones.
CAPITULO XII
Jurisdicción
Artículo 42
Elección de jurisdicción
1. Con sujeción a los artículos 43 y 44,
los tribunales de un Estado contratante elegidos por las partes en una
transacción tienen jurisdicción respecto a una reclamación presentada con
arreglo al presente Convenio, independientemente de que la jurisdicción elegida
tenga o no relación con las partes o con la transacción. Esa jurisdicción será
exclusiva, salvo que las partes hayan acordado lo contrario.
2. Ese acuerdo se hará por escrito o de
conformidad con los requisitos de forma de la ley del tribunal elegido.
Artículo 43
Jurisdicción en virtud del artículo 13
1. Los tribunales de un Estado contratante
elegidos por las partes y los tribunales del Estado contratante en cuyo
territorio está situado el objeto tienen jurisdicción para ordenar medidas en
virtud de los apartados a), b) y c) del párrafo 1 del artículo 13 y del párrafo
4º del artículo 13 respecto a dicho objeto.
2. La jurisdicción para ordenar medidas en
virtud del apartado d) del párrafo 1º del artículo 13 y otras medidas
provisionales en virtud del párrafo 4º del artículo 13 puede ser ejercida por:
a) Los tribunales escogidos por las partes;
o
b) Los tribunales de un Estado contratante
en cuyo territorio está situado el deudor, siendo una medida, en los términos
de la orden que la otorga, ejecutable únicamente en el territorio de ese Estado
contratante.
3. Un tribunal tiene jurisdicción en virtud
de los párrafos anteriores aun cuando la decisión definitiva relativa a la
reclamación a que se refiere el párrafo 1º del artículo 13 se adopte o pueda
adoptarse en el tribunal de otro Estado contratante o por arbitraje.
Artículo 44
Jurisdicción para dictar órdenes contra el
Registrador
1. Los tribunales del lugar en que el
Registrador tiene su administración central tendrán jurisdicción exclusiva para
otorgar indemnizaciones o dictar órdenes contra el Registrador.
2. Cuando una persona no responda a una
petición formulada con arreglo al artículo 25 y esa persona haya cesado de
existir o no pueda ser localizada para que pueda expedirse una orden contra esa
persona requiriéndole hacer cancelar la inscripción, los tribunales mencionados
en el párrafo anterior tendrán jurisdicción exclusiva para dictar, a petición
del deudor o del futuro deudor, una orden dirigida al Registrador requiriéndole
que cancele la inscripción.
3. Cuando una persona no cumpla una orden
de un tribunal que tiene jurisdicción en virtud del presente Convenio o, en el
caso de una garantía nacional, una orden de un tribunal competente en la que se
requiera a esa persona que haga modificar o cancelar la inscripción, los
tribunales mencionados en el párrafo 1 pueden encargar al Registrador que tome
las medidas para hacer efectiva esa orden.
4. Salvo que en los párrafos anteriores se
prevea otra cosa, ningún tribunal podrá ordenar medidas ni pronunciar
sentencias o decisiones contra el Registrador o que sean obligatorias para el
mismo.
Artículo 45
Jurisdicción respecto a los procedimientos
de insolvencia
Las disposiciones de este Capítulo no son
aplicables a los procedimientos de insolvencia.
CAPITULO XIII
Relaciones con otros convenios
Artículo 45 bis
Relación con la Convención de las Naciones
Unidas sobre la cesión de créditos
en el comercio internacional
El presente Convenio prevalecerá sobre la
Convención de las Naciones Unidas sobre la cesión de créditos en el comercio
internacional, abierta para la firma en Nueva York el 12 de diciembre de 2001,
en lo relativo a la cesión de créditos que son derechos accesorios relacionados
con garantías internacionales sobre objetos aeronáuticos, material rodante
ferroviario y bienes de equipo espacial.
Artículo 46
Relaciones con la Convención de Unidroit
sobre arrendamiento
financiero internacional
El Protocolo puede determinar la relación
entre el presente Convenio y la Convención de Unidroit sobre arrendamiento
financiero internacional, firmada en Ottawa el 28 de mayo de 1988.
CAPITULO XIV
Disposiciones finales
Artículo 47
Firma, ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión
1. El presente Convenio estará abierto en
Ciudad del Cabo, el 16 de noviembre de 2001, a la firma de los Estados
participantes en la Conferencia diplomática para adoptar un Convenio relativo a
equipo móvil y un Protocolo aeronáutico, celebrada en Ciudad del Cabo del 29 de
octubre al 16 de noviembre de 2001. Después del 16 de noviembre de 2001, el
Convenio estará abierto a la firma de todos los Estados en la sede del
Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit) en
Roma, hasta su entrada en vigor de conformidad con el artículo 49.
2. El presente Convenio se someterá a la
ratificación, aceptación o aprobación de los Estados que lo hayan firmado.
3. Todo Estado que no firme el presente
Convenio podrá adherirse al mismo en cualquier momento.
4. La ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión se efectúa mediante el depósito de un instrumento formal a tal
efecto ante el Depositario.
Artículo 48
Organizaciones regionales de integración
económica
1. Una organización regional de integración
económica que está constituida por Estados soberanos y tiene competencia con
respecto a determinados asuntos regidos por el presente Convenio también podrá
firmar, aceptar o aprobar el presente Convenio o adherirse al mismo. La
organización regional de integración económica tendrá en ese caso los derechos
y obligaciones de un Estado contratante, en la medida en que dicha organización
tenga competencia con respecto a asuntos regidos por el presente Convenio.
Cuando el número de Estados contratantes sea determinante en el presente
Convenio, la organización regional de integración económica no contará como un
Estado contratante además de sus Estados miembros que son Estados contratantes.
2. La organización regional de integración económica
formulará una declaración ante el Depositario en el momento de la firma,
aceptación, aprobación o adhesión, especificando los asuntos regidos por el
presente Convenio respecto a los cuales los Estados miembros de esa
organización le han transferido competencia. La organización regional de
integración económica notificará inmediatamente al Depositario todo cambio en
la distribución de competencia especificada en la declaración prevista en este
párrafo, incluyendo las nuevas transferencias de competencia.
3. Toda referencia a un "Estado
contratante" o "Estados contratantes" o "Estado parte"
o "Estados partes" en el presente Convenio se aplica igualmente a una
organización regional de integración económica, cuando así lo exija el
contexto.
Artículo 49
Entrada en vigor
1. El presente Convenio entrará en vigor el
primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses
posterior a la fecha de depósito del tercer instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión, pero únicamente respecto a las categorías de
objetos a las cuales se aplica un Protocolo:
a) A partir del momento de entrada en vigor
de ese Protocolo;
b) Con sujeción a las disposiciones de
dicho Protocolo; y
c) Entre los Estados que son partes en el
presente Convenio y en dicho Protocolo.
2. Para los demás Estados, el presente
Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un
período de tres meses posterior a la fecha de depósito de sus instrumentos de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, pero únicamente respecto a las
categorías de objetos a las cuales se aplica un Protocolo y con sujeción,
respecto a dicho Protocolo, a los requisitos de los apartados a), b) y c) del
párrafo anterior.
Artículo 50
Transacciones internas
1. Un Estado contratante puede declarar en
el momento de la ratificación, aceptación o aprobación del Protocolo, o en el
de la adhesión al mismo, que el presente Convenio no se aplicará a una
transacción que es una transacción interna con relación a ese Estado respecto a
todos los tipos de objetos o a algunos de ellos.
2. No obstante lo previsto en el párrafo
anterior, las disposiciones del párrafo 4º del artículo 8º, del párrafo 1º del
artículo 9º, del artículo 16, del Capítulo V, del artículo 29 y todas las
disposiciones del presente Convenio relativas a las garantías inscritas se
aplicarán a una transacción interna.
3. Cuando se haya inscrito una garantía
nacional en el Registro internacional, la prioridad del titular de esa garantía
en virtud del artículo 29 no resultará afectada por el hecho de que la garantía
se ha transferido a otra persona por cesión o subrogación en virtud de la ley
aplicable.
Artículo 51
Futuros Protocolos
1. El Depositario podrá crear grupos de
trabajo, en cooperación con las organizaciones no gubernamentales pertinentes
que el Depositario considere apropiadas, para evaluar la posibilidad de
extender la aplicación del presente Convenio, por medio de uno o más
Protocolos, a objetos de cualquier categoría de equipo móvil de gran valor que
no sean de una categoría mencionada en el párrafo 3º del artículo 2º, cada uno
de cuyos miembros es inequívocamente identificable, y a los derechos accesorios
relativos a dichos objetos.
2. El Depositario comunicará el texto de
todo anteproyecto de Protocolo relativo a una categoría de objetos preparado
por un grupo de trabajo a todos los Estados partes en el presente Convenio, a
todos los Estados miembros del Depositario y a los Estados miembros de las
Naciones Unidas que no son miembros del Depositario y a las organizaciones
intergubernamentales pertinentes e invitará a esos Estados y organizaciones a
participar en negociaciones intergubernamentales para la preparación de un
proyecto de Protocolo sobre la base de dicho anteproyecto de Protocolo.
3. El Depositario comunicará también el
texto de todo anteproyecto de Protocolo preparado por un grupo de trabajo a las
organizaciones no gubernamentales pertinentes que el Depositario considere
apropiadas. Dichas organizaciones no gubernamentales serán invitadas
inmediatamente a presentar comentarios sobre el texto del anteproyecto de
Protocolo al Depositario y a participar en calidad de observadores en la
preparación de un proyecto de Protocolo.
4. Cuando los órganos competentes del
Depositario consideren que dicho proyecto de Protocolo está suficientemente
elaborado para su adopción, el Depositario convocará una conferencia
diplomática a tal efecto.
5. Una vez que se haya adoptado dicho
Protocolo, con sujeción al párrafo 6º, el presente Convenio se aplicará a la
categoría de objetos comprendidos en ese instrumento.
6. El artículo 45 bis del presente Convenio
se aplica a dicho Protocolo únicamente si así está previsto expresamente en ese
Protocolo.
Artículo 52
Unidades territoriales
1. Si un Estado contratante tiene unidades
territoriales en las que son aplicables diferentes sistemas jurídicos con
relación a cuestiones tratadas en el presente Convenio, dicho Estado puede
declarar en el momento de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
que el presente Convenio se extenderá a todas sus unidades territoriales o
únicamente a una o más de ellas y podrá modificar esta declaración presentando
otra declaración en cualquier momento.
2. Esas declaraciones indicarán
explícitamente las unidades territoriales a las que se aplica el presente
Convenio.
3. Si un Estado contratante no formula
ninguna declaración con arreglo al párrafo 1º, el presente Convenio se aplicará
a todas las unidades territoriales de ese Estado.
4. Cuando un Estado contratante extienda el
presente Convenio a una o más de sus unidades territoriales, podrán formularse
con respecto a cada unidad territorial declaraciones permitidas en virtud del
presente Convenio, y las declaraciones formuladas con respecto a una unidad
territorial podrán ser diferentes de las formuladas con respecto a otra unidad
territorial.
5. Si, en virtud de una declaración
formulada de conformidad con el párrafo 1º, el presente Convenio se extiende a
una o más unidades territoriales de un Estado contratante:
a) Se considerará que el deudor está
situado en un Estado contratante únicamente si ha sido constituido o formado de
conformidad con una ley en vigor en una unidad territorial a la cual se aplica
el presente Convenio o si tiene su sede social o sede estatutaria, administración
central, establecimiento o residencia habitual en una unidad territorial a la
cual se aplica el presente Convenio;
b) Toda referencia al lugar en que se
encuentra el objeto en un Estado contratante es una referencia al lugar en que
se encuentra el objeto en una unidad territorial a la cual se aplica el
presente Convenio; y
c) Toda referencia a las autoridades
administrativas en ese Estado contratante se interpretará como una referencia a
las autoridades administrativas que tengan jurisdicción en una unidad
territorial a la cual se aplica el presente Convenio.
Artículo 53
Determinación de los tribunales competentes
Los Estados contratantes podrán designar,
mediante una declaración formulada en el momento de la ratificación, aceptación
o aprobación del Protocolo, o en el de la adhesión al mismo, "el
tribunal" o "los tribunales" competentes para los efectos del
artículo 1º y del Capítulo XII del presente Convenio.
Artículo 54
Declaraciones relativas a los recursos
1. Un Estado contratante podrá declarar en
el momento de la ratificación, aceptación o aprobación del Protocolo, o en el
de la adhesión al mismo, que mientras el objeto gravado se encuentre en su
territorio o sea controlado desde su territorio, el acreedor garantizado no
podrá darlo en arrendamiento en ese territorio.
2. Un Estado contratante declarará en el
momento de la ratificación, aceptación o aprobación del Protocolo, o en el de
la adhesión al mismo, si todo recurso de que disponga el acreedor de
conformidad con cualquiera de las disposiciones del presente Convenio, y cuyo
ejercicio no esté subordinado en virtud de dichas disposiciones a una petición
al tribunal, podrá ejercerse únicamente con la autorización del tribunal.
Artículo 55
Declaraciones relativas a las medidas
provisionales sujetas
a la decisión definitiva
Un Estado contratante podrá declarar en el
momento de la ratificación, aceptación o aprobación del Protocolo, o en el de
la adhesión al mismo, que no aplicará las disposiciones del artículo 13 o del
artículo 43, o de ambos, total ni parcialmente. En la declaración se
especificará en qué condiciones se aplicará el artículo pertinente, en el caso
de que se aplique parcialmente, o bien qué otras formas de medidas
provisionales se aplicarán.
Artículo 56
Reservas y declaraciones
1. No podrán formularse reservas al
presente Convenio, pero las declaraciones autorizadas en los artículos 39, 40,
50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 y 60 podrán formularse de conformidad con estas
disposiciones.
2. Toda declaración o declaración ulterior
y todo retiro de declaración que se formulen de conformidad con el presente
Convenio se notificarán por escrito al Depositario.
Artículo 57
Declaraciones ulteriores
1. Un Estado parte podrá formular una
declaración ulterior, que no sea una declaración autorizada en virtud del
artículo 60, en cualquier momento a partir de la fecha en que el presente
Convenio haya entrado en vigor para ese Estado, notificando al Depositario a
tal efecto.
2. Toda declaración ulterior tendrá efecto
el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de seis meses
posterior a la fecha en que el Depositario reciba la notificación. Cuando en la
notificación se especifique un período más extenso para que esa declaración
tenga efecto, la misma tendrá efecto al expirar dicho período después de su
recepción por el Depositario.
3. No obstante las disposiciones de los
párrafos anteriores, el presente Convenio continuará aplicándose, como si no se
hubieran hecho declaraciones ulteriores, respecto a todos los derechos y
garantías que tengan origen antes de la fecha en que tenga efecto una
declaración ulterior.
Artículo 58
Retiro de declaraciones
1. Todo Estado parte que formule una
declaración de conformidad con lo previsto en el presente Convenio, que no sea
una declaración autorizada en virtud del artículo 60, podrá retirarla en
cualquier momento notificando al Depositario. Dicho retiro tendrá efecto el
primer día del mes siguiente a la expiración de un período de seis meses
posterior a la fecha en que el Depositario reciba la notificación.
2. No obstante las disposiciones del
párrafo anterior, el presente Convenio continuará aplicándose, como si no se
hubiera retirado la declaración, respecto a todos los derechos y garantías que
tengan origen antes de la fecha en que tenga efecto un retiro anterior.
Artículo 59
Denuncias
1. Todo Estado parte podrá denunciar el
presente Convenio mediante notificación por escrito al Depositario.
2. Toda denuncia al respecto tendrá efecto
el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de doce meses
posterior a la fecha en que el Depositario reciba la notificación.
3. No obstante las disposiciones de los
párrafos anteriores, el presente Convenio continuará aplicándose como si no se
hubiera hecho ninguna denuncia respecto a todos los derechos y garantías que
tengan origen antes de la fecha en que tenga efecto la denuncia.
Artículo 60
Disposiciones provisionales
1. Salvo que un Estado contratante declare
otra cosa en algún momento, el Convenio no se aplica a derechos o garantías
preexistentes, que conservarán la prioridad que tenían en virtud de la ley
aplicable antes de la fecha en que tenga efecto el presente Convenio.
2. Para los efectos del párrafo v) del
artículo 1º y para determinar la prioridad en virtud del presente Convenio:
a) "Fecha en que tiene efecto el
presente Convenio" designa, con relación a un deudor, el momento en que el
presente Convenio entra en vigor o el momento en que el Estado en que el deudor
está situado pasa a ser Estado contratante, de ambas fechas la posterior; y
b) El deudor está situado en un Estado
donde tiene su administración central o, si no tiene administración central, su
establecimiento o, si tiene más de un establecimiento, su establecimiento
principal o, si no tiene ningún establecimiento, su residencia habitual.
3. Un Estado contratante puede especificar
en su declaración mencionada en el párrafo 1 una fecha, no antes de un período
de tres años posterior a la fecha en que la declaración tiene efecto, en la que
el presente Convenio y el Protocolo serán aplicables, para los efectos de
determinar la prioridad, incluyendo la protección de toda prioridad existente,
a derechos o garantías preexistentes originados en un contrato celebrado cuando
el deudor estaba situado en un Estado como el mencionado en el apartado b) del
párrafo anterior, pero sólo en la medida y del modo especificados en su
declaración.
Artículo 61
Conferencias de revisión, enmiendas y
asuntos conexos
1. El Depositario preparará para los
Estados partes cada año, o cuando las circunstancias lo exijan, informes sobre
el modo en que el régimen internacional establecido en el presente Convenio se
ha aplicado en la práctica. Al preparar dichos informes, el Depositario tendrá
en cuenta los informes de la Autoridad supervisora relativos al funcionamiento
del sistema de inscripción internacional.
2. A petición de por lo menos el
veinticinco por ciento de los Estados partes, el Depositario convocará
periódicamente, en consulta con la Autoridad supervisora, Conferencias de
revisión de dichos Estados partes con el fin de examinar:
a) La aplicación práctica del presente
Convenio y su eficacia para facilitar la financiación garantizada por activos y
el arrendamiento de los objetos comprendidos en sus disposiciones;
b) La interpretación de los tribunales y la
aplicación que se haga de las disposiciones del presente Convenio y los
reglamentos;
c) El funcionamiento del sistema de
inscripción internacional, el desempeño de las funciones del Registrador y su
supervisión por la Autoridad supervisora, teniendo en cuenta los informes de la
Autoridad supervisora; y
d) La conveniencia de modificar el presente
Convenio o los arreglos relativos al Registro internacional.
3. Con sujeción al párrafo 4º, toda
enmienda al presente Convenio será aprobada, por lo menos, por una mayoría de
dos tercios de Estados partes que participen en la Conferencia mencionada en el
párrafo anterior y entrará en vigor, con respecto a los Estados que hayan
ratificado, aceptado o aprobado dicha enmienda, cuando haya sido ratificada,
aceptada o aprobada por tres Estados de conformidad con las disposiciones del
artículo 49 relativas a su entrada en vigor.
4. Cuando la propuesta de enmienda del
presente Convenio esté destinada a ser aplicada a más de una categoría de
equipo, dicha enmienda será también aprobada, por lo menos, por una mayoría de
dos tercios de los Estados partes en cada Protocolo que participen en la
Conferencia mencionada en el párrafo 2º.
Artículo 62
Depositario y sus funciones
1. Los instrumentos de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión serán depositados ante el Instituto
Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit), designado
Depositario por el presente instrumento.
2. El Depositario:
a) Informará a todos los Estados
contratantes de:
i) Toda nueva firma o depósito de un
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, juntamente con
la fecha del mismo;
ii) La fecha de entrada en vigor del
presente Convenio;
iii) Toda declaración formulada de
conformidad con el presente Convenio, juntamente con la fecha de la misma;
iv) El retiro o enmienda de toda
declaración, juntamente con la fecha de los mismos; y
v) La notificación de toda denuncia del
presente Convenio, juntamente con la fecha de la misma y la fecha en que tendrá
efecto;
b) Transmitirá copias auténticas
certificadas del presente Convenio a todos los Estados contratantes;
c) Entregará a la Autoridad supervisora y
al Registrador copia de cada instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, juntamente con la fecha de depósito del mismo, de cada
declaración o retiro o enmienda de una declaración y de cada notificación de
denuncia, juntamente con sus respectivas fechas de notificación, para que la
información allí contenida sea fácil y plenamente accesible; y
d) Desempeñará toda otra función habitual
de los depositarios.
En testimonio de lo cual, los
plenipotenciarios que suscriben, debidamente autorizados, firman el presente Convenio.
Hecho en Ciudad del Cabo el día dieciséis
de noviembre de dos mil uno en un solo original, en español, árabe, chino,
francés, inglés y ruso, siendo todos los textos igualmente auténticos. Dicha
autenticidad tendrá efecto una vez que la Secretaría conjunta de la
Conferencia, bajo la autoridad del Presidente de la Conferencia, verifique la
conformidad de los textos entre sí dentro de un plazo de noventa días a partir
de la fecha del presente.
PROTOCOLO SOBRE CUESTIONES ESPECÍFICAS DE
LOS ELEMENTOS DE EQUIPO AERONAUTICO, DEL CONVENIO RELATIVO A GARANTIAS
INTERNACIONALES SOBRE ELEMENTOS DE EQUIPO MOVIL
Firmado en Ciudad del Cabo el 16 de
noviembre de 2001
COPY CERTIFIED AS BEING IN CONFORMITY WITH
THE ORIGINAL
THE SECRETARY-GENERAL
HERBERT KRONKE.
CIUDAD DEL CABO
16 DE NOVIEMBRE DE 2001
PROTOCOLO SOBRE CUESTIONES ESPECIFICAS DE
LOS ELEMENTOS DE EQUIPO AERONAUTICO, DEL CONVENIO RELATIVO A GARANTIAS
INTERNACIONALES SOBRE ELEMENTOS DE EQUIPO MOVIL
Los Estados Partes en el presente
Protocolo,
Considerando que es necesario aplicar el
Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil
(en adelante, "el Convenio") en lo que se relaciona con los elementos
de equipo aeronáutico, a la luz de los objetivos enunciados en el preámbulo del
Convenio,
Conscientes de la necesidad de adaptar el
Convenio para responder a las exigencias particulares de la financiación
aeronáutica y extender el ámbito de aplicación del Convenio a los contratos de
venta de elementos de equipo aeronáutico,
Teniendo en cuenta los principios y
objetivos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago
el 7 de diciembre de 1944,
Han convenido en las siguientes
disposiciones relativas a elementos de equipo aeronáutico:
CAPITULO I
Ámbito de aplicación y disposiciones
generales
Artículo I
Definiciones
1. Los términos empleados en el presente
Protocolo tienen el significado indicado en el Convenio, salvo que el contexto
exija otra cosa.
2. En el presente Protocolo, los términos
que siguen se emplean con el significado indicado a continuación:
a) "Aeronave" designa aeronaves
definidas para los efectos del Convenio de Chicago, que son células de
aeronaves con motores de aeronaves instalados en las mismas o helicópteros;
b) "Motores de aeronaves" designa
motores de aeronaves (salvo las utilizadas por los servicios militares, de
aduanas o de policía) de reacción, de turbina o de émbolo que:
i) En el caso de motores de reacción,
tienen por lo menos 1.750 libras de empuje o su equivalente; y
ii) En el caso de motores de turbina o de
émbolo, tienen una potencia nominal de despegue en el eje de por lo menos 550
caballos de fuerza o su equivalente, junto con todos los módulos y otros
accesorios, piezas y equipos instalados, incorporados o fijados, y todos los
datos, manuales y registros relacionados con los mismos;
c) "Objetos aeronáuticos" designa
células de aeronaves, motores de aeronaves y helicópteros;
d) "Registro de aeronaves"
designa un registro mantenido por un Estado o una autoridad de registro de
marca común para los fines del Convenio de Chicago;
e) "Células de aeronaves" designa
células de aeronaves (salvo las utilizadas por los servicios militares, de
aduanas o de policía) a las que, cuando se les instalan motores de aeronaves
apropiados, la autoridad aeronáutica competente otorga certificado de tipo para
el transporte de:
i) Al menos ocho (8) personas, incluyendo a
la tripulación; o
ii) Mercancías que pesan más de 2.750
kilogramos, junto con todos los accesorios, piezas y equipos (salvo motores de
aeronaves) instalados, incorporados o fijados, y todos los datos, manuales y
registros relacionados con las mismas;
f) "Parte autorizada" designa la
parte mencionada en el párrafo 3º del artículo XIII;
g) "Convenio de Chicago" designa
el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago el 7 de
diciembre de 1944, con sus enmiendas y Anexos;
h) "Autoridad de registro de marca
común" designa la autoridad que mantiene un registro de conformidad con el
artículo 77 del Convenio de Chicago aplicado según la Resolución sobre
nacionalidad y matrícula de aeronaves explotadas por organismos internacionales
de explotación, adoptada el 14 de diciembre de 1967 por el Consejo de la
Organización de Aviación Civil Internacional;
i) "Cancelación de la matrícula de la
aeronave" designa la supresión o eliminación de la matrícula de la
aeronave de su registro de aeronaves, de conformidad con el Convenio de
Chicago;
j) "Contrato de garantía" designa
un contrato concertado por una persona como garante;
k) “Garante" designa una persona que,
con el propósito de asegurar el cumplimiento de una obligación en favor de un
acreedor garantizado por un contrato constitutivo de garantía o en virtud de un
contrato, entrega o extiende una fianza o una garantía a la vista o una carta
de crédito standby o cualquier otra forma de seguro de crédito;
l) "Helicópteros" designa
aerodinos más pesados que el aire (salvo los utilizados por los servicios
militares, de aduanas o de policía) que se mantienen en vuelo principalmente
por la reacción del aire sobre uno o más rotores propulsados por motor, que
giran alrededor de ejes verticales o casi verticales, y a los que la autoridad
aeronáutica competente otorga certificado de tipo para el transporte de:
i) Al menos cinco (5) personas, incluyendo
a la tripulación; o
ii) Mercancías que pesan más de 450
kilogramos, junto con todos los accesorios, piezas y equipos (incluyendo los
rotores) instalados, incorporados o fijados, y todos los datos, manuales y registros
relacionados con los mismos;
m) "Situación de insolvencia"
designa:
i) El comienzo del procedimiento de
insolvencia; o
ii) La intención declarada del deudor de
suspender los pagos o la suspensión de pagos efectiva por el deudor, cuando la
ley o un acto del Estado impide o suspende el ejercicio del derecho del
acreedor de instituir un procedimiento de insolvencia contra el deudor o de
recurrir a medidas previstas en el Convenio;
n) "Jurisdicción de insolvencia
principal" designa el Estado contratante en que están concentrados los
principales intereses del deudor, que para este efecto se considerará que es el
lugar de la sede estatutaria o, si no hubiese ninguna, el lugar en que el
deudor ha sido constituido o formado, a menos que se demuestre lo contrario;
o) "Autoridad del registro"
designa la autoridad nacional o la autoridad de registro de marca común que
mantiene un registro de aeronaves en un Estado contratante y es responsable de
la matrícula de una aeronave en el registro y de su cancelación de conformidad
con el Convenio de Chicago; y
p) "Estado de matrícula" designa,
con respecto a una aeronave, el Estado en cuyo registro nacional de aeronaves
está matriculada esa aeronave o el Estado en que está situada la autoridad de
registro de marca común que mantiene el registro de aeronaves.
Artículo II
Aplicación del Convenio respecto a los
objetos aeronáuticos
1. El Convenio se aplicará con relación a
los objetos aeronáuticos de conformidad con lo previsto en el presente
Protocolo.
2. El Convenio y el presente Protocolo
serán mencionados como Convenio relativo a garantías internacionales sobre
elementos de equipo móvil aplicado a objetos aeronáuticos.
Artículo III
Aplicación del Convenio a las ventas
Las siguientes disposiciones del Convenio
se aplican como si las referencias a un acuerdo que crea o prevé una garantía
internacional fueran referencias a un contrato de venta y como si las
referencias a una garantía internacional, a una garantía internacional futura,
al deudor y al acreedor fueran referencias a una venta, a una venta futura, al
vendedor y al comprador, respectivamente:
Artículos 3º y 4º;
Artículo 16, párrafo 1º, a);
Artículo 19, párrafo 4;
Artículo 20, párrafo 1º (respecto a la
inscripción de un contrato de venta o de una venta futura);
Artículo 25, párrafo 2º (respecto a una
venta futura); y
Artículo 30.
Además, las disposiciones generales de:
artículo 1º, artículo 5º, Capítulos IV a VII, artículo 29 (salvo el párrafo 3º,
que se sustituye por los párrafos 1º y 2º del artículo XIV), Capítulo X,
Capítulo XII (salvo el artículo 43), Capítulo XIII y Capítulo XIV (salvo el
artículo 60) se aplicarán a los contratos de venta y a las ventas futuras.
Artículo IV
Ámbito de aplicación
1. Sin perjuicio del párrafo 1º del
artículo 3º del Convenio, el Convenio también se aplicará en relación con un
helicóptero o con una célula de aeronave perteneciente a una aeronave inscritos
en el registro de aeronaves de un Estado contratante que es el Estado de matrícula;
y cuando esa inscripción se haga en cumplimiento de un acuerdo para matricular
la aeronave, se considerará que se ha efectuado en la fecha del acuerdo.
2. Para los efectos de la definición de
"transacción interna" en el artículo 1º del Convenio:
a) Una célula de aeronave está situada en
el Estado de matrícula de la aeronave de la cual es parte;
b) Un motor de aeronave está situado en el
Estado de matrícula de la aeronave en la cual está instalado o, si no está
instalado en una aeronave, en el lugar donde está físicamente situado; y
c) Un helicóptero está situado en su Estado
de matrícula, en el momento de la celebración del contrato que crea o prevé la
garantía.
3. Las partes pueden, mediante acuerdo
escrito, excluir la aplicación del artículo XI y, en sus relaciones recíprocas,
dejar de aplicar o modificar el efecto de cualquiera de las disposiciones del
presente Protocolo, con excepción de los párrafos 2 a 4 del artículo IX.
Artículo V
Formalidades, efectos e inscripción de los
contratos de venta
1. Para los efectos del presente Protocolo,
un contrato de venta es aquel que:
a) Es escrito;
b) Está relacionado con un objeto
aeronáutico del que puede disponer el vendedor; y
c) Permite identificar el objeto
aeronáutico de conformidad con el presente Protocolo.
2. Un contrato de venta transfiere al
comprador los derechos del vendedor sobre el objeto aeronáutico de conformidad
con los términos del contrato.
3. La inscripción de un contrato de venta
permanece vigente indefinidamente. La inscripción de una venta futura permanece
vigente a menos que se cancele, o hasta que expire el período especificado en
la inscripción, si es el caso.
Artículo VI
Poderes de los representantes
Una persona puede celebrar un contrato o
una venta e inscribir una garantía internacional sobre un objeto aeronáutico, o
la venta del mismo, en calidad de mandatario, fiduciario u otro título de
representante. En ese caso, dicha persona estará facultada para hacer valer los
derechos y las garantías en virtud del Convenio.
Artículo VII
Descripción de los objetos aeronáuticos
Una descripción de un objeto aeronáutico
que contiene el número de serie del fabricante, el nombre del fabricante y la
designación del modelo es necesaria y suficiente para identificar el objeto
para los efectos del apartado c) del artículo 7º del Convenio y del apartado c)
del párrafo 1º del artículo V del presente Protocolo.
Artículo VIII
Elección de la ley aplicable
1. Este artículo se aplica únicamente
cuando un Estado contratante ha formulado una declaración con arreglo al
párrafo 1º del artículo XXX.
2. Las partes en un contrato o un contrato
de venta, o en un contrato de garantía o un acuerdo de subordinación de rango
accesorios podrán acordar cuál será la ley que regirá sus derechos y
obligaciones contractuales, en todo o en parte.
3. Salvo que se acuerde otra cosa, la
mención del párrafo anterior a la ley elegida por las partes es una referencia
a las normas de derecho interno del Estado designado o, cuando dicho Estado
comprenda varias unidades territoriales, al derecho interno de la unidad
territorial designada.
CAPITULO II
Medidas ante el incumplimiento de las
obligaciones,  prioridades y cesiones
Artículo IX
Modificación de las disposiciones relativas
a las medidas
ante el incumplimiento de las obligaciones
1. Además de las medidas previstas en el
Capítulo III del Convenio, en la medida en que el deudor lo haya consentido en
algún momento y en las circunstancias indicadas en dicho Capítulo, el acreedor
podrá:
a) Hacer cancelar la matrícula de la
aeronave; y
b) Hacer exportar y hacer transferir
físicamente el objeto aeronáutico desde el territorio en el cual está situado a
otro.
2. El acreedor no podrá recurrir a las
medidas previstas en el párrafo anterior sin el previo consentimiento escrito
del titular de una garantía inscrita que tenga prioridad sobre la del acreedor.
3. El párrafo 3º del artículo 8º del
Convenio no se aplicará a los objetos aeronáuticos. Toda medida prevista en el
Convenio en relación con un objeto aeronáutico se aplicará de una forma
comercialmente razonable. Se considerará que una medida se aplica de forma
comercialmente razonable cuando se aplique de conformidad con las cláusulas del
contrato, salvo que dichas cláusulas sean manifiestamente excesivas.
4. Se considerará que el acreedor
garantizado que da a las personas interesadas diez días laborables o más de
aviso previo, por escrito, de una propuesta de venta o arrendamiento satisface
el requisito de "avisar con una antelación razonable" previsto en el
párrafo 4º del artículo 8º del Convenio. Lo anterior no impedirá que un
acreedor garantizado y un otorgante o un garante convengan en un período de
aviso previo más largo.
5. La autoridad del registro de un Estado
contratante atenderá, con sujeción a las leyes y reglamentos aplicables a la
seguridad operacional, una solicitud de cancelación de la matrícula y
exportación de un objeto si:
a) La parte autorizada presenta
correctamente la solicitud en virtud de una autorización irrevocable inscrita
para solicitar la cancelación de la matrícula y el permiso de exportación; y
b) La parte autorizada certifica a la
autoridad del registro, si dicha autoridad lo requiere, que todas las garantías
inscritas que tienen prioridad respecto a la del acreedor en cuyo favor se ha
expedido la autorización han sido canceladas o que los titulares de esas
garantías han dado su consentimiento para la cancelación de la matrícula y la
exportación.
6. Todo acreedor garantizado que, con
arreglo al párrafo 1º, proponga la cancelación de la matrícula y la exportación
de una aeronave de una forma que no sea ejecutando la decisión de un tribunal,
avisará de la cancelación de la matrícula y la exportación propuestas con una
antelación razonable y por escrito a:
a) Las personas interesadas especificadas
en los apartados i) y ii) del párrafo m) del artículo 1º del Convenio; y
b) Las personas interesadas especificadas
en el apartado iii) del párrafo m) del artículo 1º del Convenio que hayan
avisado de sus derechos al acreedor garantizado con una antelación razonable a
la cancelación de la matrícula y la exportación.
Artículo X
Modificación de las disposiciones relativas
a las medidas provisionales
sujetas a la decisión definitiva
1. Este artículo se aplica únicamente
cuando un Estado contratante ha formulado una declaración con arreglo al
párrafo 2º del artículo XXX y en la medida indicada en dicha declaración.
2. Para los efectos del párrafo 1º del
artículo 13 del Convenio, en el contexto de obtener medidas "rápidamente"
significa dentro del número de días laborables contados desde la fecha de
presentación de la solicitud de medidas previsto en la declaración formulada
por el Estado contratante en que se presenta la solicitud.
3. El párrafo 1º del artículo 13 del
Convenio se aplica agregando inmediatamente después del apartado d) lo
siguiente:
"e) Si el deudor y el acreedor lo
acuerdan específicamente en algún momento, la venta del objeto y la aplicación
del producto de la misma", y el párrafo 2º del artículo 43 se aplica
insertando la expresión "y del apartado e)" después de "en
virtud del apartado d)".
4. La propiedad o todo otro derecho del
deudor transferido por una venta con arreglo al párrafo anterior está libre de
toda otra garantía sobre la cual la garantía internacional del acreedor tiene
prioridad de conformidad con las disposiciones del artículo 29 del Convenio.
5. El acreedor y el deudor o toda otra
persona interesada pueden convenir por escrito en excluir la aplicación del
párrafo 2º del artículo 13 del Convenio.
6. Respecto a las medidas del párrafo 1º
del artículo IX :
a) La autoridad del registro y otras
autoridades administrativas de un Estado contratante, según corresponda,
permitirán que puedan aplicarse, a más tardar, cinco días laborables después de
que el acreedor avise a dichas autoridades que las medidas previstas en el
párrafo 1º del artículo IX han sido otorgadas o, en el caso de las otorgadas
por un tribunal extranjero, después de que sean reconocidas por un tribunal de
ese Estado contratante, y que el acreedor tiene derecho a obtener dichas
medidas de conformidad con el Convenio; y
b) Las autoridades competentes cooperarán
rápidamente con el acreedor y le asistirán en el ejercicio de sus recursos de
conformidad con las leyes y los reglamentos de seguridad aeronáutica
aplicables.
7. Los párrafos 2 y 6 no afectarán a las
leyes ni a los reglamentos de seguridad aeronáutica aplicables.
Artículo XI
Medidas en caso de insolvencia
1. Este artículo se aplica únicamente
cuando un Estado contratante que es la jurisdicción de insolvencia principal ha
formulado una declaración con arreglo al párrafo 3º del artículo XXX.
Opción A
2. Cuando se produzca una situación de
insolvencia, el administrador de la insolvencia o el deudor, según corresponda,
entregará el objeto aeronáutico al acreedor, con sujeción al párrafo 7º, no más
tarde que el primero de los hechos siguientes:
a) El fin del período de espera; y
b) La fecha en que el acreedor tendría
derecho a la posesión del objeto aeronáutico si no se aplicase este artículo.
3. Para los efectos de este artículo, el
"período de espera" será el período previsto en la declaración del
Estado contratante que es la jurisdicción de insolvencia principal.
4. En este artículo, las referencias al
"administrador de la insolvencia" serán referencias a esa persona en
su carácter oficial, no personal.
5. A menos y hasta que se le dé al acreedor
la oportunidad de tomar posesión de conformidad con el párrafo 2º:
a) El administrador de la insolvencia o el
deudor, según corresponda, preservará y mantendrá el objeto aeronáutico y su
valor de conformidad con el contrato; y
b) El acreedor tendrá derecho a solicitar
cualquier otra medida provisional permitida con arreglo a la ley aplicable.
6. El apartado a) del párrafo anterior no
impedirá el uso del objeto aeronáutico de conformidad con las disposiciones
adoptadas para preservar y mantener el objeto aeronáutico y su valor.
7. El administrador de la insolvencia o el
deudor, según corresponda, podrá retener la posesión del objeto aeronáutico
cuando, para la fecha prevista en el párrafo 2º, haya subsanado todos los
incumplimientos que no son incumplimiento por la iniciación de los
procedimientos de insolvencia y haya convenido en cumplir todas las obligaciones
futuras en virtud del contrato. Respecto al incumplimiento de esas obligaciones
futuras, no se aplicará un segundo período de espera.
8. Respecto a las medidas del párrafo 1º
del artículo IX:
a) La autoridad del registro y las
autoridades administrativas de un Estado contratante, según corresponda,
permitirán que puedan aplicarse, a más tardar, cinco días laborables después de
la fecha en que el acreedor avise a dichas autoridades que tiene derecho a
obtener dichas medidas de conformidad con el Convenio; y
b) Las autoridades competentes cooperarán
rápidamente con el acreedor y le asistirán en el ejercicio de sus recursos de
conformidad con las leyes y los reglamentos de seguridad aeronáutica
aplicables.
9. La ejecución de las medidas permitidas por
el Convenio o el presente Protocolo no se podrá impedir o retardar después de
la fecha prevista en el párrafo 2º.
10. No se podrá modificar sin el
consentimiento del acreedor ninguna obligación del deudor en virtud del
contrato.
11. El párrafo anterior no se interpretará
de forma que afecte a las facultades del administrador de la insolvencia, si
las tuviera, para dar por terminado el contrato con arreglo a la ley aplicable.
12. En los procedimientos de insolvencia,
ningún derecho o garantía, salvo los derechos o garantías no contractuales de
una categoría comprendida en una declaración depositada con arreglo al párrafo
1º del artículo 39 del Convenio, tendrá prioridad sobre las garantías
inscritas.
13. El Convenio modificado por el artículo
IX del presente Protocolo se aplicará a la ejecución de cualquier medida con
arreglo a este artículo.
Opción B
2. Cuando se produzca una situación de
insolvencia, el administrador de la insolvencia o el deudor, según corresponda,
a petición del acreedor avisará al acreedor dentro del plazo previsto en una
declaración de un Estado contratante con arreglo al párrafo 3º del artículo XXX
si:
a) Va a subsanar todos los incumplimientos
que no son incumplimiento por la iniciación de los procedimientos de
insolvencia y convenir en cumplir todas las obligaciones futuras en virtud del
contrato y los documentos relativos a la transacción; o
b) Va a dar al acreedor la oportunidad de
tomar posesión del objeto aeronáutico, de conformidad con la ley aplicable.
3. La ley aplicable mencionada en el
apartado b) del párrafo anterior podrá permitir al tribunal exigir la adopción
de una medida adicional o la provisión de una garantía adicional.
4. El acreedor presentará evidencias de sus
reclamaciones y prueba de que su garantía internacional ha sido inscrita.
5. Si el administrador de la insolvencia o
el deudor, según corresponda, no avisa de conformidad con el párrafo 2º, o
cuando el administrador de la insolvencia o el deudor habiendo declarado que
dará al acreedor la oportunidad de tomar posesión del objeto aeronáutico no lo
hace, el tribunal podrá permitir al acreedor tomar posesión del objeto
aeronáutico en las condiciones que el tribunal ordene y podrá exigir la
adopción de una medida adicional o la provisión de una garantía adicional.
6. El objeto aeronáutico no se venderá
mientras esté pendiente una decisión de un tribunal con respecto a la
reclamación y a la garantía internacional.
Artículo XII
Asistencia en caso de insolvencia
1. Este artículo se aplica únicamente cuando
un Estado contratante ha formulado una declaración de conformidad con el
párrafo 1º del artículo XXX.
2. Los tribunales de un Estado contratante
donde está situado un objeto aeronáutico cooperarán en la máxima medida
posible, y de conformidad con la ley de dicho Estado, con los tribunales
extranjeros y con los administradores extranjeros de la insolvencia para la
aplicación de las disposiciones del artículo XI.
Artículo XIII
Autorización para solicitar la cancelación
de la matrícula
y el permiso de exportación
1. Este artículo se aplica únicamente
cuando un Estado contratante ha formulado una declaración de conformidad con el
párrafo 1º del artículo XXX.
2. Cuando el deudor haya otorgado una
autorización irrevocable para solicitar la cancelación de la matrícula y el
permiso de exportación siguiendo sustancialmente el formulario anexo al
presente Protocolo y la haya presentado a la autoridad del registro para su
inscripción, dicha autorización deberá inscribirse.
3. La persona en cuyo favor se haya otorgado
la autorización (la "parte autorizada") o quien esta certifique que
designó será la única persona facultada para adoptar las medidas previstas en
el párrafo 1º del artículo IX, y podrá hacerlo únicamente de conformidad con la
autorización y las leyes y los reglamentos sobre seguridad aeronáutica
aplicables. Dicha autorización no podrá ser revocada por el deudor sin el
consentimiento escrito de la parte autorizada. La autoridad del registro
eliminará una autorización del registro a petición de la parte autorizada.
4. La autoridad del registro y otras
autoridades administrativas de los Estados contratantes cooperarán con la parte
autorizada y la asistirán con prontitud, para la aplicación de las medidas
previstas en el artículo IX.
Artículo XIV
Modificación de las disposiciones relativas
a las prioridades
1. El comprador de un objeto aeronáutico en
virtud de una venta inscrita adquiere su derecho sobre ese objeto libre de una
garantía inscrita ulteriormente y de toda garantía no inscrita, aun cuando el
comprador tenga conocimiento de la garantía no inscrita.
2. El comprador de un objeto aeronáutico
adquiere su derecho sobre ese objeto con sujeción a una garantía inscrita en el
momento de su adquisición.
3. La propiedad u otro derecho o garantía
sobre un motor de aeronave no resultarán afectados por el hecho de que haya
sido instalado en una aeronave o de que haya sido retirado de la misma.
4. El párrafo 7º del artículo 29 del
Convenio se aplica a un elemento, que no es un objeto, instalado en una célula
de aeronave, en un motor de aeronave o en un helicóptero.
Artículo XV
Modificación de las disposiciones relativas
a las cesiones
El párrafo 1º del artículo 33 del Convenio
se aplica como si se agregara inmediatamente después del apartado b) lo
siguiente:
"y c) El deudor ha dado su
consentimiento por escrito, independientemente de que el consentimiento se haya
dado o no antes de la cesión y de que se identifique o no al cesionario."
Artículo XVI
Disposiciones relativas al deudor
1. En caso de que no haya incumplimiento
según lo previsto en el artículo 11 del Convenio, el deudor tendrá derecho a la
libre posesión y uso del objeto de conformidad con el contrato:
a) Frente a su acreedor y al titular de
toda garantía respecto a la cual el deudor está libre en virtud del párrafo 4º
del artículo 29 del Convenio o, en calidad de comprador, del párrafo 1º del
artículo XIV del presente Protocolo, a menos y en la medida en que el deudor
haya acordado otra cosa por escrito; y
b) Frente al titular de toda garantía a la cual
estén sujetos el derecho o la garantía del deudor en virtud del párrafo 4º del
artículo 29 del Convenio o, en calidad de comprador, del párrafo 2º del
artículo XIV del presente Protocolo, pero únicamente en la medida, si así
fuera, en que el titular lo haya acordado por escrito.
2. Ninguna de las disposiciones del
Convenio o del presente Protocolo Afectará a la responsabilidad del acreedor
por incumplimiento del contrato en virtud de la ley aplicable, en la medida en
que dicho contrato esté relacionado con un objeto aeronáutico.
CAPITULO III
Disposiciones relativas al sistema de
inscripción de garantías internacionales
sobre objetos aeronáuticos
Artículo XVII
Autoridad supervisora y Registrador
1. La Autoridad supervisora será la entidad
internacional designada por una Resolución adoptada por la Conferencia
diplomática para adoptar un Convenio relativo a equipo móvil y un Protocolo
aeronáutico.
2. En caso de que la entidad internacional
mencionada en el párrafo anterior no pueda o no esté dispuesta a actuar como
Autoridad supervisora, se celebrará una Conferencia de Estados signatarios y
contratantes para designar otra Autoridad supervisora.
3. La Autoridad supervisora y sus
funcionarios y empleados gozarán de la inmunidad contra procedimientos judiciales
o administrativos que prevean las normas aplicables a los mismos como entidad
internacional o de otro modo.
4. La Autoridad supervisora podrá
establecer una comisión de expertos, designados entre las personas propuestas
por los Estados signatarios y contratantes y con las calificaciones y
experiencia necesarias, y encomendarle la tarea de prestar asistencia a la
Autoridad supervisora en el cumplimiento de sus funciones.
5. El primer Registrador se encargará del
funcionamiento del Registro internacional por un período de cinco años a partir
de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo. En adelante, la
Autoridad supervisora nombrará o confirmará periódicamente al Registrador cada
cinco años.
Artículo XVIII
Primer reglamento
El primer reglamento será promulgado por la
Autoridad supervisora para que tenga efecto al entrar en vigor el presente
Protocolo.
Artículo XIX
Designación de puntos de acceso
1. Con sujeción al párrafo 2º, un Estado
contratante podrá en todo momento designar una entidad o entidades en su
territorio como puntos de acceso por medio de los cuales se transmitirá o se
podrá transmitir al Registro internacional la información necesaria para la
inscripción que no sea la inscripción de un aviso de una garantía nacional o de
un derecho o garantía en virtud del artículo 40, en uno u otro caso que tengan
origen en las leyes de otro Estado.
2. Una designación efectuada en virtud del
párrafo anterior podrá permitir, pero no imponer, el uso de un punto de acceso
o de puntos de acceso designados para la información requerida para las
inscripciones con respecto a los motores de aeronaves.
Artículo XX
Modificaciones adicionales de las
disposiciones relativas al Registro
1. Para los efectos del párrafo 6º del
artículo 19 del Convenio, los criterios de consulta sobre un objeto aeronáutico
serán el nombre de su fabricante, el número de serie del fabricante y su
designación de modelo, complementados con la información necesaria para su
identificación. La información complementaria será la que fije el reglamento.
2. Para los efectos del párrafo 2º del
artículo 25 del Convenio, y en las circunstancias descritas en el mismo, el
titular de una garantía internacional futura inscrita o de una cesión futura
inscrita de una garantía internacional o la persona en cuyo favor se ha
inscrito una venta futura efectuará, dentro de los límites de sus facultades,
los actos para obtener la cancelación de la inscripción a más tardar cinco días
laborables después de la recepción de la solicitud descrita en dicho párrafo.
3. Los derechos mencionados en el apartado
h) del párrafo 2º del artículo 17 del Convenio se fijarán de forma que se
recuperen los costos razonables de establecimiento, funcionamiento y
reglamentación del Registro internacional y los costos razonables de la
Autoridad supervisora relacionados con el desempeño de las funciones, el
ejercicio de los poderes y el cumplimiento de las obligaciones previstos en el
párrafo 2º del artículo 17 del Convenio.
4. El Registrador ejecutará y administrará
las funciones centralizadas del Registro internacional durante las veinticuatro
horas del día. Los diversos puntos de acceso funcionarán como mínimo durante el
horario de trabajo vigente en sus respectivos territorios.
5. La cuantía del seguro o de la garantía
financiera mencionados en el párrafo 4º del artículo 28 del Convenio no será,
con respecto a cada suceso, inferior al valor máximo de un objeto aeronáutico
que determine la Autoridad supervisora.
6. Ninguna de las disposiciones del
Convenio impedirá al Registrador obtener un seguro o una garantía financiera
que cubra los sucesos por los cuales el Registrador no es responsable en virtud
del artículo 28 del Convenio.
CAPITULO IV
Jurisdicción
Artículo XXI
Modificación de las disposiciones relativas
a la jurisdicción
Para los efectos del artículo 43 del
Convenio y con sujeción al artículo 42 del Convenio, un tribunal de un Estado
contratante también tiene jurisdicción cuando el objeto es un helicóptero, o
una célula de una aeronave, de los cuales ese Estado es el Estado de matrícula.
Artículo XXII
Renuncia a la inmunidad de jurisdicción
1. Con sujeción a lo previsto en el párrafo
2º, la renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto a los tribunales
indicados en el artículo 42 o en el artículo 43 del Convenio, o respecto a las
medidas de ejecución de derechos y garantías sobre un objeto aeronáutico en
virtud del Convenio, será obligatoria y, si se cumplen las demás condiciones
para la atribución de jurisdicción o para la ejecución, la renuncia conferirá
jurisdicción y permitirá las medidas de ejecución, según el caso.
2. Una renuncia con arreglo al párrafo
precedente debe hacerse por escrito y contener la descripción del objeto
aeronáutico.
CAPITULO V
Relaciones con otros convenios
Artículo XXIII
Relaciones con el Convenio relativo al
reconocimiento internacional
de derechos sobre aeronaves
Para todo Estado contratante que es parte
en el Convenio relativo al reconocimiento internacional de derechos sobre
aeronaves, firmado en Ginebra el 19 de junio de 1948, el Convenio remplazará a
ese Convenio por lo que respecta a las aeronaves, tal como se definen en el
presente Protocolo, y a los objetos aeronáuticos. Sin embargo, respecto a
derechos o garantías no previstos ni afectados por este Convenio, el Convenio
de Ginebra no será remplazado.
Artículo XXIV
Relaciones con el Convenio para la
unificación de ciertas reglas relativas
al embargo preventivo de aeronaves
1. Para todo Estado contratante que es
parte en el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al embargo
preventivo de aeronaves, firmado en Roma el 29 de mayo de 1933, el Convenio
remplazará a ese Convenio por lo que respecta a las aeronaves, tal como se
definen en el presente Protocolo.
2. Todo Estado contratante que sea parte en
el Convenio mencionado en el párrafo anterior podrá declarar, en el momento de
la ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo, o en el de la
adhesión al mismo, que no aplicará este artículo.
Artículo XXV
Relaciones con la Convención de Unidroit
sobre arrendamiento
financiero internacional
El Convenio remplazará a la Convención de
Unidroit sobre arrendamiento financiero internacional, firmada en Ottawa el 28
de mayo de 1988, por lo que respecta a los objetos aeronáuticos.
CAPITULO VI
Disposiciones finales
Artículo XXVI
Firma, ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión
1. El presente Protocolo estará abierto en
Ciudad del Cabo, el 16 de noviembre de 2001, a la firma de los Estados
participantes en la Conferencia diplomática para adoptar un Convenio relativo a
equipo móvil y un Protocolo aeronáutico, celebrada en Ciudad del Cabo del 29 de
octubre al 16 de noviembre de 2001. Después del 16 de noviembre de 2001, el
presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados en la sede
del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit)
en Roma, hasta su entrada en vigor de conformidad con el artículo XXVIII.
2. El presente Protocolo se someterá a la
ratificación, aceptación o aprobación de los Estados que lo hayan firmado.
3. Todo Estado que no firme el presente
Protocolo podrá adherirse al mismo en cualquier momento.
4. La ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión se efectúa mediante el depósito de un instrumento formal a tal
efecto ante el Depositario.
5. Ningún Estado podrá pasar a ser parte
del presente Protocolo, salvo que sea o también pase a ser parte del Convenio.
Artículo XXVII
Organizaciones Regionales de Integración
Económica
1. Una organización regional de integración
económica que está constituida por Estados soberanos y tiene competencia con
respecto a determinados asuntos regidos por el presente Protocolo también podrá
firmar, aceptar o aprobar el presente Protocolo o adherirse al mismo. La
organización regional de integración económica tendrá en ese caso los derechos
y obligaciones de un Estado contratante, en la medida en que dicha organización
tenga competencia con respecto a asuntos regidos por el presente Protocolo.
Cuando el número de Estados contratantes sea determinante en el presente
Protocolo, la organización regional de integración económica no contará como un
Estado contratante además de sus Estados miembros que son Estados contratantes.
2. La organización regional de integración
económica formulará una declaración ante el Depositario en el momento de la
firma, aceptación, aprobación o adhesión, especificando los asuntos regidos por
el presente Protocolo respecto a los cuales los Estados miembros de esa
organización le han transferido competencia. La organización regional de
integración económica notificará inmediatamente al Depositario todo cambio en
la distribución de competencia especificada en la declaración prevista en este
párrafo, incluyendo las nuevas transferencias de competencia.
3. Toda referencia a un "Estado
contratante" o "Estados contratantes" o "Estado parte"
o "Estados partes" en el presente Protocolo se aplica igualmente a
una organización regional de integración económica, cuando así lo exija el
contexto.
Artículo XXVIII
Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor
el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses
posterior a la fecha de depósito del octavo instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión, entre los Estados que han depositado tales
instrumentos.
2. Para los demás Estados, el presente
Protocolo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de
un período de tres meses posterior a la fecha de depósito de sus instrumentos
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
Artículo XXIX
Unidades territoriales
1. Si un Estado contratante tiene unidades
territoriales en las que son aplicables diferentes sistemas jurídicos con
relación a cuestiones tratadas en el presente Protocolo, dicho Estado puede
declarar en el momento de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
que el presente Protocolo se extenderá a todas sus unidades territoriales o
únicamente a una o más de ellas y podrá modificar esta declaración presentando
otra declaración en cualquier momento.
2. Esas declaraciones indicarán
explícitamente las unidades territoriales a las que se aplica el presente
Protocolo.
3. Si un Estado contratante no formula
ninguna declaración con arreglo al párrafo 1, el presente Protocolo se aplicará
a todas las unidades territoriales de ese Estado.
4. Cuando un Estado contratante extienda el
presente Protocolo a una o más de sus unidades territoriales, podrán formularse
con respecto a cada unidad territorial declaraciones permitidas en virtud del
presente Protocolo, y las declaraciones formuladas con respecto a una unidad
territorial podrán ser diferentes de las formuladas con respecto a otra unidad
territorial.
5. Si, en virtud de una declaración
formulada de conformidad con el párrafo 1, el presente Protocolo se extiende a
una o más unidades territoriales de un Estado contratante:
a) Se considerará que el deudor está
situado en un Estado contratante únicamente si ha sido constituido o formado de
conformidad con una ley en vigor en una unidad territorial a la cual se aplican
el Convenio y el presente Protocolo o si tiene su sede social o sede
estatutaria, administración central, establecimiento o residencia habitual en
una unidad territorial a la cual se aplican el Convenio y el presente
Protocolo;
b) Toda referencia al lugar en que se
encuentra el objeto en un Estado contratante es una referencia al lugar en que
se encuentra el objeto en una unidad territorial a la cual se aplican el Convenio
y el presente Protocolo; y
c) Toda referencia a las autoridades
administrativas en ese Estado contratante se interpretará como una referencia a
las autoridades administrativas que tengan jurisdicción en una unidad
territorial a la cual se aplican el Convenio y el presente Protocolo, y toda
referencia al registro nacional o a la autoridad del registro en ese Estado
contratante se interpretará como una referencia al registro de aeronaves
vigente o a la autoridad del registro que tenga jurisdicción en la o las
unidades territoriales a las cuales se aplican el Convenio y el presente
Protocolo.
Artículo XXX
Declaraciones relativas a determinadas
disposiciones
1. Un Estado contratante puede declarar, en
el momento de la ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo,
o en el de la adhesión al mismo, que aplicará uno o más de los artículos VIII,
XII y XIII del presente Protocolo.
2. Un Estado contratante podrá declarar, en
el momento de la ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo,
o en el de la adhesión al mismo, que aplicará el artículo X del presente
Protocolo, total o parcialmente. Si así lo declara con respecto al párrafo 2º
del artículo X, especificará el período allí requerido.
3. Un Estado contratante podrá declarar en el
momento de la ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo, o
en el de la adhesión al mismo, que aplicará íntegramente la Opción A o
íntegramente la Opción B del artículo XI y, en tal caso, especificará los tipos
de procedimiento de insolvencia, si corresponde, a los que se aplicará la
Opción A y los tipos de procedimiento de insolvencia, si corresponde, a los que
se aplicará la Opción B. Un Estado contratante que formule una declaración en
cumplimiento de este párrafo especificará el período requerido en el artículo
XI.
4. Los tribunales de los Estados
contratantes aplicarán el artículo XI de conformidad con la declaración
formulada por el Estado contratante que sea la jurisdicción de insolvencia
principal.
5. Un Estado contratante podrá declarar, en
el momento de la ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo o
en el de la adhesión al mismo, que no aplicará las disposiciones del artículo
XXI, total o parcialmente. En la declaración se especificará en qué condiciones
se aplicará el artículo pertinente, en el caso en que se aplique parcialmente,
o bien qué otros tipos de medidas provisionales se aplicarán.
Artículo XXXI
Declaraciones en virtud del Convenio
Se considerará que las declaraciones
formuladas en virtud del Convenio, incluso las formuladas en los artículos 39,
40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 y 60 del Convenio, también se han hecho en virtud
del presente Protocolo, salvo que se manifieste lo contrario.
Artículo XXXII
Reservas y declaraciones
1. No se podrán hacer reservas al presente
Protocolo, pero podrán formularse las declaraciones autorizadas en los
artículos XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII y XXXIV, que se hagan de conformidad
con estas disposiciones.
2. Toda declaración o declaración ulterior,
o todo retiro de declaración, que se formulen en virtud del presente Protocolo
se notificarán por escrito al Depositario.
Artículo XXXIII
Declaraciones ulteriores
1. Un Estado parte podrá formular una
declaración ulterior, que no sea una declaración formulada de conformidad con
el artículo XXXI en virtud del artículo 60 del Convenio, en cualquier momento a
partir de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo para ese Estado,
notificando al Depositario a tal efecto.
2. Toda declaración ulterior tendrá efecto
el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de seis meses
posterior a la fecha en que el Depositario reciba la notificación. Cuando en la
notificación se especifique un período más extenso para que esa declaración
tenga efecto, la misma tendrá efecto al expirar dicho período después de su
recepción por el Depositario.
3. No obstante las disposiciones de los
párrafos anteriores, el presente Protocolo continuará aplicándose, como si no
se hubieran hecho esas declaraciones ulteriores, respecto a todos los derechos
y garantías que tengan origen antes de la fecha en que tenga efecto toda
declaración ulterior.
Artículo XXXIV
Retiro de declaraciones
1. Todo Estado parte que formule una
declaración de conformidad con lo previsto en el presente Protocolo, que no sea
una declaración formulada de conformidad con el artículo XXXI en virtud del
artículo 60 del Convenio, podrá retirarla en cualquier momento notificando al
Depositario. Dicho retiro tendrá efecto el primer día del mes siguiente a la
expiración de un período de seis meses posterior a la fecha en que el
Depositario reciba la notificación.
2. No obstante las disposiciones del
párrafo anterior, el presente Protocolo continuará aplicándose, como si no se
hubiera retirado la declaración, respecto a todos los derechos y garantías que
tengan origen antes de la fecha en que tenga efecto un retiro anterior.
Artículo XXXV
Denuncias
1. Todo Estado p arte podrá denunciar el
presente Protocolo mediante notificación por escrito al Depositario.
2. Toda denuncia al respecto tendrá efecto
el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de doce meses
posterior a la fecha en que el Depositario reciba la notificación.
3. No obstante las disposiciones de los
párrafos anteriores, el presente Protocolo continuará aplicándose como si no se
hubiera hecho ninguna denuncia respecto a todos los derechos y garantías que
tengan origen antes de la fecha en que tenga efecto la denuncia.
Artículo XXXVI
Conferencias de revisión, enmiendas y
asuntos conexos
1. El Depositario, en consulta con la
Autoridad supervisora, preparará para los Estados partes cada año, o cuando las
circunstancias lo exijan, informes sobre el modo en que el régimen
internacional establecido en el Convenio y modificado por el presente Protocolo
se ha aplicado en la práctica. Al preparar dichos informes, el Depositario
tendrá en cuenta los informes de la Autoridad supervisora relativos al
funcionamiento del Registro internacional.
2. A petición de por lo menos el
veinticinco por ciento de los Estados partes, el Depositario convocará
periódicamente, en consulta con la Autoridad supervisora, Conferencias de
revisión de los Estados partes con el fin de examinar:
a) La aplicación práctica del Convenio
modificado por el presente Protocolo y su eficacia para facilitar la
financiación garantizada por activos y el arrendamiento de los objetos
comprendidos en sus disposiciones;
b) La interpretación de los tribunales y la
aplicación que se haga de las disposiciones del presente Protocolo y los
reglamentos;
c) El funcionamiento del sistema de
inscripción internacional, el desempeño de las funciones del Registrador y su
supervisión por la Autoridad supervisora, teniendo en cuenta los informes de la
Autoridad supervisora; y
d) La conveniencia de modificar el presente
Protocolo o los arreglos relativos al Registro internacional.
3. Toda enmienda al presente Protocolo será
aprobada, por lo menos, por una mayoría de dos tercios de Estados partes que
participen en la Conferencia mencionada en el párrafo anterior y entrará en
vigor, con respecto a los Estados que hayan ratificado, aceptado o aprobado
dicha enmienda, cuando haya sido ratificada, aceptada o aprobada por ocho
Estados, de conformidad con las disposiciones del artículo XXVIII relativas a
su entrada en vigor.
Artículo XXXVII
Depositario y sus funciones
1. Los instrumentos de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión serán depositados ante el Instituto
Internacional por la Unificación del Derecho Privado (Unidroit), designado
Depositario por el presente instrumento.
2. El Depositario:
a) Informará a todos los Estados
contratantes respecto a:
i) Toda nueva firma o depósito de un
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, juntamente con
la fecha del mismo;
ii) La fecha de entrada en vigor del
presente Protocolo;
iii) Toda declaración formulada de
conformidad con el presente Protocolo, juntamente con la fecha de la misma;
iv) El retiro o enmienda de toda
declaración, juntamente con la fecha del mismo; y
v) La notificación de toda denuncia del
presente Protocolo, juntamente con la fecha de la misma y la fecha en que
tendrá efecto;
b) Transmitirá copias auténticas
certificadas del presente Protocolo a todos los Estados contratantes;
c) Entregará a la Autoridad supervisora y
al Registrador copia de cada instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, juntamente con la fecha de depósito del mismo, de cada
declaración o retiro o enmienda de una declaración y de cada notificación de
denuncia, juntamente con sus respectivas fechas de notificación, para que la
información allí contenida sea fácil y plenamente accesible; y
d) desempeñará toda otra función habitual
de los depositarios.
En testimonio de lo cual, los
plenipotenciarios que suscriben, debidamente autorizados, firman el presente
Protocolo.
Hecho en Ciudad del Cabo el día dieciséis
de noviembre de dos mil uno en un solo original, en español, árabe, chino,
francés, inglés y ruso, siendo todos los textos igualmente auténticos. Dicha
autenticidad tendrá efecto una vez que la Secretaría conjunta de la Conferencia
diplomática para adoptar un Convenio relativo a equipo móvil y un Protocolo
aeronáutico, bajo la autoridad del Presidente de la Conferencia, verifique la
conformidad de los textos entre sí dentro de un plazo de noventa días a partir
de la fecha del presente.
FORMULARIO DE AUTORIZACION
IRREVOCABLE  PARA SOLICITAR LA CANCELACION DE LA MATRICULA Y EL PERMISO DE
EXPORTACION
Anexo al que se refiere el artículo XIII
[Indíquese la fecha]
A: [Indíquese el nombre de la autoridad del
registro]
Asunto: Autorización irrevocable para
solicitar la cancelación de la matrícula y el permiso de exportación
El que suscribe es el [explotador]
[propietario]* inscrito de [indíquese el nombre del fabricante y el número de
modelo de la célula/el helicóptero], que lleva el número de serie del
fabricante [indíquese el número de serie del fabricante] y [el número] [la
marca] de matrícula [indíquese el número/la marca de matrícula] (junto con
todos los accesorios, piezas y equipos instalados, incorporados o fijados, es
decir, la "aeronave").
El presente documento es una autorización
irrevocable para solicitar la cancelación de la matrícula y el permiso de
exportación, otorgada por el que suscribe en favor de [indíquese el nombre del
acreedor] ("la parte autorizada") conforme a lo dispuesto en el
artículo XIII del Protocolo sobre cuestiones específicas de los elementos de
equipo aeronáutico, del Convenio relativo a garantías internacionales sobre
elementos de equipo móvil. De conformidad con dicho artículo, el que suscribe
solicita:
i) El reconocimiento de que la parte
autorizada, o la persona que ella certifique como designada, es la única
persona autorizada para:
a) Hacer cancelar la matrícula de la
aeronave en el [indíquese el nombre del registro de aeronaves] llevado por
[indíquese el nombre de la autoridad del registro] para los efectos del
Capítulo III del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en
Chicago el 7 de diciembre de 1944, y
b) Hacer exportar y transferir físicamente
la aeronave desde [indíquese el nombre del país]; y
ii) La confirmación de que la parte
autorizada, o la persona que ella certifique como designada, puede realizar los
actos indicados en el apartado i) mediante solicitud escrita sin el
consentimiento del que suscribe y que, al recibir dicha solicitud, las
autoridades de [indíquese el nombre del país] cooperarán con la parte
autorizada para la pronta ejecución de dichos actos.
Los derechos en favor de la parte
autorizada establecidos en este instrumento no podrán ser revocados por el que
suscribe sin el consentimiento escrito de la parte autorizada.
Se ruega confirmar la aceptación de esta
solicitud y de sus términos mediante la anotación apropiada en el lugar
indicado más adelante y depositando este instrumento ante [indíquese el nombre
de la autoridad del registro].
[Indíquese el nombre del explotador/del
propietario]
Aceptado y depositado Por: [indíquese el
nombre del firmante]
[indíquese la fecha]
Su: [indíquese el título del firmante]
[indíquense los detalles pertinentes]»
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 21 de agosto de 2003
Aprobados. Sométanse a la consideración del
honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Carolina Barco Isakson.
DECRETA:
Artículo 1º. Apruébanse el "Convenio
Relativo a Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo Móvil" y su
"Protocolo sobre Cuestiones Específicas de los Elementos de Equipo
Aeronáutico, del Convenio Relativo a Garantías Internacionales sobre Elementos
de Equipo Móvil", firmados en Ciudad del Cabo el dieciséis (16) de
noviembre de dos mil uno (2001).
Artículo 2º. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el "Convenio Relativo a
Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo Móvil" y su
"Protocolo sobre Cuestiones Específicas de los Elementos de Equipo
Aeronáutico, del Convenio Relativo a Garantías Internacionales sobre Elementos
de Equipo Móvil", firmados en Ciudad del Cabo el dieciséis (16) de
noviembre de dos mil uno (2001), que por el artículo primero de esta ley se
aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccione el
vínculo internacional respecto de los mismos.
Artículo 3º. La presente ley rige a partir
de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a
Presentado al honorable Congreso de la
República por la Ministra de Relaciones Exteriores, el Ministro de Comercio,
Industria y Turismo y el Ministro de Transporte,
La Ministra de Relaciones Exteriores,
Carolina Barco Isakson.
El Ministro de Comercio, Industria y
Turismo,
Jorge Humberto Botero Angulo.
El Ministro de Transporte,
Andrés Uriel Gallego Henao.
.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 21 de agosto de 2003
Aprobados. Sométanse a la consideración del
honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Carolina Barco Isakson.
DECRETA:
Artículo 1º. Apruébanse el "Convenio
Relativo a Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo Móvil" y su
"Protocolo sobre Cuestiones Específicas de los Elementos de Equipo
Aeronáutico, del Convenio Relativo a Garantías Internacionales sobre Elementos
de Equipo Móvil", firmados en Ciudad del Cabo el dieciséis (16) de
noviembre de dos mil uno (2001).
Artículo 2º. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el "Convenio Relativo a
Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo Móvil" y su
"Protocolo sobre Cuestiones Específicas de los Elementos de Equipo
Aeronáutico, del Convenio Relativo a Garantías Internacionales sobre Elementos
de Equipo Móvil", firmados en Ciudad del Cabo el dieciséis (16) de
noviembre de dos mil uno (2001), que por el artículo primero de esta ley se
aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccione el
vínculo internacional respecto de los mismos.
Artículo 3º. La presente ley rige a partir
de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
Luis Humberto Gómez Gallo.
El Secretario General del honorable Senado
de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud.
La Presidenta de la honorable Cámara de
Representantes,
Zulema Jattin Corrales.
El Secretario General de la honorable
Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional,
conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de julio de
2005.
El Ministro del Interior y de Justicia,
delegatario de funciones presidenciales, conforme al Decreto número 2317 del 8
de julio de 2005,
Sabas Pretelt de la Vega
El Viceministro de Asuntos Multilaterales
del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de las funciones del
despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,
Jaime Girón Duarte.
El Ministro de Transporte,
Andrés Uriel Gallego Henao.
III.
INTERVENCIONES
1.
Intervenciones Públicas
1.1.
Ministerio
de Relaciones Exteriores
Solángel Ortiz Mejía, en representación del
Ministerio de Relaciones Exteriores, interviene en el presente asunto para
solicitar a la Corte Constitucional la declaración de exequibilidad de la Ley
967 de 2005, que aprobó el Protocolo de la referencia.
Después de hacer referencia brevemente al
trámite surtido en la aprobación del Convenio y de su Protocolo, manifiesta que
los instrumentos objeto de control de exequibilidad regulan la financiación y
el arrendamiento de equipos móviles de conformidad con las necesidades del
mercado y las prácticas internacionales, reduciendo costos. Siendo ello así,
Colombia al hacerse parte de dichos instrumentos, garantiza a sus nacionales,
personas naturales y extranjeras, reglas claras, objetivas y justas, dentro de
la competencia del mercado de equipos móviles, permitiendo que los beneficios
de dicha competencia en cuanto a la reducción de costos se refiere, puedan ser
trasladados al consumidor final.
Considera que los instrumentos respetan las
disposiciones constitucionales, pues no desconocen la soberanía de los Estados
ni la libre determinación de los pueblos y, por el contrario, se garantiza a
todos los colombianos la existencia de un marco jurídico propio para su
actividad comercial. En el ámbito del Derecho Internacional, no se violan
ninguno de los principios que lo rigen. Teniendo en cuenta que los instrumentos
objeto de control benefician tanto a quienes tienen parte directa en la
comercialización de los servicios de elementos de equipos aeronáuticos, por la
rebaja de costos, y que la misma debe traducirse en menores costos para los
usuarios del servicio de transporte aéreo, los instrumentos cumplen con la
finalidad constitucional establecida en el artículo 209 de la Constitución,
cual es que la función administrativa está al servicio de los intereses
generales.
Finalmente, expresa la entidad
interviniente que “[L]a estructura de los instrumentos corresponde a la regla
general de los tratados, contiene definiciones, reglas aplicables, permite la
elección de tribunales, contiene cláusulas de entrada en vigor, denuncia,
depositario, y declaraciones, no permite presentar reservas”.
1.2.
Ministerio
del Interior y de Justicia
Fernando Gómez Mejía, actuando como
apoderado del Ministerio del Interior y de Justicia, en su calidad de Director
del Ordenamiento Jurídico, solicita a la Corte Constitucional la declaratoria
de exequibilidad de la Ley 967 de 2005 y del Protocolo aprobado por la misma.
Inicialmente se refiere al trámite surtido
en el Congreso de la República, para señalar que el mismo se ajustó plenamente
a la Constitución Política y a la Ley 5 de 1992.
Entra luego al análisis del contenido de la
norma, y aduce que por medio de los instrumentos internacionales aprobados por
la Ley 967 de 2005 se establece un marco legal orientado a mantener las
prácticas comerciales que rigen la financiación de aeronaves, así como brindar
seguridad jurídica en cuanto a la creación, prioridad y exigibilidad de las
garantías, derechos e intereses involucrados en esa financiación tanto a
acreedores como deudores, beneficiando a aerolíneas, pasajeros, fabricantes e
inversionistas.
Manifiesta el Ministerio del Interior y de
Justicia que tanto el Convenio como el Protocolo, buscan solucionar la
necesidad de adquirir y usar equipo móvil de gran valor o particular
importancia económica, y también facilitar la financiación de la adquisición y
el uso de ese equipo en forma eficiente, reconociendo las ventajas de la
financiación garantizada por activos y del arrendamiento con dicho propósito, y
con el deseo de facilitar ese tipo de transacciones estableciendo reglas
claras.
Aduce que teniendo en cuenta el contenido
material de la ley, no se observa que el ámbito de aplicación y el alcance de
sus disposiciones transciendan los límites de la cooperación y asistencia entre
los Estados soberanos, respetando los ordenamientos internos de los Estados
firmantes. El Convenio y el Protocolo se ajustan a los principios de Derecho
Internacional,  y se enmarcan en el respeto de la soberanía, la no
intervención, la autonomía de los Estados, así como la protección de los derechos
y garantías fundamentales consagrados en la Carta Política.
2.
Intervenciones ciudadanas
2.1.  El ciudadano Juan Carlos Gómez
Fernández en el término establecido para intervenir, presentó escrito
defendiendo la constitucionalidad del Convenio internacional sometido a
control, por cuanto no vulnera la Constitución Política por los objetivos que
con él se persiguen y los beneficios económicos que generaría para la
participación colombiana en el comercio internacional, así como para la
competitividad del sector aéreo del país.
Considera el interviniente que la Corte se
debe pronunciar de manera expresa sobre la exequibilidad del artículo XXX, el
cual debe ser examinado sistemáticamente con los artículos VIII, X, XI, XII,
XIII y XXI. Las razones de la relevancia del artículo XXX en cuestión, se
fundan en que esa norma  dispone que el Estado contratante al momento de
generar la “ratificación, aceptación o aprobación” del instrumento
internacional deberá determinar la aplicación de los artículos VIII, XI, XII y
XIII; la vigencia total o parcial del X; y la no aplicación total o parcial del
XXI.  En ese sentido, expresa el ciudadano que interviene, es al Presidente de
la República o su representante el que debe manifestar la expresión de voluntad
ratificatoria que obligará al Estado Colombiano una vez se surtan los trámites
pertinentes, es decir, será e Jefe del Ejecutivo el que en definitiva elija
entre las diferentes opciones que el Protocolo establece.
Explica que la facultad aludida se refiere
en particular a lo siguiente:
En relación con la aplicación del artículo
VIII, disposición que permite que las partes en un contrato de compraventa, en
uno de garantía o en uno de “subordinación de rango accesorios”, en el
que el objeto de los mismos sea un equipo móvil aeronáutico puedan elegir la
ley aplicable a ese vínculo contractual. En relación con dicho aspecto,
considera que no existe norma constitucional que restrinja la voluntad
contractual de las partes, en el sentido de que ellas puedan elegir la
legislación aplicable a un negocio comercial, sin que ello implique el
desconocimiento de normas de carácter constitucional y de orden público, las
cuales son aplicables en todo momento en caso de controversias surgidas de
contratos cobijados por el Protocolo, sin que ello altere el sentido del
instrumento internacional. No existe pues, aduce el interviniente,
incompatibilidad constitucional entre la posibilidad de que las partes puedan
pactar una ley extranjera en un contrato internacional, y el deber del Estado
Colombiano a través de sus jueces de aplicar las normas de orden público
establecidas en la ley colombiana. Se trata de una situación prevista y
reconocida por esta Corporación, al aceptar la exequibilidad del numeral 3° del
artículo 1 de la Ley 135 de 1996[1],
regla que fue avalada posteriormente por el Decreto 1818 de 1998 en el artículo
197.
En cuanto a la aplicación total o parcial
del artículo X, explica el interviniente que se trata de un precepto que
modifica algunos aspectos procedimentales al artículo 13 de la Convención “[e]l
cual determina la posibilidad para que el acreedor solicite a un tribunal el
decreto, previo a la decisión definitiva, de medidas como la conservación del
objeto, la posesión, control o custodia del mismo, su inmovilización o
arrendamiento”. Al respecto señala, que si bien se configura una variación
de las medidas cautelares que se consagran en la legislación procesal
colombiana, no por ello devienen en inconstitucionales, pues se trata de una
reglamentación especial de una materia que no es regulada por la Constitución
Política. Adicionalmente, se trata de medidas más acordes con la realidad de
los costos del equipo móvil aeronáutico, que permiten al propietario o
arrendatario impedir su estancamiento en manos de un deudor incumplido, pues se
faculta al acreedor para que el bien siga desarrollando una función productiva
en el comercio.
El artículo VIII del Protocolo crea matices
procesales, aclara la interpretación de conceptos, pero no agrega un sentido
distinto al artículo 13 del Convenio, razón por la cual su constitucionalidad “[d]eviene
de aquella con la que goza el artículo modificado”. Con todo, aclara que
introduce la facultad para que el acreedor y deudor insolvente en un contrato cuyo
objeto sea un equipo móvil aeronáutico, pacten la venta del bien como medida
cautelar. Ello, en principio parecería que desvirtúa la concepción que de las
medidas cautelares estableció el legislador colombiano “[e]n tanto configura
una desmejora patrimonial del obligado”. Sin embargo, la finalidad de las
medidas cautelares no es otra que la protección del acreedor, quien en ese caso
accede de manera voluntaria a la venta del objeto, “[p]or lo que se debe
presumir que ello será en su beneficio”. Además, continúa el interviniente,
se trata de una reglamentación especial sobre la cual no existe disposición
alguna en la Constitución Política, motivo por el cual el nuevo procedimiento
se encuentra acorde con el ordenamiento constitucional.
En cuanto a la aplicación total del
artículo XI, aduce el interviniente que se trata de una disposición que
consagra dos mecanismos para el tratamiento del deudor insolvente en un
contrato cuyo objeto sea un equipo móvil aeronáutico. Si bien se crean
procedimientos diferentes a los previstos por la legislación colombiana en
relación con regímenes de insolvencia, ello con contraría la Carta Política,
pues se trata de una excepción a los procedimientos generales que rigen dicho
aspecto. Son entonces mecanismos paralelos y especiales, pero no
contradictorios.
El artículo XII es un simple desarrollo del
artículo anteriormente citado, pues establece que los Tribunales del Estado
contratante donde esté el objeto, colaboraran con los Tribunales y
Administradores extranjeros para dar aplicación al artículo XI.
En relación con el artículo XIII se
establece la posibilidad para que el acreedor preste autorización irrevocable a
una persona a fin de que realice las medidas establecidas en el artículo IX del
Protocolo.
El artículo XXI cobra vigencia al momento
de la ratificación, a menos que en ese momento se exprese la intención del
Estado de no aplicarlo o aplicarlo de manera parcial.
2.2. El ciudadano José Manuel Álvarez
Zárate, solicita la declaratoria de constitucionalidad condicionada de la
ley aprobatoria del Convenio en cuestión “[a] que se haga una declaración en
el sentido de dejar sin efectos la posibilidad conferida al acreedor el (sic)
numeral 1° del artículo 9° del convenio”. Declaración permitida por el
artículo 54, numeral segundo del Convenio[2].
Manifiesta el ciudadano interviniente que
dentro de los mecanismos de que goza el acreedor beneficiario de una garantía
internacional para obtener la satisfacción de su crédito, están los previstos
en el artículo 9 que en su numeral primero contempla la posibilidad de “[a]cordar
que la propiedad de un objeto gravado por el derecho de garantía (…) se
transfiera a dicho acreedor para satisfacer total o parcialmente las
obligaciones garantizadas”, y, en el numeral segundo, se establece la
posibilidad de que esa transferencia sea ordenada por un tribunal a solicitud
del acreedor “[c]uando la cuantía de las obligaciones garantizadas que han
de satisfacerse mediante la transferencia corresponda al valor del objeto”.
De las normas citadas y parcialmente trascritas, deduce el interviniente que se
observa con claridad que la intervención judicial para obtener el traspaso de
la propiedad del bien objeto de la garantía no es obligatoria, sino que sólo
procede cuando dicho acuerdo no se produzca entre deudor y acreedor, y este
último ante el incumplimiento del deudor busque hacerse dueño del mencionado
bien, sin que se surta otro procedimiento legal, lo cual considera abiertamente
inconstitucional en tanto vulnera el derecho de defensa y contradicción,
consagrados en el artículo 29 superior.
En efecto, aduce que con la ley aprobatoria
del tratado los acreedores beneficiarios de las garantías internacionales,
tendrían una ventaja importante respecto de los demás titulares de derechos
reales accesorios que se encuentran regulados en la legislación civil y
comercial. Del mismo modo, los deudores que constituyen estas garantías
estarían sujetos a una carga adicional a la que contempla la regulación
interna, diferenciación que no encuentra sustento constitucional.
Así las cosas, aduce el interviniente que
el Estado colombiano no puede quedar vinculado por la disposición en cuestión
y, por ello, solicita dejar sentada una declaración en ese aspecto, al momento
de la ratificación, aceptación o aprobación del tratado, según lo dispuesto por
el artículo 57 del Convenio, que si bien proscribe las reservas, sí contempla
dicha posibilidad.
Luego de citar jurisprudencia de esta
Corte, hace una disquisición fundada en doctrinantes en Derecho Internacional,
en relación con la diferencia existente entre reservas y declaraciones, las
cuales han sido asimiladas por esta Corte, siendo diversos aunque cercanos. Por
ello, solicita un pronunciamiento al respecto, pues de seguir equiparando esos
conceptos no sólo se va en contravía del Derecho Internacional, sino “[q]ue
se deja a la corporación en imposibilidad de pronunciarse a profundidad sobre
las cláusulas de los tratados que como sucede en este caso, prohíben las
reservas pero admiten las declaraciones…”.
IV.
CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación,
mediante concepto No. 3978 de 3 de noviembre de 2005, solicita declarar la
constitucionalidad del Convenio que se revisa y de la Ley 967 de 2005 que lo
aprueba.
El Procurador General de la Nación, una vez
verificados los requisitos de orden formal, encuentra ajustado a las
disposiciones constitucionales el Instrumento Internacional objeto del presente
examen.
Realizado el análisis desde el punto de
vista material, el Ministerio Público se refiere a las razones que motivaron la
celebración de esos instrumentos internacionales, que no son otras que
establecer un marco legal orientado a mantener las prácticas comerciales
prevalecientes en la financiación de aeronaves, y a promover seguridad jurídica
en cuanto a la creación, prioridad y exigibilidad de las garantías, derechos e
intereses involucrados en esa financiación.
Después de referirse a la estructura
general tanto del Convenio como del Protocolo, aduce que tanto el uno como el
otro deben interpretarse como un solo instrumento, conforme se establece en el
artículo 6 del Convenio, y en caso de discordia entre uno y otro prevalece el
Protocolo. En ese contexto, aduce que las cuestiones relativas a las materias
regidas por esos dos instrumentos internacionales, deben ser interpretadas de
conformidad con sus fines, su carácter internacional, y la necesidad de
promover su aplicación uniforme y previsible. Señala así mismo, que las que no
se encuentren expresamente contenidas en ellos, se resolverán de conformidad
con las normas de Derecho Internacional privado del Estado del Tribunal que
conozca el caso.
Los instrumentos internacionales en
cuestión, contienen disposiciones conexas en materias relacionadas con las
reglas de jurisdicción, estableciendo la competencia de los tribunales elegidos
por las partes en el respectivo contrato, esto es, de aquellos en que está
situado el objeto y de los tribunales del Estado de matrícula de la aeronave o
el helicóptero. Adicionalmente, con ellos se busca solucionar la necesidad de
adquirir y usar equipo móvil de gran valor y particular importancia económica;
facilitar la financiación para su adquisición, así como el uso de dicho equipo
de manera eficiente, reconociendo las ventajas de la financiación garantizada
por activos y del arrendamiento con ese propósito, estableciendo normas claras
para regirlos, asegurando que las garantías sobre esos equipos sean reconocidas
y universalmente protegidas. Para esos efectos, aduce la Vista Fiscal, se crea
la figura de la “Garantía Internacional” que puede ser constituida en forma de
hipoteca; también el derecho del vendedor de no otorgar la propiedad del bien
hasta el pago total de la obligación.
También se crea un registro internacional
en el cual se podrán registrar los derechos aludidos en el párrafo precedente,
así como los que no surgen del contrato sino del derecho interno de los
Estados. Dicho registro tiene también la función de establecer las prioridades
entre los derechos que pueden constituirse en un equipo aeronáutico, todo lo
cual permitirá establecer prioridades entre los derechos registrados otorgando
de esta manera seguridad jurídica a las partes.
Se manifiesta por el Procurador General,
que tanto el Convenio como el Protocolo se orientan a mantener buenas y seguras
prácticas comerciales en la financiación de aeronaves, y a proveer seguridad
jurídica en cuanto a la creación, prioridad y exigibilidad de garantías,
derechos e intereses involucrados en tales operaciones. De ese modo, se prevén
los derechos de uso y libre posesión del objeto que puede ejercer el arrendador
en un contrato de arrendamiento, así como el derecho del acreedor en caso de
incumplimiento de los contratos que versan sobre equipos aeronáuticos. Se
agrega además por la Vista Fiscal que “[S]i bien, este registro que tiene
efectos de derecho privado, no afecta las funciones de registro previstas en la
Convención de Chicago, para fines de derecho público”.
Encuentra entonces el Ministerio Público
que el Convenio y Protocolo objeto de examen, tienen gran relevancia porque
tienden a reducir el riesgo de las transacciones relacionadas con la
financiación y el arrendamiento sobre equipos móviles, al tiempo que buscan
asegurar que las garantías sobre ese equipo sean aseguradas y protegidas
universalmente, todo lo cual se traduce en beneficios económicos para las
partes, y a la vez en un aumento de la disponibilidad de dichos equipos y en el
costo del crédito de la aviación, propósitos todos ellos que están acordes con
los postulados del Estado Social de Derecho.
En relación con la ley aprobatoria de los
instrumentos internacionales, no encuentra el Ministerio Público ningún vicio
de constitucionalidad, pues ella se limita a aprobar el texto del Protocolo, a
señalar que el país se encuentra vinculado a su contenido, una vez se verifique
el perfeccionamiento del instrumento público, y a disponer lo pertinente para
la entrada en vigor del mismo.
V.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia de la Corte Constitucional en materia de
tratados y de leyes aprobatorias de tratados.
De conformidad con lo establecido en el
artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política, corresponde a la Corte el
examen de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes
aprobatorias de los mismos. Según la sentencia C-468 de 1997,[3] dicho control se caracteriza
por ser (i) previo al
perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a
la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente
por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis
días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que
la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la
ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene
fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación
del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una
función preventiva[4],
pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución
como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.
En cuanto al control por vicios de
procedimiento que la Corte ejerce sobre los tratados internacionales y las
leyes que los aprueban, según lo prescrito en el artículo 241 numeral 10
Superior, éste se dirige tanto a examinar la validez de la representación del
Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento
y la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado,
como el cumplimiento de las reglas de aprobación legislativa en la formación de
la ley aprobatoria en el Congreso.
Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias
de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido de éstos
introduciendo nuevas cláusulas ya que su función consiste en aprobar o improbar
la totalidad del tratado.[5] Si el tratado es
multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas, y, a menos que
estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir reservas que no
afecten el objeto y fin del tratado.[6]
En cuanto al examen de fondo, éste
consiste en juzgar las disposiciones del texto del tratado internacional que se
revisa y el de su ley aprobatoria, respecto de la totalidad de las
disposiciones del Ordenamiento Superior, para determinar si las primeras
se ajustan o no a la Constitución Política.
Precisado el alcance del control constitucional, pasa
la Corte a examinar la ley aprobatoria y el protocolo de la referencia.
2.
La revisión formal de la Ley aprobatoria
2.1.
Remisión
de la ley aprobatoria, del Convenio y del Protocolo por parte del Gobierno
Nacional
El Presidente de la República remitió a
esta Corporación el 19 de julio de 2005, copia de la Ley 967 de 2005, del 13de
julio de 2005,  “por medio de la cual se aprueban el Convenio relativo a
garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil y su protocolo sobre
cuestiones específicas de los elementos de equipo aeronáutico del convenio
relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil, firmados
en ciudad del Cabo el dieciséis (16) de noviembre de dos mil uno (2001),”
para su control constitucional de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de
la Constitución, es decir dentro del término de los
seis días que prevé el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución
Política.
2.2.
Negociación
y celebración del Tratado
La Corte Constitucional en reiterada
jurisprudencia ha señalado que el deber constitucional de revisar los tratados
internacionales, así como las leyes que los aprueben, incluye el examen de las
facultades del Ejecutivo respecto de la negociación y firma del instrumento
internacional respectivo. Sin embargo, cuando el compromiso internacional se
contrae mediante la adhesión posterior a un tratado multilateral, previamente
aprobado por el legislador nacional, por sustracción de materia el examen de
constitucionalidad no incluye el aspecto de las facultades del Ejecutivo para
suscribir la Convención, toda vez que la firma no se ha producido al momento en
que la Corte Constitucional ejerce el control de constitucionalidad.[7]
Así, la ratificación del tratado se hará luego de que esta Corporación haya
verificado que sus cláusulas no violan la Carta Política.
2.3.
Aprobación
presidencial.
El 21 de agosto
de 2003, el Presidente de la República impartió su aprobación ejecutiva al “Convenio
relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil y su protocolo
sobre cuestiones específicas de los elementos de equipo aeronáutico del
convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil,
firmados en ciudad del Cabo el dieciséis (16) de noviembre de dos mil uno (2001),””
y ordenó someterlo a consideración del Congreso para su aprobación.
2.4.
Trámite
realizado en el Congreso de la República para la formación de la Ley 967 de
2005.
Salvo la exigencia de iniciar el trámite
de los proyectos de leyes aprobatorias de tratados internacionales en el Senado
de la República, la Constitución Política no señala un procedimiento especial
para la expedición de este tipo de leyes, por lo cual a éstas les corresponde
el proceso de formación previsto para las leyes ordinarias, regulado por los artículos
157,158, 160 y 165 de la Carta, entre otros.
De conformidad con la documentación que
obra en el expediente, el Proyecto de Ley 234 de 2004 Senado, 015 de 2004
Cámara agotó el siguiente trámite en el Congreso de la República:
2.4.1. El trámite en el Senado del Proyecto de Ley 234 de 2004 Senado
El Proyecto de
ley 234 de 2004 Senado fue presentado al Senado por los Ministros de Relaciones
Exteriores, de Comercio, Industria y Turismo, y de Transporte, el 20 de mayo de
2004. El texto original junto con la respectiva exposición de motivos fueron
publicados en la Gaceta del Congreso de la República No. 219 de 21 de mayo de
2004, páginas 1 a 20.
La ponencia para primer debate, fue
presentada por el Senador José Consuegra Bolívar. La misma fue publicada en la
Gaceta del Congreso No. 250 de 7 de junio de 2004, páginas 10 y 11.
El Secretario General de la Comisión
Segunda del Senado de la República, en constancia de agosto 17 de 2005,
certifica que el proyecto en primer debate fue discutido y aprobado el 16 de
junio de 2004, con un quórum deliberatorio y decisorio de los 13 Senadores que
conforman la Comisión, según consta en el Acta No. 35 de esa fecha, publicada
en la Gaceta No. 425 de 6 de julio de 2005.
En la certificación aludida en el párrafo
precedente, el funcionario mencionado señala que la fecha de anuncio del
Proyecto de Ley se hizo por primera vez, el día 9 de junio de 2004, según
consta en el Acta No. 33 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No.
423 de 6 julio de 2005, y se reiteró en la sesión del 15 de junio de 2004,
según consta en el Acta No. 34 de esa fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 424 de 6 de julio de 2005.
En la sesión del
día 16 de junio de 2004, se da lectura a las ponencias y proyectos para primer
debate que se someten a consideración de la célula legislativa, entre ellos
figura el Proyecto de ley 234 de 2004 Senado, siendo aprobado en esta sesión.
La ponencia
para segundo debate en el
Senado fue presentada por el mismo Senador José Consuegra Bolívar y se publicó
en la Gaceta del Congreso No. 407 de 6 de agosto de 2004, páginas 12 y 13.
De acuerdo con
certificación del Secretario General del Senado de la República, el proyecto de
ley fue aprobado en segundo debate en la Plenaria del Senado, en sesión del día
1 de septiembre de 2004, con un quórum deliberatorio y decisorio de 98
Senadores de los 102 que conforman la Plenaria del Senado, según consta en el
Acta No. 08 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 39 de 15
de septiembre de 2004.
Previo a su aprobación, fue anunciado en la
sesión ordinaria del día 31 de agosto de 2004, según consta en el Acta 07 esa
fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 538 de 15 de septiembre de 2004,
página 7.
2.4.2. El trámite en la Cámara de Representantes del Proyecto de ley 015 de
2004 Cámara
La ponencia
para primer debate en
la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue presentada por el
Representante Luis Alberto Monsalvo G., publicada en la Gaceta del Congreso
No.826 de 15 de diciembre de 2004, páginas 7 a 9.
El Secretario General de la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes, certifica que en sesión del 5 de abril
de 2005 se le dio primer debate al proyecto de ley en cuestión, y fue aprobado
por unanimidad con un quórum deliberatorio y decisorio de 19 Representantes,
según consta en el Acta 27 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso 442 de 25 de julio de 2005, páginas 8, 9 y 10.
Previo a su aprobación el proyecto de ley
fue anunciado en la sesión del 30 de marzo de 2005, y publicado en la Gaceta
del Congreso No. 442 de 25 de julio de 2005, página 4.
La ponencia para segundo debate
también fue presentada por el Representante Luís Alberto Monsalvo G., y
publicada en la Gaceta del Congreso No. 245 de 11 de mayo de 2005, páginas 4 a
6.
De conformidad con la certificación
expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes, en la sesión
Plenaria del 7 de junio de 2005, se hicieron presentes 159 Representantes, y el
proyecto de ley fue aprobado por la mayoría de los presentes, según consta en
el Acta 176 de 7 de junio de 2005, publicada en la Gaceta del Congreso No. 506
de 10 de agosto de 2005, páginas 24 y 25.
2.4.3. El cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales en el
trámite legislativo de la Ley 967 de 2005.
De acuerdo con
la descripción anterior, el Convenio, el Protocolo y la Ley que los aprobó
surtieron el procedimiento previsto en la Constitución y la ley, en los
siguientes aspectos.
2.4.3.1
Iniciación
del trámite en el Senado.
De conformidad con lo que señala el artículo 154 de la
Constitución, los proyectos de ley que se refieran a relaciones internacionales
deben iniciar su trámite en el Senado de la República. En el caso bajo estudio,
el proyecto de ley efectivamente inició su trámite en el Senado.
2.4.3.2
Términos
de 8 y 15 días que deben mediar entre debates
Según el
artículo 160 de la Carta, los términos que deben mediar para las respectivas
aprobaciones de un proyecto de ley en la comisión constitucional respectiva y
la plenaria correspondiente es de 8 días, y entre la aprobación del proyecto en
una Cámara y la iniciación del debate en la otra, es de15 días. En el caso bajo
estudio, estos términos se cumplieron así:
a)
En el Senado: el primer
debate en la Comisión fue el 16 de junio de 2004 y el segundo debate en la
Plenaria del Senado fue el 1 de septiembre de 2004.
b)
En la Cámara: el primer
debate en la Comisión de la Cámara se realizó el 15 de abril de 2005 y la
aprobación en la Plenaria de la Cámara, se efectuó el 7 de junio de 2005.
Es decir se
respetaron los términos constitucionales de 8 y 15 días del artículo 160 en
mención.
2.4.3.3
Publicaciones
oficiales.
El artículo 157,
numeral 1 de la Constitución señala la obligación de realizar la publicación
oficial por el Congreso de la proyecto y de la ponencia antes de darle curso en
la comisión respectiva. Estas publicaciones se cumplieron así:
a)
Publicación del texto
original del proyecto, junto con la respectiva exposición de motivos en la
Gaceta del Congreso de la República No. 219 de 21 de mayo de 2004, páginas 1 a
20.
b)
En el Senado,
publicación de la ponencia para el primer debate de Comisión de Senado fue
publicada el 21 de mayo de 2004 y se debatió el 16 de junio de 2004. Para
segundo debate, la ponencia se publicó el 7 de junio de 2004 y se debatió y
aprobó el 1 de septiembre de 2004.
c)
En la Cámara, la
ponencia para primer debate se publicó el 15 de diciembre de 2004 y se debatió
y aprobó el 15 de abril de 2005, y para el segundo debate, se publicó la
ponencia el 11 de mayo de 2005, y se discutió y aprobó en Plenaria, el 7 de
junio de 2005.
Se cumplió,
pues, la exigencia de publicación del artículo 157, numeral 1, de la Carta.
2.4.3.4
Quórum
y mayorías.
En cuanto al
quórum decisorio del artículo 146 de la Constitución, según sendas
certificaciones de los Secretarios del Senado y de la Cámara, las votaciones se
dieron por mayoría, estando reunido el quórum requerido, conforme a la
exigencia constitucional.
2.4.3.5
Anuncio
previo previsto en el artículo 8 del Acto Legislativo 1 de 2003
En cuanto al
cumplimiento del requisito del anuncio previo de que trata el artículo 8 del
Acto Legislativo 01 de 2003,[8] que adicionó el artículo
160 de la Carta, encuentra la Corte que dicho requisito también se cumplió.
Acerca de este requisito dijo la Corte Constitucional en el Auto 089 de 3 de
mayo de 2005[9]:
“A partir del 3 de julio de 2003, fecha en
que entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2003, debe darse cumplimiento
al mandato contenido en el artículo 8 de dicho Acto Legislativo, el cual
adicionó con un último inciso el artículo 160 constitucional y según el cual
‘Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella
que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a
votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a
aquella en la cual se realizará la votación.’
“La finalidad principal de dicho precepto
constitucional es, tal como lo ha reconocido esta Corporación, ‘permitir a los
Congresistas saber con anterioridad cuales proyectos de ley o informes de
objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el
conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos
con votaciones intempestivas[10].’ Adicionalmente, dicha
reforma facilita a los ciudadanos y organizaciones sociales que  tengan interés
en influir en la formación de la ley y en la suerte de ésta, ejercer sus
derechos de participación política (Artículo 40 C. P.) con el fin de incidir en
el resultado de la votación, lo cual es importante para hacer efectivo el
principio de democracia participativa (Artículos 1 y 3 CP.)
“La Corte ha establecido que esta
disposición requiere para su cumplimiento que en una sesión anterior se
anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión posterior,
siempre y cuando se convoque para su aprobación en una fecha futura prefijada y
determinada, o por lo menos, determinable.[11] La exigencia
constitucional apunta al efectivo conocimiento previo de los proyectos que serán
objeto de decisión, por lo que, si por
razones del desarrollo del debate legislativo, la votación de un proyecto no
tiene lugar el día inicialmente fijado, no se incurre inexorablemente en una
vulneración a la Carta Fundamental, si existen elementos que permitan prever
con claridad cuando se realizará la votación.[12]”
En el presente
caso, una vez revisado el trámite legislativo surtido ante la Comisión Segunda
del Senado de la República, es claro que en dicho trámite se cumplió con la
exigencia constitucional prevista en el Acto Legislativo 01 de 2003.
En efecto, en cuanto a lo ocurrido en el
Senado de la República se encontró lo siguiente:
(i)
Anuncio para primer
debate: revisada la Gaceta
No. 423 de 2005, se observa que en sesión del 9 de junio de 2004 , al final de
la sesión, el Secretario de la Comisión Segunda da lectura a los “proyectos que
serán debatidos en la próxima sesión, dentro de los cuales se encuentra el
Proyecto de Ley 234 de 2004 ‘por medio del cual se aprueban el
Convenio Relativo a Garantías Internacionales, sobre elementos de Equipo Móvil’
y ‘Protocolo sobre cuestiones específicas de los elementos de Equipo
Aeronáutico, del Convenio relativo a Garantías Internacionales sobre elementos
de Equipo Móvil’, firmados en ciudad del Cabo el dieciséis de noviembre de
dos mil uno (2001)”. Este proyecto es incluido en el orden del día de la sesión
del 15 de junio de 2004, en el punto V “Lectura de ponencias y
consideración del proyecto para primer debate”. Al finalizar la
sesión del día 15 de junio de 2004, el Secretario informa a la Comisión que la
lista de “proyectos para mañana serían los que se encontraban en el orden
del día de hoy” [13]. y a continuación lee
los números de dichos proyectos, dentro de los cuales se encuentra el No 234 de
2004.
(ii)
Anuncio para segundo
debate: Revisada la Gaceta
del Congreso No. 538 de 2004, se observa que en la sesión plenaria del día 30
de agosto de 2004, se dijo expresamente: “Por instrucciones de la
Presidencia, y de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, la
Secretaría anuncia los proyectos que serán discutidos y aprobados en la
próxima sesión” y dentro de dicho listado se encuentra el Proyecto de Ley
234 de 2004 bajo estudio
En cuanto a lo
ocurrido en el Senado de la República se encontró lo siguiente:
(i)
Anuncio para primer
debate: Revisada la Gaceta
del Congreso No. 442 de 2005, en la cual se publicó el Acta 26 de 30 de agosto
de 2004, se dijo expresamente al final de la sesión: “Señor Presidente, en
el tercer punto del Orden del Día tenemos anuncio de proyectos para el martes 5
de abril del 2005. Vamos a anunciar los 8 proyectos” y a continuación se
lee el título de los 8 proyectos, dentro de los cuales se incluye el Proyecto
de Ley 234 bajo estudio.
(ii)
Anuncio para segundo
debate: Revisada la Gaceta
del Congreso No. 500 de 8 de agosto de 2005, en la cual se publicó el Acta 175
de la sesión ordinaria de 2 de junio de 2005, se observa que luego de terminar
con en el punto III del Orden del Día “Proyectos para segundo debate”, el
Presidente de la Cámara de Representantes pide al Secretario General de la
misma, “anunciar los proyectos para la sesión del próximo martes,” y
dentro de los proyectos anunciados se encuentra el proyecto de ley bajo
estudio.
Si bien ha señalado
esta Corporación que lo ideal al hacer el anuncio a que se refiere el artículo
8 del Acto Legislativo 01 de 2003 es emplear la expresión “votación”,
cuando ello no es así, tal situación no implica un incumplimiento de esta
exigencia constitucional, si del contexto general se puede inferir que la
expresión empleada para anunciar el proyecto comprende su votación. Así, en la
sentencia C-473 de 2005[14] se dijo lo siguiente:
Por
ejemplo, el concepto de primer debate o de segundo debate abarca tanto la
discusión como la votación, como lo dice el artículo 94 de la Ley 5ª de 1992 al
definir “debate”.[15]
Del
mismo modo, la expresión “considerar” implica no solo reflexionar sobre un
asunto sino hacerlo para cumplir la función propia de cada célula legislativa,
consistente en decidir sobre un proyecto de ley. En este sentido, someter a
consideración implica mucho más que discutir o deliberar, puesto que cuando las
comisiones constitucionales permanentes y las plenarias consideran un proyecto
lo hacen para votar sobre él, en cumplimiento de su atribución de concurrir a
la “formación de las leyes”. De tal manera que, en el contexto de la actividad
legislativa, la expresión “considerar” tiene un alcance diferente al que se
deriva del uso que puede dársele a este vocablo en el medio académico o en una
reunión informal. Por lo tanto, si bien en el ámbito parlamentario discutir y
deliberar, de un lado, son categorías diferentes a las de votar y decidir, de
otro lado, el concepto “considerar” lejos de ser asimilable a alguna de estas
categorías comprende tanto la discusión como la votación, o sea, la
consideración, en sentido parlamentario, de los proyectos de ley.
En el caso bajo
estudio, si bien los distintos anuncios se hicieron para “debatir”,
“para la próxima sesión”, “para discusión”, tal
anuncio comprendía tanto deliberar como votar el proyecto. A pesar de no
emplear la expresión “votación” o “aprobación”, del
contexto en que se anunció el Proyecto de ley 234 de 2004 Senado, 015 de 2004
Cámara, se deduce que los parlamentarios sabían que el anuncio correspondía al
exigido por la Constitución.
Resalta la Corte
que en ninguna de las etapas de la formación de este proyecto se interrumpió la
secuencia de anuncios y citaciones, cuando se postergó la consideración del
proyecto. Siempre, al terminarse la sesión en la cual se ha debido discutir y
votar el proyecto sin que se hubiere alcanzado a agotar el orden del día, el
Presidente, directamente, o el Secretario correspondiente, por autorización de
éste, (i) anunció que el proyecto de ley sería considerado en la próxima
sesión, (ii) especificó el número o el nombre del proyecto de ley
correspondiente al “Convenio Relativo a Garantías Internacionales, sobre
elementos de Equipo Móvil’ y ‘Protocolo sobre cuestiones específicas de los
elementos de Equipo Aeronáutico, del Convenio relativo a Garantías
Internacionales sobre elementos de Equipo Móvil’”, y (iii) puntualizó que
la consideración de dicho proyecto se haría en la próxima sesión, no en una
fecha indeterminada e indeterminable.
Por lo tanto, tanto
para los congresistas de la correspondiente célula legislativa, como para los
ciudadanos que tenían interés en influir en la formación de esta ley, la fecha
en que se haría la votación era claramente determinable y futura, lo cual
asegura que los fines de este requisito constitucional se cumplieron a
cabalidad.
2.4.4.  Sanción por el Ministro delegatario de funciones presidenciales
El Ministro del Interior y de Justicia, delegatario de
funciones presidenciales, sancionó el 13 de julio de 2005 la Ley 967 de 2005
mediante la cual se aprobaron la Convención y el Protocolo objeto de análisis.
Habida cuenta que el Presidente de la República se
trasladaría los días 9 al 14 de julio de 2005 a las ciudades de Madrid (España)
y Londres (Reino Unido) con el fin de asistir a una visita de Estado y cumplir
una agenda de trabajo, delegó en el Ministro del Interior y de Justicia el
ejercicio de algunas de sus funciones constitucionales durante ese periodo
mediante el Decreto 2317 del 8 de julio de 2005. Específicamente, el Presidente
confió al Ministro delegatario las competencias previstas en los artículos de
la Carta 129; 150, numeral 10, en cuanto se refiere al ejercicio de las
facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República; 163; 165;
166; 189, con excepción de lo previsto en los numerales 1 y 2; 200; 201; 213;
214; 215; 303; 304; y 314.
De conformidad con lo que prevén los artículos 165 y
189-9 de la Carta Política, la facultad del Gobierno para sancionar las leyes
ordinarias se encuentra dentro de aquellas que pueden ser encomendadas al
Ministro delegatario.  A su vez, el inciso cuarto del artículo 196 Superior
establece que “cuando el Presidente de la República se traslade a territorio
extranjero en ejercicio de su cargo, el ministro a quien corresponda, según el
orden de precedencia legal, ejercerá bajo su propia responsabilidad las
funciones constitucionales que el Presidente le delegue, tanto aquéllas que le
son propias como las que ejerce en su calidad de Jefe del Gobierno”. De
esta manera, en la medida en que la facultad de sancionar los proyectos de
leyes fue expresamente delegada por el Presidente al Ministro del Interior y de
Justicia, de conformidad con el Decreto antes mencionado, la Corte infiere que
fueron cumplidos los requisitos previstos por el Estatuto Superior para esta
última etapa del procedimiento legislativo.
La Corte ya se ha pronunciado sobre la posibilidad de
que sea el Ministro delegatario quien sancione una ley aprobatoria de tratado.
Así lo hizo en la sentencia C-172 de 2006, MP: Jaime Córdoba Triviño, al
resolver las objeciones del Fiscal General de la Nación sobre la supuesta incompetencia
del Ministro delegatario para sancionar la Ley 970 de 2005, “por medio de la
cual se aprueba la ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción’,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 31
de octubre de 2003”, por considerar que la sanción presidencial de este
tipo de leyes constituía una manifestación de la facultad de dirigirlas
relaciones internacionales. Dijo entonces la Corte:
Al respecto debe la Corte acotar que si
bien el acto de delegación excluyó expresamente la facultad contemplada en el
numeral 2 del artículo 189 de la Constitución, consistente en “dirigir las
relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares,
recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de
derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del
Congreso”; no es menos cierto que esta competencia presidencial difiera
sustancialmente de la facultad de sancionar las leyes prevista en el numeral 9
del referido artículo.
Por lo tanto, es necesario distinguir dos
planos definidos en relación con la actuación del primer mandatario frente a la
suscripción de tratados y su incorporación en el derecho interno: Mientras la
facultad de celebrar tratados o convenios internacionales que se someterán a la
aprobación del Congreso es una tarea que ejerce el Presidente en su condición
Jefe de Estado, la de sancionar las leyes es una función propia de sus
competencias como Jefe de Gobierno.
Aunque la Carta no establece un listado
taxativo y diferenciado de las funciones que ejerce el Presidente como Jefe de
Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa, la pertenencia de
la sanción de las leyes a los actos de gobierno es una afirmación que encuentra
justificación suficiente en la interpretación de los artículos 157-4 y 200-1 de
la Constitución, normas que de manera consistente adscriben al Gobierno la
función de sancionar las leyes.   Así, es evidente que la competencia para la celebración
de los tratados e impartirles aprobación ejecutiva es una función distinta a la
de sancionar las leyes, sin que sea posible confundir los planos antes
mencionados, puesto que a partir del contenido del Texto Constitucional es
posible diferenciarlos.
La anterior conclusión es reforzada por la
naturaleza constitucional de la sanción presidencial de las leyes ordinarias.
La jurisprudencia de esta Corporación ha definido esta figura como el acto
mediante el cual el Presidente de la República suscribe y da fe de la
existencia y autenticidad de las normas aprobadas por el Congreso.[16]
Se trata entonces de un requisito para la validez establecido por la
Constitución para las leyes, que tiene carácter obligatorio e inexorable, pues
ante la eventualidad del incumplimiento del deber del Gobierno de la sanción de
la ley en los términos y según las condiciones previstas en la Carta, el Texto
Constitucional faculta al presidente del Congreso para cumplir esta tarea.
Por ende, la sanción presidencial es una
etapa del procedimiento de formación de las leyes relacionado exclusivamente
con el ámbito de su validez, excluyéndose su incidencia en la configuración
normativa y en la determinación de la voluntad legislativa.  Sobre este
particular, la jurisprudencia constitucional ha previsto que aunque el
Presidente ejerce un importante rol en la formación de las leyes, en la medida
en que puede objetar los proyectos aprobados por el Congreso, bien por motivos
de inconstitucionalidad o por razones de inconveniencia (C.P. arts 166 y
167);   “no puede, al sancionar un proyecto, modificar el texto que fue
aprobado por las cámaras, por cuanto estaría alterando el procedimiento de
formación de las leyes, tal y como se encuentra establecido en la Carta (CP
arts 157 y ss). En efecto, si se admite tal hipótesis, sería el Ejecutivo, y no
el Congreso como lo ordena la Constitución, quien fijaría el texto final de la
ley, con lo cual el Presidente podría desfigurar la voluntad legislativa y
terminaría por alterar el reparto de competencias establecido en la Carta. Por
ende, la modificación del texto en la sanción presidencial representa un vicio
material de competencia, por cuanto el Ejecutivo realiza un acto -la reforma
del texto aprobado por las cámaras- para el cual no tiene facultades.”[17]
Con base en las consideraciones
precedentes, la Corte advierte que la función presidencial de sancionar las
leyes (i) hace parte de los actos de gobierno; (ii) tiene un
alcance restringido al otorgamiento de validez a las normas aprobadas por el
Congreso; y (iii) es una etapa del procedimiento legislativo que carece
de connotación en el ámbito de configuración normativa, potestad que recae en
el exclusivo de la competencia de las cámaras.
En ese sentido, no es válido el argumento
según el cual la sanción presidencial de las leyes aprobatorias de tratados sea
una expresión propia del ejercicio de las competencias del Presidente de la
República como Jefe de Estado.  Ello en tanto al Presidente de la República,
como director de las relaciones internacionales, le corresponde “tomar la
iniciativa en la celebración de los tratados, su negociación de manera directa
o a través de sus delegados, y suscribirlos ad referéndum, ya que debe
someterlos a la aprobación del Congreso (CP art. 150 numeral 16)”[18].
En consecuencia, la condición de Jefe del Estado contrae la tarea de
conducción de la política internacional y el manejo de las relaciones
exteriores, labor que es ejercida de manera autónoma, de forma tal que el
Presidente goza de independencia para definir cuándo entrar en negociaciones en
torno a un determinado tema internacional del interés de Colombia y en qué
oportunidad celebrar tratados o convenios con otros estados y organizaciones
internacionales[19], los cuales habrá de
someter posteriormente a la correspondiente aprobación del Congreso y a la
revisión por parte de la Corte Constitucional.
Empero, no todas las actuaciones
relacionadas con un tratado o convenio son del resorte exclusivo del Presidente
de la República, pues por disposición constitucional demandan una actividad
conjunta con otras ramas del poder público.  En ese orden, el otorgamiento de
la voluntad del Estado a través de un tratado internacional es un acto complejo[20],
pues es el resultado de un proceso que prevé (i) la suscripción del
instrumento; (ii) la aprobación del mismo por parte del Congreso; (iii)
el estudio por parte de la Corte Constitucional; y (iv) posterior
ratificación a cargo del Presidente de la República en su condición de Jefe de
Estado.[21]
De otro lado, como se anotó, la sanción de
un proyecto de ley es un acto propio del derecho interno, a través del  cual el
Gobierno aprueba el proyecto tramitado en el Congreso y da fe de su existencia
y autenticidad, así como de la regularidad en el cumplimiento de los trámites
exigidos para su expedición. Es un acto que pone fin al proceso de formación de
la ley y que en manera alguna interfiere o complementa la celebración del
instrumento internacional, pues posteriormente a la sanción de una ley y salvo
que el tratado disponga otra cosa, es necesario que se efectúe el
correspondiente canje en donde se haga constar el consentimiento del Estado
colombiano en obligarse por el tratado.
A partir de estos argumentos, la Corte
concluye que la interpretación armónica de las normas constitucionales permite
establecer con claridad que la función de sancionar las leyes aprobatorias de
tratado constituye un acto de gobierno, diferente a las actuaciones que el
Presidente de la República, en su condición de Jefe de Estado, adelanta
respecto del otorgamiento de la voluntad ante el derecho internacional.  Bajo
esta perspectiva, la sanción presidencial de las leyes aprobatorias, en tanto
acto de gobierno, puede ser objeto de delegación en los términos del inciso
cuarto del artículo 196 de la Carta Política.   Así, la objeción planteada por
el Fiscal General, consistente en la presencia de un vicio de procedimiento en
la formación de la ley aprobatoria de la Convención, debe rechazarse.
Finalmente, debe tenerse en cuenta que el
cumplimiento de los requisitos para la sanción presidencial de las leyes en el
presente asunto explica, precisamente, su diferencia en relación con los casos
citados por el interviniente.  En esas oportunidades, si bien la Corte ordenó
devolver la ley aprobatoria al Gobierno con el fin de que procediera a su
sanción, lo cierto fue que esta decisión se fundamentó en el hecho de que en el
primero de los casos el Presidente de la República, al amparo de la
Constitución de 1886, no delegó expresamente la función de sancionar las leyes;[22]
y en el segundo evento, el Gobierno sancionó un texto que no correspondía con
el aprobado en el Congreso de la República.[23]
Vista esta clara diferenciación entre la
suscripción del instrumento internacional y la sanción de su ley aprobatoria,
la Corte desestima la existencia del vicio planteado por el Fiscal General.  En
consecuencia, no advierte la Corte irregularidad alguna en la sanción por parte
del Ministro delegatario de funciones presidenciales de la ley sujeta a estudio
en esta oportunidad.  Nótese como fueron cumplidos a cabalidad los presupuestos
señalados por el artículo 196 de la Constitución Política para la delegación de
funciones presidenciales.  En efecto, del contenido del Decreto 2317 de 2005 se
colige (i) el traslado del Presidente de la República a territorio
extranjero en ejercicio de su cargo; (ii) la delegación de funciones al
Ministro del Interior de Interior y de Justicia, quien ostenta el primer orden
de precedencia legal de los ministros del despacho, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 7º de la Ley 790 de 2002; y (iii) la
determinación taxativa de las funciones constitucionales delegadas, entre ellas
la de sancionar las leyes.
En cuanto al cumplimiento de la condición fijada por
el artículo 196 Superior, relacionada con la pertenencia del Ministro
Delegatario al mismo partido o movimiento político del Presidente, advierte la
Corte que en el asunto de la referencia no existen los  elementos de juicio
necesarios que indiquen que el Ministro Delegatario no pertenece al mismo
partido o movimiento político del Presidente de la República.
De conformidad con lo anterior, Ley 967 de 2005, del 13 de julio de 2005,  “por medio de la cual
se aprueban el Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de
equipo móvil y su protocolo sobre cuestiones específicas de los elementos de
equipo aeronáutico del convenio relativo a garantías internacionales sobre
elementos de equipo móvil, firmados en ciudad del Cabo el dieciséis (16) de
noviembre de dos mil uno (2001),” cumplió la
totalidad de los requisitos formales de orden constitucional y legal para su
aprobación en el Congreso de la República y su sanción presidencial como Ley de
la República.
3.
Examen material del Convenio y del Protocolo sometidos a
revisión
Los instrumentos internacionales puestos en
esta oportunidad a consideración de la Corte Constitucional son la Convención
relativa a Garantías Internacionales sobre elementos de Equipo Móvil y el
Protocolo a dicha Convención, relativo específicamente a las garantías de
Equipo Móvil Aeronáutico.
La Conferencia Diplomática para adoptar la
Convención relativa a las Garantías Internacionales sobre Equipo Móvil se
reunió en ciudad del Cabo –Sudáfrica- del 29 de octubre al 16 de noviembre de
2001, por invitación de UNIDROIT[24], reunión en la que
también fue aprobado el protocolo relativo a las garantías del equipo móvil
aeronáutico.
En términos generales, la Convención
relativa a Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo Móvil es una
convención destinada a establecer un régimen legal para la creación, perfeccionamiento
y cumplimiento de los intereses comprometidos en la venta y arrendamiento
condicionado de tres categorías de elementos de alto valor económico: i)
aeronaves, motores de aeronaves y helicópteros, ii) equipo ferroviario y iii)
elementos espaciales.
Dado que la Convención no es
automáticamente aplicable, se requiere de la aprobación de protocolos
particulares para cada una de las categorías de equipo móvil mencionadas
previamente. Los protocolos relativos a equipo móvil ferroviario y aeroespacial
aún se encuentran en preparación y no han sido aprobados por los Estados
signatarios. El único protocolo aprobado es el relativo al equipo aeronáutico,
que por disposición de la misma Convención, debe ser integrado a ésta como un
solo instrumento internacional.
3.1.
El
Convenio
3.1.1.
Marco General de la Convención
La Convención sobre Garantías
Internacionales para Equipo Móvil busca, en su concepción general y
fundamental, promover un desarrollo más eficiente de los sistemas de
financiamiento de compra y arriendo de medios de transporte de alto costo.
Efectivamente, el elevado costo de los
equipos de transporte exige la creación de mecanismos jurídicos que permitan
garantizar al vendedor y al sistema financiero el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas por los compradores y operadores de los equipos. Como
se trata de aparatos que traspasan fronteras y prestan sus servicios por fuera
de los límites de los países en que se realiza el negocio, la necesidad de que
las garantías con que se respaldan las obligaciones puedan exigirse allende las
fronteras resulta ostensible.
Usualmente, la financiación del equipo móvil opera en
tres modalidades bien definidas: compra con garantía real, reserva de propiedad
por parte del vendedor o leasing. Las enormes sumas de dinero que se invierten
en la financiación del equipo móvil exigía el diseño de una legislación
internacional que permitiera hacer efectivas las garantías (del vendedor, del
banco o de la empresa de leassing) en países distintos a aquel en que se
suscribió el negocio.
La Convención de Garantías
Internacionales sobre Elementos de Equipo Móvil busca, precisamente, generar
esos mecanismos, de modo que si el deudor del crédito incumple con el pago, el
acreedor pueda perseguir el bien en cualquiera de los países signatarios; vea
respetado su derecho por fuera de sus propias fronteras y encuentre apoyo
jurisdiccional para hacer efectiva el crédito.
En la práctica, ello significa que cuando
una compañía aérea, ferroviaria o aeroespacial suscribe un crédito con una
entidad bancaria –por ejemplo, para comprar un nuevo avión o para construir un
tren-, la entidad financiera
adquiere una garantía, adicional a las exigidas para el contrato, de que su
crédito será respetado donde quiera que se encuentre el bien sobre el cual
recae la garantía, y que el mismo recibirá reconocimiento internacional y
tendrá la preferencia de cobro que le confiere la Convención, por encima de
otros derechos de propiedad que puedan exhibirse.
La relevancia de este instrumento cobra más fuerza
todavía si se tiene en cuenta la diversidad jurídica en materia de protección
del derecho a la propiedad de los países por los que usualmente transitan los
equipos de transporte objeto de garantía, diversidad que en no pocas ocasiones
es fuente conflictos jurídicos de no fácil resolución. Si además se atiende al
hecho de que la regulación doméstica en materia de protección del derecho a la
propiedad cambia constantemente y resulta imposible prever una línea de
protección uniforme, la suscripción de un tratado internacional sobre la
materia parece ser la forma más eficiente de unificar estos mecanismos de
protección.
Por estas razones, la Convención sobre Garantías
Internacionales de Equipo Móvil ha sido considerada por los expertos como uno
de los proyectos más ambiciosos e importantes en materia de derecho
internacional privado. Su impacto en la industria del transporte representa un
avance significativo frente al panorama de incertidumbre y heterogeneidad que
reinaba en este campo, debido fundamentalmente a la veleidad de las
legislaciones domésticas y al riesgo financiero al que usualmente estaban
enfrentados los acreedores de las empresas transportadoras.
El efecto positivo inmediato de una legislación
uniforme en materia de ejecución de garantías suscritas sobre elementos de
equipo móvil es la reducción de los costos de financiación y el aminoramiento
de los requisitos y garantías exigidas al usuario del crédito, con lo cual
puede augurarse un evidente incremento en la oferta de financiación y una mayor
dinámica comercial en la materia.
Concretamente, los fines
perseguidos por la Convención sobre
Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo
Móvil son:
-
La creación
de una garantía internacional de reconocimiento por parte de todos los Estados
contratantes.
-
El
otorgamiento al acreedor de amplias posibilidades de acción para lograr el
cumplimiento de la obligación, o la concesión de alivios mientras se resuelve
el incumplimiento de la obligación.
-
El
establecimiento de un registro electrónico internacional que informe acerca de
la existencia de los créditos y los intereses, permitiendo al acreedor el
reconocimiento de su posición prioritaria en el cobro de las deudas que puedan
hacerse efectivas contra el deudor.
-
El
aseguramiento, que se espera lograr con la suscripción de cada protocolo
particular, de normas concretas para cada una de las industrias cobijadas por
el convenio: aeronáutica, ferroviaria y espacial.
-
La
promoción de un clima de alta seguridad financiera que permita incrementar los
créditos, agilizarlos, reducir las barreras de acceso y aminorar los costos de
recuperación de cartera.
3.1.2.
Principios comunes a la Convención y al
Protocolo
En vista de que la Convención sobre Garantías
Internacionales de Equipo Móvil y el Protocolo en materia de garantías de
Equipo Aeronáutico comparten la misma finalidad, cual es la de proveer
garantías internacionales a los acreedores de los créditos insertos en los
equipos móviles, especialmente, en los equipos aeronáuticos, tanto la
Convención como el Protocolo comparten principios fundacionales que actúan como
parámetros de interpretación de sus normas. Entre los más relevantes, destacan:
1)     Reconocimiento en la aplicación de las normas
más importantes en la financiación garantizada por activos y el arrendamiento
con ese propósito, de modo que dichos tipos de transacción operen con
facilidad.
2)     Reconocimiento de la autonomía de las
partes que participan en las transacciones y reconocimiento de su idoneidad en
la materia y de su competencia en el desarrollo de estas prácticas comerciales,
de manera que se suponga el respeto de sus acuerdos.
3)     Predictibilidad en la aplicación de la
Convención, que se refleja en la forma clara y sencilla en que se encuentran
redactadas sus normas y en la referencia que las mismas hacen a figuras
conocidas de la contratación usualmente utilizada en estos negocios.
4)     Transparencia en la aplicación de las
normas que regulan el registro internacional y preeminencia del mismo sobre
garantías no registradas.
5)     Respeto por las características propias de
los sistemas jurídicos de los países signatarios, mediante la admisión de
reservas a los artículos de la Convención que pudieran comprometer los
intereses nacionales internos.
3.1.3.  Contenido
del Convenio relativo a Garantías Internacionales
sobre elementos de Equipo Móvil
Preámbulo
El preámbulo del Convenio relativo a las
garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil identifica los
principios sobre los cuales se sustenta la convención y resalta la finalidad
primordial de la misma, cual es la de facilitar la financiación de compra y
arrendamiento de equipos móviles, mediante la concesión de garantías
reconocidas internacionalmente a los vendedores o arrendatarios. Dichas
ventajas implican tanto el reconocimiento internacional de la garantías, como
la provisión de herramientas coercitivas para el cobro de las mismas. El
preámbulo hace énfasis en el principio de predictibilidad al referirse a la
claridad de las reglas aplicables y a la autonomía de las partes.
Capítulo I.
El Capítulo Primero del Convenio en
estudio establece el ámbito de aplicación del instrumento internacional y
diseña ciertas disposiciones generales. El artículo primero consigna algunas
definiciones de conceptos básicos a las que debe remitirse el intérprete del
Convenio y que habrán de entenderse en dicho sentido, a menos que el contexto
exija otra cosa.
El artículo 2º regula lo atinente a la
garantía internacional, para lo cual define sus límites y los objetos sobre los
cuales se entiende conferida. Al referirse a los objetos sobre los cuales puede
recaer dicha garantía, el artículo distingue entre células de aeronaves y
motores de aeronaves, resaltando con ello la importancia que para la industria
aeronáutica tiene el motor en sí mismo considerado, ya que en la industria
suele comercializarse de manera independiente. La decisión de independizar la
garantía que se concede sobre el fuselaje y la que se otorga sobre el motor
responde también a la necesidad de evadir las heterogéneas legislaciones
nacionales en materia de accesión de los bienes a los objetos a los cuales se
encuentran incorporados. El artículo segundo también resalta que la garantía internacional
cubre los productos de indemnización de dicho objeto, con lo cual se refuerza
el concepto de garantía y se minimiza el riesgo del vendedor o arrendatario del
objeto. El artículo 2º también regula lo que debe entenderse por garantía
internacional, en virtud de haberse constituido mediante contrato de garantía,
de venta con reserva de dominio o de arrendamiento.
Los artículos 3º y 4º regulan lo atinente
a la celebración del contrato y precisan la forma en que se designa el lugar de
celebración del contrato. El artículo 5º fija en los principios del Convenio
los fundamentos de interpretación de sus normas, así como acude a la
legislación interna en caso de vacíos consensuales. En este contexto, el
numeral 4 del artículo fija normas de aplicación de la ley en el espacio,
cuando se trata de Estados compuestos, en cuya estructura interna conviven
diferentes ordenamientos jurídicos.
El artículo 6º del Convenio precisa lo
previamente señalado: que el Convenio y el Protocolo que lo desarrolle, en cada
uno de los ámbitos de aplicación, deben interpretarse como un solo instrumento,
pero en el que prevalecerán las normas del Protocolo, por razón de su
especificidad, cuando se presente cualquier divergencia entre ellos.
Capítulo II
El capítulo II del Convenio, conformado
únicamente por el artículo 7º, regula lo atinente a la constitución de las
garantías internacionales a que se refiere el presente instrumento y señala los
requisitos de forma que deben cumplirse para que la garantía se entienda
perfectamente constituida, según las voces del artículo 2º de la Convención.
Esta Corte entiende, de la interpretación conjunta del artículo 7º y de su
concordante artículo 2º, que la constitución de una garantía internacional
depende del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 7º, así los
mismos sean insuficientes para la constitución de una garantía de acuerdo con
las leyes internas. De la misma forma, si la garantía internacional no se
constituye según las normas de la Convención, la misma será inexistente a la
luz del instrumento internacional, así cumpla con los requerimientos fijados
por la legislación interna para tales fines.
Capítulo III
El capítulo III del Convenio bajo estudio
desarrolla el tema de las medidas conferidas al acreedor frente al
incumplimiento de las obligaciones por parte del deudor. Las medidas que pueden
adoptarse dependen de la naturaleza del contrato en virtud del cual se haya
adquirido la obligación. Así, se disponen medidas específicas según las obligaciones
del deudor hayan surgido como consecuencia de un contrato de garantía, un
contrato con reserva de dominio o un contrato de arrendamiento, en los términos
previstos en el literal a) del artículo 1º.
El artículo 8º regula las medidas que
puede adoptar el acreedor del contrato de garantía. Precisa que, en caso de
incumplimiento, y si el deudor lo ha autorizado, el acreedor podrá a) Tomar la posesión o el control de
cualquier objeto gravado en su beneficio; b) Vender o arrendar dicho objeto, o
c) Percibir o recibir todo ingreso o beneficio proveniente de la gestión o
explotación de dicho objeto. Las medidas pueden adoptarse por vía
jurisdiccional y deben aplicarse de manera comercialmente razonable, es decir,
de acuerdo con las cláusulas del contrato, a menos que la mismas sean
manifiestamente excesivas. El numeral 4º del artículo en mención indica que el
acreedor garantizado, al decidir vender el objeto, deberá dar aviso con
antelación razonable y por escrito. Las disposiciones subsiguientes prescriben
medidas de compensación a favor del deudor, respecto de sumas que hubieran sido
recibidas por el acreedor a título de compensación.
En cuanto a lo dispuesto por el artículo 9º, este
permite que el deudor incumplido transfiera la propiedad al acreedor para saldar
la deuda del acreedor, medida que puede adoptarse mediante solicitud al
tribunal competente. La transferencia del dominio únicamente ocurrirá cuando la
misma se requiera para la satisfacción de la obligación.
En la misma línea de los artículos 8º y 9º de la
Convención, el artículo 10 regula las medidas que los acreedores  de los
contratos de venta condicionada y arrendamiento pueden ejercer en caso de
incumplimiento del deudor. No obstante, como en éstos la propiedad del bien
sigue recayendo en el acreedor, las medidas que el acreedor está habilitado
para adoptar son más sencillas que las que se confieren al acreedor de un
simple contrato de garantía.
Ahora bien, en relación con los artículos 8º, 9º y 10,
es de anotar que el presente Convenio admite, en principio, la adopción de
tales medidas sin la intervención judicial, es decir, a decisión del acreedor
garantizado y por su propia voluntad. No obstante, el Convenio también
prescribe la posibilidad de que dichas medidas se adopten previa solicitud judicial,
para lo cual autoriza expresamente al Estado contratante a hacer la
correspondiente reserva, respecto de la inaplicación de las normas que permiten
la aplicación extra judicial de esas medidas. Sobre este particular, la Corte
volverá más adelante.
El artículo 11 del Convenio permite a las
partes definir el concepto de incumplimiento, aunque consigna una definición
por defecto, entendida como aquel acto que priva al acreedor de recibir aquello
que espera del contrato; al tiempo que el artículo 12 permite adoptar medidas
adicionales acordadas entre las partes.
El artículo 13 de la Convención deja en
libertad al Estado contratante para declarar que no aplica las medidas que
permiten al acreedor que tiene prueba del incumplimiento del deudor, solicitar
al tribunal medidas provisionales mientras se resuelve definitivamente el
litigio. Dichas medidas permiten, en un sentido general, la retención y
disposición del objeto, pero también autorizan al tribunal a imponer
condiciones que protejan los intereses del deudor.
El artículo 14 del Convenio
respeta la ley foral de procedimiento, y el 15 admite que las partes inapliquen
algunas de las disposiciones de la Convención, concretamente de las referidas a
la relación entre las partes y no aquellas que implican la afectación de
derechos de terceros, que por obvias razones no podrían derogarse.
Capítulo IV
El Capítulo IV desarrolla otro de los elementos
fundamentales del Convenio sobre garantía de equipo móvil, dada su cardinal
importancia en el reconocimiento internacional de las garantías sobre dichos
elementos: el registro internacional.
El registro es la base de la constitución de la garantía internacional porque
permite a los Estados contratantes tener noticia pública de las garantías que
sobre el equipo móvil se constituyen en el mundo y a las entidades crediticias
la certeza de que su garantía será respetada en cualquier lugar en que el
objeto garantizado se encuentre.
El registro es un dato electrónico que se constituye
sobre el objeto y no sobre el deudor. De allí la necesidad de que se inscriban
elementos concretos, identificables e individualizados. El Convenio permite la
adecuación de los registros al tipo de equipo sujeto al mismo y prevé que la
administración del registro se encargue a una autoridad independiente, que sin
embargo será objeto de supervisión. Las ventajas del registro se evidencia en
el bajo costo de su administración, dado que se trata de un registro
electrónico, y en la inexistencia de un requerimiento de presentación personal
para registrar los objetos y derechos que se constituyen sobre los mismos. El
registro se basa en un sistema de ingreso de información que permite a las
partes informar a terceros sobre la constitución de una garantía sobre un
objeto en particular, por lo que el registro no cumple funciones de
certificación de negocios adicionales o de documentos ajenos a los datos que se
transmiten.
Ahora bien, el artículo 16 del Convenio enlista los
elementos sujetos a registro, las clases de garantías y reconoce la posibilidad
de establecer diversos tipos de registro, dependiendo de los objetos y derechos
accesorios de que se trate. El artículo 17 establece la autoridad supervisora
del registro, que es la encargada de ejercer el control correspondiente y de
nombrar al registrador. Dicha autoridad supervisora tendrá funciones de
regulación del registro y será la intermediaria entre los Estados contratantes
y el registrador, quien es responsable por el manejo eficiente
Capítulo V
El Capítulo V de la Convención regula otros aspectos
relativos a la inscripción, como son los requisitos de la misma, principalmente
operativos y que están relacionados con la forma en que se hace la solicitud,
la oportunidad para hacerla, los canales de inscripción, etc. (art. 18), los
requisitos de validez de la inscripción (art. 19), el consentimiento para
inscribir (art. 20), la duración de la inscripción (art. 21) y su consulta, que
según las voces del artículo 22 de la Convención, está dispuesta para cualquier
persona.
Con el fin de garantizar la adecuada aplicación de las
normas aquí descritas, el registrador está obligado a informar acerca de las
declaraciones de los Estados contratantes respecto de la vigencia de las normas
de la Convención en sus propios territorios (art. 23). El artículo 24 del
Convenio prevé la necesidad de cancelación del registro cuando la obligación
registrada ha sido cancelada, obligación que recae sobre el titular del
crédito. Finalmente, el artículo 25 consagra el carácter público y abierto del
registro, al permitir el acceso al mismo de cualquiera que se manifieste
interesado y cumpla los procedimientos prescritos.
Capítulo VI
El capítulo VI del Convenio bajo estudio regula el
estatus jurídico del Registrador y de la Autoridad Supervisora. Indica, en su
artículo 27, que la Autoridad supervisora será persona de derecho jurídico
internacional, si ya no tiene tal categoría, y gozará de la inmunidad que
poseen este tipo de sujetos. Advierte sobre otros privilegios de dicha
autoridad e indica que otros pueden ser concedidos por el Estado anfitrión, es
decir, aquél que se designe como sede de la Autoridad.
Capítulo VII
El capítulo VII hace referencia a la responsabilidad
del Registrador, que se circunscribe, en los términos del artículo 28, al buen
manejo de los registros, pero no se extiende a la veracidad y exactitud de la
información que se le reporte. Para el cumplimiento de sus responsabilidades,
deberá suscribir una póliza de garantía.
Capítulo VIII
El capítulo VIII regula el tema de los efectos de las
garantías frente a terceros. El principio general es que la garantía inscrita
en el registro tiene prioridad sobre garantías no inscritas o inscritas con
posterioridad, independientemente de que haya habido conocimiento de que dichas
garantías existían.
El registro de la garantía implica, para el comprador
del bien, que lo compra con ese gravamen y sin los gravámenes no inscritos.
Igualmente, para el comprador condicional o arrendatario, el negocio se hace
sobre la base de la prioridad de la garantía que se encuentra registrada, y sin
las que no lo están.
La norma se preocupa en resaltar que los elementos
adicionados al objeto no están afectados por el Convenio, es decir, por la
garantía a que se refiere el instrumento internacional. El Convenio resalta que
la definición del destino de los elementos incorporados al objeto se regularán
según la ley aplicable. En este sentido, la Corte entiende que, por ejemplo, la
incorporación de un valioso lente telescópico en una nave espacial, no se
encuentra cobijada por la Convención en lo atinente a la prioridad de las
garantías que sobre el mismo puedan concurrir, y que, según el convenio, la
misma se definirá por la ley aplicable, es decir, por la ley territorial.
El artículo 30 de la Convención precisa que para que
la garantía internacional tenga efecto en un proceso de insolvencia del deudor,
se requiere que la misma haya sido inscrita con anterioridad al inicio de dicho
proceso. No obstante, admite una regla de validación que permite que la
garantía internacional que no ha sido inscrita con esa condición, sea tenida en
cuenta en el proceso de insolvencia si así lo permite la legislación interna.
Así mismo, la Convención respeta las normas internas aplicables en materia de
invalidación de transacciones por fraude y las que tienen que ver con la
administración de los bienes del insolvente, según lo define el artículo 1º del
Convenio.
Capítulo IX
El capítulo IX del Convenio sometida a revisión regula
el tema de la cesión de derechos accesorios y garantías internacionales, así
como el derecho de subrogación.
Los derechos accesorios son, según la definición del
artículo 1º del Convenio, los derechos al pago o a otra forma de ejecución por
un deudor en virtud de un contrato y que están garantizados por el objeto o
relacionados con el mismo. Estos derechos pueden cederse, con lo cual, también
se entiende cedida la garantía y los derechos del cedente dependientes de ella.
La intención de la Convención es impedir que la cesión del derecho se disocie
de las demás prerrogativas que lo acompañan. La Convención permite cesiones
parciales y regula en el artículo 31 los términos en que dichas cesiones pueden
hacerse, las compensaciones a que tiene derecho el deudor frente al cesionario,
etc.
El artículo 32 regula aspectos de forma relacionados
con el perfeccionamiento de la cesión, los cuales garantizan una correcta
identificación de lo cedido, al tiempo que el artículo 33 establece que la
cesión del derecho obliga al deudor al pago, siempre y cuando haya sido
informado de la cesión, del derecho plenamente identificado. No obstante, la
Convención admite que el pago del deudor, sin el cumplimiento de esta
condición, sea liberatorio y válido.
El artículo 34 del Convenio establece una especie de
paralelo entre el incumplimiento de las obligaciones del cedente frente al
cesionario, respecto de los derechos accesorios, con las obligaciones
principales del contrato de garantía. Así las cosas, el Convenio permite
aplicar las mismas disposiciones que operan para el incumplimiento de las
obligaciones del contrato de garantía, en el tema de la cesión de los derechos
accesorios. Del mismo modo, el artículo 35 del Convenio asimila las reglas
sobre prioridad de cesiones con las de prioridad de las garantías concurrentes.
En este sentido, el Convenio prevé que las referencias a preferencias sobre
garantías deben entenderse aplicables a las cesiones.
El artículo 36 resalta la prioridad del cesionario de
derechos accesorios al objeto garantizado y registrado sobre otros titulares de
derechos accesorios que no lo están. Así mismo, indica que tales derechos
accesorios al objeto son aquellos relacionados con el pago o la ejecución de la
obligación, reiterando con ello lo previsto en el artículo 1º, definitorio del
concepto de derecho accesorio. En este sentido, la Convención restringe la
prioridad del titular de los derechos accesorios a aquellos vinculados con el
pago de la obligación y no con otras obligaciones accesorias que pudieran
pender del objeto. El artículo 39 hace, en este campo, un nuevo paralelo entre
las normas que regulan la insolvencia del deudor con la del cedente.
Finalmente, el artículo 38 prevé la posibilidad de que
los derechos a que refriere el convenio sean subrogados de acuerdo con las
disposiciones de la ley territorial aplicable.
Capítulo X
El capítulo X del Convenio presenta las declaraciones
que los Estados pueden formular al texto del instrumento internacional. Estas
declaraciones tienen que ver con ciertos derechos reconocidos por el Estado
contratante que tendrían prioridad –o equivalencia- sobre la garantía
internacional a que hace referencia el convenio, tanto por fuera como por
dentro de procedimientos de insolvencia del deudor. Igualmente, el artículo 39
autoriza a los Estados para manifestar en su declaración que ninguna de las
cláusulas de la Convención impide que el Estado a través de sus autoridades
decrete el embargo de los objetos cobijados por el tratado.
Adicionalmente, el artículo en cuestión precisa que
sólo aquellos derechos o garantías no contractuales objeto de la declaración de
los Estados contratantes podrán ser objeto de la prioridad a que se refiere
esta norma, pero también autoriza al Estado contratante para advertir al
momento de su adhesión a la Convención que algún derecho o garantía no
contractual tendrá prioridad sobre una garantía internacional inscrita antes de
la ratificación del Convenio.
Sobre este particular, la Corte encuentra que la norma
permite al Estado excluir del régimen de garantía prioritaria ciertos derechos
que considera de valor superior y que no desea someter a esa jerarquía, así la
garantía haya sido inscrita antes de la ratificación del convenio. Así, puede
entenderse que derechos derivados de responsabilidad fiscal o del deudor, en su
calidad de empleador, con sus trabajadores, pueden no quedar cubiertos por el
convenio, de manera que sea imposible oponerles la garantía internacional a que
hace referencia el instrumento. Con esto, el Estado salvaguarda intereses que
según su legislación interna tienen protección prioritaria y armoniza los dos
niveles de su compromiso jurídico. La Convención permite, incluso, que sin
enumerarlos ni identificarlos de manera expresa, el Estado contratante indique
que los derechos y garantías que en su ordenamiento jurídico interno tienen
prioridad sobre los demás, no podrán verse afectados por la garantía
internacional a que se refiere el presente tratado.
En virtud del principio de publicidad del registro de
garantía internacional, y en concordancia con la obligación que pesa sobre el
registrador de consignar las declaraciones de los Estados contratantes respecto
de la convención en cuestión, la medida aquí consignada busca hacer público
frente a los negociadores la existencia declaraciones que excluyan derechos y
garantías no contractuales de los efectos previstos por el instrumento para el
registro internacional.
El artículo 40 del Convenio autoriza al Estado
contratante para enlistar, informar en cualquier momento al Depositario del
Protocolo, cuáles derechos y garantías pueden inscribirse en el registro.
Capítulo XI
El artículo 41 del Convenio, único del Capítulo XI,
permite la aplicación del convenio a ventas futuras. Esto, en el caso de que la
naturaleza del negocio y de los objetos sujetos a registro lo permitan.
Capítulo XII
El capítulo XII del Convenio bajo estudio regula lo
atinente a la jurisdicción encargada de resolver los conflictos que puedan
surgir como consecuencia de la aplicación de las normas aquí consignadas.
El artículo 42 consagra el principio general de que la
encargada de resolver las controversias es una jurisdicción exclusiva que las
partes han escogido para tal efecto, esto es, una jurisdicción compuesta por
árbitros exclusivamente habilitados para resolver el conflicto particular que
se pone a su consideración. No obstante, el convenio permite que las partes se
acojan a una jurisdicción general, no exclusiva, que resuelva la reclamación.
No existe obligación alguna de que ésta tenga relación con las partes o con el
contrato.
El artículo 43, por su parte, autoriza a las
jurisdicciones tanto del Estado escogido por las partes para dirimir el
conflicto como por la del Estado en donde se encuentra el objeto, para adoptar
mediadas preventivas de conservación. Estas medidas, claro está, deben
entenderse circunscritas a las posibles declaraciones que sobre la materia
hagan los Estados contratantes, y que están expresamente autorizadas en los
artículos 13 y 55.
Tal como se dijo respecto del registrador, éste goza
de la inmunidad que le da su cargo. No obstante, por virtud del artículo 44 de
la Convención, tal inmunidad no se predica respecto de la jurisdicción del
Estado que le sirve de sede y que puede, por su misma competencia, ordenar
indemnizaciones por errores en que el Registrador pueda incurrir.
En la misma tónica, el Registrador podrá ser requerido
por los tribunales del Estado en que aquél tenga su administración central para
que elimine un registro cuya remoción no ha sido solicitada por el acreedor, o
para que haga un registro ordenado por un tribunal que asuma competencia en los
términos del Convenio. En los demás casos, la inmunidad del Registrador es
plena. Finalmente, el artículo 45 prevé que éstas disposiciones no son
aplicables a los procedimientos de insolvencia.
Las medidas que permiten predicar la inmunidad del
Registrador se justifican en la medida en que impiden que el mismo esté sujeto
a varias jurisdicciones de diferentes países, que podrían pronunciarse
contradictoriamente sobre un mismo punto, y garantizan la neutralidad
internacional de sus funciones. En esa medida, resulta apropiado canalizar las
medidas que impliquen modificación de los registros a través de la jurisdicción
del país en donde el Registrador tiene asiento.
Capítulo XIII
El Capítulo XIII de la Convenció dispone en sus
artículos 45 y 46 que el Convenio sobre Garantía de Equipo Móvil tiene
prelación sobre el Convenio de las Naciones Unidas sobre Prelación de Créditos
en el Comercio Internacional, en lo que corresponde a los objetos cuya garantía
se regula en aquél: objetos aeronáuticos, material rodante ferroviario y equipo
espacial. De la misma manera, admite que el protocolo correspondiente fije su
compatibilidad con la Convención Unidroit sobre arrendamiento financiero internacional.
Capítulo XIV
El capítulo XIV, en sus artículos 47 a 62 consigna
ciertas disposiciones finales que interesan al proceso de puesta en marcha del
Convenio de la referencia. Los artículos iniciales consignan las disposiciones
típicas propias de los convenios internacionales, relativas a la suscripción y
perfeccionamiento del Convenio. Las disposiciones prevén que el Convenio puede
ser suscrito por organizaciones regionales de integración económica –caso en el
cual dicha organización regional actuará como Estado contratante-, así como la
entrada en vigor del mismo.
El artículo 50, en particular, regula lo atinente a
las declaraciones de los Estados contratantes en relación con la inaplicación
total o parcial de las cláusulas del Convenio respecto de transacciones
internas en que estén involucrados los objetos de este Convenio, aunque admite
que las transacciones internas que se sometan al registro quedarán cobijadas
por éste.
El artículo 51 concibe lo dicho previamente sobre
protocolos de aplicación del Convenio, pero respecto de equipo móvil no
mencionado en éste, como podría ser el caso de equipo de transporte marítimo.
Dichos Protocolos se harán conocer de los Estados contratantes con el fin de
que sean discutidos y presumiblemente aprobados en el futuro.
El artículo 52 importa concretamente a los Estados de
organización jurídica compleja, cuyas entidades territoriales tienen sistemas
jurídicos diversos. En su declaración, el Estado especificará la extensión
territorial de aplicación del Convenio y si algunas de sus unidades quedan
excluidas de la cobertura.
El artículo 53 permite a los Estados hacer
declaraciones en cuanto al tribunal o tribunales competentes para atender las
reclamaciones que surjan en la aplicación de este Convenio, y el artículo 54
autoriza a los Estados para declarar que si el objeto garantizado se encuentra
en su territorio, el acreedor no podrá darlo en arriendo o no podrá ejecutar
ninguna de las potestades que el Convenio le autorice ejecutar que no impliquen
autorización de un tribunal.
Igualmente, el artículo 55 lo autoriza para declarar
que sus tribunales no aplicarán medidas provisionales mientras se resuelva el
conflicto o que podrán hacerlo parcialmente. Por su parte, el artículo 56
indica de cuáles artículos no puede hacerse declaración alguna y cómo se
presentan las declaraciones sobrevivientes, régimen de las cuales se encuentra
previsto en el artículo 57. El artículo 58 autoriza a los Estados para retirar
las declaraciones que haya hecho al Convenio, retiro que no afectará las
inscripciones hechas con anterioridad.
El Convenio prevé en su artículo 59 la denuncia del
mismo y en el artículo 60, algunas disposiciones provisionales que tienen que
ver con la no cobertura general por el Convenio de garantías previas a la
suscripción del mismo y con la posibilidad de diferir en el tiempo la
aplicación del Convenio y del Protocolo, a efectos de definir las prioridades
respecto de derechos y garantías constituidos previamente.
El artículo 61 del Convenio prevé algunas
disposiciones concernientes a la revisión del tratado, que se hará de acuerdo
con los informes que presente el Depositario del mismo, así como al seguimiento
de su aplicación. Por último, el artículo 62 establece las obligaciones del
Depositario del instrumento, que para el caso será Unidroit.
3.2.
El
Protocolo
3.2.1.
Encuadramiento General del Protocolo
Tal como se dijo, los
instrumentos internacionales suscritos por Colombia y que ahora se someten a
revisión de la Corte son la Convención para las Garantías Internacionales sobre
Equipo Móvil y el Protocolo sobre Cuestiones Específicas de los Elementos de
Equipo Aeronáutico.
Como también se precisó, el
contenido de la Convención es de carácter general y aplica tanto para la
categoría de equipo móvil aeronáutico, ferroviario y espacial. El Protocolo que
ahora se comenta hace referencia específica a la forma en que las normas de la
Convención se ajustan a la categoría de equipo móvil aeronáutico.
3.2.2.
Antecedentes
La Organización de La Aviación Internacional (OACI) es
la organización internacional de mayor importancia en el campo del derecho
aeronáutico. La OACI fue creada en diciembre de 1944, en Chicago –Illinois-,
con el fin de consolidar una entidad de orden técnico capaz de unificar y centralizar
la información relativa al desarrollo técnico y económico del tráfico aéreo
internacional. La OACI tiene personería de derecho internacional y es un
organismo técnico especializado de la Organización de las Naciones Unidas.
La idea de sistematizar la información y legislación
internacional en materia de circulación aérea es posterior al final de la
primera Guerra Mundial, cuando en 1919 se firmó en Paris la Convención para la
Reglamentación de la navegación Aérea, destinada a  regular el tráfico aéreo
comercial. Las conversaciones subsiguientes, paralizadas en su momento por la
segunda Guerra Mundial, condujeron a que los países del Commonwealth invitaran
a los Estados Unidos a suscribir un acuerdo que consolidara los compromisos
internacionales en punto a la aviación comercial, invitación que se concretó en
1944 en Chicago y que contó con la asistencia de 54 naciones, entre ellas,
Colombia. En la reuniones se aprobó la Convención de Aviación Internacional, y
otras convenciones de orden interno que condujeron, finalmente, a la creación
de la Organización Provisional de Aviación Civil Internacional (OPACI), de la
cual posteriormente nació la OACI, en Montreal –Canadá- en donde actualmente
funciona.
La Convención de Aviación Civil Internacional, conocida
como el Convenio de Chicago de 1944, es la Carta de la Aviación Civil mundial y
el Acta de nacimiento de la OACI[25]. La OACI congrega a 185
países y se reúne cada tres años. Colombia pertenece a la OACI como miembro de
la Comisión Latinoamericana de Aviación.
3.2.3.
Funciones de la OACI
El artículo 44 del Convenio de Chicago establece las
funciones principales de la OACI al indicar que el objetivo primordial del
organismo es fomentar los principios y la técnica de la navegación aérea
internacional, así como desarrollar y perfeccionar el transporte aéreo
internacional. Algunos de dichos fines son:
-
Lograr el progreso
seguro y sistemático de la aviación civil internacional en todo el mundo.
-
Fomentar la técnica de
la construcción y utilización de aeronaves para fines pacíficos.
-
Estimular el desarrollo
de aerovías, aeropuertos e instalaciones y servicios para la navegación aérea
empleados en la aviación civil internacional.
-
Facilitar los
transportes aéreos seguros, regulares, eficaces y económicos que necesiten los
pueblos del mundo.
-
Evitar el despilfarro
económico producido por la competencia excesiva.
-
Asegurar que se
respeten plenamente los derechos de los Estados contratantes y que cada Estado
miembro tenga la oportunidad equitativa de explotar los servicios de
transportes aéreos internacionales.
-
Evitar que se den
preferencias a ciertos Estados contratantes.
-
Aumentar la seguridad
de los vuelos en la navegación aérea internacional.
-
Fomentar en general el
desarrollo de la aeronáutica civil internacional en todos sus aspectos.
-
Para ello establece
normas internacionales y regulaciones necesarias para la seguridad, la
eficiencia y la regularidad del transporte aéreo. La OACI es también un medio
de cooperación en todos los campos de la aviación civil entre los países
socios, y proporciona asistencia técnica a los países que necesitan ayuda para
mantener instalaciones de aviación civil o para alcanzar las normas
establecidas por la OACI. La OACI también realiza ediciones técnicas y estudios
especiales. Su función es regularizar el Transporte Aéreo Internacional para
hacerlo seguro, eficaz y económico.
-
La organización ha sido
fundamental en la mejora de los servicios meteorológicos, del control aéreo, de
las comunicaciones aire-tierra, de las operaciones de búsqueda y rescate, y en
la implantación de otras medidas en pro de la seguridad de los vuelos
internacionales. También ha contribuido mucho a la simplificación de los
procedimientos de aduanas e inmigración y de las normativas de salud pública
relacionadas con los vuelos internacionales. La lucha contra los secuestros y
otros atentados terroristas, así como los efectos del ruido provocado por los
aviones en el medio ambiente son asuntos de especial interés para la OACI.
3.2.4.  Desarrollo
histórico del instrumento internacional objeto de revisión
En desarrollo de los objetivos previstos en el numeral
anterior, la OACI promovió en 1988, por iniciativa de Canadá, el estudio de una
legislación encaminada a regular las garantías internacionales para el equipo
móvil aeronáutico. En 1997, la OACI constituyó un equipo de trabajo, conocido
como “Grupo de Protocolo Aeronáutico”, encargado de iniciar el estudio
de un primer proyecto de convenio internacional en la materia. En la reunión
del 28 de agosto al 8 de septiembre de 2000 en Montreal, el Comité Jurídico de
la OACI manifestó su intención de elaborar, en cooperación con UNIDROIT, un
instrumento internacional destinado a constituir una garantía internacional
susceptible de ser inscrita sobre el equipo móvil entre los países contratantes,
así como la de crear un registro internacional de orden mundial que permita la
realización efectiva de dicha garantía.
El proyecto sometido a consideración de los Estados
signatarios se acompañó con el texto de la Convención sobre Garantías Internacionales
de Equipo Móvil, de manera que ambas fueron aprobadas en conjunto, tal como lo
dispone la Convención.
Ahora bien, tal como previamente se
indicó, la Convención no es aplicable por sí misma. Sus normas se incorporan a
cada uno de los protocolos específicos que deben aprobarse en cada uno de los
tres ámbitos de aplicación de la Convención. No obstante, las disposiciones de
la Convención operan indistintamente para los tres protocolos que deben
aprobarse, pero no entrarán en rigor de manera autónoma, sino en virtud del
protocolo que las adopte.
Pasa la Corte a estudiar el contenido del
Protocolo en materia aeronáutica.
Preámbulo
El Preámbulo del Protocolo sobre garantías de equipo
móvil aeronáutico se encarga de recalcar la dependencia del Protocolo respecto
de la Convención y de la necesidad de adoptar sus disposiciones al campo
aeronáutico. Este reconocimiento implica que las normas del Protocolo adicionan
y modifican, en lo pertinente, las del Convenio, en orden a acoplar sus
disposiciones a las exigencias propias de la aeronavegación.-
Capítulo I
El capítulo I del Protocolo regula los temas atinentes
al ámbito de aplicación concreta de este instrumento, que es el propio de los
equipos móviles aeronáuticos. Por ello, al artículo I (el Protocolo utiliza
notación romana para sus artículos, con el propósito de diferenciarlos de los
de la Convención), define los conceptos relevantes para el campo aeronáutico,
tales como aeronave, motores de aeronave, objetos aeronáuticos, células de
aeronave, helicópteros, etc. Tal como se dijo previamente, los altos costos de
los motores y las dificultades que se presentan con las legislaciones
domésticas, relativas a la accesión de bienes a los objetos en que se
encuentran incorporados, obligó a los redactores del Protocolo a dar un
tratamiento distinto a los motores y a las células aeronáuticas, es decir, al
armazón de los aerodinos objeto de esta regulación. La distinción adoptada por
el protocolo entre células y motores satisface también las necesidad de un
mercado en el que los motores se comercializan de manera independiente.
Por su parte, el artículo II enfatiza que este
Protocolo se aplica al equipo móvil aeronáutico, así como precisa que tanto la
Convención como el Protocolo deben citarse, simplemente, como el Convenio
relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil aplicado a
objetos aeronáuticos.
El artículo III ajusta la regulación de los contratos
previstos en el Convenio a prácticas propias de la industria aeronáutica,
relativas a las ventas directas. Mientras el Convenio utiliza los términos de
contrato de garantía, venta con reserva de dominio y leasing, el Protocolo se
refiere a las ventas directas, en reconocimiento de que este es el
procedimiento de negociación más utilizado en el comercio pertinente, dada la
alta movilidad de sus aparatos.
El artículo IV establece una nueva hipótesis de
aplicación del Protocolo, adicional a la consignada en el artículo 3º del
Convenio. El Convenio dispone que el mismo se aplicará cuando en el momento del
contrato, el deudor está localizado en un Estado contratante. El Protocolo lo
adiciona en el sentido de advertir que también se aplicará sobre helicópteros y
aeronaves inscritos en el registro aeronáutico de un Estado contratante. El
artículo define qué debe entenderse porque todos los elementos del contrato
estén localizados dentro de un mismo territorio, para efectos de definir
“transacción interna” , concepto que se utiliza en algunos segmentos del
Protocolo.
El artículo V regula las formalidades de los contratos
y la inscripción, mientras el VI crea la posibilidad de celebrar el contrato de
venta mediante apoderado. El artículo VII señala la necesidad de describir con
detalle el objeto materia de registro y el artículo VIII permite que, en casos
concretos, en los previstos para las declaraciones que luego se verán del
artículo XXX, los Estados seleccionen una legislación interna a la cual se
someterán para la atención de determinados asuntos.
Capítulo II
El artículo IX del Protocolo sobre garantías de equipo
móvil aeronáutico prevé algunas modificaciones a las normas relativas a
incumplimiento del deudor que están consignadas en el Convenio, y que se
modifican como consecuencia de la necesidad de adaptar las previsiones
generales a las exigencias de los negocios aeronáuticos. El artículo establece
nuevas medidas que pueden ser adoptadas por el acreedor del crédito, como hacer
cancelar la matrícula de la aeronave o pedir su exportación física desde el
territorio en el que se encuentra ubicada, obviamente, previo consentimiento
escrito del titular de la garantía inscrita. El artículo regula la forma en que
dichas medidas pueden adoptarse y los requisitos exigidos. Debe entenderse, con
todo, que estas disposiciones están sometidas a la posibilidad de que el Estado
contratante formule declaraciones pertinentes sobre las potestades que el
acreedor puede ejercer por sí mismo, tal como ocurre con las disposiciones
paralelas del Convenio.
El artículo X se refiere, por su parte, a las medidas
específicamente diseñadas para la industria aeronáutica, en el tema de las
alternativas provisionales que pueden adoptarse para la protección de los
intereses de las partes. La aplicación de las medidas requiere declaración del
Estado contratante, en los términos del artículo XXX. El articulo indica cómo
pueden solicitarse las medidas provisionales y qué efectos tienen sobre las
garantías. Regulan el tema de la celeridad de las medidas y establecen un
respeto específico por las normas de seguridad aeronáutica.
El artículo XI del Protocolo regula las medidas que
pueden adoptarse en caso de insolvencia del deudor, pero advierte que las
mismas sólo serán aplicables cuando el Estado expresamente las acepte. Estas
medidas modifican las existentes en la Convención para el mismo procedimiento y
pretenden activar con mayor agilidad los trámites de recuperación de los
objetos aeronáuticos. El procedimiento tiene dos modalidades, que se explican
profusamente en el artículo, y que establecen las formas de disposición del
objeto garantizado del deudor insolvente. Estas buscan, fundamentalmente, la
recuperación prioritaria del objeto aeronáutico o la petición al administrador
de la insolvencia para que, de manera concomitante con la depuración de las
obligaciones del deudor, ordene la entrega de los bienes objeto de garantía. El
artículo XII ordena a los tribunales de los países en que se encuentren los
objetos, cooperar con las autoridades extranjeras para la aplicación de estas
normas.
El artículo XIII del Protocolo establece, si el Estado
contratante declara aceptar la aplicación de esta norma, la forma en que puede
decretarse la cancelación de la matrícula y el permiso de exportación del
objeto, que son las medidas que permiten hacer efectiva la obligación ante el
incumplimiento del deudor. El artículo XIV establece los efectos jurídicos de
la inscripción de la venta del objeto aeronáutico, reafirmando su prioridad
frente a registros posteriores o frente a garantías no inscritas; y el artículo
XV adiciona una disposición relativa a la cesión del crédito.
El artículo XVI reconoce en el deudor el derecho a
utilizar el objeto en caso de que no se haya verificado incumplimiento, y
define los alcances de ese derecho.
Capítulo III
Este capítulo regula el tema del registro de garantías
internacionales sobre objetos aeronáuticos. Su artículo XVII designa la manera
de elegir la Autoridad supervisora y establece su estatus jurídico, acorde éste
con las reglas del Convenio. La promoción del primer reglamento está regulada
en el artículo XVIII y la designación de puntos de acceso, desde los cuales se
transmitirá la información correspondiente, se encuentra prevista en el
artículo XIX.
El artículo XX indica qué datos deben consignarse en
el registro, tratándose de aeronaves, y la manera en que debe cobrarse el
servicio, así como los requisitos que deben cumplirse para efectuarlo.
Capítulo IV
El capítulo IV se refiere al tema de la jurisdicción,
e indica en su artículo XXI que la jurisdicción se extiende al Estado en que el
objeto aeronáutico está matriculado. Aunque el artículo no lo menciona
expresamente, debe entenderse que también para esta jurisdicción opera la
prohibición contenida en el Convenio que impide a dichas jurisdicciones expedir
órdenes en contra del Registrador. El artículo XXII prescribe que la inmunidad
de la jurisdicción podrá ser renunciada por las partes, en las condiciones allí
previstas.
Capítulo V
El capítulo en mención regula la relación del
Protocolo con otros convenios. Establece en su artículo XIII que este protocolo
reemplazará al Convenio relativo al reconocimiento internacional de derechos
sobre aeronaves, firmado en Ginebra el 19 de junio de 1948, en lo que se
refiere a aeronaves y objetos aeronáuticos, exclusivamente. Lo mismo ocurrirá
con el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al embargo
preventivo de aeronaves, firmado en Roma el 29 de mayo de 1933, y con la
Convención de Unidroit sobre arrendamiento financiero internacional, firmada en
Ottawa el 28 de mayo de 1988.
Capítulo VI
En este capítulo se consignan las disposiciones
finales del Protocolo. El artículo XXVI consigna las disposiciones típicas
relativas al perfeccionamiento del instrumento internacional. El artículo XXVII
prescribe la misma disposición que el Convenio respecto de la sujeción al
Protocolo por parte de organizaciones regionales de integración, y el artículo
XXVIII regula lo atinente a la entrada en vigor del Protocolo. Al igual que en la
Convención, el artículo XXIX del Protocolo establece la obligatoriedad del
mismo respecto de Estados de composición jurídica compuesta, en los que
conviven distintos regímenes jurídicos.
El artículo XXX fija las normas respecto de las cuales
los Estados contratantes pueden formular declaraciones, atendiendo a las
particularidades de su regulación interna. Estas declaraciones tienen que ver,
entre otras, con la elección de la ley aplicable para regular las obligaciones
del contrato, la asistencia de los tribunales en caso de insolvencia del
deudor, y la autorización al acreedor de la obligación incumplida para
solicitar la cancelación de la matricula del objeto aeronáutico o la
exportación del mismo. De igual manera, los Estados podrán declarar a cuál de las
modalidades de procedimiento de insolvencia de las previstas en el artículo XI
se acogen y si se acogen a la extensión de jurisdicción derivada del Estado en
el cual está matriculado el objeto aeronáutico (art. XXI).
En cuanto a las declaraciones hechas al Convenio, el
artículo XXXI entiende que también lo son al Protocolo, a menos que se afirme
lo contrario; y aunque el Protocolo no admite reservas, considera que sí pueden
formularse las declaraciones autorizadas, siempre y cuando se presenten por escrito.
El artículo XXXIII regula los efectos de declaraciones
presentadas con posterioridad a la ratificación del Protocolo, al tiempo que el
artículo XXXIV señala cómo pueden retirarse las declaraciones.
Por último, los artículos XXXV, XXXVI y XXXVII regulan
los temas atinentes a la denuncia del instrumento, a la revisión del mismo y
los deberes del Depositario, que para este Protocolo es el Instituto
Internacional para la Unificación del Derecho Privado –Unidroit-
4.
Constitucionalidad del “Convenio relativo a garantías
internacionales sobre elementos de equipo móvil” y su “Protocolo sobre
cuestiones específicas de los elementos  de equipo aeronáutico del Convenio
relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil.”
A juicio de la Corte Constitucional, las normas que
componen el Convenio relativo a las garantías internacionales de equipo móvil y
el Protocolo relativo a dichas garantías para el equipo aeronáutico son
constitucionales por encontrarse conformes con el ordenamiento jurídico colombiano.
En términos generales, las medidas aquí adoptadas
permiten la creación de una garantía de cobertura internacional que facilitará
la ejecución, en el territorio de cualquiera de los Estados contratantes, de
las obligaciones adquiridas por los deudores de obligaciones surgidas como
consecuencia de la venta o arrendamiento de equipos de transporte móviles de
alto costo.
La creación de mecanismos que, como en este caso,
facilitan los trámites para acceder a los recursos financieros destinados a la
modernización de la industria aeronáutica, implica el desarrollo de nuevas vías
de integración de Colombia en el escenario del comercio internacional. Esta
integración ha sido consignada como prioritaria con los países latinoamericanos
y del Caribe por los artículos 9º y 227 de la Constitución, pero también se
impone como una necesidad en el estado histórico de globalización que vive el
mundo. Además, dado que las normas que regulan la garantía internacional aquí
estudiada lo hacen a partir de consideraciones de equidad, reciprocidad y
conveniencia, el Convenio y el Protocolo constituyen manifestaciones positivas
del cumplimiento del mandato contenido en el artículo 226 de la Carta Política,
que obliga a Colombia a tener en consideración dichos principios al adelantar
procesos de integración económica.
Las medidas consignadas en el  Convenio permiten,
además, que las ventajas derivadas de la constitución de una garantía
internacional y de un registro internacional de la garantía favorezcan en el
futuro -cuando se aprueben los protocolos correspondientes- la financiación
para compra o arrendamiento de equipo ferroviario y espacial, y que por esa vía
se abran para Colombia nuevas posibilidades en el desarrollo de estas dos
industrias. Las perspectivas económicas que por esta vía se despejan recogen el
interés del Estado por promover el bienestar material de la nación, en
ejecución de las funciones consignadas en el artículo 2º de la Carta. Por demás,
las normas del Convenio consignan la intención de promoción y desarrollo de las
zonas de fronteras terrestres, prevista en el artículo 337 constitucional, pues
favorecen el tráfico ferroviario.
Precisamente, respecto de un tema cercano, la Corte
Constitucional, al examinar el Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral
de Garantía de Inversiones, mediante el cual se creó el Organismo Multilateral
de Garantía de Inversiones, que buscaba propiciar el flujo de inversiones para
fines productivos entre los países miembros, sostuvo:
“Es evidente que, para los efectos de
adelantar un proceso de mutua colaboración en materia económica entre los
distintos países del orbe, se hace indispensable estimular la inversión en las
actividades productivas y que ésta, a la vez, resulta impracticable si no
existe un régimen de garantías de las mismas adecuado a las necesidades del
país inversionista y del receptor.” (Sentencia C-203 de 1995 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo)
Así las cosas, resulta acorde con la Constitución
Política que Colombia suscriba internacionalmente este compromiso comercial,
pues el hecho de que el país se someta a una garantía unificada para la
financiación de equipo aeronáutico –en el caso del Protocolo- lo convierten en
un prospecto confiable y atractivo -jurídicamente estable- para la celebración
de negocios vinculados.
Además de que la Corte Constitucional encuentra
ajustados a la Carta el contenido general del Convenio y del Protocolo, esta
Corporación considera que las autorizaciones conferidas por los instrumentos
internacionales al Estado colombiano para que haga declaraciones vinculadas con
la aplicación expresa de algunas de las disposiciones también lo son.
En efecto, de conformidad con el 56 del Convenio, el
Estado contratante podrá formular declaraciones en relación con los artículos 39,
40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 y 60. Por su parte, el artículo XXXI del
Protocolo autoriza las mismas declaraciones en relación con los artículos XXIV,
XXIX, XXX, XXXI, XXXIII y XXXIV de dicho instrumento. La Corporación encuentra
que –con las excepciones que a continuación se alertan- dichas disposiciones se
encuentran conformes con el texto de la Constitución Política, en la medida en
que prevén una regulación especial para el tratamiento de las garantías a que
se refieren los instrumentos internacionales que, pese a su especialidad, no
entran en contravía con disposiciones de contenido superior.
Por lo anterior, esta Corporación declarará exequibles
el Convenio y el Protocolo sometidos a estudio.
5.
Declaraciones en relación con la protección al debido
proceso
Previamente se dijo que la Corte Constitucional
consideraba ajustado a la Carta que el Convenio y el Protocolo autorizaran al
Estado colombiano formular las correspondientes declaraciones en torno a puntos
específicos de la regulación.
No obstante, en dos puntos concretos de la regulación,
esta Corte considera que el Gobierno Nacional no sólo está facultado sino que
debe hacer las declaraciones correspondientes en orden a garantizar la preservación
de principios jurídicos constitucionalmente reconocidos por el país.
En efecto, el Convenio sobre garantías internacional
de equipo móvil y el Protocolo relativo al equipo aeronáutico contienen en sus
artículos correspondientes algunas disposiciones relativas a la posibilidad con
que cuentan los acreedores de adoptar decisiones de ejecución contra el deudor,
sin intervención judicial.
El artículo 8º del Convenio sobre garantía
internacional de equipo móvil establece las medidas que el acreedor puede
adoptar en caso de incumplimiento del deudor. La norma autoriza al acreedor
para tomar las medidas de posesión o de control de cualquier objeto gravado en
su beneficio, vender o arrendar el objeto, percibir o recibir todo ingreso o
beneficio que provenga de la gestión explotación del objeto.
Por su parte, el artículo II del Protocolo relativo a
la garantía internacional de equipo móvil aeronáutico establece que el acreedor
puede, además, hacer cancelar la matrícula de la aeronave y pedir la
exportación física del objeto desde el territorio en el cual se encuentra
ubicado.
Estas disposiciones pueden ser ejercidas directamente
por el acreedor, sin intervención judicial, o bien puede el acreedor solicitar
al tribunal del Estado a cuya jurisdicción se haya acogido que las haga
efectivas.
A juicio de la Corte, el hecho de que las medidas
previas puedan ser ejercidas directamente por el acreedor, sin intervención
judicial, implica un evidente riesgo para la preservación del principio de
acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.) y del debido proceso
(Art. 29 ídem), así como un compromiso serio de la vigencia del orden justo
(art. 2º) mediante la pérdida de efectividad de los derechos y deberes consagrados
en la Carta (art. 2º).
Ciertamente, de acuerdo con lo previsto en el artículo
229 de la Constitución Política, el régimen interno colombiano garantiza a
todas las personas el derecho de acceder a la administración de justicia, al
tiempo que el artículo 29 del mismo estatuto consagra el principio general de
que el debido proceso se seguirá en cualquier actuación administrativa o
judicial.
La jurisprudencia constitucional ha sido
particularmente celosa en la preservación de estos principios, que reconoce
presentes en todas las órbitas del ordenamiento jurídico como garantías de
efectividad de los derechos de los asociados. Para la Corte, el debido proceso,
que se preserva en la medida en que se garantice el acceso a la administración
de justicia, constituye pilar fundamental de la defensa de los derechos de las
personas, por lo que debe incluirse en todas las instancias de discusión que
puedan suscitarse.
Sobre este particular, la Corte ha dicho:
El acceso a la justicia se integra al
núcleo esencial del debido proceso, por la circunstancia de que su garantía
supone necesariamente la vigencia de aquél, si se tiene en cuenta que no es
posible asegurar el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas
procesales establecidas por el legislador sin que se garantice adecuadamente
dicho acceso, el cual consiste, como lo ha dicho esta Corte, no solamente en
poner en movimiento el aparato jurisdiccional, a través de los actos de
postulación requeridos por la ley procesal, sino en que se surtan los trámites
propios del respectivo proceso, se dicte sentencia estimatoria o desestimatoria
de las pretensiones de la demanda y que ésta sea efectivamente cumplida.
(Sentencia T-268 de 1996 MP. Antonio Barrera Carbonell)
Ahora bien, el hecho de que el debido proceso deba
estar presente en toda actuación judicial no implica necesariamente que todos
los conflictos jurídicos deban judicializarse. La Corte Constitucional ha dicho
que la existencia de mecanismos alternativos de defensa permite resolver las
divergencias entre particulares por fuera del ámbito del debate jurisdiccional,
lo cual de ninguna manera implica vulneración del debido proceso[26].
No obstante, la aceptación de dicho reconocimiento no
implica reducción del poder prescriptivo del artículo 229 de la Carta que
conserva para toda persona la posibilidad de acceso a los mecanismos de defensa
de naturaleza judicial.
En ese orden de ideas, una disposición que confiera a
una de las partes la posibilidad de adoptar, sin intervención judicial, medidas
tendientes a hacer efectivo el derecho del que dice ser titular, resulta
contraria al principio de acceso a la administración de justicia de quien
pudiendo alegar la vulneración de un derecho propio o, incluso, la existencia
de un derecho prioritario, no puede oponerse a las medidas que por virtud de
esa facultad pueden imponérsele. Para la Corporación, el hecho de que
previamente el deudor haya autorizado las medidas que pueden ser adoptadas por
el acreedor no sanea el inconveniente de la norma, pues, dicha autorización no
excluye la posibilidad de que el acreedor, por fuera de los estrados
judiciales, abuse de dichos poderes en un caso concreto de supuesto
incumplimiento.
Para la Corte, el ordenamiento constitucional en los
aspectos que acaban de resaltarse impide la aplicación de las normas que
excluyen al juez de la solución de posibles conflictos jurídicos entre el
acreedor y el deudor. Por ello, considera indispensable que al ratificar el
Convenio y el Protocolo que aquí se revisan, el Gobierno Nacional haga las
declaraciones que el mismo Convenio autoriza en su artículo 54 relativas a la
inaplicación de las normas que conceden al acreedor recursos de ejecución contra
el deudor que no están subordinados a una acción judicial.
6.
Declaraciones en materia de prioridad de créditos
Igualmente, esta Corporación considera que al
ratificar el Convenio y el Protocolo objeto de revisión, el Gobierno Nacional
debe formular las declaraciones pertinentes en relación con los créditos y
garantías que no se consideran cobijados por los instrumentos internacionales
suscritos, por gozar de categoría privilegiada en el ordenamiento jurídico interno.
Ciertamente, el artículo 39 del Convenio sobre
garantía internacional de equipos móviles autoriza a los Estados contratantes
para formular declaraciones respecto de aquellos derechos o garantías no
contractuales que por disposición de normas de derecho interno son objeto de un
privilegio que les confiere prioridad en el cobro y ejecución.
En la medida en que tales derechos y garantías son
objeto de tan particular tratamiento, es entendible que respecto de ellos no
puedan oponerse las prerrogativas derivadas de una garantía internacional
inscrita, de que tratan los presentes instrumentos.
En materia laboral, el constituyente de 1991 previó la
protección especial de los derechos de los trabajadores, protección que se
refleja en la prelación de los créditos de los cuales los mismos son
acreedores. Los créditos laborales, reconocidos y especialmente protegidos por
los artículos 39, 53 y 336 de la Carta Política no podrían, en este entendido,
quedar cubiertos por las medidas de la Convención que establecen la prioridad
de la garantía internacional inscrita[27]. La previsión contenida
en el artículo 53, inciso quinto, del Estatuto Superior impide que, por virtud
de la garantía inscrita sobre un objeto de equipo móvil o sobre un objeto
aeronáutico, se desconozcan los derechos de los trabajadores aunque no se
encuentren inscritos o registrados.
En cuanto a los créditos fiscales, la declaración debe
emitirse en el mismo sentido. Dado el carácter de orden público de las normas
que conforman el régimen de la hacienda pública, entendida como el conjunto de
bienes de la Nación (art. 102 C.P.); vista la prevalencia constitucional que la
Carta Política confiere al interés público frente al interés particular (art.
82 C.P.); atendiendo al carácter prioritario del gasto público social (art. 366
C.P.), que se financia con los recursos del fisco; teniendo en cuenta la
necesidad de protección de los bienes de la Nación que la Constitución asigna a
la Contraloría General de la Nación (art. 267 C.P.) y, en general, acudiendo a
la reconocida prelación que se le confiere a los créditos fiscales, el Gobierno
Nacional deberá declarar, cuando proceda a ratificar el Convenio y el Protocolo
sometidos a revisión de la Corte, que este tipo de créditos no se entienden
cobijados por la garantía internacional a que hacen referencia dichos
instrumentos internacionales.
VI.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 967 de 2005, “Por
medio de la cual se aprueba el ‘Convenio relativo a garantías
internacionales sobre elementos de equipo móvil’  y su ‘Protocolo sobre
cuestiones específicas de los elementos  de equipo aeronáutico del Convenio
relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil’,  firmados
en Ciudad del Cabo, el dieciséis (16) de noviembre de dos mil uno (2001).
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el “Convenio relativo a
garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil” y su “Protocolo
sobre cuestiones específicas de los elementos  de equipo aeronáutico del
Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil”,
firmados en Ciudad del Cabo, el 16 de noviembre de 2001.
Al momento de ratificar estos instrumentos
internacionales, el Presidente de la República, de conformidad con los
artículos 54 y 56 del Convenio, deberá formular las siguientes declaraciones:
a) En relación con el artículo 8º del Convenio, el
recurso de que disponga el acreedor deberá ejercerse únicamente con
autorización del tribunal.
b) En relación con el artículo 39 del Convenio, los
derechos sociales de los trabajadores y las deudas fiscales tendrán prioridad
sobre la garantía internacional inscrita según este Convenio.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO SIERRA PORTO
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ALFREDO BELTRÁN SIERRA CON
RELACIÓN A LA SENTENCIA
C-276  DE 5 DE ABRIL DE 2006
(Expediente LAT-279)
PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Incumplimiento
del requisito de anuncio previo de votación (Salvamento de voto)
MINISTRO DELEGATARIO-Incumplimiento del requisito de pertenecer
al mismo partido o movimiento del Presidente de la República (Salvamento de
voto)
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones de la Corte Constitucional, salvo el voto en relación con la
sentencia C-276 de 5 de abril de 2006, mediante la cual se declaró exequible la
Ley 967 de 2005, “por medio de la cual se aprueban el Convenio relativo a
garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil y su protocolo sobre
cuestiones específicas de los elementos de equipo aeronáutico del convenio
relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil, firmados
en ciudad del Cabo el dieciséis (16) de noviembre de 2001”.
Este salvamento de voto tiene como
fundamento las razones que a continuación se expresan:
1. De acuerdo con la competencia expresa
que la Constitución Política le asigna a la Corte Constitucional en el artículo
241, a ésta se le confía la guarda de la integridad y la supremacía de aquélla,
para decidir entre otros asuntos, sobre “la exequibilidad de los Tratados
Internacionales y de las leyes que los aprueben” (art. 241, num. 10). Es
pues, esa función un control automático de constitucionalidad sobre estos actos
jurídicos que no requiere demanda ciudadana, sino que debe realizarse por la
Corte de manera integral, con la mayor amplitud y con sujeción rigurosa a las
normas constitucionales, pues ni el Tratado Internacional celebrado por el
Ejecutivo ni la ley que lo aprueba pueden violar norma alguna de la
Constitución Política.
Revisado el texto de la Ley 967 de 13 de
julio de 2005, publicado en el Diario Oficial No. 45970 de 15 de julio de ese
año, se observa que fue sancionado por el Ministro del Interior y de Justicia,
doctor Sabas Pretelt de la Vega, “delegatario de funciones presidenciales, conforme
al Decreto No. 2317 del 8 de julio de 2005”, quien además impartió su firma
para el acto de sanción de la ley como Ministro del Interior y de Justicia.
Esto implica, de manera indiscutible que en el acto de sanción de la Ley actuó
la misma persona con dos calidades jurídicas diferentes: Como delegatario de
funciones presidenciales la primera, y como Ministro del Interior y de
Justicia, la segunda.
El artículo 196 de la Constitución
Política autoriza al Presidente de la República cuando se traslade a territorio
extranjero en ejercicio de su cargo,  delegar en “el Ministro a quien
corresponda, según el orden de precedencia legal” algunas funciones
constitucionales de las que le incumben a aquél, y agrega que “el Ministro
delegatario pertenecerá al mismo partido o movimiento político del Presidente”.
De esta manera, se exige por la Carta
que, si el Presidente de la República cuando se traslade a territorio
extranjero decide delegar algunas de sus funciones para que otro funcionario
las cumpla en su ausencia, no puede hacer la delegación con libertad absoluta
como si dispusiera de un derecho subjetivo personal, sino con los requisitos y
en las condiciones precisas que la Constitución le impone cumplir, a saber: a)
Que el delegatario sea un Ministro; b) que se observe el orden de precedencia
legal de los Ministros para reemplazar temporalmente al Presidente como
delegatarios de funciones presidenciales, que en este caso, es el señalado por
el artículo 7º de la Ley 790 de 2002; c) que en el decreto respectivo se
determinen de manera precisa las funciones presidenciales que se delegan; d)
que el Ministro delegatario pertenezca al mismo partido o movimiento político
del Presidente.
Con respecto al último de los requisitos
constitucionales mencionados, es evidente su profunda raigambre democrática. Si
los ciudadanos eligen Presidente de la República, éste no puede delegar sus
funciones ad-libitum y sin tener en cuenta la filiación política del
delegatario, pues el mandato del cual lo invisten los ciudadanos con su voto,
implica una decisión de carácter político, de tal manera que lo que la
Constitución dispone es que el mandatario o quien ejerza transitoriamente sus
funciones pertenezca al partido o movimiento político por el cual sufragaron
los ciudadanos cuando le confirieron el mandato mayoritario por la voluntad
popular.
La expresión de la voluntad política de
los ciudadanos es asunto de tal trascendencia que la Constitución Política se
ocupó de los partidos políticos en varias de sus disposiciones. Así acontece,
por ejemplo, con el artículo 40 de la Carta que confiere a los ciudadanos,
entre otros derechos, el de “constituir partidos, movimientos y agrupaciones
políticas sin limitación alguna”, así como formar parte de ellos “libremente
y difundir sus ideas y programas”; el artículo 107 de la Carta así lo
reitera y prohibe a los ciudadanos “pertenecer simultáneamente a más de un
partido o movimiento político con personería jurídica” y ordena además que
éstos “se organizarán democráticamente”; el artículo 263 de la
Constitución dispone que en los procesos de elección popular “los partidos y
movimientos políticos presentarán listas y candidatos únicos”; el artículo
263A autoriza a “cada partido o movimiento político” para optar por el
mecanismo de voto preferente si así lo resuelve. De tal manera que, en la
Constitución de 1991 no se guardó silencio sobre los partidos y movimientos
políticos, como sí ocurrió en la de 1886. Al contrario, de manera expresa
ordenó que mediante Ley Estatutaria se regulara por el Congreso lo atinente a
la organización y régimen de los partidos y movimientos políticos (art. 152,
literal c)) y, por ello, el Congreso expidió la Ley 130 de 1994 sobre la
materia.
Desde luego, ni en la teoría política, ni
en el Derecho Constitucional Colombiano, ni conforme a la Ley 130 de 1994
pueden confundirse los partidos o movimientos políticos con una coalición de
partidos para el ejercicio del gobierno. Cada partido o movimiento político, en
el caso de una coalición conserva su propia personería, mantiene su identidad,
permanece con su propia organización, sin que la alianza circunstancial con
otros partidos o movimientos para ejercer la función gubernativa implique que
quienes forman parte de una coalición desaparezcan como partidos o movimientos
autónomos.
En este caso, es evidente, pues
constituye un hecho notorio que el Ministro del Interior y de Justicia,
ciudadano Sabas Pretelt de la Vega, en forma pública ha afirmado no en una sino
en varias ocasiones pertenecer al Partido Conservador; y es igualmente un hecho
notorio que el actual Presidente de la República, ciudadano Alvaro Uribe Vélez,
en su actuaciones políticas anteriores a su elección como Presidente de la
República y en las actuaciones públicas posteriores a su elección como tal, no
ha declarado pertenecer al Partido Conservador. De manera pues, que no existe
coincidencia en la filiación política de esos altos funcionarios del Estado.
Tampoco pertenecen a un mismo movimiento político con personería jurídica como
tal. De tal suerte que fluye sin esfuerzo una conclusión, el Decreto 2317 de 8
de julio de 2005 que delegó funciones presidenciales en el doctor Sabas Pretelt
de la Vega, Ministro del Interior y de Justicia viola de manera flagrante el
artículo 196 de la Constitución y, por consiguiente, la Ley 970 de 13 de julio
de 2005, fue sancionada por quien no la podía sancionar de acuerdo con la Carta
Política, razón ésta por la cual la Corte Constitucional en ejercicio de sus
funciones en guarda de la supremacía y de la integridad de la Constitución,
debería haber declarado la inexequibilidad de esa Ley, sin la excusa de la
falta de prueba de la filiación política de esos altos funcionarios del Estado,
como se hizo.
2. Adicionalmente, se observa por el
suscrito Magistrado que, además del vicio a que se refiere el numeral
precedente de este salvamento de voto, el Proyecto de Ley que culminó con la
expedición de la Ley 967 de 2005 tiene igualmente un vicio de procedimiento en
su formación, pues de acuerdo con el acta No. 175 de 2 de junio de 2005 de la
sesión Plenaria de la Cámara de Representantes celebrada ese día en el punto
III del orden del día se incluyeron los “proyectos para segundo debate” entre
los cuales figuraba el Proyecto de Ley en cuestión, sin que se hubiere dado
cumplimiento al requisito exigido por el artículo 8 del Acto Legislativo No. 01
de 2003, es decir, sin que se hubiera anunciado de manera previa y en sesión
anterior que la votación sobre ese Proyecto de Ley se realizaría en la sesión
de 7 de junio de 2005 en la que según se afirma en el acta No. 176 de la
Plenaria de la Cámara de Representantes se le impartió aprobación, es decir,
que ella se produjo sin cumplir con ese requisito constitucional.
Fecha ut supra.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
SALVAMENTO
DE VOTO DEL MAGISTRADO HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO A LA SENTENCIA C-276 DE
2006.
DELEGACION DE FUNCIONES CONSTITUCIONALES-Requisitos formales (Salvamento de voto)
DELEGACION DE FUNCIONES CONSTITUCIONALES-Requisitos materiales (Salvamento de voto)
DELEGACION DE FUNCIONES CONSTITUCIONALES-Naturaleza de las funciones delegadas
(Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE INTERPRETACION DEL EFECTO UTIL-Aplicación (Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE LA NO REDUNDANCIA-Aplicación (Salvamento de voto)
FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
COMO JEFE DE GOBIERNO Y GOBIERNO-Diferenciación (Salvamento de voto)
SANCION DE LEY-Función del presidente como Jefe de Estado
(Salvamento de voto)
La previsión del artículo 165 constitucional en el
sentido que la sanción de las leyes corresponde al Gobierno no debe conducir al
equívoco de asumir que se trata de una función que el Presidente ejerce como
Jefe de Gobierno y en esa medida es susceptible de delegación. Por el
contrario, por la responsabilidad política que acarrea se trata de una función
típica de Jefe de Estado, máxime cuando esta figura es un medio por medio del
cual participa el primer mandatario en la elaboración de las leyes.
SANCION DE LEY POR MINISTRO DELEGATARIO-Improcedencia (Salvamento de voto)
La función de sancionar las leyes es indelegable pues:
1) puede ser ejercida por el Presidente en el exterior merced a los adelantos
tecnológicos; 2) no es una función que por su naturaleza sea ejercida por el
Primer Mandatario en su carácter de Jefe de Gobierno; y finalmente 3) no es una
tarea que pueda ejercer el Ministro delegatario bajo su propia responsabilidad.
A la luz de lo anterior, encontramos que es contrario a la Carta Política
entender que la sanción de las leyes pueda ser ejercida por el Ministro delegatario.
Referencia: expediente LAT-279
Revisión constitucional de la Ley 967 de
2005 “Por medio de la cual se aprueban el Convenio relativo a garantías
internacionales sobre elementos de equipo móvil y su protocolo sobre cuestiones
específicas de los elementos de equipo aeronáutico del Convenio relativo a
garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil, firmados en ciudad
del Cabo el dieciséis (16) de noviembre de dos mil uno (2001)”.
Magistrados Ponentes:
Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Con el acostumbrado respeto, el suscrito Magistrado
disiente de la decisión mayoritaria que declaró exequible la Ley 967 de 13 de
julio de 2005, por medio de la cual se aprueba el “Convenio relativo a garantías
internacionales sobre elementos de equipo móvil y su protocolo sobre cuestiones
específicas de los elementos de equipo aeronáutico del Convenio relativo a
garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil”.
Nuestra diferencia se basa fundamentalmente en las
consideraciones efectuadas por la Corte en el apartado 2.4.4 del fallo, donde
se considera que el Ministro delegatario puede ejercer la función de sancionar
las leyes. La anterior apreciación, a nuestro parecer, es errada.
La posición mayoritaria, remitiéndose a la sentencia
C-172 de 2006, orientó su discurso por distinguir la función de dirigir las
relaciones internacionales y celebrar tratados internacionales, la cual a su
parecer es una función propia de Jefe de Estado, de la función de sancionar las
leyes corresponde a las tareas que tiene el Presidente de la República como
Jefe de Gobierno.
No compartimos la anterior apreciación por cuanto
entendemos que, en todo momento, la labor de sancionar las leyes
–independientemente de que sea o no una ley aprobatoria de tratado
internacional- es ejercida por el Presidente de la República como Jefe de
Estado, siendo así una función que no puede ser delegada en el Ministro
delegatario, según lo dispone el artículo 196 de la Carta Política.
El precitado artículo consagra una serie de requisitos
formales que deben reunirse para que proceda la delegación de funciones
presidenciales en el Ministro delegatario. Ellas son: (i) que el Presidente de
la República se traslade al extranjero en ejercicio de su cargo, (ii) la
expedición de un acto administrativo mediante el cual se deleguen expresamente
las funciones presidenciales, (iii) que las funciones delegadas puedan ser
ejercidas por el ministro delegatario bajo su propia responsabilidad, (iv) las
funciones delegadas pueden ser de distinta naturaleza “tanto aquellas que le
son propias como aquellas que ejerce en su calidad de Jefe de Gobierno”,
(v) las funciones delegadas no puedan ser ejercidas por el Presidente de la
República desde el exterior, (vi) el ministro delegatario debe pertenecer al
mismo partido o movimiento político del Presidente.
Por la manera en que se encuentra el artículo 196, es
necesario que a más de observar el cumplimiento de las anteriores exigencias,
el operador jurídico analice la naturaleza de las competencias que
pretenden ser delegadas, toda vez que la disposición se encuentra redactada con
una indeterminación en su enunciado normativo. Lo anterior se afirma por cuanto
la norma se limita a establecer que las funciones deben poder ser ejercidas por
el ministro delegatario bajo su propia responsabilidad, y que adicionalmente
pueden delegarse “tanto aquellas que le son propias como las que ejerce en
su calidad de Jefe de Gobierno”.
La indeterminación normativa a la que se ha hecho
referencia tiene que ver con el significado del enunciado “tanto aquellas
que le son propias”, el cual puede ser interpretado de dos distintas
maneras en primer lugar podría entenderse que se refiere a las funciones que
le son propias al Presidente, y en segundo lugar podría referirse a las
funciones que le son propias al ministro delegatario. Acudiendo a diversos
criterios interpretativos –tales como los del efecto útil y el principio de la
no redundancia- cobra sentido la primera interpretación, es decir, que pueden
ser delegadas las funciones que le son propias al Ministro.
Entendemos que la interpretación que concluye que
pueden ser delegadas las funciones que le propias al Presidente es
contraria al principio del efecto útil porque la precisión introducida
posteriormente –en el sentido que pueden ser delegadas la funciones del Jefe de
Gobierno- carecería de cualquier eficacia pues no restringiría el ámbito de
funciones delegables, por otra parte de conformidad con uno de los criterios de
uso frecuente en la interpretación –el de la no redundancia- no tendría sentido
que se hubiera previsto que el Presidente delegara las funciones que le son
propias y aquellas que ejerce en su calidad de Jefe de Gobierno, porque
nuevamente la segunda expresión sería redundante. Adicionalmente, entender que
el Presidente puede delegar cualquier función que le sea propia en el ministro
delegatario, significaría desnaturalizar esta figura, pues no hay que olvidar
que éste no suple una falta temporal del Presidente de la República, quien
continúa en el ejercicio de sus funciones, salvo aquellas propias de su calidad
de Jefe de Gobierno que decida delegar.
Por lo dicho en el párrafo precedente, se tiene que el
ministro delegatario ejercerá aquellas funciones que le son propias en su
calidad de ministro y aquellas que el Presidente le delegue como Jefe de
Gobierno.
En este punto se debe introducir una nueva precisión
pues sólo son delegables aquellas funciones que el Presidente no pueda cumplir
por estar temporalmente en el exterior en el ejercicio de su cargo. Este
último caso comporta una restricción de carácter fáctico que se relaciona con
la imposibilidad de cumplir ciertas funciones presidenciales desde el
extranjero.
Según esta última afirmación, la función de sancionar
las leyes no es una función constitucional que el Presidente de la República
pueda delegar en el ministro delegatario, pues aquél puede continuar
sancionando las leyes cuando se encuentra en el exterior, máxime con los
avances en materia de comunicaciones presentes en un mundo globalizado.
Encontramos, entonces, que no se encuentra verificado el requisito fáctico o
material que establece que la función a ser delegada no pueda ser ejercida por
el Presidente en el exterior.
Estimo que tampoco se cumplió en el caso analizado el
requisito material sobre la naturaleza de la función ejercida por el
Ministro delegatario. Al respecto hay que diferenciar entre las funciones del
Presidente de la República como Jefe de Gobierno y la figura del Gobierno
prevista en distintas disposiciones constitucionales. Afirmar que la sanción de
las leyes ordinarias corresponde al “Gobierno” y que por lo tanto se trata de
una función presidencial que corresponde a la calidad de Jefe de Gobierno no
resiste el menor análisis.
Cuando el texto constitucional emplea la expresión
Gobierno no se refiere a las funciones del Presidente como Jefe de Gobierno,
sino a la figura de prevista por el artículo 115 constitucional, la cual guarda
relación con otras características propias de un régimen presidencial como la
responsabilidad del Primer Mandatario y el refrendo ministerial. Por ejemplo,
sostener que la previsión del artículo 212 constitucional en el sentido que el
Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar
el Estado de Guerra Exterior y “mediante tal declaración, el Gobierno tendrá
las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la
soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y procurar el
restablecimiento de la normalidad”, corresponde a una función presidencial
que se ejerce en calidad de Jefe de Gobierno y por lo tanto puede ser
temporalmente transferida al ministro delegatario no resiste el menor análisis
desde la perspectiva de un Estado constitucional de derecho.
Ahora bien, la previsión del artículo 165
constitucional en el sentido que la sanción de las leyes corresponde al
Gobierno no debe conducir al equívoco de asumir que se trata de una función
que el Presidente ejerce como Jefe de Gobierno y en esa medida es susceptible
de delegación.  Por el contrario, por la responsabilidad política
que acarrea se trata de una función típica de Jefe de Estado, máxime cuando
esta figura es un medio por medio del cual participa el primer mandatario en la
elaboración de las leyes.
Finalmente, tampoco se encuentra que la sanción de las
leyes encaje en el supuesto de tareas que sean propias del Ministro (supra),
por cuanto ella no es una función que pueda ser ejercida por el Ministro bajo
“su propia responsabilidad”. Esto es así toda vez que la sanción es un acto
mediante el cual el Presidente transmite su legitimidad política a la voluntad
del Congreso, y en esa medida conlleva una responsabilidad política que es
indelegable.
Por lo expresado hasta el momento encontramos que la
función de sancionar las leyes es indelegable pues: 1) puede ser ejercida por
el Presidente en el exterior merced a los adelantos tecnológicos; 2) no es una
función que por su naturaleza sea ejercida por el Primer Mandatario en
su carácter de Jefe de Gobierno; y finalmente 3) no es una tarea que pueda
ejercer el Ministro delegatario bajo su propia responsabilidad.
A la luz de lo anterior, encontramos que es
contrario a la Carta Política entender que la sanción de las leyes pueda ser
ejercida por el Ministro delegatario.
Aplicando este razonamiento al caso concreto,
entendemos que la ley 967 de 2005 debió haber sido declarada inconstitucional,
toda vez que, como lo dijo la posición mayoritaria en el fallo del cual disiento,
“El Ministro del Interior y de Justicia, delegatario de funciones
presidenciales, sancionó el 13 de julio de 2005 la ley 967 de 2006
mediante la cual se aprobaron la Convención y el Protocolo objeto de análisis [por
cuanto] el Presidente de la República se trasladaría los días 9 al 14 de
julio de 2005 a las ciudades de Madrid (España) y Londres (Reino Unido)”.
La sentencia, entonces, avaló una sanción contraria a
las disposiciones de la Constitución.
Para concluir, cabe consignar que la regulación constitucional
del sistema de fuentes, de la cual hace parte la previsión de quien es la
autoridad encargada de sancionar las leyes, es de extrema importancia en un
Estado de Derecho. No hay que olvidar que esta materia hace referencia a quien
puede producir ciertos actos y bajo que procedimientos, en esa medida sostener
que la sanción de las leyes es una atribución presidencial delegable significa
desvirtuar el orden constitucional vigente y desconocer la atribución de
competencias en la materia hecha por la Carta Política de 1991.
Fecha ut supra.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-276 DEL 2006 DEL
MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Incumplimiento
del requisito de anuncio previo de votación (Salvamento de voto)
MINISTRO DELEGATARIO-Incumplimiento del requisito de pertenecer
al mismo partido o movimiento del Presidente de la República (Salvamento de
voto)
SANCION DE LEY POR MINISTRO DELEGATARIO-Improcedencia (Salvamento de voto)
Referencia: expediente LAT- 279
Revisión constitucional de la Ley 967 de
2005
Magistrado Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Con el respeto acostumbrado por las decisiones
mayoritarias de esta Corte, me permito salvar mi voto a la presente sentencia,
por las siguientes razones:
1. En primer lugar, considero que en el
presente caso existe un vicio de procedimiento en el trámite de la ley sub
examine, por cuanto no se cumplió en debida forma con el requisito de
anuncio previo exigido por el artículo 160 de la Constitución Nacional.
2. En segundo lugar, existe también en
este caso, en mi concepto, un vicio de procedimiento, en razón a que esta ley
no podía ser sancionada por el Ministro Delegatario, por cuanto la facultad de
sancionar leyes aprobatorias de tratados internacionales es, a mi juicio, una
facultad indelegable que reside en cabeza del Presidente de la República en su
calidad de Jefe de Estado.
3. En tercer lugar, considero que en el
proceso de sanción de la presente ley se desconoció igualmente el artículo 196
superior, por cuanto el Ministro Delegatario no pertenecía al mismo partido o
movimiento del Presidente de la República.
4. En cuarto lugar y en concordancia con los
argumentos expuestos, me permito reiterar las razones presentadas en Salvamento
de Voto a la sentencia C-172 del 2006, respecto de la función sancionatoria
propia del Presidente de la República en su calidad de Jefe de Estado; la no
delegación de sus funciones en tal calidad, en este caso concreto la de
sancionar leyes aprobatorias de tratados internacionales; la consecuente
incompetencia del Ministro Delegatario para sancionar estas leyes; y,
finalmente la exigencia de que el Ministro Delegatario pertenezca al mismo
partido o movimiento político del Presidente de la República.
Por las anteriores razones manifiesto mi disenso
frente a esta decisión.
Fecha ut supra.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1] [En
la sentencia C-347 de 1997 MP. Jorge Arango Mejía, se permitió elegir la ley
sustancial aplicable en los contratos en los que se pacte que los conflictos
sean dirimidos por un tribunal de arbitramento de carácter internacional.
[2] Según el artículo citado “Un Estado contratante declarará en el
momento de la ratificación, aceptación o aprobación del Protocolo, o en el de
la adhesión al mismo, si todo recurso de que disponga el acreedor de
conformidad con cualquiera de las disposiciones del presente Convenio, y cuyo
ejercicio no esté subordinado en virtud de dichas disposiciones a una petición
del Tribunal, podrá ejercerse únicamente con la autorización del Tribunal”.
[3] Corte Constitucional, Sentencia C-468 de 1997, MP: Alejandro
Martínez Caballero. Esta doctrina ha sido ampliamente reiterada por esta
Corporación. Ver entre muchas otras, las sentencias C-378 de 1996, MP: Hernando
Herrera Vergara; C-682 de 1996, MP: Fabio Morón Díaz; C-400 de 1998, MP:
Alejandro Martínez Caballero; C- 924 de 2000, MP: Carlos Gaviria Díaz.
[4] Ver Corte Constitucional, Sentencias C-468 de 1997, MP: Alejandro
Martínez Caballero; C-376 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero; C-426 de 2000,
MP: Fabio Morón Díaz; C- 924 de 2000, MP: Carlos Gaviria Díaz.
[5] Según lo dispuesto en el artículo 204
del Reglamento del Congreso, los proyectos de ley aprobatorios de tratados
internacionales se tramitan por el procedimiento legislativo ordinario o común,
con las especificidades establecidas en la Carta (sobre la iniciación del
trámite de la ley en el Senado de la República, artículo 154, CN) y en el
reglamento sobre la posibilidad del presentar propuestas de no aprobación, de
aplazamiento o de reserva respecto de Tratados y Convenios Internacionales
(art. 217de la Ley 5ª de 1992). En relación con esta posibilidad, en la
Sentencia C-227 de 1993, MP: Jorge Arango Mejía, la Corte señaló que durante el
trámite de un proyecto de ley que aprueba el tratado, pueden presentarse
propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de tratados
y convenios Internacionales.
[6] El artículo 19 de la Convención de 1969 sobre derecho de los
tratados dice: “ Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar,
ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos: a)
que la reserva esté prohibida por el tratado; b) que el tratado disponga que
únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la
reserva de que se trata (...)” En la práctica las soluciones convencionales son
diversas: ciertos tratados prohíben cualquier tipo de reservas (como la Convención de Montego Bay de 1982
sobre el Derecho del Mar o las convenciones de Nueva York y Río de Janeiro
sobre Diversidad Biológica y Cambios Climático); otros autorizan las reservas
sobre ciertas disposiciones únicamente (por ejemplo el artículo 42 de la Convención
sobre Refugiados de 1951) y algunos excluyen ciertas categorías de reservas
(como el artículo 64 de la Convención Europea de Derechos Humanos que prohíbe
las reservas de carácter vago.). De manera general, una reserva expresamente
permitida por las cláusulas finales del tratado no requiere ser aprobada o
aceptada por los demás Estados (Artículo 20 párrafo 1 de las Convenciones de
Viena de 1969 y 1986).
[7] Ver  Sentencias: C-002 de 1996, M. P. José Gregorio Hernández
Galindo y  C-249 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell y José Gregorio
Hernández Galindo.
[8] El artículo 160 de la Constitución fue
adicionado por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de fecha 3 de julio de
2003 así: “Artículo 8°. El artículo 160 de la Constitución Política
tendrá un inciso adicional del siguiente tenor: ║ Ningún proyecto de ley
será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya
anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la
Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se
realizará la votación.”
[9] M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa; SV: Jaime Araujo,
Alfredo Beltrán, Jaime Córdoba y Clara Inés Vargas.
[10] Corte Constitucional, Auto 038 de 2004, MP. Manuel José Cepeda
Espinosa y Sentencia C-533 de 2004 MP. Álvaro Tafur Galvis.
[11] Corte Constitucional, Sentencia C-644 de 2004, MP: Rodrigo Escobar
Gil, SV: Rodrigo Uprimny Yepes.
[12] Corte Constitucional, Sentencia C-533 de 2004, MP. Álvaro Tafur
Galvis.
[13] Gaceta del Congreso No. 424 de 2005.
[14] Corte Constitucional, Sentencia C-473 de 2005, MP: Manuel José
Cepeda, SV parcial: Alfredo Beltrán Sierra., Jaime Araujo Rentaría.
[15] Reza el artículo 94: “ARTÍCULO 94. DEBATES. El
sometimiento a discusión de cualquier proposición o proyecto sobre cuya
adopción deba resolver la respectiva Corporación, es lo que constituye el
debate.// El debate empieza al abrirlo el Presidente y termina con la votación
general.”
[16] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1998 (M.P.
Carlos Gaviria Díaz).
[17] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-497 de 1998 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero).
[18] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-400 de 1998 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero).
[19] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-344 de 1995 (M.P.
José Gregorio Hernández Galindo).
[20] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-227 de 1993 (M.P. Jorge Arango Mejía).
[21] Sobre este preciso particular, la
Sentencia C-276/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, sostuvo: “Lo anterior en
cuanto al derecho constitucional colombiano, el cual establece unos pasos que
garantizan la formación plena de la voluntad del Estado, manifestada por las
tres ramas del poder público, que es expresión de la voluntad del Estado para
comprometerse a nivel internacional.  Por tanto, la voluntad  de celebrar un
tratado se expresa en primer término, en la iniciativa y la negociación por
parte del Presidente de la República como Jefe de Estado y director de las
relaciones internacionales; en segundo término, en la aprobación o improbación
por parte del Congreso Nacional, y en tercer término, en la revisión automática
por parte de la Corte Constitucional,   paso este último que es previo al
perfeccionamiento del Tratado. Con posterioridad vendrán la ratificación, el
canje de instrumentos y demás formalidades a través de las cuales el tratado es
perfeccionado y, por ende, puesto en vigencia. A manera de síntesis,  tenemos
que la ley aprobatoria de los tratados es una ley que, si bien cumple con una
función de carácter interno -darles un fundamento a los tratados
internacionales que se pretenden hacer valer-, los tratados en al ámbito
internacional están  incólumes, sin estar condicionados a que exista o no un
pronunciamiento, bien jurisdiccional o bien legislativo, respecto de los mismos.”
[22] Auto proferido por la Sala Plena el 14 de octubre de 1992 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz), dentro del expediente D-072, que finalizó con la
Sentencia C-600 del 10 de diciembre de 1992.
[23] Auto proferido por la Sala Plena el 15 de abril de 1998 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero) dentro del expediente LAT-108, que finalizó con
la Sentencia C-400 de 1998, ya citada
[24] Instituto Internacional para la Unificación del Derecho
Internacional Privado. Organismo con sede en Roma, encargado de revisar los
mecanismos indispensables para armonizar la legislación internacional del
Derecho Privado.
[25] Con posterioridad al Convenio de Chicago, la comunidad internacional
ha suscrito protocolos y convenciones adicionales y modificatorias de
importancia crucial en el diseño de la aviación civil internacional. Entre
ellos destacan el Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización de
Aviación Civil Internacional, suscrito en mayo de 1947; el Acuerdo relativo al
tránsito de los servicios aéreos internacionales (Chicago,1944); el  Convenio
de Ginebra sobre reconocimiento internacional de derechos sobre aeronaves
(1948); el  Convenio de Roma sobre daños causados a terceros en la superficie
por aeronaves extranjeras (1952); el Protocolo de La Haya de 1955, el Acuerdo
de París sobre derechos comerciales de los servicios aéreos no regulares
(1956); el Acuerdo relativo al financiamiento colectivo de determinados
servicios de navegación aérea de Groenlandia de 1956; el Acuerdo relativo al
financiamiento colectivo de determinados servicios de navegación aérea de
Islandia de 1956; el Acuerdo de Paris sobre certificados de aeronavegabilidad
de aeronaves importadas (1960); el Convenio de Viena de 1961; el Convenio de
Guadalajara para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo
internacional realizado por quién no sea el transportista contractual (1961);
el Convenio de Tokio sobre las infracciones y ciertos actos cometidos a bordo
de las aeronaves; Convenio de París de 1967, Sobre procedimientos aplicables
para el establecimiento de las tarifas de los servicios aéreos regulares; el
Convenio de La Haya para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves;
el Convenio de Montreal para la represión de actos ilícitos contra la seguridad
de la aviación civil; el Protocolo de Guatemala (1971); los protocolos
adicionales de Montreal número1, 2 y 3 (1975), el Protocolo de Montreal de 1975
que modifica el Convenio de Roma sobre daños causados a terceros en la
superficie por aeronaves extranjeras(1978); el Acuerdo Internacional sobre el
reparto de la capacidad en los servicios aéreos regulares intraeuropeos (1987);
el Protocolo de Montreal para la represión de actos ilícitos de violencia en
los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacional (1988);
el Convenio de Montreal sobre la marcación de explosivos plásticos para los
fines de detección (1991) y el Tratado sobre régimen de cielos abiertos (1992).
[26] Cfr. Sentencia T-544/95 M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[27] “Como se observa, los peticionarios podrán
participar dentro del proceso de liquidación de la "Caja de Crédito de los
Trabajadores Municipales de Cali",para que allí se reconozcan y paguen sus
créditos por concepto de pensión y los demás a que tengan derecho; adviértase
que estos créditos tienen un carácter privilegiado para su pago frente a otros
créditos, dada la especial protección que consagra la Ley, y en consecuencia
los peticionarios gozarán de dicha protección dentro del proceso liquidatorio”
(Sentencia T-234/94 M..P. Fabio Morón Díaz ).