C-622-13
Sentencia C-622/13
Sentencia C-622/13
(Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2013)
CONVENCION SOBRE EL ESTATUTO
DE APATRIDAS Y CONVENCION PARA REDUCIR CASOS DE APATRIDAS- Contenido no contraviene la
Constitución Política
La Corte encuentra que se ajusta a los postulados
constitucionales relativos a la integración con otros Estados, a la soberanía
nacional y a la autodeterminación, el deber del Estado garantizar el respeto
por la dignidad humana, la solidaridad de las personas que la integran, el
deber de las autoridades de proteger a todas las personas residentes en
Colombia, de garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales, así como la
protección de los derechos de los extranjeros  y de las normas sobre la
nacionalidad, a la facultad del Presidente de la
República de dirigir las relaciones internacionales, a la potestad de
configuración legislativa en materia de contribuciones fiscales, a la función
de aprobar o improbar los tratados que celebre el Gobierno Nacional con otros
Estados  y a la efectividad de los principios y derechos consagrados en la
Constitución, así como con el deber de protección de la vida de todos las
personas residentes en Colombia.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Características
El control de constitucionalidad de los tratados públicos
y de las leyes que los aprueban, presenta unas características singulares, al
ser: “(i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la
aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe
ser enviada directamente por el Presidente de la
República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la
sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la
Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley
y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene
fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación
del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su
finalidad es garantizar tanto la supremacía de la
Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del
Estado colombiano.”
TRATADO INTERNACIONAL-Facultades
para negociar, adoptar, el articulado y negociar el instrumento
CONSULTA PREVIA A LAS COMUNIDADES
INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES EN MATERIA DE TRATADOS INTERNACIONALES-Jurisprudencia
constitucional
CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES
INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES-Constituye un derecho fundamental
la
Carta Política propugna por un modelo de Estado que se reconoce como
culturalmente heterogéneo y que, por ende, está interesado en la preservación
de esas comunidades diferenciadas, a través de la implementación de
herramientas jurídicas que garanticen su identidad como minoría étnica y
cultural, organizadas y reguladas mediante sus prácticas tradicionales y una de
esas herramientas es, la participación de estas comunidades en las decisiones
que las afectan ya que asegura que en la implementación de las políticas
públicas se tome en cuenta su punto de vista respecto de la afectación que
éstas podrían tener frente de su identidad, lo que además otorga legitimidad
democrática a las medidas adoptadas.
DERECHO A LA
CONSULTA PREVIA-Titularidad
PROCESO DE CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES Y
GRUPOS ETNICOS-Medidas que deben ser objeto de consulta
CONVENIO 169 DE LA
ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO OIT-Hace parte del bloque de
constitucionalidad
CONVENCION SOBRE EL ESTATUTO
DE APATRIDAS Y CONVENCION PARA REDUCIR CASOS DE APATRIDAS-No constituyen ni
contienen medidas que afecten de forma directa a las comunidades indígenas y
afrodescendientes
CONVENCION SOBRE EL ESTATUTO
DE APATRIDAS Y CONVENCION PARA REDUCIR CASOS DE APATRIDAS-Trámite
legislativo
LEY APROBATORIA DE TRATADO-Requisito
de anuncio previo en trámite legislativo
ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO-Cumplimiento de requisito depende que sea realizado
para una fecha determinada o al menos determinable
INFORME DE CONCILIACION-Designación
de la comisión accidental/INFORME DE CONCILIACION-Publicación acta de la
comisión conciliadora/INFORME DE CONCILIACION-Anuncio/INFORME DE
CONCILIACION-Aprobación
APATRIDIA-Antecedentes
APATRIDIA-Concepto/APATRIDIA-Relación
con el concepto de nacionalidad/APATRIDAS-Obligaciones
La apatridia está definida como la condición del
ciudadano que no es considerado nacional del país donde nació, ni de ningún
otro Estado, la cual puede ser de jure, cuando existe según las leyes de un
país, o de facto, cuando las personas no disfrutan de los mismos derechos de
los demás ciudadanos, pues su país no le concede pasaporte o no le permite
regresar, o cuando no pueden demostrar documentalmente su nacionalidad. La
apatridia está directamente relacionada con el concepto de nacionalidad,
entendida como el vinculo legal que une a un Estado con un individuo y que
significa su existencia jurídica y el disfrute de lo derechos fundamentales,
económicos, sociales y culturales, así como la delimitación de las
responsabilidades políticas, sociales y económicas, tanto del Estado, como de la
persona.
NACIONALIDAD-Contenido/CIUDADANIA-Contenido
CONVENCION SOBRE EL ESTATUTO
DE APATRIDAS Y CONVENCION PARA REDUCIR CASOS DE APATRIDAS-Contenido
CONVENCION SOBRE EL ESTATUTO
DE APATRIDAS-Prohibición de discriminación en su aplicación
DERECHO A LA
IGUALDAD-Prohibición de discriminación
RECIPROCIDAD EN EL DERECHO
INTERNACIONAL PUBLICO-Contenido
IGUALDAD ENTRE NACIONAL Y
EXTRANJERO-Establecimiento legislativo de determinado trato diferencial
La situación de los extranjeros admite
ser comparada con la de los nacionales colombianos, pues conforme a lo
dispuesto en el artículo 13 de la Carta, prima facie puede predicarse una
igualdad entre unos y otros ya que el precepto superior al disponer que todas
las personas tienen derecho a recibir la misma protección y trato de las
autoridades, prohíbe expresamente establecer discriminaciones, entre otros
motivos, por razones de origen nacional. Sin embargo, el aludido mandato no
significa que el legislador esté impedido para instituir un determinado trato
diferencial entre nacionales y extranjeros, si existen razones constitucionales
legítimas que así lo justifiquen.
ESTATUTO PERSONAL DE LOS
APATRIDAS-Contenido y alcance/DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA
PERSONALIDAD JURIDICA-Alcance
CONVENCION SOBRE ESTATUTO DE
APATRIDAS-Propiedad intelectual y propiedad industrial
CONVENCION SOBRE ESTATUTO DE
APATRIDAS-Derecho de asociación
DERECHOS CIVILES DE
EXTRANJEROS-Contenido y alcance/DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS EN COLOMBIA-Alcance
LEGISLADOR-Facultad
concedida con relación a los derechos extranjeros no es ilimitada
CONVENCION SOBRE ESTATUTO DE
APATRIDAS-Acceso a tribunales de justicia
CONVENCION SOBRE ESTATUTO DE
APATRIDAS-Actividades lucrativas/EXTRANJEROS-Relaciones laborales/APATRIDAS-Derechos
laborales
CONVENCION SOBRE ESTATUTO DE
APATRIDAS-Racionamiento y asistencia pública
TRABAJADOR NACIONAL Y
TRABAJADOR EXTRANJERO-Posibilidad de tratamiento diferenciado por el
legislador siempre que no se afecten derechos fundamentales
APATRIDAS-Ejercicio de
profesiones
APATRIDAS-Derecho a la
educación
LIBERTAD DE CIRCULACION-No
se puede invocar cualquier causa para justificar su restricción/LIBERTAD DE
CIRCULACION-Derecho que se extiende a los extranjeros/LIBERTAD
DE CIRCULACION-Trato diferenciado sólo por razones de orden público
APATRIDAS-Acceso a
documentos de identidad y documentos de viaje
OBLIGACION TRIBUTARIA Y
DERECHOS CIVILES-Extranjeros
APATRIDAS-Motivos de
seguridad nacional u orden público acorde con los procedimientos legales para
su expulsión
CONVENCION PARA REDUCIR LOS
CASOS DE APATRIDIA-Apatridia de niños y niñas
NACIONALIDAD-Concepto/NACIONALIDAD-Instrumentos
internacionales
NACIONALIDAD-Adquisición,
pérdida y renuncia
CONVENCION PARA REDUCIR LOS
CASOS DE APATRIDIA-Medidas para evitar apatridia por privación de la
nacionalidad
CONVENCION PARA REDUCIR LOS
CASOS DE APATRIDIA-Medidas para evitar apatridia por la sucesión de estados
Referencia:
Expediente LAT - 400
Revisión de Constitucionalidad:
de la Ley 1588 del 19 de noviembre de 2012 “Por medio de la cual se
aprueba la Convención sobre el Estatuto de las Apátridas, adoptada en Nueva
York el 28 de septiembre de 1954 y la
Convención para reducir los casos de Apatridia adoptada en Nueva York, el 30
de agosto de 1961”
Magistrado
ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
I. ANTECEDENTES.
1. Textos
normativos: Las Convenciones  y su Ley Aprobatoria.
Los textos
de la “Convención sobre el Estatuto de las Apátridas, adoptada en Nueva York
el 28 de septiembre de 1954 y la Convención para reducir los casos de Apátrida
adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961”
y su Ley aprobatoria 1588 de noviembre 19 de 2012, se incorporan como Anexos
de esta sentencia.
2.
Intervenciones.
2.1.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
La “Convención
sobre el Estatuto de los Apátridas” tiene por objeto el establecimiento de
un marco jurídico que regule la situación de los apátridas, para que no sean
sujetos de discriminación y por ende puedan hacer ejercicio pleno de sus
derechos fundamentales. De igual forma manifestó que la “Convención para
reducir los casos de apátrida” tiene como finalidad evitar la apatridia,
garantizando el derecho a la nacionalidad, en consideración a los factores de
nacimiento, residencia, transmisión hereditaria y en aplicación a los
principios de igualdad, no discriminación, protección de minorías e integridad
territorial.
Destaca que
la vinculación de la República de Colombia como Estado parte de dichas
Convenciones, colmaría el vacío jurídico existente en la legislación interna.
En este orden de ideas considera que resulta conveniente la armonización
jurídica del ordenamiento colombiano con los avances internacionales en materia
de regulación de la apatridia.
Finalmente
expresó que la declaración de exequibilidad de las Convenciones en comento y su
posterior incorporación al ordenamiento interno colombiano, renueva el
compromiso internacional del Estado con la protección de los derechos humanos.
2.2.
Ministerio de Justicia y del Derecho.
Debe la Corte declarar la exequibilidad de la “Convención
sobre el Estatuto de las Apátridas, adoptada en Nueva York el 28 de septiembre
de 1954 y la Convención para reducir los casos de Apátrida adoptada en Nueva
York, el 30 de agosto de 1961”y su ley aprobatoria,  por los
siguientes motivos: i) el trámite legislativo, cumplió con todos los requisitos
Constitucionales y legales exigidos para las leyes aprobatorias de tratados y
ii) se ajustan a la normatividad Constitucional al
coincidir con la manifestación del respeto de la soberanía nacional, la
autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del
Derecho Internacional aceptados por nuestro Estado.
2.3. Intervención de la facultad de
Derecho de la Universidad Libre de Bogotá.
Señalan que
la  “Convención sobre el Estatuto de las Apátridas, adoptada en Nueva York
el 28 de septiembre de 1954 y la Convención para reducir los casos de Apátrida
adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961”
y la Ley 1588 de 2012, mediante la cual fueron aprobadas, deben ser
declaradas exequibles ya que si bien el Estado colombiano no puede suprimir los
casos de apatridia, es indispensable que se adopten medidas legislativas que
permitan hacer efectivos los derechos de las personas que no tienen ciudadanía
y que son más propensas a que sus derechos sean vulnerados.
3. Concepto
del Procurador General de la Nación[1].
Debe
devolverse la Ley 1588 de 2012, a la
Presidencia de la Cámara de Representantes, para que  proceda al saneamiento
del vicio de procedimiento detectado en el primer
debate y aprobación del proyecto de Ley, al no seguirse el procedimiento
establecido en el artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, según el
cual ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a
aquella en la que previamente se haya anunciado.
Frente al
contendido material de las convenciones, deben declararse exequibles, al
encontrarlas ajustadas a la Carta Política, en tanto afianzan el proceso de
integración del Estado colombiano, constituir un importante mecanismo para
impulsar y promover canales de cooperación y desarrollo, en consonancia con los
postulados Constitucionales consagrados en los artículos 9º, 226 y 227, así
como el respeto a la soberanía nacional y a la autodeterminación de los
pueblos.
II.
CONSIDERACIONES.
1. Competencia
La
Corte Constitucional es competente para examinar la Constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias, según lo
establecido por el artículo 241.10 de la
Constitución Política, todo lo cual tiene por finalidad evitar que el Gobierno
asuma compromisos internacionales incompatibles con la
Constitución.
2.
Cuestión jurídico-Constitucional.
2.1. El
control de Constitucionalidad de los tratados públicos y de las leyes que los
aprueban, presenta unas características singulares, al ser: “(i) previo al
perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a
la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente
por el Presidente de la República a la
Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción
gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la
Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley
y el tratado, confrontándolos con todo el texto Constitucional; (iv) tiene
fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación
del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su
finalidad es garantizar tanto la supremacía de la
Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del
Estado colombiano.”
2.2. La
Corte realizará el control de Constitucionalidad del presente tratado y su ley
aprobatoria, de la siguiente manera: (i) sobre el proceso de formación del
instrumento internacional, en cuanto a la validez de la representación del
Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento
y la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado;
(ii) respecto del trámite legislativo del correspondiente proyecto de ley en el
Congreso de la República; (iii) y sobre el contenido
material de las disposiciones del tratado y la ley.
3. El
proceso de negociación del instrumento internacional: representación y
competencia en la suscripción de las convenciones.
3.1. El
control de Constitucionalidad comprende la verificación de las facultades del
representante del Estado colombiano para negociar, adoptar el articulado
mediante su voto y autenticar el instrumento internacional respectivo, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 7
a 10 de la Convención de Viena, sobre el Derecho de los Tratados entre Estados
de 1969.
3.2. Sobre
este punto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante escrito del 16
enero de 2013 manifestó que la etapa de negociación de la
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas fue adoptada el 28
de septiembre de 1954 en el marco de la
Conferencia de Plenipotenciarios convocada por el Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas. Por su parte, Convención para reducir los casos de
Apatridia fue adoptada por la misma Conferencia en 1961 en cumplimiento de la
Resolución 896 (IX) del 4 de diciembre de 1954, expedida por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
3.3. En
cuanto a la etapa de celebración, advirtió que la “Convención sobre el
Estatuto de los Apátridas”, de conformidad con el numeral primero de su
Artículo 35, capítulo VI, estuvo abierta  para firma en la sede de las Naciones
Unidas hasta el 31 de diciembre de 1955 y que el señor ex presidente de la
República, Misael Pastrana Borrero, firmó la precitada Convención Ad
referéndum, en fecha 30 de diciembre de 1954, en su condición de Delegado ante
el Consejo Económico de las Naciones Unidas.
De
conformidad con la Convención de Viena, la  “firma "ad referéndum" de un tratado por un
representante equivaldrá a la firma definitiva del tratado si su Estado la
confirma” (art. 12.2.b.). En este sentido, para manifestar el
consentimiento del Estado colombiano en obligarse por el tratado, se hace
necesario el trámite de aprobación legislativa ante el Congreso de la
República, el examen de exequibilidad de la
Corte Constitucional y el posterior depósito del instrumento de ratificación
respectivo (art 16 Convención de Viena).
3.4. En
cuanto a la “Convención para reducir los casos de apatridia” de
conformidad con su artículo 16 los Estados que durante el periodo comprendido
entre el 30 de agosto de 1961 y el 31 de mayo de 1962, no la hubieren suscrito,
podrán constituirse en parte, depositando un instrumento de adhesión. A 31 de
mayo de 1962, Colombia no había suscrito la convención, por lo que solo le es
posible adherir a la misma, y en consecuencia deberá surtirse en trámite de
aprobación interna.
En cuanto a
la aprobación Ejecutiva, según la certificación del Ministerio de Relaciones
Exteriores, fue impartida por el entonces Presidente de la
República señor Ernesto Samper Pizano, el 20 de febrero de 1996,
a efectos de someter estos instrumentos internacionales a consideración del
Congreso de la República.
4. El
proceso de formación del proyecto de ley en el Congreso de la
República.
4.1. El
proyecto de ley.
4.1.1. La
consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes.
En lo atinente a la
realización de la consulta previa a las comunidades indígenas y
afrodescendientes, la Corte, en ejercicio del control de constitucionalidad debe
determinar, si aquella era necesaria y, en caso de ser así, si la misma se
llevó a cabo en debida forma.
4.1.1.1. Jurisprudencia
constitucional sobre la consulta previa a las comunidades étnicas con
referencia a los tratados internacionales.
El artículo 1 de la
Constitución Política define a Colombia como un Estado Social de Derecho
organizado en forma de República participativa y el artículo 2 incluye, dentro
de los fines del Estado colombiano, la participación de todos en las decisiones
que les afecten.
Este principio general de
participación, que comprende a todos los habitantes de territorio colombiano,
resulta reforzado en el caso de las comunidades étnicas - indígenas y
afrodescendientes - en virtud del reconocimiento y protección de la diversidad
étnica y cultural de la nación colombiana (CP. Artículos 7 y 70)[2].
La jurisprudencia de esta Corte ha
indicado que “la Carta Política propugna por un modelo de Estado que se
reconoce como culturalmente heterogéneo y que, por ende, está interesado en la
preservación de esas comunidades diferenciadas, a través de la implementación
de herramientas jurídicas que garanticen su identidad como minoría étnica y
cultural, organizadas y reguladas mediante sus prácticas tradicionales”[3]
y una de esas herramientas es, la participación de estas comunidades
en las decisiones que las afectan ya que asegura que en la implementación de
las políticas públicas se tome en cuenta su punto de vista respecto de la
afectación que éstas podrían tener frente de su identidad, lo que además otorga
legitimidad democrática a las medidas adoptadas[4].
El mandato de consulta previa tiene
su fundamento constitucional en el artículo 6[5],
ordinal a, del Convenio 169 “Sobre Pueblos indígenas y Tribales” de 1989
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)[6],
tratado internacional que, según jurisprudencia constitucional reiterada[7],
hace parte de bloque de constitucionalidad, según las prescripciones del
artículo 93 de la Constitución, de donde surge un derecho fundamental de las
comunidades étnicas a la consulta previa y un correlativo deber estatal de
adelantarla.
Con referencia a la titularidad del
derecho a la consulta previa, la jurisprudencia constitucional ha estimado que
ella reside no sólo en las comunidades indígenas sino también en las
afrodescendientes; frente al  ámbito temático, ha precisado que ésta se debe
llevar a cabo respecto de cualquier aspecto que afecte directamente a la
comunidad étnica[8]
y en cuanto al tipo de medidas que deben ser consultadas previamente con las comunidades
étnicas, la Corte ha acudido nuevamente al texto del artículo 6 del Convenio
169 de la OIT, para señalar que son no solamente las medidas administrativas
sino también las legislativas, y dentro de estas últimas ha incluido
las leyes aprobatorias de los tratados internacionales e incluso las reformas
constitucionales[9].
Sin embargo, la jurisprudencia
constitucional también ha sido enfática en afirmar que la obligación de
adelantar la consulta previa no surge frente a toda medida - administrativa o
legislativa - que sea susceptible de afectar a las comunidades étnicas, sino
únicamente frente a aquellas que puedan afectarlas directamente[10].
Según esta Corte, este criterio surge “no solo de la calidad de directa
que se predica de la afectación que produzca una medida legislativa para que
sea imperativa la consulta, sino también del hecho de la misma procede cuando
se trate de aplicar las disposiciones del Convenio [según el mismo artículo
6 del Convenio 169]”[11].
Sobre este requisito de afectación
directa, esta Corporación ha señalado que en el caso de las medidas
legislativas, dentro de las que se incluyen las leyes aprobatorias de tratados
internacionales, las leyes “que debe ser objeto de consulta son aquellas
medidas susceptibles de afectar específicamente a las comunidades indígenas en
su calidad de tales, y no aquellas disposiciones que se han previsto de manera
uniforme para la generalidad de los colombianos”[12].
En los demás asuntos legislativos, las comunidades étnicas gozarán de los
mismos espacios de participación de los que disponen la generalidad de los
colombianos y de aquellos creados específicamente para ellas por la
Constitución, la ley y los reglamentos, pero no existirá la obligación de la
consulta previa[13].
Revisada la jurisprudencia constitucional
sobre la consulta previa a las comunidades étnicas pasa la
Sala a analizar si, de acuerdo con la misma, en el asunto de la referencia
esta se tornaba obligatoria y, en caso afirmativo, si ésta se llevó a cabo con
el respeto de los parámetros que ha fijado esta Corporación
4.1.1.2. Análisis
sobre la obligatoriedad de la consulta previa en el asunto de la referencia
Una revisión del
texto de las convenciones permite concluir que las normas prescritas en ellas,
tienen por objeto definir una regulación internacional para el tratamiento de
los Apátridas, y establecer unas normas para prevenir la apatridia y
reducir los casos existentes, disposiciones que se prevén de manera
uniforme para todas las personas, que pudiesen encontrarse o
quedar en dicha condición, sin que ello signifique una regulación para las
comunidades étnicas que como tal pueda afectarlos de manera directa.
En conclusión,
estima la Sala que las convenciones sobre el Estatuto de los Apátridas y
para reducir los casos de Apátrida, no constituyen ni
contienen medidas que afecten de forma directa a las comunidades
indígenas y afrodescendientes colombianas y, en consecuencia, su consulta
previa no se tornaba obligatoria. Lo anterior, en tanto la afectación que se
puede derivar de los convenios bajo revisión frente a estos grupos no es
distinta de la que se produce para los demás habitantes del territorio
colombiano, la cual proviene del efecto general que, en principio, tienen las
leyes y los tratados internacionales.
4.1.2.
Iniciativa y radicación.
El Proyecto
de Ley fue radicado en el Senado de la
República, por el Gobierno Nacional, a través de la
Ministra de Relaciones Exteriores, el 07 de septiembre de 2011, de conformidad
con la Constitución (art 154) que ordena la iniciación de tales procedimientos
legislativos en el Senado de la República.
4.1.3.
Publicación del texto y la exposición de motivos.
Aparecen
publicados en la Gaceta del Congreso No. 665 de septiembre 7 de 2011,
cumpliéndose así el requisito de hacerlo antes del curso en la comisión
respectiva (numeral 1 del artículo 157 de la
Carta).
4.2.
Trámite en el Senado de la República.
4.2.1.
Primer debate en Senado.
4.2.1.1.
Publicación de la ponencia.
La ponencia
para primer debate en la Comisión  Segunda Constitucional Permanente del Senado
de la República  fue presentada en sentido favorable, por el Senador Marco
Aníbal Avirama Avirama, el día 4 de octubre de 2011  y publicada en la
Gaceta del Congreso No. 751 del 5 de octubre de 2011.
4.2.1.2.
Anuncio para votación en primer debate.
El Proyecto
de Ley 109 de 2011 Senado fue anunciado previamente en la sesión
del 9 de noviembre de 2011, para ser discutido y aprobado en primer debate, el
día 16 de noviembre de 2011.
4.2.1.3.
Aprobación en primer Debate (quorum y mayoría).
El proyecto
de ley fue discutido y aprobado en la sesión del día 16 de noviembre de 2011 y
de acuerdo con la certificación emitida por el Secretario General de la
Comisión Segunda del Senado de la República, el proyecto de ley fue aprobado
de manera unánime por los doce senadores que se encontraban presentes al
momento de abrirse el registro conforme al Acto Legislativo 01 de 2009, según
consta en la Acta No. 11 del 16 de noviembre de 2011, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 155 del 17 de abril de 2012.
4.2.2.
Segundo Debate:
4.2.2.1.
Término entre Comisión y plenaria.
Habiendo
sido aprobado el proyecto de ley en primer debate de Senado el día 16 de
noviembre de 2011 e iniciado el debate en la correspondiente plenaria el 6 de
diciembre de 2011, se cumple el requisito Constitucional del término mínimo de
ocho (8)  días entre uno y otro momento legislativo (C.P. art. 160)
4.2.2.2.
Publicación del texto aprobado y de la ponencia.
La ponencia
para segundo debate en el Senado fue presentada por el Senador Marco
Aníbal Avirama Avirama y publicada en la
Gaceta del Congreso No. 918 del 30 de noviembre de 2011.
4.2.2.3.
Anuncio para votación para segundo debate.
De acuerdo
con certificación expedida por el Secretario General del Senado de la
República, el proyecto de ley fue anunciado
en la sesión ordinaria del día 5 de diciembre de 2011, según consta en el Acta
No.25 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 37 del 16 de
febrero de 2012, para ser discutido y votado en la siguiente sesión.
4.2.2.4.
Aprobación en Segundo Debate.
El proyecto
de ley fue discutido y aprobado en  la sesión del 6 de diciembre
de 2011, según consta en el Acta No.   de esa fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 38 de 2012, con un quórum deliberatorio y decisorio de
90 Senadores, con una votación unánime, según certificado expedido el 9 de
enero de 2013 por el Secretario General del Senado de la
República y radicado en esta Corporación el 18 de enero del 2013.
Al respecto
el Secretario General certificó que el proyecto de ley fue aprobado en
la sesión del día 6 de diciembre de 2011, con una votación unánime, conformada
con un quórum deliberatorio y decisorio de 90 Senadores, según consta en el
Acta No. 26 del 6 de diciembre de 2011, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 38 de 2012
El texto
definitivo del proyecto de ley aprobado en la plenaria de Senado de la
República fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 989 del 21 de diciembre
de 2011.
4.3.
Trámite en la Cámara de Representantes.
4.3.1.
Primer Debate.
4.3.1.1.
Termino entre Senado y Cámara.
Habiendo
sido aprobado el proyecto en segundo debate de Senado el día 6 de diciembre de
2011, e iniciado el primer debate en la
Cámara de Representantes el día  7 junio de 2012, se cumple el requisito
Constitucional del término mínimo de quince días entre uno y otro momento
legislativo. (C.P. art. 160).
4.3.1.2.
Publicación del texto aprobado y de la ponencia.
La
ponencia para primer debate en la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue presentada por el
representante a la Cámara Yahir Fernando Acuña Cardales y fue publicada en la
Gaceta del Congreso No. 225 del 11 de mayo de 2012.
4.3.1.3.
Anuncio de Votación.
El
Secretario de la Comisión Segunda de la
Cámara de Representantes, mediante constancia del 12 diciembre de 2012,
radicado en esta Corporación el 14 de diciembre del 2012, certificó que en
cumplimiento de lo ordenado por el Acto Legislativo 01 de 2003, el proyecto fue
anunciado el día 30 de mayo de 2012, “para la discusión y aprobación
en primer debate ...para ser discutidos y votados en la próxima sesión donde se
discutan y aprueben proyectos de ley”,  tal como consta en el Acta No. 26[14]
de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 563 del 28 de agosto de
2012.
4.3.1.4.
Aprobación del Proyecto.
La
Secretaria General de la Comisión Segunda de la
Cámara de Representantes, mediante constancia del 12 de diciembre de 2012,
radicada en esta Corporación el 14 de diciembre del mismo año, certificó que en
la sesión del 7 de junio de 2012 se le dio primer debate al proyecto de ley en
cuestión y se aprobó por unanimidad con el voto de los dieciséis representantes
presentes, lo anterior se encuentra registrado en el Acta No. 28 del 7 de junio
de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso No. 563 del 28 de agosto de
2012.
Para el
Procurador General de la Nación, se presentó un vicio de trámite del proyecto
de ley, al haber omitido el anuncio previo consagrado en el artículo 8 del A.L.
03 de 2003.
En efecto,
la siguiente sesión de la Comisión Segunda Permanente de la
Cámara de Representantes a la fecha en que se realizó el anuncio de la
discusión y aprobación, realizado el 30 de mayo de 2012, fue el martes 5 de
junio del mismo año, fecha en la que no se discutieron proyectos de ley, según
consta en el Acta No. 27 de la citada fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso número 563 del 28 de agosto de 2012, por haberse llevado a
cabo una sesión dedicada a la función de control político, como consta en el
orden del día aprobado[15] y en su
desarrollo.
La
Corte no comparte la conclusión a la que arriba el señor Procurador, puesto
que la disposición Constitucional si bien exige que en una sesión anterior
se anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión posterior,
y que se convoque para su aprobación en una fecha futura, también es cierto que
esa fecha puede ser prefijada y determinada, o por lo menos, determinable.
Lo anterior, en la medida que el objeto del anuncio previo es el conocimiento
de los proyectos que serán objeto de decisión, por lo que, si por razones del
desarrollo del debate legislativo, la votación de un proyecto no tiene lugar el
día inicialmente fijado, no se incurre inexorablemente en una vulneración a la
Carta Fundamental, si se hace clara y nuevamente el anuncio o si del contexto
existen elementos que permitan determinar con claridad cuando se realizará la
votación.
En
consecuencia, fue en esos términos en los que se produjo el anuncio de la
discusión y aprobación del proyecto de ley bajo examen, toda vez que se
estableció: “Anuncio de proyectos para para la discusión y aprobación...para ser discutidos y votados en la próxima sesión donde se
discutan y aprueben Proyectos de Ley”, lo que
permitía deducir que si bien la fecha para su discusión y aprobación no estaba
determinada como una fecha cierta, era determinable, permitiéndose así la
participación de las minorías en el debate parlamentario y respetando el
principio democrático.
Además si la
sesión siguiente al anuncio tuvo por objeto el ejercicio de control político y
no la discusión y aprobación de proyectos de ley, era de esperarse que en ella
no se llevaría a cabo el examen del proyecto de ley bajo estudio.
En
conclusión, para la Corte no existe vicio alguno en el proceso de aprobación
del proyecto de ley en el primer debate en la
Cámara de Representantes.
4.3.2.
Segundo Debate.
4.3.2.1.
Término entre Comisión y Plenaria.
Habiendo
sido aprobado el proyecto en primer debate en Cámara de Representantes el día 7
de junio de 2012 e iniciado el segundo debate el 26 de septiembre de 2012, se
cumple el requisito Constitucional del término mínimo de ocho (8) días entre
uno y otro  momento legislativo. (C.P. art. 160).
4.3.2.2.
Publicación del Texto aprobado en primer debate y de la ponencia.
La ponencia
para segundo debate en la
Plenaria de la Cámara de Representantes también fue presentada por el mismo
Representante  y publicada en la Gaceta del Congreso No. 594 del 6 de
septiembre de 2012.
4.3.2.3.
Anuncio para votación en Plenaria.
De
conformidad con la certificación del 19 de marzo de 2013, expedida por el
Secretario General de la Cámara de Representantes y radicada en esta
Corporación el 21 de marzo de esa misma anualidad, el proyecto fue anunciado
en la sesión Plenaria del día 25 de septiembre de 2012, según consta en el
Acta No. 155 de esa misma fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 14 del 6 de febrero de 2013[16].
4.3.2.4.
Aprobación.
El proyecto
fue aprobado por la Plenaria de la
Cámara de Representantes, el día 26 de septiembre de 2012, por unanimidad con
el voto de los 150 Representantes presentes, conforme certificación allegada
por el Secretario General de la
Cámara Representantes y según consta en el Acta No. 156 del 26 de
septiembre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso No. 15 del 6 de febrero
de 2013.
En la
Gaceta del Congreso No 658 del 1 de octubre de 2012 se publicó el texto
definitivo del Proyecto Ley 170 de 2011 Cámara, 109 de 2011 Senado.
4.4. Informe de conciliación
Teniendo en
cuenta que el Proyecto de Ley aprobado por la plenaria del Senado establece, en
su artículo primero, el año de adopción de la “Convención sobre el Estatuto
de los Apátridas”, adoptada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954 y de
la “Convención para reducir los casos de Apátrida” adoptada en Nueva
York el 30 de agosto de 1961, y que la
Plenaria de la Cámara lo aprobó omitiendo en su artículo primero el año de
adopción de la convención, se consideró que existía una discrepancia entre los
textos aprobados por ambas cámaras y se designó una comisión accidental de
conciliación.
4.4.1.
Designación de la Comisión Accidental.
De
conformidad a los artículos 161 de la
Constitución Política y 186 de la Ley 5 de 1992, los Presidentes del Senado de
la República y la Cámara de Representantes, designaron como miembros de la
Comisión Accidental de Conciliación al Senador Marco Aníbal Avirama y al
Representante a la Cámara Yahir Acuña Cardales.
4.4.2.
Publicación  acta de la comisión de conciliación.
El Acta de la
Comisión de Conciliación al proyecto de ley en estudio fue publicada para el
debate en el Senado de la República en la
Gaceta del Congreso No. 739 de 30 de octubre de 2012 y para el debate en la
Cámara de Representantes en la Gaceta del Congreso No. 746 del 31 de octubre
del mismo mes. El informe de la
Comisión Accidental propuso a las Plenarias de cada una de las Cámaras acoger
el texto y el titulo aprobado por la plenaria del Senado.
4.4.3.
Anuncio del informe de conciliación.
El informe
de conciliación en la Plenaria del Senado de la
República fue anunciado el 30 de octubre de 2012, según consta en el
Acta No. 25, publicada en la Gaceta del Congreso No. 40 del 11 de febrero de
2013[17].
En plenaria
de la Cámara de Representantes, el informe de conciliación fue anunciado
el 31 de octubre de 2012, según consta en el Acta No. 166, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 108 del 18 de marzo de 2013[18].
4.4.4.
Aprobación del informe de conciliación
El informe
de conciliación en la Plenaria del Senado de la
República fue aprobado en la sesión del 31 de octubre de 2012, en la
que se llamó a lista, haciéndose presentes 95 de los 101 Senadores, como consta
en el Acta de Plenaria No. 26, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 41 del 11 de febrero de 2013[19],
de cuyo texto se concluye que fue aprobado sin oposición y no habiéndose
registrado proposición modificatoria.
En plenaria
de la Cámara de Representantes, el informe de conciliación fue aprobado
por unanimidad con la asistencia de 150 Representantes, en la sesión del 6 de
noviembre de 2012, como consta en el Acta de Plenaria No. 167 del 6 de
noviembre de 2012[20], publicada
en la Gaceta del Congreso No. 25 del 8 de febrero de 2013 y conforme
certificado expedido por el Secretario General de la
Cámara de Representantes[21].
4.5.
Sanción Presidencial y envío a la
Corte Constitucional.
4.5.1.
Sanción.
El
Presidente de la República sancionó la ley por medio de la cual se aprueba la "Convención
sobre el Estatuto de los Apátridas", adoptada en Nueva York, el 28 de
septiembre de 1954 y la "Convención para reducir los casos de
Apatridia", adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961,
convirtiéndose en la Ley 1588 de 2012 y fue debidamente publicada en el Diario
Oficial No. 48.619 de 19 de noviembre de 2012.
4.5.2.
Remisión gubernamental oportuna.
Mediante
oficio recibido el día 20 de noviembre de 2012, la
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República, remitió a esta Corporación copia auténtica del Convenio y de la ley
aprobatoria, dentro del término de seis días contados a partir de la sanción de
ésta, en cumplimiento del artículo 241 numeral 10 de la
Constitución.
4.6.
Conclusión.
El proyecto
de la ley “por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre el Estatuto
de los Apátridas”, adoptada en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954 y la
“Convención para reducir los casos de Apatridia", adoptada en Nueva York,
el 30 de agosto de 1961”, (i) surtió los cuatro debates de aprobación con
el quórum exigido y las mayorías necesarias; (ii) contó con las publicaciones
del proyecto y las ponencias para cada debate; (iii) recibió los anuncios
previos a cada votación; (iv) cumplió los términos que deben existir entre las
votaciones en comisión y plenaria de ambas cámaras y entre Senado y Cámara de
Representantes y v) su trámite no excedió dos legislaturas. Por lo anterior, la
Corte concluye que no hay vicio alguno de Constitucionalidad en el trámite de
este proyecto.
5. Examen
Material.
El examen de
fondo se realizará juzgando las disposiciones del texto de las convenciones y
de su ley aprobatoria, respecto de la totalidad de las disposiciones de la
Constitución Política, con el fin de determinar si se ajustan o no a ellas.
5.1. El
régimen Constitucional de las relaciones internacionales y aspectos generales
de la Enmienda.
5.1.1. Las
relaciones exteriores de Colombia se basan en la soberanía nacional, en el
respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los
principios del derecho internacional aceptados por el Estado (CP, artículos
150.16, 226 y 227). Adicionalmente se señala que la internacionalización del
país, así como la celebración de tratados internacionales, debe edificarse
sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (artículos 226 y
227). Finalmente, el ámbito de desarrollo de la integración internacional
comprende las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas (artículo
226).
5.1.2. Desde
el preámbulo, la Constitución refleja una inequívoca orientación hacia la
participación activa de Colombia en el escenario internacional y, de manera
particular, un énfasis en la integración de Colombia en la comunidad
latinoamericana y del Caribe. Este punto de partida se concreta (i) en el
segundo inciso del artículo 9 que establece que la política exterior de
Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe y (ii)
en el artículo 227 al establecer que el Estado promoverá la integración
económica, social y política de manera especial con los países de América
Latina y del Caribe, a tal punto que incluso autoriza la celebración de
tratados encaminados a la creación de organismos supranacionales para conformar
una comunidad latinoamericana de naciones.
5.2.
Antecedentes.
Entre las
dos guerras mundiales, se dieron los primeros esfuerzos internacionales para
codificar respuestas a la apatridia en casos concretos. Con estos primeros
esfuerzos sin embargo no se pretendía dar solución a dicho fenómeno, sino dar
una salida a aspectos prácticos, como permitir la utilización de documentos de
viaje, etc.
Es en 1949,
que como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, y ante el sinnúmero de
personas deportadas, cuando Naciones Unidas designó una Comisión con el fin de
que preparara una convención para la revisión del estatus de apátrida y de
refugiados, surgiendo así las convenciones de 1951 sobre el Estatuto de
Refugiados y la de 1954 relativa al estatuto de Apátridas, la cual fue
adicionada posteriormente con la Convención de 1961, para la reducción de la
apatridia.
La
Convención de 1954 sobre la Apatridia, busca establecer un Estatuto que
comprenda las disposiciones generales y la condición jurídica de los apátridas
para asegurar la no discriminación, la regularización y la garantía del pleno
goce de los derechos humanos de dicha población.
La
Convención para la disminución de los casos de Apatridia de 1961, por su
parte, consolida los principios de igualdad, no discriminación, protección de
minorías, derechos de los niños, integridad territorial, y el derecho a una
nacionalidad. La Convención no exige que un Estado Contratante otorgue la
nacionalidad incondicionalmente, sino que, en un esfuerzo para evitar la
apatridia, busca equilibrar los factores de nacimiento, residencia y
transmisión hereditaria, para reflejar el vínculo genuino entre un individuo y
un Estado.
5.3.
Marco conceptual y Normativo.
5.3.1.
Marco Conceptual.
5.3.1. Con
el objeto de tener una mejor comprensión del tema objeto de los Convenios bajo
examen,  encuentra relevante la Corte, precisar algunos conceptos:
La apatridia
está definida como la condición del ciudadano que no es considerado nacional
del país donde nació, ni de ningún otro Estado, la cual puede ser de jure,
cuando existe según las leyes de un país, o de facto, cuando las personas no
disfrutan de los mismos derechos de los demás ciudadanos, pues su país no le
concede pasaporte o no le permite regresar, o cuando no pueden demostrar
documentalmente su nacionalidad.
La apatridia
está directamente relacionada con el concepto de nacionalidad, entendida como
el vinculo legal que une a un Estado con un individuo y que significa su
existencia jurídica y el disfrute de lo derechos fundamentales, económicos,
sociales y culturales, así como la delimitación de las responsabilidades
políticas, sociales y económicas, tanto del Estado, como de la persona.
Podría
pensarse que dadas las condiciones actuales de los Estados, el fenómeno de la
apatridia es un fenómeno aislado y poco frecuente; sin embargo, debido a los
cambios geopolíticos, a sistemas deficientes de registro de nacimientos, a
leyes deficientemente diseñadas, a creencias culturales,  a problemas de
discriminación racial y de genero, y a cambios políticos entre otros, se trata
de una condición de la que actualmente padecen aproximadamente 15 millones de
personas en el mundo, según cifras de la
Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR.
5.3.2.
Marco Normativo.
En el ámbito
Constitucional, el artículo 44, establece entre los derechos de los niños  “...la
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada,
su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de
ella,...”
El artículo
96, de la nacionalidad, contempla:
“ARTÍCULO 96.
Son nacionales colombianos.
1. Por nacimiento:
a) Los naturales de Colombia, que con
una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o
nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres
estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento y;
b) Los hijos de padre o madre
colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y fuego se domiciliaren en
territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la
República.
2. Por adopción:
a) Los extranjeros que soliciten y
obtengan carta de naturalización, de acuerdo con la ley, la cual establecerá
los casos en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción;
b) Los Latinoamericanos y del Caribe
por nacimiento domiciliados en Colombia, que con autorización del Gobierno y de
acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como
colombianos ante la municipalidad donde se establecieren, y;
c) Los miembros de los pueblos
indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio
de reciprocidad según tratados públicos. Ningún colombiano por nacimiento podrá
ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional colombiano no se pierde
por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por adopción no
estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción. Quienes
hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con arreglo a
la ley.”
El artículo
98 prescribe sobre la ciudadanía:
“ARTICULO 98. La
ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad, y su
ejercicio se puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos que
determine la ley.
Quienes hayan sido suspendidos en el
ejercicio de la ciudadanía, podrán solicitar su rehabilitación.
PARAGRAFO. Mientras la
ley no decida otra edad, la ciudadanía se ejercerá a partir de los dieciocho
años.”
El artículo
100 sobre los extranjeros, estipula:
“ARTICULO 100. Los
extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se
conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden
público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de
determinados derechos civiles a los extranjeros.
Así mismo, los extranjeros gozarán,
en el territorio de la República, de las garantías concedidas a los nacionales,
salvo las limitaciones que establezcan la
Constitución o la ley.
Los derechos políticos se reservan a
los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en
Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter
municipal o distrital.”
A
continuación, procederá la Corte a examinar las disposiciones del Tratado.
5.4.
Convención Sobre el Estatuto de Los Apátridas.
La
Convención fue suscrita en Nueva York, Estados Unidos, el 28 de septiembre de
1954 por una Conferencia de Plenipotenciarios convocada por el Consejo
Económico y Social en su resolución 526A (XVII), de abril 26 de 1954, la cual
entró en vigor el 6 de junio de 1960 y fue firmada por Colombia el 31 de
diciembre de dicho año.
La
Convención Sobre el Estatuto de Los Apátridas consta de un preámbulo y
cuarenta y dos (42) artículos, distribuidos en seis (6) capítulos, un anexo con
dieciséis párrafos y un apéndice.
5.4.1.
Preámbulo.
En el
Preámbulo las partes de la convención, exponen algunas consideraciones para la
suscripción del acuerdo, reiterando el principio de que todos los seres humanos
sin discriminación alguna, deben gozar de los derechos y libertades
fundamentales; el interés de las Naciones Unidas por asegurarles a los
apátridas el amplio ejercicio de dichos derechos y libertades, la necesidad de
regularizarles su situación y de mejorar de sus condiciones.
Esa
declaración preliminar, se funda en uno los principios fundamentales de la
Carta de las Naciones Unidas y en la
Declaración Universal de Derechos Humanos -  que afirman el principio de que
los seres humanos sin discriminación alguna, deben gozar de los derechos y
libertades fundamentales y se encuentran en consonancia con los principios que
orientan nuestra Carta Política y los tratados internacionales sobre derechos
humanos, que de conformidad con el artículo 93 hacen parte del bloque de
Constitucionalidad.
5.4.2.
Capítulo Primero -  Disposiciones Generales (arts. 1
a 10).
5.4.2.1. El
artículo 1, que consagra la definición del término “apátrida”, armoniza
plenamente con la Constitución, ya que su función es delimitar los
destinatarios de la convención, establecer de manera clara las excepciones a su
aplicación, - quienes ya están siendo protegidos por las Naciones Unidas, o
contra quienes existan razones fundadas para considerar que han cometido
ciertos delitos definidos en los instrumentos internacionales, o han incurrido
en actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas - y otorgar
significados específicos a los términos empleados por los instrumentos para su
correcta interpretación.
5.4.2.2. La
disposición contenida en el artículo 2  sobre la obligación de los apátridas,
de acatar las leyes y reglamentos, así como las medidas adoptadas para el
mantenimiento del orden público, de los países en los que se encuentren, se
encuentra en consonancia con la
Constitución Política, y de manera especial, a los artículos 4 y 6 que
prescriben que es deber de los nacionales y extranjeros acatar la
Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades, así como la
responsabilidad por su infracción.
5.4.2.3. Los
artículos 3 y 4 indican que los Estados contratantes aplicarán las
disposiciones de la Convención, sin discriminación por motivos de raza,
religión, o país de origen y que otorgaran a los apátridas que se encuentren en
su territorio, un trato tan favorable como a sus ciudadanos, en materia de
libertad de culto y de educación religiosa de los hijos.
Para la
Corte la prohibición de discriminación en la aplicación de las disposiciones
del tratado, es consonante con los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución Política, en especial, con el artículo 13 que establece que “todas
las personas nacen libre e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y
trato de las autoridades y gozaran los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen,
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”  y
con los Tratados y Convenciones Internacionales que reconocen derechos humanos
los cuales han sido ratificados por el Congreso de la
República y que acorde al artículo 93 de la
Constitución prevalecen en el orden interno y hacen parte del Bloque de
Constitucionalidad, como lo son: los artículos 1 y 2 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el preámbulo y el artículo II de la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre , los artículos 2, 3 y
26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 1 y
24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Frente a la
obligación de los Estados parte de otorgar a los apátridas un trato al menos
tan favorable como el otorgado a sus propios nacionales, con referencia a la
libertad en la práctica de la religión y la libertad de instrucción religiosa
de los hijos, estima la Corte que no contrarían la
Carta Política, por el contrario, están en armonía con los postulados de los
artículos 19 y 27 constitucionales, que prescriben el derecho de las personas a
profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual y colectiva
y a la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, derechos y
libertades que se predican de todos los habitantes del territorio, sin
limitación alguna.
5.4.2.4.
Considera la Corte que el contenido de los artículos 5 y 6  que establecen que
la interpretación de la convención no puede significar el menoscabo de los
derechos o beneficios otorgados por los Estados contratantes, y que señala que
se entiende por la expresión “en las mismas circunstancias”, para
efectos de la convención, no entrañan violación de ningún postulado
constitucional en tanto tienen por objeto la salvaguardar los derechos
reconocidos a los apátridas previamente o por fuera de la
Convención y permiten su adecuada interpretación y aplicación.
5.4.2.5.
Para esta Corporación, la exención de reciprocidad para con los apátridas,
establecida en su artículo 7, no vulnera la
Carta Política, por los siguientes motivos:
La
reciprocidad en el derecho internacional público, teniendo como sujetos los
Estados, hace referencia de manera esencial a la noción de “aplicación por
la otra parte”, es decir la aplicación reciproca de los Estados, de las
condiciones otorgadas por los demás Estados y la apatridia tiene como
consecuencia, el no reconocimiento de la nacionalidad, por ningún Estado.
Por lo
expuesto, si bien la Constitución Política de Colombia, se refiere al principio
de reciprocidad, en varias de sus disposiciones, (CP. Arts. 96, 150, 226
y 227) en materia de relaciones internacionales, dicho atributo pierde sentido
frente a quienes carecen de nacionalidad y como tal, de vinculo jurídico con
algún Estado frente al cual pueda aplicarse.
5.4.2.6.
Encuentra esta Corporación que  la disposición del artículo 8 de la
Convención que establece las medidas excepcionales que puedan adoptarse contra
la persona, los bienes o los intereses nacionales o ex nacionales de un Estado
extranjero, no se aplicarán a los apátridas por haber tenido la nacionalidad de
dicho Estado, no contraría la
Carta Política.
Por el
contrario, se encuentra en consonancia con el derecho a la igualdad consagrado
en el artículo 13 constitucional que establece que “Todas
las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.” y el artículo 100 que prescribe que “Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los
mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley
podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o
negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros.// Así mismo, los extranjeros gozarán, en el
territorio de la República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo
las limitaciones que establezcan la
Constitución o la ley.”
Al respecto, esta Corporación en sentencia C- 070 de 2004, dijo:
“Así pues, la situación de los extranjeros admite ser comparada con
la de los nacionales colombianos, pues conforme a lo dispuesto en el artículo
13 de la Carta, prima facie puede predicarse una igualdad entre unos y otros ya
que el precepto superior al disponer que todas las personas tienen derecho a
recibir la misma protección y trato de las autoridades, prohíbe expresamente
establecer discriminaciones, entre otros motivos, por razones de origen
nacional. Sin embargo, el aludido mandato no significa que el legislador
esté impedido para instituir un determinado trato diferencial entre nacionales
y extranjeros, si existen razones constitucionales legítimas que así lo
justifiquen.”[22]
En este sentido,  si por motivos de orden público fuese necesario
limitar los derechos de los extranjeros, dentro de los cuales se encontraría el
apátrida,  dependerá del tipo de derecho afectado y de la situación concreta
por analizar y no por su nacionalidad o ex nacionalidad.
5.4.2.7. El
artículo 9 de la convención, que prescribe que ninguna disposición de la
convención impedirá que en tiempo de guerra o bajo circunstancias graves y
excepcionales, un Estado adopte provisionalmente respecto de una persona,
medidas necesarias para salvaguardar su seguridad nacional hasta que logre
demostrar que dicha persona es un apátrida y la eventual continuidad de las
medidas, esta concorde a la Carta Política, que prescribe que las relaciones
exteriores se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la
autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del
derecho internacional aceptados por Colombia; así como la independencia
nacional, la prevalencia del interés general y la potestad del Estado de
asegurar el orden público, la seguridad nacional y la convivencia ciudadana
(CP. Arts. 1, 2  y 9).
5.4.2.8. Las
disposiciones del artículo 10 de la
Convención, se refieren a que los Estados contratantes consideraran que el
tiempo de estancia forzada de un apátrida en un Estado contratante y  el
periodo anterior y posterior consecuencia de su deportación durante la segunda
guerra mundial, se entenderá como tiempo de residencia legal.
Las
condiciones establecidas en la disposición precedente, hacen referencia a
situaciones ocurridas como consecuencia de las deportaciones en la
Segunda Guerra Mundial, las cuales muy remotamente podrían tener efectos en la
actualidad. No obstante, encuentra la Corte que sus disposiciones no
contradicen ningún postulado constitucional, dado que si bien los Estados
cuentan con una amplia discrecionalidad para regular el ingreso y permanencia
de extranjeros en su territorio, así como para establecer los requisitos para
la adquisición de la ciudadanía, esa discrecionalidad se encuentra limitada por
el respeto de los derechos fundamentales de los extranjeros , los cuales solo
pueden ser restringidos o negados por razones de orden público (CP. Art. 100).
5.4.2.9. No
encuentra la Corte contradicción entre ningún postulado constitucional y la
disposición del artículo 11, que preceptúa que los Estados contratantes examinarán
con benevolencia la posibilidad de autorizar a los apátridas empleados en naves
que enarbolen su pabellón a establecerse en su territorio y a expedirles los
documentos de viaje o admitirlos temporalmente, con el fin de facilitar su
establecimiento en otro país.
Lo antes
expuesto, pues a la luz de la expresión “examinar-á- con benevolencia la
posibilidad”, supone que el Estado contratante conserva la facultad a
través de sus autoridades de examinar en cada caso concreto las condiciones
particulares y determinar acorde a sus normas internas, si autoriza el
establecimiento temporal o definitivo, así como si expide los documentos de
viaje, quedando a salvaguarda la soberanía nacional y la libre
autodeterminación del Estado Colombiano (CP. Art. 9).
5.4.3.
Capítulo Segundo -  Condición jurídica (arts. 12
a 16).
5.4.3.1. El
artículo 12 establece las normas sobre las leyes aplicables al estatuto
personal de los apátridas y el respeto por parte de los Estados contratantes de
los derechos adquiridos de los mismos, sujetos al cumplimiento de las
formalidades del Estado y que el derecho de que se trata sea de los que hubiere
reconocido la legislación, si el interesado no se hubiere convertido en
apátrida.
La
Constitución establece el derecho de las personas al reconocimiento de la
personalidad jurídica (CP. Art. 14) y regula la familia como núcleo fundamental
de la sociedad, la forma en que ésta se conforma, la protección que el Estado y
la sociedad le brindan y estipula que el régimen jurídico del matrimonio y su
disolución, los derechos y deberes de los cónyuges, la progenitura responsable,
los efectos de los matrimonios religiosos, el régimen del estado civil de las
personas y los consiguientes derechos y deberes, se regirán por la ley civil
(CP. Art. 42).
Para la
Corte, el artículo bajo examen, sobre  el régimen jurídico de los apátridas en
lo relativo a su estatuto personal, no representa contradicción con ninguna
disposición de la Carta Política, en la medida que según su texto, éste se rige
por las leyes del país de su domicilio y a falta de éste por el de su
residencia y frente a la obligación de los Estados de respetar los derechos
adquiridos que surjan del estatuto personal, están sujetos a que "se
cumpla con las formalidades del Estado y que el derecho de que se trata
sea de los que hubiere reconocido la legislación de tal Estado, si el
interesado no se hubiere convertido en apátrida" , salvaguardándose el
postulado constitucional que prevé que el régimen sobre el estado de las
personas se regirá por la ley civil (CP. Arts. 42 y 58), permaneciendo indemne
la autonomía del Estado Colombiano en su definición.
5.4.3.2. El
artículo 13 estipula que los Estados contratantes concederán a todo apátrida el
trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido a
los extranjeros en iguales condiciones, con relación a la adquisición de bienes
muebles e inmuebles y otros derechos conexos, arrendamientos, y contratos.
El artículo
100 de la Constitución establece que los extranjeros disfrutarán en Colombia de
los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos, pero que la ley
por motivos de orden público, puede subordinar a condiciones especiales o negar
el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros,  el inciso 2
del artículo 4 de la
Constitución Política colombiana dispone que: “Es deber de los nacionales y
de los extranjeros en Colombia acatar la
Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades” y el
artículo 58 constitucional establece que se garantizan la propiedad privada y
demás derechos adquiridos con arreglo a la ley, pero que por motivos de
utilidad pública  o de interés social, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa, o administrativa en los casos que el
legislador determine.
Por su parte la jurisprudencia ha señalado que las
diferenciaciones basadas en la nacionalidad son constitucionalmente
problemáticas, en la medida en que involucran un criterio sospechoso de
discriminación. En este sentido, “las restricciones de los derechos de los
extranjeros son, en principio, inadmisibles por basarse en un criterio
sospechoso -el origen nacional-, salvo que existan suficientes razones
constitucionales que las justifiquen”. Sin embargo, la
Corte también ha explicado que no toda diferenciación basada en la
nacionalidad debe analizarse con el mismo rasero o nivel de intensidad, por
cuanto es necesario evaluar aspectos como el ámbito en el que se adopta la
regulación o los derechos involucrados. A este respecto la
Sentencia C-834 de 2007 precisó: “(ix) no en todos los casos el
derecho de igualdad opera de la misma manera y con similar arraigo para los
nacionales y los extranjeros…ello implica que cuando las autoridades
debatan acerca del tratamiento que se debe brindar a los extranjeros en una
situación particular, para el efecto de preservar el derecho de igualdad,
habrán de determinar en primera instancia cuál es el ámbito en el que
se establece la regulación, con el objeto de esclarecer si éste permite
realizar diferenciaciones entre los extranjeros y los nacionales…por lo
tanto, la intensidad del examen de igualdad sobre casos en los que estén
comprometidos los derechos de los extranjeros dependerá del tipo de derecho y
de la situación concreta por analizar”.
En este orden de ideas, al disposición del artículo 13 del convenio esta
conforme a los postulados Constitucionales, al promover que los Estados
contratantes concedan a los apátridas el mejor trato posible y nunca inferior
al concedido a los extranjeros en iguales condiciones, por cuanto es respetuoso
de la facultad de los Estados de imponer restricciones al ejercicio de los
derechos de los extranjeros y de los apátridas como no nacionales, como
elemento de su soberanía.
5.4.3.3. El
artículo 14 de la Convención, establece el régimen de protección a los
apátridas sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial.
El artículo
61 de la Constitución establece que el “Estado protegerá la propiedad
intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley” y
la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que la
propiedad intelectual es “aquella disciplina normativa a través de la cual
se busca proteger y asegurar las creaciones intelectuales surgidas del
esfuerzo, el trabajo o la destreza del hombre, que en todos los casos son
dignas de obtener el correspondiente reconocimiento y salvaguarda jurídica[23]
, disciplina que abarca en un primer término la propiedad industrial
referida a la protección de las invenciones, las marcas comerciales y de
fábrica, los diseños industriales, el nombre comercial, los modelos de
utilidad, la enseña y el control y represión de la competencia desleal; y en un
segundo aspecto, el derecho de autor, que incluye las obras literarias,
científicas y artísticas, otorgando protección a los artistas, intérpretes y
ejecutantes, a quienes son productores de fonogramas y a los organismos de
radiodifusión respecto de su emisión[24].
Tanto la
propiedad intelectual, como la propiedad industrial están protegidas en sus
distintas expresiones por normas especiales de orden interno y por convenciones
de Derecho Internacional aplicables en Colombia, que consagran procedimientos
administrativos y judiciales orientados, precisamente, a preservar los derechos
básicos de quien la tiene a su favor de conformidad con la ley.
Acorde con
lo antes expuesto, considera esta Corporación que examinado el contenido
material del artículo bajo examen, éste resulta acorde con los objetivos de
protección de la propiedad intelectual, consagrada en la
Constitución Política (Art. 61),  en tanto establece que corresponderá al país
en que el apátrida resida habitualmente, la protección de la propiedad
intelectual e industrial, en igualdad de condiciones a la concedida a sus
nacionales  y que en cualquier otro Estado contratante se le dará la misma
protección concedida en él a los nacionales del país en que tenga su residencia
habitual, las cuales como se indicó anteriormente se rigen por las legislación
interna sobre la materia y en una gran medida por instrumentos internacionales[25].
5.4.3.4. El
artículo 15º sobre el “Derecho de Asociación”, que señala que los
Estados contratantes concederán a los apátridas que residan legalmente en su
territorio, un trato tan favorable como sea posible y no menos favorable que el
otorgado a los extranjeros, en materia de asociaciones no Políticas, ni
lucrativas y sindicatos, se ajusta a la
Carta Política, en especial a lo prescrito en el artículo 38  que señala que “se
garantiza el derecho de asociación para el desarrollo de las distintas
actividades que las personas realizan en sociedad” y el artículo 39 que
consagra el derecho de los trabajadores y empleadores de constituir sindicatos
y asociaciones sin la intervención del Estado, derechos que disfrutarán los
extranjeros, en igualdad de condiciones que los nacionales, excepto cuando por
razones claras y manifiestas de orden público deban restringirse (CP. Art.
100).
A este
respecto, la Corte en Sentencia C- 1058 de 2003, expresó:
“La facultad concedida
al legislador por el constituyente con relación a los extranjeros no es
ilimitada. Incluso en aquellos casos en que existen razones de orden público
claras y manifiestas que demandan la restricción de ciertos derechos de los
extranjeros, hay límites básicos atinentes al respeto de toda persona como
sujeto digno. La jurisprudencia constitucional ha señalado que si bien el
artículo 100 de la Constitución autoriza al legislador a subordinar a
condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a
los extranjeros, por razones de orden público, tales restricciones “no son
absolutas, pues aquéllas encuentran su límite en la dignidad del ser humano y
en la necesidad de garantizar los derechos fundamentales.” Así, por ejemplo, la
jurisprudencia constitucional ha subordinado la aplicación de las reglas
jurídicas migratorias (de orden público) a la protección de valores
constitucionales imperiosos como la protección de los derechos de los niños y
el derecho a tener una familia, siempre y cuando sea una razón real y no
meramente estratégica.”
Debe
resaltarse que las asociaciones a las que se refiere el artículo bajo examen
son “no Políticas”, toda vez que conforme al artículo 40 de la
Constitución, para gozar del derecho a participar, conformar y ejercer el control
político, se requiere ser ciudadano colombiano - ser nacional colombiano y
tener la edad establecida en la ley -.
De este
modo, resalta esta Corporación, que no existe oposición visible entre ninguna
de las disposiciones estudiadas y los preceptos de la
Constitución colombiana.
5.4.3.5. El
artículo 16 de la convención, que prescribe que los apátridas tendrán derecho
al acceso a los tribunales de justicia del país donde residan y recibirán el
mismo trato que el brindado a los nacionales, en cuanto al acceso a los
tribunales, la asistencia social y la exención de la cautio judicatum solvi o
caución judicial, y que encontrándose en otro Estado, recibirán el mismo trato
que recibiría un nacional del país en el cual tenga su residencia habitual, es
respetuoso de los postulados Constitucionales relativos al derecho al acceso a
la justicia, que prescriben que “cualquier persona natural o jurídica podrá
solicitar de la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o
disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas” y la
garantía del “derecho de toda persona para acceder a la administración de
justicia” consagrados en los artículos 92 y 229, garantías que son
aplicables a los apátridas sin distinción de su origen nacional (CP. Art. 100).
5.4.4.
Capítulo Tercero - Actividades lucrativas (arts. 17
a 19).
5.4.4.1. Los artículos 17 y 18 de la
Convención estipulan que a los apátridas que residan legalmente en el país, se
les concederá igualdad de trato que a los extranjeros en general, en relación
con el derecho al empleo remunerado, al trabajo por cuenta propia, a
establecer compañías comerciales e industriales y que
examinarán con benevolencia la asimilación de los derechos de los apátridas y
de los nacionales.
Sobre el derecho al trabajo, el Constituyente lo definió como un derecho y una obligación social, el cual se encuentra
protegido por el Estado y señaló que “toda persona tiene derecho a un
trabajo en condiciones dignas y justas”  y sobre la
facultad de asociación, en el artículo 38 indicó que “se garantiza el
derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades de
las personas en sociedad”.
Al respecto, si bien el constituyente no estableció un tratamiento
diferenciado entre los nacionales y los extranjeros, ello no significa que no
pueda el legislador determinarlo, por cuanto el reconocimiento de los derechos
de los extranjeros no significa que en nuestro ordenamiento esté proscrita la
posibilidad de desarrollar un tratamiento diferenciado en relación con los
nacionales, siempre que no se afecten los derechos fundamentales[26].
La sentencia C- 280 de 1995, señaló:
“El legislador, por razones de orden
público, como lo prevé el artículo 100 de la
Constitución, y particularmente por motivos sociales y económicos vinculados
al mantenimiento del orden público económico, puede establecer, en casos
especiales, restricciones al trabajo de los extranjeros, en determinadas
ocupaciones y profesiones. Piénsese, por ejemplo, en las leyes que se dicten para
asegurar el pleno empleo de los colombianos.”
En consecuencia, considera la
Corte que las disposiciones contenidas en los artículos 17 y 18 de la
Convención, se adecuan a los postulados de la
Carta Política en razón de que el compromiso que
adquiere el Estado Colombiano se circunscribe a otorgar a los apátridas, el
mismo tratamiento que brinda a los extranjeros y a examinar con benevolencia la
asimilación de sus derechos con los nacionales y por cuanto la Constitución no prescribe tratamientos
distintos para los nacionales y los extranjeros, en lo referente al derecho al
trabajo y a la libertad de asociación. Sin embargo, como se anotó
anteriormente, ello no obsta para que el legislador en ejercicio de sus
competencias, lo establezca.
5.4.4.2. No
encuentra reparo alguno de constitucionalidad sobre el contenido del artículo
19º sobre el ejercicio de profesiones liberales, que indica que los Estados
contratantes concederán a los apátridas que residan legalmente en su territorio
y que posean diplomas reconocidos por las autoridades competentes, el trato más
favorable posible y en ningún caso menos favorable que el generalmente
concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros, en la medida que se
exige que el apátrida cuente con los diplomas correspondientes y a su vez, que
estos estén reconocidos por las autoridades competentes (CP. Arts. 4, 26 y
100).
5.4.5.
Capítulo Cuarto – Bienestar (arts. 20 a 24).
5.4.5.1.
Para la Sala, el contenido de los artículos 20 y 23 de la
Convención, sobre “Racionamiento” y “Asistencia pública”,
respectivamente, que indican que los Estados contratantes darán a los apátridas
el mismo trato que a los nacionales, cuando la población deba someterse a
racionamiento y frente a las labores de asistencia y socorro públicos, son
acordes con la Carta Política, en especial con los principios del Estado
colombiano, que se fundan en el respeto por la dignidad humana, la solidaridad
de las personas que la integran y la prevalencia del interés general (CP. Art.
1), la garantía de la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución, así como el deber de las autoridades de
proteger a las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado (CP. Art. 2).
5.4.5.2. No
encuentra esta Corporación, reparo alguno sobre la constitucionalidad del
artículo 22 sobre “Educación pública”, de la
Convención, que señala que los Estados contratantes brindaran a los apátridas
el mismo trato que a los nacionales en materia de enseñanza elemental, en razón
de ser un derecho que se considera fundamental en virtud de estar dirigida a
los menores de edad (C.P. Arts. 44, 67 y 356), quienes dada su debilidad manifiesta,
gozan de especial protección constitucional en cuanto a su formación,
desarrollo, y la prevalencia de sus derechos frente a los de los demás.
Esta
Corporación en sentencia T-087 de 2010, dijo:
“El derecho a la educación está contemplado en nuestra Constitución
como un derecho social, económico y cultural. Estos derechos también son
denominados de mera prestación y su efectividad depende altamente de la
voluntad política de los gobernantes. Sin embargo, en virtud de la naturaleza
programática de la que gozan, los Estados han asumido el compromiso de avanzar
en la protección de dichos derechos y otorgarles plena eficacia. De esta manera
se progresa en la realización de su contenido material y se supera el límite de
las meras intenciones.
(...)
- Empero, lo anterior, no supone que la protección del derecho a la
educación en la Carta se restrinja a su etapa básica y se desconozca la
protección del derecho en niveles de educación superior (pregrado y postgrado)[27]. Lo que ocurre, es que
dado que la Constitución Política señala como una obligación la prestación de
la educación básica por parte del Estado para los menores de edad, en el caso
de los mayores, el derecho al acceso a la educación como obligación de la Administración, deja de ser fundamental y adquiere un carácter esencialmente prestacional y
programático[28],
salvo que se trate de personas con discapacidad[29] [30].”
En
conclusión, se ajusta a la
Carta Política, que el Estado colombiano brinde a los apátridas el mismo trato
que a los nacionales en materia de enseñanza elemental, derecho que se
considera fundamental en razón de estar dirigida a los menores de edad (C.P.
art. 44, 67 y 356), dada su debilidad manifiesta, la especial protección
constitucional que emana de la Carta en cuanto a su formación y desarrollo, y
la prevalencia de sus derechos frente a los de los demás.
Tampoco
considera la Sala que la disposición del Convenio que señala que los Estados
contratantes brindarán a los apátridas “el trato más favorable posible y en
ningún caso menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los
extranjeros en general” frente a la satisfacción de los derechos a la
educación no elemental, el acceso a los estudios, la exención
de derechos y cargas y la concesión de becas, así como la satisfacción
del derecho a la vivienda, en la medida ello se encuentra directamente
relacionado con las políticas públicas y los recursos disponibles, al no ser
derechos fundamentales, sino derechos prestacionales y de carácter programático[31],
en cuyo caso, corresponde al Estado a través de sus autoridades, definir su
alcance.
Ahora bien, en lo atinente a que los Estados Contratantes
concederán a los apátridas el trato más favorable posible y en ningún caso
menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros
en general, en relación con el reconocimiento de certificados
de estudios, diplomas y títulos universitarios expedidos en el extranjero, no
encuentra la Corte que contravenga la
Constitución Política, en razón de que según su artículo 26 “Toda persona
es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de
idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio
de las profesiones. Las ocupaciones, artes u oficios son de libre ejercicio,
salvo aquellas que impliquen un riesgo social.” y el artículo 4 prescribe
que “Es deber de los nacionales y los extranjeros en Colombia acatar la
Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades”, postulados
que se aplican a nacionales y extranjeros.
5.4.5.3. Considera la Corte, que el artículo 24 que prescribe
que los Estados Contratantes concederán a los apátridas que residan
legalmente en su territorio el mismo trato que a los nacionales en lo
concerniente a la  “remuneración, inclusive subsidios familiares
cuando formen parte de la remuneración, horas de trabajo, disposiciones sobre
horas extraordinarias de trabajo, vacaciones con paga, restricciones al trabajo
a domicilio, edad mínima de empleo, aprendizaje y formación profesional,
trabajo de mujeres y de adolescentes y disfrute de los beneficios de los
contratos colectivos de trabajo en la medida en que estas materias estén
regidas por leyes o reglamentos, o dependan de las autoridades administrativas” y  las disposiciones sobre seguridad social[32]
y cualquier contingencia que, conforme a las leyes o a los reglamentos
nacionales, esté prevista en un plan de seguro social, es respetuosa de los
postulados constitucionales sobre el derecho al trabajo y la seguridad social
(CP. Arts. 25 y 48).
Lo anterior, en tanto, el artículo 25 constitucional estipula que
toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas y que el
trabajo es un derecho y una obligación social que goza de la protección del
Estado y el artículo 48 constitucional prevé que “La seguridad social es un
servicio público de carácter obligatorio  que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley” derecho
irrenunciable, que se garantiza a todos los habitantes. No obstante se trata de
derechos que para quienes no son nacionales, no son absolutos, pues el
legislador cuenta con la facultad de establecer limitaciones, sujetas a
condiciones específicas y a la existencia de una justificación
razonable. (CP. Arts. 13 y  100).
Sobre esta materia, esta Corporación en Sentencia C- 1259 de 2001,
con ocasión del examen de constitucionalidad del artículo 74 de la
Ley 141 de 1961 del Código Sustantivo del Trabajo, sostuvo:
“Con todo, el mismo constituyente, si bien no establece un
tratamiento diferenciado entre los trabajadores nacionales y los extranjeros,
sí admite la posibilidad de que él sea determinado por el legislador.
Además, cuando se trata de subordinar los derechos civiles a
condiciones especiales o de negar su ejercicio, el constituyente sujeta a la
instancia legislativa a razones de orden público, esto es, a unos parámetros
ineludibles que debe respetar como una manifestación de los límites que la racionalidad
del moderno constitucionalismo le impone a la soberanía de los diferentes
Estados y de la consecuente discrecionalidad moderada con que cada Estado debe
regular el ingreso y permanencia de extranjeros en su territorio. Por otra
parte, cuando se trata de reconocerles a los extranjeros las garantías
concedidas a los nacionales, el constituyente ha establecido que ellas
procederán con las limitaciones establecidas en la
Constitución y en la ley. Finalmente, a pesar de que los derechos políticos se
reservan a los nacionales, se ha previsto la posibilidad de que la ley les
reconozca a los extranjeros el derecho al voto en las elecciones y consultas
populares municipales o distritales.
Entonces, se advierte que el reconocimiento de los derechos de los
extranjeros no implica que en nuestro ordenamiento esté proscrita la
posibilidad de desarrollar un tratamiento diferenciado en relación con los
nacionales. Recogiendo esa realidad, la
Corte ha expuesto:
“El artículo 13 consagra la obligación del Estado de tratar a todos
en igualdad de condiciones. Obviamente, esta norma no significa que no se
puedan formular diferenciaciones en el momento de regular los distintos ámbitos
en los que se desarrolla la convivencia, sino que opera a la manera de un
principio general de acción del Estado, que implica que siempre debe existir
una justificación razonable para el establecimiento de tratos diferenciados. No
en todos los casos el derecho de igualdad opera de la misma manera y con
similar arraigo para los nacionales y los extranjeros. Ello implica que cuando
las autoridades debatan acerca del tratamiento que se debe brindar a los
extranjeros en una situación particular, para el efecto de preservar el derecho
de igualdad, habrán de determinar en primera instancia cuál es el ámbito en el
que se establece la regulación, con el objeto de esclarecer si éste permite
realizar diferenciaciones entre los extranjeros y los nacionales. Por lo tanto,
la intensidad del examen de igualdad sobre casos en los que estén comprometidos
los derechos de los extranjeros dependerá del tipo de derecho y de la situación
concreta por analizar”[33]”
En lo
relativo al trato que sobre seguridad social deba brindar el Estado Colombiano
a los apátridas,  que según
el artículo bajo examen, será el mismo trato que a los nacionales, acorde a sus
normas internas, y con sujeción a las limitaciones establecidas en el literal
b) del artículo 24[34], relativas a
la existencia de disposiciones especiales sobre derechos adquiridos o por
adquirir  y a subsidios del Estado para quienes no reúnan los aportes para
pensión, así como las de los numerales 3 y 4 del
artículo 24[35],
considera la Corte necesario hacer las siguientes anotaciones.
De
conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005, en materia de seguridad social,
corresponde al Estado garantizar los derechos, respetar los derechos
adquiridos, y asegurar la sostenibilidad financiera del sistema pensional y
señaló que para adquirir el derecho a la pensión se requiere cumplir con la
edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario,
así como las demás condiciones que señale la ley e indicó que para liquidar las
pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones.
En
consecuencia, no es posible que a través de ningún acto jurídico, se puedan
establecer condiciones pensionales diferentes a las anotadas anteriormente  -
edad, tiempo de servicio y cotización de aportes o capital necesario, límite
máximo de 25 SMLV - que afecten la sostenibilidad financiera del sistema.
5.4.6.
Capítulo Quinto -  Medidas administrativas (arts. 25
a 32).
5.4.6.1. El
artículo 25 sobre “Ayuda administrativa” que consagra que los Estados
contratantes brindarán la ayuda requerida por los apátridas que residan en su
territorio y le expedirán los documentos que normalmente expediría a los
extranjeros, los cuales remplazarán los instrumentos oficiales expedidos por
sus autoridades nacionales y que los derechos a cobrar por tales servicios
serán moderados y acorde a los costos que por servicios análogos, se cobran a
los nacionales, es respetuoso de la
Constitución Política, en especial del artículo 1 que establece que Colombia
es un Estado Social de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, en
el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, el artículo 2 que
consagra que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad,
garantizar la efectividad de los principios, derechos  y deberes consagrados en
la Constitución y que las autoridades públicas están instituidas para proteger
a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades y el artículo 100 sobre el goce de los
derechos y garantías de los extranjeros.
5.4.6.2. El
artículo 26 de la Convención prescribe que los Estados Contratantes concederán
a los apátridas que se encuentren legalmente en su territorio, el derecho de
escoger el lugar de su residencia y de viajar libremente por él, siempre que
observen los reglamentos aplicables en las mismas circunstancias a los
extranjeros en general.
Sobre la
libertad de circulación, el artículo 24 de la
Constitución establece que “Todo colombiano, con las limitaciones que
establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio
nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.”
y el artículo 22 del Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por Colombia
mediante la Ley 16 de 1972, que rige en Colombia con carácter vinculante y
supralegal, de conformidad con lo establecido al efecto por el artículo 93 de la
Constitución, señala que “1. Toda persona que se halle legalmente en el
territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo residir en él con
sujeción a las disposiciones legales; 2. Toda persona tiene derecho a
salir libremente de cualquier país, inclusive del propio”
Esta
Corporación en la sentencia C- 292 de 2008 indicó:
“La
Constitución Política consagra como derecho fundamental la libertad de
circulación y residencia, compuesta por (i) el derecho a circular libremente
por el territorio nacional; (ii) el derecho a permanecer y residenciarse en
Colombia y (iii) el derecho a entrar y salir del país (Art.24).
Si bien dicho artículo se refiere a los colombianos, el artículo 100
de la Constitución Política extiende a los extranjeros el ámbito de cobertura
de los derechos fundamentales y sólo permite un trato diferenciado por razones
de orden público que, analizadas en concreto, tengan una relevancia suficiente
para limitar su ejercicio. Por tanto, prima facie, el de circulación y
residencia es un derecho del que también gozan los extranjeros[36].
El derecho internacional reconoce como expresión de soberanía del
Estado, su facultad para regular con cierto margen de discrecionalidad la
entrada y permanencia de nacionales de otros países a su territorio, de acuerdo
con políticas de seguridad, empleo, desarrollo etc.; en ese sentido, el
ejercicio de la libertad de circulación y residencia de los extranjeros dentro
del territorio nacional puede estar condicionada a las normas de inmigración y
a que su titular “se halle legalmente en el territorio del Estado[37].”
En este
sentido, si bien la disposición constitucional se refiere al derecho a la
libertad de circulación, como un derecho de los colombianos, el artículo del
Pacto de San José, precitado, amplia dicho derecho a “toda persona
que se halle legalmente en un Estado tiene derecho a circular por
el mismo residir en él...”.(subrayas fuera del texto) y es claro que
tanto la Constitución como el Pacto establecen que la ley puede limitar el
derecho a la circulación, de manera que no es un derecho absoluto, sino un
derecho sujeto a las limitaciones que imponga la ley.
Por lo
expuesto, considera la Sala que la disposición contenida en el artículo 26 se
ajusta a la
Constitución Política, en la medida que el derecho se encuentra sujeto a que
el apátrida se encuentre legalmente en el territorio de Colombia y a las leyes
y reglamentos internos sobre la materia, aplicables a los extranjeros.
5.4.6.3. A
juicio de esta Corporación, las disposiciones de los artículos 27, sobre “Documentos
de identidad” y 28 sobre “Documentos de viaje”
no contradicen ningún postulado constitucional, en cuanto señalan el mecanismo
a través del cual las personas en condiciones de apatridia pueden acceder a
dichos documentos y el compromiso de los Estados Contratantes de expedirlos,
con el fin de permitirles trasladarse legalmente entre los países, a menos que
se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional o de orden público,
en tanto coadyuvan a lograr la regularización de su condición jurídica y el
pleno goce de los derechos humanos, permitiendo que los Estados se reserven la
facultad de decidir sobre su otorgamiento.
5.4.6.4. El
artículo 29  sobre “gravámenes fiscales”, prevé que los Estados
contratantes no impondrán ningún derecho, gravamen o impuesto de ningún tipo,
distinto o superior a los que cobra a sus nacionales y que lo anterior, no
impide la aplicación de las leyes y reglamentos sobre los derechos impuestos a
los extranjeros, por la expedición de documentos administrativos y de
identidad.
Esta Corporación ha señalado que la facultad de ejercer las "funciones
de un Estado", dentro de un determinado territorio y sobre sus
habitantes, identifica el concepto de soberanía[38]. En este sentido el
principio de territorialidad, de acuerdo con el cual cada Estado puede
prescribir y aplicar normas dentro de su respectivo territorio, por ser éste su
"natural" ámbito espacial de validez, se erige como fundamento
esencial de dicha soberanía.
La Constitución,
en sus artículos 4 y 95, inciso 2, ordena a quienes se encuentren en territorio
colombiano, sean nacionales o extranjeros, a cumplir con las leyes de la
República; es decir, toda persona que se encuentre dentro de los límites
territoriales a los cuales se refiere el artículo 101 Superior, está sometida a
las normas prescritas por el legislador nacional.
Dentro de las normas que el Estado en ejercicio de su soberanía
puede prescribir y aplicar, se encuentran aquellas que corresponden al
establecimiento de tributos que materializan el poder tributario a él
reconocido, correspondiéndole al Legislador establecer los tributos y a la
autoridad administrativa, exigirlos cuando la ley los determina[39]
.
De conformidad
con los artículos 150 y 338 de la
Constitución, el legislador cuenta con un amplio margen de configuración en
materia tributaria, dentro de la que se encuentra la facultad de reconocer
solamente a los contribuyentes nacionales determinados descuentos tributarios,
sin que ello signifique una vulneración de los derechos de los extranjeros.
Esta
Corporación al examinar una demanda contra el artículo 254 del Estatuto
Tributario, señaló:
“Dígase en primer término que el Congreso, así como tiene señalada
la competencia para establecer impuestos, tasas y contribuciones, goza de ella
para delimitar la cobertura personal y material de las normas que los
contemplan.
Ello resulta no solamente del artículo 150, numeral 12, de la
Constitución, que le confiere la potestad de imponer los tributos a nivel
nacional, como de los artículos 338 y 363 Ibídem.
En efecto, la Rama Legislativa debe determinar, en cada tributo,
quiénes son sus sujetos pasivos, es decir, los obligados a pagarlo. Por tanto,
le es posible indicar en qué condiciones y sobre la base de cuáles requisitos
pueden ser titulares de beneficios al respecto. Es posible que en determinadas
circunstancias el legislador exonere a ciertos sectores de contribuyentes, que
les permita disminuir el monto del gravamen o que les reconozca la alternativa
de efectuar descuentos o compensaciones.
(...)
A juicio de la Corte, al hacerlo, el legislador colombiano no
vulnera el derecho fundamental, que también tienen los extranjeros en Colombia,
a la igualdad, toda vez que, como acontece con la norma acusada, la distinción
introducida no equivale a una discriminación sino a la facultad de definir
quiénes y en qué condiciones tributan (...) tampoco ha sido violado en este
caso el artículo 13 de la
Constitución. No se ha discriminado por causa de la nacionalidad, sino
que se ha hecho uso de una atribución legislativa propia de la soberanía”[40].
La
proposición contenida en el numeral 1. de la disposición bajo examen que señala
que los Estados contratantes “no impondrán a los apátridas derecho, gravamen o impuesto alguno de cualquier clase que difiera o
exceda de los que exijan o puedan exigirse de los nacionales”, es
entendida por esta Corporación, no como una restricción a la soberanía del
Estado reflejada en la restricción a la libertad de configuración del
legislador de imponer tributos y definir sus elementos, sino como una garantía
para que los Estados Parte no otorguen a los apátridas un tratamiento distinto
al de los nacionales en materia de gravámenes, por su estatus jurídico; lo
anterior, sin que sea ello obste para que bajo ciertas circunstancias
especiales puedan establecerse condiciones diferenciadas para los nacionales y
los no nacionales.
Ahora bien,
frente a la proposición contenida en el numeral 2 del artículo bajo examen, que
indica que “Lo dispuesto en el precedente párrafo [el 1.] no impedirá aplicar a los
apátridas las leyes y los reglamentos concernientes a los derechos impuestos a
los extranjeros por la expedición de documentos administrativos, incluso documentos
de identidad”, considera la Corte no contradice la
Carta Política, en tanto mantiene incólume la autonomía del Estado para
aplicar las regulaciones que al efecto considere convenientes, pudiendo incluso
aplicar las que existan para los extranjeros, salvaguardando la soberanía
nacional y la autonomía en su autodeterminación (CP. Art. 9).
5.4.6.5. El
artículo 30 de la Convención, que establece que los Estados contratantes
permitirán acorde a sus leyes y reglamentos, el traslado de los haberes de los
apátridas - que hayan llevado consigo a su territorio o donde quiera que se
encuentren - al país donde hayan sido recibidos para su reasentamiento, no
contraría ningún postulado constitucional, en la medida que el precepto
establece que dicho traslado se sujetará a las prescripciones jurídicas que
sobre el particular existan en el Estado de que se trate,  respetándose así la
soberanía y el ordenamiento jurídico nacional.
5.4.6.6.
Sobre la “Expulsión”, el artículo 31 prescribe que los Estados
contratantes no expulsarán a ningún apátrida que se encuentre legalmente en su
territorio, excepto por motivos de seguridad nacional u orden público, para lo
cual le darán un plazo razonable, para gestionar su admisión legal en otro país
y se efectuará mediante decisión tomada acorde a procedimientos legales, con el
respeto de debido proceso (pruebas en su descargo, interponer recursos y
hacerse representar a este efecto ante la autoridad competente o ante una o
varias personas especialmente designadas por la autoridad competente), a no ser
que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional.
Resulta
importante resaltar que como un elemento de la soberanía de los estados se
encuentra la facultad de definir quienes ingresan a su territorio y quienes no,
así como quienes pueden permanecer en él, y el artículo 100 de la
Carta Política prescribe que los extranjeros si bien gozan de los mismos
derechos civiles y garantías que los nacionales, por razones de orden público,
su ejercicio puede ser limitado o negado por el legislador.
Esta
Corporación en Sentencia C- 179 de 1994, con ocasión del examen de
constitucionalidad del literal j del artículo 38 de la
Ley 137 de 1994, "Por la cual se regulan los estados de excepción en
Colombia" dijo:
No les asiste razón a los intervinientes, pues si bien es cierto que
los extranjeros tienen los mismos derechos "civiles" que los
colombianos, es la misma Constitución en el artículo 100, la que permite que
"por razones de orden público", se sometan a condiciones especiales o
se les niegue el ejercicio de determinados derechos civiles y, en el caso a
estudio, se trata precisamente de un estado excepcional cual es el de conmoción
interior, en el que el orden público necesariamente debe estar perturbado.”
En consecuencia, la disposición del Convenio bajo examen,
armoniza con la Constitución Política, en tanto prescribe que por regla general
los Estados contratantes no expulsarán a apátrida alguno que se encuentre
legalmente en su territorio, pero les reserva la facultad de hacerlo, por
motivos de seguridad nacional u orden público, acorde a los procedimientos
legales y con el respeto al debido proceso (CP. Arts. 29 y 121).
5.4.6.7. La norma contenida en el artículo 32 según la cual “los Estados Contratantes facilitarán en todo lo posible la
asimilación y la naturalización de los apátridas, para lo que se esforzarán, en
especial, por acelerar los trámites de naturalización y por reducir en todo lo
posible los derechos y gastos de los trámites”, no
contravienen disposición de orden Constitucional alguna, por el contrario va en
consonancia con su artículo 96, que establece que la nacionalidad colombiana se
puede adquirir por nacimiento y o por adopción, mediante la solicitud y
obtención de la carta de naturalización acorde a las disposiciones legales
sobre la materia.
5.4.7.
Capítulo Sexto - Cláusulas Finales (arts.  33 al 42).
5.4.7.1. La
Corte no encuentra reparo alguno de constitucionalidad, con relación a las
disposiciones contenidas en este capítulo, referentes al proceso de formación y
vinculación a la Convención, a su entrada en vigor, a su aplicación
territorial, a la competencia en caso de controversias, a la posibilidad de
introducir reservas a algunos de sus artículos, a la solicitud de revisión, así
como el procedimiento para la denuncia de la convención, en tanto se concuerdan
con a los postulados de la Carta Política sobre firma y ratificación de
Tratados y Convenciones internacionales y a las normas de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, reiterando la autonomía
de Colombia para suscribirlo, adherirse él, formular reservas o denunciarlo, en
caso de considerarlo pertinente.
5.4.7.2. Por
su parte, el anexo regula la expedición del documento de viaje de los
apátridas, en sus 16 párrafos, sobre los que la
Corte no encuentra reparo de Constitucionalidad alguno, puesto que se
establecen las recomendaciones para su elaboración, y los derechos y
prerrogativas que éste otorga, tratándose de normas instrumentales que buscan
facilitar y estandarizar la expedición de dichos documentos acorde a la
especial condición de los apátridas, que les permita su identificación y la
libre movilidad entre las fronteras, delimitando su termino de validez, las
reglas relativas a su prorroga, visados, etc. que les permitan regularizar su
situación jurídica y residenciarse definitivamente en algún territorio. No
obstante, dichas condiciones se encuentran sujetas a la legislación y
reglamentos del país de que se trate, y algunas son meras recomendaciones
siendo por ello potestativas para el Estado, pudiéndose apartar de las mismas.
5.5.
Conclusión sobre la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas.
5.5.1. El
examen de validez formal de la “Convención sobre el Estatuto de los
Apátridas” y su Ley aprobatoria, arroja para la
Corte que: (i) es válido que el Estado colombiano se vincule al tratado,
mediante el depósito del instrumento de adhesión ante la autoridad del Tratado,
una vez concluyan los trámites previstos en la
Constitución Política y (ii) se observaron las reglas propias del trámite
legislativo que precedieron la aprobación de la ley objeto de análisis.
5.5.2.
Asimismo, revisado el contenido de las disposiciones de “La
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas”, adoptada en Nueva York el
28 de septiembre de 1954, la Corte encuentra que se ajusta a los postulados
constitucionales relativos a la integración con otros Estados, a la soberanía
nacional y a la autodeterminación (CP. Art. 9), el deber del Estado de
garantiza el respeto por la dignidad humana el trabajo, la solidaridad de las
personas que la integran (CP. Art. 2),  el deber de las autoridades de proteger
a todas las personas residentes en Colombia, de garantizar el ejercicio de sus
derechos fundamentales (CP. Art. 2), así como el obedecimiento de los derechos
de los extranjeros (CP,. 100) y de las normas sobre la nacionalidad (CP. Art.
96), a la facultad del Presidente de la
Republica de dirigir las relaciones internacionales. (CP. Art. 189.2), a la
potestad de configuración legislativa en materia de contribuciones fiscales
(CP. Art. 338), a la función de aprobar o improbar los tratados que celebre el
Gobierno Nacional con otros Estados (CP. Art. 150.16) y a la efectividad de los
principios y derechos consagrados en la
Constitución, así como con el deber de protección de la vida de todos las
personas residentes en Colombia.
5.5.3. Con
fundamento en las anteriores consideraciones, la
Corte Constitucional declarará exequible el contenido de la “Convención
sobre el Estatuto de los Apátridas”,  adoptada en Nueva York el 28 de
septiembre de 1954, así como la Ley 1588 del 19 de noviembre de 2012 que la
aprobó.
5.6.
Convención para reducir los casos de Apatridia.
La Convención fue adoptada el 30 de agosto de 1961 por una Conferencia de
Plenipotenciarios que se reunió en 1959 y nuevamente en 1961, en cumplimiento
de la resolución 896 (IX) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, de 4 de diciembre de 1954 y entró en
vigor, el 13 de diciembre de 1975, de conformidad con
el artículo 18 y tiene por objeto  fijar una serie de medidas tendientes a
prevenir el surgimiento de nuevos casos de apatridia, y reducir los existentes.
La Convención esta conformada por 21 artículos que
contienen las salvaguardas concretas y detalladas que los Estados contratantes
deben implementar en sus legislaciones internas, sobre la nacionalidad y que se
pueden agrupar en las siguientes áreas principales: i) medidas para evitar la
apatridia de los niños; ii) medidas para evitar la apatridia debido a la
pérdida o renuncia de la nacionalidad; iii) medidas para evitar la privación de
la nacionalidad y iv) medidas para evitar la apatridia en el contexto de la
sucesión de estados y v) disposiciones finales.
5.6.1.
Medidas para prevenir la Apatridia de los niños. (Artículos 1
a 4).
5.6.1.1. La nacionalidad ha sido definida como el vínculo jurídico
que une a una persona con un Estado, y se estructura como derecho con los
siguientes componentes: el derecho a adquirir una nacionalidad, a no ser
privado de ella y a cambiarla[41].
Se conocen cuatro medios a través de los cuales las personas pueden
adquirir su nacionalidad: i) por nacimiento, siendo este el medio principal u
originario de adquirir la nacionalidad; ii) por el jus sanguinis, según la
nacionalidad de los padres; iii) por el jus soli, según el criterio del
territorio de nacimiento y iv)  el sistema mixto, que combina ambos sistemas.
Varios instrumentos internacionales consideran la nacionalidad como
un derecho y una prerrogativa de la persona. Es así como la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que “La nacionalidad,
conforme se acepta mayoritariamente, debe ser considerada como un estado
natural del ser humano. Tal estado es no sólo el fundamento mismo de su
capacidad política sino también de parte de su capacidad civil. De allí que, no
obstante que tradicionalmente se ha aceptado que la determinación y regulación
de la nacionalidad son competencia de cada Estado, la evolución cumplida en
esta materia nos demuestra que el derecho internacional impone ciertos límites
a la discrecionalidad de los Estados y que, en su estado actual, en la
reglamentación de la nacionalidad no sólo concurren competencias de los Estados
sino también las exigencias de la protección integral de los derechos humanos”[42];
la Declaración Universal de los Derechos del Hombre,
aprobada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, estableció que
toda persona tiene derecho a una nacionalidad[43];
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
de 2 de mayo de 1948, prescribió que toda persona tiene derecho a la
nacionalidad que legalmente le corresponda[44];
en igual sentido la
Convención Americana de Derechos Humanos afirma que toda persona
tiene derecho a una nacionalidad[45].
Sin embargo, son los Estados quienes autónomamente regulan
soberanamente este derecho esencial, conforme a su Constitución. La
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado[46]
que corresponde a cada Estado establecer la posibilidad de adquirir la
nacionalidad por quien originariamente fuere extranjero, a través de normas de
derecho interno. Con todo, estas regulaciones estatales no pueden vulnerar
otros principios superiores de derecho internacional o hacer nugatorio el
derecho en sí mismo[47].
En ese orden, la Constitución Política de Colombia ha previsto dos tipos de nacionalidad:
por nacimiento[48]
y por adopción[49],
también denominada naturalización[50].
Y ha diferenciado tres grupos de personas, con trato diferente para efectos de
otorgarles la nacionalidad colombiana por adopción, siendo ellos los extranjeros,
los latinoamericanos y del Caribe y los miembros de pueblos indígenas[51].
5.6.1.2.
Encuentra la Sala que el artículo 1 de la convención, que prescribe que todo
Estado contratante concederá su nacionalidad a la persona nacida en su
territorio que de otro modo sería apátrida, determina la formas en que se
concederá la nacionalidad, así como las limitaciones que los Estados pueden
establecer para otorgarlas, se ajustan a la
Constitución Política, en especial con el artículo 96 que
prescribe que la nacionalidad colombiana se adquiere por nacimiento, “a)
Los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que el padre o la
madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de
extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la
República en el momento del nacimiento;// b) Los hijos de padre o madre
colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y fuego se domiciliaren en
territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la
República”.
Además de lo antes expuesto, en tanto el artículo bajo examen,
establece que los Estados contratantes sujetarán el otorgamiento de la
nacionalidad, a sus legislaciones y reglamentos nacionales y que podrán
subordinarlas a ciertas condiciones tales como la presentación de la petición
dentro de un plazo determinado, la residencia en el territorio, por un lapso de
tiempo, el no haber sido condenado por un delito contra la seguridad nacional o
por un acto criminal, y que no haya adquirido otra nacionalidad, entre otros,
salvaguardando la autonomía de los Estados y su soberanía (CP. Arts. 9 y 96).
5.6.1.4. El artículo 2 de la
Convención establece que “Salvo prueba en contrario, se
presume que un expósito [recién nacido abandonado] que ha sido hallado en el
territorio de un Estado contratante ha nacido en ese territorio, de padres que
poseen la nacionalidad de dicho Estado”, esta conforme a la
Constitución, por cuanto se trata de una presunción de hecho[52]
que como lo estipula el convenio, admite prueba en contrario, no establece la
obligación del Estado de concederle la nacionalidad, encontrándose por lo tanto
sujeta al cumplimiento de las disposiciones nacionales sobre la materia,
salvaguardándose así la soberanía nacional y la vigencia del orden jurídico
(CP. Art. 96).
5.6.1.5. El  artículo 3, establece que para efectos de la
responsabilidad de los estados contratantes, el
nacimiento a bordo de un buque o aeronave, se entiende como ocurrido en el
territorio del Estado cuyo pabellón enarbolen. Sobre el particular, el Código
de Comercio, en sus artículos 1437, 1793 y 1794, establece que “Toda nave
matriculada en Colombia, es de nacionalidad colombiana y por tanto debe
enarbolar el pabellón colombiano”; que “Se entiende por matricula el
acto mediante el cual se confiere la nacionalidad colombiana a una aeronave y
consiste en la inscripción de la misma en el registro aeronáutico nacional” y
que “Toda aeronave matriculada en Colombia llevará como distintivo de la
nacionalidad, la bandera colombiana y el grupo de signos que determine la
autoridad aeronáutica”, disposiciones que son aplicables a las naves y a
las aeronaves civiles.
La matricula y la asignación de la nacionalidad a las naves y
aeronaves, conlleva a definir la legislación aplicable a la misma, en materia
de reglamentos de navegación o aeronavegación, legislación laboral de sus
tripulantes, ley penal aplicable, así como las autoridades que ejercerán su
vigilancia, entre otras, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en
tratados internacionales ratificados por el Estado correspondiente.
En este orden de ideas, para la
Corte, el artículo 3 de la
Convención para la reducción de la apatridia está de acuerdo con la
Constitución Política, al considerar,  que el nacimiento de una persona en una
nave o aeronave de nacionalidad colombiana, significa que el hecho ocurrió en
territorio colombiano; puesto que la convención no obliga por ello, al
otorgamiento de la nacionalidad.
Sin embargo, para efectos de la responsabilidad del Estado
Colombiano frente a las disposiciones de la
Convención bajo examen, resulta relevante reiterar que la nacionalidad
colombiana no se obtiene de pleno derecho por el nacimiento en territorio
colombiano, sino que deben concurrir con alguna de las condiciones previstas en
el artículo 96 de la
Constitución Política, - padre o madre naturales colombianos o hijo de
extranjero con domicilio en Colombia al momento del nacimiento - y previo el
cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación nacional.
5.6.1.6. Con referencia a las disposiciones del artículo 4 de la
Convención, que establece que todo Estado contratante concederá su
nacionalidad a una persona que no haya nacido en el territorio de un Estado
contratante y que de otro modo seria apátrida, si alguno de sus padres tenia la
nacionalidad del Estado, o si no fuere así, definirá si el interesado sigue la
condición del padre o la madre y establece las formas en que se concederá la
nacionalidad y las condiciones a las que puede subordinarse su otorgamiento,
están en consonancia con la
Constitución Política, en especial con el artículo 96 que señala las formas de
adquirir la nacionalidad por adopción para las personas que no han nacido en
territorio colombiano y que están definidas:
“Son nacionales colombianos
(...)
2. por adopción:
a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización,
de acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la
nacionalidad colombiana por adopción;
b) Los Latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en
Colombia, que con autorización del Gobierno y de acuerdo con la ley y el
principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos ante la
municipalidad donde se establecieren, y;
c) Los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios
fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados
públicos.”
5.6.2.
Medidas para prevenir la apatridia por la pérdida o renuncia de la nacionalidad
(arts. 5 a 7).
5.6.2.1. El
derecho a la nacionalidad tiene tres elementos esenciales: i) el derecho a
adquirir una nacionalidad; ii) el derecho a no ser privado arbitrariamente de
la nacionalidad y iii) el derecho a cambiar de nacionalidad[53].
El artículo
96 de la Constitución Política las consagra, cuando establece en sus numerales
1 y 2, la forma de adquirir la nacionalidad, y en sus incisos finales, la
prohibición de la privación de la nacionalidad de los colombianos de
nacimiento, el derecho de los colombianos por nacimiento a no perder la
nacionalidad por adquirir otra nacionalidad y para los colombianos por adopción,
a no renunciar a su nacionalidad de origen o adopción (doble nacionalidad), así
como la posibilidad de recobrar la nacionalidad cuando se haya renunciado a
ella, con arreglo a la ley.
La
Corte en Sentencia C- 536 de 1998, dijo:
“La nacionalidad colombiana se adquiere por nacimiento o por
adopción, en las modalidades que contempla el artículo 96 de la
Constitución Política, y no se pierde por el hecho de adquirir otra
nacionalidad.
El aludido mandato constitucional afirma perentoriamente que ningún
colombiano por nacimiento puede ser privado de su nacionalidad, pero sí permite
renunciar a ella, pudiendo el renunciante recobrarla en los términos que señale
la ley.”[54]
La
Corte Interamericana de Derechos Humanos comentó:
“El derecho a poseer una nacionalidad y no ser privado
arbitrariamente de ella ha sido reconocido en la
Declaración Americana de los Derechos y deberes del Hombre y la mayoría de los
instrumentos internacionales sobre los derechos humanos. Tan elemental derecho
por otra parte, ha sido respectado por todos los países del hemisferio, los
cuales han contemplado en sus constituciones la pérdida de la nacionalidad
únicamente en virtud de causales que importan una verdadera desvinculación
voluntaria de la persona – manifestada implícita o explícitamente – con
respecto al Estado del que es nacional.”[55]
5.6.2.2. De
lo anterior se tiene que en Colombia se pierde la nacionalidad por renuncia a
ella por parte de los nacionales colombianos por nacimiento o por adopción, la
cual puede recobrarse acorde a las disposiciones legales y por pérdida en los
casos de los colombianos por adopción por razones de seguridad nacional,
establecidos por el legislador, estando proscrita la privación de la
nacionalidad por motivos arbitrarios, raciales, étnicos, religiosos o políticos
(CP, art. 96).
5.6.2.3. Por lo expuesto, encuentra la
Corte que las medidas contenidas en los artículos 5, 6 y 7 que establecen que
si la legislación del Estado prevé la pérdida de la nacionalidad por cambios en
el Estado civil o la filiación natural, o por la pérdida del progenitor o
cónyuge, dicha perdida esté sujeta a la posesión, o adquisición de la
nacionalidad de otro Estado, y la renuncia será efectiva cuando la persona
tenga o adquiera otra nacionalidad, no contrarían la
Constitución Política, sino que reafirman el derecho consagrado en nuestra
Carta Política y en los Tratados Internacionales (Declaración Universal de
Derechos Humanos, articulo 15, Declaración Americana de derechos del Hombre, artículo
XIX, la Convención Americana, artículo 20 y  el artículo 24 del PIDCP sobre los
derechos de los niños) de los que Colombia hace parte, que establecen que la
nacionalidad es un derecho del cual no pueden ser privados  de manera
arbitraria, y que la renuncia a ella  es voluntaria y puede recobrarse previo
el cumplimiento de los requisitos que la legislación de cada Estado establezca
(art. 96 C.P.).
Sin embargo,
cabe resaltar que la expresión de hijo natural contenida en el artículo
5 de la Convención, referida a la perdida de la nacionalidad como consecuencia
del reconocimiento de filiación, es un enunciado inexistente en la legislación
colombiana, el cual deberá ser interpretado como hijo nacido por fuera del
matrimonio o hijo extramatrimonial.
5.6.3.
Medidas para evitar la apatridia por privación de la nacionalidad (artículos 8
y 9).
5.6.3.1. El
artículo 8 de la “Convención para reducir los casos de Apatridia”,
que establece en su numeral 1 el principio general según el cual “los
Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a una persona si esa
privación ha de convertirla en apátrida”, a juicio de esta Corporación, si
bien constituye una limitación a la autonomía del Estado colombiano  y del
ejercicio de su soberanía, constituye una limitación razonable, admisible y
propia de la suscripción de tratados internacionales.
Además de lo
anterior, dicha restricción se ve encuentra atenuada con las excepciones
consagradas en su numeral 2, que permiten que una persona sea privada de la
nacionalidad en los casos ­de residir en el extranjero (mas de 7 años) y no
manifestar su intención de  mantenerla, a los nacidos fuera de su territorio,
cuando no cumplan las condiciones requeridas y cuando la nacionalidad ha sido
adquirida con documentación falsa o fraude.
5.6.3.2. El
artículo 9 de la Convención, que dispone que los Estados contratantes no
privarán de su nacionalidad a ninguna persona, por motivos raciales, étnicos,
religiosos o políticos, resulta acorde con
el artículo 13 Superior, que prescribe el derecho a la igualdad y que señala
que todas las personas recibirán la misma protección y el mismo trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos y garantías sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, religión, lengua, opinión política o
filosófica.
5.6.4.
Medidas para evitar la Apatridia por la sucesión de estados. (Artículo 10)
5.6.4.1. El
artículo 10 de la convención, dispone las medidas para evitar la apatridia en
el contexto de una sucesión de estados, indicando que todo tratado entre los
Estados contratantes que disponga la cesión de un territorio  de un Estado a
otro, o la creación de un nuevo Estado, incluirá disposiciones para asegurar
que ninguna persona se convierta en apátrida y que, a falta de tales
disposiciones, el Estado parte al que se haya cedido un territorio, concederá
su nacionalidad a las personas que de otro modo se convertirían en apátridas.
Encuentra la
Corte que las disposiciones del presente artículo no contrarían la
Carta Política, en tanto no entrañan una obligación para el Estado
contratante, sino recomendaciones para que en caso de transferencia de
territorios, sean incluidas en los Tratados que se suscriban, tendientes a
evitar que personas se conviertan en apátridas.
5.6.5.
Disposiciones Finales. (Artículos 11 a 21).
5.6.5.1. Para
la Corte, la creación por parte de los Estados contratantes, de un organismo
al que puedan acudir las personas que se crean con derecho a acogerse a la
Convención, contenida en su artículo 11, es respetuosa de los postulados constitucionales relativos
a la soberanía nacional, a la libre determinación de los pueblos, y a la
internacionalización de las relaciones políticas, económicas y sociales, sobre
bases de equidad y conveniencia nacional (CP, arts. 9 y 226),  en la medida que
se busca, en asociación con otros Estados, establecer estándares
internacionales para la adquisición, concesión y perdida de la nacionalidad,
tendientes a la protección de las personas, con el fin de que no se conviertan
en apátridas, o en caso de serlo, puedan superar dicha condición.
6.6.5.2. La
disposición contenida en el artículo 13 de la
Convención que establece que sus disposiciones no se oponen a la aplicación de
las normas más favorables para la reducción de los casos de apatridia que estén
en vigor o que se pongan en vigor en los Estados Contratantes, o en cualquier
otro instrumento internacional, al ser respetuosa de la regulación interna, de
los tratados que suscriba Colombia sobre la materia, permitiendo la prevención
y la reducción de la apatridia.
5.6.5.3. Los
artículos 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20 y 21 que prescriben la resolución de
controversias, la aplicación territorial de la convención, la firma,
ratificación y adhesión a la misma, las condiciones para que entre en vigor y
la posibilidad aunque limitada de introducir reservas y denunciarla por parte
de los Estados, así como la cláusula relativa a la notificación y al registro
de la Convención, armonizan con la
Constitución Política, al ser una expresión de la libertad y autonomía que le
asiste al Estado colombiano para adherirse a la convención, proponer las
reservas que se encuentren permitidas, disponer la denuncia de la misma cuando
lo considere conveniente, acorde al artículo 9 Superior que determina que las
relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional y en
el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
5.7.
Conclusión sobre el Convenio.
5.7.1. El
examen de validez formal de la “Convención para reducir los casos de
Apatridia” adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961 y su Ley
aprobatoria, arroja para la Corte que: (i) es válido que el Estado colombiano
se vincule al tratado, mediante el depósito del instrumento de adhesión ante la
autoridad del Tratado, una vez concluyan los trámites previstos en la
Constitución Política y (ii) se observaron las reglas propias del trámite
legislativo que precedieron la aprobación de la ley objeto de análisis.
5.7.2.
Asimismo, revisado el contenido de las disposiciones de “Convención
para reducir los casos de Apatridia” adoptada en Nueva York, el 30 de
agosto de 1961 y su Ley aprobatoria, la
Corte encuentra que se ajusta a los postulados constitucionales relativos a la
integración con otros Estados, a la soberanía nacional y a la autodeterminación
(CP. Art. 9), el deber del Estado garantizar el respeto por la dignidad humana,
la solidaridad de las personas que la integran (CP. Art. 2), el deber de las
autoridades de proteger a todas las personas residentes en Colombia, de
garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales (CP. Art. 2), así como la
protección de los derechos de los extranjeros (CP,. 100) y de las normas sobre
la nacionalidad (CP. Art. 96), a la facultad del Presidente de la
República de dirigir las relaciones internacionales. (CP. Art. 189.2), a la
potestad de configuración legislativa en materia de contribuciones fiscales
(CP. Art. 338), a la función de aprobar o improbar los tratados que celebre el
Gobierno Nacional con otros Estados (CP. Art. 150.16) y a la efectividad de los
principios y derechos consagrados en la
Constitución, así como con el deber de protección de la vida de todos las
personas residentes en Colombia.
5.7.3. Con
fundamento en las anteriores consideraciones, la
Corte Constitucional declarará exequible el contenido de la “Convención
para reducir los casos de Apatridia”, adoptada en Nueva York, el 30 de
agosto de 1961, por cuanto se encuentra conforme a la
Constitución Política.
III. DECISIÓN.
En
mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
Declarar EXEQUIBLES la “Convención sobre el Estatuto de las
Apátridas”, adoptada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954 y la “Convención
para reducir los casos de Apatridia” adoptada en Nueva York, el 30 de
agosto de 1961”.
Segundo.-
Declarar EXEQUIBLE la Ley 1588 del 19 de noviembre de 2012, Por
medio de la cual se aprueba la "convención sobre el Estatuto de los
apátridas", adoptada en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954 y la
"convención para reducir los casos de Apatridia", adoptada en
Nueva York, el 30 de agosto de 1961.
Tercero.-
Disponer que se comunique inmediatamente esta sentencia al Presidente de la
República para lo de su competencia, así como al Presidente del Congreso de la
República.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Presidente
Ausente
en comisión
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con
salvamento de voto
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
NILSON ELÍAS PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con
salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Y
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA C-622/13
Referencia: expediente LAT-400
Revisión de constitucionalidad de la
Ley 1588 de 2012 – “Por medio de la cual se aprueban la ‘Convención sobre
el estatuto de los apátridas’, adoptada en Nueva York el 28 de septiembre de
1954, y la ‘Convención para reducir los casos de Apatridia’, adoptada en Nueva
York el 30 de agosto de 1961”.
Magistrado
Ponente:
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de la Corte, nos permitimos formular salvamento de voto respecto de
la decisión adoptada por la Sala Plena, por considerar que en el trámite del
proyecto de ley se incurrió en un vicio de procedimiento, originado en el
rompimiento en la cadena de anuncios.
En la sesión de la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes realizada el 30 de mayo de
2012 se anunció la votación del proyecto (que a la postre se convertiría en la
Ley 1588 de 2012) “en la próxima sesión donde se discutan y aprueben
proyectos de ley”. La sesión siguiente, realizada el 5 de junio, fue
dedicada al control político y en la realizada con posterioridad, el 7 de
junio, se llevó a cabo la votación de proyectos, entre ellos del que fue objeto
de control en esta sentencia. Visto así, la tesis sostenida por la
Sala Plena al desestimar la existencia del vicio de procedimiento parecería
razonable, puesto que, en efecto, el proyecto fue votado en la primera sesión,
con posterioridad a la fecha del anuncio, en la que se discutieron y aprobaron
proyectos de ley.
Sin embargo, esta tesis elude dar cuenta de
un dato relevante: en la sesión intermedia del 5 de junio se efectuó el anuncio
de un proyecto para la próxima sesión[56].  La realización de este
único anuncio permitía suponer que, salvo información en contrario (que no se
suministró) este sería el único proyecto de ley a discutir y aprobar en la
sesión citada para el 7 de junio.  La omisión de anunciar los demás proyectos
que efectivamente fueron debatidos y aprobados en esta sesión, supone una
ruptura en la cadena de anuncios de dichos proyectos.
Si el sentido de la exigencia de publicidad
introducida en el inciso del artículo 160 constitucional es garantizar que los
integrantes de la respectiva célula legislativa puedan tener certeza sobre los
proyectos que efectivamente serán debatidos en cada sesión, a fin de que puedan
prepararse para el debate y no sean sorprendidos con la votación de proyectos
no anunciados en la sesión anterior, cabe concluir que en este caso se
menoscabó dicha certeza, en tanto al efectuar el anuncio de un único proyecto
en la sesión del 5 de junio, no quedaba claro que además fueran a debatirse
otros que no fueron anunciados en dicha oportunidad.
Por lo anterior, quienes suscribimos este
salvamento de voto consideramos que en el trámite de la
Ley 1588 de 2012 se verificó un vicio de procedimiento  que impedía a esta
Corporación emitir un pronunciamiento de fondo, sin antes devolver al Congreso la
Ley 1588 de 2012 a fin de subsanar el defecto señalado.
Fecha ut supra,
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1] Concepto 5563 de abril 24 de 2013.
[2] Sentencias SU-383 de 2003, C-620 de 2003, C-030 de 2008, C-461 de
2008, C-175 de 2009, entre otras.
[3] Sentencia C-175 de 2009.
[4] Sentencia C- 915 de 2010.
[5] “1. Al
aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a)
consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente (…)”.
[6] Ratificado por Colombia mediante la ley 21 de 1991.
[7] Sentencias SU-383 de 2003, C-620 de
2003, T-382 de 2006, C-750 de 2008, C-175 de 2009, C-615 de 2009, C- 915 de
2012, entre otras.
[8] Sentencia SU-383 de 2003.
[9] Sentencia C- 915 de 2010.
[10] Sentencia C-030 de 2008. Reiterada en las sentencias C-461 de 2008,
C-750 de 2008 y C-175 de 2009.
[11] Ibídem.
[12] Ibídem.
[13] Ibídem.
[14] “Cuarto.
Anuncio de Proyectos de ley para la discusión y aprobación en primer debate
para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo número 01 de 2003,
para ser discutidos y votados en la próxima sesión donde se discutan y aprueben
Proyectos de Ley.
Primero.
Proyecto de ley número 170 de 2011 Cámara, 109 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba ¿la
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas¿ adoptada en Nueva York el 28 de
septiembre de 1954 y la ¿Convención para Reducir los Casos de Apátridas
¿adoptados en Nueva York el 30 de agosto de 1961.
Autor: Ministra
de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín Cuéllar.
Ponente:
honorable Representante Yahir Fernando Acuña Cardales.
Publicaciones.
Texto: Gaceta
del Congreso número 665 de 2011.
Ponencia Primer
Debate Cámara: Gaceta del Congreso número 225 de 2012.”
[15] Hace uso
de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Juan Carlos Sánchez
Franco:
Continúe
señora Secretaria sírvase leer el orden del día.
Hace uso
de la palabra la Subsecretaria de la Comisión Segunda, doctora Carmen Susana Arias
Perdomo:
Sí, señor
Presidente.
ORDEN DEL
DÍA
Sesión
Ordinaria día martes 5 de junio de 2012
I Llamado a lista y verificación del quórum
II Aprobación del Orden del Día
III Debate de control político
IV Negocios Sustanciados por Presidencia
V Lo que propongan los honorables Representantes.
Leído el Orden del Día, señor Presidente.
Hace uso de la palabra el señor Presidente,
honorable Representante Juan Carlos Sánchez Franco:
Yo les propongo a ustedes modificar el orden
del día, en el sentido de que primero, aprovechando que tenemos el quórum,
tratemos el tema de las proposiciones, ¿les parece?
En consideración la proposición de modificar el
orden del día, poniendo en primer lugar las proposiciones, se abre la
discusión, continúa, anuncio que va a cerrarse queda cerrada, lo aprueba la
Comisión?
Hace uso de la palabra la Secretaria General de
la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido aprobado el orden del día con la
modificación propuesta por el señor Presidente en el sentido que las proposiciones,
siguen inmediatamente a la aprobación del orden del día.”
[16] “Subsecretaria, doctora Flor Marina
Daza Ramírez, informa: Se anuncian los siguientes proyectos para la sesión
plenaria del día miércoles 26 de septiembre del 2012 o para la siguiente sesión
Plenaria en la cual se debatan proyectos de Ley o Actos Legislativos  de
acuerdo al Acto Legislativo 1 de julio 3 en su artículo 8. (...)
Proyecto de ley numero 170 de 2011
Cámara, 109 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, adoptada en Nueva York, el 28
de septiembre de 1954 y la Convención para reducir los casos de Apatridia,
adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961.(...)”
[17] Por instrucciones de la Presidencia y, de
conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, por Secretaría se
anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima Sesión.//Señor
Presidente, para la próxima Sesión Plenaria del día de mañana (...) Proyecto de ley número 109 de 2011 Senado, 170 de 2011 Cámara,
por medio
de la cual se aprueba la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, adoptada en Nueva York.
(...).
[18] Subsecretaria, doctora Flor
Marina Daza Ramírez: Si Presidente, se anuncian los siguientes proyectos para la sesión
Plenaria del día 6 de noviembre de 2012 o para la siguiente sesión Plenaria en
la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos de acuerdo al Acto
Legislativo 1° de julio 3 del 2003 en sus artículo 8°.Informes de Conciliación:
Proyecto de ley número 170 de 2011 Cámara - 109 de 2010 Senado, por medio de
la cual se aprueba la convención sobre el estatuto de los Apátridas, adoptada
en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954 y la convención para reducir los
casos de Apatridia, adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961.
[19] “(...) Por Secretaría se
informa que se ha constituido quórum deliberatorio.
Siendo las 4:15
p. m., la Presidencia manifiesta: Ábrase la sesión y proceda el Secretario a
dar lectura al Orden del Día, para la presente reunión. (...)
La Presidencia indica a la secretaría
continuar con la siguiente conciliación del Orden del Día.
Proyecto de
ley número 109 de 2011 Senado, 170 de 2011 Cámara, por medio de la cual se
aprueba la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, adoptada en Nueva York, el 28
de septiembre de 1954 y la
Convención para reducir los casos de apatridia, adoptada en Nueva York, el
30 de agosto de 1961.
Por Secretaría
se da lectura al Informe de Mediación que acordaron las Comisiones designadas
por los Presidentes de ambas Corporaciones, para conciliar las discrepancias
surgidas en la aprobación del Proyecto de ley número 109 de 2011 Senado, 170
de 2011 Cámara. por medio de la cual se aprueba la
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, adoptada en Nueva York, el 28
de septiembre de 1954 y la convención para reducir los casos de apatridia,
adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961.
La Presidencia somete a consideración de la
Plenaria el Informe de Conciliación leído y, cerrada su discusión, esta le
imparte su aprobación. Aprobado 31 de octubre de 2012.”
[20] “En consideración el informe de
conciliación del Proyecto de ley numero 170 de 2011 Cámara, 109 de 2012 Senado,
anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Aprueba la
Cámara el informe de conciliación?//L Secretaria General Informa, doctora Luz
Marina Daza Ramírez: //Sí es aprobado señor Presidente.”
[21] “En sesión Plenaria de la
H. Cámara de Representantes del día 6 de noviembre de 2012, que consta en el
Acta No. 167, se hicieron presentes ciento cincuenta (159) Honorables Representantes
a la Cámara, fue considerado y aprobado por unanimidad.”
[22] Sentencia C- 070 de 2004.
[23] Sentencia C- 975 de 2002.
[24] Ibídem.
[25] Ley 23 de 1982 “Sobre
derechos de autor”, la Ley 44 de 1993 “por la cual se modifica y adiciona la
ley 23 de 1982 y se modifica la ley 29 de 1944, la Decisión 351 de 1993 del
Acuerdo de Cartagena, la Ley 565 de 2000 “Por medio de la cual se aprueba el
"Tratado de la OMPI -Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-
sobre Derechos de Autor(WCT)", adoptado en Ginebra, el veinte (20) de
diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996)”, la Ley
1403 de 2010 “Por la cual se adiciona la Ley 23 de 1982, sobre Derechos de
Autor, se establece una remuneración por comunicación pública a los artistas,
intérpretes o ejecutantes de obras y grabaciones audiovisuales o “Ley Fanny
Mikey”, la Ley 1520 de 2012 “Por medio de la cual se implementan compromisos
adquiridos por virtud del "Acuerdo de Promoción Comercial", suscrito
entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América y su
"Protocolo Modificatorio, en el Marco de la Política de Comercio Exterior
e Integración Económica."
[26] Sentencia 1259 de 2001.
[27] Al respecto, es preciso mencionar
que la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos ha garantizado el derecho
a la educación de carácter superior. Al respecto pueden revisarse entre otras,
las sentencia T-483 de 2004, T-1128 de 2004, T-920 de 2003, T-380 de 2003,
T-395 de 1997 y T-172 de 1993.
[28] Sentencia T-295 del 2004.
[29] Sentencia T- 487 de 2007.
[30] Sentencia T-192 del 2007.
[31] Sentencia T-295 del 2004.
[32] Accidentes del trabajo, enfermedades
profesionales, maternidad, invalidez, ancianidad, fallecimiento, desempleo,
responsabilidades familiares.
[33] Sentencia C-768 de 1995.
[34] “i) Posibilidad
de disposiciones adecuadas para la conservación de los derechos adquiridos y de
los derechos en vías de adquisición; ii) Posibilidad de
que las leyes o reglamentos nacionales del país de residencia prescriban
disposiciones especiales concernientes a los beneficios o partes de ellos
pagaderos totalmente con fondos públicos, o a subsidios pagados a personas que
no reúnan las condiciones de aportación prescritas para la concesión de una
pensión normal”
[35] “los Estados Contratantes harán extensivos
a los apátridas los beneficios de los acuerdos que hayan concluido o concluyan
entre sí, sobre la conservación de los derechos adquiridos y los derechos en
vías de adquisición en materia de seguridad social, con sujeción únicamente a
las condiciones que se apliquen a los nacionales de los Estados signatarios de
los acuerdos respectivos”
[36] Sentencias C-110 de 2000 y T-783 de
1999.
[37] Artículos 22 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La
Observación General No. 15 del Comité de Derechos Humanos de la
ONU señala al respecto que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos “no reconoce a los extranjeros un derecho a entrar en el territorio
de un Estado Parte y a permanecer en él”, en tanto que corresponde a cada
Estado, en ejercicio de su soberanía, decidir quienes ingresan a su territorio.
[38] Ver entre otras, las Sentencias
C-1189 de 2000  y C-621 de 2001.
[39] Sentencia C- 505 de 1999.
[40] Sentencia C-485 de 2000.
[41] Art.20 Convención Americana de Derechos Humanos.
[42] Opinión Consultiva OC-4 DE 1984.
Corte Interamericana de Derechos Humanos.” Propuesta de modificación a la
Constitución de Costa Rica “
[43] Art. 15. 1. Toda persona tiene
derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se le privará arbitrariamente de su
nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
[44] Artículo 19:"Toda persona tiene
derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponde, y el de cambiarla, si
así lo desea, por la de cualquier otro país que esté dispuesto a
otorgársela".
[45] Artículo 20. Derecho a la
Nacionalidad 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad 2. Toda persona
tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene
derecho a otra.3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del
derecho a cambiarla.
[46] Opinión Consultiva No 4 de 1984. Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Numeral 36.
[47] Respecto de la
Nacionalidad y de la concesión por parte de cada Estado, en el "Asunto
Nottebohm" la Corte Internacional de Justicia expresó "La naturalización
no es una cosa para tomar a la ligera. Pedirla y obtenerla no es un acto
corriente en la vida de un hombre. Entraña para él ruptura de un vínculo de
fidelidad y establecimiento de otro vínculo de fidelidad. Lleva consigo
consecuencias lejanas y un cambio profundo en el destino del que la obtiene. Le
concierne personalmente y sería desconocer su sentido profundo el no retener de
ella más que el reflejo sobre la suerte de sus bienes. [Nottebohm
Case (second phase), Judgment of April 6th, 1955, I.C.J. Reports
1955, pág. 24]" Cfr. OC. 4 de 1984. Corte
Interamericana de Derecho Humanos.
[48] ART. 96.
Son nacionales
colombianos
1. Por nacimiento:
a) Los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que
el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo
hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la
República en el momento del nacimiento y;
b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en
tierra extranjera y luego se domiciliaren en territorio colombiano o
registraren en una oficina consular de la
República.
[49] Ibidem, 2. Por
adopción. a) Los extranjeros que soliciten y obtengan
carta de naturalización, de acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos
en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción;
b) Los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados
en Colombia, que con autorización del gobierno y de acuerdo con la ley y el
principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos, ante la
municipalidad donde se establecieren, y
c) Los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios
fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados
públicos.
[50] Sentencia C-915 de 2001. “ …los diferentes Estados, donde por supuesto se incluye el nuestro,
han reconocido dos modos esenciales de adquirirla: Uno originario o por
nacimiento, toma en cuenta los principios de ius sanguini (derecho por la
sangre), ius domicili (derecho por el domicilio) y de ius soli (derecho por el
suelo); el otro, derivado o por adopción, se adquiere según criterios de cada
Estado, que obedecen especialmente a factores como la residencia, el parentesco
con nacionales (matrimonio), la aceptación de un trabajo o la prestación de
algún servicio, entre otros”
[51] Sentencia C- 893 de 2009.
[52] Art. 66 Código Civil: “Se dice
presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias
conocidas.// Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la
presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal.//Se
permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque
sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a
menos que la misma ley rechace expresamente esta prueba, supuestos los
antecedentes o circunstancias.// Si una cosa, según la expresión de la ley, se
presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria,
supuestos los antecedentes o circunstancias.”
[53] Declaraciones de las Naciones Unidas
de 1948, el  PIDCP y la
Convención Americana de Derechos Humanos.
[54] Sentencia C- 536 de 1998.
[55] Informe sobre la situación de lo
derechos humanos en Chile, 1985. pág. 157.
[56] El anuncio previo se realiza de la siguiente manera
(Gaceta 653 de 2012, páginas 33 y 34): “Hace uso de la palabra la Secretaria
General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: Sí señor
Presidente. Cuarto. Negocios sustanciados por presidencia, señor Presidente hay
un anuncio para realizar. ǁ
Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Juan Carlos
Sánchez Franco: Hagámoslo señora Secretaria. ǁ Hace uso de la palabra la Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: Sí señor. ¿Para cuándo se
anuncia señor Presidente? ǁ
Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Juan Carlos
Sánchez Franco: Se cita para el día jueves a las 0.05
a.m. ǁ Hace uso de la palabra la Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: Se anuncian para el día jueves
a las 0. 05 minutos de la mañana. ǁ Proyecto de ley 239 de 2012 Cámara, 212 de 2012
Senado, por medio de la cual se aprueba la Convención para Combatir el Cohecho
de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internaciones”,
adoptada por la Conferencia Negociadora en París República Francesa el 21 de
noviembre de 1997. Presentado por la Ministra de Relaciones Exteriores doctora
María Ángela Holguín Cuéllar y el Ministro de Justicia doctor Juan Carlos
Esguerra Portocarrero.  ǁ Así se hará señor Presidente para pasado mañana,
jueves 7 de junio de 2012, a las 0.05 horas a. m. ǁ Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable
Representante Juan Carlos Sánchez Franco: Señora Secretaria continúe, ¿hay
algún otro punto en el Orden del Día? ǁ Hace uso de la palabra la Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: No señor ya se agotó el Orden
del Día. ǁ  Hace uso de la palabra el señor Presidente,
honorable Representante Juan Carlos Sánchez Franco: Agotado el Orden del Día se
levanta la sesión y se cita para mañana a las 0.05 horas de la mañana. ǁ Hace uso de la palabra la Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez
Arias:
Así se hará señor Presidente. ǁ Se levanta la sesión a las 12:10 m.”  (subrayas
añadidas)