T-364-17
Sentencia T-780/10
Sentencia T-364/17
AGENCIA OFICIOSA PARA
CONFIGURAR LEGITIMACION POR ACTIVA EN PROCESOS DE TUTELA
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
PRECEDENTE JUDICIAL-Definición
PRECEDENTE JUDICIAL HORIZONTAL
Y VERTICAL-Alcance
y carácter vinculante
DEFECTO SUSTANTIVO POR
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL
PROCESO DE RESTITUCION DE
TIERRAS EN EL CONTEXTO DE JUSTICIA TRANSICIONAL-Marco jurídico y naturaleza
LEY DE VICTIMAS Y RESTITUCION
DE TIERRAS-Ley
1448 de 2011 ha implementado mecanismos de defensa especializados en resolver
el fenómeno del despojo de tierras
PROCESO DE RESTITUCION DE
TIERRAS-Etapas
administrativa y judicial
JUEZ DE RESTITUCION DE
TIERRAS-Facultad
para suspender, acumular y resolver procesos subyacentes
JUEZ DE RESTITUCION DE
TIERRAS-Posibilidad
de adelantar trámites de sucesión en los procesos de Justicia Transicional
El trámite sucesoral ha de seguirse por la vía de
la jurisdicción ordinaria, el cual debe cumplir con unos presupuestos
procesales, es decir, requisitos y términos expresamente indicados en las
normas pertinentes del Código General del Proceso. Pretender que se surta un
asunto de naturaleza civil dentro de un proceso de restitución de tierras es
omitir los mismos, con lo cual se generaría una vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la publicidad de cualquier
otro heredero – determinado o indeterminado- que no haya hecho parte del
proceso.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por cuanto no se configura ninguna de
las causales específicas de procedibilidad en proceso de justicia transicional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por cuanto no se logró demostrar que
exista un precedente riguroso y consolidado sobre la posibilidad de adelantar
diligencias de sucesión en los procesos de Justicia Transicional
Encuentra la Sala, que si bien hay muchas providencias en las que el
juez especializado asume la competencia propia del juez ordinario en asuntos
civiles, existen otras causas en las cuales se ordena la restitución del predio
a la masa herencial para que se efectúe la sucesión ante la justicia ordinaria.
En el presente caso, no se logró demostrar la existencia de una secuencia de
precedentes sobre el tema, que sugiriera que el juzgado accionado hubiera
cambiado su jurisprudencia o tuviera que seguir el sentido de pronunciamientos
anteriores, so pena de no violar el imperativo del  precedente horizontal.
Referencia:
Expediente T-5.983.457
Acción de tutela instaurada por Claudia Anzola Anzola en
contra del Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras
para el Distrito Judicial de Cundinamarca.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Bogotá D.C., primero (1) de junio de dos
mil diecisiete (2017)
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Carlos Bernal Pulido, José Antonio Cepeda Amarís y Alberto Rojas
Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de
la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de
1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo proferido, en primera instancia,
por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el quince (15) de noviembre de dos mil
dieciséis (2016) y de la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia el diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete
(2017), en segunda instancia, en la acción de tutela incoada por Claudia Anzola Anzola en contra del Juzgado Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras para el Distrito Judicial de
Cundinamarca.
I.  ANTECEDENTES
Claudia Anzola Anzola promovió acción de tutela en su propio nombre y
como agente oficiosa de sus hermanos Alcira, Carmen Rosa, Lino, José Ángel y
Teodolindo Anzola Anzola, para la protección de los derechos
fundamentales a la restitución de tierras, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, en atención a los siguientes
1. Hechos
1.1.  Manifiesta la accionante que junto con sus
hermanos Alcira, Carmen Rosa, Lino, José Ángel y Teodolindo Anzola Anzola tienen
la calidad de herederos de su fallecido padre, el señor Antonio Anzola Basto,
quien entre su haber contaba con los predios “La Primavera” y “Mata de Ramo”,
adquiridos mediante adjudicación por la sucesión que se adelantó ante el
Juzgado Civil del Circuito de La Palma, Cundinamarca, cuya sentencia se
protocolizó en Escritura Pública No. 388 del seis (6) de julio de mil
novecientos noventa y cuatro (1994).
1.2. Indicó que trabajó y vivió en los predios
referidos desde niña, y aunque salió durante un tiempo, regresó a vivir en
ellos junto a su hijo en el año 1991, época en la que era frecuente la
presencia de grupos armados al margen de la ley. Ello causó que su padre dejara
sus propiedades, a las que no regresó por cuanto falleció en el año 1993.
Empero, ella permaneció en los predios.
1.3. En el año 2000, se acentuó la violencia causada
por el conflicto armado interno, situación que generó el desplazamiento masivo
de los pobladores de esa región, entre ellos, el de su núcleo familiar, razón
por la cual se encuentra inscrita en el Registro Único de Víctimas desde el
veintiuno (21) de septiembre de dos mil nueve (2009).
1.4. La accionante presentó solicitud de restitución
de tierras abandonas y formalización jurídica ante la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas[1], seccional Bogotá D.C., por lo cual fue incluida en el
correspondiente registro y se radicó demanda ante el Juzgado Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca, quien profirió
sentencia el cuatro (4) de marzo de dos mil dieciséis (2016) en la que (i)
reconoció su calidad de víctima de abandono forzado; (ii) reconoció su calidad
de heredera del causante Antonio Anzola Basto; (iii) protegió su derecho
fundamental a la restitución como heredera de los predios; y, entre otras
decisiones, (iv) ordenó a la Defensoría del Pueblo designar un apoderado para
que se adelantara proceso de sucesión.
1.5. Afirmó la peticionaria que pese a que en la
sentencia citada se le reconoce su calidad de víctima, estima por una parte,
que no se formalizó jurídicamente su relación con los predios pues para el
efecto, se la conminó a acudir a los mecanismos ordinarios, al trámite notarial
o judicial de sucesión; y de otra, se omitió reconocer a sus hermanos como
víctimas indirectas dado que los hechos que padeció y que condujeron a que
abandonara los predios repercutieron indirectamente en todo el grupo familiar,
y por tanto, aquellos, en calidad de herederos, también tienen derecho sobre
los terrenos, a pesar que fue ella quien vivió y trabajó en ellos hasta el
momento del abandono.
1.6. Con base en lo anterior, solicitó aclarar la
sentencia del cuatro (4) de marzo de dos mil dieciséis (2016), al sostener que
las pretensiones no se habían resuelto de fondo, petición que se negó mediante
auto del veinticuatro (24) de marzo de dos mil dieciséis (2016), bajo el
argumento de que el juzgado accionado carecía de competencia para tramitar la
sucesión, propia de la justicia ordinaria, con lo cual, ante la ausencia de
asignación de la cuota parte que corresponda a todos los herederos, se terminó
por supeditar y hacer nugatoria la restitución jurídica y material de los
predios.
1.7. Expone que con su actuar el Juzgado Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca, quebrantó el
derecho a la reparación integral a la víctimas, junto con los principios de
estabilización, seguridad jurídica y prevalencia constitucional que, rigen la
restitución de tierras, pues ni el subsidio de vivienda ni el proyecto
productivo se materializan hasta que cada heredero cuente con la propiedad
sobre su cuota parte, desconociendo así el enfoque transformador y diferenciado
de la restitución.
1.8. Sostiene que se desconoce el
derecho fundamental al debido proceso y la garantía de un recurso efectivo al
someter a la víctima de abandono a trámites adicionales, que no solo suponen
una erogación de gastos, sino una revictimización que se concreta al no resolver
todos los asuntos litigiosos relacionados con los predios, susceptibles de
acumulación procesal, ante las amplias facultades otorgadas al juez especializado
de restitución de tierras, entre ellas, las de resolver conflictos civiles
subyacentes, de manera que aquél y no el ordinario es el natural para tales
asuntos.
1.9. Advierte la señora Claudia Anzola Anzola que el
inciso 2 del artículo 79 de la Ley 1448 de 2011 impone al juez de restitución
de tierras el deber de formalizar, y el artículo 91 de la referida norma la
necesidad de pronunciarse definitivamente sobre la propiedad, la posesión u
ocupación, adoptando todas las medidas necesarias para garantizar la
efectividad de la restitución jurídica y material de los predios reclamados, de
manera que estos se entreguen plenamente saneados, sin pleitos judiciales o
administrativos pendientes.
1.10. La demandante expone que el derecho fundamental
consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política puede resultar
vulnerado al otorgar un trato desigual a víctimas que se encuentran en la misma
circunstancia fáctica, con lo cual, se legitimaría la ausencia de seguridad
jurídica pues, indica, en algunos casos, los jueces de la especialidad han
realizado sucesiones frente a predios objeto de solicitud de restitución, con
el fin de materializar los principios procesales de economía, celeridad,
igualdad, justicia y reparación integral e igualmente los objetivos que
inspiran a los procesos de justicia transicional, entre ellos, el de evitar
tramitar ante la jurisdicción ordinaria asuntos que le son subyacentes.
Lo anterior, por cuanto la autoridad judicial
especializada accionada no tuvo en cuenta los criterios establecidos en fallos
anteriores proferidos dentro de la justicia transicional en materia de restitución
de tierras, en los cuales se ha procedido a realizar la sucesión al interior de
la acción de restitución.
1.11. Finalmente, sostiene que existe precedente
judicial que obliga a los jueces especializados de restitución de tierra a
tramitar el proceso de sucesión, por cuanto la Ley 1448 de 2011 no sólo se
limita a la restitución del bien, sino que también establece los mecanismos de
formalización de la propiedad, ello atendiendo al enfoque transformador, y cuyo
único objetivo es brindar una reparación integral a las víctimas, lo que hasta
el momento, indica, la entidad accionada ha omitido al no entrar a realizar la
sucesión y ordenar adelantar el trámite ante otra autoridad judicial, con lo
cual la obliga a incurrir en costos adicionales y a retardar el proceso de
reparación.
1.12. En consecuencia, la accionante solicita que una
vez amparados los derechos de los que invoca protección, se ordene al juzgado
accionado garantizar la reparación integral transformadora a cada uno de los
hermanos Anzola, de manera que proceda a complementar la sentencia que emitió
el cuatro (4) de marzo de dos mil dieciséis (2016), accediendo a la partición y
adjudicación por sucesión de los predios restituidos.
Así mismo, solicita que de prosperar la acción de la
referencia, se ordene a la UAEGRTD – Bogotá revisar los casos que se encuentren
en situación semejante, con miras a que proceda a corregirlas ante el juzgado o
tribunal de restitución de tierras pertinente.
2. Respuesta de la parte accionada y vinculados
durante el proceso de tutela
2.1. Juzgado Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Cundinamarca
Juzgado Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Cundinamarca se opuso a la prosperidad de la
solicitud de amparo, argumentó que, dentro del proceso de restitución que
adelantó, solamente la señora Claudia Anzola con su núcleo familiar conformado
por un hijo fueron inscritos en el registro de tierras. Así mismo, indicó que
únicamente a favor de aquella se presentó la solicitud en cuyos hechos se
declaró que a los señores Alcira, Carmen Rosa, Lino, José Ángel y Teodolindo
Anzola les fue negada la inclusión en dicho registro sin que sobre el
particular se presentara alguna pretensión.
Confirmó que adelantó proceso de restitución de
tierras con radicado No 2015-00013-00 iniciado por la UAEGRTD – Bogotá a favor
de la accionante, en relación con los predios “Mata de Ramo” y “La Primavera”,
y en su condición de heredera del causante Antonio Anzola Basto.
Indicó que dentro del citado proceso profirió
sentencia el cuatro (4) de marzo de dos mil dieciséis (2016), en la que
reconoció la calidad de víctima de la solicitante y su derecho a la restitución
como heredera, sin perjuicio de los demás herederos.
Informó la autoridad judicial accionada que en contra
de la referida providencia se presentó aclaración a sus órdenes tercera, novena
y décimo sexta, relacionadas con la manera en que se dispuso la restitución y
la asignación de medidas de atención.
Explicó que aun cuando la señora Claudia Anzola no
era titular del derecho de restitución según lo dispuesto en la Ley 1448 de
2011, en la sentencia atacada se protegió la citada garantía al reconocerle su
condición de heredera del causante Antonio Anzola Basto, y por ello, consideró
que es el proceso de sucesión el escenario idóneo para que la peticionaria
alcance su condición de propietaria de la cuota parte que le corresponda  de
los predios restituidos.
Argumentó su decisión en lo establecido en el literal
p del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, al sostener que acudir a los
mecanismos ordinarios para adelantar sucesión no constituye una dilación a la
restitución, pues se pretendió evitar la extralimitación de competencias, con
una medida razonable y proporcional considerando que la relación jurídica que
tenía la víctima con los predios no era la de propietaria, poseedora u
ocupante, sino la de heredera.
Resaltó que dentro del proceso de restitución no era
posible adelantar una partición o adjudicación parcial, pues el artículo 501 del
Código General del Proceso prescribe que en el trámite de sucesión deben
incluirse los bienes denunciados por cualquiera de los interesados, aspecto que
supone tener en cuenta otros predios o bienes sobre los cuales el juez de
restitución no tendría competencia si no están en relación directa con los
hechos generadores de desplazamiento.
Finalmente, expuso que si bien el artículo 95 de la
Ley 1448 de 2011 permite acumular al proceso de restitución otros asuntos de
distinta naturaleza, preceptúa que en éstos deben estar comprometidos derechos
de propiedad, posesión u ocupación sobre el predio reclamado, pero no de
herencia. Así mismo, precisó que aunque en la sentencia del cuatro (4) de marzo
de dos mil dieciséis (2016) se condicionó la asignación del proyecto productivo
y del subsidio de vivienda hasta el momento en que la beneficiaria ostente el
derecho de propietaria, no debe pasarse por alto que las entidades responsables
del cumplimiento deben ajustarse a los reglamentos dentro de los procesos
administrativos que ejecuten.
2.2. Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Notificada de la acción de tutela en su calidad de
interviniente dentro del proceso de restitución 2015-00013-00, la Agencia
Nacional de Hidrocarburos se limitó a peticionar que a su favor se declarara la
carencia de legitimidad en la causa por pasiva, dado que no está inmersa en los
hechos en que se sustenta.
2.3. Dirección Jurídica de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
El Director Jurídico de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas presentó escrito de
coadyuvancia a la acción de tutela, por cuanto la agente de la misma fue una
solicitante representada por esa entidad ante el juzgado de restitución accionado,
y porque considera que al no acceder a la formalización mediante la
adjudicación sucesoral se impide materializar el derecho a la restitución de
tierras.
Argumentó que la informalidad en la tenencia de la
tierra ha sido una de las causas del conflicto social y armado del país, por
ello, indicó que la justicia transicional se ha propuesto superar tal situación
propendiendo por la formalización de la propiedad, con miras a evitar
revictimizaciones ante la ausencia de los títulos que respalden dicho derecho.
Por lo anterior, resaltó que el artículo 91, literal
“p” de la Ley 1448 de 2011 faculta al juez de restitución para adoptar las
órdenes necesarias para garantizar la efectividad de la restitución jurídica y
material del predio reclamado, de manera que “haya estabilidad en el
ejercicio y goce efectivo de los derechos de las personas reparadas”.
Expone que no reconocer la masa hereditaria dentro de
un proceso de restitución implica que las personas llamadas a suceder al
causante queden impedidas para ejercer cualquier acto de disposición sobre el
predio hasta que se produzca una decisión en la justicia ordinaria, ya que la
calidad de heredero no constituye una relación formal con los inmuebles de la
sucesión, y los derechos hereditarios se tienen, en últimas, frente a bienes no
determinados.
Finalmente,  concluye que la sentencia que se
cuestiona mediante acción de tutela:
“a.- Vulnera el derecho al debido proceso de la
accionante porque se la priva de poder disponer de los predios porque pasan a
la masa herencial y no directamente a quien los pretende; se omitió tener en
cuenta que los causahabitantes son titulares del derecho de restitución (art.
81 L. 1448/2011); contraviene el principio de juez natural, así como el de
unidad o integridad procesal, pues la decisión de trasladar la partición y
adjudicación a la justicia ordinaria aplaza injustificadamente la restitución
jurídica”.
b.- Vulnera los derechos fundamentales a los demás
herederos porque al Juzgado accionado se le puso en conocimiento de su
existencia en el cuerpo de la solicitud, únicamente analizó el desplazamiento
de la señora Claudia Anzola en el año 2000, pasó por alto que el causante
también sufrió el hecho victimizante a comienzos de los años 90, y empleó una
noción restringida de víctima del conflicto armado interno”.
c.- Al no formalizar el derecho de propiedad se
dificulta la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado
interno, por cuanto los predios restituidos en común y pro indiviso dificultan
la ejecución de proyectos productivos y subsidios de vivienda, pues impide
determinar qué prerrogativas son las que asisten a los beneficiarios de los fallos
y no diferencia los núcleos familiares que deberían ser atendidos”
2.4. Procuradora 30 Judicial I para la Restitución
de Tierras[2].
La Procuradora 30 Judicial I para la Restitución de
Tierras, en calidad de interviniente, indicó que la solicitud de amparo exige
determinar cómo hacer compatible la sujeción del juez de restitución al imperio
de la ley, en este caso, la Ley 1448 de 2011, con los principios de
independencia y autonomía del poder judicial en la adopción de sus decisiones,
teniendo en cuenta que éstos últimos encuentran límite a su vez en el principio
de razón suficiente, así como en los fines materiales del Estado Social de
Derecho.
En ese orden de ideas, precisó que la Ley 1448 de
2011 “como norma es susceptible de interpretación y es allí donde entra en
juego la autonomía del Juez”, de manera que a su juicio:
“a.- No se quebranta el artículo 91 ejusdem si con
la sentencia no decide un trámite de sucesión ligado al predio restituido,
siempre que se adopten a favor del beneficiario órdenes claras y precisas para
que solucione el asunto el cual a su vez “no es posible determinar dentro del proceso
de restitución”.
b.- El art. 95 ejusdem solamente permite acumular
al proceso de restitución otros de diferentes naturaleza ya iniciados o en
curso y hasta que se adopte la decisión de fondo”.
Resaltó que en ejercicio de la autonomía e
independencia judicial los jueces de restitución frente a sucesiones
relacionadas con los predios restituidos han adoptado diferentes decisiones,
así: (i) tramitarla dentro del proceso transicional; (ii) suspender el proceso
de restitución para que se adelante primero la sucesión; (iii) restituir y en
las facultades postfallo llevarla a cabo; o (iv) ordenar la restitución a la
masa herencial para que se efectué la sucesión ante la justicia ordinaria.
En consecuencia, concluyó que, en el caso concreto,
la juez accionada optó por la última de las opciones, profiriendo las órdenes
pertinentes para que la sucesión se llevara a cabo en un término razonable, las
cuales son objeto de control postfallo, de modo que no existe vulneración de
los derechos fundamentales de la accionante.
3. Decisiones de tutela objeto de revisión:
3.1.  Sentencia de primera instancia
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
D.C., Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, providencia del
quince (15) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).
La autoridad judicial consideró que la sentencia
cuestionada sí decidió de fondo el derecho de restitución de la accionante,
pues la calidad que ostentaba frente a los predios “La Primavera” y “Mata de
Ramo”, era la de heredera; razón por la cual, concluyó que no se dejó de
aplicar el artículo 91 de la Ley 1448 de 2011 dentro del proceso de
restitución.
Indicó que al decidir restituir los predios a la masa
herencial, que hasta el momento se encuentra indeterminada, sí hubo un
pronunciamiento de fondo respecto del alcance de la restitución a la que tenía
derecho la accionante, el cual, no tiene que identificarse o confundirse con la
transferencia del derecho de propiedad a través de la adjudicación por
sucesión, asunto sobre el cual el juez de restitución debía analizar su
necesidad e impostergabilidad, procedencia y/o conveniencia.
Declaró la ausencia de legitimación en la causa de la
accionante para solicitar la protección en nombre de sus hermanos y negó la
protección al debido proceso, por no haberse tramitado la sucesión dentro del
proceso de restitución de tierras.
Sostuvo que el juez de restitución de tierras vulneró
el derecho al enfoque transformador de la accionante al establecer un
condicionamiento respecto de las medidas transformadoras aplicables al caso
concreto al hecho de que la señora Claudia Anzola alcance su condición de
propietaria de la cuota parte de los predios restituidos, máxime si se tiene en
cuenta que en el fallo atacado se impartieron órdenes de priorización para la
asignación de un subsidio de vivienda y otro para desarrollar un proyecto
productivo, para lo cual se requieren de trámites administrativos que pueden
adelantarse mientras la antedicha calidad se consigue.
Por lo anterior, otorgó el amparo al “enfoque
transformador” de la acción de restitución y ordenó al juzgado accionado
que modificara la sentencia debatida <<no condicionando las
medidas transformativas otorgadas hasta que “la solicitante ostente la calidad
de propietaria de la cuota parte que le corresponde sobre los predios objeto de
restitución”, advirtiéndole que así deberá informarlo a los destinatarios de
las mismas>>.
Sin embargo, decidió no conceder el amparo de los
derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso
invocados por la ciudadana Claudia Anzola Anzola al no evidenciarse el
cumplimiento de los presupuestos que aparecen como razonables para que dentro
del proceso de restitución se adelanten trámites sucesorales.
3.2.  Impugnación.
La accionante reiteró los argumentos expuestos en el
escrito de tutela y adujo que, a pesar de que sólo ella fue incluida como
víctima por la UAEGRTD, esa entidad le informó que ello no afectaba a sus
hermanos porque el derecho de aquellos provenía de la ley; y, fue por esta razón
que optó por iniciar el trámite como heredera y no como poseedora para respetar
los intereses de sus familiares.
Indicó que “aun cuando la UAEGRTD se equivocó en
el trámite, el juez puede corregir todos los errores como director del proceso”
y que la orden que impartió el Tribunal “no es suficiente para garantizar
las medidas de reparación integral”, porque igual debe esperar que culmine
la adjudicación y partición.
La UAEGRTD coadyuvó la apelación de la peticionaria y
señaló que aquella está facultada para actuar en nombre de sus hermanos.
3.3. Sentencia de segunda instancia
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
fallo proferido el diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017).
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
en fallo proferido el diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017), confirmó
la sentencia de primera instancia, al considerar que, en el presente caso, para
efectos sucesorios, el proceso de restitución de tierras no comporta la
competencia expresa, por el contrario, dicho trámite recae en cabeza del juez
municipal o en el de familia según la cuantía, proceso que cuando es de mayor
cuantía goza adicionalmente del denominado fuero de atracción del artículo 23
del Código General del Proceso.
Concluyó que, a juicio de esa Corporación, la
negativa de efectuar la participación y adjudicación dentro del mismo procedimiento
especial, resulta razonable, por lo que independientemente que la prohíje, no
puede tildarse de abiertamente caprichosa para que sea objeto de ataque en sede
constitucional, pues se fundamentó en una hermenéutica respetable, que desde
luego no puede ser alterada por esta vía.
Por último, reiteró que debe entenderse que la
restitución ordenada a la accionante es en calidad de heredera de Antonio
Anzola Basto y a favor de la masa sucesoral, para que las personas que se crean
con algún derecho patrimonial lo reclamen dentro del juicio de sucesión.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar el fallo proferido dentro de la
acción de tutela de la referencia de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución Política y en concordancia
con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Problema jurídico
Conforme con la reseña fáctica y las decisiones adoptadas por los
jueces de instancias en el trámite de la solicitud de amparo objeto de
revisión, corresponde a la Sala establecer, si en el asunto planteado
procede la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales a la restitución de tierras, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, presuntamente
vulnerados por el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras de Cundinamarca al incurrir en un defecto por desconocimiento del
precedente horizontal, al inhibirse de adelantar proceso de sucesión
conjuntamente al trámite de la acción de restitución de tierras de los predios
“Mata de Ramo” y “La Primavera”, y conminando a la accionante a iniciar un
proceso de sucesión ante el juez ordinario para la materialización del derecho
de propiedad en calidad de heredera del causante.
Para
resolver el problema planteado en este trámite, la Sala se pronunciará sobre:
(i) la tutela contra providencias judiciales y las causales generales y específicas
para su procedibilidad; (ii) el desconocimiento del precedente judicial como
causal de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (iii) el desconocimiento
del precedente como defecto sustantivo; (iv) el
proceso de Restitución de Tierras en el contexto de Justicia Transicional; (v) las
facultades del juez de restitución de tierras para suspender, acumular y
resolver procesos subyacentes; (vi) las decisiones adoptadas por los Jueces de
Restitución de Tierras frente a la posibilidad de adelantar trámites de
sucesión en los procesos de Justicia Transicional; y, finalmente, (vii) se
realizará el análisis del caso concreto.
3. Cuestión previa
Legitimación por activa como requisitos
de procedencia de la acción de tutela
De conformidad con lo establecido en los artículos 86
Superior y 5º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra toda
acción u omisión de las autoridades públicas y en ciertos casos en contra de
particulares, que vulneren o amenacen los derechos fundamentales de los
accionantes.
A continuación, la Sala abordará el análisis del requisito
de procedencia de legitimación por activa debido a que en el presente caso la
accionante manifiesta que actúa como agente oficiosa de sus hermanos, quienes
no fueron reconocidos como víctimas en el proceso de restitución de tierras,
que dio origen a la sentencia acusada en esta oportunidad.
3.1. Legitimación por activa como requisito de
procedencia de la acción de tutela
El artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 establece que, toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá
solicitar el amparo constitucional por sí misma, por representante, o a
través de un agente oficioso, cuando el titular de los derechos vulnerados o
amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Por ello, este mecanismo de defensa judicial no admite que se pueda asumir
de manera indeterminada o ilimitada la representación de otro y demandar
protección constitucional a su nombre, pues la informalidad, que caracteriza a
la acción de tutela, no se opone a que su ejercicio esté sometido a requisitos
mínimos de procedibilidad, entre los cuales está la legitimidad por activa[3].
Ahora bien, de la informalidad de la
acción se ha entendido “que quien la ejerza no requiere ninguna calidad
especial ni necesita ser abogado titulado pues se trata de un procedimiento
preferente y sumario que puede iniciarse, como lo dice la Constitución, por
toda persona que estime pertinente reclamar ante los jueces, "...por sí
misma o por quien actúe a su nombre...", la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales. Estamos ante una acción con características
singulares que, en razón de su objeto, han sido trazadas por la misma Carta
Política, de lo cual resulta que no podrían el legislador ni el intérprete
supeditar su ejercicio a los requisitos exigidos corrientemente por la ley para
otro tipo de acciones.”[4]
Por lo tanto, carecería de todo fundamento que en los eventos en que la acción
es ejercida por un tercero como agente oficioso, se exigiera el título de
abogado, puesto que se desvirtuaría la informalidad que caracteriza a este
mecanismo constitucional, arriesgando la efectividad de la misma. Caso distinto
es cuando se ejerce la tutela a nombre de otro pero a título profesional, en
virtud del mandato judicial.  Frente a lo cual, esta Corporación en la
sentencia T-550 de 1993, sostuvo:
“(E)s evidente que en tal caso actúa
dentro del marco legal y las reglas propias del ejercicio de la profesión de
abogado, razón por la cual debe acreditar que lo es según las normas aplicables
(Decreto 196 de 1971).
Ello no solamente por razón de la
responsabilidad que implica tal ejercicio, que se concreta en el campo
disciplinario, sino por la necesaria defensa de los intereses del cliente, a
quien conviene establecer con certidumbre que quien lo apodera puede actuar, de
acuerdo con la ley, ante las distintas instancias judiciales y que responderá
por su gestión.
Al respecto debe recordarse que,
según el artículo 26 de la Constitución, si bien toda persona es libre de
escoger profesión u oficio, la ley podrá exigir títulos de idoneidad y las
autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las
profesiones.
El artículo 229 de la Carta garantiza
el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia pero
advierte expresamente que la ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin
representación de abogado.
El caso específico de los procesos de
tutela ha sido regulado directamente por la Constitución (artículo 86) en los
ya expresados términos, pero en concreto sobre la representación judicial no
estableció norma alguna, luego en ese aspecto son aplicables las reglas
generales que establecen como principio el de que toda representación judicial
-salvo los casos determinados en la ley- únicamente tendrá lugar a través de
abogado.
El artículo 38, inciso 2º, del
Decreto 2591 de 1991 dispone: "El abogado que promoviere la presentación
de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será
sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años.
En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio
de las demás sanciones a que haya lugar".
Esta disposición no tendría sentido
ni podría ser aplicada si no se entendiera, como lo hace la Corte, que para
ejercer la representación con base en mandato judicial y actuando el apoderado
a título profesional, así sea en materia de tutela, es indispensable que aquel
sea abogado titulado y en ejercicio, de conformidad con las normas del Decreto
196 de 1971.
En el proceso de cuya revisión se
trata, tenemos que quien suscribe la demanda, a nombre de varias personas con
base en poder especial otorgado por éstas, dice ser abogado con Licencia
Provisional expedida por el Tribunal Superior de Cali.
Esta clase de licencias (artículo 18
Decreto 196 de 1971), a diferencia de las temporales, permite el ejercicio de
la profesión sin restricciones ante todos los jueces y tribunales del país,
pues constituye el documento que acredita el título y la inscripción del
abogado mientras se expide la correspondiente Tarjeta Profesional.
Por tanto, en este caso podía el
firmante apoderar a unas personas naturales si éstas estimaban violados sus
derechos constitucionales fundamentales y ejercer, en representación judicial
de ellas, la acción de tutela.”
3.2. Elementos
normativos que caracterizan la agencia oficiosa como forma de configurar la
legitimación activa de los procesos de tutela.
La agencia oficiosa en los procesos de tutela, al
igual que el apoderamiento judicial, tiene su fundamento constitucional en el
artículo 86 de la Constitución Política, y legal en el mismo artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991 que establece que se podrán reclamar derechos ajenos “cuando
el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.”
Esta Corporación en diversas oportunidades ha abordado
el tema, fijando algunos parámetros para su correcta configuración, entre ellas
la sentencia T-531 de 2002, en la cual dispuso:
“i) Fundamento de validez de la agencia oficiosa.
El fundamento de validez de la norma de permisión consistente en
la potestad en cabeza de personas indeterminadas para promover acción de tutela
en favor de terceros se encuentra en el enunciado normativo del segundo inciso
del artículo 10[5] del
decreto 2591 de 1991 en el cual el legislador delegado previó que se podían
agenciar derechos ajenos “cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa.”
Para la Sala la validez de esta norma de permisión se ve reforzada
con tres principios constitucionales: el principio de eficacia de los derechos
fundamentales[6], que como
mandato vinculante tanto para las autoridades públicas como para los
particulares, impone la ampliación de los mecanismos institucionales para la
realización efectiva de los contenidos propios de los derechos fundamentales.
El principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas[7] el cual en estrecha relación con el
anterior está dirigido a evitar que por circunstancias artificiales propias del
diseño de los procedimientos se impida la protección efectiva de los derechos.
Y el principio de solidaridad[8] que impone
a los miembros de la sociedad colombiana velar por la defensa no sólo de los
derechos fundamentales propios, sino también por la defensa de los derechos
ajenos cuando sus titulares se encuentran en imposibilidad de promover su
defensa.
ii) Elementos normativos de la agencia oficiosa.
Los elementos normativos de la agencia oficiosa están señalados
expresamente en el decreto 2591 de 1991 y de manera implícita en la
Constitución y en los decretos reglamentarios de la acción tutela. La Sala los
sintetiza de la siguiente manera: (i) La manifestación[9] del agente oficioso en el sentido de actuar
como tal. (ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya
por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir[10], consistente en que el titular del
derecho fundamental no está en condiciones físicas[11] o mentales[12] para
promover su propia defensa. (iii) La existencia de la agencia no implica[13] una relación formal[14] entre el agente y los agenciados titulares de
los derechos (iv) La ratificación[15] oportuna[16] por parte del agenciado de los hechos
y de las pretensiones consignadas en el escrito de acción de tutela por el
agente.
iii) Efectos de la figura.
“Configurados los elementos normativos anteriormente señalados se
perfecciona la legitimación en la causa por activa y el juez de tutela estará
en la obligación de pronunciarse de fondo[17] sobre los
hechos y las pretensiones relacionadas en el escrito de tutela. Si los mismos
no se presentan en el caso concreto, el juez deberá según el caso rechazar de
plano[18] la acción de tutela o en la sentencia
no conceder[19] la tutela
de los derechos fundamentales de los agenciados”. Sin embargo considera la Sala
que el análisis acerca de la configuración de los referidos elementos debe
realizarse por el juez de tutela en atención a las circunstancias propias del
caso concreto[20], derechos
fundamentales invocados, calidad y condiciones de las partes, características
socio económicas de las mismas, lugar geográfico de la supuesta vulneración
etc., esta obligación que pesa sobre los jueces de tutela deriva directamente
del principio de eficacia de los derechos fundamentales[21] que como ha reiterado la Sala inspira e
informa la figura procesal de la agencia oficiosa en materia de tutela.
iv) Autonomía de la figura.
A pesar de guardar similitudes con la figura de la agencia
oficiosa consagrada y regulada en el código de procedimiento civil[22], la agencia oficiosa en materia de
tutela tiene características propias que permiten identificarla y diferenciarla[23] de aquella, por lo cual las hipótesis
para su configuración son las propias reguladas en el decreto 2591 de 1991 y
las que se desprenden de la interpretación de los enunciados constitucionales[24] a partir de los principios que
gobiernan la materia.
v) Propósito constitucional de la agencia oficiosa.
La finalidad[25] de la
agencia oficiosa se encuentra en estrecha relación con los principios
constitucionales que la inspiran, su consagración legal es entonces a la vez,
la concreción efectiva de los mismos, de esta forma el principio de eficacia de
los derechos fundamentales, se concreta en la operatividad de la figura de la
agencia oficiosa en tanto y en cuanto con la misma se realiza el principio de
prevalencia del derecho sustancial y el derecho al acceso a la administración
de justicia.[26]”
Lo anterior no es obstáculo para que en algunos eventos
excepcionales el juez constitucional, atendiendo la prevalencia del derecho
sustancial, la finalidad de la acción de tutela, y el acceso a la
administración de justicia, modere las exigencias procesales referentes  a la
agencia oficiosa, con el objeto de hacer efectivos los derechos fundamentales
de las personas.
Por lo tanto, “cuando en el escrito de tutela no se manifiesta
en forma expresa que se están agenciando derechos de personas que se encuentran
imposibilitadas para acudir a un proceso, pero del contenido mismo de la
demanda de tutela se concluye que se actúa en nombre de otro, el juez
constitucional debe interpretar la demanda y aceptar la procedencia de la agencia
oficiosa”[27]
3.3. Análisis de la legitimación por activa como
requisito de procedencia en el caso concreto
De acuerdo con los fundamentos jurisprudenciales
anteriormente señalados y las pruebas que obran en el expediente, la Sala
encuentra que en el caso objeto de estudio, Claudia Anzola Anzola actuando en su
propio nombre y en calidad de agente oficiosa de sus hermanos  Alcira, Carmen Rosa, Lino, José Ángel y Teodolindo Anzola, presentó
acción de tutela contra el
Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Cundinamarca, alegando la vulneración de los derechos fundamentales a la restitución de tierras, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad. Sin
embargo, la Sala Octava de Revisión solamente reconoce legitimidad en la causa
por activa a la señora Claudia Anzola Anzola para actuar en defensa de sus
intereses, por cuanto no se acreditó que los señores Alcira, Carmen Rosa, Lino,
José Ángel y Teodolindo Anzola, cuenten con alguna declaratoria de interdicción,
y por tanto, era imperioso que para el efecto, informaran en el escrito de
tutela las razones por las cuales se encuentran imposibilitados para interponer
directamente la acción constitucional.
En consecuencia, se concluye que
la señora Claudia Anzola Anzola
únicamente se encuentra legitimada
por activa para presentar la acción de tutela en contra del Juzgado Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca en su nombre
propio.
4. Tutela
contra providencias judiciales y las causales generales y específicas para su
procedibilidad. Reiteración de jurisprudencia
4.1 La
intervención del juez constitucional en asuntos decididos por otros jueces, en
sus respectivas jurisdicciones, se puede adelantar únicamente con el fin de
proteger derechos fundamentales vulnerados. Al respecto, se ha establecido que
el juez constitucional no puede suplantar o desplazar al juez ordinario en el
estudio de un caso que, por su naturaleza jurídica, le compete. Éste sólo puede
vigilar si la providencia conlleva la vulneración de los derechos
constitucionales del peticionario.
De allí se
infiere que la acción de tutela no es un mecanismo que permita, en sede constitucional,
anular decisiones que simplemente no se comparten o remplazar al juez ordinario
en su tarea de interpretar las normas conforme al material probatorio del caso,
sino que tiene por fin que la actividad judicial sea conforme a la
Constitución, pues se trata de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
cuyo objetivo es proteger los derechos fundamentales de la persona que tuvo
participación en un proceso judicial y en éste devino la vulneración a sus
derechos. Respecto de ello, la Corte ha expresado que:
“se trata de una
garantía excepcional, subsidiaria y autónoma para asegurar, cuando todos los
recursos anteriores han fallado, que a las personas sometidas a un proceso
judicial no les violen sus derechos constitucionales fundamentales. No se trata
entonces de garantizar la adecuada aplicación del resto de las normas que integran
el sistema jurídico o de los derechos que tienen origen en la ley”. [28]
Quiere decir esto
que los jueces constitucionales deben revisar la aplicación de los derechos
constitucionales que corresponde garantizar a los jueces ordinarios y de lo
contencioso administrativo al momento de decidir asuntos de su competencia pero
sin intervenir de manera ilegítima en sus decisiones.
4.2 Este Tribunal
Constitucional estableció los requisitos para el estudio de la acción de tutela
contra providencias judiciales en la Sentencia C-590 de 2005. En esa
oportunidad, la Corte estipuló que para la procedencia de la acción
constitucional, deben cumplirse tanto las (i) causales generales, como los (ii)
requisitos especiales para su procedencia. A saber:
(i)
Las causales generales de procedibilidad:
a.
El asunto en discusión debe comportar una evidente relevancia
constitucional que permita establecer que es el juez de tutela el encargado de
su estudio.
b.
Deben haber sido agotados todos los mecanismos de defensa judiciales –ordinarios
y extraordinarios- existentes para la protección de los derechos del actor. Sin
embargo, en caso de que se demuestre la existencia de un perjuicio
irremediable,  la acción constitucional podrá proceder como mecanismo
transitorio, aún ante la ausencia del agotamiento de los medios de defensa.
c.
Se debe dar cumplimiento al principio de inmediatez, es decir, que la
tutela se haya interpuesto en un término razonable y proporcionado desde el
hecho que originó la vulneración o amenaza de los derechos del tutelante, hasta
el momento en que éste acudió ante el juez constitucional para la protección de
los mismos.
d.
La irregularidad procesal alegada deberá tener un efecto decisivo o
determinante en las providencias objeto de discusión.
e.
La parte actora debe haber identificado los hechos que generaron la
afectación, los derechos vulnerados y que éstos hayan sido alegados dentro del
proceso, siempre y cuando fuere posible.
f.
No se trate de una sentencia de tutela.
(ii) Causales
especiales de procedibilidad, las cuales  corresponden a los siguientes tipos
de defectos:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
d.  Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[29] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
e.  Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
f.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[30].
h. Violación directa de la Constitución.”[31]
4.3. El juez ante quien se controvierte una
providencia, por conducto de la acción constitucional de tutela, se encuentra
llamado, en primer lugar, a verificar que concurran los requisitos generales
para adelantar el escrutinio, y pasado este primer tamiz, a constatar que el
reproche enfilado contra la decisión que se trata esté enmarcado en, al menos,
una de las causales específicas enunciadas. De esta manera, se conseguirá
precisar si el pronunciamiento judicial acusado contraría los derechos
consagrados en la Constitución y, en esa medida, debe despojárselo de la coraza
que le otorgan los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
5. El precedente
judicial. Reiteración de jurisprudencia[32]
5.1. Esta Corte ha
definido el precedente judicial como “la sentencia o el conjunto de
ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y
semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente
considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”[33] (Negrilla
fuera del texto).
La doctrina también lo
identifica como un “mecanismo jurisdiccional de origen anglosajón que se
funda en lo que se conoce como stare decisis (estar a lo decidido), y consiste
en la aplicación de criterios utilizados en sentencias anteriores a casos
posteriores”[34]
o como “la decisión judicial anterior a un caso concreto que será utilizada
para la solución de casos posteriores”[35].
La Corte Constitucional en
Sentencia T-615 de 2016, indicó que “se trata de un instrumento que se apoya
en fallos anteriores, los cuales recogen elementos similares a los del caso a
resolver. Su fuente constitucional se encuentra en los artículos 234, 237 y 241
de la Carta, al establecer que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado son los tribunales de cierre de su respectiva jurisdicción y la Corte
Constitucional es el órgano encargado de salvaguardar la integridad y
supremacía de la norma Superior”.
En ese
orden de ideas, las altas cortes, como órganos de cierre y encargados de
garantizar la seguridad jurídica, la igualdad y buena fe, tienen la función de
unificar la jurisprudencia al interior de su jurisdicción[36].
5.2. El precedente se ha
clasificado en horizontal y vertical, de acuerdo con la autoridad que emitió la
providencia que sirve como antecedente, el precedente se ha clasificado en
horizontal y vertical. El primero, hace referencia a que “un juez – individual
o colegiado- no puede separase del precedente fijado en sus propias sentencias”[37].
En este sentido, el precedente horizontal implica que (i) los jueces
individuales deben respetar su autoprecedente, se trata, en términos sencillos,
de una disciplina y coherencia frente a sus propios fallos; y, (ii) los cuerpos
colegiados están vinculados frente a las decisiones de las salas que lo
conformen.
El precedente horizontal
tiene fuerza vinculante, no solo en atención a los principios de buena fe,
confianza legítima y seguridad jurídica, sino al derecho de igualdad que rige
el ordenamiento jurídico. Al respecto la Sentencia T-049 de
2007, indicó:
“Esta Corporación en múltiples oportunidades ha
estudiado el tema concluyendo que, en efecto, los jueces tienen la obligación
constitucional de respetar sus propias decisiones[38]. De acuerdo con la
jurisprudencia Constitucional, el precedente horizontal también tiene fuerza
vinculante en el ordenamiento jurídico colombiano, lo cual se explica al menos
por cuatro razones: (i) en virtud del principio de igualdad en la aplicación de
la Ley, que exige tratar de manera igual situaciones sustancialmente iguales;
(ii) por razones de seguridad jurídica, ya que las decisiones judiciales deben
ser “razonablemente previsibles”; (iii) en atención a los principios de
buena fe y confianza legítima, que demandan respetar las expectativas generadas
a la comunidad; y finalmente, (iv) por razones de “disciplina judicial”, en
la medida en que es necesario un mínimo de coherencia en el sistema judicial”[39] (Negrilla
fuera del texto).
Por su parte, el
precedente vertical es aquel que proviene de la autoridad encargada de unificar
la jurisprudencia. En ese sentido, la autonomía judicial del juez de inferior
jerarquía se limita, en tanto debe respetar la postura de su superior, bien sea
de las altas cortes o de los tribunales en los eventos donde los asuntos no son
revisables por aquellas.
5.3. En conclusión, si el
funcionario judicial omite su propio precedente o el vertido por su superior,
sin justificarlo de manera razonada, viola los derechos fundamentales de la igualdad
y el debido proceso de los administrados y se constituye en un defecto,
susceptible de ser corregido por el juez de tutela.
6. Desconocimiento del
precedente como defecto sustantivo. Reiteración de jurisprudencia[40]
6.1. El defecto sustantivo
se presenta en los casos donde el funcionario judicial omite aplicar la ley o
las disposiciones infralegales que se ajustan al caso concreto. En efecto, se
ha indicado:
“una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional (i) aplica una disposición
en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por la
normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto
manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho
del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii)
a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente
-interpretación contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv)
se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación
suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre
que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso”[41].
6.2. En Sentencia T-615 de
2016, la Corte reiteró que “la seguridad jurídica y el respeto a la
igualdad, son axiomas que los Tribunales y en especial las Cortes deben considerar
al momento de emitir las providencias, a fin de mantener una estabilidad en sus
posiciones. Ello, porque no es justo que casos similares se resuelvan de
diferente manera por el mismo juez[42].
Así, la no aplicación del precedente judicial -vertical u horizontal-
constituye causal que genera defecto sustancial susceptible de ser amparado por
la acción de tutela”.
No obstante, esa regla
tiene su excepción y es precisamente cuando el funcionario judicial, tras hacer
una exposición del precedente que pretende abandonar, explica de manera clara y
precisa las razones por las cuales se aparta del mismo:
“(…) un tribunal
puede apartarse de un precedente cuando considere necesario hacerlo, pero en
tal evento tiene la carga de argumentación, esto es, tiene que aportar las
razones que justifican el apartamiento de las decisiones anteriores y la
estructuración de una nueva respuesta al problema planteado. Además, para
justificar un cambio jurisprudencial no basta que el tribunal considere que la
interpretación actual es un poco mejor que la anterior, puesto que el
precedente, por el solo hecho de serlo, goza ya de un plus, pues ha orientado
el sistema jurídico de determinada manera. Los operadores jurídicos confían en
que el tribunal responderá de la misma manera y fundamentan sus conductas en
tal previsión. Por ello, para que un cambio jurisprudencial no sea arbitrario
es necesario que el tribunal aporte razones que sean de un peso y una fuerza
tales que, en el caso concreto, ellas primen no sólo sobre los criterios que
sirvieron de base a la decisión en el pasado sino, además, sobre las
consideraciones de seguridad jurídica e igualdad que fundamentan el principio
esencial del respeto del precedente en un Estado de derecho”[43].
Tesis reiterada en la
sentencia T-698 de 2004 y, posteriormente, en la T-794 de 2011, en la cual se
indicó:
“vale aclarar que
la regla de vinculación del precedente no puede ser adoptada de manera
absoluta, teniendo en cuenta que el derecho es cambiante; para la Corte ha sido
claro que dicha pauta no se puede convertir en la única vía para resolver un
caso concreto. Por ello, siempre que se sustenten de manera expresa, amplia y
suficiente, las razones por las cuales va a desconocer o cambiar una posición
anterior, el operador judicial puede apartarse de ella.
La jurisprudencia
ha precisado que el juez (singular o colegiado) sólo puede apartarse de la
regla de decisión contenida en un caso anterior cuando demuestre y cumpla los
siguientes requisitos:
(i) Debe hacer
referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o
simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de
transparencia).
(ii) En segundo
lugar, debe ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual explique de
manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera que es
necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de
igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)”.
6.3. En síntesis, con el
fin de garantizar el derecho a la igualdad “los funcionarios judiciales
están obligados a mantener su propia línea jurisprudencial y acoger los
precedentes de los órganos límite de la jurisdicción, so pena de incurrir en
causal especial de procedencia de la acción de tutela, por defecto sustantivo.
No obstante, pueden apartarse de los mismos, siempre que ofrezcan argumentos
claros, lógicos y precisos sobre las razones que determinan esa decisión,
previa referencia al precedente que abandonará y las causales que determinan
esa decisión”[44].
7. Proceso de Restitución de Tierras en el contexto de Justicia
Transicional. Reiteración de jurisprudencia[45]
Marco jurídico y naturaleza del proceso de restitución de tierras
El proceso de restitución de tierras se encuentra
consagrado en la Ley 1448
de 2011, Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras
disposiciones, norma de justicia transicional cuyas características
diferencian sus procedimientos de los previstos en la jurisdicción ordinaria.
7.1. Los artículos
1º y 3º de la Ley 1448 de 2011, disponen que su objeto consiste en establecer
un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, de
carácter individual y colectivo, en beneficio de las personas que han sido
víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de graves
violaciones de Derechos Humanos, con ocasión del conflicto armado interno por
hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985. Todo esto en un marco de
justicia transicional en el que se haga efectivo el goce de los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no
repetición, a fin de lograr la reconciliación y una paz sostenible.
7.2. La Ley 1448 de 2011 establece los principios generales
por los cuales deben regirse sus procedimientos. Particularmente, el artículo
4º de la ley dispone el principio de dignidad, el cual constituye el fundamento
axiológico de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, y el
respeto por la integridad y honra de las víctimas. En virtud de tal principio,
se compromete al Estado a realizar de forma prioritaria todas las acciones
dirigidas al fortalecimiento de la autonomía de las víctimas para
contribuir a su recuperación como ciudadanos. Adicionalmente, se establece el
principio de buena fe el cual implica que, basta con que la víctima pruebe
sumariamente el daño sufrido ante una autoridad administrativa para que se le
releve de la carga de la prueba.
7.3 El artículo 8º
de Ley 1448 de 2011 dispone que hacen parte del contexto de justicia
transicional, todos los procesos y mecanismos judiciales o extrajudiciales
relacionados con: (i) el rendimiento de cuentas de los responsables de las
violaciones establecidas en el artículo 3º de la misma normativa, (ii) la
satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia,  la reparación integral
de las víctimas e implementación de medidas institucionales necesarias para
garantizar la no repetición de los hechos y (iii) la desarticulación de las
estructuras armadas que se encuentran por fuera de la ley.
Con fundamento en
lo anterior, el artículo 9º de la referida ley preceptúa que las autoridades
judiciales y administrativas competentes deben ajustar sus actuaciones para
adecuarse al marco de justicia transicional[46].
7.4 La Corte Constitucional se ha pronunciado
sobre el proceso de restitución de tierras en el marco de la justicia
transicional. En efecto, en la sentencia C-820 de 2012, reiterada en la
sentencia C-794 de 2014, esta Corporación indicó que “el proceso de
restitución de tierras es un elemento impulsor de la paz, en la medida en que a
través de un procedimiento especial y con efectos diferentes a los consagrados
en régimen del derecho común, se establecen las reglas para restitución de
bienes de las personas que han sido víctimas del conflicto armado de
conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la misma normativa[47]”.
7.5 El título IV de la Ley 1448 de 2011 está
dedicado, específicamente, al tema de la reparación de las víctimas[48].
En concreto, el artículo 69 establece:
“Las víctimas de que trata esta ley, tienen derecho a obtener las
medidas de reparación que propendan por la restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones
individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas
será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus
derechos y las características del hecho victimizante”.
Por su parte, el artículo 70 preceptúa que “El Estado colombiano, a través del Plan Nacional para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas, deberá adoptar un programa integral
dentro del cual se incluya el retorno de la víctima a su lugar de residencia o
la reubicación y la restitución de sus bienes inmuebles.”. Y el artículo 71 precisa que la ley “entiende por restitución,
la realización de medidas para el restablecimiento de la situación anterior a
las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente Ley”.
Para el efecto, el artículo 73 definió los
siguientes principios: el carácter preferente, la independencia, la
progresividad, la estabilización, la seguridad jurídica, la prevención, la
participación y la prevalencia constitucional[49].
7.6. La Ley 1448 de 2011 identifica dos tipos de
personas como titulares del derecho a la restitución jurídica y material de las
tierras despojadas o abandonadas forzadamente: (i) las propietarias o
poseedoras de predios y (ii) las explotadoras de baldíos que pretendan adquirir
la propiedad por adjudicación, en ambos casos, que hayan sido despojadas de las
tierras u obligadas a abandonarlas, como consecuencia de los hechos que
configuren las violaciones definidas en el artículo 3º de la ley, entre el 1 de
enero de 1991 y el término de vigencia de ésta.
7.7. En Sentencia T-244 de 2016, la Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional, reiteró que es a través del proceso de
restitución de tierras que el Legislador materializó la protección de algunos
de los derechos constitucionales fundamentales, cuya vulneración fue puesta de
presente por la Corte en la Sentencia T-025 de 2004, a saber: “(i) el
derecho a la vida en condiciones de dignidad; (ii) el derecho a escoger el
lugar de domicilio, en la medida en que para huir de la amenaza que enfrentan
las víctimas de desplazamiento, éstas se ven forzadas a escapar de su sitio
habitual de residencia y trabajo; (iii) los derechos al libre desarrollo de la
personalidad, a la libertad de expresión y de asociación; (iv) la unidad familiar
y a la protección integral de la familia; (v) la libertad de circulación por el
territorio nacional y el derecho a permanecer en el sitio escogido para vivir;
(vi) el derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio,
especialmente en el caso de los agricultores que se ven forzados a migrar a las
ciudades y, en consecuencia, abandonar sus actividades habituales; y (vii) el
derecho a una vivienda digna, puesto que las personas en condiciones de
desplazamiento tienen que abandonar sus propios hogares y someterse a
condiciones inapropiadas de alojamiento en los lugares hacia donde se
desplazan, cuando pueden conseguirlas y no tienen que vivir a la intemperie”.
7.8. El artículo
72 de la Ley 1448 de 2011 contempla las acciones de restitución de las víctimas
y, en particular, consagra: a) la acción de restitución jurídica y
material de las tierras a los despojados y desplazados  y b) cuando
no sea posible la restitución, el pago de una compensación.
En asuntos tendientes a la declaratoria de la propiedad,
posesión u ocupación del bien cuya restitución se pretende, y su reconocimiento
como desplazado en el proceso judicial, el artículo 78 de la Ley 1448 de 2011
establece que la carga de la prueba se traslada al demandado o a quien se oponga
a la pretensión de la víctima.
Así mismo, el
artículo 73 de la Ley 1448 de 2011 consagra las medidas de restitución a adoptarse
en este proceso, las cuales se caracterizan por: (i) ser preferentes; (ii)
adoptarse en consideración a que el derecho a la restitución es autónomo y
opera independientemente de que se haga o no el efectivo el retorno de las
víctimas; (iii) reconocer que las víctimas tienen derecho a retornar y ser
reubicadas de forma voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y
dignidad (principio de estabilización); (iv) propender por la seguridad
jurídica y el esclarecimiento de la situación de los predios objeto de
restitución; (v) prevenir el desplazamiento forzado, proteger la vida e
integridad de los reclamantes y las propiedades y posesiones de las personas
desplazadas; y (vi) garantizar la participación plena de las víctimas en todo
el procedimiento[50].
7.9. El artículo 74 hace referencia a las figuras
de “despojo” y “abandono”. Frente a lo que debe entenderse como
una situación de despojo, el artículo 74 dispuso “la acción por medio de la
cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a
una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante
negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de
delitos asociados a la situación de violencia”. Por abandono forzado de
tierras entiende “la situación temporal o permanente a la que se ve
abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida
para ejercer la administración, explotación y contacto directo con los predios
que debió desatender en su desplazamiento durante el periodo establecido en el
artículo 75”.[51]
7.10. Frente a la titularidad de la acción, el
artículo 75 de la Ley de víctimas y restitución de tierras indica: “Las
personas que fueran propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras
de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido
despojadas de estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia
directa e indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata
el artículo 3º de la presente Ley, entre el 1o de enero de 1991 y el
término de vigencia de la Ley, pueden solicitar la restitución jurídica y
material de las tierras despojadas o abandonadas forzadamente, en los
términos establecidos en este capítulo”.
7.11. Seguidamente,
el artículo 76 de la norma en comento establece que la inscripción de los
predios Registro de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente
se debe realizar de forma gradual y progresiva, teniendo en cuenta la densidad
histórica del despojo, la situación de seguridad y la existencia de condiciones
para el retorno. Esto fue desarrollado en el Decreto 4829 de 2011,
particularmente en sus artículos 5 y 6, en los que se dispone que “se
adelantará un proceso de macro y microfocalización, mediante el cual se
definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de las
solicitudes recibidas” que será establecido por las instancias de
cooperación operativa que defina el Gobierno Nacional.
7.12. El artículo 81 de la Ley 1448 de
2011 se refiere a las personas que pueden presentar la acción: quienes fueran
propietarios o poseedores de predios, o explotadores de baldíos con fines de
adjudicación (artículo 75); su cónyuge o compañero permanente con quien
convivía al momento de los hechos que desencadenaron el despojo o abandono; los
llamados a sucederlos según el Código Civil, la Unidad de Restitución de
Tierras, en representación de menores de edad (sucesores) y personas con
discapacidad[52].
7.13. El proceso de restitución de tierras está
compuesto por dos etapas: una administrativa, a cargo de la Unidad de
Restitución de Tierras (artículo 82 de la Ley 1448 de 2011), y otra judicial,
a cargo de los jueces y magistrados especializados de restitución de tierras.
7.14. Durante la fase administrativa, que
constituye un requisito de procedibilidad de la acción judicial, la Unidad de
Restitución de Tierras debe (i) identificar física y jurídicamente los predios,
(ii) determinar el contexto de los hechos victimizantes, (iii) individualizar a
las víctimas y sus núcleos familiares, (iv) establecer la relación jurídica de
la víctima con la tierra y los hechos que dieron origen al despojo o abandono forzado.
Esta etapa termina con la decisión de incluir o no a los solicitantes y a los
predios objeto del trámite en el Registro de tierras despojadas y abandonadas
forzosamente[53].
Los propietarios, poseedores, ocupantes de predios,
o los explotadores de predios baldíos deberán presentar una solicitud ante la
Unidad de Restitución de Tierras con el fin de inscribir los predios objeto de
la solicitud en el registro. Posteriormente,  la Unidad referida informará del
trámite de inscripción a quien o a quienes figuren oficialmente como
propietarios, poseedores u ocupantes del predio que se quiere registrar, con la
finalidad de permitirle acreditar su relación jurídica con éste, y que esta se
configuró como resultado de su buena fe exenta de culpa.
7.15. El artículo 86 de la Ley 1448 de 2011 prevé
un conjunto de medidas de protección del predio, que deben adoptarse al momento
de la admisión de la solicitud: la inscripción del predio en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos, la sustracción provisional del comercio del
bien, la suspensión de procesos declarativos de derechos reales sobre el mismo,
y la notificación al representante legal del municipio en que se encuentra el
predio, y al Ministerio Público[54],
seguidamente se dará inicio a la etapa de oposición.
7.16. De acuerdo con el artículo 87  de la Ley de
víctimas y restitución de tierras, la solicitud deberá trasladarse a (i)
quienes figuren como titulares inscritos de derechos en el certificado de
tradición y libertad de matrícula inmobiliaria donde esté comprendido el predio
sobre el cual se solicite la restitución y (ii) a la Unidad de
Restitución de Tierras, cuando la solicitud no haya sido tramitada con su
intervención. Además, “[c]on la publicación a que se refiere el literal e)
del artículo anterior se entenderá surtido el traslado de la solicitud a las
personas indeterminadas que consideren que deben comparecer al proceso para
hacer valer sus derechos legítimos y a quienes se consideren afectados por el
proceso de restitución”.
7.17. Según el artículo 88, ibídem, si alguno de
estos sujetos se hace parte en el proceso judicial adquiere la condición de opositor
y deberá presentar sus objeciones ante el juez dentro de los quince (15) días
siguientes a la notificación de la admisión, acompañando los documentos que se
pretendan hacer valer como prueba de la calidad del despojado del predio, de la
buena fe exenta de culpa, del justo título, y las demás, acerca del valor del
derecho o la calidad de despojado del solicitante.
7.18. Cumplido el período probatorio, de acuerdo
con el artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, la sentencia “se pronunciará de
manera definitiva sobre la propiedad, posesión del bien u ocupación del
baldío objeto de la demanda y decretará las compensaciones a que hubiera
lugar, a favor de los opositores que probaron buena fe exenta de culpa dentro
del proceso […]” [55].
7.19. De conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1448
de 2011, las sentencias proferidas por los jueces de restitución de tierras no
sólo se limitan a pronunciarse sobre la propiedad o posesión del bien objeto de
la demanda y ordenar las compensaciones correspondientes, toda vez que el juez
de restitución también debe:
(i)
referirse sobre la
identificación, individualización y deslinde de los inmuebles que se
restituyan.
(ii)
ordenar a la oficina de
registro de instrumentos públicos inscribir la sentencia y cancelar todo
antecedente registral sobre gravámenes y limitaciones de dominio, títulos de
tenencia, arrendamientos de la denominada falsa tradición y las medidas
cautelares registradas con posterioridad al despojo o abandono, así como la
cancelación de los asientos e inscripciones registrales.
(iii)
proferir las órdenes
correspondientes para que los inmuebles restituidos queden protegidos en los
términos de la Ley 387 de 1997, siempre y cuando los sujetos a quienes se les
restituya el bien estén de acuerdo con que se profiera dicha orden de
protección.
(iv)
establecer los mecanismos
necesarios para restituir al poseedor favorecido en su derecho por la sentencia
de restitución cuando no se le reconozca el derecho de dominio en la respectiva
providencia.
(v)
tomar las medidas para que
se desengloben o parcelen los respectivos inmuebles cuando el bien a restituir
sea parte de uno de mayor extensión.
(vi)
tomar medidas necesarias
para que se haga efectivo el cumplimiento de las compensaciones de que trata la
ley, y aquellas tendientes a garantizar los derechos de todas las partes en
relación con las mejoras sobre los bienes objeto de restitución.
(vii)
declarar la nulidad de las
decisiones judiciales y/o actos administrativos que pierdan validez con la
sentencia de restitución.
(viii)      cancelar la inscripción de cualquier derecho
real que tuviera un tercero sobre el inmueble objeto de restitución.
(ix)
proferir las órdenes
pertinentes para que la fuerza pública acompañe y colabore en la diligencia de
entrega material de los bienes a restituir y garantizar la efectividad de la
restitución jurídica y material del bien inmueble y la estabilidad en el
ejercicio y goce efectivo de los derechos de las personas reparadas.
(x)
remitir los oficios a la
Fiscalía General de la Nación en caso de que se perciba la posible ocurrencia
de un hecho punible.
Así mismo,
el parágrafo 1º del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011 prevé que “el Juez o
Magistrado mantendrá la competencia para garantizar el goce efectivo de los
derechos del reivindicado en el proceso, prosiguiéndose dentro del mismo
expediente las medidas de ejecución de la sentencia”, lo que significa que
el trámite sólo acaba cuando efectivamente han sido cumplidas las órdenes de
protección y restitución contenidas en la sentencia, a diferencia de lo que
ocurre en otras jurisdicciones, donde el trámite concluye con la ejecutoria de
la última decisión adoptada.
7.20. Finalmente,
la Sala considera relevante resaltar que de conformidad con lo establecido en
el artículo 95 de la Ley 1448 de 2011, dentro del proceso de restitución de que
trata la referida norma, se podrá efectuar la acumulación procesal, entendida
como, el ejercicio de concentración en este trámite especial de todos
los procesos o actos judiciales, administrativos o de cualquier otra naturaleza
que adelanten autoridades públicas o notariales en los cuales se hallen
comprometidos derechos sobre el predio objeto de la acción.
Se indica en el referido
artículo 95 de la Ley de víctimas que, también serán objeto de acumulación las
demandas en las que varios sujetos reclamen inmuebles colindantes, o inmuebles
que estén ubicados en la misma vecindad, así como las impugnaciones de los
registros de predios en el Registro de Tierras Despojadas y abandonadas
forzosamente, con el fin de hacer efectiva esta acumulación, desde el momento
en que los funcionarios mencionados sean informados sobre la iniciación del
procedimiento de restitución por el magistrado que conoce del asunto, perderán
competencia sobre los trámites respectivos y procederán a remitírselos en el
término que este señale.
8. Facultades del juez de
restitución de tierras para suspender, acumular y resolver procesos subyacentes
8.1. La acumulación procesal
está dirigida a obtener una decisión jurídica y material con criterios de
integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de
los fallos. Además, en el caso de predios vecinos o colindantes, la acumulación
está dirigida a criterios de economía procesal y a procurar los retornos con
carácter colectivo dirigidos a restablecer las comunidades de manera integral
bajo criterios de justicia restaurativa.
En todo caso, durante el
trámite del proceso, los notarios, registradores y demás autoridades se
abstendrán de iniciar, de oficio o a petición de parte, cualquier actuación que
por razón de sus competencias afecte los predios objeto de la acción descrita
en la presente ley incluyendo los permisos, concesiones y autorizaciones para
el aprovechamiento de los recursos naturales que se hubieran otorgado sobre el
predio respectivo (Parágrafo 2º del artículo 95 de la Ley 1448 de 2011).
8.2. Las normas concernientes
a la suspensión y acumulación de procesos se refieren a trámites que
comprometerían la satisfacción del derecho a la restitución de tierras
iniciados con anterioridad a la admisión de la acción de restitución, o hasta
antes de que se profiera la sentencia especial.
8.3. La acción de restitución
ejerce un verdadero fuero de atracción, otorgando al respectivo juez o tribunal
de la especialidad la competencia suficiente para suspender o acumular al
respectivo proceso todos los asuntos que podrían afectar el cumplimiento de su
objeto principal: la restitución jurídica y/o material del derecho de
propiedad, posesión o explotación (ocupación) sobre un predio junto con la
adopción de las medidas que se requieren para su materialización adecuada,
proporcional, diferencial y transformativa.
Sin embargo, no todo trámite
suspendido o acumulado debe ser resuelto por la autoridad judicial de
restitución, resulta indispensable que a partir de cada caso concreto se evalúe
frente a los procesos acumulados parámetros de necesidad, impostergabilidad,
procedencia y conveniencia.
9. Decisiones adoptadas por los Jueces de
Restitución de Tierras frente a la posibilidad de adelantar trámites de
sucesión en los procesos de Justicia Transicional
9.1. Los jueces de Restitución de Tierras han tenido
la oportunidad de pronunciarse sobre la posibilidad de adelantar trámites de
sucesión en los procesos transicionales a su cargo. Es así como,  dentro del
marco de la discreta autonomía e independencia judicial que tienen los
administradores de justicia para la interpretación y aplicación de las leyes al
interior de la jurisdicción especializada han proferido, entre otras[56], decisiones que contienen diferentes posiciones en temas de
sucesorales. A continuación, la Sala encuentra pertinente transcribir apartes
de algunas providencias en las cuales se diferencia claramente las dos posturas
más significativas para la resolución del caso de la referencia. A saber:
i) Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Ibagué, Tolima, sentencia del 24 de febrero de 2014,
radicado 2013-000161-00. En este proceso el juez formalizó la sucesión
intestada a favor del cónyuge y los herederos y procedió a efectuar la
respectiva participación y adjudicación de bienes, al argumentar que:
“Así
las cosas, el trámite para adelantar el juicio de sucesión del causante señor
TOBIAS ANDRADE (q.e.p.d.), es el establecido en la anterior normatividad, por
cuanto la compañera permanente supérstite y los herederos obras de consumo. Por
lo anterior, este Despacho accederá a formalizar, llevando a cabo la partición
y adjudicación de los bienes relictos, por cuanto el espíritu de la ley es
restituir y formalizar, si se dan las condiciones para tal fin, dando así
seguridad jurídica y material a las víctimas…”
(…)
“Reunidos
estos presupuestos, considera el Despacho que es viable formalizar la situación
de estos predios, llevando a cabo el trámite sucesoral, y consecuente trabajo
de partición y adjudicación, otorgando a cada uno de los herederos la cuota
parte que en derecho les corresponda, advirtiendo que si bien es cierto, lo
anterior es un procedimiento legal que corresponde adelantar conforme a la
voluntad de los herederos, ante los señores Notarios o jueces del país, no es
menos cierto que entrañándose de justicia transicional y teniendo en cuenta la cruda
realidad de la población desplazada, la cual ha sido reconocida por la propia
ley y decantada tantas veces por la jurisprudencia de la Honorable Corte
Constitucional, se debe entrar a formalizar, realizando la sucesión intestada
pero única y exclusivamente sobre los aludidos bienes”.
ii) Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Mocoa, Putumayo, sentencia del 5 de julio de 2013,
radicado 2013-00022-00. En este proceso el juez señaló lo siguiente:
“Pero
como a la fecha de solicitud y de esta providencia la señora MARIA LAURINA
MORALES ha fallecido, según registro civil de defunción indicativo serial
5421578, adosado al proceso a folio 166 del cuaderno principal y de acuerdo a
la apertura de la sucesión de la causante que se hizo en el auto admisorio en
relación con el predio aquí reclamado, en donde de ordenó emplazar a los
herederos determinados e indeterminados, y de los cuales sólo se han hecho
parte, los determinados, JOSE ABRAHAM, CRISTIAN DAVID, JUAN CARLOS Y LEIDI
VIVIANA CUARAN MORALES,  a través de representación que la ley otorga a la
UNIDAD DE TIERRAS, por ser estos menores de edad. Podemos concluir que es a
estos a quienes debemos declarar como copropietarios del predio, cumpliendo así
con lo ordenado en el literal I p) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, al
decir, que se deben proferir ‘Las órdenes que sean necesarias para garantizar
la efectividad de la restitución jurídica y material del bien inmueble y la
estabilidad en el ejercicio de y goce efectivo de los derechos de las personas
reparadas’, al igual, que lo preceptuado en el inciso tercero del artículo 95
de la misma ley, ‘La acumulación procesal está dirigida a obtener una decisión
jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y
unificación para el cierre y estabilidad de los fallos”.
9.2.
A diferencia de los juzgados previamente referidos, el Juez 2 Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia, en sentencia del
10 de marzo de 2016, radicado 2015-00070-00, realizó un análisis jurídico más
exhaustivo sobre la procedencia de efectuar sucesiones en los proceso de
restitución teniendo en cuenta: (i) el deber o mandato de formalización de la
propiedad contenido en la Ley 1448 de 2011; (ii) los alcances de la acción
hereditaria en el marco de la ley de víctimas; (iii) la competencia del juez
especializado para tramitar sucesiones; para finalmente, (iv) concluir que el
momento procesal adecuado para ello no puede ser otro sino en el postfallo con
la presentación de la correspondiente demanda., A juicio de este Juzgado:
“Ha
sido postura de este Despacho, que la acción especial y constitucional de
restitución de tierra no se debe tramitar conjuntamente por el juez civil del
circuito especializado de restitución de tierras con las sucesión del causante”
(…)
“Así
pues, el trámite de la acción de restitución de tierras (proceso de conocimiento)
y el proceso de sucesión (trámite liquidatario) de un causante no se pueden
tramitar en el mismo proceso, puesto que no se cumple con el presupuesto de la
acumulación de pretensiones de que todas las pretensiones se puedan tramitar
por el mismo procedimiento (artículo 88, numeral 3 de la Ley 1564 de 2012). En
consecuencia, cuando demandan mediante la acción de restitución de tierras los
herederos del causante víctima del desplazamiento forzado, que a su vez era
propietario, poseedor u ocupante del predio objeto mediato de la pretensión, el
juez o magistrado debe ordenar en la sentencia tanto restituir dicho inmueble a
favor de la sucesión del cujus, representada por sus herederos, como realizar
en el mismo juzgado, con radicado y cuaderno separado, el trámite de sucesión,
donde se apliquen el procedimiento propio de las sucesiones consagrado en los
artículos 473 y siguientes de la Ley 1564 de 2012, para que se le adjudiquen
derechos y obligaciones del causante a sus herederos y/o  legatarios, de
conformidad con lo establecido en la ley o en el testamento, incluido los
bienes inmuebles restituidos”.
Juzgado Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras itinerante en los distritos de
Yopal y Cundinamarca y Casanare[57], sentencia del 29
octubre de 2015, radicado 2010-00014-00. En este caso, el juez argumentó que:
“Acreditada la
calidad de víctimas, la relación jurídica de los reclamantes con el predio, y
las características que rodearon su desplazamiento, el Despacho en aras de
garantizar la seguridad jurídica de la restitución, en la forma como lo
establece el numeral 5º del artículo 73 de la Ley 1448 de 2011, procede a
realizar la partición del predio a restituir, en cabeza de los reclamantes
hijos del causante JOSÉ DEMETRIO ROJAS TOVAR, propietario del bien inmueble
objeto de restitución.
Conforme los
preceptos establecidos en el artículo 81 de la Ley 1448 de 2011, que incluye a
los llamados a suceder y de conformidad con el artículo 1045 del Código Civil,
el Despacho realizará la respectiva partición; en este sentido es de destacar
que dentro del presente proceso se encuentra acreditado mediante registro civil
de defunción (consecutivo No. 21 y 22 del proceso digital) la muerte del señor
JOSÉ DEMETRIO ROJAS TOVAR, así como también la condición de hijos de los
solicitantes respecto del causante, a partir de los registros civiles de
nacimiento obrantes a folios 2, 4, 11, 17 del cdno de pruebas y anexos en PDF;
igualmente obra registro de defunción de la señora María Angélica León Vda. de
Rojas, madre de los reclamantes a folio 23 del cdno de pruebas y anexos en
PDF”.
En
conclusión, un detenido análisis de algunas providencias proferidas entre el
año 2013 y el año 2015 por los jueces de especializados en restitución de
tierras[58], revela que en efecto, se perfilan, al interior de la jurisdicción
de justicia transicional para la restitución de tierras, dos posturas sobre la
posibilidad de adelantar diligencias de sucesión en procesos de esta
naturaleza:
(i) Una, según la cual el trámite de
sucesión tiene requisitos y etapas propias orientadas a garantizar el debido
proceso, la igualdad y la publicidad de las actuaciones de los herederos
determinados e indeterminados que no concurrieron al ejercicio de restitución “por
falta de citación”; a diferencia de la acción especial, cuenta con la
posibilidad de segunda instancia; su propósito es “abarcar de manera integral
todo el patrimonio del causante”, por lo que “una decisión final en el
trámite de restitución de tierras que apruebe una partición impediría en el
futuro la inclusión de otros bienes que deban ser objeto de liquidación pero
que no puedan ser restituidos por no haber sido despojados o abandonados”[59].
ii)  Y otra, en la cual se sostiene que
si es posible llevar a cabo el trámite sucesoral (e incluso, otras diligencias
como la declaratoria de unión marital de hecho) al argumentar de modo principal
que la protección que otorga la Ley 1448 de 2011 a las víctimas restituidas,
comprende, en la medida en que sea posible, el derecho de propiedad mediante la
formalización.
10. Análisis del caso concreto
En primer lugar, la Sala verificará la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en el caso
concreto, para así determinar si en el asunto sub examine se configura
el defecto de desconocimiento del precedente judicial endilgado al fallo
acusado.
10.1 Verificación de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela en el caso concreto.
10.1.1 La relevancia constitucional del asunto bajo examen.
La Sala Octava de Revisión observa que la tutela se dirige contra una
decisión judicial, que según la demandante vulneró sus derechos fundamentales a la restitución de tierras, al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la igualdad, asunto con evidente
relevancia constitucional; puesto que, más allá de las garantías que conforman
el núcleo esencial del debido proceso, que podrían presumirse garantizadas en
el trámite de justicia transicional, se cuestiona la efectividad del derecho a
la restitución que le asiste a una persona en calidad de heredera de una
víctima del conflicto armado interno por desplazamiento forzado y abandono de
tierras, sujeto al que el Estado debe otorgar especial protección.
10.1.2  El agotamiento de los mecanismos ordinarios.
El uso subsidiario y residual del amparo se cumple, toda vez que el
proceso de restitución es de única instancia, la acción de revisión no sería
procedente en el presente caso para satisfacer la pretensión de la actora
respecto a su inconformidad en la ausencia del formalización jurídica del
derecho de restitución que se le reconoció, y los obstáculos que con ello le surgen
para beneficiarse de las medidas de reparación transformadora. Adicionalmente,
se tiene que la accionante desplegó los medios de defensa judicial a su
alcance, pues por conducto de su apoderado, en el proceso de restitución,
presentó una solicitud de aclaración ante la autoridad judicial accionada para
que, con base en las facultades que conserva dentro de la Ley 1448 de 2011,
procediera a enmendar lo que consideraba un error.
10.1.3 Satisfacción del requisito de inmediatez.
El fallo de única instancia que se censura fue proferido el cuatro (4)
de marzo de dos mil dieciséis (2016), la accionante presentó solicitud de
aclaración dentro del término legal para ello; sin embargo, el juez accionado
profirió providencia negando las pretensiones el veintinueve (29) de marzo de
la misma anualidad, y la tutela fue instaurada dentro de un plazo razonable y
oportuno, comoquiera que fue presentada el treinta y uno (31) de octubre de dos
mil dieciséis (2016). Es decir, se formuló siete (7) meses después de la referida
notificación del auto que desestimó la aclaración, por lo cual se satisface el
requisito.
10.1.4 La incidencia directa de una irregularidad procesal en la
decisión impugnada.
En el asunto sub examine cuestiona una decisión judicial por
desconocimiento del precedente judicial, y no se plantearon irregularidades
procesales que afectaran las decisiones judiciales censuradas. Razón por la
cual, este presupuesto no es aplicable.
10.1.5 La identificación razonable de los hechos y derechos
presuntamente vulnerados, y su alegación en el proceso judicial.
La actora alcanza a identificar de manera razonable los hechos
presuntamente vulneradores de sus derechos fundamentales. Por lo que se
encuentra igualmente satisfecho este requisito.
10.1.6 No se trata de una tutela contra una decisión de igual
naturaleza.
En el presente caso, se impugna la decisión proferida dentro de un
proceso de restitución de tierras, donde el Juzgado Primero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras, conminó a la accionante a acudir a los
mecanismos ordinarios, al trámite notarial o judicial de sucesión; para que se
decidiera sobre la cuota parte que le corresponde a los herederos de los
predios restituidos.
Comprobada la concurrencia de los presupuestos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, esta
Corporación, procederá a establecer si se estructura la causal atinente al
defecto por desconocimiento del precedente que ha alegado la demandante, y así
determinar si se vulneraron sus derechos fundamentales.
En el presente caso el Juzgado Civil del Circuito Especializado
de Restitución de Tierras de Cundinamarca no vulneró el debido proceso de la
accionante por cuanto es inexistente el yerro de desconocimiento del precedente
horizontal
El asunto bajo análisis tiene como génesis la interposición de una
acción de tutela por parte de Claudia Anzola Anzola contra el Juzgado Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca, al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la restitución de
tierras, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad. Lo anterior, con ocasión de la decisión proferida dentro del
proceso de restitución de tierras abandonas y formalización
jurídica, el cuatro (4) de marzo de dos mil dieciséis (2016) en la que se (i) acreditó
su calidad de víctima de abandono forzado; (ii)  reconoció como heredera del
causante Antonio Anzola Basto; (iii) protegió su derecho fundamental a la
restitución como heredera de los predios; y, entre otras decisiones, (iv)
ordenó a la Defensoría del Pueblo designar un apoderado para que se adelantara
proceso de sucesión.
Para
la accionante, la sentencia del cuatro (4) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
proferida por el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución
de Tierras de Cundinamarca,  es violatoria de su derecho a la
igualdad de trato como víctima del conflicto armado interno, en razón a que
sostiene una tesis distinta a la expuesta por otros jueces en el marco de
justicia transicional, sobre la competencia que le asiste al juez para realizar
trámites de sucesión para garantizar la efectividad de la restitución jurídica
y material de los predios reclamados dentro de la acción de restitución, al
considerar que estos son asuntos de naturaleza civil subyacentes al proceso
especializado.
Para
decidir sobre la procedencia de la acción de tutela por la causal alegada, es
necesario entender la noción de precedente como aquella sentencia o conjunto de
sentencias que presentan semejanzas con un caso nuevo objeto de estudio
respecto a su supuestos fácticos y como a los problemas jurídicos a resolver, y
en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para solucionar
la controversia[60].
El precedente puede consolidarse en una línea jurisprudencial cuando de forma
reiterada se emplea la misma ratio decidendi para resolver problemas
jurídicos similares.
Para
resolver el nuevo caso objeto de examen, se debe identificar una sentencia o
grupo de sentencias que constituyen precedente, en atención a los siguientes elementos:
“a)
En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una
regla relacionada con el caso a resolver posteriormente;
b)
La ratio debió haber servido de base para solucionar un problema jurídico semejante,
o a una cuestión constitucional semejante;
c)
Los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser
semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse
posteriormente. En este sentido será razonable que cuando en una situación
similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto
de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el precedente”[61].
Al
constatarse la presencia de estos tres elementos en una sentencia o grupo de
sentencias anteriores se constituye un precedente aplicable a un caso concreto
y en esa medida, resultan vinculantes en virtud de los principios de igualdad y
debido proceso, entre otros. En estos términos, se puede definir el precedente
aplicable, como aquella “sentencia o grupo de sentencias anteriores y pertinentes
cuya ratio representa una regla (prohibición, orden o autorización)
determinante para resolver el caso, dados unos hechos y un problema jurídico, o
una cuestión de constitucionalidad semejantes”[62].
Determinado
lo anterior, procede esta Sala Octava de Revisión, en primer lugar,  a
verificar si en el caso concreto, existía un precedente vinculante para el Juzgado
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca y determinar si en todos los casos un juez de restitución de
tierras debe adelantar un proceso de sucesión (intestada) en el marco de
justicia transicional dentro de una acción de restitución.
En
efecto, un detenido análisis de algunas providencias proferidas entre el año
2013 y el año 2015 por los jueces especializados en restitución de tierras[63], revela que en efecto, se perfilan, al interior de la jurisdicción
de justicia transicional para la restitución de tierras, dos posturas sobre la
posibilidad de adelantar diligencias de sucesión en procesos de esta naturaleza:
(i) Una, según la cual el trámite de
sucesión tiene requisitos y etapas propias orientadas a garantizar el debido
proceso, la igualdad y la publicidad de las actuaciones de los herederos
determinados e indeterminados que no concurrieron al ejercicio de restitución;
a diferencia de la acción especial, cuenta con la posibilidad de segunda
instancia; su propósito es “abarcar de manera integral todo el patrimonio
del causante”, por lo que “una decisión final en el trámite de
restitución de tierras que apruebe una partición impediría en el futuro la
inclusión de otros bienes que deban ser objeto de liquidación pero que no
puedan ser restituidos por no haber sido despojados o abandonados”[64].
Sostienen
que adelantar un trámite de sucesión conjuntamente con el proceso de
restitución sería “dar por sentado” que éste último saldrá a favor de los
solicitantes. Así mismo, indican que, al constatarse la existencia de procesos
de sucesión ya iniciados en los que existan predios reclamados en una acción de
restitución, la Ley 1448 de 2011 dispone suspensión del trámite ordinario, con
la posibilidad de su acumulación, y hasta que se decida de fondo el asunto de
justicia transicional.
Finalmente,
se argumenta que la víctima restituida en su calidad de heredera no queda
desprotegida, por cuanto a su favor se ordena iniciar ante la justicia
ordinaria el proceso sucesoral, advirtiendo que el juez civil del circuito
especializado en restitución de tierras conserva la competencia para “verificar
el cumplimiento de las órdenes impartidas en este sentido.
ii)  Y otra, en la cual se sostiene que
si es posible llevar a cabo el trámite sucesoral (e incluso, otras diligencias
como la declaratoria de unión marital de hecho) al argumentar de modo principal
que la protección que otorga la Ley 1448 de 2011 a las víctimas restituidas,
comprende, en la medida en que sea posible, el derecho de propiedad mediante la
formalización. Empero, aun entre estos, hay diferencias en cuanto a cómo se
debe llevar a cabo el mencionado trámite ordinario. Sobre el particular, se
encuentra, que:
Los
Jueces Civiles Especializados en Restitución de Tierras de Ibagué, Tolima, e
igualmente el de Mocoa, Putumayo, consideran que el espíritu de la Ley 1448 de
2011 es el de “restituir y formalizar”, si se dieran las condiciones
para tal fin. De manera que, presentándose la pretensión de sucesión en la
solicitud de restitución, han procedido con la admisión de ésta a dar apertura
a la primera, efectuando el emplazamiento a herederos indeterminados nombrándoles
posteriormente curador ad-litem, considerando como determinados al o a
los solicitantes, para finalmente en caso de prosperar la acción principal,
realizar la sucesión únicamente sobre el predio objeto del proceso, otorgando a
cada uno de los herederos la cuota parte que en derecho le corresponde, pero
sin exponer las razones que los conducen a tener por procedente adelantar dicho
trámite, esto es, sin justificar por qué es razonable y legítimo llevar a cabo
sucesiones parciales.
Así
las cosas, le corresponde a la Sala Octava de Revisión establecer si a alguna
de esas posturas se le puede atribuir la condición de precedente con sus
atributos de uniformidad y consistencia. Al respecto, la Sala encuentra que la
primera tesis es sostenida por los Jueces  Civiles del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Ibagué, el Juez 1 Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Mocoa y el Juez Civil del Circuito Especializado
en Restitución de  Tierras del Distrito Judicial de Cundinamarca, quienes han
expuesto una mínima carga argumentativa para justificar la procedencia del
proceso de sucesión dentro de la acción de restitución y otros como los Juzgados
Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia, quienes
han efectuado un amplio razonamiento jurídico para justificar la procedencia
del proceso de sucesión dentro de una acción de restitución.
La
segunda tesis ha sido sostenida, en algunos casos, por los Juzgados Civiles del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia y por el Juez
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Distrito
Judicial de Cundinamarca (autoridad judicial accionada en el asunto de la
referencia).
Observa
la Sala que el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras
del Distrito Judicial de Cundinamarca, en sentencia No. 0009 del 29 de octubre
de 2015 con radicado 8500131210012014-00014-00, efectuó un proceso de sucesión
al conocer un asunto de su especialidad, al verificar (i) la calidad de
víctimas de los solicitantes; (ii) la relación jurídica de los reclamantes con
el predio; y, (iii) las características que rodearon su desplazamiento, sin
aportar mayores justificaciones en la referida providencia que soporten su
postura. Sin embargo, para la Sala no puede predicarse un desconocimiento de
este precedente horizontal, como a continuación se expondrá.
Como
se advirtió en el marco conceptual fijado para esta sentencia, el principio de
autonomía e independencia judicial autoriza a los jueces de restitución de
tierras para resolver los asuntos que por reparto le sean asignados; sin
embargo, no pueden ejercer su competencia poniendo en riesgo el derecho a la
igualdad de los usuarios del sistema de justicia transicional y la unidad del
ordenamiento jurídico.
La
jurisprudencia de la Corte Constitucional señala que cuando una Corporación o
juez especializado han adoptado una posición determinada, aplicada de manera
consistente y sostenida, debe ser respetada hasta que se presenten argumentos
suficientes para cambiarla. Si ello no fuere posible, el juez disidente, está
obligado a proyectar respetando el precedente. “El juez, aunque sea
autónomo, no es una rueda suelta dentro del sistema jurídico, sino que tiene
que integrarse a éste y someterse a los lineamientos fijados de manera
sistémica”[65].
Reitera la Sala en esta oportunidad la importancia
que reviste el respeto del precedente  horizontal  en términos de salvaguardar
el principio de igualdad y de preservación de la unidad del orden jurídico. Sin
embargo, advierte que no se presenta en el asunto bajo examen un
desconocimiento del mismo por parte de la autoridad judicial acusada en sede de
tutela. En efecto, para la Corte es claro que en la sentencia del cuatro (4) de
marzo de dos mil dieciséis (2016) proferida por el Juzgado Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca, se plasmaron de manera
clara las razones por las cuales no podía realizar la participación y
adjudicación de los predios “Mata de Ramo” y “La Primavera” a favor de los
herederos en el mismo asunto especial, negativa que en el presente caso no
constituye una causal especial de procedibilidad de tutela contra providencia
judicial.
Lo anterior, por cuanto, si bien el funcionario de
conocimiento tiene, según el numeral 5 del artículo 73 de la Ley 1448 de 2011,
el deber de “garantizar la seguridad de la restitución y el esclarecimiento
de la situación de los predios objeto de restitución” y para ello “propenderá
por la titulación de la propiedad como medida de restitución, considerando la
relación jurídica que tenían las víctimas con los predios objeto de restitución
o compensación”, el  Juez Civil del Circuito Especializado en Restitución
de Tierras de Cundinamarca advirtió de acuerdo con las particularidades del
caso, lo correcto era adelantar el proceso de sucesión de manera autónoma
atendiendo las precisas competencias legales.
Así lo expuso al negar la solicitud de aclaración de
la sentencia del  cuatro (4) de marzo de dos mil dieciséis (2016) presentada
por la accionante y resuelta en providencia del veintinueve (29) de marzo de la
misma anualidad. Para el juzgado accionado no era pertinente adelantar proceso
sucesoral, por cuanto:
“(…)
ante la carencia de instrumentos legales precisos que hagan factible, para el
juez, tramitar la sucesión de los predios restituidos, dentro del mismo proceso
de restitución de tierras, y en pro de dar seguridad jurídica a la restitución
y garantizar los derechos constitucionales al debido proceso y a la doble
instancia; en la sentencia analizada se informó que la competencia para
adelantar la sucesión de la masa herencial del causante,  correspondía al juez
ordinario, mediante el procedimiento dispuesto por la ley procesal civil; sin
embargo, reconocida la calidad de víctima de la solicitante y garantizando la
efectividad y la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de sus derechos,
mediante los numerales séptimo y octavo del fallo, se ordenó a la Defensoría
del Pueblo la designación de apoderado judicial para realizar el trámite de la
partición de los predios restituidos, teniendo en cuenta la calidad de víctima
de la señora CLAUDIA ANZOLA ANZOLA; así mismo, se ordenó al juzgado o a la
Notaria ante quien se tramite la partición, darle prelación al proceso, y
procurar hasta donde la ley lo permita la gratuidad[66]”
La
accionante considera que al otorgar un trato desigual a víctimas que se
encuentran en la misma circunstancia fáctica, se legitima la ausencia de
seguridad jurídica pues, indica que en algunos casos, los jueces de la
especialidad han realizado sucesiones frente a predios objeto de solicitud de
restitución, con el fin de materializar los principios procesales de economía,
celeridad, igualdad, justicia y reparación integral. Cita en apoyo de su aserto varias sentencias de jueces especializados en
restitución de tierras diferentes al de Cundinamarca que dan cuenta de muchos procesos
ordinarios que frente a peticiones de partición herencial, han procedido a
materializar el derecho.
Estima la Corte prima facie que no es este
un argumento riguroso para acometer el estudio de una posible violación
constitucional a la exigencia del respeto al  precedente horizontal, en tanto se
evidencia que existe una dualidad de posiciones en el asunto objeto de revisión
y  por lo que se concluye que no existe una línea consolidada en justicia
transicional, en relación con precedentes en torno al tema de los presupuestos
para conceder la pretensión reclamada.
Encuentra la Sala Octava de Revisión, que si bien
hay muchas providencias en las que el juez especializado asume la competencia
propia del juez ordinario en asuntos civiles, existen otras causas en las
cuales se ordena la restitución del predio a la masa herencial para que se
efectúe la sucesión ante la justicia ordinaria. En el presente caso, no se
logró demostrar la existencia de una secuencia de precedentes sobre el tema, que
sugiriera que el juzgado accionado hubiera cambiado su jurisprudencia o tuviera
que seguir el sentido de pronunciamientos anteriores, so pena de no violar el
imperativo del  precedente horizontal.
En
conclusión,  encontró la Corte que en el presente asunto concurren los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisión
judicial. Sin embargo, constató que no se configura ninguna de las causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial; razón por la cual, la Sala no acoge los
argumentos expuestos para desvirtuar la sentencia del Juzgado Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras para el Distrito Judicial de
Cundinamarca por la causal alegada,  en tanto no se logró demostrar que exista
un precedente riguroso y consolidado en relación con el tema. Acusar una decisión judicial sin que medie este elemento no es más
que manifestar su oposición a la sentencia, cosa que, prima facie,
obliga a desestimar la tacha de haber ignorado un precedente.
No
obstante lo anterior, encuentra la Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional hacer las siguientes precisiones en el presente caso, para
efectos sucesorios, la acción de restitución no comporta competencia expresa,
por cuanto la misma escapa del resorte del proceso de restitución y
formalización de tierras despojadas o abandonas, el cual fue instituido por el
legislador como un procedimiento de carácter especial en la Ley 1448 de 2011,
dentro del marco de justicia transicional, para lograr fines específicos.
El
trámite sucesoral ha de seguirse vía ordinaria, el cual debe cumplir con unos
presupuestos procesales, es decir, requisitos y términos expresamente indicados
en el Código General del Proceso. Pretender que se surta este trámite de
naturaleza civil dentro de un proceso de restitución de tierras es omitir los
mismos, con lo cual se generaría una vulneración a los derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y a la publicidad de cualquier otro heredero –
determinado o indeterminado- que no haya hecho parte del asunto por falta de
citación.
En
esta oportunidad, encuentra la Corte que la decisión adoptada  por el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras
del Distrito Judicial de Cundinamarca de conminar a la accionante para que
inicie, en calidad de heredera, el proceso de sucesión de los predios
restituidos al haber herencial del causante Antonio Anzola Bastos se encuentra
ajustada a derecho, toda vez que, efectuar la sucesión en sede de restitución
de tierras es inconveniente e irrazonable por múltiples factores. Máxime, si se
tiene en cuenta la Ley 1448 de 2011 no otorga competencia a los jueces
especializados en procesos de restitución de tierras para efectuar trámites
sucesorales.
El
proceso de sucesión está adscrito a competencias específicas, cuyas
actuaciones especiales no pueden ser obviadas y resultan incompatibles con el
trámite especial de restitución de tierras. A continuación, la Sala expondrá
algunos aspectos relevantes que se debe tener en cuenta al decidir asuntos de
esta naturaleza.
La
acción de restitución cuenta con cuatro (4) meses para su ejecución, tiempo en
el cual no se podría tramitar el proceso especifico de sucesión con el respeto
de los términos legalmente establecidos, donde se exigen unos requisitos para
la presentación de la demanda; con anexos especiales, cumpliendo cabalmente con
las exigencias específicas para que el juez competente declare la apertura del
proceso de sucesión y en unos términos determinados para el emplazamiento de
quienes se crean con derecho a intervenir.
Donde
igualmente, vencido el término de emplazamiento, se debe proceder al
reconocimiento de los posibles interesados, con la observancia previa del
cumplimiento de las exigencias normativas.
El
proceso de sucesión está instituido para abarcar de manera integral todo el
patrimonio del causante, por cuanto, el legislador no estimó la posibilidad de
adelantar posteriormente otro proceso de sucesión, sino que previó la figura de
la partición adicional, que inclusive debe ser conocida por el mismo juez ante
quien cursó la sucesión (excepto cuando varía la cuantía). De suerte que una
decisión final en el trámite de restitución de tierras que apruebe una
partición impediría en el futuro la inclusión de otros bienes que deban ser
objeto de liquidación pero que no fueron restituidos por no haber sido
despojados.
Lo
anterior, sin contar con que este tipo de proceso involucra el principio de la
doble instancia, y por el contrario, el trámite de restitución de tierras se
erigió como uno de única instancia (artículo 79 de la Ley 1448 de 2011,
declarado exequible en la Sentencia C-099 de 2013).
Todo
ello sin perjuicio de las vicisitudes extraordinarias que se puedan  presentar
en el trámite de este proceso liquidatario de sucesión, como puede ser la
aceptación de la herencia con o sin beneficio de inventario, la concurrencia de
los acreedores del asignatario, la repudiación de asignaciones a favor de
incapaces o ausentes, la posibilidad de optar entre porción conyugal o
gananciales, la eventualidad de solicitar la venta de bienes para el pago de
deudas, la exclusión de bienes de la partición, el beneficio de separación y el
decreto de posesión efectiva de la herencia, entre otros.
Dentro
del trámite sucesoral, por expresa disposición legal algunos actos procesales
son susceptibles del recurso de apelación; v.gr. los autos que niegan o
declaran abierto el proceso de sucesión, así como, el que acepta o niega el
reconocimiento de herederos legatarios, cesionario o cónyuge sobreviniente;
controversias que no podrían plantearse al interior de un proceso de
restitución de tierras, por ser éste una excepción al principio de doble
instancia.
En
este sentido, concluye la Sala que los presupuestos procesales dispuestos para
este particular tipo de procedimiento, no se compadecen con el trámite y
términos dispuestos para la acción especial de restitución y formalización de
tierras. Omitir las etapas previstas por el legislador para el proceso de
sucesión, no solo conlleva el quebrantamiento de derechos fundamentales de los
directamente interesados; sino que, adicionalmente, desconoce los derechos
sustanciales de terceras personas que no han sido convocadas al proceso, con lo
que se está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva, en los
términos de los artículos 228 y 229 de la Constitución de 1991.
Finalmente,
se debe aclarar que, en ningún caso, la Ley 1448 de 2011 en sus artículos 86,
literal “c” ni 95, faculta al juez de restitución de tierras para adelantar
procedimientos de naturaleza sucesoral; todo lo contrario, la norma referida señala
que, en caso de estarse adelantando proceso de sucesión ante el juez
competente, la autoridad judicial de restitución de tierras ordenará la
suspensión del mismo hasta tanto se tome decisión de fondo en el trámite
especial.
Los
anteriores argumentos evidencia la inconveniencia de tramitar una sucesión al
interior del procedimiento de restitución de tierras o en la etapa post-fallo
ante el juez especializado en restitución de tierras, pues iniciar la sucesión
en forma conjunta con este trámite representaría, adicionalmente, dar por
sentado que se concederá la restitución, lo que no puede ser materia de
decisión sino sólo hasta el momento de la sentencia.
11. Síntesis de la decisión.
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, al verificar lo
alegado por la señora Claudia Anzola Anzola para invocar la protección de los
derechos fundamentales a la restitución de tierras, al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, determina que el comportamiento desplegado
por el Juzgado Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca, al decidir (i)
reconocer a la accionante la calidad de heredera de los predios “Mata de Ramo”
y “La Primavera”; (ii) restituir los predios referidos con destino a la masa
sucesoral del causante ante la posible existencia de otros bienes que conforman
el patrimonio yacente; (iii) entregar materialmente los predios a la reclamante
para que continuara los actos de explotación en calidad de heredera; y, (iv)
conminar a la peticionaria para que iniciara proceso de sucesión ante el juez
competente para obtener la transferencia del derecho de propiedad de los
predios restituidos, convocando a los demás herederos, no configuró un defecto
por desconocimiento del precedente horizontal.
Lo anterior, al evidenciarse una dualidad de
posiciones en el asunto objeto de revisión, consistente en la posibilidad o no que tiene el juez especializado para adelantar
diligencias de sucesión en procesos de restitución de tierras despojadas o
abandonas. A saber:
(i) Una, según la cual no es posible por
cuanto el trámite de sucesión tiene requisitos y etapas propias orientadas a
garantizar el debido proceso, la igualdad y la publicidad de las actuaciones de
los herederos determinados e indeterminados que no concurrieron al ejercicio de
restitución, y cuyo propósito es “abarcar de manera integral todo el
patrimonio del causante”, por lo que “una decisión final en el trámite
de restitución de tierras que apruebe una partición impediría en el futuro la
inclusión de otros bienes que deban ser objeto de liquidación pero que no
puedan ser restituidos por no haber sido despojados o abandonados”[67].
ii)  Y otra, en la cual se sostiene que
si es viable llevar a cabo el trámite sucesoral (e incluso, otras diligencias
como la declaratoria de unión marital de hecho) al argumentar de modo principal
que la protección que otorga la Ley 1448 de 2011 a las víctimas restituidas,
comprende, en la medida en que sea posible, el derecho de propiedad mediante la
formalización. Lo anterior, al considerar que el espíritu de la Ley 1448 de
2011 es el de “restituir y formalizar”, si se dieran las condiciones
para tal fin.
En efecto, la Sala advierte que si
bien hay muchas providencias en las que el juez de restitución de tierras asume
la competencia propia del juez ordinario en asuntos civiles subyacentes,
existen otras causas en las cuales se ordena la restitución del predio a la
masa herencial para que se efectúe la sucesión ante la justicia ordinaria. En
el presente caso, no se logró demostrar la existencia de una secuencia de
sentencias que configuren un precedente sobre el tema, que sugiriera que el
juzgado accionado hubiera cambiado su jurisprudencia o tuviera que seguir el
sentido de pronunciamientos anteriores, so pena de no violar el imperativo del
precedente horizontal.
Encontró
la Corte que en el presente asunto concurren los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra decisión judicial. Sin embargo,
constató que no se configura ninguna de las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; razón por la
cual, para la Sala no resulta pertinente acoger los
argumentos expuestos para desvirtuar la sentencia del Juzgado Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras para el Distrito Judicial de
Cundinamarca por la causal citada, en tanto no se logró demostrar que exista un
precedente riguroso y consolidado en relación con el tema. Acusar una
providencia sin que medie este elemento no es más que manifestar su oposición a
la sentencia, cosa que, prima facie, obliga a desestimar la tacha de
haber ignorado un precedente.
No
obstante lo anterior, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional precisa
que, para efectos sucesorios, el juez especializado de justicia transicional no
comporta competencia expresa, por cuanto la misma escapa del resorte de la acción
de restitución y formalización de tierras despojadas o abandonas, la cual fue
instituida por el legislador como un procedimiento de carácter especial en la
Ley 1448 de 2011, para lograr fines específicos.
Se
concluye que el trámite sucesoral ha de seguirse por la vía de la jurisdicción
ordinaria, el cual debe cumplir con unos presupuestos procesales, es decir,
requisitos y términos expresamente indicados en las normas pertinentes del
Código General del Proceso. Pretender que se surta un asunto de naturaleza
civil dentro de un proceso de restitución de tierras es omitir los mismos, con
lo cual se generaría una vulneración a los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y a la publicidad de cualquier otro heredero –
determinado o indeterminado- que no haya hecho parte del proceso.
De
este modo, la Sala Octava de Revisión confirmará la sentencia proferida por
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el diecinueve (19) de
enero de dos mil diecisiete (2017) en segunda instancia, confirmatoria del
fallo dictado por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el quince (15) de
noviembre de dos mil dieciséis (2016) en primera instancia, en la acción de
tutela incoada por Claudia Anzola Anzola en contra del Juzgado
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras para el Distrito
Judicial de Cundinamarca.
III.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR
la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia el diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete
(2017) en segunda instancia, confirmatoria del fallo dictado por la Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá D.C., el quince (15) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016) en primera instancia, en la acción de tutela incoada por Claudia Anzola Anzola en contra del Juzgado Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras para el Distrito Judicial de
Cundinamarca.
SEGUNDO.- Por Secretaría General líbrese la comunicación prevista en
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
JOSÉ ANTONIO CEPEDA AMARIS
Magistrado (e)
Con aclaración de voto
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
ROCIO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (e)
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO (E)
JOSÉ ANTONIO CEPEDA AMARIS
A LA SENTENCIA T-364/17
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Se desconoció la teoría del precedente, porque analiza
sentencias de diferentes jueces individuales, es decir que no pertenecen a un
cuerpo colegiado de igual jerarquía, para establecer si existía un precedente
aplicable (Aclaración de voto)
En el caso concreto, debía
determinarse si el Juzgado Civil de Circuito Especializado en Restitución de
Tierras incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente horizontal,
lo que implicaba determinar la manera como dicha autoridad judicial había
fallado casos análogos. En otras palabras, el análisis debió circunscribirse
únicamente a las decisiones del juez accionado, no de los jueces de restitución
de tierras en general, tal y como lo hace el proyecto.
Referencia:
expediente T-5.983.457
Acción de tutela
instaurada por Claudia Anzola Anzola en contra del Juzgado Civil
del Circuito Especializado de Tierras para el Distrito Judicial de
Cundinamarca.
Magistrado
Ponente:
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Suscribimos esta decisión, pero aclaramos
el voto para exponer una precisión con respecto al estudio planteado respecto
de la configuración del defecto por desconocimiento del precedente horizontal.
En nuestro criterio, la metodología usada para resolver el problema jurídico
fue equivocada, por desconocer la teoría del precedente. En el caso concreto,
debía determinarse si el Juzgado Civil de Circuito Especializado en Restitución
de Tierras incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente
horizontal, lo que implicaba determinar la manera como dicha autoridad judicial
había fallado casos análogos. En otras palabras, el análisis debió
circunscribirse únicamente a las decisiones del juez accionado, no de los
jueces de restitución de tierras en general, tal y como lo hace el proyecto.
En esa medida, estimamos
que la Sentencia desconoce la teoría del precedente horizontal, porque analiza
sentencias de diferentes jueces individuales, es decir que no pertenecen a un cuerpo
colegiado, de igual jerarquía, para establecer si existía un precedente
aplicable. Ello, desconoce a todas luces que la jurisprudencia constitucional
ha definido el precedente horizontal como aquel según el cual "en
principio, un funcionario judicial no puede separarse del precedente
fijado en sus propias decisiones"[68]. En este mismo
sentido, la Sentencia T-151 de 2017 lo definió como "(i) el
denominado "auto precedente ", es decir, las decisiones proferidas
por el juez o sala de decisión y (ii) las sentencias proferidas por las
distintas salas de decisión del mismo cuerpo colegiado respecto de las otras
salas que la conforman. "[69]
En consecuencia,
desde nuestro punto de vista, debió desestimarse el cargo de la accionante,
conforme con el cual la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto por
desconocimiento del precedente horizontal, debido a que, otros jueces
especializados, diferentes al accionado, han adelantado la sucesión de la masa
herencial del causante en el marco del proceso de restitución de tierras.
En estos
términos, dejamos consignada la razón por la que aclaramos el voto.
Fecha ut supra,
JOSE ANTONIO
CEPEDA AMARIS
Magistrado
[1] En adelante UAEGRTD.
[2] La Funcionaria actúo como delegada ante el juzgado accionado, y fue
notificada de la acción de tutela en calidad de interviniente en el proceso de
restitución 2015-00013-00.
[3]
Sentencia T-417 de 2013.
[4]
Sentencia T-550 de 1993.
[5]
Artículo 10, decreto 2591 de 1991, Legitimidad e
interés.   Segundo inciso: (...) “También se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el  titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.”
[6]
Sentencia T-011 de 1993.
[7]
En la Sentencia T-603 de 1992 se sostuvo que la
posibilidad del agenciamiento de derechos ajenos en materia de tutela constituye
desarrollo “lógico”  del principio de prevalencia de los aspectos
sustantivos  sobre los aspectos formales.  Así también, en la sentencia
T-044 de 1996, la Corte afirmó que con la agencia oficiosa “Se trata una vez
más de asegurar la vigencia efectiva de los derechos por encima de
formalidades externas, en una manifestación de la prevalencia del derecho
sustancial...”
[8]
En las sentencias  T-029 de 1993 y T-422 de
1993.
[9]
Sentencia T-555 de 1996.
[10]
Sentencia T-452 de 2001.
[11]
Sentencia T-342 de 1994.
[12]
Sentencia T-414 de 1999.
[13]
En la sentencia T-422 de 1993. Reiterada en
Sentencia T-421 de 2001.
[14]
Sentencia  T-408 de 1995. Igualmente ver la
sentencia T-029 de 1993.
[15]
Sentencia T-044 de 1996 y Sentencia T-503 de
1998.
[16]
En la sentencia T-088 de 1999.
[17]
Sentencia T-315 de 2000.
[18]
Sentencia T-555 de 1996 (referida en sentencias
SU-707 de 1996 y T-414 de 1999).
[19]
Sentencia T-573 de 2001.
[20]
Sobre la importancia de consultar las
circunstancias propias del caso concreto ver sentencia T-555 de 1996
sentencia T-452 de 2001 y sentencia T-573 de 2001.
[21]
sentencia T-555 de 1996, reiterada en la
sentencia T-452 de 2001.
[22]
Una integración normativa de la figura de la
agencia oficiosa del código de procedimiento civil, dirigida a incluir tales
exigencias en sede de tutela resultaría abiertamente contraria a la
Constitución.  Dice el artículo 47: “Agencia oficiosa procesal.
Se podrá promover demanda a nombre de persona de quien no se tenga poder,
siempre que esté ausente o impedido para hacerlo;  para ello bastará afirmar
dicha circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado por la
presentación de aquella.  El agente oficioso deberá prestar caución dentro
de los diez días siguientes a la notificación a él del auto que admita la
demanda, para responder de que el demandante la ratificará dentro de los dos
meses siguientes. Si este no la ratifica, se declarará terminado el proceso y
se condenará al agente, a pagar las costas y los prejuicios causados al
demandado.  La actuación se suspenderá una vez practicada la notificación
al demandado del auto admisorio de la demanda,  El agente deberá obrar por
medio de abogado inscrito, salvo en los casos exceptuados en esta ley.”
[23]
Sentencia T-452 de 2001.
[24]
Sentencia T-422 de 1993.
[25]
Sentencia T-044 de 1996.
[26] Sentencia T-531 de 2002.
[27] Sentencia T-095 de 2005.
[28] Sentencia
C-590 de 2005.
[29] Sentencia T-522 de 2001.
[30] Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001;
T-1625 de 2000 y  T-1031 de 2001.
[31]
Véase en Sentencia C-590 de 2005.
[32] En
esta oportunidad la Sala Octava de Revisión hará reseña de las consideraciones expuestas
de la Sentencia T-615 de 2016, proferida por la Sala Sexta de Revisión, al
encontrarlas pertinentes para la resolución del caso objeto de revisión.
[33] Sentencia
SU-053 de 2015.
[34] “El Precedente Constitucional teoría y praxis”, editorial
Ibáñez S.A.S, 2013.
[35] Ibíd.
[36] Ibídem.
[37]
En este sentido, se ha pronunciado la Corte
Constitucional en las Sentencias: T-688 de 2003, T-918 de 2010, SU-288 de 2015,
T-625 de 2016, SU-050 de 2017,T-145 de 2015 y T-151 de 2017, entre otras
[38] Sentencias
C-447 de 1999, C-836 de 2001, T-468 de 2003, T-688 de 2003, T-698 de 2004,
T-330 de 2005 y T-292 de 2006.
[39] Sentencia T-049 de 2007.
[40]
La Corte reseña las consideraciones de la Sentencia T-615 de 2016, proferida
por la Sala Sexta de Revisión al encontrarlas pertinentes para la resolución
del caso objeto de revisión.
[41]
Sentencia T-087 de 2007. Ver también, sentencias T-193 de
1995, T-1625 de 2000, T-522 de 2001, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-436 de
2009, T-161 de 2010 y SU-448 de 2011.
[42]  Sentencia
C-447 de 1997.
[43]
Ibídem
[44]
Sentencia T-615 de 2016.
[45]
En esta ocasión se reiterarán las consideraciones
expuestas en las sentencias C-330 de 2016 y T-244 de 2016, al encontrarse
pertinentes para la resolución del caso objeto de revisión.
[46] El inciso 5º
del artículo 9º de la Ley 1114 de 2011 establece lo siguiente: “En el marco
de la justicia transicional las autoridades judiciales y administrativas
competentes deberán ajustar sus actuaciones al objetivo primordial de conseguir
la reconciliación y la paz duradera y estable. Para estos efectos se deberá
tener en cuenta la sostenibilidad fiscal, la magnitud de las consecuencias de
las violaciones de que trata el artículo 3o de la presente Ley, y la naturaleza
de las mismas.”
[47]
Sentencia T-244 de 2016.
[48] El
artículo 25 de esta ley dispone: “Las víctimas tienen derecho a ser
reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el
daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el
artículo 3º de la presente Ley. La reparación comprende las medidas de
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no
repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y
simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima
dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho
victimizante”.
[49]
El artículo 73 de la Ley 1448 de 2011 los define de la siguiente manera: “1.
Preferente. La restitución de tierras, acompañada de acciones de apoyo
pos-restitución, constituye la medida preferente de reparación integral para
las víctimas; 2. Independencia. El derecho a la restitución de las
tierras es un derecho en sí mismo y es independiente de que se haga o no
el efectivo el retorno de las víctimas a quienes les asista ese derecho; 3.
Progresividad. Se entenderá que las medidas de restitución contempladas en la
presente ley tienen como objetivo el de propender de manera progresiva por el
restablecimiento del proyecto de vida de las víctimas; 4. Estabilización. Las
víctimas del desplazamiento forzado y del abandono forzado, tienen derecho a un
retorno o reubicación voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y
dignidad; 5. Seguridad jurídica. Las medidas de restitución propenderán por garantizar
la seguridad jurídica de la restitución y el esclarecimiento de la situación de
los predios objeto de restitución. Para el efecto, se propenderá por la
titulación de la propiedad como medida de restitución, considerando la relación
jurídica que tenían las víctimas con los predios objeto de restitución o
compensación; 6. Prevención. Las medidas de restitución se producirán en un
marco de prevención del desplazamiento forzado, de protección a la vida e
integridad de los reclamantes y de protección jurídica y física de las
propiedades y posesiones de las personas desplazadas; 7. Participación. La
planificación y gestión del retorno o reubicación y de la reintegración a la
comunidad contará con la plena participación de las víctimas; 8. Prevalencia constitucional.
Corresponde a las autoridades judiciales de que trata la presente ley, el deber
de garantizar la prevalencia de los derechos de las víctimas del despojo y el
abandono forzado, que tengan un vínculo especial constitucionalmente protegido,
con los bienes de los cuales fueron despojados. En virtud de lo anterior,
restituirán prioritariamente a las víctimas más vulnerables, y a aquellas que
tengan un vínculo con la tierra que sea objeto de protección especial.”
[50] Sentencia
T-666 de 2015.
[51] En cuanto a estas definiciones, es relevante indicar
que en la sentencia C-715 de 2012, recién mencionada, señaló que las medidas de
protección establecidas en la Ley de víctimas y restitución de tierras deben
dirigirse a superar tanto el despojo como el abandono forzado de los predios.
[52] Ley de
víctimas y restitución de tierras. Las personas a que hace referencia el
artículo 75.
Su cónyuge o compañero o compañera
permanente con quien se conviva al momento en que ocurrieron los hechos o
amenazas que llevaron al despojo o al abandono forzado, según el caso.
Cuando el despojado, o su cónyuge o
compañero o compañera permanente hubieran fallecido, o estuvieren desaparecidos
podrán iniciar la acción los llamados a sucederlos, de conformidad con el
Código Civil, y en relación con el cónyuge o el compañero o compañera
permanente se tendrá en cuenta la convivencia marital o de hecho al momento en
que ocurrieron los hechos.
En los casos contemplados en el numeral
anterior, cuando los llamados a sucederlos sean menores de edad o personas
incapaces, o estos vivieran con el despojado y dependieran económicamente de
este, al momento de la victimización, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas actuará en su nombre y a su favor.
Los titulares de la acción podrán
solicitar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas
que ejerza la acción en su nombre y a su favor.
[53] Al
respecto señala el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011 lo siguiente: “la
inscripción de un predio en el registro de tierras despojadas será requisito de
procedibilidad para iniciar la acción de restitución a que se refiere este
capítulo”
[54] a) La
inscripción de la solicitud en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
indicando el folio de matrícula inmobiliaria y la orden de remisión del oficio
de inscripción por el registrador al Magistrado, junto con el certificado sobre
la situación jurídica del bien, dentro de los cinco (5) días siguientes al
recibo de la orden de inscripción.
b)
La sustracción provisional del comercio del predio o de los predios cuya
restitución se solicita, hasta la ejecutoria de la sentencia.
c) La suspensión de los procesos
declarativos de derechos reales sobre el predio cuya restitución se solicita,
los procesos sucesorios, de embargo, divisorios, de deslinde y amojonamiento,
de servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, de restitución de
tenencia, de declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, que
se hubieran iniciado ante la justicia ordinaria en relación con el inmueble o
predio cuya restitución se solicita, así como los procesos ejecutivos,
judiciales, notariales y administrativos que afecten el predio, con excepción
de los procesos de expropiación.
d) La notificación del inicio del
proceso al representante legal del municipio a donde esté ubicado el predio, y
al Ministerio Público.
e) La publicación de la admisión de la
solicitud, en un diario de amplia circulación nacional, con inclusión de la
identificación del predio y los nombres e identificación de la persona quien
abandonó el predio cuya restitución se solicita, para que las personas que
tengan derechos legítimos relacionados con el predio, los acreedores con
garantía real y otros acreedores de obligaciones relacionadas con el predio,
así como las personas que se consideren afectadas por la suspensión de procesos
y procedimientos administrativos comparezcan al proceso y hagan valer sus
derechos.
[55]
Sentencia T-666 de 2015.
[56]
En el mismo sentido se pueden consultar los fallos proferidos
por: Juzgado 2 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Ibagué, abril 11 de 2014, radicado 73001-31-002-2013-00174-00, Juzgado Civil
del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta, 31de mayo de
2013, radicado 2012-220. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta,
Sala Civil Fija de Decisión Especializada en Restitución de Tierras, en
sentencia del 15 de abril de 20145, No. 540013121002200130024901, Juzgado Civil
del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de
Cundinamarca, sentencia No. 009 de 2015, proceso 8500131200120140001400.
[57] Autoridad
judicial accionada en el caso de la referencia, de cuya sentencia
específicamente la parte accionante hace alusión a un desconocimiento del
precedente horizontal.
[58] Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras
de Ibagué, sentencia del 24 de febrero de 2014, radicado
73001-31-21001-2013-000161-00; Juzgado 2 Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Ibagué, sentencia del 18 de diciembre de 2013,
radicado 73001-31-21-002-2013-00131-00; Juzgado 1 Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa, sentencia del 5 de julio de
2013, radicado 860013121001-2013-00022-00; Juez Civil del Circuito Especializado
en Restitución de  Tierras del Distrito Judicial de Cundinamarca, sentencia No.
009 de 2015, proceso 85001312100140001400; Juzgado Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia, sentencia del 4 de
septiembre de 2015, radicado 2015-00002-00, Juzgado 1 Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia, sentencia del 24 de julio
de 2013, radicado 2013-000-33-00,  Juzgado 2 Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Antioquia, sentencia del 12 de febrero de 2014,
radicado 2013-00062-00; Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución
de Tierras de Cundinamarca, radicado 2014-00014-00 y Juzgado Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta, sentencia del 31 de mayo de
2013, radicado 2012-220-00.
[59] Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras, expediente 11001222100020160001100,
sentencia del 15 de noviembre de 2016.
[60] La sentencia T-292 de
2006 se afirma que la ratio decidendi es la “formulación del
principio, regla o razón general de la sentencia que constituye la base de la
decisión judicial”.
[61]
Cfr. Sentencia T-292 de 2006. Ver además sentencia T-110 de
201.
[62]
Ver Quinche Ramírez, Manuel Fernando. “Vías de hecho. Acción
de tutela contra providencias judiciales”. Séptima Edición. Ed. Ibáñez (2012).
[63] Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras
de Ibagué, sentencia del 24 de febrero de 2014, radicado
73001-31-21001-2013-000161-00; Juzgado 2 Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Ibagué, sentencia del 18 de diciembre de 2013,
radicado 73001-31-21-002-2013-00131-00; Juzgado 1 Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa, sentencia del 5 de julio de
2013, radicado 860013121001-2013-00022-00; Juez Civil del Circuito
Especializado en Restitución de  Tierras del Distrito Judicial de Cundinamarca,
sentencia No. 009 de 2015, proceso 85001312100140001400; Juzgado Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia, sentencia del 4
de septiembre de 2015, radicado 2015-00002-00, Juzgado 1 Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia, sentencia del 24 de julio
de 2013, radicado 2013-000-33-00,  Juzgado 2 Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Antioquia, sentencia del 12 de febrero de 2014,
radicado 2013-00062-00; Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución
de Tierras de Cundinamarca, radicado 2014-00014-00 y Juzgado Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta, sentencia del 31 de mayo de
2013, radicado 2012-220-00.
[64] Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras, expediente 11001222100020160001100,
sentencia del 15 de noviembre de 2016.
[65] Corte Constitucional sentencias T- 688 de 2003. Criterio reiterado
en la sentencia T- 698 de 2004.
[66] Folio 48 del cuaderno número 3 del expediente T-5.983.457.
[67] Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras, expediente 11001222100020160001100,
sentencia del 15 de noviembre de 2016.
[68] Corte
Constitucional, Sentencia T-625 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa.
[69] Corte
Constitucional, Sentencia T-151 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo. En
este mismo sentido, la Corte Constitucional se ha pronunciado en las
sentencias: T-688 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-918 de 2010. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva; SU-288 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo;
SU-050 de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-145 de 2015. M.P. María
Victoria Calle Correa; T-151 de 2017.M.P. Alejandro Linares Cantillo.