T-836-09
Sentencia T-836/09
Sentencia
T-836/09
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Clases de defectos
DERECHO A LA
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Alcance
DERECHO A
MANTENER EL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES-Es un derecho
constitucional
INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL-Criterios que deben tenerse en cuenta
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES PARA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Procedencia
Referencia:
expediente T-2372288
Acción de tutela instaurada por Luís Antonio
Lara Juez, contra el Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Decisión Laboral, el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá y el Instituto Distrital para la
Recreación y el Deporte (I.D.R.D).
Magistrada
Ponente:
Dra. MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil nueve (2009)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados, Maria Victoria Calle Correa, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
Luis Ernesto Vargas Silva en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por la Corte Suprema
de Justicia – Sala de Casación Laboral el veintiuno (21) de mayo de dos mil
nueve (2009) y en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia –Sala de
Decisión Penal de Tutelas, el veintinueve (29) de julio de dos mil nueve (2009)
dentro de la acción de tutela instaurada por Luís Antonio Lara Juez, contra el
Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Decisión Laboral, el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Bogotá y el Instituto Distrital para la Recreación y el
Deporte (I.D.R.D).
El expediente de
la referencia fue escogido para revisión por medio del Auto de catorce (14) de
septiembre de dos mil nueve (2009) proferido por la Sala de Selección Número
Nueve.
I.
ANTECEDENTES
1.
Hechos.
El ciudadano Luís Antonio
Lara Juez
interpuso acción de tutela en contra de el Tribunal Superior de Bogotá, el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Bogotá y el Instituto Distrital para la
Recreación y el Deporte (I.D.R.D) por considerar que dichos entes violaron sus derechos
al debido proceso, al mínimo vital y a la igualdad, al desconocer la indexación
de su primera mesada pensional.
Las presuntas
vulneraciones las fundamenta en los siguientes hechos:
1.1.
El accionante señala que desde el 10 de enero de 1972 y hasta el 12 de
diciembre de 1996 estuvo vinculado como trabajador oficial del Instituto
Distrital para la Recreación y el Deporte (I.D.R.D).[1]
1.2. El día cinco (05) de abril del año
2000, contando con 55 años de edad[2] y
teniendo en cuenta que consideraba reunidos los requisitos necesarios para jubilarse,
el accionante solicitó al Seguro Social el reconocimiento de su pensión “en
su condición de ex trabajador estatal”.
1.3. El día trece (13) de agosto de 2002
el Instituto de Seguros Sociales negó el reconocimiento y pago de la pensión de
vejez solicitada, mediante Resolución número 18739, argumentando que si bien el
accionante contaba con el número de semanas cotizadas necesarias para acceder a
la pensión no tenia la edad requerida.
1.4. El día cuatro (04) de septiembre de
2002 el actor interpuso recurso de reposición contra la Resolución del
Instituto de Seguros Sociales aduciendo que para la fecha de reclamación de la
pensión, contaba con 55 años de edad y que el régimen aplicable a su caso, esto
es artículo 36 de la Ley 100 de 1996 (Régimen de Transición), fijaba dicha edad
para ser acreedor de la pensión. Este recurso no fue resuelto por el Instituto.
1.5. El veintiséis (26) de noviembre de
2002 el actor, mediante apoderado judicial, interpuso demanda ordinaria laboral
ante el Juzgado Tercero (03) Laboral del Circuito de Bogotá, contra el
Instituto de Seguros Sociales solicitando: (i) que se condene al Seguro
Social al pago de la pensión de vejez del señor Luís Antonio Lara Juez (ii) que
se ordene el pago de las mesadas atrasadas a partir del 8 de septiembre de
1.999 fecha en la reunió los requisitos de edad para hacerse acreedor de la
Pensión de Jubilación (iii) que se condene a la demandada al pago de los
intereses moratorios conforme al artículo 141 de la Ley 100 de 1.993 sobre las
sumas y (vi) que se condene a la demandada ultra y extrapetita y al pago de las
costas judiciales.
1.6. El diecinueve (19) de marzo de 2004
el Juzgado Tercero Laboral condenó al Instituto Distrital para la Recreación y
el Deporte (I.D.R.D) a pagar al demandante, por concepto de pensión de
jubilación, la suma equivalente al 75% del promedio salarial del último año,
desde el día 8 de septiembre de 1999, fecha en que cumplió 55 años de edad, con
las mesadas adicionales de junio y diciembre respectivamente, valores que
consideró, debían “ser sometidos a los incrementos legales”. De otra
parte, en cuanto a la indexación de la primera mesada pensional, aunque
el accionante no la solicitó en la demanda, el Juzgado señaló: “Teniendo en
cuenta, que la indexación de la primera mesada pensional, solo tuvo lugar con la
Ley 100 de 1993, igualmente que los intereses moratorios también fueron
prescritos por el artículo 141 de la misma ley, y que en el presente caso para
el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación que hoy se condena, se
debieron aplicar normas anteriores a dicha ley, no resulta posible acceder a la
petición de indexación, ni de los intereses moratorios con base en la
pluricitada ley, toda vez, que se violaría el principio de inescindibilidad.” Finalmente
el Juzgado absolvió al Instituto de Seguros Sociales de las pretensiones de la
demanda.
1.7. Dentro de término procesal ambas
partes apelaron la decisión del Juzgado Tercero Laboral, apelación que conoció
el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá –Sala Laboral.
El accionante en apelación manifestó:“no
es procedente absolver al ISS de sus obligaciones pensionales, por cuanto el
accionante siempre estuvo afiliado al sistema para tal fin y el demandado
Instituto de Seguros Sociales, no puede cambiar el régimen pensional legalmente
instituido para los servidores del Estado, aun con la aclaración que hace el
Juzgador de primera instancia respecto al contenido del artículo 45 del Decreto
1748 de 1.994 en concordancia con el artículo 5° del Decreto 813 de 1.994, pues
dicha normatividad es inaplicable para el caso que nos ocupa por
inconstitucionalidad, toda vez que viola el principio de igualdad respecto del
demandante con los demás servidores públicos del Estado que en concordancia con
lo preceptuado por la Ley 33 de 1985, aunado al beneficio de Transición de la
Ley 100 de 1993 perciben su pensión a los 55 años de edad, que debe asumir el
ISS. Por lo anterior solicita al juez de segunda instancia se condene
solidariamente al Seguro Social y el Instituto Distrital para la Recreación y
el Deporte, haciendo claridad en que este último pagará la pensión hasta cuando
el demandante cumpla 60 años de edad y a partir de dicha fecha la reconocerá el
ISS; salvo que la diferencia si llegare a existir entre la Pensión reconocida
por aquel y este último, que continuara siendo pagada por el ente Distrital”.[3]
1.8. En sentencia del 22 de junio de
2004 el Tribunal Superior de Bogotá decidió revocar parcialmente la providencia
de primera instancia y adicionó[4] el fallo
apelado aclarando que: “una vez reunidos los requisitos de edad y densidad
de cotizaciones, estatuidos en los reglamentos del Instituto de Seguro Social y
en la Ley, deberá ese ente otorgar la correspondiente pensión de Vejez del
actor, y desde ese momento en adelante estará a cargo del Instituto Distrital
para la Recreación y el Deporte solo el mayor valor si lo hubiere, entre lo que
venia pagando con los reajustes, y el monto de la prestación otorgada por el
ISS adicionándose en este aspecto el fallo del adquo. Lo expuesto conduce a que
el I.D.R.D asuma el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a favor
de don Luís Lara Juez a partir del 8 de septiembre de 1.999 (folio 100) siendo
el momento igual al 75 % del promedio salarial que se extraiga, en principio,
durante el tiempo que le faltare para cumplir el derecho a la pensión, a partir
del 1 de abril/94, no obstante el promedio salarial no podrá obtenerse de esa
forma, toda vez que el actor no devengó, al no estar vinculado con el I.D.R.D;
con posterioridad el 9 de diciembre de 1.996, hasta la fecha en la que cumplió
la edad, así que deberá acogerse como salario el promedio de lo devengado en el
último año de servicios (…)”.
1.9. El Instituto Distrital para la
Recreación y el Deporte interpuso recurso de casación contra la providencia del
Tribunal Superior de Bogotá para que absolviera a esta entidad de las
pretensiones de la demanda inicial. La Corte Suprema de Justicia decidió no
CASAR la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá por considerar que “el recurso extraordinario de
casación presenta severos defectos técnicos que impiden el estudio del cargo
único que se plantea”.
1.10. Mediante Resolución No 465 del
veintiuno (21) de diciembre de 2005 el Instituto Distrital para la Recreación y
el Deporte (IDRD) resolvió “Dar cumplimiento a la sentencia del 22 de junio
de 2004 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá”
y en ese sentido reconocer la pensión de jubilación al señor Luís Antonio Lara
Juez por el lapso comprendido entre el 8 de septiembre de 1999 y el siete de
septiembre de dos mil cuatro, pagando la suma de $21.056.111 “sumatoria
resultante de la pensión de jubilación equivalente al 75% del promedio salarial
del último año de servicio, esto es $305.103 pesos, desde el 08 de septiembre
de 1999 y el 07 de septiembre de 2004, con las mesadas adicionales de junio y
diciembre respectivamente, junto con sus incrementos legales, teniendo en
cuenta la liquidación respectiva (…)”.
1.11. El trece (13) de enero de 2006 el
señor Luís Antonio Lara Juez apeló la resolución que le concedió la pensión
solicitando “un nuevo acto administrativo que me reconozca la pensión de
jubilación de acuerdo al Régimen de Transición y la condición más favorable que
me corresponde (…) tengo derecho a que se me aplique la Ley 33 de 1985 y el
Decreto 1045 de 1978 en su totalidad”. Así mismo el actor señaló que la
liquidación realizada por el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (I.D.R.D) (i)
no tuvo en cuenta el valor correcto del Salario Base de Cotización, que no es
la suma de $305.103 pesos sino $720.201 y (ii) no tuvo en cuenta la aplicación
del IPC para los años correspondientes a 1996, 1997, 1998 y 1999.
1.12. Mediante la Resolución No 026 del
dos (02) de febrero de 2006 el Instituto Distrital para la Recreación y el
Deporte (I.D.R.D) resolvió negativamente el recurso interpuesto por el señor
Lara Juez argumentando que la Sentencia que ordenaba el reconocimiento de la
pensión, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá,
establece que el salario base de la liquidación de la pensión es el promedio de
lo devengado durante el último año de servicios, pero que está decisión
judicial “no reconoce ni ordena indexación del salario base de liquidación
de la pensión”.
1.13. En mayo de 2006 el accionante
interpuso reclamación administrativa ante el Instituto Distrital para la
Recreación y el Deporte solicitando a esta institución el reconocimiento de su
pensión indexada y actualizada junto con los ajustes legales correspondientes.
Así mismo solicitó el reconocimiento de los intereses moratorios sobre dicha
suma y el pago de daños y perjuicios.[5]
1.14. El 26 de abril de 2007 el señor
Lara Juez, mediante apoderado judicial, interpuso demanda ejecutiva solicitando
al Juez Tercero Laboral del Circuito de Bogotá librar mandamiento ejecutivo de
pago a favor del actor por la suma de $95.811.222 “valor de las mesadas
pensionales entre septiembre 08 de 1999 y el 07 de septiembre de 2004”. Así
mismo solicitó el pago de $17.368.550 por concepto de “mayor valor o
diferencia de las mesadas pensionales mensuales y adicionales, debidamente
indexadas, entre el 8 de septiembre de 2004 y 31 de marzo de 2007.”
1.15. El tres (03) de septiembre de 2007
el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá libró mandamiento de pago a
favor del señor Luís Antonio Lara Juez por valor de (i) las mesadas pensionales
entre el 08 de septiembre de 1999 y el 07 de septiembre de 2004 (ii) por el
valor de las diferencias en las mesadas pensionales entre el 09 de septiembre
de 2004 y el 31 de marzo de 2007 (iii) por los intereses legales causados y que
se causen sobre las anteriores sumas desde que las obligaciones se hicieron
exigibles y hasta la fecha en que la demanda las cancele en su totalidad, suma
a la cual, según el artículo 1653 del C.C habrá de descontarse el abono hecho
por el Instituto
Distrital para la Recreación y el Deporte (I.D.R.D) esto es $21.056.111 (iv) por
la suma de ocho millones ciento sesenta mil pesos por concepto de costas y
agencias en derecho en primera instancia y (v) por la suma de cuatro millones
de pesos por concepto de las costas y agencias en derecho en segunda instancia.
1.16. El seis (06) de septiembre de 2007
el apoderado judicial del accionante solicitó al despacho pronunciarse sobre el
pago indexado de las mesadas pensionales debido a que, según el apoderado, el
despacho guardó silencio sobre este aspecto. Así mismo solicitó librar
mandamiento de pago por el mayor valor o diferencia de las mesadas pensionales
mensuales y adicionales que se causen durante la ejecución, en sumas
debidamente indexadas y librar mandamiento de pago por el valor de la sanción
moratoria.
1.17. El diecisiete (17) de octubre de
2008 el Juzgado Tercero (03) Laboral del Circuito de Bogotá negó por
improcedente la solicitud elevada por el apoderado del accionante al considerar
que: “la indexación de mesadas pensionales y adicionales, al igual que la
sanción moratoria, no aparecen ordenados en forma taxativa y de contera no
producen efectos jurídicos contra la responsabilidad patrimonial del ente
ejecutado, y por lo mismo, al no estar contemplados expresamente dentro de los
documentos que conforman el titulo ejecutivo, no procede la orden de pago deprecada
en tal sentido”.
1.18. El veintidós (22) de octubre de
2008 el apoderado del accionante repuso la decisión del Juez Tercero y en
subsidio apelación, argumentado que: “si bien es cierto la sentencia no
ordenó el pago de la indexación, también lo es que ello no se requería ya que
su pago se impone por mandato legal, entre otros por el artículo 16 de la Ley
446 de 1.998 en concordancia con el artículo 178 del C.C.A. Por lo demás
conforme al artículo 308 del C.P.C. la actualización de las condenas “se hará
en el proceso ejecutivo que se adelante para su cobro” como es el caso que nos
ocupa”.
1.19. El cinco (05) de noviembre de 2008
el Juzgado Tercero resolvió negativamente  el recurso de reposición y concedió
el recurso de apelación. La negativa se basó en que, según el Juzgado, “(…)
el mandamiento ejecutivo se libró con sujeción a los conceptos taxativamente
puntualizados en las correspondientes sentencias, dentro de las cuales en parte
alguna el juzgador ni en forma clara ni expresa impartió condena por los
conceptos por los cuales ahora se pretende que se adicione la orden de pago, y
por lo mismo, resulta esta petición improcedente”.
1.20. El treinta (30) de enero de 2009
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá resolvió revocar el auto
proferido el tres (03) de septiembre de 2007 por el Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Bogotá, que libró mandamiento de pago a favor del señor Luís
Antonio Lara Juez. Lo anterior, teniendo en cuenta que para el Tribunal “no
hay absoluta claridad frente al punto planteado por el ejecutante, pues en
torno a la cuantía que debió tomarse como base de liquidación existe
controversia (…)  del mismo modo, se anhela el reconocimiento de la indexación
de la primera mesada, aspecto que ha sido sujeto a muy variadas
interpretaciones judiciales, oscilando la jurisprudencia entre diversas
posturas, no siendo unánimes, tema igualmente alejado de la presente
ejecución”.
1.21. El 14 de mayo de 2009 el
accionante interpuso acción de tutela por los hechos narrados, ante la Corte
Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral- solicitando “tutelar de
manera inmediata los derechos fundamentales incoados y como consecuencia de lo
anterior, se deje sin valor ni efecto la providencia proferida por la Sala de
Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 30 de enero de 2009 por
vulnerar el derecho al debido proceso[6]. Así
mismo solicita se ordene al Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte
que dé cumplimiento a la sentencia del juzgado tercero (03) laboral del
Circuito de Bogotá de marzo 19 de 2009, mediante la cual fue condenado a
reconocerme y pagarme la Pensión de Jubilación, con las mesadas adicionales de
junio y diciembre, con los ajustes e incrementos de ley a partir de septiembre
8 de 1999 INDEXANDO LA PRIMERA MESADA PENSIONAL.” La tutela fue decidida
por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral el 21 de mayo de
2009, negando el amparo solicitado por improcedente, pues en su criterio se
pretende abrir un debate que se encuentra resuelto a través de una decisión
judicial ejecutoriada. En segunda instancia le correspondió a la Sala de
Decisión Penal de Tutelas de la misma Corporación, la que confirmó el 29 de
junio de 2009 el fallo.
2.
Pruebas relevantes que obran en el
expediente
A continuación
se relaciona el material probatorio relevante que obra en el expediente:
-
Fotocopia
de cedula de ciudadanía del accionante.(folio 11)
-
Sentencia
del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá  fechada el 19 de marzo de
2004 (folios 22 y s.s.).
-
Sentencia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá fechada el 22 de junio de
2004 (folios 29 y s.s.).
-
Sentencia
de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fechada el 30 de
agosto de 2005 (folios 38 y s.s.).
-
Certificación
de salarios suscrita por la División de Recursos Humanos del I.D.R.D (folio 56)
-
Copia
de la Resolución No. 465 del 10 de enero de 2006, por medio de la cual el
I.D.R.D reconoce y ordena el pago de una pensión de jubilación oficial al
accionante (folios 58 a 62).
-
Copia
de la Resolución No. 026 del 14 de febrero de 2006, por medio de la cual el
I.D.R.D resuelve el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra
la resolución No 465(folios 63 a 67).
-
Copia
del auto de mandamiento ejecutivo librado por el Juzgado Tercero (03) Laboral
del Circuito el 03 de septiembre de 2007. (Folios 78 y 79)
-
Sentencia
del Juzgado Tercero (03) Civil del Circuito que decidió la solicitud de adición
del mandamiento ejecutivo de pago. (folio del 81 al 84 )
-
Sentencia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá del 30 de enero de 2009
que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 03 de
septiembre proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito (folios del 92
al 98).
3. Contestación
de la acción.
El día veintiuno
(21) de mayo de 2009 el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte,
mediante apoderado judicial, dio contestación a la demanda oponiéndose a las
pretensiones del accionante por carecer de sustento fáctico y jurídico. En tal
sentido señaló:
“Contrario
a lo afirmado por el accionante, la acción de tutela en el caso que nos ocupa
es improcedente, toda vez que las actuaciones del Instituto en el caso presente
no constituyen amenaza ni violación a ninguno de los derechos fundamentales
consagrados en nuestro ordenamiento jurídico. El accionante goza de su pensión
de jubilación, en los términos establecidos en la sentencia que así los
reconoció y no está afectando su mínimo vital, como se observa que el monto de
su mesada pensional excede el mínimo legal y le son aplicables los incrementos
de ley, contemplados en las normas vigentes sobre el particular.”
La
indexación que pretende el accionante, carece de fundamento como quiera que la
misma no fue decretada judicialmente, razón que imposibilita su reconocimiento
por vía administrativa, ya que este procedimiento, desconocería el principio de
legalidad del gasto, de rigurosa aplicación en el ámbito de la administración
pública, que obliga a reconocer aquellos pagos que tengan su origen en la ley o
en decisiones judiciales debidamente ejecutoriadas y cuyo monto no se puede
sobrepasar, so pena de incurrir en violación de la ley. Las decisiones de la
Justicia ordinaria Laboral ampararon el derecho del demandante a disfrutar de
su pensión de jubilación en los términos contemplados en las respectivas
sentencias las cuales, este Instituto, cumplió a cabalidad.
Los
hechos de la presente acción, en los que fundamenta el actor su inconformidad,
son idénticos a los que, en su oportunidad, se controvirtieron y decidieron
ante las mismas instancias judiciales y administrativas, con el lleno de lo
todos los requisitos sustanciales y procedimentales de ley y la rigurosa
aplicación de las normas y principios de derecho aplicables al caso.
Pretende
el actor que por vía de la tutela se reversen las decisiones judiciales
debidamente ejecutoriadas, lo que de ser aceptado por esta Corporación
desquiciaría el orden jurídico que nos rige (…)”.
Finalmente, la
entidad accionada solicitó declarar la excepción de cosa Juzgada en “consideración
al hecho probado de que las mismas fueron decididas en derecho y no se
encuentran pendientes de recurso o impugnaciones en las instancias en las
cuales fueron debatidas”.
4.
Decisión judicial de primera instancia.
El día veintiuno
(21) de mayo la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral profirió
sentencia denegando la protección de los derechos invocados por el accionante
con base en las siguientes consideraciones:
“(…)
en el asunto examinado resulta improcedente la acción de tutela, pues el
accionante pretende reabrir un debate que se encuentra debidamente resuelto a través
de una decisión legalmente ejecutoriada. El propósito de la acción de tutela no
es promover nuevos procesos, menos crear instancias adicionales a las que ya
existen, ni pretender modificar decisiones que alguna de las partes considere
desfavorables (…).
Los
juzgadores de instancia, en este proceso, estudiaron las normas que
consideraron aplicables y valoraron las pruebas allegadas y en ellas
fundamentaron su decisión: el juzgado para resolver y una vez consultó los
fallos que constituyen el título base de recaudo ejecutivo, esto es la
sentencia de primera instancia de fecha 19 de marzo de 2004, sentencia de
segunda instancia de fecha 22 de junio del mismo año y sentencia de casación
calendada el 30 de agosto de 2005, concluyó que los conceptos por los cuales se
impetra la adición al mandamiento de pago, es decir, la indexación de mesadas pensionales
y adicionales, al igual que la sanción moratoria, no aparecen ordenados en
forma taxativa, y en tal virtud no procede la orden de pago deprecada, y el Tribunal,
al analizar la inconformidad de la recurrente resolvió revocar el mandamiento
de pago, apoyado en los artículos 488 y 491 del C.P.C, decisión de la cual
puede deprecar la parte actora, pero no por ello se configura una trasgresión
de derecho alguno menos violación de un derecho fundamental.
(…)
En
la situación bajo examen, además, no puede considerarse el amparo solicitado
como mecanismo transitorio, porque no aparece demostrado un perjuicio
irremediable, toda vez, que el actor actualmente se le ha reconocido la pensión
(folio 75) por lo que, de lo que se trata, es de obtener un reajuste para el
cual, como se dijo, debe acudir a las vías ordinarias.”
5.
Impugnación.
El día 24 de
junio de 2009 el señor Luís Antonio Lara Juez impugnó la decisión de la Corte Suprema
de Justicia –Sala de Casación Laboral argumentando lo siguiente:
“Sea
lo primero recordar que, como se consigna en el escrito de la acción, la
Justicia Laboral Ordenó al IDRD a pagar al suscrito la Pensión de Jubilación y
en tales condiciones, al haberse agotado totalmente el tramite ordinario y el
ejecutivo de la sentencia dictada en el proceso ordinario que se le asignó ante
el Juzgado 3 Laboral del Circuito de Bogotá, es evidente que no procede una
nueva acción (ni ordinaria, ni ejecutiva) ante la Justicia laboral Ordinaria
como lo sostiene la Sala Laboral de la Corte, menos si ella conoció incluso,
del recurso extraordinario de casación interpuesto por mi ex empleador.
Y
si se admitiera en gracia discusión que, como lo dijo la Sala de Casación
Laboral, el suscrito debería “acudir a las vías ordinarias” la revocatoria del
fallo impugnado tampoco se hace esperar habida consideración que tener más de
65 años (tercera edad) no estaría obligada a iniciar un nuevo, prolongado y
engorroso proceso ordinario laboral para obtener la actualización de mi
pensión.
Abundando
en razones, permítame decir que el I.D.R.D, al no reconocer la pensión
correctamente, me causa un perjuicio irremediable, pues resulta un irrespeto a
la persona humana, por decir lo menos, que teniendo derecho reconocido por la
justicia ordinaria laboral, al verse forzado a cancelar lo haga a medias (…)
De
otra parte siendo la pensión el medio fundamental de subsistencia del
pensionado, es evidente que su pago en un valor inferior al que realmente
corresponde, afecta grave, injusta y abiertamente ilegal, su calidad de vida,
daño irreparable material y moral que amerita la intervención del estado
decretando así el amparo solicitado. Ahora bien, como se desprende de los
documentos adjuntos, el instituto accionado en caso de dos compañeros mas del
suscrito le pagó las mesadas pensionales con indexación e intereses, no
entendemos el por qué de la discriminación para conmigo, lo cual prueba la violación
al derecho a la igualdad.”
6.
Decisión judicial de segunda instancia.
La impugnación
fue decidida el
veintinueve (29) de julio de dos mil nueve (2009) por la Corte Suprema de
Justicia – Sala de decisión Penal de Tutelas quien resolvió confirmar el fallo
de primera instancia considerando:
“Sin
dificultad se establece la improcedencia de la solicitud de amparo porque no es
cierto que la autoridad judicial accionada hubiera incurrido en la carencia
mencionada y desconociendo los derechos del ciudadano atrás referenciado,
porque el Tribunal al pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto
por el apoderado del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte,
después de analizar el acervo probatorio (…) explicó en forma razonada los
motivos que de conformidad con el estudio del acervo probatorio y las normas
aplicables le permitían revocar la decisión proferida por el Juzgado Tercero laboral
del Circuito de esta ciudad, a través de la cual se había librado mandamiento
de pago contra el I.D.R.D en el proceso ejecutivo incoado por Luís Antonio Lara
Juez circunstancias que alejan la decisión objeto de queja de ser arbitraria o
caprichosa que amerite la intervención del Juez de tutela.
(…)
Vistas
así las cosas, es evidente que el accionante, en esencia, pretende a través de
este instrumento censurar las actuaciones desplegadas por los funcionarios
competentes por fuera de los canales dispuestos por el legislador, lo cual
torna improcedente el amparo solicitado porque el Constituyente no le otorgó a
la acción de tutela el carácter de tercera instancia o de mecanismo alternativo
o paralelo a los procedimientos ordinarios de defensa judicial.”
II.
CONSIDERACIONES
1.      Competencia
La Sala es
competente para revisar el presente fallo de tutela, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución, y 33 y 34
del Decreto 2591 de 1991.
2.      Problema
Jurídico
El ciudadano Luís Antonio
Lara Juez
interpuso acción de tutela contra el  Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Bogotá, el
Tribunal Superior de Bogotá -Sala Laboral- y el Instituto Distrital para la
Recreación y el Deporte (I.D.R.D), por considerar que dichos entes violaron sus
derechos al debido proceso, al mínimo vital y a la igualdad, al desconocer la
indexación de su primera mesada pensional y al liquidar su pensión con un
salario base inferior al que, según él, corresponde. Así las cosas, en el
presente caso, corresponde a la Sala Segunda de esta Corporación determinar si
el fallo proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, la
resolución No 465 del 21 de diciembre de 2005 del Instituto Distrital para la
Recreación y el Deporte (I.D.R.D) “por medio de la cual se liquida una
sentencia por pensión” y el auto proferido por el Tribunal Superior de
Bogotá -Sala Laboral-, que revocó el mandamiento de pago expedido por el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito, vulneraron los derechos fundamentales del
accionante a la igualdad, al debido proceso y al mínimo vital, al desconocerle
la indexación de su primera mesada pensional y liquidar su pensión por un
salario inferior al que realmente corresponde.
Para efectos de
resolver el anterior problema jurídico la Sala inicialmente reiterará los
criterios fijados por este Tribunal acerca de la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Posteriormente, reiterará el precedente
sentado por esta corporación, en sede de constitucionalidad y de tutela en
relación con la indexación de la primera mesada pensional; y por último, con
fundamento en las consideraciones mencionadas se abordará el estudio del caso
concreto.
3.
Procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de
Jurisprudencia.
3.1. La acción
de tutela contra providencias judiciales es, conforme a una amplia línea
jurisprudencial establecida por la Corte Constitucional[7],
una figura de carácter eminentemente subsidiario y excepcional. Sólo es
procedente ante situaciones en que no exista otro mecanismo judicial idóneo
para salvaguardar un derecho fundamental vulnerado o amenazado, o cuando
existiendo otro medio de defensa judicial, éste a) no resulte tan eficaz para
la protección de los derechos de los asociados como la tutela, o, b) la persona
afectada se encuentre ante un perjuicio irremediable.
La
seguridad jurídica se encuentra soportada, en consecuencia, en actuaciones
judiciales legítimas y razonables, y no en aquellas que no lo son. Por eso, en
situaciones concretas en las que mediante providencias judiciales se
desconozcan derechos fundamentales de los asociados en abierta contradicción
con el compromiso constitucional impuesto a todas las autoridades, -incluyendo
a las judiciales-, de propugnar  por la realización de los derechos
fundamentales conforme a la Constitución (Art. 2 C.P.), puede proceder la
acción de tutela.
3.2.
Desde esta perspectiva, algunas de las consideraciones de la Corte Suprema en
este proceso, no se enmarcan dentro de la evolución de la jurisprudencia
constitucional y desconocen la expectativa legítima de protección
constitucional que esperan los ciudadanos de la figura constitucional del
artículo 86 de la Carta. De hecho, la figura de la acción de tutela contra
providencias judiciales, tiene un claro fundamento normativo. No sólo al tenor
del artículo 2º constitucional descrito, sino también conforme al mandato del
artículo 86 de la norma superior, disposición que  reconoce que la tutela
procede cuando los derechos fundamentales “resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
Sobre
este punto, si bien la sentencia C-543 de 1992 (MP. José Gregorio Hernández
Galindo), estudió la constitucionalidad de los artículos 11 y 12 del Decreto
2591 de 1991 y declaró inexequibles las disposiciones acusadas por considerar
que desvirtuaban las reglas de competencia fijadas por la Constitución
Política, lo cierto es que la providencia que se cita también matizó su
decisión de inexequibilidad en su parte motiva, al prever en la ratio
decidendi de la sentencia, que la acción de tutela podía llegar a ser procedente
contra actuaciones judiciales en circunstancias excepcionales, cuando ellas
resultaran ser una vía de hecho.
Los
artículos constitucionales enunciados (2o y 86 de la C.P.) y el precedente
judicial anterior,[8]
permitieron que las distintas Salas de Revisión de la Corte Constitucional
desde sus orígenes, decidieran aplicar en los casos concretos que fueran de su
conocimiento, el precedente establecido por esta Corporación en la sentencia
C-543 de 1992.[9] La Corte
Constitucional desde entonces, ha construido una nutrida línea jurisprudencial
en materia de tutela contra sentencias,[10] que ha
permitido la procedencia de esa acción, cuando tales actuaciones judiciales han
sido dictadas en abierto desconocimiento del ordenamiento jurídico, es decir,
arbitrariamente, al presentar alguno de los siguientes cuatro defectos:
sustantivo, orgánico, fáctico y/o procedimental.[11]
Esta
línea jurisprudencial se conoció  inicialmente bajo el concepto de “vía de
hecho”. Sin embargo, esta Corporación recientemente, con el propósito de
superar una percepción restringida de esta figura sustituyó la expresión de vía
de hecho por la de “causales de procedibilidad de la acción de tutela
contra decisiones judiciales”[12] que
responde mejor a su realidad constitucional.[13] La
sentencia C-590 de 2005 da cuenta de esta evolución, señalando que cuando se
está ante la acción de  tutela contra providencias judiciales es más adecuado
hablar de “causales genéricas de procedibilidad de la acción”, que el de vía de
hecho.[14]
3.3.
En ese orden de ideas, conforme a la consolidada línea jurisprudencial de esta
Corporación en materia de tutela contra sentencias, entre las causales de
procedibilidad[15] de
la tutela en estos casos, podemos citar en primer lugar,  aquellas
de carácter general, orientadas a asegurar el principio de subsidiariedad de la
acción de tutela, como son el agotamiento de otros medios de defensa
disponibles y la inmediatez. En segundo lugar, existen unas causales
específicas, centradas en los defectos de las actuaciones judiciales en sí
mismas consideradas, que son aquellas identificadas genéricamente como: (i)
defecto sustantivo; (ii) defecto fáctico; (iii) defecto orgánico y (iv) defecto
procedimental.
Frente
a las primeras, es decir aquellas de carácter general, es necesario que quien
alega la vulneración de sus derechos fundamentales haya agotado los medios
de defensa disponibles en la legislación para el efecto[16].
Esta exigencia responde al principio de subsidiariedad de la tutela, que
pretende asegurar que la acción constitucional no sea considerada en sí misma
una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que
reemplace aquellos otros diseñados por el legislador.[17]
Menos aún, que resulte ser un camino excepcional para solucionar errores u
omisiones de las partes o para corregir oportunidades vencidas[18]
en los procesos jurisdiccionales ordinarios.[19]
Por
lo tanto, es incorrecto pensar que la acción de tutela puede asumirse como un
medio de defensa judicial paralelo al sistema de jurisdicciones y competencias
ordinarias y especiales.[20] El juez de tutela no puede
entrar a reemplazar a la autoridad competente para resolver aquello que le
autoriza la ley,[21]
especialmente si los mecanismos que permiten conjurar las posibles falencias
que se suscitan durante los trámites procesales no han sido utilizados ni
ejercidos por las partes, conforme a las atribuciones y competencias que
consagra la ley.
El
agotamiento efectivo de los recursos y mecanismos ordinarios de defensa
judicial, resulta ser entonces, no sólo una exigencia mínima de diligencia de
los ciudadanos frente a sus propios asuntos procesales,[22]
sino un requisito necesario para la procedibilidad de la acción de
tutela, salvo que por razones extraordinarias no imputables a quien alega la
vulneración la persona se haya visto privada de la posibilidad de utilizar los
mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso judicial;[23]
circunstancia que deberá ser debidamente acreditada en la acción de tutela. Con
todo, en un caso en el que se solicitaba la indexación de la primera mesada
pensional, negada al actor por la justicia ordinaria, la Corte consideró que “si
el accionante de tutela demuestra que con las providencias judiciales se afecta
el derecho al mínimo vital, situación que puede devenir de un perjuicio
irremediable, el actor queda relevado de agotar todas las instancias
judiciales”.[24]
Así,
puede proceder la acción de tutela contra una providencia judicial en dos
eventos: (i) cuando ante la vulneración ostensible de derechos fundamentales
mediante acciones u omisiones de los operadores jurídicos que vulneren de
manera grave o inminente tales derechos,[25] no
exista otro medio de defensa judicial idóneo para proteger los derechos
fundamentales invocados y la actuación judicial acusada constituya una vía
de hecho o, (ii) cuando se emplee como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable en materia de derechos fundamentales.[26]
Esta segunda hipótesis tiene lugar especialmente, cuando a la fecha de
presentación de la tutela aún está pendiente alguna diligencia o instancia
procesal, pero la protección constitucional provisional se requiere de manera
urgente para evitar el perjuicio irremediable. En estos casos, naturalmente, la
actuación constitucional resulta generalmente transitoria.
Por
otra parte, fuera del agotamiento de los otros medios de defensa judiciales, el
segundo requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias, es el de inmediatez. Esta exigencia jurisprudencial
reclama la verificación de una correlación temporal entre la solicitud
de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales, que
puede explicarse de la siguiente forma: es improcedente la acción de tutela
contra actuaciones judiciales cuando el paso del tiempo es tan significativo,
que es irrazonable y desproporcionado un control constitucional de la actividad
judicial por la vía de la acción de tutela.[27] Desde
esta perspectiva, es necesario interponer la acción de tutela contra
providencias judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario la necesidad
de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho, ya que
no se entiende por qué si la amenaza o violación del derecho era tan
perentoria, no se acudió al mecanismo constitucional con anterioridad. Permitir
un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamación
constitucional contra una providencia judicial, puede afectar además la
seguridad jurídica; de manera tal que la inmediatez sea claramente una
exigencia ineludible en la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales. No obstante, cabe señalar que, de acuerdo con reiterada
jurisprudencia de este Tribunal “(…) cuando se trata del reconocimiento del
derecho a la indexación de la primera mesada pensional el requisito de la
inmediatez no es aplicable, por cuanto se trata del desconocimiento de un
derecho de carácter constitucional que se ha prolongado en el tiempo y aún no
se ha dado su cumplimiento por no haberse reconocido del derecho a la
actualización de la primera mesada pensional.” (Sentencia T-129 de
2008 MP: Humberto Sierra Porto).
3.4.
En segundo lugar, la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales requiere que se consolide en la decisión
judicial alguno de los defectos que la jurisprudencia constitucional ha
considerado contrarios a la Carta. La lista que a continuación se presenta, si
bien no es exhaustiva, si registra algunos de los principales casos en los que
esta Corporación ha encontrado “una manifiesta desconexión entre la voluntad
del ordenamiento y la del funcionario judicial”.[28]
Tales defectos, en consecuencia, pueden ser descritos genéricamente de la siguiente
forma:
(i) Existe un defecto
sustantivo en la decisión judicial, cuando la actuación controvertida
se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable,[29]
ya sea porque[30] (a) la norma
perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley,[31]
(b) es inconstitucional,[32] (c) o
porque el contenido de la disposición no tiene conexidad material con los
presupuestos del caso.[33] También
puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se
produce (d) un grave error en la interpretación de la norma[34]
constitucional pertinente, el cual puede darse por desconocimiento de
sentencias de la Corte Constitucional con efectos erga omnes, o cuando
la decisión judicial se apoya en una interpretación  claramente contraria a la
Constitución.[35]
Se
considera igualmente defecto sustantivo el hecho de que la providencia judicial
tenga problemas determinantes relacionados, (e) con una insuficiente
sustentación o justificación de la actuación[36]
que afecte derechos fundamentales; (f) cuando se desconoce el precedente
judicial[37] sin
ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una
decisión diferente[38] o
(g) cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución
siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso.[39]
(ii) Se produce un defecto
fáctico en una providencia, cuando de la actividad probatoria
ejercida por el juez se desprende, - en una dimensión negativa -, que se omitió[40]
la “valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez.[41] En esta
situación se incurre cuando se produce “la negación o valoración arbitraria,
irracional y caprichosa de la prueba que se presenta cuando el juez
simplemente ignora la prueba u omite su valoración,  o cuando sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente”.[42]
En una dimensión positiva, el defecto fáctico tiene lugar, cuando “la
valoración de pruebas igualmente esenciales que el juzgador no se puede
apreciar, sin desconocer la Constitución”.[43]
Ello ocurre generalmente cuando el juez “aprecia pruebas que no ha debido
admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas
(artículo 29 C.P.).[44]
En estos casos, sin embargo, sólo es factible fundar una acción de tutela  por
vía de hecho cuando se “observa que de una manera manifiesta, aparece
arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal
entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia[45]”.[46]
(iii) El llamado defecto
orgánico tiene lugar, cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia que se controvierte, carece totalmente de competencia para
ello conforme a la ley; y,
(iv) El defecto
procedimental ocurre, cuando el juez de instancia actúa completamente
ajeno al procedimiento establecido,[47] es
decir, se desvía ostensiblemente de su deber de cumplir con las “formas
propias de cada juicio”,[48] con
la consiguiente perturbación o amenaza a los derechos fundamentales de las
partes. En estas circunstancias, el error procesal debe ser manifiesto,
debe extenderse a la decisión final, y no puede ser en modo alguno atribuible
al afectado.[49]
Fuera
de las causales anteriores, la jurisprudencia constitucional ha reconocido otra
adicional,  denominada[50] vía
de hecho por consecuencia, que puede ser descrita de la siguiente forma:
(v) La vía de
hecho por consecuencia se da cuando el defecto en la providencia
judicial es producto de la inducción al error de que es víctima el juez de la
causa.[51] En este
caso, si bien el defecto no es atribuible al funcionario judicial, la actuación
final resulta equivocada.[52] En la
sentencia T-705 de 2002,[53] la
Corte precisó que la vía de hecho por consecuencia se configura especialmente,
cuando la decisión judicial “(i) se bas[a] en la apreciación de hechos o
situaciones jurídica, en cuya determinación los órganos competentes hayan
violado derechos constitucionales, y (ii) que tenga como consecuencia un
perjuicio iusfundamental”.
4. El derecho
constitucional a la indexación de la primera mesada pensional. Reiteración de
jurisprudencia.
4.1.
Reiterada jurisprudencia de este Tribunal ha señalado que las personas que
acrediten la condición de pensionados, tienen el derecho constitucional a que
les sea indexada la primera mesada de su pensión.[54]
Esta afirmación, ha sido sustentada en diferentes oportunidades por esta Corte
usando principalmente tres líneas argumentativas. La primera, afirma que el
derecho a la indexación de la primera mesada pensional se trata de un derecho
constitucional autónomo que encuentra fundamento en los artículos 53 y 48
constitucional. En la Sentencia C-862 de 2006, esta Corporación recordó que el
artículo 53 de la Constitución Política establece “un derecho constitucional
de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de su mesada pensional”, y
que así mismo, el artículo 48 ibídem prescribe que “[l]a ley definirá
los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder
adquisitivo constante”, lo cual se traduce en “un deber constitucional
en cabeza del Congreso de la República”. La segunda señala que la
indexación en materia de pensiones está directamente relacionada con la
definición política del Estado Social de Derecho, donde la actualización
periódica de las mesadas pensionales se torna como la aplicación concreta de
los deberes de garantía y satisfacción a cargo del Estado colombiano en materia
de los derechos económicos, sociales y culturales, y la tercera, señala que la
indexación es una medida que busca preservar el principio de equidad, y que se
fundamenta en el principio hermenéutico de interpretación más favorable a los
intereses del trabajador.[55]
Independientemente de la línea argumentativa, la jurisprudencia de esta
corporación ha sido unánime en reconocer que la pérdida del poder adquisitivo
de la moneda en sociedades afectadas por la inflación, requiere respuestas
adecuadas y eficaces con el propósito de impedir que determinadas situaciones
aparentemente consolidadas en circunstancias distintas a las actuales, puedan
acarrear un grave perjuicio a personas que constitucionalmente cuentan con un
amparo especial.[56] El sistema de
indexación garantiza que los créditos dinerarios conserven su valor real, dado
que el valor nominal se modifica anualmente por razón de la inflación.
4.2.
Por su parte la legislación nacional, a partir de los años setenta,[57]
se ha preocupado por el reajuste periódico de las mesadas pensionales ligado al
incremento del índice de precios al consumidor. Así, el Código Sustantivo del
Trabajo, tal como fue modificado por la Ley 278 de 1996, introdujo la
indexación en su artículo 147 con el fin de garantizar el poder adquisitivo del
salario mensual. No obstante, normas legislativas diversas de índole laboral
han previsto el mismo sistema para la actualización del valor de las pensiones.
Entre otras, las Leyes 171 de 1961, 10 de 1972, 4ª de 1976, 71 de 1988, y 4ª de
1992 dispusieron ordenes expresas de garantía de dicha actualización.
Finalmente, la Ley 100 de 1993 en su artículo 14 estableció que todas las
pensiones reconocidas a partir de su vigencia deberían ser reajustadas según la
variación porcentual del índice de precios al consumidor.
En definitiva
esta Corporación ha entendido que la indexación es un mecanismo idóneo –aunque
no el único- para garantizar la actualización de la primera mesada pensional –o
mejor del salario base para liquidación de esta prestación económica- cuando ha
mediado un tiempo sustancial entre el momento en que el trabajador se retira o
es retirado de una empresa y el reconocimiento de la pensión. Pretensión que
como se ha dicho tiene sustento en el derecho constitucional de los pensionados
a mantener el poder adquisitivo de la pensión y que ha sido protegido tanto en
sede de constitucionalidad como en sede de tutela en numerosas oportunidades.[58]
4.3. Así mismo,
esta Corporación ha reconocido que el derecho constitucional a la indexación de
la primera mesada pensional no se limita a garantizar el reajuste periódico,
sino que también comprende el derecho a la actualización del salario base para
la liquidación de la primera mesada. Al respecto cabe destacar que las
numerosas decisiones de tutela[59]
proferidas por esta Corporación en las cuales se ha ocupado de la indexación
del salario base para liquidar la pensión de jubilación se ha entendido que
esta pretensión en concreto está cobijada por el derecho a la actualización de
las mesadas pensionales.
4.4. En cuanto a
los sujetos que se encuentran amparados por esta protección, la jurisprudencia
de este Tribunal ha coincidido en señalar que el derecho a la indexación de la
primera mesada pensional se debe conceder a todos los pensionados sin que sobre
el particular pueda hacerse distinciones discriminatorias. La universalidad del
derecho a la indexación de la primera mesada pensional significa que este
beneficio se aplique a las pensiones reconocidas en cualquier tiempo y sin que
importe su origen, sea éste convencional o legal, toda vez que el fenómeno de
pérdida de poder adquisitivo que es consecuencia de la inflación, afecta por
igual a todos los jubilados.[60]
4.5.
Finalmente, la Corte ha condicionado el otorgamiento de la protección a través
de la tutela al cumplimiento de ciertos requisitos, a saber: (i) la adquisición
por el interesado del status de pensionado, (ii) el agotamiento de las vías
judiciales ordinarias en procura de obtener la indexación o la demostración de
la imposibilidad de acudir a ellas por razones constitucionales superiores, y
(iii) la actuación en sede administrativa con miras a lograr la satisfacción de
la pretensión mediante la presentación de las reclamaciones y recursos propios
de esas instancias.
4.6. Con fundamento en las consideraciones
jurisprudenciales previamente expuestas,
en el caso concreto, la Sala de Revisión observa que la tutela presentada por
el demandante resulta procedente porque: (i) el asunto reviste relevancia
constitucional. Teniendo en cuenta que el derecho de indexación de la primera
mesada pensional y actualización del poder adquisitivo de sus mesadas,
reclamados por el accionante, se relacionan con otros derechos de carácter
fundamental como el de igualdad, a la seguridad social y a la favorabilidad en
materia laboral. En el caso concreto, la indexación de la primera mesada
pensional y el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, se
encuentran garantizados en el artículo 53 de la Constitución; (ii) el
accionante actualmente cuenta con el status de pensionado pues cumplió con los
requisitos de edad y tiempo de cotización al sistema, situación reconocida en
las diferentes instancias procesales agotadas por el actor; (iii) el accionante
agotó debidamente la vía gubernativa de conformidad con las pruebas que obran
en el expediente;[61] (iv) en
cuanto al agotamiento de todos los medios ordinarios de defensa judicial ante
la jurisdicción laboral, cabe señalar que si bien presentó recurso de apelación
contra la Sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito no incluyendo dentro de sus argumentos su inconformidad
por no ordenarse la indexación de su primera mesada pensional, sin embargo con
respecto a este punto esta Corporación ha reconocido que “si el accionante
de tutela demuestra que con las providencias judiciales se afecta el derecho al
mínimo vital, situación que puede devenir de un perjuicio irremediable, el
actor queda relevado de agotar todas las instancias judiciales”.[62]
Así en el presente caso, tal como se ha reconocido en otros que presentan
los mismos presupuestos fácticos, el sólo hecho de no habérsele
actualizado el poder adquisitivo de la primera mesada pensional a una persona,
lo releva de la carga de agotar las instancias judiciales a su alcance, pues ya
es suficientemente pesada la carga de soportar una lesión al más elemental de
los derechos de un trabajador, que es el que le asiste a contar con un mínimo
vital y móvil, como para ponerle otra adicional así de carácter procesal, y
finalmente (v) el accionante se encuentra en circunstancias especiales de
vulnerabilidad pues si bien no puede considerarse  una persona de la “tercera
edad”,[63] dado
que para la fecha de este fallo cumplió 65, se trata de un adulto mayor que se
encuentra en el final de su vida laboral productiva y al que la negativa de
indexación puede generarle una disminución significativa en su calidad de vida
y la de su núcleo familiar.
Superado este análisis preliminar, podrá la Corte  establecer si se
incurrió o no en una vía de hecho en el proceso cuestionado.
5. Solución del
caso concreto.
5.1. El accionante señala, en el escrito
de la tutela, que el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, en la providencia del diecinueve (19)
de marzo de dos mil cuatro (2004) vulneró su derecho a la indexación de la
primera mesada pensional, pues negó la actualización argumentado que este
derecho recae
únicamente a favor de los pensionados que obtuvieron dicho estatus después de
la expedición de la Ley 100 de 1993.
5.2.
Además, dice que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en su
sentencia proferida el 30 de enero de 2009 actuó “deliberada e injustamente”
como juez de segunda instancia, al revocar el Auto proferido el 03 de
septiembre de 2007, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, que libró
mandamiento de pago a su favor, al encontrar que no existía claridad respecto a
la base de liquidación para determinar el monto de la mesada pensional,
infringiendo su derecho al debido proceso, porque su inconformidad se
circunscribió a solicitar se adicionara el mandamiento, en cuanto a ordenar la
indexación de las mesadas pensionales y el pago de la sanción moratoria
correspondiente.
5.3.
Menciona
que el
Instituto
Distrital para la Recreación y el Deporte (I.D.R.D), entidad encargada del
reconocimiento y pago de su pensión, quebrantó su derecho a la indexación de su
primera mesada pensional y al mínimo vital, al proferir la resolución número 465 del 21 de
diciembre de 2005, que
liquidó su pensión (i) sin tener en cuenta el valor correcto del Salario Base de
Cotización, que no es la suma de $305.103 pesos sino $720.201 y (ii) sin
aplicar el IPC para los años correspondientes a 1996, 1997, 1998 y 1999. En
este sentido dijo: “siendo la pensión el medio fundamental de
subsistencia del pensionado, es evidente que su pago en un valor inferior al
que realmente corresponde, afecta grave, injusta y abiertamente ilegal, su
calidad de vida, daño irreparable material y moral que amerita la intervención
del estado decretando así el amparo solicitado.”
De
conformidad con lo expuesto procederá la Sala de Revisión a analizar cada una
de las decisiones expresamente acusadas.
5.4.
En primer lugar, la Sala de Revisión, teniendo en cuenta la línea
jurisprudencial citada en el apartado 4 de esta providencia, evidencia que el
fallo del diecinueve (19) de marzo de 2004, proferida por el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Bogotá, en cuanto a la indexación de la primera mesada
pensional, pasó por alto los principios generales del derecho contenidos en los
artículos 13, 48 y 53 de la Constitución y desconoció el precedente
jurisprudencial sin haber ofrecido un mínimo razonable de argumentación,
incurriendo en una vía de hecho por defecto sustantivo. En efecto, en la
Sentencia que le concedió el derecho a la pensión al señor Lara Juez se dijo
que la indexación de la primera mesada pensional recae únicamente a favor de
los pensionados que obtuvieron dicho estatus después de la expedición de la Ley
100 de 1.993,[64]
señalamiento que desconoce la universalidad de la indexación de la primera
mesada pensional. Como lo estableció en su oportunidad este Tribunal, en la
Sentencia C-862 de 2006, desde la perspectiva constitucional, resulta
insostenible la tesis de acuerdo con la cual la actualización de las pensiones
es un derecho constitucional de los pensionados que el legislador determine,
precisamente porque tal postura acarrearía la vulneración al derecho a la
igualdad de aquellas personas excluidas del goce de la actualización periódica
de sus pensiones.[65] Así, el
derecho a la indexación de la primera mesada pensional se debe conceder a todos los
pensionados sin que sobre el particular puedan hacerse distinciones
discriminatorias. La universalidad del derecho a la indexación de la primera
mesada pensional significa que este beneficio se debe aplicar a las pensiones
reconocidas en cualquier tiempo y sin que importe su origen, sea éste
convencional o legal, toda vez que el fenómeno de pérdida de poder adquisitivo
que es consecuencia de la inflación, afecta por igual a todos los jubilados.
5.5. En cuanto a
los criterios que deben tenerse en consideración para indexar la primera mesada
pensional, siguiendo la línea jurisprudencial desarrollada por esta
Corporación, se tendrán en cuenta los establecidos en  la Sentencia T-098 de
2005, (M.P: Jaime Araujo Rentería). En este fallo, al respecto se dijo:
“Lo
primero que debe señalarse es que la Sala considera, por aplicación analógica
del artículo 21 de la Ley 100 de 1993  que así lo prevé, que el factor de
actualización para la primera mesada pensional del señor Manuel José González
Alarcón debe ser el índice de precios al consumidor. Para aplicar tal factor,
se empleará la fórmula utilizada por el Consejo de Estado  en desarrollo
del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo  y que se expondrá
en la parte resolutiva de este fallo”.
De igual forma,
la propia Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 13 de
diciembre de 2007, No. de Radicación: 30602, cambió los criterios para indexar
la primera mesada pensional y precisó:
“bajo
un nuevo examen del tema, estima la Sala que debe revisar las pautas que en un
principio se adoptaron para la aplicación de la fórmula matemática que sirvió
para dar efectividad al mecanismo de la actualización aludida, ello para el
contingente de trabajadores que se hallen en las circunstancias especiales
antedichas, y bajo esta órbita modificar su criterio (…)
(…)
Partiendo entonces, de que el cometido del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 es
actualizar anualmente la base salarial para tasar la mesada pensional, esto es,
garantizar que los ingresos que integran ese IBL conserven su valor, se estima
que en asuntos donde sea procedente la actualización, dicho fin se logra
adecuando el mencionado precepto legal a cada situación, y en términos de la
fórmula a aplicar, buscar la que más se ajuste al mecanismo de mantener el
poder adquisitivo de las pensiones.
En
este orden de ideas, el tomar el valor monetario a actualizar y multiplicarlo
por el índice de precios al consumidor final y dividirlo por el IPC inicial, es
dable sostener que esta fórmula también cumple a cabalidad con el designio y
espíritu de la norma en comento y demás postulados de rango constitucional que
en materia pensional consagran los artículos 48 y 53 de la Constitución
Política, para efectos de determinar el ingreso base de liquidación y
establecer el monto de la primera mesada en aquellos casos no contemplados en
la ley de seguridad social, empero observando la variación del IPC para cada
anualidad en la medida que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 así lo exige;
lo cual es semejante a la fórmula que viene aplicando la jurisprudencia
constitucional y del Consejo de Estado”.
Cabe señalar que
este criterio ha sido tenido en cuenta por esta Corporación también para
liquidar pensiones reconocidas con anterioridad a la expedición de la Ley 100
de 1993 con base en la universalidad de la indexación de las mesadas
pensionales.[66]
5.6.
En segundo lugar, a propósito de la decisión del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, de revocar el mandamiento de pago, proferido por el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, en el proceso ejecutivo que instaurara
el señor Luís Antonio Lara Juez, por considerar que no existía absoluta
claridad en torno a la cuantía que debió tomarse como base de liquidación de la
pensión, y que el título que sirvió de base a la ejecución no reunía los
requisitos para hacerla viable, cabe anotar que no vulnero el debido proceso
del accionante, pues la Corporación entendió que la controversia planteada por
las partes (ejecutante y ejecutado) no era propia del juicio ejecutivo, pero
sin embargo opacaba “…la claridad propia de la obligación demostrada”.[67]
Si
el señor Lara Juez una vez notificado el acto administrativo que reconocía y
ordenaba el pago de su pensión, en cumplimiento de la sentencia proferida por
el Juzgado Tercero Civil del Circuito, agotada la vía gubernativa y despachado
desfavorablemente el recurso que presentara contra dicho acto, mantenía su
desacuerdo con la base de liquidación, debió acudir a la justicia contenciosa
dentro del término previsto en la ley para impetrar la acción correspondiente,
con el fin de intentar la nulidad del acto administrativo que reconocía su
pensión y restablecer por esta vía el derecho que cree le asistía. Pero como al
momento de la presentación de la tutela, la acción para controvertir el acto
mediante el cual se dio cumplimiento a la sentencia había caducado, no es
posible a través de la tutela, revivir los términos establecidos en la ley para
hacer uso del mecanismo principal. La Corte ha dicho al respecto:
“(…)
la demostración de la existencia de un perjuicio irremediable es indispensable
para determinar la procedencia de la tutela para conocer de asuntos que
deberían ir a la vía ordinaria. También es necesario para que la tutela sea
procedente, que el actor no pretenda utilizar el mecanismo excepcional para
subsanar negligencias procesales pasadas, bien sea en la vía gubernativa o
jurisdiccional.”[68]
Pese
a ello, en tercer lugar, en cuanto a la indexación de la primera mesada
pensional, sí cabe tutelar el derecho reclamado, pues de acuerdo a lo expresado
en esta sentencia, la Resolución número 465 del 21 de diciembre de 2005,
proferida por el
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (I.D.R.D), no
se ajusta a los criterios constitucionales y legales establecidos para la
liquidación de pensiones, dado que esta entidad decidió reconocer la pensión del
accionante con base en el salario que percibía en 1996, sin indexar la
primera mesada pensional desconociendo los  artículos 13, 48 y 53 de la
Constitución Política y los
precedentes de la Corte sobre el particular.
Por
ello, de conformidad con lo expuesto, la Sala de Revisión procederá a REVOCAR
el fallo proferido en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia – Sala
de decisión Penal de Tutelas, el veintinueve (29) de julio de dos mil nueve
(2009), que confirmó el fallo proferido en primera instancia por la Corte
Suprema de Justicia – Sala de Casación laboral el veintiuno (21) de mayo de dos
mil nueve (2009), dentro de la acción de tutela interpuesta por Luís Antonio
Lara Juez contra el Tribunal Superior de Bogotá- Sala de Decisión Laboral, el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá y el Instituto Distrital para la
Recreación y el Deporte (I.D.R.D) y en su lugar CONCEDER la protección
de los derechos al mínimo vital y a la indexación de la primera mesada
pensional.
Así
mismo, en
virtud de los principios de celeridad, eficacia y oficiosidad que guían la
actuación del juez de tutela, se ORDENARÁ directamente al Instituto
Distrital para la Recreación y el Deporte (I.D.R.D) que, en el término de diez (10)
días, contados a partir de la notificación de la presente providencia,
reliquide la pensión del señor Luís Antonio Lara Juez indexando su primera
mesada pensional de conformidad con los criterios fijados en esta providencia
en el apartado 5.5.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR el fallo
proferido en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia – Sala de
decisión Penal de Tutelas, el veintinueve (29) de julio de dos mil nueve
(2009), que confirmó el fallo proferido en primera instancia por la Corte
Suprema de Justicia – Sala de Casación laboral el veintiuno (21) de mayo de dos
mil nueve (2009), dentro de la acción de tutela interpuesta por Luís Antonio
Lara Juez contra el Tribunal Superior de Bogotá- Sala de Decisión Laboral, el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá y el Instituto Distrital para la
Recreación y el Deporte (I.D.R.D) y en su lugar CONCEDER la protección
de los derechos al mínimo vital y a la indexación de la primera mesada
pensional.
Segundo.- ORDENAR al Instituto
Distrital para la Recreación y el Deporte (I.D.R.D) que, en un término de diez
(10) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia,
indexe la primera mesada pensional del señor Luís Antonio Lara Juez, de
conformidad con los criterios fijados en esta providencia en el apartado 5.7.
Tercero.- LIBRESE por
Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los fines allí establecidos.
Notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] De acuerdo con los folios 56 y 60 del cuaderno 1 del expediente
de tutela, el I.D.R.D reconoce esta suma, en dos oportunidades como la
asignación básica mensual del señor Lara: En el folio 56 se establece que su
salario promedio mensual ascendía a la suma de $726.201 “por otros conceptos
constitutivos de salario (…)”
[2] Folio 11 expediente de tutela.
[3] Resumen de la apelación del accionante efectuada por el Tribunal
Superior de Bogotá en su sentencia del 22 de junio de 2002.
[4] Dicha adición
se produjo con base en las siguientes consideraciones: “Revisada la historia
procesal, folio 8 cuaderno anexo, se extrae que el actor efectivamente laboró
al servicio de la Lotería de Bogotá y el Instituto Distrital para la Recreación
y el Deporte, durante el lapso de 10 de enero de 1972 al 09 de diciembre de
1996, igualmente aportó al ISS; folios 29 al 32, además de la respuesta dada al
hecho 4° de la demanda por el apoderado del ISS; folios 17 al 36 art. 197
C.P.C; ídem interrogatorio de parte absuelto por su representante legal, folio
93, igual con la certificación emanada del jefe de División de Talento Humano,
del IDRD ya citada a folio 8 del anexo. Ahora bien para la época del retiro de
don Juan Antonio Lara Juez al servicio del IDRD; el 9 de diciembre de 1.996,
había cumplido 20 años de servicio a Entidades Distritales como trabajador
oficial, siendo esa su condición al retiro, acorde a la naturaleza jurídica del
IDRD y al cargo de excepción desempeñado por el señor Lara Juez, condición
además no discutida ahora, siendo beneficiario del régimen de Transición
artículo 36 Ley 100 de 1.993 pues para el 1° de abril de 1.994 tenía más de 40
años de edad, folio 100, siendo la normativa aplicable con la cual se debe
desatar esta controversia, aquella vigente para los trabajadores oficiales, Ley
33 de 1985.”
[5] En el
expediente de tutela no hay evidencia que permita establecer si existió
respuesta del I.D.R.D respecto a la reclamación administrativa hecha por el
accionante en mayo de 2006.
[6] Sobre la
providencia el accionante señaló: “es arbitraria y esta en desconexión con el
ordenamiento jurídico constitucional, constitutiva de verdaderas vías de hecho
toda vez que con ella se quebrantó grave e injustificadamente mis derechos
fundamentales a la indexación de la primera mesada pensional y mantenimiento
del poder adquisitivo de las mesadas pensionales, así como al cumplimiento de
la sentencia, defectos sustantivos con los que de cotera se propicia
discriminación y desigualdad entre otros servidores públicos pensionados de la
misma entidad a quienes en las mismas condiciones, les fue reconocida y
cancelada la indexación. Se violo igualmente el debido proceso, la cosa juzgada
constitucional, la seguridad jurídica pues lo que debió hacer el Tribunal, en
garantía del mínimo vital de una persona de la tercera edad y demás mandatos
constitucionales, era confirmar el mandamiento de pago y adicionarlo en la
forma pedida por mi apoderado.”
[7] Consultar al
respecto, entre otras, las sentencias  C-543 de 1992 (MP. José Gregorio
Hernández Galindo), T-079 de 1993 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-231 de 1994
(MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-329 de 1996 (MP. José Gregorio Hernández
Galindo), T-483 de 1997 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa), T-008 de 1998 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz), T-567 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-458 de
1998 (MP. José Gregorio Hernández Galindo), SU-047 de 1999 (MsPs. Carlos
Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero), T-1031 de 2001 (MP. Eduardo
Montealegre Lynett), SU-622 de 2001 (MP. Jaime Araújo Rentería), SU-1299 de
2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa), T-108 de 2003 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-088 de 2003 (MP. Clara
Inés Vargas Hernández), T-116 de 2003 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-201
de 2003 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-382 de 2003 (MP. Clara Inés Vargas
Hernández), T-441 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), T-029 de 2004 (MP.
Álvaro Tafur Galvis), T-1157 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-778 de
2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-237 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa), T-448 de 2006 (MP. Jaime Araujo Rentería), T-510 de 2006 (MP. Álvaro
Tafur Galvis), T-953 de 2006 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-104 de 2007 (MP.
Álvaro Tafur Galvis), T-387 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-446 de
2007 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-825 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa), T-1066 de 2007 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-243 de 2008 (MP. Manuel
José Cepeda Espinosa), T-266 de 2008 (MP. Rodrigo Escobar Gil), y T-423 de 2008
(MP. Nilson Pinilla Pinilla).
[8] Sobre el carácter
vinculante de este precedente y las decisiones subsiguientes de la Corte
Constitucional puede verse las sentencias C-800A de 2002 y T-292 de 2006 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa), entre otras.
[9] Corte
Constitucional. Sentencia C-543 de 1992 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).
Desde esta sentencia, la Corte Constitucional expresó que salvo en aquellos
casos en que se haya incurrido en una vía de hecho, la acción de tutela no
procede contra providencias judiciales.
[10] Ver al respecto
las sentencias C-037 de 1996 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa) que declaró exequible
de manera condicionada el artículo 66 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia y C-384 de 2000 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa) en la
que la Corte condicionó la exequibilidad de las normas acusadas, a que se
admitiera la procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Un
ejemplo de la viabilidad de la tutela contra sentencias, es entre otras, la
sentencia T-079 de 1993 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), en la que la Corte
Constitucional decidió confirmar el fallo proferido por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro de un proceso de acción de tutela,
en el que esa Corporación confirmó la decisión del juez de tutela de primera
instancia, por considerar que era evidente la vulneración del derecho fundamental
al debido proceso de la accionante. En ese caso, el fundamento de la decisión
del funcionario judicial en un proceso ordinario, eran las declaraciones
allegadas al expediente que habían sido rendidas como versiones libres y
espontáneas y no bajo la gravedad del juramento. Para la Corte Suprema,
conforme a la legislación vigente, las pruebas testimoniales deben ser
ordenadas mediante auto del funcionario instructor, y contra ellas debe ser
posible ejercer el derecho de contradicción. Las pruebas no aportadas en estas
difícilmente podían ser definitivas en una decisión, sin vulnerar el debido
proceso. Por consiguiente se consideró que existía claramente una vía de hecho
en la sentencia. Otras providencias que pueden ser revisadas sobre este tema,
entre las muchas que existen, son la sentencia T-158 de 1993 (MP. Vladimiro
Naranjo); T-173 de 1993 (MP. José Gregorio Hernández); T-231 de 1994 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz); T-008 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); SU-1185
de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil) y la SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda),
entre otras.
[11] Corte
Constitucional. Sentencia T-231 de 1994 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[12] Ver entre
otras, las sentencias T-774 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-200
de 2004 (MP. Clara Inés Vargas). En la sentencia T-949 de 2003 (MP. Eduardo
Montealegre Lynett), por ejemplo,  la  Corte decidió que “(…) la infracción
del deber de identificar correctamente la persona sometida al proceso penal,
sumada a la desafortunada suplantación, constituye un claro defecto fáctico, lo
que implica que está satisfecho el requisito de procedibilidad exigido por la
Jurisprudencia para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.” En la sentencia T-774 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda), la
Corte sostuvo lo siguiente: “(...) la Sala considera pertinente señalar que
el concepto de vía de hecho, en el cual se funda la presente acción de tutela,
ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional. La Corte ha decantado los
conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en los que originalmente se
fundaba la noción de vía de hecho”. Actualmente no “(...) sólo se trata
de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre
el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los
precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad
interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados
(arbitrariedad). Debe advertirse que esta corporación ha señalado que toda
actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales (a
lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del juez),
ha de ceñirse a lo razonable.  Lo razonable está condicionado, en primera
medida, por el respeto a la Constitución”.
[13] Un ejemplo de
ello, es la vía de hecho por consecuencia que se explica mejor más adelante.
Ver al respecto las sentencias SU-014 de 2001 (MP. Martha Sáchica Méndez);
T-407 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil);  T-1180 de 2001 (MP. Marco Gerardo
Monroy Cabra).
[14]  Sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[15] En la sentencia
T-949 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), por ejemplo, la Corte decidió
que “(…) la infracción del deber de identificar correctamente la persona
sometida al proceso penal, sumada a la desafortunada suplantación, constituye
un claro defecto fáctico, lo que implica que está satisfecho el requisito de
procedibilidad exigido por la Jurisprudencia para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales”. Ver entre otras, las
sentencias T-200 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas Hernández) y T-774 de 2004 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[16] Corte
Constitucional. Ver sentencias T-742 de 2002. (MP. Clara Inés Vargas); T-441 de
2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett); y T-606 de 2004 (MP. Rodrigo Uprimny
Yepes),  entre otras.
[17] Corte
Constitucional. Sentencia SU-622 de 2001 (MP. Jaime Araujo Rentería).
[18]Corte
Constitucional. Sentencias C-543 de 1992 (MP. José Gregorio Hernández); T-567
de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-511 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre
Lynett); SU-622 de 2001 (MP. Jaime Araujo Rentería) y  T-108 de 2003 (MP.
Álvaro Tafur Gálvis), entre otras.
[19] Corte
Constitucional. Sentencia T-200 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[20] Corte
Constitucional. Sentencia C-543 de 1992 (MP. José Gregorio Hernández
Galindo).
[21] Corte
Constitucional. Sentencia T-038 de 1997 (MP. Hernando Herrera Vergara).
[22] Corte
Constitucional. Sentencia T-116 de 2003 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[23] Corte
Constitucional. Sentencia T-440 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). La
Corte concedió la tutela a una entidad bancaria y algunos usuarios de la misma,
por considerar que en el trámite de una acción de grupo la autoridad judicial
les desconoció los derechos a la intimidad y al debido proceso, al remitir al
proceso varios documentos que implicaban la revelación de datos privados. Sobre
la procedencia de la tutela la Corte señaló: “(...) En
segundo lugar, la Corte también desestima la consideración según la cual
existió una omisión procesal por parte de los usuarios del Banco. Dichas
personas no integraban el pasivo del proceso de acción de grupo (...). Por lo
tanto, difícilmente podían los ahora tutelantes controvertir providencias
judiciales que no les habían sido notificadas, y que, por demás, habían sido
proferidas en el transcurso de un proceso judicial de cuya existencia no
estaban enterados.” Cfr. también las sentencias T-329 de 1996 (MP. José
Gregorio Hernández Galindo) y T-567 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[24] Sentencia T-014 de 2008 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[25] Corte Constitucional. Sentencia T-1009
de 2000 (MP. Carlos Gaviria Díaz).
[26] Corte Constitucional. Sentencias
SU-1159 de 2003 y  T-578 de 2006. (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[27] Corte Constitucional. Sentencia T-578
de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[28] Corte
Constitucional. Sentencia T-231 de 1994 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[29] Corte Constitucional. Sentencia T-774
de 2004 (MP.  Manuel José Cepeda Espinosa).
[30] Corte Constitucional. Sentencia SU-120
de 2003 (MP. Álvaro Tafur Gálvis).
[31] Vgr. ha sido derogada o declarada
inexequible.
[32] Corte Constitucional. Sentencia T-292
de 2006  (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[33] Corte Constitucional. Sentencia SU-1185
de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[34] En la sentencia T-1031 de 2001 (MP.
Eduardo Montealegre Lynett) la Corte decidió que la acción de tutela procede
contra una providencia judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes
aplicables al caso o cuando “su discrecionalidad interpretativa se desborda
en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados”. Pueden verse
además las sentencias T-567 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-1285 de
2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[35] Corte Constitucional. Sentencias T-1625
de 2000 (MP. Martha Victoria Sáchica Méndez), SU-1184 de 2001 (MP. Eduardo
Montealegre Lynett); y T-1031 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett). También
la sentencia T-047 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández). En estos casos,
si bien el  juez de la causa es quien le fija el alcance a la norma que aplica,
no puede hacerlo en oposición a los valores, principios y derechos
constitucionales, de manera que, debiendo seleccionar entre dos o más
entendimientos posibles, debe forzosamente acoger aquél que se ajuste a la
Carta política.
[36] Corte Constitucional. Sentencia T-114
de 2002. (MP. Eduardo Montealegre Lynett). Ver también la sentencia T-1285 de
2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[37] Ver la sentencia T-292 de 2006 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa). También las sentencias SU-640 de 1998 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz) y  T-462 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).
[38] Corte Constitucional. Sentencia T-1285
de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández). En la sentencia T-193 de 1995 (MP.
Carlos Gaviria Díaz), esta Corporación señaló: "Es razonable exigir, en
aras del principio de igualdad en la aplicación de la ley, que los jueces y
funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse de la línea
jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que
justifiquen de manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de lo contrario,
estarían infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A través de los
recursos que se contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede ventilarse
este evento de infracción a la Constitución”. Sobre este tema, también
puede consultarse la sentencia T-949 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).
[39] Sobre el tema pueden consultarse además,
las sentencias SU-1184 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett); T-1625 de 2000
(Martha Victoria Sáchica Méndez); T-522 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa); T-047 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández). En la sentencia
T-522 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), la Corte señaló que: “es
evidente que se desconocería y contraven­dría abiertamente la Carta Política si
se aplica una disposición cuyo contenido normativo es precisamente, y
solamente, impedir que se otorguen medi­das de aseguramiento a los sindicados
porque los procesos se adelantan ante jueces especializados”, razón por la cual
el juez, al constatar su existencia, tendría que haber aplicado la excepción de
inconstitucionalidad.
[40] Corte
Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[41] Cfr., por
ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de 1994 (MP. Antonio Barrera Carbonell).
[42] Corte
Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002. (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[43] Ibídem.
[44] En la sentencia
SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), se precisó que en tales
casos, “aún en el evento en el que en el conjunto de pruebas sobre las que
se apoya un proceso penal se detecte la existencia de una ilícitamente
obtenida, los efectos de esta irregularidad son limitados. Para la Corte, “el
hecho de que un juez tenga en cuenta dentro de un proceso una prueba
absolutamente viciada, no implica, necesariamente, que la decisión que se profiera
deba ser calificada como vía de hecho”. Así, “sólo en aquellos casos en
los que la prueba nula de pleno derecho constituya la única muestra de
culpabilidad del condenado, sin la cual habría de variar el juicio del
fallador, procedería la tutela contra la decisión judicial que la tuvo en
cuenta, siempre y cuando se cumplan, por supuesto, los restantes requisitos de
procedibilidad de la acción”. De tal manera que la incidencia de la prueba
viciada debe ser determinante de lo resuelto en la providencia cuestionada.”
[45] Cfr. sentencia
T-442 de 1994 (MP. Antonio Barrera Carbonell).
[46] Corte
Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[47] Corte Constitucional. Sentencia T-774
de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[48] Corte Constitucional. Sentencia SU-1185
de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[49] En la sentencia SU-158 de 2002 (MP.
Manuel José Cepeda) se consideran que este tipo de defecto puede producirse, a
título de ejemplo, cuando se pretermiten eventos o etapas señaladas en la ley
para asegurar el ejercicio de todas las garantías que se le reconocen a los
sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, no: (i.) puedan ejercer el
derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la
asesoría de un abogado –en los eventos en los que sea necesario -, ejercer el
derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere
pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación
del proceso y se permita su participación en el mismo y (iii.) se les
notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la
ley, deben serles notificadas.
[50] Corte Constitucional. Sentencias T-462
de 2003 y T-441 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett) y T-047 de 2005 (MP.
Clara Inés Vargas Hernández), entre otras.
[51] Ver entre otras las Sentencias SU-014
de 2001 (MP. Martha Sáchica Méndez); T-407 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil);
T-1180 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[52]  Corte
Constitucional. Sentencia T-1285 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[53] MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[54] Esto en razón a que existen tres disposiciones constitucionales
que lo sustentan: la primera contenida en el artículo 48, a saber: “la ley
definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su
poder adquisitivo constante”, las dos restantes contenidas en el artículo 53,
la primera: “la ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los
siguientes principios mínimos fundamentales...  ...la remuneración mínima vital
y móvil...” y la segunda, que establece que “el Estado garantiza el
derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”.
[55] Entre otras cabe mencionar las sentencias T-663
de 2003 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-805 (MP. Clara Inés Vargas Hernández) y
T-815 de 2004 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes) y T-098 de 2005 (MP. Jaime Araujo
Rentería).
[56] Ver entre otras Sentencias: C-781 de 2003
(MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-425 de 2007 (MP. Clara Inés Vargas
Hernández), T-991 de 2008 (MP. Clara Inés Vargas
Hernández).
[57] Sentencia C-862 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[58] Sentencia T-896 de 2008 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto).
[59] Ver entre otras las sentencias SU-120 de 2003 (MP.
Álvaro Tafur Gálvis), T-1169 de 2003 (MP. Clara Inés Vargas Hernández),
T-663 de 2003 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-805 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-815 de 2004 (MP.
Rodrigo Uprimny Yepes), T-098 de 2005 (MP. Jaime Araujo Rentería).
[60] Ver entre otras las sentencias SU-120 de 2003 (MP. Álvaro Tafur Gálvis), T-1169 de 2003, T-663
de 2003 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-805 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas Hernández),
T-815 de 2004 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes), T-098 de 2005 (MP. Jaime Araujo
Rentería).
[61] Se evidencia en el expediente de tutela (folios 63 al 69) que el
accionante interpuso recurso de apelación contra la resolución No 465 de 2005
que fue resuelta negativamente por el I.D.R.D.
[62] Sentencia T-014 de 2008 MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[63] La jurisprudencia de este Tribunal ha tenido como referente los
70 años  para establecer lo que ha de considerarse arribo a la “tercera
edad”. Lo anterior, por cuanto este es el momento en que una persona supera el
límite promedio de vida probable de los colombianos. Al respecto, consúltese la
sentencia T-214 de 1999 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa), T-456 de 1994 (MP.
Alejandro Martínez Caballero), T-1226 de 2000 (MP. Alejandro Martínez
Caballero) y T-463 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).
[64] Sobre el particular, el Juzgado textualmente señaló: “Teniendo
en cuenta, que la indexación de la primera mesada pensional, solo tuvo lugar
con la ley 100 de 1993, igualmente que los intereses moratorios también fueron
prescritos por el articulo 141 de la misma ley, y que en el presente caso para
el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación que hoy se condena, se
debieron aplicar normas anteriores a dicha ley, no resulta posible acceder a la
petición de indexación, ni de los intereses moratorios con base en la
pluricitada ley, toda vez, que se violaría el principio de inescindibilidad.”
[65] Sentencia C-862 de 2006 (MP: Humberto Antonio
Sierra Porto).
[66] Al respecto pueden consultarse las Sentencias,
T-098 de 2005 (MP: Jaime Araujo Rentería) y T-1136 de 2008 (MP: Manuel José
Cepeda Espinosa).
[67] Folio 97. Cuaderno principal auto que revoca el mandamiento de
pago proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá.
[68] Sentencia T-968 de 2005 (M.P.  Marco Gerardo Monroy Cabra).