T-006-19
Sentencia T-006/19
DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES-Caso en que institución educativa presenta deterioro en una
rampa, que compromete su estabilidad y amenaza su colapso, afectando la
asequibilidad
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Cualquier
persona puede exigir el cumplimiento de los derechos de los niños
ACCION DE TUTELA Y REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD-Flexibilidad
en caso de sujetos de especial protección constitucional
ACCION DE TUTELA Y ACCION POPULAR-Cuando se
trata de proteger derechos fundamentales la acción de tutela desplaza la acción
popular como medio eficaz de protección
DERECHO A LA EDUCACION-Disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad
La asequibilidad tiene relación con el
deber que en cabeza del Estado pesa de velar por el impulso a la oferta
educativa a través de la creación de instituciones académicas y su
disponibilidad para los estudiantes. La accesibilidad persigue condiciones de
igualdad para los menores de edad que pretenden ingresar al sistema educativo.
La adaptabilidad exige que el sistema esté al servicio de las necesidades de
los alumnos, dependiendo de su contexto social y cultural, para evitar la
deserción de estos. Por último, la aceptabilidad busca que el servicio se
preste en condiciones pertinentes o adecuadas, esto es, que en general exista
buena calidad en el mismo
EDUCACION-Derecho y servicio
público con función social
DERECHO DE ACCESO A UNA INSTITUCION
EDUCATIVA DIGNA-Caso en que institución educativa presenta deterioro en una
rampa, que compromete su estabilidad y amenaza su colapso
ACCESO A LA EDUCACION DE MENORES-Implica
remoción de barreras de acceso al sistema educativo
DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES-Requisitos mínimos que se deben cumplir para no desconocer la
dignidad humana y demás derechos fundamentales de los destinatarios del
servicio
PRINCIPIO DE PRECAUCION-Es de aplicación
excepcional
DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACION DE NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES-Orden de realizar acciones para la reparación de rampa en
institución educativa
Referencia:
Expediente T-6.752.117
Asunto:
Acción de tutela instaurada por el señor Eduardo Garcés Mendoza, en su calidad
de representante legal de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca
–Comfandi–, contra la Alcaldía de Santiago de Cali y su Secretaría de
Educación, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo –FONADE– y la
Constructora Carpol Ltda.
Magistrado
Ponente:
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C.,  dieciocho
(18) de enero de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo,
Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside,
en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del trámite
de revisión del fallo proferido el 24 de noviembre de 2017, por el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Cali - Valle del Cauca, en el marco de la
acción de tutela instaurada por el señor Eduardo Garcés Mendoza
contra la Alcaldía de Santiago de Cali y su Secretaría de Educación, el Fondo
Financiero de Proyectos de Desarrollo –FONADE– y la Constructora Carpol Ltda.
I. ANTECEDENTES
El señor Eduardo
Garcés Mendoza promovió acción de tutela por considerar que las entidades
accionadas vulneraron los derechos a la vida, la integridad
personal y la educación de los menores de edad que se encuentran matriculados
en la Institución Educativa Nelson Garcés Vernaza, al no intervenir en
el arreglo de una rampa perteneciente a la infraestructura del colegio que, en
su concepto, ofrece riesgo de colapso. Como la última vez que elevó solicitud
en aras de lograr tal reparación ante la Secretaría de Educación de Santiago de
Cali, fue el 30 de agosto de 2017 y, frente a ella, no se emitió contestación
alguna, considera también vulnerado su derecho de petición.
1. Hechos relevantes
1.1. Con el fin de ofrecer infraestructura para prestar un servicio
educativo de calidad en zonas rurales y urbanas del país, el Ministerio de
Educación Nacional y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo –en
adelante Fonade–, acordaron, a través del Convenio No. 197013 del 12 de junio
de 2007, que esta última entidad adelantaría las gestiones conducentes a lograr
la construcción y dotación de nuevas instituciones educativas con el objeto de
que fuesen entregadas en concesión.
1.2. En virtud del
Contrato No. 4143.1.26.547-2007 del 28 de diciembre de 2007, se pactó que la
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca –en adelante Comfandi–,
recibiría en concesión una de las instituciones educativas por construir en
virtud del convenio No. 197013: la ubicada en la Carrera 28D entre calles 123 y
124 (Urbanización Potrero Grande), terreno cuya propiedad pertenecía al
municipio de Santiago de Cali. Este ente territorial se comprometió a remunerar
a Comfandi por la organización, operación y prestación del servicio público de
educación formal en ese plantel.
1.3. En
consecuencia, y para cumplir las obligaciones contraídas en los documentos
antedichos, Fonade mediante Contrato No. 2082962 del 26 de diciembre de 2008,
acordó con la Constructora Carpol Ltda., la construcción de la institución. El
valor del contrato ascendió a $5.680.442.067,00 M/Cte., y su ejecución debía
darse en el término de 180 días calendario, contados a partir de la suscripción
del acta de inicio[1].
1.4. La obra
contratada fue recibida a satisfacción por el municipio de Cali el 19 de enero
de 2010, como en efecto lo certifica el acta de entrega de esa misma fecha,
suscrita por el Secretario de Educación y por el Coordinador del Área de
Ejecución y Liquidación de Fonade[2].
1.5. El Contrato No.
2082962 del 26 de diciembre de 2008 fue liquidado de mutuo acuerdo por el Subgerente
Técnico de Fonade y el Representante legal de la Constructora Carpol Ltda., a
través de Acta del 16 de febrero de 2010, donde se especificó que se cumplió
con el objeto contractual[3].
1.6. No obstante lo
anterior, informa el accionante que desde la entrega de la obra hasta la fecha
de presentación del recurso de amparo, una de las rampas de la institución ha
presentado grietas y fisuras que comprometen su estabilidad y amenazan su
colapso, debido a un posible asentamiento diferencial en sus soportes estructurales.
Esto ha sido, en diferentes oportunidades, puesto en conocimiento de las
autoridades encargadas de velar por el buen estado de la edificación, esto es:
la Secretaría de Educación, en su calidad de propietaria de la obra; Fonade,
como contratante; la Constructora Carpol Ltda., como responsable de su
ejecución; el Consorcio Proeza M&R, en su calidad de interventor técnico,
administrativo y financiero de la construcción; y la Compañía de Seguros de
Fianza S.A., como entidad aseguradora del contrato No. 2082962 del 26 de
diciembre de 2008[4].
A partir de allí, varias
peticiones, respuestas y propuestas de arreglo se han emitido por las
autoridades mencionadas hasta la fecha. A continuación, se sintetizan las más
importantes en relación con el problema referido:
No.
Entidad
Fecha
Acción concreta
a.
Comfandi y la Constructora Carpol Ltda.
2011[5]
Mediante Acta 01 de ese año, se dejó constancia de una visita
adelantada por los representantes de ambas instituciones. En ella se concluyó
que era preciso no usar la rampa, hasta que se adelantara una solución
técnica, debido a las fisuras que presentaba en su antepecho.
b.
Consorcio Proeza M&R
19 de octubre de 2011[6]
A través de su especialista estructural,
manifestó que no había fisuras importantes que comprometieran la estabilidad
de la rampa. No obstante, afirmó que sí se presentaba un asentamiento en el
costado del bloque 4, lo que generaba un desnivel en la junta de las dos
estructuras (rampa y bloque), creando la impresión de inestabilidad y posible
colapso. Afirmó que la posición original de la rampa podría ser retomada con
medios mecánicos o hidráulicos, usando un sobrepiso lo suficientemente
resistente al desgaste y corrigiendo el cárcamo del primer nivel que se
divisaba.
c.
Secretaría de
Educación de Cali
12 de enero de
2012[7]
Comunicó al
Coordinador del Área de Ejecución y Liquidación de Fonade los problemas
presentados con la rampa y solicitó su intervención para que el constructor
adelantara las reparaciones del caso.
d.
Fonade
8 de mayo de 2012[8]
Instó al Consorcio
Proeza M&R y a la Constructora Carpol Ltda., con el objeto de que, a la
mayor brevedad, atendieran e informaran sobre el seguimiento que hubieren
hecho a la situación presentada por la infraestructura educativa.
e.
Secretaría de
Educación de Cali y representantes del Colegio
28 de septiembre
de 2012[9]
Se adelantó una
nueva visita de reconocimiento en la institución educativa. En el acta
suscrita ese día, expuso el rector que ninguna de las entidades adelantó las
gestiones encaminadas a reparar las fallas en la estructura. Por ello, la
Secretaría manifestó que solicitaría de nuevo su intervención en el asunto.
f.
Fonade
28 de diciembre
de 2012[10]
El Gerente de
Unidad de la Subgerencia Técnica, comunicó al Secretario de Educación que
haría el respectivo seguimiento a las firmas Constructora Carpol Ltda., y
Consorcio Proeza M&R, hasta que ejecutaran las reparaciones necesarias
que garantizaran la calidad y el buen funcionamiento de la infraestructura
educativa.
g.
Comfandi, Fonade,
la Constructora Carpol Ltda., la Secretaría de Educación y la Institución
Educativa Potrero Grande
25 de septiembre
de 2013[11]
Se adelantó una
nueva reunión entre representantes de las entidades relacionadas. Se acordó
que la Constructora Carpol Ltda., debía adelantar los respectivos trabajos de
arreglo y que estos serían llevados a cabo entre el 1 y el 15 de diciembre de
2013. El acta de la reunión fue suscrita por todos los representantes, sin
reparos en las funciones asignadas, pero no existe constancia en el
expediente de que se haya adelantado acción alguna en orden a reparar la
estructura.
h.
Fonade
17 de diciembre
de 2014[12]
Instó a la
Compañía de Seguros de Fianzas S.A., para que con su intervención y
acompañamiento, se lograran subsanar los daños que presentaba ese sector de
la edificación.
i.
Compañía de
Seguros de Fianzas S.A.
19 de febrero de
2015[13]
Conceptuó que si
bien los daños eran nuevos, eran similares a los que se presentaron en el año
2011, cuyas causas fueron ajenas a la responsabilidad del constructor.
j.
Constructora
Carpol Ltda.
8 de mayo de 2015[14]
Presentó un
informe técnico en el que concluía que la rampa no tenía problemas de
estabilidad ni resistencia y que las fisuras de la misma solo podían estar
asociadas a un comportamiento del suelo, lo cual no era su responsabilidad
toda vez que no diseñó la estructura.
k.
Fonade
22 de junio de
2015[15]
Comunicó a la firma Javier Vera arquitectos
S.A.S. -diseñadores del proyecto en la I.E. Nelson
Garcés Vernaza, que había encontrado algunas inconsistencias en la
elaboración de los diseños de la obra, por ejemplo, que se había usado el
método de Schemertmann, el cual se utiliza para suelos arenosos,
condición que no presenta la zona donde se ubica el colegio.
l.
Firma Javier Vera
arquitectos S.A.S.
31 de julio de 2015[16]
Contestó a Fonade que durante el proceso de diseño y construcción se
atendieron todas las recomendaciones emitidas por la interventoría de obra y
la entidad contratante de manera oportuna y diligente.
m.
Institución Educativa
Nelson Garcés Vernaza
16 de marzo de
2016[17]
Informó a la
Secretaría de Educación Municipal que el 24 de julio de 2015 varios bloques
de cemento se desprendieron de la parte superior de la rampa, arriesgando la
vida e integridad de los miembros de la comunidad educativa. Adujo que con
ocasión del incidente, nadie resultó herido.
n.
Comfandi
1 de noviembre de
2016[18]
El Coordinador de
Proyectos de Infraestructura, presentó un informe general en el que recomendó
revisar la rampa por parte de un ingeniero de suelos y de un calculista, con
el fin de identificar los daños y las acciones a ejecutar debido a que Cali,
según la norma sismo resistente NSR-10, se ubica en una zona de amenaza
sísmica alta y cualquier movimiento podría ocasionar su colapso.
ñ.
Comfandi
30 de agosto de
2017[19]
Su representante
legal solicita a la Secretaría de Educación que intervenga y ordene adelantar
los arreglos que se requieran para, de esta forma, dar solución de fondo a
las fallas presentadas.
1.7. Debido a que la
rampa aún no había sido reparada ni se habían establecido fechas específicas
para ello, el 9 de noviembre de 2017, el actor interpuso acción de tutela con
el fin de que (i) se amparara el derecho de petición y se ordenara a la
Secretaría de Educación dar respuesta al oficio recibido en sus instalaciones el
30 de agosto de 2017, y, (ii) se protegieran los derechos a la vida e
integridad física de los miembros de la comunidad educativa, ordenando, en
consecuencia, adelantar las reparaciones necesarias y urgentes que requiere la estructura,
lo cual no se ha logrado por las dilaciones administrativas que a lo largo de
los años se han presentado.
2. Trámite
procesal y respuesta de los accionados
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Santiago de Cali, mediante proveído del 10 de noviembre de 2017,
admitió la tutela y ordenó oficiar a la Secretaría de Educación de Santiago de
Cali, a la Constructora Carpol Ltda., y a Fonade, para que dieran
respuesta a los hechos expuestos a fin de ejercer su derecho de contradicción[20].
3. Contestación de las partes accionadas y vinculadas
3.1. El Fondo Financiero de
Proyectos de Desarrollo –FONADE-
El apoderado de Fonade, en escrito radicado el 16 de noviembre de 2017[21], informó al juez de instancia que respecto
al derecho de petición elevado el 30 de agosto de 2017 ante la Secretaría de
Educación, no puede pronunciarse toda vez que desconoce el contenido del mismo
al no haber sido radicado en sus instalaciones.
En lo que tiene que ver con el estado de la infraestructura de la
Institución Educativa Nelson Garcés Vernaza, informó que la construcción fue
entregada satisfactoriamente a la ciudad de Cali, como se puede evidenciar en
el Acta del 19 de enero de 2010. Afirmó que en 2011 requirió a la Constructora
Carpol Ltda., con el fin de que esta reparara los daños que presentaba la
rampa, lo cual fue atendido en ese momento por la contratista[22].
Posteriormente señaló que, en 2014, debido a que la estructura no mejoró,
representantes de Fonade se acercaron a las instalaciones y verificaron su
estado. Por lo observado, pretendieron gestionar nuevamente con la Constructora
Carpol Ltda., y el Consorcio Proeza M&R la identificación de los daños y su
solución técnica definitiva.
Sin explicar qué sucedió en el proceso antedicho, se remitió, en su
defensa, a lo informado por el Consorcio Proeza M&R, mediante escrito
radicado en sus instalaciones el 19 de octubre de 2011, a partir del cual se
indicaba que la rampa “(…) no [tenía] ningún problema estructural lo
cual [implicaba] únicamente la presencia de un asentamiento diferencial
que se podía corregir mediante medios mecánicos o hidráulicos, bloqueándola
estratégicamente hasta corregir su posición original (…)”.
Para finalizar, informó que, en todo caso, los problemas que presenta la
estructura deben ser responsabilidad del contratista, pues su deber era que la
obra realizada no tuviese deficiencias estructurales. En tal sentido, consideró
que si la Constructora Carpol Ltda., logró prever algún inconveniente al
momento de ejecutar su labor, debió manifestarlo en esa fase y no después de
entregado el producto.
3.2. La Constructora Carpol Ltda.
El representante legal de la Constructora Carpol Ltda., en escrito radicado
el 17 de noviembre de 2017[23],
informó al juez de instancia que no vulneró en manera alguna el derecho de
petición del accionante, toda vez que el mismo fue presentado ante la
Secretaría de Educación de Santiago de Cali.
En lo relacionado con las reparaciones de la rampa, informó que su
representada ejecutó la obra contratada por Fonade, de acuerdo con las
exigencias contractuales pactadas. Así, realizó entrega de la misma el 19 de
enero de 2010 y suscribió acta de liquidación final el 16 de febrero de ese
mismo año.
Respecto a las causas de las averías presentadas, recordó lo ya expuesto
por la Compañía de Seguros de Fianzas S.A., en comunicación remitida a Fonade (véase comunicación
i del recuadro superior), a través de la cual informaba que para esa fecha
no había logrado demostrarse que los daños se hubiesen presentado por culpa del
contratista.
También recordó que la póliza de seguros que ampara la estabilidad de la
obra, para la fecha de la interposición del presente amparo, se encuentra
vencida, pues, su vigencia transcurrió entre el 26 de diciembre de 2008 y el 19
de enero de 2015. Por ello, advierte que en caso de que la institución requiera
nuevas reparaciones, estas deberán ser contratadas por los entes públicos
accionados.
Por último, adujo que la acción promovida en su contra deviene
improcedente porque con ella se pretende el amparo de derechos colectivos, fin
para el cual el mecanismo idóneo fijado por el legislador es la acción popular,
regulada en la Ley 472 de 1998.
3.3. Secretaría de Educación de Santiago de Cali
La representante de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali, en
escrito radicado el 20 de noviembre de 2017[24],
manifestó que en lo referido al derecho de petición radicado el 30 de agosto de
2017, esa entidad le respondió al actor indicándole que el mismo sería remitido
al Gerente General de Fonade, para que este resolviera sus dudas respecto a las
fallas estructurales de la rampa. Pidió, en consecuencia, que se declare el
hecho superado frente a este supuesto.
Informó que sin bien la institución educativa afectada pertenece al municipio
de Santiago de Cali, esta se encuentra bajo la administración de Comfandi en
virtud del contrato de concesión No. 4143.1.26.547-2007 con esa Caja suscrito
para la organización y prestación del servicio público de educación formal. Por
último, manifestó que a Fonade le corresponde responder por los daños que presenta
la infraestructura educativa, debido a que esa entidad estructuró y ejecutó tal
obra. Considera que también debe analizarse la corresponsabilidad que sobre el
particular tengan la Constructora Carpol Ltda., y la Compañía
de Seguros de Fianzas S.A.,
con quienes se pactó la construcción y su respectiva garantía.
4. Sentencia de Única Instancia
El Juzgado Primero
Penal del Circuito de Cali, Valle del Cauca,
en sentencia del 24 de noviembre de 2017, declaró, en lo referido a la presunta
vulneración del derecho de petición, la existencia de un hecho superado dada la
respuesta que, en el trámite de tutela, remitió la Secretaría de Educación al
accionante informándole que la entidad competente para resolver sus inquietudes
relacionadas con el estado de la rampa era Fonade.
Al tiempo, resolvió negar el reconocimiento de los derechos a la vida e
integridad personal. Sobre este punto afirmó que (i) la rampa fue construida
hace más de 7 años, (ii) fue entregada satisfactoriamente el 19 de enero de
2010, (iii) no se encontró plenamente demostrado que pueda sobrevenir un daño
irreparable en su estructura, (iv) no se acreditó que su avería fuere imputable
al contratista, y (v) para la fecha en que se presenta la acción de amparo, no estaba
vigente la póliza que cubría la construcción.
Por otra parte, citó  algunos fundamentos de la Sentencia C-542 de 1992 respecto
al requisito de inmediatez, para sugerir que en este caso no se cumple –sin
decirlo abiertamente–.
Finalmente manifestó que, como el actor pretende la protección de la
vida e integridad de los miembros de la comunidad educativa, esto podía
lograrlo a través de la acción popular establecida en el artículo 88 de la
Constitución Política.
La citada sentencia no fue objeto de impugnación.
5.
Actuaciones en sede de revisión
En atención a
los hechos anteriormente expuestos y con el fin de obtener mejores elementos de
juicio que permitieran definir el asunto sujeto a estudio, el magistrado
sustanciador consideró importante requerir, mediante Auto del 5 de septiembre
de 2018, a Comfandi, a Fonade y
a la Secretaría de Educación de Santiago de Cali, para que resolvieran algunos
interrogantes y aportaran información adicional relacionada con el estado
actual de la rampa y con las condiciones en que se encuentran estudiando los
menores edad en la Institución Educativa Nelson Garcés Vernaza. También se dispuso, a través de la Secretaría General de esta
Corporación, el traslado a las demás partes de las pruebas que se recaudaran,
así como la suspensión de términos, hasta el 5 de noviembre de 2018, para
decidir.
Información
allegada por Comfandi[25]
Mediante correo
electrónico remitido a la Secretaría General el 18 de septiembre de 2018,
Claudia Cascante González, Jefe Jurídico de Comfandi, dio respuesta al
requerimiento de esta Corte manifestando, en esencia, que dado el riesgo que el
estado de la rampa representa, se tomó la decisión de reubicar a los alumnos
(160 en total) que recibían clases en los 4 salones adyacentes a la misma.
Concretamente, señaló que para esto se dispuso de las aulas de audiovisuales,
teatro, danzas y del laboratorio de física.
Expresó sobre esta
situación que aun cuando el fin de dicha medida es salvaguardar la vida e
integridad de los menores de edad, tales salones no cuentan con las condiciones
adecuadas para brindar las respectivas clases a esos 160 estudiantes, dadas las
dificultades acústicas y de luminosidad que presentan. Además, al mismo tiempo,
ello afecta a los 1460 educandos de la institución en su conjunto, quienes no
cuentan con espacios adecuados para recibir instrucción -necesaria en el
proceso de formación- en teatro, danza, laboratorio y audiovisuales.
Adujo, finalmente,
que la rampa es un elemento de transporte vertical imprescindible para el buen
funcionamiento de la institución, y su aislamiento total afecta en gran medida
el acceso y circulación en el colegio.
Información
allegada por Fonade[26]
Mediante correo
electrónico remitido a la Secretaría General el 20 de septiembre de 2018,
Victoria Rosa López Colón, apoderada de Fonade, relató que con posterioridad a
la manifestación hecha por la Constructora Carpol Ltda., el 8 de mayo de 2015 (véase comunicación j del
recuadro superior), según la cual no estaba demostrado que la causa del
deterioro de la estructura obedeciese al actuar del contratista, sino más bien
a una dinámica propia del suelo, su representada requirió a la firma Javier
Vera arquitectos S.A.S (diseñadores del proyecto) para que explicaran en
detalle algunas objeciones que se tenían sobre el mismo (véase comunicación k
del recuadro superior). En respuesta, el 31 de julio de 2015, la firma de
arquitectos manifestó que en el diseño fueron atendidas todas las
recomendaciones del contratante Fonade (véase comunicación l del
recuadro superior). No se explica, con posterioridad, qué acciones concretas se
tomaron frente a esta situación.
No obstante, dado que las inconsistencias en la estructura de la rampa
persistían para la fecha en que se interpone la presente acción constitucional,
informó Fonade que requirió el 14 de noviembre de 2017 a la Constructora Carpol
Ltda., para que coordinara con el Consorcio Proeza M&R, la verificación del
estado actual de la rampa, así como la ejecución de las obras que para su
adecuación fueren indispensables. En esa misma fecha solicitó la programación
de una nueva visita a la infraestructura educativa, que se realizaría entre el
20 y 24 de noviembre de 2017 y que contaría con el acompañamiento de un
especialista estructural.
Señaló que el 22 de noviembre de 2017 se llevó a cabo la referida
visita. Allí, el especialista estructural contratado por Fonade se comprometió
con la entrega de un informe que comprendería su revisión de todos los
documentos técnicos de diseño y construcción de la rampa. Tal análisis fue
entregado el 15 de mayo de 2018 y en él se concluyó, entre otras cosas, que “(…)
la rampa está presentando una condición de deterioro por asentamientos, por lo
que todo indica que su cimentación no tiene la capacidad suficiente para dar
soporte a la estructura”. Sobre las posibles soluciones, indicó que deberán
adoptarse “(…) medidas para mejorar la estructura de apoyo de la rampa, y
con el fin de preservar el suelo de la acción del agua, trasladar el cárcamo
existente a una distancia que permita que su operación no deteriore las condiciones
del suelo, y retirar los elementos que la vinculan con el bloque 4, para no
afectarlo con los problemas propios de la rampa”.
Habida cuenta de lo narrado, Fonade anunció a esta Corporación que
retomaría el proceso administrativo iniciado con la Compañía de Seguros de
Fianzas S.A., y, a su vez, iniciaría un proceso de reclamación ante la
aseguradora que amparó el contrato de estudios y diseños del proyecto en la
I.E. Potrero Grande. Todo con el fin de solicitar la reparación definitiva de
la rampa en cuestión, en el marco de las obligaciones contractuales atribuibles
al constructor y al diseñador.
Información
allegada por Secretaría de Educación de Cali[27]
Mediante escrito
radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 9 de octubre de 2018,
Luz Elena Azcárate Sinisterra, Secretaria de Educación de Santiago de Cali,
informó a este despacho que el 26 de septiembre de la presente anualidad se
dirigieron a las instalaciones de la Institución Educativa afectada dos
ingenieros civiles -especialistas en estructuras, pavimentos y geotecnia-,
acompañados por un defensor público, a fin de realizar una inspección técnica
del lugar.
El informe de la
visita fue remitido a las instalaciones de la Secretaría de Educación de Cali
el 28 de septiembre de 2018. En él se relacionaron los siguientes problemas
que, en la actualidad, presenta la estructura:
-
Falla en el nudo superior de la columna de apoyo
de la rampa.
-
Inclinación de 6 cm en el voladizo de la rampa
que llega al segundo piso, no se aprecia inclinación en el sector de la rampa
que se encuentra apoyada en muros.
-
Grietas diagonales en los muros del edificio
cercanos a la rampa.
-
No se aprecian grietas en la estructura de
soporte de la rampa.
-
En el cerramiento del predio junto a la rampa se
han sembrado arbustos de swinglea, con separación inferior a 50 cm, de tal
manera que forma una barrera de seguridad impenetrable.
-
A lo largo del cimiento de la rampa existe un
canal en concreto, que recoge las aguas de la zona veredal perimetral a la
rampa.
En lo relacionado
con las condiciones geotécnicas de la zona en la que se construyó el colegio,
se afirmó que la institución educativa se encuentra en la llanura aluvial del
rio cauca, lo cual platea los siguientes riesgos:
-
Afectación por suelos con alto potencial
contracto expansivo.
-
Afectación por deformaciones en superficie ante
suelos licuables.
-
Afectación por suelos blandos y recientes sub
consolidados.
-
Afectación por ascenso o descenso del nivel
freático.
Frente a las
posibles causas del deterioro en la rampa, se concluyó que aquellas podrían
corresponder a factores geotécnicos, tales como:
-
Asentamientos diferenciales provocados por los
cambios de humedad en el suelo con alto potencial contracto expansivo,
generados por la canal que puede tener fugas y el deficiente mantenimiento, así
como a las plantas sembradas junto al cimiento.
-
La falla local del suelo por exceso de carga
producida por cimientos de poca sección.
-
Licuación del suelo ante un evento sísmico que
produce deformaciones en superficie.
-
Suelos compresibles que se consolidan con el
tiempo.
Respecto a los
riesgos que el estado actual de la estructura puede representar para la
comunidad, el ingeniero especialista en estructuras señaló que aun cuando no
existe un peligro de colapso total, podría producirse “(…) el
desprendimiento de los elementos que se han agrietado y ello puede afectar a
los usuarios. Ante un sismo de baja o mediana intensidad se puede crear un daño
mayor por el desplazamiento, incrementando los riesgos si se llega a usar así”.
Ahora, la ingeniera
especialista en pavimentos y geotecnia, adujo que para determinar con certeza
la causa del daño en la estructura, era preciso ejecutar sondeos de exploración
geotécnica junto al cimiento de la rampa, con una profundidad tal que llegue al
estrato de las arenas densas, para así extraer muestras inalteradas y realizar
con ellas ensayos de expansión libre,  de tensión, de contenido de minerales,
de corte directo CD, de consolidación, clasificación y humedad.
Por su parte, el
ingeniero especialista en estructuras planteó como solución, realizar un
estudio de vulnerabilidad que verifique el estado de todos los tópicos, desde
el suelo hasta el sistema estructural utilizado. Solo después de ello, concluyó,
se podrá reforzar la zona del edificio afectada, aplicando las recomendaciones
NSR-10, ya que la obra se construyó en 2008 con las NSR-98.
Exhortaron, en todo
caso, a no usar la rampa por ahora.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.
Competencia
Con fundamento
en lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Política, esta
Corporación es competente para revisar la acción de tutela de la referencia,
escogida por la Sala de Selección Número Cinco de la Corte Constitucional, a
través del Auto del 31 de mayo de 2018.
2.
Planteamiento del caso, problema jurídico y esquema de resolución
La acción de tutela
es presentada por dos situaciones independientes en apariencia: la falta de
respuesta al derecho de petición presentado por el accionante a la Secretaría
de Educación de Santiago de Cali el 30 de agosto de 2017, y la dilación de las entidades accionadas para reparar una rampa que hace
parte integral de la Institución Educativa Nelson Garcés
Vernaza.
En efecto, el actor
sostiene que la estructura, en las condiciones en que se encuentra, representa un riesgo para los
derechos fundamentales a la vida, integridad personal y educación de los
menores de edad. Señala, al mismo tiempo, que las
directivas del colegio y de Comfandi, consideraron preciso
impedir su uso y al mismo tiempo reubicar en otros espacios del plantel a los
alumnos que veían clase en los cuatro salones que se encuentran vinculados a
ella.
Por su parte, la Secretaría de Educación de Santiago de Cali,
informó en su contestación que había considerado preciso trasladar la petición
hecha por el actor a Fonade para que esta última instancia contestara de fondo
su solicitud relacionada, por supuesto, con la reparación de la estructura.
De otro lado, las entidades accionadas en sus intervenciones no negaron el estado de
la rampa, pero sí descartaron que el arreglo de la misma fuese su
responsabilidad. Así, Fonade consideró que correspondía a
la Constructora Carpol Ltda., llevar a cabo las
reparaciones; por contraste, esta última se defendió aduciendo que la obra fue
entregada el 19 de enero de 2010 de conformidad con las exigencias
contractuales pactadas; y, por último, la Secretaría de Educación de Santiago
de Cali informó que quien debía reparar los daños era Fonade, pues esa entidad
estructuró y ejecutó la obra. Este tipo de respuestas, han sido constantemente reiteradas en varios oficios que las entidades se dirigían entre sí.
Así, en atención a
lo manifestado por las partes, esta Corte concluye que el objeto de la
discusión que surge entre ellas puede resumirse en el planteamiento de tres
cuestiones concretas: la primera, tiene que ver con valorar si el estado actual
de la rampa deriva en la vulneración de derechos fundamentales de los menores
de edad; la segunda, con definir si el derecho de petición fue o no contestado
de fondo; y, la tercera, con dirimir una disputa interadministrativa en la que
se cuestiona a qué entidad corresponde responder por los daños de la obra.
Estima esta Sala necesario
circunscribir el debate en el sentido de resolver la primera situación, en aras
de brindar una respuesta integral al problema constitucional que subyace y que
se plantea en los siguientes términos: ¿vulneran los
accionados los derechos a la vida, integridad personal y educación de los
menores de edad que hacen parte del colegio cuando permiten que el deterioro de
una rampa –que hace parte de su infraestructura y cuyo presunto colapso
constituye una amenaza–, se mantenga por más de siete años, bajo la
justificación de que no existe certeza sobre el ente que debe responder por los
daños?
La Corte considera
irrelevante referirse a lo demás porque (i) a través del derecho de petición,
el actor planteó la misma necesidad de reparar la infraestructura, así las
cosas, al dirimir el problema jurídico planteado, por sustracción de materia
quedará resuelto el fondo de lo pedido el 30 de agosto de 2017. Por otra parte,
(ii) definir a qué entidad le corresponde responder por los daños que presenta
hoy la construcción, será competencia del juez contencioso administrativo –como
se explicará más adelante–.
En aras de brindar solución al interrogante esbozado, esta Sala (i) se pronunciará sobre la procedencia de la acción de tutela, verificando
el cumplimiento de los requisitos en el caso concreto, (ii) estudiará la jurisprudencia constitucional en relación
con el derecho a la educación y sus componentes, en asocio con una infraestructura
educativa adecuada para, de esta manera, (iii) resolver el caso concreto.
3. Análisis
de procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial,
preferente y sumario, del que pueden hacer uso los ciudadanos con el fin de
reclamar el amparo inmediato de sus derechos fundamentales[28],
siempre que estos resulten amenazados o vulnerados a partir de la acción u
omisión proveniente de una autoridad pública o, en determinados casos, de
particulares[29]. A su vez, este
recurso procederá cuando el afectado no cuente con otro mecanismo judicial,
salvo que con su interposición se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable[30].
En
tal sentido, ha dispuesto esta Corporación que, en concordancia con la Carta Política y el Decreto 2591 de 1991, para que la acción de
tutela pueda considerarse procedente debe acreditarse el cumplimiento de los
siguientes requisitos, a saber: (i) la
legitimación en la causa (activa y pasiva); (ii) la inmediatez; y (iii) la
subsidiariedad.
3.1.
Legitimación por activa: En principio,
corresponde ejercer la acción de tutela a la persona que por esa vía pretende
obtener la protección inmediata de sus propios derechos fundamentales. También,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10° del Decreto
2591 de 1991, aquella puede ser ejercida por su representante legal, apoderado
judicial, agente oficioso, o por el Defensor del Pueblo o los personeros
municipales[31].
En los casos en que
se pretenda agenciar derechos ajenos, estableció la misma norma que tal figura
procederá bajo dos supuestos: (i) que su titular no se encuentre en condiciones
de promover su propia defensa y que (ii) quien actúa como agente, así lo manifieste
en la solicitud[32].
No obstante, una
excepción a la referida regla es la que permite a cualquier persona, a la luz
del artículo 44 de la Constitución Política[33], exigir de la
autoridad competente la protección de los derechos fundamentales de los niños y
niñas, bajo el entendido que estos no suelen estar en condiciones para incoar
la acción por su propia cuenta. Sobre ello, esta Corporación ha concluido que
quien actúa como agente oficioso en procura de lograr la tutela de los derechos
fundamentales cuya titularidad pertenece a un menor de edad, no está en la
obligación de manifestarlo así en el escrito y tampoco de acreditar la presunta
imposibilidad que el representado tenga para presentar la acción por sus
propios medios[34].
Así las cosas, en
el caso sub examine, la Sala encuentra que el señor Eduardo Garcés
Mendoza, en su calidad de representante legal de la Caja de Compensación
Familiar del Valle del Cauca –Comfandi–, se encuentra legitimado en la causa
para interponer la presente acción. Lo anterior, teniendo en cuenta que, aun
cuando no manifestó en su escrito actuar en condición de agente oficioso, busca
el amparo de los derechos a la vida, integridad personal y educación de los
menores de edad que se encuentran estudiando en la Institución Educativa Nelson Garcés Vernaza.
3.2.
Legitimación por pasiva: La acción de tutela debe ser
entablada contra quien presuntamente causa la vulneración del derecho cuyo
amparo se pretende, bien se trate de una autoridad pública[35]
o de un particular respecto del cual el tutelante se encuentra en situación de
subordinación o indefensión[36].
Una relación de
subordinación tiene lugar cuando el accionante debe acatar y someterse a “órdenes
proferidas por quienes, en razón de sus calidades, tienen la competencia para
impartirlas”. Por su parte, el actor se encuentra en indefensión en
aquellos eventos en los que haya “sido puesto en una situación que lo hace
incapaz de repeler física o jurídicamente las agresiones de las cuales viene
siendo objeto por parte de un particular, las cuales ponen en peligro sus
derechos fundamentales”[37].
En el caso de la
referencia, la legitimación en la causa por pasiva respecto de la Secretaría de
Educación de Santiago de Cali y de Fonade se encuentra acreditada, dado que se
trata de autoridades públicas. En efecto, mientras la primera de ellas admitió
en su contestación ser la propietaria de la infraestructura afectada, la
segunda, siendo una Empresa Industrial y Comercial del Estado, adscrita al
Departamento Nacional de Planeación, aceptó ser la contratante de su
construcción en el marco del Convenio No. 197013 del 12 de junio de 2007
suscrito con el Ministerio de Educación Nacional.
Asimismo, la
Constructora Carpol Ltda., también se encuentra legitimada en esta causa. Ello
por cuanto fue la sociedad que construyó la edificación que, por su estado,
representa un riesgo para los derechos fundamentales de los alumnos del colegio
quienes han sido incapaces de repeler tal agresión.
3.3. Inmediatez:
Ha manifestado esta Corporación, en múltiples oportunidades,
que la acción de tutela debe interponerse en un término razonable, el cual
habrá de contabilizarse desde el acto u omisión causante de la trasgresión.
Esto porque, en virtud del artículo 86 de la Constitución, el objeto del
recurso de amparo es garantizar la protección inmediata del derecho
fundamental amenazado.
Si bien esta
Corporación ha considerado que presentar la acción en el término de los seis
meses siguientes a la ocurrencia del hecho vulnerador devendría razonable,
podría ocurrir que el actor lo haga tiempo después por causas que no le son
imputables, evento en el cual, el análisis relacionado con la superación del
presente requisito, debe adelantarse en atención a las particularidades que el
caso plantea.
En tal sentido, la
jurisprudencia constitucional se ha referido a algunas circunstancias que deben ser estudiadas por el Juez a
efectos de determinar si una acción de tutela, aun siendo presentada después de
los seis meses relacionados en el párrafo anterior, cumple con el requisito de
inmediatez. Una de esas circunstancias tiene que ver con
que se evidencie una vulneración o amenaza permanente y actual del
derecho[38].
En el caso
concreto, la acción de tutela se presenta con ocasión de la inacción de las
entidades competentes para el arreglo de la infraestructura del colegio. Así,
esta Sala considera superado el requisito de la inmediatez porque la presunta
vulneración de los derechos fundamentales de los menores de edad invocada por
el tutelante es actual y permanente, toda vez que aun cuando la edificación fue
entregada en el año 2010, las autoridades competentes no han adelantado las
reparaciones pertinentes en su infraestructura y por esa razón siguen
inhabilitadas cuatro aulas en las que podrían ser ubicados 160 estudiantes, de
encontrarse en óptimas condiciones. Ello se suma al hecho de que el actor, en
cualquier caso, no ha guardado una actitud pasiva frente al asunto, al punto
que la última petición reclamando lo aludido fue radicada en las instalaciones
de la Secretaría de Educación del Municipio de Santiago de Cali el 30 de agosto
de 2017 y está precedida de varias solicitudes más realizadas en el mismo
sentido.
3.4. Subsidiariedad: Como ya se acotó en párrafos
precedentes, la acción de tutela es un mecanismo encaminado a la protección de
derechos fundamentales, pero su carácter es residual y subsidiario. Esto quiere
decir que procede solo cuando se acredite la inexistencia de otro medio de
defensa judicial o cuando se pretenda evitar un perjuicio irremediable[39].
No obstante, el examen de subsidiariedad no pasa únicamente por percatarse de la
existencia material de otro mecanismo judicial, sino, además, por evaluar si
aquel está “diseñado de forma
tal que brinde oportunamente una protección al derecho”[40] (eficacia) o si “permite resolver el conflicto en su dimensión
constitucional u ofrece una solución integral frente al derecho comprometido”[41]
(idoneidad). Si el medio de defensa no cumple con estas características, la
tutela procederá y el amparo será definitivo.
En algunos pronunciamientos, esta Corte ha indicado de qué
manera podría un juez de tutela determinar la idoneidad y eficacia del medio a
efectos de tomar una decisión respecto a la procedencia de la acción. En ese
sentido, en la Sentencia T-230 de 2013, se dijo que tal aptitud debía
verificarse en cada caso concreto, teniendo en cuenta (i) las características
del procedimiento, (ii) las circunstancias del peticionario y (iii) el derecho
fundamental involucrado.
En lo que tiene que
ver con las circunstancias del peticionario, ha dicho la Corte que el juez de
tutela debe estudiar si quien pretende el amparo es un sujeto de especial
protección constitucional para así flexibilizar el análisis[42].
Esa condición la tiene, por ejemplo, un menor de edad en virtud de su
vulnerabilidad y el especial cuidado que con él deben tener el Estado, la
sociedad y su familia[43]. De allí que la
autoridad judicial, al buscar esclarecer si se supera el requisito de
subsidiariedad en escenarios que involucren derechos fundamentales de un niño,
deba basar su decisión tomando en consideración el interés superior del mismo[44].
En el presente
caso, el a quo resolvió negar el amparo aduciendo, entre otras razones,
que la rampa había sido construida hace más de siete años, que su entrega había
sido satisfactoria en esa época, que no se había demostrado que los daños que
presenta debieran ser imputables al contratista y que en todo caso la póliza
que cubría la construcción no estaba vigente. A renglón seguido, manifestó que
como se involucraban los derechos de la comunidad educativa, lo procedente era
acudir a la acción popular.
Para la Sala, no le
asiste razón al juzgador porque ninguno de los medios de defensa judicial que
sugirió deviene idóneo a la luz de las circunstancias fácticas reseñadas. En
primer lugar, el debate constitucional aquí planteado se aleja de la solución
que pretendió darle al asunto. En efecto, lo fundamental no es definir desde la
óptica contractual a quien le corresponde asumir la responsabilidad por los
daños que presenta la infraestructura del colegio, de
conformidad con lo previsto por la Ley 80 de 1993, en sus artículos 50[45]
y 52[46] (lo cual podría
resolverse, de manera idónea y eficaz, en la jurisdicción contencioso
administrativa), sino analizar la dimensión de la amenaza a la vida, la
integridad personal y la educación de los menores que se encuentran estudiando
en la institución afectada, para así, de ser el caso, tomar medidas urgentes
tendientes a garantizar el servicio educativo en condiciones adecuadas y dignas
(asunto que pertenece a la órbita del juez de tutela).
En segundo lugar,
considera la Sala que la acción popular tampoco es la vía idónea para resolver
esta controversia constitucional toda vez que el recurso
de amparo no se interpone para obtener la protección de derechos colectivos de
un grupo poblacional determinado, al contrario, con ella se busca la
salvaguardia de los derechos fundamentales de los menores de edad que allí se
encuentran estudiando. Niños que, como ya se mencionó en párrafos precedentes,
detentan la calidad de sujetos de especial protección constitucional[47].
4. El derecho a la educación y
sus componentes, en
asocio con una infraestructura educativa adecuada
4.1.
El derecho a la educación tiene como objeto lograr el desarrollo y
fortalecimiento de las capacidades culturales e intelectuales de las personas[48], y su garantía, en un Estado Social y
Democrático de Derecho, es de fundamental importancia para erradicar la
pobreza, dignificar al individuo, crear ambientes propicios para la igualdad de
oportunidades y otorgar herramientas que influyan en la escogencia de la
profesión u oficio[49].
De conformidad con la Constitución Política, la educación es un derecho
fundamental de los niños –artículo 44 Superior–. Este precepto ha sido
desarrollado e interpretado por la jurisprudencia constitucional bajo el
entendido de que, tal y como lo dispuso la Convención Sobre los Derechos del
Niño en su artículo primero, la niñez comprende hasta los 18 años[50]. Esta
previsión fue importante para la Corte, porque una lectura apresurada del
artículo 67 Superior permitiría entender que el referido derecho solo sería
fundamental para quienes tuviesen una edad inferior a los 15 años[51]. No obstante, fallos posteriores han
aceptado que este es un derecho fundamental en cabeza no únicamente de los menores
de edad, sino también de todas las personas[52].
4.2.
Para definir la composición del derecho a la educación, esta Corporación ha
seguido lo dispuesto en la Observación General Número 13, proferida por el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Así, ha admitido que este derecho,
en todos sus niveles, debe contar con criterios de asequibilidad,
accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad[53].
La asequibilidad tiene relación con el
deber que en cabeza del Estado pesa de velar por el impulso a la oferta
educativa a través de la creación de instituciones académicas y su disponibilidad
para los estudiantes. La accesibilidad persigue condiciones de igualdad
para los menores de edad que pretendan ingresar al sistema educativo. La adaptabilidad
exige que el sistema esté al servicio de las necesidades de los alumnos,
dependiendo de su contexto social y cultural, para evitar la deserción de estos[54]. Por último, la aceptabilidad
busca que el servicio se preste en condiciones pertinentes o adecuadas,
esto es, que en general exista buena calidad en el mismo.
Estos
componentes de la educación pueden contener, de acuerdo con la Observación
General Número 13 ya citada, tres tipos de obligaciones: (i) de respeto,
según las cuales corresponde al Estado evitar que se impida el ejercicio del
derecho, (ii) de protección, con las que debe buscarse
imposibilitar su obstaculización por parte de terceros y (iii) de cumplimiento,
que corresponden a medidas positivas tendientes a garantizarlo[55].
De todas ellas, solo las obligaciones de cumplimiento requieren de la
inversión económica y por tanto son exigibles de manera progresiva, no
inmediata.
4.3. Una de las más importantes obligaciones de
cumplimiento, que hace parte del componente de la asequibilidad y al,
mismo tiempo, tiene relación con el componente de la aceptabilidad, es la
que tiene que ver con brindar una infraestructura educativa en condiciones
aptas. Esta obligación encuentra sustento en lo dispuesto en el artículo 67
Superior, según el cual, corresponde al Estado garantizar el adecuado
cubrimiento del servicio, y su objeto es que los estudiantes accedan de forma
efectiva al conocimiento sin limitaciones distintas a las que comporta la ley.
La
Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, dio
cuenta en su informe intitulado “Human rights obligations: making education
available, accesible, acceptable and adaptable”, que dada la considerable
inversión de recursos económicos que significa garantizar la disponibilidad
educativa, algunos Estados venían creando una red de escuelas públicas, y otros,
permitiendo la gestión del sistema por el sector privado. En todo caso, los más,
encontraban en un sistema mixto la solución a la asequibilidad[56].
En
Colombia, la educación al tiempo que es un derecho, es un servicio público que
cumple una función social. Por esta razón, existen instituciones educativas
gestionadas por la administración del orden nacional o territorial y cuyo
funcionamiento se garantiza con dinero público. También existen colegios
privados, de conformidad con el aval constitucional que se dio en el primer
inciso del artículo 68 Superior: “los particulares podrán fundar
establecimientos educativos”. Ahora, aun cuando ello se le permite a la
iniciativa privada, eso no significa que pueda hacerlo sin controles. De hecho,
un establecimiento educativo privado, para entrar en funcionamiento, debe
cumplir con “(…) las condiciones que para su gestión establezcan las normas
pertinentes y la reglamentación del Gobierno Nacional”[57].
Lo cual encuentra fundamento en que, en cualquier caso, es obligación del
Estado, “asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos
los habitantes del territorio”[58].
En
el país, los gobiernos distritales y el nacional han previsto otra manera de
procurar cumplir con el componente de la asequibilidad: el modelo de
colegios en concesión. A través de este último, previa licitación, se entrega a
un privado la administración de una institución educativa construida con dinero
del fisco. En contraprestación por la administración de los planteles, el
Estado reconoce, por cada menor de edad que reciba instrucción, una suma
determinada de dinero que se pacta contractualmente. Este tipo de colegios son
construidos en zonas marginales, cuya población pertenece a estratos
socioeconómicos bajos y donde se evidencia escasez de plazas escolares[59].
La finalidad es permitirle a tal población acceder a los servicios educativos
que entes privados ofrecen con relativo éxito.
4.4. Con todo, la infraestructura educativa que se
construya en el marco de cualquiera de las modalidades descritas para prestar
el servicio, debe ser adecuada. Al respecto, la misma Observación
General No. 13, dispuso en el párrafo sexto que además de acreditar la existencia
de instituciones de enseñanza, los Estados debían asegurar que las mismas
contaran con condiciones aptas, lo cual suponía, entre otras cosas,
disponibilidad de: edificios, instalaciones sanitarias, agua potable, docentes
calificados, materiales de enseñanza, bibliotecas y servicios de informática[60].
Esto es imprescindible para asegurar el amparo del derecho a la
educación, pero, además, para que la prestación del servicio cuente con
calidad, de conformidad con las necesidades de la población que se atiende. Así lo reconoció el Informe de Seguimiento de
la Educación Para Todos en el Mundo del año 2005, donde se afirmó que “una
buena infraestructura es capital para una enseñanza eficaz”[61].
A contrario sensu, que el servicio educativo se preste en lugares cuyas
condiciones no sean aptas para la formación intelectual de los individuos,
haría nugatorio el derecho. Se prestaría en tal caso una enseñanza ineficiente,
inadecuada e insuficiente para cumplir con sus fines.
No existe acuerdo en relación con los elementos que definirían una infraestructura
educativa adecuada. Ciertamente al Estado no le compete construir colegios
atendiendo las necesidades particulares de cada ciudadano, porque sería física
y financieramente inviable. Por eso es preciso que, acudiendo a criterios de
razonabilidad, sean fijados unos requisitos mínimos con los que deben contar
esas instituciones a partir de los cuales debe avanzarse de manera progresiva.
Esos requisitos mínimos, que encuentran inescindible relación con el
componente de la aceptabilidad, pueden fundarse en las prioridades que en materia educativa cada Estado tenga, a partir de los consensos a los que haya
llegado su sociedad[62]. De manera que las normas que a nivel interno se emitan definirán los
parámetros con que se impartirá la enseñanza, así como los índices de aceptabilidad
en términos de infraestructura.
No obstante, un criterio importante al momento de
establecer si una edificación educativa es adecuada, lo constituyen los avances
jurisprudenciales que sobre la materia han surgido.
Esta Corte, si bien
no ha decantado (en términos positivos) los elementos que compondrían una “infraestructura
educativa adecuada”, en el marco del control concreto de constitucionalidad
ha revisado algunas situaciones que le han permitido establecer cuándo una
edificación no es adecuada para prestar el servicio. Siempre que ha
llegado a esa conclusión, lo ha hecho porque o la infraestructura ofrece una
amenaza frente a los derechos a la vida e integridad personal de los menores, o
porque aun cuando ello no ocurra, el estado de sus instalaciones sí afecta la
formación cultural e intelectual de los mismos.
Ha resaltado, en relación con este punto, que no es admisible que
las niñas y niños reciban clases en instituciones defectuosas que ofrezcan
alarma de colapso[63],
que estén construidas en terrenos de alto riesgo[64], o que representen en sí mismas un
peligro para la salud de los menores de edad[65].
Así mismo, ha considerado que el derecho a la educación se
conculca cuando las instalaciones no permiten el desarrollo integral de la
formación por la insuficiencia de sus espacios. Por ejemplo, ha reprochado que
el servicio educativo se preste en casetas de madera[66], en lugares que presenten
condiciones de hacinamiento  y que cuenten con insuficientes unidades
sanitarias[67],
o donde no haya espacio para la recreación o el juego[68]. Frente a situaciones como estas, ha
condenado las demoras en que han incurrido los responsables de las instalaciones
imperfectas respecto a los arreglos que se deben prestar en aras de lograr su
adecuación[69].
Como sustento para concluir lo dicho, la Corte ha manifestado
varias razones. Entre estas: (i) que la educación, en virtud del artículo 366 de
la Constitución Política, es un objetivo fundamental del Estado[70], (ii) que con situaciones como las
descritas se ofende la dignidad de los menores de edad y
se los irrespeta[71], (iii) que no es posible
tener por garantizado el derecho a la educación si los menores de edad corren
riesgos en su vida e integridad mientras desarrollan sus actividades escolares[72],
(iv) que una prestación adecuada del servicio implica eliminar el obstáculo de
la infraestructura deficiente, en aras de evitar la deserción de los alumnos y
los límites en el acceso al sistema educativo, y (v) que los niños tienen
derecho a gozar “(…)
de
espacios que además de ser propios del ambiente educativo, protejan otras de
sus garantías fundamentales como la recreación”[73].
También, como parte de su fundamentación, ha acudido a algunas
previsiones legales, como por ejemplo lo dispuesto por: (i) el
Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) que consagró como
deberes del Estado la garantía del acceso a la educación de manera idónea y con
calidad[74]; (ii) el artículo 138 de
la Ley 115 de 1994, por medio del cual se prescribió que el establecimiento
educativo debe, entre otros requisitos, cumplir con la disposición de “una estructura administrativa,
una planta física y medios educativos adecuados”; (iii) el artículo 141
de la misma Ley, que reiteró la importancia de que un colegio cuente con
espacios que permitan el desarrollo de actividades artísticas y deportivas e
hizo especial énfasis en las bibliotecas; y, (iv) el artículo 84 ibíd., que
puso en cabeza del Consejo Directivo de las mismas instituciones, la obligación
de evaluar constantemente el estado de su infraestructura de acuerdo con los
criterios preestablecidos por el Ministerio de Educación Nacional, a fin de
detentar un control sobre este asunto[75].
4.5. En conclusión, aun cuando todavía no exista la deseable claridad
alrededor de los elementos que serían constitutivos de una infraestructura
educativa adecuada, lo cierto es que hay unos mínimos requisitos que
aquella debe cumplir para no desconocer la dignidad y los derechos
fundamentales de los destinatarios del servicio. A partir de esos mínimos debe
procederse a analizar el caso concreto.
5. Análisis del caso
concreto
5.1. Como ha sido descrito en esta providencia, el accionante
considera vulnerados los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal
y la educación cuya titularidad se encuentra en cabeza de los menores de edad
que hoy estudian en la Institución Educativa Nelson Garcés Vernaza, toda vez
que las fallas que presenta la rampa no han sido reparadas por las entidades
accionadas. Por otra parte, Fonade, la Secretaría de Educación de Santiago de
Cali y la Constructora Carpol Ltda., consideran no ser las competentes para
adelantar dichos arreglos. En efecto, a la fecha no se cuenta con estudios
concluyentes que indiquen las causas de los daños y que permitan, más allá de
toda duda, vislumbrar a qué entidad le correspondería tal función.
En todo caso, es importante reiterar que el estudio constitucional
se limitará a definir si en efecto los derechos fundamentales de los menores
fueron conculcados, en los términos que se acaba de sintetizar. El análisis de
la responsabilidad que deba endilgarse a cualquier entidad por la ocurrencia de
los daños, responderá a otro campo: el del juez contencioso administrativo.
5.2. Así, para resolver el problema jurídico planteado, debe partirse
de lo dispuesto por la jurisprudencia constitucional en materias como estas,
que se resume en que el derecho a la educación, siendo fundamental, debe
cumplir, entre otros, con criterios de asequibilidad y aceptabilidad.
Ello implica que corresponde al Estado la obligación de velar por que el
servicio se preste en una infraestructura
educativa adecuada (independientemente de que el mismo se brinde en
instituciones públicas, privadas o, como en el presente caso, en colegios en
concesión). Con todo, una infraestructura educativa no será adecuada cuando ofrezca una amenaza frente a los derechos a la vida e integridad
personal de los menores de edad o cuando el estado de sus instalaciones afecte
la formación cultural e intelectual de los mismos. En este evento deberán
adelantarse, sin dilaciones de ningún tipo, las gestiones conducentes a adecuar
la institución, con el fin de ofrecer espacios apropiados.
5.3. Respecto al estado de la rampa y su posible amenaza frente a los derechos
a la vida e integridad personal de los menores de edad, esta Corte cuenta con
la información que se extrae de los informes que se han efectuado hasta la
fecha y con las imágenes que fueron aportadas al expediente por las partes. En
concreto, las autoridades involucradas han emitido cinco conceptos sobre el
asunto, derivados de las visitas técnicas que han hecho al lugar.
El primero de ellos data del 19 de octubre de 2011 y lo realizó el
Consorcio Proeza M&R, en su calidad de Interventor
Técnico, Administrativo y Financiero de la construcción. En tal oportunidad
informó que aun cuando el asentamiento diferencial de la estructura creaba la impresión
de inestabilidad y posible colapso, lo cierto era que no existía ningún
problema estructural en ella. Como solución planteó arreglarla acudiendo a
medios mecánicos, hidráulicos y usando un sobrepiso resistente al desgaste[76].
*Fuente: Secretaría de
Educación de Santiago de Cali.
Si bien la solución parecía sencilla en los términos planteados,
los arreglos no fueron ejecutados de manera efectiva. Por esta razón, un
segundo informe se rindió por la Constructora Carpol Ltda., el 8 de mayo de
2015. Sus conclusiones coincidieron con el informe anterior en que la rampa no
tenía problemas de estabilidad ni resistencia, por lo que podía ser usada. Sin
embargo, en este caso el contratista fue enfático al indicar que los daños que
presentaba la estructura solo podían estar vinculados a un comportamiento del
suelo, lo que no era su responsabilidad toda vez que no participó en el diseño[77].
Debido a que a pesar del paso del tiempo no se reparaba la rampa,
cuyo estado parecía empeorar, Comfandi decidió adelantar un tercer informe a
través de su Coordinador de Proyectos de Infraestructura. En sus conclusiones,
entregadas el 1 de noviembre de 2016, señala que las fisuras de la obra
comprometían la estabilidad de esta por el asentamiento diferencial que
presentaba en sus soportes. Como medida a tomar, informó que era precisa una revisión por parte de un ingeniero de suelos y de un calculista, con el
fin de identificar los daños y las acciones a ejecutar debido a que Cali, según
la norma sismo resistente NSR-10, se ubica en una zona de amenaza sísmica alta
y cualquier movimiento podría ocasionar su colapso[78].
*Fuente: Secretaría de
Educación de Santiago de Cali
*Fuente: Secretaría de
Educación de Santiago de Cali
*Fuente: Secretaría de
Educación de Santiago de Cali
Con posterioridad al fallo de tutela emitido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cali, Valle del Cauca, a
través del cual no se accedió a las pretensiones del actor, Fonade contrató a
un especialista estructural que, el 15 de mayo de 2018, emitió un cuarto
informe. En este último, argumenta que el deterioro por
asentamientos que presenta la rampa indica que su cimentación no tiene la
capacidad suficiente para darle soporte. Conceptuó entonces que la posible
solución al inconveniente es tomar medidas para mejorar su estructura de apoyo
y, con el fin de preservar el suelo de la acción del agua, trasladar el cárcamo
existente a una distancia que permita que su operación no lo deteriore. También
propuso retirar los elementos que vinculan la rampa con el bloque 4, para no
afectarlo[79].
*Fuente: Secretaría de
Educación de Santiago de Cali
Un quinto informe fue el presentado por la Secretaría de Educación
de Santiago de Cali el 28 de septiembre de 2018, que se pronunció a través de
dos ingenieros civiles, especialistas en estructuras, pavimentos y geotecnia.
En él se dio cuenta, nuevamente, de las fallas aludidas. En lo que tiene que
ver con las causas de los daños, se informó que posiblemente se debían a
factores geotécnicos. Ello porque los asentamientos
diferenciales pudieron ser provocados por los cambios de humedad en el suelo.
No obstante, concluyó que estas causas eran una posibilidad, pero que sobre tal
situación no había certeza.
Frente a los
riesgos que presenta la construcción, adujeron que aun cuando no existe un
peligro de colapso total, podría producirse el desprendimiento de los elementos
que se han agrietado, lo cual podría afectar a los usuarios. Por esta razón
recomendaron verificar el estado de todos los tópicos, desde el suelo hasta el
sistema estructural utilizado. Solo después de este ejercicio, concluyeron, se
podrá reforzar la zona del edificio afectada, aplicando las recomendaciones
NSR-10, ya que la obra se construyó en 2008 con las NSR-98[80].
*Fuente: Secretaría de
Educación de Santiago de Cali
En conclusión, desde el año 2011 hasta la actualidad todos los
informes han coincidido en que la rampa presenta fallas, pero difieren en la
amenaza que las mismas representan. Los primeros, afirmaban que era posible
usarla, pues esta, a pesar de generar una impresión inestable, no tenía
problemas en su estructura. Por su parte, los ingenieros que prestaron su
concepto a la Secretaría de Educación aseveraron que no hay riesgo de colapso
total en la actualidad, pero admitieron que es probable el desprendimiento de
algunos elementos que podrían afectar a los usuarios (lo que ya ha ocurrido
según lo informado por Comfandi a la Secretaría de Educación de Santiago de
Cali en marzo de 2016. Véase
comunicación m del recuadro superior). Desde otra
perspectiva, en el informe de Comfandi, del 1 de noviembre de 2016, como se ha
visto, el Coordinador de Proyectos de Infraestructura adujo que el municipio de
Cali se encontraba en una zona de alta amenaza sísmica por lo que el colapso de
la estructura podría acaecer ante cualquier movimiento.
Para la Sala, entonces, subsisten dudas frente
a las posibilidades de colapso total o parcial de la estructura y la forma en
que la construcción respondería a un eventual movimiento telúrico. De allí que
sea importante mantener, en todo caso, las medidas que hasta el momento han
sido tomadas por las autoridades del colegio y de Comfandi, representadas en el
cerramiento de la zona a fin de hacerla impenetrable. Pero, debe resaltarse que
la anterior medida solo puede tener la característica de transitoria pues deben
hacerse efectivas las adecuaciones del lugar, en orden a lograr el
reforzamiento de la rampa de manera que permita plena seguridad en su uso. Todo
ello en virtud del principio de precaución[81].
Lo anterior porque el
riesgo contra la vida e integridad personal de los estudiantes, entendido como
la posibilidad de que se produzca un daño concreto a futuro, existe -aun cuando
se presente en mayor o menor grado-. Por tanto, no puede el Estado postergar la
adopción de medidas eficaces dirigidas a prestar un servicio educativo de calidad
pues al hacerlo atenta contra la dignidad de quienes asisten a la institución
afectada.
5.4. De otra parte, considera la Sala que el derecho a la educación de
los menores de edad que asisten a la institución en comento se limitó, también,
por el traslado, extendido en el tiempo, de algunos de ellos a las aulas de
audiovisuales, teatro, danzas y al laboratorio de física. Decisión derivada del
estado de la rampa.
En efecto, buscando salvaguardar los derechos a la vida e
integridad personal de los menores de edad, se decidió, por parte de las
directivas del colegio, dejar de usar la estructura afectada. Empero, tal
determinación se hizo extensiva también a las 4 aulas que se encuentran
vinculadas a la rampa en el bloque 4 y que podrían albergar 160 estudiantes -40
por cada salón-, esto es, el 10,95 % de los educandos que hoy asisten a la
institución.
Sobre esta particular circunstancia, informó la Jefe Jurídica de
Comfandi, en su contestación al auto de pruebas del 5 de septiembre del
presente año que, aunque en las aulas alternas se les presta instrucción a esos
160 estudiantes, estos no son espacios adecuados debido a los inconvenientes
relacionados con la acústica y con la luminosidad que presentan. Al tiempo que ello
impide disponer de la totalidad de los espacios del colegio para que los demás
alumnos reciban formación en las áreas de audiovisuales, teatro, danzas y física
-para lo cual fueron construidos -.
Encuentra la Sala que al accionante le asiste razón cuando
manifiesta que la prestación del servicio educativo, en las circunstancias
actuales, no satisface la formación de los menores de edad por las mencionadas
limitaciones. Lo que se agrava con el hecho de que aun en la actualidad, después
de transcurridos más de ocho años desde la fecha en que se entregó la obra, las
recomendaciones del cierre relacionado sigan vigentes.
5.5. Sobre este último hecho, la Corte condena la dilación
injustificada en la realización de los estudios recomendados en cada informe,
desde el primero hasta el último, que hubiesen, en un tiempo razonable, arrojado
conclusiones precisas en relación con la solución de los problemas presentados.
Lo que se observa es que de manera inexplicable todas las
entidades involucradas se limitaron a plantear sus discrepancias en relación
con la que sería la responsable por el arreglo de la estructura. La
Constructora Carpol Ltda., manifestó no serlo porque los daños tenían origen en
las deficiencias de los diseños. Fonade adujo, en su contestación, que
correspondía al contratista prever y manifestarse en el desarrollo de la obra
sobre todo lo que de alguna forma dificultara la construcción, no después de
concluido el trabajo. La Secretaría de Educación de la Alcaldía de Cali, a
pesar de ser la propietaria de la infraestructura educativa, siempre estuvo al
margen. Todo su actuar se limitó, en estos años, a comunicar a Fonade y a las
demás entidades los daños presentados en la rampa, solicitando su intervención urgente.
Mientras transcurrían esas disputas que aparentemente nunca se
llevaron a instancias judiciales, sino que fueron planteadas a través de
oficios interadministrativos, los menores de edad seguían disponiendo de un
servicio educativo limitado y las consecuencias gravosas de esa espera siempre
recayeron en ellos.
La referida discusión debió ser resuelta a través de la
concertación entre las distintas entidades involucradas o incluso, haciendo uso
de las vías judiciales apropiadas para esa finalidad. Resulta inaceptable que,
mientras se llegaba a un acuerdo sobre el particular, continuara la vulneración
de los derechos fundamentales de los menores de edad de manera indefinida.
5.6. En consecuencia, la Sala encuentra que los derechos a la vida e
integridad personal de los menores de edad que asisten a la Institución
Educativa Nelson Garcés Vernaza han sido puestos en riesgo por parte de las
entidades accionadas que, teniendo el deber de reparar la rampa perteneciente a
la infraestructura educativa, guardaron total inacción durante más de siete
años. Por la misma causa, se vulneró tanto el derecho a la educación de los
estudiantes reubicados en espacios no adecuados como el de los demás alumnos, a
quienes se privó del uso de las áreas de audiovisuales, teatro, danzas y
física.
5.7. Verificada la vulneración de las
garantías iusfundamentales, procede la Sala a emitir la decisión de
rigor. Así, en virtud de que ninguno de los informes presentados indica la
inviabilidad del reforzamiento estructural de la rampa como solución
definitiva, esta Corte ordenará a la Secretaría de Educación de Santiago de
Cali que, en el término de los quince (15) días hábiles siguientes a la
notificación de esta providencia, realice las gestiones necesarias para la
contratación del estudio de vulnerabilidad, recomendado por el ingeniero
experto en estructuras en su informe del 28 de septiembre de 2018, a fin de que
a partir de este sea determinada la forma en que debe llevarse a cabo la
adecuación de la rampa y del edificio contiguo.
Una vez se obtengan los resultados del estudio, la misma entidad
deberá, en el término de los quince (15) días hábiles siguientes, iniciar las
acciones conducentes a procurar la contratación, bajo la modalidad que indique
la ley, del reforzamiento de la estructura en aras de que ella pueda ser usada
de nuevo sin que perviva la situación de riesgo sobre la vida e integridad
personal de los alumnos.
Esta decisión no implica que la Corte esté asumiendo que la Secretaría
de Educación de Cali es la responsable patrimonial por los daños que presenta
la estructura en términos contractuales, pues ese tópico escapa al problema
jurídico del presente asunto como ya ha sido manifestado. La orden adoptada
encuentra fundamento en que no es posible dejar que transcurra el tiempo sin
presentar soluciones concretas al estado de indefensión en que se hallan los
menores de edad y en que el colegio es propiedad del municipio de Cali.
En efecto, aunque corresponde a la realidad el hecho de que la
Secretaría de Educación de Santiago de Cali no construyó la obra, ni la
estructuró y tampoco elaboró sus diseños, lo cierto es que la infraestructura educativa
es de su propiedad, como se desprende de su manifestación hecha el 20 de noviembre de 2017[82] y una de sus funciones primordiales, en
asocio con la Subsecretaría de Planeación Sectorial, es la de planear y
ejecutar proyectos para la construcción, adecuación y/o mejoramiento de la
infraestructura educativa del municipio[83].
Municipio que, de conformidad con el artículo 311 de la Constitución Política,
debe “(…) prestar los servicios públicos que determine la ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la
Constitución y las leyes”.
En cualquier caso, si obtenidos los resultados del estudio de
vulnerabilidad indicado, la Secretaría de Educación encuentra elementos
probatorios suficientes para concluir que los daños de la infraestructura son
imputables a otra entidad, deberá iniciar las acciones jurídicas que tenga a su
disposición en aras de conseguir la devolución de los recursos que deba emplear
para cumplir las órdenes que aquí se emiten.
5.8. En síntesis, esta Sala encuentra que los
derechos fundamentales de los menores de edad fueron amenazados en vista de que
una de las rampas que hace parte de la infraestructura de la Institución
Educativa Nelson Garcés Vernaza, ofrecía riesgo para su integridad física. Al
mismo tiempo se advierte una limitación de su derecho a la educación por la
imposibilidad de disponer de todos los espacios que fueron construidos en el
colegio, situación agravada por la inacción (por más de siete años) de las
entidades involucradas como parte pasiva en la presente controversia. Por esto,
se procederá a revocar la sentencia proferida el 24 de noviembre de
2017 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cali,
Valle del Cauca, para, en su lugar, tutelar los derechos fundamentales y
ordenar (i) la realización de un estudio de vulnerabilidad que permita
identificar la forma en que debe reforzarse la estructura y (ii) la respectiva
adecuación de la misma.
III. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR la
suspensión de términos decretada para decidir el presente asunto.
Segundo.- REVOCAR la sentencia proferida
el 24 de noviembre de 2017 por el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Cali, Valle del Cauca,
que negó la acción de tutela formulada por el señor
Eduardo Garcés Mendoza, en representación de los menores de edad
vinculados a la Institución Educativa Nelson Garcés Vernaza,  contra la Alcaldía de Santiago de Cali y su Secretaría de Educación, el Fondo
Financiero de Proyectos de Desarrollo –FONADE– y la Constructora Carpol Ltda.
En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la vida,
la integridad personal y la educación, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
Tercero.- ORDENAR a la Secretaría de Educación
de Santiago de Cali que, en el término de los quince (15) días hábiles
siguientes a la notificación de esta providencia, REALICE las gestiones
necesarias para la contratación del estudio de vulnerabilidad, recomendado por
el ingeniero experto en estructuras en su informe del 28 de septiembre de 2018,
a fin de que a partir de este sea determinada la forma en que debe llevarse a
cabo la adecuación de la rampa y del edificio contiguo.
Cuarto.- ORDENAR a la Secretaría de Educación de
Santiago de Cali que, una vez obtenidos los resultados del estudio antedicho,
deberá, en el término de los quince (15) días hábiles siguientes, INICIAR
las acciones conducentes a procurar la contratación, bajo la modalidad que
indique la ley, del reforzamiento de la estructura en aras de que ella pueda
ser usada de nuevo sin que perviva la situación de riesgo sobre la vida e
integridad personal de los alumnos.
Quinto.-
Por
Secretaría General de esta Corporación, LÍBRENSE las comunicaciones de
que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese y cúmplase.
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Ponente
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Cuaderno principal del proceso de tutela, folios 99-100.
[2] Cuaderno principal del proceso de tutela, folio 93.
[3] Cuaderno principal del proceso de tutela, folios 101-102.
[4] Cuaderno principal del proceso de tutela, folio 1.
[5] Cuaderno principal del proceso de tutela, folio 29-33. No se
especificó con precisión en qué fecha fue adelantada la visita técnica.
[6] Cuaderno principal del proceso de tutela, folios 94-95.
[7] Cuaderno principal del proceso de tutela, folios 34-42.
[8] Cuaderno principal del proceso de tutela, folios 43-52.
[9] Cuaderno principal del proceso de tutela, folios 53-54.
[10] Cuaderno principal del proceso de tutela, folios 57 – 58.
[11] Cuaderno principal del proceso de tutela, folios 60 – 63.
[12] Cuaderno de revisión de tutela, folio 46-48.
[13] Cuaderno de revisión de tutela, folio 46-48.
[14] Cuaderno de revisión de tutela, folio 46-48.
[15] Cuaderno de revisión de tutela, folio 46-48.
[16] Cuaderno de revisión de tutela, folio 46-48.
[17] Cuaderno principal del expediente de tutela, folios 19 – 24.
[18] Cuaderno principal del expediente de tutela, folios 13-18.
[19] Cuaderno principal del expediente de tutela, folio 10.
[20] Cuaderno principal del expediente de tutela, folio 87 – 90.
[21] Cuaderno principal del expediente de tutela, folios 91 y 92
[22] De este dicho, no aportó prueba.
[23] Cuaderno principal del expediente de tutela, folios 96-98.
[24] Cuaderno principal del expediente de tutela, folios 112 y 113.
[25] Cuaderno de revisión de tutela, folios 20-42.
[26] Cuaderno de revisión de tutela, folios 43-116.
[27] Cuaderno de revisión de tutela, folios 117-150.
[28] Inciso 1° del artículo 86 Superior.
[29] Inciso 5º del artículo 86 Superior.
[30] Inciso 3º del artículo 86 Superior.
[31] Decreto 2591 de 1991, artículo 10. Legitimidad e interés: “La
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos. // También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de
los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. // También podrá
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.
[32] Así lo ha reconocido esta Corporación en reiterada
jurisprudencia. Al efecto, revisar, entre
muchas otras, las Sentencias T-569 de 2005, T-693 de 2004, T-061 de 2004, T-863 de 2003, T-1135 de
2001, T-452 de 2001 y T-236 de 2000.
[33] Establece el Inciso 2° del mencionado artículo: “La familia, la
sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus
derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su
cumplimiento y la sanción de los infractores”.
[34] En la Sentencia T-120 de 2009, esta Corte se
pronunció sobre el particular en el siguiente sentido: “cuando se agencian
los derechos fundamentales de menores de edad, la Constitución impone
objetivamente la necesidad de su defensa, y por tanto no interesa realmente una
especial calificación del sujeto que promueve la solicitud de amparo. En esta
medida, no es forzosa la manifestación acerca de que el afectado no se
encuentra en condiciones de promover su propia defensa, pues ello puede ser
obvio tratándose de niños”.
[35] Artículos 86 Superior y 5º del Decreto 2591 de
1991.
[36] Numeral 9° del artículo 42 del Decreto 2591 de
1991.
[37] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia
T-1236 de 2000.
[38] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-1028
de 2010.
[39] El amparo que
brinde la acción de tutela en este último escenario será transitorio. Allí,
aunque se reconoce la idoneidad del medio de defensa principal, su uso no
impide la inminencia y gravedad de un daño próximo a ocurrir, motivo por el cual
el juez de tutela debe adoptar medidas urgentes e impostergables para
superarlo, mientras la persona acude al proceso judicial definido en la ley.
[40] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 2013.
[41] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-471 de 2014.
[42] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-185
de 2016.
[43] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-200 de 2014.
[44] Esto de conformidad con el inciso 1° del artículo 3° de la Convención de los Derechos del Niño, así como el artículo 44 de la
Constitución Política.
[45] Art. 50 Ley 80 de 1993. Las entidades responderán por las
actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean
imputables y que causen perjuicios a sus contratistas. En tales casos
deberán indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación
de la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por el
contratista.
[46] Art. 52 Ley 80 de 1993.  Los contratistas responderán civil y
penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los
términos de la ley. // Los consorcios y uniones temporales responderán por las
acciones y omisiones de sus integrantes, en los términos del artículo 7º de
esta ley.
[47] Cfr. Corte Constitucional, Sentencias SU-1116 de 2001, T-219 de 2004, T-135 de 2008 y T-661 de 2012.
[48] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-743 de 2013.
[49] Ibídem.
[50] Véanse, por ejemplo, Corte Constitucional, sentencias T-324 de 1994,
T-263 de 2007, T-546 de 2013 y T-129 de 2016.
[51] Sobre esto, la Sentencia T-805 de 2007,
apuntó “(i) que la edad
señalada en el artículo 67 de la Constitución, interpretado a la luz del
artículo 44 ibídem, es sólo un criterio establecido por el constituyente para
delimitar una cierta población objeto de un interés especial por parte del
Estado; (ii) que el umbral de 15 años previsto en
la disposición aludida corresponde solamente a la edad en la que normalmente
los estudiantes culminan el noveno grado de educación básica, pero no es un
criterio que restrinja el derecho a la educación de los menores de edad, pues
de afirmar lo contrario, se excluirían injustificadamente del sistema educativo
menores que por algún percance –de salud, de tipo económico, etc. – no pudieron
terminar su educación básica al cumplir dicha edad, y (iii) que las edades fijadas en la norma
aludida no puede tomarse como criterios excluyentes sino inclusivos”.
[52] Cfr. Corte Constitucional, Sentencias
T-533 de 2009 y T-306 de 2011.
[53] Entre otras, revísese la Sentencia T-533 de 2009.
[54] Entre otras, las Sentencias T-139 de 2013, SU-1149
de 2000, T-294 de 2009 y T-659 de 2010.
[55] Observación General No. 13, párrafo 47.
[56] Tomasevski, Katarina. Human
Rights obligations: making education available, accesible, acceptable and
adaptable. Swesdish International
Development Cooperation Agency. Recuperado de: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Argentina/lpp/20100426090811/11.pdf
[57] Artículo 3°, Ley 115 de 1994.
[58] Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia.
[59] Termes, A., Verger, A., Bonal, X. (6 de abril de 2017). Mitos y
asunciones de las escuelas chárter: un análisis de los colegios en concesión de
Bogotá. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/es/v38n141/1678-4626-es-es0101-73302017173097.pdf
[60] Observación General No. 13, párrafo 6, literal a.
[61] Educación para todos, el imperativo de la calidad. Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, UNESCO, 2004.
[62] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-743 de 2013.
[63] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-385 de 1995 (Sala
Cuarta de Revisión): En tal oportunidad, la Corte se percató de
la vulneración de los derechos fundamentales a la vida e integridad personal,
de que eran titulares los alumnos de una institución educativa ubicada en
Cartagena, en virtud del estado de deterioro y de las fallas en la estructura
de la planta física de una escuela. A esa conclusión arribó esta Corporación al
constatar que los accionados no cumplían con la función social que la
Constitución asignó a la educación porque la forma en que se prestaba el
servicio, ofendía la dignidad de 260 menores de edad y ponía en riesgo su salud
ante la amenaza de un inminente derrumbe. Así, de manera tajante afirmó que: “(…)
No se
puede educar a un grupo de niños “...en el respeto a los derechos humanos...”
(Art. 67 C.N.), cuando en el establecimiento donde se pretende impartirles esa
formación, brilla por su ausencia tal respeto”. En tal sentido, ordenó al
Alcalde de Cartagena adoptar medidas para garantizar la vida y salud de los
menores de edad.
[64] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia
T-636 de 2013 (Sala Primera de Revisión): En esa oportunidad se informó que 21
niños y niñas estaban en riesgo al recibir sus clases en una escuela cuyas
condiciones eran ruinosas, que contaba con paredes caídas, techos y baños
deteriorados y pupitres corroídos. Además de lo dicho, estaba ubicada en una
zona de alto riesgo de derrumbe. Para conjurar esta situación, se le ordenó a
la Gobernación del Cesar y a la Alcaldía de Pailitas, entregar una nueva sede
para la escuela y, entretanto, adecuar una sede transitoria donde los niños
pudiesen gozar de un espacio para tomar sus alimentos y recrearse.
[65] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia
T-500 de 2012 (Sala Sexta de Revisión): Allí esta Corte estudió el caso de
unos niños que acudían a una escuela construida con bahareque y tejas de zinc
que se encontraba en una montaña que amenazaba con un deslizamiento. También,
en la misma escuela, durante la ola invernal, las aguas lluvias y los
riachuelos se introducían en los salones de clase. Al lado de la construcción
se encontraba una zanja que transportaba aguas negras y producía olores
fétidos. La Corte amparó el derecho tras considerar que los accionados debieron
adelantar las gestiones para conjurar la situación planteada y así buscar una
apropiada reubicación del plantel, a un lugar donde los niños –sujetos de
especial protección constitucional–, pudiesen formarse sin soportar riesgos
contra su vida e integridad. Ordenó que, en el término de 6 meses, se
dispusiera de un predio en el que tendrían que ser construidas aulas
ambientales 1 año después.
[66] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-329 de 2010 (Sala
Quinta de Revisión): Esta Corporación estudio un caso en el que
25 niños, con edades entre los 5 y 12 años, recibían clase en una caseta hecha
de madera en el Municipio de Suaza, Huila. Las autoridades administrativas
informaron que era imposible invertir recursos en su mejora porque estaba
ubicada en una reserva forestal. Mientras el juzgado de instancia declaró que
no existía vulneración al derecho a la educación porque, en todo caso, los
menores de edad estaban recibiendo clase, la Sala Quinta de Revisión tuteló el
derecho fundamental a la educación en condiciones dignas ordenando armonizar el
derecho a la educación y el respeto debido al medio ambiente, para lo cual, los
entes accionados debían adelantar las gestiones pertinentes para proporcionar a
los menores un lugar adecuado para el estudio, con las respectivas dotaciones y
con personal docente.
[67] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia
T-404 de 2011 (Sala Cuarta de Revisión): En esa ocasión la Corte evaluó la
posible afectación del derecho a la educación de 1450 estudiantes
pertenecientes a una institución educativa. El hecho vulnerador respondía al
estado en que se encontraban las instalaciones de esta última y que, en
resumen, eran las siguientes: (i) el área del Colegio era insuficiente y por
ello los alumnos se encontraban en condiciones de hacinamiento (ii) algunas
aulas son casas de habitación que no cumplen con las condiciones mínimas de
iluminación (iii) los salones tenían pisos sin terminar, paredes sin acabado y
sin ventanas, y (iv) no tenía insuficientes unidades sanitarias, entre otras
particularidades. Consideró la Corte que, las autoridades demandadas debían
garantizar el cubrimiento del servicio educativo adaptando la infraestructura a
las necesidades de los menores.
[68] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-104 de 2012 (Sala Sexta de Revisión): En esa oportunidad, la madre de un menor de 2
años, beneficiario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Matanza,
Santander, aseguró que las instalaciones del hogar infantil en el que este se encontraba
aquel tenía las siguientes particularidades: (i) no contaba con un pozo séptico
ni con cañerías adecuadas, (ii) no contaba con un espacio para los juegos
infantiles, (iii) los tejados presentaban goteras, (iv) no se contaba con un
purificador de agua para poder tomarla directamente de la llave, y (v) al lado
existían cierta cantidad de antenas que, por la emisión de sus ondas
electromagnéticas, podían afectar la salud de los menores. De todas las
sentencias que sobre la materia se han emitido por esta Corporación en términos
de infraestructura educativa adecuada, esta es la que quizá con mayor
precisión define qué debe entenderse por tal. La parte dogmática empieza por
censurar que se niegue a un menor de edad el derecho a la educación, por las
condiciones no aptas del lugar de estudio. Luego vincula la finalidad de la
formación educativa a la necesidad de contar con un instituto digno, asegurando
que no es posible lograr lo primero prescindiendo de lo segundo. Como las
mismas autoridades habían admitido las condiciones precarias en que se
encontraba la institución, consideró que la misma debía adecuarse y por tanto
ordenó la realización de los trabajos conducentes para tal fin.
[69] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia
T-759 de 2015 (Sala Octava de Revisión): En esa oportunidad el accionante alertó
sobre el posible desconocimiento de los derechos fundamentales de su hija y 75
niños más que, siendo desalojados de una institución educativa que se
encontraba deteriorada, fueron reubicados en una vivienda temporalmente. Los
arreglos en la institución educativa demoraron a tal punto que dos años después
del desalojo, no habían sido adelantados. Allí la Corte reiteró que es preciso
eliminar todos los obstáculos que presente el sistema educativo –entre ellos, los
obstáculos relacionados con la infraestructura–. A partir de allí reprochó la
demora de la administración en la ejecución del proyecto que permitiera las
adecuaciones reparaciones y complementos que requería el colegio al que los
menores asistían originalmente. Máxime cuando el centro educativo provisional
no contaba con las condiciones mínimas, en términos de espacio, para brindar un
adecuado servicio.
[70] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-404 de 2011.
[71] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-385 de 1995.
[72] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-500 de 2012.
[73] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-636 de 2013.
[74] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-329 de 2010.
[75] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-104 de 2012.
[76] Cuaderno principal del proceso de tutela, folios 94-95.
[77] Cuaderno de revisión de tutela, folio 46-48.
[78] Cuaderno principal del proceso de tutela, folios 13-18.
[79] Cuaderno de revisión de tutela, folios 43-116.
[80] Cuaderno de revisión de tutela, folios 117-150.
[81] El principio de precaución ha sido tomado del derecho
ambiental. Su enunciación se encuentra en el numeral 6° del artículo 1° de la
Ley 99 de 1993. Allí se estableció que: “(…) las
autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de
precaución conforme al cual, cuando exista peligro de un daño grave e
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como
razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la
degradación del medio ambiente”. En la Sentencia T-1002 de 2010, la Corte apeló a
este principio para decir que la falta de certeza sobre la inminencia del
colapso de un edificio no podía usarse para postergar la adopción de medidas
tendientes a reforzar su estructura.
[82] Cuaderno principal del proceso de tutela, folios 112 y 113.
[83] Estas funciones son extraídas de la página web de la Secretaría
de Educación de Santiago de Cali: http://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/117129/sobre_educacion/