T-421-17
Sentencia T-421/17
LEGITIMACION POR
ACTIVA EN TUTELA-No establece diferencia entre persona nacional o
extranjera
DERECHO A LA
NACIONALIDAD-Instrumentos internacionales
NACIONALIDAD-Contenido y alcance/NACIONALIDAD-Dimensiones
En Colombia, la nacionalidad se constituye como derecho
fundamental reconocido en el artículo 96 de la Constitución Política,
precitado. Sobre este asunto, la Corte Constitucional
se ha pronunciado en diferentes ocasiones. En las sentencias C-893 de 2009,
C-622 de 2013 y C-451 de 2015 se recordó que la nacionalidad es el
vínculo legal, o político-jurídico, que une al Estado con un individuo y se
erige como un verdadero derecho fundamental en tres dimensiones: i) el derecho
a adquirir una nacionalidad; ii) el derecho a no ser privado de ella; y iii) el
derecho a cambiarla. En tal sentido, la SU-696 de 2015 concluyó que “el hecho
de ser reconocido como nacional permite, además, que el individuo adquiera y
ejerza los derechos y responsabilidades inherentes a la pertenencia a una
comunidad política”.
REGISTRO DE
NACIMIENTOS OCURRIDOS EN EL EXTRANJERO
REGISTRO
EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO-Reglamentado en Decreto 2188 de 2001
REGISTRO
EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO-Trámite
DERECHO
A LA PERSONALIDAD JURIDICA-Contenido y alcance
ESTADO CIVIL COMO
ATRIBUTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA-Concepto y finalidad
REGISTRO CIVIL-Importancia
MIGRANTES Y
REFUGIADOS-Concepto
Los
extranjeros presentes en un Estado pueden ser de diferentes tipos: migrantes o
refugiados. De acuerdo con la ACNUR, los primeros son aquellos que “eligen
trasladarse no a causa de una amenaza directa de persecución o muerte, sino
principalmente para mejorar sus vidas al encontrar trabajo o educación, por
reunificación familiar, o por otras razones. A diferencia de los refugiados,
quienes no pueden volver a su país, los migrantes continúan recibiendo la
protección de su gobierno”. Los segundos son “personas que huyen de conflictos
armados o persecución. Con frecuencia, su situación es tan peligrosa e
intolerable que deben cruzar fronteras internacionales para buscar seguridad en
los países cercanos y, entonces, convertirse en ‘refugiados’ reconocidos
internacionalmente, con acceso a la asistencia de los Estados, el ACNUR y otras
organizaciones. Son reconocidos como tal, precisamente porque es muy peligroso
para ellos volver su país y necesitan asilo en algún otro lugar”.
REFUGIADOS
DE FACTO O DE HECHO-Alcance
MIGRANTES Y
REFUGIADOS-Derechos y prestaciones en condiciones de igualdad
MIGRANTES Y
REFUGIADOS-Garantías especiales fijadas principalmente por el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos
DERECHOS DE LOS
EXTRANJEROS EN COLOMBIA-Alcance
La Corte reitera las
reglas jurisprudenciales en las que se establece que los extranjeros: (i) deben
ser tratados en condiciones de igualdad respecto de los nacionales colombianos;
(ii) tienen la obligación de cumplir la Constitución Política y las leyes establecidas
para todos los residentes en Colombia; (iii) tienen derecho a recibir un mínimo
de atención por parte del Estado en casos de urgencia con el fin de atender sus
necesidades básicas, especialmente las relacionadas con asuntos de salud.
AFILIACION DE
EXTRANJEROS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Requisitos
PREVALENCIA DEL
DERECHO SUSTANCIAL Y PROSCRIPCION DEL EXCESO RITUAL EN ACTUACIONES DEL ESTADO
DERECHO
A LA NACIONALIDAD Y A LA PERSONALIDAD JURIDICA DE EXTRANJERO-Vulneración
por cuanto se incurrió en exceso ritual manifiesto por no haberle permitido al
accionante acreditar su nacimiento a través de dos testigos, tal y como lo
permite la normativa
DERECHO
A LA NACIONALIDAD Y A LA PERSONALIDAD JURIDICA DE EXTRANJERO-Orden
a Registraduría garantizar a accionante
la oportunidad de acreditar nacimiento a través de dos testigos, en el marco
del procedimiento de obtención de su registro de nacimiento extemporáneo
Referencia: Expediente T-6.044.788
Acción
de tutela interpuesta por Miguel Ángel Bula contra la Registraduría Distrital
de Barranquilla. Fue vinculado el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia.
Magistrado
Ponente (e.):
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio dos mil diecisiete (2017)
La
Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Cristina Pardo Schlesinger, Alberto Rojas Ríos e Iván Humberto
Escrucería Mayolo (e), quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión del fallo dictado en única instancia por el Juzgado 19
Penal Municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla, en la
acción de tutela instaurada por Miguel Ángel Bula Brochero en contra de la Registraduría
Distrital de Barranquilla.
I. ANTECEDENTES
El señor Miguel Ángel Bula Brochero promovió acción de
tutela, con apoyo de la Personería Distrital de Barranquilla, en contra de
la Registraduría Distrital de Barranquilla, por estimar vulnerados
los derechos fundamentales a la nacionalidad, personalidad jurídica, dignidad
humana y salud. Para sustentar la solicitud de amparo relata los siguientes:
1.
Hechos relevantes[1]
1.1.    Manifiesta
el accionante que vive actualmente en Barranquilla con su núcleo familiar.
Asimismo, indica que es venezolano pero que su padre es colombiano.
1.2.    Resalta
que en este momento no cuenta con acceso al sistema de seguridad social, porque
no le ha sido expedido el registro de nacimiento extemporáneo, que le
permitiría afiliarse a una empresa promotora de salud de carácter subsidiado.
1.3.    Precisa
que la Registraduría Distrital de Barranquilla se ha negado a elaborarle el
registro civil por no tener apostillados los documentos requeridos para
proceder con su solicitud.
1.4.    El
accionante indica que se le dificulta regresar a Venezuela para apostillar los
documentos y que, además, el vecino país no está realizando dicho
procedimiento.
1.5.    Enfatiza
que se le permita subsanar la carencia de los documentos apostillados con dos
testigos, tal y como lo permite el ordenamiento jurídico.
1.6.    Expone
que las omisiones en las que ha incurrido la entidad demandada, al no
permitirle realizar su registro de nacimiento extemporáneo, vulneran los
derechos a la nacionalidad, personalidad jurídica, dignidad humana y salud.
Ello lo sustenta en sentencias de esta Corporación que han definido los
conceptos de vida digna y salud.
1.7.    Con
base en lo anterior solicita que se conmine a la Registraduría a expedir su
registro de nacimiento extemporáneo con el fin de poder afiliarse al sistema de
salud.
2.  Trámite
procesal a partir de la acción de tutela.
2.1.
La Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura
del Atlántico dispuso mediante auto del 22 de septiembre de 2016 que el proceso
fuera remitido a los jueces municipales de Barranquilla, de acuerdo con las
reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000. El Juzgado 19 Penal Municipal de
Barranquilla, el 4 de octubre de 2016 expidió auto en el que admitió la acción
interpuesta y solicitó a la Registraduría Distrital de Barranquilla que enviara
su contestación, informando las razones por las cuales había negado la
expedición del registro civil del accionante.
2.2.
Respuesta de la Registraduría Distrital de Barranquilla.
2.2.1.  Afirma
Jeanethe Rodríguez Pérez, Jefe (e.) de la oficina jurídica de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, que el accionante solicitó la inscripción del
registro civil de nacimiento de forma extemporánea, conforme a lo dispuesto por
la Corte en la sentencia T-212 de 2013.
2.2.2.  Posteriormente
resalta que conforme al Decreto 1010 de 2000 la función de identificación de la
Registraduría reside en: (i) el Registrador Delegado para el Registro Civil y
de Identificación; y (ii) el Director Nacional de Identificación. Lo anterior,
añade, lo avaló el Consejo de Estado en sentencia del 28 de mayo de 2009,
mediante la cual precisó que la responsabilidad en la expedición y elaboración
de los documentos de identidad recae en el mencionado delegado.
2.2.3.  Sobre
la situación del accionante indica que el artículo 4º de la Ley 43 de 1993[2] establece
en cabeza del Presidente de la República la facultad de naturalizar a quien
solicite la nacionalidad colombiana. Asimismo, precisa que el artículo 96 de la
Constitución[3]
y el Acto Legislativo 01 de 2002[4],
regulan lo relativo a la obtención de la nacionalidad por nacimiento o por
adopción.
2.2.4.  Explica
que, para obtener la nacionalidad por adopción es necesario un documento
público expedido en el país extranjero, apostillado en el mismo Estado, conforme
a la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para
documentos públicos extranjeros de La Haya de 1961[5]. Ello
también, acorde a la Resolución 4300 del 24 de julio de 2012 proferida por el
Ministerio de Relaciones Exteriores[6],
que exige el acta de nacimiento y demás documentos librados por el país
extranjero debidamente apostillados.
2.2.5.  Según
refiere en su contestación, “(a)postillar es legalizar la firma del
funcionario público que firmó algún documento”[7], rubrica
que deberá “estar registrada en la base de datos del Ministerio de
Relaciones Exteriores”[8].
Tal procedimiento deberá ser realizado conforme a lo señalado en la Decreto
1260 de 1970, que en el artículo 50 precisa:
“Cuando
se pretenda registrar un nacimiento fuera del término prescrito, el interesado
deberá acreditarlo con documentos auténticos, o con copia de las actas de las
partidas parroquiales respecto de las personas bautizadas en el seno de la
Iglesia Católica o de las anotaciones de origen religioso correspondientes a
personas de otros credos, o en últimas, con fundamento en declaraciones
juramentadas, presentadas ante el funcionario encargado del registro, por dos
testigos hábiles que hayan presenciado el hecho o hayan tenido noticia directa
y fidedigna de él, expresando los datos indispensables para la inscripción, en
la forma establecida por el artículo 49 del presente Decreto. || Los documentos
acompañados a la solicitud de inscripción se archivarán en carpeta con
indicación del código de folio que respaldan”.
2.2.6.  Por
ello, colige la demandada que una vez el accionante cuente con los documentos
debidamente apostillados podrá registrarse en cualquiera de las oficinas
territoriales de la Registraduría.
2.2.7.  Asimismo,
aclara que no es aplicable el precedente de la sentencia T-212 de 2013,
relacionado con los problemas humanitarios derivados de la crisis de Venezuela,
ya que en esta sentencia y en la circular 121 de 2016 que le dio aplicación, “se
impartieron los lineamientos para facilitar la inscripción en el registro civil
de nacimiento de los menores de edad con derecho a la nacionalidad colombiana
(sic), y se autoriza excepcionalmente este procedimiento (…) frente a la
situación de menores de edad hijos de padres colombianos (sic) que no cuentan
con un Registro Civil de Nacimiento extranjero (venezolano) debidamente
apostillado”[9].
2.2.8.  Por
último, destacan que lo dicho en esta contestación fue informado por el Coordinador del Grupo Jurídico de la Dirección
Nacional del Registro Civil al accionante y a la Registraduría Nacional
mediante oficio del 7 de octubre de 2016.
2.3.
Sentencia de única instancia.
2.3.1.  El
Juzgado 19 Penal Municipal con funciones de control de garantías de
Barranquilla, mediante sentencia del 18 de octubre de 2016, declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por Miguel Ángel Bula.
2.3.2.  Entre
las razones expuestas se incluye que la acción de tutela, con base en el
artículo 86 de la Constitución, solo procede cuando no se disponga de otro
medio de defensa, concluyendo que “en materia de amparo judicial de los
derechos fundamentales hay una regla general: la acción de tutela es el último
mecanismo judicial para la defensa de esos derechos al que puede acudir el
afectado por su violación o amenaza sólo después de ejercer infructuosamente
todos los medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de los
mismos”[10].
2.3.3.  Adicionalmente, indica que “(l)a regulación normativa
de la nacionalidad compete a la legislación interna de cada Estado. Por ende,
las condiciones de su adquisición, ejercicio y pérdida son competencia del
Derecho Público Interno del Estado”[11], precisión que fundamenta con base en el artículo 96 de
la Constitución. En ese sentido, resalta que el accionante “no aporta
documento alguno con el que acredite haber adelantado ante la entidad accionada
el procedimiento tendiente a obtener el certificado de nacionalidad”[12],
así como tampoco ha remitido a la
Registraduría “el acta de nacimiento y demás documentos expedidos por la
autoridad extranjera, todos debidamente apostillados”[13].
2.3.4.  Ahora bien, el alegato sobre la dificultad de
trasladarse debe matizarse porque desde el 16 de julio de 2016 se habilitó el
ingreso por los puentes internacionales del Departamento Norte de Santander.
Igualmente, el juez recalca que “el hecho del cierre fronterizo por ciertas
horas, no implica que deban pretermitirse los trámites, pasos o procedimiento
administrativos previstos en la ley para la identificación del nacimiento de
hijo de colombiano en el extranjero”[14].
2.3.5.  En consecuencia, concluye: “advierte este Despacho
que ante la existencia de un requisito legal que debe cumplir el accionante
para acceder a su inscripción de nacimiento en el registro civil colombiano, y
así poder tener todos los derechos y obligaciones que conlleva ser colombiano
por nacimiento (sic), entre los cuales esta (sic) acceder al sistema de salud,
que se configura como una de las prioridades del accionante, torna en
improcedente el mecanismo constitucional de la tutela”[15].
3.
Pruebas que obran en el expediente.
En el proceso de única instancia obran
las siguientes pruebas documentales:
-  Copia de la cédula venezolana del accionante (Fl. 14,
Cuaderno 1).
-  Copia de la cédula de extranjería del señor Jairo Bula
Palacio (Fl. 15, Cuaderno 1).
-  Copia del registro civil de nacimiento de Miguel Ángel
Bula, expedido por la Registradora Civil Municipal del Municipio de Plaza,
Estado de Miranda, Venezuela (Fl. 16, Cuaderno 1).
-  Copia del registro civil de nacimiento del padre del
demandante, expedido por la Registraduría Distrital de Barranquilla, Colombia
(Fl. 17, Cuaderno 1).
-  Copia del oficio del 7 de octubre de 2016 suscrito por
el Coordinador del Grupo Jurídico de la Dirección Nacional del Registro Civil,
dirigido a Miguel Ángel Bula (Fls. 35-38).
-   Copia del correo electrónico del 7 de octubre de 2016
suscrito por el Coordinador del Grupo Jurídico de la Dirección Nacional del
Registro Civil, dirigido a la Registraduría Nacional del Estado Civil (Fls.
39-42).
4.
Actuaciones surtidas en Sede de Revisión.
4.1.
Mediante auto del 5 de mayo de 2017,
el Magistrado Sustanciador encontró necesario decretar la práctica de algunas
pruebas y vincular al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Esto,
con el objeto de contar con mayores elementos de juicio, para lo cual resolvió:
“PRIMERO. VINCULAR al Ministerio
de Relaciones Exteriores a la acción de tutela instaurada por Miguel Ángel
Bula, correspondiente al expediente T-6.044.788, que, dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes al recibo de la comunicación de este auto, deberá
pronunciarse sobre los hechos expuestos en la mencionada tutela. Asimismo, se
le solicitará a esta entidad que informe qué medidas se han tomado, en materia
de política pública, para atender: (i) la situación actual de los ciudadanos
venezolanos en Colombia; (ii) las solicitudes de nacionalización de
venezolanos, hijos de colombianos; y (iii) el acceso a servicios básicos, como
el de salud, para ciudadanos venezolanos. Para el efecto, acompañado del
presente auto, remítase copia del expediente.
SEGUNDO. ORDENAR a la Registraduría Distrital de Barranquilla
que, en el término de tres (3) días, informe si ha cambiado alguna situación en
relación con la solicitud del señor Miguel Ángel Bula Brochero.
TERCERO. ORDENAR al señor Miguel Ángel Bula Brochero que, en
el término de tres (3) días, informe: (i) sobre su situación actual, precisando
si ha logrado acceder a los servicios de salud o a los documentos apostillados
que le exige la Registraduría; y (ii) si ha desarrollado otras gestiones para
la obtención de la documentación y los servicios requeridos.
CUARTO. INVITAR a las
Universidades Externado, Rosario, Nacional, Andes y Javeriana a que, en el
término de diez (10) días, brinden concepto sobre el presente asunto,
especialmente en relación con: (i) la protección de los migrantes al interior
del Estado colombiano; (ii) el acceso a servicios públicos por parte de
ciudadanos extranjeros; (iii) los requisitos para acceder a la nacionalidad
colombiana, por parte de extranjeros hijos de colombianos; y (iv) el caso en
concreto”.
4.2.
Luis Hernando Mora Ríos, Director para el Desarrollo y la
Integración Fronteriza del Ministerio de Relaciones Exteriores, se
refirió a la competencia funcional que tiene dicha dependencia en relación con
el ingreso y permanencia de extranjeros en el país, resaltando el numeral 17
del artículo 4 del Decreto 869 de 2016[16].
Por ello, aclara que el Ministerio no se encuentra legitimado en la causa por
pasiva en el presente caso, al tratarse de un caso de nacionalidad por
nacimiento, cuya competencia recae en la Registraduría Nacional del Estado
Civil.
En relación con las
actividades que se han hecho en favor de la población venezolana en Colombia
precisó que la Comisión Intersectorial de Migración – CNIM[17] se
encuentra trabajando en diferentes mesas compuestas por entidades como
Migración Colombia, la Registraduría y los Ministerios de Trabajo, Educación y
Relaciones Exteriores. Adicionalmente, se “ha preparado e instrumentalizado
el Plan Apertura, el cual se concibe a través de 3 fases (Preapertura,
Transición y Estabilización)”[18].
En el marco de esta Comisión, y las mesas de trabajo que se han
desarrollado a través de esta, se han atendido 55 situaciones identificadas
como de mayor prioridad, adoptando 125 acciones gubernamentales.
Puntualizó la
Cancillería que, conforme a los artículos 96 de la Constitución[19] y 1° de la
Ley 43 de 1993[20],
la nacionalidad colombiana puede ser obtenida de dos formas: por nacimiento o
por adopción, precisando que en el caso sub-judice se trata de una
solicitud de nacionalidad por nacimiento.
Con respecto a los
trámites necesarios para obtener la nacionalidad, recuerda el Ministerio que el
numeral 22 del artículo 4° del Decreto 869 de 2016[21] circunscribe
la participación de esta entidad a “lo relacionado con el trámite de
adquisición de la nacionalidad colombiana por adopción y se sustraen de su
competencia los trámites relacionados con el reconocimiento de la nacionalidad
colombiana por nacimiento, objeto de la presente consulta”[22]. Por
ello, sus funciones no guardan relación con los hechos que presuntamente han
vulnerado los derechos a la nacionalidad, personalidad jurídica, igualdad,
dignidad humana y salud del accionante.
Asimismo, destaca que la Registraduría Nacional y el
Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco sus funciones
interinstitucionales, han promovido “alternativas para generar mecanismos y
procedimientos excepcionales para la expedición del Registro Civil”[23], razón por
la cual se expidieron las circulares 121 y 216 de 2016 que facilitan el
registro extemporáneo de menores de edad venezolanos, hijos de padres
colombianos, con el fin de facilitar la obtención de la nacionalidad por
adopción, vistas las dificultades que se están presentando en el vecino país.
4.3.
María Paula López Velásquez y Luisa Fernanda González Nieto,
coordinadoras de la Clínica Jurídica Grupo de Aplicación del Derecho
Internacional en Colombia de la Universidad del Rosario, resaltaron
que la protección de los migrantes tiene fundamento en el artículo 13 de la
Constitución[24]
que en su inciso primero proscribe cualquier discriminación basada en el origen
nacional; esto se fundamenta también en el artículo 2.1. del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos[25],
así como en precedentes de esta Corporación entre los que se destaca la
sentencia C-385 de 2000.
Ahora bien, en virtud
del artículo 100 de la Constitución[26]
se debe brindar el acceso a ciertos servicios públicos a los extranjeros, de
manera que se permita el goce de sus derechos fundamentales en el territorio
colombiano, asegurando el mínimo vital, atenciones básicas y las necesidades
más elementales, especialmente en casos de extrema urgencia.
En relación con los
requisitos para acceder a la nacionalidad colombiana por parte de un extranjero
hijo de colombianos, destacan las intervinientes que conforme a la Constitución
y la Ley 43 de 1993 deben agotar los trámites propios de la nacionalidad por
nacimiento ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.
En ese sentido, el
artículo 44 del Decreto 260 de 1970[27]
determina que en los registros no se discrimina entre quienes nacen: (i) en
territorio nacional; y (ii) en el extranjero siendo hijos de colombianos. Sin
embargo, tal inscripción debe hacerse dentro del mes siguiente al nacimiento
frente al registrador territorial competente o el cónsul nacional, cuando le
corresponda a este último[28]
de acuerdo con los artículos 46, 47 y 48 del Decreto mencionado.
En caso de inscripción
extemporánea de nacimiento el artículo 1° del Decreto 356 de 2017 ajusta el
trámite a seguir y los documentos que deben ser allegados, precisando en el
numeral 5[29]
de tal disposición que de no poder acreditarse los documentos exigidos, el
solicitante podrá enviar una solicitud por escrito y deberá acudir con 2
testigos que declaren bajo juramento haber presenciado, asistido o tenido
noticia directa o fidedigna del nacimiento.
En consecuencia, para
el caso concreto es claro que “existe otro mecanismo excepcional, que suple
el requisito de apostilla y del cual se debe beneficiar el señor Miguel Ángel
Bula en el proceso de acreditación de la nacionalidad por nacimiento”[30]. A
juicio de las intervinientes, negarle esta posibilidad al accionante “constituye
un obstáculo que violenta el derecho fundamental a (sic) la personalidad
jurídica y nacionalidad, así como la protección de otros derechos que se
derivan de estos tales como su acceso al servicio completo de salud”[31].
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.  Competencia.
Esta Sala es competente para examinar el fallo materia de
revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86º y 241º-9 de la
Constitución Política y 31º a 36º del Decreto 2591 de 1991.
2.  Planteamiento
del caso y problema jurídico.
El accionante Miguel Ángel Bula es un venezolano de 26 años de
padre colombiano que decidió trasladarse a Colombia a la ciudad de Barranquilla.
En el escrito de tutela relata que solicitó a la Registraduría Especial de esa
ciudad que realizara la expedición de su registro de nacimiento, puesto que
requiere tal documento para poder afiliarse a una EPS del régimen subsidiado.
Sin embargo, tal institución negó dicho requerimiento al encontrar que el
accionante no tiene apostillados los documentos que se le exigen para realizar
el trámite de nacionalidad por nacimiento.
Frente a lo anterior, el señor Bula expone que el gobierno de
Venezuela no se encuentra realizando el proceso de apostilla, razón por la que
continúa siendo un extranjero en Colombia y no ha podido acceder a la
nacionalidad, precisa el actor que con esto la Registraduría vulnera sus
derechos a la: (i) nacionalidad; (ii) personería jurídica; (iii) dignidad
humana; y (iv) salud.
En consecuencia, el problema jurídico a responder está dado
en determinar si ¿la Registraduría Distrital Especial de Barranquilla
desconoció los derechos fundamentales a la nacionalidad, personalidad jurídica,
dignidad humana y salud del señor Miguel Ángel Bula al negarle la expedición del
registro civil de nacimiento extemporáneo por no aportar los documentos
exigidos dentro del trámite debidamente apostillados por las autoridades
venezolanas?
Para resolver este cuestionamiento, la Corte considera
necesario referirse a cinco temas que se encuentran relacionados entre si: i) la
procedencia de la acción de tutela para amparar derechos de personas
extranjeras, en la medida que actualmente el accionante ostenta tal calidad; ii) la
nacionalidad y el registro civil del nacido en el exterior siendo hijo de padre
colombiano; iii) el registro civil de nacimiento y su
implicación con el derecho a la personalidad jurídica; iv) la protección
del extranjero en Colombia; y v) la prevalencia del derecho sustancial y
la proscripción del exceso ritual en las actuaciones del Estado. Finalmente, se
resolverá el caso sub-judice.
3.  Procedencia
de la acción de tutela para amparar derechos de personas extranjeras[32].
3.1.    La Constitución Política de 1991, en su artículo 86[33],
consagra que “toda persona” tiene la posibilidad de solicitar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales amenazados o vulnerados,
mediante el uso de la acción de tutela. Asimismo, el
artículo 10 del Decreto Estatutario 2591 de 1991[34]
establece que “cualquier persona” puede acudir al mecanismo de amparo
constitucional cuando se enfrente a las mismas circunstancias. En ese sentido, no se diferencia
entre la persona natural o jurídica, nacional o extranjera y, por tanto,
legitima a todo titular de un derecho fundamental amenazado o lesionado, para
solicitar el restablecimiento ante los jueces de la República.
Como se indicó en
sentencia T-1088 de 2012, el artículo 100 Superior otorga a los extranjeros “los
mismos derechos civiles” que se conceden a los nacionales. Es claro que los
extranjeros son titulares de este mecanismo de defensa, en armonía con lo
dispuesto en el artículo 13 de la Carta, según el cual a nadie se le puede discriminar
por razón de su “origen nacional”[35].
Lo anterior ha
sido reconocido por esta Corporación desde sus inicios, en particular, en las sentencias
T-380 de 1998 y T-269 de 2008, en las cuales la Corte Constitucional afirmó que
el artículo 86 de la Carta Política no diferencia si el accionante es nacional
o extranjero. Igualmente, en la T-314 de 2016 se indicó “que el amparo
constitucional no está sujeto al vínculo político que exista con el Estado
Colombiano, sino que se deriva del hecho de ser persona, con independencia de
las condiciones de nacionalidad, o ciudadanía”.
3.2.    Ahora
bien, el artículo 86 Superior también consagra que cuando se encuentre
amenazado un derecho fundamental, la acción de tutela procede como medio de
defensa judicial para su protección inmediata, respecto de cualquier acción u
omisión que provenga ya sea de una autoridad pública o de un particular[36].
No obstante, de manera previa el juez de tutela tiene la tarea de evaluar si es
procedente el amparo. Así, en caso de no disponer de un medio de defensa idóneo
la tutela será viable de manera definitiva, y en caso de que se busque prevenir
un perjuicio irremediable la acción procederá como mecanismo transitorio[37].
3.3.    Este
Tribunal ha considerado que la acción de tutela es procedente aún ante la
presencia de un mecanismo ordinario de defensa, cuando:
“(i)
Los medios ordinarios de defensa judicial no son suficientemente idóneos y
eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; (ii) aún
cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la
tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio
irremediable a los derechos fundamentales; y (iii) el accionante es un
sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad,
personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños
y niñas), y por lo tanto su situación requiere de particular consideración por
parte del juez de tutela”[38]
(Subrayado fuera del texto original).
3.4.    En
el primero de estos eventos debe observarse, a la hora de evaluar los medios
idóneos o eficaces, que el requisito de subsidiariedad está encaminado a
restringir el uso de la acción de tutela como mecanismo principal, en la medida
que el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Estatutario 2591 de 1991 dispone la
improcedencia cuando existan otros medios de defensa judicial, salvo que se
advierta la falta de eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentre el solicitante. En desarrollo de la norma citada, esta Corporación
decantó en la SU-377 de 2014 que la sola existencia de otro mecanismo
judicial no constituye una razón suficiente para declarar la improcedencia,
sino que el juez debe evaluar la posible eficacia de protección del
instrumento ordinario en las circunstancias específicas del caso examinado[39].
3.5.    En
segundo lugar, conviene precisar que la configuración de un perjuicio
irremediable debe ser analizada dependiendo de las circunstancias de cada caso
concreto; de manera análoga a como ocurre cuando existen otros mecanismos
judiciales de defensa. Se trata de una regla general que debe observarse de
forma particular, por cuanto, no todo daño se convierte en irreparable.
3.6.    Asimismo,
algunos grupos con características particulares pueden llegar a sufrir daños o
amenazas que aun cuando para la generalidad de la sociedad podrían no constituir
perjuicio irremediable, sí lo generan en ellos puesto que al encontrarse en
condiciones de vulnerabilidad pueden tener repercusiones de mayor trascendencia
que justifican un “tratamiento diferencial positivo”[40],
y que amplía a su vez el ámbito de los derechos fundamentales susceptibles de
protección por vía de tutela.
3.7.    En
consecuencia, revisar aspectos relacionados con la legitimación y
subsidiariedad resulta necesario para justificar la procedencia de la acción de
tutela. Igualmente, al juez le corresponde determinar las calidades y
situaciones particulares del sujeto accionante con el fin de esclarecer si cabe
en favor de este un tratamiento diferencial positivo. En razón de lo anterior,
los próximos acápites irán dirigidos a analizar la importancia de los derechos
a la nacionalidad y personalidad jurídica, así como las garantías particulares
de las que gozan los extranjeros en Colombia, teniendo en cuenta que la
presente decisión versa sobre un hijo de un colombiano que actualmente ostenta
la calidad de extranjero.
4.  La
nacionalidad y el registro civil del nacido en el exterior, siendo hijo de
padre colombiano[41].
4.1.
El derecho a la nacionalidad, en su concepción universal,
está contenido en varios instrumentos internacionales, entre los cuales cabe
resaltar el numeral 1° del artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y el artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[42]. Con base en estas disposiciones la Corte IDH, en el caso Yean
y Bosico contra la República Dominicana, concluyó que el derecho a la
nacionalidad es condición previa para el disfrute del resto de derechos y
beneficios que se otorgan a los nacionales de un país[43]. En
dicha decisión el organismo internacional condenó a República Dominicana al
considerar: “la situación de extrema vulnerabilidad en que el Estado colocó
a las niñas Yean y Bosico, en razón de la denegación de su derecho a la
nacionalidad por razones discriminatorias, así como la imposibilidad de recibir
protección del Estado y de acceder a los beneficios de que eran titulares”[44].
Sobre este punto, la Corte IDH se refirió también en la
Opinión Consultiva OC-4 de 1984, concluyó que “(l)a
nacionalidad, conforme se acepta mayoritariamente, debe ser considerada como un
estado natural del ser humano. Tal estado es no sólo el fundamento mismo de su
capacidad política sino también de parte de su capacidad civil”;
asimismo, que “en la reglamentación de la nacionalidad no sólo concurren
competencias de los Estados sino también las exigencias de la protección
integral de los derechos humanos”.
En relación con el artículo 20 de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH determinó en sentencia del 30
de mayo de 1999[45]
que el derecho a la nacionalidad abarca un doble aspecto: “dotar al
individuo de un mínimo de amparo jurídico en las relaciones internacionales, al
establecer a través de su nacionalidad su vinculación con un Estado
determinado; y el de protegerlo contra la privación de su nacionalidad en forma
arbitraria, porque de ese modo se le estaría privando de la totalidad de sus
derechos políticos y de aquellos derechos civiles que se sustentan en la
nacionalidad del individuo”.
La importancia brindada al vínculo jurídico-político que se
construye con un Estado[46]
no solo ha sido destacada por la Corte IDH sino también por la Corte
Internacional de Justicia que en Sentencia del Caso Nottebohm, del 6 de abril
de 1955, se refirió a la importancia que tiene el proceso de nacionalización
para quien habiendo sido ya reconocido por un primer Estado, busca convertirse
en natural de otro país. En dicha providencia la CIJ indicó que “(p)edir y
obtener [la naturalización] no es un acto corriente en la vida de un hombre.
Entraña para él ruptura de un vínculo de fidelidad y establecimiento de otro
vínculo de fidelidad. Lleva consigo consecuencias lejanas y un cambio profundo
en el destino del que la obtiene”, debido a la importancia que tal relación
representa en la vida de cualquier persona.
En ese sentido, los Estados desarrollan unas obligaciones con
sus nacionales que van más allá de su territorio y fronteras, por ello
“deben brindar las garantías para el ejercicio de sus derechos en el territorio
del Estado; defender sus nacionales, de acuerdo con el derecho internacional,
frente a terceros Estados; prestarles la asistencia consular de acuerdo con la
costumbre internacional, los tratados bilaterales y, a nivel multilateral, en
aplicación de las funciones consulares definidas en el artículo 5º, literales
e), g), h) e i) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares; asistir
y velar por los intereses de sus connacionales de acuerdo con las normas del
Estado receptor; representarlos en ciertos casos y actuar, si fuese preciso,
para que se les garantice el debido proceso ante los tribunales; etc. (…) A su
vez, la persona tiene el deber de respetar a la autoridades y el ordenamiento
jurídico vigente del Estado al cual pertenecen, sin perjuicio de observar tal
conducta en el lugar de su residencia, coadyuvar a la defensa de la soberanía
del Estado al cual pertenece y ser leales con el mismo”[47].
Finalmente, las diferentes decisiones del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos han permitido entrever que negar el derecho
a la nacionalidad implica la vulneración de otros derechos humanos como los
derechos del niño[48],
nombre[49],
educación[50],
salud[51],
propiedad privada[52],
igualdad[53]
y libertad de expresión[54].
4.2.
En Colombia, la nacionalidad se constituye como derecho
fundamental reconocido en el artículo 96 de la Constitución Política,
precitado. Sobre este asunto, la Corte Constitucional se ha
pronunciado en diferentes ocasiones. En las sentencias C-893 de 2009, C-622 de
2013 y C-451 de 2015 se recordó que la nacionalidad es el vínculo legal,
o político-jurídico, que une al Estado con un individuo y se erige como un
verdadero derecho fundamental[55] en tres dimensiones:
i) el derecho a adquirir una nacionalidad; ii) el derecho a no ser privado de
ella; y iii) el derecho a cambiarla. En tal sentido, la SU-696 de 2015 concluyó
que “el hecho de ser reconocido como nacional permite, además, que el
individuo adquiera y ejerza los derechos y responsabilidades inherentes a la
pertenencia a una comunidad política”.
4.3.
En materia legislativa, el artículo 96 Superior fue
desarrollado mediante la Ley 43 de 1993, en la que se establecieron las normas
relativas a la adquisición, renuncia, pérdida y recuperación de la nacionalidad
colombiana. Concretamente respecto de los hijos de padres colombianos nacidos
en el exterior, previó en su artículo 2º que “la nacionalidad colombiana del
padre o de la madre se define a la luz del principio de la doble nacionalidad
según el cual, ‘la calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de
adquirir otra nacionalidad’”.
4.4.
Para materializar esa forma de adquisición de la nacionalidad
se requiere un reconocimiento por parte del Estado, que se formaliza mediante la
anotación de la información de la persona en el registro civil, según prevé el
artículo 1º del Decreto 1260 de 1970[56],
y del trámite o procedimiento de inscripción regulado en el artículo 47 de la
misma norma que precisa que: “Los nacimientos ocurridos en el extranjero o
durante viaje cuyo término sea lugar extranjero, se inscribirán en el
competente consulado colombiano, y en defecto de éste, en la forma y del modo
prescritos por la legislación del respectivo país”. También, el artículo 48
del mencionado Decreto indica que tal inscripción debe realizarse dentro del
mes siguiente al nacimiento.
Dicho registro civil de nacimiento tiene una especial
importancia que ha sido reconocida por esta Corporación,
ya que es indispensable para que opere el reconocimiento estatal a la
personalidad jurídica de todo ser humano y es, adicionalmente, la forma idónea
para asegurar el ejercicio continuo y libre de muchos otros derechos. Por ello,
la sentencia T-106 de 1996 concluyó sobre este instrumento que es “la
noticia que el Estado debe tener acerca de su existencia física, pues si la
persona nace y el hecho de su nacimiento se desconoce, es imposible que pueda
tenérsela en la práctica como sujeto del Derecho. La forma idónea de asegurar
que en efecto la persona sea alguien ante el Estado y de garantizar
que pueda ejercer efectivamente sus derechos consiste en el registro civil de
su nacimiento”[57].
4.5.
Ahora bien, el artículo 50 del Decreto 1260 de 1970[58],
modificado por el artículo 1 del Decreto 999 de 1988, prevé el trámite que se
debe realizar en los casos de registro extemporáneo, determinando que el
nacimiento debe ser acreditado con documentos auténticos o las declaraciones
juramentadas de dos testigos “hábiles”.
Este último fue objeto de reglamentación mediante Decreto
2188 de 2001, posteriormente modificado por el artículo
2.2.6.12.3.1 del Decreto 356 de 2017 que instituye que el interesado debe
asegurar, bajo la gravedad de juramento, que no se ha inscrito previamente, y acudir
ante el funcionario registral o consular allegando el certificado de nacido
vivo, o en el caso de los hijos de colombianos nacidos en el extranjero tendrá
que anexar a su solicitud el registro civil del país extranjero debidamente
apostillado. En caso de no contar con los documentos para acreditarlo, indica
la norma que debe hacer una solicitud por escrito en la cual realice un
recuento de los hechos que fundamentan la extemporaneidad de la inscripción. Al
momento de radicar esta petición deberá acercarse con 2 testigos que hayan
presenciado, asistido o tenido noticia del nacimiento, pudiendo el funcionario
interrogarlos a estos por separado del solicitante, en caso de considerarlo
necesario. En todo caso, el artículo 2 del Decreto 2188[59] de 2001 le
permite al funcionario ejercer la facultad de duda razonable, cuando considere
que no son veraces las declaraciones brindadas por los testigos, o el
solicitante.
4.6.
Adicionalmente, en razón de la sentencia T-212 de 2013 en la
que se ampararon los derechos de una menor de edad hija de colombianos, pero
nacida en Venezuela, a quien no se le permitió realizar el registro
extemporáneo de su nacimiento por no contar con el registro de nacimiento
venezolano debidamente apostillado, la Registraduría expidió las circulares 121
y 216 de 2016 que precisan que:
“Se autoriza únicamente y de manera excepcional adelantar
este tipo de inscripciones a los Registradores Especiales de cada Departamento
y a las Registradurías municipales de Villa del Rosario y Los Patios en Norte
de Santander, así como, a la Auxiliar de Chapinero en la Capital de la
República para que continúen dando aplicación a lo establecido en los artículos
1° y 2° del Decreto 2188 de 2001 en lo que refiere a inscripción en el Registro
Civil de nacimiento de menores nacidos en Venezuela cuando alguno de sus
padres sea nacional Colombiano (sic) y que no cuenten con el registro civil de
nacimiento extranjero debidamente apostillado. || Cuando comparezcan con un
documento no apostillado (certificado de registro civil o certificado de nacido
vivo en el extranjero), el mismo se tendrá como elemento probatorio que
respalde las declaraciones de los testigos, enfatizando las implicaciones
penales en las que pueda incurrirse por causa de un falso testimonio
(Art. 422 Ley 599 de 2000) y de ser necesario aplicar la facultad de la duda
razonable” (Subrayado fuera del texto original).
En ese sentido, la entidad responsable del registro de los
hijos de nacionales colombianos nacidos en el extranjero precisó que es posible,
de forma excepcional, en tratándose de la solicitud de inscripción extemporánea
de un menor de edad que no cuente con los documentos apostillados, realizar el
procedimiento de los artículos 1 y 2 del Decreto 2188 de 2001 que permite
subsanar tal falta con la declaración jurada de dos testigos.
4.7.
Posteriormente, la Registraduría Nacional del Estado Civil
profirió la Circular 064 del 18 de mayo de 2017. Esta última, que se encuentra
dirigida a los “delegados departamentales, registradores distritales,
especiales, auxiliares, municipales, notarios, cónsules, inspectores de policía,
corregidores UDAPV y demás funcionarios autorizados para cumplir la función de
registro civil”, contempla en el artículo 1.1. que:
“Para la inscripción de nacimientos ocurridos en Venezuela,
cuando alguno de los padres sea colombiano y a falta del requisito de apostille
en el registro civil de nacimiento venezolano, podrá solicitarse
excepcionalmente la inscripción, mediante la presentación de dos testigos
hábiles quienes prestarán declaración bajo juramento en la cual manifiesten
haber presenciado, asistido o tenido noticia directa y fidedigna del nacimiento
del solicitante, acompañada del registro civil venezolano sin apostillar”.
Como consecuencia, actualmente las personas nacidas en
Venezuela, hijos de padre o madre colombianos, no requieren cumplir con el
apostillaje de su registro civil de nacimiento venezolano para obtener la
inscripción extemporánea que habilita el ordenamiento jurídico interno. En ese
sentido, quien reúna los correspondientes requisitos debe presentarse, junto
con dos testigos, ante la autoridad competente y solicitar su registro, sin que
la ausencia de apostilla pueda ser motivo para negar tal petición.
4.8.
En virtud de lo anterior, la nacionalidad es el mecanismo
jurídico mediante el cual el Estado reconoce la capacidad que tienen sus ciudadanos
de ejercer ciertos derechos y, por tanto, es reconocida, en sí misma, como un
derecho fundamental frente al cual las autoridades competentes tienen deberes
de diligencia y protección, estando obligadas a realizar los trámites
registrales estipulados en el ordenamiento jurídico para llevar a su
reconocimiento.
Dicho registro adquiere también una connotación de fundamental
puesto que implica la posibilidad de ejercer otros derechos del
individuo dirigidos a adquirir y ejercer garantías y responsabilidades
inherentes a la pertenencia a una comunidad política, debido a que en el caso
colombiano los derechos políticos se reservan
a los nacionales, aún cuando se faculta al Legislador para conceder de forma
restringida el derecho al voto a los extranjeros[60].
Asimismo, el        Congreso tiene la potestad de regular otros beneficios
exclusivamente reservados a los nacionales en favor de los extranjeros, como el
acceso a ciertos cargos públicos, subsidios y prestaciones en temas de derechos
económicos, sociales y culturales. Ahora bien, es necesario profundizar en la
conexión que existe entre este registro y el derecho a la personalidad jurídica
que alega el actor en la tutela que busca resolver esta providencia.
5.  El
registro civil de nacimiento y su implicación con el derecho a la personalidad
jurídica[61].
5.1.
El artículo 14 de la Constitución Política de Colombia
consagra que “(t)oda persona tiene derecho al reconocimiento de su
personalidad jurídica”, surgiendo para el Estado la obligación de brindar
los medios y mecanismos necesarios para que el ciudadano pueda ejercer
libremente tal personería, sin obstáculos injustificados. Como se precisó en el
acápite 4.6. de esta providencia, con base en la sentencia T-212 de 2013, uno
de estos medios es el registro civil de nacimiento, a partir del cual se genera
un reconocimiento con el que devienen los atributos propios de la personalidad.
5.2.
En ese sentido, esta última consiste en la idoneidad con la
que cuentan todos los miembros de la sociedad para ser titulares de sus
intereses[62].
Sin embargo, en sentencia C-109 de 1995 esta Corporación reconoció que “el derecho a la personalidad jurídica no se reduce únicamente
a la capacidad de la persona humana a ingresar al tráfico jurídico y ser
titular de derechos y obligaciones sino que comprende, además, la
posibilidad de que todo ser humano posea, por el simple hecho de existir e
independientemente de su condición, determinados atributos que constituyen la
esencia de su personalidad jurídica e individualidad como sujeto de derecho.
Son los llamados atributos de la personalidad” (Subrayado
fuera del texto original).
5.3.
Asimismo, la Corte en la SU-696 de 2015 determinó que, en
relación con los atributos de la personalidad, “uno de los más importantes
es el estado civil en la medida en que a través del mismo se logra identificar
y diferenciar a la persona del resto de ciudadanos”. Es así como el Decreto
1260 de 1970 señala en su artículo 52[63]
el contenido del registro civil de nacimiento, acto necesario para que se dé un
pleno reconocimiento de la personería jurídica y de los diferentes atributos
que devienen con esta. Así, en sentencia T-450A de 2013 se indicó que “la
inscripción de nacimiento (sic) se compone de una sección genérica y otra
específica. En la primera se consignarán el nombre del inscrito, su sexo, el
municipio y la fecha de su nacimiento, la oficina donde se inscribió y los
números del folio y general de la oficina central, y en la segunda la hora y el
lugar del nacimiento, el nombre de la madre, el nombre del padre; en lo
posible, la identidad de una y otro, su profesión u oficio, su nacionalidad, su
estado civil y el código de sus registros de nacimiento y matrimonio; el nombre
del profesional que certificó el nacimiento y el número de su licencia”.
5.4.
En síntesis, este Tribunal ha señalado de manera reiterada
que el derecho a la personalidad jurídica no solo comprende la posibilidad que
tienen los individuos de ingresar al tráfico jurídico sino que también incluye
todas las características individuales asociadas a su condición de persona. En
tal virtud, el registro civil se convierte en el instrumento necesario para
concretar dicho derecho, y conlleva el reconocimiento de unas características y
atributos propios de la persona, entre las cuales están su nacionalidad,
filiación y nombre, además de otras que resultan necesarias para el ejercicio
de diferentes derechos.
Ahora bien, en la medida en que el accionante actualmente ostenta
la calidad de extranjero es necesario revisar con qué garantías cuenta dentro
del Estado colombiano, con el fin de determinar si estas le permitirían
desarrollarse dignamente.
6.  Protección
del extranjero en Colombia[64].
6.1.
Los extranjeros presentes en un Estado pueden ser de
diferentes tipos: migrantes o refugiados. De acuerdo con la ACNUR, los primeros
son aquellos que “eligen trasladarse no a causa de
una amenaza directa de persecución o muerte, sino principalmente para mejorar
sus vidas al encontrar trabajo o educación, por reunificación familiar, o por
otras razones. A diferencia de los refugiados, quienes no pueden volver a su
país, los migrantes continúan recibiendo la protección de su gobierno”[65]. Los segundos son “personas que huyen de
conflictos armados o persecución. Con frecuencia, su situación es tan peligrosa
e intolerable que deben cruzar fronteras internacionales para buscar seguridad
en los países cercanos y, entonces, convertirse en ‘refugiados’ reconocidos
internacionalmente, con acceso a la asistencia de los Estados, el ACNUR y otras
organizaciones. Son reconocidos como tal, precisamente porque es muy peligroso
para ellos volver su país y necesitan asilo en algún otro lugar”[66].
Estos últimos son el resultado de diferentes fenómenos
asociados con violencia interna, y conflictos de distinta índole, y sobre ellos
el ordenamiento jurídico contempla diversas categorías de
expresiones que denotan la sustracción de una persona del lugar donde se
desenvuelve habitualmente. Entre esa gama de términos se encuentran: el
deportado, expulsado, desplazado y refugiado. Asimismo, ha sido reconocida la
existencia de migrantes innominados que se catalogan como “refugiados de
facto o de hecho”, en tanto que no se adecúan completamente al término
refugiado o desplazado[67].
Sin perjuicio de estas categorías, todos los extranjeros gozan
de ciertos derechos y prestaciones en condiciones de igualdad, bien sean
migrantes o refugiados. Debe anotarse que ambos cuentan con garantías
especiales, fijadas principalmente por el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos.
6.2.
El artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
determina que “(t)oda persona tiene todos los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. En
forma más sucinta, el artículo 24 de la Convención Interamericana precisa que “(t)odas las personas son iguales ante la ley.  En
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la
ley”.
Es en el Convenio para la protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de Europa donde se retoman
la mayoría de expresiones de la Declaración Universal, este último indica en su
artículo 14 que “(e)l goce de los derechos y libertades reconocidos en el
presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por
razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras,
origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna,
nacimiento o cualquier otra situación”. Ahora bien, de forma similar a la
Constitución Política de Colombia, el artículo 16 de esta convención fija que “(n)inguna de las disposiciones de los artículos 10, 11 y 14
podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe a las Altas Partes
Contratantes imponer restricciones a la actividad política de los extranjeros”.
En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se han dado
el mayor número de pronunciamientos con respecto a los derechos de los
extranjeros, entre los diferentes temas que esa Corte ha decidido están la
detención de menores de edad en centros de internamiento de extranjeros[68], los
límites a la expulsión y extradición de extranjeros hacia países en que puedan
ser objeto de torturas, tratos inhumanos o degradantes[69], los
límites a la expulsión de extranjeros enfermos hacia países en los que no
puedan recibir una asistencia sanitaria adecuada[70], la
privación de libertad de un extranjero para garantizar su extradición o evitar
que entre ilegalmente en el territorio nacional[71], la
libertad personal y el derecho a un juicio justo como límites a la extradición
y expulsión de un extranjero[72],
y otros asuntos como la prohibición de discriminación y tratos diferenciados
por razón de nacionalidad y del estatus migratorio.
En este último asunto se destaca el caso de Bah contra Reino
Unido, fallado con sentencia del 27 de septiembre de 2011, en el que la
accionante, originaria de Sierra Leona, solicitó asilo en Gran Bretaña
obteniendo un permiso de residencia ilimitado. Posteriormente trajo a su hijo e
intentó optar por un subsidio de vivienda que le fue negado. El Tribunal
mantuvo en vigencia tal negativa, al establecer que el Estado no había
discriminado a la mujer fruto de su nacionalidad, sino que tenía en su
ordenamiento interno una regulación que establecía ciertos beneficios y
subsidios reservados para extranjeros con un status de migratorio diferente al
que ostentaban los miembros de esta familia. En la decisión del TEDH se destaca
que al subsidio se podía acceder con igualdad por parte de nacionales y
refugiados, pero entre los extranjeros se hacía una diferencia de trato entre
aquellos cuya residencia estuviera condicionada, diferenciación que al
encontrar una debida justificación no vulneraba lo establecido en el artículo
14 del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales de Europa.
6.3.
En Colombia los extranjeros gozan de una serie de derechos
que se encuentran reconocidos en la Constitución, el Bloque de
Constitucionalidad y algunas normas de orden legal. Este reconocimiento se
debe, en parte, a que el artículo 13 de la Constitución Política los reconoce
como iguales[73]
al determinar que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley,
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica” (Subrayado fuera del
texto original).
6.4.
Ahora bien, la Corte Constitucional en
Sentencia C- 913 de 2003 señaló que esto no es óbice para concluir que en todos
los casos las garantías, derechos y beneficios que genera el Estado colombiano
se tienen que dar en igualdad de condiciones a extranjeros y nacionales[74],
precisando que “(e)l derecho a la igualdad no
presenta, en todos los casos, el mismo alcance para los extranjeros que para
los nacionales[75].
En efecto, cuando el legislador establezca un trato diferente entre el
extranjero y el nacional, será preciso examinar i) si el objeto regulado
permite realizar tales distinciones[76];
ii) la clase de derecho que se encuentre comprometido[77];
iii) el carácter objetivo y razonable de la medida[78];
iv) la no afectación de derechos fundamentales; v) la no violación de normas
internacionales[79]
y vi) las particularidades del caso concreto[80].”
Esta posibilidad de limitar los derechos de los extranjeros
proviene de la Constitución misma, que en el artículo 100 instaura que “los
extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se
conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden
público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de
determinados derechos civiles a los extranjeros.
Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la
República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones
que establezcan la Constitución o la ley. Los
derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a
los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y
consultas populares de carácter municipal o distrital”.
6.5.
Por su parte, la Corte Constitucional, en su jurisprudencia,
ha armonizado los artículos 13 y 100 de la Constitución Política con el fin de
precisar el alcance del derecho a la igualdad de los extranjeros. En la
sentencia C-768 de 1998 este Tribunal determinó que “(e)l
artículo 13 consagra la obligación del Estado de tratar a todos en igualdad de
condiciones. Obviamente, esta norma no significa que no se puedan formular
diferenciaciones en el momento de regular los distintos ámbitos en los que se
desarrolla la convivencia, sino que opera a la manera de un principio general
de acción del Estado, que implica que siempre debe existir una justificación
razonable para el establecimiento de tratos diferenciados”,
justificaciones razonables que están ligadas a razones de orden público, como
lo determina el artículo 100 Superior.
6.6.
Ahora bien, esta Corporación también precisó en sentencia
T-314 de 2016 que “el reconocimiento de derechos genera al mismo tiempo una
responsabilidad a los extranjeros de cumplir la misma normatividad consagrada
para todos los residentes en el territorio Colombiano, tal y como lo establece el
artículo 4º Constitucional el cual dispone que [e]s deber de los nacionales y
de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y
obedecer a las autoridades”[81].
En la misma providencia la Corte reiteró
las reglas jurisprudenciales en las que se fija que los extranjeros: (i) deben
ser tratados en condiciones de igualdad respecto de los nacionales colombianos;
(ii) tienen la obligación de cumplir la Constitución Política y las leyes que
rigen para todos los residentes en Colombia; (iii) tienen derecho a recibir un
mínimo de atención por parte del Estado en casos de urgencia con el fin de
atender sus necesidades básicas, especialmente las relacionadas con asuntos de
salud.
6.7.
Este último presupuesto puede verse reflejado en la normativa
sobre afiliación de extranjeros al sistema de salud que se encuentra en diferentes
normas de derecho interno y busca garantizar un mínimo de atención. En ese
sentido, la Ley 1438 de 2011 en el artículo 32 determina que:
“Universalización del aseguramiento. Todos los residentes en el país deberán ser afiliados
del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El Gobierno Nacional
desarrollará mecanismos para garantizar la afiliación. || Cuando una persona
requiera atención en salud y no esté afiliado, se procederá de la siguiente
forma:
32.1 Si tiene capacidad de pago cancelará el servicio y se le
establecerá contacto con la Entidad Promotora de Salud del régimen contributivo
de su preferencia.
32.2 Si la persona manifiesta no tener capacidad de pago,
esta será atendida obligatoriamente. La afiliación inicial se hará a la
Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado mediante el mecanismo
simplificado que se desarrolle para tal fin. Realizada la afiliación, la
Entidad Promotora de Salud, verificará en un plazo no mayor a ocho (8) días
hábiles si la persona es elegible para el subsidio en salud. De no serlo, se
cancelará la afiliación y la Entidad Promotora de Salud procederá a realizar el
cobro de los servicios prestados. Se podrá reactivar la afiliación al Régimen
Subsidiado cuando se acredite las condiciones que dan derecho al subsidio. En
todo caso el pago de los servicios de salud prestados será cancelado por la
Entidad Promotora de Salud si efectivamente se afilió a ella; si no se afilió
se pagarán con recursos de oferta a la institución prestadora de los servicios
de salud, de conformidad con la normatividad general vigente para el pago de
los servicios de salud. || Si no tuviera documento de identidad, se
tomará el registro dactilar y los datos de identificación, siguiendo el
procedimiento establecido por el Ministerio de la Protección Social en
coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil para el trámite de
la afiliación.
32.3 Los casos no establecidos en el presente artículo para
lograr la universalización del aseguramiento serán reglamentados por el
Ministerio de la Protección Social en un término no mayor a un (1) año.
Parágrafo 1°. A
quienes ingresen al país, no sean residentes y no estén asegurados, se los
incentivará a adquirir un seguro médico o Plan Voluntario de Salud para su
atención en el país de ser necesario.
Parágrafo 2°. Quienes
disfruten de los regímenes especiales y de excepción permanecerán en ellos; las
entidades administradoras de estos regímenes deberán entregar información
periódica que solicite el Ministerio de la Protección Social” (Subrayado fuera de texto original).
De acuerdo con la mencionada
disposición todos los residentes, sin discriminar entre nacionales y
extranjeros, deben estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, sin perjuicio de que cuenten o no con recursos económicos necesario. En
consecuencia, el artículo precisa cómo se debe actuar frente a una persona que,
ostentando la categoría de no afiliado, manifieste no contar con la capacidad
de pago para acceder al servicio, e instituye que, en todo caso, la persona
debe ser obligatoriamente atendida. Del mismo modo, fija el procedimiento a
seguir frente a un residente indocumentado e insta a las autoridades a que
incentiven a los extranjeros a adquirir seguros médicos o planes de salud.
En igual sentido, los artículos
2.1.3.2[82]
y 2.1.3.4[83]
del Decreto 780 de 2016 establecen que la afiliación se realiza por una sola
vez y con ella se adquieren todos los derechos y obligaciones derivados del
Sistema General de Seguridad Social en Salud. También, se determina que la
afiliación al sistema es obligatoria para todos los residentes en el país, y en
el numeral 5 del artículo 2.1.3.5[84]
precisa que algunos de los documentos que pueden presentarse con el fin de
obtener la afiliación son la “(c)édula de extranjería, el pasaporte, carné
diplomático o salvoconducto de permanencia, según corresponda, para los
extranjeros”.
6.8.
En conclusión, en jurisprudencia constante la Corte ha
sostenido que toda persona, incluyendo a los extranjeros que se encuentren en
Colombia, tienen derecho a un mínimo vital, es decir, un derecho a recibir una
atención básica por parte del Estado en casos de extrema necesidad y urgencia,
en aras a atender sus necesidades más elementales y primarias[85], con el
fin de no desconocer su dignidad humana. Además, conforme a lo expuesto se les
debe garantizar, por las entidades competentes, el acceso al sistema de salud,
en la modalidad que corresponda a cada caso. Por ello, no es aceptable que las
autoridades con base en excusas de orden procedimental ignoren las finalidades de
las garantías que el ordenamiento pone en cabeza de los extranjeros que viven
en Colombia y de aquellos que buscan la obtención de su nacionalidad, según el
caso.
7.  Prevalencia
del derecho sustancial y la proscripción del exceso ritual en las actuaciones
del Estado[86].
7.1.
El principal objetivo del Estado Social de Derecho es
garantizar la eficacia de los derechos. Por consiguiente, no se puede dar
prevalencia a los procedimientos, ni a los instrumento procesales, sobre el
derecho sustancial[87].
Ello implica que las normas procedimentales deben ir dirigidas a conseguir el
fin sustantivo[88],
puesto que la jurisprudencia de esta Corporación ha añadido que, en algunas
oportunidades, se configura una conculcación al debido proceso como
consecuencia de la aplicación irreflexiva de normas procesales que conllevan el
desconocimiento consciente de la verdad objetiva allegada a la autoridad que
tiene a su cargo la decisión del asunto[89].
7.2.
En efecto, en las actuaciones de la administración de
justicia y de los procedimientos administrativos[90], las
entidades públicas deben respetar el principio de la prevalencia del derecho
sustancial consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política[91].
De esta manera, “se debe tener siempre presente que la norma procesal se
debe a la búsqueda de la garantía del derecho sustancial”[92]
como quiera que “tanto el procedimiento judicial como el administrativo
son en esencia medios o vías creadas por el ordenamiento jurídico para
concretar o efectivizar los derechos sustanciales que le asisten a los
ciudadanos en la legislación”[93].
7.3.
En este mismo sentido, en diversas oportunidades esta
Corporación ha reconocido que “cuando la aplicación de una norma
procedimental pierde el sentido instrumental y finalista para el cual fue
concebida y se convierte en una mera forma inocua o, más grave aún,
contraproducente, el juez de tutela debe obviar el trámite formal en beneficio
del derecho fundamental afectado”[94].
Así, “al aplicarse de manera manifiesta, las normas atendiendo únicamente
a su texto o haciendo una aplicación mecánica, se incurre en un exceso ritual
manifiesto”[95]
debido a que se concibe el procedimiento como un obstáculo para la eficacia
del derecho sustancial[96].
8.  Caso
concreto.
8.1.
Legitimación por activa.
La
presente acción de tutela fue presentada por Miguel Ángel Bula, venezolano de
26 años que reside en la ciudad de Barranquilla. En este momento se encuentra
buscando la obtención de la nacionalidad colombiana por nacimiento, por lo que
actualmente ostenta la calidad de extranjero. Ahora bien, como se expuso en el
punto 3.1. de esta providencia, toda persona cuenta con la legitimación para
interponer acción de tutela, incluyendo a los extranjeros. Por lo anterior, se
concluye que el señor Bula se encuentra legitimado para interponer el presente
mecanismo de amparo.
8.2.
Legitimación por pasiva.
En
la acción fue demandada la Registraduría Especial Distrital de Barranquilla.
Asimismo, esta Corporación decidió vincular de oficio al Ministerio
de Relaciones Exteriores mediante auto del 5 de mayo de 2017[97]. Las
anteriores entidades pueden ser sujeto de esta acción, en la medida en que sus
funciones se encuentran razonablemente relacionadas con la vulneración que el
actor alega. En ese sentido, la Registraduría es la institución competente para
expedir el registro extraordinario, y la Cancillería dirige la política pública
de extranjeros en el país. Por lo anterior, es posible imputarles la
vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se solicita.
8.3.
Estudio de procedencia de la acción de tutela
De
conformidad con la jurisprudencia es necesario revisar que la presente acción
cumpla con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. De los
antecedentes expuestos esta Sala encuentra que en el caso concreto la acción de
tutela es la herramienta idónea para perseguir la salvaguarda de los derechos
alegados por el accionante, como se pasa a exponer:
8.3.1.
Subsidiariedad.
La
acción de tutela tiene un carácter subsidiario, por tanto solo es procedente en
los casos en los que no exista otro medio de defensa. Sin embargo, dicho
requisito se aminora cuando el sujeto o sujetos, cuyos derechos se buscan
defender puede sufrir un perjuicio irremediable. Igualmente, en aquellos casos
en los que se encuentra en una situación de vulnerabilidad que requiere de una
atención y solución inmediata, conforme se vio en los puntos 3.5. y 3.6. de
esta providencia.
En
el presente caso es posible observar que el señor Bula se encuentra en una
situación que de no ser solucionada de forma inmediata podría generarle un perjuicio
irremediable, lo anterior porque la negativa a expedir su registro civil de
nacimiento le impide, en principio, acceder al servicio de salud, así como
ejercer sus derechos fundamentales a la nacionalidad y personalidad jurídica,
que condicionan el acceso a múltiples prestaciones y garantías reservadas para
los nacionales colombianos. Al ser actualmente un extranjero su condición es de
mayor vulnerabilidad por cuanto requiere que se le garanticen unos mínimos
hasta tanto se solucione su situación jurídica, de ahí que se flexibilicen los
presupuestos de procedencia excepcional de la tutela.
En
ese sentido, debe observarse que en el presente caso se está buscando la
protección de derechos de rango fundamental, como nacionalidad, personería jurídica,
dignidad humana y salud. En consecuencia, los hechos alegados por el accionante
requieren de un mecanismo expedito y efectivo que dé solución a la
problemática, en razón a que las situaciones afirmadas implican la falta de
acceso a una prestación social de vital importancia, así como la imposibilidad
de ejercer algunos atributos de su personalidad. Ello, porque la ausencia de la
nacionalidad impide el acceso a otros derechos, como se explicó en la parte
motiva, tales como la salud, nombre, educación, propiedad
privada, igualdad y libertad de expresión, necesarias para
ostentar una vida digna.
Adicionalmente,
el accionante está imposibilitado para tramitar el apostillaje de sus
documentos desde territorio colombiano, porque el Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Exteriores de Venezuela dispuso que los Consulados en Colombia
no están habilitados para ello y que solo es posible efectuarlo directamente en
el país vecino[98].
Resultaría una carga desproporcionada exigir al demandante regresar a
Venezuela, especialmente si se tiene en cuenta que este último resaltó en el
escrito de tutela que las autoridades de su país natal se están negando a
efectuar el procedimiento en cuestión.
Dicha
circunstancia puede corroborarse con lo sostenido en los considerandos de la
Circular 216 del 21 de noviembre de 2016, expedida por la Registraduría
Nacional, según la cual el Director de Asuntos Migratorios de la Cancillería
colombiana mediante oficio Núm. S-GAUC-16-104754 manifestó que: "las
condiciones en el vecino país no hacen factible la apostilla de documentos a
nuestros connacionales y por tanto los imposibilita a acceder al procedimiento
ordinario de identificación”. Por lo anterior, el accionante se encuentra
en una situación de indefensión.
Ahora
bien, en caso de exigirle acudir a mecanismos ordinarios, el señor Bula tendría
que interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento contra el acto
administrativo que constituye la respuesta de la Registraduría Distrital
Especial de Barranquilla. Para ello tendría que acudir a la vía gubernativa y
posteriormente a la jurisdiccional, mecanismos que si bien podrían llevarlo a
obtener su pretensión, someterían a un largo periodo de indefinición las
apremiantes necesidades que tiene en este momento.
8.3.2.
Principio de inmediatez.
Encuentra la Sala que los hechos narrados por el accionante
son de carácter continuado y se han seguido presentando, puesto que el
accionante aún no cuenta con una solución a su problemática particular. Ahora
bien, conforme se puede observar en el expediente, la última respuesta obtenida
por el accionante de parte de la Registraduría se produjo el 7 de julio de 2016[99]
y la acción de tutela fue interpuesta el 20 de septiembre del mismo año[100],
razón por la cual se puede concluir que el tiempo transcurrido no desconoce
este presupuesto de procedencia.
8.4.
Vulneración de los derechos a la nacionalidad, personalidad
jurídica, dignidad humana y salud.
8.4.1.
Derechos a la nacionalidad y a la personalidad jurídica.
Como se observó en el punto 4 de la parte dogmática de esta
sentencia y en los conceptos presentados por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y la Universidad del Rosario, el artículo 96 de la Constitución Política
y la Ley 43 de 1993 determinan que en Colombia se puede optar por la nacionalidad
por nacimiento o por adopción. La primera de estas se encuentra reservada en
favor de aquellos: i) nacidos en territorio colombiano; o ii) nacidos en el
extranjero con uno o ambos padres colombianos, si están domiciliados en
Colombia.
Ahora bien, el Decreto 1260 de 1970 regula los trámites que
deben ser realizados para poder obtener el registro de nacimiento y, de forma
consiguiente, la nacionalidad colombiana. En tal estatuto se precisan algunos
aspectos formales, así como los requisitos documentales y temporales que se
deben cumplir con el fin de lograr registrarse al interior del Estado
colombiano.
En
la misma norma se precisa que el registro puede hacerse: i) dentro del mes
siguiente al nacimiento de la persona que desee obtener la nacionalidad, frente
a un registrador territorial o un cónsul, dependiendo del caso; o ii) de forma
extemporánea.
En este último evento, el artículo 50 del Decreto 1260 de
1970[101],
modificado por el artículo 1º del Decreto 999 de 1988 y reglamentado por el
artículo 2.2.6.12.3.1 del Decreto 356 de 2017, indica que en el caso
de los hijos de colombianos nacidos en el extranjero se tendrá que anexar a la
solicitud de registro extemporáneo una copia del registro civil de nacimiento
del otro país, debidamente apostillada. Asimismo, establece que en caso de no
contar con los documentos requeridos se puede hacer una solicitud por escrito
en la cual se realice un recuento de los hechos que fundamentan la extemporaneidad
de la inscripción y al momento de radicar tal solicitud se deberá llevar
consigo a 2 testigos que hayan presenciado, asistido o tenido noticia del
nacimiento, tal como lo resaltó el concepto presentado por la Universidad del
Rosario.
En
el presente caso se puede observar en la contestación brindada por la
Registraduría[102],
que al señor Bula se le niega la posibilidad de obtener su registro civil de
nacimiento y, por ende, la nacionalidad colombiana por nacimiento, en razón de
que no ha aportado los documentos exigidos por el ordenamiento jurídico
debidamente apostillados.
Sin embargo, a este último no se le ha brindado la
oportunidad de suplir tal requisito a través de lo fijado en la norma
previamente descrita, es decir, por medio de 2 testigos que den fe de su
nacimiento. Lo anterior, porque la Registraduría indica que esto es excepcional[103] y,
conforme a las circulares internas 121 y 216 de 2016, vigentes para el momento
de la solicitud del señor Bula, tal prerrogativa se reserva para los eventos
descritos en la sentencia T-212 de 2013 en los cuales se encuentran inmersos
menores de edad.
Tal apreciación, según la cual esta posibilidad se encuentra
reservada únicamente a menores de edad, configura a todas luces un exceso
ritual manifiesto, puesto que la entidad se escuda en argumentos meramente
formalistas para negarle a una persona una opción y garantía que el sistema
jurídico le ofrece con el fin de facilitar su registro extemporáneo en aquellos
casos en los que no pueda obtener los documentos requeridos debidamente
apostillados, desconociendo así la prevalencia de lo sustancial sobre lo
formal, conforme se argumentó en el acápite 7 de esta providencia.
No es dable afirmar, como lo hace la entidad demandada, que
la sentencia T-212 de 2013 restringió el procedimiento de los dos testigos,
como prueba del nacimiento para la obtención del registro extemporáneo,
únicamente a menores de edad. Si bien esa providencia resolvió un caso
relacionado con una menor, y acentuó la especial relevancia que tiene el
derecho a la nacionalidad en este grupo de especial protección, ello no permite
concluir que no es aplicable a personas mayores de edad. Lo anterior, porque el Decreto 2188 de 2001, posteriormente modificado por el
artículo 2.2.6.12.3.1 del Decreto 356 de 2017, instituye que el interesado en
solicitar el registro extemporáneo de nacimiento que no cuente con los
documentos apostillados para acreditarlo debe hacer una solicitud por escrito y
acercarse a la Registraduría con 2 testigos que hayan presenciado, asistido o
tenido noticia de su nacimiento, sin discriminar si el interesado es menor o
mayor de edad. Lo anterior, también puede ser observado en la Circular 064 del
18 de mayo de 2017, proferida de forma posterior a la solicitud del señor
Miguel Ángel Bula y descrita en el acápite 4.7. de la parte dogmática.
En ese sentido, no se puede desprender de dicho fallo que el
mecanismo alternativo propuesto por el ordenamiento juridico, para subsanar la
ausencia de un documento apostillado, esté dirigido exclusivamente a menores de
edad, puesto que la ley no hace esa diferenciación, así como tampoco lo hace la
decisión judicial precitada. Tampoco es admisible, bajo ninguna circunstancia,
que la Registraduría se escude en una circular interna por medio de la cual han
realizado una discriminación que la norma de mayor rango no contempla. Para
esta Corporación es claro que menores y adultos cuentan por igual con la
posibilidad de acreditar su nacimiento con dos testigos para efectos de obtener
el registro de nacimiento extemporáneo, en cualquier tiempo y en la forma en
que lo indican las disposiciones analizadas y la jurisprudencia de esta
Corporación. Como se precisó en el acápite 4º de esta providencia, el registro
adquiere también una connotación de fundamental puesto que implica la
posibilidad de ejercer otros derechos del individuo dirigidos a adquirir y desplegar
garantías y responsabilidades inherentes a la pertenencia a una comunidad
política.
En este sentido, la Registraduría debe ser conminada a dar la
opción al accionante de acreditar su nacimiento con dos testigos, de acuerdo
con lo estipulado en la normativa. Tal procedimiento debe surtirse con la mayor
agilidad posible, puesto que mientras la situación del accionante no se
solucione se ven afectados sus derechos a la nacionalidad y la personalidad
jurídica. Esta última es de vital importancia para que la persona pueda acceder
a otros derechos, así como para que pueda ejecutar los atributos de su
personalidad, según se pudo concluir en el apartado 5 de esta sentencia.
Por ello, se ordenará a la Registraduría Especial Distrital
de Barranquilla que proceda, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, a
garantizarle al señor Miguel Ángel Bula la oportunidad de acreditar su
nacimiento a través de dos (2) testigos, en el marco del procedimiento de
obtención de su registro de nacimiento extemporáneo.
8.4.2.
Derechos a la salud y dignidad humana.
El accionante destaca que su principal afectación en este
momento radica en no poder afiliarse a una empresa prestadora de salud del
régimen subsidiado[104].
Sin embargo, como se expuso en el punto 6.6 de esta providencia, los
extranjeros cuentan con la posibilidad de afiliarse en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud presentando la
cédula de extranjería, el pasaporte, carné diplomático o salvoconducto de
permanencia, según corresponda, de acuerdo con el numeral 5 del artículo
2.1.3.5 del Decreto 780 de 2016.
Asimismo, la Ley 1438 de 2011 determina que todos los residentes de Colombia deben estar afiliados al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, indicando cómo se debe actuar
frente a una persona que, ostentando la categoría de no afiliado, manifieste no
contar con la capacidad de pago para acceder al servicio, e incluso qué pasos
seguir en caso de que el residente en cuestión no cuente con documentación.
En la medida en que actualmente el señor Bula ostenta la
calidad de extranjero, mientras que se tramita su solicitud de nacionalidad por
nacimiento puede afiliarse al sistema de salud presentando su pasaporte, de
acuerdo con el Decreto 780 de 2016. En caso de no contar con recursos
económicos, el señor Bula podrá ser afiliado al régimen subsidiado, conforme al
numeral 2 del artículo 32 de la Ley 1438 de 2011, que resalta que “(s)i la persona manifiesta no tener capacidad de pago, esta
será atendida obligatoriamente”, y de ser el caso
“(l)a afiliación inicial se hará a la Entidad Promotora de Salud del Régimen
Subsidiado”.
Ahora bien, como fue expresado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores[105],
en este momento se encuentra en funcionamiento la Comisión Intersectorial de
Migración – CNIM que ha preparado e instrumentalizado los planes dirigidos a
atender las necesidades de la población venezolana en Colombia. De acuerdo con
dicha cartera de gobierno, esta dependencia ha venido atendiendo más de 55
situaciones particulares ya identificadas. Asimismo, funciona a través de 5
mesas de trabajo, entre las que están la “Mesa de Trabajo sobre capacidad
para atender población venezolana. Conformada por el Ministerio de Educación,
Ministerio de Salud, DNP, Ministerio de Hacienda, ICETEX y Coordinada (sic)
desde el Ministerio de Relaciones Exteriores (Colombia Nos Une)”[106].
En la medida en que el accionante manifiesta no tener
servicio de salud en este momento, la Cancillería deberá, a través de la
comisión mencionada, brindarle la información requerida al accionante, así como
el acompañamiento necesario para ser afiliado al Sistema de Seguridad Social en
Salud.
En ese sentido, se solicitará al Ministerio de Relaciones
Exteriores que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, incluya el caso
del señor Miguel Ángel Bula entre aquellos que se encuentran priorizados por la
Comisión Intersectorial de Migración – CNIM. A través de esta dependencia se
deberá garantizar la afiliación del señor Bula al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, de ser el caso dentro del régimen subsidiado.
9.  Conclusión
En razón de lo expuesto la Sala concluye que la Registraduría
Especial Distrital de Barranquilla desconoció los derechos fundamentales a la nacionalidad
y personería jurídica del señor Miguel Ángel Bula, al haber incurrido en un exceso
ritual manifiesto por no haberle permitido acreditar su nacimiento a través de
2 testigos, tal y como lo permite la normativa.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE:
Primero.-
REVOCAR la sentencia proferida el 18 de octubre de 2016 por el
Juzgado Diecinueve Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla.
En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales a la nacionalidad
y personalidad jurídica del señor Miguel Ángel Bula.
Segundo.- ORDENAR a la Registraduría
Especial Distrital de Barranquilla que proceda, en el término de cuarenta y
ocho (48) horas, a garantizarle al señor Miguel Ángel Bula la oportunidad de
acreditar su nacimiento a través de dos (2) testigos, en el marco del
procedimiento de obtención de su registro de nacimiento extemporáneo.
Tercero.- SOLICITAR al Ministerio de
Relaciones Exteriores que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas incluya
el caso del señor Miguel Ángel Bula entre aquellos que se encuentran
priorizados por la Comisión Intersectorial de Migración – CNIM. A través de
esta dependencia se deberá garantizar la afiliación del señor Bula al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, de ser el caso dentro del régimen
subsidiado.
Cuarto.- LÍBRENSE por la Secretaría
General de esta Corporación las comunicaciones de que trata el artículo 36º del
Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado (e.)
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrada
Con salvamento parcial
de voto
ROCIO LOAIZA MILIAN
Secretaria General (e.)
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL
MAGISTRADO
ALBERTO ROJAS RÍOS
A LA SENTENCIA T-421/17
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Pese a que reviste un carácter primordial, en el
caso no fue desarrollado a profundidad en las consideraciones generales de la
sentencia, ni se incluyó su amparo en la parte resolutiva de la misma
(Salvamento parcial de voto)
DERECHO A LA
NACIONALIDAD Y A LA PERSONALIDAD JURIDICA DE EXTRANJERO-Vulneración por
cuanto se incurrió en defecto sustantivo por realizar interpretación que
contraría las alternativas otorgadas por el ordenamiento jurídico para la
inscripción extemporánea de un nacimiento en Registro Civil (Salvamento parcial de voto)
NACIONALIDAD
COLOMBIANA-Distinción entre
adquisición y reconocimiento (Salvamento parcial de voto)
Referencia:
Expediente T-6.044.788
Acción de tutela
formulada por Miguel Ángel Bula contra la Registraduría Distrital de Barranquilla.
Magistrado
Ponente (e):
Iván
Humberto Escrucería Mayolo
“DISTINCIÓN
ENTRE LA ADQUISICIÓN Y EL RECONOCIMIENTO
DE
LA NACIONALIDAD COLOMBIANA”
Disiento
parcialmente de la decisión adoptada por la Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, dentro de la acción de tutela de la referencia, toda vez que,
si bien comparto el enfoque general de la providencia y el amparo de los
derechos fundamentales a la nacionalidad y a la personalidad jurídica del
accionante, considero que la Sala desconoció los siguientes aspectos: (i)
Se vulneró la garantía del debido proceso del señor Miguel Ángel Bula y así
tuvo que verse reflejado en la parte resolutiva de la Sentencia; (ii) De
acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el proceder de la entidad
accionada no configuró un exceso ritual manifiesto, sino un defecto
sustantivo; y (iii) El actor no es una persona extranjera que
solicita la nacionalidad colombiana, sino un connacional por nacimiento que
demanda ser reconocido como tal, mediante su inscripción en el Registro Civil.
1.     Amparo del
derecho fundamental al debido proceso del señor Miguel Ángel Bula
De
conformidad con el acápite 8.4 de la Sentencia, el hecho vulneratorio del
asunto sub iudice radica en que la Registraduría Distrital de
Barranquilla no procedió a inscribir el nacimiento del accionante en el
Registro Civil, argumentando que no era posible subsanar la falta de
apostillaje de sus documentos mediante la declaración juramentada de dos
testigos, contrariando así, lo dispuesto por los Decretos 1260 de 1970, 999 de
1998, 2188 de 2001 y 356 de 2017 [107].
Dicho
desconocimiento del ordenamiento jurídico constituyó una clara violación del
derecho al debido proceso y, en consecuencia, una transgresión de las garantías
fundamentales a la nacionalidad y a la personalidad jurídica del demandante.
En
tal sentido, el derecho reconocido en el artículo 29 Superior reviste un
carácter primordial en el presente caso. Pese a ello, no fue desarrollado a
profundidad en las consideraciones generales de la Sentencia, ni se incluyó su
amparo en la parte resolutiva de la misma.
2.     Inaplicación de
la figura del exceso ritual manifiesto y configuración de un defecto
sustantivo
La
providencia objeto de Salvamento Parcial sostiene que la entidad accionada
incurrió en un exceso ritual manifiesto, al “negarle a una persona
una opción y garantía que el sistema jurídico le ofrece con el fin de facilitar
su registro extemporáneo en aquellos casos en los que no pueda obtener los
documentos requeridos debidamente apostillados” [108].
Sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación [109]
ha sostenido que la figura aludida tiene lugar en escenarios disimiles a éste,
a saber, cuando se aplica una disposición de carácter procedimental con tal
rigurosidad que se menoscaban garantías sustanciales. En dicho supuesto, “el
juez de tutela debe obviar el trámite formal en beneficio del derecho
fundamental afectado” [110].
Al
respecto, esta misma Sala de Revisión de la Corte Constitucional, en Sentencia
T-237 de 2017, consideró que se había configurado un exceso ritual
manifiesto en la actuación de las autoridades judiciales que negaron una
acción de reparación directa, aduciendo que no se había aportado el certificado
de defunción de la víctima. La Sala determinó que, si bien el artículo 150 del
Decreto 1260 de 1970 establece que ese documento es el único admisible para
probar el fallecimiento de una persona, la aplicación de dicha normativa
resultaba desproporcionada y constituía un excesivo formalismo procesal [111].
En
contraste, el caso bajo estudio no versa sobre la aplicación irrestricta y
formalista de la ley, todo lo contrario, se trata del desconocimiento absoluto
de ésta. De allí que, se configure un defecto sustantivo en el proceder
de la Registraduría, al realizar una interpretación errónea o irrazonable (interpretación
contra legem) [112] que contraría las
alternativas otorgadas por el ordenamiento jurídico para la inscripción
extemporánea de un nacimiento en el Registro Civil.
3.     Distinción entre
la adquisición y el reconocimiento de la nacionalidad colombiana
La
providencia objeto de disenso parcial asume de forma incorrecta que el
accionante es una persona extranjera que solicita la nacionalidad colombiana [113],
en cambio, el objeto de su petición es que se le reconozca como connacional por
nacimiento, al haber cumplido con los presupuestos fijados en el artículo
96 Superior para tal efecto.
La
mencionada disposición establece lo siguiente:
“Son
nacionales colombianos:
1.
Por nacimiento:
a) Los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que el padre o la
madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de
extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el
momento del nacimiento y;              b) Los hijos de padre o madre
colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en
territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República.”
(Negrilla no incluida en el texto original)
De
acuerdo a la Ley 43 de 1993, “por la cual se establecen las normas relativas
a la adquisición, renuncia, perdida y recuperación de la nacionalidad”, la
cédula de ciudadanía, la tarjeta de identidad y el Registro Civil son
únicamente pruebas de la nacionalidad colombiana                             por
nacimiento, la cual se adquiere al momento de cumplir los supuestos de
hecho previstos en el citado artículo [114].
Por
el contrario, aquella obtenida por adopción depende de “un
acto soberano y discrecional del Presidente de la República” [115],
y se perfecciona con la publicación oficial de la Carta de Naturaleza o
Resolución de Autorización, y el respectivo juramento ante la Constitución y
las leyes de la República [116].
Esta
distinción denota la relevancia del caso sometido al conocimiento de la Corte,
toda vez que implica la vulneración de los derechos de un ciudadano colombiano por
nacimiento [117], hecho que se deriva del
cumplimiento de los requisitos constitucionales por parte del señor Miguel
Ángel Bula, quien acreditó ser hijo de padre colombiano y estar domiciliado en
la ciudad de Barranquilla [118].
Destaco
que los sucesos del asunto sub iudice podrían verse replicados ante
solicitudes similares, ya que la Registraduría Nacional del Estado Civil ha
emitido circulares y comunicados de prensa que impiden o limitan subsanar la
falta de apostillaje con la declaración juramentada de dos testigos [119].
Por lo cual, se ha debido incluir una advertencia a dicha institución para que
expidiera lineamientos acordes a la normatividad aplicable.
En
estos términos, dejo planteados los argumentos que sustentan mi Salvamento
Parcial de Voto, resaltando las especiales obligaciones que tiene el Estado
colombiano frente a sus ciudadanos, especialmente, aquellos provenientes de
Venezuela, quienes se encuentran en circunstancias sociales y económicas
vulnerables que no pueden ser desconocidas y, menos aún, agravadas en inobservancia
de la Constitución y la ley.
Fecha
ut supra,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
[1] Los hechos que expresa el
accionante en su tutela serán complementados conforme a la documentación
posterior que reposa en el expediente.
[2] “Definición y competencia. La
naturalización es un acto soberano y discrecional del Presidente de la República,
en virtud del cual se concede la nacionalidad colombiana a quienes la solicitan
y cumplan con los requisitos que para tal efecto disponen la Constitución
Política y las leyes. Corresponde al Presidente de la República conocer de las
solicitudes de naturalización, recuperación de la nacionalidad colombiana y de
los casos de renuncia. Estas funciones podrán delegarse en el Ministerio de
Relaciones Exteriores”.
[3] “Son nacionales colombianos. 1. Por nacimiento:
a) Los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que el padre o la
madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de
extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el
momento del nacimiento y; b) Los hijos de padre o madre colombianos que
hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en territorio
colombiano o registraren en una oficina consular de la República. 2. Por
adopción: a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización,
de acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la
nacionalidad colombiana por adopción; b) Los latinoamericanos y del Caribe por
nacimiento domiciliados en Colombia, que con autorización del Gobierno y de
acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como
colombianos ante la municipalidad donde se establecieren, y; c) Los miembros de
los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del
principio de reciprocidad según tratados públicos. Ningún colombiano por
nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional
colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los
nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de
origen o adopción. Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán
recobrarla con arreglo a la ley”.
[4] "Por medio del cual se reforma el artículo
96 de la Constitución".- Redefine quiénes son los nacionales
colombianos: por nacimiento, de naturales colombianos o de alguno de los padres
extranjeros domiciliado en la República en el momento del alumbramiento.
También serán colombianos los hijos de padre o madre colombianos que hubieren
nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en territorio nacional.
También aclara quiénes son colombianos por adopción.
[5] Suscrita por Colombia en La Haya el 5 de octubre de
1961. Aprobada mediante Ley 455 de 1998.
[6] “Por la cual se adopta el procedimiento para
apostillar y/o legalizar documentos”.
[7] Folio
31, Cuaderno 1.
[8] Ibíd.
[9] Folio
33, Cuaderno 1.
[10] Folio 44, Cuaderno 1.
[11] Folio 45, Cuaderno 1.
[12] Ibíd.
[13] Ibíd.
[14] Ibíd.
[15] Folio 46, Cuaderno 1.
[16] “Funciones. El Ministerio de Relaciones
Exteriores tendrá, además de las funciones que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las
siguientes: (…) 17. Formular, orientar, ejecutar y evaluar la política
migratoria de Colombia y otorgar las autorizaciones de ingreso de extranjeros
al país, en coordinación con la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia”.
[17] Creada por el Decreto 1239 de 2003.
[18] Folio 35, Cuaderno 2.
[19] “Son nacionales colombianos: 1.
Por nacimiento: a) Los naturales de Colombia, que con una de dos
condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales
colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere
domiciliado en la República en el momento del nacimiento y; b) Los
hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y
fuego (sic) se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una
oficina consular de la República. 2. Por adopción: a) Los extranjeros que
soliciten y obtengan carta de naturalización, de acuerdo con la ley, la cual
establecerá los casos en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por
adopción; b) Los Latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en
Colombia, que con autorización del Gobierno y de acuerdo con la ley y el
principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos ante la
municipalidad donde se establecieren, y; c) Los miembros de los pueblos
indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio
de reciprocidad según tratados públicos. || Ningún colombiano por nacimiento
podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional colombiano no se
pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por adopción
no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción. ||
Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con
arreglo a la ley” (Subrayado fuera de texto).
[20] “Son nacionales colombianos de
acuerdo con el artículo 96 de la Constitución Política: 1. Por nacimiento:
a) Los naturales de Colombia, con una de dos condiciones; que el padre o la
madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de
extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el
momento del nacimiento; b) Los hijos de padre o madre colombianos, que
hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaran en la República.
2. Por adopción: a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de
naturalización de acuerdo con la presente Ley; b) Los latinoamericanos y del
caribe por nacimiento, domiciliados en Colombia que con autorización del
gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser
inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se establecieren; c) Los
miembros de pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con
aplicación del principio de reciprocidad y según tratados públicos que para el
efecto se celebren y sean debidamente perfeccionados” (Subrayado fuera de
texto).
[21] “Funciones. El Ministerio de Relaciones
Exteriores tendrá, además de las funciones que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las
siguientes: (…) 22. Tramitar la naturalización de extranjeros y aplicar el
régimen legal de nacionalidad en lo pertinente”.
[22] Folio 37, Cuaderno 2.
[23] Folio 40, Cuaderno 2.
[24] “Todas las personas nacen
libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica. || El Estado promoverá las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en
favor de grupos discriminados o marginados. || El Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan” (Subrayado fuera de texto).
[25] “Cada uno de los Estados Partes en
el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los
individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción
los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social”.
[26] “Los extranjeros disfrutarán
en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos.
No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a
condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a
los extranjeros. || Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la
República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones
que establezcan la Constitución o la ley. || Los derechos políticos se reservan
a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en
Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter
municipal o distrital”.
[27]  “En el registro de
nacimientos se inscribirán: 1. Los nacimientos que ocurran en el territorio
nacional. 2. Los nacimientos ocurridos en el extranjero, de personas hijas de
padre y madre colombianos”.
[28] “Artículo 46. Los nacimientos
ocurridos en el territorio nacional se inscribirán en la oficina
correspondiente a la circunscripción territorial en que hayan tenido lugar. Si
el nacimiento ocurre durante viaje dentro del territorio, o fuera de él, la
inscripción se hará en el lugar en que aquél termine.
Artículo 47. Los nacimientos
ocurridos en el extranjero o durante viaje cuyo término sea lugar extranjero,
se inscribirán en el competente consulado colombiano, y en defecto de éste,
en la forma y del modo prescrito (sic) por la legislación del respectivo país.
|| El cónsul remitirá sendas copias de la inscripción; una destinada al archivo
de la oficina central y otra al funcionario encargado del registro civil en la
capital de la república, quien, previa autenticación del documento, reproducirá
la inscripción, para lo cual abrirá el folio correspondiente. || Caso de que la
inscripción no se haya efectuado ante cónsul nacional, el funcionario encargado
del registro del estado civil en la primera oficina de la capital de la
república procederá a abrir el folio, una vez establecida la autenticidad de
los documentos que acrediten el nacimiento”.
Artículo 48. La inscripción del nacimiento
deberá hacerse ante el correspondiente funcionario encargado de llevar el
registro del estado civil, dentro del mes siguiente a su ocurrencia. ||
Sólo se inscribirá a quien nazca vivo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90 del Código Civil” (Subrayado fuera de texto).
[29] “5. En caso de no poder
acreditarse el nacimiento con los documentos anteriores, el solicitante, o su
representante legal si aquel fuese menor de edad, debe presentar ante el
funcionario encargado del registro civil una solicitud por escrito en donde
relacione nom­bre completo, documento de identidad si lo tuviere, fecha y lugar
de nacimiento, lugar de residencia, hechos que fundamenten la extemporaneidad
del registro, y demás información que se considere pertinente. En
cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 del Decreto ley 1260 de 1970,
mo­dificado por el artículo 1° del Decreto 999 de 1988, al momento de recibir
la solicitud, el solicitante deberá acudir con al menos dos (2) testigos
hábiles quienes prestarán declaración bajo juramento mediante la cual
manifiesten haber presenciado, asistido o tenido noticia directa y fidedigna
del nacimiento del solicitante. Los testigos deberán identificarse
plenamente y expresarán, entre otros datos, su lugar de residencia, su
domicilio y teléfono y correo electrónico si lo tuvieren. Igualmente deberán
presentar el documento de identidad en original y copia, y se les tomarán las
impresiones dactilares de manera clara y legible, en el formato de declaración
juramentada diseñado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. El
funcionario encargado del registro civil interrogará personal e individualmente
al solicitante y a los testigos sobre las circunstancias de tiempo, modo y
lugar del nacimiento y demás aspectos que, a su juicio, permitan establecer la
veracidad de los hechos conforme a las reglas del Código General del Proceso o
las normas que lo sustituyan, adicionen o complementen. De igual forma,
diligenciará el formato de declaración juramentada esta­blecido por la
Registraduría Nacional del Estado Civil para tal fin”.
[30] Folio 63, Cuaderno 2.
[31] Ibid. Folios 63-64.
[32]
Se reseñan algunas consideraciones de las sentencias T-252 de 2017, T-314 de
2016 y T-1088 de 2012.
[33] “Toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública”.
[34] “Legitimidad e interés. La acción
de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por
sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos”.
[35] En este mismo sentido se
pronunció la Corte Constitucional en Sentencia T-269 de 2008.
[36]
Sentencia T-262 de 2012.
[37]
Ibídem.
[38]
Sentencia T-282 de 2008.
[39]
En la misma línea, la Sala Sexta de Revisión insistió en la sentencia T-417 de
2016, que “le corresponde al juez constitucional determinar si en el
caso concreto la utilización del recurso de amparo, más allá de buscar la
salvaguarda de derechos fundamentales vulnerados al interior de una actuación
administrativa, pretende enmendar la falta de agotamiento de la vía gubernativa
y con ello habilitar el estudio de la controversia en un escenario judicial.
Evento en el cual, la acción de tutela se torna improcedente.// En lo
ateniente a los mecanismos judiciales ordinarios, la jurisprudencia
constitucional ha admitido que bajo algunas circunstancias no se erigen como un
medio eficaz o idóneo para garantizar el goce del derecho fundamental invocado,
cuando existe evidencia de un perjuicio irremediable o cuando la mora judicial
de la jurisdicción implica un agravio desproporcionado para el solicitante”.
En relación con el estudio que corresponde al juez constitucional, la Sentencia
T-669 de 2013 expresa que “Para determinar la concurrencia de estas dos
características, deben examinarse los planteamientos fácticos de cada caso,
estudiando aspectos tales como si la utilización del medio o recurso de defensa
judicial existente tiene por virtud ofrecer la misma protección que se lograría
a través de la acción de tutela; el tiempo que tarda en resolverse la
controversia en la jurisdicción ordinaria; el agotamiento de la posibilidad de
ejercicio del derecho fundamental durante el trámite, la existencia de medios
procesales a través de los cuales puedan exponerse los argumentos relacionados
con la protección de los derechos fundamentales; las circunstancias que excusen
o justifiquen que el interesado no haya promovido o no espere promover los
mecanismos ordinarios que tiene a su alcance; la condición de sujeto de
especial protección constitucional del peticionario, que exige una especial
consideración de su situación, entre otras.”
[40]
Sentencia T-177 de 2015.
[41] Se reseñan algunas
consideraciones de las sentencia T-314 de 2016, SU-696 de 2015, C-451 de 2015 y
T-212 de 2013.
[42] Aprobada mediante Ley 16 de 1972. En ambas
disposiciones se precisa que: “Toda persona tiene derecho a una
nacionalidad”. En la sentencia SU-696 de 2015 se resaltó que “Con todo,
la jurisprudencia interamericana ofrece una definición clara y precisa del
concepto de nacionalidad. Así, por ejemplo, en el Caso de las Niñas Yean y Bosico
c. República Dominicana la Corte Interamericana de Derechos Humanos conoció el
caso de una demanda interpuesta contra dicho país cuando su autoridad de
registro civil negó la inscripción en el mismo de dos niñas de padres haitianos
que nacieron en territorio dominicano. En dicha oportunidad, la Corte consideró
que la mencionada acción estatal vulneró el derecho a la nacionalidad de las
niñas, en tanto que la entendió como un estado natural del ser humano que
resulta ser el fundamento de la capacidad política y civil de la persona. De
allí que, aunque tradicionalmente se ha aceptado que la regulación de dicho
derecho es una competencia que ofrece amplias facultades a los Estados, dicha
discrecionalidad está limitada por el deber de protección integral de los
derechos humanos. En efecto, a pesar de que la nacionalidad se concibe desde
una perspectiva clásica como un atributo que el Estado le otorga a sus
ciudadanos, dicho derecho ha evolucionado hasta el punto que ahora reviste el
carácter de humano”.
[43] Amicus Curiae presentado por el Grupo de Acciones
Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario en la sentencia del 28 de agosto
de 2014 de la Corte IDH. Caso de Personas Dominicanas y Haitianas expulsadas vs
República Dominicana.
[44] Corte IDH. Caso Yean y Bosico vs
Republica Dominicana. Sentencia del 8 de septiembre de 2005.
[45] Corte IDH. Caso Castillo
Petruzzi vs Costa Rica. Reiterado en la Sentencia del 6 de febrero de 2001,
Caso Ivcher Bronstein vs Perú.
[46] Ibíd.
[47] Ramírez Bulla, German. Lecciones de Derecho
Constitucional – Tomo I. Ed. Universidad Externado de Colombia, 2017. Pg. 197.
[48] Corte IDH. Opinión Consultiva
OC-17/02 del 28 de agosto de 2002.
[49] Corte IDH. Caso Yean y Bosico vs
Republica Dominicana. Sentencia del 8 de septiembre de 2005.
[50] Ibíd.
[51] CIDH. Informe sobre los Derechos Humanos en la
República Dominicana del 9 de febrero de 2016.
[52] Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein
vs Perú. Sentencia del 6 de febrero de 2001.
[53] Corte IDH. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de
septiembre de 2003.
[54] Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein
vs Perú. Sentencia del 6 de febrero de 2001.
[55] Con respecto a
la nacionalidad como derecho fundamental ver, entre otras sentencia T-075 de
2015.
[56] “El estado civil de una persona
es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determinada su capacidad
para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible,
indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley”.
[57] Reiterado en la sentencia SU-696 de 2015.
[58] “Cuando se pretenda registrar
un nacimiento fuera del término prescrito, el interesado deberá acreditarlo con
documentos auténticos, o con copia de las actas de las partidas parroquiales
respecto de las personas bautizadas en el seno de la Iglesia Católica o de las
anotaciones de origen religioso correspondientes a personas de otros credos, o
en últimas, con fundamento en declaraciones juramentadas, presentadas ante el
funcionario encargado del registro, por dos testigos hábiles que hayan
presenciado el hecho o hayan tenido noticia directa y fidedigna de él,
expresando los datos indispensables para la inscripción, en la forma
establecida por el artículo 49[58]
del presente Decreto. || Los
documentos acompañados a la solicitud de inscripción se archivarán en carpeta
con indicación del código de folio que respaldan.”
[59] “Duda razonable. Cuando
las circunstancias en que se pretende hacer el registro generen duda razonable
sobre las personas, los hechos o circunstancias que los sustenten, la autoridad
competente se abstendrá de autorizar la inscripción. || En caso de
insistencia en el registro por parte de los solicitantes habilitados, el
funcionario de registro civil o notario suspenderá la diligencia de inscripción
y deberá solicitar el apoyo de los organismos de policía judicial para que de
manera inmediata hagan las averiguaciones pertinentes a efecto de establecer la
veracidad de los hechos denunciados. En este caso, los comparecientes o
testigos serán citados dentro del término de quince (15) días hábiles
siguientes a la solicitud, para efecto de sentar la inscripción. Los organismos
de investigación darán prioridad a la resolución de este tipo de
asuntos. || La omisión de denuncia por parte del funcionario de registro
civil o notario, se entenderá como una falta a sus deberes”.
[60] Sentencias C-451 de 2015 y C-536 de 1998. En esta
última se precisa que: “(e)l nacional colombiano es titular de los derechos
políticos, a él reservados, como lo manifiesta el artículo 100 de la
Constitución, si bien la ley puede conceder a los extranjeros residentes en
Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter
municipal o distrital”.
[61] Se reseñan algunas consideraciones de las sentencias
SU-696 de 2015 y T-212 de 2013.
[62] Sentencia C-486 de 1993.
[63] “La inscripción del
nacimiento se descompondrá en dos secciones: una genérica y otra específica. En
aquella se consignarán solamente el nombre del inscrito, su sexo, el municipio
y la fecha de su nacimiento, la oficina donde se inscribió y los números del
folio y general de la oficina central. || En la sección específica se
consignarán, además la hora y el lugar del nacimiento, el nombre de la madre,
el nombre del padre; en lo posible, la identidad de una y otro, su profesión u
oficio, su nacionalidad, su estado civil y el código de sus registros de
nacimiento y matrimonio; el nombre del profesional que certificó el nacimiento
y el número de su licencia. || Además, se imprimirán las huellas plantares del
inscrito menor de siete años, y la de los dedos pulgares de la mano del
inscrito mayor de dicha edad. || La expresión de los datos de la sección
genérica constituye requisito esencial de la inscripción”.
[64] Se reseñarán algunas consideraciones de las
sentencias T-459 de 2016, T-314 de 2016, T-1088 de 2012, C-834 de 2007 y C-385
de 2000.
[65] ¿‘Refugiado’
o ‘Migrante’? ACNUR insta a usar el término correcto. ACNUR, 27 de agosto
de 2015.
[66] Ibíd.
[67] Sentencia T-459 de 2016.
[68] Asunto Popov contra Francia, Sentencia del 19 de
enero de 2012. Igualmente en el asunto Kanagaratnam y otros contra Bélgica,
Sentencia del 13 de diciembre de 2013.
[69] Asunto Kozhayev contra Rusia, Sentencia del 5 de
junio de 2012. Igualmente en el asunto Al Hamdani contra Bosnia Herzegovina,
Sentencia del 7 de febrero de 2012.
[70] Asunto Yoh-Ekale Mwanje contra Bélgica, Sentencia
del 20 de diciembre de 2011. Igualmente en el asunto Balogun contra Reino
Unido, Sentencia del 10 de abril de 2012.
[71] Asunto Takush contra Grecia, Sentencia
del 17 de enero de 2012. Igualmente en el asunto Mokallal contra Ucrania,
Sentencia del 10 de noviembre de 2011.
[72] Rahmani y Dineva contra Bulgaria, Sentencia del 10
de mayo de 2012.
[73] Sentencia T-215 de 1996.
[74] Ver también sentencias T-338 de
2015 y 321 de 2005.
[75] Sentencias C-395 de
2002, C-1259 y C-768 de 1998.
[76] Sentencia C-768 de 1998.
[77] Ibídem.
[78] Sentencia C-179 de 1994.
[79] Sentencia C-1024 de
2002.
[80] Sentencia C-768 de 1998.
[81] Ver también sentencias T-338 de
2015 y 321 de 2005.
[82] “Obligatoriedad de la afiliación. La afiliación al Sistema General
de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los residentes en
Colombia, salvo para aquellas personas que cumplan los requisitos para
pertenecer a uno de los regímenes exceptuados o especiales establecidos
legalmente”.
[83] Acceso a los servicios de
salud. El afiliado podrá acceder a todos los servicios de salud del plan
de beneficios desde la fecha de su afiliación o de la efectividad del traslado
de EPS o de movilidad. Las novedades sobre la condición del afiliado en ningún
caso podrán afectar la continuidad de la prestación de los servicios de salud.
|| Los prestadores podrán consultar el Sistema de Afiliación Transaccional con
el fin de verificar la información correspondiente a la afiliación de la
persona”.
[84] “Documentos de identificación
para efectuar la afiliación y reportar las novedades. Para efectuar la
afiliación y reportar las novedades, los afiliados se identificarán con uno de
los siguientes documentos:
1. Registro Civil de Nacimiento o
en su defecto, el certificado de nacido vivo para menores de 3 meses.
2. Registro Civil de Nacimiento
para los mayores de 3 meses y menores de siete (7) años de edad.
3. Tarjeta de identidad para los
mayores de siete (7) años y menores de dieciocho (18) años de edad.
4. Cédula de ciudadanía para los
mayores de edad.
5. Cédula de extranjería,
pasaporte, carné diplomático o salvoconducto de permanencia, según corresponda,
para los extranjeros.
6. Pasaporte de la Organización
de las Naciones Unidas para quienes tengan la calidad de refugiados o asilados.
Los afiliados están obligados a
actualizar el documento de identificación cuando se expida un nuevo tipo de
documento; sin embargo, la demora en la actualización del nuevo documento no
dará lugar a la suspensión de la afiliación y por tanto habrá reconocimiento de
UPC. Las EPS adoptarán campañas para garantizar que sus afiliados conozcan esta
obligación y mantengan su información actualizada”.
[85] Sentencias C-834 de 2007 y C-385 de 2000.
[86] Se reseñan algunas de las consideraciones del auto
A090 de 2017 y de las sentencias T-158 de 2010 y T-1004 de 2010.
[87] Sentencia T-114 de 2010.
[88] Ver auto A-090 de 2017 y sentencias T-872 de 2002 y
T-204 de 1997.
[89] Sentencias T-158 de 2012 y T-268 de 2010.
[90] Sentencia T-1004 de 2010.
[91]
“La Administración de Justicia es función pública. Sus
decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con
las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho
sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su
incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y
autónomo”.
[92] Sentencia T-977 de 2004 en la
que se estudió el caso de un señor esquizofrénico al que el ISS le suspendió el
servicio de salud bajo el argumento de que para la prestación del mismo, debía
esperar a que se le reconociera y pagara la pensión de sobrevivientes a que
tenía derecho en razón de la muerte de su padre, del cual era beneficiario.
[93] Ibídem.
[94] Sentencia T-052 de 2009,
mediante la cual la Corte resolvió un caso en el que un participante de un
concurso público de notarios, pese a haber cursado una especialización, no lo
acreditó en la forma señalada por la ley, esto es, mediante acta de grado y
diploma, sino mediante una certificación expedida por la universidad.
[95] Ibídem.
[96] A este respecto se puede
consultar, entre muchas otras, la sentencia SU-913 de 2009, en la que esta
Corporación manifestó que por un exceso de ritual, el administrador del
concurso público de notarios otorgó mayor valor a un requisito instrumental que
a la garantía del derecho sustancial. En efecto, en ese evento, el
administrador consideró que el registro de la autoría en la Dirección Nacional
de Derecho de Autor, era la única forma para acreditar la autoría de obras en
derecho. Sin embargo, esta Corporación, en virtud del principio de la
prevalencia del derecho sustancial, concluyó que “la ausencia de la
formalidad del registro no puede derivar en el desconocimiento de la
titularidad que el autor tiene sobre su obra porque el registro es declarativo
y no constitutivo del derecho de autor”.
[97] Folios 17-21, Cuaderno 2.
[98] Como consta en el sitio web de
la Embajada de Venezuela en Colombia: “La
legalización sólo puede hacerse a los documentos emitidos dentro de la
Circunscripción. Aquellos que provienen de Venezuela, deben ser legalizados en
la República, y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores
(MPPRE) es el único organismo que puede colocar la Apostilla de La Haya.
Previamente, el documento debe haber cumplido la debida legalización en las
instancias competentes”. Consultar en: http://colombia.embajada.gob.ve/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=27&lang=es
[99] Folio 35, Cuaderno 1.
[100] Folio 18, Cuaderno 1.
[101] “Cuando se pretenda registrar
un nacimiento fuera del término prescrito, el interesado deberá acreditarlo con
documentos auténticos, o con copia de las actas de las partidas parroquiales
respecto de las personas bautizadas en el seno de la Iglesia Católica o de las
anotaciones de origen religioso correspondientes a personas de otros credos, o
en últimas, con fundamento en declaraciones juramentadas, presentadas ante el
funcionario encargado del registro, por dos testigos hábiles que hayan
presenciado el hecho o hayan tenido noticia directa y fidedigna de él,
expresando los datos indispensables para la inscripción, en la forma
establecida por el artículo 49[101]
del presente Decreto. || Los
documentos acompañados a la solicitud de inscripción se archivarán en carpeta
con indicación del código de folio que respaldan.”
[102] Folios 27-34, Cuaderno 1.
[103] Folio 33, Cuaderno 1.
[104] Folio 1, Cuaderno 1.
[105] Folios 45-51, Cuaderno
2.
[106] Folio 46, Cuaderno 2.
[107] Los Decretos mencionados reiteran la posibilidad de acreditar el
nacimiento con la declaración juramentada de dos testigos. El artículo 50 del
Decreto Ley 1260 de 1970 expresa: “Cuando se pretenda registrar un
nacimiento fuera del término prescrito, el interesado deberá acreditarlo con
documentos auténticos, o con copia de las actas de las partidas parroquiales
respecto de las personas bautizadas en el seno de la Iglesia Católica o de las
anotaciones de origen religioso correspondientes a personas de otros credos, o
en últimas, con fundamento en declaraciones juramentadas, presentadas ante
el funcionario encargado del registro, por dos testigos hábiles que hayan presenciado
el hecho o hayan tenido noticia directa y fidedigna de él, expresando los
datos indispensables para la inscripción.” (Negrilla no incluida en el
texto original). De forma concordante, el Decreto 2188 de 2001 establece el procedimiento
a seguir para la inscripción extemporánea de un nacimiento en el Registro Civil,
en su artículo 1° dispone: “El nacimiento deberá acreditarse con el
certificado de nacido vivo, expedido por el médico, enfermera o partera, o con
otros documentos auténticos. (…) En caso de no poder acreditarse el
nacimiento con los documentos anteriores, se hará con fundamento en testimonios
de conformidad con el artículo 50 del Decreto-ley 1260 de 1970. En este evento,
la declaración bajo juramento rendida personalmente ante el mismo funcionario
de registro civil o notario, la harán al menos dos (2) personas que hayan
presenciado, asistido o tenido noticia directa y fidedigna del nacimiento.”
(Negrilla no incluida en el texto original).
[108] Párrafo 7° del acápite 8.4.1 de la Sentencia.
[109] Sentencias T-977 de 2004, T-052 de 2009, T-493 de 2009, T-599 de 2009,
SU-913 de 2009, T-866 de 2012, T-629 de 2012, T-958A de 2012, SU-636 de 2015,
entre otras.
[110] Sentencia T-052 de 2009.
[111] En dicha Sentencia se adujó: “En conclusión, para esta Corporación,
negar la existencia del daño (muerte del señor Fabio Medina) debido a la
inexistencia del registro civil de defunción no solo constituye un
excesivo formalismo procesal, sino que hace nugatorio el derecho de los
accionantes al acceso a la administración de justicia. Ante tal escenario, la
Corte encuentra que se configura un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto”.
[112] Sobre la interpretación contra
legem como modalidad del defecto sustantivo, la Corte Constitucional
ha proferido las siguientes sentencias: T-392 A de 2014, T-407 de 2017, T-324
de 2017, SU-396 de 2017, SU-498 de 2016, T-564 de 2014, entre otras. La primera
de ellas establece:
“Al sintetizar los requisitos
generales y las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, esta Corporación, en la sentencia C-590 de
2005, describió el defecto sustantivo como “los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión”. (…) la
sentencia SU-448 de 2011 sintetizó los supuestos de configuración de un defecto
material o sustantivo así: (...) cuando pese a la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra,
prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o la aplicación
final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para
los intereses legítimos de una de las partes o cuando en una decisión judicial
se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del
marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión
judicial”. (Negrilla
no incluida en el texto original)
[113] Los siguientes apartes mencionan
que el señor Bula es una persona extranjera: “Para resolver este
cuestionamiento, la Corte considera necesario referirse a cinco temas que se
encuentran relacionados entre sí: i) la procedencia de la acción de tutela para
amparar derechos de personas extranjeras, en la medida que actualmente
el accionante ostenta tal calidad” (p.10); “los próximos acápites irán
dirigidos a analizar la importancia de los derechos a la nacionalidad y
personalidad jurídica, así como las garantías particulares de las que gozan
los extranjeros en Colombia, teniendo en cuenta que la presente decisión
versa sobre un hijo de un colombiano que actualmente ostenta la calidad de
extranjero” (p.13); se incluye un acápite denominado “protección
del extranjero en Colombia” (p.19); y al resolver el caso
concreto se afirma: “Al ser actualmente un extranjero” (p.26).
[114] “Ley 43 de 1993. Capítulo II. De
la nacionalidad colombiana por nacimiento. Artículo 3º. De la prueba
de nacionalidad. Para todos los efectos legales se considerarán como pruebas de
la nacionalidad colombiana, la cédula de ciudadanía para los mayores de
dieciocho (18) años, la tarjeta de identidad para los mayores de catorce (14)
años y menores de dieciocho (18) años o el registro civil de nacimiento para
los menores de catorce (14) años, expedidos bajo la organización y dirección de
la Registraduría Nacional del Estado Civil, acompañados de la prueba de
domicilio cuando sea el caso. Parágrafo. Sin embargo, las personas que han
cumplido con las condiciones establecidas en el artículo 96 de la Constitución
Política para ser colombianos por nacimiento y no se les haya expedido los
documentos que prueban la nacionalidad, de conformidad con lo señalado en el
presente artículo, podrán, únicamente para efectos de renunciar a la nacionalidad
colombiana, presentar la respectiva solicitud acompañada de la documentación
que permita constatar que la persona es nacional colombiana y el cumplimiento
de los requisitos exigidos en el citado artículo de la Constitución Política.”
[115] “Ley 43 de 1993. Capítulo III. De
la nacionalidad colombiana por adopción. Artículo 4º.- Definición y
competencia. La naturalización es un acto soberano y discrecional del
Presidente de la República, en virtud del cual se concede la nacionalidad
colombiana a quienes la solicitan y cumplan con los requisitos que para tal
efecto disponen la Constitución Política y las leyes (…). Artículo 5°. -
Requisitos para la adquisición de la nacionalidad colombiana por adopción.
Sólo se podrá expedir Carta de Naturaleza o Resolución de Inscripción: A los
extranjeros a que se refiere el literal a) del numeral 2 del artículo 96 de la
Constitución Política que durante los cinco (5) años inmediatamente anteriores
a la fecha de presentación de la solicitud hayan estado domiciliados en el país
en forma continua y el extranjero titular de visa de residente (…)”.
[116] “Ley 43 de 1993. Artículo 16.
Del perfeccionamiento del vínculo de la nacionalidad. La naturalización
de toda persona a quien se le expida Carta de Naturaleza o Resolución de
autorización sólo se entenderá perfeccionada con: Su publicación en el Diario
Oficial, requisito que se entenderá cumplido por el pago de los derechos
correspondientes y con la cancelación de los impuestos respectivos, y la
prestación del juramento o protesta solemne si su religión no le permite jurar,
y la inscripción según el caso.”
Para mayor información al
respecto pueden consultarse los siguientes documentos:
Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia. (2010). Cartilla sobre la nacionalidad colombiana.
Lozano, G (2003). La
nacionalidad en la Constitución Política colombiana de 1991. Universidad
Externado de Colombia. Revista Derecho del Estado No. 15. Págs. 143-152.
[117] Con respecto a la nacionalidad
como derecho fundamental, consultar la Sentencia proferida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Niñas Yean y Bosico c.
República Dominicana, y las Sentencias T-212 de 2013, T-551 de 2014, T-075
de 2015 y SU-696 de 2015 de la Corte Constitucional de Colombia.
[118] Hechos referidos en la
Sentencia, desde la segunda página hasta la sexta.
[119] Las Circulares No. 121 de 2016,
216 de 2016 y 025 de 2017 de la Registraduría Nacional del Estado Civil
restringen esa posibilidad a menores de edad, sin que la normatividad
mencionada con anterioridad establezca tal limitación. En el mismo sentido, los
Comunicados de Prensa No. 0017 y 0053 de 2017 informan a la ciudadanía que sólo
se admitirá la declaración de testigos durante un período de tres (3) meses, y
únicamente para menores provenientes de Venezuela. Por último, la Circular 064
expedida el día 18 de mayo de 2017, admite subsanar el requisito de apostillaje
“para la inscripción de nacimientos ocurridos en Venezuela”, pero limita
dicha instrucción a un término de seis (6) meses.