C-296-19
Sentencia
C-296/19
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Competencia de la Corte
Constitucional
NORMA
LEGAL-Vigencia/VIGENCIA-Concepto
DEROGACION-Clases/DEROGATORIA
TACITA-Definición/ DEROGATORIA EXPRESA-Definición/DEROGATORIA
ORGANICA-Definición
DEROGATORIA
EXPRESA, TACITA Y ORGANICA-Jurisprudencia
constitucional
CONTROL
ABSTRACTO DE CONSTITUCIONALIDAD-Alcance/
SUBROGACION-Concepto/SUBROGACION-Efectos
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA DEROGADA-Procedencia
por cuanto continúa produciendo efectos jurídicos
PARENTESCO
CIVIL-Definición según el Código Civil
EVOLUCION
NORMATIVA DE LA INSTITUCION JURIDICA DEL PARENTESCO CIVIL PREVISTA EN CODIGO
CIVIL-Jurisprudencia constitucional
NORMA
SOBRE PARENTESCO CIVIL EN CODIGO CIVIL-Derogatoria
orgánica
NORMA
ACUSADA-Análisis de vigencia
Para
la Sala, el fragmento acusado del literal b) del artículo 6º de la Ley 1306 de
2009 se encuentra vigente por las siguientes razones: i) la Sentencia C-331 de
2016 no configura el fenómeno de la cosa juzgada por tratarse de un fallo
inhibitorio y porque debía estudiar una norma diferente a la que ahora se
encuentra bajo examen, No obstante, es un precedente relevante en su análisis
normativo de la vigencia del artículo 50 del Código Civil; por otra parte; ii)
de acuerdo con un estudio de vigencia de leyes en el tiempo es claro que el CIA
no podía derogar la norma parcialmente acusada por dos razones: no se ocupó de
una regulación integral del parentesco y además es previo a la misma;
finalmente, iii) desde un análisis que parte del principio democrático es claro
que la voluntad del legislador fue mantener la distinción entre el parentesco
civil y el consanguíneo, no sólo por la literalidad del texto acusado, sino que
una perspectiva sistémica muestra la importancia de estos conceptos para el
ordenamiento civil colombiano, por ejemplo le asigna relevancia y consecuencias
al parentesco consanguíneo del adoptado en ciertos casos
FAMILIA-Reconocimiento
y protección constitucional de los diferentes tipos
El
artículo 5° de la Constitución Política establece que el Estado reconoce, sin
discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y
ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Este mandato
constitucional es reiterado y desarrollado en el artículo 42 de la Carta, que
establece, entre otras cosas, que la familia es el núcleo fundamental de la
sociedad y se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión
libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad
responsable de conformarla
FAMILIA-Elemento
natural y fundamental de la sociedad en el derecho internacional
FAMILIA-Jurisprudencia
constitucional
La
Constitución ofrece una definición amplia de familia que se ajusta a diversos
instrumentos internacionales. De esta manera, la jurisprudencia ha
considerado que la familia es una comunidad de personas en la que se
acreditan lazos de solidaridad, amor, respeto mutuo y unidad de vida común
construida por la relación de pareja, la existencia de vínculos filiales o la
decisión libre de conformar esa unidad familiar. Por lo tanto,
esta Corporación ha señalado que las diferentes modalidades de familia son
acreedoras del mismo tratamiento jurídico por parte del Estado
PERSONAS
EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Protección constitucional
PERSONAS
CON DISCAPACIDAD MENTAL-Deber del Estado de
proteger la igualdad formal y material de estas personas
DERECHO
A LA IGUALDAD EN SENTIDO MATERIAL-Acciones
afirmativas a cargo del Estado
ACCIONES
AFIRMATIVAS-Obligación del Estado frente a las
personas con discapacidad
En
particular, el Estado tiene el deber de desarrollar acciones afirmativas en
relación con las personas en situación de discapacidad, con el fin de eliminar
las barreras sociales, lograr su integración y hacer posible su participación
en las distintas actividades que se desarrollan en la sociedad
DERECHOS
DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Relación
con la capacidad jurídica
CONVENCION
INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Compromiso de
los Estados parte[La Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad obliga a los Estados Parte a proporcionar acceso y apoyo a esta
población, con el fin de que ejerzan su capacidad jurídica y logren tomar decisiones
con efectos jurídicos
DERECHO
A LA IGUALDAD Y PROTECCION CONSTITUCIONAL DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD-Reiteración de jurisprudencia
DIGNIDAD
HUMANA DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD-Debe
valorarse hoy en día bajo el modelo social de discapacidad
El
modelo social erige a la dignidad humana como un presupuesto ineludible para
que las personas en situación de discapacidad puedan aportar a la sociedad y,
junto con ello, sentirse parte de la misma sin ser excluidos por sus
condiciones. En este sentido, las medidas estatales y sociales deben
dirigirse a garantizar el mayor nivel de autonomía posible del individuo,
mediante ajustes razonables requeridos por su condición, que no se
concibe como limitación sino como diversidad funcional. En este orden
de ideas, las personas en condición de discapacidad son reconocidas a partir de
su diferencia
PERSONAS
CON DISCAPACIDAD-Modificaciones
introducidas por Ley 1306 de 2009
Desde
un punto de vista legal, la Ley 1306 de 2009, de la cual es parte el fragmento
demandado, derogó el régimen de guardas del Código Civil, lo cual adecuó
esta materia al nuevo modelo social de discapacidad. Esta Ley introdujo
varias modificaciones al régimen del Código Civil que incorporan principios
contemporáneos, y adaptan la legislación a la Constitución y a las
convenciones internacionales sobre personas con discapacidad adoptadas por
Colombia. De este modo, mediante la citada Ley se realizan los deberes en
cabeza del Estado
DISCAPACIDAD-Protección
constitucional reforzada
El
artículo 13 de la Constitución Política
impone al Estado adaptar su legislación de manera que, no sólo prevea medidas
afirmativas para la población en situación de discapacidad, sino que también
sea respetuosa de la pluralidad de condiciones que hacen de este grupo titular
de una especial protección constitucional. De esta manera se amparan los
intereses de las personas en situación de discapacidad, así como el goce pleno
de su capacidad jurídica para tomar decisiones
DERECHO
DE FILIACION-Fuentes normativas
PARENTESCO
DE CONSANGUINIDAD-Definición según el
Código Civil
CODIGO
CIVIL-Afinidad legítima
CODIGO
DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA-Efectos
jurídicos de la adopción
La
regulación actual de la adopción
determina que es inaceptable un trato diferenciado para los miembros de
familias originadas en este vínculo jurídico, respecto de las constituidas a
partir de lazos consanguíneos
DERECHO
A LA FILIACION-Fundamental/DERECHO A LA
FILIACION-Atributo de la personalidad/IGUALDAD DE
LA FAMILIA INDEPENDIENTEMENTE DE SU ORIGEN-Prohibición de
discriminación fundada en la naturaleza de la filiación
DERECHO
A CONSTITUIR UNA FAMILIA-Límites
En
consecuencia, la determinación por parte del Legislador de las consecuencias
jurídicas propias del régimen de familia se encuentra limitada por el principio
de igualdad entre los diversos modos de parentesco, de forma tal que toda
disposición que conceda una posición jurídica diferente por el solo hecho de la
naturaleza de la filiación es, en principio, contraria a la Constitución
IGUALDAD
ENTRE TODAS LAS FORMAS DE FAMILIA-Protección
constitucional
Este
reconocimiento impone restricciones claras y definidas para el Legislador al
momento de efectuar regulaciones que involucren las diversas formas de
filiación protegidas por la Constitución. En este sentido, no será admisible
otorgar mayores niveles de protección jurídica a una modalidad de familia
respecto de otra, sin que para ello concurran circunstancias
constitucionalmente relevantes e imperiosas que permitan un tratamiento
diferenciado. De la misma forma, tampoco podrán aceptarse diferenciaciones
legislativas en el tratamiento entre sus miembros. Ello, sin perjuicio de que
el Legislador conceda protección especial a determinados núcleos familiares
habida cuenta de la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades para
grupos sociales tradicionalmente excluidos, como sucede en el caso de las
madres cabeza de familia
CONSECUENCIAS
JURIDICAS DISCRIMINATORIAS EN RAZON DE LA FILIACION-Jurisprudencia
constitucional
ADOPCION-Medida
de protección al menor para garantizar su derecho a tener una familia y suplir
las relaciones de filiación
ADOPCION-Definición/ADOPCION-Finalidad
ADOPCION-Parentesco
civil
Ahora
bien, como se ha visto a lo largo de esta sentencia, de conformidad con el
artículo 64 los efectos jurídicos que conlleva la adopción son exactamente
iguales a los del parentesco consanguíneo. Por lo tanto, el parentesco civil no
solo es una institución mediante la cual se materializa el derecho fundamental
a la filiación de los menores de edad, sino que también se protege a la familia
como núcleo fundamental de la sociedad, entendida como una comunidad que
decide vivir en común y en donde están los afectos. Por lo tanto, la
adopción es una medida de protección que busca materializar los derechos
fundamentales de los niños y niñas a i) la filiación; y ii) tener una familia y
a no ser separado de ella, sin importar el origen el vínculo por el cual fue
originada
JUICIO
INTEGRADO DE IGUALDAD-Etapas de su análisis y
modalidades del test de igualdad según el grado de intensidad
DERECHO
A LA IGUALDAD-Supuestos de hecho iguales, deben
recibir el mismo tratamiento jurídico
JUICIO
INTEGRAL DE IGUALDAD-Trato desigual entre
iguales o igual entre desiguales
TEST
ESTRICTO DE IGUALDAD-Fundamento
TEST
ESTRICTO DE IGUALDAD-Aplicación frente a
medida que involucra a sujetos de especial protección constitucional
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Integración
normativa
INTEGRACION
NORMATIVA-Eventos en que procede
INTEGRACION
NORMATIVA-Aplicación
Referencia: Expediente D-12674
Demanda de inconstitucionalidad contra el literal b)
(parcial) del artículo 6º de la Ley 1306 de 2009 “Por la cual se dictan
normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el
Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados.”
Demandante: Yesith Nicolás
Páez Tenjo
Magistrada ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO.
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio dos mil
diecinueve (2019).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los
Magistrados
Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana
Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo,
Antonio José Lizarazo Ocampo, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas
y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el
numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, cumplidos todos los
trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en el
artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Yesith Nicolás Páez
Tenjo presentó ante esta Corporación demanda de inconstitucionalidad en contra
de un aparte del literal b) del artículo 6° de la Ley 1306 de 2009, debido a
que considera que vulnera el artículo 13 de la Carta Política.
El demandante afirma que la norma es
inconstitucional porque desconoce el principio de igualdad, en
la medida en que establece una discriminación por origen familiar. En efecto,
señala que la norma establece una preferencia de los parientes consanguíneos sobre
los civiles en la titularidad de las obligaciones de cuidado de las personas
con discapacidad mental.
El 10 de mayo de 2018[1], la Magistrada
Ponente admitió la demanda por violación al derecho a la igualdad establecido
en el artículo 13 de la Constitución. Por lo tanto: i) ordenó fijar
en lista la norma acusada para garantizar la intervención ciudadana; ii) corrió
traslado al Procurador General de la Nación para lo de su competencia; iii) dispuso
que se comunicara el inicio del proceso al Presidente de la República,
al Presidente del Congreso, al Ministerio de Justicia y del Derecho,
al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Defensoría del Pueblo y al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que intervinieran si lo
consideraban oportuno e indicaran las razones por las cuales, en su criterio,
la disposición demandada es o no constitucional; iv) invitó al Centro de
Estudios Jurídicos y Sociales-DEJUSTICIA, a la Academia Colombiana de
Jurisprudencia, a la Liga Colombiana de Autismo (LICA), al Programa de Acción
por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Facultad de Derecho de la
Universidad de los Andes, a la Asociación Colombiana de Síndrome de Down-Asdown
Colombia, a las facultades de Derecho de las Universidades de los Andes,
Externado de Colombia, Nacional de Colombia, Libre Seccional Bogotá, de Nariño,
de Antioquia, de Caldas, y a los Grupos de Acciones Públicas de la Pontificia
Universidad Javeriana y del Rosario, para que, si lo consideraban oportuno,
intervinieran en este asunto para defender o atacar la constitucionalidad del
aparte demandado; y i) suspendió los términos del proceso de acuerdo con lo
previsto en el Auto 305 de 2017.
La
Sala Plena de esta Corporación levantó la suspensión de términos en el proceso
de la referencia mediante Auto 794 de 2018[2]. Asimismo, dispuso
la comunicación de esta decisión a la ciudadanía, al Presidente de la
República, al Presidente del Congreso, al Ministerio de Justicia y del Derecho,
al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Defensoría del Pueblo y al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Cumplidos
los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de juicios y
previo concepto de la Procuraduría General de la Nación, procede la Corte a
decidir la demanda de la referencia.
II. TEXTO DE LA NORMA DEMANDADA
A
continuación, se transcribe el texto de la disposición parcialmente acusada y
se subraya el aparte demandado:
“Ley 1306 de 2009
(junio 5)
Diario Oficial No. 47.371 de 5 de junio
de 2009
Por la cual se dictan normas para la
Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la
Representación Legal de Incapaces Emancipados.
ARTÍCULO 6o. LA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN. La protección
del sujeto con discapacidad mental corresponde y grava a toda la sociedad, pero
se ejercerá de manera preferencial por:
(…)
b) El cónyuge o compañero o compañera permanente y los
demás familiares en orden de proximidad, prefiriendo los ascendientes y
colaterales mayores y los parientes consanguíneos a los civiles.”
III.
LA DEMANDA
Yesith Nicolás Páez Tenjo presentó demanda de
inconstitucionalidad en contra de un aparte del literal b) del artículo 6° de
la Ley 1306 de 2009, debido a que considera que este vulnera el artículo 13 de
la Constitución. Como consecuencia de la alegada violación, el
demandante solicitó que se declare la inexequibilidad de la disposición
acusada.
Cargo
Único. Desconocimiento del principio de igualdad al establecer discriminación
por origen familiar
El
demandante considera que la norma acusada viola el artículo 13 de la Carta
Política porque instituye una diferenciación entre los parientes consanguíneos
y los civiles, de tal forma que se consagra una preferencia de los primeros
sobre los segundos para asumir las obligaciones de cuidado de las personas con
discapacidad mental. En efecto, sostiene que el precepto acusado genera una distinción
por origen familiar, lo cual constituye un criterio sospechoso de
discriminación. Además, resalta que la finalidad de la disposición demandada es
proteger a las personas en situación de discapacidad mental, tal y como se
dispuso en la Sentencia T-026 de 2014:
“el propósito que
persiguen los preceptos reseñados es dar un tratamiento especial y
proteger a las personas en situación de discapacidad mental, en
consideración a que, por sus “limitaciones psíquicas o de comportamiento”, no están en
capacidad de comprender el alcance de sus actos y requieren de la asistencia
permanente de sus familiares y/o del Estado, a fin de procurar la defensa
integral de sus derechos, adoptando las acciones idóneas para tal efecto.”[3]
Por
lo anterior, señala que la distinción entre parientes consanguíneos y civiles
que determina la norma:
“resulta
injustificada e innecesaria, en cuanto, [sic] parte de que el familiar en
condición de pariente civil no podría llegar a proteger de una manera igual o
más eficaz el interés jurídico de protección [sic] de la persona discapacitada
que el familiar que está en condiciones de pariente consanguíneo, generando así
una discriminación por el origen familiar del pariente consanguíneo sobre el
pariente civil vulnerando de esta manera el derecho a la igualdad.”[4]
Asimismo, el ciudadano señala que la Corte
Constitucional se ha pronunciado en otras oportunidades sobre la prohibición de
adoptar medidas que resulten en un trato diferencial teniendo en cuenta el
origen familiar. En particular, cita la Sentencia C-1287 de 2001[5], en la que determinó
que la excepción del deber de declarar en contra de sí mismo y contra
familiares cercanos se extiende a los parientes adoptivos hasta cuarto grado, y
no únicamente a los parientes dentro del cuarto grado consanguinidad, segundo
de afinidad o primero civil, tal y como lo establecía la norma demandada en esa
oportunidad.
En ese sentido, argumenta que este Tribunal ha
determinado que la igualdad es un principio que no solo implica que las mismas normas deban
ser aplicadas a los mismos supuestos de hecho, sino también es un principio que
debe estar presente en la formulación de derechos de modo que el Legislador no
pueda establecer diferenciaciones arbitrarias.
Adicionalmente, indica que el artículo 42 de la
Constitución prohíbe expresamente que el origen familiar sea un criterio para
establecer un trato desigual, de manera que las familias que surgen por
vínculos civiles se encuentran en un plano de igualdad con las originadas a
partir de un vínculo consanguíneo. De este modo, afirma que:
“en lo que se refiere a los familiares más cercanos,
es decir, en primer grado, no es válido que el Legislador establezca
tratamientos diferenciales que resulten favorables solamente para los
familiares que tienen un vínculo de sangre y excluyan a los que tienen por
origen adopción.”[6]
Finalmente, el demandante concluye que no existe
ninguna justificación de rango constitucional para establecer una diferencia de
trato, si se tiene en cuenta que los parientes civiles pueden ejercer la
protección de las personas con discapacidad mental de la misma forma que los
consanguíneos. Por lo tanto, señala que la distinción en el orden de
preferencia entre pariente consanguíneo y civil que contiene el aparte
demandado implica una discriminación por origen familiar que vulnera el
principio de igualdad.
IV.
INTERVENCIONES
Instituciones
del Estado
1.
Ministerio de Justicia y del Derecho[7]
El
Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó
declarar la INEXEQUIBILIDAD del aparte demandado, porque a su juicio
resulta discriminatorio, desde el punto de vista de origen familiar, darles
preferencia a los parientes consanguíneos frente a los civiles en el cuidado de
personas con discapacidad mental.
En
ese sentido, resaltó que le asiste razón al accionante, ya que no hay una
justificación razonable para limitar el deber de los parientes civiles,
respecto de los parientes consanguíneos, en cuanto a suministrar al pariente
con discapacidad mental la protección señalada en el artículo 6° de la Ley 1306
de 2009.
Además,
advirtió que el artículo 25 de la Ley establece que los parientes civiles y
consanguíneos, sin orden de preferencia, tienen el deber de provocar una medida
de restablecimiento de derechos como la interdicción. De este modo, cuestionó
el hecho de que no se hiciera ninguna distinción respecto a esta medida pero
que sí se realizara sobre las demás medidas de protección.
Por
otro lado, afirmó que el fragmento acusado no supera un juicio integrado de
igualdad porque: i) el deber de proveer condiciones básicas de subsistencia y
de procurar el mejoramiento de las condiciones de vida de la persona en
condición de discapacidad mental se predica tanto de los parientes sanguíneos
como de los civiles; ii) desde el punto de vista jurídico se genera un
tratamiento desigual a quienes según lo ordenado por la Constitución han de
tratarse como iguales; y iii) no se evidencian razones justificadas para una
diferenciación en el nivel del cumplimiento de este deber por unos u otros. En
ese sentido, resaltó que, dado que la Constitución señala que los hijos
consanguíneos son iguales a los civiles y que la legislación vigente establece
que los hijos adoptivos se integran plenamente a la familia adoptante, no
existe razón suficiente para limitar el alcance del deber de los parientes
civiles respecto de los consanguíneos.
2. Ministerio
de Salud y Protección Social[8]
El
Ministerio de Salud y Protección Social solicitó declarar INEXEQUIBLE el
aparte demandado, ya que estima que establecer una preferencia en el ejercicio
de los derechos y deberes de las personas de un grupo familiar en virtud de la
manera en la que obtuvieron el parentesco es contrario a la Constitución, al
ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia vigente.
En
primer lugar, advirtió que el artículo 13 de la Carta Política establece que
nadie puede ser discriminado por su origen familiar. Seguidamente, afirmó que
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos establecen que es obligación de los Estados
parte garantizar el ejercicio pleno de derechos a todas las personas. En tercer
lugar, destacó que el artículo 42 Superior indica que los hijos adoptados
tienen los mismos derechos y deberes que todos los demás. Adicionalmente,
resaltó que el artículo 64 del Código de Infancia y Adolescencia señala que los
efectos jurídicos de la adopción se extienden en todas las líneas y grados. Por
último, hizo referencia a las sentencias C-105 de 1994, C-595 de 1996, C-404 de
2013 y C-451 de 2016, mediante las cuales la Corte Constitucional ha
establecido que el Estado debe proteger a la familia independientemente de cuál
sea su origen. Por lo tanto, concluyó que el apartado debe ser declarado
inexequible a fin de “eliminar cualquier referencia expresa o tácita que
lleve a inferir [sic] discriminación en razón al origen familiar, y en
consecuencia no debe existir en la norma demandada ninguna referencia en razón
a éste.”[9]
3.
Defensoría del Pueblo[10]
La
Defensoría del Pueblo solicitó
declarar la INEXEQUIBILIDAD del aparte demandado porque considera que la
preferencia de los parientes consanguíneos a los civiles no resulta idónea para
proteger de forma efectiva los derechos de las personas con discapacidad.
La
entidad afirmó que para solucionar el problema planteado por la demanda es
necesario llevar a cabo un test integrado de igualdad, ya que esta es la
metodología utilizada por la Corte para establecer si un trato diferenciado se
ajusta o no a la Carta Política. Por lo tanto, primero analizó si la medida
establecida por la norma es adecuada para alcanzar un fin constitucionalmente
válido. Manifestó que la Constitución dispone que es obligación del Estado
brindar protección especial a las personas que se encuentran en condición de
discapacidad. En efecto, suscribió la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana Para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación, de manera que tiene la obligación
internacional de adoptar medidas de todo tipo que garanticen el goce efectivo
de los derechos de esta población.
Por
lo tanto, resaltó que la distinción entre los parientes civiles y consanguíneos
que establece el artículo 6° de la Ley 1306 de 2009 “tiene como fin
garantizar el cuidado de estas personas, por parte de quienes se consideran
como parientes allegados, de manera que, puede concluirse que la norma persigue
un fin válido a la luz de la Constitución”[11].
En
segundo lugar, se preguntó si la preferencia de los parientes consanguíneos
sobre los civiles es una medida idónea para proteger los derechos de las
personas en situación de discapacidad mental. Advirtió que las personas con
discapacidad son objeto de una protección especial por parte del ordenamiento
jurídico, debido a los escenarios de desigualdad formal y material que
históricamente los han afectado. Por lo tanto, hizo referencia a que la
Constitución y los instrumentos internacionales exigen al Estado que adopte
acciones que combatan efectivamente la discriminación de las personas con
discapacidad.
En
ese sentido, resaltó que esta Corporación ha establecido que la adopción es un
mecanismo de protección a través del cual se pueden garantizar de forma
integral los derechos de las niñas y niños. La Corte ha señalado que los procesos
de adopción están principalmente orientados a brindar a los menores una familia
en la que puedan desarrollarse de manera armónica e integral, de modo que
puedan hacer efectivos otros derechos fundamentales.
Específicamente,
citó la Sentencia C-071 de 2015 en la que este Tribunal reiteró que, en los
casos en los que la familia biológica no es adecuada para garantizar el
desarrollo integral de un menor de edad, el Estado tiene la obligación de establecer
instituciones encargadas de suplir, hasta donde ello resulte posible, las
carencias que padece cuando se ve obligado a separarse de su familia. Por lo
tanto, señaló que la adopción es la medida de protección por
excelencia ya que es la institución que brinda los vínculos afectivos
necesarios que permiten el desarrollo de todas las personas.
También
señaló que, por tratarse de personas con discapacidad mental, este asunto
reviste una enorme importancia, ya que no solo se trata del deber de cuidado a
favor de una persona discapacitada, sino que también debe considerarse la
importancia de proteger los vínculos familiares que se han constituido a partir
de la adopción.
Así
las cosas, afirmó que “la preferencia de los parientes consanguíneos a los
parientes civiles en la protección de las personas con discapacidad mental, no
resulta idónea para proteger de forma efectiva los derechos de esta población.”[12] Argumentó
que en muchos casos en el entorno de la familia civil se han consolidado lazos
de apego y protección idóneos para promover el desarrollo y ejercicio de
derechos de las personas con discapacidad. Por lo tanto, señaló que es
necesario evaluar las circunstancias que rodean cada caso concreto y tomar en
consideración el grado de discapacidad de las personas para garantizar que su
participación sea lo más activa posible.
Por
último, la Defensoría hizo referencia a la necesidad de fortalecer la
participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones que
puedan afectarlos, de manera que el ordenamiento jurídico avance en el modelo
social de discapacidad.
4.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar[13]
El
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar solicitó declarar INEXEQUIBLE el
aparte demandado. En primer lugar, recalcó que la norma tiene como propósito
establecer reglas para la protección de las personas en situación de
discapacidad, de manera que la misma debe considerar su participación real y
efectiva debido a que, como lo establece el literal e) del preámbulo de la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la
jurisprudencia de esta Corporación, la discapacidad debe ser abordada desde una
perspectiva social.
De
este modo, advirtió que independientemente de que la Ley determine un orden de
prelación en relación con el deber de protección de las personas en situación
de discapacidad, es indispensable que se dé a los sujetos el derecho a
participar de manera real y efectiva en esa determinación. En ese sentido,
resaltó que la protección de los individuos con discapacidad mental “no
puede entenderse de manera excluyente a la capacidad jurídica que tiene la
persona con discapacidad mental en el marco de su autonomía e independencia
para tomar sus propias decisiones y participar plenamente en igualdad de
condiciones que los demás”[14].
En
segundo lugar, resaltó que el parentesco civil se encontraba consagrado en el
artículo 50 del Código Civil[15] y
señaló que este había sido objeto de examen por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-336 de 2016[16].
Posteriormente, la Ley 5 de 1975 distinguió entre la adopción simple y la
adopción plena. Sin embargo, el Código del Menor eliminó esta distinción y en
su artículo 100 indicó que la adopción establece parentesco civil entre el
adoptivo y sus adoptantes al extender el vínculo filial a todas las
líneas y grados consanguíneos y afines.
De
este modo, resaltó que actualmente el artículo 61 del Código de Infancia y
Adolescencia determina que la adopción es una medida de protección que
establece de manera irrevocable una relación filial. Por lo tanto, existe una
inserción plena de la persona adoptada en la familia adoptante, de forma que
los derechos y obligaciones que surgen de este vínculo familiar son iguales a
los que emergen del parentesco consanguíneo.
En
tercer lugar, recalcó que en la Sentencia C-892 de 2012 este Tribunal
estableció que no resulta constitucionalmente admisible establecer tratos
diferenciados para los miembros de “las familias originadas de la adopción,
frente a aquellas constituidas a partir de nexos de consanguinidad”[17]. Por
lo tanto, advirtió que la expresión demandada establece una distinción
arbitraria entre los parientes consanguíneos y los civiles respecto a
la obligación de cuidar a sus familiares con discapacidad mental. De
esta manera, afirmó que la diferenciación prevista en el fragmento acusado no
tiene ningún fundamento objetivo, ya que de acuerdo con la Carta Política y el
ordenamiento jurídico vigente, ambos tipos de parentesco se encuentran en un
plano de igualdad.
Instituciones
universitarias
5. Pontificia
Universidad Javeriana[18]
La universidad
solicitó declarar INEXEQUIBLE el fragmento acusado. En su criterio, la
familia es un concepto amplio que apela a la igualdad de derechos, deberes y
obligaciones de los parientes civiles y consanguíneos.
En
primer lugar, afirmó que el trato diferencial que establece la norma entre
parientes consanguíneos y civiles frente a la protección de personas con
discapacidad mental es inconstitucional. De este modo, sostuvo que tanto del
artículo 42 de la Constitución, como de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se deriva que la
familia es el elemento fundamental de la sociedad. Por lo tanto, señaló que el
Estado tiene la obligación constitucional de “conceder la más amplia
protección y asistencia posible, así como tomar las medidas que aseguren la
igualdad y la protección de sus miembros”[19].
En
ese sentido, resaltó que esta Corporación ha adoptado un criterio amplio sobre
el concepto de familia y las figuras que la constituyen. En relación con lo
anterior, citó la Sentencia C-1287 de 2001 y recalcó que esta afirma que “las
familias con vínculos civiles, es decir, aquellas que se generan a través de
instrumentos de la adopción, se ubican en pie de igualdad respecto a la familia
constituida a partir del matrimonio o la unión libre entre compañeros
permanentes.”[20] Por
último, indicó que el origen familiar no puede ser un criterio para establecer
un trato desigual de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.
Por
otro lado, señaló que según la Sentencia C-046 de 2017 el Legislador no puede expedir normas que consagren un trato
diferenciado en cuanto a derechos y deberes entre las personas por razón de su
origen familiar. De esta manera, a su juicio, la declaratoria de
inexequibilidad reconocería el derecho a la unidad familiar, el cual implica la
protección estatal a los vínculos estrechos de convivencia y solidaridad dentro
de una estructura familiar que permite la garantía de otros derechos
fundamentales.
Por último, advirtió que la norma promueve un trato
diferencial injustificado entre parientes civiles y consanguíneos, “a pesar
que la ley y la jurisprudencia ha (sic) equiparado la naturaleza y el alcance
de los dos tipos de filiación”.[21]
6. Universidad Externado de Colombia[22]
La universidad solicitó declarar INEXEQUIBLE la
norma acusada, pues considera que establece un trato diferenciado que no tiene
una finalidad constitucionalmente legítima.
Antes
de llevar a cabo su análisis, aclaró que, a su juicio, la interpretación
realizada por el demandante es errada, debido a que de la norma no se deriva el
hecho de que los parientes civiles no tengan la capacidad de ofrecerle una
protección integral y eficaz a una persona en situación de discapacidad. No
obstante, afirmó que la disposición sí establece un trato diferenciado entre
los parientes consanguíneos y los civiles, al otorgar a los primeros la
preferencia de la obligación de cuidado y protección de las personas con discapacidad
mental. Aclaró que su concepto se dividiría en tres partes: i) la regulación
del parentesco de consanguinidad y civil en el ordenamiento jurídico
colombiano; ii) el principio de igualdad y el reconocimiento constitucional de
la familia en todas sus formas, y iii) el análisis concreto bajo la aplicación
del test estricto de proporcionalidad.
En
primer lugar, advirtió que el artículo 42 de la Constitución establece una
noción amplia de familia. Esta supone que las personas que deciden constituir
una familia por vías distintas al matrimonio o la concepción estén en igualdad
de condiciones frente a las personas que deciden tomar estas alternativas.
Señaló
que, según el artículo 35 del Código Civil, el parentesco por consanguinidad es
aquel que se establece por relación o conexión que existe entre las personas
que descienden de una misma raíz o que están unidas por vínculos de sangre. Por
su parte, el artículo 64 del Código de Infancia y Adolescencia prevé que la
adopción es una medida a través de la cual se configura una relación
paternofilial entre personas que no la tienen por naturaleza, de manera que
genera un parentesco civil entre el adoptivo y el adoptante. De este modo,
resaltó que este vínculo se extiende en todas las líneas y grados consanguíneos
y extingue cualquier parentesco de consanguinidad que el adoptivo tenga con su
familia de origen, con excepción del impedimento matrimonial que prevé el
artículo 140 del Código Civil.
Por
lo tanto, concluyó que la adopción “es plena y conforme al principio de
igualdad no existe diferenciación en los efectos jurídicos que respecto de la
familia se prediquen con base en si la misma se conformó mediante lazos
naturales y/o civiles”[23].
El
interviniente afirmó que la igualdad es un principio orientador de la
Constitución que tiene tres dimensiones. La primera es la igualdad ante la ley,
esta implica que las normas sean aplicadas del mismo modo a todas las personas.
La segunda es la igualdad de trato, la cual se refiere a tratar igual a las
personas que están en las mismas condiciones y desigual a quienes se encuentren
en situaciones diferentes. La última es la igualdad de protección que se
refiere a la aplicación homogénea de la ley para quienes lo necesitan.
Asimismo,
advirtió que la igualdad es un derecho fundamental consagrado en el artículo 13
de la Constitución. De este modo, enfatizó que es uno de los pilares esenciales
del Estado Social de Derecho, ya que señala que ninguna persona puede ser
discriminada por razones de sexo, raza ni origen familiar, entre otras.
Por
otro lado, argumentó que el artículo 42 de la Carta Política establece que la
familia se constituye por vínculos civiles o naturales y que dicho
reconocimiento se hace en condiciones de igualdad. En ese sentido, afirmó que
la Corte Constitucional ha adoptado un concepto amplio, plural e inclusivo de
familia que no se limita a los vínculos de consanguinidad. De este modo,
resaltó que del reconocimiento constitucional de la familia como una noción
plural se deriva el deber estatal de proteger todas sus formas en un plano de
igualdad.
Este
ámbito de protección contiene el principio de unidad familiar que implica que
las autoridades tienen un deber general de abstenerse de adoptar medidas
infundadas e irrazonables que establezcan diferencias entre los miembros de las
familias civiles o consanguíneas. Por lo tanto, concluyó que de conformidad con
los artículos 13 y 42 de la Constitución, no hay ningún fundamento que
justifique el orden preferencial que el fragmento demandado establece para los
parientes consanguíneos sobre los civiles en cuanto al deber de protección que
tienen con sus parientes en situación de discapacidad mental.
La
interviniente señaló que, como “el caso en cuestión se basa en un criterio
sospechoso de igualdad”[24] y
los destinatarios de la medida son sujetos de especial protección
constitucional, es necesario aplicar un test estricto de proporcionalidad. En
ese sentido, afirmó que el parentesco es un criterio sospechoso de
discriminación y que la disposición recae directamente sobre las garantías y
derechos de las personas con discapacidad mental. Por lo tanto, aseguró que
cualquier decisión en este ámbito tiene repercusiones directas sobre sus
derechos.
Advirtió
que, de conformidad con los artículos 13 y 42 de la Constitución, no es
constitucionalmente razonable que la norma establezca un trato diferenciado. En
primer lugar, afirmó que el artículo 13 Superior prohíbe expresamente cualquier
tipo de discriminación por origen familiar. En segundo lugar, resaltó que la
legislación determina que el parentesco civil implica la pérdida de parentesco
por consanguinidad y, teniendo en cuenta que el artículo 42 de la Constitución
hace un reconocimiento en condiciones de igualdad a las diferentes formas y
miembros de las familias, también extiende sus derechos y deberes. Por lo
tanto, concluyó que la “diferenciación entre parentesco ‘natural’ y ‘civil’
termina siendo más que todo nominal”[25]. Además,
recalcó que la medida no guarda relación con las finalidades y propósitos que
establecen la norma y la Constitución. Por último, afirmó que
“a
pesar de dejar a la discrecionalidad del juez la decisión sobre (sic) a quién
recae el deber de protección, este optará por recurrir al orden de prelación
que establece la ley, y al cual está obligada a ceñirse, pudiendo afectarse
directamente derechos fundamentales de los sujetos de especial protección en el
caso que nos ocupa”[26].
7. Universidad de la Sabana[27]
La Universidad de la Sabana solicitó
declarar INEXEQUIBLE el fragmento acusado, debido a que “la
discapacidad intelectual se refiere a una limitación importante en el
funcionamiento de la persona, no a la limitación de la persona”[28]. De
este modo, afirmó que, si se interpreta que una persona con discapacidad
intelectual es una “persona y no un discapacitado, puede llegarse a poner en
pie de igualdad, tanto a los parientes consanguíneos, como a los civiles,
procediéndose a la declaratoria de inexequibilidad de la norma”[29].
8. Universidad de Antioquia[30]
La Universidad de Antioquia solicitó declarar
la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la norma acusada, porque de la
expresión demandada “de los parientes consanguíneos a los civiles” solo
es necesario cambiar la preposición “a” por la conjunción “y”, de
forma que se eliminaría la diferenciación entre ambos tipos de parentesco.
De
este modo, planteó que el artículo 61 del Código de Infancia y Adolescencia
instituye que la adopción es una medida de protección que establece de manera
irrevocable una relación filial. En ese sentido, señaló que el artículo 64 de
esta misma norma afirma que la adopción se extiende en todas las líneas y
grados a los consanguíneos, adoptivos y afines entre el adoptante y el
adoptivo. De esta manera, consideró inadmisible que exista un trato
diferenciado para los miembros de familias que se han originado por dicho
vínculo jurídico frente a las que han sido constituidas por los nexos de
consanguinidad.
Asimismo,
determinó que la prelación que la norma establece a favor de los parientes
consanguíneos no se ajusta a ninguna de las finalidades que la Ley 1306 de 2009
tiene como objetivo. A raíz de lo anterior, afirmó que “discriminar en razón
del tipo de filiación […] no está racionalmente fundamentado en razones
encaminadas a la consecución de una finalidad normativa, sino que, por el
contrario, parece basado en un criterio sospechoso de discriminación.”[31] En
ese sentido, afirmó que “culturalmente ha existido en Colombia una
discriminación hacia los vínculos familiares civiles es decir a los vínculos
producto de la adopción como una forma jurídica de crear lazos familiares”[32].
De esta manera, resaltó que toda forma de discriminación negativa debe ser
erradicada del sistema jurídico y que todas las leyes y normas deben evitar
crear o permitir este tipo de distinciones arbitrarias e injustificadas.
No
obstante, precisó que el antepenúltimo inciso del artículo parcialmente
demandado dispone que el Juez de Familia puede determinar qué pariente puede
garantizar con mayor idoneidad la custodia y protección de quienes
están en discapacidad mental. Por consiguiente, “se debe evaluar cada caso
en concreto más allá de una lista taxativa y jerarquizada porque la norma
indica que no lo es.”[33]
En
suma, concluyó que no hay lugar para establecer diferencias entre las personas
que tienen un parentesco por consanguinidad y uno civil, de manera que solicitó
que la norma sea declarada exequible en los siguientes términos: “b)
El cónyuge o compañero o compañera permanente y los demás familiares en orden
de proximidad, prefiriendo los ascendientes y colaterales mayores y los
parientes consanguíneos y los civiles.”[34]
9. Universidad del Rosario[35]
La Universidad del Rosario solicitó
declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del aparte demandado en los
siguientes términos:
“al
interpretarse la norma demandada, ésta deberá integrarse con las demás
disposiciones del Ordenamiento Jurídico en lo que respecta a la especial
protección de la que son titulares las personas en condición de discapacidad y,
además, en atención a una lectura integral del artículo 1º y del artículo 6º de
la Ley 1306 de 2009 que establece que los encargados de la custodia y
protección de quienes se encuentra [sic] en situación de discapacidad mental
serán quienes garanticen la calidad e idoneidad de la gestión, y por tanto, el
orden establecido en el artículo puede ser modificado por el Juez de Familia
cuando convenga [sic]los intereses del afectado”[36]
Para
sostener su posición, la interviniente primero se refirió a los sujetos de
especial protección constitucional. En particular, señaló que la Constitución,
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la
jurisprudencia de esta Corporación establecen que las personas en situación de
discapacidad son sujetos de especial protección por parte del Estado y de la
sociedad en general. Además, resaltó que la protección de las personas con
discapacidad debe asumirse desde un modelo social, de forma que siempre debe
interpretarse desde la diversidad y aceptación de la diferencia.
En
segundo lugar, hizo referencia al régimen de protección de las personas en
condición de discapacidad mental. Afirmó que con la ratificación de la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, el Estado colombiano adquirió la obligación de velar por los derechos
e intereses de estos individuos. Asimismo, advirtió que la Ley 1306 de 2009
optó por otorgar una verdadera inclusión y protección a las personas en
condición de discapacidad mental, en el entendido de que todas sus
disposiciones deben interpretarse a la luz de los derechos fundamentales de
esta población. En ese sentido, precisó que siempre que exista una
contradicción entre normas nacionales o internacionales, debe aplicarse aquella
que favorezca más a la persona en condición de discapacidad mental.
Ahora
bien, respecto a la demanda, señaló que es importante tener en cuenta que el
artículo 1º de la Ley 1306 de 2009 dispone que la directriz interpretativa de
las normas es la protección de las personas con discapacidad. En ese sentido,
afirmó que la acusación del demandante se reduce a una mera interpretación de
la disposición, ya que el Legislador no afirma que los parientes consanguíneos
sean más capaces que los civiles para salvaguardar a las personas con
discapacidad mental. De este modo, advirtió que una interpretación sistemática
y finalista del precepto lleva a la conclusión de que primen los intereses de
la persona con discapacidad.
Además,
afirmó que el penúltimo inciso del artículo 6° de la Ley 1306 de 2009 indica
que el Juez de Familia puede determinar quién es el responsable de la persona en
discapacidad. Por lo tanto, el cuidado deberá otorgarse “a quien para el
momento tenga mayor ventaja en relación con las demás personas en el orden de
preferencia, es decir, el juez o autoridad que deba tomar la decisión
relacionada con las personas con discapacidad deberá adoptarla garantizando la
protección efectiva y el bienestar de estos”[37]. De
este modo, el aparte demandado se limita a ser una guía para el Juez de Familia
a fin de lograr la protección constitucional de esta población.
Por
consiguiente, solicitó la exequibilidad condicionada del aparte acusado, de
manera que se interprete de conformidad con las demás normas del ordenamiento
jurídico que protegen los derechos de las personas con discapacidad.
V.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO[38]
El
Procurador General de la Nación solicitó que la Corte declare INEXEQUIBLE
el aparte demandado.
El
Ministerio Público consideró que en este caso es necesario llevar a cabo un
juicio integrado de igualdad en los términos establecidos en la Sentencia C-134
de 2017.
En
primer lugar, señaló que “el juicio se realiza en relación con el deber de
cuidado que asiste a los familiares de la persona en situación de discapacidad
mental, teniendo como sujetos comparables a los parientes consanguíneos y a los
civiles”[39]. El
Ministerio Público concluyó que los sujetos del análisis son
comparables, ya que la jurisprudencia constitucional ha determinado que la
familia que surge por vínculos civiles se encuentra en pie de igualdad con la
que se origina mediante lazos de consanguinidad.
En
segundo lugar, advirtió que, a pesar de que los derechos y obligaciones que
surgen del parentesco civil están en un plano de igualdad respecto a los que
emergen de los lazos consanguíneos, la norma
acusada establece una regla de preferencia que se traduce en un trato desigual
entre sujetos comparables. Por lo tanto, afirmó que el objeto de la Ley 1306 de
2009 es la protección e inclusión de las personas con discapacidad mental. En
ese sentido,
“el
examen no versa sobre una medida que favorece a los familiares que tienen un
vínculo de sangre, sobre quienes tienen un vínculo originado por adopción, ya
que la norma que se estudia tiene como sujetos de protección a las personas en
situación de discapacidad. Se trata, en cambio, de una disposición que
contempla la forma en que se determina al sujeto que, de manera preferencial,
debe cumplir con la función de protección.”[40]
Por
lo tanto, dedujo que el aparte demandado tendría aplicación cuando una persona
objeto de protección tiene parientes civiles y consanguíneos.
En
tercer lugar, resaltó que para evaluar la justificación de la distinción se
debe aplicar un test de igualdad estricto, debido a que el elemento
diferenciador de la medida es un criterio sospechoso de discriminación de
conformidad con el artículo 13 de la Constitución, ya que se trata del origen
familiar.
Respecto
a la finalidad perseguida por la medida, el Ministerio Público advirtió que el
aparte en discusión “busca determinar con claridad el responsable de asumir
de manera preferencial la protección de la persona en situación de discapacidad
mental, pues la incertidumbre sobre quién es el titular de ese deber, podría
afectar los derechos fundamentales del sujeto especial de protección”[41]. Por
lo tanto, concluyó que el fin que busca la distinción puede ser entendido como
legítimo, importante e imperioso.
Sobre
la razonabilidad para alcanzar el medio empleado, la Procuraduría General de la
Nación precisó que, si bien el legislador cuenta con un amplio margen para
expedir normas que busquen la protección de las personas en situación de
discapacidad, no puede hacerlo en contravía de la prohibición del artículo 13
de la Carta Política de discriminar en razón del origen familiar.
De
este modo, advirtió que el aparte demandado establece una preferencia
irrazonable a favor de los parientes consanguíneos, ya que no tiene ningún
sustento diferente a la distinción por origen familiar. Asimismo, sostuvo que
la medida tampoco es idónea si se entiende que la familia es una comunidad de
personas unidas mediante vínculos naturales o jurídicos que funda su existencia
en el amor, el respeto y la solidaridad porque “privilegiar el parentesco
consanguíneo tendría una incidencia sobre los vínculos afectivos generados a
partir del parentesco civil, y por ende en la protección efectiva de quien se
encuentra en situación de discapacidad mental”[42].
Por
último, precisó que la medida de la norma demandada es innecesaria si se tiene
en cuenta que la norma cuyo aparte se demanda dispone expresamente que el Juez
de Familia puede modificar las reglas de preferencia según convenga a los
intereses del afectado.
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. En
virtud de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4° de la Carta Política, la
Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda formulada en
contra del literal b) (parcial) del artículo 6º de la Ley 1306 de 2009, pues se
trata de una acusación de inconstitucionalidad contra expresiones que forman parte
de una ley de la República.
El asunto sometido a estudio de la Corte
2. El ciudadano afirma que el aparte demandado
del artículo 6° de la Ley 1306 de 2009, vulnera
el artículo 13 de la Constitución porque establece un trato preferente a los
familiares consanguíneos sobre los civiles para ejercer la función de
protección de las personas en situación de discapacidad mental.
La Pontificia
Universidad Javeriana, la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de
La Sabana, así como el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Defensoría del
Pueblo, el Ministerio
de Salud y de la Protección Social, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y la Procuraduría General de la Nación apoyan los argumentos de la
demanda y piden la declaratoria de inexequibilidad de la norma parcialmente
acusada.
La
Universidad de Antioquia solicitó declarar la exequibilidad condicionada de la
norma acusada porque considera que de la expresión demandada “de los
parientes consanguíneos a los civiles” solo es necesario cambiar la
preposición “a” por la conjunción “y”, de forma que se elimine la
diferenciación entre ambos tipos de parentesco.
Por
último, la Universidad del Rosario también solicitó
declarar la exequibilidad condicionada del fragmento acusado, de manera que se
interprete de conformidad con las demás normas del ordenamiento jurídico que
protegen los derechos de las personas con discapacidad, y en concordancia con
lo establecido íntegramente en los artículos 1°y 6° de la Ley 1306 de 2009[43].
3. Aunque ninguna de las intervenciones presentadas
solicitó el análisis de vigencia de la norma a fin de establecer si la Corte
Constitucional tiene un objeto sobre el cual pronunciarse, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar indicó que el parentesco civil se encontraba
regulado en el artículo 50 del Código Civil de la siguiente manera:
“ARTICULO 50.  Parentesco civil es el que resulta de
la adopción, mediante la cual la ley estima que el adoptante, su mujer y el
adoptivo se encuentran entre sí, respectivamente, en las relaciones de padre,
madre, de hijo. Este parentesco no pasa de las respectivas personas.”
No obstante, señaló que actualmente está
íntegramente regulado en el Código de la Infancia y la Adolescencia (CIA), cuyo
artículo 64 eliminó cualquier trato discriminatorio frente al hijo
adoptivo y sus adoptantes al extender el vínculo filial a todas las líneas y
grados, consanguíneos y afines, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO
64. EFECTOS JURÍDICOS DE LA ADOPCIÓN. La adopción
produce los siguientes efectos:
1. Adoptante y adoptivo adquieren, por la
adopción, los derechos y obligaciones de padre o madre e hijo.
2. La adopción establece parentesco civil entre el
adoptivo y el adoptante, que se extiende en todas las líneas y grados a los
consanguíneos, adoptivos o afines de estos.
3. El adoptivo llevará como apellidos los de los
adoptantes. En cuanto al nombre, sólo podrá ser modificado cuando el adoptado
sea menor de tres (3) años, o consienta en ello, o el Juez encontrare
justificadas las razones de su cambio.
4. Por la adopción, el adoptivo deja de pertenecer a
su familia y se extingue todo parentesco de consanguinidad, bajo reserva del
impedimento matrimonial del ordinal 9o del artículo 140 del Código Civil.
5. Si el adoptante es el cónyuge o compañero
permanente del padre o madre de sangre del adoptivo, tales efectos no se
producirán respecto de este último, con el cual conservará los vínculos en su
familia.” (subrayado
fuera del texto)
El ICBF señaló que en la Sentencia
C-336 de 2016[44]
este
Tribunal examinó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 50 del
Código Civil (CC). En esa ocasión,
la Corte resolvió “INHIBIRSE de proferir un pronunciamiento de fondo
respecto del artículo 50 del Código Civil, por cuanto dicha disposición fue
derogada orgánicamente por el Código de la Infancia y la Adolescencia,
configurándose la carencia actual de objeto.” En efecto, la Corte consideró
que este artículo había sido derogado por normas posteriores como la
Ley 5ª de 1975, el Código del Menor y el Código de la Infancia y la
Adolescencia. Lo anterior, debido a que estos preceptos eliminaron cualquier
trato discriminatorio respecto a los hijos adoptivos y sus adoptantes, al
extender el vínculo filial a todas las líneas y grados, consanguíneos y afines.
4. Para esta Corte, si
bien estos aspectos no se refieren directamente al artículo parcialmente
acusado, podrían incidir en su comprensión y eventualmente tener impacto en el
aparte que debe analizar esta Corporación. Efectivamente, la disposición parcialmente
demandada establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 6o. LA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN. La protección
del sujeto con discapacidad mental corresponde y grava a toda la sociedad, pero
se ejercerá de manera preferencial por:
(…)
b) El cónyuge o compañero o compañera permanente y los
demás familiares en orden de proximidad, prefiriendo los ascendientes y
colaterales mayores y los parientes consanguíneos a los civiles.”
(se subraya el aparte
acusado)
Una posible interpretación de la norma podría ser
que el fragmento acusado fue derogado orgánicamente, pues actualmente el
artículo 64 del Código de la Infancia y la Adolescencia regula integralmente la
materia. Ciertamente, esta disposición establece que, por la adopción, el
adoptivo deja de pertenecer a su familia y se extingue todo parentesco de
consanguinidad. Por lo tanto, se vaciaría de contenido la distinción entre
parientes consanguíneos y civiles para definir quién ejercerá la protección de
una persona en situación de discapacidad.
5. Si en realidad el parentesco civil ha
desaparecido del ordenamiento jurídico, no existe el grupo que para el
demandante y varios intervinientes es discriminado por la disposición, pues la
norma solo haría referencia a los parientes consanguíneos y desaparecería la
supuesta preferencia de los parientes consanguíneos sobre los civiles,
argumento central del reproche constitucional planteado. Por lo tanto, esta
Corporación considera indispensable abordar como asunto previo la vigencia del
fragmento acusado.
Cuestión previa: vigencia del aparte demandado
6.
El numeral 4 del artículo 241 de la Constitución establece que el control de
constitucionalidad supone un juicio de contraste entre la
Carta Política y una norma de inferior jerarquía, con el propósito de expulsar del
ordenamiento jurídico las disposiciones de menor rango que vayan en contravía
de los mandatos superiores. Por consiguiente, como la vigencia de una norma es por regla general el presupuesto
para que produzca efectos jurídicos, el control de constitucionalidad solo
procede, en principio, respecto de preceptos que integren el sistema jurídico y
se encuentren vigentes.
En la Sentencia C-1067 de 2008[45]
esta Corporación precisó que la vigencia de una disposición se refiere al momento en que comienza a surtir efectos jurídicos, lo cual
ocurre como regla general a partir de la sanción presidencial y su subsiguiente
promulgación. Por el contrario, se entiende que una norma ha perdido vigencia
cuando es derogada.
7. Los
artículos 71 y 72 del Código Civil, así como la Ley 153 de 1887, fijan tres
clases de derogaciones: expresa, tácita y orgánica. El artículo 71 del Código
Civil establece que una derogación expresa ocurre en el momento en que “la
nueva ley dice expresamente que deroga la antigua”, asimismo, este afirma que
existe derogación tácita cuando “la nueva ley contiene disposiciones que no
pueden conciliarse con las de la ley anterior”. Por otro lado, el
artículo 72 de este mismo Código ahonda en el concepto de derogación tácita al
especificar que “[l]a derogación tácita deja vigente en las leyes
anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con
las disposiciones de la nueva ley”. Finalmente, el artículo 3º de la Ley
153 de 1887 introduce la derogación orgánica de la siguiente manera: “Estímase
insubsistente una disposición legal (…) por existir una ley nueva que regula
íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería”.
8. Estos
tres tipos de derogatorias han sido retomados por la jurisprudencia en
distintas ocasiones. La sentencia C-348 de 2017[46] reiteró que la derogatoria
expresa ocurre cuando el legislador determina de manera precisa la norma que retira del
ordenamiento jurídico. Por lo tanto, no es necesario llevar a cabo ningún
ejercicio de interpretación, ya que simplemente se excluyen del ordenamiento los preceptos legales
señalados por el legislador desde el momento en que este lo indique.
Por otro lado, afirmó que la derogatoria
tácita supone un cambio de legislación que implica una incompatibilidad
entre lo regulado en una ley anterior y una nueva, de manera que
es necesario interpretar ambas leyes para establecer cuál es la que rige la materia, o si la derogación
es total o parcial.
Por último, precisó que la derogatoria
orgánica sucede cuando una nueva ley regula integralmente una materia que otra normativa regulaba. No obstante, sobre
este punto es importante resaltar que la jurisprudencia ha señalado que determinar
si una materia está o no enteramente regulada por la ley posterior, “depende
de la intención revelada por el legislador de abarcar con la nueva disposición
o disposiciones toda una materia, aunque en realidad no haya incompatibilidad
alguna entre éstas y las de la ley anterior.
[47]”
9. En términos generales, como ya se
explicó anteriormente, la Corte Constitucional realiza un control abstracto de
aquellas normas que no se encuentran derogadas. Sin embargo, la jurisprudencia
ha sido reiterativa al afirmar que existen varias excepciones a ese criterio
que no corresponden a un catálogo taxativo[48]. Adicionalmente, la Corte Constitucional también ha
identificado la subrogación[49] como
una modalidad de la derogación, la cual consiste en el “acto de sustituir
una norma por otra”[50]. A
diferencia de la derogación, la subrogación no ocasiona la expulsión de una
norma del ordenamiento jurídico, en su lugar, reemplaza un texto normativo por
otro. Por consiguiente, las normas jurídicas sujetas a una subrogación pueden
ser derogadas, modificadas o sustituidas por nuevas disposiciones, en todo o en
parte[51].
10. En efecto, como esta Corporación
recordó en la Sentencia C-291 de 2015[52], el control constitucional recae
sobre aquellas disposiciones jurídicas que aún producen efectos jurídicos en
cualquier tiempo[53]. Por lo tanto, para establecer la producción de efectos jurídicos de
una norma sustituida o derogada deben verificarse los siguientes
aspectos: “(i) las cláusulas de vigencia del cuerpo normativo que hizo el
cambio, (ii) los elementos de la práctica judicial relevantes, (iii) los
fenómenos de eficacia social pertinentes o (iv) cualquier otro criterio
aplicable que demuestre que la norma continúa con la producción de sus
consecuencias”[54].
11. En resumen, i) el control abstracto de constitucionalidad
solo procede respecto de disposiciones que se encuentren vigentes; ii) una
norma estará vigente mientras no se encuentre derogada de manera expresa,
tácita u orgánica; iii) jurisprudencialmente también se ha determinado que la
subrogación puede llegar a ser una modalidad de derogación; y iv) de manera
excepcional, esta Corporación puede realizar un juicio de constitucionalidad
sobre un precepto derogado si este sigue produciendo efectos jurídicos.
12.
A partir de lo anteriormente establecido, esta Corporación ahora debe evaluar
si el fragmento acusado se encuentra vigente y, de no estarlo, si aun así sigue
produciendo efectos jurídicos.
El literal b) del artículo 6° de la Ley 1306 de 2009
se encuentra vigente
13. El literal acusado hace parte de una norma que
dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 6o. LA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN. La protección
del sujeto con discapacidad mental corresponde y grava a toda la sociedad, pero
se ejercerá de manera preferencial por:
(…)
b) El cónyuge o compañero o compañera permanente y los
demás familiares en orden de proximidad, prefiriendo los ascendientes y
colaterales mayores y los parientes consanguíneos a los civiles.”
(se subraya el fragmento
acusado)
Por lo tanto, el inciso parcialmente demandado hace una
distinción entre los parientes consanguíneos y los civiles en el que indica un
orden para establecer obligaciones de protección de la persona con discapacidad
mental y esa escala prefiere a los primeros sobre los segundos. El parentesco
civil se definía en el artículo 50 del Código Civil en estos términos:
“ARTICULO 50.  Parentesco
civil es el que resulta de la adopción, mediante la cual la ley estima que el
adoptante, su mujer y el adoptivo se encuentran entre sí, respectivamente, en
las relaciones de padre, madre, de hijo. Este parentesco no pasa de las
respectivas personas.”
14. La Sentencia C-336 de 2016[55]
estudió una demanda contra esta norma en la que se le acusó de vulnerar el
artículo 13 de la Constitución por generar una
discriminación por origen familiar. En esa ocasión, los solicitantes
argumentaron que este artículo hacía una distinción que afectaba únicamente a
los hijos adoptados, ya que establecía que este tipo de parentesco se extendía
solamente hasta los padres adoptantes. De este modo, sostuvieron que el
parentesco civil debía extenderse a todas las líneas y grados tal y como sucede
con los hijos consanguíneos.
En esa providencia la Corte recordó que el
ordenamiento jurídico se había referido en distintas disposiciones a materias
relacionadas con el parentesco civil y su definición.
En primer lugar, señaló que el artículo 279 de la
Ley 5° de 1975 distinguió entre adopción simple y plena y se definieron los
efectos del vínculo del parentesco. La primera se
refería a que el parentesco entre el hijo adoptivo y su nueva familia se
extendía únicamente hasta los padres. Por su parte, la segunda hacía referencia
a que el parentesco
entre el adoptivo y el adoptante se extendía en todas las líneas y grados a los
consanguíneos, adoptivos o afines a estos. En segundo lugar, advirtió que el
artículo 100 del Código del Menor (Decreto-Ley
2737 de 1989)  extendió el vínculo del hijo adoptivo y eliminó la
distinción entre adopción simple y plena, de manera que el vínculo entre el
adoptivo y el adoptante siempre se extendía a todas las líneas y grados. Por
último, resaltó que actualmente el parentesco civil se rige por el artículo 64
del Código de la Infancia y la Adolescencia
(Ley 1098 de 2006), el cual prevé que “[l]a adopción
genera parentesco civil entre el adoptivo y el adoptante, el cual se extiende
en todas las líneas y grados a los consanguíneos, adoptivos o afines a estos”.
15. A raíz de este recuento normativo, la Corte consideró que el
artículo 50 del Código Civil había sido derogado orgánicamente por normas
posteriores, tales como la Ley 5ª de 1975, el Código del Menor y el Código de
la Infancia y la Adolescencia, en tanto que regularon de manera distinta la
materia que previamente había dispuesto el Código Civil. Efectivamente, estas
eliminaron cualquier trato discriminatorio respecto a los hijos adoptivos y sus
adoptantes, al extender el vínculo filial a todas las líneas y grados
consanguíneos y afines. En consecuencia, resolvió declararse inhibida de
proferir un pronunciamiento
de fondo respecto del artículo 50 del Código
Civil, por cuanto dicha disposición había sido derogada orgánicamente por el
Código de la Infancia y la Adolescencia, en razón de una regulación integral
del asunto por una norma posterior.[56]
16. A raíz de esta decisión, una posible
interpretación del literal b) del artículo 6° de la Ley 1306 de 2009 es que el
aparte acusado ya ha sido derogado orgánicamente, pues actualmente el artículo
64 del Código de la Infancia y la Adolescencia regula integralmente la materia.
Por lo tanto, también se vaciaría de contenido la distinción entre parientes
consanguíneos y civiles para definir sobre quién recae la función de protección
de una persona en situación de discapacidad. Es imperativo que esta Corte
defina si esa hipótesis se ha configurado.
17. Para la Sala, el fragmento acusado del literal
b) del artículo 6º de la Ley 1306 de 2009 se encuentra vigente por las
siguientes razones: i) la Sentencia C-331 de 2016 no configura el fenómeno de
la cosa juzgada por tratarse de un fallo inhibitorio y porque debía estudiar
una norma diferente a la que ahora se encuentra bajo examen, No obstante, es un
precedente relevante en su análisis normativo de la vigencia del artículo 50 del
Código Civil; por otra parte; ii) de acuerdo con un estudio de vigencia de leyes
en el tiempo es claro que el CIA no podía derogar la norma parcialmente acusada
por dos razones: no se ocupó de una regulación integral del parentesco y además
es previo a la misma; finalmente, iii) desde un análisis que parte del principio
democrático es claro que la voluntad del legislador fue mantener la distinción
entre el parentesco civil y el consanguíneo, no sólo por la literalidad del
texto acusado, sino que una perspectiva sistémica muestra la importancia de estos
conceptos para el ordenamiento civil colombiano, por ejemplo le asigna relevancia
y consecuencias al parentesco consanguíneo del adoptado en ciertos casos.
Por consiguiente, la Sala considera que
la distinción entre parientes consanguíneos y civiles realizada por el literal
b) del artículo 6º de la Ley 1306 de 2009 se encuentra vigente, en
consecuencia, ahora procede a analizar de fondo el contenido del fragmento
acusado.
Planteamiento del problema jurídico y esquema de
resolución
18. De acuerdo con los argumentos presentados por el
demandante, por los intervinientes y por el Ministerio Público, la Corte
Constitucional debe determinar lo siguiente: ¿La expresión “los
parientes consanguíneos a los civiles” contenida en el
literal b) del artículo 6° de la Ley 1306 de 2009 viola el derecho a la
igualdad y, en particular, la prohibición de discriminación en razón del origen
familiar al establecer un orden escalonado a favor de los parientes consanguíneos sobre los civiles para
ejercer la función de protección para las personas en situación de discapacidad
mental?
Para resolver el problema jurídico planteado, la
Sala desarrollará varios temas: i) el reconocimiento constitucional de la
familia en sus distintas dimensiones y el principio de igualdad; ii) la
protección constitucional a las personas en situación de discapacidad; iii) la regulación
del parentesco en el ordenamiento jurídico colombiano; iv) la adopción como
medida de protección para garantizar el derecho a tener una familia; y v) el examen
del caso concreto.
El reconocimiento constitucional de la familia en
sus distintas dimensiones y el principio de igualdad[57]
19. El artículo 5° de la Constitución Política
establece que el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los
derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución
básica de la sociedad. Este mandato constitucional es reiterado y desarrollado
en el artículo 42 de la Carta, que establece, entre otras cosas, que la
familia es el núcleo fundamental de la sociedad y se constituye por vínculos
naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de
contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
A su vez, la protección a la
familia prevista por la Constitución coincide con algunos instrumentos
internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de
constitucionalidad, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH),
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
En este sentido, el artículo 16.3
de la DUDH señala que “[l]a familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y
tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. Por otro
lado, el artículo 10.1 del PIDCP establece que “[s]e debe conceder a la familia, que es el elemento natural y
fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles,
especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la
educación de los hijos a su cargo”. De un modo similar, el artículo
17.1 de la CADH enuncia que “[l]a familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y
debe ser protegida por la sociedad y el Estado”.
20. La Corte Constitucional ha abordado este tema en
distintas ocasiones. Por ejemplo, en la Sentencia C-577 de 2011[58]
este
Tribunal definió a la familia como una comunidad de personas unidas por
vínculos naturales o jurídicos fundada en el amor, el respeto y la solidaridad,
caracterizada por la unidad de vida que liga íntimamente a sus integrantes más
próximos. Además, señaló que es una realidad dinámica en la que cobran especial
importancia los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad,
a la libertad de conciencia, a la intimidad, entre otros.
De este
modo, el régimen constitucional colombiano ha buscado hacer de la familia el
escenario para que, dentro de un clima de respeto, no violencia e igualdad, sus
miembros puedan desarrollarse libre y plenamente[59]
sin la intromisión de terceros. En ese sentido, la institución pretende lograr
un equilibrio entre la estabilidad, la dignidad y el libre desarrollo de la
personalidad de cada uno de sus integrantes[60].
Por lo tanto, la Constitución protege a aquellas familias que
se estructuran sobre vínculos jurídicos, de consanguinidad, y a aquellas que surgen
fácticamente, como las uniones maritales de hecho o las denominadas de crianza,
en concordancia con el concepto sustancial y no formal de familia.
En la Sentencia
C-241 de 2012[61] esta Corporación
reiteró que el ordenamiento jurídico le reconoce a la institución
familiar el carácter de pilar fundamental dentro de la organización estatal, de
manera que la asocia con la primacía de los derechos inalienables de la persona humana y eleva a un rango
constitucional aquellos mandatos que promueven su preservación, respeto y
amparo.
Asimismo,
la Sentencia C-278 de 2014[62]
recordó que esta Corporación ha sostenido que el concepto de familia es
dinámico y variado. En consecuencia, incluye familias originadas en el
matrimonio, en las uniones maritales de hecho, así como a las constituidas por
parejas del mismo sexo. En esa medida, la familia debe ser especialmente
protegida, independientemente de la forma en la que surge. Esta posición
reiteró lo establecido respecto a diferentes tipos de familias con hijos: las
surgidas biológicamente, por adopción, por crianza, monoparentales y originadas
por la unión de parejas del mismo sexo, y enfatizó que todas ellas están
amparadas por el mandato de protección integral establecido en el artículo 42 superior.
En la Sentencia C-456 de 2015[63], la Corte
insistió en que la familia se puede constituir:
“(i) por vínculos naturales, es
decir, “por la voluntad
responsable de conformarla”, como en el caso de la unión marital de
hecho; (ii) por vínculos jurídicos, esto es, por la “decisión libre de un hombre y
una mujer de contraer matrimonio”. (iii) Además la jurisprudencia
constitucional también ha entendido que la familia se origina por las uniones
entre parejas del mismo sexo. “
De este modo, en esa ocasión la
Corporación precisó que esta clasificación no implica discriminaciones para uno
u otro tipo de familia sino solo un reconocimiento que hace la Constitución
según el origen de la misma, en la medida en que todas se encuentran en un
plano de igualdad.
En la Sentencia C-107 de 2017[64],
esta Corporación afirmó de nuevo que el concepto de familia no puede ser
entendido de manera aislada, porque “en una sociedad plural, no puede
existir un concepto único y excluyente de familia, identificando a esta última
únicamente con aquella surgida del vínculo matrimonial”. Además, afirmó que
la necesidad de reconocimiento de las diferentes formas de
familia también descansa en un argumento de índole fáctico. Siendo así,
afirmó que, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del año 2015, en
Colombia se comprueba la presencia de distintas modalidades constitutivas de
familia, en donde la nuclear biparental incluso tiene carácter minoritario[65].
21. En conclusión, la Constitución
ofrece una definición amplia de familia que se ajusta a diversos instrumentos
internacionales. De esta manera, la jurisprudencia ha considerado que la familia es una comunidad de personas en la que se acreditan lazos de solidaridad, amor, respeto mutuo y unidad de
vida común construida por la relación de pareja, la existencia de vínculos
filiales o la decisión libre de conformar esa unidad familiar. Por lo tanto,
esta Corporación ha señalado que las diferentes modalidades de
familia son acreedoras del mismo tratamiento jurídico por parte del Estado.
La
protección constitucional de las personas en situación de discapacidad[66]
22. De conformidad con el Preámbulo de la Constitución, la
igualdad constituye uno de los valores fundantes del Estado colombiano. Además,
el artículo 13 Superior prevé el derecho a la igualdad en sus dos facetas:
formal y material. Desde el punto de vista formal, esta
prerrogativa comporta la obligación de tratar a todos los individuos con
la misma consideración y reconocimiento. En ese sentido, el Estado tiene el
deber de abstenerse de concebir normas, políticas, programas o medidas que
conduzcan a agravar o perpetuar la situación de exclusión, marginación o
discriminación de grupos tradicionalmente desventajados en la sociedad.[67]
Por otra parte, la igualdad en sentido material apunta
a superar las desigualdades que afrontan las personas que se encuentran en
situación de debilidad manifiesta, o ciertos grupos tradicionalmente
discriminados. Para lograr esta finalidad, el Estado tiene la obligación de
adoptar acciones afirmativas dirigidas a favorecer a determinadas personas o
grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades que los
afectan, o de lograr que tengan una mayor representación, y así, estén en
condiciones de igualdad en dignidad y derechos.
En particular,
el Estado tiene el deber de desarrollar acciones afirmativas en relación con
las personas en situación de discapacidad, con el fin de eliminar las barreras
sociales, lograr su integración y hacer posible su participación en las
distintas actividades que se desarrollan en la sociedad[68].
23. La mayoría de obligaciones que se
encuentran en cabeza del Estado en relación con este grupo poblacional se
dirigen a la remoción de barreras que impidan su plena inclusión social, campo
donde cobran especial relevancia los deberes derivados de la perspectiva del modelo social de la
discapacidad.
24. El artículo 12 de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por medio de la Ley 1346 de
2009, dispone que “los Estados Partes reafirman que las personas con
discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su
personalidad jurídica”. También establece que la capacidad jurídica será
ejercida por estas personas en igualdad de condiciones. Finalmente, obliga a
los Estados Parte a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar acceso a
las personas en situación de discapacidad y a prestar el apoyo que puedan
necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
En este mismo sentido, el Comité sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad ha establecido que, en ejercicio del derecho a
la igualdad, deben respetarse sus derechos, voluntad y preferencias. En este
sentido, este Comité ha afirmado que
“[l]a capacidad jurídica incluye la capacidad de ser
titular de derechos y la de actuar en derecho. La capacidad jurídica de ser
titular de derechos concede a la persona la protección plena de sus derechos
por el ordenamiento jurídico. La capacidad jurídica de actuar en derecho
reconoce a esa persona como actor facultado para realizar transacciones y para
crear relaciones jurídicas, modificarlas o ponerles fin”[69].
Asimismo, ha considerado que la capacidad jurídica
es un atributo universal inherente a todas las personas en razón de su
condición humana. Por lo tanto, debe mantenerse para las personas en situación
de discapacidad en igualdad de condiciones, puesto que no existe ninguna
circunstancia que permita privar a una persona del derecho al reconocimiento
como tal ante la ley o limitarlo, ni siquiera en situaciones excepcionales[70].
Finalmente, este Comité hace hincapié en el papel
instrumental y primordial de la capacidad para garantizar todo tipo de
derechos. Al respecto, afirma que negarle a la población en situación de
discapacidad el ejercicio de su capacidad jurídica
“ha hecho que se vean privadas de muchos derechos
fundamentales, como el derecho de voto, el derecho a casarse y fundar una familia, los
derechos reproductivos, la patria potestad, el derecho a otorgar su
consentimiento para las relaciones íntimas y el tratamiento médico y el derecho
a la libertad”[71]
25. En conclusión, la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad obliga a los Estados Parte a proporcionar acceso y apoyo a esta
población, con el fin de que ejerzan su capacidad jurídica y logren tomar
decisiones con efectos jurídicos.
26. Por otro lado, la
jurisprudencia ha determinado que el enfoque “social” asocia la condición de
discapacidad de una persona a la reacción social o a las dificultades de
interacción con su entorno derivadas de esa condición. Tal reacción es el
límite a la autodeterminación de la persona en situación de discapacidad y le
impide integrarse adecuadamente a la comunidad. Por tal razón, este abordaje
propende por medidas que:
“(i) permitan al mayor nivel posible el ejercicio de la autonomía
de la persona [en condición de] discapacidad; (ii) aseguren su participación en todas
las decisiones que los afecten; (iii) garanticen la adaptación del entorno a
las necesidades de la persona con discapacidad; y (iv), aprovechen al
máximo las capacidades de la persona, desplazando así el concepto de
“discapacidad” por el de “diversidad funcional”.[72]
De esta manera, el modelo social
erige a la dignidad humana como un presupuesto ineludible para que las personas
en situación de discapacidad puedan aportar a la sociedad y, junto con ello,
sentirse parte de la misma sin ser excluidos por sus condiciones. En este
sentido, las medidas estatales y sociales deben dirigirse a garantizar el mayor
nivel de autonomía posible del individuo, mediante ajustes
razonables requeridos por su condición, que no se concibe como
limitación sino como diversidad funcional. En este orden de ideas, las personas en condición de
discapacidad son reconocidas a partir de su diferencia.
A partir de lo anterior, la Sentencia C-182 de 2016[73]
advirtió lo siguiente en relación con los apoyos que deben proporcionarse a
las personas con discapacidad:
(i) deben variar en su tipo e intensidad de acuerdo
con la diversidad de las personas con discapacidad[74]; (ii) son
renunciables, de modo que la persona con discapacidad puede negarse a ejercer
su derecho a recibir el apoyo previsto[75]; (iii) no deben
regular en exceso la vida de las personas con discapacidad[76] y (iv) la
implementación de las medidas de apoyo deben [sic] ser consultadas y contar con
la participación de la población con discapacidad”[77].
27. De esta forma, las personas en situación de
discapacidad pueden gozar plenamente de la capacidad para tomar decisiones
sobre el ejercicio de sus derechos fundamentales.
28. Desde un punto de vista legal, la Ley 1306 de 2009, de la cual es
parte el fragmento demandado, derogó el
régimen de guardas del Código Civil, lo cual adecuó esta materia al nuevo
modelo social de discapacidad[78]. Esta Ley introdujo varias modificaciones al régimen
del Código Civil que incorporan principios contemporáneos, y adaptan la
legislación a la Constitución y a las convenciones internacionales sobre personas
con discapacidad adoptadas por Colombia. De este modo, mediante la
citada Ley se realizan los deberes en cabeza del Estado
“que sugieren una protección reforzada por su parte, están orientados a:
(i) adelantar políticas de previsión, rehabilitación e integración social para
los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a quienes deberá prestarse la
atención especializada que requieran (Art. 47 C.P.); (ii) garantizarles un
derecho al trabajo acorde con sus condiciones de salud y (iii) erradicar el
analfabetismo y procurar la educación de personas con limitaciones físicas o
mentales o con capacidades excepcionales (Art. 68 C.P.)”[79]
Por lo tanto, esta norma fue
concebida por el Legislador como una herramienta de protección que promueve la
autonomía de las personas que tengan cualquier tipo de discapacidad mental.
29. En conclusión, el
artículo 13 de la Constitución Política impone al Estado adaptar su legislación
de manera que, no sólo prevea medidas afirmativas para la población en
situación de discapacidad, sino que también sea respetuosa de la pluralidad de
condiciones que hacen de este grupo titular de una especial protección
constitucional. De esta manera se amparan los intereses de las personas en
situación de discapacidad, así como el goce pleno de su capacidad
jurídica para tomar decisiones.
La regulación del parentesco en el ordenamiento
jurídico colombiano[80]
30. El artículo 13 de la Constitución establece que
todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, de manera que recibirán
la misma protección y trato de las autoridades. Así mismo, señala que todas las
personas "gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica” (negrilla
fuera del texto). De este modo, dentro de las distinciones arbitrarias, el
origen familiar como criterio para establecer un trato desigual está
expresamente prohibido por la Constitución.
Por su parte, el artículo 42 de la Carta Política señala
que “los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados
naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes”.
Por lo tanto, no es posible predicar efectos civiles disímiles para el
parentesco consanguíneo y el parentesco civil, ya que por mandato
constitucional todos los hijos, sin importar cuál sea el origen de su
parentesco, gozan de los mismos derechos y están sometidos a los mismos deberes
y obligaciones.
De este modo, el carácter pluralista del Estado
social y democrático de derecho lleva al reconocimiento jurídico de las distintas
comunidades de vida que pueden dar lugar a la constitución de la familia y, por
consiguiente, al otorgamiento de un tratamiento jurídico paritario, que prevea
iguales derechos y deberes para sus miembros.
31. En el ordenamiento jurídico colombiano, el
parentesco está regulado en el Código Civil colombiano y en el Código de la
Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006). Específicamente, el artículo 35 del
Código Civil define parentesco de consanguinidad a aquella “relación
o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco o
raíz, o que están unidas por los vínculos de sangre”. De esta manera, en
este tipo de parentesco existen líneas y grados de
consanguinidad. Las líneas pueden ser ascendientes, descendientes, colaterales,
paternas o maternas. Por su parte, los grados se determinan por el número de
generaciones que existen entre la raíz común y los demás miembros de la
familia.
Por su parte, el artículo 47 del Código Civil
establece que el parentesco por afinidad
“existe entre una persona que está
o ha estado casada y los consanguíneos legítimos de su marido o mujer. La línea
o grado de afinidad legítima de una persona con un consanguíneo de su marido o
mujer, se califica por la línea o grado de consanguinidad legítima de dicho
marido o mujer con el dicho consanguíneo. Así un varón está en primer grado de
afinidad legítima, en la línea recta, con los hijos habidos por su mujer en
anterior matrimonio; en segundo grado de afinidad legítima, en la línea
transversal, con los hermanos legítimos de su mujer.”
De este modo, esta relación
familiar se genera entre las personas que tienen vínculos matrimoniales o
uniones maritales de hecho, y se extiende hasta los parientes consanguíneos de
sus respectivas parejas.
Por otro lado, el artículo 64 del Código de la
Infancia y la Adolescencia establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 64. EFECTOS JURÍDICOS DE LA ADOPCIÓN.
La
adopción produce los siguientes efectos:
1. Adoptante y adoptivo adquieren, por la
adopción, los derechos y obligaciones de padre o madre e hijo.
2. La adopción establece parentesco civil entre el
adoptivo y el adoptante, que se extiende en todas las líneas y grados a los
consanguíneos, adoptivos o afines de estos.
3. El adoptivo llevará como apellidos los de los
adoptantes. En cuanto al nombre, sólo podrá ser modificado cuando el adoptado
sea menor de tres (3) años, o consienta en ello, o el Juez encontrare
justificadas las razones de su cambio.
4. Por la adopción, el adoptivo deja de pertenecer a
su familia y se extingue todo parentesco de consanguinidad, bajo reserva del
impedimento matrimonial del ordinal 9o del artículo 140 del Código Civil.
5. Si el adoptante es el cónyuge o compañero
permanente del padre o madre de sangre del adoptivo, tales efectos no se
producirán respecto de este último, con el cual conservará los vínculos en su
familia.”
De este modo, la regulación actual
de la adopción determina que es inaceptable un trato diferenciado para los
miembros de familias originadas en este vínculo jurídico, respecto de las
constituidas a partir de lazos consanguíneos.
Asimismo, el artículo 65 del Código
de Infancia y la Adolescencia también establece que nadie puede ejercer
acción alguna para establecer la filiación consanguínea del adoptivo, ni
reconocerle como hijo. No obstante, este artículo establece que “el adoptivo
podrá promover en cualquier tiempo las acciones de reclamación del estado civil
que le corresponda respecto de sus padres biológicos, únicamente para demostrar
que quienes pasaban por tales, al momento de la adopción, no lo eran en
realidad.” De esta manera, la adopción genera un vínculo irreversible entre
adoptante y adoptivo, sin importar las acciones que los padres biológicos de
este último deseen tomar.
32. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido de manera reiterada que la filiación es un derecho fundamental y uno
de los atributos de la personalidad, que se encuentra indisolublemente ligada
al estado civil de las personas[81]
e inclusive al nombre. En otras palabras, el “derecho a la filiación,
como elemento integrante del estado civil de las personas, es un atributo de la
personalidad, y por ende es un derecho constitucional deducido del derecho de
todo ser humano al reconocimiento de su personalidad jurídica”[82]. En
atención a lo anterior, esta Corte ha deducido un principio general de
prohibición de discriminación en razón de la filiación, derivado de los
artículos 13 y 42 de la Constitución.
33. En consecuencia, la determinación por parte del
Legislador de las consecuencias jurídicas propias del régimen de familia se
encuentra limitada por el principio de igualdad entre los diversos modos de
parentesco, de forma tal que toda disposición que conceda una posición jurídica
diferente por el solo hecho de la naturaleza de la filiación es, en principio, contraria
a la Constitución.
Al respecto, esta Corporación ha señalado:
“La igualdad que propugna la Carta entre las uniones
familiares surgidas de vínculos naturales y la conformada por vínculos
jurídicos, abarca no sólo al núcleo familiar como tal, sino también a cada
uno de los miembros que lo componen, puesto que estas disposiciones guardan
íntima relación con el artículo 13 superior, que prescribe: "Todas las
personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua religión, opinión política o filosófica (...)”[83] (Negrilla
fuera del texto).
Este reconocimiento impone restricciones claras y
definidas para el Legislador al momento de efectuar regulaciones que involucren
las diversas formas de filiación protegidas por la Constitución. En este
sentido, no será admisible otorgar mayores niveles de protección jurídica a una
modalidad de familia respecto de otra, sin que para ello concurran
circunstancias constitucionalmente relevantes e imperiosas que permitan un
tratamiento diferenciado. De la misma forma, tampoco podrán aceptarse
diferenciaciones legislativas en el tratamiento entre sus miembros. Ello, sin
perjuicio de que el Legislador conceda protección especial a determinados
núcleos familiares habida cuenta de la necesidad de garantizar la igualdad de
oportunidades para grupos sociales tradicionalmente excluidos, como sucede en
el caso de las madres cabeza de familia.
34. Con fundamento en las consideraciones expuestas,
la Corte ha declarado la inexequibilidad de normas del derecho civil que
disponían consecuencias jurídicas discriminatorias en razón de la filiación.
Por ejemplo, en la Sentencia C-105 de 1994[84] esta
Corporación concluyó que, con base en lo dispuesto en el artículo 42 de la
Constitución, resultaban contrarias a la Carta las normas que estipularan
tratamientos diferenciados entre los hijos en razón de su filiación, pues la
regla imperativa en estos casos era la igualdad ante la ley de los
descendientes. Adicionalmente, determinó que las distinciones previstas en los
artículos demandados a favor de los hijos legítimos resultaban inconstitucionales,
pues contrariaban diversos contenidos normativos de naturaleza constitucional,
en especial i) la igualdad entre las familias constituidas en razón del vínculo
matrimonial y las que tienen origen en otras modalidades derivadas de la voluntad
responsable de la pareja; y ii) la prohibición de la discriminación fundada en
el origen familiar, la cual, en términos de la sentencia, no finaliza en la
igualdad entre los hijos, sino que también cobija a los distintos modos de
descendencia de éstos, bien fuera de índole matrimonial, extramatrimonial o
adoptiva.
Asimismo, en la Sentencia C-289 de 2000[85], la Corte
declaró la inexequibilidad de la expresión “de precedente matrimonio”
integrada a los artículos 169 y 171 del Código Civil, que refería a los hijos
de quien quisiere volver a contraer vínculo marital. En esa ocasión, esta
Corporación consideró que tales referencias eran discriminatorias en la medida
en que no tenían en cuenta a los hijos surgidos de otras formas de unión distintas
al matrimonio.
Finalmente, el imperativo constitucional de otorgar
tratamiento legal igualitario a los diversos modos de filiación fue nuevamente
reiterado por la Corte en la Sentencia C-1287 de 2001[86]. Aquella
vez, la Corporación analizó la constitucionalidad de la norma del Código de
Procedimiento Penal que establecía la excepción del deber de declarar respecto
a la filiación adoptiva únicamente en el primer grado. Esta situación
configuraba, a juicio del demandante, un tratamiento discriminatorio, puesto
que confería a la filiación adoptiva un nivel de protección inferior al
previsto para el parentesco consanguíneo, caso en el cual la excepción al deber
de declarar se extendía hasta el cuarto grado. Para la Corte, la norma acusada,
si bien se limitaba a reproducir el artículo 33 de la Constitución, entraba en
conflicto con el artículo 42 superior, pues otorgaba al parentesco consanguíneo
una condición más beneficiosa que a la filiación adoptiva en lo relativo a las
restricciones del deber de declarar.
35. En conclusión, i) la filiación es
un derecho fundamental y uno de los atributos de la personalidad; ii) está
prohibida la discriminación en razón de la filiación (artículos 13 y 42 de la
Constitución); iii) el ordenamiento jurídico vigente y la jurisprudencia
constitucional han establecido que el parentesco civil, que surge de la
adopción, tiene los mismos efectos que el consanguíneo. Por lo tanto, toda
norma que conceda alguna preferencia o prerrogativa en razón de la naturaleza
de la filiación es, en principio, contraria a la Constitución.
La adopción como medida de protección para
garantizar el derecho a tener una familia[87]
36.  El artículo 5° de la Constitución Política establece
a la familia como institución básica de la sociedad. Como se ha visto, este
mandato constitucional es reiterado y desarrollado en el artículo 42 de la
Carta, en donde se establece, entre otras cosas, que la
familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Así mismo, el artículo 44 superior
determina que los niños tienen el derecho fundamental a tener una familia y no ser separados de ella.
El derecho que asiste a todo menor de
edad a tener una familia es la condición para que este pueda desarrollarse de
manera integral y armónica y, en consecuencia, pueda gozar de sus demás
derechos fundamentales. Por lo tanto, la jurisprudencia constitucional ha
determinado que cuando un niño no tiene una familia que lo asista “es el
Estado quien debe ejercer la defensa de sus derechos al igual que su cuidado y
protección”[88].
De este modo, la
adopción es la institución jurídica que puede garantizar a los niños y niñas el
derecho a tener una familia y no ser separado de ella[89].
En ese sentido, esta Corporación ha afirmado que la adopción “persigue el
objetivo primordial de garantizar al menor que no puede ser cuidado por sus
propios padres, el derecho a integrar de manera permanente e irreversible un
núcleo familiar.”[90]
Además, la
adopción es la institución que busca, precisamente, proteger el derecho
fundamental a la filiación. Por consiguiente, la adopción hace del parentesco
civil el mecanismo mediante el cual una persona en estado de abandono
materializa su derecho a tener una familia y desarrollarse en medio de un
ambiente armonioso.
37. Esta institución pretende suplir
las relaciones de filiación de un menor de edad que se encuentra en la condición
jurídica de adoptabilidad, esto es, en una situación de ser integrado a un
nuevo entorno familiar en el que se restablezcan los lazos rotos y, sobre todo,
se le brinden las condiciones para su plena y adecuada formación. De esta forma,
los procesos de adopción están principalmente orientados a garantizar a los
menores de edad una familia en la que puedan asegurar un desarrollo integral y
armónico.
38. Por lo anterior, el actual Código de la Infancia
y la Adolescencia señala en su artículo 1º que dicho estatuto tiene como
finalidad garantizar a los niños, niñas y adolescentes “su pleno y armonioso
desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un
ambiente de felicidad, amor y comprensión”[91]. En concordancia
con ello, el artículo 2º traza como objetivo principal el de fijar las normas
sustantivas y procesales “para la protección integral de los niños, las
niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades
consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la
Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento”[92].
Además, el artículo 6º del Código recoge el
principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes como
parámetro de interpretación y aplicación de las normas[93], y
en su artículo 8º lo define como “el imperativo que obliga a todas las
personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus
Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”[94].
Por su parte, el artículo 61 señala que la
adopción es, principalmente y por excelencia, una medida de protección a través
de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera
irrevocable, la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por
naturaleza.
39.
Ahora bien, como se ha visto a lo largo de esta sentencia, de conformidad con
el artículo 64 los efectos jurídicos que conlleva la adopción son exactamente iguales a los del parentesco
consanguíneo. Por lo tanto, el parentesco civil no solo es una institución
mediante la cual se materializa el derecho fundamental a la filiación de los
menores de edad, sino que también se protege a la familia como núcleo
fundamental de la sociedad, entendida como una comunidad que decide
vivir en común y en donde están los afectos. Por lo tanto, la adopción es una medida de
protección que busca materializar los derechos fundamentales de los niños y
niñas a i) la filiación; y ii) tener una familia y a no ser separado de ella,
sin importar el origen el vínculo por el cual fue originada.
Examen del caso concreto
40. El accionante presentó
demanda de inconstitucionalidad en contra de la expresión “los
parientes consanguíneos a los civiles”, contenida en el literal b) del
artículo 6° de la Ley 1306 de 2009. Consideró que el
aparte acusado viola el artículo 13 de la Constitución al establecer una
diferenciación entre los parientes consanguíneos y los civiles, de tal forma
que se consagra una preferencia de los primeros sobre los segundos para asumir
las obligaciones de cuidado de las personas con discapacidad mental. En efecto,
sostuvo que la norma acusada genera una distinción por origen familiar que
vulnera el principio de igualdad.
41.
Si bien la mayoría de los intervinientes solicitaron que la norma fuera
declarada inexequible, dos de ellos pidieron su exequibilidad condicionada. Por
un lado, la Universidad de Antioquia consideró que en la expresión demandada “los
parientes consanguíneos a los civiles” solo es necesario cambiar la
preposición “a” por la conjunción “y”, de forma que se elimine la
diferenciación entre ambos tipos de parentesco. Por otro lado, la Universidad
del Rosario también solicitó declarar la exequibilidad condicionada de la
expresión demandada, de manera que esta fuera interpretada de conformidad con
las demás normas del ordenamiento jurídico que protegen los derechos de las
personas con discapacidad, y en concordancia con lo establecido íntegramente en
los artículos 1° y 6° de la Ley 1306 de 2009.
En
primer lugar, la Corte analizará la solicitud de inexequibilidad.
42.
Debido
a que se propone un cargo por violación de la igualdad, la metodología de
análisis que usará la Corte corresponde al juicio integrado de igualdad, herramienta
metodológica utilizada de manera recurrente por esta Corporación.[95] El juicio integrado de igualdad tiene
tres etapas de análisis: i) busca establecer el criterio de comparación: patrón
de igualdad o tertium comparationis, valga decir, precisar si los
supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se compara sujetos de la
misma naturaleza; ii) es indispensable definir si en el plano fáctico y en el
plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales;
y iii) se debe averiguar si la diferencia de trato está constitucionalmente
justificada, es decir, si las situaciones objeto de comparación ameritan un
trato diferente desde la Constitución. Para hacerlo, analiza tres objetos:
i) el fin buscado por la medida, ii) el medio empleado y iii) la relación entre
el medio y el fin. Según su grado de intensidad, este test puede tener tres
grados: leve, intermedio o estricto.
El escrutinio débil o suave se usa como
regla general, debido a que existe prima facie una presunción de
constitucional de las normas expedidas por el Legislador. El test está dirigido
a verificar que la actividad legislativa se ejerza dentro del marco de
razonabilidad y que, por ende, no se adopten decisiones arbitrarias y/o
caprichosas[96]. Para que una norma sea declarada constitucional con
esta intensidad del test, basta con que el trato diferente que se examina sea
una medida potencialmente adecuada para alcanzar un propósito que no esté prohibido
por el ordenamiento jurídico.
El juicio intermedio se aplica en los
casos en que se debate la afectación de derechos fundamentales y cuando existen
normas basadas en criterios sospechosos, pero con el fin de favorecer a grupos
históricamente desfavorecidos. Se trata de asuntos en los que se aplica lo que
la doctrina ha denominado acciones afirmativas o medidas de discriminación
positiva. En este caso el fin debe ser legítimo e importante, sea porque
promueve intereses públicos valorados por la Constitución o por la magnitud del
problema que el legislador busca resolver y el medio debe ser adecuado, es
decir efectivamente conducente para alcanzar dicho fin.
El test estricto se aplica cuando una
diferenciación se fundamenta en lo que la doctrina constitucional ha denominado
“criterios sospechosos”, que no son otra cosa que causas de discriminación
prohibidas explícitamente por la Constitución[97] o que:
“i)
se fundan en rasgos permanentes de las personas, de las cuales éstas no pueden
prescindir por voluntad propia, a riesgo de perder su identidad; ii) son
características que han estado sometidas, históricamente, a patrones de
valoración cultural que tienden a menospreciarlas; y iii) no constituyen, per
se, criterios con base en los cuales sea posible efectuar una distribución o
reparto racionales y equitativos de bienes, derechos o cargas sociales”[98].
En ese tipo de casos el fin que
busca la medida analizada debe ser no sólo legítimo e importante sino
imperioso, no basta que el medio sea adecuado y efectivamente
conducente, sino que debe ser necesario, es decir, no puede ser
reemplazado por un medio alternativo menos lesivo. Finalmente, este es el
único de los juicios en el que necesariamente debe adelantarse el análisis
de proporcionalidad en sentido estricto, por lo tanto, requiere que los
beneficios de adoptar la medida sean claramente superiores a la afectación que
ella implica sobre otros principios y valores constitucionales[99].
De acuerdo con este método, la Corte
procede a hacer el análisis del fragmento acusado.
43.
En primer lugar, debe afirmarse que en este asunto los supuestos de hecho son susceptibles
de contraste y sí se comparan sujetos de la misma naturaleza. En efecto, la
comparación se presenta entre dos tipos de parentesco, el consanguíneo y el
civil, a los que el ordenamiento jurídico atribuye
derechos y deberes, en general, y en el caso del cuidado de personas en
situación de discapacidad mental, en particular.
44. En segundo lugar, debe señalarse
que en este caso el apartado demandado genera un trato desigual entre
sujetos que son iguales porque los dos tipos de parentesco tienen las
mismas consecuencias jurídicas, tal como se explicó previamente, y sólo se
mantiene la distinción para ciertos propósitos específicos, por ejemplo, el impedimento
matrimonial entre los parientes consanguíneos más cercanos. Sin embargo, el
artículo 6° de la Ley 1306 de 2009 determina quién debe ejercer de manera
preferencial la protección de un sujeto con discapacidad mental.
De este modo, a pesar de que los parientes consanguíneos y civiles se
encuentren en un plano de igualdad, la norma establece que los primeros tienen
prelación sobre los segundos para ejercer la función de protección de sus
familiares con discapacidad mental.
45. En tercer lugar, le compete a
esta Corporación examinar si la diferencia de trato está constitucionalmente
justificada. Para hacerlo es necesario establecer el nivel de intensidad
con el que se debe abordar el juicio de igualdad. Para esta Corte debe llevarse
a cabo un juicio estricto, debido a que el fragmento demandado genera una
distinción por origen familiar, pues la única diferencia entre las dos
categorías es que en una el parentesco deriva de un vínculo biológico
(consanguíneo) y en la otra deriva de un vínculo legal (civil). La
distinción entre parientes consanguíneos y civiles es un criterio sospechoso de
discriminación que se encuentra explícitamente señalado en el artículo 13 de la
Constitución[100].
46. Una vez establecido el grado de
intensidad del test, esta Sala debe verificar cuál es el objetivo que busca la
medida y constatar si, además de ser legítimo e importante, es imperioso. De
acuerdo con el texto de la norma, la finalidad de la medida es establecer un
orden escalonado para ejercer el cuidado de un sujeto en
situación de discapacidad mental. Particularmente, el aparte
demandado establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 6o. LA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN. La protección
del sujeto con discapacidad mental corresponde y grava a toda la sociedad, pero
se ejercerá de manera preferencial por:
(…)
b) El cónyuge o compañero o compañera permanente y los
demás familiares en orden de proximidad, prefiriendo los ascendientes y
colaterales mayores y los parientes consanguíneos a los civiles.”
Para
la Corte el objetivo no es legítimo, importante y mucho menos imperioso, pues
se funda únicamente en el origen familiar, aspecto completamente irrelevante
para la finalidad general de la norma, que es designar al titular de la función
de protección de personas con discapacidad mental.
47.
En efecto, el fin que busca el fragmento acusado va en contravía de los
objetivos de la Ley 1306
de 2009. Como establecen los antecedentes legislativos de la norma, esta
fue diseñada
“para responder a las necesidades personales y sociales de las personas con
discapacidad mental, brindándoles el espacio para su actualización correlativo
a su capacidad intelectual, sin poner en riesgo sus intereses y los de la
sociedad, para lo cual se establecen aquellas medidas imprescindibles para
conseguir estos propósitos”[101].
En ese sentido, un orden escalonado fijo que
prefiere
a los parientes consanguíneos sobre los civiles en el cuidado de las personas
con discapacidad mental puede ir directamente en contra de sus intereses. Ciertamente,
la disposición obvia la diversidad de situaciones en las que una persona con
discapacidad mental tenga que ser forzada a estar bajo el cuidado de parientes
consanguíneos con los que no tiene ninguna relación debido a que su familia,
entendida como una comunidad que decide vivir en común y en donde están los
afectos, fue conformada de manera civil.
48. El fin de la distinción planteada por el aparte
demandado dista completamente de ser imperioso en términos constitucionales. Tal
situación no se resuelve con la consagración de las facultades del juez de
familia en el último inciso del artículo 6° de la Ley 1306 de
2009, que establece que “Serán encargados de la custodia y protección de
quienes están en discapacidad mental quienes garanticen la calidad e idoneidad
de la gestión y, por ello, el orden aquí establecido podrá ser modificado por
el Juez de Familia cuando convenga a los intereses del afectado.” En
efecto, el orden escalonado a favor de los parientes consanguíneos sobre los
civiles se mantiene a pesar de las posibilidades del juez, por lo que el acto
discriminatorio aún sería parte del ordenamiento jurídico y tendría todo su
poder como norma jurídica.
Aunque el
carácter segregador del fin perseguido por el fragmento acusado es suficiente
para declarar la inexequibilidad de ese aparte, la Corte insiste en que la
distinción entre parientes por su origen familiar constituye un medio prohibido
expresamente por la Carta, no es efectivamente conducente –ya que se basa en un
criterio irrelevante y superfluo para efectos de obtener el fin general de la
norma- y mucho menos indispensable, pues existen innumerables alternativas que
resultan menos lesivas para los principios y valores constitucionales.
Observa la
Corte que la declaratoria de inexequibilidad del fragmento acusado genera que
la norma pierda sentido lingüístico, teniendo en cuenta que finalizaría con la
expresión “y” que no fue demandada. De acuerdo con ello, procede ahora a
estudiar la necesidad de integrar la unidad normativa para mantener la
coherencia gramatical de la disposición.
Integración
normativa
49. De
conformidad con el artículo 241 superior, a la Corte se le confía la guarda de
la integridad y supremacía de la Constitución, “en los estrictos y precisos
términos de este artículo”. Según el numeral 4º de la norma en cita,
corresponde a esta Corporación decidir sobre las demandas de
inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, es decir
que, por regla general, la evaluación constitucional de una ley debe ejercerse
sólo por vía de acción, esto es, sólo si se presenta una demanda de
inconstitucionalidad.
Ahora bien,
aunque en principio esta Corporación no es competente para examinar de oficio
todas las disposiciones legales, el inciso 3º del artículo 6º del Decreto 2067
de 1991, dispone que la Corte se pronunciará de fondo sobre las normas
demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman
unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales. En efecto,
excepcionalmente este Tribunal puede conocer sobre la constitucionalidad de
leyes ordinarias que no son objeto de control previo u oficioso, pese a que
contra las mismas no se hubiere dirigido demanda alguna.
La
jurisprudencia[102] ha
señalado que la integración de la unidad normativa es procedente, exclusivamente,
en los siguientes eventos:
i)
Cuando
un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un
contenido deóntico claro o unívoco, de manera que para entenderla y aplicarla,
es imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición
que no fue acusada. Esta causal busca delimitar la materia objeto de
juzgamiento, en aras de que este Tribunal pueda adoptar una decisión de mérito
ii)
En
aquellos casos en los que la disposición cuestionada está reproducida en otras
normas del ordenamiento que no fueron demandadas. Esta hipótesis pretende
evitar que un fallo de inexequibilidad resulte inocuo y es una medida para
lograr la coherencia del sistema jurídico.
iii)
Cuando
la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición
que, a primera vista, presenta serias dudas sobre su constitucionalidad. Para
que proceda la integración normativa en esta última hipótesis es preciso que
concurran dos circunstancias: (a) que la norma demandada tenga estrecha
relación con las disposiciones que no fueron cuestionadas y que conformarían la
unidad normativa; y (b) que las disposiciones no acusadas parezcan
inconstitucionales[103].
La
integración normativa del literal b) del artículo 6° de la Ley 1306 de 2009
50. En el
presente caso, el demandante acusó un fragmento del literal b) del artículo 6°
de la Ley 1306 de 2009. Específicamente, demandó el aparte: “los parientes
consanguíneos a los civiles.”
El texto
completo de la disposición es el siguiente:
“ARTÍCULO
6o. LA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN. La protección del sujeto con discapacidad mental
corresponde y grava a toda la sociedad, pero se ejercerá de manera preferencial
por:
(…)
b) El
cónyuge o compañero o compañera permanente y los demás familiares en orden de
proximidad, prefiriendo los ascendientes y colaterales mayores y los parientes
consanguíneos a los civiles.”
Como se ha
indicado a lo largo de esta providencia, se trata de una norma en la que se
establece el orden de quienes ejercerán el cuidado de las personas en situación
de discapacidad. No obstante, es importante señalar que la declaratoria de
inexequibilidad del aparte demandado haría que la norma perdiera su sentido
gramatical, debido a que la conjunción “y” no estaría relacionada con
ninguna palabra. De este modo, para que sea posible entender y aplicar la norma
es imprescindible integrar a contenido normativo la palabra “y” que
precede al fragmento acusado, a fin de mantener sentido lingüístico.[104]
Por lo
tanto, la declaratoria de inexequibilidad del fragmento demandado se extiende a
la partícula que lo conectaba con el resto del precepto, y así será fijado en
la parte resolutiva.
Cuestión
final
51. A pesar
del carácter evidente de la discriminación que genera el fragmento acusado y
que sin duda lleva a la declaratoria de inexequibilidad, la Corte considera
necesario pronunciarse sobre las solicitudes de dos intervinientes sobre
eventuales condicionamientos.
52. La
Universidad de Antioquia expuso que solo es necesario cambiar la preposición “a”
por la conjunción “y”, de forma que se eliminaría la diferenciación
entre el parentesco consanguíneo y el civil, que hace que la norma sea
inconstitucional. Sin embargo, para la Corte esta fórmula no sólo no es clara,
sino que es errada. En efecto, carece de claridad debido a que, si bien la
institución educativa señala que no es constitucionalmente admisible llevar a
cabo discriminaciones entre parientes por su origen familiar, para este
Tribunal no es evidente que si se cambia la preposición “a” por la
conjunción “y” deje de existir la prelación a favor de los parientes
consanguíneos sobre los civiles. Además, la argumentación de la universidad no
profundiza en el punto. A la ausencia de elementos que, prima facie,
muestren que esta opción es constitucionalmente razonable, se suma a un
elemento gramatical que salta a la vista. Efectivamente, para esta Sala, la perspectiva
planteada es errónea en la medida en que el verbo que genera la
prelación entre parientes es “prefiriendo”, de manera que el cambio de
palabras señalado por la interviniente no solucionaría el problema de la
prevalencia de los parientes consanguíneos sobre los civiles en el cuidado de
sus familiares con discapacidad mental, sólo los mantiene como parte de una
lista en la que son los últimos en el orden de prelación.
De este
modo, la solicitud de exequibilidad condicionada no muestra que el cambio
sugerido sea una opción admisible que permita evitar la discriminación por
origen familiar que contiene la disposición y, por lo tanto, ésta se ajuste a
la Constitución.
53. Finalmente, la Universidad del
Rosario solicita un condicionamiento que ordene una interpretación sistemática
del texto acusado. Aunque esta puede ser una consideración válida cuando se
piden este tipo de fallos, la interviniente no se refirió a un elemento
fundamental en esta clase de argumentos: la demostración de las posibles
lecturas de la norma, incluida aquella que sí se ajusta a la Constitución,
elemento indispensable para no declarar la inexequibilidad de la norma. La
Corte constató que no enunció cuáles son las interpretaciones que se derivan
del precepto, tal y como fue proferido, y cuál de ellas es constitucionalmente
admisible. Por el contrario, todo el análisis desplegado por esta Corporación
muestra de manera fehaciente que la norma es discriminatoria.
Con base en estos argumentos, esta Sala insiste en
la conclusión según la cual el aparte demandado viola el artículo 13 de la
Constitución y, en consecuencia, debe ser declarado inexequible.
Conclusiones
54. El ciudadano presentó demanda
de inconstitucionalidad en contra de la expresión “los
parientes consanguíneos a los civiles”, contenida en el literal b) del
artículo 6° de la Ley 1306 de 2009. Consideró que el
aparte acusado viola el artículo 13 de la Constitución al establecer una diferenciación
entre los parientes consanguíneos y los civiles, de tal forma que consagra una
preferencia de los primeros sobre los segundos para asumir las obligaciones de
cuidado de las personas con discapacidad mental.
55. Antes de realizar un estudio de fondo sobre la
norma, esta Sala examinó la posibilidad de que esta hubiera sido derogada de
manera orgánica de conformidad con la Sentencia C-336 de 2016. De este modo,
concluyó que, si bien la mencionada providencia es un precedente relevante para
el asunto en discusión, no configura el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional, debido a que se trata de un fallo inhibitorio y se ocupa de un
problema jurídico distinto, sin embargo, hace un estudio normativo relevante
para el caso. Por otra parte, señaló que, de conformidad con un análisis
temporal de la vigencia de las leyes, el Código de Infancia y Adolescencia no
podía derogar lo establecido en la Ley 1306 de 2009, pues es una
normativa anterior a la norma que se analiza en este caso. Por último, advirtió
que el Legislador quiso mantener la distinción entre parientes consanguíneos y
civiles, y que esta tiene una relevancia dentro del ordenamiento jurídico en la
medida en que le asigna consecuencias al parentesco consanguíneo del adoptado
en ciertos casos.
56. En el análisis de fondo del apartado, la Corte estableció
que debía adelantar un juicio integrado de igualdad de carácter estricto,
debido a que se trataba de una disposición acusada de violar el artículo 13 de
la Constitución con base en un criterio sospechoso enunciado explícitamente en
la Carta: la discriminación por origen familiar.
De este modo, señaló que i) existía un patrón de
igualdad de comparación, debido a que se trata de dos grupos de parientes:
consanguíneos y civiles; ii) existía un trato desigual entre iguales, debido a
que a
pesar de que los parientes consanguíneos y civiles se encuentren en un plano de
igualdad, la norma establece que los primeros tienen prelación sobre los
segundos respecto al cuidado de sus familiares con discapacidad mental; iii) de
conformidad con el carácter estricto del juicio, ya que se trataba de una
disposición que materializaba la discriminación por origen familiar, la Corte
concluyó que iv) el objetivo de la medida es darles la prelación a los
parientes consanguíneos sobre los civiles en el cuidado de sus familiares en
situación de discapacidad. Por lo tanto, reiteró que esta finalidad no es
legítima, importante ni imperiosa y, por consiguiente, el literal acusado debía
declarase inexequible. Además, insistió en que la distinción entre parientes por su origen familiar
constituye un medio prohibido expresamente por la Carta, no es efectivamente
conducente y mucho menos indispensable, pues existen innumerables alternativas
que resultan menos lesivas para los principios y valores constitucionales.
Finalmente, decidió integrar normativamente la conjunción “y” que
precede el aparte acusado, con el objetivo de mantener el sentido gramatical de
la norma.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar INEXEQUIBLE la expresión “y
los parientes consanguíneos a los civiles”, contenida en el literal b) del
artículo 6° de la Ley 1306 de 2009 “Por la cual se
dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se
establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados”.
Comuníquese, notifíquese y cúmplase
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento de voto
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con aclaración de voto
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS
BERNAL PULIDO
A
LA SENTENCIA C-296/19
IGUALDAD
DE LA FAMILIA INDEPENDIENTEMENTE DE SU ORIGEN-Deberes
especiales de parientes consanguíneos (Salvamento de voto)
No
es irrazonable ni desproporcionado imponer a los parientes consanguíneos el
deber de ejercer preferencialmente la función de protección del sujeto con
discapacidad mental.
Expediente:
D-12674
Magistrada
ponente:
Gloria Stella
Ortiz Delgado
Con mi acostumbrado respeto por las
decisiones de la Sala Plena de la Corte, suscribo salvamento de voto en
relación con la sentencia de la referencia, la cual declaró inexequible la
expresión “y los parientes consanguíneos a los civiles”, contenida en la
sección b del artículo 6 de la Ley 1306 de 2009. En mi concepto, la
disposición demandada no desconoce el principio de igualdad, pues (i) no
es irrazonable ni desproporcionado imponer a los parientes consanguíneos el
deber de ejercer preferencialmente la función de protección del sujeto con
discapacidad mental y (ii) el orden definido en el artículo para el
ejercicio de la función de protección “podrá ser modificado por el Juez de
Familia cuando convenga a los intereses del afectado”, de conformidad con
el parágrafo del artículo 6 de la Ley 1306 de 2009.
1. No es irrazonable ni
desproporcionado imponer a los parientes consanguíneos el deber de ejercer
preferencialmente la función de protección del sujeto con discapacidad mental.
La sección b del artículo 6 de la Ley 1306 de 2009 fija un orden de prelación
en relación con el deber de protección de personas que, según la Constitución,
son titulares de garantías reforzadas. Esto no constituye, de manera alguna, un
trato irrazonable ni desproporcionado en relación con los parientes civiles ni
consanguíneos. De la lectura de la norma y de la exposición de motivos deriva
que la disposición demandada solo busca:
“establecer
una escala de individuos llamados a prestar la protección requerida,
sustitutivos unos de otros, a efecto de que siempre pueda encontrarse alguien
encargado de velar por los intereses de la persona en situación de
discapacidad” (Gaceta No. 369 de 2007, exposición de motivos ante
la Cámara de Representantes).
2. El orden definido en el artículo
para el ejercicio de la función de protección “podrá ser modificado por el Juez
de Familia cuando convenga a los intereses del afectado”, de conformidad con el
parágrafo del artículo 6 de la Ley 1306 de 2009. La disposición atacada
contiene unos criterios para determinar, en la situación concreta, quién
ejercerá de manera preferencial el deber de protección de una persona con
discapacidad mental. La sentencia concluye equivocadamente que la prelación
tiene un carácter definitivo y discriminatorio en contra del parentesco civil,
sin embargo, lo cierto es que la disposición solo impone un deber preferencial
a los familiares consanguíneos que, en todo caso, puede ser modificado por el
Juez de Familia “cuando convenga a los intereses del afectado” (parágrafo
del artículo 6,  Ley 1306 de 2009).
Fecha ut supra,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] Folios 7 a 10.
[2] Folios 89 a 90.
[3] Sentencia
T-026 de 2014, MP Nilson Pinilla Pinilla.
[4] Folio 4.
[5] MP Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[6] Folio 5.
[7] Folios 66 a
69.
[8] Folios 125 a
127.
[9] Folio 127.
[10] Folios 75 a
80.
[11] Folio 77.
[12] Folio 78.
[13] Folios 138 a
143.
[14] Folio 139.
[15] “ARTICULO 50.
PARENTESCO CIVIL. Parentesco civil es
el que resulta de la adopción, mediante la cual la ley estima que el adoptante,
su mujer y el adoptivo se encuentran entre sí, respectivamente, en las
relaciones de padre, de madre, de hijo. Este parentesco no pasa de las
respectivas personas.”
[16] El
interviniente precisó lo siguiente respecto a la sentencia C-336 de 2016: “Este
artículo [50 del código civil] fue objeto de demanda de inconstitucionalidad la
cual obtuvo como resultado la sentencia C-336 (M.P. Alejandro Linares Cantillo)
en la que se resolvió: INHIBIRSE de proferir pronunciamiento de fondo respecto
del artículo 50 del Código Civil, por cuanto dicha disposición fue derogada
orgánicamente por el Código de Infancia y Adolescencia, configurándose la
carencia actual de objeto.” Folio. 139.
[17] Folio 143.
[18] Folios 35 a 37.
[19] Folio 35.
[20] Folio 35.
[21] Folio 36.
[22] Folios 38 a
49.
[23] Folio 41.
[24] Folio 44.
[25] Folio 47.
[26] Folio 48.
[27] Folios 50 a
51. Folios 50 a 51. El señor Hernán Alejandro Olano García precisó que esta
intervención fue presentada a título personal, debido a su condición de miembro
de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
[28] Folio 51.
[29] Folio 51.
[30] Folios 53-56.
[31] Folio 53.
[32] Ibidem.
[33] Folio 54.
[34] Ibídem.
[35] Folios 81 a
88.
[36] Folio 88.
[37] Folio 87.
[38] Folios 145 a
150.
[39] Folio 147.
[40] Folio 149.
[41] Ibídem.
[42] Folio 150.
[43] ARTÍCULO 1º. OBJETO DE LA PRESENTE LEY. La presente ley tiene por objeto la
protección e inclusión social de toda persona natural con discapacidad mental o
que adopte conductas que la inhabiliten para su normal desempeño en la
sociedad.
La protección de la persona con
discapacidad mental y de sus derechos fundamentales será la directriz de
interpretación y aplicación de estas normas. El ejercicio de las guardas y
consejerías y de los sistemas de administración patrimonial tendrán como
objetivo principal la rehabilitación y el bienestar del afectado.
ARTÍCULO 6º. LA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN. La protección del sujeto con
discapacidad mental corresponde y grava a toda la sociedad, pero se ejercerá de
manera preferencial por:
[…]
PARÁGRAFO. Cuando en la presente ley
se mencione al cónyuge o los parientes afines, se entenderán incluidos quienes,
de acuerdo con la Constitución Política y la ley, tengan tal condición en la
familia extramatrimonial y civil. Cuando existan en una posición dos o más
personas excluyentes entre sí, el juez preferirá a la persona que haya
permanecido en último lugar con el sujeto, sin perjuicio de sus facultades de
selección
[44] MP
Alejandro Linares Cantillo.
[45] MP Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[46] MP Iván Humberto Escruceria Mayolo (e).
[47] Sentencia
de marzo 28 de 1984, Corte Suprema de Justicia EN: Sentencia C-159 de
2004, MP Alfredo Betrán Sierra.
[48] Ver Sentencia C-797 de 2014, MP
Luis Guillermo Guerrero.
[49] La subrogación como modalidad de derogación se explica en
la Sentencia C-019 de 2015, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[50] Sentencia
C-502 de 2012. MP Adriana María Guillén Arango.
[51] Sentencia
C-502 de 2012. MP Adriana María Guillén Arango.
[52] MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[53] Sentencia C-724 de 2007, MP Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[54] Sentencia
C-291 de 2015, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[55] MP
Alejandro Linares Cantillo.
[56] La parte resolutiva de la sentencia fue
dice lo siguiente: “INHIBIRSE de proferir un pronunciamiento de
fondo respecto del artículo 50 del Código Civil,
por cuanto dicha disposición fue derogada orgánicamente por el Código de la
Infancia y la Adolescencia, configurándose la carencia actual de objeto.”
[57] Consideraciones basadas en
la Sentencia C-131 de 2018, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[58] MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo
[59] Sentencia C-875 de 2005, MP Rodrigo Escobar Gil.
[60] Sentencia
C-660 de 2000, MP Álvaro Tafur Galvis.
[61] MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[62] MP
Mauricio González Cuervo.
[63] MP Mauricio
González Cuervo.
[64] MP Luis
Ernesto Vargas.
[65] La sentencia afirma lo siguiente: “Como lo explica la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015, “respecto a los tipos de
familia, se encontró que un tercio del total de los hogares del país (33.2%)
está ocupado por familias nucleares biparentales (ambos padres e hijos), un
12.6 por ciento por nucleares monoparentales (falta el padre o la madre) y un
9.8 por ciento de ellas por parejas sin hijos; un 12.8 por ciento son ocupados
por familias extensas biparentales (pareja, más hijos solteros, otros parientes,
hijos con pareja y/o con hijos); 9.8 por ciento son extensas monoparentales (el
jefe o la jefe sin cónyuge con los hijos solteros o casados y otros parientes);
2.9 por ciento pertenecen a parejas sin hijos junto con otros parientes y en un
4.5 por ciento de los hogares del país vive el jefe con otros parientes.”
[66] Consideraciones
basadas en la Sentencia C-063 de 2018, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[67] Sentencia T-770 de 2012, MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[68] Sentencia T-207 de 1999. MP
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[69] Comité
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación General No. 1
(2014), párr.12, citada en la Sentencia C-182 de 2016, MP Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[70] Comité
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación General No.1
(2014), párr. 8.
[71] Comité
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación General Nº1
(2014), párr. 8, citada en la Sentencia C-182
de 2016, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[72] Sentencia C-765 de 2012. MP
Nilson Pinilla Pinilla.
[73] MP
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[74] Observación General
Nº1 (2014). Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Artículo 12- Igual reconocimiento como persona ante la ley. 11º período de
sesiones, 31 de marzo a 11 de abril de 2014, (CRPD/C/GC/1), párr. 18.
[75] Observación General Nº1 (2014). Comité sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad. Artículo 12- Igual reconocimiento como
persona ante la ley. 11º período de sesiones, 31 de marzo a 11 de abril de
2014, (CRPD/C/GC/1), párr. 19.
[76] Observación General
Nº1 (2014). Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Artículo 12- Igual reconocimiento como persona ante la ley. 11º período de
sesiones (31 de marzo a 11 de abril de 2014), (CRPD/C/GC/1.), párr. 29.
[77] Observación General Nº1 (2014). Comité sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad. Artículo 12- Igual reconocimiento como
persona ante la ley. 11º período de sesiones (31 de marzo a 11 de abril de
2014), (CRPD/C/GC/1.), párr. 30.
[78] En la exposición de motivos
de la Ley se estableció que su objetivo era modernizar el tratamiento jurídico
a las personas con discapacidad mental y que “el proyecto está
concebido para responder a las necesidades personales y sociales de las
personas con discapacidad mental, brindándoles el espacio para su actuación
correlativo a su capacidad intelectual, sin poner en riesgo sus intereses y los
de la sociedad, para lo cual se establecen aquellas medidas imprescindibles
para conseguir esos propósitos. Las prescripciones sobre el tratamiento
especializado y las relativas a la administración de los elementos económicos
se dejan a expertos en las respectivas ciencias, en todo caso bajo la
supervisión y control (directo y permanente) del Estado” Ver la Gaceta
del Congreso 480 de 2007.
[79] Sentencia C-438 de 2011, MP
Luis
Ernesto Vargas Silva.
[80] Estas
consideraciones encuentran su fundamento en la sentencia C-892 de 2012, MP Luis
Ernesto Vargas Silva.
[81] Ver entre otras:
C-004 de 1998. M.P. Jorge Arango Mejía, T-329 de 1995. M.P. José Gregorio
Hernández, T-488 de 1999 M.P. Martha Victoria Sáchica, T-183 de 2001. M.P.
Alfredo Beltrán Sierra, C-243 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-641 de 2001
M.P.  Jaime Córdoba Triviño, T-966 de 2001. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[82] Sentencia
C-109 de 1995, MP Alejandro Martínez Caballero.
[83] Sentencia
C-1033 de 2002, MP Jaime Córdoba Triviño.
[84] MP Jorge
Arango Mejía.
[85] MP Antonio Barrera Carbonell.
[86] MP Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[87]Estas consideraciones encuentran su fundamento en la
sentencia C-071 de 2015, MP Jorge Iván Palacio.
[88] Sentencia
C-071 de 2015, MP Jorge Iván Palacio Palacio.
[89] Ver
sentencias C-577 de 2015, MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-804 de 2009, MP
María Victoria Calle Correa; C-093 de 2001, MP Alejandro Martínez Caballero,
entre otras.
[90] Sentencia C-104 de 2016, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[91] “ARTÍCULO
1.- Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las
niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en
el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y
comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana,
sin discriminación alguna”.
[92] “ARTÍCULO
2.- Objeto. El presente código tiene por objeto establecer normas sustantivas y
procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los
adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados
en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución
Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y
protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado”.
[93] “ARTÍCULO
6.- Reglas de interpretación y aplicación. Las normas contenidas en la
Constitución Política y en los tratados o convenios internacionales de Derechos
Humanos ratificados por Colombia, en especial la Convención sobre los Derechos
del Niño, harán parte integral de este Código, y servirán de guía para su
interpretación y aplicación. En todo caso, se aplicará siempre la norma más
favorable al interés superior del niño, niña o adolescente. // La enunciación
de los derechos y garantías contenidos en dichas normas, no debe entenderse
como negación de otras que, siendo inherentes al niño, niña o adolescente, no
figuren expresamente en ellas”.
[94] “ARTÍCULO 8.- Interés superior de los niños, las niñas y
los adolescentes. Se entiende por interés superior del niño, niña y
adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la
satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son
universales, prevalentes e interdependientes”.
[95]La jurisprudencia constitucional colombiana ha
considerado de manera reiterada que la herramienta analítica para estudiar
casos que involucran la violación del derecho a la igualdad es el denominado un
el juicio integrado de igualdad (En efecto, sentencias como las C-673 de 2001
MP Manuel José Cepeda Espinosa, C-624 de 2008 MP Humberto Sierra Porto, C-601
de 2015 MP Mauricio González Cuervo, C-389 de 2017 MP Cristina Pardo
Schlesinger y C-535 de 2017 MP Gloria Stella Ortiz Delgado). En este juicio,
básicamente, el juez constitucional al evaluar una norma acusada de vulnerar el
artículo 13 superior, combina el test de proporcionalidad con niveles de
escrutinio. (Sentencia C-093 de 2001 MP Alejandro Martínez Caballero) Sobre la
evolución del test de igualdad ver, entre otras, las Sentencias C-880 de 2014,
C-035 de 2016 y C-053 de 2018, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[96] Sentencias C-673 de
2001, MP Manuel José Cepeda Espinosa y C-051 de 2014, MP Mauricio González
Cuervo.
[97] La Corte Constitucional, en numerosas sentencias, ha
considerado que los criterios señalados por el artículo 13 de la Constitución
(sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica) son también criterios sospechosos de discriminación (ver, entre otras sentencias, SU-617/14 MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez; C-577/11 MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo o C-075/07 Rodrigo Escobar
Gil).
[98] Sentencia C-112 de 2000, MP Alejandro
Martínez Caballero.
[99] Sentencias
C-063 de 2018 MP Gloria Stella Ortiz Delgado y C-659 de 2016 MP Aquiles
Arrieta.
[100] El
artículo 13 de la Constitución establece lo siguiente “Todas las personas
nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de
las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.”
(Negrilla no original)
[101] Congreso de la República de Colombia, Gaceta del
Congreso No. 480 de 2007.
[102]Ver sentencia C-539 de 1999; M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz. Reiterada en las sentencias C-043 de 2003 M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra y C-603 de 2016 M.P:
María Victoria Calle Correa.
[103]Ver sentencia C-539 de 1999; M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[104] Sentencia C-741 de 2015, MP
Luis Ernesto Vargas Silva.