C-315-04
PROYECTO DE SENTENCIA
Sentencia C-315/04
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Inclusión integral de exposición de
motivos del proyecto y del contenido de otra ley
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Regularidad del procedimiento de
aprobación/LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Incorporación de
elementos extraños al acto normativo
UNIDAD DE MATERIA Y LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Irregularidad
que no constituye vicio de procedimiento
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Elementos extraños carecen de vocación
normativa propia
MISIONES ESPECIALES Y RELACIONES DIPLOMATICAS
ORDINARIAS-Distinción
MISIONES ESCIALES-Concepto y características
MISIONES ESPECIALES-Formas de la llamada diplomacia ad hoc
CONVENCION SOBRE LAS MISIONES ESPECIALES-Contenido y propósitos
MISIONES ESPECIALES-Reglas generales
MISIONES ESPECIALES-Derechos, inviolabilidad e inmunidad de
miembros
PERSONAL DIPLOMATICO-Prerrogativas no son absolutas
PERSONA NON GRATA EN MISIONES ESPECIALES-Posibilidad
INMUNIDAD DE JURISDICCION EN MATERIA DE
MISIONES ESPECIALES-Casos
en que no puede ser alegada
INMUNIDAD DE JURISDICCION EN MATERIA DE
DERECHO DIPLOMATICO-Reparación
del Estado
EXENCION TRIBUTARIA A ORGANIZACION
INTERNACIONAL Y REPRESENTACION DIPLOMATICA-Concesión
EXENCION A TRIBUTO DE ENTIDADES
TERRITORIALES EN TRATADO INTERNACIONAL
EXENCION A TRIBUTO DE ENTIDADES
TERRITORIALES EN TRATADO INTERNACIONAL-Concesión
La concesión de esas exenciones a los tributos
territoriales por medio de un tratado es posible, pero la Nación debe compensar
a las entidades territoriales las pérdidas de sus ingresos que puedan derivar
de dichas exenciones. En efecto, de esa manera se aseguran los ingresos de las
entidades territoriales sin afectar indebidamente la promoción de las
relaciones internacionales, con lo cual se logra una armonización de los
artículos 226 y 294 de la Constitución.
EXENCION POR TRATADO A TRIBUTO TERRITORIAL-Alcance de la concesión
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL-Precisión y rectificación/EXENCION A
TRIBUTO TERRITORIAL EN TRATADO INTERNACIONAL-Alcance de la concesión
La Corte considera necesario precisar y rectificar su
jurisprudencia en esta materia, de la siguiente manera: la prohibición de las
exenciones de los tributos territoriales, prevista en el artículo 294, no
prohíbe que los tratados confieran esas exenciones, siempre y cuando la Nación
establezca mecanismos para compensar a las entidades territoriales por
eventuales afectaciones de sus ingresos, debido a dichas exenciones.
Referencia: expediente LAT-240
Revisión constitucional de "la
Convención sobre las Misiones Especiales”, abierta a la firma en Nueva
York, el dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969),
así como de la Ley No. 824 de 2003, que aprueba dicha convención.
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Bogotá D.C, primero (1°) de abril de dos
mil cuatro (2004).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 241, numeral 10, de la Carta, la Secretaría Jurídica de la Presidencia
de la República remitió a esta Corporación copia auténtica de la Ley 824 de
2003, “Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre las Misiones
Especiales, abierta a la firma en Nueva York, el dieciséis (16) de diciembre de
mil novecientos sesenta y nueve (1969)” para efectos de su revisión
constitucional. El Magistrado Sustanciador entró a conocer del presente asunto
mediante auto del catorce (14) de agosto de 2003, y ordenó la práctica de
algunas pruebas relacionadas con el trámite legislativo de la citada ley.
Recibidas las pruebas, se fijó el proceso en lista para permitir la intervención
ciudadana y de las autoridades públicas, y se corrió el traslado del expediente
al Procurador General de la Nación. Cumplidos los trámites constitucionales y
legales propios de este tipo de procesos, la Corte Constitucional procede a
decidir acerca del asunto de la referencia.
II. DEL TEXTO OBJETO DE REVISIÓN.
A continuación se transcribe el texto de la
Ley cuya constitucionalidad se revisa, de conformidad con su publicación en el
Diario Oficial No. 45.248, del 14 de julio de 2003. La Corte aclara que el
texto aprobado incluye elementos en principio extraños a una ley de esta
naturaleza, como es la inclusión integral de la exposición de motivos del
proyecto y del contenido de la Ley 424 de 1998, que ordena el seguimiento de
los convenios internacionales suscritos por Colombia. Dice entonces el texto de
la ley sometida a revisión de esta Corte:
“LEY 824 DE 2003
(julio 10)
Por medio de la cual se aprueba la
Convención sobre las Misiones Especiales, abierta a la firma en Nueva York, el
dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969).
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el texto de la "Convención sobre
las Misiones Especiales, abierta a la firma en Nueva York, el dieciséis (16) de
diciembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969), que a la letra dice:
(Para ser trascrito: Se adjunta fotocopia
del texto íntegro del instrumento internacional mencionado).
PROYECTO DE LEY 196 DE 2001
Por medio de la cual se aprueba la
"Convención sobre las Misiones Especiales, abierta a la firma en Nueva
York", el dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve
(1969) (sic).
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el texto de la Convención sobre las
Misiones Especiales, abierta a la firma en Nueva York, el dieciséis (16) de
diciembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969), que a la letra dice:
(Para ser trascrito: Se adjunta fotocopia
del texto íntegro del instrumento internacional mencionado).
«CONVENCION SOBRE LAS MISIONES ESPECIALES
Los Estados Partes en la presente
Convención,
Recordando que en todo tiempo se ha
otorgado un trato particular a las misiones especiales,
Conscientes de los propósitos y principios
de la Carta de las Naciones Unidas relativos a la Igualdad soberana de los
Estados, al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y al fomento
de las relaciones de amistad y de la cooperación entre los Estados,
Recordando que la importancia de la
cuestión de las misiones especiales ha sido reconocida durante la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas, así como en
la resolución I aprobada por esa Conferencia el 10 de abril de 1961,
Considerando que la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas aprobó la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que fue abierta a la firma
el 18 de abril de 1961,
Considerando que la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Relaciones Consulares aprobó la Convención de Viena sobre
relaciones consulares, que fue abierta a la firma el 24 de abril de 1963,
Convencidos de que una convención
internacional sobre las misiones especiales complementaria esas dos
Convenciones y contribuiría al desarrollo de las relaciones amistosas entre las
naciones, sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y sociales,
Conscientes de que el objeto de los
privilegios e inmunidades relativos a las misiones especiales no es favorecer a
individuos sino garantizar el desempeño eficaz de las funciones de éstas en
cuanto misiones que tienen carácter representativo del Estado,
Afirmando que las normas del derecho
internacional consuetudinario continúan rigiendo las cuestiones no reguladas en
las disposiciones de la presente Convención,
Han convenido en lo siguiente:
ARTÍCULO 1. TERMINOLOGÍA.
A los efectos de la presente Convención:
a) por "misión especial" se
entenderá una misión temporal, que tenga carácter representativo del Estado,
enviada por un Estado ante otro Estado con el consentimiento de este último para
tratar con él asuntos determinados o realizar ante él un cometido determinado;
b) por "misión diplomática
permanente" se entenderá una misión diplomática en el sentido de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas;
c) por "oficina consular" se
entenderá todo consulado general, consulado, viceconsulado o agencia consular;
d) por "Jefe de la misión
especial" se entenderá la persona encargada por el Estado que envía de
actuar con carácter de tal;
e) por "representante del Estado que
envía en la misión especial" se entenderá toda persona a la que el Estado
que envía haya atribuido el carácter de tal;
f) por "miembros de la misión
especial" se entenderá el jefe de la misión especial, los representantes
del Estado que envía en la misión especial y los miembros del personal de la
misión especial;
g) por "miembros del personal de la
misión especial" se entenderá los miembros del personal diplomático, del
personal administrativo y técnico y del personal de servicio de la misión
especial;
h) por "miembros del personal
diplomático" se entender á los miembros del personal de la misión especial
que posean la calidad de diplomático para los fines de la misión especial;
i) por "miembros del personal
administrativo y técnico" se entenderá los miembros del personal de la
misión especial empleados en el servicio administrativo y técnico de la misión
especial;
j) por "miembros del personal de
servicio" se entenderá los miembros del personal de la misión especial
empleados por ésta para atender los locales o realizar faenas análogas;
k) por "personal al servicio
privado" se entenderá las personas empleadas exclusivamente al servicio
privado de los miembros de la misión especial.
ARTÍCULO 2. ENVÍO DE UNA MISIÓN ESPECIAL.
Un Estado podrá enviar una misión especial
ante otro Estado con el consentimiento de este último, obtenido previamente por
la vía diplomática u otra vía convenida o mutuamente aceptable.
ARTÍCULO 3. FUNCIONES DE UNA MISIÓN
ESPECIAL.
Las funciones de una misión especial serán
determinadas por consentimiento mutuo del Estado que envía y el Estado
receptor.
ARTÍCULO 4. ENVÍO DE LA MISMA MISIÓN
ESPECIAL ANTE DOS O MÁS ESTADOS.
Un Estado que se proponga enviar la misma
misión especial ante dos o más Estados informará de ello a cada Estado receptor
cuando recabe su consentimiento.
ARTÍCULO 5. ENVÍO DE UNA MISIÓN ESPECIAL
COMÚN POR DOS O MÁS ESTADOS.
Dos o más Estados que se propongan enviar
una misión especial común ante otro Estado informarán de ello al Estado
receptor cuando recaben su consentimiento.
ARTÍCULO 6. ENVÍO DE MISIONES ESPECIALES
POR DOS O MÁS ESTADOS PARA
TRATAR UNA CUESTIÓN DE INTERÉS COMÚN.
Dos o más Estados podrán enviar al mismo
tiempo ante otro Estado sendas misiones especiales, con el consentimiento de
ese Estado obtenido conforme al artículo 2, para tratar conjuntamente, con el
acuerdo de todos esos Estados, una cuestión de interés común a todos ellos.
ARTÍCULO 7. INEXISTENCIA DE RELACIONES
DIPLOMÁTICAS O CONSULARES.
Para el envío o la recepción de una misión
especial no será necesaria la existencia de relaciones diplomáticas o
consulares.
ARTÍCULO 8. NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE
LA MISIÓN ESPECIAL.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 10, 11 y 12, el Estado que envía nombrará libremente a los miembros
de la misión especial después de haber dado al Estado receptor toda información
pertinente acerca del número de miembros y la composición de la misión
especial, y en particular los nombres y calidades de las personas que se
propone nombrar. El Estado receptor podrá negarse a aceptar una misión especial
cuyo número de miembros no considere razonable habida cuenta de las
circunstancias y condiciones del Estado receptor y de las necesidades de la
misión de que se trate. Podrá también, sin dar las razones de ello, negarse a
aceptar a cualquier persona como miembro de la misión especial.
ARTÍCULO 9. COMPOSICIÓN DE LA MISIÓN
ESPECIAL.
1. La misión especial estará constituida
por uno o varios representantes del Estado que envía entre los cuales éste
podrá designar un jefe. La misión podrá comprender además personal diplomático,
personal administrativo y técnico, así como personal de servicio.
2. Cuando miembros de una misión
diplomática permanente o de una oficina consular en el Estado receptor sean
incluidos en una misión especial, conservarán sus privilegios e inmunidades
como miembros de la misión diplomática permanente o de la oficina consular,
además de los privilegios e Inmunidades concedidos por la presente Convención.
ARTÍCULO 10. NACIONALIDAD DE LOS MIEMBROS
DE LA MISIÓN ESPECIAL.
1. Los representantes del Estado que envía
en la misión especial y los miembros del personal diplomático de ésta habrán de
tener, en principio, la nacionalidad del Estado que envía.
2. Los nacionales del Estado receptor no
podrán formar parte de la misión especial sin el consentimiento de dicho
Estado, que podrá retirarlo en cualquier momento.
3. El Estado receptor podrá reservarse el
derecho previsto en el párrafo 2 del presente artículo respecto de los
nacionales de un tercer Estado que no sean al mismo tiempo nacionales del
Estado que envía.
ARTÍCULO 11. NOTIFICACIONES.
1. Se notificarán al Ministerio de
Relaciones Exteriores u otro órgano del Estado receptor que se haya convenido:
a) la composición de la misión especial,
así como todo cambio ulterior en esa composición;
b) la llegada y la salida definitiva de los
miembros de la misión, así como la terminación de sus funciones en la misión;
c) la llegada y la salida definitiva de
toda persona que acompañe a un miembro de la misión;
d) la contratación y el despido de personas
residentes, en el Estado receptor como miembros de la misión o como personal al
servicio privado;
e) la designación del jefe de la misión
especial o, en su defecto, del representante mencionado en el párrafo 1 del
artículo 14, así como de la persona que lo reemplace;
f) la situación de los locales ocupados por
la misión especial y de los alojamientos particulares que gozan de inviolabilidad
conforme a los artículos 30, 36 y 39, así como cualquier otra información que
sea necesaria para identificar tales locales y alojamientos.
2. A menos que sea imposible, la llegada y
la salida definitiva se notificarán con antelación.
ARTÍCULO 12. PERSONA DECLARADA NON GRATA O
NO ACEPTABLE.
1. El Estado receptor podrá, en todo
momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado
que envía que cualquier representante del Estado que envía en la misión
especial o cualquier miembro del personal diplomático de ésta es persona non
grata o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable.
El Estado que envía retirará entonces a esa persona o pondrá término a sus
funciones en la misión especial, según proceda. Toda persona podrá ser
declarada non grata o no aceptable antes de su llegada al territorio del Estado
receptor.
2. Si el Estado que envía se niega a
ejecutar, o no ejecuta en un plazo razonable, las obligaciones que le incumben
a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, el Estado
receptor podrá negarse a reconocer como miembro de la misión especial a la
persona de que se trate.
ARTÍCULO 13. COMIENZO DE LAS FUNCIONES DE
UNA MISIÓN ESPECIAL.
1. Las funciones de una misión especial
comenzarán desde la entrada en contacto oficial de la misión con el Ministerio
de Relaciones Exteriores u otro órgano del Estado receptor que se haya
convenido.
2. El comienzo de las funciones de una
misión especial no dependerá de una presentación de ésta por la misión
diplomática permanente del Estado que envía ni de la entrega de cartas
credenciales o plenos poderes.
ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN PARA ACTUAR EN
NOMBRE DE LA MISIÓN ESPECIAL.
1. El jefe de la misión especial o, si el
Estado que envía no ha nombrado jefe, uno de los representantes del Estado que
envía designado por éste, estará autorizado para actuar en nombre de la misión
especial y dirigir comunicaciones al Estado receptor. El Estado receptor
dirigirá las comunicaciones referentes a la misión especial al jefe de la
misión o, en defecto de éste, al representante antes mencionado, ya sea
directamente o por conducto de la misión diplomática permanente.
2. Sin embargo, un miembro de la misión
especial podrá ser autorizado por el Estado que envía, por el jefe de la misión
especial o, en defecto de éste, por el representante mencionado en el párrafo 1
del presente artículo, para reemplazar al jefe de la misión especial o a dicho
representante, o para realizar determinados actos en nombre de la misión.
ARTÍCULO 15. ORGANO DEL ESTADO RECEPTOR CON
EL QUE DEBERÁN TRATARSE
LOS ASUNTOS OFÍCIALES.
Todos los asuntos oficiales con el Estado
receptor de que la misión especial esté encargada por el Estado que envía
deberán ser tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores o por conducto
de él, o con otro órgano del Estado receptor que se haya convenido.
ARTÍCULO 16. REGLAS DE PRECEDENCIA.
1. Cuando dos o más misiones especiales se
reúnan en el territorio del Estado receptor o de un tercer Estado, la
precedencia entre ellas se determinará, salvo acuerdo particular, según el
orden alfabético de los nombres de los Estados utilizado por el protocolo del
Estado en cuyo territorio se reúnan tales misiones.
2. La precedencia entre dos o más misiones
especiales que se encuentren para una ceremonia o un acto solemne se regirá por
el protocolo en vigor en el Estado receptor.
3. La precedencia entre los miembros de una
misma misión especial será la que se notifique al Estado receptor o al tercer
Estado en cuyo territorio se reúnan dos o más misiones especiales.
ARTÍCULO 17. SEDE DE LA MISIÓN ESPECIAL.
1. La misión especial tendrá su sede en la
localidad determinada de común acuerdo por los Estados interesados.
2. A falta de acuerdo, la misión especial
tendrá su sede en la localidad donde se encuentre el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Estado receptor.
3. Si la misión especial desempeña sus
funciones en localidades diferentes, los Estados interesados podrán convenir
que esa misión tenga varias sedes entre las cuales podrán elegir una sede
principal.
ARTÍCULO 18. REUNIÓN DE MISIONES ESPECIALES
EN EL TERRITORIO DE UN
TERCER ESTADO.
1. Solamente podrán reunirse misiones especiales
de dos o más Estados en el territorio de un tercer Estado cuando hayan recibido
el consentimiento expreso de éste, que conservará el derecho de retirarlo.
2. Al dar su consentimiento, el tercer
Estado podrá establecer condiciones que los Estados que envían habrán de
observar.
3. El tercer Estado asumirá con respecto a
los Estados que envían los derechos y las obligaciones de un Estado receptor en
la medida que indique al dar su consentimiento.
ARTÍCULO 19. DERECHO DE LA MISIÓN ESPECIAL
A USAR LA BANDERA Y EL
ESCUDO DEL ESTADO QUE ENVÍA.
1. La misión especial tendrá derecho a
colocar la bandera y el escudo del Estado que envía en los locales ocupados por
la misión, así como en los medios de transporte de ésta cuando se utilicen para
asuntos oficiales.
2. Al ejercer el derecho reconocido en el
presente artículo, se tendrán en cuenta las leyes, los reglamentos y los usos
del Estado receptor.
ARTÍCULO 20. TERMINACIÓN DE LAS FUNCIONES
DE UNA MISIÓN ESPECIAL.
1. Las funciones de una misión especial
terminarán en particular por:
a) el acuerdo de los Estados interesados;
b) la realización del cometido de la misión
especial;
c) la expiración del período señalado para
la misión especial, salvo prórroga expresa;
d) la notificación por el Estado que envía
de que pone fin a la misión especial o la retira;
e) la notificación por el Estado receptor
de que considera terminada la misión especial.
2. La ruptura de relaciones diplomáticas o
consulares entre el Estado que envía y el Estado receptor no entrañará de por
sí el fin de las misiones especiales existentes en el momento de esa ruptura.
ARTÍCULO 21. ESTATUTO DEL JEFE DE ESTADO Y
DE LAS PERSONALIDADES
DE RANGO ELEVADO.
1. El jefe del Estado que envía, cuando
encabece una misión especial, gozará en el Estado receptor o en un tercer
Estado de las facilidades y de los privilegios e inmunidades reconocidos por el
derecho internacional a los jefes de Estado en visita oficial.
2. El jefe de gobierno, el Ministro de
Relaciones Exteriores y demás personalidades de rango elevado, cuando
participen en una misión especial del Estado que envía, gozarán en el Estado
receptor o en un tercer Estado, además de lo que otorga la presente Convención,
de las facilidades y de los privilegios e inmunidades reconocidos por el
derecho internacional.
ARTÍCULO 22. FACILIDADES EN GENERAL.
El Estado receptor dará a la misión
especial las facilidades necesarias para el desempeño de sus funciones, habida
cuenta de la naturaleza y del cometido de la misión especial.
ARTÍCULO 23. LOCALES Y ALOJAMIENTO.
El Estado receptor ayudará a la misión
especial, si ésta lo solicita, a conseguir los locales necesarios y a obtener
alojamiento adecuado para sus miembros.
ARTÍCULO 24. EXENCIÓN FISCAL DE LOS LOCALES
DE LA MISIÓN ESPECIAL.
1. En la medida compatible con la
naturaleza y la duración de las funciones ejercidas por la misión especial, el
Estado que envía y los miembros de la misión especial que actúan por cuenta de
ésta estarán exentos de todos los impuestos y gravámenes nacionales, regionales
o municipales sobre los locales ocupados por la misión especial, salvo que se
trate de impuestos o gravámenes que constituyan el pago de servicios
particulares prestados.
2. La exención fiscal a que se refiere el
presente artículo no se aplicará a los impuestos y gravámenes que, conforme a
las disposiciones legales del Estado receptor, estén a cargo del particular que
contrate con el Estado que envía o con un miembro de la misión especial.
ARTÍCULO 25. INVIOLABILIDAD DE LOS LOCALES.
1. Los locales en que la misión especial se
halle instalada de conformidad con la presente Convención son inviolables. Los
agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin el consentimiento
del jefe de la misión especial o, en su caso, del jefe de la misión diplomática
permanente del Estado que envía acreditado ante el Estado receptor. Ese
consentimiento podrá presumirse en caso de incendio o de otro siniestro que
ponga en serio peligro la seguridad pública, y sólo en el caso de que no haya
sido posible obtener el consentimiento expreso del jefe de la misión especial
o, en su caso, del jefe de la misión permanente.
2. El Estado receptor tendrá la obligación
especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la
misión especial contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la
tranquilidad de la misión especial o se atente contra su dignidad.
3. Los locales de la misión especial, su
mobiliario, los demás bienes que sirvan para el funcionamiento de la misión
especial y sus medios de transporte no podrán ser objeto de ningún registro,
requisa, embargo o medida de ejecución.
ARTÍCULO 26. INVIOLABILIDAD DE LOS ARCHIVOS
Y DOCUMENTOS.
Los archivos y documentos de la misión
especial son siempre inviolables dondequiera que se hallen. Cuando sea
necesario, debieran ir provistos de signos exteriores visibles de
identificación.
ARTÍCULO 27. LIBERTAD DE CIRCULACIÓN.
Sin perjuicio de sus leyes y reglamentos
referentes a zonas de acceso prohibido o reglamentado por razones de seguridad
nacional, el Estado receptor garantizará a todos los miembros de la misión
especial la libertad de circulación y de tránsito por su territorio en la
medida necesaria para el desempeño de las funciones de la misión especial.
ARTÍCULO 28. LIBERTAD DE COMUNICACIÓN.
1. El Estado receptor permitirá y protegerá
la libre comunicación de la misión especial para todos los fines oficiales.
Para comunicarse con el gobierno del Estado que envía, así como con las
misiones diplomáticas, oficinas consulares y otras misiones especiales de ese
Estado o con secciones de la misma misión dondequiera que se encuentren, la
misión especial podrá emplear todos los medios de comunicación adecuados, entre
ellos los correos y los mensajes en clave o en cifra. Sin embargo, únicamente
con el consentimiento del Estado receptor podrá la misión especial instalar y
utilizar una emisora de radio.
2. La correspondencia oficial de la misión
especial es inviolable. Por "correspondencia oficial" se entenderá
toda la correspondencia concerniente a la misión especial y a sus funciones.
3. Cuando sea factible, la misión especial utilizará
los medios de comunicación, inclusive la valija y el correo, de la misión
diplomática permanente del Estado que envía.
4. La valija de la misión especial, no
podrá ser abierta ni retenida.
5. Los bultos que constituyan la valija de
la misión especial deberán ir provistos de signos exteriores visibles
indicadores de su carácter y sólo podrán contener documentos u objetos de uso
oficial de la misión especial.
6. El correo de la misión especial, que
deberá llevar consigo un documento oficial en el que conste su condición de tal
y el número de bultos que constituyan la valija, estará protegido, en el
desempeño de sus funciones, por el Estado receptor. Gozará de inviolabilidad
personal y no podrá ser objeto de ninguna forma de detención o arresto.
7. El Estado que envía, o la misión
especial, podrá designar correos ad hoc de la misión especial. En tales casos,
se aplicarán también las disposiciones del párrafo 6 del presente artículo,
pero las inmunidades en él mencionadas dejarán de ser aplicables cuando el
correo ad hoc haya entregado al destinatario la valija de la misión especial
que se le haya encomendado.
8. La valija de la misión especial podrá
ser confiada al comandante de un buque o aeronave comercial que deban llegar a
un punto de entrada autorizado. El comandante deberá llevar consigo un
documento oficial en el que conste el número de bultos que constituyan la
valija, pero no podrá ser considerado como correo de la misión especial. Previo
acuerdo con las autoridades competentes, la misión especial podrá enviar a uno
de sus miembros a tomar posesión directa y libremente de la valija de manos del
comandante del buque o de la aeronave.
ARTÍCULO 29. INVIOLABILIDAD PERSONAL.
La persona de los representantes del Estado
que envía en la misión especial, así como la de los miembros del personal
diplomático de ésta, es inviolable. No podrán ser objeto de ninguna forma de
detención o arresto. El Estado receptor los tratará con el debido respeto y
adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su
persona, su libertad o su dignidad.
ARTÍCULO 30. INVIOLABILIDAD DEL ALOJAMIENTO
PARTICULAR.
1. El alojamiento particular de los
representantes del Estado que envía en la misión especial y de los miembros del
personal diplomático de ésta gozará de la misma inviolabilidad y protección que
los locales de la misión especial.
2. Sus documentos, su correspondencia y,
salvo lo previsto en el párrafo 4 del artículo 31, sus bienes gozarán
igualmente de inviolabilidad.
ARTÍCULO 31. INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN.
1. Los representantes del Estado que envía
en la misión especial y los miembros del personal diplomático de ésta gozarán
de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor.
2. Gozarán también de inmunidad de la
jurisdicción civil y administrativa del Estado receptor, salvo en caso de:
a) una acción real sobre bienes inmuebles
particulares radicados en el territorio del Estado receptor, a menos que la
persona de que se trate los posea por cuenta del Estado que envía para los
fines de la misión;
b) una acción sucesoria en la que la
persona de que se trate figure, a título privado y no en nombre del Estado que
envía, como ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario;
c) una acción referente a cualquier
actividad profesional o comercial ejercida por la persona de que se trate en el
Estado receptor, fuera de sus funciones oficiales;
d) una acción por daños resultante de un
accidente ocasionado por un vehículo utilizado fuera de las funciones oficiales
de la persona de que se trate.
3. Los representantes del Estado que envía
en la misión especial y los miembros del personal diplomático de ésta no
estarán obligados a testificar.
4. Los representantes del Estado que envía
en la misión especial o los miembros del personal diplomático de ésta no podrán
ser objeto de ninguna medida de ejecución, salvo en los casos previstos en los
apartados a), b), c) y d) del párrafo 2 del presente artículo y con tal de que
no sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su alojamiento.
5. La inmunidad de jurisdicción de los
representantes del Estado que envía en la misión especial y de los miembros del
personal diplomático de ésta no los eximirá de la jurisdicción del Estado que
envía.
ARTÍCULO 32. EXENCIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE
SEGURIDAD SOCIAL.
1. Sin perjuicio de las disposiciones del
párrafo 3 del presente artículo, los representantes del Estado que envía en la
misión especial y los miembros del personal diplomático de ésta estarán, en
cuanto a los servicios prestados al Estado que envía, exentos de las
disposiciones de seguridad social que estén vigentes en el Estado receptor.
2. La exención prevista en el párrafo 1 del
presente artículo se aplicará también al personal al servicio privado exclusivo
de un representante del Estado que envía en la misión especial o de un miembro
del personal diplomático de ésta, a condición de que las personas de que se
trate:
a) no sean nacionales del Estado receptor o
no tengan en él residencia permanente, y
b) estén protegidas por las disposiciones
de seguridad social que estén vigentes en el Estado que envía o en un tercer
Estado.
3. Los representantes del Estado que envía
en la misión especial y los miembros del personal diplomático de ésta, que
empleen a personas a quienes no se aplique la exención prevista en el párrafo 2
del presente artículo, habrán de cumplir las obligaciones que las disposiciones
de seguridad social del Estado receptor impongan a los empleadores.
4. La exención prevista en los párrafos 1 y
2 del presente artículo no impedirá la participación voluntaria en el régimen
de seguridad social del Estado receptor, a condición de que tal participación
esté permitida por ese Estado.
5. Las disposiciones del presente artículo
se entenderán sin perjuicio de los acuerdos bilaterales o multilaterales sobre
seguridad social ya concertados y no impedirán que se concierten en lo sucesivo
acuerdos de esa índole.
ARTÍCULO 33. EXENCIÓN DE IMPUESTOS Y
GRAVÁMENES.
Los representantes del Estado que envía en
la misión especial y los miembros del personal diplomático de ésta estarán
exentos de todos los impuestos y gravámenes, personales o reales, nacionales,
regionales o municipales, con excepción de:
a) los impuestos indirectos de la índole de
los normalmente incluidos en el precio de las mercaderías o servicios;
b) los impuestos y gravámenes sobre los
bienes inmuebles privados que radiquen en el territorio del Estado receptor, a
menos que la persona de que se trate los posea por cuenta del Estado que envía
para los fines de la misión;
c) los impuestos sobre las sucesiones que
corresponda percibir al Estado receptor, salvo lo dispuesto en el artículo 44;
d) los impuestos y gravámenes sobre los
ingresos privados que tengan su origen en el Estado receptor y los impuestos
sobre el capital que graven las inversiones efectuadas en empresas comerciales
en el Estado receptor;
e) los impuestos y gravámenes
correspondientes a servicios particulares prestados;
f) los derechos de registro, aranceles
judiciales, hipoteca y timbre, salvo lo dispuesto en el artículo 24.
ARTÍCULO 34. EXENCIÓN DE PRESTACIONES
PERSONALES.
El Estado receptor deberá eximir a los
representantes del Estado que envía en la misión especial y a los miembros del
personal diplomático de ésta de toda prestación personal, de todo servicio
público cualquiera que sea su naturaleza y de cargas militares tales como las
requisiciones, las contribuciones y los alojamientos militares.
ARTÍCULO 35. FRANQUICIA ADUANERA.
1. El Estado receptor, dentro de los
límites de las leyes y reglamentos que promulgue, permitirá la entrada y
concederá la exención de toda clase de derechos de aduana, impuestos y gravámenes
conexos, salvo los gastos de almacenaje, acarreo y servicios análogos, por lo
que respecta a:
a) los objetos destinados al uso oficial de
la misión especial;
b) los objetos destinados al uso personal
de los representantes del Estado que envía en la misión especial y de los
miembros del personal diplomático de ésta.
2. Los representantes del Estado que envía
en la misión especial y los miembros del personal diplomático de ésta estarán
exentos de la inspección de su equipaje personal, a menos que haya motivos
fundados para suponer que contiene objetos no comprendidos en las exenciones
mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo, u objetos cuya importación o
exportación esté prohibida por la legislación del Estado receptor o sometida a
sus reglamentos de cuarentena. En tal caso, la inspección sólo podrá efectuarse
en presencia del interesado o de su representante autorizado.
ARTÍCULO 36. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y
TÉCNICO.
Los miembros del personal administrativo y
técnico de la misión especial gozarán de los privilegios e inmunidades
mencionados en los artículos 29 a 34, salvo que la inmunidad de la jurisdicción
civil y administrativa del Estado receptor mencionada en el párrafo 2 del
artículo  31 no se extenderá a los actos realizados fuera del desempeño de sus
funciones. Gozarán también de los privilegios mencionados en el párrafo 1 del
artículo 35 en lo que respecta a los objetos importados al efectuar la primera
entrada en el territorio del Estado receptor.
ARTÍCULO 37. PERSONAL DE SERVICIO.
Los miembros del personal de servicio de la
misión especial gozarán de inmunidad de la jurisdicción del Estado receptor por
los actos realizados en el desempeño de sus funciones y de exención de
impuestos y gravámenes sobre los salarios que perciban por sus servicios, así
como de la exención de la legislación de seguridad social prevista en el
artículo 32.
ARTÍCULO 38. PERSONAL AL SERVICIO PRIVADO.
El personal al servicio privado de los
miembros de la misión especial estará exento de impuestos y gravámenes sobre
los salarios que perciba por sus servicios. En todo lo demás, sólo gozará de
privilegios e inmunidades en la medida en que lo admita el Estado receptor. No
obstante, el Estado receptor habrá de ejercer su jurisdicción sobre ese
personal de modo que no estorbe indebidamente el desempeño de las funciones de
la misión especial.
ARTÍCULO 39. MIEMBROS DE LA FAMILIA.
1. Los miembros de las familias de los
representantes del Estado que envía en la misión especial y de los miembros del
personal diplomático de ésta gozarán de los privilegios e inmunidades
especificados en los artículos 29 a 35 si acompañan a esos miembros de la
misión especial y siempre que no sean nacionales del Estado receptor o no
tengan en él residencia permanente.
2. Los miembros de las familias de los
miembros del personal administrativo y técnico de la misión especial gozarán de
los privilegios e inmunidades mencionados en el artículo 36 si acompañan a esos
miembros de la misión especial y siempre que no sean nacionales del Estado
receptor o no tengan en él residencia permanente.
ARTÍCULO 40. NACIONALES DEL ESTADO RECEPTOR
Y PERSONAS CON RESIDENCIA
PERMANENTE EN EL ESTADO RECEPTOR.
1. Excepto en la medida en que el Estado
receptor conceda otros privilegios e inmunidades, los representantes del Estado
que envía en la misión especial y los miembros del personal diplomático de ésta
que sean nacionales del Estado receptor o tengan en él residencia permanente
sólo gozarán de inmunidad de jurisdicción e inviolabilidad por los actos
oficiales realizados en el desempeño de sus funciones.
2. Los otros miembros de la misión
especial, así como el personal al servicio privado, que sean nacionales del
Estado receptor o tengan en él residencia permanente, gozarán de privilegios e
inmunidades únicamente en la medida reconocida por dicho Estado. No obstante,
el Estado receptor habrá de ejercer su jurisdicción sobre esas personas de modo
que no estorbe indebidamente el desempeño de las funciones de la misión
especial.
ARTÍCULO 41. RENUNCIA A LA INMUNIDAD.
1. El Estado que envía podrá renunciar a la
inmunidad de jurisdicción de sus representantes en la misión especial y de los
miembros del personal diplomático de ésta, así como de las demás personas que
gozan de inmunidad conforme a los artículos 36 a 40.
2. La renuncia habrá de ser siempre
expresa.
3. Si cualquiera de las personas
mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo entabla una acción judicial,
no le será permitido invocar la inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier
reconvención directamente ligada a la demanda principal.
4. La renuncia a la inmunidad de
jurisdicción respecto de las acciones civiles o administrativas no habrá de
entenderse que entraña renuncia a la inmunidad en cuanto a la ejecución del
fallo, para lo cual será necesaria una nueva renuncia.
ARTÍCULO 42. TRÁNSITO POR EL TERRITORIO DE
UN TERCER ESTADO.
1. Si un representante del Estado que envía
en la misión especial o un miembro del personal diplomático de ésta atraviesa
el territorio de un tercer Estado o se encuentra en él para ir a tomar posesión
de sus funciones o para volver al Estado que envía, el tercer Estado le
concederá la inviolabilidad y todas las demás inmunidades necesarias para
facilitarle el tránsito o el regreso. Esta regla será igualmente aplicable a
los miembros de la familia que gocen de privilegios e inmunidades y que
acompañen a la persona mencionada en este párrafo, tanto si viajan con ella,
como si viajan separadamente para reunirse con ella o para regresar a su país.
2. En circunstancias análogas a las
previstas en el párrafo 1 del presente artículo los terceros Estados no habrán
de dificultar el paso por su territorio de los miembros del personal
administrativo y técnico o de servicio de la misión especial o de los miembros
de su familia.
3. Los terceros Estados concederán a la
correspondencia oficial y a las demás comunicaciones oficiales en tránsito,
incluso a los despachos en clave o en cifra, la misma libertad y protección que
el Estado receptor está obligado a concederles con arreglo a la presente
Convención. Con sujeción a las disposiciones del párrafo 4 del presente
artículo, concederán a los correos y a las valijas de la misión especial en
tránsito la misma inviolabilidad y protección que el Estado receptor está
obligado a concederles con arreglo a la presente Convención.
4. El tercer Estado únicamente habrá de
cumplir sus obligaciones con respecto a las personas mencionadas en los
párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo, cuando haya sido informado de
antemano, ya sea por solicitud de visado o por notificación, del tránsito de
esas personas como miembros de la misión especial, miembros de sus familias o
correos, y no se haya opuesto a ello.
5. Las obligaciones de los terceros
Estados, en virtud de los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo, serán
también aplicables con respecto a las personas mencionadas respectivamente en
esos párrafos, así como a las comunicaciones oficiales y a las valijas de la
misión especial, cuando la utilización del territorio del tercer Estado sea
debida a fuerza mayor.
ARTÍCULO 43. DURACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS E
INMUNIDADES.
1. Todo miembro de la misión especial
gozará de los privilegios e inmunidades a que tenga derecho desde que entre en
el territorio del Estado receptor para ejercer sus funciones en la misión
especial o, si se encuentra ya en ese territorio, desde que su nombramiento
haya sido comunicado al Ministro de Relaciones Exteriores u otro órgano del
Estado receptor que se haya convenido.
2. Cuando terminen las funciones de un
miembro de la misión especial, sus privilegios e inmunidades cesarán
normalmente en el momento en que salga del territorio del Estado receptor o en
que expire el plazo razonable que le haya sido concedido para salir de él, pero
subsistirán hasta entonces, aun en caso de conflicto armado. Subsistirá, no
obstante, la inmunidad respecto de los actos realizados por tal miembro en el
ejercicio de sus funciones.
3. En caso de fallecimiento de un miembro
de la misión especial, los miembros de su familia continuarán en el goce de los
privilegios e inmunidades que les correspondan hasta la expiración de un plazo
razonable en el que puedan abandonar el territorio del Estado receptor.
ARTÍCULO 44. BIENES DE UN MIEMBRO DE LA
MISIÓN ESPECIAL O DE UN MIEMBRO DE SU FAMILIA EN CASO DE FALLECIMIENTO.
1. En caso de fallecimiento de un miembro
de la misión especial o de un miembro de su familia que le acompañaba, si el
fallecido no era nacional del Estado receptor o no tenía en él residencia
permanente, el Estado receptor permitirá que se saquen del país los bienes
muebles del fallecido, salvo los que hubieran sido adquiridos en él y cuya
exportación estuviera prohibida en el momento del fallecimiento.
2. No serán objeto de impuestos de sucesión
los bienes muebles que se hallen en el Estado receptor por el solo hecho de
haber estado presente allí el causante de la sucesión como miembro de la misión
especial o de la familia de un miembro de aquella.
ARTÍCULO 45. FACILIDADES PARA LA SALIDA DEL
TERRITORIO DEL ESTADO
RECEPTOR Y EL RETIRO DE LOS ARCHIVOS DE LA MISIÓN ESPECIAL.
1. El Estado receptor deberá, aun en caso
de conflicto armado, dar facilidades para que las personas que gozan de
privilegios e inmunidades y no sean nacionales del Estado receptor, así como
los miembros de sus familias, sea cual fuere su nacionalidad, puedan salir de
su territorio lo más pronto posible. En especial, deberá poner a su
disposición, si fuere necesario, los medios de transporte indispensables para
tales personas y sus bienes.
2. El Estado receptor deberá conceder al
Estado que envía facilidades para retirar del territorio del primero los
archivos de la misión especial.
ARTÍCULO 46. CONSECUENCIA DE LA TERMINACIÓN
DE LAS FUNCIONES DE
LA MISIÓN ESPECIAL.
1. Cuando terminen las funciones de una
misión especial, el Estado receptor deberá respetar y proteger los locales de
la misión especial mientras estén afectados a ésta, así como los bienes y
archivos de la misión especial. El Estado que envía deberá retirar esos bienes
y archivos en un plazo razonable.
2. En caso de ausencia de relaciones
diplomáticas o consulares entre el Estado que envía y el Estado receptor o de
ruptura de tales relaciones y si han terminado las funciones de la misión
especial, el Estado que envía podrá confiar, aunque haya un conflicto armado,
la custodia de los bienes y archivos de la misión especial a un tercer Estado
aceptable para el Estado receptor.
ARTÍCULO 47. RESPETO DE LAS LEYES Y
REGLAMENTOS DEL ESTADO RECEPTOR Y UTILIZACIÓN DE LOS LOCALES DE LA MISIÓN ESPECIAL.
1. Sin perjuicio de sus privilegios e
inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades en
virtud de la presente Convención estarán obligadas a respetar las leyes y los
reglamentos del Estado receptor. También estarán obligados a no inmiscuirse en
los asuntos internos de ese Estado.
2. Los locales de la misión especial no
deberán ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión
especial tal como están concebidas en la presente Convención, en otras normas
del derecho internacional general o en los acuerdos particulares que estén en
vigor entre el Estado que envía y el Estado receptor.
ARTÍCULO 48. ACTIVIDADES PROFESIONALES O
COMERCIALES.
Los representantes del Estado que envía en
la misión especial y los miembros del personal diplomático de ésta no ejercerán
en el Estado receptor ninguna actividad profesional o comercial en provecho
propio.
ARTÍCULO 49. NO DISCRIMINACIÓN.
1. En la aplicación de las disposiciones de
la presente Convención, no se hará ninguna discriminación entre los Estados.
2. Sin embargo, no se considerará
discriminatorio:
a) que el Estado receptor aplique
restrictivamente una disposición de la presente Convención porque así se
aplique esa disposición a una misión especial suya en el Estado que envía;
b) que por costumbre o acuerdo, los Estados
modifiquen entre sí el alcance de las facilidades, los privilegios y las
inmunidades aplicables a sus misiones especiales, aunque tal modificación no
haya sido convenida con otros Estados, a condición de que no sea incompatible
con el objeto y el fin de la presente Convención y no afecte el disfrute de los
derechos ni al cumplimiento de las obligaciones de los terceros Estados.
ARTÍCULO 50. FIRMA.
La presente Convención estará abierta a la
firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o de algún organismo
especializado o del Organismo Internacional de Energía Atómica, así como de
todo Estado parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de
cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a
ser Parte en la Convención, hasta el 31 de diciembre de 1970, en la Sede de las
Naciones Unidas en Nueva York.
ARTÍCULO 51. RATIFICACIÓN.
La presente Convención está sujeta a
ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.
ARTÍCULO 52. ADHESIÓN.
La presente Convención quedará abierta a la
adhesión de todo Estado perteneciente a una de las categorías mencionadas en el
artículo 50. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.
ARTÍCULO 53. ENTRADA EN VIGOR.
1. La presente Convención entrará en vigor
el trigésimo día a partir de la f echa en que haya sido depositado el vigésimo
segundo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.
2. Para cada Estado que ratifique la
Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el vigésimo
segundo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en
vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado
su instrumento de ratificación o de adhesión.
ARTÍCULO 54. NOTIFICACIONES POR EL
DEPOSITARIO.
El Secretario General de las Naciones
Unidas comunicará a todos los Estados pertenecientes a cualquiera de las
categorías mencionadas en el artículo 50:
a) las firma de la presente Convención y el
depósito de instrumentos de ratificación o de adhesión conforme a los artículos
50, 51 y 52;
b) la fecha en que entre en vigor la
presente Convención conforme al artículo 53.
ARTÍCULO 55. TEXTOS AUTÉNTICOS.
El original de la presente Convención,
cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente
auténticos, será depositado en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas, quien remitirá copia certificada conforme a todos los Estados
pertenecientes a cualquiera de las categorías mencionadas en el artículo 50.
EN FE DE LO CUAL los infrascritos,
debidamente autorizados para ello por sus respectivos Gobiernos, han firmado la
presente Convención, que ha sido abierta a la firma en Nueva York el
decimosexto día del mes de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.
I hereby certify that the foregoing text is
a true copy of the Convention on Special Missions, adopted by the General
Assembly of the United Nations on 8 december 1969, the original of which is
deposited with the Secretary-General of the United Nations.
For the Secretary-General:
The Director, Office of the Legal Counsel
in charge of the Office of Legal Affairs.
United Nations, New York, 4 august 1980.
Je certifie que le texte qui précéde est
une copie conforme de la Convention sur les missions spéciales, adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies lo 8 décembre 1969, dont l'original se
trouve déposé du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Pour le Secrétaire général:
Le Directeur, Bureau du Conseiller
juridique chargé du Bureau des Affaires juridiques.
Organisation des Nations Unies, New York,
le 4 août 1980.
(Hay firma ilegible).
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 20 de noviembre de 2001.
Aprobada. Sométase a la consideración del
honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Relaciones Exteriores
(Fdo.),
GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Apruébase la Convención sobre
las Misiones Especiales, abierta a la firma en Nueva York, el dieciséis (16) de
diciembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969).
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, la Convención sobre las
Misiones Especiales, abierta a la firma en Nueva York, el dieciséis (16) de
diciembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969), que por el artículo 1o de
esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
ARTÍCULO 3o. La presente ley rige a partir
de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a...
Presentado al honorable Congreso de la
República por el suscrito Ministro de Relaciones Exteriores.
El Ministro de Relaciones Exteriores,
GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Honorables Senadores y Representantes:
En nombre del Gobierno Nacional y en
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 150 numeral 16 y 189 numeral 2 de
la Constitución Política de la República de Colombia, tengo el honor de someter
a su consideración el Proyecto de Ley por medio de la cual se aprueba la
"Convención sobre las Misiones Especiales", abierta a la firma en
Nueva York, el dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve
(1969).
La Convención sobre las Misiones Especiales
representa un paso más en el proceso de codificación de las normas fundamentales
del Derecho Diplomático, proceso dentro del cual se han negociado y celebrado
varios instrumentos internacionales oportunamente ratificados por Colombia,
como es el caso de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961
(Ley 6ª de 1972) y la Convención sobre Relaciones Consulares de 1963 (Ley 17 de
1971). Al igual que en el caso de tales tratados, las normas recogidas en esta
Convención de 1969 forman parte, en su mayoría, del derecho internacional
consuetudinario, ya que ella fue elaborada en calidad de tratado multilateral
normativo, con el objeto preciso de codificar dichas normas.
La Convención fue adoptada mediante la
Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Previamente, la Sexta Comisión de la Asamblea (Asuntos Jurídicos) había
estudiado el tema a lo largo de tres períodos de sesiones (1967, 1968 y 1969),
sobre la base del proyecto de artículos aprobado por la Comisión de Derecho
Internacional en 1967. La Comisión, a su vez, recibió de la Asamblea el mandato
de ocuparse de estos aspectos del Derecho Diplomático en 1961, luego de
celebrarse la Convención de Viena de 1961, la cual se ocupa únicamente de la
diplomacia bilateral de carácter permanente.
La Convención de 1969 busca regular un
importante aspecto de las relaciones diplomáticas, que se suele denominar
"Diplomacia ad hoc". Se trata de las actividades diplomáticas
bilaterales, entre Estados soberanos, pero no por intermedio de misiones
diplomáticas permanentes, sino a través de las que se denominan "misiones
especiales", según la definición contenida en el literal (a) del artículo
1o de la Convención:
"... una misión temporal,
representando al Estado, que es enviada..."
Como se observa, las características
distintivas de las misiones especiales son las siguientes:
i) Debe ser temporal;
ii) Debe tener carácter representativo;
iii) Debe ser enviada por un Estado ante
otro, con el consentimiento de éste;
iv) debe tener un propósito específico
(...)
En la práctica diplomática contemporánea,
los Estados recurren con mucha frecuencia al envío de misiones especiales. Se
envían misiones especiales para negociar temas específicos, para adelantar
rondas de consultas políticas o para participar en eventos o ceremonias de alto
nivel.
En el artículo 2o, se consagra el principio
fundamental de que el envío de una misión especial se basa en el consentimiento
expreso del Estado receptor y se precisa que dicho consentimiento debe ser
obtenido por los canales diplomáticos o por otro canal mutuamente aceptable.
En general, puede decirse que las normas
sustantivas que integran la Convención se inspiran en los artículos
equivalentes de las Convenciones de Viena de 1961 y 1963, con los ajustes
necesarios debidos al carácter transitorio y efímero de las misiones
especiales. En particular, en los artículos 3o a 20 se consagran las normas
generalmente aceptadas relativas a las funciones de las misiones, las figuras
de la representación y la acreditación múltiples, el nombramiento de los
miembros de la misión y su composición, la nacionalidad de los miembros y el
comienzo y término de las funciones de cada misión.
Como sucede con otros instrumentos del
Derecho Diplomático, la parte medular de la Convención está representada en el
régimen de privilegios e inmunidades que el Estado receptor debe acordarles a
las misiones especiales, el cual figura en los artículos 21 a 46. En estas
disposiciones se consagran las prerrogativas que normalmente se otorgan a los
agentes diplomáticos, pero con la importante calificación de que dichos
tratamientos sólo rigen por el lapso que dura la misión especial (artículo 43).
Estas prerrogativas son, fundamentalmente, la inviolabilidad (artículos 25, 26,
29 y 30); la inmunidad de jurisdicción (artículo 31); las exenciones fiscales (artículos
24, 33 y 35) y las restantes facilidades que figuran en otros instrumentos
internacionales, tales como las libertades de movimiento y de comunicaciones,
la exención del régimen de seguridad social y la exención de servicios
personales (artículos 27, 28, 32 y 34).
Así mismo, al igual que sucede con las
Convenciones sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, se consagran artículos
especiales para regular el estatus del personal administrativo y técnico, del
personal de servicio y los criados particulares y de los miembros de la familia
de los integrantes de la misión especial (artículos 36 a 39). Otras normas
especiales consagradas en esta parte de la Convención, que también siguen la
formulación de las mencionadas Convenciones de Viena, son las que se refieren a
los nacionales o residentes permanentes del Estado receptor, la renuncia a la
inmunidad y las obligaciones de los Estados de tránsito (artículos 40 a 42).
Vale la pena resaltar tres aspectos
puntuales de la Convención de 1969, que son propios del régimen jurídico de las
misiones especiales y que en tal calidad figuran en disposiciones específicas
de la misma:
1. En relación con el tratamiento debido a
los altos dignatarios del Estado, quienes en muchos casos forman parte
integrante de una misión especial (como el Jefe de Estado, el Ministro de
Relaciones Exteriores y "otras personas de alto rango"), el artículo
21 consagra una salvaguardia general, en el sentido de que la aplicación de la
Convención no prejuzga en ningún sentido la aplicabilidad a dichas personas de
los privilegios e inmunidades que les son propios en virtud del derecho
internacional general.
2. Con respecto a la inmunidad de
jurisdicción de los representantes del Estado y los miembros del personal
diplomático en la misión especial, en el artículo 31, párrafo 2, se enumeran
los casos en los que dicha inmunidad no podrá ser alegada en relación con
asuntos civiles o administrativos y se añade un supuesto que no figura en la
Convención de Viena de 1961,  consistente en que la inmunidad no se aplica
en relación con:
"(d) una acción por daños..."
3. En el artículo 44 se contempla una norma
especial dirigida a asegurar que en el evento de que un miembro de la misión
especial fallezca, sus bienes muebles puedan ser removidos del territorio del
Estado receptor, para los fines de sucesión a que haya lugar.
Finalmente, en los artículos 47 y 48 de la
Convención se consagran las obligaciones generales para los integrantes de una
misión especial, tales como el respeto de las leyes y reglamentos del Estado
receptor, la utilización debida de los locales de la misión y la prohibición de
desarrollar en el Estado receptor actividades comerciales o profesionales en
beneficio propio; y en el 49 figura el principio de no discriminación en la aplicación
de la Convención.
Los artículos 50 a 55 regulan lo atinente a
la firma, ratificación, entrada en vigor y textos auténticos de la propia
Convención.
Como se puede observar, la Convención de
1969 se limita a formular o recoger en el texto de un tratado multilateral las
normas y principios que regulan todo lo atinente al funcionamiento de las
misiones especiales y de los tratamientos, privilegios e inmunidades de que
deben disfrutar dichas misiones. En este contexto, la Convención constituye un
adecuado complemento de las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
y Consulares de 1961 y 1963, de las cuales Colombia es Estado Parte y, por lo
tanto, resulta conveniente que el país se vincule a este instrumento
internacional, el cual ha sido ya ratificado por un elevado número de Estados.
Por las razones expuestas, muy
respetuosamente, me permito solicitar al honorable Congreso de la República
aprobar la "Convención sobre las Misiones Especiales", abierta a la
firma en Nueva York, el dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos sesenta
y nueve (1969).
De los honorables Senadores y
Representantes,
El Ministro de Relaciones Exteriores,
GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO.
LEY 424 DE 1998
(enero 13)
Por la cual se ordena el seguimiento a los
convenios internacionales suscritos por Colombia.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. El Gobierno Nacional a través
de la Cancillería presentará anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones
Exteriores de Senado y Cámara, y dentro de los primeros treinta días calendario
posteriores al período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un informe
pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los Convenios
Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros Estados.
ARTÍCULO 2o. Cada dependencia del Gobierno
Nacional encargada de ejecutar los Tratados Internacionales de su competencia y
requerir la reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al
Ministerio de Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones Segundas.
ARTÍCULO 3o. El texto completo de la
presente ley se incorporará como anexo a todos y cada uno de los Convenios
Internacionales que el Ministerio de Relaciones Exteriores presente a
consideración del Congreso.
ARTÍCULO 4o. La presente ley rige a partir
de su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
AMÍLKAR ACOSTA MEDINA.
El Secretario General del honorable Senado
de la República,
PEDRO PUMAREJO VEGA.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
CARLOS ARDILA BALLESTEROS.
El Secretario General de la honorable
Cámara de Representantes,
DIEGO VIVAS TAFUR.
REPUBLICA DE COLOMBIA -GOBIERNO NACIONAL.
PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de
enero de 1998.
ERNESTO SAMPER PIZANO
La Ministra de Relaciones Exteriores,
MARÍA EMMA MEJÍA VÉLEZ.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 20 de noviembre de 2001.
Aprobado. Sométase a la consideración del
honorable Congreso Nacional para los efectos constitutucionales.
(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Relaciones Exteriores,
(FDO.) GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Apruébase la "Convención
sobre las Misiones Especiales, abierta a la firma en Nueva York, el dieciséis
(16) de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969)",
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, "Convención sobre las
Misiones Especiales, abierta a la firma en Nueva York, el dieciséis (16) de
diciembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969)", que por el artículo
1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
ARTÍCULO 3o. La presente ley, rige a partir
de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO.
El Secretario General del honorable Senado
de la República,
EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
WILLIAM VÉLEZ MESA.
El Secretario General de la honorable
Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.
REPUBLICA DE COLOMBIA -GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte
Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de julio de
2003.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Viceministra de Relaciones Exteriores,
encargada de las funciones del Despacho de la Ministra de Relaciones
Exteriores,
Clemencia Forero Ucrós.
III- INTERVENCIONES
1. Intervención del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
La ciudadana Gloria Angelina Navarro
Bustos, actuando como apoderada del Ministerio de Relaciones Exteriores,
interviene en el proceso y solicita a la Corte declarar la constitucionalidad
de la ley y del tratado revisados. La ciudadana recuerda los antecedentes de la
Convención sobre misiones especiales y describe brevemente la estructura del
acuerdo, y concluye que éste es constitucional, pues permite la institución de
misiones distintas a las diplomáticas tradicionales, con lo cual “busca
facilitar el establecimiento de elaciones diplomáticas diferentes a las
tradicionales.”
2. Intervención del Ministerio del Interior
y de Justicia.
La ciudadana Ana Lucía Gutiérrez Guingue,
en su calidad de Directora del Ordenamiento Jurídico y apoderada del Ministerio
del Interior y de Justicia, interviene para solicitar a la Corte que declare la
constitucionalidad de las normas revisadas.
La interviniente comienza por analizar el
trámite de la ley y concluye que ésta fue aprobada según las exigencias
constitucionales.
La ciudadana procede entonces a examinar el
contenido de la convención sometida a revisión, para lo cual resume las
definiciones y regulaciones establecidas en los 55 artículos del tratado. Esto
la lleva a resaltar la importancia de este convenio, el cual regula lo que se
conoce como la “Diplomacia Ad Hoc”, que es aquella que se realiza no por
intermedio de las misiones diplomáticas permanentes sino por medio de “misiones
especiales”, que se caracterizan por ser temporales y tener un propósito
específico.
La interviniente explica que las
regulaciones del presente tratado se inspiran en las convenciones sobre
relaciones diplomáticas, pero adaptándolas a la temporalidad propia de esas
misiones especiales, para lo cual, en el fondo, lo que hace es “recoger la
costumbre que en el derecho internacional se viene aplicando en relación con
los agentes de Estados que por desempeñar funciones de carácter temporal en el
Estado receptor, como representantes del Estado que los envía, requieren de un
tratamiento especial, análogo, si se quiere, al de las misiones permanentes”.
Según su parecer, esas misiones especiales han adquirido cada vez mayor
importancia, y ninguna de las regulaciones del convenio contradice la Carta, lo
cual muestra la constitucionalidad de este tratado, que desarrolla los
principios constitucionales, “garantiza el respeto por la soberanía
nacional, a la par que implementa un mecanismo adecuado para el fortalecimiento
de las relaciones internacionales por el que propende nuestra Carta”.
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN.
El Procurador General de la Nación, Edgardo
José Maya Villazón, en concepto No 3411, recibido el 6 de noviembre de 2003,
solicita a la Corte declarar la constitucionalidad de la convención bajo
revisión y de su ley aprobatoria.
La Vista Fiscal comienza por analizar el
trámite de suscripción del tratado y de aprobación de la ley, y concluye que
éste cumplió con las exigencias constitucionales, “salvo lo consignado en
relación con la falta de datos sobre el número de Senadores que aprobaron el
proyecto en plenaria”, aspecto que según su parecer no implica ningún
reparo a la constitucionalidad de la ley.
Luego el Procurador entra al análisis del
contenido material de la Convención, a la que caracteriza como una “codificación
de las normas fundamentales del derecho diplomático” que busca regular
aquellas relaciones bilaterales entre los Estados que no se realizan por medio
de misiones diplomáticas permanentes sino por misiones especiales. Por ello
concluye que el presente tratado complementa las Convenciones de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas y Consulares de 1961 y 1963, “de las cuales Colombia
es Estado parte, y por tanto resulta conveniente que el país se vincule a este
instrumento internacional.”
La Vista Fiscal procede entonces a
presentar y analizar el contenido de los 55 artículos que conforman el tratado,
lo cual la lleva a concluir que éste no sólo se ajusta a la Carta sino que
además es de gran importancia, pues recoge y codifica normas imperativas de
derecho internacional en relación con esas misiones especiales, que permitirán
a Colombia “enfrentar los nuevos desafíos en el marco de una sociedad
internacional en transformación”.
V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia.
1- De conformidad con lo previsto en el
numeral 10 del artículo 241 de la Carta, esta Corte es competente para ejercer
un control constitucional integral, previo y automático sobre los tratados
internacionales y las leyes que los aprueben. Tal es el caso de la “Convención
sobre las Misiones Especiales”, abierta a la firma en Nueva York, el dieciséis
(16) de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969) y de la Ley 824
de 2003 por medio de la cual se aprueba dicha convención. Entra pues la Corte a
estudiar la constitucionalidad, tanto por razones de procedimiento como de
fondo, de esta Convención y de su ley aprobatoria.
La suscripción de la Convención.
2.- Según constancia expedida el 21 de
agosto de 2003 por el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones
Exteriores (folio 44), la presente Convención no fue suscrita por el Gobierno
colombiano, y por ello se busca la adhesión a la misma. La constancia explica
que el Presidente y el Ministro de Relaciones Exteriores suscribieron la
correspondiente aprobación ejecutiva para someter este tratado a la aprobación
del Congreso. Conforme a lo anterior, la Corte considera que no hubo irregularidades
en la suscripción del presente tratado, pues el Presidente de la República
impartió la aprobación ejecutiva al presente instrumento internacional, lo cual
subsana cualquier eventual vicio de representación del Estado (artículo 8º de
la Convención de Viena de 1969).
El trámite de la Ley.
3.- Una ley aprobatoria de un tratado debe
seguir, en términos generales, el mismo trámite que una ley ordinaria. Sin
embargo, reviste dos particularidades en su formación, a saber: (i) como se
trata de asuntos referidos a relaciones internacionales, tiene reserva de
cámara y debe iniciar en el Senado (artículo 154 C.P.) y, (ii) el Gobierno debe
remitirla a la Corte Constitucional, dentro de los seis días siguientes a la sanción,
a efectos de su revisión previa y definitiva por esta Corporación (artículo
241-10 C.P.) Procede entonces la Corte a revisar el procedimiento en la
formación de la Ley 705 de 2001.
4. El proyecto de ley fue presentado al
Senado de la República el 20 de noviembre de 2001, por el Ministro de
Relaciones Exteriores Guillermo Fernández de Soto y, con la respectiva
exposición de motivos, fue publicado en la Gaceta del Congreso 647 del 13 de
diciembre de 2001. La ponencia para primer debate fue presentada por la
Senadora Piedad Córdoba Ruiz y fue publicada en la Gaceta del Congreso 207 de 5
de junio de 2002. El 5 de junio de 2002, la comisión aprobó en primer debate el
proyecto de ley con 10 votos a favor y ninguno en contra, según certificación
expedida el día 25 de agosto de 2003, por el Secretario general de la Comisión
Segunda del Senado de la República. La ponencia para segundo debate fue
presentada por la Senadora Piedad Córdoba Ruiz, y publicada en la Gaceta del
Congreso 259 del 2 de julio de 2002, folio 60. El Proyecto de Ley No. 170/03
Senado, fue aprobado en sesión plenaria del 13 de diciembre de 2002, de acuerdo
a la certificación expedida por el Presidente del Senado, Luis Alfredo Ramos
Botero.
El proyecto pasó
entonces a la Cámara de Representantes y la ponencia para primer debate en la
Comisión Segunda fue presentada por el Representante Jairo de Jesús Martínez
Fernández, y aparece publicada en la Gaceta del Congreso 149 del 4 de abril de
2003. El 7 de mayo de 2003, el proyecto fue aprobado en primer debate por
unanimidad, con la asistencia de 18 Representantes, según certificación
expedida el 21 de agosto de 2003, por el Secretario General de la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes. La ponencia para segundo debate fue
presentada también por el Representante Jairo de Jesús Martínez Fernández y
aparece publicada en la Gaceta del Congreso 65 del 10 de junio de 2003. De
conformidad con la certificación expedida por el Secretario General de la
Cámara de Representantes, el proyecto de ley fue aprobado, en la sesión
plenaria del 20 de junio de 2003, por 135 de sus miembros. El 10 de julio de
2003, el Presidente de la República sancionó el proyecto, que se convirtió en
la Ley 824 de 2003, y fue remitida por el Gobierno a la Corte Constitucional,
el 21 de julio de 2003.
Conforme a lo anterior, el proyecto respetó
los debates, plazos y mayorías exigidos por la Constitución y por el Reglamento
del Congreso.
Las inconsistencias del texto aprobado
5- La Corte no puede dejar de constatar
que, como se precisó al transcribir el contenido de la Ley 824 de 2003, es
indudable que el texto formalmente aprobado por el Congreso contiene elementos
en principio extraños a una ley de esta naturaleza, como es la inclusión
integral de la exposición de motivos del proyecto y del contenido de otra ley,
a saber la Ley 424 de 1998, que ordena el seguimiento de los convenios
internacionales suscritos por Colombia.
6- Debido a lo anterior, la presente ley
tiene varios encabezados, varios articulados sobre distintas materias, y
contiene textos justificatorios del tratado (la exposición de motivos) de
discutible fuerza normativa.
De un lado, la Ley 824 de 2003 señala en
tres oportunidades que el Congreso de la República va a tomar una decisión
legislativa. Así, al inicio de la ley misma (folio 3), un poco más adelante,
cuando incluye nuevamente el proyecto de ley originario 196 de 2001 (folio 4)
y, en tercer término, cuando incorpora (sin una clara justificación)  el texto
de la Ley 424 de 1998 (folio 31).
Pero eso no es todo. La Ley 824 de 2003
contiene aparentemente tres articulados, en parte coincidentes, pero en parte
diversos. Así, luego de la trascripción del tratado, aparecen los artículos 1°,
2° y 3°, que aprueban la Convención, (folio 26); esos mismos contenidos
normativos aparecen al final de la ley (folio 32); finalmente, al incorporarse
la Ley 424 de 1998, aparecen cuatro artículos de contenido muy diverso (folio
31), pues éstos ordenan al Gobierno que presente en cada legislatura un informe
pormenorizado de la manera como se están cumpliendo los convenios
internacionales suscritos por Colombia.
Finalmente, entre los artículos del
proyecto y aquellos de la Ley 424 de 1998 aparece la exposición de motivos del
proyecto, que terminó siendo incorporada a la ley, y que carece propiamente de
un lenguaje normativo, pues no es claro qué es lo que ordena, prohíbe o
permite.
7- Esta situación podría generar
perplejidad normativa pues no es claro qué fue lo que aprobó el Congreso:
¿quiso ese cuerpo legislativo volver a aprobar la Ley 424 de 1998? ¿Qué
implicaciones tiene esa eventual reaprobación de ese cuerpo normativo? ¿Quiso
el Congreso conferir fuerza normativa a la exposición de motivos? ¿O
simplemente el Congreso quería aprobar la Convención pero por una inadvertencia
en el texto final aprobado por las cámaras y sancionado por el Presidente
quedaron incluidos cuerpos extraños a esa decisión normativa?
Pero no sólo esa situación provoca
perplejidades normativas sino que suscita interrogantes constitucionales sobre
la regularidad del procedimiento de aprobación de la ley misma, y por ello debe
la Corte determinar si constituye o no un vicio de procedimiento en la
formación de una ley el hecho de que ésta tenga como título “por medio de la
cual se aprueba determinado tratado”, pero incorpore elementos extraños al
acto normativo de aprobación.
8- A primera vista, esta situación podría
afectar la regla de unidad de materia y desconocer las peculiaridades propias
de las leyes aprobatorias de tratado. En efecto, conforme al artículo 158
superior, todo proyecto debe referirse a una misma materia. Y por ello, las
leyes que pretenden aprobar tratados sólo pueden versar sobre la aprobación del
tratado en cuestión y su incorporación al ordenamiento interno, sin que puedan
contener regulaciones que no tengan un vínculo directo sobre dicha aprobación.
En tal contexto, es obvio que una ley que pretende aprobar un determinado
convenio, debe limitarse a contener las disposiciones necesarias para
incorporar el convenio al ordenamiento jurídico interno.
9- A pesar de lo anterior, la Corte
considera que la anterior irregularidad, aunque expresa una inadvertencia del
Congreso en la aprobación de la presente ley, no configura realmente un vicio
de procedimiento por las siguientes dos razones: en primer término, un análisis
literal, sistemático e histórico permite concluir que la Ley 824 de 2003 tiene
no sólo un tema dominante sino una finalidad clara, que es la aprobación de la
Convención sobre Misiones Especiales. En efecto, así lo dice con claridad el
título de la ley. Además, la ley transcribe la totalidad del mencionado tratado
y los artículos aprobados, con la excepción de aquellos que hacen parte de la
reproducción del texto de la Ley 424 de 1998, establecen la aprobación de ese
instrumento internacional por parte del Congreso. Finalmente, la revisión de
las discusiones en el Congreso, especialmente de la exposición de motivos y de
las ponencias para los debates en comisiones y plenarias, muestran con claridad
que la intención del Congreso era aprobar esa convención. Por todo lo anterior,
la Corte concluye que la Ley 824 de 2003 tiene un tema dominante y éste es la
aprobación del mencionado tratado.
10- De otro lado, el mismo análisis
literal, histórico y sistemático permite determinar que los elementos extraños
que aparecen en la Ley 824 de 2003 no tienen realmente vocación normativa
propia. Así, la incorporación de la Ley 424 de 1998 únicamente se explica por
cuanto el artículo 3º de esa ley dice que el texto completo de la misma deberá
incorporarse “como anexo a todos y cada uno de los Convenios Internacionales
que el Ministerio de Relaciones Exteriores presente a consideración del Congreso”,
y por ello el Congreso y el Gobierno lo incorporaron a la ley 824 de 2003, en
el entendido de que se trataba de un anexo, que no tiene fuerza normativa
propia, sino que únicamente recuerda los mandatos de esa ley 424 de 1998.
Igualmente, la exposición de motivos no
contiene tampoco un lenguaje normativo autónomo ya que simplemente explica el
contenido del tratado y justifica su incorporación al ordenamiento jurídico
interno.
Por ende, como los apartes que podrían ser
considerados extraños al contenido dominante de la Ley 824 de 2003 carecen en
realidad de verdadera fuerza normativa, la Corte concluye que la irregularidad
consistente en incorporarlos en la Ley 824 de 2003 resulta irrelevante, y en
esa medida no configura un vicio de procedimiento. Y por ello la Corte no
encuentra razón para cuestionar la constitucionalidad de la presente ley por
ese aspecto, como no lo hizo tampoco en el pasado cuando tuvo que estudiar
leyes aprobatorias de tratados que tenían aparentemente un problema semejante[1].
Verificado que el proceso de aprobación del
tratado no adolece de vicios de procedimiento, entra la Corte a analizar la
constitucionalidad de su contenido.
El contenido general del tratado y su armonía con la
Constitución
11- El presente tratado regula las llamadas
“misiones especiales”, que representan lo que a veces se conoce como la
diplomacia “ad hoc”, la cual  se enmarca dentro del derecho diplomático,
pero se distingue de las relaciones diplomáticas ordinarias, en la medida en
que no se funda en misiones permanentes sino en misiones transitorias para
objetivos específicos. Una misión especial es entonces definida por el artículo
1° del tratado bajo revisión, como aquella que es “enviada por un Estado
ante otro Estado con el consentimiento de este último para tratar con él
asuntos determinados o realizar ante él un cometido determinado”. Por
consiguiente, y como bien lo destaca la exposición de motivos gubernamental,
estas misiones especiales se caracterizan por ser (i) temporales, (ii) tener
carácter representativo, (iii) ser enviada por un Estado ante otro, con el
consentimiento de éste, y (iv) tener un propósito específico.
En la práctica contemporánea, los Estados
recurren con mucha frecuencia al envío de estas misiones especiales, para
negociar temas específicos, o adelantar rondas de consultas políticas o para
participar en eventos o ceremonias de alto nivel, y para otros asuntos
particulares. Por ello, estas misiones especiales son conocidas como formas de
la llamada diplomacia “ad-hoc”, que ha tenido un desarrollo importante
en las relaciones entre los Estados. En tal contexto, la presente Convención
codifica a nivel internacional las normas diplomáticas aplicables a estas
misiones, para lo cual se funda, con las obvias adaptaciones a las particularidades
y transitoriedad de estas misiones especiales, en los principios y normas del
derecho diplomático, que ya han sido recogidos y sistematizados en tratados
ratificados por Colombia, como la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas de 1961, aprobada por la Ley 6ª de 1972, y la Convención sobre
Relaciones Consulares de 1963, aprobada por la Ley 17 de 1971. Como bien lo
destacan la exposición de motivos y las ponencias para los respectivos debates,
estos tratados, al igual que la presente convención, en el fondo lo que hacen
es sistematizar y precisar las normas de derecho internacional consuetudinario
relativas a las relaciones diplomáticas entre los Estados. Todo esto explica
que muchos contenidos del presente tratado coincidan, en lo esencial, con las
normas contenidas en las referidas Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas de 1961 y Convención sobre Relaciones Consulares de 1963, ambas ya
ratificadas por Colombia.
Conviene igualmente recordar que la Corte
Internacional de Justicia ha resaltado en varias decisiones la importancia de
los principios y normas del derecho diplomático y consular, a los que reconoce
un “carácter básico” en el derecho internacional, por su trascendencia
en el mantenimiento de las buenas relaciones entre los Estados[2].
12- Las anteriores consideraciones son
suficientes para concluir que el contenido y los propósitos generales del
presente tratado se ajustan plenamente a la Carta. Así, esta Convención no sólo
representa un instrumento normativo que promueve la internacionalización de las
relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad
y reciprocidad (CP art. 226) sino que, además, las normas de derecho
diplomático hacen parte de los principios del derecho internacional aceptados
por Colombia (CP art. 9°).
Las reglas generales sobre las misiones
especiales (Arts 1 a 20)
13- Los primeros 20 artículos establecen
las reglas generales de estas misiones especiales. Así, como ya lo vimos, el
artículo 1° las define, mientras que los artículos siguientes desarrollan
criterios y mecanismos propios del derecho diplomático, que buscan
compatibilizar la existencia de esas misiones con el respeto de la soberanía de
los Estados (CP art. 9°). Estas disposiciones indican que el establecimiento,
las funciones y el envío de una misión especial se basan en el consentimiento
expreso del o de los Estados receptores, el cual debe ser obtenido por los canales
diplomáticos o por otro canal mutuamente aceptable (arts 2º a 7º). Igualmente,
la composición de esas misiones deberá ser comunicada al Estado receptor, el
cual se reserva la facultad de negarse a aceptar a cualquiera de sus miembros
(arts 8º a 12). Esas disposiciones también establecen normas generalmente
aceptadas relativas a la representación y la acreditación múltiple de las
misiones, el nombramiento de los miembros de la misión y su composición, la
nacionalidad de los miembros y el comienzo y término de las funciones de cada
misión.
14- La anterior breve descripción muestra
que las reglas que gobiernan la formación y desarrollo de las misiones
especiales se inspiran en los principios y normas de derecho diplomático,
codificados por las referidas convenciones de 1961 y 1963, que ya han sido
ratificadas por Colombia, obviamente con algunos ajustes, que son necesarios
debido al carácter transitorio y efímero de las misiones especiales. Además,
estas normas de derecho diplomático pretenden precisamente armonizar la
existencia de estas misiones especiales, que favorecen las relaciones
diplomáticas, con el respeto de la soberanía de los Estados, por lo cual se
ajustan a la Carta (CP arts 9º y 226).
Derechos, inviolabilidad e inmunidad de los
miembros de las misiones (arts 21 y 23 a 31)
15- La parte esencial de la Convención está
representada por el régimen de privilegios e inmunidades que el Estado receptor
debe acordarle a los miembros de las misiones especiales, que se encuentra
desarrollado a partir del artículo 21 del tratado. Esas disposiciones consagran
las prerrogativas que normalmente se otorgan a los agentes diplomáticos, pero
con la importante calificación de que dichos tratamientos sólo rigen por el
lapso que dura la misión especial (art. 43).
Estas prerrogativas son, fundamentalmente,
la inviolabilidad de los locales y archivos de las misiones (arts 25 y 26), así
como de sus integrantes y de sus alojamientos y correspondencia (arts 29 y 30).
Igualmente la Convención establece la inmunidad de jurisdicción (artículo 31) y
consagra otros derechos y garantías que figuran en otros instrumentos
internacionales, tales como las libertades de movimiento y de comunicaciones,
la exención del régimen de seguridad social y la exención de servicios personales
(artículos 27, 28, 32 y 34). Finalmente, el tratado establece una regulación
específica en relación con el tratamiento debido a los altos dignatarios del
Estado, quienes en muchos casos forman parte integrante de una misión especial
(como el Jefe de Estado, el Ministro de Relaciones Exteriores y "otras
personas de alto rango"). Así, el artículo 21 consagra una salvaguardia
general, en el sentido de que la aplicación de la Convención no prejuzga en
ningún sentido la aplicabilidad a dichas personas de los privilegios e
inmunidades que les son propios en virtud del derecho internacional general.
16- Ya en anteriores oportunidades, esta
Corte había señalado que los privilegios del personal diplomático armonizaban
con la Carta, pues no vulneran por sí mismos el principio de igualdad, ya que
constituyen mecanismos jurídicos de larga tradición, que han existido para
asegurar la independencia de los representantes diplomáticos y la propia
igualdad entre naciones soberanas[3]. Ha dicho al
respecto esta Corporación:
“Del principio de soberanía, independencia
e igualdad de los Estados se deriva una regla de derecho internacional público,
reconocida por la costumbre y las convenciones internacionales en virtud de la
cual los agentes y bienes de Estados extranjeros deben ser inmunes frente a la
actuación coercitiva de las autoridades públicas de los Estados huéspedes.
(….)
En tratándose del reconocimiento de un
principio de derecho internacional, mal puede afirmarse que la mera concesión
de prerrogativas e inmunidades de que trata el artículo 13,  contravenga lo
dispuesto en la Carta Política. Por el contrario, el otorgamiento de los
privilegios anotados tiene asidero en el imperativo constitucional en virtud
del cual las relaciones internacionales del Estado colombiano deben fundarse en
el respeto de "los principios de derecho internacional aceptados por
Colombia" (C.P. artículo 9).[4]”
17- Con todo, esta misma Corte ha precisado
que esas prerrogativas no pueden ser absolutas, pues en determinadas ocasiones
pueden afectar la soberanía colombiana y los derechos de los colombianos. Dijo
al respecto esta Corte:
“Las prerrogativas e inmunidades otorgadas
no son, ni pueden ser, totales o absolutas. Ningún Estado constitucional
estaría en capacidad jurídica de otorgar plena inmunidad a todo agente de un
gobierno extranjero o representante de un organismo de derecho internacional,
respecto de cualquier actividad que cumpla en su territorio, pues ello
implicaría sacrificar las atribuciones que le competen como estado libre y
soberano para asegurar la defensa de los derechos de las personas sometidas a
su jurisdicción. De la misma manera, a la luz del artículo 13 de la Carta,
tampoco sería posible afirmar que toda prerrogativa es legítima. Para que la
concesión de estos derechos y beneficios especiales resulte constitucional, se
requiere que concurra la defensa de los principios de independencia, soberanía
e igualdad - reciprocidad - entre los Estados. Son estos principios y no una
mera liberalidad o una imposición del derecho internacional, los que tornan
legítimas e incluso necesarias las garantías y privilegios que se conceden a
funcionarios de Estados extranjeros o de organismos internacionales en el
territorio de cada Estado”[5].
18- La Corte no encuentra que ninguna de
las prerrogativas ni de los derechos conferidos por la Convención sean
desproporcionados, pues simplemente recogen las normas diplomáticas, que ya han
sido aceptadas por Colombia, precisamente al ratificar las referidas Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y Convención sobre Relaciones
Consulares de 1963. Además, al igual que esas convenciones, el presente tratado
establece salvaguardas para evitar que las inviolabilidades e inmunidades de
los miembros de las misiones diplomáticas sean utilizadas indebidamente. Así,
de un lado, los artículos 47 y 48 consagran las obligaciones generales para los
integrantes de una misión especial, tales como el respeto de las leyes y
reglamentos del Estado receptor, la utilización debida de los locales de la
misión y la prohibición de desarrollar en el Estado receptor actividades
comerciales o profesionales en beneficio propio.
19- De otro lado, de conformidad con el
artículo 12 de la Convención, el Estado receptor siempre cuenta con la
posibilidad de declarar, sin tener que brindar explicaciones particulares, “persona
non grata” a cualquier miembro del personal diplomático de la misión
especial, y el otro Estado deberá retirar a esa persona del país receptor, o ponerle
término a sus funciones, pues si no lo hace, el Estado receptor podrá negarse a
reconocer como miembro de la misión especial a la persona de que se trate, lo
cual significa que cesan sus privilegios e inviolabilidades. Esta figura de la
“persona non grata” logra entonces, como bien lo ha señalado la Corte
Internacional de Justicia, un fino equilibrio entre las inmunidades y
prerrogativas del personal diplomático y el respeto de la soberanía del Estado
receptor, pues la eventual declaratoria de persona non grata inhibe el abuso de
las prerrogativas por parte de los diplomáticos. Ha dicho al respecto la Corte
Internacional de Justicia que este instrumento es de una “eficacia total”
para lograr ese equilibrio, “ya que si el Estado acreditante no retira en el
acto al miembro de la misión que se haya indicado, la perspectiva de la pérdida
casi inmediata de sus privilegios e inmunidades –porque el Estado receptor deja
de reconocerle como miembro de la misión- tendrá en la práctica como resultado
obligarle, por su propio interés, a salir sin dilaciones”[6].
20- Finalmente, la presente convención
establece límites a algunas de las prerrogativas, precisamente para evitar que
éstas sean desproporcionadas y puedan afectar indebidamente los derechos de los
habitantes del Estado receptor. En particular, en relación con la inmunidad de
jurisdicción de los representantes del Estado y los miembros del personal
diplomático en la misión especial, que podría eventualmente afectar el derecho
de acceso a la justicia, el artículo 31, párrafo 2 de la Convención enumera
importantes casos en los que dicha inmunidad no podrá ser alegada en asuntos
civiles o administrativos. Así, dicha inmunidad no procede para (i) una acción
real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado
receptor, a menos que la persona de que se trate los posea por cuenta del
Estado que envía para los fines de la misión; (ii) una acción sucesoria en la
que la persona de que se trate figure, a título privado y no en nombre del
Estado que envía, como ejecutor testamentario, administrador, heredero o
legatario; (iii) una acción referente a cualquier actividad profesional o
comercial ejercida por la persona de que se trate en el Estado receptor, fuera
de sus funciones oficiales; y (iv) una acción por daños resultante de un
accidente ocasionado por un vehículo utilizado fuera de las funciones oficiales
de la persona de que se trate.
21- Por todo lo anterior, la Corte concluye
que las inmunidades e inviolabilidades previstas por el tratado bajo revisión
armonizan con la Carta. Con todo, podría argumentarse que la inmunidad de
jurisdicción podría afectar gravemente en determinados casos el derecho de
acceso a la justicia, pues impediría a los nacionales demandar a los miembros
de las misiones diplomáticas que les hubieren podido ocasionar un daño. Sin
embargo, la Corte considera que ese reparo no se encuentra justificado, no sólo
porque esa inmunidad es un elemento esencial del derecho diplomático sino
además por cuanto, en esos eventos, la persona puede obtener una reparación del
Estado colombiano, ya que habría sido víctima de un daño antijurídico (CP art.
90). Así lo ha entendido el Consejo de Estado, con criterios que esta Corte
comparte plenamente. En efecto, en sentencia del 25 de agosto de 1998 de la
Sección Tercera, MP Jesús María Carrillo Ballesteros, Radicación número IJ-001,
estudió la demanda de la señora Vitelvina Rojas Robles contra el Estado
colombiano. Esa persona, debido a la inmunidad diplomática, no pudo demandar a
la embajada de Estados Unidos por la muerte de su esposo y padre, quienes
habían sido arrollados por un vehículo de esa embajada. El Consejo de Estado
concedió la indemnización, con base en la siguiente doctrina que esta Corte
acoge plenamente:
“La aplicación del texto normativo en el
sentido de conferir la inmunidad conduce a un enfrentamiento de derechos
reconocidos por el ordenamiento colombiano;  de un lado la condición del
diplomático que goza de la inmunidad para ante los jueces colombianos y de otro
lado el derecho que tienen todos los residentes en Colombia para accionar ante
sus jueces naturales para que se respeten sus derechos, se les proteja o se les
garantice conforme al derecho positivo vigente, y demandar y ser demandados. Si
excepcionalmente como en este caso y por un tratamiento de privilegio conferido
por el Estado a una persona, atendidas sus calidades, se produce un
desequilibrio en su favor y en contra de otro que resulta damnificado y sin la
posibilidad  de demandar con fundamento en el hecho dañino ante su juez
natural,  es claro que hay un desequilibrio de las cargas públicas y que por
ello el particular está habilitado para demandar al Estado en reparación con
fundamento en su actuar complejo como ya se dijo.
En síntesis  puede afirmarse que el título
de imputación jurídica sobre el cual se edifica el juicio de responsabilidad
para el Estado, lo constituye el rompimiento del equilibrio de las cargas
públicas, ocasionado por la actividad legítima de autoridades estatales
(Congreso y Presidente de la República), que causa daño antijurídico, respecto
del cual, el administrado no está en el deber de soportar, pues la carga
pública que debe ser colectiva, no debe correr a cargo de una persona en particular.
De ahí que sea equitativo, imponer al Estado en representación de la sociedad,
la obligación de reparar el perjuicio irrogado a los actores. Esta solución no
es cosa distinta que el cabal desarrollo y ejecución lógica del principio de la
igualdad ante la ley, previsto en el artículo 13 de la C.P”.
Por todo lo anterior, la Corte concluye que
las normas de la Convención que reconocen inmunidades e inviolabilidades a los
miembros de las misiones especiales se ajustan a la Carta.
Garantías del personal técnico,
administrativo y de servicio de la misión especial.
22- Las consideraciones precedentes son
suficientes para declarar la constitucionalidad de las otras normas del
presente tratado que regulan el estatus del personal administrativo y técnico,
del personal de servicio y los criados particulares y de los miembros de la
familia de los integrantes de la misión especial (artículos 36 a 39), los
cuales cuentan con algunas garantías reconocidas por esta Convención. En
efecto, esas disposiciones del tratado lo único que hacen es prever algunas de
las prerrogativas e inmunidades diplomáticas de los miembros de las misiones a
sus familiares o criados, así como a otros funcionarios técnicos o
administrativos, pero con las debidas adaptaciones a la situación específica de
dichos familiares, criados o funcionarios técnicos o administrativos.
Las exenciones tributarias.
23- Entra por último la Corte a examinar la
constitucionalidad de las exenciones fiscales y tributarias previstas por los
artículos 24, 33 y 35 de la convención.
En anteriores oportunidades, esta
Corporación había indicado que este tipo de exenciones tributarias se
justifican pues fortalecen la autonomía e independencia de las representaciones
diplomáticas y de las organizaciones internacionales, por lo cual “tienen
pleno sentido en el contexto del derecho internacional público. Se trata de
conceder, en condiciones de reciprocidad, ciertos privilegios fiscales y
aduaneros, que se justifican plenamente tanto por la naturaleza de los
organismos beneficiados como del interés público que reviste la función a ellos
confiada por el conjunto de Estados que los crean”[7].
Por ello, la Corte considera que estas exenciones se ajustan a los criterios
señalados por la doctrina constitucional sobre la legitimidad de los
privilegios conferidos a las organizaciones internacionales y a las
representaciones diplomáticas.
Con todo, el problema constitucional que
surge es si esas exenciones desconocen o no el artículo 294 de la Carta, según
el cual, la ley no puede conceder exenciones sobre los tributos de propiedad de
las entidades territoriales. Y en este punto es necesario hacer una precisión
sobre la jurisprudencia de esta Corte en la materia.
24- En varias ocasiones, esta Corte ha
considerado que los tratados, en la medida en que son para estos efectos
asimilables a una ley, no pueden conceder exenciones a los tributos de las
entidades territoriales. Con base en ese criterio, las sentencias C-1333 de
2000 y C-160 de 2000 condicionaron la constitucionalidad de los artículos de
ciertos tratados, a que se entendiera que  la exención no cubría los tributos
de las entidades territoriales. Por ejemplo, la sentencia C-1333 de 2000
condicionó la constitucionalidad del artículo 2º ordinal 6º de la
"CONVENCIÓN SOBRE PRERROGATIVAS E INMUNIDADES DEL ORGANISMO PARA LA
PROSCRIPCIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES EN LA AMÉRICA LATINA (OPANAL)”, a que se
entendiera que las exenciones otorgadas deben limitarse a aquellas que traten
sobre tributos nacionales.
Sin embargo, en otras ocasiones, esta Corte
ha considerado que las exenciones tributarias contenidas en un tratado no
vulneraban el artículo 294 superior. Así, la sentencia C-255 de 2003 estudió el
artículo de un tratado que disponía que la Soberana Orden de Malta podía
ingresar donaciones a Colombia, libres de todo impuesto, tasa o derecho
nacional, departamental o municipal sobre aquéllas. La Corte consideró que
aunque en algunos casos de tratados internacionales en materia de cooperación
recíproca entre Estados, se había considerado contrario a la Constitución el
otorgamiento de exenciones tributarias que afectaban las finanzas de las
entidades territoriales, eso no sucedía en el caso del “Tratado de
Cooperación para la Asistencia en materia humanitaria entre La Soberana Orden
de Malta y el Gobierno de la República de Colombia”, por cuanto en ese caso
la prohibición de gravar con cualquier impuesto, tasa o derecho nacional,
departamental o municipal se encontraba justificada “por el fin que se
persigue alcanzar con la ejecución del instrumento internacional, cual es
socorrer a las víctimas de los desastres naturales y de los conflictos armados
internos (desplazados) e internacionales (refugiados), así como a la población
más necesitada del país, además de que se realiza la exención sin exigir
reciprocidad alguna, y por ello no viola el artículo 294 constitucional.”
En sentido semejante, la sentencia C-254 de 2003 consideró ajustado a la Carta
el artículo de la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o
emergencia radiológica, que ofrece una exención de impuestos al personal que
actúe en misión de asistencia en el Estado solicitante. Esta exención, según
esa sentencia, se justifica desde el punto de vista constitucional, porque la
asistencia prestada en caso de emergencia nuclear se vería claramente
perjudicada si, además del sacrificio implícito a la colaboración ofrecida por
los Estados o las organizaciones asistentes, a éstos se les exigiera el pago de
impuestos durante su estadía en la zona afectada.
25- La Corte considera necesario en esta
oportunidad precisar su doctrina en la materia, la cual debe compatibilizar la
protección constitucional de los recursos de las entidades territoriales, que
es la razón de ser del artículo 294 superior, con las exenciones tributarias
contenidas en ciertos tratados, que son un instrumento de fortalecimiento de
las relaciones internacionales, y por ende cumplen un propósito
constitucionalmente importante (CP art 226).
26- La prohibición establecida por el
artículo 294 de la Carta es una garantía de la autonomía territorial frente a
posibles intervenciones de la Nación, que pudieran privar a las entidades
territoriales de sus ingresos, en la medida en que la ley, que es una
regulación nacional, puede unilateralmente conceder exenciones a los tributos
de esas entidades y de esa manera reducir sus recursos propios. Ahora bien, un
tratado es aprobado e incorporado al ordenamiento interno en virtud de una ley,
y por ello parece razonable, a primera vista, concluir que esa prohibición
constitucional limita también las exenciones concedidas en virtud de tratados.
Todo eso explica las decisiones en que esta Corte ha limitado la posibilidad de
que ciertos tratados confieran exenciones a tributos territoriales.
27- Sin embargo, un examen más atento
muestra que la asimilación en este aspecto entre un tratado y la ley resulta
excesiva, pues la garantía del artículo 294 está dirigida contra la posibilidad
de que la Nación, en forma unilateral, y en virtud de una decisión legislativa,
prive a las entidades territoriales de sus recursos. Es pues una garantía
institucional contra una injerencia indebida del Estado central, que
establecería unilateralmente exenciones a los tributos territoriales. Sin
embargo, los tratados son actos complejos que no resultan de la simple voluntad
del Estado central, ya que requieren el concurso de voluntad de otros sujetos
de derecho internacional. En este caso, una eventual exención de los impuestos
territoriales no surge de una voluntad unilateral de las autoridades centrales
de limitar los recursos de las entidades territoriales sino que opera con otra
lógica y otros propósitos; dicha exención únicamente pretende facilitar las
relaciones internacionales y desarrollar principios del derecho internacional,
como la reciprocidad. Y por ello, en ese caso, la exención es en principio
válido porque persigue un propósito constitucional relevante. El interrogante
que surge es entonces si la consecución de dicha finalidad de favorecer las
relaciones internacionales, que tiene claro sustento constitucional (CP art.
226), puede ser armonizada con la garantía institucional que la Carta establece
a favor de los recursos de las entidades territoriales (CP art. 294).
La Corte encuentra que esa armonización es
posible, si se entiende que la concesión de esas exenciones a los tributos
territoriales por medio de un tratado es posible, pero la Nación debe compensar
a las entidades territoriales las pérdidas de sus ingresos que puedan derivar
de dichas exenciones. En efecto, de esa manera se aseguran los ingresos de las entidades
territoriales sin afectar indebidamente la promoción de las relaciones
internacionales, con lo cual se logra una armonización de los artículos 226 y
294 de la Constitución.
Esto significa que  las exenciones por
tratados a los tributos territoriales coloca a las entidades territoriales en
una situación semejante a la de aquel particular que no puede demandar a un
miembro de una misión diplomática, debido a las prerrogativas e inmunidades que
el Estado colombiano ha reconocido a dicho diplomático. En efecto, esta Corte
Constitucional y el Consejo de Estado han reconocido la validez constitucional
de esas prerrogativas e inmunidades; pero igualmente ambas corporaciones
judiciales han concluido que el particular no tiene por qué soportar la afectación
a su patrimonio que podría derivar de dichas inmunidades, por lo que se trata
de un daño  antijurídico que debe serle reparado por el Estado (CP art. 90),
tal y como se recordó anteriormente en esta sentencia (Cf supra fundamento 22).
Mutatis mutandi, las entidades territoriales no tienen tampoco por qué
soportar una afectación a sus recursos debido a la concesión de exenciones
tributarias sobre sus tributos, por lo que la Nación tiene la obligación de
compensar la reducción de los recursos de los departamentos y municipios que
podrían derivar de dichas exenciones.
28- Por todo lo anterior, la Corte
considera necesario precisar y rectificar su jurisprudencia en esta materia, de
la siguiente manera: la prohibición de las exenciones de los tributos territoriales,
prevista en el artículo 294, no prohíbe que los tratados confieran esas
exenciones, siempre y cuando la Nación establezca mecanismos para compensar a
las entidades territoriales por eventuales afectaciones de sus ingresos, debido
a dichas exenciones.
La Corte considera que esta rectificación y
precisión jurisprudencial es válida y necesaria, en la medida en que logra una
mejor armonización de los mandatos de los artículos 226 y 294 de la Carta, pues
permite un desarrollo dinámico de las relaciones internacionales, sin afectar
desproporcionadamente la autonomía financiera de las entidades territoriales.
Con base en esa precisión jurisprudencial, la Corte encuentra que los artículos
de la presente convención relativos a las exenciones se ajustan a la Carta y
serán declarados exequibles.
Normas instrumentales.
29- Los artículos 50 a 55 regulan lo
relativo a la firma, ratificación, entrada en vigor y textos auténticos de la
propia Convención. Estos artículos del tratado bajo revisión no suscitan ningún
interrogante constitucional, pues son normas que, dentro del respeto de los
principios del derecho de los tratados, que Colombia ha tradicionalmente
aceptado (CP art. 9º), regulan la evolución y la fuerza jurídica de este
instrumento internacional.
Decisión a tomar
30- Conforme a lo anterior, la Corte
concluye que la presente “Convención sobre las Misiones Especiales, abierta
a la firma en Nueva York, el dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos
sesenta y nueve (1969)”, es exequible. En ese mismo orden de ideas, esta
Corporación considera que también es constitucional la Ley 824 de 2003 bajo
revisión, la cual se limita a aprobar el texto de ese instrumento internacional
(art. 1º) y a señalar que sus normas sólo obligarán al país cuando se perfeccione
el respectivo vínculo internacional (art. 2º), lo cual concuerda perfectamente
con los principios generales del derecho de los tratados (CP art. 9º).
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar EXEQUIBLE la “Convención sobre
las Misiones Especiales, abierta a la firma en Nueva York, el dieciséis (16) de
diciembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969)”.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 824 de 2003, “Por
medio de la cual se aprueba la Convención sobre las Misiones Especiales,
abierta a la firma en Nueva York, el dieciséis (16) de diciembre de mil
novecientos sesenta y nueve (1969)”.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase,
publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el
expediente.
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Presidenta
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario
General (e)
Aclaración de voto a la sentencia
C-315/04
TRATADO INTERNACIONAL Y
LEY-Distinción (Aclaración de voto)
Coincidimos con la sentencia en que un tratado, a
pesar de tener que ser aprobado por una ley, no puede ser mecánicamente
asimilado a una ley, pues los tratados son actos complejos, que no resultan de
la simple voluntad del Estado central, ya que requieren el concurso de la
voluntad de otros sujetos de derecho internacional.
EXENCION A TRIBUTO DE ENTIDADES
TERRITORIALES-Ley no podrá
concederla/EXENCION A TRIBUTO DE ENTIDADES TERRITORIALES EN TRATADO
INTERNACIONAL-Operancia con una lógica y propósito distinto (Aclaración de
voto)
Coincidimos con la sentencia en que un tratado, a
pesar de tener que ser aprobado por una ley, no puede ser mecánicamente
asimilado a una ley, pues los tratados son actos complejos, que no resultan de
la simple voluntad del Estado central, ya que requieren el concurso de la
voluntad de otros sujetos de derecho internacional. Por ello, como bien lo dice
la sentencia,  es claro que el artículo 294 de la Carta  no se aplica frente a
los tratados con el mismo rigor que frente a las leyes ordinarias, pues la
garantía institucional a la autonomía territorial contenida en esa disposición
constitucional está dirigida contra la posibilidad de que la Nación, en forma
unilateral, y en virtud de una decisión legislativa, prive a las entidades
territoriales de sus recursos. En el caso de los tratados, una eventual
exención de los impuestos territoriales no surge de una voluntad unilateral de
las autoridades centrales de limitar los recursos de las entidades
territoriales sino que opera con otra lógica y otros propósitos; dicha exención
únicamente pretende, como lo dice la sentencia, facilitar las relaciones
internacionales y desarrollar principios del derecho internacional, como la
reciprocidad.
EXENCION A TRIBUTO DE ENTIDADES
TERRITORIALES EN TRATADO INTERNACIONAL-Legitimidad (Aclaración de voto)
EXENCION A TRIBUTO TERRITORIAL EN TRATADO
INTERNACIONAL-Resolución a
través de un análisis de proporcionalidad y no por compensaciones mecánicas/EXENCION
A TRIBUTO TERRITORIAL EN CONVENIO INTERNACIONAL-Reducción de ingresos es
proporcionada (Aclaración de voto)
AUTONOMIA TERRITORIAL-Restricción atendiendo propósitos
nacionales con alta relevancia constitucional/AUTONOMIA TERRITORIAL EN
MATERIA ECONOMICA Y PRESUPUESTAL-Contenido protegido es menor debido a
responsabilidades macroeconómicas de autoridades centrales (Aclaración de voto)
Esta Corte ya había precisado no sólo que la búsqueda
de ciertos propósitos nacionales con alta relevancia constitucional podía
justificar la consagración de ciertas restricciones a la autonomía territorial
sino que  además, en materia económica y presupuestal, el contenido protegido
de la autonomía  territorial era menor, debido a las responsabilidades
macroeconómicas de las autoridades centrales.
AUTONOMIA TERRITORIAL EN MATERIA ECONOMICA-Posibilidad de intervención de la ley es
superior que en otras materias/AUTONOMIA TERRITORIAL EN MATERIA ECONOMICA-Intervención
a través de un convenio internacional (Aclaración de voto)
PRINCIPIO DE UNIDAD Y AUTONOMIA TERRITORIAL
EN EL CAMPO DE TRATADO INTERNACIONAL-Alcance de la tensión (Aclaración de voto)
EXENCION TRIBUTARIA EN TRATADO
INTERNACIONAL-Finalidad e
importancia (Aclaración de voto)
Es claro que las exenciones tributarias en los
tratados no sólo persiguen un propósito constitucionalmente importante, como es
promover las relaciones internacionales, sino que además son un instrumento
claramente conducente para alcanzar dicha finalidad, pues ese tipo de
exenciones son consideradas no sólo importantes sino incluso necesarias para
cierto tipo de tratados, en la medida en que representan garantías esenciales
para el establecimiento de ciertas relaciones diplomáticas.
EXENCION TRIBUTARIA EN TRATADO
INTERNACIONAL-No
afectación grave de finanzas territoriales (Aclaración de voto)
Estas exenciones no afectan gravemente las finanzas territoriales
al menos por tres razones: (i) por cuanto la exención no es producto de una
decisión unilateral de la Nación sino que surge de un concierto de voluntades
de distintos sujetos de derecho internacional, por lo cual no representa un
riesgo de intervención unilateral de la Nación en las finanzas territoriales;
(ii) además, la medida no es una exención general sino que únicamente cubre a
personas y bienes muy específicos, que se encuentran ligados a ciertas
actividades diplomáticas; y (iii) por la anterior razón, en la mayor parte de
los casos, el efecto financiero de esas exenciones sobre las finanzas
territoriales es bajo, precisamente porque cubre a un número escaso de personas
y bienes.
EXENCION A TRIBUTO TERRITORIAL EN TRATADO
INTERNACIONAL-No
compensación como regla general (Aclaración de voto)
Las exenciones a tributos territoriales contenidas en
un tratado son un medio claramente adecuado para promover un propósito
constitucional importante, sin que impliquen un riesgo desproporcionado para
las finanzas territoriales. Además estas exenciones operan en ámbitos, como el
económico financiero y el de las relaciones internacionales, en donde el
contenido protegido de la autonomía territorial se ve restringido. Por ello
consideramos que esas exenciones son constitucionales, sin que la Nación deba
compensar a las entidades territoriales por eventuales reducciones de ingresos
de estas últimas, pues dichas reducciones son menores, y por ende
proporcionadas. Reconocemos que eventualmente puede existir un tratado que
establezca exenciones que puedan llegar a tener un impacto realmente importante
sobre las finanzas territoriales. En un evento de esa naturaleza, podría ser
necesario señalar algún mecanismo de compensación en favor de las entidades
territoriales. Pero, por las razones señaladas no compartimos la tesis de la
sentencia, según la cual esa compensación debe ser la regla general para todo
tratado que contenga exenciones frente a los tributos territoriales. Y menos
aún frente al convenio bajo revisión, pues es indudable que el impacto de esas
exenciones en el presente tratado es menor, por la naturaleza de estas misiones
especiales.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la
Corte, los suscritos magistrados MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA, MARCO GERARDO
MONROY CABRA y EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT, nos vemos obligados a aclarar
parcialmente el voto en la sentencia de la referencia. Compartimos las decisiones
tomadas en la parte resolutiva, así como la casi totalidad de la parte motiva
de la sentencia. Sin embargo, nos distanciamos parcialmente de la tesis
establecida frente a las exenciones a los tributos territoriales contenidas en
tratados.
Estamos de acuerdo con la sentencia en que la Corte
debía precisar su jurisprudencia en torno a este punto, pues en algunas
ocasiones, esta Corporación había admitido las exenciones a los tributos
territoriales contenidas en un tratado, mientras que en otras oportunidades
había considerado que dichas exenciones vulneraban el artículo 294 de la Carta,
según el cual, la ley no puede conceder exenciones sobre los tributos de
propiedad de las entidades territoriales. Era pues necesario precisar si dichas
exenciones son o no válidas, o en qué condiciones pueden estar incorporadas en
un convenio internacional.
En ese mismo orden de ideas, coincidimos con la
sentencia en que un tratado, a pesar de tener que ser aprobado por una ley, no
puede ser mecánicamente asimilado a una ley, pues los tratados son actos
complejos, que no resultan de la simple voluntad del Estado central, ya que
requieren el concurso de la voluntad de otros sujetos de derecho internacional.
Por ello, como bien lo dice la sentencia,  es claro que el artículo 294 de la
Carta  no se aplica frente a los tratados con el mismo rigor que frente a las
leyes ordinarias, pues la garantía institucional a la autonomía territorial
contenida en esa disposición constitucional está dirigida contra la posibilidad
de que la Nación, en forma unilateral, y en virtud de una decisión legislativa,
prive a las entidades territoriales de sus recursos. En el caso de los
tratados, una eventual exención de los impuestos territoriales no surge de una
voluntad unilateral de las autoridades centrales de limitar los recursos de las
entidades territoriales sino que opera con otra lógica y otros propósitos;
dicha exención únicamente pretende, como lo dice la sentencia, facilitar las
relaciones internacionales y desarrollar principios del derecho internacional,
como la reciprocidad.
Por todo lo anterior, compartimos el eje esencial de
la argumentación de la sentencia sobre la legitimidad de las exenciones a los
tributos territoriales contenidas en tratados. Nuestra discrepancia radica en
que la Corte consideró que la única manera de armonizar la posibilidad de las
exenciones a los tributos territoriales contenidas en  los tratados, que tiene
claro sustento constitucional, con la protección de los recursos de las
entidades territoriales, prevista por el artículo 2904 superior,  era entender
que la concesión de esas exenciones a los tributos territoriales por medio de
un tratado era válida, pero que era necesario que la Nación compensara a las
entidades territoriales las pérdidas de ingresos que pudieran derivar de dichas
exenciones. Según la sentencia, de esa manera se aseguran los ingresos de las
entidades territoriales, sin afectar indebidamente la promoción de las
relaciones internacionales, con lo cual se logra una armonización de los artículos
226 y 294 de la Constitución.
No compartimos esa tesis, pues según nuestro criterio,
el problema que plantean estas exenciones no debe ser resuelto por medio de
compensaciones mecánicas sino a través de un análisis de proporcionalidad. Esto
es, según nuestro parecer, si se admite que la prohibición prevista por el
artículo 294 superior no opera como una regla estricta y absoluta frente a los
tratados sino como un principio sujeto a ponderación, entonces el problema
constitucional que plantean las exenciones a tributos territoriales contenidas
en un convenio no era el de establecer compensaciones por una eventual
reducción de los ingresos territoriales –como lo hace la sentencia- sino  el de
evaluar si dicha reducción es o no proporcionada. Y según nuestro parecer,
dicha reducción es proporcionada, como lo muestra el siguiente análisis.
En primer término, conviene recordar que esta Corte ya
había precisado no sólo que la búsqueda de ciertos propósitos nacionales con
alta relevancia constitucional podía justificar la consagración de ciertas
restricciones a la autonomía territorial sino que  además, en materia económica
y presupuestal, el contenido protegido de la autonomía  territorial era menor,
debido a las responsabilidades macroeconómicas de las autoridades centrales. Ha
dicho al respecto la Corte:
“Las relaciones entre la unidad y la
autonomía, en general, están constituidas por una serie de limitaciones
recíprocas, en el sentido de que la autonomía habrá de ejercerse dentro de los
lineamientos trazados por la ley (art. 287, C.P.), la cual, a su vez, habrá de
respetar un mínimo intangible de autonomía, para no vaciar de contenido los
mandatos del constituyente. Se ha admitido, en general, que ese núcleo esencial
está constituido por los cuatro elementos básicos que constan en el citado
artículo 287 constitucional. Sin embargo, en materia presupuestal, la Corte
parte de la base de que el alcance de dicho núcleo esencial es más reducido, no
en el sentido de contar con menos elementos constitutivos que el de la
autonomía territorial en general, sino en cuanto admite un mayor grado de
intervención por parte del Legislador nacional, el cual cuenta con amplias
facultades constitucionales para regular el devenir económico de la República;
eso sí, tales intervenciones deben ser razonables y proporcionadas, lo cual
habrá de evaluarse en cada caso concreto de conformidad con las reglas
jurispurdenciales abajo señaladas.
La mayor potestad del legislador nacional
en materia económica, y la correlativa reducción del alcance del núcleo
esencial de la autonomía territorial en materia presupuestal, se ejemplifican
claramente en el poder que asiste al titular de la función legislativa para
intervenir en las finanzas territoriales, siempre que se encuentre de por medio
la preservación de la estabilidad macroeconómica nacional. En estos casos,
podrá intervenir no sólo sobre los recursos territoriales de fuente exógena,
esto es, los provenientes de las arcas nacionales - lo cual es la regla general
-, sino también sobre los recursos de fuente endógena; ello, se reitera,
únicamente cuando esté de por medio la preservación de la estabilidad
macroeconómica del país, y sin desconocer el núcleo esencial de la autonomía
territorial, lo cual habrá de definirse, en cada caso concreto, por la
proporcionalidad y razonabilidad de la intervención.[8]”
Esto muestra pues que las posibilidades de intervención de la ley en
el ámbito territorial en materia económica son superiores que en otras
materias. Con mayor razón es posible entonces una intervención derivada de un
tratado, por cuanto las relaciones internacionales son un tema en donde la
Constitución claramente hace prevalecer el principio de unidad sobre la autonomía
territorial, tal y como esta Corte lo recordó, al señalar que el tratado de
delimitación de fronteras con Honduras no tenía por qué ser consultado con la
comunidad raizal de San Andrés y Providencia. Dijo entonces la Corte, al
analizar el alcance de la tensión entre los principios de unidad y autonomía en
el  campo de los tratados:
“Colombia es un país unitario (CP art. 1º)
y la Carta establece un procedimiento específico para la aprobación de los
tratados, que está radicado exclusivamente en las autoridades nacionales. Así,
el Presidente dirige las relaciones diplomáticas y suscribe los convenios (CP
art. 189 ord 2º) , el Congreso, que es órgano plural de representación de todo
el pueblo colombiano, los aprueba (CP art. 150 ord 16), y corresponde a esta
Corte Constitucional revisar su constitucionalidad, para que se pueda proceder
a la ratificación.
La Corte considera que esa tensión, en
materia de tratados, la propia Constitución la resuelve en favor del Estado
unitario y de las autoridades nacionales, pues ninguna cláusula constitucional
establece que en el procedimiento de aprobación de los convenios se debe
consultar a las autoridades territoriales o a comunidades específicas. El
trámite previsto es puramente nacional, lo que muestra que existe una clara
opción de la Carta, en este campo, en favor del manejo nacional y unitario de
los tratados. Por ello, en principio,  en nuestro derecho, los tratados no
requieren de consultas particulares a poblaciones específicas, aunque
obviamente pueda ser deseable que éstas se realicen. Pero una cosa es que tales
consultas sean convenientes y tengan sustento constitucional; y otra muy
diferente que ellas sean obligatorias, lo cual no es cierto, ya que la
participación ciudadana en el caso de los tratados aparece centralizada en el
debate en el órgano de representación nacional, que es el Congreso de la
República.[9]”
De otro lado, es claro que las exenciones tributarias
en los tratados no sólo persiguen un propósito constitucionalmente importante,
como es promover las relaciones internacionales, sino que además son un
instrumento claramente conducente para alcanzar dicha finalidad, pues ese tipo
de exenciones son consideradas no sólo importantes sino incluso necesarias para
cierto tipo de tratados, en la medida en que representan garantías esenciales
para el establecimiento de ciertas relaciones diplomáticas.
Finalmente, estas exenciones no afectan gravemente las
finanzas territoriales al menos por tres razones: (i) por cuanto, como ya se
explicó, la exención no es producto de una decisión unilateral de la Nación
sino que surge de un concierto de voluntades de distintos sujetos de derecho
internacional, por lo cual no representa un riesgo de intervención unilateral
de la Nación en las finanzas territoriales; (ii) además, la medida no es una
exención general sino que únicamente cubre a personas y bienes muy específicos,
que se encuentran ligados a ciertas actividades diplomáticas; y (iii) por la
anterior razón, en la mayor parte de los casos, el efecto financiero de esas
exenciones sobre las finanzas territoriales es bajo, precisamente porque cubre
a un número escaso de personas y bienes.
Todo lo anterior muestra que las exenciones a tributos
territoriales contenidas en un tratado son un medio claramente adecuado para
promover un propósito constitucional importante, sin que impliquen un riesgo
desproporcionado para las finanzas territoriales. Además estas exenciones
operan en ámbitos, como el económico financiero y el de las relaciones
internacionales, en donde el contenido protegido de la autonomía territorial se
ve restringido. Por ello consideramos que esas exenciones son constitucionales,
sin que la Nación deba compensar a las entidades territoriales por eventuales
reducciones de ingresos de estas últimas, pues dichas reducciones son menores,
y por ende proporcionadas.
Reconocemos que eventualmente puede existir un tratado
que establezca exenciones que puedan llegar a tener un impacto realmente
importante sobre las finanzas territoriales. En un evento de esa naturaleza,
podría ser necesario señalar algún mecanismo de compensación en favor de las
entidades territoriales. Pero, por las razones señaladas en esta aclaración, no
compartimos la tesis de la sentencia, según la cual esa compensación debe ser
la regla general para todo tratado que contenga exenciones frente a los
tributos territoriales. Y menos aún frente al convenio bajo revisión, pues es
indudable que el impacto de esas exenciones en el presente tratado es menor,
por la naturaleza de estas misiones especiales.
Fecha ut supra,
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
[1] Ver
las sentencias
C-037 de 2004, MP Jaime Córdoba Treviño, C-012 de 2004, MP Clara Inés Vargas
Hernández, C-1034 de 2003 MP Manuel José Cepeda Espinosa C-1033 de 2003 MP
Rodrigo Escobar Gil y C-962 de 2003, MP Alfredo Beltrán Sierra.
[2] Ver sentencia de 24 de mayo de 1980 en el asunto relativo
al personal consular de Estados Unidos en Teherán (Estados c Irán), en donde
ese tribunal señaló que Irán había desconocido “las obligaciones que le impone
el conjunto de reglas constituido por el Derecho diplomático y consular, cuyo
carácter básico el Tribunal ha de proclamar con firmeza”.
[3] Ver, entre otras,
las sentencias C-203 de 1995, C-137 de 1996 y C-1333 de 2000.
[4] Sentencia C-137 de 1996, MP Eduardo Cifuentes Muñoz, Fundamentos
31 y 32
[5] Sentencia C-137 de
1996. MP Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento 33.
[6] Sentencia del 24 de mayo de 1980, Párrafo 86.
[7] Sentencia C-137 de 1996. MP Eduardo Cifuentes Muñoz, Fundamento
37, criterio reiterado en la sentencia C-442 de 1996, fundamento 6.
[8] Sentencia C-579 de 2001. MP Eduardo Montelagre Lynett. Fundamento
6.1.
[9] Sentencia C-1022 de 1999. MP Alejandro Martínez Caballero,
Fundamentos 19 y 20.