T-199-05
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-199/05
PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Terminación al entrar en vigencia Ley
546/99
La Corte ha abundado en razones para explicar por qué
razón, tras la expedición de la Sentencia C-955 de 2000, la interpretación del
parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 que se acomoda a la
Constitución es aquella que indica que, tras la reliquidación del crédito en
UVRS, los procesos ejecutivos seguidos en contra de deudores morosos de
créditos de vivienda adquiridos en UPACS deben darse por terminados. La
presencia de la anterior línea jurisprudencial vertida por esta Corte y también
por el Consejo de Estado no es suficiente para que pueda entenderse de manera
general que la acción de tutela prospera para lograr la terminación del proceso
que en aquellos juicios ejecutivos dentro de los cuales se llevó a cabo la
reliquidación del crédito, pero que, no obstante esa circunstancia, el juez no
decretó la terminación inmediata del proceso. En efecto, para que la acción de
amparo prospere para tales objetivos, es menester que se hayan utilizado
infructuosamente los medios ordinarios de defensa dentro del proceso en curso.
DEBIDO PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-No se interpuso recurso de apelación por
cuanto se cambió radicación del proceso en el sistema
Ciertamente la parte pasiva no interpuso
oportunamente el recurso de apelación en contra de la sentencia que descartó
las excepciones de fondo. Así pues, esta oportunidad procesal no fue utilizada
para insistir en la terminación del proceso; circunstancia que  debería llevar
a la Sala a declarar improcedente la presente acción de amparo, por las razones
que arriba se dejaron expuestas. Empero, la Sala juzga que la omisión de la
parte demandada en la utilización de este recurso estuvo vinculada al proceder
mismo del Despacho judicial implicado, que sin aviso alguno cambió en el
sistema computarizado de información a los usuarios el número de radicación del
expediente que permitía consultar el estado del trámite procesal. Esta
circunstancia, como bien lo dijeron tanto el juez de conocimiento como su
superior, ciertamente no configura la causal de nulidad que alegó la defensa,
pues no está prevista como tal en las normas que regulan el procedimiento
civil;  pero sí debe incidir, estima la Sala, en una menor estrictez a la hora
de valorar la procedencia de la presente acción. La “culpa” que podría
imputarse a la abogada defensora de los demandados resulta atenuada por este
hecho que no le es imputable, y exige del juez constitucional un escrutinio más
laxo que permita hacer efectivo el derecho constitucional al debido proceso
cuya efectividad está en juego. En efecto, dicho derecho fundamental fue
ostensiblemente vulnerado por las decisiones tanto del Juez de ejecución, como
de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, pues ellas desconocieron
los efectos procesales resultantes de la reliquidación del crédito, que
consistían en la terminación del proceso y su archivo sin más trámites. Con
ello se apartaron infundadamente de lo dispuesto por la ley, concretamente de
lo reglado actualmente por el parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de
1999, y de la jurisprudencia vertida al respecto por esta Corporación,
incurriendo en una vía de hecho por defecto sustantivo.
VIA DE HECHO EN PROCESO EJECUTIVO-Terminación del proceso por reliquidación
del crédito de UPAC
La Corte ha venido explicando por qué este
alejamiento injustificado del texto de la ley y de los precedentes jurisprudenciales
en materia constitucional se erige en una decisión caprichosa que no puede ser
tenida en cuenta como ajustada a derecho, sino más bien como una verdadera vía
de hecho. Como lo dijera el magistrado disidente de la Sala Civil del h.
Tribunal Superior de Medellín, dentro del trámite del proceso ejecutivo ha
debido tenerse en cuenta lo reglado por el parágrafo 3° del artículo 42 de la
Ley 546 de 1999, así como la jurisprudencia referente a la terminación del
proceso por reliquidación del crédito que dicha norma prescribe. Sin necesidad
de entrar a establecer si dicha liquidación se ajustaba a la ley, tan pronto la
misma se produjo debió haberse ordenado la terminación del proceso. Como no se
procedió así, se incurrió en vía de hecho por defecto sustantivo y en violación
del derecho al debido proceso de los aquí demandantes.
VIA DE HECHO EN PROCESO EJECUTIVO-Defecto fáctico por no tener en cuenta el
material probatorio en proceso/VIA DE HECHO EN PROCESO EJECUTIVO-Pagos
hechos no fueron abonados correctamente a crédito
Al parecer de la Sala, dentro del expediente
correspondiente al proceso ejecutivo obra la declaración del mismo Banco en que
admite la anterior destinación errada de tal pago, no obstante lo cual el juez
no llevó a cabo ninguna consideración ni análisis al respecto, como tampoco lo
hizo el superior, limitándose a manifestar que la excepción de pago no estaba
llamada a prosperar. La anterior actitud configura una vía de hecho por defecto
fáctico, pues el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el
plenario, no valoró, ni estudio con auxilio de peritos cuál hubiera sido la
situación del crédito al momento de interponerse la demanda si dichos pagos
hubieran sido correctamente abonados. Recuérdese que, conforme lo ha explicado
esta Corporación, este tipo de vía de hecho se configura “cuando resulta
evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una
determinada norma es absolutamente inadecuado”; en el presente caso, la omisión
en la apreciación de esta prueba hace que la decisión judicial carezca de tal
fundamento adecuado, pues el fallo parte del supuesto del incumplimiento de los
deudores al momento en que fue formulada la demanda, supuesto éste que
teóricamente desvirtuaban las pruebas que no fueron valoradas, relativas a la
incorrecta aplicación de los pagos mencionados. Es decir, se traba de pruebas
cruciales en cuanto supuestamente demostraban el pago de la obligación que se
pretendía ejecutar, y la excepción de mérito correspondiente.
Referencia:
expediente T-1011038
Peticionarios:
Gustavo Arango Jaramillo y otra
Procedencia: Corte Suprema de Justicia Sala
Laboral
Tema: Terminación de procesos ejecutivos
hipotecarios en curso al entrar en vigencia la Ley 546 de 1999.
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá, D.C. tres
(3) de marzo de dos mil cinco (2005)
La Sala Sexta de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Humberto Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y
Marco Gerardo Monroy Cabra, quien la preside,  en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la Sentencia proferida
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el doce (12)
de octubre de dos mil cuatro (2004).
I.
ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala
de Selección número once de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su
revisión, la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de
1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.
1.
Solicitud
Los señores Gustavo Arango Jaramillo y
Cecilia María Trujillo Ramírez, en escrito presentado el 20 de agosto de 2004,
solicitan al juez de tutela que proteja sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la dignidad humana y a la vivienda digna,
presuntamente vulnerados por el Banco Colmena (antes Corporación de Ahorro y
Vivienda COLMENA), el Juzgado Doce Civil del Circuito de Medellín y la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, durante el
trámite de un proceso ejecutivo con título hipotecario adelantado en su contra
por el referido Banco, surtido ante el Juzgado y la Corporación judicial
mencionados.
Los hechos que fundamentan la demanda son los
siguientes:
a. Constituyeron un crédito hipotecario
con la entidad demandada, por la suma de nueve millones trescientos mil pesos
M/te ($9´300.000.00), para la adquisición de su vivienda familiar, según consta
en el pagaré N° 101-7545 suscrito el día 2 de agosto de 1990. La obligación fue
pactada para pagar en un plazo de quince años, esto es en 180 cuotas mensuales,
calculadas en UPAC con un interés del 15%. Para garantizar el pago de la deuda,
mediante escritura pública  se constituyó hipoteca a favor de COLMENA.
b. Tras haber incurrido en mora, en el mes de junio de
1997 pagaron al Banco la suma de diez millones cuarenta y ocho mil
cuatrocientos ochenta y un pesos ($10´048.481), a fin de cubrir las cuotas
atrasadas. El saldo sobrante debería ser aplicado como abono a capital. No
obstante lo anterior, en el mes de noviembre siguiente el Banco les exigió el
pago total de la deuda, argumentando que existía mora desde el 2 de julio de
1997, e inició un proceso ejecutivo hipotecario en su contra, sin tener en
cuenta los pagos y abonos anteriormente mencionados.
c. La entidad bancaria procedió en forma injustificada
a hacerles un cobro de sumas que no adeudaban, ya que, según lo manifestó el
mismo Banco, parte de los dineros abonados en el mes de junio de 1997 habían
sido aplicados al crédito de otro usuario, afectando gravemente con este error
el crédito de ellos y su estabilidad económica, dado que incluso habían
excedido su capacidad de endeudamiento para hacer esos pagos, no obstante lo
cual la mora y el saldo del crédito continuaron creciendo.
d. El 25 de mayo de 2002, después de casi tres años de
hechos los abonos mencionados, ante el silencio del Banco le enviaron una carta
solicitando nuevamente que se les aclarara el estado del crédito, la cual les
fue respondida por el Coordinador de la Unidad de Recuperación y Masivo del
Banco, regional Medellín, reconociendo que “por error del Banco” se habían
imputado dichos pagos a otros créditos, pero que habían procedido a
trasladarlos al crédito de los aquí demandantes.
e. De otro lado, en diciembre de 1999 a raíz de la
entrada en vigencia de la Ley 546 de ese año, el Banco se vio obligado a
reliquidar su crédito aplicándoles un alivio de $2´489.642.32 pesos m/cte., lo
cual implicaba un nuevo abono a capital.  A la fecha de aplicación de tal
alivio, ya estaba en curso la demanda ejecutiva promovida por el Banco, en la
cual se les reclamaba el pago total de la deuda por valor de $20´748.655.78
pesos m/cte., más los intereses legales comerciales de mora del 22,50% anual, a
partir del 2 de julio de 1997 hasta que fuera realizado el pago.
f. La demanda ejecutiva mencionada le correspondió por
reparto al Juzgado Doce Civil del Circuito de Medellín. Una vez notificada fue
respondida mediante apoderada judicial, argumentando que ya se le había pagado
al Banco, y poniendo en conocimiento del Juzgado la mencionada desviación de
los dineros, hecho sobre el cual el Juzgado nunca se pronunció.
g. Mediante Sentencia de 27 de noviembre de 2002, el
Juzgado profirió sentencia ordenando el remate del bien, y reconociendo como
válida la reliquidación del crédito aportada por el Banco para efectos de la
aplicación del alivio, el pagaré aportado y los valores e intereses cobrados.
Valores todos estos que, al decir de los demandantes, resultaban violatorios de
lo ordenado por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la propia Ley
546 de 1999, toda vez que, con base en la reliquidación del crédito y la
conversión aportada por el mismo Banco Colmena, modificaban oficiosa y
expresamente el mandamiento de pago librado, “sin tener en cuenta ni revisar
la misma por intermedio de peritos”. Además de que las sumas modificadas a
UVR eran mayores que las ordenadas inicialmente en el mandamiento de pago,
nunca habían sido pactadas por ellos, y jamás se aclaró la aplicación de
dineros  que habían sido desviados por error del Banco.
Son de tal magnitud las violaciones al debido proceso,
dicen los demandantes, que en distintos momentos se mencionan por el Despacho
diferentes valores del saldo del crédito y de la reliquidación. Afirman que la
reliquidación del crédito en que se basó el Juzgado para dictar sentencia y
modificar el mandamiento de pago, a simple vista presenta capitalización de
intereses, y que, por si fuera poco, el mismo Juzgado manifestó que a diciembre
de 1999 el saldo del crédito era de $9.817.253,35 y que el valor del alivio
aplicado al mismo era de $3.233.065,84, para, posteriormente, acoger otra
liquidación aportada por el mismo Banco, en la cual se afirmaba que el saldo a
31 de diciembre de 1999 era de $10.560.676,87 y el alivio de $2,489.642,32.
Adicionalmente, dicen, “si observamos la
liquidación definitiva en UVR folio (120), encontramos que el saldo que expresa
el Banco a 31 de diciembre de 1999 es de 21.489.421,39, esto es antes de
aplicar el alivio, para afirmar que luego de aplicado el alivio, esta vez por
valor de 2.498.642.31, el saldo final es de 20.079.526.18, cifra que no tienen
nada que ver con el saldo final arrojado por la reliquidación del crédito que
obra en el mismo expediente, que habla de un saldo a 31de diciembre de 1999 de
1999 de 10.560.676,87.”
Así pues, denuncian los demandantes que la Sentencia
dictada en su contra dentro del proceso ejecutivo se erige en una franca
violación de la Ley 546 de 1999, así como de las sentencias C-383, C-747,
C-955  y SU-846 de 2000, que toma pie en pruebas contradictorias obrantes en el
expediente, y que modifica oficiosamente el mandamiento de pago.
h. Ahora bien, en el momento en que al Banco presentó
la liquidación del crédito, éste fue debidamente objetado dentro del proceso
ejecutivo por los aquí demandantes. Empero, el Tribunal de Medellín procedió a
confirmarla.
En resumen, la reliquidación aportada por el Banco y
aceptada en primera y segunda instancia presenta, dicen los demandantes, los
siguientes errores: (i) capitalización de intereses; (ii) incorrecta aplicación
de los abonos hechos a capital tres años después de haberse efectuado el pago
de los mismos; (iii) el valor del alivio no está determinado realmente ya que
no hay coherencia en las reliquidaciones aportadas, y (iv) el saldo a 31 de
diciembre no coincide con el saldo expresado por el mismo Banco en la
liquidación final a 31 de diciembre de 1999.
Como argumentos de derecho para sustentar su solicitud
de protección, la demanda aduce los siguientes:
La Ley 794 de 2003 establece en su artículo 140 la
causal de nulidad de la prueba que fuera contraria al debido proceso. En el
mandamiento de pago proferido dentro del proceso ejecutivo se estableció que
debía pagarse una suma en UPACS, pero posteriormente el Juez resolvió dictar
sentencia haciendo la conversión de UPAC a UVR, con base en la liquidación del
crédito presentada por el Banco. Conforme a la ley procesal civil, la sentencia
debe ser coherente con los hechos y las pretensiones establecidas en la
demanda. Así, dicen, “cuando el juez hace la conversión de un sistema que
fue declarado inconstitucional como la UPAC, no lo hizo por los medios que
consagraba la ley 546 de 1999, que ordenó a los jueces que una vez reliquidado
el crédito en aquellos procesos iniciados con anterioridad a la ley 546 de 1999,
debían ser terminados inmediatamente con el fin de que el banco procediera a la
adecuación de los títulos en UVR y a la reestructuración de los créditos y en
el evento de que la mora persistiera la entidad está en libertad de indicar
(sic) un nuevo proceso con los documentos adecuados y redenominados en UVR.”
Agregan que la violación del debido proceso también
deviene de que la modificación de la demanda sólo procede en cierta oportunidad
procesal, que ya se encontraba precluida para cuando el crédito fue convertido
a UVR.   Y que juez acondicionó  un procedimiento por fuera de la oportunidad
procesal en que ello era posible y, al reliquidar el crédito dentro del trámite
del juicio, se obtuvo una prueba contraria al debido proceso, violando el
principio según el cual las personas deben ser juzgadas de conformidad con las
leyes preexistentes al momento en que ocurrieron los hechos.
Con fundamento en la anterior argumentación, la
demanda afirma que el proceso que motiva la presente acción de tutela debió
terminarse, y procederse a su archivo inmediato, conforme se afirma en la
Sentencia C-955 de 2000.
Con base en los anteriores hechos y
fundamentos de derecho los demandantes solicitan al juez constitucional que
conceda la protección de sus derechos al debido proceso, a la igualdad, al
acceso a la justicia y a la dignidad humana, declarando la nulidad de todo lo
actuado dentro del proceso ejecutivo hipotecario a partir del 1° de enero de
2000, fecha para la cual se debió reliquidar el crédito debidamente, y dar por
terminado el proceso.  En consecuencia debe ordenarse el levantamiento de las
medidas cautelares decretadas sobre el inmueble hipotecado, por tratarse de una
medida violatoria de los derechos mencionados y del vivienda digna, y
condenarse a la entidad demandante en el proceso ejecutivo a pagar las costas,
perjuicio morales, perjuicios materiales y agencias en derecho, o en su defecto
ordenar al juzgado demandado o al Tribunal Superior de Medellín que profieran
las respectivas condenas, así como aquellas que devengan de la violación de los
derechos fundamentales mencionados, de conformidad con lo prescrito por el
artículo 25 del Decreto 2591 de 1991.
Como medida provisional, los demandantes solicitan al
juez de tutela que decrete la suspensión de la diligencia de remate del bien
inmueble objeto de la garantía del proceso, programada para el día 24 de agosto
de 2004 a las 8 a.m., hasta tanto se resuelva la presente acción
constitucional.
2. Traslado de la demanda.
El magistrado de la Sala de Casación Civil de la h.
Corte Suprema de Justicia a quien por reparto correspondió darle trámite a la
anterior demanda de tutela ordenó correr traslado de la misma a los
funcionarios judiciales aludidos, así como a los intervinientes en el proceso
ejecutivo hipotecario.
En el mismo auto en que dispuso lo anterior, decidió
no acceder a la solicitud de medida provisional impetrada en la demanda, por no
avizorarse prima facie, los supuestos de “necesidad y urgencia” a
que alude el artículo 7° del Decreto 2591 de 19991, necesarios para proceder a
decretar tal clase de cautelas.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín
descorrió el anterior traslado, limitándose a remitir a la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia copia de la actuación adelantada por ese Tribunal en
segunda instancia, dentro del proceso ejecutivo hipotecario instaurado por el
Banco Colmena en contra de los aquí demandantes.
En cuanto al Juzgado Doce Civil del Circuito de
Medellín y el Banco Colmena, el traslado corrió en silencio.
3.
Pruebas obrantes dentro del expediente
1. Copia de la carta fechada el 20 de noviembre de
1997, en la cual la Corporación Colmena (hoy Banco Colmena) informa al señor
Gustavo Arango Jaramillo que en razón de la mora que presenta la obligación
hipotecaria contraída por él para con esa institución, se iniciarán las
acciones judiciales tendientes a obtener el pago de la totalidad de la deuda.
2. Copia de la carta  (sin fecha constatable) en la
cual el Coordinador de la Unidad de Recuperación y Masivo de Colmena, regional
Medellín, informa al señor Gustavo Arango Jaramillo “a donde fueron a parar los
cheques cobrados y los pagos” verificados por él en el año 1997.  Al respecto
indica que tres de tales cheques fueron abonados al crédito hipotecario a su
cargo. No obstante, la carta agrega lo siguiente:
“Vale aclarar que por un error al
momento de aplicar dichos pagos estos se abonaron a capital y no a cuotas que
presentan mora, por tal motivo tal y como usted lo indica los extractos le
seguían llegando con saldo en mora, para
normalizar su cuenta se realiza un ajuste el día 12 de febrero de 1999, es por
eso que usted encuentra una diferencia...
...
“El cheque N° 6290, correspondiente al
banco N° 24 por valor de $2.592.431 por error se consignó a otro crédito...
con fecha 25 de junio de 1997, el cual en el momento ya se reversó y aplicó a
su crédito...”
“El valor del desembolso del crédito fue de
$9.300.000, la  fecha del desembolso fue el 02 de agosto de 1990.
“El valor del saldo a 31 de diciembre de
1999 era de $30.823.008.58
...”(Negrillas fuera del original)
3. Documento titulado “Reliquidación de
créditos en UPAC y Pesos con UVR”, fechado el 31 de diciembre de 1999, y
relativo al crédito a cargo del señor Gustavo Arango Jaramillo, que arroja como
“valor de la reliquidación” un saldo en pesos de 3´233.065.84.
4. Copia del memorial suscrito por el
apoderado de Colmena dentro del proceso ejecutivo hipotecario seguido en contra
del señor Gustavo Arango Jaramillo y otra, mediante el cual se remite la
reliquidación del crédito, conforme a lo dispuesto en el artículo 521 del
C.P.C.
5. Copia del documento titulado
“Liquidación Definitiva en UVR” relativa al crédito a cargo de los aquí
demandantes, junto con una circular explicativa de la anterior reliquidación.
6. Copia del proceso hipotecario adelantado
por COLMENA en contra de Gustavo Adolfo Arango Jaramillo y Cecilia María
Trujillo Ramírez ante el Juzgado Doce Civil del Circuito de Medellín y el
Tribunal Superior del Distrito judicial de Medellín.
II. ACTUACIÓN JUDICIAL
1. Sentencia proferida por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el día ocho (8) de septiembre de
dos mil cuatro( 2004).
Mediante Sentencia proferida el ocho (8) de septiembre de
dos mil cuatro (2004)[1],
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia decidió denegar lo
pretendido a través de la acción de tutela.
En sustento de esta decisión consideró que en torno a la
discusión relativa al pago del crédito reclamado afloraba la improcedencia de
la protección impetrada, dado que el problema jurídico que se planteaba en la
demanda había sido sometido a consideración del juzgador a través de las excepciones
de fondo formuladas en tiempo, las cuales habían sido denegadas. No obstante,
la parte interesada no había acudido al recurso de apelación, autorizado en el
artículo 351 del estatuto procesal civil.
Igual cosa ocurría, dijo el fallo, respecto de la
pretensión atinente a que se declarara la nulidad de toda la actuación cumplida
a partir del 1 de enero de 2000, toda vez que tal propuesta de contenido
estrictamente legal tenía previsto en el ordenamiento procesal otro medio de
defensa cual era el respectivo incidente, a través del cual hubiera
correspondido dilucidar el asunto correspondiente.
Y frente a la tercera solicitud
presentada en la demanda de tutela, relativa a que el juez constitucional
ordenara al juez de conocimiento terminar el proceso ejecutivo hipotecario de
acuerdo con la Ley 546 y en cumplimiento de lo trazado por la Corte
Constitucional, se trataba, dijo el fallo, de un asunto sobre el cual esa Sala
ya se había pronunciado en oportunidades anteriores, para concluir que no era
posible determinar tal consecuencia, por el simple hecho de la reliquidación
efectuada por la entidad acreedora. A este respecto el fallo dijo lo siguiente:
“En efecto, sin desconocer  la Corte la
existencia de la sentencia de tutela número 606 de 23 de junio del año
anterior, pronunciada por la Corte Constitucional que en términos generales
impone terminar todos los procesos ejecutivos, que estén en trámite para 31 de
diciembre de 1999, lo cierto es que “La situación creada con esta nueva
decisión..., reedita problemas relativos a saber el momento en que las
sentencias de constitucionalidad adquieren el carácter de cosa juzgada, pero
particularmente, sobre cuándo se termina el proceso de expedición de dichas
sentencias. Lo que acaba de decirse tienen fundamento en que por razón de la
sentencia de tutela 606 de 23 de julio de 2003, la Corte Constitucional, ahora
en sede de tutela, reabre el examen de constitucionalidad para fijar hoy lo que
quiso decir y no dijo, al expedir la sentencia de constitucionalidad. La perplejidad
se incrementa exponencialmente, pues luego de predicar por el Tribunal
constitucional que la cosa juzgada no se halla necesariamente en la parte
resolutiva, sino que es posible encontrarla en la parte motiva, y añadir que en
una sentencia de constitucionalidad posterior se pueden jerarquizar los
argumentos para escindir los obiter dicta de la ratio decidendi, ahora se
establece la novísima  y heterodoxa práctica constitucional de que una nueva
sentencia, esta vez de tutela, pueda fijar el alcance de la cosa juzgada
constitucional dispuesta en las motivaciones de un fallo anterior.”
“No sobra decir que la sentencia número 955
de 26 de julio de 2000, cuando examinó la constitucionalidad del artículo 42 de
la ley 546 de 1999 no estableció ningún tipo de modulación, ni la sujetó a
condición de ninguna naturaleza; todo lo contrario, sencillamente retiró del
ordenamiento algunas frases de modo que el texto subsistente es el que se ha
aplicado desde entonces por los jueces y en el que no puede verse la orden
indiscriminada de terminación de los procesos. De esta manera, no es posible
ahora afirmar, ni siquiera como hipótesis, que dicha sentencia es de la estirpe
de aquellas en que la Corte Constitucional acomoda o modula los efectos o
subordina la constitucionalidad de lo que subsiste a algún tipo singular de
interpretación de la norma.
“El parágrafo tercero del artículo 42 de la
ley 546 de 1999 tal como subsistió luego del examen de constitucionalidad
revela que: “los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las
cuales recaigan procesos judiciales tendrán derecho a solicitar la suspensión
de los mencionados procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse automáticamente
por el juez respectivo. En el caso de que el deudor acuerde la reliquidación de
su obligación, de conformidad con lo previsto en este artículo el proceso se
dará por terminado y se procederá a su archivo sin más trámite”
“Ahora, inusitadamente, de manera ex post,
una Sala de revisión de tutela decide hurgar en la parte considerativa de la
sentencia de constitucionalidad de la ley 546 de 1999 para hallar mandatos con
alcance de cosa juzgada, contrarios a lo que comunica el texto legal
subsistente luego del examen de constitucionalidad. Este sibilino ejercicio,
impide saber cuando terminan de expedirse las sentencias de constitucionalidad
y si es función de una Sala de revisión, o de cualquiera de ellas en el futuro,
complementar en cualquier tiempo la parte resolutiva de las sentencias de
constitucionalidad o hacer modulaciones que la sentencia original omitió”.
“Parece no ofrecer duda que el ejercicio
jurisdiccional de control constitucional se agota con la expedición de la
sentencia, o por lo menos ello es lo que demandan los cánones; no obstante,
ahora surge la desmesura consistente en que una Sala de Revisión de tutela se
arroga el privilegio de colocar en circulación esta especie novísima de ley que
ordena la terminación de todos los procesos ejecutivos hipotecarios vigentes a
31 de diciembre de 1999. Siendo que tal cosa no dijeron ni el legislador ni el
juez constitucional que expidió la sentencia original...”(Sent. del 18 de
noviembre de 2003, exp. 30764-01)”
2. Impugnación de la Sentencia
proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el día
ocho (8) de septiembre de dos mil cuatro (2004).
La anterior Sentencia fue oportunamente impugnada por
los demandantes, aduciendo que la demanda de tutela que incoaban en ningún
momento pretendía vulnerar la cosa juzgada o sentencia alguna, sino lograr el
amparo de sus derechos constitucionales.
Reclaman entonces que el juez a quo negó la
protección de los aludidos derechos, “con el argumento de que la Corte
Constitucional no ha hecho una adecuada interpretación de las normas
constitucionales en la Sentencia T-606 de julio de 2003, dándose una clara
diferencia de opiniones entre ambas cortes que denota finalmente una
prevalencia de las decisiones del Juez civil sobre el Juez constitucional,
cuando lo que debe darse es precisamente lo contrario: un acatamiento total a
lo constitucional.”
Añaden que no solamente en atención a la
jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional merecen la protección de sus
derechos fundamentales, sino que esa necesidad de tutela proviene también del
error cometido por el Banco Colmena al aplicar los pagos de su deuda a otro
crédito diferente, constituyéndose precisamente ese error en la causa de su
bancarrota, pues les generó una situación económica en la cual están “muertos
comercialmente”, su empresa de más de 18 años de funcionamiento tuvo que ser
cerrada y, finalmente, su apartamento será rematado. En refuerzo de su
argumentación citan jurisprudencia de esta Corporación alusiva a la posición
dominante en la que se encuentran las entidades bancarias frente a los usuarios
del sistema financiero, y al deber que les corresponde de mantenerlos
debidamente informados. Estiman que en su caso este deber fue incumplido, pues
el Banco, haciendo uso de tal posición dominante, aplicó los pagos a su
discreción, y sólo en el año 2000 se dignó dar información acerca del paradero
de los cheques perdidos, argumentando que “por error del Banco” esos dineros
habían sido consignados a la cuenta de otro usuario, y mientras tanto el crédito
suyo había sido liquidado con moras que no eran reales, a pesar de que la mora
estaba cubierta por tales pagos, que incluso cubrían también un abono a
capital. Lo que es peor, dicen, fue que el Banco los demandó por la vía
ejecutiva antes de que esclareciera el paradero de dichos dineros.  Agregan que
este proceder del Banco, convalidado por los jueces, constituye a todas luces
una violación de sus derechos fundamentales. En sustento de sus apreciaciones
allegan la reliquidación  del crédito llevada a cabo por un perito financiero,
así como la copia de la Sentencia T-701 de 2004.
En el escrito de impugnación nuevamente
se insiste en su solicitud de decretar, como media provisional, la suspensión
de la diligencia de remate programada por el juzgado de origen para el día 28
de octubre de 2004.
3.  Sentencia proferida por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia el doce (12) de octubre de dos mil
cuatro (2004).
Mediante Sentencia proferida el doce
(12) de octubre de dos mil cuatro (2004), la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió confirmar la sentencia
proferida por la Sala de Casación Civil de la misma Corporación.
En sustento de esta decisión, la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia consideró que en cuanto la acción de tutela iba
encaminada a que se declarara la nulidad de la actuación adelantaba en el
proceso ejecutivo hipotecario que de adelantaba en contra de los peticionarios,
el amparo reclamado era improcedente, pues, además de las razones aducidas por
la Sala de Casación Civil, se tenía que la acción de tutela no podía utilizarse
para dejar sin validez actuaciones o providencias judiciales como las
cuestionadas por los demandantes, pues acorde con la Sentencia C-543 de 1992
proferida por la Corte Constitucional, que declaró inexequibles los artículos
1, 12, y 40 del Decreto 2591 de 1991, se tenía no eran admisibles acciones de
tutela contra providencias o sentencias judiciales. Tampoco el juez de tutela
podía inmiscuirse en las acciones del juez ordinario, dado que las decisiones
de uno y otro eran independientes y autónomas, conforme a lo previsto en los
artículos 228 y 230 de la Constitución Política.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.
Competencia
Esta Sala de la Corte Constitucional es competente
para conocer de la revisión de la referencia, de conformidad con lo establecido
en los artículos 86 inciso 2° y 241 numeral 9° de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
Además, se procede a la revisión en virtud de la selección practicada por la
Sala correspondiente y del reparto verificado en la forma establecida por el
reglamento de la Corporación.
2. Procedencia de la presente acción, en cuanto se
dirige en contra de una actuación judicial.
2.1. La presente acción de tutela se interpone en
contra, entre otros[2],
del Juzgado Doce Civil del Circuito de Medellín y la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, por haber adelantado un trámite
judicial dentro de un proceso ejecutivo hipotecario que, al parecer de los
actores, se erige en vía de hecho por varias razones: porque la reliquidación
del crédito aportada por el Banco y aceptada en primera y segunda instancia
presenta los siguientes errores: (i) capitalización de intereses; (ii)
incorrecta aplicación de los abonos hechos a capital tres años después de
haberse efectuado el pago de los mismos; (iii) el valor del alivio no está
determinado realmente ya que no hay coherencia en las reliquidaciones
aportadas, y (iv) el saldo a 31 de diciembre no coincide con el saldo expresado
por el mismo Banco anteriormente en la liquidación final a 31 de diciembre de
1999.
Además, sostiene la demanda, la actuación surtida
dentro del referido proceso ejecutivo con posterioridad a la reliquidación del
crédito está viciada de nulidad, toda vez que, dado que en el mandamiento de
pago se estableció que debía pagarse una suma en UPAC, una vez hecha la
conversión a UVR el juez debió dar por terminado el proceso, a fin de que el
Banco “procediera a la adecuación de los títulos en UVR”.
2.2. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
en el fallo que ahora se revisa, decidió que la acción incoada era
improcedente, pues, de conformidad con lo resuelto por esta Corporación en la
Sentencia C-543 de 1992, la tutela no podía utilizarse para dejar sin validez
actuaciones o providencias judiciales como las cuestionadas por los demandantes.
Así pues, como cuestión inicial
corresponde a la Sala definir si el juez de tutela es competente o no para
decidir la presente acción, en cuanto se dirige en contra de una actuación
judicial y de una sentencia.
2.3. A juicio de la Sala, los argumentos expuestos por
la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia no se compadecen con la
sostenida jurisprudencia de esta Corporación. Ciertamente, como se ha explicado
en oportunidades precedentes, “si bien es cierto que mediante la Sentencia
C-543 de 1992[3]
la Corte Constitucional procedió a retirar del ordenamiento jurídico los
artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que admitían la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales, también es cierto que en dicho
pronunciamiento se dejó abierto el ejercicio de esa acción cuando los fallos,
por resultar manifiestamente contrarios al orden jurídico, pueden ser
calificados como “vías de hecho”.[4]
En efecto, en el fallo en cita se explicó in
extenso el verdadero alcance de la providencia que menciona el ad quem,
indicando al respecto lo siguiente:
“Prima facie las consideraciones vertidas en esa ocasión
parecieran dar razón a la Sala Laboral en lo relativo a la imposibilidad de que
la jurisdicción constitucional sustituya a las demás so pretexto del ejercicio
de la acción de tutela, pues ciertamente, se lee en la referida Sentencia lo
siguiente:
"Como se
puede advertir, habiendo establecido el Constituyente jurisdicciones autónomas
y separadas (Título VIII de la Constitución) y puesto que el funcionamiento de
ellas ha de ser desconcentrado y autónomo (artículo 228 de la Carta), no encaja
dentro de la preceptiva fundamental un sistema que haga posible al juez, bajo
el pretexto de actuar en ejercicio de la jurisdicción Constitucional, penetrar
en el ámbito que la propia Carta ha reservado a jurisdicciones como la
ordinaria o la contencioso administrativa a  fin de resolver puntos de derecho
que están o estuvieron al cuidado de estas. Considerar que semejante opción se
aviene a lo preceptuado por la Carta, tanto vale como aceptar que ésta consagró
jurisdicciones jerarquizadas, lo cual no encuentra sustento en la normatividad
vigente."
“Sin embargo, el mismo pronunciamiento en cita también deja abiertas
las puertas para incoar la acción de amparo frente a actuaciones de hecho de
los jueces:
"... nada obsta para que por la vía de
la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la
adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con
diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables
al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela
pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es
puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez
ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto
2591 de 1991). En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno
contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer
realidad los fines que persigue la justicia".[5]
“Así pues, si bien la Sentencia
parcialmente transcrita consideró inconstitucional la acción de tutela
intentada contra sentencias judiciales, avaló en cambió la utilización de la
misma acción contra actuaciones de hecho de los funcionarios judiciales,
actuaciones que posteriormente la jurisprudencia llamó, "vías de
hecho".
“Así por ejemplo, en la Sentencia T-153 de
1993[6]  la Corte dijo con
claridad lo siguiente:
"Aunque esta Corte declaró inexequible
el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, la doctrina acogida por esta misma
Corporación, ha señalado que es procedente la acción de tutela cuando se ejerce
para impedir que las autoridades públicas, mediante vías de hecho,
vulneren o amenacen derechos fundamentales.
(...)
"Lo que el juez hace o exige debe
estar conforme a la ley y a la determinación del derecho. Según esto, hay que
pronunciarse judicialmente de conformidad con lo que en el proceso se propone y
se prueba, todo bajo el imperio de la ley, que es la que faculta taxativamente
a la autoridad judicial para actuar dentro del proceso. Luego el juez debe
proceder según estos criterios y no según su propio arbitrio"(Sentencia
T-158/93. M-P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa)
“Y en el mismo
sentido se encuentran estas otras expresiones de la misma línea jurisprudencial:
* "Una actuación de la autoridad
pública se torna en vía de hecho susceptible del control constitucional de la
acción de tutela cuando la conducta del agente carece de fundamento objetivo,
obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración
de los derechos fundamentales de la persona.
(...)
"La decisión revestida de las
formalidades de un acto jurídico encubre una actuación de hecho cuando esta
obedece más a la voluntad o al capricho del agente estatal que a las
competencias atribuidas por ley para proferirla.
"Se infiere de lo anterior que las
actuaciones judiciales cuya ostensible desviación del ordenamiento jurídico las
convierte -pese a su forma- en verdaderas vías de hecho, no merecen la
denominación ni tienen el carácter de providencias para los efectos de
establecer la procedencia de la acción de tutela. No es el ropaje o la
apariencia de una decisión sino su contenido lo que amerita la intangibilidad
constitucionalmente conferida a la autonomía funcional del juez.”[7]
*"De los párrafos transcritos aparece
claro que la doctrina de la Corte ha efectuado un análisis material y ha
establecido una diáfana distinción entre las providencias judiciales
-que son invulnerables a la acción de tutela en cuanto corresponden al
ejercicio autónomo de la función judicial y respecto de las cuales existen,
dentro del respectivo proceso, los medios judiciales de defensa establecidos
por el ordenamiento jurídico- y las vías de hecho por cuyo medio, bajo
la forma de una providencia judicial, quien debería administrar justicia
quebranta en realidad los principios que la inspiran y abusa de la autonomía
que la Carta Política reconoce a su función, para vulnerar en cambio los
derechos básicos de las personas.
"En ese orden de ideas, la violación
flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez, aunque pretenda
cubrirse con el manto respetable de la resolución judicial, puede ser atacada
mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los presupuestos
contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro medio al
alcance del afectado para la defensa de su derecho”.[8]
“Por todo lo anterior la Corte ha dicho que
aunque “es cierto que, a partir de la decisión C-543/92,
desaparecieron del orden jurídico nacional los artículos 11 y 40 del Decreto
2591 de 1991, dedicados a regular de manera expresa la tutela contra
sentencias; no obstante, del mismo fallo y de las providencias subsiguientes,
ha surgido en el país una sólida jurisprudencia que resalta con precisión los
alcances de la acción constitucional del artículo 86, cuando se entabla para
enervar conductas "de facto", contenidas en aparentes decisiones
jurídicas.”[9]
“Adicionalmente, la jurisprudencia ha
definido qué se entiende por vía de hecho y ha precisado de qué manera una
actuación judicial puede llegar a configurarse como tal. Al respecto ha
indicado que “(l)as vías de hecho son aquellas “actuaciones de hecho,
caracterizadas por el capricho del funcionario judicial, por su falta de
fundamento objetivo y por vulnerar los derechos fundamentales.”[10] Y
sobre el tipo de defectos que dan lugar a la presencia de este tipo de
actuación ha expresado:
“Doctrina de las vías de hecho
“3. La Corte ha considerado que una
providencia judicial constituye una vía de hecho cuando (1) presente un grave
defecto sustantivo, es decir, cuando se encuentre basada en una norma
claramente inaplicable al caso concreto; (2) presente un flagrante defecto
fáctico, esto es, cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se
basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado;
(3) presente un defecto orgánico protuberante, el cual se produce cuando el
fallador carece por completo de competencia para resolver el asunto de que se
trate; y, (4) presente un evidente defecto procedimental, es decir, cuando el
juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar
trámite a determinadas cuestiones. En suma, una vía de hecho se produce cuando
el juzgador, en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad, actúa en
franca y absoluta desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico.
La Sala no duda en reiterar que la
intervención del juez de tutela en una sentencia judicial, calificándola como
una vía de hecho, sólo puede producirse en aquellos casos en que el vicio
alegado sea constatable a simple vista. Adicionalmente, el defecto cuya
remoción se persigue por vía de la acción de tutela debe conllevar, en forma
inmediata, la violación de uno o múltiples derechos fundamentales, lo cual
determina que sólo las decisiones judiciales cuyos efectos trasciendan el campo
de los anotados derechos, en detrimento de éstos, pueden ser atacadas mediante
la acción de tutela.”[11]”
2.4 Por todo lo anterior, la Sala no comparte el
análisis jurídico que en este proceso lleva a cabo la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, análisis que concluye en la improcedencia de la presente
acción, pues en él se limita a afirmar la regla general de la improcedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, omitiendo examinar si la actuación
procesal demandada constituye o no una vía de hecho por defecto sustantivo o
defecto fáctico, como lo denuncian los demandantes.
En tal virtud, esta Sala de la Corte entrará a
examinar la acusación formulada en la demanda para constatar si, como en ella
se afirma, en el procedimiento adelantado por el Juzgado Doce Civil del
Circuito de Medellín y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín, dentro del trámite del proceso ejecutivo hipotecario
incoado por el Banco Colmena en contra de los aquí demandantes, se incurrió en
graves defectos que puedan llegar a constituir una vía de hecho, en
desconocimiento del derecho al debido proceso de los accionantes.
3.
Precedentes jurisprudenciales relativos a la reliquidación en UVR de créditos
hipotecarios pactados en UPAC, cuando ella se produce dentro del trámite de un
proceso ejecutivo hipotecario en curso.
3.1. Mediante la Sentencia T-606 de 2003[12], la Corte
Constitucional resolvió la acción de tutela incoada por el Banco Comercial AV
Villas en contra del H. Tribunal Superior de Medellín; en esa oportunidad el
Banco demandante estimaba que esa Corporación judicial había desconocido su
derecho al debido proceso, al declarar la nulidad de lo actuado y disponer la
terminación del proceso ejecutivo hipotecario promovido por él en contra de una
deudora morosa de un crédito hipotecario inicialmente concedido en unidades de
poder adquisitivo constante -UPAC- , que había sido reliquidado en unidades de
valor real -UVR- durante el curso del proceso ejecutivo, de conformidad con lo
previsto en la Ley 546 de 1999.
En sustento de su solicitud de protección, el Banco
demandante alegaba que, al entrar en vigencia la Ley 546 de 1999, la deudora
demandada por la vía ejecutiva adeudaba a la entidad acreedora 10 cuotas de la
obligación, y que  con ocasión de la reliquidación del crédito había obtenido
un alivio equivalente a 6 cuotas, por lo cual,  a pesar de tal alivio, la
deudora permanecía en mora, situación que se mantenía a la fecha de la tutela.
Por ello, sostenía que de acuerdo con las consideraciones vertidas en la
sentencia C-955 de 2000, y además con base en lo prescrito por el artículo 42
de la Ley 546 de 1999, el Banco estaba facultado para continuar el proceso
ejecutivo hipotecario. Agregaba que la decisión contraria, es decir la que
determinaba la terminación del proceso y el inicio de uno nuevo, desconocía el
principio de economía procesal y el derecho de la entidad financiera a acceder
a la administración de justicia.
Para resolver la anterior petición de tutela, la Corte
recordó el alcance del artículo 42 de la Ley 546 de
1999 y del pronunciamiento que sobre su exequibilidad se produjo mediante la
Sentencia C-955 de 2000. [13]
Al respecto dijo lo siguiente:
“La Ley 546 de 1999, “por la cual se dictan normas en materia de
vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debe
sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su
financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación,
se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la
construcción y negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones ", creó las UVR o
Unidades de Valor Real, y dispuso un abono especial “a las obligaciones
vigentes que hubieren sido contratadas con establecimientos de crédito,
destinadas a la financiación de vivienda individual a largo plazo”.
“El artículo 42 de la Ley 546
de 1999, a su vez, regula los
efectos del abono en comento sobre los créditos en mora, y el parágrafo 3° de
la disposición prevé los efectos de la conversión del crédito, de la
reliquidación de la obligación, y de la adecuación de los documentos
contentivos de ésta, sobre los procesos en trámite, a 31 de diciembre de 1999[14].
“Ahora bien, mediante sentencia C-955 de
2000[15],
esta Corporación declaró exequible el artículo 42 en comento, con excepción de
los apartes i) "siempre que el deudor manifieste por escrito a la
entidad financiera su deseo de acogerse a la reliquidación del crédito, dentro
de los noventa (90) días siguientes a la vigencia de la Ley”; ii)
"cumplido lo anterior"; y iii) "que dentro de los noventa (90)
días siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley decidan acogerse a
la reliquidación de su crédito hipotecario", "dentro del plazo",
y "si dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito el deudor
incurriere nuevamente en  mora, los procesos  se reiniciarán a solicitud de la
entidad  financiera  y  con  la sola demostración  de  la mora, en la etapa en
que se encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización de su
cuantía”, contenidos en los incisos primero y segundo, y en el parágrafo 3°
de la norma en cita respectivamente, que fueron declarados INEXEQUIBLES.
“En consecuencia el parágrafo del artículo
3° de la Ley 546 de 2000, dispone, respecto de los procesos que el 31 de
diciembre de 1999 cursaban en procura de la solución de créditos concedidos en
UPACS, para financiar adquisiciones de vivienda que ..
“Los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas
y sobre las cuales recaigan procesos judiciales tendrán derecho a solicitar
suspensión de los mencionados procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse
automáticamente por el juez respectivo. En caso de que el deudor acuerde la
reliquidación de su obligación, de conformidad con lo previsto en este artículo
el proceso se dará por terminado y se procederá a su archivo sin más trámite”.
“Consideró esta Corte i) que “la
suspensión de los procesos en curso, ya por petición del deudor, o por decisión
adoptada de oficio por el juez, tiene por objeto que se efectúe la
reliquidación del crédito”; y ii) que “producida ella, debe dar lugar a
la terminación del proceso y a su archivo sin más trámite, como lo ordena la
norma”.
“Expuso la Corporación que el parágrafo 3°
del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, al disponer inicialmente la suspensión
del proceso y luego su terminación, para que se efectúe la reliquidación del
crédito, previo el abono decretado en el artículo 40 de la misma disposición, “lejos
de vulnerar, desarrolla el postulado constitucional que propende al
establecimiento de un orden justo (Preámbulo y artículo 2 C.P.) y realiza los
principios de prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C.P.) y de acceso a
la administración de justicia (art. 229 C.P.)”.
“No obstante la Corte consideró, respecto
del parágrafo 3° que “esos mismos propósitos del legislador, y por
consiguiente las normas constitucionales que los contemplan, aparecen
desvirtuados por el parágrafo que se estudia cuando supedita la suspensión del
proceso a que el deudor decida acogerse a la reliquidación de su crédito dentro
de los noventa días siguientes a la entrada en vigencia de la Ley. Por una
parte, ese término es inconstitucional por las razones atrás expuestas, y de
otro lado, si las condiciones objetivas que deben dar lugar a la mencionada
suspensión no dependen de haberse acogido o no a una reliquidación a la que
todos los deudores tenían derecho, se trata de un requisito que rompe la
igualdad y que injustificadamente condena a una persona, además de no recibir
oportunamente el abono que le corresponde, a no poder efectuar la compensación
entre el abono y lo que debe, y muy probablemente a ser condenada en el
proceso.”.
“Y agregó que “contraviene el derecho a
la igualdad, el debido proceso y el derecho a la administración de justicia la
parte final del mismo parágrafo 3, a cuyo tenor, si dentro del año siguiente a
la reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los
procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola
demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la
suspensión, y previa actualización de su cuantía”.
“Advierte la Corte que “[e]l acreedor
goza, por supuesto, del derecho a iniciar un nuevo proceso ejecutivo en contra
de su deudor, pero mal puede retomarse el proceso expirado, en la etapa en que
se encontraba cuando se produjo la suspensión, puesto que ello significa
atribuir efectos ultra activos a situaciones previas ya definidas,
combinándolas con hechos nuevos, en contra de una de las partes, con notorio
desequilibrio en la relación procesal.”.
“En consecuencia para la Sala resulta claro
i) que el 31 de diciembre de 1999 los procesos ejecutivos, en los que una
entidad financiera cobraba un crédito concedido en Unidades de Poder
Adquisitivo Constante UPAC, para adquirir vivienda, se suspendieron a efectos
de permitir la reliquidación del crédito, de oficio o por petición del deudor;
y ii) que efectuada la reliquidación del crédito el proceso finalizó y la
actuación fue archivada. Sin perjuicio de que la acreedora, “si el deudor
incurriere nuevamente en mora”, haya iniciado otro proceso, sobre el
crédito previamente reliquidado y con documentos contentivos de una obligación
que así lo indican.
“Por consiguiente, el parágrafo 3° del
artículo 42 no estableció una modalidad de terminación por pago total de la
obligación, la que existía y siempre ha existido en el ordenamiento, sino la
finalización de los de los procesos ejecutivos en curso por ministerio de la
ley, sin consideración al estado del mismo, ni la cuantía del abono especial,
como tampoco de “las gestiones” del deudor para cancelar las cuotas insolutas
del crédito.
“Sin perjuicio de la facultad de la
acreedora de iniciar un nuevo proceso, una vez convertido el crédito y adecuado
los documentos que lo contienen, si el deudor no se aviene a la
reestructuración del crédito, e incurre en mora.
“El Parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley
546 de 1999 estableció, entonces, una forma extraordinaria de terminación, la
que a juicio de esta Corporación obedeció a la necesidad de hacerle frente a
una crisis económica de grandes proporciones, generada en el incremento
excesivo de los créditos otorgados en UPACS y en el aumento inusitado de
procesos ejecutivos, modalidad que persigue otorgar tanto a las entidades
prestamistas como a los deudores la posibilidad de reestructurar los créditos,
previo el abono especial ordenado en el artículo 40 de la misma disposición,
una vez efectuada la reliquidación del crédito, y adecuados documentos
contentivos de la obligación.
“Basta para sustentar lo expuesto
considerar que la Ley 546 de 2000 diseño un sistema de financiación de vivienda
a largo plazo, de aplicación general, que entró a regular “más de
ochocientas mil deudas hipotecarias contraídas a la luz de normas precedentes”,
al igual que “los innumerables pleitos ejecutivos o de reclamo de las sumas
pagadas”, “inocultables síntomas de perturbación social ocasionado por
el aumento exagerado de las tasas de interés, por la vinculación de la DTF al
cálculo de la unidad de poder adquisitivo constante y por la capitalización de
intereses en las obligaciones contraídas con el sector financiero”[16].
“Pero no fue lo único, a juicio de la Corte
“el conjunto de las disposiciones puestas en vigencia obedeció a una legítima
actitud del legislador, quien quiso adelantarse, mediante reglas ordinarias, a
la circunstancia de una posible declaración de estado de emergencia económica y
social (..), motivada en que “las deudas en UPAC se hicieron impagables en la generalidad
de los casos, en términos tales que se extendió la mora y que la cartera
hipotecaria de difícil o imposible cobro creció desmesuradamente, conduciendo a
la instauración de incontables procesos ejecutivos, de remates y de daciones en
pago, con las naturales consecuencias negativas para la economía  y para la
estabilidad del crédito”[17].
“Y aún hay más, el legislador previó nuevas
reglas en la relación contractual de las entidades financieras y los usuarios
del crédito de vivienda, en cuanto dispuso i) dotar a los contratos de
seguridades, mediante la adopción de condiciones uniformes para los documentos
contentivos de las condiciones de crédito y sus garantías; y ii) conferir
certidumbre a la relación jurídica desde su iniciación, en cuanto los
establecimientos financieros adquirieron el deber de informar a sus deudores
las proyecciones de los créditos, para el periodo anual, a fin de que éstos
consigan adecuar sus finanzas al comportamiento de su obligación.
“Asunto éste de especial interés, que opera
en relación con todos los créditos, como quiera que se trata de facilitar las
condiciones para que todos los deudores “gocen de los indispensables
conocimientos y documentos respecto de sus créditos, para formular, si lo
consideran pertinente, las reclamaciones a que haya lugar”; como también de
permitirles a reestructuración del crédito, de acuerdo con su real capacidad de
pago[18].
“Por ello el artículo 39 de la misma
disposición prevé la necesidad de adecuar “los documentos contentivos de las
condiciones de los créditos de vivienda individual a largo plazo, desembolsados
con anterioridad a la fecha de la vigencia de la presente ley a las
disposiciones previstas en la misma”, en un plazo de ciento ochenta (180) días
contados a partir de su vigencia.
“No sobra advertir, al respecto, que la
finalización de los procesos en curso, en los términos del parágrafo 3° del
artículo 42 de la Ley 546 de 1999, es una modalidad especial en cuanto da lugar
a la terminación de los procesos sin efectos de cosa juzgada material y sin
novar la obligación, por disposición expresa de la ley.
“Para finalizar procede recordar que esta
Corporación consideró contrarias a la Carta los apartes de las disposiciones
confrontadas que distinguían, para efectos de las reliquidaciones, entre los
créditos que el 31 de diciembre se encontraban al día y los que a la misma
fecha se hallaban en mora, por cuanto “ la verdadera fuente del derecho de
todos ellos de las obligaciones correlativas en cabeza de las instituciones
financieras acreedoras (reliquidar y abonar o devolver lo pagado de más) era
precisamente el efectivo traslado patrimonial de recursos a las entidades
prestamistas, lo que causó el problema social que el legislador quiso solucionar.”[19]
“En suma, una vez concluido el trámite de
la reliquidación del crédito, los procesos iniciados antes del 31 de diciembre
de 1999, iniciados para hacer efectivas obligaciones hipotecarias convenidas en
UPACS, terminaron por ministerio de la ley, pero una vez adecuados los
documentos contentivos de la obligación dichos procesos pudieron haberse
iniciado nuevamente, esta vez para solucionar créditos convenidos en UVR(s); si
el deudor no convino en la reestructuración del crédito o incumplió la
convenida, a fin de satisfacer efectivamente al acreedor.
“Porque así lo dispone el parágrafo 3° del
artículo 42 de la Ley 546 de 1999, normatividad expedida con el objeto de
solucionar una crisis social y económica de grandes proporciones, motivada en
gran parte por el gran número de procesos ejecutivos en curso i) dado que las
obligaciones superaron el monto de pago de los deudores, y en muchos casos el
valor de las viviendas; ii) en razón de que los deudores fueron compelidos a
trasladar a las entidades prestamistas sumas superiores a lo realmente
adeudado; y iii) toda vez que los obligados no conocían el monto de sus
obligaciones, siéndoles imposible proyectar sus pagos, como también solicitar
la reestructuración del crédito para adecuarlo a sus reales condiciones de
pago.”
3.2 Así pues, en la Sentencia en cita se explicó in
extenso la razón constitucional por la cual debían darse por terminados los
procesos ejecutivos hipotecarios en curso, dentro de los cuales se había
llevado a cabo la reliquidación del crédito en UVRS según lo dispuesto por el
artículo 42 de la Ley 546 de 1999.
Posteriormente, en la Sentencia T- 701 de 2004[20] la Corte resolvió la
demanda de tutela instaurada por la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda
-CONAVI-, ahora CONAVI Banco Comercial y de Ahorros S.A., contra la Sala
Unitaria de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín. La entidad
demandante estimaba que sus derechos al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la prevalencia del derecho sustancial  y “a la
defensa y a la tutela efectiva de los derechos” le habían sido desconocidos por
la Corporación judicial demandada, al declarar la nulidad de lo actuado y
disponer la terminación del proceso ejecutivo hipotecario promovido por la
demandante en contra de una deudora de un crédito hipotecario en mora, en razón
de haberse reliquidado dentro del tal proceso dicho crédito, denominándolo en
UVRS cuando había sido originalmente concedido en UPACS.
Como el problema central giraba en torno
de la interpretación del alcance del parágrafo 3 del artículo 42 de la Ley 546
de 1999, la Corte recordó nuevamente cuáles eran los objetivos generales de esa
ley, y cuál el objetivo específico de la suspensión de los procesos ejecutivos
en curso a 31 de diciembre de 1999; se refirió también a las consideraciones
expuestas en la Sentencia C-955 de 2000 en torno de dicho parágrafo 3,  y a las
dos interpretaciones que venían dándose por los jueces ordinarios respecto de
la norma y de la sentencia mencionada. Se dijo entonces lo siguiente:
“La Ley 546 de 1999 y la sentencia C-955 de 2000: el problema de la
suspensión de los procesos ejecutivos en curso.
“11. La Ley 546 de 23 de diciembre de 1999
“por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los
objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno
Nacional para regular un sistema especializado para su financiación, se crean
instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, se dictan medidas
relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y
negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones”, estableció las
normas y los criterios generales a los cuales debe circunscribirse el Gobierno
Nacional para regular los sistemas de financiación para la adquisición de
vivienda individual a largo plazo, ligada al índice de precios al consumidor, y
las condiciones especiales que regularán la materia en punto de vivienda de
interés social urbano y rural. En la misma disposición (par. 2) se señaló que
las entidades podrán otorgar créditos de vivienda denominados en moneda legal
colombiana o unidades de valor real (UVR), siempre que los sistemas de pago no
contemplen capitalización de intereses, ni sanciones por prepagos totales o
parciales.
“El objetivo de la Ley 546 de 1999, según
se indica en el artículo 2° de tal normatividad, es fijar las condiciones
necesarias para garantizar el derecho constitucional a la vivienda digna[21], a través de la
regulación por parte del Gobierno Nacional de un sistema especializado de
financiación de vivienda de largo plazo. Los objetivos y criterios a los cuales
estará ceñida tal regulación serán,  (i) proteger el patrimonio de las familias
representado en vivienda, (ii) proteger y fomentar el ahorro destinado a la
financiación y a la construcción de vivienda, manteniendo la confianza del
público en los instrumentos de captación y en los establecimientos de crédito
emisores de los mismos, (iii) proteger a los usuarios de los créditos de
vivienda, (iv) propender por el desarrollo de mecanismos eficientes de
financiación de vivienda a largo plazo, (v) velar para que el otorgamiento de
los créditos y su atención consulten la capacidad de pago de los deudores, (vi)
facilitar el acceso a la vivienda en condiciones de equidad y transparencia,
(vii) promover la construcción de vivienda en condiciones financieras que hagan
asequible la vivienda a un mayor número de familias, y (viii) priorizar los
programas y soluciones de vivienda de las zonas afectadas por desastres
naturales y actos terroristas.
“12. Frente a la crisis social y económica
provocada, entre otras cosas, por la cesación generalizada de pagos de los
deudores hipotecarios y por los procesos ejecutivos iniciados con ocasión de la
mora en el cumplimiento de sus obligaciones, la ley desarrolló varias
soluciones. Tomó en consideración para ello que el monto de las deudas superó
la capacidad de pago de los deudores y –muchas veces- el valor de las
viviendas, que los mismos tuvieron que cancelar sumas superiores al valor de lo
que las sentencias de la Corte Constitucional sobre el sistema UPAC encontraron
equitativo, y que el sujeto pasivo de la obligación no podía proyectar sus
pagos –en tanto no conocía el valor de la acreencia- y tampoco podía
reestructurar el crédito para adecuarlo a sus posibilidades de pago.
“13. Una de las estrategias contempladas en
la Ley 546 para hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda, de
conformidad con lo consagrado en el artículo 40 de tal regulación, es la
inversión social del Estado de unas sumas (previstas en los artículos
subsiguientes) para abonarlas a las obligaciones, vigentes a la fecha, que hubieran
sido adquiridas con establecimientos de crédito para la financiación de
vivienda individual a largo plazo y para contribuir a la formación del ahorro
que permita formar la cuota inicial de los deudores que hayan entregado en
dación en pago sus viviendas.
“Los abonos a los créditos que se
encontraran al día, sobre los saldos vigentes a 31 de diciembre de 1999 de los
préstamos otorgados por los establecimientos de crédito para la financiación de
vivienda individual a largo plazo, serían hechos siguiendo las pautas fijadas
en el artículo 40 de la ley en mención. Los deudores hipotecarios que
estuvieran en mora a 31 de diciembre de 1999 (hipótesis regulada por el
artículo 42 de la Ley 546), serían beneficiarios de los abonos contemplados en
el artículo 40, siempre y cuando manifestaran su pretensión de acogerse a la
reliquidación del crédito dentro de los 90 días siguientes a la vigencia de la
ley. Para el caso concreto objeto de revisión en el presente fallo, resulta
particularmente relevante el parágrafo 3° del artículo 42, por cuanto la
interpretación dada al mismo por la Sala demandada sirve de fundamento al cargo
de vulneración de los derechos fundamentales de la entidad actora. Dicho
parágrafo señala los efectos de la conversión del crédito hipotecario, de la
reliquidación del crédito y de la conversión de los documentos contentivos del
mismo para los procesos en trámite a 31 de diciembre de 1999, en los siguientes
términos:
“Los deudores cuyas obligaciones se
encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos judiciales que dentro
de los noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley
decidan acogerse a la reliquidación de su crédito hipotecario, tendrán derecho
a solicitar suspensión de los mencionados procesos. Dicha suspensión podrá
otorgarse automáticamente por el juez respectivo. En caso de que el deudor
acuerde dentro del plazo la reliquidación de su obligación, de conformidad con
lo previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se procederá a
su archivo sin más trámite. Si dentro del año siguiente a la reestructuración
del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos se
reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola demostración de
la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y
previa actualización de su cuantía”.
“...
“Sentencia C-955 de 2000: el problema de la
terminación y archivo de los procesos judiciales en curso a 31 de diciembre de
1999.
“En punto del cuestionamiento del cual fue
objeto la suspensión de los procesos judiciales prevista en el parágrafo 3°, la
Corporación señaló que, dado que la cesación generalizada de pagos por parte de
los deudores de vivienda fue ocasionada más por un colapso generalizado del
sistema de financiación, que por la mera negligencia de los deudores, la
aplicación de alivios a tales obligaciones (reliquidación de créditos, abonos,
compensación y adecuación de títulos) debía encontrar un justo correlato en el
trámite de los procesos[22].
“No consideró, en cambio la Corte, que el
plazo de noventa días, contados a partir de la entrada en vigencia de la ley,
con el cual contaban los deudores en mora para acogerse a la reliquidación del
crédito –como condición necesaria para que fueran suspendidos los procesos en
curso- estuviese ajustada a los mandatos superiores. Señaló la Sala que “si
las condiciones objetivas que deben dar lugar a la mencionada suspensión no
dependen de haberse acogido o no a una reliquidación a la que todos los
deudores tenían derecho, se trata de un requisito que rompe la igualdad y que
injustificadamente condena a una persona, además de no recibir oportunamente el
abono que le corresponde, a no poder efectuar la compensación entre el abono y
lo que debe, y muy probablemente a ser condenada en el proceso”[23].
“De igual manera, para la Corte era
inexequible el inciso final del parágrafo en comento, que estipulaba que si
dentro del año siguiente el deudor incurre nuevamente en mora, los procesos
podrían reiniciarse en la etapa en la cual estaban en el momento en que operó
la suspensión, previa actualización de su cuantía, con la sola demostración de
la mora y la solicitud de la entidad financiera. Consideró el alto Tribunal que
esta disposición contravenía los derechos a la igualdad, al debido proceso y a
la administración de justicia, por cuanto situaciones jurídicas distintas
estaban siendo tratadas de manera idéntica. Es decir, si el deudor vuelve a
constituirse en mora, ello implica que debe iniciarse un nuevo proceso y no
acumularse a uno que, por mandato legal ya había terminado. Concluyó la Corte
entonces al respecto:
“En efecto, es evidente que se trata de
situaciones jurídicas distintas, en cuanto la nueva mora, que al tenor del
precepto se constituye en hipótesis de la reanudación del proceso, debe dar
lugar a un proceso nuevo y de ninguna manera acumularse a la que había
propiciado el anterior, terminado, según el mismo mandato legal, con las
consecuencias que tiene la terminación de todo juicio. El acreedor goza, por
supuesto, del derecho a iniciar un nuevo proceso ejecutivo en contra de su
deudor, pero mal puede retomarse el proceso expirado, en la etapa en que se
encontraba cuando se produjo la suspensión, puesto que ello significa atribuir
efectos ultra activos a situaciones previas ya definidas, combinándolas con
hechos nuevos, en contra de una de las partes, con notorio desequilibrio en la
relación procesal. Serán declaradas inexequibles, en este parágrafo, las
expresiones "que dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada
en vigencia de la presente Ley decidan acogerse a la reliquidación de su
crédito hipotecario", "dentro del plazo" y "si dentro del
año siguiente a la reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente
en mora, los procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con
la sola demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento
de la suspensión, y previa actualización de su cuantía"”[24].
Explicado lo anterior, la Sentencia de
tutela en cita recordó el nuevo texto del parágrafo 3° del artículo 42 de la
Ley 546 de 1999, tal y como vino a quedar después de la declaratoria de
inexequbilidad parcial llevada a cabo mediante la Sentencia C-955 de 2000.
Dicho tenor es el siguiente:
“Parágrafo 3. Los deudores cuyas obligaciones se
encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos judiciales, tendrán
derecho a solicitar suspensión de los mencionados procesos. Dicha suspensión
podrá otorgarse automáticamente por el juez respectivo. En caso de que el
deudor acuerde la reliquidación de su obligación, de conformidad con lo
previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se procederá a su
archivo sin más trámite”.
Tras recordar el texto actual de parágrafo
3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, el fallo en comento se refirió así a
las dos interpretaciones que del mismo venían haciendo los jueces ordinarios:
“La terminación de los procesos ejecutivos
en curso, como consecuencia jurídica adjudicable a ciertos supuestos de hecho,
es un punto coincidente en ambas interpretaciones de la norma. Así, los jueces
aceptan uniformemente que el proceso ejecutivo debe terminar cuando luego de
efectuada la reliquidación del crédito (a) no quedan saldos insolutos a favor
de la entidad bancaria, (b) aunque hay saldos insolutos, los mismos son
cancelados por el deudor y (c) hay saldos de la deuda, pero los extremos de la
obligación acuerdan la reestructuración del crédito. El punto de controversia
se circunscribe a aquellos casos en los cuales, luego de efectuada la
reliquidación del crédito –ya sea a petición de parte o ya sea de manera
oficiosa por el juez- hay saldos insolutos a favor del acreedor y el deudor no
acuerda la reestructuración del crédito con la entidad financiera. En ese
evento, conforme a la interpretación del actor y de la Sala de Casación Civil,
el ejecutivo debe proseguir; por el contrario, según la interpretación de la
sentencia impugnada del Tribunal Superior de Medellín, también en este caso, el
proceso ejecutivo cesa.
Tras profundizar en los fundamentos en que
se apoyaban cada una de estas dos interpretaciones del referido parágrafo
tercero, la Corte encontró que la interpretación del Tribunal no podía
“calificarse como caprichosa o injustificada, en tanto expone como base de su
decisión argumentos admisibles, de conformidad con la normatividad y la
jurisprudencia vigentes.” Ese sólo hecho, dijo el fallo, era suficiente para
negar el amparo solicitado, pues la interpretación del Tribunal era razonable.
Empero, la Corte encontró argumentos
adicionales para respaldar la interpretación de la norma según la cual los
procesos ejecutivos en curso debían darse por terminados luego de la
reliquidación del crédito. Al respecto se vertieron las siguientes
consideraciones:
“21- En primer lugar, el argumento del
Tribunal demandado, según el cual la Ley 546 de 1999 ordenó la terminación de
todos los procesos ejecutivos hipotecarios en curso a 31 de diciembre de 1999,
armoniza con el sentido de las declaratorias de inexequibilidad de la sentencia
C-955 de 2000. En efecto, dicha providencia señala expresamente como objeto de
la suspensión de los procesos ejecutivos la realización de la reliquidación del
crédito y, a su vez, la reliquidación de los créditos es señalada como
condición necesaria y suficiente para la terminación de los procesos. El
parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 disponía, en un aparte que
fue declarado inexequible, que sólo si el deudor manifestaba por escrito a la
entidad financiera el deseo de acogerse a la reliquidación de su crédito,
dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de la ley, habría lugar a la
realización del mismo. Ahora bien, si luego de la sentencia de control, la
reliquidación debía aplicarse a todos los créditos hipotecarios, así el deudor
no se hubiera manifestado en tal sentido, y si, además, la reliquidación era la
condición de terminación de los procesos, puede concluirse válidamente que la
consecuencia ineludible de la reliquidación es la terminación de los procesos
ejecutivos hipotecarios. La tesis de la continuidad del procesos ejecutivos en
aquellos casos en los que, luego de efectuada la reliquidación, quedaron saldos
en mora y, además, no hubiera habido acuerdo de reestructuración de la
obligación, podía ser admisible antes de la sentencia de control. Luego de
proferida dicha providencia, la tesis de la continuación de los procesos
ejecutivos, aunque tiene algún sustento en la función del proceso ejecutivo,
que es lograr el pago integral del crédito, en cambio no se adecua a la
sentencia C-955 de 2000.
“...
“Y es que la propia sentencia C-955 de 2000
dice expresamente que la condición para dar por terminados los procesos
ejecutivos hipotecarios en trámite a 31 de diciembre de 1999 era la
reliquidación de la deuda y no hace distinción alguna respecto de la existencia
de saldos insolutos o de que se hayan o no logrado acuerdos de
reestructuración. Dice literalmente dicha sentencia:
“En ese orden de ideas, la suspensión de
los procesos en curso, ya por petición del deudor, o por decisión adoptada de
oficio por el juez, tiene por objeto que se efectúe la reliquidación del
crédito y, producida ella, debe dar lugar a la terminación del proceso y a su
archivo sin más trámite, como lo ordena la norma, que en tal sentido, lejos de
vulnerar, desarrolla el postulado constitucional que propende al
establecimiento de un orden justo (Preámbulo y artículo 2 C.P.) y realiza los
principios de prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C.P.) y de acceso a
la administración de justicia (art. 229 C.P.) (subrayas fuera del texto
original)[25].”
“22- En segundo lugar, la hermenéutica del
tribunal armoniza con el tenor literal del artículo 42 de la Ley 546 de 1999,
tal y como éste quedó luego del control de constitucionalidad del cual fuera
objeto por la sentencia C-955 de 2000. En efecto, si en el parágrafo 3º del
artículo 42 de la Ley 546 de 1999 no es posible asimilar acuerdo de
reliquidación con reestructuración, como ya ha sido señalado, no es admisible
el argumento según el cual cuando aparece la primera expresión (acuerdo de
reliquidación) debe entenderse la segunda (reestructuración) por una presunta
imprecisión del legislador en el empleo de los términos. Lo que la norma
prescribe es que, luego de efectuada la reliquidación sobre todos los créditos,
pesaba sobre el banco el deber de reestructurarlos...
“Quiere decir lo anterior que los
acreedores no pueden excusarse en la falta de acuerdo de reestructuración con
el deudor, por cuanto, si éste era necesario, las entidades financieras tenían
la obligación de efectuarlo. En suma, la reliquidación, luego del aparte
declarado inexequible por la sentencia de control de constitucionalidad, debía
ser aplicada a todos los créditos hipotecarios. En el mismo sentido, de
conformidad con el artículo 42, las entidades bancarias tenían la obligación de
condonar los intereses de mora y de reestructurar el crédito si era necesario.
Si no lo hicieron respecto de los créditos objeto de procesos ejecutivos –que
obviamente eran los que más los requerían-, no es admisible imponer a los
demandados las consecuencias adversas de la falta de cumplimiento de ese deber,
por cuanto éste pesaba sobre las entidades financieras.
“23- En tercer lugar, dicha interpretación
se ajusta además a la función del proceso ejecutivo, que es lograr el pago de
una obligación, pero cuando la obligación se encuentra vencida. Ahora bien, si
después de la sentencia C-955 de 2000, es claro que en todos estos procesos
ejecutivos debía existir reliquidación, y que una vez efectuada ésta, la
entidad financiera debía condonar los intereses de mora, entonces es razonable
suponer que, conforme a dicha norma, el incumplimiento cesaba por mandato de la
ley, y el proceso ejecutivo perdía su objeto, por lo cual debía también
terminar. Precisamente por ello, el parágrafo señala que una vez acordada la
reliquidación por el deudor, (que es distinta a la reestructuración), entonces
el  proceso ejecutivo cesa y debe ser archivado.
“24- En cuarto lugar, la tesis del tribunal
armoniza igualmente con el sentido que se debe atribuir a la expresión “acuerdo
de reliquidación” contenida en el parágrafo 3, una vez adoptada por la
Corte la sentencia C-955 de 2000. Según la parte final de ese parágrafo, tal y
como quedó con posterioridad a la mencionada sentencia C-955 de 2000, en “caso
de que el deudor acuerde la reliquidación de su obligación, de conformidad con
lo previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se procederá a
su archivo sin más trámite”. El actor y la Sala de Casación Civil entienden
que se trata de un acuerdo de reestructuración, pero que el parágrafo lo
denominó impropiamente acuerdo de reliquidación. Pero ese argumento no es
convincente por cuanto el significado originario de esa expresión, antes de la
sentencia C-955 de 2000, hacía alusión claramente a que el deudor debía
solicitar y acordar una reliquidación, pues el artículo 42 señalaba que los
deudores, cuyas obligaciones se encontraban vencidas y sobre las cuales recaían
procesos judiciales,  podían dentro de los noventa (90) días siguientes a la
entrada en vigencia de la ley acogerse a la reliquidación de su crédito
hipotecario, y en tal caso podían solicitar suspensión de los mencionados
procesos. Y si efectivamente dentro de ese plazo, acordaban la reliquidación,
entonces el proceso se daba por terminado. Esto significa que en la regulación
originaria, el deudor debía solicitar y acordar la reliquidación dentro de un
plazo determinado. Pero, como ya se explicó, precisamente esa exigencia
originaria de la ley fue declarada inexequible por la sentencia C-955 de 2000,
que consideró que las reliquidaciones debían operar por ministerio de la ley,
sin necesidad de solicitud del deudor. Por consiguiente, después de la
sentencia C-955 de 2000, cuando la norma establece un acuerdo de reliquidación
como condición para dar por terminados los procesos ejecutivos, lo hace por
cuanto los demandados contaban con un término de tres meses para objetarla. En
tal sentido, puede entenderse que, si la reliquidación no fue objetada, medió
un acuerdo tácito del deudor  respecto de la misma, y los procesos ejecutivos cesan.
“25- Como quinto punto, puede afirmarse
que, tanto la Ley 546 de 1999, como la sentencia de control de
constitucionalidad, destacaron como objetivo central del cambio de sistema de
liquidación de créditos para adquirir vivienda, la necesidad de posibilitar a
los deudores acceder a dichos bienes a través de créditos ajustados a la
Constitución, teniendo en cuenta la crisis generalizada de pagos de los
deudores. Los alivios debían lograr restablecer, en lo posible, la capacidad de
pago de dichos deudores. Sin embargo, esto sería prácticamente imposible si los
procesos ejecutivos continuaran, debido, entre otras cosas, a la cláusula
aceleratoria que contemplan los títulos valores. Dicha cláusula aceleratoria
permite al portador del título valor suscrito por el deudor declarar vencida de
manera adelantada toda la obligación, dar así por extinguido el plazo convenido
y hacer exigibles los saldos pendientes. En ese orden de ideas, encontrándose
el deudor en mora por la totalidad del crédito de vivienda, la posibilidad de
impedir que, con ocasión del proceso ejecutivo pierda el bien objeto de
garantía real, es remota. Los préstamos de vivienda son generalmente otorgados
para ser cancelados en el largo plazo. Por ende, si se ejecuta al deudor por el
monto total de la obligación difícilmente podrá reunir  el monto total para
evitar la pérdida de su inmueble.
Cabe reiterar que la finalidad de la ley no
era sólo reliquidar con un nuevo sistema los créditos para adquirir vivienda.
Era también permitir a los deudores acceder a tales inmuebles en condiciones
más justas y equitativas, y brindar alivios financieros para enfrentar una
crisis generalizada de pagos.
...
26- Directamente ligado a lo anterior, en
sexto término, la interpretación de la sentencia del Tribunal desarrolla en
mejor forma los principios constitucionales relativos a la protección del
derecho a la vivienda. Uno de ellos es el principio de los “gastos
soportables”, ampliamente desarrollado por la doctrina internacional de los
derechos humanos...
27- La consideración precedente muestra
además, en séptimo término, que una ponderación de los eventuales derechos
constitucionales afectados por una u otra interpretación favorece la tesis de
la terminación de todos los procesos ejecutivos. Así, los derechos en conflicto
son el acceso a la justicia de las entidades financieras y el derecho a la
vivienda digna de los deudores hipotecarios. Ahora bien, la tesis sostenida por
el actor y por la Sala de Casación Civil sobre la continuación de los procesos
ejecutivos, aunque favorece el derecho de acceso a la justicia de las entidades
financieras, en muchos casos implica la imposición de gastos insoportables a
los deudores, quienes muy probablemente terminarían perdiendo la vivienda, lo
cual  no sólo afecta considerablemente el derecho a la vivienda digna, sino que
además terminaría desconociendo uno de los propósitos esenciales de la Ley 546
de 1999, que fue restablecer la capacidad y posibilidad de pago de dichos
deudores. Por el contrario, la tesis de la terminación y archivo de los
procesos ejecutivos, sostenida por la sentencia impugnada, no tiene efectos tan
traumáticos sobre el derecho de acceso a la justicia de las entidades
bancarias. Es cierto que éstas tienen la carga de iniciar nuevos procesos
ejecutivos en caso de que los deudores de vivienda se constituyan nuevamente en
mora, pero las mismas gozan, por ministerio de la ley, de iguales garantías
para perseguir el cumplimiento de la obligación. Es decir los títulos
ejecutivos fueron convertidos, ope legem, de Upac a Uvr, permaneciendo
también la garantía real de hipoteca sobre los bienes inmuebles.
3.3. Así pues, la Corte ha abundado en
razones para explicar por qué razón, tras la expedición de la Sentencia C-955
de 2000, la interpretación del parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de
1999 que se acomoda a la Constitución es aquella que indica que, tras la
reliquidación del crédito en UVRS, los procesos ejecutivos seguidos en contra
de deudores morosos de créditos de vivienda adquiridos en UPACS deben darse por
terminados.
3.4  Esta línea jurisprudencial ha sido
acogida también por el h. Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta-, Corporación que en la sentencia de 12 de
diciembre de 2002, proferida en sede de tutela, expuso lo siguiente:
“Pero según lo establecido en el parágrafo
3º del artículo 42 de la ley 546 de 1999 y de conformidad con la sentencia
C-955 de 26 de julio de 2000 dictada por la Corte Constitucional, producida la
reliquidación del crédito debió terminarse el proceso y proceder a su archivo,
sin más trámite. Y la nueva mora en que incurriera daría lugar a la iniciación
de un nuevo proceso contra los deudores, pero no podía acumularse a la que
había motivado el proceso ejecutivo iniciado por Concasa contra los
demandantes.”[26]
3.5. Empero, la presencia de la anterior línea
jurisprudencial vertida por esta Corte y también por el Consejo de Estado no es
suficiente para que pueda entenderse de manera general que la acción de tutela
prospera para lograr la terminación del proceso que en aquellos juicios
ejecutivos dentro de los cuales se llevó a cabo la reliquidación del crédito,
pero que, no obstante esa circunstancia, el juez no decretó la terminación
inmediata del proceso. En efecto, para que la acción de amparo prospere para
tales objetivos, es menester que se hayan utilizado infructuosamente los medios
ordinarios de defensa dentro del proceso en curso. Pasa la Sala a recordar la
jurisprudencia vertida al respecto.
4. La acción de tutela como mecanismo para
lograr la terminación de procesos ejecutivos en curso, en razón de haberse
producido dentro de ellos la reliquidación en UVRS del crédito inicialmente
pactado en UPACS.
Mediante la Sentencia T-535 de 2004[27] esta Corporación
revisó la decisión adoptada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia, dentro de una tutela interpuesta por una ciudadana contra el
Juzgado 16 del Circuito y el Banco A.V. Villas. En ese caso, “en el Juzgado
demandado cursaba un proceso ejecutivo contra la demandante, por el
incumplimiento en el pago de su obligación hipotecaria. Luego de efectuada la
reliquidación, el proceso no terminó, sino que se levantó la suspensión de
términos ordenada por la ley, y se siguió adelante con la ejecución. Consideró
entonces la actora que esta decisión vulneraba su derecho al debido proceso, a
la vivienda digna y al acceso a la administración de justicia. Consideró la
Corte que la jurisprudencia en relación con la competencia del Juez ordinario
para tramitar las discusiones que se susciten entre las partes en un proceso
ejecutivo hipotecario, deben ser resueltas al interior del proceso y sólo
excepcionalmente por el Juez de tutela”.[28]
En efecto, en
esa ocasión la Corte, recordando lo afirmado en la Sentencia SU-846 de 2000[29],  sostuvo que en el
caso concreto que examinaba no existía dentro del proceso ejecutivo que
motivaba la acción de tutela ninguna solicitud de la actora encaminada a que el
juez diera por terminado el proceso y la única actividad que había realizado
era la objeción que había presentado en contra del avalúo del inmueble; en
estas condiciones, la Sala entendió que no se daba la violación al debido
proceso, pues si la peticionaria no había hecho uso de las herramientas que la
ley procesal había puesto a su disposición dentro del proceso, ni había pedido
la terminación del mismo, no podía sostenerse válidamente la violación de
derechos que mencionaba. Y para denegar la protección invocada en la demanda,
concluyó con lo siguiente:
“Por consiguiente, en esta acción de
tutela, simplemente se reiterará la jurisprudencia que de tiempo atrás ha
expuesto la Corte en relación con acciones de tutela presentadas en medio del
desarrollo de un proceso judicial, que se puede sintetizar así: la acción de
tutela no procede cuando se está desarrollando un proceso judicial, en donde
las partes han tenido la oportunidad de proponer los argumentos que,
precisamente, motivan la acción de tutela, y no lo han hecho. Pues, es el juez
natural del proceso es el competente para resolverlos. Sólo cuando la decisión
judicial se convierte en una vía de hecho, y puede causar un perjuicio
irremediable, el juez constitucional, excepcionalmente, puede conceder la
tutela.
“Estas razones hacen improcedente esta
acción de tutela contra el juzgado y la entidad financiera, por lo que habrá de
confirmarse la decisión que se revisa, de la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, que confirmó, a su vez, la denegación que hizo el Tribunal
Superior de Bogotá, Sala de Decisión Civil, porque la actora no ha pedido
dentro del proceso ejecutivo hipotecario la terminación del mismo, y no es la
acción de tutela la vía para remediar la incuria del interesado, argumentos que
comparte esta Sala de Revisión.”[30]
5. El caso concreto.
5.1 Visto el anterior recuento
jurisprudencial que orienta la decisión que habrá de tomarse en este caso,
procede la Sala a examinar el desarrollo del proceso ejecutivo hipotecario que
motivó la presente demanda de tutela, para establecer si, dentro de él, los
aquí demandantes tuvieron oportunidad de solicitar la terminación del proceso
por reliquidación del crédito, y si hicieron uso de ese mecanismo de defensa
ordinario o permitieron que pretermitiera esa oportunidad. El anterior examen,
que se lleva a cabo a partir de la copia del proceso ejecutivo que obra en el
expediente de tutela, da cuenta del siguiente desarrollo del trámite:
a. El día 28 de diciembre de 1999, la
Corporación Social de Ahorro y Vivienda Colmena -hoy Banco Colmena-  mediante
apoderado judicial presentó demanda ejecutiva con título hipotecario en contra
de los señores Gustavo Arango Jaramillo y Cecilia María Trujillo Ramírez. La
demanda fue repartida al Juzgado Doce Civil del Circuito de Medellín.
b. El día 7 de diciembre del mismo año, el
referido Despacho judicial libró mandamiento ejecutivo por la cantidad de
1.293.6200 UPACS, equivalentes, para esa fecha a la suma de $20´748.655,78;
decretó también el embargo y secuestro de dos inmuebles hipotecados
(apartamento y garaje) y ordenó la posterior notificación a los demandados.
c. Registrado el embargo decretado, y
nombrado y posesionado el secuestre,  el juez libró despacho comisorio a la
inspección municipal de policía correspondiente, para llevar a cabo la
diligencia de secuestro de los inmuebles hipotecados, diligencia que tuvo
efecto sin oposición el día 21 de junio de 2000, siendo atendida por el mismo
demandado, señor  Gustavo Arango Jaramillo.
d. La notificación de la demanda se produjo
el día 21 de septiembre de 2000, mediante edicto emplazatorio de conformidad
con lo prescrito por el artículo 318 del C.P.C., y posterior notificación
personal a los demandados surtida en el Despacho judicial el día 6 de octubre
del mismo año respecto del señor Gustavo Adolfo Arango J, y el 17 de enero de
2001 respecto de la señora Cecilia María Trujillo Ramírez.
e. Notificada la demanda, mediante apoderada
judicial el demandado Gustavo Adolfo Arango J. interpuso el recurso de
reposición y en subsidio el de apelación en contra del mandamiento de pago.
Para sustentar tales recursos, se expusieron, entre otros, los siguientes
argumentos de derecho: (i) que el mandamiento de pago resultaba contrario a la
ley, por cuanto el sistema UPAC estaba basado en normas que habían sido
declaradas inconstitucionales por esta Corporación mediante las sentencias
C-383, C-700 y C-747 de 1999, “en las cuales no solo se ordenó al órgano
legislativo la creación mediante una ley marco, de un nuevo sistema de
financiación de vivienda a largo plazo en el cual no se permita la
capitalización de intereses, sino que se dispuso para las entidades acreedoras
la obligación de revisar y reliquidar todos los créditos pactados en UPAC y
rembolsar a los deudores las sumas cobradas en exceso mediante dicho sistema”;
(ii) que en cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia C-700 de 1999, el
Congreso había expedido la Ley 546 de ese mismo año, “consagrando efectos
retroactivos a la reliquidación de los créditos en UPAC entre el 1° de enero de
1993 y el 31 de diciembre de 1999 y su conversión en UVR... Como puede verse,
en la ley se configuró como ordenamiento positivo la obligación para las
corporaciones de ahorro y vivienda y demás entidades del sistema financiero
reliquidar los créditos que al entrar a regir dicha ley se encontraban
vigentes, y de abonar a favor de los deudores las diferencias resultantes por
la eliminación de la capitalización de intereses sobre intereses, de la
corrección monetaria ligada a la DTF, y otros cargos que habían sumado a las
deudas de los usuarios del crédito y que convirtieron en impagables sus
obligaciones”; (iii) que “con la promulgación de la ley 546 entró en vigencia
el nuevo sistema de financiación de vivienda basado en UVR. Es decir, que la
unidad de poder adquisitivo constante, UPAC, no existe en la actualidad y esto
conlleva a que la liquidación del crédito en la que se fundamenta el
mandamiento de pago proferido en contra de mi mandante, no posee validez, pues
el título valor base del recaudo  ya no cumple con los requisitos de ley para
prestar mérito ejecutivo, debido a que la obligación que contiene ya no es
clara ni expresa ni mucho menos exigible, conjuntamente con la demanda no fue
presentado el fundamento matemático y menos financiero que sirvió para lograr
el valor adeudado actualmente, muy diferente de lo estipulado en el pagare
según pretensiones de la demanda...”; (iv) debía el despacho, “a raíz de la
entrada en vigencia de la ley 546 de diciembre 26 de 1999, efectuar la
reliquidación y abonar la suma resultante al crédito, y presentar el detalle de
dicha reliquidación al despacho de una forma sencilla y en su defecto con las
explicaciones pertinentes de tal manera que resulte comprensible, de modo que
se debe establecer si una vez aplicado el alivio el demandado se encontraba
efectivamente en mora o si por el contrario estaba a paz y salvo perdiendo al
demanda incoada todo su sentido.” (v) “el 26 de julio de 2000, la corte
constitucional en su sentencia C-955, fijó los derroteros para una total
comprensión de la Ley 546, fallo que da una total claridad sobre el
procedimiento a seguir en estos procesos y que además sirve de base para que el
despacho a pesar de su omisión inicial corrigiera el error y sin embargo este
despacho tampoco tomó cartas en el asunto, permitiendo que se continuara con el
proceso sin que se hubiera dado cumplimiento a la orden de suspensión de los
procesos a efectos de ser reliquidados y ordenando la notificación de los
demandados.”
Con fundamento en las anteriores
consideraciones jurídicas, se solicitó revocar el mandamiento de pago, ordenar
el levantamiento de medidas cautelares y condenar a la demandada al pago de los
perjuicios ocasionados.
f.  Del anterior recurso de reposición
presentado por la parte demandada se dio traslado a la entidad demandante, la
cual se opuso arguyendo, entre otras cosas, que la demanda había sido
presentada y el mandamiento de pago proferido antes de la expedición de la Ley
546 de 1999 y de la Sentencia C-700 de 1999; por lo cual, de conformidad con lo
prescrito por el artículo 38 de la referida Ley, la obligación expresada en
UPACS debía entenderse ahora denominada en UVRS. Así, si bien era cierto que a
los demandados les asistía el derecho a solicitar la conversión de su
obligación, con las debidas connotaciones que ese cambio implicara, eso no
hacía que el título valor presentado como base de recaudo careciera en lo
sucesivo de validez , ni que debiera “operar la terminación d los procesos
iniciados antes de la vigencia de la ley, y quede sin efecto el mandamiento de
pago y las actuaciones posteriores, en la forma solicitada por la opositora...”
(Negrillas fuera del original).
g. Al resolver negativamente el recurso de
reposición, en decisión de febrero 5 de 2001 el Juez Doce Civil del Circuito de
Medellín consideró que la inconformidad del recurrente no devenía del
mandamiento de pago “en sí como acto procesal”, sino que proponía circunstancias
que debían ser objeto de trámite probatorio y plantearse como excepciones de
fondo.  Además, sostuvo que si el título base del recaudo no se encontraba
expresado en UVRS, se debía a que para esas fechas no estaba en vigencia el
nuevo sistema de financiación de vivienda previsto en la Ley 546 de 1999.
Empero, esa circunstancia no hacía que tal pagaré dejara de producir los
efectos que le eran propios, por lo cual, habiéndose hecho exigible la
obligación por vencimiento anticipado del plazo, no había razón para revocar el
mandamiento de pago.  Sin embargo, era oportunidad de requerir al demandante
para que, a fin de que diera cumplimiento a la Sentencia C-955 de 2000,
procediera a la conversión de UPAC  a PESOS y a UVR, conforme a la Ley 546 de
1999.
Denegado el recurso de reposición por el
inferior, concedió en el efecto devolutivo el de apelación ante el H. Tribunal
Superior de Medellín, Sala Civil.
g. El Tribunal Superior de Medellín, Sala
Civil, en decisión de Febrero 28 de 2001 declaró inadmisible el recurso de
apelación. No obra entro del expediente el cuaderno correspondiente donde
puedan leerse las razones de esta decisión.
h. De otro lado, independientemente del
trámite de los anteriores recursos interpuestos por la parte demandada en
contra del mandamiento de pago, en escrito separado se dio contestación a la
demanda oponiéndose a las pretensiones de la actora y proponiendo excepciones
de fondo para ser resueltas al momento de emitir sentencia[31]; en dicho escrito, la
abogada de los ejecutados sostuvo que, para la fecha en que Colmena había
presentado la demanda, los deudores se encontraban a paz y salvo con esa
Corporación, “pero por razones que aun no son muy claras, los pagos que hizo el
señor Gustavo Arango no fueron abonados oportunamente a la obligación,
generando un estado de mora que infló considerablemente el saldo de la deuda,
poniendo al deudor en imposibilidad de cancelar las cuotas que se generaban mes
a mes, ya que el cobro que le hacían era de la deuda total”.  Agregó que debía
declararse la prelación en la aplicación de las normas constitucionales y la
nueva ley de vivienda, ordenar una tasación justa de la obligación en
concordancia con las sentencias C-383, C-700 y C-747 de 1999 de la Corte
Constitucional y la 9280 del Consejo de Estado, declarar probadas las
excepciones, “dar por terminado el proceso”, levantar las medidas cautelares,
etc.
i. Del anterior escrito se corrió traslado
a la parte demandante, quien se opuso a todas las excepciones propuestas.
Agotado el anterior trámite, se señaló fecha para la audiencia de conciliación,
que tuvo lugar el día 3 de julio de 2001. Dentro de ella la parte demandante
aceptó que hubo abonos no tenidos en cuenta en la presentación de la demanda, y
que, incluyéndose los abonos que surgían de la reliquidación en UVRS, surgía
una “diferencia con lo planteado por el demandado”. Dicha audiencia no concluyó
en ningún acuerdo entre las partes.
j. Como pruebas se decretaron el dictamen
pericial de peritos especialistas en administración bancaria y financiera, las
documentales allegadas al expediente, y se ordenó oficiar a la Corporación
Colmena, al Departamento Administrativo Nacional de Estadística y al Banco de
la República, a fin de que certificaran sobre ciertos datos relevantes a la
hora de establecerle saldo de la obligación.
Dentro de las pruebas documentales
incorporadas al proceso, obraba la reliquidación del crédito aportada por la
entidad demandante, que fue objeto de reparos por parte de la parte pasiva,
arguyendo que no consultaba los criterios de interpretación utilizados por la
Corte Constitucional para declarar la constitucionalidad condicionada del
sistema UVR, pues dicha liquidación contemplaba una fórmula de interés
compuesto (intereses sobre intereses), declarados prohibidos por la corporación
judicial.
l. Mediante Sentencia proferida el 27 de
noviembre de 2002, el Juez doce Civil del circuito de Medellín decidió: a)
modificar el mandamiento de pago “ya que al haber reliquidación y con esta
la conversión de UPAC a UVR conforme al artículo 38 de la ley 546 de 1999, en
adelante la demanda será toda en UVR por lo que el capital asciende a la suma
de $28.424.948,58 que equivalen a 194.306,2077 UVR”; en cuanto a los
intereses de mora, estimó que  no se podían cobrar a la tasa máxima a partir de
julio de 1997, ya que conforme a la ley 546 de 1999, estaban condonados hasta
el 31 de diciembre de ese mismo año; por lo tanto, ordenó liquidar tal clase de
intereses únicamente a partir de 1° de enero de 2000, hasta el momento del pago
de la obligación, a una tasa equivalente a una y media veces el interés de
plazo; b) indicar que no prosperaban las excepciones propuestas por la parte
demandada; c) decretar la venta en pública subasta de los bienes inmuebles
embargados y secuestrados; d) ordenar a la parte demandante que presentara la
liquidación del crédito; y e) condenar en costas a los demandados.
m. La anterior Sentencia fue notificada por
edicto fijado el 3 de diciembre de 2002.
n. En escrito presentado el 29 de enero de
2003, la apoderada de la parte demandada propuso un “incidente de nulidad
constitucional”. Como fundamento de esta solicitud, adujo que durante el
trámite del proceso se había implementado un sistema de información
sistematizada del estado de los procesos, en el cual ella consultaba el estado
del proceso ejecutivo en curso, que se encontraba radicado bajo el número
1999-2600. Que dicho sistema de información no reportó movimiento del proceso a
partir del 5 de mayo de 2002; que el día 28 de enero de 2003, luego de hacer la
revisión a través de dicho sistema de información sistematizada y no estar
registrado allí movimiento alguno, se dirigió al Despacho judicial a fin de
entregar un memorial; al solicitar el expediente fue informada de que se había
proferido la sentencia; es decir, el sistema de información no había reportado
los avances del proceso, ello debido a una variación en el número de radicación
del expediente, llevada a cabo por el propio Despacho judicial.  Como prueba de
lo anterior, al escrito de nulidad se anexó copia de la información que arroja
el sistema con los dos números de radicación, referentes ambos al mismo
expediente, que no registran idénticos movimientos. Por lo anterior, la
apoderada de los demandados solicitó la nulidad de lo actuado desde la
radicación del segundo número de registro.
ñ) La anterior solicitud de nulidad fue
rechazada de plano por el Juez Doce Civil del Circuito de Medellín, por
fundarse en una causal distinta a las determinadas en el Capítulo Segundo del
C. de P.C. Recordó el Despacho, que como la sentencia no se había notificado
personalmente, lo había sido por edicto fijado el 3 de diciembre de 2002 y
desfijado el 5 del mismo mes y año.  Agregó que los errores del sistema de
información no constituían causales de nulidad.
o) Contra la anterior providencia se
interpuso oportunamente el recurso de apelación, que fue concedido en el efecto
devolutivo, ante el Tribunal Superior de Medellín. Esta Corporación judicial
confirmó el auto objeto de alzada, considerando que en el caso concreto no
podía afirmarse que se configurara causal de nulidad alguna, no sólo por no
estar consagrada expresamente en la ley procesal, sino por la actuación se
había desarrollado de manera legal y en forma no subrepticia, la sentencia se
había notificado pro edicto, y “el software de gestión es sólo una ayuda para
los abogados”, que no había derogado en parte alguna las normas de
procedimiento civil.
p) Presentada la liquidación del crédito
por la parte demandante, se dio traslado de ella a la parte demandada, quien la
objetó alegando: (i) la ilegalidad de los intereses de plazo que se cobraban,
en cuanto existía contradicción en la información suministrada por el mismo
Banco en lo relativo a la fecha en que se habría incurrido en mora. Esta
inconsistencia arrojaba incertidumbre sobre el valor de los intereses de plazo,
pues a partir de la fecha de constitución en mora no era dable cobrar tal
categoría de intereses; (ii) que la aplicación del alivio ordenado por la Ley
546 de 1999 era confusa, pues igualmente para llevarla a cabo se había partido
de información contradictoria obrante en el expediente, relativa a la fecha a
partir de la cual se habría incurrido en mora. Además, el alivio se había
aplicado a intereses de plazo, siendo que había debido ser aplicado
directamente al capital; (iii) que no se podían cobrar intereses de plazo a
partir de la constitución en mora, y que los intereses de plazo cobrados en
realidad eran de mora, y debían ser condonados;  (iv) que los saldos finales de
la obligación estaban afectados por los errores del Banco al aplicar pagos
anteriores, por la forma de aplicación del alivio, y por estar inflados por el
cobro de un interés de plazo que era ilegal; (v) que las dos liquidaciones del
crédito presentadas por el Banco durante el trascurso del proceso había
diferencias en los saldos que no eran explicadas, y que en ambas se presentaba
claramente la capitalización de intereses.
q) Mediante auto de 25 de agosto de 2003,
el Juez Doce Civil del Circuito de Medellín resolvió aprobar sin modificación
la liquidación del crédito presentada por la parte demandante. Este auto fue
objeto del recurso de apelación por la parte demandada. El  Tribunal Superior
de Medellín, Sala Civil, confirmó el auto apelado; en sustento de esta posición
adujo que no cabía duda en cuanto al pleno valor probatorio de los documentos
aportados como base del recaudo ejecutivo, dado que la Ley 546 de 1999 no había
tipificado una nueva o especial modalidad de ejecución. Antes bien, el artículo
39 de dicha ley indicaba que “...los pagarés mediante los cuales se
instrumenten las deudas así como las garantías de las mismas, cuando estuvieren
expresadas en UPAC o en pesos, se entenderán por su equivalencia en UVR, por
ministerio de la presente Ley.” Lo anterior significaba, dijo el Tribunal,
que los instrumentos negociables creados con el lleno de los requisitos legales
para ser pagados en UPAC mantenían vigencia y por consiguiente prestaban mérito
ejecutivo. Ahora bien, agregó el fallo, “respecto de los procesos ejecutivos
iniciados con anterioridad a la vigencia de la Ley 546 de 1999, como en el caso
sub examine, la única disposición vigente de esta ley con incidencia directa en
ellos lo constituye el parágrafo del artículo 42, que hace relación a la
facultad del deudor de solicitar la suspensión del proceso a fin de que se
efectúe la reliquidación del crédito; suspensión que también puede ocurrir de
oficio por parte del operador jurídico.” (Negrillas fuera del original)
De otro lado el Tribunal, refiriéndose a lo
prescrito por el numeral 2° del  artículo 17 de la citada ley 546 de 1999[32], afirmó que dicha
disposición había sido declarada exequible bajo el entendido de que lo que
debía ser objeto de actualización eran los saldos insolutos, a medida que se
pagaran las cuotas por el deudor, amortizando en ellas desde el principio a
capital. Por lo cual no le asistía razón a los demandados cuando aducían la
ilegalidad en el cobro de los intereses de plazo, lo cuales se ajustaban a la
ley y no se confundían con lo moratorios. Además, producida la reliquidación
del crédito en UVRS, se observaba que el abono producto de la misma había
cubierto apenas cuatro cuotas de las que estaban en mora, sin que con ello el
deudor hubiera quedado al día para la fecha de la demanda ejecutiva.
r) La anterior decisión se adoptó con el
salvamento de voto del magistrado Juan Carlos Sosa Londoño, quien sostuvo que
su posición sobre la aplicación de la Ley 546 de 1999 y la doctrina
constitucional frente a los procesos ejecutivos que estuvieron en trámite al
momento de entrar en vigencia dicha ley era que, producida la reliquidación,
debían terminar sin más trámite. En sustento de esta postura cito in extenso
las consideraciones vertidas en la sentencia SU-846 de 2000[33], las cuales se
complementaban, dijo, con las sentencias C-955 de 200 y C-1140 del mismo año,
así como con la T-606 de 2003. Por lo tanto, no era del caso entrar a
determinar si la reliquidación presentada por la entidad demandante se ajustaba
a los parámetros legales, sino que lo que interesaba eran los efectos
procesales resultantes de la reliquidación, que consistían en la terminación
del proceso y su archivo sin más trámites.
s) Mediante auto de julio doce de 2004, el
Juzgado Doce Civil del Circuito de Medellín fijó el día 24 de agosto de 2004
como fecha para la venta en pública subasta de los inmuebles objeto de medidas
cautelares.
t) Mediante memorial presentado ante el
Despacho Judicial donde se tramita el proceso ejecutivo en comento, los
demandados presentaron  copia de la presente acción de tutela, instaurada ante
la Corte Suprema de Justicia, y solicitaron suspender la diligencia de remate,
hasta tanto no se resolviera la acción constitucional en curso. En respuesta a
esta solicitud, el Juzgado Doce Civil del Circuito de Medellín resolvió
suspender la diligencia de remate programada, hasta que se resolviera la tutela
impetrada.
No obra en el expediente constancia de
actuación judicial posterior a la anteriormente reseñada.
5.2 El anterior recuento del desarrollo del
proceso ejecutivo hipotecario que motiva la presente acción permite a la Sala
tener elementos de juicio para establecer si en el presente caso la acción de
tutela está llamada a prosperar. En efecto, recuérdese que, conforme a la
jurisprudencia precedente de esta Corporación, es al juez ordinario a quien
inicialmente compete decidir las discusiones que se susciten dentro del trámite
procesal, y sólo excepcionalmente el juez de tutela está llamado a intervenir
para ello, requiriéndose que las partes hayan hecho uso de las herramientas que
la ley procesal puso a su disposición dentro del proceso, y que a pesar de ello
tales mecanismos hayan sido inanes para lograr la efectividad de su derecho al
debido proceso. En especial, recuérdese que, respecto de las solicitudes de
terminación de procesos ejecutivos hipotecarios por reliquidación del crédito
llevada a cabo en virtud de lo dispuesto por la Ley 546 de 1999, la Corte ha
señalado que a los interesados compete formularlas dentro del tales procesos, y
que sólo ante la negativa de los jueces de la jurisdicción ordinaria procede la
acción de tutela para lograr dicha terminación.
5.3. En la presente oportunidad, los
demandantes solicitaron al juez de tutela que protegiera sus derechos
fundamentales declarando la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso
ejecutivo hipotecario a partir del 1° de enero de 2000, fecha para la cual estiman
que se debió reliquidar debidamente el crédito, y dar por terminado el proceso.
A fin de acceder a esa solicitud, la Sala debe verificar que dentro del proceso
ejecutivo se haya planteado tal asunto ante el juez, el mismo haya denegado el
pedido, y la decisión haya sido recurrida infructuosamente.
Al respecto, del examen del expediente que
se ha llevado a cabo se desprende lo siguiente:
(i) Tan pronto se notificó la demanda, la
parte pasiva interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación
en contra del mandamiento de pago, alegando, entre otras cosas, que la unidad
de poder adquisitivo constante UPAC no existía en ese momento, lo que hacía que
la liquidación del crédito en la que se fundamentaba el mandamiento de pago no
poseyera validez, pues el título valor base del recaudo  ya no cumplía con los
requisitos de ley para prestar mérito ejecutivo, debido a que la obligación que
contenía ya no era clara, ni expresa, ni exigible. Agregó que recientemente
había sido expedida por esta Corporación la Sentencia C-955 de 1999, en la cual
se habían fijado los “derroteros para una total comprensión de la Ley 546”,
fallo que daba una total claridad sobre el procedimiento a seguir en estos
procesos, no obstante lo cual el juzgado había hecho caso omiso de lo allí
decidido. Con fundamento en estas consideraciones, entre otras, con la
formulación del recurso se solicitó revocar el mandamiento de pago, ordenar el
levantamiento de medidas cautelares y condenar a la demandada al pago de los
perjuicios ocasionados, es decir, dar por terminado el proceso ejecutivo en
curso.  El anterior recurso fue denegado, indicando el juez que lo que procedía
era requerir al demandante para que, a fin de que diera cumplimiento a la
Sentencia C-955 de 2000, procediera a la conversión de UPAC a PESOS y a UVR,
conforme a la Ley 546 de 1999. Contra el auto que denegó el recurso de
reposición se interpuso en tiempo el de apelación, que  fue decidido
confirmando el auto del inferior.
(ii) Paralelamente, en la contestación de
la demanda los demandados se opusieron a las pretensiones de la parte actora, y
formularon excepciones de fondo, entre ellas la de título inidóneo. Al
sustentar las mismas, solicitaron, entre otras cosas, que se declarara la
“prelación en la aplicación de las normas constitucionales y la nueva ley de
vivienda”, se ordenara una tasación justa de la obligación en concordancia con
las sentencias C-383, C-700 y C-747 de 1999 de la Corte Constitucional y la
9280 del Consejo de Estado, se declararan probadas las excepciones, se diera “por
terminado el proceso”, se levantaran las medidas cautelares, etc.  Mediante
Sentencia proferida el 27 de noviembre de 2002, el Juez Doce Civil del Circuito
de Medellín decidió modificar el mandamiento de pago “ya que al haber reliquidación
y con esta la conversión de UPAC a UVR conforme al artículo 38 de la ley 546 de
1999, en adelante la demanda será toda en UVR por lo que el capital asciende a
la suma de $28.424.948,58 que equivalen a 194.306,2077 UVR”; declaró que no
prosperaban las excepciones de mérito, por lo cual decretó la venta en pública
subasta de los bienes inmuebles embargados y secuestrados, ordenó a la parte
demandante que presentara la nueva liquidación del crédito y condenó en costas
a los demandados. La anterior sentencia no fue objeto de recurso de apelación,
pero la parte demandada propuso un incidente de “nulidad constitucional”,
arguyendo que la decisión del Juzgado de cambiar el número de radicación del
expediente en el sistema computarizado de información al usuario le había
impedido conocer oportunamente la notificación de la Sentencia, y la
interposición del mencionado recurso. La anterior solicitud de nulidad fue
rechazada mediante auto que fue objeto del recurso de alzada, y confirmado por
el superior.
(iii) Presentada la liquidación final del
crédito, la misma fue objetada por varias razones por la parte demandada. El
juzgado, no obstante, aprobó tal liquidación mediante auto que fue objeto del
recurso de apelación. El  Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, en la
decisión que confirmó el auto apelado, expresamente se refirió a lo dispuesto
por el parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, indicando que esa
disposición únicamente se refería a la facultad del deudor de solicitar la suspensión
del proceso a fin de que se efectuara la reliquidación del crédito, pero que
los instrumentos negociables creados con el lleno de los requisitos legales
para ser pagados en UPAC mantenían vigencia y por consiguiente continuaban
prestando mérito ejecutivo. Esta decisión se adoptó con el salvamento de voto
de uno de los magistrados integrantes de la Sala, que se apartó de la decisión
mayoritaria considerando que el proceso debió haber terminado con la
reliquidación del crédito, pues tal era la conclusión que devenía de la
doctrina constitucional fijada por la Corte Constitucional en lo relativo a los
procesos ejecutivos que estuvieron en trámite al momento de entrar en vigencia
la mencionada Ley 546.
5.4 Del anterior examen probatorio llevado
a cabo sobre la copia del expediente correspondiente al proceso ejecutivo, la
Sala concluye que el asunto de si dicho proceso debía o no terminar en razón de
la reliquidación ordenada por la Ley 546 de 1999 y practicada dentro del
trámite procesal se planteó desde el inicio, y se mantuvo vigente en todas las
etapas e instancias del proceso, aunque con distinto grado de precisión
jurídica en cada momento. Dicha terminación fue solicitada por la parte
demandada al formular el recurso de reposición en contra del mandamiento de
pago, momento para el cual fue rechazada, entre otras razones, por no haberse
llevado a cabo la reliquidación del crédito; fue reiterada al contestar la
demanda y proponer excepciones de mérito, y nuevamente formulada al objetar la
liquidación final de la deuda; no aceptada la objeción por el inferior, el
Tribunal avocó expresamente el asunto de si, en virtud de lo dispuesto por el
parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y la doctrina constitucional
que anteriormente se ha reseñado, el proceso debía o no terminar en razón de
haber operado la reliquidación a que tantas veces se ha aludido.
5.5. Ahora bien, ciertamente la parte
pasiva no interpuso oportunamente el recurso de apelación en contra de la
sentencia que descartó las excepciones de fondo. Así pues, esta oportunidad
procesal no fue utilizada para insistir en la terminación del proceso;
circunstancia que  debería llevar a la Sala a declarar improcedente la presente
acción de amparo, por las razones que arriba se dejaron expuestas. Empero, la
Sala juzga que la omisión de la parte demandada en la utilización de este
recurso estuvo vinculada al proceder mismo del Despacho judicial implicado, que
sin aviso alguno cambió en el sistema computarizado de información a los
usuarios el número de radicación del expediente que permitía consultar el
estado del trámite procesal. Esta circunstancia, como bien lo dijeron tanto el
juez de conocimiento como su superior, ciertamente no configura la causal de
nulidad que alegó la defensa, pues no está prevista como tal en las normas que
regulan el procedimiento civil;  pero sí debe incidir, estima la Sala, en una
menor estrictez a la hora de valorar la procedencia de la presente acción. La
“culpa” que podría imputarse a la abogada defensora de los demandados resulta
atenuada por este hecho que no le es imputable, y exige del juez constitucional
un escrutinio más laxo que permita hacer efectivo el derecho constitucional al
debido proceso cuya efectividad está en juego.
En efecto, dicho derecho fundamental fue
ostensiblemente vulnerado por las decisiones tanto del Juez de ejecución, como
de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, pues ellas desconocieron
los efectos procesales resultantes de la reliquidación del crédito, que
consistían en la terminación del proceso y su archivo sin más trámites. Con
ello se apartaron infundadamente de lo dispuesto por la ley, concretamente de
lo reglado actualmente por el parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de
1999, y de la jurisprudencia vertida al respecto por esta Corporación,
incurriendo en una vía de hecho por defecto sustantivo. Efectivamente, la Corte
ha venido explicando por qué este alejamiento injustificado del texto de la ley
y de los precedentes jurisprudenciales en materia constitucional se erige en
una decisión caprichosa que no puede ser tenida en cuenta como ajustada a
derecho, sino más bien como una verdadera vía de hecho. Al respecto, por
ejemplo, puede citarse el siguiente fallo:
“Esta Corporación en su jurisprudencia ha
establecido que la existencia excepcional de una vía de hecho por defecto
sustantivo, se presenta cuando la decisión adoptada por el fallador se funda en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, bien porque i) haya sido
derogada y no produzca efectos en el ordenamiento jurídico; ii) porque resulte
claramente inconstitucional y ante ello no se aplicó la excepción de
inconstitucionalidad; iii) porque la aplicación al caso concreto es
inconstitucional; iv) por declaratoria de inexequibilidad declarada por la
Corte Constitucional, o v) porque a pesar de estar vigente y ser
constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó,
porque a la norma aplicada por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los
expresamente señalados por el legislador.[34]
“En el asunto sub examine, encuentra
la Sala de Revisión que el defecto sustantivo que se le endilga a la sentencia
del Tribunal de Medellín, Sala Séptima de Decisión Civil, opera en el último de
los eventos acabados de citar, esto es, el tribunal fundó su decisión en
unas disposiciones que están vigentes y respecto de las cuales esta Corporación
se pronunció sobre su exequibilidad, pero se les dio un efecto distinto al
expresamente señalado por el legislador y reconocido por esta Corte.”[35] (Subrayas
y negrillas fuera del original).
Así pues, como lo dijera el magistrado
disidente de la Sala Civil del h. Tribunal Superior de Medellín, dentro del
trámite del proceso ejecutivo ha debido tenerse en cuenta lo reglado por el
parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, así como la jurisprudencia
referente a la terminación del proceso por reliquidación del crédito que dicha
norma prescribe. Sin necesidad de entrar a establecer si dicha liquidación se
ajustaba a la ley, tan pronto la misma se produjo debió haberse ordenado la
terminación del proceso. Como no se procedió así, se incurrió en vía de hecho
por defecto sustantivo y en violación del derecho al debido proceso de los aquí
demandantes.
5.6 De otro lado, la Sala aprecia que la presente
acción no sólo se interpuso con miras a que se protegiera el derecho
fundamental al debido proceso, ordenando la terminación del proceso ejecutivo
hipotecario adelantado en contra de los aquí demandantes por el Banco Colmena,
por haberse producido la reliquidación en UVRS del crédito inicialmente
concedido en UPACS. También la acción aduce que dentro del trámite de tal proceso
el juez incurrió en vías de hecho por no haberse pronunciado en ningún momento
sobre los pagos llevados a cabo en junio de 1997, por la suma de diez millones
cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y un pesos ($10´048.481), que debían
haber cubierto en primer lugar las cuotas atrasadas en ese momento, y en
segundo término el saldo sobrante debía ser aplicado como abono a capital. Pago
este que no fue aplicado correctamente a dichos objetivos, pues de una parte
fue abonado directamente a capital y no las cuotas en mora, y de otra el saldo
sobrante fue abonado a un crédito de otra persona distinta de los demandados,
situación esta que los hizo figurar en una falsa mora y que dio origen al
inicio del cobro ejecutivo.
Al parecer de la Sala, dentro del expediente
correspondiente al proceso ejecutivo obra la declaración del mismo Banco en que
admite la anterior destinación errada de tal pago, no obstante lo cual el juez
no llevó a cabo ninguna consideración ni análisis al respecto, como tampoco lo
hizo el superior, limitándose a manifestar que la excepción de pago no estaba
llamada a prosperar. La anterior actitud configura una vía de hecho por defecto
fáctico, pues el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el
plenario, no valoró, ni estudio con auxilio de peritos cuál hubiera sido la
situación del crédito al momento de interponerse la demanda si dichos pagos
hubieran sido correctamente abonados. Recuérdese que, conforme lo ha explicado
esta Corporación, este tipo de vía de hecho se configura “cuando resulta
evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una
determinada norma es absolutamente inadecuado”
[36];
en el presente caso, la omisión en la apreciación de esta prueba
hace que la decisión judicial carezca de tal fundamento adecuado, pues el fallo
parte del supuesto del incumplimiento de los deudores al momento en que fue
formulada la demanda, supuesto éste que teóricamente desvirtuaban las pruebas
que no fueron valoradas, relativas a la incorrecta aplicación de los pagos
mencionados. Es decir, se traba de pruebas cruciales en cuanto supuestamente
demostraban el pago de la obligación que se pretendía ejecutar, y la excepción
de mérito correspondiente.
5.7 Así las cosas, reiterando la jurisprudencia que
arriba se comentó, relativa tanto a la terminación de los procesos ejecutivos
hipotecarios en curso al expedirse la Ley 546 de 1999, como referente a la
doctrina de las vías de hecho por defecto fáctico,  la Sala revocará la
Sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la h. Corte Suprema de
Justicia el día doce (12) de octubre de dos mil cuatro (2004), y en su lugar
concederá la protección impetrada, para lo cual ordenará que se decrete la
terminación del proceso ejecutivo hipotecario seguido en contra de los aquí
demandantes, a partir del momento inicial en que se reliquidó en UVRS el
crédito concedido en UPACS.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero: REVOCAR la sentencia proferida el doce (12) de
octubre de dos mil cuatro (2004) por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia,  y en su lugar conceder la tutela para la
protección del derecho al debido proceso de los señores Gustavo Arango
Jaramillo y Cecilia María Trujillo Ramírez.
Segundo:
En consecuencia, ORDENAR al señor Juez Doce Civil del Circuito de
Medellín que, en el termino de las  cuarenta y ocho horas  siguientes a la
notificación de la presente sentencia, decrete la terminación del proceso
ejecutivo hipotecario instaurado por el Banco Colmena en contra de Gustavo
Arango Jaramillo y Cecilia María Trujillo Ramírez, y ordene el levantamiento de
las medidas cautelares que recaen sobre el bien hipotecado.
Tercero: Para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, el Juzgado de origen hará las notificaciones y tomarán las medidas conducentes
para el cumplimiento de esta sentencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO SIERRA PORTO
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA V ICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo
[2]
La acción se dirige también en contra del Banco Colmena
[3] M.P José Gregorio Hernández Galindo
[4]
Sentencia T- 873 de 2004, M.P Marco Gerardo Monroy Cabra.
[5]
Sentencia C-543 de 1992. M.P José Gregorio Hernández Galindo.
[6]
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[7] Sentencia T- 079/93. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[8] T-173/93M.P.  José Gregorio Hernández Galindo
[9]
Sentencia T-322 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[10] Sentencia T-55 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[11]
Sentencia T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[12]
M.P Álvaro Tafur Gálvis
[13]
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[14] El artículo 42 de la Ley 546 de 1999, dispone –se
resaltan las expresiones declaradas inconstitucionales mediante la sentencia
C-955 de 2000 “Artículo 42. Abono a los créditos que se encuentren en mora. Los
deudores hipotecarios que estuvieren en mora al 31 de diciembre de 1999, podrán
beneficiarse de los abonos previstos en el artículo 40, siempre que el
deudor manifieste por escrito a la entidad financiera su deseo de acogerse a la
reliquidación del crédito, dentro de los noventa (90) días siguientes a la
vigencia de la ley.
Cumplido lo anterior,
la entidad financiera procederá a condonar los intereses de mora y a
reestructurar el crédito si fuere necesario.
A su turno, el Gobierno Nacional procederá a abonar a dichas
obligaciones el monto total de la diferencia que arroje la reliquidación de la
deuda, efectuada de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 41
anterior, mediante la entrega al respectivo establecimiento de crédito de los
títulos a que se refiere el parágrafo cuarto del mismo artículo 41.
Parágrafo 1. Si los beneficiarios de los abonos
previstos en este artículo incurrieren en mora de más de doce (12) meses, el
saldo de la respectiva obligación se incrementará en el valor del abono
recibido. El establecimiento de crédito devolverá al Gobierno Nacional títulos
a los que se refiere el parágrafo 4° del artículo 41, por dicho valor. En todo
caso, si el crédito resultare impagado y la garantía se hiciere efectiva, el
establecimiento de crédito devolverá al Gobierno Nacional la parte proporcional
que le corresponda de la suma recaudada.
Parágrafo 2. A las reliquidaciones contempladas en este
artículo les serán igualmente aplicables el numeral 1 del artículo 41 anterior,
así como lo previsto en los parágrafos 1° y 2° del mismo artículo”.
Parágrafo 3. Los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las
cuales recaigan procesos judiciales que dentro de los noventa (90) días
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley decidan acogerse a la
reliquidación de su crédito hipotecario, tendrán derecho a solicitar
suspensión de los mencionados procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse
automáticamente por el juez respectivo. En caso de que el deudor acuerde dentro
del plazo la reliquidación de su obligación, de conformidad con lo previsto
en este artículo el proceso se dará por terminado y se procederá a su archivo
sin más trámite. Si dentro del año siguiente a la reestructuración del
crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos se reiniciarán a
solicitud de la entidad financiera y con la sola demostración de la mora, en la
etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización
de su cuantía”.
[15]
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[16]
Sentencia C-955 de 2000, ya citada, punto 21.
[17]
Idem
[18]
Sentencia en comento, punto 17.
[19]
Idem, punto 21.
[20]
M.P. Rodrigo Uprimny Yepes
[21] Respecto del derecho constitucional a la vivienda
digna, señaló la Corte en la sentencia C-936 de 2003: “El derecho a la
vivienda digna (...) incluye elementos que comportan la seguridad del goce del
derecho a la vivienda digna. De tales elementos surgen deberes específicos para
el Estado. Sin perjuicio de la necesidad de disposiciones sobre planeamiento
urbano y utilización del suelo y sobre la oferta de bienes y servicios
(servicios públicos, sanidad, ubicación de hospitales y escuelas, etc), el
Estado tiene la potestad dictar una legislación que (i) garantice seguridad en
la tenencia de vivienda y (ii) que establezca sistemas de acceso a la vivienda.
El mandato de cubrir estos aspectos no se reduce a una sola ley en materia de
vivienda, sino que conduce a un sinnúmero de reglas jurídicas que atañen a la
protección del derecho a la vivienda digna. Tales reglas pasan por ámbitos
civiles y comerciales generales, reglas de financiación dirigidos al sector
público y al privado, etc”.
[22]
Ver sentencia SU-846 de 2000.
[23]
Sentencia C-955 de 2000.
[24]
Sentencia C-955 de 2000.
[25]
Sentencia C-955 de 2000.
[26]
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, C.P. Mario Alario Méndez, radicación nro.
08001-23-31-000-2002-0609-01
[27]
M.P Alfredo Beltrán Sierra
[28]
Sentencia T-701 de 2004.
[29]
M.P. Alfredo Beltrán Sierra. En esa ocasión la Corte sostuvo que los deudores del
antiguo sistema UPAC, podían acudir ante los jueces ordinarios con el fin de
solicitar la  materialización no sólo de las decisiones de  la  jurisdicción
constitucional, sino de la doctrina constitucional contenida en ellas,  según
las circunstancias de cada caso en concreto
[30]
Sentencia T-535 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[31]
Se propusieron las excepciones de falta de legitimación en la causa,
inconstitucionalidad, título inidóneo, violación de la ley, cobro de lo no
debido, y pago de la deuda.
[32]
“Ley 546 de 1999. Artículo 17. Condiciones de los créditos de vivienda
individual. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo primero de la
presente ley, el Gobierno Nacional establecerá las condiciones de los créditos
de vivienda individual a largo plazo, que tendrán que estar denominados
exclusivamente en UVR, de acuerdo con los siguientes criterios generales:
2.
Tener una tasa de interés remuneratoria, calculada sobre la UVR, que se cobrará
en forma vencida y no podrá capitalizarse. Dicha tasa de interés será fija
durante toda la vigencia del crédito, a menos que las partes acuerden una
reducción de la misma y deberán expresarse única y exclusivamente en términos
de tasa anual efectiva.”
Nota
de la Sala: La anterior disposición fue declara exequible, bajo los
condicionamientos que se señalaron el la sentencia C-955 de 2000. Tales
condicionamientos hacían referencia a la necesidad de que la junta directiva
del Banco de la República mediante acto motivado  fijara la tasa máxima de
interés remuneratorio que podrían cobrar la entidades financieras por prestamos
para adquisición de vivienda, el cual sería siempre inferior a la menor de
todas las tasas reales que se estuvieran cobrando en el sistema financiero, sin
consultar factores distintos de los puntos de dichas tasas, e
independientemente del objeto de cada crédito; y a la tasa menor se le debería
descontar la inflación para que no se cobrara doblemente. Esa tasa se aplicaría
también a los créditos vigentes, en los cuales, si se habían pactado intereses
superiores, éstos deberían reducirse.
[33] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[34]
Cfr. C.984/99 M.P. Alfredo Beltrán Sierra y SU159/02 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[35]
Sentencia T-184 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[36]
Sentencia T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.