C-943-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-943/08
CONVENIO DE INTERCAMBIO CULTURAL, EDUCATIVO
Y DEPORTIVO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE ESLOVENIA
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Suscripción del tratado y aprobación presidencial
El Convenio de Intercambio Cultural, Educativo y
Deportivo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República de Eslovenia fue suscrito por el Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno de la República de Austria
acreditado ante el Gobierno de la República de Eslovenia, debidamente facultado
por el  gobierno. El día 5 de mayo de 2006, el Presidente de la República dio
su aprobación ejecutiva y ordenó someter a la consideración del Congreso el
respectivo Convenio, verificándose que tanto la negociación y suscripción del
Acuerdo como la aprobación presidencial se realizaron cumpliendo con las
exigencias constitucionales.
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite y particularidades
La Constitución Política no dispone de un
procedimiento legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de
un tratado internacional, por este motivo, debe seguir el mismo trámite que una
ley ordinaria, salvo las obligaciones de (i) iniciación del debate en el Senado
de la República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones
internacionales, y (ii) remisión de la ley aprobada a la Corte Constitucional,
por parte del Gobierno, para efectos de su revisión definitiva. En razón de su
trámite ordinario, se requiere: (i) la publicación oficial del proyecto de ley;
(ii) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional
correspondiente del Senado de la República; (iii) la aprobación reglamentaria
en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las cámaras; (iv)
que entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a ocho días y
que entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del
debate en la otra, transcurran por lo menos quince días; (v) la comprobación
del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; y (vi) la sanción
presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los
seis días siguientes. La Corte concluye que la ley 1158 de 2007, “Por medio de
la cual se aprueba el Convenio de Intercambio Cultural, Educativo y Deportivo
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Eslovenia, hecho en Viena el 15 de marzo de 2006”, cumple con los requisitos
formales derivados de la Constitución y de la Ley.
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO-Importancia/REQUISITO
DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Evolución
jurisprudencial/REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE
LEGISLATIVO-Cumplimiento
El requisito de anuncio consagrado en el
artículo 160 constitucional dentro del trámite legislativo de aprobación de la
ley comprende las siguientes prescripciones: (i) en primer lugar, la votación
de los proyectos de ley debe estar precedida en todo caso por un anuncio; (ii)
en segundo término, es menester que dicho anuncio sea realizado en sesión
diferente a aquella en la cual ha de ser llevada a cabo la votación de la
propuesta legislativa; (iii) para terminar, la votación del proyecto debe ser
realizada, de manera efectiva, el día fijado en el anuncio, por lo que se
impone a las mesas directivas de las comisiones y plenarias de las Cámaras que
en una sesión anterior se anuncien los proyectos que serán discutidos y votados
en una sesión posterior, siempre y cuando se convoque para su aprobación en una
fecha futura prefijada y determinada, o por lo menos, determinable.
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO-Inexistencia
de vicio de procedimiento por discusión y aprobación de proyectos de ley en
fecha diferente a la originalmente anunciada
Es necesario resaltar que no en todos los
casos en los cuales la discusión y aprobación de los proyectos de ley ocurre en
fecha diferente a la originalmente anunciada se produce de manera inexorable un
fallo de inexequibilidad por la comisión de un vicio de procedimiento. Así las
cosas, en aquellos eventos en los cuales a partir del primer anuncio se hilvane
una cadena de anuncios ininterrumpida que culmine en la efectiva aprobación de
la propuesta, en forma alguna podrá alegarse la violación del texto
constitucional, puesto que en este caso se presenta una adecuada transmisión de
la información requerida para el debate que de ninguna manera lesiona los
principios de publicidad, transparencia y deliberación pública que pretenden
ser realizados mediante el establecimiento de la exigencia del anuncio.
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO-Reglas
jurisprudenciales sobre cumplimiento
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Carácter subsanable e insubsanable del
vicio
En cuanto a la determinación del carácter
subsanable o insubsanable de este  vicio de procedimiento, en sentencia C-665
de 2007 la Corte unificó su jurisprudencia sobre la materia para indicar que la
omisión en el cumplimiento de este requisito adquiere diferentes implicaciones
dependiendo de la instancia en la cual se haya presentado dentro del
procedimiento legislativo. En tal sentido, señaló que la ocurrencia de este
tipo de irregularidades “hasta la votación en la Plenaria del Senado se
considera como un vicio en el trámite legislativo insubsanable que
desencadenará la declaratoria de inexequibilidad de la ley aprobatoria de un
tratado internacional”. Así las cosas, en estos supuestos corresponde a la
Corte declarar la inexequibilidad de la ley aprobatoria y, por su parte, al
Congreso de la República reiniciar, desde el primer momento, el trámite de la
totalidad del proceso de aprobación legislativa. En oposición, cuando quiera
que el defecto se presenta una vez el pleno del Senado de la República ha
manifestado válidamente la aprobación de la iniciativa, esta Corporación ha
considerado que se presenta un vicio subsanable que ha de ser enmendado
mediante su remisión a la correspondiente Cámara en la cual ocurrió el defecto
para que, a partir de dicha instancia, continúe su trámite.
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento
CONVENIO DE INTERCAMBIO CULTURAL, EDUCATIVO
Y DEPORTIVO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE ESLOVENIA-Objetivo
El Convenio suscrito entre la República de Colombia y la
República de Eslovenia tiene como objetivo principal fortalecer las relaciones
internacionales existente entre ambos países, en especial busca ampliar sus
vínculos en los campos de la educación, el arte, la cultura y el deporte,
encontrándose que los motivos generales, las finalidades específicas y las
normas contenidas en el mencionado Acuerdo, armonizan con los objetivos
perseguidos por diversas disposiciones constitucionales, por lo que puede
concluirse que el Convenio y la ley 1158 de 2007 que lo aprueba, se ajustan al
texto constitucional.
Referencia: expediente LAT-315
Revisión de constitucionalidad del “Convenio
de Intercambio Cultural, Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República de Eslovenia, hecho en
Viena el 15 de marzo de 2006”, y de la ley 1158 de 2007 que lo aprueba.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO
ANTONIO SIERRA
PORTO
Bogotá, D.C., primero (1) de octubre de dos
mil ocho (2008)
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión constitucional de la Ley 1158 de 2007 “Por medio de la cual se aprueba
el Convenio de Intercambio Cultural, Educativo y Deportivo entre el Gobierno de
la República de Colombia y el Gobierno de la República de Eslovenia, hecho en
Viena el 15 de marzo de 2006”
I. ANTECEDENTES
Mediante oficio recibido el día 25 de
septiembre de 2007, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República,
remitió a esta Corporación copia auténtica del “Convenio de Intercambio
Cultural, Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la República de Colombia y
el Gobierno de la República de Eslovenia, hecho en Viena el 15 de marzo de 2006”,
y de la ley 1158 de 2007 que lo aprueba, para que de conformidad con lo
previsto en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, la Corte decida
sobre la exequibilidad del tratado internacional y su ley aprobatoria.
Mediante auto de 22 de octubre de 2007 el
Magistrado Sustanciador avocó el conocimiento del proceso de la referencia. Con
el fin de contar con los elementos de juicio necesarios para proferir una
decisión de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 241 superior, dispuso la
práctica de pruebas en relación con los antecedentes legislativos. Recibidas
éstas, dictó auto de continuación de trámite y ordenó dar cumplimiento a lo
dispuesto en el numeral cuarto y siguiente del auto de 22 de octubre de 2007
Cumplidos los trámites propios de esta clase de
procesos y previo el concepto del Procurador General de la Nación, procede la
Corte a decidir acerca del asunto de la referencia.
II. LEY APROBATORIA Y TRATADO INTERNACIONAL
SOMETIDOS AL EXAMEN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
A continuación se transcribe el texto de la
ley enviada para revisión.
LEY 1158 DE 2007
(Septiembre 20)
Diario Oficial No. 46.757 de 20 de septiembre de 2007
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de
Intercambio Cultural, Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la República
de Colombia y el Gobierno de la República de Eslovenia”, hecho en Viena el 15
de marzo de 2006.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
Visto el texto del Convenio de Intercambio Cultural,
Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República de Eslovenia, hecho en Viena el 15 de marzo de 2006,
que a letra dice:
(Para ser trascrito: Se adjunta fotocopia del texto
íntegro del instrumento internacional mencionado).
CONVENIO DE INTERCAMBIO CULTURAL, EDUCATIVO Y
DEPORTIVO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE ESLOVENIA
El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de la República de Eslovenia, que en adelante se denominan “Las Partes”,
Deseosos de estrechar los vínculos amistosos
existentes entre ambos países e incrementar sus relaciones en los campos de la
educación, el arte, la cultura y el deporte,
Han convenido lo siguiente:
ARTÍCULO 1o.
Las Partes, sobre la base del respeto recíproco a su
soberanía y teniendo presente el interés de sus pueblos, fomentarán la
colaboración mutua en los campos de la cultura, la educación, las humanidades,
las artes y del deporte.
ARTÍCULO 2o.
Las Partes contribuirán al intercambio de experiencias
y progresos alcanzados en los campos de la cultura. Para el logro de estos
fines, promoverán:
a) Visitas recíprocas de personalidades vinculadas a
la cultura y a la investigación, conferencistas, autores, compositores,
pintores, cinematografistas, artistas, grupos artísticos y deportivos;
b) Los contactos entre bibliotecas, museos y otras
instituciones relacionadas con actividades artísticas y culturales;
c) La presentación de exposiciones, obras musicales y
teatrales;
d) El intercambio de libros, revistas, periódicos y
otras publicaciones de contenido literario y artístico;
ARTÍCULO 3o.
Las Partes contribuirán al intercambio de experiencias
y progresos alcanzados en los campos de la educación. Para el logro de estos
fines, promoverán:
a) El establecimiento directo de vínculos entre sus
centros docentes;
b) El intercambio directo de conferencistas e
investigadores para la realización de seminarios, conferencias, cursos,
congresos y eventos de carácter educativo;
c) El intercambio directo de material educativo,
pedagógico y didáctico destinado a escuelas, laboratorios de investigación y
centros de enseñanza en todos los niveles;
d) El intercambio de material informativo sobre sus
sistemas educativos y programas de educación superior y a promover el canje de
publicaciones especializadas en las áreas de economía, geografía, historia y
cultura de los dos países;
e) El otorgamiento recíproco de becas para adelantar
estudios de posgrado o para investigación en sus modalidades de
especialización, maestrías y doctorados, a través de las instituciones
oficiales encargadas del área.
ARTÍCULO 4o.
Las Partes se comprometen a fomentar toda labor que
contribuya al mejor conocimiento de sus respectivas culturas, de sus hechos
históricos y de sus costumbres.
ARTÍCULO 5o.
Las Partes promoverán el intercambio de información y
documentación con el fin de facilitar el reconocimiento y la equivalencia de
reportes escolares, diplomas y títulos científicos y grados de educación
superior, de acuerdo a las legislaciones de los dos países.
ARTÍCULO 6o.
Cada una de las partes extenderá protección de los
derechos de autor y de otros derechos sobre las obras educativas y artísticas
de la otra Parte, de acuerdo con las normas aplicables en cada uno de los
países.
ARTÍCULO 7.
Cada una de las Partes facilitará los trámites
administrativos para la participación de sus nacionales en congresos,
conferencias, festivales internacionales y en otras actividades de carácter
cultural que se efectúen en territorio de la otra Parte.
ARTÍCULO 8o.
Las Partes se comprometen a acrecentar su colaboración
y estudiar, de común acuerdo, el régimen recíproco más conveniente que permita
la represión del tráfico ilegal de obras de arte, documentos, restos
antropológicos y arqueológicos y de otros bienes culturales de valor histórico,
de conformidad con la legislación nacional correspondiente y los tratados
internacionales vigentes para ellas.
ARTÍCULO 9o.
Las Partes propiciarán la colaboración en el campo del
deporte.
ARTÍCULO 10.
En línea con su propia legislación cada Parte
Contratante concederá a la otra Parte facilidades para la entrada, permanencia
y salida de personas, para la importación de materiales y equipos necesarios
para la realización de los programas que se acuerden conforme al presente
Convenio. Los materiales exonerados de derechos de aduana no podrán ser puestos
en circulación comercial.
ARTÍCULO 11.
Las Partes convienen en establecer una Comisión Mixta,
formada por los miembros que designe cada una de ellas, la cual se reunirá cada
tres (3) años alternadamente en Eslovenia y Colombia o en forma extraordinaria
cuando se considere necesario, a fin de elaborar un programa de intercambio
cultural entre los dos países, examinar el desarrollo de los programas
anteriores y el estado de ejecución del presente Convenio.
ARTÍCULO 12.
El presente Convenio podrá ser modificado, de común
acuerdo, mediante notificación de una de las Partes Contratantes. Las
modificaciones entrarán en vigor una vez que cada una de las Partes haya
notificado procedimientos legales.
ARTÍCULO 13.
El presente Convenio está sujeto a ratificación y
entrará en vigor en la fecha de canje de los instrumentos de ratificación.
Tendrá una vigencia de cinco (5) años y será automáticamente prorrogado por
períodos iguales, a menos que cualquiera de las Partes lo dé por terminado
mediante notificación que deberá comunicar por escrito a la otra Parte, por lo
menos un (1) año antes de la expiración del plazo señalado.
Hecho en Viena, 15 de marzo de 2006, en tres
ejemplares en español, esloveno e inglés, y siendo los tres textos igualmente
auténticos.
Por el Gobierno de la República de Colombia
(FIRMA ILEGIBLE)
Por el Gobierno de la República de Eslovenia
(FIRMA ILEGIBLE)
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 5 de mayo de 2006
Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la
República para los efectos constitucionales.
(Fdo.), ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores (firmado),
CAROLINA BARCO ISAKSON.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Apruébase el Convenio de Intercambio
Cultural, Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la República de Colombia y
el Gobierno de la República de Eslovenia, hecho en Viena el 15 de marzo de
2006.
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el Convenio de Intercambio Cultural,
Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República de Eslovenia, hecho en Viena el 15 de marzo de 2006,
que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
ARTÍCULO 3o. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los…
Presentado al honorable Congreso de la República por la
Ministra de Relaciones Exteriores, la Ministra de Educación Nacional y la
Ministra de Cultura.
La Ministra de Relaciones Exteriores,
CAROLINA BARCO ISAKSON.
La Ministra de Educación Nacional,
CECILIA MARÍA VÉLEZ WHITE.
La Ministra de Cultura,
ELVIRA CUERVO DE JARAMILLO.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 5 de mayo de 2006
Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la
República para los efectos constitucionales
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores (firmado),
CAROLINA BARCO ISAKSON.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Apruébase el Convenio de Intercambio
Cultural, Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la República de Colombia y
el Gobierno de la República de Eslovenia, hecho en Viena el 15 de marzo de
2006.
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el Convenio de Intercambio Cultural,
Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República de Eslovenia, hecho en Viena el 15 de marzo de 2006,
que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
ARTÍCULO 3o. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
La Presidenta del honorable Senado de la República,
NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
OSCAR ARBOLEDA PALACIO.
El Secretario General de la honorable Cámara de
Representantes,
ANGELINO LIZCANO RIVERA.
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese previa revisión de la Corte Constitucional,
conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de septiembre de 2007.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones Exteriores,
FERNANDO ARAÚJO PERDOMO.
III. INTERVENCIONES
1.- Ministerio de Relaciones Exteriores
El día 25 de junio
de 2008 se recibió en la Secretaría General de la Corte Constitucional la
intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual solicitó declarar
la constitucionalidad del Convenio de Intercambio
Cultural, Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la República de Colombia y
el Gobierno de la República de Eslovenia, hecho en
Viena el 15 de marzo de 2006. Dicha petición fue respaldada en los motivos que
se sintetizan a continuación.
En primer lugar,
consideró la entidad interviniente que el mencionado Convenio de Cooperación se
firmó con el propósito de fortalecer los vínculos entre las Repúblicas de
Colombia y Eslovenia, así como para afianzar las acciones de política exterior
de nuestro país frente a la Unión Europea.
De igual forma,
destacó la importancia de ampliar y profundizar las relaciones internacionales y
el diálogo político con la Unión Europea, la cual es considerada como el segundo
socio comercial de Colombia y su primer donante de cooperación. Por otra parte,
precisó que a partir de la independencia de Eslovenia, Colombia ha establecido
relaciones diplomáticas con el mencionado país, las cuales se han ido ampliado
después del ingreso de Eslovenia a la Unión Europea en mayo de 2004.
La anterior
circunstancia ha permitido establecer un diálogo abierto y permanente entre estos
dos países, razón por la cual, el Gobierno colombiano considera que los mismos
deben formalizarse por medio del Convenio de intercambio cultural, educativo y
deportivo, el cual constituye una herramienta importante de integración y
articulación social de ambos Estados.
Adicionalmente, a
juicio de la entidad interviniente, el trámite que siguió el Acuerdo bajo
examen y su proyecto de ley aprobatoria se ajusta a lo previsto en la
Constitución. De igual forma, manifestó que el Acuerdo armonizaba con los
principios constitucionales “(…) relacionados con el fortalecimiento de las
relaciones internacionales, con la toma de conciencia respecto de la
importancia de los temas de cooperación entre las naciones y su desarrollo
económico, cultural, educativo y deportivo”.
De manera concreta,
indicó que este Acuerdo pretende la integración de los países firmantes, con el
propósito de lograr un intercambio mutuo ajustado a los fines del Estado y
contribuir a la promoción de la prosperidad general. Lo anterior, por cuanto en
su articulado propone diseñar estrategias de globalización que faciliten la
reciprocidad y el desarrollo cultural, educativo y deportivo de ambos Estados
al establecer políticas e incentivos ágiles que permitan su desarrollo y
consecución.
Para finalizar,
señala que “Es claro que no encontramos que el referido Instrumento vulnere la
Constitución Política, pues su contenido normativo presenta una serie de
intenciones de los países signatarios para la puesta en marcha de un programa
armónico para promover el desarrollo del deporte y la integración regional de
los países firmantes”.
2.- Intervención de la Universidad Nacional
de Colombia
Mediante escrito
allegado a la Secretaría General de la Corte Constitucional el día 9 de julio
de 2008, el señor Antonio José Rengifo Lozano, docente adscrito a la Facultad
de Derecho Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional se
pronunció a favor de declarar la constitucionalidad del Convenio de Intercambio Cultural, Educativo y Deportivo entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Eslovenia, hecho en Viena el 15 de marzo de 2006. Para tal fin, en la
primera parte del Concepto Jurídico expuso algunos aspectos de la cooperación
en el Derecho Internacional; seguidamente, revisó la cuestión en el
ordenamiento jurídico colombiano, y finalmente analizó en detalle las
disposiciones del Tratado Internacional.
En consonancia con lo
anterior, brindó las razones que a continuación se resumen, con el propósito de
avalar la constitucionalidad del mencionado Convenio. En primer lugar, indicó
que este Tratado se adoptó en desarrollo de la opción diplomática que tiene un
Estado para estrechar vínculos con otros países en áreas caracterizadas por su
contenido esencialmente humanístico como son la educación, el arte, la cultura
y el deporte, que por su propia naturaleza contribuyen al desarrollo y al
mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos.
Seguidamente,
señaló que en materia cultural el Convenio sub examine obliga a los
Estados partes a que se comprometan a fomentar actividades que contribuyan al
mejor conocimiento de sus respectivas culturas, de sus hechos históricos y de
sus costumbres. Indicó que, el tratado prevé, i) el intercambio de
personalidades vinculadas al arte, ii) la realización de contratas entre bibliotecas
y museos, iii) la presentación de exposiciones, obras musicales y teatrales, y iv)
el intercambio de publicaciones de contenido literario y artístico.
Expresó que, en lo
que respecta al arte, las Partes se comprometen, en los términos del respectivo
Convenio a implementar un “régimen recíproco” para la represión del tráfico
ilegal de obras de arte, documentos, restos antropológicos y arqueológicos y de
otros bienes culturales de valor histórico, de conformidad con la legislación
de cada país y con los tratados internaciones sobre la materia vigente para
ellas.
A juicio del
interviniente, “esta disposición del Tratado (artículo 8), reafirma el
compromiso de las Partes para dar cumplimiento a disposiciones que se
desprenden de la Convención cobre medidas que deben adoptarse para prohibir e
impedir la importación, exportación y la transferencia de la propiedad ilícita
de bienes culturales, adoptada en París, en 1970, bajo los auspicios de la
UNESCO (…)”
En relación con el
tema deportivo, indicó que “(…) las Partes se abstuvieron de detallar en el
Tratado mecanismos específicos sobre intercambios deportivos, lo cual deja
entender que los mismos  estarían sujetos a lo que sobre la materia establezca
la libre competencia en el deporte, de la esencia de la misma actividad y las
iniciativas de las federaciones deportivas nacionales, a ser canalizadas por la
Cancillerías o Ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países”.
Para finalizar, expresó
el interviniente que “El mecanismo de efectividad del tratado consiste en el
establecimiento, por las dos Partes, de una Comisión Mixta, que se reunirá
alternadamente cada tres años o extraordinariamente cuando se considere
necesario, a fin de elaborar un programa de intercambio cultural entre los
gobiernos e los dos países, examinar el desarrollo de los programas ejecutados
y evaluar el estado de ejecución del convenio”. Adicionalmente, este
convenio contiene disposiciones sobre ratificación, vigencia, modificación,
notificaciones, plazos y prórrogas, conforme a los usos y costumbres de la
diplomacia, aceptadas por el derecho internacional, principalmente por la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
IV.- CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
En ejercicio de las
competencias previstas en los artículos 242.2 y 278 del texto constitucional,
el Procurador General de la Nación presentó concepto dentro del trámite de la
referencia, en el cual solicitó a la Corte declarar la exequibilidad del
Convenio de Intercambio Cultural, Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República de Eslovenia, hecho en Viena
el 15 de marzo de 2006.  La Vista Fiscal sustentó su petición en los
motivos que a continuación se sintetizan.
En cuanto al análisis
formal, el Procurador General de la Nación indicó que “El Convenio de
Intercambio Cultural, Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la República
de Colombia y el Gobierno de la República de Eslovenia, fue suscrito en Viena
el 15 de marzo de 2006.
Posteriormente, con la Aprobación Ejecutiva del 5 de
mayo de 2006, el Presidente de la República dispuso someter el citado Convenio
a la consideración del Congreso de la República, para los efectos
constitucionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150, numeral
16, de la Constitución Política”.
Respecto al trámite en el Congreso de la Ley 1158 de
2007, aprobatoria del Acuerdo, después de analizar paso a paso dicho proceso
legislativo, el señor Procurador estimó que se dio cumplimiento a todos los
requisitos constitucionales y a aquellos otros que menciona la Ley 5ª de 1992
para la expedición de esta clase de normas, razón por la cual consideró que
ella resulta formalmente exequible.
Desde el punto de vista material, el Ministerio
Público señaló que el objeto del acuerdo es fomentar las relaciones entre ambos
países en los campos de la cultura, la educación, las humanidades, las artes y
el deporte. Así, tras referirse al contenido de cada una de las disposiciones
del Tratado, el Procurador General de la Nación manifestó que éste se encuentra
ajustado al Ordenamiento  Superior por las siguientes razones:
“a) El Tratado desde su Preámbulo, afianza el proceso
de integración internacional, toda vez que promueve el intercambio cultural,
científico y deportivo entre los Estados Partes, lo que resulta acorde con lo
señalado en el Preámbulo y en los artículos 9, 226 y 227 de la Constitución.
b) Se celebra con la finalidad de promover la
educación, la cultura y el deporte en ambos países, derechos estos consagrados
en la Constitución Política como derechos económicos, sociales y culturales,
frente a los cuales el Estado debe fomentar su efectividad y realización.
Precisamente, el Convenio en estudio, tiene como objetivo fundamental el
desarrollo de tales derechos, a través de la cooperación entre Colombia y
Eslovenia.
c) Finalmente, Colombia, al hacer parte del Protocolo
de San Salvador y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
está obligado a adoptar las medidas que se requieran, incluso a nivel
internacional, para cumplir con lo dispuesto en tales Instrumentos. Con la
adopción del Convenio, el Estado colombiano está justamente cumpliendo con tal
compromiso, pues busca la realización de los derechos a la educación y la
cultura consagrados en los artículos 13 y 14 del Protocolo de San Salvador, y
13 y 15 del Pacto.
De acuerdo a las anteriores consideraciones, el
Procurador solicitó “declarar EXEQUIBLES el “Convenio de Intercambio
Cultural, Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la República de Colombia y
el Gobierno de la República de Eslovenia, hecho en Viena el 15 de marzo de 2006”,
y su ley aprobatoria, la Ley 1158 de 2007”.
V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
La competencia y el objeto del control
1.- Según lo previsto en el artículo 241
numeral 10 de la Constitución corresponde a la Corte realizar el control
automático de constitucionalidad de los tratados internacionales y las leyes
que los aprueban. Sobre el particular cabe resaltar que el control confiado a
esta Corporación en estos casos es integral, automático y versa tanto sobre el
contenido material del Tratado y de su ley aprobatoria, como sobre la
concordancia entre su trámite legislativo y las normas constitucionales
aplicables.
En relación con el aspecto formal la Corte
se encuentra llamada a examinar la validez de la representación del Estado
colombiano durante el proceso de negociación, celebración y suscripción del tratado,
al igual que la observancia de las reglas del trámite legislativo que
precedieron la aprobación de la ley sujeta a análisis. Sobre el particular, es
preciso advertir que el texto constitucional no dispone de un procedimiento
legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de un tratado
internacional, razón por la cual debe seguir, en términos generales, el mismo
trámite de una ley ordinaria. Empero, esta previsión opera salvo las
obligaciones de (i) iniciación del debate en el Senado de la República,
por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (Art. 154 C.N.);
y (ii) remisión de la ley aprobada a la Corte Constitucional, por parte
del Gobierno, para efectos de su revisión definitiva (Art. 241-10 C.N.).
En tal sentido, en razón del trámite
ordinario de la ley, se requiere: (i) la publicación oficial del proyecto de
ley; (ii) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional
correspondiente del Senado de la República; (iii) la aprobación reglamentaria
en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las Cámaras (Art. 157
C.N.); (iv) que entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a
ocho días y que entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la
iniciación del debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160
C.P.); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los
debates; y (vi) la sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte
Constitucional dentro de los seis días siguientes, (Art. 241-10 C.P.).
Ahora bien, en cuanto al elemento material
del control de constitucionalidad, la labor de la Corte consiste en confrontar
las disposiciones del instrumento internacional y, a su vez, las de la ley
aprobatoria con la totalidad de los preceptos constitucionales, a fin de
determinar si se ajustan o no al texto constitucional, mediante un control abstracto
previo en donde se resuelven las posibles o probables inconstitucionalidades
que surjan de las intervenciones ciudadanas, del concepto de Procurador General
de la Nación y del estudio detallado de los preceptos y normas jurídicas realizados
por la Corte Constitucional, todo con el propósito de determinar si se ajustan
o no al texto constitucional.
Para el logro de estos cometidos, la Corte i)
realizará un examen sobre el trámite de aprobación del proyecto de ley por
parte del Congreso de la República y, adicionalmente, ii) analizará la constitucionalidad
del mencionado tratado internacional y su ley aprobatoria en su aspecto
material.
La constitucionalidad del tratado y de la
ley aprobatoria en sus aspectos formales.
Remisión del Acuerdo y su ley aprobatoria
2.- Mediante oficio recibido el día 25 de
septiembre de 2007, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República
remitió a esta Corporación copia auténtica del “Convenio De Intercambio
Cultural, Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la República de Colombia y
el Gobierno de la República de Eslovenia, hecho en Viena el 15 de marzo de 2006”,
y de la ley 1158 de 2007 que lo aprueba, para que de conformidad con lo
previsto en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, la Corte decidiera
sobre la exequibilidad del tratado internacional y su ley aprobatoria.
Negociación y celebración del Tratado
3.- La
Corte Constitucional ha resaltado, en múltiples oportunidades, el deber
constitucional de revisar los tratados internacionales y las leyes que los
aprueban y ha afirmado que tal análisis implica comprobar la existencia de las
facultades del representante del Estado colombiano para negociar, adoptar el
articulado mediante su voto y autenticar el instrumento internacional
respectivo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 7 a 10 de la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969[1].
En el caso bajo estudio, de acuerdo con la
Exposición de Motivos se encuentra que Colombia estableció relaciones
diplomáticas con el Gobierno de la República de Eslovenia el 19 de julio de
1994. Además, después de su ingreso a la Unión Europea en mayo de 2004,
Colombia inició acciones encaminadas a establecer un diálogo más abierto y
permanente, el cual se concretó en varios encuentros bilaterales producidos en
mayo de 2004, fecha en la que la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia,
Carolina Barco, realizó una visita oficial a la República de Eslovenia, durante
la cual convino con su homólogo en la importancia de acrecentar el conocimiento
recíproco entre los dos países y promover el intercambio cultural, académico y
deportivo.
Fue así como, en el segundo semestre de 2004 el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia presentó al Gobierno de
Eslovenia un proyecto de convenio, proponiendo la firma del mismo.
Seguidamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Eslovenia mediante Nota
Verbal No. Zmk-05/30 22531 del 7 de octubre de 2005 informó que la Asamblea
Nacional Eslovena discutió y aprobó la propuesta colombiana.
Como resultado de estas acciones, el 15 de
marzo de 2006 se suscribió en Viena, Austria, el Convenio de Intercambio
Cultural, Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la República de Colombia y
el Gobierno de la República de Eslovenia. Por la Parte colombiana lo firmó
el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno de la
República de Austria acreditado ante el Gobierno de la República de Eslovenia,
señor Rosso José Serrano Cadena, y por la Parte eslovena el Embajador de
Eslovenia ante la República de Austria, Dr. Ernest Petric; ambos debidamente
facultados con los plenos poderes otorgados por sus respectivos gobiernos.
En este punto conviene precisar que el 11
de enero de 2006 el Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez confirió
PLENOS PODERES al doctor Rosso José Serrano Cadena, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno de Austria y Representante
Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial – ONUDI –, La Organización Internacional de Energía
Atómica – OIEA-, y los demás organismos del Sistema de las Naciones Unidas con
sede en Viena, para que en nombre del Gobierno Nacional suscribiera Convenio
de Intercambio Cultural, Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República de Eslovenia. (Ver
folio 3 del cuaderno 1)
Aprobación Presidencial
4.- El día 5 de mayo de 2006, el Presidente de la República dio su
aprobación ejecutiva y ordenó someter a la consideración del Congreso el
Convenio de Intercambio Cultural, Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República de Eslovenia hecho en Viena
el 15 de marzo de 2006”. El decreto correspondiente fue suscrito también por
la Ministra de Relaciones Exteriores, la Ministra de Educación Nacional y la
Ministra de Cultura. (Ver folio 6 del cuaderno principal)
Una vez efectuado el examen del trámite del Convenio
de Intercambio Cultural, Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República de Eslovenia hecho en Viena
el 15 de marzo de 2006, y luego de verificar que tanto la negociación y
suscripción del Acuerdo como la aprobación presidencial se realizaron
cumpliendo con las exigencias constitucionales, procederá la Corte a
desarrollar el examen formal de su Ley Aprobatoria.
Trámite de aprobación de la Ley 1158 de 2007 en el Senado de la República
5.- Con fundamento en los antecedentes
legislativos, las actas publicadas en las Gacetas del Congreso de la República
y las certificaciones remitidas a la Corte Constitucional por el Senado de la
República y la Cámara de Representantes, se pudo verificar que el trámite
surtido en esa Corporación para la expedición de la Ley No. 1158 de 2007, fue el
siguiente:
6.- El texto del proyecto de Ley por medio del cual “se
aprueba el Convenio de Intercambio Cultural, Educativo y Deportivo entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Eslovenia”, - suscrito en Viena el 15 de marzo de 2006 por el Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno de Austria y
Representante Permanente de Colombia ante la Organización de la Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial – ONUDI –, La Organización Internacional de
Energía Atómica – OIEA –, y los demás Organismos del Sistema de las Naciones
Unidas con sede en Viena, doctor Rosso José Serrano Cadena –, radicado bajo el
número No 58 de 2006 (Senado), se publicó junto con la respectiva exposición de
motivos en la Gaceta del Congreso No. 285, el viernes 11 de agosto de 2006 (folios
3 a 5 del cuaderno 2)
7.- El informe de ponencia para primer
debate en la Comisión Segunda del Senado de la República, fue presentado por el
Congresista Juan Manuel Galán Pachón y se publicó en la Gaceta del Congreso No.
359 del día lunes 11 de septiembre de 2006 (folios 9 a 12 del cuaderno 2)
8.- En el Acta número 6 de la sesión
celebrada el día 12 de septiembre de 2006 (folios 15 a 16 del cuaderno 2), la
cual fue publicada en la Gaceta del Congreso número 481 del día 24 de octubre
de 2006 se verifica que el Proyecto de Ley 58 de 2006 (Senado) fue anunciado
para ser discutido y aprobado en primer debate en la sesión de la Comisión
Segunda del Senado el día miércoles 13 de septiembre de 2006, en los siguientes
términos:
ORDEN DEL DÍA
Para el martes 12  de septiembre de 2006
(…)
IV
Proyectos de ley para anunciar su discusión
y votación en la sesión de la Comisión Segunda del Senado del día miércoles 13
de septiembre de 2006(…)
9. Proyecto de ley número 58  de 2006 Senado,
por medio de la cual se aprueba el Convenio de Intercambio Cultural,
Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República de Eslovenia” hecha en Viena el 15 de marzo de
2006.
9.- De conformidad con lo establecido en el
Acta número 7 de la sesión celebrada el día miércoles 13 de  septiembre de 2006
– publicada en la Gaceta del Congreso No. 511 del viernes 3 de noviembre de
2006 – (folios 95 a 98 del cuaderno 2) se verifica que la Comisión Segunda del
Senado de la República aprobó en primer debate el Proyecto de Ley. Según consta
en el expediente, el proyecto se aprobó con la votación unánime del quórum
deliberatorio y decisorio integrado por once (11) de los trece (13) Senadores
que conforman la Comisión.
10.- La ponencia para segundo debate por
parte de la Plenaria del Senado de la República fue presentada por el Senador Juan
Manuel Galán, y fue publicada en la Gaceta del Congreso número 531 del martes
14 de noviembre de 2006. (Folios 126 a 128 del cuaderno 3)
11.- En el Acta de Plenaria del Senado de la
República No. 35 correspondiente a la sesión celebrada el día miércoles 6 de
diciembre de 2006, publicada en la Gaceta del Congreso No. 57 del jueves 1º de
marzo de 2007, se verifica que el Proyecto de la Ley No. 58 de 2006 (Senado)
fue anunciado de la siguiente manera (Folios 45 y 46 del cuaderno 6):
“Por instrucciones de la presidencia y de
conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, la Secretaría anuncia
los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima semana (…)
Proyectos en Segundo Debate (…)
Proyecto de Ley No. 58 Senado, por medio
del cual se aprueba el
Convenio de Intercambio Cultural, Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República de Eslovenia, hecho en
Viena el 15 de marzo de 2006”
Al final se añadió:
“Siendo las 8:35 p. m., la Presidencia
levanta la sesión y convoca para el día 11 de diciembre de 2006, a las 10 a. m.”.
(Negrilla fuera de
texto)
12.- En la Gaceta del Congreso número 58
del jueves 1 de marzo de 2007 (folio 4 y 6 del cuaderno 7) se publicó el Acta
de Plenaria del Senado de la República No. 36, correspondiente a la sesión del
día 11 de diciembre de 2006. Allí consta que el Proyecto de Ley No. 58 de 2006
(Senado) “por medio del cual se aprueba el Convenio de Intercambio Cultural,
Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República de Eslovenia” fue aprobado.
13.- Mediante escrito expedido por el Secretario
General del Senado de la República el día 30 de octubre de 2007 se corrobora lo
anterior y se certifica lo siguiente:
“En sesión ordinaria de la Plenaria del
Senado del día lunes 11 de diciembre de 2006, se aprobó el proyecto de ley, pudiéndose
constatar un quórum de 97 honorables Senadores de la República de los 102 que
conforman la Plenaria de la corporación. Una vez la Presidencia de la
Corporación puso a consideración de la plenaria el proyecto, este fue aprobado
mediante votación ordinaria, según consta en acta No. 36 de la misma fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso No.58 de 2007. En sesión ordinaria de la
Plenaria de la corporación del día miércoles 6 de diciembre de 2006, se dio
cumplimiento a lo establecido en el Acto Legislativo No. 1 de 2003, anunciándose
que en la próxima sesión se votaría el proyecto, según consta en acta No. 35 de
la sesión ordinaria del día 6 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta del
congreso No. 57 de 2007”.
Trámite de aprobación de la Ley 1158 de 2007 en la Cámara de Representantes
14.- Radicado el Proyecto de Ley en la
Cámara de Representantes con el número 213 de 2007, se le repartió a la
Comisión Segunda Constitucional Permanente, siendo designado como ponente el
Representante Gonzalo García Angarita. El informe de ponencia fue publicado en la
Gaceta del Congreso No. 155 del día jueves 3 de mayo de 2007 (folios 152 y 153
del cuaderno 4).
15.- En el Acta de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes No. 29 de 2007,
correspondiente a la sesión celebrada el día 8 de mayo de 2007 y publicada en la
Gaceta del Congreso No. 360 del día martes 31 de julio de 2007 (folios 39 y 42
del cuaderno 4) se verifica lo siguiente respecto del anuncio:
“Siguiente punto del Orden del Día/ Hace
uso de la palabra la Secretaría General, doctora Pilar Rodríguez Arias: /
Anuncios de proyectos de ley dando cumplimiento al artículo 8° del Acto
Legislativo número 1 de 2003, para la sesión del 9 de mayo de 2003/ 2. Proyecto
de ley número 58 de 2006  Senado, 213de 2007 Cámara, por medio del cual se
aprueba el Convenio de Intercambio Cultural, Educativo y Deportivo entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Eslovenia, hecho en Viena el 15 de marzo de 2006”.
16.- En el Acta de Comisión Segunda
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes No. 30 de 2007,
fechada el día 9 de mayo de 2007 y publicada en la Gaceta del Congreso
No. 360 del día martes 31 de julio de 2007 (folios 46 a 49 del cuaderno 4), se
constata que el Proyecto de Ley fue aprobado una vez verificada la existencia
de quórum decisorio y que se designó el mismo ponente para la Plenaria de la
Cámara de Representantes.
Según certificación expedida por la
Secretario General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente “en
sesión del día 9 de mayo de 2007, con asistencia de diecisiete (17)
Honorables Representantes se le dio primer debate y se aprobó por unanimidad en
votación ordinaria el proyecto de Ley No. 58/06 Senado y 213/07 Cámara, 058
de 2006 Senado “POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO DE INTERCAMBIO
CULTURAL, EDUCATIVO Y DEPORTIVO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, HECHO EN VIENA EL 15 DE MARZO DE 2006”
(folios 1 y 2 del cuaderno 4)
17.- El texto definitivo aprobado en primer
debate por parte de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara
de Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso número 231, del día
viernes 1 de junio de 2007 (folio 113 del cuaderno 4)
18.- El informe de ponencia para segundo debate
en la Cámara de Representantes fue presentado por el Congresista Gonzalo García
Angarita. Se publicó en la Gaceta del Congreso No. 231 del día viernes 1 de
junio de 2007 (folio 113 del cuaderno 4)
19.- En la Gaceta del Congreso No. 607 del
1 de diciembre de 2006 se publicó el Acta de Plenaria número 61 del día miércoles
25 de julio de 2007. En la página 22 de la mencionada gaceta (folio 37 del
cuaderno 5) aparece lo siguiente con relación al anuncio:
“Dirección de la sesión por la
Presidencia, doctor Béner Zambrano Erazo:
Señor Secretario anuncia los proyectos para
el próximo martes por favor.
Secretario General, doctor Jesús Alfonso
Rodríguez C., informa:
Si señor Presidente, antes de verificar
vamos a hacer los anuncios correspondientes.
Dirección de la sesión por la Presidencia,
doctor Béner Zambrano Erazo:
Señor Secretario anuncie por favor los
proyectos para el próximo martes a las 3 de la tarde.
Secretario General, doctor Jesús Alfonso
Rodríguez C., informa:
Sí, señor Presidente se anuncian los
siguientes proyectos: (…)
Proyecto de ley número 213 de 2007 Cámara,
058 de 2006 Senado (…)”
Más adelante, en la misma Gaceta se observa
lo siguiente:
Dirección de la sesión por la Presidencia,
doctor Béner Zambrano Erazo:
“Se levanta la sesión y se convoca para el
próximo martes  a las 3 de la tarde.
Una vez agotada (sic) el Orden del Día, se
levanta la sesión siendo las 6:25 p.m., y se convoca para el próximo martes 31
de julio, a las 3 de la tarde.”
20.- En el Acta de Plenaria No. 62 de la
Sesión Ordinaria del día martes 31 de julio de 2007 de la Cámara de
Representantes, publicada en la Gaceta del Congreso No. 435 del viernes 7 de
septiembre de 2007 (folios 133, 134 y 148 del cuaderno 5) aparece que el
Proyecto de Ley número 213 de 2007 Cámara, 058 de 2006 Senado por medio del
cual se aprueba el Convenio de Intercambio Cultural, Educativo y Deportivo entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Eslovenia, hecho en Viena el 15 de marzo de 2006 fue aprobado.
Según certificación expedida por el
Secretario General de la Cámara de Representantes “en Sesión Plenaria de la
H Cámara de Representantes del día 31 de julio de 2007, a cual (sic) se
hicieron presentes ciento cuarenta y nueve (149) Honorables Representantes, fue
considerada y aprobada por mayoría de los presentes, la ponencia para segundo
Debate, el articulado y el título del proyecto del ley No. 213/2007 Cámara –
058/2007 Senado, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO DE INTERCAMBIO
CULTURAL, EDUCATIVO Y DEPORTIVO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, HECHO EN VIENA EL 15 DE MARZO DE 2006”,
lo anterior según consta en el registro electrónico y manual remitido por el
Subsecretario de la Corporación mediante oficio SbSG. 2.1.O612-07 y el Acta de
Sesión Plenaria No. 062 de julio 31 de 2007 que se encuentra publicada en la
Gaceta del Congreso No 435/07 la cual anexo” (Folio 3 del cuaderno 5)
21.- El texto definitivo aprobado en
segundo debate por parte de la plenaria de la Cámara de Representantes fue
publicado en la Gaceta del Congreso número 396, del día viernes 17 de agosto de
2007 (folios 13 y 14 del cuaderno 5).
22.- La Ley fue sancionada por el Presidente
de la República el día 20 de septiembre de 2007. El texto de dicha Ley fue
remitido a la Corte Constitucional para su revisión el día 25 de septiembre de
2007, esto es, dentro del término máximo de 6 días señalados para tal efecto
por el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Nacional.
El cumplimiento de los requisitos
constitucionales y legales en el trámite legislativo de la Ley 1158 de 2007
23.- De acuerdo con la descripción
anterior, el Convenio de Intercambio Cultural, Educativo y Deportivo entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Eslovenia” hecho en Viena el 15 de marzo de 2006, y de la ley 1158 de 2007
que lo aprobó surtieron el procedimiento previsto en la Constitución y la Ley.
24.- Con el
propósito de demostrar el cumplimiento del procedimiento legislativo consagrado
en la Constitución se presenta el siguiente cuadro en el que se relacionan la
Comisión o Plenaria del Congreso, los números de las Gacetas del Congreso en
que se publicó el informe de ponencia de cada debate, las fechas y textos de
los correspondientes anuncios, al igual que las fechas de las respectivas
discusiones y votaciones.
Órgano
Gaceta
en la que se  publicó el Informe de Ponencia
Fecha
y texto del anuncio
Fecha
del debate y la votación.
Comisión II del Senado
Gaceta del Congreso No. 359 del día lunes
11 de septiembre de 2006 (folios 9 a 12 del cuaderno 2)
El anuncio fue realizado el día
12 de septiembre de 2006, según consta en el Acta No. 6 de
2006, publicada en la Gaceta del Congreso No. 481 de 2006 (folios 15 a 16 del
cuaderno 2), en los siguientes términos:
ORDEN DEL DÍA
Para el martes 12  de septiembre de 2006
(…)
IV
Proyectos de ley para anunciar su discusión y votación en la
sesión de la Comisión Segunda del Senado del día miércoles 13 de
septiembre de 2006 (…)
9. Proyecto
de ley número 58  de 2006 Senado, por medio de la cual se aprueba el
Convenio de Intercambio Cultural, Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República de Eslovenia” hecha
en Viena el 15 de marzo de 2006.
El debate, la votación y la aprobación
del proyecto de Ley 58/2006 fue realizada el 13 de septiembre de 2006,
según acta No. 7 de 2006, publicada en la Gaceta del Congreso No. 511 de 2006
(folios 95 a 98 del cuaderno 2)
Plenaria del Senado
Gaceta del Congreso número 531 del martes
14 de noviembre de 2006. (Folios 126 a 128 del cuaderno 3)
El anuncio fue realizado en la sesión
celebrada el día miércoles 6 de diciembre de 2006,
según consta en el Acta No. 35 de 2006, publicada en la Gaceta No. 57 de 2007
(Folios 45, 46 y 48 del cuaderno 6), con el siguiente texto:
“Por instrucciones de la presidencia y de conformidad con el Acto
Legislativo número 01 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos que se
discutirán y aprobarán en la próxima semana (…)
Proyectos en Segundo Debate (…)
Proyecto de Ley No. 58 Senado, por medio del cual se aprueba el Convenio de Intercambio Cultural, Educativo y
Deportivo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República de Eslovenia, hecho en Viena el 15 de marzo de 2006”
Al final se añadió: “Siendo las 8:35 p. m., la Presidencia
levanta la sesión y convoca para el día 11 de diciembre de 2006, a las 10
a. m.”. (Negrilla fuera de texto)
El debate, la
votación y la aprobación del proyecto de Ley 58/2006 fue realizada el día
11 de diciembre de 2006, según Acta No. 36 de 2006, publicada en la
Gaceta No. 58 de 2007 (folios 4 y 7 del cuaderno 7)
Comisión II de la Cámara.
Gaceta del Congreso No. 155 del día jueves 3 de mayo de 2007
(folios 152 y 153 del cuaderno 4).
El anuncio fue
realizado el día 8 de mayo de 2007, según Acta No. 29 de 2007,
publicada en la Gaceta No. 360 de 2007 (folios 39 y 42 del cuaderno 4), en
los siguientes términos:
“Siguiente punto del Orden del Día/ Hace uso de la palabra la
Secretaría General, doctora Pilar Rodríguez Arias: / Anuncios de proyectos de
ley dando cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo número 1 de 2003,
para la sesión del 9 de mayo de 2006/ 2. Proyecto de ley número 58 de
2006  Senado, 213 de 2007 Cámara, por medio del cual se aprueba el Convenio
de Intercambio Cultural, Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República de Eslovenia, hecho en
Viena el 15 de marzo de 2006”.
El debate, la
votación y la aprobación del proyecto de Ley 58/2006 Senado – 213/2007 Cámara
fue efectuado el día 9 de mayo de 2007, según consta en el Acta
No. 30 de 2007, fechada el día 9 de mayo de 2007 y publicada en la Gaceta del
Congreso No. 360 2007 (folios 46 a 49 del cuaderno 4)
Plenaria de la Cámara.
Gaceta del Congreso No. 231 del día viernes 1 de junio de
2007 (folio 113 del cuaderno 4)
El anuncio fue
realizado el día miércoles 25 de julio de 2007, según Acta No.
61 de 2007, publicada en la Gaceta No. 607 de 2007 (folios 37 del cuaderno
5), en los siguientes términos:
“Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Béner
Zambrano Erazo:
Señor Secretario anuncia los proyectos para el próximo martes por
favor.
Secretario General, doctor Jesús Alfonso Rodríguez C., informa:
Si señor Presidente, antes de verificar vamos a hacer los anuncios
correspondientes.
Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Béner Zambrano
Erazo:
Señor Secretario anuncie por favor los proyectos para el próximo
martes a las 3 de la tarde.
Secretario General, doctor Jesús Alfonso Rodríguez C., informa:
Sí, señor Presidente se anuncian los siguientes proyectos: (…)
Proyecto de ley número 213 de 2007 Cámara, 058 de 2006 Senado (…)”
Más adelante, en la misma Gaceta se observa lo siguiente:
Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Béner Zambrano
Erazo:
“Se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes  a
las 3 de la tarde.
Una vez
agotada (sic) el Orden del Día, se levanta la sesión siendo las 6:25 p.m., y
se convoca para el próximo martes 31 de julio, a las 3 de la tarde.”
El debate, la
votación y la aprobación del proyecto de Ley 58/2006 Senado – 213/2007 Cámara
fue efectuado el día 31 de julio de 2007, de acuerdo con el
Acta de Plenario No. 62 de 2007, publicada en la Gaceta No. 435 de 2007
(folios 133, 134 y 148 del cuaderno 5)
Iniciación del trámite en el Senado
25.- A partir del examen efectuado por la
Corte Constitucional, pudo verificarse que el Proyecto de Ley inició su curso
en el Senado de la República, tal como lo indica el artículo 154 de la
Constitución.
Término que debe mediar entre debates
26.- En lo que respecta a las exigencias
derivadas de lo dispuesto en el artículo 160 Superior, se encuentra que los
términos que deben mediar para las respectivas aprobaciones de un proyecto de
ley en la comisión constitucional respectiva y la plenaria correspondiente es
de 8 días, y entre la aprobación del proyecto en una Cámara y la iniciación del
debate en la otra, es de 15 días.
La razón de ser de este requisito, está
referida a la existencia de un plazo durante el cual se puedan madurar las
ideas, a fin de enriquecer el debate. Se trata de asegurar que los Congresistas
cuenten con un tiempo de reflexión previo a la discusión y aprobación de los
proyectos.
En el caso concreto es posible evidenciar
que: el primer debate en el Senado de la República tuvo lugar el día 13 de
septiembre de 2006 y la aprobación en la Plenaria se llevó a cabo el día
11 de diciembre de 2006. Por su parte, el día 9 de mayo de 2007
se aprobó el Proyecto de Ley por parte de la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes y la aprobación en segundo debate por parte de la Plenaria de la
Cámara se presentó el día 31 de julio de 2007. De acuerdo con lo
anterior, queda demostrado que entre el primer y segundo debate en cada Cámara,
transcurrió un tiempo no inferior a ocho (8) días. Así mismo, pudo constatarse
que entre la aprobación del proyecto en el Senado (11 de diciembre de 2006) y
la iniciación del debate en la Cámara de Representantes (9 de mayo de 2007) transcurrió
un lapso no inferior a quince (15) días.
Publicaciones oficiales
27.- A partir del numeral 1° del artículo 157
de la Constitución se consagra la obligación de realizar la publicación oficial
del proyecto y de la ponencia por parte del Congreso de la República, antes de
darle curso en la comisión respectiva.  Estas publicaciones se cumplieron así:
-
El texto del proyecto
de Ley por medio del cual “se aprueba el Convenio de Intercambio Cultural,
Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República de Eslovenia”, - suscrito en Viena el 15 de marzo
de 2006 se publicó junto con la respectiva exposición de motivos en la Gaceta
del Congreso No. 285, el viernes 11 de agosto de 2006 (folios 3 a 5 del
cuaderno 2)
-
El informe de
ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la
República, se publicó en la Gaceta del Congreso No. 359 del día lunes 11 de
septiembre de 2006 (folios 9 a 12 del cuaderno 2)
-
De conformidad con lo
establecido en el Acta número 7 de la sesión celebrada el día miércoles 13 de septiembre
de 2006 – publicada en la Gaceta del Congreso No. 511 del viernes 3 de
noviembre de 2006 – (folios 95 a 98 del cuaderno 2)  se verificó que la
Comisión Segunda del Senado de la República aprobó en primer debate el Proyecto
de Ley.
-
La ponencia para
segundo debate por parte
de la Plenaria del Senado de la República fue publicada en la Gaceta del
Congreso número 531 del martes 14 de noviembre de 2006. (Folios 126 a 128 del
cuaderno 3)
-
El informe de
ponencia para primer debate
en la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 155
del día jueves 3 de mayo de 2007 (folios 152 y 153 del cuaderno 4).
-
En el Acta de Comisión
Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes No. 30 de
2007, fechada el día 9 de mayo de 2007 y publicada en la Gaceta del Congreso
No. 360 del día martes 31 de julio de 2007 (folios 46 a 49 del cuaderno 4), se
constata que el Proyecto de Ley fue aprobado una vez verificada la existencia
de quórum decisorio y que se designó el mismo ponente para la Plenaria de la Cámara
de Representantes.
-
El texto definitivo
aprobado en primer debate
por parte de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes
fue publicado en la Gaceta del Congreso número 231, del día viernes 1 de junio
de 2007 (folio 113 del cuaderno 4)
-
El informe de
ponencia para segundo debate
en la Cámara de Representantes fue presentado por el Congresista Gonzalo García
Angarita. Se publicó en la Gaceta del Congreso No. 231 del día viernes 1 de
junio de 2007 (folio 113 del cuaderno 4)
-
En el Acta de Plenaria
No. 62 de la Sesión Ordinaria del día martes 31 de julio de 2007 de la Cámara
de Representantes, publicada en la Gaceta del Congreso No. 435 del viernes 7 de
septiembre de 2007 (folios 133, 134 y 148 del cuaderno 5) aparece que el
Proyecto de Ley número 213 de 2007 Cámara, 058 de 2006 Senado por medio del
cual se aprueba el Convenio de Intercambio Cultural, Educativo y Deportivo
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Eslovenia, hecho en Viena el 15 de marzo de 2006 fue aprobado.
Quorum y Mayorías
28.- Fue posible verificar que el trámite observó el
requisito del quórum decisorio en el sentido prescrito por el artículo 146 de la
Constitución Nacional, así como cumplió con los debates y aprobaciones en las
Comisiones Segundas Permanentes y en las Plenarias de Senado y Cámara, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 160 y 163 superiores.
En tal sentido, se tiene que mediante escrito
expedido por el Secretario General del Senado de la República el día 30 de
octubre de 2007 se certifica lo siguiente:
“En sesión ordinaria de la Plenaria del Senado del día
lunes 11 de diciembre de 2006, se aprobó el proyecto de ley, pudiéndose
constatar un quórum de 97 honorables Senadores de la República de los 102 que
conforman la Plenaria de la corporación. Una vez la Presidencia de la
Corporación puso a consideración de la plenaria el proyecto, este fue aprobado
mediante votación ordinaria, según consta en acta No. 36 de la misma fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso No.58 de 2007. En sesión ordinaria de la
Plenaria de la corporación del día miércoles 6 de diciembre de 2006, se dio cumplimiento
a lo establecido en el Acto Legislativo No. 1 de 2003, anunciándose que en la
próxima sesión se votaría el proyecto, según consta en acta No. 35 de la sesión
ordinaria del día 6 de diciembre
De igual forma, según certificación
expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes “en Sesión
Plenaria de la H Cámara de Representantes del día 31 de julio de 2007, a cual
(sic) se hicieron presentes ciento cuarenta y nueve (149) Honorables
Representantes, fue considerada y aprobada por mayoría de los presentes, la
ponencia para segundo Debate, el articulado y el título del proyecto del ley
No. 213/2007 Cámara – 058/2007 Senado, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL
CONVENIO DE INTERCAMBIO CULTURAL, EDUCATIVO Y DEPORTIVO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, HECHO EN
VIENA EL 15 DE MARZO DE 2006”, lo anterior según consta en el registro
electrónico y manual remitido por el Subsecretario de la Corporación mediante
oficio SbSG. 2.1.O612-07 y el Acta de Sesión Plenaria No. 062 de julio 31 de
2007 que se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso No 435/07 la cual
anexo” (Folio 3 del cuaderno 5)
El requisito de anuncio consagrado en el artículo
160 constitucional dentro del trámite legislativo de aprobación de la ley
29.- Antes de examinar con algún
detenimiento el desarrollo jurisprudencial ofrecido al requisito consignado en
el inciso 5° del artículo 160 del texto constitucional, adicionado por el Acto
Legislativo número 01 de 2003, resulta oportuno volver sobre su contenido
normativo: “Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión
diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un
proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o
comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”.
Según fue señalado en auto 232 de 2007, el establecimiento de esta exigencia
dentro del trámite de aprobación legislativa garantiza la adecuada formación de
la voluntad democrática en el interior de las Cámaras que conforman el Congreso
de la República, en la medida en que por esta vía se asegura una advertencia
previa al momento en el que van a ser llevadas a cabo las fases de discusión y
aprobación de las propuestas que se encuentran en curso. Así, el resultado que
se obtiene, se concreta en un mejor estudio y preparación del proyecto de ley por
parte de los congresistas que participan en la deliberación[2].
En efecto, mediante dicha exigencia se evita que los miembros de las Cámaras
sean sorprendidos con votaciones intempestivas, las cuales se oponen
radicalmente a la máxima de deliberación pública[3].
En el mismo sentido, en sentencia C-927 de
2007 esta Corporación señaló que esta exigencia no puede ser comprendida como
un mero requisito de carácter formal, esto es, privado de un claro sustrato
material que de cuenta de un legítimo fin constitucional. El anuncio, en
oposición a esta idea, afianza y profundiza el principio democrático en el
Congreso de la República toda vez que asegura que la aprobación de la Ley
recoge, de manera efectiva, un acuerdo informado y reflexivo sobre los temas en
ella desarrollados. De tal manera, quienes tienen asiento en las Cámaras
cuentan con la oportunidad de preparar y examinar con el detenimiento requerido
cada una de las propuestas legislativas, a lo cual se suma la posibilidad de
realizar discusiones preliminares en el seno de los diferentes partidos
políticos que facilitan y permiten mayor fluidez en el proceso de discusión y
aprobación en las correspondientes comisiones y plenarias. De manera puntual, la
Corte señaló lo siguiente en la providencia en comento: “Resulta, pues,
congruente con estos
fines, que, con
suficiente antelación a la votación, quienes deban resolver sobre si aprueban o
no un proyecto de ley se informen y adquieran conocimiento relativo a la
materia respecto de la cual recaerá su decisión. De otro modo, se desvirtuaría
el proceso de creación legislativa y se reduciría a ser una instancia en la que
las decisiones se adoptan de manera irreflexiva y desinformada”.
Aunado a lo anterior, bajo el influjo de
esta exigencia se incrementan las posibilidades de realización de seguimiento
ciudadano a los proyectos de ley, lo cual produce un benéfico resultado de
ampliación de los márgenes de control popular a la actuación del Congreso de la
República, espacio de fiscalización que, a su vez, constituye una de las
características imprescindibles de las organizaciones estatales que han acogido
la enseña democrática dentro de sus textos constitucionales[4].
30.- Ahora bien, al volver sobre lo regulado
en la disposición en comento, se observa que en ella se encuentran las
siguientes prescripciones: (i) en primer lugar, la votación de los proyectos de
ley debe estar precedida en todo caso por un anuncio; (ii) en segundo
término, es menester que dicho anuncio sea realizado en sesión diferente a
aquella en la cual ha de ser llevada a cabo la votación de la propuesta
legislativa; (iii) para terminar, la votación del proyecto debe ser realizada,
de manera efectiva, el día fijado en el anuncio.
De manera más detallada, en sentencia C-927
de 2007, la Corte indicó que, como consecuencia de la aplicación de esta
disposición, se impone a las mesas directivas de las comisiones y plenarias de
las Cámaras que en una “sesión anterior se anuncien los proyectos que serán
discutidos y votados en una sesión posterior, siempre y cuando se convoque para
su aprobación en una fecha futura prefijada y determinada, o por lo menos,
determinable”.
Ahora bien, en este punto es necesario
resaltar que no en todos los casos en los cuales la discusión y aprobación de
los proyectos de ley ocurre en fecha diferente a la originalmente anunciada se
produce de manera inexorable un fallo de inexequibilidad por la comisión de un
vicio de procedimiento. Así las cosas, en aquellos eventos en los cuales a
partir del primer anuncio se hilvane una cadena de anuncios ininterrumpida que
culmine en la efectiva aprobación de la propuesta, en forma alguna podrá
alegarse la violación del texto constitucional, puesto que en este caso se
presenta una adecuada transmisión de la información requerida para el debate
que de ninguna manera lesiona los principios de publicidad, transparencia y
deliberación pública que pretenden ser realizados mediante el establecimiento
de la exigencia del anuncio.
31.- En sentencia C-933 de 2006, la Sala
Plena de esta Corporación se pronunció sobre la figura conocida en la
jurisprudencia constitucional como la cadena de anuncios con el objetivo
de indicar que cuando no es posible llevar a cabo la votación de un determinado
proyecto de acuerdo a la indicación realizada en el anuncio previo, es deber de
la mesa directiva de la Cámara correspondiente reiterar dicho anuncio con el
fin de informar la fecha posterior en la cuál aquella se va a realizar
efectivamente. De acuerdo a la consideración anterior, la secuencia de anuncios
que permita establecer con precisión el momento en que se habrá de realizar la
aprobación del proyecto, no sólo permite un aceptable y proporcional margen de
acción al Congreso que, a su vez, tiene en cuenta la dinámica parlamentaria, sino
que se ajusta al texto constitucional dado que consigue, en últimas, el fin
perseguido a través de esta exigencia, consistente en evitar la realización de
debates sorpresivos, tal como ha sido señalado en líneas anteriores.
Así pues, en caso de ocurrir una ruptura en
la secuencia temporal del aviso, la Corte habrá de concluir que se ha
incumplido el requisito consignado en el inciso 5° del artículo 160 superior,
lo cual significa que el proyecto de ley ha sido aprobado en fecha diferente a
la previamente anunciada. Empero, tal constatación no conduce de manera forzosa
a la declaración de inexequibilidad del proyecto de ley pues si se acredita que
en la sesión inmediatamente anterior “el mismo fue específicamente anunciado
para ser sometido a votación en dicha sesión” la conclusión será diferente,
por lo que habrá de entenderse que la votación ha ocurrido de acuerdo a la
exigencia del anuncio.
32.- Ahora bien, de la abundante línea
jurisprudencial desarrollada a propósito de la exigencia del anuncio resulta
oportuno señalar ahora los siguientes elementos relacionados con el tema: de
acuerdo al precedente establecido en sentencia C-533 de 2004, si bien la
reforma introducida por el acto legislativo 01 de 2003 al artículo 160 superior
no impone la inflexible obligación de llevar a cabo dicho anuncio mediante la
indicación de una fecha exacta de la votación, “debe siempre tratarse de un término
cierto y determinable”. Así las cosas, según fue indicado en sentencia
C-400 de 2005, no es necesario emplear una fórmula de naturaleza sacramental
para la realización del anuncio[5]; sin embargo, los
términos utilizados por la Presidencia de la Cámara correspondiente deben
arrojar certeza respecto de la fecha en la cual habrá de celebrarse la
votación.
33.- En el mismo sentido, en cuanto al
momento en el cual ha de llevarse a cabo la discusión y aprobación del
proyecto, en sentencia C-333 de 2005[6] la Corte Constitucional
señaló que en aplicación de la exigencia bajo estudio no pueden coincidir el
mismo día la realización del anuncio y la correspondiente votación pues en este
caso se burla el propósito sustancial que pretende conseguirse mediante la
consagración de este requisito, razón por la cual de presentarse esta situación
se presenta un vicio de procedimiento de carácter insubsanable.
34.- Para terminar, resulta oportuno volver
sobre el trabajo de sistematización realizado en sentencia C-241 de 2006,
providencia en la cual la Corte ordenó las exigencias relacionadas con el
anuncio en los siguientes términos:
Con fundamento en el anterior análisis
jurisprudencial, para el cumplimiento de lo señalado en el Acto Legislativo se
puede afirmar que (i) se hace necesario que así no esté exactamente
determinada, la fecha de votación sea determinable; (ii) se hace imposible el
cumplimiento de lo previsto en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003,
si el anuncio para la votación se da el mismo día que ésta; (iii) la
contextualización que se da con la mención de que se está cumpliendo con los
requisitos del Acto Legislativo fortalece el que el anuncio de votación sea
válido a la luz de la Carta; (iv) no existe una fórmula textual específica para
realizar el anuncio. Lo esencial es verificar si se cumplió la finalidad del
anuncio, para lo cual se deben atender las circunstancias de cada caso; (v) si
bien la omisión del requisito del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003
es, en principio, subsanable, tal posibilidad no se da si las graves
irregularidades en el anuncio se presentan en el primero de los debates de todo
el trámite de aprobación de la ley.”
35.- Ahora bien, en cuanto a la
determinación del carácter subsanable o insubsanable de este  vicio de procedimiento,
en sentencia C-665/07 la Corte unificó su jurisprudencia sobre la materia para
indicar que la omisión en el cumplimiento de este requisito adquiere diferentes
implicaciones dependiendo de la instancia en la cual se haya presentado dentro
del procedimiento legislativo. En tal sentido, señaló que la ocurrencia de este
tipo de irregularidades “hasta la votación en la Plenaria del Senado se
considera como un vicio en el trámite legislativo insubsanable que
desencadenará la declaratoria de inexequibilidad de la ley aprobatoria de un
tratado internacional”. Así las cosas, en estos supuestos corresponde a la
Corte declarar la inexequibilidad de la ley aprobatoria y, por su parte, al
Congreso de la República reiniciar, desde el primer momento, el trámite de la
totalidad del proceso de aprobación legislativa. En oposición, cuando quiera
que el defecto se presenta una vez el pleno del Senado de la República ha
manifestado válidamente la aprobación de la iniciativa, esta Corporación ha
considerado que se presenta un vicio subsanable que ha de ser enmendado
mediante su remisión a la correspondiente Cámara en la cual ocurrió el defecto
para que, a partir de dicha instancia, continúe su trámite.
36.- En el asunto bajo revisión encuentra la
Corte que se cumplió el requisito del anuncio de que trata el artículo 8 del
Acto Legislativo 01 de 2003. En efecto, los respectivos anuncios se realizaron
de la siguiente manera:
(i)
Anuncio para
primer debate en la Comisión Segunda del Senado:
El anuncio fue
realizado el día 12 de septiembre de 2006, según consta en
el Acta No. 6 de 2006, publicada en la Gaceta del Congreso No. 481 de 2006
(folios 15 a 16 del cuaderno 2), en los siguientes términos:
ORDEN DEL DÍA
Para el martes 12  de septiembre de 2006
(…)
IV
Proyectos de ley para anunciar su discusión
y votación en la sesión de la Comisión Segunda del Senado del día miércoles
13 de septiembre de 2006 (…)
9. Proyecto de ley número 58  de 2006
Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio de Intercambio
Cultural, Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la República de Colombia y
el Gobierno de la República de Eslovenia” hecha en Viena el 15 de marzo
de 2006.
37.- En la Comisión Segunda del Senado el
requisito previo del anuncio que establece el artículo 8 del Acto Legislativo
se cumplió a cabalidad por las siguientes razones:
a) El Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara por
instrucciones de la Presidenta de la misma Comisión realizó el anuncio.
b) Se empleó la expresión “Proyectos de ley para
anunciar su discusión y votación en la sesión de la Comisión Segunda del Senado
del día miércoles 13 de septiembre de 2006 (…)”
Conviene precisar que previamente la
Presidenta de la Comisión Segunda del Senado, Martha Lucía Ramírez de Rincón
indicó expresamente que: “Se ha citado hoy para cumplir un formalismo, o
casi no, sino definitivamente para cumplir un formalismo, por cuanto la ley de
bancadas exige que se anuncie con anticipación los proyectos de ley que se van
a tratar en comisión. Tenemos ya cuatro proyectos de ley en los cuales han
rendido informe los ponentes, no podíamos haberlo anunciado en la reunión
pasada en la Comisión, no habíamos recibido las ponencias; por esta razón la
reunión básicamente se citó con el propósito de anunciar los cuatro proyectos
que trataríamos en la sesión de mañana, y en los cuales repito ya tenemos
informe de los ponentes.” (Ver folios 14 del cuaderno 2)
De acuerdo con lo anterior, queda claro que
el anuncio se realizó con el propósito de cumplir los requerimientos
consignados en el artículo 8 del Acto Legislativo 1 de 2003.
c) De igual forma, se comprobó que el anuncio para la
votación del proyecto de ley se realizó el día 12 de septiembre de 2006,
en una sesión anterior a aquella en la que se debatió y votó. En efecto, el
debate, la votación y la aprobación del proyecto de Ley 58/2006 fue realizada
el 13 de septiembre de 2006, según acta No. 7 de 2006, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 511 de 2006 (folios 95 a 98 del cuaderno 2).
(ii)
Anuncio para
segundo debate en la Plenaria del Senado:
El anuncio fue
realizado en la sesión celebrada el día miércoles 6 de diciembre
de 2006, según consta en el Acta No. 35 de 2006, publicada en la Gaceta
No. 57 de 2007 (Folios 45, 46 y 48 del cuaderno 6), con el siguiente texto:
“Por instrucciones de la presidencia y de
conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, la Secretaría anuncia
los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima semana (…)
Proyectos en Segundo Debate (…)
Proyecto de Ley No. 58 Senado, por medio
del cual se aprueba el
Convenio de Intercambio Cultural, Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República de Eslovenia, hecho en
Viena el 15 de marzo de 2006”
Al final se añadió: “Siendo las 8:35 p.
m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día 11 de diciembre
de 2006, a las 10 a. m.”. (Negrilla fuera de texto)
38.- En la Plenaria del Senado el requisito
previo del anuncio que establece el artículo 8 del Acto Legislativo se cumplió
a cabalidad por las siguientes razones:
a) El anuncio se hizo por la Secretaría, de
acuerdo con las instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto
Legislativo número 01 de 2003.
b) Los términos empleados fueron los
siguientes: “Por instrucciones de la presidencia y de conformidad con el
Acto Legislativo número 01 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos que se
discutirán y aprobarán en la próxima semana (…)
Proyectos en Segundo Debate (…)
Proyecto de Ley No. 58 Senado, por medio
del cual se aprueba el
Convenio de Intercambio Cultural, Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República de Eslovenia, hecho en
Viena el 15 de marzo de 2006”
c) El anuncio se hizo de manera clara, para
“la próxima semana”, una fecha determinable que permitía a los senadores saber
cuando tendría lugar la votación y para que estaban siendo convocados. Lo
anterior, por cuanto al final de la sesión la Presidenta levanta la sesión y
dice: “Siendo las 8:35 p. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca
para el día 11 de diciembre de 2006, a las 10 a. m.”. (Negrilla fuera de
texto)
d) La votación se hizo en sesión posterior
a aquella en que se realizó el anuncio previo, y en la fecha indicada para
ello, es decir, el 11 de diciembre de 2006, tal como había sido
informado a los congresistas, cumpliendo las exigencias constitucionales.
(iii)
Anuncio para
primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes:
El anuncio fue realizado el día 8 de mayo de
2007, según Acta No. 29 de 2007, publicada en la Gaceta No. 360 de 2007
(folios 39 y 42 del cuaderno 4), en los siguientes términos:
“Siguiente punto del Orden del Día/ Hace
uso de la palabra la Secretaría General, doctora Pilar Rodríguez Arias: /
Anuncios de proyectos de ley dando cumplimiento al artículo 8° del Acto
Legislativo número 1 de 2003, para la sesión del 9 de mayo de 2006/
2. Proyecto de ley número 58 de 2006  Senado, 213 de 2007 Cámara, por medio del
cual se aprueba el Convenio de Intercambio Cultural, Educativo y Deportivo
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Eslovenia, hecho en Viena el 15 de marzo de 2006”.
39.- En la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes el requisito previo del anuncio que establece el artículo 8 del
Acto Legislativo se cumplió a cabalidad por las siguientes razones:
a) El anuncio se hizo por la Secretaría
General, doctora Pilar Rodríguez Arias, por instrucciones del Presidente de la
Corporación.
b) En cuanto a los términos empleados para
hacer el anuncio, la Secretaria de la Cámara emplea los siguientes: “Anuncios
de proyectos de ley dando cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo
número 1 de 2003, para la sesión del 9 de mayo de 2006”
c) En efecto, la votación y la aprobación
del proyecto de Ley 58/2006 Senado – 213/2007 Cámara fue efectuado el día 9
de mayo de 2007, según consta en el Acta No. 30 de 2007, fechada el día
9 de mayo de 2007 y publicada en la Gaceta del Congreso No. 360 2007 (folios 46
a 49 del cuaderno 4)
(iv)
Anuncio para
segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes:
El anuncio fue realizado el día miércoles 25 de
julio de 2007, según Acta No. 61 de 2007, publicada en la Gaceta No.
607 de 2007 (folios 37 del cuaderno 5), en los siguientes términos:
“Dirección de la sesión por la
Presidencia, doctor Béner Zambrano Erazo:
Señor Secretario anuncia los proyectos para
el próximo martes por favor.
Secretario General, doctor Jesús Alfonso
Rodríguez C., informa:
Si señor Presidente, antes de verificar
vamos a hacer los anuncios correspondientes.
Dirección de la sesión por la Presidencia,
doctor Béner Zambrano Erazo:
Señor Secretario anuncie por favor los
proyectos para el próximo martes a las 3 de la tarde.
Secretario General, doctor Jesús Alfonso
Rodríguez C., informa:
Sí, señor Presidente se anuncian los
siguientes proyectos: (…)
Proyecto de ley número 213 de 2007 Cámara,
058 de 2006 Senado (…)”
Más adelante, en la misma Gaceta se observa
lo siguiente:
Dirección de la sesión por la Presidencia,
doctor Béner Zambrano Erazo:
40.- En la Plenaria de la Cámara de
Representantes el requisito previo del anuncio que establece el artículo 8 del
Acto Legislativo 01 de 2003 se cumplió a cabalidad por las siguientes razones:
a) El anuncio se hizo por Secretario
General, doctor Jesús Alfonso Rodríguez, por instrucciones del Presidente de la
Corporación.
b) El término empleado para realizar el
anuncio fue el siguiente: “(…) Se anuncian los siguientes proyecto”. Del
contexto en el que se desarrollaba puede inferirse claramente que este anuncio
se realizaba en cumplimiento del requisito consagrado en el artículo 8
del Acto Legislativo 01 de 2003.
c) El anuncio se hizo de manera clara, de
acuerdo con las instrucciones del Presidente, doctor Béner Zambrano Erazo,
quien expresamente manifestó: “Señor Secretario anuncia los proyectos para
el próximo martes por favor”, la cual constituye una fecha determinable en
la medida que, al final al levantar la sesión indicó: “Se levanta la sesión
y se convoca para el próximo martes  a las 3 de la tarde.
Una vez agotada (sic) el Orden del Día, se levanta la
sesión siendo las 6:25 p.m., y se convoca para el próximo martes 31 de
julio, a las 3 de la tarde.”
d) La votación se hizo en sesión posterior
a aquella en que se realizó el anuncio previo, y en la fecha indicada para
ello, es decir, el 31 de julio de 2007, tal como había sido informado a
los congresistas, cumpliendo las exigencias constitucionales.
41. - En consideración a lo expuesto,
estima la Corte Constitucional que la ley 1158 de 2007 “Por medio de la cual
se aprueba el Convenio de Intercambio Cultural, Educativo y Deportivo entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Eslovenia, hecho en Viena el 15 de marzo de 2006”, cumple con los
requisitos formales derivados de la Constitución y de la Ley. A renglón seguido
pasará la Corporación a efectuar el análisis de fondo de la Ley sub examine.
La constitucionalidad de la ley aprobatoria 1158 de
2007 en sus aspectos materiales.
Descripción del
Acuerdo
42.- El Convenio suscrito entre la República de
Colombia y la República de Eslovenia tiene como objetivo principal fortalecer
las relaciones internacionales existente entre ambos países, en especial busca
ampliar sus vínculos en los campos de la educación, el arte, la cultura y el
deporte.
43.- Teniendo en cuenta lo anterior, las Partes en el
Acuerdo convienen, en primer término, fomentar la colaboración mutua respecto
de temas relacionados con las humanidades, las artes, la educación y el
deporte, siempre sobre la base del respeto recíproco a la soberanía y
atendiendo a los intereses de sus propios pueblos (Artículo 1 del Acuerdo). Resuelven
también, simplificar trámites administrativos a fin de permitir la
participación de sus nacionales en congresos, conferencias, festivales
internacionales y demás actividades culturales que se desarrollen en alguno de
los Estados firmantes (Artículo 7 del Acuerdo).
Para tal efecto, las Partes Contratantes se
comprometen a ofrecer facilidades para la entrada, permanencia y salida de
personas, de acuerdo con su propia legislación; así mismo, deben ayudar a la
importación de materiales y equipos necesarios para la realización de programas
que se elaboren en el marco del presente Convenio, sin embargo, se deja claro
que los materiales exonerados de derechos de aduanas en virtud del presente
Acuerdo no podrán ser puestos en circulación comercial (Artículo 10 del
Acuerdo).
44.- Ahora bien, en relación con el tema de la
cultura concretamente, los Estados firmantes se obligan a contribuir en el
intercambio de experiencias y progresos alcanzados por cada uno de ellos en
este campo. Para el logro de estos fines se obligan a promover i)
visitas recíprocas de personalidades vinculadas a estos temas, tales como,
conferencistas, autores, compositores, pintores, cinematografistas, artistas,
grupos artísticos y deportivos; ii) contactos entre bibliotecas,
museos y otras instituciones que tengan que ver con actividades artísticas y
culturales; iii) presentación de exposiciones, obras musicales y
teatrales; y iv) intercambio de libros, revistas, periódicos y
otras publicaciones de contenido literario y artístico (Artículo 2 del
Acuerdo).
De igual forma, las Partes se comprometen a fomentar
planes y programas que contribuyan al mejor conocimiento de sus culturas, de
sus hechos históricos, y de sus costumbres (Artículo 4 del Acuerdo).
45.- En materia de educación, el presente
Convenio consagra la obligación en cabeza de cada uno de los Estados firmantes
de contribuir al intercambio de experiencias y progresos  alcanzados por cada
uno de ellos en este campo. De manera concreta, se comprometen a promover: i)
el establecimiento directo de vínculos entre sus centros docentes; ii)
el intercambio directo de conferencista e investigadores para la realización de
cursos, congresos, seminarios y eventos de carácter educativo; iii)
el intercambio de material educativo, pedagógico y didáctico destinados a
centros educativos de todos los niveles; iv) el intercambio de
información sobre sus respectivos sistemas educativos y programas de educación
superior, así como de publicaciones especializadas en el área de economía, geografía,
historia y cultura de ambos países; v) el otorgamiento reciproco
de becas para adelantar cursos de posgrado o para la investigación en sus
modalidades de especialización, maestrías y doctorados, por medio de las
correspondientes instituciones oficiales (Artículo 3 del Acuerdo).
Adicionalmente, se comprometen a promover el
intercambio de información y documentación con el propósito de facilitar el
reconocimiento y la equivalencia de los reportes escolares, diplomas y títulos
científicos y grados de educación superior, de acuerdo con la legislación de
cada Estado.
46.- Por medio del presente Tratado Internacional, las
Partes extiende la protección de los derechos de autor y de otros
derechos sobre las obras educativas y artísticas de la otra Parte, de acuerdo
con las normas internas de cada país. Así mismo, se comprometen a acrecentar el
apoyo recíproco a fin de controlar el tráfico ilegal de obras de arte,
documentos, restos antropológicos y de otros bienes culturales de valor
histórico, de conformidad con la legislación nacional correspondiente y los
tratados internacionales vigentes (Artículos 6 y 8 del Acuerdo)
47.- De otra parte, en relación con el tema del
deporte los Estados firmantes se obligan la colaboración mutua en este
campo (Artículo 9 del Acuerdo).
48.- Igualmente, se estipula la creación de una
Comisión Mixta, formada por los miembros que designe cada una de ellas, la cual
tendrá como funciones: i) elaborar un programa de intercambio
cultural entre los dos países y ii) examinar el desarrollo de
dichos programas, así como el estado de la ejecución del presente Convenio. Esta
Comisión se reunirá de manera ordinaria cada tres (3) años alternadamente en
Eslovenia y en Colombia, y en forma extraordinaria, cuando se considere
necesario (Artículo 11 del Acuerdo)
49.- Finalmente, se consagra la posibilidad de
modificar el presente Convenio de común acuerdo.  Tales modificaciones entraran
en vigor una vez se hayan notificado a cada una de las partes de acuerdo con
los procedimientos legales establecidos para tal efecto. Además, se establece
que el presente Tratado está sujeto a ratificación y tendrá una vigencia de
cinco (5) años, prorrogables automáticamente por dos periodos iguales, a menos
que cualquiera de las partes lo de por terminado mediante notificación que
deberá comunicar por escrito a la otra, por lo menos un año antes de la
expiración del plazo señalado. (Artículo 12 y 13 del Acuerdo).
La Constitucionalidad Material del Convenio
de Intercambio Cultural, Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República de Eslovenia.
50.- A partir de un análisis detallado del articulado
del Tratado Internacional, puede concluirse que el Acuerdo busca fortalecer las
relaciones internacionales entre Colombia y Eslovenia respecto de tres grandes
temas como son la cultura, la educación y el deporte.
51.- El Convenio sub judice tiene como objetivo
principal ampliar el conocimiento recíproco de estos dos países en virtud de la
implementación de un fluido intercambio cultural, educativo y deportivo. En efecto,
el Tratado se suscribe en el marco de la implementación de acciones de política
exterior de Colombia frente a la Unión Europea, de la cual hace parte Eslovenia
desde mayo de 2004.
52.- Cuando se examinan los motivos generales, las
finalidades específicas y las normas contenidas en el mencionado Acuerdo, de
inmediato resulta factible constatar que ellas armonizan con los objetivos
perseguidos por diversas disposiciones constitucionales.
53.- En efecto, se encuentra que lo allí acordado, se
aviene con lo establecido en el artículo 9 superior, el cual establece
que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía
nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el
reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por
Colombia.
54.- De otro lado, el Tratado sub judice se
ajusta a lo dispuesto en el artículo 70 que consagra el deber del Estado
de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos
en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la
enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del
proceso de creación de la identidad nacional. Lo anterior, por cuanto ordena la
implementación de mecanismos que permitan el intercambio cultural entre estos
países, mediante la promoción de visitas reciprocas de autores, compositores,
pintores, cinematografistas, artistas, grupos artísticos y deportivos entre
otros, así como intercambio de libros, revistas, periódicos y otras
publicaciones de contenido literario y artístico, además de la puesta en marcha
de programas que permitan el contacto entre bibliotecas, museos y otras
instituciones que tengan que ver con actividades artísticas y culturales. De
acuerdo con esto, es claro que el respectivo Tratado promueve la investigación,
la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.
55.- En consonancia con lo anterior, el Acuerdo
también armoniza con lo preceptuado en el artículo 71 de la Constitución
Nacional, el cual consagra la libertad de buscar el conocimiento y la
expresión artística, al igual que la necesidad de implementar planes de
desarrollo económico y social para el fomento de la ciencia y, en general de la
cultura.  Además, ordena la creación de incentivos y estímulos para las
personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología
y las demás manifestaciones culturales.
56.- Lo dispuesto en el Acuerdo coincide con lo
establecido en el artículo 72 Superior. En ese sentido, se evidencia que
sus objetivos persiguen proteger el patrimonio cultural de la Nación que
se manifiesta por medio de un conjunto de usos, prácticas y tradiciones
perteneciente a cada uno de los Estados Parte. Es así como, se plasma el
compromiso de fomentar planes y programas que contribuyan al mejor conocimiento
de sus culturas, de sus hechos históricos de sus costumbres.
De manera concreta, en relación con las normas constitucionales
que regulan el tema de la cultura, a las que también se les denomina
constitución cultural, la Corte Constitucional en sentencia C-742 de 2006 precisó
que:
En efecto, es amplio el conjunto de normas
constitucionales que protegen la diversidad cultural como valor esencial de
nuestra Nación, de tal manera que dicho bloque normativo, que también se ha
denominado por la doctrina como la Constitución Cultural[7],
entiende la cultura como valor, principio y derecho que deben impulsar las
autoridades.
Así, el artículo 2º superior, señaló como
fin esencial del Estado el de facilitar la participación de todos en la vida
cultural de la Nación. Los artículos 7º y 8º de la Carta dispusieron la
obligación del Estado de proteger la diversidad y riquezas culturales de la
Nación. El artículo 44 define la cultura como un derecho fundamental de los
niños. El artículo 67 señalaron que la educación es un derecho que busca
afianzar los valores culturales de la Nación. El artículo 70 de la Constitución
preceptúa que el Estado tiene la obligación de promover y fomentar el acceso a
la cultura de los colombianos, en tanto que la cultura y/o los valores culturales
son el fundamento de la nacionalidad colombiana. En esta misma línea, el
artículo 71 de la Constitución dispuso que el Estado creará incentivos para
fomentar las manifestaciones culturales. Ahora, la protección de los recursos
culturales no sólo es una responsabilidad a cargo del Estado sino que también
es un deber de los ciudadanos, en los términos previstos en el artículo 95,
numeral 8º, superior. De todas maneras, los artículos 311 y 313, numeral 9º, de
la Carta encomiendan, de manera especial, a los municipios, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes. Por su parte, el artículo 333 superior
autorizó al legislador a limitar válidamente la libertad económica cuando se
trata de proteger el patrimonio cultural de la Nación. Y, finalmente, con
especial relevancia para el análisis del asunto sometido a estudio de esta
Corporación, recuérdese que el artículo 72 de la Carta dispuso que “el
patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado, pero que
sólo “el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la
identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles”
La descripción anterior muestra que,
efectivamente, la protección del patrimonio cultural de la Nación tiene especial
relevancia en la Constitución, en tanto que éste constituye un signo o una
expresión de la cultura humana, de un tiempo, de circunstancias o modalidades
de vida que se reflejan en el territorio, pero que desbordan sus límites y
dimensiones. Entonces, la salvaguarda estatal del patrimonio cultural de la
Nación tiene sentido en cuanto, después de un proceso de formación,
transformación y apropiación, expresa la identidad de un grupo social en un
momento histórico.
57.- De otra parte, la letra del Convenio concuerda
con lo preceptuado en el artículo 67 de la Constitución Nacional, que
consagra el derecho constitucional a la educación, dado que pone énfasis
en diseñar políticas que contribuyan al intercambio de experiencias y progresos
alcanzados por cada uno de los países firmantes en el campo de la educación, al
igual que subraya la necesidad de promover acciones para el fortalecimiento de
las relaciones académicas y científicas, no sólo entre sus nacionales sino
también entre sus centros educativos.  Así mismo, dispone la creación de becas
para adelantar cursos de posgrado, maestrías y doctorados, en los países
firmantes. De esta manera, el Convenio busca asegurar el acceso al conocimiento, a la ciencia, y a la técnica, en desarrollo de lo
dispuesto por nuestra constitución.
En consonancia con lo anterior, se precisa que el
Acuerdo celebrado entre Colombia y Eslovenia se sujeta a los artículos 13 y 14
del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Económicos
Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, el cual contempla los
derechos a la educación y a la cultura. Adicionalmente, conviene señalar que el
Convenio sometido a estudio de esta Corporación se ajusta al Pacto Internacional
de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce los derechos a la
educación y a la cultura en sus artículos 13 y 15.
En lo que respecta al derecho a la educación,
esta Corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre este tema en la sentencia
T-805 de 2007, a partir de la cual se señaló:
Según el artículo 67 constitucional la
educación es un derecho de toda persona y un servicio público con una función
social, el cual permite el acceso al conocimiento en todos los campos del saber[8]
y persigue formar a las personas en los derechos humanos, la paz y la
democracia entre otros propósitos.
Igualmente esta norma constitucional indica
que será responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, el garantizar el
acceso a la educación la cual será obligatoria entre los cinco y los quince
años de edad, proceso educativo que comprenderá como mínimo un año de
preescolar y nueve de educación básica. Advierte además que la educación será
gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos
académicos a quienes puedan sufragarlos. (inc. 4 del art. 67 C.P.).
De esta manera es claro que la educación desde
el punto de vista  constitucional tiene una doble connotación, en cuanto
derecho[9] y
servicio público[10]. Bajo
la primera connotación presenta a su vez una doble dimensión que corresponde a
la de derecho y deber al mismo tiempo. Derecho por cuanto a ella pueden acceder
todas las personas y al ser el medio para hacer efectivos otros derechos
fundamentales, y deber por que se debe cursar como mínimo diez años de
educación básica[11], para
los cuales las personas deberán tener en principio edades entre los cinco y los
quince años de edad como ya se indicó.
En el caso de los menores de edad, tal como
se advierte de la lectura del artículo 44 Superior, el derecho a la educación
es un derecho fundamental en razón a la especial condición de los titulares de
este derecho, quienes son personas de especial tratamiento por parte del
Estado, la sociedad y la familia.
Como servicio público corresponde al Estado
regularla y ejercer la  suprema inspección y vigilancia con el fin de velar por
su calidad,  garantizando de esta manera que los educandos se formen
adecuadamente, y para que el cubrimiento del servicio sea el apropiado, además de
asegurar a los menores las condiciones para su acceso y permanencia en el
sistema educativo.
(…)
Por otro lado, el Tratado Internacional dispone la
protección de los derechos de autor y de otros derechos sobre las obras
educativas y artísticas de la otra Parte, de acuerdo con las normas internas de
cada país. Así mismo, los Estados se comprometen a acrecentar el apoyo
recíproco a fin de controlar el tráfico ilegal de obras de arte, documentos,
restos antropológicos y de otros bienes culturales de valor histórico, de
conformidad con la legislación nacional correspondiente y los tratados
internacionales vigentes. Esta normatividad está acorde con los preceptos
constitucionales. En efecto, en lo que se refiere a los derechos de autor y
conexos, la Corte Constitucional en sentencia C-975 de 2002 señaló que:
“que son aquellos que surgen en virtud de
la relación entre personas naturales creadoras de obras originales, sean éstas
literarias, artísticas o científicas,[12] y que
recaen exclusivamente sobre las expresiones de las mismas[13]”[14].
A este derecho de autor se le reconoce una doble dimensión jurídica que resulta
consustancial a su desarrollo y evolución: El derecho moral o personal, que
nace de la obra misma como resultado del acto creativo y en ningún caso del
aval otorgado por la autoridad administrativa. Es inalienable, irrenunciable,
extrapatrimonial y en principio perpetuo, ya que “está[n] destinado[s] a
proteger los intereses intelectuales del autor y respecto de ellos el Estado
concreta su acción, garantizando el derecho que le asiste al titular de
divulgar su obra o mantenerla en la esfera de su intimidad, de reivindicar el
reconocimiento de su paternidad intelectual sobre la misma, de exigir respeto a
la integridad de su obra y de retractarse o arrepentirse de su contenido”[15].
(…)
No sobra recordar, que el objeto de tutela
o protección constitucional por medio del derecho de autor es precisamente la
obra, la cual constituye, en los términos del artículo 2° de la Ley 23 de 1982,
“todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y
artístico cualquiera que sea su destinación”. Reiterando lo expresado en la
Sentencia C-276 de 1996, dicha protección esta condicionada al cumplimiento de
los siguientes presupuestos: “el derecho de autor protege las creaciones
formales no las ideas; la originalidad es condición necesaria para la
protección; ella, además, no depende del valor o mérito de la obra, ni de su
destino o forma de expresión y, en la mayoría de legislaciones, no está sujeta
al cumplimiento de formalidades; cosa distinta  es el registro que de ellas
lleve el Estado, en el caso colombiano denominado Registro Nacional de Derechos
de Autor, el cual tiene fines específicos de publicidad y seguridad jurídica,
según se consigna de manera expresa en el artículo 193 de la ley 23 de 1982.”
58.- Ahora bien, los preceptos contenidos
en el Convenio sub examine se ajustan al artículo 52 constitucional,
en cuanto establece que los Estados firmantes se obligan a prestarse
colaboración mutua en temas relacionados con el deporte. En efecto, el Tratado
busca el desarrollo y la implementación de actividades deportivitas en sus
manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas. Lo anterior, teniendo
en cuenta que según la Constitución Nacional el deporte y la recreación, forman
parte de la educación y constituyen gasto público social.
59.- De las anteriores consideraciones
puede concluirse que el Convenio de Intercambio Cultural, Educativo y Deportivo
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Eslovenia, y de la ley 1158 de 2007 que lo aprueba, se ajustan al texto
constitucional, razón por la cual serán declarados exequibles.
VI. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.- DECLARAR
EXEQUIBLE el “Convenio de Intercambio Cultural, Educativo y
Deportivo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República de Eslovenia, hecho en Viena el 15 de marzo de 2006”, y  la ley 1158 de 2007 que lo aprueba.
Segundo.- Enviar copia de esta sentencia al Presidente de la
República y al Ministro de Relaciones Exteriores para los efectos pertinentes a
que alude el artículo 241, Num. 10, de la Constitución Nacional.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Presidente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
Con salvamento de voto
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO
DE VOTO A LA SENTENCIA C-943 DE 2008 DEL MAGISTRADO JAIME ARAÚJO RENTERÍA
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento de requisito de anuncio
previo de votación en su trámite legislativo (Salvamento de voto)
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento constituye vicio
insubsanable (Salvamento de voto)
Referencia: expediente LAT-315
Revisión de constitucionalidad del “Convenio de Intercambio
Cultural, Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la República de Colombia y
el Gobierno de la República de Eslovenia, hecho en Viene el 15 de marzo de 2006”,
y de la ley 1158 de 2007 que lo aprueba.
Magistrado Ponente:
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones de esta Corte, me permito salvar mi voto a la presente decisión, por
cuanto en mi concepto la Ley 1158 de 2007 adolece de vicios de forma
insubsanables, por cuanto en el trámite de aprobación de esta Ley se incurrió
en vicios de procedimiento toda vez que en el segundo debate tanto en la Cámara
de Representantes como en el Senado de la República, no se cumplió debidamente
con el aviso previo de la votación, de conformidad con lo establecido en el
inciso final del artículo 160 de la Constitución Política, referente al anuncio
previo y en sesión diferente, de los proyectos de ley que en la respectiva cámara
o comisión serán sometidos a votación. Por tanto y al no haberse cumplido en
debida forma con el anuncio para votación establecido en el inciso final del
artículo 160 de la Carta Política, acorde con el principio democrático y de
publicidad del procedimiento legislativo, la citada ley ha debido ser declarada
inexequible.
En este orden de ideas, me permito reiterar los
argumentos con base en los cuales sostengo que el requisito del anuncio previo
para votación con el lleno de todas las exigencias constitucionales es
fundamental para la validez de las normas jurídicas y su falta constituye un
vicio insubsanable. A este respecto me referiré (i) en primer lugar, al
problema de teoría del derecho respecto de la producción de las normas
jurídicas, la validez de las mismas, y su importancia en el control
constitucional; y (ii) en segundo lugar, a la naturaleza del anuncio previo
para votación de los proyectos como requisito constitucional.
1. El problema de la producción de las normas
jurídicas, la validez de las mismas, y su importancia en el control
constitucional
El problema de la producción de las normas jurídicas
dentro de un sistema jurídico, el cual apareja a su vez el de la validez de las
normas jurídicas, supone una posición de principio de teoría y filosofía del
derecho, que tiene importantes consecuencias teóricas y prácticas para el tema
del control constitucional.
Se hace necesario entonces tomar una postura clara de
teoría y filosofía del derecho, en relación con el concepto de norma jurídica,
el cual entraña el concepto de validez de las mismas, lo cual a su vez conlleva
necesariamente la pregunta por el modo de producción jurídico-institucional de
las normas. De este modo, tenemos que en un sistema jurídico es fundamental
determinar en primer término, qué es norma jurídica, elemento básico y esencial
del derecho, como el concepto de “célula” para la biología. Por ello, la
primera parte de teoría del derecho se encuentra dedicada al análisis y determinación
de lo que es norma jurídica, parte esencial de la cual, es la pregunta de
cuándo un enunciado normativo hace parte del sistema jurídico, o en otros
términos, a la pregunta por la validez de los preceptos jurídicos[16].
Esta problemática corresponde a la teoría de las normas y aborda la parte
estática del derecho[17].
No obstante, el derecho no está compuesto por una sola
norma sino por una pluralidad de normas jurídicas. En consecuencia, la segunda
parte de la teoría del derecho es la que se refiere a la teoría del
ordenamiento jurídico que aborda la parte dinámica de las normas[18].
En esta parte se encuentra el análisis de lo que son las antinomias jurídicas,
para resolver las cuales hay que acudir a los criterios de vigencia en el
tiempo y/o jerarquía de los enunciados jurídicos validos, así como los
problemas de unidad, coherencia y plenitud de los ordenamientos jurídicos.
Vista la estructura fundamental de la teoría del
derecho, es claro entonces que el primer problema fundamental del sistema
jurídico es la determinación de qué es una norma jurídica, cuándo una norma
nace al ordenamiento jurídico, o en otros términos, qué normas pertenecen y
cuáles no al sistema jurídico, problema que se encuentra analítica e
intrínsecamente ligado al problema de la validez de la norma jurídica, el cual
es un problema tan fundamental y esencial en el derecho que es anterior al
problema de la vigencia y de la eficacia de las normas, puesto que la respuesta
a este primer interrogante permite esclarecer la cuestión de la carta de
nacimiento o naturaleza jurídica propiamente dicha de las normas, la pertenencia
de las normas a un sistema jurídico, o con otras palabras, la cuestión del reconocimiento
de las normas como jurídicas o pertenecientes a un sistema jurídico, es decir,
como enunciados normativos jurídicos-positivos.
En este orden de ideas, aparece claro que la pregunta
fundamental en el derecho es la pregunta por la existencia y validez de las
normas jurídicas, por qué es norma jurídica, cuestiones que determinan la
teoría de los actos jurídicos y la teoría de la nulidad en el derecho, desde la
inexistencia de norma, la nulidad de la norma, hasta la existencia de norma con
vicio o sin vicio de producción o formación. De manera que el cuestionamiento
esencial en el derecho es entonces el de cómo surgen las normas en el mundo
jurídico, esto es, cuándo una norma ha surgido correctamente en el mundo
jurídico, es decir, con el lleno o cumplimiento de todos los requisitos
establecidos para su creación. Este cuestionamiento corresponde exactamente a
la pregunta por la validez.
La pregunta por la validez de las normas jurídicas, es
decir, por la cuestión de si un enunciado normativo es norma jurídica, o en
otros términos, si  pertenece al sistema jurídico, de conformidad con las
reglas prefijadas por el propio sistema para su reproducción, es la pregunta
fundamental que se debe hacer en el derecho, para posteriormente, y sólo si es
contestada afirmativamente esta pregunta por la validez, se pueda continuar
preguntando por la vigencia y la eficacia de las normas jurídicas válidas.
Esta característica propia de las normas jurídicas
como válidas, es lo que llevó  a Hans Kelsen a afirmar que el derecho pertenece
al mundo del “deber ser” y no al mundo del “ser”, ya que la
pregunta por el derecho es la pregunta por la validez de la norma jurídica, es
decir, por la existencia deontológica, y no la pregunta por la existencia
fenomenológica de las cosas, lo que condujo al filósofo del derecho austriaco a
sostener que por ello mismo la lógica formal no funciona para el derecho, por
cuanto su finalidad es la constatación de una correspondencia con un fenómeno
del mundo del ser, mientras que en cambio en el derecho de lo que se trata es
de constatar si una norma es válida, es decir de si existe en el mundo del derecho
o del “deber ser” y ello de acuerdo con aquellas reglas que estipulan y
prevén los presupuestos para su producción jurídica[19].
Así mismo, esta característica de la validez, propia del derecho, es lo que
permite explicar, según Kelsen, que se puedan encontrar normas válidas que se
opongan entre sí y sin embargo sigan siendo válidas.
A este respecto, hay que recordar que el sistema
jurídico es como el ave fénix que se crea y se reproduce a sí mismo, y contiene
por tanto normas que estipulan la forma de la reproducción de las normas
jurídicas, las cuales Hart denomina “reglas secundarias”[20].
Así mismo, a este problema fundamental del derecho acerca de la determinación
de la pertenencia o no de una norma a un sistema jurídico de conformidad con
las normas o reglas previstas por el propio sistema para su reproducción, es lo
que Hart identificó como el problema del reconocimiento de las normas jurídicas
como tales, a cuyo problema contribuyó con su teoría de la “regla de
reconocimiento y validez jurídica”[21].
Así entonces, el derecho será válido siempre y cuando satisfaga los
requisitos que se establecen para la producción del mismo derecho y que están
señalados por las reglas de producción del derecho en la Constitución.
Lo anterior, lo ejemplifica el filósofo del Derecho H.L.A. Hart de la
siguiente manera: “Si se plantea la cuestión sobre si una cierta  regla es
jurídicamente válida, para resolverla debemos usar un criterio de validez
suministrado por otra regla. ¿Es válida esta pretendida ordenanza del County
Council de Oxfordshire? Sí:  porque fue dictada en ejercicio de potestades
conferidas y de acuerdo con el procedimiento especificado, por un decreto del
Ministerio de Salud Pública. A este primer nivel, el decreto suministra los
criterios para apreciar la validez de la ordenanza.  Puede no haber necesidad
práctica de seguir adelante; pero existe la posibilidad de hacerlo.  Podemos
cuestionar la validez del decreto y apreciarla en términos de la ley que
faculta al Ministro a adoptar tales medidas“[22]
Así también nuestra Constitución contempla para la producción de normas
con fuerza de ley, por ejemplo, el requisito de publicación previa del proyecto
de ley (inc.1 art. 157 CN);  cuatro (4) debates, dos en cada una de las
cámaras, y en cada una de ellas un primero en la comisión correspondiente y un
segundo en plenaria (inc. 2 art. 57, 165); la existencia de quórum
deliberatorio y de determinadas mayorías (p.e. art. 153); el cumplimiento del
anuncio de votación del proyecto en cuestión, con el cumplimiento de los
requisitos establecidos por la propia Carta (art. 160 C.P); términos
específicos entre cada debate en cada Cámara y entre los debates en una y otra
Cámara (art. 160); límites de trámite en los periodos legislativos (art. 162),
la sanción presidencial (art.168), entre otros.
Ahora bien, cuando se hace control de
constitucionalidad, éste apunta en primerísimo lugar a comprobar la validez de
la norma jurídica, a constatar si se respetó o no el camino demarcado por el
propio sistema jurídico, esto es, los procedimientos de producción del derecho,
para que pueda catalogarse tal norma como norma válida. El control constitucional
en este aspecto no es por tanto cosa de poca monta, ya que cuando el
constituyente dice que exige ciertos requisitos para poder otorgar carta de
validez a las normas jurídicas, al Tribunal Constitucional le corresponde
controlar y verificar que dichos requisitos se hayan respetado y cumplido a
cabalidad. Por tanto esta labor es de suma importancia, este control
constitucional sobre la forma de producción de las normas jurídicas y sobre la
validez de las mismas, es lo más importante, porque a partir de este control se
debe determinar qué norma es reconocida como válida, es decir, qué norma
pertenece al sistema jurídico, o en otros términos, qué enunciado normativo es
en realidad norma jurídica. En este sentido, el control constitucional formal no
es una cuestión de simple formalismo, por cuanto no puede existir derecho sin
que se respeten las condiciones procedimentales de formación de las normas
jurídicas preestablecidas por el propio ordenamiento, lo cual es una
característica fundamental de un Estado de Derecho.
La pregunta por la validez jurídica de las normas y el
control constitucional respecto de dicha validez jurídica, sigue siendo por
tanto un tema de trascendental importancia para el derecho y esto es
precisamente lo que controla en primera instancia el Tribunal Constitucional,
la pregunta sobre cuáles enunciados normativos pertenecen efectivamente o no al
ordenamiento jurídico. Todos los demás temas son por tanto posteriores al tema
de la validez, es decir, el tema de la vigencia, de la eficacia y el análisis
de si el contenido sustancial de la norma es acorde o no con la Constitución.
Es por esta razón que la producción del Derecho y sus formas, permiten
entender al pueblo que el producto realizado está acorde con el objetivo
popular y con la misma existencia del Estado, y les otorga una presunción de
validez.  Los trámites y cauces en los cuales se encamina la producción
normativa deviene de la misma legitimidad que el pueblo otorga al producto
final, es decir el Derecho.
En consecuencia, sólo pueden valorarse o reconocerse como válidas y
legítimas las reglas de obligación si provienen de las reglas de reconocimiento
y de su aplicación adecuada. Situación del Estado de Derecho totalmente
contraria al Estado absolutista donde el único criterio para identificar algo
como derecho era aquello sancionado por el rey.   En palabras más sencillas,
debe decirse que la manera para identificar el derecho aceptado por los
individuos esta basada en aquel derecho que provenga o sea el resultante de las
reglas de reconocimiento o formas de producción establecidas en la
Constitución.
Cualquier otra cosa que se obtenga como resultado sin el cumplimiento de
estas reglas de reconocimiento constitucionales no puede avalarse como derecho
legítimo aceptado por los individuos. Es decir, existe la posibilidad de que el
legislador produzca “derecho” sin el cumplimiento de las reglas de
reconocimiento.  Evento en el cual, este “derecho” no es válido, a la luz de
poder político en cabeza del pueblo.
En síntesis, la suplantación de la forma de producción de derecho, sin
dudas elimina la legalidad y legitimidad que éste debe tener, afecta
inmediatamente su validez y hace no obligatorio su cumplimiento.  Y esto es
así, por cuanto es el propio derecho el que determina su forma de producción y
ello es la garantía que el pueblo mismo tiene que la producción de parámetros
de convivencia social pacífica se realice acorde con lo preestablecido por él
mismo, en cabeza del Estado de Derecho y su ordenamiento jurídico y no por
fruto del capricho o el deseo de quien produzca normas, lo que estaría más
cercano a la vivencia del Estado absolutista y el poder de dictar parámetros de
un ente diferente del soberano.
2. El anuncio previo como requisito constitucional para votación de los proyectos de ley
(Artículo 160 C. P)
Respecto de la trascendencia constitucional del
requisito establecido en el artículo 160 constitucional, esta Corte ha
manifestado:
“El inciso final del artículo 160 de la
Constitución Política dispone que ningún proyecto de ley será sometido a
votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado.  En
el mismo sentido, establece que el aviso de que un proyecto será sometido a
votación lo dará la presidencia de cada Cámara o comisión en sesión distinta a
aquella en la cual se realizará la votación.
Como lo ha señalado la jurisprudencia de esta
Corporación sobre la materia,[23] el
anuncio de la votación pretende hacer eficaces valores y principios
constitucionales primordiales para la actividad legislativa.  En efecto, el
anuncio permite que los congresistas conozcan con la debida antelación qué
proyectos de ley van a ser sometidos a votación, requisito indispensable para
la concreción del principio de publicidad propio de la actividad congresional
y, por ende, para la adecuada formación de la voluntad democrática al interior
de las cámaras. Además, el cumplimiento del requisito mencionado facilita la actuación
de los ciudadanos y las organizaciones sociales en el trámite de aprobación de
los proyectos de ley, lo cual materializa la democracia participativa y el
ejercicio de los derechos políticos previstos en el artículo 40 C.P.
Este precedente ha previsto, además, las condiciones
fácticas requeridas para acreditar el cumplimiento de la obligación del anuncio
de la votación.  Así, resultará comprobado el requisito cuando (i) el anuncio
de la votación de un proyecto de ley se realiza en sesión anterior y, por ende,
distinta a la que se lleve a cabo la aprobación de la iniciativa (ii) la
Presidencia de la cámara correspondiente informa expresa y claramente a sus
integrantes que determinado proyecto de ley será sometido a votación en sesión
posterior; y (iii) la fecha de esa sesión posterior para la cual fue convocada
la votación sea determinada o, al menos, determinable.
En el mismo sentido, la Corte ha estimado que el
incumplimiento del requisito mencionado es un vicio de naturaleza insubsanable,
que acarrea la inexequibilidad de la disposición.  Ello debido a que se trata
de una instancia del procedimiento legislativo prevista de forma expresa por la
Carta Política.  Por ende, hace parte de las disposiciones que conforman el
parámetro superior para la validez del procedimiento legislativo destinado a la
creación de normas jurídicas, por lo cual debe ser aplicada de forma preferente
en virtud del principio de supremacía constitucional (Art. 4 C.P.).
Bajo la misma perspectiva y de conformidad con lo
expresado anteriormente, esta exigencia busca hacer eficaces tanto el principio
de publicidad y transparencia en el trámite legislativo, como la democracia
participativa y el respeto de las minorías parlamentarias. Así, se trata de un
presupuesto formal relevante para la adecuada formación de la voluntad
democrática de las cámaras legislativas, esto es, que hace parte del mínimo de
requisitos exigibles para que el procedimiento de formación de las leyes cumpla
con sus propósitos constitucionales.
Por último, la omisión del anuncio para la votación es
un vicio de procedimiento que afecta el trámite subsiguiente puesto que, en
atención del principio de consecutividad, la validez de cada una de las etapas
del procedimiento para la formación de las leyes depende, a su vez, de la
validez de las actuaciones antecedentes.  En esa medida, no sería posible
aplicar la facultad de subsanación prevista en el parágrafo del artículo 241
C.P.
( … ) La Sala insiste en que el requisito para el
procedimiento legislativo previsto en el inciso final del artículo 160 C.P.
obliga a que al interior de las cámaras legislativas sean anunciados, de
manera específica, cierta y expresa, cuáles son los proyectos de ley que serán
sometidos a votación en la siguiente sesión y la fecha, determinada o
determinable, en que se realizará esa reunión (…)”[24](Negrilla fuera de texto)
En conclusión, el cumplimiento del anuncio previo con
el lleno de las exigencias constitucionales hace efectivo al interior del
trámite parlamentario de leyes y actos legislativos una serie de principios
constitucionales, dentro de los que se realza el Estado Social de derecho.
Principios éstos que pretenden que los congresistas conozcan qué proyectos
van a ser sometidos a debate y votación.  Lo anterior, como resultado del
principio de contradicción, pilar de las sociedades democráticas, el cual busca
que las normas que rigen la sociedad sean debatidas, discutidas y
posteriormente sean votadas. Para lo anterior, es indispensable que los
congresistas conozcan de manera cierta y clara en qué momento del trámite
parlamentario los proyectos serán debatidos, discutidos y votados.
Ahora bien, de no cumplirse dicho conocimiento
antecedente por parte de los congresistas, no existiría la idónea formación de
la ley o del acto legislativo como expresión de la voluntad democrática. Esto
por cuanto dicho desconocimiento impediría la oportunidad de debatir, discutir
y hasta votar dichos proyectos por parte de los congresistas. En consecuencia,
la norma resultante de un proceso que adolece del requisito señalado, no
responde a la expectativa cierta de los asociados quienes depositan su
confianza en los órganos del Estado, en este caso el Congreso, de que las normas
se guiarán por los causes de producción que la Constitución, como norma de
normas, establece para su fabricación.
Adicionalmente, otras cuatro razones fortalecen y
ratifican la exigencia, dentro del trámite de aprobación de una ley, del
requisito establecido en el artículo 160 Constitucional.  Estas son:
a.  La Constitución Política de Colombia establece en
su artículo 183 las causales de pérdida de  investidura de los congresistas;
dentro de las cuales se encuentra la señalada en el numeral segundo que indica:
“Por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones
plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley
o mociones de censura. “  (Negrilla fuera de texto)
Así las cosas, el ordenamiento superior prevé que un
congresista de la República puede perder su investidura por el hecho de no
asistir en un mismo período de sesiones a seis reuniones plenarias en las que
se voten proyectos de ley.  En este orden de ideas, el anuncio previo de los
proyectos de ley que serán debatidos y votados en sesión posterior cierta y
determinada (artículo 160 constitucional) es sin duda una garantía que la misma
norma superior estableció para los congresistas, los cuales, conocedores de que
un proyecto se debatirá y votará en sesión posterior cierta y determinada y, de
las consecuencias señaladas en el artículo 183 numeral 2 de la Constitución,
asumen las responsabilidades que la propia Constitución y la ley les exigen.
Por el contrario, el no cumplimiento del anuncio
previo de que trata el artículo 160 constitucional, deja sin sustento la
garantía constitucional que la norma superior ha otorgado a los congresistas
para que asuman sus funciones con la responsabilidad que les es debida.  En
otras palabras, el no cumplimiento del requisito esbozado impediría exigir
responsabilidad a los congresistas con base en el artículo 183 numeral 2
constitucional, por falta de conocimiento de la reunión plenaria en la que se
votaría un proyecto de ley.
b. En este mismo orden de ideas, cualquier ciudadano
necesita conocer, de manera cierta y determinada, cuándo se va a votar un
proyecto de ley que lo puede afectar, ya que se debe legislar consultando el
interés general. Lo anterior, con el propósito de que pueda hacer valedero el
principio constitucional de participación en las decisiones políticas en cabeza
de todos los ciudadanos, consagrado entre otros artículos en el 2, 40, 103,
153, 154, 155, 159 de la Constitución Nacional.  Así las cosas, el ciudadano
puede ejercer no sólo la vigilancia y el control social sobre la producción de
las normas jurídicas que le van a ser aplicadas sino que igualmente puede
participar de manera activa en la toma de esas decisiones, lo cual es un
presupuesto del ordenamiento jurídico democrático y la cultura participativa.
Así pues, el desconocimiento del anuncio previo
expresado en la norma constitucional ya mencionada con anterioridad, impide que
el ciudadano vigile y controle socialmente la producción de las normas
jurídicas y que participe, como lo señala la Constitución Política, y asista,
como  lo permite el artículo 71 de la Ley 5ª de 1992 al desarrollo de las
sesiones y toma de decisiones por parte del Congreso. Específicamente, el
ciudadano, carecería del conocimiento respecto de la sesión cierta en la cual
se va a debatir y aprobar un proyecto de ley que sin dudas le incumbe.
c.  El artículo 160 de la Constitución al exigir que
ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente de aquella
que previamente se haya anunciado y que por consiguiente dicho aviso debe
realizarse en sesión distinta a aquella en la cual se realiza la votación, en
realidad lo que está señalando es un prerrequisito de competencia del
Congreso de la República para votar proyectos de ley y actos legislativos.
En otras palabras, la Constitución establece que el
Congreso de la República, sea las comisiones o sea las Cámara en pleno, será competente
para votar un proyecto de ley, como en el presente caso, solamente y de
manera única cuando se haya efectuado en debida forma el anuncio de que trata
el artículo 160 constitucional.  De no ser así, el congreso carece de la
competencia constitucional necesaria para votar un proyecto de ley. Lo anterior
por falta del anuncio previo exigido en la norma de la Constitución
mencionada.
Por tanto, si el Congreso vota un proyecto de ley sin
la realización o la mala realización del anuncio previo, tantas veces
mencionado, estaría actuando por fuera de las competencias asignadas
constitucionalmente y por consiguiente el acto constituye una irregularidad
superlativa a la luz de la Constitución por ser contrario a ésta, lo cual
acarrea una sanción mayor por no respetar el procedimiento establecido, sanción
ésta consistente en la expulsión del ordenamiento jurídico.
Así pues, al señalar la Constitución de manera expresa
una prohibición – que ningún proyecto de ley será sometido a votación en
sesión diferente de aquella que previamente se haya anunciado y que por
consiguiente dicho aviso debe realizarse en sesión distinta a aquella en la
cual se realiza la votación – su no cumplimiento genera de manera inmediata
la incompetencia del Congreso de la República – comisiones o Cámara en pleno –
para votar dicho proyecto de ley. En consecuencia, de votarse un proyecto de
ley sin el cumplimiento pleno de los requisitos exigidos para el anuncio previo
para votación consagrado en el artículo 160 constitucional se estaría violando
la prohibición constitucional anotada, se estaría actuando sin competencia y
dicho acto traería consigo un vicio mayor que aparejaría como sanción su
expulsión del ordenamiento jurídico.
d. Adicionalmente, el inciso adicionado al artículo
160 por el Acto Legislativo 01 del 2003, consagra que “(e)l aviso de que un
proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o
comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”
(negrilla fuera de texto), con el fin de darle mayor seriedad, solemnidad y
certeza a la determinación de la sesión en la cual se llevará a cabo la
votación.
De conformidad con esta disposición superior es claro
que la obligación del anuncio para votación tiene que ser realizada por la
presidencia de cada Cámara o de la comisión correspondiente, de lo cual resulta
evidente que el cumplimiento de este requisito constitucional es tan importante
que el mismo constituyente no se lo dejó a cualquier persona sino que lo asignó
al propio presiente(a) de cada Cámara o de la comisión respectiva.
A juicio de la Corte, la exigencia de que el anuncio
lo haga la presidencia de cada Cámara o comisión trae importantes consecuencias
jurídicas a saber: (i) en primer lugar, que si el anuncio no lo hace la
presidencia de cada Cámara o comisión, entonces no existe anuncio alguno; (ii)
en segundo lugar, que si se llega a presentar una discrepancia entre lo
anunciado por la presidencia frente a lo anunciado por el secretario, prevalece
en todo momento el anuncio hecho por la presidencia; (iii) en tercer lugar, que
esta función se le otorgó a la presidencia de la Cámara o comisión
correspondiente, con el fin de que no existiera duda respecto de cuándo se va a
votar de forma cierta y determinada el proyecto legislativo, al otorgarle mayor
seriedad, solemnidad y certeza al anuncio.
Pues bien, en síntesis la exigencia constitucional
establecida en el artículo 160 determina como norma de producción del derecho,
que “ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a
aquella que previamente se haya anunciado.  El aviso de que un proyecto será
sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o comisión en sesión
distinta a aquella en la cual se realizará la votación“
Así las cosas, requisitos de producción del derecho,
como el del anuncio previo,  establecido en la propia Constitución hace que el
vicio que respecto de éste se presente sea insubsanable, por la alta
trascendencia que al interior de un Estado de Derecho posee la decisión popular
vertida en la Constitución Política, al optar por  la forma de producción del
derecho que va a seguir.
3. Con fundamento en lo anterior, el
suscrito magistrado reitera, como lo he sostenido en innumerables
oportunidades, que la exigencia de cumplimiento del anuncio para votación contenido
en el artículo 160 Superior no es un simple formalismo sino que es de
fundamental importancia en un Estado constitucional y democrático de Derecho
puesto que atañe directamente al problema de la validez de las normas jurídicas
y de su legitimidad democrática, y que su falta o irregularidad constituye un
vicio procedimental insubsanable por ser una exigencia de origen constitucional
que insisto, se encuentra fundamentada en la exigencia de validez de las normas
jurídicas y en la garantía de la transparencia y la participación en el
procedimiento democrático de creación de leyes.
En consecuencia, discrepo de la
declaratoria de exequibilidad adoptada en la presente sentencia.
Fecha ut supra.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1] El
artículo 7° de la citada Convención dispone que la representación de un Estado
para todo lo relativo a la celebración de un tratado es válida en cualquiera de
los siguientes casos: (1) cuando la persona delegada presenta los adecuados plenos
poderes (7.1-a); (2) si de la práctica del Estado, o de otras circunstancias,
se deduce que existe la intención de considerar a la persona que participa en
la negociación como la representante del Estado para esos efectos,
prescindiendo de la presentación de plenos poderes (7.1-b); o (3) cuando se
deduce de las funciones que cumple la persona delegada, sin tener que presentar
plenos poderes (7.2). En este último caso, el mismo artículo considera que, por
razón de sus funciones, representan a su Estado para los efectos de negociar y
adoptar el texto de un tratado: (i) los jefes de Estado, jefes de Gobierno y
ministros de relaciones exteriores (7.2-a); (ii) el jefe de la misión
diplomática ante el Estado con el cual se va a celebrar (7.2-b) y (ii) el representante
acreditado por el Estado ante una conferencia internacional o ante una
organización internacional o uno de los órganos de ésta (7.2-c).Verificada la
ocurrencia de alguna de las circunstancias descritas, debe entenderse cumplido
el requisito de representación del Estado para cada una de las diversas etapas
dentro de la celebración de un tratado internacional.
[2] En cuanto al funcionamiento interno de las Cámaras,
la exigencia del anuncio previo promueve un ambiente de mayor transparencia en
la medida en que evita que los congresistas sean sorprendidos mediante la
discusión de asuntos que no habían sido advertidos con antelación, lo cual
reduce cualquier posibilidad de preparación y de discernimiento por parte de
los miembros del Congreso, circunstancia que no sólo empobrece el resultado
legislativo, sino que enturbia el proceso de aprobación de la Ley. Dicho
resultado se opone a las máximas que orientan el proceso de confección de los
textos legislativos, entre las cuales se encuentran la publicidad, la
participación política, las garantías de la oposición y la transparencia del
debate parlamentario; razón por la cual el Acto legislativo 01 de 2003 adoptó
el anuncio como requisito procedimental a tener en cuenta dentro del proceso de
aprobación de la ley.
[3] Según fue indicado en auto 038 de 2004, la finalidad del Acto
Legislativo en este punto consiste en “permitir a los Congresistas saber con
anterioridad cuáles proyectos de ley o informes de objeciones presidenciales
serán sometidos a votación, suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y
evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones intempestivas”.
[4]
En tal sentido el Preámbulo del texto constitucional hace alusión al compromiso
de construcción de un ordenamiento “democrático y participativo que
garantice un orden político, económico y social justo”. Adicionalmente, el
artículo 2° establece como fin esencial del Estado la labor de “facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación”.
[5]
Sentencia C-400 de 2005 “ha considerado la Corte que, más allá del término
empleado para efectuar el anuncio, no se incurre en un vicio de procedimiento
cuando durante la sesión se da a entender que se está haciendo alusión a la
votación del proyecto de ley. En ese orden, ha estimado la Corporación que si
el legislador emplea un vocablo como “considerar”, ha de interpretarse
este término en el sentido de comprender “tanto la discusión como la votación”.
Lo que sí ha exigido la Corte es que se presente claridad respecto del momento
en que habrá de efectuarse la votación”.
[6] En esta providencia la Corte Constitucional declaró
la inexequibilidad de la Ley
898 de 21 de julio de 2004, por medio de la cual se aprobaba la “Convención
Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown,
Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el Trigésimo Segundo
Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos
[7] Este concepto se
encuentra desarrollado por Pizzorusso, Alessandro. Lecciones
de Derecho Constitucional. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1984.
Tomo I. Páginas 193 y siguientes.
[8] Ver Sentencia C-008 de 2001.
[9] En este sentido en la sentencia T-002 de 1992 se
afirma: “La educación se erige en derecho fundamental en la medida que es
inherente a la naturaleza del hombre, pues es parte de su dignidad, base para
lograr su libre desarrollo de la personalidad y la efectivización de la
igualdad material”.
[10] En tanto servicio público, la educación se rige por
el régimen constitucional de los servicios públicos en general (art. 365 C.P.)
tal y como se advirtió en la sentencia C-001 de 2001.
[11] Ver al respecto entre otras las sentencias T-1032 de
2000, y C-895 de 2003.
[12]
Ley 23 de 1982, artículo 1º, Comisión del Acuerdo de Cartagena, Decisión 351,
artículo 3. Ley 33 de 1987, artículo 2.1
[13]
Sentencia C-1183 de 2000 Numeral 3.1.
[14] Sentencia C-053 de 2001
[15]
Sentencia C-276 de 1996.
[16] Sobre el concepto y la
validez de las normas jurídicas ver Hans Kelsen, Contribuciones a la Teoría
Pura del Derecho, Fontamara, México, 1992, Págs. 52-60, 62-65. Así mismo,
Riccardo Guastini, Distinguiendo, estudios de teoría y metateoría del
derecho, Editorial Gedisa, Barcelona, 1999, págs. 92-110, 307-343.
[17] Norberto Bobbio, Teoría
del Derecho, Editorial Temis, 2007, Págs. 3-139.
[18] Ibidem, Págs. 143-265.
[19] Sobre este tema
consultar Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Porrua, 1998.
[20] Ver H.L.A. Hart, El
concepto del Derecho, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Págs. 99-125.
[21] Ver H.L.A. Hart, El
concepto del Derecho, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Págs.
125-137.
[22] Ibidem, Pág. 133.
[23] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencias C-533/04, C-644/04,  C-333/05,  C-400/05, y
C-473/05.
[24] Corte
Constitucional Sentencia C- 930 de 2005.