T-441-97
Sentencia T-441/97
Sentencia
T-441/97
ACCESO A
UNIVERSIDAD PUBLICA-Improcedencia
del factor tiempo/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL INEFICAZ-Ingreso oportuno a
la Universidad
El grado de
educación académica de las personas tiene importantes consecuencias tanto en el
desarrollo global de una sociedad como en el futuro laboral de las personas. La
posibilidad de realizar estudios universitarios le significa a los individuos
el acceso a uno de los mecanismos de movilidad social más efectivos. No cabe
duda de que  el hecho de contar con estudios superiores puede marcar
definitivamente el rumbo de la vida de muchas personas. De allí la
impresionante competencia por los escasos cupos disponibles en las universidades
oficiales del país. El bachiller recién egresado se encuentra en el trance de
elegir rápidamente entre distintas opciones acerca de cómo moldear su vida
futura. Una de ellas es la de intentar ingresar a la universidad. Sin embargo,
esta es una opción que está abierta por un lapso muy breve. El mero transcurso
del tiempo facilita el surgimiento de barreras, invencibles para muchas
personas, que marchitan la aspiración de realizar estudios superiores. La
situación descrita evidencia la importancia del factor tiempo para la
realización del sueño de ingresar a la universidad. Ante este hecho y en vista
del trámite prolongado que exigiría el mecanismo judicial ordinario, sólo puede
concluirse que éste se demuestra en este caso como ineficaz, por cuanto la
duración del proceso que inicia compromete seriamente las aspiraciones del
demandante de absolver los estudios universitarios.
AUTONOMIA
UNIVERSITARIA-Límites
constitucionales a libertad de dictar normas sobre su funcionamiento
La Constitución consagra
la autonomía universitaria. Sin embargo, el hecho de que las instituciones de
educación superior gocen de autonomía no significa que ellas tengan una
absoluta libertad para dictar las normas que han de regir su funcionamiento.
Todas las entidades públicas, sea cual fuere su status, están vinculadas por
los mandatos constitucionales). Incluso las que surgen del voto ciudadano, las
cuales, de acuerdo con la teoría política, representan la voluntad popular. Por
lo tanto, el ejercicio de la autonomía de la universidades no puede contravenir
en ningún caso los principios y los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución.
CUPOS EN
UNIVERSIDAD OFICIAL-Son
bienes públicos los ordinarios como adicionales
Se
parte entonces de la base de que la universidad debe responder públicamente
sólo por los procedimientos para la distribución de los cupos ordinarios,
mientras que tendría amplia discreción para decidir cómo se adjudican los cupos
adicionales. El punto de partida de la afirmación es equivocado: todos los
cupos de estudio de las universidades oficiales constituyen bienes públicos y,
por lo tanto, deben ceñirse al mismo escrutinio por parte de los ciudadanos y
de los organismos jurisdiccionales.
AUTONOMIA
UNIVERSITARIA-Distribución
de cupos atendiendo principios y derechos constitucionales
Las
autoridades universitarias pueden decidir, en el marco de su autonomía, cuál es
el número de cupos que ofrecerán para cada uno de sus programas. Sin embargo,
una vez establecido ese número de plazas, su distribución deberá realizarse
siguiendo criterios válidos desde la perspectiva de los principios y derechos
fundamentales consagrados en la Constitución.
CUPOS
ESPECIALES DE ACCESO A UNIVERSIDAD PUBLICA-Actualmente constituyen bienes escasos/PRINCIPIO
DE IGUALDAD-Criterios de distribución de bienes escasos
En
las condiciones actuales del país, los cupos en las universidades públicas
constituyen bienes escasos, es decir pertenecen a la categoría de recursos
respecto de los cuales es superior la demanda por el bien que las existencias
de éste. Prueba de ello es el alto número de aspirantes por cada plaza de
estudios existente en las universidades públicas. Como ha señalado esta
Corporación[1], cuando se trata de
la distribución de bienes escasos no se puede partir de la base de que todos
los interesados en ellos tienen derecho a recibirlos. En estas situaciones la
aplicación del principio de igualdad adquiere una modalidad específica,
consistente en que todas las personas interesadas en la adjudicación del bien
tienen derecho a estar en igualdad de condiciones para acceder al proceso de
selección de los beneficiarios y a que su distribución se realice acatando los
procedimientos establecidos. Para que la repartición de los bienes sea
practicada con arreglo a fundamentos objetivos, y no de acuerdo con caprichos o
inclinaciones personales del funcionario responsable, se requiere de la
fijación de unos determinados criterios. Estos criterios de distribución no
pueden ser generales, aplicables a todos los casos, sino que han de ser
determinados de acuerdo con las características propias de los bienes o medios
por repartir y de las necesidades o aspiraciones que éstos satisfacen.
ACCESO
A UNIVERSIDAD PUBLICA-Criterio
básico es el mérito  académico/CUPOS EN UNIVERSIDAD PUBLICA-Criterios
adicionales de asignación/CUPOS ESPECIALES DE ACCESO A UNIVERSIDAD PUBLICA
Evidentemente,
el criterio esencial de asignación de los cupos sí debe ser el mérito
académico. Es decir, este es el parámetro que debe regir el proceso general de
distribución de estos bienes escasos. Sin embargo, es aceptable que las
universidades utilicen otros criterios que flanqueen el parámetro básico de
adjudicación de los cupos, cuando, por ejemplo, se persigue contrarrestar las
condiciones desiguales con las que arriban a los exámenes de admisión los
distintos aspirantes a ingresar a la universidad, o se procura dar cumplimiento
a los fines de la institución universitaria. Con todo, estos criterios
adicionales no pueden desvirtuar el procedimiento general de otorgamiento de
los cupos y deben tener en cuenta el merecimiento académico. Ello significa,
por una parte, que el número de plazas de estudio por asignar de acuerdo con
estos criterios será reducido con respecto al total de los cupos. Y, por la
otra, que en el procedimiento de admisión de alumnos a través de estos
criterios se debe tener en cuenta la capacidad académica de los aspirantes. El trato especial
que se deriva de los criterios adicionales - para facilitar el ingreso a la
universidad de personas pertenecientes a determinados grupos sociales - se
restringe únicamente al momento de la admisión. A partir de ese instante, todos
los alumnos habrán de ser sometidos a las mismas condiciones. Así lo exigen el
derecho de igualdad y el interés del Estado y de la comunidad de contar con
profesionales competentes. El criterio básico para acceder a la universidad es
el del mérito académico y que este criterio puede ser flanqueado, en ocasiones,
por otros criterios que persiguen objetivos específicos.
ACCESO
A UNIVERSIDAD PUBLICA-Desigualdad
de origen
La “desigualdad
de origen” que traen consigo los examinados no conforma un argumento suficiente
para desvirtuar el valor de las pruebas de admisión. Las universidades cuentan
con escasos recursos y es legítimo que se apliquen a la formación de los
aspirantes que obtienen las mejores calificaciones en los exámenes. Sin
embargo, la “desigualdad de origen” sí puede ser un argumento suficiente para
que se brinde un tratamiento especial, en punto a la admisión en la
universidad, a aquellos aspirantes que provienen de lugares con deficiencias en
la prestación de la educación básica, a consecuencia del estado de atraso
socioeconómico de sus sitios de proveniencia. La consideración especial con
estos aspirantes sería una forma de materializar el precepto constitucional que
establece que “el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea
real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o
marginados”
ACCESO A
UNIVERSIDAD PUBLICA-Inconstitucionalidad
de privilegios para hijos de docentes
Esta Corporación
declaró en sentencia de la Ley General de Educación era inconstitucional por
cuanto desconocía el criterio básico de ingreso a la universidad, con lo cual
vulneraba el artículo 13 de la Constitución. De esta manera, ya no tiene
ninguna cabida el argumento acerca de que el mismo Legislador ha establecido
tratamientos privilegiados para los hijos de los docentes con el objeto de
facilitarles el acceso a la educación superior en los establecimientos
oficiales.
CUPOS ESPECIALES
DE ACCESO A UNIVERSIDAD PUBLICA-Sometimiento a iguales reglas de cupos ordinarios
La disposición
vulnera el derecho de igualdad, dado que permite que los funcionarios de la
Universidad se apropien de un bien público que debe ser distribuido entre todos
los aspirantes, de acuerdo con el criterio del mérito académico. El hecho de
que los cupos especiales sean adicionales a los ordinarios no hace que pierdan
su calidad de recursos oficiales y, por lo tanto, se deben someter a las mismas
reglas que los cupos ordinarios.
ACCESO A
UNIVERSIDAD PUBLICA-No
puede negociarse en una convención colectiva/DERECHO A LA IGUALDAD-Cupo
especial por relación familiar con docente
El ingreso a la
universidad debe estar gobernado básicamente por el criterio del mérito. El
acceso a este bien escaso no puede negociarse en una convención colectiva. El
hacerlo constituye una clara violación del derecho a la igualdad, pues exige un
sacrificio desproporcionado de aquellos aspirantes a ingresar a la Universidad
que cumplen todos los requisitos y obtienen buenos resultados en los exámenes
de admisión. Ellos tienen que resignarse a observar que un buen número de los
cupos sea retirado de la competencia pública para ser asignado a algunas
personas, cuyo mérito esencial, de acuerdo con la norma analizada, se reduce a
tener una relación familiar con un funcionario del claustro universitario. No
es procedente que esos estímulos se concedan con bienes públicos escasos, cuya
distribución debe ceñirse a principios determinados y estar abierta a todos los
interesados que cumplan con los requisitos necesarios.
ACCESO A
UNIVERSIDAD PUBLICA-Inconstitucionalidad
de privilegios para hijos, cónyuges o compañero y exfuncionarios
CUPOS ESPECIALES
DE ACCESO A UNIVERSIDAD PUBLICA-Vulneración de igualdad por prerrogativos a personas oriundas de una
región/DERECHO A LA IGUALDAD-Prerrogativas de acceso a educación superior
por ser oriundas de una región
La legítima
pretensión de que la universidad le reporte frutos al lugar donde se establece
no puede extenderse a los cupos universitarios. Ello implicaría nuevamente la
apropiación de bienes públicos escasos por parte de algunos sectores -en este
caso de algunas regiones. El grueso de la financiación de las universidades
públicas proviene del Tesoro Nacional y, en consecuencia, en principio, todos
los colombianos que reúnen los requisitos para aspirar a ingresar a ellas tienen
que encontrarse en igualdad de condiciones para poder hacerlo. Contrario a lo
que ocurre con los establecimientos de educación primaria y secundaria, muy
pocas localidades disponen de un centro universitario que ofrezca una amplia
gama de carreras profesionales.  Si este sistema de preferencias para los
bachilleres del lugar fuera utilizado por todas las universidades oficiales,
los estudiantes provenientes de regiones o ciudades en las que no existen
universidades públicas o cuyos centros de educación ofrecen un espectro muy
limitado de programas académicos se verían en una evidente situación de
inferioridad de condiciones en relación con los que fueran oriundos de regiones
que cuentan con universidades de gran dimensión. Así las cosas, no existe ninguna
razón que justifique el trato preferencial que representa el cupo especial para
los estudiantes de. Los argumentos que ofrece el rector de la Universidad de
Cartagena no ameritan que se disponga de un bien escaso. Además, el cupo
especial resulta discriminatorio contra los estudiantes provenientes de otros
municipios del departamento, no comprendidos en las categorías. Este
procedimiento especial de acceso a la Universidad resulta violatorio del
derecho de igualdad de los colombianos que reúnen los requisitos necesarios
para acceder a la educación superior, y que ven que algunos cupos son retirados
de la competencia pública para adjudicárselos a un determinado sector de
bachilleres, simplemente por el hecho de que estos últimos son naturales de una
región.
HETEROGENEIDAD
ESTRUCTURAL EN COLOMBIA-Campo
educativo/CUPOS ESPECIALES DE ACCESO A UNIVERSIDAD PUBLICA-Diferenciación
positiva en estudiantes oriundos de zonas marginadas del país.
La situación colombiana se ajusta a la
definición del concepto de heterogeneidad estructural.En el país existen tanto
zonas en las que se observan altos niveles de desarrollo en general como
regiones sumidas en la más absoluta pobreza y marginación. Los habitantes de
estas últimas zonas han sido tradicionalmente descuidados por el Estado en
relación con su obligación de facilitarles unas mínimas condiciones de vida y
de oportunidades necesarias para poder superar la situación de atraso en que se
encuentran. Evidentemente, el Estado no les ha brindado a los pobladores de
esas regiones servicios similares a los que les ha prestado a los naturales de
otras zonas del país. La desatención estatal se extiende también al campo
educativo, tanto en lo relativo a la cantidad de servicios prestados como a la
calidad de los mismos. Por eso, se puede aseverar que, normalmente, los
bachilleres de las zonas marginadas llegan a los exámenes de admisión con una
clara desventaja con respecto a los demás examinados. El tratamiento especial
para el ingreso a la universidad constituye, una forma de contrarrestar esas
diferencias de origen, que tienen como consecuencia el que los aspirantes de
esas zonas, en la práctica, tengan escasas posibilidades de acceder a los
estudios superiores. os
demás aspirantes a ingresar a la universidad han recibido durante su vida - en
diferente medida - un porcentaje considerablemente mayor de servicios por parte
de las organizaciones públicas. Pero además el establecimiento de un
procedimiento especial de ingreso a la universidad para los bachilleres de las
zonas marginadas contribuye a posibilitar  en el futuro la superación o
disminución de las distancias existentes en materia de desarrollo entre las
distintas zonas del país.
CUPOS ESPECIALES
DE ACCESO A UNIVERSIDAD PUBLICA-Inconstitucionalidad del mecanismo para deportistas
El fomento del
deporte contribuye de manera importante al desarrollo de una formación
humanística e integral. Es por eso que comúnmente se entiende que en la
práctica educativa se debe abrir un espacio a las actividades deportivas.Sin
embargo, el hecho de que la universidad deba comprometerse con la promoción del
deporte no constituye una razón suficiente para crear un cupo especial para
favorecer el acceso de los deportistas a los estudios superiores. Si bien no se
niega que la presencia en la universidad de deportistas de alto rendimiento
puede constituir un estímulo para la práctica de las actividades de recreación
física, este objetivo puede lograrse a través de medidas menos lesivas de los
intereses de los otros aspirantes a acceder la universidad. El impulso de las
actividades deportivas bien puede realizarse a través de medidas distintas, que
no impliquen el sacrificio injusto y excesivo de la aspiración de algunas
personas de realizar estudios superiores. Además, en las condiciones actuales
del país, la imposición de esa carga sobre estos individuos aparece como
inaceptable, en razón del hecho de que, por lo regular, las actividades de alta
competencia deportiva y las académicas se desarrollan en esferas diferentes y distantes.
PAZ-Cupo especial de acceso a educación
superior para reinsertados/CUPOS ESPECIALES DE ACCESO A UNIVERSIDAD PUBLICA-reinsertados
Favorecimiento en
la Constitución se manifiesta un profundo compromiso con la búsqueda de la paz,
el cual se expresa no únicamente a través de la fijación de objetivos sino
también mediante el establecimiento de fórmulas concretas - si bien temporales
- para facilitar, entre otras cosas, la representación política de los grupos
guerrilleros desmovilizados.
La búsqueda de la paz y la creación de las condiciones materiales sobre la
que se asienta este propósito, vinculan a todas las instituciones públicas,
incluidas las universidades. Aún más, estas últimas tienen un compromiso
especial con la paz, pues dentro de sus fines institucionales se encuentra la
promoción de valores como la tolerancia, el entendimiento y la confrontación
pacífica de ideas, así como la investigación acerca de los problemas del país y
de las mejores fórmulas para su solución. El establecimiento del cupo
especial para los reinsertados constituye una fórmula apropiada para favorecer
la reintegración a la sociedad de guerrilleros desmovilizados, en la medida en
que les brinda la posibilidad de realizar estudios profesionales y, por
consiguiente, de capacitarse para el mercado del trabajo. Esta  medida
representa un aporte de la Universidad para el propósito de paz que prohíja la
Constitución. En esta medida, y dado que el cupo especial se reduce a una plaza
de estudio, deberá concluirse que este cupo no contraría las normas
constitucionales. La constitucionalidad de la norma universitaria que consagra
esta medida excepcional, en favor del reinsertado, supone la obtención del
puntaje mínimo requerido para el ingreso a la Universidad.
Referencia: Expediente
T-130095
Actor: Jayder
Francisco Hernández Iriarte
Temas:
Igualdad de
oportunidades para acceder a las universidades públicas
Diferenciación
positiva en favor de estudiantes oriundos de zonas marginadas del país para
ingresar a las universidades públicas
Inconstitucionalidad
de los mecanismos especiales de ingreso a la universidad para los familiares de
los docentes y empleados de la misma, los deportistas y los bachilleres
oriundos de Mompós y Magangué.
Constitucionalidad
del procedimiento  especial de ingreso para los reinsertados
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
La Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo
Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha
pronunciado
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
la siguiente
S E N T E N C I A
En el proceso de
tutela número T-130095, promovido por Jayder Francisco Hernández Iriarte contra
la Universidad de Cartagena.
ANTECEDENTES
1. El ciudadano
Jayder Francisco Hernández Iriarte interpuso acción de tutela contra la
Universidad de Cartagena, por cuanto estima que ésta le vulneró sus derechos
fundamentales a la educación y a la igualdad al no admitirlo para estudiar en
la Facultad de Medicina.
2. Los hechos que
dieron lugar a la interposición de la presente acción de tutela son los
siguientes:
El día 16 de
noviembre de 1996, el actor, un joven proveniente de una familia de escasos
recursos que desde hace tres años intenta ingresar a la Universidad de
Cartagena, presentó el examen de admisión para ingresar a la Facultad de
Medicina de la Universidad de Cartagena. La Facultad había puesto a disposición
de los aspirantes a ingresar en el primer semestre de 1997 un total de 100
cupos, de los cuales 70 debían distribuirse dentro del plan normal de
admisiones y 30 entre bachilleres pertenecientes a determinados sectores de la
población.
El listado de los
aspirantes admitidos apareció en diciembre y fue fijado en la puerta de acceso
a dicha facultad. El actor obtuvo un puntaje de 297, producto de computar los
resultados de los exámenes del ICFES y de la Universidad, lo que lo llevó a
ocupar el puesto 87.
Los 70 cupos
normales fueron adjudicados de acuerdo con los resultados obtenidos en los
exámenes. El actor no fue incluido dentro de la lista de los admitidos, pero se
le informó que, frecuentemente, varios de los postulantes a los que se les
había otorgado una plaza no la tomaban, y que esos cupos sobrantes se
distribuían entre los aspirantes no admitidos que contaban con los mejores
resultados. El demandante se decidió entonces a esperar, hasta que observó que
personas con puntaje inferior al suyo habían sido admitidos en la Universidad:
“9. Estuve pendiente
en la Oficina de Admisiones hasta el último día de la escogencia, todo parecía
correcto, hasta cuando subió y fue admitido el N° 85, esto fue exactamente el
día martes 4 de febrero del año que discurre a las horas de la noche.
“10. En la fecha 7
de febrero de 1997 se nos citó para el lunes 10 de febrero de 1997, para
reasignar los poquitos cupos sobrantes que supuestamente quedaban, este día me
enteré precisamente que ya los cupos hasta el 100 estaban copados, solicité en
la Facultad de Medicina y obtuve la lista de los 100 matriculados, empecé a
comparar con el listado general que aparece fijado (para estas alturas deben
haberlo desprendido), en la puerta de acceso a la Facultad de Medicina en el
barrio de Zaragocilla de esta ciudad, y cuál sería mi sorpresa al encontrarme
que las personas que aparecían llenando los cupos sobrantes eran cupos
especiales y aparecen todos los cupos bien avanzados en lista, el más cercano
al 87, mi cupo, es el N° 99, pues los demás son el 220, 277, 330, 792, 1006,
1182 y 1183 por citar algunos ejemplos.
“11. Lo anterior no
paró ahí, elevé petición para que me explicaran estos hechos y cual es mi
sorpresa, el doctor Antonio González, Jefe de Admisiones de la Universidad de
Cartagena me informa que eso no es así, que el listado fijado en la facultad de
medicina está equivocado, que el listado correcto está en admisiones y lo tiene
y maneja él, esto surge porque los cupos que cité en el aparte anterior,
aparecen en el listado de la facultad de medicina como de PLAN NORMAL (...).
“13. Le expresé al
doctor ANTONIO GONZALEZ que entonces cuál es la confiabilidad que podía dársele
a todo el proceso de selección y admisión de estudiantes?, si las cosas se
manejaron de esta forma, cuando este debe ser un proceso público y por ende
transparente.
“14. Se me informó
también por parte del Jefe de Admisiones de la Universidad de Cartagena, que
esos nombres que yo cito, uno de ellos es deportista y los otros restantes del
Sur de Bolívar, que en el listado general hubo un error y por eso aparecen como
normales (...)”.
A juicio del actor,
los privilegios otorgados a los bachilleres deportistas, a los oriundos del sur
de Bolívar y a los hijos de los profesores y empleados de la universidad están
prohibidos a la luz de la Constitución de 1991. El derecho a la igualdad debe
garantizarse a estudiantes como él que “han cosechado en su mente todas las
ilusiones de ver cristalizados sus desvelos y esfuerzos para alcanzar su meta,
cual es en este caso, estudiar Medicina en la Universidad de Cartagena”.
En razón de todo lo
anterior, el actor solicita que el Tribunal Administrativo de Bolívar declare
la nulidad tanto de los acuerdos de la Junta Directiva de la Universidad sobre
cupos especiales como de la resolución en la que se determinó  a quiénes se les
asignaban esos cupos especiales en el primer semestre de la Facultad de
Medicina, emitida por el rector de la Universidad; adicionalmente, solicita que
se le brinde el mismo trato que a los postulantes que se presentaron con él y
que, en consecuencia, se le admita en la Universidad.
3. El 14 de febrero
de 1997, el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la tutela y le solicitó
al rector y al jefe de admisiones de la Universidad de Cartagena que se
manifestaran sobre los hechos materia de la acción y enviaran diversas pruebas
documentales.
3.1 El rector de la
Universidad manifiesta, en primer lugar, que la acción de tutela no es el
mecanismo apropiado para obtener la nulidad y revocatoria de los acuerdos y
resoluciones sobre los cupos especiales para el ingreso al centro de estudios.
Tanto los acuerdos de la Junta Directiva y del Consejo Superior de la
Universidad como las resoluciones del rector son típicos actos administrativos,
contra los cuales procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo. Por lo
tanto, el rector solicita que se declare la improcedencia de la solicitud de
tutela.
De otro lado, el
rector expresa que el artículo 69 de la Constitución, desarrollado por los
artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992, consagra la autonomía universitaria, a
partir de la cual, “las Universidades tienen la facultad legal para expedir sus
propios estatutos que regirán internamente las actividades
académico-administrativas”. Con base en esa atribución fue expedido el Estatuto
General de la Universidad de Cartagena, mediante el Acuerdo N° 03 del 18 de
Enero de 1994, en virtud del cual el Rector está obligado a “ejecutar las
decisiones de los Consejos Superior y Académico”.
Del escrito del
rector se infiere que la creación de los cupos especiales por parte del Consejo
Directivo de la Universidad estaría respaldada por el principio de la autonomía
universitaria. Los cupos especiales son definidos como “derechos que se
consagraron en favor de ciertas personas en razón de parentesco con los
docentes, empleados y jubilados de la institución, a los deportistas para
fomentar e incentivar su actividad, a los habitantes de ciertos municipios del
Sur de Bolívar como un aporte al desarrollo social de esas comunidades”.
Relata el rector que
antes de la expedición de la nueva Constitución, estos cupos habían sido erigidos
a través de los acuerdos 10, 20 y 21 de 1977, 44 de 1978 y 01 de 1979, del
Consejo Directivo. Tras la expedición de la Carta de 1991, el Consejo Directivo
fijó y reglamentó los cupos especiales para los programas de pregrado a través
del acuerdo N° 03 del 15 de julio de 1992, el cual derogó todos los acuerdos
anteriores. En éste se establecieron los siguientes cupos para las personas
provenientes de determinadas regiones o pertenecientes a los siguientes
sectores sociales:
Nº de cupos por                     Proveniencia
regional o pertenencia
facultad o
programa                        a
un sector social
3                          Estudiantes
del sur de Bolívar
1                          Estudiante
de San Andrés y Providencia
1                          Estudiante
deportista
20% del cupo máximo  Estudiantes
que fueran hijos, cónyuges o compañero de los                             profesores,
empleados, ex profesores, ex empleados o                                              pensionados
de la Universidad
En atención al fallo
de la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado que declaró la nulidad de los cupos especiales para los hijos y cónyuges
de los profesores y empleados de la  Universidad del Cauca (Expediente 3275,
Consejero Ponente Libardo Rodríguez, sentencia del 9 de febrero de 1996),
mediante el acuerdo 10 del 12 de junio de 1996 se suspendieron todos los cupos
especiales, salvo el de los deportistas. Sin embargo, un largo paro de docentes
y empleados de la Universidad condujo a que mediante el acuerdo 11 del 26 de
agosto se derogara el acuerdo 10, recuperando su vigencia el acuerdo 3 de 1992.
Luego, mediante el
acuerdo 20 de 1996 se crearon 50 cupos adicionales en toda la Universidad - 10
de ellos para los aspirantes a ingresar a la facultad de Medicina - para los
estudiantes provenientes del sur-sur de Bolívar, excluyendo los provenientes de
Mompós y Magangué. El rector expone que este último acuerdo fue resultado de
las conversaciones sostenidas entre los campesinos concentrados en el Sur de
Bolívar y los representantes gubernamentales y que se expidió “en apoyo al
desarrollo social de esas comunidades”, asoladas por graves problemas sociales
y de orden público.
El rector adjuntó a
su respuesta copia de los acuerdos mencionados. Igualmente, acompañó las copias
de dos  oficios suscritos por el jefe del centro de admisiones de la
Universidad. El primer oficio va dirigido al  actor de la presente tutela y
tenía el objeto de informarle acerca de cuál había sido el procedimiento que
había regido la distribución de los cupos de la Facultad de Medicina. El rector
sostiene que este documento evidencia que “la asignación de los cupos fue en
forma descendente y en estricto orden por el puesto ocupado”. En el mencionado
oficio se expresa:
“(....) Para su
conocimiento le informo que los cupos normales el primer año de 1997 en la
facultad de medicina es de (70) setenta, pero como el que ocupó el puesto (71)
obtuvo el mismo puntaje, se admitieron los primeros (71) setenta y uno. Además
los reglamentos de la Universidad de Cartagena (acuerdo 03 del 16 de julio de
1992) contemplan los siguientes cupos especiales:
A) El 20% de cupo
para hijos de profesores, empleados y cónyuges, en este caso son (14) catorce.
B) Sur de Bolívar
(3) tres cupos.
C)
San Andrés y Providencia: un
cupo
D)
Deportista: un cupo
E)
Reinsertado: un cupo
“Mediante acuerdo 20
del 22 de octubre de 1996, la Universidad de Cartagena otorgó diez (10) cupos
especiales para la facultad de medicina y cinco (5)  en cada una de las otras
facultades para los aspirantes del sur sur de Bolívar.
“Lo anterior da un
cupo total de (101) ciento uno, entre los normales y especiales. A este valor
hay que agregarle aquellos a quienes por razones de prestación del servicio
militar o fuerza mayor se les reservó el cupo y los que repiten el primer año.
“Como algunos de los
cupos especiales no fueron llenados y algunos de los admitidos, los primeros
(71) de la lista, no se matricularon estos cupos sobrantes se fueron
adjudicando en estricto orden de puesto, de manera que al día de hoy se
ha llegado hasta el puesto (85) ochenta y cinco.
“Como usted puede
deducir apreciado señor HERNANDEZ, usted por ocupar el puesto 87 no ha sido
admitido.
“Quiera Dios que en
los siguientes días que restan del mes de febrero, algunos de los ya
matriculados se vayan a prestar el servicio militar obligatorio y podamos
continuar admitiendo en estricto orden de puesto a aquellos que están después
del (85) ochenta y cinco, como sucedió en la facultad de odontología en donde
en el día de ayer entraron los aspirantes de puestos 56, 57, 58 por las razones
antes anotadas”.
El segundo oficio
fue dirigido al rector y tenía por fin informarle acerca de los aspirantes
admitidos y matriculados en el primer año de la carrera de medicina:
“Fueron admitidos
los estudiantes que ocuparon los puestos del uno (1) al setenta (70) pero como
el que ocupó el puesto (70) tenía el mismo puntaje del (71), este último
también fue admitido.
“De estos no se
matricularon los correspondientes a los puestos:15, 25, 26, 30, 31, 40, 41, 43
y 48, los cuales fueron asignados a los aspirantes que ocuparon los siguientes
puestos: 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81 y 82.
“Los cupos
especiales fueron asignados a los aspirantes que ocuparon los siguientes
puestos:
“HIJOS DE
PROFESORES/EMPLEADOS/CÓNYUGES: 334, 345, 366, 577, 597, 711, 724, 792, 807,
825, 907, 1019, 1023, quedando un cupo por asignar ya que son catorce (20% de
70).
“SUR DE BOLÍVAR: 99,
105 Y 170.
“DEPORTISTA: 133.
“SAN ANDRÉS:130
“SUR SUR DE BOLÍVAR:
138, 201, 220, 277, 680, 858, 890, 949, 1006, 1035.
“De los especiales
dejaron de matricularse:
“A) HIJOS DE
PROFESOR/EMPLEADO/CÓNYUGES: Los correspondientes a los puestos: 597 y 724, que
sumados al que quedó por asignar da un total de (3) tres cupos, los cuales se
asignaron a los puestos : 83, 84 y 85.
“B) SUR SUR DE BOLÍVAR:
Los correspondientes a los puestos: 138, 890 y 949. Estos cupos no se asignan a
la lista normal por acuerdo del Consejo Académico.
“Los demás cupos que
aparecen en el listado de matriculados en el primer año de medicina,
corresponden a los estudiantes a quienes les fue reservado el cupo el año
anterior por fuerza mayor o por prestar el servicio militar obligatorio y
aquellos que se encuentran repitiendo el primer año de Medicina”.
3.2. El jefe de
admisiones de la Universidad respondió al Tribunal que coadyuvaba el informe
presentado por el rector de la Universidad. Asimismo, acompañó el listado de
los resultados de los exámenes de admisión para Medicina y el de los alumnos
matriculados en el Programa Académico de esta Facultad, para el primer semestre
de 1997.
3.3. El 20 de
febrero de 1997, el rector de la Universidad de Cartagena le manifiestó al
Tribunal Administrativo de Bolívar que en el mismo Tribunal  y en el Juzgado 4°
Civil del Circuito de Cartagena “se encuentran tramitándose acciones de tutela,
en donde tanto las pretensiones de los accionantes, la entidad entutelada, la
defensa de la entidad son las mismas”, razón por la cual solicita la
acumulación de los procesos con el fin de evitar fallos contradictorios.
3.4. El día 26 de
febrero, el actor radica un escrito en la Secretaría del Tribunal, en el que
manifiesta que recurre a la tutela como un mecanismo transitorio “para evitar
un perjuicio irremediable y grave que se materializa al ente universitario
matricular 100 aspirantes inscritos, 26 de los cuales con puntajes inferiores
al mío(...)”.
4. El 27 de febrero
de 1997, la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Bolívar concedió la
tutela interpuesta, por violación del derecho de igualdad.
En primer lugar, el
Tribunal deniega la solicitud de acumular los procesos contra la Universidad
porque “si bien es cierto que existen varias solicitudes de Tutela, también lo
es que ellas no son acumulables bajo una misma cuerda, pues la Acción de Tutela
no es un tipo de proceso en el que puedan aplicarse las normas señaladas en los
Arts. 157 y s.s.  del C. de P.C”.
El juez de tutela
reconoce, asimismo, que la solicitud del actor de que se declare “la nulidad de
los acuerdos de la Junta Directiva y la Resolución de admitidos para cupos
especiales (...) en el fondo, se trata de una solicitud de nulidad y
restablecimiento del derecho”. Sin embargo, el Tribunal no se pronuncia sobre
la procedencia o improcedencia de la acción de tutela, y entra directamente a
analizar la constitucionalidad de cada uno de los privilegios otorgados por la
Universidad, en materia de ingreso a la Facultad de Medicina, a ciertos
sectores de la población:
a) Sobre la
concesión de los 10 cupos especiales a los bachilleres del Sur Sur de Bolívar,
a través el acuerdo 20 del 22 de octubre de 1996, expresa  que esa medida  se
inserta dentro del plan de desarrollo para el sur de Bolívar, “por medio del
cual se busca que gente marginada perteneciente a la región anterior puedan
tener acceso a la educación superior (...). Es del dominio público la pobreza y
la marginalidad de los campesinos de aquellas apartadas regiones del
Departamento de Bolívar, y por estas poderosas razones, considera el Tribunal
que el Acuerdo antes mencionado (...) lejos de ser violatorio del artículo 13
de la Constitución Política, se ajusta a la misma norma porque teleológicamente
su búsqueda es la igualdad real en favor de regiones marginadas y discriminadas
de la patria”.
b) El tratamiento
especial otorgado a los bachilleres del Departamento de San Andrés es
justificado de igual manera, por cuanto “puede considerarse que este territorio
nacional siempre ha tenido un tratamiento especial por parte del Estado, no
sólo por razones estratégicas, en la defensa de nuestra soberanía nacional,
sino para incorporar a sus habitantes a nuestra cultura, defendiendo sus
propios patrones culturales”.
c) Respecto al cupo
especial otorgado a los deportistas a través del acuerdo N° 9 del 12 de junio
de 1996, emanado del Consejo Académico, sostiene el Tribunal que es constitucional
por cuanto se ajusta al artículo 52 de la C.P., que consagra la “posibilidad de
fomentar actividades deportivas, otorgando, como en el caso en estudio,
privilegios para premiar a quienes se dediquen a la sana actividad del
deporte”.
d) Igualmente,
encuentra conformes con la Constitución los cupos especiales para los
bachilleres que prestan servicio militar porque a través de esta prerrogativa
“se fomenta el ingreso a las fuerzas armadas, encargadas de proteger la
seguridad y la soberanía nacional”.
e) Sobre los cupos
especiales para los reinsertados expresa que la Constitución señala en el
preámbulo y en el artículo 2° que uno de los fines esenciales del Estado es
asegurar la paz y que el artículo 22 establece que la paz es un derecho y un
deber. A renglón seguido manifiesta que “si el Estado adopta algunos
privilegios en favor de los grupos alzados en armas para ayudarles a
reinsertarse a la sociedad, es obvio que esta medida por sí sola no podría ser
considerada como violatoria del principio de igualdad, pues con ello se adoptan
medidas en favor de grupos marginados de la sociedad con el objeto de fomentar
su reinserción”.
f) Finalmente, en
relación con los cupos especiales otorgados a los hijos, cónyuge y compañero
(a) de los profesores, empleados y jubilados de la Universidad de Cartagena, y
de los antiguos profesores y empleados de la misma, el Tribunal considera que
con base en la sentencia citada del Consejo de Estado y en la jurisprudencia de
la Corte Constitucional, “los cupos especiales otorgados a personas en razón de
su origen familiar, son contrarios a la igualdad consagrada en el artículo 13
C.P., ya que esta norma ordena en forma perentoria, dar la misma protección y
trato a todas las personas, sin ninguna discriminación por razones de sexo,
raza, origen nacional, familiar...”.
En consecuencia, el Tribunal ordena
inaplicar los acuerdos N° 03 de julio de 1992 y N° 11 del 26 de agosto de 1996
para el caso concreto que se debatía con la acción de tutela. La inaplicación
del acuerdo 03 se restringe al punto en que “crea un cupo adicional de un 20%
para los hijos de docentes, exprofesores, exempleados de la  de Cartagena”. La
del acuerdo 11 se refiere únicamente a la puesta nuevamente en vigencia de la
medida ya criticada del acuerdo 03.
El Tribunal se abstiene de ordenar
directamente el ingreso del actor al primer año de Medicina por cuanto
desconoce los puntajes individuales y el mecanismo aplicado por la Universidad
para otorgar los cupos; sin embargo, ordena a la Universidad tomar las
siguientes medidas:
“a) Exclúyanse las personas
matriculadas en el primer año de la Facultad de Medicina este año de 1997, que
lo hicieron en su condición de hijos de profesores, cónyuges, hijos de
empleados, ex empleados y jubilados de la Universidad de Cartagena.
“b) Ordénase a la Universidad de
Cartagena, Departamento de Admisiones, teniendo en cuenta los puntajes
obtenidos por los aspirantes a ingresar a la Facultad de Medicina, adjudicar
los cupos según el orden que resulte de los exámenes y de la evaluación.
“c) Señálase el término de cinco (5)
días hábiles para el cumplimiento e esta orden perentoria”.
5. El 5 de marzo de
1997, en cumplimiento de la orden impartida por el  Tribunal, el rector de la
Universidad de Cartagena expidió la resolución 0390 por medio de la cual
dispone excluir de la Universidad a los 11 estudiantes que habían sido
matriculados en la facultad de Medicina para el año 1997 en razón de su
condición de hijos, cónyuge o compañero (a) de los profesores,  empleados, ex
profesores, ex empleados y jubilados de esta Universidad. Al mismo tiempo,
dispuso que los cupos liberados por los anteriores estudiantes fueran
adjudicados, según orden de puntaje decreciente, a los aspirantes cuyos
resultados estaban más cercanos del último candidato admitido dentro del
procedimiento normal.
6. El mismo día en
que expidió la mencionada resolución 0390, el rector impugnó el fallo del
Tribunal.
En su solicitud,
reitera que el mecanismo procedente para obtener la nulidad de los acuerdos del
Consejo Académico que crean los cupos especiales es la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho. Para respaldar su afirmación, acompaña la copia
de una sentencia de tutela de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena,
del 27 de febrero de 1997, en la que la mencionada Sala había denegado una
petición de amparo instaurada contra la Universidad de Cartagena por los mismos
motivos que fundan la presente acción. Señala que en esa ocasión, el Tribunal
Superior de Cartagena sostuvo que la solicitud de nulidad y revocatoria de los
actos de la  relacionados con los cupos especiales no procedía a través del
mecanismo de la tutela sino mediante las acciones contencioso administrativas.
Con respecto a la
sentencia del Consejo de Estado a la que se alude en el fallo de tutela, el
rector expresa que si bien es cierto que el órgano supremo de la jurisdicción
contencioso administrativa decidió en la mencionada sentencia declarar la
nulidad de los acuerdos de la Universidad del Cauca en los que se sustentaban
los privilegios en materia de ingreso a la Universidad para los hijos y
cónyuges de los profesores y empleados de ella, también ha de observarse que su
decisión fue tomada en el marco de una acción de nulidad y restablecimiento del
derecho y no a raíz de una acción de tutela. Para el rector es claro “que tanto
las normas y la jurisprudencia establecen que la vía jurídica para demandar y
declarar nulos los “Cupos Especiales” en las Universidades Públicas son las
acciones públicas de nulidad, consagradas en el Código Contencioso
Administrativo; y no la Acción de Tutela (...)”.
De otro lado,
considera el impugnante que la orden del Tribunal de excluir a los estudiantes
admitidos para el primer año de la Facultad de Medicina, en 1997, con base en
su condición de hijos, cónyuge o compañero (a) de los profesores,  empleados,
ex profesores, ex empleados y jubilados de la Universidad de Cartagena infringe
el derecho de defensa de esas personas y, por consiguiente, adolece de nulidad.
Sostiene que el Tribunal, para evitar la violación del derecho al debido
proceso de los estudiantes que posiblemente iban a ser afectados por la
sentencia, debió conformar antes de proferir la providencia un litisconsorcio
necesario, de forma tal que los aludidos estudiantes hubieran tenido la
oportunidad de manifestarse en torno a la demanda de tutela.
Igualmente, el
rector asevera que la sentencia es incongruente. Fundamenta su afirmación en
tres razones: 1) porque en la providencia no se analizó de ninguna manera la
solicitud de que se declarara que la petición de tutela era improcedente en
razón de la existencia de otros medios de defensa judicial; 2) porque a pesar
de que el actor de la tutela no pidió en ningún momento la exclusión de los
estudiantes que fueron recibidos por su condición de hijos, cónyuge o compañero
(a) de los docentes, empleados, ex docentes, ex empleados y jubilados de la
Universidad, el Tribunal decidió ordenar su retiro de la Universidad; y 3)
porque los estudiantes que fueron excluidos de la Universidad ya tenían
consolidado su derecho a permanecer en ella, de acuerdo con la normas que rigen
el Alma Mater. Sobre este último punto expresa : “los estudiantes que
ingresaron y se matricularon para 1997 en la Facultad de Medicina en calidad de
hijos de docentes, cónyuges, empleados, ex empleados y jubilados de esta
Institución ya tenían consolidado su derecho de conformidad a una normatividad
vigente en la Universidad de Cartagena, por ello, mi insistencia de que el
fallo no debió ser retroactivo sino que la anulación de estos ‘cupos
especiales’ fuera hacia el futuro”.
El impugnante expone
también que los cupos especiales para los hijos y cónyuges de los docentes y
los empleados, y de los ex empleados y jubilados, de la Universidad fueron
establecidos a través del acuerdo 20 del 31 de agosto de 1977. Pero, además,
señala que los cupos que hacen referencia a los hijos de los trabajadores
oficiales de la Universidad  se fundamentan en la convención colectiva acordada
entre la Universidad y el sindicato en el año de 1978. Por eso concluye “que el
fallo impugnado infringe los principios constitucionales establecidos en los
artículos 53 y 55, especialmente este último; desconoce y contraría a la
Convención citada y acaba de un tajo con la teoría de los derechos adquiridos a
los ‘cupos especiales’ que por Convención lograron los trabajadores citados al
amparo de las leyes laborales”. Sobre el carácter de los cupos especiales
sostiene:
“No puede
interpretarse a los ‘cupos especiales’ para docentes, cónyuges, hijos de
docentes, empleados, etc. como unos privilegios. Nos parece que en lugar de un
privilegio es un justo reconocimiento a todos los funcionarios (docentes,
administrativos y trabajadores) de la Universidad. Ellos con su fuerza laboral
su lucha han alcanzado este derecho, en razón de ello, antes que un privilegio
es un incentivo a la clase trabajadora vinculada a la Institución. Si indagan
encontrarán que en otras empresas estatales se encuentran derechos a favor de
los trabajadores tales como ser remplazados por sus hijos al momento de
jubilarse, se les exonera parcialmente del pago de algunos servicios que presta
la misma empresa. Eso no es ningún privilegio ni ninguna desigualdad. Son
logros de los trabajadores”.
Finalmente, el
rector asevera que el Tribunal desconoció la autonomía de la Universidad de
Cartagena al señalar que los cupos especiales para los hijos y cónyuges de los
empleados y ex empleados de la Universidad, que quedaban vacantes como
consecuencia de la sentencia del Tribunal, debían ser distribuidos entre todos
los aspirantes a ingresar al Alma Mater, de acuerdo con el puntaje obtenido.
Con esa resolución, el Tribunal incursionó en el campo de la  atribución del
Consejo Académico de fijar el número de cupos para cada programa o facultad. En
efecto, este Consejo había establecido, mediante la resolución 47 del 13 de
septiembre de 1995, que los cupos ordinarios serían 70, y con la resolución del
Tribunal se había aumentado en 14 ese número. Dice así el impugnante:
“(...) el Tribunal,
mediante el fallo impugnado, aumenta los “Cupos Ordinarios” al sumarle el 20%
de los “Cupos Especiales” en su condición de Docente, empleados, ex empleados,
jubilados etc. Esto es, que en el caso de la Facultad de Medicina creó un total
de 84 “Cupos Ordinarios”, lo cual es abiertamente contrario a la Carta Magna y
la ley en virtud de la Autonomía Universitaria, debido a que, en pocas
palabras, el Juez A quo esta legislando, tácitamente desconociendo las órbitas
de competencias de los organismos universitarios como son el Consejo Superior y
el Académico.
“En nuestro criterio
el Juez A-quo se extralimitó al adjudicar esos “Cupos Especiales” por ser hijo
de docente, cónyuges, empleados, ex empleados y jubilados de la Universidad
como si se tratara de “Cupos Ordinarios”, es decir, que el juez A quo debió
limitarse únicamente a anular los Cupos Especiales citados por ser contrarios
al derecho de igualdad consagrado en la Ley de Leyes por que al momento de
anularlos dejan de existir jurídicamente, ya que estos “Cupos Especiales” son
adicionales, quedando vigente únicamente los ordinarios que, como lo dije
anteriormente, para Medicina son un total de 70”.
Para terminar, el
rector de la Universidad le solicita al Consejo de Estado que revoque el fallo
del Tribunal y que, en consecuencia, ordene reintegrar a los estudiantes
excluidos de la Universidad y retirar de la misma a los que habían sido
admitidos en sustitución de los anteriores.
7. El 13 de marzo de
1997, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado revocó la providencia del Tribunal Administrativo de Bolívar y, en su
lugar, rechazó la petición de tutela por improcedente.
Para la Sección, la
acción de tutela no es el mecanismo idóneo para obtener la nulidad de los
Acuerdos de la Junta Directiva y de la Resolución de admitidos para cupos
especiales en el primer (1) semestre de la Facultad de Medicina, pues “el
accionante goza de otro medio de defensa judicial ante las autoridades de lo
Contencioso Administrativo, para que mediante el ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho se satisfagan sus pretensiones”.
La Sección recuerda,
además, que las instituciones de educación superior “gozan de autonomía para
seleccionar a sus alumnos, para expulsarlos y sancionarlos de acuerdo a sus
propias normas y no puede la acción de tutela desconocer tal autonomía,
obligando a la Universidad de Cartagena a admitir o inadmitir a determinadas
personas”.
8. El 22 de julio de
1997, en oficio enviado a la Secretaría de esta Corporación, el rector de la
Universidad de Cartagena respondió a un cuestionario que le fue formulado por
el Magistrado Ponente.
El rector expresa
que en la actualidad existen cupos especiales para el ingreso a la Facultad de
Medicina, y a la Universidad en general, para los siguientes grupos:
“a) Cupos para
hijos, cónyuges o compañero (a) de los profesores, empleados, ex-profesores,
ex-empleados y jubilados de la Universidad de Cartagena.
b) Cupos para los provenientes
del Sur de Bolívar
c) Cupos para los
provenientes del Sur-Sur de Bolívar.
d) Cupos para los
deportistas.
e) Cupos para
reinsertados”.
Actualmente, los
mencionados cupos especiales se encuentran contemplados y reglamentados en el
acuerdo N° 06 de 1997, expedido por el Consejo Académico de la Universidad. Sin
embargo, esta modalidad de ingreso a la Universidad existe desde el año de 1977
y ha sido consagrada en diversos acuerdos de los Consejos Directivo y
Académico, derogados todos por el acuerdo 06 de 1997.
Manifiesta el rector
que “los cupos especiales no le quitan oportunidad ni cupo a ningún aspirante,
ya que éstos se otorgan una vez se asignan los cupos establecidos por el
Consejo Académico para cada facultad y/o programa”. Al respecto recuerda que la
Corte Constitucional declaró infundadas las objeciones presidenciales hechas al
proyecto de ley sobre estímulos a los votantes, mediante el cual se consagraba,
entre otros incentivos, “el derecho a ingresar prioritariamente a las universidades
públicas sobre las personas que hayan obtenido el mínimo puntaje de
calificación y en caso de empate (...). De tal manera, que el máximo tribunal
constitucional admite entonces que sí se pueden establecer mecanismos o normas
para tener cierta prioridad en el ingreso a las universidades a un sector de la
población”.
La selección de los
postulantes a cupos ordinarios y a cupos especiales de ingreso a la Universidad
se realiza “en estricto orden decreciente de puntaje”. Por eso, todos los
aspirantes deben presentar el examen de estado ante el ICFES y el examen de
admisión que realiza la Universidad. En el caso de que los cupos especiales no
sean cubiertos completamente por los aspirantes que se presentaron a la
Universidad por esa vía, los puestos restantes se distribuyen entre los
postulantes por la vía ordinaria, de acuerdo con los resultados obtenidos en
los exámenes.
A continuación, el
representante legal de la Universidad de Cartagena procedió a justificar la
existencia de cada uno de los programas especiales de ingreso a la Universidad
a los que se hizo referencia:
a) Cupos otorgados a
los hijos, cónyuge o compañero (a) permanente de los docentes, empleados,
ex-empleados, ex-docentes y jubilados de la Universidad. Manifiesta el rector
que estos cupos especiales tienen su origen en el artículo 11 de la convención
colectiva de trabajo suscrita en 1978. En aquella época, todos los servidores
de la Universidad tenían el carácter de trabajadores oficiales, salvo las
directivas universitarias. Y si bien la mayoría de ellos pasó a ostentar la
calidad de empleado público mediante el Decreto 80 de 1980, el artículo 130 del
mismo decreto “previó que el cambio de naturaleza jurídica no afectaba las
situaciones creadas conforme a derecho y es así como las obligaciones
contraídas en aquella Convención, aún están vigentes, porque así lo disponen
las convenciones que se vienen suscribiendo año tras año, y se aplica a
aquellas personas que aún conservan el vínculo con la institución”.
Sostiene que el
mismo Legislador dispuso, en el artículo 186 de la Ley 115 de 1994, la
existencia de cupos especiales en favor de las personas vinculadas al sector
educativo, como docentes o personal administrativo.
b) Cupos para
estudiantes provenientes del Sur de Bolívar. Estos cupos se reservan para
bachilleres provenientes de las ciudades de Mompós y Magangué. Sobre estos
cupos expresa el rector:
“Los cupos
especiales para el Sur de Bolívar están fundamentados en el hecho de que es la
única universidad pública con que cuenta el Departamento de Bolívar y de mayor
estabilidad académica de la Región Atlántica. De tal manera que muchos
aspirantes de otros departamentos ingresaban dejando por fuera a estudiantes
nativos de Bolívar y posteriormente se radicarían en sus regiones.
“El departamento de
Bolívar asigna unos aportes a la Universidad y es un compromiso de esta Alma
Mater realizar las contraprestaciones del caso y proporcionarle a los
habitantes de esos municipios que hacen parte del departamento la facilidad en
el ingreso a la educación superior”.
c) Cupos para
estudiantes provenientes del Sur-Sur de Bolívar. Estos cupos fueron creados
mediante el acuerdo 06 de 1997, producto de la negociación realizada entre los
campesinos marchistas del sur de Bolívar y los gobiernos nacional y
departamental, en 1996. De este tratamiento preferencial se benefician los
bachilleres provenientes de los municipios de Achí, San Pablo, San Martín de
Loba, Simití, Morales, Barranco de Loba, Margarita, San Fernando, Pinillos,
Tiquisio, Altos del Rosario, Cantagallo, Hatillo de Loba, Santa Rosa del Sur,
El Peñon, San Cristóbal, Regidor, San Jacinto del Cauca, Río Viejo y Cicuco. El
rector argumenta que el fundamento de estos cupos especiales es el siguiente:
“Los municipios que
forman parte del Sur de Bolívar son zonas muy distantes de esta capital, con
una precaria infraestructura de servicios públicos, salud, educación y carencia
de vías. Por la situación geográfica y las deficiencias anotadas, quizás para
que fueran escuchados por el Gobierno se originaron en esa zona unas marchas y
concentraciones campesinas que de una u otra manera afectaron el orden público
y social de la región. Los marchistas presentaron una serie de peticiones
dentro de las cuales se encontraban, entre otras aspiraciones, la del acceso de
sus nativos a la educación superior. Fueron escuchados y de los diálogos
adelantados con el Gobierno Nacional y el departamental, se suscribió un
acuerdo con los mismos y allí se comprometieron a otorgarles cincuenta (50)
cupos en los diferentes programas o facultades de esta institución....
“Como puede
observar, el sustento de éstos obedece a problemas sociales y de orden público.
Es de mucha importancia para el Estado propiciarles unas mejores oportunidades
para los habitantes de esa zona para que salgan del abandono en que están
sumidos por el mismo Estado. En razón de lo anterior se crearon dichos cupos”.
d) Cupo especial
para deportistas. Este cupo se fundamenta “en el artículo 52 de la Constitución
Política, que consagra la posibilidad de fomentar las actividades deportivas,
otorgando privilegio como es un cupo a quienes se dediquen y sobresalgan en
ellas”.
e) Cupo para
reinsertados. Este privilegio para el ingreso a la Universidad responde a los
acuerdos de paz suscritos por el Gobierno Nacional con los movimientos armados
EPL y PRT, en los cuales se trató acerca de la necesidad de crear programas
para la reinserción de los miembros de esos grupos a la vida civil, política y
democrática del país: “dentro de esos acuerdos hace parte el Programa de
Educación para la Paz, coordinado por la Universidad Pedagógica Nacional, al
cual se vincularon varias universidades nacionales y regionales. En
consecuencia, la Universidad a mi cargo tenía que vincularse a este tipo de
programas y se expidió el acuerdo 06 del 23 de febrero de 1993 del Consejo
Superior”. El fundamento de este cupo radica entonces en el interés del Estado
en facilitar la reincorporación a la vida civil de los antiguos guerrilleros, a
través de programas como el de educación para la paz, o de privilegios como la
circunscripción electoral especial para el Congreso de la República.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
1. El actor
considera que la Universidad de Cartagena vulneró sus derechos fundamentales a
la igualdad y a la educación, puesto que a pesar de los resultados que obtuvo
en los exámenes de admisión no se le asignó ninguna plaza para el estudio de la
carrera de Medicina, mientras que a otros postulantes que obtuvieron puntajes
más bajos que el suyo, sí se los recibió en esa Facultad, a través del
procedimiento de los cupos especiales.
2. El rector de la
Universidad de Cartagena expone que el actor cuenta con otros mecanismos
judiciales para impugnar la figura de los cupos especiales. Expresa, además,
que el principio constitucional de la autonomía universitaria autoriza a las
universidades a instituir mecanismos especiales para el ingreso a ellas y que existen
razones objetivas que justifican la existencia de cada uno de los distintos
cupos especiales.
3. El Tribunal
Administrativo de Bolívar concedió la tutela solicitada. Después de realizar un
examen de cada uno de los cupos especiales llega a la conclusión de que todos
se ajustan a la Constitución, salvo el relacionado con los hijos, cónyuges o
compañeros de los profesores, empleados, ex profesores, ex empleados y
jubilados de la Universidad, por cuanto este cupo especial introducía una
discriminación en razón del origen familiar. El Tribunal ordenó que se
excluyera de la Universidad a los estudiantes que lograron su admisión a través
de ese mecanismo y que las plazas liberadas fueran ocupadas por los postulantes
que habían obtenido los mejores puntajes en los exámenes de admisión.
4. La Sección Cuarta
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado revocó la
sentencia del Tribunal y rechazó la tutela impetrada, por improcedente.
Considera la Sala que la acción indicada para impugnar los acuerdos de la Junta
Directiva de la Universidad y la resolución de admitidos para cupos especiales
era la de nulidad y restablecimiento del derecho, que se impetra ante la
jurisdicción contencioso administrativa. Además, señala que la Universidad goza
de autonomía para seleccionar, sancionar o expulsar a sus alumnos y que no se
puede intentar desconocer esa autonomía a través del mecanismo de la tutela.
Problema jurídico
5. Se trata de
establecer si la instauración de cupos o mecanismos especiales para el ingreso
a la universidad, en favor de determinados grupos sociales, constituye una
violación a los derechos de igualdad y a la educación de los todos los
colombianos.
Procedencia de la
tutela
6. El rector de la
Universidad de Cartagena sostiene que la tutela no es el medio judicial
apropiado para impugnar los cupos especiales, puesto que esos cupos fueron
instaurados mediante actos administrativos de la Universidad y, por lo tanto,
son susceptibles de ser atacados a través de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Esta posición fue también asumida por la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, la cual revocó la decisión de primera instancia y
rechazó la acción por improcedente.
Sin duda alguna, los
acuerdos de la Universidad de Cartagena que establecen los cupos especiales -
es decir mecanismos particulares para favorecer el acceso de bachilleres
pertenecientes a determinados grupos sociales a la Universidad - pueden ser
demandados ante los tribunales administrativos, por medio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho. Es más, como se menciona en varias
ocasiones en el expediente, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en providencia del 9 de febrero de 1996,
con ponencia del magistrado Libardo Rodríguez,  ya se pronunció sobre un asunto
similar en el que se demandaba a la Universidad del Cauca.
Mas la existencia de
otro mecanismo judicial sólo imposibilita el recurso a la acción de tutela
cuando ese instrumento se demuestra como eficaz. La eficacia del recurso
ordinario no se determina de manera general sino en relación con el caso
concreto bajo análisis.
El asunto que se
debate en el presente proceso refiérese a los mecanismos de  ingreso a la
universidad. Como es conocido, el grado de educación académica de las personas
tiene importantes consecuencias tanto en el desarrollo global de una sociedad
como en el futuro laboral de las personas. La posibilidad de realizar estudios
universitarios le significa a los individuos el acceso a uno de los mecanismos
de movilidad social más efectivos. No cabe duda de que  el hecho de contar con
estudios superiores puede marcar definitivamente el rumbo de la vida de muchas
personas. De allí la impresionante competencia por los escasos cupos
disponibles en las universidades oficiales del país.
El bachiller recién
egresado se encuentra en el trance de elegir rápidamente entre distintas
opciones acerca de cómo moldear su vida futura. Una de ellas es la de intentar
ingresar a la universidad. Sin embargo, esta es una opción que está abierta por
un lapso muy breve. Las presiones de los allegados, la adquisición de
responsabilidades familiares propias, la necesidad de generar ingresos por sí
mismos y el alejamiento de las actividades académicas, entre otros factores,
hacen que tras un corto tiempo se desvanezca en la práctica, para muchas
personas, la posibilidad de ingresar a un centro de estudios superiores. Es decir,
el mero transcurso del tiempo facilita el surgimiento de barreras, invencibles
para muchas personas, que marchitan la aspiración de realizar estudios
superiores.
La situación
descrita evidencia la importancia del factor tiempo para la realización del
sueño de ingresar a la universidad. Ante este hecho y en vista del trámite
prolongado que exigiría el mecanismo judicial ordinario, sólo puede concluirse
que éste se demuestra en este caso como ineficaz, por cuanto la duración del
proceso que inicia compromete seriamente las aspiraciones del demandante de
absolver los estudios universitarios. Por lo tanto, y con miras a impedir un
perjuicio irremediable para el actor, debe declararse que la demanda de tutela
sí es procedente en este caso.
La autonomía
universitaria y el criterio de ingreso a la universidad
7. El rector de la
Universidad de Cartagena manifiesta que las universidades gozan de la potestad
de decidir autónomamente acerca de los procedimientos para la admisión de sus
alumnos. Fundamenta su aseveración en el inciso 1 del artículo 69 de la
Constitución, el cual reza: “Se garantiza la autonomía universitaria. Las
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos,
de acuerdo con la ley”. Precisa que esta disposición constitucional fue
desarrollada por los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992, los cuales son del
siguiente tenor:
“Artículo 28. La
autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de
conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a
darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos,
definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y
culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores,
admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer,
arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de
su función institucional”.
“Artículo 29-. La
autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de las
instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción
y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes aspectos:
(...)
e) Seleccionar y
vincular a sus docentes, lo  mismo que a sus alumnos
f) Adoptar el
régimen de alumnos y docentes...”.
Como se puede
observar, la Ley autoriza a las instituciones de educación superior a fijar los
procedimientos para la admisión de sus alumnos. Pero, ¿significa lo anterior
que las mencionadas instituciones pueden optar por cualquier tipo de
procedimiento, independientemente de si éste se ajusta o no a la Constitución?.
8. Ciertamente, la
Constitución consagra la autonomía universitaria[2].
Sin embargo, el hecho de que las instituciones de educación superior gocen de
autonomía no significa que ellas tengan una absoluta libertad para dictar las
normas que han de regir su funcionamiento. Todas las entidades públicas, sea
cual fuere su status, están vinculadas por los mandatos constitucionales
(CP art. 4). Incluso las que surgen del voto ciudadano, las cuales, de acuerdo
con la teoría política, representan la voluntad popular. Por lo tanto, el
ejercicio de la autonomía de la universidades no puede contravenir en ningún
caso los principios y los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Al respecto bien vale la pena citar lo expresado por esta
Corporación, en su sentencia T-180 de 1996:
“En un Estado social
y democrático de derecho, la legitimidad del ejercicio de los poderes
constitucionalmente reconocidos, incluyendo aquel que se deriva de la autonomía
universitaria, se funda en el respeto a los valores, principios y derechos que
integran el ordenamiento jurídico, y se garantiza otorgando a las personas los
recursos necesarios para que los actos susceptibles de transgredirlos puedan
ser fiscalizados por autoridades independientes.
“Los altísimos fines
que persigue la autonomía universitaria no pueden servir de excusa a los
centros docentes para que, prevalidos de esa valiosa garantía institucional,
vulneren los principios y derechos en los que se apoya el ordenamiento
jurídico. De igual manera, no puede predicarse como correlato de la garantía
institucional consagrada en el artículo 69 de la Carta, la inmunidad judicial
de los actos de las Universidades que sean susceptibles de vulnerar los
derechos fundamentales de sus estudiantes. Sin embargo, la intervención del
juez debe limitarse a la protección de los derechos contra actuaciones ilegítimas,
sin que le esté dado inmiscuirse en el ámbito propio de libertad de la
Universidad para fijar sus políticas académicas e investigativas”[3].
9.
El rector sostiene que “los cupos especiales no le quitan oportunidad ni cupo a
ningún aspirante, ya que éstos se otorgan una vez se asignan los cupos
establecidos por el Consejo Académico para cada facultad y/o programa”. Se
parte entonces de la base de que la universidad debe responder públicamente
sólo por los procedimientos para la distribución de los cupos ordinarios,
mientras que tendría amplia discreción para decidir cómo se adjudican los cupos
adicionales. El punto de partida de la afirmación es equivocado: todos los
cupos de estudio de las universidades oficiales constituyen bienes públicos y,
por lo tanto, deben ceñirse al mismo escrutinio por parte de los ciudadanos y
de los organismos jurisdiccionales.
En
consecuencia, en el caso concreto de las admisiones para la Facultad de
Medicina de la Universidad de Cartagena no se puede argüir que el número de
plazas de estudio era de 70, pues en realidad la Universidad estaba ofreciendo
100 cupos. Las autoridades universitarias pueden decidir, en el marco de su
autonomía, cuál es el número de cupos que ofrecerán para cada uno de sus
programas. Sin embargo, una vez establecido ese número de plazas, su
distribución deberá realizarse siguiendo criterios válidos desde la perspectiva
de los principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
10.
En las condiciones actuales del país, los cupos en las universidades públicas
constituyen bienes escasos, es decir pertenecen a la categoría de recursos
respecto de los cuales es superior la demanda por el bien que las existencias
de éste. Prueba de ello es el alto número de aspirantes por cada plaza de
estudios existente en las universidades públicas. Como ya se ha señalado por esta
Corporación[4],
cuando se trata de la distribución de bienes escasos no se puede partir de la
base de que todos los interesados en ellos tienen derecho a recibirlos. La
aceptación de este planteamiento sería, además de contraria a la realidad,
problemática para la credibilidad de las instituciones y para la estabilidad
política. Por eso, en estas situaciones la aplicación del principio de igualdad
adquiere una modalidad específica, consistente en que todas las personas
interesadas en la adjudicación del bien tienen derecho a estar en igualdad de
condiciones para acceder al proceso de selección de los beneficiarios y a que
su distribución se realice acatando los procedimientos establecidos.
Para
que la repartición de los bienes sea practicada con arreglo a fundamentos
objetivos, y no de acuerdo con caprichos o inclinaciones personales del
funcionario responsable, se requiere de la fijación de unos determinados
criterios. Estos criterios de distribución no pueden ser generales, aplicables
a todos los casos, sino que han de ser determinados de acuerdo con las
características propias de los bienes o medios por repartir y de las
necesidades o aspiraciones que éstos satisfacen.
11.
Como ya lo ha manifestado esta Corporación, el mérito académico es el criterio
básico para la asignación de cupos en las universidades públicas. Las pruebas
de Estado, o sus equivalentes del ICFES, persiguen medir los conocimientos y
las aptitudes de los aspirantes a un cupo universitario, con el objeto de
distribuir las escasas plazas disponibles entre los postulantes que obtengan
las mejores calificaciones. La Corte ha sido estricta en el control del
cumplimiento de este criterio de ingreso a los centros de educación. Es así
como en la sentencia C-022 de 1996, MP Carlos Gaviria, se declaró la
inconstitucionalidad del literal b) del artículo 40 de la Ley 48 de 1993, el
cual preceptuaba que a los bachilleres que prestaran el servicio militar y
aspiraran a estudiar en un centro de educación superior se les aumentaría en un
10% el puntaje que hubieran obtenido en las pruebas de Estado o en los exámenes
de admisión a la universidad. En aquella ocasión, la Corte expresó que la
mencionada bonificación del 10% representaba el resquebrajamiento del criterio
esencial de asignación de los cupos universitarios y, en consecuencia,
vulneraba el derecho de igualdad, puesto que a consecuencia de ella se
excluiría de la distribución de los plazas de estudio a candidatos que habían
obtenido buenos resultados en los exámenes, al tiempo que otros con puntajes
inferiores a los de estos últimos serían admitidos.
Posteriormente,
en la sentencia C-210 de 1997, MP Carmenza Isaza de Gómez, se declaró la
inexequibilidad del artículo 186 de la Ley 115 de 1994 - Ley General de
Educación-, que prescribía que “los hijos del personal de educadores, directivo
y administrativo del sector educativo estatal y de los miembros de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional muertos en servicio activo, tendrán prioridad
para el ingreso y estudio gratuito en los establecimientos educativos estatales
de educación básica, media y superior”. En el fallo se reiteró lo expresado en
la aludida sentencia C-022 de 1996 y se declaró que el privilegio que se consagraba
en el artículo 186 vulneraba el derecho de igualdad, por cuanto desconocía al
mérito académico como criterio esencial para la asignación de cupos de estudio
en los centros de educación estatales y, por consiguiente, desplazaba a
aspirantes que contaban con suficientes méritos personales para ingresar a esos
establecimientos educativos.
12.
Pero, ¿significa lo anterior que el único criterio válido para distribuir los
cupos en la universidad es el del merecimiento? Es decir, ¿se puede entonces
concluir que todas las plazas de estudio de los centros oficiales de educación
superior deben ser asignadas de acuerdo con los resultados académicos? Al
respecto es importante introducir una diferenciación. Evidentemente, el
criterio esencial de asignación de los cupos sí debe ser el mérito académico.
Es decir, este es el parámetro que debe regir el proceso general de
distribución de estos bienes escasos. Sin embargo, es aceptable que las
universidades utilicen otros criterios que flanqueen el parámetro básico de
adjudicación de los cupos, cuando, por ejemplo, se persigue contrarrestar las
condiciones desiguales con las que arriban a los exámenes de admisión los
distintos aspirantes a ingresar a la universidad, o se procura dar cumplimiento
a los fines de la institución universitaria.
Con
todo, estos criterios adicionales no pueden desvirtuar el procedimiento general
de otorgamiento de los cupos y deben tener en cuenta el merecimiento académico.
Ello significa, por una parte, que el número de plazas de estudio por asignar
de acuerdo con estos criterios será reducido con respecto al total de los
cupos. Y, por la otra, que en el procedimiento de admisión de alumnos a través
de estos criterios se debe tener en cuenta la capacidad académica de los
aspirantes. Esto por cuanto la universidad ha de velar por que todos sus
estudiantes estén en condiciones de terminar exitosamente sus estudios
profesionales.
Debe
aclararse, además, que el trato especial que se deriva de los criterios
adicionales - para facilitar el ingreso a la universidad de personas
pertenecientes a determinados grupos sociales - se restringe únicamente al
momento de la admisión. A partir de ese instante, todos los alumnos habrán de
ser sometidos a las mismas condiciones. Así lo exigen el derecho de igualdad y
el interés del Estado y de la comunidad de contar con profesionales
competentes. De allí que resulte de gran importancia garantizar que los
estudiantes admitidos a través de las vías especiales reúnan las condiciones
académicas mínimas para poder realizar satisfactoriamente sus estudios.
Lo
anterior no obsta, sin embargo, para que las universidades organicen procesos
de estímulo y nivelación para estos estudiantes, con el objeto de facilitarles
su integración a las actividades académicas. Bien por el contrario, la puesta
en práctica de medidas de este tipo garantiza el buen éxito de los programas
que desarrolla la universidad a partir del establecimiento de los criterios
adicionales. En este aspecto, la universidad está llamada a diseñar fórmulas y
mecanismos que faciliten la incorporación a la vida universitaria de los
alumnos admitidos a través de los mecanismos especiales.
13.
Los exámenes de admisión y las pruebas de Estado intentan establecer la
capacidad académica de los postulantes. Si bien es posible preguntarse si ellos
constituyen el procedimiento más adecuado para indagar acerca de las aptitudes
de los examinados, lo cierto es que las pruebas constituyen un instrumento
neutro que permite establecer de alguna manera los conocimientos y condiciones
de los aspirantes. Es decir, a pesar de los cuestionamientos que se pueden
realizar a los exámenes, ellos conforman un medio legítimo de diferenciación
entre los aspirantes, con miras a distribuir los cupos universitarios de
acuerdo con criterios objetivos.
Cuando
se habla de instrumento neutro se significa que todas las personas que se
someten a las pruebas se encuentran en igualdad de condiciones: en efecto,
todas desconocen el contenido de las pruebas, todas deben absolver el mismo
examen, todas tienen el mismo tiempo para resolver las preguntas, todas están
sujetas a las mismas condiciones, etc. Por eso, se puede afirmar que los
exámenes de admisión constituyen momentos de igualación de  los individuos. Mas
el hecho de que los exámenes sean realizados en igualdad de condiciones no
significa que todos los aspirantes gocen de las mismas oportunidades. Dadas las
desigualdades existentes en punto a la calidad de la educación primaria y
secundaria que se brinda en el país, se puede afirmar sin lugar a dudas que
muchos escolares procedentes de zonas rurales pobres tienen apenas opciones de
realizar un buen examen de admisión. A pesar de que las condiciones del examen
tienden a crear un ambiente de igualdad, ellas no son suficientes para oponerse
a la notoria desigualdad con que llegan los aspirantes al sitio de realización
de las pruebas.
La “desigualdad de
origen” que traen consigo los examinados no conforma un argumento suficiente
para desvirtuar el valor de las pruebas de admisión. Las universidades cuentan
con escasos recursos y es legítimo que se apliquen a la formación de los
aspirantes que obtienen las mejores calificaciones en los exámenes. Sin
embargo, la “desigualdad de origen” sí puede ser un argumento suficiente para
que se brinde un tratamiento especial, en punto a la admisión en la
universidad, a aquellos aspirantes que provienen de lugares con deficiencias en
la prestación de la educación básica, a consecuencia del estado de atraso
socioeconómico de sus sitios de proveniencia. La consideración especial con
estos aspirantes sería una forma de materializar el precepto constitucional que
establece que “el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea
real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o
marginados” (C.P. art. 13).
14. Los centros de
educación superior cumplen distintas funciones en la sociedad. Una de ellas,
actualmente la de mayor importancia, es la de formar los profesionales que
habrán de atender las necesidades de  la comunidad, con sus conocimientos
especiales. Mas las tareas de la universidad no se reducen únicamente a la
formación de profesionales. La Academia se orienta también al cumplimiento de
otros fines, tales como el fomento de la cultura, la ciencia y la investigación;
la promoción de valores caros a una sociedad democrática, pluralista y
multicultural; el análisis de la sociedad en la que se inserta y la proposición
de proyectos tendentes a solucionar las dificultades que se observan; el
fortalecimiento de la unidad nacional y de la autonomía territorial; la
incorporación del estudiante a la realidad del país y el impulso a la voluntad
de servicio de los jóvenes; etc.
La consecución de
estos objetivos puede hacer admisible desde el punto de vista constitucional
que para eventos muy específicos se consideren otros criterios de acceso a la
universidad, que acompañen al del mérito académico. Con todo, como ya se ha
señalado, la suma de todos los criterios excepcionales no puede alterar el
criterio básico de ingreso a la educación superior. Igualmente, los criterios
adicionales deben tener siempre en cuenta el merecimiento, por cuanto si bien
pueden existir situaciones que validen el recurso a estos otros criterios, al
hacerlo debe también tenerse siempre presente que el fin básico de la
universidad es la formación de profesionales y que, entonces, solamente
aquellos que pueden demostrar condiciones mínimas para llegar a serlo tienen
derecho al ingreso al centro de estudios.
15. Establecido como
está que el criterio básico para acceder a la universidad es el del mérito
académico y que este criterio puede ser flanqueado, en ocasiones, por otros
criterios que persiguen objetivos específicos, cabe ahora pasar al examen
concreto de cada uno de los cupos especiales existentes para el ingreso a la
Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena. El análisis se restringirá
a los mecanismos especiales de ingreso que, de acuerdo con el informe
suministrado por el rector de la Universidad de Cartagena, están vigentes
actualmente para la referida Facultad. Esto significa que algunos cupos
especiales que son mencionados dentro del expediente, pero, según el mismo
rector, no rigen en el momento, no serán objeto de examen.
16. Resta por
señalar que ya en una ocasión conoció la Corte de un proceso relacionado con la
institución de los cupos especiales para el ingreso a la universidad. En
aquella vez se trataba de cupos especiales para el ingreso a la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Nariño. Sin embargo, en la
sentencia que desató el proceso - la T-002 de 1994, MP José Gregorio Hernández
Galindo -, la Corte no tuvo necesidad de pronunciarse sobre la
constitucionalidad misma de los mencionados cupos, puesto que el caso que se
debatía se refería expresamente al hecho de que algunos cupos ordinarios se
habían entregado a aspirantes que competían por plazas especiales. Es decir, en
aquella oportunidad se trataba de una evidente irregularidad en la aplicación
del sistema, puesto que se habían mezclado las distintas vías de acceso a la
Universidad. Así, para la resolución del problema jurídico no era necesario
entrar a definir la constitucionalidad de los cupos especiales.
La situación en este
caso es diferente: el actor no fue excluido de la Universidad en razón de una
deficiente aplicación del sistema de los cupos, sino porque no alcanzó el
puntaje necesario para ser admitido en la Universidad de Cartagena por el
procedimiento ordinario. Por eso, lo que el demandante acusa es la existencia
misma de los cupos especiales, institución que posibilitó que bachilleres que
obtuvieron resultados inferiores al suyo en los exámenes de admisión ingresaran
a la Universidad. Lo anterior hace imperioso ocuparse del problema de los cupos
especiales, tal como se hace a continuación.
Los cupos
especiales para los hijos y el cónyuge o compañero (a) permanente de los
profesores, empleados, ex-profesores, ex-empleados y jubilados de la
Universidad
17. En los artículos
iniciales del acuerdo N° 06 de 1997 se contempla que existirá un cupo especial
para los hijos y el cónyuge o compañero (a) permanente de los profesores,
empleados, ex-profesores, ex-empleados y jubilados de la Universidad, que no
podrá superar el 20% del cupo ordinario establecido para cada Facultad. Como se
ha manifestado, el número de plazas de la facultad de Medicina era de 70, cifra
de la que se deriva que este cupo especial adicional no puede ser superior a 14
puestos.
El rector de la
Universidad expresa que este mecanismo de ingreso especial al centro educativo
fue consagrado mediante la Convención Colectiva del Trabajo del año 1978. Por
ese hecho, la administración de la Universidad considera estar obligada a
conservar estos cupos, por recaer sobre derechos adquiridos, en cumplimiento de
los establecido en los artículos 53 y 58 de la Carta. Estima, además, que los
cupos especiales son un justo reconocimiento, un incentivo, a la labor de los
funcionarios de la entidad, que contribuyen con su trabajo cotidiano a su buen
funcionamiento. Al respecto, aclara que en otras instituciones estatales se
predican derechos similares en favor de los trabajadores, en cuya virtud se
autoriza a los hijos reemplazar a sus padres en el momento de jubilarse o se
exonera a los trabajadores del pago de algunos servicios. Finalmente, sostiene
que el mismo legislador contempló en el artículo 186 de la Ley General de
Educación que los hijos de los docentes oficiales tendrían prioridad en el
ingreso a los establecimientos públicos de educación.
18. Los argumentos
del rector no son de recibo. Por una parte, como se precisó atrás, esta
Corporación declaró en su sentencia C-210 de 1997, MP Carmenza Isaza de Gómez,
que el privilegio consagrado en el artículo 186 de la Ley General de Educación
era inconstitucional por cuanto desconocía el criterio básico de ingreso a la
universidad, con lo cual vulneraba el artículo 13 de la Constitución. De esta
manera, ya no tiene ninguna cabida el argumento acerca de que el mismo
Legislador ha establecido tratamientos privilegiados para los hijos de los docentes
con el objeto de facilitarles el acceso a la educación superior en los
establecimientos oficiales.
De otra parte, la
cláusula de la convención colectiva de 1978, retomada en el acuerdo 06 de 1997
del Consejo Académico de la Universidad, es claramente violatoria de la
Constitución y debe ser por lo tanto inaplicada. En efecto, esa disposición
vulnera el derecho de igualdad, dado que permite que los funcionarios de la
Universidad se apropien de un bien público que debe ser distribuido entre todos
los aspirantes, de acuerdo con el criterio del mérito académico. Como ya se
expresó, el hecho de que los cupos especiales sean adicionales a los ordinarios
no hace que pierdan su calidad de recursos oficiales y, por lo tanto, se deben
someter a las mismas reglas que los cupos ordinarios.
Importa recordar que
en la sentencia T-018 de 1995, esta Corporación declaró que era
inconstitucional una cláusula contenida en la convención colectiva suscrita
entre el departamento de Santander y su Sindicato de Trabajadores, en la cual
se establecía que la vacante que se presentara por la muerte de un trabajador
sería llenada por uno de sus hijos:
“No puede admitirse
que las entidades públicas nominadoras, en virtud de una estipulación
convencional, pierdan su facultad para decidir, de conformidad con la
Constitución y la ley, las personas llamadas a prestar sus servicios como
trabajadores oficiales. Esta facultad constituye una función pública cuyo
ejercicio no puede estar gobernado por una convención. La contratación de
trabajadores oficiales representa para la entidad territorial una función
administrativa que, en los términos de la Constitución, debe estar al servicio
de los intereses generales y desarrollarse con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad
(CP art. 209). Una vez que la entidad pública contrae la obligación de vincular
indefectiblemente a determinadas personas, pierde su autonomía (CP art. 1) y la
posibilidad de ejercitar sus competencias de acuerdo con los criterios y
principios expuestos.
“Finalmente, para
las personas que sin ser familiares del trabajador fallecido desean ocupar su
lugar, la convención les cercena injustificadamente esta oportunidad. Para
estas personas su origen familiar - inexistencia de vínculos de parentesco con
el ex trabajador -, se erige en barrera para el ingreso al servicio público. La
convención consagra un privilegio en favor de los hijos del trabajador
fallecido para sucederlo en el servicio público y, correlativamente, una
discriminación contra las personas ajenas a su familia y que aspiren a llenar
la vacante dejada. Si se profundiza en las razones del tratamiento diferenciado
que se observa, no se descubre ninguna que le sirva de sustento. No se puede
presumir en abstracto que los hijos del ex trabajador, por el sólo hecho de
serlo, tengan más capacidades o aptitudes para ocupar el respectivo empleo o
puesto. En el evento de que el privilegio de los hijos se quiera explicar como
una forma de subvenir a las necesidades familiares, insatisfechas como
consecuencia del deceso del padre, la pretendida discriminación positiva carece
igualmente de fundamento, pues discrimina contra las demás personas que se
encuentran en idéntica o más crítica situación de pobreza y, en todo caso, el
medio al cual se apela resulta inconstitucional en cuanto repudia a la
concepción del Estado democrático (Art. 1 C.P.). En consecuencia, la cláusula
analizada por violar el principio de igualdad de oportunidades y consagrar una
discriminación en razón del origen familiar, viola flagrantemente el artículo
13 de la CP”.
Las razones
expuestas en esa sentencia se aplican al estudio del cupo especial que se
analiza. El ingreso a la universidad debe estar gobernado básicamente por el
criterio del mérito. El acceso a este bien escaso no puede negociarse en una
convención colectiva. El hacerlo constituye una clara violación del derecho a
la igualdad, pues exige un sacrificio desproporcionado de aquellos aspirantes a
ingresar a la Universidad que cumplen todos los requisitos y obtienen buenos
resultados en los exámenes de admisión. Ellos tienen que resignarse a observar
que un buen número de los cupos (en este caso 14) sea retirado de la
competencia pública para ser asignado a algunas personas, cuyo mérito esencial,
de acuerdo con la norma analizada, se reduce a tener una relación familiar con
un funcionario del claustro universitario.
El rector expresa
que los cupos especiales constituyen un aliciente para los funcionarios de la
institución. Brindar estímulos a los empleados de la Universidad es desde todo
punto de vista un objetivo que se ajusta la Constitución. Asimismo, es claro
que la medida constituye un poderoso incentivo. Sin embargo, no es procedente que
esos estímulos se concedan con bienes públicos escasos, cuya distribución debe
ceñirse a principios determinados y estar abierta a todos los interesados que
cumplan con los requisitos necesarios.
En conclusión,
ninguno de los argumentos que ofrece el rector de la Universidad de Cartagena
es aceptable desde la perspectiva constitucional para establecer ese privilegio
en favor de los hijos y del cónyuge o compañero (a) permanente de los
funcionarios y ex funcionarios de la Universidad. En realidad, la única razón
que explica la existencia de esta prerrogativa es que ella fue incluida en el
marco de las - legítimas - luchas reivindicativas de los trabajadores de la
Universidad. Sin embargo, como ya expresó, las autoridades universitarias no
están autorizadas para hacer concesiones laborales sobre estos bienes públicos.
Así las cosas, deberá declararse que la previsión que consagra este género de
cupos especiales quebranta la Constitución y debe, por consiguiente,
inaplicarse.
Los cupos
especiales para los bachilleres provenientes del “Sur” de Bolívar
19. El artículo 5°
del acuerdo 06 de 1997 del Consejo Académico de la Universidad de Cartagena
establece que los aspirantes oriundos del Sur del departamento contarán con 3
cupos para cada facultad o programa, entre ellos la Facultad de Medicina. En el
artículo 6° se establece que el Sur de Bolívar está constituído por los
municipios de Mompós y Magangué.
El rector expresa
que los cupos especiales para los estudiantes del Sur de Bolívar se explican
por el deseo del departamento de brindarle a los habitantes de estos municipios
facilidades para el ingreso a la Universidad. El departamento contribuye
también a la financiación del claustro universitario y tiene un interés
legítimo en que sus pobladores se beneficien de ella. Manifiesta que muchos
estudiantes provenientes de otros departamentos reciben los cupos de la
Universidad, en perjuicio de los habitantes de Bolívar.
Como ya se ha
expresado, el criterio básico para el ingreso a la universidad es el del merecimiento.
El cupo especial bajo análisis instituye otro complementario, cual es el de ser
natural de determinados municipios del departamento. Debe entonces resolverse
si este criterio adicional se ciñe a los principios constitucionales.
20. Interesa destacar
que el privilegio para los bachilleres del Sur de Bolívar existe por lo menos
desde el acuerdo 44 de 1978. En efecto, en ese acuerdo se contempló que los
habitantes del Sur de Bolívar tendrían derecho a tres plazas por cada área
académica. Mas, contrario a la disposición actual, en aquella época la
expresión “Sur de Bolívar” comprendía, junto a  Mompós y Magangué, a los
municipios de Achí, San Pablo, Simití, Morales, San Martín de Loba, Barranco de
Loba, Margarita, San Fernando y Pinillos. Así, los  tres cupos que le
correspondían a esta región del departamento se distribuían exclusivamente
entre bachilleres provenientes de las mencionadas localidades.
La existencia de
este cupo especial, en las mismas condiciones descritas, fue corroborada por el
acuerdo N° 3 de 1992. Sin embargo, al igual de lo ocurrido con otros cupos
especiales, los cupos para los estudiantes provenientes del Sur de Bolívar
fueron suspendidos mediante el acuerdo 10 del 12 de junio de 1996,  luego de la
sentencia proferida por el Consejo de Estado acerca de los cupos especiales en
la Universidad del Cauca, a la cual ya se ha hecho mención. Con todo, mediante
el acuerdo 11 del 26 de agosto de 1996 se decidió derogar el acuerdo 10, con lo
cual los cupos especiales que habían sido suspendidos recuperaron su vigencia.
Poco tiempo después, el 22 de octubre de 1996, fue expedido el acuerdo 20, el
cual creó los cupos especiales para los estudiantes procedentes del Sur-Sur de
Bolívar.
El acuerdo 20 de
1996 no expresó cuáles eran los municipios que comprendía la región del Sur de
Bolívar, pero sí excluyó de ella a las ciudades de Magangué y Mompós. De allí
que se haya creado un cupo especial para estas dos ciudades y que diversos
municipios que antes conformaban el Sur de Bolívar pasaran ahora a hacer parte
del Sur-Sur (tal como ocurre con Achí, San Pablo, Simití, Morales, San Martín
de Loba, Barranco de Loba, Margarita, San Fernando y Pinillos). De lo anterior
se deduce que las ciudades de Mompós y Magangué retuvieron para ellas el cupo de
tres estudiantes que antes le correspondía a un conjunto más amplio de
poblaciones.
21. El rector expone
que el cupo especial para los bachilleres de Mompós y Magangué se justifica por
el interés del departamento en asegurarle a sus habitantes plazas en la
Universidad. Al respecto, cabe decir que causa extrañeza que los cupos
especiales que se crearon con ese objeto hayan favorecido solamente a un número
determinado de municipios del departamento. Ciertamente, en los acuerdos 44 de
1978 y 3 de 1992 se dejó al margen del beneficio a diversas poblaciones del
departamento, cuyos habitantes también habrían deseado tener el derecho de
competir por esos cupos especiales. Si se observa la lista de municipios del
departamento que contiene el censo de 1993 se observa que poblaciones como
Arjona, Calamar, Córdoba, Carmen de Bolívar, Guamo, Mahates, María la Baja, San
Estanislao, San Juan Nepomuceno, Santa Catalina, Soplaviento, Talaiga Nuevo,
Turbaco, Turbaná, Villanueva y Zambrano, además de muchos de los que ahora
están incluidos dentro de la categoría Sur Sur de Bolívar, quedaban excluidos
de esta gracia. Y si bien es probable que  algunos de estos municipios no
existieran en 1978, lo cierto es que los cupos especiales para el Sur de
Bolívar beneficiaban únicamente a un grupo específico de localidades, en
desmedro de otras.
La discriminación no
fue modificada con el acuerdo 6 de 1997: los municipios que se disputaban los
cupos para el Sur de Bolívar con Mompós y Magangué pasaron a hacer parte del
Sur Sur del departamento y las tres plazas de estudio que le correspondían a la
primera región quedaron únicamente para las dos ciudades mencionadas. Las
localidades del departamento que nunca habían gozado del beneficio siguieron en
la misma condición, con excepción de aquéllas que fueron integradas dentro del
Sur Sur.
La situación
descrita refuta la afirmación del rector de la Universidad acerca de que con
estos cupos especiales se desea brindar facilidades a los habitantes del
departamento para el ingreso a la Universidad. En realidad, la ventaja que se
deriva del cupo especial se ofrece únicamente a los pobladores de Mompós y
Magangué, por cierto ciudades importantes y con un relativo grado de desarrollo
socioeconómico, hecho que claramente atenta contra el principio de igualdad que
debe gobernar las actuaciones de las autoridades públicas.
22. Pero, aparte de
lo anterior, ¿es válido establecer prerrogativas en cuanto al acceso a una
universidad oficial en favor de personas oriundas del departamento en donde
ella se encuentra?.
El rector expone que
la Universidad recibe también algunos fondos del departamento y que, por
consiguiente, esta entidad territorial tiene derecho a obtener algunos
beneficios para sus habitantes. Es comprensible que el hecho de que un centro
de estudios superiores se establezca en un lugar determinado genere
expectativas en los pobladores de esa región en cuanto a los servicios que les
puede suministrar. En la práctica, se puede observar que estos centros no
solamente dinamizan la economía de la zona - en razón, por ejemplo, de los
puestos de trabajo que crean y de las demandas de bienes y servicios que genera
la población estudiantil y profesoral - sino que también tienen la capacidad de
transformar las condiciones culturales y académicas del lugar. Esto significa
que los fondos que invierte una ciudad o un departamento en la universidad sí
le producen beneficios a sus habitantes.
Empero, la legítima
pretensión de que la universidad le reporte frutos al lugar donde se establece
no puede extenderse a los cupos universitarios. Ello implicaría nuevamente la
apropiación de bienes públicos escasos por parte de algunos sectores -en este
caso de algunas regiones. El grueso de la financiación de las universidades
públicas proviene del Tesoro Nacional y, en consecuencia, en principio, todos
los colombianos que reúnen los requisitos para aspirar a ingresar a ellas
tienen que encontrarse en igualdad de condiciones para poder hacerlo.
Pero, además, por
diversas razones - entre ellas de política laboral - en todas las naciones el
número de universidades es reducido, si se lo pone en relación con la cifra de
los jóvenes que estarían en edad de iniciar estudios superiores. Ello significa
que, contrario a lo que ocurre con los establecimientos de educación primaria y
secundaria, muy pocas localidades disponen de un centro universitario que
ofrezca una amplia gama de carreras profesionales. Por consiguiente, si este
sistema de preferencias para los bachilleres del lugar fuera utilizado por todas
las universidades oficiales, los estudiantes provenientes de regiones o
ciudades en las que no existen universidades públicas o cuyos centros de
educación ofrecen un espectro muy limitado de programas académicos se verían en
una evidente situación de inferioridad de condiciones en relación con los que
fueran oriundos de regiones que cuentan con universidades de gran dimensión.
Así las cosas, no
existe ninguna razón que justifique el trato preferencial que representa el
cupo especial para los estudiantes de Mompós y Magangué. Los argumentos que
ofrece el rector de la Universidad de Cartagena no ameritan que se disponga de
un bien escaso en favor de los escolares de las dos ciudades. El departamento
recibe otros beneficios por la localización y financiación parcial de la
Universidad. Además, el cupo especial resulta discriminatorio contra los
estudiantes provenientes de otros municipios del departamento, no comprendidos
en las categorías Sur y Sur Sur de Bolívar.  Finalmente, este procedimiento
especial de acceso a la Universidad resulta violatorio del derecho de igualdad
de los colombianos que reúnen los requisitos necesarios para acceder a la
educación superior, y que ven que algunos cupos son retirados de la competencia
pública para adjudicárselos a un determinado sector de bachilleres, simplemente
por el hecho de que estos últimos son naturales de una región.
Por consiguiente, la
creación del cupo especial para los bachilleres procedentes del Sur de Bolívar
es inconstitucional y la disposición que consagra este privilegio habrá de ser
inaplicada.
Los cupos
especiales para los bachilleres provenientes del “Sur-Sur” de Bolívar
23. El mismo
artículo 5° del acuerdo N° 6 de 1997 dispuso que a los aspirantes provenientes
del Sur-Sur de Bolívar se les reservarían 10 cupos en la Facultad de Medicina.
Los municipios comprendidos bajo el término “Sur-Sur” son los siguientes: Achí,
San Pablo, San Martín de Loba, Simití, Morales, Barranco de Loba, Margarita,
San Fernando, Pinillos, Tiquicio, Altos del Rosario, Cantagallo, Hatillo de
Loba, Santa Rosa del Sur, El Peñón, San Cristóbal, Regidor, San Jacinto del
Cauca, Río Viejo y Cicuco.
El mecanismo
especial de ingreso para los bachilleres procedentes del Sur-Sur del
departamento tiene su origen en el acuerdo suscrito, el día 29 de septiembre de
1996, entre los gobiernos nacional y departamental y los campesinos marchistas
de esa región del país. El rector de la Universidad de Cartagena expresa que el
objeto de los cupos, así como el de otras medidas comprendidas en el acuerdo,
es brindarles oportunidades a los habitantes de esa región para que puedan
superar el estado de abandono social y económico en el que se encuentran.
Además, manifiesta que el mejoramiento de las condiciones de vida en la región
es requisito indispensable para afrontar los graves problemas de orden público
que afronta la zona.
Como en el caso de
las plazas reservadas para los escolares provenientes del Sur de Bolívar, estos
cupos especiales limitan la posibilidad de los bachilleres provenientes de
otras zonas o ciudades para acceder a la Universidad de Cartagena. Ciertamente,
el establecimiento de este cupo afecta la igualdad formal.
24. De manera
general, la instauración de mecanismos especiales de ingreso a la universidad
para personas provenientes de regiones marginadas del país  implica que
personas que no sean originarias de esas zonas pueden ver restringidas sus
aspiraciones de realizar estudios superiores. En efecto, bien se puede
presentar la situación de que los resultados de los exámenes de estas últimas
personas sean superiores y que, sin embargo, no sean admitidas en la
universidad, precisamente a causa del mencionado tratamiento preferencial.
En estas circunstancias surge el
interrogante acerca de si es válido desde el punto de vista constitucional que,
en aras del favorecimiento de un grupo de personas provenientes de zonas
marginadas,  se exija de otras un sacrificio tan alto, como es el de ver
frustrados sus propósitos de realizar estudios universitarios.
25.  Para pasar a resolver esta pregunta es
necesario, antes que todo, recordar que el criterio básico de ingreso a la
universidad es el del mérito académico y que los otros criterios son solamente
accesorios y residuales, de manera que el sistema general de otorgamiento de
las plazas de estudio no se vea desvirtuado. Es decir, las salvedades al
principio del merecimiento tienen que poseer realmente un carácter
excepcional. De allí se concluye que el círculo de personas que puede verse
afectado en su deseo de ingresar a la universidad por causa de la existencia de
criterios adicionales de selección de los estudiantes es necesariamente
reducido.
Igualmente, es importante precisar que la
diferenciación que se establece a través del cupo especial para los bachilleres
de las zonas marginadas no se basa en distinciones prohibidas por la Carta
Política, en su artículo 13. En efecto, el trato preferencial para los
habitantes de las zonas marginadas del país se confiere sin tomar en
consideración su raza, religión, sexo, lengua, origen nacional o familiar,
opinión política o filosófica. De la misma manera, los eventuales afectados por
el aludido trato no se pueden agrupar bajo ninguna de esas categorías. Es
decir, tanto el beneficio como la carga que se derivan de este cupo especial
repercuten sobre personas de las más distintas características.
26. En los estudios sobre el desarrollo se
ha detectado que en los países pobres coexisten situaciones antagónicas en lo
referido a los estadios de desarrollo. Es decir, se ha advertido que mientras
en algunas zonas - el centro - se observan condiciones tecnológicas,
económicas, sociales, políticas y culturales propias de los países
desarrollados, en otras - la periferia - se perciben situaciones de vida
propias de sociedades muy atrasadas. Esta situación ha sido representada bajo
el concepto de heterogeneidad estructural.
La acusada disparidad en la distribución de
los recursos entre el centro y la periferia es una de las características
propias de los países subdesarrollados. En efecto, en el centro se concentran
todas las instancias de decisión - de carácter público y privado - y los
recursos - inversiones, tecnología, puestos de trabajo, servicios de toda
índole, etc. Por su parte, la periferia está condenada al olvido y, con ello, a
la miseria y la migración.
La situación colombiana se ajusta a la
definición del concepto de heterogeneidad estructural. En efecto, en el país
existen tanto zonas en las que se observan altos niveles de desarrollo en
general como regiones sumidas en la más absoluta pobreza y marginación. Pues
bien, los habitantes de estas últimas zonas han sido tradicionalmente
descuidados por el Estado en relación con su obligación de facilitarles unas
mínimas condiciones de vida y de oportunidades necesarias para poder superar la
situación de atraso en que se encuentran. Evidentemente, el Estado no les ha
brindado a los pobladores de esas regiones servicios similares a los que les ha
prestado a los naturales de otras zonas del país.
La desatención estatal se extiende también
al campo educativo, tanto en lo relativo a la cantidad de servicios prestados
como a la calidad de los mismos. Por eso, se puede aseverar que, normalmente,
los bachilleres de las zonas marginadas llegan a los exámenes de admisión con
una clara desventaja con respecto a los demás examinados. El tratamiento
especial para el ingreso a la universidad constituye, entonces, una forma de
contrarrestar esas diferencias de origen, que tienen como consecuencia el que
los aspirantes de esas zonas, en la práctica, tengan escasas posibilidades de
acceder a los estudios superiores.
El cupo especial bajo análisis constituye,
pues, una medida de compensación por el abandono estatal al que son sometidos
los jóvenes de las zonas marginadas. Los demás aspirantes a ingresar a la
universidad han recibido durante su vida - en diferente medida - un porcentaje
considerablemente mayor de servicios por parte de las organizaciones públicas.
Es decir, durante años estos candidatos han recibido una preparación que los
pone en una condición más favorable para presentar los exámenes de admisión a
la universidad. De esta manera, la carga que se impone sobre los eventuales
afectados por causa del mencionado trato especial no es mayor que la que han
tenido que soportar durante años los bachilleres de las zonas marginadas.
27. Pero además del efecto compensatorio
con respecto al trato desfavorable recibido, el establecimiento de un
procedimiento especial de ingreso a la universidad para los bachilleres de las
zonas marginadas contribuye a posibilitar  en el futuro la superación o
disminución de las distancias existentes en materia de desarrollo entre las
distintas zonas del país. Al Estado le corresponde lograr un nivel mínimo de
homogeneidad de las condiciones de vida de los asociados, para lo cual no
debería incidir la región en que habiten (CP, arts. 2, 13, 344, 350, 356 y
357). Para procurar la disminución de las distancias entre las distintas
regiones del país resulta de gran importancia facilitarles a los habitantes de
las zonas más marginadas de la nación el acceso a conocimientos especializados,
con el fin de que ellos contribuyan a dinamizar el desarrollo de sus zonas de
origen. Y ese es precisamente  el fin de la consagración de procedimientos
especiales de acceso a la universidad para estos bachilleres.
28. Las consideraciones anteriores son
suficientes para justificar la consagración de procedimientos especiales para
el ingreso a las universidades públicas de los bachilleres de las zonas
marginadas del país, a pesar del eventual sacrificio que ello podría aparejar
para el conjunto de aspirantes a acceder a la educación superior. Los
bachilleres de las zonas  marginadas del país - al igual que todos los
habitantes de ellas - han recibido, en relación con los de otras zonas, un
porcentaje mucho menor de servicios estatales. La desatención continuada en el
campo educativo implica que estos estudiantes cuentan en la realidad con
menores posibilidades de ingreso a la universidad que los de las otras regiones.
Los mencionados cupos especiales para los aspirantes oriundos de esas zonas
constituyen una forma de nivelar las oportunidades de acceso a la universidad.
Por otra parte, el aspirante que por causa
de las plazas de estudio reservadas para los bachilleres de las zonas
marginadas no alcanza a coronar su anhelo de ingresar a la universidad ha
podido competir abiertamente por la asignación de la gran mayoría de los cupos.
Si bien se puede afirmar que a ese postulante se le impone un sacrificio -
equiparable a la carga que de facto se impone sobre los bachilleres
provenientes de las zonas marginadas del país -, el hecho de que el aspirante
haya podido disputar en igualdad de condiciones por la adjudicación de la
mayoría de los cupos permite llegar a la conclusión de que la carga que se le
traslada es moderada  y que, por lo tanto, es exigible por parte del Estado,
con miras a la consecución del fin de homogeneizar mínimamente los niveles de
vida y las oportunidades de que deben gozar los colombianos.
29. Los municipios
comprendidos dentro del concepto de Sur Sur de Bolívar se encuentran en una
clara situación de abandono, como se deduce de lo expresado por el rector y del
acta de acuerdo suscrita por los gobiernos nacional y regional y los
representantes de los campesinos marchistas de la zona, el 29 de septiembre de
1996. También es de conocimiento general que en esa región el orden público se
encuentra desde hace mucho tiempo perturbado.
El cupo especial
bajo análisis constituye una clara medida de favorecimiento para una región
marginada del país, que está dentro del radio de influencia de la Universidad
de Cartagena Su propósito es el de compensar las desigualdades reales que
existen entre los bachilleres de las distintas comarcas que presentan las
pruebas de Estado y los exámenes de admisión a la Universidad, en la medida en
que ofrece un trato preferencial a los estudiantes procedentes de esta olvidada
región. Así las cosas, esta medida representa una forma específica de
materializar los mandatos del artículo 13 de la Constitución acerca de la
obligación del Estado de promover las condiciones para que la igualdad sea real
y efectiva, y de adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
La disposición bajo
análisis se enmarca también dentro de los fines del Estado de  asegurar la
convivencia pacífica y garantizar la vigencia de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución (C.P. art. 2). Como se ha expresado, el
Sur Sur de Bolívar vive desde hace décadas en condiciones de violencia
política. La ausencia del Estado en la región es notoria. La situación descrita
hace prácticamente nugatoria la existencia del orden constitucional colombiano
para los habitantes de la comarca. Es deber del Estado tomar las medidas
necesarias para asegurar la paz y la vigencia de los principios y derechos
constitucionales en la zona. Una de ellas bien puede ser la de facilitar el
acceso a la educación superior a jóvenes de los municipios que comprende la
región, con el objetivo de que cuando ellos sean profesionales puedan estimular
el desarrollo de la región y servirles de representantes de sus intereses ante
el departamento y la nación.
En fin, este cupo
especial tiene un objetivo válido constitucionalmente y constituye un medio
adecuado para contribuir al fin de que la región salga del estado de postración
y de violencia en el que se encuentra. Y si bien introduce una diferenciación
que  obra en desmedro de los intereses de otros aspirantes a ingresar a la
Universidad, como ya se advirtió, existen razones poderosas que justifican
constitucionalmente el sacrificio que se exige de las personas eventualmente
perjudicadas por el establecimiento de estos cupos.
Por otra parte, debe
recalcarse que este mecanismo especial de ingreso a la Universidad no
desatiende el criterio del merecimiento, puesto que las personas que aspiren a
beneficiarse de él deben haber obtenido el puntaje mínimo establecido por la
Universidad, como bien lo señala el literal b) del artículo 8 del acuerdo 6 de
1997.
30. Para terminar
este aparte, es importante hacer dos precisiones. La primera se refiere a la
determinación de los municipios que deben integrar el Sur Sur de Bolívar. Se
podría plantear que otras poblaciones del departamento de Bolívar se encuentran
bajo las mismas circunstancias que aquejan a los municipios que, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 7 del acuerdo 06 de 1997 del Consejo Académico de
la Universidad de Cartagena, conforman el Sur Sur de Bolívar, y que, por lo
tanto, el beneficio bajo análisis se debería extender también a ellas. Sin
embargo, en principio, no es tarea de la Corte establecer cuáles municipios se
incorporan dentro de esa categoría. Esa atribución descansa en otras autoridades,
y, de manera muy especial en las universitarias, las cuales deberán justificar
debidamente  la inclusión o exclusión de alguna localidad dentro de esa
categoría.
El punto que acaba
de tratarse no es puramente teórico. Si se compara el texto del acta de acuerdo
suscrita entre los gobiernos nacional y departamental y los campesinos
marchistas del Sur del departamento de Bolívar - que dio origen a los cupos
especiales bajo análisis - con el mencionado artículo 7 del acuerdo 06 de 1997
del Consejo Académico de la Universidad, se puede observar que en este último
se incluyen como municipios beneficiarios del cupo especial a Margarita, San
Fernando, San Cristóbal, San Jacinto del Cauca y Cicuco, poblaciones éstas que
no participaron en la firma del convenio. Es decir, el Consejo Académico
extendió el trato especial a otras localidades del departamento, limítrofes,
eso sí, de las que participaron en los diálogos sostenidos con los gobiernos
nacional y departamental. La ampliación del beneficio no es en sí misma
inconstitucional, por cuanto bien pueden existir razones que la justifiquen -
tal como sería la de que los municipios agregados tengan una condición similar
a la de los municipios originales. La Corte considera que en esta materia entra
en juego la autonomía de la Universidad, la cual, no obstante, tendrá que
justificar la selección de los municipios que se benefician de los cupos
especiales.
Por otra parte, se
advierte que dos de las poblaciones que participaron en la firma del acta de
acuerdo - Montecristo y Arenal - no fueron incorporadas dentro de la lista de
municipios incluida en el artículo 7 del acuerdo 06 de 1997, para la obtención
del trato especial en materia de ingreso a la Universidad. Aquí se advierte una
flagrante violación del principio de igualdad, por cuanto se excluyó a esas dos
poblaciones de un beneficio que se les concedió a los demás municipios que
firmaron el acta de acuerdo, bajo la consideración de que todas las localidades
se encontraban en las mismas condiciones. Por eso se hará un llamado al Consejo
Académico de la Universidad de Cartagena para que remedie esta situación de
vulneración del principio de igualdad.
31. De acuerdo con
el parágrafo único del artículo 7° del referido acuerdo 07 de 1996, el cupo
especial para los municipios del Sur Sur de Bolívar “tendrá vigencia solamente
para los aspirantes a ingresar en el año de 1998”. Es decir que el beneficio
establecido en favor de los bachilleres de esa región es limitado en el tiempo,
característica que no se observa con respecto a los demás cupos especiales. Se
podría plantear que esta limitación entraña un trato discriminatorio contra los
habitantes del Sur Sur. Sin embargo, en principio, del postulado de la
autonomía universitaria se deriva que la Universidad goza de un margen adecuado
de discreción para decidir sobre lo relacionado con el período de vigencia de
los criterios que complementan el parámetro básico de ingreso a las
universidades, vale decir, el mérito académico.
Los cupos
especiales para los deportistas y los reinsertados
32. El mismo
artículo 5° del acuerdo 06 de 1997, expedido por el Consejo Académico de la
Universidad de Cartagena, creó sendos cupos especiales para el ingreso a la
Facultad de Medicina en favor de un deportista y de un reinsertado.
El rector expresa
que el cupo especial para los deportistas se fundamenta en la disposición del
artículo 52 de la Constitución que ordena al Estado fomentar las actividades
deportivas. Estima que la creación de un mecanismo especial de ingreso a la
universidad para los deportistas sobresalientes constituye una forma de fomento
del deporte. A su vez, el cupo especial para un reinsertado se explica por el
interés del Estado en favorecer la  reincorporación a la vida civil de las
personas que han dejado las armas. Así, este mecanismo especial de ingreso
formaría parte de un abanico de medidas tendentes a favorecer el reintegro de
esas personas a la sociedad.
33. Como ya se anotó
antes, las instituciones universitarias cumplen distintas funciones sociales,
una de las cuales, quizás la más importante en el momento, es la de formar
profesionales. Para el mejor logro de este último objetivo, se ha señalado que
el criterio básico de ingreso a las universidades es el mérito académico. Sin
embargo, puesto que los centros de educación superior desempeñan también otras
tareas es aceptable que, sin abandonar el criterio básico de distribución de
las plazas de estudio, se establezcan criterios adicionales para el acceso a la
universidad.
34. Los centros de
estudios superiores deben promover la cultura y el desarrollo de una formación
integral de los estudiantes y de la población que se encuentra bajo su directa
influencia. El deporte constituye una fórmula de aprendizaje y profundización
en valores como la perseverancia, el esfuerzo, la solidaridad, el manejo de
conflictos a través de medios no violentos, el respeto a reglas de juego y a
unos límites sociales, etc. Igualmente, la práctica del deporte enseña una
forma especial de relación con el cuerpo; constituye una práctica recreativa
sana y abre dimensiones distintas a la vida. En síntesis, el fomento del
deporte contribuye de manera importante al desarrollo de una formación
humanística e integral. Es por eso que comúnmente se entiende que en la
práctica educativa se debe abrir un espacio a las actividades deportivas.
Sin embargo, el
hecho de que la universidad deba comprometerse con la promoción del deporte no
constituye una razón suficiente para crear un cupo especial para favorecer el
acceso de los deportistas a los estudios superiores. Si bien no se niega que la
presencia en la universidad de deportistas de alto rendimiento puede constituir
un estímulo para la práctica de las actividades de recreación física, este
objetivo puede lograrse a través de medidas menos lesivas de los intereses de
los otros aspirantes a acceder la universidad. El impulso de las actividades
deportivas bien puede realizarse a través de medidas distintas, que no
impliquen el sacrificio injusto y excesivo de la aspiración de algunas personas
de realizar estudios superiores. Además, en las condiciones actuales del país,
la imposición de esa carga sobre estos individuos aparece como inaceptable, en
razón del hecho de que, por lo regular, las actividades de alta competencia
deportiva y las académicas se desarrollan en esferas diferentes y distantes.
Con fundamento en
los anteriores argumentos, este cupo especial será declarado como
inconstitucional y se ordenará su inaplicación.
35. Como bien lo
señalan el rector de la Universidad de Cartagena y el Tribunal Administrativo
de Bolívar, en la Constitución se contemplan distintas normas que establecen
que la obtención de la paz es uno de los fines que debe guiar la actividad
estatal. En el preámbulo de la Carta Política y en el artículo 2° se obliga a los
organismos estatales a asegurar la convivencia pacífica. Igualmente, en el
artículo 22 se establece la paz como un derecho y un deber ciudadano, y en el
95 se compromete a todos los asociados a defender y difundir los derechos
humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Pero aún más, conscientes
los constituyentes de la situación de violencia política por la que atraviesa
el país y de la necesidad de facilitar la reincorporación de los grupos
guerrilleros desmovilizados a la vida civil, se autorizó al gobierno para
establecer circunscripciones especiales de paz para las elecciones de 1991 e,
incluso, para nombrar directamente un número plural de congresistas en
representación de esos grupos (C.P. art. transitorio 12). De la misma manera,
en el artículo transitorio 13 se le otorgaron amplias facultades al gobierno
para que, dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigencia de la
Constitución, dictara disposiciones dirigidas a promover la cabal reinserción
de los grupos guerrilleros desmovilizados y mejorar las condiciones de  vida de
las zonas en las que tuvieran presencia.
Como se puede
observar, en la Constitución se manifiesta un profundo compromiso con la
búsqueda de la paz, el cual se expresa no únicamente a través de la fijación de
objetivos sino también mediante el establecimiento de fórmulas concretas - si
bien temporales - para facilitar, entre otras cosas, la representación política
de los grupos guerrilleros desmovilizados.
36. La búsqueda de
la paz y la creación de las condiciones materiales sobre la que se asienta este
propósito, vinculan a todas las instituciones públicas, incluidas las
universidades. Aún más, estas últimas tienen un compromiso especial con la paz,
pues dentro de sus fines institucionales se encuentra la promoción de valores
como la tolerancia, el entendimiento y la confrontación pacífica de ideas, así
como la investigación acerca de los problemas del país y de las mejores
fórmulas para su solución.
El establecimiento
del cupo especial para los reinsertados constituye una fórmula apropiada para
favorecer la reintegración a la sociedad de guerrilleros desmovilizados, en la
medida en que les brinda la posibilidad de realizar estudios profesionales y,
por consiguiente, de capacitarse para el mercado del trabajo. Esta  medida
representa un aporte de la Universidad para el propósito de paz que prohíja la
Constitución. En esta medida, y dado que el cupo especial se reduce a una plaza
de estudio, deberá concluirse que este cupo no contraría las normas constitucionales.
Sin embargo, se observa que en el caso concreto a la persona que aspire a
ingresar a la Universidad haciendo uso del cupo para los reinsertados, no se le
exige en la práctica el puntaje mínimo requerido para todos los demás cupos
especiales. La Universidad ha dejado absolutamente de lado el criterio del
merecimiento. Esta situación es inaceptable, por cuanto, como se ha repetido
varias veces, el criterio básico de ingreso a los centros de educación superior
es el del merecimiento, el cual puede ir acompañado en muy especiales eventos
por otros criterios. Por esta razón, la constitucionalidad de la norma
universitaria que consagra esta medida excepcional, en favor del reinsertado,
supone la obtención del puntaje mínimo requerido para el ingreso a la Universidad.
La decisión sobre
la tutela solicitada
37. El análisis
practicado sobre los diferentes cupos especiales que rigen actualmente para el
ingreso a la Universidad de Cartagena dejó como conclusión que tres de ellos
son inconstitucionales y, por lo tanto, deben ser inaplicados. Por
consiguiente, la tutela solicitada deberá concederse, por cuanto de no haber
existido los cupos especiales cuya consagración se encontró inconstitucional en
esta sentencia, el actor habría podido ingresar a la Facultad de Medicina. Por
esta razón se declarará que la Universidad de Cartagena deberá autorizar el
ingreso del actor a la Facultad de Medicina.
Los alcances del
fallo
38. Esta sentencia
ha establecido que las normas que consagran los cupos especiales existentes en
la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena para los hijos y el
cónyuge o compañero (a) permanente de los profesores, empleados, ex-profesores,
ex-empleados y jubilados de la Universidad, para los bachilleres de Mompós y
Magangué y para los deportistas vulneran el derecho de igualdad y son, por lo
tanto, inaplicables. Asimismo, con respecto al cupo especial para los
reinsertados se ha especificado que si bien es compatible con la Constitución
la configuración de este procedimiento especial de ingreso a la Universidad, él
no puede hacer caso omiso del sistema del mérito académico. Igualmente, en
relación con los cupos especiales para los habitantes del Sur Sur de Bolívar se
ha expresado que en aras de la vigencia del derecho de igualdad este beneficio
se debe extender a todas las poblaciones que participaron en la firma del
acuerdo entre los gobiernos nacional y departamental y los marchistas del Sur
de Bolívar, en septiembre de 1996.
Dado que los
mecanismos especiales de ingreso a la Universidad de Cartagena han regido desde
hace varios años, es preciso ahora determinar el alcance de esta sentencia. Los
estudiantes que fueron admitidos con base en los cupos especiales cuya
consagración es manifiestamente contraria a la Constitución Política no se
constituyeron como parte en el presente proceso. Este hecho, sumado a que su
situación actual está amparada por la garantía de la buena fe y de los derechos
adquiridos, implica que el fallo que se profiere en modo alguno puede afectar
su situación individual y concreta. Por lo tanto, en la parte resolutiva no se
hará ninguna  mención a esos estudiantes.
D E C I S I O N
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión,
R E S U E L V E:
Primero.- REVOCAR
el fallo  proferido por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, el día 13 de marzo de 1977, por medio de
la cual se negó la tutela solicitada y, en su lugar, conceder el amparo
impetrado  por el actor, por violación a su derecho a la igualdad.
Segundo.- ORDENAR
el ingreso de Jayder Francisco Hernández Iriarte a la Facultad de Medicina
de la Universidad de Cartagena.
Tercero.-
ORDENAR, para los efectos del presente caso, la inaplicación de las
disposiciones que crean los cupos especiales para el ingreso a la Facultad de
Medicina de la Universidad de Cartagena para los hijos y el cónyuge o compañero
(a) permanente de los profesores, empleados, ex-profesores, ex-empleados y
jubilados de la Universidad, para los bachilleres de las ciudades de Mompós y
Magangué y para los deportistas.
Cuarto.- Ordenar
que se realicen los ajustes necesarios en la reglamentación de los otros cupos
especiales para que se ajusten a los términos de esta sentencia.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado Ponente
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
(Sentencia aprobada por la Sala Tercera
de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los dieciséis (16)
días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
[1] Ver, entre otras, las sentencias T-499
de 1995 y C-423 de 1997.
[2] Sobre la autonomía universitaria existen
ya numerosas sentencias de esta Corporación: A este respecto, cabe citar, entre
otras, las siguientes: T-492 de 1992, T-425 de 1993, T-574 de 1993, C-574 de
1994, T-180 de 1996, T-196 de 1996, C-220 de 1997.
[3] La Corte ya se ha pronunciado en
diversas ocasiones sobre este asunto. Ver, entre otras, las sentencias T-187 de
1993, T-02 de 1994, T-515 de 1995 y C-337 de 1996.
[4] Ver, entre otras, las sentencias T-499
de 1995 y C-423 de 1997.