T-781-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-781/14
VIVIENDA DIGNA-Concepto
El concepto de vivienda digna implica
contar con un lugar, propio o ajeno, que le permita a la persona desarrollarse
en unas mínimas condiciones de dignidad y en el cual pueda desarrollar su
proyecto de vida. Dentro del marco constitucional, el artículo 51 consagra
el acceso a una vivienda digna como un derecho de todas las personas, y asigna
al Estado la obligación de fijar las condiciones necesarias para hacerlo
efectivo a través de la promoción de planes de vivienda de interés social,
sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas para la
ejecución de dichos programas, entre otros.
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Alcance y contenido
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA DE POBLACION DESPLAZADA-Marco constitucional y legal
DERECHO A
LA VIVIENDA DIGNA DE POBLACION DESPLAZADA-Alcance
DESALOJO FORZOSO FRENTE A POBLACION VULNERABLE, EN
ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA, SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION O VICTIMAS DE
DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE HAN UTILIZADO VIAS DE HECHO PARA OCUPACION DE BIEN
INMUEBLE-Medidas de protección
Existe una necesidad imperiosa de adoptar políticas
sociales en materia
de vivienda digna para evitar los asentamientos humanos irregulares. Como la
Sala ha explicado, el Estado tiene la obligación de promover programas de
vivienda, especialmente dirigidos a la población más vulnerable, que se ajusten
a los contenidos básicos del derecho a la vivienda digna resaltados en apartes
previos. Las autoridades deben implementar en caso que pretendan recuperar
bienes, medidas adecuadas para la protección de los derechos fundamentales de
los afectados, particularmente el derecho a la vivienda digna. La Sala concluye
que en los procedimientos de desalojos, la responsabilidad de garantizar el
derecho a la vivienda digna recae sobre varias instituciones y autoridades
tanto a nivel local como nacional, quienes de manera conjunta deben cumplir con
las obligaciones antes mencionadas. Vale la pena recordar que las autoridades
locales y de policía son garantes de los derechos fundamentales de la población
asentada en su respectiva jurisdicción, y que las poblaciones vulnerables por
razones de igualdad y justicia material, merecen una consideración especial y
son titulares de una protección reforzada de parte de las autoridades.
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL-Contenido y alcance de las medidas de los
programas/RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL-Regulación normativa y
naturaleza jurídica de las normas
La RSE es una
integración de gestiones empresariales o corporativas que se preocupan por el
impacto ambiental y social de sus operaciones, así como por la interacción con
agentes interesados, dando lugar a una serie de políticas y lineamientos que
las empresas suelen adoptar de forma discrecional o facultativa, en forma de
soft law, siendo factible que provengan de normas de naturaleza obligatoria.
Para hacer referencia a las normas que regulan la responsabilidad social
empresarial (RSE) en la Carta Política es importante advertir, en primer lugar,
que no está contemplada dicha expresión en el ordenamiento constitucional. Sin
embargo, se ha considerado que el artículo 333 de la Constitución Política es
el fundamento constitucional que sirve de respaldo a las medidas e iniciativas
de RSE o RSC.
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL-Fundamento en el artículo 333 de la
Constitución/RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL-Importancia
La responsabilidad
social empresarial (RSE) tiene una base sólida, suficiente y autónoma en el
artículo 333 constitucional, norma que, por demás, ha sido desarrollada por la
Corte  Constitucional con el objetivo de precisar que la libertad de empresa
tiene también una dimensión de función social, lo cual implica una serie de
restricciones y responsabilidades que contribuyen a que sea no solo deseable
sino necesaria la adopción e implementación de medidas de responsabilidad
social empresarial, así como el cumplimiento de los compromisos que
voluntariamente se han adquirido en el marco de tales iniciativas.
LIBERTAD DE EMPRESA-Tiene una dimensión de función social
MEDIDAS Y PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL-Finalidad
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTUACIONES DE
AUTORIDADES DE POLICIA EN EL CURSO DE UN PROCESO POLICIVO-Procedencia por vulneración de derechos
fundamentales en orden de desalojo
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y EFECTO
INTER COMUNIS DE LA DECISION-Orden a la Alcaldía abstenerse de realizar desalojo hasta tanto no
garantice albergue en condiciones dignas de desplazados
Referencia: Expedientes T- 3.996.814, T-3.996.833,
T-3.996.834 y T-3.996.835.
Acción de tutela instaurada por Oliverio
Quintero Rodríguez y otros, contra la Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán,
Meta, la Inspección de Policía de Puerto Gaitán y el señor José Armando Navarro
López.
Derechos tutelados: Vivienda digna
Temas: (i) derecho a la vivienda digna de
población en situación de desplazamiento y vulnerabilidad; (ii) las medidas de
protección a favor de las personas en situación de vulnerabilidad ante las
órdenes de desalojo; y (iii) la función social de las empresas en el marco del
artículo 333 de la Constitución Política.
Problema jurídico: ¿las entidades
accionadas vulneran el derecho fundamental a la vivienda digna de los actores
al pretender materializar la diligencia de desalojo dentro de un proceso policivo
de lanzamiento por ocupación de hecho sin asegurar previamente la protección de
los derechos fundamentales de la comunidad asentada en el predio ocupado, más
aún, cuando en este se encuentra residiendo población en situación de
desplazamiento y de vulnerabilidad?
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil catorce
(2014)
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas
de la Corte Constitucional,  conformada por los
magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub –quien la preside-, Martha Victoria
Sáchica Méndez y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas
en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
Que pone fin al proceso de revisión de
los fallos proferidos por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Gaitán, Meta,
el 12 de junio de 2013, que decidieron las acciones de tutela promovidas por Oliverio
Quintero Rodríguez, Jaime Sánchez García, Ramón Santana Machete y Rubiela
González (Expedientes T-3.996.814, T-3.996.833, T-3.996.834 y
T-3.996.835).
1
ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, 33 del Decreto 2591 de 1991 y
49 del Reglamento de la Corporación, la Sala de Selección Número Ocho de la
Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión los expedientes
T-3.996.814, T-3.996.833, T-3.996.834 y T-3.996.835, los cuales fueron
acumulados por presentar unidad de materia.
De conformidad con el artículo 34 del
Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia
correspondiente.
1.1
SOLICITUD
Los accionantes solicitan la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la vivienda, presuntamente
vulnerados por la Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán, Meta y la Inspección de
Policía de este mismo municipio, al pretender materializar la diligencia de
desalojo dentro de un proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho
sin asegurar previamente la protección de los derechos fundamentales de la
comunidad asentada en el predio ocupado, más aún, cuando en este se encuentra
residiendo población en situación de desplazamiento y de vulnerabilidad.
Teniendo en cuenta que las acciones de
tutela de la referencia se refieren a los mismos hechos, se hará una relación
unificada de los mismos.
1.2
HECHOS
RELATADOS POR LOS ACCIONANTES
1.2.1  Refieren los accionantes que el Alcalde del municipio
de Puerto Gaitán, Meta, avocó conocimiento de la querella policiva instaurada
el 10 de agosto de 2012, por José Armando Navarro en contra de Oscar Alfredo
Romero -presidente de la población en situación de desplazamiento ubicada en el
asentamiento humano ´Cuernavaca`-, cuyas pretensiones se encaminan principalmente
a lograr la ejecución del desalojo de todas las familias que residen en este
predio como también la demolición de sus viviendas, bajo el argumento de que se
trata de construcciones ilegales.
1.2.2  Sin embargo, los actores hacen notar que la actuación
de la administración frente a personas que se encontraban en circunstancias
similares no fue objeto del mismo trato. Por ejemplo, refieren que en el caso
del asentamiento “La Batea” y “La Cristalina”, se protegió el interés general
de la comunidad y, en consecuencia, reclaman el mismo procedimiento en el caso
del asentamiento humano `Cuernavaca´ en donde reside población en situación de
vulnerabilidad como personas en circunstancia de desplazamiento forzado y menores
de 18 años.
1.2.3   Cuentan que en el predio que ocupan
hallaron petróleo y que la firma operadora Tecpetrol se negó a pagar
indemnizaciones a los poseedores y otros emolumentos consagrados en la Ley 1274
de 2012.
1.2.4   Además, sostienen que el representante
legal de la población desplazada demostró la caducidad de la acción policiva
que inició el querellante, hecho a partir del cual se originaron una serie de
irregularidades que conllevaron el desconocimiento de su derecho al debido
proceso,  como también lo ha manifestado, en varias oportunidades, la Procuradora
14 Agraria y Ambiental del Meta.
1.2.6     Cuentan que se encuentran en el predio `Cuernavaca´
debido al contrato de compraventa que se celebró entre la Asociación de Desplazados
SODADIC como promitente comprador de los predios `Cuernavaca` y la Esperanza, y
el señor Gustavo Endo, en calidad de promitente vendedor, quien al momento de
suscribir la promesa de compraventa hizo entrega real y material de la
propiedad.
1.2.7     Agregan que “…la Unión Temporal se
constituyó con el fin de sembrar cultivo de marañón, tal como ocurrió durante
el lapso de un (1) año, recibiendo subsidio del Estado, donde se demostró que
existió un contrato de compraventa, que eran poseedores legítimos con el ánimo
de señores y dueños, y que la población desplazada de CUERNAVACA, construyó las
viviendas de la misma manera que lo han hecho los habitantes de TILLAVA, LOS
KIOSKOS, y las demás inspecciones del municipio, sin embargo a ninguna de esas
localidades se les ha iniciado procesos de demolición y/o lanzamiento por
ocupación de hecho…”[1]
1.2.8     Refieren que ante la falta de capacidad
económica para contratar los servicios jurídicos de un experto y a que
desconocían qué tipo de actuaciones podían desplegar dentro del proceso, no ejercieron
su derecho de defensa. De otro lado, indican que las construcciones de sus
viviendas en el predio objeto de litigio se realizaron bajo el consentimiento
tácito de la administración.
1.2.9     Alegan que el pasado 11 de abril se
efectúo la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho sin que se les
hubiera garantizado su derecho a la vivienda. Sin embargo, dicen, el Alcalde
municipal, en aplicación de la ley, ordenó la demolición de sus casas, según
dicen, para facilitar la explotación del hidrocarburo, sin asegurar la
protección de los derechos fundamentales de la población allí asentada, que
además goza de una protección constitucional reforzada por su situación de
desplazamiento, y dentro de la cual se encuentran menores de edad, adultos
mayores, mujeres en estado de embarazo, entre otros grupos vulnerables.
1.2.10 Por lo anterior, instauraron acciones de
tutela para invocar la protección de sus derechos; sin embargo, los jueces de instancia
no otorgaron dicho amparo.
1.2.11 Agregan que a la fecha no han ejecutado
ningún plan de acción encaminado a reubicar a las familias en situación de
desplazamiento de acuerdo con el compromiso suscrito por la administración ante
el Comité de Justicia Transicional el 23 de enero de 2013.
1.2.12 Ante este hecho, cuentan, la población
en situación de desplazamiento asentada en el predio `Cuernavaca` le solicitó
al Comité de Justicia Transicional que adelantara las gestiones pertinentes ante
el alcalde del municipio con el fin de que suspendiera la ejecución de la
diligencia de desalojo y demolición hasta tanto les garantizara su reubicación
y los acompañara en la construcción de su proyecto de vida y, además, les
reconocieran el valor económico de la cosecha.
1.2.13 Cuentan que el alcalde le reconoció a la
población allí asentada, a través del inspector de policía del municipio, la
suma de $200.000 mil pesos, valor que califican de irrisorio.
1.2.14 Aducen que en el lote fueron construidas
200 viviendas y que ya han sido demolidas 51 de ellas y que las personas que
fueron desalojadas se encuentran viviendo en las casas de sus vecinos, quienes
también temen ante la ejecución ininterrumpida de las demoliciones en el
predio. Agregan que hasta el momento no existe un plan que tome en
consideración su condición de desplazados ni han recibido asesoría para
desarrollar el proyecto del cultivo de marañón ni tampoco les han informado
cuánto se les pagará por las mejoras del mismo cultivo y el valor de las
mejoras realizados a las viviendas que están demoliendo.
1.2.15 Sostienen que en la diligencia de
lanzamiento y demolición adelantada el 11 de abril de 2013 y que fue aplazada
para el 22 de mayo siguiente, no se realizaron estudios de enfoque diferencial
que tuviera en cuenta a la población en situación de desplazamiento y dentro de
éste a grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad en razón a la
edad, a su estado de embarazo, a su salud, de género, etc.
1.2.16 Por lo anterior, los accionantes
solicitan la protección de sus derechos  fundamentales y los de su comunidad a
la dignidad humana, al mínimo vital, a la salud y a la vivienda de la población
asentada en el lote `Cuernavaca`.
2     ACTUACIONES
PROCESALES
2.1  ExpedienteS
T-3.996.814, T-3.996.833, T-3.996.834 y T-3.996.835
2.1.1  Traslado y contestación de la
demanda
Radicadas las acciones de tutela, el
Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Gaitán, Meta, mediante autos del 30 de
abril (Expediente T-3.996.814), 30 de mayo (Expediente T-3.996.833), 3 de mayo
(Expediente T- 3.996.834), y el 10 de mayo de 2013 (Expediente T-3.996.835), asumió
el conocimiento de las acciones de tutela,  corrió traslado de las mismas a la
Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán y a la Inspección Municipal de este
municipio para que ejercieran su derecho de defensa, vinculó al señor José
Armando Navarro López, negó la vinculación del Comando de Policía del
Departamento del Meta  y de la Procuraduría General de la Nación, negó la
medida provisional solicitada y pidió el expediente contentivo del proceso por
urbanismo ilegal como el de lanzamiento por ocupación de hecho.
2.1.1.1      Contestación en el trámite de los procesos
de tutela
2.1.1.1.1    Alcaldía Municipal e Inspección Urbana de
Policía de Puerto Gaitán, Meta.
El Alcalde municipal de Puerto Gaitán,
Meta, refirió que tal y como lo sostienen los accionantes, el señor Armando
Navarro López inicio querella de lanzamiento por ocupación de hecho contra
Oscar Romero Pérez y personas indeterminadas en posesión del predio `Cuernavaca`.
Cuenta que dentro de dicho proceso se profirió orden de lanzamiento y que
además se adelantó un proceso administrativo de demolición.
Informó que la administración municipal
adelantó el proceso civil de policía atendiendo el procedimiento señalado en el
artículo 125 del Decreto 1355 de 1970 y la Ordenanza 507 de 2002, proceso
dentro del cual, aducen, los ocupantes del predio `Cuernavaca` ejercieron su
derecho de defensa a través de apoderado judicial.
Agregó que estaba adelantando la
diligencia de desalojo y demolición en el asentamiento humano `Cuernavaca`, con
el acompañamiento del Defensor del Pueblo, Regional Meta, y otros funcionarios
de esta entidad; con la Defensora de Familia Regional Meta Centro Zonal 5 y la trabajadora
social de este mismo Centro; el Personero municipal de Puerto Gaitán; la
Comisaria de Familia del municipio junto a su equipo interdisciplinario; una
profesional de la Secretaría de Gobierno de Puerto Gaitán; y la Policía
Nacional.
Cuenta que en la diligencia de
lanzamiento ejecutada se le comunicó a la comunidad allí asentada, a través de
un funcionario de la Secretaría de Gobierno que se habían adelantado varias
reuniones para analizar toda la actuación con anterioridad a la ejecución de
dicha diligencia, para lo cual convocó un Comité Transicional con la presencia
de entes departamentales y nacionales. De esta reunión, sostiene, se estableció
como compromiso del municipio, el otorgamiento de un auxilio mensual de
$300.000 pesos por el término de 6 meses para el pago de arriendos a los
ocupantes del predio, prorrogable por 3 meses; además, la vinculación de las
familias al programa de vivienda del municipio aplicando un criterio de
priorización en razón a su circunstancia de desplazamiento. También, sostienen,
se les garantizó el transporte a las personas junto a sus pertenencias
inclusive hasta la ciudad de Villavicencio.
Señaló que de acuerdo con la
caracterización efectuada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
-ICBF-, la mayoría de las personas que ocupan el asentamiento humano de `Cuernavaca`
provienen de otras regiones del país, sólo unos pocos son de Puerto Gaitán y parte
de la población se encuentra inscrita en el Sistema Integral de Población
Desplazada. Informó que los accionantes no figuran relacionados en el censo que
realizó el ICBF como ocupantes del predio `Cuernavaca` como tampoco aparecen la
mayoría de las personas relacionadas en la lista que anexan a la acción de
tutela de la referencia.
Agregan que del material probatorio no
puede sostenerse que la llegada al predio del actor ni del resto de ocupantes
tiene su causa en el desplazamiento forzado. Aclaran que aunque algunos tienen
esta calidad, lo cual exige del Estado acciones concretas para proteger sus
derechos, no es una responsabilidad que se encuentre en cabeza exclusiva del
ente territorial municipal, por eso, el alcalde convocó a todos los entes
gubernamentales departamentales y nacionales, competentes en la atención a esta
población.
Con respecto a la afirmación que realiza
el actor, en el sentido de que ante la ausencia de recursos económicos no
contaron con la asesoría de un abogado, sostienen que ello no es cierto por
cuanto durante todo el trámite de los procesos administrativos que se
adelantaron contaron con la representación de abogados de confianza.
Ahora, frente a la protección del derecho
a la vivienda recuerda que sólo procede por vía de amparo en especiales
circunstancias, situación que no se evidencia en este caso, pues el contexto de
la presente acción, no se da en el marco de un proyecto orientado a brindar una
solución habitacional sino en el de la constitución de una unión temporal para
la siembra de marañón, para lo cual se entregarían parcelas, cada una de 15
hectáreas para desarrollar este proyecto. Resaltan que es el mismo actor quien
en las pretensiones de la acción de amparo pide que se ordene a la
administración municipal pagar las mejoras por concepto de cultivo de marañón,
cuando la acción de desalojo adelantada tiene como origen la conformación de un
asentamiento irregular en un predio privado que desconoce los postulados de la
Ley 388 de 1997.
Considera que en el presente asunto se
encuentra acreditado que algunas personas se encuentran en situación de
desplazamiento desde el año 2000 y que algunos se encuentran vinculados a
programas estatales desde esa fecha.
Para finalizar, sostiene que la presunta
vulneración del derecho a la igualdad no se encuentra probada, pues los actores
se limitan a mencionar que se le has otorgado un tratamiento diferente frente a
otras poblaciones que se encuentran en su misma circunstancia, pero no logran
establecer criterios de comparación para determinar con certeza si se trata de supuestos
fácticos similares.
En consecuencia, solicita se niegue la
protección de los derechos fundamentales invocados por los demandantes.
2.1.2  Pruebas y documentos
En los expedientes
obran como pruebas, entre otros, los siguientes documentos:
2.1.2.1     Fotocopia de la Resolución No. 1545 de
2012, mediante la cual el Alcalde del municipio de Puerto Gaitán, Meta,
sancionó a cada una de las personas indeterminadas infractoras de la ley de
urbanismo que ocuparan con construcciones el predio denominado `Cuernavaca` con
multa y ordenó la demolición de las construcciones existentes dentro de este
mismo predio (Expediente T- 3.996.814, folio 24 del cuaderno principal[2]).
2.1.2.2     Fotocopia de la Resolución No. 013 de
2012, a través de la cual la Gobernación del Meta, reconoció personería
jurídica a la Junta de Acción Comunal Asentamiento Humano `Cuernavaca` del
municipio de Puerto Gaitán, y aprobó sus estatutos (Expediente T- 3.996.814, folio
28)
2.1.2.3     Fotocopia del oficio que remitió el
Defensor del Pueblo, Regional Meta, a la Directora de la Unidad para la
Reparación Integral a las Víctimas del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, Unidad Territorial del Meta, solicitando la convocatoria
del Comité municipal de Justicia Transicional (Expediente T- 3.996.814, folio
44)
2.1.2.4     Fotocopia del oficio que dirigió la
Procuradora 14 Judicial II Ambiental – Agraria, del Meta, Guaviare y Guainía al
Inspector de Policía de Puerto Gaitán, solicitando la suspensión de la
diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho programada para el día 18 de
marzo de 2013 (Expediente T- 3.996.814, folio 55)
2.1.2.5     Fotocopia de la notificación de la
decisión de fondo que emitió el Alcalde municipal de Puerto Gaitán, mediante
Auto No. 073 del 8 de enero de 2013, dentro del proceso de lanzamiento por
ocupación de hecho del predio `Cuernavaca` (Expediente T-3.996.833, folio 27 y
siguientes)
2.1.2.6     Fotocopia del Auto 073 del 8 de enero de
2013, mediante el cual el Alcalde del municipio de Puerto Gaitán, decidió de
fondo dentro del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho promovido por el
señor José Armando Navarro López (Expediente T-3.996.834, folios 39-54)
2.1.2.7     Fotocopia de la notificación de la
Resolución No. 1545 del 26 de diciembre de 2012, la cual, entre otras, ordena
la demolición de las construcciones existentes en el predio denominado `Cuernavaca`
(Expediente T-3.996.833, folio 30)
2.1.2.8     Fotocopia del poder especial de venta “[d]e
un terreno baldío denominado LA ESPERANZA” otorgado por Harold Ledesma Díaz
a Gustavo Adolfo Endo Alvarado (Expediente T-3.996.833, folio 34)
2.1.2.9     Fotocopia de la solicitud de
incorporación del asentamiento humano `Cuernavaca` como centro poblado del
municipio de Puerto Gaitán, Meta, elevada por el señor Oscar Alfredo Romero
Pérez (Expediente T-3.996.833, folios 102-108)
2.1.2.10   Fotocopia del contrato de compraventa del
predio denominado `Cuernavaca`, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta
(Expediente T-3.996.834, folios 19-20)
2.1.2.11    Fotocopia del contrato de unión temporal
celebrado entre el señor Gustavo Endo  y Oscar Alfredo Romero Pérez, este
último en calidad de representante legal de la Asociación de Desplazados por el
conflicto armado en Colombia -SODADIC- y el señor Henry Naranjo Pérez,
representante legal de la Fundación Social para el Desarrollo Sostenible
-FUNSODEAU-, cuyo objeto es consolidar un programa de cultivo de marañón
(Expediente T-3.996.834, folios 22-26)
2.1.2.12    Fotocopia del Auto No. 23 emitido por el
Director Administrativo de Participación Social de la Gobernación del Meta, en
donde consta el nombre de las personas que fueron elegidas como miembros de la
Junta de Acción Comunal del Asentamiento Humano `Cuernavaca` de Puerto Gaitán,
Meta, para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio
de 2016 (Expediente T- 3.996.835, folio 41)
2.1.2.13    Fotocopia de la diligencia de inspección
ocular decretada dentro del proceso policivo de lanzamiento por ocupación de
hecho iniciada por el señor José Armando Navarro López (Expediente T-
3.996.835, folios 45-58)
2.1.2.14    Fotocopia de la respuesta que emitió la
Alcaldía municipal de Puerto Gaitán, Meta, al derecho de petición presentado
por los señores Luz Dary Oviedo González y Oscar Jahison Romero Oviedo,
solicitando protección para la población en situación de desplazamiento
asentada en el predio `Cuernavaca` (Expediente T- 3.996.835, folios 74-77)
2.1.2.15    Fotocopia de la escritura No. 0421 del 10
de febrero de 2012, mediante la cual se constituyó una servidumbre legal
petrolera permanente de oleoducto, tránsito y reconocimiento de daños
(Expediente T- 3.996.835, folios 61-114)
2.1.3  Decisiones
Judiciales
2.1.3.1 Decisión de única
instancia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Gaitán en los
expedientes T- T-3.996.814, T-3.996.833,
T-3.996.834  y T-3.996.835.
El juez Promiscuo Municipal de Puerto
Gaitán, Meta, mediante fallos proferidos el 12 de junio de 2013, negó el amparo
de los derechos fundamentales invocados por los accionantes, aduciendo que el
señor Oscar Alfredo Romero Pérez, en representación de la Asociación de
Desplazados por el conflicto armado por la paz -SODADIC-, y/o Junta de Acción
Comunal del Asentamiento Humano `Cuernavaca`, interpuso acción de tutela en
contra de la Alcaldía municipal e Inspección de Policía de Puerto Gaitán,
pidiendo la protección de los mismos derechos que señalan los actores, cuyas pretensiones
fueron desestimadas por el Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá.
Agregó que aunque los demandantes enuncian otros derechos presuntamente
vulnerados, lo cierto es que se trata de los mismos supuestos fácticos sobre
los cuales ya existen pronunciamientos judiciales, no sólo por el Juzgado de
Bogotá sino también por ese mismo despacho, quien a la fecha, adujo, ya había
resuelto más de 10 acciones de tutela con base en los mismos hechos y con las
mismas pretensiones.
El juez concluye, que aún cuando no
encuentra estructurada la figura jurídica de la temeridad, las acciones de
tutela son improcedentes por cuanto se fundamentan en la inconformidad de los
accionantes frente a los anteriores fallos judiciales, razón que no los habilita
para formular nuevas acciones de tutela con base en las mismas pretensiones. En
definitiva, aduce, el amparo debe ser denegado por improcedente.
3   ACTUACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
3.1
MEDIDAS
CAUTELARES
Esta Sala consideró
que en virtud de las pretensiones de los demandantes y los hechos
acreditados, era necesario adoptar medidas cautelares con el fin de evitar
un perjuicio irremediable.
En virtud de lo anterior, mediante auto
del 2 de octubre de 2013 (notificado en el estado número 214 el 7 de octubre de
2013) la Sala Séptima de Revisión ordenó a la Gobernación del Meta, a la Alcaldía Municipal de
Puerto Gaitán, Meta, y a la Inspección de Policía de este municipio, que se abstuvieran de seguir adelante
con la ejecución de la orden de desalojo y con la demolición de las construcciones
existentes en el predio denominado `Cuernavaca`, ubicado en la vereda Rubiales,
jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, hasta tanto esta Corporación emitiera
un pronunciamiento de fondo en los procesos de la referencia.
3.2
DEBIDA
INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de
la Corte Constitucional,
mediante auto del 23 de octubre de 2013, ordenó poner en conocimiento de los
Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de Minas y Energía
y de Agricultura; del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), del INCODER, de
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de la Unidad
de Restitución de Tierras, del Comité de Justicia Transicional del municipio de
Puerto Gaitán, Meta,  de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría
del Pueblo, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y de Gustavo
Endo, la solicitud de la acción de tutela, sus anexos y los fallos de
instancia, para que expresaran lo que estimaran conveniente.
También, mediante auto de fecha 4 de
diciembre de 2013, dispuso poner en conocimiento de Tecpetrol Colombia S.A.S.,
la solicitud de tutela, sus anexos  y los fallos de instancia, para que
expresara lo que considerara pertinente.
3.3  PRUEBAS DECRETADAS POR LA SALA
3.3.1
De igual forma, con el fin de contar
con elementos de juicio que explicaran mejor los hechos particulares del caso,
mediante auto de fecha 23 de octubre de 2013, la Sala decretó las siguientes
pruebas:
3.3.1.1 Ofició al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural para que informara si había otorgado subsidios o ha brindado
apoyos al proyecto productivo agrícola de marañón de la comunidad asentada en
el lote `Cuernavaca`.
3.3.1.2 Solicitó a la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas que informara acerca de: (i) los programas
de asistencia psicológica, brigadas de salud, etc, que le estaban brindando a
la comunidad que reside allí; (ii) la manera como se estaban garantizando los
derechos fundamentales de las personas en situación de vulnerabilidad que
residen en dicho lote; (iii) el apoyo que ha brindado al asentamiento humano
ubicado en el predio `Cuernavaca` para incentivar la generación de ingresos; y
(iv) si las personas que integran el Asentamiento Humano `Cuernavaca` se
encuentran inscritos en su base de datos.
3.3.1.3 Solicitó a la Unidad de
Restitución de Tierras, que informara las medidas que había adoptado para
asegurar la reparación a la población desplazada, en particular, frente al
asentamiento humano de `Cuernavaca`.
3.3.1.4 Ofició al Comité municipal de Justicia
Transicional, para que allegara el acta o las actas en donde constaran los
acuerdos y compromisos adquiridos frente a la comunidad de `Cuernavaca`.
3.3.1.5 Ofició a la Defensoría del Pueblo con el
fin de que llevara a cabo una visita al asentamiento humano del predio `Cuernavaca`
de Puerto Gaitán, Meta, acompañado de registro fotográfico junto a la
verificación de algunos datos durante su realización.
3.3.1.6 Ofició a la Alcaldía del municipio de
Puerto Gaitán, Meta y a la Inspección de Policía del mismo municipio con el fin
de que allegaran copia del proceso administrativo que culminó con la orden de
desalojo, así como la formulación de otras preguntas.
3.3.1.7 Ofició a la Secretaría de Planeación del
municipio de Puerto Gaitán para que informara cuál era la naturaleza y el modo
de adquisición del bien denominado `Cuernavaca` respecto del cual se ordenó la
orden de desalojo y otra información.
3.3.1.8 Solicitó a la Oficina de Registro e Instrumentos
Públicos del Círculo Registral de Puerto López – Puerto Gaitán, allegara el
certificado de tradición del inmueble objeto de la controversia.
3.3.1.9 Solicitó a la Corporación Autónoma
Regional de la Orinoquía, que informara si tenía conocimiento acerca del
proyecto que se realizaría en el predio denominado `Cuernavaca` o si este ya se
encontraba en ejecución. Además, si para la realización de dicho proyecto existía
solicitud de permiso de licencia ambiental.
3.3.1.10 Solicitó a la Procuradora 14 Judicial II
Ambiental Agraria del Meta- Guaviare-Guanía, informara sobre la gestión que
había adelantado en los procesos objeto de estudio y allegara su concepto
acerca del proceso policivo que se había iniciado en contra de los habitantes
del asentamiento humano `Cuernavaca`.
3.3.1.11 Ofició a la Gobernación del Meta y a la
Alcaldía del Municipio de Puerto Gaitán, para que informara cuál es su política
de vivienda para la población en situación de vulnerabilidad, en particular
para la población rural.
3.3.1.12 Solicitó al representante legal de la
Junta de Acción Comunal del asentamiento humano `Cuernavaca`, allegara prueba
documental que acreditaran algunos supuestos fácticos relatados en las acciones
de tutela.
3.3.1.13 Invitó a las Facultades de Derecho de las
Universidades de los Andes, Nacional, del Rosario –Observatorio de Tierras-, y
Sergio Arboleda, al Centre on Housing Rights and Eviction (COHRE), a la
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), a la
Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, a
la Agencia de la ONU para los Refugiados –ACNUR-al Centro de Estudios de
Derecho, Justicia y Sociedad –DeJusticia, a las Universidades de Córdoba, del
Sinú, Pontificia Bolivariana (Seccional Montería), Rosario, al Centro de
Investigación y Educación Popular- Programa por la Paz (CINEP-PPP), con el fin
de que, si lo consideraban pertinente, emitieran un concepto técnico sobre la
demanda.
3.3.2
Además, mediante auto adiado el 4 de diciembre
de 2014, la Sala, decidió solicitar las siguientes pruebas adicionales:
3.3.2.1 Ordenó la práctica de una inspección
judicial en el predio denominado `Cuernavaca` en Puerto Gaitán, Meta.
3.3.2.2 Solicitó acompañamiento para la práctica
de la diligencia de inspección judicial a la Defensoría del Pueblo, a la
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios y al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.
3.3.2.3 Solicitó a la Defensoría del
Pueblo y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Meta, que, en
conjunto realizaran un censo de la población asentada en el predio `Cuernavaca`.
3.4   INFORMES E INTERVENCIONES
Integrado debidamente el contradictorio y rendidos los
informes del caso, la Sala resume las comunicaciones e intervenciones allegadas
por la Secretaría General, al despacho del Magistrado Sustanciador:
3.4.1
Ministerio de
Vivienda
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a
través de apoderado judicial, manifestó que la entidad encargada de coordinar,
asignar y/o rechazar los subsidios de vivienda de interés social en el sector
rural es el Ministerio de Agricultura – Banco Agrario, y no el Ministerio de
Vivienda, quien es el ente encargado de dictar la política en materia
habitacional.
Además, informó que la institución encargada de
resolver todo lo relacionado con los subsidios familiares de vivienda en el
sector urbano, es el Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA-, cuya política de
subsidio está sujeta a la observancia de un procedimiento y a la acreditación
de los requisitos legales por parte de los grupos familiares postulados al
subsidio de vivienda, con el fin de canalizar dichos recursos hacia la
población en situación de desplazamiento.
Específicamente, acerca del subsidio de
vivienda dirigido a las personas que se encuentran en dicha circunstancia hace
alusión a una amplia normativa en donde se establece el procedimiento
administrativo de postulación, verificación de datos, cruces, rechazo y
validación de postulaciones, entre otros que debe observarse por FONVIVIENDA,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 121 de la Constitución
Política.
Para finalizar, señaló que la Ley 715 de 2001
(artículo 76-2) consagra como una de las competencias del municipio la de
promover y apoyar  programas o proyectos de vivienda de interés social.
3.4.2
Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural -INCODER-
El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-,
a través del Coordinador del Grupo de Representación Judicial, realizó las
siguientes manifestaciones:
3.4.2.1
Considera que los hechos que
fundamentan las solicitudes de tutelas y sus antecedentes, respecto del proceso
policivo de lanzamiento por ocupación de hecho y por violación al régimen
urbanístico y las pruebas que se aportan con este objetivo, demuestran que se
trata de un conflicto sobre los derechos de posesión, propiedad, tenencia,
administración y la disposición de derechos sobre el predio `Cuernavaca`, cuyas
pretensiones desnaturalizan la razón de ser de la acción de tutela. A su
parecer, mediante esta vía se pretende resolver un conflicto de naturaleza
civil y generar un debate contencioso a favor de quienes se oponen al amparo
policial de la posesión y las medidas administrativas adoptadas.
3.4.2.2
Adicional a lo anterior,
expresa, que además de la situación de desplazamiento en la que aducen se
encuentran los accionantes, también se evidencia la existencia de un conflicto
social y económico ante la presencia de explotaciones petroleras, lo cual
genera expectativas y otras posibilidades para sus habitantes.
3.4.2.3
No obstante, advierte, debe
analizarse en concreto la situación de quienes tienen la calidad de víctimas de
desplazamiento forzado asentadas en el predio `Cuernavaca`. Enfatiza acerca de
la importancia de que antes de que se resuelvan aspectos de tipo administrativo
o de carácter contractual en el marco de un proceso judicial, debe asegurarse
la protección de los derechos fundamentales de la población que va a ser objeto
de la medida de desalojo, máxime cuando esta se encuentra en situación de
vulnerabilidad.
3.4.2.4
Explica que las competencias
del Incoder se circunscriben a viabilizar el acceso a la tierra de los
campesinos que carecen de ella y en condición de desplazamiento. Al respecto,
precisa, si bien es cierto que el instituto forma parte del Sistema Nacional de
Atención y Reparación a las Víctimas sujeto de desplazamiento y despojo, de
conformidad con el artículo 153 de la Ley 1448 de 2011, cada uno de los
organismos que pertenecen al Sistema cumplen funciones específicas. En
particular, al Incoder le corresponde atender a la población en situación de
desplazamiento para permitir y facilitar el acceso a la propiedad rural, por
medio de subsidios de reforma agraria destinados a la adquisición de tierras o
el desarrollo de un proyecto productivo agropecuario.
3.4.2.5
De acuerdo con lo expuesto, consideran
que el Incoder no está vulnerando derecho alguno de los accionantes ni tampoco
que hubiera adquirido un compromiso con la comunidad de `Cuernavaca` para
facilitar, dentro de sus competencias, el acceso a la tierra rural y demás
factores productivos o el otorgamiento de subsidios. Además, dice, tampoco
tiene la calidad subjetiva y de propiedad sobre la finca `Cuernavaca` para
definir una u otra alternativa sobre la ocupación, distribución y tenencia del
inmueble o utilizar algunos de los procedimientos diseñados por la Ley 160 de
1994 para contribuir a su ordenamiento social y territorial, en virtud a que el
mismo tiene la naturaleza de propiedad privada, no se trata de un bien baldío
nacional o de propiedad particular del instituto para adelantar programas de
reforma agraria o establecer reglamentaciones especiales sobre su uso,
disposición o explotación.
3.4.3
Fondo Nacional de Vivienda
- FONVIVIENDA-
El Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, mediante
apoderada judicial, manifestó que su obligación principal frente a la población
en situación de desplazamiento es contribuir a la solución de vivienda mediante
la entrega de subsidios en dinero o en especie. Sin embargo, aclaró que no se
encuentran dentro de sus funciones la de dar albergue a esta población ni tampoco
la de otorgar viviendas.
Manifestó que en el año 2012, el Gobierno Nacional
implementó una nueva política de vivienda a favor de las personas más
vulnerables, entre las cuales se incluye la población en situación de
desplazamiento, que pretende otorgar un beneficio para cada hogar a través de
la entrega de viviendas y no tan sólo asignando un subsidio familiar.
Manifestaron que una vez revisados los números de
identificación de los accionantes en el Sistema de Información del Subsidio
Familiar de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se pudo
establecer que se encuentran en los siguientes estados:
Frente a la señora Rubiela González, informaron que
fue beneficiaria de un subsidio de vivienda en especie, por valor de
$36.549.000.oo mediante Resolución No. 659 de 2013, recursos correspondientes a
la convocatoria de vivienda gratuita para el proyecto urbanización bosques de
oriente, tipo de solución VIP, y su estado es “asignado”.
En relación con el señor Ramón Santana Machete, indicó
que se postuló en la Convocatoria realizada por FONVIVIENDA para población en
situación de desplazamiento en el año 2007 y que su estado actual es el de
“calificado”.
Con respecto al señor Oliverio Quintero Rodríguez,
informó que no figura dentro de las convocatorias realizadas por Fonvivienda
para personas en situación de desplazamiento, en los años 2004 y 2007, ni
tampoco se postuló en las convocatorias realizadas en el año 2011.
Ante el estado de “no postulado” que ostenta el hogar
de la parte accionante se opuso a la prosperidad de la presente acción de
tutela frente al Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda-, al considerar que
no ha vulnerado derecho alguno del actor. Por el contrario, aduce que dentro
del ámbito de sus competencias ha realizado todas las actuaciones necesarias
para garantizar el beneficio habitacional a los hogares en situación de
desplazamiento que han acreditado los requisitos legales para obtener el
beneficio.
Acerca de la situación particular del señor Jaime
Sánchez García, indica que él se inscribió para obtener un cupo en el proyecto
de vivienda “Desarrollo Urbanístico El Poblar de Santa Marta- Etapa III” con
una asignación inicial de $11.537.500.oo que luego se adicionó por un valor de
$3.369.500.oo. Expuso que su último estado es “asignado”. En este orden de
ideas, explica, el Fondo Nacional de Vivienda le asignó el subsidio y lo
depositó en la cuenta de ahorro programado, con el fin de que el beneficiario
realice los trámites pertinentes para su movilización.
Por todo lo expuesto, solicita la desvinculación de la
entidad en el proceso de la referencia, pues ha actuado de conformidad con la
ley y ha garantizado los derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso de los hogares desplazados.
3.4.4
Ministerio de Ambiente
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
-MADS-, a través de apoderado judicial, expuso que no ha desconocido derecho
fundamental alguno de los accionantes, dado que revisados los antecedentes del
caso, la posible vulneración alegada tiene relación con las funciones que
realiza el Departamento para la Prosperidad Social, la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras y/o
el Fondo Nacional de Vivienda -Fonvivienda-.
Advierte que de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 99
de 1993, el Ministerio del Medio Ambiente, en la actualidad Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, es el organismo rector de la gestión del
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar
una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en
los términos de la ley, las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la
Nación a fin de asegurar el desarrollo sostenible.
En virtud de lo expuesto, se encuentra acreditado que frente
al MADS opera la excepción de falta de legitimación por pasiva y, en
consecuencia, dice, la presente acción de tutela es improcedente.
3.4.5
Defensoría del Pueblo
El Director Nacional de Atención y Trámite de Quejas
de la Defensoría del Pueblo, refirió que desde el mes de agosto de 2012 tienen
conocimiento del asentamiento humano que se está conformando en el predio `Cuernavaca`,
pues el señor Oscar Alfredo Romero Pérez, en calidad de representante legal de
la Asociación de Desplazados por el Conflicto Armado por la Paz -SODADIC- quien
aduce, desde el mes de junio de 2011 se encuentra privado de la libertad,
solicitó la intervención de esta entidad para que las familias en situación de
desplazamiento y campesinos sin tierra que estaban ocupando bienes baldíos en
la vereda los Kioskos y que además habían iniciado un proyecto asociativo para
el cultivo de marañón, no fueran objeto de desalojo.
Aducen que el señor Romero López sostuvo que en el mes
de julio del año 2011 el señor Gustavo Endo se presentó como el propietario de
las tierras que estaba ocupando la comunidad y que, por ello, iniciaron
conversaciones para adquirir estos terrenos, al punto celebraron una promesa de
compraventa.
En contraste, cuenta, el 5 de septiembre de 2012, un
tercero se hizo presente en las instalaciones de la Defensoría Regional Meta,
quien informó que estos predios no salieron de la propiedad de Gustavo Endo
porque el señor Romero Pérez incumplió los compromisos adquiridos con este. Al
parecer, esta situación determinó que finalmente se celebrará la compraventa de
los bienes inmuebles con el señor Armando Navarro, quien falleció.
En este contexto, informa que la Defensoría del
Pueblo, Regional Meta, ha adelantado, entre otras, las siguientes gestiones:
solicitó al alcalde municipal (i) realizara la caracterización de las familias
ubicadas en el predio `Cuernavaca`; (ii) adoptara las medidas tendientes a
garantizar los derechos de la comunidad; ofició a la Unidad para la Reparación
Integral de las Víctimas, Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, Unidad Territorial del Meta, con el fin de convocar a un Comité
Municipal de Justicia Transicional.
De estas medidas es importante destacar el
requerimiento realizado al alcalde municipal para que no materializara la
diligencia de desalojo hasta tanto no se le garantizara a las familias víctimas
que habitaban en el predio un plan para proteger sus derechos y que la
reubicación se diera en condiciones seguridad.
También, informan que el 25 de septiembre de 2012,
realizaron una visita al predio `Cuernavaca` en donde asistió personal de
Acción Social, ICBF, Procuraduría Agraria, Personería municipal, y los señores
Gustavo Endo, Oscar Alfredo Romero y Armando Navarro.
Finalmente, refiere que el 21 de junio de 2013, se
llevó a cabo un Comité de Justicia Transicional ampliado, con el fin de
establecer rutas claras frente a la atención de las familias víctimas de
desplazamiento forzado, medidas que constan en el Acta No. 004 del Comité
Territorial de Justicia Transicional[3].
3.4.6
Unidad de Restitución de
Tierras
El Director General de la Unidad de Restitución de
Tierras, procedió, en primer lugar, a explicar la diferencia entre los
conceptos de macrofocalización y microfocalización. Con respecto al proceso de
macrofocalización, informó que éste se encuentra relacionado con los lugares donde
se han presentado mayores índices de despojo y abandono forzado de tierras y en
las cuales existen condiciones favorables para que las víctimas restituidas
puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad, de tal modo que se
cumplan los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.
Adicional a lo anterior, agregó que la definición de estas zonas es de
competencia exclusiva del Consejo Nacional de Seguridad (sector defensa) de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 4829 de 2011.
Por otra parte, el concepto de microfocalización hace
referencia a la definición de una extensión menor (municipios, corregimientos,
veredas o predios) que se encuentran dentro de las macrozonas y en las que se
determina que existen las condiciones adecuadas para adelantar las actuaciones
de la etapa administrativa de los procesos de restitución de tierras con miras
a obtener la inscripción en el registro.
En segundo lugar, hizo referencia a algunos
solicitantes que actualmente figuran en la lista de reclamantes de restitución
de tierras y cuyos nombres también se encuentran en los anexos remitidos por
esta Corporación[4].
En particular, aclaró que las gestiones de macro y
micro focalización en los municipios de La Macarena (Meta), Puerto Rico
(Caquetá), Cumaribo (Vichada), Puerto Boyacá (Boyacá) y Cumaribo (Vichada)
relacionados en el recuadro anexado con el informe, no se encuentran en áreas
macrofocalizadas, labor que le corresponde realizar al Consejo de Seguridad
Nacional. Por tanto, dichas áreas tampoco se encuentran microfocalizadas. En
consecuencia, advierte, la Unidad no puede realizar gestión alguna en el marco
de la etapa administrativa de los procesos de restitución de la Ley 1448 de
2011 frente a las solicitudes de registro realizadas en estas áreas.
Ahora, sostiene, frente a las áreas mencionadas en el
cuadro, las cuales se ubican en el departamento del Meta, incluido el predio `Cuernavaca`
situado en la vereda Rubiales del municipio de Puerto Gaitán, señaló que las
mismas no se encuentran microfocalizadas.
Agregó que, actualmente, sólo existe concepto
favorable de seguridad para restitución de tierras de la parte norte del
municipio de Puerto Gaitán, pero no frente a la parte sur donde se encuentra
ubicado el predio `Cuernavaca`.
Informó que luego de revisar el Sistema de Registro de
Tierras Despojadas determinó que los señores Jaime Sánchez García y Rubiela
González, figuran como solicitantes de restitución.
Finalmente, indicó que una vez se adelanten
gradualmente las diligencias de macro y micro focalización, y atendiendo la
densidad histórica del despojo, la situación de seguridad y las condiciones
para el retorno (artículo 76 de la Ley 1448 de 2011), la Unidad adelantará los
trámites pertinentes. En concreto, le informará a los reclamantes relacionados
en el recuadro aportado el inicio de las diligencias para que se hagan parte en
la etapa administrativa de ingreso al Registro de Tierras Despojadas y
Abandonadas Forzosamente. Al igual, sostuvo, cuando estén microfocalizadas las
zonas, con base en la aplicación del principio de gradualidad y progresividad,
iniciarán el estudio de fondo de cada petición y las actuaciones a que haya
lugar para proceder a su inclusión en el registro, una vez acrediten los
requisitos exigidos para el efecto consagrados en la Ley 1448 de 2011 y en el
Decreto 4829 de la misma anualidad.
3.4.7
Ministerio de Minas y
Energía
El Ministerio de Minas y Energía, a través de
apoderada judicial, intervino en el presente proceso de tutela, manifestando lo
siguiente:
Con respecto al marco jurídico que regula el tema de
las servidumbres petroleras, expuso que el artículo 4 del Decreto Ley 1056 de
1953 –Código de Petróleos- declara la utilidad pública de la industria del
petróleo, en sus ramos de exploración, explotación, refinación, transporte y
distribución, por lo cual, pueden decretarse las expropiaciones necesarias para
el ejercicio y desarrollo de la industria.
Además, sostiene que aunque el artículo 194 de este
decreto establece que ningún propietario de terrenos puede oponerse a que en su
propiedad se adelanten los estudios necesarios para la construcción de
oleoductos, también consagra la obligación a cargo de los empresarios de
indemnizar todos los perjuicios que se puedan causar con la realización de dichos
estudios.
Bajo esta perspectiva, manifiesta, con la expedición
de la Ley 1274 de 2009 se estableció el procedimiento de avalúo para las
servidumbres petroleras, reiterando en su artículo 1 que la industria de los
hidrocarburos es de utilidad pública. Además, en su artículo 2 se consagró el
procedimiento de negociación directa que debe adelantar  el industrial
petrolero con los propietarios, poseedores, tenedores o dueños de las mejoras,
con el fin de llevar a cabo labores de exploración, producción y transporte de
hidrocarburos.
A la luz de lo expuesto, considera que la empresa
Tecpetrol S.A.S., negoció directamente con los titulares del derecho de dominio
del inmueble objeto de discusión, una servidumbre de carácter permanente de
oleoducto y tránsito constituida mediante escritura del 10 de febrero 2012,
fecha en la que no se evidencia que los accionantes estuviesen asentados y con
mejoras constituidas en el citado predio. Agregan que a la luz de lo dispuesto
en el artículo 6 de la Ley 1274 de 2009, la ocupación permanente se pagará por
una sola vez y amparará todo el tiempo que el explorador o transportador de
hidrocarburos ocupe los terrenos.
Por tanto, a su parecer, la empresa
Tecpetrol Colombia S.A.S., reconoció y pagó una servidumbre petrolera de
carácter permanente, motivo por el cual es improcedente que la empresa continúe
reconociendo indemnizaciones a otros particulares que detenten a cualquier
título los terrenos involucrados, pues en caso contrario estaría desconociendo
la disposición legal.
Para terminar, aclara que las funciones
principales de este Ministerio se circunscriben a adoptar las políticas del
sector minero energético, así como la expedición de los reglamentos que rigen
la exploración y explotación de recursos naturales no renovables. En
consecuencia, las servidumbres existentes en el predio objeto de la acción de
tutela, debieron ser adelantadas conforme al procedimiento contenido en la Ley
1274 de 2009 que inicialmente está dispuesto para que las partes lleguen a una
negociación directa y si ésta fracasa debe ser el juez competente el que
mediante una decisión judicial debe determinar el valor de la indemnización a
reconocer, si a ello hubiere lugar.
3.4.8
Ministerio de Agricultura
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, informó al
despacho del Magistrado Sustanciador, según comunicación emitida por el
Director de Cadenas Agrícolas y Forestales (E), que una vez consultadas las
bases de datos de los programas de Alianzas Productivas, Oportunidades Rurales
y DRE; no se han otorgado subsidios o apoyos por parte del Ministerio
Agricultura y Desarrollo Rural, al proyecto productivo agrícola de marañón de
la comunidad asentada en el lote `Cuernavaca`.
3.4.9
Procuraduría
Delegada para el Apoyo a las Víctimas del Conflicto Armado y los Desmovilizados.
El Procurador Delegado para el Apoyo a las Víctimas y
los Desplazados, expuso que interviene en defensa de los derechos, la atención
y la asistencia de la población en situación de desplazamiento asentada en el
predio `Cuernavaca`. En este sentido, considera que en el presente caso debe
aplicarse el sólido precedente jurisprudencial construido a través de las
sentencias T-282 y T-946 de 2011; T-119, T-349 y T- 454 de 2012; y T-239 de
2013, en las cuales se establece que durante el trámite de los procesos
policivos de lanzamiento por ocupación de hecho, las autoridades de policía
deben respetar los derechos tanto de los querellantes como de las personas que
se encuentran ocupando el inmueble y, además, cuando se trata de ocupación de
bienes privados, el lanzamiento no puede efectuarse hasta tanto no se haya
garantizado un albergue provisional a la población en situación de
desplazamiento.
Por tanto, a su parecer, deben revocarse las
sentencias de tutela que negaron la protección de los derechos invocados por
los accionantes y, en su lugar, garantizar la atención y asistencia a las
víctimas de desplazamiento forzado asentadas en el predio `Cuernavaca`, como
también ordenar la suspensión de la diligencia de lanzamiento por ocupación de
hecho hasta tanto las autoridades municipales y las entidades del SNARIV competentes,
garanticen el acceso a su oferta de dicha población, así como la provisión de
un albergue o de otra solución de habitabilidad a la población, como subsidios,
pagos directos al arrendador, etc.
Lo anterior, advierte, sin perjuicio de las demás
órdenes pertinentes en relación  con el trámite propio de los asuntos policivos
y de la protección del derecho al debido proceso, aspecto frente al cual
también la Procuraduría General de la Nación ha intervenido a través de la
Procuradora Judicial Agraria del Meta y del Personero Municipal, advirtiendo
irregularidades en el curso del trámite y en la sustanciación de la querella.
De acuerdo con lo expuesto, refiere, los agentes del
Ministerio Público a nivel territorial y local, específicamente los
funcionarios de la Procuraduría Regional Meta y el Personero Municipal de
Puerto Gaitán, han adelantado actuaciones preventivas en aras de proteger a las
personas en situación de desplazamiento forzado ubicadas en el predio `Cuernavaca`.
Al respecto, destaca la asistencia a los Comités Territoriales de Justicia
Transicional convocados por la administración municipal de Puerto Gaitán, en el
cual pidió ampliar la convocatoria en el nivel departamental.
Por otra parte, refiere que la administración
municipal se pronunció claramente a favor de la suspensión de la diligencia de
lanzamiento en las oportunidades que fueran necesarias para salvaguardar los
derechos de las víctimas del conflicto armado, razón por la cual en la
actualidad no se ha surtido dicha diligencia. Agrega que en el Comité de
Justicia Transicional se adoptó el plan de contingencia para atención a las
víctimas del conflicto durante la diligencia de lanzamiento por ocupación de
hecho en el lote `Cuernavaca`, municipio de Puerto Gaitán.
De otro lado, destacó que la Alcaldía Municipal le
informó el pasado 10 de mayo de 2013 que “la Administración se comprometió a
que una vez se efectúe el desalojo de las familias ubicadas en el asentamiento
de CUERNAVACA, se les brindara las ayudas humanitarias correspondientes,
además, seis meses de arriendo a las personas víctimas en situación de
desplazamiento, por un valor de $300.000 mesuales. Para las demás personas que
ocupan el predio y que no son víctimas de desplazamiento se les ofrecerá
transporte, tanto para ellos, como para sus enseres. Igualmente señala el
informe, se les hizo la invitación para que una vez se dé inicio al programa de
vivienda plasmado en el Plan de Desarrollo, presenten su postulación, donde se
estima entregar el 10% del total, para la población víctima”.
También, contó, en materia disciplinaria la Procuraduría
Provincial de Villavicencio, Meta, inició indagación preliminar contra
funcionarios de la Alcaldía de Puerto Gaitán ante las quejas elevadas el 21 de
enero, 12 de febrero y 14 de marzo de 2013 por el señor Oscar Alfredo Romero
Pérez.
Para terminar, ratificó su compromiso de contribuir
mediante el acompañamiento y el ejercicio del control preventivo de los
procesos, a la superación del estado de vulnerabilidad de quienes se encuentran
en situación de desplazamiento forzado para garantizar el ejercicio pleno de
sus derechos.
3.4.10 Procuraduría 14 Judicial II Ambiental Agraria del
Meta, Guaviare y Guainía.
La Procuradora 14 Judicial II Ambiental Agraria del
Meta- Guaviare y Guainía, expuso que mediante oficio No. 1014 del 19 de
diciembre de 2012, advirtió a la Inspección de Policía de Puerto Gaitán que en
caso de que la querella policiva se estuviera adelantando en el marco del
Decreto 747 de 1992 debía notificar del inicio de la misma al Procurador Judicial
Agrario y que su omisión implicaba declarar la nulidad de todo lo actuado.
Cuenta que el 16 de enero de 2013 al trasladarse al
municipio de Puerto Gaitán, Meta, fue notificada de la querella policiva
adelantada por el señor José Armando Navarro y que con posterioridad, presentó
su concepto frente al mismo. En este expuso que ya sea que se hubiere seguido
el procedimiento contemplado en el artículo 207 de la Ordenanza 507 de 2002,
numeral 1, sobre lanzamiento por ocupación de hecho en predio urbano; o el
contemplado en la Ley 57 de 1905, Decreto 992 de 1930, Ley 9 de 1989, artículo
69-2, Decreto 747 de 1992, sobre lanzamiento por ocupación de hecho en predio
agrario debidamente explotado, concluyó que se encontraba probado el
consentimiento expreso o tácito del propietario, poseedor o tenedor al
exhibirse durante dicha diligencia un título o prueba que justifique legalmente
la ocupación y, por tanto, debía proferirse resolución finalizando la querella
por no cumplirse el presupuesto de “falta de consentimiento por parte del
propietario y/o actos de violencia o clandestinidad”. Enfatiza que la
querella policiva debió ser desestimada, tal y como en su oportunidad también
lo advirtió el personero municipal. Agregó que al parecer, el inspector de
policía admitió la acción de conformidad con la Ley 57 de 1905 y el Decreto 992
de 1930.
Ahondando sobre la irregularidad planteada, sostuvo
que según el artículo 208, literales a) y b), de la Ordenanza 507 de 2002, el
término para iniciar la acción de policía caduca (i) en quince días en los
procesos de lanzamiento de que trata el Decreto 747 de 1992 y (ii) en 30 días
en un proceso de lanzamiento por ocupación de hecho en un predio rural o
urbano. A continuación, advierte que este término se cuenta a partir del primer
acto de usurpación o perturbación o de aquél en que cesó la violencia.
Entonces, como existe evidencia sobre la fecha en que representantes de la
comunidad firmaron algunos contratos, 11 de septiembre, así como que la
ocupación del predio se fue dando de manera gradual, y la acción policiva fue
interpuesta el 8 de agosto de 2012, concluye que esta se interpuso fuera de
tiempo.
No obstante, refiere que el inspector de policía desestimó
la querella policiva por caducidad de la acción de las personas que ingresaron
al predio en septiembre de 2011 pero frente a la supuesta invasión del 2 de
agosto de 2012, por personas que ingresaron al predio aduciendo tener contratos
con el señor Oscar Romero, sí ordenó su desalojo.
En concepto de la Procuraduría 14 Judicial II
Ambiental Agraria del Meta, Guaviare y Guanía, aunque los jueces de tutela,
consideran que no existe violación del debido proceso ni en el trámite que dio
origen a la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho ni en virtud de la
Resolución expedida por la administración municipal que ordenó la demolición de
las viviendas construidas en el lote denominado `Cuernavaca` por construcción
ilegal, de todas maneras debió condicionarse la decisión adoptada a que se
presentara un plan de reubicación concertado con las personas en situación de
desplazamiento, campesinos y otras personas vulnerables que habitan dicho
predio para asegurar la protección de sus derechos fundamentales.
Refiere además que aunque el Comité de Justicia
Transicional concertó con la Alcaldía el plan de reubicación, éste no se había
ejecutado, en consecuencia, considera que hasta que este aspecto no se
encuentre solucionado, las medidas de la Alcaldía de Puerto Gaitán, Meta,
tendientes a materializar el desalojo y la demolición de viviendas vulnera los
derechos fundamentales de la población en situación de desplazamiento, que
involucra aspectos como el retorno o reubicación, apoyo al mantenimiento de vivienda
temporal mientras son incluidos en los programas a que tienen derecho.
Para finalizar, informó que inició indagación
preliminar contra el alcalde de Puerto Gaitán, el 30 de abril de 2013.
3.4.11 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, manifestó que no ha
vulnerado los derechos fundamentales de los actores y, de manera amplia, de
ninguna de las personas asentadas en el predio `Cuernavaca`.
En particular, explicó que existe un PRIMER GRUPO de
peticionarios, cuyo estado es INCLUIDO en el Sistema Único de Población Desplazada.
En este grupo se evidencia que uno de los actores, Jaime Sánchez García, figura
como Jefe de Hogar y que ha sido beneficiario de la entrega de varios
componentes de ayuda humanitaria como el de alimentos, alojamiento y subsidio
de vivienda.
En un SEGUNDO GRUPO se encuentran los peticionarios
que presentaron declaración por desplazamiento forzado, pero luego de efectuada
la valoración por parte de la Dirección de Registro, se decide su NO INCLUSIÓN
en el Registro Único de Víctimas, en consecuencia, no son beneficiarios de las
medidas de reparación establecidas en la Ley 1448 de 2011 y en su Decreto
Reglamentario 4800 de 2011.
En el TERCER GRUPO están los peticionarios a los que
no se les ha valorado la declaración.
En el CUARTO GRUPO están referenciados los
peticionarios que no han presentado declaración de conformidad con el
procedimiento establecido en el artículo 61 de la Ley 1448 de 2011, entre
quienes se encuentra una de las actoras del proceso de la referencia, Rubiela
González[5].
De otro lado, informan que el primer paso para que los
potenciales beneficiarios del subsidio familiar de vivienda para víctimas de
desplazamiento forzado accedan al mismo, deben acercarse a cualquiera de las
Cajas de Compensación Familiar del país que ellos elijan  en la ciudad donde se
encuentren residiendo con su núcleo familiar, para obtener el formulario de
postulación antes del cierre de convocatoria para las diferentes bolsas de
asignación de subsidio.
Acerca de la solicitud de proyecto productivo, informó
que la competencia en generación de ingresos para la población en situación de
desplazamiento de conformidad con los artículos 17 y 19 de la Ley 387 de 1997 y
el artículo 25 del Decreto 2569 de 2000, al ser uno de los componentes de la
estabilización socioeconómica, le corresponde en general a todas las entidades
que conforman en la actualidad el Sistema Nacional de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas de la Violencia -SNARIV-, por tanto, indicó, la
competencia no es exclusiva de la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
3.4.12 Tecpetrol
El Representante Legal de Tecpetrol Colombia S.A.S.,
sostuvo que con el fin de realizar un pozo exploratorio en el predio `Cuernavaca`
adelantó el agotamiento de la Ley 1274 de 2009 para constituir una servidumbre
petrolera y generó un acercamiento con el señor Gustavo Adolfo Endo Alvarado
quien, dice, entre el mes de noviembre de 2011 y junio de 2012 tenía la
propiedad y posesión del predio referido.
Indica que, en curso de la fase de exploración y
perforación denominado Pendare 1, el señor Gustavo Endo fue abordado por la
Asociación SODADIC, representada por el señor Oscar Romero Pérez, con el fin de
manifestarle su interés para desarrollar un proyecto de siembra y cosecha de
marañón para su tratamiento y procesamiento agroindustrial. En virtud de lo
anterior, cuenta, inició la migración de diversas personas hacia el predio `Cuernavaca`,
quienes, además, construyeron viviendas en una franja de terreno de 5 hectáreas
aproximadamente. Con posterioridad, aduce, estas personas solicitaron a la
Gobernación del Meta, el reconocimiento como Junta de Acción Comunal, lo cual
obtuvieron el 14 de marzo de 2012, mediante Resolución No. 013.
Cuenta que de acuerdo con la política de desarrollo
social de Tecpetrol, la empresa realizó una inversión de treinta millones de
pesos, el 30 de julio de 2012, en atención a una solicitud expresa del señor
Romero, en calidad de representante de la Asociación SODADIC y la Junta de
Acción Comunal del Asentamiento Humano `Cuernavaca` para el desarrollo del
proyecto antes mencionado, el cual para la fecha no había podido iniciarse por
falta de recursos económicos.
Más adelante, indica, Tecpetrol decidió que iba a
iniciar la perforación de otro pozo en el predio `Cuernavaca`, al que denominó
Pendare 2, y al estudiar los títulos correspondientes evidenció que la propiedad
del predio se encontraba en cabeza del señor José Armando Navarro López desde
el 13 de agosto de 2012 quien también tenía la posesión del bien inmueble salvo
en las áreas donde se encontraba el Asentamiento humano de `Cuernavaca`, razón
por la cual, dicen, el propietario inició un proceso policivo de lanzamiento
ante la Inspección de Policía de Puerto Gaitán, Meta.
Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa en
aplicación de la Ley 1274 de 2009, agotó la etapa de negociación directa con el
propietario inscrito en el predio, luego de la cual se constituyó una
servidumbre de carácter permanente el 7 de noviembre de 2012. No obstante,
dice, Tecpetrol recibió diversas solicitudes de la Junta de Acción Comunal de `Cuernavaca`,
exigiendo el reconocimiento económico por concepto de la servidumbre petrolera,
pero la empresa respondió que ello no era posible en razón a que no estaban
ejerciendo la posesión sobre las áreas de interés y menos la propiedad del
mismo.
De otro lado, expresó que el señor Oscar Romero se
encontraba privado de la libertad desde el mes de mayo de 2013, y que existen
varias investigaciones en su contra por la presunta realización de conductas
punibles como falsedad en documento privado y estafa, ante las denuncias
presentadas por habitantes de `Cuernavaca` por las múltiples ventas de lotes o
parcelas del mismo predio a diferentes personas. Así mismo, puso en
conocimiento del despacho que el señor José Armando Navarro fue asesinado el 20
de junio de 2013.
Agregó que la Compañía ha respetado los derechos
fundamentales de la comunidad asentada en el predio y los reconoce como
población asentada en el área de influencia del proyecto exploratorio Bloque
CPO-13. Por esta razón, ha realizado inversiones sociales, les ha otorgado
participación laboral en el proyecto, ha contratado con dicha comunidad bienes
y servicios, como también ha desarrollado actividades de recreación. Sin
embargo, aclara, como esta inversión social debe guardar conformidad con los
planes de desarrollo nacional, departamental y municipal, no ha realizado
inversión en infraestructura en razón a que esta inversión iría en contra del
proceso administrativo que adelanta la administración municipal.
Para finalizar, refiere que Tecpetrol al identificar
que en la actualidad gran parte del predio se encuentra en posesión de miembros
de la comunidad del asentamiento, realizó el proceso de negociación directa con
esta población siguiendo los lineamientos de la Ley 1274 de 2009, y concertaron
un acuerdo económico como reconocimiento de las mejoras, derechos de
servidumbre transitoria e indemnización de perjuicios, con el fin de llevar a
cabo el proyecto.
3.4.13 Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.
Mediante escrito radicado el 13 de
noviembre de 2013, el jefe de la oficina asesora jurídica del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar se pronunció respecto de la acción de tutela
presentada y señaló que el Centro Zonal de Puerto López informó a la dirección
general del ICBF sobre la convocatoria para asistir a la diligencia de desalojo
del predio `Cuernavaca` del Municipio de Puerto Gaitán (Meta).
Manifestó que la diligencia de desalojo
estuvo acompañada por funcionarios de la entidad y en desarrollo de esta se
realizaron visitas a los predios en los que se encontraban menores de 18 años,
cuyos casos particulares fueron remitidos a la Secretaría de Gobierno con el
fin de que otorgara las ayudas respectivas.
Aseguró que su actuación estuvo acorde
con la Convención sobre los Derechos del Niño y que dentro de sus competencias
desarrolló un “Protocolo para Garantizar los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes en diligencias de lanzamiento, Desalojo de Inmuebles o análogas” que
debe ser aplicado por todas las autoridades administrativas de restablecimiento
de derechos.
Indicó que debido a que algunos de los
accionantes son personas en situación de desplazamiento, se realizó una
consulta con la Subdirección de Restablecimiento de Derechos para determinar si
estas personas habían sido remitidas a la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación a las Victimas.
Por último, señaló cuales de los
accionantes son atendidos por el programa de alimentación para hogares víctimas
de desplazamiento forzado.
3.4.14 Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo dio contestación
al oficio No OPTB-632 de 2013 mediante escrito del 14 de noviembre de 2014 en
el cual remitió en 15 folios el informe de la Defensoría Regional del Meta, en
el que se detalla el resultado de la visita realizada al predio `Cuernavaca` de
Puerto Gaitán, Meta.
3.4.15 Secretaría de Vivienda del Departamento
del Meta
El Secretario de vivienda del
Departamento del Meta, presentó un informe detallado de la política de vivienda
para la población en situación de desplazamiento, en particular para la
población rural.
Explicó que la Gobernación del Meta
estableció el programa “Más familias bajo techo propio”, dando prioridad
a la población vulnerable, ya sean víctimas del conflicto, mujeres cabeza de
familia, población en situación de discapacidad, población adulta mayor, etnias,
y familias en situación de extrema pobreza.
Indicó que para lograr su cometido acudirá
a los mecanismos de leasing habitacional, construcción de vivienda rural y
urbana, construcción de vivienda en lote propio, mejoramiento de vivienda
urbana y rural, conexiones intradomiciliarias y legalización para vivienda.
Expuso que el departamento realizará la
compra de terrenos para el desarrollo de vivienda de interés social y vivienda
de interés prioritario. Para finalizar, realizó un recuento sobre los proyectos
de vivienda del departamento del Meta aprobados y totalmente financiados, los
que se encuentran en etapa de formulación y presentación a mesa técnica y los
que están estructurados específicamente para el municipio de Puerto Gaitán.
Del recuento antes mencionado, informó
que para el Municipio de Puerto Gaitán únicamente existen proyectos formulados
para la población indígena, pero no para la población en situación de
desplazamiento.
3.4.16 Universidad del Rosario
El Grupo de investigación en Derechos Humanos
de la Universidad del Rosario presentó su intervención mediante escrito
radicado el 05 de diciembre de 2013.
Manifestó que las actuaciones adelantadas
por el municipio y demás autoridades accionadas afectaron el derecho a la
vivienda de los peticionarios y que sumado a lo anterior, se desconoció el
principio de confianza legítima, teniendo en cuenta que las familias asentadas
en dicho terreno tenían el pleno convencimiento de estar adquiriendo las
parcelas para desarrollar el proyecto productivo ofrecido.
Expuso que los afectados nunca tuvieron
seguridad jurídica ya que la misma Procuraduría Delegada para asuntos Agrarios
señaló la improcedencia e ilegalidad del procedimiento policivo.
Por otro lado, advirtió que pese a la
normativa vigente en el tema de desplazamiento no se cumplió con el deber de
estabilización socio-  económica y contrario sensu se llevó a cabo la orden de
desalojo sin una reubicación temporal y definitiva de la comunidad.
Solicitó que se revoquen los fallos de
tutela de primera y segunda instancia y, en su lugar, se ampararán los derechos
de los afectados, reubicándolos e indemnizándolos de manera integral.
3.4.17 Alcaldía Municipal de Puerto
Gaitán, Meta.
El alcalde del municipio de Puerto Gaitán,
Meta, dio respuesta a lo solicitado en el oficio OPTB 735 de 2013 e indicó que
la administración municipal asintió en la ejecución del desalojo y la
demolición de las viviendas en el predio `Cuernavaca`, en virtud del derecho
que tiene el propietario o el poseedor de un predio para solicitar la
protección del mismo.
Reseñó que el escrito de querella
presentado por el señor Armando Navarro cumple con los requisitos de la
Ordenanza 507 de 2002 (Código de Policía y Convivencia Ciudadana del Meta) y el
Decreto 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía)
Expresó que el procedimiento
administrativo urbanístico ilegal, tuvo en cuenta que los levantamientos
ilegales eran realizados en lona, tejas de zinc, madera, ladrillo y cemento lo
que representaba problemas para brindar los servicios básicos a la población.
Advirtió que el presidente del
asentamiento humano `Cuernavaca` se encuentra privado de la libertad al ser
hallado culpable por conductas punibles que se presentaron con ocasión de estos
hechos.
Señaló que la alcaldía de Puerto Gaitán
adelantó la ejecución del trámite policivo, pero que estuvo apoyada en todo momento
por entidades del orden departamental y nacional. Y por otro lado, destacó que
frente al proceso de lanzamiento y demolición adelantados se presentaron más de
veinte acciones de tutela que resultaron favorables a la administración
municipal.
Para terminar, añadió que la Alcaldía brindó
ayudas de tipo psicológico, económico, logístico, entre otras, para evitar una
confrontación de la comunidad y la fuerza pública, pero éstas no fueron
acogidas.
3.4.18 Oficina Asesora de Planeación de Puerto
Gaitán, Meta
El jefe de la Oficina Asesora de
Planeación presentó respuesta a la acción el 14 de febrero de 2014. Mediante
escrito señaló que no existe un plan de vivienda en suelo de clasificación
rural dentro del Plan de Desarrollo “Porque Unidos Somos Más” 2012-2015.
Sin embargo, expresó que dentro del Plan
de Desarrollo se previó un programa de vivienda de interés social prioritario
dentro del perímetro urbano para 600 hogares, dentro de los cuales tiene cabida
la población en situación de desplazamiento.
Por otro lado, se pronunció respecto de
las medidas temporales que se brindaron a las personas que integran el
asentamiento humano `Cuernavaca`. Sobre el particular reseñó que se le entregó
a la población un subsidio de arrendamiento por valor de trescientos mil pesos
mensuales hasta por tres meses, término que se amplió hasta por seis meses
adicionales.
Por último señaló que el Comité de
Justicia Transicional diseñó un plan de contingencia que contiene ítems como el
apoyo sicológico, económico, logístico, entre otros.
Adicionalmente se remitió copia del Plan
de Contingencia para atención de las víctimas del conflicto durante la
diligencia de ocupación de hecho del predio `Cuernavaca`, en el Municipio de
Puerto Gaitán. (Folios 554-565).
3.4.19 Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y la Defensoría del Pueblo Regional Meta.
Mediante respuesta con fecha de 13 de
enero de 2014, el Defensor del Pueblo Regional Meta y el Director del ICBF
Regional Meta adjuntaron el informe de trabajo realizado los días 8, 9 y 10 de
enero del 2014 en el asentamiento humano `Cuernavaca` y los resultados que se
plasmaron en el censo y caracterización de la población.
3.4.20 Aspectos relevantes de la diligencia de
inspección judicial que se practicó el pasado 24 de enero de 2014 en el predio
denominado ´Cuernavaca´ en Puerto Gaitán, Meta.
El pasado 24 de enero de 2014 se realizó una
inspección judicial en el predio denominado `Cuernavaca`. Durante el desarrollo
de la misma se pudo constatar lo siguiente:
3.4.20.1 La totalidad de viviendas construidas por
la población en este predio no cuentan con servicios públicos domiciliarios. Según
indican, el señor Oscar Alfredo Romero tenía una oficina en Villavicencio y
desde allí publicitaba el proyecto de marañón. Algunos de los entrevistados,
manifiestan que desde hace muchos años fueron desplazados de sus lugares de
origen pero que por ignorancia nunca declararon su situación ante ninguna
entidad del Estado. Resaltan que llegaron al predio ante la expectativa de
participar en el proyecto de cultivo de marañón que les vendió el señor Oscar
Alfredo Romero y por el que dieron un aporte inicial de cinco millones de pesos.
Agregaron que el valor adicional que debían cancelar por este proyecto lo
cancelarían una vez les entregaran la escritura del predio. Insisten en que son
compradores de buena fe.
También sostienen
que se encuentran a la espera de que la empresa Tecpetrol les suministre
recursos por concepto de inversión social con el cual esperan, en principio, garantizar
el transporte de los menores de 18 años hacia las escuelas más cercanas.
Además, la mayoría de personas no están afiliadas al sistema de seguridad
social en salud. En caso de emergencia, cuentan, acuden al servicio de apoyo
que les suministra ECOPETROL.
3.4.20.2 Ante la inejecución del proyecto
productivo por el cual se trasladaron al predio ´Cuernavaca´ una de las
entrevistadas afirma que la esperanza de la mayoría que conforman el
asentamiento es trabajar en “una petrolera”.
Consta que algunos
miembros de la comunidad asentada en el lote de `Cuernavaca`, remitieron un
oficio a la Gobernación del Meta, el 1 de septiembre de 2012, en donde
manifestaban su inconformismo frente a la gestión adelantada por el señor Oscar
Romero para designar los miembros de la Junta de Acción Comunal, quien cobraba
directamente a las familias la suma de $4.000.000.oo como condición para que
las familias pudieran ser parte del cultivo de marañón bajo la amenaza de que
quien no pagara, se exponía a que vendiera dicha parte a otra persona y a que
se le excluyera del proyecto productivo[6].
3.4.20.3 El señor Jaime Sánchez García, uno de los
accionantes en este proceso de tutela, explica que el objetivo de trasladarse
al predio `Cuernavaca` era involucrarse en el proyecto de cultivo de marañón “…porque
nosotros somos gente, somos personas de familias  del campo, trabajadores,  eso
aquí cualquiera de la ciudad no viene a meterse donde estamos nosotros, yo creo
que ustedes se dieron cuenta cuantas horas gasta uno porque aquí pa llegar es
cosa difícil, toca generar recursos para estar uno aquí y esperanzados en una
petrolera que de pronto les dé un trabajo a uno y que nos colaboren aquí, pero
las petroleras dicen no podemos invertir aquí…”.
3.4.20.4 Por su parte, otro de los peticionarios,
Oliverio Quintero, expuso que los derechos fundamentales de las personas y de
la comunidad asentada en el bien denominado ´Cuernavaca´ estaban siendo
vulnerados por el Estado, reprochando la actuación indiferente del alcalde
municipal al adelantar el proceso administrativo de urbanismo ilegal sin tener
en cuenta las condiciones de habitabilidad de las familias, y que ni siquiera
había adelantado una brigada de salud en el predio.
De otro lado,
cuestionó que la empresa TECPETROL no realizara inversión social en el
“Asentamiento humano Cuernavaca”. Enfatiza acerca de su condición vulnerable,
reclamando dicha inversión como un compromiso que tiene la empresa con la
comunidad para la realización de sus derechos, en particular, dice, la empresa
se comprometió a construir la infraestructura requerida para hacer viable la
prestación del servicio de acueducto, oponiendo como razón la situación ilegal
en la que se mantiene el mismo.
4       CONSIDERACIONES DE LA CORTE
4.1  COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de
la Corte Constitucional,
en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral
9, de la Constitución, 33 del Decreto 2591 de 1991 y 49 del Reglamento de la
Corporación, es competente para revisar el fallo de tutela adoptado en el
proceso de esta referencia.
4.2
PROBLEMA
JURÍDICO
Corresponde a la Sala examinar si las
entidades accionadas vulneran el derecho fundamental a la vivienda digna de los
actores al pretender materializar la diligencia de desalojo dentro de un
proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, sin asegurar
previamente la protección de los derechos fundamentales de la comunidad
asentada en el predio ocupado, más aún, cuando en este se encuentra residiendo
población en situación de desplazamiento y de vulnerabilidad.
Para resolver la controversia, la Sala
Séptima examinará: (i) el derecho a la vivienda digna, en particular, de
quienes se encuentran en situación de desplazamiento y de vulnerabilidad; (ii)
las medidas de protección a favor de las personas en situación de
vulnerabilidad cuando existe una orden de desalojo; (iii) la función
social de las empresas en el marco del artículo 333 Superior; y (vi) a
la luz de las anteriores premisas, abordará el análisis del caso concreto.
4.3
EL DERECHO A
LA VIVIENDA DIGNA
4.3.1
Generalidades
El concepto de vivienda digna implica
contar con un lugar, propio o ajeno, que le permita a la persona desarrollarse
en unas mínimas condiciones de dignidad y en el cual pueda desarrollar su
proyecto de vida[7].
Dentro del marco constitucional, el artículo 51 consagra el acceso a una vivienda digna
como un derecho de todas las personas, y asigna al Estado la obligación de
fijar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo a través de la promoción
de planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a
largo plazo y formas asociativas para la ejecución de dichos programas, entre
otros.
En cuanto al contenido de este derecho,
la Observación General No. 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC)[8]
establece los siguientes lineamientos para que una vivienda pueda considerarse adecuada
en los términos del PIDESC:
“7. En opinión del Comité, el derecho a
la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo
equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un
tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad.
Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad
en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones.  En
primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros
derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al
Pacto. Así pues, ´la dignidad inherente a la persona humana´, de la
que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término
"vivienda" se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras
diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe
garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos
económicos.  En segundo lugar, la referencia que figura en el
párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda
a secas, sino de vivienda adecuada.  Como han reconocido la Comisión de
Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el
Año 2000 en su párrafo 5:  ´el concepto de ´vivienda
adecuada´... significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se
desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación
adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada
en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo
razonable.”(subraya
fuera de texto).
En concordancia, esta Corporación, con
fundamento en la Observación General No. 4 del Comité DESC, fijó como sigue los
requisitos para que una vivienda sea considerada digna en la sentencia T-585 de
2006[9]:
En primer lugar, debe presentar
condiciones adecuadas, las cuales dependen de la satisfacción de los siguientes
factores, entre otros: (i) Habitabilidad, es decir, que la vivienda
cumpla con los requisitos mínimos de higiene, calidad y espacio necesarios para
que una persona y su familia puedan ocuparla sin peligro para su integridad
física y su salud. (ii) Facilidad de acceso a los servicios
indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición de sus
ocupantes. (iii) Ubicación que permita el fácil acceso a opciones de empleo,
centros de salud y educativos, y otros servicios sociales, y en zonas que no pongan en riesgo
la salud de los habitantes. (iv) Adecuación cultural a sus habitantes.
En segundo lugar, debe rodearse de
garantías de seguridad en la tenencia, condición que comprende, entre
otros aspectos: (i) Asequibilidad, que consiste en la existencia de una
oferta suficiente de vivienda y de posibilidades de acceso a los recursos
requeridos para satisfacer alguna modalidad de tenencia, entre otros.
(…). (ii) Gastos soportables, que significa que los gastos de tenencia –en
cualquier modalidad- deben ser de un nivel tal que no comprometan la
satisfacción de otros bienes necesarios para la garantía de una vida digna de
los habitantes de la vivienda. Para satisfacer este componente, el Estado debe,
por ejemplo, crear subsidios para quienes no puedan sufragar el costo de la
tenencia y sistemas de financiación que permitan a las familias acceder a la
vivienda sin comprometer su vida en condiciones dignas, proteger a los
inquilinos contra aumentos desproporcionados en los cánones de arrendamiento y
facilitar el acceso a materiales de construcción. (iii) Seguridad jurídica en
la tenencia, que implica que las distintas formas de tenencia estén protegidas
jurídicamente, principalmente contra el desahucio, el hostigamiento, o
cualquier forma de interferencia arbitraria e ilegal” (Negrilla y subraya fuera del texto).
Así las cosas, cualquier proyecto de
vivienda o solución de vivienda que las autoridades públicas ofrezcan a los
ciudadanos –de forma directa o por intermedio de los particulares- en virtud de
su obligación de garantizar la faceta de asequibilidad, debe cumplir las
anteriores exigencias. La Sala llama especialmente la atención sobre la
necesidad de adelantar programas de vivienda en las zonas rurales que reúnan
los requisitos de habitabilidad, accesibilidad –física y económica- y
aceptabilidad cultural; este último requisito en atención a las
particularidades de la cultura campesina del país.
4.3.2 Alcance del
derecho a la vivienda digna frente a personas en situación de vulnerabilidad y
de desplazamiento forzado.
4.3.2.1 Con respecto al derecho a la vivienda digna de población
vulnerable, esta Corporación se ha pronunciado mediante sentencias como la T-740
de 2012[10], en la que se analizó el caso de
varios accionantes favorecidos por subsidios de vivienda familiar y a los
cuales se les adjudicaron lotes en la urbanización “Nueva Castilla” de Ibagué.
Los actores afirmaron que 4 años después de iniciado el proyecto no se les
había entregado las viviendas y que estas habían sido ocupadas por otras
personas, razón por la cual solicitaron el desalojo de los inmuebles y que se
les hiciera entrega de las viviendas. En aquella ocasión se concedió el amparo
de los derechos de los accionantes y se concluyó que tratándose de población
vulnerable, personas en estado de debilidad manifiesta o sujetos de especial
protección constitucional, el derecho a la vivienda digna tiene una especial
importancia.
En esa oportunidad, esta
Corporación señaló que en consonancia con lo dispuesto en el artículo 13,
inciso 3°, y en el principio de solidaridad contenido en el Preámbulo y en el
artículo 95 de la Constitución Política, el Estado tiene un deber de protección
reforzada frente a esta población.
Más adelante, mediante sentencia
T-566 de 2013[11] esta Corte amparó el derecho a la
vivienda digna y en condiciones adecuadas de un peticionario que demandó al
municipio de Medellín, en razón a que ordenó la demolición de su predio sin
tener en cuenta que se trataba de una persona adulta mayor y en situación de
desplazamiento. Acerca del derecho a la vivienda digna de la población
vulnerable señaló que:
“…la
Corte igualmente ha reiterado que es necesario priorizar la garantía del
derecho a la vivienda digna a los grupos más vulnerables de la sociedad que
viven en condiciones de precariedad material. Ese criterio de prioridad, indica
que las autoridades y los particulares se obligan a cumplir con el deber de
solidaridad que se traduce  en dispensar atención y consideración especial
a las personas que esta Corporación ha reconocido como particularmente
vulnerables (Art.13, inc. 3 C.P.) y cuya mención se ha hecho en párrafos
anteriores de esta providencia…”
Posteriormente, mediante
sentencia T-689 de 2013[12] esta Corporación amparó los derechos fundamentales al
debido proceso y a la vivienda digna de los accionantes en el marco de una
acción policiva, estableciendo que “existe
una necesidad imperiosa de adoptar políticas sociales en materia de vivienda digna para evitar los
asentamientos humanos irregulares. Como la Sala ha explicado, el Estado tiene
la obligación de promover programas de vivienda, especialmente dirigidos a la
población más vulnerable, que se ajusten a los contenidos básicos del derecho a
la vivienda digna”.
4.3.2.2   Adicionalmente, la
jurisprudencia constitucional ha reconocido la obligación del Estado de brindar
un trato preferente en los casos de personas en situación de desplazamiento.
Así lo explicó en sentencia T-025
de 2004[13],
mediante la cual declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional
ante la continua y sistemática vulneración de los derechos fundamentales de la
población en situación de desplazamiento.
En esa oportunidad, la Corte constató que
pese a la existencia de numerosos fallos a través de los cuales se había
ordenado la protección de sus garantías, “…el patrón de violación de los derechos de la población
desplazada ha persistido en el tiempo, sin que las autoridades competentes
hayan adoptado los correctivos suficientes para superar esas violaciones, y sin
que las soluciones puntuales ordenadas por la Corte frente a las violaciones
detectadas en las sentencias dictadas hasta el momento, hayan contribuido a
impedir la reincidencia de las autoridades demandadas en tutela”[14].
4.3.2.2.1 Entre las razones que condujeron a dicha
declaración, se encuentran principalmente: “(i) La precariedad de la capacidad
institucional para implementar la política, y (ii) la asignación insuficiente
de recursos” (negrilla
fuera de texto)[15],
lo cual generó no sólo un retraso en la realización progresiva de los derechos
de la población en circunstancia de desplazamiento forzado, sino un deterioro
de sus niveles de satisfacción[16].
Debido a estos dos grandes problemas estructurales, la Corte observó que no era
posible garantizar el máximo nivel posible del contenido de los derechos de la
personas en situación de desplazamiento de forma inmediata, entre los que se
encuentra el derecho a la vivienda adecuada.
Además se expuso que el derecho a la
vivienda digna es una de las garantías que resulta en mayor medida transgredida
por el hecho del desplazamiento forzado interno “… puesto que las personas
en condiciones de desplazamiento tienen que abandonar sus propios hogares o
lugares habituales de residencia y someterse a condiciones inapropiadas de
alojamiento en los lugares hacia donde se desplazan, cuando pueden conseguirlas
y no tienen que vivir a la intemperie. En relación con este derecho, los
Principios 18 y 21 establecen criterios mínimos que deben ser garantizados a la
población desplazada a fin de proveerles vivienda y alojamiento básicos”.
4.3.2.2.2 En concordancia con lo anterior, en la sentencia T-585 de 2006[17]
se realizó una síntesis de la línea jurisprudencial de esta Corporación acerca
de la naturaleza del derecho fundamental a la vivienda digna de las personas en
situación de desplazamiento y las obligaciones que tienen las autoridades
competentes para garantizar su efectiva realización. Algunas de las
obligaciones del Estado que se enunciaron fueron las siguientes: (i) reubicar a las personas en situación de
desplazamiento que, en razón a dicha circunstancia, se han visto obligadas a
asentarse en zonas de alto riesgo; (ii) proveer una solución de vivienda
de carácter temporal y, posteriormente, una solución de carácter permanente; (iii)
brindar asesoría a las personas en circunstancia de desplazamiento sobre
los programas de vivienda a los cuales pueden acceder; y (iv) tener en
cuenta dentro del diseño de los planes y programas de vivienda a subgrupos que
podrían encontrarse en un mayor grado de vulnerabilidad, como menores de 18
años, madres y padres cabeza de familia, personas en situación de discapacidad,
mujeres en estado de embarazo, adultos mayores, etc.
4.3.2.2.3 Adicionalmente, en la sentencia T-088
de 2011[18],
se hizo referencia a las obligaciones específicas que tiene el Estado frente a
la población en situación de desplazamiento con el fin de garantizarle su
derecho a la vivienda digna, de la siguiente forma:
(i) Garantizar vivienda y alojamiento básico después de
que ocurre el hecho del desplazamiento. Dicha solución de carácter transitorio
debe mantenerse hasta tanto no se provea una mejor alternativa para asegurar el
derecho a la vivienda digna. Para asegurar este componente, se recordó que,
entre otras situaciones fácticas, la Corte ha exigido que se les permita a las
personas en circunstancia de desplazamiento que ocupen los inmuebles en los que
residen, de facto o con la anuencia de las autoridades municipales o departamentales,
hasta tanto no se les garantice su derecho a la vivienda.
(ii) Respetar los derechos fundamentales de la población en
situación de desplazamiento en el proceso que le va a permitir acceder a una
solución de vivienda adecuada. Por ejemplo, las autoridades deben informar
acerca de las posibilidades de acceso a los subsidios de vivienda; acompañar a
la población en el trámite de dichos subsidios y abstenerse de imponerles
requisitos adicionales para postularse  a los mismos.
(iii) Aplicar la normativa vigente para otorgar soluciones
de vivienda adecuadas a dicha población, adoptar una interpretación favorable
de la misma y asegurar la protección constitucional reforzada a que tiene
derecho la población en situación de desplazamiento forzado.
(iv) Asegurar un enfoque diferencial en el diseño de
planes y programas de vivienda para las personas en situación de
desplazamiento, como los menores de 18 años, personas en situación de
discapacidad, adultos mayores, etc.
4.3.2.2.4 En esta sentencia, T-088 de 2011, se aclaró
además que el derecho a la vivienda de la población en circunstancia de
desplazamiento sólo se realiza efectivamente cuando se dan los siguientes
presupuestos:
“… (i) los
titulares del derecho accedan materialmente a alojamientos transitorios o a
viviendas adecuadas, esto es, únicamente cuando las personas desplazadas se
encuentran viviendo en soluciones habitacionales dignas destinadas para ello; y
(ii) cuando se les ha garantizado a sus moradores la seguridad jurídica de la
tenencia de las viviendas. Hasta que ello no ocurra el Estado no puede entender
cesadas sus obligaciones constitucionales en materia de vivienda, y mucho
menos, sus deberes respecto de la protección especial de la población
desplazada”.
4.3.2.2.5 Por último, en la sentencia T-239 de 2013[19] se estudió el caso de varias familias desplazadas por
la violencia que solicitaban la protección de su derecho a la vivienda ante las
medidas que iban a ser ejecutadas en virtud de los procesos policivos por
ocupación de hecho en su contra, sin tener en cuenta su condición de sujetos de
especial protección constitucional. Esta situación llevó a la Corte a amparar
el derecho a la vivienda digna de los accionantes y a impartir una serie de órdenes
a las autoridades accionadas, con base en que “el derecho a una
vivienda digna para la población desplazada es un derecho fundamental de
aplicación inmediata que tiene un amplio desarrollo tanto a nivel interno como
internacional, y que se encuentra dotado de precisos contenidos que el Estado
debe asegurar a fin de garantizar la protección real y efectiva de este
derecho”.
4.3.2.2.6 Además, es importante resaltar algunos
pronunciamientos sobre el contenido del derecho fundamental a la vivienda digna
de la población en situación de desplazamiento de la Sala de Seguimiento a la
sentencia T-025 de 2004:
Mediante auto 008 de 2009[20], la Sala Especial de Seguimiento advirtió los
resultados insatisfactorios en materia goce efectivo de la vivienda digna.
Indicó que los problemas identificados tienen su origen en que “(i) la
asignación de subsidios de vivienda se encontraban lejos de cubrir la demanda
real; (ii) la proporción de la ejecución de los subsidios adjudicados
era menor que la mitad; (iii) los subsidios que eran ejecutados no
eran suficientemente efectivos, con lo cual solo el 13% de aquellos desplazados
que habían utilizado el subsidio de vivienda habitaban en una vivienda que
cumple con todas las condiciones necesarias para el goce efectivo del derecho;
y, (iv) los hogares desplazados no contaban con suficientes recursos
para cubrir la financiación no subsidiada por el Estado”.
Más adelante, la Sala Especial señaló la importancia que reviste la
materialización del derecho a la vivienda digna de la siguiente manera:
“…en
materia de desplazamiento forzado, se hace aún más manifiesto que la
materialización del derecho a la vivienda es un asunto de interés nacional que
supera con creces al ámbito local y seccional. Vale la pena recordar que ese
fenómeno ha sido catalogado por esta Corporación como ´un verdadero estado de
emergencia social´, ´una tragedia nacional, que afecta los destinos de
innumerables colombianos y que marcará el futuro del país durante las próximas
décadas´ y ´un serio peligro para la sociedad política colombiana´”.[21]
4.3.2.2.7 Ahora bien, dentro del marco normativo
que desarrolla la realización efectiva del derecho a la vivienda de la
población en situación de desplazamiento fue expedido el Decreto 4800 del 20 de
diciembre de 2011 “Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan
otras disposiciones”, el cual consagra en el Título IV medidas de
estabilización socioeconómica y cesación de la condición de vulnerabilidad
manifiesta, cuyo objeto es contribuir a la atención y reparación integral de
las víctimas del desplazamiento forzado; de estas, se destaca, el aseguramiento
del derecho a la vivienda como una forma de reparar a la población en
circunstancia de desplazamiento.
4.4
MEDIDAS DE
PROTECCIÓN A FAVOR DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CUANDO EXISTE
UNA ORDEN DE DESALOJO.
En el ámbito del derecho internacional,
la protección del derecho a la vivienda digna, especialmente de grupos
vulnerables frente a ordenes de desalojo, se deriva del PIDESC y las
observaciones generales del Comité DESC que cumplen una función interpretativa
de las normas establecidas en el primero, como también de los Principios de
Pinheiro sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los
Refugiados y las Personas Desplazadas[22].
Estos últimos hacen hincapié en la importancia de garantizar protección a la
población en circunstancia de desplazamiento frente al desalojo arbitrario o
forzoso.
El artículo 11-1 del PIDESC dispone que “Los
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los
Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación
internacional fundada en el libre consentimiento.” (negrilla fuera del
texto)
A su turno, la Observación General No. 7
del Comité DESC establece una serie de recomendaciones a las que los estados
parte deben prestar atención en situaciones en las que se presentan desalojos
de asentamientos humanos irregulares. El Comité señaló que “los desalojos
forzosos son prima facie incompatibles con los requisitos del Pacto”, y
aclaró que en materia de desalojos, no solo deben identificarse las situaciones
que tengan que ver con desplazamientos, como sucede a menudo, sino que también:
“7. Hay otros casos de desalojos forzosos
que tienen lugar en nombre del desarrollo. Pueden efectuarse en relación con
conflictos sobre derechos de tierras, proyectos de desarrollo e infraestructura
como, por ejemplo, la construcción de presas u otros proyectos energéticos a
gran escala, la adquisición de tierras para programas de renovación urbana,
rehabilitación de viviendas o embellecimiento de ciudades (…)”.
Adicionalmente, el Comité recordó que
conforme al párrafo 1 del artículo 2 del Pacto[23],
los Estados parte deben utilizar “todos los medios apropiados” ante las
situaciones de desalojo de poblaciones vulnerables[24], lo cual
implica también la adopción de medidas legislativas para promover los derechos
protegidos por el Pacto. Esta legislación, según el Comité, deberá contar con
disposiciones que:
“a) brinden la máxima seguridad de
tenencia posible a los ocupantes de viviendas y tierras, b) se ajusten al Pacto
y c) regulen estrictamente las circunstancias en que se puedan llevar a cabo
los desalojos.”
En esta lógica de adopción de medidas
para la protección de los derechos de los grupos vulnerables afectados por
desalojos, el Comité invitó a los Estados parte para que revisen la legislación
y políticas vigentes con el fin de que se acoplen a las exigencias del derecho
a una vivienda adecuada, así como a derogar o enmendar aquellas disposiciones
que no sean acordes con el Pacto.
Desde esta perspectiva, también señaló
que aquellos casos en los cuales los desalojos cuenten con un sustento legal,
deben llevarse a cabo con estricto cumplimiento de las disposiciones
pertinentes del derecho internacional de los derechos humanos y “respetando
los principios generales de la razón y la proporcionalidad”.
Adicionalmente, el Comité indicó que en el contexto de los desalojos, deben
salvaguardarse las siguientes garantías procesales:
“15. a) una auténtica oportunidad de
consultar a las personas afectadas; b) un plazo suficiente y razonable de
notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista
para el desalojo; c) facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable,
información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines que
se destinan las tierras o las viviendas; d) la presencia de funcionarios del
gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente cuando éste afecte
a grupos de personas; e) identificación exacta de todas las personas que efectúen
el desalojo; f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche,
salvo que las personas afectadas den su consentimiento; g) ofrecer recursos
jurídicos; y h) ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las
personas que necesiten pedir reparación a los tribunales”.
Igualmente, en la Observación bajo
análisis, se manifestó la necesidad de que los Estados parte adopten las
medidas a que haya lugar, no sólo para que en el procedimiento mismo se
garanticen los derechos fundamentales de las personas, sino además, para que se
proteja el derecho a la vivienda digna de los afectados con posterioridad al
desalojo, con el objetivo de impedir que su situación se haga más gravosa. Así
lo señaló el Comité:
“16. Los desalojos no deberían dar
lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones
de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no
dispongan de recursos, el Estado parte deberá adoptar todas las medidas
necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se
proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a otras tierras productivas,
según proceda”[25] (negrilla fuera de texto).
Sumado a lo anterior, el Principio de
Pinheiro 5 señala que una de las causas que originan el desplazamiento de
personas son los desalojos forzosos. En este respecto se estipula lo siguiente:
“…Principio 5. “Todas las
autoridades y órganos internacionales respetarán y harán respetar las
obligaciones que les impone el derecho internacional, incluidos los derechos
humanos y el derecho humanitario, en toda circunstancia, a fin de prevenir y
evitar la aparición de condiciones que puedan provocar el desplazamiento de
personas (…)
Además, el Principio 5 “…tras
instar en su párrafo segundo a los Estados a que adopten medidas en su
legislación nacional para la protección y la prevención contra el
desplazamiento, en su tercer párrafo se refiere a las prácticas de desalojo
forzoso, la demolición de viviendas, la destrucción de zonas agrícolas y la
confiscación o expropiación de tierras como medida punitiva. En su párrafo
cuarto, el Principio 5 incluye garantías adicionales de protección contra el
desplazamiento por parte de agentes estatales y no estatales, incluidas las
entidades privadas. Ello abarcaría toda una variedad de agentes, incluidos los
grupos armados, los dueños privados de tierras, las corporaciones que intenten
o que logren tomar el control de parcelas ocupadas por viviendas, así como
cualquier persona o institución responsable del desplazamiento de individuos y
comunidades. Merece la pena en este punto estudiar algo más en detalle los
actos de desalojo forzoso, puesto que son una de las causas del desplazamiento.
El derecho de no ser sometido a desalojos forzosos está implícito en el derecho
a una vivienda adecuada así como el derecho a la vida privada y el respeto al
hogar. Según interpretaciones autorizadas del derecho a una vivienda adecuada,
un desalojo forzoso sólo podría justificarse en circunstancias excepcionales y,
en todo caso, habrá de practicarse de conformidad con los principios
respectivos de derecho internacional…”[26]
De la jurisprudencia descrita
precedentemente y de la doctrina internacional citada, la Sala llega a las
siguientes conclusiones:
En primer lugar, existe una necesidad
imperiosa de adoptar políticas sociales en materia de vivienda digna para evitar los asentamientos
humanos irregulares. Como la Sala ha explicado, el Estado tiene la obligación
de promover programas de vivienda, especialmente dirigidos a la población más
vulnerable, que se ajusten a los contenidos básicos del derecho a la vivienda
digna resaltados en apartes previos.
En segundo lugar, las autoridades deben
implementar en caso que pretendan recuperar bienes, medidas adecuadas para la
protección de los derechos fundamentales de los afectados, particularmente el
derecho a la vivienda digna. Así, de acuerdo con el Comité DESC y los
Principios de Pinheiro, las autoridades deben, entre otros aspectos, (i)
garantizar el debido proceso, (ii) consultar previamente a la comunidad
afectada, (iii) notificarla de la decisión de desalojo en un plazo
suficiente y razonable, (iv) suministrar a los interesados, en un plazo
razonable, información relativa a los desalojos previstos y a los fines que se
destinarán las tierras o las viviendas; (v) estar presentes durante la
diligencia; (vi) identificar a todas las personas que efectúen el
desalojo; (vii) no efectuar desalojos cuando haya muy mal
tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; (viii)
ofrecer recursos jurídicos efectivos a los afectados; y (ix)
ofrecer asistencia jurídica a la comunidad para solicitar la garantía de sus
derechos y, si es del caso, la reparación de los daños que les sean causados.
Así mismo, cuando la comunidad afectada
no cuente con recursos propios para proveerse una solución de vivienda digna,
las autoridades deben adoptar todas las medidas necesarias de acuerdo con sus
recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a
otras tierras productivas, según proceda.
Finalmente, las autoridades deben evitar el uso
desproporcionado de la fuerza y proteger especialmente a la población más
vulnerable, como adultos mayores, menores de 18 años, personas en situación de
discapacidad, etc.
En este sentido, el derecho a la vivienda
digna es un eje fundamental que debe ser observado y reconocido por las
autoridades, de modo que las medidas adoptadas deben encaminarse a conservar la
garantía del derecho a la vivienda digna, tal como lo señala la Observación No.
7 del Comité DESC. Esto, porque si bien es cierto las ocupaciones irregulares
de los bienes fiscales y de uso público o de bienes privados, no cuentan con
respaldo legal, el derecho a la vivienda adquiere una mayor relevancia, no
tanto en un contexto de propiedad, sino para impedir que las personas padezcan
más sufrimientos en razón a los desalojos.
En tercer lugar, la Sala concluye que en los procedimientos de
desalojos, la responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda digna
recae sobre varias instituciones y autoridades tanto a nivel local como
nacional, quienes de manera conjunta deben cumplir con las obligaciones antes
mencionadas. Vale la pena recordar que las autoridades locales y de policía son
garantes de los derechos fundamentales de la población asentada en su
respectiva jurisdicción, y que las poblaciones vulnerables por razones de
igualdad y justicia material, merecen una consideración especial y son
titulares de una protección reforzada de parte de las autoridades.
4.5       LA FUNCIÓN SOCIAL EN EL MARCO DEL
CONTENIDO DEL ARTÍCULO 333 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
4.5.1 La noción
de responsabilidad social empresarial (RSE) o responsabilidad social
corporativa (RSC), proviene de los desarrollos efectuados en este respecto a
partir de los años noventa y que se consolidó en la primera década del tercer
milenio.[27]
Así, este concepto tiene como su referente la corporate social
responsibility (CSR), que ha sido entendida por la Comisión Europea como un
concepto por el cual las compañías integran preocupaciones sociales y
ambientales en sus operaciones de negocios y en su interacción con las personas
o grupos de interés (los denominados stakeholders) de manera voluntaria.[28]
Por su
parte, la Guía Técnica Colombiana de Responsabilidad Social
ICONTEC, define la RSE, como “El compromiso voluntario que las
organizaciones asumen frente a las expectativas concertadas que en materia de
desarrollo humano integral se generan con las partes interesadas y que,
partiendo del cumplimiento de las disposiciones legales, le permite a
las organizaciones asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social y
el equilibrio ecológico.”[29]
De esta
forma, la RSE ha emergido como una forma de autorregulación[30] orientada a
que las empresas trasciendan el simple cumplimiento de las normas y se
comprometan en acciones dirigidas a promover algún beneficio social, más allá
de los intereses de la empresa y superando el estándar de aquello requerido por
la ley. [31]
Actualmente,
la discusión sobre lo que debe entenderse como RSE no es pacífica,[32]
a tal punto que existen decenas de definiciones de dicho concepto desde
distintos enfoques.[33]
Sin embargo, “todas las construcciones teóricas se concentran frente al
papel otorgado a los efectos que sobre la realidad se derivan del
funcionamiento de las compañías”[34]
pues con base en dichas consecuencias surge la necesidad de disciplinar ciertas
prácticas empresariales.
Puntualmente,
frente a la regulación normativa de la RSE, es importante indicar que, “[n]ormalmente,
la responsabilidad social empresarial (RSE) se aprecia desde cuatro ámbitos
bien definidos: el laboral, el económico, el ambiental y el social, contornos
individualmente contemplados en la mayor parte de los regímenes jurídicos
modernos; no obstante, una hipótesis eventual podría plantear que las leyes que
proclaman y desarrollan las variadas generaciones de los derechos humanos y
aquellas que regulan la actividad económica comprenden el abanico normativo de
la RSE.”
En tal
sentido, la doctrina ha propuesto que las regulaciones que componen el ámbito
normativo de la responsabilidad social corporativa pueden emanar de dos clases
distintas de fuentes. En efecto, el deber de acatar estos postulados puede
proceder de normas vinculantes, obligatorias y exigibles procesalmente (hard
law) o puede también derivarse de preceptos normativos voluntariamente
adoptados por las compañías, renunciables y cuyo alcance y efectos pueden
plantearse definirse por sus propios destinatarios. A esta última categoría de
normas se les denomina soft law o derecho blando y allí se ubica la
mayor parte de los contenidos que componen la denominada RSE.[35]
Por lo
anterior, en cuanto a la naturaleza jurídica de las normas de RSE se colige que
existe una relación de complementariedad entre aquellos postulados de soft
law y las normas vinculantes existentes, siendo aquellas un desarrollo de
estas. Sin embargo, esta relación también puede implicar un deber reforzado de
obedecer el contenido de este tipo de disposiciones, toda vez que las empresas
o corporaciones han manifestado libremente su voluntad de cumplir con los
mandatos de instrumentos de RSE. En este sentido lo ha entendido la
jurisprudencia constitucional colombiana, como se explicará en detalle
posteriormente.[36]
En
síntesis la RSE es, como se ha establecido, una integración de gestiones
empresariales o corporativas que se preocupan por el impacto ambiental y social
de sus operaciones, así como por la interacción con agentes interesados, dando
lugar a una serie de políticas y lineamientos que las empresas suelen adoptar
de forma discrecional o facultativa, en forma de soft law, siendo
factible que provengan de normas de naturaleza obligatoria.
4.5.2  Para hacer
referencia a las normas que regulan la responsabilidad social empresarial (RSE)
en la Carta Política es importante advertir, en primer lugar, que no está
contemplada dicha expresión en el ordenamiento constitucional. Sin embargo, se
ha considerado que el artículo 333 de la Constitución Política es el fundamento
constitucional que sirve de respaldo a las medidas e iniciativas de RSE o RSC[37].
En efecto, el artículo 333 de la Constitución es claro al establecer:
“(…) La
libre competencia económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo,
tiene una función social que implica obligaciones. El Estado
fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo
empresarial (…)” (Negrillas por fuera del texto original)
En
relación con este mandato la Corte Constitucional desde los primeros años de su
jurisprudencia ha establecido que la empresa como agente social se expresa “en
una doble dimensión: como libertad y como función social. Por consiguiente, la
legitimidad de una decisión empresarial, no puede juzgarse únicamente a través
del prisma de su autonomía. A esta visión, forzosamente deberá adicionarse la
consideración de sus consecuencias sociales y ecológicas.”[38] Por
tanto, la iniciativa privada y el desarrollo de toda empresa se encuentran
sujetos en razón del Artículo 333 de la Carta a “fines y objetivos
prioritarios que son los del interés general (artículo 1º C.N.), por encima de
los propósitos particulares y de las posibilidades de ganancia individual.”[39]
Como
resultado de lo anterior, esta Corporación ha puntualizado que existen ciertos
límites a los cuales debe someterse la libertad de empresa:
“No
obstante, en los términos del artículo 333, las libertades económicas
no son absolutas. Esta disposición señala que la empresa tiene una función
social que implica obligaciones, prevé que la libre competencia supone
responsabilidades, e indica que la ley delimitará el alcance de la libertad
económica ´cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la Nación´. Con base en esta disposición de la Carta, la
jurisprudencia constitucional ha concluido que las libertades económicas son
reconocidas a los particulares por motivos de interés público. Por
esta razón, en reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha aclarado que las
libertades económicas no son en sí mismas derechos fundamentales. Teniendo en
cuenta que estas libertades no son absolutas y que el Estado tiene la
obligación de intervenir en la economía para remediar las fallas del mercado y
promover desarrollo con equidad, la Corte ha precisado que las
libertades económicas pueden ser limitadas.”[40]
Partiendo
de este concepto, la Corte ha señalado que el desempeño de la libertad de
empresa reconocido por la Carta se supedita a las restricciones y
responsabilidades impuestas por el ordenamiento y establecidas por las leyes,
así como a “los límites del bien común”.[41] Es por
ello que la Corte ha establecido que es una libertad de naturaleza
autorrestringida.[42]
Así mismo,
la jurisprudencia constitucional ha declarado que la función social de la
empresa reviste distintos contornos. Por una parte, se enmarca dentro de las
competencias de intervención general del Estado en la economía.[43] Por otra, es
uno de los sustentos de las limitaciones de la propiedad privada en
concordancia con el ordenamiento superior, restricciones tales como licencias
de funcionamiento, permisos urbanísticos y ambientales, licencias sanitarias,
de seguridad, de idoneidad técnica, etc.[44]
Habiendo
revisado el contenido del artículo 333 de la Carta, que comprende las
responsabilidades y restricciones derivadas de la libertad de empresa, así como
la función social de esta última, es conveniente examinar los pronunciamientos
jurisprudenciales en torno a la responsabilidad social empresarial de manera
particular, en lo atinente a los deberes impuestos por esta clase de medidas y
su relación con el ordenamiento jurídico.
4.5.3   Como se expresó
anteriormente, el fundamento constitucional de la RSE se halla en el artículo
333 de la Constitución. Así lo ha estimado la propia Corte Constitucional en
sentencia C-915 de 2010 al analizar la constitucionalidad del Acuerdo
sobre Medio Ambiente entre Canadá y la República de Colombia, evento en el cual
afirmó: "el artículo 6 [del Acuerdo] que obliga a las partes a alentar
prácticas voluntarias de responsabilidad social corporativa 'para fortalecer la
coherencia entre los objetivos económicos y sociales' es constitucional debido
a que es parte de la función social de la empresa que consagra el artículo 333
de la Carta Política"[45].
La
jurisprudencia constitucional ha resaltado además la importancia que reviste la
RSE dentro de la sociedad, pues “La responsabilidad social como principio de
acción empresarial viene a complementar, y a enriquecer, el que hasta ahora
había sido el núcleo teleológico de su actividad: el ánimo de lucro. La idea de
que la empresa es uno de los principales actores dentro de una comunidad y de
que su actividad debe ser un instrumento de mejora social, de protección al
medio ambiente y de respeto de los derechos fundamentales, entre otros
elementos de construcción social, ha animado la consolidación de principios que
guían la construcción de parámetros de responsabilidad social para las
empresas.”[46]
En otra
oportunidad, esta Corporación se refirió a la fuerza vinculante de las normas
de RSE o RSC, propendiendo porque se consagren en normas de carácter positivo
internacional. En el fallo C-608 de 2010 que revisó la conformidad del
Tratado de Libre Comercio con Canadá, se argumentó:
“Sobre el
particular, la Corte considera de la mayor importancia que los
postulados de la llamada responsabilidad social corporativa (RSC) o
responsabilidad social empresarial (RSE) sean elevados a derecho positivo
internacional convencional, por cuanto sus fuentes normativas suelen
encontrarse en disposiciones de ‘soft law’, tales como declaraciones y
resoluciones. En tal sentido, incluir los principios de la RSC en un tratado
de libre comercio como el presente, coadyuva al cumplimiento de los valores y
principios constitucionales tales como la solidaridad, la dignificación del
trabajo, el respeto por el medio, y en general, el cumplimiento de las
obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos.” [47]
(Negrillas por fuera del texto original)
De igual
manera, la Corte Constitucional se ha referido al contenido y alcance que
tienen las medidas y programas de responsabilidad social empresarial respecto
del ordenamiento jurídico, especialmente con la Constitución Política. Sobre
este punto, la Corte Constitucional ha recalcado el papel complementario que
desempeñan los mecanismos de responsabilidad social empresarial con que los
principios consignados en la Constitución Política, valorándolos como medidas
deseables en el cumplimiento de los fines del Estado.
En tal
sentido, esta Corporación sostuvo en sentencia T-129 de 2011, al
referirse a la protección del medio ambiente sano que “también se requiere
el compromiso y la responsabilidad social de las empresas, para lo cual es
importante aclarar que ser socialmente responsable no se traduce en cumplir
únicamente las obligaciones jurídicas, sino que es deseable, dentro de un
Estado Social y Democrático de Derecho, que la iniciativa privada vaya más allá
del mero cumplimiento de la obligación legal, buscando la retribución al
medio o entorno del cual deriva la riqueza económica, es decir, el desarrollo
de las comunidades en que se trabaja y mitigar el impacto negativo en las
mismas”[48]
(Negrillas por fuera del texto original)
Igualmente,
la Corte ha aseverado que si bien no se puede desconocer que estos compromisos
asumidos en instrumentos de RSE conllevan un cumplimiento voluntario, se
relacionan estrechamente con los postulados y fines constitucionales. Así, la
Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el referido asunto al conocer
de una vulneración de derechos fundamentales que se produjo en el desarrollo de
un programa de RSE. En sentencia T-247 de 2010 la Corte ha afirmado que
los principios que forman parte de estas iniciativas “responden a criterios
muchas veces coincidentes con imperativos éticos del Estado liberal y, más aún,
del Estado social de derecho, en cuanto son el reflejo de valores –entendidos
aquí como objetivos- de la organización estatal y, por tanto, elementos que
resultan perfectamente coherentes en la actividad de sujetos privados.
Al
respecto vale la pena aclarar que no obstante lo beneficioso para una sociedad
pueda ser la implementación de dichos principios, no puede perderse de vista
que se está ante manifestaciones cuyo seguimiento, en cuanto incluidas en el Pacto
Global y no en un instrumento vinculante, resulta voluntario
por parte de los sujetos encargados de aplicarlas y, por consiguiente, depende
del compromiso y posibilidad de autoevaluación que en material social tengan
los actores llamados a involucrarse en esta específico ámbito.
Sin
embargo, que el Pacto Global de las Naciones Unidas no sea un
instrumento obligatorio no debe hacer perder de vista dos elementos esenciales
del análisis: i) que contiene elementos incluidos en la regulación
constitucional del Estado colombiano y, por consiguiente, que resultan
vinculantes en cuanto normas de naturaleza constitucional; y ii) que su
manifestación tiene una gran utilidad en cuanto refuerza, resalta y orienta el
contenido ético que dichas prácticas involucran y, por tanto, resultan
definitorias de la identidad de los actores estatales, empresariales y
comunitarios que las llevan a cabo, así como de la moral social -en cuanto
costumbres, mores- que resulta coherente con la esencia de un Estado con
núcleo social.”[49]
(Negrillas por fuera del texto original)
Con base
en lo anterior, la Corte arriba a cuatro conclusiones de la mayor relevancia en
dicha providencia, a saber:
“i. La
responsabilidad social empresarial, no obstante fruto de iniciativas
voluntarias por parte de las empresas, contiene elementos que resultan
definitorios en el comportamiento que deben tener los actores en el Estado
social de derecho.
ii. La
responsabilidad social empresarial implica prácticas que tienen íntima conexión
con el principio de solidaridad –axial al Estado social- y, en esa
medida, son concreción de deberes constitucionales propios de los actores con
posibilidad de influir en el desarrollo en concreto de derechos fundamentales.
iii. El
hecho de que una actividad sea fruto de la ejecución de un programa de
responsabilidad social empresarial no obsta para que la misma involucre la
concreción de derechos fundamentales y, en esa medida, deba respectar los
límites de índole constitucional existentes respecto de estos aspectos en
un Estado social de derecho.
iv. La
responsabilidad social empresarial tiene como actores principales a las
empresas, pero el compromiso social no debe entenderse agotado en este tipo
de programas, que pueden –y deben- ser complementados con la participación
de otros actores –stakeholders, en terminología de las Naciones Unidas – como
la sociedad civilmente organizada, el Estado, los sindicatos, organizaciones
con interés social, ONGs y organizaciones comunitarias, entre otros.”[50]
(Negrillas por fuera del texto original)
En
consecuencia, se observa que la responsabilidad social empresarial (RSE) tiene
una base sólida, suficiente y autónoma en el artículo 333 constitucional, norma
que, por demás, ha sido desarrollada por la Corte  Constitucional con el
objetivo de precisar que la libertad de empresa tiene también una dimensión de
función social, lo cual implica una serie de restricciones y responsabilidades
que contribuyen a que sea no solo deseable sino necesaria la adopción e
implementación de medidas de responsabilidad social empresarial, así como el
cumplimiento de los compromisos que voluntariamente se han adquirido en el
marco de tales iniciativas.
A continuación, esta Sala analizará el
caso concreto a la luz de las premisas expuestas.
5
ESTUDIO
DEL CASO CONCRETO
5.1   EXAMEN DE LA PROCEDENCIA
Teniendo en cuenta que las
acciones de tutela de la referencia, además de estar dirigidas contra diversas
autoridades también se encuentran encaminadas a obtener la protección de los
derechos fundamentales frente a un particular, esta Sala considera necesario
referirse de manera breve a las razones por las cuales dicha solicitud deviene
en improcedente. Esto es, no se evidenció un estado de indefensión o
subordinación de los accionantes frente al señor José Armando Navarro
(fallecido), pues no existió una relación laboral, de poder o de prestación de
un servicio público, entre otros eventos, que hubieren dado lugar a la procedencia
de la solicitud de protección de amparo contra la persona natural ya referida.
En consecuencia, el análisis se
circunscribirá a determinar si durante el trámite del proceso policivo de
lanzamiento por ocupación de hecho del bien rural objeto de litigio, se vulneró
el derecho a la vivienda digna de los peticionarios, en situación de desplazamiento
y de vulnerabilidad, pues aunque alegan de manera adicional el desconocimiento
del derecho al debido proceso, esta Sala evidencia que su solicitud va
encaminada a que antes de que la administración municipal ejecute la orden de
desalojo, se les garantice su reubicación. Sobre este aspecto, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que  “…si bien en la solicitud de
amparo frente a procesos policivos sigue las subreglas de la tutela contra
providencias judiciales[51],
en el caso especial de los desplazados, es viable el estudio de fondo sin el
análisis de los exigentes requisitos sentados por la Corte para evaluar
contravenciones a los derechos fundamentales originadas en decisiones de
carácter policivo”[52].
Entonces, se puede concluir que en este
caso en particular, la tutela es el medio idóneo para proteger de forma urgente
e inmediata los derechos fundamentales de los accionantes.
Finalmente, la Sala observa
que la acción de tutela fue interpuesta oportunamente, ya que la presunta vulneración
de los derechos de los actores continúa vigente, en tanto el desalojo es inminente,
y además aseguran no tener otro lugar a donde ir.
5.2   ANÁLISIS DE LA
VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DE LOS ACCIONANTES.
5.2.1 En el presente caso se encuentra
acreditado que la mayoría de las personas que se encuentran asentadas en el
predio `Cuernavaca`, concurrieron a este en virtud de la información que les
suministró el señor Oscar Alfredo Romero con respecto a la ejecución de un
proyecto productivo de marañón dirigido a población en situación de
desplazamiento y vulnerable.
Con el fin de
desarrollar dicho proyecto agroindustrial, el señor Oscar Romero y otro,
celebraron con el propietario del bien una promesa de compraventa[53].
Además, las mismas partes celebraron un contrato de unión temporal para
ejecutar un proyecto productivo de marañón:
“Los señores Gustavo Endo, como
persona natural, Oscar Alfredo Romero Pérez, en calidad de representante legal
de la Asociación de Desplazados por el Conflicto Armado en Colombia por la Paz
SODADIC y Henry Naranjo Pérez, representante legal de la Fundación Social para
el Desarrollo auto sostenible FUNSODEAU, celebraron un contrato de unión
temporal, con el objeto de estructurar un programa de siembra, mantenimiento y
cultivo de marañón en el predio denominado `Cuernavaca`. En la cláusula Décima
Cuarta, las partes pactaron que en el evento en que surgiera alguna
controversia entre las mismas, con base en el presente contrato, esta sería
resuelta por un Tribunal de Arbitramento”[54].
Sin embargo, como no se
cumplió con el pago acordado en las fechas estipuladas, el propietario del bien
donde se ejecutaría el proyecto transfirió su propiedad al señor José Armando
Navarro, fallecido, de este último hecho se tiene conocimiento por información
allegada en sede de revisión por la Alcaldía municipal de Puerto Gaitán, Meta,
y la Procuradora 14 Judicial II Ambiental Agraria del Meta, Guaviare y Guanía.
5.2.2 En virtud de lo anterior, la Alcaldía
municipal de Puerto Gaitán, Meta, asumió el conocimiento de dos procesos
administrativos instaurados por el señor José Armando Navarro en contra del
señor Oscar Alfredo Romero y personas indeterminadas. El primero de ellos, es
el atinente a un proceso de lanzamiento por ocupación de hecho. En efecto, la
querella fue instaurada el 8 de agosto de 2012 y mediante Resolución No. 916 de
esa misma fecha se admitió la querella y se decretó el lanzamiento para el día
10 de agosto, cuya práctica se comisionó al Inspector de Policía del municipio[55].
El día de la práctica de la
diligencia de inspección ocular, 10 de agosto, ésta se suspendió para ser
reanudada el 16 de agosto, bajo la advertencia a la parte querellada que debía abstenerse
de ejecutar trabajos adicionales y mejoras al predio. Dicha diligencia se
reanudó en la fecha indicada y se extendió hasta el 30 de agosto de 2012[56].
Es importante anotar que en una misión de
tipo humanitario que adelantó la Personería municipal, la Defensoría del Pueblo
y personal del Instituto Colombiano de bienestar, Meta, el 27 de septiembre de
2012, se convocó a las personas asentadas en el predio ´Cuernavaca´ y quienes
se encontraban allí por el  proyecto productivo de marañón ofrecido por el
señor Oscar Alfredo Romero por el que, al parecer, habían cancelado la suma
aproximada de $6.000.000.oo, con el fin de informarles “…acerca de la
carencia absoluta de licenciamiento o autorización por parte de la entidad
competente para tal fin, la cual corresponde a la Oficina Asesora de Planeación
del Municipio de Puerto Gaitán, de la ausencia de vocación del predio para los
fines urbanísticos pretendidos y de la imposibilidad de llevar allí…los
servicios de saneamiento básico…acompañado de una solicitud a las madres y las
familias en general a no exponer a los niños y niñas que en número considerable
habitan hoy allí sin acceso alguno a los servicios educativos y de salud que el
Estado les brinda…”[57]
Además, el Personero municipal instó a la
Alcaldía de Puerto Gaitán a iniciar las acciones legales por infracción
urbanística con el fin de evitar que la situación presentada en el predio se
agravara.
La diligencia de desalojo dentro del
proceso de lanzamiento por ocupación de hecho se programó inicialmente para el
día 16 de enero de 2013 a las 6:00 a.m[58],
sin embargo, en los oficios remitidos al Defensor del Pueblo, Regional Meta, a
la Procuradora 14 Judicial II Ambiental y Agraria del Meta, Guainía y Guaviare,
y al Personero municipal, se consignó que dicha diligencia se realizaría el 17
de enero.
También obra dentro del plenario copia
del Auto 073 del 8 de enero de 2013, mediante el cual el Alcalde de Puerto
Gaitán, Meta, resolvió declarar la caducidad de la acción policiva frente a
algunos miembros asentados en el predio de `Cuernavaca` y materializar la orden
de lanzamiento por ocupación de hecho frente a otras personas[59].
Con el fin de materializar la orden de
desalojo emitida dentro de este proceso administrativo, la Alcaldía convocó a
un Comité de Justicia transicional, el 23 de enero de 2013. Posteriormente, se
programaron como fechas para ejecutar la diligencia de lanzamiento por
ocupación de hecho el 20, 26 de febrero, 18 de marzo, 9 y 11 de abril de 2013.
Con respecto a la reanudación de la
diligencia de desalojo, la Procuradora 14 Judicial II Ambiental Agraria del
Meta, Guaviare y Guanía, dejo constancia en el sentido de que antes de materializar
la misma debía efectuarse un censo de las personas en situación de
desplazamiento y vulnerables con el fin de garantizarles su reubicación para no
afectar derechos fundamentales como el de vivienda digna[60].
Cabe anotar que el 11 de abril, durante
el desarrollo de la diligencia anotada, la administración les otorgó un término
de diez días para retirarse voluntariamente del predio, esto es, hasta el 22 de
abril de 2013[61].
Sin embargo, como ello no aconteció, de nuevo se programó como fecha los días
22, 23 y 24 de mayo de ese mismo año[62],
la cual no pudo efectuarse, bien porque se encontraban en curso diversas
acciones de tutela o porque, como aconteció en este caso, la Sala Séptima de
Revisión ordenó como medida cautelar a la administración municipal y a la
Inspección de Policía abstenerse de seguir adelante con la ejecución de la
orden de desalojo mientras profería una decisión de fondo.
El segundo de los procesos, es el referente al proceso
administrativo que adelantó la Oficina Asesora de Planeación por urbanismo
ilegal. Sobre este procedimiento, consta que el señor Armando Navarro López
mediante apoderada judicial presentó una solicitud de “sellamientos de obras”
que se están ejecutando sin licencia de construcción, en el predio `Cuernavaca`,
en calidad de propietario de dicho predio[63].
Específicamente, solicitó a la Secretaría de Planeación de Puerto Gaitán, Meta:
“…se sirvan ordenar el sellamiento de
las construcciones que se están llevando a cabo de manera ilegal en un área del
predio denominado Cuernavaca, ubicado en la vereda Planas, jurisdicción del
municipio de Puerto Gaitán…
Lo anterior, teniendo en cuenta que cursa querella
de lanzamiento por ocupación de hecho contra el señor OSCAR ALFREDO ROMERO
PÉREZ y demás personas indeterminadas, quienes se encuentran invadiendo los
predios en mención, levantando construcciones sin los debidos requisitos
legales, careciendo por demás de los documentos que les acrediten la
titularidad de los terrenos que actualmente ocupan de manera ilegal y violenta…”[64]
En virtud de lo anterior, el Jefe de la
Oficina Asesora de Planeación procedió a dar cumplimiento a la Ley 810 de 2003,
artículo 103 “INFRACCIONES URBANÍSTICAS” y siguientes. El proceso inició
mediante auto 002 del 13 de agosto de 2012[65].
El 15 de agosto de 2012, funcionarios de
la Oficina Asesora de Planeación con apoyo de personal de espacio público,
realizaron una inspección judicial en el predio `Cuernavaca`, visitando cada
uno de los asentamientos con el fin de solicitar la documentación exigida para
realizar construcciones según la Ley 1469 de 2010, la cual ninguna persona
aportó. Agrega que todos manifestaron que debían hablar con el señor Oscar
Romero y se negaron a recibir la notificación del proceso administrativo
adelantado. Por tanto, procedieron a pegarlas en un lugar visible de cada
habitación[66].
Posteriormente, el 28 de agosto, la
Oficina Asesora de Planeación, emplazó a todas las personas que habían
construido en el predio rural `Cuernavaca`, fijando edicto en la Secretaría del
Despacho por el término de 15 días[67].
Mediante Resolución No. 1545 del 26 de
diciembre de 2012, el Alcalde municipal de Puerto Gaitán, Meta, ordenó la
demolición de las construcciones existentes en el predio `Cuernavaca` por
infracción de las normas urbanísticas. En dicho proceso, los posibles afectados
nunca concurrieron al proceso. Además, se tomaron los conceptos emitidos por la
Oficina Asesora de Planeación, entre los que se encuentra el certificado de uso
de suelos del sector rural emitido por esta dependencia  el 2 de octubre de
2012[68],
en el sentido de que el predio `Cuernavaca` se encuentra en un suelo o área
destinada al uso forestal protector[69],
uso forestal protector productor[70]
o uso agropecuario[71].
También se encuentra la certificación
emitida por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, el 24 de diciembre de
2012, explicando que el predio al tener naturaleza de rural no puede
fraccionarse por debajo de la UAF y, además que no podía desarrollarse
urbanísticamente ningún proyecto, según lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, la
Ley 1469 de 2010, el Decreto 3600 de 2007 y la Resolución 580 de la Corporación
Ambiental CORMACARENA. En consecuencia, concluyeron que las construcciones eran
ilegales y desconocían el Plan de Ordenamiento Territorial, y como no es posible
la parcelación ni la urbanización del predio debe emitirse orden a la Policía con
el fin de demoler las obras existentes.
Enfatizan que el artículo 2 de la Ley 810
de 2003, establece que cuando el predio no puede parcelarse ni urbanizarse el
paso a seguir luego de la multa es la demolición, sin lugar a que previamente
haya lugar a suspender la obra, por cuanto en ningún evento podrán adquirir la
licencia de construcción[72].
En este punto, también cabe anotar que en
virtud de la medida cautelar proferida por la Sala Séptima de Revisión se
ordenó a la Alcaldía municipal de Puerto Gaitán, Meta, abstenerse de continuar
adelante con las demoliciones efectuadas en el predio ´Cuernavaca´, como una
medida de protección a favor de las personas que residen en dicho predio hasta
tanto no se profiriera una decisión definitiva en el asunto de la referencia.
5.2.3 Ahora bien, con respecto a los hechos
relatados en precedencia esta Sala observa que, aunque los procesos
administrativos adelantados por la administración persiguen, de un lado,
restablecer los derechos de posesión alegados por el querellante, quien ya
falleció, y de otro lado, evitar que en su circunscripción se realicen
construcciones sin que cumplan los requisitos legales, debe tenerse en
consideración la especial circunstancia en la que estos hechos tuvieron lugar y
sobre todo la calidad de las personas que se encuentran residiendo en el predio
objeto de litigio, como su situación de desplazamiento forzado y de
vulnerabilidad.
Acerca de esta situación particular, se
observa que durante el trámite del proceso de lanzamiento por ocupación de
hecho tanto el Defensor del Pueblo, Regional Meta, como el Personero municipal
y la Procuradora 14 Judicial II Agraria del Meta, Guaviare y Guainía,
advirtieron que aunque era necesario que la autoridad municipal tomara las
acciones legales a que hubiere lugar para mantener el orden público y asegurar
los derechos de las personas, la diligencia de desalojo no podía materializarse
hasta tanto no se le garantizara a las familias que habitaban el predio un plan
de reubicación, sumado a la efectiva implementación de las medidas adoptadas
por el Comité de Justicia Transicional el 23 de enero de 2013, entre las que se
encuentran: el traslado de las personas a su lugar de origen, y en el caso de
las familias víctimas del municipio la entrega de un subsidio de arrendamiento;
la entrega de un complemento alimentario por tres meses, ante la posibilidad de
que se realizara un plan retorno; transporte a lugares de origen; una  caracterización
de las personas que habían sido despojadas de sus tierras, con el fin de
remitirlas a la Unidad de Restitución de Tierras; entre otras propuestas encaminadas
a garantizar los derechos de la población antes, durante y después de la
ejecución de la diligencia de desalojo.
No obstante, dichos compromisos no se
cumplieron en la práctica. A pesar de que la Alcaldía municipal es consciente
de la necesidad de asegurar los derechos fundamentales de las personas allí
asentadas y que inclusive, obra en el expediente prueba del Plan de
Contingencia para la Atención de las víctimas del conflicto durante la
diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho en el predio `Cuernavaca`, lo
cierto es que en la actualidad dichas garantías no se encuentran garantizadas.
5.2.4 En este respecto, es importante que antes
de que se ejecute la orden de desalojo (i) la administración cuente con un plan
de reubicación y/o de retorno tanto para la población víctima de desplazamiento
como para aquellos que sin tener esa calidad se encuentren en situación de
vulnerabilidad por razones socio económicas.
Debe tenerse en
cuenta que esta medida es urgente debido a que, según las visitas y los censos
realizados a esta población, como de la inspección judicial realizada en enero
de este año al Asentamiento humano de `Cuernavaca`, dicho espacio no puede catalogarse
como habitable en términos de higiene, calidad, espacio, infraestructura,
accesibilidad al entorno educativo, cultural, etc.
(ii) Las
autoridades estatales del orden municipal y, de forma correlativa con las del
orden departamental, así como los organismos competentes para atender las
necesidades y requerimientos de la población en circunstancia de
desplazamiento, deben facilitarles una solución de vivienda de carácter
temporal, mientras logran acceder a una solución definitiva.
(iii) Además, la Alcaldía de Puerto Gaitán, debe ofrecer
asesoría sobre los planes de vivienda existentes dirigidos a población en
situación de vulnerabilidad por causas diferentes a la del desplazamiento
forzado.
(iii) Teniendo en cuenta que en una de las
visitas efectuadas por el ICBF al Asentamiento Humano `Cuernavaca`[73],
así como de otros censos efectuados en compañía de la Defensoría del Pueblo,
Regional Meta, se determinó (dato aproximado) que el mayor número de personas
que habitan el predio corresponde a población adulta mayor (75 personas), 17
adolescentes (12-18 años), 17 niños y niñas (primera infancia), 15 personas de
población pre adolescente (6-11 años), y que muchas de las familias se
encontraban en situación de desplazamiento forzado, en situación de
vulnerabilidad, como el caso de los campesinos sin tierra, la Alcaldía
municipal tiene la obligación de diseñar un plan y/o programa de vivienda con
enfoque diferencial, tal y como lo ha venido adelantado para las personas
víctimas del desplazamiento forzado y para lo cual convocó al Comité de
Justicia Transicional.
Sobre este aspecto, estaría
pendiente de ampliar dicha atención a otros grupos vulnerables asentados en el
predio `Cuernavaca` y a los cuales también se les debe asegurar su derecho a la
vivienda, por ejemplo, brindándole toda la información requerida para acceder a
los programas de vivienda estatales y los requisitos que deben reunir para el
efecto.
(iv) Las autoridades estatales deben
garantizar el derecho a la participación de la comunidad afectada, el cual
exige que se le informe a las personas por qué tendrán que salir, a dónde,
cuándo y cómo será el traslado. La Sala observa que de las pruebas que obran en
el plenario no es posible inferir que esta condición se cumplió, pues de todos
los oficios librados a las distintas entidades comunicando la fecha y hora en
que se realizaría la diligencia de desalojo dentro del proceso de lanzamiento
por ocupación de hecho, no hay ninguno dirigido a la comunidad. Es importante
que las autoridades estatales le expliquen a la comunidad las razones por las
cuales deben retirarse del predio, las alternativas diseñadas para
contrarrestar los efectos negativos de su retiro del lote y el lugar en el cual
van a ser reubicados.
(v) No existe evidencia acerca del tipo de
asesoría jurídica y/o sicológica o atención de salud que las autoridades
estatales están en la obligación de suministrar a la población en situación de
desplazamiento y a otras poblaciones vulnerables que se encuentran asentadas en
el lote ´Cuernavaca´, y las cuales resultan afectadas por la decisión que se
adoptó dentro del proceso de lanzamiento.
Aunque la Alcaldía municipal de Puerto
Gaitán, Meta, manifestó que brindó asistencia psicológica a través del equipo
interdisciplinario de la Comisaría de Familia del municipio de ese municipio a
la población ubicada en el predio ´Cuernavaca´ y que las brigadas de salud
estuvieron a cargo del Centro de Atención en coordinación con la Dirección del
Plan Local en Salud, no existe prueba en el plenario que así lo acredite.
Por las razones anotadas, esta Sala
evidencia que existe vulneración del derecho a la vivienda de las personas en
situación de desplazamiento forzado y de vulnerabilidad, que se encuentran en
el predio `Cuernavaca`, en razón a que pretendió materializarse la orden de
desalojo sin antes garantizarle a la población afectada que reside allí, una
solución de vivienda temporal bajo la aplicación estricta de todos los
estándares internacionales en materia de desalojos forzosos para asegurar la
protección de los derechos fundamentales de la comunidad, de conformidad con lo
expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
5.2.5 En este punto, es importante hacer
referencia a la sentencia T-907 de 2013 (M.P. María Victoria Calle
Correa), en donde se analizó un caso con supuestos fácticos similares al que
ahora le corresponde resolver a la Sala Séptima de Revisión. En esa
oportunidad, el problema jurídico se circunscribió a establecer si “las
autoridades encargadas de emitir y ejecutar una orden de lanzamiento por
ocupación de hecho sobre un predio rural (privado), vulneran el derecho a la
vivienda digna de las personas asentadas que hacen parte de la población desplazada,
al adelantarles un desalojo sin antes ofrecerles soluciones de vivienda en el
corto plazo”.
La Sala Primera de Revisión de esta
Corporación concluyó que: “…en este caso le asiste razón al accionante, y
que su derecho fundamental a la vivienda digna se violó. Se demostrará que los
esfuerzos de las entidades accionadas fueron valiosos pero insuficientes, y por
esa razón no puede ampararse por la Constitución un proceso de lanzamiento sin
que antes se garantice la protección de los bienes superiores de las personas
afectadas. Como se explicará a continuación, es contrario al Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y la Constitución llevar a cabo un
desalojo en perjuicio del derecho a la vivienda digna de personas especialmente
vulnerables, como lo son las víctimas del desplazamiento forzado…
si bien las entidades demandadas
realizaron esfuerzos para mitigar el impacto del lanzamiento en las personas
afectadas,  éstos fueron insuficientes para garantizar efectivamente su derecho
a la vivienda digna. Dentro del trámite de lanzamiento la Administración
Municipal mostró su preocupación por la situación de los ocupantes del predio
‘Cuernavaca’, y convocó reuniones con el ‘Comité  Territorial de Justicia
Transicional’ para escuchar propuestas y soluciones a su problemática
habitacional. Dichas propuestas, sin embargo, no se materializaron en acciones
concretas para garantizar el derecho a la vivienda digna de los afectados, pues
al momento de efectuarse el desalojo ni siquiera estaba asegurado un albergue
provisional...
Así las cosas, la Sala Primera de
Revisión considera que las entidades demandadas vulneraron el derecho
fundamental a la vivienda digna de José Ramiro González Cárdenas, porque (i) la
jurisprudencia constitucional y el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos disponen que no puede materializarse una orden de lanzamiento en
perjuicio del derecho a la vivienda digna de personas en situación de
desplazamiento, y en este caso, (ii) si bien se realizaron esfuerzos para
mitigar el impacto del desalojo, los mismos nunca tuvieron la virtualidad de
transformarse en acciones concretas de protección para los bienes
constitucionales del accionante. Además, la Sala encontró que, dadas esas
circunstancias, (iii) sería desproporcionado despojar de su lugar de habitación
al accionante para garantizarle a su propietario la libre tenencia del
inmueble. Tal desalojo podría proceder cuando se garantice su derecho a un
albergue provisional; teniendo en cuenta, adicionalmente, que (iv) la Nación y
las entidades territoriales tienen obligaciones concretas respecto del derecho
a la vivienda digna de la población víctima del desplazamiento forzado, entre
ellas, la de proyectar, implementar y ejecutar programas de vivienda para dicha
población ”.
Esta Sala considera de gran relevancia el
anterior precedente por cuanto además de resolver el caso particular del actor,
quien tiene la calidad de víctima de desplazamiento forzado, asentado en el
predio Cuernavaca, otorgó efectos inter comunis  a dicha decisión frente a
todas las personas que se encontraran en el bien objeto de controversia  y
estuviesen en situación de desplazamiento forzado, además, protegió a las
personas que se encontraban en el predio `Cuernavaca` y que a pesar de no tener
la misma calidad del actor, se encontraran en situación de vulnerabilidad en
razón a otras circunstancias, en los siguientes términos:
“…6.2. Pues bien, en este caso, (i)
proteger exclusivamente el derecho a la vivienda digna del peticionario amenaza
el derecho a la igualdad de los otros ocupantes del predio ‘Cuernavaca’, que
también están en situación de desplazamiento. La principal razón que toma la
Corte para salvaguardar los intereses del accionante es su condición de
desplazado, y que contra él se inició un proceso de lanzamiento por ocupación
de hecho sin antes garantizarle un lugar de habitación. Por tanto, dejar sin
protección a otras personas cuyas garantías constitucionales son reforzadas por
ser víctimas del desplazamiento, frente a la inminente orden de desalojo, no se
compadece con el principio de igualdad, que en su acepción formal dispone
tratar análogamente a quienes se encuentran en situaciones de hecho similares.[74] Y esto conduce al segundo punto: (ii)
las personas que no acudieron a la tutela se hallan en condiciones objetivas
similares. Las entidades demandadas afirmaron dentro del proceso de tutela que
en el predio ‘Cuernavaca’ hay un número plural de personas que hacen parte de
la población desplazada, y la Corte demostró que no había una política clara
que asegurara su reubicación en el corto y largo plazo. En consecuencia, hay
individuos que están exactamente en la misma situación del accionante, a los
cuales se les ha brindado el mismo tratamiento. Por eso, (iii) extender los
efectos de la sentencia persigue alcanzar fines constitucionales legítimos y
relevantes, en tanto contribuye a garantizar el goce efectivo del derecho a la
vivienda digna de las personas víctimas del conflicto armado que ocupan el
predio ‘Cuernavaca’.
En este sentido, resulta imperioso que la protección de
los derechos fundamentales se extienda a todas las personas desplazadas
asentadas en el predio ‘Cuernavaca’, ubicado en Municipio de Puerto Gaitán,
Meta, sin que sea un obstáculo el hecho de que no hayan acudido como
accionantes en el presente proceso de tutela.
6.3. Ahora bien, el juez constitucional no
puede ser indiferente a la situación de pobreza y marginalidad que afecta a las
personas que ocupan el predio en cuestión y no tienen la calidad de desplazados
por la violencia. Por este motivo, y teniendo en cuenta lo preceptuado por el
artículo 51 de la Constitución Política, que encarga al Estado fijar las
condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a la vivienda digna, y
considerando la protección constitucional reforzada que ampara a las personas
con discapacidad, las madres o padres cabeza de familia, los adultos mayores,
los niños, los indígenas y los afros, entre otros, se ordenará a las entidades
correspondientes que informen detalladamente cuáles son las políticas destinadas
a garantizar su derecho fundamental a la vivienda digna, y qué requisitos deben
cumplir para ser beneficiarios. Igualmente, dichas entidades les deberán
prestar acompañamiento, para que en caso de que resulten ser beneficiarios de
las políticas de vivienda a largo plazo, efectivamente se incluyan en un
término perentorio, sin dejarlos desprovistos en ningún momento de un lugar de
habitación digno.[75] Dentro de este grupo de
personas pueden encontrarse sujetos de especial protección constitucional para quienes
se deben adoptar medidas de
diferenciación positiva, que atiendan a sus condiciones de especial debilidad,
vulnerabilidad e indefensión y propendan, a través de un trato preferente, por
materializar el goce efectivo de sus derechos fundamentales…”
A la luz de lo expuesto, puede
establecerse que los aquí accionantes se encuentran cobijados por los efectos
de la decisión proferida en sentencia T-907 de 2013 (M.P. María Victoria
Calle Correa), pues, de acuerdo con la información allegada en sede de revisión
por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el señor
Jaime Sánchez García tiene la calidad de incluido en el Sistema Único de
Población Desplazada, además, informaron que la señora Rubiela González aún no
ha presentado declaración de conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 61 de la Ley 1448 de 2011. Ahora bien, aunque de la información
allegada por esta entidad no figuran datos relacionados con los señores
Oliverio Quintero y Ramón Santana Machete, esta Sala considera que ello pudo
acontecer, bien porque los actores no han presentado la respectiva declaración
o porque no se encuentran en dicha circunstancia. Sin embargo, de no
encontrarse en la primera hipótesis, de todas maneras se presume su situación de
vulnerabilidad; cabe anotar que dicha circunstancia no fue objeto de
controversia durante el proceso de tutela en primera instancia ni en sede de
revisión.
5.2.6 Adicional a todo lo anterior, esta Sala considera
importante referirse, de manera breve, a la situación de las comunidades
asentadas en torno a los lugares donde se realizan operaciones de exploración y
explotación de recursos naturales no renovables como el petróleo.
A este respecto, esta
Corporación considera importante aclarar que estas empresas, en cumplimiento de
su función social, la cual se enmarca en el “compromiso voluntario que las
organizaciones asumen frente a las expectativas concertadas que en materia de
desarrollo humano integral se generan con las partes interesadas, para asegurar
el crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio ecológico”[76]
deben propender mediante diversas acciones a realizar el contenido de los
derechos fundamentales de las personas y comunidades que se encuentran en las
áreas de impacto donde ejecutan sus actividades.
Por tanto, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 333 Superior, la Corte encuentra que se
cumple con la RSE en la medida en que se propenda por el desarrollo humano
integral –solidaridad, dignificación del trabajo, respeto por el medio
ambiente- y se genere un verdadero crecimiento económico y social de la
comunidad donde se realiza dicha inversión.
De esta manera, el
contenido y alcance de las medidas de RSE (i) guardarán conformidad con el
espíritu de la Constitución Política; además, (ii) cumplirán su papel
complementario –con respecto a la consecución de los fines del Estado- y de
apoyo a las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, en
materia de concreción de derechos fundamentales.
Aunque en este caso
la comunidad debe ser reubicada, en razón a que el lugar donde se encuentran
asentados tiene la naturaleza de privado, sumado a que en este no puede
desarrollarse ningún proyecto urbanístico, esta Corporación considera
pertinente hacer la anterior referencia sobre la RSE, para llamar la atención de
las organizaciones que se dedican a la actividad de extracción de recursos
naturales no renovables acerca del espíritu que debe enmarcar la
materialización del deber de función social, el cual puede realizarse mediante
diversas alternativas que realice el contenido de los derechos humanos, como la
generación de proyectos productivos y que contribuyan de manera efectiva al
desarrollo de las zonas que sufren el impacto de la actividad que realizan.
6     CONCLUSIONES Y
DECISIONES A ADOPTAR
6.1   En virtud de lo expuesto, esta Sala evidencia la
vulneración del derecho fundamental de los accionantes a la vivienda digna, la
cual debe ser garantizada antes de la materialización de la orden de desalojo y
de las que se deriven de las acciones legales que adelanta la Alcaldía
municipal. En consecuencia, revocará las
sentencias proferidas por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Gaitán, Meta
(Expedientes T-3.996.814, T-3.996.833, T-3.996.834 y T-3.996.835); en su lugar, la Sala concederá el
amparo del derecho fundamental a la vivienda.
6.2   Teniendo en cuenta que ya existe un fallo con
efectos inter comunis que ampara a todas las personas y familias que habitan en
el predio `Cuernavaca` en circunstancia de desplazamiento, esta Sala procederá
a reiterar los efectos inter comunis otorgados en dicha providencia como las
órdenes emitidas tendientes a garantizar los derechos de esta población.
6.3   Además,
al igual que en la sentencia T-907 de 2013, esta Sala protegerá el derecho a la
vivienda de quienes habitan en el predio pero no tienen la calidad de personas
en situación de desplazamiento, por hacer parte de otras poblaciones en
situación de vulnerabilidad.  En
este sentido, la Sala también ordenará a la Alcaldía Municipal de Puerto
Gaitán, Meta que con apoyo de las autoridades competentes, le brinde una
protección constitucional reforzada a la población vulnerable asentada en el predio
`Cuernavaca`, especialmente, a los niños, niñas, adolescentes, mujeres
embarazadas, adultos mayores y personas en situación de discapacidad.
Por tanto, ordenará a la Alcaldía del Municipio de Puerto Gaitán, Meta, que
realice el acompañamiento necesario a los accionantes y a todas las familias en
situación de vulnerabilidad que residen en el predio `Cuernavaca` y deseen
postularse a los subsidios de vivienda otorgados por el municipio y por el
Gobierno Nacional, de manera que se les brinde la atención suficiente durante
el diligenciamiento de los documentos para ser  beneficiario y demás trámites
pertinentes, incluido el asesoramiento para la gestión de créditos
complementarios de ser necesarios.
Además se advertirá al accionante y a los demás miembros de
la comunidad asentada en este predio, que deberán iniciar diligentemente los
trámites necesarios de la postulación para acceder a los subsidios de vivienda
otorgados a nivel nacional por FONVIVIENDA y a nivel municipal, lo cual se hará
con el acompañamiento de la Alcaldía municipal de Puerto Gaitán, Meta.
6.4   De otro lado, teniendo en cuenta los hechos
relatados por los accionantes y por otros miembros de la comunidad asentada en
el predio `Cuernavaca`, acerca de la venta de unas parcelas para desarrollar el
proyecto productivo de marañón, cuando se encuentra acreditado que el predio no
podía fraccionarse por la destinación del bien inmueble pero además porque se
trataba de un bien privado cuya titularidad no estaba en cabeza de quien
realizaba las presuntas ventas, esta Sala considera pertinente remitir copia
completa del presente expediente a la Fiscalía General de la Nación, para que
en el marco de sus competencias, adelante las investigaciones que considere pertinentes
y establezca las responsabilidades a que haya lugar, máxime cuando el sujeto
pasivo de las presuntas conductas punibles es población en situación de
desplazamiento y vulnerable.
6.5   Como consecuencia de lo anterior, se instará al
municipio para que en cumplimiento de su deber de brindar asesoría jurídica a
la población en situación de desplazamiento y de vulnerabilidad asentada en el
predio `Cuernavaca`, le informe acerca de las acciones legales que pueden
ejercer en aras de recuperar los recursos económicos invertidos en el proyecto
productivo de marañón ofrecido por particulares.
6.6  Por otro lado, se oficiará al ICBF para que en el
marco de sus competencias brinde la asesoría a que haya lugar a las familias
asentadas en el predio `Cuernavaca`, en especial, a quienes tengan en su núcleo
menores de 18 años, para asegurar la protección de sus derechos fundamentales.
6.7  Lo anterior de ninguna manera implica una decisión
definitiva sobre la posesión del predio, pues esta decisión deberá ser adoptada
por el juez competente una vez analice las pruebas y los argumentos de las
partes.
6.8   Para finalizar, es importante advertir que las medidas
y programas de responsabilidad social empresarial cumplen un papel importante
en la realización de los fines del Estado, ya que complementan y apoyan las
acciones estatales dirigidas a realizar principios y derechos constitucionales.
7       DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo colombiano y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
PRIMERO. LEVANTAR la suspensión de términos para fallar el presente
asunto, decretada por la Sala Séptima de Revisión.
SEGUNDO. REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Gaitán, Meta
(Expedientes T-3.996.814, T-3.996.833, T-3.996.834 y T-3.996.835). En su lugar, CONCEDER el amparo
del derecho fundamental a la vivienda digna, por las razones expuestas en esta
providencia.
TERCERO. REITERAR LOS EFECTOS INTER COMUNIS Y
LAS ÓRDENES PROFERIDAS en sentencia T-907 de 2013, frente a la población en
situación de desplazamiento asentada en el predio `Cuernavaca`, por las razones
expuestas en esta providencia:
“Segundo.- Como
consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Alcaldía de Puerto Gaitán,
Meta, y a la Inspección Rural de Policía de ese Municipio, que en el futuro se
abstengan de realizar cualquier diligencia de desalojo o lanzamiento hasta
tanto se les garantice a los ocupantes del predio Cuernavaca en situación de
desplazamiento un albergue provisional en condiciones dignas.  En todo caso, la
Administración Municipal tomará las medidas necesarias para garantizarle al
heredero o los herederos del señor José Ramiro González Cárdenas, que no se
extienda el asentamiento humano hacia otros terrenos del predio ‘Cuernavaca’, y
no se levanten más construcciones de las existentes, manteniendo el estado de
cosas.
Tercero.- Para efectos de materializar la orden
contenida en el numeral segundo, ORDENAR a la Unidad de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas que, en un plazo no superior a un (1) mes contado a
partir de la notificación de esta sentencia, realice un nuevo censo de familias
asentadas en el predio ‘Cuernavaca’ del Municipio de Puerto Gaitán, Meta, con el fin de identificar quiénes
ostentan la condición de personas desplazadas por la violencia, de acuerdo a
los parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional. El amparo constitucional de los derechos
fundamentales procederá en relación con aquellas personas y familias, respecto
de quienes se haya reconocido o se acredite, con base en ese censo, su
condición de personas desplazadas por la violencia y se hayan asentado con
anterioridad al inicio de la querella policiva.
Cuarto.-
ORDENAR a la
Alcaldía de Puerto Gaitán y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la realización de ese
censo, garantice un albergue provisional a todas las personas desplazadas
asentadas en predio ‘Cuernavaca’, sin importar que no hayan acudido a la
presente acción de tutela en calidad de accionantes. Dicho auxilio durará hasta
tanto puedan resultar las condiciones que hagan posible su traslado hacia otro
lugar que cuente, también, con los elementos indispensables de una vivienda en
condiciones dignas, para lo cual, las respectivas autoridades municipales, departamentales
y nacionales, deberán diseñar y ejecutar todas las medidas a su alcance para
solucionar el problema de vivienda planteado con la ocupación de los inmuebles.
Quinto.-
ORDENAR a la Unidad
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas que, una vez culminado el
censo al que se refiere el numeral tercero de esta sentencia, valore las
condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las personas desplazadas
asentadas en el predio ‘Cuernavaca’, y determine el estado actual de las ayudas
recibidas por éstas y sus núcleos familiares, como víctimas del desplazamiento
forzado, para que adelante y concluya las acciones necesarias para que se les
garantice el acceso efectivo a los planes y programas de atención y
estabilización a los que tiene derecho. Esto incluye el ofrecerles una
solución definitiva a su problema de vivienda mediante la ejecución de
programas de estabilización socioeconómica, hasta tanto las condiciones que
dieron origen a la vulneración de sus derechos fundamentales desaparezcan.”
CUARTO. ORDENAR a la Alcaldía del Municipio de Puerto
Gaitán, Meta, que realice el acompañamiento necesario a todas las familias
objeto del desalojo que se encuentren en situación de vulnerabilidad que deseen
postularse a los subsidios de vivienda otorgados por el municipio, departamento
y por el Gobierno Nacional, de manera que se les brinde la atención suficiente
durante el diligenciamiento de los documentos para ser  beneficiarios y demás
trámites pertinentes, incluido el asesoramiento para la gestión de créditos
complementarios de ser necesarios.  Además, la autoridad municipal deberá
valorar su inscripción en otros programas, dirigidos a proteger y realizar los
derechos fundamentales de la población en situación de vulnerabilidad.
De lo anterior, deberán enviar un informe
al Juez Promiscuo Municipal de Puerto Gaitán, Meta, al Defensor del Pueblo,
Regional Meta y a la Procuradora 14 Judicial II Agraria y Ambiental del Meta,
Guainía y Guaviare, en el término de un (1) mes.
QUINTO. ADVERTIR a los accionantes y a los demás miembros
de la comunidad objeto del desalojo, que deberán iniciar diligentemente los
trámites necesarios de postulación para acceder a los subsidios de vivienda
otorgados a nivel nacional y a nivel municipal, lo cual se hará con el
acompañamiento de la Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán, Meta, conforme a la
orden anterior.
SEXTO. OFICIAR al ICBF para que en el marco de sus competencias
brinde la asesoría a que haya lugar a las familias asentadas en el predio
`Cuernavaca` y, en especial, a quienes tengan en su núcleo menores de 18 años,
para asegurar la protección de sus derechos fundamentales.
SÉPTIMO. Por Secretaria General COMPULSAR copia de esta
decisión y de los expedientes, a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN para que en el marco de sus competencias, adelante las
investigaciones que considere pertinentes y establezca las responsabilidades a
que haya lugar.
OCTAVO. ADVERTIR a las partes que se encuentran en
libertad para acudir al juez competente para dirimir su controversia legal, de
conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia.
NOVENO. COMUNICAR el presente fallo a la Procuraduría
General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo –Regional Meta- para que
realicen el acompañamiento respectivo conforme a los ordinales anteriores y hagan un seguimiento del cumplimiento de esta
providencia.
DÉCIMO. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 36 del decreto 2591 de 1991, los
juzgados de origen harán las notificaciones y tomarán las medidas conducentes para
el cumplimiento de esta sentencia.
DÉCIMO PRIMERO. Por Secretaría, líbrense las comunicaciones de que
trata el  artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
ANDRÉS MUTIS
VANEGAS
Secretario
General
[1] Folio 91 del cuaderno principal
(Expediente T-3.996.814)
[2] En adelante debe leerse que los folios relacionados hacen parte
del cuaderno principal, a no ser que se haga la aclaración respectiva.
[3] Ver folios 171 y siguientes.
[4] Ver folios 121-122 del cuaderno principal.
[5] Ver folios 303 – 309 del cuaderno principal
[7] Ver sentencias T-079 de 31 de enero de 2008 M.P. Rodrigo Escobar
Gil, T-894 de 26 de agosto de 2005 M.P. Jaime AraújoRenteria, T-791 de 23 de
agosto de 2004  M.P. Jaime Araújo Rentería y T-958 de 6 de septiembre de 2001
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[8]La
mencionada observación establece elementos que asisten a la interpretación del
artículo 51 constitucional. El parágrafo 7 de la observación contiene algunos
aspectos centrales del derecho a la vivienda adecuada que sirven de pauta de
interpretación de la disposición constitucional.
[9] M.P Marco Gerardo Monroy Cabra. Ver en el mismo sentido las
sentencias C-444 de 2009, T-865 de 2011, T-919 de 2011, T-075 de 2012 y T-245
de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[10] M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[11] M.P. Luís Ernesto
Vargas Silva.
[12]  M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[13] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[14] Corte Constitucional, sentencia T-025 del 22 de enero de 2004. M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa
[15] Ibídem
[16] Ibídem
[17] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[18] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[19] M.P. María Victoria
Calle Correa.
[20] M.P. Luís Ernesto Vargas Silva - Sala Especial de Seguimiento a
la Sentencia T-025 de 2004
[21]Auto 116 A de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva - Sala Especial de Seguimiento a la
Sentencia T-025 de 2004.
[22] Los Principios Pinheiro fueron aprobados por la Subcomisión de
Protección y Promoción de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en agosto
de 2005.
[23]Artículo 2: 1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto
se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia
y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el
máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos
los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas
legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.
[24] Concretamente, el Comité define los desalojos forzosos como “el
hecho de hacer salir personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o
tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios
apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a
ellos”.
[25] Un caso destacado a nivel internacional en materia de desalojos
forzosos puede verse en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de
Sudáfrica, institución que usando como referencia el PIDESC, particularmente la
Observación General N. 7, protegió los derechos de la peticionaria (Sra.
Grootboom) y demás personas que se asentaron en un predio de propiedad
privada.  En concreto, el caso se resume así: La Sra. Grootboom y los demás
vivían en condiciones deplorables y estaban esperando, desde hacía siete años,
viviendas a bajo precio de parte del municipio de Oostenberg, en la provincia
de Cape Town. Sin ayuda del Estado, decidieron ocupar ilegalmente una propiedad
privada. El propietario presentó una demanda y obtuvo una orden de desalojo. La
Sra. Grootboom y los demás fueron desalojados y se refugiaron en un campo de
deporte, sin ninguna protección contra el invierno que estaba llegando.
Un
abogado asumió la defensa y escribió al municipio solicitando que cumpliera sus
obligaciones constitucionales y diera a esas personas viviendas suficientes. Al
no obtener respuesta adecuada del municipio, la Sra. Grootboom y los demás plantearon
una demanda ante la Corte Constitucional de la provincia de Cape Town.
La Corte
Constitucional de Cape Town ordenó a las autoridades municipales ofrecer a esas
personas condiciones mínimas de vivienda. En lugar de cumplir esta decisión, el
conjunto de las autoridades políticas correspondientes (el gobierno federal y
las autoridades de la provincia y el municipio) pusieron un recurso ante la
Corte Constitucional a nivel nacional. La Corte Constitucional sudafricana en
su sentencia de 4 de octubre de 2000 empezó reafirmando el derecho a la
vivienda de toda la población sudafricana, tal como se reconoce en la
Constitución nacional. Después examinó la situación de la Sra. Grootboom y de
los demás y la política para la vivienda del gobierno sudafricano, para
concluir que esta política era inadecuada, en particular porque no preveía
ninguna medida a corto plazo para ayudar a los más pobres. Así pues, la Corte
ordenó que la Sra. Groothoom y los demás recibieran una ayuda inmediata, que la
política nacional de vivienda fuera revisada y que una parte mayor del
presupuesto atribuido a esta política se dedique a mejorar las condiciones de
vivienda de los más pobres a corto plazo.  Fuente: Corte Constitucional de
Sudáfrica. El Gobierno de la República de Sudáfrica, el Premier de la Provincia
de Wertern Cape, Consejo Metropolitano de Cape, Municipio de Oostenberg, contra
Irene Grootboom y otros. Caso CCT 11/00. Sentencia de 4 de octubre de 2000.
www.escr-net.org/usr_doc/Grootboom_Judgment_Full_Text_(CC).pd . Nota: Este caso
es recordado porque a pesar del pronunciamiento de la Corte Constitucional
sudafricana, lamentablemente la señora Grootboom falleció en el año 2008,
viviendo aún en un albergue
[26] Manual sobre la Restitución de las
Viviendas y el Patrimonio de Refugiados y Personas Desplazadas. Aplicación de
los “Principios Pinheiro”, marzo de 2007. ONU.
[27] Castro, Romel. Indagación sobre el origen del concepto de
Responsabilidad Social Empresarial. Trabajo de grado. Universidad ICESI. Abril
de 2013. Disponible en:
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76413/1/indagacion_responsabilidad_social.pdf
[28] Comisión Europea. A
renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility. Comunicado al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de Regiones.
Traducido del inglés. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF
[29] Superintendencia de
Sociedades. Concepto Jurídico 220-014835 del 8 de febrero de 2013.
[30] Lumdsen, Andrew; Friedman,
Corporate Social Responsibility: The Case for a Self Regulatory Model. Company & Securities Law Journal, 2007.
Sydney Law School Research Paper No. 07/34 .
Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=987960
[31] McWilliams, Abagail; Siegel, Donald; Wright, Patrick M. (March
2006). Corporate Social Responsibility: International
Perspectives. Working Papers (0604). Troy, New York: Department
of Economics, Rensselaer Polytechnic Institute. Disponible en: http://www.economics.rpi.edu/workingpapers/rpi0604.pdf
[32] Acevedo-Guerrero, Javier Alejandro; Zárate-Rueda, Ruth;
Garzón-Ruiz, Willian Fernando, "Estatus jurídico de la responsabilidad
Social Empresarial (RSE) en Colombia", en Díkaion 22-2 (2013), pp. 303-332.
[33] Dahlsrud, Alexander. How Corporate Social Responsibility is
Defined: an Analysis of 37 Definitions. Disponible en: http://www.mcxindia.com/csr/newsarticle/pdf/csr_news45.pdf
[34] Acevedo-Guerrero, Javier Alejandro; Zárate-Rueda, Ruth;
Garzón-Ruiz, Willian Fernando, Op. cit.
[35] Ibíd.
[36]  Tal fue la orientación de la Corte Constitucional en Sentencia
T-247 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, al referirse a la relación
entre un enfoque de responsabilidad social empresarial y la óptica
constitucional del Estado Social de Derecho, afirmó: “Ambos, antes que
enfoques contradictorios, resultan compatibles y complementarios, en cuanto
involucran, con fundamentos conceptuales distintos, el mismo telos: la
eliminación de prácticas discriminatorias en el empleo y la ocupación en el
actuar empresarial”
[37]
Sentencia C-915 de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[38]
Sentencia T-375 de 1997. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[39] Sentencia T-014 de 1994.
M. P. José Gregorio Hernández Galindo
[40]
Sentencia C-263 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[41]
Sentencia C-790 de 2011. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[42] Sentencia C-830 de 2010.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, en la cual se afirma: “Ello se explica,
como se ha señalado en este apartado, en el hecho que tales libertades
conllevan en sí mismas, amén su carácter autorrestringido, la posibilidad que
el Estado, habida consideración de la dirección general de la economía que
ostenta, pueda establecer limitaciones en aras de satisfacer el interés común
que subordina al mercado de bienes y servicios”
[43]
Sentencia C-851 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo
[44] Esta Corporación declaró
en sentencia C-524 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz): “Además, no puede
olvidarse que la empresa, como base del desarrollo, tiene una función social
qué cumplir, la que implica ciertas obligaciones, y que la libre competencia
económica "supone responsabilidades". Así las cosas, el Estado al
regular la actividad económica cuenta con facultades para establecer límites o
restricciones en aras de proteger la salubridad, la seguridad, el medio
ambiente, el patrimonio cultural de la Nación, o por razones de interés general
o bien común. En consecuencia, puede exigir licencias de funcionamiento de
las empresas, permisos urbanísticos y ambientales, licencias sanitarias, de
seguridad, de idoneidad técnica, etc.” (Cfr. Sentencia
C-486 de 2009, Sentencia C-352 de 2009)
[45]
Sentencia C-915 de 2010. M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[46]
Sentencia T-247 de 2010. M. P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[47]
Sentencia C-608 de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[48]
T-129 de 2011. M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[49]
T-247 de 2010. M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[50]
Ibíd.
“[51]
Al respecto, ver, entre otras, la sentencia T-1104 de 2008”
[52] Corte Constitucional, sentencia T-119 de 2012. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[53] Entre el señor Oscar Alfredo Romero Pérez y Henry Naranjo Pérez,
en su calidad de arrendatarios y promitentes compradores, y el señor Gustavo
Endo, celebraron un contrato de compraventa sobre la finca denominada `Cuernavaca`,
el 22 de septiembre de 2011 (Folios 8-12 del cuaderno donde consta
proceso policivo).
[54] Folios 26-29 del cuaderno donde consta el trámite del
proceso policivo adelantado por la administración municipal.
[55] Folio 10 íbidem
[56] Folios 14 y 91 íbidem
[57] Folio 136 íbidem
[58] Folio 282 del íbidem
[59] Folios 336-337 íbidem
[60] Folio 728 íbidem
[61] Folio 842 íbidem
[62] Folio 851 íbidem
[63] Folio 1 del cuaderno donde constan procesos
administrativos adelantados por la Alcaldía de Puerto Gaitán, Meta.
[64] Folio 3, ibídem
[65] Folio 51 ibídem
[66] Folio 30 ibídem
[67] Folio 48 ibídem
[68] Folio 50 Ibídem
[69] “Es aquel uso destinado a la conservación de bosques
naturales o implantados en forma constante y a su vez sirven para proteger
otros tipos de recursos renovables y no hay posibilidad de explotación y
extracción maderera”
[70] “Es aquel uso destinado a la conservación de bosques
naturales o implantados con re-explotación de recursos naturales renovables
pero con pleno dominio del efecto protector”
[71] “Conservación de la vegetación nativa y reforestación de
áreas degradadas. Cultivos anuales y perennes y gastos para ganadería intensiva
y semi intensiva”
[72] Folios 137-138 Ibídem
[73] Folio 382 íbidem
[74] Para una exposición más amplia del principio de igualdad, véanse
las sentencias de constitucionalidad C-673 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa) y C-093 de 2001 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
[75] Al respecto puede observarse la sentencia
T-740 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva), mediante la cual se estudió un
asunto similar al presente, y se decidió extender los efectos de la sentencia a
las demás personas ocupantes del predio objeto de lanzamiento, así no
ostentaran la calidad de desplazados.
[76] Guía Técnica Colombiana de Responsabilidad Social
ICONTEC.