T-735-11
Fundamentos de la demanda:
Sentencia T-735/11
(Septiembre 29)
SERVICIO DE
SALUD-Garantía
por el Estado/SERVICIO DE SALUD-Cubrimiento de transporte para recibir
atención requerida
SERVICIO DE
TRANSPORTE O TRASLADO DE PACIENTES-Inclusión en el Plan Obligatorio de
Salud bajo ciertas condiciones
SERVICIO DE
TRANSPORTE O TRASLADO DE PACIENTES-Debe estar comprobada la falta de
recursos económicos del paciente y su familia/SERVICIO DE SALUD Y TRANSPORTE
O TRASLADO DE PACIENTES-Financiación del Estado por sí mismo o a través de
entidades territoriales que presten el servicio
ACCION DE TUTELA
CONTRA EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD-Cubrimiento costos de transporte por
traslado tantas veces sea requerido según prescripción de médico tratante
DERECHO A LA
SALUD-Atención
integral para diagnóstico de columna por ser enfermedad incapacitante y falta
de capacidad económica
referencia: Expediente
T-3.022.790
Fallo objeto de revisión: Sentencia del
Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Pasto, del 28 de febrero de 2011
que confirmó el fallo del Juzgado Promiscuo Municipal de Tangua – Nariño, del
24 de enero de 2011.
Accionante: Ana Lucia
Yaneth Urbina.
Accionados: EMSSANAR ESS y
el Instituto Departamental de Salud de Nariño[1].
Demanda del accionante –elementos-:
Derechos fundamentales presuntamente vulnerados: vida digna, seguridad social y salud.
Conducta que causa la presunta vulneración: la negativa de la entidad accionada de sufragar los
costos de transporte del municipio de Tagua a la ciudad de Pasto.
Pretensión: la accionante
solicita que EMSSANAR sufrague los gastos de transporte.
Magistrados
de la Sala Segunda de Revisión: Mauricio González Cuervo, Juan Carlos
Henao Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Magistrado Ponente: MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
I.
ANTECEDENTES
1.
Fundamento de la pretensión
La
señora Ana Lucia Yaneth Urbina presentó la presente acción de tutela con base
en las siguientes afirmaciones y argumentos[2]:
1.1.
La
señora Ana Lucia Yaneth Urbina, de 35 años de edad, residente del municipio de
Tangua (Nariño) fue diagnosticada con “RADICULOPATIA"[3].
1.2.
Ésta
catalogada en el nivel 1 del SISBEN y afiliada en la Asociación Mutual Empresa
Solidaria de Salud EMSSANAR ESS. En el municipio de Tangua la atienden en la
IPS Tangua Salud Hermes Andrade Mejía, pero por tratarse de una institución de
primer nivel no le prestan los servicios de salud que requiere para tratar su
enfermedad, motivo por el cual debe acudir constantemente a la ciudad de Pasto
para acudir a citas médicas, exámenes y terapias[4].
1.3.
El
08 de noviembre de 2010[5]
le ordenaron 15 terapias físicas que debía realizarse en Pasto, por lo que solicitó
a la ESS le fueran sufragados los gastos de transporte en los cuales tuviera
que incurrir para recibir las terapias y demás servicios ordenados por los
médicos tratantes en otro municipio diferente al de su residencia.
1.4.
El
18 de enero de 2011 le fue negada la solicitud argumentando que “no es
competencia de la EPS-S el transporte solo se reconoce interinstitucionalmente
en los casos de alto costo – urgencias y donde se reconozca UPC diferencial
art. 61 numeral 7 acuerdo 008. En este caso la usuaria no cumple con ninguno de
los 3 criterios (…)”[6]
1.5.
Además
del trasporte, la accionante solicito a EMSSANAR EPS asumir el tratamiento
integral del tratamiento que requiriere, entre ellos, la autorización de un
procedimiento ordenado por el médico tratante, procedimiento que fue autorizado
en el trámite de la tutela[7].
1.6.
En
el escrito de tutela y en la declaración juramentada la señora Urbina manifestó
no tener medios económicos suficientes para sufragar los gastos de transporte,
pues de los trabajos que tiene, esto es, recicladora, empleada doméstica y
aseadora no alcanza a devengar un salario mínimo mensual. De ella depende su
hijo de 17 años y vive con la mamá quien tiene 85 años, con una hermana de 35
años y un sobrino de 12 años[8].
2.
Respuesta de la entidad
accionada
2.1.
Instituto
Departamental de Salud de Nariño
Solicitó
ordenar a EMSSANAR EPS asumir el tratamiento integral de la especialidad de
ortopedia y traumatología requerido por la accionante por estar incluido en el
Plan Obligatorio de Salud a la luz del Acuerdo 008 de 2009.
Respecto
del transporte solicitó negar el amparo dado que el IDSN no cuenta con dicho
servicio, pues no hace parte de lo que el Ministerio de la Protección Social
considera como parte de la prestación de servicio de salud que deba garantizar
el ente territorial.
2.2.
Asociación
Mutual Empresa Solidaria de Salud EMSSANAR ESS
Solicitó
declarar improcedente la acción de tutela dado que ya habían sido autorizados
los servicios médicos solicitados por la accionante. Con relación al transporte
solicitó ordenar al IDSN la prestación del mismo, si la paciente demuestra
falta de capacidad de pago.
3.
Fallo objeto de la
revisión: Sentencia del Juzgado
Cuarto de Familia del Circuito de Pasto, del 28 de febrero de 2011 que confirmó
el fallo del Juzgado Promiscuo Municipal de Tangua – Nariño, del 24 de enero de
2011.
3.1.
El
Juzgado Promiscuo Municipal de Tangua – Nariño, actuando como primera instancia,
profirió sentencia el 24 de enero de 2011. Declaró la existencia de un hecho superado
al cumplirse con las prestaciones exigidas en la acción de tutela. Por otra
parte, negó la solicitud de sufragar los gastos de transporte teniendo en
cuenta que la patología de la accionante no está catalogada como de alto riesgo
y no requiere atenciones especiales que ameriten un trato especial.
3.2.
Impugnación. La señora Ana
Lucia Yaneth Urbina insistió en la necesidad que le costeen el transporte a
otra cuidad diferente a la cual reside con el fin de que le practiquen las
terapias ordenadas por el médico tratante, dado que la IPS de su municipio es
de primer nivel de atención y no realiza ese tipo de terapias. Además reiteró
su incapacidad económica diciendo que pertenece al SISBEN nivel 1 y que el
traslado entre Tangua hasta Pasto cuesta aproximadamente $20.000 por cada sesión,
lo cual equivaldría a $300.000 mensuales si acude a las 15 sesiones programadas
inicialmente; sin contar las veces que debe ir a esa ciudad para que le
autoricen los servicios.
3.3.
La
sentencia del Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Pasto del 28 de febrero
de 2011, revocó el numeral primero de la sentencia de primera instancia y ordenó
a EMSSANAR ESS, prestarle atención integral a la accionante frente a su
patología RADICULOPATIA, de acuerdo con las prescripciones que realice el
médico tratante.
Además,
confirmó la negativa de ordenar el pago del servicio de transporte argumentando
que no existía prueba de cada cuanto se debían realizar las terapias, así como
tampoco se demostró que en el municipio donde ella reside la EPS no ofrezca ese
servicio.
II. CONSIDERACIONES
1.
Competencia
La
Sala es competente para la revisión del presente caso, con fundamento en los
artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del Auto del 31 de mayo de 2011 de la Sala de
Selección de Tutela Número Cinco de la Corte Constitucional.
2.
Cuestión de
constitucionalidad
Corresponde
a la Sala establecer si la entidad accionada vulneró el derecho a la salud y a
la dignidad humana de la accionante al no haber autorizado los recursos para
los gastos de transporte.
3.
Cubrimiento
del transporte para acceder a un servicio de salud
El
Estado debe garantizar el servicio de salud de manera que, en cumplimiento de los
principios de calidad y eficiencia, facilite su acceso a todos los habitantes
de tal forma que puedan recibir, a través de sus instituciones, la atención que
requieren en los diferentes lugares del territorio nacional.
En
la sentencia T-760 de 2008 se afirmó que,  “Si bien el transporte y
hospedaje del paciente no son servicios médicos, en ciertos eventos el acceso
al servicio de salud depende de que al paciente le sean financiados los gastos
de desplazamiento y estadía en el lugar donde se le pueda prestar atención
médica. (…) Así pues, toda persona tiene derecho a que se remuevan las barreras
y obstáculos que impidan a una persona acceder a los servicios de salud que
requiere con necesidad, cuando éstas implican el desplazamiento a un lugar
distinto al de residencia, debido a que en su territorio no existen
instituciones en capacidad de prestarlo, y la persona no puede asumir los
costos de dicho traslado.[9]”
En
las sentencias T-019 de 2010 y T-085 de 2011 la Corte Constitucional estableció
que “[a] partir del 1° de enero de 2010, el servicio de transporte o
traslado de pacientes se encuentra incluido en el Plan Obligatorio de Salud,
conforme a los artículos 33 y 34 del Acuerdo 008 de 2009 de la Comisión de
Regulación en Salud que rige a partir de tal fecha[10];
tanto para el régimen contributivo como para el régimen subsidiado.”
Sin
embargo, en el numeral 7 del artículo 61 del Acuerdo 008 de 2009[11]
se condiciona la prestación de éste servicio, así:
7.
Transporte de Pacientes. El POS-S
cubre el traslado interinstitucional de:
a).
Pacientes hospitalizados por enfermedades de alto costo para los casos
definidos en el presente Acuerdo, que por sus condiciones de salud y
limitaciones en la oferta de servicios del lugar donde están siendo atendidos,
requieran un traslado a un nivel superior de atención.
b).
Pacientes en caso de urgencia que requieran traslado a otros niveles de
atención, cuando medie la remisión de un profesional de la salud.
c).
Pacientes ambulatorios y hospitalizados por los cuales la EPS-S recibe prima
adicional o UPC[12]
diferencial, en cualquier caso o evento descrito en el presente acuerdo y que
requiera servicios de cualquier complejidad, previa remisión de un profesional
de la salud, cuando existan limitaciones de oferta de servicios en el lugar o
municipio.
En
armonía con lo anterior, hay casos en los cuales, aunque no se encuentra alguno
de los supuestos planteados por la norma, esta Corporación[13] ha
señalado las reglas jurisprudenciales aplicables para la asunción de los costos
del transporte de pacientes, criterios que tienen la misma justificación de los
utilizados para la inaplicación de las disposiciones del Plan Obligatorio de
Salud.  Se parte de la consideración inicial de que el transporte debe ser
asumido por el afectado o su familia, en razón del principio de solidaridad[14]
(art. 95-2 de la Carta).
Sin
embargo, se ha aclarado, que existen situaciones en que la entidad prestadora
se niega a suministrar los medios para que el paciente acceda al tratamiento,
del cual depende la recuperación de su estado de salud y, a la vez, se
comprueba de forma objetiva que tanto el usuario como su familia carecen de los
recursos económicos suficientes para sufragar el costo del transporte.  En
estas circunstancias se abre la posibilidad,  de que sea el Estado quien financie
el traslado, bien por sí mismo o a través de las entidades que prestan el
servicio público de atención en salud, ya que de no garantizarse el mismo, se
vulnerarían sus derechos fundamentales, al privarlo, en la práctica, de los
procedimientos requeridos, cuando de éstos depende su integridad física y el
mantenimiento de la vida en condiciones dignas.
En
tal medida esa responsabilidad es trasladada a las entidades territoriales únicamente
en los eventos concretos donde se acredite que[15]: (i) que el
procedimiento o tratamiento se considere indispensable para garantizar los
derechos a la salud y a la integridad, en conexidad con la vida de la persona;
(ii) que el paciente y sus familiares cercanos no cuenten con los recursos
económicos para atenderlos, y (iii) que de no efectuarse la remisión, se ponga
en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del afectado[16].
4.
Caso
concreto
La
señora Ana Lucia Yaneth Urbina, de 37 años de edad[17], es
habitante del municipio de Tangua (Nariño), esta afiliada a la ESS Emssanar
clasificada en el nivel 1 del SISBEN[18]
y se desempeña laboralmente como recicladora, empleada domestica y aseadora
ocasional en la Alcaldía municipal, generándose un ingreso mensual de un
salario mínimo aproximadamente[19].
De ella depende su hijo de 17 años, vive con la mamá de 85 años, la hermana de
35 años y un sobrino de 12 años. En promedio la accionante gasta $150.000
mensuales de mantenimiento del hogar[20].
La
señora Urbina padece de Radiculopatia, que según concepto médico del Instituto
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, es una patología consistente en la
compresión de un nervio a su salida de la columna vertebral, con efectos
relacionados con el dolor que se irradia a miembros inferiores que dependiendo
de la evolución de la enfermedad puede ser incapacitante[21].
Como
consecuencia de su enfermedad tiene que ser atendida en el Hospital San Pedro
de la ciudad de Pasto[22],
dado que la IPS de su municipio no cuenta con la infraestructura necesaria para
atender su patología, sumado a su incapacidad económica para pagar un promedio
de $20.000 por viaje de Tangua a Pasto.
Específicamente,
el 08 de noviembre de 2010 le ordenaron 15 terapias físicas[23] por lo
que solicitó a la ESS le fueran sufragados los gastos de transporte dado que
éstas debían realizarse en otro municipio diferente al de su residencia. El 18
de enero de 2011 le fue negada la solicitud argumentando que “el transporte
solo se reconoce interinstitucionalmente en los casos de alto costo – urgencias
y donde se reconozca UPC diferencial art. 61 numeral 7 acuerdo 008. En este
caso la usuaria no cumple con ninguno de los 3 criterios (…)”[24]
El
fallo objeto de revisión tuteló el derecho a la salud de la accionante y ordenó
a la ESS accionada prestarle atención integral a la accionante frente a su
patología RADICULOPATIA, de acuerdo con las prescripciones que realice el
médico tratante. Pero negó lo concerniente a la solicitud del pago del
transporte necesario para acudir a que le presten el servicio en la ciudad de
Pasto.
Acorde con las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia, en principio, le asiste razón a la ESS cuando no
autorizó la cobertura del transporte a la paciente, por no cumplir con las
condiciones previstas en el numeral 7 del artículo 61 del Acuerdo 008 de 2009,
pues no se trata de: a) una paciente hospitalizada por enfermedad de alto
costo; b) una paciente en caso de urgencia que requieran traslado a otros
niveles de atención; y c) una paciente ambulatoria por la cual la EPS-S recibe
prima adicional o UPC[25]
diferencial.
Sin
embargo, la EPS pasó por alto la jurisprudencia de la Corte Constitucional, desconociendo
que la actora si cumple con los requisitos establecidos jurisprudencialmente
para ser beneficiaria del pago solicitado teniendo en cuenta que:
1.
Las
citas médicas, los procedimientos, tratamientos y las terapias ordenadas a la
accionante son indispensables para garantizar sus derechos a la salud y a la
vida digna. Esto teniendo en cuenta el concepto médico mencionado anteriormente
donde se establece que de no tratarse la enfermedad puede evolucionar al punto
de dejar a la paciente incapacitada.
2.
De
las pruebas aportadas al proceso se evidencia que la paciente y sus familiares
cercanos no cuentan con los recursos económicos para atender los gastos de
transporte. Según la accionante cada viaje de Tangua a Pasto le cuesta
aproximadamente $20.000, por tanto de asistir a las 15 sesiones de terapias
programadas para un mes se gastaría aproximadamente $300.000 mensuales.
La
señora Urbina no se encuentra en capacidad de sufragar ese valor pues esta catalogada
en el nivel 1 del SISBEN, de lo cual se infiriera su insuficiente capacidad
económica y de su declaración se destaca que gana aproximadamente un salario
mínimo, de donde tiene que destinar $150.000 para gastos del hogar y con el
sobrante no le alcanzaría para atender sus viajes tendientes a atender sus
problemas de salud.
3.
De
no efectuarse la remisión, se pone en riesgo la vida digna y el estado de salud
de la accionante, esto teniendo en cuenta que en el municipio donde reside la
accionante no le atienden su patología, y de no ser tratada, puede quedar
incapacitada.
Por
todo lo anterior, se revocará el numeral segundo de la sentencia de tutela
proferida por el Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Pasto, del 28 de
febrero de 2011 que confirmó los numerales segundo, tercero y cuarto del fallo
proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tangua – Nariño el 24 de enero
de 2011, donde se negó la pretensión de la accionante respecto al cubrimiento
de los gastos de transporte en los que tiene que incurrir con ocasión del traslado
a la ciudad de Pasto, y en su lugar se concederá el amparo ordenando a la ESS Emssanar, que en
el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación
de la presente providencia, autorice los gastos de transporte de la señora Ana
Lucia Yaneth Urbina del municipio de Tangua a la ciudad de Pasto, tantas veces
sea requerido, acorde con el concepto del médico tratante, hasta lograr el
restablecimiento de su salud respecto de su patología Radiculopatia. Dichos
gastos podrán ser recobrados al Instituto Departamental de Salud de Nariño.
Adicionalmente
se confirmará el numeral primero del fallo proferido por el Juzgado Cuarto de
Familia del Circuito de Pasto el 28 de febrero de 2011 que concedió el amparo y
ordenó a EMSSANAR ESS, prestarle atención integral a la accionante frente a su
patología RADICULOPATIA, de acuerdo con las prescripciones que realice el
médico tratante.
5.
Razón
de la decisión
Cuando
se requiera la prestación del servicio de salud en lugares diferentes a la
residencia del paciente se deben tener en cuenta dos situaciones:
i)
el
servicio de transporte está incluido en el POS bajo ciertas condiciones, así
que las EPS deben verificar si el paciente se encuentra cobijado con el numeral
7 del artículo 61 del Acuerdo 008 de 2009, de ser así deberán asumir los costos
del traslado; y
(i)
que
el paciente no cumpla con las condiciones establecidas en el acuerdo tantas
veces mencionado. En este caso, le corresponde a la entidad territorial[26]
verificar si el paciente cumple con los siguientes requisitos para ser
beneficiario del subsidio de trasporte:
(ii)
que
el procedimiento o tratamiento se considere indispensable para garantizar los
derechos a la salud y a la integridad, en conexidad con la vida de la persona;
(iii)
que
el paciente y sus familiares cercanos no cuenten con los recursos económicos
para atenderlos, y
(iv)
que
de no efectuarse la remisión, se ponga en riesgo la vida, la integridad física
o el estado de salud del afectado.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Segunda de Revisión de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR el
numeral primero del fallo proferido por el Juzgado Cuarto de Familia del
Circuito de Pasto el 28 de febrero de 2011 que concedió el amparo y ordenó a
EMSSANAR ESS, prestarle atención integral a la accionante frente a su patología
RADICULOPATIA, de acuerdo con las prescripciones que realice el médico
tratante.
Segundo.-
REVOCAR el numeral
segundo de la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Cuarto de Familia
del Circuito de Pasto, del 28 de febrero de 2011 que confirmó el numeral
segundo, tercero y cuarto del fallo proferido por el Juzgado Promiscuo
Municipal de Tangua – Nariño, del 24 de enero de 2011, donde se negó la
pretensión de la accionante respecto al cubrimiento de los gastos de trasporte
por el traslado a la ciudad de Pasto. En su lugar conceder el amparo al derecho
fundamental a la salud de la señora Ana Lucia Yaneth
Urbina. Por tanto, ORDENAR a la ESS Emssanar, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas
a partir de la notificación de la presente providencia, autorice los gastos de
transporte de la señora Ana Lucia Yaneth Urbina del municipio de Tangua a la
ciudad de Pasto, tantas veces sea requerido, acorde con el concepto del médico
tratante, hasta lograr el restablecimiento de su salud respecto de su patología
Radiculopatia. Dichos gastos podrán ser recobrados al Instituto Departamental
de Salud de Nariño.
Tercero.- Líbrese por
Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA V. SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Vinculado por el juez de primera
instancia mediante auto del 13 de enero de 2011. Ver folios 18 y 19 del
cuaderno 1.
[2] Acción de tutela presentada el
13 de enero de 2011. Folios 1 al 16 del cuaderno 1.
[3] Ver folio 40 del cuaderno 1.
Además, en el folio 13 del cuaderno 2 se encuentra un concepto médico del
Instituto Nacional de Medicina Forense respecto de que es la enfermedad
denominada radiculopatia.
[4] Acorde con la historia clínica
aportada en el proceso, la mayorías de citas médicas las recibe en la Fundación Hospital San Pedro de la ciudad de Pasto.
[5] Ver folio 11 del cuaderno 1.
[6] Ver folios 44 al 45 del cuaderno
1.
[7] Ver folios del 40 al 43 del
cuaderno 1.
[8] Ver folios 3, 46 y 47 del
cuaderno 1.
[9] Recientemente,
siguiendo la línea jurisprudencial citada, en la sentencia T-814 de 2006 (MP
Marco Gerardo Monroy Cabra) la Corte resolvió ordenar a la EPS demandada (Seccional Cauca del Seguro Social, ARP) que garantizara la estadía y lo
necesario para que el accionante [persona en clara situación de vulnerabilidad]
fuera trasladado, junto con un acompañante, a la ciudad de Bogotá, a fin de que
le practicaran los controles médicos y exámenes que requería.
Otros
eventos en los que la Corte ha ordenado a la EPS asumir los gastos de transporte se pueden consultar en las sentencias T-652 de 2006, T-373 de 2006, T-099 de
2006, T-443 de 2007 y  T-1074 de 2007,
[10]ACUERDO
008 DE 2009 DE LA
COMISION DE
REGULACION EN SALUD. CAPITULO IX. SERVICIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO
33. TRANSPORTE O TRASLADO DE PACIENTES. El Plan Obligatorio de Salud de ambos
regímenes incluye el transporte en ambulancia para el traslado entre
instituciones prestadoras de servicios de salud dentro del territorio nacional,
de los pacientes remitidos, según las condiciones de cada régimen y teniendo en
cuenta las limitaciones en la oferta de servicios de la institución en donde
están siendo atendidos, que  requieran de atención en un servicio no disponible
en la institución remisora.
“El
servicio de traslado de pacientes cubrirá el medio de transporte adecuado y
disponible en el medio geográfico donde se encuentre, con base en el estado de
salud del paciente, el concepto del médico tratante y el destino de la remisión
y de conformidad con las normas del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud.
PARÁGRAFO
1o. Si en concepto del médico tratante, el paciente puede ser atendido en un
prestador de menor nivel de atención el traslado en ambulancia, en caso
necesario, también hace parte del POS o POS-S según el caso. Igual ocurre en
caso de ser remitido a atención domiciliaria, en los eventos en que el paciente
siga estando bajo la responsabilidad del respectivo prestador.
PARÁGRAFO
2o. Si realizado el traslado, el prestador del servicio, encuentra casos de
cobertura parcial o total, por seguros de accidente de tránsito, seguros
escolares y similares, el valor del transporte deberá ser asumido por ellos
antes del cubrimiento del Plan Obligatorio de Salud de ambos regímenes, en los
términos de la cobertura del seguro y la normatividad vigente.
ARTÍCULO 34. TRANSPORTE DEL PACIENTE
AMBULATORIO.
El servicio de transporte en un medio diferente a la ambulancia, para acceder a
un servicio o atención incluido en el POS o POS-S según el caso, no disponible
en el municipio de residencia del afiliado, será cubierto con cargo a la prima
adicional de las UPC respectivas, en las zonas geográficas en las que se
reconozca.
[11] TITULO IV - EL POS SUBSIDADO. ACTIVIDADES,
PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CUBIERTOS EN EL POS
DEL REGIMEN SUBSIDIADO.
CAPITULO I - Actividades, procedimientos e
intervenciones y servicios complementarios cubiertos en el POS-S
[12] Acuerdo
19 de 2010 "Por el cual se fija el valor de la Unidad de pago por capitacion del Plan Obligatorio de Salud de los Régimens Contributivo y
Subsidiado para el año 2011"
a. La UPC-S La Unidad de
pago por capitación (UPC) es el valor anual que se reconoce por cada uno de los
afiliados al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) para cubrir
las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes
contributivo y subsidiado. La UPC-Subsidiada, UPC-S, es el valor reconocido
para cubrir el POS subsidiado y también es referida como UPC plena o subsidio
pleno. Ese valor es definido actualmente por la Comisión de Regulación en Salud-CRES y hoy en día, el Acuerdo N° 19 de 2010 es el acuerdo
vigente en esta materia.
El valor de la UPC-S plena está determinado por el artículo 7° del mencionado Acuerdo 19, que establece a la
letra:
"Fijar el valor anual de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S) para el año 2011 en la suma
anual de trescientos dos mil cuarenta pesos moneda corriente $302.040.00
equivalente a un valor diario de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA
CORRIENTE ($839,00)."
b. La UPC adicional La
UPC-adicional
es una prima o valor adicional reconocido por la CRES a diversas zonas geográficas por concepto de dispersión geográfica. Es decir, un valor
aplicable para las áreas de algunos departamentos en los cuales hay una menor
densidad poblacional, que a su vez puede representar un mayor gasto por los
sobrecostos de atención en salud derivados entre otros del transporte de
pacientes.
El artículo 10° del Acuerdo 19 de
2010 reconoce la UPC adicional en los siguientes términos:
"Reconocer para el 2011, una
prima adicional del 11,47% a la Unidad de Pago por Capitación del Régimen
Subsidiado (UPC-S) de los Departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Caquetá,
Chocó, Guajira, Guanía, Guaviare, Meta, Putumayo, San Andrés y Providencia,
Sucre, Vaupés, Vichada y de la región de Urabá. Se exceptúan de este valor las
ciudades de Arauca, Florencia, Riohacha, Sincelejo, Villavicencio, Yopal y sus
respectivas áreas de influencia, en las cuales se aplicará la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S)"
c. La UPC-S diferencial Con
posterioridad a la creación de prima adicional para las zonas geográficas por
dispersión geográfica, explicado en el numeral anterior, surge otro tipo de
prima adicional llamada diferencial aplicable para las zonas geográficas que
presenten mayor siniestralidad respecto del resto de municipios del país. Se
aplica por zona geográfica a los municipios conurbados, es decir aquellos
próximos a centros urbanos.
El artículo 11° del Acuerdo 129
de 2010 reconoce la UPC adicional en los siguientes términos:
"Fijar la prima diferencial
en el 7,57% del valor de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen
Subsidiado (UPC-S) de los subsidios plenos, para las ciudades de Bogotá, Cali,
Medellín y Barranquilla y los municipios conurbados de Soacha, Bello, Itagüí,
Envigado, Sabaneta y Soledad.
[13] A este respecto puede
consultarse, entre otras, las siguientes sentencias: T-1074 de 2007, T-443 de
2007, T-652 de 2006, T-373 de 2006, T-099 de 2006 y T-755 de 2003.
[14] En la sentencia T-019 de 2010 La Corte reitero que “si una persona afectada en su salud no puede acceder a un servicio médico
excluido del POS por carecer de los recursos económicos para sufragar los
gastos de transporte, los familiares y parientes más cercanos son quienes deben
suministrar estos recursos.”
[15] Resolución No.
3797 de 2004,
“Por la cual se reglamentan los Comités Técnicos Científicos y se establece el
procedimiento de recobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantía Fosyga, por
concepto de suministro de medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de
Salud POS y de fallos de tutela”.
[16] Sentencia T-900/02.
En esta decisión se analizaron algunos casos donde los usuarios, al ser
remitidos a lugares distintos al de su residencia para la práctica de distintos
procedimientos médicos, pretendían que las respectivas EPS asumieran el valor
de su transporte, solicitud que fue desestimada por la Corte ante la falta de concurrencia de los requisitos de incapacidad económica del paciente y
su familia y conexidad entre el tratamiento y la vida e integridad física del
mismo.  Esta regla jurisprudencial también fue utilizada en un caso similar
contenido en la Sentencia T-1079/01.
[17] En el folio 5 del cuaderno 1 se
encuentra copia la cédula de ciudadanía.
[18] En el folio 5 del cuaderno 1 se
encuentra copia del carne que la acredita como tal.
[19] Según declaración juramentada
rendida por la accionante el 20 de enero de 2011, ver folios 46 al 47 del
cuaderno 1.
[20] Ibídem.
[21] En los folios 13 y 14 reposa un
concepto emitido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en
virtud de la solicitud hecha por el juzgado de instancia.
[22] Acorde con la historia clínica de
la paciente, la mayoría de citas, exámenes, terapias y procedimientos deben ser
realizados en esta ciudad, ver folios 6 al 16 del cuaderno 1 y folio 16 al 37
del cuaderno 2.
[23] Ver folio 11 del cuaderno 1.
[24] Ver folios 44 al 45 del cuaderno
1.
[25] Acuerdo
19 de 2010 "Por el cual se fija el valor de la Unidad de pago por capitación del Plan Obligatorio de Salud de los Regimenes Contributivo y
Subsidiado para el año 2011"
a. La UPC-S La Unidad de
pago por capitación (UPC) es el valor anual que se reconoce por cada uno de los
afiliados al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) para cubrir
las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes
contributivo y subsidiado. La UPC-Subsidiada, UPC-S, es el valor reconocido
para cubrir el POS subsidiado y también es referida como UPC plena o subsidio
pleno. Ese valor es definido actualmente por la Comisión de Regulación en Salud-CRES y hoy en día, el Acuerdo N° 19 de 2010 es el acuerdo
vigente en esta materia.
El valor de la UPC-S plena está determinado por el artículo 7° del mencionado Acuerdo 19, que establece a la
letra:
"Fijar el valor anual de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S) para el año 2011 en la suma
anual de trescientos dos mil cuarenta pesos moneda corriente $302.040.00
equivalente a un valor diario de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA
CORRIENTE ($839,00)."
b. La UPC adicional La
UPC-adicional
es una prima o valor adicional reconocido por la CRES a diversas zonas geográficas por concepto de dispersión geográfica. Es decir, un valor
aplicable para las áreas de algunos departamentos en los cuales hay una menor
densidad poblacional, que a su vez puede representar un mayor gasto por los
sobrecostos de atención en salud derivados entre otros del transporte de
pacientes.
El artículo 10° del Acuerdo 19 de
2010 reconoce la UPC adicional en los siguientes términos:
"Reconocer para el 2011, una
prima adicional del 11,47% a la Unidad de Pago por Capitación del Régimen
Subsidiado (UPC-S) de los Departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Caquetá,
Chocó, Guajira, Guanía, Guaviare, Meta, Putumayo, San Andrés y Providencia,
Sucre, Vaupés, Vichada y de la región de Urabá. Se exceptúan de este valor las
ciudades de Arauca, Florencia, Riohacha, Sincelejo, Villavicencio, Yopal y sus
respectivas áreas de influencia, en las cuales se aplicará la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S)"
c. La UPC-S diferencial Con
posterioridad a la creación de prima adicional para las zonas geográficas por
dispersión geográfica, explicado en el numeral anterior, surge otro tipo de
prima adicional llamada diferencial aplicable para las zonas geográficas que
presenten mayor siniestralidad respecto del resto de municipios del país. Se
aplica por zona geográfica a los municipios conurbados, es decir aquellos
próximos a centros urbanos.
El artículo 11° del Acuerdo 129
de 2010 reconoce la UPC adicional en los siguientes términos:
"Fijar la prima diferencial
en el 7,57% del valor de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen
Subsidiado (UPC-S) de los subsidios plenos, para las ciudades de Bogotá, Cali,
Medellín y Barranquilla y los municipios conurbados de Soacha, Bello, Itagüí,
Envigado, Sabaneta y Soledad.
[26] El artículo 4° de la Resolución N° 5334 de 2008 del Ministerio de la Protección Social, determina la financiación del evento por la entidad territorial teniendo en cuenta la afiliación de la accionante
al Régimen Subsidiado de Salud.