C-095-19
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-095/19
CAUSALES
DE NULIDAD DEL MATRIMONIO-Inexequibilidad parcial
El apartado
normativo “Pero los sordomudos, si pueden expresar con claridad su
consentimiento por signos manifiestos, contraerán válidamente matrimonio” compromete la dignidad humana y, por lo tanto, resulta
ajeno a la Constitución y debe ser expulsado del ordenamiento jurídico.
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Concepto
de violación
CONCEPTO
DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y
suficientes
CONTROL
CONSTITUCIONAL DEL LEXICO DEL LEGISLADOR-Reiteración
de jurisprudencia
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD CONTRA EXPRESION LINGÜISTICA-Alcance
Actualmente, se acepta que la Corte explore la
constitucionalidad de las expresiones normativas, no en virtud del significado
aislado o del sentido semántico de las palabras o del texto en sí mismos
considerados, sino de aquel que resulta de su articulación con el resto de la
disposición. Ello implica que un término o una oración ha de analizarse en el
contexto lingüístico que la rodea, para derivar de él su sentido pragmático.
Implica esto que el juez está facultado para estudiar las expresiones en un
nivel pragmático, pero no en el semántico que revela únicamente su significado.
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD CONTRA EXPRESION LINGÜISTICA-Jurisprudencia
constitucional
INTEGRACION
NORMATIVA-Concepto/INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA-Condiciones para su procedencia/INTEGRACION
NORMATIVA-Procedencia
COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL-Concepto y alcance
COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL-Modalidades
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Inexistencia
PRINCIPIO
DE DIGNIDAD HUMANA-Consagración
constitucional
DIGNIDAD
HUMANA-Principio y derecho fundamental
PRINCIPIO DE LA DIGNIDAD HUMANA-Facetas
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL LENGUAJE-Exige del legislador
sensibilidad con la dignidad humana
IMPORTANCIA
DEL LENGUAJE EMPLEADO POR EL LEGISLADOR-Jurisprudencia
constitucional
DISCAPACIDAD-Modelos
Pueden
identificarse dos modelos de posicionamiento sobre la discapacidad: el
individual y el social. (…) El primero, fundado en el reconocimiento de unas
características biológicas, físicas y mentales asociadas a la naturaleza de lo
humano y que permitían identificar lo normal y lo anormal, en los eventos en
que se advertía una deficiencia en las funciones del cuerpo o la mente, le
asignaba al individuo que las presentaba una calificación en relación con ella.
Asociaba su ser a esa situación, definiéndolo y posicionándolo en la sociedad
en virtud de aquella. (…) Por oposición a esta visión de la discapacidad, y con
arreglo a esquemas sustentados en la pluralidad, se ha concebido un segundo
modelo: el social. (…) Este se caracteriza por la identificación de la
discapacidad, no como un atributo del individuo por sus condiciones físicas y/o
mentales, sino como una insuficiencia de la sociedad y del entorno para
responder a las situaciones que enfrentan sus miembros, de forma diferenciada.
PERSONAS
EN CONDICION DE DISCAPACIDAD-Contenido y
alcance
DIGNIDAD HUMANA DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD-Debe valorarse hoy en día bajo el modelo social de
discapacidad
Referencia: expediente D-12.479
Acción de
inconstitucionalidad en contra del artículo
140 (parcial) de la Ley 57 de 1887 -Código Civil-.
Demandantes: Jorge Eliécer Uscategui Espindola y Jhoan Sebastian
Ospino Bueno
Magistrada sustanciadora:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil diecinueve
(2019)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada
por los Magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, Carlos
Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro
Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Cristina Pardo Schlesinger,
José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en cumplimiento de sus
atribuciones constitucionales, así como de los requisitos y trámite
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
El 15 de noviembre de 2017, en ejercicio
de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241 de
la Constitución Política, los ciudadanos Jorge
Eliécer Uscategui Espindola y Jhoan Sebastian Ospino Bueno, presentaron demanda contra la expresión “los sordomudos” contenida en el
numeral tercero del artículo 140 del Código Civil (Ley 57 de 1887).
La demanda fue admitida mediante el auto
del 11 de diciembre de 2017, en relación con los dos cargos formulados en ella:
violación al principio de igualdad y desconocimiento de la dignidad humana.
En esa misma providencia se le comunicó la iniciación
del proceso al Presidente de la República, al Congreso de la República, a los
Ministerios de Justicia y del Derecho, Salud y Protección Social, a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la Corte Suprema de Justicia y al
Consejo Nacional de Discapacidad. Además, se invitó a intervenir en el mismo a las
facultades de Derecho de las Universidades Nacional de Colombia, Libre,
Javeriana, Andes, Externado de Colombia, del Rosario, Nariño, Antioquia, de
Ibagué, al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –Dejusticia-, a
la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Comisión Colombiana de Juristas,
al Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la
Universidad de los Andes, a la Dirección de la Maestría en Discapacidad e
Inclusión Social de la Universidad Nacional de Colombia, al Grupo de
Investigación de Derechos Humanos y a la facultad de Jurisprudencia de la
Universidad del Rosario.
Los términos para decidir este asunto
fueron suspendidos, en atención a lo dispuesto en el Auto 305 del 21 de junio de 2017[1] y con fundamento en el Decreto Ley
121 de 2017. La Sala Plena levantó dicha suspensión a través del Auto 541
del 22 de agosto de 2018.
Una vez cumplidos los trámites propios de
esta clase de procesos y proferido el concepto de rigor por el Procurador
General de la Nación, procede la Corte a decidir el asunto de la referencia.
II.     TEXTO DE LA NORMA DEMANDADA
A continuación, se transcribe la norma demandada
y se resalta y subraya el aparte acusado por los accionantes:
“Ley 57 de 1887
(Código Civil)
ARTICULO 140. CAUSALES DE NULIDAD. El matrimonio es nulo y sin efecto en los casos
siguientes:
1°) Cuando ha habido error acerca de las personas de
ambos contrayentes o de la de uno de ellos.
2°) Cuando se ha contraído entre un varón menor de
catorce años, y una mujer menor de doce [[2]], o cuando cualquiera
de los dos sea respectivamente menor de aquella edad.
3°) Cuando para celebrarlo haya faltado el
consentimiento de alguno de los contrayentes o de ambos. La ley presume falta
de consentimiento en los furiosos locos, mientras permanecieran en la
locura y en los mentecatos a [[3]]
quienes se haya impuesto interdicción judicial para el manejo de sus bienes.
Pero los sordomudos, si pueden expresar con claridad su
consentimiento por signos manifiestos, contraerán válidamente matrimonio.
4°) Cuando no se ha celebrado ante el juez y los
testigos competentes [[4]].
5°) Cuando se ha contraído por fuerza o miedo que sean
suficientes para obligar a alguno a obrar sin libertad; bien sea que la fuerza
se cause por el que quiere contraer matrimonio o por otra persona. La fuerza
o miedo no será causa de nulidad del matrimonio, si después de disipada la
fuerza, se ratifica el matrimonio con palabras expresas, o por la sola
cohabitación de los consortes. [[5]]
6°) Cuando no ha habido libertad en el consentimiento
de la mujer, por haber sido esta robada violentamente, a menos que consienta en
él, estando fuera del poder del raptor. [[6]]
7°) Cuando se ha celebrado entre la mujer adúltera y
su cómplice, siempre que antes de efectuarse el matrimonio se hubiere
declarado, en juicio, probado el adulterio. [[7]]
8°) Cuando uno de los contrayentes ha matado o hecho
matar al cónyuge con quien estaba unido en un matrimonio anterior. [[8]]
9°) Cuando los contrayentes están en la misma línea de
ascendientes y descendientes o son hermanos.
10) Cuando se ha contraído entre el padrastro y la
entenada o el entenado y la madrastra. [[9]]
11) Cuando se ha contraído entre el padre adoptante y
la hija adoptiva; o entre el hijo adoptivo y la madre adoptante, o la mujer
que fue esposa del adoptante [[10]].
12) Cuando respecto del hombre o de la mujer, o de
ambos estuviere subsistente el vínculo de un matrimonio anterior.
13) Cuando se celebra entre una mujer menor de
veintiún años, aunque haya obtenido habilitación de edad, y el tutor o curador
que haya administrado o administre los bienes de aquélla, siempre que la cuenta
de la administración no haya sido aprobada por el juez, [[11]]
14) Cuando se ha contraído entre los descendientes del
tutor o curador de un menor y el respectivo pupilo o pupila; aunque el pupilo o
pupila haya obtenido habilitación de edad
El matrimonio celebrado en contravención a lo
dispuesto en este inciso o en el anterior, sujetará al tutor o curador que lo
haya contraído o permitido, a la pérdida de toda remuneración que por su cargo
le corresponda sin perjuicio de las otras penas que las leyes le impongan.[[12]]”
(Subrayas y negrilla fuera del texto
original)
III.  LA DEMANDA
Los
accionantes sostienen que la expresión “los sordomudos” contenida en el
numeral tercero del artículo 140 del Código Civil “representa un
recalcitrante rezago en la forma como se designa a un ser humano, reflejan
(sic.) una clara trasgresión a los esfuerzos de la humanidad por darle a este
tipo de individuos un trato digno”[13] en la medida en que, como consecuencia de la falta de
reconocimiento de su capacidad de comunicación diferenciada, se ha consolidado un
prejuicio que durante siglos ha llevado a tratar a las personas sordas que no
han desarrollado el habla y, por asociación a las personas en condición de
discapacidad auditiva, como “retrasadas, inadaptadas [e] imbéciles”. Con
esta acción, los actores pretenden romper este tipo de concepciones[14], bajo la idea de que las personas sordas “son ante
todo personas muy capaces de vivir plenamente, como cualquier otra”[15].
Para dar
contexto a sus planteamientos, los accionantes iniciaron su demanda recordando
las variaciones que ha tenido el modo de etiquetar las deficiencias auditivas
de las personas, para dejar en claro que no siempre se ha asumido una relación
entre la falta de audición y la “mudez”[16],
y que las personas que presentan una y otra han sido objeto de menosprecio.
Se ha tenido a
una persona “sordomuda” como aquella que, sorda desde temprana edad no
ha desarrollado la capacidad vocal, de modo que presenta dificultades para oír
y hablar, al mismo tiempo. Pero esa expresión contiene un estigma en relación
con las personas con discapacidad auditiva, según el cual ambas circunstancias
son inseparables. Sirve para proyectar una idea de que la persona sorda no
tiene capacidad física para el habla y, por ello, tampoco desarrolla todas sus
potencialidades como persona[17].
Los actores
recordaron que en varias oportunidades la Corte Constitucional ha analizado los
problemas de constitucionalidad del uso de algunos conceptos por parte del
Legislador. En este caso señalan que el término correcto para referirse a las
personas sordas es “persona con discapacidad auditiva” y no “sordomudo”.
Aquella es “la única forma acogida por el ordenamiento jurídico vigente para
establecer una protección real a su condición”[18].
En la demanda
formularon dos cargos contra el aparte normativo en cuestión: (i) la vulneración del principio a la igualdad -artículo
13 superior-, por tratarse de un vocablo con potencia discriminatoria y (ii) el
desconocimiento de la dignidad humana -artículo 1º superior-.
En lo que
atañe al principio de igualdad, los demandantes sostuvieron que la
transgresión del mismo obedece a que la expresión “los sordomudos”,
contenida en la norma objeto de censura, configura un trato peyorativo para las
personas en condición de discapacidad auditiva. Según su postura, los somete a
la conmiseración y perpetúa un escenario discriminatorio que además es
anacrónico, en tanto responde a dinámicas y conceptos sociales que no se
ajustan a los valores constitucionales actuales.
El uso del
término en cuestión implica para los demandantes, por un lado, un déficit de
protección para aquel grupo en relación con el resto de la sociedad y, de otro,
una barrera para los procesos de inclusión de las personas en condición de
discapacidad auditiva, como sujetos que pueden participar en igualdad de
condiciones en el escenario social. Este último aspecto desconoce la necesidad
de generar condiciones de equidad para que las personas que hacen parte del
mencionado grupo desplieguen sus potencialidades.
En relación
con el desconocimiento de la dignidad humana, la demanda precisa que
como quiera que el uso del concepto demandado está ligado a un prejuicio sobre
la capacidad de las personas en condición de discapacidad auditiva,
erróneamente vinculado a su aptitud para la toma de decisiones con efectos
jurídicos, la reproducción del mismo en textos legislativos genera una
concepción sobre la falta de aptitudes de las personas así calificadas para
desarrollarse en sociedad.
Tal vocablo
–aseguraron los demandantes- ha llevado a que las personas en condición de
discapacidad auditiva sean “tratadas como ‘retrasadas, inadaptadas,
imbéciles etc (sic.)’ durante siglos”[19],
si se tiene en cuenta que “designa a un ser humano”[20] en función de las
capacidades mayoritarias. Su pervivencia en la norma parcialmente demandada “consiente
interpretaciones discriminatorias y denigrantes de la condición humana”[21].
En relación con los cargos formulados los
accionantes advirtieron que “se circunscriben a la utilización del lenguaje
empleado por el Legislador, sin que (…) se proyecten sobre aspectos
sustanciales de la disposición ni de la institución en ella configurada”[22]. No
obstante lo anterior, hicieron hincapié en el hecho de que reconocen que “el
impacto del lenguaje sobre la constitucionalidad de ciertos textos legales es
un ejercicio que trasciende el análisis meramente lingüístico (…) Así sucede,
verbi gratia, cuando la Corte Constitucional ha reprochado un enunciado
determinado por el contexto en que se encuentra inserto, sin que en sí mismo
éste tenga una significación discriminatoria”[23].  Plantearon así una confrontación entre
el sentido de la expresión “los sordomudos” contenida en el numeral
tercero del artículo 140 del Código Civil y los artículos 1° y 13 de la
Constitución.
IV.  INTERVENCIONES
Durante el trámite de esta acción
constitucional se recibieron cinco intervenciones. Una solicita la inhibición
o, en su defecto, la exequibilidad de la norma, mientras cuatro restantes reclaman
la inexequibilidad de la expresión cuestionada. A continuación se refieren los
argumentos expuestos en uno y otro sentido.
1. Ministerio de Justicia y del Derecho
A través de Néstor Santiago Arévalo
Barrero como Director de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico, este
Ministerio planteó que la demanda de inconstitucionalidad no estructura cargos claros,
ciertos, pertinentes y suficientes respecto del concepto de la violación, de
modo que le solicitó a la Corte declararse INHIBIDA. En caso de que la
Corte estime lo contrario, le solicitó declarar la EXEQUIBILIDAD de la
norma en cuestión, con fundamento en que lejos de contener una expresión
peyorativa, la norma “lleva consigo una regla de derecho dirigida a
garantizar la validez del matrimonio contraído por quienes, a pesar de detentar
la condición de sordomudos, pueden expresar con claridad su consentimiento por
signos manifiestos, reconociéndose de esta manera que existen en la sociedad
colombiana otros lenguajes no verbales cuya validez radica en que pueda
comprenderse con claridad el consentimiento de quien los emplea.”[24]
Según sus planteamientos, el señalamiento
que hacen los actores sobre la norma demandada no versa sobre su contenido sino
sobre el lenguaje empleado en ella por lo que desconoce “la naturaleza y
esencia propia del debate constitucional (…) lo que impediría un
pronunciamiento de fondo, dado que se cuestiona solamente el uso de la
expresión ‘sordomudo’”[25].
Sobre este punto, destacó que para la Corte, si bien pueden existir signos
lingüísticos con connotación y carga emotiva peyorativa, la evaluación constitucional
que se haga de ellos debe concentrarse en su utilización en las prescripciones
jurídicas y no en su significado particular[26].
Además, para dicha cartera ministerial,
los actores identifican una presunta carga despectiva en la expresión “sordomudo”
y proponen su reemplazo por la expresión “persona con discapacidad auditiva”.
Al hacer esta propuesta los accionantes desconocen que no todas las personas
con pérdida de audición tienen una afectación en su aparato fonador[27] y tratan
como semejantes dos categorías de personas que no lo son (primero, quienes
presentan discapacidad auditiva y, segundo, quienes presentan discapacidad
auditiva que, además, tienen limitaciones en el habla).
La norma demandada no hace alusión a
todas las personas sordas. Por el contrario, concreta una protección,
únicamente, respecto de las personas que además de presentar limitaciones
auditivas funcionales, también las tienen sobre el aparato fonador. Se refiere
a quienes tienen una y otra limitación, por lo que su reemplazo por la
expresión “persona con discapacidad auditiva” no sería pertinente.
Por consiguiente, la disposición
normativa demandada no hace un uso peyorativo de la expresión “sordomudos”.
Esta le sirve para identificar los sujetos a los que está dirigida la garantía
que consagra.
Con fundamento en todo lo anterior, para
este interviniente los cuestionamientos sobre la norma son subjetivos, no son
claros, ciertos, pertinentes ni suficientes, de modo que a su juicio la Corte
ha de declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo.
2. Universidad de Ibagué. Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas
Mediante intervención de su Decano, Luis
Fernando Sánchez Huertas, sostuvo que la expresión demandada “refleja
realidades de otras épocas en las que paradigmas discriminatorios eran mucho
más comunes y aceptados socialmente”[28].
Resulta anacrónica y lesiva de las garantías constitucionales fijadas en 1991,
especialmente del principio de igualdad, por lo que debe ser declarada INEXEQUIBLE.
Señaló que, en varias ocasiones, la Corte
ha valorado la correspondencia de otros términos empleados en el Código Civil con
el orden constitucional vigente. De la revisión de la jurisprudencia constitucional
queda claro que es posible que las expresiones contenidas en la ley tengan un sentido
irrespetuoso y denigrante que pugna con los principios de igualdad y dignidad
humana.
Así, esta Facultad solicitó suprimir del ordenamiento
jurídico la expresión demandada como quiera que su existencia en el
ordenamiento jurídico colombiano, lejos de contribuir con la inclusión y la
protección de las personas en condición de discapacidad auditiva, perpetúa la
discriminación en su contra.
3. Universidad Nacional de Colombia. Maestría
en Discapacidad e Inclusión Social
Por medio de un grupo de trabajo
constituido para participar en este trámite constitucional[29], esta
Universidad solicitó la INEXEQUIBILIDAD de la norma porque, “además
de vulnerar la dignidad, la igualdad y la no discriminación, también mantiene
una denominación histórica que ha originado acciones de resistencia al afectar
tanto el auto-reconocimiento ciudadano como el reconocimiento identitario
construido por las comunidades sordas”[30], articuladas no en
relación con una limitación funcional, sino en su afirmación como una minoría
lingüística cuya identidad ha sido históricamente silenciada.
Aseguró que la definición del término “sordomudo”
o “sordomuda” refiere a la persona que, sorda desde su nacimiento, presenta
dificultades para comunicarse mediante la voz. Son conceptos que tienen su
origen en una representación propia del “mundo oyente”, que se desprende
y a su vez genera la idea de que hay una relación inescindible entre el
pensamiento, el conocimiento y la facultad del habla, con el argumento de que
solo esta última “posibilitaba desarrollar el pensamiento”[31].
A partir de esa perspectiva se asumió que las personas que no lograban
desarrollar el habla no accedían al conocimiento y se fijaron barreras que impidieron
que lo hicieran.
Una concepción como esta tiene por objetivo universalizar
la necesidad de la comprensión de la lengua oral, haciéndola parte de la “normalidad”.
A través del tiempo, el término “sordomudo” o “sordomuda”
ha servido para denominar a las personas sordas a partir de un referente único:
el binomio audición-articulación. Su utilización desconoce que la expresión de
las personas sordas no depende en forma exclusiva de la capacidad que ellas tengan
para producir sonidos y articularlos, y universaliza a una población
heterogénea.
Las personas que se reconocen como parte de las
comunidades sordas tienen sexos, géneros, edades, condiciones socioeconómicas y
orígenes étnicos distintos. Tienen también una diversidad sorda en términos de “sorditud
o sordedad”, como categorías que visibilizan la identidad de las personas
en situación de discapacidad auditiva no en relación con la limitación
funcional que presentan sino con su condición de minoría lingüística. En tal
calidad ellas reclaman ser visibles para la sociedad sin desligarse de sus
características culturales.
Tal ejercicio implica necesariamente la eliminación de
expresiones peyorativas como lo es el concepto “sordomudo”, para que la
comunidad sorda pueda reconocerse en un entorno de respeto y dignidad. La preservación
de este vocablo en el ordenamiento jurídico restringe la comprensión y la
auto-comprensión de la persona sorda y la lleva a escenarios de discriminación
basados en el menosprecio.
4. Ministerio de Salud y Protección Social
Esta cartera ministerial destacó que el
término demandado va en contravía de los compromisos adquiridos por el Estado
colombiano al suscribir la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD), en la medida en que estos pueden resultar comprometidos
por el uso de la expresión demandada[32].
Por lo tanto, considera necesario que la Corte declare la INEXEQUIBILIDAD
de la norma.
Precisó que, de conformidad con la CDPD,
el concepto discapacidad no es estático y responde al contexto histórico,
científico, económico, cultural y social, por lo que puede mutar.
Enfatizó en que, de conformidad con
enfoque biopsicosocial de la discapacidad asumido por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), aquella refiere un conjunto complejo de deficiencias[33],
limitaciones de la actividad[34] y
restricciones para la participación[35].
Ya no debe ser considerada como un atributo de la persona ligado al sufrimiento
y, poco a poco, se ha relacionado con las características de la persona, pero
también con las especificidades de la sociedad en la que vive aquella.
Esa cartera ministerial enunció las
medidas de inclusión en el ámbito educativo y laboral que ha emprendido el
Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Educación, Trabajo y Hacienda
y Crédito Público. Relacionó las disposiciones legales que se enfocan en la
protección de las personas en condición de discapacidad, a través de la
remoción de las barreras y las prácticas que afectan su integridad y dignidad,
la de sus familias y sus cuidadores. Entre ellas señaló la Ley 1145 de 2007 que
regula la participación de quienes presentan deficiencias sensoriales a nivel
auditivo y que consagra una definición de “persona en situación de
discapacidad auditiva” como toda aquella que presente una alteración
auditiva a largo plazo.
Hizo énfasis en que el término “sordomudo”
no tiene origen en un diagnóstico profesional. Se trata de un vocablo “utilizado
de manera peyorativa y discriminatoria que estigmatiza y genera de manera equívoca
el concepto errado sobre una persona que por temas de salud, pueda presentar
dificultades en su audición o en el habla”[36]. Pero los
problemas auditivos deben ser valorados y diagnosticados por un profesional de
la salud, siempre en sus debidas dimensiones, por lo que no es admisible asumir
que cuando una persona presenta alteraciones en su capacidad auditiva, ello
implica necesariamente la falta de capacidad para producir el habla.
5. Universidad del Rosario
La Universidad del Rosario, a través de
la Directora del Consultorio Jurídico, Silvia Rocío Puentes Fonseca, de la
Supervisora del Grupo de Acciones Públicas, Camila Zuluaga Hoyos, y de dos integrantes
de este último, Valentina Carvajal Henao y Natalia Rodríguez Álvarez, solicitó
la INEXEQUIBILIDAD de la norma acusada.
Como fundamento de su petición, señaló
que las personas en condición de discapacidad son sujetos de especial
protección constitucional que han sido históricamente discriminadas. El uso del
lenguaje para referirse a ellas, tiene la potestad de impactar las creencias
sobre sus características, habilidades e incluso derechos y el Estado, tal y
como lo sostuvo la Corte Constitucional en la Sentencia C-147 de 2017, es un
agente importante en el proceso de comunicación de sentido.
Bajo esta perspectiva, señaló que el
término “sordomudo” es un estereotipo lingüístico hiriente que resulta peyorativo
por ser “inexacto [pues hay personas sordas que han desarrollado el habla],
despectivo, [y como quiera que] no tiene en cuenta la heterogeneidad dentro del
grupo de personas sordas y tiene un trasfondo histórico de discriminación” que
coincide con la Edad Antigua, en la que se asumía que las personas sordas eran
estúpidas, imbéciles e “ineducables”. Su utilización compromete los
derechos a la dignidad humana y a la igualdad de las personas en condición de
discapacidad auditiva, en la medida en que merma su integridad moral y perpetúa
escenarios de humillación, que fomentan su exclusión y apartamiento de las
dinámicas sociales.
Adicionalmente, llamó la atención sobre
el hecho de que la declaratoria de inexequibilidad solicitada no genera la
desprotección de las personas en condición de discapacidad auditiva.
V.     CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
El Procurador General de la Nación le pidió a la Corte
Constitucional declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la expresión “los
sordomudos”[37],
contenida en el artículo 140 de la Ley 57 de 1887 (Código Civil). Solicitó además que se declare INEXEQUIBLE únicamente
el vocablo “mudo” contenida en aquella expresión compuesta[38].
Aclaró que si bien la Sentencia C-983 de 2002 declaró
exequible el término “sordomudo” al analizar una demanda contra varios
artículos del Código Civil que contienen reglas sobre la representación de las
personas incapaces, el problema jurídico actual es distinto. En aquella
oportunidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional concluyó que el hecho de
que una persona sea sorda y muda a la vez, y que no se pueda expresar por
escrito, no puede llevar a la conclusión de que es incapaz absoluta. La Corte
juzgó ese término en función del contenido normativo del artículo 1504 del
Código Civil y no en lo que atañe a las causales de nulidad del matrimonio,
como se propone en esta ocasión. Por lo tanto, no existe cosa juzgada
constitucional.
Sobre el asunto objeto de debate, precisó que la Corte
ha sido clara en señalar que el juez constitucional no puede valorar la correspondencia
de las palabras en abstracto, con el texto superior. No obstante lo anterior,
también ha precisado que tiene competencia para examinar el lenguaje legal.
El artículo 140 del Código Civil establece las
causales de nulidad del matrimonio. Cuando es contraído por “los sordomudos”
condiciona su validez a que ellos puedan expresar su consentimiento “por
signos manifiestos”. Esta exigencia debe ser leída en clave de los “ajustes
razonables” de los que habla la CDPD y de los que depende la conservación
de la dignidad humana de las personas con discapacidad. Bajo esa perspectiva, la
norma debe traducirse en la realización de ajustes razonables dirigidos a
permitir formas no verbales de expresión de la voluntad y a dotarla de efectos
jurídicos.
En relación con la acusación que hacen los
demandantes, para la vista fiscal los términos “persona sorda” y “persona
con discapacidad auditiva”, son conceptos neutrales que además refieren a
una comunidad con particularidades lingüísticas y culturales específicas; de
igual forma, el concepto “sordo” no genera ninguna inconstitucionalidad.
Es el término “mudo” el que genera problemas de constitucionalidad si se
tiene en cuenta que “las palabras empleadas por el legislador no pueden ser
restrictivas, dando a entender que el único lenguaje para expresar la voluntad
encaminada a la producción de efectos jurídicos es verbal, cuando en realidad
existen múltiples lenguajes y otras formas de comunicación”[39]
VI.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. En virtud de
lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4° de la Carta Política, la Corte es
competente para conocer de la constitucionalidad del artículo 140 (parcial) del
Código Civil, pues hace parte de una ley de la República que es acusada por su
contenido material.
Consideraciones
previas
2. Antes de abordar el debate constitucional propuesto en la demanda
de la referencia, la Sala debe precisar tres cuestiones preliminares, en vista
de los argumentos expuestos por los demandantes y los intervinientes.
El
primero de ellos es la aptitud de la demanda para producir un debate
constitucional, pues el Ministerio de Justicia y del Derecho, considera que no
plantea ningún cargo claro,
cierto, pertinente y suficiente respecto del concepto de la violación.
Por
otro lado, deberá analizarse si las acusaciones convocan a un análisis sobre el
apartado normativo demandado, o si lo trascienden hasta el punto de llevar a la
Sala a hacer una integración normativa para analizar este asunto de modo tal
que responda completamente a la cuestión planteada por los accionantes. Este
aspecto solo será afrontado en caso de que la Sala constate la existencia de al
menos un cargo de inconstitucionalidad.
Finalmente,
respecto de la Sentencia C-983 de 2002, en relación con la cual los
intervinientes descartan la posible existencia de una cosa juzgada
constitucional, la Sala deberá precisar si la misma se configura o no en este
caso, para verificar si tiene la facultad de evaluar el fondo de las acusaciones
formuladas en la demanda.
Aptitud
sustantiva de la demanda
3. El Decreto 2067 de 1991 dispone en su artículo 2° que,
entre otros requisitos, la demanda de inconstitucionalidad debe precisar “las
razones por las cuales dichos textos [-los constitucionales-] se estiman
violados”. A través de múltiples pronunciamientos al respecto, la Sala de
Plena de esta Corporación ha identificado parámetros que le permiten deducir
que el actor cumplió con este requisito[40].
Para que sea así, el demandante debe asumir
una carga argumentativa mínima que no se encuentra sometida a rigorismos
técnico-jurídicos especiales, a los que están sujetos los profesionales del
derecho en casi cualquier otra actuación judicial[41]. Pero
en todo caso los argumentos planteados deben llevar a que la Corte pueda comprender
y discernir cuál es el problema de constitucionalidad que se le plantea, delimitar
el objeto de su análisis y efectuar el estudio que corresponda.
Cabe recordar que, en atención al carácter público de
la acción de inconstitucionalidad, en virtud del cual cualquier ciudadano puede
acercarse a la administración de justicia en resguardo de la coherencia del
sistema jurídico con la Constitución, la demanda no implica una destreza técnica
específica para proponer las razones por las cuáles se advierte la incompatibilidad
entre el texto legal demandado y las disposiciones constitucionales. El
demandante no requiere preparación profesional o técnica alguna para formularla.
Basta con que genere de forma contundente una duda sobre la falta de correspondencia
entre la ley que acusa y el orden constitucional vigente.
4. La estructuración de los cargos de
inconstitucionalidad queda supeditada a la estructuración de lo que se ha
reconocido como el concepto de la
violación[42], y para que esta se logre, es preciso que los
argumentos de inconstitucionalidad contra las normas acusadas sean:
4.1. Claros, lo que implica que exista un hilo conductor en la
argumentación que permita comprender el contenido de la demanda y las
justificaciones que la sustentan de forma nítida.
4.2. Ciertos, es decir, que la demanda habrá de recaer sobre una
proposición jurídica real y existente; no sobre una inferida por el demandante, implícita o
que hace parte de normas que no fueron objeto de demanda.
4.3. Específicos, de modo que se precise cómo la norma acusada vulnera
un precepto o preceptos de la Constitución. La oposición entre las normas en
contraste debe ser objetiva y verificable del contenido de la ley y el texto de
la Carta, de modo que son inadmisibles los argumentos vagos, indeterminados,
abstractos y globales.
4.4. Pertinentes, lo que significa que el reproche debe tener
naturaleza constitucional y no legal y/o doctrinaria.
4.5. Suficientes, en el sentido de que se expongan todos los elementos
de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio y
que despierten siquiera una duda mínima sobre la inconstitucionalidad de la
disposición acusada.
La Corte debe constatar que los razonamientos cumplan estos
requisitos, en la medida en que aseguran la consolidación de un cargo de
inconstitucionalidad. Hacerlo implica resguardar la separación y el equilibrio
entre los poderes públicos, pues en el control constitucional de las leyes por
vía de acción es necesario que sea el actor, y no el juez constitucional, quien
proponga el debate por resolver.
5. En el asunto que la Sala estudia en esta oportunidad,
los demandantes consideran que la expresión “los sordomudos” contenida
en el numeral 3° del artículo 140 del Código Civil, compromete la dignidad
humana y el principio a la igualdad. Según su postura, se trata de un término anacrónico
que relaciona de modo inseparable dos deficiencias, una auditiva y una fonadora,
que son independientes entre sí, que se expresa para tratar a la persona en
condición de discapacidad en una posición de inferioridad respecto de otras
personas.
Sostienen que la palabra “sordomudo” contiene un estigma sobre
las personas con discapacidad auditiva, que conduce a la idea –errada- de que ambas
circunstancias son inherentes, de modo que se asume que toda persona sorda es
incapaz, no solo de escuchar sino de expresarse, aun cuando hace parte de una
comunidad lingüística con identidad propia. La pervivencia de este término en
la norma demandada, perpetúa una concepción indigna para sus miembros, que les
resta capacidad de interacción social y que afecta su dignidad humana.
A su juicio,
dicha expresión es peyorativa y mantiene una barrera para la inclusión social
de las personas en condición de discapacidad auditiva, al extender las características
que ellas presentan al punto de ser “tratadas como ‘retrasadas, inadaptadas,
imbéciles etc (sic.) [como lo fueron] durante siglos”[43].
6. Sin embargo, para el Ministerio de Justicia y del
Derecho la demanda se soporta en razonamientos que además de ser subjetivos, no
son claros, ciertos, pertinentes ni suficientes.
Afirma que, tal y como fue formulada, la
acción no presenta ningún cargo al focalizarse en un cuestionamiento que recae
sobre el lenguaje empleado en la disposición, pero que no afecta el contenido
normativo ni la forma en que la palabra “sordomudos” es utilizada en el
artículo parcialmente demandado. En esa medida, esa entidad le solicitó a la
Corte declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo.
Añadió que los demandantes pierden de
vista que la norma hace alusión, no a las personas sordas, sino a las que son “sordomudas”
por lo que dicho término sirve para identificar la población destinataria de la
medida contenida en la norma y, así concebida, no tiene una vocación discriminatoria.
No es posible entonces que, tal como lo pretenden los demandantes, se reemplace
esa expresión por “persona con discapacidad auditiva”, sin variar el
sentido de la disposición normativa acusada, pues no está dirigida a las
personas sordas sino a quienes además de eso, no pueden expresarse por medio
del habla.
En el fondo, si bien dicha cartera
ministerial no formula su reparo en ese sentido, en últimas, la Sala concluye
que intenta controvertir la certeza de la demanda con fundamento en la irrazonabilidad
de la apreciación de los demandantes sobre el contenido y el alcance de la
norma cuestionada, para mostrar que se fundamenta en una interpretación
subjetiva de la misma. En relación con los demás requisitos, no se aportan
elementos de juicio para poner en duda su satisfacción.
7. Los demás intervinientes consideraron que la demanda genera
incertidumbre sobre la compatibilidad de la expresión “los sordomudos”
con los artículos 1° y 13 de la Constitución y, de modo unánime, solicitaron la
inexequibilidad de la disposición. El Ministerio Público tampoco tuvo reparo
alguno en relación con la aptitud de la demanda.
8. Previamente a analizar si la expresión acusada viola
la constitución, es preciso señalar que el Ministerio de Justicia y del Derecho
incurre en una imprecisión cuando afirma que los demandantes subvierten el fin
del juicio constitucional al atacar una de las expresiones lingüísticas de la
norma, en sí misma considerada. Esta posición si bien coincide con una línea
jurisprudencial, conforme la cual el principio democrático le prohibía al juez
constitucional hacer juicios semánticos sobre los términos empleados por el
Legislador[44],
cuando estos carecen de relevancia jurídica por sí mismos, la misma fue explicada
por la Corte en el sentido de admitir una valoración de la correspondencia
constitucional de las expresiones cuando el lenguaje produce un efecto
discriminatorio o contrario a la dignidad humana.
Por ejemplo, en la Sentencia C-147 de
2017[45], la Sala Plena reconoció la importancia
del lenguaje oficial, y en especial la de aquel empleado por el Legislador,
bajo el entendido de que las:
“palabras no solo responden a su
significado formal[46],
sino que este se encuentra ligado al contexto, responde al uso comúnmente
aceptado y a la valoración social de la cosa referida[47].
De este modo hablar del lenguaje no solo implica hablar de significados en
abstracto, sino de un conjunto de referentes sociales con un alto poder
simbólico. // Entonces la potencialidad del lenguaje no solo se encuentra
referida a la capacidad de comunicar ideas, sino también a la posibilidad de
crear, transformar o extinguir percepciones sobre las cosas a las que se
refieren las palabras. En ese sentido la palabra crea realidad y la difunde[48],
pues asienta socialmente representaciones sobre las cosas nombradas que serán
aceptadas o rechazadas conforme la escala axiológica de los emisores y
receptores de los mensajes.”[49]
Así, en esa decisión se llegó a la conclusión de que el
juez constitucional está autorizado para efectuar un análisis lingüístico que
trascienda la semántica de los conceptos a partir de los cuales se estructuran
las disposiciones normativas, pues el análisis de constitucionalidad que se
erige en torno a las palabras que las componen debe integrar necesariamente el
contexto en el que se usan, y necesariamente considerar su realidad
sociolingüística y jurídica que la dota de el sentido, por lo que puede ser de
relevancia constitucional[50].
Actualmente, se acepta que la Corte explore la
constitucionalidad de las expresiones normativas, no en virtud del significado
aislado o del sentido semántico[51] de las palabras o del texto en sí mismos
considerados, sino de aquel que resulta de su articulación con el resto de la
disposición. Ello implica que un término o una oración ha de analizarse en el
contexto lingüístico que la rodea, para derivar de él su sentido pragmático[52]. Implica esto que el juez está facultado
para estudiar las expresiones en un nivel pragmático, pero no en el semántico
que revela únicamente su significado.
Ahora bien, tratándose de disposiciones jurídicas el
sentido pragmático del texto que interesa al juez constitucional, no puede ser
otro que su contenido deóntico o normativo de determinada locución u oración. Es
imperioso apreciar cómo determinada expresión juega un papel en la construcción
de la norma acusada, y juzgarlo así, desde el punto de vista constitucional.
En el asunto que la Sala estudia en esta oportunidad, los
demandantes plantearon un debate en relación con la inconstitucionalidad de la
expresión demandada. Para ellos, el término “los sordomudos” contenido
en el numeral tercero del artículo 140 del Código Civil se opone a la dignidad
humana, toda vez que refuerza y perpetúa un imaginario sobre la falta de facultades
de las personas sordas para comparecer al escenario social, con fundamento en
la pérdida de funcionalidad auditiva y en el precario desarrollo del habla,
mediante el establecimiento de una relación inescindible entre la facultad
auditiva y la fonadora.
La demanda por lo tanto no plantea un debate sobre el
significado mismo de la palabra “sordomudos”, que lleve a examinarla en
abstracto y fuera de un contexto normativo. Por el contrario, cuestiona su
función en la norma parcialmente acusada y en el ordenamiento constitucional,
con el que considera que pugna al perpetuar un prejuicio sobre la falta de
capacidad de las personas sordas, más allá de la falta audición. Asimismo, la
demanda analiza el asunto no solo desde un punto de vista exclusivamente
lingüístico, como lo considera la Procuraduría General, sino que contiene una
acusación más amplia, relativa a la afectación de los derechos fundamentales de
las personas en situación de discapacidad auditiva o fonadora, al vincularlas
erróneamente con limitaciones en su capacidad volitiva.
Por lo tanto, la Sala precisa que no le asiste razón
al Ministerio de Justicia y del Derecho cuando afirma que la demanda se centra
en el lenguaje y en su significado, sin hacer un reparo sobre el contenido
normativo que se desprende del uso del concepto “los sordomudos” en la
disposición. Al contrario, se advierte que el término cuestionado no es
debatido en cuanto a su significado y que lleva a considerar la función
deóntica que tiene en el artículo 140 del Código Civil, a partir del cual genera
una duda sobre la constitucionalidad de la misma y, por lo tanto la demanda se
considera apta.
9. Para continuar con el análisis, es importante anotar
que la norma por estudiar establece que el matrimonio queda viciado de nulidad
y no tiene efectos en los eventos en los que al momento de celebrarse haya
faltado el consentimiento de alguno o de ambos contrayentes.
Para esos efectos, actualmente, la norma
presume aquella falta de consentimiento en las personas a las que se les haya
impuesto interdicción judicial para el manejo de sus bienes. Pero antes de que
la Sentencia C-478 de 2003[53] declarara
inexequible parte de esa disposición normativa, esa misma presunción recaía
sobre los denominados “furiosos locos, mientras permanecieren en la locura,
y [sobre] (…) los mentecatos”.
A renglón seguido, la disposición
normativa en cuestión establece: “Pero los sordomudos, si pueden expresar
con claridad su consentimiento por signos manifiestos, contraerán válidamente
matrimonio”.
10. En relación con quienes denomina “sordomudos”, la
disposición normativa en su significado más literal y básico, puede analizarse con
apoyo en varias lecturas que permiten concluir que, no obstante las
manifestaciones que hizo el Ministerio de Justicia y del Derecho al oponerse a
la aptitud de la demanda, si puede tener el sentido que le adjudican los
demandantes, en un ejercicio mínimo de razonabilidad, sin perjuicio del
análisis de compatibilidad con el orden constitucional colombiano.
Con el uso de la conjunción “pero”
la disposición establece una excepción dentro del grupo de personas que
relacionaba en la primera parte. Da a entender que primigeniamente, entre los “furiosos
locos” y los “mentecatos” y, en la actualidad, solo entre quienes
están sometidos a la interdicción judicial para el manejo de sus bienes, se encuentran
“los sordomudos”, como parte de ese conjunto más amplio.
Bajo esa óptica, de entre las personas
sobre quienes pesa una declaratoria de interdicción judicial, la norma exceptúa
a “los sordomudos” que pudieran expresar su consentimiento mediante
signos manifiestos. Condicionó la validez del consentimiento a que ellos logren
emitirlo en forma comprensible para los demás. Se destaca que la condición es
la emisión del consentimiento, misma que no tiene ninguna relación con la
facultad auditiva de las personas; a pesar de ello, los destinatarios de la
norma fueron denominados por el Legislador “sordomudos”, a partir
de una relación entre la capacidad de escucha y habla que persiste en nuestro
sistema jurídico.
La medida establece una excepción. Esta
se encuentra dirigida nominalmente a quienes denomina “los sordomudos”, a
partir de lo cual el Ministerio de Justicia y del Derecho dedujo que cobija a
las personas sordas que no tienen facultad para el habla. Sin embargo, si se
considera el fin de dicha excepción, que no es otra que supeditar el
consentimiento para contraer matrimonio a la expresión de la voluntad en forma
clara por parte de los contrayentes, es claro que como quiera que se centra en
la manifestación del consentimiento, la audición no tiene ninguna relevancia y
la composición de la palabra con el término sordo, bien puede generar las
representaciones lingüísticas peyorativas a las que se refieren los
demandantes.
11. Visto así el contenido normativo de la disposición
acusada, los argumentos del Ministerio de Justicia y del Derecho no son de
recibo, en la medida en que a primera vista la norma plantea una relación
inescindible entre (i) la falta de funcionalidad auditiva y la falta de aptitud
fonadora, y (ii) lejos de referirse a las personas que presentan ambas
disfuncionalidades, contempla una excepción para quienes carecen de aquella
última. No obstante lo anterior, se refiere a ellos como “sordomudos”
cuando el contenido de la disposición nada tiene que ver con la falta de escucha
sino, se insiste, con la capacidad para expresar válidamente el consentimiento
para contraer matrimonio.
12. Esto lleva a la Sala a considerar que las acusaciones
de la demanda podrían tener vocación de prosperidad, en la medida en que se fundan
en una interpretación válida de la ley por analizar. La demanda está soportada
en una conclusión sobre el contenido del precepto acusado que no es irrazonable
y que, por el contrario, se deriva de su contenido, por lo que cumple el
requisito de certeza y la cuestión, en principio, debe resolverse de fondo.
13. La Sala considera además que la demanda satisface los
demás requisitos argumentativos que le eran exigibles a los accionantes. Sin
embargo, logra estructurar tan solo uno de los cargos por los que fue admitida,
como se explica a continuación.
14. El auto admisorio de la demanda se concentró en el
análisis de dos cargos, uno relacionado con el principio de igualdad y, otro,
con la dignidad humana; el trámite se inició respecto de cada uno de ellos.
14.1. En relación con el primero, los
demandantes propusieron que la expresión “los sordomudos” tiene un
carácter discriminatorio en contra de las personas que presentan una pérdida de
funcionalidad auditiva, por lo tanto, asumieron que la norma en cuestión contradecía
el principio de igualdad. Sin embargo, el texto de la demanda (i) no identificó
a los sujetos comparables; (ii) las diferencias que crea la norma entre ellos;
ni (iii) las razones para considerar que esos tratos diferentes son incompatibles
con la Constitución, como procede en los juicios de igualdad[54].
Así las cosas, la Sala no puede ejercer su función de
control constitucional abstracto en relación con dicho precepto constitucional,
pues carece de los elementos suficientes para identificar plenamente la censura
en la que se basa el criterio de los demandantes. Deberá entonces declararse
inhibida para pronunciarse de fondo sobre las acusaciones contra la norma
demandada por desconocer el principio a la igualdad.
14.2. En lo que respecta al cargo por dignidad
humana, en cambio, los actores refieren que las personas sordas son concebidas
a través de la norma censurada como individuos sin posibilidad de expresarse a
través de un lenguaje articulado. La disposición acusada materializa y perpetúa
un estigma sobre la capacidad de las personas sordas, que va más allá de la
afectación a la función auditiva y, bajo la perspectiva de la demanda, les
impone barreras para la inclusión en la sociedad. Por ese motivo, consideran
que la expresión “los sordomudos” aminora su capacidad real y les
posiciona en la sociedad a partir de un prejuicio, consolidado y perpetuado
mediante ese término peyorativo.
En este último caso, los demandantes
muestran de forma clara una posible contraposición entre la norma demandada y los
preceptos constitucionales (especificidad y pertinencia), hasta el punto de
generar una verdadera duda sobre la compatibilidad de aquella con el texto
superior (suficiencia).
15. En consecuencia, acreditado el cumplimiento de las
condiciones argumentativas del cargo de inconstitucionalidad por
desconocimiento de la dignidad humana, la Sala hará el estudio de fondo de la
demanda de la referencia.
Análisis sobre la necesidad de hacer uso de la integración
normativa
16. La integración de la unidad normativa es un mecanismo
excepcional[55],
que se traduce en “una facultad (…) [de] la Corte (…) [para] integrar
enunciados o normas no demandadas, a efectos de ejercer debidamente el control
constitucional y dar una solución integral a los problemas planteados por el
demandante o los intervinientes”[56].
El uso de esa potestad le permite a esta Corporación garantizar la coherencia
del ordenamiento y la seguridad jurídica, mediante la economía procesal[57].
Solo puede emplearse cuando es
indispensable para evitar que el fallo sea inocuo o para pronunciarse de fondo
sobre la disposición demandada por un ciudadano. Se ha señalado que solo puede
acudirse a ella cuando “las expresiones acusadas no configuran en sí mismas
una proposición jurídica autónoma, bien porque carecen de contenido deóntico
claro o requieren ser complementadas con otras para precisar su alcance (…) [o]
cuando si bien lo demandado conforma una proposición normativa autónoma, tiene
un vínculo inescindible con otros textos legales”[58].
17. Adicionalmente, como se verá en desarrollo del alcance
de la dignidad humana, la acusación sobre la vocación que tiene un término
legal para producir el menoscabo de aquella, debe analizarse no en relación con
su sentido semántico abstracto, sino de conformidad con su función normativa,
en consonancia con el texto legal del que hace parte. Así es imperioso acudir a
la función de la expresión “los sordomudos” en la composición gramatical
del numeral 3° del artículo 140 del Código Civil, para discernir su alcance
normativo y su compatibilidad con el orden constitucional vigente.
La expresión parcialmente acusada no
conforma en sí misma una proposición jurídica completa y autónoma, sino que
debe integrarse con un apartado aún más extenso del numeral 3 del artículo 140
del Código Civil, para analizarla en su sentido normativo autónomo. De tal
manera, el estudio recaerá sobre el fragmento final de dicha disposición
normativa (“Pero los sordomudos, si pueden expresar con claridad su
consentimiento por signos manifiestos, contraerán válidamente matrimonio”)
del que pueden derivarse elementos sobre su contexto normativo.
Examen sobre la presunta existencia de cosa juzgada
constitucional
18. La Corte ha destacado en múltiples pronunciamientos
que las decisiones que profiere en sede de control abstracto de
constitucionalidad hacen tránsito a cosa juzgada, por lo que son definitivas e
inmutables[59], en procura de consolidar la seguridad
jurídica y la primacía de la norma constitucional. Así las controversias sobre
temas ya debatidos por la Sala Plena están proscritas, a menos que los
parámetros constitucionales que sirvieron como fundamento de la determinación primigenia
se hubieren transformado.
19. La cosa juzgada es una figura jurídica que sustrae un
asunto del conocimiento de los funcionarios judiciales, en este caso
constitucionales, cuando el mismo ya fue resuelto con anterioridad.
Se presenta en esta jurisdicción, a propósito del
análisis de constitucionalidad de las leyes, en los eventos en los que (i) se
proponga el estudio del mismo contenido normativo de una proposición jurídica
ya abordada -identidad de objeto-; (ii) la demanda se fundamente en las mismas razones
analizadas -identidad de causa petendi-; y (iii) no haya variado el
patrón normativo de control - subsistencia del parámetro de constitucionalidad.
20. Esta figura jurídica puede clasificarse en (i) absoluta,
cuando la decisión anterior resolvió la constitucionalidad de una disposición
sin limitar su alcance a través de un examen en relación con todo el texto
constitucional, o relativa, al enfocar la confrontación normativa sobre algunas
normas superiores; y en este último caso, puede ser (ii) explícita o implícita,
cuando la Corte restringe el alcance de su decisión al cargo analizado en la
parte resolutiva o en la motiva de la sentencia, respectivamente. Además, será
(iii) formal, cuando exista una decisión previa en relación con el mismo
apartado normativo o con otro exactamente igual, o material, al existir un análisis
sobre dos disposiciones diferentes que tienen el mismo contenido normativo; y
(iv) aparente o real.
21. Tal y como lo señaló la Sentencia C-009 de 2018[60], la constatación de la cosa juzgada
material pasa por verificar, en primer lugar, que un acto jurídico haya sido
declarado inexequible tras una confrontación con el texto constitucional, pues solo
se predica de disposiciones que han sido expulsadas del ordenamiento jurídico
por vicios de fondo y no de procedimiento.
En segundo lugar, precisa analizar si la
disposición normativa a abordar tiene el mismo sentido que aquella que fue
retirada del ordenamiento, de tal suerte que pueda concluirse que lo reproduce,
en función de su literalidad y del contexto jurídico en el que se encuentra la
norma. Y, por último, debe estudiarse si el parámetro constitucional subsiste.
22. En el asunto que se somete a consideración de la
Corte, tal como lo adujeron los intervinientes, no se estructura la cosa
juzgada constitucional.
22.1. Si bien la Sentencia C-983 de 2002[61] analizó una demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 62, 432 y 1504 (parciales) del Código
Civil, entre otras por el uso de la expresión “sordomudos”, dichas
disposiciones normativas fueron censuradas en tanto relativizaban la capacidad
jurídica de los “sordomudos” para ser sujetos de derechos y obligaciones
jurídicas, de conformidad con su facultad para darse a entender por escrito. La
parte demandante cuestionó que mediante esas disposiciones se impidiese “a quienes están limitados de voz y
oído representarse a sí mismos porque [según el legislador] el único medio
permitido para darse a entender es el escrito”.
En esa oportunidad, la Corte se planteó
la cuestión de si “al disponer las normas acusadas del Código Civil que las personas sordas
y mudas son incapaces absolutos cuando no puedan darse a entender por
escrito, se desconocen derechos tales como la dignidad humana, el libre
desarrollo de la personalidad y el principio de la igualdad real y efectiva”. Resolvió
declarar exequible la palabra “sordomudo” contenida en esos artículos y,
a su vez, inexequible la expresión “por escrito”, por considerar que el lenguaje de la comunidad de
personas sordas y mudas es diferente al del resto de la población, pero ello no
implica que sea indescifrable y así no es constitucionalmente válido adoptar
medidas que las “segreguen del mundo jurídico y se les considere, entonces,
absolutamente incapaces” como lo hizo el Legislador al señalar
que su medio de expresión válido era el escrito.
En relación con esta sentencia de
constitucionalidad, no existe cosa juzgada en la medida en que la expresión “sordomudo”
no fue retirada del ordenamiento, no se trata de la misma disposición normativa,
y el contenido normativo evaluado tenía relación con la capacidad jurídica y no
con el consentimiento para contraer matrimonio. No existe un contenido idéntico
y la misma fue evaluada en relación con otros supuestos, que no fueron empleados
esta vez por los demandantes.
Ahora se debate si el concepto “los
sordomudos” compromete la dignidad de las personas sordas al contemplar una
noción de aquellas que rebasa la restricción funcional en su audición, al
relacionarla necesariamente con la falta de capacidad para manifestar el
consentimiento para contraer matrimonio y, por esa vía, al perpetuar una noción
reduccionista de limitación funcional al englobarlas, como una especie dentro
del conjunto de personas mudas.
23. Así las cosas, la Sala concluye que no se configura la
cosa juzgada constitucional y procede a delimitar su objeto de análisis y a
pronunciarse sobre el fondo de este asunto.
Problema jurídico a resolver
24. Según los antecedentes expuestos y las cuestiones
previas analizadas hasta este punto, que le permiten a la Sala concluir que el
debate de constitucionalidad sobre la norma demandada no solo se presenta sobre
sentido semántico sino también sobre su contenido deóntico, le corresponde a la
Corte estudiar si ¿la expresión “Pero los sordomudos, si pueden expresar con
claridad su consentimiento por signos manifiestos, contraerán válidamente
matrimonio” contenida en el numeral tercero del artículo 140 (parcial) de
la Ley 57 de 1887 -Código Civil- compromete la dignidad humana, al consolidar
un imaginario en relación con la falta de capacidad funcional de las personas
sordas para manifestar su consentimiento para contraer matrimonio?
Para resolver esta cuestión, la Sala reiterará la
jurisprudencia sobre el alcance de la dignidad humana; y se pronunciará sobre ella
en relación con el lenguaje legislativo y con las previsiones sobre el mismo,
cuando se califica a una persona en condición de discapacidad. Con fundamento en
lo anterior, analizará la constitucionalidad del apartado de la disposición
normativa que fue objeto de reproche.
La dignidad humana y el lenguaje empleado por el
Legislador
25. La garantía de la dignidad humana justifica la
existencia del Estado Social de Derecho[62], en tanto está resuelto a “realizar (…) la dignidad humana mediante la sujeción de las autoridades
públicas a los principios, derechos y deberes sociales de orden constitucional”[63]. Significa lo anterior que uno de los propósitos
centrales de la organización política es la obtención de un trato acorde con la
naturaleza humana para cada uno de los asociados, de modo que la dignidad
humana es uno de los pilares constitucionales, un valor fundante del orden
jurídico, un principio constitucional[64] y, también, un derecho fundamental[65].
26. La jurisprudencia constitucional ha encontrado que,
así concebida, la dignidad humana tiene varias formas de desplegarse a favor de
la persona: (i) en la posibilidad de ser autónomo en el diseño de un plan de
vida y en la determinación las decisiones propias, conforme los esquemas y
convicciones particulares del individuo[66]; (ii) en la disposición de condiciones
materiales de existencia mínimas que le permitan a la persona subsistir en
condiciones humanas; y (iii) en la garantía de una vida sin tratos degradantes
o humillantes, mediante la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la
integridad física y moral de la persona.
Todo ello implica, en últimas la
proscripción de “[c]onductas dirigidas a la exclusión social
mediadas por un atentado o un desconocimiento a la dimensión física y
espiritual de las personas (…); igualmente tanto las autoridades del Estado
como los particulares están en la obligación de adelantar lo necesario para
conservar la intangibilidad de estos bienes y sobre todo en la de promover
políticas de inclusión social a partir de la obligación de corregir los efectos
de situaciones ya consolidadas en las cuales esté comprometida la afectación a
los mismos.”[67]
27. Ahora bien, esta Corporación ha precisado que el
respeto por la dignidad humana requiere, entre otros, un trato legislativo
desprovisto de términos peyorativos que hagan de la persona un medio y no un
fin[68], que reduzcan la integridad de las
personas y les impidan forjarse en el medio social en consecuencia con su
identidad.
La Sentencia C-320 de 1997[69], al examinar los artículos 34 (parcial)
y 61 literal 8º de la Ley 181 de 1995, consideró que el lenguaje contenido en
ellos era incompatible con la Constitución, como quiera que resultó contrario a
la dignidad de los deportistas convertir a los clubes que los convocan en
propietarios de individuos, a través de las expresiones empleadas para regular
la materia; ello pese a que la norma que las contienen es legítima. Así,
condicionó algunas de sus expresiones, en atención al principio de conservación
del derecho.
La Sentencia C-478 de 2003[70], que examinó el mismo numeral que ahora se
analiza por cargos contra la dignidad humana en relación con las expresiones “furiosos
locos” y “mentecatos” que resolvió expulsar del orden jurídico,
sostuvo que ante la expedición sobreviniente de la Constitución
de 1991, varias expresiones del Código Civil se tornaron anacrónicas al oponerse
a la dignidad de la persona. Enfatizó en que “el lenguaje legal debe ser
acorde con los principios y valores que inspiran a la Constitución de 1991”
cuyo valor axiológico humanístico es preciso conservar.
Encontró que
las expresiones demandadas tenían relación con un contexto histórico, en el que
estaban respaldadas por las ciencias de la salud y el avance en el campo
científico para el momento de su expedición, pero que resultan incongruentes
con los principios constitucionales, de modo que las suprimió sin afectar el
contenido de la norma demandada.
La Sentencia
C-042 de 2017[71], preciso al
respecto que “no es admisible la utilización de palabras cuyo significado, a
la luz del contexto y objetivo de una norma, tengan el efecto de descalificar
una expresión de la diversidad humana, como lo es, la diversidad funcional u
orgánica de las personas (…) [pues] el legislador debe adoptar un enfoque
sensible de la dignidad humana para evitar que las leyes contengan expresiones
que puedan reforzar los estereotipos y paradigmas que fomentan la
discriminación y el rechazo.”
28. En esa medida queda claro que el uso de
las expresiones lingüísticas en la legislación, ha sido objeto de análisis
constitucional, con el fin de asegurar la prevalencia de la dignidad humana y este
se ha llevado a cabo cuando se encuentra en debate la integridad de las
personas en condición de discapacidad, para evitar estigmas que impidan su
inclusión armónica en la sociedad.
El modelo social de la discapacidad y el alcance de la
dignidad humana de las personas en condición de discapacidad
29. Un Estado pluralista, como el que el constituyente
adoptó en Colombia desde 1991, se caracteriza por el reconocimiento y la
coexistencia armónica de la diferencia. El orden constitucional vigente, en
consonancia con los procesos históricos universales, se ha orientado por la
comprensión y la armonización de las distintas capacidades físicas y mentales que
circulan al interior de las fronteras nacionales[72], mediante la integración de todas sus
manifestaciones, como una expresión de la heterogeneidad entre sus miembros.
En el escenario estatal colombiano actual
se reconoce que no solo convergen multiplicidad de visiones, tradiciones y
percepciones sobre el mundo, sino distintas habilidades desde las cuales es
posible, y sobre todo necesaria, la participación social de los ciudadanos para
la consolidación efectiva de la democracia.
30. A diferencia de los esquemas decimonónicos de
comprensión del ser humano, que lo concebían desde la idea universal de un “abstracto
sujeto hombre”[73] que todas las personas debían lograr
para sí, hoy en día se reconocen las situaciones y calidades particulares de
todos los sectores y grupos sociales, en relación con las cuales, además de la
universalización de los derechos, es preciso un proceso de especificación de
los mismos, que concrete las garantías constitucionales en formal diferencial[74]. Precisa trascender hacia una concepción
que articule el valor universal de los derechos y su eficacia jurídica en cada
caso concreto[75]; descender “del plano ideal al real,
[pues] una cosa es la historia de los derechos del hombre, de derechos siempre
nuevos y siempre más extensos, y justificarlos con argumentos persuasivos, y
otra es asegurarles una protección efectiva”[76].
Hoy es un hecho que la universalidad de
las garantías constitucionales se logra mediante el trato diferencial, sin el
cual la concreción de los postulados constitucionales sería deficitaria y, en
la práctica, tendría un impacto limitado.
31. Como quiera que ya no se acude a un parámetro desde el
cual medir y señalar lo que es normal y aquello que no lo es, por no ajustarse
a esa idea del ser[77], todas las condiciones, calidades y
situaciones confluyen legítimamente en el escenario social y jurídico. Por
tanto, requieren el respeto, la inclusión y la protección, no solo por parte de
las autoridades públicas, sino además de todos los miembros de la comunidad,
con el objetivo de que a través de cada una de sus particularidades el ser
humano logre empoderarse y aportar en el proceso de construcción democrática de
la sociedad y del Estado.
32. Esa visión sobre la inclusión de distintas formas de ser
y estar en la sociedad, ha derivado, entre otros, en el reconocimiento de las
personas en condición de discapacidad como sujetos de especial protección
constitucional. Sobre ellas y su relación con el Estado, se han forjado
distintos conceptos que han mutado con el paso del tiempo, hasta llegar a una
concepción relacional de la discapacidad.
33. Pueden identificarse dos modelos de posicionamiento sobre
la discapacidad: el individual y el social.
33.1. El primero, fundado en el reconocimiento
de unas características biológicas, físicas y mentales asociadas a la
naturaleza de lo humano y que permitían identificar lo normal y lo anormal, en
los eventos en que se advertía una deficiencia en las funciones del cuerpo o la
mente, le asignaba al individuo que las presentaba una calificación en relación
con ella. Asociaba su ser a esa situación, definiéndolo y posicionándolo en la
sociedad en virtud de aquella.
Bajo esta óptica podía asumirse que la
discapacidad estaba en el ser y se convertía en una anormalidad, segregada o
medicalizada, como respuesta a un problema individual, causado por la falta de
correspondencia entre la idea universal del hombre y la normalidad, y las
capacidades involucionadas de una persona determinada, que no alcanzaba a
cumplir las expectativas sociales.
En este esquema de comprensión de la
discapacidad se sitúan, a su vez, los modelos de la prescindencia y la
rehabilitación, como respuestas sociales a dicha falta de correspondencia. El
primero asumía a la persona con deficiencias físicas como una carga para su
familia y la sociedad, lo que habilitaba a una y a otra a tenerla como objeto
de asistencia y de marginación, ante la improductividad que les representaba
y la imposibilidad de que se desenvolviera por sí misma en la sociedad[78], de la que en últimas era
excluida[79].
El segundo, planteaba la discapacidad
como un asunto impregnado en el cuerpo del sujeto en la forma de una
enfermedad, de la que es posible curarle para que, una vez restaurado su estado
de salud, mediante procedimientos y servicios médicos, vuelva a hacer parte del
entramado social. Se le tiene por incapaz para interactuar, hasta tanto logre
con ayuda clínica, corregir su estado y retornar a las facultades y
características propias de la humanidad. “Como señala
Catherine Seelman, en el modelo médico, el llamado ‘problema esta (sic.) ubicado
en el cuerpo del individuo con discapacidad, el sesgo del modelo médico es la
percepción biológica y médica de normalidad”[80].
Bajo esta noción de la discapacidad, la sociedad
visibiliza una única forma de ser humano y exige a sus miembros alcanzarla,
física y mentalmente, como condición para poder participar plenamente en la
dinámica social y jurídica. La exclusión surge en forma legítima, de la falta de
correspondencia entre el individuo y los demás miembros de la sociedad. Así,
las formas de contrarrestar la exclusión, corren por cuenta de quien padece la
deficiencia: le corresponde a él alcanzar las facultades que la sociedad exige
para interactuar plenamente en ella.
33.2. Por oposición a esta visión de la
discapacidad, y con arreglo a esquemas sustentados en la pluralidad, se ha
concebido un segundo modelo: el social.
Este se caracteriza por la
identificación de la discapacidad, no como un atributo del individuo por sus
condiciones físicas y/o mentales, sino como una insuficiencia de la sociedad y
del entorno para responder a las situaciones que enfrentan sus miembros, de
forma diferenciada. Una de las manifestaciones de la discapacidad, en ese
sentido, se presenta con la “restricción de actividades causada por una
organización social contemporánea que no tiene en cuenta (al menos
suficientemente) a las personas con deficiencias físicas y, por tanto, las
excluye de la participación en las actividades sociales”[81]. Las
limitaciones que padece la persona en condición de discapacidad, a primera
vista, no tienen origen en su condición personal, física o mental, sino en la
incapacidad de la sociedad para garantizar espacios y servicios para todas las
personas con independencia de sus contingencias particulares[82].
Bajo este enfoque, consolidado a partir del
reconocimiento de múltiples atributos de la naturaleza humana, la discapacidad
no deviene del “incumplimiento” de los estereotipos y prefiguraciones
sobre el ser; es un problema de la sociedad y no del individuo. Las causas y
las soluciones se plantean de modo relacional, por lo que se explica y se
atenúan sus efectos a través de formas de relación e interacción entre todos
los miembros de la sociedad, con reconocimiento de sus particularidades.
A la luz de esta visión de la discapacidad, la exclusión se presenta
por una falta de respuesta diferencial de la sociedad. Así, entonces, la
inclusión de quienes la padecen en los ámbitos sociales implica un ejercicio democrático
que reivindica la diferencia. Propende por la inclusión de la persona para
potenciar la diferencia y el pluralismo, como las capacidades diferenciales,
desde cada una de las cuales los sujetos juegan un rol y aportan en la sociedad[83].
33.3. Así
como la causa de la discapacidad, entendida como “la desventaja o
restricción de actividad, causada por la organización social”[84], es netamente social y no individual, las medidas
para conjurarla corresponden al conglomerado social y no únicamente a quien
padece una “deficiencia” física o mental; “si el modelo rehabilitador
se centra en la normalización de las personas con discapacidad, el modelo
social aboga por la normalización de la sociedad, de manera que ésta llegue a
estar pensada y diseñada para atender las necesidades de todos”[85].
Bajo
este último modelo de la discapacidad, surgen los ajustes razonables, como un
mecanismo de acondicionamiento de los escenarios y posibilidades sociales, en
respuesta a las capacidades diferenciales que circulan en la vida social.
34. Los ajustes razonables son, en esa medida, un conjunto
de dispositivos que le permite a la sociedad y al Estado, relacionarse de mejor
manera con la persona que presenta alguna deficiencia física o mental, con el
propósito de que logre participar en la vida social y jurídica, de la misma
forma en que lo pueden hacer los demás, para aprovechar su potencial en la
construcción de la democracia y la organización estatal.
Según el artículo 2° de la CDPD, los ajustes razonables
son todas aquellas “modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no
impongan una carga desproporcionada indebida, cuando se requieran en un caso
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o
ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos y
libertades fundamentales”, y cuando se prescinde de ellos es
posible que se consoliden escenarios de discriminación[86].
En decisiones de la Sala Plena de la
Corte Constitucional[87],
como en las adoptadas por las distintas Salas de Revisión[88], se ha hecho hincapié en que
es el modelo social de la discapacidad aquel que mejor desarrolla los
principios constitucionales. Ello a pesar de que el texto superior, en sí
mismo, consagra términos asociados a los paradigmas ya superados[89]; pues se expidió en un
momento histórico en el que aún estaban vigentes.
35.
En este contexto jurídico y social, uno de los cometidos del juez
constitucional es “ser especialmente cuidadoso, y estar
atento al contexto normativo en el cual se insertan las expresiones utilizadas”[90] para
referirse a las personas que presentan capacidades físicas y mentales que no
corresponden con las de la mayor parte de la población. “El papel del juez
constitucional no es el de impulsar el adecuado uso de un nuevo lenguaje, sino
evitar que conduzca a situaciones de discriminación, o contrarias a la dignidad
humana, o que niegue el deber estatal de crear medidas para que la igualdad sea
real”[91].
Así, la realización de la dignidad
humana en sus distintas facetas, en relación con la población que presenta
alguna condición física o mental distinta, debe valorarse hoy en día en
consecuencia con el modelo social de la discapacidad, para hacer un juicio
sobre la posibilidad que les brinda el orden jurídico de plantearse de forma
autónoma un programa de vida.
Análisis del cargo. La expresión analizada viola el
principio de dignidad humana
36. Para abordar la cuestión planteada es importante
recordar que entre las personas que están en condición de discapacidad se
encuentran aquellas que tienen una disfuncionalidad auditiva, fonadora o las
que presentan ambas limitaciones físicas, de modo simultáneo. Cada una sigue particularidades
propias en relación con sus facultades físicas, que exigen al Estado la
adopción de medidas diferenciales que redunden en el ejercicio de sus derechos,
sin ninguna restricción desproporcionada o irrazonable.
37. Como quedó claro en el momento de precisar el objeto
del debate constitucional, la norma demandada reducida a la expresión “los
sordomudos” sin consideración del contexto normativo en el que se ubica,
difícilmente podía generar una duda sobre su correspondencia con el texto
constitucional. Como lo planteó el Ministerio de Justicia y del Derecho, podría
ser considerada como un adjetivo que calificaba a las personas destinatarias de
una medida legislativa, sin socavar su dignidad.
Sin embargo, al analizar la función que
cumplía en el apartado del cual hace parte, la Sala resolvió acudir a la
integración normativa con el propósito de identificar la proposición jurídica
completa, para analizar el fondo del asunto y ofrecer una respuesta efectiva al
planteamiento de los accionantes.
En esa medida el texto constitucional
sobre el que se efectuará este análisis concreto, como se explicó en los
fundamentos jurídicos 16 y 17 de esta providencia, ya no se reduce a la
expresión “los sordomudos”, sino que la Sala valorará el último apartado
del numeral 3 del artículo 140 del Código Civil, esto es:
“ARTICULO
140. CAUSALES DE NULIDAD. El matrimonio es nulo y sin efecto en los casos
siguientes: // (…) /// 3. Cuando
para celebrarlo haya faltado el consentimiento de alguno de los contrayentes o
de ambos. La ley presume falta de consentimiento en quienes se haya impuesto
interdicción judicial para el manejo de sus bienes. Pero los sordomudos,
si pueden expresar con claridad su consentimiento por signos manifiestos,
contraerán válidamente matrimonio”.
38. Cabe recordar que en el caso de los denominados “sordomudos”
el Legislador previó inicialmente que sobre ellos pesaba una incapacidad absoluta
de ejercicio de sus derechos, en los casos en los que les fuera imposible
expresarse por escrito:
Código Civil. “ARTICULO 1504. INCAPACIDAD
ABSOLUTA Y RELATIVA. Son absolutamente incapaces los {dementes}, los impúberes
y sordomudos, que no pueden darse a entender por escrito. // Sus actos
no producen ni aún obligaciones naturales, y no admiten caución.// Son también
incapaces los menores adultos que no han obtenido habilitación de edad* y los
disipadores que se hallen bajo interdicción. Pero la incapacidad de estas
personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas
circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. // Además
de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibición
que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos.”
La Corte Constitucional se pronunció
sobre esta última disposición en la Sentencia C-983 de 2002[92], al conocer del debate constitucional
formulado por una demanda dirigida, entre otras, contra las expresiones “sordomudos”
y “por escrito”, que se empleaban en ella. Para el actor eran contrarias
a la Constitución en la medida en que “se impide a quienes están limitados de voz y oído
representarse a sí mismos porque el único medio permitido para darse a entender
es el escrito, a pesar de que hay niños que se comprenden a través de gestos,
señas, sonrisas y lágrimas.”
Por lo tanto, esa sentencia planteó como
uno de sus problemas jurídicos, identificar si “al disponer las normas acusadas del
Código Civil que las personas sordas y mudas son incapaces absolutos cuando no
puedan darse a entender por escrito, [¿]se desconocen derechos tales como la
dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y el principio de la
igualdad real y efectiva”?
Para resolver la
cuestión, la sentencia además de abordar los derechos de las personas en
condición de discapacidad, estableció cuál había sido la evolución del concepto
“sordomudo” en la legislación civil. Al respecto concluyó que la
incapacidad que surge de la ausencia de mecanismos para darse a entender por
parte de quienes, no pueden oír ni expresarse verbalmente, en forma simultánea,
“se basa en la presunción de que quien no puede oír, hablar o escribir es
inhábil para expresar en forma diáfana su voluntad de celebrar un negocio
jurídico”. Sin embargo, como lo expuso esa misma
decisión, para el momento de su emisión la evolución de los métodos y mecanismos
de formación de las personas que, al ser sordas, no habían desarrollado el
habla, en comparación con el restringido acceso a la educación que habían
soportado antaño,  permitía preguntarse por la vigencia de estos imaginarios[93].
Sobre la capacidad de las personas “sordomudas” que no
puedan darse a entender por escrito, en aquella oportunidad la Sala concluyó que
“si el
sordomudo no puede darse a entender de manera clara e inequívoca, es decir no
puede comunicarse de manera inteligible, será sin lugar a dudas un incapaz
absoluto. Resulta claro que si una persona con tales limitaciones no puede
exteriorizar sus pensamientos de manera tal que pueda darse a entender en forma
indiscutible, no puede tener capacidad legal.” Sin embargo,
consideró que condicionar su capacidad jurídica a una sola forma de expresión (la
escrita), resultaba incompatible con la Constitución.
Con fundamento en ello, la Sala resolvió declarar exequible el
término “sordomudos” e inexequible la expresión “por escrito”.
Por lo tanto, la incapacidad absoluta que se predicaba de los “sordomudos” que
no se dieran a entender por escrito, quedó reservada para aquellos que no se
pudieran dar a entender, tras esa decisión.
39. Lo anterior lleva a hacer una precisión inicial sobre
la norma demandada y analizada en esta oportunidad. Es claro que regula una
situación jurídica en relación con “los sordomudos, si pueden expresar con
claridad su consentimiento por signos manifiestos”, de lo que se deriva una
primera salvedad y es que, en relación con el matrimonio, cobija a los “sordomudos”
que sí pueden darse a entender, es decir a aquellos que, al poderse comunicar,
no tienen limitada su capacidad jurídica.
40. No obstante, de la composición literal de la norma
acusada se desprende que el Legislador inicia refiriéndose a la falta de
consentimiento de las partes como causal de nulidad del matrimonio. Enseguida
fija una presunción de falta de consentimiento en las personas que tienen a su
favor una interdicción declarada judicialmente.
Una vez expuesto esto sobre las personas
a las que cobija esta presunción, hace una conjunción adversativa[94] mediante la palabra “pero”, y
excluye a las personas “sordomudas” que se pueden expresar en forma
inteligible, cuando sobre ellas no pesa ninguna limitación a la capacidad, como
se dejó claro en los argumentos precedentes.
41. Bajo esta perspectiva, el Legislador asume que en relación
con el contrato de matrimonio las personas “sordomudas” que no pueden
expresarse serían incapaces absolutas, de modo que no pueden celebrarlo por sí
mismas, de conformidad con el artículo 1504 del Código Civil. Las que sí pueden
expresarse, en principio, estarían cobijadas por la presunción general de la
capacidad de las personas, contenida en el artículo 1503 de la misma
codificación[95].
En consecuencia, quienes se puedan
expresar por signos manifiestos, contraerán matrimonio de forma válida. Por lo tanto,
la aclaración final que hace la norma sobre las personas “sordomudas” es
innecesaria, pues se refiere a personas que, de suyo, tienen capacidad legal
plena.
42. Si bien está claro que, en principio, la inocuidad de
esta previsión no es motivo para concluir que contraviene el orden
constitucional, pues es potestad del Legislador incluir o replicar contenidos
normativos, lo cierto es que el modo en que funciona dicha regulación en el
sentido integral del numeral 3° del artículo 140 del Código Civil, sí compromete
la dignidad humana de las personas “sordomudas”, y de las personas con
deficiencias auditivas, que como se señaló en la evaluación de la aptitud de la
demanda son convocadas sin razón en ella.
Aun cuando el Legislador dejó claro que
las personas sordomudas, siempre que puedan darse a entender, son plenamente
capaces para el goce y el ejercicio de sus derechos, de modo que pueden
contraer las obligaciones que resuelvan adoptar, las incluyó en el artículo 140
como parte de un conjunto sobre el que pesa una presunción de falta de
consentimiento: las personas con una declaración judicial de interdicción. Lo
cierto es que las exoneró de dicha presunción, con lo que en la práctica no
consolidó de forma efectiva un modelo de interacción distinto en relación con
ellas.
A pesar de ello, la sola idea de que las
personas sordomudas que se puedan dar a entender mediante los ajustes
razonables que sean del caso, para tratar de auscultar su voluntad, son una
especie dentro del género de personas con interdicción judicial para manejar
los bienes, atenta contra la dignidad de aquellas que puedan ser cobijas por
ese término.
43. Para explicar esta idea es importante tener en cuenta
que la interdicción judicial para el manejo de los bienes es el resultado de un
proceso en el que se determina la incapacidad para tomar decisiones sobre
ellos, constatadas las particularidades de cada caso concreto. Asumir que “los
sordomudos” no tienen las facultades para manejarlos, es adicionar a la
disfuncionalidad auditiva y fonadora, otra para el manejo de su propio
patrimonio, sin ninguna correspondencia con aquellas, puesto que no existe
ninguna relación verificable entre la debida conformación de la voluntad para
obligarse y la discapacidad auditiva y/o fonadora.
La norma presume que la falta de audición
y habla conduce a la disminución de la potestad humana en otros ámbitos de la
vida. Excede los resultados evidentes de la discapacidad sensorial, sobre los
que en todo caso es preciso buscar ajustes razonables para superar las barreras
de relación entre las personas en situación de discapacidad y la sociedad, para
extenderlos en forma restrictiva a potencialidades que van más allá de las
funciones físicas del cuerpo.
Desconoce entonces que, en la medida en
que la sociedad debe buscar alternativas de interacción con quien no oye y/o
habla, el manejo de los bienes puede ser objeto de aprendizajes y condiciones,
que pueden lograrse a través de los ajustes razonables que se precisen en el
proceso de formación y en el sistema de educación inclusiva.
La materialización efectiva de las
garantías constitucionales es imposible si no se reconoce en su justa medida y,
por el contrario, se desbordan, las condiciones físicas particulares de la
persona. La norma analizada lo impide, al imponer imaginarios sociales sobre
restricciones que afianzan concepciones históricamente revaluadas, sobre la
discapacidad que son verificables[96]. Privilegia un concepto ideal de ser
humano, y sacrifica su dimensión real, al aminorar sus facultades reales de las
personas en condición de vulnerabilidad.
La norma analizada desconoce lo que en
realidad hace diferentes a las personas con disminución en su capacidad de
escucha y/o habla, y con ello deja de posicionarlos en la sociedad con arreglo
a su situación real. En esa medida lesiona el principio de dignidad humana y,
por esa razón, debe ser suprimida del ordenamiento jurídico.
44. En esa medida, la norma acusada propone una lectura de
incapacidad absoluta de las personas “sordomudas”, puedan o no darse a
entender, que trasciende lo dispuesto en el artículo 1504 del Código Civil y no
es compatible con la dignidad de ellas, bien denote la falta de funciones
auditivas, fonadoras o ambas.
45. Ahora, si bien es cierto que los accionantes
propusieron reemplazar el término “los sordomudos” por la expresión “personas
en condición de discapacidad auditiva”, como un mecanismo para conservar la
medida dispuesta en el último aparatado del numeral tercero del artículo 140
del Código Civil, la Sala encuentra que ello no es viable, en resguardo de la
dignidad humana, como pasa a explicar.
Dada la función sintáctica, pragmática y
el sentido deóntico de la expresión “los sordomudos” en el numeral
tercero del artículo 140 del Código Civil, se concluyó que, si bien aquella puede
referir a las personas que presentan una disfuncionalidad auditiva y fonadora, (i)
consagra una excepción en favor de quienes únicamente pueden expresarse por
signos manifiestos distintos al habla, sin tener relación con la función
auditiva; (ii) inserta a las personas “sordomudas” como una especie
dentro del género de personas sobre las que “se haya impuesto interdicción
judicial para el manejo de sus bienes”; y (iii) extiende su
disfuncionalidad física a otras esferas con las que no tiene ninguna relación.
Sustituir la expresión “los
sordomudos” por la expresión “personas en condición de discapacidad
auditiva” no resuelve el desconocimiento de la dignidad humana en relación
con los primeros, sino que lo traslada a otras personas sobre las cuales no
cesa tal incongruencia con la Constitución y, además, las medidas legislativas
resultarían incongruentes con el sentido completo de la disposición normativa.
El escenario conforme el cual la norma
queda enfocada en las “personas en condición de discapacidad auditiva”,
derivaría en que el matrimonio es nulo y sin efecto cuando para celebrarlo haya
faltado el consentimiento de alguno de los contrayentes o de ambos, situación
que se presume en quienes se haya impuesto interdicción judicial para el manejo
de sus bienes, pero las “personas en condición de discapacidad auditiva”,
si pueden expresar con claridad su consentimiento por signos manifiestos,
contraerán válidamente matrimonio.
Con ello, persistiría la confusión entre
las facultades auditiva y fonadora que denuncian los demandantes, en la medida
en que es una estrategia que debe entenderse como un ajuste razonable para las
personas que no pueden expresarse mediante los mecanismos tradicionales y
reconocidos de comunicación, con el objetivo de que su consentimiento no se vea
afectado y cobre validez jurídica. No puede entenderse como una excepción a
favor de las personas en condición de discapacidad auditiva, sin considerar
primero que ellas que presentan problemas para comunicarse; prejuicio que los
demandantes intentan controvertir.
Lo cierto es que bajo la óptica desde la
cual se llevó a cabo este examen de constitucionalidad, la Sala no puede
convalidar escenarios de desconocimiento de la dignidad humana, para las
personas con pérdida de funcionalidad auditiva, fonadora o para quienes
presenten ambas de forma simultánea. En todo caso, el reemplazo de la expresión
conlleva una contradicción con el texto constitucional, pues mantiene el
vínculo entre la facultad personal para expresar válidamente la voluntad y la capacidad
auditiva o fonadora, a pesar que no existe ninguna relación verificable entre
ambas situaciones, menos aún ante la necesaria concurrencia de apoyos y ajustes
razonables para la persona en situación de discapacidad.
46. Considerado todo lo anterior, la Sala considera que el
apartado final del numeral 3 del artículo 140 del Código Civil lesiona la
dignidad humana, y procederá a declararlo inexequible.
Recapitulación. La disposición normativa analizada
genera un trato denigrante para las personas “sordomudas”
47. A raíz de los argumentos expuestos en líneas anteriores,
la Sala considera que el apartado normativo “Pero los sordomudos, si pueden expresar con claridad su consentimiento
por signos manifiestos, contraerán válidamente matrimonio” contraría la dignidad humana de las
personas “sordomudas”.
Tal disposición reproduce la idea
conforme la cual las personas “sordomudas” no cuentan con habilidades
sociales equiparables a las de quienes no han perdido audición y/o la facultad
del habla, simultánea o alternativamente. Parte de la idea de la necesidad de afirmar
sus facultades, cuando su capacidad y su consentimiento para contraer
matrimonio en este caso, son indudables a partir del régimen general sobre la
capacidad.
Se trata de una disposición que afirma
innecesariamente una condición que, de desde el modelo social de la
discapacidad y con la evolución en la concepción de la misma, es notoria e
indudable: las personas “sordomudas” que sí se dan a entender, son
capaces en general y lo son también para contraer matrimonio válidamente. Su
capacidad para hacerlo no está en duda y, en esa medida, reafirmarla como si admitiera
vacilaciones, refuerza los estereotipos que tanto los demandantes como los
intervinientes advirtieron como un factor de discriminación hacia las personas en
esta situación.
Los demandantes y la mayor parte de los
intervinientes plantearon la idea de que, a lo largo de la historia, las
personas sordomudas han sido víctimas de un estereotipo según el cual ellas son
menos dadas a la interacción social que los demás y que su falta de audición y
habla les dejan en un escenario de desprotección que impide que, al menos por
sí mismas, concreten las relaciones –en este caso jurídicas- que los demás si
pueden materializar. En efecto, en la disposición normativa en cuestión se asimila
la persona sordomuda a aquella sobre la que pesa una declaración judicial de
interdicción para el manejo de sus bienes, cuando esta última facultad y la
función fonadora o auditiva no tienen relación directa alguna. Tal símil
implica una extensión de sus limitaciones orgánicas a esferas de la vida que
trascienden su situación particular y les restan potestades sobre su propio
ser.
En esa medida, si bien en principio la
disposición en cuestión podría ser apreciada como una protección en favor de
las personas “sordomudas” por reafirmar que pueden celebrar matrimonio
en forma válida cuando logren expresar el consentimiento para ello, es una
medida innecesaria que, en apariencia, ratifica la capacidad de las personas sordas,
pero que al hacerlo genera la duda sobre la misma y cuestiona las
potencialidades que tienen las personas “sordomudas” para ser y
desenvolverse en la sociedad, a pesar de que conforme el Código Civil solo las
personas “sordomudas” que no logren darse a entender son incapaces.
Por lo tanto, la incongruencia entre la
norma demandada y el texto superior deviene de que aquella perpetúa una
concepción que opta por una mirada reduccionista de las facultades de interacción
social y jurídica de las personas “sordomudas”, no por el uso del
término demandado, sino porque su función en la disposición y la proposición
deóntica de la que hace parte, afirma ese imaginario social.
Decisiones a adoptar
48. De lo considerado hasta este punto se concluye que el
apartado normativo “Pero los
sordomudos, si pueden expresar con claridad su consentimiento por signos
manifiestos, contraerán válidamente matrimonio” compromete la dignidad humana y, por lo tanto,
resulta ajeno a la Constitución y debe ser expulsado del ordenamiento jurídico.
Como quedó claro, el artículo 1° de la Constitución
consagra la dignidad humana como un principio, un valor y un fin de la
organización estatal. La contradicción que existe entre la disposición
normativa analizada en esta oportunidad y dicha norma superior, consiste en que
aquella (i) incluye a “los sordomudos” como una especie dentro del
conjunto de personas interdictas para el manejo de sus bienes; y (ii) aclara
que ellos sí pueden contraer matrimonio en forma válida, siempre que puedan
darse a entender por signos manifiestos, cuando según los artículos 1503 y 1504
“los sordomudos” que pueden darse a entender son capaces y, por lo
tanto, no necesitan habilitación especial para contraer matrimonio. En esas
condiciones, la norma sobre la que se estructuró esta decisión, desconoce las potencialidades
de las personas “sordomudas” y, en esa medida, reproduce imaginarios que
extienden su limitación funcional a otras esferas de la vida social y jurídica.
49. Cabe recordar que las personas “sordomudas” pueden
ser capaces o incapaces absolutas, en virtud de los artículos 1503 y 1504 del
Código Civil, en relación con la posibilidad que tienen para darse a entender, a
través de sí mismo o de los ajustes razonables correspondientes.
Como quiera que según la normativa civil
“toda persona es legalmente capaz, excepto aquéllas que la ley declara
incapaces” y que el Legislador precisó que son incapaces absolutos los “sordomudos,
que no pueden darse a entender”, es dable asumir que las personas “sordomudas”
que puedan expresarse sí son capaces. Desde esa perspectiva, el régimen civil
general habilita a las personas “sordomudas” que puedan expresarse por
signos manifiestos para contraer matrimonio en forma válida: pueden hacerlo solo
quienes tengan la habilidad para expresarse y quedan limitados para ello,
quienes no dispongan de ella.
Para la Sala, la aclaración contenida en
el apartado normativo analizado no implica una mayor protección para las
personas sordomudas. La razón es que se limita a conservar la norma del régimen
general y las orientaciones sobre la capacidad de las personas “sordomudas”, por
lo que, en últimas, su supresión no generará un escenario de desprotección o un
vacío que deba ser suplido por esta Corporación.
La inexistencia ulterior del apartado “Pero los sordomudos, si pueden expresar con claridad
su consentimiento por signos manifiestos, contraerán válidamente matrimonio” contenido en el numeral tercero del
artículo 140 (parcial) de la Ley 57 de 1887 -Código Civil-, llevará al intérprete
a acudir el régimen general que habilita a las personas “sordomudas” que
puedan darse a entender a contraer matrimonio válidamente, como personas
plenamente capaces para el ejercicio de sus derechos.
50. Así las cosas, para la Sala Plena de la Corte Constitucional
es claro que lo que procede en este asunto es la declaratoria de
inexequibilidad simple del apartado normativo cuya constitucionalidad se evaluó:
“Pero los sordomudos, si pueden
expresar con claridad su consentimiento por signos manifiestos, contraerán
válidamente matrimonio”.
Síntesis de la decisión
51. En este fallo la Sala Plena de la Corte Constitucional
se ocupó de la demanda presentada contra la expresión “los sordomudos” contenida
en el numeral tercero del artículo 140 del Código Civil. Contra ella se
presentaron dos cargos, uno por contrariar el principio a la igualdad y otro
por desconocer la dignidad humana, como quiera que mantenía un imaginario en
relación con las personas en condición de discapacidad auditiva, conforme el
cual ellas por razón de su falta de audición no tienen facultades fonadoras y,
por esa vía, están menos facultadas para la interacción social.
52. De esos cargos, al hacer el análisis de la aptitud de
la demanda, la Sala encontró que en relación con aquel que denunciaba el
desconocimiento del principio a la igualdad, este no se estructuró en la medida
en que se planteó una comparación entre la protección pretendida por la norma,
sin especificar ninguno de los sujetos comparables.
Por el contrario, advirtió que el cargo
por dignidad humana satisfacía la carga argumentativa correspondiente bajo el
entendido de que los demandantes plantearon una confrontación entre el
contenido normativo de la disposición acusada y el artículo primero de la
Constitución, desde el punto de vista de que la expresión demandada implicaba
el mantenimiento de estereotipos que extendían la falta de funcionalidad
auditiva a otros escenarios que no tienen ninguna relación con ella (la falta
de desarrollo del habla y la falta de destreza para la interacción social).
53. Además de este aspecto, previamente a abordar el
asunto de fondo, la Sala valoró si en este caso había necesidad de hacer uso de
la integración normativa y si existía cosa juzgada constitucional.
En relación con lo primero concluyó que la
expresión parcialmente acusada no conforma en sí misma una proposición jurídica
completa y autónoma, lo que llevó a la Sala a integrarla con un apartado aún
más extenso del numeral tercero del artículo 140 del Código Civil (“Pero los
sordomudos, si pueden expresar con claridad su consentimiento por signos
manifiestos, contraerán válidamente matrimonio”), para analizarla en su
sentido deóntico.
Sobre lo segundo llegó a la conclusión de
que no hay cosa juzgada en la medida en que la Sentencia C-983 de 2002 se
enfocó en la incapacidad absoluta de las personas “sordomudas” como
derivación de su falta de expresión escrita, materia ajena a este debate, por
lo que no podía entenderse configurada. Además, la expresión “sordomudo”
no fue retirada del ordenamiento, no se trata de la misma disposición normativa
y el contenido normativo evaluado en aquella decisión tenía relación con la
capacidad jurídica y no con el consentimiento para contraer matrimonio. Por lo
tanto, no existe un análisis idéntico y, en esta oportunidad los accionantes se
centraron en otros supuestos, que esta Corporación aún no ha evaluado.
54. Así las cosas se llegó a la conclusión de que la Corte
debería resolver si ¿la expresión “Pero los sordomudos, si pueden expresar
con claridad su consentimiento por signos manifiestos, contraerán válidamente
matrimonio” contenida en el numeral tercero del artículo 140 (parcial) de
la Ley 57 de 1887 -Código Civil- compromete la dignidad humana, al consolidar
un imaginario en relación con la falta de capacidad funcional de las personas
sordas para manifestar su consentimiento para contraer matrimonio?
55. Al respecto, tras considerar el alcance de la dignidad
humana y su relación con el lenguaje empleado por el Legislador en torno a la
discapacidad, con sujeción a los lineamientos del modelo social de la
discapacidad, sostuvo que la naturaleza pluralista del Estado colombiano
implica el reconocimiento de la interacción entre ciudadanos con distintas
habilidades, desde las cuales la participación social es posible y necesaria
para la consolidación de la democracia. Por lo tanto, dejó en claro que la
realización de la dignidad humana en relación con la población que presenta
alguna condición física o mental distinta, implica un juicio sobre la
posibilidad que tienen de plantearse de forma autónoma un programa de vida, en
el marco del orden jurídico.
Como consecuencia de lo anterior, la Sala
encontró que el apartado normativo examinado era contrario a la dignidad humana
porque propone una lectura de incapacidad absoluta de las personas “sordomudas”,
independientemente de si pueden darse a entender o no, que trasciende lo
dispuesto en el artículo 1504 del Código Civil y no es compatible con la
dignidad de aquellas, pues a causa de la falta de funciones auditivas, fonadoras
o ambas, se concreta un imaginario sobre su ausencia de facultades más allá de
aquellas.
De tal suerte, las personas sordomudas
que puedan darse a entender tienen capacidad plena y pueden emitir su
consentimiento para contraer matrimonio en forma válida. Así es censurable que
el Legislador: (i) les considere como parte del conjunto de personas con
interdicción para el manejo de bienes; y (ii) una vez hecho lo anterior,
incluya como una excepción la validez del matrimonio, cuando puedan expresar su
voluntad.
Según el criterio de la Sala, la falta de
facultad auditiva y/o fonadora se extendió a tal punto que implicó materias que
no tienen ninguna relación con ellas: el manejo de bienes y la expresión del
consentimiento.
56. Por último, la Sala aclaró que el reemplazo del
término “los sordomudos” por la expresión “personas en condición de
discapacidad auditiva”, como lo propusieron los demandantes, no procedía en
este caso en la medida que solo trasladaba un trato denigrante a otras
personas, con el agravante de que la medida resultaría inocua para ellas.
57. Con fundamento en todo lo anterior y, como quiera que
la sustracción de la norma del ordenamiento jurídico implica la remisión al
régimen general sobre la capacidad de las personas “sordomudas”, la Sala Plena
de la Corte Constitucional resolvió declarar la inexequibilidad simple del
apartado “Pero los sordomudos, si
pueden expresar con claridad su consentimiento por signos manifiestos,
contraerán válidamente matrimonio” contenido en el numeral tercero del artículo 140
(parcial) de la Ley 57 de 1887 -Código Civil.
VII.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de
la Constitución
RESUELVE
DECLARAR INEXEQUIBLE el apartado “Pero los sordomudos, si pueden expresar con claridad
su consentimiento por signos manifiestos, contraerán válidamente matrimonio” contenido en el numeral tercero del
artículo 140 (parcial) de la Ley 57 de 1887 -Código Civil-, por resultar
incompatible con la dignidad humana, de conformidad con lo expuesto.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y archívese el
expediente.
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
Con
salvamento de voto
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con
aclaración de voto
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
Con
salvamento de voto
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con
salvamento de voto
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
Con
salvamento de voto
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO
DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
A LA SENTENCIA C-095 DE 2019
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE CAUSALES DE
NULIDAD DEL MATRIMONIO-Se debió declarar la exequibilidad condicionada
de la expresión “los sordomudos” contenida en el artículo 140 del Código Civil
(Salvamento de voto)
Expediente: D-12479
Magistrada ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
En
atención a la sentencia proferida por la Sala Plena el 6 de marzo de 2019 en el
expediente de la referencia, presento
Salvamento de Voto porque no comparto la
decisión de declarar la inexequibilidad de todo el apartado “Pero los
sordomudos, si pueden expresar con claridad su consentimiento por signos
manifiestos, contraerán válidamente matrimonio”, contenida en el numeral
tercero del artículo 140 (parcial) de la Ley 57 de 1887, Código Civil.
La
posición mayoritaria de la Sala hizo una integración normativa para ocuparse de
definir la constitucionalidad material de todo el apartado normativo contenido
en la referida disposición. A partir de allí resolvió un problema jurídico
distinto al propuesto en la demanda y al planteado en la misma ponencia, a
saber, si la norma establecía una presunción según la cual las personas con
discapacidad auditiva y fonadora podrían considerarse interdictas para
administrar sus bienes. Fue así como concluyó que tal disposición, así entendida,
resultaba contraria a la dignidad humana.
No
estoy de acuerdo con esta postura. En primer lugar, el cargo propuesto en la
demanda se circunscribía, en rigor, al
uso del lenguaje jurídico, pues los accionantes plantearon que la expresión “los
sordomudos” resultaba peyorativa y discriminatoria, por tanto, contraria a
la dignidad humana. En consecuencia solicitaron que esta expresión fuera
reemplazada por la de “personas con discapacidad auditiva”.
En
segundo lugar, la Sala soslayó este planteamiento y le atribuyó a la norma una
consecuencia jurídica que en modo alguno era posible siquiera inferir, toda vez
el artículo 140 del Código Civil se ocupa de regular las causales de nulidad
del matrimonio, dentro de las cuales se establece la falta de consentimiento de
alguno o ambos contrayentes, vicio que se presume de distintos sujetos: (i) los
interdictos judicialmente para el manejo de sus bienes -entiéndase
disipadores-y (ii) los sordomudos. Respecto de esta última categoría de
sujetos, la misma norma prevé una circunstancia que desvirtúa la presunción de
su falta de capacidad para contraer matrimonio, que es cuando puedan expresar
con claridad su consentimiento por signos manifiestos.
De
allí que la norma se refería a dos supuestos distintos de presunción de falta
de capacidad para manifestar el consentimiento requerido para la validez del
contrato matrimonial. Esto es así porque de conformidad con el régimen legal
previsto para entonces, la ‘disipación o prodigalidad’ constituía un supuesto
específico de incapacidad legal, con particulares consecuencias jurídicas, al
punto que hoy en día no da lugar siquiera a un supuesto de interdicción
judicial, sino de inhabilitación, según lo previsto en el artículo 32 de la Ley
1306 de 2009.
En
esa medida, lo que debía hacer la Sala era ceñirse al cargo planteado, el cual
se circunscribía al uso del lenguaje jurídico y declarar, en consecuencia, la exequibilidad
condicionada de la expresión “los sordomudos”, para que se entendiera
que la norma se refiere a las personas en situación de discapacidad auditiva y
fonadora.
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
SALVAMENTO DE VOTO  DE LA MAGISTRADA
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
A LA SENTENCIA C-095/19
PRINCIPIO DE CONSERVACION DEL
DERECHO-Desconocimiento
en el presente caso (Salvamento de voto)
SORDOMUDOS-Validez de su consentimiento para
contraer matrimonio (Salvamento de voto)
CAUSALES DE NULIDAD DEL MATRIMONIO-Inexequibilidad parcial (Salvamento
de voto)
CONTROL CONSTITUCIONAL DEL LEXICO DEL LEGISLADOR-Personas en situación de discapacidad auditiva y
fonadora (Salvamento de voto)
Referencia: Sentencia C-095 de 2019
Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado
Con el debido respeto por la determinación
de la Sala Plena, manifiesto mi salvamento de voto en relación con la decisión
mayoritaria adoptada en la sentencia C-095 de 2019 dentro de la demanda de
constitucionalidad radicada con el número D-12.479. En mi concepto, en virtud del principio de conservación
del derecho solo debía declararse inexequible la conjunción adversativa “pero”
y exequible la expresión “sordomudos” en el entendido según el cual se
trata de una persona en condición simultánea de discapacidad auditiva y
fonadora.
En primer lugar, estimo que la
interpretación que la sentencia hace de la norma demandada no coincide con la
realidad y la verdadera voluntad del legislador. El numeral tercero del
artículo 140 establece:
“CAUSALES DE NULIDAD>. El matrimonio es nulo y sin efecto en los casos
siguientes: (…)  3o) Cuando para celebrarlo haya faltado el consentimiento de
alguno de los contrayentes o de ambos. La ley presume falta de consentimiento
en [los furiosos locos, mientras permanecieren en la locura, y en los
mentecatos a] quienes se haya impuesto interdicción judicial para el
manejo de sus bienes. Pero los sordomudos, si pueden expresar con claridad
su consentimiento por signos manifiestos, contraerán válidamente matrimonio”.
Una lectura de la disposición muestra que el
legislador no pretende incluir a los “sordomudos” que pueden darse a entender
dentro del género de los incapaces absolutos, sino todo lo contrario, presume
la validez de su consentimiento para contraer matrimonio cuando la pueden
expresar con claridad por signos manifiestos. La norma establece una protección
a las personas con una condición de discapacidad sensorial específica y
consagra cómo estas personas pueden celebrar en debida forma el matrimonio.
De manera que, no era necesario declarar la
inexequibilidad de toda la frase “Pero
los sordomudos, si pueden expresar con claridad su consentimiento por signos
manifiestos, contraerán válidamente matrimonio”, pues el contenido de la frase no es contrario a la
Constitución. Considero que
era suficiente expulsar del ordenamiento jurídico la conjunción adversativa “pero”
como único término que genera una confusión, y en consecuencia, una presunta
vulneración de la dignidad humana.
Acorde con ello, esta fórmula de decisión era
igualmente compatible con el precedente establecido en la sentencia C-983 de
2002, en la cual la Sala Plena de la Corte afirmó que era discriminatorio
excluir sin razón justificada “a aquellas personas que pueden comunicarse
mediante señas u otra forma de lenguaje, pero desconocen la escritura”. La
Corte señaló que “[e]s
claro que las incapacidades tienen un sentido protector en favor de ciertas
personas que, por sus especiales características, pueden resultar afectadas en
sus intereses debido a que no tienen el total discernimiento o la experiencia
necesaria para expresar su voluntad y para poder obligarse con claridad
suficiente, pero no por ello resulta ajustada a los preceptos constitucionales
una norma en tal sentido que consagre medidas discriminatorias”. Con fundamento en lo anterior
concluyó que debía retirarse del ordenamiento jurídico el vocablo “por escrito”
contenido en los artículos 62, 432
y 1504 del Código Civil “al apartar del mundo jurídico a los
limitados auditivos y en lenguaje articulado que no puedan expresarse por
escrito. La lengua no  puede ser un factor para restringir o limitar el
goce de los derechos o  para que se establezcan tratos distintos, por
lo cual, una regulación que diferencie a las personas por su lengua es
potencialmente discriminatoria.”
Por lo anterior, estimo que no era necesario eliminar
del ordenamiento jurídico toda la frase final del numeral 3º del artículo 140.
En segundo lugar, a la luz de los estándares del
modelo social de discapacidad, considero que era necesario reemplazar la
palabra “sordomudos” por el término “personas en situación de
discapacidad auditiva y fonadora”, con el fin de dar cumplimiento a la
línea jurisprudencial vigente sobre el lenguaje utilizado por el legislador
cuando se dirige a la población en situación de discapacidad.[97]
En los anteriores términos salvo mi voto.
Fecha ut supra,
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
[1] M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[2] Texto subrayado
analizado en la Sentencia C-507 de 2004. En ella el aparte tachado “doce”
fue declarado INEXEQUIBLE, pues la edad para la mujer es también de catorce
años.
[3] Texto
subrayado analizado y declarado INEXEQUIBLE mediante Sentencia C-478 de 2003.
[4]
Numeral derogado por el artículo 45 de la Ley 57 de 1887: “Deróganse los
artículos 10, 24, 51, 60, 94, 114, 139, 146, 147, 318, 328, 329, 332, 643, 644,
645, 647, 651, 1045, 1151, 1182, 1197, 1949, 2302 y 2598 del Código; y los
incisos 2o del artículo 52, 2o del artículo 105, los marcados con los
números 4 y 10, 13 y 14 del artículo 140, el inciso que sigue al marcado
con el número 14, en el mismo artículo 140, y el inciso 1o del artículo 1175,
todos del Código de que se trata.”
[5] Texto subrayado
declarado EXEQUIBLE en forma condicionada mediante Sentencia C-533 de 2000,
bajo el entendido de que la cohabitación a que se refieren sea en todo caso
voluntaria y libre, y dejando a salvo el derecho de demostrar, en todo tiempo,
que ella no tuvo por objeto convalidar el matrimonio.
[6]
Numeral EXEQUIBLE conforme lo decidido en la Sentencia C-007 de 2001, siempre
que la expresión “robada violentamente” se entienda como rapto y, en
virtud del principio de igualdad de sexos, puede ser invocado por cualquiera de
los contrayentes.
[7]
Numeral declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-082 de 1999.
[8] Numeral declarado
EXEQUIBLE mediante Sentencia C-271 de 2000, bajo el entendido que la nulidad
del matrimonio civil por conyugicidio se configura cuando ambos contrayentes
han participado en el homicidio y se ha establecido su responsabilidad por
homicidio doloso mediante sentencia condenatoria ejecutoriada; o también, cuando
habiendo participado solamente un contrayente, el cónyuge inocente proceda a
alegar la causal de nulidad dentro de los tres meses siguientes al momento en
que tuvo conocimiento de la condena
[9]
Numeral derogado por el artículo 45 de la Ley 57 de 1887: “Deróganse los
artículos 10, 24, 51, 60, 94, 114, 139, 146, 147, 318, 328, 329, 332, 643, 644,
645, 647, 651, 1045, 1151, 1182, 1197, 1949, 2302 y 2598 del Código; y los
incisos 2o del artículo 52, 2o del artículo 105, los marcados con los
números 4 y 10, 13 y 14 del artículo 140, el inciso que sigue al marcado
con el número 14, en el mismo artículo 140, y el inciso 1o del artículo 1175,
todos del Código de que se trata”.
[10] Texto subrayado
analizado y declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-482 de 2003, bajo el entendido de que siempre y cuando se entienda que la
causal de nulidad se extiende al matrimonio contraído entre la hija adoptiva y
el hombre que fue esposo de la adoptante.
[11] Numeral derogado por
el artículo 45 de la Ley 57 de 1887: “Deróganse los artículos 10, 24, 51,
60, 94, 114, 139, 146, 147, 318, 328, 329, 332, 643, 644, 645, 647, 651, 1045,
1151, 1182, 1197, 1949, 2302 y 2598 del Código; y los incisos 2o del artículo
52, 2o del artículo 105, los marcados con los números 4 y 10, 13 y 14 del
artículo 140, el inciso que sigue al marcado con el número 14, en el mismo
artículo 140, y el inciso 1o del artículo 1175, todos del Código de que se
trata.”
[12] Numeral derogado por
el artículo 45 de la Ley 57 de 1887: “Deróganse los artículos 10, 24, 51,
60, 94, 114, 139, 146, 147, 318, 328, 329, 332, 643, 644, 645, 647, 651, 1045,
1151, 1182, 1197, 1949, 2302 y 2598 del Código; y los incisos 2o del artículo
52, 2o del artículo 105, los marcados con los números 4 y 10, 13 y 14 del artículo
140, el inciso que sigue al marcado con el número 14, en el mismo artículo
140, y el inciso 1o del artículo 1175, todos del Código de que se trata.”
[13]
Folio 11.
[14] Folio 10.
[15] Folio 10.
[16] Folio 3.
[17] Folio 10.
[18] Folio 6.
[19] Folio
10.
[20] Folio
11.
[21] Folio 9.
[22] Folio 4.
[23]
Folio 8.
[24] Folio
89.
[25] Folio 88.
[26] Para
soportar esta afirmación refirió la Sentencia C-458 de 2015.
[27] Al
respecto, el Ministerio advirtió que en la Sentencia C-983 de 2002, en la que
la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la palabra “sordomudo”
contenida en los artículos 62, 432 y 1504 del Código Civil, quedó claro que
existen tres tipos de personas con capacidad auditiva, y solo de uno de ellos
puede predicarse la mudez.
[28] Folio
50.
[29] El
grupo estuvo integrado por Patti Vivian Jones (Magistra y Directora del Colegio
de Filadelfia para Sordos de Bogotá), Julián Sánchez Díaz (Abogado, Magister y
Líder del Movimiento Vida Independiente en Bogotá), Liliana Elizabeth Otero
Caicedo (Psicóloga, Magistra y agente social de cambio y consultora de asuntos
de discapacidad en la ciudad de San Juan de Pasto) y Dora Inés Mnevar M.
(Profesora, Doctora y Coordinadora Académica de la Maestría en Discpacidad e
Inclusión Social de la Universidad Nacional de Colombia). El texto de la intervención,
previamente a ser remitido a esta Corporación, fue socializado en el Subcomité
Asesor de la Maestría, llevado a cabo el 7 de febrero de 2018.
[30] Folio
54
[31] SALDARRIAGA BOHÓRQUEZ, Claudia Cristina. Personas sordas y
diferencia cultural. Representaciones hegemónicas y críticas de la sordera.
Tesis de Maestría. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2014. En cita en:
Folio 56.
[32] La
intervención del Ministerio de Salud y la Protección Social enlista una serie
de ejemplos de lo que denomina “términos positivos” (Folio 73) para
referirse a determinados tipos de discapacidad:
Uso
correcto
Inapropiado
Persona
con discapacidad
Discapacitado,
anormal, incapacitado, deficiente, minisválido, diferente.
Presenta,
posee, tiene… discapacidad
Padece
sufre, aquejada de, víctima de… discapacidad
Persona
ciega
Ciego,
invidente
Persona
con discapacidad visual
Persona
con baja visión
Cieguito,
cegato, corto de vista, tuerto
Persona
sin habla. Persona que utiliza comunicación aumentativa
Mudo
Persona
sorda. Persona con discapacidad auditiva. Persona con hipoacustia.
Sordo.
Sordomudo. Sufre una pérdida
Persona
con discapacidad física Persona con movilidad reducida
Mutilado,
inválido, paralítico, cojo, tullido, lisiado
Persona
usuaria de silla de ruedas
Confinado
en una silla de ruedas. Postrado en silla de ruedas
Persona
con esquizofrenia
Esquizofrénico
Persona
con discapacidad psicosocial
Loco,
demente, trastornado
Persona
con discapacidad intelectual
Mongólico,
retardado, retrasado mental, trastornado
Persona
con síndrome de Down
Retrasado,
deficiente mental. Imbécil, tonto, subnormal
Persona
con discapacidad mental.
Demente,
enfermo mental
[33] Como
“problemas que afectan a una estructura o función corporal” (Folio 70).
[34] Como
“dificultades para ejecutar acciones o tareas” (Folio 70).
[35] Como
“problemas para participar en situaciones vitales” (Folio 70).
[36] Folio
71.
[37] Folio
145. Si bien así lo solicita en un primer momento el Procurador Genera de la
Nacion, en la parte final de su intervención pide la declaratoria de
inexequibilidad de la expresión “mudo”, contenida en la norma, como se
verá.
[38] Folio
151.
[39] Folio
151.
[40] Ver, entre otros, las
Sentencias C-653 de 2003 M.P. Jaime Córdoba
Triviño, C-856 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, C-128 de 2011 M.P.
Juan Carlos Henao Pérez, C-535 de 2016 M.P. María Victoria Calle Correa
y C-207 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[41] Sentencia
C-1052 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. “Esto quiere decir que el
rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede
convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el
derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del
demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo”. En el
mismo sentido se orientó la Sentencia C-508 de
2008 M.P. Mauricio González Cuervo (“el examen de los requisitos adjetivos
de la demanda no debe ser sometido a un riguroso escrutinio y se debe preferir
una decisión de fondo antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la
efectividad de los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso
judicial efectivo ante esta Corte”) y la Sentencia C-978 de 2010 M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva (“la acción de inconstitucionalidad es de carácter
público, es decir abierta a todos los ciudadanos, por lo que no exige acreditar
la condición de abogado; en tal medida, el rigor en el juicio que aplica la
Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación
tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda
habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda
y fallando de fondo”).
[42] Ver, entre otros,
Auto 288 de 2001 y sentencias C-1052 de 2001 y C-568 de 2004, todas las
providencias con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, y C-980
de 2005, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[43] Folio
10.
[44] Ver el análisis de
dicha línea jurisprudencial en las sentencias C-078 de 2007 M.P. Jaime Córdoba
Triviño y C-147 de 2017 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[45] M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[46] “FOUCAULT, Michel. Las palabras y las cosas: una
arqueología de las ciencias humanas. Siglo XXI. Buenos Aires, 1968. P. 45.”
[47] “En la teoría lingüística de Ferdinand de Saussure, se
trata de los denominados significantes y significados del signo lingüístico.
Ver: ZORRAQUINO, María Antonia Martín. El Cours de linguistique générale (1916)
de Ferdinand de Saussure: algunas reflexiones, desde la lingüística hispánica,
en el centenario de su publicación. Universidad de Zaragoza, 2016.”
[48] “BOURDIEU, Pierre. ¿Qué significa hablar? Ediciones
AKAL, 2008: ‘(…) el lenguaje es el primer mecanismo formal cuyas capacidades
generativas no tienen límite’. Además FOUCAULT, Michel. Las palabras y las
cosas: una arqueología de las ciencias humanas. Siglo XXI. Buenos Aires, 1968.
P. 46: ‘Pues era muy posible que antes de Babel, antes del Diluvio, hubiera una
escritura compuesta por las marcas mismas de la naturaleza, de modo que estos
caracteres tendrían el poder de actuar directamente sobre las cosas, de
atraerlas o rechazarlas, de figurar sus propiedades, sus virtudes y sus
secretos’.”
[49] Sentencia
C-147 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[50] Ídem.
[51] Entendido en función del significado de los signos del habla.
[52] LADA FERRERAS,
Ulpiano. La dimensión pragmática del signo literario. Estudios filológicos,
2001, no 36, p. 61-70. “Los signos tienen una indudable
dimensión social, son usados por unos sujetos en un proceso semiósico, dentro
de un contexto determinado, razón por la cual todos estos aspectos no pueden
ser obviados a la hora de estudiar los signos. La pragmática se ocupa de las
circunstancias en que se produce el proceso de expresión, comunicación e
interpretación de los signos, en un tiempo, un espacio y una cultura determinados,
trascendiendo, de esta forma, el propio texto, al contrario de la sintaxis y en
menor grado la semántica, que son aspectos fundamentalmente inmanentes al
texto. El cambio significativo que introducen las investigaciones pragmáticas
reside en el desplazamiento de la atención de los aspectos sistemáticos que
estructuran un corpus, previamente delimitado para su acomodación al método de
estudio, hacia las distintas variantes de uso presentes en procesos concretos
de comunicación”
[53] M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[54] Sentencia
C-063 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[55] Sentencia
C-634 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[56] Sentencia
C-223 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[57] Sentencia
C-182 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[58] Sentencia C-124 de
2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[59] Sentencias
C-009 y C-064 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y José Fernando Reyes
Cuartas, respectivamente.
[60]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[61]
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[62] Sentencia
C-147 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[63] Sentencia
C-776 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[64] Sentencia C-143 de
2015. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[65] Sentencia C-143 de 2015. M.P. Luís Ernesto Vargas
Silva.
[66] Sentencia
C-452 de 2016. M.P. Luís Ernesto Vargas
Silva.
[67] Sentencia
T-881 de 2002, en cita en la sentencia C-452 de 2016.
[68] Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[69] M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[70] M.P. Clara Inés
Vargas Hernández.
[71] M.P. Aquiles Arrieta
Gómez.
[72] HOBSBAWN, Eric.
Naciones y nacionalismos desde 1780. Crítica. Barcelona, 1992. PP. 42 y 197.
[73] BOBBIO, Norberto. El
tiempo de los derechos. Editorial Sistema. Madrid, 1991. P. 110.
[74] Ídem.
[75] Ídem.
[76] Ídem. P. 111
[77] FOUCAULT,
Michel. Los Anormales. Fondo de Cultura Económica. México, 2001. P.68 y ss. El
autor llama la atención sobre la antiquísima idea jurídica del “monstruo”
como producto del desorden de la naturaleza, que el derecho se ve limitado para
regir.
[78] FOUCAULT,
Michel. Los Anormales. Fondo de Cultura Económica. México, 2001. P.50 y ss.
[79] Sentencia C-804 de
2009
[80] Ídem.
[81] GIDDENS, Anthony y
SUTTON, Philip. Sociología. Alianza, Séptima Edición. Madrid, 2017. P. 532
[82] PALACIOS,
Agustina. El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y
plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad. Cermi. Madrid, 2008. P. 122
[83] TOBOSO MARTÍN, Mario;
ARNAU RIPOLLÉS, Mª. La discapacidad dentro del enfoque de capacidades y
funcionamientos de Amartya Sen. Araucaria. Revista iberoamericana de filosofía,
política y humanidades, 2008, vol. 10, no 20.
[84] Op. Cit. PALACIOS. El
modelo social de discapacidad... P. 123.
[85] Op. Cit. TOBOSO. La
discapacidad dentro del enfoque de capacidades… P. 69.
[86] Sentencia
C-330 de 2013. M.P. Luís Ernesto Vargas
Silva.
[87] Por
ejemplo, Sentencia C-330 de 2013. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[88] Por ejemplo,
Sentencia T-629 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[89] Sentencia C-417 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[90] Ídem.
[91] Ídem.
[92]
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[93]
Sentencia C-983 de 2002. “A medida que ha pasado el tiempo se han propuesto
una variedad de métodos para educar al sordomudo. Con los avances científicos y
tecnológicos la enseñanza y la formación de dichos individuos ha alcanzado
niveles impensados en épocas anteriores y que muy seguramente han contribuido
para que hoy en día se replantee esa concepción limitada de su capacidad.”
[94] GARCÍA MURGA,
Fernando. Sobre las conjunciones coordinantes adversativas. THEORIA. Revista de
Teoría, Historia y Fundamentos de la Ciencia, 2017, vol. 32, no 3, p. 303-327. “Las
conjunciones coordinantes adversativas son estructuras coordinantes que
conllevan necesariamente un contraste entre dos elementos relacionados con los
enunciados que unen”.
[95] “Toda persona es legalmente capaz, excepto aquéllas que la
ley declara incapaces.”
[96] En relación con las
personas en condición de discapacidad y de su valoración social, ver PUGA,
Dolores. La dependencia de las personas con discapacidad: entre lo sanitario
y lo social, entre lo privado y lo público. Revista Española de Salud
Pública, 2005, vol. 79, No 3, p. 327-330. “Entendemos por discapacidad la
dificultad para desempeñar papeles y desarrollar actividades socialmente
aceptadas, habituales para las personas de similar edad y condición, es decir,
la discapacidad es la dificultad o la imposibilidad para llevar a cabo una
función o un papel en un contexto social y en un entorno determinado. La
discapacidad es la expresión de una limitación funcional, emocional o cognitiva
en un contexto determinado. Es la brecha existente entre las capacidades de la
persona (condicionadas en parte por su salud) y las demandas del medio (físico,
social, laboral). Se vincula más a la función social que a la función orgánica
(a la que se asocian patología y deficiencia)”.
[97] Ver para el efecto la línea jurisprudencial expuesta
por ejemplo en la sentencia C-046 de 2019 (MP Cristina Pardo Schlesinger).