T-760-07
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-760/07
CONSTITUCION ECOLOGICA-Conformación
CONSTITUCION ECOLOGICA-Dimensiones
Esta
Constitución ecológica tiene dentro del ordenamiento colombiano una triple
dimensión: de un lado, la protección al medio ambiente es un principio que
irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las
riquezas naturales de la Nación. De otro lado, aparece como el derecho de todas
las personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es
exigible por diversas vías judiciales. Y, finalmente, de la constitución
ecológica derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a
los particulares.
DERECHO AL AMBIENTE SANO-Relevancia
jurídica en la jurisprudencia constitucional y en los tratados internacionales
MEDIO AMBIENTE-Mecanismo mínimo de
existencia del ser humano/CONSTITUCION ECOLOGICA
FUNCION ECOLOGICA DE LA PROPIEDAD-Alcance
En lo que
respecta a la función ecológica de la propiedad, la Corte advirtió, para lo
cual resaltó la influencia y cambios que la Constitución de 1991 imprimió en
nuestro estatuto civil de 1887, que la misma es la respuesta del constituyente
para enfrentar el “uso indiscriminado de los bienes y derechos particulares en
contra de la preservación del medio ambiente sano, considerado como un derecho
y bien colectivo en cuya protección debe estar comprometida la sociedad entera”.
De acuerdo con la sentencia en comento, la ecologización de la propiedad es
producto de la evolución del concepto de Estado, de un parámetro puramente
individual (liberal clásico) a un mandato que supera -inclusive- el sentido
social de la misma para, en su lugar, formular como meta la preservación de las
generaciones futuras, garantizando el entorno en el que podrán vivir.
PROPIEDAD PRIVADA-Ecologización
PROPIEDAD PRIVADA-Consecuencias de la
ecologización
En la época
actual, se ha producido una “ecologización” de la propiedad privada, lo cual
tiene notables consecuencias, ya que el propietario individual no sólo debe
respetar los derechos de los miembros de la sociedad de la cual hace parte
(función social de la propiedad) sino que incluso sus facultades se ven
limitadas por los derechos de quienes aún no han nacido, esto es, de las
generaciones futuras, conforme a la función ecológica de la propiedad y a la
idea del desarrollo sostenible.
DERECHO DE PROPIEDAD PRIVADA-Evolución
histórica del concepto
MEDIO AMBIENTE SANO-Derecho de rango constitucional
Hoy en día,
el ambiente sano no sólo es considerado como un asunto de interés general, sino
primordialmente como un derecho de rango constitucional del que son titulares
todas las personas en cuanto representan una colectividad.
MEDIO AMBIENTE-Debe haber equilibrio con los demás derechos y
garantías constitucionales
Lógicamente
la protección medio ambiental, como valor constitucional, no tiene un efecto
desvanecedor sobre los demás derechos y garantías previstos en la Carta.  No
obstante la importancia de tal derecho, de acuerdo a cada caso se hará
necesario equilibrarlo con las demás atribuciones individuales, sociales,
económicas y colectivas.  Para el efecto, el propio texto constitucional proporciona
conceptos relevantes que concretan el equilibrio que debe existir entre el
“desarrollo” económico, el bienestar individual y la conservación del
ecosistema.  El desarrollo sostenible, por ejemplo, constituye un referente a
partir del cual la jurisprudencia de la Corte ha fijado cuáles son los
parámetros que rigen la armonización de tales valores, destacando que: “es
evidente que el desarrollo social y la protección del medio ambiente imponen un
tratamiento unívoco e indisoluble que permita progresivamente mejorar las
condiciones de vida de las personas y el bienestar social, pero sin afectar ni
disminuir irracional o desproporcionadamente la diversidad natural y biológica
de nuestro ecosistema”.
CODIGO DE RECURSOS NATURALES-Ausencia de
extralimitación en ejercicio de facultades
MEDIO AMBIENTE-Influencia sustancial que ejercen las normas
protectoras sobre las potestades individuales
y privadas
BIODIVERSIDAD-Importancia de la expedición de normas para su
protección, disfrute y aprovechamiento de la fauna a nivel local e
internacional
BIODIVERSIDAD-Carácter vital para la
existencia
CONVENCION SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE-Propósitos y
alcances
BIODIVERSIDAD-Apoyo de la jurisprudencial constitucional a los
diferentes instrumentos de protección de fauna y flora
ENMIENDA A CONVENCION SOBRE COMERCIO
INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES-Objetivos
PROTOCOLO RELATIVO A LAS AREAS ESPECIALES Y FLORA Y FAUNA SILVESTRES-Finalidad
BIODIVERSIDAD-Cambio en las potestades del Estado y los
particulares para su protección y conservación
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL-Objeto
RECURSOS NATURALES-Protección
RECURSOS NATURALES-Instrumentos legales que establecen condiciones
y restricciones para el aprovechamiento de la fauna silvestre
CODIGO DE RECURSOS NATURALES-Contenido
CODIGO DE RECURSOS NATURALES-Reserva de caza y veda de caza
CODIGO DE RECURSOS NATURALES-Prohibiciones legales
CODIGO DE RECURSOS NATURALES-Contenido del Decreto
Reglamentario del CRNR No.1608 de 1978
DECOMISO DE ANIMALES-Medida aplicada por el desconocimiento de las
condiciones y prohibiciones que rigen el aprovechamiento de la fauna silvestre
RECURSOS NATURALES-Contexto normativo que rige el aprovechamiento de la
fauna silvestre en Colombia
RECURSOS NATURALES-Obligaciones específicas para las personas que
acceden al recurso faunístico contempladas en la Ley 84 de 1989
Ocupa un
lugar destacado la Ley 84 de 1989, en la cual Colombia definió un Estatuto
Nacional de Protección de los Animales en el que se fijan unas pautas de
conducta realmente ambiciosas en cabeza de las personas, que rigen y ajustan su
trato con todos los animales. De entrada la ley 84 objeta la relación abusiva o
cruel del hombre con la naturaleza y llama la atención de todos a partir del
siguiente epígrafe: “los animales tendrán en todo el territorio nacional
especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o
indirectamente por el hombre” (art. 1º); enseguida, dentro de sus objetivos, la
misma insiste en rechazar el dolor y sufrimiento animal, plantea la promoción
de su salud, bienestar, respeto y cuidado, y propone desarrollar medidas
efectivas para la preservación de la fauna silvestre.  Como tal, la ley impone
un conjunto de obligaciones específicas para lograr su cometido, todas ellas
enmarcadas en el compromiso de evitar causar daño o lesión a cualquier especie
(art. 4º), y enlista el conjunto de actos que considera perjudiciales y crueles
aplicables, en su gran mayoría, a las maniobras de cacería reguladas por el
CRNR y su decreto reglamentario.
RECURSOS NATURALES-Prohibición en todo el territorio nacional de la
caza de animales silvestres bravíos o salvajes y sus excepciones
En el
capítulo VIII de este estatuto, denominado “de la caza y la pesca”, se
replantea el concepto de caza, imponiendo como regla general que “[l]a caza de
animales silvestres bravíos o salvajes está prohibida en todo el territorio
nacional” y dejando como únicas excepciones (i) la que se efectúa con fines de
subsistencia, siempre que no se aplique a animales en vía de extinción y (ii)
aquella que se practique con “fines científicos o investigativos, de control,
deportivos, educativos, de fomento pero con autorización previa, escrita,
particular, expresa y determinada (...)”.  Obsérvese que esta ley desecha la
caza comercial de los animales silvestres (art. 31) y en su lugar, establece
que sólo está permitido el tráfico de éstos a través de los zoocriaderos
autorizados (art. 33).
DERECHO A LA SALUD-Desarrollo
jurisprudencial
DERECHO A LA SALUD-Fundamental
DERECHO A LA SALUD-Incluye facetas
preventiva, reparadora y mitigadora
DERECHO A LA SALUD MENTAL-Fundamental
por conexidad con la vida e integridad personal
DERECHO A LA SALUD DE PERSONA
DISMINUIDA PSIQUICAMENTE-Requisitos para el acceso a la prestación
La
efectividad práctica del derecho fundamental a la salud incluye la protección
de las diferentes facetas del derecho, entre ellas la esfera emocional o
síquica.  No obstante, su garantía no tiene alcances absolutos o ilimitados
sino que conlleva la atención de una serie de requisitos y, según cada caso,
las condiciones constitucionales, legales y presupuestales necesarias para el
acceso a la prestación.
RECURSOS NATURALES-Restricciones aplicables al aprovechamiento de los
animales domésticos y silvestres a partir de la expedición del Código Nacional
de Recursos Naturales Renovables
RECURSOS NATURALES-Desarrollo legal de las condiciones relativas a la
disposición, acceso y aprovechamiento de la fauna silvestre
RECURSOS NATURALES-Carencia de soporte legal de la caza indiscriminada
de animales silvestres
A pesar de
los profundos cambios normativos relativos al manejo y aprovechamiento de la
fauna silvestre, las figuras jurídicas que por excelencia rigen el disfrute de
las especies animales son la cacería y la zoocría (Ley 84 de 1989, Ley 611 de
2000 y Decreto 4688 de 2005).  No obstante, es necesario insistir, la caza
indiscriminada de animales, entendida como el acceso libre o arbitrario del
hombre sobre cualquier recurso faunístico de la naturaleza no tiene soporte
legal o constitucional actual.
RECURSOS NATURALES-Condiciones generales para legitimar el acceso al
recurso faunístico
(i) la
obtención de la autorización, permiso o licencia que define las circunstancias
bajo las que se podrá acceder al recurso faunístico, precedida por la
determinación de las especies y los cupos globales de aprovechamiento; (ii)
garantizar que las condiciones bajo las que se manejarán los animales permiten
el bienestar de cada especie y el desarrollo sostenible del recurso; y (iii)
evitar que el aprovechamiento del animal comporte actos de crueldad que
perjudiquen el “bienestar” de éste o que su permanencia contraríe la
tranquilidad de otras personas.
RECURSOS NATURALES-Protección constitucional y legal sobre el
aprovechamiento de los animales domésticos y
animales silvestres
RECURSOS NATURALES-Diferente protección constitucional y legal sobre el
aprovechamiento de los animales domésticos y animales silvestres
ACCION DE TUTELA-Improcedencia por que el decomiso de especies
silvestres es una medida constitucional y legal tendiente al desarrollo sostenible,
conservación restauración y sustitución del ecosistema
Referencia: expediente T-1398036
Acción de tutela instaurada por María Delfina Castaño de Ospina
contra la Corporación Autónoma Regional de Caldas -CORPOCALDAS-.
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C.,
veinticinco (25) de septiembre de dos mil siete (2007).
La Sala Novena
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, JAIME ARAÚJO RENTERÍA y MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las
contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución y el
Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión del fallo dictado por el Juez Segundo Laboral del Circuito
de Manizales, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por José
Humberto Ospina Herrera en representación de su esposa, María Delfina Castaño
de Ospina, contra la Corporación Autónoma Regional de Caldas -CORPOCALDAS-.
I.       ANTECEDENTES.
Mediante escrito
presentado el día 01 de junio de 2006, el señor José Humberto Ospina Herrera
solicita el amparo de los derechos fundamentales a la salud, a la integridad
personal, a la vida y a la dignidad humana radicados en cabeza de su señora
esposa, doña María Delfina Castaño de Ospina, presuntamente violados por la Corporación
Autónoma demandada.  Posteriormente, en respuesta a un requerimiento del
juzgado de instancia, la señora Castaño de Ospina remitió oficio en el que
ratifica en todas sus partes la acción de tutela[1].
Con todo, como
sustento a la solicitud, se invocan los siguientes:
1.  Hechos:
Indica que su esposa tenía desde hace cinco años una lora que
respondía al nombre de “Rebeca”.
Señala que el 04 de abril de 2006 un agente de la Policía le
“decomisó” el ave pues le dijeron que ésta se encontraba exhibida y se trataba
de una especie protegida, por lo que sería remitida a CORPOCALDAS.
Resalta que como consecuencia de lo anterior su esposa, quien en la
actualidad tiene 64 años de edad, se deprimió a tal punto que tuvo que
remitirse a la Clínica FAME.  Explica que ella vive sola, pues él trabaja
durante todo el día, y su única compañía era el animal, al que brindaba toda su
atención y cuidado.
Pone de presente que se dirigió ante la Corporación Autónoma para
obtener la devolución de la lora y así solucionar el problema de salud que
aqueja a doña María Delfina pero que su solicitud no fue atendida de manera
positiva.
Advierte que el ave fue “criada” desde muy pequeña por su esposa y
que nunca fue maltratada y no se le cortaron las alas, lo que le permitía
movilizarse libremente.
Considera que el decomiso efectuado por CORPOCALDAS lesiona los
derechos fundamentales de su esposa a la salud, a la integridad personal, a la
dignidad humana y a la vida.
Solicita, para lograr la recuperación de doña María Delfina, se
ordene a la Corporación Autónoma la devolución de la lora y el otorgamiento de
su  cuidado a su esposa.
2.  Respuesta
de la autoridad demandada.
Con motivo de la
admisión de la acción de tutela, la Corporación Autónoma Regional de Caldas, a
través de apoderada, se opuso a las pretensiones del amparo.  Alertó que las
actuaciones efectuadas por la Corporación tienen asiento en principios
constitucionales y reglas de carácter legal y que, por tanto, las mismas no
tienen el poder de vulnerar los derechos fundamentales invocados.  Precisó que
en el Estado se encuentra radicada la potestad de señalar cuáles son las
políticas y directrices que rigen el aprovechamiento de la fauna silvestre y
que bajo tales condiciones no está permitida la tenencia de la especie animal
requerida por la accionante.  Sobre el particular señaló: “El Estado a
través de sus órganos, debe proteger el derecho de los ciudadanos a gozar
racionalmente y en el ámbito de la legalidad, del ambiente que ha dado en
denominarse natural, dentro del que se cuente el recurso faunístico; empero, a
su vez, exige de los ciudadanos el compromiso con la realización del principio
de solidaridad intergeneracional - que permite pensar el aprovechamiento de hoy
en términos del mañana”.  Indicó que el ordenamiento jurídico permite, bajo
condiciones de desarrollo sostenible, que cierto grupo de animales puedan ser
utilizados en calidad de mascotas “para suplir las necesidades de compañía y
afecto de los seres humanos”.  Concluyó que bajo tales condiciones no es
posible impartir una orden en sede de tutela para avalar una práctica ilegal
que va, adicionalmente, en perjuicio de algunos mandatos constitucionales.
Agregó que al actor se le ha explicado, en respuesta a los derechos de petición
elevados ante la Corporación, las razones por las cuales el ave fue
“decomisada”.
II.
DECISIÓN OBJETO DE REVISIÓN
Avocó
conocimiento de la demanda el Juez Segundo Laboral del Circuito de Manizales
quien denegó la protección de los derechos invocados.  Consideró que de los
hechos narrados en la tutela no es posible inferir que se encuentra en riesgo
la vida de la actora y en seguida concluyó: “[p]or lo tanto, no existe la
conexidad necesaria para que en este caso el derecho a la salud sea calificado
como fundamental”.  Además indicó que no se demostró que la patología que
dice sufrir doña María Delfina haya sido producida por la ausencia del ave y
descartó que la devolución del animal sea la mejor alternativa para tratar su
depresión.  Coligió que la acción de tutela no constituye un medio para
permitir la violación de leyes y sostuvo que en este caso existen disposiciones
de carácter legal que prohíben mantener especies pertenecientes a la fauna
silvestre en calidad de mascotas, por lo que las actuaciones de la autoridad
demandada encuentran justificación en “circunstancias objetivas”.
III.
PRUEBAS
En el trámite de
la acción de tutela en comento obran las siguientes pruebas:
1.
Fotocopia del “acta de incautación” de la “Lora
Rebeca” efectuada por la policía ambiental del Departamento de Caldas (folios 5
y 24).
2.
Fotocopia de las órdenes de apoyo asistencial
emitidas por la IPS Clínica FAME a favor de la señora María Delfina Castaño, en
donde se consigna como impresión diagnóstica la existencia de un “síndrome
depresivo” (folios 6 y 7).
3.
Fotocopia de los oficios de respuesta a las
peticiones formuladas por el señor José Humberto Ospina Herrera ante la
Corporación Autónoma Regional de Caldas (folios 21 y 22).
IV.  PRUEBAS
DECRETADAS POR LA SALA NOVENA DE REVISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A través de Auto
del nueve (09) de noviembre de dos mil seis (2006) esta Sala ordenó la práctica
de unas pruebas que llevaron a la recopilación de los siguientes documentos:
1.      Memorando expedido por la Subdirección de
recursos naturales de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en el que se
especifica cuál fue la especie decomisada y se detalla cuál es el tratamiento
que se ha aplicado al animal en búsqueda de su rehabilitación y reubicación
(folios 22 y 23 del cuaderno de revisión).
2.      Dictamen efectuado por el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses -Seccional Caldas- sobre el estado de
salud de la señora Castaño de Ospina (folios 25 a 32 del cuaderno de revisión).
V.      CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1.      Competencia
Es competente
esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para revisar el fallo
mencionado, de conformidad con lo establecido en los artículos 86, inciso
tercero, y 241 numeral noveno de la Constitución Política y en los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.      Presentación del caso y
planteamiento del problema jurídico.
El animal que
sirviera de compañía a la actora por aproximadamente cinco años fue “incautado”
y puesto a disposición de la Corporación Autónoma Regional.  Ahora, como
consecuencia de la ausencia del animal, dice la accionante que enfermó al punto
de elevar varias peticiones en donde solicitó la devolución del mismo.  Pues
bien, ante las respuestas negativas efectuadas sobre sus requerimientos, ella
presenta acción de tutela en la que exige la protección de sus derechos
fundamentales a la salud, a la integridad personal, a la vida y a la dignidad
humana, planteando, como solución a su dolencia, la recuperación del animal de
compañía.
La autoridad
ambiental demandada se opuso a la pretensión del amparo para lo cual sostuvo
que sus actuaciones tienen soporte constitucional y legal, específicamente en
la autoridad que tiene el Estado para regular los parámetros que han de
observarse para el aprovechamiento de la fauna silvestre; aseguró que según
esta regla no es posible permitir la tenencia de la especie incautada pero que,
en su lugar, sí está permitido -como alternativa- acudir a un determinado grupo
de animales para que en su calidad de mascotas suplan “las necesidades de
compañía y afecto de los seres humanos”.
El juez de
instancia negó la protección de los derechos fundamentales pues consideró que:
(i) de la condición de la actora no es posible inferir que se encuentre en
peligro su vida, requisito necesario para que el derecho a la salud sea
considerado como fundamental; (ii) no fue probado que la dolencia que sufre
doña Delfina haya sido generada por la ausencia del animal y tampoco se ha
acreditado que la devolución del mismo sea la mejor alternativa para el
tratamiento de su afección; y (iii) la acción de tutela no constituye un
mecanismo a través del cual se puedan proferir órdenes que contraríen o
desconozcan mandatos legales y, por tanto, teniendo en cuenta que está
prohibido tener animales silvestres en calidad de mascotas, no es posible
colegir que las actuaciones de la autoridad ambiental sean ilegítimas o
ilegales.
En atención a lo
expuesto a esta Sala le corresponde establecer, como cuestión principal en este
caso, si el decomiso del animal que ha brindado compañía a una persona durante
varios años, tiene la fuerza para vulnerar los derechos fundamentales de ésta.
Ahora bien, tal
planteamiento conlleva a que la Corte estudie las siguientes cuestiones, previo
a afrontar el caso concreto: (i) ¿Cuáles son los requisitos bajo los cuales una
persona puede aprovechar de la fauna y una autoridad puede decomisar el animal
que sirve de mascota a una persona?.  (ii) ¿Bajo qué parámetros o
circunstancias la ejecución del decomiso administrativo afecta ilegítimamente
el derecho a la salud?.
3.  La
Constitución Ecológica y los diferentes niveles de protección de las especies
silvestres.  Pautas para el aprovechamiento de la fauna silvestre y potestades
del Estado dentro de la protección medio-ambiental.
3.1.  De
entrada, la Constitución dispone como uno de sus principios fundamentales la
obligación Estatal e individual de proteger las riquezas culturales y naturales
de la Nación (art. 8°).  Adicionalmente, en desarrollo de tal valor, nuestra
Constitución recoge en la forma de derechos colectivos (arts. 79 y 80 C.P.) y
obligaciones específicas (art. 95-8 C.P.) las pautas generales que rigen la
relación entre el ser humano y el ecosistema.  Con claridad, en dichas
disposiciones se consigna una atribución en cabeza de cada persona para gozar
de un medio ambiente sano, una obligación Estatal y de todos los colombianos de
proteger la diversidad e integridad del ambiente y una facultad en
cabeza del Estado tendiente a prevenir y controlar los factores de deterioro
y garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y
sustitución.
Obsérvese que la
Carta prevé una estrategia definida frente a la relación entre la persona y su
entorno natural: el aprovechamiento de los recursos no puede engendrar de
manera alguna un perjuicio de la salubridad individual o social y tampoco puede
acarrear un daño o deterioro que atente contra la diversidad y la integridad medio
ambiental.  Así, desarrollo sostenible[2],
conservación, restauración y sustitución hacen parte de la garantías contenidas
en nuestra Constitución para que el bienestar y el quehacer productivo-económico
del ser humano se efectúe en armonía y no a costa o en perjuicio de la
naturaleza[3]
(arts. 332, 333, 334 y 366 C.P.).
En tales
disposiciones no se agota el énfasis otorgado por el constituyente a la protección
del medio ambiente.  Por el contrario, la Carta hace permanente mención a sus
elementos y principios, lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
conforma la constitución ecológica o verde[4].  Sobre tal concepto la
Corte ha presentado las siguientes consideraciones:
“La Constitución de 1991 modificó profundamente la relación
normativa de la sociedad colombiana con la naturaleza. Por ello esta
Corporación ha señalado, en anteriores decisiones, que la protección del medio
ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento jurídico que la
Carta contiene una verdadera "constitución ecológica", conformada por
todas aquellas disposiciones que regulan la relación de la sociedad con la naturaleza
y que buscan proteger el medio ambiente. Igualmente la Corte ha precisado que
esta Constitución ecológica tiene dentro del ordenamiento colombiano una triple
dimensión: de un lado, la protección al medio ambiente es un principio que
irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las
riquezas naturales de la Nación. De otro lado, aparece como el derecho de todas
las personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es
exigible por diversas vías judiciales. Y, finalmente, de la constitución
ecológica derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a
los particulares. Es más, en varias oportunidades, la Corte ha insistido en que
la importancia del medio ambiente en la Constitución es tal que implica para el
Estado, en materia ecológica, "unos deberes calificados de
protección". [5]
Nótese que a
partir de la Constitución de 1991 se imprime un nuevo paradigma normativo que
impone obligaciones al Estado y también a los particulares.  El bien jurídico
establecido en el derecho al “medio ambiente sano” no es resultado de las
labores aisladas que quiera o pueda adelantar el Estado sino que es la
consecuencia directa de la decidida concurrencia de éste en el ámbito interno e
internacional y el vínculo de la libertad de cada persona frente a tal
objetivo.
3.2.  Ahora
bien, no en pocas oportunidades la jurisprudencia constitucional y los
instrumentos internacionales sobre derechos humanos han resaltado la relevancia
jurídica y práctica del derecho a disfrutar de un medio ambiente sano así como
su conexión con derechos como la vida y la salud.  Específicamente, en la
Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
se reconoció que éste constituye un medio real para posibilitar la vida del
hombre en el planeta.  Veamos:
“(...) la referencia que en el párrafo 1 del artículo 12 del
Pacto se hace al "más alto nivel posible de salud física y mental" no
se limita al derecho a la atención de la salud. Por el contrario, el historial
de la elaboración y la redacción expresa del párrafo 2 del artículo 12 reconoce
que el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos
que promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar
una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes
básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el
acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones
de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano.”[6]
Lo anterior,
teniendo en cuenta que desde[7]
la Declaración de Estocolmo de 1972[8],
la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982[9],
la Declaración de Río[10]
y la resolución 45/94 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (sobre la necesidad
de asegurar un medio ambiente sano para el bienestar de las personas) se
reconoció la existencia de un lazo entre la verdadera realización global de la
dignidad humana y un medio ambiente de calidad[11].
Por ejemplo, en el último de los instrumentos mencionados, entre otras, se
consignó la siguiente declaración: “los hombres y las mujeres tienen derecho
fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida
adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que les permita llevar una vida
digna y gozar de bienestar, y tienen la solemne obligación de proteger y
mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras”;
asimismo enseguida se afirmó: “la creciente degradación del medio ambiente
podría poner en peligro la propia base de la vida”; y finalmente, a partir
de éstas, la Asamblea reconoció que “toda persona tiene derecho a vivir en
un medio ambiente adecuado para su salud y su bienestar”.
Así también, en términos similares esta Corporación
ha distinguido la estrecha relación que guarda la existencia de la vida y la
garantía de un medio ambiente sano.   Esta proposición fue registrada por la
Corte, por ejemplo, en la sentencia C-150 de 2005[12], en los siguientes
términos: “En efecto, el nuevo principio constitucional establecido por el
Constituyente de 1991 , pretende la garantía eficaz de los derechos fundamentales
a través de acciones positivas provenientes del mismo Estado.  Así las cosas,
el Estado Social debe hacer lo que esté a su alcance por establecer un “ mínimo
social de existencia” que salvaguarde los derechos fundamentales de los
individuos . ||  El medio ambiente ( Art. 78 C.P. ) , es uno de los
mecanismos mínimos de existencia del ser humano. Es por intermedio de este que
los seres humanos desarrollan su vida en condiciones dignas ( Art. 11 C.P. )
Así entonces,  surge de nuestra Constitución  el bien jurídico ambiental como
derecho protegido por el Estado Colombiano, también llamado Constitución
Ecológica ( Arts 7, 8, 11, 49, 58, 63 , 65, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 82, 86, 87,
88, 90, 95.8, 215, 226, 150, 189,246,268.7, 277.4, 282.5, 289 , 360, 361 y 366
entre otros. )”.
3.3.  De esta
manera, el interés público enfocado en la defensa del medio ambiente ha
provocado que otros valores constitucionales, entre ellos las potestades
individuales, transformen sus alcances en procura de conseguir un equilibrio
entre los mismos.  Tal vez una de las aplicaciones más dicientes que tiene la
protección del ecosistema sobre la afectación de la libertad y los derechos
individuales, se analizó en la sentencia C-189 de 2006[13], en la que se valoró
la afectación que tiene la prohibición de venta de las tierras que
componen el sistema nacional de parques naturales sobre el derecho a la
propiedad privada.  En este pronunciamiento la Corte consideró, en primer
lugar, que la evolución del concepto de propiedad privada ha engendrado que se
transite de un derecho con categoría absoluta (previsto en nuestro Código
Civil) a una atribución relativa “susceptible de limitación o restricción,
en aras de hacer efectivos los intereses públicos o sociales que priman en la
sociedad (...) la Constitución prescribe que a la propiedad le
corresponde cumplir funciones sociales y ecológicas que además de ser
inherentes al reconocimiento del citado derecho conducen a la imposición de
obligaciones que legitiman su ejercicio (...) De acuerdo con lo expuesto
y teniendo como fundamento la Constitución Política de 1991, es claro que puede
definirse a la propiedad privada como el derecho real que se tiene por
excelencia sobre una cosa corporal o incorporal, que faculta a su titular para
usar, gozar, explotar y disponer de ella, siempre y cuando a través de su uso
se realicen las funciones sociales y ecológicas que le son propias”.
En particular,
en lo que respecta a la función ecológica de la propiedad, la Corte advirtió,
para lo cual resaltó la influencia y cambios que la Constitución de 1991
imprimió en nuestro estatuto civil de 1887, que la misma es la respuesta del
constituyente para enfrentar el “uso indiscriminado de los bienes y derechos
particulares en contra de la preservación del medio ambiente sano,
considerado como un derecho y bien colectivo en cuya protección debe estar
comprometida la sociedad entera”.  De acuerdo con la sentencia en comento,
la ecologización de la propiedad es producto de la evolución del
concepto de Estado, de un parámetro puramente individual (liberal clásico) a un
mandato que supera -inclusive- el sentido social de la misma para, en su lugar,
formular como meta la preservación de las generaciones futuras, garantizando el
entorno en el que podrán vivir.  Para este efecto la Corte se remitió a los
argumentos expuestos en la sentencia C-126 de 1998[14], de la que es
imperativo resaltar el siguiente apartado:
“Ahora bien, en la época actual, se ha producido una
“ecologización” de la propiedad privada, lo cual tiene notables consecuencias,
ya que el propietario individual no sólo debe respetar los derechos de los
miembros de la sociedad de la cual hace parte (función social de la propiedad)
sino que incluso sus facultades se ven limitadas por los derechos de quienes
aún no han nacido, esto es, de las generaciones futuras, conforme a la función
ecológica de la propiedad y a la idea del desarrollo sostenible.  Por ello
el ordenamiento puede imponer incluso mayores restricciones a la apropiación de
los recursos naturales o a las facultades de los propietarios de los mismos,
con lo cual la noción misma de propiedad privada sufre importantes cambios”
(Negrilla fuera de texto original).
No hay que
olvidar: el nuevo paradigma de organización política conlleva la imposición de
restricciones a las libertades individuales, v. gr. el derecho de propiedad,
mediante la determinación de condiciones para la apropiación y disfrute de los
recursos naturales.  La ecologización de la propiedad está precedida por
el cambio radical del concepto absoluto de propiedad privada previsto en el
Código Civil y consiste en la superación del carácter individual de tal derecho
para, en su lugar, establecer el conjunto de limitaciones necesarias para
salvaguardar, conservar y restaurar un  medio ambiente sano.  En los términos
de la sentencia C-189 es necesario concluir que “hoy en día, el ambiente
sano no sólo es considerado como un asunto de interés general, sino
primordialmente como un derecho de rango constitucional del que son titulares
todas las personas en cuanto representan una colectividad[15]”.
3.4.
Lógicamente la protección medio ambiental, como valor constitucional, no tiene
un efecto desvanecedor sobre los demás derechos y garantías previstos en la
Carta.  No obstante la importancia de tal derecho, de acuerdo a cada caso se
hará necesario equilibrarlo con las demás atribuciones individuales, sociales,
económicas y colectivas.  Para el efecto, el propio texto constitucional
proporciona conceptos relevantes que concretan el equilibrio que debe existir
entre el “desarrollo” económico, el bienestar individual y la conservación del
ecosistema.  El desarrollo sostenible, por ejemplo, constituye un referente a
partir del cual la jurisprudencia de la Corte ha fijado cuáles son los
parámetros que rigen la armonización de tales valores, destacando que: “es
evidente que el desarrollo social y la protección del medio ambiente imponen un
tratamiento unívoco e indisoluble que permita progresivamente mejorar las
condiciones de vida de las personas y el bienestar social, pero sin afectar ni
disminuir irracional o desproporcionadamente la diversidad natural y biológica
de nuestro ecosistema”[16].
Ahora bien, la
principal estrategia para la determinación de los criterios o bases del
desarrollo sostenible es la definición de políticas legislativas que articulen,
promuevan, regulen o restrinjan el aprovechamiento de los recursos naturales.
Así lo reconoció la Corte, por ejemplo, en la sentencia C-126 de 1998 –citada-
en la cual estudió una demanda presentada en contra del Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables expedido en 1974.  En esta providencia la Corte
estudió si el ejecutivo había excedido sus facultades al expedir tal estatuto y
también analizó si las mismas podían modificar algunas disposiciones del Código
Civil.  Sobre este último asunto afirmó: “la
decisión gubernamental de modificar ciertas normas civiles es totalmente
congruente con la finalidad de la regulación ecológica que se quería expedir en
ese momento, puesto que uno de sus objetivos, tal y como lo establece la ley
habilitante y las primeras normas del propio código, era lograr un
aprovechamiento racional y una adecuada conservación de los recursos naturales
renovables.  En tales circunstancias, resultaba perfectamente razonable que el
Presidente haya querido sustraer ciertos asuntos relacionados con el uso y la
explotación de tales recursos de la legislación civil, por cuanto ésta se rige
primariamente por el principio de autonomía de la voluntad, el cual puede
entrar en conflicto con la función ecológica de la propiedad (CP art. 58) y con
la nueva relación entre la sociedad y naturaleza, que es propia de una
legislación ambiental, como la que se quería expedir.”.
3.5.  Así pues,
haciendo énfasis en la influencia sustancial que las normas protectoras del
medio ambiente o que establecen las bases del desarrollo sostenible han
introducido en las potestades individuales y privadas, y partiendo de la idea
de “que el medio ambiente es un derecho fundamental para la existencia de la
humanidad”[17],
paulatinamente se han perfeccionado las condiciones que rigen el
aprovechamiento de los diferentes recursos o bienes que conforman nuestro
ecosistema.  La importancia de tales disposiciones, teniendo en cuenta la
situación especial de nuestro país en el planeta, ha sido reconocida por esta
Corte en varias ocasiones.  Precisamente, sobre este último ítem es necesario
distinguir algunos de los párrafos de la sentencia C-519 de 1994[18] en donde se reconoció
a Colombia como un país “megabiodiverso”, fuente de riquezas naturales
invaluables, sin par en el resto del planeta; veamos:
“Por su parte, Colombia es uno de los países que mayor interés
debe tener respecto de los acuerdos internacionales en materia de
biodiversidad. La razón es, por lo demás, sencilla: nuestro país ha sido
reconocido a nivel mundial como uno de los centros biológicos de mayor
diversidad. Sobre el particular, basta con remitirnos a la exposición de
motivos suscrita por los ministros de Relaciones Exteriores y de Medio
Ambiente, cuando presentaron ante el h. Congreso de la República el proyecto de
ley correspondiente al Convenio de Diversidad ya referenciado. La información
allí contenida da cuenta de la importancia de los recursos que se hallan en
nuestro territorio, desafortunadamente desconocida e ignorada por la mayoría de
los colombianos. Resulta pertinente, pues, transcribir los siguientes apartes:
“Países como Colombia, catalogados como 'megabiodiversos' no
pueden darse el lujo de anular una de las ventajas comparativas más críticas en
las relaciones internacionales y la economía del siglo XXI: los recursos genéticos
y la Diversidad biológica. En muchos casos esta ventaja es absoluta cuando se
trata de especies endémicas, es decir únicas y no repetidas en lugar alguno del
Planeta (...).
“Colombia es uno de los 13 países del Planeta que concentran el
60 por ciento de la riqueza biológica. Ellos incluyen además Brasil, México,
Perú, Australia, China, Ecuador, India, Indonesia, Madagascar, Malasia,
Venezuela y Zaire. Nuestro país reúne aproximadamente el 10 por ciento de todas
las especies animales y vegetales del globo, aunque representa menos del 1 por
ciento de la superficie terráquea. Esta característica ubica al país en uno de
los primeros lugares en diversidad de especies por unidad de área, y número
total de especies.
“Un tercio de las 55.000 especies de plantas de Colombia son
endémicas, lo que se considera una riqueza sin igual, equivalente al 10% del
total identificado (Bundestag, 1990). El país cuenta, por ejemplo, con el 15%
de las especies de orquídeas clasificadas mundialmente; con más de 2.000 plantas
medicinales identificadas y con un número elevado de especies de frutos
comerciales, silvestres o apenas localmente cultivados, que son comestibles o
que pueden llegar a ser utilizados para el mejoramiento genético de especies
cultivadas.
“En el país se han clasificado 338 especies de mamíferos, lo que
representa un 8% del total de las conocidas en el Planeta; el 15% de las
especies primates vivientes; 1.754 especies de aves (18%); y casi 3.000
vertebrados terrestres (...).”
Específicamente
en lo relativo a la protección de la biodiversidad y al disfrute o
aprovechamiento de la fauna, a nivel local e internacional se han expedido
varias disposiciones que guían el manejo de dichos recursos y que, por tanto,
limitan las facultades del Estado y cada persona en dicho ámbito.  En tales
normas se establecen los parámetros básicos o más elementales para equilibrar
el objetivo de desarrollar, mantener, reparar o mejorar el medio ambiente con
los demás derechos y libertades establecido en la Carta.  Por ejemplo, en la
sentencia C-339 de 2002[19]
la Corte subrayó la importancia de la biodiversidad a propósito del estudio de
algunas disposiciones del Código de Minas, para lo cual se apoyó en el
documento “La Política Nacional de Biodiversidad”[20], del cual reprodujo el
siguiente texto:
“Nuestra alimentación proviene de la diversidad biológica, los
combustibles fósiles son subproducto de ella, las fibras naturales también. El
agua que tomamos y el aire que respiramos están ligados a ciclos naturales con
gran dependencia en la biodiversidad, la capacidad productiva de los suelos
depende de su diversidad biológica, y muchos otros servicios ambientales de los
cuales depende nuestra supervivencia. Desde la perspectiva biológica, la
diversidad es vital, porque brinda las posibilidades de adaptación a la
población humana y a otras especies frente a variaciones en el entorno. Así
mismo, la biodiversidad es el capital biológico del mundo y representa opciones
críticas para su desarrollo sostenible.”
Enseguida, la
providencia en mención concluyó:
“Esta situación revela la conservación de la biodiversidad como
un objetivo esencial para la sociedad en general, siendo responsabilidad
prioritaria de todas las instituciones del Estado armonizar su protección con
los objetivos de crecimiento económico y desarrollo de la actividad minera. Por
si sola la diversidad biológica representa un valor económico incalculable, si
se tiene en cuenta que en Colombia se encuentra el 10% de la biodiversidad
mundial, a pesar de representar únicamente el 0.7% de la superficie continental
mundial[21].
Este nuevo esquema en las relaciones entre el hombre y la naturaleza, hace que
el tema ambiental, aún en el campo jurídico, no pueda mirarse aislado del
proceso económico o únicamente enfocado frente a un sector de la producción”[22].
Adicional a lo anterior, la Corte también ha tenido la oportunidad
de referirse a la trascendencia constitucional de la protección específica de
la flora y la fauna.  En efecto, con motivo de la revisión de
constitucionalidad de las enmiendas a la “Convención sobre el comercio
internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres”[23], a través de la
sentencia C-012 de 2004[24],
se especificó que la aprobación de tal instrumento tuvo como objetivos
principales “establecer ciertas barreras que impidan el abuso de la flora y
de la fauna silvestres y el comercio ilícito de las mismas”, así como
también reconocer que “las políticas que el Estado fije en esa materia
pueden quedar sin aplicación práctica cuando no se poseen los medios necesarios
para controlar el abuso del medio ambiente por parte de quienes sin tener en
cuenta su importancia deciden comercias (sic) con tales recursos”[25].
El apoyo de la
jurisprudencia constitucional a los diferentes instrumentos de protección de la
fauna y la flora no se agota en los pronunciamientos citados.  En la sentencia
C-401 de 1997[26]
la Corte estudió la ley aprobatoria[27]
del “Protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestres especialmente
protegidas del convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de
la región del Gran Caribe” y en razón del análisis material del convenio
consideró que se ajustaba a los requerimientos constitucional - ambientales,
que demandan “una normatividad específica alrededor de instrumentos y
garantías para la preservación del medio ambiente y los recursos naturales del
país, la cual de manera especial hace referencia a la biodiversidad biológica
nacional, entendida como la “variedad y multiplicidad de organismos vivos, ya
sea de genes, de especies, o de ecosistemas dentro de un marco territorial
determinado.”[28],
garantizando una especial protección estatal en términos de salvaguarda de la
diversidad e integridad del ambiente, conservación de las áreas de especial
importancia ecológica y fomento de la educación para el logro de esos fines
(C.P., art. 79).”  Adicionalmente, poco más adelante, la Corte reconoció
que la conservación de la diversidad biológica constituye un propósito adscrito
a los diferentes valores de la constitución ecológica y que la protección de
tal bien comporta un cambio en las potestades del Estado y los particulares;
veamos:
“Para lograr una protección y conservación adecuada de los
recursos biológicos de cada Estado, debe partirse del reconocimiento de la
soberanía sobre los bienes de su propiedad, lo cual supone la obligación de
garantizar su subsistencia y permanencia dentro del ámbito del mutuo respeto y
conservación de un ambiente sano y propicio para que la vida misma y las
necesidades sociales, económicas, culturales, etc., de las generaciones
presentes y futuras, puedan satisfacerse en condiciones naturales idóneas, toda
vez que resultan ser patrimonio de la humanidad y objetivos claros implantados
constitucionalmente por la nueva Carta Política”.
(...)
“Sobre el particular la Corte puntualiza que la protección de las
riquezas culturales y naturales constituye una obligación cuyo responsable no
es sólo el Estado sino, igualmente, todas las personas (C.P., art. 8), de lo
cual se derivan, necesariamente, eventuales restricciones a sus derechos y
libertades, para el cumplimiento de ese mandato. Así las cosas, bajo el ámbito
constitucional colombiano el derecho a la libertad económica puede ser
limitado, cuando así lo exija el interés social, el ambiente y el
patrimonio cultural de la Nación (C.P., art. 333), al igual que a la propiedad
privada, en cuanto configura una función social que implica obligaciones y como
tal le es inherente una función ecológica (C.P., art. 58)”.
Asimismo la
Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse a cerca de la protección
ambiental de áreas ecológicas específicas.  En la sentencia C-332 de 1996[29] hizo especial
referencia a la riqueza presente en la amazonía y la protección que ésta merece[30].  Además, en esta
jurisprudencia se advirtió que el aprovechamiento y comercio de fauna silvestre
conlleva el acatamiento estricto de las normas que resguardan la biodiversidad
y que, por tanto, el tráfico de cualquier especie debe estar debidamente
autorizado previamente por las autoridades ambientales.  Sobre este asunto vale
la pena reproducir el siguiente apartado de la sentencia:
“Sexta. De la protección especial para aquellas especies de
animales catalogadas como fauna silvestre.
“Advierte la Corte, que del estudio de la materia que se regula
en el texto del instrumento analizado, se concluye que las medidas que se
adopten con base en él, en ningún caso podrán desconocer la protección especial
que para aquellas especies de animales catalogadas como fauna silvestre[31],
ordena la ley, en cumplimiento de disposiciones de la Constitución Política,
específicamente de las consagradas en los artículos 8, 79 inciso 2, y 80
superiores.
“Así, el Acuerdo analizado sólo será aplicable a aquellas
especies de animales cuya importación y exportación esté debidamente autorizada
en la legislación nacional, descartándose de su alcance, obviamente, aquellas
especies de la fauna silvestre que se encuentren en el territorio nacional, las
cuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Decreto 2811 de
1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente, son propiedad de la Nación, existiendo respecto de ellas la tajante
prohibición de exportar individuos vivos que se incluyan en dicha
clasificación, salvo que estén destinados a la investigación científica o sea
autorizada su salida del país por parte del Gobierno Nacional, (literal i,
artículo 265, Decreto 2811 de 1974).”
3.6.  Ahora
bien, dentro de las diferentes alternativas de protección, cada recurso natural
plantea diferentes aspiraciones y prioridades.  Asimismo, en cada ámbito, el
legislador será el encargado de establecer cuáles son las potestades en cabeza
del Estado para prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.
En particular, para concretar cuál es el conjunto de condiciones y
restricciones que la ley ha impuesto para poder aprovechar la fauna silvestre,
esta Sala hará un breve repaso de las normas aplicables a la cuestión planteada
para, con posterioridad, en el caso concreto, definir si el caso de la señora
María Delfina Castaño puede ser encuadrado en alguna de ellas.
3.6.1.  Tal vez
las primeras normas a las que un operador judicial podría acudir para definir
las pautas de acceso de cualquier persona a la fauna silvestre son los
artículos 686 y siguientes del Código Civil.  De acuerdo con dichas disposiciones
mediante la caza y la pesca, sin más restricción, se obtiene el dominio por
ocupación de los “animales bravíos”.  En términos absolutos nuestro
Código Civil establecía -sin diferenciar- que toda persona podía apropiarse a
través de la caza de cualquier especie faunística.  Sólo condicionaba el
derecho de acuerdo a la propiedad de los predios en los que se efectuara la
cacería.
Sin embargo, con
la expedición del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974) y, más aún, con la
expedición de la Carta Política en 1991, el concepto de propiedad privada y
también así el de las demás libertades individuales, fue sometido a una
metamorfosis radical, debido a la introducción y énfasis atribuido a un nuevo
bien jurídico: la protección medio ambiental.  A partir de tales estatutos por
tanto, de la disposición absoluta o “arbitraria”[32] de los recursos de la
naturaleza en cabeza de cada individuo, se dio paso a la protección que debe
emprender cada persona por el bien de todos, aclarando, de paso, que el medio
ambiente pasa a ser un límite específico de las potestades privadas regulado
especialmente por normas de derecho público.
3.6.2.  En
efecto, en los instrumentos legales antes mencionados y en otros, que hacen
parte de la política internacional o interna de protección del medio ambiente,
Colombia ha establecido la planificación de su recurso faunístico, consignando
las restricciones al acceso, manejo, disfrute o aprovechamiento de las diversas
especies faunísticas por parte de los particulares.  En primer lugar, el Código
de Recursos Naturales mencionado (en adelante CRNR) y su Decreto Reglamentario
1608 de 1978, contienen múltiples disposiciones que limitan las potestades de
caza, condicionándolas al cumplimiento de varios requisitos.
De entrada, el
artículo 1° del CRNR define al medio ambiente como patrimonio común e
involucra al Estado y los particulares en su preservación y manejo, haciendo
énfasis en su utilidad pública e interés social.  Este Código reconoce
el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano (art. 7°), declara que los
recursos naturales renovables son propiedad de la Nación (art. 42) y ocupa gran
parte de su contenido a determinar cuáles son los “modos de adquirir el derecho
a usar de los recursos naturales renovables” (arts. 50 y siguientes).
Sobre este aspecto precisa que “[e]l derecho de usar los recursos naturales
renovables puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión y
asociación” (art. 51) y a continuación advierte que toda persona puede
solicitar permiso para aprovechar un recurso natural renovable salvo las
excepciones legales y, entre otras, cuando “se hubiere declarado que el
recurso no puede ser objeto de nuevos aprovechamientos” (art. 52).
En adelante,
regula las diferentes opciones para aprovechar cada uno de los recursos y en la
Parte IX se ocupa de manera especial de la conservación, fomento y
aprovechamiento racional (art. 247) de la fauna terrestre y silvestre
definiéndola así: “[e]ntiéndase por fauna silvestre el conjunto de animales
que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cría y levante
regular o que han regresado a su estado salvaje, excluidos los peces y todas
las demás especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio acuático”
(art. 249).
Pues bien,
frente a la fauna el CRNR reitera que, por regla general, todo recurso
pertenece a la Nación, salvo dos excepciones: los zoocriaderos[33] y los cotos de caza[34] de propiedad
particular (art. 248).  Bajo estas condiciones, es decir, a partir del cambio
drástico de los presupuestos que rigen el aprovechamiento racional de
estos especimenes,  del artículo 250 en adelante se reemplazan las condiciones
bajo las que se puede ejercer la caza[35],
dividiéndola en seis especialidades[36]
con sus respectivos condicionamientos y, sobre todo, advirtiendo que solamente
el Estado es quien puede determinar y autorizar explícitamente qué especies
pueden ser objeto de dicha actividad.
De hecho,
paralelo a los conceptos de zoocriadero y coto de caza, el CRNR en sus
artículos 255 y 257 crea dos figuras jurídicas de gran importancia para la
protección medio ambiental: la primera, la reserva de caza, consiste en
la parte del territorio en la que la administración define cómo se puede
realizar dicha actividad con sujeción a reglamentos especiales (art.
255) y, la segunda, la veda de caza, es la prohibición expresa que puede
levantar el Estado para evitar la apropiación de ciertas especies animales
(art. 257).  Adicionalmente, dentro del conjunto de facultades que se imponen a
la administración, el Código es reiterativo en exigir que toda forma de cacería
debe estar precedida por la determinación estatal de las especies que pueden
ser objeto de esta práctica[37]
y el otorgamiento de los permisos respectivos, excepto para la que implica
subsistencia o alimento[38].
Finalmente, dentro del capítulo correspondiente a las prohibiciones legales, el
CRNR condena la siguiente actividad: “e). Cazar o comercializar individuos
de especies vedadas o cuyas tallas no sean las prescritas, o comercializar sus
productos” (art. 265).
De manera
definitiva el CRNR altera las condiciones a partir de las cuales las personas
pueden acceder al aprovechamiento de la fauna silvestre.  De un estatuto
jurídico-privado en el cual se aceptaba la apropiación incondicional del medio
faunístico, se pasa a un régimen en el que se advierte que el acceso incontrolado
a éste y la disminución cuantitativa y cualitativa de las especies animales
constituye un factor expreso de deterioro ambiental[39].  Ahora, de acuerdo a
esta forma jurídica, el Estado es el encargado de definir quien, cuando, qué y
en donde se puede cazar.  Sin embargo, hay que aceptar que a pesar de las
trabas enunciadas, de ninguna disposición es posible inferir, por ahora, la
facultad de la administración de “decomisar” los animales silvestres que se
encuentren en compañía de una persona.
3.6.3.  El
Decreto Reglamentario del CRNR número 1608 de 1978 se encargó de desarrollar
con mayor rigor los diferentes valores e instrumentos creados en aquel código.
Específicamente sobre fauna silvestre[40]
en el Título II, a partir del artículo 31, enlista los diferentes “presupuestos
para el aprovechamiento”, advierte que aunque la caza de subsistencia no
requiere permiso debe “practicarse en forma tal, que no se causen deterioros
al recurso” e insiste en que el Estado es quien puede determinar qué tipo
de especimenes pueden ser objeto de caza, teniendo en cuenta la capacidad de
recuperación del recurso[41].
Como consecuencia,
más adelante esta norma regula los requisitos a partir de los cuales se puede
efectuar la caza de animales.  En primer lugar, clasifica los diferentes
eventos en los cuales no está permitida dicha actividad[42] y, en seguida, señala
los procedimientos y requisitos que debe cumplir la persona que quiera efectuar
la caza comercial (arts. 59 ss).  En los artículos 70 y siguientes se consignan
algunos eventos en los que los permisos para efectuar la caza pierden vigencia
(veda de caza) y se enuncian algunas restricciones en cuanto a la movilización,
tenencia y comercio de especimenes.  En particular, en el inciso 2º del
artículo 72 se advierte que toda actividad que se desarrolle por fuera de los
permisos o contrariando la veda de caza conlleva el decomiso de los animales;
veamos: “Se practicará el decomiso de todo individuo o producto que no haya
sido incluido en el inventario en el término y con los requisitos que determine
la entidad administradora, o que habiéndolo sido se comercialicen fuera del
término establecido para ello”.  Igual sanción se consigna en el artículo
85 del decreto en donde además se hace mayor énfasis en la prohibición de
adquirir u obtener especimenes cuya procedencia legal no esté comprobada.
El siguiente es el texto completo de la disposición:
“Artículo 85. De conformidad con lo dispuesto por
la letra g del artículo 265 del Decreto_Ley 2811 de 1974, está prohibido
adquirir, con fines comerciales productos de la caza cuya procedencia legal no
esté comprobada.
Quienes obtengan individuos o productos de la fauna silvestre para
su comercialización, procesamiento o transformación, incluida la taxidermia
comercial y la que se realiza por encargo, están obligados a exigir de los
proveedores o de los propietarios del material el salvoconducto que acredite su
procedencia legal so pena de decomiso, sin perjuicio de las demás sanciones a
que haya lugar.
Las personas a que se refieren los artículos anteriores se
abstendrán de obtener, comercializar, procesar o someter a taxidermia
individuos, productos o material con respecto de los cuales exista veda o
prohibición, o cuyas tallas o características no corresponden a las
establecidas y deberán denunciar a quienes pretendan venderlas, entregarles en
depósito o para procesamiento o taxidermia tales individuos, productos o
materiales”
Bajo tal
contexto las anteriores restricciones son consignadas también dentro del
listado final de prohibiciones del Decreto 1608 de 1978[43] y además frente a las
mismas se establece el siguiente castigo: “Artículo 226. Sin perjuicio de
las demás sanciones a que hubiere lugar, la infracción de las disposiciones
sobre fauna silvestre dará lugar al decomiso de los individuos, especimenes o
productos obtenidos y de los instrumentos y equipos empleados para cometer la
infracción. Habrá lugar también al decomiso cuando se movilicen individuos, especimenes
o productos de la fauna silvestre sin el respectivo salvoconducto, o cuando se
pretenda amparar la movilización con salvoconductos vencidos o incorrectos”.
3.6.4.  Nótese
entonces que la ley sí determinó en aquella oportunidad que el desconocimiento
de las condiciones y prohibiciones que rigen el aprovechamiento de la fauna
silvestre conlleva, entre otros, al “decomiso” del animal.  No obstante, tal
materia, es decir, el acceso al recurso faunístico ha sido objeto de regulación
por otras disposiciones que, vale la pena reconocer desde ahora, han
perfeccionado y actualizado las condiciones bajo las que una persona puede
aprovechar de cualquier animal.  De tales normas ocupa un lugar destacado la
Ley 84 de 1989, en la cual Colombia definió un Estatuto Nacional de
Protección de los Animales en el que se fijan unas pautas de conducta
realmente ambiciosas en cabeza de las personas, que rigen y ajustan su trato
con todos los animales.
De entrada la
ley 84 objeta la relación abusiva o cruel del hombre con la naturaleza y llama
la atención de todos a partir del siguiente epígrafe: “los animales tendrán
en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el
dolor, causados directa o indirectamente por el hombre” (art. 1º);
enseguida, dentro de sus objetivos, la misma insiste en rechazar el dolor y
sufrimiento animal, plantea la promoción de su salud, bienestar, respeto y
cuidado, y propone desarrollar medidas efectivas para la preservación de la
fauna silvestre.  Como tal, la ley impone un conjunto de obligaciones
específicas para lograr su cometido, todas ellas enmarcadas en el compromiso de
evitar causar daño o lesión a cualquier especie (art. 4º), y enlista el
conjunto de actos que considera perjudiciales y crueles[44] aplicables, en su gran
mayoría, a las maniobras de cacería reguladas por el CRNR y su decreto
reglamentario.
De hecho, en el capítulo
VIII de este estatuto, denominado “de la caza y la pesca”, se replantea
el concepto de caza, imponiendo como regla general que “[l]a caza de
animales silvestres bravíos o salvajes está prohibida en todo el territorio
nacional”[45]
y dejando como únicas excepciones (i) la que se efectúa con fines de
subsistencia, siempre que no se aplique a animales en vía de extinción y (ii)
aquella que se practique con “fines científicos o investigativos, de
control, deportivos, educativos, de fomento pero con autorización previa,
escrita, particular, expresa y determinada (...)”.  Obsérvese
que esta ley desecha la caza comercial de los animales silvestres (art. 31) y
en su lugar, establece que sólo está permitido el tráfico de éstos a través de
los zoocriaderos autorizados (art. 33).
3.6.5.  Agregado
a lo expuesto, ya en vigencia de la Constitución Política de 1991 se expide la
Ley 99 de 1993 en la cual se adaptan las antiguas instituciones ambientales a
las nuevas exigencias jurídicas.  Sobre el tema que nos ocupa, esta ley incluye
la protección de la biodiversidad dentro de sus principios generales (art. 1º num.
2), define cada uno de los ingredientes del Sistema Nacional Ambiental y, entre
otros, articula y sistematiza en un solo cuerpo normativo el conjunto de
castigos vigentes en la actualidad, aplicables a las infracciones de las “normas
de protección ambiental”, por parte del Ministerio del Medio Ambiente o las
Corporaciones Autónomas Regionales (arts. 83 y 84).  De éstos -la Sala destaca-
se cuenta como sanción y medida preventiva el decomiso definitivo o
preventivo “de individuos o especimenes de fauna y flora o de productos
e implementos utilizados para cometer la infracción” (art. 85, num. 1, lit
“e” y num. 2, lit. “b”).
3.6.6.
Adicional a los instrumentos mencionados es importante apreciar la Decisión 391
de 1996 de la –en ese entonces- Comisión del Acuerdo de Cartagena, en la que se
dictan unas disposiciones para la protección de los recursos genéticos,
haciendo énfasis en la conservación de la diversidad biológica (art. 2º lit.
“c”) y estableciendo condiciones mínimas para el acceso[46] a los mismos.
3.6.7.  Tampoco
se puede pasar por alto la Ley 611 de 2000 que constituye la más reciente
intervención del legislativo en materia de regulación de fauna silvestre, lo
que implica la modificación de algunas de las disposiciones del CRNR, el
Decreto 1608 de 1978 y la Ley 84 de 1989.  La Ley 611 se ocupa especialmente de
la definición de diversas clases de zoocriaderos (art. 3º), como fórmula para
asegurar el manejo sostenible y aprovechamiento de las especies en las esferas
científica, comercial, industrial, de repoblación y de subsistencia.
Adviértase que esta ley vuelve a plantear el aprovechamiento comercial de las
especies silvestres[47]
y para ello recurre a la regulación de las condiciones bajo las que funcionarán
los zoocriaderos (arts. 9 ss), los cuales se convierten en el medio legítimo a
través del cual las personas pueden aprovechar y acceder sosteniblemente a la
diversidad faunística, siempre bajo la dirección y autorización de las
autoridades ambientales[48].
Finalmente, es importante tener en cuenta que el Decreto 4688 de 2005[49] regula específicamente
cuáles son los requisitos para ejercer la “caza comercial[50]”, actividad esta que
está condicionada a la obtención de la respectiva licencia (art. 3°) en la cual
se indica qué, donde, cuando y cómo se puede cazar (art. 5°).
3.7.  Este es, a
grandes rasgos, el contexto normativo que rige el aprovechamiento de la fauna
silvestre en Colombia.  Como aplicación específica de las restricciones que
rigen la relación entre el ser humano y la naturaleza, podemos concluir que
dicha relación no comporta, de manera alguna, facultades ilimitadas o absolutas
sino que, por el contrario, la misma está supeditada o condicionada al cumplimiento
de las normas constitucionales y legales aplicables, al respeto de los derechos
de los demás y al buen cuidado que se debe conferir al animal.
Los recursos de
la naturaleza no están ya a la disposición arbitraria de la mujer y del hombre
sino al cuidado de los mismos.  La Constitución, eso es claro, no reduce la
protección del medio ambiente o cualquiera de sus componentes a una visión
liberal, en virtud de la cual los seres humanos pueden disponer a su antojo de
los demás seres vivos o los recursos naturales, sino que reconoce que el
vínculo entre ellos está precedido o condicionado por unas pautas o requisitos
que delimitan sus libertades y deberes, asegurando la protección de la
diversidad e integridad ambiental (art. 79 C.P.).  Para ello, la Carta
responsabiliza al Estado de la planificación, es decir, la determinación de las
fórmulas a partir de las cuales se puede efectuar manejo y aprovechamiento de
tales recursos para lograr, no solo el desarrollo sostenible, sino también su
conservación, restauración o sustitución (art. 80).
A continuación,
la Sala pasará a hacer referencia a los alcances particulares del derecho a la
salud para, conforme a lo expuesto, con posterioridad estudiar en el caso
concreto la solicitud de protección de derechos fundamentales formulada por la
señora Castaño de Ospina.
4.  Alcances
del derecho fundamental a la salud.  Protección de la esfera síquica o
emocional.
El juez de
instancia denegó la protección de los derechos invocados pues no derivó de los
hechos presentados por la demandante, una situación que conlleve a establecer
que su vida o existencia física está comprometida o en peligro.  En últimas,
este juez constitucional negó la procedencia del amparo por la inexistencia de
un vínculo o conexión entre la salud de la actora y su vida.  Este razonamiento
obliga a que la Corte reitere la jurisprudencia relativa al derecho a la salud,
en orden a concretar cuáles son las condiciones o requisitos para que la tutela
opere frente a tal derecho.
4.1.  Por regla
general esta Corporación ha precisado que la exigibilidad del derecho a la
salud se encuentra sometida a la conexión que éste pueda tener con algún
derecho fundamental.  No obstante, la evolución de la jurisprudencia
constitucional, en paralelo al carácter progresivo del derecho a la salud y la
madurez de los principios e instituciones adscritos a la seguridad social[51], han permitido que la
Corte haya avanzado de la tesis de conexidad a la fundamentalidad autónoma del
derecho a la salud[52].
En efecto, teniendo en cuenta tal desarrollo y atendiendo el Pacto sobre
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12) y la Observación General
14 del Comité adscrito a dicho Pacto, en donde se catalogó tal categoría de derechos,
como “derechos humanos fundamentales”[53],
esta Corporación, a mediados del año 2005 en las sentencias T-573 de 2005 y
T-307 de 2006 principalmente[54],
extendió la fundamentalidad autónoma de la salud, bajo los siguientes términos:
“(...) se puede considerar que el derecho a la salud es un derecho
fundamental cuya efectiva realización depende, como suele suceder con otros
muchos derechos fundamentales, de condiciones jurídicas, económicas y fácticas,
así como de las circunstancias del caso concreto. Esto no implica, sin embargo,
que deje de ser por ello un derecho fundamental y que no pueda gozar de la
debida protección por vía de tutela, como sucede también con los demás derechos
fundamentales”.
El carácter
fundamental del derecho a la salud es resultado del profundo vínculo entre éste
con el disfrute real de una vida digna.  No obstante -advierte la sentencia
T-307- la fundamentalidad del mismo implica, al igual que los demás derechos
fundamentales, que su eficacia práctica deba supeditarse al cumplimiento
de los diferentes requisitos presupuestales, administrativos y de
procedimiento.  Eso sí, una vez cumplidas con las diferentes condiciones
establecidas en la Constitución y la ley para acceder al beneficio, es deber
del Estado garantizar el derecho en todas sus facetas, a saber, preventiva,
reparadora y mitigadora[55],
de manera integral, es decir en los aspectos físico, funcional, psíquico,
emocional y social[56].
Asimismo, en la
sentencia T-016 de 2007[57]
en la que se afianzó el carácter fundamental de la salud[58] y también se aclaró
cuáles son las condiciones bajo las cuales se hace efectivo dicho derecho.
Para justificar la procedibilidad de la tutela, de acuerdo a esta doctrina
fijada por la Corte, ya no será necesaria la satisfacción de condiciones de
conexidad.  No obstante ello no significa que la efectividad práctica y la
exigibilidad judicial de tales derechos no se encuentren supeditadas a ciertos
requisitos básicos.  Sobre el particular, dicha jurisprudencia anotó:
“12.- Hoy se muestra artificioso predicar la exigencia de
conexidad respecto de derechos fundamentales los cuales tienen todos – unos más
que otros - una connotación prestacional innegable. Ese requerimiento debe
entenderse en otros términos, es decir, en tanto enlace estrecho entre un
conjunto de circunstancias que se presentan en el caso concreto y la necesidad
de acudir a la acción de tutela en cuanto vía para hacer efectivo el derecho
fundamental. Así, a propósito del derecho fundamental a la salud puede decirse
que respecto de las prestaciones excluidas de las categorías legales y
reglamentarias únicamente podrá acudirse al amparo por vía de acción de tutela
en aquellos eventos en los cuales logre demostrarse que la falta de
reconocimiento del derecho fundamental a la salud (i) significa a un mismo
tiempo lesionar de manera seria y directa la dignidad humana de la persona
afectada con la vulneración del derecho; (ii) se pregona de un sujeto de
especial protección constitucional[59]
y/o (iii) implica poner a la persona afectada en una condición de indefensión
por su falta de capacidad de pago para hacer valer ese derecho.”
(...)
“De cualquier manera, también en estos casos, los jueces deberán
constatar en concreto la índole de la prestación reclamada y habrán de analizar
con detalle la situación en que se exige su cumplimiento pues, como lo ha
indicado la Sala, se trata de obligaciones cuya realización implica fuertes
erogaciones económicas y en países con recursos escasos no puede perderse de
vista la necesidad de fijar prioridades. De ahí que el vínculo entre la no
prestación del servicio exigido y la afectación de la dignidad de la persona
así como la falta de capacidad de pago constituyan criterios
determinantes para que proceda la protección del derecho fundamental a la salud
por vía de tutela cuando se trata de prestaciones no contempladas en los planes
legales y reglamentarios de salud.
“13.- Puede decirse, por consiguiente, que las restricciones de
tipo presupuestario, las cuales no sin frecuencia se conectan con la puesta en
práctica de los derechos fundamentales, suponen que algunas veces sea necesario
adoptar políticas legislativas y reglamentarias, para hacer viable la eficacia
de estos derechos. En otros términos, existen derechos cuya implementación
política, legislativa, económica y técnica es más exigente que la de otros
derechos y depende de fuertes erogaciones económicas. Estos derechos, no obstante,
no pierden por mediar ese desarrollo político, reglamentario y técnico su
carácter fundamental”.
Nótese, en
síntesis, que el carácter fundamental del derecho a la salud es producto de la
evolución progresiva de los diferentes elementos -fácticos y jurídicos-
aplicables a la estructuración del derecho.  A la par, la jurisprudencia ha
detectado, también progresivamente, los contornos aplicables al mismo en cada
asunto y, por ejemplo, en lo que interesa al caso en estudio, ha establecido
claramente que es obligación del Estado y la sociedad prevenir y reparar
su afectación en la esfera síquica y emocional, lo que de plano descarta que la
protección del derecho se restrinja tan solo a eventos biológicos o
funcionales.
Esta faceta del
derecho implica, por supuesto, tanto la adopción de acciones que mitiguen el
riesgo de enfermedad como la implantación de límites para evitar toda actuación
administrativa ilegítima o irrazonable que perjudique el bienestar de una
persona.  A partir del primer escenario el Estado debe ejecutar estrategias,
previstas o definidas en la ley o los reglamentos, encaminadas a elevar la
calidad de vida y disminuir los factores de riesgo que generan enfermedad.
También así, en su dimensión negativa, es su obligación abstenerse de incurrir
en actuaciones que tengan como consecuencia la disminución del bienestar del
individuo[60].
4.2.  De hecho,
la protección del equilibrio emocional, psicológico o la salud mental de una
persona, como segmento adscrito a la efectividad del derecho a la salud, ha
sido estudiado y protegido por la Corte en varias oportunidades.  En la
sentencia T-1005 de 2004[61]
se revisó el caso de un ciudadano que sufría de “síndrome depresivo severo
con compromisos epilépticos” a quien no se le estaban suministrando los
medicamentos prescritos.  La Sala de Revisión advirtió que el derecho a la
salud no se agota con la protección de la existencia o el bienestar físico sino
que comprende también el equilibrio emocional, psicológico y mental[62].
Así mismo, en la sentencia T-1019 de 2004[63],
en la que se negaba la atención de una paciente que sufría de “depresión mayor con síntomas psicóticos y riesgo suicida”, por haber
cumplido la mayoría de edad, se afirmó: “Para la Corte[64] es
claro, que en los casos de peligro o afectación de la salud mental y sicológica
de una persona no solamente están comprometidos los derechos fundamentales que
a ella corresponden sino los de sus allegados más próximos, los de la familia
como unidad y núcleo esencial de la sociedad que merece especial protección, y
los de la colectividad. De allí que, al reclamar judicialmente la preservación
inmediata del derecho a su salud mental, la persona invoca derechos
fundamentales susceptibles de amparo por la vía del artículo 86 de la
Constitución Política. || La afección psicológica de una persona
disminuye su dimensión vital, al tiempo que pone en riesgo la capacidad de
relacionarse  en sociedad y en general, se ven lesionados  y amenazados sus
derechos”.
Recientemente,
en la sentencia T-464A de 2006[65]
también se recordó que en los instrumentos internacionales de derechos humanos
se ha defendido la garantía de la salud mental; veamos: “Tanto el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12)[66] como
el Protocolo de San Salvador (art. 10)[67]
consagran el derecho de toda persona a la salud mental y con fundamento en ello
la Corte tiene establecido que  ‘como parte integrante del derecho a la salud,
las personas tienen derecho a poder acceder a tratamientos adecuados cuando
tengan problemas para disfrutar del más alto nivel posible de salud mental. Así, tenemos que aparte de existir un
derecho a la atención adecuada de la salud mental, los tratamientos que tiendan
a realizar el anterior derecho deben ser parte integrante del sistema de salud
en seguridad social, por lo cual las reglas jurisprudenciales que la Corte
Constitucional ha elaborado respecto al derecho a la salud en general son
aplicables frente a peticiones de tutela de la salud mental, por ser parte de
un mismo derecho y de un mismo sistema de seguridad social’.”
4.3.  Con todo,
esta Corporación también ha tenido la oportunidad de analizar la afectación del
derecho en su esfera emocional ante las actuaciones legítimas emprendidas por
diversos tipos de entidades.  Por ejemplo, en la sentencia T-703 de 1999[68] se estudió un caso en
el cual se invocó la vulneración de la salud y se censuró la actuación
adelantada por la liquidación de una cooperativa financiera, que se negaba a
devolver los dineros ahorrados por el actor.  La Corte, en respuesta, consideró
que no se había vulnerado el mínimo vital de éste, no obstante su avanzada edad,
y , en su lugar, avaló las actuaciones legítimas y legales adelantadas por el
liquidador de la entidad financiera.  Respecto de la depresión sufrida por la
cónyuge de éste, la Corte prefirió garantizar su atención médica y, en razón a
esto, consignó los siguientes razonamientos:  “Empero,  como a propósito de
la situación general de los accionantes, la Magistrada Comisionada,  anota su
estado depresivo, y el accionante indica tener pendientes unos exámenes
médicos, esta Sala ordenará al ISS del municipio de Belencito brindarles
atención sicológica y terapéutica de apoyo para tratar su condición depresiva,
así como asegurar su atención médica y el suministro de sus medicinas”.
Nótese que en todo caso, a pesar de no acceder a la pretensión principal consignada
en la acción (la devolución de los dineros) la Corte sí da trascendencia al
equilibrio físico y emocional de la pareja, y ordena la atención médica
integral de sus dolencias.
4.4.  La
efectividad práctica del derecho fundamental a la salud incluye la protección
de las diferentes facetas del derecho, entre ellas la esfera emocional o
síquica.  No obstante, su garantía no tiene alcances absolutos o ilimitados
sino que conlleva la atención de una serie de requisitos y, según cada caso,
las condiciones constitucionales, legales y presupuestales necesarias para el
acceso a la prestación.  Bajo estas circunstancias la Sala pasará a estudiar la
protección de derechos presentada por doña María Delfina Castaño.
5.  Caso
concreto.
A la señora
María Delfina Castaño de Ospina le fue “incautado” por la policía ambiental el
animal que le acompañaba desde hacía cinco años.  Se trataba de una lora que
ella misma había llamado “Rebeca”.  Inmediatamente el ave fue llevada a la
Corporación Autónoma Regional de Caldas -CORPOCALDAS- entidad a la cual el
esposo de la señora Castaño se remitió por escrito en varias oportunidades
requiriendo la devolución del animal.  Todas sus solicitudes, no obstante,
fueron atendidas negativamente.  La actora señala en el escrito que sustenta la
presente acción que como consecuencia de la pérdida de su lorita sufrió varios
episodios de depresión, al punto que tuvo que ser llevada en un par de
ocasiones a una clínica cercana a su residencia, pues vive prácticamente sola
-su esposo trabaja durante todo el día- y, por tanto, su única compañía era el
ave, a la que brindaba toda su atención y cuidado.  A partir de estos hechos
considera vulnerados sus derechos a la salud, a la integridad personal, a la
dignidad humana y a la vida, y solicita la devolución de “Rebeca”.
Por su parte, la
autoridad ambiental demandada, en su respuesta, se opuso a las pretensiones de
la tutela.  Advirtió que la incautación tiene soporte en mandatos
constitucionales y legales y que, de acuerdo a las directrices que rigen el
aprovechamiento de la fauna silvestre no está permitida la tenencia del animal
reclamado por doña María Delfina.  Aclaró que el ordenamiento jurídico permite
que sólo ciertos animales puedan hacer las veces de mascotas para suplir las
necesidades de compañía y afecto de los seres humanos.
El juez de
instancia denegó la protección de los derechos invocados.  Descartó que de los
hechos narrados se evidencie una afectación de la vida de la actora y concluyó
que no existe la conexidad necesaria con la vida para que el derecho a la salud
sea estimado fundamental.  Además consideró que no se probó que la dolencia que
dice padecer doña María Delfina haya sido producida por la ausencia de
“Rebeca”, despreció que la mejor estrategia para atender su padecimiento sea la
devolución de la lora y concluyó que a través de la acción de tutela no es
posible impartir órdenes que contraríen mandatos legales, a saber, aquellos que
prohíben la tenencia de animales silvestres en calidad de mascotas.
Pues bien, conforme
al escenario planteado, pasa esta Sala a efectuar la revisión del caso,
estableciendo, en primer lugar, si la señora Castaño cumple con las condiciones
legales para mantener a su lado al animal para, posteriormente, confrontar el
decomiso adelantado por la autoridad ambiental con la dolencia que ella dice
sufrir.
5.1.  La
actora no cumplía con las condiciones constitucionales y legales mínimas para
la tenencia del animal y, por tanto, la Corporación Autónoma tenía la
prerrogativa de adelantar el decomiso de la especie faunística.
La nota
predominante del fallo que la Sala tiene la oportunidad de revisar en esta
oportunidad es que no precisa cuáles son las normas que impiden que la actora
disfrute de su animal de compañía, es decir, no especifica cuáles son los
valores que justifican que la administración haya incautado la lora y haya
afectado la salud de la señora Castaño de Ospina.  Inclusive, en esa
providencia se afirma que el amparo no está “orientado a permitir la
violación de las leyes” y, sin embargo, en ningún apartado de la decisión
se indica cuál es la norma constitucional o legal que se pretermitía con la
tenencia del animal.  Adicionalmente, en la intervención y los documentos
allegados por la autoridad ambiental demandada solamente se enlistan de manera
general algunas normas y tampoco se determina con claridad cuál es la
disposición que la faculta para el “decomiso” del ave.  Esta postura, advierte
la Sala de antemano, además de desconocer el deber de sustentar debidamente la
providencia judicial, olvida que una de las estrategias constitucionales
específicas en procura de la defensa ambiental es el fomento de la educación
sobre estos temas (art. 79 C.P.).
5.1.1.  Como
consecuencia, se hace necesario hacer énfasis, como primera medida, en definir
cuáles son las condiciones legales que aplican al aprovechamiento de la especie
faunística reclamada por la actora, teniendo en cuenta que la Corporación
Autónoma demandada aclaró que “[l]a especie decomisada al señor HUMBERTO
OSPINA HERRERA, corresponde a una Amazona amazonica, no se encuentra listada en
la resolución 584 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
que define las especies amenazadas en Colombia (...)”.
Sobre el
particular, en un apartado anterior de esta providencia (vid. supra num. 3.6.)
la Sala tuvo la oportunidad de estudiar cuáles son los diferentes niveles de
restricción aplicables al aprovechamiento de la fauna silvestre en nuestro
país.  Pudimos comprobar que antes del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables
prevalecía un amplio rango de libertad individual para acceder y aprovechar de
cualquier producto de nuestra fauna silvestre.  No existía, en aquella época,
diferencia alguna entre las restricciones aplicables al aprovechamiento de los
animales domésticos y los animales silvestres.  Bajo estas condiciones, es
decir, a partir de la atención aislada de las disposiciones de nuestro estatuto
civil, no habría existido otra alternativa que darle la razón a la actora y,
por tanto, sin que mediara reparo alguno, deberían impartirse las órdenes
tendientes a proteger los derechos invocados, debido a la ausencia explícita o
clara de justificación constitucional o legal de las actuaciones adelantadas
por la autoridad ambiental.
Después, con la
vigencia del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y su decreto
reglamentario, se introdujeron una cantidad considerable de condiciones a la
disposición, acceso y aprovechamientos de estos recursos.  Como primera medida
se declaró que todos ellos son propiedad de la Nación y, por tanto, que por
regla general es necesario acceder a un permiso para poder ejercer la cacería
o, mejor, para que legítima y sosteniblemente se puedan aprovechar de estos
recursos.  Es más, el CRNR dispuso que las autoridades ambientales sean las
encargadas de establecer qué tipo de animales pueden ser objeto de
aprovechamiento y también de determinar cuándo, en donde y a través de qué
métodos se puede efectuar la cacería.  De hecho, conforme a este estatuto
legal, el Estado puede -aún hoy- determinar la veda de caza respecto de ciertos
individuos.  Total, frente a este tipo de restricciones dicho estatuto y su
decreto reglamentario consignaron expresamente la prohibición de cazar o
comercializar las especies respecto de las cuales no medie el permiso
respectivo so pena de someterse a varias sanciones, por ejemplo, el decomiso de
los animales.
Posteriormente
la legislación endureció aún más los límites de acceso y aprovechamiento de la
fauna silvestre.  Mediante la ley 84 de 1989 se definieron las pautas de
comportamiento de las personas con los animales y se derogó, como alternativa
para la disposición de las especies, la caza comercial.  La ley 99 de 1993
incluyó dentro de los principios ambientales la conservación y protección de la
biodiversidad y agrupó en un solo bloque el conjunto de sanciones aplicables al
desconocimiento de las disposiciones de defensa ambiental.  Entre ellas
-pudimos comprobar- se encuentra la facultad actual en cabeza del Ministerio de
Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales de decomisar, preventiva o
definitivamente, las especies animales que hagan parte de una infracción.
Más adelante,
con la expedición de la ley 611 de 2000, se regularon los medios de acceso
comercial de los animales silvestres.  En efecto, esta ley restableció el
concepto de caza comercial -derogado por la ley 84 ejusdem- y a ella
antepuso un conjunto de medidas, la más importante, la regulación de las
diferentes especies de zoocriaderos.  No obstante tal decisión, ello no comporta
el acceso libre o arbitrario a cualquier especie faunística pues para poder
ejercer tal forma de aprovechamiento es imprescindible obtener una licencia
expedida por las autoridades ambientales que determinan, entre otros, qué
individuos de la fauna silvestre[69]
es posible disfrutar.
Nótese que a
pesar de los profundos cambios normativos relativos al manejo y aprovechamiento
de la fauna silvestre, las figuras jurídicas que por excelencia rigen el
disfrute de las especies animales son la cacería y la zoocría (Ley 84 de 1989,
Ley 611 de 2000 y Decreto 4688 de 2005).  No obstante, es necesario insistir,
la caza indiscriminada de animales, entendida como el acceso libre o arbitrario
del hombre sobre cualquier recurso faunístico de la naturaleza no tiene soporte
legal o constitucional actual.  Ésta, en sus diferentes especialidades, tiene
que cumplir con varias condiciones generales para que se considere legítima:
(i) la obtención de la autorización, permiso o licencia que define las
circunstancias bajo las que se podrá acceder al recurso faunístico, precedida
por la determinación de las especies y los cupos globales de aprovechamiento;
(ii) garantizar que las condiciones bajo las que se manejarán los animales
permiten el bienestar de cada especie y el desarrollo sostenible del recurso; y
(iii) evitar que el aprovechamiento del animal comporte actos de crueldad que
perjudiquen el “bienestar” de éste o que su permanencia contraríe la
tranquilidad de otras personas.
Ahora bien,
conforme a lo anterior la Sala comprueba, tal y como se afirmó por parte de la
entidad demandada durante el transcurso del amparo, que en el presente caso la
actora no ostentó permiso, autorización o licencia para el ejercicio de la caza
o, de manera especial, para justificar la tenencia sobre la especie animal
referida en la acción de tutela.  Tampoco se probó que la procedencia de la
lora (amazona amazónica) sea consecuencia de alguna de las formas de
zoocría previstas en la ley 611 de 2000 y que, por lo mismo, la tenencia del
animal cumpla con los cupos globales de aprovechamiento o la capacidad de
recuperación del recurso establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente[70] y, por tanto, con los
parámetros que rigen el desarrollo sostenible.
Estos sucesos,
confrontados con la legislación vigente en materia de aprovechamiento del
recurso faunístico silvestre, constituyen razón suficiente para concluir que la
actora no cumple de manera alguna con los principales requisitos
constitucionales y legales para disfrutar, tener y aprovechar del ave, lo que
de paso, sustenta la legalidad de las actuaciones de la Corporación Autónoma de
Caldas, incluido el decomiso.
5.1.2.  Desde
otra perspectiva la Sala no pasa por alto que la Corte, en la sentencia T-035
de 1997[71],
ya había establecido la diferente protección constitucional y legal que es
posible predicar sobre las especies animales, distinguiendo a los animales
domésticos de los animales silvestres[72].
Respecto de los primeros la jurisprudencia reconoció la existencia de un
vínculo rutinario estrecho y el ejercicio palpable de derechos fundamentales
como el libre desarrollo de la personalidad y la intimidad personal y familiar[73].  En efecto, la Corte
ha advertido que los animales domésticos cumplen de hecho, funciones
importantísimas en los planos individual y social, que son reconocidas a nivel
jurídico y que justifican su protección a través de la acción de tutela.  En
todo caso, sin perjuicio de su importancia, se ha aclarado que tal relación
trae como consecuencia el cumplimiento juicioso de varias obligaciones que se
sintetizan en el deber de cuidado del animal y el compromiso de respetar los
derechos de las demás personas para que la permanencia de la mascota no resulte
molesta, abusiva ni peligrosa.  Tales obligaciones, por supuesto, tienen
asiento en la Constitución Política y son reflejo directo de la exigencia
estatal de planificar el manejo y aprovechamiento de todos los recursos
naturales, prevista en el artículo 80 superior.
No obstante, así
como se advirtió en la sentencia citada, a diferencia de los animales
domésticos, respecto de los cuales las normas que rigen su aprovechamiento son
realmente flexibles dada la cercanía cotidiana que experimentan con el ser
humano, con los animales silvestres, salvajes o “bravíos”[74] se impone el cumplimiento
de una serie de requisitos más gravosos, dado que su vínculo más estrecho se
enlaza con el funcionamiento pleno del ecosistema y porque se supone que a
falta de alguno de ellos, el equilibrio general de éste se podría ver grave y
irreversiblemente afectado en perjuicio del desarrollo sostenible y el derecho
al medio ambiente sano.
Es cierto, tal y
como lo alcanzó a sugerir el juez de instancia, la Constitución y la ley, como
pautas planificadoras del aprovechamiento de los recursos naturales, han
diferenciado en varios niveles la salvaguardia que es posible predicar de los
diferentes componentes de nuestra fauna y biodiversidad.  En primer lugar
encontramos a las mascotas o animales domésticos respecto de los que se predica
el ejercicio de los derechos fundamentales mencionados y frente a los que, en
cuanto a su manejo y aprovechamiento, la ley sólo ha previsto restricciones
elementales en pro del “bienestar del animal” y de la tranquilidad de
las demás personas.  En segundo lugar encontramos la generalidad de animales
silvestres -entre ellos el ave que le fue decomisada a doña María Delfina- en
los que por encima del lucro o interés personal prima el provecho colectivo a
un medio ambiente sano y frente a los cuales la Constitución y la ley sí han establecido
un conjunto de requisitos y prohibiciones que condicionan su acceso y
aprovechamiento.  Por último encontramos a las especies con mayor énfasis de
defensa legal, debido a la amenaza o peligro de extinción que se cierne sobre
ellas[75].
De suerte que
referente a los dos últimos grupos faunísticos la Constitución y la ley han
previsto la limitación de las prerrogativas individuales de acceso y disfrute
de los recursos, en pro de asegurar la diversidad e integridad ambiental y para
asegurar el goce del bien jurídico colectivo tanto en el presente como para las
generaciones futuras.  Así pues, en caso de no cumplirse con la plataforma
legal que define las pautas del desarrollo sostenible de este recurso y en
atención a la obligación de “prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados”, prevista en el artículo 80 Superior, las autoridades ambientales
pueden decomisar las especies animales que sean objeto de infracción ambiental,
conforme al artículo 85 de la ley 99 de 1993.
5.2.  En el
presente caso no se presenta la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.  La actuación de la Corporación Autónoma no es solamente legal sino
que es razonable, necesaria y legítima.
La señora
Castaño de Ospina antepone la vulneración de su derecho a la salud a las actuaciones
desplegadas por la Corporación Autónoma.  Como resultado el juez de instancia
dentro del presente caso optó por aplicar la tesis de conexidad entre el
derecho a la salud y la vida.  A partir de ella le restó importancia a los
reclamos de la señora Castaño pues encontró que como la existencia física de la
actora no estaba en peligro, no procedía la protección de los derechos
fundamentales invocados.
Pues bien, de
frente a tales argumentos -y no obstante que se confirmará la decisión de
instancia- la Corte debe puntualizar que la Constitución no se conforma con la
salvaguardia biológica de la vida sino que, al contrario, en atención a tal
valor y a través de la protección integral de la salud, ésta también protege
las facetas síquica y emocional del ser humano.  Tal atribución, eso es claro,
implica que el Estado tiene que hacer todo lo posible por atender todas las
dolencias que presente una persona y por evitar que sus actuaciones conlleven
una lesión al bienestar individual.  Con todo, la fundamentalidad del derecho a
la salud conlleva la garantía del bienestar -recordemos- en todas sus facetas: preventiva,
reparadora y mitigadora, de manera integral, es decir en los aspectos físico,
funcional, psíquico, emocional y social.
Sin embargo,
como se advirtió, la eficacia práctica del derecho fundamental no tiene una
connotación absoluta o ilimitada.  De hecho, para acceder a las prestaciones
propias del Sistema de Seguridad Social habrá que cumplir, por regla general,
con unas condiciones de índole presupuestal y procedimental (vid. supra num.
4.1.).  Asimismo, frente a las actuaciones desplegadas por el Estado que tengan
como efecto la merma de la salud de una persona habrá que analizar si tienen
una justificación constitucional y legal, y además habrá de verificar si son
razonables, necesarias y legítimas.
En este caso la
Sala de Revisión verifica, en primer lugar, a partir de la prueba practicada
por el Instituto de Medicina Legal, que la pérdida de la lora sí afectó la
salud de doña María Delfina.  En efecto, en la práctica del diagnóstico
médico-legal se obtuvo el siguiente resultado: “(...) En el examen mental
que se practica, se aprecia un discurso adecuado, pensamiento con ideas
sobrevaloradas de minusvalía, que asocia a la pérdida de su mascota, no se
aprecian síntomas de tipo psicótico, ni alteraciones de tipo cognitivo y el
afecto es depresivo. ||  Desde el punto de vista clínico, se observan
síntomas y signos compatibles con un trastorno de depresión mayor leve,
desencadenado principalmente por la pérdida de su mascota.  A pesar de no haber
seguido el tratamiento psiquiátrico, la sintomatología no se ha intensificado
con el tiempo.  Este cuadro es susceptible de mejorar con tratamiento
farmacológico y psicoterapéutico dirigido a la elaboración del duelo, así como
buscar mecanismos adaptativos que le permitan superar la pérdida”.
Aún así, la Sala
encuentra que las actuaciones de la Corporación Autónoma tienen soporte expreso
en la Constitución Política y la ley, y de manera alguna constituyen una
injerencia injustificada o desproporcionada de los derechos invocados por la
señora Castaño de Ospina.  Por el contrario, se concluye, en el presente caso
la autoridad ambiental no ha ejercido actuaciones que desconozcan la potestad
individual para aprovechar de los diferentes recursos medio ambientales sino
que, en atención de los presupuestos de desarrollo sostenible, conservación,
restauración y sustitución del ecosistema, ha aplicado una de las sanciones
establecidas en la Ley 99 de 1993 cuando se identifica la existencia de una
infracción ambiental.
Además, la Sala
no pasa por alto que la intervención efectuada por la autoridad ambiental
tampoco ha suprimido de manera desmedida -dejándola en un callejón sin salida
frente a la dolencia que sufre- las opciones que tiene la actora para poder
aprovechar de la fauna pues ella, con la venia y la protección del Estado,
puede acudir a cualquiera de las tiendas autorizadas para adquirir una mascota
o puede auxiliarse por la propia Corporación Autónoma Regional de Caldas para
que ésta le señale cuáles son las especies de nuestra fauna silvestre que
pueden ser objeto de aprovechamiento comercial y a qué lugares puede acudir
para adquirir debidamente un espécimen que le sirva de compañía.  Así como en
la sentencia T-035 de 1997, esta Sala no desconoce que en la relación entre el
ser humano y los animales se ejerzan varios derechos fundamentales.  Sin
embargo, ahora más que nunca para la Sala se hace necesario enfatizar que el
aprovechamiento de cualquier recurso, a nivel casero o industrial, está
condicionado y debe sujetarse a los límites que garanticen su capacidad de
recuperación.  Es un hecho que la protección constitucional de la fauna no se
hace efectiva solamente respecto de aquellos ejemplares que se encuentren en
peligro de extinción.
Además, el caso
que se ha sometido a revisión de la Corte en esta oportunidad no es tampoco un
hecho aislado que pueda ser menospreciado como una afectación mínima sobre la
erosión de la megabiodiversidad colombiana.  Esto evidencia que el decomiso
practicado además de ser legal y razonable, es necesario e imperioso.  Así lo
han denunciado varias de las entidades que han tenido la oportunidad de vigilar
o hacer un balance de la gestión ambiental del país, veamos:
5.2.1.  En
primer lugar, en los primeros apartes del “Libro Rojo de las Aves en Colombia”[76] se exponen los
siguientes argumentos: Muchos de los esfuerzos, las iniciativas y recursos
que se han destinado a la conservación de la biodiversidad luego de la cumbre
de Río de Janeiro en 1992.  Sin embargo no ha sido posible, hasta el momento,
detener el deterioro ambiental y la pérdida de biodiversidad a escala global.
¿Será que si estamos haciendo lo suficiente? ||  La falta de
conocimiento, la ignorancia y el desinterés contribuyen de manera significativa
y decisiva en la transformación del medio natural y amenazan de manera
diferencial la existencia de las especies que los habitan (...)”.
Además, dentro
en el texto en mención se hace referencia expresa a dos componentes
inconciliables que caracterizan nuestro actual contexto ambiental: por un lado
somos herederos de una de las más grandes fortunas faunísticas y, por otro,
afrontamos índices preocupantes de deterioro de nuestra fauna.  Sumado a lo
anterior, este estudio denuncia que una de las principales fuentes de erosión
de la avifauna es el tráfico irracional de especies[77].  Sobre el particular,
vale la pena tener en cuenta las siguientes consideraciones:
“De con los análisis realizados en este trabajo 112 especies de
aves se encuentran amenazadas de extinción en Colombia, lo cual corresponde a
un 6.4% de la avifauna nacional.  De este total 19 especies se encuentran en
peligro crítico de extinción, 43 en peligro y 50 son vulnerables.
Adicionalmente 40 especies se consideran casi amenazadas y nueve con datos
insuficientes, es posible que el número de especies casi amenazadas
nacionalmente sea mayor al que se presenta en este trabajo.  El grado de
amenaza es considerablemente mayor desde la perspectiva de las especies
endémicas del país, pues de las 67 especies endémicas (Stiles 1998) un total de
47 (70%) se encuentran amenazadas.  Entre estas 12 se encuentran en peligro
crítico de extinción, 18 se encuentran en peligro y 13 son vulnerables.
“La principal causa de amenaza para la avifauna colombiana es la
destrucción de hábitat, la cual afecta a 110 especies.  Entre las principales
causas de destrucción de hábitat se encuentran la deforestación, las
actividades agropecuarias, la extracción de madera, los cultivos ilícitos y la destrucción
de humedales, entre otras (...).  La segunda causa de amenaza es la
presión selectiva ocasionada tanto por la cacería (de subsistencia o
recreativa) como por el tráfico de mascotas; este tipo de presión afecta a
34 especies (...).  La cacería afecta principalmente a las aves
acuáticas, rapaces grandes y frugívoros grandes ( tinamúes, crácidos, tucanes,
Cephalopterus); el tráfico de aves vivas afecta principalmente a los loros y a
algunas especies como Carduelis cucullatus (...)”.
“Una política colombiana de protección y recuperación de las
especies amenazadas debe ir encaminada a contrarrestar las fuentes de amenaza.
En este sentido se debe abordar en primera instancia la protección y
recuperación de los hábitats, en segunda instancia la presión directa por
cacería de consumo o comercial y en tercera instancia a amenazas más
focalizadas como las especies invasoras o la contaminación.  Cualquier política
de conservación que pase por alto una adecuada protección de los hábitats, y en
algunos casos la restauración de los mismos, está destinada a tener un
beneficio marginal en la conservación de la avifauna colombiana”. (negrilla
fuera de texto original)
5.2.2.  Así
mismo en el informe sobre el “Estado de los Recursos Naturales y del
Ambiente 2004-2005” la Contraloría General de la República[78] identificó al tráfico
ilegal de especies animales como una de sus principales fuentes de deterioro
ambiental.  Respecto de éste se hace necesario tener en cuenta las siguientes
cifras:
“El tráfico ilegal de especies silvestres es considerado en el
nivel mundial como una de las principales causas de disminución de las
poblaciones naturales y como uno de los mercados ilegales que mayores sumas de
dinero moviliza anualmente.  En Colombia, pese a la legislación y a las medidas
adoptadas para garantizar la protección y fomentar el uso sostenible de la
fauna silvestre, se asume que el volumen de tráfico es de gran magnitud”.
(...)
“A pesar de los esfuerzos propósitos y actividades que han
realizado la entidades ambientales y policiales, mediante operativos y acciones
para evitar el tráfico ilegal de especies silvestres, es aún muy poco lo que se
ha logrado frente a la magnitud del tráfico en el país.  En Colombia la
explotación de la vida silvestre con fines comerciales ha tenido desde el siglo
pasado un fuerte impacto sobre las poblaciones naturales, particularmente sobre
aquellas una fuerte demanda en los mercados mundiales de la moda, al punto que
varias de ellas fueron llevadas al borde de la extinción. (...)”.
En particular, sobre el estado actual de especies como los loros y
guacamayas, en el informe podemos encontrar las siguientes reflexiones:
“Respecto a las actividades de tráfico ilegal de ejemplares de
fauna y derivados (mascotas, carnes, pieles) que se comercializan en los
niveles nacional e internacional, de acuerdo con los registros de decomisos
adelantados por las diferentes autoridades ambientales regionales en el periodo
comprendido entre 1992 y 1999, se decomisó un total de 100.375 ejemplares;
135.778 huevos, un estimado mínimo de 8.838,1 Kg. de carne; 99 frascos con
carne de tortuga; y 800 Kg. de coral muerto.  Las aves son los animales más
frecuentemente decomisados (46,1%) seguidas de los mamíferos (27,5%) y los
reptiles (23,%); los loros y guacamayas son las especies más perseguidas,
registrándose el decomiso de cerca de 3.200 ejemplares durante el periodo
analizado (...).  Se registraron además 79 decomisos en los
cuales no se tiene referencia sobre las especies a las que corresponden,
incluyendo un total de 50 unidades no definidas de carne, 31 jaulas y 1.908 especimenes
entre ejemplares disecados, ejemplares vivos, pieles y otros.  No obstante,
este informe estima que las cifras registradas en este solo sector reflejan una
mínima proporción frente a la magnitud real del tráfico.  (Negrilla fuera
de texto original)
“La mayor cantidad de aves decomisadas se realizó sobre especimenes
pertenecientes a las familias Psittacidae, Fringillidae, Icteridae,
Mimidae, Thraupidae, Strigidae y Ramphastidae.  Los ejemplares de la familia
Psittacidae, de la cual hacen parte las guacamayas y loros, tienen amplia
demanda en el mercado de las mascotas, debido a sus llamativos colores y
comportamiento social.  La mayoría de las especies se encuentran listadas en el
libro rojo de la UICN y en el apéndice I de Cites. (...)”.
(...)
“Las guacamayas, loros, pericos, boas, tortugas, monos, tigrillos
son algunas de las especies más comercializadas y susceptibles al tráfico
ilegal en Colombia y la mayoría se venden en casi todas las plazas de mercado
de las grandes ciudades, para ornamentación, en especial las guacamayas, los
loros y los primates como el tití, mientras que los reptiles como la boa y los
felinos (el ocelote o tigrillo) son apetecidos por sus poderes curativos y su
piel”
“Dentro del comercio ilegal de estas especies se debe destacar el
maltrato al que son sometidos estos animales, que son camuflados, drogados, y
sometidos a toda clase de atropellos para transportarlos desde su origen hasta
su destino de venta.  Les tiñen el pelaje o las plumas y les recortan los
colmillos.  Apiñan las aves en tubos de PVC o empaques inapropiados (cajas de
cartón, en bolsas plásticas, en costales, entre otros), donde carecen de
oxigenación, con las alas y los picos amarrados con cinta adhesiva”.
5.2.3.
Finalmente la Corte no pasa por alto que una vez efectuado el decomiso y
conforme a los protocolos establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente[79], la Corporación
Autónoma inició los procedimientos de adaptación necesarios para asegurar que
el animal pudiera volver a su entorno natural[80].
Esto, sin duda, enfatiza y da mayor fundamento y legitimidad a las actuaciones
de la autoridad ambiental demandada quien no solamente se limitó a efectuar el
decomiso sino que ejecutó las labores necesarias para rescatar integralmente el
espécimen.
Conforme a lo
expuesto, una vez comprobado que las actuaciones de la autoridad ambiental
demandada no desconocen los derechos invocados por la actora, la Sala de
Revisión procederá a confirmar el fallo proferido por el Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Manizales que denegó el amparo de los derechos fundamentales.
VI.  DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Primero.  Levantar la suspensión de términos establecida mediante Auto del
nueve de noviembre de dos mil seis.
Segundo.
CONFIRMAR, por las razones expuestas en la presente
sentencia, la decisión proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Manizales, el quince de junio de dos mil seis, dentro de la acción de tutela
interpuesta por María Delfina Castaño de Ospina contra la Corporación Autónoma
Regional de Caldas.
Tercero.  Por secretaría General líbrese
la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1]
Folio 16, cuaderno principal.
[2]
Vid.  Ley 99 de 1993, art. 3°.
[3]
Declaración de Río, principios 1, 3 y 4.
[4] En la sentencia T-411 de 1992 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero) La Corte consideró que “(…) de una lectura sistemática, axiológica y
finalista surge el concepto de Constitución Ecológica, conformado
por las siguientes 34 disposiciones:  ||  Preámbulo (vida), 2º
(fines esenciales del Estado: proteger la vida), 8º (obligación de
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación), 11
(inviolabilidad del derecho a la vida), 44 (derechos fundamentales de
los niños), 49 (atención de la salud y del saneamiento ambiental), 58
(función ecológica de la propiedad), 66 (créditos agropecuarios por
calamidad ambiental), 67 (la educación para la protección del ambiente),
78 (regulación de la producción y comercialización de bienes y
servicios), 79 (derecho a un ambiente sano y participación en las
decisiones ambientales), 80 (planificación del manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales), 81 (prohibición de armas químicas,
biológicas y nucleares), 82 (deber de proteger los recursos culturales y
naturales del país), 215 (emergencia por perturbación o amenaza del
orden ecológico), 226 (internacionalización de las relaciones
ecológicas, 268-7 (fiscalización de los recursos naturales y del
ambiente), 277-4 (defensa del ambiente como función del Procurador), 282-5
(el Defensor del Pueblo y las acciones populares como mecanismo de protección
del ambiente), 289 (programas de cooperación e integración en zonas
fronterizas para la preservación del ambiente), 300-2 (Asambleas
Departamentales y medio ambiente), 301 (gestión administrativa y fiscal
de los departamentos atendiendo a recursos naturales y a circunstancias
ecológicas), 310 (control de densidad en San Andrés y Providencia con el
fin de preservar el ambiente y los recursos naturales), 313-9 (Concejos
Municipales y patrimonio ecológico), 317 y 294 (contribución de
valorización para conservación del ambiente y los recursos naturales), 330-5
(Concejos de los territorios indígenas y preservación de los recursos
naturales), 331 (Corporación del Río Grande de la Magdalena y
preservación del ambiente), 332 (dominio del Estado sobre el subsuelo y
los recursos naturales no renovables), 333 (limitaciones a la libertad
económica por razones del medio ambiente), 334 (intervención estatal
para la preservación de los recursos naturales y de un ambiente sano), 339 (política
ambiental en el plan nacional de desarrollo), 340 (representación de los
sectores ecológicos en el Consejo Nacional de Planeación), 366 (solución
de necesidades del saneamiento ambiental y de agua potable como finalidad del
Estado).”
[5]
Sentencia C-126 de 1998
[6]
Como complemento, en el capítulo sobre obligaciones legales específicas
previsto en la Observación se consagra, además de la protección del acceso a
los servicios médicos y de atención de la salud, el deber estatal de velar por reducir
y suprimir las fuentes de contaminación del aire, el agua y el suelo: “Los
Estados también tienen la obligación de adoptar medidas contra los peligros que
para la salud representan la contaminación del medio ambiente y las
enfermedades profesionales, así como también contra cualquier otra amenaza que
se determine mediante datos epidemiológicos. Con tal fin, los Estados deben
formular y aplicar políticas nacionales con miras a reducir y suprimir la
contaminación del aire, el agua y el suelo, incluida la contaminación causada
por metales pesados tales como el plomo procedente de la gasolina. Asimismo,
los Estados Partes deben formular, aplicar y revisar periódicamente una
política nacional coherente destinada a reducir al mínimo los riesgos de
accidentes laborales y enfermedades profesionales, así como formular una
política nacional coherente en materia de seguridad en el empleo y servicios de
salud”.
[7]
La doctrina que ha estudiado la formación del Derecho Internacional del Medio
Ambiente ha definido las características que regían este tipo de normatividad
antes de la Declaración de Estocolmo en 1972: (i) “la mayoría de reglas
internacionales sobre la conservación del medio ambiente se presentó dispersa
en tratados bilaterales concertados en el marco tradicional de la cooperación
transfronteriza” (...); (ii) “los pocos tratados multilaterales
concluidos con un objetivo medioambiental específico se limitaron, bien a
proteger ciertas especies (de flora y fauna), elegidas en su mayoría por su
mera utilidad económica (...)”.  Vid.  Remiro Brotóns, Antonio.  Derecho
Internacional.  Capítulo XXXIX, pág. 1126.  McGraw-Hill, Madrid, 1997.
[8]
Compuesta por 26 principios, en cuyo preámbulo se lee: “La Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Reunida en Estocolmo del 5
al 16 de junio de 1972.
Atenta a la necesidad de
un criterio y principios comunes que ofrezcan a los pueblos del mundo
inspiración y guía para preservar y mejorar el medio ambiente humano.
Proclama que:
“1. El hombre es a la
vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento material
y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y
espiritualmente. (...)
Los dos aspectos del
medio ambiente humano, el natural y el artificial, son esenciales para el
bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales,
incluso el derecho a la vida misma.
2. La Protección y
mejoramiento del medio ambiente humano en una cuestión fundamental que afecta
al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, un
deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los
gobiernos.
3.  (...) A
nuestro alrededor vemos multiplicarse las pruebas del daño causado por el
hombre en muchas regiones de la Tierra: niveles peligrosos de contaminación del
agua, el aire, la tierra y los seres vivos; grandes trastornos del equilibrio
ecológico de la biosfera; destrucción y agotamiento de recursos insustituibles
y graves deficiencias, nocivas para la salud física, mental y social del
hombre, en el medio por el creado, especialmente en aquel en que vive y
trabaja.
6.  (...) Por
ignorancia o indiferencia, podemos causar daños inmensos e irreparables al
medio terráqueo del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar.
Por el contrario, con un
conocimiento más profundo y una acción más prudente, podemos conseguir para
nosotros y para nuestra posteridad unas condiciones de vida mejores en un medio
más en consonancia con las necesidades y aspiraciones de vida del hombre.”
Además, de los principios
consignados en esta Declaración, es necesario resaltar, por lo menos, los
siguientes:
“Principio 1
“El hombre tiene el
derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de
vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna
y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el
medio para las generaciones presentes y futuras.
(...)
“Principio 2
Los recursos naturales
de la tierra, incluídos, el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y
especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben
preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una
cuidadosa planificación u ordenación, según convenga.
(...)
“Principio 4
El hombre tiene la
responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio
de la flora y la fauna silvestre y su hábitat, que se encuentren actualmente en
grave peligro por una combinación de factores adversos.”
[9]
Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 37/7 de octubre 28 de
1982.  Sobre el conjunto de valores consignados en este documento la Corte no
puede dejar de resaltar las siguientes declaraciones y principios:
“La especie humana es
parte de la naturaleza y la vida depende del funcionamiento ininterrumpido de
los sistemas naturales que son fuente de energía y de materias nutritivas,
(...)
“Toda forma de vida es
única y merece ser respetada, cualquiera que sea su utilidad para el hombre, y
con el fin de reconocer a los demás seres vivos su valor intrínseco, el hombre
ha de guiarse por un código de acción moral,
(...)
“Los beneficios
duraderos que se pueden obtener de la naturaleza dependen de la protección de
los procesos ecológicos y los sistemas esenciales para la supervivencia y de la
diversidad de las formas de vida, las cuales quedan en peligro cuando el hombre
procede a una explotación excesiva o destruye los hábitats naturales,
“El deterioro de los
sistemas naturales que dimana del consumo excesivo y del abuso de los recursos
naturales y la falta de un orden económico adecuado entre los pueblos y los
Estados, socavan las estructuras económicas, sociales y políticas de la
civilización,
(...)
“I. PRINCIPIOS GENERALES
“1. Se respetará la
naturaleza y no se perturbarán sus procesos esenciales.
“2. No se amenazará la
viabilidad genética de la tierra; la población de todas las especies,
silvestres y domesticadas, se mantendrá a un nivel por lo menos suficiente para
garantizar su supervivencia; asimismo, se salvaguardarán los hábitats
necesarios para este fin.
“3. Estos principios de
conservación se aplicarán a todas las partes de la superficie terrestre, tanto
en la tierra como en el mar; se concederá protección especial a aquellas de
carácter singular, a los ejemplares representativos de todos los diferentes
tipos de ecosistemas y a los hábitats de las especies o en peligro.
“4. Los ecosistemas y
los organismos, así como los recursos terrestres, marinos y atmosféricos que
son utilizados por el hombre, se administrarán de manera tal de lograr y
mantener su productividad óptima y continua sin por ello poner en peligro la
integridad de los otros ecosistemas y especies con los que coexistan.
“5. Se protegerá a la
naturaleza de la destrucción que causan las guerras u otros actos de hostilidad”.
[10]
Anexa al informe de la conferencia de las naciones unidas sobre el medio
ambiente y el desarrollo, celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, del 3 al 14
de junio de 1992.  Contiene 27 principios que, aunque pretenden desarrollar los
valores de la Declaración de Estocolmo, se reducen a pautas sobre
desarrollo sostenible.
[11]
Respecto de algunos de los instrumentos internacionales citados, la Corte ha
establecido que constituyen fuentes valiosas para determinar el contenido de la
“gestión ambiental”.  Cfr.  sentencia C-245 de 2004, M.P.: Clara Inés Vargas
Hernández.
[12]
M.P.: Jaime Araújo Rentería.  Revisión Constitucional del “Convenio
Internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación
por hidrocarburos, 1990” y “el Protocolo sobre cooperación, preparación y lucha
contra los sucesos de contaminación por sustancias nocivas potencialmente
peligrosas, 2000”.
[13]
M.P.: Rodrigo Escobar Gil.  Demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 13 (parcial) de la Ley 2ª de 1959. “Sobre economía
forestal de la Nación y conservación de recursos naturales renovables”, que
prohibía la venta de tierras del sistema de parques nacionales naturales.  Esta
norma, vale la pena destacar, fue declarada exequible por el pleno de la Corte.
[14]
M.P.: Alejandro Martínez Caballero.
[15]
Sentencia T-466 de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[16]
Sentencia C-189 de 2006, citada.  Adicionalmente, en la sentencia C-519 de 1994
la Corte abordó tal concepto con la cita del informe de la Comisión Mundial
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1987.  En este documento se reconoce la
relación y tensión existente entre bienestar y medio ambiente y también se
advierte que el crecimiento y desarrollo económico implican la introducción de
algunos cambios en los ecosistemas.  Bajo estos supuestos el mismo explica la
idea de desarrollo sostenible con los siguientes argumentos:  “El desarrollo
duradero requiere la satisfacción de las necesidades básicas de todos y
extiende a todos la oportunidad de satisfacer sus aspiraciones a una vida mejor
(...) El crecimiento y el desarrollo económicos implican evidentemente cambios
en los ecosistemas físicos. No todo ecosistema se puede conservar intacto en
todo lugar. Un bosque se puede agotar en una parte de la vertiente y prosperar
en otra parte, cosa que no es censurable si se ha planeado la explotación y se
han tenido en cuenta sus efectos sobre las tasas de erosión del suelo, régimen
del agua y las pérdidas genéticas. En general, los recursos renovables como los
bosques y los bancos de peces no se agotan necesariamente si la explotación se
mantiene dentro de los límites que establecen la regeneración y el crecimiento
natural. Pero la mayoría de los recursos renovables forman parte de un sistema
complejo e interconectado, y es preciso definir el máximo rendimiento durable
después de haber considerado los efectos que la explotación tendrá sobre el
conjunto del sistema (...). En suma, el desarrollo duradero es un proceso de
cambio en el cual la explotación de los recursos, la orientación de la
evolución tecnológica y la modificación de las instituciones están acordes y
acrecientan el potencial actual y futuro para satisfacer las necesidades y
aspiraciones humanas”.
[17]
Premisa reiterada en la sentencia C-339 de 2002, bajo los siguientes términos:
“El planeta vivirá con esta o con otra biosfera dentro
del pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su existencia
de millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la
biosfera que ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos
a la pérdida de nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y
eventualmente a la desaparición de la especie humana.  (…) Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el
carácter ecológico de la Carta de 1991, el talante fundamental del derecho al
medio ambiente sano y su conexidad con el derecho fundamental a la vida
(artículo 11), que impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes
del  territorio nacional”.
[18]
M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa. Revisión
constitucional de la Leyes 162 y 165 de 1994 “por medio de la cual se
aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica”, hecho en Río de Janeiro el
5 de junio de 1992
[19]
M.P.: Jaime Araújo Rentería.  Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 3 parcial, 4, 18 parcial, 34, 35
parcial literales a) y c) y 36 parcial de la ley 685 de 2001- Código de Minas-
[20]
1997, Ministerio del Medio Ambiente, Departamento Nacional de Planeación e Instituto
“Alexander von Humboldt”.  Este documento puede consultarse en la página de Internet del Ministerio
De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial:
www.minambiente.gov.co.
[21]
Ibid.
[22]
De hecho, ante la palpable evidencia de los efectos nocivos que la minería
tiene sobre el ecosistema, la Corte coligió que se debía “conciliar” tal
escenario con la protección de la biodiversidad y el derecho a un ambiente
sano.  Con ese objetivo acudió al concepto de “desarrollo sostenible” y
consideró que el legislador, en virtud de la competencia establecida en el
artículo 150-2 de la Constitución, podía establecer un conjunto de normas
específicas en materia minera para concretar la protección medio ambiental y
que, entre otras cosas, en lo que se refiere a la exclusión o restricción de
áreas para la explotación, la autoridad administrativa debía aplicar el principio
de precaución, también enunciado como principio “in dubio pro ambiente”.
Este razonamiento se lleva a cabo con motivo del estudio del inciso 3º del
artículo 34 de la Ley 685 de 2001: “Para que puedan
excluirse o restringirse trabajos y obras de exploración y explotación mineras
en las zonas de protección y desarrollo de los recursos  naturales renovables o
del ambiente, el acto que las declare deberá estar expresamente motivado en
estudios que determinen la incompatibilidad o  restricción en relación con las
actividades mineras”.  Vid.
Argumento jurídico número 5.
[23]
Firmadas en Washington D. C., el 3 de marzo de 1973, adoptadas
en Bonn, Alemania, el 22 de junio de 1979 y Garborone, Botswana, el 30 de abril
de 1983, y aprobadas por Colombia mediante la Ley 807 de 27 de mayo de 2003.  A
su vez la Convención fue aprobada por Colombia a través de la Ley 17 de 1981.
[24]
M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
[25]
A continuación, bajo tales supuestos, se enaltecieron los propósitos y alcances
del Convenio y sus enmiendas bajo los siguientes argumentos: “Para la Corte
los fundamentos y propósitos de la Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, guardan perfecta armonía con
los dictados del Ordenamiento Superior especialmente con los artículos 79 y 80,
los cuales establecen como deber del Estado proteger la diversidad e integridad
del ambiente, conservar las áreas de importancia ecológica, fomentar la
educación, garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales, su
conservación, restauración o sustitución. Por tal razón la Corte ha avalado la
constitucionalidad de instrumentos internacionales de esta índole”. (…) “No
puede soslayarse entonces el significado que representa para la conservación de
nuestra biodiversidad la participación de organismos internacionales en la
Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres, pues con su participación activa se podrán tomar medidas más
eficaces para evitar la depredación de los ecosistemas, razón por la cual la
Corte encuentra que la Enmienda en estudio se ajusta a lo dispuesto en el
Ordenamiento Constitucional.”
[26]
M.P.: Hernando Herrera Vergara.
[27]
Vid. Ley 356 de 1997.
[28]
Ver la Sentencia C-519 de 1994, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
[29]
M.P.: Julio César Ortiz Gutiérrez.  Revisión de
constitucionalidad de la Ley 240 de 26 de diciembre de 1995, "Por medio
de la cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia
y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre sanidad animal para
intercambio de animales y productos de origen animal”, suscrito en Bogotá
el 9 de febrero de 1988.
[30]
Sobre este asunto la Corte afirmó: “El objeto del Acuerdo
que se revisa, constituye pleno desarrollo de los preceptos constitucionales
que se enuncian a continuación: ||  -
Artículo 79 de la Carta, que consigna el derecho que todas las personas
tienen de gozar de un ambiente sano, debiendo el Estado proteger la diversidad
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para estos fines, pues es
incuestionable y reconocida la importancia que tiene para el equilibrio
ecológico del mundo la región de la amazonía, la cual constituye una reserva
fundamental para el futuro de la humanidad, por eso su preservación se
constituye en objetivo prioritario, no sólo de los países que en su territorio
cuentan con segmentos de la misma, sino de la comunidad internacional y de los
organismos internacionales que velan por la conservación y defensa del medio
ambiente, como bien de fundamental importancia para la supervivencia del hombre.
Por ello, en el caso de las áreas limítrofes de Colombia y Brasil, que hacen
parte de esa región de la Amazonía, son necesarias e inaplazables las
estrategias dirigidas a su defensa y conservación, siendo una de ellas la
celebración de convenios como el que se analiza, el cual propende precisamente
por evitar la propagación de enfermedades y plagas que afecten la fauna de esa
región, situación que se puede dar en vista  del continúo tránsito e
intercambio de animales vivos y de productos de origen animal en esas zonas de
frontera (subrayas fuera de texto original)”.  Sobre el mismo tema,
también se puede consultar la sentencia C-335 de 2002, M.P.: Jaime Araújo
Rentería.
[31]
Se entiende por "fauna silvestre", "...el conjunto de animales
que no ha sido objeto de dominación, mejoramiento genético o cría y levante
regular o que han regresado a su estado salvaje..." (art. 249, Decreto
2811 de 1974).
[32]
Sobre este término, en la sentencia C-595 de 1999 se afirmó:  “Como lógico corolario, la configuración del derecho de propiedad
(reiterativa de la inconsistencia anotada a propósito de la Reforma de 1936),
se hizo atenuando aún más las connotaciones individualistas del derecho y
acentuando su función social; agregó además el Constituyente que al derecho de propiedad
le es inherente una función ecológica y creó, con el mandato de que sean
protegidas, y promovidas formas asociativas y solidarias de propiedad |(...) “ De todo lo que anteriormente se ha expuesto se
desprende con meridiana claridad que el concepto de propiedad que se consagra
en la Constitución colombiana de 1991,  y las consecuencias que de él hay que
extraer (la doctrina de la Corte ejemplificada en las citas anteriores así lo
confirma), es bien diferente del que se consignó en el Código Civil adoptado en
1887 y, por tanto, que el uso que allí se prescribe del concepto de  propiedad,
dista mucho de coincidir con el que ha propuesto el Constituyente del 91; por
ende, se deduce que el contenido del art. 669 del Código Civil según el cual,
el propietario puede ejercer las potestades implícitas en su derecho
arbitrariamente, no da cuenta cabal de lo que es hoy la propiedad en Colombia.”.
[33]
El artículo 254 define zoocriadero de la siguiente manera: “el área de
propiedad pública o privada que se destina al mantenimiento, fomento y
aprovechamiento de especies de la fauna silvestre con fines científicos,
comerciales, industriales o de repoblación.”
[34]
El artículo 256 estipula lo siguiente: “Se entiende por coto de caza el área
destinada al mantenimiento, fomento y aprovechamiento de especies de la fauna
silvestre para caza deportiva”
[35]
Esta actividad, que al igual que en Código Civil constituye la manera como se
aprovecha la fauna, es definida en los artículos 250 y 251 en los siguientes
términos: “Entiéndese por caza todo acto dirigido a la captura de animales
silvestres ya sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos, y a la
recolección de sus productos.” (...)  “Son actividades de caza la cría,
captura, transformación, procesamiento, transporte y comercialización de
especie y productos de la fauna silvestre” (negrilla fuera de texto
original).
[36]  El artículo 252 dispone lo siguiente: “Por su
finalidad la caza se clasifica en:
a).
Caza de subsistencia o sea que sin ánimo de lucro tiene como objeto exclusivo
proporcionar alimento a quien la ejecuta y a su familia.
b).
Caza comercial, o sea la que se realiza por personas naturales o jurídicas para
obtener benéfico económico;
c).
Caza deportiva, o sea la que se hace como recreación y ejercicio, sin otra
finalidad que su realización misma;
d).
Caza científica, o sea la que se practica únicamente con fines de investigación
o estudios realizados dentro del país;
e).
Caza de control, o sea la que se realiza con el propósito de regular la
población de una especie cuando así lo requieran circunstancias de orden
social, económico y ecológico;
f). Caza de fomento o
sea la que se realiza con el exclusivo propósito de adquirir ejemplares para el
establecimiento de zoocriaderos o cotos de caza”.
[37]
Dice el artículo 258, literal “b)”: Corresponde a
la Administración Pública, en lo relativo a fauna silvestre y caza: (...) b).
Clasificar los animales silvestres y determinar los que puedan ser objeto de
caza y las especies que requieran tipo especial de manejo”.
[38]
Artículo 259 CRNR: “Se requiere permiso previo para el ejercicio de la
caza, salvo en la de subsistencia. Para el de la caza comercial el permiso
deberá ser aprobado por el Gobierno Nacional” (negrilla fuera de texto
original).
[39]
En dicho estatuto se consignan, con una lista enunciativa, cuáles son los
principales factores que deterioran el ambiente.  En el artículo 8°,
específicamente en su literal “g)” se consigna el siguiente evento: “La
extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o
vegetales o de recursos genéticos”.
[40]
En el artículo 3º numeral 2 se enumeran los objetivos planteados por el decreto
alrededor de la fauna silvestre, así: “Artículo 3o. En conformidad con los
artículos anteriores este estatuto regula:
“2. El aprovechamiento
de la fauna silvestre y de sus productos, tanto cuando se realiza por
particulares, como cuando se adelanta por la entidad administradora del
recurso, a través de:
“a. La regulación de los
modos de adquirir derecho al ejercicio de la caza y de las actividades de caza;
“b. La regulación del
ejercicio de la caza y de las actividades relacionadas con ella, tales como el
procesamiento o transformación, la movilización y la comercialización;
“c. La regulación de los
establecimientos de caza;
“d. El establecimiento
de obligaciones a los titulares de permisos de caza, a quienes realizan
actividades de caza o practican la caza de subsistencia y a los propietarios,
poseedores o administradores de predios en relación con la fauna silvestre que
se encuentre en ellos y con la protección de su medio ecológico;
“e. La repoblación de la
fauna silvestre mediante la retribución del aprovechamiento del recurso con el
pago de tasas o con la reposición de los individuos o especimenes obtenidos,
para asegurar el mantenimiento de la renovabilidad de la fauna silvestre;
“f. El desarrollo y
utilización de nuevos y mejores métodos de aprovechamiento y conservación;
“g. La regulación y
supervisión del funcionamiento tanto de jardines zoológicos, colecciones y
museos de historia natural, así como de las actividades que se relacionan con
la fauna silvestre desarrolladas por entidades o asociaciones culturales o
docentes nacionales o extranjeras;
“h. El control de
actividades que puedan tener incidencia sobre la fauna silvestre.”
[41]
El artículo 33 prescribe: “(...) la entidad administradora determinará las
especies de la fauna silvestre, así como el número, talla y demás
características de los animales silvestres que pueden ser objeto de caza, las
áreas y las temporadas en las cuales pueden practicarse la caza y los productos
de fauna silvestre que pueden ser objeto de aprovechamiento según la especie
zoológica. Las cuotas de obtención de individuos, especimenes o
productos de la fauna silvestre, nunca podrán exceder la capacidad de
recuperación del recurso en el área donde se realice el aprovechamiento.”
[42]
En efecto en el artículo 56 del Decreto se especifica lo siguiente: “No
pueden ser objeto de caza ni de actividades de caza:
Los animales
silvestres respecto de los cuales la entidad administradora no haya determinado
que pueden ser objetos de caza.
Los individuos, especimenes
o productos respecto de los cuales se haya declarado veda o prohibición.
Los individuos, especimenes
y productos cuyo número, talla y demás características no correspondan a las
establecidas por la entidad administradora.
Los individuos, especimenes
y productos respecto de los cuales no se hayan cumplido los requisitos legales
para su obtención, o cuya procedencia no esté legalmente comprobada.
Tampoco pueden ser
objeto de caza individuos, especimenes o productos, fuera de las temporadas
establecidas de caza.” (negrilla fuera de texto original).
[43]
El artículo 221 dispone lo siguiente: “También se prohíbe, de acuerdo con
las prescripciones del Decreto_Ley 2811 de 1974 y de este decreto, lo
siguiente:
1. Cazar o desarrollar
actividades de caza tales como la movilización, comercialización, procesamiento
o transformación o fomento, sin el correspondiente permiso o licencia.
2. Contravenir las
previsiones consignadas en las resoluciones que otorgan permiso de caza,
permiso para realizar actividades de caza o licencia para el funcionamiento de
establecimientos de caza.
3. Movilizar individuos,
especimenes o productos de la fauna silvestre sin el respectivo salvoconducto o
movilizar mayor cantidad o de especificaciones diferentes a las relacionadas en
aquel.
4. Comercializar,
procesar o transformar y movilizar individuos, especimenes o productos de
especies con respecto de las cuales se haya establecido veda o prohibición”.
[44]
El artículo 6º de la ley 84 trae un listado con más de veinte conductas,
precedidas por el siguiente texto: “El que cause daño a un animal o realice
cualquiera de las conductas consideradas como crueles para con los mismos por
esta Ley, será sancionado con la pena prevista para cada caso”.
[45]
Este estatuto también cambia el concepto de fauna silvestre en los siguientes
términos: “Para efectos de esta Ley se denominan animales silvestres,
bravíos o salvajes aquellos que viven libres e independientes del hombre”
(art. 29)
[46]
La definición de acceso, conforme a la propia decisión 391 es: “Obtención y
utilización de los recursos genéticos conservados en condiciones ex situ e in
situ, de sus productos derivados o, de ser el caso, de sus componentes
intangibles, con fines de investigación, prospección biológica, conservación,
aplicación industrial o aprovechamiento comercial, entre otros”.
[47]
De hecho la Ley 611 deroga de manera expresa el artículo 31 de la Ley 84 de
1989 (art. 28)
[48]
El artículo 25 de la ley, por ejemplo, consigna las siguientes estrategias de
control de los zoocriaderos: “La autoridad ambiental ejercerá funciones de
supervisión constante de las tierras, de la infraestructura y de las
actividades relacionadas con el zoocriadero, dispondrá las inspecciones y
controles (marca o identificación, expedición de permisos y licencias entre
otros) y realizará los estudios que estime necesarios. Así mismo, formulará las
recomendaciones en general, apoyará técnicamente a los interesados, planificará,
administrará la ejecución de los programas, revisará y estudiará los requisitos
técnicos y legales para permitir la instalación, funcionamiento y desarrollo de
los zoocriaderos.
“El Ministerio del Medio
Ambiente efectuará una recopilación práctica de la información concerniente a
las diversas especies que conforman nuestra fauna silvestre y acuática en lo
que toca con la reproducción, nutrición, manejo, sanidad y aspectos relevantes
del mercadeo a fin de contribuir a generar un marco referencial para su
explotación zootécnica y a fin de tener una base sólida para el diseño de
políticas en la materia.”
[49]
“Por el cual se reglamenta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables
y de Protección al Medio Ambiente, la Ley 99 de 1993 y Ley 611 de 2000 en materia de caza
comercial.
[50]
Según el artículo 2° del decreto, por caza comercial se entiende: “la que se
realiza por personas naturales o jurídicas para obtener beneficio económico.
Dentro de la caza comercial se incluyen las actividades de captura de especimenes
de la fauna silvestre, la recolección de los mismos o de sus productos y su
comercialización”.
[51]
Sobre este aspecto es menester hacer referencia a la tesis de la unidad
compleja de los derechos humanos a la cual ha llegado la jurisprudencia
atendiendo, entre otros, las normas internacionales sobre la fundamentalidad de
los derechos.  En la sentencia C-251 de 1997 (M.P. Alejandro
Martínez Caballero), la Corte afirmó que los derechos humanos forman una
unidad al ser interdependientes, integrales y universales, lo cual implica “que para proteger verdaderamente la dignidad humana es necesario
que la persona no sólo tenga órbitas de acción que se encuentren libres de
interferencia ajena, como lo quería la filosofía liberal, sino que además es
menester que el individuo tenga posibilidades de participación en los destinos
colectivos de la sociedad de la cual hace parte, conforme a las aspiraciones de
la filosofía democrática, y también que se le aseguren una mínimas condiciones
materiales de existencia, según los postulados de las filosofías políticas de
orientación social. Los derechos humanos son pues una unidad compleja.”
[52]
En la sentencia C-615 de 2002, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, la Corte
afirmó:  “4. De otro lado, la jurisprudencia reiterada de esta Corporación
ha puesto de presente cómo, a pesar del carácter primariamente prestacional del
derecho a la salud, el mismo debe ser objeto de protección inmediata cuando
quiera que su efectividad comprometa la vigencia de otros derechos
fundamentales, especialmente el derecho a la vida y a la dignidad personal.
Abundan los casos en los cuales la jurisprudencia sentada en sede de tutela ha
amparado el derecho a la salud por considerarlo en conexión inescindible con el
derecho a la vida o a la dignidad e incluso al libre desarrollo de la
personalidad.  En este punto, además, no debe perderse de vista que la salud de
los niños es per se un derecho fundamental, pues así lo dispone el artículo 44
superior, disposición que, como lo ha sostenido la Corte, debe entenderse como
configurativa de un  tratamiento privilegiado o de primacía de sus derechos
sobre los de las demás personas. De otra parte, también la Corte ha sostenido
que la seguridad social  - y por consiguiente la salud- como derecho
constitucional, adquiere su connotación de fundamental cuando atañe a las
personas de la tercera edad y aquellas personas cuya debilidad es manifiesta”.
[53]
Dijo el Comité: “la salud es un derecho humano fundamental e
indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano
tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita
vivir dignamente”.
[54]
M.P.: Humberto Sierra Porto.  Esta sentencia ha sido
reiterada por esta Sala de revisión en varias oportunidades. Vid.  sentencias
T-016 de 2007, M.P: Humberto Sierra Porto, T-085 y T-347 de 2007, M.P.: Clara
Inés Vargas Hernández.  En esta última se afirmó lo siguiente:  “Es
indudable que la condición de derechos fundamentales obedece principalmente al
carácter de ser esenciales e inherentes al ser humano y de suyo traducible en
un derecho subjetivo en la medida que resultan ser universales, integrales e
interdependientes. En relación con el derecho a la salud, la Corte
Constitucional ha avanzado en su jurisprudencia en orden a reconocerle el
carácter de fundamental per se[54] dada su
trascendencia en el campo de la dignidad del ser humano, sin que implique el
desconocimiento de la dimensión prestacional, que ahora resulta justiciable de
manera directa a través de la acción de tutela.”
[55]
Sobre estas facetas en la sentencia se argumentó lo siguiente: “La garantía
del derecho a la salud incluye varias facetas: una faceta preventiva dirigida a
evitar que se produzca la enfermedad, una faceta reparadora, que tiene efectos
curativos de la enfermedad y una faceta mitigadora orientada a amortiguar los
efectos negativos de la enfermedad. En este último caso, ya no se busca una
recuperación pues esta no se puede lograr. Se trata, más bien, de atenuar, en
lo posible, las dolencias físicas que ella produce y de contribuir, también en
la medida de lo factible, al bienestar psíquico, emocional y social del
afectado con la enfermedad”.
[56]
Sobre el aspecto emocional del derecho a la salud, en la providencia se indicó
lo siguiente: “En la sentencia T-659 de 2003 se pronunció la Sala Segunda de
Revisión sobre un asunto similar al examinado por la Sala en la presente
ocasión. Lo dicho en las consideraciones por la Sala de Revisión cobra especial
relevancia para el asunto bajo examen de la Sala en la presente sentencia. La
salud no equivale únicamente a un estado de bienestar físico o funcional.
Incluye también el bienestar psíquico, emocional y social de las personas.
Todos estos aspectos contribuyen a configurar una vida de calidad e inciden
fuertemente en el desarrollo integral del ser humano. El derecho a la salud se
verá vulnerado no solo cuando se adopta una decisión que afecta el aspecto
físico o funcional de una persona. Se desconocerá igualmente cuando la decisión
adoptada se proyecta de manera negativa sobre los aspectos psíquicos,
emocionales y sociales del derecho fundamental a la salud”.
[57]
M.P.: Humberto Sierra Porto.
[58]
Específicamente en esta sentencia se consideró lo siguiente: “10.- De
acuerdo con la línea de pensamiento expuesta y que acoge la Sala en la presente
sentencia, la fundamentalidad de los derechos no depende – ni puede depender –
de la manera como estos derechos se hacen efectivos en la práctica. Los
derechos todos son fundamentales pues se conectan de manera directa con
los valores que las y los Constituyentes quisieron elevar democráticamente a la
categoría de bienes especialmente protegidos por la Constitución. Estos valores
consignados en normas jurídicas con efectos vinculantes marcan las fronteras
materiales más allá de las cuales no puede ir la acción estatal sin incurrir en
una actuación arbitraria (obligaciones estatales de orden negativo o de
abstención). Significan, de modo simultáneo, admitir que en el Estado social y
democrático de derecho no todas las personas gozan de las mismas oportunidades
ni disponen de los medios – económicos y educativos - indispensables que les
permitan elegir con libertad aquello que tienen razones para valorar. De ahí el
matiz activo del papel del Estado en la consecución de un mayor grado de
libertad, en especial, a favor de aquellas personas ubicadas en un situación de
desventaja social, económica y educativa. Por ello, también la necesidad de
compensar los profundos desequilibrios en relación con las condiciones de
partida mediante una acción estatal eficaz (obligaciones estatales de carácter
positivo o de acción).”
[59]
En relación con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha afirmado de
manera reiterada que existen personas a quienes la Constitución misma dota de
un amparo específico bien sea por razón de su edad – niños, niñas – o por causa
de encontrarse en especiales circunstancias de indefensión – personas con
enfermedades catastróficas, reclusos, mujeres embarazadas o personas colocadas
en situaciones de debilidad económica, física o psíquica manifiesta. Frente a
estas personas, el amparo del derecho constitucional fundamental a la salud es
reforzado debido al grado de vulnerabilidad que, en ocasiones, deben afrontar.
Ver sentencias T-1081 de 2001, T-850 de 2002, T-859 de 2003 y T-666 de 2004.
[60]
La faceta preventiva también conlleva la adopción de acciones en cabeza de la
sociedad.  La sentencia T-307 citada dijo al respecto lo siguiente: “En
relación con la faceta preventiva, se garantiza el derecho a la salud cuando se
hace todo lo necesario para evitar que las personas incurran en situaciones de
riesgo que perjudique su salud integral. Se atienden distintos aspectos con la
idea de prevenir dolencias y enfermedades y con el propósito de prolongar la
vida así como de obtener un beneficio para las personas tanto desde el punto de
vista físico, psíquico, social y emocional. Así las cosas, cuando la personas
se encuentran en una situación de riesgo se deben tomar todas las cautelas
posibles de modo que se evite provocar una afectación de la salud en alguno de
esos aspectos”.
[61]
M.P.: Alfredo Beltrán Sierra.
[62]
Al respecto vale la pena transcribir lo siguiente: “Indica lo anterior, que
la salud constitucionalmente protegida no es únicamente la física[62]
sino que comprende, necesariamente, todos aquellos componentes propios del bienestar
sicológico, mental y sicosomático de la persona. Así, cuando se acude a la acción de tutela con el ánimo de lograr la
recuperación del equilibrio emocional, psicológico y mental, (como en el caso
de la depresión  mayor recurrente), se hace con el fin de obtener la protección
de los derechos a la salud, a la integridad personal y a una vida en
condiciones dignas, cuyo restablecimiento le es encomendado al juez de tutela
por el artículo 86 de la Carta Política. (T- 926 de 1999. M. P. Dr. Carlos Gaviria Díaz)”
[63]
M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[64]
Ver entre otras las Sentencias T-248 de 1998,  T-675 de 2004  y T-414 de 1999.
[65]
M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
[66]
Incorporado al ordenamiento interno mediante Ley 74 de 1968.
[67]
Incorporado al ordenamiento interno mediante Ley 319 de 1996.
[68]
M.P.: Fabio Morón Díaz.
[69]
El estatuto bajo cita -artículo 1°- diferencia y define a los
animales silvestres así: “DE LA FAUNA SILVESTRE Y
ACUATICA. Se denomina al conjunto de organismos vivos de especies
animales terrestres y acuáticas, que no han sido objeto de domesticación,
mejoramiento genético, cría regular o que han regresado a su estado salvaje”.  En aplicación de tal norma, la Contraloría General de la República
en su informe sobre el “Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente
2004-2005” señaló: “Para mayor claridad, cabe destacar que son parte de
la vida silvestre todos aquellos organismos que no han sido domesticados a
nivel de especie o variedad.  Por consiguiente, la domesticación de ejemplares
de cualquier especie, su nacimiento o tenencia en cautiverio, en términos
técnicos no le quita su condición de organismo silvestre ni al ejemplar ni a la
especie en cuestión. (...)”.
[70]
Ley 99 de 1993, art. 5°, num 42.
[71]
M.P.: Hernando Herrera Vergara.  En esta providencia la Sala
Sexta de Revisión de la Corte estudió dos casos relativos a la protección de
los derechos fundamentales de unos propietarios de apartamentos a los cuales no
se les permitía la tenencia de sus perros.  En un sentido similar, cfr.
sentencia T-595 de 2003, M.P: Clara Inés Vargas Hernández.
[72]
En esa oportunidad la Sala afirmó lo siguiente: “Para
efectos del estudio que la Sala pretende realizar, resulta necesario precisar
que el concepto de animales domésticos al cual se hará mención en esta
providencia comprende a aquellos que pertenecen a especies que viven
ordinariamente bajo la dependencia del hombre, como perros, gatos, etc.; por lo
tanto, de la misma se excluyen los animales domesticados, salvajes o bravíos y
silvestres, en los términos que establece el artículo 687 del Código Civil Colombiano
y el 29 de la Ley 84 de 1989 o "Estatuto Nacional de Protección de los
Animales”.
[73]
En la sentencia citada se afirmó: “En primer término, bajo el presupuesto de
que los derechos fundamentales son aquellos que pertenecen a toda persona en
razón a su dignidad humana, son inherentes al ser humano, tienen un carácter
inalienable y su definición depende no sólo de la naturaleza del derecho sino
también de las circunstancias particulares del caso en estudio[73],
se concluye que frente a la situación de la tenencia de animales domésticos,
los derechos fundamentales que en forma diáfana se relacionan con la definición
descrita son los relativos al libre desarrollo de la personalidad (CP., art.16)
y a la intimidad personal y familiar (CP., art.15).”
[74]
Al respecto dice el artículo 687 del Código Civil: “Se llaman animales
bravíos o salvajes los que viven naturalmente libres e independientes del
hombre, como las fieras y los peces; domésticos, los que pertenecen a especies
que viven ordinariamente bajo la dependencia del hombre, como las gallinas, las
ovejas, y domesticados, los que, sin embargo de ser bravíos por su naturaleza,
se han acostumbrado a la domesticidad, y reconocen en cierto modo el imperio
del hombre.
Estos últimos, mientras
conservan la costumbre de volver al amparo o dependencia del hombre, siguen la
regla de los animales domésticos, y perdiendo esta costumbre vuelven a la clase
de los animales bravíos.
[75]
Sobre este particular cfr. Convención sobre el Comercio Internacional de
Espacies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres -CITES-, leyes 01 de 1978 y 17
de 1981.
[76]
Rengifo, Luis Miguel y otros, editores. EL LIBRO ROJO DE LAS
AVES EN COLOMBIA..  Serie Libros Rojos de Especies Amenazadas en Colombia.
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y
Ministerio de Medio Ambiente, Bogotá, Colombia.  Junio de 2002.  La serie
libros rojos es el resultado de la aplicación del artículo 16 de la Ley 99 de
1993 en el que, entre otros, se dispone que son
entidades adscritas y vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, el Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, el Instituto de
Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis” – INVEMAR, el
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt”, el
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI y el Instituto de
Investigaciones Ambientales del Pacífico.
Dentro de
la presentación del texto se denuncia lo siguiente: “(...) El libro presenta
información biológica actualizada para 162 especies de aves amenazadas y casi
amenazadas, el equivalente al 9% de la avifauna presente en el país, e incluye
además ilustraciones, mapa de distribución geográfica, registros y grado de amenaza.”
Además en
el prólogo del mismo se consigna: “La aparición del Libro Rojo de las Aves
de Colombia (y vendrán más sobre otros grupos de organismos) no es en ningún
sentido una buena noticia pues de por sí, con un elenco de 153 especies bajo
algún grado de amenaza, es otro indicador del alarmante deterioro ambiental del
país (...)  ¿Para qué un Libro Rojo? Más allá de constituir una simple
lista de especies que podrían estar próximas a desaparecer del territorio
nacional, o aun  del planeta, deberá orientar y acompañar un derrotero de
acciones conservacionistas por parte del estado, las organizaciones
independientes y los particulares.  (...) Lejos entonces de un simple
obituario, el Libro Rojo será un elemento de recuperación.  Si así ocurre, un
número cada vez menor de especies tendrá el dudoso honor de figurar en futuras
ediciones, ya no por extinción sino porque una intervención oportuna y efectiva
logró rescatarlas de sus páginas”.
[77]
En el mismo sentido puede consultarse el texto “El Medio
Ambiente en Colombia” (Leyva, Pablo (ed)), publicado por el Instituto de
Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales y el Ministerio del Medio
Ambiente en julio de 1998, en el que se efectúa un balance general de los
ecosistemas en las diferentes regiones del país.  Por ejemplo, sobre la fauna
de nuestra amazonía se afirma lo siguiente:  “La caza indiscriminada de
especies animales como la boa (Boa constrictor) y las tortugas (Podocnemis
expansa y Podocnemis vogli), junto con la captura de gran variedad de peces
ornamentales (Chalceus macrolepidotus) y de numerosas aves que son utilizadas
como mascotas y por su plumaje, y de mamíferos, pos sus pieles, ocasiona un
gran desequilibrio en este sistema.”
Más adelante,
luego de hacer una descripción del paisaje faunístico en toda Colombia, este
documento relacionó las principales amenazas contra la supervivencia de las
diferentes especies animales.  En primer lugar, al igual que el Libro Rojo de
las aves colombianas, reconoció a la deforestación como el primer factor de
peligro y luego relacionó a los fenómenos de caza indiscriminada como otro
agente importante de deterioro: “La caza indiscriminada de individuos para
ser utilizados como mascotas o como proveedores de materia prima para la
producción de artículos de consumo, se constituye en otra amenaza para la
fauna.  Recordemos, por ejemplo, la persecución de ejemplares de cocodrilos (...)
y tigres (...), con el fin de comercializar la piel; o bien la
sobrepesca altamente tecnificada y no selectiva, que origina serios impactos
sobre las poblaciones de peces”.
[78]
Contraloría General de la República. Estado de los Recursos
Naturales y del Ambiente 2004-2005, Colombia.  Contraloría Delegada para el
Medio Ambiente. Bogotá.
[79]
Vid. documento del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
denominado; “Centro Regionales para el Manejo de
Especímenes de Fauna Silvestre Decomisados”, en el que se
establecen   los elementos técnicos para su diseño y construcción y los
protocolos para el manejo y disposición de animales post-decomiso.
Adicionalmente es importante tener en cuenta el información presentada por la
Procuraduría General de la Nación en el “Informe preventivo sobre el
diagnóstico del manejo y disposición de especímenes decomisados de fauna
silvestre en Colombia” (Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales.
Bogotá, Febrero de 2006).
[80]
En efecto, la Corporación Autónoma de Caldas informó a la
Corte lo siguiente: “Una vez decomisado el ejemplar por la Policía; (sic)
fue puesto a disposición de Corpocaldas en su laboratorio de la ciudad de
Manizales, allí se realizo (sic) una evaluación rápida para determinar
si requería tratamientos de emergencia, luego fue remitido al CAV Torre 4
(Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre) ubicado en la reserva
forestal del mismo nombre construido con los estándares definidos por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el cual se
controlan las variables ambientales como temperatura, luminosidad y humedad
para brindar la mayor comodidad a los ejemplares que llegan allí.  Se le
practico (sic) un examen semiológico, nutricional y de su comportamiento
concluyendo que a pesar de tener un peso aceptable, presenta deficiencias
nutricionales de oligoelementos, vitaminas y minerales; y que presentaba
comportamientos estereotipados anormales para la especie”.
(...)
Actualmente
la lora se encuentra en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre ubicado
en un bosque natural en el municipio de Victoria, especializado en la
rehabilitación de Tití gris y Psitácidos colombianos (Loras y guacamayas).
(...)
1) Se
le practicaron exámenes de química sanguínea, coprológicos y semiológicos
detallados.
2) Se
continua (sic) la dieta exclusiva de frutas y
semillas
3) Los
encierros enriquecidos ambientalmente con troncos, follaje y receptáculos para
el alimento ubicados en diferentes lugares para estimular la búsqueda activa de
estos.
4) En
el momento, el loro esta próximo a pasar a la etapa de fortalecimiento físico
en una jaula de vuelo”.