C-944-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-944/08
CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES
ORGANICOS PERSISTENTES, LA CORRECCION AL ARTICULO 1º DEL TEXTO ORIGINAL EN
ESPAÑOL DEL 21 DE FEBRERO DE 2003, Y EL ANEXO G AL CONVENIO DE ESTOCOLMO DEL 6
DE MAYO DE 2005
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Características
El control que ejerce la Corte se
caracteriza por ser (i) previo
al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y
a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues la ley aprobatoria debe ser
enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte
Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción
gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto
los aspectos formales como los materiales de la ley y del tratado,
confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa
juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del
correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función
preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la
Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado
colombiano.
LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Legislador
no puede alterar contenido introduciendo nuevas cláusulas
Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias
de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido de éstos
introduciendo nuevas cláusulas, ya que su función consiste en aprobar o
improbar la totalidad del tratado, no pudiendo fraccionar dicha aceptación. Si,
como ocurre en este caso, el tratado es multilateral, es posible hacer
declaraciones interpretativas, y, a menos que estén expresamente prohibidas,
también se pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del
tratado.
ADHESION A CONVENIO Y TRATADO
INTERNACIONAL-Forma válida
de manifestación de consentimiento de un estado en obligarse
CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES
ORGANICOS PERSISTENTES E INTRUMENTOS SOMETIDOS A APROBACION-Negociación y celebración
Dado que mediante la Ley 1196 de 2008 el
Congreso dio su aprobación a tres distintos documentos, es necesario referirse
separadamente a la representación del Estado colombiano en la suscripción de
cada uno de ellos. Así, en lo que se refiere al instrumento inicial, esto es,
el “Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes” suscrito
en esa ciudad el 22 de mayo de 2001, el Estado colombiano estuvo representado
su Embajador ante el Gobierno de Suecia. Para los otros dos instrumentos
aprobados, esto es, la ‘Corrección al artículo 1° del texto original en
español’ del 21 de febrero de 2003, y el ‘Anexo G al Convenio de Estocolmo’ del
6 de mayo de 2005”, en el primero de ellos fue oficializado por el Secretario
General de las Naciones Unidas, en su calidad de depositario del Convenio
original, por cuanto para la fecha en que vencía el término para presentar
objeciones a esta corrección, no se recibió ninguna, y respecto del Anexo G al
Convenio fue adoptado por la Conferencia de las Partes, casi cuatro años
después de la aprobación del Convenio original, en desarrollo del procedimiento
previsto en el artículo 22 del mismo, sin la participación de representante
alguno del Estado colombiano, ya que para esa fecha, el país no era aún miembro
del referido Convenio, como no lo es todavía. Luego, pese a que el Estado
colombiano no concurrió ni participó en la suscripción de estos dos últimos
instrumentos, el Gobierno Nacional se propone ahora adherir a ellos,
posibilidad que se encuentra prevista en el artículo 25 del Convenio original y
en los artículos 15 y concordantes de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados. Por consiguiente, no hay lugar en estos dos casos a examinar
la participación del Presidente de la República o de un representante suyo en
la suscripción de esos instrumentos.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Cumplimiento de requisitos y trámite legislativo
El proyecto de ley surtió de manera
satisfactoria la totalidad de las diligencias previstas en la Constitución y en
el Reglamento del Congreso para el trámite de una iniciativa de esta
naturaleza, pues dicho proyecto: (i) comenzó su tránsito en el Senado de la
República; (ii) fue publicado previamente al inicio del proceso legislativo;
(iii) fue aprobado tanto en primer como en segundo debate en cada una de las
dos cámaras que conforman el órgano legislativo, con el quórum y las mayorías
exigidas por la Constitución y el reglamento; (iv) las ponencias, tanto en
comisiones como en plenaria fueron publicadas antes de iniciarse los
respectivos debates; (v) entre el primer y segundo debate realizado en cada
cámara, así como entre la aprobación del proyecto en la plenaria del Senado y
la iniciación del trámite en la Cámara de Representantes transcurrieron los
términos mínimos previstos en el texto constitucional; (vi) fue sancionado por
el Presidente de la República una vez concluido el trámite legislativo; (vii)
fue enviado para su revisión de constitucionalidad a conocimiento de esta Corte
dentro de los seis (6) días siguientes a su sanción presidencial. En
consecuencia, la Ley 1196 de 2008 debe ser considerada exequible, en lo que se
refiere a la validez de su trámite legislativo.
TRATADO INTERNACIONAL-Prohibición de formular reservas
La Corte no encuentra objeción constitucional alguna
con respecto al texto del artículo conforme al cual “No se podrán formular
reservas al presente convenio”, por cuanto, de una parte, se trata de una regla
usual, contemplada y permitida en relación con tratados multilaterales por el
artículo 19 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, cuya
finalidad resulta aceptable y cuya exequibilidad nunca ha sido puesta en duda,
pero también porque, de conformidad con el texto constitucional, las reservas
sólo son necesarias en caso de que una o más de las estipulaciones
contractuales se considere incompatible con la Constitución Política, lo cual
no ocurre en este caso.
DECLARACION INTERPRETATIVA RESPECTO DEL
PROPOSITO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA CONFERENCIA DE LAS PARTES-No se requiere por el carácter operativo y
no normativo de sus funciones
En relación con las competencias que el
convenio le atribuye a la Conferencia de las Partes, y especialmente frente a
las que tendrían carácter normativo, la Corte no encuentra dificultad frente a la
Constitución Política en el hecho de que la Conferencia de las Partes, que es
el cuerpo que reúne a todos los Estados y organizaciones suscriptoras de este
convenio, tenga la posibilidad de adoptar diversas decisiones encaminadas a la
ejecución y mejor cumplimiento de este tratado, dichas funciones tienen un
propósito operativo y no normativo. No considera la Corte que la facultad que la
Conferencia de las Partes tiene de “adoptar cualquier medida complementaria que
se estime necesaria para la consecución de los fines del convenio”, justifique
la formulación de una declaración interpretativa por parte del Gobierno
colombiano.
CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES
ORGANICOS PERSISTENTES-Mecanismos
de Solución de controversias
Respecto del tema de solución de
controversias, el Convenio contempla la posibilidad de que las partes se
sometan, bien a un procedimiento arbitral o bien a la decisión del caso por
parte de la Corte Internacional de Justicia. Estos mecanismos sólo se aplicarán
de manera obligatoria en cuanto el respectivo Estado parte haya manifestado,
mediante declaración expresa, su voluntad de someterse a uno o a ambos de
ellos. Para aquellos Estados que no acepten de manera expresa ninguna de tales
fórmulas, se establece, con carácter obligatorio, que la controversia se
someterá a una comisión de conciliación.
ACUERDOS SIMPLIFICADOS EN TRATADO
INTERNACIONAL-Aplicación
en asuntos eminentemente técnicos y que no impliquen la asunción de nuevas
obligaciones
En relación con la opción de aceptar de
manera automática, o sujetar en cambio a un procedimiento de previa
ratificación, las modificaciones que la Conferencia de las Partes haga de los
Anexos A, B o C, referentes a los compuestos químicos que son objeto de
eliminación o reducción dentro del marco de este convenio, la Corte considera
que, al tratarse de asuntos eminentemente técnicos, y teniendo en cuenta que
ese tipo de decisiones no implicaría para el Estado colombiano la asunción de
obligaciones nuevas o diferentes a las que por efecto del Convenio de Estocolmo
se compromete a cumplir, estas modificaciones bien podrían ser aceptadas sin
necesidad de agotar los trámites propios de la entrada en vigencia de un
tratado internacional, asemejándolas en cambio a la figura de los llamados
acuerdos simplificados. Por esa razón, la opción de exigir o no un completo
procedimiento de ratificación para tener por vigentes las adiciones que se
introduzcan a estos anexos compete únicamente al Presidente de la República, en
su calidad de supremo director de las relaciones internacionales y está
desprovista de ulteriores implicaciones constitucionales.
CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES
ORGANICOS PERSISTENTES-Corrección
al artículo 1º del texto original en español cumplió con los trámites y
formalidades aplicables
En lo que respecta al análisis de
constitucionalidad material del segundo de los documentos aprobados por la Ley
1196 de 2008, esto es, la “Corrección al artículo 1° del texto original en
español” del 21 de febrero de 2003, la Corte no tiene objeción ninguna a este
respecto. Ello por cuanto, de una parte, la referida corrección fue realizada y
oficializada siguiendo los trámites y formalidades previstos para estos casos
en el propio texto del Convenio de Estocolmo y las reglas aplicables conforme
al Derecho Internacional. Pero también porque el término criterio de precaución
ciertamente es una mejor traducción de la expresión inglesa precautionary
approach, que el originalmente consignado de principio de precaución, y es
además el que consta en el texto oficial en español de la Declaración de Río de
1992 a la cual dicha expresión hace referencia.
Referencia:
expediente L. A. T. 326
Revisión
de la Ley 1196 de junio 5 de 2008, “Por medio de la cual se aprueba el
‘Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes’ hecho en
Estocolmo el 22 de mayo de 2001, la ‘Corrección al artículo 1° del texto
original en español’ del 21 de febrero de 2003, y el ‘Anexo G al Convenio de
Estocolmo’ del 6 de mayo de 2005”.
Magistrado Ponente:
Dr. NILSON PINILLA PINILLA
Bogotá, D.C., primero (1°) de octubre de
dos mil ocho (2008).
La Sala
Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067
de 1991, ha proferido la siguiente
S  E  N  T  E  N  C  I  A
I.  ANTECEDENTES
El día 9
de junio de 2008 el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República
remitió a esta corporación, en cumplimiento de lo ordenado en el numeral 10 del
artículo 241 de la Constitución, copia auténtica de la Ley 1196 de junio 5 de
2008, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio de Estocolmo sobre
contaminantes orgánicos persistentes’ hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001
la ‘Corrección al artículo 1° del texto original en español’ del 21 de febrero
de 2003, y el ‘Anexo G al Convenio de Estocolmo’ del 6 de mayo de 2005”.
Mediante providencia de julio 9 de 2008, el
Magistrado sustanciador avocó el conocimiento del presente asunto y solicitó
oficiar a los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara
de Representantes para que enviaran los antecedentes legislativos
correspondientes.
Cumplido lo anterior, mediante auto de julio
25 de 2008 se dispuso comunicar el inicio del proceso de control constitucional
al Presidente de la República, al Presidente del Congreso y a los Ministros de
Relaciones Exteriores, de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Protección
Social y de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial, para los efectos
legales pertinentes. En la misma providencia se dispuso que por la Secretaría
General se procediera a la fijación en lista del proceso y se surtiera el
traslado al señor Procurador General de la Nación, para el concepto
correspondiente.
Cumplidos los trámites previstos en el
Decreto 2067 de 1991, procede esta Corte a decidir sobre la exequibilidad del Convenio
y de la ley que lo aprueba.
II.      TEXTO DE LA NORMA REVISADA
Los textos
del ‘Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes’ hecho
en Estocolmo el 22 de mayo de 2001, de la ‘Corrección al artículo 1° del
texto original en español’ del 21 de febrero de 2003, del ‘Anexo G al
Convenio de Estocolmo’ del 6 de mayo de 2005”, y de la ley aprobatoria
objeto de revisión, son los siguientes, según la publicación efectuada en el
Diario Oficial No. 47.011, de junio 5 de 2008:
LEY 1196 DE 2008
(junio 5)
Diario Oficial No. 47.011 de 5 de junio de
2008
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se aprueba el
“Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes,” hecho en
Estocolmo el 22 de mayo de 2001, la “Corrección al artículo 1o del texto
original en español”, del 21 de febrero de 2003, y el “Anexo G al Convenio de
Estocolmo”, del 6 de mayo de 2005.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
Visto el texto del “Convenio de Estocolmo
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes”, hecho en Estocolmo el 22 de mayo
de 2001, la “Corrección al artículo 1o del texto original en español”, del 21
de febrero de 2003, y el “Anexo G al Convenio de Estocolmo”, del 6 de mayo de
2005, que a la letra dice:
(Para ser trascrito: Se adjunta fotocopia
del texto íntegro del Instrumento Internacional mencionado).
CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES
ORGANICOS PERSISTENTES
Las Partes en el presente Convenio,
Reconociendo que los contaminantes orgánicos
persistentes tienen propiedades tóxicas, son resistentes a la degradación, se
bioacumulan y son transportados por el aire, el agua y las especies migratorias
a través de las fronteras internacionales y depositados lejos del lugar de su
liberación, acumulándose en ecosistemas terrestres y acuáticos,
Conscientes de los problemas de salud, especialmente en los países
en desarrollo, resultantes de la exposición local a los contaminantes orgánicos
persistentes, en especial los efectos en las mujeres y, a través de ellas, en
las futuras generaciones,
Reconociendo que los ecosistemas, y comunidades
indígenas árticos están especialmente amenazados debido a la biomagnificación
de los contaminantes orgánicos persistentes y que la contaminación de sus
alimentos tradicionales es un problema de salud pública,
Conscientes de la necesidad de tomar medidas de alcance mundial
sobre los contaminantes orgánicos persistentes,
Teniendo en cuenta la Decisión 19/13 C, del 7 de febrero de
1997, del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, de iniciar actividades internacionales para proteger la salud
humana y el medio ambiente con medidas para reducir y/o eliminar las emisiones
y descargas de contaminantes orgánicos persistentes,
Recordando las disposiciones pertinentes de los convenios
internacionales pertinentes sobre el medio ambiente, especialmente el Convenio
de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento
fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos
objeto de comercio internacional y el Convenio de Basilea sobre el control de
los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación,
incluidos los acuerdos regionales elaborados en el marco de su artículo 11.
Recordando también las disposiciones pertinentes de la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el Programa 21,
Reconociendo que la idea de precaución es el fundamento
de las preocupaciones de todas las Partes y se halla incorporada de manera
sustancial en el presente Convenio,
Reconociendo que el presente Convenio y los demás
acuerdos internacionales en la esfera del comercio y el medio ambiente se
apoyan mutuamente,
Reafirmando que los Estados, de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, tienen el derecho
soberano de explotar sus propios recursos con arreglo a sus políticas propias
en materia de medio ambiente y desarrollo, así como la responsabilidad de velar
por que las actividades que se realicen bajo su jurisdicción o control no
causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas situadas más allá de
los límites de la jurisdicción nacional,
Teniendo en cuenta las circunstancias y las especiales
necesidades de los países en desarrollo, particularmente las de los países
menos adelantados, y de los países con economías en transición, en particular
la necesidad de fortalecer su capacidad nacional para la gestión de los
productos químicos, inclusive mediante la transferencia de tecnología, la
prestación de asistencia financiera y técnica y el fomento de la cooperación
entre las Partes,
Teniendo plenamente en cuenta el Programa de Acción para el desarrollo
sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo, aprobado en
Barbados el 6 de mayo de 1994,
Tomando nota de las respectivas capacidades de los
países desarrollados y en desarrollo, así como de las responsabilidades comunes
pero diferenciadas de los Estados de acuerdo con lo reconocido en el principio
7 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
Reconociendo la importante contribución que el sector
privado y las organizaciones no gubernamentales pueden hacer para lograr la
reducción y/o eliminación de las emisiones y descargas de contaminantes
orgánicos persistentes,
Subrayando la importancia de que los fabricantes de contaminantes
orgánicos persistentes asuman la responsabilidad de reducir los efectos
adversos causados por sus productos y de suministrar información a los
usuarios, a los gobiernos y al público sobre las propiedades peligrosas de esos
productos químicos,
Conscientes de la necesidad de adoptar medidas para prevenir los
efectos adversos causados por los contaminantes orgánicos persistentes en todos
los estados de su ciclo de vida,
Reafirmando el principio 16 de la Declaración de Río sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo que estipula que las autoridades nacionales
deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el
uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que
contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación,
teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el
comercio ni las inversiones internacionales,
Alentando a las Partes que no cuentan con sistemas
reglamentarios y de evaluación para plaguicidas y productos químicos
industriales a que desarrollen esos sistemas,
Reconociendo la importancia de concebir y emplear
procesos alternativos y productos químicos sustitutivos ambientalmente
racionales,
Resueltas a proteger la salud humana y el medio ambiente de los
efectos nocivos de los contaminantes orgánicos persistentes,
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO 1. OBJETIVO.
Teniendo presente el principio de
precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger
la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos
persistentes.
ARTÍCULO 2. DEFINICIONES.
A efectos del presente Convenio:
a) Por “Parte” se entiende un Estado o una
organización de integración económica regional que haya consentido en someterse
a las obligaciones establecidas en el presente Convenio y en los que el
Convenio está en vigor;
b) Por “organización de integración
económica regional” se entiende una organización constituida por Estados
soberanos de una región determinada a la cual los Estados hayan cedido su
competencia respecto de materias regidas por el presente Convenio y que haya
sido debidamente facultada, de conformidad con sus procedimientos internos,
para firmar, ratificar, aceptar o aprobar el presente Convenio o adherirse a
él;
c) Por “Partes presentes y votantes” se
entiende las Partes que estén presentes y emitan un voto afirmativo o negativo.
ARTÍCULO 3. MEDIDAS PARA REDUCIR O ELIMINAR
LAS LIBERACIONES DERIVADAS
DE LA PRODUCCIÓN Y UTILIZACIÓN INTENCIONALES.
1. Cada Parte:
a) Prohibirá y/o adoptará las medidas
jurídicas y administrativas que sean necesarias para eliminar:
i) Su producción y utilización de los
productos químicos enumerados en el anexo A con sujeción a las disposiciones
que figuran en ese anexo; y
ii) Sus importaciones y exportaciones de
los productos químicos incluidos en el anexo A de acuerdo con las disposiciones
del párrafo 2, y
b) Restringirá su producción y utilización
de los productos químicos incluidos en el anexo B de conformidad con las
disposiciones de dicho anexo.
2. Cada Parte adoptará medidas para velar
por que:
a) Un producto químico incluido en el anexo
A o en el anexo B, se importe únicamente:
i) Para fines de su eliminación
ambientalmente racional con arreglo a las disposiciones del inciso d) del
párrafo 1 del artículo 6; o
ii) Para una finalidad o utilización
permitida para esa Parte en virtud del anexo A o el anexo B;
b) Un producto químico incluido en el anexo
A, respecto del cual está en vigor una exención específica para la producción o
utilización, o un producto químico incluido en la lista del anexo B, respecto
del cual está en vigor una exención específica para la producción o utilización
en una finalidad aceptable, teniendo en cuenta las disposiciones de los
instrumentos internacionales de consentimiento fundamentado previo existentes,
se exporte únicamente:
i) Para fines de su eliminación
ambientalmente racional con arreglo a las disposiciones del inciso d) del
párrafo 1 del artículo 6;
ii) A una Parte que tiene autorización para
utilizar ese producto químico en virtud del anexo A o anexo B; o
iii) A un Estado que no es Parte en el
presente Convenio, que haya otorgado una certificación anual a la Parte
exportadora. Esa certificación deberá especificar el uso previsto e incluirá
una declaración de que, con respecto a ese producto químico, el Estado
importador se compromete a:
a) Proteger la salud humana y el medio
ambiente tomando las medidas necesarias para reducir a un mínimo o evitar las
liberaciones;
b) Cumplir lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 6; y
c) Cuando proceda, cumplir lo dispuesto en
el párrafo 2 de la parte II del anexo B.
La certificación incluirá también toda la
documentación de apoyo apropiada, como legislación, instrumentos reglamentarios
o directrices administrativas o de política. La Parte exportadora transmitirá
la certificación a la secretaría dentro de los sesenta días siguientes a su
recepción.
c) Un producto químico incluido en el anexo
A, respecto del cual han dejado de ser efectivas para cualquiera de las Partes
las exenciones específicas para la producción y utilización, no sea exportado
por esa Parte, salvo para su eliminación ambientalmente racional, según lo
dispuesto en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 6;
d) A los efectos del presente párrafo, el
término “Estado que no es Parte en el presente Convenio” incluirá, en relación
con un producto químico determinado, un Estado u organización de integración
económica regional que no haya consentido en someterse a las obligaciones
establecidas en el Convenio con respecto a ese producto químico.
3. Cada Parte que disponga de uno o más
sistemas de reglamentación y evaluación de nuevos plaguicidas o nuevos
productos químicos industriales adoptará medidas para reglamentar, con el fin
de prevenirlas, la producción y utilización de nuevos plaguicidas o nuevos
productos químicos industriales que, teniendo en consideración los criterios
del párrafo 1 del anexo D, posean las características de contaminantes
orgánicos persistentes.
4. Cada Parte que disponga de uno o más
sistemas de reglamentación y evaluación de plaguicidas o productos químicos
industriales tendrá en consideración dentro de esos sistemas, cuando
corresponda, los criterios del párrafo 1 del anexo D en el momento de realizar
las evaluaciones de los plaguicidas o productos químicos industriales que
actualmente se encuentren en uso.
5. A menos que el presente Convenio
disponga otra cosa, los párrafos 1 y 2 no se aplicarán a las cantidades de un
producto químico destinado a ser utilizado para investigaciones a escala de
laboratorio o como patrón de referencia.
6. Toda Parte que tenga una excepción
específica de acuerdo con el anexo A, o una finalidad aceptable de acuerdo con
el anexo B, tomará las medidas apropiadas para velar por que cualquier
producción o utilización correspondiente a esa exención o finalidad se realice
de manera que evite o reduzca al mínimo la exposición humana y la liberación en
el medio ambiente. En cuanto a las utilizaciones exentas o las finalidades
aceptables que incluyan la liberación intencional en el medio ambiente en condiciones
de utilización normal, tal liberación deberá ser la mínima necesaria, teniendo
en cuenta las normas y directrices aplicables.
ARTÍCULO 4. REGISTRO DE EXENCIONES
ESPECÍFICAS.
1. Se establece un Registro en el marco del
presente Convenio para individualizar a las Partes que gozan de exenciones
específicas incluidas en el anexo A o el anexo B. En el Registro no se
identificará a las Partes que hagan uso de las disposiciones del anexo A o el
anexo B que pueden ser invocadas por todas las Partes. La secretaría mantendrá
ese Registro y lo pondrá a disposición del público.
2. En el Registro se incluirá:
a) Una lista de los tipos de exenciones
específicas tomadas del anexo A y el anexo B;
b) Una lista de las Partes que gozan de una
exención específica incluida en el anexo A o el anexo B; y
c) Una lista de las fechas de expiración de
cada una de las exenciones específicas registradas.
3. Al pasar a ser Parte, cualquier Estado
podrá, mediante notificación escrita dirigida a la secretaría, inscribirse en
el Registro para uno o más tipos de exenciones específicas incluidas en el
anexo A, o en el anexo B.
4. Salvo que una Parte indique una fecha
anterior en el Registro, o se otorgue una prórroga de conformidad con el
párrafo 7, todas las inscripciones de exenciones específicas expirarán cinco
años después de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio con respecto
a un producto químico determinado.
5. En su primera reunión, la Conferencia de
las Partes adoptará una decisión respecto de su proceso de examen de las
inscripciones en el Registro.
6. Con anterioridad al examen de una
inscripción en el Registro, la Parte interesada presentará un informe a la
secretaría en el que justificará la necesidad de que esa exención siga
registrada. La secretaría distribuirá el informe a todas las Partes. El examen
de una inscripción se llevará a cabo sobre la base de toda la información
disponible. Con esos antecedentes, la Conferencia de las Partes podrá formular
las recomendaciones que estime oportunas a la Parte interesada.
7. La Conferencia de las Partes podrá, a
solicitud de la Parte interesada, decidir prorrogar la fecha de expiración de
una exención específica por un período de hasta cinco años. Al adoptar su
decisión, la Conferencia de las Partes tomará debidamente en cuenta las
circunstancias especiales de las Partes que sean países en desarrollo y de las
Partes que sean economías en transición.
8. Una Parte podrá, en cualquier momento,
retirar del Registro la inscripción de una exención específica mediante
notificación escrita a la secretaría. El retiro tendrá efecto en la fecha que
se especifique en la notificación.
9. Cuando ya no haya Partes inscritas para
un tipo particular de exención específica, no se podrán hacer nuevas
inscripciones con respecto a ese tipo de exención.
ARTÍCULO 5. MEDIDAS PARA REDUCIR O ELIMINAR
LAS LIBERACIONES DERIVADAS
DE LA PRODUCCIÓN NO INTENCIONAL.
Cada Parte adoptará como mínimo las
siguientes medidas para reducir las liberaciones totales derivadas de fuentes
antropógenas de cada uno de los productos químicos incluidos en el anexo C, con
la meta de seguir reduciéndolas al mínimo y, en los casos en que sea viable,
eliminarlas definitivamente:
a) Elaborará en un plazo de dos años a
partir de la entrada en vigor del presente Convenio para dicha Parte, y
aplicará ulteriormente, un plan de acción o, cuando proceda, un plan de acción
regional o subregional como parte del plan de aplicación especificado en el
artículo 7, destinado a identificar, caracterizar y combatir las liberaciones
de los productos químicos incluidos en el anexo C y a facilitar la aplicación
de los apartados b) a e). En el plan de acción se incluirán los elementos
siguientes:
i) Una evaluación de las liberaciones
actuales y proyectadas, incluida la preparación y el mantenimiento de
inventarios de fuentes y estimaciones de liberaciones, tomando en consideración
las categorías de fuentes que se indican en el anexo C;
ii) Una evaluación de la eficacia de las
leyes y políticas de la Parte relativas al manejo de esas liberaciones;
iii) Estrategias para cumplir las
obligaciones estipuladas en el presente párrafo, teniendo en cuenta las evaluaciones
mencionadas en los incisos i) y ii);
iv) Medidas para promover la educación, la
capacitación y la sensibilización sobre esas estrategias;
v) Un examen quinquenal de las estrategias
y su éxito en cuanto al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el
presente párrafo; esos exámenes se incluirán en los informes que se presenten
de conformidad con el artículo 15; y
vi) Un calendario para la aplicación del
plan de acción, incluidas las estrategias y las medidas que se señalan en ese
plan;
b) Promover la aplicación de las medidas
disponibles, viables y prácticas que permitan lograr rápidamente un grado
realista y significativo de reducción de las liberaciones o de eliminación de
fuentes;
c) Promover el desarrollo y, cuando se
considere oportuno, exigir la utilización de materiales, productos y procesos
sustitutivos o modificados para evitar la formación y liberación de productos
químicos incluidos en el anexo C, teniendo en cuenta las orientaciones
generales sobre medidas de prevención y reducción de las liberaciones que
figuran en el anexo C y las directrices que se adopten por decisión de la
Conferencia de las Partes;
d) Promover y, de conformidad con el
calendario de aplicación de su plan de acción, requerir el empleo de las
mejores técnicas disponibles con respecto a las nuevas fuentes dentro de las
categorías de fuentes que según haya determinado una Parte justifiquen dichas
medidas con arreglo a su plan de acción, centrándose especialmente en un
principio en las categorías de fuentes incluidas en la parte II del anexo C. En
cualquier caso, el requisito de utilización de las mejores técnicas disponibles
con respecto a las nuevas fuentes de las categorías incluidas en la lista de la
parte II de ese anexo se adoptarán gradualmente lo antes posible, pero a más
tardar cuatro años después de la entrada en vigor del Convenio para esa Parte.
Con respecto a las categorías identificadas, las Partes promoverán la
utilización de las mejores prácticas ambientales. Al aplicar las mejores
técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales, las Partes deberán
tener en cuenta las directrices generales sobre medidas de prevención y
reducción de las liberaciones que figuran en dicho anexo y las directrices sobre
mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales que se adopten por
decisión de la Conferencia de las Partes;
e) Promover, de conformidad con su plan de
acción, el empleo de las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas
ambientales:
i) Con respecto a las fuentes
existentes dentro de las categorías de fuentes incluidas en la parte II del
anexo C y dentro de las categorías de fuentes como las que figuran en la parte
III de dicho anexo; y
ii) Con respecto a las nuevas fuentes,
dentro de categorías de fuentes como las incluidas en la parte III del anexo C
a las que una Parte no se haya referido en el marco del apartado d).
Al aplicar las mejores técnicas disponibles
y las mejores prácticas ambientales las Partes tendrán en cuenta las
directrices generales sobre medidas de prevención y reducción de las
liberaciones que figuran en el anexo C y las directrices sobre mejores técnicas
disponibles y mejores prácticas ambientales que se adopten por decisión de la
Conferencia de las Partes;
f) A los fines del presente párrafo y del
anexo C:
i) Por “mejores técnicas disponibles” se
entiende la etapa más eficaz y avanzada en el desarrollo de actividades y sus
métodos de operación que indican la idoneidad práctica de técnicas específicas
para proporcionar en principio la base de la limitación de las liberaciones
destinada a evitar y, cuando no sea viable, reducir en general las liberaciones
de los productos químicos incluidos en la parte I del anexo C y sus efectos en
el medio ambiente en su conjunto. A este respecto:
ii) “Técnicas” incluye tanto la tecnología
utilizada como el modo en que la instalación es diseñada, construida,
mantenida, operada y desmantelada;
iii) “Disponibles” son aquellas técnicas
que resultan accesibles al operador y que se han desarrollado a una escala que
permite su aplicación en el sector industrial pertinente en condiciones
económica y técnicamente viables, teniendo en consideración los costos y las
ventajas; y
iv) Por “mejores” se entiende más eficaces
para lograr un alto grado general de protección del medio ambiente en su
conjunto;
v) Por “mejores prácticas ambientales” se
entiende la aplicación de la combinación más adecuada de medidas y estrategias
de control ambiental;
vi) Por “nueva fuente” se entiende
cualquier fuente cuya construcción o modificación sustancial se haya comenzado
por lo menos un año después de la fecha de:
a) Entrada en vigor del presente Convenio
para la Parte interesada; o
b) Entrada en vigor para la Parte
interesada de una enmienda del anexo C en virtud de la cual la fuente quede
sometida a las disposiciones del presente Convenio exclusivamente en virtud de
esa enmienda.
g) Una Parte podrá utilizar valores de
límite de liberación o pautas de comportamiento para cumplir sus compromisos de
aplicar las mejores técnicas disponibles con arreglo al presente párrafo.
ARTÍCULO 6. MEDIDAS PARA REDUCIR O ELIMINAR
LAS LIBERACIONES DERIVADAS
DE EXISTENCIAS Y DESECHOS.
1. Con el fin de garantizar que las
existencias que consistan en productos químicos incluidos en el anexo A o el
anexo B, o que contengan esos productos químicos, así como los desechos, incluidos
los productos y artículos cuando se conviertan en desechos, que consistan en un
producto químico incluido en el anexo A, B o C o que contengan dicho producto
químico o estén contaminadas con él, se gestionen de manera que se proteja la
salud humana y el medio ambiente, cada Parte:
a) Elaborará estrategias apropiadas para
determinar:
i) Las existencias que consistan en
productos químicos incluidos en el anexo A o el anexo B, o que contengan esos
productos químicos; y
ii) Los productos y artículos en uso, así
como los desechos, que consistan en un producto químico incluido en el anexo A,
B, o C, que contengan dicho producto químico o estén contaminados con él.
b) Determinará, en la medida de lo posible,
las existencias que consistan en productos químicos incluidos en el anexo A o
el anexo B, o que contengan esos productos químicos, sobre la base de las
estrategias a que se hace referencia en el apartado a);
c) Gestionará, cuando proceda, las
existencias de manera segura, eficiente y ambientalmente racional. Las
existencias de productos químicos incluidos en el anexo A o el anexo B, cuando
ya no se permita utilizarlas en virtud de una exención específica estipulada en
el anexo A o una exención específica o finalidad aceptable estipulada en el anexo
B, a excepción de las existencias cuya exportación esté autorizada de
conformidad con el párrafo 2 del artículo 3, se considerarán desechos y se
gestionarán de acuerdo con el apartado d);
d) Adoptará las medidas adecuadas para que
esos desechos, incluidos los productos y artículos, cuando se conviertan en
desechos:
i) Se gestionen, recojan, transporten y
almacenen de manera ambientalmente racional;
ii) Se eliminen de un modo tal que el
contenido del contaminante orgánico persistente se destruya o se transforme en
forma irreversible de manera que no presenten las características de
contaminante orgánico persistente o, de no ser así, se eliminen en forma
ambientalmente racional cuando la destrucción o la transformación irreversible
no represente la opción preferible desde el punto de vista del medio ambiente o
su contenido de contaminante orgánico persistente sea bajo, teniendo en cuenta
las reglas, normas, y directrices internacionales, incluidas las que puedan
elaborarse de acuerdo con el párrafo 2, y los regímenes mundiales y regionales
pertinentes que rigen la gestión de los desechos peligrosos;
iii) No estén autorizados a ser objeto de
operaciones de eliminación que puedan dar lugar a la recuperación, reciclado,
regeneración, reutilización directa o usos alternativos de los contaminantes
orgánicos persistentes; y
iv) No sean transportados a través de las
fronteras internacionales sin tener en cuenta las reglas, normas y directrices
internacionales;
e) Se esforzará por elaborar estrategias
adecuadas para identificar los sitios contaminados con productos químicos
incluidos en el anexo A, B o C; y en caso de que se realice el saneamiento de
esos sitios, ello deberá efectuarse de manera ambientalmente racional.
2. La Conferencia de las Partes, cooperará
estrechamente con los órganos pertinentes del Convenio de Basilea sobre el
control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su
eliminación, para, entre otras cosas:
a) Fijar niveles de destrucción y
transformación irreversible necesarios para garantizar que no se exhiban las
características de contaminantes orgánicos persistentes especificadas en el
párrafo 1 del anexo D;
b) Determinar los métodos que constituyan
la eliminación ambientalmente racional a que se hace referencia anteriormente;
y
c) Adoptar medidas para establecer, cuando
proceda, los niveles de concentración de los productos químicos incluidos en
los anexos A, B y C para definir el bajo contenido de contaminante orgánico
persistente a que se hace referencia en el inciso ii) del apartado d) del
párrafo 1.
ARTÍCULO 7. PLANES DE APLICACIÓN.
1. Cada Parte:
a) Elaborará un plan para el cumplimiento
de sus obligaciones emanadas del presente Convenio y se esforzará en aplicarlo;
b) Transmitirá su plan de aplicación a la
Conferencia de las Partes dentro de un plazo de dos años a partir de la fecha
en que el presente Convenio entre en vigor para dicha Parte; y
c) Revisará y actualizará, según
corresponda, su plan de aplicación a intervalos periódicos y de la manera que
determine una decisión de la Conferencia de las Partes.
2. Las Partes, cuando proceda, cooperarán
directamente o por conducto de organizaciones mundiales, regionales o
subregionales, y consultarán a los interesados directos nacionales, incluidos
los grupos de mujeres y los grupos que se ocupan de la salud de los niños, a
fin de facilitar la elaboración, aplicación y actualización de sus planes de
aplicación.
3. Las Partes se esforzarán por utilizar y,
cuando sea necesario, establecer los medios para incorporar los planes
nacionales de aplicación relativos a los contaminantes orgánicos persistentes
en sus estrategias de desarrollo sostenible cuando sea apropiado.
ARTÍCULO 8. INCLUSIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
EN LOS ANEXOS A, B Y
C.
1. Cualquiera de las Partes podrá presentar
a la secretaría una propuesta de inclusión de un producto químico en los anexos
A, B y/o C. Tal propuesta incluirá la información que se especifica en el anexo
D. Al presentar una propuesta, una Parte podrá recibir la asistencia de otras
Partes y/o de la secretaría.
2. La secretaría comprobará que la
propuesta incluya la información especificada en el anexo D. Si la secretaría
considera que la propuesta contiene dicha información, remitirá la propuesta al
Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes.
3. El Comité examinará la propuesta y
aplicará los criterios de selección especificados en el anexo D de manera
flexible y transparente, teniendo en cuenta toda la información proporcionada
de manera integradora y equilibrada.
4. Si el Comité decide que:
a) Se han cumplido los criterios de
selección, remitirá, a través de la secretaría, la propuesta y la evaluación
del Comité a todas las Partes y observadores y los invitará a que presenten la
información señalada en el anexo E; o
b) No se han cumplido los criterios de
selección, lo comunicará, a través de la secretaría, a todas las Partes y
observadores y remitirá la propuesta y la evaluación del Comité a todas las
Partes, con lo que se desestimará la propuesta.
5. Cualquiera de las Partes podrá volver a
presentar al Comité una propuesta que este haya desestimado de conformidad con
el párrafo 4. En la nueva presentación podrán figurar todos los razonamientos
de la Parte, así como la justificación para que el Comité la vuelva a examinar.
Si tras aplicar este procedimiento el Comité desestima nuevamente la propuesta,
la Parte podrá impugnar la decisión del Comité y la Conferencia de las Partes
examinará la cuestión en su siguiente período de sesiones. La Conferencia de
las Partes podrá decidir que se dé curso a la propuesta, sobre la base de los
criterios de selección especificados en el anexo D y tomando en consideración
la evaluación realizada por el Comité y cualquier información adicional que proporcionen
las Partes o los observadores.
6. En los casos en que el Comité haya
decidido que se han cumplido los criterios de selección o que la Conferencia de
las Partes haya decidido que se dé curso a la propuesta, el Comité examinará de
nuevo la propuesta, tomando en consideración toda nueva información pertinente
recibida, y preparará un proyecto de perfil de riesgos de conformidad con el
anexo E. El Comité, a través de la secretaría pondrá dicho proyecto a
disposición de todas las Partes y observadores, compilará las observaciones
técnicas que estos formulen y, teniendo en cuenta esas observaciones, terminará
de elaborar el perfil de riesgos.
7. Si, sobre la base del perfil de riesgos
preparado con arreglo al anexo E, el Comité decide que:
a) Es probable que el producto químico,
como resultado de su transporte ambiental de largo alcance, pueda tener efectos
adversos importantes para la salud humana y/o el medio ambiente de modo que se
justifique la adopción de medidas a nivel mundial, se dará curso a la
propuesta. La falta de plena certeza científica no obstará a que se dé curso a
la propuesta. El Comité, a través de la secretaría, invitará a todas las Partes
y observadores a que presenten información en relación con las consideraciones
especificadas en el anexo F. A continuación, el Comité preparará una evaluación
de la gestión de riesgos que incluya un análisis de las posibles medidas de
control relativas al producto químico de conformidad con el anexo; o
b) La propuesta no debe prosperar, remitirá
a través de la secretaría el perfil de riesgos a todas las Partes y
observadores y desestimará la propuesta.
8. Respecto de una propuesta que se
desestime de conformidad con el apartado b) del párrafo 7, cualquier Parte
podrá pedir a la Conferencia de las Partes que considere la posibilidad de dar
instrucciones al Comité a fin de que invite a la Parte proponente y a otras
Partes a que presenten información complementaria dentro de un plazo no
superior a un año. Transcurrido ese plazo y sobre la base de la información que
se reciba, el Comité examinará de nuevo la propuesta de conformidad con el
párrafo 6 con la prioridad que le asigne la Conferencia de las Partes. Si, tras
aplicar este procedimiento, el Comité desestima nuevamente la propuesta, la
Parte podrá impugnar la decisión del Comité y la Conferencia de las Partes examinará
la cuestión en su siguiente período de sesiones. La Conferencia de las Partes
podrá decidir que se dé curso a la propuesta, sobre la base del perfil de
riesgos preparado de conformidad con el anexo E y tomando en consideración la
evaluación realizada por el Comité, así como toda información complementaria
que proporcionen las Partes o los observadores. Si la Conferencia de las Partes
estima que la propuesta debe proseguir, el Comité procederá a preparar la
evaluación de la gestión de riesgos.
9. Sobre la base de perfil de riesgos a que
se hace referencia en el párrafo 6 y la evaluación de la gestión de riesgos
mencionada en el apartado a) del párrafo 7 o en el párrafo 8, el Comité recomendará
a la Conferencia de las Partes si debe considerar la posibilidad de incluir el
producto químico en los anexos A, B y/o C. La Conferencia de las Partes
adoptará, a título preventivo, una decisión sobre la procedencia o no de
incluir el producto químico en los anexos A, B y/o C, especificando las medidas
de control conexas, teniendo debidamente en cuenta las recomendaciones del
Comité, incluida cualquier incertidumbre científica.
ARTÍCULO 9. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.
1. Cada Parte facilitará o llevará a cabo
el intercambio de información en relación con:
a) La reducción o la eliminación de la
producción, utilización y liberación de contaminantes orgánicos persistentes; y
b) Las alternativas a los contaminantes
orgánicos persistentes, incluida la información relacionada con sus peligros y
con sus costos económicos y sociales.
2. Las Partes intercambiarán la información
a que se hace referencia en el párrafo 1 directamente o a través de la
secretaría.
3. Cada Parte designará un centro nacional
de coordinación para el intercambio de ese tipo de información.
4. La secretaría prestará servicios como
mecanismo de intercambio de información relativa a los contaminantes orgánicos
persistentes, incluida la información proporcionada por las Partes, las
organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales.
5. A los fines del presente Convenio, la
información sobre la salud y la seguridad humanas y del medio ambiente no se
considerará confidencial. Las Partes que intercambien otro tipo de información
de conformidad con este Convenio protegerán toda información confidencial en la
forma que se convenga mutuamente.
ARTÍCULO 10. INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y
FORMACIÓN DEL PÚBLICO.
1. Cada Parte, dentro de sus capacidades,
promoverá y facilitará:
a) La sensibilización de sus encargados de
formular políticas y adoptar decisiones acerca de los contaminantes orgánicos
persistentes;
b) La comunicación al público de toda la
información disponible sobre los contaminantes orgánicos persistentes, teniendo
en cuenta lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 9;
c) La elaboración y aplicación de programas
de formación y de sensibilización del público, especialmente para las mujeres,
los niños y las personas menos instruidas, sobre los contaminantes orgánicos
persistentes, así como sobre sus efectos para la salud y el medio ambiente y
sobre sus alternativas;
d) La participación del público en el
tratamiento del tema de los contaminantes orgánicos persistentes y sus efectos
para la salud y el medio ambiente y en la elaboración de respuestas adecuadas,
incluida la posibilidad de hacer aportaciones a nivel nacional acerca de la
aplicación del presente Convenio;
e) La capacitación de los trabajadores y
del personal científico, docente, técnico y directivo;
f) La elaboración y el intercambio de
materiales de formación y sensibilización del público a los niveles nacional e
internacional; y
g) La elaboración y aplicación de programas
de educación y capacitación a los niveles nacional e internacional.
2. Cada Parte, dentro de sus capacidades,
velará por que el público tenga acceso a la información pública a que se hace
referencia en el párrafo 1 y por que esa información se mantenga actualizada.
3. Cada Parte, dentro de sus capacidades,
alentará a la industria y a los usuarios profesionales a que promuevan y
faciliten el suministro de información a que se hace referencia en el párrafo 1
a nivel nacional y, según proceda, a los niveles subregional, regional y
mundial.
4. Al proporcionar información sobre los
contaminantes orgánicos persistentes y sus alternativas, las Partes podrán
utilizar hojas de datos de seguridad, informes, medios de difusión y otros
medios de comunicación, y podrán establecer centros de información a los
niveles nacional y regional.
5. Cada Parte estudiará con buena
disposición la posibilidad de concebir mecanismos, tales como registros de
liberaciones y transferencias, para la reunión y difusión de información sobre
estimaciones de las cantidades anuales de productos químicos incluidos en los
anexos A, B o C que se liberan o eliminan.
ARTÍCULO 11. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y
VIGILANCIA.
1. Las Partes, dentro de sus capacidades,
alentarán y/o efectuarán a los niveles nacional e internacional las actividades
de investigación, desarrollo, vigilancia y cooperación adecuadas respecto de
los contaminantes orgánicos persistentes y, cuando proceda, respecto de sus
alternativas y de los contaminantes orgánicos persistentes potenciales,
incluidos los siguientes aspectos:
a) Fuentes y liberaciones en el medio
ambiente;
b) Presencia, niveles y tendencias en las
personas y en el medio ambiente;
c) Transporte, destino final y
transformación en el medio ambiente;
d) Efectos en la salud humana y en el medio
ambiente;
e) Efectos socioeconómicos y culturales;
f) Reducción y/o eliminación de sus
liberaciones; y
g) Metodologías armonizadas para hacer
inventarios de las fuentes generadoras y de las técnicas analíticas para la
medición de las emisiones.
2. Al tomar medidas en aplicación del
párrafo 1, las Partes, dentro de sus capacidades:
a) Apoyarán y seguirán desarrollando, según
proceda, programas, redes, y organizaciones internacionales que tengan por
objetivo definir, realizar, evaluar y financiar actividades de investigación,
compilación de datos y vigilancia, teniendo en cuenta la necesidad de reducir
al mínimo la duplicación de esfuerzos;
b) Apoyarán los esfuerzos nacionales e
internacionales para fortalecer la capacidad nacional de investigación
científica y técnica, especialmente en los países en desarrollo y los países
con economías en transición, y para promover el acceso e intercambio de los
datos y análisis;
c) Tendrán en cuenta los problemas y
necesidades, especialmente en materia de recursos financieros y técnicos, de
los países en desarrollo y los países con economías en transición y cooperarán
al mejoramiento de sus capacidades para participar en los esfuerzos a que se
hace referencia en los apartados a) y b);
d) Efectuarán trabajos de investigación
destinados a mitigar los efectos de los contaminantes orgánicos persistentes en
la salud reproductiva;
e) Harán accesibles al público en forma
oportuna y regular los resultados de las investigaciones y actividades de
desarrollo y vigilancia a que se hace referencia en el presente párrafo; y
f) Alentarán y/o realizarán actividades de
cooperación con respecto al almacenamiento y mantenimiento de la información
derivada de la investigación, el desarrollo y la vigilancia.
ARTÍCULO 12. ASISTENCIA TÉCNICA.
1. Las Partes reconocen que la prestación
de asistencia técnica oportuna y adecuada en respuesta a las solicitudes de las
Partes que son países en desarrollo y las Partes que son países con economías
en transición es esencial para la aplicación efectiva del presente Convenio.
2. Las Partes cooperarán para prestar
asistencia técnica oportuna y adecuada a las Partes que son países en
desarrollo y a las Partes que son países con economías en transición para
ayudarlas, teniendo en cuenta sus especiales necesidades, a desarrollar y
fortalecer su capacidad para cumplir las obligaciones establecidas por el
presente Convenio.
3. A este respecto, la asistencia técnica
que presten las Partes que son países desarrollados y otras Partes, con arreglo
a su capacidad, incluirá según proceda y en la forma convenida mutuamente,
asistencia técnica para la creación de capacidad en relación con el
cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente Convenio. La Conferencia
de las Partes proveerá más orientación a este respecto.
4. Las Partes, cuando corresponda,
concertarán arreglos con el fin de prestar asistencia técnica y promover la
transferencia de tecnologías a las Partes que son países en desarrollo y a las
Partes con economías en transición en relación con la aplicación del presente
Convenio. Estos arreglos incluirán centros regionales y subregionales para la
creación de capacidad y la transferencia de tecnología con miras a ayudar a las
Partes que son países en desarrollo y a las Partes con economías en transición
a cumplir sus obligaciones emanadas del presente Convenio. La Conferencia de
las Partes proveerá más orientación a este respecto.
5. En el contexto del presente artículo,
las Partes tendrán plenamente en cuenta las necesidades específicas y la
situación especial de los países menos adelantados y de los pequeños Estados
insulares en desarrollo al adoptar medidas con respecto a la asistencia
técnica.
ARTÍCULO 13. MECANISMOS Y RECURSOS FINANCIEROS.
1. Cada Parte se compromete, dentro de sus
capacidades, a prestar apoyo financiero y a ofrecer incentivos con respecto a
las actividades nacionales dirigidas a alcanzar el objetivo del presente
Convenio de conformidad con sus planes, prioridades y programas nacionales.
2. Las Partes que son países desarrollados
proporcionarán recursos financieros nuevos y adicionales para habilitar a las
Partes que son países en desarrollo, y las Partes que son países con economías
en transición, para que puedan sufragar el total acordado de los costos
incrementales de las medidas de aplicación, en cumplimiento de sus obligaciones
emanadas del presente Convenio, convenidas entre una Parte receptora y una
entidad participante en el mecanismo descrito en el párrafo 6. Otras Partes
podrán asimismo proporcionar recursos financieros de ese tipo en forma
voluntaria y de acuerdo con sus capacidades. Deberían alentarse asimismo las
contribuciones de otras fuentes. Al aplicar esos compromisos se tendrán en
cuenta la necesidad de que el flujo de fondos sea suficiente, previsible y
oportuna y la importancia de que la responsabilidad financiera sea debidamente
compartida entre las Partes contribuyentes.
3. Las Partes que son países desarrollados,
y otras Partes según sus capacidades y de acuerdo con sus planes, prioridades y
programas nacionales, también podrán proporcionar recursos financieros para
ayudar en la aplicación del presente Convenio por conducto de otras fuentes o
canales bilaterales, regionales y multilaterales, y las Partes que son países
en desarrollo y las Partes con economías en transición podrán aprovechar esos
recursos.
4. La medida en que las Partes que son
países en desarrollo cumplan efectivamente los compromisos contraídos con
arreglo al presente Convenio dependerá del cumplimiento efectivo de los
compromisos contraídos en virtud del presente Convenio por las Partes que son
países desarrollados en relación con los recursos financieros, la asistencia
técnica y la transferencia de tecnología. Se deberá tener plenamente en cuenta
el hecho de que el desarrollo económico y social sostenible y la erradicación
de la pobreza son las prioridades primordiales y absolutas de las Partes que
son países en desarrollo, prestando debida consideración a la necesidad de
proteger la salud humana y el medio ambiente.
5. Las Partes tendrán plenamente en cuenta
las necesidades específicas y la situación especial de los países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, al adoptar medidas
relativas a la financiación.
6. En el presente Convenio queda definido
un mecanismo para el suministro de recursos financieros suficientes y
sostenibles a las Partes que son países en desarrollo y a las Partes con
economías en transición sobre la base de donaciones o condiciones de favor para
ayudarles a aplicar el Convenio. El mecanismo funcionará, según corresponda,
bajo la autoridad y la orientación de la Conferencia de las Partes y rendirá
cuentas a esta para los fines del presente Convenio. Su funcionamiento se
encomendará a una o varias entidades, incluidas las entidades internacionales
existentes, de acuerdo con lo que decida la Conferencia de las Partes. El
mecanismo también podrá incluir otras entidades que presten asistencia
financiera y técnica multilateral, regional o bilateral. Las contribuciones que
se hagan a este mecanismo serán complementarias respecto de otras
transferencias financieras a las Partes que son países en desarrollo y las
Partes con economías en transición, como se indica en el párrafo 2 y con
arreglo a él.
7. De conformidad con los objetivos del
presente Convenio y con el párrafo 6, en su primera reunión la Conferencia de
las Partes aprobará la orientación apropiada que habrá de darse con respecto al
mecanismo y convendrá con la entidad o entidades participantes en el mecanismo
financiero los arreglos necesarios para que dicha orientación surta efecto. La
orientación abarcará entre otras cosas:
a) La determinación de las prioridades en
materia de política, estrategia y programas, así como criterios y directrices
claros y detallados en cuanto a las condiciones para el acceso a los recursos
financieros y su utilización, incluida la vigilancia y la evaluación periódicas
de dicha utilización;
b) La presentación de informes periódicos a
la Conferencia de las Partes por parte de la entidad o entidades participantes
sobre la idoneidad y sostenibilidad de la financiación para actividades
relacionadas con la aplicación del presente Convenio;
c) La promoción de criterios, mecanismos y
arreglos de financiación basados en múltiples fuentes;
d) Las modalidades para determinar de
manera previsible y determinable el monto de los fondos necesarios y
disponibles para la aplicación del presente Convenio, teniendo presente que
para la eliminación gradual de los contaminantes orgánicos persistentes puede
requerirse un financiamiento sostenido, y las condiciones en que dicha cuantía
se revisará periódicamente; y
e) Las modalidades para la prestación de
asistencia a las Partes interesadas mediante la evaluación de las necesidades,
así como información sobre fuentes de fondos disponibles y regímenes de
financiación con el fin de facilitar la coordinación entre ellas.
8. La Conferencia de las Partes examinará,
a más tardar en su segunda reunión y en lo sucesivo con carácter periódico, la
eficacia del mecanismo establecido con arreglo al presente artículo, su
capacidad para hacer frente al cambio de las necesidades de las Partes que son
países en desarrollo y las Partes con economías en transición, los criterios y
la orientación a que se hace referencia en el párrafo 7, el monto de la
financiación y la eficacia del desempeño de las entidades institucionales a las
que se encomiende la administración del mecanismo financiero. Sobre la base de
ese examen, la Conferencia adoptará disposiciones apropiadas, de ser necesario,
a fin de incrementar la eficacia del mecanismo, incluso por medio de
recomendaciones y orientaciones con respecto a las medidas para garantizar una
financiación suficiente y sostenible con miras a satisfacer las necesidades de
las Partes.
ARTÍCULO 14. ARREGLOS FINANCIEROS
PROVISIONALES.
La estructura institucional del Fondo para
el Medio Ambiente Mundial, administrado de conformidad con el Instrumento para
el Establecimiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial Reestructurado
será, en forma provisional, la entidad principal encargada de las operaciones
del mecanismo financiero a que se hace referencia en el artículo 13, en el
período que se extienda entre la fecha de entrada en vigor del presente
Convenio y la primera reunión de la Conferencia de las Partes, o hasta el
momento en que la Conferencia de las Partes adopte una decisión acerca de la
estructura institucional que ha de ser designada de acuerdo con el artículo 13.
La estructura institucional del Fondo para el Medio Ambiente Mundial deberá
desempeñar esta función mediante la adopción de medidas operacionales
relacionadas específicamente con los contaminantes orgánicos persistentes,
teniendo en cuenta la posibilidad de que en esta esfera se necesiten nuevos
arreglos.
ARTÍCULO 15. PRESENTACIÓN DE INFORMES.
1. Cada Parte informará a la Conferencia de
las Partes sobre las medidas que haya adoptado para aplicar las disposiciones
del presente Convenio y sobre la eficacia de esas medidas para el logro de los
objetivos del Convenio.
2. Cada Parte proporcionará a la
secretaría:
a) Datos estadísticos sobre las cantidades
totales de su producción, importación y exportación de cada uno de los
productos químicos incluidos en el anexo A y el anexo B o una estimación
razonable de dichos datos; y
b) En la medida de lo posible, una lista de
los Estados de los que haya importado cada una de dichas sustancias y de los
Estados a los que haya exportado cada una de dichas sustancias.
3. Dichos informes se presentarán a
intervalos periódicos y en el formato que decida la Conferencia de las Partes
en su primera reunión.
ARTÍCULO 16. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA.
1. Cuando hayan transcurrido cuatro años a
partir de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio, y en lo sucesivo
de manera periódica a intervalos que ha de fijar la Conferencia de las Partes, la
Conferencia evaluará la eficacia del presente Convenio.
2. Con el fin de facilitar dicha
evaluación, la Conferencia de las Partes, en su primera reunión, iniciará los
arreglos para dotarse de datos de vigilancia comparables sobre la presencia de
los productos químicos incluidos en los anexos A, B y C, así como sobre su
transporte en el medio ambiente a escala regional y mundial. Esos arreglos:
a) Deberán ser aplicados por las Partes a
nivel regional, cuando corresponda, de acuerdo con sus capacidades técnicas y
financieras, utilizando dentro de lo posible los programas y mecanismos de
vigilancia existentes y promoviendo la armonización de criterios;
b) Podrán complementarse, cuando sea
necesario, teniendo en cuenta las diferencias entre las regiones y sus
capacidades para realizar las actividades de vigilancia; y
c) Incluirán informes a la Conferencia de
las Partes sobre los resultados de las actividades de vigilancia de carácter
regional y mundial, a intervalos que ha de fijar la Conferencia de las Partes.
3. La evaluación descrita en el párrafo 1
se llevará a cabo sobre la base de la información científica, ambiental,
técnica y económica disponible, incluyendo:
a) Informes y otros datos de vigilancia
entregados de acuerdo con el párrafo 2;
b) Informes nacionales presentados con
arreglo al artículo 15; y
c) Información sobre incumplimiento
proporcionada de acuerdo con los procedimientos establecidos en el marco del
artículo17.
ARTÍCULO 17. INCUMPLIMIENTO.
La Conferencia de las Partes, elaborará y
aprobará, lo antes posible, procedimientos y mecanismos institucionales para
determinar el incumplimiento de las disposiciones del presente Convenio y el
tratamiento que haya de darse a las Partes que no hayan cumplido dichas
disposiciones.
ARTÍCULO 18. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
1. Las Partes resolverán cualquier
controversia suscitada entre ellas en relación con la interpretación o
aplicación del presente Convenio mediante negociación u otros medios pacíficos
de su propia elección.
2. Al ratificar, aceptar o aprobar el
presente Convenio, o al adherirse a él, o en cualquier momento posterior, toda
Parte que no sea una organización de integración económica regional podrá
declarar, por instrumento escrito presentado al Depositario que, con respecto a
cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación del presente
Convenio, acepta uno o los dos medios de solución de controversias que se
indican a continuación, reconociendo su carácter obligatorio en relación con
una Parte que acepte la misma obligación:
a) Arbitraje de conformidad con los
procedimientos aprobados por la Conferencia de las Partes en un anexo, lo antes
posible;
b) Sometimiento de la controversia a la
decisión de la Corte Internacional de Justicia.
3. La Parte que sea una organización de
integración económica regional podrá hacer una declaración de efecto similar en
relación con el arbitraje, de conformidad con el procedimiento mencionado en el
apartado a) del párrafo 2.
4. Toda declaración formulada con arreglo
al párrafo 2 o al párrafo 3 permanecerá en vigor hasta que expire de
conformidad con sus propios términos o hasta que hayan transcurrido tres meses
después de haberse depositado en poder del Depositario una notificación escrita
de su revocación.
5. La expiración de una declaración, un
escrito de revocación o una nueva declaración no afectará en modo alguno a los
procesos pendientes que se hallen sometidos al conocimiento de un tribunal
arbitral o de la Corte Internacional de Justicia, a menos que las Partes de la
controversia acuerden otra cosa.
6. Si las Partes de una controversia no han
aceptado el mismo o ningún procedimiento de conformidad con el párrafo 2, y si
no han podido dirimir la controversia en un plazo de 12 meses a partir de la
notificación de una Parte a otra de que existe entre ellas una controversia, la
controversia se someterá a una comisión de conciliación a petición de
cualquiera de las Partes de la controversia. La comisión de conciliación
rendirá un informe con recomendaciones. Los demás procedimientos relativos a la
comisión de conciliación se incluirán en un anexo que la Conferencia de las
Partes ha de aprobar a más tardar en su segunda reunión.
ARTÍCULO 19. CONFERENCIA DE LAS PARTES.
1. Queda establecida una Conferencia de las
Partes.
2. El Director Ejecutivo del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente convocará la primera reunión de la
Conferencia de las Partes que ha de celebrarse a más tardar un año después de
la entrada en vigor del presente Convenio. En lo sucesivo, se celebrarán
reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes a los intervalos regulares
que decida la Conferencia.
3. Las reuniones extraordinarias de la
Conferencia de las Partes se celebrarán cuando la Conferencia lo estime
necesario o cuando cualquiera de las Partes lo solicite por escrito, siempre
que un tercio de las Partes, como mínimo, apoye esa solicitud.
4. La Conferencia de las Partes, en su
primera reunión, aprobará y hará suyo por consenso su reglamento interno y su
reglamentación financiera y los de sus órganos subsidiarios, así como las
disposiciones financieras que han de regir el funcionamiento de la secretaría.
5. La Conferencia de las Partes examinará y
evaluará constantemente la aplicación del presente Convenio. Se encargará de
las funciones que le asigne el Convenio y, a ese efecto:
a) Establecerá, conforme a los requisitos
estipulados en el párrafo 6, los órganos subsidiarios que considere necesarios
para la aplicación del Convenio;
b) Cooperará, cuando proceda, con las
organizaciones internacionales y órganos intergubernamentales y no
gubernamentales pertinentes; y
c) Examinará periódicamente toda
información que se ponga a disposición de las Partes de conformidad con el
artículo 15, incluido el estudio de la efectividad de lo dispuesto en el inciso
iii) del apartado b) del párrafo 2 del artículo 3;
d) Estudiará y tomará cualquier medida
complementaria que se estime necesaria para la consecución de los fines del
Convenio.
6. La Conferencia de las Partes, en su
primera reunión, establecerá un órgano subsidiario, que se denominará Comité de
Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes, con el fin de que desempeñe
las funciones asignadas a dicho Comité por el presente Convenio. A ese
respecto:
a) Los miembros del Comité de Examen de los
Contaminantes Orgánicos Persistentes serán designados por la Conferencia de las
Partes. El Comité estará integrado por expertos en evaluación o gestión de
productos químicos designados por los gobiernos. Los miembros del Comité serán
nombrados sobre la base de una distribución geográfica equitativa;
b) La Conferencia de las Partes adoptará
una decisión sobre el mandato, la organización y el funcionamiento del Comité;
y
c) El Comité se esforzará al máximo por
aprobar sus recomendaciones por consenso. Si agotados todos los esfuerzos por
lograr el consenso, dicho consenso no se hubiere alcanzado, la recomendación se
adoptará como último recurso en votación por mayoría de dos tercios de los miembros
presentes y votantes.
7. La Conferencia de las Partes, en su
tercera reunión, evaluará la persistencia de la necesidad del procedimiento
estipulado en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 3,, incluido el estudio
de su efectividad.
8. Las Naciones Unidas, sus organismos
especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica, así como los
Estados que no sean Partes en el Convenio, podrán estar representados por
observadores en las reuniones de la Conferencia de las Partes. Todo órgano u
organismo con competencia en las esferas que abarca el presente Convenio, ya
sea nacional o internacional, gubernamental o no gubernamental, que haya
comunicado a la secretaría su deseo de estar representado en una reunión de la
Conferencia de las Partes como observador podrá ser admitido, salvo que se
oponga a ello por lo menos un tercio de las Partes presentes. La admisión y la
participación de observadores se regirán por el reglamento aprobado por la
Conferencia de las Partes.
ARTÍCULO 20. SECRETARÍA.
1. Queda establecida una secretaría.
2. Las funciones de la secretaría serán:
a) Organizar las reuniones de la
Conferencia de las Partes y sus órganos subsidiarios y prestarles los servicios
necesarios;
b) Facilitar la prestación de asistencia a
las Partes, en especial las Partes que sean países en desarrollo y las Partes
con economías en transición, cuando lo soliciten, para la aplicación del
presente Convenio;
c) Encargarse de la coordinación necesaria
con las secretarías de otros órganos internacionales pertinentes;
d) Preparar y poner a disposición de las
Partes informes periódicos basados en la información recibida con arreglo al
artículo 15 y otras informaciones disponibles;
e) Concertar, bajo la orientación general
de la Conferencia de las Partes, los arreglos administrativos y contractuales
necesarios para desempeñar con eficacia sus funciones; y
f) Realizar las otras funciones de
secretaría especificadas en el presente Convenio y las demás funciones que
determine la Conferencia de las Partes.
3. Las funciones de secretaría para el
presente Convenio serán desempeñadas por el Director Ejecutivo del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, salvo que la Conferencia de las
Partes, por una mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes,
decida encomendarlas a otra u otras organizaciones internacionales.
ARTÍCULO 21. ENMIENDAS AL CONVENIO.
1. Cualquiera de las Partes podrá proponer
enmiendas al presente Convenio.
2. Las enmiendas al presente Convenio se
aprobarán en una reunión de la Conferencia de las Partes. El texto de cualquier
enmienda al presente Convenio que se proponga será comunicado a las Partes por
la secretaría al menos seis meses antes de la reunión en la que sea propuesta
para su aprobación. La secretaría comunicará también las enmiendas propuestas a
los signatarios del presente Convenio y al Depositario para su información.
3. Las Partes harán todo lo posible por
llegar a un acuerdo por consenso sobre cualquier propuesta de enmienda al
presente Convenio. Una vez agotados todos los esfuerzos por lograr un consenso
sin que se haya llegado a un acuerdo, la enmienda se aprobará, como último
recurso, por mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes.
4. El Depositario comunicará la enmienda a
todas las Partes para su ratificación, aceptación o aprobación.
5. La ratificación, aceptación o aprobación
de una enmienda se notificará por escrito al Depositario. La enmienda que se
apruebe con arreglo al párrafo 3 entrará en vigor para las Partes que la hayan
aceptado el nonagésimo día contado a partir de la fecha de depósito de los
instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación por al menos tres cuartos
de las Partes. De ahí en adelante, la enmienda entrará en vigor para cualquier
otra Parte el nonagésimo día contado a partir de la fecha en que la Parte haya
depositado su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la
enmienda.
ARTÍCULO 22. APROBACIÓN Y ENMIENDA DE LOS
ANEXOS.
1. Los anexos del presente Convenio
formarán parte integrante del mismo y, a menos que se disponga expresamente
otra cosa, toda referencia al presente Convenio constituirá a la vez una
referencia a cada uno de sus anexos.
2. Todo anexo adicional se limitará a
cuestiones de procedimiento, científicas, técnicas o administrativas.
3. El procedimiento que figura a
continuación se aplicará respecto de la propuesta, la aprobación y la entrada
en vigor de anexos adicionales del presente Convenio:
a) Los anexos adicionales se propondrán y
aprobarán de conformidad con el procedimiento que se establece en los párrafos
1, 2 y 3 del artículo 21;
b) Las Partes que no puedan aceptar un
anexo adicional lo notificarán por escrito al Depositario dentro del plazo de
un año contado a partir de la fecha en que el Depositario haya comunicado la
aprobación del anexo adicional. El Depositario comunicará sin demora a todas
las Partes cualquier notificación de ese tipo que haya recibido. Una Parte
podrá en cualquier momento retirar una notificación de no aceptación que haya
hecho anteriormente respecto de cualquier anexo adicional y, en tal caso, el
anexo entrará en vigor respecto de esa Parte con arreglo al apartado c); y
c) Al cumplirse el plazo de un año contado
a partir de la fecha en que el Depositario haya comunicado la aprobación de un
anexo adicional, el anexo entrará en vigor para todas las Partes que no hayan
hecho una notificación de conformidad con las disposiciones del apartado b).
4. La propuesta, la aprobación y la entrada
en vigor de enmiendas a los anexos A, B o C estarán sujetas a los mismos
procedimientos previstos para la propuesta, aprobación y entrada en vigor de
los anexos adicionales del Convenio, con la salvedad que una enmienda al anexo
A, B o C no entrará en vigor para una Parte que haya formulado una declaración
con respecto a la enmienda de dichos anexos de acuerdo con el párrafo 4 del
artículo 25, en ese caso cualquier enmienda de ese tipo entrará en vigor con
respecto a dicha Parte el nonagésimo día contado a partir de la fecha del
depósito en poder del Depositario de su instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión con respecto a tal enmienda.
5. El procedimiento siguiente se aplicará a
la propuesta, la aprobación y la entrada en vigor de las enmiendas al anexo D,
E o F:
a) Las enmiendas se propondrán de
conformidad con el procedimiento previsto en los párrafos 1 y 2 del artículo
21;
b) Las decisiones de las Partes respecto de
toda enmienda al anexo D, E o F se adoptarán por consenso; y
c) El Depositario comunicará de inmediato a
las Partes cualquier decisión de enmendar el anexo D, E o F. La enmienda entrará
en vigor para todas las Partes en la fecha que se especifique en la decisión.
6. Si un anexo adicional o una enmienda a
un anexo guarda relación con una enmienda al presente Convenio, el anexo
adicional o la enmienda no entrará en vigor hasta que entre en vigor la
enmienda al Convenio.
ARTÍCULO 23. DERECHO DE VOTO.
1. Cada Parte en el presente Convenio
tendrá un voto, salvo lo dispuesto en el párrafo 2.
2. En los asuntos de su competencia, las
organizaciones de integración económica regional ejercerán su derecho de voto
con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes
en el presente Convenio. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto
si cualquiera de sus Estados miembros ejerce el suyo y viceversa.
ARTÍCULO 24. FIRMA.
El presente Convenio estará abierto a la
firma de todos los Estados y organizaciones de integración económica regional
en Estocolmo, el 23 de mayo de 2001, y en la Sede de las Naciones Unidas, en
Nueva York, del 24 de mayo de 2001 al 22 de mayo de 2002.
ARTÍCULO 25. RATIFICACIÓN, ACEPTACIÓN,
APROBACIÓN O ADHESIÓN.
1. El presente Convenio estará sujeto a la
ratificación, la aceptación o la aprobación de los Estados y las organizaciones
de integración económica regional. El Convenio estará abierto a la adhesión de
los Estados y de las organizaciones de integración económica regional a partir
del día siguiente a la fecha en que expire el plazo para la firma del Convenio.
Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se
depositarán en poder del Depositario.
2. Toda organización de integración
económica regional que pase a ser Parte en el presente Convenio, sin que
ninguno de sus Estados miembros sea Parte, quedará vinculada por todas las
obligaciones contraídas en virtud del Convenio. En el caso de dichas
organizaciones, cuando uno o varios de sus Estados miembros sean Parte en el
presente Convenio, la organización y sus Estados miembros decidirán acerca de
sus responsabilidades respectivas en lo que se refiera al cumplimiento de sus
obligaciones emanadas del Convenio. En tales casos, la organización y los
Estados miembros no estarán facultados para ejercer simultáneamente los derechos
previstos en el presente Convenio.
3. En sus instrumentos de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión, las organizaciones de integración económica
regional declararán los alcances de su competencia en relación con las materias
regidas por el presente Convenio. Esas organizaciones también informarán al
Depositario sobre cualquier modificación importante de su ámbito de
competencia, y este, a su vez, informará de ello a las Partes.
4. En su instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión una Parte podrá declarar que, con respecto a
ella, una enmienda al anexo A, B o C solo entrará en vigor una vez que haya
depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
con respecto a dicha enmienda.
ARTÍCULO 26. ENTRADA EN VIGOR.
1. El presente Convenio entrará en vigor el
nonagésimo día contado a partir de la fecha en que haya sido depositado el
quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
2. Respecto de cada Estado u organización
de integración económica regional que ratifique, acepte o apruebe el presente
Convenio o que se adhiera a él después de haber sido depositado el
quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión,
el Convenio entrará en vigor el nonagésimo día contado a partir de la fecha en
que dicho Estado u organización de integración económica regional haya
depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
3. A los efectos de los párrafos 1 y 2, los
instrumentos depositados por una organización de integración económica regional
no se considerarán adicionales con respecto a los depositados por los Estados
miembros de esa organización.
ARTÍCULO 27. RESERVAS.
No se podrán formular reservas al presente
Convenio.
ARTÍCULO 28. RETIRO.
1. En cualquier momento después de que
hayan transcurrido tres años contados a partir de la fecha en que el presente
Convenio haya entrado en vigor para una Parte, esa Parte podrá retirarse del
Convenio notificándolo por escrito al Depositario.
2. Ese retiro cobrará efecto al cumplirse
un año contado a partir de la fecha en que el Depositario haya recibido la
notificación de la denuncia o en la fecha posterior que se indique en dicha
notificación.
ARTÍCULO 29. DEPOSITARIO.
El Secretario General de las Naciones
Unidas será el Depositario del presente Convenio.
ARTÍCULO 30. TEXTOS AUTÉNTICOS.
El original del presente Convenio, cuyos
textos en los idiomas árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos,
debidamente autorizados a ese efecto, han firmado el presente Convenio.
Hecho en Estocolmo a los veintidós días del
mes de mayo del año dos mil uno.
ANEXO A. ELIMINACION.
Parte I
Producto químico
Actividad
Exención específica
Aldrina* N° de CAS: 309-00-2
Producción
Ninguna
Uso
Ectoparasiticida local
Insecticida
Clordano* N° de CAS: 57-74-9
Producción
La permitida para las Partes incluidas en
el Registro
Uso
Ectoparasiticida local
Insecticida
Termiticida:
Termiticida en edificios y presas
Termiticida en carreteras
Aditivo para adhesivos de contrachapado
Dieldrina* N° de CAS: 60-57-1
Producción
Ninguna
Uso
En actividades agrícolas
Endrina*N° de CAS: 72-20-8
Producción
Ninguna
Uso
Ninguno
Heptacloro* N° de CAS: 76-44-8
Producción
Ninguna
Uso
Termiticida
Termiticida en estructuras de casas
Termiticida (subterráneo) Tratamiento de la madera
Cajas de cableado subterráneo
Hexaclorobenceno N° de CAS: 118-74-1
Producción
La permitida para las Partes incluidas en
el Registro
Uso
Intermediario
Solvente en plaguicidas
Intermediario en un sistema cerrado limitado a un emplazamiento
Mirex* N° de CAS: 2385-85-5
Producción
La permitida para las Partes incluidas en
el Registro
Uso
Termiticida
Toxafeno* N° de CAS: 8001-35-2
Producción
Ninguna
Uso
Ninguno
Bifenilos policlorados -(BPC)*
Producción
Ninguna
Uso
Artículos en uso con arreglo a las
disposiciones de la parte II del presente anexo
Notas:
i) A menos que en el presente Convenio se
disponga otra cosa, las cantidades de un producto químico presentes como
contaminantes en trazas no intencionales en productos y artículos no se
considerarán incluidas en el presente anexo;
ii) La presente nota no será considerada
como una exención específica de producción y uso a los fines del párrafo 2 del
artículo 3. Las cantidades de un producto químico presentes como constituyentes
de artículos manufacturados o que ya estaban en uso antes o en la fecha de entrada
en vigor de la obligación de que se trate con respecto a ese producto químico
no se considerarán incluidas en el presente anexo siempre y cuando la Parte
haya notificado a la secretaría que un determinado tipo de artículo sigue
estando en uso en esa Parte. La secretaría pondrá esas notificaciones en
conocimiento del público;
iii) La presente nota, que no se aplica a
los productos químicos marcados con un asterisco después de su nombre en la
columna titulada “Producto químico” en la parte I del presente anexo, no será
considerada como una exención específica de producción y uso a los fines del
párrafo 2 del artículo 3. Dado que no se espera que cantidades significativas
del producto químico lleguen a las personas y al medio ambiente durante la
producción y uso de un intermediario en un sistema cerrado y limitado a un
emplazamiento, una Parte, tras notificarlo a la secretaría, podrá permitir la
producción y uso de cantidades de un producto químico incluido en el presente
anexo como intermediario en un sistema cerrado y limitado a un emplazamiento
que se transforme químicamente en la fabricación de otros productos químicos
que, teniendo en cuenta los criterios estipulados en el párrafo 1 del anexo D,
no presentase características de contaminantes orgánicos persistentes. Esta
notificación deberá incluir información sobre la producción y el uso totales de
esos productos químicos o una estimación razonable de esos datos, así como
información sobre la naturaleza del proceso de sistema cerrado y limitado a un
emplazamiento, incluida la magnitud de cualquier contaminación no intencional
de trazas no transformadas del material inicial del contaminantes orgánicos
persistentes en el producto final. Este procedimiento se aplicará salvo cuando
en el presente anexo se indique otra cosa. La secretaría dará a conocer tales
notificaciones a la Conferencia de las Partes y al público. Dicha producción o
uso no se considerarán como una exención específica de producción o uso. Dicha
producción y uso deberán cesar al cabo de un período de diez años, a menos que la
Parte interesada entregue una nueva notificación a la secretaría, en ese caso
el período se prorrogará por otros diez años, a menos que la Conferencia de las
Partes, después de estudiar la producción y el uso, decida otra cosa. El
proceso de notificación podrá repetirse;
iv) Todas las exenciones específicas que
figuran en el presente anexo podrán ser ejercidas por las Partes que hayan
registrado exenciones con respecto a ellas de acuerdo con el artículo 4° con la
excepción del uso de bifenilos policlorados en artículos en uso de acuerdo con
las disposiciones de la parte II del presente anexo, que puede ser ejercida por
todas las Partes.
Parte II
Bifenilos policlorados
Cada Parte deberá:
a) Con respecto a la eliminación del uso de
los bifenilos policlorados en equipos (por ejemplo, transformadores,
condensadores u otros receptáculos que contengan existencias de líquidos a más
tardar en 2025, con sujeción al examen que haga la Conferencia de las Partes,
adoptar medidas de conformidad con las siguientes prioridades:
i) Realizar esfuerzos decididos por
identificar, etiquetar y retirar de uso todo equipo que contenga más de un 10%
de bifenilos policlorados y volúmenes superiores a 5 litros;
ii) Realizar esfuerzos decididos por
identificar, etiquetar y retirar de uso todo equipo que contenga de más del
0,05% de bifenilos policlorados y volúmenes superiores a los 5 litros;
iii) Esforzarse por identificar y retirar
de uso todo equipo que contenga más del 0,005% de bifenilos policlorados y
volúmenes superiores a 0,05 litros;
b) Conforme a las prioridades mencionadas
en el apartado a), las partes promoverán las siguientes medidas de reducción de
la exposición y el riesgo a fin de controlar el uso de los bifenilos policlorados:
i) Utilización solamente en equipos
intactos y estancos y solamente en zonas en que el riesgo de liberación en el
medio ambiente pueda reducirse a un mínimo y la zona de liberación pueda
descontaminarse rápidamente;
ii) Eliminación del uso en equipos situados
en zonas relacionadas con la producción o la elaboración de alimentos o
alimentos para animales;
iii) Cuando se utilicen en zonas densamente
pobladas, incluidas escuelas y hospitales, adopción de todas las medidas
razonables de protección contra cortes de electricidad que pudiesen dar lugar a
incendios e inspección periódica de dichos equipos para detectar toda fuga;
c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el
párrafo 2 del artículo 3, velar por que los equipos que contengan bifenilos
policlorados, descritos en el apartado a), no se exporten ni importen salvo
para fines de gestión ambientalmente racional de desechos;
d) Excepto para las operaciones de
mantenimiento o reparación, no permitir la recuperación para su reutilización
en otros equipos que contengan líquidos con una concentración de bifenilos
policlorados superior al 0,005%;
e) Realizar esfuerzos destinados a lograr
una gestión ambientalmente racional de desechos de los líquidos que contengan
bifenilos policlorados y de los equipos contaminados con bifenilos policlorados
con un contenido de bifenilos policlorados superior al 0,005%, de conformidad
con el párrafo 1 del artículo 6, tan pronto como sea posible pero a más tardar
en 2028, con sujeción al examen que haga la Conferencia de las Partes;
f) En lugar de lo señalado en la nota ii)
de la parte I del presente anexo, esforzarse por identificar otros artículos
que contengan más de 0,005% de bifenilos policlorados (por ejemplo, revestimientos
de cables compuestos de sellado estanco y objetos pintados) y gestionarlos de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 6;
g) Preparar un informe cada cinco años
sobre los progresos alcanzados en la eliminación de los bifenilos policlorados
y presentarlo a la Conferencia de las Partes con arreglo al artículo 15;
h) Los informes descritos en el apartado g)
serán estudiados, cuando corresponda, por la Conferencia de las Partes en el
examen que efectúe respecto de los bifenilos policlorados. La Conferencia de
las Partes estudiará los progresos alcanzados con miras a la eliminación de los
bifenilos policlorados cada cinco años o a intervalos diferentes, según sea
conveniente, teniendo en cuenta dichos informes.
ANEXO B. RESTRICCION.
Parte I
Producto químico
Actividad
Finalidad aceptable o exención específica
DDT
(1,1,1-tricloro-2,2-bis (4-clorofenil) etano) N° de CAS: 50-29-3
Producción
Finalidad aceptable: Uso en la lucha contra los vectores de
enfermedades de acuerdo con la parte II del presente anexo.
Exención específica: Intermediario en la producción de
dicofol Intermediario
Uso
Finalidad aceptable: Uso en la lucha contra los vectores de
enfermedades con arreglo a la parte II del presente anexo
Exención específica: producción de dicofol Intermediario
Notas:
i) A menos que en el presente Convenio se
disponga otra cosa, las cantidades de un producto químico presentes como
contaminantes en trazas no intencionales en productos y artículos no se
considerarán incluidas en el presente anexo;
ii) La presente nota no será considerada
como una finalidad aceptable o exención específica de producción y uso a los
fines del párrafo 2 del artículo 3. Las cantidades de un producto químico
presentes como constituyentes de artículos manufacturados o que ya estaban en
uso antes o en la fecha de entrada en vigor de la obligación de que se trate
con respecto a ese producto químico no se considerarán incluidas en el presente
anexo siempre y cuando la Parte haya notificado a la secretaría que un
determinado tipo de artículo sigue estando en uso en esa Parte. La secretaría
pondrá esas notificaciones en conocimiento del público;
iii) La presente nota no será considerada
como una exención específica de producción y uso a los fines del párrafo 2 del
artículo 3. Dado que no se espera que cantidades significativas del producto
químico lleguen a las personas y al medio ambiente durante la producción y uso
de un intermediario en un sistema cerrado y limitado a un emplazamiento, una
Parte, tras notificarlo a la secretaría, podrá permitir la producción y
utilización de cantidades de un producto químico incluido en el presente anexo
como intermediario en un sistema cerrado y limitado a un emplazamiento que se
transforme químicamente en la fabricación de otros productos químicos que,
teniendo en cuenta los criterios estipulados en el párrafo 1 del anexo D, no
presentan características de contaminantes orgánicos persistentes.
Esta notificación deberá incluir
información sobre la producción y el uso totales de esos productos químicos o
una estimación razonable de esos datos, así como información sobre la
naturaleza del proceso de sistema cerrado y limitado a un emplazamiento,
incluida la magnitud de cualquier contaminación no intencional de trazas y no
transformadas del material inicial de contaminantes orgánicos persistentes en
el producto final. Este procedimiento se aplicará salvo cuando en el presente
anexo se indique otra cosa. La Secretaría dará a conocer tales notificaciones a
la Conferencia de las Partes y al público. Dicha producción o uso no se
considerará como una exención específica de producción o utilización.
Dicha producción y utilización deberán
cesar al cabo de un período de diez años, a menos que la Parte interesada
entrega una nueva notificación a la secretaría, en ese caso el período se
prorrogará por otros diez años, a menos que la Conferencia de las Partes, después
de estudiar la producción y la utilización decida otra cosa. El proceso de
notificación podrá repetirse;
iv) Todas las exenciones específicas que
figuran en el presente anexo podrán ser ejercidas por las Partes que hayan
registrado exenciones con respecto a ellas de acuerdo con el artículo 4.
Parte II
DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4
clorofenil)etano)
1. Se eliminarán la producción y la
utilización de DDT salvo en lo que se refiere a las Partes que hayan notificado
a la secretaría su intención de producir y/o utilizar DDT. Se crea un Registro
para el DDT. La secretaría mantendrá el Registro para el DDT.
2. Cada Parte que produzca y/o utilice DDT
restringirá esa producción y/o utilización para el control de los vectores de
enfermedades de conformidad con las recomendaciones y directrices de la
Organización Mundial de la Salud sobre la utilización del DDT cuando esa Parte
no disponga de alternativas locales seguras, eficaces y asequibles.
3. En caso de que una Parte no incluida en
el Registro para el DDT determine que necesita DDT para luchar contra los
vectores de enfermedades, esa Parte lo notificará a la secretaría lo antes
posible para que su nombre sea añadido inmediatamente al Registro para el DDT.
A la vez notificará a la Organización Mundial de la Salud información sobre la
cantidad utilizada, las condiciones de esa utilización y su importancia para la
estrategia de gestión de enfermedades de esa Parte, es un formato que decidirá la
Conferencia de las Partes en consulta con la Organización Mundial de la Salud.
4. Cada Parte que utilice DDT suministrará
cada tres años a la secretaría y a la Organización Mundial de la Salud
información sobre la cantidad utilizada, las condiciones de esa utilización y
su importancia para la estrategia de gestión de enfermedades de esa Parte, en
un formato que decidirá la Conferencia de las Partes en consulta con la
Organización Mundial de la Salud.
5. Con el propósito de reducir y, en última
instancia, eliminar la utilización de DDT, la Conferencia de las Partes
alentará:
a) A cada Parte que utilice DDT a que
elabore y ejecute un plan de acción como parte del plan de aplicación
estipulado en el artículo 7. En este plan de acción se incluirá:
i) El desarrollo de mecanismos
reglamentarios y de otra índole para velar por que la utilización de DDT se
limite a la lucha contra los vectores de enfermedades;
ii) La aplicación de productos, métodos y
estrategias alternativos adecuados, incluidas estrategias de gestión de la
resistencia, para garantizar la constante eficacia de dichas alternativas;
iii) Medidas para reforzar la atención de
la salud y reducir los casos de la enfermedad.
b) A las Partes a que, según su capacidad,
promuevan la investigación y el desarrollo de productos químicos y no químicos,
métodos y estrategias alternativos y seguros para las Partes usuarias de DDT,
que tengan en cuenta para las condiciones de esos países y tiendan al objetivo
de disminuir la carga que representa la enfermedad para los seres humanos y la
economía. Al examinar las alternativas o combinaciones de alternativas se
atenderá principalmente a los riesgos para la salud humana y a las
repercusiones ambientales de esas alternativas. Las alternativas viables al DDT
deberán ser menos peligrosas para la salud humana y el medio ambiente,
adecuadas para la lucha contra las enfermedades según las condiciones
existentes en las distintas Partes y basadas en datos de vigilancia.
6. A partir de su primera reunión y en lo
sucesivo por lo menos cada tres años, la Conferencia de las Partes, en consulta
con la Organización Mundial de la Salud, determinará si el DDT sigue siendo
necesario para luchar contra los vectores de enfermedades, sobre la base de la
información científica, técnica, ambiental y económica disponible, incluidos:
a) La producción y la utilización de DDT y
las condiciones establecidas en el párrafo 2;
b) La disponibilidad, conveniencia y
aplicación de las alternativas al DDT, y
c) Los progresos alcanzados en el
fortalecimiento de la capacidad de los países para pasar de manera segura a la
adopción de esas alternativas.
7. Tras notificarlo a la Secretaría,
cualquiera de las Partes podrá retirar en cualquier momento su nombre del
Registro para el DDT mediante notificación escrita a la secretaría. La retirada
tendrá efecto en la fecha que se especifique en la notificación.
ANEXO C. PRODUCCION NO INTENCIONAL.
Parte I
Contaminantes orgánicos persistentes
sujetos a los requisitos del artículo 5
El presente anexo se aplica a los
siguientes contaminantes orgánicos persistentes, cuando se forman y se liberan
de forma no intencional a partir de fuentes antropógenas:
Producto
químico
Dibenzoparadioxinas
y dibenzofuranos policlorados (PCDD/PCDF)
Hexaclorobenceno (HCB) (No. CAS: 118-74-1)
Bifenilos policlorados (PCB)
Parte II
Categorías de fuentes
Los dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos
policlorados, el hexaclorobenceno, y los bifenilos policlorados se forman y se
liberan de forma no intencionada a partir de procesos térmicos, que comprenden
materia orgánica y cloro, como resultado de una combustión incompleta o de
reacciones químicas. Las siguientes categorías de fuentes industriales tienen
un potencial de formación y liberación relativamente elevadas de estos
productos químicos al medio ambiente:
a) Incineradoras de desechos, incluidas las
coincineradoras de desechos municipales, peligrosos o médicos o de fango
cloacal;
b) Desechos peligrosos procedentes de la
combustión en hornos de cemento;
c) Producción de pasta de papel utilizando
cloro elemental o productos químicos que producen cloro elemental para el
blanqueo;
d) Los siguientes procesos térmicos de la
industria metalúrgica:
i) Producción secundaria de cobre;
ii) Plantas de sinterización en la
industria del hierro e industria siderúrgica;
iii) Producción secundaria de aluminio;
iv) Producción secundaria de zinc.
Parte III
Categorías de fuentes
Pueden también producirse y liberarse en
forma no intencionada dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos policlorados,
hexaclorobenceno y bifenilos policlorados a partir de las siguientes categorías
de fuentes, en particular:
a) Quema a cielo abierto de desechos,
incluida la quema en vertederos;
b) Procesos térmicos de la industria
metalúrgica no mencionados en la parte II;
c) Fuentes de combustión domésticas;
d) Combustión de combustibles fósiles en
centrales termoeléctricas o calderas industriales;
e) Instalaciones de combustión de madera u
otros combustibles de biomasa;
f) Procesos de producción de productos
químicos determinados que liberan de forma no intencional contaminantes
orgánicos persistentes formados, especialmente la producción de clorofenoles y
cloranil;
g) Crematorios;
h) Vehículos de motor, en particular los
que utilizan gasolina con plomo como combustible;
i) Destrucción de carcasas de animales;
j) Teñido (con cloranil) y terminación (con
extracción alcalina) de textiles y cueros;
k) Plantas de desguace para el tratamiento
de vehículos una vez acabada su vida útil;
l) Combustión lenta de cables de cobre;
m) Desechos de refinerías de petróleo.
Parte IV
Definiciones
1. A efectos del presente anexo:
a) Por “bifenilos policlorados” se
entienden compuestos aromáticos formados de tal manera que los átomos de
hidrógeno en la molécula bifenilo (2 anillos bencénicos unidos entre sí por un
enlace único carbono-carbono) pueden ser sustituidos por hasta diez átomos de
cloro, y
b) Por “dibenzoparadioxinas y policloradas”
y “dibenzofuranos policlorados”, que son compuestos tricíclicos aromáticos
constituidos por dos anillos bencénicos unidos entre sí, en el caso de las
dibenzoparadioxinas por dos atómos de oxígeno, mientras que en los
dibenzofuranos policlorados por un átomo de oxígeno y un enlace carbono-carbono
y átomos de hidrógeno que pueden ser sustituidos por hasta ocho átomos de
cloro.
2. En el presente anexo la toxicidad de las
dibenzoparadioxinas y los dibenzofuranos policlorados, se expresa utilizando el
concepto de equivalencia tóxica, que mide la actividad tóxica relativa tipo
dioxina de distintos congéneres de los dibenzoparadioxinas y los dibenzofuranos
policlorados, bifenilos policlorados coplanares en comparación con la
2,3,7,8-tetraclorodibenzoparadioxina. Los valores del factor de equivalentes
tóxicos que se utilizarán a efectos del presente Convenio serán coherentes con
las normas internacionales aceptadas, en primer lugar con los valores del factor
tóxico equivalente para mamíferos, de la Organización Mundial de la Salud de
1998 con respecto a las dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos policlorados y
bifenilos policlorados coplanares. Las concentraciones se expresan en
equivalentes tóxicos.
Parte V
Orientaciones generales sobre las mejores
técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales
En esta parte se transmiten a las Partes
orientaciones generales sobre la prevención o reducción de las liberaciones de
los productos químicos incluidos en la parte I.
A. Medidas generales de prevención
relativas a las mejores técnicas disponibles y a las mejores prácticas
ambientales
Debe asignarse prioridad al estudio de
criterios para evitar la formación y la liberación de los productos químicos
incluidos en la parte I. Entre las medidas útiles podrían incluirse:
a) Utilización de una tecnología que genere
pocos desechos;
b) Utilización de sustancias menos
peligrosas;
c) Fomento de la regeneración y el
reciclado de los desechos y las sustancias generadas y utilizadas en los
procesos;
d) Sustitución de materias primas que sean
contaminantes orgánicos persistentes o en el caso de que exista un vínculo
directo entre los materiales y las liberaciones de contaminantes orgánicos
persistentes de la fuente;
e) Programas de buen funcionamiento y
mantenimiento preventivo;
f) Mejoramiento de la gestión de desechos
con miras a poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras
formas incontroladas de incineración, incluida la incineración de vertederos.
Al examinar las propuestas para construir nuevas instalaciones de eliminación
de desechos, deben considerarse alternativas como, por ejemplo, las actividades
para reducir al mínimo la generación de desechos municipales y médicos,
incluidos la regeneración de recursos, la reutilización, el reciclado, la
separación de desechos y la promoción de productos que generan menos desechos.
Dentro de este criterio deben considerarse cuidadosamente los problemas de
salud pública;
g) Reducción al mínimo de esos productos
químicos como contaminantes en otros productos;
h) Evitación del cloro elemental o
productos químicos que generan cloro elemental para blanqueo.
B. Mejores técnicas disponibles
El concepto de mejores técnicas disponibles
no está dirigido a la prescripción de una técnica o tecnología específica, sino
a tener en cuenta las características técnicas de la instalación de que se
trate, su ubicación geográfica y las condiciones ambientales locales. Las
técnicas de control apropiadas para reducir las liberaciones de los productos
químicos incluidos en la parte I son en general las mismas. Al determinar las
mejores técnicas disponibles se debe prestar atención especial, en general o en
casos concretos, a los factores que figuran a continuación, teniendo en cuenta
los costos y beneficios probables de una medida y las consideraciones de
precaución y prevención:
a) Consideraciones generales:
i) Naturaleza, efectos y masa de las
emisiones de que se trate: las técnicas pueden variar dependiendo de del tamaño
de la fuente;
ii) Fechas de puesta en servicio de las
instalaciones nuevas o existentes;
iii) Tiempo necesario para incorporar la
mejor técnica disponible;
iv) Consumo y naturaleza de las materias
primas utilizadas en el proceso y su eficiencia energética;
v) Necesidad de evitar o reducir al mínimo
el impacto general de las liberaciones en el medio ambiente y los peligros que
representan para este;
vi) Necesidad de evitar accidentes y
reducir al mínimo sus consecuencias para el medio ambiente;
vii) Necesidad de salvaguardar la salud
ocupacional y la seguridad en los lugares de trabajo;
viii) Procesos, instalaciones o métodos de
funcionamiento comparables que se han ensayado con resultados satisfactorios a
escala industrial;
ix) Avances tecnológicos y cambio de los
conocimientos y la comprensión en el ámbito científico.
b) Medidas de reducción de las liberaciones
de carácter general: Al examinar las propuestas de construcción de nuevas
instalaciones o de modificación importante de instalaciones existentes que
utilicen procesos que liberan productos químicos de los incluidos en el
presente anexo, deberán considerarse de manera prioritaria los procesos,
técnicas o prácticas de carácter alternativo que tengan similar utilidad, pero
que eviten la formación y liberación de esos productos químicos. En los casos
en que dichas instalaciones vayan a construirse o modificarse de forma
importante, además de las medidas de prevención descritas en la sección A de la
parte V, para determinar las mejores técnicas disponibles se podrán considerar
también las siguientes medidas de reducción:
i) Empleo de métodos mejorados de
depuración de gases de combustión, tales como la oxidación termal o catalítica,
la precipitación de polvos o la absorción;
ii) Tratamiento de residuos, aguas
residuales, desechos y fangos cloacales mediante, por ejemplo, tratamiento
térmico o volviéndolos inertes o mediante procesos químicos que eliminen su
toxicidad;
iii) Cambios de los procesos que den lugar
a la reducción o eliminación de las liberaciones, tales como la adopción de
sistemas cerrados;
iv) Modificación del diseño de los procesos
para mejorar la combustión y evitar la formación de los productos químicos
incluidos en el anexo, mediante el control de parámetros como la temperatura de
incineración o el tiempo de permanencia.
C. Mejores prácticas ambientales
La Conferencia de las Partes podrá elaborar
orientación con respecto a las mejores prácticas ambientales.
ANEXO D.
REQUISITOS DE INFORMACION Y CRITERIOS DE
SELECCION.
1. Una Parte que presente una propuesta de
inclusión de un producto químico en los anexos A, B y/o C deberá identificar el
producto químico en la forma que se describe en el apartado a) y suministrar
información sobre el producto químico y, si procede, sus productos de
transformación, en relación con los criterios de selección definidos en los
incisos b) a e):
a) Identificación del producto químico:
i) Nombres, incluidos el o los nombres
comerciales, o los nombres comerciales y sus sinónimos, el número de registro
del Chemical Abstracts Service (CAS), el nombre en la Unión Internacional de
Química Pura y Aplicada (IUPAC); y
ii) Estructura, comprendida la
especificación de isómeros, cuando proceda, y la estructura de la clase
química;
b) Persistencia:
i) Prueba de que la vida media del producto
químico en el agua es superior a dos meses o que su vida media en la tierra es
superior a seis meses o que su vida media en los sedimentos es superior a seis
meses; o
ii) Prueba de que el producto químico es de
cualquier otra forma suficientemente persistente para justificar que se le
tenga en consideración en el ámbito del presente Convenio;
c) Bioacumulación:
i) Prueba de que el factor de
bioconcentración o el factor de bioacumulación del producto químico en las especies
acuáticas es superior a 5.000 o, a falta de datos al respecto, que el log Kow
es superior a 5;
ii) Prueba de que el producto químico
presenta otros motivos de preocupación, como una elevada bioacumulación en
otras especies, elevada toxicidad o ecotoxicidad; o
iii) Datos de vigilancia de la biota que
indiquen que el potencial de bioacumulación del producto químico es suficiente
para justificar que se le tenga en consideración en el ámbito del presente
Convenio;
d) Potencial de transporte a larga
distancia en el medio ambiente:
i) Niveles medidos del producto químico en
sitios distantes de la fuente de liberación que puedan ser motivo de
preocupación;
ii) Datos de vigilancia que muestren que el
transporte a larga distancia del producto químico en el medio ambiente, con
potencial para la transferencia a un medio receptor, puede haber ocurrido por
medio del aire, agua o especies migratorias; o
iii) Propiedades del destino en el medio
ambiente y/o resultados de modelos que demuestren que el producto químico tiene
un potencial de transporte a larga distancia en el medio ambiente por aire,
agua o especies migratorias, con potencial de transferencia a un medio receptor
en sitios distantes de las fuentes de su liberación. En el caso de un producto
químico que migre en forma importante por aire, su vida media en el aire deberá
ser superior a dos días; y
e) Efectos adversos:
i) Pruebas de efectos adversos para la
salud humana o el medio ambiente que justifiquen que al producto químico se le
tenga en consideración en el ámbito del presente Convenio; o
ii) Datos de toxicidad o ecotoxicidad que
indiquen el potencial de daño a la salud humana o al medio ambiente.
. La Parte proponente entregará una
declaración de las razones de esa preocupación, incluida, cuando sea posible,
una comparación de los datos de toxicidad o ecotoxicidad con los niveles
detectados o previstos de un producto químico que sean resultado o se prevean
como resultado de su transporte a larga distancia en el medio ambiente, y una
breve declaración en que se indique la necesidad de un control mundial.
3. La Parte proponente, en la medida de lo
posible y teniendo en cuenta sus capacidades, suministrará más información para
apoyar el examen de la propuesta mencionada en el párrafo 4 del artículo F.
Para elaborar esa propuesta, la Parte podrá aprovechar los conocimientos
técnicos de cualquier fuente.
ANEXO E.  REQUISITOS DE INFORMACION PARA EL PERFIL
DE RIESGOS.
El objetivo del examen es evaluar si es
probable que un producto químico, como resultado de su transporte a larga
distancia en el medio ambiente, pueda tener importantes efectos adversos en la
salud humana y/o el medio ambiente de tal magnitud que justifiquen la adopción
de medidas en el plano mundial. Para ese fin, se elaborará un perfil de riesgos
en el que se profundizará más detalladamente y se evaluará la información a que
se hace referencia en el anexo D, que ha de incluir, en la medida de lo
posible, información del siguiente tipo:
a) Fuentes, incluyendo, cuando proceda:
i) Datos de producción, incluida la
cantidad y el lugar;
ii) Usos, y
iii) Liberaciones, como por ejemplo
descargas, pérdidas y emisiones;
b) Evaluación del peligro para el punto
terminal o los puntos terminales que sean motivo de preocupación, incluido un
examen de las interacciones toxicológicas en las que intervenga más de un
producto químico;
c) Destino en el medio ambiente, incluidos
datos e información sobre el producto químico y sus propiedades físicas y su
persistencia, y el modo en que estas se vinculan con su transporte en el medio
ambiente, su transferencia dentro de segmentos del medio ambiente y, entre
ellos, su degradación y su transformación en otros productos químicos. Se
incluirá una determinación del factor de bioconcentración o el factor de
bioacumulación, sobre la base de valores medidos, salvo que se estime que los
datos de vigilancia satisfacen esa necesidad;
d) Datos de vigilancia;
e) Exposición en zonas locales y, en
particular, como resultado del transporte a larga distancia en el medio
ambiente, con inclusión de información sobre la disponibilidad biológica;
f) Evaluaciones de los riesgos nacionales e
internacionales, valoraciones o perfiles de riesgos e información de etiquetado
y clasificaciones del peligro, cuando existan; y
g) Situación del producto químico en el marco
de los convenios internacionales.
ANEXO F. INFORMACION SOBRE CONSIDERACIONES
SOCIOECONOMICAS.
Debería realizarse una evaluación de las
posibles medidas de control relativas a los productos químicos bajo examen para
su incorporación en el presente Convenio, abarcando toda la gama de opciones,
incluidos el manejo y la eliminación. Con ese fin, debería proporcionarse la
información pertinente sobre las consideraciones socioeconómicas relacionadas
con las posibles medidas de control para que la Conferencia de las Partes pueda
adoptar una decisión. En esa información han de tenerse debidamente en cuenta
las diferentes capacidades y condiciones de las Partes y ha de prestarse
consideración a la lista indicativa de elementos que figura a continuación:
a) Eficacia y eficiencia de las posibles
medidas de control para lograr los fines de reducción de riesgos:
i) Viabilidad técnica; y
ii) Costos, incluidos los costos
ambientales y para la salud;
b) Alternativas (productos y procesos):
i) Viabilidad técnica;
ii) Costos, incluidos los costos
ambientales y para la salud;
iii) Eficacia;
iv) Riesgo;
v) Disponibilidad; y
vi) Accesibilidad;
c) Efectos positivos y/o negativos de la
aplicación de las posibles medidas de control para la sociedad:
i) Salud, incluida la salud pública,
ambiental y en el lugar de trabajo;
ii) Agricultura, incluidas la acuicultura y
la silvicultura;
iii) Biota (diversidad biológica);
iv) Aspectos económicos;
v) Transición al desarrollo sostenible; y
vi) Costos sociales;
d) Consecuencias de los desechos y la
eliminación (en particular, existencias de plaguicidas caducos y saneamiento de
emplazamientos contaminados):
i) Viabilidad técnica; y
ii) Costo;
e) Acceso a la información y formación del
público;
f) Estado de la capacidad de control y
vigilancia; y
g) Cualesquiera medidas de control
adoptadas a nivel nacional o regional, incluida la información sobre
alternativas y otras informaciones pertinentes sobre gestión de riesgos
NACIONES UNIDAS
Referencia: C.N. 157.2003.TREATIES-6
(Notificación Depositario)
CONVENCION DE ESTOCOLMO ACERCA DE
CONTAMINANTES
ORGANICOS PERSISTENTES
ESTOCOLMO, 22 DE MAYO DE 2001.
CORRECCION AL TEXTO ORIGINAL DE LA
CONVENCION
(TEXTO AUTENTICO EN ESPAÑOL) Y PARA LAS
COPIAS CERTIFICADAS
El Secretario general de las Naciones
Unidas, en calidad de depositario, informa lo siguiente:
Para el 19 de febrero de 2003, fecha en que
el periodo especificado de notificación de objeción, a la corrección propuesta
expiraba, no se ha notificado de ninguna objeción al Secretario General.
Por consiguiente, el Secretario General ha
puesto en vigor la corrección del artículo 1o del texto original de la
Convención (texto auténtico en español) y las copias certificadas. Por la
presente se transmite el proceso verbal de rectificación correspondiente.
21 de febrero de 2003.
(Firma)
1 Refiérase a la notificación depositario
C.N. 1204.2002.TREATIES-63 del 19 de noviembre de 2002 (Propuesta de corrección
al texto original de la Convención (Texto auténtico en español) y a las copias
certificadas.
Atención: Servicios de Tratado de los
Ministerios de Relaciones Exteriores y de Organizaciones Internacionales
participantes. Las notificaciones depositarios están disponibles a las Misiones
Permanentes de las Naciones Unidas, en la siguiente dirección de correo
electrónico: missions@un.int. Nótese que los anexos de las
notificaciones depositarias son distribuidos solo en formato de copia dura. Las
versiones de copia dura de las notificaciones depositarias se encuentran disponibles
para ser recogidas por las Misiones Permanentes de la habitación NL-300. Dichas
notificaciones también se encuentran disponibles en United Nations Treaty
Collection en Internet http://untreaty.un.org.
NACIONES UNIDAS
CONVENCION DE ESTOCOLMO ACERCA DE
CONTAMINANTES ORGANICOS PERSISTENTES ADOPTADA EN ESTOCOLMO EL 22 DE MAYO DE
2001
PROCESO VERBAL DE RECTIFICACION
DEL TEXTO ORIGINAL DE LA CONVENCION
EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES
UNIDAS, en calidad de depositario de la Convención de Estocolmo acerca de
Contaminantes Orgánicos Persistentes, adoptada en Estocolmo el 22 de mayo de
2001 (Convención).
CONSIDERANDO que aparentemente existe un
error en el artículo 1o del original de la Convención. (Texto auténtico en
español).
CONSIDERANDO que la corrección propuesta
correspondiente ha sido comunicada a todos los Estados Interesados por medio de
Notificación Depositaria C.N. 1204.2002TREATIES-63 del 19 de noviembre de 2002.
CONSIDERANDO que para el 19 de febrero de
2003, fecha en que el periodo especificado de notificación de objeción a la
corrección propuesta expiraba, no se ha notificado de ninguna objeción.
HA CAUSADO la corrección respectiva según
lo indicado en la notificación arriba mencionada para ser puesta en vigor en el
texto original de dicha Convención cuya corrección también aplica a las copias
certificadas de la Convención, establecida el 19 de junio de 2001.
EN TESTIMONIO DEL CUAL, YO, Hans Corell,
Sub-Secretario General, Asesor Legal, firmo este proceso verbal.
HECHO en las instalaciones centrales de las
Naciones Unidas, el 21 de febrero de 2003.
(Firma) Hans Corell.
NACIONES UNIDAS
Referencia: C.N.157.2003.TREATIES-6
(Notificación Depositaria)
CONVENCION DE ESTOCOLMO ACERCA DE
CONTAMINANTES
ORGANICOS PERSISTENTES
ESTOCOLMO, 22 DE MAYO DE 2001.
CORRECCION DEL TEXTO ORIGINAL DE LA
CONVENCION
(TEXTO AUTENTICO EN ESPAÑOL) Y PARA LAS
COPIAS CERTIFICADAS
El Secretario General de las Naciones
Unidas, en calidad de depositario, informa lo siguiente:
Se ha llamado la atención del Secretario
General, en lo referente a un aparente error en el artículo 1o del texto
original de la Convención (Texto auténtico en español) según lo reproducido en
las copias certificadas circuladas por notificación depositaria C.N.1204.2002TREATIES-63
del 19 de noviembre de 2001.
El artículo 1o del texto auténtico en
español dice lo siguiente:
“Teniendo presente el principio de
precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger
la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos
persistentes”.
Se propone reemplazar en el artículo 1o del
texto auténtico en español, la palabra “principio” por la palabra “criterio”
para que el parágrafo, luego de ser corregido, diga lo siguiente:
“Teniendo presente el criterio de
precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger
la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos
persistentes”.
De acuerdo a lo establecido en la práctica
depositaria, y al menos que haya una objeción de hacer alguna corrección en
particular, por parte de algún Estado Signatario o Estado Contratante, el
Secretario General propone para efectuar en el artículo relevante del texto
auténtico en español de la Convención, la corrección anteriormente escrita, la
cual aplicaría a las copias certificadas.
Cualquier objeción deberá ser comunicada al
Secretario General, antes del miércoles, 19 de febrero de 2003.
19 de noviembre de 2002. (Firma)
Atención: Servicios de Tratados de los
Ministerios de Relaciones Exteriores y de Organizaciones Internacionales
participantes. Las notificaciones depositarias están a disposición de las
Misiones Permanentes de las Naciones Unidas, en la siguiente dirección de
correo electrónico: missions@un.int. Obsérvese que los anexos de las
notificaciones depositarias son distribuidos solo en formato de copia dura. Las
versiones de copia dura de las notificaciones depositarias se encuentran
disponibles para ser recogidas por las Misiones Permanentes de la habitación
NL-300.
Convenio de Estocolmo sobre contaminantes
orgánicos persistentes
Estocolmo, 22 de mayo de 2001
Adopción del anexo G al Convenio de
Estocolmo
La Conferencia de las Partes en el Convenio
de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, en virtud de la
decisión SC-1/2, de 6 de mayo de 2005, adoptada en su primera reunión, aprobó
como anexo G del Convenio, el procedimiento arbitral a los efectos de lo
dispuesto en el inciso a) del párrafo 2 del artículo 18 del Convenio, y el
proceso de conciliación a los efectos de lo dispuesto en el párrafo 6 del
artículo 18 del Convenio. El procedimiento arbitral y el proceso de conciliación
adoptados figuran en el anexo de la decisión SC-112, contenido en el anexo I
del informe de la primera reunión (UNEP/POPS/COP.2/31).
Conforme al inciso b) del párrafo 3 del
artículo 22 del Convenio, las Partes que no puedan aceptar un anexo adicional
lo notificarán por escrito al Depositario dentro del plazo de un año contado a
partir de la fecha en que el Depositario haya comunicado la aprobación del
anexo adicional. El Depositario comunicará sin demora a todas las Partes
cualquier notificación de ese tipo que haya recibido. Una Parte podrá en
cualquier momento retirar una notificación de no aceptación que haya hecho
anteriormente respecto de cualquier anexo adicional y, en tal caso, el anexo
entrará en vigor respecto de esa Parte con arreglo al apartado c). Conforme al
apartado c) del párrafo 3 al cumplirse el plazo de un año contado a partir de
la fecha en que el Depositario haya comunicado la aprobación de un anexo
adicional, el anexo entrará en vigor para todas las Partes que no hayan hecho
una notificación de conformidad con las disposiciones del apartado b).
El original del anexo G, cuyos textos en
los otros cinco idiomas oficiales de las Naciones Unidas son igualmente
auténticos figuran en el anexo de la presente nota.
Anexo G al Convenio de Estocolmo
(Decisión SC-1/2 de la Conferencia de las
Partes)
I. Procedimiento arbitral
El procedimiento arbitral, a los efectos de
lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 2 del artículo 18 del Convenio será el
siguiente:
Artículo 1.
1. Una parte podrá iniciar un recurso
arbitral de conformidad con el artículo 18 del Convenio por notificación
escrita dirigida a la otra parte en la controversia. La notificación irá
acompañada de una declaración sobre la demanda, junto con los documentos
justificativos, y expondrá el objeto del arbitraje e incluirá, en especial, los
artículos del Convenio cuya interpretación o aplicación están en discusión.
2. La parte demandante notificará a la
secretaría que las partes están sometiendo una controversia al arbitraje en
cumplimiento del artículo 18. La notificación irá acompañada de la notificación
escrita de la parte demandante, la declaración sobre la demanda y los
documentos justificativos a que se hace mención en el párrafo 1 supra. La
secretaría transmitirá la información así recibida a todas las Partes.
Artículo 2.
1. Si la controversia se remite para
arbitraje de conformidad con el artículo 1 supra, se establecerá un tribunal
arbitral. Estará compuesto de tres miembros.
2. Cada una de las partes en la
controversia nombrará un árbitro, y los dos árbitros así nombrados designarán,
por común acuerdo, el tercer árbitro que será el Presidente del tribunal. El
Presidente del tribunal no será nacional de ninguna de las partes en la controversia,
ni tendrá su lugar habitual de residencia en el territorio de una de estas
partes, ni estará empleado por ninguna de ellas, ni se habrá ocupado del caso
en cualquier otra capacidad.
3. En las controversias entre más de dos
partes; las partes con el mismo interés nombrarán un árbitro conjuntamente y
por acuerdo.
4. Toda vacante se llenará en la forma
prescrita para el nombramiento inicial.
5. Si las partes no están de acuerdo, en la
materia de la controversia antes de que el Presidente del tribunal arbitral sea
designado, el tribunal arbitral determinará la materia de la controversia.
Artículo 3.
1. Si una de las partes en la controversia
no nombra un árbitro en un plazo de dos meses contados a partir de la fecha en
que la parte acusada recibe la notificación del arbitraje, potra parte podrá
informar al Secretario General de las Naciones Unidas, quien procederá a la
designación en un plazo de otros dos meses.
2. Si el Presidente del tribunal arbitral
no ha sido designado en un plazo de dos meses a partir de la fecha de
nombramiento del segundo árbitro, el Secretario General de las Naciones Unidas,
previa solicitud de una parte, designará al Presidente en un plazo de otros dos
meses.
Artículo 4.
El tribunal arbitral dictará sus fallos de
conformidad con las disposiciones del Convenio y el derecho internacional.
Artículo 5.
A menos que las partes en la controversia
dispongan otra cosa, el tribunal arbitral establecerá su propio reglamento.
Artículo 6.
El tribunal arbitral podrá, previa
solicitud de una de las partes, indicar medidas esenciales y provisionales de
protección.
Artículo 7.
Las partes en la controversia facilitarán
la labor del tribunal arbitral y, en especial, utilizando todos los medios a su
disposición:
a) Le proporcionarán todos los documentos,
información y facilidades pertinentes, y
b) Le permitirán, cuando sea necesario,
citar y oír a testigos o peritos.
Artículo 8.
Las partes y los árbitros tienen la
obligación de proteger el carácter confidencial de toda información que reciban
con este carácter durante las actuaciones del tribunal arbitral.
Artículo 9.
Salvo que el tribunal determine otra cosa
debido a circunstancias particulares del caso, los costos del tribunal serán
sufragados por las partes en la controversia, en proporciones iguales. El
tribunal mantendrá un registro de todos los gastos y presentará un estado final
a las partes.
Artículo 10.
Una Parte que tenga un interés de carácter
jurídico en la materia objeto de la controversia y que pueda verse afectada por
el fallo del caso, podrá intervenir en las actuaciones con el consentimiento
del tribunal.
Artículo 11.
El tribunal podrá conocer de las demandas
de reconvención directamente relacionadas con el objeto de la controversia, y
resolverlas.
Artículo 12.
Las decisiones, tanto de procedimiento como
de fondo, del tribunal arbitral se adoptarán por una mayoría de votos de sus
miembros.
Artículo 13.
1. Si una de las partes en la controversia
no comparece ante el tribunal o no defiende su caso, la otra parte podrá
solicitar al tribunal que continúe el procedimiento y proceda a dar su fallo.
El hecho de que una parte no comparezca o no defienda su posición, no constituirá
un obstáculo para el procedimiento.
2. Antes de dictar su fallo definitivo, el
tribunal arbitral deberá comprobar que la demanda se basa adecuadamente en los
hechos y la legislación.
Artículo 14.
El tribunal dictará su fallo definitivo en
un plazo de cinco meses contados a partir de la fecha en que esté ya plenamente
constituido, a menos que considere necesario prorrogar el plazo por un período
que no excederá de otros cinco meses.
Artículo 15.
El fallo definitivo del tribunal arbitral
se limitará a la cuestión que sea objeto de la controversia y expondrá las
razones en que se basa. Incluirá los nombres de los miembros que han
participado y la fecha del fallo definitivo. Cualquier miembro del tribunal
podrá adjuntar una opinión separada o discrepante al fallo definitivo.
Artículo 16.
El fallo será vinculante para las partes en
la controversia. La interpretación del Convenio en el fallo también será
vinculante para una Parte que intervenga de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 10 supra en la medida en que esté relacionada con las cuestiones
respecto de las cuales haya intervenido esa Parte. Será inapelable a menos que
las partes en la controversia hayan convenido previamente en un procedimiento
de apelación.
Artículo 17.
Toda controversia que pueda surgir entre
quienes están sometidos al fallo definitivo de conformidad con el artículo 16 supra,
en lo que respecta a la interpretación o a la forma de aplicación del fallo,
podrá ser presentada por cualquiera de ellos al tribunal arbitral que lo dictó
para que este se pronuncie al respecto.
II. Procedimiento de conciliación
El procedimiento de conciliación, a los
efectos de lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 18 del Convenio, será el
siguiente:
Artículo 1.
1. Una solicitud de una parte en una
controversia para establecer una comisión de conciliación con arreglo al
párrafo 6 del artículo 18 será dirigida, por escrito, a la secretaría. La
secretaría informará inmediatamente a todas las Partes en el Convenio como
corresponda.
2. A menos que las partes decidan otra
cosa, la comisión de conciliación estará integrada por tres miembros, uno
nombrado por cada parte interesada y un Presidente escogido conjuntamente por
esos miembros.
Artículo 2.
En las controversias entre más de dos
partes, las partes con el mismo interés nombrarán a sus miembros de la comisión
conjuntamente y por acuerdo.
Artículo 3.
Si cualquier nombramiento por las partes no
se hace en un plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción por la
secretaría de la solicitud escrita a que se hace referencia en el artículo 1,
el Secretario General de las Naciones Unidas, previa solicitud de una parte,
hará esos nombramientos en un plazo adicional de dos meses.
Artículo 4.
Si el Presidente de la comisión de
conciliación no ha sido escogido en un plazo de dos meses después de que el
segundo miembro de la comisión haya sido nombrado, el Secretario General de las
Naciones Unidas designará, previa solicitud de una parte, al Presidente en un
plazo adicional de dos meses.
Artículo 5.
1. A menos que las partes en la
controversia decidan otra cosa, la comisión de conciliación determinará su
propio reglamento.
2. Las partes y los miembros de la comisión
tienen la obligación de proteger el carácter confidencial de la información que
reciban con este carácter durante las actuaciones de la comisión.
Artículo 6.
La comisión de conciliación adoptará sus
decisiones por mayoría de votos de sus miembros.
Artículo 7.
En un plazo de 12 meses después de su
establecimiento, la comisión de conciliación presentará un informe con
recomendaciones para la solución de la controversia, que las partes
considerarán en buena fe.
Artículo 8.
La comisión resolverá todo desacuerdo
respecto de si la comisión de conciliación tiene competencia para examinar una
cuestión que se le haya remitido.
Artículo 9.
Los gastos de la comisión serán sufragados
por las partes en la controversia en las proporciones que hayan acordado. La
comisión mantendrá un registro de todos sus gastos y presentará a las partes un
estado final.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 21 de julio de 2003
Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso
Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Carolina Barco Isakson
DECRETA:
Artículo 1o. Apruébase el Convenio de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes, hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001,
la “corrección al artículo 1o del texto original en español”, del 21 de febrero
de 2003, y el “Anexo G. al Convenio de Estocolmo”, del 6 de mayo de 2005.
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes”, hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001, la “corrección
al artículo 1o del texto original en español”, del 21 de febrero de 2003, y el
“Anexo G. Al Convenio de Estocolmo”, del 6 de mayo de 2005, que por el artículo
1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3o. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los...
Presentado al honorable Congreso de la
República por el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Agricultura
y Desarrollo Rural, el Ministro de la Protección Social, y el Ministro de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
El Ministro de Relaciones Exteriores,
Fernando Araújo Perdomo.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural,
Andrés Felipe Arias Leiva.
El Ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt.
El Ministro de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial,
Juan Francisco Lozano Ramírez,
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 21 julio de 2003
Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso
Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones Exteriores
(Fdo.) Fernando Araújo Perdomo
DECRETA:
Artículo 1o. Apruébase el Convenio de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes, hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001,
la “corrección al artículo 1o del texto original en español”, del 21 de febrero
de 2003, y el “Anexo G. al Convenio de Estocolmo”, del 6 de mayo de 2005.
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes”, hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001, la “corrección
al artículo 1o del texto original en español”, del 21 de febrero de 2003, y el
“Anexo G. Al Convenio de Estocolmo”, del 6 de mayo de 2005, que por el artículo
1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3o. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
La Presidenta del honorable Senado de la
República,
NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA.
El Secretario General del honorable Senado
de la República,
EMILIO OTERO DAJUD.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes
OSCAR ARBOLEDA PALACIO.
El Secretario General (E.) de la honorable
Cámara de Representantes,
JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte
Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de junio de
2008.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones Exteriores,
FERNANDO ARAÚJO PERDOMO.
El Ministro de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial,
JUAN LOZANO RAMÍREZ.
III.    INTERVENCIONES
1.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Este Ministerio presentó, por conducto de apoderado
especial, un escrito en el que solicita a la Corte declarar la constitucionalidad
de la Ley 1196 de 2008 que aprobó el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes
orgánicos persistentes, la Corrección al artículo 1° de su texto en español,
así como el Anexo G del mismo Convenio. Este documento no abunda en
consideraciones jurídicas, aunque sí presenta información relevante para
apreciar la importancia y conveniencia de que el Estado colombiano se obligue
al cumplimiento de estos instrumentos.
En primer lugar el interviniente se refiere a las
características y elementos definitorios de los contaminantes orgánicos persistentes
(COP), la forma en que se generan, y las razones de orden físico-químico que
hacen aconsejable su control y eliminación. A continuación, presenta las
acciones que los países firmantes de este convenio se comprometen a realizar
con estos propósitos.
De igual manera, explica el alcance y dimensiones de
la presencia de estos contaminantes en el territorio nacional, así como las acciones
que a este respecto viene adelantando el Gobierno Nacional. También resalta las
ventajas que la suscripción de este convenio traería para el Estado colombiano
y sus ciudadanos, entre ellas la posibilidad de contar con asistencia técnica y
transferencia de tecnología en relación con el tema, el acceso a tecnologías
menos contaminantes y el aumento de la capacidad para monitorear y controlar
las emisiones de estos elementos. Finalmente destaca el efecto benéfico que
todas estas acciones están llamadas a tener en la salud de los habitantes y la
protección al medio ambiente.
2. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial
Este Ministerio intervino, igualmente a través de
apoderado, solicitando a esta corporación que declare exequible la Ley 1196 de
2008 y los instrumentos internacionales que por ella se aprueban.
El participante hace una amplia presentación del marco
jurídico aplicable al tema, y particularmente de los fundamentos
constitucionales y el desarrollo legal existente en relación con las
obligaciones del Estado colombiano frente al manejo del medio ambiente y la
preservación y restablecimiento de la salud humana, aspectos para los cuales
los contaminantes orgánicos persistentes (COP) crean importantes riesgos. A
partir de estas consideraciones se pronuncia a favor de la constitucionalidad de
este convenio y por ende, de su suscripción y ratificación por el Estado colombiano.
No obstante, advierte sobre la necesidad de verificar que la asunción de estos
compromisos no afecte el cumplimiento de otros convenios previamente ratificados
por Colombia[1], ni entre en conflicto
con el contenido de otras normas ambientales actualmente vigentes[2].
Seguidamente, hace una explicación detallada sobre la
naturaleza y propiedades de los COP, destacando sus aplicaciones en el control
de plagas e insectos que afectan la producción agrícola, aunque también pueden
generarse de manera espontánea como subproducto de ciertos procesos de
combustión. En relación con sus características, destaca que se trata de
sustancias tóxicas que resisten los procesos de degradación fotolítica, química
y biológica, se evaporan a lenta velocidad y tienden a acumularse en los
tejidos grasos de los seres vivos. Añade que varios de estos compuestos tienen
propiedades mutagénicas y cancerígenas, por lo que tienen un alto potencial de
perjuicio sobre la salud humana.
También relaciona los doce principales COP que han
sido definidos como objeto de acción internacional mediante instrumentos como
el aprobado por Ley 1196 de 2008, e informa sobre las acciones que a este
respecto viene adelantando el Ministerio y sobre el beneficio económico que,
según se estima, podría derivar el país de la implementación de las medidas
contempladas en este convenio.
3.
Ministerio de Relaciones Exteriores
Finalmente, este Ministerio intervino
también, aunque de manera extemporánea, para solicitar mediante apoderado, la
declaratoria de exequibilidad de la Ley 1196 de 2008, y de los instrumentos que
a través de ella se aprueban.
IV.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
En concepto número 4604, recibido en la Corte
Constitucional el 20 de agosto de 2008, el Procurador General de la Nación
solicitó a esta corporación declarar exequibles la Ley 1196 de 2008 y los instrumentos
internacionales incorporados a ella. Sin embargo, llamó la atención sobre la
necesidad de que al proceder a su ratificación, el Estado colombiano formule
algunas declaraciones interpretativas.
En primer término, el Jefe del Ministerio Público
examina de manera detallada el trámite cumplido ante el Congreso de la República
por el proyecto de ley 012 de 2007 Senado – 285 de 2008 Cámara, que vino a
convertirse en la Ley 1196 de 2008, cuya constitucionalidad ahora se revisa.
Como resultado de este análisis, concluye que el trámite adelantado cumplió con
la totalidad de las exigencias constitucionales existentes en relación con un
proyecto de este tipo, por lo que a este respecto la ley examinada debe ser
declarada exequible.
En lo que atañe al contenido del Convenio y sus
adiciones, el Procurador hace las siguientes consideraciones, para lo cual sigue
de cerca el concepto 4054 emitido por ese mismo despacho a propósito de la Ley
994 de 2005[3]:
Informa que el preámbulo y el primer artículo de este convenio
establecen que el objetivo del mismo es la protección de la vida y la salud humana
y del medio ambiente, finalidades que en su concepto resultan congruentes con
varios de los fines esenciales del Estado contenidos en el artículo 2° de la
Constitución Política. Así mismo, destaca que el Convenio plantea de manera
explícita que esta iniciativa es desarrollo y guarda concordancia con varios otros
instrumentos internacionales previamente ratificados por Colombia como son la Declaración
de Río de 1992, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio
Climático (aprobada mediante Ley 164 de 1994) y los Convenios de Basilea sobre
el control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos (aprobados
por Ley 253 de 1996). También indica que el alcance de las obligaciones allí
planteadas es respetuoso de la soberanía nacional.
A continuación describe y examina el contenido de los artículos
2° a 8° del Convenio, que incorporan las principales medidas a partir de las
cuales se espera reducir y/o eliminar las emisiones de COP, textos que de manera
frecuente contienen remisiones a los distintos anexos del Convenio. También se refiere
a los artículos 9° a 16, los cuales tratan aspectos operativos de su ejecución
como son el intercambio de información, las medidas encaminadas a informar y
sensibilizar a la ciudadanía, la investigación científica en relación con el
tema, la mutua asistencia técnica entre Estados suscriptores, lo referente a
los requerimientos financieros de las acciones acordadas, la presentación de
informes periódicos por los Estados partes y la evaluación de la eficacia de
las medidas adoptadas.
Agotada esta presentación, el Procurador General se pronuncia
a favor de la constitucionalidad de estas estipulaciones, al considerar que se
trata de regulaciones de carácter técnico de contenido razonable, cuyo
propósito es reafirmar la responsabilidad del Estado colombiano en relación con
el tema a que el Convenio se refiere, y que en forma alguna lesionan la
soberanía nacional.
Posteriormente, el concepto del Ministerio Público se
refiere al artículo 27, cuyo texto descarta de manera absoluta la posibilidad de
formular reservas al contenido de este convenio. A este respecto indica que si
bien esta prohibición parece explicable como medida encaminada a preservar la
uniformidad del texto contractual, también podría resultar problemática, ya que
la Constitución Política de Colombia contempla de manera explícita la posibilidad
y/o la necesidad de formular tales reservas.
Sin embargo, teniendo en cuenta que la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados[4] prevé de forma igualmente
expresa la posibilidad de que tales instrumentos incorporen prohibiciones sobre
la posibilidad de formular reservas, así como la gran trascendencia e
importancia de los problemas que este convenio busca tratar de superar,
concluye el Procurador que esta restricción no conduciría ineludiblemente a la inexequibilidad
de este tratado. Como razón adicional para ello, plantea la posibilidad de que,
en lugar de reservas, se formulen declaraciones interpretativas, opción que el Convenio
bajo examen no excluye.
Hechas estas precisiones se detiene entonces en el
análisis del artículo 17 del Convenio, el cual establece que la Conferencia de
las Partes (a la cual se refiere el artículo 19 ibídem) deberá adoptar “procedimientos
y mecanismos institucionales para determinar el incumplimiento de las
disposiciones del presente Convenio y el tratamiento que haya de darse a las
Partes que no hayan cumplido dichas disposiciones”.
Al examinar la constitucionalidad de esta disposición,
y teniendo en cuenta el contenido del artículo 29 superior, el Ministerio
Público llama la atención sobre la necesidad de garantizar la observancia del debido
proceso en todas las actuaciones administrativas, como sin duda son aquellas
que se cumplirán en aplicación de la reglamentación que en su momento expida la
Conferencia de las Partes. Se refiere particularmente a aspectos tales como la
preexistencia legal de las sanciones, el procedimiento para determinar la
responsabilidad de los infractores, el funcionario competente para sancionar,
la posibilidad de impugnar dichas decisiones, etc.
Frente a este imperativo, expresa su preocupación por
el hecho de que, por no tener el carácter de un nuevo tratado internacional,
esas decisiones normativas no estarán sujetas a aprobación por el Congreso de
Colombia ni a revisión constitucional por parte de esta corporación, lo que
dejará a estas instancias sin la posibilidad de evaluar si, en efecto, esa
reglamentación es respetuosa del debido proceso y de sus garantías.
Sin embargo, plantea el Procurador, vista la
importancia de que Colombia sea parte de este convenio, y el grave efecto que
tendría una declaratoria de inconstitucionalidad de esta cláusula, es viable
considerar la posibilidad de que al expresar su consentimiento, el Estado colombiano
plantee una declaración interpretativa en el sentido de que los suscriptores de
este convenio adopten cuanto antes un Protocolo en el que se establezcan “las
normas y procedimientos apropiados para determinar el incumplimiento de las
disposiciones del convenio y el tratamiento sancionatorio que haya de darse a
las Partes que no cumplan con dichas disposiciones”. Agrega que este
mecanismo es semejante al contemplado en el artículo 12 del “Convenio de
Basilea para el control de los movimientos transfronterizos de los Desechos
Peligrosos y su Eliminación”[5], el cual fue considerado
exequible por esta corporación.
Concluido este análisis, al estudiar el artículo 18
del Convenio sobre el tema de solución de controversias, el Ministerio Público
llama la atención sobre otras funciones normativas atribuidas por aquél a la Conferencia
de las Partes, como son las relativas a las reglas y procedimientos por los
que se regirá el arbitramento (literal a. del párrafo segundo) y los aspectos
pendientes acerca del funcionamiento de las comisiones de conciliación (parte
final del párrafo sexto). En este caso la preocupación radica en que, de
conformidad con lo previsto en el artículo 116 constitucional, la procedencia
de estos mecanismos está condicionada a su expresa permisión por parte del
legislador, exigencia que en principio no podría cumplirse frente a las
decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes.
Pese a ello, indica que estas funciones ya fueron
ejercidas por el indicado organismo, que en reunión realizada el 6 de mayo de
2005 aprobó el Anexo G de este convenio, el cual fue incluido dentro del
proyecto que una vez tramitado vino a convertirse en Ley 1196 de 2008, la misma
cuya examen de constitucionalidad ocupa ahora a la Corte[6].
Indica que esta circunstancia vendría a salvar el problema de indeterminación en
relación con este tema, al que antes se hizo referencia.
Al analizar el Anexo G, cuyo contenido es
entonces objeto de esta misma sentencia de constitucionalidad, el Procurador
encuentra que el desarrollo de la figura de la conciliación es correcto y se aviene
sin problemas con el contenido del artículo 116 superior y los demás preceptos constitucionales
pertinentes al tema. No opina lo mismo en relación con las reglas aplicables al
arbitramento, ya que considera que al establecerse en el artículo 6° de dicho
texto que “El tribunal arbitral podrá, previa solicitud de una de las
partes, indicar medidas esenciales y provisionales de protección”, no
resulta claro si tales medidas serán de forzoso o potestativo cumplimiento, por
lo que este aspecto continúa teniendo un inaceptable grado de indeterminación.
Frente a este problema, y con base en
consideraciones en torno a la importancia de este convenio y el traumatismo que
causaría su parcial inexequibilidad, similares a las efectuadas en el punto anterior,
el Procurador propone también que el Estado colombiano formule una declaración
interpretativa, exigiendo la pronta adopción de un Protocolo que defina cuáles
son las medidas de protección que puede adoptar el tribunal, así como el efecto
de las mismas.
A continuación, el Ministerio Público se
pronuncia en relación con la exequibilidad de los artículos 19 y 20 del Convenio,
los cuales se refieren a la ya mencionada Conferencia de las Partes y a la
Secretaría General, aspectos que, según explica, no merecen en principio ningún
reproche de constitucionalidad. No obstante, plantea que podría presentarse
alguna dificultad, nuevamente en torno a las funciones encomendadas a la
Conferencia de las Partes, en concreto  frente a la atribuida en el literal
d. del párrafo 5° del artículo 19, conforme a la cual este órgano “estudiará
y tomará cualquier medida complementaria que se estime necesaria para la
consecución de los fines del convenio”.
En relación con este aspecto, precisa que
si bien existe una clara diferencia entre lo que es esencial y lo que es
complementario, debe evitarse que al amparo de esta competencia la Conferencia
de las Partes termine expidiendo medidas que modifiquen el alcance del Convenio
al que Colombia se propone adherir, las que podrían entenderse como obligatorias
y oponibles sin que el Congreso Nacional ni la Corte Constitucional hayan tenido
la oportunidad de pronunciarse acerca de ellas, como sí se hiciera, dentro de
esta misma sentencia, respecto del Anexo G.
En consecuencia, también en este caso, el
Ministerio Público propone que se imponga al Gobierno Nacional la obligación de
formular una declaración interpretativa en la que se precise que las medidas
que se adopten dentro del marco de esta facultad no podrán modificar el
contenido esencial de este convenio ni el alcance de las obligaciones que por
él adquieren las partes, y que cualquier medida que así lo hiciere deberá
tramitarse conforme a las reglas y procedimientos previstos en el Derecho
Internacional para la modificación de un tratado público.
Evacuado el análisis de estos puntos, el
Procurador se refiere a los restantes artículos del Convenio, los cuales tratan
sobre aspectos operativos típicos de los tratados internacionales como son: las
enmiendas al convenio (art. 21), la función y efecto de los anexos (art. 22),
el derecho de voto (art. 23), la firma, ratificación o adhesión al convenio
(arts. 24 y 25), las reglas sobre entrada en vigor (art. 26), la ya comentada
prohibición de formular reservas (art. 27), el derecho a retirarse como parte
de este convenio (art. 28), la organización que obrará como depositario (art.
29) y lo referente a los textos auténticos de este convenio (art. 30). Examinadas
estas cláusulas, el jefe del Ministerio Público manifiesta que ellas siguen los
parámetros usuales en este tipo de tratados, sin que en ningún caso existan
razones que justifiquen su inexequibilidad.
Este concepto no contiene un pronunciamiento
directo acerca del segundo de los instrumentos aprobados, esto es, la “Corrección
al artículo 1° del texto original en español”, suscrita el 21 de febrero de
2003, ni tampoco acerca de los anexos A, B, C, D, E y F, que hacen parte del Convenio
desde su suscripción original.
El Procurador concluye solicitando a esta
Corte declarar exequible la Ley 1196 de 2008 y los tratados internacionales que por ella se aprueban, con la salvedad
de que se solicite al Gobierno Nacional realizar las declaraciones
interpretativas a que antes se hizo referencia.
V.      CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
de la Corte Constitucional en materia de tratados y de leyes aprobatorias de
tratados
De conformidad con lo establecido en el
artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política, corresponde a la Corte el
examen de constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes
aprobatorias de los mismos. Según la doctrina pacíficamente sostenida por esta
Corte[7], dicho control se caracteriza
por ser (i) previo al
perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a
la sanción gubernamental; (ii) automático, pues la ley aprobatoria debe ser
enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte
Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción
gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto
los aspectos formales como los materiales de la ley y del tratado,
confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada;
(v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente
acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues
su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como
el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.
En cuanto al control por eventuales vicios
de procedimiento que la Corte ejerce sobre los tratados internacionales y las
leyes que los aprueban, según lo prescrito en el artículo 241 numeral 10
Superior, éste se dirige tanto a examinar la validez de la representación del
Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento
y la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado,
como el cumplimiento de las reglas relativas al trámite legislativo durante el
estudio y aprobación del correspondiente proyecto de ley en el Congreso de la
República.
Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias
de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido de éstos
introduciendo nuevas cláusulas, ya que su función consiste en aprobar o
improbar la totalidad del tratado, no pudiendo fraccionar dicha aceptación. Si,
como ocurre en este caso, el tratado es multilateral, es posible hacer
declaraciones interpretativas, y, a menos que estén expresamente prohibidas,
también se pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del
tratado.
En cuanto al examen de fondo, éste
consiste en juzgar las disposiciones del texto del tratado internacional que se
revisa y el de su ley aprobatoria, respecto de la totalidad de las
disposiciones del Ordenamiento Superior, para determinar si aquéllas se
ajustan o no a la Constitución Política.
Precisado y reiterado el alcance del control
constitucional, entra la Corte a examinar la ley aprobatoria y el Convenio de
la referencia.
2.  La
revisión formal de la Ley aprobatoria
2.1. Remisión de la ley
aprobatoria y de los acuerdos aprobados por parte del  Gobierno Nacional
El
Gobierno Nacional remitió a esta Corporación el 9 de junio de 2008, copia de la
Ley 1196 de junio 5 de 2008, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio
de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes’ hecho en Estocolmo el
22 de mayo de 2001, la ‘Corrección al artículo 1° del texto original en
español’ del 21 de febrero de 2003, y el ‘Anexo G al Convenio de Estocolmo’ del
6 de mayo de 2005”, para su control constitucional de conformidad con el
artículo 241 numeral 10 de la Carta, dentro del término de los seis (6) días siguientes
a su sanción, previsto en la citada disposición constitucional.
2.2.  Negociación y
celebración de estos acuerdos
De manera reiterada la Corte Constitucional
ha señalado que el trámite de revisión de los tratados internacionales y de sus
leyes aprobatorias, incluye el examen de las facultades del Ejecutivo respecto
de la negociación y firma del instrumento internacional respectivo.
En el presente caso, y dado que mediante la
Ley 1196 de 2008 el Congreso dio su aprobación a tres distintos documentos, es
necesario referirse separadamente a la representación del Estado colombiano en
la suscripción de cada uno de ellos. Al avocar conocimiento de este trámite, el
Magistrado sustanciador solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que
informara sobre estas circunstancias.
Mediante comunicación recibida en la
Secretaría General de esta corporación el 18 de julio de 2008, el Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica de ese Ministerio hizo saber a la Corte que, en lo que
se refiere al instrumento inicial, esto es, el “Convenio de Estocolmo sobre
contaminantes orgánicos persistentes” suscrito en esa ciudad el 22 de mayo
de 2001, el Estado colombiano estuvo representado por Francisco Sanclemente
Molina, quien para esa fecha se desempeñaba como Embajador de Colombia ante el
Gobierno de Suecia. Se adjuntó copia del documento en que el entonces
Presidente de la República confirió este encargo.
En lo que
se refiere a los otros dos instrumentos aprobados, esto es, la ‘Corrección
al artículo 1° del texto original en español’ del 21 de febrero de 2003, y
el ‘Anexo G al Convenio de Estocolmo’ del 6 de mayo de 2005”, la
comunicación arriba referida se limita a comentar que el primero de ellos fue
oficializado por el Secretario General de las Naciones Unidas, en su calidad de
depositario del Convenio original, por cuanto para la fecha en que vencía el
término para presentar objeciones a esta corrección, no se recibió ninguna.
Por otra
parte, se conoce que el Anexo
G al Convenio fue adoptado por la Conferencia de las Partes, casi
cuatro años después de la aprobación del Convenio original, en desarrollo del
procedimiento previsto en el artículo 22 del mismo, sin la participación de
representante alguno del Estado colombiano, ya que para esa fecha, el país no
era aún miembro del referido Convenio, como no lo es todavía.
Entonces, pese a que según lo expuesto, el Estado
colombiano no concurrió ni participó en la suscripción de estos dos últimos
instrumentos, el Gobierno Nacional se propone ahora adherir a ellos,
posibilidad que se encuentra prevista en el artículo 25 del Convenio original y
en los artículos 15 y concordantes de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados. Por consiguiente, no hay lugar en estos dos casos a examinar
la participación del Presidente de la República o de un representante suyo en la
suscripción de esos instrumentos.
2.3.  Aprobación
presidencial
El día 5 de junio de 2008 el Presidente de la
República sancionó la Ley 1196 de ese año, por la cual se aprueban los tres
instrumentos internacionales a que se ha hecho referencia, cumpliendo con ello
lo previsto en los artículos 157 y 165 de la Constitución Política.
2.4. Trámite realizado en el
Congreso de la República para la formación de la Ley 1196 de 2008
Tal como la Corte lo ha mencionado al
realizar este tipo de análisis en ocasiones anteriores, salvo por la exigencia
de iniciar el trámite de los proyectos de leyes aprobatorias de tratados
internacionales en el Senado de la República (art. 154), la Constitución
Política no estableció un procedimiento especial para la expedición de este
tipo de leyes. De allí que a ellas les corresponda entonces el proceso de
formación previsto para las leyes ordinarias, regulado por los artículos 157 a
165 de la Carta, entre otros. Tampoco el Reglamento del Congreso, contenido en la
Ley 5ª de 1992, prevé reglas especiales, salvo las contenidas en su artículo
217.
De conformidad con la documentación que
obra en el expediente, el proyecto de ley agotó el siguiente trámite en el
Congreso de la República:
2.4.1. El trámite en el Senado
del proyecto de Ley 12 de 2007 Senado:
El proyecto fue presentado a consideración del Senado
de la República por los señores Ministros de Relaciones Exteriores, Fernando
Araújo Perdomo, de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Felipe Arias Leiva,
de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt y de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, Juan Francisco Lozano Ramírez el día 20 de julio de 2007.
El texto original junto con la respectiva exposición
de motivos aparece publicado en la Gaceta del Congreso Nº 344 del 26 de julio
de 2007, en las páginas 36 a 54. De esta manera, se cumplió con los requisitos
de iniciación del trámite en el Senado de la República previsto en el artículo
154 constitucional, y de publicación previa a la iniciación del trámite
legislativo en la comisión respectiva, conforme al artículo 157, numeral 1°
ibídem.
2.4.1.1. Trámite ante la Comisión Segunda
Constitucional del Senado:
La ponencia para primer debate, fue presentada por la
Senadora Alexandra Moreno Piraquive y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 518
de octubre 11 de 2007, páginas 2 a 3. En lo que tiene que ver con el anuncio
previo del proyecto, la certificación de fecha 18 de julio de 2008, suscrita
por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República informa
que este proyecto fue anunciado en varias sesiones consecutivas, la última de
las cuales fue la del martes 13 de noviembre de 2007, tal como consta en las actas
07, 08, 09 y 10 de ese año.
Encuentra la Corte que este anuncio fue hecho en
términos suficientemente claros y explícitos, ya que según se observa en la
citada acta 10, poco antes de concluir la correspondiente sesión, intervino el
Secretario para manifestar: “Por orden del Presidente de la Comisión Segunda
del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley
para la próxima sesión, según el artículo 8° del Acto Legislativo número 1 de 2003.”
A continuación se incluye una lista de ocho proyectos, encontrándose en
quinto lugar el Proyecto de Ley 012 de 2007 Senado, que es el que dio origen a
la ley cuya exequibilidad ahora se revisa[8]. Finalmente,
al concluir la sesión se convocó a la comisión para el miércoles 14 de
noviembre de 2007 a las 10 a. m.  En
cumplimiento de lo anunciado, el debate y aprobación de este proyecto se
produjo en la siguiente sesión, esto es, la cumplida el día 14 de noviembre de
2007, diligencia que contó con la participación de 11 de los 13 senadores que
conforman dicha célula legislativa, de todo lo cual da cuenta el acta Nº 11 de
ese año, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 175 de 2008.
Así, concluye la Sala que la aprobación del
proyecto por parte de esta célula legislativa cumplió con la totalidad de los
requisitos aplicables y que el anuncio previo tuvo las condiciones necesarias
para amparar válidamente dicha votación.
2.4.1.2. Trámite ante la Plenaria del Senado de la
República:
La ponencia para segundo debate, fue presentada por la
misma Senadora Moreno Piraquive, siendo publicada en la Gaceta del Congreso Nº 642
del 10 de diciembre de 2007, en las páginas 5 a 7. El anuncio previo del
proyecto, según se informa en la comunicación de julio 18 de 2008, suscrita por
el Secretario General del Senado de la República, se produjo el día 2 de abril
de 2008, según consta en el acta 37 de esa fecha, publicada en la Gaceta Nº 235
de 2008.
En dicha acta se observa que también este anuncio se
hizo en términos suficientemente claros, ya que, de una parte, se hizo expresa
alusión al Acto Legislativo 01 de 2003 (por el cual se introdujo este
requisito), se habló de “proyectos que se discutirán y aprobarán en la
próxima sesión”, se identificó claramente el proyecto en cuestión (en el cuarto
lugar de la lista) y, finalmente, al concluir la sesión se convocó de manera
inequívoca para el día “martes 8 de abril a las 3:00 p. m.”. De esta
manera, se considera que este anuncio es concordante con la votación
posteriormente realizada en la fecha anunciada.
Según consta en el acta 38, publicada en la Gaceta Nº 246
de 2008, este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate por la
plenaria del Senado el martes 8 de abril de 2008. En lo relacionado con el
quórum, el Secretario General del Senado en su comunicación antes citada
informa que por no haberse solicitado su verificación, es válido asumir que
éste estuvo integrado por los 88 senadores que aparecen registrados al inicio
de la sesión.
Entonces, también en este caso se
cumplieron conforme a la Constitución las diligencias relacionadas con el
anuncio y votación de este proyecto de ley.
2.4.2.1. Trámite ante la Comisión Segunda
Constitucional de la Cámara de Representantes:
La ponencia para primer debate fue presentada por el
Representante Augusto Posada Sánchez, a quien fue repartido el proyecto, siendo
publicada en la Gaceta del Congreso Nº 164 de abril 22 de 2008, páginas 1 a 4.
La comunicación de fecha julio 16 de 2008, suscrita
por la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes
da cuenta de que el anuncio de votación de este proyecto se produjo el 29 de
abril de 2008, según consta en el acta 24 de esa fecha (páginas 29 a 31) cuya
copia auténtica fue arrimada al expediente.
De la lectura de esta acta se concluye que,
también en este caso, el anuncio cumplió los requisitos necesarios, por cuanto
estuvo enmarcado por la prevención de que se hacía el “anuncio de proyectos
de ley para aprobación en primer debate para próxima sesión de comisión, dando
cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo Nº 01 de 2003”. Consta
también (página 49) que al finalizar la reunión la Presidenta de la Comisión
anunció: “Se cierra la sesión y se convoca para mañana a las 9:30 a. m.”.
La misma certificación arriba mencionada informa que
este proyecto fue discutido y aprobado en primer debate el día 30 de abril de
2008 (próxima sesión) por unanimidad de los asistentes, y que el quórum
deliberatorio y decisorio estuvo integrado por 14 de los 19 representantes que
conforman esta célula legislativa, según consta en el Acta Nº 25 de la misma
fecha (páginas 41 a 45), cuya copia auténtica fue así mismo incorporada al
expediente.
2.4.2.2. Trámite ante la Plenaria de la Cámara de
Representantes:
La ponencia para segundo debate, fue presentada por el
mismo representante Posada Sánchez y fue publicada en la Gaceta Nº 223 de mayo
6 de 2008, en las páginas 8 a 10.
En relación con el anuncio del proyecto previo a su
votación, la certificación de julio 18 de 2008, suscrita por el Secretario
General (E) de la Cámara de Representantes informa que éste se produjo el 6 de
mayo de 2008, según consta en el acta 106 de esa fecha, que fuera luego publicada
en la Gaceta del Congreso Nº 326 de junio 6 de 2008.
Según se comprueba con la lectura de la citada acta, el
referido anuncio fue suficientemente claro, pese a su deficiente redacción (“proyectos
para la Sesión Plenaria del día martes 13 de 2008 para la siguiente Sesión en
la cual se debatan proyectos de ley”). De una parte porque citó la fecha
precisa, y si bien omitió mencionar el mes, no existe duda de a qué día se
refería. De otra, por cuanto precisó que sería la siguiente sesión la que se
debatieran proyectos de ley, y no simplemente la próxima sesión, como es usual[9].
Finalmente, de acuerdo con la misma certificación y con
el contenido del acta 108 de la Cámara de Representantes publicada en la Gaceta
Nº 353 de junio 11 de 2008, este proyecto fue discutido y aprobado en segundo
debate por la mayoría de los asistentes durante la sesión realizada el día 13
de mayo de 2007, en la que el quórum deliberatorio y decisorio estuvo integrado
por 96 de los representantes que hacen parte de esa corporación.
Según se concluye entonces, la aprobación
del proyecto en este último debate cumplió los requisitos constitucionales y
reglamentarios, y el anuncio previo a dicha votación tuvo también las
características que conforme a la jurisprudencia son necesarias para cumplir
válidamente su objetivo constitucional.
2.4.3. Resumen sobre el cumplimiento de los
requisitos constitucionales aplicables al trámite legislativo surtido por este
proyecto:
Frente al trámite cumplido en las cámaras
legislativas por el Proyecto de Ley 12 de 2007 – Senado / 285 de 2008 Cámara,
que posteriormente vino a convertirse en Ley 1196 de 2008, la Corte observa lo
siguiente:
El proyecto de ley surtió de manera satisfactoria
la totalidad de las diligencias previstas en la Constitución y en el Reglamento
del Congreso para el trámite de una iniciativa de esta naturaleza, pues dicho
proyecto: (i) comenzó su tránsito en el Senado de la República (art. 154); (ii)
fue publicado previamente al inicio del proceso legislativo; (iii) fue aprobado
tanto en primer como en segundo debate en cada una de las dos cámaras que
conforman el órgano legislativo, con el quórum y las mayorías exigidas por la
Constitución y el reglamento; (iv) las ponencias, tanto en comisiones como en
plenaria fueron publicadas antes de iniciarse los respectivos debates; (v)
entre el primer y segundo debate realizado en cada cámara, así como entre la
aprobación del proyecto en la plenaria del Senado y la iniciación del trámite
en la Cámara de Representantes transcurrieron los términos mínimos previstos en
el texto constitucional (art. 160); (vi) fue sancionado por el Presidente de la
República una vez concluido el trámite legislativo; (vii) fue enviado para su
revisión de constitucionalidad a conocimiento de esta Corte dentro de los seis
(6) días siguientes a su sanción presidencial.
En consecuencia, bajo todos estos
respectos, la Ley 1196 de 2008 debe ser considerada exequible, en lo que se
refiere a la validez de su trámite legislativo.
2.5. Análisis material sobre el contenido y
estipulaciones de los instrumentos internacionales aprobados mediante Ley 1196
de 2008.
2.5.1. El propósito de este convenio y su
adecuación con la Constitución
El artículo 1° de este convenio enuncia en
forma simple que su objetivo principal es “proteger la salud humana y el
medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes”[10].
Adicionalmente, con anterioridad al
comienzo del articulado, las partes que suscriben el acuerdo hicieron constar
extensas consideraciones que justifican la adopción de esta iniciativa. Dentro
de estas reflexiones se destacan, de una parte, explicaciones técnicas sobre la
naturaleza, propiedades, efectos y peligros de los COP, y los procesos
agrícolas, industriales y de otro tipo a partir de los cuales ellos se generan,
tanto en forma intencional como involuntaria.
De otro lado, se hizo referencia a varios
instrumentos internacionales anteriormente suscritos por varios de los
firmantes, entre ellos la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y
Desarrollo de 1992, el Convenio de Rotterdam sobre la necesidad de consentimiento
fundamentado previamente al uso de ciertos plaguicidas y otros productos químicos
peligrosos[11], el Convenio de
Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos de desechos
peligrosos[12], así como varios otros
pronunciamientos en torno al tema adoptados por los órganos competentes de la
Organización de Naciones Unidas.
Finalmente, se alude a la responsabilidad
que en este sentido les cabe a los Estados, pero también a los industriales que
desde el sector privado se benefician de los procesos que, de manera
intencionada, o apenas consecuencial, dan lugar a la generación de los COP. A
este respecto destaca la necesidad de buscar e incorporar alternativas que,
preservando la utilidad social que algunos de estos productos puedan tener, permitan
eliminar o al menos reducir a través del tiempo las emisiones de COP.
Frente a las motivaciones y objetivos de
este convenio viene al caso evocar la gran importancia que la Constitución de
1991 le confirió a los temas ambientales, al punto de haber sido doctrinalmente
catalogada como una Constitución ecológica. A este respecto es pertinente
recordar los siguientes aspectos, contenidos en distintas cláusulas
constitucionales:
(1) la obligación del Estado y de todas las
personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art.
8°); (2) la naturaleza de servicios públicos a cargo del Estado que se asigna a
la salud y el saneamiento ambiental (art. 49); (3) la función ecológica, como
un elemento inherente al concepto de función social de la propiedad privada
(art. 58); (4) la necesidad de considerar la eventualidad de las calamidades
ambientales dentro de las variables que las normas sobre crédito agropecuario
deben tener en cuenta (art. 66); (5) inclusión de la protección al medio
ambiente como uno de los objetivos de la educación (art. 67); (6) el derecho de
todas las personas a gozar de un ambiente sano, la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo, y el deber del Estado de
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro efectivo de
estos fines (art. 79); (7) la obligación del Estado de planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, prevenir los factores
de deterioro ambiental y cooperar con las naciones vecinas en la protección de
los ecosistemas situados en zonas fronterizas (art. 80); (8) la prohibición
existente en relación con el ingreso al país de residuos nucleares y desechos
tóxicos (art. 81); (9) el deber que el Estado tiene en relación con la defensa
del espacio público y su destinación al uso común (art. 82); (10) la
procedencia de las acciones de cumplimiento y populares para proteger el
derecho a gozar de un medio ambiente sano (arts. 87 y 88); (8) el deber de la
persona y del ciudadano de proteger los recursos culturales y naturales del
país y de velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95, num. 8°); (11)
la función congresual de reglamentar, mediante la expedición de leyes, la
creación y funcionamiento de corporaciones autónomas regionales (art. 150, num.
7°); (12) la perturbación del orden ecológico como razón que justifica la
declaratoria del estado de emergencia y el consiguiente uso de facultades
legislativas (art. 215); (13) el deber del Estado de promover la
internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y
ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (art.
226); (14) la inclusión del tema ambiental dentro de los objetivos del control
fiscal, manifestada en la necesidad de valorar los costos ambientales generados
por la gestión pública (art. 267, num. 3°) y en la obligación de que el
Contralor General presente al Congreso un informe anual sobre el estado de los
recursos naturales y el medio ambiente (art. 268, num. 7°); (15) la función
asignada al Procurador General de la Nación de defender los intereses
colectivos, y en especial el ambiente (art. 277, num. 4°); (16) la posibilidad
de que los departamentos y municipios ubicados en zonas limítrofes adelanten,
junto con sus entidades homólogas de los países vecinos, programas de
cooperación e integración dirigidos, entre otros objetivos, a la preservación
del medio ambiente (art. 289); (17) la competencia que tienen las asambleas
departamentales para regular, por medio de ordenanzas, temas relacionados con
el ambiente (art. 300, num. 2°); (18) la consideración de las circunstancias
ecológicas como criterio para la asignación de competencias administrativas
especiales a los departamentos (art. 302); (19) el régimen especial previsto para
el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, uno
de cuyos objetivos es la preservación del ambiente y de los recursos naturales
del archipiélago (art. 310); (20) la competencia de los concejos municipales
para dictar normas relacionadas con el control, la preservación y defensa del
patrimonio ecológico y cultural del municipio (art. 313, num. 9°); (21) la
asignación mediante ley de un porcentaje de los impuestos municipales sobre la
propiedad inmueble a las entidades encargadas del manejo y conservación del
ambiente (art. 317); (22) las funciones que se atribuyen a los territorios
indígenas con respecto a vigilancia sobre los usos del suelo y la preservación
de los recursos naturales (art. 330, num. 1° y 5°); (23) la creación de la
Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, la cual tiene
dentro de sus objetivos el aprovechamiento y preservación del ambiente, los recursos
ictiológicos y demás recursos naturales renovables (art. 331); (24) la regla
conforme a la cual el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos
naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos (art. 332); (25)
la posibilidad de limitar, mediante la expedición de leyes, el alcance de la
libertad económica, cuando así lo exija el interés social, el ambiente y/o el
patrimonio cultural de la Nación (art. 333); (26) la posibilidad de que el Estado
intervenga, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales
y el uso del suelo, así como en la producción, distribución, utilización y
consumo de bienes, y en los servicios públicos y privados, siendo la
preservación de un ambiente sano uno de los objetivos posibles de dicha
intervención (art. 334); (27) la necesidad de incluir las políticas ambientales
como uno de los elementos esenciales del Plan Nacional de Desarrollo que
cuatrienalmente debe expedirse (arts. 339 y 340); (28) el señalamiento de la
preservación del ambiente como una de las posibles destinaciones de los
recursos del Fondo Nacional de Regalías (art. 361); (29) la inclusión del
saneamiento ambiental como uno de los objetivos fundamentales de la actividad
del Estado (art. 366).
Vista así la superlativa importancia que el
Constituyente le atribuyó a los temas ambientales, es claro que los objetivos
de este convenio encajan sin dificultad dentro de este contexto, y más aún,
vienen a ser un desarrollo concreto de dichos mandatos superiores, razón por la
cual los instrumentos aprobados resultan  exequibles, sin lugar a dudas. De
igual manera, existe también conformidad general con los preceptos constitucionales
que de forma específica enmarcan el manejo de las relaciones internacionales, y
la suscripción de tratados con otros Estados y/o organismos de derecho
internacional, como son los artículos 9°, 150 num. 16°, 189 num. 2°, 224 y 226
de la Constitución Política.
2.5.2.  Del contenido de estos instrumentos
El “Convenio de Estocolmo sobre
contaminantes orgánicos persistentes” contiene un total de 30 artículos, no
divididos en títulos o capítulos. A continuación del texto principal incorpora un total de seis (6)
anexos, distinguidos con las letras A, B, C, D, E y F, a los cuales se hace
referencia en distintos artículos del cuerpo del Convenio.
Entrando al análisis específico de sus
estipulaciones, después del ya comentado artículo 1°, se observa que el 2° incorpora
algunas sencillas definiciones que determinan quiénes son partes de este convenio.
A continuación se explican las principales
medidas y compromisos a partir de los cuales se pretende lograr la eliminación
o reducción de los COP (arts. 3° a 6°), frente a lo cual el Convenio distingue
entre emisiones derivadas de la producción y utilización intencionales de
aquellas que se generan de forma no intencional. Por su parte, el artículo 7°
se refiere a la necesidad de que cada Estado u organización suscriptora de este
convenio adopte un plan de acción para el cumplimiento de los compromisos que
por él adquiere.
Estas normas incluyen continuas referencias
a los tres primeros anexos del Convenio, que en su orden tratan los siguientes
temas: El Anexo A  contiene la lista de los COP cuyas emisiones se busca
eliminar, los principales usos conocidos y permitidos dentro del marco del Convenio
y las reglas conforme a las cuales se espera conseguir su eliminación; el Anexo
B, siguiendo el mismo esquema del anterior, se refiere a los COP cuyas
emisiones se espera reducir; y el Anexo C, relacionado con las fuentes y procesos
a partir de los cuales se generan emisiones no intencionales de los COP. Así,
estos tres primeros anexos determinan el alcance de los compromisos que el Convenio
establece.
Más adelante, el artículo 8° contempla y
regula la posibilidad de que con posterioridad a la firma de este convenio, la partes
acuerden la inclusión de nuevos compuestos químicos considerados como COP en los
anexos A, B y C, procedimiento de adición, que a su turno se rige por lo
previsto en los Anexos D, E y F del mismo Convenio, a los cuales esta norma
hace repetidas referencias.
Los artículos 9° a 16 del Convenio
contienen compromisos específicos en torno a acciones complementarias que las
partes deberán acometer con el fin de avanzar de manera efectiva en la eliminación
o reducción de los COP. Dentro de esta línea se incluyen aspectos como el intercambio
de información (art. 9°), las acciones de información y sensibilización de la
ciudadanía (art. 10), la investigación científica (art. 11), la asistencia
técnica (art. 12), el deber de destinar recursos financieros suficientes para solventar
el costo de las acciones acordadas (arts. 13 y 14) y la presentación de informes
periódicos ante la Conferencia de las Partes (art. 15). También se previó la
realización de tareas de evaluación destinadas a medir, a través del tiempo, la
eficacia de las acciones adelantadas por las partes dentro del marco de este
convenio (art. 16).
Los referidos artículos tienen en común el
hecho de considerar las desiguales circunstancias de los Estados y
organizaciones signatarias de este convenio, tanto en lo referente a la
disponibilidad de recursos necesarios para el financiamiento de los compromisos
acordados, como en lo que tiene que ver con el estado de la investigación
científica adelantada por los ciudadanos e instituciones de cada uno de ellos
en relación con los COP, las alternativas o sustitutos disponibles y las
acciones encaminadas a su eliminación o reducción. A este respecto se destaca la
inclusión de la expresión “Cada parte, dentro de sus capacidades” que precede
la enunciación de varias de las obligaciones contenidas en los artículos 10,
11, 12 y 13 del convenio, y en tal medida condiciona de manera implícita el
alcance de tales compromisos.
De igual manera, deben tenerse en cuenta
las previsiones contenidas en los artículos 12 y 13 en relación con los temas
de asistencia técnica y financiera, a propósito de los cuales se hace
referencia a los tres tipos de economías frecuentemente considerados en
documentos de las Naciones Unidas, esto es, de los países desarrollados, los
países en desarrollo y las economías en transición. En estos dos artículos la
caracterización de cada uno de los Estados signatarios dentro de una de estas categorías
tiene el efecto de imponer especiales deberes de asistencia a cargo de los
llamados países desarrollados y en beneficio de aquellos que se consideran
países en desarrollo o economías en transición.
Los artículos 19 y 20 regulan lo referente
a los órganos de carácter permanente, que se establecen para facilitar el
cumplimiento de los objetivos de este convenio y de los compromisos adquiridos
por las partes.
El primero de ellos se refiere a la llamada
Conferencia de las Partes, que es una asamblea de los países y
organizaciones partes que se reúne periódicamente y que está llamada a ejercer
importantes funciones normativas. El segundo a la Secretaria General, instancia
que como es usual en estos casos, cumplirá funciones de coordinación
administrativa entre las partes del convenio.
Por su parte, los artículos 17 y 18 se
refieren respectivamente, al incumplimiento de los compromisos asumidos y a la
solución de las controversias que pudieran surgir entre las partes
suscriptoras. Tal como lo mencionó en su concepto el Procurador General, el tratamiento
de estos temas no es exhaustivo sino parcial, mientras que los restantes
aspectos se dejan para ser desarrollado por la ya mencionada Conferencia de las
Partes. Sin embargo, se destaca que los temas pendientes relacionados con
arbitraje y conciliación fueron ya definidos mediante la aprobación del Anexo G
en conferencia adelantada en mayo de 2005, siendo este anexo el tercer
instrumento incorporado al derecho interno colombiano mediante la Ley 1196 de
2008, cuya exequibilidad ahora se analiza.
Los demás artículos de este convenio regulan
otros aspectos operativos relacionados con su entrada en vigencia y su
cumplimiento a través del tiempo, como son: lo relacionado con la aprobación de
posibles enmiendas (art. 21), la modificación de los anexos o la aprobación de
otros nuevos (art. 22), el derecho de voto (art. 23), las reglas sobre firma,
ratificación, adhesión y entrada en vigencia (arts. 24 a 26), la imposibilidad
de formular reservas (art. 27), la posibilidad de retiro y sus reglas (art. 28)
y lo relativo a los textos auténticos y a las funciones de depositario, las
cuales se atribuyen al Secretario General de las Naciones Unidas (arts. 29 y
30).
Por su parte, el segundo documento aprobado
por la Ley 1196 de 2008 es la”Corrección al artículo 1° del texto original
en español’ del 21 de febrero de 2003”. Se trata de un documento corto, de
un solo cuerpo, en el que se hace constar una corrección a la traducción
oficial a idioma español originalmente realizada, y concretamente al texto del
artículo 1° del convenio. Así, la expresión inglesa “precautionary approach”
que inicialmente se tradujo como “principio de precaución” se traduce
ahora como “criterio de precaución”, único aspecto al que se contrae el
propósito de este instrumento.
Finalmente, el Anexo G al convenio
original, acordado por la denominada Conferencia de las Partes en reunión
realizada el 6 de mayo de 2005, se divide en dos partes: La primera,
relacionada con el “Procedimiento Arbitral” contemplado en el párrafo 2°
del artículo 18 del convenio original, consta de 17 artículos; la segunda, referente
al llamado “Procedimiento de Conciliación” al que se refiere el párrafo 6°
del mismo artículo 18 comprende 9 artículos en total
2.5.3.  De la exequibilidad material de las
disposiciones de este convenio y sus documentos complementarios
Del análisis individual de las
estipulaciones contenidas en estos instrumentos (convenio original y sus Anexos
A a F, corrección al texto en idioma español y Anexo G), observa la Corte que
ninguna de ellas resulta violatoria de algún precepto superior. Por el
contrario, resalta que estos documentos se insertan sin dificultad dentro del
marco constitucional colombiano y contienen mecanismos idóneos para el logro de
los objetivos de protección a la salud humana y al medio ambiente a que antes
se hizo referencia, y cuya concordancia con la Constitución Política de Colombia
ya hubo ocasión de resaltar.
De igual manera, considera que los
compromisos que por este convenio adquiere el Estado colombiano consultan los
criterios que la Constitución establece para el manejo de las relaciones internacionales
y que su contenido específico es respetuoso de principios como la soberanía
nacional, la equidad y la reciprocidad, aplicables en las relaciones entre sujetos
de Derecho Internacional.
De otro lado, esta corporación no comparte
el parecer del Jefe del Ministerio Público en lo relacionado con la necesidad
de que al manifestar su consentimiento en relación con estos acuerdos, el
Gobierno de Colombia formule ciertas declaraciones interpretativas.
A partir de estas apreciaciones de carácter
general, la Corte realiza a continuación el estudio particular de estas
disposiciones, en especial de aquellas que pudieren plantear cuestionamientos
de constitucionalidad.
Los primeros artículos del Convenio de
Estocolmo (1° a 8°) establecen los objetivos, el marco de aplicación y las
principales obligaciones de las partes, encaminadas a la eliminación o
reducción de los COP. Se trata de medidas claras y coherentes al logro de los
objetivos propuestos, con lo cual Colombia y los demás suscriptores de este
convenio tendrán claridad sobre el alcance de las obligaciones que adquieren. La
Corte considera que estas disposiciones del tratado resultan enteramente acordes
con los preceptos constitucionales.
La segunda parte del convenio (arts. 9° a
16) incorpora medidas de carácter operativo para facilitar el cumplimiento de
los compromisos adquiridos, como son las relativas a la mutua asistencia
técnica, los procesos educativos y de concientización de la población, la
destinación de recursos financieros suficientes y la periódica evaluación de los
avances obtenidos. Encuentra la Corte que también estas estipulaciones resultan
adecuadas y congruentes con el texto constitucional, ya que por su misma naturaleza
permitirán un mejor control de las acciones adelantadas y contribuirán a potenciar
sus resultados.
En relación con estos temas la Corte
destaca las ya explicadas distinciones que varios de estos artículos hacen en
lo relacionado con la desigual capacidad de los Estados suscriptores para
llevar a cabo las acciones acordadas. A este respecto, es pertinente anotar también
que la clasificación de los países en tres distintas categorías relacionadas con
su grado de desarrollo económico[13] es un referente usual y
frecuente en la doctrina económica contemporánea, suficientemente conocido en
el concierto internacional, y en relación con el cual la Organización de las
Naciones Unidas emite periódicamente informes y documentos oficiales.
A partir de esta circunstancia, cada uno de
los Estados signatarios puede conocer sin duda ni dificultad a qué categoría pertenece,
y consiguientemente, el alcance específico de sus derechos y obligaciones
dentro del marco de este convenio. Así pues, este aspecto, lejos de resultar
problemático, asegura que el país, lo mismo que los demás firmantes, adquiera únicamente
los compromisos que esté en capacidad de cumplir.
Las restantes cláusulas de este instrumento
(arts. 17 a 30) se refieren a aspectos operativos necesarios para su
cumplimiento que, de una parte, son usuales frente a este tipo de acuerdos, y
de otra, resultan apropiados para el logro de su propósito. Se anota además que
el sentido de estas disposiciones tampoco contraría en modo alguno los
preceptos constitucionales.
De manera particular, la Corte no encuentra
objeción constitucional alguna con respecto al texto del artículo 27, conforme
al cual “No se podrán formular reservas al presente convenio”. Lo
anterior por cuanto, de una parte, se trata de una regla usual, contemplada y
permitida en relación con tratados multilaterales por el artículo 19 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, cuya finalidad resulta
aceptable y cuya exequibilidad nunca ha sido puesta en duda[14].
Pero también porque, de conformidad con el texto constitucional (art. 241, num.
10°), las reservas sólo son necesarias en caso de que una o más de las
estipulaciones contractuales se considere incompatible con la Constitución
Política, lo cual, como se ha dicho, no ocurre en este caso.[15]
En relación con las competencias que el
convenio le atribuye a la Conferencia de las Partes, y especialmente frente a
las que tendrían carácter normativo (arts. 17, 18 y 19) la Corte disiente del
planteamiento que con respecto a este tema hiciera en su concepto el Procurador
General, quien consideró necesario exigir al Gobierno Nacional la formulación
de declaraciones interpretativas acerca de varias de estas funciones.
En efecto, esta corporación no encuentra dificultad
frente a la Constitución Política en el hecho de que la Conferencia de las
Partes, que como se ha dicho es el cuerpo que reúne a todos los Estados y
organizaciones suscriptoras de este convenio, tenga la posibilidad de adoptar diversas
decisiones encaminadas a la ejecución y mejor cumplimiento de este tratado.
De otra parte, examinadas al detalle las distintas
funciones que el clausulado de este convenio le asigna a este cuerpo[16]
debe resaltarse que la mayoría de ellas tienen un propósito operativo y no
normativo, de lo que podría deducirse que la posibilidad de “adoptar
cualquier medida complementaria que se estime necesaria para la consecución de
los fines del convenio” debería tener ese mismo carácter. De igual manera, es
evidente que el convenio da un tratamiento diferente y mucho más formal a la
adopción de las decisiones verdaderamente normativas, las que en últimas
deberán tener la forma de una enmienda al convenio, la modificación de un anexo
o la incorporación de uno nuevo.
En relación con estas decisiones, cuya
titularidad corresponde a la Conferencia de las Partes, se observa que de
conformidad con lo previsto en los artículos 21 y 22 del texto contractual, la
aprobación de una enmienda, la adopción de nuevos anexos[17]
o la modificación de los Anexos D, E o F, ha de ser posteriormente aceptada por
cada una de las partes del convenio mediante alguna de las formalidades previstas
en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (ratificación,
aceptación o aprobación), o, aun cuando el texto no lo contempla expresamente, mediante
la posterior adhesión[18]. Por su parte, para el
caso de la eventual modificación a los Anexos A, B o C, según se desprende de
los artículos 8° y 24 del convenio, el cambio adoptado por la Conferencia de
las Partes sería en principio oponible a todos los Estados y organizaciones
partes, pudiendo éstos haberse reservado la facultad de no entenderse obligados
por tales decisiones hasta tanto no se surta por parte suya alguna de las
diligencias anteriormente mencionadas.
La Corte resalta que la realización de una
cualquiera de estas diligencias supone entonces, conforme a la Constitución
colombiana, la necesidad de llevar el asunto a conocimiento del Congreso de la
República, y posteriormente, al de esta corporación, la cual deberá efectuar al
respecto el correspondiente control previo y automático de constitucionalidad.
Con ello, es claro que ambas instancias tendrán la posibilidad de pronunciarse
en relación con la posible alteración de los compromisos adquiridos dentro del
marco de este convenio y, en caso necesario, señalar las inconstitucionalidades
que los nuevos textos normativos pudieran contener.
Así pues, no considera la Corte que la facultad
que la Conferencia de las Partes tiene de “adoptar cualquier medida
complementaria que se estime necesaria para la consecución de los fines del
convenio”, a que se refiere la letra d) del artículo 19 de este convenio
justifique la formulación de una declaración interpretativa por parte del
Gobierno colombiano, como en su momento se solicitó en el concepto fiscal.
En lo que se refiere a los temas pendientes
sobre conciliación y arbitramento, la Corte coincide con la apreciación hecha
por el Ministerio Público, en el sentido de que este tema ya fue desarrollado
por el Anexo G, que precisamente ha sido aprobado mediante la Ley 1196 de 2008
cuyo control de constitucionalidad se realiza mediante la presente sentencia.
Finalmente, en lo que atañe al tema previsto
en el artículo 17 del Convenio, relacionado con la determinación de los hechos
y acciones que constituirán incumplimiento del mismo y las posibles consecuencias
de esta situación, esta corporación comparte la preocupación planteada en el
concepto fiscal en torno a la necesidad de que las reglas que a este respecto se
establezcan sean respetuosas del derecho de defensa.
Sin embargo, teniendo en cuenta que a la
fecha la Conferencia de las Partes no ha ejercido aún esta facultad, es claro
que en caso de que lo haga en el futuro, la República de Colombia podrá, a
partir de la fecha en que se produzca la formal ratificación de estos
instrumentos, participar activamente en la propuesta, análisis y aprobación de
esa reglamentación, lo que permitirá que sus representantes autorizados velen
porque incorpore de manera efectiva las garantías del debido proceso, el
principio de legalidad y la reserva judicial. Por lo anterior, la Corte tampoco
considera necesario exigir que, en relación con este tema, el país formule una
declaración interpretativa, como lo planteó en su concepto el Procurador
General.
Evacuado el análisis de constitucionalidad
del texto completo del Convenio de Estocolmo, la Corte llama la atención sobre
dos previsiones contenidas en el mismo en las que se ofrece la posibilidad de
formular declaraciones interpretativas con respecto a dos temas específicos,
parcialmente relacionados con algunos de los aspectos comentados por el jefe
del Ministerio Público.
La primera de estas cláusulas (art. 18) tiene
que ver con el tema de solución de controversias, a propósito de lo cual se contempla
la posibilidad de que las partes se sometan, bien a un procedimiento arbitral
(en los términos ya desarrollados en el Anexo G), bien a la decisión del
caso por parte de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, la misma
norma establece en su numeral 2° que estos mecanismos sólo se aplicarán de
manera obligatoria en cuanto el respectivo Estado parte haya manifestado,
mediante declaración expresa, su voluntad de someterse a uno o a ambos de ellos[19].
Finalmente, para aquellos Estados que no acepten de manera expresa ninguna de
tales fórmulas, el numeral 6° ibídem establece, con carácter obligatorio, que
la controversia se someterá a una comisión de conciliación.
Así pues, existe la opción de que si el
Gobierno considerara inconveniente aceptar el sometimiento de sus eventuales
controversias a uno de los referidos mecanismos (arbitraje o decisión de la
Corte Internacional de Justicia), o si esta corporación encontrara que de
alguna manera uno de ellos o ambos suponen alguna dificultad de carácter constitucional,
el Estado colombiano se abstenga de aceptar dichas posibilidades y se acoja en
cambio a la de la conciliación, prevista en la parte final del mismo artículo
18. La Corte retoma este aspecto más adelante, al ocuparse del análisis de
constitucionalidad del Anexo G.
La segunda de estas normas (numeral 4° del
artículo 25), la cual ha sido ya tangencialmente mencionada por la Corte, se refiere
a la opción de aceptar de manera automática, o sujetar en cambio a un
procedimiento de previa ratificación, las modificaciones que la Conferencia de
las Partes haga de los Anexos A, B o C, referentes a los compuestos químicos que
son objeto de eliminación o reducción dentro del marco de este convenio. De
conformidad con esta norma, cada Estado debe, al expresar su consentimiento en
relación con este tratado, especificar mediante una declaración interpretativa,
si exigirá a este respecto el adelantamiento de un procedimiento de
ratificación previa[20]. En caso de guardar
silencio sobre el particular, se entenderá que dicho Estado acepta la vigencia
automática de los cambios que en relación con estos anexos apruebe la
Conferencia de las Partes, según lo previsto en el artículo 8° de este convenio[21].
La Corte considera que, al tratarse de asuntos
eminentemente técnicos, y teniendo en cuenta que ese tipo de decisiones no
implicaría para el Estado colombiano la asunción de obligaciones nuevas o
diferentes a las que por efecto del Convenio de Estocolmo se compromete a
cumplir, estas modificaciones bien podrían ser aceptadas sin necesidad de
agotar los trámites propios de la entrada en vigencia de un tratado
internacional, asemejándolas en cambio a la figura de los llamados acuerdos
simplificados[22]. Por
esa razón, la opción de exigir o no un completo procedimiento de ratificación
para tener por vigentes las adiciones que se introduzcan a estos anexos compete
únicamente al Presidente de la República, en su calidad de supremo director de
las relaciones internacionales (art. 189, num. 2° C. P.) y está desprovista de
ulteriores implicaciones constitucionales.
Por lo demás, la Corte destaca que, también
en este caso, una vez se produzca la ratificación de este Convenio y Colombia
entre a formar parte del mismo, sus representantes podrán participar con plenas
facultades en la toma de estas decisiones, por lo que resulta igualmente conforme
con los preceptos superiores que el Estado colombiano exija o no el lleno de las
ya aludidas formalidades. Con todo, esta corporación resalta que el Gobierno
Nacional deberá tomar una decisión sobre este aspecto al momento de manifestar
el consentimiento del Estado en relación con estos instrumentos.
En lo que respecta al análisis de
constitucionalidad material del segundo de los documentos aprobados por la Ley
1196 de 2008, esto es, la “Corrección al artículo 1° del texto original en
español” del 21 de febrero de 2003, la Corte no tiene objeción ninguna a
este respecto. Ello por cuanto, de una parte, la referida corrección fue
realizada y oficializada siguiendo los trámites y formalidades previstos para
estos casos en el propio texto del Convenio de Estocolmo y las reglas
aplicables conforme al Derecho Internacional. Pero también porque el término criterio
de precaución ciertamente es una mejor traducción de la expresión inglesa precautionary
approach, que el originalmente consignado de principio de precaución,
y es además el que consta en el texto oficial en español de la Declaración de
Río de 1992 a la cual dicha expresión hace referencia, tal como le fue
explicado a los miembros de las cámaras legislativas durante el trámite de
aprobación de la ley cuya exequibilidad se revisa[23].
Finalmente, en lo que atañe al contenido
del Anexo G, aprobado por la Conferencia de las Partes en su reunión de
mayo 6 de 2005, la Corte encuentra que éste regula en forma apropiada los mecanismos
de solución de controversias previstos en el artículo 18 del Convenio de
Estocolmo, de tal manera que se superan los riesgos de indeterminación que en
ausencia de este instrumento pudieran derivarse del texto del referido artículo
18. También se observa que tales contenidos se avienen sin problema, en lo que resulta
pertinente, a las exigencias previstas en el artículo 116 constitucional para el
uso de mecanismos alternos de solución de controversias como son la
conciliación y el arbitraje.
Esta percepción aplica incluso al artículo
6° de este anexo, norma que regula el tema de las medidas de protección
que podrían practicarse dentro de un procedimiento arbitral, a propósito del
cual el Procurador General propuso la formulación de una declaración
interpretativa en torno a los alcances del verbo indicar. En relación
con este tema la Corte observa que el funcionamiento del Tribunal de Arbitramento
y todas sus actuaciones procesales se regirán por el Reglamento que sus
integrantes adopten de conformidad con lo previsto en los artículos 4° y 5°
ibídem, y en subsidio de aquél, por las normas del Derecho Internacional, lo
que en concepto de esta corporación despeja los eventuales riesgos de
indeterminación a que el concepto fiscal hizo referencia. Por esta razón no se
considera necesario formular la declaración interpretativa propuesta.
En adición a lo anterior, y dado que como
se explicó más atrás, no resulta imperativo aceptar la procedencia del trámite
arbitral a efectos de dirimir las diferencias que puedan presentarse, resalta la
Corte que el Gobierno Nacional tendrá la opción de no aceptar este mecanismo,
para lo cual bastará que al manifestar su consentimiento guarde silencio en relación
con el tema, caso en el cual resulta aún menos problemática la comentada indeterminación,
ya que esta parte del Anexo G no sería oponible ni aplicable a la República de
Colombia.
2.6. Conclusión
Agotado el análisis de los tres instrumentos
aprobados mediante Ley 1196 de 2008, tanto en su aspecto formal como material,
considera la Corte que ellos se ajustan a los preceptos constitucionales. En
cuanto a lo primero, porque encuentra que se ha cumplido la totalidad de los
requisitos procedimentales exigidos por la Constitución y la ley para integrarse
al ordenamiento jurídico interno. Y en relación con lo segundo, por cuanto el
contenido del Convenio de Estocolmo y sus anexos, sometidos en este caso a
control constitucional, desarrollan preceptos consagrados en la Carta Política,
como quiera que a través de su suscripción se busca participar de una
iniciativa de carácter global encaminada a la preservación de la salud humana y
el medio ambiente frente a los peligros y daños que para una y otro suponen los
contaminantes orgánicos persistentes, cuya eliminación o reducción se espera
lograr durante los próximos años, dentro de un marco de reciprocidad,
cooperación y mutua conveniencia.
VI.    DECISION
En mérito
de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero:
Declarar EXEQUIBLE
el “Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes”
hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE la “Corrección al artículo 1° del texto
original en español” de fecha 21 de febrero de 2003
Tercero: Declarar EXEQUIBLE el “Anexo G al Convenio de Estocolmo” aprobado
el 6 de mayo de 2005.
Cuarto: Declarar EXEQUIBLE la Ley 1196 de
2008 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio de Estocolmo sobre
contaminantes orgánicos persistentes’ hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001,
la ‘Corrección al artículo 1° del texto original en español’ del 21 de febrero
de 2003, y el ‘Anexo G al Convenio de Estocolmo’ del 6 de mayo de 2005”.
Cópiese, notifíquese, comuníquese
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Presidente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA                 MANUEL JOSÉ
CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
Magistrado
Con salvamento de voto
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO                           RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
Magistrado
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO        MARCO GERARDO MONROY
CABRA
Magistrado                                      Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA           CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrado
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-944 DE 2008 DEL MAGISTRADO
JAIME ARAUJO RENTERIA
COMISION DE CONCILIACION EN TRAMITE
LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Inviabilidad (Salvamento de voto)
COMISION DE CONCILIACION EN TRAMITE
LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Nombramiento constituye vicio insubsanable
(Salvamento de voto)
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento de requisito de anuncio
previo de votación en su trámite legislativo (Salvamento de voto)
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento constituye vicio
insubsanable (Salvamento de voto)
Referencia: Expediente LAT-326
Revisión de la Ley 1196 de junio 5
de 2008 “Por
medio de la cual se aprueba el “Convenio de Estocolmo sobre contaminantes
orgánicos persistentes” hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001, la
“Corrección al artículo 1º del texto original en español” del 21 de febrero de
2003, y el “Anexo G al Convenio de Estocolmo” del 6 de mayo de 2005”.
Magistrado
Ponente:
NILSON
PINILLA PINILLA
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta
Corte, me permito salvar mi voto a la presente decisión, por cuanto en mi
concepto la Ley 1196 de 2008 adolece de dos vicios de procedimiento en su
formación que son insubsanables, como paso a exponer a continuación:
1. En primer lugar, para el suscrito magistrado se
configura en el trámite legislativo de la ley aprobatoria de tratado sub
examine, un vicio procedimental insubsanable, relativo a que se nombró una
comisión de conciliación que no es viable en el caso de aprobación de tratados
internacionales, pues estos no pueden ser modificados por el Congreso de la
República, el cual debe limitarse a aprobarlos o improbarlos, según lo establece
el artículo 150-16 de la Constitución Política. Por consiguiente, la citada ley
ha debido ser declarada inexequible.
2. En segundo lugar, el suscrito magistrado encuentra
que en el trámite legislativo de la Ley aprobatoria del tratado que nos ocupa
existe un vicio de procedimiento insubsanable relativo al no cumplimiento en
debida forma del aviso previo de la discusión y votación de la citada ley en la
Plenaria de la Cámara de Representantes, de conformidad con la exigencia
contenida en el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003 (art. 160 C.P).
En este sentido, este magistrado evidencia que el
proyecto de ley aprobatorio de tratado sub examine presenta irregularidades en
el anuncio para votación en la Plenaria de la Cámara de Representantes, por
cuanto de un lado, no se citó el mes de la sesión anunciada, lo cual implica
una indeterminación respecto de la fecha, pero adicionalmente, el anuncio
también es indeterminado respecto de su objeto, por cuanto no se expresa que se
anuncia para la votación del proyecto de ley en cuestión. Por consiguiente, en
mi criterio la citada ley ha debido ser declarada inexequible.
A este respecto, me permito reiterar los argumentos
con base en los cuales sostengo que el requisito del anuncio previo para votación
con el lleno de todas las exigencias constitucionales es fundamental para la
validez de las normas jurídicas y su falta constituye un vicio insubsanable. A
este respecto me referiré (i) en primer lugar, al problema de teoría del
derecho respecto de la producción de las normas jurídicas, la validez de las
mismas, y su importancia en el control constitucional; y (ii) en segundo lugar,
a la naturaleza del anuncio previo para votación de los proyectos como
requisito constitucional.
(i) El problema de la producción de las normas
jurídicas, la validez de las mismas, y su importancia en el control
constitucional
El problema de la producción de las normas jurídicas
dentro de un sistema jurídico, el cual apareja a su vez el de la validez de las
normas jurídicas, supone una posición de principio de teoría y filosofía del
derecho, que tiene importantes consecuencias teóricas y prácticas para el tema
del control constitucional.
Se hace necesario entonces tomar una postura clara de
teoría y filosofía del derecho, en relación con el concepto de norma jurídica,
el cual entraña el concepto de validez de las mismas, lo cual a su vez conlleva
necesariamente la pregunta por el modo de producción jurídico-institucional de
las normas. De este modo, tenemos que en un sistema jurídico es fundamental
determinar en primer término, qué es norma jurídica, elemento básico y esencial
del derecho, como el concepto de “célula” para la biología. Por ello, la
primera parte de teoría del derecho se encuentra dedicada al análisis y determinación
de lo que es norma jurídica, parte esencial de la cual, es la pregunta de
cuándo un enunciado normativo hace parte del sistema jurídico, o en otros
términos, a la pregunta por la validez de los preceptos jurídicos[24].
Esta problemática corresponde a la teoría de las normas y aborda la parte
estática del derecho[25].
No obstante, el derecho no está compuesto por una sola
norma sino por una pluralidad de normas jurídicas. En consecuencia, la segunda
parte de la teoría del derecho es la que se refiere a la teoría del
ordenamiento jurídico que aborda la parte dinámica de las normas[26].
En esta parte se encuentra el análisis de lo que son las antinomias jurídicas,
para resolver las cuales hay que acudir a los criterios de vigencia en el
tiempo y/o jerarquía de los enunciados jurídicos validos, así como los problemas
de unidad, coherencia y plenitud de los ordenamientos jurídicos.
Vista la estructura fundamental de la teoría del
derecho, es claro entonces que el primer problema fundamental del sistema
jurídico es la determinación de qué es una norma jurídica, cuándo una norma
nace al ordenamiento jurídico, o en otros términos, qué normas pertenecen y
cuáles no al sistema jurídico, problema que se encuentra analítica e
intrínsecamente ligado al problema de la validez de la norma jurídica, el cual
es un problema tan fundamental y esencial en el derecho que es anterior al
problema de la vigencia y de la eficacia de las normas, puesto que la respuesta
a este primer interrogante permite esclarecer la cuestión de la carta de
nacimiento o naturaleza jurídica propiamente dicha de las normas, la pertenencia
de las normas a un sistema jurídico, o con otras palabras, la cuestión del reconocimiento
de las normas como jurídicas o pertenecientes a un sistema jurídico, es decir,
como enunciados normativos jurídicos-positivos.
En este orden de ideas, aparece claro que la pregunta
fundamental en el derecho es la pregunta por la existencia y validez de las
normas jurídicas, por qué es norma jurídica, cuestiones que determinan la
teoría de los actos jurídicos y la teoría de la nulidad en el derecho, desde la
inexistencia de norma, la nulidad de la norma, hasta la existencia de norma con
vicio o sin vicio de producción o formación. De manera que el cuestionamiento
esencial en el derecho es entonces el de cómo surgen las normas en el mundo
jurídico, esto es, cuándo una norma ha surgido correctamente en el mundo
jurídico, es decir, con el lleno o cumplimiento de todos los requisitos
establecidos para su creación. Este cuestionamiento corresponde exactamente a
la pregunta por la validez.
La pregunta por la validez de las normas jurídicas, es
decir, por la cuestión de si un enunciado normativo es norma jurídica, o en
otros términos, si  pertenece al sistema jurídico, de conformidad con las
reglas prefijadas por el propio sistema para su reproducción, es la pregunta
fundamental que se debe hacer en el derecho, para posteriormente, y sólo si es
contestada afirmativamente esta pregunta por la validez, se pueda continuar
preguntando por la vigencia y la eficacia de las normas jurídicas válidas.
Esta característica propia de las normas jurídicas
como válidas, es lo que llevó  a Hans Kelsen a afirmar que el derecho pertenece
al mundo del “deber ser” y no al mundo del “ser”, ya que la
pregunta por el derecho es la pregunta por la validez de la norma jurídica, es
decir, por la existencia deontológica, y no la pregunta por la existencia
fenomenológica de las cosas, lo que condujo al filósofo del derecho austriaco a
sostener que por ello mismo la lógica formal no funciona para el derecho, por
cuanto su finalidad es la constatación de una correspondencia con un fenómeno
del mundo del ser, mientras que en cambio en el derecho de lo que se trata es
de constatar si una norma es válida, es decir de si existe en el mundo del
derecho o del “deber ser” y ello de acuerdo con aquellas reglas que
estipulan y prevén los presupuestos para su producción jurídica[27].
Así mismo, esta característica de la validez, propia del derecho, es lo que
permite explicar, según Kelsen, que se puedan encontrar normas válidas que se
opongan entre sí y sin embargo sigan siendo válidas.
A este respecto, hay que recordar que el sistema
jurídico es como el ave fénix que se crea y se reproduce a sí mismo, y contiene
por tanto normas que estipulan la forma de la reproducción de las normas
jurídicas, las cuales Hart denomina “reglas secundarias”[28].
Así mismo, a este problema fundamental del derecho acerca de la determinación
de la pertenencia o no de una norma a un sistema jurídico de conformidad con
las normas o reglas previstas por el propio sistema para su reproducción, es lo
que Hart identificó como el problema del reconocimiento de las normas jurídicas
como tales, a cuyo problema contribuyó con su teoría de la “regla de
reconocimiento y validez jurídica”[29].
Así entonces, el derecho será válido siempre y cuando satisfaga los
requisitos que se establecen para la producción del mismo derecho y que están
señalados por las reglas de producción del derecho en la Constitución.
Lo anterior, lo ejemplifica el filósofo del Derecho H.L.A. Hart de la
siguiente manera: “Si se plantea la cuestión sobre si una cierta  regla es
jurídicamente válida, para resolverla debemos usar un criterio de validez
suministrado por otra regla. ¿Es válida esta pretendida ordenanza del County
Council de Oxfordshire? Sí:  porque fue dictada en ejercicio de potestades
conferidas y de acuerdo con el procedimiento especificado, por un decreto del
Ministerio de Salud Pública. A este primer nivel, el decreto suministra los
criterios para apreciar la validez de la ordenanza.  Puede no haber necesidad
práctica de seguir adelante; pero existe la posibilidad de hacerlo.  Podemos
cuestionar la validez del decreto y apreciarla en términos de la ley que
faculta al Ministro a adoptar tales medidas“[30]
Así también nuestra Constitución contempla para la producción de normas
con fuerza de ley, por ejemplo, el requisito de publicación previa del proyecto
de ley (inc.1 art. 157 CN);  cuatro (4) debates, dos en cada una de las
cámaras, y en cada una de ellas un primero en la comisión correspondiente y un
segundo en plenaria (inc. 2 art. 57, 165); la existencia de quórum
deliberatorio y de determinadas mayorías (p.e. art. 153); el cumplimiento del
anuncio de votación del proyecto en cuestión, con el cumplimiento de los
requisitos establecidos por la propia Carta (art. 160 C.P); términos específicos
entre cada debate en cada Cámara y entre los debates en una y otra Cámara (art.
160); límites de trámite en los periodos legislativos (art. 162), la sanción
presidencial (art.168), entre otros.
Ahora bien, cuando se hace control de constitucionalidad,
éste apunta en primerísimo lugar a comprobar la validez de la norma jurídica, a
constatar si se respetó o no el camino demarcado por el propio sistema
jurídico, esto es, los procedimientos de producción del derecho, para que pueda
catalogarse tal norma como norma válida. El control constitucional en este
aspecto no es por tanto cosa de poca monta, ya que cuando el constituyente dice
que exige ciertos requisitos para poder otorgar carta de validez a las normas
jurídicas, al Tribunal Constitucional le corresponde controlar y verificar que
dichos requisitos se hayan respetado y cumplido a cabalidad. Por tanto esta
labor es de suma importancia, este control constitucional sobre la forma de
producción de las normas jurídicas y sobre la validez de las mismas, es lo más
importante, porque a partir de este control se debe determinar qué norma es
reconocida como válida, es decir, qué norma pertenece al sistema jurídico, o en
otros términos, qué enunciado normativo es en realidad norma jurídica. En este
sentido, el control constitucional formal no es una cuestión de simple
formalismo, por cuanto no puede existir derecho sin que se respeten las
condiciones procedimentales de formación de las normas jurídicas
preestablecidas por el propio ordenamiento, lo cual es una característica
fundamental de un Estado de Derecho.
La pregunta por la validez jurídica de las normas y el
control constitucional respecto de dicha validez jurídica, sigue siendo por
tanto un tema de trascendental importancia para el derecho y esto es
precisamente lo que controla en primera instancia el Tribunal Constitucional,
la pregunta sobre cuáles enunciados normativos pertenecen efectivamente o no al
ordenamiento jurídico. Todos los demás temas son por tanto posteriores al tema
de la validez, es decir, el tema de la vigencia, de la eficacia y el análisis
de si el contenido sustancial de la norma es acorde o no con la Constitución.
Es por esta razón que la producción del Derecho y sus formas, permiten
entender al pueblo que el producto realizado está acorde con el objetivo
popular y con la misma existencia del Estado, y les otorga una presunción de
validez.  Los trámites y cauces en los cuales se encamina la producción
normativa deviene de la misma legitimidad que el pueblo otorga al producto
final, es decir el Derecho.
En consecuencia, sólo pueden valorarse o reconocerse como válidas y
legítimas las reglas de obligación si provienen de las reglas de reconocimiento
y de su aplicación adecuada. Situación del Estado de Derecho totalmente
contraria al Estado absolutista donde el único criterio para identificar algo
como derecho era aquello sancionado por el rey.   En palabras más sencillas,
debe decirse que la manera para identificar el derecho aceptado por los
individuos esta basada en aquel derecho que provenga o sea el resultante de las
reglas de reconocimiento o formas de producción establecidas en la
Constitución.
Cualquier otra cosa que se obtenga como resultado sin el cumplimiento
de estas reglas de reconocimiento constitucionales no puede avalarse como
derecho legítimo aceptado por los individuos. Es decir, existe la posibilidad
de que el legislador produzca “derecho” sin el cumplimiento de las reglas de
reconocimiento.  Evento en el cual, este “derecho” no es válido, a la luz de
poder político en cabeza del pueblo.
En síntesis, la suplantación de la forma de producción de derecho, sin
dudas elimina la legalidad y legitimidad que éste debe tener, afecta
inmediatamente su validez y hace no obligatorio su cumplimiento.  Y esto es
así, por cuanto es el propio derecho el que determina su forma de producción y
ello es la garantía que el pueblo mismo tiene que la producción de parámetros
de convivencia social pacífica se realice acorde con lo preestablecido por él
mismo, en cabeza del Estado de Derecho y su ordenamiento jurídico y no por
fruto del capricho o el deseo de quien produzca normas, lo que estaría más
cercano a la vivencia del Estado absolutista y el poder de dictar parámetros de
un ente diferente del soberano.
(ii) El anuncio previo como requisito constitucional para votación de los proyectos de ley
(Artículo 160 C. P)
Respecto de la trascendencia constitucional del
requisito establecido en el artículo 160 constitucional, esta Corte ha
manifestado:
“El inciso final del artículo 160 de la
Constitución Política dispone que ningún proyecto de ley será sometido a
votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado.  En
el mismo sentido, establece que el aviso de que un proyecto será sometido a
votación lo dará la presidencia de cada Cámara o comisión en sesión distinta a
aquella en la cual se realizará la votación.
Como lo ha señalado la jurisprudencia de esta
Corporación sobre la materia,[31] el
anuncio de la votación pretende hacer eficaces valores y principios
constitucionales primordiales para la actividad legislativa.  En efecto, el
anuncio permite que los congresistas conozcan con la debida antelación qué
proyectos de ley van a ser sometidos a votación, requisito indispensable para
la concreción del principio de publicidad propio de la actividad congresional
y, por ende, para la adecuada formación de la voluntad democrática al interior
de las cámaras. Además, el cumplimiento del requisito mencionado facilita la
actuación de los ciudadanos y las organizaciones sociales en el trámite de
aprobación de los proyectos de ley, lo cual materializa la democracia
participativa y el ejercicio de los derechos políticos previstos en el artículo
40 C.P.
Este precedente ha previsto, además, las condiciones
fácticas requeridas para acreditar el cumplimiento de la obligación del anuncio
de la votación.  Así, resultará comprobado el requisito cuando (i) el anuncio
de la votación de un proyecto de ley se realiza en sesión anterior y, por ende,
distinta a la que se lleve a cabo la aprobación de la iniciativa (ii) la
Presidencia de la cámara correspondiente informa expresa y claramente a sus
integrantes que determinado proyecto de ley será sometido a votación en sesión
posterior; y (iii) la fecha de esa sesión posterior para la cual fue convocada
la votación sea determinada o, al menos, determinable.
En el mismo sentido, la Corte ha estimado que el
incumplimiento del requisito mencionado es un vicio de naturaleza insubsanable,
que acarrea la inexequibilidad de la disposición.  Ello debido a que se trata
de una instancia del procedimiento legislativo prevista de forma expresa por la
Carta Política.  Por ende, hace parte de las disposiciones que conforman el
parámetro superior para la validez del procedimiento legislativo destinado a la
creación de normas jurídicas, por lo cual debe ser aplicada de forma preferente
en virtud del principio de supremacía constitucional (Art. 4 C.P.).
Bajo la misma perspectiva y de conformidad con lo
expresado anteriormente, esta exigencia busca hacer eficaces tanto el principio
de publicidad y transparencia en el trámite legislativo, como la democracia
participativa y el respeto de las minorías parlamentarias. Así, se trata de un
presupuesto formal relevante para la adecuada formación de la voluntad
democrática de las cámaras legislativas, esto es, que hace parte del mínimo de
requisitos exigibles para que el procedimiento de formación de las leyes cumpla
con sus propósitos constitucionales.
Por último, la omisión del anuncio para la votación es
un vicio de procedimiento que afecta el trámite subsiguiente puesto que, en
atención del principio de consecutividad, la validez de cada una de las etapas
del procedimiento para la formación de las leyes depende, a su vez, de la
validez de las actuaciones antecedentes.  En esa medida, no sería posible
aplicar la facultad de subsanación prevista en el parágrafo del artículo 241
C.P.
( … ) La Sala insiste en que el requisito para el
procedimiento legislativo previsto en el inciso final del artículo 160 C.P.
obliga a que al interior de las cámaras legislativas sean anunciados, de
manera específica, cierta y expresa, cuáles son los proyectos de ley que serán
sometidos a votación en la siguiente sesión y la fecha, determinada o
determinable, en que se realizará esa reunión (…)”[32](Negrilla fuera de texto)
En conclusión, el cumplimiento del anuncio previo con
el lleno de las exigencias constitucionales hace efectivo al interior del
trámite parlamentario de leyes y actos legislativos una serie de principios
constitucionales, dentro de los que se realza el Estado Social de derecho.
Principios éstos que pretenden que los congresistas conozcan qué
proyectos van a ser sometidos a debate y votación.  Lo anterior, como resultado
del principio de contradicción, pilar de las sociedades democráticas, el cual
busca que las normas que rigen la sociedad sean debatidas, discutidas y
posteriormente sean votadas. Para lo anterior, es indispensable que los
congresistas conozcan de manera cierta y clara en qué momento del trámite
parlamentario los proyectos serán debatidos, discutidos y votados.
Ahora bien, de no cumplirse dicho conocimiento
antecedente por parte de los congresistas, no existiría la idónea formación de
la ley o del acto legislativo como expresión de la voluntad democrática. Esto
por cuanto dicho desconocimiento impediría la oportunidad de debatir, discutir
y hasta votar dichos proyectos por parte de los congresistas. En consecuencia,
la norma resultante de un proceso que adolece del requisito señalado, no
responde a la expectativa cierta de los asociados quienes depositan su
confianza en los órganos del Estado, en este caso el Congreso, de que las
normas se guiarán por los causes de producción que la Constitución, como norma
de normas, establece para su fabricación.
Adicionalmente, otras cuatro razones fortalecen y
ratifican la exigencia, dentro del trámite de aprobación de una ley, del
requisito establecido en el artículo 160 Constitucional.  Estas son:
a.  La Constitución Política de Colombia establece en
su artículo 183 las causales de pérdida de  investidura de los congresistas;
dentro de las cuales se encuentra la señalada en el numeral segundo que indica:
“Por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones
plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley
o mociones de censura. “  (Negrilla fuera de texto)
Así las cosas, el ordenamiento superior prevé que un
congresista de la República puede perder su investidura por el hecho de no
asistir en un mismo período de sesiones a seis reuniones plenarias en las que
se voten proyectos de ley.  En este orden de ideas, el anuncio previo de los
proyectos de ley que serán debatidos y votados en sesión posterior cierta y
determinada (artículo 160 constitucional) es sin duda una garantía que la misma
norma superior estableció para los congresistas, los cuales, conocedores de que
un proyecto se debatirá y votará en sesión posterior cierta y determinada y, de
las consecuencias señaladas en el artículo 183 numeral 2 de la Constitución,
asumen las responsabilidades que la propia Constitución y la ley les exigen.
Por el contrario, el no cumplimiento del anuncio
previo de que trata el artículo 160 constitucional, deja sin sustento la
garantía constitucional que la norma superior ha otorgado a los congresistas
para que asuman sus funciones con la responsabilidad que les es debida.  En
otras palabras, el no cumplimiento del requisito esbozado impediría exigir
responsabilidad a los congresistas con base en el artículo 183 numeral 2
constitucional, por falta de conocimiento de la reunión plenaria en la que se
votaría un proyecto de ley.
b. En este mismo orden de ideas, cualquier ciudadano
necesita conocer, de manera cierta y determinada, cuándo se va a votar un
proyecto de ley que lo puede afectar, ya que se debe legislar consultando el
interés general. Lo anterior, con el propósito de que pueda hacer valedero el
principio constitucional de participación en las decisiones políticas en cabeza
de todos los ciudadanos, consagrado entre otros artículos en el 2, 40, 103,
153, 154, 155, 159 de la Constitución Nacional.  Así las cosas, el ciudadano
puede ejercer no sólo la vigilancia y el control social sobre la producción de
las normas jurídicas que le van a ser aplicadas sino que igualmente puede
participar de manera activa en la toma de esas decisiones, lo cual es un
presupuesto del ordenamiento jurídico democrático y la cultura participativa.
Así pues, el desconocimiento del anuncio previo
expresado en la norma constitucional ya mencionada con anterioridad, impide que
el ciudadano vigile y controle socialmente la producción de las normas
jurídicas y que participe, como lo señala la Constitución Política, y asista,
como  lo permite el artículo 71 de la Ley 5ª de 1992 al desarrollo de las
sesiones y toma de decisiones por parte del Congreso. Específicamente, el
ciudadano, carecería del conocimiento respecto de la sesión cierta en la cual
se va a debatir y aprobar un proyecto de ley que sin dudas le incumbe.
c.  El artículo 160 de la Constitución al exigir que
ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente de aquella
que previamente se haya anunciado y que por consiguiente dicho aviso debe
realizarse en sesión distinta a aquella en la cual se realiza la votación, en realidad
lo que está señalando es un prerrequisito de competencia del Congreso de
la República para votar proyectos de ley y actos legislativos.
En otras palabras, la Constitución establece que el
Congreso de la República, sea las comisiones o sea las Cámara en pleno, será competente
para votar un proyecto de ley, como en el presente caso, solamente y de
manera única cuando se haya efectuado en debida forma el anuncio de que trata
el artículo 160 constitucional.  De no ser así, el congreso carece de la
competencia constitucional necesaria para votar un proyecto de ley. Lo anterior
por falta del anuncio previo exigido en la norma de la Constitución
mencionada.
Por tanto, si el Congreso vota un proyecto de ley sin
la realización o la mala realización del anuncio previo, tantas veces
mencionado, estaría actuando por fuera de las competencias asignadas
constitucionalmente y por consiguiente el acto constituye una irregularidad
superlativa a la luz de la Constitución por ser contrario a ésta, lo cual
acarrea una sanción mayor por no respetar el procedimiento establecido, sanción
ésta consistente en la expulsión del ordenamiento jurídico.
Así pues, al señalar la Constitución de manera expresa
una prohibición – que ningún proyecto de ley será sometido a votación en
sesión diferente de aquella que previamente se haya anunciado y que por
consiguiente dicho aviso debe realizarse en sesión distinta a aquella en la
cual se realiza la votación – su no cumplimiento genera de manera inmediata
la incompetencia del Congreso de la República – comisiones o Cámara en pleno –
para votar dicho proyecto de ley. En consecuencia, de votarse un proyecto de
ley sin el cumplimiento pleno de los requisitos exigidos para el anuncio previo
para votación consagrado en el artículo 160 constitucional se estaría violando
la prohibición constitucional anotada, se estaría actuando sin competencia y
dicho acto traería consigo un vicio mayor que aparejaría como sanción su expulsión
del ordenamiento jurídico.
d. Adicionalmente, el inciso adicionado al artículo
160 por el Acto Legislativo 01 del 2003, consagra que “(e)l aviso de que un
proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o
comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”
(negrilla fuera de texto), con el fin de darle mayor seriedad, solemnidad y
certeza a la determinación de la sesión en la cual se llevará a cabo la
votación.
De conformidad con esta disposición superior es claro
que la obligación del anuncio para votación tiene que ser realizada por la
presidencia de cada Cámara o de la comisión correspondiente, de lo cual resulta
evidente que el cumplimiento de este requisito constitucional es tan importante
que el mismo constituyente no se lo dejó a cualquier persona sino que lo asignó
al propio presiente(a) de cada Cámara o de la comisión respectiva.
A juicio de la Corte, la exigencia de que el anuncio
lo haga la presidencia de cada Cámara o comisión trae importantes consecuencias
jurídicas a saber: (i) en primer lugar, que si el anuncio no lo hace la
presidencia de cada Cámara o comisión, entonces no existe anuncio alguno; (ii)
en segundo lugar, que si se llega a presentar una discrepancia entre lo
anunciado por la presidencia frente a lo anunciado por el secretario, prevalece
en todo momento el anuncio hecho por la presidencia; (iii) en tercer lugar, que
esta función se le otorgó a la presidencia de la Cámara o comisión
correspondiente, con el fin de que no existiera duda respecto de cuándo se va a
votar de forma cierta y determinada el proyecto legislativo, al otorgarle mayor
seriedad, solemnidad y certeza al anuncio.
Pues bien, en síntesis la exigencia constitucional
establecida en el artículo 160 determina como norma de producción del derecho,
que “ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a
aquella que previamente se haya anunciado.  El aviso de que un proyecto será
sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o comisión en sesión
distinta a aquella en la cual se realizará la votación“
Así las cosas, requisitos de producción del derecho,
como el del anuncio previo,  establecido en la propia Constitución hace que el
vicio que respecto de éste se presente sea insubsanable, por la alta
trascendencia que al interior de un Estado de Derecho posee la decisión popular
vertida en la Constitución Política, al optar por  la forma de producción del
derecho que va a seguir.
3. Con fundamento en lo anterior, el
suscrito magistrado reitera que la ley bajo estudio debió ser declarada
inexequible, (i) en primer lugar, por cuanto se nombró una comisión de
conciliación que no es viable en el caso de aprobación de tratados
internacionales, en cuanto los tratados internacionales no pueden ser
modificados por el Congreso de la República, organismo que debe limitarse
exclusivamente a aprobarlos o improbarlos, de conformidad con el artículo
150-16 de la Constitución Política; y (ii) en segundo lugar, porque no se
cumplió con la exigencia del anuncio previo para votación contenido en el
artículo 160 Superior, exigencia que no es un simple formalismo sino que es de
fundamental importancia en un Estado constitucional y democrático de Derecho,
ya que atañe directamente con el problema de la validez de las normas jurídicas
y de su legitimidad democrática.
En consecuencia, discrepo de la
declaratoria de exequibilidad adoptada en la presente sentencia.
Fecha ut supra.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1]
Se refiere particularmente al “Convenio de Basilea sobre el
control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su
eliminación”, acordado el 22 de marzo de 1989 e incorporado al derecho interno
mediante Ley 253 de 1996.
[2]
Cita el artículo 52 de la Ley 99 de 1993, la Ley 430 de 1998
sobre el manejo de desechos peligrosos y el Decreto 4741 de 2005, reglamentario
de la ley antes citada.
[3]
La Ley 994 de 2005 por la cual se aprobó por primera vez el
Convenio de Estocolmo fue declarada inexequible por esta corporación mediante
sentencia C-576 de 2006 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa) por vicios de
trámite en su expedición.
[4]  Incorporada al derecho
interno colombiano mediante Ley 32 de 1985.
[5]
Incorporado al derecho interno mediante Ley 253 de 1996, la
cual fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia
C-377 de 1996.
[6]
Se aclara que este instrumento no fue incluido dentro de los
que fueron aprobados mediante la antes citada Ley 994 de 2005, declarada
inexequible mediante sentencia C-576 de 2006.
[7]
Ver sentencia C-468 de 1997 (M. P. Alejandro Martínez Caballero). Esta doctrina
ha sido ampliamente reiterada por esta corporación. Ver entre muchas otras, las
sentencias C-682 de 1996 (M. P. Fabio Morón Díaz), C-924 de 2000 (M. P. Carlos
Gaviria Díaz) y C-718 de 2007 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla).
[8] Gaceta
669 de 2007, páginas 33 y 36.
[9]
La sesión siguiente a la del aviso fue la del miércoles 7 de
mayo de 2008, documentada en acta 107 de esa fecha. Según puede comprobarse de
la lectura de esta acta, contenida en la Gaceta 327 de 2008, durante esta
sesión sólo se tramitaron asuntos de control político y no se dio debate a
ningún proyecto de ley.
[10]
Por simplicidad, a partir de este punto se hace alusión a los
COP, sigla con la que se denominan en idioma español los contaminantes
orgánicos persistentes, cuya eliminación o reducción se pretende alcanzar
mediante las estipulaciones del tratado aprobado mediante Ley 1196 de 2008.
[11]
Incorporado al derecho interno mediante Ley 1159 de 2007 y
declarado exequible por esta corporación mediante sentencia C-538 de 2008 (M.
P. Jaime Córdoba Triviño).
[12]
Incorporado al derecho interno mediante Ley 253 de 1996, la
cual fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia
C-377 de 1996 (M. P. Antonio Barrera Carbonell).
[13]
Esta categorización es mencionada, entre otros, en algunos de los considerandos
del convenio y en sus artículos 4°, 11, 12, 13 y 20.
[14]
Sobre este tema ver sentencia C-154 de 1999 (M. P. Antonio Barrera Carbonell)
en la cual se explicó que la prohibición que un tratado contenga frente a la
posibilidad de formular reservas no es contraria a la Constitución.
[15]
Ver a este respecto las sentencias C-644 de 2004 (M. P. Rodrigo Escobar Gil) y
C-779 de 2004 (M. P. Jaime Córdoba Triviño), en las cuales, en vista de la
inexequibilidad de alguna(s) de las cláusulas de los tratados aprobados, se
ordenó al Gobierno Nacional que al manifestar el consentimiento del Estado se
formulara la correspondiente reserva.
[16]  Ver artículos 4°, 5°,
6°, 7°, 8°, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 21 del convenio.
[17]
Entendiendo por tales cualquiera distinto y adicional a los existentes al
momento de suscribirse el convenio, esto es, los Anexos A, B, C, D, E y F.
[18]
Esta situación es la que se presenta respecto de Colombia en el caso de Anexo
G, que por haber sido aprobado por la Conferencia de las Partes sin la
participación de un representante suyo, se sometió a aprobación legislativa
ante el Congreso Nacional junto con el Convenio de Estocolmo original, después
de lo cual, al manifestar su consentimiento en relación con este anexo, se
entenderá que Colombia adhiere a él.
[19]
Consultada la página oficial de Internet del Convenio de Estocolmo (www.pops.int) se observa que de los 158 países
que a la fecha han expresado su consentimiento y respecto de los cuales este
convenio ya ha entrado a regir, apenas 4 de ellos han manifestado su voluntad
de someterse a uno o ambos de estos mecanismos.
[20]
Como es sabido, en el caso de Colombia ello implicaría el paso del documento
modificatorio tanto por el Congreso de la República para su aprobación
legislativa como por la Corte Constitucional para el respectivo control de
constitucionalidad.
[21]
En relación con este aspecto, según se observa en la página oficial del
convenio (www.pops.int), para la fecha de
esta sentencia no se ha aprobado aún por la Conferencia de las Partes ninguna
modificación a los Anexos A, B y C. Sin embargo, un total de 13 Estados han
declarado, al momento de depositar su ratificación o adhesión, que exigirán un
procedimiento semejante para aceptar la oponibilidad de las eventuales modificaciones
a esos anexos.
[22]
En relación con las diferencias existentes entre los tratados internacionales
propiamente dichos y los denominados acuerdos simplificados y las
formalidades que en uno y otro caso deben llenarse, ver entre otras las
sentencias C-363 de 2000 (M. P. Álvaro Tafur Galvis) y C-926 de 2007 (M. P.
Rodrigo Escobar Gil).
[23]
Ver a este respecto la explicación dada por la Coordinadora de Asuntos
Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores durante el trámite del
proyecto ante la Comisión Segunda del Senado de la República (Gaceta del
Congreso 175 de 2008, página 5).
[24] Sobre el concepto y la
validez de las normas jurídicas ver Hans Kelsen, Contribuciones a la Teoría
Pura del Derecho, Fontamara, México, 1992, Págs. 52-60, 62-65. Así mismo,
Riccardo Guastini, Distinguiendo, estudios de teoría y metateoría del
derecho, Editorial Gedisa, Barcelona, 1999, págs. 92-110, 307-343.
[25] Norberto Bobbio, Teoría
del Derecho, Editorial Temis, 2007, Págs. 3-139.
[26] Ibidem, Págs. 143-265.
[27] Sobre este tema
consultar Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Porrua, 1998.
[28] Ver H.L.A. Hart, El
concepto del Derecho, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Págs. 99-125.
[29] Ver H.L.A. Hart, El
concepto del Derecho, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Págs.
125-137.
[30] Ibidem, Pág. 133.
[31] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencias C-533/04, C-644/04,  C-333/05,  C-400/05, y
C-473/05.
[32] Corte
Constitucional Sentencia C- 930 de 2005.