C-446-09
SENTENCIA C-446 de 2009
SENTENCIA C-446/09
(Bogotá, 8 de julio)
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON EL SALVADOR,
GUATEMALA Y HONDURAS Y CANJES DE NOTAS DE CORRECCION DE ANEXO DEL CAPITULO
RELATIVO AL TRATO NACIONAL Y ACCESO DE MERCANCIAS
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Características
El control constitucional que ejerce la
Corte sobre los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias comprende
tanto el de los aspectos formales del proceso - celebración del acuerdo y
trámite legislativo-, como el relacionado con los contenidos materiales del
convenio y de la ley, por tratarse de un control constitucional integral. Se
señalan como sus
características generales, que se trata de un control: (i) previo al
perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a
la sanción gubernamental; (ii) automático, pues la ley debe ser enviada
directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional,
dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral,
en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los
materiales de la ley y el tratado confrontándolos con todo el texto
constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; y (v) es condición sine qua
non para la ratificación del acuerdo. También cumple una función preventiva,
pues un control constitucional con las características enunciadas, garantiza la
supremacía de la Carta y paralelamente el cumplimiento de los compromisos
internacionales del Estado Colombiano.
TRATADO INTERNACIONAL-Concepto
TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Control formal
El control formal que ejerce esta
Corporación se dirige a verificar el trámite seguido
durante la negociación y firma del tratado correspondiente, -esto es, el examen de la validez de la representación del
Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento
y la competencia de los funcionarios intervinientes-, así como el
cumplimiento de las reglas sobre la formación de la
ley aprobatoria en el Congreso y la debida sanción presidencial del proyecto
correspondiente.
TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Objeto
del análisis constitucional y especificidades/TRATADO MULTILATERAL-Procedencia
de reservas y declaraciones interpretativas
El objeto del análisis constitucional del trámite
legislativo es el de verificar el cumplimiento de todas las garantías
constitucionales involucradas en el debate parlamentario. Para el efecto, la
ley aprobatoria de un tratado deberá cumplir en principio, con el mismo
procedimiento legislativo de las leyes ordinarias, con algunas excepciones.  El
trámite legislativo ordinario, puede ser reseñado sintéticamente de la
siguiente forma: (i) el proyecto de ley debe haber sido publicado oficialmente
antes de darle curso en la comisión respectiva; (ii) debe haber sido aprobado
en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara;
(iii) debe haber sido aprobado en segundo debate en la plenaria de la
respectiva corporación, y (iv) debe haber obtenido la sanción del Gobierno.
Además, en el proceso deben haberse respetado los respectivos quórums y
mayorías; los plazos entre los distintos debates y la iniciativa legislativa.
En cuanto a las especificidades del proceso legislativo en el caso de leyes aprobatorias
de tratados internacionales, se recuerda que el proyecto de ley debe iniciar el
trámite en el Senado, por tratarse de asuntos relativos a las relaciones
internacionales y que la competencia del Congreso de la República en estas
materias se limita a aprobar o improbar el tratado o convenio, pues en atención
a la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el
legislador no puede alterar el contenido de los mismos introduciendo nuevas
cláusulas, ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del
tratado, por tratarse de una negociación del Gobierno. No obstante, si el
tratado es multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas y, si
no están expresamente prohibidas en el Convenio celebrado, se pueden introducir
reservas que no afecten el objeto y fin del tratado en estudio.
TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Control material
El control material de constitucionalidad consiste en confrontar las disposiciones del texto del
tratado internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria, con la
totalidad de las disposiciones de la Constitución, para determinar si se
ajustan o no a la Carta Política. El control de constitucionalidad que
adelanta la Corte sobre los tratados internacionales, comprende la integridad
del texto, lo que incluye los anexos, pies de página, al igual que cualquier
comunicación entre las Partes encaminada a acordar algún sentido o alcance a
los compromisos asumidos.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Ejercicio independientemente de consideraciones de conveniencia,
oportunidad y utilidad
La Corte ha insistido reiteradamente que
las consideraciones de
conveniencia, oportunidad, utilidad o eficiencia del instrumento internacional,
son ajenas al examen que debe efectuar este Tribunal,
dado que el análisis en las etapas de negociación y aprobación legislativa del
tratado y su conveniencia, corresponden al Presidente y el Congreso
respectivamente. Son ellos quienes deben, dentro del fuero de sus competencias,
evaluar su pertinencia y la justificación de la adopción de un convenio
internacional en la legislación interna, conforme a las atribuciones asignadas
a cada Rama del Poder Público por la Constitución.
PRINCIPIO PACTA SUNT SERVANDA-Normas de derecho interno deben ser
interpretadas de manera que armonicen con las obligaciones internacionales del
Estado
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL-Aspectos
sobre los cuales la Corte carece de competencia
Desde una perspectiva eminentemente
técnica y de resultados, no le corresponde a la Corte ser un juez de
convencionalidad de los tratados, lo que quiere decir que no está llamada a
verificar la concordancia de la legislación nacional con los demás tratados que
en materia económica obliguen al Estado colombiano. Tampoco le compete
verificar la coherencia de las obligaciones adquiridas en los diferentes
acuerdos internacionales suscritos por Colombia en materia comercial, teniendo
en cuenta que tales convenios contienen las reglas jurídicas necesarias para
sortear las diferencias que se susciten, asegurar la adecuada interpretación de
lo pactado y acudir a los mecanismos convencionales que permitan resolver
posibles discrepancias en la materia, especialmente porque los conflictos
ocurren en general en razón de su aplicación, y ello, por obvias razones,
escapa al conocimiento de este Tribunal. Tampoco su control puede recaer sobre
los efectos de las disposiciones de un tratado, en la medida en que el juicio que adelanta es
abstracto y objetivo, y por lo tanto carece de elementos fácticos de juicio
relacionados con la aplicación directa de las medidas a implementar.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL DE COMERCIO-Efectos
de la decisión de la Corte
La exequibilidad de un tratado internacional de
comercio determinada por esta Corporación, no afecta:
(i) la existencia y vigencia plena de competencias normativas del Congreso y
del Ejecutivo en la materia; (ii) la aplicación, en casos concretos, del bloque
de constitucionalidad y (iii) la eventual procedencia de alcance de las
acciones constitucionales. Un tratado de libre comercio, por no ser más que una
ley ordinaria, no puede llevar al vaciamiento o desconocimiento de las
competencias de los órganos judiciales que propenden por la defensa de los
derechos fundamentales y por ende, debe ser interpretado y aplicado de
conformidad con la Constitución. En caso de una declaratoria de inexequibilidad
de la ley o del Tratado, la ausencia de aprobación constitucional le impide al
Jefe Estado adelantar actuaciones enderezadas a perfeccionar el instrumento
internacional. De tratarse de un acuerdo multilateral aprobado por el Congreso
de la República y sometido a este tipo de control preventivo, si existen
disposiciones contrarias a la Constitución y así lo declara la Corte, el
Gobierno puede perfeccionar el Tratado, siempre y cuando haga las reservas
correspondientes formuladas dentro de las reglas específicas que para dicho fin
se prevén en el derecho internacional de los tratados o en los tratados mismos,
por cuanto la sentencia es vinculante para el Jefe de Estado colombiano.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LOS PAISES
DEL TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Negociación y celebración/TRATADO INTERNACIONAL-Confirmación presidencial subsana eventual vicio de
representación del Estado
Si bien el Tratado de Libre Comercio con El
Salvador, Guatemala y Honduras fue suscrito por el Ministro de Comercio,
Industria y Turismo de Colombia, contando con plenos poderes conferidos por el
Presidente de la República para el efecto, cumpliéndose
con el requisito de la habilitación ejecutiva para celebrar el convenio
internacional mencionado; no obstante, el Primer Mandatario le impartió
adicionalmente aprobación ejecutiva al acuerdo en mención, circunstancia que
sin ser necesaria confirma nuevamente el asentimiento del Presidente en la
celebración del acto y subsana cualquier eventual vicio de representación del
Estado colombiano en el proceso.
CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE
ACUERDO-Forma
para celebrar convenios internacionales/CANJE DE NOTAS-Concepto/CANJE
DE NOTAS-Constituye un verdadero tratado internacional/CANJE DE NOTAS-Mecanismo
para efectuar correcciones en textos de tratados/CANJE DE NOTAS-Funcionario
competente/CANJE DE NOTAS-Procedimiento/CANJE DE NOTAS-Vigencia
El canje de notas es un procedimiento mediante el
cual, el Ministro de Relaciones Exteriores de un Estado le dirige a su homólogo
de otro Estado, una nota, carta, o comunicación, en la cual se contemplan y
fijan los puntos objeto de acuerdo. Recibida la nota, el funcionario competente
del otro Estado puede contestar, objetando alguno o todos los asuntos puestos
en su consideración, o por el contrario, puede aceptar la propuesta. En este
último evento, la contestación que se produce por ese Estado mediante una carta
-que reproduce generalmente el texto de lo formulado en primera instancia por
el otro Estado-, contiene el asentimiento a los asuntos planteados y significa
la formalización del acuerdo y en muchos casos, su entrada en vigor, a menos
que las notas mismas estipulen otra determinación. De acuerdo con la
jurisprudencia de esta Corporación, el Canje de Notas ha de ser considerado
como un verdadero tratado internacional, lo que significa que debe cumplir con
los requisitos de aprobación interna de cada Estado y por consiguiente deber
ser objeto igualmente de revisión constitucional. En el presente caso, mediante Notas Diplomáticas firmadas por el entonces
Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, el Gobierno de Colombia propuso
a los Gobiernos de las Repúblicas de El Salvador, Honduras y Guatemala,
corregir el Anexo 3.4. del Capítulo 3 del Tratado relativo al “Trato nacional y
Acceso de mercancías al Mercado. Sección Agrícola- Lista de Desgravación de
Colombia para El Salvador, Guatemala y Honduras”, una vez constatados algunos
errores mecanográficos en el TLC suscrito entre las partes, siendo la respuesta
de las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras positiva al respecto, y en las que los tres países
aceptan las correcciones propuestas por Colombia. En tales comunicaciones los
Estados implicados corroboraron además, que las notas diplomáticas constituían
acuerdo entre ellas y que entraban en vigencia a partir de la fecha en que
entrara en vigor el TLC de la referencia.
CANJE DE NOTAS-Confirmación presidencial subsana eventual vicio de
representación del Estado
PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Solicitud
trámite de urgencia/PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento
del plazo para trámite de urgencia no genera vicio de procedimiento ni ocasiona
pérdida de competencia para el trámite del proyecto
Respecto del proyecto de ley que aprueba Tratado de
Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador,
Guatemala y Honduras, y los canjes de notas correspondientes, medió solicitud
del Presidente de la República para darle trámite de urgencia en el Congreso, a
fin de lograr el trabajo conjunto en primer debate de las Comisiones Segunda Permanentes
de Senado y Cámara, la cuales fueron autorizadas mediante resoluciones de las
respectivas mesas directivas. Al respecto, si bien el reglamento del Congreso, prevé
que en el caso de solicitud de trámite de urgencia, la respectiva Cámara deberá
decidir sobre él dentro de un plazo de 30 días, que la Corte ha interpretado no
en términos preclusivos, en el sentido de que el incumplimiento del mencionado
plazo no puede constituir un vicio que tenga la virtualidad de generar la
inexequibilidad de la norma, además que el Congreso conserva su atribución
legislativa aún después de vencido ese término, teniendo en cuenta que el
Legislador no pierde su competencia para seguir tramitando el proyecto pasado
el plazo con ocasión de la disposición legal. La manifestación de urgencia del
Presidente puede repetirse en todas las etapas constitucionales del proyecto, lo
que significa que la facultad presidencial de insistir no se agota por el sólo
uso que de ella haga en una primera oportunidad.
PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Implicaciones
del trámite de urgencia y la deliberación conjunta de Comisiones Permanentes/PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Sesión
conjunta de comisiones de cámaras por mensaje de urgencia implica cumplimiento
de requisito de inicio de trámite
Si bien se impone como una condición necesaria para
que un proyecto se convierta en ley, que el mismo surta un total de cuatro
debates, que deben darse de manera integral para que lo aprobado o improbado
tenga plena validez, en los casos en que se llevan a cabo sesiones conjuntas de
las Comisiones Permanentes de cada Cámara, se prevén excepciones a ese trámite,
que difieren de la regla general, con las siguientes implicaciones: (i) quedan
reducidos a tres los debates que deben celebrarse: el primer debate conjunto y
los posteriores debates en las plenarias de cada cámara; (ii) la ponencia para
primer debate, se debe presentar de manera conjunta; (iii) se modifican los
términos previstos en el artículo 160 de la Carta para la deliberación entre
cámaras; y (iv) se elimina la prelación del trámite en la plenaria de alguna de
las cámaras, pues la ley orgánica permite la aprobación simultánea del proyecto
presentado, por lo que no se privilegia en el tiempo a ninguna de las dos
cámaras. Así, es posible que simultáneamente pueda darse el segundo debate en
cada una de las Cámaras, sin que exista la prelación temporal de una cámara
sobre la otra, a diferencia de lo que ocurre en el trámite legislativo típico.
En esa medida, un proyecto de ley aprobatoria de un tratado debatido y aprobado
en las comisiones conjuntas respectivas, puede ser aprobado en simultáneo en
las Plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, o
primero en la Plenaria de la Cámara de Representantes y luego en la Plenaria
del Senado de la República, sin que ello implique un desconocimiento del
artículo 154 de la Carta.
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN TRAMITE
LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Formas aceptadas para su cumplimiento/PRINCIPIO
DE PUBLICIDAD EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Cumplimiento
El principio de publicidad es una
condición constitucional necesaria para permitir la participación de los
congresistas en el debate propio de su competencia legislativa. El artículo 157
numeral 1 de la Carta, consagra como uno de los requisitos constitucionales del
trámite parlamentario vinculado con la expedición de las leyes, el que se
realice la publicación oficial por el Congreso del proyecto respectivo y de la
ponencia, antes de darle curso en la comisión que corresponda. La
jurisprudencia constitucional en diversas oportunidades ha sostenido, en cuanto
a la publicidad de la ponencia de la que habla el artículo 156 de la ley 5ª de
1992, que el requisito señalado puede sortearse de dos formas: (i) mediante la
publicación previa de la ponencia en la Gaceta del Congreso, que es la regla
general y (ii) a través del reparto previo de copias y su publicación ulterior
al debate, siendo ésta última una excepción a la regla general, que ha sido
considerada viable constitucionalmente en los términos fijados por el
legislador. En el caso concreto, las exigencias de publicidad del proyecto de
ley y de sus ponencias para primer y segundo debate antes de darles curso en
las comisiones respectivas, se cumplieron.
PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Contabilización
en días comunes del plazo entre el primero y segundo debate y entre aprobación
en una e iniciación del debate en la otra cámara/PROYECTO DE LEY APROBATORIA
DE TRATADO INTERNACIONAL-Contabilización en días comunes de plazo entre
debates en trámite de urgencia/PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Término de quince días para debate entre cámaras no es
imperativo cuando ha mediado mensaje de urgencia y debate en Comisiones
conjuntas
Según el artículo 160 de la Carta, el término que debe
mediar para la aprobación de un proyecto de ley en la comisión constitucional
respectiva y la plenaria, debe ser “no inferior” a 8 días. Y entre la
aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la
otra, “por lo menos” de 15 días. Estos plazos, deben contabilizarse en días comunes
y no hábiles. No obstante, cuando se ha presentado mensaje de urgencia del
Presidente de la República, el trámite ordinario del proceso legislativo se
altera, y en lo que tiene que ver con la exigencia constitucional del término
entre debates, la Corte ha señalado que en estos casos sólo debe respetarse el
lapso de ocho (8) días mínimo entre el primer debate (sesión conjunta de
comisiones) y el segundo debate (plenarias de las cámaras), teniendo en cuenta
que el término de 15 días entre Cámaras no es imperativo, cuando se ha dado un
debate conjunto de las comisiones con anterioridad.
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Criterios de interpretación/REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-No constituye un error de entidad
suficiente cuando se convoca “para mañana” y se desacierta en la fecha/REQUISITO
DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento
Para la Corte, el error en que incurrió el Presidente
de las Comisiones Conjuntas de Senado y Cámara al cerrar la sesión del 6 de
mayo de 2008 y convocar la sesión para “mañana miércoles 8 de mayo de 2008 a
las 10 a.m. en este mismo recinto”, no es un desatino que haya tenido la
entidad suficiente de ocasionar una confusión real sobre la fecha de discusión
del proyecto objeto de análisis, pues si la sesión del anuncio estaba teniendo
lugar el día martes 6 de mayo de 2008, a pesar de haberse dicho 8 de mayo al
final de la reunión por error, lo cierto es que una convocatoria citada para
“mañana”, debería tener lugar exclusivamente al día siguiente de esa sesión,
esto es el 7 de mayo de 2008, y si bien reconoce la Corte que es importante
consignar datos exactos dentro del trámite legislativo a fin de que se evite
cualquier confusión, lo cierto es que en este caso el anuncio para primer
debate de las comisiones segundas conjuntas de Senado y Cámara cumplió el fin
constitucional que le correspondía a pesar del error descrito.
PRINCIPIO DE INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS
EN TRAMITE LEGISLATIVO-Aplicación
REQUISITOS DE QUORUM Y MAYORIAS EN TRAMITE
LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento
TRATADO DE LIBRE COMERCIO-Contexto general
TRATADO DE LIBRE COMERCIO-Antecedentes
PROCESOS DE INTERNACIONALIZACION E
INTEGRACION ECONOMICA DE CARACTER REGIONAL-Casos representativos para Colombia
En el ámbito regional, Colombia
dio su primer paso en materia de internacionalización e integración de su
economía, con la suscripción del Acuerdo de Cartagena en 1969, con el cual se
creó el Grupo Andino. El siguiente paso significativo en su proceso de
internacionalización fue dado por Colombia al firmar el Acuerdo de Montevideo
en 1980, por medio del cual se creó la Asociación Latinoamericana de
Integración, ALADI, creada con el objeto de promover la integración y el
desarrollo armónico y equilibrado de la región, hasta llegar a conformar un
mercado común latinoamericano. Durante la década de los ochenta, Colombia
negoció varios Acuerdos de Alcance Parcial, cuyo propósito era el fortalecimiento
del intercambio comercial mediante el otorgamiento de preferencias arancelarias
y no arancelarias. Como parte de esos Acuerdos se destacan los suscritos con
los países Centroamericanos: Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador,
Honduras y Panamá. Durante el 2004, se suscribió el Acuerdo de Libre Comercio entre
los países Miembros de la CAN y los países Miembros del Mercosur con lo cual se
profundiza el nivel de integración de Colombia con los países suramericanos. En
la actualidad la estrategia de internacionalización de Colombia se ha centrado
en la negociación de Acuerdos de Libre Comercio que recogen los principales
desarrollos en esta materia a nivel internacional. Estos Acuerdos se han
orientado y priorizado atendiendo los vínculos con sus diferentes socios
comerciales.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO-Concepto
Los Tratados de Libre Comercio han sido concebidos
como medios más profundos de integración, ya que en su cuerpo central han
incluido además de la voluntad de establecer zonas de libre comercio entre las
partes, otros elementos relacionados con compras públicas, políticas de
competencia, solución alternativa de conflictos, medio ambiente e inversión.
Incluso algunos han incorporado cláusulas relacionadas con la propiedad
intelectual y estándares laborales.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y
LOS PAISES DEL TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Antecedentes
Uno de los pasos más significativos de Colombia en
materia de integración y desarrollo económico fue la suscripción del Tratado de
Montevideo de 1980, que creó la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI) y que reemplazó
al de 1960, que había dado origen a la antigua ALALC. Ese instrumento fue
aprobado por Colombia mediante la Ley 45 de 1981 y tiene por objeto promover el
desarrollo económico-social en la región. De acuerdo con el artículo cuarto del
Tratado de Montevideo de 1980, los países miembros de la ALADI cuentan con
diversos mecanismos para el logro de tales propósitos, entre ellos: los Acuerdos
de Alcance Parcial; los Acuerdos de Complementación Económica y los Acuerdos
Regionales, y entre los Acuerdos Regionales se cuenta la Preferencia
Arancelaria Regional (PAR), que consiste en una reducción porcentual de los
gravámenes aplicables a las importaciones desde terceros países, que los países
miembros se otorgan recíprocamente sobre las importaciones de productos
originarios de sus respectivos territorios.  Asimismo, el Tratado de Montevideo
autoriza a los países miembros de la Asociación a suscribir Acuerdos de Alcance
Parcial (AAP) con otros países y áreas de integración de América Latina. Entre
los Acuerdos de Alcance Parcial (AAP) celebrados por Colombia con los países
que conforman el llamado Triángulo Norte Centroamericano, pueden citarse los
siguientes: (i) el Acuerdo de Alcance Parcial No 5 entre Colombia y Guatemala,
cuyo objetivo era el de fortalecer el intercambio comercial con ese país,
otorgando las partes preferencias arancelarias recíprocas y eliminando las restricciones
no arancelarias a la importación de mercancías, con miras a promover el
intercambio comercial sobre una base previsible, transparente, permanente y en
forma compatible con sus respectivas políticas económicas. Este Acuerdo fue
modificado mediante sendos protocolos que no entraron en vigencia porque
Guatemala no concluyó el Trámite Legislativo ante su Congreso. (ii) El Acuerdo
de Alcance Parcial No 8 entre Colombia y El Salvador, celebrado como se ha
dicho en el marco del Tratado de Montevideo, e incorporado en la Legislación
colombiana mediante el Decreto 2500 de 1985 y modificado mediante el Decreto
732 de 1990. (iii) Acuerdo de Alcance Parcial AAP No 9 entre Colombia y
Honduras, incorporado a la legislación colombiana mediante el Decreto 2500 de
1985. Este acuerdo fue modificado en dos protocolos que fueron incorporados a
la legislación colombiana mediante el Decreto 1620 de 2001. Estos Acuerdos de
Alcance Parcial (AAP) Nos. 5, 8 y 9 con excepción de las preferencias
arancelarias establecidas en los AAP número 8 y 9 suscritos con las Repúblicas
de El Salvador y Honduras, quedan sin efectos a partir de la entrada en vigor
del Tratado de Libre Comercio
TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y
LOS PAISES DEL TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Características
El tratado suscrito entre Colombia y el Salvador,
Guatemala y Honduras, es un tratado plurilateral de naturaleza comercial, que
si bien fue negociado conjuntamente entre los cuatro países y firmado en un
solo cuerpo, en realidad sólo consagra derechos y obligaciones entre Colombia y
cada uno de los países del Triángulo Norte, ya que no opera a favor de los
países centroamericanos entre sí, por lo que no obstante gozar de un articulado
común, es posible encontrar en sus preceptos o en los anexos, definiciones por
países, consideraciones y reservas particulares, para cada uno de ellos.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y
LOS PAISES DEL TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Finalidad
El Tratado de Libre Comercio con el Triángulo Norte
Centroamericano, forma parte de la estrategia de internacionalización de la
economía y liberación de los mercados emprendida por el Gobierno colombiano,
con sus distintos socios comerciales, y entre los fines perseguidos por las
Partes con la suscripción de este Convenio, se encuentra el objetivo de
promover el desarrollo social y económico de los Estados miembros, por medio de
la eliminación de las barreras al comercio, la simplificación de la circulación
transfronteriza de bienes y servicios y la liberalización económica, con el
propósito de generar crecimiento y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos.
A su vez, propende por lograr la promoción y protección de las inversiones
entre los Estados parte, favoreciendo la transferencia de tecnología, la
generación de empleo y el desarrollo de la competitividad, optándose por la
creación de una Zona de Libre Comercio entre Colombia y cada uno de los países
del Triángulo Norte Centroamericano, para incrementar las oportunidades
comerciales de los empresarios y permitir la diversificación y expansión del
comercio de bienes y servicios, así como el establecimiento de reglas y
procedimientos claros y transparentes, que permitan la ejecución y el
cumplimiento efectivo del tratado. Todo en consonancia con los derechos y obligaciones
de las Partes como miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de
otros convenios internacionales en materia comercial.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y
LOS PAISES DEL TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Respeta el principio de soberanía nacional y la
autodeterminación de los pueblos/TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y
LOS PAISES DEL TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Se ajusta a las
disposiciones de la Constitución en relación con la internacionalización y
modernización de la economía
TRATO ESPECIAL Y DIFERENCIADO TED-Concepto/TRATO ESPECIAL Y DIFERENCIADO
TED-Origen/TRATO ESPECIAL Y DIFERENCIADO TED EN TRATADO DE LIBRE
COMERCIO CON PAISES DEL TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Aplicación en
plazos de desgravación arancelaria/TRATO ESPECIAL Y DIFERENCIADO TED EN
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON PAISES DEL TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Guarda
conformidad con los principios de equidad y reciprocidad
El trato especial y
diferenciado, es un término técnico en el comercio internacional, concebido por
algunos como un principio que surge como respuesta a quienes invocan asimetrías
objetivas entre las economías, sobre la base de la aceptación de las
diferencias en sus niveles de desarrollo, el tamaño de sus economías y la
necesidad de crear oportunidades para el efecto. En la práctica, se
expresa generalmente a través de medidas que incluyen plazos más largos en la
aplicación de normas multilaterales o en reducciones arancelarias más leves. El
origen del tratamiento especial y diferenciado se ubica en las teorías del
desarrollo que predominaron en los años 50 y 70, y que se asentaban sobre las
siguientes premisas: (i) los países en desarrollo se encuentran en desventaja
cuando participan en acuerdos comerciales con los países desarrollados; (ii)
para maximizar el desarrollo sostenible de los países en desarrollo se
necesitan políticas comerciales distintas que para los países desarrollados y
(iii) resultaba del interés de los países desarrollados ayudar a que los países
en desarrollo, participaran en el sistema comercial internacional. El TLC con el Triángulo Norte, incorpora entonces este concepto,
mediante disposiciones tendientes a reconocer la existencia de diferencias
entre las economías de los países firmantes, bajo el supuesto de que economía
colombiana es más competitiva, en comparación con la de los Estados
Centroamericanos que hacen parte del instrumento internacional, lo que significa
que en el Acuerdo se establecieron mecanismos para mitigar esa desigualdad, que
para el caso del TLC, responden principalmente a plazos diferentes de
desgravación arancelaria conforme a los niveles de sensibilidad y desarrollo de
los sectores económicos dentro de cada uno de los países firmantes. Así pues, evaluada
la declaración del tratamiento especial y diferenciado a la que hace alusión el
Preámbulo del Convenio y su materialización en el Tratado, debe concluirse que
el TLC con el Triángulo Norte Centroamericano, luego de un análisis general de
las cláusulas convencionales en su conjunto, no controvierte en modo alguno los
principios de equidad y reciprocidad constitucional exigidos por la Carta, pues las partes asumieron compromisos equivalentes, siendo
el reconocimiento de las asimetrías una concreción de la equidad en el
tratamiento comercial.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON PAISES DEL
TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Carácter recíproco y equitativo
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON PAISES DEL
TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Preámbulo con fuerza vinculante
CLAUSULA DE TRATO NACIONAL-Concepto/CLAUSULA DE TRATO NACIONAL-Validez
constitucional
En virtud del trato nacional, se entiende
que las mercancías elaboradas en uno de los países que participan en este
Acuerdo, deberán ser tratadas en las mismas condiciones que se aplican a las
mercancías nacionales en cada Estado, salvo las restricciones consagradas en el
Acuerdo. La jurisprudencia constitucional ha avalado en diferentes
oportunidades este principio, señalando que garantiza la igualdad y el objetivo de no
discriminación en las relaciones internacionales de un lado, a la par que
desarrolla el principio de reciprocidad en materia comercial entre los Estados
firmantes.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON PAISES DEL
TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Reglas de origen constituyen desarrollo del principio de reciprocidad en materia de integración económica y
comercial
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON PAISES DEL
TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Medidas de salvaguardia, Antidumping y compensatorias se ajustan a la constitución
La inclusión de medidas de salvaguardia, al igual que
las medidas antidumping y compensatorias  en
el Tratado de Libre Comercio objeto de estudio, se encuentran ajustadas a la
Carta, teniendo en cuenta que responde a la finalidad proteger a los
productores nacionales ante situaciones de grave amenaza o riesgo para su
supervivencia, originadas por la aplicación del Programa de Desgravación
Arancelaria o tras comprobar la existencia de
prácticas desleales de comercio.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON PAISES DEL
TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Medidas sanitarias y fitosanitarias encuentran respaldo constitucional
en el ordenamiento jurídico colombiano
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON PAISES DEL
TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Disposiciones sobre contratación pública se ajustan a los principios
que orientan la contratación pública en Colombia
Las normas
en materia de contratación pública y sus exclusiones previstas en el Tratado de
Libre Comercio con países de Triángulo Norte Centroamericano se ajustan a la
Carta, ya que desarrolla los principios que animan a la función pública que
están al servicio de los intereses generales, como la igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, además, que reconoce
como derecho aplicable en materia de contratación pública el derecho interno de
los Estados - Ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias-, y asegura
excepciones respetuosas de la soberanía nacional y autodeterminación de los
pueblos a la par que promueve la integración comercial en áreas antes no
exploradas entre las Partes
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON PAISES DEL
TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Medidas relacionadas con inversión, inversionistas y solución de
conflictos entre inversionistas y Estado responden a principios de no
discriminación, equidad, buena fe y reciprocidad
Las medidas relacionadas con la protección a las
inversiones y a los inversionistas de los países miembros que consagra el TLC,
se traducen en la garantía de un Tratamiento Justo y Equitativo y la seguridad
en el territorio a las inversiones amparadas por el Acuerdo, además de establecer el Trato Nacional y el Trato de
la Nación más Favorecida, así como el derecho a la libre transferencia de
dinero, estableciendo de esta forma un marco jurídico
estable para el manejo de las inversiones entre Colombia y los demás países del
Triángulo Norte.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON PAISES DEL
TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Prohibición de expropiación y casos de excepción/TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON PAISES DEL
TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Aplicación de criterios de nacionalidad y prohibición de requisitos de
desempeño a inversionistas/EXPROPIACION
INDIRECTA EN TRATADO DE LIBRE COMERCIO-Tiene fundamento constitucional en principio de
confianza legítima
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON PAISES DEL
TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Reglas de solución de controversias entre inversionistas y el Estado, e
inaplicación en controversias surgidas con anterioridad al Tratado/TRATADO
DE LIBRE COMERCIO CON PAISES DEL TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Compensación
por pérdidas
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON PAISES DEL
TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Comercio transfronterizo de servicios/TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON
PAISES DEL TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Excepciones al comercio
transfronterizo de servicios
El Tratado celebrado por las partes, no se limitó a
fijar las reglas en el intercambio de productos y mercancías dentro de la zona
de libre comercio pactada entre ellas, sino que se extendió al ámbito de la
prestación de servicios, habida cuenta que el comercio de servicios y el
comercio de mercancías presentan diferencias significativas en el marco
normativo internacional, diferencias que fueron resaltadas en el Cuarto
Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS-GATS),
de donde se desprende, que no es posible aplicar a estos dos ámbitos del
comercio internacional, en los mismos términos, principios como el de la nación
más favorecida, o trato nacional, porque su alcance difiere en cada caso. Es
así como las limitaciones que puedan establecerse a la cláusula de la Nación
más favorecida no contrarían la Constitución, por cuanto atienden las particularidades
del comercio de servicios y la diversidad de situaciones nacionales, lo que
precisamente llevó al AGCS a señalar que no era posible establecer compromisos
uniformes e inmediatos para todas las naciones. De la misma forma, una
reivindicación particular en materia de comercio transfronterizo de servicios,
-que no es pertinente para el caso del comercio de mercancías-, es el no requerimiento
de presencia local, por lo que no se le exige al prestador de servicios de esa
naturaleza (transfronterizos) que mantenga una oficina de representación o una
empresa, o que sea residente en su territorio como condición para la prestación
transfronteriza de un servicio.
MEDIDAS DISCONFORMES-Concepto/MEDIDAS DISCONFORMES EN TRATADO
DE LIBRE COMERCIO CON PAISES DEL TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Requisitos/MEDIDAS
DISCONFORMES EN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON PAISES DEL TRIANGULO NORTE
CENTROAMERICANO-Objeto
Las medidas disconformes terminan siendo en general
cualquier ley, regulación, procedimiento o práctica que es contraria a ciertos
artículos de un acuerdo comercial. Tales manifestaciones por parte de los
Estados están avaladas por el GATS, pero deben constar mediante anexos. Con
dichas medidas, los Estados parte se reservan el derecho de excepcionar algunas
obligaciones en relación con determinadas medidas o sectores negociados en un
acuerdo comercial de esta naturaleza.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON PAISES DEL
TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Comercio electrónico
El Capítulo sobre comercio electrónico del Tratado de
Libre Comercio no ofrece mayores reproches de constitucionalidad, toda vez que
establece un marco normativo para el reconocimiento del suministro de servicios
electrónicos y productos digitales, sin desatender la protección de los
consumidores, facilitando a la vez mecanismos de cooperación entre los Estados
Parte, teniendo en cuenta las grandes oportunidades
que genera este sector para el desarrollo de los países y el impacto de los
medios tecnológicos en la liberalización de la economía
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON PAISES DEL
TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Entrada temporal de personas de negocios
El
Capítulo que regula la entrada temporal de personas de negocios se ajusta a la
Constitución en la medida que asegura el cumplimiento de los objetivos
constitucionales de integración latinoamericana sobre bases de reciprocidad,
sin desconocer la soberanía nacional y las potestades migratorias de los
Estados
PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON PAISES DEL
TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Aplicación
La Sala
considera que dado que el Capítulo sobre transparencia se limita a establecer
mecanismos y procedimientos que tienen como fin principal asegurar que las
reglas de juego del comercio bilateral sean conocidas por todos los operadores
económicos del mercado, éste se ajusta a la Constitución, habida cuenta que el principio
de transparencia en la celebración de acuerdos comerciales como el presente,
garantiza que las operaciones y procedimientos resulten claros y nítidos y, por
lo tanto, exentos de cualquier vicio o fraude, y que este capitulo busca
garantizar que los compromisos asumidos por las Partes no se vean desvirtuados
en la práctica por la presencia de procedimientos administrativos oscuros y
contrarios al mandato de transparencia.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON PAISES DEL
TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Organos de
administración y funciones
La Comisión Administradora del Tratado constituye el órgano máximo
de administración del Acuerdo, integrada por representantes de cada Parte, con funciones,
entre otras: velar por el cumplimiento del TLC; supervisar el proceso de
implementación del Acuerdo y su desarrollo; buscar la solución de las
controversias que surjan respecto de la interpretación o aplicación del Tratado
y prestar su apoyo administrativo a los procedimientos de solución de
controversias; supervisar la labor de todos los comités y grupos de trabajo
creados en el TLC y establecer las reglas y procedimientos administrativos para
la coordinación y funcionamiento del Tratado, pudiendo  – mediante consenso- y
con el fin de cumplir los objetivos del convenio, incluir productos excluidos
del Programa de Desgravación Arancelaria, modificar los plazos pactados a fin
de acelerar la desgravación o modificar aspectos puntuales de las reglas de
origen; modificaciones que tendrán efectos, una vez se de el cumplimiento de
las leyes internas de los países miembros para ese propósito. También se prevé
la creación de Comités Técnicos, integrados por representantes de cada uno de
los Estados firmantes y de Grupos de Expertos por iniciativa de tales Comités, cuyo
objetivo principal es la realización de estudios técnicos específicos en temas
concernientes al Acuerdo. Para la Corte, en tanto que a través de las funciones que se le asignan a la
Comisión Administradora, se busca implementar de manera efectiva el tratado
comercial, fortaleciendo la efectividad de las normas convencionales y
asegurando mecanismos de cooperación internacional que faciliten el
entendimiento entre los Estados Parte, se ajusta al ordenamiento
constitucional.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON PAISES DEL TRIANGULO
NORTE CENTROAMERICANO-Solución de controversias
El TLC determina el procedimiento de solución de las controversias
que puedan
surgir durante su implementación entre la Estados Parte, que como lo ha sostenido esta Corporación, se
trata sin lugar a dudas de una manifestación del principio de solución pacífica
de las diferencias, establecido en el Capítulo VI de la Carta de Naciones
Unidas, encontrando
la Corte que se ajusta
a lo dispuesto en la Constitución, y que el trámite procesal que se adelanta respeta
los postulados del debido proceso, garantizando así el ejercicio del derecho de
defensa de las Partes.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON PAISES DEL
TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Excepciones
generales
El TLC en su capítulo sobre excepciones
generales, establece los casos en los que las Partes pueden tomar medidas que
representen excepciones a las obligaciones impuestas, -conforme a las
excepciones generales en la OMC-, en materia de seguridad nacional y orden
público, balanza de pagos, razones tributarias y de confidencialidad, disposiciones que se ajustan a la Carta, ya
que le permiten al Estado colombiano implementar medidas para proteger
intereses nacionales como la seguridad, el recaudo tributario, cuestiones de
divulgación de información especialmente sensible para el cumplimiento de la
Constitución y la ley y la estabilidad macroeconómica, referida a la balanza de
pagos.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON PAISES DEL
TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Denuncia y
efectos
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON PAISES DEL
TRIANGULO NORTE CENTROAMERICANO-Aplicación
provisional
El tratado incluye una disposición de aplicación
provisional para Colombia del TLC, que va desde el momento de la firma del
Convenio hasta su plena entrada en vigor, cláusula que se
ajusta a la Carta Política, teniendo en cuenta que a partir de la Constitución
de 1991 en Colombia existe la posibilidad de aplicar provisionalmente los
tratados de naturaleza económica y comercial negociados en el marco de una
organización internacional, de acuerdo con el artículo 224 superior, siendo
ésta una
excepción al procedimiento ordinario previsto por la Carta en esta materia. En ese orden de ideas, en el caso particular
del TLC con los países del Triángulo Norte, se establece que la zona de libre
comercio se crea de conformidad con el GATT y el AGCS de la OMC. Esta
aplicación provisional además se enmarca en los parámetros establecidos en el
artículo 25 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados que
autoriza la aplicación provisional de dichos instrumentos internacionales en
ciertas circunstancias.
Referencia: Expediente LAT-338
Revisión de constitucionalidad: de la Ley 1241 de 30 de Julio de 2008, “Por
medio de la cual se aprueba el Tratado de Libre Comercio celebrado entre la
República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y
Honduras, hecho y firmado en Medellín, República de Colombia, el 9 de agosto de
2007” y los “Canjes de Notas que corrigen el Anexo 3.4 del Capítulo 3 relativo
al Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado Sección Agrícola –Lista de
Desgravaciones de Colombia para El Salvador, Guatemala y Honduras, del 16 de
enero de 2008, 11 de enero de 2008 y 15 de enero de 2008, respectivamente”.
Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.
I. ANTECEDENTES.
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del
artículo 241 de la Constitución Política, la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República remitió a esta Corporación el 4 de agosto de 2008,
copia auténtica de la Ley 1241 del 30 de Julio de 2008.
1.
Texto de las
normas.
Teniendo en cuenta la significativa extensión de los
textos materia revisión, la sentencia incorporará solamente el texto de la Ley
1241 de 2008 y se adjuntarán a la providencia, copia del Tratado de Libre
Comercio y de sus anexos, así como de los canjes de notas, remitidos por la
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República[1].
El texto de la Ley 1241 de
2008 de acuerdo con su publicación en el Diario Oficial No. 47.066 de 2008 (julio 30), es el siguiente:
LEY 1241 DE 2008
(julio 30)
Por medio de la cual se aprueba el Tratado
de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El
Salvador, Guatemala y Honduras, hecho y firmado en Medellín, República de
Colombia, el 9 de agosto de 2007, y los Canjes de Notas que corrigen el Anexo
3.4 del Capítulo III relativo al “Trato Nacional y Acceso de Mercancías al
Mercado. Sección Agrícola – Lista de Desgravación de Colombia para El Salvador,
Guatemala y Honduras”, del 16 de enero de 2008, 11 de enero de 2008 y 15 de
enero de 2008, respectivamente.”
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Apruébanse el “Tratado de Libre Comercio entre la
República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras”,
hecho y firmado en Medellín, República de Colombia, el 9 de agosto de 2007, y
los Canjes de Notas que Corrigen el Anexo 3.4 del Capítulo III relativo al
“Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado. Sección Agrícola – Lista de
Desgravación de Colombia para El Salvador, Guatemala y Honduras”, del 16 de
enero de 2008, 11 de enero de 2008 y 15 de enero de 2008, respectivamente.
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de
la Ley 7ª de 1944, el “Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia
y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras”, hecho y firmado en
Medellín, República de Colombia, el 9 de agosto de 2007, y los Canjes de Notas
que Corrigen el Anexo 3.4 del Capítulo III relativo al “Trato Nacional y Acceso
de Mercancías al Mercado. Sección Agrícola – Lista de Desgravación de Colombia
para El Salvador, Guatemala y Honduras”, del 16 de enero de 2008, 11 de enero
de 2008 y 15 de enero de 2008, respectivamente, que por el artículo primero
de esta ley se aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto de los mismos.
ARTÍCULO 3o. La presente ley rige a partir de su publicación.
La Presidenta del honorable Senado de la
República,
NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA.
El Secretario General del honorable Senado
de la República,
EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
OSCAR ARBOLEDA PALACIO.
El Secretario General (E.) de la honorable
Cámara de Representantes,
JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO.
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte
Constitucional, conforme al artículo 241-10
de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de julio de
2008.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Viceministro de Relaciones Exteriores,
encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores,
CAMILO REYES RODRÍGUEZ.
El Viceministro de Desarrollo Empresarial,
encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Comercio, Industria y
Turismo,
SERGIO DÍAZ-GRANADOS GUIDA.
< CANJE DE NOTAS>
<TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA Y LAS REPÚBLICAS DE EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS>
2. Intervención
de las autoridades.
2.1.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
El Ministro de Comercio,
Industria y Turismo, Dr. Luis Guillermo Plata Páez, solicitó a la Corte
Constitucional la declaratoria de exequibilidad del Tratado de Libre Comercio
entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y
Honduras, de los Canjes de Notas que corrigieron el anexo 3.4 del Capítulo 3
del acuerdo en mención y de la Ley aprobatoria 1241 de 2008.
Según el Ministerio, el proceso
de negociación del TLC con El Salvador, Guatemala y Honduras, se inició el 5 de
junio de 2006 en la ciudad de Bogotá, donde se llevó a cabo la primera ronda de
negociaciones que concluyó el 23 de febrero de 2007 en la ciudad de Medellín.
El Tratado fue suscrito el 9 de Agosto de 2007 por el Ministro de Comercio,
Industria y Turismo de Colombia, Dr. Luis Guillermo Plata, quien contaba para
el efecto con plenos poderes, conferidos por el Presidente de la República el
30 de julio de 2007.
El Convenio comercial celebrado
entre las Partes, es plurilateral y establece derechos y obligaciones entre
Colombia y cada uno de los países Centroamericanos que lo suscribieron. Su
objetivo, es el de contribuir a fomentar las oportunidades comerciales y
empresariales de los países vinculados, con sujeción a los principios de
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, enmarcados dentro de la función
y obligación del Estado colombiano de promover la “internacionalización de
las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas” (art. 226
C.P.). A juicio del Ministerio, el Tratado de Libre Comercio suscrito por
Colombia con los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica es
entonces constitucional, con base en las siguientes razones:
a) En cuanto a los antecedentes
comerciales del tratado, el Ministerio destaca la existencia de los
Acuerdos de Alcance Parcial (AAP) previamente celebrados por Colombia con
Guatemala, El Salvador y Honduras en el marco del Tratado de Montevideo de 1980, ALADI. En efecto, para
el interviniente, el Tratado de Montevideo reviste las características de un
“Convenio Marco” que permite un manejo flexible y un cumplimiento relativamente
rápido de los compromisos que se derivan de tales acuerdos comerciales. De esta
forma, si bien los Países del Triángulo Norte de Centroamérica (TN) - Guatemala, El Salvador y
Honduras - no son miembros de
la ALADI[2], las características del
Tratado de Montevideo autorizan que los países que sí lo son como Colombia,
puedan celebrar acuerdos con terceros países y áreas de integración económica
de América Latina a través de Acuerdos de Alcance Parcial. Así, el Ministerio
cita como acuerdos previos de esa naturaleza, celebrados con los países
Centroamericanos que son Parte del Tratado de Libre Comercio que hoy se
estudia, los siguientes convenios:
- Acuerdo de Alcance Parcial No 5 entre Colombia y
Guatemala. Ese acuerdo celebrado en marzo de 1984, tiene como objetivo
fortalecer el intercambio comercial con ese país. Las preferencias establecidas
en el Acuerdo original según el Ministerio, fueron otorgadas por Colombia de forma
unilateral, cubriendo 25 ítems arancelarios. El Acuerdo fue incorporado a la
legislación colombiana mediante el Decreto 2500 de 1985. El objetivo principal
del mismo era otorgar a las Partes preferencias arancelarias recíprocas y
eliminar las restricciones no arancelarias a la importación de mercancías
comprendidas en los Anexos I y II del mismo, así como promover el intercambio
comercial sobre una base previsible, transparente, permanente y en forma
compatible con sus respectivas políticas económicas[3].
- Acuerdo de Alcance Parcial No 8 entre Colombia y El
Salvador. Este acuerdo fue
incorporado en la legislación colombiana mediante el Decreto 2500 de 1985 y fue
modificado mediante el Decreto 732 de 1990. Ese Acuerdo establece en su Anexo
I, los productos a los cuales Colombia otorga preferencias arancelarias.
Algunos productos con preferencia del 100% son: tabaco rubio sin desenervar,
vitamina B12, aceite de limón, libros, tableros de circuito para computadores,
entre otros. Los demás productos tienen preferencias de entre el 10% y el 67%.
- Acuerdo de Alcance Parcial AAP No 9 entre
Colombia y Honduras. Este acuerdo fue incorporado a la legislación
colombiana mediante el Decreto 2500 de 1985. Establece en su Anexo I los
productos a los cuales Colombia otorga preferencias, teniendo preferencia del
100% el tabaco rubio sin desenervar, bentonita, cloro y colofonias. Los demás
productos tienen preferencias entre el 10% y el 50%. Este acuerdo fue
modificado en dos protocolos que fueron incorporados a la legislación
colombiana mediante el Decreto 1620 de 2001.
Para el Ministerio, los acuerdos anteriores
celebrados en el marco de la ALADI con Guatemala, El Salvador y Honduras, son
de naturaleza simplificada, por lo que no fueron incorporados al ordenamiento
interno a través de un procedimiento legislativo, al estar cobijados por el
Tratado de Montevideo que les dio origen[4]. Sin embargo,
recuerda el Ministerio que por expresa disposición del Tratado de Libre
Comercio que se estudia, los Estados Parte acordaron dejar sin efectos, de
conformidad con el parágrafo 2º del artículo 21.3 del TLC, los AAP celebrados
entre ellos, salvo las preferencias arancelarias contenidas en los Acuerdos de
Alcance Parcial suscritos con El Salvador y Honduras, que fueron listadas en el
Programa de Desgravación Arancelaria en el Apéndice del Anexo 3.4., del TLC.
b) En lo concerniente a los aspectos formales
del trámite de
la Ley aprobatoria 1241 de 2008, el Ministerio considera que se cumplieron a
cabalidad los requisitos legislativos que exige la Carta. El procedimiento se ajustó a la
Constitución Política y a las normas señaladas en la Ley 5ª de 1992, por lo que
la Ley 1241 de 2008 fue sancionada por el Presidente de la República el 30
de julio de 2008 y enviada finalmente a la Corte Constitucional el 4 de agosto
de 2008 para su revisión.
c) En lo que respecta al contenido
material del tratado, el Ministerio de Comercio, haciendo hincapié en lo
que denominó aspectos transversales al Tratado, concluyó que el Convenio
era exequible, pues (i) cumple con los principios de equidad, igualdad,
reciprocidad y conveniencia consagrados en la Carta; (ii) con los fines
esenciales del Estado establecidos en la Constitución Política; (iii) con el
objetivo de promover la internacionalización de las relaciones económicas con
Latinoamérica; (iv) con el respeto a la soberanía nacional y el principio de
autodeterminación de los pueblos consagrado en el artículo 9º de la Carta y (v)
con la protección de los derechos de los consumidores y su acceso a bienes y
servicios de mejor calidad y precio, sin afectar a grupos especialmente
protegidos, como las comunidades étnicas, según se indicó.
d) En cuanto a las conclusiones
sobre el contenido concreto de las disposiciones del Tratado, el
Ministerio de Comercio solicita que tales preceptos sean declarados exequibles
con fundamento en los siguientes argumentos:
- El Preámbulo del
TLC es exequible, porque los principios orientadores del Convenio están
encaminados a fortalecer las relaciones comerciales, el desarrollo económico y
a profundizar la integración económica latinoamericana, lo que se ajusta a lo
señalado en los artículos 9,79, 80, 226 y 227 de la Constitución.
- El Capítulo Primero,
tiene como objetivo principal, crear el área de Libre Comercio entre
Colombia y El Salvador, Guatemala y Honduras. Este capítulo a juicio del Ministerio,
se encuentra ajustado a la Constitución, porque es desarrollo de los artículos
9, 226 y 227 de la Carta. Además la existencia de zonas de libre comercio fue
avalada constitucionalmente en la sentencia C-864 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil).
- El Capítulo Dos,
sobre Definiciones Generales, pretende establecer criterios claros de
los términos usados en el tratado que eviten interpretaciones diversas.
En cuanto a la definición de territorio,
si bien la establecida en el TLC no es idéntica a la señalada en el artículo
101 de la Carta, los principales elementos de la definición constitucional
están en ella y la definición se encuentra sujeta a la legislación nacional de
cada parte y al derecho internacional. En ese sentido la definición no altera
el contenido de la norma constitucional ni puede hacerlo, pues tiene que ver
solamente con los efectos relacionados con la aplicación de las obligaciones
del acuerdo. En ese sentido existen múltiples acuerdos suscritos por Colombia
que han sido declarados exequibles, contando con una definición de territorio,
distinta de la redacción establecida en la Carta.
- El Capítulo Tercero,
denominado Trato Nacional y el Acceso de Mercancías al Mercado, tiene
como objetivo establecer normas que le otorguen estabilidad a las relaciones
comerciales entre las Partes. Para el Ministerio, este Capítulo es importante
para Colombia porque: (a) fortalece el proceso de integración comercial de
Colombia en la economía mundial, mediante la búsqueda de mejores condiciones de
acceso para la oferta exportable colombiana. (b) Logra un acceso real de los
mercados objetivos, mediante la eliminación de restricciones arancelarias y no
arancelarias injustificadas que afecten el comercio bilateral de bienes
industriales. (c) Se benefician los programas de liberación de aquellas
mercancías que hagan uso de instrumentos de promoción de las exportaciones como
el Plan Vallejo y Zonas Francas, siempre y cuando se cumpla con las
disposiciones que en estas materias existen en la OMC y las mercancías cumplan
con las normas de origen pactadas en el Tratado y (d) se sientan las bases para
que a mediano plazo se logre aplicar la cláusula evolutiva mediante la cual las
Partes podrán mejorar la oferta de bienes.
En cuanto a su constitucionalidad,
la entidad interviniente señala que el Principio de Trato Nacional o trato
no discriminatorio en materia de acceso de mercancías es exequible, por
desarrollar los artículos 13, 100 y 227 de la Constitución. Además complementa
los artículos 9 y 226 de la Carta, porque lo que se quiere es crear una zona de
libre comercio que pueda edificarse sobre la base de la equidad y la
reciprocidad.
Sobre la degravación
arancelaria estipulada en el artículo 3.4. del Tratado, el Ministerio
estima que ella también es constitucional, toda vez que garantiza el acceso
efectivo de las mercancías al territorio de los Estados Parte como instrumento
fundamental para consolidar la Zona de Libre Comercio. El artículo 3.4.1., por
su parte, consagra la obligación de quienes suscribieron el acuerdo de eliminar
“progresivamente” sus aranceles aduaneros sobre mercancías originarias,
de conformidad con la lista de desgravación acordada y contenida en el anexo
3.4. El artículo consagró lo que comúnmente se llama “Programa de Liberación
Arancelaria”, en el que se establece la desgravación inmediata de algunos
productos a partir de la entrada en vigencia del instrumento internacional y
periodos de desgravación para otros, que en el caso colombiano, según indica el
Ministerio, consultaron las asimetrías o sensibilidades propias de Honduras,
Guatemala y El Salvador, como ya se indicó. Tales asimetrías, que se reflejan
en el Programa de liberación descrito, consisten en un acceso más rápido a la
oferta exportable de mercancías del país o países de menor nivel de desarrollo,
(en este caso Honduras, Guatemala y El Salvador), al país de mayor nivel de
desarrollo (Colombia) y al mismo tiempo otorgan un acceso más lento a la oferta
exportable colombiana a los países Centroamericanos a fin de que los distintos
sectores productivos de esos países puedan ajustarse y no se vean afectados
intempestivamente por la oferta de productos colombianos, sin tiempo suficiente
para mejorar su competitividad y afrontar la competencia.
La siguiente tabla presentada
por la entidad interviniente, ilustra los resultados de la negociación en el
ámbito industrial. En ella se detalla la distribución de las listas de
desgravación. Se observa la proporción en la que los productos de orden
industrial que ofrece Colombia a los países del Triángulo Norte van aumentando
a medida que se cumplen los plazos de desgravación y se pasa de una canasta a
otra. Ocurre lo mismo con los productos que ingresan a Colombia que tiene a su
vez sus propias listas de desgravación.
En la canasta A están los
productos de acceso inmediato. En la B, los de acceso en 5 años. En la C los de
acceso en 10 años o más y en la D se encuentran la canasta de 15 años. La
canasta G, que es principalmente utilizada por Guatemala, suma desde el primer
día de entrada en vigencia del Tratado, aproximadamente el 2% del universo
arancelario industrial, con una preferencia promedio del 65% sobre el arancel
de nación más favorecida, así:
Resultados de la Negociación
Ámbito Industrial
I. Según el número de líneas
arancelarias.
Oferta de Colombia para el Triángulo
Norte
Oferta del Triángulo Norte
para Colombia
Canastas
El Salvador
Guatemala
Honduras
El Salvador
Guatemala
Honduras
A
4.122
4.126
5.030
2.896
3.017
3.043
B
470
405
480
498
437
1.243
C
169
198
182
421
355
424
D
0
1
0
150
172
159
E
1.305
1260
382
1.469
1.379
549
F
0
0
0
0
1
0
G
15
101
3
96
4
Total
6.081
6.091
6.077
5.434
5.457
5.422
II. Según participación en el
Universo Arancelario Industrial.
Oferta de Colombia para el Triángulo
Norte
Oferta del Triángulo Norte
para Colombia
Canastas
El Salvador
Guatemala
Honduras
El Salvador
Guatemala
Honduras
A
67,9
67,7
82,8
53,3
55,3
56,1
B
7,7
6,6
7,9
9,2
8,0
22,9
C
2,8
3,3
3,0
7,7
6,5
7,8
D
0,0
0,0
0,0
2,8
3,2
2,9
E
21,5
20,7
6,3
27,0
25,3
10,1
F
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
G
0,2
1,7
0,0
0,0
1,8
0,1
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Fuente Dane y SAC Cálculos de
Mincomercio.
Atendiendo entonces la
necesidad de otorgar asimetría a los países del Triángulo Norte en consideración
a las diferencias en tamaño y a los niveles de desarrollo de los Estados, la
oferta de Colombia es distinta respecto de la que se acaba de describir para el
Triángulo Norte. De hecho, Colombia permitirá el ingreso de productos, cinco
años antes que los países de Centroamérica. Este tratamiento es a juicio del
Ministerio, exequible, en la medida en que responde a la aplicación del
principio de equidad. A su vez es una manifestación concreta de la igualdad
material y una aplicación específica del principio de conveniencia nacional ya
explicado. Al respecto, recuerda el Ministerio que en la sentencia C-178 de
1995 (M.P. Fabio Morón Díaz) la Corte Constitucional se refirió al principio de
equidad como el pilar de las asimetrías existentes entre México y Colombia y su
reconocimiento en el Programa de Liberación Comercial acodado en el Tratado de
México con Venezuela. Igualmente afirmó que este tema también había sido
avalado por la Corte en la sentencia C-864 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil),
en cuanto a las diferencias en los niveles de desarrollo entre Argentina y
Brasil con respecto a Colombia. De lo que se desprende que el tratamiento “asimétrico”
en cuanto a los tiempos de desgravación que propone el TLC con los países del
Triángulo Norte es constitucional, pues además de las razones anteriores,
permite hacer efectivas las garantías del artículo 333 de la Carta, al promover
la libre competencia, permitir que los sectores productivos colombianos mejoren
su competitividad y al hacer efectivos los derechos de los consumidores según
el artículo 78 de la Carta.
En lo concerniente al desmonte
de los subsidios a la exportación agrícola, lo establecido en el
artículo 3.15 del Tratado es un propósito sobre el que los países del Triángulo
Norte y Colombia convinieron previamente como miembros de la OMC. Además la
sentencia C-178 de 1995 (M.P. Fabio Morón Díaz) avaló la constitucionalidad de
este tipo de medidas.
En cuanto a la administración
e implementación de contingentes arancelarios (art. 3. 16 del Tratado), el
Ministerio considera que la norma es exequible, toda vez que procura equilibrar
los propósitos de liberación comercial entre los Estados en virtud de lo
dispuesto en los artículos 9, 150 numeral 16, 226 y 227 de la Carta, con la
necesidad de proteger la producción de alimentos, es decir, garantizar la
seguridad alimentaria y otorgar prioridad al desarrollo de las actividades
agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, de conformidad
con el artículo 65 de la Constitución.
Finalmente, el capítulo tercero
también consagra la creación del Comité de Comercio de Mercancías (Art.
3.17 de Tratado) normativa que es exequible, por garantizar la cooperación
entre las partes, asegurar la correcta aplicación del Tratado y servir como
escenario para resolver las diferencias en cuanto la interpretación del mismo.
- El Capítulo Cuarto del
Tratado, relacionado con las Reglas de Origen, pretende establecer
criterios de calificación para garantizar que sólo las mercancías originarias,
es decir, los bienes producidos, transformados y procesados en los países que
suscriben el tratado se beneficien del tratamiento arancelario preferencial[5].
Para el Ministerio el capítulo es constitucional, por responder a los
presupuestos de igualdad, eficacia y cooperación internacional, ya que sin las
normas de origen del Tratado, se daría lugar a la triangulación, que va en
contravía del mandato constitucional que propende por la prosperidad general.
Además, la Corte Constitucional se pronunció sobre el régimen de origen
establecido en tratados internacionales, en la sentencia C-864 de 2006 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil), afirmando que las reglas de origen aseguran la
efectividad de los principios de igualdad y promoción de la actividad
económica.
- El Capítulo Cinco,
correspondiente los Procedimientos Aduaneros Relacionados con el Origen de
las mercancías, consagra el establecimiento de mecanismos transparentes de
certificación y verificación del origen de los productos, que permitirá revisar
aquellas importaciones en las que existan dudas respecto del cumplimiento de
las normas de origen consagradas en el Tratado. Los procedimientos
consagrados en este capítulo, a juicio del Ministerio, se rigen por los
principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficiencia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad. En el tema relativo a las resoluciones
del Artículo 5.7 del Tratado sobre procedimientos de verificación de origen, se
preserva la soberanía nacional, teniendo en cuenta que siempre se deberá dar
cumplimiento a la legislación nacional en el procedimiento aduanero a seguir. A
su vez, lo dispuesto en el artículo 5.9 relacionado con la revisión y apelación
de las resoluciones de origen de las importaciones y exportaciones, guarda
íntima relación con dos aspectos del Estado Social de Derecho a saber: el
principio de la doble instancia y la imparcialidad de la administración
pública. Finalmente en cuanto a la confidencialidad, se concluye que el
artículo es igualmente constitucional, porque sigue las directrices de la
sentencia C-328 de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
- El Capítulo Seis,
sobre Facilitación del Comercio, como se refiere a procedimientos
aduaneros, desarrolla a juicio del Ministerio, el Artículo 209 de la Carta
Política en la medida en que realza los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Se ajusta así mismo
a los mandatos constitucionales al buscar obtener información sobre las
actuaciones de las autoridades públicas. En cuanto a la confidencialidad, el
artículo 6.6. reafirma también en esta parte, el principio de soberanía
nacional. En lo relativo a las disposiciones relacionadas con la revisión de
los actos administrativos, los mismos son una garantía al debido proceso y al
derecho de defensa consagrado en el artículo 29 de la Carta.
-
El Capítulo
Siete sobre las Medidas de Salvaguardia, contiene reglas de
salvaguardia bilateral que le permiten al sector productivo contar con una
válvula de escape al programa de liberación acordado. Lo anterior, responde
según el Ministerio al postulado del artículo 226 de la Carta, en lo que
concierne a la internacionalización de la economía sobre la base de la
conveniencia nacional. Además, son medidas que según indica el interviniente
fueron avaladas por la Corte Constitucional en la sentencia C-864 de 2006 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil).
- El Capítulo Ocho,
que se refiere a las medidas antidumping y compensatorias, busca igualmente
preservar los intereses de los productores colombianos. Por ello se acordó que
las Partes conservan los derechos y obligaciones de conformidad con el Acuerdo
de la OMC respecto de la aplicación de estos derechos y medidas. Tales medidas
se ajustan entonces a la Carta, porque en los otros Tratados de Libre Comercio
estudiados por la Corte, esas disposiciones fueron incluidas en los acuerdos y
no se planteó objeción constitucional alguna sobre su procedencia. La sentencia
C-864 de 2006 ya mencionada, de hecho, consideró que tales medidas
desarrollaban el artículo 227 superior.
- El Capítulo Nueve,
sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, es para el Ministerio un capítulo
exequible, por cuanto busca el equilibrio adecuado entre el acceso efectivo a
los mercados en los términos de los artículo 226 y 227 superiores y las
obligaciones del Estadio de adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias
encargadas de garantizar las condiciones mínimas de higiene y calidad de los
productos. Ello se relaciona con el deber del Estado colombiano de proteger los
derechos a la vida (art. 11 C.P), la salud (art. 49 C.P), la salubridad
pública, el medio ambiente (art. 79 C.P), la seguridad alimentaria y la
producción agropecuaria (art. 65 C.P) y los derechos de los consumidores (art.
78), a la vez que con el deber de garantizar la calidad mínima de los productos
para poder ingresar en nuestro territorio. Estas consideraciones según el
interviniente, fueron corroboradas en las sentencias C-864 de 2006 y C-178 de
1995 de esta Corporación.
- El Capítulo Diez,
relacionado con los Obstáculos Técnicos al Comercio, es constitucional,
porque al propender por un acceso flexible a los mercados de los países
involucrados, desarrolla los postulados constitucionales de igualdad, equidad y
reciprocidad. A su vez, vela porque la calidad de los bienes sea protegida por
las autoridades, ya que se exige cumplir con los reglamentos técnicos de manera
obligatoria.
- El Capítulo Once,
hace referencia a las reglas pactadas por las partes en materia de Contratación
Pública. Consagra disposiciones relativas a la aplicación del principio de
trato nacional y no discriminación a los proveedores de productos y servicios
de los Estados suscriptores y la preservación del principio de publicidad y
transparencia en la contratación pública. El Ministerio sostiene que este
Capítulo es muy conveniente para Colombia, ya que se obtuvo el acceso en
condiciones claras y transparentes a un mercado de alrededor de US$ 520
millones al año, en el caso de Guatemala, el mayor mercado de la región y una
cifra similar para el caso conjunto de Honduras y El Salvador. Como el capítulo
contiene los requisitos mínimos en materia de contratación para asegurar las
oportunidades de los proveedores en las licitaciones públicas de todos los
países miembros, ello asegura el mandato constitucional de procurar la
integración latinoamericana sobre la base de la reciprocidad y conveniencia
nacional.
- El Capítulo Doce
relacionado con las Inversiones, pretende lograr una protección
recíproca en la materia, sobre bases de estabilidad, previsibilidad y seguridad
al tratamiento mutuo de las inversiones entre los Estados Parte del TLC. El
Tratado garantiza entonces un trato acorde con el derecho internacional
consuetudinario en cuanto a lo referente al trato justo y equitativo. En
lo que respecta a las transferencias, el artículo 12.7 tiene como
objetivo establecer un marco recíproco en el que todas las transferencias se
hagan libremente y sin demora. El numeral segundo del artículo, consagra la
posibilidad de los Estados de reservarse la capacidad de establecer
monopolios y en caso de expropiación, se deberá dar una compensación
pronta, adecuada y efectiva, de acuerdo con las condiciones previstas en ese
artículo. A juicio del Ministerio, después de la expedición del Acto
Legislativo No 1 de 1999, no son pertinentes entonces las objeciones de
constitucionalidad que buscaban preservar la hipótesis de la expropiación sin
indemnización. Además, en el tratado quedaron explícitos los conceptos de
utilidad pública o interés social para el caso de la expropiación. La
constitucionalidad de estas disposiciones se deriva entonces, del compromiso de
liberalización de la economía, el proceso de integración y el principio de
reciprocidad. La prohibición de exigir requisitos de desempeño, responde
igualmente al artículo 333 de la Carta.
En lo que respecta al artículo
12.10 sobre Altos Ejecutivos y Juntas Directivas, la norma encaja en el
contenido del artículo 13 de la Carta y el principio de reciprocidad, por lo
que es constitucional. El artículo sobre denegación de beneficios (Art.
12.11) tiene como objetivo impedir que a través de una especie de
triangulación, se beneficien inversionistas de terceros países con las normas
de protección de inversiones. El artículo sobre medidas disconformes
(Art. 12.12), consagra excepciones relacionadas con las obligaciones fijadas en
el tratado que respetan la soberanía del Estado. El artículo 12.14. sobre compensación
por pérdidas, hace explícito el principio de no discriminación. Para
el Ministerio estas normas corresponden a otras ya revisadas por la Corte
relacionadas con la expropiación en caso de guerra o conflicto armado. El
artículo 12.16 relacionado con la inversión y el medio ambiente,
reafirma que el tratado no impide que una parte adopte, mantenga o haga cumplir
medidas compatibles con la eficacia del artículo 79 superior.
Finalmente en cuanto a la
solución de controversias, señala el Ministerio que la Corte Constitucional se
ha pronunciado en repetidas ocasiones con relación a mecanismos similares a los
propuestos en el tratado, como ocurrió por ejemplo, en la sentencia C-294 de
2002 que revisó el acuerdo entre Colombia y Chile. Los mecanismos de arbitraje
institucional para dirimir las controversias entre los inversionistas
extranjeros y los Estados surgidas con relación a un tratado internacional de
Inversión, responden al artículo 116 de la Carta, mecanismo avalado asimismo en
la sentencia C-442 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) que declaró la
constitucionalidad del Convenio CIADI.
- El Capítulo Trece,
sobre Comercio Transfronterizo de Servicios, establece unas medidas que
para el Ministerio son plenamente constitucionales, ya que buscan liberalizar
el acceso a la prestación de servicios y conservar la transparencia en las
regulaciones internas en los países miembros. En este sentido, siguiendo el
mandato constitucional consagrado en el Preámbulo y los artículos 26 y 27 de la
Carta, el Estado debe desarrollar políticas que fomenten nuevas oportunidades
de trabajo, lo que se compatibiliza con el capítulo expuesto. En esta
oportunidad, Colombia utilizó el sistema de lista negativa, que significa que
se incluyen en ella todos los servicios que no se van a liberalizar. Ello
resulta ser una manifestación del poder soberano de reservarse la
liberalización de ciertas actividades y servicios estratégicos, respetando la
soberanía del Estado, lo que hace el capítulo constitucional siguiendo la línea
de la sentencia C-369 de 2002, de esta Corporación.
- El Capítulo Catorce
sobre Comercio Electrónico, tiene como objetivo facilitar el comercio de
productos digitales. La Constitución protege los derechos del consumidor, por
lo que las normas de este capítulo aseguran tales derechos y conciben un
sistema para exigir su efectiva aplicación, en los términos de la sentencia
C-1141 de 2000. Por ende, el Ministerio no observa ningún reparo de
inconstitucionalidad frente a este artículo.
- El Capítulo Quince
sobre la Entrada Temporal de Personas de Negocios, establece un marco
normativo para regular el ingreso de las personas de negocios como consecuencia
del tratado. El capítulo se ajusta a los compromisos constitucionales señalados
en los artículos 226 y 227. Igualmente establece que la entrada de personas de
negocios se realiza bajo el entendido de que las personas que entran, deben
respetar la salud pública y la seguridad nacional del Estado, en consideración
a un marco normativo transparente y equitativo. El capítulo cumple entonces con
los objetivos constitucionales de proteger la integración y el derecho al
trabajo.
- El Capítulo Dieciséis,
se refiere a la Transparencia y contempla obligaciones para las partes,
que deberán ser tenidas en cuenta en el ejercicio de las actuaciones
administrativas, legislativas y judiciales, a fin de dar seguridad a las reglas
de juego pactadas entre los países suscriptores del Tratado. Para el
interviniente, este capítulo es exequible toda vez que consagra disposiciones
concordantes con los derechos de petición, información, derecho de defensa y
debido proceso consagrados en la Constitución. En cuanto a la disposición
relacionada con la libre competencia, la norma se ajusta a los preceptos
constitucionales, en particular al artículo 333 de la Carta. Por lo que se
concluye que el capítulo es constitucional.
- El Capítulo Diecisiete
relativo a la Administración del Tratado, establece reglas sobre la
forma en la que se administrará el Tratado y su manera de hacer seguimiento a
las disposiciones establecidas en él, con el fin de garantizar su cumplimiento.
De esta forma, se crea la Comisión Administradora del Tratado como máximo
órgano de la administración del mismo. La creación de esta comisión es
constitucional, ya que contribuye en forma significativa a que las obligaciones
del Tratado se cumplan en su integridad.
- El Capítulo Dieciocho,
denominado Solución de Controversias, tiene como finalidad, contar con
un mecanismo que permita una pronta solución de eventuales conflictos entre las
partes. La Corte se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre diferentes
acuerdos de carácter comercial en los que se adoptaron diversos mecanismos para
la solución de controversias, que se han estimado constitucionales, por lo que
el Ministerio considera que esa debe ser también la decisión en este caso.
En cuanto a la elección del
Foro, el hecho de que cualquiera de los países pueda escogerlo y deba
permanecer en él una vez hecha la escogencia, garantiza el principio de
imparcialidad y el derecho al debido proceso. Así mismo en lo que concierne a
las etapas que se deben surtir con el fin de solucionar el conflicto, resalta
que son las mismas que se han estipulado en acuerdos como el de Marrakech
(C-137 de 1995), el Tratado del G-3 (C-178 de 1995) y el Acuerdo de
complementación económica con MERCOSUR que han sido declarados exequibles por
la Corte. Por lo anterior, considera el Ministerio que es indudable que el
procedimiento de solución de diferencias consagrado en el Tratado deber ser considerado
constitucional, pues es un desarrollo concreto de los artículos 29 y 116 de la
Carta.
En relación con las
disposiciones relacionadas con la suspensión de beneficios como consecuencia
del incumplimiento de una de las partes, se tiene que esta pretende lograr que
se acate el principio de pacta sunt servanda, reconocido por la Carta en
el artículo 9º. Esa figura según el Ministerio no es ajena al análisis de la
Corte, ya que en las sentencias C-137 de 1995, C-178 de 1995, C-227 de 1999 y
C- 864 de 2006, la Corte avaló la constitucionalidad de esta clase de medidas
de suspensión de beneficios.
- El Capítulo Diecinueve,
relacionado con las Excepciones Generales, regula como su nombre lo
indica, las excepciones a las que se sujeta el tratado en materia de salud,
ambiente, seguridad nacional, balanza de pagos, divulgación de información y
tributación. Las excepciones generales no solo se ajusten a la Carta sino que
desarrollan los artículos 11, 44, 49 y 79 de la Carta. El Ministerio alega la
constitucionalidad del capítulo, por cuanto lo previsto en los artículos XX del
GATT y XIV del AGCS, corresponden para el Ministerio a los mandatos
constitucionales tal y como se desprende de la sentencia C-137 de 1995 que
declaró exequible la Ley 170 de 1994 que aprobó los acuerdos de la OMC.
- El Capítulo Veinte,
denominado Cooperación, que tiene como objetivo contribuir en la
necesidad de las partes de estipular aspectos de cooperación técnica entre
ellas en materia comercial es para el Ministerio constitucional, ya que el
estrechamiento de las relaciones entre los Estados es un objetivo superior que
impulsa la internacionalización de las economías, la expansión del comercio, y
fortalece la amistad y la solidaridad de los pueblos. En materia de
cooperación, la Corte Constitucional se pronunció en la sentencia C-646 de 1997
(M.P. Hernando Herrera Vergara) y en la C-178 de 1995 (M.P. Fabio Morón Díaz)
razones que llevan al Ministerio a concluir que el capítulo veinte también debe
ser declarado constitucional.
- El Capítulo Veintiuno
del Tratado, está formado por disposiciones disímiles que cumplen fines
transversales del tratado. Las distintas disposiciones aluden a las enmiendas
al Tratado, su entrada en vigor y aplicación provisional, el proceso de
denuncia, futuras negociaciones entre las partes, entre otros aspectos. Todas
estas normas se ajustan a los artículos 9º, 189 numeral 2, 224 a 227 de la
Carta. En lo que respecta a las enmiendas, modificaciones y adiciones al
Tratado, dichos procedimientos están regulados por la Constitución.
Por otra parte en relación con
la cláusula sobre aplicación provisional del Tratado, la misma se ajusta
plenamente a la Carta Política, teniendo en cuenta que a partir de la
Constitución de 1991 en Colombia existe la aplicación provisional de los
tratados de naturaleza económica y comercial negociados en el marco de una
organización internacional, de acuerdo con el artículo 224 de la Carta. El
Tratado, que se encuentra dentro de los compromisos establecidos por Colombia
en el marco de la Organización Mundial del Comercio, establece que la zona de
libre comercio se crea de conformidad con el GATT y el AGCS de la OMC. Ello
permite su aplicación provisional y se mantiene en los parámetros establecidos
en el artículo 25 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
que autoriza la aplicación provisional de dichos instrumentos internacionales
en ciertas circunstancias. Por último, en lo concerniente a la cláusula
evolutiva, Colombia y los países del Triángulo Norte expresan su voluntad como
sujetos que son de derecho internacional público, de estrechar aún más sus
vínculos comerciales mediante la profundización del tratado. Estas
disposiciones se ajustan a juicio del Ministerio, a los artículos 9, 189, 226 y
227 de la Carta.
En lo que respecta a los Anexos
I, II y III, para el Ministerio, las Medidas Disconformes que ellos
consagran están ajustadas a los preceptos constitucionales, pues se fundan en
los principios de reciprocidad y conveniencia nacional consagrados en los
artículos 150, 226 y 227 de la Carta. Igualmente en el artículo 335 superior que
preservan las facultades de intervención, regulación, vigilancia y control del
Estado sobre las actividades, financiera, bursátil, aseguradora y cualquier
otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de
captación a los que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 de
la Constitución Política, por lo que los propósitos buscados con las medidas
mencionadas, guardan relación con tales disposiciones, así como con el artículo
2º superior en la Carta y con la defensa de la soberanía nacional y el respecto
de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia (art. 9
C.P.).
El Anexo II tiene que ver con
medidas disconformes que, en su mayoría, se relacionan con aspectos sensibles
de la política social como servicios sociales, minorías y grupos étnicos,
artesanías, publicidad y actividades culturales. Estas medidas se ajustan a los
postulados constitucionales que le dan fundamento a las políticas públicas en
beneficio de los sectores débiles de la sociedad. El Anexo III del Tratado es
constitucional, en la medida que cada uno de los países, en su decisión
soberana consideró que el Trato a la Nación Más favorecida no aplicara a
materias relacionadas con la aviación, la pesca y los asuntos marítimos por considerarlos
como temas sensibles para futuros acuerdos. En conclusión estima que estas
medidas disconformes se ajustan a la Carta.
Por último, en lo que respecta
al Canje de Notas Diplomáticas entre Colombia y El Salvador, Guatemala y
Honduras, considera el Ministerio que ellas son constitucionales a
plenitud, porque son el resultado de la necesidad de corregir errores
mecanográficos involuntarios en el Tratado. Dicha posibilidad está prevista en
la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados. Fue propuestas por el
Gobierno Colombiano por intermedio de su Ministro de Relaciones Exteriores y
aceptada en su totalidad por los Estados Parte, por lo que resultan ser un
acuerdo entre ellos, que entrará en vigencia el mismo día en que entre en vigor
el TLC suscrito entre los países miembros.
Por las razones previamente
expuestas, solicita el Ministerio que tanto el Tratado de Libre Comercio entre
la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras,
así como los Canjes de Notas que corrigen el Anexo 3.4 del Tratado y la Ley
aprobatoria 1241 de 2008, sean declarados exequibles.
2.2. El
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La ciudadana
Natalia Surcar Jaramillo, actuando en representación del Ministerio de Hacienda,
sostuvo estar convencida de las bondades de la Ley 1241 de 2008 y del Tratado
de Libre Comercio que se aprueba. Por lo tanto, manifiesta adherirse en su
totalidad al escrito presentado por el Ministro de Comercio, Industria y
Turismo, en defensa de la constitucionalidad del instrumento en revisión y de
su ley aprobatoria.
2.3. El
Ministerio de Comunicaciones.
La señora Ministra de
Comunicaciones, Dra. Maria del Rosario Guerra, solicita a la Corte
Constitucional la declaratoria de exequibilidad de la Ley 1241 de 2008
aprobatoria del TLC, junto con el convenio suscrito por las partes. Desde el
punto de vista formal, alega que tanto el Gobierno en la celebración, como el
Congreso en el trámite legislativo, se ajustaron a la Constitución y a la ley, cumpliendo
con lo previsto en los artículos 189, 150-16 y 157 de la Carta Política.
En cuanto al análisis de fondo
del Tratado, sostiene la interviniente, que el Convenio permite fortalecer la
integración económica regional, los vínculos tradicionales de amistad y el
espíritu de cooperación entre sus pueblos, reconociendo la posición estratégica
y geográfica de cada nación en su respectivo mercado regional. Con él se logra
un mejor equilibrio en las relaciones comerciales y se crea un mercado más
amplio y seguro para evitar distorsiones en el comercio recíproco con las
naciones firmantes, lo que al generar reglas claras de beneficio mutuo en
materia comercial, contribuye al fomento de oportunidades de empleo e inversión
para mejorar los niveles de vida de los colombianos. Por tales razones, el
Tratado asegura el cumplimiento de múltiples finalidades del Estado y responde
a los principios constitucionales de integración económica y cooperación
internacional.
2.4. Ministerio de la Cultura.
El Ministerio de la Cultura,
representado por la ciudadana Janeth Bustos Salgar, sostiene que el Tratado de
Libre Comercio objeto de revisión, además de ser un acuerdo comercial
importante, es un convenio “que protege y favorece al país porque no sólo
pretende su desarrollo comercial e industrial, sino que también contiene las
medidas de protección necesarias para los sectores nacionales que así lo
requieran de acuerdo con la realidad económica y comercial de Colombia”.
En cuanto a los asuntos
culturales que contiene el Acuerdo que se aprobó mediante la Ley 1241 de 2008,
destaca el Ministerio que en los Anexos I y II del Tratado sobre notas
explicativas y Medidas Disconformes para servicios e inversión, Colombia se
reservó el derecho a adoptar o mantener las medidas existentes en materia de
Cinematografía, servicios de bibliotecas, archivos y museos, deportes y otros
servicios de recreación; minorías y grupos étnicos, industrias y actividades
culturales, artes escénicas; música, Artes Visuales y editoriales, obras
cinematográficas y expresiones tradicionales, lo que implica una protección
especial para el sector cultural y las actividades referidas. De esta forma, el
Tratado contiene una reserva cultural que se ajusta a la Carta, en la medida en
que garantiza el respeto y la efectividad de los derechos culturales vigentes
de los colombianos. Por ende, el Tratado, además de fortalecer la integración
latinoamericana en materia comercial, responde a las exigencias
constitucionales establecidas en los artículos 70, 71 y 72 sobre la promoción,
fomento y protección de la cultura, lo que tiene plena coherencia con los fines
esenciales del Estado (art. 2º)
2.5. El Banco de la República.
El Secretario de la Junta
Directiva del Banco de la República, Dr. Gerardo Hernández Correa, inició su
intervención recordando los antecedentes que llevaron a la celebración de los
diferentes Tratados de Libre Comercio con otras naciones, incluyendo el que hoy
es objeto de revisión. Al respecto sostuvo que desde mediados de los años
sesenta, los países en desarrollo empezaron a utilizar como instrumentos para
promover la inversión extranjera, la suscripción de acuerdos internacionales.
Los tratados de promoción de la inversión, más conocidos como Acuerdos
Bilaterales de Inversión o Bilateral Investment Treaties (BIT), buscan
atraer mayores flujos de inversión extranjera en procura de desarrollo
económico. Como es conocido, los países con economías no desarrolladas cuentan
con bajos niveles de ahorro e inversión que deben ser complementados con
recursos foráneos, en especial de inversión extranjera. Por esta razón a
principios de la década de los novena, Colombia inició conversaciones para un
acuerdo de esta naturaleza con los Estados Unidos, sin que finalmente fuera
suscrito y, posteriormente, acordó otros, entre los que se encuentran los de
promoción de inversiones con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, Cuba, Chile, Perú y España, todos los cuales fueron aprobados por el
Congreso Nacional y revisados por la Corte Constitucional que los encontró
ajustados a la Carta, de acuerdo a las sentencias C-58 de 1996 (Reino Unido);
C-379 de 1996 (Cuba); C-294 de 2002 (Chile); C-961 de 2003 (Perú) y C-309 de
2007 (España).
Posteriormente y como
desarrollo lógico de las estrechas relaciones que existen entre el comercio y
la inversión, en una economía mundial cada vez más globalizada, las disciplinas
incorporadas en los BIT se incluyeron en los Tratados de Libre Comercio. La
Corte Constitucional al respecto ha señalado que estos tratados son una
herramienta legítima para lograr la integración económica, social y política
con otras naciones contemplada en el artículo 227 de la Carta.
El Tratado de Libre Comercio
celebrado entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador,
Guatemala y Honduras, incluye en el Capítulo 12, estipulaciones relativas a la
inversión. En materia de transferencias, que es un tema relevante en lo que
concierne a las competencias de la Junta del Banco de la República, considera
el Banco que el contenido de lo pactado en materia de transferencias, es
similar a lo acordado en otros BITS. Resalta que la Corte ha sostenido de
manera reiterada, que las disposiciones en materia de libre transferencia no
ofrecen reparos de constitucionalidad, en la medida en que buscan, por una
parte, dar certeza jurídica a los inversionistas extranjeros y, por otra,
asegurar que los flujos de recursos necesarios para la inversión o que se
deriven de la misma (vgr. utilidades) puedan realizarse de manera ágil. También
ha indicado la Corte que éstas cláusulas por ser típicas operaciones
cambiarias, son constitucionales, si no limitan la competencia que en esta
materia la Carta le otorga a la Junta Directiva del Banco de la República. Al
respecto, destaca el interviniente, los siguientes elementos del acuerdo:
a) Inversiones. En armonía con la reiterada
jurisprudencia de la Corte, el tratado incorpora en el numeral segundo de la
cláusula 12.7, la prerrogativa del Estado para regular los flujos de capitales[6]. Lo anterior se justifica, en la medida en
que los países pueden tener la necesidad de tomar medidas de orden cambiario en
el caso de graves desequilibrios de las variables macroeconómicas o de imponer
restricciones a las entradas de capital, como lo hizo Colombia a principio de
la década de los noventa y recientemente al establecer sobre costos al
endeudamiento externo y a las inversiones de portafolio, según cuenta.
Por otra parte, tanto del texto
de la cláusula sobre transferencias como del de la cláusula referente a la
solución de controversias, no se deriva limitación alguna a las competencias de
la Junta Directiva del Banco de la República en materia cambiaria. En efecto,
como se desprende de lo allí establecido, resulta claro que el acuerdo reconoce
que las Partes signatarias pueden tomar medidas para limitar las
transferencias, y por ello se pactaron reglas que permiten ante dicho evento,
que los inversionistas puedan alegar presuntos perjuicios acudiendo a los
mecanismos de solución de controversias. Sobre la constitucionalidad de este
precepto cita la sentencia C-320 de 2006 que destaca que pueden generarse
perjuicios por el cambio de las condiciones legales de un acuerdo.
b) Bienes y servicios. Por otra parte, el Tratado
confirma los derechos y obligaciones existentes entre Colombia y los otros
países parte conforme a los Acuerdos de la OMC (Ver preámbulo y artículo 1.3).
En Consecuencia no se impide que Colombia utilice las herramientas previstas en
el GATT y en el GATS respecto al comercio de mercancías y servicios, tal y como
lo prevén los artículos 3.3, 3.7, 3.10, 7.2, 7.8 y 19.1 del Tratado. Además el
Banco advierte que el tratado no se aplica ni incluye compromisos sobre
servicios financieros.
c) Excepciones y Balanza de
Pagos. Por
último, resalta que como es común en múltiples tratados internacionales, el
acuerdo incluye la excepción de la balanza de pago (art. 19.3. del Capítulo
19), precepto que estima igualmente constitucional.
Concluye entonces el
interviniente, que el tratado de libre comercio no limita las competencias de
la Junta Directiva del Banco de la República como autoridad monetaria,
cambiaria y crediticia. Se preservan sus competencias, en la medida en que la
autoridad cambiaria puede ejercerlas sin que el Acuerdo limite su alcance. Lo
anterior, sin embargo, no impide que los inversionistas puedan ejercer sus
legítimos derechos en el caso de que se considere que las medidas tomadas por
las autoridades no se encuentran exoneradas de responsabilidad o generan
eventuales perjuicios. Además se incorpora una cláusula de balanza de pagos que
permite la adopción de medidas dirigidas a superar o mitigar la amenaza o
desequilibrio de la balanza de pagos.
3. Intervenciones ciudadanas.
3.1. Sociedad de Agricultores
de Colombia -SAC-.
El ciudadano Rafael Mejía
López, en su calidad de Presidente de la SAC, inicia su intervención afirmando
que las negociaciones de nuestro país con el Triángulo Norte de Centroamérica
-El Salvador, Guatemala y Honduras-, fueron resultado de iniciativas
emprendidas durante gobiernos anteriores, que originalmente otorgaron
preferencias comerciales parciales a esos países, sin recibir concesiones
arancelarias en contraprestación, con el fin de ir avanzando en las relaciones
comerciales con Centroamérica. El objetivo era estimular con dichas
preferencias la generación de corrientes de comercio que permitieran superar
las barreras de transporte y logísticas, que han limitado históricamente el
comercio con tales países[7]. Esas
preferencias arancelarias, le fueron concedidas a los países Centroaméricanos
también por naciones de Europa e incluso por Estados Unidos, incluso de forma
unilateral, teniendo en cuenta las limitadas condiciones económicas y de
mercado de esos países para la fecha.
El Gobierno Nacional, sin
embargo, luego de culminar las negociaciones relacionadas con el TLC con
Estados Unidos, inició un proceso de negociación con los países
Centroamericanos, buscando espacios comerciales que le permitieran complementar
comercialmente las condiciones de producción y comercio con nuevos socios
relacionados también con Estados Unidos, a través de nuevos acuerdos
comerciales[8].
La SAC considera, no obstante,
que el acuerdo objeto de estudio, a pesar de llevar el nombre de TLC, es
bastante restringido en materia de concesiones arancelarias, por lo que
considera que el desarrollo comercial que propone es limitado. En materia de
comercio de bienes agropecuarios, los resultados del acuerdo en este tema son
los siguientes:
a) El acceso a mercados. Las negociaciones propuestas
no arrojan grandes condiciones de liberación comercial, en parte por el temor
de los países Centroamericanos a la generación de fuertes corrientes de
comercio desde Colombia, que no les permitan mantener un equilibrio en su
balanza comercial con nuestro país[9]. Con todo,
considera el ciudadano que el Tratado de Libre Comercio con el Triángulo Norte
es positivo, en lo que respecta a la negociación agropecuaria, por el valor que
tiene el haber logrado abrir al comercio una serie de productos como frutas y
hortalizas, así como algunos productos de confitería. También resulta valioso
para Colombia el hecho de que se corrigió en parte el desbalance de las
concesiones hechas a los Centroamericanos en los acuerdos celebrados durante
otras Administraciones previas, los AAP, en los cuales el país no recibía nada
a cambio de sus concesiones arancelarias.
b) Los resultados en materia
normativa. Al
tratarse de un acuerdo limitado en materia de concesiones arancelarias entre
las partes, para la SAC, el acuerdo, en lo que se refiere al articulado
referente al sector agropecuario, no contempla compromisos profundos que
comprometan seriamente los instrumentos de política comercial agropecuaria
existentes. Con todo, es un acuerdo favorable para Colombia, por cuanto: (1) No
hace concesiones de carácter unilateral, a pesar de reconocer a los Centroamericanos
una asimetría en los derechos y obligaciones en reconocimiento a su menor grado
de desarrollo económico relativo. (2) Preserva y afianza la política comercial
agropecuaria de Colombia y sus instrumentos, cuya implementación y
afianzamiento comercial se remonta al inicio de la década de los años 90 y que
ha sido preservada consistentemente en todos los acuerdos comerciales suscritos
hasta hoy por el país (excepto EEUU). (3) Genera condiciones favorables para la
exportación de algunos productos de interés tanto agrícolas como agroindustriales
y no genera amenazas al aparato productivo nacional y (4) genera algunos
espacios favorables en materia de eliminación de elementos de distorsión al
comercio como los subsidios a la exportación.
3.2. Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia.
En lo que se refiere al tema
cafetero, la Federación Nacional de Cafeteros afirma que la Ley 1241 de 2008 y
el Tratado de Libre Comercio con el Triángulo Norte de Centroamérica se
encuentran ajustados en su totalidad a las decisiones adoptadas durante las
negociaciones comerciales entre los Gobiernos intervinientes, en cuanto al
tratamiento del café.
Así, si bien inicialmente por
solicitud de los gobiernos Centroamericanos, los productos de interés de la
Federación quedaron excluidos del cronograma de desgravación, se logró
finalmente incluir una cláusula evolutiva que permite que una vez transcurridos
dos años de la vigencia del acuerdo comercial, sea posible estudiar la
inclusión de aquellos productos no incorporados en la primera etapa. Por tal
motivo, a solicitud de la Federación, el Equipo Negociador del Gobierno incluyó
en el cuerpo del Tratado las reservas que permiten tanto la aplicación de la
Contribución Cafetera, como la realización de los controles de calidad a todo
el café de exportación. Lo anterior, previendo una posible apertura comercial
entre las partes para el café colombiano, que permita salvaguardar los
intereses de los productores.
De este modo, estima esa
Federación que la Ley 1241 de 2008, aprobatoria, y el Tratado de Libre Comercio,
se ajustan a los cánones constitucionales.
3.3. Federación Colombiana de
Ganaderos –Fedegán-.
El ciudadano José Félix
Lafaurie Rivera, en su calidad de Presidente de Fedegán, solicita que se
declare exequible tanto la Ley 1241 de 2008 como el Tratado de Libre Comercio
en estudio, ya que considera que ambos se ajustan en su totalidad a los
requerimientos de la Carta. Desde el punto de vista formal, afirma que se
cumplieron todos los presupuestos constitucionales exigibles a las leyes
aprobatorias de tratados internacionales y para ello describe el trámite
legislativo surgido por el proyecto de ley correspondiente.
En lo que respecta al tema de
fondo, Fedegán, luego de efectuar una reflexión general sobre el contenido del
Tratado, recuerda que éste tiene 21 capítulos, de los cuales resalta el Capítulo
3 sobre acceso a los mercados. En lo que respecta a ese tema, el ciudadano
resaltó lo siguiente:
En materia de desgravación, el
Tratado consolidó un trato especial y diferenciado para los países del Triángulo
Norte, en atención al reconocimiento del menor tamaño económico que tienen
ellos en comparación con Colombia. Sobre esa base, el acuerdo se desarrolló
bajo el supuesto de que nuestro país abrirá el mercado de manera más acelerada
que los países del Triángulo Norte. Se acordó que la asimetría quedara
reflejada en los programas de desgravación arancelaria, de tal manera que en
general la desgravación de Colombia fuera más acelerada que las aplicadas por
los países del Triángulo en mención[10]. Atendiendo
entonces el tamaño de las economías y niveles de desarrollo de los Países del
Triángulo Norte, Colombia se abre cinco años antes de lo que lo harán los
países de Centroamérica.
De esta forma, según indica
Fedegán en cuanto al acceso de los productos colombianos a ese nuevo mercado,
el 63 por ciento del universo arancelario industrial tendrá acceso sin
aranceles al mercado de El Salvador y Guatemala, cinco años después de entrada
en vigencia del tratado, con fundamento en las listas de eliminación de
aranceles reflejada en los programas de desgravación arancelaria. Esa
proporción sube a 79 por cuanto en el caso de Honduras, dado que con ese país
se negoció el sector textil de confección. En efecto, según el interviniente,
en el caso del sector textil de la confección con ese país, aunque desde el
primer día del Acuerdo iniciará un programa de desgravación, al año cinco
alcanzará una preferencia total para aproximadamente novecientas líneas
arancelarias. También será el caso de productos de la industria metalmecánica,
calentadores de agua, parachoques, ruedas, amortiguadores, radiadores y
asientos para carros, entre otros.
En 10 años, algo más del 70 por
ciento del universo arancelario industrial quedará libre de aranceles con
Guatemala y El Salvador, mientras que con Honduras esa porción llega al 87 por
ciento. En esta canasta están ubicados bienes como grifos y válvulas para
lavabos, fregaderos, bañeras, aparatos para el cuidado del cabello, aparatos
para la preparación del café o del té, tostadoras de pan, artículos de navidad,
entre otros.
En la canasta de los 15 años en
el Tratado se ubicaron las pinturas tipo aerosol, fósforos, velas, puertas,
ventanas, algunos cueros trabajados, marcos de madera, muñecos, entre otros.
Entre los principales productos
que el Triángulo Norte ofrece a Colombia en canasta inmediata y cuyo arancel es
diferente de cero, se encuentran: pescados frescos, congelados o refrigerados;
sal refinada, productos minerales tales como el azufre, yesos y cales;
combustibles minerales, energía eléctrica, hipoclorito de calcio comercial y
demás hipocloritos de calcio, algunos productos químicos orgánicos, llantas
neumáticas, algunas pieles, cascos de seguridad, energía eléctrica, vidrios,
esmeraldas, alguna maquinaria mecánica y eléctrica, congeladores horizontales y
verticales, vehículos para el transporte de 15 personas o más, celulares,
cinturones de seguridad, entre otros.
Dentro de los productos para
los que los países del Triángulo Norte ofrecen acceso inmediato con arancel
cero, están, entre otros, las vacunas para uso humano y veterinario; reactivos
de diagnóstico, preparaciones químicas anticonceptivas; abonos, algunos tipos
de barnices, artículos para usos técnicos de cuero natural o regenerado,
algunos tipos de maderas, clases específicas de papel, pañales para adultos,
calcomanías, diccionarios, revistas, productos de metalmecánica y herramientas
manuales .
El Acuerdo incentiva el
conocimiento comercial entre los operadores económicos de una u otra Nación.
Por eso se aceptó, según indica, la propuesta de tales países de excluir algunas
mercancías de la negociación, siempre y cuando en un periodo de tres años los
países volvieran a revisarlas[11]. Las
exclusiones tienen carácter recíproco, es decir Colombia excluirá los mismos
ítems exceptuados[12].
Existe claro está, una cláusula
evolutiva, que busca incluir en el programa de desgravación de aranceles
aquellas mercancías que quedaron excluidas. En la actualidad los productos
excluidos están siendo abastecidos por producciones locales, pero también otros
países como México o Costa Rica tienen acceso preferencial al mercado de los
países del Triángulo Norte.
Ahora bien, en lo concerniente
al texto relacionado con el acceso a mercados agrícolas, resalta Fedegán que se
eliminan los subsidios a la exportación para el comercio bilateral del ámbito
agrícola y se compromete a las partes a buscar la eliminación de esos subsidios
en el marco multilateral.
En lo que tiene que ver con las
consideraciones económicas y comerciales y las oportunidades que se derivan de
este Acuerdo comercial, resalta el interviniente que las exportaciones de
Colombia al Triángulo Norte y al Mundo son del siguiente tenor:
Exportaciones de Colombia al Triángulo
Norte y al Mundo.
Millones de dólares[13]
Países
2006
Participación
2007
Participación
Variación
EL Salvador
49,6
20%
50,2
19%
1%
Honduras
43,6
17%
58,0
22%
33%
Guatemala
157,3
63%
160,6
60%
2%
Triángulo Norte
250,4
1%
268,8
1%
7%
Colombia al Mundo
24.391,0
100%
29.991,3
100%
23%
El principal destino de las
ventas colombianas al Triángulo Norte es Guatemala, con una participación del
60% del total de las exportaciones de Colombia a la Subregión. Las
exportaciones a los países del Triángulo Norte aumentaron un 7% para el año
2007. Las exportaciones al Triángulo Norte en el año 2007 representaron un 0.9%
de lo exportado por Colombia al Mundo.
Importaciones de Colombia al Triángulo
Norte y al Mundo
Países
2006
Participación
2007
Participación
Variación
EL Salvador
2,2
9%
5,4
16%
142%
Honduras
2,6
11
3,1
10%
18%
Guatemala
19,9
80
24,1
74%
21%
Triángulo Norte
24,7
0,1%
32,6
0,1%
31%
Colombia al Mundo
25.534,0
100%
30.815,7
100%
26%
Las compras que realizó
Colombia en 2007 al Triángulo Norte registraron un valor de USD 32.6 millones,
32% superior al valor registrado en 2006 cuando fue de USD 24.7 millones.
El principal mercado de origen
en la subregión es Guatemala, quien vende a Colombia el 74% del total de las
compras colombianas al Triángulo Norte. Las importaciones colombianas en el
2007 del Triángulo en mención, representan el 0,1% de lo importado por Colombia
al mundo.
Por estas razones considera
Fedegán que el TLC objeto de estudio resulta conveniente para Colombia. La Ley
1241 de 2008 se ajustó en su totalidad a los requerimientos constitucionales y
legales. En cuanto a su formación y contenido y la composición material el
Tratado de Libre Comercio respeta también la Carta, además de ofrecer
oportunidades para Colombia en el mercado internacional. Todas estas
consideraciones llevan al ciudadano a solicitar su exequibilidad.
3.4. Asociación Colombiana de
Exportadores de Flores -Asocolflores-.
El ciudadano Richard
Franklin-Cruz, en su calidad de representante legal del gremio de la
referencia, interviene en el proceso a fin de solicitar la exequibilidad de la
Ley 1241 de 2008 y del Tratado de Libre Comercio suscrito con El Salvador,
Honduras y Guatemala, por considerar que tanto la ley como el Acuerdo
comercial, respetan plenamente la Constitución.
Los argumentos que presenta
Asocolflores para apoyar su tesis, son iguales a los invocados por Fedegán con
anterioridad, -ilustrados incluso bajo los mismos términos expuestos por ese
gremio ganadero-, por lo que la Corte se abstendrá de transcribirlos
nuevamente.
3.5. Federación Nacional de
Comerciantes -Fenalco-.
La Federación Nacional de
Comerciantes -Fenalco-, a través de su representante el señor Guillermo Botero
Nieto, intervino en el proceso de la referencia en defensa de la Ley 1241 de
2008 y del Tratado del Libre Comercio que ésta incorpora, solicitando a la
Corte Constitucional que los declare exequibles, “al encontrar que ninguna
de sus disposiciones contrarían ni en todo ni en parte los preceptos
constitucionales”, ya que cumplen tanto con las exigencias de forma como
con las de fondo de la norma superior.
Fenalco sustenta sus
afirmaciones en los mismos motivos que llevaron a Fedegán a solicitar la
exequibilidad de la ley y del Convenio, por lo que la Corte se limitará a
remitir al lector a las consideraciones previas del gremio ganadero.
3.6. Consejo Gremial Nacional y
Asociación Nacional de Industriales –Andi-.
El señor Luis Carlos Villegas Echeverri,
en su calidad de Presidente de la Andi y del Consejo Gremial Nacional, presenta
un escrito a la Corte Constitucional en el que solicita la declaratoria de
constitucionalidad de la Ley
1241 de 30 de Julio de 2008, “Por medio de la cual se aprueba el ´Tratado de
Libre Comercio celebrado entre la República de Colombia y las Repúblicas
de el Salvador, Guatemala y Honduras, hecho y firmado en Medellín, República de
Colombia, el 9 de agosto de 2007” y los “Canjes de Notas que corrigen el Anexo
3.4 del Capítulo 3 relativo al Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado
Sección Agrícola –Lista de Desgravaciones de Colombia para El Salvador,
Guatemala y Honduras, del 16 de enero de 2008, 11 de enero de 2008 y 15 de
enero de 2008, respectivamente” y del Convenio comercial suscrito con esos
países.
El proceso negociador del
Tratado, según se afirma, fue liderado por el Gobierno Nacional y fue
acompañado por el sector privado colombiano en todas sus rondas de negociación,
a las que posteriormente siguió el proceso de divulgación de cada una de sus rondas.
Por lo tanto, visto el
expediente LAT 338 que se tramita ante la Corte, en desarrollo de lo consagrado
en el artículo 7º del Decreto 2967 de 1991, considera la Andi pertinente
defender la constitucionalidad de las disposiciones de la referencia, por
estimar que la Ley 1241 de 2008, en su proceso de formación, se ajustó en su
totalidad a los requerimientos constitucionales. La composición material y
sustancial del Acuerdo suscrito con las Repúblicas de Honduras, Guatemala y El
Salvador, también atendió los preceptos constitucionales tanto en su finalidad
como en los diferentes preceptos. Por ello solicita su exequibilidad.
3.7. Asociación Nacional de
Comercio Exterior, Analdex.
El ciudadano Javier Díaz
Molina, en su calidad de representante legal de Analdex, intervino en el
presente proceso constitucional, con el propósito de solicitar a la Corte, en
los mismos términos antes expuestos, la exequibilidad tanto de la Ley 1241 de
2008 como del Tratado de Libre Comercio entre Colombia, El Salvador, Guatemala
y Honduras. El interviniente, recogiendo los argumentos presentados por los
gremios anteriores y en particular, lo dicho ya por Fedegán, estima que la
norma y el Convenio objeto de estudio acatan a plenitud la Carta Política y
ofrecen ventajas comerciales significativas al país.
3.8. Asociación colombiana de
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas -ACOPI-.
El ciudadano Norman Correa
Calderón, en su calidad de Presidente de ACOPI, intervino en el proceso de la
referencia, a fin defender la constitucionalidad de la Ley 1241 de 2008 y del
Tratado de Libre Comercio celebrado entre Colombia y El Salvador, Guatemala y
Honduras. Para el ciudadano, con fundamento en las mismas razones previamente
presentadas por el Gremio Ganadero, el convenio y la ley, tanto desde el punto
de vista formal como material, responden a las disposiciones constitucionales y
deben ser declarados bajo ese supuesto, exequibles por la Corte Constitucional.
3.9. Cámara de Comercio de
Bogotá.
La ciudadana María Fernanda
Campo Saavedra, Presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, destacó que el
TLC entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y
Honduras, responde a la nueva estrategia del Gobierno colombiano de
diversificar las exportaciones hacia nuevos mercados.
De este modo, resalta que si
bien existían Acuerdos de Alcance Parcial (AAP) No 5, 8 y 9 suscritos con
Guatemala, El Salvador y Honduras en el marco de la Asociación Latinoamericana
de Integración (ALADI), su ampliación a TLC brinda estabilidad y seguridad
jurídica a las partes, además de crear un ambiente de confianza para impulsar
los negocios con dicha región.
Precisa que el Tratado abre una
oportunidad para las pequeñas y medianas empresas, en particular para los
productos de la industria de textiles y confecciones metalmecánica, editorial e
industria gráfica, plásticos y caucho, la inversión extranjera directa, la
entrada temporal de personas y la contratación pública. Adicionalmente el
tratado le representa a Colombia una enorme oportunidad para acceder a los tres
países Centroamericanos que forman parte del Acuerdo, abiertos a la economía
internacional y con altos niveles importadores. Dadas estas condiciones,
considera que el tratado contribuye a empujar la economía colombiana,
fomentando la creación de empleo, la competitividad y la internacionalización
de las empresas.
Estas razones llevan a la
Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitar la exequibilidad del Tratado de Libre
Comercio entre la República de Colombia y las repúblicas de El Salvador,
Guatemala y Honduras.
3.10. Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario.
La ciudadana Andrea Mateus
Rugeles, profesora de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, interviene
en el proceso de la referencia para presentar los siguientes comentarios sobre
la Ley aprobatoria del Tratado de Libre Comercio objeto de estudio.
En primer lugar, recuerda la
interviniente que Colombia ha celebrado varios tratados de libre comercio
previos, con otros países, resaltando que su temática concreta y finalidad han
sido en general avalados por la Corte Constitucional. En segundo lugar,
describe con detenimiento las características de ley aprobatoria del Tratado de
Libre Comercio y del Tratado en mención. Así, a juicio de la interviniente, en
cuanto a los aspectos de fondo relacionados con los asuntos materiales del
Tratado, lo cierto es que en atención a los artículos 9, 226 y 227 de la Carta,
los tratados de libre comercio pretenden eliminar barreras comerciales y
facilitar la circulación de bienes, mercancías y servicios, sin desconocer las
condiciones especiales de los distintos Estados. De esta forma los objetivos de
la Ley 1241 de 2008 que aprueba el Tratado de Libre Comercio entre la República
de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, materializan
el propósito constitucional de integración económica y social con países
latinoamericanos, dentro del marco de igualdad y reciprocidad establecido en
los artículos constitucionales mencionados. Resalta para el efecto, lo
mencionado en la sentencia C-178 de 1995 (M.P. Fabio Morón Díaz) con respecto
al interés constitucional de la integración con los países latinoamericanos y
del Caribe.
El tratado además, contiene
disposiciones que tienen en cuenta expresamente el ordenamiento jurídico
colombiano, al establecer definiciones para cada país (anexo 2.1.), así como
medidas específicas de la República de Colombia (anexos 3.3. y 3.11), limitando
o restringiendo el alcance de algunos artículos del tratado y sujetándolos a la
concordancia con el ordenamiento interno. En esta medida no puede decirse que
dichas disposiciones contraríen en forma alguna los preceptos constitucionales,
pues limitan y condicionan su aplicación a su correspondencia con la
legislación interna colombiana.
Para concluir, afirma que el
Tratado guarda estrecha relación con los propósitos, fines y principios del
ordenamiento superior. Y en su estructura, se asimila a tratados ya aprobados
por medio de leyes aprobatorias que han sido declaradas exequibles por la Corte
Constitucional. Igualmente sostiene que el texto del tratado es respetuoso del
ordenamiento interno, refiriendo la aplicación de algunas de sus disposiciones
directamente a la normatividad propia del país.
Por todo lo anterior solicita
que la Corte declare exequible la Ley 1241 de 2008, al encontrarse acorde con
los postulados constitucionales y permitir así materializar los objetivos de
los artículos 9, 226 y 227 de la Carta relacionados con la integración
económica de los países latinoamericanos.
4.  Concepto del Procurador
General de la Nación.
El Procurador General de la Nación, Dr. Alejandro
Ordóñez Maldonado, en su concepto de rigor[14], solicita a
la Corte Constitucional declarar exequible el “Tratado de Libre
Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador,
Guatemala y Honduras”, los Canjes de Notas que corrigen el Anexo 3.4 del
Capítulo 3 del mismo y la Ley 1241 de 2008 que los aprueba.
Para la Vista Fiscal desde una perspectiva formal, el
Tratado de Libre Comercio y los canjes de notas respectivos, fueron celebrados
y firmados en las fechas indicadas. Posteriormente se realizó la aprobación
ejecutiva del 10 de Octubre de 2007 y del 11 de Febrero de 2008, y el
Presidente de la República dispuso someter el Acuerdo a la consideración del
Congreso de la República, para los efectos constitucionales.
En cuanto al trámite del proyecto de Ley 232 de 2008
Senado y 277 de 2008 Cámara, éste se surtió conforme a los parámetros
constitucionales y legales, que culminaron con la sanción de la Ley 1241 de
2008, aprobatoria del TLC. Por lo tanto, la Procuraduría constata que se
cumplió con la exigencia constitucional del párrafo primero del artículo 160
superior, teniendo en cuenta que el trámite legislativo ordinario fue alterado
debido al mensaje de urgencia del Ejecutivo. De este modo, no fue necesario que
mediasen 15 días entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la
iniciación del debate en la otra. Al respecto, sostiene que la jurisprudencia
ha reconocido que no es imperativo que medien esos 15 días una vez reconocido el
trámite de urgencia, si la iniciativa se aprueba conjuntamente por las
comisiones respectivas en primer debate, ya que lo que sigue es el segundo
debate de cada una de las Cámaras, siempre que medie un lapso no inferior a
ocho días. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en las sentencias C-369 de
2002 y C-025 de 1993. Además, se dio cumplimiento al artículo 162 Superior que
señala que “ningún proyecto de Ley podrá ser considerado en más de dos
legislaturas”.
En
lo concerniente al análisis material del Tratado, sostiene el Procurador que Colombia
firmó el Acuerdo de Montevideo en 1980 por medio del cual se creó la Asociación
Latinoamericana de Integración ALADI, que contempló tres mecanismos para el
logro de los objetivos nacionales: la preferencia arancelaria regional, los
acuerdos de alcance regional y los acuerdos de alcance parcial. Durante la
década de los ochenta, Colombia negoció Acuerdos de Alcance Parcial con
Guatemala, El Salvador y Honduras (Triángulo Norte), con el propósito de
desarrollar el intercambio comercial mediante el otorgamiento de preferencias
arancelarias y no arancelarias. El paso siguiente para fortalecer las
relaciones comerciales con estos países fue la negociación del Tratado de Libre
Comercio que se analiza y que tiene entonces como objetivo fundamental,
conformar una zona de libre comercio entre los países firmantes, con la
finalidad de promocionar y diversificar el comercio de bienes y servicios,
facilitar su circulación transfronteriza y fomentar el desarrollo económico y
social de la región.
En
lo concerniente a las disposiciones concretas del Tratado la Vista Fiscal
afirma que:
-
La Parte Uno del Convenio en la que se establece la zona de libre
comercio, no contraría la Carta Política porque permite promover la
internacionalización e integración económica del Estado Colombiano como lo
consagran los artículos 226 y 227 Superior. Adicionalmente, la desgravación de
aranceles “no compromete las rentas tributarias de las entidades
territoriales, las cuales al gozar de los mismos atributos de la propiedad de
los particulares no son susceptibles de afectación por la Nación, tal y como se
reconoce en los artículos 294 y 362 de la Constitución Política.”
-
La Parte Dos, consagra el principio de Trato Nacional, el cual no admite
reparo de constitucionalidad alguno, en la medida que es manifestación directa
del ánimo de integración económica que desarrolla el artículo 226
constitucional, sobre las bases de la “equidad, reciprocidad y conveniencia
nacional” que exige la Carta y el principio de igualdad consagrado en el
artículo 13 Superior.
En cuanto al programa de liberación de gravámenes
arancelarios, la Procuraduría resalta que este tipo de asuntos ha sido considerado
constitucional por esta Corporación, ya que según comenta, “la importación y
exportación de productos, libre de derechos aduaneros, impuestos y demás
gravámenes de este tipo, (…) no vulnera la Carta, pues la Constitución en
materia de exenciones sólo prohíbe aquellas que tengan que ver con los tributos
de propiedad de las entidades territoriales, según el artículo 294”.
De este modo, la Vista Fiscal sostiene que a pesar de
que exista una asimetría en la desgravación arancelaria a favor de los
países del Triángulo Norte, derivada de su menor nivel de desarrollo y
crecimiento económico, ello no vulnera las cláusulas de reciprocidad y
conveniencia nacional consagradas en el artículo 226 Superior, pues, por el
contrario, es una manifestación del principio de igualdad material, que se
traduce en este caso, en que el mayor nivel de desarrollo económico de Colombia
permite que se le aplique un trato diferenciado a esos países, al otorgarles un
mayor plazo para la desgravación arancelaria.
Sobre las reglas de origen, considera la
Procuraduría que ellas aseguran la efectividad de los principios de igualdad y
de reciprocidad que deben regir las relaciones internacionales, de acuerdo con
los artículos 13, 226 y 227 de la Constitución Política. Ello es así, en cuanto
se evita que las preferencias arancelarias resulten aplicables a mercancías no
producidas en los Estados signatarios y que no estén otorgando ningún beneficio
comercial.
En cuanto a las medidas de salvaguardia, de antidumping
y complementarias, considera la Procuraduría que esta Corporación ha sostenido que
resultan compatibles con la Carta tales disposiciones, pues permiten
restablecer los desequilibrios que puedan llegarse a producir por la aplicación
del programa de liberación comercial, fijando condiciones especiales para la
defensa de bienes sensibles de la economía nacional, con el propósito de
fortalecer el sector productivo y prepararlo para la integración económica en
condiciones plenas de competitividad.
-
En lo que respecta a las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Parte
Tres), afirma la Vista Fiscal que las normas allí consagradas no solamente
facilitan el comercio recíproco previsto en los artículos 226 y 227 de la
Constitución, sino que también garantizan las condiciones mínimas de higiene y
salubridad de los productos objeto de intercambio comercial para poder ingresar
al Estado importador, lo cual resulta idóneo para proteger los derechos a la
salud y a un ambiente sano, y los derechos de los consumidores (Arts. 49, 78 y
79 de la Carta). Adicionalmente, se establecen los compromisos sobre la
eliminación de obstáculos técnicos innecesarios al comercio, que son imperiosos
para un real acceso al mercado y para la existencia de la integración
económica.
-
Ahora bien, para el Procurador no existe reparo de constitucionalidad alguno
tampoco en cuanto a lo relacionado con la contratación pública (Parte
Cuatro), teniendo en cuenta que se respeta la soberanía nacional en los
términos del artículo 9º Superior y lo estipulado en el preámbulo y en los
artículos 2, 13 y 226 de la Carta Política.
-
En cuanto a las inversiones
y servicios (Parte Cinco), señala la Vista Fiscal que la Corte ha
indicado que estos preceptos están dirigidos a hacer efectiva la igualdad fundamental,
sin discriminación entre todos los países interesados. En lo concerniente a la
expropiación de inversiones, sostiene que los preceptos se ajustan a lo
indicado por el artículo 58 Superior. Los compromisos adquiridos en cuanto a
las compensaciones por pérdida a causa de guerra u otro conflicto armado,
revolución, estado de emergencia, rebelión, insurrección civil, motín o
cualquier evento similar, no son menos favorables que los otorgados a los
inversionistas nacionales o de un tercer estado, sin excluir la posibilidad
derivada del artículo 100 de la Constitución Política, de que por razones de
orden público, la ley subordine a condiciones especiales o incluso niegue el
ejercicio de determinados derechos civiles a extranjeros.
En
relación con los mecanismos de solución de controversias de
inversionistas, la Corte Constitucional ha reiteradamente sostenido que prever
como mecanismo de resolución de conflictos el sometimiento de las diferencias a
tribunales de arbitramento, no vulnera la Constitución. Sin embargo, antes de
someter una reclamación ante el Tribunal de Arbitramento, se debe agotar la vía
gubernativa de acuerdo con la legislación interna.
El
régimen de comercio transfronterizo, conceptúa la Procuraduría, se rige
también por los principios de Trato Nacional y Nación más Favorecida, y sus
disposiciones protegen el mercado laboral doméstico y se aplican sin perjuicio
de las políticas migratorias internas, lo cual desarrolla los artículos 2º y 9º
de la Constitución.
-
En cuanto a las
disposiciones administrativas e institucionales del Tratado (Parte Seis),
la Procuraduría insiste en que las medidas relacionadas con la posibilidad de
acudir a los tribunales internacionales de arbitramento como mecanismo de
solución de controversias que surjan de la interpretación o aplicación del
Tratado, son medidas plenamente constitucionales. También indica que la
soberanía y seguridad nacional (artículos 2º y 9º) son respetados por el
Tratado.
-
Los canjes de notas, según
el Director del Ministerio Público, no admiten tampoco reparo de
constitucionalidad, pues buscan garantizar los intereses de Colombia en el
Tratado al corregir algunos errores involuntarios que podían perjudicar al
mercado nacional.
En
consecuencia, la Procuraduría concluye que el Tratado bajo revisión y su Ley
aprobatoria están ajustados al Ordenamiento Superior, porque: (a) el tratado
busca el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales del Estado
(artículo 2º de la Carta), por lo que cumple con el fin esencial del Estado de
impulsar la prosperidad general, al igual que estimula el desarrollo
empresarial (artículo 333 Superior) y (b) desarrolla las relaciones comerciales
y de inversión entre los Estados Parte (artículos 9, 226, 227 y Preámbulo de la
C.P.), ya que propende por la integración económica sin vulnerar la soberanía
nacional. Así mismo, internacionaliza las relaciones económicas con países del
Caribe, sobre bases de reciprocidad, equidad y conveniencia nacional.
De este modo, considera que el Tratado de Libre
Comercio con el Triángulo Norte de Centroamérica se ajustó a los preceptos
constitucionales tanto en su aspecto formal como material; por lo que se
cumplieron los requisitos exigidos por la Constitución y la ley para
convertirse en parte integrante del ordenamiento jurídico interno. En el mismo
sentido, su contenido desarrolla y respeta los preceptos consagrados en la
Carta Política, pues busca salvaguardar los intereses superiores del Estado
dentro de un marco de reciprocidad y conveniencia nacional. Por lo tanto solicita
que se declare exequible el Tratado objeto de estudio junto con la ley
aprobatoria 1241 de 2008.
II.   CONSIDERACIONES.
1. Competencia.
En los términos del numeral 10 del
artículo 241 de la Carta Política, compete a esta Corporación pronunciarse en
forma definitiva sobre la constitucionalidad del “Tratado de Libre Comercio entre la República de
Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras” y los Canjes de
Notas que Corrigen el Anexo 3.4 del Capítulo 3 relativo al “Trato Nacional y
Acceso de Mercancías al Mercado. Sección Agrícola – Lista de Desgravación de
Colombia para El Salvador, Guatemala y Honduras”, del 16 de enero de 2008, 11
de enero de 2008 y 15 de enero de 2008, respectivamente”, en adelante el
TLC, y sobre la Ley 1241 de 2008 (30 de julio), aprobatoria de ese Convenio
internacional.
2.
Examen de constitucionalidad del
TLC y de la Ley 1241 de 2008: Características Generales del control constitucional en materia de convenios internacionales
y leyes aprobatorias.
2.1. Según la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados (Art. 2º), se entiende precisamente por “tratado”, el acuerdo internacional
celebrado por escrito entre dos o más Estados y regido por el derecho
internacional, que consta en un instrumento único, o en dos o más instrumentos
conexos, cualquiera que sea su denominación particular. Así las cosas, un tratado
en vigor, obliga a las partes que lo suscribieron a lo pactado, y debe ser
cumplido por ellas de buena fe, no pudiendo invocar las disposiciones de su
derecho interno como justificación para su incumplimiento, con excepción de lo
previsto en la cláusula 46 de la Convención, que regula el tema de la nulidad
de los tratados[15].
En ese orden de ideas, para la suscripción de un convenio que
comprometa al Estado colombiano, se deben agotar diversas etapas sucesivas en
las que intervienen las distintas ramas del poder público para su
perfeccionamiento -por tratarse de un acto complejo-, así: (1) suscripción
del instrumento internacional por parte del Presidente de la República; (2)
aprobación del convenio internacional por el Congreso mediante una ley
aprobatoria; (3) estudio del Convenio y de su ley aprobatoria por parte de la
Corte Constitucional, y finalmente, (4) ratificación del instrumento
internacional por parte del Presidente de la República, en su calidad de Jefe
de Estado[16]. Perfeccionado el
tratado según las formalidades señaladas, que generalmente se relacionan con el
cumplimiento de los requisitos internos en el instrumento internacional[17],
los compromisos celebrados por el Estado son plenamente exigibles[18].
2.2. En lo que concierne al Legislador, es
el Congreso quien sobre la base de razones de oportunidad, efectividad y
conveniencia para el pueblo colombiano, aprueba o imprueba los acuerdos
internacionales que celebre el Ejecutivo. Una consideración negativa del
Legislador, impide dar continuidad a las etapas constitucionales subsiguientes
para el perfeccionamiento del instrumento, lo que hace inviable el compromiso
internacional. Desde la perspectiva del Ejecutivo, la negociación, la celebración y la ratificación de
los acuerdos internacionales, resultan ser actos soberanos y discrecionales del
Presidente de la República en su calidad de Jefe de Estado. Por ello, el Primer
Mandatario puede abstenerse de ratificar un instrumento internacional aunque éste
hubiese sido aprobado por el Congreso e incluso analizado por la Corte[19],
dado que constitucionalmente es el Jefe de Estado quien dirige las relaciones
internacionales (Art. 189-2 C.P.)
2.3. Ahora bien, tal y como lo establece
el artículo 241 numeral 10 de la Carta Política, corresponde a esta Corporación
el examen de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de sus
leyes aprobatorias[20]. Dicho
control se ejerce con posterioridad a la aprobación por el Congreso del proyecto
de ley correspondiente y de la correspondiente sanción presidencial, pero antes
de su perfeccionamiento a nivel internacional, tal como lo señalan los
artículos 150-16, 189-2, 224 y 241-10 de la Carta[21].
El control constitucional que ejerce la
Corte en ese sentido comprende tanto el de los aspectos formales del proceso
- celebración del acuerdo y trámite legislativo-, como el relacionado con los
contenidos materiales del convenio y de la ley[22],
por tratarse de un control constitucional integral. La sentencia C-468 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero)[23] señaló como sus
características generales, que se trata de un control: (i) previo al
perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a
la sanción gubernamental; (ii) automático, pues la ley debe ser enviada
directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional, dentro
de los seis días siguientes a la sanción gubernamental[24];
(iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los
aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado
confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa
juzgada; y (v) es condición sine qua non para la ratificación del
acuerdo. También cumple una función preventiva, pues un control constitucional
con las características enunciadas, garantiza la supremacía de la Carta y
paralelamente el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado
Colombiano[25].
2.4. En lo que respecta al control
formal que ejerce esta Corporación, éste se
dirige a verificar el trámite seguido durante la negociación y firma del
tratado correspondiente, -esto es, el examen
de la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de
negociación y celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios
intervinientes-, así como el cumplimiento de las reglas sobre la formación de la ley aprobatoria en el Congreso y la
debida sanción presidencial del proyecto correspondiente[26]. La existencia de vicios de procedimiento, puede
provocar la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley aprobatoria o del
Convenio internacional.
2.5. En cuanto al trámite legislativo, el objeto del
análisis constitucional será el de verificar el cumplimiento de todas las
garantías constitucionales involucradas en el debate parlamentario. Para el
efecto, la ley aprobatoria de un tratado deberá cumplir en principio, con el
mismo procedimiento legislativo de las leyes ordinarias, con algunas
excepciones.
En lo concerniente a las exigencias ordinarias del
procedimiento legislativo, pueden citarse las etapas consagradas en la Carta
(artículos 146, 154, 157, 160[27], 166 y 241 de la C.P.,
entre otros artículos) para la formación de las leyes y los aspectos
expresamente estipulados en la ley 5ª de 1992, en relación con el artículo 204
del reglamento del Congreso[28]. El trámite legislativo
ordinario, de acuerdo con la sentencia C-737 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett), puede ser reseñado sintéticamente de la siguiente forma: (i) el
proyecto de ley debe haber sido publicado oficialmente antes de darle curso en
la comisión respectiva (arts. 144, 147, 156 y 157 Ley 5ª de 1992); (ii) debe
haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente
de cada Cámara; (iii) debe haber sido aprobado en segundo debate en la plenaria
de la respectiva corporación, y (iv) debe haber obtenido la sanción del
Gobierno (art. 157 C.P. y 147 de la Ley 5ª de 1992). Además, en el proceso
deben haberse respetado los respectivos quórums y mayorías (arts. 145 y 146
CP); los plazos entre los distintos debates (art. 159 y 160 C.P)[29]
y la iniciativa legislativa[30].
En lo concerniente a las especificidades del
proceso legislativo en el caso de leyes aprobatorias de tratados
internacionales, se recuerda que el proyecto de ley debe iniciar el trámite en
el Senado, por tratarse de asuntos relativos a las relaciones internacionales
(Art. 154 C.P., y artículo 143, Ley 5ª de 1992). A su vez, la competencia del
Congreso de la República en estas materias se limita a aprobar o improbar el
tratado o convenio, de acuerdo con el artículo 150-16 superior. En efecto, en
atención a la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados
públicos, el legislador no puede alterar el contenido de los mismos
introduciendo nuevas cláusulas, ya que su función consiste en aprobar o
improbar la totalidad del tratado, por tratarse de una negociación del Gobierno[31].
No obstante, si el tratado es multilateral, es posible hacer declaraciones
interpretativas[32] y, si no están
expresamente prohibidas en el Convenio celebrado, se pueden introducir reservas
que no afecten el objeto y fin del tratado en estudio[33].
Una vez la ley sea aprobada por el Congreso, debe ser
remitida a la Corte Constitucional por el Gobierno, para efectos de su revisión
definitiva, en los términos previamente señalados (C.P. Art. 241-10).[34]
2.6. El control
material de constitucionalidad, por su parte, consiste
en confrontar las disposiciones del texto del tratado internacional que se
revisa y el de su ley aprobatoria, con la totalidad de las disposiciones de la
Constitución, para determinar si se ajustan o no a la Carta Política. El
control de constitucionalidad que adelanta la Corte sobre los tratados
internacionales, comprende la integridad del texto, lo que incluye los anexos,
pies de página, al igual que cualquier comunicación entre las Partes encaminada
a acordar algún sentido o alcance a los compromisos asumidos[35].
Ahora bien, el análisis de exequibilidad
que adelanta la Corte en este sentido sobre los tratados internacionales, es un
estudio eminentemente jurídico, teniendo en cuenta que esta Corporación no se
ocupa de revisar las ventajas u oportunidad práctica de un acuerdo a nivel
económico, social, etc., ni su conveniencia política. Las razones de celebración, si bien son
importantísimas para ilustrar la interpretación, desarrollo y ejecución del
convenio, no hacen parte del juicio de constitucionalidad que adelanta esta
Corporación[36].
Precisamente en materia de Tratados de
Libre Comercio, la Corte ha insistido reiteradamente que las consideraciones de conveniencia,
oportunidad, utilidad o eficiencia del instrumento internacional, son ajenas al
examen que debe efectuar este Tribunal, dado que el análisis en las etapas de negociación y
aprobación legislativa del tratado y su conveniencia, corresponden al
Presidente y el Congreso respectivamente. Son ellos quienes deben, dentro del
fuero de sus competencias, evaluar su pertinencia y la justificación de la
adopción de un convenio internacional[37] en la legislación interna, conforme a las atribuciones
asignadas a cada Rama del Poder Público por la Constitución. En ese sentido, la Corte no puede, por medio de
sus funciones, invadir las esferas de acción de los restantes órganos del
Estado[38].
En la sentencia C-178 de 1995 (M.P. Fabio
Morón Díaz), que declaró la constitucionalidad de la Ley 172 de 1994
aprobatoria del Tratado de Libre Comercio entre Colombia, México y Venezuela,
esta Corporación manifestó sobre ese particular, lo siguiente:
“(…) la Corte no se ocupa de examinar específicas situaciones de
hecho signadas por elementos como los de la utilidad, la efectividad o la
eficiencia de las actuaciones de las autoridades públicas; tampoco se ocupa la
Corte de adelantar evaluaciones de oportunidad práctica ni de conveniencia
política, pues estos elementos extranormativos deben ser analizados por el Jefe
del Estado y por el Congreso en su oportunidad, según los términos de la
Constitución Nacional. No obstante, en este caso se estima de buen provecho
para el juicioso examen de los sujetos directamente vinculados al tratado y de
quienes se encargarán de su aplicación, la incorporación de las reflexiones
presentadas en la intervención oficial”.
En la sentencia C-031 de 2009 (M.P.
Humberto Sierra Porto) que revisó la constitucionalidad del Acuerdo de Libre
Comercio entre la República de Colombia y la República de Chile, declarándolo
exequible, esta Corporación contextualizó tales afirmaciones, recordando que al
examinar un tratado comercial
de esta naturaleza, es complicado verificar la constitucionalidad de los
diversos equilibrios, ventajas y concesiones presentes en cada uno de los
compromisos asumidos formalmente por los contratantes en el clausulado. El juez
constitucional debe entonces apreciar en tales casos, el Convenio como un todo,
para poder valorar dentro del contexto histórico y económico específico, la
conformidad del tratado internacional con la Constitución, no sólo con respecto
a la ausencia de contradicciones normativas entre el acuerdo y la Carta, sino
en atención “a la preservación fáctica de los grandes equilibrios alcanzados
por las Partes contratantes”. A su vez, debe analizar si las normas que
restringen derechos fundamentales superan un test de razonabilidad, pretenden
fines constitucionales o proponen o no restricciones adecuadas.
2.7. Otro elemento a tener en cuenta en
materia de control de constitucionalidad de los tratados internacionales, tiene
que ver con la jerarquía normativa de tales acuerdos en el ordenamiento
interno. En efecto, los convenios internacionales suscritos por Colombia y que
forman parte del derecho interno, no son por sí mismos referentes autónomos de
control de constitucionalidad, pues en general, tienen la jerarquía normativa
de las leyes ordinarias. No obstante, los que forman parte del bloque de
constitucionalidad (art. 93 C.P), pueden llegar a ser un parámetro de
constitucionalidad, pero únicamente si son interpretados sistemáticamente con
el texto de la Carta[39].
En tal caso, los tratados internacionales suscritos por Colombia en
materia económica y comercial o aquellos relacionados con el derecho
comunitario[40], no ostentan esa
jerarquía normativa superior ni constituyen parámetros de constitucionalidad[41], ya que responden
exclusivamente a aspectos económicos, comerciales, fiscales, aduaneros, de
inversiones, etc., y son por ese hecho ajenos al bloque de constitucionalidad. En
consecuencia no son normativa de contraste en el análisis constitucional que
adelanta esta Corporación[42].
Con todo, los instrumentos internacionales
incorporados al derecho interno, tienen fuerza normativa. Ello significa que de
acuerdo con el principio pacta sunt servanda previsto en la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 (art. 26) generan obligaciones,
las cuales deben ser cumplidas por las partes de buena fe[43],
asegurando el deber de protección de los derechos de nacionales y extranjeros (art.
2 C.P.)[44]. Además se erigen como
criterio de interpretación de la legislación interna[45].
2.8.
Por otra
parte y desde una perspectiva eminentemente técnica y de resultados, no le
corresponde a la Corte ser un juez de convencionalidad de los tratados.
Ello quiere decir que no está llamada a verificar la concordancia de la
legislación nacional con los demás tratados que en materia económica obliguen
al Estado colombiano[46]. En este
sentido, tampoco le compete verificar la coherencia de las obligaciones
adquiridas en los diferentes acuerdos internacionales suscritos por Colombia en
materia comercial, teniendo en cuenta que tales convenios contienen las reglas
jurídicas necesarias para sortear las diferencias que se susciten, asegurar la
adecuada interpretación de lo pactado y acudir a los mecanismos convencionales
que permitan resolver posibles discrepancias en la materia, especialmente
porque los conflictos ocurren en general en razón de su aplicación, y ello, por
obvias razones, escapa al conocimiento de este Tribunal. Al respecto, en la
sentencia C-750 de 2008[47] esta
Corporación manifestó que dado que los tratados en materia económica o
comercial tiene generalmente relación con otros acuerdos comerciales como el GATT, la OMC, o la CAN:
“(…) la definición del ámbito de aplicación de cada tratado y los
órganos competentes para su interpretación no se resuelve atendiendo un
criterio de jerarquía o antinomia, pues ninguno de ellos tiene superior escala
sobre otro y cada uno tiene su propia órbita y objetivo. (…) La armonización
de los mismos no le corresponde a esta corporación por tratarse de un asunto de
aplicación de los mismos”. (Las subrayas fuera del original).
2.9. En cuanto a los efectos de las
disposiciones de un tratado, concluye la Corte que tampoco sobre ellos puede
recaer su control
constitucional, en la medida en que el juicio que adelanta es abstracto y
objetivo, y por lo tanto carece de elementos fácticos de juicio relacionados
con la aplicación directa de las medidas a implementar. La Corte no puede prever
las dificultades que surjan en cuanto a su aplicación, porque la revisión
abstracta de constitucionalidad escapa a ese detalle. Es
por esto que la Corte ha dicho, por ejemplo, que las pérdidas económicas
que pudieran ocasionarse en virtud de un acuerdo comercial, no hacen a priori
inconstitucional el convenio, en la medida en que las disposiciones
introducidas en el ordenamiento interno tiene como fundamento una decisión
política y de conveniencia de los órganos correspondientes, quienes en su
análisis pudieron optar por ceder algunos intereses frente a otros, con la
finalidad de alcanzar objetivos concretos en el intercambio comercial[48].
Evaluación de decisiones de conveniencia que como ya se ha explicado, no
competen a este fuero constitucional.
Con todo, aunque estos aspectos de ejecución y
técnicos escapan al control abstracto que adelanta esta Corporación, “su
defensa se puede obtener mediante el ejercicio de las otras acciones
constitucionales y legales reconocidas en la Carta Fundamental”[49].
En efecto, pueden ser objeto de debate y resolución
tales medidas, a través del ejercicio de otras acciones judiciales consagradas
en la Constitución Política o en el propio tratado internacional[50].
En su momento serán las distintas autoridades, en el marco de sus
competencias, las que en el desarrollo, interpretación, cumplimiento y
ejecución del mismo, tanto en las decisiones de carácter general como en las
que se refieren a las relaciones concretas, deberán actuar con sujeción a la
Constitución y sujetas a los controles jurídicos y administrativos respectivos
para la protección de la integridad y supremacía de aquella, y por tanto, como
garantía de los derechos fundamentales de todos los colombianos[51].
Así las cosas, la exequibilidad de un tratado internacional
de comercio determinada por esta Corporación, no afecta entonces[52]: (i) la existencia y vigencia plena de competencias
normativas del Congreso y del Ejecutivo en la materia. (ii) La aplicación, en
casos concretos, del bloque de constitucionalidad y (iii) la eventual
procedencia de alcance de las acciones constitucionales. Un tratado de libre
comercio, por no ser más que una ley ordinaria, no puede llevar al vaciamiento
o desconocimiento de las competencias de los órganos judiciales que propenden
por la defensa de los derechos fundamentales y por ende, debe ser interpretado
y aplicado de conformidad con la Constitución.
En caso de una declaratoria de inexequibilidad de la
ley o del Tratado, la ausencia de aprobación constitucional le impide al Jefe Estado
adelantar actuaciones enderezadas a perfeccionar el instrumento internacional.
De tratarse de un acuerdo multilateral aprobado por el Congreso de la República
y sometido a este tipo de control preventivo, si existen disposiciones
contrarias a la Constitución y así lo declara la Corte, el Gobierno puede
perfeccionar el Tratado, siempre y cuando haga las reservas correspondientes
formuladas dentro de las reglas específicas que para dicho fin se prevén en el
derecho internacional de los tratados o en los tratados mismos, por cuanto la
sentencia es vinculante para el Jefe de Estado colombiano[53].
2.10. Revisados entonces los aspectos
metodológicos y normativos del control constitucional que realiza esta
Corporación, entra la Corte a examinar en concreto, la Ley 1241 de 2008 y el TLC de la referencia.
3. Control de constitucionalidad formal.
La revisión de la constitucionalidad del
TLC, así como de su Ley aprobatoria por razones de forma, comprenderá tanto la
verificación del trámite seguido durante la negociación y firma del respectivo
instrumento internacional y de los canjes de notas celebrados - es decir la
validez de la representación del Estado Colombiano en tales etapas[54]
-, como lo referente al trámite legislativo de la ley aprobatoria en el
Congreso de la República.
3.1. Negociación y celebración del Tratado de Libre
Comercio con los países del Triángulo Norte Centroamericano.
3.1.1. Competencia del funcionario que celebró el
Tratado.
El proceso de negociación
del TLC con El Salvador, Guatemala y Honduras, se inició el 5 de junio de 2006
y concluyó el 23 de febrero de 2007 en la ciudad de Medellín. El Presidente de
la República, Dr. Álvaro Uribe Vélez, le confirió Plenos Poderes al Ministro de
Comercio, Industria y Turismo, Dr. Luis Guillermo Plata Páez, el 30 de julio de
2007[55], para que en
representación del Gobierno Nacional procediera a la suscripción del Tratado.
El Tratado fue suscrito el 9 de Agosto de 2007 por el Dr. Luis Guillermo Plata,
Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia; por la Ministra de
Economía de la República de El Salvador, Dra. Yolanda Mayora de Gaviria; por el
Ministro de Economía de Guatemala, Dr. Luis Oscar Estrada; y por el Secretario
de Estado del Despacho de Industria y Comercio de Honduras, Dr. Jorge Rosa. El
10 de octubre de 2007, el Presidente de la República suscribió la Aprobación
Ejecutiva del Tratado de Libre Comercio descrito[56]
y ordenó su remisión al Congreso, para su aprobación.
3.1.2. La constitucionalidad del procedimiento
descrito.
3.1.2.1. El artículo 189-2 de la Carta[57], otorga al Jefe de Estado la
función de dirigir las relaciones internacionales y celebrar con otros Estados tratados
o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso. El Primer Mandatario[58]
puede actuar por intermedio de representantes revestidos de plenos poderes para
el efecto, debido a que el artículo 7 de la
Convención de Viena de 1969 -aprobada mediante la Ley 32 de 1985[59]- lo autoriza a delegar válidamente la facultad de negociación,
adopción o autenticación de un convenio internacional, a
través de la figura de los “plenos poderes”. Tal figura -que se acredita
mediante un documento público-, implica la designación presidencial de uno o
varios funcionarios a fin de expresar el consentimiento del Estado de obligarse
por un tratado, por lo que el cumplimiento de ese requisito respalda la debida
representación del Estado Colombiano en la negociación y celebración de los
acuerdos internacionales[60].
3.1.2.2. Con todo, tal designación no implica la delegación de
la función presidencial de confirmar o aprobar lo realizado por el funcionario
investido[61], ya que es al Presidente
a quien le compete como Jefe de Estado dirigir las relaciones internacionales
(C.P. art. 189-2). Así las cosas, como el
Primer Mandatario es quien puede determinar las condiciones de conveniencia,
momento y oportunidad para la negociación y posterior celebración de un tratado
(Art. 189-2 C.P.), las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios
designados para el efecto pueden estar sujetas a su posterior confirmación, antes
de que el Tratado sea remitido al Congreso para su aprobación[62].
Esa figura se conoce en la doctrina y la jurisprudencia con el nombre de “confirmación
presidencial”[63] y tiene lugar cuando el
funcionario que suscribe el tratado a nombre de Colombia, remite el documento
correspondiente al Presidente de la República, quien con su firma y la del
Ministro de Relaciones Exteriores confirman esa actuación a través de un acto
administrativo, expresando la conformidad con el tratado, convenio o protocolo
suscrito por el funcionario, con el propósito de someterlo a la aprobación del
Congreso, en los términos previstos en el artículo 150-16 Superior[64].
De esta forma, como lo ha reconocido en
numerosas ocasiones la jurisprudencia de esta Corporación[65],
la confirmación presidencial o aprobación del trámite de suscripción del
tratado, puede ser una herramienta válida al interior de nuestro ordenamiento
constitucional para subsanar los eventuales vicios de representación que se
presenten en la suscripción de tratados o convenios internacionales[66].
De hecho, el artículo 8° de la Convención de Viena “sobre el derecho de los
tratados” reconoce la capacidad del Estado en obligarse por un acuerdo
internacional mediante la confirmación ulterior de un acto, cuando éste
ha sido ejecutado, incluso, sin la debida autorización[67].
En la sentencia C-309 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) se dijo precisamente
sobre esta figura, que:
“[L]a confirmación
presidencial se convierte en una manifestación del principio de
instrumentalidad de las formas, pues permite ante la presencia de un eventual
vicio en la representación para negociar o suscribir un tratado o convenio
internacional, convalidar dicha irregularidad, mediante la confirmación o
asentimiento del Presidente del acto ejecutado sin la debida autorización, con
la finalidad de someterlo al trámite interno de aprobación ante el Congreso de
la República”[68].
3.1.2.3. En lo concerniente al
TLC objeto de revisión, ciertamente obran pruebas en el expediente de que el
Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Dr. Luis Guillermo Plata Páez,
contaba con pleno poderes conferidos por el Presidente de la República
para la suscripción y firma del Tratado de Libre Comercio con las Repúblicas de
El Salvador, Guatemala y Honduras el 9 de agosto de 2007. Por consiguiente, es
claro que se cumplió con el requisito de la habilitación ejecutiva para
celebrar el convenio internacional mencionado. No obstante, el Primer
Mandatario le impartió adicionalmente aprobación ejecutiva al acuerdo en
mención celebrado por ese funcionario el 10 de octubre del 2007, circunstancia
que sin ser necesaria, confirma nuevamente el asentimiento del Presidente en la
celebración del acto y subsana cualquier eventual vicio de representación del
Estado colombiano en el proceso.
Con fundamento en lo expuesto,
debe concluir la Sala que no existe reproche alguno de constitucionalidad en
cuanto a la representación del Estado colombiano en la suscripción del TLC con
los países del Triángulo Norte Centroamericano.
3.2. Celebración del Canje de Notas que
corrige el
Anexo 3.4 del Capítulo 3 del TLC.
3.2.1. Descripción de las
Notas Diplomáticas.
Mediante las Notas Diplomáticas OAJ. CAT
No 62423, 62424 y 62425[69] del 30 de
Noviembre de 2007, firmadas por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores
de Colombia, Dr. Fernando Araujo Perdomo, el Gobierno de Colombia propuso a los
Gobiernos de las Repúblicas de El Salvador, Honduras y Guatemala, corregir el
Anexo 3.4. del Capítulo 3 del Tratado relativo al “Trato nacional y Acceso
de mercancías al Mercado. Sección Agrícola- Lista de Desgravación de Colombia
para El Salvador, Guatemala y Honduras”, una vez constatados algunos
errores mecanográficos en el TLC suscrito entre las partes.
Una de las correcciones sugeridas
consistió en incorporar en la columna de “Arancel de partida del programa de
desgravación de Colombia a Guatemala”, un arancel del 20% para las
subpartidas 2001.90.10 y 2001.90.90. Lo anterior, teniendo en cuenta que por
error involuntario, no se incluyó dicha columna al “Arancel de partida para el
programa de desgravación”. La corrección introducida quedó de la siguiente
forma:
NAN
DINA
Descripción
NANDINA
Tasa
de
Base
de
Colom
bia
Arancel de Partida del Progr
Desgrav de
Colombia a
El Salvador.
Arancel de Partida del Progr
Desgrav de Colombia a Guatemala
Arancel de Partida del Progr
Desgrav de Colombia a Honduras
Categoría Desgrava-
ción de Colombia
a
El Salvador
Categoría Desgrava-
ción de Colombia
a
Guatemala
Categoría Desgrava-
ción de
Colombia
Honduras
Ob
s.
20019010
Aceitunas preparadas o conservadas en
vinagre o en ácido acético.
20%
20%
20%
20%
B(5)
B(5)
B(5)
20019090
Las
demás hortalizas (incluso silvestres), frutas u otros frutos y demás partes
comestibles de plantas, preparados
o
conservados en vinagre o en ácido acético.
20%
20%
20%
20%
B(5)
B(5) (excepto elotitos (jilotes,
chilotes), en A).
B(5)
Así mismo, Colombia propuso corregir el
numeral 5 del Párrafo 1 del Anexo 3.4., que establecía que “los aranceles
aduaneros sobre las mercancías originarias en las líneas arancelarias de la
Categoría D en la lista de una Parte, serán eliminados hasta en quince (15)
etapas anuales iguales…” debiendo decir según lo afirmó el Ministro, “dieciséis
(16) etapas anuales iguales”, ya que el Tratado establece unas fracciones
para las cuales la categoría de desgravación es “D(16)”, lo que
significa que la desgravación se logra en 16 años.
El Gobierno de Colombia expresó la
voluntad de corregir los errores mecanográficos enunciados, mediante las notas constitutivas a las que
se hace referencia. El Ministro recibió entonces respuesta positiva de las
Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, mediante Notas Diplomáticas
fechadas 16[70], 11[71]
y 15[72] de enero de 2008,
respectivamente, en las que los tres países aceptan las correcciones propuestas
por Colombia. En tales comunicaciones los Estados implicados corroboraron
además, que las notas diplomáticas constituían acuerdo entre ellas y que
entraban en vigencia a partir de la fecha en que entrara en vigor el TLC de la
referencia.
El 11 de febrero de 2008, el Presidente de
la República suscribió la Aprobación Ejecutiva al “Tratado de Libre Comercio entre la República de
Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras”, hecho y
firmado en Medellín, República de Colombia, el 9 de agosto de 2007, y a
los Canjes de Notas que Corrigen el Anexo 3.4 del Capítulo 3 relativo al “Trato
Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado. Sección Agrícola – Lista de
Desgravación de Colombia para El Salvador, Guatemala y Honduras”, del 16 de
enero de 2008, 11 de enero de 2008 y 15 de enero de 2008, respectivamente”[73]
y en consecuencia, dispuso someter el citado acuerdo
junto con sus correcciones, a la aprobación del Congreso de la República.
3.2.2. La constitucionalidad
del trámite anterior.
3.2.2.1. De acuerdo con el derecho
internacional, el canje de notas constitutivo de acuerdo, es una de las formas
concebidas por los Estados para celebrar convenios internacionales y generar
obligaciones entre ellos, no obstante la sencillez del procedimiento que
caracteriza a esta figura[74].
En este sentido, el “canje de notas”
es un procedimiento mediante el cual, el Ministro de Relaciones Exteriores de
un Estado le dirige a su homólogo de otro Estado, una nota, carta, o
comunicación, en la cual se contemplan y fijan los puntos objeto de acuerdo[75].
Recibida la nota, el funcionario competente del otro Estado puede contestar,
objetando alguno o todos los asuntos puestos en su consideración, o por el
contrario, puede aceptar la propuesta. En este último evento, la contestación
que se produce por ese Estado mediante una carta -que reproduce generalmente el
texto de lo formulado en primera instancia por el otro Estado-, contiene el
asentimiento a los asuntos planteados y significa la formalización del acuerdo
y en muchos casos, su entrada en vigor, a menos que las notas mismas estipulen
otra determinación[76]. La jurisprudencia de esta
Corporación ha sostenido en diversas oportunidades[77],
que el Canje de Notas señalado, ha de ser considerado como un verdadero tratado
internacional, lo que significa que debe cumplir con los requisitos de
aprobación interna de cada Estado y por consiguiente deber ser objeto
igualmente de revisión constitucional[78].
3.2.2.2. Sobre la competencia del
funcionario que realizó el Canje de Notas en esta oportunidad, debe decirse que
fue el Ministro de Relaciones Exteriores de ese entonces, el Dr. Fernando
Araujo Perdomo, el encargado de suscribir y proponer a los Gobiernos de El
Salvador, Guatemala y Honduras, las modificaciones por errores de trascripción al
Anexo 3.4. del acuerdo celebrado con tales Estados, y de sugerir el canje de
notas correspondiente, para corregir el TLC celebrado por estos países. La corrección de errores en los Tratados a través del Canje
de Notas, es una posibilidad prevista en la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados. Al respecto, el artículo 79 de esa Convención
estipula lo siguiente:
“79. Corrección de errores en textos o en copias certificadas
conformes de los tratados. 1. Cuando, después de la
autenticación del texto de un tratado los Estados signatarios y los Estados
contratantes adviertan de común acuerdo que contiene un error, éste, a menos
que tales Estados decidan proceder a su corrección de otro modo, será
corregido:
a)
introduciendo la corrección pertinente en el texto y haciendo que sea rubricada
por representantes autorizados en debida forma;
b)
formalizando un instrumento o canjeando instrumentos en los que se haga
constar la corrección que se haya acordado hacer; o
c)
formalizando, por el mismo procedimiento empleado para el texto original, un
texto corregido de todo el tratado.
2.
(…)
3.
(…)
4.
El texto corregido sustituirá "ab initio" al texto defectuoso. a
menos que los Estados signatarios y los Estados contratantes decidan otra cosa
al respecto. (…)”[79] (Las subrayas son fuera
del original).
El Dr. Fernando Araujo Perdomo, al momento
de la suscripción del TLC y del Canje de notas, gozaba de plenas facultades
para representar al Estado colombiano en virtud de su cargo. De hecho, su
condición de Ministro de Relaciones Exteriores lo habilitaba para representar
al Estado sin necesidad de acreditar plenos poderes, tomando en consideración
lo estipulado en el artículo 7o., numeral 2o., literal a) de la Convención de
Viena que señala que los Ministros de Relaciones Exteriores
gozan, en principio, de esa atribución de representación estatal[80]. No obstante, el Primer
Mandatario le impartió nuevamente aprobación ejecutiva tanto al TLC como al
Canje de Notas anterior, convalidando el 11 de
febrero de 2008, en cualquier caso, cualquier irregularidad en el
proceso de suscripción del Tratado o de los Canjes de Notas indicados.
Del presente análisis se deduce entonces, que tanto el
TLC como el canje de notas que corrigió el Anexo 3.4. del mismo, sometidos hoy
a revisión, se avienen a las disposiciones constitucionales en lo relacionado
con la competencia para su negociación y suscripción, así como en lo atinente a
la manifestación expresa de voluntad del Presidente de la República de
celebrarlos. Por ende, no cabe hacer al Tratado sub-
examine ni a su corrección posterior a través del Canje de Notas, ningún reproche de constitucionalidad por el aspecto
examinado.
3.3. El Trámite legislativo en el Congreso de la República de la Ley
1241 de 2008 aprobatoria del Tratado de Libre Comercio entre la República de
Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, y de los canjes
de notas correspondientes.
De conformidad con el artículo 150 numeral 16 superior, el Congreso
de la República es la rama del poder público que debe decidir sobre la
aprobación de los tratados internacionales que celebre el Gobierno con otros
Estados o entidades de derecho internacional y su adopción en el derecho
interno. A su turno, el artículo 189 de la Carta le ordena al Presidente
someter los acuerdos internacionales a la consideración del Congreso.
Como ya se mencionó, la Constitución no estableció un trámite especial para las leyes
aprobatorias de los tratados internacionales y su incorporación a la
legislación interna. Por esta razón, en estos casos es aplicable el trámite
general establecido en los artículos 157, 158, 160 y 165 C.P. para las leyes
ordinarias[81]. Con todo, se recuerda
que un proyecto de ley sólo puede llegar a ser Ley de la República, si fue
presentado por quien tenía iniciativa para tal efecto (CP art. 154), versa
sobre una misma materia, de ser el caso (CP art. 158), y surtió los trámites
pertinentes en el Congreso, a saber: (i) haber sido publicado oficialmente
antes de darle curso en la comisión respectiva, (ii) haber sido aprobado en
primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara y (iii)
en segundo debate en la plenaria de la respectiva corporación, y (iv) haber
obtenido la sanción del Gobierno (CP art. 157)., Además, deben respetarse en el
trámite indicado, los respectivos quórums y mayorías (CP arts 145 y 146), y los
plazos entre los distintos debates (CP art. 159) [82].
De las certificaciones remitidas por el
Senado y la Cámara de Representantes sobre los antecedentes legislativos de la
Ley 1241 de 2008 y de las actas publicadas en las Gacetas del Congreso de la
República en lo referente al
Proyecto de Ley número 232 de 2008 Senado y 277 de 2008 Cámara, se constata que
este agotó el trámite legislativo que sigue a continuación.
3.3.1. Presentación del Proyecto y su publicación.
El Gobierno Nacional por conducto de los
Ministros de Relaciones Exteriores y del de Ministro de Comercio, Industria y
Turismo[83], presentó al Senado de la
República el 20 de febrero de 2008[84], el Proyecto de Ley “Por medio de la cual se aprueba el “Tratado de
Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador,
Guatemala y Honduras”, hecho y firmado en Medellín, República de Colombia, el 9
de agosto de 2007, y los Canjes de Notas que Corrigen el Anexo 3.4 del Capítulo
3 relativo al “Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado. Sección
Agrícola – Lista de Desgravación de Colombia para El Salvador, Guatemala y
Honduras”, del 16 de enero de 2008, 11 de enero de 2008 y 15 de enero de 2008,
respectivamente”, el cual fue radicado bajo el número 232 de 2008 Senado y
277 de 2008 Cámara, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 numeral 16 de la Carta. El texto del Proyecto 232 de 2008
Senado y su exposición de motivos, fue publicado en la Gaceta No. 50 del jueves
21 de febrero de 2008[85].
3.3.2. Trámite de urgencia.
El Presidente de la República, solicitó al Congreso el 28 de marzo
de 2008[86], darle
trámite de urgencia al citado proyecto, en la forma prevista en el artículo 163
de la Carta, a fin de lograr el trabajo conjunto en primer debate, de las
Comisiones Segundas Permanentes de Senado y Cámara. Las sesiones conjuntas fueron autorizadas mediante Resolución
No. 122 del 8 de Abril de 2008 expedida por la Mesa Directiva del Senado de la
República[87], y por Resolución No.
1124 del 8 de Abril de 2008[88] por la Mesa Directiva de
la Cámara.
3.3.3. Primer debate en Sesiones Conjuntas de Senado y
Cámara.
3.3.3.1.
Las Comisiones Segundas del Senado y Cámara de
Representantes designaron como ponentes para primer debate
conjunto, a la Senadora Martha Lucía Ramírez y al
Representante Lidio Arturo García Turbay. La ponencia conjunta y favorable para
primer debate, fue publicada en la Gaceta del Congreso No 153 del
jueves 17 de abril de 2008[89].
3.3.3.2.
Los anuncios del Proyecto de Ley para el primer debate conjunto,
se dieron en las siguientes fechas, así:
a)
Sesión de la Comisión
Segunda del Senado del 22 de Abril de 2008, Acta No. 23 de esa misma
fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 454 del 24 de Julio de 2008, en
la que se hizo el anuncio de discusión del Proyecto de Ley 232 Senado, 277
Cámara[90]. En dicha sesión se dijo
que la discusión del proyecto tendría lugar, en “la fecha en que se cite a
la sesión conjunta”.
b)
Sesión de la Comisión Segunda del Senado del 29 de Abril de 2008, Acta
No. 24 de la misma fecha y publicada en la Gaceta del Congreso 454 del 24 de
Julio de 2008, en la que se hizo el anuncio, invocando que la discusión y
votación del proyecto tendría lugar en la Sesión Conjunta de las Comisiones
Segundas, el 6 de mayo de 2008[91].
c)
Sesión de la Comisión
Segunda del Senado del 30 de Abril de 2008, según el Acta No. 25 Senado,
de esa misma fecha y publicada en la Gaceta del Congreso 455 del 24 de Julio de
2008. En ella se señaló que la discusión y votación del proyecto tendría lugar
en la Sesión Conjunta de las Comisiones Segundas Constitucionales del 6 de mayo
del 2008[92].
d)
Sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes del 30 de
Abril de 2008, según el Acta No. 25 Cámara, de esa misma fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 400 del 27 de junio de 2008[93].
En esa sesión se anunció para discusión el 6 de mayo de 2008 en sesiones
conjuntas de Senado y Cámara, el Proyecto de ley correspondiente.
e)
Finalmente, arribado el día 6 de Mayo de 2008, en la Sesión Conjunta de las
Comisiones Segundas de Senado y Cámara de Representantes, se inició el debate
del Proyecto de Ley 232 de 2008 Senado, 277 de 2008 Cámara. No obstante, el
debate se suspendió porque el quórum en Cámara no era suficiente en ese momento
para someter a votación el proyecto de ley en mención[94].
Con todo, se anunció en esa misma sesión que el Proyecto de Ley 232 de 2008
Senado, 277 de 2008 Cámara, sería debatido y votado en la siguiente
Sesión Conjunta, según consta en el Acta No. 01 del 6 de mayo de 2008,
publicada en la Gaceta No. 631 del 12 de Septiembre de 2008, así:
“El Señor Secretario de la Comisión, doctor Felipe Ortiz, da lectura
al anuncio de proyectos. Por instrucciones del Presidente de la Comisión
Segunda del Senado de la República, y de la Cámara de Representantes. Anuncio
de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima Sesión Conjunta
de las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes (Artículo 8º del
Acto Legislativo número 01 de 2003).
1. Proyecto de ley número 232 de 2008 Senado, 277 de 2008 Cámara…
(…)
El señor Presidente, Senador Carlos Emiro Barriga, informa que ya
fueron anunciados todos los proyectos por el señor Secretario de la Comisión
Segunda del Senado. Agradecemos la participación a los Senadores y
Representantes, agradecemos la asistencia del señor Ministro de Comercio, (…)
su presencia en este recinto, citamos para el día de mañana miércoles 8 de
mayo de 2008 a las 10 a.m. en este mismo recinto”[95].
(Resaltados y subrayas fuera del original).
3.3.3.3.
Ahora bien, en la próxima Sesión Conjunta de las Comisiones Segundas de
Senado y Cámara de Representantes, que tuvo lugar el día miércoles 7 de
Mayo de 2008[96], es decir al día siguiente
del anuncio[97], según consta en el Acta
No. 02 de 2008 publicada en la Gaceta No. 632 del 12 de Septiembre de 2008, el
Proyecto de Ley 232 de 2008 Senado, 277 de 2008 Cámara, fue aprobado en primer debate conjunto, por las comisiones
mencionadas[98].
3.3.3.4. La
votación para el primer debate del Proyecto de Ley número 232 de 2008 Senado y 277 de 2008
Cámara, en la Sesión Conjunta de las Comisiones Segundas descritas, fue
del siguiente tenor, según certificación de la Secretaria General de la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes:
“[E]n sesión Conjunta de las comisiones conjuntas del día 7 de mayo
del 2008 con la asistencia de 14 Honorables Representantes, se dio el primer
debate y aprobó por unanimidad en votación ordinaria el proyecto de ley
232 de 2008 senado, 277 de 2008 cámara. Acta de sesión conjunta No 2 publicada
en la Gaceta 632 del 12 de septiembre de 2008, página 13, la cual se anexa”[99].
(Subraya fuera del original).
En el mismo sentido, en certificación
expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado, se dijo
sobre el mismo asunto lo siguiente:
“En relación con el quórum deliberatorio y decisorio, se informa que
al no haber existido solicitud de verificación del mismo durante la discusión
del proyecto de ley No 232/08 Senado – 277/08 Cámara, éste quedó…
(…)
Quórum deliberatorio y Decisorio: Integrado por días (10) de los
trece Hs. Senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado, según consta
en el Acta No 2 del 07 de mayo de 2008, publicada en la Gaceta No 632 del 12 de
septiembre de 2008, la cual se anexa.
Integrado por catorce (14) de los diecinueve (19) Hs. Representantes
a la Cámara que conforman la Comisión Segunda de esa Corporación, según consta
en el Acta No 02 del 07 de mayo de 2008, publicada en la Gaceta No 632 del 12 de
septiembre de 2008, la cual se anexa.
Votación: Fue aprobada por los Senadores y Representantes a la
Cámara de las Comisiones Segundas del Congreso de la República conforme al
inciso 1º del artículo 129 del Reglamento del Congreso”[100].
3.3.4. Trámite en
la Plenaria del Senado.
3.3.4.1. La Senadora Martha Lucía Ramírez fue designada ponente
para el segundo debate en la Plenaria del Senado. Ella presentó ponencia
favorable, la cual fue publicada en la Gaceta del
Congreso No 274 del 21 de mayo de 2008[101].
3.3.4.2.
El proyecto de ley fue anunciado en la sesión ordinaria
del día martes 27 de mayo de 2008 según consta en el Acta No. 49
de la misma fecha, publicada en la Gaceta No. 481 del 30 de Julio de 2008, el
la que se indicó que el proyecto sería discutido en la próxima sesión, el
día 28 de Mayo de 2008[102].
3.3.4.3. El proyecto fue discutido y
aprobado efectivamente, en la Plenaria del Senado, el día 28 de Mayo de
2008, según el Acta 50 de la sesión ordinaria de la misma fecha, publicada en
la Gaceta del Congreso No 482 del 30 de julio de 2008[103].
3.3.4.4. Según certificación del
Secretario General del Senado de la República, “la votación fue de 92
honorables senadores que aparecen asistiendo a la plenaria según el Acta, al no
haberse solicitado verificación del quórum, ni votación nominal, ni
impedimentos, ni retiro del recinto de bancadas, ni constancia de voto negativo”[104].
3.3.5. Trámite en la Plenaria de la Cámara.
3.3.5.1. Por
su parte, en la Cámara de Representantes, el congresista Lidio Arturo
García Turbay rindió ponencia favorable para
segundo debate, que fue publicada en la Gaceta del Congreso No 284 del
27 de mayo de 2008[105]
3.3.5.2. El proyecto de ley fue anunciado
para segundo debate en la Cámara de Representantes el 28 de Mayo de 2008, según
consta en el Acta No 113 de la Sesión ordinaria de esa fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso No 412 del 7 de julio de 2008, así:
“(…) Secretario General (E) doctor Jesús Alfonso Rodríguez C:
Se van a anunciar los proyectos para discusión y votación, en la
sesión del próximo martes o en la próxima sesión donde se discutan, o
debatan proyectos de ley o de acto legislativo.
Dirección de la Sesión por la Presidencia, doctor Bérner Zambrano
Erazo:
Así es, señor Secretario. Por favor lea los proyectos.
Subsecretaria
General (E) , doctora Flor Marina Daza Ramírez:
(…)
Señor Presidente, estos proyectos que se van a anunciar, informe de
objeciones, informes de conciliación serán para ser discutidos el próximo 3
de junio o cuando se cite nuevamente a discusión para Proyectos de ley.
(…)
Proyecto de Ley 277 de 2008 Cámara, 232 de 2008 Senado (…)
Señor Presidente están leídos, están anunciados los proyectos de ley
para la próxima semana”[106].
3.3.5.3. El proyecto de ley señalado, fue debatido
y aprobado en la Plenaria de la Cámara, el 3 de Junio de 2008, según consta
en el Acta No. 114 de la misma fecha, publicada en la Gaceta No. 413 de 7 de
Julio de 2008[107].
3.3.5.4. En cuanto al resultado de las votaciones,
el Secretario General de la Cámara de Representantes, certificó lo siguiente:
“Que en sesión Plenaria de la H. Cámara de Representantes del día 3
de junio de 2008, a la cual se hicieron presentes ciento cincuenta y cinco
(155) Honorables Representantes, fue considerada y aprobada por mayoría de los
presentes en votación ordinaria la Ponencia para Segundo Debate, el articulado
y el título del Proyecto de Ley No 277 de 2008 Cámara -132/07 Senado (sic) “Por
medio del cual se aprueba el Tratado de Libre Comercio...”. Lo anterior según
consta en el registro electrónico y manual remitido por la Subsecretaria
General de la Corporación mediante oficio SbSg. 2.1-0508-08 y en el Acta de
Sesión Plenaria No 114 de junio 3 de 2008, la cual se encuentra publicada en la
Gaceta del Congreso No 413 de 2008, la cual anexo (Ver pag. 12). (…)”[108].
3.3.6. Sanción Presidencial.
El 30 de julio de 2008, el Presidente de la República
sancionó la ley aprobatoria del instrumento internacional objeto de examen,
convirtiéndose en la Ley 1241 de 2008.
3.3.7. Remisión de la ley aprobatoria y del TLC por parte
del Gobierno Nacional.
El texto de la ley y el TLC aprobado, junto con los
Canjes de Notas modificatorias y los Anexos correspondientes, fue remitido por
la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República a la Corte
Constitucional, el 4 de agosto de 2008.
3.4. El
cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales en el trámite
legislativo de la Ley 1241 de 2008.
De la descripción anterior sobre las etapas surtidas
por el Proyecto de Ley 232 de 2008 Senado y 277 de 2008 Cámara, que culminó en
la expedición de la Ley 1241 de 2008, llega la Sala a las siguientes
conclusiones generales:
3.4.1. Inicio del trámite.
Los artículos 154 superior y 142 numeral 20
de la Ley 5ª de 1992[109] respectivamente,
establecen que los proyectos de ley referidos a las relaciones internacionales
iniciarán su trámite en el Senado de la República. La iniciativa legislativa en
el caso de las leyes que incorporan tratados, recae en el Gobierno Nacional.
A la luz de la sentencia C-084 de 1995, la
iniciación del trámite descrito resulta ser la etapa originaria del proceso
legislativo en mención, “consistente en el comienzo de éste por medio de la
presentación de un proyecto en una de las Cámaras”. El concepto de iniciación
del proceso en el Congreso, sin embargo, no exige que el trámite legislativo se
agote en una de las células legislativas[110], sino que se
circunscribe sólo a que su comienzo o promoción tenga lugar en ella[111] .
Esta consideración es relevante en aquellos
casos en que se convoca a sesiones conjuntas de Senado y Cámara con ocasión de
la aprobación de tratados internacionales, teniendo en cuenta que “la
Constitución únicamente ordena que el trámite de los proyectos aprobatorios de
tratados sea iniciado en el Senado, pero no [exige] que el proyecto sea
aprobado integralmente en el Senado antes de que pueda ser tramitado y aprobado
en la Cámara de Representantes”. [112] Al respecto la sentencia C-369 de 2002[113]
precisó en este sentido que:
“Es innegable que si debido a un mensaje del gobierno para solicitar
el trámite de urgencia, las comisiones permanentes de ambas cámaras sesionan
conjuntamente, se cumple la primera etapa, y con ésta el requisito
constitucional de iniciar el trámite en el Senado”.
Con base en lo anterior, concluye
la Sala que la ley que aprobó el Tratado de Libre Comercio con los países del
Triángulo Norte de Centroamérica, conforme al acervo probatorio, inició su
trámite efectivamente en el Senado, en la Comisión Segunda Constitucional
Permanente encargada de legislar en temas relativos a las relaciones
internacionales del Estado, por iniciativa del Gobierno. De lo anterior se concluye, que se
cumplieron los requisitos constitucionales, en los términos del artículo 154 de
la Carta.
3.4.2. Primer debate en Sesiones Conjuntas
de Senado y Cámara, por solicitud de trámite de urgencia.
3.4.2.1. El mensaje de urgencia, es una modalidad de
colaboración armónica entre las diferentes ramas del poder público[114] que autoriza
al Presidente de la República a solicitar al Congreso, un trámite legislativo
mucho más ágil para un proyecto de ley específico.
El artículo 163 de la Carta[115], faculta al Presidente para solicitar el
trámite de urgencia “para cualquier proyecto de ley”, lo que incluye
naturalmente los proyectos aprobatorios de Tratados internacionales. Esta norma
constitucional además, dispone que si el proyecto de ley se encuentra en
estudio en una comisión permanente, “ésta, a solicitud del Gobierno,
deliberará conjuntamente con la correspondiente de la otra cámara para darle
primer debate” al proyecto[116],
En este sentido, aunque ordinariamente las dos Cámaras del Congreso cumplen
funciones similares en cuanto al trámite y aprobación de los proyectos de ley y
gozan de autonomía e independencia para tramitar sus propios asuntos, cierto es
que la norma constitucional que se cita, autoriza que se celebren sesiones
conjuntas de las Comisiones homólogas de una y otra cámara para dar primer
debate en el trámite legislativo, en casos de solicitud de trámite de urgencia,
lo que constituye una excepción a esa regla general legislativa previamente
descrita[117]. Al respecto, el
artículo 169 de la Ley 5ª de 1992, que regula legalmente tales procedimientos,
señala lo siguiente:
“Artículo
169. Comisiones de ambas Cámaras o de la Misma. Las Comisiones
Permanentes homólogas de una u otra Cámara sesionarán conjuntamente:
1. Por disposición constitucional. Las
Comisiones de asuntos económicos de las dos Cámaras deliberarán en forma
conjunta para dar primer debate al proyecto de Presupuesto de Rentas y Ley de
Apropiaciones.
Las mismas comisiones elaborarán un informe sobre el Proyecto de
Plan Nacional de Desarrollo que será sometido a la discusión y evaluación de
las Plenarias de las Cámaras.
2.
Por solicitud gubernamental. Se presenta cuando el Presidente de la
República envía un mensaje para trámite de urgencia sobre cualquier proyecto de
ley. En este evento se dará primer debate al proyecto, y si la
manifestación de urgencia se repite, el proyecto tendrá prelación en el Orden
del Día, excluyendo la consideración de cualquier otro asunto hasta tanto la
Comisión decida sobre él.” (Subraya fuera del original)[118].
3.4.2.2. Ahora bien, según el artículo
191 de la Ley 5ª de 1992[119], - reglamento del Congreso-, en el caso en el que Primer Mandatario
solicite dicho trámite de urgencia, la respectiva Cámara deberá decidir sobre
él dentro de un plazo de 30 días.
La
Corte ha interpretado este término según lo refiere la sentencia C-750 de 2008[120],
en el sentido de que el incumplimiento del mencionado plazo no puede constituir
un vicio que tenga la virtualidad de generar la inexequibilidad de la norma,
toda vez que, (i) tal plazo fue establecido por el Constituyente con el fin de
obtener un trámite legislativo expedito y no se trata de un término preclusivo.
Además, (ii) el Congreso conserva su atribución legislativa aún después de
vencido ese término, teniendo en cuenta que el Legislador no pierde su
competencia para seguir tramitando el proyecto pasado el plazo con ocasión de
la disposición legal. Así mismo, (iii) la manifestación de urgencia del Presidente
puede repetirse en todas las etapas constitucionales del proyecto, lo que
significa que la facultad presidencial de insistir no se agota por el sólo uso
que de ella haga en una primera oportunidad. Una interpretación diversa,
se ha dicho[121],
iría en contra del fin perseguido por el precepto constitucional y por el
propio Ejecutivo con la norma legal en mención, que es lograr un estudio más
ágil del proyecto de ley en razón de su interés y urgencia.
3.4.2.3.
Por otra parte, debe recordarse que como el trámite de urgencia busca acelerar
la aprobación de una ley por parte del Congreso, tal solicitud altera, en
principio, el trámite legislativo ordinario[122].
El artículo 157 de la Carta impone como una
condición necesaria para que un proyecto se convierta en ley, que el mismo
surta un total de cuatro debates, que deben darse de manera integral para que
lo aprobado o improbado tenga plena validez[123]. En los
casos en que se llevan a cabo sesiones conjuntas de las Comisiones Permanentes
de cada Cámara, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 169 de la Ley
5ª de 1992, se prevén excepciones a ese trámite, que difieren de la regla
general[124], con las siguientes
implicaciones: (i) de los cuatro debates que tradicionalmente deben celebrarse,
éstos quedan reducidos a tres: el primer debate conjunto y los posteriores
debates en las plenarias de cada cámara. (ii) Según el artículo 171 de la Ley
5ª de 1992, la ponencia para primer debate, se debe presentar de manera
conjunta[125]. (iii) Se modifican
además los términos previstos en el artículo 160 de la Carta para la
deliberación entre cámaras, aspectos constitucional del que se hablará más
adelante, y (iv) se elimina la prelación del trámite en la plenaria de alguna
de las cámaras, pues la ley orgánica permite la aprobación simultánea del
proyecto presentado, por lo que no se privilegia en el tiempo a ninguna de las
dos cámaras. Así, es posible que simultáneamente pueda darse el segundo debate
en cada una de las Cámaras, sin que exista la prelación temporal de una cámara
sobre la otra, a diferencia de lo que ocurre en el trámite legislativo típico[126].
En esa medida, un proyecto de ley aprobatoria de un tratado debatido y aprobado
en las comisiones conjuntas respectivas, puede ser aprobado en simultáneo en
las Plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, o
primero en la Plenaria de la Cámara de Representantes y luego en la Plenaria
del Senado de la República, sin que ello implique un desconocimiento del
artículo 154 de la Carta[127].
3.4.2.4. En el caso concreto, se concluye entonces, que es constitucionalmente
posible llevar a cabo un primer debate conjunto de las comisiones homólogas del
Senado y de la Cámara de Representantes en proyectos relacionados con leyes
aprobatorias de tratados internacionales[128], ya que no
existe ningún impedimento constitucional para que como consecuencia de una
solicitud de urgencia del Gobierno, un proyecto de ley aprobatoria de un
tratado pueda ser sometido a sesión conjunta de las comisiones permanentes de
las Cámaras, en su primer debate[129]. Por el contrario,
existe aprobación constitucional para el efecto, de acuerdo con los artículos
163 superior y 169 de la Ley 5ª de 1992.
De
esta forma, dado que en el trámite legislativo de la Ley 1241 de 2008 el Presidente de la República
solicitó al Congreso, el 28 de marzo de 2008, darle trámite de urgencia al
citado proyecto en la forma prevista en el artículo 163 de la Carta, las
Comisiones Segundas Permanentes de Senado y Cámara tuvieron sesiones conjuntas, autorizadas por
Resolución No. 122 del 8 de Abril de 2008, expedida por la Mesa Directiva del
Senado de la República, y por Resolución No. 1124 del 8 de Abril de 2008 por la
Mesa Directiva de la Cámara. De este modo se dio cumplimiento, a lo establecido
en los artículos 163 superior y 169 de la Ley 5ª de 1992.
Además, se cumplió paralelamente con el numeral 5º del
artículo 41 de la Ley 5ª de 1992[130], que faculta a la Mesa
Directiva de la Corporación, para decidir la celebración de sesiones conjuntas
de las Comisiones constitucionales permanentes de las mismas o de ambas
cámaras, cuando el Presidente de la República así lo solicite. Las Mesas
Directivas de Senado y Cámara, en este caso, y dentro del término de ley,
aprobaron las sesiones conjuntas de las Comisiones Segundas Constitucionales
Permanentes, por lo que se acataron igualmente las disposiciones previstas en
los artículos 41 y 191 de la Ley 5ª de 1992.
En consecuencia, la Sala no encuentra
reparo alguno de constitucionalidad, a la realización de sesiones conjuntas
para la aprobación del proyecto de ley en primer debate, conforme a lo
anteriormente expuesto.
3.4.3. Publicación del proyecto de ley y de
los informes de ponencia.
3.4.3.1. El principio de publicidad es una condición
constitucional necesaria para permitir la participación de los congresistas en
el debate propio de su competencia legislativa. Por lo tanto, la garantía que le corresponde preservar a esta
Corporación con respecto a este tema, es la publicidad del proyecto o de las
proposiciones sometidas a su aprobación y de la ponencia, como condición
necesaria para que los congresistas tengan oportunidad de intervenir
ilustradamente en la discusión legislativa. En ese sentido, el artículo
157 numeral 1 de la Carta, consagra como uno de los requisitos constitucionales
del trámite parlamentario vinculado con la expedición de las leyes, el que se
realice la publicación oficial por el Congreso del proyecto respectivo y de la
ponencia, antes de darle curso en la comisión que corresponda[131].
El artículo 160 inciso 4 de la Constitución, señala a su vez que todo proyecto de
ley debe tener un informe de ponencia en la respectiva comisión encargada de
tramitarlo, y deberá dársele el curso correspondiente.
Ahora bien, ha sostenido la jurisprudencia
constitucional en diversas oportunidades[132] en cuanto a
la publicidad de la ponencia de la que habla el artículo 156 de la ley 5ª de
1992[133], que el requisito
señalado puede sortearse de dos formas: (i) mediante la publicación previa de
la ponencia en la Gaceta del Congreso, que es la regla general y (ii) a través
del reparto previo de copias y su publicación ulterior al debate, siendo ésta
última una excepción a la regla general, que ha sido considerada viable constitucionalmente
en los términos fijados por el legislador[134]. La falta de publicación de la ponencia
para primer debate antes de su aprobación, constituye entonces un vicio de
procedimiento, a menos que el Congreso haya acudido a la opción excepcional
mencionada[135].
3.4.3.2. En el caso concreto, estima la Sala que las
exigencias de publicidad del proyecto de ley y de sus ponencias para primer y
segundo debate antes de darles curso en las comisiones respectivas, se
cumplieron en esta oportunidad, teniendo en cuenta que:
a)
El texto original del Proyecto 232 de 2008 Senado y su
exposición de motivos, fue publicado en la Gaceta No. 50 del
jueves 21 de febrero de 2008[136], de conformidad con lo
establecido en el artículo 144 de la Ley 5ª de 1992 y en
acatamiento de lo previsto en el artículo 157 Superior.
b)
Para el primer
debate, conforme a lo señalado en el acápite anterior, se designaron
ponentes de cada Cámara, quienes presentaron de manera conjunta la ponencia,
actuando de conformidad con el artículo 171 de la Ley 5ª de 1992.
c)
La ponencia conjunta y favorable para
primer debate fue publicada en la Gaceta del Congreso No
153 del jueves 17 de abril de 2008[137],
antes de la discusión y votación del proyecto por las comisiones segundas
conjuntas, que tuvo lugar 7 de Mayo de 2008[138].
d)
La ponencia favorable
para segundo debate en la Plenaria del Senado, también fue publicada
en la Gaceta del Congreso No 274 del 21 de mayo de 2008 esto es, con
anterioridad al debate y votación de la Plenaria de esa célula legislativa, que
tuvo lugar el día 28 de Mayo de 2008.
e)
Finalmente, en la Cámara
de Representantes, la ponencia favorable para segundo debate de la
Plenaria, fue publicada
en la Gaceta del Congreso No 284 del 27 de mayo de 2008[139] y la discusión y votación del proyecto tuvo lugar
el 3 de Junio de 2008.
De esta forma, considera la Sala que se cumplieron las
exigencias del artículo 157 inciso 1º Superior anteriormente descritas.
3.4.4. Término entre los debates.
3.4.4.1. Según el artículo 160 de la Carta, el término
que debe mediar para la aprobación de un proyecto de ley en la comisión
constitucional respectiva y la plenaria, -el término entre debates-, debe ser “no
inferior” a 8 días. Y entre la aprobación del proyecto en una de las
cámaras y la iniciación del debate en la otra, “por lo menos” de 15
días. Estos plazos, según la interpretación constitucional del artículo 160
Superior de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, deben contabilizarse en
días comunes y no hábiles[140].
Ahora bien, cuando se ha presentado mensaje de
urgencia del Presidente de la República, el trámite ordinario del proceso
legislativo se altera, como ya se había comentado. En lo que tiene que ver con
la exigencia constitucional del término entre debates (Art. 160 C.P.), la Corte
ha señalado que en estos casos sólo debe respetarse el lapso de ocho (8) días
mínimo entre el primer debate (sesión conjunta de comisiones) y el segundo
debate (plenarias de las cámaras)[141],
teniendo en cuenta que el término de 15 días entre Cámaras no es imperativo,
cuando se ha dado un debate conjunto de las comisiones con anterioridad[142].
La justificación de esta conclusión radica en que el artículo 183-2 de la Ley
5ª de 1992, establece que las plenarias podrán aprobar simultáneamente el
proyecto en una y otra Cámara[143], si éste ha sido
debatido en comisiones conjuntas previamente, ya que el objetivo del trámite de
urgencia es reducir el tiempo que se emplea en el procedimiento legislativo
ordinario[144]. Por lo tanto la
jurisprudencia constitucional[145] ha concluido que:
“[S]i bien entre la aprobación del Proyecto Ley en una de las
Cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos
quince días (CP art. 160), la deliberación conjunta de las respectivas
Comisiones permanentes de las dos Cámaras para darle primer debate, de
producirse como consecuencia del mensaje de urgencia del Presidente de la
República (CP art. 163), hace innecesario el cumplimiento de dicho término”
3.4.4.2. En el
caso del Proyecto de Ley 277 de 2008 Cámara, 232 de 2008 Senado, la aprobación
en primer debate en las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes se dio
el 7 de mayo de 2008. En la Plenaria del Senado, la aprobación tuvo lugar el 28
de mayo del mismo año y en la Plenaria de la Cámara el 3 de junio de 2008.
Por lo tanto coincide la Corte con la
Procuraduría General de la Nación, en el sentido de que no era necesario que en
este caso mediasen 15 días entre la aprobación del proyecto en una de las
cámaras y la iniciación del debate en la otra. Además, transcurrieron más de
los 8 días de los mínimos exigidos por la Carta entre la aprobación conjunta
por las comisiones respectivas en primer debate y el segundo debate en cada una
de las Cámaras, por lo que concluye la Sala que se cumplió con la exigencia
constitucional del párrafo primero del artículo 160 superior en cuanto al
término entre debates.
3.4.5. Anuncios.
3.4.5.1. La jurisprudencia de esta
Corporación ha sostenido en diferentes oportunidades en lo concerniente al
requisito del anuncio contenido en el artículo 160 superior[146],
que el objetivo principal de esta exigencia constitucional, es el de permitirle
a los Congresistas con anterioridad a la determinación de aprobar o no un
proyecto de ley, informarse y adquirir conocimientos suficientes con respecto a
las materias sobre la que recaerá su decisión, evitando además, “[ser]
sorprendidos con votaciones intempestivas”[147], que son
ajenas a la profundización del sistema democrático y a la participación
ciudadana.
Desconocer el anuncio previo a la votación, resulta entonces ser un
vicio del trámite legislativo, en la medida en que desvirtúa el proceso de
creación parlamentaria y reduce a los Congresistas a ser una mera instancia en
la que las decisiones que se adoptan se hacen de manera desinformada e
intempestiva[148].
3.4.5.2. Ahora bien, la pretensión del
artículo 160 de la Carta en este tema, supone que en una “sesión
parlamentaria anterior” deben ser anunciados los proyectos que serán
discutidos y votados en una sesión posterior, siempre y cuando la
convocatoria para el futuro debate y aprobación del proyecto de ley en estudio,
tenga una fecha futura prefijada determinada o por lo menos determinable[149]
para ese propósito, que le de claridad a los Congresistas sobre el día de la
votación. Al respecto, el artículo constitucional señalado consagra las
siguientes exigencias: (1) que la fecha de votación de los proyectos de ley sea
previamente anunciada; (2) que el anuncio de tal votación se realice en sesión
distinta a la sesión en el que el proyecto es sometido a su aprobación; y (3)
que la votación del proyecto, en principio, tenga lugar el día en que se
anuncie[150].
3.4.5.3. En lo concerniente a la forma en que debe
realizarse el anuncio, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que[151]:
(i) no existe una fórmula sacramental o frase textual que deba ser usada
por el Congreso para hacer el anuncio[152]. De hecho,
como lo resaltó la sentencia C-750 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), no
es necesario emplear expresiones lingüísticas específicas para realizar el
aviso previo de votación de un proyecto, por cuanto lo relevante es que se
transmita inequívocamente la intención de someter a votación un determinado
proyecto en una sesión diferente a la del anuncio. Por ende, esta Corporación ha
autorizado el uso de diferentes expresiones como “considerar” o “debatir”[153]
o la expresión “anuncio”, para referirse a los avisos de proyectos que
serán decididos en otras sesiones, a fin de darle cumplimiento a lo dispuesto
en el inciso final del artículo 160 de la Constitución. A su vez, (ii) el
contexto en el que se dieron las discusiones y los debates, puede ser
referencia de validación de un determinado anuncio, en la medida en que permite
establecer si éste se hizo efectivamente, si incluyó la intención de debatir y
votar el proyecto anunciado, y si la sesión para la cual se anunció la votación
resulta ser una fecha determinable[154]. En el mismo sentido,
ha dicho esta Corporación que la exigencia constitucional del artículo 160
superior, apunta al efectivo conocimiento previo de los proyectos que serán
objeto de decisión[155], por lo que (iii) si por razones del desarrollo del
debate legislativo la votación de un proyecto no tiene lugar el día
inicialmente acordado, no se incurre inexorablemente en una vulneración a la
Carta Fundamental, si existen elementos que permitan prever con claridad cuando
se realizará la votación[156].
3.4.5.4. En cuanto a la fecha propuesta en el
anuncio parlamentario para el debate y votación de un proyecto de ley, la Corte
ha entendido que ésta debe ser determinada o “determinable”, a fin de
que le permita a los Congresistas conocer cuando efectivamente se llevará a
cabo el debate y votación de un proyecto. Por lo tanto, esta Corporación ha
sostenido que expresiones tales como “para la siguiente sesión” o “en
la próxima sesión”, pueden significar un anuncio efectivo y el cumplimiento
del artículo 160 constitucional, cuando del contexto general en el que se
realizó la mención por la Presidencia de la Comisión o Plenaria, puede
concebirse que era identificable para los Parlamentarios, la fecha en que se
llevaría a cabo la votación.
Esta aproximación jurisprudencial ha sido reiterada
por esta Corporación en múltiples oportunidades[157].
Recientemente en la sentencia C-750 de 2008[158], la Sala sostuvo
que no es necesario indicar la fecha exacta en que habrá de realizarse la
votación, siempre y cuando ésta sea determinable, por ejemplo, mediante
expresiones que la Corte ha avalado, como el “próximo martes”,
“próxima sesión”, “próxima semana”,“siguiente sesión” y “día
de mañana”, entre otras. En algunos casos incluso se ha considerado que se
cumple esta exigencia constitucional, “cuando a pesar de haberse anunciado el
proyecto para una sesión determinada, en esa fecha no hubo sesión, pero
finalmente ella ocurre en la primera ocasión en que vuelve a sesionarse, es
decir, en la próxima sesión, lo cual puede corroborarse atendiendo el orden
sucesivo de las actas”[159].
3.4.5.5. Ahora bien, en lo que respecta a la llamada “cadena
de anuncios”, la Corte ha reconocido la constitucionalidad del anuncio
parlamentario, cuando se ha dado una continuación a la cadena respectiva por
aplazamiento de la votación y se ha evitado el rompimiento del anuncio previo a
la votación de un proyecto en las diferentes ocasiones. Ello ocurre cuando
fecha tras fecha se aplaza una votación y finalmente en una sesión anterior y
diferente a la votación definitiva del proyecto, se da el anuncio. Con todo,
también se ha avalado esta exigencia parlamentaria, a pesar de que la cadena de
anuncios haya sido infructuosa, esto es, se haya olvidado por completo el
anuncio en alguna de las sesiones, siempre y cuando, en una sesión anterior a
la votación y diferente a ella el proyecto de ley haya sido anunciado de manera
efectiva. Se concluye entonces que frente al aplazamiento indefinido de una
votación, debe continuarse la sucesión de anuncios a fin de evitar el
rompimiento de la secuencia temporal del aviso. No obstante, no se desconoce la
exigencia constitucional cuando a pesar de presentarse la ruptura en la cadena
de anuncios, finalmente el anuncio se dio en la sesión inmediatamente anterior
a la votación del proyecto[160].
3.4.5.6. Aplicando las reglas anteriores, se tiene que en este caso se
cumplieron las exigencias requeridas constitucionalmente en materia de anuncios
por las siguientes razones:
(i)Anuncio para primer debate conjunto. El anuncio para primer debate conjunto de
las Comisiones Segundas del Senado y Cámara del Proyecto de Ley 232 de 2008
Senado, 277 de 2008 Cámara, se realizó en primer lugar, para el caso del
Senado, el 30 de Abril de 2008 según el Acta No. 25 de esa Corporación, en la
que se fijó como fecha específica para la “discusión y votación” del proyecto
de ley, el día “martes 6 de mayo del 2008” en sesiones conjuntas (Gaceta del
Congreso 455 del 24 de Julio de 2008).
En
el caso de la Cámara de Representantes, el anuncio se efectuó también el 30 de
Abril de 2008, según el Acta No. 25 Cámara de esa misma fecha (Gaceta 400 de
2008). En ella se dijo que “los siguientes proyectos” entre los que se
encontraba el  232 de 2008 Senado, 277 de 2008 Cámara, “tend[rían] lugar para
ser discutidos el 6 de mayo en sesiones conjuntas”.
La
cadena de anuncios se inició entonces en esas sesiones independientes de Senado
y Cámara y siguió en la sesión conjunta del día martes 6 de mayo de 2008; fecha
en la que se reunieron ambas Comisiones Segundas conforme a lo previsto en los anuncios
previos. El 6 de mayo de 2008, se inició el debate del Proyecto de Ley 232 de
2008 Senado, 277 de 2008 Cámara, pero fue suspendido por falta de quórum en
Cámara. Esta situación llevó a que se anunciara nuevamente el Proyecto de Ley
en mención, para ser debatido y votado “la próxima Sesión Conjunta de las Comisiones
Segundas Constitucionales Permanentes”, que según las Actas sucesivas de tales
comisiones tuvo lugar al día siguiente de esa sesión, esto es el 7 de mayo de
2008.
Ahora
bien, como al final de la reunión del 6 de mayo según consta en la Gaceta No
631 de 2008, se citó a los Senadores y Representantes para el día de “mañana
miércoles 8 de mayo de 2008 a las 10 a.m. en este mismo recinto”, podría
pensarse que la imprecisión en que se incurrió con respecto a la fecha de la
reunión, pudo generar algún tipo de confusión frente al anunció original, que
afirmó que el debate y votación del proyecto tendría lugar en “la próxima
sesión conjunta”.
La Corte considera que aunque prima facie
podría pensarse algo semejante, el error en que se incurrió al final de la
sesión conjunta no tuvo en realidad dentro del contexto parlamentario, la
entidad suficiente para implicar un vicio en el trámite legislativo por las
razones que a continuación se presentan. En efecto, esta Corporación recuerda[161],
que no toda irregularidad formal significa a priori la vulneración de una regla sobre la formación de las leyes contenida
en la Constitución o en el Reglamento del Congreso, al punto de acarrear un
vicio que conlleve a la invalidez de la ley y su declaratoria de
inconstitucionalidad. Ha dicho la Corte, atendiendo el principio de
instrumentalidad de las formas, que las exigencias procesales deben
interpretarse al servicio de su fin sustantivo, por lo que en ciertos casos,
puede tratarse de irregularidades irrelevantes que no tienen la virtualidad de
comprometer todo el trámite legislativo, si:
“[N]o vulneran ningún principio ni
valor constitucional, y en especial no llegan a afectar el proceso de formación
de la voluntad democrática en las cámaras, ni desconocen el contenido básico
institucional diseñado por la Carta. En tales casos, esa irregularidad, en
sentido estricto, no configura un verdadero vicio en la formación de la ley,
tal y como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia”[162].
En un caso analizado en la sentencia C-872 de 2002.
(M.P. Eduardo Montealegre Lynett) por ejemplo, relacionado con un error de
trascripción en la fecha de aprobación en uno de los debates de un proyecto de
ley, según las gacetas del Congreso, la Corte señaló al respecto, lo siguiente:
“10.- Evidentemente estos datos generan confusiones pero no constituyen
un vicio en el trámite de la ley, pues al parecer se trata de un error de
transcripción como será demostrado a continuación. En efecto, como consta en el
folio 445 del expediente, el proyecto se aprobó en primer debate en la Cámara
de Representantes el jueves 19 de noviembre. Pero el 19 de noviembre de 1999
fue un viernes. Así, parece que el error se presentó al momento de escribir la
fecha, pues el día de la semana en el cual se llevó a cabo la sesión (jueves)
no ofrece ninguna duda.
Con todo, la cuestión de publicar una fecha de manera incorrecta
puede configurar un vicio si ésta tiene efectos sustantivos, por ejemplo frente
al respeto de los lapsos entre los debates, situación que como se muestra a
continuación no ocurrió ni puede generar duda alguna.
(…)
Como consta en el expediente, a pesar del error de transcripción de
la fecha, la publicación fue realizada y se cumplió la finalidad de la misma
que es darle publicidad al proceso legislativo. Además, no existe ninguna
violación a los lapsos constitucionales establecidos para tramitar las leyes y
por tanto esta irregularidad no configura un vicio”.
Así
las cosas, para la Corte, el error en el que incurrió el Presidente de las
Comisiones Conjuntas de Senado y Cámara al cerrar la sesión del 6 de mayo de
2008 y convocar la sesión para “mañana miércoles 8 de mayo de 2008 a las 10
a.m. en este mismo recinto”, no es un desatino que haya tenido la entidad suficiente
de ocasionar una confusión real sobre la fecha de discusión del proyecto objeto
de análisis, por las siguientes razones:
(a)
Al momento en que
se realizó el anuncio relacionado con el artículo 8 del Acto Legislativo número
01 de 2003 en la sesión del 6 de mayo de 2008, se explicó de forma elocuente,
que el debate y votación del proyecto de ley en comento, tendría lugar en “la
próxima Sesión Conjunta” de las comisiones segundas; sesión que se celebró
efectivamente el 7 de mayo de 2008, de acuerdo con las actas sucesivas
correspondientes (Actas 01 y 02 de 2008). Los miembros de las comisiones, en
consecuencia, tenían claro que en la siguiente sesión conjunta,
cualquiera fuese su fecha, se discutiría y votaría el proyecto de Ley 232 de
2008 Senado, 277 de 2008 Cámara, ya que la expresión próxima sesión
constituye una fecha determinable y concreta sobre el momento en que se
llevaría a cabo dicha votación.
(b)
Asimismo, según el
calendario oficial del año 2008, el día 7 de mayo cayó en miércoles, y
el 8 del mismo mes, en jueves. Por lo tanto, si la sesión del anuncio
estaba teniendo lugar el día martes 6 de mayo de 2008, a pesar de haberse dicho
8 de mayo al final de la reunión por error, lo cierto es que una convocatoria
citada para “mañana”, debería tener lugar exclusivamente al día siguiente de
esa sesión, esto es el 7 de mayo de 2008.
(c)
La expresión usada
al final de la sesión del 6 de mayo de 2008, fue precisamente la siguiente:
“mañana miércoles”, de lo que se deduce que la convocatoria a la próxima
sesión conjunta no podría tener lugar el jueves 8 de mayo, sino el 7 de ese
mes, por ser el día posterior a la sesión del 6 de mayo (mañana) y no tratarse
de un miércoles.
(d)
Por último, de la
Gaceta 632 de 2008, en la que consta la votación conjunta del proyecto el 7 de
mayo de 2008, se desprende que al inicio de la sesión correspondiente, los
Secretarios de las Comisiones Segunda del Senado[163]
y de la Cámara[164], pudieron verificar la
existencia de quórum decisorio por la presencia masiva de los congresistas.
Incluso, según consta en la misma Gaceta, para esa fecha presentaron excusas
los tres Senadores faltantes para integrar el pleno de la Comisión Segunda del
Senado[165], todos anunciados el
día anterior, de lo que se desprende que los Senadores y Representantes pertenecientes
a las Comisiones Segundas del Congreso, reconocían que la “próxima”
sesión conjunta no podía ser otra que la “mañana miércoles” 7 de mayo de
2008, como en efecto ocurrió.
En mérito de lo expuesto, si bien reconoce la Corte
que es importante consignar datos exactos dentro del trámite legislativo a fin
de que se evite cualquier confusión, lo cierto es que en este caso el anuncio
para primer debate de las comisiones segundas conjuntas de Senado y Cámara
cumplió el fin constitucional que le correspondía a pesar del error descrito, ya
que los congresistas fueron citados para la “próxima sesión” conjunta y
al final de la misma, fueron convocados “para mañana miércoles” por lo
que sabían con certeza cuándo sesionarían, así como el objeto de esa sesión,
que no era otro que “votar el proyecto de ley” anunciado. Por lo tanto
como el anuncio del 6 de mayo
de 2008 se surtió: (a) en una
fecha diferente a la de votación del proyecto; (b) en una fecha anterior a ella; y (c) en una fecha anunciada determinable, como era “la próxima sesión”, no
obstante la irregularidad reseñada, los congresistas no fueron sorprendidos con votaciones inesperadas, por lo que se
cumplieron los requisitos del artículo 160 de la Carta.
(ii) Anuncio para segundo debate en la
Plenaria del Senado. El anuncio para segundo debate en la Plenaria del
Senado, tuvo lugar el martes 27 de mayo de
2008, según consta en el Acta No. 49 de la misma fecha, publicada
en la Gaceta No. 481 del 30 de Julio de 2008. Sesión en la que se expresó que el
proyecto en mención “se discutiría y aprobaría en la próxima sesión”,
convocándose para “el día miércoles 28 de mayo de 2008, a las 3:00 p. m.”,
fecha en la que efectivamente fue discutido y aprobado el proyecto
correspondiente. Así las cosas, en este caso también existió claridad para los
parlamentarios, de que la fecha de discusión y votación del Proyecto
sería en la próxima sesión, que tuvo lugar efectivamente el 28 de mayo
de 2008, es decir, en una fecha determinable y para un propósito cierto como
era el de discutir y votar un proyecto de ley.
(iii)   Anuncio para segundo debate en la Plenaria
de la Cámara de Representantes. El anuncio para segundo debate en la
Plenaria de la Cámara se produjo en la sesión del 28 de Mayo de 2008,
según consta en el Acta No 113 publicada en la Gaceta del Congreso No 412 del 7
de julio de 2008. En el anuncio, se especificó que se discutiría y votaría el
proyecto de Ley 277 de 2008 Cámara, 232 de 2008 Senado, “el próximo martes o
en la próxima sesión donde se discutan, o debatan proyectos de ley o de acto
legislativo” y se citó para el “próximo 3 de junio o cuando se cite
nuevamente a discusión para Proyectos de ley” El proyecto de ley señalado,
fue debatido y aprobado efectivamente en la Plenaria de la Cámara, el 3 de
Junio de 2008.
De lo
anterior se infiere que tanto los congresistas como los ciudadanos que tenían
interés en influir en la formación de esta ley, supieron en estas diferentes
oportunidades, cuando tendría lugar la votación del proyecto respectivo y tal votación
se llevó a cabo en las sesiones señaladas en el anuncio previo, cumpliéndose el
requisito del artículo 160 superior.
3.4.6. Quórum y mayorías.
3.4.6.1. En atención al artículo 146 de la
Constitución[166], las decisiones en el
trámite legislativo se toman en general, por la mayoría de los votos de los
asistentes salvo que la Constitución determine un quórum diferente.
La interpretación dada a este precepto constitucional
según la sentencia C-322 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) ha permitido
concluir que en el caso de la aprobación de leyes sobre tratados
internacionales[167], la mayoría exigida es
la simple -mayoría de los votos de los asistentes - y no la absoluta -mayoría
de los votos de los integrantes-, en la medida en que “la mayoría absoluta
es una exigencia constitucional excepcional”[168]
de interpretación restrictiva[169].
3.4.6.2. En el caso concreto, según certificaciones
expedidas por los Secretarios de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara, en
el primer debate conjunto de tales comisiones, se aprobó por unanimidad el Proyecto de ley número 232 de 2008 Senado y 277 de 2008
Cámara, en votación ordinaria, de acuerdo con el Acta de sesión conjunta
No 2 publicada en la Gaceta 632 del 12 de septiembre de 2008 y sin que hubiese
existido solicitud de verificación del quórum. Asistieron (10) de los trece Hs.
Senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado, y catorce (14) de los
diecinueve (19) Hs. Representantes a la Cámara que conforman la Comisión
Segunda de esa Corporación.
En tal sentido, se cumplió con el artículo 172 de la
Ley 5ª de 1992 que establece que cuando “sesionen conjuntamente las
Comisiones Constitucionales Permanentes, el quórum decisorio será el que se
requiera para cada una de las comisiones individualmente consideradas”.
En la Plenaria del Senado, en el segundo
debate, tampoco se solicitó “verificación del quórum, ni votación
nominal, ni impedimentos, ni retiro del recinto de bancadas, ni constancia de
voto negativo”[170] y votaron los “92
senadores que aparecen asistiendo a la plenaria”[171].
En la Plenaria de la Cámara el proyecto “fue
aprobado por mayoría de los presentes, en votación ordinaria”, según consta
en la Gaceta del Congreso No 413 de 2008
Las certificaciones de los Secretarios del
Senado y de la Cámara de Representantes previamente reseñadas, así como las de
las comisiones respectivas, permiten concluir que en todos los debates que se
surtieron, las votaciones se dieron de manera ordinaria, sin constancia de
votos negativos y sin que se hubiese registrado
solicitud de verificación del quórum o votaciones nominales. Las
decisiones fueron entonces por mayoría[172], estando
reunido el quórum decisorio exigido por la Carta[173].
3.4.7. Legislaturas.
El artículo 162 superior
establece una prohibición en el trámite de proyectos de ley que es la
siguiente: “ningún proyecto de ley podrá ser considerado en más de dos
legislaturas”[174].
En este caso, el proyecto fue considerado en el segundo periodo de sesiones de
una legislatura, esto es, entre el 16 de marzo y el 20 de junio, por lo que se
cumplió la exigencia constitucional señalada.
3.4.8. Sanción Presidencial y envío a la Corte
Constitucional.
El 30 de
julio de 2008, el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del
instrumento internacional objeto de examen, convirtiéndose en la Ley 1241 de 2008,
con lo que se cumplió el requisito del artículos 157 de la Carta, que exige que
el proyecto de ley obtenga sanción del Gobierno.
Finalmente, la Ley 1241 de 2008 y el Tratado de Libre
Comercio de la referencia, fueron
remitidos por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República a la
Corte Constitucional, el 4 de agosto de 2008, es decir, dentro del término de
seis (6) días señalados por el artículo 241, numeral 10, de la Constitución[175].
4.
Examen material de la Ley 1241 de 2008. Descripción de la Ley 1241 de 2008.
En relación con la Ley Aprobatoria del
Tratado, resalta la Sala que ésta consta de tres artículos. El primero de
ellos, estipula que se aprueba el Acuerdo Comercial de la referencia. El
segundo señala que cumpliendo lo estipulado en el artículo 1º de la Ley 7ª de
1944, el Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las
Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras y los Canjes de Notas,
obligarán al país desde la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional
respecto de los mismos. Por
último, el tercer artículo señala que la Ley rige a partir de la fecha de su
publicación.
En lo concerniente al primer precepto, es claro que
éste responde a lo dispuesto
en el artículo 150, numeral 16 de la Constitución, teniendo en cuenta que como
se dijo previamente en esta providencia, corresponde al Congreso aprobar los
convenios internacionales.
En lo que tiene que ver con
el artículo segundo de la Ley 1241 de 2008, recuerda la Corte que la Ley 7ª de 1944
precisa en la disposición a la que se hace referencia, lo siguiente:
“[L]os tratados, Convenios, Convenciones, Acuerdos,
Arreglos u otros actos internacionales aprobados por el Congreso, de conformidad
con los artículos 69 y 116 de la Constitución no se considerarán vigentes
como leyes internas, mientras no hayan sido perfeccionados por el Gobierno en
su carácter de tales, mediante el canje de ratificaciones o el depósito de
los instrumentos de ratificación, u otra formalidad equivalente”. (Subrayas
fuera del original).
Ello supone, como ya lo ha reconocido esta Sala en otras
ocasiones[176], que la ley rige desde el
momento en que se perfeccione el vínculo internacional respectivo, precisión
que responde a lo dispuesto en general por el derecho internacional y la
Constitución en materia de leyes aprobatorias de tratados internacionales.
Por las razones expuestas, ningún
reproche de constitucionalidad encuentra la Sala sobre el contenido concreto de
la Ley 1241 de 2008.
5. Examen material del Tratado de Libre Comercio y de
sus canjes de notas.
5.1. Contexto general del Acuerdo
internacional sometido a control constitucional: la agenda de comercio exterior
en el siglo XXI y los Tratados de Libre Comercio celebrados previamente por
Colombia con otros países.
5.1.1. La agenda de comercio exterior en el mundo,
pasó en los últimos cincuenta años de un modelo de economía cerrada, con reglas
proteccionistas dirigidas al fomento del desarrollo interno de los países y
relacionadas con la aplicación de mecanismos como la sustitución de las
importaciones, a otro escenario: la apertura económica, el mercado abierto y el
proceso globalizador[177].
Como resultado de esta situación, el comercio
internacional le ha exigido a los países, la consolidación de políticas
estatales bilaterales y multilaterales, orientadas en general hacia una mayor
integración de las economías, a fin de establecer modelos de intercambio de
bienes y servicios con efectos principalmente sobre las barreras arancelarias y
no arancelarias que limitan el comercio exterior. Esta mayor liberalización de
los mercados globales, ha traído como consecuencia también, una mayor
competencia económica entre países y un mayor interés por atraer inversión y
abrir nuevos mercados, lo que ha suscitado una tendencia creciente entre las
naciones a la celebración de acuerdos de promoción y regulación del comercio
mucho más ambiciosos, con el objeto de promover el desarrollo, el crecimiento
económico y la competitividad. Como resultado de lo anterior, casi todos los
miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), forman parte hoy de uno
o más acuerdos regionales de comercio de diverso alcance, propiciando la
coexistencia de iniciativas económicas tanto en ámbitos multilaterales, como
regionales.
5.1.2. Sobre el proceso de expansión del
comercio exterior y la consolidación del GATT-OMC[178]
en el ámbito multilateral, - del que forma parte Colombia en virtud de la Ley
170 de 1994-, la sentencia C-751 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)
resaltó brevemente las principales características de ese proceso, así:
“El GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
celebrado en 1947) fue creado como elemento de regulación de las políticas del
comercio cuyo fin último era la liberalización de las relaciones comerciales.
En el marco de este acuerdo multilateral, se consagraron los principios que
debían guiar las relaciones comerciales entre los Estados contratantes en el
futuro; a saber, la transparencia[179], la
no discriminación (manifestado en la cláusula de la Nación Más Favorecida[180],
y de Trato Nacional[181]) y
la reciprocidad[182] y
“ventajas mutuas”[183]. No
obstante lo anterior, se consignaron también en el Tratado ciertas excepciones
a la aplicación del mismo, dentro de las que se destacan las zonas de libre
comercio –creadas a partir de tratados de libre comercio- y las uniones
aduaneras –cuyo rasgo principal consiste en la existencia de un arancel externo
común para las Partes- en las cuales no tiene aplicación la cláusula de la
Nación Mas Favorecida[184]
(Artículo XXIV).
3.6. Un aspecto importante del GATT consiste en la continuidad de
los procesos de negociación llevados a cabo a través de las llamadas rondas de
negociación, de las cuales, las siete primeras se destinaron a acordar la
reducción de barreras arancelarias y no arancelarias, mientras que la octava,
denominada ronda de Uruguay (1986-1994), culminó con la creación de la
Organización Mundial del Comercio. El Tratado constitutivo de esta Organización
vino acompañado de otros Acuerdos que trascendieron los asuntos estrictamente
relacionados con el intercambio de mercancías y regularon los temas del
comercio de servicios (GATS), los aspectos comerciales de la propiedad
intelectual (TRIPS), las políticas comerciales y los mecanismos de solución de
controversias. La ampliación de los asuntos regulados en el marco de la OMC
respondió a intereses de los diferentes Estados miembros, surgidos como
consecuencia del incremento acelerado de los flujos de comercio y de inversión
en la segunda mitad del siglo XX.
3.7. Paralelamente al desarrollo de la normatividad comercial desde
el enfoque multilateral, los Estados continuaron celebrando TLC bilaterales y
regionales con el fin de promover el crecimiento de los intercambios
comerciales. Estos Tratados buscaban obtener mayores niveles de libertad y
compromisos en materias sobre las cuales en las rondas multilaterales de
negociación era difícil alcanzar el apoyo requerido”.
5.1.3.
En el ámbito regional, Colombia dio su primer paso en materia de
internacionalización e integración de su economía, con la suscripción del
Acuerdo de Cartagena en 1969, con el cual se creó el Grupo Andino. Junto con
nuestro país suscribieron el Acuerdo, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y
Venezuela. El Acuerdo de Cartagena comenzó a delinearse desde 1966 con la
Declaración de Bogotá y entró en vigencia el 16 de octubre de 1969. Esta
decisión política permitió aumentar la integración comercial entre sus miembros
de forma importante, así como el incremento del comercio recíproco entre cada
uno de los países firmantes[185].
El
siguiente paso significativo en su proceso de internacionalización fue dado por
Colombia al firmar el Acuerdo de Montevideo en 1980, por medio del cual se creó
la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, sobre la que se hablará
más adelante. Dicha asociación fue creada con el objeto de promover la
integración y el desarrollo armónico y equilibrado de la región, hasta llegar a
conformar un mercado común latinoamericano. El acuerdo fue suscrito por
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú,
Venezuela. Cuba se adhirió recientemente.
Durante
la década de los ochenta, Colombia negoció varios Acuerdos de Alcance Parcial,
cuyo propósito era el fortalecimiento del intercambio comercial mediante el
otorgamiento de preferencias arancelarias y no arancelarias. Como parte de esos
Acuerdos se destacan los suscritos con los países Centroamericanos: Guatemala,
Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá. En este mismo escenario,
el de la ALADI, vale la pena resaltar la suscripción del Acuerdo de
Complementación Económica suscrito entre Colombia, México y Venezuela conocido
como el G3.
Durante
el 2004, se suscribió el Acuerdo de Libre Comercio entre los países Miembros de
la CAN y los países Miembros del Mercosur con lo cual se profundiza el nivel de
integración de Colombia con los países suramericanos.
Actualmente
la estrategia de internacionalización de Colombia se ha centrado en la
negociación de Acuerdos de Libre Comercio que recogen los principales
desarrollos en esta materia a nivel internacional. Estos Acuerdos se han
orientado y priorizado atendiendo los vínculos con sus diferentes socios
comerciales.
5.1.4. En las últimas décadas, conforme a lo
expresado, el Gobierno Nacional ha consolidado una política exterior tendiente
a promover una mayor integración económica, en aras de agilizar y fomentar la
libre circulación de bienes y de servicios, celebrando con ese propósito convenios de diversa
naturaleza. La Corte Constitucional ha revisado muchos de estos acuerdos, entre
los que se destacan: los comerciales de carácter bilateral; los acuerdos de
complementación económica y de alcance parcial; los acuerdos para la protección
recíproca de las inversiones y los Tratados de integración económica y de libre
comercio. Tales convenios pueden describirse brevemente de la siguiente manera:
(a) Acuerdos
comerciales de carácter bilateral. En los términos de la sentencia C-864 de
2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) ha sido a través de estos convenios que “se
ha promocionado de forma exclusiva el intercambio de bienes y servicios entre
los Estados firmantes[186]. (…) En
tales casos, la Corte ha considerado que los acuerdos y convenios
internacionales de carácter bilateral que impulsan el intercambio comercial no
sólo no contradicen la Constitución Política sino que la desarrollan”[187].
(b)
Acuerdos de complementación económica y de alcance parcial. Conforme a lo
previsto en la sentencia C-864 de 2006, tales “tratados se caracterizan por
ser instrumentos de promoción del comercio suscritos al amparo del Tratado de
Montevideo de 1980 constitutivo de la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI)[188]. (…) A
juicio de la Corte la citada modalidad de tratados se ajusta a la Carta
Fundamental, siempre que además de propender por la internacionalización de las
relaciones exteriores, cumpla con los principios de equidad, igualdad,
reciprocidad y conveniencia nacional previstos en el artículo 226 del Texto Superior”[189].
(c) Convenios de
Promoción y Protección de Inversiones. La doctrina especializada los identifica
como BIT –Bilateral Investment Treaties-, los cuales se enmarcan dentro del
conjunto de instrumentos internacionales suscritos por las partes con el fin de
dinamizar la economía, a partir de la atracción de capital y del fomento de la
integración económica[190]. En las sentencias
proferidas por la Corte sobre el tema, esta Corporación ha señalado que los
Convenios fundados en la promoción y protección de las inversiones resultan ser
en general herramientas usuales de integración internacional a las que acuden
los Estados para estrechar lazos comerciales. Así, la Corte Constitucional ha
afirmado que estos Convenios: “se ajustan a las previsiones de la
Constitución Política, pues satisfacen una necesidad de integración de la
economía nacional que se impone como consecuencia de la globalización de la
economía mundial” [191]. Y finalmente,
(d)
Los denominados genéricamente acuerdos de integración, que son convenios
por medio de los cuales los Estados “asumen el compromiso de estimular el
crecimiento y diversificación del comercio recíproco, mediante la expansión de
mercados regidos por una política especial de comercio exterior acordada entre
las Partes, especialmente, en lo referente a la adopción de estrategias
arancelarias comunes, la eliminación de barreras que dificulten la libre
importación y exportación de bienes y a la supresión de obstáculos al
intercambio de capital, servicios y mano de obra, etc.”[192].
Entre este tipo de tratados se encuentran los TLC, que
últimamente han sido concebidos como medios más profundos de integración, ya
que en su cuerpo central han incluido además de la voluntad de establecer zonas
de libre comercio entre las partes, otros elementos relacionados con compras
públicas, políticas de competencia, solución alternativa de conflictos, medio
ambiente e inversión. Incluso algunos han incorporado cláusulas relacionadas
con la propiedad intelectual y estándares laborales[193].
En relación con esta modalidad de tratados, entre los
que se enmarca el Tratado internacional objeto de revisión, han sido declarados
ajustados a la Carta, entre otros, (i) el Protocolo Modificatorio del
Acuerdo de Integración Subregional Andino reconocido como el Acuerdo de
Cartagena (C-231 de 1997). (ii) El Tratado de Libre Comercio entre los
Gobiernos de Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República
de Venezuela, suscrito en Cartagena de Indias el 13 de junio de 1994, que fue
declarado exequible mediante la sentencia C-178 de 1995. (iii) El
Acuerdo de Complementación Económica número 33 (Tratado de Libre Comercio)
celebrado entre la república de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la
República Bolivariana de Venezuela – Sexto Protocolo Adicional, suscrito en la
ciudad de Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil
cinco (2005)” (C-923 de 2007 y C-248 de 2009). (iv) El Tratado de Libre
Comercio entre Colombia y EEUU (C-750 de 2008) y su protocolo modificatorio
(C-751 de 2008) y (v) el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de
Colombia y la República de Chile – Protocolo adicional a Acuerdo de
Complementación Económica para el Establecimiento de un Espacio Económico
Ampliado Entre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de diciembre de 1993” (C-031 de
2009), entre otros.
A juicio de la Corte[194],
los citados acuerdos de integración resultan compatibles en general con los
mandatos señalados en el Texto Superior, “siempre y cuando promuevan la
internacionalización de las relaciones del Estado Colombiano y se ajusten a los
principios, valores, fines y derechos consagrados en la Carta”[195].
Precisamente, en la sentencia C-178 de 1995[196], este
Tribunal sostuvo que:
“En líneas bastante generales, y examinado en su conjunto, el
presente instrumento de derecho internacional se ajusta a las disposiciones de
la Carta Política, pues, en todo caso la coincidencia en las políticas de
internacionalización y modernización de la economía, así como la contribución a
la expansión del comercio mundial, el desarrollo y la profundización de la
acción coordinada y las relaciones económicas entre los países y el impulso de
la integración latinoamericana para fortalecer la amistad, solidaridad y
cooperación entre los pueblos, (…) desarrollo sostenible y las expresiones de
los principios de trato nacional, de transparencia y de nación más favorecida,
son cometidos que hallan pleno respaldo en disposiciones de la Constitución, no
sólo en la parte de los valores constitucionales que aparecen en el Preámbulo
de la Carta Política, sino en el de los fines esenciales del Estado y en los
derechos económicos y sociales de las personas, lo mismo que en el del Régimen
Económico y de la Hacienda Pública y en el Título de las Relaciones
Internacionales, y esa misma condición, si aquellos fines y objetivos se
adelantan con la colaboración de otros Estados, encuentran suficiente
fundamento constitucional en varias disposiciones de la Carta Política, cuya
enumeración se hará al final de esta providencia”[197].
En la sentencia C-750 de 2008[198],
relacionada con el Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de
Colombia y los Estados Unidos de América, también señaló la Corte que el
mencionado instrumento, entre otros:
“[C]onforman la política nacional en materia de
integración económica y comercial, perfectamente compatible con el Estado
Social de derecho, pues son todos los instrumentos de política económica y
social en conjunto, los que deben producir los efectos esperados en relación
con el bienestar general de la población colombiana”.
5.1.5. Con fundamento en las anteriores
consideraciones, se ha advertido que el desarrollo económico de las naciones
avanza hacia la integración de mercados como un derrotero por el que propugna
la dinámica económica en el mundo. La integración propuesta, no obstante,
deberá ser adecuada a los propósitos de la Carta Política y coincidente con los
fines asignados al Estado[199] en ella.
5.2. Antecedentes del Tratado de Libre Comercio entre
Colombia y los países del Triángulo Norte Centroamericano: Acuerdos previos de
Alcance Parcial.
5.2.1. Como se enunció previamente, uno de
los pasos más significativos de Colombia en materia de integración y desarrollo
económico fue la suscripción del Tratado de Montevideo de 1980, que creó la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)[200]
y que reemplazó al de 1960,
que había dado origen a la antigua ALALC. Ese instrumento fue aprobado por
Colombia mediante la Ley 45 de 1981 y tiene por objeto promover el desarrollo
económico-social en la región[201]. De acuerdo con el
artículo cuarto del Tratado de Montevideo de 1980, los países miembros de la
ALADI cuentan con diversos mecanismos para el logro de tales propósitos, entre
ellos: los Acuerdos de Alcance Parcial (art. 7); los Acuerdos de
Complementación Económica y los Acuerdos Regionales (art. 6). Entre los
Acuerdos Regionales se cuenta la Preferencia Arancelaria Regional (PAR) (art.
5)[202], que consiste en una
reducción porcentual de los gravámenes aplicables a las importaciones desde
terceros países, que los países miembros se otorgan recíprocamente sobre las
importaciones de productos originarios de sus respectivos territorios.
El artículo 25 del Tratado de Montevideo
autoriza a los países miembros de la Asociación a suscribir Acuerdos de Alcance
Parcial (AAP) con otros países y áreas de integración de América Latina y los
artículos 7, 8 y 9 del mismo Tratado y la Resolución 002 del Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores de la ALADI, contienen las reglas que rigen
los acuerdos de Alcance de Alcance Parcial a los que se hace referencia.
Entre los Acuerdos de Alcance Parcial (AAP) celebrados
por Colombia con los países que conforman el llamado Triángulo Norte
Centroamericano, pueden citarse los siguientes:
a)
Acuerdo de
Alcance Parcial No 5 entre Colombia y Guatemala.
Guatemala firmó en 1984 un acuerdo comercial de
alcance parcial y otorgamiento de un conjunto de preferencias vía esa
negociación. En junio de 2006 suscribió un Acuerdo de Protección y Promoción
Recíproca de inversiones para dinamizar la cooperación económica[203].
El objetivo del AAP No 5, celebrado en marzo de 1984,
es el de fortalecer el intercambio comercial con ese país. Las preferencias
establecidas en el Acuerdo original son otorgadas por Colombia de forma
unilateral, cubriendo 25 ítems arancelarios. El Acuerdo fue incorporado a la
legislación colombiana mediante el Decreto 2500 de 1985.
El objetivo principal de ese acuerdo es otorgar a las
Partes preferencias arancelarias recíprocas y eliminar las restricciones no
arancelarias a la importación de mercancías comprendidas en los Anexos I y II,
así como promover el intercambio comercial sobre una base previsible,
transparente, permanente y en forma compatible con sus respectivas políticas
económicas.
Los anexos del Acuerdo constituyen la lista de
productos objeto de preferencias arancelarias. El Anexo I incluye los productos
en los que Colombia otorga preferencias a Guatemala, que comprende 275
subpartidas arancelarias en las que en 135 se otorga una preferencia
arancelaria del 100%. El Anexo II incluye los productos en los que Guatemala
otorga preferencias a Colombia, que corresponde a 242 subpartidas arancelarias
teniendo 124 de ellas preferencias de un 100%.
Este Acuerdo fue modificado mediante un primer
protocolo, en Agosto de 2002, el cual profundizó temas como normas de origen,
medidas de salvaguardia, valoración aduanera y administración e introdujo
nuevas disciplinas en asuntos como obstáculos al comercio, medidas antidumping
y compensatorios y creó un mecanismo de solución de controversias.
Continuando con el proceso de profundización del AAP
No 5 Colombia y Guatemala suscribieron el 6 de octubre de 2004 un segundo
protocolo adicional para incorporar los Anexos IV y V sobre “medidas Sanitarias
y Fitosanitarias” y “Obstáculos Técnicos al Comercio respectivamente”. No
obstante el Primer y Segundo Protocolo descritos no entraron en vigencia porque
Guatemala no concluyó el Trámite Legislativo ante su Congreso.
b)
El Acuerdo de
Alcance Parcial No 8 entre Colombia y El Salvador. Este acuerdo celebrado como se ha dicho en el marco
del Tratado de Montevideo, fue incorporado en la Legislación colombiana
mediante el Decreto 2500 de 1985 y modificado mediante el Decreto 732 de 1990.
El Acuerdo establece en su Anexo I los productos a los cuales Colombia otorga
preferencias. Algunos productos con preferencia del 100% son: tabaco rubio sin
desenervar, vitamina B12, aceite de limón, libros, tableros de circuito para
computadores. Los demás productos tienen preferencias de entre el 10% y 67%.
c)
Acuerdo de
Alcance Parcial AAP No 9 entre Colombia y Honduras. Este acuerdo fue incorporado a la legislación
colombiana mediante el Decreto 2500 de 1985. Establece en su Anexo I los
productos a los cuales Colombia otorga preferencias, teniendo preferencia del
100% el tabaco rubio sin desenervar, bentonita, cloro y colofonias. Los demás
productos tienen preferencias entre el 10% y el 50%. Este acuerdo fue
modificado en dos protocolos que fueron incorporados a la legislación
colombiana mediante el Decreto 1620 de 2001. El primer protocolo fue el
suscrito el 20 de febrero de 2001 con el fin de ampliar el acuerdo original en
el ámbito comercial. La lista de productos con margen de preferencias
arancelarias recíprocas se incorpora al Anexo III que contempla 87 subpartidas
arancelarias de las cuáles 78 subpartidas tienen el 100 % de preferencia e
incluyen productos tales como: tabaco negro, fregaderos y aparatos sanitarios,
fungicidas, herbicidas, hornos y cocinas eléctricas, machetes y otros.
El segundo protocolo suscrito en junio de 2001
contiene una nueva lista de productos con preferencias recíprocas que forman
parte del Acuerdo. Los productos del Anexo IV corresponden a dos subpartidas
que clasifican a las “demás maderas contrachapadas” con un nivel de preferencia
del 100%. Este acuerdo comprende temas sobre definición de preferencias, normas
de origen, preservación de las preferencias, cláusulas de salvaguardia,
adhesión, evaluación y revisión, administración del acuerdo y convergencia.
5.2.2. Ahora bien, es importante aclarar que el
párrafo 2º del Artículo 21.3 (Entrada en Vigor) del TLC objeto de estudio, deja
sin efectos los Acuerdos de Alcance Parcial enunciados, celebrados con los
países del Triángulo Norte de Centroamérica, salvo las preferencias
arancelarias contenidas en los Acuerdos de Alcance Parcial celebrados con El
Salvador y Honduras, listadas en el Programa de Desgravación Arancelaria en el
Apéndice del Anexo 3.4 del TLC que dice lo siguiente:
“3. A partir de la entrada en vigor de este Tratado quedan sin
efecto los Acuerdos de Alcance Parcial (AAP) No 5, 8 y 9 suscritos en 1984
entre la República de Colombia y las Repúblicas de Guatemala, el Salvador y
Honduras respectivamente; con excepción de las preferencias arancelarias
establecidas en los AAP número 8 y 9 suscritos en 1984 entre la República de
Colombia y las Repúblicas de El Salvador y Honduras respectivamente, cuyas
líneas arancelarias se listan en el Apéndice del Anexo 3.4. (Programa de Desgravación
Arancelaria)”.
5.3. Naturaleza y Contenido General del
Tratado de Libre comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El
Salvador, Guatemala y Honduras.
5.3.1. El tratado suscrito entre Colombia y el Salvador,
Guatemala y Honduras, es un tratado plurilateral de naturaleza comercial, que
si bien fue negociado conjuntamente entre los cuatro países y firmado en un
solo cuerpo, en realidad sólo consagra derechos y obligaciones entre Colombia y
cada uno de los países del Triángulo Norte, ya que no opera a favor de los
países centroamericanos entre sí.
En efecto, el párrafo 2 del artículo 1.1. del Tratado
de Libre Comercio que se revisa, señala expresamente que el tratado no se
aplica “entre la República de El Salvador, La República de Guatemala y la
República de Honduras”, ya que estos forman parte del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA).
El tratado, por lo tanto, responde a los resultados de
una negociación particular de Colombia con cada uno de estos Estados y
viceversa, por lo que no obstante gozar de un articulado común, es posible
encontrar en sus preceptos o en los anexos, definiciones por países,
consideraciones y reservas particulares, para cada uno de ellos.
5.3.2. En cuanto a su
contenido, el Tratado de Libre Comercio, incluyendo las modificaciones introducidas en el Canje
de Notas, se encuentra divido en 6 partes y 21
Capítulos, más el preámbulo, que plasman la negociación acordada por Colombia
con las Repúblicas de El Salvador, Honduras y Guatemala en diferentes temas
comerciales. También tiene 24 anexos a capítulos internos del convenio y 3
anexos a la totalidad del tratado, relacionados con las llamadas “Medidas
Disconformes”, de las que se hablará más adelante. Tales Anexos, Apéndices
y las notas de pie de página, constituyen parte integrante del Tratado conforme
al derecho de los tratados, según lo ratifica el mismo convenio en el artículo
21.1 del mismo[204].
A fin de facilitar el estudio del
TLC y de los anexos respectivos, a continuación se presentará una reseña
esquemática de su contenido, teniendo en cuenta su significativa extensión y el
detalle que cobija cada una de las cláusulas y anexos, a fin de contextualizar
las observaciones que la Sala realice sobre su contenido. Se resalta además,
que los anexos relativos a los capítulos del Tratado, no siguen un orden
numérico secuencial, sino que se identifican con el número del capítulo al que
pertenecen. La descripción plena de cada una de las partes del Tratado, se hará
a la par del estudio de constitucionalidad, en el capítulo 5.5 de esta
providencia.
El contenido del TLC con el Triángulo
Norte de Centroamérica, en consecuencia, es del siguiente tenor:
PREÁMBULO
PARTE UNO
ASPECTOS GENERALES
Capitulo
Contenido
Anexo
Materia
Capítulo1. Disposiciones Iniciales.
1.1.   Establecimiento de la Zona de
libre comercio.
1.2. Objetivos.
1.3. Relación con otros
acuerdos internacionales
1.4. Observancia.
Capítulo 2.
Definiciones Generales
2.1.Definiciones de aplicación
General.
Anexo
2.1.
Definiciones específicas por
cada país.
PARTE DOS
COMERCIO DE MERCANCIAS
Capitulo
Contenido
Anexo
Materia
Capítulo 3.
Trato Nacional  y acceso de mercancías al
mercado.
3.1.   Definiciones.
3.2.   Ámbito de aplicación.
Sección I. Trato Nacional.
3.3.   Trato nacional
Sección II. Programa de
Desgravación de Aranceles aduaneros.
3.4.   Desgravación Arancelaria.
Sección III. Regímenes
Especiales.
3.5.      Admisión Temporal de
Mercancías
3.6.      Importación Libre de Aranceles
para Muestras Comerciales de Valor Insignificante y Materiales de Publicidad
Impresos.
Sección IV. Medidas no
Arancelarias.
3.7.      Restricciones a la Importación
y a la Exportación.
3.8.      Valoración Aduanera.
3.9.      Licencia de Importación
3.10.   Cargas y formalidades
Administrativas.
3.11.   Impuestos a la Exportación.
3.12.   . Productos Distintivos.
Sección V. Agricultura.
3.13.    Definiciones.
3.14.    Ámbito de Aplicación.
3.15.    Subvenciones a la Exportación
de Productos Agropecuarios.
3.16.    Administración e
Implementación de Contingentes Arancelarios.
3.17.   Comité de Comercio Agrícola.
Sección VI. Disposiciones
Institucionales.
3.18.    Comité de Comercio de
Mercancías.
Anexo
3.3.
Trato Nacional y Restricciones a la
Importación y a la Exportación.
-Medidas de la República de El Salvador.
-Medidas de la República de Guatemala.
-Medidas de la República de Honduras.
-Medidas de la República de Colombia.
Anexo
3.4.
Programa de Desgravación Arancelaria.
Apéndice:
-Preferencia Arancelarias Negociadas AAP
No 8 con la República de El Salvador.
-Preferencia Arancelarias
Negociadas AAP No 9 con la República de Honduras.
-Preferencia Arancelarias Negociadas AAP
No 9 otorgadas por Honduras a Colombia.
Anexo 3.11.
Impuesto a la exportación.
(A lo que no aplica)
Anexo
3.18
Comité de Comercio de Mercancías.
Capítulo 4.
Reglas de Origen
4.1. Definiciones.
4.2. Instrumentos de
Aplicación e Interpretación.
4.3. Mercancía originaria.
4.4. Operaciones o Procesos
Mínimos.
4.5. Materiales Indirectos.
4.6. Acumulación.
4.7. Valor de Contenido
Regional.
4.8. De Minimis.
4.9. Mercancías y materiales
Fungibles.
4.10. Juegos o Surtidos de
Mercancías.
4.11. Accesorios, Repuestos y
Herramientas.
4.12. Envases y Materiales de
empaque para la Venta al por mayor.
4.13. Contenedores y
Materiales de Embalaje para Embarque.
4.14. Tránsito y Trasbordo.
4.15. Comité de Origen.
4.16. Consultas y
Modificaciones.
4.17. Reglas de Origen
Transitorias Aplicables entre la República de Colombia y la República de
Honduras.
Anexo 4.17.
Tratamiento a las Mercancías Comprendidas
en los Capítulos 50 a 63 del Sistema Armonizado en el Comercio entre la
República de Honduras y la República de Colombia
Anexo
4.3.
Reglas de origen Específicas.
Capítulo 5.
ProcedimientoAduaneros relacionados con
el origen de las mercancías
.
5.1. Definiciones.
5.2. Certificados de origen.
5.3. Excepciones
5.4. Obligaciones relativas a las
importaciones.
5.5. Obligaciones Relativas a las
Exportaciones.
5.6. Registros.
5.7. Procedimientos de verificación de
origen.
5.8. Confidencialidad.
5.9. Revisión y Apelación.
5.10. Reglamentaciones uniformes.
Capítulo 6.
Facilitación del Comercio.
6.1. Publicación.
6.2. Despacho de Mercancías.
6.3. Administración de riesgos
6.4. Automatización.
6.5. Cooperación.
6.6. Confidencialidad.
6.7. Envíos de Entrega Rápida.
6.8. Revisión y apelación.
6.9. Sanciones.
6.10. Resoluciones
Anticipadas.
6.11. Comité de Facilitación
del Comercio.
6.12. Implementación.
Capítulo 7.
Medidas de Salvaguardia.
7.1. Definiciones.
7.2. Disposiciones Generales.
7.3. Imposición de una medida de
Salvaguardia.
7.4. Duración y Prórroga.
7.5.
Procedimientos de Investigación y requisitos de Transparencia.
7.6. Medidas Provisionales de
Salvaguardia.
7.7. Notificación y Consultas.
7.8. Medidas de Salvaguardia
Global.
Capítulo 8.
Medidas antidumping y
compensatoria
8.1. Disposición única.
PARTE TRES
OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO
Capitulo
Contenido
Anexo
Materia
Capítulo 9.
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
9.1. Definiciones.
9.2. Disposiciones Generales.
9.3. Derechos y obligaciones
de las partes.
9.4. Armonización.
9.5. Equivalencia.
9.6. Evaluación del riesgo.
9.7. Reconocimiento de Zonas Libres y
Zonas Escasas de Prevalencia.
9.8. Procedimientos de Control.
Inspección, Aprobación y Certificación.
9.9. Cooperación Técnica.
9.10. Transparencia.
9.11. Consultas Técnicas.
9.12. Comité de medidas
Sanitarias y Fitosanitarias.
Anexo
9.8
Procedimientos de Control,
Inspección, Aprobación y certificación.
Anexo
9.12.
Comité de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias.
Capítulo 10.
Obstáculos Técnicos al Comercio.
10.1. Definiciones.
10.2. Disposiciones Generales.
10.3. Ámbito y Cobertura.
10.4. Derechos y Obligaciones Básicas.
10.5. Facilitación del Comercio.
10.6.
Uso de Normas Internacionales.
10.7.
Compatibilidad y equivalencia.
10.8.
Reglamentos Técnicos o Normas Técnicas Obligatorias.
10.9. Evaluación de conformidad.
10.10.
Procedimientos de Aprobación o Autorización.
10.11.
Metrología.
10.12. Notificaciones e intercambio de
información.
10.13. Centros de Información.
10.14. Cooperación y Asistencia Técnica.
10.15. Consultas Técnicas.
10.16. Comité de Obstáculos Técnicos de
Comercio.
Anexo 10.13.
Centros de Información.
Anexo 10.16
Comité de Obstáculos Técnicos al
Comercio.
PARTE CUATRO
CONTRATACION PÚBLICA
Capitulo
Contenido
Anexo
Materia
Capítulo 11.
Contratación Pública.
11.1. Cobertura.
11.2. Trato Nacional, No discriminación y
Transparencia.
11.3. Excepciones Generales.
11.4. Administración del
Capítulo y negociaciones Futuras.
Anexo
11.1.
Contratación Pública.
Sección A. Temimos y condiciones de la
Cobertura.
1.
I. Con
respecto a la República de Colombia y la República de El Salvador.
2.
II.
Con respecto a la República de Colombia y la República de Guatemala.
3.
III.
Con respecto a la República de Colombia y la República de Honduras.
Sección B. Modalidades
o Regímenes de Contratación Cubiertos.
PARTE CINCO
INVERSION, SERVICIOS Y ASUNTOS
RELACIONADOS
Capitulo
Contenido
Anexo
Materia
Capítulo 12
Inversión
Sección A- Inversión.
12.1. Definiciones
12.2. Ámbito de Aplicación.
12.3. Relación con otros
capítulos.
12.4. Protección de
Inversiones.
12.5. Trato Nacional (Trato no menos
favorable a inversionistas).
12.6. Trato de Nación más favorecida.
12.7. Libre Transferencia.
12.8. Expropiación e indemnización.
12.9. Requisitos de Desempeño.
12.10. Altos Ejecutivos y
Juntas Directivas.
12.11. Denegación de
Beneficios.
12.12. Medidas Disconformes.
12.13. Formalidades Especiales
y requisitos de Información.
12.14. Compensación por daños
y pérdidas.
12.15. Subrogación.
12.16. Inversión y el Medio
Ambiente.
Sección B. Solución de Controversias Inversionista-
Estado.
12.17. Consultas y Negociación.
12.18. Sostenimiento de una
Reclamación.
12.19. Consentimiento de cada
una de las Partes al Arbitraje.
12.20. Sede del Procedimiento
Arbitral.
12.21. Selección de Árbitros.
12.22. Condiciones y Limitaciones al
Consentimiento de las Partes.
12.23. Realización del
Arbitraje.
12.24. Transparencia de las Actuaciones
Arbítrales.
12.25. Derecho Aplicable
12.26. Interpretación de los anexos.
12.27. Informes de expertos.
12.28. Acumulación de Procedimientos.
12.29. Laudos.
12.30. Disposiciones Generales.
Anexo
12.A
Entrega de Documentos a una Parte bajo la
Sección B.
Capítulo
13.
Comercio
Transfronterizo de servicios.
13.1. Definiciones.
13.2. Ámbitos de Aplicación.
13.3. Trato Nacional.
13.4. Trato de la nación más
favorecida.
13.5. Acceso a los mercados.
13.6. Presencia local.
13.7. Medidas Disconformes.
13.8. Reglamentación Nacional
13.9. Transparencia en el desarrollo y
Aplicación de las Regulaciones.
13.10. Reconocimiento.
13.11. Transferencias y pagos.
13.12. Denegación de
Beneficios.
13.13. Implementación.
Anexo 13.2 (4) (d)
(Artículo unitario. Sin
Titulo.)
Anexo 13.8
Entendimiento entre la República de Colombia y la
República de Guatemala sobre Regulación nacional de Servicios de Transporte
terrestre de carga.
Anexo 13.10.
Desarrollo de estándares para el
suministro de servicios profesionales.
Capítulo
14.
Comercio
Electrónico.
14.1. Definiciones.
14.2. Disposiciones Generales.
14.3. Suministro Electrónico
de Servicios.
14.4. Productos Digitales.
14.5. Transparencia.
14.6. Protección al
consumidor.
14.7. Autenticación y
certificados Digitales.
14.8. Cooperación.
Capítulo 15.
Entrada Temporal de Personas de Negocios.
15.1. Definiciones
15.2. Principios Generales.
15.3. Obligaciones Generales
15.4. Autorización de entrada
temporal
15.5. Suministro de
Información.
15.6. Implementación.
15.7. Solución de
controversias.
15.8. Relación con otros
capítulos.
Anexo 15.4
Disposiciones
aplicables a la Entrada Temporal.
-Sección
A- Visitantes de Negocios.
-Sección B- Comerciantes
e
Inversionistas.
-Sección
C- Transferencias de Personal dentro de una Empresa.
-Sección
D- Profesionales.
Apéndice
1. Visitantes de Negocios.
Apéndice
2. Disposiciones específicas por país para la Entrada Temporal de Personas de
Negocios.
Apéndice
3. Medidas Migratorias Vigentes para Entrada Temporal.
PARTE SEIS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONALES
Capitulo
Contenido
Anexo
Materia
Capítulo 16.
Transparencia
16.1. Definiciones.
16.2. Centro de Información.
16.3. Publicación.
16.4. Suministro de
Información.
16.5. Garantías de Audiencia,
Legalidad y debido proceso.
16.6. Procedimientos
administrativos para la aplicación de medidas
16.7. Revisión e impugnación.
16.8. Comunicaciones,
Informaciones y Notificaciones.
16.9. Cooperación contra la
corrupción.
16.10. Promoción de la Libre
Competencia.
Capítulo 17.
Administración del Tratado.
Sección A- Comisión
Administradora del Tratado, Coordinadores del Tratado y Administración de los
Procedimientos de Solución de Controversias.
17.1. Comisión Administradora
del Tratado.
17.2. Coordinadores del
Tratado.
17.3. Administración de los
Procedimientos de Solución de Controversias.
Sección B- Comités Técnicos y grupos de
Expertos.
17.4. Disposiciones Generales.
17.5. Comités Técnicos.
17.6. Grupos de Expertos.
17.7. Reuniones de los órganos
de Administración.
Anexo 17.1
Miembros de la Comisión Administradora
del Tratado
Anexo 17.2.
Coordinadores del Tratado.
Anexo 17.3.
Remuneración y Pago de Gastos
Anexo 17.5
Comités.
Capitulo 18.
Solución de Controversias
Sección A – Solución de
controversias.
18.1. Definiciones.
18.2. Cooperación.
18.3. Ámbito de Aplicación.
18.4. Elección de Foros.
18.5. Mercancías Perecederas.
18.6. Consultas.
18.7. Negativa a las
Consultas.
18.8. Intervención de la
Comisión.
18.9. Procedimiento ante la
Comisión.
18.10. Acumulación de
Procedimientos.
18.11. Solicitud de
Establecimiento del Tribunal Arbitral.
18.12. Lista de árbitros.
18.13. Cualidades de los árbitros.
18.14. Integración del
Tribunal Arbitral.
18.15. Reglas modelo de
Procedimiento.
18.16. Información y Asesoría
Técnica.
18.17. Proyecto de Laudo.
18.18. Laudo.
18.19. Cumplimiento del Laudo.
18.20. Suspensión de
Beneficios.
Sección B – Procedimientos
Internos y Solución de controversias comerciales privadas.
18.22. Interpretación del
Tratado ante instancias judiciales y Administrativas internas.
18.23. Derechos de los
particulares.
18.24. Medios Alternativos de
resolución de conflictos.
Anexo 18.3.
Anulación o Menoscabo
Capítulo 19. Excepciones.
19.1. Excepciones Generales.
19.2. Seguridad Nacional.
19.3. Balanza de Pagos.
19.4. Divulgación de la
información.
19.5. Tributación.
Anexo 19.5.
(Definición de autoridades competentes).
Capítulo 20.
Cooperación.
20.1. Objetivos.
20.2. Acciones de Cooperación.
20.3. Cooperación en
Controversias Inversionista –Estado.
20.4. Exclusión de solución de
Controversias.
Anexo 20.2.
Plan Indicativo de Trabajo de Cooperación
entre la República de El Salvador, la República de Guatemala, la República de
Honduras y la República de Colombia.
Capítulo 21.
Disposiciones
Finales.
21.1. Anexos, Apéndices y
Notas al Pie de Página.
21.2. Enmiendas.
21.3. Entrada en vigor.
21.4. Adhesión.
21.5. Denuncia.
21.6. Aplicación Provisional.
21.7. Cláusula Evolutiva.
21.8. Disposiciones
Transitorias.
ANEXOS AL TRATADO
Anexo
Título
Materia
Anexo I
Medidas Existentes. Notas
Explicativas
(Sobre Artículos 12.12 y 13.7.
Relacionados con Medidas Disconformes)
Anexo II
Reservas a Futuro. Notas
Explicativas
Anexo III
Excepción al Trato de nación
más favorecida
Lista de la República de
Colombia, de la República de El Salvador, de la República de Guatemala y de
la República de Honduras.
5.4.  Consideraciones generales sobre el TLC con el
Triángulo Norte Centroamericano. Aspectos transversales del Tratado.
5.4.1. La finalidad del Tratado de Libre Comercio.
5.4.1.1.
El Tratado de Libre Comercio con el Triángulo Norte Centroamericano, forma
parte de la estrategia de internacionalización de la economía y liberación de
los mercados emprendida por el Gobierno colombiano, con sus distintos socios
comerciales[205].
Entre los objetivos perseguidos por el Ejecutivo con
la suscripción del Convenio, se encuentra el interés de ampliar los Acuerdos de
Alcance Parcial vigentes entre los Estados parte, a fin de profundizar el
comercio de mercancías y servicios con dichos países, facilitando la
complementariedad productiva y la seguridad e incentivo a las inversiones[206],
dentro de un marco de cooperación e integración.
Precisamente, en el informe de ponencia conjunta para
primer debate del proyecto de ley en el Congreso, se destacó que el TLC con el Triángulo
Norte Centroamericano significaba un paso adelante en la independencia
comercial de nuestro país frente a sus socios comerciales tradicionales –al
permitirle ampliar su oferta exportable-, a la vez que promovía la inserción de
las empresas colombianas en un mercado de más de 27 millones de habitantes,
donde el país registra una creciente balanza comercial superavitaria[207].
5.4.1.2. Así las cosas, entre los fines perseguidos por las Partes con la
suscripción de este Convenio, se encuentra el objetivo de promover el
desarrollo social y económico de los Estados miembros, por medio de la eliminación
de las barreras al comercio, la simplificación de la circulación
transfronteriza de bienes y servicios y la liberalización económica, con el
propósito de generar crecimiento y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos.
A su vez, propende por lograr la promoción y protección de las inversiones
entre los Estados parte, favoreciendo la transferencia de tecnología, la
generación de empleo y el desarrollo de la competitividad. Para el efecto, se
optó por la creación de una Zona de Libre Comercio entre Colombia y cada
uno de los países del Triángulo Norte Centroamericano, como un medio para incrementar
las oportunidades comerciales de los empresarios y permitir la diversificación
y expansión del comercio de bienes y servicios, así como el establecimiento de
reglas y procedimientos claros y transparentes, que permitan la ejecución y el
cumplimiento efectivo del tratado[208]. Lo anterior, en
consonancia con los derechos y obligaciones de las Partes como miembros de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y de otros convenios internacionales en
materia comercial.
5.4.1.3. Vista las finalidades por las que propende el Convenio
internacional entre las Repúblicas de Colombia, El Salvador, Guatemala y
Honduras, entiende la Sala que sus objetivos se ajustan a las expectativas
constitucionales. En efecto, forma
parte de una estrategia de desarrollo para Colombia, que junto con otras
decisiones de política económica, busca, a través de la expansión del comercio
y la atracción de la inversión extranjera, lograr el cumplimiento de los fines
esenciales del Estado de conformidad con la Constitución.
De esta forma, las distintas
finalidades del Tratado son compatibles con la Carta, ya que responden a los
deberes constitucionales de promover la internacionalización de las relaciones
comerciales mediante la celebración de tratados de integración económica (Art.
9, 226 y 227 C.P.) y de fortalecer
canales productivos y comerciales con el propósito de asegurar el cumplimiento
de los fines esenciales del Estado dirigidos a la promoción de la prosperidad
general (Artículo 2º C.P.). Además, responden al compromiso contenido en el
artículo 333 de la Carta, que asigna al Estado la función de estimular el
desarrollo empresarial[209]. En
consecuencia el fin buscado con Tratado de Libre Comercio con el Triángulo
Norte Centroamericano es constitucional y es coherente con artículos 2, 9, 226
y 227 de la Carta.
5.4.2. De la conformidad del Acuerdo con el principio de soberanía nacional y
el mandato de promoción de la integración con Latinoamérica.
5.4.2.1. Existen en el articulado de la Constitución,
tres normas que consolidan los principios rectores de la acción del Estado en
las relaciones internacionales[210]. El artículo 9º, que
provee pautas para la política exterior colombiana al consagrar como criterios
de interacción internacional, el principio de soberanía nacional y
autodeterminación de los pueblos, el reconocimiento de los principios del
derecho internacional aceptados por Colombia y la directriz de orientación de
la política exterior, hacia la integración latinoamericana y del Caribe. El
artículo 226 de la Carta, que promueve la internacionalización de las
relaciones económicas y sociales, sobre la base de parámetros de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional. Y finalmente, el artículo 227 superior,
que evade las políticas tendientes al aislamiento y ordena la integración con
otros países y organizaciones internacionales y la celebración de tratados en
condiciones de igualdad, equidad y reciprocidad.
En cuanto al principio de soberanía
nacional al que hace alusión el artículo 9º superior, la Corte recuerda
que su contenido ha ido evolucionando hacia un nuevo significado caracterizado
por la flexibilidad en su interpretación, con ocasión de las nuevas exigencias
internacionales de integración[211],
sin que ello implique el desconocimiento del respeto mutuo entre Estados como
sujetos iguales del derecho internacional. De esta forma la soberanía nacional
conlleva el goce de la autonomía e independencia para la regulación de sus
asuntos internos[212]
y la libertad para celebrar compromisos internacionales. En este sentido, el TLC celebrado con el Triángulo Norte
Centroamericano, respeta la soberanía nacional y la autodeterminación de los
pueblos en la medida en que el Convenio fue firmado por Colombia de
manera voluntaria, en condiciones de igualdad con los demás países, quienes
además han sido sus socios comerciales de tiempo atrás, a través de Acuerdos de
Alcance Parcial, que en esta oportunidad se hacen más profundos.
A su vez, la creación de una zona
de libre comercio, tampoco afecta la soberanía, ya que es el resultado de una
negociación autónoma del Estado colombiano, que sólo avanza hasta niveles de
integración económica avalados por la Constitución, en donde la vigencia de la
normatividad nacional y la discrecionalidad del Estado se sostienen en los
distintos elementos centrales del convenio.
5.4.2.2. En lo que respecta a la integración
económica y comercial, el artículo 226 de la Constitución compromete al
Estado colombiano en la promoción de “la internacionalización de las relaciones
políticas, económicas, sociales y ecológicas” al tiempo que el artículo 227
autoriza la "integración económica, social y política con las demás
naciones". Ello significa un mandato de acción en favor de la
internacionalización económica producto de la necesidad impuesta por el orden
mundial de promover este tipo de relaciones comerciales, lo que impide que los
países se replieguen sobre sí mismos, a riesgo de caer en un “ostracismo que
los convierta en una especie de parias de la sociedad internacional. En ese
orden de ideas, la internacionalización de las relaciones económicas se
convierte en un hecho necesario para la supervivencia y el desarrollo de los
Estados que trasciende las ideologías y los programas políticos”[213].
El artículo 9º superior, no obstante, impulsa el
mandato de la integración económica hacia las relaciones internacionales que
tienen que ver con Latinoamérica. Este reconocimiento, como ya se ha mencionado
por esta Corporación[214],
no supone una camisa de fuerza para la política exterior colombiana que impida
el intercambio con otras naciones, aunque sí significa una preferencia
constitucional a favor de los vecinos de la región.
5.4.2.3. Con fundamento en estas consideraciones y
examinado el instrumento internacional objeto de revisión, se concluye que el
Tratado se ajusta a las disposiciones de la Carta Política en estos aspectos,
pues coincide con las políticas de internacionalización y modernización de la
economía e implica un impulso de la integración latinoamericana para fortalecer
la solidaridad y la cooperación entre Colombia y los países del Triángulo Norte
Centroamericano. Su contenido se enmarca en el objetivo de fortalecer y
profundizar el proceso de integración entre los países miembros, alentando la
supresión de barreras arancelarias, promoviendo el fortalecimiento del comercio
con Centroamérica y favoreciendo a los consumidores locales en el acceso a
productos más variados y a mejores precios, lo que coincide claramente con los
fines superiores anteriormente mencionados. A la vez fortalece la
competitividad y la inversión, la soberanía nacional,
el respeto por la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los
principios de derecho internacional, al amparo de los artículos 9, 226 y 227 de
la Carta.
5.4.3. Conformidad del TLC con los principios
de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
5.4.3.1. La interpretación y análisis de un instrumento
internacional, para ser efectiva, debe suponer una revisión que integre la
totalidad del Acuerdo suscrito por las Partes. Bajo esa óptica, una valoración
de las normas convencionales no puede tener lugar de forma aislada y
descontextualizada, no sólo porque ello es ajeno a los criterios clásicos de
interpretación de los tratados (Art. 31-2 de la Convención de Viena), sino
porque ello puede suponer en la práctica, una afrenta al alcance mismo de las
disposiciones pactadas, por no ser vistas en su conjunto.
Lo anterior aplica plenamente a las reflexiones que
puede hacer la Corte en cuanto al cumplimiento de los requisitos de equidad y
reciprocidad de un tratado internacional, ya que el control sobre la garantía
de tales exigencias, debe recaer sobre el instrumento internacional en su
conjunto y no sobre aspectos del mismo, vistos separadamente
5.4.3.2. Así las cosas, uno de los asuntos
que más llama la atención del Tratado de Libre Comercio celebrado con los
países del Triángulo Norte, es el reconocimiento del llamado trato especial
y diferenciado entre los Estados firmantes, de forma expresa, sobre la base
de la aceptación de las diferencias en sus niveles de desarrollo, el tamaño de
sus economías y la necesidad de crear oportunidades para el efecto. Tales
consideraciones se encuentran enunciadas en el Preámbulo, como principios
rectores en el Acuerdo y desarrolladas en el Capítulo 3, relativo al Programa
de Desgravación Arancelaria.
El trato especial y
diferenciado, es un término técnico en el
comercio internacional, concebido por algunos como un principio que surge como
respuesta a quienes invocan asimetrías objetivas entre las economías. En
la práctica, se expresa generalmente a través de medidas que incluyen plazos
más largos en la aplicación de normas multilaterales o en reducciones
arancelarias más leves[215].
5.4.3.3. El origen del tratamiento especial y diferenciado
se ubica en las teorías del desarrollo que predominaron en los años 50 y 70, y
que se asentaban sobre las siguientes premisas: (i) los países en desarrollo se
encuentran en desventaja cuando participan en acuerdos comerciales con los
países desarrollados; (ii) para maximizar el desarrollo sostenible de los
países en desarrollo se necesitan políticas comerciales distintas que para los
países desarrollados y (iii) resultaba del interés de los países desarrollados
ayudar a que los países en desarrollo, participaran en el sistema comercial
internacional[216].
El reconocimiento de estos tratamientos se concretó
entonces en 1964 en la parte IV del GATT, que otorgó a algunos productos de los
países en desarrollo condiciones de acceso más favorables a los mercados de los
países desarrollados. Posteriormente, en el marco del GATT de 1971, se dio
origen a lo que se llamó el Sistema de Preferencias Generalizado (SPG) a favor
también de los países en desarrollo, como disposiciones de carácter no
obligatorio. No obstante, la comunidad internacional en la Ronda de Tokio, en
el marco del GATT en 1979, elaboró normas de trato especial y diferenciado con
una base jurídica más sólida (TED). En ellas el tratamiento previsto para los
países en desarrollo se denominaba “trato diferenciado y más favorable”,
tal como lo contemplaba la Decisión del 28 de noviembre de 1979[217],
conocida como la Cláusula de Habilitación. El contenido del trato diferenciado
propuesto en dicha norma, involucra dos medidas en particular: (a) permitir a
los países en desarrollo establecer restricciones por problemas en su balanza
de pagos que afecten su industria o un manejo más flexible de sus aranceles, de
un lado, y (b) de otro, la concesión de ventajas no recíprocas como preferencias
comerciales específicas, que significaban concesiones unilaterales por parte de
los países desarrollados[218]. El catálogo de medidas
no es cerrado y se autoriza a los Estados considerarlas “caso por caso”[219].
Con todo, teniendo en cuenta que los objetivos de
promoción del desarrollo se alteraron en la Ronda de Uruguay con la creación de
la OMC (1994) y que se fomentó la tendencia de que los países en desarrollo
convergieran bajo los mismos estándares aplicables a los desarrollados, nuevas
disposiciones en la materia fueron incluidas bajo el apelativo de tratamientos
especiales y diferenciados (que no favorables) aunque se trató de
disposiciones no obligatorias. En efecto, en la Ronda de Uruguay de la OMC no
se ratificaron tales normas con carácter generalizado y obligatorio, -en parte
por la oposición de muchos países que las consideraron antagónicas al principio
de reciprocidad-, pero tampoco se incluyeron preceptos que impidan dentro de la
OMC el uso de tales mecanismos. Por lo que su aplicación quedó a discreción de
los países interesados.
Así, en cuanto a la utilización de las normas relacionadas
con el tratamiento especial y diferenciado con posterioridad a la Ronda de
Uruguay, se ha dicho que “la exigencia de reciprocidad desarroll[ó] una
tendencia presente en [tales] acuerdos, [tendiente] a limitar el tratamiento
preferencial, al otorgamiento de plazos para adecuarse a una normativa general
única”[220], acallando así las
quejas sobre excepciones en la implementación generalizada de normas
comerciales.
Acogiendo igualmente el principio de reciprocidad, ha
dicho también la doctrina que si bien “el tratamiento preferencial es aún un
elemento importante en las relaciones comerciales internacionales, en la
actualidad ya no se aplica como una excepción a las normas y disciplinas
generales sino (…) para permitir a los países beneficiarios mayor flexibilidad
y más tiempo para cumplir con los compromisos comerciales que deben respetar
todos los países, en el marco de las acciones multilaterales y plurilaterales
encaminadas a la liberación del comercio”[221].
5.4.3.4. En la Ronda de Doha en el 2001, se reafirmó
la existencia e importancia de este tipo de tratamientos en el comercio
internacional, en el marco de la OMC. De hecho, los tratamientos especiales y
diferenciados, han sido reconocidos también por la UNCTAD en las actuales
negociaciones del ALCA y en el Grupo Andino (CAN), que otorgó ese tratamiento a
Bolivia y a Ecuador, por su menor desarrollo relativo. En el caso de la ALADI,
se distinguen según la doctrina tres categorías de países: de menor desarrollo
relativo (Bolivia, Ecuador y Paraguay); intermedios (Colombia, Chile, Perú,
Uruguay y Venezuela) y otros (Argentina, Brasil y México). Las preferencias
arancelarias que se otorgan entre sí estos países varían según la categoría a
la cual pertenecen y van desde menores porcentajes de desgravación hasta
mayores[222].
5.4.3.5. El TLC
con el Triángulo Norte, incorpora entonces el concepto al que se ha hecho
referencia, mediante disposiciones tendientes a reconocer la existencia de diferencias
entre las economías de los países firmantes, bajo el supuesto de que economía
colombiana es más competitiva, en comparación con la de los Estados
Centroamericanos que hacen parte del instrumento internacional. Ello significa
que en el Acuerdo se establecieron mecanismos para mitigar esa desigualdad, que
para el caso del TLC, responden principalmente a plazos diferentes de
desgravación arancelaria conforme a los niveles de sensibilidad y desarrollo de
los sectores económicos dentro de cada uno de los países firmantes. Ese
tratamiento permite que los sectores afectados puedan preparar sus aparatos
productivos, a fin de enfrentar debidamente la libre competencia futura.
5.4.3.6. Evaluada la declaración del tratamiento
especial y diferenciado a la que hace alusión el Preámbulo del Convenio y
su materialización en los términos descritos en el Capítulo 3.4 del Tratado,
debe concluir la Corte que el TLC con el Triángulo Norte Centroamericano, luego
de un análisis general de las cláusulas convencionales en su conjunto, no
controvierte en modo alguno los principios de equidad y reciprocidad
constitucional exigidos por la Carta, pues las partes
asumieron compromisos equivalentes, siendo el reconocimiento de las asimetrías
una concreción de la equidad en el tratamiento comercial.
En efecto, tal y como lo expresó la sentencia C-750 de
2008 (M.P Clara Inés vargas Hernández) el control constitucional del Tratado
con relación al cumplimiento de los principios de equidad y reciprocidad
superiores, no puede adelantarse mediante un “control aislado de las
cláusulas convencionales. Se debe examinar cada disposición en el conjunto del
tratado internacional, a efectos de determinar si es equitativo y recíproco; y,
solo podrán ser declaradas inexequibles cláusulas del mismo, únicamente en
casos donde, de manera manifiesta y grosera se vulnere la Constitución”.
Al respecto, debe evidenciarse que es natural que
existan diferencias en temas concretos entre los países a la hora de negociar,
como en el caso de las distinciones puntuales que aquí se presentan (vgr.
Reservas, anexos, etc.) por tratarse de cuatro países diversos. Ello no puede
significar, no obstante, ausencia de reciprocidad, porque ella surge del
equilibrio en las cláusulas convencionales, vistas en su conjunto. Por lo
tanto, la valoración del Tratado debe ser global y no en aspectos puntuales o
ítems específicos.
5.4.3.7. Así las cosas, esta Corporación en lo que
concierne al cumplimiento del principio de equidad en tratados que reconocen
tratamientos diferenciales, ha considerado que:
“[R]especto al principio de equidad, cabe anotar que el Tratado de
libre Comercio del Grupo de los Tres dentro de los objetivos del mismo en su
artículo 1-01, establece el propiciar relaciones equitativas entre las
Partes, reconociendo los tratamientos diferenciales en razón a la
categorías de países establecidas en la ALADI”[223]. (Subrayas fuera del
original).
Igualmente se consideró un tratamiento equitativo en
un convenio:
“[Q]ue las actividades que se compromete a desarrollar un país
[sean] las mismas a las que se compromete el otro; ambas naciones pueden
negarse a cumplir obligaciones que entren en conflicto con otras adquiridas con
anterioridad; participan por igual en la comisión que ordena crear el propio
Acuerdo y pueden denunciarlo en las mismas oportunidades. Este tratamiento
equitativo, a su vez implica reciprocidad”[224].
5.4.3.8. En esta oportunidad, se trata
entonces de un Tratado de Libre Comercio recíproco y equitativo, por distintas
razones: (i) A diferencia de otras negociaciones previas de Colombia con
estos países, el tratado de libre comercio no se destaca por la unilateralidad
de los compromisos adquiridos, sino que las obligaciones contraídas entre las
partes son comunes, generales y tendientes a asegurar la progresividad en la
liberación comercial. (ii) El objetivo final del convenio es la
liberación arancelaria y la consolidación de una zona de libre comercio entre
cada uno de los países del Triángulo Norte con Colombia. Por ende, dado que la
interpretación de los Tratados debe hacerse acorde al principio de buena fe, la
finalidad del mismo y su cumplimiento último, son objetivos perseguidos por
todos los miembros del Convenio, lo que implica reciprocidad[225].
(iii) El resultado final de la liberación de los aranceles, debe
cumplirse por todas las partes en el límite de tiempo previsto conforme a lo
pactado, lo que supone para todas ellas obligaciones comunes aunque
diferenciadas en cuanto a los productos específicos. (iv) La
desgravación, además, es una medida temporal y modificable. No implica una
camisa de fuerza para las partes ya que la cláusula evolutiva prevista en el
convenio (art. 21.7) permite profundizar por mutuo acuerdo, luego de tres años
de implementado el Tratado, lo que puede significar la modificación del
Programa de Desgravación. También se admiten consultas para la realización de
modificaciones. (v) Además, el tratamiento diferenciado que se propone,
no constituye una barrera injustificada al libre comercio, ya que tiene como
objetivo promover la equidad, la solidaridad y la cooperación entre Estados, al
permitir que aquellas economías más pequeñas y que eventualmente puedan
resultar afectadas mayormente con una liberación inmediata del comercio,
cuenten con un tiempo prudencial para realizar los ajustes económicos
necesarios para evitar perjuicios excesivos en sus economías. En el caso del
Tratado de Libre Comercio en estudio, se destacan razones objetivas para la
implementación de la desgravación escalonada de los aranceles, esta vez, a
favor de los países centroamericanos, como son las asimetrías derivadas del
tamaño de sus economías, las diferencias en las balanzas de pagos, el
desconocimiento del comercio masivo con Colombia, etc., presentados en las
pruebas[226]. Consideración que
responde igualmente al principio de equidad, que propende por “la búsqueda
de un trato equilibrado, objetivo y justo en la asignación de beneficios y
cargas, que abandone toda forma de arbitrariedad”[227].
(vi) Las obligaciones asumidas por todos los
países intervinientes guardan una mutua correspondencia entre sí y no traen
consigo condiciones evidentemente desfavorables para algunos de ellos. (vii) Finalmente,
la Corte Constitucional se ha manifestado a favor del reconocimiento de un
trato especial y diferenciado para atenuar distinciones entre los niveles de
desarrollo de economías que se integran en convenios de esta naturaleza, en las
sentencias C-178 de 1995 (M.P. Fabio Morón Díaz); C-864 de 2006 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil), C-750 de 2008 (M.P. Clara Inés vargas Hernández) y C-031 de 2009
(M.P. Humberto Sierra Porto), reconociendo que este tipo de tratamientos se
encuentran conformes con los principios de equidad y reciprocidad, en los
términos previstos.
5.4.3.9. Por último, en relación con la conveniencia
del Convenio, se recuerda que no le compete a la Corte soportar el juicio de
constitucionalidad por razones semejantes. Las valoraciones económicas,
estratégicas y políticas dirigidas a asegurar ese factor en el instrumento en
control, fueron tenidas en cuenta por el Presidente y el Congreso al momento de
la celebración del Convenio y de la adopción de ley, por lo que pueden ser
revisadas en los distintos pronunciamientos del Ejecutivo, a lo largo de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, esta
Corporación a continuación, analizará la constitucionalidad de las distintas
disposiciones que integran el presente instrumento internacional.
5.5. Análisis concreto de las
disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre las Repúblicas de Colombia y
las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras y de las modificaciones
introducidas por el Canje de Notas.
Para los efectos de la presente revisión
Constitucional, el TLC con el Triángulo Norte Centroamericano, se identificará
por sus 21 capítulos correspondientes, Anexos Finales y Canjes de Notas. La
explicación sobre el contenido de cada capítulo se hará en la respectiva parte,
junto con la consideración constitucional.
5.5.1. Preámbulo.
5.5.1.1. Contenido.
El Preámbulo del TLC con el
Triángulo Norte Centroamericano, incluye los principios orientadores del
acuerdo celebrado entre los
Gobiernos de las Repúblicas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. Entre
los propósitos enunciados, las Partes buscan consolidar los lazos de cooperación
entre sus pueblos; fortalecer la integración económica regional
como un instrumento para promover un mayor desarrollo económico y social,
estableciendo reglas claras y de beneficio mutuo para el intercambio
comercial de sus mercancías y servicios, así como para la promoción y
protección de las inversiones en sus territorios.
La propuesta es alcanzar un mejor equilibrio en sus
relaciones comerciales y crear un mercado más amplio y seguro para las
mercancías y servicios producidos, sin desconocer las diferencias que en
los niveles de desarrollo y en el tamaño de sus economías existen entre ellos, aplicando
para el efecto, el trato especial y diferenciado que acuerden las
Partes.
A su vez, una de las pretensiones con el
Convenio es evitar distorsiones
en el comercio recíproco; fortalecer la competitividad de sus empresas
en los mercados mundiales y crear oportunidades de empleo que
contribuyan a mejorar los niveles de vida de sus pueblos. Lo anterior, de
manera congruente con la protección y conservación del medio ambiente,
el desarrollo sostenible y con el respeto de sus respectivos derechos y
obligaciones derivados del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio (OMC), así como de otros instrumentos bilaterales
y multilaterales de cooperación.
5.5.1.2. Consideraciones.
1-. El artículo 31 de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados de 1969, en su inciso segundo, indica en lo
concerniente a la interpretación de los Acuerdos internacionales, que además
del contenido del instrumento en sí mismo considerado y sus anexos,
“el preámbulo” forma parte del contexto necesario para la
interpretación de las cláusulas convencionales, por lo que resulta plenamente
vinculante para los Estados Parte.
Lo anterior significa que éste consagra los
fines y las directrices de interpretación de un Tratado, incidiendo
significativamente en la determinación del alcance de las cláusulas pactadas y
en su aplicación. Al respecto en la sentencia C-750
de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas) se reconoció que el Preámbulo en los
instrumentos internacionales contenía “las bases que
irradian la normatividad, los principios que guían la interpretación y los
fines que se pretende alcanzar”.
2-. Revisadas las directrices contenidas en
el TLC, se resalta que los propósitos dirigidos al fortalecimiento de la
integración económica regional, la cooperación entre los pueblos, la promoción
y protección de las inversiones, la ampliación del mercado, la promoción de la
competitividad y el fortalecimiento empresarial, son criterios de orientación
convencionales perfectamente compatibles con la Carta, -tal y como se precisó
previamente en el acápite relacionado con los fines del TLC-, en la medida en
que se ajustan a las previsiones constitucionales tendientes a fomentar la
integración latinoamericana (Art. 9, 226 y 227 C.P) y al fortalecimiento de la
libre iniciativa privada de los ciudadanos. De hecho, se ajustan a las
disposiciones superiores que reconocen como competencia del Estado, el impedir
que se obstruya o se restrinja la libertad económica, evitar y controlar
cualquier abuso que personas o empresas con respecto a su posición dominante en
el mercado nacional, y el deber de intervenir en la producción, distribución,
utilización y consumo de bienes y servicios; aspectos que pueden ser
desarrollados a través de las disposiciones establecidas en el tratado y que
por lo tanto resultan compatibles con los principios rectores que orientan esos
objetivos convencionales (Art. 333 y 334 C.P).
Ahora bien, en cuanto a las aspiraciones
dirigidas a la obtención de un mayor desarrollo económico y social y a la creación
de mayores oportunidades de empleo a partir de la liberación económica
objeto del acuerdo, resalta la Sala que tales parámetros de acción, resultan
objetivos perfectamente acordes con los compromisos constitucionales del Estado
relacionados con la promoción de la prosperidad general y el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas (Art. 2º C.P.) , así como con las políticas de
fomento al empleo (Art. 54 C.P.).
Los
propósitos relacionados con la conservación del medio ambiente y el desarrollo
sostenible, revelan el objetivo convencional de garantizar un equilibrio
entre las actividades empresariales (Art. 333 y 365 C.P.) y los derechos
colectivos y fundamentales reconocidos en la Constitución, relacionados no sólo
con la protección de la diversidad e integridad del ambiente (Art. 79, 80 C.P.)
sino también con el saneamiento ambiental y la salud de las personas (art. 49
C.P.). Estos elementos reflejan a su vez, el compromiso de las partes de
asegurar el respeto por los ecosistemas y por la garantía del mejoramiento de
la calidad de vida de los asociados no obstante las condiciones ampliadas de
competencia económica entre los Estados firmantes (Art. 366 C.P), lo que se
atiene plenamente a la Constitución.
En cuanto al principio de respeto a los derechos
y obligaciones derivados del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece
la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como de otros instrumentos
bilaterales y multilaterales de cooperación, encuentra la Corte que ese
particular reconocimiento del Preámbulo, propende por la no afectación de las
obligaciones contraídas por los Estados miembros, en virtud de los acuerdos
subregionales o multilaterales de los que hacen parte. Lo anterior, hace honor
a los compromisos internacionales suscritos por Colombia (Art. 189-2 y 227
C.P.) y responde a los principios de buena fe en la aplicación y ejecución de
los tratados así como al cumplimiento del pacta sum servanda, en las
relaciones internacionales.
Finalmente, sobre el objetivo de alcanzar un
mejor equilibrio en las relaciones comerciales para las mercancías y
servicios producidos por las Partes, sin desconocer las diferencias que
en los niveles de desarrollo y en el tamaño de sus economías existen entre
ellos, aplicando para el efecto, el trato especial y diferenciado,
recuerda la Sala que tuvo oportunidad de pronunciarse in extenso sobre el tema,
en el acápite anterior, para concluir finalmente que la declaración del
tratamiento especial y diferenciado entre los Estados Miembros no es en
principio ajena a la reciprocidad y equidad exigidos por la Carta, desde una
perspectiva de valoración general del Tratado. En concreto cabe agregar
simplemente, que ajeno al factor de reciprocidad, el objetivo planteado en el
Preámbulo responde al reconocimiento de la igualdad real y efectiva (Art. 13 C.P)
y al reconocimiento de la equidad en las relaciones internacionales (Art. 227
C.P).
No existen, en consecuencia objeciones de
la Sala, sobre la constitucionalidad del Preámbulo en mención.
5.5.2. Capítulo 1.
Disposiciones Iniciales.
5.5.2.1. Contenido.
El Capítulo 1 del TLC, consagra la
voluntad de las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras de conformar
una zona de libre comercio con Colombia, de conformidad con el Artículo
XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y
el Artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, ambos
de la OMC (Art. 1.1). También precisa que el Tratado no aplica para los países
del Triángulo Norte Centroamericano, entre sí. (Artículo
1.1-2)
El capítulo, establece además, que las Partes interpretarán y aplicarán las disposiciones del
Convenio celebrado por ellas, a la luz de los objetivos relacionados con: (a)
promover la expansión y diversificación del comercio de mercancías y servicios
entre las Partes; (b) eliminar las barreras al comercio y facilitar la
circulación transfronteriza de mercancías y servicios dentro de la Zona de
Libre Comercio; (c) promover condiciones de competencia leal para el comercio
entre las Partes; (d) promover, proteger y aumentar sustancialmente las
inversiones en cada Parte; (e) crear procedimientos eficaces para la ejecución
y cumplimiento de este Tratado, para su administración conjunta y para la
solución de controversias; y (f) establecer lineamientos para la cooperación
bilateral dirigida a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado, de
conformidad con los principios generales del derecho internacional público
(Art. 1.2.).
El artículo 1.3., sobre la
relación del Tratado con otros acuerdos internacionales, crea el marco legal
necesario para interpretar cómo se aplicarán las obligaciones del Convenio en
presencia de compromisos consagrados bajo otros instrumentos internacionales.
De hecho, las Partes confirman los derechos y obligaciones vigentes entre ellas
de acuerdo al Convenio de la OMC y otros acuerdos de los que sean partes,
indicando que toda referencia a instrumentos internacionales incluirá sus
modificaciones, enmiendas o acuerdos que los sustituyan.
5.6.2.2. Consideraciones.
1-. El artículo 1.1 del TLC con los países del Triángulo
Norte Centroamericano, autoriza a los Estados Parte en el marco de la OMC, a
constituir una zona de libre comercio. La creación de dicha zona, como se ha
indicado, favorece el intercambio eficiente de bienes y servicios entre los
países firmantes y la liberación económica de acuerdo a lo pactado, a la par
que permite la superación del esquema unilateral otorgado por nuestro país a
esas naciones, en materia arancelaria.
En ese sentido, el establecimiento de la
zona de libre comercio propuesta en el instrumento internacional en revisión,
no es contraria a la Carta, ya que resulta acorde a los preceptos
constitucionales en materia de relaciones internacionales antes enunciados
(art. 2º, 9, 226 y 227 de la Carta), tomando en consideración además, los
objetivos propuestos por el artículo 1.2., del mismo capítulo, que reiteran el
interés de promover la
expansión y diversificación del comercio en esa zona, facilitar la circulación
transfronteriza, promover la competencia, las inversiones y la cooperación,
etc. Además, se trata de una zona de libre comercio establecida atendiendo la
soberanía nacional, al haber sido negociada y adoptada libre y autónomamente
por el Estado colombiano (Art. 9º C.P), sin que suponga tampoco “una cesión
total de las competencias nacionales”[228]. Por otra parte, el establecimiento de la
Zona de Libre Comercio, no compromete tampoco las rentas tributarias de las
entidades territoriales, quienes al gozar de los mismos atributos a la
propiedad de los particulares, conforme al artículo 362 de la Constitución
Política, no son susceptibles de afectación por la Nación (Art. 294 C.P.)[229].
2-. En relación con la remisión que hace la
norma descrita a los diferentes Acuerdos multilaterales aprobados en el marco
del establecimiento de la Organización Mundial de Comercio[230]
(Art. 1.1), recuerda la Sala que en la sentencia C-864 de 2006 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil) esta Corporación manifestó que la Ley 170 del 15 de diciembre de
1994, "Por medio de la cual se aprueba el acuerdo por el cual se
establece la Organización Mundial de Comercio (OMC), suscrito en Marrakech
(Marruecos) el 15 de abril de 1994, sus acuerdos multilaterales anexos y el
Acuerdo Plurilateral anexo sobre la carne de Bovino.", fue objeto de
examen de constitucionalidad por la Corte en la sentencia C-137 de 1995 que
declaró su exequibilidad[231]. En el mismo sentido,
mediante providencia C-369 de 2002[232], esta Corporación
también se pronunció sobre el “Cuarto Protocolo Anexo al Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios con la Lista de Compromisos Específicos de
Colombia”, hecho en Ginebra al amparo de la Organización Mundial de
Comercio, OMC[233].
Ahora bien,
la referencia que hace el artículo 1.1 a otros convenios y tratados
internacionales distintos, es ajena al control de esta Corporación. Como lo
estableció éste Tribunal en la sentencia C-031 de 2009
(M.P. Humberto Sierra Porto), la Corte “carece de competencia para
determinar la conformidad del instrumento internacional sometido a su examen
con otros tratados internacionales sobre comercio, como es el caso del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Acuerdo General sobre
Comercio de Servicios (…). En efecto, en estos casos serán los órganos
internacionales correspondientes, sean de carácter judicial o no, creados por
los respectivos tratados internacionales, los competentes para examinar
posibles violaciones a los tratados constitutivos de la respectiva organización
internacional, con ocasión de la creación de nuevas zonas de libre comercio o
uniones aduaneras”.
Las anteriores consideraciones aplican plenamente a
las observaciones normativas del artículo 1.3. del Tratado, que ratifican los
derechos y obligaciones vigentes para las partes del Convenio con relación al
acuerdo de la OMC y otros instrumentos internacionales, así como su alcance
frente al convenio en mención.
En
mérito de lo anterior, concluye la Sala que la creación de una zona de libre
comercio se aviene los principios constitucionales establecidos en los
artículos 9, 226 y 227 Superiores. Lo mismo ocurre con los objetivos consagrados
en el Tratado.
5.6.3. Capítulo 2. Definiciones
Generales.
5.6.3.1. Contenido.
En el Capítulo 2, se
estipulan las definiciones generales del Convenio a fin de asegurar una
percepción homogénea de los términos a utilizar[234],
y el Anexo 2.1., consagra las definiciones específicas por país, de lo
que debe entenderse por la palabra “nacional”. Entre las definiciones propuestas por el artículo 2.1.,
del Capítulo, se destaca la relacionada con la expresión “territorio”, que reza
así:
“[S]ignifica conforme a su legislación nacional y al derecho
internacional, el espacio terrestre, marítimo y aéreo de cada Parte, así como
su zona económica exclusiva y su plataforma continental, sobre los cuales
ejerce derechos soberanos y jurisdicción”.
Igualmente se resalta el concepto “nacional”
adoptado por Colombia en el Anexo 2.1 relativo a las Definiciones Específicas por País, que
reconoce que “nacional” significa:
“[L]os
colombianos por nacimiento y por adopción, como lo determina el Artículo 96 de
la Constitución Política de la República de Colombia”.
5.6.3.2. Consideraciones.
1-. Las definiciones que se establecen en
el Capítulo 2 del TLC, buscan precisar conceptos técnicos relacionados con
elementos y expresiones económicas y comerciales del convenio. Sobre este tipo
de preceptos -los que expresan el significado de
acepciones acordadas por las partes-, ha resaltado la Corte que se trata de
normas que armonizan plenamente con la Constitución, ya que su función
está dada sobre la base de otorgar sentido a los términos empleados por el
instrumento internacional correspondiente, para la correcta interpretación de
sus contenidos[235]. Esta Corporación también ha considerado que esos artículos “contribuyen
a un mejor entendimiento e interpretación de las cláusulas que integran [los]
Convenios, permitiendo así su correcta aplicación y, por ende, una mayor
seguridad jurídica”. [236]
2-. En lo concerniente a la
definición de “territorio” usada por el TLC, encuentra la Sala que si
bien la expresión que se utiliza en el acuerdo no es idéntica a la establecida
en el artículo 101 de la Carta, ello no afecta la constitucionalidad de la norma
convencional del TLC con el Triángulo Norte centroamericano, por las siguientes
razones expresadas también en la sentencia C-750 de 2008[237]:
(a) el concepto de territorio
para el caso de nuestro país, es el establecido por la Constitución[238].
(b) Las definiciones que contempla el Tratado,
tienen que ver exclusivamente con la aplicación del instrumento internacional y
no tienen la virtualidad de comprometer o desvirtuar la definición
constitucional correspondiente. En efecto, del texto del tratado se desprende
claramente que las definiciones previstas lo son “para efectos de este
Capítulo”; lo que describe plenamente el ámbito de operatividad de tales
definiciones. (c) El TLC, además, no establece límites territoriales entre los
Estados Parte. Por lo tanto, el tratado hace parte de una ley ordinaria, lo que
lo hace jerárquicamente inferior a la Constitución. En tal sentido, no tiene el
alcance de alterar el contenido de la norma
constitucional o de reformarla (Art. 374 C.P.). (d) Finalmente, la
definición de territorio que consagra el Acuerdo, no indica que Colombia esté
cediendo soberanía sobre parte alguna de su territorio, porque como se ha
expresado, las cláusulas convencionales sólo operan bajo el marco de acuerdo
comercial.
Aunado a lo anterior, la sentencia C-031 de 2009 (M.P. Humberto Sierra Porto) relacionada con
el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Chile, precisó sobre este aspecto lo siguiente:
“La
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, en su artículo 29,
dispone que “Un tratado será obligatorio para cada una de las partes por lo
que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención diferente
se desprenda de él o conste de otro modo.” En otras palabras, al momento de
suscribir un instrumento internacional las Partes pueden limitar el ámbito
geográfico de aplicación del mismo. Así por ejemplo, es viable excluir de la
aplicación del tratado determinadas regiones del país, o ciertos elementos de
sus respectivos territorios, como lo serían los espacios marítimos o el
subsuelo. De tal suerte que la norma internacional según la cual los tratados
internacionales se aplican “a la totalidad del territorio” es de ius
dispositivum, es decir, se trata de una disposición que admite acuerdo en
contrario, a diferencia de aquellas de ius cogens. En este orden de
ideas, la exclusión de ciertos espacios en el Acuerdo (..) no constituye
renuncia alguna al ejercicio de la soberanía nacional ni significa, como
equivocadamente se podría pensar, que el Estado está admitiendo que tales
espacios excluidos no conforman parte de su territorio. Todo lo contrario. El
Estado colombiano, en ejercicio de su soberanía, suscribe un tratado
internacional en el cual, por motivos de conveniencia, decide limitar los
efectos jurídicos de aquél a ciertos espacios que conforman su territorio”.
3-. A su vez, en lo concerniente al Anexo
2.1 nada debe comentar la Sala sobre la precisión realizada por Colombia, con
relación al concepto de “nacional”, (colombianos por nacimiento y por
adopción), allí consagrada, en la medida en que la aclaración estipulada,
responde plenamente al artículo 96 de la Constitución.
Estas consideraciones llevan a la Corte a
concluir que el Capítulo 2 y el Anexo correspondiente, se encuentran ajustados
con la Constitución.
5.6.4. Capítulo 3. Trato
Nacional y Acceso de Mercancías.
5.6.4.1. Contenido.
El Capítulo 3 del TLC, es uno
de los capítulos principales del instrumento internacional objeto de control y
se refiere, de manera
exhaustiva, a las reglas que deben regir el
comercio de mercancías entre Colombia y El Salvador, Guatemala y Honduras.
Incluye precisiones sobre la denominación de algunos
productos y establece que salvo disposición en contrario, el capítulo se aplica
solamente al comercio de mercancías originarias nuevas entre las Partes
y no con respecto a aquellas usadas o remanufacturadas. En cuanto al tema del trato
nacional, se entiende que las mercancías elaboradas en uno de los países
que participan en este Acuerdo, deberán ser tratadas en las mismas condiciones
que se aplican a las mercancías nacionales en cada Estado, salvo las restricciones
consagradas en el Anexo 3.3 del Acuerdo. Para asegurar ese hecho, se
incorpora al Tratado el artículo III del GATT de 1994, como parte integrante
del Convenio (Art.3.3)[239].
El Acuerdo en examen pretende consolidar el
comercio de mercancías propio de la Zona de Libre Comercio, mediante un Programa de Desgravación de
Aranceles Aduaneros, aplicable a los
productos originarios y procedentes de los territorios de los Estados
firmantes. Dicho programa comprende la eliminación de restricciones
arancelarias y demás obstáculos que afectan el crecimiento y el desarrollo del
intercambio comercial, a través del señalamiento de períodos graduales,
sucesivos y automáticos de desgravación sobre los aranceles vigentes, que
impiden la libre importación de bienes, de acuerdo al Anexo 3.4. Tal anexo
establece categorías de productos, muchos de los cuáles quedan liberados de aranceles
a la entrada en vigor del Tratado, mientras que otros serán desgravados
paulatinamente en periodos de 5, 10 y hasta 15 años, según la categoría que le
corresponda a la mercancía conforme al anexo señalado. En la canasta A están
los productos de acceso inmediato[240]. En la B,
los de acceso en 5 años[241]. En la C
los de acceso en 10 años o más[242] y en la D
se encuentran la canasta de 15 años[243]. La canasta
G, que es principalmente utilizada por Guatemala, suma desde el primer día de
entrada en vigencia del Tratado, aproximadamente el 2% del universo arancelario
industrial, con una preferencia promedio del 65% sobre el arancel de nación más
favorecida.
Con todo, el Tratado establece
la opción de que a través de consultas realizadas por medio del Comité de
Acceso a Mercados, sea posible acelerar o mejorar el procedimiento arancelario
previsto para algunos productos. Igualmente el Convenio permite mantener o aumentar
el arancel aduanero, pero sólo cuando ello sea autorizado por el órgano de
solución de controversias de la OMC o el mecanismo de solución de controversias
del Capítulo 18 del Instrumento internacional en revisión.
Asimismo, se restringen y hasta se
eliminan, con expresas reservas, inclusiones y exclusiones de Colombia, en
ciertos bienes, productos y servicios, el uso de aranceles variables para los
bienes incorporados al Programa de Desgravación en el comercio recíproco. Con
todo, como mecanismos de
protección que permiten asegurar el equilibrio de las economías internas y
defender los sectores sensibles de la producción nacional de los Estados
comprometidos, se preservan medidas especiales, medidas antidumping y
compensatorias y cláusulas de salvaguardia a las que se refieren los capítulos
7 y 8 del Tratado.
Las Partes a su vez se
comprometen a no adoptar o mantener prohibiciones o restricciones a la
importación o a la exportación o a la venta para exportación de cualquier
mercancía. Es decir que a partir de la entrada en vigencia del acuerdo, los
países Parte no podrán aplicar medidas que injustificadamente restrinjan el
comercio entre los países del Triángulo Norte de Centroamérica y Colombia.
En materia de facilitación al
comercio, el Capítulo Tercero propone como objetivo, establecer procedimientos
aduaneros y de licencias de importación eficientes, que permitan el ágil
despacho de las mercancías, sin el desmedro del control aduanero (Art. 3.8 a
3.10.). Las Partes, con el objeto de eliminar multilateralmente los subsidios a
la exportación de productos agropecuarios, se comprometieron asimismo, a no
mantener tales subsidios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3.15 del
Convenio.
Por último, se creó el Comité
de Comercio de Mercancías (Art. 3.18), cuya principal función además de fomentar
el comercio, es el mejorar la aceleración del tratamiento arancelario previsto
y abordar las barreras que obstaculicen el comercio de mercancías.
5.6.4.2. Consideraciones.
1-. En primer lugar, la Sala no
encuentra objeciones constitucionales con respecto al artículo 3.1., sobre definiciones, ya que operan las precisiones ya
expresadas sobre la pertinencia de normas convencionales que permitan a las Partes
una adecuada y homogénea interpretación del Tratado. En lo concerniente al ámbito de aplicación de las disposiciones del Capítulo (Art.
3.2) -esto es, a que la liberación comercial recaiga sobre mercancías
originarias nuevas- la Corte acoge lo señalado en la sentencia C-864 de 2006
(M.P. Rodrigo Escobar Gil), en la que se resaltó que una medida semejante
asegura la igualdad y promueve el desarrollo empresarial, como sigue:
“En el artículo (…) se establece de forma categórica que el programa
de liberación comercial no aplica para mercancías usadas. A juicio de la Corte,
estas disposiciones aseguran la efectividad de los principios de igualdad y de
promoción de la actividad económica que deben regir las relaciones
internacionales de acuerdo con los artículos 226, 333 y 334 de la Constitución
Política. (…) Ello es así, en lo que se refiere al principio de igualdad, en
cuanto se evita que las preferencias arancelarias resulten aplicables a
mercancías no producidas en los Estados Signatarios del presente Acuerdo;
mientras que, en tratándose del principio de promoción de la actividad
económica por parte del Estado, al excluir de los beneficios de la liberación
comercial a las mercancías usadas, [se] promueve la empresa como base del
desarrollo”.
2-. Sobre el principio de Trato Nacional
consagrado en el artículo 3.3. del TLC[244], este Tribunal ha sostenido que el mismo
apunta “a que las mercancías
que ingresan a un Estado Parte no sean sometidas a un trato discriminatorio, en
relación con los productos del país receptor”[245]. La jurisprudencia constitucional ha avalado en diferentes
oportunidades este principio, señalando que garantiza la igualdad y el
objetivo de no discriminación en las relaciones internacionales[246] (art. 13 y 100 C.P) de un lado, a la par que desarrolla el
principio de reciprocidad en materia comercial entre los Estados firmantes[247].
Ahora bien, el Anexo 3.3, consagra a
su vez, las medidas a las que no se aplica el Trato Nacional descrito y las
restricciones a las importaciones y exportaciones, que se analizarán más
adelante. Estas exclusiones responden a la soberanía e independencia que tiene
Colombia para obligarse y en los principio de conveniencia y equidad que deben
formar parte de las relaciones internacionales[248].
3-. En lo que respecta a la Desgravación
Arancelaria, el Convenio incluye una cláusula que permite a los Estados
Miembros, eliminar progresivamente sus aranceles para las mercancías
originarias, de conformidad con un Programa de Desgravación acordado para
el efecto (Anexo 3.4). Además, en virtud de este capítulo, ninguna de las
Partes podrá incrementar un arancel aduanero existente, ni adoptar un nuevo
arancel sobre mercancías originarias. Mediante consultas, podrán no obstante, acelerar
o mejorar el mencionado tratamiento arancelario.
El Programa de Desgravación
Arancelaria al que se hace referencia, se despliega en consideración a las asimetrías
derivadas del nivel de desarrollo y crecimiento económico de los Países
firmantes, a las que se hizo referencia en el acápite 5.4.3. anterior. Por este
motivo, se reconocen en favor de los países firmantes, plazos diferenciados
para la eliminación de las barreras arancelarias, de acuerdo al tipo de
producto o bien comercial a negociar y el impacto de la liberación en economías
más pequeñas. De allí que se conceda un acceso más rápido a la oferta
exportable de mercancías a los países menos desarrollados (Triángulo Norte) -
por intermedio de una mayor liberación arancelaria del país receptor -, y a la
par, un acceso más restringido a quien ostente el mayor nivel de desarrollo; lo
que en el caso del TLC que se revisa, ocurre en el caso colombiano[249].
En este sentido y conforme con el Acápite 5.4.3. ya mencionado, se confirma que esta
Corporación ha considerado ajustadas a la Carta, las cláusulas que reconocen
asimetrías y programas de desgravación arancelaria paulatina, sobre la base de
diferencias en el tamaño de las economías de los países Parte. En efecto, en la
sentencia C-864 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), que aprobó el acuerdo de
complementación económica suscrito entre los Estados parte de MERCOSUR y los
países miembros de la Comunidad Andina, se dijo lo siguiente respecto a las
asimetrías derivadas del nivel de desarrollo y crecimiento económico de los
países firmantes:
“El mencionado programa se desarrolla en consideración a las asimetrías
derivadas del nivel de desarrollo y crecimiento económico de los Países
firmantes; motivo por el cual se reconocen a favor de cada Estado plazos
diferenciados para la eliminación de las barreras arancelarias, de acuerdo
al tipo de producto o bien comercial a negociar. (…) Lo anterior, sin lugar a
dudas, asegura el cumplimiento de los principios de equidad y
conveniencia nacional exigidos como parámetros para impulsar la internacionalización
de la economía colombiana, conforme se reconoce en el artículo 226
Superior”. (Subrayas fuera del original).
En el mismo sentido, la sentencia C-750 de 2008 relacionada
con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos[250],
precisó lo siguiente:
“[E]l hecho de que las
obligaciones que las Partes adquieren en virtud de este TLC sean recíprocas, no
significa que todas las obligaciones sean idénticas. Evidentemente, en materia
de los capítulos relacionados con acceso a mercados, las listas de desgravación
arancelaria y los anexos deben ser por definición diferentes y ajustados a las
condiciones particulares de cada país.
Esta situación se deduce en
primer término de la naturaleza de las relaciones comerciales, en donde los
países tienen diferentes estructuras productivas al igual que ventajas
comparativas que son precisamente las que justifican este tipo de acuerdos para
complementar las economías. Por lo tanto, es necesario que el Tratado
contenga diferencias en las condiciones de acceso a los bienes industriales y
agrícolas de cada país, de acuerdo con sus necesidades y condiciones
particulares. En ese sentido, por ejemplo, Colombia obtiene acceso
inmediato a prácticamente la totalidad de su oferta industrial (99.9%) mientras
que otorga a Estados Unidos acceso inmediato para el 81.8% de los productos, de
los cuales el 92.5% corresponde a materias primas y bienes de capital no
producidos en el país. El mayor porcentaje de acceso a favor de Colombia toma
en cuenta la asimetría existente entre las dos economías y reitera el carácter
equitativo del Acuerdo”.
Así las cosas, la más acelerada liberación arancelaria
de Colombia en esta oportunidad, frente a sus homólogos del Triángulo Norte,
supone un tratamiento diferenciado, fundado en la diferencia de sus economías.
Se concluye entonces, conforme con la jurisprudencia reseñada, que la
desgravación como medida y el Programa diferencial del Anexo 3.4.,
contenido en el TLC, cumple con los mandatos de equidad, reciprocidad, libre
autodeterminación e independencia de los pueblos y promoción de la integración
económica y comercial[251],
por las razones ampliamente expuestas.
4-. Ahora bien, respecto de las cláusulas relacionadas
con los regímenes especiales, entre ellos la admisión temporal de
mercancías e importación libre de aranceles para muestras comerciales, así como
lo concerniente a las restricciones a las importaciones y exportaciones[252],
o la administración e implementación de contingentes arancelarios para
las mercancías agrícolas[253], debe afirmar la Sala
que estos preceptos del TLC, materializan la libertad comercial en la Zona de
Libre Comercio y comprometen a las partes a asegurar una apertura de los
mercados de forma efectiva. En otras oportunidades esta Corporación ha
considerado este tipo de cláusulas, como “instrumentos idóneos para (…)
conformar un espacio económico en el cual los bienes y servicios de ambas
Partes puedan circular libremente”[254].
5-. En cuanto a la Sección de Agricultura de este
Capítulo, el artículo 3.15., consagra la eliminación de los subsidios a
la exportación de los productos agropecuarios. Tal compromiso convencional,
resulta ser para la Sala plenamente constitucional, ya que propende por un
comercio internacional más equitativo y libre de distorsiones económicas entre
las naciones desarrolladas y los países en vía de desarrollo, a la vez que responde
a compromisos multilaterales previos y ya asumidos por estos estados en el
marco de la Organización Mundial de Comercio. De hecho, en la sentencia C-178
de 1995[255],
al revisar la constitucionalidad del Tratado de Libre Comercio entre los
gobiernos de Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República
de Venezuela, la Corte se refirió a este tema en los siguientes términos:
“De otro lado, en este Tratado se acuerda como objetivo de las
Partes, el logro de la eliminación multilateral de subsidios a la exportación
de bienes del sector agropecuario, no obstante que se
reconoce la existencia de medidas de apoyo interno a este sector, empero,
también se reconoce que estas medidas pueden distorsionar el comercio y afectar
la producción; por ello, bajo este entendimiento, en el Tratado se advierte que
el apoyo a los productores agropecuarios debe hacerse evitando que se generen efectos
de distorsión del comercio y la producción, o que estos sean mínimos, y que las
disposiciones internas de modificación a dichas medidas se adelanten dentro del
marco de regulaciones del GATT, hoy OMC”.
6-. Finalmente, el Capítulo
3, establece la creación de un Comité de Comercio Agrícola (Art.
3.17) y del Comité de Comercio de Mercancías (Art. 3.18),
espacios institucionales de aplicación del Tratado, que no son ajenos a la
Carta, en la medida en que garantizan la cooperación entre los Estados Parte,
aseguran la correcta aplicación del TLC en estas dos áreas del comercio de
mercancías y sirven además como un escenario para resolver diferencias de
interpretación y ejecución del Acuerdo. La creación de comités de esta
naturaleza ha sido declarada exequible por la Corte en otras oportunidades,
como ocurrió en la sentencia C-864 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil)
referente al Acuerdo de Complementación Económica CAN-MERCOSUR, en la que se mencionó que:
“Una lectura sistemática de las citadas normas permite concluir, que
se trata de un conjunto de disposiciones cuyo fin es consolidar la existencia
de una instancia de coordinación internacional, para vigilar y supervisar la
aplicación del presente Acuerdo sin que en ello sea posible encontrar contradicción
alguna con la Constitución. En estos mismos términos, se pronunció esta
Corporación en sentencia C-228 de 1999, al declarar la exequibilidad de la
Comisión de seguimiento del Acuerdo”.[256]
De esta manera, los compromisos adquiridos por los
Estados Parte en el Capítulo 3 y sus respectivos Anexos, no merecen reproche
constitucional alguno, en los términos mencionados.
5.6.5. Capítulo 4. Reglas de
Origen.
5.6.5.1. Contenido.
El Capitulo 4 del
Tratado, establece las llamadas Reglas de Origen, que son normas
convencionales que pretenden consagrar criterios de calificación, para
garantizar que sólo las mercancías originarias, esto es, los bienes producidos,
transformados y procesados en los países que suscribieron el TLC, se beneficien
del tratamiento arancelario preferencial. La normativa establece los
requerimientos que deben cumplir los bienes totalmente obtenidos o producidos
en un territorio, así como la posibilidad de elaborar bienes con materiales
originarios de los países signatarios.
En cuanto a las Reglas de
Origen pactadas por los distintos países miembros, junto con sus descripciones
por producto, los Anexos 4.17 y 4.3 especifican tales listados[257].
Por último, el contenido del capítulo se
cierra, con la creación de un Comité de Origen, cuya función es la de estudiar
los asuntos relacionados con la interpretación y aplicación de los capítulos
relacionados con tales reglas.
5.6.5.2. Consideraciones.
1-. Las Reglas de Origen,
son el conjunto de normas incluidas en los acuerdos comerciales, que pretenden
fijar pautas para determinar si una mercancía, una materia prima o un producto
elaborado, pueden ser considerados como oriundos de un Estado Parte, a fin de
que los bienes involucrados puedan gozar de los beneficios de la liberación
arancelaria pactada. Se
pretende evitar con tales disposiciones, que se concedan ventajas comerciales,
aduaneras o de otro tipo a productos que provienen de terceros países[258], a fin de
que no se configure el fenómeno denominado triangulación.
2-. La Corte Constitucional, en
la sentencia C-864 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), se pronunció sobre el
régimen de origen establecido en los tratados internacionales, afirmando que
tales reglas, promueven la efectividad del principio de igualdad (art. 13 C.P)
y el desarrollo de la actividad económica (art. 333 y 334 C.P.), ya que
permiten un mayor control de las actividades comerciales e incluso aseguran a
los consumidores, mayor certeza sobre la procedencia y calidad de los
productos. La sentencia C-750 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) dijo a
su vez sobre tales reglas que:
“Esta
Corporación ha justificado constitucionalmente las reglas de origen de las
mercancías como un desarrollo del principio de reciprocidad en materia de
integración económica y comercial, y como una manera de proteger las mercancías
originarias de los países miembros, mediante reglas y procedimientos claros
para su plena identificación”.
Por estas razones, y reafirmando las
consideraciones ya sentadas por la Corte en lo concerniente a la
constitucionalidad de las Reglas de Origen, declarará la Sala la exequibilidad
del presente Capítulo, junto con sus Anexos, por encontrarlos ajustados a las
disposiciones constitucionales
5.6.6. Capítulo 5.
Procedimientos aduaneros relacionados con el origen de las mercancías.
5.6.6.1. Contenido.
El Capítulo 5 se ocupa de la regulación de los
procedimientos de aduanas vinculados con el origen de las mercancías. Se
establecen al respecto mecanismos de certificación de
origen y de verificación del origen de los productos[259],
mediante los cuales se permiten revisar aquellas importaciones en las que
existan dudas sobre el cumplimiento de las normas de origen consagradas en el
Tratado. El capítulo además, establece procedimientos para asegurar el
debido proceso por infracciones a las leyes y reglamentos relacionados con este
tema (Art.5.7-21) y obligaciones en materia de confidencialidad. También se
garantiza el acceso a un mínimo de instancias administrativas y judiciales
independientes, para efectos de la revisión o impugnación sobre las decisiones
de determinación de origen y de los criterios anticipados (Art.5.9).
5.6.6.2. Consideraciones.
1-. Los procedimientos aduaneros
relacionados con el origen de las mercancías a los que alude este Capítulo, son
un conjunto de normas convencionales tendientes a asegurar que no se otorguen
preferencias arancelarias a bienes de países distintos a los signatarios,
conforme a lo señalado en las normas precedentes. Las disposiciones que se
revisan, consagran los mecanismos para que los importadores puedan solicitar el
tratamiento arancelario preferencial pactado, así como la expedición de un
certificado de origen que califique como tal una mercancía. También establece
las etapas del procedimiento de verificación de origen y los derechos de revisión
y apelación con respecto a las resoluciones de origen notificadas. Ello incluye
el acceso mínimo a una revisión administrativa y a la revisión judicial de las
decisiones administrativas que se tomen, conforme a la legislación interna de
cada parte.
2-. La Corte considera en consecuencia, que
estas normas contribuyen a operativizar el comercio internacional y el intercambio
masivo de mercancías entre los países firmantes, en condiciones de
transparencia, haciendo posible el acatamiento de las reglas de origen
de manera efectiva. Además, conceden garantías mínimas a los usuarios aduaneros
en lo que respecta a los procedimientos empleados por las autoridades para
expedir los certificados de origen y su verificación, al asegurar garantías de
imparcialidad, de aplicación de la legislación interna del Estado actuante; el
reconocimiento a los derechos de defensa y contradicción con la revisión y
apelación de los autos; el principio de doble instancia y el acceso al remedio
judicial efectivo. De esta manera, el Capítulo armoniza plenamente con el texto
constitucional respetando los postulados de los artículos 9, 29, 226 y 227
Superiores sobre integración económica efectiva, el principio de reciprocidad y
las garantías mínimas procesales.
3-. En cuanto a la obligación de confidencialidad de
las informaciones, la Corte concluye que esa exigencia no vulnera la
Constitución. De hecho en la sentencia C-750 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández) se recordó que, en la providencia C-235 de 2003[260], en la que se declaró
exequible la Ley 763 de 2002 aprobatoria del Protocolo de Modificación del
Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las
Direcciones Nacionales de Aduanas, la Corte afirmó que “el tratamiento de
confidencialidad de las informaciones obtenidas en virtud del Convenio que se
analiza, no vulnera la Constitución Política, sino por el contrario encuentra
lógico que la información obtenida en virtud de la asistencia mutua goce de
cierta confidencialidad y que presente unos límites para su disposición en
virtud de la figura de la reserva de las condiciones estipuladas por la
autoridad requerida, por cuanto esto permite un control del Estado Colombiano
sobre informaciones relativas al tráfico aduanero, que pueden afectar
seriamente la economía de los Estados, por una parte, y, por otra, porque la
información de los Estados Parte, en el presente Convenio puede versar sobre
personas y sitios vinculados al tráfico ilegal de sustancias psicotrópicas, que
requieren de un ámbito amplio de manejo de la información conforme al interés
público, claro está, sin perjuicio de los derechos fundamentales de las
personas”.
Tomando en consideración todas estas
precisiones concluye la Sala que no existen objeciones de constitucionalidad,
relacionadas con el Capítulo 5º del Tratado de Libre Comercio con el Triángulo
Norte Centroamericano.
5.6.7. Capítulo 6. Facilitación
del Comercio.
5.6.7.1. Contenido.
El Capítulo 6 del Convenio, consagra normas
relacionadas con el deber de las Partes de publicar la legislación aduanera
interna y su reglamentación, y de fijar procedimientos simplificados, así como
de utilizar tecnologías de información para agilizar los procedimientos
aduaneros. También establece parámetros normativos tendientes al intercambio, a
través de reglas de cooperación, de información sobre medidas aduaneras,
actividades ilícitas, asistencia técnica, etc. Se
destaca entre estos aspectos, la presentación electrónica de los formularios
aduaneros; los esfuerzos de cooperación para la prevención e investigación de
actividades ilícitas como el contrabando y el tratamiento de confidencialidad
de la información.
El capítulo establece a su vez la
obligación de los Estados Parte de contar con niveles de impugnación y
apelación de los actos administrativos y de consolidar un mecanismo en sede
judicial que permita además la revisión de la decisión administrativa.
Igualmente, contempla el deber de las Partes de implementar una legislación que
imponga sanciones civiles, administrativas y penales por violación de la
legislación aduanera. Consagra también un procedimiento para la solicitud y
emisión de resoluciones anticipadas respecto de inquietudes de los importadores
sobre productos a importar, y por último, crea el Comité de Facilitación del
Comercio, como instancia de interpretación y administración de las normas
anteriormente mencionadas.
5.6.7.2. Consideraciones.
1-. Las disposiciones
consagradas en este Capítulo, propenden por asegurar que la función
administrativa que desempeñen los Estados Parte en materia aduanera, se
desarrolle atendiendo los principios de igualdad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad a los que alude la Carta Política en el
artículo 209 Superior. El
fortalecimiento del comercio internacional y la consolidación del proceso de
integración con Países de América Latina, exige la facilitación de los
procedimientos comerciales en las etapas administrativas.
De esta forma, el establecimiento de
procedimientos aduaneros eficientes que permitan el ágil despacho de mercancías
en la zona de libre comercio, sin desmedro de las facultades de la autoridad
competente para ejercer el control de aduanas correspondiente, son objetivos
plenamente ajustados a la Carta, que a la par de facilitar el avance en la
integración económica descrita y la liberación comercial (Art. 9, 226 y 227
C.P.), fortalecen el ejercicio de la función pública (Art. 2 y 209 C.P.). En la
sentencia C-031 de 2009 (M.P. Humberto Sierra Porto) relativa al estudio
constitucional del Tratado de Libre Comercio con Chile, esta Corporación frente
a unas cláusulas convencionales muy similares, dispuso lo siguiente:
[E]l intercambio bilateral de bienes y servicios exige
la adopción de procedimientos aduaneros eficientes, la sistematización de las
aduanas, un óptimo manejo del riesgo, así como la adecuación de los
procedimientos administrativos internos a las exigencias del comercio mundial.
De igual manera, la adecuación del sistema colombiano aduanero a las exigencias
internacionales de eficiencia y eficacia se ajusta a los principios consagrados
en el artículo 209 Superior.
2-. Por otra parte, el postulado de
confidencialidad al que alude el capitulo, sostiene que si una de las Partes
suministra a la otra información indicándole su confidencialidad, la otra Parte
está en la obligación de mantener dicha reserva (Art. 6.6). Al respecto la Sala
concluye que la norma es también constitucional, no sólo por las razones ya
expresadas en esta providencia en el punto anterior, sino porque conforme con
lo señalado en la sentencia C-328 de 2000 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz) el deber de asegurar la cooperación internacional no
puede producir beneficios ilegítimos para unos de los Estados Parte, cuando
entrega información que afecte su soberanía y ha hecho explícito que ella tiene
ese carácter. Es razonable entonces que convencionalmente las Partes se
comprometan recíprocamente a salvaguardar la confidencialidad de tales
informaciones.
3-. En lo que respecta a la revisión y
apelación de los actos administrativos referentes a asuntos aduaneros (art.
6.8), la Corte acoge lo enunciado en la sentencia C-031 de 2009 (M.P. Humberto
Sierra Porto) en la que se expresó frente a unas disposiciones semejantes, que
tales normas “se ajustan a los postulados del artículo 29 Superior, en la
medida en que se le garantiza a los importadores la existencia de instancias
judiciales de “revisión judicial de los actos administrativos”. Así mismo, se
garantiza que las Partes mantendrán, en sus respectivos derechos internos, un
sistema que permita la imposición de sanciones civiles o administrativas, y
cuando corresponda, penales, en temas de valoración aduanera, disposiciones
éstas que se ajustan a los deberes estatales consagrados en el artículo 2º
constitucional”. Igualmente, en cuanto a las
normas sobre imposición de sanciones incluidas en el artículo 6.9 del Tratado,
se respeta plenamente la soberanía, al prevalecer la legislación de cada Parte,
tanto para la revisión y apelación, como para la sanción a imponer, de ser el
caso. De lo que se concluye que el capítulo descrito también se ajusta a la
Carta.
4- Por
último, en relación con la conformación de un “Comité de Facilitación del
Comercio” (Art. 6.11), encargado de proponerle a la Comisión del Tratado la
adopción de prácticas y lineamientos aduaneros que faciliten el intercambio
comercial entre las Partes[261], recuerda la Corte que
tal como se enunció en el capítulo anterior, la creación de tales órganos
internacionales constituye un medio para alcanzar los objetivos propuestos con
la creación de la zona de libre comercio.
De este modo, examinado el presente capítulo,
no encuentra la Corte reproche alguno sobre su constitucionalidad.
5.6.8. Capítulo 7. Medidas de
Salvaguardia.
5.6.8.1. Contenido.
El Capítulo 7 del Tratado de
Libre Comercio con el Triángulo Norte Centroamericano consagra medidas de
salvaguardia económica a favor de los Estados Parte, estableciendo reglas en la
materia sobre: (i) su duración y prórroga; (ii) el prerrequisito de una
investigación previa a la aplicación de una medida semejante; (iii) las medidas
provisionales de Salvaguardia, (iv) su notificación y consulta y (v) las
medidas de salvaguardia Global.
5.6.8.2. Consideraciones.
1-. Las medidas de salvaguardia
en el derecho económico han sido concebidas en general, como uno de los instrumentos
de defensa comercial propios de los escenarios de apertura económica y libre
comercio; consistentes en la restricción temporal de las importaciones de un
producto (salvaguardia), si las importaciones del mismo han aumentado en tal
cantidad, que causan o amenazan con causar un daño a una rama de la producción
nacional.
En el caso del TLC con los
países del Triángulo Norte, se plantea la situación de la amenaza previamente
descrita, sobre la base de que la reducción o la eliminación del arancel
aduanero pactado, sea la causa en el aumento de las importaciones, que genera
el daño. En ese sentido, para remediar o prevenir ese resultado, los países
Parte, podrán suspender la reducción futura de cualquier tasa arancelaria o
incrementar su arancel nacional hasta la tasa arancelaria NMF (Nación Más
Favorecida) aplicada en el momento en que se imponga la medida. De acuerdo con
el Convenio, sin embargo, una medida de ésta índole no puede ser mantenida por
más de tres años, salvo una prórroga extra de un año adicional.
2-. En la reciente sentencia C-031 de 2009
(M.P. Humberto Sierra Porto), esta Corporación sostuvo con respecto a la razón
de ser de este tipo de premisas convencionales, que “la cláusula de salvaguardia o “escape clause”
tiene como fundamento el clásico principio “rebus sic stantibus”,
soporte de la teoría de la imprevisión, según la cual, bajo determinadas
circunstancias excepcionales, un Estado puede incumplir algunas obligaciones
asumidas en el texto del instrumento internacional. La finalidad de las
cláusulas de salvaguardia es evitar que los Estados violen el tratado internacional
ante el advenimiento de hechos o circunstancias que tornen imposible su
cumplimiento”.
3-. Ahora bien, en la
providencia C-750 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), esta Corporación
recordó que las medidas de salvaguarda han sido incluidas también en el marco
de la OMC, así:
“El
artículo 1 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, establece normas para la
aplicación de medidas de salvaguardia, entendiendo por éstas las previstas en
el artículo XIX del GATT de 1994, que alude a las medidas de urgencia sobre la
importación de productos determinados. A renglón seguido, el artículo 2 señala
que: “1. Un Miembro sólo podrá aplicar una medida de salvaguardia a un
producto, si dicho Miembro ha determinado, con arreglo a las disposiciones
enunciadas infra, que las importaciones de ese producto en su territorio han
aumentado en tal cantidad, en términos absolutos o en relación con la
producción nacional, y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan
causar un daño grave a la rama de la producción nacional que produce productos
similares o directamente competidores. 2. Las medidas de salvaguardia se
aplicarán al producto importado independientemente de la fuente de donde
proceda”[262].
4. Jurisprudencialmente, la Corte
Constitucional ha considerado ajustadas a la Carta este tipo de cláusulas en la
medida en que ofrecen una respuesta oportuna a circunstancias económicas
inminentes y urgentes que pueden comprometer la prosperidad de un sector de la
economía, la libre iniciativa privada, la seguridad alimentaria, etc. Lo que
justifica, que sean disposiciones preservadas en los tratados comerciales, para
asegurar una adecuada intervención del Estado en momentos de necesidad y para garantízar
la efectiva consecución de esos fines. En ese sentido, en la sentencia C-864 de 2006,
esta Corporación afirmó que las medidas de salvaguardia y compensatorias
encuentran pleno respaldo constitucional, porque:
“Para
esta Corporación, el reconocimiento de los citados instrumentos que rigen el
comercio exterior, resultan compatibles con el mandato imperativo
constitucional de brindar una especial protección a la producción de alimentos
y a la industria alimenticia (C.P. art. 65), en la medida en que permite reestablecer
los desequilibrios que se llegasen a producir por la aplicación del programa de
liberación comercial, fijando condiciones especiales para la defensa de bienes
sensibles de la economía nacional, con el propósito de fortalecer el sector
productivo y prepararlo para la integración económica, en condiciones plenas de
competitividad[263].
Ahora bien, esto no significa que la ausencia de tales medidas afecte
necesariamente la constitucionalidad de un tratado económico de integración, ya
que, eventualmente, las mismas se pueden imponer como consecuencia de la
regulación que por vía de ley marco, en los artículos 150-19 y 189-25 del Texto
Superior[264]”.
En consecuencia, se concluye que la inclusión de
medidas de salvaguardia en el Tratado de Libre Comercio objeto de estudio, se
encuentra ajustada debidamente a la Carta, teniendo en cuenta que responde a la
finalidad proteger a los productores nacionales ante situaciones de grave
amenaza o riesgo para su supervivencia, originadas por la aplicación del
Programa de Desgravación Arancelaria.
5.6.9. Capítulo 8. Medidas
Antidumping y compensatorias.
5.6.9.1. Contenido.
Dice el Capítulo 8 del TLC
celebrado entre Colombia y los Países del Triángulo Norte, que la Partes
conservarán los derechos y obligaciones en estas materias, de conformidad con
el Acuerdo de la OMC sobre los derechos antidumping y medidas compensatorias.
5.6.9.2. Consideraciones.
1-. Las medidas antidumping y
compensatorias, son otro de los mecanismos de defensa comercial previstos en la
OMC, que pueden adoptarse, tras comprobar la existencia de prácticas desleales
de comercio. El artículo 8.1.,
en ese sentido determina que los compromisos adquiridos en el presente Tratado
por los países firmantes, son los mismos derechos y obligaciones de la OMC en
el tema.
La sentencia C-750 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas),
recuerda que el “artículo VI del GATT de 1994, define implícitamente el dumping,
como la introducción de los productos de un país en el mercado de otro, a
un precio inferior a su valor normal; lo que resulta censurable cuando causa o
amenaza causar, un daño importante a una rama de producción de una Parte, o demora
significativamente la creación de una rama de producción nacional. Los derechos
compensatorios [por su parte] son aquellos percibidos para equilibrar
cualquier prima o subvención concedida directa o indirectamente a la
fabricación, producción o exportación de un producto”. Estos últimos, son
vistos como derechos adicionales establecidos por el país importador para
compensar subsidios gubernamentales del país exportador. Para el caso del dumping,
los Estados Parte, pueden contrarrestar los efectos negativos de la práctica
indebida, adoptando medidas que generalmente consisten en cargas pecuniarias
impuestas a las mercancías importadas[265].
2-. La Corte Constitucional ha señalado en
múltiples ocasiones que este tipo de medidas son compatibles con la Carta,
porque brindan “una especial protección a la producción de
alimentos y a la industria alimenticia (C.P. art. 65), en la medida en que
permiten reestablecer los desequilibrios que se llegasen a producir por la
aplicación del programa de liberación comercial, fijando condiciones especiales
para la defensa de bienes sensibles de la economía nacional” [266], y por ello mismo, significan el despliegue de “los deberes de protección
consagrados en el artículo 2 Superior, por cuanto constituyen instrumentos de
defensa comercial legítimos, encaminados a proteger a los productores
nacionales frente a prácticas, o bien desleales del comercio internacional, o
que distorsionan las reglas de libre competencia” [267].
Además, son medidas avaladas en la órbita
de la OMC. Al respecto, es importante recordar que el Tratado de Constitución
de esa organización internacional fue declarado exequible por la Corte en
Sentencia C-137 de 1995[268]; y el Acuerdo General
sobre Aranceles y Comercio (GATT), también relevante en el tema, ha sido
convalidado como mecanismo internacional para facilitar y fomentar el
intercambio de mercaderías en la sentencia C-719 de 1999[269].
Estos elementos contribuyen a reafirmar la constitucionalidad de la normativa
enunciada[270].
Por las razones anteriores, y en atención
al deber de internacionalización de la economía sobre bases de equidad y
reciprocidad este tipo de medidas resultan constitucionales por contribuir a
salvaguardar los fines esenciales del Estado y favorecer tales propósitos (arts.
2, 9, 226 y 227 C.P).
5.6.10. Capítulos 9. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
5.6.10.1. Contenido.
El Capítulo 9 sobre
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), dentro del marco de obstáculos técnicos
al comercio, plantea la adopción de acciones encaminadas a la adecuada
implementación de los Acuerdos de la OMC (MSF) en estos temas, como parte de
los compromisos suscritos por los Estados en el Tratado de Libre Comercio entre
Colombia y los países del Triángulo Norte Centroamericano. Los Acuerdos
sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que forman parte
de la OMC, sobre los que las partes confirman sus derechos y obligaciones, son
los Acuerdos MSF a los que se hace referencia. Las controversias que
surjan con respecto a la aplicación del Capítulo, se resolverán a través de las
disposiciones previstas en el Mecanismo General de Solución de Controversias
del Tratado. Las partes podrán utilizar a su vez, el Entendimiento de Solución
de Controversias de la OMC para aquellas disposiciones que estén consagradas en
el Acuerdo MSF de la OMC (Art. 9.2-5).
El objetivo de este Capítulo,
es velar porque los vegetales, animales y productos o subproductos involucrados
en el comercio recíproco entre las Partes, se encuentren sujetos a un
seguimiento sanitario y fitosanitario que asegure el cumplimiento de este tipo
de medidas establecidas por la Parte importadora (Art. 9.3) y la seguridad de
los consumidores. Lo anterior significa el establecimiento por las Partes de
procedimientos de control, inspección, aprobación y certificación de mercancías
y bienes; la potestad de las Partes de celebrar acuerdos de equivalencia en
materia sanitaria y fitosanitaria; la adopción de medidas sanitarias fundadas,
en casos de evaluación de riesgo, así como la creación de un Comité de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias. Los Anexos del Capítulo se refieren a elementos
del procedimiento de control, inspección y aprobación de las medidas, en donde
Colombia y Guatemala fijan unos plazos concretos para el efecto y las reglas de
configuración del Comité de medidas sanitarias.
5.6.10.2. Consideraciones.
1-.El Capítulo descrito, busca consolidar
mediante normas transparentes y recíprocas, reglas entre las Partes que aseguren
la inocuidad de los alimentos, la protección de la salud de las personas y de
los animales, y la preservación de los vegetales, en la zona de libre comercio
establecida por los países firmantes. Para el efecto, los Estados Parte
confirman en el artículo 9.2. del Tratado, sus derechos y obligaciones signadas
conforme al Acuerdo de la OMC en materia de la Aplicación de Medidas
Sanitarias y a su vez manifiestan que se regirán en el tema, por las
cláusulas convencionales previstas en ese instrumento internacional. Lo
anterior significa que ambos marcos jurídicos son eje de las
atribuciones y responsabilidades de los firmantes, en el acuerdo suscrito por
ellos.
El numeral 1 del Anexo A del Acuerdo de la
OMC, por su parte, define como medidas sanitarias o fitosanitarias, las
siguientes:
“Anexo A: Definiciones.
1. Medida
sanitaria o fitosanitaria - Toda medida aplicada:
a)
para proteger la salud y la vida de los animales o para preservar los vegetales
en el territorio del Miembro de los riesgos resultantes de la entrada,
radicación o propagación de plagas, enfermedades y organismos patógenos o
portadores de enfermedades;
b)   para
proteger la vida y la salud de las personas y de los animales en el territorio
del Miembro de los riesgos resultantes de la presencia de aditivos,
contaminantes, toxinas u organismos patógenos en los productos alimenticios,
las bebidas o los piensos;
c)   para
proteger la vida y la salud de las personas en el territorio del Miembro de los
riesgos resultantes de enfermedades propagadas por animales, vegetales o
productos de ellos derivados, o de la entrada, radicación o propagación de
plagas; o
d)   para
prevenir o limitar otros perjuicios en el territorio del Miembro resultantes de
la entrada, radicación o propagación de plagas.
Las
medidas sanitarias o fitosanitarias comprenden todas las leyes, decretos,
reglamentos, prescripciones y procedimientos pertinentes, con inclusión, entre
otras cosas, de: criterios relativos al producto final; procesos y métodos de
producción; procedimientos de prueba, inspección, certificación y aprobación; regímenes
de cuarentena, incluidas las prescripciones pertinentes asociadas al transporte
de animales o vegetales, o a los materiales necesarios para su subsistencia en
el curso de tal transporte; disposiciones relativas a los métodos estadísticos,
procedimientos de muestreo y métodos de evaluación del riesgo pertinentes; y
prescripciones en materia de embalaje y etiquetado directamente relacionadas
con la inocuidad de los alimentos”[271].
Al respecto se recuerda que las normas de la MSF de la OMC, establecen
las reglas básicas en materia de medidas Fitosanitarias, pero autorizan a los
países a establecer sus propias disposiciones en la materia, como de hecho lo
plantea el TLC con el Triángulo Norte Centroamericano, en relación a las
equivalencias futuras, la armonización de medidas y la Cooperación que propone
el Tratado[272].
Tales medidas, con todo, pueden ser
invocadas con fundamento en los objetivos previamente enunciados, pero no
pueden eregirse como un medio de discriminación arbitrario o injustificable
entre los Estados, que termine siendo una restricción encubierta del comercio
internacional (Art. 9.6-4). En efecto, el Capítulo 9
sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, propende por el adecuado equilibrio
entre el acceso efectivo al mercado y la necesidad y el deber que tienen las
autoridades de velar por los derechos de los asociados y del medio ambiente
(Art. 9.2-3). Este deber le permite a los Estados Parte adoptar medidas de
control sobre los productos objeto de intercambio económico, para verificar que
entren libres de enfermedades y plagas. Tales medidas, a fin de asegurar la
transparencia en su aplicación, se rigen por las normas indicadas, desde la
perspectiva comercial.
2- Para esta Corporación, en
consecuencia, este tipo de medidas se encuentra acorde con la Carta, al garantizar las condiciones mínimas de
higiene y salubridad de los productos objeto de intercambio comercial entre los Estados Parte y ajustarse, por ese hecho, a los
artículos 49[273], 65[274],
78[275] y 79[276] de la Carta.
En la sentencia C-864 de 2006, que revisó
la constitucionalidad de la ley aprobatoria del Acuerdo de Complementación
Económica suscrito entre los Estados parte del MERCOSUR y los países miembros
de la Comunidad Andina, se manifestó además, que este tipo de disposiciones “resulta[ban]
idóneas para proteger los derechos de los consumidores y del medio ambiente
(C.P. arts. 78 y 79), al requerir de una calidad mínima para poder ingresar al
Estado importador”.
En la sentencia C-031 de 2009 (M.P. Humberto Sierra
Porto), se dijo también “que la preservación y perfeccionamiento de
controles administrativos sanitarios y fitosanitarios se ajustaba a la Carta
Política, en la medida en que se trata de mecanismos encaminados a proteger
derechos fundamentales y bienes jurídicos tutelados, en los términos del
artículo 2º Superior”.
Por las razones anteriores, considera la Sala que no
existe objeción a la constitucionalidad del capítulo en mención y a sus anexos.
Por el contrario, son normas que propenden por proteger bienes jurídicos
importantes como la salud, la vida y la seguridad de las personas, en el marco
de las relaciones recíprocas de libre comercio establecidas entre las partes,
asegurando para los Estados la potestad de tomar determinaciones soberanas pero
respetuosas del intercambio comercial en estas materias (Art. 2, 9,49, 78, 79 y
333 C.P.) Incluso el TLC permite la creación del
Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias como instancia de consulta,
cooperación y foro de solución de problemas prácticos, lo que responde a las
necesidades y exigencias de cooperación en el comercio internacional (Art. 9).
5.6.11. Capítulo 10. Obstáculos
Técnicos al Comercio.
5.6.11.1. Contenido.
El Capítulo 10 del Tratado,
tiene el objetivo de incrementar y facilitar el comercio de mercancías a través
de una adecuada implementación del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio (OTC) de la OMC, cuyo propósito es lograr que las medidas de
normalización y exigencias técnicas de calidad de los productos, no constituyan
obstáculos innecesarios al intercambio recíproco de bienes y servicios.
Así las cosas, el capítulo
consagra normas sobre derechos y obligaciones de las Partes en la materia;
reglas de compatibilidad y equivalencia entre ellas; el uso de normas técnicas
internacionales; la existencia de una posibilidad futura de Reglamentos
Técnicos concertados; el procedimiento de aprobación y autorización de
conformidad para el acceso de mercancías por razones de calidad; cláusulas
sobre cooperación y la creación de un Comité de Obstáculos Técnicos al
Comercio.
5.6.11.2. Consideraciones.
1-. Esta Corporación recordó en la
sentencia C-031 de 2009 (M.P. Humberto Sierra Porto),
que el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, señala que
los procedimientos utilizados para decidir sobre la conformidad de un producto
con las normas pertinentes de calidad y metrología, tienen que ser justos y
equitativos, ya que uno de sus objetivos, es el de evitar que mediante la utilización
de métodos técnicos, se introduzcan ventajas injustas en contra del producto
importado y a favor del producto nacional.
Es por esto que las disposiciones del
Capítulo promueven medidas de facilitación del comercio sin reducir
paralelamente la necesidad de asegurar niveles de seguridad en los productos, lo
que contribuye a la protección de la vida, la salud el ambiente y los derechos
de los consumidores (Art. 10.7). Este capítulo fomenta entonces el reconocimiento
mutuo entre los países Parte, de los procedimientos de evaluación de la
conformidad (Art. 10.9).
Así las cosas, encuentra la Corte que el
capítulo 10, junto con sus anexos respectivos, resulta constitucional, en la
medida en que aunado a la pretensión de facilitar a las Partes el acceso a los
respectivos mercados nacionales mediante la reducción o eliminación de las
barreras en el comercio recíproco, propugna por el establecimiento de reglas de
calidad, que sin duda fortalecen la integración latinoamericana y garantizan la
seguridad y calidad de los productos, protegiendo la salud, la vida y en
general los derechos de los consumidores latinoamericanos atendiendo lo
previsto en los artículos 2, 9, 49, 78 y 333 superiores.
5.6.12. Capítulo 11.
Contratación Pública.
5.6.12.1. Contenido.
El Capítulo 11 del TLC objeto
de revisión, tiene como propósito promover la participación de los proveedores,
productos y servicios colombianos en las contrataciones públicas de los países del
Triángulo Norte, y viceversa. Para el efecto, contiene reglas de acceso a los
procesos correspondientes, cuando las entidades públicas autorizadas por cada
uno de los países miembros, presenten ofertas o publiquen invitaciones abiertas
para la contratación. El Anexo 11.1., Sección A., incluye las entidades
públicas que en cada país están avaladas para hacer efectivo este Capítulo, que
difieren entre un país y otro según su régimen interno[277].
Las disposiciones del capítulo
conceden entonces en los procesos de contratación pública en los que aplica el
Tratado: (a) un trato no menos favorable que al de los nacionales y sin
discriminación (Art. 11.2)[278], frente a
las mercancías, servicios y proveedores de los países miembro. (b) Impiden que
se creen reglas tendientes a evadir los compromisos propuestos en este capítulo
en los procesos de contratación; (c) prohíben en las contrataciones cubiertas
imponer condiciones compensatorias y (d) permiten a los Estados Parte modificar
sus leyes, reglamentos y prácticas contractuales libremente.
Además, se consagran contrataciones
exceptuadas ya sea de forma particular o general[279],
y se establece una cláusula
denominada de excepciones generales que reconoce que siempre que no
constituya un medio de discriminación arbitrario o una restricción encubierta, los
Estados Parte podrán adoptar o mantener medidas que puedan exceptuar el
cumplimiento de las obligaciones del capítulo si ellas son: “(a) necesarias
para proteger la moral, la seguridad o el orden públicos; (b) necesarias para
proteger la salud o la vida humana, animal y vegetal; lo que incluye a las
medidas medioambientales necesarias para proteger la salud y la vida humana,
animal y vegetal. (c) Medidas necesarias para proteger la propiedad
intelectual; o (d) relacionadas con mercancías o servicios de personas
discapacitadas, de instituciones filantrópicas o del trabajo penitenciario”.
Por último en el Anexo 11.1.
Sección B, se incluyen las modalidades o regímenes de contratación que de
conformidad con la legislación nacional de cada Estado Parte cumplen con este
capítulo. Para el caso de Colombia las modalidades de contratación cubiertas
por el capítulo son, la licitación pública y la contratación directa de menor
cuantía[280].
5.6.12. 2. Consideraciones.
1-. El Capítulo 11 del TLC con
el Triángulo Norte Centroamericano, consagra cláusulas convencionales
tendientes a asegurar el principio del Trato nacional y no discriminación
en procesos de contratación pública, para los productos y servicios ofrecidos
por los inversionistas y proveedores de los distintos países Parte, atendiendo
las restricciones arriba planteadas.
Se destaca para el efecto, el
respeto de la soberanía nacional (Art.1º, 2º y 9 C.P), tanto en la determinación
de las exclusiones pactadas por las Partes, como en lo relacionado con la
legislación aplicable a los procesos de contratación pública cubiertos por
ellas, ya que se reconoce que es el derecho interno el que debe seguirse, sin
que las cláusulas convencionales impidan restricción alguna -por demás
imposible-, a la acción modificatoria del Legislador.
En el mismo sentido, el
artículo 11.3 del Capítulo, imposibilita que sus cláusulas convencionales
puedan ser concebidas como una limitación al deber del Estado de proteger la
seguridad, el orden público y la moralidad (Art. 2º, 189-4, 209 -2); la salud,
la vida, el medio ambiente (Art. 49, 11 y 79 C.P); la propiedad intelectual
(Art. 61) y los derechos de las personas discapacitadas (Art. 13 C.P). Lo que
significa una protección preferente de estos principios y derechos frente a las
reglas convencionales en materia de contratación pública, que se ajusta a las
exigencias constitucionales de los artículos 1º y 2º de la Carta, en cuanto al
cumplimiento efectivo de los fines del Estado cuando ello es necesario.
2-. Ahora bien, en cuanto a las razones de
estas disposiciones convencionales en la esfera del libre comercio, la
sentencia C-031 de 2000 (M.P. Humberto Sierra Porto) explicó que en el derecho internacional
económico, se ha examinado cómo la contratación estatal puede generar
obstáculos no arancelarios cuando termina por discriminar a los productores y
oferentes extranjeros, en relación con los proveedores nacionales. Al respecto
señaló la Sala lo siguiente:
“Sin
lugar a dudas, en el comercio internacional, los Estados se han convertido en
los principales demandantes de bienes y servicios, motivo por el cual, es usual
que conserven ciertas medidas normativas y prácticas administrativas encaminadas
a privilegiar a sus nacionales al momento de llevar a cabo procesos de
contratación. De allí que en el “Entendimiento relativo a la interpretación del
artículo XVII del GATT de 1994” se defina a las empresas comerciales del Estado
como “Las empresas gubernamentales y no gubernamentales, incluidas las
entidades de comercialización, a las que se han concedido derechos o
privilegios exclusivos o especiales, con inclusión de facultades legales o
constitucionales, en el ejercicio de los cuales influyan por medio de
sus compras o ventas sobre el nivel o la dirección de las importaciones o las
exportaciones”. (…) Según las disposiciones de la OMC, la existencia de los
monopolios no genera obstáculos al comercio internacional, a menos que den
preferencia a la comercialización de mercancías nacionales.”
De esta forma entiende la Sala, que las
reglas presentadas en este capítulo contribuyen a la apertura efectiva de los
mercados y la integración real de las economías. Ello es consonante como ya se
ha señalado con las previsiones constitucionales de los artículos 9, 226 y 227
superiores.
3-. Observadas entonces las normas en materia de
contratación pública y sus exclusiones, encuentra la Corte que el capítulo se
ajusta a la Carta, ya que desarrolla los principios que animan a la función
pública que están al servicio de los intereses generales, como son la igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad[281].
Además, reconoce como derecho aplicable en materia de contratación pública el
derecho interno de los Estados - Ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias-,
y asegura excepciones respetuosas de la soberanía nacional y autodeterminación
de los pueblos a la par que promueve la integración comercial en áreas antes no
exploradas entre las Partes (Arts. 9, 226 y 227 de la Constitución). Por lo
tanto se declarará exequible el Capítulo 11, junto con su respectivo Anexo, por
las razones previamente enunciadas.
5.6.13. Capítulo 12. Inversión,
Servicios y Asuntos Relacionados
5.6.13. 1. Contenido.
El Capítulo 12 del TLC, en su
Sección A, consagra medidas relacionadas con la protección a las inversiones y
a los inversionistas de los países miembros, que se traducen en garantizar para
ellos un Tratamiento Justo y Equitativo y la seguridad en el
territorio a las inversiones amparadas por el Acuerdo[282].
A su vez, establece para ellos
el Trato Nacional a sus inversiones y el Trato de la Nación más
Favorecida, - salvo en lo que tiene que ver con los mecanismos de solución
de controversias-, así como el derecho a la libre transferencia de
dinero. En este último caso, se autoriza la adopción de medidas relacionadas
con las entradas de capital de créditos externos, siempre que tales medidas no
sean discriminatorias ni ajenas a la buena fe, por razones que afecten el
equilibrio macroeconómico. A su vez se puede impedir
la realización de una transferencia por medio de la aplicación equitativa, no
discriminatoria y de buena fe de la legislación interna relacionada con:
(a) quiebra, protección de acreedores, insolvencia, etc.; (b) infracciones
penales; (c) cuando sea necesario por regulación financiera o cambiaria y (d)
en cumplimiento de procedimientos judiciales o de obligaciones laborales o
tributarias.
Este capítulo también establece
reglas relacionadas con la expropiación, prohibiéndola, salvo por
razones de “utilidad pública o interés social” para el caso de Colombia, y
acompañadas de una indemnización pronta, adecuada y efectiva. También reconoce
la potestad del Estado de establecer monopolios o reservarse actividades
estratégicas por razones de orden constitucional, concediendo al inversionista
afectado, indemnización. En cuanto a las expropiaciones indirectas las
Partes consagran lo que entienden por esa figura y expresamente excluyen de ese
concepto, las medidas no discriminatorias, diseñadas y aplicadas con fundamento
en razones de orden constitucional o que tengan como objetivo la salud pública,
la seguridad y la protección del medio ambiente, salvo que no sean aplicadas en
desconocimiento de la buena fe. Como recursos contra las medidas
expropiatorias, se alude a las autoridades judiciales de la Parte que las
adoptó, sin perjuicio de los recursos administrativos procedentes según la
legislación de cada Parte. En cuanto a la prohibición de requisitos de
desempeño a los inversionistas, se destaca que ello no impide la aplicación
no arbitraria o injustificada, de medidas necesarias para el cumplimiento de
las leyes o para proteger la vida o la salud o el medio ambiente, por parte del
Estado firmante. De hecho, en el artículo 12.16 se asegura que en materia de
inversiones, las normas no pueden ser interpretadas como excepción a la
aplicación de la legislación ambiental.
A su vez, el artículo 12.10
impide exigir a inversionistas la designación de personas de una nacionalidad
en particular para cargos de alta dirección, aunque permite requerir que la
mayoría de los miembros de una junta directiva o de órganos de administración
de una empresa, de una Parte sea de una nacionalidad particular siempre que
ello no menoscabe significativamente la capacidad del inversionista para ejercer
el control sobre su inversión. Con todo, el criterio de nacionalidad, los requisitos
de desempeño y los conceptos de trato nacional y Nación más favorecida, no se
aplican en el caso de las Medidas Disconformes previstas en el artículo 12.12.
Asimismo, se autoriza en el
caso de la compensación por pérdidas a los inversionistas por razones de
guerra, conflicto armado o disturbios civiles en el Estado Parte, un
tratamiento no menos favorable que al de sus propios inversionistas.
La Sección B del Capítulo,
establece las reglas relacionadas con la solución de controversias entre
inversionistas y el Estado. Allí se plasma la necesidad de agotamiento previo
de la vía gubernativa, el establecimiento de consultas, negociación y
arbitraje. El sometimiento de las controversias ante un tribunal de arbitraje,
a elección del inversionista, que puede hacerse bajo las reglas de CNUDMI,
CIADI u otro tribunal acordado por las partes. Para el efecto se establece una
regla de caducidad para el inversionista de tres (3) años desde que tuvo
conocimiento de la infracción del convenio. Asimismo, se establecen las reglas
del procedimiento arbitral pactado, teniéndose como derecho aplicable lo
acordado en el Convenio, el derecho internacional y los principios del Estado
en cuyo territorio se realizó la inversión. Los laudos se aplicarán conforme al
derecho interno de la Parte en donde se realizó la inversión.
Finalmente, el Capítulo no aplica a controversias que hubieren surgido con
anterioridad a la vigencia del Tratado, ni obliga a los Estados parte a
proteger inversiones realizadas con capitales de origen ilícito; ni impide que
los Estados adopten medidas destinadas a preservar el orden público, el
mantenimiento o restauración de la paz, o la protección de sus propios
intereses esenciales de seguridad.
5.6.13. 2. Consideraciones.
1-. El Capítulo 12 del Tratado
de Libre Comercio objeto de estudio, establece un marco jurídico estable para
el manejo de las inversiones entre Colombia y los demás países del Triángulo Norte,
que responde a los principios de no discriminación, equidad, buena fe y reciprocidad (9, 13, 226 y 227 C.P)
entre los Estados. Incluso reconoce medidas de orden público y de seguridad
internacional, al señalar que el marco normativo al que se alude no protege
inversiones realizadas con capitales o activos de origen ilícito (Art. 12.2-4).
2- El artículo 12.4., del
Convenio, asegura un tratamiento justo y equitativo y una protección y seguridad
plena a las inversiones, conforme al derecho internacional consuetudinario. Según
la sentencia C-358 de 1996, los principios de trato justo y
equitativo y de protección y seguridad plenas de acuerdo con la
doctrina, “se determinan en cada caso concreto, de conformidad con las
reglas contenidas en los respectivos tratados, [y] no respecto de una regla de
justicia de carácter abstracto”. Es por ello que en esa misma providencia, la
norma que consagraba tales principios se declaró constitucional, por ser respetuosa
de los artículos 1, 2 y 95-1 de la Carta, al reconocer los principios del
derecho internacional (Art. 9º superior) y ofrecer a la inversión extranjera,
un trato razonable y proporcional. A similar conclusión llegaron las sentencias
C-750 de 2008 y C-031 de 2009 frente a disposiciones convencionales parecidas
en Tratados de Libre Comercio también celebrados por Colombia.
En el caso del Capítulo 12 objeto de
revisión, el alcance de los términos del Tratado al que se alude, está dado por
el numeral 2 del artículo 12.4 que expresa claramente hacia la inversión
extranjera un tratamiento razonable y proporcional (Vgr. nivel mínimo de trato
conforme al derecho internacional, acceso a la justicia y protección policial).
De este modo, no encuentra la Sala ningún reproche de constitucionalidad contra
la mencionada norma.
3-. Ahora bien, los principios de Trato
Nacional y de Trato de Nación Mas Favorecida en materia de
inversiones, están encaminados a asegurar que los inversionistas originarios de
los Estado Partes no sean discriminados y puedan actuar en el mercado
propuesto, en las mismas condiciones que lo hacen los inversionistas locales[283].
Con todo, debe recordar la Sala, que tales expresiones reflejan conceptos
distintos. Según la sentencia C-750 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández):
“[El] principio de trato nacional “exige que una vez hayan entrado los
productos y servicios a un mercado, deban recibir un trato no menos favorable
que los productos y servicios nacionales equivalentes[284]”. En cambio, en el
principio de Nación más favorecida obliga a un Estado “a dar a otro un trato
no menos favorable que el que se concede a sus propios nacionales o a los
nacionales de cualquier tercer Estado[285]”.
En la sentencia C-494 de 1998, referente al control
del “Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre
la República de Colombia y el Reino de España”, también señaló esta
Corporación sobre ese tema que:
“El principio del trato nacional está dirigido a
colocar en condiciones de igualdad jurídica a las inversiones de extranjeros y
nacionales. El efecto básico de esta cláusula consiste en hacer desaparecer,
dentro del ámbito de materias reguladas por la Convención que la contiene, toda
desigualdad jurídica presente o futura. En este orden de ideas, si una norma
nacional establece diferencias entre categorías de inversiones, aquellas que
estén cobijadas por el principio del trato nacional deberán sujetarse al mismo
régimen que las inversiones nacionales. En cuanto a la cláusula de la nación
más favorecida, esta Corporación acoge la doctrina de la Corte Internacional de
Justicia, en el Asunto relativo a los derechos de los nacionales de los Estados
Unidos de América en Marruecos (1952), oportunidad en la que estableció [que]:
"Las cláusulas de la nación más favorecida tienen por objeto establecer y
mantener en todo tiempo la igualdad fundamental, sin discriminación entre todos
los países interesados". La igualdad de tratamiento otorgada por una
cláusula de la nación más favorecida hace desaparecer toda diferencia entre las
inversiones extranjeras beneficiarias de este trato. Por regla general, a
partir del momento en el cual el país receptor de la inversión concede una
ventaja a un tercer Estado, el derecho de otros Estados a un tratamiento no
menos favorable nace en forma inmediata y se extiende a los derechos y ventajas
concedidos antes y después de la entrada en vigor del Tratado que consagra la
aludida cláusula”.
En este sentido, los principios
consagrados en los artículos 12.5 y 12.6 del Tratado, lejos de ser ajenos a la
Carta, se dirigen a hacer
efectivo el derecho a la igualdad y el reconocimiento de garantías recíprocas para los
inversionistas de los Estados Parte. Así mismo, la excepción a la aplicabilidad de la cláusula de la
nación más favorecida que ofrece el numeral tercero del artículo 12.6
relacionada con los mecanismos de solución de controversias, es a juicio de la
Sala una excepción legítima que tienen el propósito de evitar que la
celebración del Convenio resulte ser un obstáculo para otros procesos de
integración con otros Estados y que no desprotege a los inversionistas
amparados en estas circunstancias concretas bajo las reglas de solución de conflictos
del artículo 12.7 del Tratado. En efecto, como lo ha reconocido esta
Corporación en otras oportunidades[286], “las excepciones
hechas en el Tratado a la aplicabilidad de la cláusula de la nación más
favorecida, cuando Perú o Colombia hagan parte de acuerdos con terceros Estados
tendientes a crear uniones aduaneras o ventajas similares con el fin de
estimular el comercio intra-regional, tiene como propósito evitar que la
celebración del presente convenio se convierta en obstáculo para otros procesos
de integración y en tal sentido encuentran claro apoyo constitucional”[287].
Por estas razones concluye la Sala que estas normas se avienen a la
Constitución.
4- En lo que concierne a las cláusulas
relacionadas con la libre transferencia de dinero, (Art. 12.7), se
resalta que no obstante la importancia de dicha potestad de los inversionistas en
la integración económica y en el fomento de la inversión, el Convenio permite a
las Partes imponer controles al flujo de capitales mediante medidas no
discriminatorias, equitativas y de buena fe, incluso para colaborar con
autoridades de regulación financiera y cambiaria (art. 12.7-2 y 12.7-5). Por
esta razón, “no hay pérdida de soberanía económica para el Estado
colombiano, manteniendo la Junta Directiva del Banco de la República sus
competencias constitucionales (arts. 371 a 373)”[288].
En consecuencia, son exequibles los artículos relacionados con la libre
transferencia relacionada con la inversión.
5- En materia de expropiación, el
artículo 12.8 del Tratado se encuentra conforme con la Carta, teniendo en
cuenta que se ajusta plenamente a lo preceptuado en el artículo 58 superior, ya
que el Acuerdo que se examina establece que para que un inversionista pueda ser
privado de su inversión en el territorio de la otra parte contratante, se
requiere que: (i) el Estado se base en motivos de utilidad pública o de interés
social, que por demás se encuentran consagrados expresamente para Colombia en
el artículo 12.8.1-(d) del Convenio-; (ii) que las medidas no sean
discriminatorias y (iii) que sea con arreglo a la ley y acompañada de una
indemnización pronta, adecuada y efectiva[289]. En este
caso, si bien el Tratado no señala expresamente que la indemnización debe ser previa
y que la decisión debe ser autorizada por sentencia judicial o por la vía
administrativa[290] como lo exige el
artículo constitucional en mención, sí señala que debe hacerse “siguiendo el
debido proceso legal”, por lo que así habrá de entenderse de acuerdo con la
sentencia C-294 de 2002[291]. De la legalidad de la
medida y del monto de la indemnización se podrá reclamar ante las autoridades
judiciales de la parte que la adoptó.
El convenio hace también alusión a medidas de expropiación
indirecta que se describen en el artículo 12.8.3 del Acuerdo, las cuáles
resultan igualmente constitucionales para la Sala, bajo los supuestos previstos
en la sentencia C-031 de 2009, ya que resultan razonables y se fundan en los
principios de confianza legítima[292] y buena fe. En efecto, las
normas convencionales reconocen que debe tratarse de una medida equivalente a
la expropiación directa, soportada en un análisis de caso por caso y sin que
pueda alegarse como ese tipo de expropiación, medidas no discriminatorias,
diseñadas y aplicadas con fundamento en las razones de orden constitucional,
que tengan como objetivo la salud pública, la seguridad, el medio ambiente,
salvo desconocimiento de la buena fe. En efecto, el Tratado suscrito entre
Colombia y el Triángulo Norte establece unas condiciones claras para que se
trate de una de esas medidas que genere un daño susceptible de indemnización.
Su determinación exige comprobar: (i) el impacto económico de la medida, ya que
su simple determinación no da lugar a que se consolide este tipo de
expropiación y (ii) el grado en el cual la acción del gobierno interfiere con
expectativas distinguibles y razonables de la inversión. Aunado a lo anterior,
el literal (c) del inciso 3 del artículo 12.8 precisa que salvo en
circunstancias excepcionales, no constituyen expropiaciones indirectas los
actos regulatorios no discriminatorios de una Parte que son diseñados y
aplicados para proteger objetivos legítimos de bienestar público. Por lo
anterior, se concluye que son previsiones razonables, ajustadas a los
postulados de la confianza legítima que no limitan de manera desproporcionada
las competencias regulatorias estatales en la medida en que las excepciones se
fundan en el cumplimiento y garantía de los fines del Estado y del interés
general. Por consiguiente, no se consideran prima facie, contrarias a la
Constitución.
En este sentido, no puede olvidarse tampoco
que en el artículo 19.5-7 relacionado con tributación en el TLC, se reconoció
que las medidas tributarias pueden ser concebidas como medidas de expropiación
indirecta. Sin embargo, en esos casos, el inversionista debe someter el asunto
a las autoridades competentes de la parte demandante y demandada y sólo si
ellas no acuerdan examinar la situación o no convienen en estimar que se trata
de una medida expropiatoria, el inversionista podrá someter el requerimiento al
arbitraje previsto en este capítulo. Cláusulas similares a la anterior, fueron estudiadas
en la sentencias C-031 de 2009 y C-150 de 2009 y fueron concebidas como
constitucionales por esta Corporación en atención a los criterios ya expuestos
en materia de expropiación indirecta.
Por último, en cuanto a lo señalado en el
artículo 12.8.2 en materia de monopolios, la Sala considera que la
previsión es exequible, pues no restringe esa atribución del Estado, sino que
en reconocimiento del artículo 58 Superior, autoriza que en el evento en que se
requiera la reserva de una actividad económica y el establecimiento de un
monopolio como lo autoriza la Carta, ello no signifique la privación a los
inversionistas de sus actividades económicas, ya que con fundamento en la Carta
ello acarrea la debida indemnización.
6- Por otra
parte, las reglas incluidas en el artículo 12.9 sobre requisitos de
desempeño, tienen como propósito restringir algunos condicionamientos a la
libertad de empresa ligados con la inversión – vgr exigir un determinado nivel
de mercancías o servicios, alcanzar un porcentaje de contenido nacional, etc.-
a fin de facilitar el libre comercio y contribuir en el proceso de integración
económica con los países firmantes. Estos objetivos hacen constitucionales
tales normas, porque se inscriben plenamente en los objetivos del artículo 333
superior, relacionados con la libre empresa. Además, el Convenio permite a las
Partes, a pesar de la prohibición contenida en el artículo, tomar medidas
comerciales no arbitrarias o injustificadas o que constituyan restricción
encubierta, tendientes a hacer cumplir leyes, proteger la vida y la salud de
los habitantes y preservar los recursos naturales. Tales consideraciones del
Capítulo (Art. 12.9.3-c), mantienen plenamente las atribuciones soberanas de las
Partes, de regular libremente sus asuntos de interés general no obstante las
obligaciones convencionales y fijan una reglas razonables para los
inversionistas que no controvierten tampoco la búsqueda de libertad en las
relaciones económicas.
7- En lo que respecta al
artículo 12.10 relacionado con los Altos Ejecutivos y Juntas Directivas,
el Tratado le impide a las Partes exigir determinada nacionalidad a las
personas naturales para ocupar altos cargos directivos en una inversión
cubierta. No obstante cuando se trata de una Junta Directiva u órganos de
administración equivalentes, las Partes pueden exigir determinada nacionalidad
o lugar de residencia, siempre que ello no menoscabe significativamente la
capacidad del inversionista para ejercer el control sobre su inversión. Para la
Corte la norma convencional se ajusta al principio de reciprocidad y al derecho
a la igualdad (Art. 13 de la Carta) y además se le aplica el principio de
reciprocidad. En el mismo sentido, el reconocimiento de los principios y garantías consignados en el
acuerdo a favor de los extranjeros, en términos de igualdad, no excluye la
posibilidad derivada del artículo 100 de la Constitución Política, de que por
razones de orden público, la ley subordine a condiciones especiales o incluso
niegue, el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros. La
potestad de las Partes de exigir una mayoría de nacionales específica en la
toma de decisiones empresariales, puede estar soportada en razones de orden
público, lo que hace tal exigencia razonable, asegurando su constitucionalidad.
8- En lo que respecta a la compensación
por pérdidas incluida en el artículo 12.14 recuerda la Corte que en la sentencia C-309 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), sostuvo este
Tribunal lo siguiente:
“La
compensación por pérdidas que es objeto de regulación (…) hace referencia a los
eventos de orden público –guerras, conmoción interior, etc.- que potencialmente
pueden repercutir en el destino de la inversión. La Corte considera, como lo ha
hecho anteriormente, que dicha cláusula es consecuencia del principio de trato
nacional y cláusula de nación más favorecida, en casos de grave perturbación
del orden público o económico, por lo que la misma es garantía implícita del derecho
a la igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta. No obstante, en
concordancia con fallos precitados, particularmente con la Sentencia C-358 de
1996[293],
el reconocimiento de los principios y garantías aquí consignadas no excluye la
posibilidad, derivada del artículo 100 de la Constitución Política, de que por
razones de orden público, la ley subordine a condiciones especiales o incluso
niegue el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros. Por
ello, reitera la Corte, “en un Tratado Internacional no se podría impedir al
legislador colombiano hacer uso de esta atribución cuando se configuren las
circunstancias que la norma constitucional contempla[294]”.
Al respecto recuerda la Sala que el TLC en
revisiòn incorpora esta específica previsión en el artículo 12.2.4 de este
Capítulo. De igual modo, advierte la Corte que la norma convencional a la que
se hace referencia, alude a que el inversionista puede recibir una
“reparación”, “indemnización” o “compensación” en tales casos, de lo que se
sigue que la interpretación de dicha disposición supone para el caso
colombiano, atender “lo dispuesto por los artículos 59 (expropiación en caso
de guerra, circunstancia en la cual la indemnización puede, ser posterior) y 90
de la Constitución”[295].
9- El artículo
sobre medidas disconformes (Art. 12.12), consagra excepciones
relacionadas con las obligaciones de trato nacional, nación más favorecida,
requisitos de desempeño, altos ejecutivos y juntas directivas (Anexo I medidas
disconformes) y con relación a sectores, subsectores o actividades susceptibles
de desarrollos normativos posteriores (Anexo II medidas disconformes y anexo
III medidas disconformes para servicios e inversión). Sobre estos específicos
anexos se hablará al final de la providencia.
10- En lo que respecta a la Sección B del
Capítulo, denominado Solución de Controversias, debe recordar la Sala
que se trata de un conjunto normativo relacionado con la resolución de
conflictos entre el inversionista y el Estado Parte, y no el
marco jurídico general de la solución de controversias entre las Partes del
Tratado, que está regulado al final del acuerdo en el Capítulo Veintiuno del
TLC. En ese sentido, el tratado prevé que una vez
agotadas las fases de consultas y negociación entre el inversionista y el
Estado, así como la vía gubernativa en caso de actos administrativos, un
inversionista pueda someter sus diferencias con la Parte a arbitraje
internacional ad hoc, bajo las reglas del CNUDMI, o el Convenio del CIADI, o el
mecanismo complementario del CIADI, o ante cualquier otra institución de
arbitraje acordado por las partes o bajo las reglas de arbitraje acordadas por
estas. La decisión de acudir al arbitraje internacional no es obligatoria para
el inversionista, pues este es un mecanismo opcional. La jurisdicción local u
ordinaria del país receptor de la inversión, siempre está disponible (Art.
12.18-5). A su vez, el artículo 12.19 establece que cada Parte acuerda
el someter una reclamación al arbitraje, de conformidad con el Convenio del
CIADI y las demás consideraciones. Bajo este entendido, la Sección B resulta
exequible para esta Corporación, por las siguientes razones: (a) El
arbitramento es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos,
expresamente autorizado por el artículo 116 superior, que habilita a los
particulares para administrar justicia en los términos de ley. (b) En la sentencia C-309 de 2007[296] se consideró que la decisión
de someter los eventuales desacuerdos entre el Estado y los inversionistas a
tribunales de arbitramento era compatible con la Constitución Política, por lo
que dejar la solución a un organismo internacional especializado o un tribunal
de arbitraje, incluso se ajustaba al artículo 226 de la Carta, en la medida en
que las relaciones internaciones sin el concurso eventual de tribunales
internacionales de resolución de conflictos, no sería posible. De ese modo, la
Corte no encontró objeción a este tipo de procedimientos, por cuanto ellos
buscan fortalecer la pacífica solución de los conflictos en las relaciones
internacionales[297].
(c) Colombia aprobó a través de la Ley 267 de 1995, el Convenio sobre
Arreglo de Diferencias Relativas a inversiones entre Estados y Nacionales de
otros Estados, que fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la
sentencia C-442 de 1996[298].
Tal Convención crea el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas
a Inversiones -CIADI-, por lo que no hay objeción en cuanto al foro de debate y
solución de controversias que establece el artículo 12.18.5. A su vez Colombia
forma Parte de la CNUDMI, que en sus siglas en inglés resulta ser la llamada
UNCITRAL (d) Las disposiciones de la sección en
general, garantizan el principio de imparcialidad y los derechos de defensa,
contradicción y debido proceso en cuanto a las reglas de arbitraje acordadas
por las partes. (e) El laudo que profiera el tribunal
internacional, en todo caso, será ejecutado conforme a la ley interna, según el
artículo 12.29, por lo que en el caso colombiano debe someterse al
procedimiento del exequátur, procedimiento que garantiza el respeto al
ordenamiento jurídico nacional.
La Sala concluye de lo anteriormente
expuesto, que no existen objeciones constitucionales respecto del Capítulo 12
del Tratado entre la República de Colombia y las Repúblicas del El Salvador,
Guatemala y Honduras.
5.6.14. Capítulo 13. Comercio
Transfronterizo de servicios.
5.6.14. 1. Contenido.
El objetivo principal de este Capítulo es
contrarrestar las medidas que perturban el comercio transfronterizo de
servicios, reduciendo distorsiones que faciliten la efectiva liberación
comercial.
El Capítulo bajo estudio define el comercio
transfronterizo de servicios como el suministro de un servicio, del territorio
de una Parte al territorio de otra; en el territorio de una Parte, por una
persona de esa Parte, a una persona de otra Parte; o por un nacional de una
Parte en el territorio de otra Parte. Y no incluye el suministro de un servicio
en el territorio de una Parte por una inversión cubierta por el Tratado, de
acuerdo al artículo 13.1 del mismo. No se aplica a servicios financieros
transfronterizos, la contratación pública, servicios aéreos con salvedades
(servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves, mientras la aeronave
está fuera de servicio; los servicios aéreos especializados y servicios de
sistemas computarizados), ni a subsidios o donaciones[299]
otorgados por una Parte, incluyendo los préstamos, garantías y seguros que
cuenten con apoyo gubernamental.
En este capítulo se consagran nuevamente
los principios de Trato Nacional y Trato de Nación más Favorecida esta vez para
los servicios y los proveedores de servicios de los Estados Parte. También se
establecen prohibiciones a la imposición de medidas que restrinjan el acceso a
los mercados, como limitaciones sobre el número de proveedores, el valor total
de los activos, el número total de operaciones, el número total de personas que
puedan ser empleadas, etc. Tampoco se podrá exigir a un proveedor de servicio
de la otra Parte que establezca o mantenga oficinas de representación u otro
tipo de empresa o que resida en el territorio como condición para el suministro
del servicio. Al respecto se proponen unas medidas disconformes, en lo que
respecta al Trato Nacional, Trato de Nación Más Favorecida, Acceso de Mercados
y Presencia Local.
En lo concerniente a la norma denominada
Reglamentación nacional, se propende porque el Estado Parte que exija
autorización para el suministro de un servicio, lo conceda a través de las
autoridades competentes, en un plazo razonable conforme a la ley. A su vez se
incluye el derecho de petición del prestador del servicio y la posibilidad de
obtener respuesta en un plazo oportuno sobre el estado de su solicitud.
Igualmente el artículo propone para evitar que normas técnicas, títulos de
aptitud o licencias sean un obstáculo innecesario al comercio, que tales
medidas se adopten con base en criterios objetivos y transparentes, no sean más
gravosas de lo necesario y no constituyan de por sí una restricción al
suministro del servicio.
En cuanto al desarrollo y aplicación de
este capítulo se establece un artículo denominado Transparencia que incluye la
posibilidad para los interesados de recibir información así como la publicidad
en materia de adopción de regulaciones. El reconocimiento sobre educación o
experiencia obtenida por los proveedores podrá ser a futuro avalada por las
partes mediante criterios de armonización.
Por último el artículo 13.11 establece una
norma convencional sobre libertad de transferencias y pagos esta vez con
relación a los rendimientos propios del suministro transfronterizo de
servicios. Las partes podrán denegar los beneficios del capítulo a proveedores
que no cumplan con las disposiciones y requisitos del artículo 13.12 de esta parte
del Acuerdo.
5.6.14.2. Consideraciones.
1- Observa la Corte que el convenio
internacional celebrado por las partes, no se limitó a fijar las reglas en el
intercambio de productos y mercancías dentro de la zona de libre comercio
pactada entre ellas, sino que se extendió al ámbito de la prestación de
servicios. No obstante, el comercio de servicios y el comercio de mercancías presentan
diferencias significativas en el marco normativo internacional.
Precisamente en la sentencia C-031 de 2009
(M.P. Humberto Sierra Porto) se comentó que la regulación internacional con
respecto al comercio de servicios ha sido mucho más lenta que en el caso de las
mercancías, especialmente por las peculiaridades de los servicios -su
heterogeneidad, por ejemplo-, y factores varios como la seguridad, ya que
algunos Estados consideran que por razones precisamente de seguridad nacional,
algunos servicios no pueden ser prestados por extranjeros. Por ende, sólo hasta
1994 se pudo consolidar un acuerdo general sobre el comercio de servicios,
conocido como el acuerdo de Marrakech, en el seno de la OMC, hoy reconocido
como GATS.
Para corroborar las diferencias técnicas en
cuanto a los principios y alcance de la protección prevista en el comercio
internacional de servicios, la sentencia C-369 de 2002 que declaró exequible el
Cuarto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS-GATS),
expresó las diferencias que se resaltan entre el comercio de mercancías y los
servicios, de la siguiente forma:
[T]eniendo en
cuenta las particularidades del comercio de servicios, y la diversidad de
situaciones nacionales, el AGCS decidió que no era posible señalar
compromisos uniformes e inmediatos para todas las naciones. Por ello,
el AGCS establece dos tipos de obligaciones para sus miembros: de un lado,
consagra unas obligaciones y disciplinas generales, que en principio se aplican
a todos los miembros, y entre las cuales, las principales son las siguientes:
la aplicación de la cláusula de nación más favorecida en el comercio de
servicios (art. II); la asunción de un deber de transparencia (art.
III), en virtud del cual los Estados se obligan, entre otras cosas, a publicar
todas las medidas que afectan el comercio de servicios y a contestar las peticiones
de información que al respecto hagan los otros miembros; y, el
compromiso de que las reglamentaciones nacionales se apliquen en forma
objetiva, imparcial y razonable, a fin de evitar que se conviertan, de hecho,
en un obstáculo al comercio de servicios (art. VI).
Fuera de esas
obligaciones generales, el AGCS prevé la posibilidad de que los Estados
miembros puedan asumir compromisos específicos sobre determinados servicios,
por medio de listas nacionales anexas al Acuerdo (arts XVI, XVII y XVIII).
En estas listas, los Estados indican en relación con qué tipos de servicios
adquieren nuevas obligaciones, y señalan si frente a ellos conceden pleno
acceso a los mercados y si reconocen plenamente la cláusula de trato nacional,
o si, por el contrario, establecen limitaciones a esos principios. Esas listas
también pueden indicar el plazo de validez de esos compromisos y las fechas en
que entran en vigor. Además, las listas prevén también otros compromisos
adicionales con respecto a medidas que afecten el comercio de servicios, pero
que sean sobre temas distintos al acceso a los mercados o a la cláusula de
trato nacional. Finalmente, es importante destacar que el artículo XXI del AGCS
prevé la posibilidad de que los Estados parte retiren o modifiquen los
compromisos adquiridos en las listas, después de tres años de asumida la
obligación, con el cumplimiento de algunos requisitos, como una
notificación previa y la realización de eventuales ajustes compensatorios a los
otros Estados que pudieran ser afectados por esa decisión”. (Las cursivas y
subrayas fuera del original).
De lo anterior se desprende, que no es
posible aplicar a estos dos ámbitos del comercio internacional, en los mismos
términos, principios como el de la nación más favorecida[300],
o trato nacional, porque su alcance difiere en cada caso, conforme con la
legislación mencionada.
2- Ahora bien, en el caso del principio de
la nación más favorecida respecto de la prestación de servicios, el GATS
-en su sigla en inglés- permite que las Partes puedan mantener una medida
incompatible (Disconforme) con el principio que se describe, siempre que se
incluya en el Anexo sobre exenciones de las obligaciones y se cumplan las
condiciones establecidas en el mismo. Ello le ha permitido concluir a la Corte,
que las “limitaciones que puedan establecerse a la cláusula de la Nación más
favorecida no contrarían la Constitución, por cuanto atienden las
particularidades del comercio de servicios y la diversidad de situaciones nacionales,
lo que precisamente llevó al AGCS a señalar que no era posible establecer
compromisos uniformes e inmediatos para todas las naciones”[301].
De
la misma forma, una reivindicación particular en materia de comercio
transfronterizo de servicios, -que no es pertinente para el caso del comercio
de mercancías-, es el no requerimiento de presencia local. Ese aspecto
contenido en el Capítulo XII – Artículo 1205 del GATS, impide que se le exija
al prestador de servicios de esa naturaleza (transfronterizos) que mantenga una
oficina de representación o una empresa, o que sea residente en su territorio
como condición para la prestación transfronteriza de un servicio. Avalando la
abolición de esa restricción comercial, concluyó la Corte en la sentencia C-750
de 2008, que “no puede llegarse al punto de considerar que solamente ante la
presencia local se garantiza un control de calidad [de los servicios] toda vez
que frente a los avances tecnológicos que descartan para ciertos servicios la
presencia local, se han diseñado mecanismos idóneos de control de calidad que
encaja dentro de la potestad de reglamentación nacional que le asiste a los
Estados Parte”.
Otro aspecto a tener en cuenta en la
regulación del comercio de este tipo de servicios transfronterizos, por su
importancia en las negociaciones, son las medidas disconformes que
terminan siendo en general cualquier ley, regulación, procedimiento o práctica
que es contraria a ciertos artículos de un acuerdo comercial[302].
Como ya se expresó antes, tales manifestaciones por parte de los Estados están avaladas
por el GATS, pero debe constar mediante anexos. Con dichas medidas, en efecto,
los Estados Parte se reservan el derecho de excepcionar algunas obligaciones en
relación con determinadas medidas o sectores negociados en un acuerdo comercial
de esta naturaleza. El Estado colombiano incluyó dos anexos al respecto: el
Anexo I, que incluye medidas disconformes sobre normas actualmente vigentes y el
Anexo II relacionado con medidas que podrán adoptarse en el futuro,
consideraciones que no se gobiernan por los principios y procedimientos
generales que se acuerdan en el tratado.
Por último, dentro de este marco normativo
en materia de servicios, se recuerda que el GATS reconoce el derecho de los
miembros a reglamentar el suministro de servicios en sus territorios y
establecer nuevas reglamentaciones al respecto con la finalidad de realizar la
política nacional. Bajo ese contexto, es que se erigen las solicitudes de
transparencia en la reglamentación invocadas en los acuerdos comerciales, para
facilitar la publicidad y el conocimiento de esas determinaciones y restringir
los límites al comercio[303]. Precisamente en el
anexo 13.10 de este Capítulo se desarrollan unos estándares de suministro de
servicios profesionales que pretenden, con fundamento en la cooperación
internacional futura, arribar a la armonización de criterios sobre el
otorgamiento de licencias y certificados de proveedores de servicios
profesionales para proponer ante la Comisión Administradora del Tratado.
4- En ese sentido el Capítulo 13 del TLC se
inserta en ese espectro normativo avanzando en la libre competencia, a través
del reconocimiento de principios como el Trato Nacional, Nación más favorecida,
prohibiciones de restricción al acceso a los mercados, prohibiciones en materia
de presencia local, reglas sobre el adecuado cumplimiento de las funciones
administrativas relacionadas con las autorizaciones para el suministro de
servicios y la transparencia en la reglamentación.
Tomando en consideración las reflexiones
anteriores, encuentra la Sala que el Capítulo sobre el comercio transfronterizo
de servicios entre Colombia y los países del Triángulo Norte Centroamericano es
constitucional. Las siguientes razones llevan a la Corte a esa conclusión: (i)
el objetivo del capítulo es minimizar las restricciones en el comercio y el
fortalecer el comercio de servicios transfronterizos entre Colombia y los
países del Triángulo Norte Centroamericano. Ello se ajusta plenamente a los
artículos 9, 226, 227, 333 y 365 superiores. (ii) En la sentencia C-031 de 2009
se señaló además que la Corte ha considerado ajustado a la Carta la liberación
del comercio de servicios, siempre y cuando se respeten las facultades
atribuidas a los órganos de control, inspección y vigilancia y no se afecte la
facultad del estado de reservarse la prestación de determinados servicios ya
sea por razones estratégicas o de interés social. A esa conclusión se arribó
también en la sentencia C-369 de 2002 relacionada con el “cuarto protocolo
anexo al acuerdo general sobre el comercio de servicios con la lista de
compromisos específicos de Colombia” en la que se alegaba por unos de los
intervinientes la inconstitucionalidad del Convenio sobre la base de la no
liberación del comercio en el área de las telecomunicaciones. En dicha providencia
se afirmó que los compromisos que Colombia adquiere desde la perspectiva
internacional no excluyen las labores de vigilancia y control del Estado sobre
la prestación de servicios públicos. (iii) Ahora bien resalta la Sala que en
cuanto a las medidas disconformes el país en aras de su soberanía, restringió
las cláusulas de trato Nacional y/o de acceso a los mercados y/o de presencia
local para el ejercicio, entre otros de la contaduría (I-COL-6), la pesca
artesanal, servicios de seguridad y vigilancia privada, agentes de viajes,
prestación de servicios en San Andrés y Providencia y obligaciones en materia
del régimen de los servicios públicos domiciliarios, servicios aduaneros,
concesiones en telecomunicaciones, concesiones en radiodifusión, televisión
abierta, televisión nacional, televisión local y televisión por suscripción
entre otras excepciones. La posibilidad de los Estados parte de reservarse el derecho
a excepcionar algunas obligaciones en relación con determinadas medidas o
sectores negociados resulta ser una situación perfectamente compatible con las atribuciones
del Estado en la dirección general de la economía (art. 334 superior), en la
protección del interés público que revisten determinadas actividades económicas
(art. 335 superior), en el ejercicio de su soberanía, en aspectos de seguridad
nacional (art. 1, 2 C.P) y el ejercicio de las funciones propias de la Junta
Directiva del Banco de la República (arts. 371, 372 y 373 de la Constitución).
Además en esa determinación no se afectó ningún monopolio rentístico ya que en
materia de servicios públicos las medidas disconformes tienen que ver
especialmente con reconocer los regímenes legales correspondientes.
De lo anterior se desprende, que el
Capítulo 13 del Tratado de Libre Comercio se ajusta a la Carta al responder a
los objetivos de internacionalización de la economía, apertura de los mercados
y comercio transfronterizo de servicios sobre la base del respeto a la
soberanía nacional.
5.6.15. Capítulo 14. Comercio
Electrónico.
5.6.15.1. Contenido.
El Capítulo 14 estipula las
disposiciones generales correspondientes al suministro de servicios relativos
al comercio electrónico y los productos digitales, los cuales están asociados
al crecimiento económico que se pretende con este Tratado.
Para tal fin se establecen
disposiciones que garantizan el acceso de dichos productos a los mercados de
las Partes, evitando la imposición de gravámenes a su comercio transfronterizo
y al comercio de los mismos en medios portadores, con el fin de impulsar
negocios y empresas para que utilicen esta innovadora modalidad de negocio.
Adicionalmente, el artículo 14.6 incentiva el comercio electrónico sin
perjudicar los derechos e intereses de los consumidores, y protegerlos de
fraudes y engaños en la realización de transacciones mediante comercio
electrónico.
El acuerdo en examen pretende
que los países eviten posibles obstáculos para la utilización y desarrollo de
este tipo de comercio, reconociendo las grandes oportunidades que genera este
sector para el desarrollo de los países. Con este fin propone la eliminación de
las barreras de acceso que distorsionan el comercio e imponen un trato discriminatorio
a los proveedores de servicios, mediante la posibilidad de transferencias y
pagos relacionados con el suministro transfronterizo.
Así mismo define que los
aranceles de los productos digitales serán determinados de manera simplificada
tomando el valor del medio portador de forma independiente del costo o valor
del producto digital almacenado en el medio portador.
5.6.15.2. Consideraciones.
1-. No es casualidad que uno de
las aspectos regulados en el TLC entre Colombia y los países del Triángulo
Norte Centroamericano, sea precisamente el tema del comercio electrónico. El impacto de los medios
tecnológicos en la liberalización de la economía es innegable y su valor en la
ampliación y masificación de los mercados, un hecho. En la sentencia C-662 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz) la Corte
señaló precisamente que la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo
del Derecho Mercantil CNUDMI[304],
promovió la gestación de un proyecto de ley tipo en materia de comercio
electrónico, bajo el convencimiento de que conceder seguridad jurídica al uso
de mensajes de datos y del correo electrónico para el comercio, daría como
resultado una expansión en los mercados, dadas las enormes ventajas
comparativas que la rapidez de ese medio ofrece para los comerciantes y los
usuarios de bienes y servicios.
2-.De la misma forma, el impacto
indiscutible de los medios tecnológicos en los derechos de las personas y su
relación inversa en el ejercicio de derechos, fue un aspecto resaltado
plenamente en la sentencia C-
1147 de 2001 de esta Corporación que recordó que:
“A nadie escapa el valor que tienen dentro de un
sistema global de comunicaciones, como Internet, derechos y libertades tan
importantes para la democracia como el derecho a la igualdad (artículo 13
C.P.), la intimidad y el habeas data (artículo 15 C.P.), la libertad de
conciencia o de cultos (artículos 18 y 19 C.P.), la libertad de expresión
(artículo 20 C.P.), el libre ejercicio de una profesión u oficio (artículo 26
C.P.), el secreto profesional (artículo 74 C.P.) y el ejercicio de los derechos
políticos que permiten a los particulares participar en las decisiones que los
afectan (artículos 2 y 40 C.P.), por citar tan sólo algunos ejemplos. Nadie
podría sostener que, por tratarse de Internet, los usuarios sí pueden sufrir
mengua en sus derechos constitucionales”.
3- El Capítulo 14 del Tratado de Libre Comercio no ofrece
entonces mayores reproches de constitucionalidad. Establece un marco normativo
para el reconocimiento del suministro de servicios electrónicos y productos
digitales, sin desatender la protección de los consumidores, facilitando a la
vez mecanismos de cooperación entre los Estados Parte.
5.6.16. Capítulo 15. Entrada
Temporal de Personas de negocios.
5.6.16.1. Contenido.
El Capítulo 15 del TLC alude a
la Entrada Temporal de Personas de Negocios y establece un marco
normativo para regular el ingreso ordenado de quienes participen en el comercio de bienes y servicios
o realicen inversiones, como consecuencia de la suscripción del Acuerdo con los
países del Triángulo Norte.
El Capítulo, de hecho, tiene
como objetivo garantizar la seguridad de las fronteras y proteger el trabajo doméstico
y el empleo permanente en los territorios de los Estados Parte, atendiendo a la
vez la necesidad de facilitar el comercio de bienes y servicios entre los
Estados firmantes.
Ahora bien, los aspectos relacionados con
la nacionalidad, la residencia, o el acceso al mercado laboral no están
reflejados en las disposiciones de este Capítulo (Art 15.2-2). El Acuerdo
tampoco pretende imponer ni impedir la implementación de medidas migratorias
necesarias para proteger la integridad y el movimiento ordenado en las
fronteras. La entrada temporal de personas en los términos del acuerdo, tampoco
le impide establecer a los Estados firmantes, medidas relacionadas con
controles de salud, seguridad pública o seguridad nacional. De la misma forma,
el capítulo estipula que los requisitos para el ejercicio de una profesión se
ciñen a la normativa del territorio que autoriza dicha entrada. Por lo tanto la
autorización de entrada temporal no reemplaza los requisitos para el ejercicio
de una profesión.
Por último, el anexo 15.4 contiene las
disposiciones generales y los requisitos y obligaciones aplicables para la
autorización de ingreso a los visitantes de negocios, comerciantes e inversionistas,
quienes vienen en transferencias intraempresariales y para profesionales de los
Estados Parte. Adicionalmente los apéndices 1, 2 y 3 definen las actividades,
las disposiciones por cada país y las medidas migratorias para la entrada
temporal de los visitantes de negocios.
5.6.16.2. Consideraciones.
1-. Este Capítulo del TLC establece los
requisitos migratorios para legalizar la entrada temporal de las personas que
desempeñan las actividades comerciales señaladas en los anexos y apéndices,
para dar cumplimiento a los compromisos asumidos por los Estados parte en
materia de libre comercio, facilitando a los actores del mercado la realización
de sus labores en debida forma, asegurando la soberanía nacional.
2-. Este tema de la flexibilización migratoria,
propia de este tipo de tratados, ha sido objeto de estudio por esta Corporación
en diferentes fallos. La sentencia C-031 de 2009 (M.P. Humberto Sierra Porto),
que realizó el control abstracto de constitucionalidad del Acuerdo de Libre
Comercio entre la República de Colombia y la República de Chile, y la
sentencia C- 178 de 1995 en el contexto del G-3, se pronunciaron al
respecto, así:
“También se garantiza la integridad de las
competencias para evitar graves trastornos económicos y financieros en el
territorio de una parte, para corregir las amenazas a la balanza de pagos de
una parte y el estado de sus reservas monetarias, con el deber de proceder a
las comunicaciones e informaciones pertinentes entre las partes; de otro
lado también se regula la entrada temporal de personas de negocios con
base en el principio de reciprocidad y transparencia, garantizando la
seguridad de las fronteras, la protección al trabajo de los nacionales y el
empleo permanente en los respectivos territorios” (negrillas y subrayas agregadas).
3-. En virtud de lo anterior, la Corte considera que
el Capítulo 15 se ajusta a la Constitución por cuanto al regular la entrada
temporal de personas de negocios y asegurar su flujo ordenado, asegura el
cumplimiento de los objetivos constitucionales de integración latinoamericana
(C.P. art. 226 y 227) sobre bases de reciprocidad, sin desconocer la soberanía
nacional y las potestades migratorias de los Estados (C.P. art. 1, 2 y 9).
5.6.17. Capítulo 16.
Transparencia.
5.6.17. 1. Contenido.
El Capítulo 16 establece
disposiciones administrativas e institucionales, así como procedimientos e
instancias específicas que garantizan la transparencia en la aplicación del
tratado, con el objetivo de evitar la expedición y aplicación de medidas internas
relacionadas con el TLC que sean desconocidas por las Partes. Se estipula así
la creación de un centro de información como dependencia obligatoria, encargada
de enviar y recibir toda comunicación, información y notificación entre los
Estados suscriptores, con sede en cada una de ellos, así como reglas mínimas
para asegurar la comunicación o suministro de información entre ellos. A su
vez, se consagran disposiciones que exigen que se publiquen las leyes,
reglamentos o actos de carácter general interno que tengan que ver con el TLC a
la menor brevedad; se estipula a su vez el deber de las Partes de asegurar que
en los procedimientos judiciales y administrativos se observen las garantías de
audiencia, legalidad y debido proceso de acuerdo a sus respectivas
legislaciones, incluyendo el derecho a la revisión e impugnación de las
decisiones y el ejercicio del derecho de defensa. Finalmente se consagran
disposiciones en las que las Partes se comprometen a cooperar en la prevención y
lucha contra la corrupción y en la promoción de la libre competencia.
5.6.17. 2. Consideraciones.
1-. El principio de transparencia no resulta extraño al
contenido de algunos tratados de libre comercio que el gobierno colombiano ha
suscrito previamente, y que han sido declarados ajustados a la Carta, como se
desprende de las sentencias C-178 de 1995, C-864 de 2006, C-750 de 2008 y C-031
de 2009, entre otras. La Corte ha considerado entonces en su jurisprudencia,
que el principio de transparencia en la celebración de acuerdos comerciales
como el presente, garantiza que las operaciones y procedimientos resulten
claros y nítidos y, por lo tanto, exentos de cualquier vicio o fraude[305].
2-. De igual forma ha
reconocido la Corte que el principio de transparencia se encuentra ya
consagrado en la legislación colombiana en normas relacionadas con el debido
proceso, el derecho de defensa y el derecho de petición de información, así
como en aquellas que propenden por la debida gestión administrativa. Al respecto esta Corporación ha sostenido
que:
“[L]a
creación de herramientas legales que le impriman transparencia … apuntaría a la
realización de los principios constitucionales que orientan la función
administrativa (CP art. 209), pues se trata de una estrategia indispensable en
la lucha contra la corrupción administrativa la cual ha sido reconocida como un
fenómeno que socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra
la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo
integral de los pueblos y que en el concierto internacional ha dado lugar a que
las naciones se hayan comprometido a efectuar todos los esfuerzos en el ámbito
interno para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el
ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente
vinculados con tal ejercicio[306]”[307].
De este modo la Sala considera que dado que el
Capítulo 16 se limita a establecer ciertos mecanismos y procedimientos que
tienen como fin principal asegurar que las reglas de juego del comercio
bilateral sean conocidas por todos los operadores económicos del mercado, éste se
ajusta a la Constitución. Lo anterior, toda vez que este capitulo busca
garantizar que los compromisos asumidos por las Partes no se vean desvirtuados
en la práctica por la presencia de procedimientos administrativos oscuros y
contrarios al mandato de transparencia. Estas razones llevan a la Sala a
pronunciarse determinando su exequibilidad.
5.6.18. Capítulo 17.
Administración del Tratado.
5.6.18. 1. Contenido.
El presente Capítulo del TLC se
divide en dos partes. En la sección A se crea la Comisión Administradora del
Tratado como órgano máximo de administración del Acuerdo, integrada por
representantes de cada Parte y cuyas funciones son, entre otras: velar por el
cumplimiento del TLC; supervisar el proceso de implementación del Acuerdo y su
desarrollo; buscar la solución de las controversias que surjan respecto de la
interpretación o aplicación del Tratado conforme a lo previsto en el Capítulo
18 del TLC sobre solución de conflictos; supervisar la labor de todos los
comités y grupos de trabajo creados en el TLC y establecer las reglas y procedimientos
administrativos para la coordinación y funcionamiento del Tratado. Para el
efecto, la Comisión podrá – mediante consenso- y con el fin de cumplir los
objetivos del convenio, incluir productos excluidos del Programa de
Desgravación Arancelaria, modificar los plazos pactados a fin de acelerar la
desgravación o modificar aspectos puntuales de las reglas de origen;
modificaciones que tendrán efectos, una vez se de el cumplimiento de las leyes
internas de los países miembros para ese propósito. La Comisión deberá además
prestar el apoyo administrativo a los procedimientos de solución de
controversias del Capítulo 18 del TLC.
En la sección B se definen las
normas generales relacionadas con los Comités Técnicos, los cuales están
integrados por representantes de cada uno de los Estados firmantes y se
establecen sus funciones. Así mismo se regula la creación de Grupos de Expertos
por iniciativa de tales Comités, los cuales tendrán como objetivo principal la
realización de estudios técnicos específicos en temas concernientes al Acuerdo
bajo estudio. Por último, en los Anexos al Capítulo se realiza una descripción
de los miembros de la Comisión Administradora del Tratado, de los entes
coordinadores del Tratado, de los montos correspondientes a la remuneración y
gastos de administración, y se establece un listado de los Comités de esta
naturaleza previstos en el TLC, aunque por disposición de este Capítulo, la
Comisión puede crear otros Comités Técnicos diversos.
5.6.18. 2. Consideraciones.
1-. La creación de una Comisión
como órgano administrador de un Tratado, ha sido una figura utilizada en varios
acuerdos internacionales como es el caso de los celebrados con MERCOSUR, Chile,
México, Estados Unidos y los negociados recientemente con Canadá y los Países de
la AELC. La Corte Constitucional en el caso del Acuerdo de Complementación
Económica CAN-MERCOSUR avaló este tipo de Comisión, por lo que la Sala
considera que en este caso las disposiciones de este capítulo resultan
igualmente exequibles, pues propenden por asegurar la efectiva Administración
del Tratado y el cumplimiento de sus objetivos.
2-. Para fundamentar lo anterior, es
preciso recordar lo establecido por la jurisprudencia de esta Corporación en
otros casos de control abstracto relacionados con la existencia de Comisiones
Administradoras semejantes a la que se hace referencia en esta oportunidad,
como es el caso de la sentencia C-864 de 2006[308] en la que se expuso lo
siguiente:
“Los
artículos 40 y 41 crean la Comisión Administradora del Tratado y le
asignan sus principales funciones, las cuales se dirigen primordialmente a
evaluar los compromisos adquiridos, estudiar los mecanismos que permitan
profundizar el proceso de integración y servir de instancia para la solución de
conflictos.
Una lectura sistemática de las citadas normas permite
concluir, que se trata de un conjunto de disposiciones cuyo fin es
consolidar la existencia de una instancia de coordinación internacional, para
vigilar y supervisar la aplicación del presente Acuerdo sin que en ello sea
posible encontrar contradicción alguna con la Constitución”.
3-. Esta Corporación en la sentencia C-228 de 1999[309]
de manera similar, al declarar la exequibilidad de la Comisión de seguimiento
del Acuerdo de Intercambio Comercial entre la República de Colombia y la República
Argelina, estableció que la Comisión, que tenía origen en el mismo tratado,
tenía como fin consolidar la existencia de una instancia de coordinación
internacional, que permitía vigilar y supervisar la aplicación del Acuerdo sin
que en ello fuese posible encontrar contradicción alguna con la Constitución. Al
respecto la Corte adujó en esa providencia lo siguiente:
“[La] creación de una comisión de carácter mixto que
tendrá como principal función velar por la puesta en marcha del acuerdo en
revisión, como la solución de las dificultades que de él puedan resultar
(artículo 15); así como el arreglo amistoso de los conflictos que puedan
suscitarse entre las partes o el sometimiento a los procedimientos de solución
previstos en el derecho internacional (artículo 14), no se oponen a las
normas de la Constitución”[310]. (Subrayas fuera del
original).
4-. En suma, para la Corte, este Capítulo resulta
ajustado al ordenamiento constitucional, en tanto que a través de las funciones
que se le asignan a la Comisión Administradora, se busca implementar de manera
efectiva el tratado comercial objeto de revisión, fortaleciendo la efectividad
de las normas convencionales y asegurando mecanismos de cooperación
internacional que faciliten el entendimiento entre los Estados Parte.
5.6.19. Examen de
constitucionalidad del Capítulo 18. Solución de controversias.
5.6.19.1. Contenido.
Con respecto a la solución de
las controversias que puedan surgir durante la implementación del TLC bajo
estudio, el Capítulo 18 define las bases, los procedimientos, la integración
del tribunal arbitral, el alcance de los laudos y el cumplimiento de las
decisiones originadas en reclamaciones de alguno de los países miembros. En la
Sección A de este Capítulo, a fin de lograr la efectiva cooperación entre las
partes, se proponen como etapas del proceso de solución de conflictos, las
consultas, la de intervención de la Comisión Administradora del TLC junto con
el procedimiento a seguir para obtener una solución amistosa del conflicto, y
finalmente la convocatoria de un tribunal arbitral designado por los Estados
Parte bajo los criterios definidos en este capítulo. Ese tribunal tendrá
competencia para resolver conflictos sobre la interpretación del TLC, el
incumplimiento del Convenio pactado, la aplicación de medidas incompatibles con
el Convenio, o conflictos sobre medidas que puedan causar anulación o
menoscabo.
En cuanto al Tribunal de
Arbitramento, éste será integrado por tres (3) miembros, seleccionados de la
lista de árbitros conformada por los designados para cada una de los Estados
parte, y con las cualidades indicadas en el artículo 18.13 del Tratado.
El procedimiento arbitral será realizado de
acuerdo con las Reglas Modelo de Procedimiento previamente aprobadas por la
Comisión Administradora del Acuerdo. Estas normas deben incluir como
principios, la realización de por lo menos una audiencia ante el Tribunal
arbitral, la oportunidad de presentar alegatos y réplicas por escrito, el
carácter confidencial de los escritos y las comunicaciones de todo tipo, y el
deber de que las audiencias se realicen de acuerdo al calendario de trabajo del
tribunal, que deberá ser publicado previamente para conocimiento de las Partes.
El mandato del tribunal será examinar el
asunto sometido a su consideración de acuerdo a las disposiciones del TLC y
emitir el Laudo respectivo con base en los alegatos, argumentos y pruebas
presentados por los contendientes.
La decisión del mencionado Tribunal se hará
sobre la base de las disposiciones del Acuerdo, sus Protocolos Adicionales y
los instrumentos firmados en el marco de su desarrollo, así como en los
principios y disposiciones del derecho internacional aplicables a la materia y
a los fundamentos de hecho y de derecho pertinentes.
A menos que las Partes contendientes
acuerden un plazo diferente, el tribunal arbitral deberá presentar un Proyecto
de Laudo dentro de los noventa (90) días siguientes a su constitución, el cual
incluirá las conclusiones de hecho, la determinación de la compatibilidad o
anulación de la medida objeto del conflicto a la luz de las obligaciones
estipuladas por este TLC y las opiniones de los árbitros en las cuestiones en
las que no se logre unanimidad. Luego el Tribunal comunicará a las Partes el
Laudo dentro de los treinta (30) días siguientes a partir de la presentación
del Proyecto de Laudo mencionado. Ese Laudo es de carácter obligatorio para las
Partes dentro de los plazos y términos que el Tribunal Arbitral ordene.
El TLC autoriza además la
suspensión de beneficios a la parte reclamada en caso de incumplimiento del
laudo. La Parte reclamante podrá aplicar de manera inmediata tal suspensión
dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo fijado en el
Laudo, o el acordado por las Partes contendientes, previa notificación a la
Comisión. Cabe recalcar que el nivel de suspensión de beneficios deberá tener
un efecto equivalente a los beneficios dejados de percibir y en caso tal de que
se estime que la suspensión de beneficios es excesiva, podrá convocarse un
tribunal de arbitramento para la suspensión de beneficios, que deberá definir
la controversia a los 30 días de siguientes a su convocatoria.
En la sección B de este
capítulo se establecen algunas premisas adicionales sobre la solución de
controversias comerciales privadas, como son la emisión de una opinión no
vinculante sobre los asuntos relacionados con la interpretación del tratado por
parte de la Comisión, para ser allegada a las autoridades internas judiciales o
administrativas de los Estados Parte, cuando estén cursando en su interior
controversias que involucren la interpretación del TLC, y el fomento de la
solución de controversias por medio de tribunales de arbitramento en lo que
respecta a los asuntos comerciales internacionales entre particulares en la
zona de libre comercio.
5.6.19. 2. Consideraciones.
1-. La creación de mecanismos encaminados a
resolver eventuales controversias jurídicas que se presenten entre los Estado
Partes, con ocasión de la interpretación o ejecución del tratado es común a los
instrumentos jurídicos internacionales que proponen zonas de libre comercio. Como
lo ha sostenido esta Corporación, se trata sin lugar a dudas de una
manifestación del principio de solución pacífica de las diferencias,
establecido en el Capítulo VI de la Carta de Naciones Unidas[311].
Es así que el capitulo bajo estudio se ha limitado a diseñar un marco jurídico
mediante el cual se solucionarán los litigios entre las Partes, suscitados en
desarrollo del Acuerdo, de forma tal que se garantice el derecho al debido
proceso de los intervinientes, a través de la designación y decisión por parte
de árbitros seleccionados por las partes.
2-. Este tipo de mecanismos para la
solución de controversias han sido varias veces avalados por esta Corporación
al adelantar el control de Constitucionalidad de varios tratados internacionales
(Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia, Venezuela y México[312];
el Convenio Comercial suscrito con la República de Hungría[313];
el Acuerdo Comercial con la República Checa[314], entre
otros). En la sentencia C-400 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero)
relacionada con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, frente
al artículo 66 que regula el procedimiento de arreglo judicial, de arbitraje y
de conciliación, señaló esta Corporación lo siguiente:
“Esta
regulación busca entonces crear, mediante la cooperación de los Estados y
organizaciones internacionales y el activo apoyo de las Naciones Unidas,
instancias imparciales para la solución de las controversias que puedan surgir
de los tratados, por lo cual la Corte no encuentra ninguna objeción a estos
procedimientos, pues ellos buscan fortalecer la pacífica solución de los
conflictos en las relaciones internacionales”[315].
3-. En virtud de lo anterior, en cuanto al
procedimiento mismo de solución de controversias regulado en el LAT objeto de
estudio, la Corte encuentra que el mismo se ajusta a lo dispuesto en el artículo
116 Superior, y que el trámite procesal que se adelanta ante el mismo se ajusta
a los postulados del debido proceso, garantizando así el ejercicio del derecho
de defensa de las Partes.
5.6.20. Examen de
constitucionalidad del Capítulo 19. Excepciones generales.
5.6.20.1. Contenido.
Este capítulo, establece los
casos en los que las Partes pueden tomar medidas que representen excepciones a
las obligaciones impuestas por el TLC, -conforme a las excepciones generales en
la OMC-, en materia de seguridad nacional y orden público, balanza de pagos y
razones tributarias.
De esta forma se consagra como
parte del TLC, el artículo XX del GATT de 1994 y sus notas interpretativas, mutatis
mutandi en aspectos relacionados con el Capítulo 3 (Trato Nacional y Acceso
de Mercancías al Mercado), 4 (Reglas de Origen), 5 (Procedimientos Aduaneros),
6 (Facilitación al Comercio), 7 (Medidas de Salvaguardia), 8 (Medidas
Antidumping y Compensatorias) del TLC, 9 (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias)
y 10 (Obstáculos Técnicos al Comercio), salvo en lo relativo a servicios e
inversión.
Igualmente se establece que se incorporan
al TLC y forman parte del mismo, los literales a), b) y c) del artículo XIV del
AGCS, mutatis mutandi, en lo concerniente a los Capítulos
3 (Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado), 4 (Reglas de Origen), 5
(Procedimientos Aduaneros), 6 (Facilitación al Comercio), 7 (Medidas de
Salvaguardia), 8 (Medidas Antidumping y Compensatorias) del TLC, 9 (Medias
Sanitarias y Fitosanitarias) y 10 (Obstáculos Técnicos al Comercio) en la
medida de que algún aspecto se aplique a servicios. También estas últimas
normas del AGCS se aplicarán, al Capítulo 12 (Inversión), 13 (Comercio
Transfronterizo de Servicios) y 15 (Entrada Temporal de Personas de Negocios).
En materia de Seguridad Nacional, ninguna
disposición del Tratado se interpretará como una forma que obligue a los
Estados: (i) a suministrar información contraria a sus intereses en seguridad:
(ii) a impedir que adopte medidas para proteger sus intereses en materia de
seguridad (v. gr. armamento, en tiempos de guerra o grave tensión
internacional, etc.) y (iii) impedir que se adopten medidas necesarias para la
protección y mantenimiento del orden público.
En cuanto a las serias y graves dificultades
en materia de balanza de pagos, las Partes pueden establecer medidas
restrictivas al comercio de mercancías, siempre y cuando éstas no sean
discriminatorias, sean de duración limitada, no vayan más allá de lo necesario
para solucionar el problema respecto de la balanza de pagos y respeten las
condiciones establecidas en la OMC y en el Fondo
Monetario Internacional a ese respecto.
En cuanto a la confidencialidad, se asegura
en el artículo 19.4. que ninguna disposición del acuerdo supone la posibilidad de
obligar a una Parte a suministrar información confidencial, que impida el
cumplimiento de la Carta, de las leyes, infrinja el interés público o
perjudique el interés comercial legítimo de empresas públicas o privadas.
Por último, en cuanto a la tributación, el
capítulo expresa que ninguna medida del Tratado se aplicará a medidas
tributarias, ni afectará los derechos y obligaciones relacionados con convenios
internacionales relativos a la doble tributación. No obstante, el trato
nacional y el impuesto a las exportaciones relacionado con el cumplimiento de
los artículos 3.3. y 3.11 del TLC, se adoptará a las medidas tributarias. En lo
concerniente a la expropiación e indemnización por razones de tal naturaleza,
se autoriza al inversionista a someter su reclamación previamente a las
autoridades tributarias competentes cuando crea que una medida de esa índole es
expropiatoria y en caso de fracasar dicha opción, acudir al arbitraje para
dirimir el conflicto.
5.6.20.2. Consideraciones.
1-. Las excepciones contenidas
en el GATT y que se incorporan al TLC son la base para el desarrollo de este
capítulo. En ese sentido, las excepciones a las que se hace alusión existen
como medios para evitar que los acuerdos de libre comercio menoscaben las
facultades soberanas de los Estados. De esta forma las Partes establecen
excepciones que les permiten adoptar medidas que aunque resulten contrarias al
Convenio internacional pactado, sean manifestaciones de la facultad soberana de
los Estados de salvaguardar asuntos propios como la seguridad nacional, el
medio ambiente, la salud y la vida entre otros temas sensibles, de las
obligaciones internacionales que se generen entre las partes.
Desde la creación del GATT en
1947, los países miembros establecieron un ámbito de acción donde mantenían
intacta su capacidad de regular determinadas materias, en el intercambio de
mercancías, no obstante los compromisos de apertura global. Una excepción
similar existe en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC
(AGCS).
2-. Ahora bien, para hacer uso
de estas excepciones indicadas hay que cumplir dos condiciones: ellas no pueden
ser discriminatorias y tampoco pueden ser utilizadas como una barrera
injustificada al comercio. En este sentido el marco fijado por la OMC al respecto
ofrece una descripción de tales medidas que resulta relevante en esta
oportunidad.
El artículo XX del GATT de
1994, que se incorpora mutatis mutandi al TLC en lo concerniente a los
capítulos indicados en la descripción normativa previa, señala lo siguiente:
“Artículo XX: Excepciones generales.
A
reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a continuación en forma
que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los
países en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta
al comercio internacional, ninguna disposición del presente Acuerdo será
interpretada en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o
aplique las medidas:
a) necesarias para proteger la moral pública;
b) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y
de los animales o para preservar los vegetales;
c) relativas a la importación o a la exportación de oro o plata;
d) necesarias para lograr la observancia de las leyes y de los
reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente
Acuerdo, tales como las leyes y reglamentos relativos a la aplicación de las
medidas aduaneras, al mantenimiento en vigor de los monopolios administrados de
conformidad con el párrafo 4 del artículo II y con el artículo XVII, a la
protección de patentes, marcas de fábrica y derechos de autor y de
reproducción, y a la prevención de prácticas que puedan inducir a error;
e) relativas a los artículos fabricados en las prisiones;
f) impuestas para proteger los tesoros nacionales de valor
artístico, histórico o arqueológico;
g) relativas a la conservación de los recursos naturales agotables, a
condición de que tales medidas se apliquen conjuntamente con restricciones a la
producción o al consumo nacionales;
h) adoptadas en cumplimiento de obligaciones contraídas en virtud
de un acuerdo intergubernamental sobre un producto básico que se ajuste a los
criterios sometidos a las PARTES CONTRATANTES y no desaprobados por ellas o de
un acuerdo sometido a las PARTES CONTRATANTES y no desaprobado por éstas*;
i) que impliquen restricciones impuestas a la exportación de
materias primas nacionales, que sean necesarias para asegurar a una industria
nacional de transformación el suministro de las cantidades indispensables de
dichas materias primas durante los períodos en que el precio nacional sea
mantenido a un nivel inferior al del precio mundial en ejecución de un plan
gubernamental de estabilización, a reserva de que dichas restricciones no
tengan como consecuencia aumentar las exportaciones de esa industria nacional o
reforzar la protección concedida a la misma y de que no vayan en contra de las
disposiciones del presente Acuerdo relativas a la no discriminación;
j) esenciales para la adquisición o reparto de productos de los
que haya una penuria general o local; sin embargo, dichas medidas deberán ser
compatibles con el principio según el cual todas las partes contratantes tienen
derecho a una parte equitativa del abastecimiento internacional de estos
productos, y las medidas que sean incompatibles con las demás disposiciones del
presente Acuerdo serán suprimidas tan pronto como desaparezcan las
circunstancias que las hayan motivado. Las PARTES CONTRATANTES examinarán, lo
más tarde el 30 de junio de 1960, si es necesario mantener la
disposición de este apartado”.
Igualmente, el artículo XIV del
AGCS que se incorpora respecto de los capítulos citados, indica:
“Artículo
XIV: Excepciones generales.
A
reserva de que las medidas enumeradas a continuación no se apliquen en forma
que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre
países en que prevalezcan condiciones similares, o una restricción encubierta
del comercio de servicios, ninguna disposición del presente Acuerdo se
interpretará en el sentido de impedir que un Miembro adopte o aplique medidas:
a) necesarias
para proteger la moral o mantener el orden público;
b) necesarias
para proteger la vida y la salud de las personas y de los animales o para
preservar los vegetales;
c) necesarias
para lograr la observancia de las leyes y los reglamentos que no sean
incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, con inclusión de los
relativos a:
i) la
prevención de prácticas que induzcan a error y prácticas fraudulentas o los
medios de hacer frente a los efectos del incumplimiento de los contratos de
servicios;
ii) la
protección de la intimidad de los particulares en relación con el tratamiento y
la difusión de datos personales y la protección del carácter confidencial de
los registros y cuentas individuales;
iii) la
seguridad;
d) incompatibles
con el artículo XVII, siempre que la diferencia de trato tenga por objeto
garantizar la imposición o la recaudación equitativa o efectiva de
impuestos directos respecto de los servicios o proveedores de servicios de
otros Miembros;
e) incompatibles
con el artículo II, siempre que la diferencia de trato resulte de un acuerdo
destinado a evitar la doble imposición o de las disposiciones destinadas a
evitar la doble imposición contenidas en cualquier otro acuerdo o convenio
internacional que sea vinculante para el Miembro”.
3-. Para la Sala, las
excepciones que plantea este Capítulo son expresión de la soberanía nacional y
del deber del Estado de asegurar la integridad territorial, la salud y vida de
las personas, la convivencia pacífica de sus habitantes y los demás aspectos
relacionados con el cumplimiento de los fines constitucionales del Estado (art.
2 y 9 C.P.). De esta forma, es perfectamente compatible con la Carta que el
Acuerdo establezca excepciones a las cláusulas contractuales del TLC con
fundamento en tales necesidades.
De esta forma, las excepciones
del GATT a las que remite el artículo 19.1 del TLC, hacen directa referencia a
la protección de la vida y salud de las personas, animales y vegetales, así
como a la conservación de los recursos naturales agotables, aspectos que no se
oponen a la Carta sino que resultan compatibles plenamente con la Constitución,
por ser aspectos igualmente protegidos por ella[316].
Así mismo, fuera de las
excepciones generales anteriores, aquellas relacionadas con la seguridad
nacional resultan por las mismas razones constitucionales antes mencionadas,
ser conducentes también para el cumplimiento de los fines estatales (art. 2
C.P.). En relación con la excepción de Orden Público establecida en el literal
(d) del artículo 19.2., el Tratado asegura la aplicación del artículo 100 de la
Carta, al permitir que por razones de orden público se puedan limitar los
derechos civiles de extranjeros[317], bajo
consideraciones excepcionales, razonables, proporcionadas y que no sean
discriminatorias de modo injustificado, como lo establece el Tratado y lo
reconoce la Carta. La excepción que se menciona además, preserva la posibilidad
de aplicar las normas relacionadas con el Estado de Excepción, consagradas en
los artículos 212, 213 y 214 de la Carta. Estos aspectos permiten constatar que
la cláusula se ajusta entonces a lo previsto por la Corte en la sentencia C-379
de 1996 sobre el ejercicio de los derechos de los extranjeros y a la sentencia
C-294 de 2002, en la que se estudió una cláusula similar, que fue declarada
constitucional.
En cuanto a las excepciones
relacionadas con la balanza de pagos, recuerda la Sala que el artículo XII del
GATT permite a los Estados adoptar medidas tendientes a salvaguardar su posición
financiera exterior y a restablecer el equilibrio en su balanza de pagos. Esta
disposición mantiene el mismo espíritu del artículo 215 superior, ya que la
excepción de la balanza de pagos busca salvaguardar las facultades del Estado
en cuanto a las posibles situaciones que afecten el orden económico del país.
Cabe anotar que la
cláusula es de carácter general, por lo que cobija en su integridad los flujos
de las transacciones asociadas al comercio de bienes, servicios e inversión
regulados por el Acuerdo.
A este respecto se tiene que
cada una de las Partes del Tratado, así como cada uno de los miembros de la
OMC, cuenta a nivel interno con la autoridad competente para aplicar esta
excepción. En el caso colombiano y de conformidad con los artículos 371, 372 y
373 de la Carta, así como el artículo 16 de la Ley 31 de 1992, es el Banco de
la República la autoridad a quien corresponde regular la política monetaria
externa. En virtud
de esa cláusula, por lo tanto, el Estado colombiano no encuentra limitadas sus
atribuciones para adoptar medidas temporales y no discriminatorias sobre los
flujos de las operaciones de comercio exterior y movimientos de capitales
cuando se presenten amenazas o serias dificultades en la balanza de pagos. Es
conveniente advertir que tales medidas deben estar conformes con los Acuerdos
de la OMC y al Convenio del Fondo Monetario Internacional, tratados de los
cuáles Colombia es signataria y se encuentran vigentes. Por ende no queda duda
de que el Banco de la República conserva todas sus atribuciones en materia de
cambios internacionales, por lo que la cláusula es constitucional.
Sobre la excepción de
Tributación, se tiene que de acuerdo con lo estipulado en el Tratado, ninguna
disposición del mismo se aplicará a medidas tributarias y nada de lo señalado
en el Acuerdo afectará los derechos y obligaciones de cualquier Parte,
contraídos en un convenio Tributario. En lo concerniente a posibles requerimientos sobre
expropiación por razones tributarias, la Corte se remite a lo previamente dicho
sobre ese particular en el Capítulo 12 del tratado objeto de revisión. A su
vez, las disposiciones sobre trato nacional e
impuestos a las exportaciones a las que se hizo referencia, se limitan simplemente
a asegurar la equidad tributaria. Por todas las anteriores razones es posible
concluir que el Estado mantiene la potestad constitucional de regular su
política fiscal, según los numerales 11 y 12 del artículo 150 superior.
Por último y de acuerdo con el
artículo 19.4 ninguna disposición del Acuerdo se interpretará en el sentido de
obligar a una Parte a proporcionar o dar acceso a información confidencial,
cuya divulgación pudiera impedir el cumplimiento de leyes, o que fuera
contraria al interés público o que pudiera perjudicar el interés comercial
legítimo de empresas particulares, sean públicas o privadas. La disposición es
a juicio de la Sala enteramente constitucional, ya que responde a lo que la
Corte ha considerado como información que no debe ser divulgada, como puede ser
la reserva bancaria, el secreto profesional, información relacionada con la
intimidad de las personas, el secreto industrial o los documentos públicos
sometidos a reserva.
Así las cosas, del análisis de las disposiciones
relativas a excepciones en la aplicación del tratado, la Corte considera que
estas se ajustan a la Carta, ya que le permiten al Estado colombiano
implementar medidas para proteger intereses nacionales como la seguridad, el
recaudo tributario, cuestiones de divulgación de información especialmente
sensible para el cumplimiento de la Constitución y la ley y la estabilidad
macroeconómica, referida a la balanza de pagos. Así, es viable señalar que las
excepciones al Acuerdo tienen principalmente una finalidad legítima “de
exclusión de determinados ámbitos superiores garantizados constitucionalmente
para beneficio del interés general, la seguridad esencial, tributación y
confidencialidad de la información de los Estados parte, fortaleciendo así la
integración económica bajo los principios de soberanía nacional y
autodeterminación de los pueblos (arts. 2, 9, 15, 49, 74, 79, 80, 212, 213,
215, 226 y 227 de la Constitución)”[318].
En consecuencia y conforme al análisis precedente, esta
Corte declarará la exequibilidad del presente Capítulo.
5.6.21. Examen de
constitucionalidad del Capítulo 20. Cooperación.
5.6.21. 1. Contenido.
Este capítulo tiene como
objetivo brindar un espacio de cooperación entre las Partes, con el fin de
contribuir en el adecuado aprovechamiento de las oportunidades que brinda el
tratado, maximizando las oportunidades de crecimiento comercial, financiero,
tecnológico y de inversión, con especial énfasis en la promoción de la
generación de oferta exportable y el fortalecimiento de las MIPYMES.
También se dispone que los
objetivos de cooperación que se desarrollen entre las Partes, estén dirigidos a
coadyuvar el fortalecimiento y la capacidad de los sectores público y privado
para aprovechar las oportunidades que ofrece el Tratado. Para el efecto, el
tratado propone la cooperación en la capacitación y adecuada representación de
las Partes en los conflictos inversionista-Estado. Igualmente, en el anexo las
Partes proponen la implementación y desarrollo de proyectos de cooperación
técnica en áreas como: (i) Obstáculos Técnicos al Comercio; (ii) cooperación
para MIPYMES; (iii) Cooperación en trámites de comercio exterior y desarrollo
empresarial; (iv) cooperación en facilitación del comercio y (v) ciencia y
tecnología, entre otros aspectos.
5.6.21. 2. Consideraciones.
1-. Uno de los fines principales de la
promoción de las relaciones internacionales y del propio desarrollo del derecho
internacional público, es configurar nexos entre los Estados que faciliten la
cooperación entre ellos. En esta oportunidad la propuesta es con naciones de
América Latina y del Caribe, lo que implica el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 9 y 227 de la Carta.
El capítulo bajo análisis contempla
entonces mecanismos que buscan la realización de varios objetivos que propenden
por contribuir en el adecuado aprovechamiento de las
oportunidades que brinda el tratado. Para este fin, se contempla la
implementación de acciones concertadas y de proyectos de cooperación técnica
que eviten la duplicación de esfuerzos y busquen la maximización de los
resultados obtenidos, siempre teniendo en consideración las diferencias
intrínsecas entre los países partes del tratado y tomando en consideración las
prioridades nacionales acordadas por las partes. Igualmente se contempla un
mecanismo de cooperación para el trámite de controversias entre inversionistas
y estados, destacando la participación de las Partes en la capacitación e
implementación de servicios de representación y cooperación técnica para actuar
en procedimientos de conciliación o arbitraje.
Así, las disposiciones de este
capítulo aparecen como compatibles con la Constitución, pues se presentan como
la realización de los fines del Estado colombiano en materia de cooperación
frente a las relaciones internacionales -en especial en el marco
latinoamericano- en cumplimiento de los artículos 9, 226 y 227 Superiores[319].
5.6.22. Examen de
constitucionalidad del Capítulo 21. Disposiciones Finales.
5.6.22.1. Contenido.
Este último capítulo del TLC, reglamenta
aspectos de aplicación del tratado relacionados con sus enmiendas, entrada en
vigor del Acuerdo celebrado entre los Estados firmantes; su duración
indefinida; la posibilidad de adhesiones de otros Estados, así como la
posibilidad de aplicación provisional del mismo y su denuncia. También consagra
una cláusula evolutiva que permite iniciar un proceso de renegociación entre
las Partes a fin de profundizar las relaciones comerciales iniciadas, en un
lapso de tres (3) años.
5.6.22. 2. Consideraciones.
1-. La primera disposición establecida en
el capítulo señala que los anexos, apéndices y notas al píe de página del TLC constituyen
parte integrante del mismo. De esa manera, se precisa que dichos componentes
hacen parte integral del Acuerdo, lo cual, como ya se mencionó, no contradice
la Constitución y responde a lo establecido en la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados.
Igualmente se enuncian los procedimientos
para la entrada en vigor del instrumento internacional en revisión, su duración
indefinida y se establece que se dejan sin efectos los acuerdos de alcance
parcial (AAP) No. 5, 8 y 9 suscritos entre Colombia, Guatemala, El Salvador y
Honduras en 1984, con excepción de las preferencias arancelarias contempladas
en los AAP No. 8 y 9 (que forman parte del Programa de Desgravación Arancelaria)
a partir de la entrada en vigor del TLC.
2-. Se estipula igualmente que las partes
podrán acordar enmiendas al Tratado, atendiendo los requisitos legales
correspondientes para cada Parte. Se determinó a su vez, que las enmiendas
entrarían en vigor en la fecha que las Partes intercambiaran las notificaciones
correspondientes y se certificara el cumplimiento de los requisitos legales
internos. Esta disposición otorga entonces la posibilidad de que las Partes
puedan acordar la modificación del TLC, en ejercicio de la voluntad soberana y
libre determinación de los Estados, salvaguardándose, eso si, el cumplimiento
de los requisitos y procedimientos que el ordenamiento interno disponga para la
implementación de dichas modificaciones.
Adicionalmente se convino que cualquier
país puede adherirse a este Acuerdo sujeto a los términos y condiciones
acordadas entre ese país y las Partes, entrando en vigencia esa vinculación, el
trigésimo día después de la notificación del cumplimiento de todos los
requisitos internos a las demás partes. Esta cláusula
se ajusta al artículo 189 numeral 2 y a los artículos 226 y 227 de la Carta en
la medida en que el Presidente en su calidad de Jefe de Estado, puede decidir
con cuáles países celebra tratados internacionales, promoviendo la
internacionalización de las relaciones económicas con otros Estados.
3-. Por otra parte, el TLC
establece una cláusula de denuncia que contempla la posibilidad de que
cualquiera de los Estados miembro realice la denuncia del instrumento
internacional frente a las demás, y que en el caso de que sea Colombia, el
tratado quede sin vigor. Esta cláusula respeta plenamente la soberanía de los
Estados Parte y la voluntariedad de celebrar o retirarse de los acuerdos
internacionales conforme a lo previsto en la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados.
Igualmente, el convenio
estipula una cláusula evolutiva en la que se contempla la posibilidad de
renegociar el acuerdo con miras a profundizar el acceso a los mercados dentro
de los 3 años siguientes a la entrada en vigencia del instrumento,
disponiéndose que en el caso de el traslado de un producto de la categoría de
Exclusión a la de Desgravación, se podrá solicitar una salvaguarda especial.
Frente a estas disposiciones no se contempla ninguna divergencia frente a los
mandatos de la Constitución. Por el contrario, la cláusula fomenta la
cooperación y el avance en la internacionalización de las relaciones
comerciales en los términos del artículo 226 superior.
4-. De otro modo, el tratado incluye una disposición
de aplicación provisional para Colombia del TLC, que va desde el momento de la
firma del Convenio hasta su plena entrada en vigor. Al respecto, y de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 224 superior,
“[l]os tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el
Congreso. Sin embargo, el Presidente de la República podrá dar aplicación
provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en
el ámbito de organismos internacionales, que así lo dispongan. En este caso tan
pronto como un tratado entre en vigor provisionalmente deberá enviarse al
Congreso para su aprobación. Si el Congreso no lo aprueba, se suspenderá la aplicación
del tratado”[320].
La jurisprudencia
constitucional en la sentencia C-896 de 2003, sostuvo siguiendo las
determinaciones del artículo constitucional descrito, que la aplicación
provisional y excepcional de un tratado o convenio antes de su aprobación
mediante ley, era posible, “pero sólo cuando su naturaleza corresponda a
temas económicos y comerciales. En este caso, con su entrada en vigor el
tratado o convenio debe enviarse al Congreso para su aprobación, y si éste no
lo aprueba, se suspenderá su aplicación.”[321]
Así las cosas, la cláusula de aplicación provisional
descrita, se ajusta a la Carta Política, teniendo en
cuenta que a partir de la Constitución de 1991 en Colombia existe la
posibilidad de aplicar provisionalmente los tratados de naturaleza económica y
comercial negociados en el marco de una organización internacional, de acuerdo
con el artículo 224 superior previamente enunciado. No obstante, la Corte ha
insistido en que “esta
posibilidad de aplicación provisional de los tratados, antes de su aprobación
por el Congreso y la revisión de la Corte, es una excepción al procedimiento
ordinario previsto por la Carta en esta materia, por lo cual es de
interpretación rigurosa y estricta, y no admite analogías. Únicamente se puede
utilizar esa figura en relación con los convenios económicos y comerciales
adoptados en organismos internacionales que así lo dispongan. Además, como lo
establece la Carta, tan pronto entre en vigor provisionalmente el convenio
respectivo, es deber del Presidente someterlo al Congreso, y si éste no lo
aprueba, se suspenderá su aplicación.”[322].
En ese orden de ideas, el Tratado que se enmarca
dentro de los compromisos establecidos por Colombia en el marco de la
Organización Mundial del Comercio cumple con la Carta. En el caso particular
del TLC con los países del Triángulo Norte, el artículo 1.1 del TLC establece
que la zona de libre comercio se crea de conformidad con el GATT y el AGCS de
la OMC. Esta aplicación provisional además se enmarca en los parámetros
establecidos en el artículo 25 de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados que autoriza la aplicación provisional de dichos instrumentos
internacionales en ciertas circunstancias.
Así, y dado que el tratado bajo análisis cumple los
requisitos para que se dé su aplicación provisional, no se encuentra que la
disposición analizada vaya en contravía de la Constitución.
5-. Por último, el capítulo contempla unas medidas de
carácter transitorio que se encaminan primordialmente a permitir a los
comerciantes cobijados por los AAP No. 5, 8 y 9, mantener por un periodo
posterior a la entrada en vigor del tratado, situaciones consolidadas con
anterioridad bajo los convenios previamente celebrados entre las partes, lo
cual tampoco riñe con la Constitución.
Las anteriores consideraciones llevan a la Sala a
declarar la exequibilidad del presente capítulo.
5.6.23. Examen de
constitucionalidad del Anexo I.
5.6.23. 1. Contenido.
El Anexo No 1 del TLC, de
conformidad con los artículos de “Medidas Disconformes” del Capítulo de
Comercio Transfronterizo de Servicios y del Capítulo de Inversión, consagra las
medidas existentes en Colombia, que no están sujetas a algunas o todas
las obligaciones impuestas por tratado, con respecto a: (a) los artículos de
Trato Nacional de ambos capítulos; (b) los artículos de Trato de Nación más
favorecida en ambos capítulos; (c) el artículo de presencia local del Capítulo
de comercio transfronterizo de servicios; (d) el artículo de acceso a los
mercados del Capítulo de Comercio transfronterizo de servicios; (e) el artículo
de requisitos de desempeño del capítulo de inversión y (f) el artículo de altos
ejecutivos y directorios del Capítulo de inversión. Así, a través de la
consignación de medidas vigentes en Colombia que van en contra de las
obligaciones establecidas en el Capítulo de Comercio Transfronterizo de
Servicios y en el Capítulo de Inversión, el país se reserva la facultad de
seguir aplicando la normatividad actual excluida. Nuestro país enlistó, por
ejemplo, normas relacionadas con compañías de seguridad privada,
particularmente la restricción a la inversión extranjera en esas áreas; el
ejercicio de profesiones como la contaduría; la actividad de televisión en
diferentes modalidades y los servicios públicos domiciliarios, el transporte y
las comunicaciones, la pesca artesanal sólo por colombianos, etc., entre otros
aspectos.
Las listas de cada país, incluyen las
obligaciones convencionales afectadas que cada Estado excluye de aplicación del
Tratado, (vgr. el principio de trato nacional), así como el capítulo respectivo
del acuerdo, la medida disconforme que se propone y la norma jurídica interna
de la que surge la medida disconforme presentada.
5.6.23. 2. Consideraciones.
1-. Como se señaló previamente,
el TLC contempla la posibilidad de hacer excepciones a la aplicación de algunas
normas relacionadas con el trato nacional, trato de nación más favorecida,
requisitos de desempeño, acceso a mercados, presencia local, altos ejecutivos,
etc. siempre que se consignen en forma de Anexos de Medidas Disconformes, identificados
mediante listas de medidas, por países. Es decir, el TLC permite mantener o
renovar medidas que, aunque contravienen algunos principios generales del
acuerdo, se han exceptuado por razones de conveniencia nacional por cada uno de
los Estados Miembro.
Un ejemplo de las medidas
disconformes negociadas en el Anexo I son las inversiones en portafolio. Los
inversionistas extranjeros sólo pueden hacer inversiones en portafolio de
valores en Colombia a través de un fondo de inversión de capital extranjero,
que responde a la necesidad de salvaguardar la integridad del mercado transfronterizo
de valores. Otro ejemplo, son las ventas de activos de la Nación. En esta
materia, el Estado Colombiano garantizó la vigencia de las normas que aseguran la
oferta preferente al sector solidario, en atención a la ley 226 de 1995,
respetando por demás el artículo 60 de la Constitución.
Estas medidas, como se ve,
propenden por el reconocimiento de la soberanía de los Estados y de su
autodeterminación, permitiendo que puedan asegurar la garantía de los fines
constitucionales que los obligan a afirmar la independencia e integridad de las
naciones (Art. 2 y 9 C.P). Adicionalmente estas medidas se ajustan también al
artículo 334 superior que preserva las facultades de intervención del Estado en
la economía para la distribución equitativa de las oportunidades y de los
beneficios del desarrollo.
Así las cosas, no se evidencia
a primera vista objeción constitucional alguna, sobre el Anexo I del
instrumento internacional de la referencia.
2. Con todo, como lo manifestó
la sentencia C-864 de 2006
(M.P. Rodrigo Escobar Gil), aun cuando el contenido del Anexo que se describe
no genera prima facie ninguna violación de la Constitución, ello no
significa que algunos asuntos específicos no puedan suscitar controversia en su
ejecución, especialmente, en lo referente a la protección de los derechos
fundamentales y colectivos. No obstante “para la Corte, cualquier problema
que se origine en la aplicación de los Anexos y que implique la violación o
amenaza de dichos derechos constitucionales, escapa al ámbito del control
abstracto de constitucionalidad, por lo que su defensa se puede obtener
mediante el ejercicio de las otras acciones constitucionales reconocidas en la
Carta Fundamental”[323], correspondiendo a
otros jueces, nacionales o internacionales la salvaguardia de los mismos, según
sea del caso[324]. En efecto, es evidente
la dificultad y limitación en la que se encuentra el juez constitucional en el
control automático de acuerdos internacionales, de analizar consideraciones
concretas, teniendo en cuenta que la valoración constitucional que le compete,
sólo puede darse de manera abstracta.
Con todo, independientemente de estas
limitaciones, considera la Sala que con fundamento en las razones expuestas, no
existe reproche de constitucionalidad en contra del presente Anexo, en atención
a las consideraciones previas.
5.6.24. Examen de
constitucionalidad del Anexo II.
5.6.24. 1. Contenido.
El Anexo II, denominado Reservas
a Futuro, es similar al Anexo I con la diferencia de que en el Anexo II se
incorporan sectores, subsectores y actividades sobre los cuáles el país podrá
adoptar cualquier tipo de reglamentación a futuro sin que ello viole los
compromisos adquiridos con ocasión del Tratado. El Anexo II indica, de
conformidad con los artículos de Medidas Disconformes del Capítulo de Comercio
Transfronterizo de Servicios y el Capítulo de Inversión, los sectores,
subsectores o actividades específicas para lo cuáles Colombia podrá mantener
medidas existentes o adoptar medidas nuevas o más restrictivas que sean
disconformes con las obligaciones impuestas por: (a) los artículos de Trato
Nacional de ambos capítulos; (b) los artículos de Trato de Nación más
favorecida en ambos capítulos; (c) el artículo de presencia local del Capítulo
de comercio transfronterizo de servicios; (d) el artículo de acceso a los
mercados del Capítulo de Comercio transfronterizo de servicios; (e) el artículo
de requisitos de desempeño del capítulo de inversión y (f) el artículo de altos
ejecutivos y directorios del Capítulo de inversión.
Un ejemplo de estas medidas es
que Colombia, en línea con el concepto de desarrollo y fomento de la cultura,
estableció en el Tratado una reserva cultural, mediante la cual preserva la
discrecionalidad del Estado para desarrollar políticas de apoyo al sector
cultural, de tal forma que los actuales incentivos y otros que se diseñen en el
futuro puedan seguir aplicándose.
Igualmente el Gobierno se
reservó expresamente el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que
otorgue derechos o preferencias a las minorías social o económicamente en
desventaja y a sus grupos étnicos, entendiendo como tales los pueblos indígenas
y ROM, las comunidades afrocolombianas y la comunidad raizal. De igual manera,
se hizo una reserva expresa sobre el derecho de Colombia a adoptar o mantener
medidas relacionadas con las tierras comunales de los grupos étnicos.
5.6.24. 2. Consideraciones.
La determinación de las medidas
disconformes de este anexo, se soporta en la potestad del Ejecutivo de
establecer consideraciones de conveniencia en materia de negociaciones
internacionales y fijar a través del acuerdo internacional, aspectos que dentro
del comercio de bienes y servicios deben ser sometidos a reserva de
reglamentación futura (Art. 226 superior).
El Anexo II establece medidas
disconformes que le permiten al País reconocer y proteger la diversidad étnica
y cultural de la nación (art. 7 C.P.) y asegurar que las tierras de los grupos
étnicos sean inembargables, imprescriptibles e inalienables de conformidad con
el artículo 63 de la Constitución, toda vez que adopta una reserva dirigida a
proteger los derechos especiales consagrados para estos grupos. Por ende, además de fortalecer
la integración latinoamericana en materia comercial, el Tratado responde a las
exigencias constitucionales establecidas en los artículos 70, 71 y 72 sobre la
promoción, fomento y protección de la cultura, mediante su anexo, al reservar
de la aplicación general del Convenio algunos aspectos vinculados con las
minorías y el desarrollo de la cultura, lo que tiene plena coherencia con los
fines esenciales del Estado en virtud del artículo 2 superior.
Por estas razones estima la
Sala que el Anexo II del TLC objeto de revisión, es prima facie,
constitucional.
5.6.25. Examen de
constitucionalidad del Anexo III.
5.6.25. 1. Contenido.
El Anexo III, denominado de
Excepción al Trato de la Nación Más Favorecida, tiene el objetivo de incorporar
los sectores, subsectores o actividades de servicios sobre los cuáles el país
podrá otorgar un mejor trato a un país que no es parte del Tratado, sin que
ello viole el compromiso de Nación Más Favorecida adquirido en virtud del
acuerdo suscrito con los países del Triángulo Norte.
Así las cosas, nuestro país
consignó en el Anexo III una reserva que le permite adoptar o mantener
cualquier medida que otorgue trato diferente a países bajo cualquier acuerdo
bilateral o multilateral internacional vigente o suscrito después de la fecha
de entrada en vigor del Tratado con los países del Triángulo Norte, en materia
de aviación, pesca y asuntos marítimos.
5.6.25. 2. Consideraciones.
Al Anexo III antes mencionado,
le aplican las consideraciones previas de la Sala con relación a los anexos
previos. En efecto, los anexos mencionados, en general, favorecen la internacionalización
de las relaciones económicas con Latinoamérica a la par que aseguran el respeto
por la soberanía nacional y el principio de autodeterminación de los pueblos
consagrado en el artículo 9º de la Carta, al permitir que Colombia pueda reservar
algunas actividades y sectores económicos por razones de conveniencia, con el
objeto de impulsar la
prosperidad general y asegurar los fines constitucionales. Igualmente son disposiciones que aseguran el cumplimiento
de los artículos 334 y 335 relacionados con la intervención, regulación,
vigilancia y control del Estado en la economía. De este modo, los propósitos buscados
con los anexos mencionados, guardan relación con tales disposiciones, así como
con el artículo 2º superior en la Carta.
Así las cosas, ya que a través de ellos se
respeta la soberanía nacional y la conveniencia nacional, tales preceptos
favorecen prima facie el cumplimiento de los artículos 2, 9 y 226 de la
Carta, por lo que el Anexo III será igualmente declarado constitucional.
III. DECISION.
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el “Tratado de Libre Comercio celebrado
entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, hecho y
firmado en Medellín, República de Colombia, el 9 de agosto de 2007” y los
“Canjes de Notas que corrigen el Anexo 3.4 del Capítulo 3 relativo al Trato
Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado Sección Agrícola –Lista de
Desgravaciones de Colombia para El Salvador, Guatemala y Honduras, del 16 de
enero de 2008, 11 de enero de 2008 y 15 de enero de 2008, respectivamente”.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1241 de 30 de Julio de 2008,“Por
medio de la cual se aprueba el ´Tratado de Libre Comercio celebrado entre la
República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y
Honduras, hecho y firmado en Medellín, República de Colombia, el 9 de agosto de
2007” y los “Canjes de Notas que corrigen el Anexo 3.4 del Capítulo 3 relativo
al Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado Sección Agrícola –Lista de
Desgravaciones de Colombia para El Salvador, Guatemala y Honduras, del 16 de
enero de 2008, 11 de enero de 2008 y 15 de enero de 2008, respectivamente”.
Tercero.- Ordenar la comunicación de la
presente sentencia al Presidente de la República y al Ministro de Relaciones
Exteriores, para los fines contemplados en el numeral 10 del artículo 241 de la
Constitución Política.
Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese
en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
NILSON PINILLA PINILLA
Presidente
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Los citados documentos, también pueden ser consultados
en el Diario Oficial. Ver original en el
Diario Oficial No. 47.066 de 30 de julio de 2008 en la página web www.imprenta.gov.co
[2] Los países signatarios del Tratado de Montevideo son: Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, y
Venezuela. En 1999 se adhirió la República de Cuba.
[3] Este Acuerdo fue modificado mediante un primer
protocolo, en Agosto de 2002, el cual profundizó temas sobre normas de origen,
medidas de salvaguardia, valoración aduanera y administración e introdujo
nuevas disciplinas en asuntos como obstáculos al comercio, medidas antidumping
y compensatorios y creó un mecanismo de solución de controversias. Colombia y
Guatemala suscribieron el 6 de octubre de 2004 un segundo protocolo adicional
para incorporar los Anexos IV y V sobre “medidas Sanitarias y Fitosanitarias” y
“Obstáculos Técnicos al Comercio respectivamente”. No obstante ni el Primero ni
el Segundo Protocolo entraron en vigencia, porque Guatemala no concluyó el
Trámite Legislativo correspondiente ante su Congreso.
[4] Para explicar la naturaleza de tales acuerdos, el
Ministerio cita las sentencias C-1258 de 2000 (M.P. Martha Sáchica Méndez) y la sentencia C-170 de 1995 (M.P. Carlos
Gaviria Díaz). Al respecto dijo la sentencia C-1258 de 2000 (M.P. Martha
Sáchica Méndez) lo siguiente: “Esta Corporación ya se ha pronunciado sobre la
validez de los acuerdos internacionales que desarrollan tratados públicos. En la
sentencia C-363 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), la Corte señaló: “Esos
acuerdos complementarios o de desarrollo de tratados ya incorporados a la
legislación colombiana corresponden a una de las clases de los llamados
procedimientos simplificados que como se ha dicho y surge del texto del Convenio
sujeto a análisis son instrumentos que buscan dar cumplimiento a las cláusulas
sustantivas de un tratado vigente y que no dan origen a obligaciones nuevas ni
puede exceder las ya contraídas por el Estado colombiano; la otra clase de
procedimientos simplificados se integra por aquellos acuerdos relativos a
materias que son de la órbita exclusiva del Presidente de la República,
directamente o por delegación, como director de las relaciones internacionales.
//A juicio de la Corporación, si se trata de un instrumento internacional que
no genera nuevas obligaciones para Colombia, por ser desarrollo directo de un
tratado negociado, suscrito, aprobado y revisado en la forma prevista en la
Constitución Política (artículos 189, numeral 2., 150, numeral 16., 241,
numeral 10) puede prescindirse del trámite de aprobación parlamentaria y
ponerse en vigor por el Presidente de la República, en ejercicio de la
competencia que posee para la dirección de las relaciones internacionales. //
(…) Sin embargo, en este punto hay que precisar, de acuerdo con la
jurisprudencia de esta Corporación, que existen una serie de instrumentos que
se agrupan en la categoría de los denominados procedimientos simplificados que
no entran en esa modalidad, pues a pesar de que son desarrollo de otro tratado,
no se restringen a su mera ejecución sino que implican para los Estados parte
la asunción de compromisos adicionales a los estipulados en el tratado
principal, razón por la cual de conformidad con la Constitución, deben ser
sometidos a la aprobación del Congreso y al control automático de
constitucionalidad y demás reglas del derecho internacional en materia de
tratados”.
[5] En los casos en que Colombia otorga diferentes
programas de liberación a cada uno de los países del Triángulo Norte de
Centroamérica para un mismo producto, se incluyó una cláusula que reconoce
preferencia al país que ha realizado la última transformación, evitando así que
sea otorgada esta preferencia a un país del TN que ejecute tan sólo una
operación mínima de transformación del bien. En ese sentido, el capítulo
contiene de manera detallada, aquellas operaciones mínimas que no conferirán
origen a las mercancías.
[6] La mencionada norma expresa: “2. No
obstante lo anterior, por razones que afecten el equilibrio macroeconómico, las
Partes podrán adoptar medidas relacionadas con las entradas de capital de
créditos externos y/o que impliquen un sobre costo al pago anticipado de los
mismos, siempre que tales medidas sean de aplicación equitativa, no
discriminatoria y de buena fe”.
[7]Según aduce la SAC, una de las mayores limitaciones en el comercio
entre los países del Caribe (Centro América, norte de América del Sur y las
Comunidades del Caribe, CARICOM), ha sido el bajo volumen de carga para
movilizar; lo que genera inexistencia de transportes regulares entre países a
precios competitivos, encareciendo las mercancías y limitando el comercio.
[8] Para la fecha de culminación de las negociaciones del TLC
Colombia – Estados Unidos, Centro América ya había finalizado su proceso de
negociación del Central American Free Trade Agreement, CAFTA, con los Estados
Unidos, según indica el interviniente.
[9]
Es así como según cuenta la SAC, la
porcicultura y los derivados de la carne de cerdo, la avicultura, la carne de
bovino, la leche y los productos lácteos, la papa en fresco, los frijoles, el
café, cereales como el maíz y el arroz, las semillas oleaginosas como la soya y
el girasol y los aceites y grasas animales y de soya, palma y girasol, el
azúcar y alguna preparaciones alimenticias con contenido de azúcar, fueron
excluidas del acuerdo comercial, salvo algunas concesiones puntuales de
menor importancia, haciendo por ese hecho muy limitada la perspectiva de
crecimiento comercial en el sector agropecuario con los nuevos socios
comerciales.
[10] Entonces, las características generales
de las canastas de desgravación son asimetría a favor del Triángulo Norte de 5
años de diferencia, a excepción de los confites y los bombones en los cuáles se
concedió 8 años de asimetría con Guatemala y para el jugo de naranja 10 años de
asimetría.
[11] La tendencia que según el gremio interviniente registra el
comercio de Colombia con los países miembros del Triángulo Norte en
Centroamérica, es de un continuo superávit comercial que supera los USD 236
millones en 2007, superior en un 4%, al valor registrado en 2006. No obstante,
según Fedegán, con Guatemala los productos excluidos
del Tratado suman 286 subpartidas de la nomenclatura NANDINA, equivalentes a
30.4 por ciento del ámbito agropecuario y 55 por ciento de las exportaciones de
Colombia al mundo. Por su parte el Triángulo Norte excluye 72% de sus
exportaciones al mundo. Con el Salvador, hay 286 subpartidas NANDINA excluidas
y con Honduras 285. En la canasta de desgravación inmediata bilateral (Canasta
AxA) con Guatemala, se negociaron 428 subpartidas NANDINA que representa 46.1 %
del ámbito agropecuario y 2.9 % de las exportaciones de Colombia al Mundo. El
resto de las canastas de desgravación con Guatemala, excluyen aquellos
productos en que una de las partes tenga canasta de acceso inmediato, suman 218
subpartidas NANDINA equivalente al 23.5% del ámbito agropecuario (928
subpartidas arancelarias según NANDINA) y 42% de las exportaciones de Colombia
al mundo. No obstante, hay un potencial de comercio ya que por esas líneas arancelarias
los países del Triángulo Norte importaron US$ 984.2 millones y Colombia les
exportó US$ 4 millones en 2005. Además, al considerar el comercio bilateral, se
observa la exclusión del 62.5% de las importaciones de Colombia en la
negociación con Guatemala y el 87.8 desde el Triángulo Norte incluidas en las
canastas de desgravación.
[12] Dentro de las líneas arancelarias que presentan
exclusiones resalta la participación de bienes de la industria liviana:
jabones, perfumes y cosméticos; pinturas y barnices; abonos y herbicidas;
resinas y bienes finales de la industria plástica; tableros de madera; libros
de registro contable; álbumes de fotos y etiquetas; calzado; algunos bienes de
metalmecánica; automóviles familiares y finalmente el sector textil
confecciones, éste último de manera bilateral con Guatemala y El Salvador.
[13] Fuente según Fedegán de Dane- Dian Cálculos MCIT, DIE. Ponencia
Primer debate en Comisión II Senado y Cámara.
[14] Concepto No. 4701 recibido en ésta Corporación el 6
de febrero del 2009.
[15] Cfr. Sentencia C-750 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[16] Sentencia C-863 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa. Ver sentencia C-172 de 2006 M.P. Jaime Córdoba Treviño y la sentencia
C-276 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[17] Sentencia C-170 de 1995.M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[18] Es importante recordar que el no cumplimiento de las
formalidades establecidas por el ordenamiento jurídico de cada Estado para que
se pueda expresar su voluntad de obligarse en el ámbito internacional,
constituye un vicio del consentimiento, susceptible de ser alegado a través de
la nulidad del tratado, tal como lo prevé el artículo 46 de la Convención de
Viena.
[19] Sentencia C-170 de 1995.M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[20] Cfr. Sentencia C-578 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[21] Ver al respecto entre muchas otras, las sentencias C-378 de 1996.
M.P. Hernando Herrera Vergara; C-682 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz; C-468 de
1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-400 de 1998, M.P. Alejandro Martínez
Caballero y C- 924 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[22] Es pertinente precisar que el control de
constitucionalidad que adelanta la Corte sobre los tratados internacionales,
como lo señaló la Sentencia C-031 de 2009 M.P. Humberto Sierra Porto, comprende
la integridad del texto, es decir, los anexos, pies de página, al igual que
cualquier comunicación entre las Partes encaminada a acordarle algún sentido o
alcance a los compromisos asumidos.
[23] Recientemente ver las sentencias C-464 de 2008 M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa y la sentencia C-944 de 2008 M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Ver
además la sentencia C-400 de 1998, MP. Alejandro Martínez Caballero; C- 924 de
2000, MP. Carlos Gaviria Díaz., C-863 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
y C-859 de 2007 M.P. Mauricio González Cuervo, entre otras.
[24] Ver al respecto la sentencia C-781 de 2004. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[25] Ver sentencia C-468 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[26] Cfr. Sentencia C-863 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[27] Nótese que el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003,
adicionó un último inciso al artículo 160 superior, que hace necesario en la
actualidad que se anuncie previamente que un proyecto de ley será sometido a
votación, en sesión distinta a aquella en la que se realizará la votación.
[28] Dice el artículo 204 de la Ley 5ª de 1992: “Trámite. Los
proyectos de ley orgánica, ley estatutaria, ley de presupuesto, ley sobre
derechos humanos y ley sobre tratados internacionales se tramitarán por el
procedimiento legislativo ordinario o común, con las especialidades
establecidas en la Constitución y en el presente Reglamento.
[29] Vgr. que entre el primer y segundo debate medie un lapso
no inferior a ocho días, y que entre la aprobación del proyecto en una de las
cámaras y la iniciación del debate en la otra transcurran por los menos quince
días (Art. 160 C.P.)”
[30] También en otros casos en materia de leyes ordinarias, ella debe
versar sobre una misma materia (art. 158 C.P.) y ser presentada por quien
tienen iniciativa para tal efecto (art. 154 C.P.)
[31] El Art. 150 de la
C.P. señala que: “Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de
ellas ejerce las siguientes funciones: 16. Aprobar o improbar los tratados que
el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional.
(…)”. Ver la sentencia C-781 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y la Sentencia C-227 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía.
[32] El Artículo 217 de la ley 5ª de 1992 sobre los
tratados reza lo siguiente: “Artículo 217. Condiciones en su trámite.
Podrán presentarse propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva
respecto de tratados y convenios internacionales. //El texto de los tratados no
puede ser objeto de enmienda. //Las propuestas de reserva sólo podrán ser
formuladas a los tratados y convenios que prevean esta posibilidad o cuyo
contenido así lo admita. Dichas propuestas, así como las de aplazamiento,
seguirán el régimen establecido para las enmiendas en el proceso legislativo
ordinario. //Las comisiones competentes elevarán a las plenarias, de
conformidad con las normas generales, propuestas razonadas sobre si debe
accederse o no a la autorización solicitada”.
[33] El artículo 19 de la Convención de 1969 sobre derecho
de los tratados dice: “Un Estado podrá formular una reserva en el momento de
firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a
menos: a) que la reserva esté prohibida por el tratado; b) que el tratado
disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales
no figure la reserva de que se trata (...)” En la práctica las soluciones
convencionales son diversas: ciertos tratados prohíben cualquier tipo de
reservas (como la Convención de Montego
Bay de 1982 sobre el Derecho del Mar o las convenciones de Nueva York y Río de
Janeiro sobre Diversidad Biológica y Cambios Climático); otros autorizan las
reservas sobre ciertas disposiciones únicamente (por ejemplo el artículo 42 de
la Convención sobre Refugiados de 1951) y algunos excluyen ciertas categorías
de reservas (como el artículo 64 de la Convención Europea de Derechos Humanos
que prohíbe las reservas de carácter vago.). De manera general, una reserva
expresamente permitida por las cláusulas finales del tratado no requiere ser
aprobada o aceptada por los demás Estados (Artículo 20 párrafo 1 de las
Convenciones de Viena de 1969 y 1986).
[34] De acuerdo a la sentencia C-781 de 2004. M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa, la
“omisión, de no entregar el tratado a tiempo, no modifica la naturaleza de la
ley aprobatoria del tratado, ni afecta la validez de su trámite legislativo,
sin embargo, tiene dos consecuencias importantes. En primer lugar, ocurrida la
omisión, la Corte Constitucional puede aprehender de oficio el estudio de
constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias.
En segundo lugar, como es posible que escape al conocimiento de la Corte la celebración
de un tratado y la expedición de la correspondiente ley aprobatoria, es
procedente la admisión de la demanda de cualquier ciudadano, caso en el cual la
Corte aprehenderá la revisión de constitucionalidad del tratado y de la ley, no
sólo con base en los cargos presentados por el ciudadano, sino que realizará el
análisis integral, de acuerdo con la facultad prevista en el numeral 10, del
artículo 241 Superior”.
[35] Sentencia C-031 de 2009. M.P. Humberto
Sierra Porto.
[36] Cfr. Sentencia C-750 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas.
[37] Cfr. Sentencia C-864 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gil y
C-750 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[38] Sentencia C-178 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz.
Revisión previa de la constitucionalidad de la Ley 172 de 1994 (20 de
diciembre), "Por medio de la cual se aprueba el TRATADO DE LIBRE COMERCIO
ENTRE LOS GOBIERNOS DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA
REPUBLICA DE VENEZUELA, SUSCRITO EN CARTAGENA DE INDIAS EL 13 DE JUNIO DE 1994."
[39] Cfr. Sentencia C-028 de 2006 M.P. Humberto Sierra Porto.
[40] En la sentencia C-256 de 1998 M.P.
Fabio Morón Díaz la Corte reconoció la inexistencia de superioridad del derecho
comunitario sobre la Constitución. También se dijo que: “El derecho comunitario
tampoco conforma un cuerpo normativo intermedio entre la Carta Fundamental y la
ley ordinaria, ya que la aprobación de los tratados por el Congreso se lleva a
cabo mediante una ley ordinaria, de modo que, analizadas las cosas desde la
perspectiva del juicio de constitucionalidad, las presuntas contradicciones
entre la ley y el derecho comunitario andino no generan la declaración de
inexequibilidad, cuyo presupuesto es la inconformidad de una norma inferior con
otra superior y no con otra de la misma jerarquía o proveniente de algún órgano
comunitario”. Ahora bien,
existe una excepción. Hay normas comunitarias que se han integrado al bloque de
constitucionalidad porque se ha tratado de normatividad que reconoce y
desarrolla directamente derechos humanos. Es el caso de la como la Decisión 351 de 1993 sobre derecho de autor y
conexos, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Al respecto pueden consultarse las
sentencia C-1490 de 2000, MP Fabio Morón
Díaz y C-1118 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[41] Sentencia C-191 de 1998. Cfr. sentencia
C-155 de 2007.
[42] Sentencia C-155 de
2007 M.P. Álvaro Tafur Galvis. Ver también sentencias C-864 de 2006,
C-339 de 2006, C-988 de 2004, C-067 de 2003, C-1490 de 2000, C-1022 de 1999,
C-582 de 1999 y C-256 de 1998. Pertenecen al Bloque de constitucionalidad únicamente los tratados y convenios internacionales que reconocen
derechos humanos y prohíben su limitación en estados de excepción (Art. 93
C.P.) y aquéllos que definen los límites territoriales del Estado (art.101
C.P.).
[43] Cfr. Sentencia C-750 de 2008 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[44] Cfr. Sentencia
C-155 de 2007 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[45] Cfr. Sentencia C-155 de 2007 M.P. Álvaro
Tafur Galvis.
[46] Cfr. Sentencia C-750 de 2008 M.P. Clara Inés Vargas Hernández y
C-028 de 2006 M.P. Humberto Sierra Porto.
[47] M.P. Clara Inés Vargas.
[48] Cfr. Sentencia C-750 de 2008 M.P. Clara
Inés Vargas Hernández.
[49] Sentencia C-864 de 2006 M.P Rodrigo Escobar Gil.
[50] Cfr. Sentencia C-864 de 2006, M.P.
Rodrigo Escobar Gil
[51] Cfr. Sentencia C-750 de 2008. M.P. Clara
Inés Vargas Hernández.
[52] Sentencia C-031 de 2009, M.P. Humberto
Sierra Porto.
[53] El desconocimiento de un precepto constitucional por una
disposición específica prevista en un tratado no conduce a la inconstitucional
de todo el instrumento internacional, pues para el efecto se reconoce la
posibilidad de exigir al Gobierno Nacional al momento de comprometer su
voluntad internacional, el señalamiento de una reserva o de una declaración
interpretativa, cuando ello resulte pertinente (C.P. art. 241-10). Así ocurrió,
por ejemplo, en la sentencia C-644 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[54] Sentencia C-578 de 2002.
[55] Copia de los Plenos Poderes conferidos al
Ministro. Folio 3, Cuaderno de Pruebas No 10. Dice el documento: “POR CUANTO
se ha de proceder a la suscripción del “TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LAS REPUBLICAS DE EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS”,
he determinado conferir como por las presentes confiero PLENOS PODERES al Dr.
LUIS GUILLERMO PLATA PAEZ, Ministro de Comercio, Industria y Turismo para que
en nombre del Gobierno Nacional proceda a la suscripción del referido
instrumento (…)”.
[56] Copia de la Aprobación Ejecutiva. Cuaderno de Pruebas No 10. Folio 2.
[57] Dispone la norma en referencia: “Artículo 189. Corresponde
al Presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema
autoridad administrativa: (...) 2. Dirigir las relaciones
internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los
agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho
internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso”.
[58] Cfr. Sentencia C-477 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[59] El artículo 2, letra C, de la Convención de Viena
define los "plenos poderes" así: "Un documento que
emana de la autoridad competente de un Estado, y por el cual se designa a una o
varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la
autenticación del texto de un Tratado, para expresar el consentimiento en
obligarse por un Tratado, o para ejecutar cualquier acto con respecto a un
Tratado". El artículo
7º de la Convención de Viena reza lo siguiente: “1. Para la adopción o la
autenticación del texto de un tratado, o para manifestar el consentimiento del
Estado en obligarse por un tratado, se considerara que una persona representa a
un Estado: a) si presenta los adecuados plenos poderes (…) //2. En virtud de
sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que
representan a su Estado: //a) los jefes de Estado, jefes de gobierno y
ministros de Relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos
relativos a la celebración de un tratado (…)”.
[60] Sentencia C-750 de 2008 M.P. Clara Inés
Vargas Hernández. Revisar las sentencias C-933 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar
Gil,; C-241 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-1139 de 2000 M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa, entre otras.
[61] Sentencia C-309 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[62] Cfr. Sentencia C-477 de 1992. M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[63] La doctrina especializada reconoce a la confirmación,
como un acto tácito de saneamiento del proceso de formación de un tratado o
convenio realizado por una persona desprovista de plenos poderes para su
suscripción, por cuanto si bien no existe una manifestación explícita del
Estado ante la comunidad internacional de su aceptación ulterior, si envuelve
la exteriorización de un comportamiento que inequívocamente demuestra su
aceptación.
[64] Señala la norma en cita: “Artículo 150. Corresponde al
Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
(...) 16. Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con
otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos
tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia
nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos
internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración
económica con otros Estados”.
[65] Ver sentencias C-400 de 1994 y C-750 de 2008 entre otras.
[66] Sentencia C-251 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[67] Al respecto, dispone la citada norma: “Confirmación
ulterior de un acto ejecutado sin autorización. Un acto relativo a la
celebración de un tratado ejecutado por una persona que, conforme al artículo
7, no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un Estado,
no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por ese
Estado”.
[68] Al respecto puede verse también la sentencia C-251 de 1997, M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[69] Las Notas dirigidas a los Gobiernos del El Salvador Guatemala y
Honduras, en uno de sus apartes señalan lo siguiente: “Por lo expuesto,
pongo a consideración de Vuestra Excelencia que la presente Nota y la Respuesta
de Vuestra Excelencia que formule en el mismo tenor, constituyan un Acuerdo
entre los dos Gobiernos, que entrará en vigencia a partir de la fecha en que
entre en vigor el Tratado”. Cuaderno de Pruebas No 10, folios 404 a 408.
[70] En respuesta a la Nota Colombiana 62424, la Ministra de Economía
de la República de El Salvador, el 16 de enero de 2008, contestó lo siguiente:
“Tengo el honor de informarle que el Gobierno de la República de El Salvador se
encuentra conforme con las correcciones propuestas al “Tratado…” // En
consecuencia, la Nota antes transcrita y la presente Nota constituyen acuerdo
entre los dos Gobiernos, que entrará en vigencia a partir de la fecha en que
entre en vigor el Tratado”. Cuaderno de Pruebas No 10. Folio 416.
[71] En respuesta a la Nota Colombiana, el Ministro de Economía de la
República de Guatemala, el 11 de enero de 2008, contestó: “ Me es grato
confirmar que el Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Economía
acepta y comparte la modificación propuesta y referida en su Nota, consistiendo
las mismas un acuerdo entre nuestros Gobiernos, las cuáles deberán entrar en
vigencia en la misma fecha en que entre en vigor el Tratado ”. Cuaderno de
Pruebas No 10. Folio 422.
[72] Contestando la Nota Colombiana, el Secretario de Estado de
Guatemala, el 15 de enero de 2008, respondió lo siguiente: “Tengo el agrado de
dirigirme a Vuestra Excelencia en la oportunidad de referirme a la Nota OAJ. CAT
No 62423 (…) Tengo el honor de informarle que el Gobierno de la República de
Honduras se encuentra conforme con las correcciones propuestas al “Tratado…”. (…) En consecuencia la Nota antes transcrita y la
presente Nota constituyen un acuerdo entre los dos Gobiernos, que entrará en
vigencia a partir de la fecha en que entre en vigor el Tratado”. Cuaderno de
Pruebas No 10. Folio 437.
[73] Copia de la Aprobación ejecutiva. Cuaderno de pruebas No 10.
Folio 1.
[74] Articulo 13 de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados reza lo siguiente: “Consentimiento en obligarse por
un tratado manifestado mediante de el canje de instrumentos que
constituyen un tratado. El consentimiento de los Estados en obligarse
por un tratado constituido por instrumentos canjeados entre ellos se
manifestará mediante este canje: //a) cuando los instrumentos dispongan que su
canje tendrá ese efecto, o //b) cuando conste de otro modo que esos Estados han
convenido que el canje de los instrumentos tenga ese efecto”. (Subraya fuera
del original).
[75] Sentencia C-249 de 1994.
[76] Cfr. sentencia C-249 de 1994.
[77] Ver las sentencias C-249 de 1994 y C-1033 de 2003 M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[78] El canje de notas al que se hace referencia no debe confundirse con
el “canje de notas de ratificación”, que es aquel a través del cual un Estado
expresa su voluntad de obligarse, observar y cumplir lo estipulado en el
tratado ratificado.
[79] Tomado de www.oas.org/xxxivGA/spanish/reference_docs/Convencion_Viena.pdf
[80] La Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, Ley 32 de 1985, Artículo 7, literal a) numeral 2º, dice lo siguiente:
“7. Plenos poderes. (…) 2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar
plenos poderes, se considerará que representan a su Estado: a) los Jefes de
Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de relaciones exteriores, para la
ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado (…)”.
[81] De acuerdo con el artículo 204 de la
Ley 5ª del 1992, el proceso de formación de las leyes sobre tratados
internacionales se tramitará mediante “procedimiento legislativo ordinario
común”, lo que requiere la aprobación de la mayoría simple en cada uno de los
debates constitucionales que surtió dicha iniciativa legislativa.
[82] Sentencia C- 872 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
[83] Copia de la Gaceta No 50 de 2008. Folio 90, cuaderno 8 de pruebas.
[84] Certificación de la Coordinadora del Área
de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Folio 1, cuaderno 1 de
pruebas y constancia, folio 639, Cuaderno de pruebas No 2.
[85] Copia de la Gaceta No 50 de 2008. Folio 90, cuaderno
8 de pruebas. Páginas 1 a 333 (Trámite Senado) y Folio 77, cuaderno de pruebas
No 7 (Trámite Cámara).
[86] Copia del mensaje de urgencia solicitado por el Presidente de la
República al Proyecto de ley número 232 de 2008 Senado, 277 de 2008 Cámara, en
aplicación del artículo 163 de la Constitución, fue publicado en la Gaceta del
Congreso No 631 del 12 de Septiembre de 2008, página 8. Folio 32, cuaderno de
pruebas No 7.
[87] Copia de esa Resolución fue publicada en la Gaceta del Congreso
No 631 del 12 de Septiembre de 2008, página 9. Folio 33, cuaderno de pruebas No
7.
[88] Copia de esa Resolución fue publicada en la Gaceta del Congreso
No 631 del 12 de Septiembre de 2008, página 10. Folio 34, cuaderno de pruebas
No 7.
[89] Copia de la Gaceta 153 de 2008. Folio 74, cuaderno No
8 de pruebas (Trámite Senado), Páginas 1-8 y Folio 61, cuaderno de pruebas No 7
(Trámite Cámara).
[90] El Proyecto de Ley fue anunciado así: “(…)Anuncio
de discusión y votación de Proyectos de ley //Por instrucciones del
Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de
discusión y votación de proyectos de ley en Sesión Conjunta de Comisiones
Segundas Constitucionales (artículo 8° del acto legislativo número 01 de 2003).
//1. Proyecto de ley número 232 de 2008 Senado y 277 de 2008 Cámara, por
medio de la cual se aprueba el Tratado de Libre Comercio entre la República de
Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, hecho y firmado
en Medellín, República de Colombia, el 9 de agosto de 2007, y los canjes de
notas que corrigen el anexo 3.4 del Capítulo III, relativo al Trato Nacional y
Acceso de Mercancías al Mercado. Sección Agrícola. Lista de desgravación de
Colombia para El Salvador, Guatemala y Honduras, del 16 de enero de 2008, 11 de
enero de 2008 y 15 de enero de 2008, respectivamente. (…) La Discusión de
este proyecto se daría en la fecha en que se cite la sesión conjunta.” (Subrayas
fuera del original).
[91] El Proyecto de Ley fue anunciado así, según la Gaceta
454 de 2008: “Anuncio de discusión y votación de Proyectos de ley // Por
instrucciones del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República,
anuncio de discusión y votación de proyectos de ley en Sesión Conjunta de
Comisiones Segundas Constitucionales (artículo 8° del acto legislativo número
01 de 2003). //1. Proyecto de ley número 232 de 2008 Senado y 277 de
2008 Cámara, por medio de la cual se aprueba el Tratado de Libre Comercio
entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y
Honduras, hecho y firmado en Medellín, República de Colombia, el 9 de agosto de
2007, y los canjes de notas que corrigen el anexo 3.4 del Capítulo III,
relativo al Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado. Sección Agrícola,
Lista de desgravación de Colombia para El Salvador, Guatemala y Honduras, del
16 de enero de 2008, 11 de enero de 2008 y 15 de enero de 2008, respectivamente.
// (…) // Se continúa con el Orden del Día. //El señor Secretario informa a la Presidencia: //Ha sido
anunciado la discusión y votación del Proyecto de Ley número 232 de 2008
Senado y 277 de 2008 Cámara, por medio de la cual se aprueba el Tratado de
Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador,
Guatemala y Honduras, hecho y firmado en Medellín República de Colombia, el 9
de agosto de 2007, y los canjes de notas que corrigen el anexo 3.4 del Capítulo
III, relativo al trato nacional y acceso de mercancías al mercado. Sección
Agrícola Lista de desgravación de Colombia para El Salvador, Guatemala y
Honduras, del 16 de enero de 2008, 11 de enero de 2008 y 15 de enero de 2008,
respectivamente. Para la sesión conjunta de Comisiones Segundas
Constitucionales el día martes 6 de mayo de 2008.” (Subrayas fuera del
original).
[92] Dice la Gaceta 455 de 2008 en lo pertinente:
“Anuncio de discusión y votación de proyectos de ley //Por instrucciones
del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de
discusión y votación de proyectos de ley en Sesión Conjunta De Comisiones
Segundas Constitucionales, el día martes 6 de mayo de 2008. (Artículo 8° del
Acto Legislativo número 01 de 2003). //1. Proyecto de ley número
232 de 2008 Senado y número 277 de 2008 Cámara, por medio de la cual se
aprueba el Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las
Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras” (….) y los canjes de
notas (…)”.(…)
Se continúa con el Orden del Día. //El señor Secretario informa: //De acuerdo con la lectura del Orden del Día, fueron
anunciados para primer debate la discusión y votación de los proyectos de ley
en Comisión Conjunta de las Comisiones Segundas Constitucionales, para el
día 6 de mayo de 2008, el Proyecto de ley número 232 de 2008 Senado y
número 277 de 2008 Cámara, por medio de la cual se aprueba el
Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El
Salvador, Guatemala y Honduras, (…)”.El señor Presidente, Senador
Carlos Emiro Barriga, manifiesta: //Con esta última intervención de la
Senadora Cecilia, damos por terminada la sesión, citamos para el día martes
6 de mayo a las 10:00 a.m. Comisiones Conjuntas, segunda de Cámara y Senado
en el recinto del Senado. Se levanta la sesión”. (Subrayas fuera
del original).
[93] La Gaceta No 25 de 2008 reseña el anunció así: “ (…)
Este anuncio lo hago para dar cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo
número 01 de 2003. //Los siguientes proyectos que voy a anunciar tendrán lugar
para ser discutidos el 6 de mayo en sesiones conjuntas de Senado y Cámara.
También igualmente para dar cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo
número 01 de 2003. (…) Siguiente proyecto para ser tratado en sesiones
conjuntas el 6 de mayo de 2008: Proyecto de ley número 277 de 2008 Cámara,
232 de 2008 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado de libre
comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador,
Guatemala y Honduras, hecho y firmado en Medellín, República de Colombia
el 9 de agosto de 2007 (…) .Hechos los anuncios ordenados por usted, señor
Presidente”. (Subrayas fuera del original).
[94]En el Acta No 01 de la Sesión Conjunta de las Comisiones Segundas
de Senado y Cámara de Representantes, publicada en la Gaceta del Congreso No
631 de 2008, se dijo al respecto lo siguiente: “El señor Presidente, Senador
Carlos Emiro Barriga, manifiesta: //Quiero anunciarle a los Miembros de
las Comisiones Conjuntas Segundas de Senado y Cámara, que trasladaremos el
debate para el día de mañana, en razón de que el que el quórum en Cámara no
es suficiente para someter a votación el proyecto. Le pido al señor Secretario
anunciar los proyectos para las Comisiones Conjuntas Segundas de Senado y
Cámara”. (Sigue el texto transcrito arriba en la sentencia).
[95] Copia de la Gaceta No 631 de 2008. Folio 25, cuaderno de pruebas
No 7. Página 19.
[96] Según el almanaque 2008 el miércoles posterior a la sesión del 6
de mayo de 2008, era el día miércoles 7 de mayo de 2008.
[97] Del 7 de mayo de 2008.
[98] En el acta 02 de 2008 de las sesiones
Conjuntas de las Comisiones Segundas, consta lo siguiente: “Hace uso de la
palabra el señor Presidente, honorable Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda:
Gracias señora Secretaria. A Continuación vamos a darle el uso de la
palabra a los Senadores que tenemos inscritos y a los Representantes para
continuar el debate del TLC (…) Hace uso de la palabra el señor Presidente,
Honorable Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda: Gracias honorable
Senadora Moreno Piraquive. Quiero solicitarle al señor Secretario que lea el
informe con el cual termina la ponencia. (…) Proposición: Por los
argumentos expuestos solicitamos a los honorables miembros de las Comisiones
Segundas del Senado y de la Cámara de Representantes aprobar en primer debate
el Proyecto de Ley número 232 de 2008 Senado,. 277 de 2008 Cámara. (…) Hace
uso de la palabra el señor Presidente, honorable Senador Carlos Emiro Barriga
Peñaranda: Gracias señor Secretario. En consideración al informe con el
cual termina la ponencia, ¿aprueban los miembros de la Comisión Segunda del
Senado el informe? // Hace uso de la palabra el Señor Secretario General de
la Comisión Segunda del Senado, doctor Felipe Ortiz Marulanda: Ha sido
aprobado el informe de ponencia leído señor Presidente.// Hace uso de la
palabra el señor Presidente, honorable Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda: En
consideración al informe con el cual termina la ponencia ¿aprueban los miembros
de la Comisión Segunda de la Cámara el informe? Hace uso de la palabra la
Señora Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara, doctora Pilar
Rodríguez Arias: Ha sido aprobado, señor Presidente.// Hace uso de la
palabra el señor Presidente, honorable Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda:
Lectura del articulado del Proyecto señor Secretario. // Hace uso de la
palabra el Señor Secretario General de la Comisión Segunda del Senado, doctor
Felipe Ortiz Marulanda: Sí señor Presidente. Artículo 1. Apruébase el
Tratado de Libre Comercio (…). Hace uso de la palabra el señor Presidente,
honorable Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda: Señor Secretario el
Senador Galán está pidiendo omisión de lectura del articulado. En consideración
a la omisión de lectura del articulado, ¿ lo aprueban los miembros de la
Comisión Segunda del Senado? // Hace uso de la palabra el Señor Secretario
General de la Comisión Segunda del Senado, doctor Felipe Ortiz Marulanda:
Ha sido aprobada la omisión de lectura del articulado en la comisión segunda
del Senado. // Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable Senador
Carlos Emiro Barriga Peñaranda: En consideración la omisión de lectura del
articulado, ¿ lo aprueban los miembros de la Comisión Segunda de la Cámara? Hace
uso de la palabra la Señora Secretaria General de la Comisión Segunda de la
Cámara, doctora Pilar Rodríguez Arias: Ha sido aprobada, señor Presidente. Hace
uso de la palabra el señor Presidente, honorable Senador Carlos Emiro Barriga
Peñaranda: En consideración el articulado del proyecto, ¿aprueban los
miembros de la Comisión Segunda del Senado el articulado del proyecto? // Hace
uso de la palabra el Señor Secretario General de la Comisión Segunda del
Senado, doctor Felipe Ortiz Marulanda: Ha sido aprobado el articulado del
proyecto en la Comisión Segunda del Senado. Hace uso de la palabra el señor
Presidente, honorable Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda: En
consideración al articulado del proyecto, ¿aprueban los miembros de la Comisión
Segunda del Senado (sic)? // Hace uso de la palabra la Señora Secretaria
General de la Comisión Segunda de la Cámara, doctora Pilar Rodríguez Arias: Ha
sido aprobado el articulado del proyecto en la Comisión Segunda de la Cámara,
señor Presidente. //Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable
Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda: Leer el título del proyecto señor
Secretario (…) // En consideración al título del proyecto, ¿Lo aprueban
los miembros de la Comisión Segunda del Senado? // (…) Ha sido aprobado el
título del proyecto en la Comisión Segunda del Senado.// (…) Ha sido aprobado
el título del proyecto en la Comisión Segunda de la Cámara, señor Presidente.//
¿Quieren los miembros de las Comisiones Conjuntas que este proyecto tenga
segundo debate y se convierta en Ley de la República? // Hace uso de la
palabra el Señor Secretario General de la Comisión Segunda del Senado, doctor
Felipe Ortiz Marulanda: Sí lo quieren señor Presidente. Hace uso de la
palabra la Señora Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara,
doctora Pilar Rodríguez Arias: Sí lo quieren señor Presidente, los miembros
de la Comisión Segunda de la Cámara”.
[99] Certificación. Folio 4, cuaderno 7 de pruebas.
[100] Certificación. Folio 2, Cuaderno 4 de pruebas.
[101] Copia de la Gaceta. Folio 48, cuaderno de pruebas No 8. Páginas
11 a 18 de la gaceta.
[102] La Gaceta No 481 de 2008 en lo pertinente, reseña el
anuncio así: “Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad con
el Acto Legislativo número 01 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos que
se discutirán y aprobarán en la próxima sesión. Proyectos en segundo
debate. (…) Proyecto de ley número 232 de 2008 Senado, 277 de 2008 Cámara, por
medio de la cual se aprueba el Tratado de Libre Comercio entre la República de
Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, hecho y firmado
en Medellín, República de Colombia, el 9 de agosto de 2007, y los canjes de
notas que corrigen el anexo 3.4 del Capítulo III Relativo al Trato Nacional y
acceso de mercancías al mercado. Sección Agrícola-lista de desgravación de
Colombia para El Salvador, Guatemala y Honduras, del 16 de enero de 2008, 11 de
enero de 2008 y 15 de enero de 2008, respectivamente. (…) Siendo las 10:40 p.
m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día miércoles 28 de
mayo de 2008, a las 3:00 p. m.” (Subrayas fuera del original).
[103] Copia de la Gaceta 482 de 2008. Folio 2, cuaderno No 8 de
pruebas. Páginas 7-8 y 29. Dice la Gaceta que se cita: “Lectura de ponencias
y consideración de Proyectos Segundo Debate. (…) 30. Proyecto de ley 232 de
2008 Senado, 277 Cámara, por medio del cual se aprueba el Tratado de Libre
Comercio (…) Proyecto de Ley número 232 de 2008 Senado, 277 de 2008, Cámara.
La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora ponente
Marta Lucía Ramírez de Rincón (…) La Presidencia somete a consideración de la
plenaria la proposición positiva con que termina el informe de ponencia y
cerrada su discusión, ésta le imparte su aprobación. // Se abre el segundo
debate. Por solicitud de la h. Senadora Marta Lucía Ramírez de Rincón, la
Presidencia pregunta a la plenaria si acepta la omisión de la lectura del
articulado y, cerrada su discusión, ésta responde afirmativamente. La
Presidenta somete a consideración de la Plenaria el articulado del proyecto, y
cerrada la discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado propuesto? Y
esta responde afirmativamente. //La Presidencia indica a la Secretaría dar
lectura al título del proyecto.// Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto
de ley número 232 de 2008 Senado, 277 de 2008 Cámara (…) //Leído éste, la
Presidencia lo somete a consideración de la Plenaria, y cerrada la discusión
pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación el título leído? Y estos le
imparten su aprobación.// Cumplidos los trámites constitucionales, legales y
reglamentarios, la Presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que
el proyecto de ley aprobado sea Ley de la República? Y estos responden
afirmativamente. La Presidenta concede el uso de la palabra a la h. Senadora
Adriana Gutiérrez// (…) Con la venia de la Presidencia hace uso de la
palabra la honorable Senadora Adriana Gutiérrez Jaramillo: //Gracias
Presidenta, no, es para dejar una constancia en la discusión del proyecto que
acabamos de aprobar, Tratado de Libre Comercio con los países del Norte, del
Triángulo del Norte, porque, que quede constancia de que este Proyecto tuvo una
ardua discusión en Comisiones Conjuntas con la participación activa de todos
los Partidos Políticos. Quería Presidenta, dejar esa constancia”.
[104] Certificación
proferida por el Dr. Emilio Otero Dajud. Folio 1, Cuaderno de Pruebas No 8.
[105] Copia de la Gaceta. Folio
45, cuaderno No 7 de pruebas (Trámite Cámara).
[106] Gaceta No 412 del 7 de julio de 2008, página 22.
Folio 89, cuaderno de pruebas No 9.
[107] Gaceta No 413 del 7 de julio de 2008, página 12.
Folio 92, cuaderno de pruebas No 9. Se resalta de la Gaceta mencionada lo
siguiente: “Proyectos para Segundo Debate. (…) 3. Proyecto de ley
número 277 de 2008 Cámara, 232 de 2008, Senado. (…) Secretario General
(e) doctor Jesús Alfonso Rodríguez C, informa: Por medio del cual se
aprueba el tratado de libre Comercio entre la República de Colombia y la
República de El Salvador (…) y los canjes de notas (…) El informe de ponencia
es como sigue: Proposición: Dese segundo debate al proyecto de ley, por
el cual se aprueba el tratado de libre comercio … y los canjes de notas….
Someta el informe de ponencia, Presidente. Dirección de la Presidencia,
doctor Bérner León Zambrano Erazo: En consideración a la proposición con la
que termina el informe, se abre su discusión, queda cerrada, ¿lo aprueba la
Cámara? // Secretario General E, doctor Jesús Alfonso Rodríguez C. informa:
Aprobado Presidente. //Dirección de la Presidencia, doctor Bérner León
Zambrano Erazo: Articulado.// Secretario General E, doctor Jesús Alfonso
Rodríguez C. informa: Tres artículos sin proposición, señor Presidente. //Dirección
de la Presidencia, doctor Bérner León Zambrano Erazo: En consideración, el
articulado leído, se abre su discusión, anuncio que va a cerrarse, queda
cerrado, ¿lo aprueba la Cámara? Secretario General E, doctor Jesús Alfonso
Rodríguez C. informa: Aprobado el articulado del proyecto. Dirección de
la Presidencia, doctor Bérner León Zambrano Erazo: El título del Proyecto.
//Secretario General E, doctor Jesús Alfonso Rodríguez C. informa: Por
medio del cual se aprueba el Tratado de Libre Comercio… Ha sido leído el
título, señor Presidente// Dirección de la Presidencia, doctor Bérner León
Zambrano Erazo: En consideración el título del proyecto, se abre su
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado ¿lo aprueba la Cámara? Secretario
General E, doctor Jesús Alfonso Rodríguez C. informa: Aprobado el Título
Presidente. Dirección de la Presidencia, doctor Bérner León Zambrano Erazo:
¿Quiere la Cámara que el Proyecto de ley sea ley de la República? Secretario
General E, doctor Jesús Alfonso Rodríguez C. informa: Así lo quiere señor
Presidente”.
[108] Certificación proferida por el Dr. Jesús Alfonso
Rodríguez, en septiembre de 2008. Folio 3, cuaderno de pruebas No 9.
[109] El
Artículo 142 de la Ley 5 de 1992 reza lo siguiente: “Iniciativa privativa del
Gobierno. Sólo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno,
las leyes referidas a las siguientes materias: (…) 20. Leyes
aprobatorias de los Tratados o Convenios que el Gobierno celebre con otros
Estados o con entidades de derecho internacional (…)”.
[110] Sentencia C-750 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[111] Sentencia C-369 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
[112] Cfr. sentencias C-065 de 1998, M.P. Fabio
Morón Díaz y C-084 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[113] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[114] Sentencia
C-565 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo citada por la sentencia
C-750 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[115] Dice el artículo 163 superior: “El Presidente de la República
podrá solicitar trámite de urgencia para cualquier proyecto de ley. En tal
caso, la respectiva cámara deberá decidir sobre el mismo dentro del plazo de
treinta días. Aun dentro de este lapso, la manifestación de urgencia puede
repetirse en todas las etapas constitucionales del proyecto. Si el Presidente insistiere
en la urgencia, el proyecto tendrá prelación en el orden del día excluyendo la
consideración de cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva cámara o
comisión decida sobre él. // Si
el proyecto de ley a que se refiere el mensaje de urgencia se encuentra al
estudio de una comisión permanente, ésta, a solicitud del Gobierno, deliberará
conjuntamente con la correspondiente de la otra cámara para darle primer
debate”.
[116] La Constitución autoriza sesiones conjuntas de
las Comisiones homólogas de una y otra cámara, para dar primer
debate a los proyectos de ley, en los siguientes casos: (a) cuando
se trata del proyecto de presupuesto de rentas y ley de apropiaciones (art. 346
C.P.); (b) cuando se trata del Plan Nacional de Desarrollo (art. 341 C.P.); (c)
cuando se trata de proyectos de ley respecto de los cuales el Presidente de la
República haya solicitado trámite de urgencia, y éstos se encuentran para
estudio en una comisión permanente (art. 163 C.P.); y (d) cuando se trata de
uno de los casos en que el Reglamento del Congreso así lo establezca, siempre y
cuando, agrega la Corte, no contraríen el ordenamiento constitucional (art.
157-2 C.P.) que son los mismos señalados en el numeral 1º del artículo 169 de
la Ley 5ª de 1992.
[117] Sentencia C- 1190 de 2001. M.P. Jaime Araujo
Rentería.
[118] Esta norma contenía un numeral adicional que
establecía que las Comisiones Permanentes también podían sesionar conjuntamente
por disposición reglamentaria, es decir, cuando lo propusieran las respectivas
comisiones y fueran autorizadas por las Mesas Directivas de las Cámaras. Esa
parte de la disposición fue declarada inexequible por esta Corte en la
sentencia C-365 de 1996 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, por consagrar una
posibilidad abierta e indefinida de introducir sin barreras, una excepciones a
la regla constitucional genérica de las diferentes etapas legislativas.
[119] Dice el artículo: “Trámite de Urgencia. El Presidente de la
República podrá solicitar trámite de urgencia para cualquier proyecto de ley.
En tal caso, la respectiva Cámara deberá decidir sobre el mismo, dentro de un
plazo de treinta (30) días. Aún dentro de este lapso la manifestación de
urgencia puede repetirse en todas las etapas constitucionales del proyecto.//
Si el Presidente insistiere en la urgencia, el proyecto tendrá
prelación en el Orden del Día, excluyendo la consideración de cualquier otro
asunto hasta tanto la respectiva Cámara o Comisión decida sobre él”.
[120] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[121] Al respecto deben ser consultadas las sentencias
C-750 de 2008 M.P. Clara Inés Vargas Hernández; la C-565 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y la C-374 de 1997.
[122] Sentencia C-369 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[123] Sentencia C-702 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz.
[124] Sentencia C-1147 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar.
[125] Dice la norma que si ello no fuere posible, el informe radicado
en el primer orden será la base. Y que en caso de duda, resolverá el Presidente
de la respectiva Comisión o comisiones.
[126] Sentencia C-369 de 2002 Dr. Eduardo Montealegre
Lynett. Al respecto se pueden revisar las sentencias C-1022 de 1999 y la
sentencia C-864 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[127] Sentencia C-751 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[128] Ver sentencias C-750 de 2008 y C- 369 de 2002 ya mencionadas.
[129] Sentencia C-369 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[130] El numeral 5º del artículo 41 de la Ley 5ª de 1992 dice lo
siguiente: “Atribuciones. Como órgano de orientación y dirección de la Cámara
respectiva, cada Mesa Directiva cumplirá las siguientes funciones: (…) Disponer
la celebración de sesiones conjuntas de las Comisiones Constitucionales
Permanentes de la misma o de ambas Cámaras, cuando sea conveniente o necesaria
su realización, y en acuerdo con la Mesa Directiva de la otra Cámara,
entratándose del segundo evento. Sendas resoluciones así lo expresarán”.
[131] Constitución Política, Artículo 157. Ningún proyecto
será ley sin los requisitos siguientes: ║ 1. Haber sido publicado
oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva.
(…)”
[132] Cfr. Sentencia C-750 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
Ver entre otras, la sentencia C-688 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[133] Artículo 156 de la Ley 5ª de 1992. “El informe será presentado por escrito, en original
y dos copias, al secretario de la Comisión Permanente. Su publicación se hará
en la Gaceta del Congreso dentro de los tres (3) días siguientes. //Sin
embargo, y para agilizar el trámite del proyecto, el Presidente podrá autorizar
la reproducción del documento por cualquier medio mecánico, para distribuirlo
entre los miembros de la Comisión; ello, sin perjuicio de su posterior y
oportuna reproducción en la Gaceta del Congreso”.
[134] Sentencia
C-915 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. S.V. Jaime Araujo Rentería,
Alfredo Beltrán Sierra, Rodrigo Escobar Gil y Clara Inés Vargas Hernández. A.V.
Eduardo Montealegre Lynett. Cfr. sentencias C-278 de 2004, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra y Manuel José Cepeda Espinosa, S.V.
Jaime Araujo Rentería, S.V. Alfredo Beltrán Sierra; C-688 de 2002, M.P. Rodrigo
Escobar Gil, S.V. Jaime Araujo Rentería, S.V. Clara Inés Vargas Hernández, A.V.
Rodrigo Escobar Gil; C-953 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, S.V.
Jaime Araujo Rentería, S.V. Alfredo Beltrán Sierra, S.V. Rodrigo Escobar Gil,
S.V. Clara Inés Vargas Hernández; C-951 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre
Lynett; C-916 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, S.V. Jaime Araujo
Rentería, S.V. Alfredo Beltrán Sierra, S.V. Rodrigo Escobar Gil, S.V. Clara
Inés Vargas Hernández; y C-915 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, S.V.
Jaime Araujo Rentería, S.V. Alfredo Beltrán Sierra, S.V. Rodrigo Escobar Gil,
S.V. Clara Inés Vargas Hernández, A.V. Eduardo Montealegre Lynett.
[135] Sentencia C-750 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas.
[136] Copia de la Gaceta No 50 de 2008. Folio 90, cuaderno
8 de pruebas. Páginas 1 a 333 (Trámite Senado) y Folio 77, cuaderno de pruebas
No 7 (Trámite Cámara).
[137] Copia de la Gaceta 153 de 2008. Folio 74, cuaderno No
8 de pruebas (Trámite Senado), Páginas 1-8 y Folio 61, cuaderno de
pruebas No 7 (Trámite Cámara).
[138] Ver artículo de ley 5ª que autoriza ponencia conjunta
y 147 de la Ley 5ª de 1992. El Artículo 147 de la Ley 5ª de 1992, reza lo
siguiente: “Requisitos Constitucionales. Ningún proyecto será ley sin el
lleno de los requisitos o condiciones siguientes: //1. Haber sido publicado oficialmente
por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva”.
[139] Copia de la Gaceta. Folio
45, cuaderno No 7 de pruebas (Trámite Cámara).
[140] Sentencia C-309 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[141] Sentencia C- 751 de 2008. Ver además las Sentencias C-864 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil;
C-1153 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-309 de 2004, M.P. Rodrigo
Escobar Gil; C-369 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, S.V. Jaime Araujo
Rentería, S.V. Alfredo Beltrán Sierra, S.V. Jaime Córdoba Triviño, S.V. Clara
Inés Vargas Hernández, A.V. Marco Gerardo Monroy Cabra, A.V. Eduardo
Montealegre Lynett, A.V. Álvaro Tafur Galvis; C-044 de 2002, M.P. Rodrigo
Escobar Gil; C-809 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-393 de 2000,
M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-562 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa; C-203 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-025 de 1993, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz. Auto de Sala Plena No. 118 de 2007, M.P. Álvaro Tafur
Galvis, S.V. Jaime Araujo Rentería.
[142] Ver entre otras las sentencias C-369 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett y la sentencia C-309 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[143] El inciso segundo del artículo 183 de la Ley 5ª de
1992 reza lo siguiente: “ (…) Entre la aprobación del proyecto en una de las
Cámaras y la iniciación del debate en la otra deberán transcurrir, por lo
menos, quince (15) días, salvo que el proyecto haya sido debatido en sesión
conjunta de las Comisiones Constitucionales, en cuyo caso podrá presentarse la
simultaneidad del segundo debate en cada una de las Cámaras”.
[144] Sentencia C-309 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[145] Ver sentencia C-025 de 1993, MP: Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[146] El artículo 160 en su último inciso, adicionado por el Acto
Legislativo No 01 de 2003, reza lo siguiente: “Ningún proyecto de Ley será
sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya
anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación, lo dará la
presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual
se realizará la votación”.
[147] Sentencia C-644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Véase: Auto
038 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y sentencia C-533 de 2004, M.P.
Álvaro Tafur Galvis.
[148] Sentencia C-750 de
2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En ella se cita la sentencia C-927
de 2007
[149] Sentencia C-644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Ver igualmente
Auto 089 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[150] Sentencia C-036 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Véase
entre muchas otras las sentencias C-644 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil;
C-549 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-172 de 2006, M.P:.Jaime
Córdoba Triviño; C-241 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y los Autos 038
de 2004 y 089 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[151] Auto 311 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Ver también la
sentencia C-750 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas.
[152] Ver adicionalmente la sentencia C-322 de 2006.
[153] Cfr. Corte Constitucional,
sentencia C-473 de 2005.
[154] Auto 311 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[155] Auto 089 de 2005 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[156] Sentencia C-533 de 2004, MP. Álvaro Tafur Galvis. Ver igualmente
Auto 089 de 2005M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[157]A título de ejemplo, en la sentencia C-400 de 2005, la Corte consideró que la fecha del anuncio
fue implícitamente determinada por el secretario de la comisión, cuando señaló
que quedaban “proyectos para anunciar para la próxima sesión. Fuera de los
proyectos que no se han discutido hoy, como son el 39/2003 y el 59/2003. Queda
pendiente de discutir para la próxima sesión el proyecto de ley No. 05/2003
Senado (...)”, ya que del contexto en que se surtió el anuncio, se
desprendió que los parlamentarios habían quedado claramente enterados de la
fecha correspondiente. En la Sentencia
C-780 de 2004, la Corte avaló que la Comisión Segunda de la Cámara informara
que los proyectos serían incluidos en la sesión de “la próxima semana”, ya
que pese a que dicha expresión no permitía fijar con precisión la sesión en la
cual serían discutidos los proyectos, del contexto del debate se entendía que
la “próxima semana”, era la manera de referirse a la siguiente sesión de
la Comisión, que tendría lugar a los ocho días de aquél en el que se hizo el
anuncio. Por ello, determinó que el anuncio, hecho en esas condiciones y en ese
contexto, era válido. También en el Auto 311 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra) se explicó que un anuncio hecho “para la “sesión de mañana” por
el Secretario General de la Comisión” era constitucionalmente válido, porque
del contexto en que se hizo, se pudo extraer la intención de la Comisión de
someter a votación todos los proyectos anunciados en la sesión anterior.
[158] Ver además las sentencias C-927 de 2007, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto; C-718 de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla;
C-502 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, S.V. Jaime Araujo Rentería;
C-309 de 2007, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra, S.V. Jaime Araujo Rentería, S.V. Humberto Antonio Sierra
Porto; C-933 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-864 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil, S.V. Jaime Araujo Rentería;
C-863 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, S.V. Jaime Araujo Rentería; C-649 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, A.V. Jaime Araujo
Rentería; C-576 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, S.P.V. Jaime Araujo
Rentería; C-337 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, S.V. Jaime Araujo
Rentería; C-322 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, S.V. Jaime Araujo
Rentería y S.V. Alfredo Beltrán Sierra; C-276 de 2006, Ms.Ps. Manuel José
Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra, S.V. Jaime Araujo Rentería, S.V.
Alfredo Beltrán Sierra y S.V. Humberto Antonio Sierra Porto; C-241 de 2006,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-1040 de 2005, Ms. Ps. Manuel José Cepeda
Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio
Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, S.V. Jaime
Araujo Rentería, S.V. Alfredo Beltrán Sierra, S.V. Jaime Córdoba Triviño, SPV y
AV. Humberto Antonio Sierra Porto; y C-780 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño,
S.V. Jaime Araujo Rentería, S.V. Alfredo Beltrán Sierra y S.P.V. Rodrigo
Uprimny Yepes. También ver autos de Sala
Plena Nos. 232 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, S.V. Jaime Araujo Rentería;
145 de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; 119 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil, S.V. Jaime Araujo Rentería; 053 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, S.V. Jaime Araujo Rentería; y 311 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, S.V. Humberto Antonio
Sierra Porto, S.V. Clara Inés Vargas Hernández.
[159] Sentencia C-750 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas
Hernández. Ver Sentencia C- 541 de 2008 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[160] Sentencia C-750 de 2008 M.P. Clara Inés Vargas. Un ejemplo de lo
anterior puede verse en la sentencia C-147 de 2009. M.P. Mauricio González
Cuervo.
[161] Sentencia C-872 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[162] Esta Corte ha señalado que, a
pesar de que en principio los informes de ponencia deben ir firmados por todos
los ponentes, en caso de divergencia de criterios entre ellos, la falta de
firma de quienes que se apartaron de la posición mayoritaria, no constituye
realmente un vicio de procedimiento, pues esa situación "no
tiene la suficiente entidad para viciar la legitimidad de la publicación del
informe ponencia para segundo debate. En efecto, las discrepancias entre los
ponentes no pueden llegar al punto de torpedear el proceso legislativo, a
través de conductas negativas que desvirtúan la función legislativa”. Sentencia
C-055 de 1995. MP Alejandro Martínez Caballero.
[163] Dijo el Secretario: “Me permito informar
señor Presidente, que hay quórum para deliberar en la Comisión Segunda del
Senado”. Presentaron excusas además, los senadores: Jairo Clopatofsky Ghisays,
Ricardo Ariel Elcure Chacón y Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda.
[164] Dijo igualmente la Secretaria de la Comisión Segunda de la
Cámara: “Le informo señor Presidente que se ha constituido quórum decisorio en
la Comisión Segunda de la Cámara”.
[165] De hecho de la certificación sobre la votación del 7
de mayo de 2008 proferida por la Comisión Segunda del Senado, se señala que
ésta se realizó con diez de los trece Senadores pertenecientes a la comisión y
de la Gaceta referida en la que consta el Acta de esa fecha, se evidencia que
los tres Senadores faltantes presentaron excusas para esa sesión, por lo la
totalidad de la Comisión Segunda del Senado era conciente de que la “próxima
sesión” de las comisiones conjuntas no podía ser otra que el 7 de mayo de
2008.
[166] Artículo 146 de la Carta: “El Congreso en pleno, en las cámaras y
en sus comisiones permanentes, las decisiones se tomarán por la mayoría de los
votos asistentes, salvo que la constitución determine un quórum diferente”.
[167] Cfr, Sentencia C-750 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[168] Sentencia C-322 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[169] Cfr C-750 de 2008 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[170] Certificación
proferida por el Dr. Emilio Otero Dajud. Folio 1, Cuaderno de Pruebas No 8.
[171] Ibídem.
[172] Art. 146 de la Carta.
[173] Artículo
116. de la ley 5ª de 1992. Quórum. Concepto y clases. El quórum
es el número mínimo de miembros asistentes que se requieren en las
Corporaciones legislativas para poder deliberar o decidir. //Se presentan dos clases
de quórum, a saber: //1. Quórum deliberatorio. Para deliberar sobre cualquier
asunto se requiere la presencia de por lo menos la cuarta parte de los miembros
de la respectiva Corporación o Comisión Permanente. //2. Quórum decisorio, que
puede ser: // - Ordinario. Las decisiones sólo podrán tomarse con la
asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva Corporación, salvo
que la Constitución determine un quórum diferente. // - Calificado. Las
decisiones pueden adoptarse con la asistencia, al menos, de las dos terceras
partes de los miembros de la Corporación legislativa. //- Especial. Las
decisiones podrán tomarse con la asistencia de las tres cuartas partes de los
integrantes. // Parágrafo.
Tratándose de sesiones conjuntas de las Comisiones Constitucionales
Permanentes, el quórum decisorio será el que se requiera para cada una de las
Comisiones individualmente consideradas.” A su vez el artículo 145 de la
Carta establece lo siguiente: “Quórum para sesionar y votar. (…) Las decisiones
sólo podrán tomarse con asistencia de la mayoría de los integrantes de la
respectiva corporación, salvo que la constitución determine un quórum
diferente”.
[174] Ver artículo 138 de la Carta.
[175] En la sentencia C-533 de 2004 se dijo que la omisión por parte
del ejecutivo de enviar en tiempo a la Corte Constitucional los tratados para
revisión, constituían una irregularidad externa que no se configuraba como un
vicio procedimental. Se expuso en esa providencia, que “la omisión anotada, no configura un vicio de forma o de procedimiento en
la formación del Tratado y de su ley aprobatoria, pues se trata de una
irregularidad externa que se relaciona específicamente con la responsabilidad
del Gobierno de acatar el mandato constitucional contenido en el numeral 10o.
del artículo 241 constitucional.”.
[176] Sentencia
C-578 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[177] Rubén Flores. “Los Tratados de Libre Comercio Impulsados por
EUA como una respuesta al fracaso de Doha. El caso Andino”. Revista
Historia Actual. No 11. Octubre de 2006. ISSN 1696-2060. Pontificia Universidad
Católica del Ecuador. Tomado de: http://www.historia-actual.com/hao/volumes/volume1/issue1/esp/v1i11c10.pdf
[178] En la sentencia C-369 de 2002 M.P. Eduardo
Montealegre Lynett se dijo lo siguiente: “La OMC, como heredera del GATT, es
una organización internacional que busca estimular el libre comercio entre los
países, sobre la base de reciprocidad y mutuas ventajas, la reducción de
aranceles aduaneros y otros obstáculos al comercio, así como la eliminación del
trato discriminatorio en las relaciones comerciales internacionales. Los
Estados miembros de la OMC obtienen beneficios importantes, como, entre otros,
la no discriminación en las relaciones comerciales con los demás miembros, y la
participación en las decisiones que modifiquen la OMC y sus demás acuerdos, y,
en general, en el gobierno de la OMC”. El Gatt recibe el nombre de su expresión
en ingles: “General Agreement on Tariffs and Trade”, que en español significa
Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio.
[179] El principio de transparencia obliga a las partes a informar a
las demás de sus decisiones en materia de política comercial, Articulo X del
GATT.
[180] Artículo I del GATT.
[181] Artículo III del GATT.
[182] Preámbulo del GATT .
[183] Preámbulo del GATT.
[184] En el artículo La Promoción de Áreas de Libre Comercio Vistas
en Términos del Trato de Nación Mas Favorecida y “Preferencia Imperial”
Sydney M. Cone (Michigan Journal of Internacional Law, 2004-2005, p. 567)
explica la aceptación de estas formas de integración económica como excepción a
uno de los principios fundamentales del Acuerdo, como el resultado de la
coyuntura política que se vivía en la etapa de las negociaciones del GATT,
consistente en la negociación simultánea de la unión aduanera llamada Comunidad
Económica Europea (que precedió a la Unión Europea) y el interés de Estados Unidos
en que ambas negociaciones tuvieran éxito. Otros han entendido que el GATT
acepta dicha excepción al considerar que las formas de integración económica de
origen regional promueven la expansión del libre comercio a medida que se
incrementa, con el tiempo, el número de países miembros (Bilateralismo bajo
la Organización Mundial del Comercio, Y.S. Lee, NorthWestern Journal of
Internacional Law and Business, 2005-2006, p. 360.). En la actualidad, la
proliferación de TLC celebrados paralelamente a las rondas de negociación de la
OMC ha generado cuestionamientos sobre la posible fragmentación que estos
Acuerdos generan en el sistema multilateral de comercio internacional creado a
partir de dicha organización.
[185] Ponencia para Primer Debate en Comisiones Constitucionales
Permanentes. Gaceta del Congreso 153 de 2008.
[186] La doctrina define a esta modalidad de tratado como el acto
jurídico vinculante por el cual dos o más países se comprometen a acatar
condiciones específicas de intercambio comercial, a partir de la realización de
concesiones mutuas, no siempre de carácter recíproco, en razón a la posibilidad
de otorgar tratamientos diferenciales como respuesta a las asimetrías
existentes entre los contratantes. Estos acuerdos, dependiendo de su cobertura,
pueden incluir la reducción o supresión de los aranceles, la disminución de
medidas no arancelarias (normas sanitarias, técnicas, aduaneras, compras del
Estado), medidas de protección y defensa (salvaguardias, dumping, subsidios),
la liberalización del comercio de servicios y otras disciplinas relacionadas
con el comercio, como las inversiones, la propiedad intelectual y el comercio
electrónico. En idéntico sentido, el Tratado de Montevideo de 1980, artículo
10, dispone que: “Los acuerdos comerciales tienen por finalidad exclusiva la
promoción del comercio entre los países miembros, y se sujetarán a las normas
específicas que se establezcan al efecto”.
[187] Con este propósito se han aprobado entre otros los
siguientes tratados: (i) El Acuerdo Comercial con la República de Polonia
(C-280 de 1994); (ii) El Convenio Comercial con la República de Hungría (C-216
de 1996); (iii) El Acuerdo Comercial con la República de Checa (C-323 de 1997);
(iv) El Acuerdo de Comercio con la República de Malasia; (v) El Acuerdo
Comercial con la República Argelina Democrática y Popular (C-228 de 1999); (vi)
El Convenio Comercial con la Federación Rusa (C-405 de 1999); (vii) El Acuerdo
Comercial con el Reino de Marruecos (C-719 de 1999); (viii) El Acuerdo
Comercial con la República de Rumania (C-327 de 2000), y finalmente; (ix) El
Acuerdo Comercial con la República de Costa de Marfil (C-279 de 2001).
[188] Véase, al respecto, el artículo 11 del Tratado de Montevideo de
1980.
[189] Entre los acuerdos de complementación económica que reseña la
sentencia C-864 de 2006 se encuentran entre otros los siguientes: (i) El
acuerdo de alcance parcial de complementación económica entre los Gobiernos de
las Repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, Países miembros de la
Comunidad Andina, y el Gobierno de la Republica Federativa del Brasil (C-334 de
2002), y (ii) El acuerdo de alcance parcial de
complementación económica No. 48 entre el Gobierno de la República Argentina y
los Gobiernos de las Repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, Países
miembros de la Comunidad Andina (C-581 de 2002).
[190] Entre
ellos se encuentran: El Convenio de promoción y protección de inversiones con
el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Sentencia C-358 de
1996); Convenio sobre promoción y protección recíproca de inversiones con Cuba
C-379 de 1996. El Convenio entre la República de Colombia y la República de
Chile para la promoción y protección recíproca de las inversiones’ y su
protocolo, aprobado mediante ley 672 de 2001 (Sentencia C-294 de 2002). Protocolo
Modificatorio Adicional al Convenio sobre Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República del Perú, Sentencia C-961 de 2003. El Convenio entre Colombia y Perú
sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Sentencia C-008 de
1997). El protocolo modificó algunas disposiciones del Convenio entre Colombia
y Perú sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito en Lima
el 26 de abril de 1994 y aprobado mediante Ley 279 de 1994, declarado exequible
por la Corte en la Sentencia C-008 de 1997. Convenio entre la República de
Colombia y el Reino de España para la promoción y protección recíproca de
inversiones, aprobado mediante Ley 1069 de 2006 y declarado exequible por la
Corte Constitucional en Sentencia C-309 de 2007. Al respecto ver, sentencia
C-1148 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo. El protocolo
modificó algunas disposiciones del Convenio entre Colombia y Perú sobre
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito en Lima el 26 de
abril de 1994 y aprobado mediante Ley 279 de 1994, declarado exequible por la
Corte en la Sentencia C-008 de 1997.
[191] Sentencia C-309 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[192] Sentencia C-864 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[193] Cfr. Sentencia C-751 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
En esta providencia la Corte conoció del Protocolo Modificatorio del TLC con
Estados Unidos.
[194] Cfr. Sentencia C-864 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[195] Sentencia C-864 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[196] M.P. Fabio Morón Díaz.
[197] Por regla general, los acuerdos de integración siguen las pautas
previstas en el Acuerdo mediante el cual se estableció la Organización Mundial
de Comercio -OMC- (Sentencia C-137 de 1995. M.P. Jorge Arango Mejía).
[198] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[199] Sentencia C-358 de 1996 y C-309 de 2007.
[200] La ALADI está conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, México, Uruguay y Venezuela. En la X reunión
del Consejo de Ministros, que se celebró en Montevideo entre el 5 y el 6 de
noviembre de 1998, se previó una Resolución para admitir a Cuba, con lo cual se
elevarían a doce los miembros del Tratado de Montevideo 1980. Los principios de
la integración latinoamericana en la ALADI son los de pluralismo, convergencia,
flexibilidad y tratamiento diferenciado según el nivel de desarrollo relativo.
[201] Cfr. Ponencia para el primer debate del Proyecto. Gaceta del
Congreso No 153 de 2008.
[202] Dispone la norma en cita: “Los países miembros se otorgarán
recíprocamente una preferencia arancelaria regional, que se aplicará con
referencia al nivel que rija para terceros países y se sujetará a la
reglamentación correspondiente”.
[203] Ponencia para Primer Debate en Comisiones Constitucionales
Permanentes. Gaceta del Congreso 153 de 2008.
[204] El Capítulo 21 del TLC en estudio, denominado “Disposiciones
Finales”, en su artículo 21.1. dice lo siguiente: “Anexo, Apéndices y
Notas al Pie de Página. Los Anexos, apéndices y las notas al pie de
páginas (sic) de este Tratado constituyen parte integral del mismo”.
[205] Ponencia Conjunta para primer debate. Gaceta del Congreso No 153
de 2008.
[206] Cfr. Exposición de motivos del Gobierno.
Gaceta del Congreso No 50 de 2008.
[207] Cfr. Informe de Ponencia conjunta para primer debate. Gaceta del
Congreso No 153 de 2008. Superavitaria significa que Colombia exporta más de lo
que importa de esos países.
[208] Cfr. Objetivos del Tratado (Art. 1.2) y Ponencia primer debate.
Gaceta del Congreso No 153 de 2008.
[209] Cfr. Sentencia C-309 de 2007 M.P Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[210] Cfr. Sentencia C-564 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[211] En la sentencia C-621 de 2001, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa, la Corte recordó las etapas de la evolución del concepto de
soberanía nacional: “Es posible distinguir varias etapas o momentos en la
evolución de este concepto. Basta para efectos de esta sentencia señalar tres
especialmente relevantes. En un primer momento, durante el siglo XVIII, tal
como lo recogen autores como Bodino[211] y Vattel[211], los
monarcas ven en la teoría de la soberanía la justificación de su absolutismo.
En esta etapa el concepto de soberanía tiende a ser absoluto, pero aún los
teóricos del tema sostienen que debe ejercerse dentro del respeto al derecho de
gentes y del derecho natural. Posteriormente, como resultado de las relaciones
de interacción e interdependencia entre Estados, surgen límites al absolutismo
justificados por la necesidad de preservar la coexistencia pacífica entre
sujetos iguales de derecho internacional. Una manifestación concreta de esto se
encuentra en el Artículo 2, párrafo 1, de la Carta de Naciones Unidas. Un
tercer momento de la evolución de este concepto se caracteriza por el
reconocimiento de límites adicionales a la soberanía, justificados por la
necesidad de respetar valores protegidos por el derecho internacional,
asociados a la dignidad del ser humano, la paz mundial, la democracia y la
conservación de la especie humana. No obstante esta evolución, el principio de
la soberanía continúa siendo un pilar del derecho internacional. Por eso, se
mantienen constantes tres elementos de la soberanía: (i) el entendimiento de la
soberanía como independencia[211], en especial frente a Estados con pretensiones
hegemónicas; (ii) la aceptación de que adquirir obligaciones internacionales no
compromete la soberanía[211], así como el reconocimiento de que no se
puede invocar la soberanía para retractarse de obligaciones válidamente
adquiridas[211];
y (iii) la reafirmación del principio de inmediación según el cual el ejercicio
de la soberanía del Estado está sometido, sin intermediación del poder de otro
Estado, al derecho internacional[211]”.
[212] Cfr. Sentencia C-621
de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
[213] Sentencia C-309 de 2007 M.P. Marco Gerardo Monroy
cabra.
[214] Al respecto ver las sentencias C-750 de
2008 M.P. Clara Inés Vargas; C-864 de 2006 M.P. Rodrigo
Escobar Gil y C-309 de 2007, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[215] Andrés Franco y Francisco Robles. “Integración: un marco
teórico”. Revista Inicio. Relaciones Económicas Internacionales. No 01.
Abril- Junio de 1995. Universidad de los Andes. Colombia. En: http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/209/1.php.
No obstante también se ha usado en reglas de origen o en la incorporación de
cláusulas de máximo desempeño en los acuerdos.
[216] Rita Giacalone. “Integración Norte/Sur y tratamiento especial
y diferenciado en el contexto regional”. Revista Nueva Sociedad No 186.
Universidad de los Andes. Venezuela. Tomado de: http://www.nuso.org/upload/artículos/3135_1.pdf
[217]Decisión “Sobre trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y
mayor participación de los países en desarrollo”. GATT 1979. Se dijo en el
artículo que el establecimiento de preferencias se subordina a condiciones
materiales y procedimentales. Las preferencias no pueden crear obstáculos
nuevos al comercio de otros Estados Parte, ni impedir la reducción o
eliminación de aranceles o de otras restricciones comerciales. Cfr. Ana Manero
Salvador. “Los países en desarrollo y el GATT” Revista ICE. Información
Comercial Española. 60 años del Sistema GATT-OMC. Julio Agosto del 2008 No 843.
En: http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/ICE_843_107-122__5A55832C9076428A3C6A6935F985343C.pdf
[218] Cfr. Ana Manero Salvador. “Los países en
desarrollo y el GATT” Revista ICE. Información Comercial Española. 60 años
del Sistema GATT-OMC. Julio Agosto del 2008 No 843. En: http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/ICE_843_107122__5A55832C9076428A3C6A6935F985343C.pdf
[219] Además, se establecen restricciones a su aplicación,
como que no pueden crear obstáculos nuevos al comercio, ni impedir la reducción
o eliminación de aranceles.
[220] “El Trato Especial y Diferenciado en la Aplicación
del Derecho y la Política de Competencia”. Informe de Bolivia. Quinta
Conferencia de las Naciones Unidas encargada de examinar todos los aspectos del
conjunto de principios y normas equitativos convenidos multilateralmente para
el control de las prácticas comerciales restrictivas. Natalia (Turquía), 14 a
18 de noviembre de 2005.En: http//www.unctad.org/sections/wcmu/does/tdrbpcont6p006_sp.
Pdf
[221] OEA. Mecanismos y medidas para facilitar la
participación de las economías más pequeñas en el Área de Libro Comercio de las
Américas. Octubre de 1996. Tomado de: El Tratamiento de las Asimetrías en
los procesos de integración regionales y subregionales. SELA. En: www.sela.org/public_html/AA2k/ES/docs/spddddi6-974.htm
[222] Rita Giacalone. “Integración Norte/Sur y tratamiento especial
y diferenciado en el contexto regional”. Revista Nueva Sociedad No 186. Universidad
de los Andes. Venezuela. Tomado de: http://www.nuso.org/upload/artículos/3135_1.pdf
[223] Sentencia C-178 de
1995, M.P. Fabio Morón Díaz.
[224] Sentencia C-421 de 1997. M.P.
Carlos Gaviria Díaz.
[225] De manera expresa, los artículos 31, 32 y 33, de la
Convención de Viena expresan: “31. Regla general de interpretación. I. Un
tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya
de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en
cuenta su objeto y fin”.
[226] Gaceta del Congreso 153 de 2008.
[227] Sentencia C-750 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[228] Sentencia C-578 de 2002. M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[229] Cfr. Sentencia C-864 de 2006 (Rodrigo Escobar Gil).
[230] Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
de 1994 (GATT 94), Acuerdo sobre Medidas de Inversión relacionadas con el
Comercio, Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, Acuerdo sobre
salvaguardias, Acuerdo sobre Obstáculos técnicos al Comercio y Acuerdo sobre
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial de Comercio.
[231]    M.P. Jorge Arango Mejía.
[232]    M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[233]    Expresamente en la parte resolutiva de la citada
sentencia se manifestó: “El Estado colombiano, al depositar el instrumento
de ratificación, deberá realizar una declaración interpretativa en el sentido
que el artículo 365 de la Constitución establece literalmente que “si por
razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por
la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno
decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos,
deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha
ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita”.
[234] Entre las definiciones de Aplicación General que
establece el artículo 2.1. pueden citarse: AGCS que significa el Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios que forma parte del Acuerdo sobre la
OMC; Acuerdo de Valoración Aduanera; Acuerdo sobre la OMC; Acuerdo sobre
Salvaguardias; arancel aduanero; autoridad aduanera; capítulo Comisión;
contratación pública; Convenio del Fondo Monetario; GATT ; OMC, etc.
[235] Sentencia C-750 de 2008 M.P. Clara Inés
Vargas Hernández.
[236] Sentencia C-294 de
2002 M.P. Jaime Araujo
Rentería.
[237] Sentencia C-750 de 2008 M.P. Clara Inés
Vargas Hernández.
[238] Por lo anterior, Colombia seguirá ejerciendo soberanía sobre todo
lo que hace parte de ella según la Constitución, de conformidad con los límites
establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso,
debidamente ratificados por el Presidente de la República, y los definidos por
los laudos arbítrales en que sea parte la Nación; y, además del territorio
continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia, y Santa Catalina, la
Isla de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos que le
pertenecen, así como el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la
plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el
segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el
espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional o con las
leyes colombianas a falta de normas internacionales.
[239] El Anexo 3.3, consagra las medidas en las que no se aplica
en el caso de Colombia, el Trato Nacional y las restricciones a las
importaciones y exportaciones. Se trata de: (a) los controles sobre la
importación de mercancías usadas, imperfectas, saldos, sobrantes, desperdicios,
desechos y residuos, de conformidad con su legislación nacional; (b) los
controles sobre la importación de vehículos automotores, incluyendo vehículos
usados y vehículos nuevos cuya importación se realice después de los dos (2)
años siguientes a la fecha de su fabricación, de conformidad con su legislación
nacional;(c) los controles sobre la exportación de café, de conformidad con la
ley 9 del 17 enero de 1991; y (d) las acciones autorizadas por el Órgano de
Solución de Controversias de la OMC.
[240] Entre los productos que el Triángulo Norte ofrece a
Colombia en esta canasta y cuyo arancel es diferente a cero, se encuentran:
pescados frescos, congelados y refrigerados, sal refinada, productos minerales
como azufre, yeso, cales, combustibles minerales, energía eléctrica, llantas
neumáticas, algunas pieles, vidrios, cinturones de seguridad, auto partes,
entre otros.
[241] En la categoría B, de acceso en cinco años, de
acuerdo al Gobierno quedaron productos en los que la oferta de Colombia es más
diversificada. Esta situación se refleja en el caso del sector textil
confección con Honduras, que desde el primer día del tratado iniciará un
programa de desgravación y al año cinco alcanzará una preferencia total para
aproximadamente doscientas líneas arancelarias.
[242] En la categoría C, de acceso en 10 años o más, los
países del Triángulo Norte ubicaron los grifos y válvulas para lavabos,
fregaderos, bañeras y artículos de cerámica y porcelana, aparatos para el
cuidado del cabello, aparatos para la preparación del te o café, tostadoras de
pan, muebles de madera, artículos de navidad, entre otros.
[243] En la categoría D se
encuentra la canasta de 15 años. El Salvador, Guatemala y Honduras ubicaron las
pinturas presentadas en envases tipo aerosol, velas, fósforos, fregaderos,
puertas, ventanas, persianas, marcos de madera, muñecas y muñecos entre otros.
[244] Las normas del GATT que se incorporan al convenio, en
cuanto al Trato Nacional, señalan que los preceptos internos que afecten la
venta, la compra, el transporte, la distribución o el uso de productos en el
mercando interior, a fin de proteger la producción nacional, no deben aplicarse
a los productos importados o nacionales; tampoco permiten que esos productos
estén sujetos a impuestos, tasas o contribuciones que sean superiores o que no
se apliquen a los productos nacionales; y establecen que debe garantizarse que
los productos de los Estados Parte reciban un trato no menos favorable que el
concedido a los productos similares de origen nacional.
[245] Sentencia C-031 de 2009 M.P. Humberto Sierra Porto.
[246] Sentencia C-750 de 2008 M.P. Clara Inés
Vargas Hernández. Cfr. sentencias C- 358 de 1996, C.- 379 de
1996, C- 494 de 1998 y C- 864 de 2006; C-864 de 2006 y C-309 de 2007
[247] Cfr. sentencias C-358 de 1996 M.P. Carlos Gaviria
Díaz y C-494 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara.
[248] En el caso de Colombia las exclusiones son las siguientes:
(a) los controles sobre la importación de mercancías usadas, imperfectas,
saldos, sobrantes, desperdicios, desechos y residuos, de conformidad con su
legislación nacional; (b) los controles sobre la importación de vehículos
automotores, incluyendo vehículos usados y vehículos nuevos cuya importación se
realice después de los dos (2) años siguientes a la fecha de su fabricación, de
conformidad con su legislación nacional;(c) los controles sobre la exportación
de café, de conformidad con la ley 9 del 17 enero de 1991; y (d) las
acciones autorizadas por el Órgano de Solución de Controversias de la OMC.
[249]Cfr. Sentencia C-750 de 2008. Se recuerda que Colombia ha sido
beneficiaria de este tipo de medidas, por ejemplo, en el TLC con Estados Unidos
y en el TLC con México.
[250] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[251] Sentencia C-178 de 1995. M.P. Fabio
Morón Díaz.
[252] Se refieren a que ninguna parte adoptará o mantendrá
prohibiciones o restricciones a la exportación o importación de mercancías.
[253] Mecanismo de protección comercial empleado en esta clase de
acuerdos comerciales, mediante el cual se permite a cada país manejar
cantidades específicas de mercancías con un arancel más bajo, y se permite
imponer un arancel mayor para las cantidades que excedan dicha cuota
[254] Sentencia 864 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[255] M.P. Fabio Morón Díaz. Ver sentencia
C-864 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[256] También se pronunció en los mismos términos la sentencia C-750 de
2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[257] Resaltó el Ministerio en cuanto a ciertos productos
en particular y sus reglas de origen, que, por ejemplo, los productos derivados
del café deben ser elaborados a partir de los granos de los países signatarios.
En el caso de los embutidos, se permite la importación de la carne de ave
deshuesada mecánicamente. Los confites y dulces deberán ser elaborados con
azúcar de los países parte del acuerdo. Se dejó para futura negociación la
definición de la norma de origen de los cigarrillos. En el sector de química y
petroquímica se introdujeron normas flexibles que permiten al sector incorporar
materias primas de terceros países y dar reconocimiento a procesos como la
reacción química, la purificación y las mezclas y las combinaciones entre
otros. Se introdujeron normas favorables a la producción de biocombustibles al
garantizar que las materias primas utilizadas en su producción, como las
derivadas de la extracción de aceites o alcohol sean de los países parte. En el
caso del sector del papel, se introdujeron normas que permiten incorporar
algunas materias primas no producidas en nuestros países, pero se dejó la
definición de las normas de algunas manufacturas para definición futura. Esta
circunstancia cubre los denominados laminados flexibles en los que se
identificó una sensibilidad particular por parte de Colombia. Para la industria
siderúrgica, se pactaron normas flexibles que permiten la importación de
terceros países de acero colado para su posterior transformación en
manufacturas. En la producción de tapas y envases, se pactaron reglas de origen
temporales que estarán vigentes por un periodo de cinco años para unos cupos
cuyos montos máximos (500 toneladas para las tapas y 1000 toneladas para
envases) permitirán a las compañías productoras de Colombia ajustarse al libre
comercio. En el caso del sector automotor, se acordó una normativa de
calificación de origen basada en un valor de contenido regional para los
automóviles, calculado con base en el costo neto del vehículo, entre otros
aspectos.
[258] Sentencia C-564 de
1992. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[259] Para efectos de verificación de origen
entre Colombia y Honduras en el sector textil confecciones, se acordó que serán
aceptados como prueba suficiente de origen de los hilados importados de México
y EE.UU. (Hilado de algodón, hilados de filamentos de poliéster e hilados de
fibras sintéticas y artificiales discontinuas) los certificados de origen que
se presentaron al momento de la impostación del hilado (certificado CAFTA de
EE.UU. o certificado CA3- México en el caso de Honduras y certificado TLC de
Colombia con EE.UU. y del TLC con México), entre otros aspectos pactados.
[260] M.P. Alfredo Beltrán
Sierra.
[261] Cfr. Sentencia C-031 de 2009. M.P. Humberto Sierra Porto.
[262] La cita no incluye las notas de pie de página.
[263] Así, a manera de ejemplo, en sentencia
C-178 de 1995 (M.P. Fabio Morón Díaz) se declaró: “Por
último y sobre las medidas de salvaguardia que aparecen en el texto del Tratado,
se observa que ellas tienen como finalidad fundamental la de retrotraer las
condiciones de desgravación al momento anterior a la suscripción de un Tratado;
además, la existencia de este tipo de instrumentos parte del supuesto de que el
cumplimiento de los compromisos arancelarios puede generar daño en la economía
y que por ende, los países pueden contar con un mecanismo que les permita
otorgar a los productores un tiempo de ajuste a la exposición a la competencia
internacional”.
[264] El artículo 150 señala: Corresponde al
Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
(…) 19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y
criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos:
(…) b. Regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio
internacional, en concordancia con las funciones que la Constitución consagra
para la junta directiva del Banco de la República; c. Modificar, por razones de
política comercial, los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes
al régimen de aduanas”. El artículo 189: “Corresponde al Presidente de la
República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:
(…) 25. Organizar el crédito público; reconocer la deuda nacional y arreglar su
servicio; modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes
al régimen de aduanas; regular el comercio exterior, y ejercer la intervención
en las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra
relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provenientes
del ahorro de terceros de acuerdo con la ley”.
[265] Sentencia C-031 de 2009. M.P. Humberto Sierra Porto.
[266] Sentencia C-864 de
2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[267] Sentencia C-031 de 2009. M.P. Humberto Sierra Porto.
[268] M.P. Jorge Arango Mejía. Mediante la sentencia C-369
de 2002, se declaró la constitucionalidad del “Cuarto Protocolo Anexo al
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios con la Lista de Compromisos
Específicos de Colombia”, suscrito al amparo de la OMC, que incluyó una “declaración
interpretativa” dirigida a preservar el contenido normativo del artículo
365 Superior.
[269] M.P. José Gregorio Hernández Galindo. “Revisión de constitucionalidad
de la Ley 496 de febrero 8 de 1999, “Por medio de la cual se aprueba el
‘Acuerdo Comercial entre el Gobierno Del Reino de Marruecos y el Gobierno de la
República de Colombia’, hecho en Rabat el 22 de junio de 1995, y del canje de
notas entre ambos gobiernos sobre la precisión del lugar y fecha de la
suscripción del Tratado, y de la firma de los representantes de los gobiernos,
de 1996”.
[270] Sentencia C-864 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[271] Revisar www.wto.org.
[272] Ver sentencia C-031 de 2009 M.P.
Humberto Sierra Porto.
[273] Artículo 49: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental
son servicios públicos a cargo del Estado”.
[274] Artículo 65: “La producción de alimentos gozará de la especial
protección del Estado (…) ”.
[275] Artículo 78: “La ley regulará el control de calidad de bienes y
servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que
debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de
acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes
y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado
aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El Estado garantizará la
participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de
las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las
organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos
internos”.
[276] Artículo 79: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. (…) . Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines”.
[277] El Anexo 11.1., establece condiciones Bilaterales particulares
entre Colombia y el Salvador; Colombia y Honduras; y Colombia y Guatemala,
respectivamente. Se destacan entre las restricciones señaladas por Colombia
frente a El Salvador, que el capítulo no aplica a: (a) las contrataciones para
la dotación y sustento de las fuerzas armadas y las contrataciones relacionadas
con programas de asistencia social, apoyo a la agricultura o procesos de paz;
(b) Programas para fomentar la participación de Mypymes en la contratación
pública, (c) los servicios de construcción. Finalmente no aplica a las
siguientes entidades: ramas legislativa y judicial y municipios. En el Caso
Colombia- Guatemala, nuestro país realizó las siguientes restricciones en la
aplicación del artículo: No aplica a: (a) a las empresas gubernamentales y
entidades con régimen de contratación privado; (b) las contrataciones para la
dotación y sustento de las fuerzas armadas y las contrataciones relacionadas
con programas de asistencia social, apoyo a la agricultura o procesos de paz;
(c) Programas para fomentar la participación de Mypymes en la contratación
pública. Incluyó las contrataciones con empresas industriales y comerciales del
Estado definidas en la Ley 489 de 1998, cuando el monto de las contrataciones
sea superior a 250.000 dólares y el objeto no esté relacionado con sus
actividades industriales y comerciales. También se aclaró recíprocamente que el
capítulo no aplicaría respecto a concesiones, hasta que Guatemala no cuente con
una ley específica en la materia. En la relación Colombia- Honduras, nuestro
país realizó las siguientes precisiones: Se dijo que el capítulo sólo aplicaba
a las entidades públicas colombianas señaladas en la lista (se enlistaron 9
Ministerios). Además se señaló que no aplicaba el capítulo entre esos países:
a) a las empresas gubernamentales y entidades con régimen de contratación
privado; (b) las contrataciones para la dotación y sustento de las fuerzas
armadas y las contrataciones relacionadas con programas de asistencia social,
apoyo a la agricultura o procesos de paz; (c) Programas para fomentar la
participación de Mypymes en la contratación pública.(d) La concesión de obra
pública y las contrataciones realizadas por el instituto Nacional de Vías.
[278] Lo que no aplica a medidas relacionadas
con aranceles aduaneros y otros cargos que se impongan a la importación, etc.
[279] Por disposición expresa de las Partes, se indica a su vez que el
Capítulo no se aplica a: (a) los acuerdos no contractuales o cualquier
forma de asistencia que una Parte o una empresa gubernamental otorgue,
incluyendo donaciones, préstamos, transferencias de capital, incentivos
fiscales, subsidios, garantías y acuerdos de cooperación; suministro
gubernamental de mercancías y servicios a personas o gobiernos centrales o locales
y compras con el propósito de proveer asistencia extranjera; (b) contrataciones
financiadas por préstamos o donaciones, u otras formas de asistencia
internacional, cuando la entrega de dicha ayuda esté sujeta a condiciones
incompatibles con este capítulo; (c) la contratación de servicios de agencias o
depósitos fiscales, servicios de liquidación y administración para
instituciones financieras reguladas, y servicios de venta y distribución para
la deuda pública; (d) la contratación de empleados públicos y las medidas
relacionadas con el empleo y (e) compras efectuadas en condiciones
excepcionalmente favorables. El capítulo no aplica a la contratación pública de
servicios bancarios, financieros o especializados relacionados con
endeudamiento público o administración de pasivos de deuda pública
[280] El artículo advierte que en
caso de modificación de la legislación, las nuevas formas de contratación
equivalentes estarán cubiertas por el capítulo.
[281] Sentencia C-750 de 2008. M.P. Clara Inés
Vargas.
[282] Convencionalmente,
las partes precisaron que el tratamiento Justo y equitativo incluye la
obligación de no denegar justicia y el respeto pleno por el debido proceso; y
en cuanto a la seguridad, un trato igual al otorgado a los nacionales, a nivel
de policía.
[283] Sentencia C-031 de 2009. M.P. Humberto
Sierra Porto.
[284] Sentencia C-369 de
2002. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[285] Sentencia C-294 de 2002. M.P. Jaime
Araujo Renterìa.
[286] Ver Sentencia C-309 de 2007. M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra y Sentencia C- 864 de 2006 Rodrigo Escobar Gil. Sentencia C-294 de 2002 M.P. Jaime Araujo Rentería
[287] Sentencia C-008 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero. Esta
doctrina ha sido confirmada por la sentencia C-309 de 2007. M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[288] Sentencia C-031 de 2009. M.P. Humberto Sierra Porto.
[289]En la sentencia C-059 de 2001 se dijo que: “El
instituto de la expropiación descansa sobre tres pilares fundamentales: i) el
principio de legalidad fundamento de todo Estado de Derecho, ii) la efectividad
del derecho de defensa y del debido proceso del particular que va a ser
expropiado y iii) el pago de una indemnización que no haga de la decisión de la
administración un acto confiscatorio, expresamente prohibido en el artículo 34
de la Constitución”.
[290] Sentencia C-150 de 2009. M.P. Mauricio González
Cuervo
[291] Sentencia C-294 de 2002 M.P. Jaime Araujo
Rentería
[292] De acuerdo con la sentencia C-031 de 2009, “la
confianza legítima consiste en que el ciudadano debe poder evolucionar en un
medio jurídico estable y previsible, en cual pueda confiar. Para Müller[292], este vocablo significa, en
términos muy generales, que ciertas expectativas, que son suscitadas por un
sujeto de derecho en razón de un determinado comportamiento en relación con
otro, o ante la comunidad jurídica en su conjunto, y que producen determinados
efectos jurídicos; y si se trata de autoridades públicas, consiste en que la
obligación para las mismas de preservar un comportamiento consecuente, no
contradictorio frente a los particulares, surgido en un acto o acciones
anteriores, incluso ilegales, salvo interés público imperioso contrario”.
[293] MM.PP. Carlos Gaviria Díaz y José
Gregorio Hernández Galindo
[294] Sentencia C-358 de 1996
[295] Sentencia C-358 de 1996
[296] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. SV.
Jaime Araujo Rentería y Humberto Antonio Sierra Porto.
[297] Cfr. Sentencia C-400 de 1998. M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[298] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[299] Al respecto de la última salvedad, en relación con
los subsidios y donaciones, las Partes acordaron un entendimiento en el
siguiente sentido, según el Anexo 11-A.
[300] Sentencia C-750 de 2008 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[301] Sentencia C-750 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[302] Por ejemplo, una ley que prohíba al inversionista de otros país
miembro ser propietario de una fábrica no es conforme con el artículo sobre
trato nacional.
[303] Cfr. C-750 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[304] Comisión de las Naciones Unidas para el
desarrollo del Derecho Mercantil Internacional; en inglés UNCITRAL.
[305] Cfr. C-750 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[306]Al respecto no sobra recordar que nuestro
país al suscribir la “Convención Interamericana contra la corrupción”,
aprobada por medio de la Ley 412 del 6 de Noviembre de 1997, se comprometió a
adoptar medidas institucionales enderezadas a impedir el soborno de
funcionarios públicos, a crear mecanismos para estimular la participación de la
sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos
destinados a prevenir la corrupción y a estudiar otras medidas de prevención
que garanticen la probidad en el servicio público. Dicho instrumento
internacional y su ley aprobatoria, fue declarado exequible en la sentencia
C-397 de 1998.
[307] Sentencia C-887 de 2002. M.P. Clara Inés
Vargas Hernández.
[308] Acuerdo de Complementación Económica entre los Estados
parte de MERCOSUR y los países miembros de la Comunidad Andina, y el Primer
Protocolo Adicional al Régimen de Solución de Controversias.
[309]    M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[310]    En idéntico sentido, se manifestó esta Corporación
en sentencia C-327 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), al decretar
ajustado a la Carta Fundamental el Acuerdo Comercial entre la República de
Colombia y la República de Rumania, a saber: “Para el efecto, se ha previsto
[en el Acuerdo] la creación de condiciones favorables, con el fin de facilitar
los intercambios de mercancías entre personas naturales o jurídicas, mediante
estipulaciones como la cláusula de la Nación más favorecida, la exoneración o
reducción de derechos aduaneros en cuanto a ciertos productos y actividades, la
organización de ferias y exposiciones comerciales, el establecimiento de
oficinas de representación comercial, la previsión de normas sobre tránsito de
mercancías a través de los territorios, la fundación de sociedades comerciales y
la creación de una comisión mixta encargada de analizar el desarrollo de los
intercambios comerciales, nada de lo cual riñe con la Constitución y, al
contrario, ejecuta sus mandatos”. (Señalado por fuera del texto
original).
[311] Cfr. Sentencia C-031 de 2009. M.P
Humberto Sierra Porto.
[312] Sentencia C- 178 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.
[313] Sentencia C- 216 de 1996.
[314] Sentencia C- 323 de 1997.
[315] Sentencia C-400 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(Subrayado y sombreado por fuera del texto original).
[316] Al respecto ver sentencia C-750 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[317] Facultad que debe ejercerse en todo
caso de manera excepcional, razonable, proporcionada y no puede ser
discriminatoria de modo injustificado, como lo establece el Tratado y lo
reconoce la Carta.
[318] Sentencia C-750
de 2008 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[319] Sentencia C-031 de 2009. M.P. Humberto Sierra Porto.
[320] Al respecto ver sentencia C-248 de 2009.
[321] En el mismo sentido cfr. Sentencia C-400
de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[322] Sentencia
C-400 de 1998 .M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[323] Sentencia C-864 de 2006 .M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[324] Sentencia C-178 de 1995. M.P. Fabio Morón
Díaz. (Subrayado por fuera del texto original).