C-950-99
Sentencia
C-950/99
INCONSTITUCIONALIDAD
POR CONSECUENCIA/SUPRESION DE TRAMITES
Referencia: Expediente D-2501
Acción pública de
inconstitucionalidad contra el artículo 154 del Decreto 1122 de 1999.
Actor: Jorge Hernán
Gil Echeverry
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR
GALVIS
Santafé de Bogotá
D.C., primero (1o.) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de
los requisitos y trámite establecido en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido
la siguiente
SENTENCIA
I.     ANTECEDENTES
En ejercicio de la
acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Jorge Hernán Gil Echeverry
promovió demanda ante la Corte Constitucional contra el artículo 154 del
Decreto 1122 de 1999.
Cumplidos los
trámites constitucionales y legales propios de los procesos de
inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la
demanda en referencia.
II.
NORMA DEMANDADA
Se transcribe el
texto de la disposición parcialmente acusada, conforme a su publicación en el
Diario Oficial No. 43.622 del 29 de junio de 1999:
“DECRETO 1122 DE 1999
(junio 26)
por el cual se dictan normas para suprimir
trámites, facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia
y eficacia de la Administración Pública y fortalecer el principio de la buena
fe.
Artículo 154.
Conciliación en materia contencioso administrativa. Ningún Centro de Conciliación podrá conocer
de conciliaciones en materia contencioso administrativa. En consecuencia, se
derogan los parágrafos 1 y 2 del artículo 67, la expresión “contencioso
administrativa” del artículo 77 y la totalidad del artículo 79 de la Ley 446 de
1998.
En el evento en
que las entidades públicas requieran utilizar el mecanismo de conciliación,
como forma alternativa de solución de conflictos, sólo podrán acudir a la
conciliación prejudicial ante el Agente del Ministerio Público, o a la
conciliación judicial ante el funcionario judicial competente, de conformidad
con la reglamentación vigente sobre la materia.
Parágrafo
Tránsitorio. Lo dispuesto en el presente artículo regirá a partir del 1º de
enero del año 2000.”.
III.  LA DEMANDA
El actor manifiesta
que la norma acusada viola lo dispuesto en el artículo 150 numeral 10 de la
Constitución Política, porque no existe coincidencia entre la materia objeto de
la norma acusada y las facultades extraordinarias otorgadas al Ejecutivo.
Señala el actor, que
analizado el artículo 120 de la ley de facultades, por ninguna parte aparece la
facultad de suprimir la atribución que tienen los Centros de Conciliación para
tramitar la conciliación administrativa. Es así como en ninguno de los
numerales de dicho precepto se mencionan las Cámaras de Comercio y demás
centros privados de conciliación, los cuales no forman parte del Ejecutivo. Por
consiguiente, existe en su criterio un evidente exceso en el ejercicio de las
facultades extraordinarias, por haber eliminado trámites surtidos ante los
Centros de Conciliación.
De otra parte,
afirma que con la eliminación de la conciliación administrativa ante los
centros de conciliación se produce el efecto contrario al buscado por la ley de
facultades, debido a que la acumulación y concentración de la conciliación ante
los funcionarios de la Procuraduría, implicará un aumento del gasto público por
la necesidad de disponer de más funcionarios que asuman este servicio, única
forma de garantizar la eficacia en el servicio de la conciliación.
Finalmente, indica
que el parágrafo 3º del artículo 120 dispone que el Ejecutivo no podrá
modificar código y leyes estatutarias; y resulta que la norma demandada produce
una modificación al principio consagrado en el artículo 69 de la ley 80 de 1993
que establece la prohibición de utilizar mecanismos alternos de solución de
conflictos, como lo es la conciliación. Y desconoce también, el artículo 13 de
la ley estatutaria de administración de justicia que regula la conciliación
entre particulares, como método alterno de solución de conflictos sin
limitaciones.
IV.  INTERVENCIONES
1.
Intervención Ciudadana
Dentro del término
de fijación en lista, intervinieron los ciudadanos Carlos Gustavo Guzman
Romero, en nombre propio, y como director de uno de los centros de conciliación
que funcionan en el país, Jorge Pallares Bossa, Director del Centro de
Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de
Cartagena, y Eugenio Marulanda Gómez, Representante legal de la Confederación
Colombiana de Cámaras de Comercio, quienes intervinieron con el objeto de
coadyuvar la demanda.
Según el ciudadano
Guzmán Romero, el Gobierno se excedió en el ejercicio de sus funciones, pues de
conformidad con los mandatos constitucionales y aquellos contenidos en la ley
estatutaria de administración de justicia, es una ley estatutaria la que señala
quienes ejercen facultades jurisdiccionales en Colombia, y por lo tanto no le
era permitido al ejecutivo entrar a limitarla.
Por su parte, el
ciudadano Pallares Bosa afirma que prohibir la prestación del servicio de
conciliación administrativa en centros de conciliación rompe con las
innumerables bondades que el sistema ofrece, por lo cual su eliminación tendría
muy graves efectos en la administración de justicia, que no prohibe en su
artículo 116 ese tipo de medios alternativos de solución de conflictos.
Finalmente, el
ciudadano Marulanda Gómez manifiesta que prohibir la posibilidad de la
conciliación administrativa ante los Centros de Conciliación, no garantiza la
eficiencia y eficacia de la función administrativa y mucho menos reduce el
gasto público, porque esta figura se creó e implementó para coadyuvar la iniciativa
de la descongestión judicial, la cual necesariamente contribuye en la
disminución de la carga de trabajo de los jueces. Además, señala que la
centralización y acumulación de las conciliaciones ante los funcionarios del
Ministerio Público, implica un aumento del gasto público, porque se requiere un
mayor número de funcionarios que puedan desempeñar esta labor con la eficiencia
y eficacia requerida.
De esa manera,
sostiene que si no se aumenta el gasto público contratando más funcionarios que
desempeñen dicha función, se reducirá abruptamente la eficiencia y eficacia,
con la cual se cumple esta función por parte de los particulares, como es el
caso de los Centros de Conciliación de las Cámaras de Comercio del país.
2.     Intervención
de Autoridad Pública
Según el apoderado
del Ministerio de Justicia y del Derecho, la norma acusada se encuentra
ajustada a la Constitución, por cuanto el legislador extraordinario dentro de
la órbita de sus competencias puede modificar mediante una ley lo que otra hubiese
dispuesto, sin que tal posibilidad contraríe los preceptos constitucionales,
como en efecto se hizo. Las facultades otorgadas mediante la ley 489 de 1998 no
se limitaron a permitir la reestructuración de las entidades públicas, o la
eliminación de trámites de menor envergadura, sino que, de acuerdo con sus
finalidades superiores, permitieron ampliar el campo de acción del gobierno
para optimizar el funcionamiento estatal en aquellas áreas en las que fue
necesario ajustar el funcionamiento administrativo, como aquella en la que se
mueve la conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso
administrativo, en la medida en que no sólo los trámites y procedimientos
correspondientes a la fase meramente ejecutiva u operacional son los
generadores de ineficacia, ineficiencia y exceso de gasto.
Por consiguiente,
concluye que al no encontrarse reparo alguno respecto de la concordancia de la
norma acusada y las normas constitucionales que se alegan como vulneradas, no
es aceptable el cargo planteado en la demanda.
V.    CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
Mediante concepto
No. 1907 del 11 de octubre de 1999, el señor Procurador General de la Nación
solicitó a esta Corporación declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1122
de 1999.
Señala, en primer
lugar, que el Decreto ibídem fue expedido por el Ejecutivo en ejercicio de las
facultades extraordinarias conferidas en el numeral 4º del artículo 120 de la
ley 489 de 1998, precepto éste que fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-470 de 1999, a partir de la fecha de la
promulgación de la ley.
Por consiguiente,
según el concepto fiscal, que la Corte no puede adelantar control de
constitucionalidad de forma y fondo de la norma impugnada, por cuanto al
derrumbarse el soporte o sustento jurídico que sirvió de base para su
expedición, consecuencialmente deviene el desaparecimiento de las disposiciones
que se expidieron con fundamento en el mismo. De manera que por sustracción de
materia, en consideración al decaimiento de la norma en cuyo texto se encuentra
incluida la disposición acusada, la Corte no tendría precepto sobre el cual
realizar el estudio de confrontación con la Constitución, pues de antemano y
con certeza se conoce que se encuentra fuera del ordenamiento jurídico y no
debe estar produciendo efectos.
Sin embargo señala,
que en atención a que el precepto demandado produjo efectos jurídicos durante
su vigencia, se hace imperioso que la Corte declare su inconstitucionalidad a
partir de la fecha de su expedición, ésta es, el 26 de junio de 1999. Por
consiguiente, el Procurador solicita se declare la inconstitucionalidad no sólo
de la norma acusada, sino de la totalidad del Decreto 1122 de 1999.
VI.  CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
En virtud de lo
dispuesto en el artículo 241, numeral 4o. de la Carta Política, la Corte
Constitucional es competente para decidir definitivamente la demanda que, en
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, se formula contra el
artículo 154 del Decreto 1122 de 1999.
2.
Cosa Juzgada Constitucional en relación con el Decreto 1122 de 1999
1- Para efectos del
asunto bajo examen, debe señalarse que el Presidente de la República expidió el
Decreto 1122 del 26 de junio de 1999, “por el cual se dictan normas para
suprimir trámites, facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuir a la
eficiencia y eficacia de la Administración Pública y fortalecer el principio de
la buena fe”, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por
el numeral 4º del artículo 120 de la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998.
El citado artículo
120 ibídem, según el numeral noveno de la parte resolutiva de la sentencia
C-702 de 20 de septiembre de 1999, MP. Dr. Fabio Morón Díaz, fue declarado
inexequible a partir de la fecha de promulgación de la Ley 489 de 1998.
2. Por su parte, el
Decreto 1122 de 1999 fue objeto de examen constitucional por parte de esta
Corporación, el cual mediante providencia C-923 del dieciocho (18) de noviembre
de 1999, M.P. Dr. Alvaro Tafur Galvis, fue declarado inexequible como
consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 120 de la
Ley 489 de 1998, en cuanto desapareció del ordenamiento jurídico la norma que
servía de sustento para la expedición de los decretos con fuerza de ley en
desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas por esa disposición.
Señaló la
Corporación en la citada sentencia, como fundamentos para su determinación, los
siguientes:
“Por lo anterior,
es claro que la fuente normativa directa e inmediata de las disposiciones
contenidas en el Decreto 1122 de 1999 es la autorización extraordinaria
otorgada por el legislador en la norma legal declarada ya como inconstitucional
por esta Corporación.
La Corte de
manera general ha señalado que se configura una “inconstitucionalidad
consecuencial” cuando en los casos de decretos con fuerza de ley, derivados ya
sea de la declaratoria del estado de emergencia o del ejercicio de facultades
extraordinarias, ha recaído un pronunciamiento de inconstitucionalidad sobre el
decreto que declara el estado de emergencia o sobre la norma legal de
autorizaciones extraordinarias[1]. De manera específica también la Corte se
ha pronunciado sobre decretos expedidos en uso de las facultades
extraordinarias conferidas al Presidente de la República por el artículo 120 de
la ley 489 de 1998 y ha dado aplicación a la figura de la inconstitucionalidad
consecuencial al declarar la inexequibilidad de los Decretos 110 de 1999 y 1155
de 1999, expedidos con base en las mismas facultades, en las Sentencias C-845
de 1999[2] y C-870A de 1999[3], respectivamente.
Así mismo, en las
sentencias en cita, la Corporación, en armonía con la declaratoria de
inexequibilidad del artículo 120 de la Ley 489, que se expidió con efectos
desde la fecha de promulgación de la misma, decidió que la inexequibilidad de
los Decretos dictados en ejercicio de las facultades extraordinarias “por
obvias razones de unidad normativa”, debía proferirse con efectos desde la
fecha de promulgación, como quiera que fueron expedidos en ejercicio de
facultades extraordinarias declaradas inconstitucionales a partir del acto
mismo de su concesión, precisamente por estimar que al haber sido otorgadas en
forma viciada, nunca nacieron a la vida jurídica.
(…)
Si bien es
cierto que en el presente proceso la acción se encaminó contra algunas
disposiciones y no contra la totalidad del Decreto 1122, la Corte habrá de
conformar la unidad normativa y declarar la inexequibilidad de todo el Decreto
siguiendo la orientación que sobre el particular ha adoptado esta Corporación” (negrillas fuera de texto).
Por consiguiente, en
virtud de que ha operado la cosa juzgada constitucional respecto del Decreto
1122 de 1999, habrá de estarse a lo resuelto en la sentencia No. C-923 del dieciocho
de noviembre de 1999, como así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
VII.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional obrando en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Estarse a lo
resuelto en la sentencia C-923 de 1999, que declaró inexequible el
Decreto 1122 de 1999.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Aclaración
de voto a la Sentencia C-950/99
Referencia:
Expediente D-2501
Acción de
inconstitucionalidad contra el artículo 154 del Decreto-Ley 1122 de 1999,
dictado con base en las facultades establecidas en el artículo 120 de la Ley
489 de 1998.
Actor: Jorge Hernán
Gil Echeverry
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR
GALVIS
Teniendo en cuenta que los suscritos
magistrados salvamos nuestro voto respecto de la decisión adoptada mediante la
Sentencia C-702 de 1999, que decidió declarar inexequible el artículo 120 de la
ley 489 de 1999, por las razones expuestas en dicho salvamento y a las cuales
nos remitimos, en el presente caso nos permitimos aclarar el voto en el sentido
de que sólo en acatamiento al principio de cosa juzgada, hemos compartido la
decisión aquí adoptada.
Fecha ut supra,
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
[1] Ver, entre otras, las Sentencias C-448 de 1995, M.P. Dr. Carlos
Gaviria Díaz y C-127 de 1997, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
[2] M.P. Dr. Fabio Morón Díaz.
[3] M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.