T-076-15
Sentencia T-076/15
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Protección constitucional especial
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD FRENTE A SUJETOS DE ESPECIAL
PROTECCION-Obligación del Estado de garantizar la
prestación del servicio de salud a personas en situación de discapacidad
La Corte
Constitucional ha reconocido el carácter fundamental que tiene el derecho a la
salud, máxime tratándose de sujetos de especial protección, tales como: los
niños, niñas y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas
pertenecientes a la tercera edad y las personas en condición de discapacidad
física o mental.
DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA DIGNA-Suministro
de medicamentos y elementos esenciales para sobrellevar un padecimiento o
enfermedad que afecte la calidad y la dignidad de la vida
En aquellos casos en los que científicamente no se pueda obtener la
recuperación del estado de salud del paciente por el complejo cuadro clínico
que presenta, se debe propender, por todos los medios, a garantizar el nivel de
vida más óptimo a través de la totalidad de los elementos y tratamientos que se
encuentren disponibles, pues con ocasión de sus enfermedades son fácilmente
expuestos a afrontar situaciones que atentan contra su dignidad humana, los
cuales aunque no persigan el completo y eficaz restablecimiento del paciente,
sí resultan paliativos para sus difíciles condiciones, pues por medio de ellos
se les brinda una calidad de vida con un mínimo de dignidad. Resulta claro que
se deben suministrar todos los implementos, accesorios, servicios, insumos y
tratamientos que requiera el paciente, cuando por su insolvencia económica no
pueda asumir su costo y con su falta, se vea expuesto a afrontar, además de sus
complejas enfermedades, una serie de situaciones que atentan contra su dignidad
humana, una actuación contraria desconocería los postulados constitucionales y
los pronunciamientos de esta Corte en los que se ha indicado que no se debe prestar
un servicio que permita la mera existencia de la persona, sino que además, le
asegure unas condiciones de dignidad a pesar de sus irreversibles
padecimientos.
TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO EN EL SISTEMA DE SALUD Y SU NEXO CON EL
PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD-Subreglas
jurisprudenciales
Se estableció
que las EPS y EPS-S debían cubrir los gastos de desplazamientos generados por
la remisión de un usuario a un lugar distinto de su residencia en cualquiera de
los siguientes eventos: (i) cuando se certifica debidamente la urgencia en la
atención y (ii) entre instituciones prestadoras de servicios de salud dentro
del territorio nacional, en los eventos en que, por falta de disponibilidad, no
se pueda brindar la atención requerida por el paciente en su lugar de residencia.
De igual forma, es procedente el traslado de pacientes cuando su precario
estado de salud lo amerite, es decir, cuando el concepto del médico tratante
sea favorable para ello. La movilización del paciente de atención domiciliaria,
también se permite si el médico lo prescribe. El traslado de los pacientes
ambulatorios, se cubre siempre que se necesite de un tratamiento incluido en el
POS y no esté disponible en el lugar de residencia del afiliado, ese cargo será
cubierto con la prima adicional para zona especial por dispersión geográfica.
También se brinda el transporte cuando el usuario debe trasladarse a un
municipio distinto a su residencia para recibir los servicios a través de
urgencias o consulta médica y odontológica no especializada. Bajo ese entendido,
se dispuso que el servicio de transporte y de traslado de pacientes hacen parte
de los contenidos del POS, tanto para el régimen contributivo como para el
régimen subsidiado, considerando que se trata de una prestación claramente
exigible y de la cual depende, en algunos casos, el goce efectivo del derecho
fundamental de la salud del paciente.
CUBRIMIENTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTE Y ACOMPAÑANTE POR
EPS-Serán cubiertos por recursos de la prima
adicional en lugares de dispersión geográfica y en los demás serán cubiertos
por la UPC
JUEZ DE TUTELA-Debe verificar si se
cumplen requisitos para ordenar suministro de transporte, alimentación,
alojamiento y así garantizar accesibilidad a los servicios de salud
El juez de
tutela debe evaluar, en cada situación en concreto, la pertinencia, necesidad y
urgencia del suministro de los gastos de traslado, así como las condiciones
económicas del actor y su núcleo familiar y, en caso de ser necesario, recobrar
a la entidad estatal los valores correspondientes.
DERECHO A LA SALUD DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Vulneración por EPS al negar transporte dentro de la ciudad para
tratamiento de hemodiálisis
DERECHO A LA SALUD DEL MENOR DISCAPACITADO-Transporte debe suministrarse por la EPS para garantizar el
desplazamiento al sitio en que se efectúan las terapias
Referencia: Expedientes
acumulados T-4.536.767, T-4.561.304, T-4.569.480, T-4.571.315, T-4.571.336
Demandantes: Claudia Marcela Prieto en
representación de su hijo Sergio Mauricio Peralta, Cindy Johana Valenzuela
Benavides, Jhuber de Jesús Pérez Martínez en representación de su menor hija
Isabel Cristina Pérez Cataño, Cristina Yanet Ortíz Otálvaro en calidad de
agente oficioso de su madre Teresa de Jesús Otálvaro Betancur y Mónica Tatiana
Marín Ceballos como agente oficioso de Carlina Morales de Ceballos
Demandados: Sanitas EPS,
Ecoopsos EPS, Savia Salud EPS y la Dirección Seccional de Salud y Protección de
Antioquia, Caprecom EPS y la Dirección Territorial de Salud de Caldas y SOS
EPS.
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá D.C, veinte (20) de febrero de dos mil quince
(2015)
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por
los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortíz Delgado y
Jorge Iván Palacio Palacio, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión del fallo de tutela proferido por (i) el Juzgado Cincuenta y Ocho
Civil Municipal de Bogotá, en el trámite iniciado por la señora Claudia Marcela
Prieto en representación de su hijo Sergio Mauricio Peralta contra Sanitas EPS
dentro del expediente T-4.536.767, (ii) el Juzgado Veintisiete Penal Municipal
con Función de Control de Garantías de Bogotá, en el trámite iniciado por Cindy
Johana Valenzuela Benavides contra Ecoopsos EPS dentro del expediente T-4.561.304,(iii)
el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos, en el trámite iniciado
por Jhuber de Jesús Pérez Martínez en representación de su menor hija Isabel
Cristina Pérez Cataño contra Savia Salud EPS y la Dirección Seccional de Salud
y Protección de Antioquia dentro del expediente T-4.569.480, (iv) el Juzgado
Sexto de Familia del Circuito de Manizales, en el trámite iniciado por Cristina
Yanet Ortíz Otálvaro en calidad de agente oficioso de su madre Teresa de Jesús
Otálvaro Betancur contra Caprecom EPS y la Dirección Territorial de Salud de
Caldas dentro del expediente T-4.571.315 y (v) el Juzgado Once Civil Municipal
de Manizales, en el trámite iniciado por Mónica Tatiana Marín Ceballos como
agente oficioso de Carlina Morales de Ceballos contra SOS EPS dentro del
expediente                       T-4.571.336.
I.
ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política
y el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección número Diez de
la Corte Constitucional, mediante auto del veinte (20) de octubre de dos mil
catorce (2014), decidió seleccionar para revisión los fallos de tutela
correspondientes a los expedientes T-4.536.767, T-4.561.304, T-4.569.480,
T-4.571.315 y T-4.571.336. De igual forma, en dicho proveído, la Sala resolvió
acumular estos expedientes, por presentar unidad de materia, para que fueran
fallados en una misma sentencia.
II.ANTECEDENTES
1. Expediente T-4.536.767
1.1  La solicitud
La señora Claudia
Marcela Prieto, promovió acción de tutela en procura de obtener la protección
de los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de su hijo Sergio
Mauricio Peralta Prieto, quien padece de autismo, los cuales considera
vulnerados por Sanitas EPS, al no prestarle el servicio de transporte desde su
hogar hasta la institución donde se le brinda el tratamiento integral.
1.2
Hechos
-
Sergio Mauricio Peralta Prieto nació el 3 de
octubre de 1989 y tiene, a la fecha, 25 años de edad. Se encuentra vinculado al
régimen contributivo desde el 23 de diciembre de 2002, a través de Sanitas EPS.
-
Padece, desde los 3 años de edad, “trastorno
del espectro autista” y, en 2004, debido a alteraciones del comportamiento,
empezó a recibir tratamiento por psiquiatría.
-
El 24 de enero de 2014, el médico tratante adscrito
a la entidad accionada le ordenó, “neurorehabilitación” durante 6 meses y
“transporte redondo para el tratamiento integral con apoyo y citas médicas” por
el mismo tiempo.
-
El 14 de junio de 2014, el mismo médico
tratante, le prescribió tratamiento bajo las siguientes indicaciones: “paciente
con trastorno autista con alteración comportamentales de difícil manejo, es
tratado con múltiples medicamentos. El paciente asiste a institución especializada
para autismo de forma diaria. Tiene características de agresividad propia del
trastorno y en este paciente son de intensidad severa por lo cual utiliza
transporte especializado, ya que en el transporte público es heteroagresivo. Doy
orden de servicio de salud: tratamiento farmacológico y rehabilitación en
institución especializada”. No obstante, en esta oportunidad, el médico
tratante no ordenó el traslado especializado del joven desde su residencia
hacia la institución donde se le brinda el tratamiento integral.
-
La señora Claudia Marcela Prieto, madre del
joven, solicitó la autorización de dicho transporte, sin embargo, el médico
tratante, le indicó que esa solicitud debía ser elevada directamente a la EPS.
-
Afirma la accionante que es madre soltera, que
labora para su sostenimiento y el de su hijo, y que por tal motivo carece del
tiempo y el dinero para trasladar a Sergio Mauricio, en las condiciones que
requiere, al lugar donde se le realizan las terapias.
1.3
Pretensiones
La señora Claudia Marcela Prieto solicita se le amparen a su hijo
los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna y, en consecuencia, le
sea ordenado a Sanitas EPS la autorización del transporte especializado para la
asistencia de Sergio Mauricio a las terapias de rehabilitación.
1.4  Pruebas relevantes que obran en el expediente
-
Copia de la cédula de ciudadanía de Sergio
Mauricio Peralta Prieto (folio 16).
-
Copia del registro civil de nacimiento de Sergio
Mauricio Peralta Prieto (folio 17).
-
Copia carné de afiliación de Sergio Mauricio
Peralta Prieto a la EPS Sanitas (folio18).
-
Copia de la solicitud de medicamento,
procedimiento o insumo no incluido en el POS, en el que se pide el tratamiento
integral en centro especializado para el autismo para Sergio Mauricio Peralta
Prieto (folio 19).
-
Copia de la orden expedida el 14 de junio de
2014 por el médico tratante en la que se le prescribe a Sergio Mauricio Peralta
Prieto tratamiento integral para el autismo, por 180 días (folio 20).
-
Copia de la orden expedida el 24 de enero de
2014 por el médico tratante en la que se le prescribe a Sergio Mauricio Peralta
Prieto tratamiento integral de neurorehabilitación para el autismo, por 6 meses
(folio 21).
-
Copia de la orden expedida el 24 de enero de
2014, por el médico tratante en la que se le prescribe a Sergio Mauricio
Peralta Prieto “transporte redondo  para tratamiento integral con apoyo y
citas médicas por 6 meses” (folio 22).
-
Copia de la orden expedida el 14 de junio de
2014 por el médico tratante en la que se prescribe tratamiento farmacológico y
rehabilitación en institución especializada (folio 23).
-
Copia de la solicitud de medicamento o
procedimiento no incluido en el POS, del 10 de julio de 2014, en el que se
solicitan medicamentos de dosis más altas para atender su patología (folio 24).
1.5  Oposición a la acción de tutela
El Juzgado Cincuenta y Ocho Civil Municipal de Bogotá, mediante auto
del 4 de agosto de 2014, admitió la demanda, vinculó oficiosamente al médico
tratante adscrito a la entidad demandada, al Ministerio de Salud y Protección
Social–FOSYGA y a la Unidad de Salud Mental Toberín - Clinicentro, y corrió
traslado para que la parte pasiva se pronunciara sobre los hechos y
pretensiones expuestas por la accionante. No obstante, vencido el plazo para la
contestación, ni el accionando ni los vinculados ejercieron su derecho a la
defensa.
1.6  Decisión judicial pronunciada
El Juzgado Cincuenta y Ocho Civil Municipal de Bogotá, mediante
sentencia del 19 de agosto de 2014, negó el amparo de los derechos
fundamentales invocados, al considerar que dentro del expediente no obra prescripción
médica que ordene el transporte especial para la asistencia de Sergio Mauricio
a las terapias del tratamiento integral y, por tanto, no se evidenció que la
entidad accionada hubiere vulnerado las garantías constitucionales aludidas.
2. Expediente T-4.561.304
2.1 La solicitud
La señora Cindy
Yohana Valenzuela Benavides quien padece de “insuficiencia renal crónica
estadio 5”, impetró acción de tutela con el fin de que le fueran amparados
sus derechos fundamentales a la salud y a la vida digna, los cuales considera
vulnerados por Ecoopsos EPS al negarle el transporte que requiere para asistir
a sesiones de hemodiálisis tres veces por semana.
2.2 Hechos
-
La señora Cindy Yohana Valenzuela Benavides,
está afiliada al régimen subsidiado a través de Ecoopsos EPS.
-
El 6 de septiembre de 2012, el médico tratante
le diagnosticó “insuficiencia renal crónica estadio 5”razón por la cual
se le ha realizado, desde entonces, el procedimiento de hemodiálisis tres veces
por semana. Posteriormente, le fue dictaminado “edema de miembro superior derecho”
padecimiento que le impide el uso eficiente de su brazo y que aún es
objeto de exámenes.
-
El 26 de mayo de 2014, la accionante solicitó a
la entidad demandada  cubrir el transporte desde su lugar de residencia en la
vereda Los Sauces, municipio de Vergara, departamento de Cundinamarca, hasta
Frenesius Medical Care en Bogotá, lugar en el que le es practicada la hemodiálisis,
toda vez que no cuenta con el dinero suficiente para sufragar los costos del
traslado tres veces por semana y que, debido a su precario estado de salud, el
transporte público le resulta riesgoso.
-
El 10 de junio de 2014, Ecoopsos EPS respondió a
la solicitud de la accionante indicando que, a la señora Cindy Yohana
Valenzuela Benavides se le habían brindado todos los servicios de salud requeridos
en razón de la patología que la aquejaba y que, en relación a la solicitud de
transporte desde su residencia hasta la IPS, no constituía una prestación incluida
en el POS.
-
Indica, que además de las patologías de base,
padece de presión arterial alta, fatiga, mareo, dolor en el pecho, calambres,
náuseas y dolores de cabeza relacionados con cuadros anémicos, por los cuales
ha sido tratada, por ello, insiste en la solicitud realizada a Ecoopsos EPS, pues
requiere de atención especial cada vez que se desplaza desde su residencia
hasta el lugar donde le realizan el procedimiento hemodialítico.
2.3 Pretensión
La accionante
busca que le sean amparados sus derechos fundamentales a la salud y a la vida
en condiciones dignas y, en consecuencia, se ordene a Ecoopsos EPS cubra el
transporte desde su lugar de residencia en la vereda Los Sauces, municipio de
Vergara, departamento de Cundinamarca, hasta Frenesius Medical Care en Bogotá,
lugar en el que se le práctica tres veces por semana el procedimiento de hemodiálisis.
2.4 Pruebas
relevantes que obran en el expediente
-
Copia de la respuesta emitida por Ecoopsos EPS,
el 10 de junio de 2014, en la que niega a la señora Cindy Yohana Valenzuela Benavides,
el servicio de transporte desde su residencia hasta la IPS en la que se le
realiza el procedimiento de hemodiálisis (folios 8 y 9).
-
Copia de una constancia emitida por Frenesius
Medical Care, el 9 de julio de 2014, en la que se indica que la señora Cindy
Yohana Valenzuela Benavides tiene diagnóstico de insuficiencia renal crónica y
actualmente se le realiza hemodiálisis los días lunes, miércoles y viernes. De
igual manera, informa que la paciente no puede suspender el tratamiento pues
pondría en alto riesgo su vida (folio 10).
-
Copia de la cédula de ciudadanía de Cindy Yohana
Valenzuela Benavides (folio 11).
-
Copia del carné de afiliación de Cindy Yohana
Valenzuela Benavides a la EPS Ecoopsos (folio 12).
-
Copia de la fórmula médica emitida por Frenesius
Medical Care, el 9 de julio de 2014, para el tratamiento farmacológico de Cindy
Yohana Valenzuela Benavides (folio 13).
-
Copias de los informes médicos expedidos por
Frenesius Medical Care respecto del tratamiento que se le ha adelantado a Cindy
Yohana Valenzuela Benavides (folios 14 a 20).
-
Copia del registro civil de nacimiento de la
menor hija de Cindy Yohana Valenzuela Benavides (folio 21).
2.5 Oposición
a la acción de tutela
El Juzgado
Veintisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, mediante
auto del 11 de julio de 2014, admitió el recurso de amparo, vinculó a la
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y a la Secretaría de Salud de
Cundinamarca y corrió traslado a la entidad demandada para que ejerciera su
derecho de defensa.
2.6
Secretaría de Salud de Cundinamarca
Mediante
comunicación emitida el 14 julio 2014, la Secretaría de Salud de Cundinamarca
solicita ser desvinculado de la presente acción pues no considera haber
vulnerado los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de la
accionante:
Indica que la
accionante se encuentra vinculada al régimen subsidiado a través de Ecoopsos
EPS, que tiene diagnóstico de insuficiencia renal crónica y que viene
recibiendo atención médica especializada, exámenes y todo lo que ha sido
necesario para paliar su padecimiento.
Expresa que el
servicio de transporte que solicita la accionante, debe ser autorizado por la
EPS, pues hace parte del POS como lo establece el artículo 125 de la Resolución
5521 de 2013 así: “El servicio de transporte en un medio
diferente a la ambulancia, para acceder a una atención incluida en el Plan
Obligatorio de Salud, no disponible en el municipio de residencia del afiliado,
será cubierto con cargo a la prima adicional para zona especial por dispersión
geográfica.” Por tanto, el llamado a resolver la solicitud de la accionante
es Ecoopsos EPS.
2.7 Ecoopsos
EPS
La representante
legal de la entidad, mediante escrito del 16 de julio de 2014, respondió a los
hechos y las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:
La señora Cindy
Johana Valenzuela Benavides está afiliada a Ecoopsos EPS desde el 6 de enero de
2001 y pertenece al régimen subsidiado Sisben nivel uno (1). Desde septiembre
de 2013, debido al diagnóstico de insuficiencia renal crónica, se le realiza
hemodiálisis en la IPS Frenesius Medical Care, tres veces por semana.
Respecto de la
solicitud de la accionante acerca del suministro de transporte desde su
residencia hasta la IPS, manifiesta que dicho servicio no se encuentra incluido
en el POS y que, por tanto, la solicitud debe elevarse a la Secretaría Seccional
de Salud de Cundinamarca.
Sostiene que no
ha vulnerado los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de Cindy Yohana
Valenzuela Benavides, pues se le han autorizado y realizado todos los
procedimientos y exámenes que el médico tratante ha ordenado y, que actualmente,
no tiene pendiente por practicar orden alguna. Por tanto, solicita se niegue la
presente acción de amparo.
2.8 Secretaría
de Salud Distrital de Bogotá
La subdirectora
de gestión judicial de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, mediante
escrito del 16 de julio de 2014, respondió a los hechos y las pretensiones de
la demanda así:
La señora Cindy
Yohana Valenzuela Benavides se encuentra afiliada al régimen subsidiado nivel
1, a través de Ecoopsos EPS desde el 6 de enero de 2001.
Según concepto
médico, la paciente tiene diagnóstico de insuficiencia renal crónica y recibe tres
veces por semana hemodiálisis. Manifiesta que, debido a que la EPS no recibe
prima adicional de UPC por dispersión[1],
el médico tratante, previo concepto favorable, deberá elevar la solicitud al
Comité Técnico Científico para su aprobación, pues se trata de una solicitud no
POS, posteriormente, Ecoopsos EPS podrá solicitar el recobro al ente
territorial, a saber, la Secretaría de Salud de Cundinamarca.
Por lo expuesto,
considera no haber vulnerado los derechos fundamentales a la salud y a la vida
digna de la accionante, toda vez que la petición de transporte entre su
residencia y la unidad renal, debe presentarse a Ecoopsos EPS, quien a su vez, podrá
elevar la solicitud de recobro ante la Secretaría de Salud departamental. Así
las cosas, la solicitud de la accionante en nada se relaciona con la competencia
de la Secretaría de Salud Distrital, por ello, solicita ser desvinculado de la
presente acción.
2.9 Decisión
judicial pronunciada
El Juzgado
Veintisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá,
mediante proveído del 25 de julio de 2014, resolvió negar las pretensiones de
la accionante por cuanto, a su juicio, la entidad demandada ha cumplido con el
tratamiento requerido, pues hasta el momento se le han autorizado todos los
procedimientos que el galeno tratante ha considerado. De igual forma, sostuvo
que, si bien es cierto que la señora Cindy Yohana aduce tener una dificultad de
movimiento en el brazo derecho, medicamente ello no se ha comprobado, pues los
estudios aún no se han realizado.
De otra parte, expuso
que, a pesar de que la accionante pertenece al régimen subsidiado de salud e
indica no tener el dinero suficiente para cubrir los gastos de transporte los
días de diálisis, es deber de la familia, en aras de la solidaridad, contribuir
con el desarrollo del tratamiento.
3. Expediente
T-4.569.480
3.1 La
solicitud
El señor Jhuber
de Jesús Pérez Martínez promovió acción de tutela con el fin de obtener la
protección de los derechos fundamentales de su hija menor de edad, Isabel
Cristina Pérez Cataño, quien padece de síndromes epilépticos y parálisis
cerebral espástica, el cual considera vulnerado por Savia Salud EPS y por la
Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, al no responderle
la solicitud realizada en relación con el cubrimiento de los gastos de
transporte que le generan llevar a su hija a la citas y procedimientos del
tratamiento integral en salud.
3.2 Hechos
-
Isabel Cristina Pérez Cataño, nació el 4 de
marzo de 2003 y tiene, a la fecha, 11 años de edad. Se encuentra vinculada al
régimen subsidiado a través de Savia Salud EPS.
-
Según el diagnóstico emitido por el Instituto
Neurológico de Antioquia, la menor padece de “epilepsias y síndromes
epilépticos generalizados” y “parálisis cerebral espástica”, por
esta razón asiste a controles por neuropediatría, ortopedia infantil,
endocrinología y fisiatría.
-
Manifiesta el accionante, que el 30 de abril de
2014, elevó petición a Savia Salud EPS solicitando el servicio de transporte y
hospedaje para su hija y un acompañante a la ciudad de Medellín, pues reside en
la Vereda la Lomita, corregimiento San Pablo, Municipio de Santa Rosa de Osos-Antioquia,
ya que debe asistir habitualmente a los controles para el tratamiento integral de
la niña, y no cuenta con los recursos suficientes para cubrir el gasto que le
genera el traslado de su hija y el propio, hasta el lugar donde es atendida. A
la fecha de la interposición de la acción de tutela, la solicitud no había sido
respondida.
-
Durante el término del traslado de la presente
acción, la entidad accionada respondió la solicitud elevada por el actor
informando que, su petición excedía los parámetros establecidos por el artículo
124 de la Resolución 5521 de 2013[2],
acerca de los casos en los que la EPS debe cubrir el traslado de los pacientes,
y que por ello, no podía ser autorizada.
3.3
Pretensión
El señor Jhuber de Jesús Pérez Martínez solicita sean protegidos los
derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de su menor hija Isabel
Cristina Pérez Cataño y, en consecuencia, se ordene a Savia Salud EPS que
responda la petición elevada el 30 de abril de 2014, en el sentido de cubrir los
gastos de transporte y hospedaje desde su lugar de residencia hasta la ciudad
de Medellín, con ocasión de las citas médicas y terapias que se le ordenen a la
menor en el desarrollo de su tratamiento integral.
3.4 Pruebas relevantes que obran en el expediente
-
Copia de la cédula de ciudadanía del señor Jhuber
de Jesús Pérez Martínez (folio 8).
-
Copia de la tarjeta de identidad de la menor
Isabel Cristina Pérez Cataño (folio 9).
-
Copia del carné de afiliación de la menor Isabel
Cristina Pérez Cataño a Comfama EPS[3]
(folio 10).
-
Copia del carné de afiliación de la menor Isabel
Cristina Pérez Cataño a la Asociación Municipal de Discapacitados de Santa Rosa
de Osos-Antioquia (folio 11).
-
Copia de un constancia de estudio emitida por el
Centro Educativo Rural La Lomita, en la que se acredita que Isabel Cristina
Pérez Cataño cursó en esa institución en el año 2014, el grado cuarto de básica
primaria (folio 12).
-
Copia de la historia clínica de Isabel Cristina
Pérez Cataño, emitida por el Comité de Rehabilitación y la Fundación Instituto
Neurológico de Antioquia (folios 13 a 18).
-
Copia de la petición elevada a Savia Salud EPS,
el 30 de abril de 2014, en la que el señor Jhuber de Jesús Pérez Martínez
solicita el cubrimiento de los gastos de transporte y alojamiento desde su
residencia hasta la ciudad de Medellín, con ocasión de las múltiples citas
médicas a las que asiste su menor hija (folios 19 a 21).
3.5 Oposición a la acción de tutela
El Juzgado
Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos – Antioquia, mediante auto del 1º
de julio de 2014, admitió el recurso de amparo y corrió traslado a la entidad
demandada para que se pronunciara sobre los hechos y las pretensiones del
accionante.
3.6 Savia
Salud EPS
El 3 de julio de
2014, el apoderado especial de Savia Salud EPS, respondió la acción de tutela
en los siguientes términos:
La menor Isabel
Cristina Pérez Cataño se encuentra afiliada a Savia Salud EPS desde el 10 de
julio de 2006, tiene diagnóstico de parálisis cerebral y epilepsia. El
accionante solicitó, por medio de una petición radicada el 30 de abril de 2014,
que se cubrieran los gastos de transporte y hospedaje de la menor y un
acompañante en la ciudad de Medellín para asistir a las citas médicas del
tratamiento integral que se le brinda.
Sobre este
particular, la EPS informó que la situación de la niña Pérez Cataño no se
encuentra contemplada en el Artículo 125 de la Resolución 5521 de 2013, el cual
establece los casos susceptibles de autorización de transporte para pacientes.
Debido a que en
el curso de la acción, la entidad demandada dio respuesta a la solicitud, pide
se declare la carencia actual de objeto por hecho superado, pues la pretensión
fue resuelta.
3.7 Decisión
judicial que se revisa
El Juzgado
Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos – Antioquia, en proveído del 8 de
julio de 2014, negó la solicitud de amparo pues consideró que la pretensión del
actor había sido resuelta, y por tanto, se configuró un hecho superado.
4. Expediente
T-4.571.315
4.1 La solicitud
La señora
Cristina Yanet Ortíz Otálvaro, en calidad de agente oficioso de su madre, la
señora Teresa de Jesús Otálvaro Betancur, quien padece de insuficiencia renal crónica,
instauró acción de tutela con el fin de proteger los derechos fundamentales de
su agenciada a la salud y a la vida digna, presuntamente vulnerados por
Caprecom EPS y la Dirección Territorial de Salud de Caldas, al no prestarle el
servicio de transporte para asistir a las citas de hemodiálisis tres veces por
semana.
4.2 Hechos
-
La señora Teresa de Jesús Otálvaro Betancur
tiene, a la fecha, 65 años de edad. Se encuentra vinculada al régimen
subsidiado a través de Caprecom EPS. Padece “insuficiencia renal crónica”,
“hipertensión arterial” y “diabetes mellitus 2”.
-
Recibe tratamiento de hemodialísis tres veces
por semana en la clínica RTS en la ciudad de Manizales.
-
Sostiene la agente que, junto con la señora
Teresa de Jesús vive en el municipio de Villamaría-Caldas, y no cuenta con el
dinero suficiente para cubrir los gastos que le genera trasladarse con su madre
a la IPS donde le realizan la diálisis, aproximadamente 30 mil pesos semanales.
Indica también, que en diferentes oportunidades la señora Teresa de Jesús se ha
desmayado en el transporte público.
4.3 Pretensión
La señora Cristina Yanet Ortíz Otálvaro, solicita le sean amparados
a su madre los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna y, en
consecuencia, le sea ordenado a Caprecom EPS la autorización del traslado desde
su residencia hasta la clínica RTS donde se le práctica el tratamiento de
hemodiálisis tres veces por semana.
4.4 Pruebas
relevantes que obran en el expediente
-
Copia del certificado emitido por la clínica RTS
de Manizales, el 1º de julio de 2014, en el que se indica que la señora Teresa
de Jesús Otálvaro Betancur tiene diagnóstico de “insuficiencia renal crónica” y
que recibe terapia de hemodiálisis los días martes, jueves y sábados (folio 2).
-
Copia de la cédula de ciudadanía y del carné de
afiliación a la EPS Caprecom de la señora Teresa de Jesús Otálvaro Betancur
(folio 3).
-
Copia de la cédula de ciudadanía de Cristina
Yanet Ortíz Otálvaro               (folio 4).
-
Copia de la epicrisis de la señora Teresa de
Jesús Otálvaro Betancur del 3 de julio de 2014, emitida por la clínica RTS de Manizales
(folio 5).
4.5 Oposición
a la acción de tutela
El Juzgado Sexto
de Familia del Circuito de Manizales, en auto del 14 de julio de 2014, admitió
el recurso de amparo y corrió traslado a las entidades accionadas para que se
pronunciaran sobre los hechos y las pretensiones. Así mismo, solicitó a la
accionante acudir al despacho judicial para ampliar la información contenida en
el escrito de tutela.
4.6 Declaración
de la señora Cristina Yanet Ortíz Otálvaro
El 15 de julio
de 2014, la señora Cristina Yanet Ortíz Otálvaro asistió al despacho del Juez
Sexto de Familia del Circuito de Manizales con el fin de rendir declaración
acerca de los hechos que motivaron la presente acción de amparo. Durante la
diligencia, la agente sostuvo que residía en el municipio de Villa María,
Caldas, en una casa arrendada, en la que pagaba mensualmente la suma de 300 mil
pesos. Que vivía allí con su madre, un sobrino y sus dos hijos, que uno de
ellos trabajaba y devengaba aproximadamente 950 mil pesos mensuales. Que ella laboraba
como independiente haciendo servicios de manicura y pedicura, pero que con esa
labor no lograba recaudar mucho dinero.
Sostuvo también
que, a su señora madre se le bajaba el azúcar y solía desmayarse en el
transporte público, sin embargo, el médico tratante nunca le había recomendado
alguna clase de transporte especial para sus traslados y, por ello, no realizó
la solicitud a la EPS Caprecom.
4.7 Dirección
Territorial de Salud de Caldas
El subdirector
de aseguramiento de la dirección territorial solicitó se desvinculara a la
entidad de la presente acción, toda vez que estaba comprobado que la señora
Teresa de Jesús Otálvaro Betancur se encontraba afiliada al sistema salud a
través de Caprecom EPS, y que, por tanto, era esa entidad la llamada a
responder por los servicios POS solicitados por la paciente.
4.8 Caprecom
EPS
El director
territorial de Caprecom EPS solicitó negar la acción de amparo, pues consideró
que la situación de la actora no se ajustaba a la descripción del artículo 125
de la Resolución 5521 de 2013 respecto de los casos en los que procede la
autorización del transporte de pacientes ambulatorios. Expuso, que tal
solicitud debía elevarse a la Dirección Territorial de Salud de Caldas, pues se
trataba de una solicitud no POS.
4.9 Decisión
judicial que se revisa
El Juzgado Sexto
de Familia del Circuito de Manizales, mediante sentencia del 23 de julio de
2014, negó la acción de tutela al considerar que la agente, no logró probar la
incapacidad económica para acudir por sus propios medios al tratamiento de hemodiálisis,
menos aún, cuando bajo la gravedad de juramento, sostuvo que su madre ha podido
cumplir con las citas, pues uno de sus hijos labora y sostiene el hogar.
Además, indicó que no está demostrado que la patología que padece la señora
Teresa de Jesús le impida desplazarse hasta la IPS.
Por lo anterior,
consideró que en aras de la solidaridad familiar, los gastos de traslado de la
señora Teresa de Jesús Otálvaro Betancur deben seguir siendo cubiertos por los
miembros del hogar.
5. Expediente
T-4.571.336
5.1 La
solicitud
La señora Mónica
Tatiana Marín Ceballos, en calidad de agente oficioso de su abuela, la señora Carlina
Morales de Ceballos, quien padece, entre otras patologías, de insuficiencia
renal crónica terminal, instauró acción de tutela con el fin de proteger los
derechos fundamentales de su agenciada a la salud y a la vida digna,
presuntamente vulnerados por SOS EPS, al no prestarle el servicio de transporte
para asistir a las citas de hemodiálisis tres veces por semana.
5.2 Hechos
-
La señora Carlina Morales de Ceballos tiene a la
fecha, 81 años de edad. Se encuentra vinculada al régimen contributivo en
calidad de beneficiaria, a través de SOS EPS. Está diagnosticada con insuficiencia
renal crónica terminal como patología de base, diabetes mellitus, hipertensión
y otras enfermedades pulmonares y cardiacas.
-
Debido a su compleja enfermedad principal,
asiste a hemodiálisis tres veces por semana en Frenesius Medical Care en la
ciudad de Manizales y, por su avanzada edad y delicado estado de salud, debe
ser llevada en transporte público desde su residencia, en esa misma ciudad,
hasta la IPS. Aduce la señora Mónica Tatiana que no cuenta con el dinero
suficiente para cubrir los gastos de taxi en los que semanalmente incurre por
el traslado de su abuela, los cuales se elevan aproximadamente a 200 mil pesos
mensuales.
5.3 Pretensión
La señora Mónica Tatiana Marín Ceballos solicita le sean amparados a
su agenciada los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna y, en
consecuencia, le sea ordenado a SOS EPS autorice los traslados de la señora
Carlina Morales de Ceballos y un acompañante desde su residencia hasta la IPS
Frenesius Medical Care en la cuidad de Manizales los días que debe asistir a
las terapias de hemodiálisis.
5.4 Pruebas relevantes que obran en el expediente
-
Copia de la cédula de ciudadanía de Mónica
Tatiana Marín Ceballos (folio 6).
-
Copia de la cédula de ciudadanía de Carlina
Morales de Ceballos (folio 7).
-
Copia de la constancia emitida por Frenesius
Medical Care Colombia, del 22 de julio de 2014, en la que se certifica que la
señora Carlina Morales de Ceballos padece de enfermedad renal crónica estadio
5, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, cardiopatía isquémica, hipotiroidismo e hipertensión pulmonar. Afirma
también que asiste, en esa entidad, a hemodiálisis tres veces por semana (folio
8).
-
Copia de la historia clínica de la señora Carlina
Morales de Ceballos, emitida por Frenesius Medical Care (folios 9 a 13).
5.5 Oposición a la acción de tutela
EL Juzgado Once Civil Municipal de Manizales, mediante auto del 23
de julio de 2014, admitió el recurso de amparo constitucional y corrió traslado
a la entidad accionada para que se pronunciara sobre los hechos y las
pretensiones propuestas por la accionante.
5.6 Servicio Occidental de Salud -SOS- EPS
El director de
sede de SOS EPS contestó la acción de tutela en los siguientes términos:
La señora
Carlina Morales de Ceballos se encuentra afiliada a SOS EPS como beneficiaria y
su estado es activo. El afiliado cotizante tiene un IBC de 616.000 pesos.
La paciente
padece de insuficiencia renal terminal y tiene autorizado el tratamiento de
hemodiálisis tres veces por semana en la IPS Frenesius Medical Care en la
ciudad de Manizales.
Sostiene que los
viáticos y el alojamiento de los pacientes ambulatorios no están contemplados
en el POS según lo dispone el artículo 124 de la Resolución 5521 del 2013 sobre
exclusiones generales. De igual forma, la situación particular de la señora
Carlina, tampoco se encuentra descrita en el artículo 125 sobre el transporte
del paciente ambulatorio. De otra parte, considera que el costo de los transportes
de la paciente hasta la IPS, deben ser cubiertos por sus familiares en aras de
la solidaridad familiar.
Por lo expuesto,
solicita se niegue la petición elevada, como quiera que SOS EPS no ha vulnerado
los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de la agenciada, pues
ha prestado el tratamiento integral para atender las patologías que la aquejan
y, en este momento, no tiene ordenes pendientes de autorización.
5.7 Decisión
Judicial que se revisa
EL Juzgado Once
Civil Municipal de Manizales, en fallo del 1º de agosto de 2014, negó las
pretensiones de la accionante al considerar que, en la actualidad, ninguno de
los médicos tratantes ha ordenado el traslado de la paciente en transporte
especializado y que, por el contrario, la EPS SOS ha brindado toda la atención
que la señora Carlina Morales de Ceballos ha necesitado para garantizar su
derecho fundamental a la salud. En consecuencia, consideró que los traslados de
la paciente hasta la IPS que le realiza la hemodiálisis, debe ser costeado por su
familia, en virtud de la solidaridad familiar.
III.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
A través de esta
Sala de Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar las
sentencias proferidas dentro de los procesos de la referencia, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Procedibilidad de la acción de tutela
2.1.
Legitimación activa
El artículo 86
de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo
de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección
inmediata de sus derechos fundamentales.
En armonía con
lo dispuesto por la norma superior, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991[4],
establece lo siguiente:
“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar,
por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales.”
En desarrollo
del citado artículo, esta Corte ha concertado las posibilidades de su
promoción, así: (i) del ejercicio directo, es decir quién interpone la acción
de tutela es a quien se le está vulnerando el derecho fundamental; (ii) por
medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad, los
incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; (iii) por medio
de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición
de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial
para el caso o, en su defecto, el poder general respectivo; y (iv) por medio de
agente oficioso.”[5]
En esta
oportunidad, algunos accionantes actúan mediante agente oficioso y otros como
representantes, calidades que, según lo observado en el expediente, cumplen con
los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para su validez,
por lo tanto están legitimados para defender los derechos de sus representados.
2.2.
Legitimación pasiva
Sanitas EPS,
Ecoopsos EPS, Savia Salud EPS y la Dirección Seccional de Salud y Protección de
Antioquia, Caprecom EPS y la Dirección Territorial de Salud de Caldas y SOS EPS
son entidades que se ocupan de prestar del servicio público de salud, por
tanto, de conformidad con el artículo 5 y el numeral 2° del artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991[6],
están legitimadas como partes pasivas en los procesos de tutela bajo estudio,
en la medida en que se les atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales en cuestión.
3. Problema
jurídico
Corresponde a la
Sala Cuarta de Revisión determinar en los presentes casos, si Sanitas EPS,
Ecoopsos EPS, Savia Salud EPS, la Dirección Seccional de Salud y Protección de
Antioquia, Caprecom EPS, la Dirección Territorial de Salud de Caldas y SOS EPS se
encuentran vulnerando los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna,
de Sergio Mauricio Peralta, Cindy Johana Valenzuela Benavides, Isabel Cristina
Pérez Cataño, Teresa de Jesús Otálvaro Betancur y de Carlina Morales de Ceballos
al no autorizarles el transporte especializado desde su residencia hasta la IPS
donde se les adelantan los tratamientos correspondientes.
Con el fin de
resolver el problema jurídico planteado para los diferentes casos, la Sala
realizará un análisis jurisprudencial de los siguientes temas: (i) el derecho
fundamental a salud de las personas en situación de discapacidad y de la
tercera edad; (ii) los servicios esenciales para sobrellevar un padecimiento y
garantizar una vida en condiciones dignas; y (iii) el servicio de transporte
para el acceso efectivo al servicio de salud.
3.1 El derecho fundamental a la salud de las personas en situación
de discapacidad y de la tercera edad. Reiteración de jurisprudencia
La Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha reiterado
que, de acuerdo con la Carta Política, la salud es un servicio público a cargo
del Estado. No obstante, se ha reconocido que dicho servicio es un derecho, el
cual se considera fundamental en sí mismo y, por ende, exigible por vía de la
acción de tutela. Al efecto, esta Corporación ha mencionado que:
“Así las cosas, el derecho a la
seguridad social en salud, dada su inexorable relación con el principio de
dignidad humana, tiene el carácter de derecho fundamental, pudiendo ser objeto
de protección judicial, por vía de la acción de tutela, en relación con los
contenidos del POS que han sido definidos por las autoridades competentes y,
excepcionalmente, cuando la falta de dichos contenidos afecta la dignidad
humana y la calidad de vida de quien demanda el servicio de salud.”[7].
Por consiguiente, dicho mecanismo constitucional procede en los
casos en que se logre verificar que la falta del reconocimiento del derecho a
la salud (i) lesione la dignidad humana, (ii) afecte a un sujeto de especial
protección constitucional y/o (iii) ponga al paciente en una situación de
indefensión por su falta de capacidad de pago para hacer valer su derecho.[8]
Igualmente, ha considerado esta Corporación, que la tutela es
procedente en los casos en que “(a) se niegue, sin justificación médico –
científica, un servicio médico incluido dentro del Plan Obligatorio de Salud o
(b) cuando se niegue la autorización para un procedimiento, medicamento o
tratamiento médico excluido del POS, pero requerido de forma urgente por el
paciente, quien no puede adquirirlo por no contar con los recursos económicos
necesarios[9]”.[10](Subrayas
fuera del original)
Así las cosas, la Corte Constitucional ha reconocido el carácter
fundamental que tiene el derecho a la salud, máxime tratándose de sujetos de
especial protección, tales como: los niños, niñas y adolescentes, las mujeres
embarazadas, las personas pertenecientes a la tercera edad y las personas en
condición de discapacidad física o mental.
En desarrollo de los artículos 13 y 47 superiores y en relación con
la protección de los derechos fundamentales de las personas en situación de
discapacidad, esta Corporación ha reiterado:
“El Constituyente no fue ajeno a la situación de marginalidad y
discriminación a la que históricamente han sido expuestas las personas
disminuidas física, sensorial o psíquicamente. Es así como la Carta Política
consagra derechos fundamentales y derechos prestacionales en favor de los
discapacitados. La igualdad de oportunidades y el trato más favorable (CP art.
13), son derechos fundamentales, de aplicación inmediata (CP art. 85),
reconocidos a los grupos discriminados o marginados y a las personas que por su
condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de
debilidad manifiesta. De otra parte, los discapacitados gozan de un derecho
constitucional, de carácter programático (CP art. 47), que se deduce de la
obligación  estatal de adoptar una política de previsión, rehabilitación e
integración social.”[11]
De igual forma, en la Sentencia T-197 de 2003[12],
en cuanto al tema de la salud y la necesidad de su protección respecto de
aquellas personas que sufren discapacidades físicas o mentales, indicó:
“(…) es frecuente que el discapacitado requiera atención médica
especializada a fin de mantener o mejorar las habilidades físicas o mentales
disminuidas y, en la mayoría de casos, buscar la conservación de la vida en
condiciones dignas.  De esto se desprende que, en situaciones concretas, el
suministro de una adecuada y pronta atención en salud del discapacitado
supedita la protección de sus derechos fundamentales a la vida digna y la
integridad física, por lo que el amparo constitucional a través de la acción de
tutela resulta procedente, más aún si se tienen en cuenta los imperativos que
desde la misma Carta Política se extraen sobre la protección reforzada a la que
son acreedores los limitados físicos y mentales.”(Subrayas
fuera del original)
Así pues, la atención en salud para las personas en situación de
discapacidad física o mental debe ser prioritaria, pues las condiciones de
vulnerabilidad que padecen lo ameritan. Es por ello, que el servicio debe
brindarse integralmente, pues no basta con que la atención sea oportuna, es
necesario que se suministren medicamentos, intervenciones o exámenes tendientes
a garantizar los derechos fundamentales del afectado.
En este sentido, el artículo 11 de la Ley 1306 de 2009[13]
dispone que:
“Ningún sujeto con discapacidad mental podrá ser privado de su
derecho a recibir tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico,
adiestramiento, educación y rehabilitación física o psicológica, proporcionales
a su nivel de deficiencia, a efecto de que puedan lograr y mantener la máxima independencia,
capacidad física, mental, social y vocacional y la inclusión y participación
plena en todos los aspectos de la vida, de acuerdo con los lineamientos y
programas científicos diseñados o aprobados por el Comité Consultivo Nacional
de las Personas con Limitación de que trata la Ley 361 de 1997.
La organización encargada de prestar el servicio de salud y de
educación en Colombia adoptará las medidas necesarias para obtener que ninguna
persona con discapacidad mental sea privada del acceso a estos servicios desde
la temprana edad.
La recreación, el deporte, las actividades lúdicas y en general
cualquier actividad dirigida a estimular el potencial físico, creativo,
artístico e intelectual, son inherentes a las prestaciones de salud, educación
y rehabilitación.
En el cálculo de las prestaciones alimentarias, congruas o
necesarias, se incluirán los costos que demanden las actividades de salud,
educación y rehabilitación aquí previstas.”(Subrayas
fuera del original).
Conforme con la
línea expuesta, la Corte Constitucional ha reconocido el carácter fundamental
que tiene el derecho a la salud en las personas que ostentan la calidad de
sujetos de especial protección. Por lo
anterior, cuando el operador jurisdiccional se encuentre ante el estudio de un
amparo constitucional de esta clase de sujetos, su estudio debe ser realizado
de manera más amplia.
Ahora bien, en la
misma perspectiva, y en concordancia con lo dispuesto en los artículos 13,
inciso 3, 46 y 47 de la Constitución Política, este Tribunal Constitucional ha
sostenido que los adultos mayores también necesitan una protección preferente
en vista de las especiales condiciones en que se encuentran, por lo cual, el
Estado tiene el deber de garantizarles los servicios de seguridad social
integral, dentro de los cuales se encuentra la atención en salud. Ésta última
se hace relevante en el entendido en que es precisamente a ellos a quienes debe
procurarse un urgente cuidado médico teniendo en cuenta el deterioro
irreversible y progresivo de su salud.[14]
Al respecto, ha señalado este Tribunal:
“Las personas de la tercera edad han sido señaladas por la
jurisprudencia de esta Corporación como sujetos de especial protección por
parte del Estado y en consecuencia deben ser objeto de mayores garantías para
permitirles el goce y disfrute de sus derechos fundamentales. Así, ante el
amparo de los derechos fundamentales debe tenerse en cuenta el estado de salud
y la edad de la persona que ha llegado a la tercera edad…”.[15]
En este orden de ideas, cuando se trate de personas con
discapacidad y de la tercera edad, el derecho a la salud reviste mayor
importancia, como consecuencia de la situación de indefensión que presentan.
Por tal razón, si el juez constitucional se encuentra ante un caso en el que se
presuma la vulneración del derecho fundamental a la salud de cualquiera de las
personas anteriormente mencionadas, lo propio, es que, como garante de los
valores, principios y normas dispuestas en la Carta Política y en favor de los
mandatos del Estado Social de Derecho, brinde la protección necesaria al caso.
3.2 Los
servicios esenciales para sobrellevar un padecimiento y garantizar una vida en
condiciones dignas. Reiteración de jurisprudencia
En virtud del principio de integralidad del servicio de salud, la
Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que el tratamiento que se debe
proporcionar para garantizar el derecho a la salud, no tiene como único
objetivo obtener la curación. Este, debe estar encaminado a superar todas las
afecciones que pongan en peligro la vida, la integridad y la dignidad de la
persona, por tal razón se deben orientar todos los esfuerzos para que, de
manera pronta, efectiva y eficaz reciba todos los cuidados médicos
tendientes a proporcionarle el mayor bienestar posible.
Al respecto,
en sentencia T-617 de 2000[16]
esta Corporación manifestó:
“En este orden de ideas, el desconocimiento del derecho a la salud no
se circunscribe únicamente a la constatación del peligro inminente de muerte,
dado que su ámbito de protección se extiende a la prevención o solución de
eventos en los cuales el contenido conceptual básico de los derechos
fundamentales involucrados puede verse afectado, de esta forma, no solo el
mantenimiento de la vida, previsto en el artículo 11 de la Constitución Política,
se protege como fundamental, sino la materialización del derecho a la
existencia en condiciones dignas”.(Negrilla por fuera del texto)
De la misma manera, este Tribunal Constitucional mediante sentencia T-224
de 1997[17],reiteró
que: “el ser humano necesita mantener ciertos niveles de salud para
sobrevivir y desempeñarse, de modo que cuando se presentan anomalías en la
salud, aun cuando no tengan el carácter de enfermedad, pero que afecten
esos niveles y se ponga en peligro la dignidad personal, el paciente tiene
derecho a abrigar esperanzas de recuperación, a procurar el alivio a sus
dolencias y a buscar la posibilidad de una vida que pueda llevarse con
dignidad.”
Lo anterior, obedece a que la enfermedad no solo debe tratarse desde el
punto de vista médico, sino desde una perspectiva integral, que abarque todos
los elementos y tratamientos necesarios para optimizar las habilidades
funcionales, mentales y sociales del paciente.
De esa manera, en aquellos casos en los que científicamente no se
pueda obtener la recuperación del estado de salud del paciente por el complejo
cuadro clínico que presenta, se debe propender, por todos los medios, a
garantizar el nivel de vida más óptimo a través de la totalidad de los
elementos y tratamientos que se encuentren disponibles, pues con ocasión de sus
enfermedades son fácilmente expuestos a afrontar situaciones que atentan contra
su dignidad humana, los cuales aunque no persigan el completo y eficaz
restablecimiento del paciente, sí resultan paliativos para sus difíciles
condiciones, pues por medio de ellos se les brinda una calidad de vida con un
mínimo de dignidad.
Conforme a lo expuesto, resulta claro que se deben suministrar todos
los implementos, accesorios, servicios, insumos y tratamientos que requiera el
paciente, cuando por su insolvencia económica no pueda asumir su costo y con su
falta, se vea expuesto a afrontar, además de sus complejas enfermedades, una
serie de situaciones que atentan contra su dignidad humana, una actuación
contraria desconocería los postulados constitucionales y los pronunciamientos
de esta Corte en los que se ha indicado que no se debe prestar un servicio que
permita la mera existencia de la persona, sino que además, le asegure unas
condiciones de dignidad a pesar de sus irreversibles padecimientos.
Precisamente, en la sentencia T-899 de 2002[18], la Corte
señaló:
“(…) En segundo lugar, porque el derecho a la vida, como lo ha
establecido esta Corporación implica el reconocimiento de la dignidad humana,
es decir, no se trata de la mera existencia, sino de una existencia digna, en
la cual se garanticen las condiciones que le permitan al ser humano desarrollar
en la medida de lo posible sus facultades.”
Así las cosas, si a las personas que tienen aminoradas sus
condiciones de salud no se les salvaguarda su estado bajo unas condiciones
tolerables que permitan su subsistencia en forma digna, entonces se les
vulneran sus derechos fundamentales, pues no basta que se asuma y se les brinde
una prestación de manera simple, sino que debe estar encaminada a asegurar, en
todo momento, la dignidad de la persona, razón por la cual, no es válido que
una empresa prestadora del servicio de salud niegue la autorización y el acceso
a un tratamiento, procedimiento, servicio, terapia o cualquier otra prestación
requerida para, por lo menos, paliar los efectos de la enfermedad[19].
3.4 El
servicio de transporte para el acceso efectivo al servicio de salud.
Reiteración de jurisprudencia
Inicialmente, el
servicio de transporte de pacientes no se encontraba incluido dentro del Plan
Obligatorio de Salud, en el régimen contributivo como tampoco del subsidiado,
al efecto, el parágrafo del artículo 2° de la Resolución 5261de 1994 “por el
cual se establece el manual de actividades, intervenciones y procedimientos del
Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud”
señalaba, en forma expresa, que “(…) cuando en el municipio de residencia
del paciente no cuente con algún servicio requerido, este podrá ser remitido al
municipio más cercano que cuente con él. Los gastos de desplazamiento generados
en las remisiones serán de responsabilidad del paciente, salvo en los casos de
urgencia debidamente certificada o en los pacientes internados que requieran
atención complementaria (…)”.
No obstante lo
anterior, este Tribunal Constitucional advirtió que, si bien el transporte no
podía ser considerado como una prestación de salud, existían ciertos casos en
los que, debido a las difíciles y particulares circunstancias económicas a las
que se veían expuestas algunas personas, el acceso efectivo a determinado
servicio o tratamiento en salud dependía necesariamente del costo del traslado.
Las anteriores
consideraciones, llevaron a que, en aplicación del principio de solidaridad
social, los jueces de tutela ordenaran, de manera excepcional, a distintas
entidades del sistema, el reconocimiento y pago del valor equivalente a los
gastos de transporte aunque no estuviere incluido dentro del POS, siempre y
cuando el paciente o sus familiares carecieran de los recursos económicos
necesarios para tal efecto, con la posibilidad de luego repetir contra el Fondo
de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud
–FOSYGA.[20]
Más adelante, en
virtud de la garantía de accesibilidad económica, elemento esencial del derecho
a la salud[21],
y ante el alto impacto que implica para muchas personas la imposibilidad de
cancelar sus transportes y los de su acompañante para acudir a los tratamientos
y servicios en salud, el Ministerio de Salud y Protección Social reconoció e
incluyó tal prestación a través de las Resoluciones 5261 de 1994 y 5521 de 2013
las cuales definieron, aclararon y actualizaron los contenidos del POS para los
regímenes subsidiado y contributivo.
En esa medida,
se estableció que las EPS y EPS-S debían cubrir los gastos de desplazamientos
generados por la remisión de un usuario a un lugar distinto de su residencia en
cualquiera de los siguientes eventos: (i) cuando se certifica debidamente la
urgencia en la atención y (ii) entre instituciones prestadoras de
servicios de salud dentro del territorio nacional, en los eventos en que, por
falta de disponibilidad, no se pueda brindar la atención requerida por el
paciente en su lugar de residencia.
De igual forma, es procedente el
traslado de pacientes cuando su precario estado de salud lo amerite, es decir,
cuando el concepto del médico tratante sea favorable para ello. La movilización
del paciente de atención domiciliaria, también se permite si el médico lo
prescribe.[22]
El traslado de los pacientes ambulatorios, se cubre siempre que se necesite de
un tratamiento incluido en el POS y no esté disponible en el lugar de
residencia del afiliado, ese cargo será cubierto con la prima
adicional para zona especial por dispersión geográfica. También se brinda el
transporte cuando el usuario debe trasladarse a un municipio distinto a su
residencia para recibir los servicios a través de urgencias o consulta médica y
odontológica no especializada.
Bajo ese
entendido, se dispuso que el servicio de transporte y de traslado de pacientes
hacen parte de los contenidos del POS, tanto para el régimen contributivo como
para el régimen subsidiado, considerando que se trata de una prestación
claramente exigible y de la cual depende, en algunos casos, el goce efectivo
del derecho fundamental de la salud del paciente.
Es importante
mencionar que, en virtud del artículo 124 de la Resolución 5521 de 2013, el
servicio de transporte ambulatorio debe ser cubierto con cargo a la prima
adicional de las unidades de pago por capitación respectivas, en las zonas
geográficas en las que se reconozca dispersión.
La prima
adicional es un valor que el Estado destina a los departamentos y regiones en
los cuales por haber menor densidad poblacional se generan sobre-costos en la
atención, entre otras razones, por el traslado de pacientes a centros urbanos
que sí cuentan con la red prestadora especializada de alto nivel de
complejidad.
En esa medida, el Ministerio de Salud y
Protección Social, mediante Resolución 4480 de 2012, fijó el valor de la UPC
para el año 2013 y señaló que se le reconocería a los departamentos de
Amazonas, Arauca, Casanare, Caquetá, Chocó, La Guajira, Guainía, Guaviare,
Meta, Putumayo, Sucre, Vaupés, Vichada y la región del Urabá, excepto los
municipios de Arauca, Florencia, Yopal, Riohacha, Sincelejo y Villavicencio.
En conclusión, por una parte, en las áreas a
las que se destine la prima adicional, esto es, por dispersión geográfica, los
gastos de transporte serán cubiertos con cargo a ese rubro. Por otra, en los
lugares en los que no se reconozca éste concepto se pagarán por la unidad de
pago por capitación básica. Las mismas reglas deberán aplicarse al alojamiento
debido a que su  necesidad se configura en las mismas condiciones que el
traslado.
De tal afirmación se infiere, que las zonas
que no son objeto de prima por dispersión, cuentan con la totalidad de
infraestructura y personal humano para la atención en salud integral que
requiera todo usuario y por lo tanto no se debería necesitar de su traslado a
otro lugar. No obstante, de ser necesario, se deberá afectar el rubro de la UPC
general, pues es responsabilidad directa de la EPS garantizar la asistencia
médica de sus afiliados.
En línea con los anteriores precedentes
normativos, este Tribunal Constitucional ha sido enfático en sostener que,
resulta desproporcionado imponer cargas económicas de traslado a personas que
no pueden acceder a un servicio  médico excluido del POS por carecer de los
recursos económicos. En efecto, “nace para el Estado la obligación de suministrarlos,
sea directamente, o a través de la entidad prestadora del servicio de salud (…)
para los efectos de la obligación que se produce en cabeza del Estado, es
indiferente que el afectado se encuentre en el régimen contributivo o
subsidiado”[23]
A partir de ello, esta Corporación definió que
cuando un paciente es remitido a una entidad de salud en un municipio distinto
al de su residencia, es deber de la EPS sufragar los gastos de transporte que
sean necesarios sin importar si dicha prestación fue ordenada por su médico
tratante, en el entendido de que ni el paciente ni sus familiares cercanos
tienen los recursos económicos para costear el gasto de traslado.
A la luz de lo expuesto, en sentencia T-760 de
2008[24]
esta Corte afirmó que, “Si bien el transporte y hospedaje del paciente no
son servicios médicos, en ciertos eventos el acceso al servicio de salud
depende de que al paciente le sean financiados los gastos de desplazamiento y
estadía en el lugar donde se le pueda prestar atención médica. (…) Así pues,
toda persona tiene derecho a que se remuevan las barreras y obstáculos que
impidan a una persona acceder a los servicios de salud que requiere con necesidad,
cuando éstas implican el desplazamiento a un lugar distinto al de residencia,
debido a que en donde habita no existen instituciones en capacidad de
prestarlo, y la persona no puede asumir los costos de dicho traslado”.
De conformidad con lo expuesto, se advierte
que el transporte es un servicio cubierto por el POS que, pese a no contar con
una naturaleza médica, constituye un medio para garantizar el acceso al
tratamiento que requiera la persona.
Con ese criterio, este Tribunal ha estimado
que las EPS y EPS-S deben asumir los gastos de desplazamiento de un acompañante
cuando: (i) el paciente sea totalmente dependiente de un tercero para su
desplazamiento, (ii) requiera atención permanente para garantizar su integridad
física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (iii) que ni él ni
su núcleo familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar el
traslado. En estos casos se encuentran, precisamente, los menores de edad y las
personas en situación de discapacidad o de la tercera edad que padecen
restricciones de movilidad[25].
En síntesis, el juez de tutela debe evaluar,
en cada situación en concreto, la pertinencia, necesidad y urgencia del
suministro de los gastos de traslado, así como las condiciones económicas del
actor y su núcleo familiar y, en caso de ser necesario, recobrar a la entidad
estatal los valores correspondientes.
Atendiendo las
circunstancias fácticas descritas y los elementos de juicio plasmados en esta
parte considerativa, la Sala entrará a decidir los casos concretos.
4. Casos
concretos
1. Expediente
T-4.536.767
La señora
Claudia Marcela Prieto, en representación de su hijo Sergio Mauricio Peralta
Prieto, instauró acción de tutela contra Sanitas EPS, con el fin de que se le
suministre a su hijo el transporte que necesita para asistir a las terapias de
rehabilitación prescritos por su médico tratante.
Sergio Mauricio
Peralta padece de “trastorno del espectro autista” y asiste desde 2004 a
tratamiento por psiquiatría. En 2014, el médico tratante le prescribió
tratamiento de neurorehabilitación durante 6 meses, junto a ello, ordenó
transporte especializado, de manera que fuera trasladado de su residencia hacia
la IPS y de regreso a casa una vez finalizara la terapia. Cuando dicha orden se
venció, nuevamente se le autorizaron las terapias diarias, sin embargo, en esta
oportunidad, el médico tratante no ordenó el transporte especializado, aun
cuando, en la prescripción médica, indicó que Sergio Mauricio debía tener transporte
especial, pues en el transporte público se comportaba heteroagresivo.
La señora
Claudia Marcela Prieto, aduce no tener el tiempo ni el dinero suficiente para
transportar a su hijo diariamente a las terapias, pues es madre soltera y
labora para el sostenimiento de su hijo y el propio.
Por esa razón
acudió a la acción de tutela en procura de obtener el amparo de los derechos
fundamentales a la salud y a la vida digna de su hijo y, en consecuencia, le
fuera ordenado a Sanitas EPS, autorizar el transporte especializado que diariamente
necesita Sergio Mauricio para asistir a sus terapias de neurorehabilitación.
El Juzgado
Cincuenta y Ocho Civil Municipal de Bogotá, admitió la acción de tutela,
vinculó al Ministerio de Salud y a la Unidad de Salud Mental de Toberín y
corrió traslado a la entidad demandada para que se pronunciara sobre las
pretensiones elevadas por la accionante, no obstante, ni el accionado ni el
vinculado hicieron ejercicio del derecho de defensa. Así las cosas, el 19 de
agosto de 2014, el juez constitucional negó la solicitud de amparo al
considerar que a Sergio Mauricio Peralta Prieto no se le había expedido ninguna
orden de transporte a las terapias de rehabilitación, por tanto, la entidad
Sanitas EPS no había vulnerado sus derechos fundamentales a la salud y a la
vida digna.
En la parte
considerativa de esta providencia, se expuso que el derecho fundamental a la
salud reviste mayor importancia cuando quien lo ejerce es un sujeto de especial
protección, como por ejemplo, las personas en situación de discapacidad física
o mental. Este es el caso particular de Sergio Mauricio Peralta Prieto, quien
padece desde los tres años de edad de trastorno del espectro autista, y que
requiere para su tratamiento de terapias de neurorehabilitación.
Se expuso allí
también, que el ofrecimiento de los servicios de salud no está únicamente
encaminado a buscar la cura de los padecimientos que aquejan al paciente, sino
que es necesario que las entidades prestadoras de salud desplieguen todos los
recursos necesarios para eliminar toda clase de impedimentos en el progreso de
los tratamientos.
En este caso
particular, encuentra comprobado esta Sala, que Sergio Mauricio está
diagnosticado con una discapacidad mental, que requiere de asistencia diaria a
terapias de rehabilitación y que depende del auxilio de un tercero para su
movilización. Además, el último concepto del médico tratante, indica que el
paciente no puede ser trasladado en transporte público pues resulta agresivo
con terceros, sin embargo, aun cuando conocía que este comportamiento era
apenas propio del trastorno que padecía el joven, no prescribió el transporte
especializado.
Si bien es
cierto que los artículos 124 y 125 de la Resolución 5521 de 2013, reconocen
circunstancias específicas en las cuales las EPS están obligadas a prestar el
servicio de transporte de pacientes desde su residencia hasta la IPS que presta
el servicio de salud, no puede desconocerse que en situaciones puntuales como
la que aquí se abordó, la carencia del transporte especializado se constituye
como obstáculo para el normal desarrollo del tratamiento integral de Sergio Mauricio
Peralta Prieto, situación que ha reprochado esta Corporación en múltiples
pronunciamientos[26].
Así entonces,
considera esta Sala que Sanitas EPS ha vulnerado los derechos fundamentales a
la salud y a la vida digna de Sergio Mauricio Peralta Prieto, al no brindarle
alternativas que eliminen el obstáculo que encuentra al no recibir por parte de
su servicio de salud, el transporte especializado que requiere para asistir a
las terapias prescritas por su médico tratante.
Por lo expuesto,
y atendiendo a las situaciones particulares del caso, esta Sala procederá a
revocar lo dispuesto el 19 de agosto, por el Juzgado Cincuenta y Ocho Civil
Municipal de Bogotá, para en su lugar, conceder el amparo a los derechos
fundamentales a la salud y a la vida digna de Sergio Mauricio Peralta Prieto y,
en consecuencia, ordenar a Sanitas EPS que en el término de cuarenta y ocho
(48) horas contado a partir de la notificación de esta providencia, autorice y
cubra, a Sergio Mauricio Peralta Prieto, el transporte especializado que
requiere para asistir y regresar a las citas o terapias que hagan parte de su
tratamiento integral, durante el tiempo que sea necesario.
2. Expediente
T-4.561.304
La señora Cindy
Yohana Valenzuela Benavides, quien padece de enfermedad renal crónica, instauró
acción de tutela en procura de obtener el amparo de sus derechos fundamentales
a la salud y a la vida digna, presuntamente vulnerados por Ecoopsos EPS al no
autorizarle el traslado desde su lugar de residencia en la vereda Los Sauces,
municipio de Vergara, departamento de Cundinamarca, hasta Frenesius Medical
Care en Bogotá, IPS que le realiza hemodiálisis tres veces por semana.
La accionante
está afiliada al régimen subsidiado en salud a través de Ecoopsos EPS. En el
año 2012, le fue diagnosticado insuficiencia renal crónica estadio 5, por tal
motivo, se le ha venido practicando hemodiálisis tres veces por semana. Además,
sostiene que padece de un fuerte dolor en el brazo derecho que impide la
movilidad del mismo.
El 26 de mayo de
2014, solicitó a la Ecoopsos EPS cubrir el transporte desde su residencia en la
vereda Los Sauces, hasta la IPS que le brinda el tratamiento de hemodiálisis.
Adujo no tener el dinero suficiente para asumir el gasto que le genera trasladarse
a Bogotá, además, sostuvo que por el fuerte dolor que tiene en el brazo
derecho, el transporte público le resulta riesgoso.
La EPS Ecoopsos
en escrito del 10 de junio de 2014, negó la solicitud de la señor Valenzuela
Benavides al considerar que a la paciente se le han autorizado todas los
tratamientos y medicamentos que le han sido ordenados por su médico tratante,
de igual manera, expuso que la petición excede los contenidos del POS, pues el
caso particular de la paciente no está contemplado en el artículo 124 y 125 de
la Resolución 5521 de 2013.
Así pues, la
accionante instauró acción de tutela para que le fueran amparados sus derechos
fundamentales a la salud y a la vida digna y, en consecuencia, se le ordenara a
Ecoopsos EPS brindarle el traslado desde su residencia hasta la IPS donde se le
realiza el procedimiento hemodinámico.
El Juzgado
Veintisiete Penal Municipal de Función de Control de Garantías de Bogotá,
admitió la acción el 11 de julio de 2014, vinculó a la Secretaría de Salud
Distrital de Bogotá y a la Secretaría de Salud de Cundinamarca y corrió
traslado a la entidad demandada para que se pronunciara sobre los hechos y las
pretensiones.
La Secretaría de
Salud de Cundinamarca indicó que el servicio que solicita la accionante debe
ser cubierto por la EPS, pues está incluido en el POS tal como lo establece el
artículo 125 de la Resolución 5521 de 2013. Por su parte, la Secretaría de
Salud de Bogotá, indicó que esa solicitud debía elevarse directamente a la EPS,
pues era esa entidad la encargada de suministrar tal requerimiento de
conformidad con la resolución antes enunciada. Por último, la EPS Ecoopsos
consideró que lo solicitado por la accionante no resultaba procedente, por
cuanto, no estaba incluida en el POS, pues lo que sostiene el artículo 124 y
125 de la reiterada resolución, hace referencia a casos específicos en los que
no se enmarca la situación de la señora Cindy Yohana Valenzuela Benavides.
Así entonces, el
juez constitucional, mediante sentencia del 25 de julio de 2014, resolvió negar
las pretensiones de la accionante, al considerar, que la entidad accionada, le
había prestado todos los servicios de salud que requería, y que, eran sus
familiares, en aras de la solidaridad, los que debían ayudar al desarrollo del
tratamiento.
En la parte
general de esta providencia, se sostuvo que el derecho a la salud es una
garantía fundamental de todos los sujetos, se expuso también, que este derecho
reviste la integralidad del servicio, ello indica, que no basta con que la
entidad encargada de la prestación autorice u ordene los procedimientos
necesarios para garantizar la salud del paciente, pues también debe verificar
que este pueda acceder al servicio sin ningún tipo de obstáculos.
Bajo esa óptica,
observa esta Sala que, si bien es cierto, la señora Cindy Yohana tiene la
autorización de las terapias de hemodiálisis tres veces por semana en razón de
la gravedad de su patología y, en ese sentido, la EPS ha cumplido con el deber
de garantizar el derecho a la salud de su afiliada, es evidente que el traslado
diario desde su residencia en la vereda Los Sauces, municipio de Vergara en
Cundinamarca, se constituye como óbice para el desarrollo de su tratamiento, aun
más, cuando sostiene que debe viajar en transporte público y padece de una
afección en el brazo derecho que le impide moverlo.
De conformidad
con la Resolución 4480 de 2012, Cundinamarca no se encuentra incluido en el
grupo de departamentos que reciben prima adicional por dispersión, sin embargo,
tampoco se evidencia que la EPS le haya ofrecido a Cindy Yohana el tratamiento
de hemodiálisis en una IPS más cercana a su residencia.
Por lo expuesto,
en aras de salvaguardar los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna
de Cindy Yohana Valenzuela Benavides, esta Sala revocará lo dispuesto el 25 de
julio de 2014, por el Juzgado Veintisiete Penal Municipal con Función de
Control de Garantías, para en su lugar, ampararlos y, en consecuencia, ordenará
a Ecoopsos EPS, que en término de 48 horas contado a partir de la notificación
del fallo, autorice el traslado de Cindy Yohana Valenzuela Benavides, ida y
regreso, a la IPS Frenesius Medical Care en Bogotá, con ocasión de las citas de
hemodiálisis, durante el tiempo que sea necesario.
3. Expediente
T-4.569.480
El señor Jhuber
de Jesús Pérez Martínez instauró acción de tutela con el fin de obtener la
protección del derecho fundamental de petición de su hija Isabel Cristina Pérez
Cataño, quien padece de síndromes epilépticos y parálisis cerebral espástica,
los cuales considera vulnerados por Savia Salud EPS y por la Dirección
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, al no responder la
petición que tendiente a que se cubrieran los gastos de transporte y hospedaje
en los que incurre al trasladarse desde su lugar de residencia en la vereda La
Lomita, corregimiento San Pablo, municipio de Santa Rosa de Osos-Antioquia,
hasta la ciudad de Medellín, las múltiples veces que tiene que llevar a su hija
a citas y tratamientos.
La menor de
edad, Isabel Cristina Pérez Cataño tiene, a la fecha, 11 años de edad,
pertenece al régimen subsidiado en salud a través de Savia Salud EPS. Está
diagnosticada con“epilepsias y síndromes epilépticos generalizados”y
“parálisis cerebral espástica”, por ello recibe atención por
neuropediatría, ortopedia infantil, endocrinología y fisiatría.
El 30 de abril
de 2014, el accionante solicitó a Savia Salud EPS el servicio de transporte y
hospedaje para su hija y un acompañante a la ciudad de Medellín, pues la niña
continuamente es atendida en esa ciudad, y no cuenta con los recursos
suficientes para regresar diariamente a su residencia o para alojarse en esa
ciudad. La solicitud fue respondida durante el traslado de la presente acción,
allí se indicó, que esa pretensión no podía acogerse, toda vez que la situación
de la menor de edad en nada se relacionaba con lo expuesto por los artículos
124 y 125 de la Resolución 5521 de 2013, y que, por tanto, los costos de
transporte y hospedaje debían ser asumidos por el paciente.
El juez
constitucional, en fallo del 8 de julio de 2014, consideró que durante el
trámite de la acción, la pretensión, que en principio estaba encaminada a que
se diera respuesta a la petición elevada, había sido resuelta, y que, en
consecuencia, se configuraba la carencia actual de objeto por hecho superado.
Este caso
particular, en el que se hace uso de las facultades ultra y extrapetita
del juez constitucional[27],
evidencia esta Sala, que la atención en salud de la niña Isabel Cristina involucra
diferentes especialidades, y que, en ese sentido, se está brindando un tratamiento
integral, no obstante, no se puede desconocer que trasladarse regularmente,
desde su lugar de residencia hasta la ciudad de Medellín, resulta un obstáculo
para la paciente y su padre, más aun, cuando el demandante aduce, que en
repetidas ocasiones la EPS programa citas diarias, y que debe incurrir en más
gastos al hospedarse en esa ciudad para no perder los controles médicos.[28]
En la parte
general de este proveído, se expuso que la protección del derecho fundamental a
la salud no involucra solamente el ofrecimiento de la atención médica, si no
también, el deber de procurar que los pacientes no sufran cargas que les
impidan acceder a dicho servicio. En este evento, la necesidad de la niña y su
padre de movilizarse regularmente a la ciudad de Medellín, obstaculiza el
ejercicio de los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de la niña
y, en ese sentido, considera esta Sala, que la EPS ha vulnerado las enunciadas
garantías constitucionales.
Se expuso
también en la parte motiva, los requisitos para que puedan ser autorizados los
gastos de transporte de un acompañante, estos son: “(i) que el paciente sea totalmente dependiente de un
tercero para su desplazamiento, (ii) que requiera atención permanente para
garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores
cotidianas y (iii) que ni él ni su núcleo familiar cuenten con los recursos
suficientes para financiar el traslado”[29],
presupuestos altamente comprobables si se tiene en cuenta que este caso
concreto, versa sobre una menor de edad de 11 años, que padece de epilepsia y
parálisis cerebral y pertenece al régimen subsidiado.
En
consonancia con lo expuesto, esta Sala procederá a revocar el fallo dictado el
25 de julio de 2014, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de
Osos, para en su lugar, amparar los derechos fundamentales a la salud y a la
vida digna de la niña Isabel Cristina Pérez Cataño y, en consecuencia, se ordenará
a Savia Salud EPS, que en el término de 48 horas, contado a partir de la
notificación del presente proveído, autorice y cubra los gastos de transporte y
hospedaje de la niña Isabel Cristina Pérez Cataño y un acompañante, ida y
regreso, desde su lugar de residencia hacia la ciudad de Medellín, con ocasión
de las citas médicas de su tratamiento integral, por el tiempo que resulte
necesario.
4.
Expediente T-4.571.315
La señora Cristina Yanet Ortíz Otálvaro instauró acción de
tutela con el fin de que le sean amparados a su madre
los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna, los cuales considera
vulnerados por Caprecom EPS al negarle la autorización del traslado desde su
residencia, en el municipio de Villa María         -Caldas- hasta la clínica
RTS en Manizales, donde se le práctica el tratamiento de hemodiálisis tres
veces por semana.
La señora Teresa de Jesús Otálvaro Betancur tiene, a la fecha, 65
años de edad y pertenece al régimen subsidiado de salud a través de Caprecom
EPS. Está diagnosticada con insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus e
hipertensión arterial. Debido a la falla renal, asiste tres veces por semana a
hemodiálisis, sin embargo, su agente sostiene que no cuenta con los recursos
económicos suficientes para costear los gastos en los que incurre al
trasladarse con su madre a la IPS en Manizales, por lo que procedió a instaurar
la presente acción de amparo.
Debido a que el juez necesitaba mayor información para mejor proveer,
15 de julio de 2014, la agente rindió declaración ante el Juez Sexto de Familia
del Circuito de Manizales, en dicha ocasión expuso, que vivía con su madre, un
sobrino y sus dos hijos en una vivienda alquilada por la que debía pagar $300.000
pesos mensuales. Adujo también, que el sostenimiento familiar estaba a cargo de
uno de sus hijos, quien laboraba y devengaba aproximadamente $950.000 pesos, y
que ella, en ocasiones, laboraba prestando servicios de manicura y pedicura,
pero no lograba recolectar mucho dinero.
La Dirección Territorial de Salud de Caldas, solicitó ser
desvinculada de la acción, pues consideró que la pretensión de la actora estaba
incluida en el POS y que, por tanto, era la EPS quien debía responder por la
petición. Por su parte, Caprecom sostuvo que el servicio de transporte hace
parte del POS en los casos específicos estipulados en los artículos 124 y 125 de
la Resolución 5521 de 2013, y que en ninguno de esos casos se enmarcaba la
situación particular de la señora Teresa de Jesús Otálvaro Betancur por lo que la
solicitud no era procedente.
Mediante fallo del 23 de julio de 2014, el Juez Sexto de Familia del
Circuito de Manizales, negó la solicitud de amparo al considerar, que no se
comprobó que la agente estuviera en incapacidad económica de responder por los
gastos del traslado de su madre, menos aun, cuando bajo la gravedad de
juramento sostuvo, que uno de sus hijos laboraba y devengaba aproximadamente $ 950.000
pesos[30]
mensuales.
Expuso esta Sala, que el derecho fundamental a la salud de las
personas de la tercera edad se hace relevante en el entendido en que debe
procurarse un urgente cuidado médico teniendo en cuenta el deterioro
irreversible y progresivo de su salud y que, en ese sentido, es necesario que
se le brinden todos los cuidados que requiera para atender sus padecimientos,
de igual forma, resulta trascendente que se eviten los obstáculos que impidan
el pleno ejercicio de sus derechos.
En este caso, sostiene la agente oficioso que no posee el dinero
suficiente para cubrir los $10.000 pesos en los que incurre cada vez que se
transporta con su madre hacia las terapias de diálisis, así pues, considera la
Sala que el total del gasto mensual se constituye como obstáculo para la
protección del derecho a la salud, pues aduce que su hijo labora y devenga
aproximadamente $950.000 pesos de los cuales gasta, como mínimo, el dinero del
arriendo y de los traslados de su abuela, esta situación, denota la posible
falta de recursos para los demás gastos del hogar.
En relación con
lo anterior, la Corte ha destacado que la familia está encargada de brindar a
sus miembros más cercanos la atención que necesite, no obstante, aun cuando hay
una persona que brinda sustento a este hogar, es deber constitucional del Estado
proteger los derechos fundamentales de los asociados.
Así pues, evidencia esta Sala que la paciente no tiene la capacidad
económica para asumir tal gasto y que, el costo de los trasportes está
impidiendo el ejercicio de sus derechos fundamentales a la salud y a la vida
digna.
En consecuencia, esta Sala procederá a revocar el fallo dictado el
23 de julio de 2014 por el Juzgado Sexto de Familia del Circuito de Manizales
y, en su lugar, tutelar los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna
de la señora Teresa de Jesús Otálvaro Betancur, así
pues, ordenará a Caprecom EPS que en el término de 48 horas contado a partir de la notificación de la presente
providencia, autorice y brinde a la señora Teresa de
Jesús Otálvaro Betancur el traslado, de ida y de regreso, desde su lugar de
residencia hasta la clínica RTS en Manizales, con ocasión de sus citas de hemodiálisis, por el tiempo
que sea necesario.
5. Expediente T-4.571.336
La señora Mónica Tatiana Marín Ceballos instauró acción de tutela, con
el fin de que le fueran amparados los derechos
fundamentales a la salud y a la vida digna a su agenciada, la señora Carlina
Morales de Ceballos, quien padecede insuficiencia renal crónica terminal, entre
otras patologías, presuntamente vulnerados por SOS EPS, al no prestarle el
servicio de transporte que requiere para asistir a las citas de hemodiálisis
tres veces por semana.
La señora Carlina Morales Ceballos tiene 81 años de edad, pertenece
al régimen contributivo en calidad de beneficiaria, a través de SOS EPS. Esta
diagnosticada con insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus, hipertensión
arterial, entre otras patologías pulmonares y cardiacas.
Debido a la falla renal que padece, asiste a hemodiálisis tres veces
por semana, a esas citas asiste acompañada y en taxi, pues en razón de sus
múltiples padecimientos y avanzada edad, depende completamente de un tercero.
Aduce la agente, que trasladar a su abuela a las diálisis se ha
convertido en una carga económica difícil de asumir, pues gastan en promedio
200.000 mil pesos al mes, y por ello, solicitó a la EPS costear los traslados
de la paciente, no obstante la entidad informó que los costos de movilización
deben ser asumidos en su totalidad por el afiliado. Por tanto, la señora Mónica
Tatiana acudió a esta acción constitucional.
Una vez admitido el recurso de amparo, el Juzgado Once Civil
Municipal de Manizales corrió traslado a la entidad accionada para que
ejerciera su derecho a la defensa. La entidad demandada sostuvo, que la señora
Carlina se encontraba afiliada al régimen contributivo en calidad de
beneficiaria, y que el IBC del cotizante era de $ 616.000 pesos, por tal razón,
la paciente podía acudir a la solidaridad familiar para asumir los costos de su
traslado. Adujo también, que la situación de la Señora Carlinas Morales no se
identificaba con las causales consagradas en los artículos 124 y 125 de la
Resolución 5521 de 2013, respecto de la inclusión del servicio de transporte en
el POS.
En consecuencia, el Juzgado Once Civil Municipal de Manizales,
mediante providencia del 1º de agosto de 2014, desestimó las pretensiones al
considerar que la accionante podía apelar a la solidaridad familiar para cubrir
el gasto en el que incurría por los traslados de su agenciada a los servicios
de salud.
Esta Sala sostuvo líneas atrás, que el derecho fundamental a la
salud reviste mayor importancia cuando su titular es un sujeto de especial
protección, para este caso, una persona de la tercera edad, que padece de
múltiples enfermedades, y que encuentra en el transporte una barrera para
acceder a los servicios de salud que requiere.
De igual forma expresó, que el aludido derecho fundamental no se
agota con la prestación del servicio, sino, que debe procurarse, que todos los
afiliados puedan ejercer su derecho sin obstáculos que impidan el goce
efectivo.
No es de recibo para esta Sala, que la EPS considere que debe
apelarse a la solidaridad familiar en este caso, pues la persona afectada es un
sujeto de especial protección, de avanzada edad, que padece de múltiples
enfermedades y debe recibir atención integral en salud, incluso el servicio de
transporte para su movilización. Aunado a ello, la EPS indicó que el IBC del
afiliado cotizante, es de un salario mínimo, cuantía que, considera la Sala, no
puede soportar el gasto mensual de $ 200.000 pesos solo por transporte.
En este sentido, considera la Sala que la decisión de la EPS de no
cubrir los gastos en los que incurre la señora Mónica Tatiana por trasladar a
su abuela los días en que se le debe practicar la hemodiálisis, vulnera los
derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de la señora Carlina
Morales de Ceballos, pues el transporte se constituye como óbice para el real
goce de sus derechos fundamentales.
En este mismo sentido, se expusieron los requisitos establecidos por
esta Corporación para la autorización de los traslados de un acompañante, estos
son “(i) que
el paciente sea totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento,
(ii) que requiera atención permanente para garantizar su integridad física y el
ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (iii) que ni él ni su núcleo
familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar el traslado”[31], al efecto, puede presumirse que todos estos se cumplen,
si se tiene en cuenta que es una persona de avanzada edad, a saber, 81 años,
que padece de insuficiencia renal crónica, entre otras patologías, y carece de
los recursos económicos para costear, por sus propios medios, la movilización.
En consecuencia, esta Sala procederá a revocar el fallo
dictado el 1º de agosto de 2014 por el Juzgado Once Civil Municipal de
Manizales, para en su lugar, tutelar los derechos fundamentales a la salud y a
la vida digna de la señora Carlina Morales de Ceballos, así pues, ordenará a
SOS EPS que el término de 48 horas contado a partir de la notificación de la
presente providencia, autorice y brinde a la señora Carlina Morales Ceballos el
traslado, de ida y de regreso, desde su lugar de residencia hasta la IPS
Frenesius Medical Care en la ciudad de Manizales, con ocasión de sus citas de
hemodiálisis, por el tiempo que sea necesario.
IV.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.-
REVOCAR el fallo dictado el 19 de agosto de 2014,
por el Juzgado Cincuenta y Ocho Civil Municipal de
Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida por Claudia Marcela Prieto en
representación de su hijo Sergio Mauricio Peralta Prieto contra Sanitas EPS,
identificada con el radicado                     T-4.536.767, para en su lugar,
TUTELAR los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de
Sergio Mauricio Peralta Prieto.
SEGUNDO.-
ORDENAR a Sanitas EPS que en el término de cuarenta
y ocho (48) horas contado a partir de la notificación de esta providencia,
autorice y cubra el transporte especializado que requiere Sergio Mauricio
Peralta Prieto para asistir y regresar a las citas o terapias que hagan parte
de su tratamiento integral, durante el tiempo que sea necesario.
TERCERO.-REVOCAR
el fallo dictado el 25 de julio de 2014, por el
Juzgado Veintisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida por Cindy Yohana Valenzuela
Benavides contra Ecoopsos EPS, identificada con el radicado T-4.561.304, para
en su lugar, TUTELAR sus derechos fundamentales a la salud y a la vida
digna.
CUARTO.-
ORDENAR a Ecoopsos EPS que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la notificación de esta
providencia, autorice y cubra el transporte de Cindy Yohana Valenzuela
Benavides desde su residencia, ida y regreso, a las citas de hemodiálisis que
requiera para dignificar su vida, durante el tiempo que sea necesario.
QUINTO.- REVOCAR
el fallo dictado 8 de julio de 2014, por Juzgado
Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos, dentro de
la acción de tutela promovida Jhuber de Jesús Pérez Martínez en representación
de su hija menor de edad, Isabel Cristina Pérez Cataño, identificada con el
radicado T-4.569.480, para en su lugar, TUTELAR los derechos
fundamentales a la salud y a la vida digna de Isabel Cristina Pérez Cataño.
SEXTO.-
ORDENAR a Savia Salud EPS que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contado a
partir de la notificación del presente proveído, autorice y cubra los gastos de
transporte y hospedaje de la niña Isabel Cristina Pérez Cataño y un
acompañante, ida y regreso, desde su lugar de residencia hacia la ciudad de
Medellín, con ocasión de las citas médicas de su tratamiento integral, por el
tiempo que resulte necesario.
SÉPTIMO.- REVOCAR
el fallo dictado el 23 de
julio de 2014, por el Juzgado Sexto de Familia del Circuito de Manizales,
dentro de la acción de tutela promovida por Cristina Yaneth Ortíz Otálvaro como
agente oficioso de Teresa de Jesús Otálvaro Betancur, identificada con el
radicado T-4.571.315, para en su lugar, TUTELAR los derechos
fundamentales a la salud y a la vida digna de Teresa de Jesús Otálvaro Betancur
OCTAVO.- ORDENAR a Caprecom EPS que en
el término de (48) horas, contado a partir de la notificación del
presente proveído, autorice y cubra los gastos de transporte de la señora Teresa de Jesús Otálvaro
Betancur el traslado, de ida y de regreso,
desde su lugar de residencia hasta la clínica RTS en
Manizales, con ocasión de sus citas de
hemodiálisis, por el tiempo que sea necesario.
NOVENO.- REVOCAR la sentencia proferida en 1º de agosto de 2014, por el Juzgado Once
Civil Municipal de Manizales, dentro de la acción de tutela promovida por
Mónica Tatiana Marín Ceballos como agente oficioso de Carlina Morales de
Ceballos contra SOS EPS, identificada con el radicado T-4.571.336, para en su
lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna
de Carlina Morales de Ceballos.
DÉCIMO.-
ORDENAR a SOS EPS que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas, contado a partir de la notificación del presente proveído,
autorice y cubra los gastos de transporte de la señora Carlina Morales de Ceballos
y un acompañante, ida y regreso, desde su lugar de residencia hacia la IPS Frenesius
Medical Care en Manizales, con ocasión de las citas de hemodiálisis que
requiere, por el tiempo que sea necesario.
DÉCIMO
PRIMERO.- Por Secretaría LÍBRENSE las comunicaciones
previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí
contemplados
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
ANDRÉS
MUTIS VANEGAS
Secretario
general (E)
[1]“La UPC-adicional es una prima o valor adicional reconocido por la
CRES a diversas zonas geográficas por concepto de dispersión geográfica. Es
decir, un valor aplicable para las áreas de algunos departamentos en los cuales
hay una menor densidad poblacional, que a su vez puede representar un mayor
gasto por los sobrecostos de atención en salud derivados entre otros del
transporte de pacientes”.  La anterior definición
fue tomada de www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/UPC_S.aspx.
[2]ARTÍCULO
125. TRANSPORTE DEL PACIENTE AMBULATORIO. El servicio de transporte en
un medio diferente a la ambulancia, para acceder a una atención incluida en el
Plan Obligatorio de Salud, no disponible en el municipio de residencia del
afiliado, será cubierto con cargo a la prima adicional para zona especial por
dispersión geográfica.
PARÁGRAFO. Las
EPS igualmente deberán pagar el transporte del paciente ambulatorio cuando el
usuario debe trasladarse a un municipio distinto a su residencia para recibir
los servicios mencionados en el artículo10de esta resolución, cuando existiendo
estos en su municipio de residencia la EPS no los hubiere tenido en cuenta para
la conformación de su red de servicios. Esto aplica independientemente de si en
el municipio la EPS recibe o no una UPC diferencial.
[3] Los afiliados al régimen subsidiado que venían siendo atendidos por
Confama EPS, fueron trasladados a Savia Salud EPS y a otras EPS, desde el 1º de
mayo de 2013, por disposición del Acuerdo 001 de 2012.
[4]Decreto 2591 de 1991: “Por el cual se reglamenta la acción de
tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[5] T-531 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[6]Por el cual se reglamenta la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
[7] Corte Constitucional, Sentencia T-233 del 21 de marzo de 2012, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[8] Corte Constitucional, Sentencia T-1182 del 2 de diciembre de 2008,
M.P. Humberto Sierra Porto, Sentencia T-717 del 7 de octubre de 2009, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[9] Corte Constitucional, Sentencia T-165 del 17 de marzo de 2009, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[10] Corte Constitucional, Sentencia T-050 del 2 de febrero de  2010,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[11] Corte Constitucional  Sentencia T-574 del 15 de julio de 2010 M.P.
Juan Carlos Henao Pérez.
[12]
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[13]Por
la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental
y se establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados.
[14] Ver sentencia T-180 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[15]Sentencia T-485 de 2011, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[16]M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[17]M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[18] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[19] Ver las Sentencias T-949 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra,
T-202 de 2008, M.P. Nilson Elías Pinilla, T-899 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán
Sierra.
[20] Sobre el particular, se puede consultar las Sentencias T-1019 de
2007, T-760 de 2008, T-1212 de 2008,        T-067 de 2009, T-082 de 2009, T-940
de 2009 y T-550 de 2009.
[21] De conformidad con la Observación General No. 14 del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones
Unidas, la accesibilidad económica es una de las cuatro dimensiones de la
accesibilidad. La cual, por su parte, constituye uno de los elementos
esenciales del derecho a la salud en conjunto con la disponibilidad, la
aceptabilidad y la calidad.
[22] Artículo 124 de la Resolución 5521 de 2013.
[23] Sentencia T-900 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[24] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[25] Ver sentencias T-161 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-468
de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-780 de 2013 M.P. Nilson Pinilla
Pinilla, entre otras.
[26]Ver sentencias T-161 de 2013 M.P Jorge Ignacio Pretetl Chaljub,
T-039 de 2013 M.P.J Jorge Iván Palacio Palacio, T-464 de 2012 M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio, entre otras.
[27] Esta Corporación ha considerado que la acción de amparo, como
mecanismo de protección de los derechos fundamentales, “(…) reviste al juez
que conoce de ella de una serie de facultades que, en ejercicio de la
jurisdicción ordinaria, no posee. La principal de ellas, consiste en fallar más
allá de lo solicitado por quien hace uso de este mecanismo, fallos ultra o
extra petita. Prerrogativa que permite al  juez de tutela pronunciarse sobre
aspectos que, sin ser expuestos como fundamento del amparo solicitado, deben
ser objeto de pronunciamiento, por estar vulnerando o impidiendo la efectividad
de derechos de rango constitucional fundamental.” Sentencia T-886 de 2000
M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-310 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa,
Sentencia T-553 de 2008 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, Sentencia T-464 de 2012
M.P. Jorge Iván
Palacio
Palacio, entre otras.
[28] Folio 19, Expediente T-4.569.480.
[29] Sentencias T-161 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-468 de
2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-780 de 2013 M.P. Nilson Pinilla
Pinilla, entre otras.
[30] Folio 12 y 13 Expediente T-4.571.315.
[31] Sentencias T-161 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-468 de
2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-780 de 2013 M.P. Nilson Pinilla
Pinilla, entre otras.