T-339-15
Sentencia T-506/12
Sentencia T-339/15
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Concepto y contenido
PRINCIPIO DE JUSTICIA MATERIAL Y PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL-Aplicación
Desde sus primeros
pronunciamientos la Corte se ha referido al principio de la justicia material
señalando que el mismo “se opone a la aplicación formal
y mecánica de la ley en la definición de una determinada situación jurídica.
Por el contrario, exige una preocupación por las consecuencias mismas de la
decisión y por la persona que es su destinataria, bajo el entendido de que
aquella debe implicar y significar una efectiva concreción de los principios,
valores y derechos constitucionales”.  No obstante, este Tribunal también ha
manifestado que el principio de la justicia material no puede ser considerado
como absoluto en cuanto a su aplicación para la determinación de una situación
jurídica. En este sentido, ha sostenido que dicho supuesto es “insostenible
teóricamente e impracticable judicialmente” dado que se estarían desconociendo
las formalidades establecidas para el reconocimiento del derecho en beneficio
de una consideración fáctica. La aplicación de este principio es de carácter
obligatorio dentro de las actuaciones y decisiones de la Administración cuando
define situaciones jurídicas, las cuales además de ajustarse al ordenamiento
jurídico y de ser proporcionales a los hechos que le sirven de causa o motivo,
deben responder a la idea de la justicia material. De igual forma, lo es en la
función ejercida por los jueces en el análisis de los casos concretos, quienes
dentro del estudio probatorio deben evitar incurrir en el exceso ritual
manifiesto, en la inobservancia del material probatorio, y por el contrario han
de sujetarse a los contenidos, postulados y principios constitucionales
de forzosa aplicación, como la prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas.
ACCION DE REPARACION DIRECTA-Definición
Conforme ha sido reseñado por
esta Corporación, la reparación directa “es una acción de naturaleza subjetiva,
individual, temporal y desistible, a través de la cual la persona que se crea
lesionada o afectada (…) podrá  solicitar directamente ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo que se repare el daño causado y se le reconozcan
las demás indemnizaciones que correspondan, esto es, sin reclamación previa a
la administración o mediando petición de nulidad, como en el caso de la acción
de restablecimiento del derecho. Se trata de una típica acción tendiente a
indemnizar a las personas con ocasión de la responsabilidad extracontractual en
que pudo incurrir el Estado, en razón de las actividades anteriormente
indicadas, que excluyen de entrada el acto administrativo”
ACCION DE REPARACION DIRECTA-Deber del
juez administrativo de decretar pruebas de oficio tanto en primera como en
segunda instancia
El Código Contencioso Administrativo, dispone en su artículo 169
que, en cualquiera de las instancias, el ponente podrá
decretar, de oficio, las pruebas que considere necesarias para el
esclarecimiento de la verdad. En el mismo sentido establece que se deben
decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes, pero si
estas no las solicitan, el ponente solo podrá decretarlas al vencimiento del
término de fijación en lista. Por último, señala que en la oportunidad procesal
de decidir, la Sala, Sección o Subsección también podrá disponer que se
practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos de
la contienda. La Corte no ha sido ajena a esta
obligación de los jueces y por ello, ha resaltado la importancia de las pruebas
de oficio en la jurisdicción ordinaria y de lo contencioso administrativo.
FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ ADMINISTRATIVO-Juez no debe desatender el deber de esclarecer oficiosamente realidad
fáctica del litigio
El decreto
oficioso de pruebas , no es una atribución o facultad potestativa del juez; es
un verdadero deber legal, siempre que a partir de los hechos narrados por las
partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer: (i) surja en
el operador jurídico la necesidad de aclarar oscuridades en la controversia;
(ii) cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir, o (iii) cuando
existan fundadas razones para considerar que su falta de actividad puede
abandonar el sendero de la justicia material .
DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO-Deber de oficiosidad del juez en materia probatoria
DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO Y DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO
RITUAL MANIFIESTO
Dependiendo de las garantías procesales que involucre, el defecto
procedimental puede ser de dos tipos: (i) de
carácter absoluto, que se presenta cuando el funcionario judicial se aparta del
proceso legalmente establecido, ya sea porque sigue un proceso ajeno al
autorizado o porque omite una etapa sustancial de este, caso en el cual afecta
directamente el derecho al debido proceso, o cuando escoge arbitrariamente las
normas procesales aplicables a un caso; y, (ii) por exceso ritual manifiesto,
que tiene lugar cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como
un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esa vía sus
actuaciones devienen en una denegación de justicia, habida cuenta que sacrifica
el derecho de acceso a la administración de justicia y las garantías
sustanciales, so pretexto de preferir el tenor literal de las formas
procesales. En otras palabras, el juez asume una ciega obediencia a la ley
procesal en abierto desconocimiento de los derechos sustanciales que le asisten
a las partes en contienda.
DEFECTO FACTICO POR LA OMISION EN EL DECRETO Y PRACTICA DE PRUEBAS-Alcance
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Término razonable debe valorarse en cada
caso concreto
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Criterios para
determinar el cumplimiento a pesar de que no exista un término de caducidad de
la acción de tutela
La Sala reitera que el
requisito de inmediatez en la acción de tutela no está sujeto a la imposición
de un término de caducidad, sino a uno razonable y prudente que deberá ser
verificado por el juez, de acuerdo a las circunstancias fácticas y jurídicas
que rodean cada caso en concreto.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto fáctico por omisión en el decreto y práctica de pruebas en
proceso por reparación directa ante la jurisdicción contencioso administrativa
Referencia: Expediente T-4791486.
Acción de tutela interpuesta por María Yineth Cubides Chimbaco y
otros en contra del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio
y el Tribunal Administrativo del Meta.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá D.C.,
tres (3) de junio de dos mil quince (2015)
La Sala Sexta de
Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Alberto Rojas Ríos, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván
Palacio Palacio, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión del fallo de tutela emitido por la Sección Cuarta de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la acción de
tutela instaurada por María Yineth Cubides Chimbaco y
otros en el asunto de la referencia.
I.
ANTECEDENTES
María Yineth Cubides Chimbaco y Azael
Zúñiga Pérez -en nombre y representación del menor Jorge Eduardo Zúñiga
Cubides-, Deyibibiana Zúñiga Cubides y Nayaridt Zúñiga Cubides, actuando por
intermedio de apoderado judicial, interpusieron la
presente acción de tutela con el fin de solicitar que se deje sin efectos la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta, mediante la cual se confirmó la emitida por el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio, en la que se
negaron las súplicas de la demanda de reparación directa por ellos instaurada
en contra de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional. Para fundamentar la demanda relataron el siguiente acontecer
fáctico:
1.
Hechos que dieron lugar a la acción de tutela
1.1.    María Yineth Cubides Chimbaco y Azael Zúñiga Pérez tuvieron cinco
hijos: Deyibibiana, Nayaridt, Jorge Eduardo, José Iley (fallecido) y Elver
Zúñiga Cubides.
1.2.    El señor Elver Zúñiga Cubides se
desempeñaba como soldado profesional del Ejercito Nacional, asignado al
Batallón de Infantería núm. 19 “Joaquín París”, con sede en la ciudad de San
José de Guaviare.
1.3.    El 4 de abril de 2006, aproximadamente
a las 6:15 de la tarde, en el sitio denominado La Esmeralda en el municipio de
Puerto Rico, Meta, subversivos de la cuadrilla 44 de las FARC atacaron la Escuadrilla
dirigida por el Cabo Segundo Alexander Ortiz García, resultando muertos todos
sus integrantes, entre ellos, el señor Elver Zúñiga Cubides.
1.4.    El personal militar asesinado cumplía órdenes
en el marco de la operación denominada “Arrazador” emanada del
comandante del Batallón de Infantería núm. 19 “Joaquín París”, cuyo objetivo
era ubicar, localizar, neutralizar y dar de baja al personal integrante del
frente 44 de las FARC.
1.5.     Con ocasión de la muerte de Elver
Zúñiga Cubides, María Yineth Cubides Chimbaco y Azael
Zúñiga Pérez -en nombre y representación del menor Jorge Eduardo Zúñiga
Cubides-, Deyibibiana Zúñiga Cubides y Nayaridt Zúñiga Cubides, presentaron demanda de reparación
directa en contra de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional, por las presuntas fallas cometidas por los comandantes del Batallón
de Infantería núm. 19 “Joaquín París” en la planeación y ejecución de la
operación militar “Arrazador”.
1.6.    Sustentaron en la demanda que, al
iniciar la operación, el comandante de la compañía, Roger Morales Marín,
decidió que el personal no portara radios de comunicación y ordenó que estos
fueran guardados en el depósito de comunicaciones, argumentando que los mismos
estaban dañados. Sin embargo, según ellos, el Oficial de Operación de la Unidad
Militar y el Comandante del Batallón de Infantería no se percataron de que 9 de
los 16 aparatos de comunicación sí servían.
1.7.    A juicio de los demandantes, el
personal que dirigía la operación “tenía la obligación de verificar que los
hombres que iban a cumplir la misión de patrullaje en un sector tan delicado y
bélico, salieran con el mínimo de los elementos necesarios para cumplir en
forma eficaz con la misma, entre ellos, los radios de comunicación”. Señalaron
que la falta de los radios y las numerosas irregularidades en el desarrollo de
la operación generaron que “los subversivos de las FARC los atacaran
quedando inermes ante el fuego enemigo y sin forma de ser apoyados por el
personal en tierra que los acompañaba, ni por la fuerza aérea que desconocía su
real ubicación”.
1.8.    En primera instancia
conoció el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio, que
mediante fallo proferido el 22 de octubre de 2010 negó las pretensiones de la
demanda al considerar que, a pesar de haberse demostrado que los hechos
ocurridos el 4 de abril de 2006 fueron producto de las fallas en la planeación
y ejecución de la operación militar “Arrazador”, no se podía declarar la
responsabilidad del Estado porque los demandantes no acreditaron el parentesco
con el soldado fallecido. Al respecto, los argumentos del fallador fueron los
siguientes:
“Del
anterior material probatorio se puede concluir que en el presente caso no solo
faltó coordinación y estrategia por parte de quienes lideraban la operación
sino que a esto se sumó que el personal que conformaba la Compañía Bronco para
la operación no portaban radios de comunicación, toda vez que el Comandante de
la Compañía había ordenado guardarlos en el depósito porque se encontraban
dañados, pero que una vez verificados los mismos se comprobó que de los 16 radios
que tenían asignados 9 se encontraban en buenas condiciones de operación para
ser utilizados en el área de combate, circunstancia que fue confirmada con las
declaraciones rendidas dentro de la investigación disciplinaria y relacionadas
en los numerales 36 y 40 del CAPÍTULO 3. SINTESIS DE LA PRUEBA RECAUDADA de la
providencia mediante la cual se sancionó al señor Roger Antonio Morales Marín.
(…)
No
obstante los hechos ocurridos el 4 de abril de 2008 en donde perdió la vida
ELVER ZÚÑIGA CUBIDES, fueron producto de las fallas presentadas en el
planteamiento y ejecución de la operación militar denominada ‘ARRAZADOR’, no se
podrá declarar la responsabilidad del Estado toda vez que en el presente caso
los demandantes (…) quienes concurren a declarar en calidad de padres y
hermanos de Elver Zúñiga Cubides (q.e.p.d) no acreditaron el presupuesto
fáctico procesal del parentesco o la condición de damnificados, pues se hecha
(sic) de menos dentro del plenario copia del registro civil de nacimiento del
occiso, documento idóneo que permite demostrar el parentesco de los padres y
por ende el de los hermanos del mismo, bajo estas circunstancias se configura
la falta de legitimación material por activa, lo cual fuerza a desestimar las
pretensiones de la demanda”[1].
1.9.    Los demandantes presentaron recurso de
apelación contra esta decisión, argumentando que un día antes de proferirse la
sentencia de primera instancia se allegó al expediente el registro civil de
nacimiento de la víctima, “debiendo el juez tenerlo en cuenta para acreditar
el vínculo de consanguinidad, por encima de las formalidades de la norma haciendo
efectiva la justicia material”[2]. Expusieron que
la admisión de la demanda implicaba considerar a los demandantes como
legitimados para actuar, debiendo el a quo solicitar de manera oficiosa
el registro civil de nacimiento con el que se demostraría el parentesco.
De igual
forma, que de los hechos narrados en la demanda y de las declaraciones extra
proceso de los señores Melquicedec Mañosca Mitu y Teofanes Vargas Nasayo se
podía inferir lógicamente que era necesario oficiar a la Alcaldía o a la
Notaría de Nátaga, Huila, para solicitar el registro civil de la víctima, lo
que no hizo por apego a las formalidades[3].
1.10.
Mediante
sentencia de segunda instancia proferida el 10 de septiembre de
2013, el Tribunal Administrativo del Meta confirmó la decisión del Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio.
En concepto
del Tribunal, el registro civil de nacimiento no fue aportado con la demanda,
no se solicitó su recaudo por las partes y, por lo tanto, no fue decretado en
la etapa probatoria. A su juicio, al allegar esa prueba documental cuando el
expediente se encontraba al despacho para fallo se vulneró el principio de
oportunidad probatoria; además, el decreto de la misma no era procedente en
segunda instancia, al no subsumirse en ninguno de los casos establecidos en el
artículo 214 del Código Contencioso Administrativo[4].
Consideró
que el argumento según el cual era obligación del juez decretar las pruebas de
oficio, carecía de fundamento, por cuanto era a las partes a quienes les
correspondía la carga probatoria, presupuesto que no se acreditó en este caso.
Finalmente,
adujo que no era cierto que al admitirse la demanda se hubiera considerado la
legitimación de las partes para actuar, porque de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo[5],
en las acciones de reparación directa el derecho de acción se otorgó a la “persona
interesada”, sin condicionar el ejercicio de la acción a acreditar con la
demanda la condición alegada.
2.  Solicitud de la acción de tutela
2.1.    Con fundamento en el recuento fáctico
reseñado, María Yineth Cubides Chimbaco y Azael Zúñiga
Pérez -en nombre y representación del menor Jorge Eduardo Zúñiga Cubides-,
Deyibibiana Zúñiga Cubides y Nayaridt Zúñiga Cubides, actuando por intermedio
de apoderado judicial, interpusieron la presente acción
de tutela el 28 de abril de 2014.
2.2.    A juicio de los accionantes el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio y el Tribunal Administrativo
del Meta desconocieron los parámetros establecidos por la doctrina y la
jurisprudencia, según los cuales es deber del operador judicial encontrar la
verdad procesal. De manera concreta presentaron los siguientes argumentos:
“Ahora
bien, en lo que respecta al caso bajo examen, se puede colegir que el juez de
primera instancia tuvo la oportunidad de exponer la falencia presentada al no
haberse aportado el registro civil de nacimiento del occiso a efectos de
mostrar el presunto parentesco entre este y los demandantes, desde el mismo
inicio de la acción, con el estudio previo que se realiza a la demanda cuando
se puede admitir o inadmitir; igualmente lo hubiese podido hacer al momento de
terminar la etapa probatoria, sin que ello hubiese provocado el menoscabo de
los intereses de los extremos procesales; por supuesto haciendo alarde del
principio de la economía procesal.
A
su vez, el fallador de segunda instancia pudo hacer lo propio al tomar la
decisión que deja en un profundo abismo de desconsuelo a toda una familia, que
le entregó su hijo al Estado en perfectas condiciones para salvaguardar la seguridad
de los colombianos, pero que por errores supremamente graves de un servidor
público, se le causó la fatal muerte a más de doce integrantes de las fuerzas
militares que cayeron sin vida ante la crueldad de un grupo narco-terrorista
que no se compadeció con el estado de indefensión de nuestros soldados”[6].
2.3.    Como consecuencia de lo anterior,
solicitaron dejar sin efectos jurídicos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Meta, que confirmó la emitida por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Villavicencio dentro del proceso de reparación
directa.
3.
Trámite
procesal
Mediante
auto proferido el 14 de junio de 2014 la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y
notificó de la misma al Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por tener
interés en el resultado del proceso. De igual forma, vinculó a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado para que interviniera en el asunto.
4.  Contestación de las entidades accionadas.
4.1.
Juzgado
Quinto Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio
En escrito
radicado el 1º de agosto de 2014, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
de Villavicencio señaló que en la sentencia dictada el 22 de octubre de 2010
por el anterior titular de ese Despacho, se incurrió en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, al no decretarse como prueba de
oficio el recaudo de los registros civiles que permitieran demostrar el
parentesco alegado por los demandantes.
A su
juicio, lo anterior conllevó la vulneración del derecho al debido proceso de
los accionantes y, con base en ello, solicitó conceder el amparo constitucional
invocado.
Para
argumentar lo expuesto citó algunas sentencias en las que la Corte
Constitucional ha calificado el exceso ritual manifiesto como aquel en el que
incurre una autoridad judicial encargada de tramitar un proceso civil o
contencioso administrativo, cuando existiendo incertidumbre sobre determinados
hechos que se estiman definitivos para la decisión judicial y cuya ocurrencia
se infiere razonablemente del acervo probatorio, omite decretar de manera
oficiosa las pruebas que podrían conducir a su demostración[7].
4.2.
Ministerio
de Defensa Nacional
La Coordinadora
del Grupo Contencioso Constitucional de la Dirección de Asuntos Legales del
Ministerio de Defensa Nacional, mediante escrito allegado el 1 de agosto de
2014, señaló que el Tribunal accionado obró sustentado en la legislación
vigente y con base en la apreciación de las pruebas aportadas por los
demandantes, quienes tenían el deber legal de acreditar el vínculo filial con
el occiso. De igual forma, mencionó que los peticionarios pretenden confundir
al juez de tutela al intentar, por este medio, corregir la carga procesal
probatoria que no cumplieron dentro del término legal otorgado para ello dentro
del proceso de reparación directa.
5.  Decisiones
objeto de revisión
5.1.    Primera instancia
La Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante sentencia del catorce (14) de agosto de dos mil catorce (2014), concedió
el amparo solicitado al encontrar configurado el defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto; dejó sin efectos la decisión proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta dentro del proceso de reparación directa y
ordenó a ese cuerpo colegiado proferir una nueva decisión en la que tuviera en
cuenta el registro civil de nacimiento allegado el 21 de octubre de 2010 por el
abogado de la parte demandante.
Consideró que las
circunstancias del caso imponían a los jueces de primera y segunda instancia,
en ejercicio de sus facultades oficiosas, incorporar al expediente de la acción
de reparación directa la prueba que echaban de menos. Lo anterior, atendiendo
los siguientes argumentos:
(i)  En el
marco de un Estado que considera la administración de justicia como un derecho
fundamental, la pretensión de los operadores judiciales debe consistir en
impartir justicia material.
(ii) A pesar
de que el juez no puede asumir la carga procesal de los sujetos intervinientes
dentro de un proceso, es válido que acuda a sus facultades oficiosas cuando
evidencie elementos de juicio indicativos de la configuración de uno de los
supuestos fácticos relevantes para la prosperidad de las pretensiones de
cualquiera de las partes.
(iii) En esta
oportunidad la parte actora satisfizo su carga principal de demostrar que el
fallecimiento de su familiar obedeció a una falla en el servicio. Además,
dentro del trámite procesal nunca se cuestionó la legitimación de los accionantes
para reclamar los perjuicios derivados del daño.
Señaló la
Corporación que si bien el registro civil de nacimiento es el documento idóneo
para demostrar el parentesco, los falladores debieron valorar otros elementos
probatorios que obraban en el expediente que, con menor fuerza, indicaban que
en efecto los accionantes eran titulares de los derechos indemnizatorios, como
las declaraciones extra proceso de los señores Melquicedec Mañosa Minu y
Teofanes Vargas Nasayo.
Asimismo, puso
de presente que antes de proferirse la sentencia de primera instancia fue
allegada la copia del registro civil de nacimiento, por lo que, a su juicio, no
eran comprensibles las razones por las cuales los jueces decidieron adoptar de
manera rígida y formalista la normatividad procesal vigente sobre este
particular. En su sentir, si bien es de suma importancia respetar las
formalidades de los procesos judiciales, su aplicación no debe afectar de
manera injustificada derechos subjetivos, “pues precisamente el fin del
derecho procesal es contribuir a la realización de los mismos y fortalecer la
obtención de una verdadera justicia material”.
5.2.    Impugnación.
La Coordinadora del Grupo Contencioso
Constitucional de la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa
Nacional impugnó el fallo de primera instancia con sustento en los siguientes
argumentos:
(i) Manifestó
que la acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez, por cuanto la
misma fue presentada el 29 de abril de 2014 y la providencia atacada data del
10 de septiembre de 2013, esto es, más de 7 meses después. Además, según
expuso, el apoderado judicial no justificó la demora en interponer la acción
constitucional.
(ii) Señaló
que la carga probatoria dentro del proceso de reparación directa correspondía a
los demandantes, quienes debían aportar las pruebas que pretendían hacer valer
en el juicio, según lo consagrado en el artículo 177 del Código de
Procedimiento Civil[8].
(iii)  Mencionó
que, contrario a lo expuesto por el a quo, no es posible demostrar el
parentesco con una prueba diferente al documento idóneo para ello, en este caso
el registro civil de nacimiento.
(iv) Aclaró
que al valorar una prueba que no fue allegada en la demanda, no fue solicitada
en audiencia, ni decretada dentro de la etapa probatoria, sino adjunta hasta un
día antes del fallo de primera instancia, se “vulnerarían flagrantemente los
derechos de contradicción y defensa de [la] entidad y se quebrantaría el
principio rector de la administración de justicia, pues la imparcialidad del
juez natural se vería permeada”.
5.3.    Segunda Instancia.
La Sección Cuarta
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante
sentencia del diez (10) de diciembre de dos mil catorce (2014), revocó la
decisión de primera instancia. En su lugar, negó la protección invocada por los
accionantes.
Afirmó que la
providencia cuestionada fue proferida el 10 de septiembre de 2013 y notificada
mediante edicto durante los días 17 a 19 de septiembre de 2013, mientras que la
acción de tutela fue presentada el 28 de abril de 2014; es decir, 7 meses y 9
días después de la referida notificación. Por lo anterior, consideró el ad
quem que en esta oportunidad no se hallaba acreditado el requisito de
inmediatez.
Explicó que la
razón expuesta por los accionantes para no interponer la acción de tutela de
manera pronta fue la expedición tardía de las copias del expediente ordinario.
A su juicio, esta no es una justificación suficiente para acreditar el referido
requisito, en tanto “la interposición de la acción de tutela no está
sometida a ninguna exigencia de índole probatoria; en otras palabras, porque
los demandantes pudieron haber interpuesto la presente acción de tutela sin
aportar las copias de las providencias demandadas”.
6.    Pruebas.
Entre las
pruebas aportadas en el trámite de la acción de tutela la Sala destaca las
siguientes:
6.1.    Escrito presentado por el apoderado de
la parte demandante el 21 de octubre de 2010 ante el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Villavicencio, mediante el cual remite a ese
Despacho el registro civil de nacimiento del señor Elver Zúñiga Cubides. (Cuaderno principal, folio
45).
6.2.    Sentencia de primera instancia
proferida el 22 de octubre de 2010 por el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Villavicencio, dentro del proceso de reparación directa instaurado
a través de apoderado judicial por María Yineth Cubides
Chimbaco y Azael Zúñiga Pérez -en nombre y representación del menor Jorge
Eduardo Zúñiga Cubides-, Deyibibiana Zúñiga Cubides y Nayaridt Zúñiga Cubides en contra de la Nación-Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional. (Cuaderno principal, folios 12 a 19).
6.3.    Sentencia de segunda instancia
proferida el 10 de septiembre de 2013 por el Tribunal Administrativo del Meta,
dentro del proceso de reparación directa. (Cuaderno principal, folios 8 a 11).
6.4.    Alegatos de conclusión presentados por
la parte demandante dentro del proceso de reparación directa. (Cuaderno principal,
folios 29 a 33).
6.5.    Recurso de apelación presentado por la
parte demandante dentro del proceso de reparación directa. (Cuaderno principal,
folios 36 a 44).
6.6.    Solicitud de copias auténticas de los
fallos de primera y segunda instancia, y del memorial de sustentación del
recurso de apelación dentro del proceso de reparación directa, presentada por
el apoderado de la parte demandante el 24 de octubre de 2013. (Cuaderno principal, folio 67).
6.7.    Oficio calendado el 25 de febrero de
2014, mediante el cual el Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio en
Descongestión accedió a la solicitud de expedición de copias auténticas referidas
en el numeral anterior. (Cuaderno principal, folio 68).
6.8.    Copia auténtica del registro civil de
nacimiento del señor Elver Zúñiga Cubides. (Cuaderno principal, folio 86).
II.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1.
Competencia.
Esta Sala es
competente para analizar el fallo materia de revisión, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36
del Decreto 2591 de 1991.
2.
Planteamiento
del problema jurídico.
Con base en los hechos
descritos, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si
en el presente asunto se cumplen los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En caso afirmativo, pasará la Sala a estudiar de fondo si las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en alguna de las causales específicas
de procedibilidad. Concretamente se le dará solución al siguiente problema
jurídico:
¿Se vulneran los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia cuando una autoridad
judicial resuelve una acción de reparación directa relacionada con la muerte de
un soldado profesional: (i) argumentando
que, a pesar de haberse
demostrado la falla en el servicio, no era posible declarar la responsabilidad
del Estado porque no se aportó el registro civil de nacimiento en la
oportunidad procesal dispuesta para ello; y (ii) omitiendo
decretar de oficio la prueba documental idónea para acreditar el parentesco
entre los demandantes y el soldado fallecido?
Para resolver el problema
jurídico planteado la Corte analizará los siguientes tópicos: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) el derecho fundamental al acceso a la administración de
justicia, el principio de la justicia material y la prevalencia del derecho
sustancial; y (iii) el deber de los jueces administrativos de decretar las
pruebas de oficio, tanto en primera como en segunda instancia, en los procesos
de reparación directa. Con base en ello, (iv) resolverá el caso
concreto.
3.  Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Reiteración de jurisprudencia[9].
3.1.    En numerosas ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por
lo que ahora la Sala recordará la jurisprudencia sobre la materia.
El artículo 86
de la Carta Política establece que a través de ese mecanismo constitucional
puede reclamarse la protección de los derechos fundamentales cuando resulten
amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública. De la lectura de esta
disposición se desprende que el Constituyente no realizó distinción alguna
respecto de los ámbitos de la función pública en los cuales tales derechos
podrían resultar vulnerados. Por eso, la acción de tutela procede contra los
actos o las decisiones proferidas en ejercicio de la función jurisdiccional[10].
Ha señalado la
Corte que esa regla se deriva del texto de la Constitución en concordancia con
la Convención Americana sobre Derechos Humanos[11] (aprobada mediante la
Ley 16 de 1972) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[12] (aprobado mediante la Ley 74 de 1968),
que reconocen que toda persona podrá hacer uso de mecanismos judiciales
ágiles y efectivos que los amparen contra la violación de sus derechos, aún si
esta se causa por quienes actúan en ejercicio de sus funciones oficiales.
3.2.    Ante el aumento del uso de la acción de tutela contra esta clase de
decisiones, la jurisprudencia se vio en la necesidad de imponer unos límites a
su ejercicio. Es así como en la sentencia C-543 de 1992 la Corte declaró
inexequibles los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1990, que como regla
general permitían la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Determinó que si
bien los funcionarios judiciales son autoridades públicas, ante la importancia
de principios como la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la autonomía e
independencia judicial, tal procedencia debía ostentar un carácter excepcional
frente a las “actuaciones de hecho” que impliquen una grave vulneración
a los derechos fundamentales. Por eso, en los primeros pronunciamientos de esta
corporación se sostuvo que tal procedencia era permitida únicamente en los
casos en los que en las decisiones judiciales se incurriera en una “vía de
hecho”, esto es, cuando la actuación fuera “arbitraria y caprichosa y
por lo tanto abiertamente violatoria del texto superior”[13].
Más adelante la
Corte redefinió el espectro de afectación de los derechos fundamentales y
manifestó que “va más allá de la burda transgresión de la Constitución”[14], incluyendo entonces los casos
en los que, por ejemplo, el juez se aparta de los precedentes sin la debida
justificación, o cuando “la interpretación que desarrolla se desborda en
perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados”[15].
3.3.    Posteriormente, en la sentencia C-590 de 2005 la Corte
Constitucional declaró inexequible la expresión “ni acción”, contenida
en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, que impedía ejercer la acción de
tutela contra decisiones de casación en materia penal. En dicha providencia,
partiendo de la idea de la excepcionalidad de este mecanismo contra
providencias judiciales, acompasado con el propósito de asegurar el equilibro
entre los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía e
independencia judicial, se sistematizaron diferentes requisitos también
denominados“criterios de
procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales”[16], dentro de los cuales
se distinguen unos de carácter general y otros de carácter específico.
Los primeros han
sido fijados como restricciones de carácter procedimental o presupuestos
indispensables para que el juez de tutela aborde el análisis de fondo, es
decir, aquellos que habilitan la interposición de la acción, los cuales fueron
definidos por la Corte como “requisitos generales de procedencia de tutela
contra providencias judiciales”. A continuación se reseña la clasificación
realizada en la mencionada sentencia:
“24. Los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[17].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se
hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[18].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos.  De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las
competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.
c. Que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[19].  De lo contrario, esto es, de
permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida
la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de
resolución de conflictos.
d. Cuando
se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora[20].  No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e. Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[21].
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que
no se trate de sentencias de tutela[22].  Esto por
cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas
son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso
en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión
de la sala respectiva, se tornan definitivas”. (Resaltado fuera de texto).
En cuanto a los requisitos específicos,
la citada providencia mencionó que una vez acreditados los requisitos
generales, el juez debía entrar a determinar si la decisión judicial cuestionada
por vía de tutela configura un yerro de tal entidad que resulta imperiosa su
intervención. Así, mediante las denominadas “causales especiales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales”, la Corte identificó
cuáles serían tales vicios, en los siguientes términos:
“25. Ahora,
además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de
tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de
requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. (…)
a. Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido.
c. Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales[23] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que
afecta derechos fundamentales.
g. Decisión
sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de
dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
h. Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[24].
i. Violación
directa de la Constitución”.
3.4.    Con base en lo anterior, para el análisis de la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales es necesario tener en cuenta,
en primer lugar, que se trata de una posibilidad de carácter excepcional,
sujeta al cumplimiento de los parámetros formales y materiales fijados por esta
Corporación. Además, deben encontrarse acreditados cada uno de los requisitos
generales expuestos, que le permitan al juez de tutela realizar un examen
constitucional de las decisiones judiciales puestas a su conocimiento.
Asimismo, habrá de demostrarse la existencia de, por lo menos, una de las
causales específicas o defectos enunciados.
4.
Derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia, el principio de la justicia material y la prevalencia
del derecho sustancial[25].
4.1.
El artículo 229 de la Constitución Política consagra
el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. Este
derecho ha sido definido como “la posibilidad reconocida a todas las
personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante
los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden
jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e
intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente
establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y
procedimentales previstas en las leyes”[26].
De igual forma, el artículo 228 de la Carta establece que la
administración de justicia es función pública y se concreta en la independencia
de sus decisiones, en la prevalencia del derecho sustancial y en su
funcionamiento desconcentrado y autónomo. Según ha sido sostenido por la Corte,
dichas características “impiden que la garantía de su acceso se vea limitada
a una perspectiva formal y, en contrario, obligan a que las controversias
sometidas al estudio de la jurisdicción obtengan una decisión de fondo que
otorgue certidumbre sobre la titularidad y el ejercicio de los derechos objeto
de litigio”[27].
Bajo esa línea, esta Corporación ha entendido que el acceso a la
administración de justicia es un derecho directamente relacionado con la
justicia como valor fundamental de la Constitución, que “otorga
a los individuos una garantía real y efectiva que busca asegurar la realización
material de este, previniendo en todo caso que pueda existir algún grado de indefensión”[28]. Al respecto ha sostenido lo siguiente:
“En
este sentido, el derecho a acceder a la justicia contribuye de manera decidida
a la realización material de los fines esenciales e inmediatos del Estado,
tales como los de garantizar un orden político, económico y social justo,
promover la convivencia pacífica, velar por el respeto a la legalidad y a la
dignidad humana y asegurar la protección de los asociados en su vida, honra,
bienes, creencias y demás derechos y libertades públicas[29].
En este
marco, la administración de justicia se convierte también en el medio a través
del cual se asegura el acceso al servicio público de la administración de
justicia, pues sin su previo reconocimiento, no podrían hacerse plenamente
efectivas el conjunto de garantías sustanciales e instrumentales que han sido
estatuidas para gobernar y desarrollar la actuación judicial[30].
El
fundamento del derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra especialmente
en los artículos 1, 2, 29 y 229 de la Constitución Política, así como también
en los artículos 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”[31].
4.2.    Desde
sus primeros pronunciamientos la Corte se ha referido al principio de la
justicia material señalando que el mismo “se opone a
la aplicación formal y mecánica de la ley en la definición de una determinada
situación jurídica. Por el contrario, exige una preocupación por las
consecuencias mismas de la decisión y por la persona que es su destinataria,
bajo el entendido de que aquella debe implicar y significar una efectiva
concreción de los principios, valores y derechos constitucionales”[32].
No obstante,
este Tribunal también ha manifestado que el principio de la justicia material
no puede ser considerado como absoluto en cuanto a su aplicación para la
determinación de una situación jurídica. En este sentido, ha sostenido que
dicho supuesto es “insostenible teóricamente e impracticable judicialmente”
dado que se estarían desconociendo las formalidades establecidas para el
reconocimiento del derecho en beneficio de una consideración fáctica[33].
La aplicación de
este principio es de carácter obligatorio dentro de las actuaciones y
decisiones de la Administración cuando define situaciones jurídicas, las cuales
además de ajustarse al ordenamiento jurídico y de ser proporcionales a los
hechos que le sirven de causa o motivo, deben responder a la idea de la
justicia material[34]. De igual forma, lo
es en la función ejercida por los jueces en el análisis de los casos concretos,
quienes dentro del estudio probatorio deben evitar incurrir en el exceso ritual
manifiesto, en la inobservancia del material probatorio, y por el contrario han
de sujetarse a los contenidos, postulados y principios constitucionales
de forzosa aplicación, como la prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas[35].
4.3.    En definitiva, tanto la actividad estatal como la función de
administración de justicia están sometidas a la aplicación de los requisitos,
formas y procedimientos establecidos para la demostración de los hechos que
llevan al reconocimiento de los derechos reclamados. Sin embargo, en aras de la efectiva protección de las
garantías fundamentales se deben ponderar tales requisitos con los demás
principios que conforman el ordenamiento jurídico, para que sus decisiones no
se basen únicamente en la observancia de la ritualidad sino en las condiciones
específicas del afectado y las circunstancias particulares del caso concreto.
5.
Acción de reparación directa. Deber del
juez administrativo de decretar pruebas de oficio tanto en primera como en
segunda instancia[36]
5.1.
Aspectos generales
El artículo 90 de la Carta Política consagra una cláusula general de
responsabilidad del Estado al señalar que este responderá patrimonialmente por
los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u
omisión de las autoridades públicas. Según lo ha reseñado esta Corporación, con
la Constitución de 1991 la responsabilidad del Estado dejó de basarse principalmente
en la culpa para fundamentarse ahora en la antijuridicidad del daño, donde lo
importante es determinar si este es de aquellos que los particulares están en el
deber legal de soportar[37].
La
Corte se ha referido a dicha cláusula general de responsabilidad y ha
mencionado que el artículo 90 de la
Carta “simplemente
establece dos requisitos para que opere la responsabilidad, a saber, que haya
un daño antijurídico y que este sea imputable a una acción u omisión de una
autoridad pública”[38]. El primero de ellos ha sido
definido como “el menoscabo o perjuicio que sufre la víctima en su
patrimonio o en sus derechos personalísimos, sin tener el deber jurídico de
soportarlo”. Al respecto esta Corporación ha sostenido lo siguiente:
“Entonces, el primer elemento de la
responsabilidad del Estado se tendría acreditado si quien demanda la reparación
logra demostrar que existe un daño cierto, presente o futuro, determinado o
determinable, anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida
que la víctima no está en el deber de soportar[39]. Ahora bien, el Alto Tribunal de
lo Contencioso Administrativo también ha indicado que no existe un criterio
único para definir si el daño debe o no ser indemnizable; por el contrario ha
dicho que ‘en cada caso ha de corresponder al juez
determinar si el daño va más allá de lo que, normalmente y sin compensación
alguna, debe soportar una persona por el hecho de vivir en una comunidad
jurídicamente organizada y comportarse como un sujeto solidario’[40]”[41].
Sobre el segundo requisito, esto es, la imputabilidad del daño, la
Corte ha señalado que “no basta que el daño sea antijurídico sino que este
debe ser además imputable al Estado, es decir, debe existir un título que
permita su atribución a una actuación u omisión de una autoridad pública. En
palabras de esta Corporación:
“Esta imputación está ligada pero no se
confunde con la causación material, por cuanto a veces, como lo ha establecido
la doctrina y la jurisprudencia, se produce una disociación entre tales
conceptos. Por ello, la Corte coincide con el Consejo de Estado en que para
imponer al Estado la obligación de reparar un daño ‘es menester, que además de
constatar la antijuricidad del mismo, el juzgador elabore un juicio de
imputablidad que le permita encontrar un ‘título jurídico’ distinto de la
simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, la ‘imputatio
juris’ además de la ‘imputatio facti’[42]”[43].
Ahora bien, el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo consagró
la acción de reparación directa como un mecanismo para que toda persona
interesada demande directamente la reparación del daño antijurídico producido
por la acción u omisión de los agentes del Estado[44].
Conforme ha sido
reseñado por esta Corporación, la reparación directa “es una acción de
naturaleza subjetiva, individual, temporal y desistible, a través de la cual la
persona que se crea lesionada o afectada (…) podrá  solicitar directamente ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo que se repare el daño causado
y se le reconozcan las demás indemnizaciones que correspondan, esto es, sin
reclamación previa a la administración o mediando petición de nulidad, como en
el caso de la acción de restablecimiento del derecho. Se trata de una típica
acción tendiente a indemnizar a las personas con ocasión de la responsabilidad
extracontractual en que pudo incurrir el Estado, en razón de las actividades
anteriormente indicadas, que excluyen de entrada el acto administrativo”[45].
Este
mismo ordenamiento dispone en su artículo 169 que, en cualquiera de las
instancias, el ponente podrá decretar, de oficio, las pruebas que considere
necesarias para el esclarecimiento de la verdad[46]. En el mismo
sentido establece que se deben decretar y practicar conjuntamente con las
pedidas por las partes, pero si estas no las solicitan, el ponente solo podrá
decretarlas al vencimiento del término de fijación en lista. Por último, señala
que en la oportunidad procesal de decidir, la Sala, Sección o Subsección
también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer
puntos oscuros o dudosos de la contienda.
La Corte no ha
sido ajena a esta obligación de los jueces y por ello, ha resaltado la
importancia de las pruebas de oficio en la jurisdicción ordinaria y de lo
contencioso administrativo.
Sobre este punto
ha sostenido que “el juez no es un simple espectador del proceso como
sucede en sistemas puramente dispositivos, pues la ley le asigna, entre otras,
las funciones de dirigir el proceso, de adoptar todas las medidas que considere
necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos, de eliminar los
obstáculos que le impiden llegar a decisiones de fondo, y de decretar las
pruebas de oficio que considere necesarias, tanto en primera como en segunda
instancia”[47].  Sobre el particular esta
Corporación ha sostenido lo siguiente:
“El operador jurídico como director del proceso, ostenta un poder
–deber, fundados, en su orden, en el interés público que lo motiva y en la
garantía de una debida administración de justicia, para desplegar su facultad
oficiosa, como medio práctico y útil tendiente a suplir ciertos vacíos no
cubiertos por la parte, en quien recae en principio el impulso del proceso,
para recaudar un dato sensible que lleve certeza a favor de la garantía del
derecho sustancial[48].
(…)
En efecto, en el Código Contencioso Administrativo, se consagra la
posibilidad de decretar pruebas de oficio en cualquiera de las instancias
[artículo 169], que se consideren necesarias para el esclarecimiento de puntos
oscuros o dudosos con la finalidad de tener certeza sobre la realidad fáctica
del litigio, sin que ello implique, desde luego, que se haga uso de ese poder
para suplir una exacerbada negligencia de los apoderados en lo atinente a los
medios probatorios. Es decir, la prueba de oficio encuentra su razón de ser en
la certidumbre del operador jurídico respecto de los hechos que a pesar de
estar insinuados a través de otras pruebas, no han ofrecido el grado de
convicción requerido[49]”[50].
En la misma
dirección ha explicado que el decreto oficioso de pruebas[51],
no es una atribución o facultad potestativa del juez; es un verdadero deber
legal, siempre que a partir de los hechos narrados por las partes y de los
medios de prueba que estas pretendan hacer valer: (i) surja en el operador
jurídico la necesidad de aclarar oscuridades en la controversia; (ii) cuando la
ley le marque un claro derrotero a seguir, o (iii) cuando existan fundadas
razones para considerar que su falta de actividad puede abandonar el sendero de
la justicia material[52].
En reiteradas
oportunidades la Corte ha señalado que la omisión en la práctica de pruebas
está relacionada con los defectos fáctico y procedimental, de donde se infiere
que la procedencia de la acción de tutela en estos casos está condicionada a la
configuración de cualquiera de las mencionadas causales específicas de
procedibilidad, así como a la acreditación de los requisitos formales que
autorizan acudir a la solicitud de protección constitucional, según pasa a
exponerse[53].
5.2.    Defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto
Este Tribunal ha sostenido que el
defecto procedimental se materializa cuando se desconocen las formas propias de cada
juicio o cuando se impone un exceso ritual, en virtud del cual se obstaculiza
el goce efectivo de los derechos de los individuos por motivos formales,
vulnerando otras garantías fundamentales como el debido proceso y el acceso a
la administración de justicia, así como el principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre el procesal[54].
Dependiendo
de las garantías procesales que involucre, el defecto procedimental puede ser
de dos tipos: (i) de carácter absoluto, que se
presenta cuando el funcionario judicial se aparta del proceso legalmente
establecido, ya sea porque sigue un proceso ajeno al autorizado o porque omite
una etapa sustancial de este, caso en el cual afecta directamente el derecho al
debido proceso[55], o cuando escoge
arbitrariamente las normas procesales aplicables a un caso[56];
y, (ii) por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando un
funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la
eficacia del derecho sustancial y por esa vía sus actuaciones devienen en una
denegación de justicia, habida cuenta que sacrifica el derecho de acceso a la
administración de justicia y las garantías sustanciales, so pretexto de
preferir el tenor literal de las formas procesales. En otras palabras, el juez
asume una ciega obediencia a la ley procesal en abierto desconocimiento de los
derechos sustanciales que le asisten a las partes en contienda[57].
Desde
sus primeros pronunciamientos sobre el particular la Corte definió el exceso
ritual manifiesto como “aquel que se deriva de un
fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva
evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas
procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material”[58]. Bajo ese entendido, el juez incurre en un defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto cuando, en su actuar como director del proceso y
en ejercicio del rol protagónico que le asigna el ordenamiento en la garantía
de los derechos materiales, omite la práctica de una prueba imprescindible para
fallar, “a pesar de la presencia de elementos que le permitían concluir que
por esa vía llegaría a una decisión indiferente al derecho material”[59].
La
jurisprudencia también ha señalado que tanto en el evento en que se discuta la
ocurrencia de un defecto procedimental absoluto, como en aquellos en que se
alega la configuración de un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, la procedencia de la tutela se sujeta a la concurrencia de los
siguientes elementos: “(i) que no haya posibilidad de corregir la
irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de
la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa
en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales;
(iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario,
salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del
caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una
vulneración a los derechos fundamentales”[60].
5.3.    Defecto fáctico por omisión en el decreto o práctica de las pruebas
Esta Corporación ha señalado que el defecto fáctico se configura
cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se fundamentó el juez
para resolver un caso es absolutamente inadecuado o insuficiente[61].
En esa medida, el error valorativo del juez debe ser ostensible, flagrante,
manifiesto y tener una incidencia directa en la decisión, el cual, a juicio de
esta Corporación, “puede ser el
resultado de negar el decreto y práctica de pruebas que han sido solicitadas
por las partes, o bien de no hacer uso de la facultad probatoria de oficio de
la que dispone el juez”[62]. Bajo ese entendido, ha identificado las distintas
manifestaciones del defecto fáctico, a saber[63]:
“1. Defecto
fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas. Esta
hipótesis se presenta cuando el funcionario judicial omite el decreto y la
práctica de pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir la debida
conducción al proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la
solución del asunto jurídico debatido[64].
2.  Defecto
fáctico por la ausencia de valoración del acervo probatorio. Se
presenta cuando el funcionario judicial, a pesar de que en el proceso existan
elementos probatorios, omite considerarlos, no los advierte o simplemente no
los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el
caso concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y
valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente[65].
3.  Defecto
fáctico por valoración defectuosa del material probatorio. Tal
situación se advierte cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia
probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y
resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir
pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la
decisión respectiva[66]”.(Resaltado fuera de texto).
De lo anterior, resulta
evidente la importancia del papel activo del juez al momento de realizar el
ejercicio del decreto, la práctica y la valoración de las pruebas. Al respecto,
en un pronunciamiento reciente, esta Corporación resaltó que el juez del Estado
Social de Derecho es ahora un funcionario que se proyecta más allá de las
formas jurídicas, para fungir como un servidor vigilante, activo y garante del
derecho sustancial[67]. En palabras de este
Tribunal:
“El Juez
del Estado social de derecho es uno que ha dejado de ser el ‘frío funcionario
que aplica irreflexivamente la ley’[68], convirtiéndose
en el funcionario -sin vendas- que se proyecta más allá de las formas
jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su
responsabilidad como un servidor vigilante, activo y garante de los derechos
materiales[69]. El Juez que
reclama el pueblo colombiano a través de su Carta Política ha sido encomendado
con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la
búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos, a su vez, constituyen el ideal de la
justicia material.
El derecho sustancial es aquel que se refiere a los
derechos subjetivos de las personas, en oposición al derecho formal que
establece los medios para buscar la efectividad del primero[70].
Bajo los principios de la nueva Constitución se considera que la justicia se
logra precisamente mediante la aplicación de la ley sustancial. Ahora bien, ‘no
se puede perder de vista que una sentencia justa solo se alcanza si el juez
parte de una base de conocimiento que pueda considerarse, en cierta medida,
verdadera, lo que le impone la obligación de hallar el equilibrio perfecto
entre la búsqueda del valor de la verdad y la efectividad del derecho material’[71]. De esta manera, aunque no sea
posible ontológicamente establecer un acuerdo sobre qué es la verdad y si esta
es siquiera alcanzable, jurídicamente ‘la aproximación a la verdad es un fin,
un principio y un derecho constitucional que se impone a las autoridades y a
los particulares’[72]”[73].
Es así como la preocupación por
la pasividad del juez y el interés por alcanzar decisiones justas, conllevó a
una paulatina reformulación del papel del funcionario judicial, quien dejó de
ser un espectador pasivo para convertirse en un verdadero protagonista en la
realización de los fines públicos del proceso. Un funcionario dispuesto a
investigar la verdad, prescindiendo incluso de la actividad de las partes. Por
tanto, facultado para iniciar oficiosamente el proceso, decretar pruebas de
oficio, impulsar o dirigir el proceso y utilizar cualquier medio tendiente a
buscar la verdad[74].
Con los elementos de juicio
explicados en los apartados precedentes, entrará esta Sala a evaluar el caso
concreto.
6.
Caso concreto.
6.1.    Breve
presentación del caso.
María Yineth
Cubides Chimbaco y Azael Zúñiga Pérez -en nombre y representación del menor
Jorge Eduardo Zúñiga Cubides-, Deyibibiana Zúñiga Cubides y Nayaridt Zúñiga
Cubides, a través de
apoderado judicial presentaron acción de tutela en contra del Juzgado
Administrativo del Circuito de Villavicencio y del Tribunal Administrativo del
Meta. Lo anterior, con el fin de que se dejaran sin efectos las decisiones
proferidas en el marco del proceso de reparación directa que iniciaron en
contra de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, por las
presuntas fallas cometidas por los comandantes del Batallón de Infantería núm.
19 “Joaquín París” en la planeación y ejecución de la operación militar
“Arrazador”, en desarrollo de la cual perdió la vida Elver Zúñiga Cubides,
quien se desempeñaba como soldado profesional.
A juicio de los peticionarios, los operadores judiciales desconocieron el deber de encontrar la
verdad procesal en la medida que, a pesar de haber hallado acreditada la falla
en el servicio en la ejecución de la operación militar, decidieron no acceder a
las pretensiones de la demanda bajo el argumento de no estar demostrado el
parentesco entre los demandantes y el soldado fallecido. Esto, sin hacer uso de
su facultad oficiosa para decretar pruebas y sin considerar que, aunque de
manera tardía, allegaron el registro civil de nacimiento como documento idóneo
para acreditar tal circunstancia.
La Sección Segunda de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado concedió la protección
invocada al considerar que las circunstancias del caso imponían a los jueces
administrativos, en ejercicio de sus facultades oficiosas, incorporar la prueba
faltante al expediente, en la medida que la parte demandante satisfizo su carga
principal de demostrar que el fallecimiento de su familiar obedeció a una falla
en el servicio. Esta decisión fue revocada por la Sección Cuarta de la Sala de
lo Contencioso Administrativo de la misma Corporación, bajo el argumento de no
estar acreditado el requisito de inmediatez, toda vez que la acción de tutela
fue instaurada 7 meses y 9 días después de la notificación de la providencia
cuestionada.
6.2.    Examen del cumplimiento
de los requisitos generales de procedibilidad.
Previo a abordar las censuras
presentadas por los accionantes la Sala definirá si el caso cumple con los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
De conformidad con la
jurisprudencia expuesta en la parte considerativa de esta sentencia, la acción
de tutela, por regla general, no procede contra decisiones de autoridades
judiciales, salvo cuando sean acreditadas las causales generales que le
permiten al juez constitucional asumir su conocimiento. En esta oportunidad la
Sala encuentra que la tutela interpuesta por María Yineth
Cubides Chimbaco y Azael Zúñiga Pérez -en nombre y representación del menor
Jorge Eduardo Zúñiga Cubides-, Deyibibiana Zúñiga Cubides y Nayaridt Zúñiga
Cubides cumple con esos requisitos de procedibilidad, como se pasa a
exponer:
6.2.1. Relevancia constitucional del
asunto.
El presente caso reviste especial
relevancia constitucional porque la discusión se circunscribe a la posible
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso (artículo 29 C.P) y
acceso a la administración de justicia (artículo 229 C.P), con ocasión de la
decisión proferida en ambas instancias dentro del proceso administrativo
de reparación directa promovido por los accionantes. En esa medida, del estudio
de fondo del asunto que ahora conoce la Sala podría depender la garantía y
eficacia de los derechos fundamentales mencionados y, al mismo tiempo, pone sobre el escenario la relación entre estos
principios y el papel del juez en el Estado Social de Derecho.
6.2.2. Agotamiento de los recursos
judiciales.
Los accionantes agotaron todos
los mecanismos judiciales que se encontraban a su alcance para obtener la reparación
el daño causado en los hechos ocurridos el 4 de abril de 2006. En efecto, acudieron
ante el juez administrativo a través del proceso de reparación directa y
presentaron el recurso de apelación contra la decisión proferida en primera
instancia.
6.2.3. Principio de inmediatez.
Sobre este requisito ha
mencionado la Corte que si bien el Decreto 2591 de 1991 señala que la acción de
tutela puede ser interpuesta en cualquier tiempo, teniendo en cuenta que la
misma pretende otorgar una protección inmediata ante la vulneración o amenaza
de los derechos fundamentales, debe ser interpuesta en un tiempo razonable,
contado desde que acaecieron los hechos o actuaciones presuntamente causantes
de la trasgresión o desde que la persona sienta amenazados sus derechos. La
razonabilidad del plazo está determinada entonces por la finalidad de la
tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto[75].
Las decisiones de instancia
dentro del proceso de reparación directa fueron proferidas el 22 de octubre de
2010 y el 10 de septiembre de 2013, y los accionantes interpusieron
la acción de tutela el día el 28 de abril; esto es, pasados 7 meses
desde la última sentencia del proceso administrativo.
Sobre este aspecto, el apoderado
de los peticionarios señaló en el escrito de tutela lo siguiente: “el
suscrito solicitó al Honorable Tribunal Administrativo de Villavicencio copia
auténtica de los fallos de primera y segunda instancia, así como del memorial
de apelación de fecha 22 de octubre de 2013, en aras de iniciar la respectiva
acción de tutela. Sin embargo, dicha solicitud me fue resuelta hasta el día 25
de febrero de 2014 elemento que por supuesto afecta el principio de inmediatez,
sin que tal posición se pueda endilgar al suscrito o a mis representados.
Finalmente, las copias solicitadas me fueron autorizadas por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Descongestión de Villavicencio mediante auto calendado el 25
de febrero de 2014, pero entregadas el 12 de marzo de la misma anualidad”[76].
Lo anterior supone, conforme lo
señalado por esta Corte, que el amparo fue instaurado en un término prudencial
contado desde el mismo momento en que el apoderado de los accionantes contó con
la copia de las sentencias objeto de la controversia.
En este punto, la Sala debe
precisar que no comparte lo señalado por la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la sentencia de segunda
instancia, en el sentido que la anterior no es una justificación suficiente
para acreditar el requisito de inmediatez, en tanto la acción de tutela no está
sometida a ninguna exigencia de índole probatoria. Contrario a lo mencionado
por esa Corporación, para los accionantes tales documentos revestían especial
importancia en la medida que de su lectura y análisis era que pretendían
demostrar los yerros en los cuales incurrieron los falladores dentro del
proceso de reparación directa. Bajo ese entendido, la Corte considera que en el
presente caso está acreditado el requisito de inmediatez.
Ahora bien, incluso en el evento
en que se llegare a considerar el requisito de inmediatez desde la fecha en la
cual el Tribunal accionado profirió la sentencia de segunda instancia dentro
del proceso de reparación directa, el término de 7 meses transcurrido desde ese
momento hasta la presentación de la acción de tutela no resulta per se
irrazonable o desproporcionado, según pasa a exponerse.
En la Sentencia T-246 de 2015 esta
Corporación reiteró la jurisprudencia sobre el principio de inmediatez
señalando lo siguiente:
“En ese
orden de ideas, de acuerdo con las reglas fijadas por la jurisprudencia
constitucional y las interpretaciones garantistas efectuadas sobre este
principio, no se desprende la imposición de un plazo terminante para la procedencia
del amparo, sino uno razonable y prudente que debe ser verificado por el juez,
de acuerdo a las circunstancias fácticas y jurídicas que rodean cada caso en
concreto, máxime si el establecimiento de un plazo perentorio para interponer
la acción de tutela implicaría el restablecimiento de la caducidad, con efectos
contraproducentes sobre principios que inspiran la filosofía de la Constitución
de 1991, tales como: i) el acceso a la administración de justicia; ii) la
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal; iii) la autonomía e
independencia judicial; iv) la primacía de los derechos de la persona y; v) la
imprescriptibilidad de los derechos fundamentales”.
De igual forma, objetó el plazo
de seis meses establecido por la Sala Plena del Consejo de Estado para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales era ejercida
de manera oportuna[77]. Sobre este punto, recordó la Corte
en la mencionada Sentencia T-246 de 2015, que “no es admisible
constitucionalmente la imposición jurisprudencial de un término de caducidad en
la acción de tutela, toda vez que la literalidad del artículo 86 constitucional
propugna por permitir la protección de los derechos constitucionales
fundamentales ‘en todo momento y lugar’. En consecuencia, llama la
atención que el máximo tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa
pretenda, vía unificación de jurisprudencia: i) exceder el alcance fijado por
el Constituyente a la acción de tutela; ii) quebrantar la autonomía funcional
de los jueces; iii) obstruir el acceso a la administración de justicia y; iv)
hacer prevalecer el derecho formal sobre el sustancial. Esto, por cuanto en el
Estado de Derecho no es posible fijar de manera absoluta, un límite previamente
establecido de caducidad en la acción de tutela”.
Atendiendo lo anterior, la Sala
reitera que el requisito de inmediatez en la acción de tutela no está sujeto a
la imposición de un término de caducidad, sino a uno razonable y prudente que
deberá ser verificado por el juez, de acuerdo a las circunstancias fácticas y
jurídicas que rodean cada caso en concreto. En esta oportunidad, según se
expuso previamente, el amparo fue instaurado en un término prudencial contado
desde el momento en que el apoderado de los accionantes obtuvo la copia de las
sentencias objeto de la controversia, documentos relevantes a través de los
cuales se pretenden demostrar los yerros en los cuales incurrieron los
falladores dentro del proceso de reparación directa.
6.2.4. En caso de tratarse de una
irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que
resulta vulneratoria de los derechos fundamentales.
La
acción objeto de estudio se dirige a cuestionar irregularidades procesales que
se habrían producido en los fallos del Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Villavicencio y del Tribunal Administrativo del Meta en el proceso
de reparación directa iniciada por los accionantes. Se sustenta en la omisión
en el decreto de una prueba documental y en el exceso ritual manifiesto para dar
crédito a una circunstancia que resultó determinante al momento de proferir
tales decisiones, esto es, el parentesco de los demandantes con el soldado
fallecido respecto de quien solicitaron la reparación del daño. Por lo tanto, la
Sala considera que este requisito se ha cumplido.
6.2.5. Identificación de los hechos que
generan la violación y que ellos hayan sido alegados en el proceso judicial, en
caso de haber sido posible.
Los
accionantes han identificado razonablemente tanto los hechos que generaron la
vulneración, como los derechos presuntamente vulnerados.
6.2.6. El fallo controvertido no es una
sentencia de tutela.
Como se ha indicado, las
providencias que se censuran hicieron parte de un proceso de reparación directa.
6.3.    Acaecimiento
de los requisitos específicos de procedibilidad.
Una vez definidos los parámetros que
hacen procedente la acción de tutela, entra la Sala al análisis de los
requisitos especiales de procedibilidad contra providencias judiciales,
específicamente el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
6.3.1. Las decisiones proferidas dentro del proceso de reparación directa
incurrieron en los defectos, procedimental por exceso ritual manifiesto y
fáctico por la omisión en el decreto y práctica de las pruebas de oficio.
6.3.1.1. De
acuerdo con lo reseñado en la parte considerativa de esta providencia, el
defecto procedimental se materializa cuando se desconocen las formas propias de
cada juicio o cuando se impone un exceso ritual manifiesto, en virtud del cual
se obstaculiza el goce efectivo de los derechos de los individuos por motivos
en extremo formales, vulnerando otras garantías fundamentales como el acceso a
la administración de justicia, y el principio de prevalencia del derecho
sustancial[78].
Como ya se
explicó, el exceso ritual manifiesto tiene lugar
cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo
para la eficacia del derecho sustancial y, por esa vía, sus actuaciones
devienen en una denegación de justicia habida cuenta que sacrifica el derecho
de acceso a la administración de justicia y las garantías sustanciales, so
pretexto de preferir el tenor literal de las formas procesales. En otras
palabras, el juez asume una ciega obediencia a la ley procesal en abierto
desconocimiento de los derechos sustanciales que le asisten a las partes en
contienda[79]. La Corte lo ha definido como “aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia
consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo
rigor en la aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una
inaplicación de la justicia material”[80].
Bajo ese
entendido, el juez incurre en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto cuando, en su actuar como director del proceso y en ejercicio del
rol protagónico que le asigna el ordenamiento en la garantía de los derechos
materiales, omite la práctica de una prueba imprescindible para fallar, “a
pesar de la presencia de elementos que le permitían concluir que por esa vía
llegaría a una decisión indiferente al derecho material”[81].
6.3.1.2. En esta oportunidad el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio negó las
pretensiones de la demanda al considerar que, a pesar de haberse demostrado que
los hechos ocurridos el 4 de abril de 2006 fueron producto de las fallas en la
planeación y ejecución de la operación militar “Arrazador”, no se podía
declarar la responsabilidad del Estado porque los demandantes no acreditaron el
parentesco con el soldado fallecido. Los argumentos del fallador fueron los
siguientes:
“Del
anterior material probatorio se puede concluir que en el presente caso no
solo faltó coordinación y estrategia por parte de quienes lideraban la
operación sino que a esto se sumó que el personal que conformaba la Compañía
Bronco para la operación no portaban radios de comunicación, toda vez que
el Comandante de la Compañía había ordenado guardarlos en el depósito porque se
encontraban dañados, pero que una vez verificados los mismos se comprobó que
de los 16 radios que tenían asignados 9 se encontraban en buenas condiciones de
operación para ser utilizados en el área de combate, circunstancia que fue
confirmada con las declaraciones rendidas dentro de la investigación
disciplinaria y relacionadas en los numerales 36 y 40 del CAPÍTULO 3. SINTESIS
DE LA PRUEBA RECAUDADA de la providencia mediante la cual se sancionó al señor
Roger Antonio Morales Marín.
(…)
No
obstante los hechos ocurridos el 4 de abril de 2008 en donde perdió la vida
ELVER ZÚÑIGA CUBIDES, fueron producto de las fallas presentadas en el
planteamiento y ejecución de la operación militar denominada ‘ARRAZADOR’, no
se podrá declarar la responsabilidad del Estado toda vez que en el presente
caso los demandantes (…) quienes concurren a declarar en calidad de padres y
hermanos de Elver Zúñiga Cubides (q.e.p.d) no acreditaron el presupuesto
fáctico procesal del parentesco o la condición de damnificados, pues se hecha
(sic) de menos dentro del plenario copia del registro civil de nacimiento del
occiso, documento idóneo que permite demostrar el parentesco de los padres
y por ende el de los hermanos del mismo, bajo estas circunstancias se
configura la falta de legitimación material por activa, lo cual fuerza a
desestimar las pretensiones de la demanda”[82]. (Resaltado fuera de texto).
Los
demandantes presentaron recurso de apelación contra esta decisión argumentando
que un día antes de proferirse la sentencia de primera instancia se allegó al
expediente el registro civil de nacimiento de la víctima. Expusieron que la
admisión de la demanda implicaba considerar a los demandantes como legitimados
para actuar, debiendo el a quo solicitar de manera oficiosa el registro
civil de nacimiento con el que se demostraría el parentesco.
En
sentencia de segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Meta confirmó la
decisión del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio, con
sustento en los siguientes argumentos:
“No era procedente la valoración de
una prueba aportada cuando el expediente se encontraba al despacho para fallo,
por cuanto esta prueba no fue ni solicitada por las partes ni decretada en
etapa probatoria, contrariándose ostensiblemente el principio de la oportunidad
probatoria, aunado a que la mencionada prueba fue agregada al expediente con
posterioridad a la sentencia. (…)
No es de recibo el planteamiento de
que corresponde al juez decretar pruebas oficiosas con el fin de verificar el
parentesco, ya que la carga de la prueba radica en las partes, siendo estas
quienes deben acreditar determinados hechos en su propio interés, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del CPC y no hay lugar a
interpretar que la facultad especial para decretar pruebas de oficio tenga como
finalidad suplir la inactividad probatoria de los demandantes. (…)”[83]. (Resaltado fuera de texto).
6.3.1.3. En
los casos en que se pretende obtener la reparación por los daños causados ante
la acción u omisión de un agente del Estado, el juez debe examinar dos
requisitos para que opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño
antijurídico y que este sea imputable a una acción u omisión de una autoridad
pública[84].
De igual forma, este Tribunal ha explicado que la técnica de la acción
de reparación directa implica demostrar la ocurrencia y efectos de los hechos,
omisiones, operación u ocupación, según sea el caso, y los daños causados con ocasión
de los mismos, para deducir a partir de este juicio la indemnización de los
perjuicios materiales y morales que se hayan ocasionado[85].
En el caso que
ahora se estudia la Sala encuentra que, como bien lo concluyó la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la decisión de tutela de primera instancia,
los demandantes satisficieron su carga principal de demostrar que el
fallecimiento de su familiar obedeció a una falla en el servicio por las
irregularidades presentadas en el planteamiento y ejecución de la operación
militar denominada “Arrazador”. De esa forma, acreditaron el daño
causado por la acción inadecuada de varios agentes del Estado y por lo tanto
imputable a este.
A pesar de ello,
los jueces accionados dieron mayor relevancia dentro de su análisis a la ausencia
de la prueba documental que acreditaría el parentesco entre los demandantes y
el soldado fallecido, olvidando por completo el deber que irradia cualquier actuación
de los operadores judiciales y que consiste en impartir justicia material.
Según obra en el
memorial incorporado al expediente de reparación directa el 21 de octubre de
2010, el apoderado de la parte demandante allegó el registro civil de nacimiento
del señor Elver Zúñiga Cubides manifestando que “por error humano, el citado
documento no había sido incorporado al proceso, ya que para el momento de
incoar la demanda, el suscrito sufrió un accidente de tránsito que me tuvo
incapacitado por algo más de tres meses situación que redundó en el olvido de
incorporar el citado documento”. Esta circunstancia ni siquiera fue
estudiada o desestimada por el Tribunal Administrativo del Meta, que únicamente
señaló que no era procedente una prueba aportada cuando el expediente se
encontraba al despacho para fallo.
Esta Sala considera que las
autoridades judiciales accionadas, al evidenciar que el apoderado de los
demandantes allegó, aunque de manera tardía, el documento idóneo para acreditar
el parentesco varias veces mencionado, debió decretar y practicar de oficio ese
medio probatorio, sin apego excesivo a las formalidades.
Si bien es
cierto que los jueces no pueden asumir las cargas procesales de las personas
que acuden a la administración de justicia, también lo es que no pueden asumir
un papel de simples espectadores y, en el ejercicio de su rol como directores
del proceso, están en la obligación de adoptar las medidas que
consideren necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos, eliminar
los obstáculos que les impidan llegar a decisiones de fondo, y decretar las
pruebas de oficio que consideren necesarias, tanto en primera como en segunda
instancia.
De igual manera, la Sala precisa
que no se trata en este caso de subsanar una posible negligencia o descuido del
apoderado de la parte demandante y, por ello, considera necesario
recordar que “el abogado es simplemente un instrumento con conocimiento
informado que habilita el uso eficaz de determinadas acciones, cuya asistencia
exige la ley con el fin de que los particulares puedan hacer efectivos sus
derechos, pero no son éstos los destinatarios de la administración de justicia.
Esta observación implica otro elemento que debe tenerse en cuenta en el momento
en el que se interpreta la utilización de los poderes oficiosos de los jueces,
puesto que, en la medida en que los mismos tengan claridad respecto de los
destinatarios de su encargo, podrán cumplir con su misión de privilegiar el
derecho sustancial en aras de la consolidación democrática de la Nación”[86].
Así, ante la
realidad fáctica del caso, independientemente del conocimiento tardío de la
prueba documental varias veces referida y de las circunstancias que rodearon su
aportación al proceso, y luego de haber encontrado acreditada la falla en el
servicio alegada, resultaba imperioso para los jueces accionados desplegar las
actuaciones que consideraran necesarias, en uso de sus facultades oficiosas
según pasará a exponerse, para impartir justicia material.
6.3.1.4. El defecto fáctico se configura cuando resulta
evidente que el apoyo probatorio en que se fundamentó el juez para resolver un
caso es absolutamente inadecuado o insuficiente; error valorativo que
debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y tener una incidencia directa en la
decisión. Tal omisión puede ser
el resultado de negar el decreto y práctica de pruebas que han sido solicitadas
por las partes, o bien de no hacer uso de la facultad probatoria de oficio de
la que dispone el juez.
En esta oportunidad, como ya se expuso, los demandantes satisficieron su carga principal de demostrar que el
fallecimiento de su familiar obedeció a una falla en el servicio por las
irregularidades presentadas en el planteamiento y ejecución de la operación
militar, acreditando el daño causado por la acción inadecuada de varios agentes
del Estado. A pesar lo anterior, las autoridades judiciales accionadas no hicieron uso de la facultad probatoria de oficio de
la que disponen, y omitieron decretar la prueba documental que resultaba
determinante para acreditar el parentesco entre los demandantes y el soldado, y
de esa forma declarar la responsabilidad del Estado. Tal circunstancia trajo
como consecuencia, a juicio de esta Corporación, un total desconocimiento de la
justicia material.
Ahora, le asiste
razón al Tribunal Administrativo de Villavicencio al afirmar que el caso de los
accionantes no se subsume en ninguno de los eventos previstos en el artículo
214 del Código Contencioso Administrativo para decretar las pruebas solicitadas
por las partes en la apelación de la sentencia. No obstante, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 196 del mismo ordenamiento, en cualquiera de las instancias el
ponente puede decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el
esclarecimiento de la verdad. En este punto, es preciso recordar que si bien la
carga de la prueba corresponde al sujeto que tiene interés en ella, una
interpretación sistemática del ordenamiento jurídico administrativo le impone
al juez contencioso no desatender el deber de esclarecer oficiosamente la
realidad fáctica del litigio.
6.3.1.5. Con
base en las razones previamente expuestas la Corte revocará el fallo de segunda
instancia y, en consecuencia, confirmará la decisión proferida en primera
instancia en sede de tutela que concedió la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de
María Yineth Cubides Chimbaco y Azael Zúñiga Pérez –que actúan
en nombre y representación del menor Jorge Eduardo Zúñiga Cubides-, Deyibibiana
Zúñiga Cubides y Nayaridt Zúñiga Cubides. De igual
forma, dejará sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta dentro del proceso de reparación directa.
Bajo ese
entendido, la Sala considera necesario ratificar, en sede constitucional, las
órdenes proferidas por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en la decisión de tutela de primera
instancia. Por lo anterior, ordenará al Tribunal Administrativo del Meta que,
dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión,
profiera una nueva sentencia en la cual tenga en cuenta como medio probatorio
el registro civil de nacimiento del soldado Elver Zúñiga Cubides, o si lo
considera necesario, decrete nuevamente dicha prueba o el material probatorio
que estime pertinente para acreditar el parentesco de los accionantes con el
señor Elver Zúñiga Cubides.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida
el diez (10) de diciembre de dos mil catorce (2014) por la Sección Cuarta de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que revocó la
decisión emitida el catorce (14) de agosto de dos mil catorce (2014) por la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la misma corporación. En
su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de MARÍA
YINETH CUBIDES CHIMBACO y AZAEL ZÚÑIGA PÉREZ -que actúan en nombre y
representación del menor JORGE EDUARDO ZÚÑIGA CUBIDES-, DEYIBIBIANA ZÚÑIGA
CUBIDES y NAYARIDT ZÚÑIGA CUBIDES, en los términos expuestos en esta providencia.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia
proferida el diez (10) de septiembre de dos mil trece (2013) por el Tribunal Administrativo
del Meta, que confirmó la emitida por el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Villavicencio el veintidós (22) de octubre de dos mil diez (2010),
mediante la cual negó las pretensiones de la demanda de reparación directa
interpuesta por MARÍA YINETH CUBIDES CHIMBACO y AZAEL
ZÚÑIGA PÉREZ -en nombre y representación del menor JORGE EDUARDO ZÚÑIGA
CUBIDES-, DEYIBIBIANA ZÚÑIGA CUBIDES y NAYARIDT ZÚÑIGA CUBIDES contra la Nación-Ministerio
de Defensa Nacional, Ejército Nacional.
Tercero.- ORDENAR al Tribunal
Administrativo del Meta que, dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión,
profiera una nueva sentencia en la cual tenga en cuenta como medio probatorio
el registro civil de nacimiento del señor ELVER ZÚÑIGA CUBIDES, allegado por el
apoderado de la parte demandante mediante escrito del 21 de octubre de 2010, o
si lo considera necesario, decrete nuevamente dicha prueba o el material
probatorio que estime pertinente para acreditar el parentesco de los
accionantes con el señor ELVER ZÚÑIGA CUBIDES.
Cuarto.- LÍBRESE por Secretaría General la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA SÁCHICA DE
MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sentencia de primera
instancia dentro del proceso de reparación directa. Folios 46 a 54 del cuaderno
principal.
[2] Lo anterior, según
se reseña en la sentencia de segunda instancia dentro del proceso de reparación
directa. Folios 8 a 19 del cuaderno principal.
[3] Ibíd.
[4] “ARTÍCULO 214.
Cuando se trate de apelación de sentencia, las partes podrán pedir pruebas, que
se decretarán únicamente en los siguientes casos: 1. Cuando decretadas en la
primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió,
pero sólo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten
para su perfeccionamiento. 2. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de
transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero
solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos. 3. Cuando se trate de
documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria. 4. Cuando con ellas se trate de
desvirtuar los documentos de que trata el numeral anterior”.
[5] “ARTÍCULO 86. La
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la
causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación
temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por
cualquiera otra causa. Las Entidades Públicas deberán promover la misma acción
cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa
originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex -servidor público que no
estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la
actuación de un particular o de la otra Entidad Pública”.
[6] Escrito de la tutela, folios 1 a 6 del
cuaderno principal.
[7] Citó las sentencias
T-591 de 2011, T-950 de 2011 y T-213 de 2012.
[8] “ARTÍCULO 177. CARGA
DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las
afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.
[9] La base
argumentativa y jurisprudencial expuesta en este capítulo hace parte de las sentencias SU-917 de 2010; SU-195 de 2012, SU-515 de 2013 y
SU-769 de 2014, y mantiene la postura reciente y uniforme de esta Corporación
en la materia.
[10] Cfr. Sentencia T-949 de 2003. Ver, entre
muchas otras, las Sentencias T-327 de 1994, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-121
de 1999, T-806 de 2000, T-1001 de 2001.
[11] “Artículo
25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se
comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que
interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial,
y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda
decisión en que se haya estimado procedente el recurso”. (Subrayado fuera
de texto).
[12] Artículo 2. (…)
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a
garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos
en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso
efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas
que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La autoridad
competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad
competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los
derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las
posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.(Subrayado
fuera de texto).
[13] Cfr. Sentencia T-401 de 2006.
[14] Ibídem.
[15] Cfr. Sentencia T-1031 de 2011.
[16] Cfr. Sentencia T-949 de 2003
donde la Corte señaló lo siguiente: “Esta Corte en sentencias recientes ha
redefinido dogmáticamente el concepto de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Esta redefinición ha operado a partir del poder
de irradiación del principio de eficacia de los derechos fundamentales (art. 2
C.P.) y de una interpretación sistemática de diversas disposiciones de la
Constitución (arts. 1, 2, 13, 86, 228 y 230
C.P.). En esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual de la expresión “vía
de hecho” por la de “causales genéricas de procedibilidad”. Lo anterior ha sido
inducido por la urgencia de una comprensión diferente del procedimiento de
tutela con tal de que permita "armonizar la necesidad de proteger los
intereses constitucionales que involucran la autonomía de la actividad
jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan desbordar
su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los
derechos fundamentales que pueden verse afectados eventualmente con ocasión de
la actividad jurisdiccional del Estado”.
[17] Sentencia
T-173 de 1993.
[18] Sentencia
T-504 de 2000.
[19] Ver entre otras la Sentencia T-315 de
2005.
[20] Sentencias T-008 de 1998 y
SU-159 de 2000.
[21] Sentencia T-658 de 1998.
[22] Sentencias T-088 de 1999 y
SU-1219 de 2001.
[23] Sentencia T-522 de 2001.
[24] Cfr. Sentencias T-462 de 2003,
SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001.
[25] La base
argumentativa y jurisprudencial expuesta en este capítulo hace parte de las sentencias C-666 de 1996, T-134 de 2004 y T-794 de 2011.
[26] Sentencia
C-279 de 2013. Cfr. Sentencia C-1083 de 2005.
[27] Sentencia T-134 de
2011.
[28] Sentencia C-279 de 2013.
[29] Cfr.
Sentencia C-426 de 2002 y C-1177 de 2005.
[30] Sentencia
C-426 de 2002.
[31] Sentencia C-279 de 2013.
[32] Sentencia T-618 de 2013. Cfr. Sentencia T-429 de 1994.
[33] Sentencia T-618 de 2013. Cfr. Sentencia T-058 de 1995.
[34] Ibídem.
[35] Sentencia T-618 de 2013. Cfr. Sentencias T-1306 de 2001 y T-352 de 2012.
[36] La base
argumentativa y jurisprudencial de este acápite se encuentra en la Sentencia
T-399 de 2014.
[37] Sentencia T-399 de
2014. Consideración jurídica núm. 5.
[38] Ibíd. Cfr. Sentencia C-333 de
1996.
[39] Sobre las
características del daño ver, entre otras, las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 7 de mayo de 1998, Radiación número:
10397; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, sentencia del 14 septiembre de 2000, Radicación número: 12126; Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia
del 14 de septiembre de 2000, Radicación número: 12166; Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 19 de mayo de 2005. Rad. 2001-01541 AG; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 2 de junio de 2005, Radicación
número: 1999-02382 AG.
[40] Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia
del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13168.
[41] Sentencia T-399 de 2014.
[42]  Sentencia
C-333 de 1996.
[43] Sentencia T-399 de
2014.
[44] Se
hace referencia a esta norma teniendo en cuenta que la acción de reparación
directa interpuesta por los accionantes lo fue en vigencia del Código
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). De conformidad con lo
establecido en el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo -CPACA- (Ley 1437 de 2011) “[e]ste Código solo
se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad
a la entrada en vigencia”.
[45] Sentencia C-644 de 2011. Cfr. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III, pág. 211,
Universidad Externado de Colombia, 2004.
[46] “ARTÍCULO
169. En cualquiera de las instancias el ponente podrá decretar de oficio las
pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se
deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes;
pero, si éstas no las solicitan, el ponente sólo podrá decretarlas al
vencimiento del término de fijación en lista. Además, en la oportunidad
procesal de decidir, la Sala, Sección o Subsección también podrá disponer que
se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos
de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10)
días, descontada la distancia, mediante auto contra el cual no procede ningún
recurso”.
[47] Sentencia T-264 de
2009.
[48] Ibídem.
[49] Sentencia
T-599 de 2009. En esa oportunidad la Corte estudió la acción de tutela
presentada por una ciudadana que alegaba la configuración de un defecto fáctico
en el marco de un proceso de reparación directa, al estimar que el Tribunal
accionado, en su actividad de valoración probatoria, descartó de plano cierto
material probatorio que demostraba la ocurrencia de los hechos objeto de dicha
la acción de reparación directa, así como del perjuicio irrogado. Recordó que “los
jueces deben desplegar sus poderes oficiosos cuando de los hechos de la demanda
se observa con nitidez que su utilización permite dictar justicia sin ataduras
formalistas, que solo llevan a vulnerar la confianza legítima que los usuarios
tienen en el sistema judicial. (…) La omisión en la práctica de esta prueba se
traduce en un claro exceso ritual manifiesto que lesiona de bulto los preceptos
constitucionales que garantizan el acceso a la justicia y la prevalencia del
derecho sustancial en las actuaciones judiciales. La no prevalencia del derecho
sustancial, como falta de compromiso por la búsqueda de la verdad en el
proceso, se traduce en una denegación de justicia que favorece fallos inocuos
que desconocen la realidad, al tiempo que anega la confianza legítima de los
particulares en quienes administran justicia al cambiar de manera injustificada
e inesperada su posición frente a una caso idéntico en un limitado espacio de
días”. Con sustento en lo anterior, revocó las decisiones de los jueces de
instancia en el proceso de tutela y, en su lugar, concedió la protección de los
derechos a la igualdad y al debido proceso de la accionante.
[50] Sentencia T-950 de
2011. En esa ocasión la Corte revisó la acción de tutela presentada por un
ciudadano que fue condenado como persona ausente, en calidad de coautor del
delito de estafa, a la pena de 40 meses de prisión. Encontrándose el actor en
los calabozos de la DIJIN, la denunciante y víctima sostuvo que el capturado no
era la persona denunciada con quien había hecho negocios y que jamás la había
visto. El actor instauró acción de revisión, con fundamento en que la
declaración rendida por la denunciante y víctima constituía un hecho nuevo que
determinaba su inocencia. Sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Superior de
Bogotá, resolvió inadmitir la acción de revisión, al encontrar que no se
cumplieron los requisitos legales de admisibilidad de la demanda así: (i) la
copia de la sentencia penal condenatoria no cumple la exigencia de autenticidad
y de la constancia de ejecutoria; (ii) la diligencia de reconocimiento de
personas en la que se sustentan las pretensiones no cumple con las exigencias
dispuestas en el artículo 303 del C.P.P., debido a que en ella no se indicó en
qué diferían los rasgos morfológicos del capturado, con el individuo que en
otrora le atribuyó su detrimento patrimonial; y (iii) la afirmación de la
denunciante y víctima no constituye un hecho desconocido en el plenario, sino
una rectificación que intenta restar certeza sobre la verdad de los sucesos
debatidos en la sentencia a revisar, al retractarse de las afirmaciones que dieron
lugar a la investigación. La Corte encontró que “por un ceñimiento extremo y
aplicación mecánica de las normas jurídicas, la entidad demandada renunció
conscientemente a la verdad jurídica objetiva que muestran los hechos y por
consiguiente sacrificó la justicia material, la prevalencia del derecho
sustancial y al acceso efectivo a la administración de justicia”. Lo
anterior: (i) por el desconocimiento de la certeza del contenido de la copia
auténtica del fallo condenatorio de la que dio fe el Jefe Seccional del Archivo
Central de los Juzgados de Bogotá, en donde se encontraba el expediente con el
fallo original, así como de la fecha de su ejecutoria, certificada por la Secretaria
del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad; y (ii) porque la entidad no cumplió con su deber oficioso
de la práctica de la prueba respectiva o accedido a decretarla, para que se
llevara a cabo la diligencia de reconocimiento en fila de personas para
determinar si el actor fue o no quien incurrió en la conducta punible. Con
sustento en lo anterior, revocó las decisiones de instancia dentro del trámite
de la tutela y concedió la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso efectivo a la administración de justicia invocados.
[51] Aunque
esta consideración en la Sentencia T-264 de 2009 sobre la facultad oficiosa del
juez de decretar la práctica de pruebas se refirió al Código de Procedimiento
Civil, es aplicable a las controversias Contencioso Administrativas por
remisión del propio estatuto adjetivo en esta materia (art. 267
C.C.A.). Cfr. Sentencia T-950 de 2011.
[52] Sentencia T-264 de
2009.
[53] Sentencias T-264 de 2009, T-599 de
2009 y T-950 de 2011.
[54] Cfr. Sentencia T-146 de 2014.
[55] Sentencias T-264 de 2009 y T-599 de
2009.
[56] Sentencia T-289 de 2005.
[57] Sentencia T-213 de
2012. En esa oportunidad la Corte estudió la acción de tutela instaurada por la
sociedad Recuperadora y Cobranzas S.A. “RYC S.A.” contra la Sala Civil –
Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, por incurrir,
a juicio de la actora, en un defecto fáctico al dejar de asignar el mismo valor
probatorio del original, a la copia autenticada de un documento presentado en
el marco de un proceso ejecutivo iniciado en su contra, y al dejar de valorar
algunos interrogatorios de parte. Recordó que el defecto fáctico por dimensión
negativa se configura por ignorar u omitir valorar, injustificadamente, una
realidad probatoria determinante en el desenlace del proceso; por decidir sin
el apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en que se
sustenta la decisión; y por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos
en que el juez esté legal y constitucionalmente obligado a hacerlo. Luego de
hacer un análisis sobre las acusaciones hechas en el escrito de tutela concluyó
que “el Tribunal incurrió en diferentes irregularidades probatorias y
procesales que vulneraron el derecho fundamental de debido proceso a la
sociedad accionante, las cuales no pueden ser pasadas por alto por el juez
constitucional toda vez que el valor demostrativo de la copia autenticada que
se controvierte y la valoración en conjunto de las pruebas respetando las
máximas de la sana critica, son pilares fundamentales y determinantes para
asumir una decisión justa dentro del recaudo forzoso, más aún cuando la prueba
obviada se torna determinante para el resultado del trámite judicial. Y es que,
en este caso no se trata de una intromisión inaceptable por parte del juez de
tutela, sino de una explicación sobre las normas procesales mínimas que debió
tener en cuenta el Tribunal al momento de efectuar sus valoraciones probatorias
en procura de obtener la verdad de los hechos y de tomar una decisión enmarcada
en los parámetros de la justicia real”. Con base en ello, confirmó el fallo
de instancia que concedió el amparo constitucional del derecho fundamental de
debido proceso invocado por la sociedad Recuperadora y Cobranzas S.A. “RYC
S.A”.
[58] Sentencia T-1306 de
2001. En esa ocasión la Corte confirmó el fallo de instancia que concedió los
derechos al debido proceso y al mínimo vital de un ciudadano que solicitaba el
reconocimiento de la pensión de jubilación, la cual fue negada por las
autoridades judiciales accionadas. Consideró que la providencia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso ordinario laboral,
constituyó una vía de hecho de carácter sustancial, por haber interpretado de
manera abiertamente irrazonable y contraria al principio de favorabilidad en
materia laboral la normatividad aplicable para el reconocimiento de la pensión
de jubilación del accionante, al desconocer una línea jurisprudencial de la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, clara y unificada, sobre la
materia. De igual forma, concluyó que la decisión de casación de la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia también constituyó una vía de hecho
porque, a pesar de afirmar claramente que el accionante sí debería gozar del
derecho a pensión, dio primacía al derecho procesal sobre el sustancial y no
casó la sentencia objeto del recurso por falta de técnica de casación,
incurriendo así en un exceso ritual manifiesto.
[59] Sentencia T-264 de 2009.
[60] Ver,
entre muchas otras, las sentencias SU-159 de 2002, C-590 de 2005, T-737 de
2007, T-264 de 2009, T-599 de 2009, T-386 de 2010 y T-637 de 2010. Cfr.
Sentencia T-213 de 2012.
[61] Sentencia
T-444 de 2013. Cfr. Sentencias T-143 de 2011 y T-567 de
1998.
[62] Ibidem.
[63] Sentencia T-138 de 2011.
[64] Cfr. Sentencia T-902 de 2005.
[65] Ibidem.
[66] Ibidem.
[67] Sentencia SU-768 de
2014. En esa oportunidad, la Corte conoció la acción de tutela interpuesta por
un ciudadano belga relacionada con su llegada al puerto de Buenaventura
(Colombia), a bordo de un barco con bandera hondureña, en diciembre de 1991.
Transportaba un cargamento de harina de pescado para lo que esperaba fuera un
paso transitorio por el país. No obstante, aduce que desde los primeros días de
su arribo se vio expuesto a un sinnúmero de infortunios, incluidas demandas
laborales producto de una supuesta acción desleal del capitán del barco, una
investigación penal, la prohibición de salir del país, varios hurtos (uno de
los cuales casi cobra su vida) y lo más grave, un largo proceso de embargo
sobre su embarcación, el Zeetor. Cúmulo de situaciones que finalmente
concluyeron en la desaparición del barco. Inició un proceso de reparación
directa contra la Nación, el cual fue desestimado por el Consejo de Estado al
establecer que si bien el actor aportó extemporáneamente algunos elementos relacionados
con la titularidad sobre el barco, no acreditó la normatividad hondureña bajo
la cual se adquirió el dominio del bien ni su vigencia para el caso concreto,
carga que le correspondía como parte interesada. Esta Corporación revocó la
sentencia tutela de segunda instancia proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado mediante la cual se negó el amparo solicitado. Señaló que “En
el expediente se observa una abierta restricción a la administración de
justicia por parte de la sentencia atacada, la que no profiere una decisión de
fondo, bajo la excusa de la inactividad probatoria del accionante, sino un
fallo inhibitorio, bajo la apariencia de un pronunciamiento de mérito. (…) Lo
que la Corte Constitucional específicamente reprocha es que la sentencia
atacada no haya entrado a resolver de fondo la demanda presentada por el
ciudadano belga, con el argumento que este no aportó copia auténtica del
derecho hondureño para demostrar la legítima transmisión de la propiedad sobre
la nave. Si el fallador tenía alguna duda sobre el derecho extranjero
aplicable, contaba con el tiempo y las competencias jurisdiccionales necesarias
para auscultar su contenido”.
[68] Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009.
[69] Ver
Sentencia C-159 de 2007.
[70] Ver
Sentencia C-029 de 1995 y T-264 de 2009.
[71] Corte Constitucional, Sentencia T-213 de 2012.
[72] Corte
Constitucional, C-396 de 2007.
[73] Sentencia SU-768 de
2014. En esta providencia, la Corte hizo referencia al papel del juez en el
Estado social y democrático de Derecho en los siguientes términos: “la
justicia es tradicionalmente representada como una mujer que viste toga
grecorromana y que sostiene en una de sus manos la balanza, en la que sopesa
los reclamos de quienes acuden a ella y le permite proceder equitativamente; en
su otra mano, blande una espada como símbolo de la fuerza que respalda el
cumplimiento de sus veredictos; y en algunas imágenes se incluye,
adicionalmente, una venda que sugiere el análisis incorrupto e imparcial frente
a los litigantes. Pero la venda no siempre estuvo allí. En un comienzo,
incluso, esta era asumida negativamente como una profunda limitación para
cualquier persona así agobiada con la falta de visión. En un grabado atribuido
a Durero y que ilustra la obra de Sebastian Brant de 1494, ‘La nave de los
necios’, aparece uno de los necios (que siempre visten sombreros con orejas de
asno) poniéndole la venda a la justicia y, por ende, induciéndola al error y a
la estulticia. Es probable que el imaginario común de la justicia de ojos
vendados, como aquel frío e impávido funcionario que se limita a esperar que
las partes dispongan sus pretensiones sobre la balanza, no represente a
cabalidad el ideal del Juez dentro del Estado social y democrático de derecho. (…)
[L]a Constitución de 1991 reclama una justicia que se quite la venda y observe
la realidad de las partes y del proceso; una justicia que no permanezca inmóvil
sino una activa y llamada a ejercer una función directiva del proceso en aras
de alcanzar una decisión acorde con el derecho sustancial”. Cfr. Sobre la iconografía de la justicia en occidente se puede
consultar: Resnik, Judith y Curtis, Dennis E. “Representing Justice: from renaissance iconography to twenty first
century Courthouses”. Proceedings
of the American Philosophical Society, Vol. 151, No. 2 (Jun. 2007) pp. 139-183.
// López Medina, Diego Eduardo. Nuevas
tendencias en la dirección del proceso. Consejo Superior de la Judicatura.
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla: 2005. p. 27.
[74] Sentencia C-874 de 2003. Reiterada en la Sentencia SU-768 de
2014.
[75] Cfr. Sentencias SU-961 de 1999 y SU-339 de 2011.
[76] Cuaderno principal,
folio 3.
[77] Cfr. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
[78] Cfr. Sentencia T-146 de 2014.
[79] Sentencia T-213 de 2012.
[80] Sentencia T-1306 de 2001.
[81] Sentencia T-264 de 2009.
[82] Sentencia de
primera instancia dentro del proceso de reparación directa. Folios 46 a 54 del
cuaderno principal.
[83] Cuaderno principal,
folios 10 y 11.
[84] Ibíd. Cfr. Sentencia C-333 de
1996.
[85] Sentencia C-644 de 2011
[86] Sentencia T-599 de
2009.