T-402-94
Sentencia No
Sentencia No.
T-402/94
MODERNIZACION DEL
ESTADO
A raíz de la
aplicación del artículo 20 transitorio de la Constitución Nacional, que facultó
al Gobierno para suprimir, fusionar o reestructurar las entidades
pertenecientes a la administración centralizada y descentralizada, con el fin
de ponerlas en consonancia con los mandatos de la Constitución de 1991,
especialmente con la redistribución de competencias y recursos que en la misma
se establece, el Gobierno Nacional adoptó la denominada "política de
modernizacion del Estado" y produjo una serie de decretos encaminados a
cumplir con el designio del Constituyente, lo cual determinó que quedaran cesantes
un gran número de empleados públicos y trabajadores oficiales. Consciente de
las repercusiones que las referidas medidas generarían en el nivel del empleo y
las naturales consecuencias de orden socio- económico, el Estado a través del
decreto 2151 de 1992, adoptó una serie de previsiones cuyo objeto era conjurar
o mitigar los efectos de dichas medidas, que consistieron en asesorar y apoyar
a las personas que quedaron cesantes de sus empleos para que pudieran acceder
al mercado laboral o generar por si mismas nuevas fuentes de trabajo mediante
la creación de empresas.
INSTITUTO
NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE/DERECHO AL TRABAJO/DERECHO A LA IGUALDAD
Con la expedición
de los decretos 2151 de 1992 y 2357 de 1993, el Estado puso en vigencia e hizo
operativas las normas de los artículos 25, 53 y 54 de la Constitución Política,
en cuanto al derecho de todas las personas a tener un trabajo en condiciones
dignas y justas, en igualdad de oportunidades y al deber del Estado de
"propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar
...", e igualmente el derecho de igualdad, en lo que atañe con el deber
del Estado de proteger "especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad
manifiesta" y de sancionar "los abusos o maltratos que contra ellas
se cometan".  La expedición de la resolución No. 000492 de marzo de 1994
originaria  por el Ministro de Transporte, por la cual se revocó la resolución
No. 06723 de 1993, no tiene legitimación ni justificación jurídica, pues
resulta inexplicable que después de haber otorgado el INTRA la licencia a la
sociedad peticionaria y sin que se ordenara en ésta la notificación de las
empresas de transporte que operan en la región, se hubiera dispuesto su
citación personal para que intervinieran en la actuación administrativa, como
efectivamente lo hicieron al interponer los recursos de reposición que luego
determinaron la revocación de la licencia de funcionamiento, desconociéndose de
esta manera la situación jurídica particular y concreta que se había creado en
favor de dicha empresa.
REVOCACION DE
ACTO ADMINISTRATIVO-Improcedencia/PRINCIPIO
DE LA BUENA FE-Desconocimiento
El Estado al
revocar sus propios actos, cuando para ello está facultado, debe ser cuidadoso
de no atentar contra los derechos fundamentales de las personas que de buena fe
actuaron amparadas en la legitimidad creada por dichos actos, pues una conducta
diferente sería contraria a la filosofía que inspira el Estado Social de Derecho,
a la buena fe, y a sus fines esenciales, en cuanto estan dirigidos a promover
la prosperidad general, lograr un orden económico y social justo y garantizar
la efectividad de los derechos de las personas y deberes sociales de las
autoridades. Se desconoce el postulado de la buena fe, cuando el ordenamiento
jurídico por su intermitencia y fragilidad no da seguridad a los particulares
respecto a la legitimidad de sus actuaciones, y la actuación pública, fundada
en dicho ordenamiento, revela un comportamiento que no es la conducta regular y
recta que el administrado espera del Estado. Ello resulta así, cuando los
agentes del Estado atentan contra los derechos de los ciudadanos de manera
súbita e inconsiderada e incumplen lo ofrecido o retiran lo que han otorgado
anteriormente, por razones que para éstos resultan inesperadas e
incomprensibles.
DERECHO A LA
IGUALDAD/DEBIDO PROCESO/PERJUICIO IRREMEDIABLE-Lucro Cesante/ACCION DE TUTELA TRANSITORIA
A la sociedad
peticionaria, le asistía el derecho de acudir a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo en ejercicio de acción de nulidad y restablecimiento
del derecho. Por consiguiente, no obstante la existencia del medio alternativo
de defensa judicial, es procedente la tutela de los derechos a la igualdad y al
debido proceso, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. El perjuicio es irremediable, pues consideradas las
circunstancias concretas que rodean el presente caso, el lucro cesante que se
originaría por la inactividad de los vehículos, la exigibilidad de las
obligaciones contraidas por la empresa y la carga laboral que ésta ha asumido,
podrían colocarla, de persistir las medidas cuestionadas, en una situación que
podría llevarla a la quiebra y por lo tanto a su extinción.
REFERENCIA:
Expediente T-36564.
TEMA:
La modernización del Estado, desarrollo
del principio de igualdad, el derecho al trabajo y el deber de propiciar la
ubicación laboral de las personas despedidas de sus empleos por la aplicación
del art. 20 transitorio de la C.P.
Tutela como mecanismo transitorio.
ACCIONANTE:
TRANSICARARE LTDA.
DEMANDADO:
Ministerio de
Transporte.
MAGISTRADO
PONENTE:
ANTONIO BARRERA
CARBONELL.
Santafé de Bogotá,
D. C., septiembre doce (12) de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
La Sala Segunda de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ANTONIO
BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Y CARLOS GAVIRIA DIAZ, revisa el
proceso de acción de tutela instaurada por Elbert Araujo Daza contra el
Ministerio de Transporte.
I. ANTECEDENTES.
A. Pretensiones.
Mediante escrito
presentado el día 23 de marzo de 1994, el señor Elvert Araujo Daza actuando en
representación de la sociedad "Transportes y Asesorías Sicarare Ltda"
impetró la tutela de los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo, con
arreglo a las siguientes pretensiones:
"-Que se
suspenda transitoriamente la orden impartida por el oficio # 00812 de febrero 3
de 1994, en el sentido de prohibir a nuestra sociedad por parte del Ministerio
de Transporte, a través de la Dirección de Transporte y Tránsito, la prestación
del servicio de transporte, lo mismo que suspender los efectos de cualquier
decisión desfavorable que se tome en acto administrativo que revoque oficiosamente
la autorización oportuna otorgada al peticionario para ejercer el derecho al
trabajo, mediante el ejercicio de la actividad transportadora, a través de la
micro-empresa "TRANSICARARE LTDA", hasta que la autoridad
administrativa decida de fondo la acción contenciosa que instauraré una vez me
notifique de dicha decisión desfavorable."
"- Ordenar al
Ministerio de Transporte para que se impartan directrices a las entidades sobre
las que ejerce juridicción y mando para que permita la prestación del servicio
público a los vehículos de nuestra empresa, hasta que se decida de fondo la
acción contenciosa que instauraré."
"- Que se
ordene al Ministerio de Transporte para que otorgue las correspondientes
tarjetas de operación a nuestros vehículos, como consecuencia  de la
medida"."
B. Hechos.
Para sustentar sus
pretensiones la accionante expuso, en resumen, los siguientes hechos:
1. Mediante el
decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, dictado en uso de las facultades del
artículo 20 transitorio de la Constitución Política, se ordenó la
restructuración del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, bajo la
denominación del Ministerio de Transporte y se suprimió y ordenó liquidar el
Instituto Nacional de Transporte y Transito INTRA.
2. Con el fin de
contrarrestar las consecuencias que conllevaba el retiro masivo de los
empleados de las entidades públicas que se ordenaban restructurar, suprimir y
liquidar, en desarrollo de las aludidas facultades, se expidió el decreto 2151
de 1992 que creó el "Servicio de Adaptación Laboral en el Sector
Público", cuya finalidad era la de implementar mecanismos que sirvieran de
instrumentos para que los empleados que quedaban cesantes pudieran facilmente
acceder al mercado laboral o emprender por cuenta propia actividades lucrativas.
3. En desarrollo de
la norma comentada se crearon en todo el país los comités regionales de
adaptación laboral (S.A.L.).
Con el apoyo del
S.E.N.A., algunos de los empleados que laboraban en la regional del INTRA con
sede en Valledupar y en proceso de desvinculación se inclinaron por un proyecto
de microempresa cuyo objeto económico estuviera relacionado con el transporte.
Fue asi como el representante legal de la sociedad demandante y otros
funcionarios de dicha regional asistieron a un seminario programado por el
S.E.N.A. conocido como "Programa de formación de creadores de
empresas" -FACE-.
4. Consecuente con
la política de adaptación laboral, el Gobierno Nacional expidió el decreto 2357
de noviembre 27 de 1993, en virtud del cual se "establecieron los
requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento de las empresas
de transporte que creen los empleados y exfuncionarios del Ministerio de Obras
Públicas y Transporte y del INTRA".
5. El representante
de la sociedad accionante y otros empleados del INTRA, constituyeron la
sociedad "Transportes y Asesorías Sicarare Ltda" "Transicarare
Ltda", cuyo objeto social es la actividad del transporte y la asesoría en
el mismo ramo.
6. En virtud de la
resolución No. 06723 del 22 diciembre de 1993 expedida por la Directora
Liquidadora del INTRA, notificada el 27 del mismo mes y año, se concedió
licencia de funcionamiento, se asignaron rutas y horarios y se fijó la
capacidad de transportadora a la mencionada empresa.
7. La empresa
arrendó un local, adquirió a crédito vehículos y muebles de oficina e incorporó
a su servicio varios empleados.
8. Según el decreto
2633, que entró a regir en día 28 de diciembre de 1993, fecha de su publicación
en el Diario Oficial No. 41.154, se revocó el decreto 2357 de 1993.
9. Con oficio No.
00812 del 3 de febrero de 1994, suscrito por el Director General de Transporte
y Tránsito Terrestre del INTRA, se solicitó a la sociedad peticionaria de la
tutela, "abstenerse de cubrir las rutas autorizadas hasta tanto dicho acto
administrativo quede ejecutoriado en concordancia con lo establecido en el
decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, artículos 43 y
siguientes...", debido a que era necesario notificar debidamente a las
empresas afectadas con la actuación administrativa correspondiente y resolver,
si era del caso, los recursos que se interpusieran.
10. Según la
peticionaria, "el oficio en referencia le fue remitido al Alcalde
Municipal de Valledupar, al Gerente de la Terminal de Transporte y a la Policía
Nacional, lo cual trajo como consecuencia la mas despiadada persecución que se
pueda imaginar en contra de empresa alguna, con las consecuencias de desmedro
económico y moral ya señaladas."
11. El Ministro de
Transporte expidió la resolución No. 000492 del 10 de marzo de 1994 por medio
de la cual se revocó la resolución No. 06723 de 1993.
Dicho acto
administrativo fue expedido con motivo de la resolución de los recursos de
reposición que varias empresas de transporte, presuntamente afectadas,
interpusieron contra la resolución No. 06723 de 1993.
C. Fallo que se
revisa.
El Juzgado Segundo
Promiscuo de Familia de Valledupar, mediante sentencia de abril 14 de 1994,
resolvió conceder la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. El fallo tiene como soporte las siguientes consideraciones:
"Hemos
analizado de manera general los pasos que debió dar la empresa solicitante y
agraviada con la terminación del Ministerio, como se sometió y cumplió con los
requisitos exigidos, lo que dio lugar a que se concediera licencia, o sea hasta
donde se dieron las circunstancias no hubo falta por parte de Transporte y
Asesorías Sicarare Ltda, pero al decir del mismo ministerio si hubo falla por
parte de la administración que canceló la licencia."
"Si por medio
de la resolución del 26 de noviembre de 1993 arriba anotada, se trató de
proteger de alguna manera a los empleados que debido a la liquidación del
Instituto Nacional de Transporte quedaban desempleados, es decir, se dio
aplicación por parte del Estado a lo estipulado en el art. 25 transcrito, cómo
es posible que luego de obtener la licencia correspondiente y organizar la
empresa se les esté coartando el derecho a el trabajo a estas personas que
cumplieron con el lleno de requisitos?".
"Entendemos que
si la empresa Transicarare Ltda. nació como consecuencia de una determinación
del Estado de brindarle solución a un grupo de personas que debido a una
reestructuración de la entidad donde se desempeñaban quedaban cesantes, se esté
afectando el derecho al trabajo al cancelarles la licencia concedida para
montar su micro empresa."
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
A. Competencia.
Es competente esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia en relación
con el fallo dictado por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Valledupar,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero y 241,
numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
B. Los decretos
2151 de 1992 y 2357 de 1993 como desarrollo del derecho al trabajo y deber del
Estado de propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar,
mediante la aplicación concreta del derecho a la igualdad.
El artículo 25 de la
Constitución Política consagra, como reiteradamente lo reconoce la doctrina de
la Corte Constitucional, el trabajo como un derecho y como un deber u
obligación social que en sus diferentes modalidades es objeto de especial
protección del Estado, lo cual implica el derecho de toda persona al acceso a
un trabajo en condiciones dignas y justas.
No obstante, en la
sentencia T-08/92[1],
se precisó que si bien el derecho al trabajo conlleva el derecho a obtener un
empleo, "ello no quiere decir, que este derecho implica que exista una
prestación u ofrecimiento necesario de trabajo a todo ciudadano que se halle en
condiciones de realizarlo. Aparece únicamente bajo la virtualidad que le presta
el principio de acceso a los cargos según el mérito y capacidad de los
aspirantes, requisitos que tienen su aplicación más rigurosa en el ámbito
público. Este derecho fundamental no llega hasta el extremo de tutelar la
aspiración de acceder a un empleo público o privado, pues ello desbordaría el
legítimo alcance de su concepción y el marco de las demás libertades y
garantías consagradas en el Estatuto Fundamental".
A raíz de la
aplicación del artículo 20 transitorio de la Constitución Nacional, que facultó
al Gobierno para suprimir, fusionar o reestructurar las entidades
pertenecientes a la administración centralizada y descentralizada, con el fin
de ponerlas en consonancia con los mandatos de la Constitución de 1991,
especialmente con la redistribución de competencias y recursos que en la misma
se establece, el Gobierno Nacional adoptó la denominada "política de
modernizacion del Estado" y produjo una serie de decretos encaminados a
cumplir con el designio del Constituyente, lo cual determinó que quedaran
cesantes un gran número de empleados públicos y trabajadores oficiales.
Consciente de las
repercusiones que las referidas medidas generarían en el nivel del empleo y las
naturales consecuencias de orden socio- económico, el Estado a través del decreto
2151 de 1992, ya citado, adoptó una serie de previsiones cuyo objeto era
conjurar o mitigar los efectos de dichas medidas, que consistieron en asesorar
y apoyar a las personas que quedaron cesantes de sus empleos para que pudieran
acceder al mercado laboral o generar por si mismas nuevas fuentes de trabajo
mediante la creación de empresas.
El decreto 2357 de
1993 que permitió la creación de empresas de transporte "por empleados y
exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transporte y del INTRA",
fue una respuesta al problema del desempleo de dichas personas que se originó
en la expedición del decreto 2171 de 1992 que reestructuró el Ministerio de
Obras Públicas y Transporte y suprimió y ordenó liquidar el INTRA.
Es de observar, que
el decreto 2357 previó una regulación especial en relación con el otorgamiento
de licencias de funcionamiento para las aludidas empresas, y además tenía la
característica de ser transitorio pues su vigencia se extendía hasta el 31 de
julio de 1994. Igualmente se advirtió en el artículo 3°, que sus disposiciones
modificaban "temporal y parcialmente las normas que le sean
contrarias".
Tan especial eran
las normas del decreto 2357, que no se previó que en la actuación
administrativa de otorgamiento de las licencias de funcionamiento, asignación
de rutas y horarios y fijación de la capacidad transportadora, pudieran
intervenir como terceros las empresas transportadoras, que potencialmente
pudieran considerarse afectadas con la respectiva decisión administrativa.
A juicio de esta
Sala, la anotada omisión podía tener explicación en que realmente, las empresas
transportadoras simplemente reciben del Estado una autorización o licencia para
desarrollar la actividad transportadora en unos horarios, unas rutas y con
determinados condicionamientos o limitaciones, pero jamás puede decirse que
tengan un derecho consolidado que no pueda ser modificado o restringido
posteriormente por razones de interés público o social y, especificamente, por
las causas señaladas en la ley.
Entiende la Sala,
que con la expedición de los decretos 2151 de 1992 y 2357 de 1993, el Estado
puso en vigencia e hizo operativas las normas de los artículos 25, 53 y 54 de
la Constitución Política, en cuanto al derecho de todas las personas a tener un
trabajo en condiciones dignas y justas, en igualdad de oportunidades y al deber
del Estado de "propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de
trabajar ...", e igualmente el derecho de igualdad, en lo que atañe con el
deber del Estado de proteger "especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de
debilidad manifiesta" y de sancionar "los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan".
En tal virtud, y
dada la transitoriedad del decreto 2357 del 26 de noviembre de 1993, resulta un
contrasentido su revocación prematura, esto es, el 28 de diciembre del mismo
año, cuando apenas comenzaban a surtir efectos las medidas que en materia de
oportunidades de trabajo se derivaban de la aplicación de sus preceptos, en
favor de los empleados del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, hoy
Ministerio de Transporte y del INTRA que al quedar cesantes de sus empleos
obviamente quedaban en una situación económica de debilidad manifiesta que se
quiso remediar con la expedición del referido decreto.
C. La revocación
directa de los actos administrativos.
Sobre el punto de la
revocación de los actos administrativos creadores de situaciones jurídicas
particulares y subjetivas dijo esta Sala de Revisión lo siguiente:
"Según la
legislación que nos rige, los actos administrativos deberán ser revocados por
los mismos funcionarios que lo hayan expedido o por sus inmediatos superiores,
de oficio o a petición de parte, cuando se den las causales previstas en el
art. 69 del C.C.A. esto es, por razones de legitimidad o legalidad -oposición
con la Constitución o la ley- o por razones de mérito o conveniencia- cuando no
estén conforme con el interés público social o cuando con ellos se cause
agravio injustificado a una persona."
"Cuando se
trate de actos de contenido general es admisible su revocabilidad por la
administración, sin ninguna limitación, mediante la invocación de las aludidas
causales. En cambio, los actos administrativos que reconocen un derecho subjetivo
o una situación jurídica particular y concreta en favor de una persona no son
revocables sino con el consentimiento escrito y expreso del titular del
derecho. (art. 73 inciso 1 del C.C.A.)."
"Razones de
seguridad jurídica y de respeto a los derechos adquiridos o de las situaciones
jurídicas subjetivas que han quedado consolidadas en cabeza de una persona,
como también la presunción de legalidad de las decisiones administrativas en
firme, avalan el principio de la inmutabilidad o intangibilidad de los derechos
subjetivos reconocidos por la administración a través de un acto
administrativo."
"Es cierto que
según el inciso 2o. del art. 73 en referencia es posible la revocación de los
actos administrativos de contenido subjetivo o particular y concreto "cuando
resulten del silencio positivo, si se dan las causales previstas en el art. 69,
o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales"; pero esta
norma debe ser entendida en el sentido de que hace alusión exclusivamente al
llamado acto presunto, producto del silencio administrativo positivo, que ha
reconocido una situación jurídica particular o un derecho subjetivo a una
persona."
"Dicho de otra
manera, los actos administrativos expresos expedidos por la administración que
reconocen un derecho subjetivo no son revocables por ésta sino en los términos
ya indicados (arts. 73, inciso 1 del C.C.A.). En tal virtud cuando la
administración observe que un acto de esta naturaleza es contrario a la
Constitución o la ley debe proceder a demandar su propio acto ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo (art. 149 inciso 1 del C.C.A.),
pero no podrá revocarlo directamente."[2]
D. Análisis del
caso concreto.
Conforme a las consideraciones precedentes
podría pensarse fundadamente, aunque en definitiva la solución del asunto
corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que el
Ministerio de Transporte produjo en forma irregular y violando los artículos 29
de la Constitución Nacional y 73 del Código Contencioso Administrativo la
revocación de un acto administrativo que había creado una situación jurídica
particular y concreta en favor de la sociedad petente de la tutela, pues la
extinción del acto que concedió la licencia de funcionamiento a la empresa y
otorgó otros derechos en su carácter de empresa de transporte sólo podía
hacerse mediante la tramitación de un proceso ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
La expedición de la resolución
No. 000492 de marzo de 1994 originaria  por el Ministro de Transporte, por la
cual se revocó la resolución No. 06723 de 1993, no tiene legitimación ni
justificación jurídica, pues resulta inexplicable que después de haber otorgado
el INTRA la licencia a la sociedad peticionaria y sin que se ordenara en ésta
la notificación de las empresas de transporte que operan en la región, se
hubiera dispuesto su citación personal para que intervinieran en la actuación
administrativa, como efectivamente lo hicieron al interponer los recursos de
reposición que luego determinaron la revocación de la licencia de
funcionamiento, desconociéndose de esta manera la situación jurídica particular
y concreta que se había creado en favor de dicha empresa.
La política de creación de empleo que el
Estado diseñó con el fin de hacer efectivo el derecho a la igualdad, en
beneficio de los empleados que quedaban cesantes como consecuencia de la
aplicación del artículo 20 de la Carta Política y que determinó la expedición
de los decretos 2151 de 1992 y 2357 de 1993, creó unas reglas de juego y
expectativas sólidas y serias en favor de dichos empleados, quienes confiados
en las decisiones que emanaban del mismo Estado, consideraron que sus conductas
eran legítimas, y por tal motivo, procedieron a constituir la sociedad
"Transportes y Asesorías Sicarare Ltda".
El Estado al revocar
sus propios actos, cuando para ello está facultado, debe ser cuidadoso de no
atentar contra los derechos fundamentales de las personas que de buena fe
actuaron amparadas en la legitimidad creada por dichos actos, pues una conducta
diferente sería contraria a la filosofía que inspira el Estado Social de
Derecho, a la buena fe, y a sus fines esenciales, en cuanto estan dirigidos a
promover la prosperidad general, lograr un orden económico y social justo y
garantizar la efectividad de los derechos de las personas y deberes sociales de
las autoridades.
Se desconoce el
postulado de la buena fe, cuando el ordenamiento jurídico por su intermitencia
y fragilidad no da seguridad a los particulares respecto a la legitimidad de
sus actuaciones, y la actuación pública, fundada en dicho ordenamiento, revela
un comportamiento que no es la conducta regular y recta que el administrado
espera del Estado. Ello resulta así, cuando los agentes del Estado atentan
contra los derechos de los ciudadanos de manera súbita e inconsiderada e
incumplen lo ofrecido o retiran lo que han otorgado anteriormente, por razones
que para éstos resultan inesperadas e incomprensibles.
A la sociedad peticionaria, le asistía el
derecho de acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en
ejercicio de acción de nulidad y restablecimiento del derecho para impugnar
tanto el oficio No. 812 del 3 de febrero de 1994 como la resolución No. 000492
del 10 de marzo de 1994. Por consiguiente, no obstante la existencia del medio
alternativo de defensa judicial, es procedente la tutela de los derechos a la
igualdad y al debido proceso, como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, esto es, que la protección o amparo que se concederá
sólo tendrá efectos temporales, mientras se produce una decisión de fondo en
relación con dichos actos por el juez de lo contencioso administrativo.
El perjuicio es
irremediable, pues consideradas las circunstancias concretas que rodean el
presente caso, el lucro cesante que se originaría por la inactividad de los
vehículos, la exigibilidad de las obligaciones contraidas por la empresa y la
carga laboral que ésta ha asumido, podrían colocarla, de persistir las medidas
cuestionadas, en una situación que podría llevarla a la quiebra y por lo tanto
a su extinción. Por consiguiente, la inminencia y gravedad del perjuicio demandan
la protección inmediata e impostergable de los derechos de la empresa,
protección que desde luego beneficia al exempleado del INTRA Elbert Araujo
Daza, representante legal de la petente, en su condición de socio de
TRANSICARARE LTDA., a quien se le vulneró su derecho a la igualdad e igualmente
el derecho al trabajo, dada su intima relación con éste.
Advierte la Sala,
que los efectos de ésta sentencia quedan condicionados a la circunstancia de
que la sociedad peticionaria de la tutela haya hecho uso oportunamente de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los mencionados actos
administrativos, esto es, que la hubiere instaurado dentro del término de
cuatro (4) meses contados a partir de la fecha en que se notificó a la sociedad
peticionaria la resolución No. 000492 del 10 de marzo de 1994  y que la medida
de tutela estará vigente mientras se falle el correspondiente proceso por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
III. DECISION.
En razón de lo hasta
aquí considerado, la Sala Segunda de Revisión de Tutelas,
RESUELVE:
PRIMERO: Confirmar en todas sus partes, la
sentencia proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Valledupar
el catorce (14) de
abril de mil
novecientos noventa y cuatro (1994).
SEGUNDO: Adicionar la sentencia de dicho juzgado en
el sentido de que la tutela a que se refiere el punto anterior, queda
condicionada a circunstancia de que la sociedad peticionaria de la tutela
hubiera hecho uso de la correspondiente acción contencioso administrativa
dentro del plazo legal contado a partir de la notificación de la resolución No.
0492 del 10 de marzo de 1994, y que la medida de tutela estará vigente mientras
se falle el correspondiente proceso.
TERCERO: Librar por Secretaría General las
comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese
en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] M.P. Fabio Moron Diaz.
[2] Sentencia 347/94 M.P. Antonio
Barrera Carbonell.