C-931-14
Sentencia C-931/14
CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO-Acto “inmoral”
contenido en norma acusada sobre causal de terminación de contrato de trabajo,
no vulnera los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral
La Corte
Constitucional encuentra que la expresión “inmoral o” contenida en el numeral 5
del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, no contraviene los
postulados constitucionales al trabajo y a la estabilidad laboral, ya que no da
lugar a una aplicación caprichosa ni arbitraria del empleador de la misma, por
cuanto, se reitera, dicha conducta debe realizarse en el lugar de trabajo o en
ejercicio de las labores y que, además, afecten el normal desarrollo de la vida
laboral, lo cual no constituye ni falta disciplinaria ni implica una invasión
del área privada ni del fuero interno del trabajador como lo plantea el
demandante, esfera que es excedida cuando su conducta incide en el cumplimiento
de sus obligaciones, como el deber de “guardar rigurosamente la moral en las
relaciones con sus superiores y compañeros”, afectando el ambiente laboral.
TERMINACION UNILATERAL POR ACTO INMORAL-Debe guardar relación con conductas del trabajador en el lugar de
trabajo o en ejercicio de sus funciones y que afecten el normal desarrollo de
las actividades, las relaciones entre el empleador y los trabajadores y entre
compañeros de trabajo/TERMINACION DE CONTRATO DE TRABAJO POR JUSTA CAUSA CON
BASE EN ACTO INMORAL-Condiciones
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
mínimos
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cargos
deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes
CONCEPTOS JURIDICOS INDETERMINADOS-Alcance
e interpretación en la jurisprudencia constitucional
CONCEPTO JURIDICO DE MORAL SOCIAL-Jurisprudencia
constitucional/MORAL-Jurisprudencia constitucional
CONCEPTO JURIDICO INDETERMINADO DE “MORAL” EN LOS PROCESOS
SANCIONATORIOS-Deben desarrollar con mayor
rigurosidad el concepto de tipicidad, razonabilidad y proporcionalidad como
garantía del debido proceso
ACTOS CONTRA LA MORAL O LAS BUENAS COSTUMBRES EN EL LUGAR DE
TRABAJO-Jurisprudencia constitucional
CONCEPTO DE MORALIDAD PUBLICA-Instrumentos
internacionales de derechos humanos
ACTO INMORAL POR EL TRABAJADOR EN EL LUGAR DE TRABAJO COMO JUSTA
CAUSA PARA TERMINACION DE CONTRATO DE TRABAJO-Elementos
que guían su aplicación
La Sala encuentra que la expresión acusada “inmoral o” contenida
en el numeral quinto del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, no
vulnera los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, pues ésta se
enmarca dentro de una de las potestades que puede ejercer el empleador para dar
por terminado por justa causa el contrato laboral, cuya aplicación en concreto
no es de tal forma indeterminada que conduzca a la aplicación caprichosa y
arbitraria por parte de los empleadores, ya que existen elementos que guían en
particular su aplicación, los cuales se encuentran señalados en la misma norma,
como por ejemplo el deber que tiene el empleador de manifestar expresamente (i)
qué acto considera inmoral, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del
artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo; sumado a que (ii) dicho acto debe
realizarse en el establecimiento o lugar de trabajo o en desarrollo de sus
funciones. (iii) Dicho proceso de terminación unilateral del contrato de
trabajo por haber incurrido en acto inmoral debe seguirse bajo la observancia
del respeto del derecho a la defensa del actor; (iv) la adecuación de la
conducta inmoral debe realizarse tomando en consideración la disposición legal,
y además realizando una confrontación de la misma frente al contrato y
reglamento de trabajo, pues, al amparo del artículo 104 del Código Sustantivo
del Trabajo en dicho reglamento es donde están consignadas el conjunto de
normas que determinan las condiciones a las que deben sujetarse el empleador y
sus trabajadores en la prestación del servicio; y (v) debe involucrar
un análisis de las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló la
misma.
Referencia:
expediente D-10243
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5 (parcial) del
artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.
Actor: Andrés Felipe Orjuela Prieto
Magistrado
Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., tres (3) de diciembre de dos mil catorce (2014)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Luis Ernesto Vargas Silva -quien
la preside-, María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Luis
Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz
Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub y Martha Victoria Sáchica Méndez, en
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los
requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes,
1       ANTECEDENTES
En ejercicio
de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Andrés Felipe
Orjuela Prieto, demandó la constitucionalidad del numeral 5 (parcial) del
artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, por considerarlo contrario a los
artículos 1, 2, 16, 18, 19, 25, y 53 de la Constitución Política.
Mediante auto del seis (06) de junio de dos mil catorce (2014), el
Despacho del Magistrado Sustanciador admitió la demanda.
En atención a
lo anterior, comunicó el presente proceso al Presidente del Congreso de la
República e invitó a participar en el debate al Ministerio de la Protección
Social, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Comisión Colombiana de
Juristas, a la Confederación General de Trabajo -CGT-, a la Central Unitaria de
Trabajadores de Colombia -CUT-, a la Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia -ANDI-, a las Facultades de Derecho de las Universidades de los Andes,
Nacional, Pontificia Bolivariana, Javeriana, Eafit, Santiago de Cali, Libre,
San Buenaventura, de Medellín, del Norte, del Sinú –Seccional Montería-, Sergio
Arboleda, Externado de Colombia, de Ibagué y de Jurisprudencia del Rosario.
Finalmente ordenó, en el término de fijación en lista, correr traslado del
expediente al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de
rigor.
1.1
NORMAS DEMANDADAS
A
continuación se transcribe el texto de la disposición demandada; se subraya el
aparte acusado:
“CODIGO
SUSTANTIVO DEL TRABAJO
ARTICULO 62. TERMINACION DEL CONTRATO POR JUSTA CAUSA. <Artículo modificado por el artículo 7o. del
Decreto 2351 de 1965. El nuevo texto es el siguiente:> Son justas causas
para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo:
A)   … Por parte del
empleador…
5. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa
en el taller, establecimiento o lugar de trabajo o en el desempeño de sus
labores…”.
1.2  LA DEMANDA
1.2.1. El ciudadano Andrés Felipe Orjuela Prieto estima que la
norma acusada vulnera los artículos 1, 2, 16, 18, 19, 25 y 53 de la
Constitución Política. En consecuencia sustenta el concepto de la violación en
relación con cada uno de los preceptos constitucionales de la siguiente manera:
1.2.2. Inicia el demandante afirmando, con relación al artículo
1 Superior que el concepto de moral es relativo y mutable, razón por la cual
considera que hablar de una moral social es hacer referencia a un
concepto discriminatorio pues esta sería simplemente una moral de las mayorías,
apartando otro tipo de concepciones protegidas por la Carta mediante el
reconocimiento del principio pluralista. Así, el ordenamiento constitucional
propugna por la convivencia pacífica y armónica de distintos tipos de moral.
1.2.3. De lo anterior, colige que también existe un
desconocimiento del artículo 2 Superior por cuanto las autoridades del Estado
tienen el deber de respetar y proteger las creencias y libertades de todos los
ciudadanos, y no solamente de las mayorías, razón por la cual el Estado debe
garantizar el respeto y la tolerancia de los diferentes códigos morales.
1.2.4. Adicionalmente, señala que la norma cuestionada vulnera
el libre desarrollo de la personalidad, artículo 16 de la Carta, toda vez que
la moral parte del fuero interno de la persona y el precepto demandado permite
al Estado y a los empleadores invadir este plano individual a partir de la
imposición de mandatos que lesionan la autonomía de cada sujeto. De este modo,
se desconoce que el único límite a este derecho es la vulneración de un derecho
ajeno o la causación de un perjuicio social, evento que ocurre solo con una
conducta delictiva y no una propia del fuero interno.
1.2.5. El actor aprecia además que la norma vulnera la libertad
de conciencia amparada por la Carta, dado que la moral se relaciona íntimamente
con las convicciones o creencias personales a partir de las cuales nadie puede
ser molestado por mandato expreso del artículo 18 Constitucional. En tal
sentido, aduce que el aparte demandado implica la imposición de conceptos
morales específicos y la sanción de proyectos de vida minoritarios, siendo
contrario a la Constitución. En idéntico sentido, encuentra el ciudadano una
violación del derecho a la libertad religiosa, artículo 19 Superior, pues
arguye que la moral tiene connotaciones religiosas y calificar un hecho como
inmoral puede dar paso a que el empleador cometa arbitrariedades que afecten la
libertad de cultos.
1.2.6. Además, para el demandante el precepto objeto de reproche
contraviene el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas, artículo
25, así como el principio de estabilidad laboral contemplado en el artículo 53
de la Carta. Lo anterior se explica en la indeterminación del término “inmoral
o” contenido en la ley, expresión ambigua a la cual se sujeta una justa
causa de terminación del contrato laboral. En este respecto, menciona, que
aunque esta Corporación en sentencia C-350 de 2009[1]
señaló que el uso de conceptos jurídicos indeterminados no está prohibido,
existen situaciones y contextos en los que el uso de estas expresiones puede
contrariar postulados constitucionales, cuando por ejemplo dicho grado de
indeterminación compromete el ejercicio y goce de derechos constitucionales.
1.2.7. En efecto, dice, dada la indeterminación de la expresión
señalada, queda a la libre interpretación y valoración del empleador esta
causal de terminación unilateral del vínculo de trabajo. En su criterio, el
empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo con base en una “valoración
personal de lo que considera como inmoral (…) dejando expuestos a los
trabajadores al riesgo de un despido arbitrario, ya que (…) el trabajador no
sabe si su comportamiento[,] que para él es moral puede ser inmoral para su
empleador”.
1.2.8. Reitera que, aunque la Corte Constitucional ha admitido
el uso de conceptos jurídicos indeterminados, también ha asegurado que existen
situaciones y contextos en los que el uso de este tipo de expresiones no es
aceptado constitucionalmente. Por ende, el aparte acusado resulta ser tan
indeterminado que vulnera y afecta el derecho fundamental al trabajo, así como
el principio constitucional de protección a la estabilidad laboral.
1.2
INTERVENCIONES
1.2.1 Ministerio del Trabajo
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (E) del Ministerio del
Trabajo, intervino en el proceso de la referencia para solicitarle a la Corte
la declaratoria de EXEQUIBILIDAD de la expresión acusada.
1.2.1.1.
A través de escrito formulado por la Jefe
de la Oficina Asesora Jurídica, el Ministerio de Trabajo solicita que se
declare la exequibilidad de la norma acusada. Con el fin de sustentar su
petición, resalta la importancia de analizar el concepto de moral que se
desprende de la disposición demandada, para lo cual refiere un estudio
constitucional de la norma a partir de elementos puros de la teoría y filosofía
del derecho como producto de la ciencia humana.
1.2.1.2.
En este sentido, señala, la moral viene
del vocablo Mores que traduce “costumbre”, y que este último es un elemento
compositivo de la filosofía a partir del cual nace la diferenciación entre la
moral y el derecho; lo que permite  colegir que estos conceptos, surgen de las
ciencias humanas y tienen como objetivo común la regulación del comportamiento
del ser humano en sociedad, pero aclara que en el derecho dicha regulación
opera mediante reglas plasmadas en normas positivas.
1.2.1.3.
Siguiendo esta línea argumentativa,
menciona entonces que la moral no solo se encuentra compuesta por un aspecto
meramente subjetivo, sino que conlleva también un estudio y evolución social a
través de la costumbre, identificando, de esta manera, una relación entre moral
y derecho, sustentado adicionalmente, en la sentencia C- 224 de 1994[2].
1.2.1.4.
De acuerdo con lo anterior, sostiene que
cuando el legislador realiza una referencia a la moral, lo hace en el entendido
de que son normas de común aceptación social, las cuales se pueden nombrar como
moral social o colectiva, de acuerdo con la sentencia C- 814 de 2001[3], en la cual
se determinó que “la exigencia de idoneidad moral […] debe entenderse como
referida a la noción de moral social o moral pública, […] y no a la imposición
de sistemas particulares normativos de la conducta en el terreno ético, a los
que el juez pudiera estar en libertad de acudir según sus personales
convicciones, para definir la suficiencia moral del solicitante.”
1.2.1.5.
Ahora bien, luego de precisar la identidad
de puntos de partida - la ciencia humana-,y de objetivos - regular el
comportamiento en sociedad- el Ministerio sostiene que, aunque la forma de
aplicación de cada uno de estos conceptos es diferente, ello no obsta para que
una norma moral se pueda desprender o apoyar en una norma jurídica, sin que
ninguno de los dos preceptos se imponga sobre el otro.
1.2.1.6.
Por último, aclara que existe un
pensamiento racional colectivo influenciado por elementos comunes que componen
la costumbre, por lo que se debe tener en cuenta que quien interpreta y juzga
la norma, tiene un concepto de moral colectiva similar a quien la cita o
argumenta como posible causal de despido, dejando de lado, por tanto, la
aceptación subjetiva de la misma, para concurrir dentro de lo que se considera
en una conciencia colectiva como moralmente sancionable o no.
Por lo expuesto, solicita declarar la exequibilidad del artículo
278 de la Ley 1437 de 2011.
1.2.2. Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), a través
de su representante legal, presentó intervención en relación con la demanda de
la referencia en la que solicita que la Corte declare EXEQUIBLE el
aparte impugnado del numeral quinto, literal a, del artículo 62 del Código
Sustantivo del Trabajo.
1.2.2.1.   Inicia el interviniente haciendo referencia a las relaciones que
se han establecido entre el derecho y la moral, para señalar que la independencia
de este frente a aquella no implica que no exista una relación entre ambos
sistemas de normas. Esta conexión se presenta de forma recíproca, de tal suerte
que el derecho se sirve de la moral como fundamento para establecer preceptos
normativos, al tiempo que la legislación positiva moldea las costumbres
sociales. Por ende, en su sentir no resulta extraño que una norma laboral tenga
contenidos que hacen referencia a la moral.
1.2.2.2.   Seguidamente, la Asociación subraya que la moral social e incluso
la cristiana constituyen un referente válido dentro del ordenamiento jurídico
colombiano. Para soportar tal postura, cita algunos salvamentos de voto a las
sentencias C-570[4]
y C-431 de 2004[5].
Igualmente trae a colación el fallo C-224 de 1994[6],
providencia en la cual se estima que el concepto de moral cristiana contenido
en la Ley 153 de 1887 es un referente válido por reconocer un hecho social como
es la prevalencia del cristianismo como religión profesada por la mayoría de la
sociedad colombiana.
1.2.2.3.
Asevera también que la moral social sirve
como soporte a sanciones disciplinarias como las consagradas por los artículos
27 de la Ley 617 de 2000 y 115 del Decreto 2699 de 1991, que fueron declarados
compatibles con la Carta por la Corte Constitucional en sentencias C-952 de
2001[7] y C-427 de
1994[8],
respectivamente.
1.2.2.4.
Todo lo dicho anteriormente permite
concluir al interviniente que la moral no es tan indeterminada como expresa el
actor, pues se erige en un parámetro válido empleado con frecuencia por el
ordenamiento jurídico y aceptado en la jurisprudencia constitucional.
1.2.2.5.   Así mismo, según el punto de vista expuesto por el interviniente,
de la lógica del contrato de trabajo emana el deber de que prime un clima de
armonía y respeto mutuo entre las partes, lo cual impide que ciertos derechos
fundamentales como la autonomía personal o el libre desarrollo de la
personalidad se expresen de forma plena o ilimitada. Como evidencia de ello,
refiere las limitaciones al vestuario o comportamiento de los empleados “por
fines comerciales, de imagen o morales”, que considera admisibles en el
ámbito laboral. Tales restricciones además se ven justificadas en la
subordinación que ejerce el empleador en el marco de la relación de trabajo.
1.2.2.6.   Finalmente, la ANDI plantea en su intervención que la norma
acusada restringe el acto inmoral o delictuoso que sirve como justa causa de
terminación del vínculo contractual, a que este suceda en el establecimiento o
lugar de trabajo o dentro de las labores del empleado. Aprecia el interviniente
que esta regulación del deber de actuar moralmente es proporcional, toda vez
que hace referencia al ámbito laboral únicamente, resultando excluidos los
actos inmorales que cometa el trabajador por fuera del medio laboral.
1.2.3. Universidad Externado
La Universidad Externado solicita que se declare la exequibilidad
de la expresión acusada “inmoral”, o que en su defecto, se declare la
exequibilidad condicionada en el sentido que la expresión “inmoral” se entienda
como la moral social.
1.2.3.1.
En primera medida, sostuvo que entender
que la expresión “inmoral o” es contraria a los postulados constitucionales
señalados por el actor al considerar que deja un amplio margen de valoración
jurídica al empleador en la adecuación típica, es realizar una lectura aislada
y ceñida al tenor literal de la expresión acusada sin acudir a una
interpretación sistemática de la misma. Agregó que la sentencia C- 043 de 2004[9], señaló que
el ordenamiento jurídico permite conceptos como el que ahora se demanda,
siempre y cuando sea posible determinar su contenido, con apoyo en criterios
lógicos.
1.2.3.2.
Seguidamente, hace referencia al principio
de tipicidad del derecho disciplinario en materia laboral, con el fin de
afirmar la aceptación de los llamados tipos abiertos o en blanco que se
fundamentan en la imposibilidad del legislador de contar con un listado
detallado de comportamientos. De lo anterior, puede colegirse que el empleador
al invocar cualquier causal de terminación, debe realizar una aplicación e
interpretación integral de aquellas disposiciones o criterios que la
complementan. Por tales motivos, a la hora de verificar el cumplimiento del
principio de tipicidad en materia laboral, no cabe exigir que la norma contenga
una descripción detallada, completa y precisa de la conducta reprochable.
1.2.3.3.
A continuación, resalta que el demandante
pretende adscribir a la expresión “inmoral” un contenido propio que corresponde
con su concepción personal de moral. Por tanto, la demanda plantea una
interpretación particular del concepto de moral que en manera alguna puede
derivarse de la norma. De admitirse dicha interpretación, sostiene, se estaría promoviendo
la vulneración de los derechos de los trabajadores; por lo cual, la expresión “inmoral”
debe interpretarse en clave constitucional para evitar el desconocimiento de los
derechos fundamentales de los trabajadores.
1.2.3.4.
Por otro lado, menciona, el hecho de que la
norma no contenga de forma expresa qué actos son inmorales, no implica per
se desconocer los artículos constitucionales invocados, ya que la norma se
refiere al concepto jurídico de moral social, entendida como el “mantenimiento
de una conducta, ya no solamente individual, inmanente, sino colectiva, que se
ajuste a ciertos principios éticos y a lo que esa sociedad considera deben ser
reglas de conducta que conduzcan a una convivencia armónica y al mutuo respeto”;
y, por tanto, contiene una dimensión ética del ser humano que es esencial a la
hora de garantizar una convivencia social. En este sentido, agrega que el
concepto jurídico de moral social al que hace referencia la disposición objeto
de reproche, se encuentra positivizado en diferentes normas como el artículo 13
de la ley 153 de 1887, articulo 16, 472, 627, 1524 y 1537 del Código Civil,
entre otros, por lo que es constitucionalmente admisible que se utilice como
referente por el legislador y el empleador al momento de calificar un
comportamiento como inmoral.
1.2.3.5.
Pese a lo anterior, y como último
argumento, la Universidad aclara que el empleador no puede solo atender a la
moral social, sino que es menester que acuda a otros elementos para atribuir
sentido y contenido a la expresión “inmoral”, como la remisión normativa a las
conductas descritas como inmorales en el reglamento interno de trabajo de la
empresa, siempre que allí se defina de manera expresa cada una de ellas,
teniendo como límite el respeto por los derechos fundamentales de los
trabajadores, el ordenamiento jurídico, las buenas costumbres, la moral social,
entre otros; y la descripción detallada, precisa y suficiente, de la conducta
censurable que debió ser sometida al proceso correspondiente, en aras de
garantizar el cumplimiento del debido proceso.
1.2.4. Universidad Libre
La Universidad Libre, a través del Director
del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional y una docente del
Área de Derecho Laboral, rindió concepto por medio del cual solicita que se
declare la inexequibilidad del numeral 5 del artículo 62 del CST.
1.2.4.1 Con el fin de sustentar su petición, menciona
autores como H. L. A. Hart, representante del positivismo jurídico, y Habermas,
con base en dichas líneas de pensamiento pretenden reconstruir los presupuestos
de racionalidad inherentes al derecho moderno, donde se evidencia la necesidad
de realizar una valoración de la validez de una norma o precepto sin dejar de
lado la relación entre derecho y moral.
1.2.4.2. También, recuerdan que en determinadas
ocasiones la Corte ha establecido que los conceptos indeterminados de alto
contenido moral en normas de carácter sancionatorio son inconstitucionales;
ello, por cuanto tales disposiciones en un contexto pluriétnico y multicultural
adquieren un especial grado de indeterminación, para lo cual hacen referencia a
la sentencia C- 431 de 2004[10].
1.2.4.3. Posteriormente, hace alusión a la sentencia C-
098 de 2003[11],
en la cual se analizó la constitucionalidad de distintas normas del Decreto 196
de 1971- Estatuto del ejercicio de la abogacía-, para referir que “frente al
ejercicio de una profesión las normas disciplinarias deben establecerse con
referencia a las funciones y deberes propios del respectivo hacer profesional,
no en atención a la conducta personal que se agota en los linderos de lo
privado, o que aun campeando en la arena de lo público no trasciende ni afecta
el buen desempeño de la función”. Resaltan que, en esa oportunidad,  la
Corte determinó que el legislador invadió injustificadamente el núcleo esencial
del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
1.2.4.4. Acto seguido, la Universidad recuerda el
fallo de la sentencia C- 431 de 2004[12],
en donde se estudió una regla similar a la que se acusa en la demanda, la cual
determinó declarar la inexequibilidad de la norma sancionatoria con base en el
grado de indeterminación que esta tenía, en los siguientes términos: “…si
bien el legislador puede elevar a la categoría de falta disciplinaria aquellos
actos que repudian la moral social entendida como ´la que prevalece en cada
pueblo en su propia circunstancia´, […] al hacerlo debe establecer clara y
precisamente cuales son aquellos actos “inmorales” que eleva a la categoría de
falta disciplinaria. De otra manera, desacata el principio de legalidad que le
impone precisar las conductas sancionables como faltas disciplinarias
[...]”.
1.2.4.5. En este sentido, manifestaron, debe realizarse
la misma valoración descrita en precedencia, ya que la expresión que ahora se
demanda tiene el mismo grado de indeterminación del precepto acusado, por
tanto, desconoce el principio de legalidad, pues no establece con certeza las
conductas sancionables que pueden constituir una causal de justo despido. Ello
puede dar lugar a que se causen violaciones de otros derechos como la
intimidad, la autonomía personal y la dignidad humana, ante la arbitrariedad
del empleador.
1.2.5. Universidad de Ibagué
La Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas, solicitó que se declare la exequibilidad de la norma, en el
entendido que la expresión acusada debe aplicarse conforme a los parámetros de
la moral social o pública, y no de la moral individual, respetando el derecho
de defensa del trabajador. Con el fin de sustentar tal solicitud, realiza una
referencia a cada uno de los artículos constitucionales invocados en la
demanda.
1.2.5.1.
Para iniciar,
considera que la expresión “inmoral” no es contraria al pluralismo que refiere
el artículo 1 de la Carta Política, puesto que la norma demandada hace alusión
a una moral social o pública, que en lugar de ser contraria a la Constitución,
es necesaria para impartir principios y valores; y no a la moral particular que
pretende referir el demandante; lo que trae como consecuencia que la expresión
acusada se encuentre dentro de los límites de la moral social aceptada por el
ordenamiento jurídico y la Corte Constitucional.
1.2.5.2.
Respecto del artículo
2 de la Constitución, considera que no le asiste razón al demandante cuando
afirma que el precepto demandado desconoce la libertad religiosa y que
contrario a lo expuesto por él, el concepto de moral es aplicable al Estado
Social de Derecho, de acuerdo con la Sentencia C- 404 de 1998[13].
1.2.5.3.
Posteriormente, hace
alusión a la violación de los derechos al libre desarrollo de la personalidad,
a la libertad de conciencia y a la libertad de cultos (artículos 16, 18 y 19
respectivamente), considerando que la norma acusada sólo podría vulnerar estas
libertades si se diera una indebida aplicación por parte del empleador de la
causal de despido, por lo que “no se puede confundir la inexequibilidad de
una norma con la cantidad de derechos fundamentales que se podrían vulnerar con
una indebida aplicación, pues para esto existen mecanismos de protección que el
juez constitucional ampara al momento de su vulneración”. Por otro lado,
sostiene la tesis de que las libertades individuales no son absolutas y que en
ciertos casos deben ceder ante la moralidad pública (sentencia C- 404 de 1998[14]
y C-299 de 1998[15]).
Adicional a lo anterior, agrega que el empleador debe respetar las creencias y
sentimientos de sus empleados y no imponer obligaciones de carácter religioso o
político, ni ejecutar actos que restrinjan sus derechos; y que así como el
ordenamiento le permite cierta discrecionalidad para que razonablemente termine
la relación de trabajo cuando considera un acto inmoral, también lo dota de
obligaciones, prohibiciones y principios que deben guiar sus relaciones y actuaciones
frente a la norma.
1.2.5.4.
Ahora, frente a la
vulneración del artículo 25 de la Carta Política, sostiene que la unión entre
el empleador y el trabajador se enmarca en una relación guiada por principios y
valores en el marco del Estado social de Derecho. Por esta razón, el empleador
se encuentra facultado para determinar los actos inmorales que cometa su
empleado, en el marco constitucional y jurídico que rigen las relaciones
laborales. Esto es así por cuanto la estabilidad laboral del trabajador no es
absoluta, y el despido por justa causa, se vincula como una forma de sanción
hacia este en razón de su conducta reprochable que ha hecho imposible una
relación laboral basada en el respeto mutuo y la lealtad. Pese a esto, aclara que
el despido realizado por el empleador debe respetar, en todo caso, el debido
proceso y el derecho a la defensa que tiene el trabajador, bajo el cumplimiento
de unos requisitos procedimentales que hagan justa aquella actuación.
1.2.5.5.
Por último, en cuanto
al artículo 53 de la Constitución, señala, en primera medida, que la
estabilidad laboral encuentra sus límites cuando contradice determinadas
directrices establecidas por el legislador en la norma, y en segundo término,
que la norma acusada no encubre al empleador para que mediante la expresión
“inmoral” pueda abusar del empleado ni mucho menos soslayar su derecho a la
estabilidad laboral, por cuanto “ los hechos que dan lugar a la
configuración de la causal referida deben ser analizados por el empleador en
forma razonable, objetiva e imparcial y estar plenamente demostrados para
evitar decisiones injustificadas que puedan perjudicar al trabajador” (sentencia
C - 229 de 1998[16]).
1.2.5.6.
En este sentido,
afirma, la norma en ningún caso establece una libertad absoluta para que el
empleador base su decisión en su moral personal y particular y, en todo caso,
existe un procedimiento previo al despido en el parágrafo del artículo 62 del
CST, en el cual se enmarca la norma acusada.
1.2.6. Fundación Universidad del Norte
La
Fundación Universidad del Norte, a través una docente del Departamento de
Derecho, solicitó declarar la exequibilidad de la expresión “inmoral o”
contenida en el numeral 5 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo
bajo el entendido de que para la aplicación de esta causal, el empleador deberá
establecer de manera clara los comportamientos considerados como inmorales o,
en su defecto, establecer los criterios objetivos que permitan de manera
razonable y proporcionada determinarlo, manifestando que:
1.2.6.1.
La Corte Constitucional ha analizado la
incorporación legal de criterios morales, tanto en sede de constitucionalidad
como de tutela y ha señalado que su uso como referente al que puede acudir el
legislador en determinadas situaciones para restringir ciertos derechos y
libertades, o como criterio que el juez puede tener en cuenta al examinar las
normas que mencionan la “moral”, “buenas costumbres” u otra categoría de
expresiones que hacen alusión a principios éticos.
1.2.6.2.   No obstante, aduce, este Tribunal ha señalado reiteradamente que
la inconstitucionalidad del uso de conceptos jurídicos indeterminados del tipo
“acto inmoral” o “buenas costumbres” en materia disciplinaria cuando no son
acompañados de una descripción detallada, clara y precisa de la conducta
prohibida o de criterios o métodos objetivos de interpretación que permitan
determinar cuáles comportamientos constituyen faltas disciplinarias.
1.2.6.3.
Así mismo, la Corte ha reiterado su
línea jurisprudencial sobre la aplicación restringida de conceptos jurídicos
indeterminados, al tiempo que ha precisado el concepto de “moral social” como
aquella que se refiere a un conjunto puntual de valores que una sociedad defiende
para promover la convivencia pacífica entre distintas morales individuales.
1.2.6.4.
De esta manera se evita que cada
individuo, en una interpretación distorsionada de lo que significa el libre
desarrollo de la personalidad, ejerza su absoluta voluntad desconociendo
intereses comunes y derechos de terceros.
1.2.6.5.
Aclara que aunque en el marco de un
proceso de terminación del contrato de trabajo no se puede hablar en sentido
estricto de la aplicación del debido proceso consagrado en el artículo 29
Superior, pues, con ello se desbordaría el alcance de la norma, ya que aunque de
su contenido se deriva que su aplicación se circunscribe a actuaciones
administrativas y judiciales, también lo es, que la Corte Constitucional acogió
la línea jurisprudencial desarrollada por la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, que consagra unas garantías a favor del trabajador las cuales debe
asegurar el empleador cuando aplica las causales de terminación unilateral del
contrato de trabajo por justa causa.
1.2.6.6.
Por tanto, no puede afirmarse que la sola
referencia a criterios morales constituye per se vulneración de mandatos
constitucionales como el pluralismo, la igualdad, la libertad de cultos o el
libre desarrollo de la personalidad, ni que implique la posibilidad de que el
empleador acuda a criterios sospechosos o arbitrarios de un concepto
indeterminado como el de moral.
1.2.7.
Intervención ciudadana
La ciudadana Karina Margarita de la Rosa
Torralvo, solicitó a la Corte que declare la exequibilidad de la expresión
acusada, bajo el entendido de que para la aplicación de esta causal, el
empleador debe establecer previamente de manera clara, expresa e inequívoca los
comportamientos considerados como inmorales o, en su defecto, establecer los
criterios objetivos que permitan de manera razonable y proporcionada
determinarlos con el fin de proteger el derecho fundamental al debido proceso
del trabajador.
1.2.7.1.
Al respecto, precisa
que la incorporación legal de criterios morales ya ha sido objeto de estudio
por parte de esta Corporación convalidando su uso como referente al cual puede
acudir el legislador en determinadas situaciones para restringir ciertos
derechos y libertades; empero, también ha señalado la inconstitucionalidad del
uso de conceptos jurídicos indeterminados del tipo “acto inmoral” o “buenas
costumbres” en materia disciplinaria cuando no son acompañados de una
descripción detallada, clara y precisa de la conducta prohibida o de criterios
de interpretación que permitan determinarla. Siendo así, la Corte ha reiterado la
aplicación restringida de conceptos indeterminados, al tiempo que ha precisado
el concepto de moral social como criterio al cual puede acudir el juez
constitucional para determinar la conformidad con la Carta de las normas que
persiguen la defensa de un principio de moralidad.
1.2.7.2.
Por otro lado,
sostiene que tratándose de relaciones laborales, específicamente frente a las
diversas formas de terminar el contrato de trabajo, la Corte Constitucional
acogió una línea jurisprudencial sostenida por la Corte Suprema de Justicia,
donde se establece una serie de garantías a favor del trabajador, a las que se
debe sujetar el empleador al momento de hacer uso de las causales de
terminación del contrato. De lo anterior, puede sustraerse la imposibilidad de apelar
tan solo a criterios morales para dar por terminado un contrato laboral. Por
ello, con el fin de proteger el derecho fundamental al debido proceso y
garantizar la legalidad de la terminación unilateral del contrato por parte del
empleador, este deba establecer previamente de manera clara, expresa e
inequívoca los comportamientos considerados como inmorales o establecer
criterios objetivos que posibiliten su determinación.
1.3
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado,
solicitó a la Corte Constitucional declararse INHIBIDA de pronunciarse
de fondo respecto de los cargos contra la expresión “inmoral o” del
numeral 5 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo por la supuesta
violación de los artículos 1, 2, 16, 18 y 19 de la Constitución Política.
Sin embargo, pide a la Corte que declare EXEQUIBLE la
expresión demandada frente a la supuesta violación de los artículos 25 y 53
Superiores, con fundamento en las siguientes razones:
1.3.1. Para iniciar, el Ministerio
Público resumió los argumentos expuestos en la demanda y los dividió en dos
grupos: el primero sobre violación de los artículos 1, 2, 16, 18 y 19
constitucionales y el segundo acerca del desconocimiento de los artículos 25 y
35 de la Constitución Política.
1.3.2. Frente al
primer grupo de cargos, la Vista Fiscal asegura que el demandante parte de la
premisa de que el numeral quinto del artículo 62 del Código Sustantivo del
Trabajo impone una única moral y a partir de ello, el ciudadano concluye que
este precepto normativo desconoce el carácter pluralista del Estado colombiano,
protege únicamente las creencias y libertades mayoritarias y restringe el libre
desarrollo de la personalidad, imponiendo concepciones morales específicas que
incluso podrían implicar restricción a la libertad religiosa.
1.3.3. Por otra parte, frente a los
cargos por violación a los artículos 25 y 53 de la Carta Política, encuentra el
señor Procurador que el actor exhibe una línea argumentativa distinta a la
utilizada frente al primer grupo de normas constitucionales. Así, el demandante
expresa que al incluir como justa causa de terminación del contrato de trabajo
por parte del empleador una expresión indeterminada y ambigua, se deja un
espacio a abusos y arbitrariedades y se vulneran derechos fundamentales pues se
iría en contra de la estabilidad laboral.
1.3.4. Posteriormente, el Ministerio
Público aborda como cuestión preliminar las razones por las cuales, a criterio
suyo, la Corte debe declararse inhibida de emitir un pronunciamiento de fondo
frente al primer grupo de cargos ya señalado.
1.3.5. En
efecto, dado que el accionante parte de suponer que la expresión demandada del
artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo representa una imposición de un
único patrón moral de conducta, toda la argumentación que expone tomando como
fundamento tal premisa resulta contraria al requisito de certeza que ha exigido
la jurisprudencia constitucional en la formulación de acciones públicas de
inconstitucionalidad.
1.3.6. Por
lo tanto, para el Procurador resulta evidente que la acción parte de una
interpretación totalmente subjetiva y equivocada del ciudadano que no se deriva
directamente de la disposición normativa, puesto que la norma acusada no impone
un sistema o concepción moral único o particular.
1.3.7. A partir de lo anteriormente
dicho, la Procuraduría estima oportuno exponer varios razonamientos con
respecto a la relación entre el Derecho y la moral, haciendo igualmente
referencia a esta última como criterio de valoración que puede ser aplicado en
la ejecución de relaciones jurídicas concretas.
1.3.8. Así,
destaca el señor Procurador que se ha producido un cambio en la concepción de
Estado dado que el Estado de Derecho Legal ha quedado relegado por el Estado de
Derecho Constitucional. Por lo tanto, lejos de separarse tajantemente la moral
del Derecho, se tienden puentes de comunicación necesaria entre uno y otro, de
tal forma que el modelo constitucional, a su juicio, comporta un orden jurídico
“moralizado”. Como ejemplo de ello, se citan conceptos como la buena fe,
parámetros de buen padre de familia y buen hombre de negocios, solidaridad,
igualdad, inviolabilidad de la vida, etc.
1.3.9. Igualmente,
relaciona una serie de argumentos con respecto a la posibilidad del legislador
de optar por una visión de la moral en particular, siempre y cuando sea admisible
dentro de los postulados constitucionales. No se trata entonces de que la ley
imponga una concepción moral en particular, sino tan solo de que ésta reconozca
aquella que es conforme a los principios constitucionales.
1.3.10. Afirma que el problema
jurídico a resolver en el presente proceso consiste en establecer si la
determinación del legislador de incluir la realización de actos inmorales como
justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del empleador
vulnera el artículo 25 y 53 de la Constitución Política, así como el derecho
fundamental al debido proceso.
1.3.11. A este
respecto, aunque la Vista Fiscal manifiesta que la argumentación expuesta en la
demanda es precaria y no reúne los requisitos de especificidad y pertinencia exigidos
por la jurisprudencia constitucional, considera que en aplicación del principio
pro actione, esta Corporación puede dilucidar algunas de las
motivaciones expuestas por el demandante con el fin de emprender el estudio de
fondo sobre los cargos. En este sentido, interpreta que el demandante quiere
reprochar el desconocimiento del principio de legalidad y tipicidad, presentes
ambos en el debido proceso sancionatorio.
1.3.12.
En tal sentido, la jurisprudencia
constitucional ha reconocido el deber de respetar el debido proceso en las
relaciones laborales, guardando las proporciones y características de dicha
clase de vínculo entre empleador y trabajador. Por este motivo, aunque no
resultan aplicables todas las garantías previstas en el artículo 29 Superior,
si son procedentes algunas de ellas como es el caso de la obligación del
empleador de indicar los motivos de terminación del contrato de trabajo.
1.3.13. Advierte el
Ministerio Público que la terminación con justa causa del contrato de trabajo no comporta el ejercicio de un poder
disciplinario sino que es una facultad propia de esta relación contractual.
Suponer lo contrario, sería entender que la ley sanciona al trabajador que se
jubila, al que padece una enfermedad contagiosa o crónica no profesional y
otros actos que en ninguna medida son reprochables.
1.3.14.
Sumado a lo anterior, recalca que en el
marco del contrato laboral una de las obligaciones propias del trabajador es “guardar
rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros”
que implica a su vez el correlativo deber del empleador de “cumplir el
reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes”,
estando incorporadas las anteriores obligaciones en el Código Sustantivo del
Trabajo.
1.3.15. En su concepto, la indeterminación y posible generación de
arbitrariedad de la que se acusa a la expresión demandada se debe, en parte, a
una inadecuada interpretación del accionante pues no toma en cuenta el
enunciado normativo de forma completa. Ello se explica en que el aparte acusado
restringe la potestad del empleador para dar por terminada la relación laboral
cuando el trabajador realiza actos inmorales, con la condición de que estos sean
realizados “en el taller, establecimiento o lugar de trabajo o desempeño de
sus labores”, razón por la cual la actuación inmoral por fuera de
escenarios estrictamente laborales no genera una justa causa de terminación.
1.3.16.
A partir de lo anterior, el señor
Procurador entiende que la expresión atacada no es tan indeterminada como se
afirma, toda vez que su aplicación se supedita a que el acto inmoral se realice
en el lugar de trabajo o en el desempeño de sus funciones.
1.3.17. También, resulta disminuida tal indeterminación y ambigüedad dado
que la terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa debe
respetar un mínimo de garantías de debido proceso, como el hecho de que la
decisión de despido esté justificada, no pudiendo el empleador terminar la
relación laboral de manera arbitraria y caprichosa.
1.3.18.
Concluye entonces que “lo que puede
llegar a vulnerar derechos fundamentales, y en esa medida ser contrario a la
Constitución no es la norma acusada en sí misma sino la aplicación que de ella
puedan hacer los empleadores”. Por esta razón, la Vista Fiscal propone
algunos parámetros para que la aplicación de esta norma no vulnere  derechos
fundamentales.
1.3.19.
En lo que concierne a este último aspecto,
manifiesta que el empleador debe ofrecer una justificación suficiente y
razonable (en lugar de caprichosa) para dar por terminada la relación laboral
por la causal cuya constitucionalidad se cuestiona la expresión en el presente
proceso.
1.3.20.
Adicionalmente, estima que el empleador
debe seguir los procedimientos previstos en el reglamento interno de trabajo
que permitan verificar si efectivamente se está ante el incumplimiento de
obligaciones del empleado y que faculten al trabajador para saber previamente
las características esenciales del comportamiento que puede conllevar el
despido unilateral. Por ende, el reglamento interno de trabajo debe contener un
mínimo de elementos que permitan al empleado direccionar su comportamiento
evitando aquellos actos inmorales a la luz de lo previsto en dicha normativa.
2.
CONSIDERACIONES
2.1  COMPETENCIA
Conforme al artículo 241, ordinal 4, de la
Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad del artículo
62, numeral 5 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo.
2.2
CUESTIÓN PREVIA: EXAMEN DE LA APTITUD DE LA DEMANDA.
El Procurador
General de la Nación, solicita a la Corte que se inhiba de emitir un
pronunciamiento de fondo, respecto de los cargos formulados en contra de la
expresión “inmoral o” contenida en el numeral 5 del artículo 62 del
Código Sustantivo del Trabajo por el presunto desconocimiento de los artículos 1,
2, 16, 18 y 19 de la Constitución en razón a que, en su concepto, el demandante
parte de la premisa de que el aparte normativo demandado impone una única
moral, a partir de lo cual concluye que desconoce el carácter pluralista del
Estado Colombiano, restringe el libre desarrollo de la personalidad como
también la libertad religiosa. Expone que los presuntos cargos de
inconstitucionalidad formulados por el actor no cumplen con el requisito
jurisprudencial de certeza, ya que de la lectura de la norma no se desprende
que se esté imponiendo un sistema de concepción moral único o particular.
Ahora bien,
señala que aunque los cargos formulados con base en el desconocimiento de los
artículos 25 y 53 Superiores tienen sustento en una argumentación precaria y no
reúnen los requisitos de especificidad y pertinencia exigidos por la
jurisprudencia constitucional, considera que esta Corporación debe aplicar el
principio pro actione.
2.2.1
Requisitos que deben reunir las
demandas de inconstitucionalidad.
2.2.1.1
El artículo 2° del decreto 2067 de 1991
señala los elementos que debe contener la demanda en los procesos de control de
constitucionalidad[17].
Concretamente, el ciudadano que ejerce la acción pública de
inconstitucionalidad contra una disposición legal debe indicar con precisión el
objeto demandado, el concepto de violación y la razón por la cual
la Corte es competente para conocer del asunto. Estos tres elementos,
desarrollados en el texto del artículo 2 del decreto 2067 de 1991 y por la
Corte en sus decisiones, hacen posible un pronunciamiento de fondo.
2.2.1.2
En la sentencia C-1052 de 2001[18], la Corte
precisó las características que debe reunir el concepto de violación formulado
por el demandante. De acuerdo con este fallo, las razones presentadas por el
actor deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y
suficientes.
La claridad se refiere a la existencia de un hilo conductor en la argumentación que permita al lector
comprender el contenido de la demanda y las justificaciones en las que se basa.
El
requisito de certeza exige al actor formular cargos contra una
proposición jurídica real y existente, y no simplemente contra una deducida por
él sin conexión con el texto de la disposición acusada.
La
especificidad demanda la formulación de por lo menos un cargo
constitucional concreto. Argumentos vagos, indeterminados, indirectos,
abstractos o globales que no se relacionan concreta y directamente con las
disposiciones que se acusan, impiden a la Corte llevar a cabo un juicio de
constitucionalidad.
La
pertinencia se relaciona con la existencia de reproches de naturaleza
constitucional, es decir, fundados en la confrontación del contenido de una
norma superior con el del precepto demandado. Un juicio de constitucionalidad
no puede basarse en argumentos de orden puramente legal o doctrinario, ni en
puntos de vista subjetivos del actor o consideraciones sobre la conveniencia de
las disposiciones demandadas.
Finalmente,
la suficiencia guarda relación, de un lado, con la exposición de todos
los elementos de juicio -argumentativos y probatorios- necesarios para iniciar
un estudio de constitucionalidad; y de otro, con el alcance persuasivo de la
demanda, esto es, el empleo de argumentos que despierten una duda mínima
sobre la constitucionalidad de la norma impugnada.
2.2.2
Examen de la aptitud de los
cargos formulados
2.2.2.1 El
demandante considera que la expresión “inmoral o” contenida en el
numeral 5 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, desconoce los
artículos 1, 2, 16, 18, 19, 25 y 53 de la Constitución, con base en los
siguientes argumentos:
2.2.2.1.1
A su parecer, el concepto “moral
social” es discriminatorio porque sólo tiene en cuenta la moral de las
mayorías, lo cual desconoce el principio de pluralismo consagrado en la Carta
(artículo 1). Además, la expresión objeto de reproche, dice, desconoce que las
autoridades del Estado tienen el deber de respetar y proteger las creencias y
libertades de todos los ciudadanos sin privilegiar ningún código moral en
particular (artículo 2), como también permite que el Estado y el empleador invadan
el fuero interno de los trabajadores al avalar que cuestionen un determinado
acto como “inmoral” para dar por terminado el contrato de trabajo,
vulnerando su autonomía y el libre desarrollo de la personalidad (artículo 16).
Sumado a todo lo anterior, aduce que la Constitución establece que
nadie puede ser molestado por sus convicciones o creencias personales. Sin
embargo, sostiene, la expresión demandada desconoce esta garantía al imponer un
concepto de moral específico y sancionar proyectos de vida minoritarios, como
los que se relacionan con el ejercicio de la libertad religiosa, pues el
empleador puede incurrir en arbitrariedades que afecten esta libertad (artículo
18 y 19)
2.2.2.1.2
Con respecto a la vulneración de los artículos
25 y 53 Superiores, evidencia que la expresión demandada es tan indeterminada
que deja a la libre interpretación y valoración del empleador esta causal para
dar por terminado el contrato laboral con justa causa. En consecuencia, afirma,
el empleador puede aplicar dicha consecuencia como producto de una valoración
personal de lo que considera “inmoral”, hipótesis en la que se expone a
los trabajadores a un despido arbitrario, ya que tanto el trabajador como el
empleador pueden guiar sus actuaciones bajo códigos morales distintos. Es
decir, como el aparte normativo resulta tan indeterminado vulnera el derecho al
trabajo y a la estabilidad laboral.
2.2.2.2.   Al respecto, la Sala considera que los cargos formulados por el
actor acerca de la vulneración de los artículos 1, 2, 16, 18 y 19 no cumplen
con los requisitos legales ni jurisprudenciales exigidos por esta Corporación
para propiciar un juicio de constitucionalidad. En primer lugar, no desarrolla
un concepto de la violación, esto es, el actor no logra hacer una confrontación
objetiva entre el texto legal acusado y los postulados constitucionales que
según él resultan quebrantados. Esto es, de la lectura de la norma acusada no
se deriva el alcance que pretende adscribirle el demandante al afirmar que esta
consagra un tipo de moral social: el de las mayorías. Ello, resta certeza a su
planteamiento porque lo que hace el actor es derivar consecuencias de la
expresión acusada que ella no contiene, al paso que se dedica a hacer conjeturas
sobre las posibles discriminaciones a que podrían ser sometidos los trabajadores
por su orientación sexual y/o creencias religiosas.
Al fallar lo anterior, el ciudadano también
incumple con el requisito de especificidad pues la argumentación que presenta no
guarda relación directa con la norma objeto de reproche. Al respecto, el
ciudadano se dedica a realizar un análisis abstracto y general de la expresión
“inmoral o” como causal de terminación del contrato de trabajo por justa causa,
aduciendo que el Estado tiene el deber de respetar y proteger las creencias y
libertades de todos los ciudadanos, como también promover el respeto y la
tolerancia de los diferentes códigos morales, pero no establece una relación
directa con el contenido normativo demandado.
Lo anterior, conlleva además el desconocimiento del
requisito de pertinencia, pues el actor plantea puntos de vista subjetivos sobre
la conveniencia y aplicación concreta de la norma por el empleador, pero no hace
una confrontación objetiva entre la expresión demandada y las normas superiores,
esto es, se basa en supuestos que podrían o no acontecer. Por todo lo anterior,
la demanda no tiene carácter persuasivo frente al presunto desconocimiento de los
artículos 1, 2, 16, 18 y 19 Superiores.
2.2.2.3.
De otro lado, frente a la argumentación
expuesta por el actor para estructurar los cargos por desconocimiento de los
artículos 25 y 53 de la Carta, este Tribunal considera que, como lo sostiene la
Vista Fiscal, aunque no cumple con los requisitos de especificidad y
pertinencia ni tampoco explica en detalle los fundamentos de los cargos, teniendo
en cuenta que el actor sostiene que la expresión acusada es tan indeterminada
que puede dar lugar a que el empleador la interprete y valore de manera libre
-al punto que podría verse comprometido el principio de legalidad reconocido en
la Constitución- para finalizar unilateralmente el contrato laboral por justa
causa, esta Sala, en virtud del principio pro actione abordará el
análisis de la constitucionalidad frente a estos cargos.
2.3.   PROBLEMA JURÍDICO
2.3.1. El
ciudadano considera que la expresión “inmoral o” contenida en el numeral
5 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, es indeterminada y, por
tanto, deja a la libre interpretación y valoración del empleador la aplicación
de esta causal como justa para terminar un contrato laboral, la cual puede ser
utilizada por el empleador aplicando su concepción particular para calificar un
acto como “inmoral” sin que el trabajador conozca de manera previa qué tipo de
comportamiento puede dar lugar a la aplicación de dicha norma.
En relación con lo anterior,
asegura que si bien la Corte constitucional ha admitido el uso de conceptos
jurídicos indeterminados, también lo es, que ha restringido su empleo en
contextos específicos como el de los procesos disciplinarios, de allí concluye
que, en este caso particular, la expresión es de tal modo indeterminada que
vulnera el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral.
2.3.2. El Ministerio
de Trabajo, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI-, la
Universidad Externado, la Universidad de Ibagué, la Fundación Universidad del
Norte y la ciudadana Karina Margarita de la Rosa Torralvo, solicitaron la
declaratoria de exequibilidad del aparte acusado, manifestando que (i) la
referencia al término moral debe entenderse como la moral social o colectiva y,
el hecho de que la norma no contemple qué actos deben considerarse inmorales no
significa que la norma sea inconstitucional; (ii) el término inmoral
consagrado en la norma objeto de reproche no es un concepto indeterminado como
lo expone el actor sino que es un parámetro válido utilizado con frecuencia por
el legislador y aceptado por la jurisprudencia constitucional; (iii) durante
el desarrollo de la relación laboral las partes tienen el deber de propender
por la armonía y respeto mutuo, lo cual impide que ciertos derechos
fundamentales se ejerzan de forma ilimitada, como la autonomía y el libre
desarrollo de la personalidad. Estas restricciones además, se encuentran
justificadas en el marco del elemento de subordinación presente en los
contratos laborales; (iv) la norma acusada restringe el acto inmoral a
que este tenga lugar en el lugar de trabajo del empleado o en ejercicio de sus
labores, lo cual es proporcional porque excluye los actos que realice el
trabajador fuera del ámbito laboral; (v) interpretar que la expresión
“inmoral o” es contraria a postulados constitucionales porque deja un amplio
margen de valoración al empleador en la adecuación típica, es desconocer la
interpretación sistemática otorgada por la Corte Constitucional a la misma, en
el sentido de que ha aceptado tipos abiertos o en blanco ante la imposibilidad
de que el legislador consagre una lista precisa de comportamientos. Es decir,
el principio de tipicidad en materia laboral no implica una descripción clara,
detallada y precisa de la conducta reprochada; (vi) existen otros
elementos para fijar el alcance de la moral social, por ejemplo, acudiendo a la
remisión de conductas inmorales señaladas en el Reglamento Interno de Trabajo
de la empresa y respetando el derecho de defensa; (vii) la estabilidad laboral del trabajador no es absoluta, y el
despido por justa causa, se vincula como una forma de reproche de una conducta
que imposibilite una relación laboral basada en el respeto mutuo y la lealtad; (viii)
a pesar de lo anterior, consideran que el despido realizado por el empleador
debe respetar el derecho a la defensa que tiene el trabajador; (ix) la
norma no establece una libertad absoluta para que el empleador efectúe un
despido por acto inmoral con base en su visión particular, pues, en todo caso,
el Código Sustantivo del Trabajo consagra un procedimiento previo al despido
que incluye la norma acusada.
2.3.3. De
otro lado, la Universidad Libre, solicita la declaratoria de inexequibilidad
del aparte acusado aduciendo que al igual que el análisis desarrollado por la
Corte frente al término moral en procesos de carácter sancionatorio, debe
considerarse que en este evento la expresión acusada es tan indeterminada que
no puede mantenerse en el orden jurídico, pues, en caso contrario, puede
conllevar la vulneración de los derechos fundamentales como la autonomía y la
dignidad humana por terminación del contrato por justa causa cuando el
trabajador incurre en un acto “inmoral”.
2.3.4. Por
su parte, el Ministerio Público solicitó a esta Corporación la aplicación del
principio pro actione frente a los cargos formulados por desconocimiento de los
artículos 25 y 53 Superiores, para analizar si la expresión “inmoral o” consagrada
en el numeral 5 del artículo 62 sobre la terminación unilateral del contrato de
trabajo por justa causa, es tan amplia e indeterminada que desconoce el
principio de legalidad y tipicidad.
2.3.5. En
virtud de lo expuesto, corresponde a la Sala determinar, si la expresión
“inmoral o” contenida en el numeral 5 del artículo 62 del Código Sustantivo del
Trabajo, es tan indeterminada que desconoce lo dispuesto en los artículos 25 y
53 Superiores, acerca de la protección del derecho al trabajo, la estabilidad
laboral y la prohibición de que la ley y los contratos, acuerdos o convenios de
trabajo vulneren la libertad, la dignidad y los derechos de los trabajadores.
2.3.6. Para resolver este problema, la Sala analizará (i) el
alcance e interpretación de conceptos jurídicos indeterminados en la
jurisprudencia constitucional; (ii) el concepto de moralidad pública en
instrumentos internacionales de derechos humanos. A la luz de lo anterior, se
examinará (iii) la constitucionalidad de la expresión censurada.
2.4.    ALCANCE E INTERPRETACIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS INDETERMINADOS EN
LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL.
2.4.1.
El concepto
jurídico de moral social en la jurisprudencia constitucional
Desde sus inicios, esta Corporación ha
abordado el análisis de conceptos indeterminados consagrados en el ordenamiento
jurídico, entre ellos el de moral, estableciendo como regla general su
consonancia con los principios, valores y reglas constitucionales.
2.4.1.1.
En este respecto,
en el primer pronunciamiento de la Corte sobre la consagración de este tipo de conceptos
indeterminados en la legislación, -sentencia C- 224 de 1994[19]-, se señaló que
no puede negarse la relación que existe entre el derecho y la moral, cuyo punto
de encuentro, en cuanto al objeto de análisis, es la regulación del
comportamiento del ser humano[20].
Para ilustrar dicha relación, hizo alusión a varios conceptos indeterminados
como “orden y las buenas costumbres”, “fin moral”, “mala
conducta notoria”, “conducta inmoral”, “buenas costumbres o al
orden público” y “hechos inmorales” contenidos en los artículos 16[21], 472[22], 586[23], 627[24], 1524[25] y 1537[26] del Código Civil – los
que en la actualidad aún se encuentran vigentes-.
Además,  destacó que el artículo 34
Superior establece en el inciso segundo que “…se declarará extinguido el
dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en
perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social.”
(Se resalta fuera de texto) En igual sentido, indicó que el artículo 209 de la
Constitución consagra como un principio de la función administrativa la `moralidad`.
Lo anterior, con la finalidad de evidenciar
(i) la imposibilidad de negar la relación entre un concepto indeterminado como la
moral con el derecho, y que las normas “en algunos casos tienen en cuenta la
moral vigente, para deducir consecuencias sobre la validez de un acto jurídico”[27].
2.4.1.2.
En la sentencia T-503 de 1994[28], se hizo
referencia a la moral como bien jurídico protegido definiéndola como “aquellos principios, valores y virtudes
fundamentales, aceptados por la generalidad de los individuos que constituyen
el soporte de una convivencia libre, digna y respetuosa”.
2.4.1.3.
De igual manera, en
el fallo C- 224 de 1994[29],
la Corte explicó que cuando se apelaba al término moral no debía entenderse
como la moral individual sino como la moral social o general:
“La aparente contradicción no existe si se acepta
la distinción entre la moral general y la moral positiva,
entendiendo la primera como aquella aceptada por todos los hombres en todas las
épocas, y la segunda como la de cada pueblo en el momento particular de su
devenir histórico.  Dicho en otros términos: la moral es una, pero
sus manifestaciones cambian en razón de la diversidad de las sociedades
en el espacio y en el tiempo”.
2.4.1.4.
Acerca de lo que
debe entenderse por moral social, es importante hacer referencia a la sentencia
C-427 de 1994[30],
en la cual, al hacer un análisis sobre el alcance del concepto `moralidad` como
principio rector de la función administrativa, expuso que “no responde a
ninguna particular exigencia confesional o subjetiva, sino, se repite, al marco
ético conceptual, propio de la moral media o social, que contiene la
Constitución”.
Además, en este mismo pronunciamiento la Corte
enfatizó que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia también se había
ocupado del tema al analizar otros conceptos indeterminados como “mal
comportamiento social” contenido en el artículo 94 del Decreto 250 de 1970,
del que extrajo lo siguiente:
“"No estimó indispensable el legislador extraordinario,
por razonable cautela, detallar de manera exhaustiva y casuística todo
comportamiento social que atente contra la dignidad de la justicia, sino que
buscó resguardar con su espectro normativo la imagen social de la justicia,
según los valores de nuestra comunidad.  Claro que la regulación genérica de la
conducta indebida del funcionario no comporta la facultad de su catalogación
arbitraria o caprichosa, ni releva a la autoridad de la obligación de ceñir sus
mandatos o decisiones a los precisos  cometidos propuestos.  Advierte la Corte
que al respecto se deben dejar nítidos algunos parámetros esenciales de
interpretación de aquella parte del precepto:  en primer lugar, anótese que
cualquier mal comportamiento supone un modo de actuar más o menos habitual y no
excepcional, ni inusitado, ni esporádico, una conducta relativamente frecuente
o reiterada; en segundo, que por malo o indebido debe suscitar necesario y
ostensible reproche general  y no simple rechazo subjetivo crítico, o
intolerante actitud mojigata; en tercero, que por  ser ´social´, debe provocar
una objetiva actitud de desaprobación aproximada a los patrones axiológicos que
rigen el medio social; y en cuarto,  que esa conducta pueda ocasionar un
perjuicio a la dignidad de la justicia.  A eso se contrae el alcance de la
parte final del precepto y dentro de ese cauce la entiende la Corte como
ajustada a la Constitución´”.
En esta oportunidad, la Corte Constitucional declaró -además de la
exequibilidad condicionada del artículo 113 del Decreto 2699 del 30 de
noviembre de 1991- la constitucionalidad simple del aparte acusado del artículo
115 de este mismo decreto que se refería a “b) Ejecutar en el lugar de
trabajo o en sitio público, cualquier acto contra la moral o las buenas
costumbres”, aduciendo que los conceptos de probidad, imparcialidad, decoro
y dignidad a los que hacía referencia la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia citada en precedencia, justificaban la existencia de causales
disciplinarias como las que les correspondió analizar en este caso particular “pues
sus referencias a la moral ajustadas estrictamente a los predicados  expresos
que sobre la misma realiza la Carta, son ingredientes que, en consecuencia,
pueden conformar las características de los tipos disciplinarios aplicables a
los funcionarios públicos”[31]
2.4.1.5.
Con respecto a la
posible vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad frente a
la aplicación del criterio de moralidad pública, este Tribunal explicó que la
alusión al concepto de moral social o general no puede anular la construcción
individual de modelos de realización personal. Por esta razón, indicó,
cualquier decisión con base en este criterio que afecte la esfera privada, la
que sólo es de interés particular, se encuentra proscrita y debe ser retirada
del ordenamiento jurídico[32].
No obstante, es importante referir que en consonancia con los postulados
constitucionales, el derecho al libre desarrollo de la personalidad no puede
ejercerse sin restricción alguna, pues encuentra sus límites en el respeto de
los derechos de los demás, la no afectación del orden jurídico y del interés
general[33].
No obstante, en este mismo fallo - C-404
de 1998[34]-
se destacó la importancia de que el juez constitucional, por ejemplo, acuda a
las razones morales que justifican la existencia de una norma legal:
“La adecuación del orden jurídico a los mandatos constitucionales
no es verdaderamente posible sin atender a las condiciones sociales - dentro de
las que ocupa un lugar destacado la moral positiva - en las que pretende operar
el ordenamiento. Suponer que no existe ninguna relación jurídicamente relevante
entre las convicciones morales imperantes en la comunidad y las disposiciones
jurídicas - legales o constitucionales - es incurrir en la falacia teórica que
originó una de las más agudas crisis del modelo liberal clásico y que desembocó
en el nuevo concepto del constitucionalismo social. Justamente, como respuesta
a dicha crisis, nadie en la actualidad exige al juez constitucional que actúe
bajo el supuesto del individualismo abstracto y que aparte de su reflexión toda
referencia al sistema cultural, social, económico o moral que impera en la
comunidad a la cual se dirige. En este sentido, puede afirmarse que el
reconocimiento de los principios de moral pública vigentes en la sociedad, no
sólo no perturba sino que enriquece la reflexión judicial. En efecto, indagar
por el substrato moral de una determinada norma jurídica puede resultar útil y
a veces imprescindible para formular una adecuada motivación judicial”.
Específicamente, acerca de la importancia de la naturaleza de la
`moralidad pública` manifestó que aunque “puede ser fuente de restricciones
a la libertad, es aquella que racionalmente resulta necesario mantener para
armonizar proyectos individuales de vida que, pese a ser absolutamente
contradictorios, resultan compatibles con una democracia constitucional y que,
adicionalmente, es indispensable para conjugar la libertad individual con la
responsabilidad y la solidaridad que hacen posible este modelo constitucional.
En este sentido, la moralidad pública articula en el plano secular un modo de
ser y de actuar que no puede soslayar la persona, portadora de derechos, que
es, al mismo tiempo, sujeto individual y miembro de una comunidad…
El juez constitucional debe confrontar los criterios de moralidad
pública contenidos en la ley, con el conjunto de normas y principios
constitucionales. No obstante que la ley se apoye en un criterio de moral
pública, si éste desconoce los principios superiores sobre los que se edifica
la democracia constitucional, fundada en el respeto de los derechos
fundamentales, la Corte no tiene alternativa diferente a declarar su
inexequibilidad”[35].
Retomando, el juez constitucional debe confrontar
la categoría de moral social o general frente a los postulados legales y
constitucionales para determinar si dicho concepto, consagrado en un texto
legal, desconoce principios y garantías superiores.
2.4.1.6.
Ahora bien, acerca
de la conformidad o no de algunos conceptos indeterminados contenidos en las
causales que pueden dar origen a la terminación unilateral por justa causa del
contrato laboral, por parte del empleador, esta Corporación ya se ha referido con
anterioridad, en particular, a la establecida en el numeral 3 del literal a)
del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, atinente a “3. Todo acto
de grave violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el trabajador
fuera de servicio, en contra del patrono, de los miembros de su familia o de
sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o celadores”. Al
respecto, esta Corporación mediante sentencia C-299 de 1998[36], señaló:
“Cierto es que la ley laboral garantiza la estabilidad
del trabajador y, por ende, la vigencia del contrato, pero cuando ocurren
ciertos hechos que dificultan el desarrollo normal de las relaciones de
trabajo, se puede terminar legítimamente el vínculo, pues el trabajador puede
poner fin a la relación laboral si el patrono, sus familiares o sus
representantes, ejercen algún "acto de violencia, malos tratamientos o
amenazas graves" contra él o los miembros de su familia.  Del mismo modo,
-según la norma que se estudia- el empleador tiene la facultad de dar por
terminado el contrato de trabajo, si él, su familia o sus representantes sufren
una agresión grave, injuria o maltrato por parte del trabajador. La facultad de
dar por terminado el contrato de trabajo no es entonces exclusiva del empleador,
sino también un derecho del empleado, que no tiene la obligación de trabajar
con personas que sean agresivas con él o con su familia, dentro o fuera de su
ambiente laboral…
La subordinación a la que está
sujeto el trabajador en el contrato de trabajo rige solamente para los efectos
propios que se derivan de la relación laboral, es decir, para el cumplimiento
de la actividad, servicio, o labor contratada y otra es la prohibición
contenida en la norma citada, que pretende simplemente, evitar que el trabajador
observe algunos comportamientos que lesionen moral o físicamente al patrono, su
familia, sus representantes y algunos empleados, fuera del lugar de trabajo,
pero que pueden afectar el cumplimiento armónico y pacífico del contrato de
trabajo.  Cuando ocurra una de las situaciones descritas en la norma, y una vez
se haya oido al empleado, el empleador puede recurrir a la terminación del
contrato a manera de sanción para el comportamiento reprochable del trabajador;
así como en la conducta socialmente reprochable existe la sanción penal por
parte del Estado, la ley ha querido otorgar al empleador la posibilidad de
sancionar una conducta que va en contra del comportamiento deseado dentro de
una relación laboral, sin que con esto se pretenda "esclavizar" al
trabajador.  Simplemente se propende a conservar una situación de respeto mutuo
y lealtad con ocasión de la relación laboral, y cuando ella se hace imposible
por una conducta del empleado, su empleador pueda terminar el vínculo…
Si bien las personas son libres para actuar y
expresarse, la ejecución de una agresión, mal trato o injuria en contra de otra
persona, evidentemente configuran un hecho ilícito, un abuso  o desbordamiento
de los derechos de quien es agresor y la vulneración de los ajenos y, por
tanto, traspasan los límites impuestos por la Constitución. Por tanto, la
limitación a la libertad que tiende a frenar su mal uso y pretende la defensa
de los derechos de los afectados por estas conductas,  encuentra su soporte en
la Carta Política. No se puede considerar que al cometer un delito o una
actuación reprochable en contra de la honra o la integridad física de una
persona se está ejerciendo un derecho. Cuanto se presenta este tipo de
situaciones en el marco de una relación laboral, la norma pretende sancionar
con la terminación del contrato a quienes puedan agredir o lesionar a las
personas allí indicadas y, esto se ajusta a la Carta Política, pues la
Constitución no protege las conductas o comportamientos ilícitos…
Se debe determinar en cada caso particular y concreto
si los ultrajes, insultos, ofensas, injurias, improperios o actos de violencia,
en que incurre el trabajador son realmente graves y ameritan que el empleador
tome la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo. Por tanto, los
hechos que dan lugar a la configuración de la causal referida deben ser
analizados por el empleador en forma razonable, objetiva e imparcial y estar
plenamente demostrados para evitar decisiones injustificadas que puedan
perjudicar al trabajador. El acto de violencia, la injuria o el mal tratamiento
debe ser de tal entidad que haga imposible la prosecución del contrato de
trabajo. Por tanto, el empleador está en la obligación de apreciar las
circunstancias en que se presentaron los hechos o comportamientos anómalos del
trabajador y las consecuencias que se derivan de esas conductas, para tomar la
medida que más se ajuste a los intereses de la organización empresarial…”
Por las razones anteriores, decidió declarar la exequibilidad del numeral 3 del literal a) del artículo 62
del Código Sustantivo del Trabajo, bajo el entendido de que el empleador, al
aplicar esta causal, debe oír previamente al trabajador en ejercicio del
derecho de defensa. Sin embargo, en aclaración de voto[37], se formuló que era
importante diferenciar la posibilidad que se le debe dar al trabajador de ser
escuchado en ejercicio de su derecho de defensa al ser despedido y el
establecimiento de un procedimiento previo al empleador para hacer uso de la
facultad otorgada por el legislador para dar por terminado el vínculo laboral
por justa causa, como sería el caso de estar en la obligación de escuchar al
trabajador de manera previa antes de que proceda a aplicar la causal de
terminación del contrato laboral por justa causa, pues dicho `procedimiento
previo` no se encuentra contemplado en la ley y quizás tampoco en los
reglamentos internos de las respectivas empresas. Por eso, recordó que la norma
consagra el deber del empleador de expresar al trabajador el motivo de la
terminación unilateral del contrato de trabajo.
2.4.1.7.
Otro caso en donde
la Corte Constitucional abordó el análisis de la conformidad de conceptos
indeterminados como el de moral, fue en la sentencia C-814 de 2001[38]. Allí, este Tribunal
declaró exequible la palabra `moral` contenida en el artículo 89 del Decreto
2737 de 1989, por la cual se expide el Código del Menor, por encontrarla
conforme con los postulados constitucionales:
“Visto lo anterior, la norma cuya
constitucionalidad se examina resulta útil en cuanto garantiza que todos los
derechos y deberes a que se acaba de aludir se ejerzan y cumplan dentro de la
axiología que defiende la Constitución. En especial, asegura que la educación
de los menores adoptados se lleve a cabo de conformidad con los criterios
éticos que emanan de la noción de moral social o moral pública (objetivo que
como se vio, es constitucional al tenor de lo dispuesto por el artículo 67
superior). Además, la norma es necesaria para garantizar dicha educación, que
en el supuesto contrario se vería seriamente dificultada. Desde este punto de
vista, asegura la prevalencia del derecho a la educación moral (entiéndase
según la moral social) del menor, frente al derecho de quien pretende adoptar a
desarrollar su proyecto de vida de conformidad con su propio juicio moral. Las
norma cumple así con el mandato superior de prevalencia de los derechos de los
niños”.
2.4.1.8.
En igual sentido,
la sentencia C-371 de 2002[39],
al analizar si el concepto `buena conducta` contenido en la norma demandada
vulneraba la Constitución, manifestó que:
(i)
Por regla
general, cuando el legislador emplea conceptos como el de `buena conducta` o
`buen comportamiento`, hace referencia a lo que la doctrina ha denominado
conceptos jurídicos indeterminados, es decir “aquellos conceptos de valor o
de experiencia utilizados por las leyes y por virtud de los cuales éstas
refieren `... una esfera de realidad cuyos límites no aparecen bien
precisados en su enunciado. ` [40]”[41].
(ii)
La indeterminación del concepto jurídico
no significa que no pueda ser precisado al momento de aplicarse en concreto ni
tampoco que dicha concreción pueda responder al criterio individual de la
autoridad competente para realizar dicha interpretación; pues, existen
parámetros de valor o de experiencia que delimitan y guían la actuación del
juez[42].
En particular, cuando la autoridad judicial debe interpretar
conceptos jurídicos indeterminados en un caso de limitación de derechos
fundamentales, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en que dicho
análisis debe realizarse tomando en consideración los postulados
constitucionales y legales, lo cual, en ningún caso puede entenderse como la
posibilidad de restringir de manera injustificada garantías superiores, por
tanto, implica una carga argumentativa suficiente. Específicamente sobre el
estudio del concepto `buena conducta` explicó que “no obstante su
indeterminación, cuando está contenido en una ley, es un concepto jurídico, y
que por consiguiente su aplicación no refiere al operador a ámbitos
meta-jurídicos como el de la moral, o extra-jurídicos como el propio de
ordenamientos religiosos o privados, cualquiera que sea su naturaleza, sino que
debe hacerse a la luz de los valores, los principios y las reglas de derecho
contenidas en el ordenamiento y que sirven de fundamento a la institución
jurídica en cuya regulación está incorporado el concepto jurídico indeterminado”.
(iii)
En definitiva, expuso, la indeterminación
de un concepto jurídico como `buena conducta` no conlleva que el intérprete de
la norma pueda aplicar un criterio subjetivo trasladando sus convicciones
personales a lo que debe entenderse por el mismo sino que en cada caso debe
demostrarse el desconocimiento del deber jurídico que implica la calificación
de mala conducta con base en criterios objetivos y verificables[43]:
“No obstante que, como se ha dicho, por definición, el concepto de
buena conducta contenido en una disposición legal, es un concepto jurídico y
como tal su determinación no permite, ni mucho menos impone, la referencia
directa a apreciaciones morales y éticas, en la medida en que el operador
jurídico no puede apartarse de la manera como tales consideraciones de valor
hayan sido plasmadas en el ordenamiento, ello exige, precisamente, que el
propio ordenamiento suministre los parámetros para la determinación del
concepto.  Es claro que ello ocurre así en diversas manifestaciones de la
expresión buena conducta o buen comportamiento, tales como la propia de las
relaciones laborales, en las cuales la valoración de la misma se hace a la luz
del respectivo reglamento de trabajo; o la buena conducta que resulta exigible
de los servidores públicos, que se precisa a partir del respectivo régimen disciplinario;
o la buena conducta en los establecimientos penitenciarios, determinada a
partir de los reglamentos y del propósito de permitir la armónica convivencia
de la comunidad carcelaria que ellos deben reflejar, etc.”[44]
2.4.1.9.
En la sentencia C-942 de 2003[45], se
retomaron algunos criterios que ha fijado esta Corporación sobre el ingreso a
la carrera administrativa, del cual se destaca la prohibición de negar el
ingreso de un aspirante a la misma con base en apreciaciones subjetivas o
motivos ocultos.
2.4.1.10.   Por último, es importante anotar que las
anteriores reglas jurisprudenciales fueron reiteradas por este Tribunal en
reciente fallo, C-435 de 2013[46].
En esta oportunidad, la Sala Plena declaró la exequibilidad de la expresión “guardar
la compostura y el decoro debidos”, contenida en el artículo 137 del
Decreto 1355 de 1970, al considerar que dicha descripción legal no era de tal
manera indeterminada que conllevara el desconocimiento del principio de reserva
legal en materia de limitaciones al ejercicio de las libertades.
En particular, señaló
que el hecho de que una cláusula sea indeterminada no implica necesariamente
que las autoridades competentes al interpretarla puedan aplicarla de manera
discrecional sin acudir a criterios objetivos contenidos en el mismo
ordenamiento jurídico, por ejemplo. Al paso que recordó que los conceptos
indeterminados como el de moral, en el marco de procesos de tipo sancionatorio
se encuentran sometidos a un estricto desarrollo del principio de legalidad y
proporcionalidad.
De manera más
específica, señala sobre el particular reglas frente a estas cláusulas
indeterminadas y la restricción de las libertades, sosteniendo, en primer
término, que tales conceptos no suponen la discrecionalidad de las autoridades;
en segundo lugar, si bien se admite cierto grado de indeterminación “el
legislador debe evitar emplear palabras y conceptos que impliquen un grado de
ambigüedad tal, que afecten la certeza del derecho y lleven a una
interpretación absolutamente discrecional de la autoridad a quien corresponde
aplicar determinada disposición”; en tercera medida, no es inconstitucional
esta clase de conceptos cuando sea posible esclarecerlo por medio de
herramientas hermenéuticas que ofrece el ordenamiento y; por último, cuando se
trata de materias sancionatorias, la exigencia de tipicidad es mayor porque su
aplicación puede conllevar una afectación más profunda de derechos y libertades.
Específicamente frente
al concepto de “decoro” o “buena conducta”, estableció que estos conceptos
deben entenderse en relación con la noción de “moral pública”, los cuales
pueden interpretarse a  la luz de parámetros objetivos.
En este sentido, determinó la Sala que aunque los
conceptos objeto de estudio eran indeterminados podían ser determinables a
partir del contexto en el que se insertaban, por tanto, constituyen criterios
válidos de limitación de libertades en el contexto de los espectáculos públicos
“atendiendo a la necesidad de mantener la tranquilidad y la seguridad
ciudadana en estos escenarios, en el entendido que las autoridades competentes
evalúen objetivamente cada situación y tomen las medidas preventivas adecuadas,
proporcionales y razonables, acatando los límites establecidos en la
Constitución y en los tratados internacionales.”
2.4.2.
El concepto
jurídico indeterminado de ´moral´ en los procesos sancionatorios deben
desarrollar con mayor rigurosidad el concepto de tipicidad, razonabilidad y
proporcionalidad como garantía del debido proceso.
2.4.2.1.
Ahora bien, acerca
del alcance de conceptos jurídicos indeterminados en
materia de procesos sancionatorios, en sentencia C-427 de 1994[47], la Sala
Plena debió analizar si los asuntos relacionados con el procedimiento
disciplinario de la Fiscalía General de la Nación acerca de las facultades del
funcionario instructor y lo atinente a la naturaleza de la sanción
disciplinaria y la posibilidad de una valoración de los hechos que realiza el
superior jerárquico, por ser amplias e imprecisas, desconocían el debido
proceso, ante la posibilidad de que el intérprete las aplicara de manera
arbitraria.
Al respecto, la Corte sostuvo que la naturaleza de las causales
disciplinarias a nivel nacional e internacional no permite suponer que por
contener conceptos como “buenas costumbres”, “moral”, “mal comportamiento
social” contrarían el sistema legal y constitucional, pues esas causales atienden
a principios que sustentan la función pública y el interés general, que guían
las decisiones que se adoptan en el marco de un proceso disciplinario.
Además, encontró que tal y como lo había expuesto el Ministerio
Público eran admisibles jurídicamente tipos  abiertos en las conductas
constitutivas de  falta disciplinaria, en razón a que no es posible establecer
un catálogo de acciones que incluyan todas aquéllas que se  alejen de los fines
de la función pública y que sean, por tanto, sancionables.
2.4.2.2.
En esta misma línea, la
sentencia C-952 de 2001[48],
declaró exequible el aparte demandado del artículo 37 de la Ley 617 de 2000[49]
referente a la exigencia del legislador a los
aspirantes al cargo de alcalde de lo que podría denominarse “una hoja de vida
sin tacha”, pues consideró que esta exigencia debía interpretarse como una
garantía a la sociedad de que el comportamiento anterior al ejercicio del cargo
había sido adecuado y que, por ende, no obstaculizaría el desempeño del mismo.
Además, explicó que dicha exigencia, contentiva del concepto indeterminado “sin
tacha” protegía el interés general, pues ilustraba a la sociedad acerca de la
idoneidad, moralidad y probidad del aspirante a ejercer en propiedad dicho
cargo[50].
Por tanto, concluyó, la regulación
restrictiva de este derecho político se encuentra conforme con la Constitución si
se entiende que es desarrollo del principio de la prevalencia de la protección
del interés general en relación con la moralización, imparcialidad y eficacia
del funcionamiento del Estado colombiano.
2.4.2.3.
En este
respecto, la sentencia C- 431 de 2004[51], al analizar la constitucionalidad
de algunas normas referentes a faltas disciplinarias, derivadas del ejercicio
de la potestad sancionatoria del Estado, en cuyo proceso deben observarse los principios de legalidad, tipicidad,
antijuridicidad, culpabilidad, responsabilidad y proporcionalidad, la Corte
adujo la necesidad de tener suficiente precisión a la hora de hacer referencia
a criterios morales objetivos, a fin de que la determinación de la conducta
sancionable no contrariara dichos principios, en especial los de legalidad y
tipicidad.
En tal sentido se precisó en esta misma
sentencia que a diferencia de lo que sucede en casos en los que “el
legislador utiliza referencias o criterios morales para determinar situaciones jurídicas,
conceder derechos o limitarlos, eventos en los cuales estas referencias
legislativas admiten cierto grado de indeterminación, cuando se trata de la
actividad punitiva o sancionatoria del Estado la utilización de estas
referencias debe hacerse de manera concreta y precisa, indicando cuales son los
comportamientos concretos que el legislador estima jurídicamente sancionables
por ser considerados socialmente inmorales.”[52]
2.4.2.4.
También, en sentencia C-350 de 2009[53], la Sala estudió la
constitucionalidad de la expresión “Ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la
moral o las buenas costumbres.”,
conducta consagrada como una falta disciplinaria en el artículo 35 de la Ley
734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
El entonces demandante consideraba que la norma acusada
establecía una sanción con base en dos conceptos muy amplios, el de ‘moral’ y
el de ‘buenas costumbres’, lo que conllevaba una violación constitucional de
los principios de tipicidad y claridad, predicables de las normas
sancionatorias.
Para resolver el problema
jurídico, en primer lugar, resaltó la Sala que no es ajeno a nuestro
ordenamiento constitucional, el empleo de conceptos jurídicos indeterminados,
como por ejemplo, la  ‘dignidad’ (arts. 1°,
42, 53, 70, y 175); ‘bien común’ (arts. 133, 333); ‘buenas’
relaciones laborales (art. 56), ‘buena fe’ (arts. 83, 268), ‘buen
crédito’ (arts. 232.4, 255), ‘buena conducta’ (art. 233), la ‘buena
marcha’ del municipio (art. 315), ‘interés general’ (art.1°), ‘interés
social’ (arts. 51, 58, 62, 333 y 365), ‘interés colectivo’ (art. 86)
o ‘interés nacional’ (art. 81). De igual manera, defendió que incluso
nuestra Carta Política ha utilizado la palabra moral en su texto, y por tanto,
su empleo no es de por sí inconstitucional.
En este orden de ideas, concluyó la Corporación que conceptos
jurídicos indeterminados como ‘moral’, en principio, sí pueden ser
usados por el sistema normativo, bajo el orden constitucional vigente. No
obstante, si bien su uso no está proscrito, existen situaciones y contextos en
los que el uso de este tipo de expresiones debe tener un mayor grado de
determinación en aras de salvaguardar el principio de legalidad, especialmente
cuando el Estado, y de forma excepcional los particulares, ejercen funciones
punitivas, ya sean de carácter disciplinario o penal. Sostuvo la Sentencia:
“3.5. Cabe precisar que una Constitución Política no es un
conjunto de conceptos y palabras, es un sistema de reglas y principios. Por lo
tanto, preguntarse si un concepto es constitucional o no, es una pregunta sin
sentido. Parte de un error categorial, a saber: suponer que la condición de
‘constitucional’ o ‘inconstitucional’ puede ser predicada de las palabras o de
los conceptos. Son las reglas legales o los actos administrativos, por ejemplo,
y el uso y efecto jurídico que éstas le den a ciertas palabras y conceptos lo
que puede ser reprochable constitucionalmente, en especial, si afectan el goce
efectivo de derechos fundamentales. Así pues, es claro que conceptos
jurídicos indeterminados como ‘moral’, en principio, sí pueden ser usados por
el sistema jurídico, bajo el orden constitucional vigente.
3.6. Ahora bien, si bien el uso de conceptos jurídicos
indeterminados no está prescrito, existen situaciones y contextos en los que el
uso de este tipo de expresiones no es aceptado constitucionalmente. La
jurisprudencia ha señalado algunos de los casos en los que el legislador debe
abstenerse de emplear palabras y conceptos que por su grado de indeterminación
pueden comprometer el ejercicio o el goce de derechos constitucionales. Se
trata pues, de una defensa del principio de legalidad, que pretende dar
seguridad jurídica a las personas, permitiendo prever las consecuencias de sus
actos (arts. 1° y 29, CP). Por ejemplo, la Corte ha considerado
inconstitucionales las normas de este grado de indeterminación que afecten
irrazonablemente las libertades de expresión, sindical o de ejercer profesión u
oficio, compro­metiendo a la vez, la autonomía personal y el libre desarrollo
de las personas.
4.2. El grado de indeterminación de los conceptos acusados,
en un contexto sancionatorio, ofrece un amplio margen de discrecionalidad a la
autoridad encargada de establecer si un servidor incurrió o no en tal
prohibición, de suerte que las personas no cuentan con un criterio que les
permita prever con certeza si una determinada actuación atenta o no contra tales
conceptos. La penumbra que deben enfrentar los ciudadanos en estos casos es
constitucionalmente inadmisible.”
Se concluye entonces que en la Sentencia C-350 de 2009, se admite
el uso de la expresión “moral” en contextos normativos, a excepción de los ámbitos
disciplinarios, en los cuales, afirmó la Corte, la vaguedad de su contenido
puede desconocer el principio de legalidad y otras garantías asociadas al
derecho a la defensa.
2.5.
EL CONCEPTO DE MORALIDAD PÚBLICA EN INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS.
2.5.1.
De igual manera, la introducción de
conceptos jurídicos indeterminados como el de moral, está presente en varios
tratados internacionales de derechos humanos aprobados por Colombia y que, por
tanto, integran el bloque de constitucionalidad, los cuales contienen disposiciones que permiten la limitación de los derechos,
en orden a resguardar algunos intereses. Es por ello que es común encontrar
referencias a la moral pública, como criterio válido para limitar las garantías
reconocidas en los Pactos Internacionales.
2.5.1.1.
Así, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, consagra en el artículo 12 los derechos a
circular libremente en el territorio de un Estado, a elegir en él su lugar de
residencia como también a salir de un determinado país sin restricción alguna,
advirtiendo que estas garantías sólo pueden ser limitadas cuando así lo
disponga la legislación o cuando “sean necesarias para proteger la seguridad
nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos
y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos
en el presente Pacto”.
El artículo 18-3 consagra que la
libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias sólo podrá
ser restringida por los motivos señalados en la ley, los cuales deben ser
necesarios “para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral
públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás”.
El artículo 19 preceptúa que toda
persona tiene derecho a la libertad de expresión, sin embargo, también señala
que esta garantía conlleva deberes y responsabilidades, razón por la cual puede
ser restringida entre otras razones para proteger la seguridad nacional, el
orden público o la salud o moral públicas.
En igual sentido, el artículo 21 al consagrar el derecho de
reunión advierte que la limitación en su ejercicio sólo tiene justificación en
los casos señalados en la ley y “que sean necesarias en una sociedad
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del
orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los
derechos y libertades de los demás”.
De igual manera, el artículo 22 al consagrar el derecho a
asociarse libremente con otras, dispuso que “tal derecho sólo podrá estar
sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una
sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad
pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas
o los derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la
imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate
de miembros de las fuerzas armadas y de la policía”.
2.5.1.2.
También, la Convención Americana de
Derechos Humanos, en varias de sus disposiciones hace referencia a la moral
pública, como un criterio válido de restricción de los Derecho Humanos en ella
reconocidos. Así, por ejemplo, señala la libertad de manifestar las propias
creencias puede ser limitada por la moral pública, que la restricción del
derecho a la libre expresión también está justificada bajo esta causa, lo mismo
ocurre con las garantías de reunión, circulación y libre asociación. Las normas
disponen:
El artículo
12, establece que “3. La libertad de
manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a
las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la
seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades
de los demás”.
Al igual que en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 13 de la
Convención establece que el derecho a la libertad de pensamiento y expresión sólo
puede estar sujeta a previa censura, entre otros eventos, para asegurar la
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
Por su parte, el artículo
22 consagra que el derecho de          circulación y de residencia “no
puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en
una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la
seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud
públicas o los derechos y libertades de los demás”         .
2.5.1.3.
En la Opinión Consultiva OC-5 del 13
de noviembre de 1985, la Corte Interamericana de Derecho Humanos, consideró
que la utilización de tales conceptos jurídicos, son admisibles y necesarios,
como criterios para la restricción de los derechos. Lo anterior, al analizar la
Colegiatura obligatoria de los periodistas. Sobre el particular dijo:
“64. En efecto, una acepción posible del orden público dentro del
marco de la Convención, hace referencia a las condiciones que aseguran el
funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un
sistema coherente de valores y principios. En tal sentido podrían justificarse
restricciones al ejercicio de ciertos derechos y libertades para asegurar el
orden público. La Corte interpreta que el alegato según el cual la colegiación
obligatoria es estructuralmente el modo de organizar el ejercicio de las
profesiones en general y que ello justifica que se someta a dicho régimen
también a los periodistas, implica la idea de que tal colegiación se basa en el
orden público.
65. El bien común ha sido directamente invocado como uno de los
justificativos de la colegiación obligatoria de los periodistas, con base en el
artículo 32.2 de la Convención. La Corte analizará el argumento pues considera
que, con prescindencia de dicho artículo, es válido sostener, en general, que
el ejercicio de los derechos garantizados por la Convención debe armonizarse
con el bien común. Ello no indica, sin embargo, que, en criterio de la Corte,
el artículo 32.2 sea aplicable en forma automática e idéntica a todos los
derechos que la Convención protege, sobre todo en los casos en que se
especifican taxativamente las causas legítimas que pueden fundar las
restricciones o limitaciones para un derecho determinado. El artículo 32.2
contiene un enunciado general que opera especialmente en aquellos casos en que
la Convención, al proclamar un derecho, no dispone nada en concreto sobre sus
posibles restricciones legítimas.
66. Es posible entender el bien común, dentro del contexto de la
Convención, como un concepto referente a las condiciones de la vida social que
permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo
personal y la mayor vigencia de los valores democráticos. En tal sentido, puede
considerarse como un imperativo del bien común la organización de la vida
social en forma que se fortalezca el funcionamiento de las instituciones
democráticas y se preserve y promueva la plena realización de los derechos de
la persona humana. De ahí que los alegatos que sitúan la colegiación
obligatoria como un medio para asegurar la responsabilidad y la ética
profesionales y, además, como una garantía de la libertad e independencia de
los periodistas frente a sus patronos, deben considerarse fundamentados en la
idea de que dicha colegiación representa una exigencia del bien común.
67. No escapa a la Corte, sin embargo, la dificultad de precisar
de modo unívoco los conceptos de "orden público" y "bien
común", ni que ambos conceptos pueden ser usados tanto para afirmar los
derechos de la persona frente al poder público, como para justificar
limitaciones a esos derechos en nombre de los intereses colectivos. A este
respecto debe subrayarse que de ninguna manera podrían invocarse el "orden
público" o el "bien común" como medios para suprimir un derecho
garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido
real (ver el art. 29.a) de la Convención). Esos conceptos, en cuanto se
invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser
objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las "justas
exigencias" de "una sociedad democrática" que tenga en cuenta el
equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar
el objeto y fin de la Convención.
68. La Corte observa que la organización de las profesiones en
general, en colegios profesionales, no es per se contraria a la Convención sino
que constituye un medio de regulación y de control de la fe pública y de la
ética a través de la actuación de los colegas. Por ello, si se considera la
noción de orden público en el sentido referido anteriormente, es decir, como
las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las
instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios, es
posible concluir que la organización del ejercicio de las profesiones está
implicada en ese orden.
69. Considera la Corte, sin embargo, que el mismo concepto de
orden público reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen
las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así
como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su
conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y
radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la
disidencia tenga pleno derecho de manifestarse”.
2.5.1.4.
La Convención
Europea de Derechos Humanos menciona en los artículos 6.1, 8.2, 9.2, 10.2,
11.2, lo siguiente:
“Derecho a
un proceso equitativo
1 Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída de manera
equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal
independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá de los litigios
sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de
cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe
ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser
prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en
interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad
nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la
protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la
medida en que sea considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando
en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los
intereses de la justicia.
Artículo 8
Derecho al respeto de la vida privada y familiar
1 Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y
familiar, de su domicilio y de su correspondencia.
2 No podrá haber ingerencia de la autoridad pública en el ejercicio
de este derecho salvo cuando esta ingerencia esté prevista por la ley y
constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la
seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la
defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de
la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las
libertades de terceros.
Artículo 9
Libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión
1 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia
y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de
convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones
individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la
enseñanza, la práctica y la observancia de los ritos.
2 La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede
ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyan
medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la
protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la
protección de los derechos o las libertades de los terceros.
Artículo 10
Libertad de expresión
1 Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este
derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de
comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades
públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que
los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de
televisión a un régimen de autorización previa.
2
El ejercicio de estas libertades, que
entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas
formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que
constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad
nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del
orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral,
la protección de la reputación o de los derechos de terceros, para impedir la
divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la
imparcialidad del poder judicial.
Artículo 11
Libertad de reunión y de asociación
1 Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a
la libertad de asociación, incluido el derecho de fundar, con otras, sindicatos
y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses.
2 El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones
que aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una
sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la
defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la
moral, o la protección de los derechos y libertades de terceros.
El presente artículo no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al
ejercicio de estos derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la
policía o de la Administración del Estado”.
Para evitar restricciones arbitrarias, la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha analizado el alcance de este término y
ha concluido que en este aspecto, los Estados cuentan con lo que se ha
denominado “margen de apreciación de los Estados”, por cuanto cada uno de estos,
dependiendo del su contexto y circunstancias puede, en un momento determinado,
dotar de contenido lo que puede entenderse como moral pública. Dijo
expresamente el Tribunal “En razón a que ellas están en un continuo contacto
con las fuerzas vitales de cada Estado, las autoridades estatales están en una
mejor posición que los jueces internacionales, para dar un concepto del
contexto exacto que justifica la restricción”[54]
2.5.2.
Para ilustrar lo atinente a la manera en
que el Tribunal Europeo aplicó el “margen de apreciación de los Estados”
sobre moral pública, puede citarse  el caso Handyside v. U.K.[55]. En esta
sentencia (i) tanto el Gobierno como la mayoría de la Comisión
manifestaron que el rol de la Corte consiste únicamente en verificar que las
jurisdicciones inglesas hubiesen actuado de buena fe, de manera razonable y
dentro de los límites del margen de apreciación consentido en los estados
contratantes por el artículo 10 parágrafo 2 de la Convención Europea de
Derechos Humanos.
(ii) La Convención Europea de
Derechos Humanos dejó entonces a consideración de cada Estado la  propia
concepción de moral pública. En este respecto, afirmó que cada Estado tiene un
margen de apreciación dentro del cual se puede evaluar la moral en el contexto
de la realidad social como la necesidad de imponer una restricción o sanción
ante su desconocimiento.
(iii) El rol de vigilancia de la
corte presta principal atención a los principios de una sociedad democrática.
La libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de tal
sociedad. Por otra parte quien quiera que ejerza su libertad de expresión asume
“deberes y responsabilidades”.
(iv)  En este caso la Corte de Londres usó su margen de apreciación
para determinar que el Schoolbook sí fue inmoral por los esfuerzos del Sr.
Handyside de llegar a sus lectores destinatarios entre las edades de 12 a 18
años, específicamente, con su estilo de escritura clara y simple, mediante
publicidad a través de varios periódicos y unos 50.000 copias que imprimió con
intención de disimularlos justo después de la primera circulación y que tenían
un contenido “obsceno”. Sin embargo, aseguró el Tribunal, se requiere la vigilancia
de la Convención Europea para asegurar que el estado miembro sí está actuando
dentro de su margen de apreciación.
(v)
La Corte enfatizó que los hechos se
desarrollaron dentro de una "sociedad democrática" donde se
toleran todas las ideas. El Tribunal expuso que el autor tenía conocimiento de
que sus lectores eran demasiado jóvenes, influenciables e impresionables, por
tanto estaba justificada la medida de sacar de circulación el Schoolbook.
(vi)
La corte emitió entonces que el fallo del
29 de octubre de 1971, de conformidad con las leyes de 1959-1964, tenía por
objetivo esencial proteger la moral de los jóvenes, por tanto, su finalidad es legítima
según el artículo 10 parágrafo 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos[56].
2.5.3.
Además, la doctrina
también se ha ocupado de analizar la relación entre el derecho y la moral. Por
ejemplo, el doctrinante Carlos Santiago Nino sostiene que “La moral social o
positiva es el resultado de la formulación y aceptación de juicios con los que
se pretende dar cuenta de la moral ideal; es decir, una moral social existe
como tal en la medida en que los que la formulan y aceptan consideran que
coincide con la moral ideal…
La respuesta que se puede dar a un escepticismo
ético apriorístico acerca de la posibilidad de validar juicios morales es que
tales juicios no se formulan en el vacío sino en el contexto de esta práctica
social a la que subyacen criterios procedimentales y substantivos de validación
como la universalidad, generalidad, y la aceptación de los juicios en
condiciones ideales de imparcialidad, racionalidad y conocimiento…
Observando la práctica de la moral vigente,
Nino concluye que las funciones que de hecho ella cumple son la superación de
conflictos y el fomento de la cooperación, a través de un medio concreto: la
adopción libre y compartida de los principios morales que deben guiar las acciones
y actitudes humanas, que permiten llegar a una convergencia de tales acciones y
actitudes. Para concluir que estas y no otras son las funciones de la moral,
parte Nino de algunas circunstancias fundamentales de la vida del hombre en
sociedad que están asociadas con el Derecho y la moral: la escasez de recursos,
la vulnerabilidad de los hombres frente a ataques de sus semejantes, su
igualdad aproximada en cuanto a capacidades físicas e intelectuales, la
coexistencia en áreas comunes, la presencia de intereses individuales
divergentes…la limitada simpatía hacia los intereses ajenos…
Por tanto, en opinión de Nino, Derecho y
Moral cumplen idénticas funciones: reducir o solucionar los conflictos entre
individuos, y fomentar la cooperación entre ellos. En lo que difieren es en los
medios puestos por una y otra”[57].
3.
CASO CONCRETO
3.1.
LA EXPRESIÓN “INMORAL O” CONTENIDA
EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTÍCULO 62 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, NO
DESCONOCE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 25 Y 53 DE LA CONSTITUCIÓN.
3.1.1. En
el caso objeto de análisis debe determinarse si la terminación unilateral del
contrato de trabajo por justa causa por parte del empleador invocando como
causal el desarrollo de un acto inmoral, vulnera el derecho al trabajo y a la
estabilidad laboral de los trabajadores en los términos planteados por el
demandante, ya que, en su criterio, aunque esta Corporación ha admitido el uso
de conceptos indeterminados, también lo es que ha señalado que en algunos casos
el legislador debe abstenerse de apelar a ellos cuando es tal su grado de
indeterminación y vaguedad que puede comprometer el ejercicio de derechos
fundamentales como acontece en los procesos sancionatorios.
3.1.2. Para
iniciar, es importante precisar que, en efecto, el numeral 5 del artículo 62
del Código Sustantivo del Trabajo, establece como una de las justas causas para
dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo el que “el
trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo o en el
desempeño de sus labores” un acto inmoral. Además, el parágrafo de este
mismo artículo establece que la parte que termina unilateralmente el contrato
de trabajo debe manifestar a la otra en el momento de la extinción, la causal o
motivo de esa determinación y, posteriormente, no pueden alegarse válidamente
causales o motivos distintos.
3.1.3. Ahora
bien, el actor lo que evidencia en el planteamiento de su demanda es que el
empleador en aplicación de esta causal puede incurrir en un acto arbitrario al
hacer uso de esta causal porque puede aplicarlas de forma subjetiva sin que el
trabajador conozca previamente el comportamiento que para el empleador puede
dar lugar a la aplicación de la misma, al paso, agrega, que esta expresión
responde a un reproche social que invade el fuero interno de los trabajadores.
3.1.4. En este
respecto, es importante recordar que esta Corporación se ha pronunciado en
varias oportunidades acerca del alcance y de la interpretación que debe
otorgarse a la expresión moral cuando se encuentra presente en normas
jurídicas.
3.1.4.1.
En este sentido, la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de la categoría moral no depende del concepto en sí mismo
sino que es su aplicación en concreto la que puede ser objeto de reproche,
máxime cuando  puede comprometerse la realización de derechos fundamentales.
Sin embargo, por regla general, los conceptos jurídicos indeterminados sí
pueden ser usados por el legislador al amparo del orden constitucional vigente[58].
En este respecto, esta Corporación ha sostenido que
la moral es un bien jurídicamente protegido y que debe entenderse como la moral
social compuesta por principios, valores y virtudes fundamentales aceptados por
la generalidad de los individuos cuyo fin es garantizar una convivencia
pacífica, libre y respetuosa, y también reconocer la dignidad humana sin
distinción[59].
Cabe reiterar que contrario a lo afirmado por el
actor, esta Corporación ha proscrito la imposición de un solo código de
moralidad y ha protegido el concepto de moral social al amparo de valores como
la multiculturalidad y el pluralismo consagrados en la Constitución.
Sin embargo, este Tribunal también ha señalado que
existen situaciones y contextos en los que el concepto de moral puede tornarse
tan indeterminado que compromete el ejercicio de derechos y principios
fundamentales como el de la legalidad.
Tal es el caso de las sanciones que se imponen en
el marco de un proceso disciplinario cuando en este se hace referencia a
criterios morales. En la sentencia C- 431 de 2004, al analizar el estudio de
varias normas disciplinarias, en ejercicio de la potestad sancionatoria del
Estado se estableció la necesidad de que se observaran con rigor los principios
de legalidad, tipicidad, antijuridicidad, responsabilidad y proporcionalidad,
en especial, el de legalidad y tipicidad.
En esta misma sentencia, la Corte expuso que los
procesos donde se ejerce la actividad punitiva o sancionatoria del Estado, la
alusión a conceptos indeterminados debe hacerse de forma concreta y precisa,
señalando qué comportamientos son los que el legislador establece como
sancionables por ser considerados socialmente inmorales.
En este punto, la Sala considera necesario advertir
que el actor pretende equiparar dos eventos sustancialmente diferentes en
cuanto a la aplicación concreta del concepto indeterminado de moral: las
sanciones impuestas con base en este tipo de criterios al interior de un
proceso disciplinario y la causal de terminación unilateral del contrato por
justa causa por parte del empleador cuando un trabajador incurre en un acto
inmoral. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, señaló que la
terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa por parte del
empleador no puede considerarse como una sanción disciplinaria que se le impone
al trabajador sino que es una facultad que la ley le otorga a este[60].
Así mismo, en la sentencia T-546 de 2000[61], se señaló
que:
“El acto de despido de trabajadores privados, en principio, no
tiene naturaleza disciplinaria, ni constituye una sanción.  En efecto, la
terminación unilateral del contrato es una facultad que tienen tanto el
empleador, como el trabajador, derivada del principio non adimpleti contractus,
que consiste en la posibilidad que tiene una parte de extinguir unilateralmente
una convención pactada, cuando la otra ha incumplido determinadas obligaciones.
Ahora, si bien en derecho laboral, la situación de subordinación en que se
encuentra el trabajador respecto del empleador, justifica la consagración de
algunas prerrogativas a su favor, no por ello se desnaturaliza la institución
de la terminación unilateral del contrato, ni se puede afirmar que adquiere el
carácter de facultad disciplinaria, por cuanto la terminación del contrato y
las facultades disciplinarias obedecen a propósitos diferentes”.
Es decir, los dos procesos tienen consecuencias
jurídicas disímiles, pues, mientras que en el primer evento la conducta da
origen al respectivo procedimiento disciplinario, la facultad que tiene el
empleador no se sujeta a un proceso disciplinario alguno sino al procedimiento
de terminación unilateral del contrato de trabajo, quien, en aplicación de
dicha potestad puede invocar la causal contenida en el artículo 62 del Código
Sustantivo de Trabajo, cumpliendo con la exigencia de manifestar al momento de
notificar dicha determinación el motivo u origen del despido.
3.1.4.2.
A diferencia de las consideraciones
puntuales en el caso de las sanciones establecidas en el marco de los procesos
disciplinarios donde la alusión a conceptos indeterminados le impone al
legislador establecer de manera concreta el tipo de conductas consideradas
inmorales y que son objeto de sanción en estricto cumplimiento del principio de
legalidad y tipicidad, existen otros contextos en donde el legislador puede
apelar a conceptos indeterminados sin que tenga la carga de desarrollar el
concepto de tipicidad, en estricto sentido, pero que aún así no da lugar a que
se realicen referencias a apreciaciones morales y éticas individuales, pues
existen en el ordenamiento jurídico y constitucional parámetros para aplicar en
concreto dichas categorías indeterminadas como el de “inmoral” sin desconocer
valores, principios y derechos superiores de gran valor en el marco de un Estado
Social de Derecho. Tal es el caso de la valoración del acto inmoral en
desarrollo de un contrato de trabajo, análisis que debe hacerse a la luz del
respectivo reglamento de trabajo[62]
y no de la visión particular del empleador.
Cabe anotar que el artículo 57-9 del Código
Sustantivo del Trabajo, consagra como una de las obligaciones del empleador “Cumplir
el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes” y
el artículo 58-4 de esa misma normativa “Guardar rigurosamente la moral en
las relaciones con sus superiores y compañeros”.
Así lo ha expuesto la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, quien en fallo con número de radicación 36123, del 23 de
febrero de 2010[63],
señaló que cuando se acude a las causales de terminación unilateral del trabajo
por justa causa, los hechos que dan lugar a la aplicación de dichas causales
deben confrontarse con las disposiciones reglamentarias y contractuales.
Ahora, si bien existen algunos pronunciamientos de
esta Corporación en sede de tutela mediante los cuales se ha señalado que la
expresión ´acto inmoral´ o ´conducta inmoral´ es amplia e indeterminada y que
por ello desconoce el principio de tipicidad[64],
lo cierto es que a la luz de la línea jurisprudencial ya expuesta, puede
evidenciarse que el concepto ´moral´ no es de tal manera indeterminada porque
el mismo ordenamiento jurídico contiene los elementos necesarios para su
determinación como acontece en el plano laboral.
A modo ilustrativo, en el caso específico analizado
en la sentencia T-768 de 2008[65]
parece que se equiparara el análisis de tipicidad de las faltas disciplinarias
a las actuaciones en el plano laboral que pueden originar la aplicación de la
causal contenida en el numeral quinto del artículo 62 del Código Sustantivo del
Trabajo cuando, como quedó visto, se trata de casos sustancialmente diferentes,
de acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia constitucional y la de la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, puede evidenciarse que
aunque en este caso concreto se negó el amparo invocado en un contexto de
terminación del contrato por haber cometido el trabajador un acto `inmoral`, se
enfatizó acerca de la importancia de establecer mediante criterios objetivos la
calificación de dicha conducta como ´inmoral´.
En este contexto, lo importante, más allá de
determinar con exactitud cada uno de los comportamientos que dan lugar a
calificar un acto como inmoral, como regla general, es que dicho concepto pueda
llenarse a partir de elementos contenidos en el mismo ordenamiento jurídico
para proceder a su aplicación; pues, como se expuso en la misma sentencia T-768
de 2008[66]
y se reitera en este fallo, la indebida aplicación de una norma –en este caso
de la expresión demandada- escapa al examen del control constitucional y, prima
facie, le corresponderá a los jueces laborales analizar la justa causa de
terminación del contrato laboral, a no ser que se encuentren comprometidas
garantías superiores que puede originar la presentación de otras acciones
constitucionales como la tutela.
Bajo esta línea argumentativa en la sentencia T-
276 de 2014[67]
se reiteró que en el marco de los procesos disciplinarios – que opera como
excepción a la regla general- conceptos indeterminados como el de ´moral´ se
encuentran sometidos a un nivel más estricto de tipicidad:
“La decisión de despido se tomó con base en el régimen disciplinario de la compañía, el cual hace parte de su
Reglamento Interno de Trabajo y de la Convención Colectiva de Trabajo pactada
con SINTRAMINERGÉTICA mediante laudo arbitral, la cual tenía vigencia hasta el
veintiséis (26) de noviembre del dos mil ocho (2008).[68] El
reglamento incluye en su artículo 14, 15 y 67 el concepto jurídico
indeterminado de moral…
7.4. La Convención Colectiva, por su parte,
establece una escala de sanciones sin especificar el tipo de faltas a las que
se aplica. Según esta, “en caso de que la determinación sea la aplicación de
una sanción disciplinaria, LA EMPRESA (…) aplicará la siguiente escala de
sanciones: 1. Primer falta, llamado de atención. 2. Segunda falta, suspensión
de 1 día. 3. Tercera falta, suspensión de 2 días. 4. Cuarta falta, suspensión
de 3 días. 5. Quinta falta, suspensión de 8 días. 6. Faltas superior a la
quinta vez hasta por 30 días de suspensión”[69]…
7.6. De la lectura del reglamento de la empresa,
puede colegirse que, en efecto, en este se entiende de manera explícita que la
comisión de actos inmorales es una falta grave y una causal de despido, pero no
se precisan, desarrollan o clasifican las conductas inmorales específicas que
están prohibidas, ni tampoco se ofrecen criterios para determinarlas. De
acuerdo con la reiterada jurisprudencia de la Corte, en el acápite quinto de
esta providencia, el término “moral” es un concepto jurídico excesivamente
indeterminado que lesiona la seguridad jurídica y el principio de legalidad y
tipicidad cuando es empleado en materia disciplinaria sin mayores
precisiones sobre las conductas prohibidas.[70]
De esta manera, este concepto se presta para la interpretación subjetiva del
empleador, por una parte, y le impide al trabajador prever qué tipo de
comportamientos están prohibidos y pueden ser sancionados, por la otra…” (Subraya y negrilla fuera de texto)
Teniendo en cuenta lo anterior y lo expuesto por la
mayoría de los intervinientes, el principio de tipicidad en materia laboral no
implica una descripción clara, detallada, y precisa de la conducta reprochada
ante la imposibilidad de que, en casos como el que se analiza, el legislador
consagre una lista precisa de comportamientos, tal y como acontece con los
tipos en blanco. No obstante, en este caso la palabra `inmoral` acusada no es
en tal grado indeterminada porque en cada caso particular puede aplicarse de
manera objetiva acudiendo a las reglas establecidas en el ordenamiento
jurídico.
3.1.4.3.
En razón a lo anterior, la Sala considera
que más que trasladar las mismas exigencias establecidas por esta Corporación
cuando el legislador contempla conceptos indeterminados en materia disciplinaria
- pues, como quedó visto, se trata de hipótesis sustancialmente diferentes- es
necesario reiterar la importancia de que el empleador cuando apele a la causal
contenida en el numeral 5 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo por
acto inmoral para terminar de manera unilateral el contrato de trabajo por
justa causa, le asegure al trabajador unas garantías mínimas dentro de dicho
procedimiento.
Así, el empleador está en la obligación, de acuerdo
con lo establecido en el parágrafo del artículo 62, de manifestarle al trabajador
la razón por la cual termina unilateralmente el contrato de trabajo[71] y además, dicha
conducta debe ser realizada por el empleado en el lugar de trabajo o en el desempeño
de sus labores. Agregado a lo anterior, se resalta la importancia de que el
trabajador sea escuchado en ejercicio de su derecho de defensa:
“De otra parte, es preciso
recordar que el Código Sustantivo del Trabajo exige en el parágrafo del mismo
artículo 62 -declarado exequible por la Corte en la sentencia C-594/97, con
ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero-, que quien pretenda
finalizar unilateralmente la relación de trabajo, debe dar a conocer a la otra la causal o el motivo de su decisión.  Causal que, se
repite, debe estar plenamente demostrada.  En consecuencia, no es posible
alegar con posterioridad, causales distintas a las invocadas.
La Corte Constitucional afirmó
en la pronombrada sentencia, que el parágrafo del artículo 62 del C.S.T., debe
ser interpretado de conformidad con el principio de la buena fe: no es
suficiente que las partes se valgan de alguna de las causales enunciadas para
tomar su decisión, pues es imperativo que la parte que desea poner fin a la
relación exprese los hechos precisos
e individuales que la provocaron.
Así, la otra parte tiene la oportunidad de enterarse de los motivos que
originaron el rompimiento de la relación laboral, en el momento en que se le
anuncia tal determinación y, puede hacer uso de su derecho de defensa y
controvertir tal decisión si está en desacuerdo.
Para concluir, es preciso
reiterar que de acuerdo con la disposición acusada, el acto de violencia, la
injuria o el mal tratamiento debe ser de tal entidad que haga imposible la
prosecución del contrato de trabajo.  Por tanto, el empleador está en la
obligación de apreciar las circunstancias en que se presentaron los hechos o
comportamientos anómalos del trabajador y las consecuencias que se derivan de
esas conductas, para tomar la medida que más se ajuste a los intereses de la
organización empresarial”[72]
En definitiva, la terminación unilateral por acto
inmoral debe guardar relación con conductas del trabajador desarrolladas en el
establecimiento o lugar de trabajo o en ejercicio de sus funciones y que
afecten el normal desarrollo de las actividades de la empresa, las relaciones
entre el empleador y los trabajadores, y entre los compañeros de trabajo[73].
3.1.4.4.
En virtud de lo expuesto, esta Sala
evidencia que la expresión demandada no debe interpretarse como el ejercicio de
una facultad arbitraria a favor del empleador, pues este no puede otorgarle el
alcance meramente subjetivo que pretende adscribirle el demandante sino que
debe responder a una actuación desarrollada en el ámbito laboral. Además, el
mismo parágrafo del artículo 62 consagra que el empleador debe manifestarle a
quien es despedido unilateralmente por esta causa, la razón por la que es
procedente la aplicación de la misma.
Ahora bien, en el trasfondo del debate
constitucional que propicia el actor subyace el temor frente a la indebida
aplicación de la facultad de terminar el contrato unilateralmente por un acto
inmoral, argumento que no conlleva la declaratoria de inexequibilidad de dicha
expresión, ya que dicho análisis escapa a la naturaleza y finalidad de la
acción pública de inconstitucionalidad. Ello, por cuanto a través de esta acción
pública no pueden resolverse problemas particulares, objeto para el cual,
existen otras acciones legales y constitucionales en aquellos eventos en que
acaezca la hipótesis planteada por el actor, como las que pueden ejercerse en
el marco de un proceso ordinario laboral y ante los jueces de tutela por la presunta
vulneración de derechos fundamentales.
3.1.4.5.
Con respecto a la estabilidad laboral,
esta Sala considera importante reiterar que dicho derecho no es absoluto y que
el hecho de que se efectúe un despido en uso de la facultad otorgada al
empleador para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por
justa causa no implica su desconocimiento. Aún más, si el empleador no cumple
con sus obligaciones cuando acude a este procedimiento puede dar lugar a que se
origine un despido injustificado, evento en el cual el ordenamiento jurídico
consagra el reconocimiento de indemnizaciones económicas, sumado a que puede
exponerse al inicio de procesos laborales y a acciones constitucionales como la
tutela si además se encuentran comprometidos derechos fundamentales.
En definitiva, si bien la Constitución y la legislación
laboral consagran una estabilidad laboral a favor del trabajador, también lo es
que el legislador autorizó al empleador para que acaecidos ciertos eventos que
afectan el normal desarrollo de las relaciones y actividades del trabajo pueda
terminar por justa causa ese vínculo.
3.1.4.6.
Por las razones anteriores, la Sala
encuentra que la expresión acusada “inmoral o” contenida en el numeral quinto
del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, no vulnera los derechos al
trabajo y a la estabilidad laboral, pues ésta se enmarca dentro de una de las
potestades que puede ejercer el empleador para dar por terminado por justa
causa el contrato laboral, cuya aplicación en concreto no es de tal forma
indeterminada que conduzca a la aplicación caprichosa y arbitraria por parte de
los empleadores, ya que existen elementos que guían en particular su
aplicación, los cuales se encuentran señalados en la misma norma, como por
ejemplo el deber que tiene el empleador de manifestar expresamente (i)
qué acto considera inmoral, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del
artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo; sumado a que (ii) dicho
acto debe realizarse en el establecimiento o lugar de trabajo o en desarrollo
de sus funciones. (iii) Dicho proceso de terminación unilateral del
contrato de trabajo por haber incurrido en acto inmoral debe seguirse bajo la observancia
del respeto del derecho a la defensa del actor; (iv) la adecuación de la
conducta inmoral debe realizarse tomando en consideración la disposición legal,
y además realizando una confrontación de la misma frente al contrato y
reglamento de trabajo[74],
pues, al amparo del artículo 104 del Código Sustantivo del Trabajo en dicho
reglamento es donde están consignadas el conjunto de normas que determinan las
condiciones a las que deben sujetarse el empleador y sus trabajadores en la
prestación del servicio; y (v) debe involucrar  un análisis de las
condiciones de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló la misma[75].
3.1.5. Conclusiones
3.1.5.1 La expresión “inmoral o” demandada no habilita al empleador para
que pueda aplicar esta causal de terminación del contrato de trabajo por justa
causa de manera arbitraria ni con base en juicios subjetivos sobre la conducta
del trabajador en el plano ético o religioso como lo asume el actor, sino que
esta atiende al concepto jurídico de moral social. Como quedó expuesto en
líneas anteriores, la moralidad pública remite a los principios y valores
fundamentales aceptados por la generalidad de los individuos que constituyen el
soporte de una convivencia libre, digna y respetuosa. Es decir, no corresponde
a creencias particulares confesionales o subjetivas sino a la ética moral
colectiva contenida en la Constitución la cual tiene fundamento en el respeto
al pluralismo, la tolerancia y la diversidad cultural.
3.1.5.2.
La facultad de terminar el contrato de
trabajo por justa causa con base en el acto `inmoral` debe enmarcarse en lo
dispuesto en la ley. Para el caso, deben aplicarse criterios como los señalados
en la jurisprudencia ya citada sobre la aplicación de conceptos indeterminados,
en el sentido de que: (i) dicho concepto debe entenderse como moral social y
debe producir una desaprobación objetiva de acuerdo con los parámetros
axiológicos aceptados por la sociedad, lo que excluye un reproche subjetivo
crítico o intolerante; y (ii) la realización del acto considerado `inmoral`
debe darse en el lugar de trabajo o en ejecución de las labores, y afectar el
normal desarrollo de las funciones de la empresa. Es decir, dicho acto debe
trascender la esfera privada y del interés particular a un ámbito laboral, por
afectar derechos de terceros, y la convivencia digna y respetuosa que debe
guiar las relaciones de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución
y la ley.
3.1.5.3.
Adicionalmente, los instrumentos internacionales
de derechos humanos aprobados por Colombia que integran el bloque de
constitucionalidad, y la jurisprudencia de tribunales internacionales como el
europeo, contemplan que los derechos fundamentales pueden ser restringidos por
razones de moralidad pública para garantizar el orden jurídico y el interés
general.
3.1.5.4.
En este caso concreto el empleador al
interpretar el concepto jurídico de inmoral, debe analizar el comportamiento de
manera razonable, objetiva e imparcial, máxime cuando el propio ordenamiento,
como quedó visto, suministra los parámetros para la determinación del concepto.
3.1.6. Por
todo lo expuesto, la Corte Constitucional encuentra que la expresión “inmoral
o” contenida en el numeral 5 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo,
no contraviene los postulados constitucionales al trabajo y a la estabilidad laboral,
ya que no da lugar a una aplicación caprichosa ni arbitraria del empleador de
la misma, por cuanto, se reitera, dicha conducta debe realizarse en el lugar de
trabajo o en ejercicio de las labores y que, además, afecten el normal
desarrollo de la vida laboral, lo cual no constituye ni falta disciplinaria ni
implica una invasión del área privada ni del fuero interno del trabajador como
lo plantea el demandante, esfera que es excedida cuando su conducta incide en
el cumplimiento de sus obligaciones, como el deber de “guardar rigurosamente
la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros”[76], afectando
el ambiente laboral.
4       DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLE,
por los cargos analizados, la expresión “inmoral o” contenida
en el numeral quinto del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.
Notifíquese, comuníquese, publíquese, cúmplase, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Presidente
Con aclaración de
voto
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrada
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada
ANDRÉS
MUTIS VANEGAS
Secretario
General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA C-931/14
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE TERMINACION UNILATERAL DE CONTRATO DE TRABAJO POR
ACTO INMORAL-Sentencia debió ser más precisa en la argumentación y sostener con
claridad que disposición demandada no contraría la Constitución únicamente si
como actos inmorales se entienden aquellos que, pese a hacer parte, en
principio, del desarrollo de la personalidad de cada uno, lesionan de manera
clara y ostensible derechos, bienes o intereses de otras personas o menoscaban
el interés general (Aclaración de voto)
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de la Corte, me permito aclarar el voto pues, si bien comparto el
sentido de la decisión de declarar exequible la expresión «inmoral o» contenida en el
numeral 5 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que permite al
empleador dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo cuando el
empleado realice un acto de dicha naturaleza en el establecimiento o lugar en
que desarrolla la labor o en el desempeño de sus funciones, considero que
algunos de los argumentos que se proporcionan son decididamente imprecisos e
inoportunos y faltó un análisis más riguroso del problema de la utilización por
el legislador de conceptos morales en la asignación de consecuencias jurídicas,
a fin de elaborar una subregla clara de decisión a la luz de la Constitución.
1. La sentencia sostiene que la expresión
demandada no debe interpretarse en el sentido de que otorga una facultad
arbitraria o caprichosa a favor del empleador sobre la conducta del trabajador
en el plano ético o religioso, sino que está ligada al concepto «jurídico de
moral social», la cual se identifica con «los principios y valores fundamentales aceptados por
la generalidad de los individuos que constituyen el soporte de una convivencia
libre, digna y respetuosa... a la ética moral colectiva contenida en la
Constitución la cual tiene fundamento en el respeto al pluralismo, la
tolerancia y la diversidad cultural».
Cuando el
legislador utiliza sintagmas de clara connotación moral como «actos hostiles»,
«vilipendio», «actos obscenos», «sin tacha», «[guardar] compostura y
decoro debidos» o en los casos en que, de manera aún más directa e
indeterminada, habla de «moral» o «actos inmorales», parece no haber duda de
que la determinación del significado de los respectivos enunciados normativos
implica recurrir a conceptos y razonamiento propios del ámbito moral. Pero: ¿a
cuál moral se refiere la disposición?, ¿a cuál sistema moral de normas debe
remitirse el juez o el aplicador?. Pueden haber varias posibilidades, pero las
posiciones fundamentales son tres[77]: i) a un
conjunto de normas morales objetivamente verdaderas (moral objetiva), ii) a un
conjunto de normas morales subjetivamente escogidas por el intérprete (moral
crítica) o iii) a un conjunto de normas morales intersubjetivamente aceptadas
(moral social).
La primera
posición supone que existen hechos morales y ha sido distinguida con el nombre
de realismo
moral. Sostiene un punto de vista cognitivista acerca de la
moral, pues afirma que las normas morales pueden ser conocidas y, por lo tanto,
que los juicios de corrección moral son verdaderos o falsos, atributos que,
además, no dependen de creencias sino de su correspondencia
con ciertos hechos, calificados como
morales o normativos[78].
Esta perspectiva presenta problemas epistemológicos evidentes pues nunca ha
sido ofrecida evidencia alguna acerca de dónde están, cuáles son y cómo pueden
ser conocidos
los
supuestos hechos
morales, así que el juez terminaría no hallando las normas
morales sino afirmando aquellas que cree existentes[79]. Así mismo,
filósofos del derecho como Ross[80],
Kelsen[81] y
Ferrajoli[82]
han criticado esta postura, a partir de una óptica relativista y no
cognitivista en metaética, según la cual, no existe una «verdadera moral» o «la
moral», sino varios puntos de vista en [el espacio] de la moral y, por lo tanto,
los juicios morales no admiten valores de verdad o falsedad, sino que solo son
susceptibles de valoraciones estrictamente individuales[83].
La segunda posición sostiene que cuando
las autoridades nonnativas utilizan conceptos de índole moral permiten a los
jueces o aplicadores asignar el significado conforme sus propias preferencias
morales[84].
Esta alternativa, sin embargo, como es evidente, equivaldría a dejar
completamente en manos de la discrecionalidad de los jueces la interpretación y
la aplicación del derecho y su pretendida certeza quedaría librada a la
conciencia moral de cada operador. Las disposiciones se convertirían para el
juez en superfluas: el paso justificativo que consiste en fundar la decisión en
la ley sería inútil (porque la ley es conforme a la norma moral) o bien está
prohibido (porque la ley es contraria a la norma moral)[85].
La tercera posición cree que los
conceptos morales reenvían a los valores sociales, de ahí que la moral a que se
estaría reconduciendo al intérprete sería la denominada «moral social». La
sentencia respecto de la cual aclaro el voto adopta básicamente esta
perspectiva. Suscribe la idea de que las disposiciones de carácter moral hacen
referencia a los contenidos sustantivos aceptados por la «generalidad» de los individuos
y a la «ética
moral colectiva contenida en la Constitución». Hablar de «moral
social» puede significar, en todo caso, dos  cosas sensiblemente diversas. Puede
pensarse en la moral compartida por toda la sociedad o aquella en que coincide
la mayoría de sus miembros.
La referencia a la primera forma de moral
platea dificultades, también, epistemológicas puesto que se estaría
considerando que el juez dispone de las habilidades y herramientas para
constatar, mediante un trabajo sociológico, cuáles son los valores compartidos
efectivamente en toda la sociedad, lo cual es altamente improbable. Pero aún si
estas limitaciones fueran superables, esta forma de moral social presupondría
que existe una homogeneidad moral en la sociedad, supuesto que es contrario a
la realidad de los contextos culturales contemporáneos[86].
Por su parte, si se considera que el
legislador reenvía al intérprete a la moralidad de la mayoría de la sociedad,
como parece sostenerlo la sentencia al hablar de valores compartidos por la generalidad, me temo que esto
es contrario a la Constitución, pues se dejarían de lado y se sojuzgarían las
visiones morales de las minorías. La providencia, luego de indicar que la moral
a la que remite la disposición es aquella de la generalidad, agrega que es también
la «ética
colectiva contenida en la Constitución la cual tiene fundamento en el respecto
al pluralismo, la tolerancia y la diversidad cultural», pero me parece
que estos tres principios no se pueden salvaguardar si, al mismo tiempo, se
hace prevalecer la moralidad de la «generalidad». En mi opinión, estas dos
ideas son inconciliables. Interpretar términos morales contenidos en
disposiciones conforme lo que piensa la mayoría de la sociedad se traduce,
elementalmente, en ignorar los valores y la moralidad de los sectores
minoritarios, de hecho tradicionalmente discriminados.
Si no está exento de problemas, más o
menos insalvables, suponer que la moralidad a que se refiere el legislador es
una de las mencionadas por las tres posiciones que se ilustraron, ¿cómo
entonces debe ser determinado el significado de los conceptos morales y, más
precisamente, qué debe entenderse cuando aquél asigna consecuencias jurídicas a
actos
inmorales, como en la expresión demandada?. Desde mi punto de
vista, la única forma ajusta a la Constitución de interpretar ese tipo de
enunciados debe partir necesariamente del principio de libertad general de
acción consagrado en su artículo 16. La sentencia en algún momento toca este
argumento, al citar un precedente, pero omite darle el alcance debido y luego
se concentra en la idea de la moralidad social. Creo que en aquellos eventos en
que el legislador introduce expresiones como «actos inmorales» no puede pensarse
en lo que es inmoral objetivamente o en lo que así es estimado por la mayoría o
toda la sociedad, por el juez, el empleador o el trabajador, dadas las razones
mencionadas anteriormente. En tales casos, estimo que solo podrían considerarse
inmorales aquellas conductas que, pese a hacer parte en principio de proyectos
de construcción individual, como forma de modelos de realización personal,
socavan ostensiblemente los derechos de los demás o el interés general.
Según ha dicho la jurisprudencia, del
libre desarrollo de la personalidad se desprende el reconocimiento del ser
humano como autónomo, con capacidad plena para elegir dentro de todo un
universo amplio de opciones de vida cuál es la más adecuada para darle sentido
a su existencia y ninguna norma jurídica puede llegar a injerir en su esfera
íntima o a anular la posibilidad de construir su propio modelo de realización
personal, salvo que traspase el umbral de su propia individualidad y atente
contra bienes o derechos ajenos o de la generalidad, constitucionalmente
protegidos[87]. En este orden
de ideas, en mi parecer, la única fuente de restricciones a esa libertad a la
luz de la Constitución, es solo aquella que supondría atentar contra las
condiciones requeridas para que cada uno, con su propio proyecto personal,
pueda desarrollarlo óptimamente en un contexto de responsabilidad, solidaridad
y respeto[88].
En otras
palabras, un comportamiento o una conducta solo podría ser calificado de
inmoral y serle atribuidas las correspondientes consecuencias jurídicas si,
dadas las condiciones en que se desarrolla, comporta una perturbación indebida
a las prerrogativas de otros o un traumatismo o perjuicio a bienes que interesan
a la sociedad en su conjunto, los cuales, ahí sí como afirma la sentencia,
«constituyen el soporte de una convivencia libre, digna y respetuosa». El fallo
no deja de mencionar en algún momento esta forma de entender la inmoralidad de que habla la
disposición demandada, como he indicado, sin embargo, es mezclada
frecuentemente con la idea de una moral social de la generalidad, lo cual es
desacertado, por tratarse de dos cosas diferentes.
Creo, en suma, que esta forma de
interpretar la expresión «actos inmorales» es la única que
se aviene a una Constitución respetuosa y celosa defensora del autónomo y libre
desarrollo de la personalidad de los individuos.
2. La segunda razón por la cual la
providencia considera que la expresión «inmoral» no está condicionada a los juicios
subjetivos del empleador parece consistir en que, en todo caso, aquél debe
manifestar al trabajador cuál es el acto que considera inmoral y le reprocha,
con indicación de las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló
y de conformidad con el respectivo reglamento interno del trabajo, pues según
el artículo 104 del Código Sustantivo, en ese documento está consignado el
conjunto de normas que determinan las obligaciones del empleador y sus
trabajadores. Así mismo, la conducta debe haber sido realizada en el sitio de
trabajo o en desarrollo de las funciones y el empleador está en la obligación
de garantizarle al trabajador el derecho de defensa.
No es claro en qué medida los anteriores
elementos pueden reducir la indeterminación de la expresión inmoral y limitar el
margen de decisionalidad del empleador. A lo largo de la providencia se hace
énfasis, a partir de referencias a pronunciamientos de la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia y de la Sentencia T-276 de 2014, en que si lo
considerado inmoral es reconducido a los reglamentos del trabajo de cada
empresa, se circunscriben los comportamientos que así pueden considerarse y se
evita que el patrono utilice su propio capricho. Con todo, este argumento
paradójicamente opta por la misma opción que desea evitar, pues la moralidad a
que remite la disposición sería en todo caso la del empleador, si bien no
aquella sorpresiva para el trabajador, desprovista de una definición previa del
comportamiento que le reprocha, sí la plasmada justamente en el reglamento,
redactado conforme sus preferencias morales. De acuerdo con esta
interpretación, el legislador habría concedido a los empleadores la facultad de
condicionar la continuidad en el empleo de sus trabajadores a que éstos
compartan la moralidad de sus patronos. Cada empresa, así, poseería una
moralidad diferente y los empleados que se vean en la necesidad de vincularse o
permanecer en ella tendrían, por consiguiente, que adecuarse y verse limitados
en su autonomía por esos estándares.
Por otro lado, el deber del empleador de
comunicar al trabajador el acto inmoral, de forma circunstanciada, con base en
el cual lo despide, el hecho de que el referido comportamiento deba ser
realizado en la empresa o en desarrollo de las funciones y la obligación de
garantizar el derecho a defenderse del trabajador, son garantías, si se
permite, procedimentales, pero no sustanciales, del acto de despido, en tanto
no están destinadas a limitar el arbitrio del empleador en la determinación de lo
que es «inmoral», como causa fijada por el legislador para ejercitar la
potestad de dar por terminado el contrato de trabajo.
En suma, acompaño la decisión de declarar
exequible el enunciado normativo demandado al tratarse de una expresión sin
efectos disciplinarios, pero considero que la sentencia debió ser más precisa
en la argumentación y sostener con claridad que aquella no contraría la
Constitución únicamente si como actos inmorales se entienden aquellos que, pese a hacer
parte, en principio, del desarrollo de la personalidad de cada uno, lesionan de
manera clara y ostensible derechos, bienes o intereses de otras personas o
menoscaban el interés general.
Fecha ut supra,
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1] M.P. María Victoria Calle Correa
[2] M.P. Jorge Arango Mejía
[3] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[4] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[5] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[6] M.P. Rodrigo Escobar Gil
[7] M.P. Álvaro Tafur Galvis
[8] M.P. Fabio Morón Díaz
[9] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[10] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[11] M.P. Jaime Araújo Rentería
[12] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[13] M.P. Carlos Gaviria Díaz y Eduardo
Cifuentes Múñoz
[14] Ibídem
[15] M.P. Carlos Gaviria Díaz
[16] Ibídem
[17] “Artículo 2º. Las demandas en las
acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en
duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas como
inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar
de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas
constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por las cuales
dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del
trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la
forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente
para conocer de la demanda.”
[18] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[19] M.P. Jorge Arango Mejía
[20] Sentencia C-224 de 1994. M.P. Jorge
Arango Mejía
[21] “…No podrán
derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están
interesados el orden y las buenas costumbres”.
[22] “CONTENIDO DEL INVENTARIO… Comprenderá, así mismo, los títulos de propiedad, las escrituras
públicas y privadas los créditos y deudas del pupilo de que hubiere comprobante
o sólo noticia, los libros de comercio o de cuentas, y en general, todos los
objetos presentes, exceptuados los que fueren conocidamente de ningún valor o
utilidad, o que sea necesario destruir con algún fin moral.”
[23] “Son incapaces de ejercer tutela o curaduría…8o.) Los de mala conducta notoria”
[24] “…CAUSALES DE REMOCIÓN…
5o.) Por
conducta inmoral de que pueda resultar daño a las costumbres del pupilo.”
[25] “CAUSA DE LAS
OBLIGACIONES. No puede haber
obligación sin una causa real y lícita; pero no es necesario expresarla. La
pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente.
Se entiende por causa el motivo que induce
al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a
las buenas costumbres o al orden público”.
[26] “CONDICION FALLIDA… Y las condiciones inductivas a hechos ilegales o inmorales”
[27] Sentencia C-224 de 1994. M.P. Jorge
Arango Mejía
[28] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[29] M.P. Jorge Arango Mejía
[30] M.P. Fabio Morón Díaz
[31] Sentencia C-427 de 1994. M.P. Fabio Morón Díaz
[32] Sentencia C-404 de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz y Eduardo Cifuentes Múñoz
[33] Sentencia C-309 de 1997. A.V. Hernando Herrera Vergara
[34] M.P. Carlos Gaviria Díaz y Eduardo Cifuentes Múñoz
[35] Sentencia C-404 de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz y Eduardo Cifuentes Múñoz
[36] M.P. Carlos Gaviria Díaz
[37] Mag. Hernando Herrera Vergara
[38] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[39] M.P. Rodrigo Escobar Gil
“[40] Eduardo García de Enterría, Tomás-Ramón Fernández, Curso de
Derecho Administrativo. Ed. Civitas S.A., Madrid, 1986, Tomo I, p. 433”
[41] Sentencia
C-371 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. En esta oportunidad, la Corte
Constitucional, además de declarar la inexequibilidad
del numeral 2 del artículo
368 de la Ley 600 de 2000 Código de Procedimiento Penal, declaró “la
exequibilidad del numeral 2º del artículo 65 de la Ley 599 de 2000, Código
Penal, siempre que se entienda que, en este contexto, la obligación de observar
buena conducta solo es relevante en función del efecto que las eventuales
infracciones de los específicos deberes jurídicos que la misma comporta, pueda
tener en la valoración acerca de la necesidad de la pena en cada caso concreto,
de conformidad con lo previsto en el apartado 3.2.2. de esta providencia”
[42] Ibídem
[43] Ibídem
[44] Ibídem
[45] M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[46] M.P. Mauricio González Cuervo
[47] M.P. Fabio Morón Díaz
[48] M.P. Álvaro Tafur Galvis
[49] Artículo
37. Inhabilidades para ser alcalde. El artículo 95 de la Ley 136 de 1994,
quedará así:
"Artículo 95. Inhabilidades para ser alcalde. No
podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o
distrital:
1. Quien haya sido condenado en cualquier época por
sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos
políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir
de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del
ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de
funciones públicas.
(…)”
[50] Sentencia C-952 de 2001 M.P. Álvaro Tafur
Galvis: “La disposición
acusada establece una regulación que persigue asegurar la transparencia en el
ejercicio del cargo de alcalde municipal o distrital, mediante un mecanismo que
es razonable y proporcionado con el fin perseguido, como es asegurar la
idoneidad, moralidad y probidad de quienes lo desempeñen. Lo anterior, no sólo
tiene como norte la generación de un ambiente de confianza y legitimidad con
respecto del manejo de los asuntos de interés de la comunidad, sino que también
pretende hacer efectivos los resultados propuestos en materia de la moralización
del Estado colombiano, en términos que se ajustan a la Constitución y a la
jurisprudencia referenciada”.
[51] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[52]Sentencia C 431 de 2004. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra. Ver también sentencia C- 350 de 2009. M.P. María Victoria
Calle Correa (S.V. Nilson Pinilla Pinilla, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub)
[53] M.P. María Victoria Calle Correa
“[54] The margin of appreciation is the discretion that a judicial body
(in this case the Europeanb Court for Human Rights) acknowledges to the member
States in assessing the prerequisites to apply certain measures. On the margin
of appreciation doctrine see Howard Charles Yourow, The Margin of Appreciation
Doctrine in the Dynamics of European Human Rights Jurisprudence (Kluwer 1996),
and Yutaka Arai-Takahashi, The Margin of Appreciation Theory and the Principle
of Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR. (Intersentia 2002); in Italian
doctrine see Rosario Sapienza, ‘Sulmargine d’apprezzamento statale nel sistema
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo’ [1991] Rivista di diritto
internazionale 571. Citado por University Of Leicester School of Law Research
Pape No. 14-02. “Public Morals and the ECHR. Roberto Perrone. University of
Ferrrara”.
[55] “La acción que se llevó a cabo en contra
de la publicación del Schoolbook se inició con base en la Ley de 1959 referente
a las publicaciones obscenas, y la cual fue enmendada por la de 1964 sobre el
mismo tema (Leyes de 1959-1964).
En su petición a la Comisión, introducida el 13 de
abril de 1972, el señor Handyside se quejaba de que las medidas tomadas por el
Reino Unido contra el Schoolbook y contra él mismo, habían violado su libertad
de pensamiento, de conciencia y de convicción (artículo 9 de la Convención), su
libertad de expresión (art. 10) y su derecho al respeto de sus bienes (art.1
del Protocolo numero 1). Afirmaba también que a pesar de que lo dispuesto en el
artículo 14 de la Convención, el Reino Unido no le había asegurado el disfrute
de sus derechos sin discriminación, fundadas sobre sus opiniones políticas u
otras y que las persecuciones llevadas a cabo contra él habían infringido el
articulo 7 como también que el gobierno defensor había violado los artículos 1
y 13 de la Convención. El enumeraba entre otras las pérdidas que le habían
causado las susodichas medidas, a saber 14.184 libros de pérdidas calculadas y
algunos prejuicios no calculados.
El 4 de abril de 1974 la comisión se reunió para
tratar el alegato relativo al artículo 10 de la Convención y del artículo 1 del
Protocolo número 1 y definió por unanimidad de votos que ningún artículo había
sido violado…
El demandante pretendía ser víctima de una violación
del artículo 10 de la Convención en términos del cual:
`1. Toute personne a droit à la liberté d'expression.
Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence
d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article (art.
10) n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de
cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs
et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à
l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à
la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la
protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la
divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et
l'impartialité du pouvoir judiciaire`:
`1. Toda persona tiene derecho a la libertad de
expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de
recibir o de comunicar informaciones sin que pueda haber injerencia de
autoridades públicas y sin consideración de frontera. El presente artículo
(art.10) no impide a los Estados someter a las empresas de radiodifusión, de
cine o de televisión a un régimen de autorizaciones.
2. El ejercicio de esas libertades comprenden las
tareas y responsabilidades que pueden ser sometidas a ciertas formalidades,
condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyen
medidas necesarias en una sociedad democrática, en la seguridad nacional, en la
integridad territorial o en la seguridad pública, en defensa del orden y en la
prevención del crimen, en la protección de la salud o de la moral, en la
protección de la reputación o de derechos del prójimo, para impedir la
divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad o la
imparcialidad del poder judicial.`
Las diversas medidas incriminada y la condena penal
infringida al demandante Richard Handyside, como el embargo, confiscación y
destrucción de la matriz y de cientos de ejemplares del Schoolbook
constituyeron sin duda, -y el gobierno no lo negó- `Injerencias de autoridades
públicas`, en el ejercicio de la libertad de expresión del interesado,
garantizada en el parágrafo 1 antes citado.  Estas injerencias conllevan una violación
del artículo 10 sólo si estas no se enmarcan en una de las excepciones de que
trata el parágrafo 2.
Por su parte, la Comisión verificó que las injerencias
de litigio respetaban la primera de las condiciones del parágrafo 2 del
artículo 10 y de acuerdo al Gobierno y a la mayoría de la Comisión, estableció
que éstas eran `necesarias, en una sociedad democrática`, para `la
protección (...) de la moral`.
La Corte constata para empezar, con el Gobierno y la
Comisión de manera unánime, que las leyes de 1959-1964 tienen un objetivo
legítimo, en cuanto al artículo 10 parágrafo 2: La protección de la moral en
una sociedad democrática, este último objetivo justifica el hecho de combatir
las publicaciones `obscenas`, definidas por su tendencia a `depravar y a
corromper`.”
[56] Cour Européenne Des Droits De L`Homme. AFFAIRE HANDYSIDE c.
ROYAUME-UNI (Requête no 5493/72), 7 Décembre 1976. Traducción libre.
[57] SERNA, Pedro (Director), De la
Argumentación Jurídica a la hermeneútica. Revisión Crítica de algunas teorías
contemporáneas, Granada, 2005.
[58] Corte Constitucional, sentencia C-350 de
2009. M.P. María Victoria Calle Correa.
[59] Sentencias C-224 de 1994, C- 427 de 1994
y T-503 de 1994
[60] Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral,
radicación número 23508, Acta 51, del 19 de mayo de 2005. M.P. Francisco Javier
Ricaurte Gómez.
[61] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[62] Sentencia C-371 de 2002
[63] M.P. Eduardo López Villegas
[64] Bajo esta misma línea argumentativa, la sentencia T-768 de 2008
(M.P. Clara Inés Vargas Hernández), analizó el caso de un trabajador que
solicitó al juez de tutela la protección de sus derechos fundamentales a la
intimidad, a la dignidad humana, al debido proceso y al trabajo en condiciones
dignas y justas, en razón a que fue registrado en medios fílmicos sin su
autorización en los que se grabó el momento en el que se besó con una
trabajadora de la misma entidad en su hora de descanso, conducta que originó la
terminación unilateral del contrato de trabajo por haber incurrido en acto
inmoral.
Para la Sala
Novena de Revisión “…en cuanto a
la grabación de la conducta laboral del señor Mahecha Jiménez, registrada en
uno de los dispositivos ubicados en la oficina donde aquel trabajaba, por fuera
del sistema de monitoreo y no conocida por el actor, resultaba justificada,
pues no puede pasarse por alto que el banco le había advertido que la cámara
instalada en dicho lugar estaba siendo obstruida, impidiéndose registrar lo que
sucedía en dicha área, con lo que se podían impedir las labores de seguridad y
control. En efecto, la entidad accionada informó que el accionante `en reiteradas ocasiones y pese a las
recomendaciones del Departamento de Seguridad del BANCO, obstruyó la cámara del
circuito cerrado de televisión impidiendo registrar lo que sucedía en dicha
área, situación que alertó a las directivas del Banco y como medida preventiva
se coloca una cámara adicional, lo cual no implica que se deba pedir
autorización a los empleados para efectos de preservar la seguridad, impedir un
eventual hecho delictivo o confirmar una violación al reglamento de trabajo
como efectivamente se constató en el presente caso`”.
Con respecto a la
aplicación de la causal de terminación unilateral del contrato por haber
cometido el trabajador ´acto inmoral´, sostuvo: “Al respecto considera la Corte, que la expresión acto
inmoral o conducta inmoral es muy amplia y vaga adoleciendo de indeterminación y vulnerando de tal manera el principio de tipicidad.
En efecto, no se consagra la determinación concreta de los comportamientos
inmorales que pueden ser objeto de una justa causa de terminación del contrato
por parte del banco, o los criterios objetivos para su determinación,
permitiendo abarcar una gran cantidad y diversa de conductas o actos, que
apreciables de manera subjetiva por el banco, pueden dar lugar a que se
consideren inmorales con el fin de dar por terminada unilateralmente la
relación laboral con justa causa, como aconteció en el caso concreto, en el que
se consideró acto inmoral el besar apasionadamente a una compañera de trabajo,
acto que por sí solo en las relaciones personales no tiene dicha connotación y
menos con el alcance de ser el motivo para la terminación unilateral de la
relación laboral.
Cabe recordar, que la jurisprudencia de esta
corporación ha establecido, en relación con la tipicidad de faltas
disciplinarias, que si bien ésta no comprende una descripción precisa y
detallada de la conducta, como en el ámbito penal, y aunque los tipos en el
derecho disciplinario son abiertos, sin embargo debe poderse establecer con
claridad y de manera objetiva la conducta prohibida objeto de sanción”.
[65] M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[66] M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[67] M.P. María Victoria Calle Correa. En este
fallo se emitieron las siguientes órdenes: “(i)…el
reintegro transitorio del señor Osvaldo Manuel Laborde Álvarez a un cargo en
iguales o similares condiciones al que desempeñaba al momento de su despido.
Dicho reintegro deberá producirse dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la notificación de esta providencia. El amparo cesará si en el
término de cuatro (4) meses el actor no instaura la acción ordinaria ante el
juez laboral para que se decida definitivamente la controversia; (ii) …cancelarle
al señor Osvaldo Manuel Laborde Álvarez todos los salarios, prestaciones sociales
y aportes a salud y pensiones a que tiene derecho, causadas a su favor entre el
veinticinco (25) de febrero de dos mil trece (2013) y la fecha de reintegro,
sumas que deberán cancelarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes
a la notificación de esta sentencia y (iii) … modificar su Reglamento
Interno de Trabajo con el ánimo de precisar de manera clara, expresa e
inequívoca los comportamientos considerados como “inmorales” y catalogados como
faltas disciplinarias graves, establecer las clases de faltas, los criterios
para evaluar las conductas. Estableciendo un sistema que permita la
clasificación de la falta y la graduación de la sanción…” (Subraya fuera de texto)
“[68] Ver
folio 22 del cuarto cuaderno”
“[69]
En respuesta al Auto de Pruebas que profirió la Corte Constitucional el
veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013), Prodeco S.A. aportó copia
de la Convención Colectiva de Trabajo fijada a través de laudo arbitral (folios
7 a 24 del cuarto cuaderno. La norma transcrita se encuentra específicamente en
el folio 10)”
[70] Ver sentencia C-350 de 2009 (M.P. María Victoria Calle
Correa. SV. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Ignacio Pretelt y Nilson
Pinilla Pinilla). En esa ocasión, se presentó acción de inconstitucionalidad contra el
numeral 9° del artículo 35 del Código Disciplinario Único –Ley 734 de 2002–,
por considerar que establecía una sanción con base en dos conceptos muy
amplios, el de ‘moral’ y el de ‘buenas costumbres’, lo cual a su juicio
conllevaba una violación constitucional de los principios de tipicidad y
claridad al cual deben acogerse las normas sancionatorias. La Corte le dio la razón al demandante, tras
sostener que la norma acusada contemplaba una prohibición disciplinaria
con expresiones cuyo grado de
indeterminación no es aceptable constitucionalmente.
[71] Sentencia T-546 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa: “En cuanto a la forma como se debe llevar
a cabo la terminación unilateral del contrato de trabajo, el empleador tiene
diversas obligaciones. La primera de tales obligaciones consiste en
manifestarle al trabajador los hechos por los cuales se va a dar por terminado
el contrato, sin que le sea posible al empleador alegar hechos diferentes en un
eventual proceso judicial posterior.  Tal deber tiene, a su vez, dos propósitos
fundamentales, por un lado, garantizarle al trabajador la oportunidad de
defenderse de las imputaciones que se le hacen y, por otra, impedir que los
empleadores despidan sin justa causa a sus trabajadores, alegando un motivo a
posteriori, para evitar indemnizarlos”.
[72] Ver sentencia C-299 de 1998. M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[73] Sentencia T- 546 de 2000. M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa
[74] Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, radicado No. 36123, del
23 de febrero de 2010. M.P. Eduardo López Villegas.
[75] Ibídem
[76] Artículo 58, numeral 4 del Código
Sustantivo del Trabajo.
[77]
Sigo con
algunas modificaciones el esquema que propone Comanducci, Paolo, «Derecho y
moral», en Id.,
Hacia
una teoría analítica del derecho. Ensayos escogidos, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Madrid, 2010, pp. 67 y ss.
[78] Caracciolo, Ricardo,
«Realismo moral vs. positivismo jurídico», en íd, El derecho desde
la fdosofia, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid, 2009, pp. 241-242.
[79] Comanducci,
Paolo, «Constitucionalización y neoconstitucionalismo», en Carbonell Miguel;
García Jaramillo, Leonardo, El canon neoconstitucional, Universidad
Externado de Colombia, Bogotá D. C, 2010, p. 187.
[80] Ross, Alf,
«Validity and the contlict between legal positivism and natural law», en
Paulson Stanley L.; Paulson Bonnie Litschewski (edited by), Normativity and
norms. Critica! perspectives on kelsenian themes, Oxford University
Press, Oxford, 2007, pp. 147-163.
[81] Kelsen, Hans, Teoría pura del
derecho, Porrúa, México D. F., 2007, pp. 71-82
[82] Ferrajoli, Luigi,
Principia
luris. Teoría del diritto e della democrazia. Vol. II. Teoría della democrazia,
Laterza,
Roma-Bari, 2007, pp. 309 y ss.
[83] Una crítica
sistemática al objetivismo moral se encuentra en Chiassoni, Pierluigi,
«Conceptos tóxicos en la filosofía moral: desacuerdo ético objectivism-style»,
en
Luque Sánchez, Pau; Ratti, Giovanni B. (editores) Acordes y
desacuerdos. Cómo y por qué los juristas discrepan, Marcial Pons,
Madrid, 2012, pp. 241-257; así mismo, en «Tres ejercicios para una crítica del
objetivismo moral. Con una premisa sobre la grunfphilosophie»,
en
Ferrer Beltrán, Jordi; Ratti, Giovanni B. (editores), El realismo
jurídico genovés, Marcial Pons, Madrid, 2011, pp. 147-185.
[84] Raz, Joseph,
«Facing up: A reply, en Southern California Law Review, 62, 1989,
1153-1235; Marmor, Andrei, «The separation thesis and the limits of interpretation»,
en Canadian Journal of Law and Jurisprudence, 12, 1999, 135-150,
pp. 142, citados ambos por Bayón, Juan Carlos, «Derecho, convencionalismo y
controversia», en Navarro, Pablo E; Redondo, María Cristina (compiladores), La relevancia del
derecho. Ensayos de filosofía jurídica, moral y política, Gedisa, Barcelona,
2002, pp. 64-66, 86, nota 33.
[85] Comanducci,
Paolo, «Constitucionalización y neoconstitucionalismo», cit., p. 188.
[86] Guastini,
Riccardo, «A proposito di neo-costituzionalismo», en íd., Distinguendo
ancora, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 62-63.
[87]
Sentencia
C-404 de 1998, M. M. P. P.: Carlos Gaviria Díaz y Eduardo Cifuentes Muñoz.
[88] Ibíd.