T-053-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SENTENCIA T-053/12
ACTUACION TEMERARIA Y COSA JUZGADA EN MATERIA DE
TUTELA-Configuración
El
precedente constitucional ha comprendido la temeridad de dos formas, por una
parte la concepción por la que esta solo puede configurarse si el accionante
actúa de mala fe, por otra, la interpretación literal del citado artículo 38
bajo la cual no se requiere tal elemento para su consolidación, en consecuencia
solo se necesita que el accionante presente varias veces una demanda de tutela
por los mismos hechos sin justificación alguna. No obstante, esta Corte ante
tal ambivalencia concluyó, que la improcedencia de una acción de amparo por
temeridad debe presentarse por el actuar doloso y de mala fe del peticionario,
toda vez que supone una restricción legitima al derecho fundamental que implica
el ejercicio de la acción de tutela. La temeridad se configura cuando concurren
los siguientes elementos: “(i) [i]dentidad de partes; (ii) identidad de hechos;
(iii) identidad de pretensiones”; y (iv) la ausencia de justificación en la
presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por
parte del libelista. Así mismo, la jurisprudencia constitucional precisó que el
juez es el encargado de establecer en cada caso concreto la existencia o no de
la temeridad. La Sala precisa que en los procesos de tutela, en los eventos en
que un mismo asunto presenta sucesivas o múltiples solicitudes de amparo,
puede suceder las siguientes situaciones: i) que exista cosa juzgada y
temeridad, por ejemplo en las circunstancias en que se interpone una acción de
tutela sobre un asunto decidido previamente en otro proceso de la igual naturaleza,
sin que existan razones que justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las
que haya cosa juzgada, pero no temeridad, acaece como caso típico, cuando de
buena fe se interpone una segunda tutela debido a la convicción fundada que
sobre la materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de
una expresa manifestación en la demanda de la existencia previa de un recurso
de amparo; y iii) los casos en los cuales se configure únicamente temeridad,
una muestra de ello acontece en la presentación simultánea de mala fe de dos o
más solicitudes de tutela que presentan la tripe identidad a la que se ha
aludido, sin que ninguna haya  hecho tránsito a cosa juzgada
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO
PROCEDIMENTAL ABSOLUTO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO
RITUAL MANIFIESTO-Reiteración de
jurisprudencia
PROCESO POLICIVO CIVIL-Régimen jurídico
PROCESO POLICIVO CIIVL-Caso en el que se aplica norma subrogada al trámite
policivo adelantado dentro de proceso de lanzamiento por ocupación
Referencia: expediente T-3170053
Acción de tutela instaurada por Juan Eustacio Torres Acero
contra la  Inspección 9ª A de Policía,  Consejo de Justicia de Bogotá –
Secretaria de Gobierno – de la Alcaldía de Bogotá y Construcciones  los Sauces
LTDA.
Magistrado
Ponente:
Dr. LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá,
D.C.,  ocho (8) de febrero de dos mil doce (2012)
La
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis
Ernesto Vargas Silva en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
Dentro del proceso de revisión del fallo emitido por
el Juzgado treinta y siete Civil del Circuito de Bogota, en el trámite de la
acción de tutela incoada por Juan Eustacio Torres Acero contra la  Inspección
9ª A de Policía,  Consejo de Justicia de Bogotá – Secretaria de Gobierno – de la
Alcaldía de Bogotá y Construcciones  los Sauces LTDA.
La solicitud de amparo se fundamentó en los
siguientes:
1.
Hechos
1.1
El
señor Juan Eustacio Torres Acero manifestó, que desde  junio de 1985 viene
poseyendo con ánimo de señor y dueño el inmueble ubicado en la carrera
96 No. 16G-01 de la localidad de Fontibón en Bogotá, predio que también se
identifica con la nomenclatura Carrera 94 No. 20-01, lote B del Distrito
Capital. Recalcó, que la posesión del bien fue ejercida de forma pacífica hasta
el 27 de abril de 2006, fecha en la que comenzaron las amenazas de muerte e
intentos de desalojo por la fuerza provenientes de los socios y empleados de
Construcciones los Sauces Ltda.
1.2
Como
resultado de lo anterior, a inicios de 2006 el accionante presentó una primera
acción policiva por perturbación a la posesión ante el Inspector 9E de la
Policía de Fontibón,  la cual fue desestimada dado que no contó con la
argumentación jurídica requerida.
1.3
Posteriormente,
en mayo de 2006 el petente utilizó de nuevo dos querellas posesorias como
consecuencia de diversos hechos de intimidación adelantados por los empleados y
directivos de Construcciones los Sauces Ltda.  Sin embargo, estas no
prosperaron porque ninguna de las partes comparecieron a la audiencia de
conciliación fijada por el inspector de policía.
1.4
Al
mismo tiempo informó, que el 8 de agosto de 2006 acudieron dos supuestos
empleados de la señalada sociedad a la Notaría 55 del Círculo de Bogotá, con el
fin de declarar que el día 14 de julio de 2006 dieron aviso a los propietarios
del lote objeto de la controversia, que a este había penetrado un indigente.
Con base en esta información, el 13 de julio de 2006 Construcciones los Sauces interpuso
a través de apoderado judicial una acción posesoria de lanzamiento por
ocupación de hecho identificada con radicación No 593 de 2006 que le
correspondió conocer al Inspector 9 A de Fontibón.
1.5
El
28 de julio de 2006 la Inspección inadmitió la querella por falta de
cumplimiento de los requisitos exigidos en el Decreto 992 de 1993, por lo que
permitió la subsanación de los mismos, los cuales fueron corregidos por la
sociedad, de modo que se admitió el 29 de agosto de esta anualidad. Más
adelante, el 17 de febrero de 2007 el inspector competente mediante
providencia, resolvió abstenerse de verificar el lanzamiento y dejar a las
partes en libertad de acudir a la justicia ordinaria para hacer valer sus
derechos. En particular señaló que contra dicha providencia procedían los
recursos de ley.
1.6
La
parte querellante interpuso el recurso de apelación, el cual se surtió ante la
Sala de Decisión de Contravenciones Civiles del Consejo de Justicia de Bogotá,
autoridad que revocó la decisión adoptada por la Inspección y le ordenó
proceder al lanzamiento del señor Torres Acero y demás ocupantes indeterminados
del predio. Esta providencia, quedó en firme el 14 de junio de 2008 y se
ejecutó el
9 de julio del mismo año.
1.7
Entre
tanto, el 28 de septiembre de 2006 el recurrente demandó en proceso ordinario
de prescripción adquisitiva de dominio el bien Villamar Intermedio, a la
sociedad Construcciones los Sauces Ltda, el cual cursó en el Juzgado 35 Civil
del Circuito de Bogotá radicación No. 2006-0491 y fue desatado
desfavorablemente a las pretensiones del peticionario en sentencia emitida el
31 de julio de 2009. Apelada la decisión, la Sala Civil del Tribunal Superior
de Bogotá mediante auto del 16 de noviembre de 2010 decretó la nulidad de todo
el proceso, comoquiera que en el edicto de emplazamiento previsto para los
procesos de pertenencia no se señaló la clase de prescripción alegada, la ley
que regia el juicio y las especificaciones del bien, de modo que afectaron su
validez. En consecuencia, tales yerros para el juez colegiado trascendieron al
emplazamiento y conllevaron a la nulidad de toda la actuación desde el auto
admisorio de la demanda.
1.8
En
julio de 2008 el señor Torres interpuso una primera acción de tutela contra la
Inspección Novena A Distrital de Policía de Bogota por considerar que esta
entidad no debió admitir la querella iniciada por Construcciones  los Sauces,
debido a que la acción posesoria había prescrito. Por ello, solicitó que se
declarara la nulidad de lo actuado en este proceso policivo, petición que fue
denegada por los jueces constitucionales.
1.9
Una
vez en firme la orden de desahucio, el libelista dirigió un segundo amparo
constitucional contra la Inspección Novena A Distrital de Policía y la Sala de
Decisión de Contravenciones del Consejo de Justicia, en razón a que en el
trámite de la querella de lanzamiento iniciado por la sociedad referenciada, se
vulneró el derecho al debido proceso, en la medida que se concedió la apelación
en un procedimiento que carecía de esta instancia.
1.10      Las anteriores
pretensiones fueron acogidas por el Juzgado 36 Civil Municipal de Bogotá en
primera instancia; empero el recurso de alzada se falló contra los intereses
del actor. Aunque, el caso fue seleccionado por la Corte Constitucional para su
revisión, Tribunal que en sentencia T-560 de 2009 desestimó el petitorio del
demandante. Sobre el particular, esta Corporación determinó que las actuaciones
de las entidades accionadas no constituyeron una vía de hecho, debido a que
concedieron el recurso de alzada al querellante conforme lo establece la
legislación vigente.
1.11      Adicionalmente,
subraya el peticionario que la expedición de nueva jurisprudencia de este
Tribunal Constitucional le “ha dado nuevos hechos que [le] animan a no
desistir de [la] pretendida posesión sobre lote que venia defendiendo más de 20
años y que hoy se encuentra incurso en un proceso de pertenencia ante el
juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá” el cual no se ha estudiado de
fondo ni fallado en derecho.
2.
Solicitud de Tutela.
2.1.
El señor Juan Eustacio Torres
Acero, instauró el 8 de junio de 2011 acción de tutela contra el proceso de lanzamiento por
ocupación de hecho adelantado por la Inspección 9ª A de Policía y el Consejo de
Justicia de Bogotá, aduciendo que en dicho procedimiento se aplicaron el
artículo 15 de la Ley 57 de 1905 y el Decreto 992 de 1930, normas que fueron
subrogadas por el Decreto Ley 1355 de 1970. Premisa que a juicio del actor fue
avalada por la Corte Constitucional en la sentencia C-241 de 2010, en la cual
se estableció que “a partir de la entrada en vigencia de la acción policiva
prevista en el artículo 125 del Decreto ley 1355 de 1970, se explica a
continuación cómo opera el fenómeno de la subrogación respecto de normas
policivas anteriores a 1970, destinadas también a proteger los bienes –rurales
y urbanos- contra perturbaciones a la posesión  y a la tenencia”. En
este sentido, considera que a su causa se le aplicó el proceso de lanzamiento
por ocupación de hecho y no el de perturbación de la posesión vigente al
momento del trámite policivo.
2.2.
Además agregó,
que se vulneró su derecho al debido proceso, comoquiera que en el desarrollo de
la querella se generaron defectos fácticos y sustantivos que constituyen una vía
de hecho, dado que se sometió el asunto a un procedimiento diferente al que la
ley fija para estos eventos y bajo una normatividad derogada. En este punto
cita in-extenso la sentencia T-423 de 2010 expedida por esta
Corporación.
2.3.
Adicionalmente,
expresa el señor Torres que la presente acción no constituye temeridad ni es
una vulneración a la cosa juzgada, porque era imposible conocer en el
transcurso del proceso policivo que la Ley 57 de 1905 había sido derogada.
Incluso, entiende que su pretensión cumple con el requisito de la
subsidiaridad, debido a que “pese a que el despojo injusto de mi posesión,
ocurrió en junio del año 2008, tuve conocimiento de los nuevos preceptos
jurisprudenciales datan del corriente año”.
2.4.
Por lo
anterior, el petente considera que se vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en consecuencia
solicita que se declare la nulidad de todo el proceso policivo de lanzamiento
por ocupación surtido en su contra. Por ello, pide que se ordene “la
restitución de la posesión que venia detentando sobre el lote denominado
VILLEMAR INTERMEDIO, ubicado en la localidad de Fontibón, hasta tanto se
profiera sentencia definitiva y con el lleno de los requisitos legales y
constitucionales por parte del Juez 35 Civil del Circuito de Bogotá, despacho
judicial donde cursa un proceso ordinario de prescripción adquisitiva de
dominio”.
3.
Intervención de la parte
demandada.
3.1.
Remberto Torres
Rico, apoderado de la sociedad Construcciones  los Sauces Ltda, solicitó no
proteger el derecho al debido proceso, presuntamente afectado en el proceso de
policía identificado con el radicado 593 de 2006, en los siguientes términos:
En
el caso concreto se configuró cosa juzgada constitucional con la sentencia
T-560 de 2009, en la que la Corte se pronunció sobre la presunta violación
al derecho del debido proceso. De ahí que, le está vedado a cualquier juez
que vuelva a estudiar la vulneración de la referida garantía fundamental.
Además señaló, que la jurisdicción ordinaria ha favorecido a su
representada, puesto que las decisiones adoptadas en los procesos civiles
de primera y segunda instancia, han decidido que la posesión del inmueble
le corresponde a su poderdante.
De
otro lado, aseveró que la acción de tutela no cumple con el requisito de
inmediatez exigido para su procedencia contra decisiones jurisdiccionales,
en razón a que su presentación se produjo un año después de las sentencias
C-241 del 7 de abril de 2010 y la T-423 del 25 de mayo de la misma
anualidad.
Finalmente,
reiteró que acceder a las pretensiones del libelista implicaría un
desconocimiento del principio de seguridad jurídica, en la medida que “se
harían indeterminables los pleitos jurídicos y lo que reinaría sería la
inseguridad jurídica de los asociados”.
3.2 Martha Ruby Zarate Avellaneda, Jefe Asesora Jurídica (E) de la
Secretaria de Gobierno, actuando en representación de Bogota D.C – Secretaria
Distrital de Gobierno, Inspección 9 A Distrital Policía, Consejo de Justicia –
se opuso a la tutela apoyándose en los siguientes argumentos:
§
En
primer lugar manifestó que, “la Inspección 9 A Distrital de Policía al decretar el lanzamiento por ocupación de hecho se encontraba en
cumplimiento de sus facultades y atribuciones legales”. Por eso, destacó
que las autoridades que adelantaron el proceso policivo atendieron a la
normatividad aplicable para la fecha en que este se tramitó. Luego explicó que,
es el mismo marco normativo utilizado por la Corte Constitucional en decisiones
similares, de modo que las providencias posteriores de esta Corporación no eran
de conocimiento para las autoridades, ni vinculantes al proceso de lanzamiento
por ocupación de hecho.
§
Sostiene
que lo pretendido por el accionante con esta demanda, es “ventilar
nuevamente una controversia conocida y resuelta por el más alto Tribunal de la
Jurisdicción Constitucional el cual en sentencia T-560 de 2009, conoció en su
integridad el trámite surtido en la querella policiva No. 593/2006 y avaló
constitucionalmente el proceso surtido, configurándose la figura de la cosa
juzgada constitucional”.
§
Por
lo anterior, la accionada pide declarar improcedente la tutela, por cuanto
respecto de los hechos que la fundamentan operó la cosa juzgada constitucional
de la sentencia T-560 de 2009.
4.     Sentencia de
tutela de primera instancia
4.1.
En sentencia
proferida el 22 de junio de 2011, el juzgado 72 Civil Municipal de Bogotá
concedió el amparo, por considerar que las entidades que adelantaron el proceso
policivo quebrantaron los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia,
porque aplicaron una ley derogada. Por consiguiente, estimó que la vulneración
“permanece en el tiempo, y como quiera que las decisiones policivas sólo
tienen el alcance de ser provisionales, se debe restablecer el derecho a la
posesión del accionante hasta tanto la justicia ordinaria, defina los derechos
de pertenencia sobre el bien inmueble objeto de esta acción de amparo”. Con
esta lógica, el  a-quo resaltó que en el caso concreto la cosa juzgada
debe ceder ante el valor de la justicia, en razón a que las providencias adoptadas
en el proceso policivo quebrantaron normas fundamentales.
Así
mismo, el juez de primera instancia concluyó que esta acción de tutela no
constituye temeridad, dado que los hechos de cada una de las demandas
constitucionales “plantean una realidad fáctica distinta, en tanto que la
primera se contrae a diligencias previas al lanzamiento y en la segunda a la
orden del lanzamiento llevada a cabo el 24 de junio de 2008. Entonces,
determinó que el amparo cuenta con justificación en nuevas situaciones fácticas
como son los recientes pronunciamientos de la Sala Plena de esta Corte, que en
ejercicio de control abstracto de constitucionalidad estudió la Ley 57 de 1905
y el Decreto 992 de 1930.
Para
finalizar, el a-quo arguyó que en la causa analizada el accionante
interpuso la tutela en un tiempo prudencial a la expedición de los fallos C-241
y T-423 de 2010 del Tribunal Constitucional. Sobre este punto, recordó que el
requisito de inmediatez es una creación jurisprudencial que se aprecia en cada
caso concreto, que no se aplica a las vulneraciones continuas y efectivas de
los derechos fundamentales, tal como ocurre en la litis del señor Torres.
4.2.
Este fallo fue
impugnado por la parte demandada, razón por la cual se remitió el expediente al
Juzgado 37 Civil del Circuito de Bogotá.
5.
Impugnación
5.1.
Remberto Torres Rico, apoderado de la sociedad
Construcciones  los Sauces LTDA, apeló con los siguientes argumentos:
§    Los hechos planteados en la acción de tutela no son
nuevos, sino los mismos propuestos en la demanda que originó la sentencia T-560
de 2009. Igualmente, la controversia jurídica formulada por el petente es
idéntica a la estudiada en el proceso de tutela No T-2209517 que fue objeto de
revisión por la Corte. Así, se presenta una identidad en: i. las partes de los
procesos; ii. los supuestos fácticos y jurídicos, ya que versan sobre un
proceso de lanzamiento por ocupación de hecho de un bien urbano situado en la
localidad de Fontibón; y iii) la causa petendi, en la medida que se alegó por
parte del señor Torres, una vulneración al debido proceso atribuida al régimen
jurídico aplicado al proceso policivo por la Inspección Novena de Policía y el
Consejo de Justicia de Bogota. En efecto,  “no era dable al juez adentrarse
en el examen de fondo, sin haber previamente examinado los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela”.
En este sentido, el representante de la sociedad
arguyó que en la sentencia T-560 de 2009 esta Corporación analizó el mismo
problema jurídico que muestra actualmente el recurrente, como es determinar “cuál
es la normativa que en Bogotá, D.C. rige los procesos de lanzamiento por
ocupación de hecho de un bien urbano”, a lo que se respondió que “el
lanzamiento por ocupación de hecho en predios urbanos se rige por lo dispuesto
en la Ley 57 de 1905, el Decreto de 992 de 1930 y los Códigos de Policía”. Incluso,
el apoderado recalcó que la ratio deccidendi de la sentencia T-560 de
2009 es concordante con la regla jurídica derivada de la providencia C-241 de
2010, toda vez que concluyeron que el régimen jurídico aplicable a los procesos
de lanzamiento por ocupación de hecho de bienes urbanos es el previsto en el
Código Nacional de Policía (Decreto Ley 1355 de 1970).
§  En segundo lugar, puntualizó que el fallo T-423 de
2010 no constituye precedente judicial aplicable al caso concreto, por falta de
identidad de los supuestos fácticos, jurídicos y del problema planteado en la
providencia. Por ende, en la sentencia de tutela T-423 de 2010 los hechos de la
demanda se concentraron en el lanzamiento por ocupación de hecho de un bien
rural ubicado en el municipio de Maní departamento del Casanare; mientras la
presente acción se refiere al lanzamiento por ocupación de hecho de un bien
urbano de la localidad de Fontibón en el Distrito Capital. En suma, precisó que
el a-quo “omitió comparar los fundamentos fácticos, los fundamentos
jurídicos y los problemas jurídicos a resolverse en ambos casos. En sana lógica
no le era dable –entonces- afirmar que los casos presentan similitudes, cuando
previamente no comparó sus supuestos”.
§  Por estos motivos, el apoderado de la sociedad
solicitó revocar la decisión adoptada por el Juez 72  Civil Municipal de
Bogotá, y en su lugar negar el amparo deprecado.
5.2.
De la misma forma, la Jefe Asesora
Jurídica (E) de la Secretaria de Gobierno, en representación de Bogota D.C –
Secretaria Distrital de Gobierno, Inspección 9 A Distrital Policía, Consejo de Justicia – impugnó la providencia emitida el 22 de junio de 2011
por el juzgado 72 Civil Municipal de Bogotá, porque:
§   La litis planteada por el recurrente ante el a-quo
ya había sido tratada por la Corte, oportunidad en la que se pronunció sobre la
querella policiva No. 593 de 2006 de lanzamiento por ocupación de hecho y avaló
el trámite procesal adelantado tanto por la inspección 9 A Distrital de Policía como por Consejo de Justicia de Bogotá. Precisamente, la sentencia T-560 de
2009 presentó un análisis integral del referido proceso policivo, en la que se
pronunció a cerca de la normatividad aplicable al caso controvertido. Aun más,
para la representante el juez de primera instancia desconoció la cosa juzgada
establecida por esta Corporación y desestimó el valor de las sentencias de tutela
emitidas en sede revisión.
§  En segundo orden, manifestó que no se configuró una
vía de hecho en el asunto sub-examine porque el proceso policivo no
limitó el ejercicio del derecho de defensa del señor Torres, a contrario sensu
valoró en sana crítica la supuesta posesión aducida por el tutelante.
§  Por ello pidió revocar el fallo.
6.
Sentencia de segunda
instancia.
6.1.
El 15 de julio de 2011, el juzgado 37 Civil del
Circuito de Bogotá confirmó el fallo emitido en primera instancia, porque al señor
Juan Eustacio Torres Acero se le vulneró su derecho al debido proceso dentro
del trámite policivo referenciado, ya que no se tuvieron en cuenta los
requisitos de procedibilidad básicos para la admisión de la querella. Esta se
presentó después de los 30 días del primer acto de perturbación de la posesión
del inmueble. Pues bien, el ad-quem evidenció inconsistencias en las
declaraciones de los empleados del querellante, en razón a que uno de ellos
informó “que el 14 de junio de 2006 puso en conocimiento de la empresa la
perturbación por parte del acá accionante, y si es así habría sido extemporánea
la querella, pues transcurrieron más de 30 días, que es lo señalado en la norma
como término para interponer la acción policiva, y esta fue interpuesta el 28 de
julio de 2006”.
6.2.
Al mismo tiempo, determinó
que no se configuró cosa juzgada constitucional en el caso sub-judice, toda
vez que no existe identidad en la causa ni en la partes del actual proceso de
tutela con relación al desatado en la sentencia T-560 de 2009. De ahí que, la
primera demanda de amparo se basó en el hecho que se concedió el recurso de
apelación, cuando este no era previsible; en tanto, la presente acción
constitucional se causó porque  la querella, “fue presentada de manera
extemporánea y aunado a esto, se surtió bajo una normativa subrogada”. Respecto
a las partes del proceso, en este asunto se demando a la empresa Construcciones
los Sauces Ltda, persona jurídica que no fue vinculada a la primera tutela.
7.
Pruebas
relevantes aportadas al proceso.
7.1.
Fotocopia
del proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho iniciado con la
querella 593 de 2006 de
Construcciones los Sauces contra Juan Eustacio Torres, en el que se evidencia
lo siguiente:
7.1.1.
La
decisión de la Inspección Novena A Distrital de Policía que inadmitió la
querella por falta del cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos
2 y 3 del Decreto 992 de 1930 de la Ley 57 de 1905 (Folios 79 -83, cuaderno 2).
Al igual, que el auto que verificó la subsanación de los requerimientos de la
querella y ordenó su admisión (Folios 85 - 87, cuaderno 2).
7.1.2.
Las
diferentes diligencias de lanzamiento por ocupación de hecho dentro de la
querella No 593-06, adelantadas por la Inspección Novena A de Policía en la que
cada una de las partes enunciaron sus diferentes argumentos. Así el señor
Torres pretendió mantener la posesión del bien, mientras la persona jurídica
referenciada intentaba recuperarla (Folios 88-108 Cuaderno 2). Además, en la
visita del 9 de octubre de 2006 reseñó el estado en el que se encontraba el
predio: i) en el costado occidental y sur el inmueble se halla cercado con
postes y alambres de púas recién instalados, el costado oriental tiene
vestigios de cerca en mal estado y de bastante antigüedad (Folios 88-89
Cuaderno 2); ii) en el centro del lote se localiza una “especie de cambuche
sobre puesto en el terreno con unas alfombras que lo cubren, unos muebles en
pésimo estado y otros enceres en iguales condiciones”. Agregó que, el área
en donde se refugia o  habita el querellado tenía una extensión de 4 por 4 metros de tierra que es subterráneo, sitio sin servicios sanitarios (Folio 90 Cuaderno 2).
7.1.3.
La
providencia No 049 del 4 abril de 2008 de la Sala de Decisión de
Contravenciones Civiles del Consejo de Justicia de Bogotá, que resolvió el
recurso de apelación interpuesto por la sociedad Construcciones  los Sauces que
ejemplifica, que la normativa aplicable en sede de alzada al proceso de
lanzamiento por ocupación de hecho fue el artículo 15 de la Ley 57 de 1905,  el
Decreto  992 de 1930 y el Código  de Policía Distrital (Folios 112 – 121
Cuaderno 2).
7.1.4.
La
diligencia de verificación de lanzamiento por ocupación de hecho dentro de la
querella No 593-2006, adelantada por la Inspección Novena A, el 27 de junio de
2008 en la cual se entregó materialmente el bien objeto de controversia (Folio
140- Cuaderno 2). Posteriormente, en la diligencia practicada el 9 de julio de
2008 se procedió al lanzamiento del señor Juan Eustacio Torres Acero (Folios
141-144 Cuaderno 2).  Incluso, en esta última actuación la apoderada del
tutelante, en su momento la abogada Miryam Oneida Cortina Ríos señaló que su
defendido vendió el derecho de posesión sobre el bien discutido a los señores
Delvi Ríos Veloza, Dagoberto Contreras Castro y Humberto de Jesus Villada
(Folio 142 Cuaderno 2).
7.1.5.
Las
providencias y diligencias que muestran que el inmueble ubicado en la carrera
96 No. 16G-01 de la localidad de Fontibón en Bogotá no fue devuelto al actor,
pese a que el juez 23 Civil del Circuito ordenó dejar sin efectos la decisión
de lanzamiento del bien, puesto que la Inspección suspendió la diligencia
respectiva mientras la Corte Constitucional resolvía el caso; el cual fue
desatado negativamente a los intereses del señor Torres a través de  la
sentencia T-560 de 2009. Por ello, la posesión del lote se mantuvo en la
Sociedad Construcciones  los Sauces (Folios 145 -187 Cuaderno 2).
7.2.
Fotocopia
de la providencia del 16 de noviembre de 2010, proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá que decretó la nulidad de todo el
proceso de pertenencia No 11001310303520060049103 adelantado por el señor Juan
Eustacio Torres Acero desde el auto admisorio de la demanda, que acredita la
existencia de un mecanismo judicial en curso que tiene como finalidad decidir
acerca del derecho de dominio que recae sobre el bien objeto de controversia. (Folio
5, cuaderno 2).
7.3.
Copia
del certificado de existencia y representación legal de la sociedad
Construcciones  los Sauces Ltda, que demuestra la personería jurídica de la
compañía, al igual que identifica al señor Cesar Augusto Rodríguez García como
su gerente y representante legal. (Folios 26 a 27, cuaderno 2).
7.4.
Pruebas
practicadas en sede de revisión.
7.4.1. Mediante auto del 19 de Enero de
2012, el despacho del Magistrado sustanciador  se comunicó con el señor Remberto
Torres Rico apoderado de la sociedad Construcciones los Sauces Ltda, con el
objeto de establecer en primer lugar si se efectuó alguna construcción en el
inmueble ubicado en la carrera 96 No. 16G-01 de la localidad de Fontibón en
Bogotá, predio que también se identifica con la nomenclatura carrera 94 No.
20-01, lote B del Distrito Capital. En segundo lugar, se le preguntó al abogado
si su representada ha realizado cualquier negocio jurídico sobre el bien
enunciado, para que informara lo pertinente.
7.4.2. El profesional en derecho
comunicó que en el lote de la referencia desde hace más de 19 años existen unas
bodegas que construyó su representada. Aunque, desde que surgió la disputa por
la posesión del inmueble con el señor Torres no se ha realizado edificación
alguna dentro del bien. Además, recalcó que la sociedad Construcciones de los
Sauces ha brindado el servició vigilancia necesario para atender la seguridad y
cuidado del predio ubicado en la localidad de Fontibón. Agregó el
representante, que su apoderada no ha perfeccionado ningún negocio jurídico
sobre el inmueble reseñado.
7.4.3. Para finalizar,  el abogado
anunció  que conforme a las decisiones de los jueces de tutela, la Inspección
9ª A de Policía de Bogota el 28 de Junio de 2011 notificó a Construcciones los
Sauces que debía entregar el bien inmueble ubicado en la carrera 94 No. 20-01,
lote B del Distrito Capital al señor Juan Eustacio Torres Acero, sociedad que
cumplió la orden de forma voluntaria.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN.
Competencia.
1.     Esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional es competente para proferir sentencia
dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos
86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Problema jurídico.
2.     En el presente
asunto le corresponde a la Sala establecer si la Inspección 9ª A de Policía, el
Consejo de Justicia de Bogotá y Construcciones  los Sauces Ltda. vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia de Juan
Eustacio Torres Acero, al aplicar al proceso policivo iniciado por la querella 593-2006
el artículo 15 de la Ley 57 de 1905 y el Decreto  992 de 1930, normatividad
subrogada y modificada por el Decreto ley 1355 de 1970.  Al respecto, es
preciso tener en cuenta que como resultado de las particularidades del caso y
las decisiones adoptadas por los jueces de instancia, dentro del anterior
problema jurídico, subyacen varios cuestionamientos que debe abordar la Sala
previamente, los cuales responden a determinar si:
(i)
¿Existe cosa juzgada constitucional o temeridad
respecto de la controversia planteada en la presente acción de tutela?
(ii)
¿Se presenta el cumplimiento del principio de inmediatez, en tanto que la parte
demandada consideró que la acción de tutela fue presentada por fuera del plazo
razonable que se tiene para el efecto?
Luego de ello,
solo en caso de que establezca que la acción es procedente, la Sala deberá
analizar si (iii) se conformó un defecto procedimental absoluto por
cuanto la Inspección 9ª A de Policía y el Consejo de Justicia de Bogotá
aplicaron al proceso de la referencia una legislación subrogada, que no se
encontraba vigente.
3.     Para abordar los
problemas descritos, la Sala comenzará por definir los conceptos además de
alcances de la cosa juzgada y la temeridad a partir de los pronunciamientos de la
Corte Constitucional en sede de revisión de tutela. A continuación, reiterará
la jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, haciendo especial énfasis en las reglas del principio
de inmediatez como requisito general de procedencia de la acción.
Posteriormente, estudiará el régimen jurídico vigente de las querellas de
lanzamiento por ocupación de hecho de bienes urbanos. Finalmente, llevará a
cabo el análisis del caso concreto.
Configuración de la actuación temeraria y la cosa
juzgada constitucional en la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia.
4.
La
jurisprudencia de esta Corporación, ha estudiado los fenómenos que nacen de las
múltiples demandas de tutela con relación a unos mismos hechos; de esta manera
ha distinguido en estos casos los conceptos de  temeridad y cosa juzgada.
4.1.
En ese
contexto, el artículo 38 del decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta el
ejercicio de la acción de tutela preceptúa que “[c]uando, sin motivo
expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma
persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o
decidirán desfavorablemente todas las solicitudes. Tal disposición tiene la
finalidad de evitar el uso indiscriminado de las acciones constitucionales por
parte de los ciudadanos, que conlleve al aumento de la congestión judicial,
como también a restringir los derechos de los demás asociados.
4.1.1.
En este orden
de ideas, el precedente constitucional ha comprendido la temeridad de dos
formas, por una parte la concepción por la que esta solo puede configurarse si
el accionante actúa de mala fe[1],
por otra, la interpretación literal del citado artículo 38 bajo la cual no se
requiere tal elemento para su consolidación, en consecuencia solo se necesita
que el accionante presente varias veces una demanda de tutela por los mismos
hechos sin justificación alguna[2].
No obstante, esta Corte ante tal ambivalencia concluyó, que la improcedencia de
una acción de amparo por temeridad debe presentarse por el actuar doloso y de
mala fe del peticionario, toda vez que supone una restricción legitima al
derecho fundamental que implica el ejercicio de la acción de tutela, pues las
limitaciones “que se impongan al mismo con el fin de proteger el adecuado
funcionamiento de la administración de justicia, deben ser limitadas”[3].
4.1.2.
En armonía
con lo anterior, la temeridad se configura cuando concurren los siguientes
elementos: “(i) [i]dentidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii)
identidad de pretensiones[4]”[5]; y
(iv) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda[6], vinculada a
un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista. Así mismo, la
jurisprudencia constitucional precisó que el juez es el encargado de establecer
en cada caso concreto la existencia o no de la temeridad. Por eso, se puntualizó
en la sentencia T-560 de 2009 que en los casos en que se formule más de una
acción de tutela entre las mismas partes, por los mismos hechos y con idénticas
pretensiones, el juez puede tenerla por temeraria siempre que considere que
dicha actuación: “(i) resulta amañada, en la medida en que el actor se
reserva para cada demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus
pretensiones[7];
(ii) denote el propósito desleal de obtener la satisfacción del interés
individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación
judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable[8]; (iii) deje al
descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de
mala fe se instaura la acción[9];
o finalmente (iv) se pretenda a través de personas inescrupulosas asaltar la
buena fe de los administradores de justicia”[10].
4.1.3.
De otro lado, la actuación no es
temeraria cuando “…[a] pesar de existir dicha duplicidad, el
ejercicio de las acciones de tutela se funda (i) en la ignorancia del
accionante; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho[11];
o (iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de
aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho. En estos casos, si bien lo procedente
es la declaratoria de “improcedencia” de las acciones de tutela indebidamente
interpuestas, la actuación no se considera “temeraria” y, por lo mismo, no
conduce a la imposición de sanción alguna en contra del demandante[12].
Consecutivamente,
este Tribunal reflexionó en sentencia T-1034 de 2005 que carece de temeridad
una demanda, en los eventos que “luego de presentada una acción de tutela en
donde se exponen unos hechos y derechos concretos, con posterioridad pueda
presentarse otra por el mismo solicitante y con base en similares hechos y
derechos, pero con la connotación de que han surgido elementos nuevos o
adicionales que varían sustancialmente la situación inicial. En esos casos sí
es procedente la acción y no podría ser catalogada como temeraria[13]”.[14] Estos
elementos se refieren al surgimiento de ciertas situaciones, que facultan a una
persona a interponer nuevamente una acción de tutela, que consisten en[15]: i)
surgimiento de adicionales circunstancias fácticas o jurídicas; ii) cuando la
jurisdicción constitucional no se pronunció sobre la pretensión de fondo del
accionante.    “Es más, un hecho nuevo puede ser, y así lo ha considerado la
Corte[16],
la consagración de una doctrina constitucional que reconoce la violación de
derechos fundamentales en casos similares”[17].
Sobre
el particular, en sentencia T-009 de 2000, el Tribunal Constitucional analizó
el caso de unos trabajadores sindicalizados a los que su empleador les terminó
su contrato de trabajo con desconocimiento de su derecho fundamental al debido
proceso, por lo que solicitaron un amparo constitucional previo a esta
providencia, el cual fue fallado negativamente a sus intereses. En la segunda
oportunidad la Corte enfatizó que “los peticionarios actuaron amparados en
un hecho nuevo consistente en la adopción de una nueva doctrina iusfundamental
por parte de la Corte Constitucional, aspecto que hacía procedente la acción de
tutela”[18].
Entre tanto, recordó lo siguiente:
“Podría
afirmarse que, en el presente caso, los actores interpusieron una segunda
acción de tutela a raíz de las mismas circunstancias fácticas – despido en
virtud de la declaratoria de ilegalidad del cese de actividades, sin agotar el
debido proceso -. Sin embargo, en la segunda acción presentada, los
trabajadores despedidos alegan la vulneración de su derecho a la igualdad y
solicitan la aplicación al caso de una doctrina constitucional que sólo fue
formulada por la Corte una vez decididas las acciones primariamente
presentadas. Se trata entonces de una segunda acción que, sin embargo, se funda
en un hecho nuevo: la consagración de una doctrina constitucional que reconoce
(1) la aplicación inmediata del derecho al debido proceso en los procedimientos
de despido en virtud de la declaratoria de ilegalidad de un cese de actividades
y (2) la procedencia de la tutela a fin de hacer exigible el mencionado derecho.”
4.1.4.
Incluso, esta
Corporación planteó reglas interpretativas en las que se puede encontrar la
mala fe y por ende la temeridad en una actuación, como “es el hecho de si se
manifiesta o no la existencia de tutelas anteriores que puedan relacionarse con
el mismo asunto”[19],
es decir, “[e]l que interponga una acción de tutela deberá manifestar, bajo
la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos
hechos y  derechos”[20].
4.2.
Ahora bien, la
interposición de acciones de tutela de forma repetida y reiterada, es
incompatible con el principio de cosa juzgada constitucional y con la
configuración procesal del trámite de tutela. Mandato de optimización que tiene
conexidad con la seguridad jurídica, uno de los elementos por el que debe
propender el juez en el Estado Social de Derecho. Así, es importante establecer
el alcance y concepto de la cosa juzgada, tal como lo ha hecho la
jurisprudencia de la Corte.
4.2.1.
En este
estado de cosas, la Corporación estimó conforme a la pretensión de buscar la
efectividad de los derechos subjetivos, que no es otra cosa que la finalidad de
cualquier proceso, que “los fallos judiciales deben ser definitivos y
capaces de concluir o culminar el litigio propuesto, de lo contrario, las
relaciones contenciosas nunca saldrían de la incertidumbre, con grave perjuicio
para los intereses de las partes”[21].
Como respuesta a ese imperativo, se construyó la institución procesal de la cosa
juzgada, la cual se viene a constituir en el “fin natural del proceso.[22]”.
4.2.2.
En sentencia
C-774 de 2001[23],
la Corte Constitucional definió la cosa juzgada de la siguiente manera: “es
una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones
plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de
inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por
disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación
definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica. De esta
definición se derivan dos consecuencias importantes. En primer lugar, los
efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal
derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación,
y en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor
definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento
jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y
eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio. De
esta manera se puede sostener que la cosa juzgada tiene como función negativa,
prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo
resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones
jurídicas y al ordenamiento jurídico”.
Según
esto, la institución de la cosa juzgada le concede a ciertas providencias
emitidas por los jueces el carácter de inmutables, definitivas, vinculantes y
coercitivas, de modo que las partes no pueden ventilar de nuevo el mismo asunto
que fue objeto de resolución judicial. Además, esta Corte conforme al artículo
332 del Código de Procedimiento Civil estableció los requisitos para que una
providencia adquiera el carácter de cosa juzgada, respecto de otra, como son:
-
“Identidad
de objeto,
es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o
inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre
lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o
varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad
sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados
expresamente.
-
Identidad
de causa petendi
(eadem causa petendi), es decir, la demanda y la decisión que hizo transito a
cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando
además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se
permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede
retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar
sobre la nueva causa.
-
Identidad
de partes,
es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que
resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada.
Cuando la cosa juzgada exige que se presente la identidad de partes, no reclama
la identidad física sino la identidad jurídica.”[24]
4.2.3.
Aunque, la cosa
juzgada no es absoluta comoquiera que, el ordenamiento jurídico estableció
figuras como los recursos de revisión o la tutela contra providencia judicial
que atenúan tal institución. A pesar de esto, sin lugar a dudas la finalidad
máxima de la tutela es proteger los derechos fundamentales de las personas que
se encuentran amenazados o vulnerados, por lo que las decisiones adoptadas
dentro del proceso de amparo tienen la virtualidad de constituir cosa juzgada.
Vale decir, que este fenómeno ocurre cuando la Corte Constitucional “adquiere
conocimiento de los fallos de tutela adoptados por los jueces de instancia, y
decide excluirlos de revisión o seleccionarlos para su posterior confirmatoria
o revocatoria”[25].
4.2.4.
En línea con
lo expuesto, la Corporación indicó que las consecuencias  procesales de la
exclusión de revisión de un expediente de tutela, son: (i) la ejecutoria formal
y material de la sentencia de segunda instancia; (ii) la configuración del
fenómeno de la cosa juzgada constitucional de las sentencias de instancia (ya
sea la única o segunda instancia), que hace la decisión inmutable e
inmodificable[26],
salvo en la eventualidad de que la sentencia sea anulada por parte de la misma
Corte Constitucional de conformidad con la ley; y (iii) la improcedencia de
tutela contra tutela[27].
4.2.5.
Mientras, si
el expediente de tutela fue seleccionado por la Corte Constitucional para su
revisión, la cosa juzgada constitucional se produce con la ejecutoria del fallo
de la misma. Cabe indicar, que para la configuración de la cosa juzgada se
requiere: a).  Que se adelante un nuevo proceso con posterioridad a la
ejecutoria de la sentencia; b).  Que en el nuevo proceso exista identidad
jurídica de partes; c).  Que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, o
sea, sobre las mismas pretensiones; d).  Que el nuevo proceso se adelante por
la misma causa que originó el anterior, es decir, por los mismos hechos”[28].
4.2.5.1.
Conjuntamente,
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido varios eventos en
los que queda desvirtuada la cosa juzgada entre acciones de tutela, como son[29]: i) una
nueva solicitud de amparo que se fundamenta en hechos nuevos, que no habían
sido tenidos en cuenta con anterioridad por el juez; ii) alegar nuevos
elementos fácticos o jurídicos  que fundan la solicitud, los cuales fueron desconocidos
por el actor y no tenía manera de haberlos conocido en la interposición de la
primera acción de tutela. En este último, para determinar si se enerva
excepcionalmente la cosa juzgada se debe tener en cuenta que: para la
protección inmediata de los derechos fundamentales, es posible que los
afectados, particularmente cuando no tienen mayores niveles de formación, se
equivoquen de manera evidente en la formulación de su pretensión de amparo, al
punto de que omitan elementos determinantes para la decisión, que, por no
resultar evidentes, no son considerados de oficio por el juez. En tal
eventualidad sería claro que la controversia procesal se traba en torno a
elementos que son ajenos a la realidad que se pretende violatoria de los
derechos fundamentales, y el pronunciamiento del juez no tendrá el efecto de
cosa juzgada en relación con esos aspectos fácticos que permanecieron ajenos al
proceso[30]”.
4.3.
En razón a lo
anterior, la Sala precisa que en los procesos de tutela, en los eventos en que
un mismo asunto presenta sucesivas o múltiples solicitudes de amparo,  puede
suceder las siguientes situaciones[31]:
i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las circunstancias en
que se interpone una acción de tutela sobre un asunto decidido previamente en
otro proceso de la igual naturaleza, sin que existan razones que justifiquen la
nueva solicitud; ii) otras en las que haya cosa juzgada, pero no temeridad,
acaece como caso típico, cuando de buena fe se interpone una segunda tutela
debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha operado el fenómeno
de la cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la demanda de la
existencia previa de un recurso de amparo; y iii) los casos en los cuales se
configure únicamente temeridad,  una muestra de ello acontece en la
presentación simultánea de mala fe de dos o más solicitudes de tutela que presentan
la tripe identidad a la que se ha aludido, sin que ninguna haya  hecho tránsito
a cosa juzgada.
Procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de
jurisprudencia.
5.
La
jurisprudencia constitucional ha considerado reiteradamente[32], que cuando se trata de
procesos policivos para amparar la posesión, la tenencia, o una servidumbre,
las autoridades de policía ejercen funciones jurisdiccionales, en consecuencia
las providencias que dictan son actos de esta naturaleza. Incluso, estos no son
susceptibles de impugnación ante la jurisdicción contenciosa, conforme lo dispone
el artículo 82 del
Código Contencioso Administrativo[33]
que los excluye de su competencia. De hecho, la ley 1437 de 2011 el nuevo
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
establece como excepción al conocimiento de la jurisdicción “las decisiones
proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley”[34].
5.1.
Por
consiguiente, ha dicho la Corporación, en relación con tales procesos policivos derivado de
su naturaleza jurisdiccional que les otorga el carácter de cosa juzgada a sus
decisiones, que otro juez en funciones ordinarias no puede modificarlas. Por
eso, la acción de tutela es el único medio de defensa judicial idóneo para
lograr la efectiva e inmediata protección de los derechos fundamentales en la
eventualidad de que éstos sean amenazados o vulnerados en el curso de un
proceso policivo civil.[35]
6.
A partir de
lo señalado, la procedencia de la acción de tutela frente a las decisiones
adoptadas en un proceso policivo civil se rige por los criterios que la
jurisprudencia ha elaborado en torno a la tutela contra providencias
judiciales.
6.1.
Como ya se ha
señalado en el presente fallo[36],
la acción de tutela es un mecanismo de origen constitucional, cuya finalidad es
proteger los derechos constitucionales esenciales amenazados o vulnerados por
la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular[37].  Cabe
acotar, que los jueces y toda corporación de justicia son autoridades públicas
de manera que sus decisiones son susceptibles de ser atacadas por vía de amparó,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la jurisprudencia y se
vulneren derechos fundamentales.
Así,
por medio de la Sentencia C-593 de 1993 esta Corte declaró la inexequibilidad
del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, norma que regulaba el procedimiento
de las acciones de tutela contra providencias que hacían transito a cosa
juzgada, porque dichos fallos no pueden ser susceptibles de amparo, salvo si se
esta enfrente de una evidente y grave vía de hecho en la que incurrió el
funcionario jurisdiccional competente. Conclusión a la que arribó, al señalar
que al juez de tutela le esta vedado, en virtud del principio de “principio democrático de la
autonomía funcional del juez”
resolver la
litis, modificar u obstaculizar las providencias del juez ordinario.
6.1.1.
Desde 1993 la
Corte fue construyendo el concepto de vía de hecho, por el que entendió: “una
verdadera infracción contra un derecho fundamental, a partir de actuaciones
arbitrarias, ostensiblemente opuestas al ordenamiento jurídico, al punto de
requerirse la intervención del juez de tutela como única vía para lograr el
restablecimiento de aquél”[38].
Posteriormente, la procedencia de la tutela contra sentencia fue
abandonando tal denotación ya que se consideraba en extremo subjetiva y
restringida. De esta manera, se reconfiguró esta institución a las infracciones
objetivas de la constitución y de los derechos fundamentales, por ello se
incluyó el desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad. En
palabras de la Sala Plena de la Corte se renunció “[a]l sesgo subjetivo que
sirve de base a la tesis de la vía de hecho, para admitir uno de mayor
objetividad, fundado no ya en los conceptos de abuso o arbitrariedad
judiciales, sino en el desconocimiento directo de la normativa y -en algunos
casos- de la jurisprudencia constitucional.”[39].
6.1.2.
Con base en
la renovada perspectiva, la tutela contra providencia judicial procede siempre
que se constaten la observancia de ciertos requisitos generales de procedencia
y se evidencie un defecto especifico en los fallos objeto de amparó. El
mencionado replanteamiento se explicó con claridad en la sentencia C-590 de
junio 8 de 2005, en la que se estudió una demanda contra el artículo 185 de la
Ley 906 de 2004, la cual suprimía la acción de tutela contra sentencias de
casación penal; en el fallo se señaló que:
“[C]omo regla general la acción de tutela no
procede contra decisiones judiciales y esto por varios motivos… en primer
lugar… las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de
reconocimiento y realización de los derechos fundamentales proferidos por
funcionarios profesionalmente formados para aplicar la Constitución y la ley;
en segundo lugar, el valor de cosa juzgada de las sentencias a través de las
cuales se resuelven las controversias planteadas ante ellos y la garantía del
principio de seguridad jurídica y, en tercer lugar, la autonomía e
independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder
público inherente a un régimen democrático”. (Negrilla por fuera del
original)
Bajo
esta óptica, en virtud del principio de autonomía judicial y seguridad jurídica
esta Corporación ha establecido la procedibilidad de la tutela contra
sentencias de forma excepcional, que se da por la ocurrencia de los requisitos
generales y especiales. Lo anterior, debido a que el juez al estudiar una
demanda de amparo contra sentencia no tiene la facultad para  pronunciarse
sobre todos los temas de la litis, por el contrario solo puede recabar sobre la
posible violación de derechos fundamentales. Por ello, el juez de tutela tiene
la obligación de demostrar de modo claro y suficiente que el asunto a decidir
no se refiere a cuestiones de competencia del juez ordinario, sino a una materia
de estricta relevancia constitucional.
6.1.3.
Así, las
causales genéricas de procedencia de tutela contra providencia judicial son las
que permiten el estudio del fallo en sede constitucional, dado que habilitan el
uso de la acción contra los pronunciamientos de los jueces. “Se trata
entonces de condiciones jurídicas generales que deben verificarse para que el
juez de tutela pueda ingresar en el fondo del fallo que se impugna”[40],
que consisten en:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional;
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios
y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal,
debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.
e. Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela.”[41]
6.1.3.1.
Dentro de
estas causales genéricas de procedencia, conforme al presente asunto la Sala
profundizará sobre el requisito de inmediatez. Así las cosas, en principio la
acción de tutela no cuenta con un término de caducidad, de modo que puede
solicitarse la protección de los derechos fundamentales en cualquier tiempo,
bajo el supuesto que se encuentren amenazados o vulnerados. Pero, cuando el
trascurso del tiempo ha dado lugar a la consolidación de situaciones jurídicas
que favorecen a los terceros de buena fe, o a bienes constitucionalmente
protegidos de igual importancia, la Corte ha indicado que debe aplicarse el
principio de inmediatez. Por este, se ha manifestado que la acción de tutela
procede dentro del término razonable y proporcional  contado a partir de la
violación del derecho, de forma tal que se logren satisfacer los derechos del
petente y de los terceros[42].
Ahora
bien, en las tutelas contra providencia judicial el análisis del requisito de
inmediatez debe ser más riguroso, “dado que se trata de cuestionar un fallo
que ya ha puesto fin a un conflicto, presumiblemente de acuerdo con la ley y la
Constitución. Por esto, la Corte ha puntualizado que si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta claramente
desproporcionado el control constitucional de una providencia judicial por la
vía de tutela”[43].
En esa dirección la Corte agregó, que con el paso del tiempo, “la acción de
tutela pierde su razón de ser”[44].
Aun
así, la valoración del requisito de inmediatez que realice el juez
constitucional “debe hacerse de acuerdo con las circunstancias y elementos
del caso concreto[45],
teniendo en cuenta aspectos tales como la especial situación de indefensión,
interdicción o abandono de aquella persona a la que se le han vulnerado sus
derechos fundamentales[46];
la creación de derechos de terceros con el paso del tiempo; las posibilidades
de defensa en el ámbito del  proceso judicial;  y la diligencia del accionante
en el mismo[47]”[48]. Una vez, se
sobrepasa  el tiempo razonable, sólo sería procedente la acción de tutela:
“(i) si existe un motivo válido para la inactividad
de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe
un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los
derechos fundamentales del interesado;[49]
(iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la
actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un
plazo no muy alejado de la fecha de interposición[50]”[51]. A lo antepuesto, debe adicionarse
la regla interpretativa que consiste en que “la carga de la argumentación en
cabeza del demandante aumenta de manera proporcional a la distancia temporal
que existe, entre la presentación de la acción de tutela, y el momento en que
se considera que se vulneró un derecho”[52].
6.1.4.
De otro lado,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos  especiales de procedibilidad,
que deben quedar plenamente demostrados. Estos pueden ser entendidos como las
causales en sentido estricto, es decir,  los defectos de relevancia
constitucional que permiten dejar sin efecto una decisión judicial, en razón a
que vulneran derechos fundamentales, como son:
“a.
Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b.
Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c.
Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d.
Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e.
Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
f.
Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
h.
Violación directa de la Constitución.”[53]
6.1.4.1.
En este
punto, la Sala considera necesario realizar una breve caracterización del
defecto procedimental como resultado de los hechos del caso. La jurisprudencia
de esta Corporación ha definido el señalado vicio a partir de varias disposiciones
constitucionales. La primera de ellas, el derecho fundamental al debido proceso[54] que
comprende dentro de su núcleo esencial a la garantía que toda persona tiene
derecho a ser juzgada con “observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio”. Al mismo tiempo, el artículo 228 superior reconoce el
derecho constitucional al acceso a la administración de justicia, y establece
el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, como uno
de los criterios rectores de las actuaciones judiciales[55]. “Según esta tesis
jurisprudencial, una autoridad encargada de impartir justicia puede incurrir en
defecto procedimental de tipo absoluto, o en defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto”[56].
6.1.4.1.1.
Con esta
lógica, el precedente constitucional especificó que el defecto procedimental
absoluto se causa “cuando el funcionario judicial se aparta por completo del
procedimiento legalmente establecido en el trámite de un asunto específico
porque (i) sigue un trámite por completo ajeno al pertinente (desvía el cauce
del asunto[57]),
o (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento legalmente establecido[58]
afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del
proceso”[59].
Adicionalmente, señaló que para la configuración de esta clase defecto es
necesario que concurran dos requisitos concomitantes: “(i) que se trate de
un error de procedimiento grave, que tenga incidencia cierta y directa en la
decisión de fondo adoptada por el funcionario judicial correspondiente, de modo
tal que de no haber incurrido en el error el sentido del fallo hubiera sido
distinto, rasgo que el yerro procedimental absoluto comparte con el defecto
fáctico antes estudiado; y (ii) que tal deficiencia no sea atribuible a quien
alega la vulneración del derecho al debido proceso”[60].
6.1.4.1.2.
A su turno,
puntualizó respecto del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto que
se produce “cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como
un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus
actuaciones devienen en una denegación de justicia”[61]. Especialmente,
“la Corte se ha referido al defecto por exceso ritual en eventos en los
cuales el juzgador incurre en una vulneración del mandato de dar prevalencia al
derecho sustancial, o del derecho al acceso a la administración de justicia por
(i) dejar de inaplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de
derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de
requisitos formales de forma irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias
puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa
situación se encuentre comprobada; (iii), incurrir en un rigorismo procedimental
en la apreciación de las pruebas[62]”
o ; iv) la omisión en el decreto oficioso de pruebas -cuando a ello hay
lugar[63].
6.1.4.1.3.
Para
finalizar, tanto en el defecto procedimental absoluto como en el exceso ritual
manifiesto la procedencia de la tutela se sujeta a la concurrencia de los
siguientes elementos: “(i) que no haya posibilidad de corregir la
irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de
la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa
en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales[64];
(iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario,
salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del
caso específico[65];
y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los
derechos fundamentales”.[66]
Régimen Jurídico de los Procesos Policivos Civiles.
7.
El problema
jurídico planteado en la presente providencia, implica un estudio del
precedente constitucional sobre el régimen jurídico aplicable a los procesos
policivos civiles. De esta manera, los conjuntos de normas expedidos por el
Estado para regular estos juicios tienen su fuente en el “poder de policía y
tienen por finalidad mantener el orden público y garantizar la preservación de
la seguridad, salubridad y tranquilidad públicas, como condición para el libre
ejercicio de las libertades democráticas”[67]
.  Específicamente, en los procesos policivos civiles se pretende defender el
derecho de propiedad y los que se derivan de este como la posesión y la
tenencia, de las perturbaciones que pueda sufrir por parte de terceros, a
través de una protección provisional mientras el juez ordinario decide
definitivamente sobre la titularidad del derecho de dominio.
7.1.
En este
sentido, la jurisprudencia de la Corte ha distinguido en la función de proteger
el orden público entre poder, función y actividad de policía. Así, concretó
que: “El poder de policía lo ejerce, de manera general, el Congreso
de la República por medio de la expedición de leyes que reglamentan el
ejercicio de la libertad cuando éste trasciende el ámbito privado e íntimo.
Este poder también es ejercido en forma excepcional, por el Presidente de la
República en los estados de guerra exterior, conmoción interior y
emergencia. La función de policía es ejercida por las autoridades de la
rama ejecutiva (como los alcaldes e inspectores) en cumplimiento de
competencias determinadas por la ley. La actividad de policía es ejercida por
los miembros de la Policía Nacional, que en cumplimiento de su obligación de
mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas, aplican diversos medios legítimos para prevenir y conjurar
las alteraciones del orden público”[68].
7.1.1.
En primer
lugar, el poder de policía se concentra en la expedición de  normas en
principio de rango legal, que tienen el carácter de generales abstractas e
impersonales, orientadas “a crear condiciones para la convivencia social, en
ámbitos ordinarios, y dentro de los términos de salubridad, seguridad y
tranquilidad públicas que lo componen”[69].
El ejercicio de este poder se encuentra radicado por regla general en cabeza
del legislador y subsidiariamente en las Asambleas Departamentales[70] – Concejos
Distritales, que por medio de ordenanzas y acuerdos pueden regular sobre la
materia en lo que no tenga reserva legal.
7.1.2.
En segundo
lugar, la función de policía es el desarrollo de la base reglamentaria del
poder de policía, por lo cual se encuentra sujeta a este y a la Constitución.
Implica una función administrativa que tiene como competentes en nivel nacional
al presidente de la república (art- 189 No 4 C.P.) y en el territorial a los gobernadores (Art. 303 C.P.) y alcaldes (Art. 315 No 2 C.P.) respectivamente. Por ende, es una función de naturaleza administrativa en la que las
autoridades referidas expiden actos administrativos que son demandables ante la
jurisdicción contenciosa. “Ello, porque la regla general, en materia de
policía, es que las determinaciones adoptadas son de carácter administrativo”[71]. No
obstante, algunas decisiones adoptadas en cumplimiento de la función de policía
tienen rango jurisdiccional, de modo que se excluyen del control del juez
administrativo, lo cual ocurre con las determinaciones que se toman en juicios
de policía civiles, por ejemplo, en los posesorios. “Lo anterior se
justifica si se tiene en cuenta que, en estos casos, las medidas de policía son
de efecto inmediato en punto a evitar que se perturbe el orden y la
tranquilidad pública. Se trata de medidas de carácter precario y provisional,
cuya única finalidad es devolver el statu quo mientras el juez ordinario
competente para decidir sobre la titularidad de los derechos reales en
controversia, decide definitivamente sobre ellos. Por esta razón, la doctrina
ha afirmado que estas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada formal”[72].
7.1.3.
En tercer
lugar, “la actividad de policía es la ejecución del poder y la función de
policía en un marco estrictamente material y no jurídico, que corresponde a la
competencia del uso reglado de la fuerza, y que se encuentra necesariamente
subordinado al poder y a la función de policía”[73].
7.1.4.
En suma, para
la Sala es evidente que mientras el marco jurídico que rige los procesos
policivos civiles es dictado por el legislador y subsidiariamente por las
asambleas y concejos, la aplicación de esta normatividad corresponde a las
autoridades que ejercen la función de policía.
7.2.
Con relación
a la vigencia de las normas que rigen los procesos policivos civiles, esta
Corporación se pronunció al respecto en la sentencia de C-241 de 2010,
providencia  en la que se estudió la historia de la ley 57 de 1905, estatuto
que en su artículo 15 estableció la acción de lanzamiento por ocupación de
hecho.
7.2.1.
En tal sentido, reseñó el
Tribunal Constitucional que esta ley fue expedida por la Asamblea Nacional
Constituyente en virtud de los actos reformatorios 2, 9 de 1905 y el acto
legislativo No 1 de 1907.   Además precisó la Corte, que la Ley 57 de 1905 es
una ley de naturaleza ordinaria que no fue derogada por el artículo transitorio
E del Acto Legislativo 3 de 1910, en razón a que este solo eliminó del sistema
jurídico los actos legislativos, mas no las leyes que se expidieron durante la
vigencia de aquellos.
7.2.2.
Seguidamente,
en la citada sentencia de constitucionalidad se reconoció que la primera
modificación que sufrió la Ley 57 de 1905 se produjo con la expedición de la
Ley 200 de 1936, llamada “Ley de tierras” la cual desarrolló la reforma
constitucional de 1936 que enarbolaba la función social de la propiedad. De
este modo, los artículos 16[74],
17[75] y
siguientes de la Ley 200 de 1936, modificaron expresamente el artículo 15 de la
Ley 57 de 1905, de forma que sólo afectara a predios rurales.  Vale decir, que
la acción posesoria por ocupación de hecho en predios rurales se convirtió en
un medido de defensa judicial, porque la competencia para su conocimiento se
radicó en cabeza de los jueces. A pesar de lo anterior, se mantuvo una  acción
policiva subsidiaria dirigida a evitar nuevos actos de perturbación y
supeditada a la acción judicial de lanzamiento; por lo que se facultó al
alcalde municipal para “tomar las medidas de policía que tiendan a impedir
que contra la voluntad del poseedor o del dueño se altere la situación amparada
en la providencia respectiva, siempre que la correspondiente solicitud se le
formule dentro de los treinta días siguientes al primer acto de la nueva ocupación”[76]. En
conclusión se determinó que, “la Ley 200 de 1936, subrogó y modificó el
artículo 15 de la Ley 57 de 1905, en lo que a predios rurales se refiere. En
cambio, no tuvo injerencia alguna en relación con su aplicación respecto de
ocupaciones de hecho en predios urbanos”[77].
7.2.3.
Luego, esta
Corporación se refirió al Decreto Legislativo 1355 de 1970, conocido como
Código Nacional de Policía, el cual se emitió con base en las facultades extraordinarias
conferidas por la Ley 16 de 1968.  Sintetizó, que esta norma reguló las
acciones policivas de naturaleza civil destinadas a la protección transitoria
de la posesión y la tenencia de bienes urbanos y rurales en caso de
perturbación, hasta tanto la justicia ordinaria decida de fondo sobre los
derechos en conflicto.
7.2.3.1.
Entonces, la
Corte advirtió que operó el fenómeno de la subrogación respecto de normas
policivas anteriores a 1970, destinadas a proteger los bienes rurales y urbanos
contra perturbaciones a la posesión  y a la tenencia, de la siguiente manera:
7.2.3.1.1.
En materia
agraria, “tal como se indicó en párrafos anteriores, el artículo 32 de la
Ley 200 de 1936 consagraba una acción policiva destinada a impedir las vías de
hecho sobre predios rurales hasta tanto el Juez Agrario tomara medidas de
fondo; por su parte el artículo 125 del Decreto 1355 de 1970, también introdujo
una acción policiva destinada a impedir vías de hecho que afectaran los
derechos reales a la posesión y la tenencia, al punto que con fundamento en los
dos artículos se expidió el Decreto reglamentario 747 de 1992, por el cual se
regula el procedimiento dirigido a activar la acción policiva de lanzamiento
por ocupación de hecho en predio rural, con el fin de  proteger a las personas
que explotan económicamente un predio agrario y que son privadas de hecho,
total o parcialmente de la posesión o tenencia material del mismo, sin que
medie su consentimiento expreso o tácito, orden de autoridad competente o causa
que lo justifique.  En consideración a que el artículo 125 del Código Nacional
de Policía reiteró el propósito del artículo 32 de la Ley 200 de 1936, la Corte
advierte que operó la subrogación de este último artículo, sin perjuicio del
reglamento policivo especial contenido en el Decreto 747 de 1992, que mantiene
su fuerza ejecutoria en materia agraria, con fundamento en el artículo 125 del
Decreto ley 1355 de 1970 tal como se expondrá en párrafos posteriores de esta
providencia”[78].
7.2.3.1.2.
De otro lado,
para el caso de los predios urbanos la Corte concluyó:
i)
El supuesto fáctico que origina la acción de lanzamiento por ocupación de hecho
en la ley 57 de 1905, es una especie del género de las situaciones que activan
la acción de perturbación a la posesión o tenencia consagrada en el Código
Nacional de Policía. “En esos términos, la acción policiva prescrita en el
artículo 125 del Decreto ley 1355 de 1970, comporta el supuesto fáctico que se
señala en el artículo demandado”[79];
ii) los medios judiciales de defensa de los derechos posesorios contenidos en la
Ley 57 de 1905 y el Decreto ley 1355 de 1970 cuentan con la misma legitimación
por activa: el propietario del bien, el poseedor de este o su tenedor; iii) de
similar forma, las acciones posesorias  comparadas ostentan una idéntica
finalidad, que responde a devolver el estado de cosas anterior a la
perturbación de la posesión o la tenencia; iv) Por último, en lo que concierne
a las posibilidades de defensa que tiene el ocupante, señaló la Corte “que
mientras el Código Nacional de Policía otorga al ocupante la posibilidad de
acreditar una causa justificable de ocupación derivada de la condición de
tenedor o poseedor u orden de autoridad competente, la norma demandada [art. 15
Ley 57 de 1905] sólo admite la defensa del ocupante vía demostración de la
tenencia. Esto significa que de todas formas, en cuanto a las garantías de defensa
previstas para el ocupante, el Código Nacional de Policía subsume y amplía el
artículo demandado”[80].
7.2.4.
En
definitiva, para la Sala la ratio decidendi de la sentencia C-241 de
2010 puede sintetizarse en que “si bien el Código Nacional de Policía no
derogó expresamente el artículo 15 de la Ley 57 de 1905, si operó una
subrogación y modificación de los alcances de la norma, dado que el Decreto ley
1355 de 1970, reguló integralmente la materia a que se refería la disposición
acusada, ampliando su objeto a todo tipo de perturbación sobre la posesión y la
tenencia y autorizando la defensa del ocupante no sólo a partir de la demostración
de la tenencia sino también de la constatación de cualquier otro título que
justifique válidamente la ocupación (…)[en consecuencia] es posible  afirmar
que la norma demandada es insubsistente, pues si bien fue subrogada también fue
modificada y, en consecuencia, la Corte debe inhibirse de producir una decisión
de mérito por carencia actual de objeto”.
7.2.4.1.
Las
anteriores son las razones de la parte motiva de la sentencia que constituyen
la regla determinante del sentido de la decisión y de su contenido específico[81]. Por lo
tanto, son los argumentos que permiten entender la decisión de inhibición de la
Corte sobre el estudio del artículo 15 de la Ley 57 de 1905 en el reseñado
fallo. Por consiguiente para la Sala es válido afirmar, que fue el legislador
quien retiró del ordenamiento jurídico el artículo 15 de la Ley 57 de 1905,
cuando en 1970 se público el  Código Nacional de Policía al modificar y
subrogar aquella enumeración con el artículo 125 del Decreto Legislativo 1355[82].  Vale
decir, que en las providencias de Constitucionalidad la regla jurisprudencial
o ratio corresponde a la correcta  interpretación y adecuada aplicación de
una norma, análisis que es precedido de un estudio sobre su vigencia tal como
aconteció en su oportunidad.
7.2.4.2.
Sin embargo,
lo anotado no significa que en todos los procesos policivos de lanzamiento por
ocupación de hecho tramitados por casi 3 décadas, no se configuró la cosa
juzgada, ya que concluir lo contrario implicaría una vulneración
desproporcionada e irracional al principio de seguridad jurídica por la que se
ventilarían por medio de tutela procedimientos culminados durante ese periodo.
Sobre todo, tal precisión parece más acertada cuando la propia Corte afirmó,
que dicha derogación no era fácil de identificar. Pues bien, la posibilidad de
impugnar una decisión policiva sustentada en la aplicación de la Ley 57 de 1905
debe cumplir el requisito de inmediatez, el cual se determinará a partir de la
sentencia C-241 de 2010,  dado que esta es el nuevo hecho que le da viabilidad
a la acción constitucional, como se mostrará en el caso concreto.
7.2.5.
Al mismo
tiempo, la Corporación precisó que el régimen jurídico aplicable a los procesos
policivos por perturbación de la posesión en bienes urbanos, comprende : i) el
Código Nacional de Policía, en especial el artículo 125 y siguientes, al
respecto “indica que corresponde al Jefe de Policía verificar los actos de
perturbación a través de una inspección ocular con participación de peritos y
que en dicha diligencia se oirán tanto al querellado como al querellante, único
momento que tienen las partes para probar sus derechos. Los demás aspectos
procesales podrán cubrirse mediante la regulación general prevista en el Código
en materia de la presentación de la querella, los recursos, las notificaciones,
la prescripción de la acción policiva  y los demás aspectos propios de estos
trámite”[83];
ii) subsidiariamente, los códigos departamentales y distritales de policía,
toda vez que no existe un trámite específico para este procedimiento en el
Decreto Ley 1355 de 1970. La competencia para la expedición de estos estatutos
están sustentadas en el artículo 300 Numeral 8º de la Carta Política y en la
equivalencia en la autonomía de los distritos y los departamentos. De hecho,
tal potestad no excluye la facultad reglamentaria en cabeza del Presidente de la
República.
7.3.
De lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión concluye que:
(i)
La expedición
de la regulación de los procesos policivos posesorios son el ejercicio del
poder de policía, en virtud del cual se emiten normas abstractas generales e
impersonales emitidas por el Congreso y subsidiariamente por las Asambleas
Departamentales y Concejos Distritales.
(ii)
La función de
policía es de carácter administrativa por medio de la que se emiten actos
administrativos que concretan el poder de policía. Aunque, cuando las
autoridades aplican las normas  generales abstractas e impersonales en casos
concretos, sus decisiones son de naturaleza jurisdiccional.
(iii)
La Ley 57 de
1905 es un acto de rango legal, que fue proferida por la Asamblea Nacional
Constituyente, norma que no fue subrogada por el artículo transitorio E del
Acto Legislativo 03 de 1910.
(iv)
El Código
Nacional de Policía derogó y modificó el artículo 15 de la Ley 57 de 1905, dado
que el Decreto ley 1355 de 1970 en su artículo 125 y siguientes, reguló
integralmente la materia a que se refería aquél. Incluso, amplió su objeto a
todo tipo de perturbación sobre la posesión y la tenencia, y autorizó la
defensa del ocupante no sólo a partir de la demostración de la tenencia sino
también de la constatación de cualquier otro título que justifique válidamente
la ocupación. En efecto, la norma que regulaba el proceso policivo por
ocupación de hecho es insubsistente desde la expedición y publicación del
Código Nacional de Policía, de modo que la Corte se inhibió de producir una
decisión de mérito por carencia actual de objeto.
(v)
En los
procesos policivos de lanzamiento por ocupación de hecho adelantados con la Ley
57 de 1905 por casi 30 años, se configuró la cosa juzgada. Estos solo podrán
impugnarse a través de acción de tutela con fundamento en la aplicación de un
régimen no vigente, siempre y cuando cumplan con el requisito de inmediatez que
se determinará a partir de la expedición de la sentencia C-241 de 2010.
(vi)
El régimen
jurídico aplicable a los procesos policivos de perturbación de la posesión se
compone principalmente por el Decreto ley 1355 de 1970 y subsidiariamente por
los Códigos Departamentales y Distritales de Policía.
Caso Concreto.
8.
En el asunto
que ahora ocupa la atención de la Sala,  se discute si la  Inspección 9ª A de
Policía de Fontibón y el Consejo de Justicia de Bogotá vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia de Juan Eustacio
Torres Acero, al aplicar al proceso policivo iniciado por la querella 593-2006 el
artículo 15 de la Ley 57 de 1905 y el Decreto  992 de 1930, normatividad
subrogada y modificada por el Decreto ley 1355 de 1970. Sin embargo, dada la
complejidad de la presente causa esta Corporación estudiará previamente la
existencia de temeridad o cosa juzgada constitucional; al igual que la
procedencia de tutela contra providencias judiciales en cuanto a las causales
genéricas.
9.
Con base en
las circunstancias fácticas del caso sub-judice, se evidencia que si
bien se presentaron dos acciones de tutela, una que culminó en la sentencia
T-560 de 2009 y otra que se está resolviendo a través de la presente
providencia, no se constituye con ello un actuar doloso y de mala fe del
requirente, toda vez que no existe identidad de hechos, en las partes o en la
causa petente. Así, la ausencia de los referidos elementos negativos se muestra
en la manifestación del actor en el escrito de la demanda de un previo amparo
constitucional. Incluso, la presentación de la nueva acción de tutela por parte
del señor Torres es motivada por la consagración de una doctrina constitucional
planteada en la sentencia C-241 de 2010 que reconoce una posible vulneración
del derecho al debido proceso en el procedimiento de policía adelantado por la
Inspección 9ª A de Policía y el Consejo de Justicia de Bogotá (Supra 4.1.3).
Por lo anterior, se concluye que en el caso bajo estudio no se configuró
temeridad alguna, pues el actor no actuó de forma dolosa, ni de mala fe al
presentar la actual demanda.
10.
Ahora bien,
encuentra la Sala que con relación a la institución de la  cosa juzgada el
asunto que aquí se debate no es coincidente con que aquel que fue objeto de
pronunciamiento anterior por parte de esta Corte en la sentencia T-560 de 2009,
dado que se trata de hechos nuevos derivados de una posterior jurisprudencia
como es la providencia C-241 de 2010.
10.1.
Adicionalmente,
no se presenta identidad en la causa petente, puesto que en dicha acción se
demandó a la Inspección Novena 9 A de Policía de Fontibón y al Consejo de
Justicia, alegándose la presunta violación al derecho del debido proceso al
concederse el recurso de alzada en un proceso que carecía de ello. En
específico, la pretensión consistía en que se dejara sin efecto la providencia
mediante la cual el Consejo de Justicia de Bogotá ordenó a la Inspección 9ª A
Distrital de Policía realizar el lanzamiento por ocupación de hecho, para que,
en su lugar, el Consejo ordenara que se restableciera al accionante la posesión
que venia ejerciendo. En cambio, la presente acción se dirige contra la
Inspección Novena 9a A de Policía Distrital, el Consejo de Justicia de Bogotá y
Construcciones los Sauces, con el fin de que al actor se le amparen sus
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,
comoquiera que estos aplicaron al proceso policivo una normatividad que no se
encontraba vigente; por ende solicita la nulidad de todo lo actuado (Supra
4.2.5.1).
10.2.
En efecto,
según el precedente constitucional, en el presente caso se advierte la
existencia de un hecho jurídico nuevo – la expedición de una sentencia de la
Corte Constitucional – aplicable a una situación no consolidada en la que se
subsiste la amenaza o vulneración del derecho fundamental (Supra 4.2.5). Si
la causa petendi, como se enunció en la parte motiva de esta
providencia está constituida por las razones de hecho y de derecho que
sustentan  la petición formulada, la sentencia citada por el recurrente son
nuevos hechos jurídicos que facultan el estudio del caso concreto. En suma,  no
existe cosa juzgada en la sentencia T-560 de 2009 con relación a este asunto,
en la medida que no se presenta una identidad de los hechos,  la causa petente
y las partes que la configure.
11.
Como se
señaló precedentemente las actuaciones realizadas por las autoridades
administrativas en procesos policivos civiles tienen la naturaleza de
jurisdiccionales, en consecuencia se procederá a aplicar las reglas
jurisprudenciales establecidas por esta Corporación para evaluar la
procedibilidad de las tutelas contra providencias judiciales. De esta manera,
inicialmente la Sala verificará  en el caso sub-judice las condiciones
jurídicas generales para que pueda ingresar en el fondo del fallo que se
impugna; seguido de un estudio de la presencia de un defecto al interior de
este.
11.1.
En primer
lugar, con base en las circunstancias fácticas obrantes en el plenario se
afirma que la cuestión que se discute resulta de evidente relevancia
constitucional, debido a que se encuentran en discusión los derechos
fundamentales del señor Juan Eustacio Torres Acero como son el debido proceso y
el acceso a la justicia en el marco de un procedimiento policivo. Es de
resaltar, que el solicitante es una persona de escasos recursos, de una poca
formación académica que lo sitúa como un sujeto de especial protección derivado
de su estado de indefensión. Igualmente, tal estudio es requerido en la medida
que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la sentencia C-241 de
2010 mostró el hecho de que viene aplicándose desde hace casi 30 años una
normatividad inexistente, por lo que resulta necesario que las Salas de
selección adecuen su jurisprudencia al precedente de control abstracto, y
determinen el régimen jurídico aplicable a los procesos policivos de
perturbación de la posesión en predios urbanos y rurales.
11.2.
En las
consideraciones generales de la actual sentencia, esta Corporación concluyó que
el único medio judicial para impugnar las decisiones y actuaciones expedidas en
el marco de los procesos policivos civiles es la acción de tutela, ya que estas
no pueden ser discutidas ante otros jueces (Supra 5- 5.1). Por tanto, según las
circunstancias fácticas del caso se concluye que se agotaron todos los medios
-ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada que  facilitaban la protección de su derecho de posesión discutido en
el proceso estudiado.
11.3.
En tercer orden,
con relación al requisito de inmediatez el cual exige que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración, la Sala establece que la presentación de la actual
demanda aparentemente sobrepasa la razonabilidad para impugnar un proceso que
culminó hace más de tres años. Sin embargo, conforme las reglas
jurisprudenciales planteadas se reitera, que el amparo solicitado por el señor
Torres cumple con la inmediatez requerida pese a que en principio sobrepasa el
tiempo razonable, porque el fundamento de la acción de tutela surgió después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales en el año de
2008, pues ello solo fue evidente a partir de la sentencia C-241 de 2010 (Supra
6.1.3.1). De hecho, la acción de tutela fue interpuesta el 8 de junio de 2011,
un plazo no muy alejado de la fecha en  que la comunidad en general tuvo la
oportunidad de conocer la providencia C-241, el 11 de Junio de 2010, es decir,
transcurrió menos de un 1 año entre uno y otro evento. Interregno que no es
amplio si se tiene en cuenta la especial situación de indefensión del actor,
derivado de su baja formación académica, que le impedía enterarse rápidamente
del fallo de control constitucional y elaborar una acción contra providencias
judiciales que implica un minucioso conocimiento del derecho.
En
suma, es un problema constitucional actual en el que se cumple el principio de
inmediatez, debido a que para el día en que se interpuso el amparo
constitucional continuaba la vulneración de los derechos fundamentales del
señor Torres, pues fue desprovisto de su derecho de posesión con un régimen
derogado.
11.4.
Resulta
evidente que el caso sub-examine se refiere a una irregularidad
procesal, que tiene un efecto decisivo o determinante en todo el proceso
policivo iniciado por la querella 593-2006,
en razón a que en éste se aplicó una normatividad que no se encontraba vigente,
lo que a su vez afecta los derechos fundamentales del actor. Así mismo, el
peticionario cumple con la quinta causal general de procedibilidad de tutela
contra providencia judicial, ya que identificó claramente la violación a sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia en que a su proceso policivo se aplicó una normatividad diferente a la
prevista por la ley. Para finalizar, la Sala verifica que la presente acción no
se eleva para enervar una sentencia de tutela.
11.5.
De otro lado, la Sala procede a estudiar  las
causales en sentido estricto, es decir,  los defectos de relevancia
constitucional que permiten dejar sin efecto una decisión judicial, en razón a
que vulneran derechos fundamentales (Supra 6.4.1). Conforme a lo establecido en
el expediente se ejemplifica que, toda la actuación adelantada por la
Inspección 9ª A de Policía y el Consejo de Justicia de Bogotá adolece de un
defecto procedimental absoluto, comoquiera que las autoridades se apartaron por
completo del procedimiento legalmente establecido en el trámite del asunto de
la referencia porque siguieron un procedimiento por completo ajeno al
pertinente (desvió el cauce del asunto), pues aplicaron la Ley 57 de 1905 norma
que fue subrogada y modificada por el Código Nacional de Policía (Supra
6.1.4.1.1.).
Sobre
todo, se trata de un error de procedimiento grave, que tiene incidencia cierta
y directa en la decisión de fondo adoptada por las autoridades
correspondientes, toda vez que el Código Nacional de Policía otorga al señor
Torres la posibilidad de acreditar una causa justificable de ocupación,
derivada de la condición de tenedor o poseedor u orden de autoridad competente,
cosa que no ocurre con el artículo 15 Ley 57 de 1905 que sólo admite la defensa
del ocupante en la demostración de la tenencia (Supra Ibídem). Esto significa
que de todas formas, en cuanto a las garantías de defensa previstas para el
ocupante, el Código Nacional de Policía subsume y amplía el artículo aplicado.
Por lo tanto, la limitación irracional del derecho de defensa del accionante
implica la vulneración de este y con ello a la garantía del debido proceso en
tanto aquel es un elemento integrante de este. Además, tal deficiencia no es
atribuible a quien alega la vulneración del derecho al debido proceso, puesto
que no puede imputársele la mora de las entidades que adelantaron el proceso
policivo en identificar que la Ley 57 de 1905 fue derogada por el Decreto Ley 1355
de 1970 (Supra Ibídem).
Al
mismo tiempo, la Sala considera que se afectó otro elemento esencial del
derecho al debido proceso, en la medida que el procedimiento policivo de la
referencia no observo las formas propias del juicio que fueron previstas en el
Código Nacional de Policía.  Especialmente, seria desproporcionado someter al
señor Torres a un perjuicio que no esta obligado a soportar, consistente en
privarlo de la posibilidad de acceder nuevamente a los medios judiciales,
cuando fue despojado de su derecho de posesión con sustento en una norma que no
está vigente desde la década de 1970.
Adicionalmente,
el defecto identificado cumple con los condicionamientos que ha dispuesto la
jurisprudencia de esta Corporación para su configuración, los cuales consisten
en que: (i) no existe posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra
vía; de acuerdo a lo precisado al enunciar las causales generales de
procedibilidad la acción de tutela es el único medio para impugnar las
decisiones generadas al interior de un proceso policivo; (ii) como ya se
enunció el defecto procesal tiene una incidencia directa en el fallo que se
acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales, debido a que este
limitó las posibilidades de defensa del querellado y se le excluyó del derecho
de posesión con la utilización de normas insubsistentes; (iii) la irregularidad
no se alegó al interior del proceso ordinario, empero ello no fue posible ya
que la sentencia que evidenció la subrogación de la Ley 57 de 1905 fue
posterior al proceso policivo, por lo que este requisito no opera en el
presente caso; y (iv) como consecuencia de lo anterior se presentó una
vulneración a los derechos fundamentales del debido proceso y a la defensa del
Señor Juan Eustacio Torres Acero, dado que el trámite policivo se adelantó sin
la observancia de las formas propias del juicio y restringiendo los medios de
defensa que este tenia a su disposición.
12.
Como
resultado de las consideraciones precedentes, esta Sala confirmará la decisión
de los jueces de instancia en la que se declaró la nulidad de todo lo actuado
en el proceso policivo iniciado con la querella 593-2006. Igualmente, se adicionará a las decisiones
de instancia[84],
que el  accionante mantendrá la posesión del bien ubicado en la localidad
Fontibón hasta que se decida sobre esta, en el marco del proceso policivo de
perturbación de la posesión. Por lo tanto, es importante aclarar que las
nulidades procesales “consisten
en la ineficacia de los actos procesales que se han realizado con violación de
los requisitos que la ley ha instituido para la validez de los mismos”[85] y sus efectos
son retrotraer el proceso a la etapa en la que no contaba con este vicio.
Entonces, las partes quedan en libertad para iniciar nuevamente el proceso
policivo de perturbación de la posesión en el que las autoridades deberán tener
en cuenta el régimen jurídico vigente.  No sobra precisar, que la presentación
de la querella interrumpió su prescripción, por lo que la acción y el proceso
se pueden adelantar.
III. DECISIÓN
Con
fundamento en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.
CONFIRMAR, la sentencia del 15 de Julio de 2011, proferida el Juzgado Treinta y Siete (37) Civil del Circuito de
Bogotá, que ratificó el fallo emitido el 22 de junio de 2011 por el Juzgado
Setenta y Dos (72) Municipal Civil de la misma ciudad, el cual amparo los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso de administración de
justicia del señor Juan Eustacio Torres Acero, y ordenó la nulidad de todo lo
actuado en el proceso policivo iniciado con la querella 593-2006.
Segundo.  ADICIONAR,
a las decisiones de instancia que el señor Juan Eustacio Torres Acero
mantiene la posesión sobre el predio ubicado en la carrera 96 No. 16 G de la localidad de Fontibón en Bogotá; inmueble que también se identifica con la nomenclatura
Carrera 94 No 20-01, Lote B, hasta tanto se decida sobre la misma en el marco
del proceso policivo de perturbación de la posesión adelantado con la
normatividad vigente.
Tercero. LÍBRESE la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase,
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
Auto197/12
Referencia: solicitud de aclaración de la sentencia
T-053 de 2012, en la que se resolvió la acción de tutela interpuesta por Juan
Eustacio Torres Acero contra la  Inspección 9ª A de Policía,  Consejo de
Justicia de Bogotá – Secretaria de Gobierno – de la Alcaldía de Bogotá y
Construcciones  los Sauces LTDA.
Magistrado ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA.
Bogotá
D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil doce (2012).
La
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis
Ernesto Vargas Silva en uso de sus facultades constitucionales y legales,
procede a resolver la solicitud de aclaración de la sentencia T-053 de 2012,
proferida por esta misma Sala de Revisión.
I.
ANTECEDENTES
1.      Hechos
1.1    El
8 de junio de 2011, El señor Juan Eustacio Torres Acero instauró acción de
tutela contra la Inspección 9ª A de Policía y el Consejo de Justicia de Bogotá,
porque aplicaron en el proceso policivo adelantado en su contra el artículo 15
de la Ley 57 de 1905 y el Decreto 992 de 1930, normas que no estaban vigentes
ya que habían sido subrogadas por el Decreto Ley 1355 de 1970. El trámite
policivo versó por la supuesta ocupación del actor de un predio urbano ubicado
en la localidad de Fontibon del que Construcciones los Sauces es titular del
derecho de dominio.
1.2
Por lo anterior, el petente estimó que se vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en consecuencia
solicitó declarar la nulidad de todo el proceso policivo de lanzamiento por
ocupación surtido en su contra. Así mismo, pidió ordenar “la restitución de la
posesión que venía detentando sobre el lote denominado VILLEMAR INTERMEDIO,
ubicado en la localidad de Fontibón, hasta tanto se profiera sentencia
definitiva y con el lleno de los requisitos legales y constitucionales por
parte del Juez 35 Civil del Circuito de Bogotá, despacho judicial donde cursa
un proceso ordinario de prescripción adquisitiva de dominio” .
1.3    El
apoderado de Constituciones los Sauces indicó al responder la tutela que en el
caso concreto se configuró cosa juzgada constitucional con la sentencia T-560
de 2009, comoquiera que en esa oportunidad se ocupó del  mismo caso concluyendo
que en el proceso policivo iniciado con la querella 593-2006 no existió
violación al derecho al debido proceso al conceder el recurso de apelación ante
el Consejo de Justicia de Bogotá. Además, aseveró que la acción de tutela no
cumple con el requisito de inmediatez exigido para su procedencia contra
decisiones jurisdiccionales, en razón a que su presentación se produjo un año
después de las sentencias C-241 del 7 de abril de 2010, la cual aclaró que el
articulo 15 de la Ley 57 de 1905 y el Decreto 992 de 1930 fueron subrogados por
el decreto Ley 1355 de 1970.
1.4    Por
su parte, la jefe asesora jurídica (E) de la Secretaria de Gobierno, actuando
en representación de la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C, la
Inspección 9ª A Distrital Policía y el Consejo de Justicia, se opuso a la
acción de tutela aduciendo que la autoridad de primera instancia del proceso policivo
actuó en cumplimiento de sus facultades y atribuciones legales. Igualmente,
destacó que sus representadas atendieron la normatividad aplicable para la
fecha en que se tramitó el procedimiento. Por último, sostuvo que lo pretendido
por el accionante con la demanda de tutela, era “ventilar nuevamente una
controversia conocida y resuelta por el más alto Tribunal de la Jurisdicción
Constitucional el cual (sic) en sentencia T-560 de 2009”
1.5    Analizada
la información que reposaba en el expediente, la Sala Novena de Revisión
identificó los problemas jurídicos del asunto bajo estudio así:
“En
el presente asunto le corresponde a la Sala establecer si la Inspección 9ª A de
Policía, el Consejo de Justicia de Bogotá y Construcciones  los Sauces Ltda.
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
justicia de Juan Eustacio Torres Acero, al aplicar al proceso policivo iniciado
por la querella 593-2006 el artículo 15 de la Ley 57 de 1905 y el Decreto  992
de 1930, normatividad subrogada y modificada por el Decreto ley 1355 de 1970.
Al respecto, es preciso tener en cuenta que como resultado de las
particularidades del caso y las decisiones adoptadas por los jueces de
instancia, dentro del anterior problema jurídico, subyacen varios
cuestionamientos que debe abordar la Sala previamente, los cuales responden a
determinar si:
(i)      ¿Existe
cosa juzgada constitucional o temeridad respecto de la controversia planteada
en la presente acción de tutela?
(ii)     ¿Se
presenta el cumplimiento del principio de inmediatez, en tanto que la parte
demandada consideró que la acción de tutela fue presentada por fuera del plazo
razonable que se tiene para el efecto?
Luego
de ello, solo en caso de que establezca que la acción es procedente, la Sala
deberá analizar si (iii) se conformó un defecto procedimental absoluto por
cuanto la Inspección 9ª A de Policía y el Consejo de Justicia de Bogotá
aplicaron al proceso de la referencia una legislación subrogada, que no se
encontraba vigente”.
1.6    La
Sala respondió a cada uno de estos cuestionamientos de la siguiente manera:
(i)      Frente
a la existencia de la temeridad en acción de tutela concluyó que: “con base en
las circunstancias fácticas del caso sub-judice, se evidencia que si bien se
presentaron dos acciones de tutela, una que culminó en la sentencia T-560 de
2009 y otra que se está resolviendo a través de la presente providencia, no se
constituye con ello un actuar doloso y de mala fe del requirente, toda vez que
no existe identidad de hechos, en las partes o en la causa petente. Así, la
ausencia de los referidos elementos negativos se muestra en la manifestación
del actor en el escrito de la demanda de un previo amparo constitucional.
Incluso, la presentación de la nueva acción de tutela por parte del señor
Torres es motivada por la consagración de una doctrina constitucional planteada
en la sentencia C-241 de 2010 que reconoce una posible vulneración del derecho
al debido proceso en el procedimiento de policía adelantado por la Inspección
9ª A de Policía y el Consejo de Justicia de Bogotá (Supra 4.1.3). Por lo
anterior, se concluye que en el caso bajo estudio no se configuró temeridad
alguna, pues el actor no actuó de forma dolosa, ni de mala fe al presentar la
actual demanda”.
Así
mismo, la Sala sintetizó que no había cosa juzgada del caso objeto de estudio
con relación a la sentencia T-560 de 2009, porque en aquella oportunidad se
analizaba si las entidades demandadas actuaron dentro de la cuerda procesal
vigente; mientras en el fallo expedido en 2009 se reflexionó sobre la
procedencia de la apelación en el proceso policivo de lanzamiento por ocupación
de hecho en la ciudad de Bogotá.
Al
mismo tiempo, afirmó que: “según el precedente constitucional, en el presente
caso se advierte la existencia de un hecho jurídico nuevo [C-241 de 2010] – la
expedición de una sentencia de la Corte Constitucional – aplicable a una
situación no consolidada en la que se subsiste la amenaza o vulneración del
derecho fundamental (Supra 4.2.5). Si la causa petendi, como se enunció en la
parte motiva de esta providencia está constituida por las razones de hecho y de
derecho que sustentan  la petición formulada, la sentencia citada por el
recurrente son nuevos hechos jurídicos que facultan el estudio del caso
concreto. En suma,  no existe cosa juzgada en la sentencia T-560 de 2009 con
relación a este asunto, en la medida que no se presenta una identidad de los
hechos,  la causa petente y las partes que la configure”.
(ii)     En
el estudio del cumplimiento del requisito de inmediatez consideró que: “la
presentación de la actual demanda aparentemente sobrepasa la razonabilidad para
impugnar un proceso que culminó hace más de tres años. Sin embargo, conforme
las reglas jurisprudenciales planteadas se reitera, que el amparo solicitado
por el señor Torres cumple con la inmediatez requerida pese a que en principio
sobrepasa el tiempo razonable, porque el fundamento de la acción de tutela
surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos
fundamentales en el año de 2008, pues ello solo fue evidente a partir de la
sentencia C-241 de 2010 (Supra 6.1.3.1). De hecho, la acción de tutela fue
interpuesta el 8 de junio de 2011, un plazo no muy alejado de la fecha en  que
la comunidad en general tuvo la oportunidad de conocer la providencia C-241, el
11 de Junio de 2010, es decir, transcurrió menos de un 1 año entre uno y otro
evento. Interregno que no es amplio si se tiene en cuenta la especial situación
de indefensión del actor, derivado de su baja formación académica, que le
impedía enterarse rápidamente del fallo de control constitucional y elaborar
una acción contra providencias judiciales que implica un minucioso conocimiento
del derecho”.
(iii)    Para
resolver el cuestionamiento sobre la configuración del defecto procedimental
absoluto, la Corte precisó las siguientes reglas jurisprudenciales sobre las
normas que rigen los trámites policivos urbanos:
1)      “La
expedición de la regulación de los procesos policivos posesorios son el
ejercicio del poder de policía, en virtud del cual se emiten normas abstractas
generales e impersonales emitidas por el Congreso y subsidiariamente por las
Asambleas Departamentales y Concejos Distritales.
2)      La
función de policía es de carácter administrativa por medio de la que se emiten
actos administrativos que concretan el poder de policía. Aunque, cuando las
autoridades aplican las normas  generales abstractas e impersonales en casos
concretos, sus decisiones son de naturaleza jurisdiccional.
3)      La
Ley 57 de 1905 es un acto de rango legal, que fue proferida por la Asamblea
Nacional Constituyente, norma que no fue subrogada por el artículo transitorio
E del Acto Legislativo 03 de 1910.
4)      El
Código Nacional de Policía derogó y modificó el artículo 15 de la Ley 57 de
1905, dado que el Decreto ley 1355 de 1970 en su artículo 125 y siguientes,
reguló integralmente la materia a que se refería aquél. Incluso, amplió su
objeto a todo tipo de perturbación sobre la posesión y la tenencia, y autorizó
la defensa del ocupante no sólo a partir de la demostración de la tenencia sino
también de la constatación de cualquier otro título que justifique válidamente
la ocupación. En efecto, la norma que regulaba el proceso policivo por
ocupación de hecho es insubsistente desde la expedición y publicación del
Código Nacional de Policía, de modo que la Corte se inhibió de producir una
decisión de mérito por carencia actual de objeto.
5)      En
los procesos policivos de lanzamiento por ocupación de hecho adelantados con la
Ley 57 de 1905 por casi 30 años, se configuró la cosa juzgada. Estos solo
podrán impugnarse a través de acción de tutela con fundamento en la aplicación
de un régimen no vigente, siempre y cuando cumplan con el requisito de inmediatez
que se determinará a partir de la expedición de la sentencia C-241 de 2010.
6)      El
régimen jurídico aplicable a los procesos policivos de perturbación de la
posesión se compone principalmente por el Decreto ley 1355 de 1970 y
subsidiariamente por los Códigos Departamentales y Distritales de Policía”.
Con
base en lo antepuesto, la Sala indicó como ratio decidendi que: “conforme a lo
establecido en el expediente se ejemplifica que, toda la actuación adelantada
por la Inspección 9ª A de Policía y el Consejo de Justicia de Bogotá adolece de
un defecto procedimental absoluto, comoquiera que las autoridades se apartaron
por completo del procedimiento legalmente establecido en el trámite del asunto
de la referencia porque siguieron un procedimiento por completo ajeno al
pertinente (desvió el cauce del asunto), pues aplicaron la Ley 57 de 1905 norma
que fue subrogada y modificada por el Código Nacional de Policía (Supra 6.1.4.1.1.)”.
1.7    La
Sala Novena de Revisión ordenó con base en las premisas antes expuestas:
“Primero.
CONFIRMAR, la sentencia del 15 de Julio de 2011, proferida el Juzgado Treinta y
Siete (37) Civil del Circuito de Bogotá, que ratificó el fallo emitido el 22 de
junio de 2011 por el Juzgado Setenta y Dos (72) Municipal Civil de la misma
ciudad, el cual amparo los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
de administración de justicia del señor Juan Eustacio Torres Acero, y ordenó la
nulidad de todo lo actuado en el proceso policivo iniciado con la querella
593-2006.
Segundo.
ADICIONAR, a las decisiones de instancia que el señor Juan Eustacio Torres
Acero mantiene la posesión sobre el predio ubicado en la carrera 96 No. 16 G de la localidad de Fontibón en Bogotá; inmueble que también se identifica con la nomenclatura
Carrera 94 No 20-01, Lote B, hasta tanto se decida sobre la misma en el marco
del proceso policivo de perturbación de la posesión adelantado con la
normatividad vigente.”
2.      La
solicitud presentada
2.1    Mediante
escrito radicado en la Secretaría General de la Corte Constitucional el 4 de
julio de 2012, el apoderado de Construcciones los Sauces LTDA solicitó la
aclaración de la sentencia T- 053 de 2012, proferida por esta Sala de Revisión.
Específicamente, las expresiones “posesión” y “decida sobre la misma”
contenidas en el ordinal segundo del resuelve de la providencia.
2.1.1 El
abogado de la empresa demandada manifestó que con la palabra  “posesión” en la
parte resolutiva del fallo puede entenderse que se modifica el estatus jurídico
del señor José Eustacio Torres Acero de ocupante a poseedor del bien en
disputa. En su concepto, tal cambio generó una duda mayúscula respecto de si se
presenta una ruptura en la congruencia de la providencia T-053 de 2012, porque:
i)
la determinación de la posesión no fue objeto de estudio de la demanda de
tutela ni de la sentencia, pues ésta se concentró en analizar si se configuró
defecto procedimental absoluto al aplicarse una norma que no estaba vigente en
el proceso policivo. De hecho, el fallo en cuestión no hizo ningún examen sobre
la posesión del predio ubicado en la localidad de Fontibón dentro de sus
consideraciones.
ii)
la Sala Novena de Revisión no abrió el debate probatorio sobre la posesión del
inmueble. De la misma forma, no contaba con el acerbo probatorio requerido para
concluir cuál de las partes tenía el estatus de poseedor.
iii)
la ratio decidendi de la providencia únicamente giró en torno a la  vulneración
de los derechos fundamentales del actor derivado del estudio de la “cuerda
procesal vigente y aplicable al respectivo trámite”.
Además,
afirmó que estas inconsistencias tienen la virtualidad de afectar en forma
grave el derecho al debido proceso de la demandada, puesto que sin que
Construcciones los Sauces ejerciera la garantía de la defensa se le concedió al
tutelante la calidad de poseedor. Dicho estatus, puede significar que ningún
juez o autoridad sería competente para modificar tal relación entre el inmueble
y el señor Torres Acero, pasando por alto que ello se ésta debatiendo en el
proceso pertinente.
2.1.2 Respecto
de la expresión “decida sobre la misma” contenida en la orden segunda de la
sentencia T-053 de 2012, el apoderado de Construcciones los Sauces aseveró que
causa perplejidad en la comprensión de la sentencia que, a pesar de que el
fallo advirtió que los jueces civiles son los únicos que deciden sobre la
propiedad de un bien inmueble y las autoridades policivas solo toman medidas
provisionales en relación con la detención material del bien, parece haberse
dispuso en el resuelve que éstas decidirán sobre la suerte del predio.
2.2    Con
base en lo expuesto, el abogado de la parte demandante formuló las siguientes
preguntas:
“i)
¿la orden del ordinal segundo hace referencia realmente a la ocupación del
señor Juan Eustacio Torres sobre el bien inmueble ubicado en la carrera 96C No 16G.01 de la localidad de Fontibón en Bogotá, hasta que no se surta nuevamente el proceso
policivo de acuerdo a la normatividad vigente?
ii)
¿Para poner punto final a la disputa sobre el bien inmueble es preciso acudir a
la autoridad de judicial civil correspondiente, en tanto que la autoridad
policiva tan solo ofrece un amparo provisional, más no decide sobre la
titularidad del bien ni los derechos civiles de querellante y querellado?
iii)
¿la confirmación de las sentencias de instancia, según lo dispuesto en la orden
primera, no cubre en su integridad las ordenes proferidas por los jueces de
tutela?”
II.
CONSIDERACIONES
Jurisprudencia
sobre las solicitudes de aclaración de las sentencias proferidas en ejercicio
de la facultad de revisión.
1.      La
Corte Constitucional ha reiterado que, por regla general, las sentencias
proferidas en sede revisión de tutela no son susceptibles de aclaración, en
razón a que establecer el sentido de sus fallos luego de ser expedidos
extralimitaría las competencias asignadas a la Corporación por el artículo 241
Superior en la medida que se reabría un debate que ya culminó. Al mismo tiempo,
para la Sala, esclarecer a posteriori sus providencias iría en contra de los
principios de cosa juzgada constitucional y seguridad jurídica . Sin embargo,
con fundamento en la ley, la jurisprudencia ha aceptado la aclaración de los
fallos de esta Corporación, siempre que se cumplan ciertos requisitos.
1.1.   La
sentencia C-113 de 1993 declaró inexequible el inciso 4° del artículo 21 del
Decreto 2067 de 1991 , disposición que contemplaba la opción de solicitar la
aclaración de las sentencias de tutela emitidas por esta Corporación. Al
respecto indicó que: "… la posibilidad de aclarar  "los alcances de
su fallo ",   no sólo  atenta contra la cosa juzgada,  sino que es contraria
a la  seguridad jurídica,  uno de los fines fundamentales del derecho. Además,
la existencia de múltiples aclaraciones, haría desordenada y caótica la
jurisprudencia de la Corte. Sin que sobre advertir que si  la ley, según la
ficción universalmente aceptada,  es conocida por todos,  con mayor  razón hay
lugar a presumir que los jueces,  generalmente  graduados en Derecho,  tienen
la suficiente formación jurídica  para leer y entender las sentencias de la Corte.
Lo cual explica porque la norma comentada,  a más de ser inexequible, es
inútil”.
Más
adelante, precisó que “los fallos pronunciados en virtud de la facultad
dispuesta en el artículo 241, numeral 9 de la Constitución Política, en
principio no son susceptibles de aclaración, pues las decisiones adoptadas
hacen tránsito a cosa juzgada y, por lo tanto, no hay posibilidad para debatir
aspectos considerados en una sentencia o extender los efectos definidos en ella.
El principio de seguridad jurídica y el derecho al debido proceso, considerados
como pilares de la actividad judicial, resultarían conculcados si la Corte
Constitucional reabriera el debate sobre asuntos decididos en forma definitiva.
Los fallos pronunciados por las Salas de Revisión deben ser acatados en los
términos expresados por la Corporación” .
1.2.   A
pesar de lo anterior, la Corte ha considerado  que esta postura no es absoluta,
porque el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil autoriza a que dentro
del término de la ejecutoria de la sentencia, mediante auto complementario, se
puedan aclarar “los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda,
siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que
influyan en ella.”
La
Corporación ha advertido que la aclaración solo procede cuando la duda en la
providencia se halla establecida de modo pleno puesto que, de no ser evidente,
se mantiene incólume la prohibición a quien juzga de pronunciarse nuevamente
sobre la sentencia ya proferida. Ello, en tanto que el fallo es intangible para
la autoridad judicial que la hubiese dictado a quien le está vedado revocarla o
reformarla so pretexto de aclararla. Por ende, “si una decisión encaminada
exclusivamente a precisar el contenido de una decisión judicial es innecesaria,
cuando esta es clara, al punto de correr el riesgo de modificar sus alcances,
alterar su contenido, reducir su espectro de acción o modificar las condiciones
en que se concedió el amparo de tutela, lo cual implica la producción de una
nueva providencia judicial y la consecuente afectación de los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica” , la solicitud de aclaración será improcedente.
Al
interpretar este precepto y justificar su aplicación a los procesos de tutela, la
Corte sostuvo que:  “la Corte ha considerado que es procedente aclarar sus
sentencias proferidas en el trámite de revisión de fallos de procesos de
tutela, pues la Ley autoriza que “(…) dentro del término de la ejecutoria, de
oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto complementario los
conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén
contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella”
(artículo 309 Código de Procedimiento Civil.   Lo  anterior, lógicamente,
siempre y cuando las solicitudes de aclaración de los fallos proferidos por las
salas de revisión sean formuladas oportunamente, esto es, dentro de los tres
(3) días siguientes a su notificación, acorde al artículo 331 Ibídem que trata
de la ejecutoria de las providencias.”
1.3.   Entonces,
la Sala concluye que la procedencia de la solicitud de aclaración de una
sentencia dictada cuenta con exigencias formales y de fondo . Las primeras se
identifican con los requisitos de:
i)
oportunidad, el cual exige al interesado solicitar la aclaración dentro del
término de ejecutoria de la sentencia, esto es, dentro de los tres días
siguientes a su notificación , y
ii)
legitimación por activa, que hace referencia a que tratándose de una aclaración
a petición de parte esta provenga, precisamente, de uno de los sujetos
procesales .
La
segunda clase de requisitos que pueden denominarse de fondo, se derivan del
artículo 309 del Código de Procedimiento Civil. De acuerdo con este, la
aclaración es precedente si se refiere a conceptos o frases que:
i)
ofrezcan verdadero motivo de duda, lo cual se presenta cuando los conceptos o
frases objeto de aclaración “influyen para el entendimiento pleno y el
cumplimiento de lo decidido en el fallo en cuestión” . También la Corte ha
expresado que “lo que ofrece duda, [es] lo que es ambiguo, lo que es
susceptible de ocasionar perplejidad en su intelección” . En este entendido ha
agregado la Corte que la solicitud de aclaración no puede servir para
“cuestionar la decisión judicial adoptada, antes que dilucidar o aclarar putos
que ofrezcan realmente duda” . y
ii)
estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella
.
Caso
Concreto.
2.      En
esta oportunidad la Sala estudiará si  las expresiones “posesión” y “decidan
sobre la misma” contenidas en el numeral segundo del resuelve del fallo
referido presentan dudas que impidan comprender o hacer ejecutable lo dispuesto
en la sentencia T-053 de 2012. Así, se estudiarán los requisitos formales y de
fondo establecidos para la procedencia de la aclaración.
2.1.   Respecto
de lo primero, la Corte constata que la sentencia T-053 de 2012 fue notificada
a Constructores los Sauces Limitada el día 29 de junio de 2012 . La petición de
aclaración fue recibida en la Secretaría General de la Corte Constitucional el
día 4 de Julio del mismo año, esto es, a los dos días hábiles posteriores a la
comunicación de la providencia enunciada. Por ende, la solicitud fue presentada
dentro del término de ejecutoria de la providencia.
De
otro lado, es evidente que Constructores los Sauces tiene la calidad de parte
accionada en el proceso T-3170053. En consecuencia, está legitimada para
solicitar la aclaración de la sentencia T-053 de 2012.
2.2.   Ahora
bien, la Sala entrará a determinar si en la parte resolutiva de la sentencia
T-053 de 2012, se encuentran frases o conceptos que son motivo de duda,
particularmente frente a la presente solicitud de aclaración.
2.2.1 En
primer lugar, con relación a la expresión “posesión”  contenida en el numeral
segundo de la parte resolutiva de la sentencia T-053 de 2012, se advierte que
el fallo referido se concentró en analizar la vulneración de los derechos
fundamentales del peticionario, en cuanto se adelantó un proceso policivo en su
contra con una normatividad que había sido derogada. Para la Sala, tal
actuación significó que las autoridades demandadas incurrieron en defecto
procedimental absoluto, puesto que se apartaron del procedimiento vigente para
su trámite establecido en el Código Nacional de Policía. En tal virtud, se dejó
sin efecto el proceso de perturbación de la posesión, en la medida que se
adelantó infringiendo derechos fundamentales, lo que implica la supresión del
mundo jurídico de todos sus efectos y consecuencias. Por ello, devolvió el
estado de cosas al inicio del procedimiento, al tiempo que se entregó al actor
la “posesión” del bien.
El
apoderado de la sociedad demandada, indica que con la expresión solicitada en
aclaración puede darse a entender que la sentencia T-053 de 2012 no es
consonante con su parte motiva, porque al parecer decidió sobre el derecho de
posesión del inmueble ubicado en la localidad de Fontibon, materia que no fue
objeto de análisis en el fallo referido. Este sentido de la providencia, surge
para el solicitante de comprender la palabra posesión en su significado legal
establecido en el artículo 762 del Código Civil, que expresa que “la posesión
es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño
o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la
tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño, mientras otra
persona no justifique serlo.”
Esta
Corporación observa que tiene razón el apoderado de Construcciones los Sauces,
al señalar que resulta ambigua la expresión “posesión” contenida en el ordinal
segundo de la parte resolutiva de la providencia citada respecto de las
consideraciones de la misma, puesto que el término empleado abre la posibilidad
de que las partes concluyan que la Sala concedió al señor José Eustacio Torres
Acero la tenencia del predio enunciado acompañado con el animus de señor y
dueño, excluyendo a Construcciones los Sauces de este derecho, cuando en su parte
motiva solo se refirió a la vulneración del derecho al debido proceso del
tutelante.
Atendiendo
a ello, la Sala subraya que la sentencia le dio a la palabra posesión un
significado gramatical, mas no jurídico, en razón a que reconocer a cualquiera
de las partes el corpus acompañado del animus domini no fue el objeto que
convocó a la Corte; en contraste, éste se circunscribió a analizar la
vulneración de los derechos fundamentales en el proceso policivo iniciado con
la querella 593-2006. Así, por posesión la Sala entendió que poseer es tener,
ocupar, disfrutar una cosa, sin importar el título, lo que en realidad responde
al sentido común del término .
De
esta manera, es evidente que el proveído objeto de aclaración no analizó, en
términos del derecho civil colombiano en cabeza de quien  se encontraba el
derecho de posesión del inmueble ubicado en la localidad de Fontibón. Por el
contrario, se concentró en estudiar la existencia de un defecto procedimental
absoluto, que se presentó al aplicar al proceso policivo precitado la
normatividad subrogada. Por ello, debe precisarse que esta Corporación en
ningún momento pretendió calificar la relación del accionante con el predio identificado
con la nomenclatura Carrera 94 No 20-01, y mucho menos darle status jurídico de
poseedor en los términos jurídicos de los artículos 752 y siguientes del Código
Civil.
Esta
motivación es consecuente con la determinación de la Sala de anular el
procedimiento policivo iniciado con la querella 593-2006 y dejar a las partes
en libertad para que opten por iniciar de nuevo el proceso impugnado. Por ello,
sería contradictorio pensar que la Corte le otorgó el estatus de poseedor al
señor José Eustacio Torres Acero, cuando tanto el acciónante como el demandado
tienen la oportunidad de comenzar con el trámite de la referencia y además se
halla en curso un proceso civil de pertenencia que decidirá de forma de
definitiva sobre la propiedad del inmueble.
Las
anteriores consideraciones fueron comprendidas por el apoderado de
Construcciones los Sauces, quien afirmó que: “por supuesto que de la sentencia
se deduce lógicamente que construcciones los Sauces Ltda debe iniciar una
querella policiva con base en el Código Nacional de Policía porque su posesión
ha sido perturbada por el ocupante, y tutelante”.
En
síntesis, la expresión “posesión” contenida en el resuelve de la sentencia
T-053 de 2012  presenta una perplejidad representada en que las partes pueden
concluir que la Sala calificó de poseedor a José Eustacio Torres, cuando ello
no fue objeto de estudio por la Sala. Así las cosas, se procederá a aclarar que
por tal palabra se entenderá la tenencia del inmueble, en la medida que, como
no se estudió sobre la titularidad del derecho de posesión, le estaba vedado a la
Corte calificar o reconocer un status determinado con relación al predio en
disputa.
2.2.2.
En segundo lugar, frente a la expresión “decida sobre la misma”, la Sala
reiteró en la sentencia T-053 de 2012 que las autoridades de policía toman
medidas provisionales sobre las controversias que surjan con el derecho de
propiedad y los derivados de este con relación a un bien, verbigracia la
posesión, mientras que el juez civil decide de forma definitiva respecto de
derecho de propiedad.
El
apoderado de la sociedad demandada señaló que la expresión referida genera
problemas en la comprensión del fallo, comoquiera que parece indicar que las
autoridades de policía decidirán definitivamente la suerte del bien inmueble,
impidiendo que los jueces civiles resuelvan la controversia respecto del
derecho de dominio del mismo y desconociendo que las autoridades de policía no
deciden, por el contrario solo toman medidas provisionales.
Para
la Sala, en la expresión que “decidan sobre la misma” no se produce duda alguna
ya que las autoridades de policía son competentes para evitar que se perturbe
el derecho de posesión o la tenencia que recae sobre un bien, sin perjuicio de
la decisión final que tome el juez civil en un proceso de prescripción
adquisitiva de dominio .
Las
determinaciones adoptadas tanto por las autoridades de policía –en el marco de
procesos policivos civiles- como los jueces civiles son de naturaleza
jurisdiccional. Por tanto, ambas autoridades deciden como el juez natural los
asuntos sometidos a su competencia. Lo que en realidad ocurre es que aquellas
lo hacen en forma transitoria y las segundas de manera definitiva. Por eso, lo
establecido por el juez civil tiene vocación de permanencia en el tiempo y
prima respecto de la autoridad policiva, quien da un amparo precario.
En
la misma lógica, la Corte advierte que en la sentencia T-053 de 2012 solo se
analizó la cuerda procesal bajo la cual se adelantó el proceso policivo, más no
el civil. Entonces, lo que se decidió en la acción de tutela no puede influir
el curso del proceso de pertenencia u obstaculizar lo que se decida en éste,
pues son dos trámites con fines y alcances diversos. Por consiguiente, la Sala
desestimará la solicitud de aclaración sobre este punto.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional
RESUELVE
Primero.-
ACLARAR que solo para efectos de la sentencia T-053 de 2012 por el
vocablo “posesión” contenido en el numeral segundo de la parte resolutiva de la
providencia, la Sala aludió al sentido gramatical o común del término y no al
concepto jurídico establecido en el Código Civil. Así las cosas, la Sala se
refirió en la Sentencia T-053 de 2012 a la tenencia del predio ubicado en la
carrera 96 No. 16 G de la localidad de Fontibón en Bogotá; inmueble que también
se identifica con la nomenclatura Carrera 94 No 20-01, Lote B.
Segundo.-
DENEGAR la solicitud de aclaración de la expresión “decidan sobre la
misma” contenida en el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia
T-053 de 2012, por las razones expuestas en la parte motiva del presente auto.
Comuníquese
y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Sentencias T-502 de 2008, T-1215 de 2003, T-149 de 1995, T-308
de 1995, T-443 de 1995, T-001 de 1997 y SU-1219.
[2] Sentencias
SU-154 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra , T-986 de 2004 M.P Humberto Sierra Porto, T-410 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas: De manera que para que se
configure la temeridad en el ejercicio de la acción de tutela no basta con que
este mecanismo sea utilizado en más de una ocasión por las mismas personas o sus
apoderados, invocando la protección de los mismos derechos y apoyándose en los
mismos hechos e iguales pretensiones, sino que también es menester que tal
actuación esté desprovista de una razón o motivo que la justifique
[3] Sentencia
T-266 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[4] Sentencias T-502
de 2008 M.P.
Rodrigo Escobar Gil, T-568 de 2006 M.P Jaime Córdoba Triviño y T-184 de 2005. M.P. Rodrigo
Escobar Gil
[5]
Sentencia
T-568 de 2006; otras, en las cuales se efectúa un recuento similar son las
providencias T-020 de 2006, T-593 de 2002, T-443 de 1995, T-082
de 1997, T-080 de 1998, SU-253 de 1998, T-263 de 2003  T-707 de 2003.
[6] Sentencias T-568 de
2006, T-951 de 2005, T-410 de 2005, T-1303 de 2005, T-662 de 2002 y T-883 de
2001.
[7]
Sentencia T-149 de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[8]
Sentencia T-308 de 1995. MP. Jose Gregório Hernandez Galindo
[9]
Sentencia T-443 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero
[10]
Sentencia T-001 de 1997. M.P. Jose
Gregório Hernandez Galindo
[11]
Sentencia T-721 de 2003. MP.  Álvaro Tafur Galvis
[12] Sentencia
T-266 de 2011 MP. Luis Ernesto Vargas Silva
[13]
Sentencia T-707 de 2003 MP. Álvaro Tafur Galvis
[14]
Sentencia T-1034 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño
[15]
Sentencia T-566 de 2001 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra
[16] Sentencia
T-009 de 2000. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz
Si
la causa petendi está constituida por las razones – de hecho y de derecho – que
sustentan  la petición formulada, no cabe duda de que, entre las primeras
y las segundas decisiones proferidas, existe una muy relevante diferencia. Lo
que motivó las últimas solicitudes de amparo y la orden judicial de protección
del derecho vulnerado, fue la expedición de la sentencia SU-36/99, es decir, la
adopción de una nueva doctrina que debe ser aplicable siempre que pueda
verificarse que la vulneración persiste por razones ajenas a la parte actora y
que es jurídica y fácticamente posible la protección judicial. Finalmente, no
puede afirmarse que existe una vulneración de la cosa juzgada, pues lo que
verdaderamente se produjo en los fallos de primera instancia, fue el rechazo de
la acción por considerar que se trataba de un mecanismo improcedente dada la
existencia de mecanismos alternativos de defensa. No hubo, por ello, un
pronunciamiento de fondo sobre los hechos del caso, como si ocurre en la
presente sentencia.
[17]
Sentencia T-1034 de 2005.
[18] Sentencia
T-266 de 2011. MP: Luis Ernesto Vargas Silva.
[19] Sentencia
T-560 de 2009. M.P Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo
[20] Decreto
2591 de 1991, artículo 37
[21]
Sentencias C-622 de agosto 14 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-441 de
2010, M.P. Joge Ignació Pretelt Chajub
[22] J. Ramón Ortega
R. “De las excepciones previas y de mérito” Ed. Temis. Pág. 91, 1985.
[23] De
fecha 26 de julio de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[24] Sentencia
C-744 de 2011 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[25]
Sentencia T-649 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[26] Sentencia
T-813 de 2010 M.P. María Victoria Calle Correa.
[27] Sentencia
T-754 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
[28]Sentencia
T-649 de 2011.
[29] Sentencia
T-560 de 2009.
[30] Ibídem.
[31] Ibídem.
[32]
Sentencias T-048 de 20095, T-149 de 1998, T-1023 de 2005,  T-115 de 2004, T-1104
de 2008 y T-560 de 2009.
[33]
El artículo 82 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 30 de la Ley 446/98, a su vez recientemente modificado por el artículo 1° de la Ley 1107/2006, estipula lo siguiente: “Objeto de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está
instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad
de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con
capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen
funciones propias de la distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo
de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de
conformidad con la Constitución y la ley. // Esta jurisdicción podrá juzgar,
inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de gobierno.
// La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones
proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. // Las
decisiones jurisdiccionales adoptadas por las salas jurisdiccionales
disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales de la judicatura, no tendrán control jurisdiccional.” (subrayado fuera del
texto).
[34] República de
Colombia, Congreso Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. artículo 105 No
3
[35]
Sentencia T-061 de 2002 M.P Rodrigo Escobar Gil y T-560 de
2009.
[36] Sentencias
T-179 del 28 de febrero de 2003, MP: Clara Inés Vargas Hernández; T-620 del 8
de agosto de 2002, MP: Álvaro Tafur Galvis; T-999 del 18 de septiembre de 2001,
MP: Rodrigo Escobar Gil; T-037 del 30 de enero de 1997, MP: Hernando Herrera;
entre otras.
[37] Artículo
86 de la Constitución Política.
[38]
Sentencia T-821 de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla
[39]
Auto de Sala Plena 333 de 2010, M.P Mauricio González Cuervo y sentencia T-462
de 2003 “[e]n esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual de la expresión
“vía de hecho” por la de “causales genéricas de procedibilidad”. Lo anterior ha
sido inducido por la urgencia de una comprensión diferente del procedimiento de
tutela con tal de que permita ‘armonizar la necesidad de proteger los intereses
constitucionales que involucran la autonomía de la actividad jurisdiccional y
la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de
irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los derechos
fundamentales que pueden verse afectados eventualmente con ocasión de la
actividad jurisdiccional del Estado’.” Sentencia)
[40] Auto de Sala
Plena, A 333 de 2010
[41] Sentencias
T-808 de 2007 MP: Catalina Botero Marino,
T-821 de 2010  M.P Nilson
Pinilla Pinilla y T-513 de 2011 M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[42]Ver sentencia
T-189 de 2009, y en el mismo sentido la SU-961 de 1999, la T-282 de 2005, la T-016 y 158 de 2006 y la T-018 de 2008, entre otras. “[S]e trata de una
exigencia de acuerdo con la cual la acción debe ser instaurada oportunamente,
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. La vocación de la tutela es la de servir como instrumento para
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales
vulnerados o amenazados por la actuación u omisión de una autoridad pública.
Para que ello sea viable, es imperativo que las personas hagan uso de la acción
con la misma presteza con la que la jurisdicción constitucional debe atenderla.
Tratándose de las acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte ha establecido que el análisis sobre la inmediatez debe ser más estricto, dado que se
trata de cuestionar un fallo que ya ha puesto fin a un conflicto,
presumiblemente de acuerdo con la ley y la Constitución
[43] Auto
de Sala Penal A-333 de 2010.
[44]
Sentencia T-825 de 2007 MP. Manuel Juan Cepeda Espinosa
[45]
Sentencias T-016 de 2006 MP. MP. Manuel Juan Cepeda Espinosa, T-282 de
2005  M.P. Rodrigo Escobar Gil y SU-961 de 1999 MP: Vladimiro
Naranjo Mesa
[46]
Sentencia T-158 de 2006.  MP: Humberto Antonio Sierra Porto
[47]
Sentencia T-018 de 2008. MP: Jaime Córdoba Triviño
[48] Auto
de Sala Penal A-333 de 2010
[49]
Sentencia SU-961 de 1999.
[50] Sentencia
T-814 de 2005. Ver también, Sentencia T-728 de 2002.
[51] Auto
de Sala Penal A-333 de 2010
[52] Ibídem.
[53] Sentencias
T-808 de 2007, T-820 de 2010 y T-513 de 2011.
[54]
El texto íntegro del artículo 29 superior es el siguiente: “El debido
proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
|| Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de
las formas propias de cada juicio. || En materia penal, la ley permisiva o
favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable”.
[55] El
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia se encuentra
reconocido en el texto superior de la siguiente manera: “La
Administración de Justicia es función pública. Sus
decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con
las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho
sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su
incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”.
[56] Sentencia
T-591 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[57] Cfr.
Corte Constitucional, sentencia T-996 de 2003.
[58]Cfr.
Corte Constitucional, sentencias
T-996 de 2003 y SU-159 de 2002. “(se pretermiten etapas) señaladas
en la ley para asegurar el ejercicio de todas las garantías que se le reconocen
a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, (i) puedan ejercer el
derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la
asesoría de un abogado –en los eventos en los que sea necesario -, ejercer el derecho
de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere pertinentes
para sustentar su posición; (ii) se les comunique de la iniciación del proceso
y se permita su participación en el mismo y (iii) se les notifiquen todas las
providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles
notificadas”. (Tomado de la SU-159 de 2002).
[59] Sentencias
T-264 de 2009 y T-591 de 2011 M.P Luis Ernesto Vargas Silva
[60] Sentencia
T-565A de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[61] Sentencia
T-599 de 2009 MP. Juan
Carlos Henao Pérez  y T-591 de 2011
[62]
Los pronunciamientos más relevantes sobre el exceso ritual manifiesto, aparte
de la mencionada sentencia T-1306 de 2001 y de la 973 de 2004, que será
referida en el cuerpo de la sentencias son: la sentencia T-1323 de 2002, en la
cual la Corte conoció de un caso en el cual el abogado de 500 ciudadanos que se
encontraban reclamando el derecho a la pensión, dirigió por error la demanda a
los jueces civiles del circuito. El juez del circuito al que le correspondió en
reparto la demanda la envió a los jueces laborales del circuito, por
competencia. El juez laboral del circuito a quien correspondió el caso ordenó
la corrección de la demanda y de 500 poderes incorporados en ella, en el
término de cinco días. El abogado corrigió la demanda, pero solicitó un plazo
adicional para anexar los 500 poderes, pues no todos sus mandates se
encontraban en la misma región del país. La Corte consideró que la exigencia impuesta por un juez laboral del circuito en un término de cinco días, y su
negativa a la ampliación del término, se encontraban enmarcadas en el supuesto
del exceso ritual manifiesto. Tras reparar en que se hallaba de por
medio el derecho a la pensión de un amplio número de ciudadanos, esta
Corporación indicó que, con el fin de dar prevalencia al derecho sustancial, el
juez debió inaplicar las normas sobre términos legales para la corrección de
los poderes, o bien, dar valor a la inequívoca expresión de voluntad contenida
en los poderes rechazados; la sentencia T-289 de 2005 fallo en que la Corte se pronunció sobre la petición de amparo de un ciudadano que había interpuesto la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante un Tribunal de la
jurisdicción contencioso-administrativa. La autoridad judicial rechazó la
acción argumentando la caducidad de la misma, decisión que el afectado impugnó
mediante recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra del
auto de rechazo. El Tribunal rechazó nuevamente el recurso por considerar que,
de acuerdo con la normativa del proceso contencioso, el único recurso
procedente era el de súplica. La Corte consideró que el juez administrativo
incurrió en defecto procedimental por exceso ritual, dado que en la medida en
que los recursos tenían el mismo objeto, y el término para interponerlos era el
mismo, el juez debió obviar el encabezado y dar trámite al recurso procedente;
la sentencia T-950 de 2003, pronunciamiento en el que la Corte consideró que un juez civil incurrió en un defecto procedimental al decretar la
perención de un proceso de responsabilidad extracontractual debido a la
inasistencia del demandante, pues el funcionario judicial no tuvo en cuenta que
este se encontraba interno en la cárcel La Picota de Bogotá, y fue notificado de la audiencia, a realizarse en Valledupar, un día antes de su celebración.
Para la Corte, la actuación del juez civil fue por completo irrazonable y
desproporcionada, especialmente porque conocía plenamente la situación del
peticionario.
[63] Sentencia
T-591 de 2011.
[64]
Ibidem.
[65]
Sentencia C-590 de 2005.
[66] Sentencia SU-159 de 2002,
C-590 de 2005, T-737 de 2007 y T-591 de 2011.
[67] Sentencia C-024
de 1994. M.P Alejandro Martínez Caballero
[68]
Sentencias C-492 de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño y C-117 de 2006 MP.Humberto Antonio
Sierra Porto
[69] Sentencia
C-241 de 2010 MP: Juan
Carlos Henao Pérez
[70] Constitución
Política de Colombia artículo 300 numeral 8º
[71] Sentencia
C-241 de 2010.
[72] Ibídem.
[73] Ibídem.
[74] ARTÍCULO.
16.-
Desde la expedición de la presente Ley, en los juicios de lanzamiento por
ocupación de hecho en predios rurales, así como en la tramitación de toda acción
posesoria referente a predios de la misma naturaleza, se observarán las reglas
que se consignan en los Artículos siguientes.
[75] ARTICULO.
17.-
Quien posea un predio rural en los términos de los artículos 1[75]
y 4[75]
de esta Ley, o presente los títulos de que trata el artículo 3[75]
de la misma, tiene derecho a que la autoridad competente, de acuerdo con las
prescripciones de esta Ley, suspenda inmediatamente cualquiera ocupación de
hecho, esto es, realizada sin causa que la justifique. En consecuencia, formulada
la queja, el respectivo funcionario, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a su presentación, se trasladará al terreno, a costa del interesado
y efectuará el lanzamiento si se reúnen los requisitos señalados en este
artículo. En
estos términos queda reformado, en lo que se refiere a predios rurales, el
artículo 15 de la Ley 57 de 1905.
[76] República de
Colombia, Congreso Ley 200 de 1936 Sobre el régimen
de tierras, Diario
Oficial 23388 de 21 de enero de 1937, parágrafo del artículo 20.
[77] Sentencia
C-241 de 2010.
[78]
Ibídem.
[79] Ibídem.
[80] Ibídem.
[81] Sentencias
SU-047 de 1999. MP. Alejandro Martínez  y Carlos Gaviria,  SU- 1300 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; SU-1219
de 2001. M.P. Manuel Juan Cepeda Espinosa.
[82] Sentencia C-957
de 1999 M.P Álvaro Tafur Galvis
[83] Sentencia
C-241 de 2010
[84] Recordamos
que las decisiones de instancia le ordenaron a los demandados restituir la
posesión del bien objeto de controversia a Juan Eustacio Torres Acero, hasta
tanto el Juez 35 Civil del Circuito de Bogotá decida definitivamente sobre el
derecho de dominio, en el marco del proceso de pertenencia No 2006-0491 que
actualmente se adelanta.
[85] Sentencia
C-394 de 1994  M.P. Antonio Barrera Carbonell.