C-873-02
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-873/02
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Emisión de
estampillas
LIBERTAD DE CONFIGURACION
LEGISLATIVA EN MATERIA DE ESTAMPILLAS-Parámetros de emisión
TRIBUTO TERRITORIAL-Autorización legislativa de emisión no
debe contener todos los elementos
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL Y
CONCEJO MUNICIPAL Y DISTRITAL EN MATERIA TRIBUTARIA-No competencia exclusiva en determinación de
destinación del recaudo
RECURSOS DE ENTIDADES
TERRITORIALES-Grado de
injerencia del legislador en administración
ENTIDADES TERRITORIALES EN MATERIA
TRIBUTARIA-Recursos,
necesidades e intereses son distintos entre sí
REPUBLICA
UNITARIA, DESCENTRALIZACION Y AUTONOMIA DE ENTIDADES TERRITORIALES-Compatibilidad
AUTONOMIA DE
ENTIDADES TERRITORIALES-Cierta
capacidad jurídica de autogestión política, administrativa y fiscal
AUTONOMIA FISCAL DE ENTIDADES
TERRITORIALES-No es absoluta/POTESTAD IMPOSITIVA
DE ENTIDADES TERRITORIALES-No es autónoma sino subordinada a la ley
La
autonomía constituye el pilar a partir del cual los entes territoriales pueden
alcanzar los fines asignados por el Constituyente, al gozar de cierta capacidad
jurídica de auto gestión política, administrativa y fiscal. Sobre esta última,
la autonomía se traduce en el derecho en cabeza de los departamentos y
municipios de “administrar los recursos y establecer
los                                            tributos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones”, al tenor del artículo 287 de la Constitución.
Sin embargo, por disposición del mismo precepto constitucional, dicha autonomía
no es absoluta, pues se enmarca dentro de los límites de la Constitución y la
ley, lo cual encuentra justificación en el hecho de que los departamentos y
municipios carecen de la soberanía fiscal que ostenta de manera exclusiva el
Congreso de la República. En este sentido, se puede afirmar que la potestad
impositiva de las entidades territoriales no es autónoma sino subordinada a la
ley.
DESCENTRALIZACION Y AUTONOMIA FISCAL DE
ENTIDADES TERRITORIALES
PRINCIPIO DE
LEGALIDAD DEL TRIBUTO-Origen
representativo/PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL TRIBUTO-Competencia para
imposición
Uno de los
principios sobre los que se funda el sistema tributario es el de la legalidad,
que se concreta, en primer lugar, en el origen representativo del tributo, en
desarrollo del principio según el cual “no puede haber tributo sin
representación” (“nullum tributum sine lege”), propio de un Estado democrático
y vigente en nuestro ordenamiento aún con anterioridad a la Constitución de
1991. En efecto, el artículo 338 de la Carta señala que solamente dichos cuerpos
colegiados podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales, lo cual
significa que la potestad impositiva radica exclusivamente en cabeza de los
cuerpos colegiados de elección popular, como es el Congreso –órgano
representativo por excelencia-, las asambleas departamentales y los concejos
distritales y municipales, sin que pueda delegarse tal potestad al gobierno en
sus diversos niveles.
TRIBUTO
TERRITORIAL-Fijación por
asambleas y concejos dentro del marco legal de elementos constitutivos
AUTONOMIA FISCAL
DE ENTIDADES TERRITORIALES-No
delimitación por legislador de cada uno de elementos del tributo
ESTAMPILLA DE
ENTIDADES TERRITORIALES-Establecimiento
legislativo de destinación del recurso recaudado
El
artículo 338 de la Constitución no concede a las respectivas asambleas o
concejos, de manera exclusiva, la facultad de determinar la destinación del
recaudo, pudiendo hacerlo el Congreso en la ley habilitante, sin que por ello
se restrinja el alcance del principio de autonomía territorial plasmado en la
Constitución, ya que existe una conjunción entre este último y los principios
de unidad económica nacional y soberanía impositiva en cabeza del Congreso, que
permite hallar razonable una interpretación en ese sentido, siempre y cuando se
entienda que la intervención del legislador sobre los recursos propios o
fuentes endógenas de financiación es justificada en cada caso.
ESTAMPILLA DE
ENTIDADES TERRITORIALES-Límites
a inclusión por legislador en ley de autorizaciones destinación del recaudo
TRIBUTO
TERRITORIAL-Leyes que
autorizan creación no vulneran per se equidad tributaria
PRINCIPIO DE
EQUIDAD DEL TRIBUTO-Alcance
PRINCIPIO DE
RAZONABILIDAD-Alcance en
disposición discriminatoria
En virtud
del principio de razonabilidad una determinada disposición es discriminatoria
cuando no se puede justificar razonablemente el trato diferencial que ella
establece respecto de dos situaciones similares o, en otras palabras, cuando
ante situaciones iguales se da un tratamiento jurídico diferente sin
justificación alguna. Lo anterior significa, en sentido inverso, que no se está
frente a un trato diferencial injustificado cuando las hipótesis sobre las que
recae la supuesta discriminación son totalmente disímiles.
ESTAMPILLA DE
ENTIDADES TERRITORIALES-Autorización
legislativa de emisión no constituye trato diferencial
ESTAMPILLA DE
ENTIDADES TERRITORIALES-Diferenciación
respecto de contribuyentes del nivel nacional
PRINCIPIO DE
EQUIDAD EN TRIBUTACION TERRITORIAL-Tratamiento fiscal
TRIBUTO
TERRITORIAL-Recursos,
necesidades e intereses heterogéneos
ESTAMPILLA DE
ENTIDADES TERRITORIALES-Habilitación
y no obligación para establecer una tasa
ESTAMPILLA-No autorización legislativa de
sustitución por otro sistema, método o medio de recaudo
PROYECTO DE LEY-Publicación oficial
Referencia:
expediente D-3941
Demanda de
inconstitucionalidad contra las siguientes Leyes: Ley 026 de 1990; Ley 085 de
1993; Ley 093 de 1993; Ley 122 de 1994; Ley 289 de 1996; Ley 334 de 1996; Ley
348 de 1997; Ley 367 de 1997; Ley 382 de 1997; Ley 426 de 1998; Ley 440 de
1998; Ley 538 de 1999; Ley 542 de 1999; Ley 561 de 2000; Ley 634 de 2000; Ley
645 de 2001; Ley 648 de 2001; Ley 654 de 2001; Ley 656 de 2001; Ley 662 de
2001; Ley 663 de 2001; Ley 664 de 2001; Ley 665 de 2001; Ley 666 de 2001; y,
Ley 669 de 2001.
Actor: Alfonso Gómez
Lugo.
Magistrado
Ponente:
Dr. ALFREDO
BELTRAN SIERRA
Bogotá, D.C., quince
(15) de octubre de dos mil dos (2002).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de
los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido
la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES.
En ejercicio
de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y
242 de la Constitución Política, el ciudadano Alfonso Gómez Lugo demandó las
leyes de la referencia.
Cumplidos
los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de
inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la
demanda de la referencia.
II.  NORMAS
DEMANDADAS.
A continuación, se
transcriben las leyes acusadas.
LEY
26 DE 1990
(febrero
8)
por la cual se crea la emisión de la estampilla Pro Universidad del
Valle y se dictan otras disposiciones.
El
Congreso de  Colombia,
DECRETA:
Artículo 1o. Autorízase a la Asamblea del Departamento del Valle
para  que  ordene  la emisión de la estampilla  Pro Universidad del Valle  cuyo
producido se destinará de la siguiente manera: El 50% para inversión en la
planta física, dotación y compra de equipos, requeridos y necesarios para
desarrollar en la Universidad del Valle nuevas tecnologías en las áreas, de
biotecnología, nuevos materiales, microelectrónica, informática, comunicaciones
y robótica.
El 40% se invertirá en mantenimiento o ampliaciones de la actual
planta física, compra de materiales y equipos de laboratorio, dotación de
bibliotecas y para culminar y consolidar el siguiente sistema regional de la
Universidad del Valle. El 10% restante se empleará en la construcción de la
nueva sede de la biblioteca departamental del Valle.
Artículo 2o. La emisión de la estampilla cuya creación se autoriza,
será hasta por la suma de veinte mil millones de pesos.
Artículo 3o. Autorízase a la Asamblea Departamental del Valle del
Cauca, para que determine las características, tarifas y todos los demás
asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla en las actividades y
operaciones que se deban realizar en el Departamento y en los municipios del
mismo. Las providencias que expida la Asamblea del Departamento del Valle, en desarrollo
de lo dispuesto en la presente Ley serán llevadas a conocimiento del Gobierno
Nacional, a través del Ministro de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 4o. Facúltase a los Concejos Municipales del Departamento
del Valle, para que previa autorización de la Asamblea del Departamento, hagan
obligatorio el uso de la estampilla que por esta Ley autoriza su emisión.
Artículo 5o. La obligación de adherir y anular la estampilla a que
se refiere esta Ley, queda a cargo de los funcionarios departamentales y
municipales que intervengan en los actos.
Artículo 6o. El recaudo total de la estampilla se destinará a lo
establecido en el artículo 1o. de la presente Ley.
Parágrafo. La tarifa contemplada en el artículo 170 del Decreto 1222
de 1986 será del 2.2%.  El 2% se destinará al programa establecido en el
artículo 1o. de la presente Ley.   El 0.2% restante se transferirá a la
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional Seccional de
Palmira (Valle) para atender gastos de inversión e investigación científica o
nuevas tecnologías.
Artículo 7o. La vigencia y control del recaudo e inversión de los
fondos provenientes del cumplimiento de la presente Ley estará a cargo de la
Contraloría General del Departamento del Valle del Cauca y de las Contralorías
Municipales.
Artículo 8o. Esta Ley rige a partir de su promulgación.
LEY
85 DE 1993
(noviembre
16)
por la cual se
crea la emisión de la estampilla Pro-Universidad Industrial de Santander y se
dictan otras disposiciones.
El
Congreso de Colombia,
DECRETA:
ARTICULO 1o. Autorízase a la Asamblea del Departamento de Santander
para que ordene la emisión de la Estampilla " Pro-Universidad Industrial
de Santander", cuyo producido se destinará de la siguiente manera: El 80%
será para la Universidad Industrial de Santander, el 10% para la Universidad de
la Paz y el 10% restante será para las Unidades Tecnológicas de Santander.
ARTICULO 2o. El 80% de que trata el Artículo 1o. de la presente Ley,
se distribuirá así: el 33% se invertirá en mantenimiento o ampliaciones de la
actual planta física, compra de materiales y equipos de laboratorio, dotación
de bibliotecas; el 22% para la dotación y adecuación de la planta física de
Guatiguará, Piedecuesta, la cual se destinará al establecimiento de centros de
investigación y programas de pregrado, posgrado y doctorado; 35% para
establecer el programa de regionalización de la Universidad Industrial de
Santander en la Provincia Santandereana y el 10% para la adquisición de textos
básicos y publicaciones periódicas de acuerdo con las prioridades establecidas
por el Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander.
ARTICULO 3o. El porcentaje restante de que trata el artículo 1o. de
la presente Ley, es decir, el 10% correspondiente a cada entidad, Universidad
de la Paz en Barrancabermeja y Unidades Tecnológicas de Santander en
Bucaramanga, se distribuirá así: El 3% para el mantenimiento, ampliación y
mejora de la actual planta física; otro 3% para dotación y compra de equipos
necesarios para implementar la investigación y el 4% restante se invertirá
según prioridades establecidas por la Junta Directiva de cada entidad.
ARTICULO 4o. La emisión de la estampilla Pro-Universidad Industrial
de Santander, cuya creación se autoriza, será hasta por la suma de setenta mil
millones de pesos.
ARTICULO 5o. Autorízase a la Asamblea Departamental de Santander
para que determine las características, tarifas y todos los demás asuntos
referentes al uso obligatorio de la estampilla en las actividades y operaciones
que se deban realizar en el Departamento y en sus Municipios. La ordenanza que
expida la Asamblea de Santander en desarrollo de lo dispuesto en la presente
ley, será dada a conocer al Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de
Educación, Hacienda y Crédito Público y Comunicaciones.
ARTICULO 6o. Facúltase a los Concejos Municipales del Departamento
de Santander para previa autorización de la Asamblea Departamental, hagan
obligatorio el uso de la estampilla que autoriza la presente Ley.
ARTICULO 7o. Autorizar al Departamento de Santander para recaudar
los valores producidos por el uso de la estampilla Pro-Universidad Industrial
de Santander en las actividades que se deban realizar en el Departamento y en
sus Municipios.
ARTICULO 8o. La obligación de adherir y anular la estampilla a que
se refiere la ley, queda a cargo de los funcionarios departamentales y
municipales que intervengan en los actos.
ARTICULO 9o. El recaudo total de la estampilla se destinará a lo
establecido en el Artículo 1o. de la presente Ley.
ARTICULO 10. La vigencia y control del recaudo e inversión de los
fondos provenientes del cumplimiento de la presente ley estará a cargo de la
Contraloría General del Departamento de Santander y de las Controlarais
Municipales.
ARTICULO 11. Esta Ley rige a partir de su promulgación.
LEY
93 DE 1993
(diciembre
14)
por la cual la Nación a la conmemoración de los 50 años del Colegio
Nacional Loperena, declarándolo Monumento Nacional y parte del Patrimonio
Cultural de la Nación, se confieren unas atribuciones a la Asamblea del Cesar y
se dictan otras disposiciones.
El
Congreso de Colombia,
DECRETA:
ARTICULO 1° La Nación se asocia a la conmemoración de los 50 años
del Colegio Nacional Loperena en la Ciudad de Valledupar, creado mediante la
Ley 95 de 1940, y rinde homenaje a su tradición en favor de la educación en el
Departamento del Cesar y la República de Colombia.
ARTICULO 2° Declárase al Colegio Nacional Loperena como Monumento
Nacional y parte del Patrimonio Cultural de la Nación. Las entidades públicas
encargadas de proteger el Patrimonio Cultural y las entidades territoriales
correspondientes concurrirán para su protección y conservación arquitectónica e
institucional.
ARTICULO 3° Autorízase a la Asamblea del Departamento del Cesar para
ordenar la emisión de estampillas 50 años Colegio Nacional Loperena, cuyo
producto se destinará a los siguientes objetivos:
a) Conservación arquitectónica de la planta física, dotación y
desarrollo institucional del Colegio Nacional Loperena.
b) Construcción de infraestructura, dotación y financiamiento de una
institución educativa del nivel intermedio para formación en carreras técnicas,
relacionadas con las necesidades socio-económicas del Departamento del Cesar, y
de acuerdo con las prioridades establecidas en el respectivo plan de
desarrollo, la cual será creada por la Asamblea Departamental, a iniciativa del
Gobernador y que llevará el nombre de Colegio Nacional Loperena Siglo XXI.
c) Construcción de la infraestructura educativa, dotación necesaria
y ampliación de la cobertura del servicio de instrucción pública, con énfasis
en la escolaridad rural.
ARTICULO 4° Las ordenanzas que disponga cada emisión anual de
estampilla determinarán
a) Su monto, que no podrá ser superior al veinte por ciento (20%)
del presupuesto departamental de la respectiva vigencia fiscal.
b) Las tarifas, que no deberán exceder el dos por ciento (2%) del
valor nominal del acto o documento gravado.
c) Las exenciones a que hubiere lugar.
d) Las características de las estampillas y todas las demás
consideraciones que garanticen su recaudo y correcta inversión.
PARAGRAFO. La Asamblea podrá disponer que el uso obligatorio de la
estampilla se aplique sobre todos los documentos de las entidades
descentralizadas del orden nacional, departamental y municipal, que operen en
el Departamento del Cesar y sobre los de las personas naturales y jurídicas de
derecho privado, que ejerzan funciones públicas o manejen recursos oficiales.
La Contraloría General de la Nación y la del respectivo
departamento, fiscalizarán dentro de la órbita de sus competencias, el debido
cumplimiento de las normas que se dicten en desarrollo de lo dispuesto en esta
Ley.
ARTICULO 6° La Nación incluirá en sus presupuestos recursos
necesarios para cofinanciar los planes, programas y servicios en los cuales se
invierta el producto de los recaudos de la Estampilla.
ARTICULO 6° El Congreso Nacional impondrá la Orden de la Democracia
en el Grado de Comendador al Colegio Nacional Loperena.
ARTICULO 7° La presente Ley rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga en lo pertinente, todas las que le sean contrarias.
LEY
122 DE 1994
(febrero
11)
por la cual se
autoriza la emisión de la estampilla La Universidad de Antioquia de Cara al
Tercer Siglo de Labor y se dictan otras disposiciones.
El
Congreso de Colombia,
DECRETA:
ARTICULO 1° Autorízase a la Asamblea del Departamento de Antioquia
para que ordene la emisión de la estampilla "La Universidad de Antioquia
de Cara al Tercer Siglo de Labor", cuyo producido se destinará para
inversión y mantenimiento en la planta física, escenarios deportivos,
instrumentos musicales, dotación, compra y mantenimiento de equipo, requeridos
y necesarios para desarrollar en la Universidad de Antioquia nuevas tecnologías
en las áreas de biotecnología, nuevos materiales, microelectrónica,
informática, sistemas de información, comunicaciones, robóticas y dotación de bibliotecas
laboratorios y demás elementos y bienes de infraestructura que requiera el Alma
Máter.
Parte del recaudo se destinará a investigaciones y cursos en
temáticas de género.
Del total deducido la Universidad podrá destinar hasta un 20% para
atender los aportes de contrapartida que deben cubrir la atención de la
seguridad social de sus empleados.
ARTICULO 2° La emisión de la estampilla cuya creación se autoriza,
será hasta por la suma de cien mil millones de pesos  ($ 100.000.000). El monto
total recaudado se establece a precios constantes de 1993.
ARTICULO 3° Autorízase a la Asamblea Departamental de Antioquia,
para que determine las características, tarifas y todos los demás asuntos
referentes al uso obligatorio de la estampilla en las actividades y operaciones
que se deban realizar en el Departamento y en los municipios del mismo. Las
providencias que expida la Asamblea del Departamento, en desarrollo de lo
dispuesto en la presente Ley, serán llevadas a conocimiento del Gobierno
Nacional, a través del Ministro de  Hacienda y Crédito Público.
PARAGRAFO. La Asamblea de Antioquia podrá autorizar la sustitución
de la estampilla física por otro sistema de recaudo  del gravamen que permita
cumplir con seguridad y eficacia el objeto de esta Ley.
ARTICULO 4° Facúltase a los Concejos Municipales del Departamento de
Antioquia para que, previa autorización de la Asamblea del Departamento, hagan
obligatorio el uso de la estampilla que por esta Ley se autoriza su emisión con
destino a  la Universidad de Antioquia.
ARTICULO 5° La obligación de adherir y anular la estampilla a que se
refiere esta Ley queda a cargo de los funcionarios  departamentales y
municipales que intervengan en los actos.
ARTICULO 6° El recaudo de la estampilla se destinará a lo establecido
en el artículo 1° de la presente Ley.
PARAGRAFO. La tarifa contemplada en esta Ley no podrá exceder el 2%,
del valor del hecho sujeto al gravamen.
ARTICULO 7° El control del recaudo, el traslado de los recursos a la
Universidad y la inversión de los fondos provenientes del cumplimiento de la
presente Ley estará a cargo de la Contraloría General del Departamento.
ARTICULO 8° Los contribuyentes que hagan donaciones a las
Asociaciones, Corporaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto
social y actividades corresponda a la promoción y desarrollo de la cultura, el
arte y el deporte, tienen derecho a deducir de la renta el ciento quince por
ciento (115%) del valor de las donaciones efectuadas durante el año o período
gravable. La deducción será del 125% en el caso que las donaciones se efectúen
a los fondos mixtos de promoción de la cultura, el arte y del deporte de que
trata el artículo 3° de la Ley 6a de 1992.
El valor a deducir por estos conceptos en ningún caso podrá exceder
del 30% de la renta líquida determinada por el contribuyente, antes de restar
el valor de la deducción.
Para gozar de este beneficio deberá acreditarse el cumplimiento de
las condiciones y requisitos establecidos en los artículos 125-1, 125-2, 125-3
del Estatuto Tributario y las demás que establezcan el Reglamento.
Adicionalmente deben contar con la aprobación de la Veeduría del Tesoro.
ARTICULO 9° Dentro de los hechos y actividades económicas sobre los
cuales se obliga el uso de la estampilla la Asamblea o los Concejos podrán
incluir los licores, alcoholes, cervezas y juegos de azar. En todo caso la
estampilla no podrá  superar el valor máximo contemplado en esta Ley.
ARTICULO 10. Extiéndase los beneficios de la presente Ley respecto a
la cuantía y los precios constantes a la estampilla  Pro-universidad del Valle,
creada mediante Ley 26 de 1990.
ARTICULO 11. La presente Ley rige a partir de la fecha de su
promulgación.
LEY
289 DE 1996
(julio
10)
por
medio de la cual se autoriza la emisión de la Estampilla Armero 10 años.
El
Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. Autorizase a la Asamblea Departamental del Tolima para
que ordene la Emisión de la Estampilla "Armero 10 años".
Artículo 2°. El producido de la Emisión de la Estampilla a que se
refiere el artículo anterior, se destinará principalmente para:
a) Obras de educación, deportes y cultura;
b) Terminación y dotación del Hospital "Nelson Restrepo
Martínez";
c) Construcción hasta su terminación de "Armero Parque
Cementerio" en el sitio de la catástrofe.
Artículo 3°. La Emisión de la Estampilla cuya creación se autoriza
hasta por la suma de mil millones de pesos ($1.000.000.000) el monto total
recaudado se establece a precio constante de 1995.
Artículo 4°. El honorable Concejo Municipal de Armero‑Guayabal
aprobará anualmente en plan de inversión, los proyectos a ejecutarse con el
producto del recaudo de la Estampilla.
Artículo 5º. Facúltese a los Concejos Municipales del Departamento
del Tolima para que previa autorización de la Asamblea del Departamento hagan
obligatorio el uso de la Estampilla que por esta Ley se autoriza emisión con
destino al Municipio de Armero‑Guayabal.
Artículo 6°. La obligación de adherir y anular la Estampilla a que
se refiere esta Ley queda a cargo de los funcionarios departamentales y
municipales que intervienen en los actos.
Artículo 7º. Los recaudos por la venta de la estampilla estarán a
cargo de las Tesorerías Municipales en coordinación con la Secretaría de
Hacienda Departamental de acuerdo a la ordenanza que lo reglamenta y se
destinará a lo establecido en el artículo 2º de la presente Ley.
Artículo 8º. El control del recaudo y el traslado de estos recursos
como de la inversión de los fondos provenientes del cumplimiento de la presente
Ley estarán a cargo de la Contraloría del Departamento del Tolima.
Artículo 9º. Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación.
LEY
334 DE 1996
(diciembre
20)
por
la cual se autoriza la emisión de la estampilla Universidad de Cartagena,
siempre a la altura de los tiempos.
El
Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. Autorízase a la Asamblea del Departamento de Bolívar
para que se ordene emitir una estampilla, denominada "Universidad de Cartagena,
siempre a la altura de los tiempos", cuyo producido será destinado para la
construcción, adecuación, remodelación y mantenimiento de la planta física,
escenarios deportivos, bibliotecas, y demás bienes y elementos, equipos,
laboratorios, que requiera la infraestructura de la Universidad de Cartagena.
Parte del recaudado será destinado al estímulo y fomento de la
investigación en las distintas áreas científicas programadas por la Universidad
de Cartagena.
Del total recaudado, la Universidad de Cartagena destinará hasta un
veinte por ciento (20%) para atender los aportes de contrapartidas que deben
cumplir la atención de la seguridad social de sus empleados.
Artículo 2º. La emisión de la estampilla cuya creación se autoriza,
será hasta por la suma de sesenta mil millones de pesos ($60.000.000).
Artículo 3º. Autorízase a la Asamblea del Departamento de Bolívar,
para que determine las características, tarifas y todos los demás asuntos
referentes al uso obligatorio de la estampilla autorizada en las actividades y
operaciones que se deben realizar en el Departamento de Bolívar y en los
municipios del mismo. Las providencias que expida la Asamblea del Departamento
de Bolívar, en desarrollo de lo dispuesto en la presente ley, serán puestas en
conocimiento del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
Parágrafo. La Asamblea Departamental de Bolívar podrá autorizar la
sustitución de la estampilla física por otro medio de recaudo del gravamen que
permita cumplir segura y eficientemente el objeto de la presente ley.
Artículo 4º. Facúltase a los Concejos Distritales y Municipales del
Departamento de Bolívar, para que previa autorización de la Asamblea
Departamental de Bolívar, hagan obligatorio el uso de la estampilla
"Universidad de Cartagena, siempre a la altura de los tiempos", cuya
emisión se autoriza mediante esta ley con destino exclusivo a la Universidad de
Cartagena.
Artículo 5º. La obligación de adherir y anular la estampilla en
referencia, queda a cargo de los funcionarios departamentales, distritales y
municipales que intervengan en los actos.
Artículo 6º. El recaudo de los valores que representa la estampilla
se destinará a los objetos establecidos en el artículo 1º de la presente ley.
Parágrafo. La tarifa contemplada en esta ley no podrá exceder del 2%
del valor del hecho sujeto al gravamen.
Artículo 7º. El control del recaudo, el traslado de los recursos a
la Universidad de Cartagena y la inversión de los fondos provenientes del
cumplimiento de la presente ley, estarán a cargo de la Contraloría General de
la República.
Parágrafo. Las obligaciones que se generen de los actos, contratos
de obras y operaciones de los institutos descentralizados y entidades del orden
nacional que funcionen en el Departamento, serán gravadas con el uso de la
estampilla "Universidad de Cartagena, siempre a la altura de los
tiempos".
Artículo 8º. Créase una Junta Especial encargada de manejar los
fondos que produzca la estampilla en sus distintas maneras de recaudo y empleos
de ellas.
Esta junta estará integrada:
a) Por el Gobierno del Departamento de Bolívar, que será su
Presidente;
b) Por un representante del Presidente de la República;
c) Por el Rector de la Universidad de Cartagena;
d) Por un representante del Cuerpo Docente de la Universidad de
Cartagena elegido dentro de su seno;
e) Por un representarle elegido por los estudiantes de la misma
universidad.
Artículo 9°. La presente Ley rige a partir de la fecha de su
promulgación.
LEY
348 DE 1997
(enero
16)
por
la cual se autoriza la emisión de la estampilla pro‑hospital de Caldas.
El
Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. Autorizar a la Asamblea del Departamento de Caldas para
que ordene la emisión de la estampilla "Pro‑hospital de
Caldas", cuyo producido se destinará para el mantenimiento, ampliación, y
remodelación de la planta física; para la adquisición, mantenimiento y
reparación de los equipos asignados a los diferentes servicios que presta el
centro hospitalario; para la dotación de instrumentos y compra de suministros,
para la adquisición de nuevas tecnologías en las áreas de laboratorios, centros
o unidades de diagnóstico, biotecnología, microelectrónica, informática y
comunicaciones; y para el desarrollo de actividades de investigación y
capacitación.
Del total deducido, el hospital podrá destinar hasta un 10% en el
pago de personal especializado y para atender los aportes de contrapartida que
deben cubrir la atención de la seguridad social de sus empleados.
Artículo 2º. La emisión de la estampilla cuya creación se autoriza
será hasta por la suma de cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000). El
monto total recaudado se establece a precios constantes de 1995.
Artículo 3º. Autorizar a la Asamblea Departamental de Caldas, para
que determine las características, tarifa y todos los demás asuntos referentes
al uso de la estampilla en las actividades y operaciones que se deban realizar
en el departamento y en los municipios del mismo. Las providencias que expida
la asamblea del departamento, en desarrollo de lo dispuesto en la presente ley,
serán llevadas a conocimiento del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
Parágrafo. El porcentaje del valor del hecho u objeto del gravamen
será determinado por la Asamblea del Departamento de Caldas.
Artículo 4°. Facultar a los Concejos Municipales del Departamento de
Caldas para que, previa autorización de la asamblea del departamento, hagan
obligatorio el uso de la estampilla cuya emisión por esta ley se autoriza,
siempre con destino al Hospital de Caldas.
Artículo 5º. La obligación de adherir y anular la estampilla a que
se refiere esta Ley queda a cargo de los funcionarios departamentales y
municipales que intervengan en los actos.
Artículo 6°. El recaudo de la estampilla se destinará a lo
establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 7º. El control del recaudo, el traslado de los recursos al
hospital y la inversión de los fondos provenientes del cumplimiento de la
presente Ley estará a cargo de la Contraloría General del Departamento.
Artículo 8º. Dentro de los hechos y actividades económicas sobre los
cuales se obliga el uso de la estampilla la Asamblea o los Concejos podrán
incluir los relativos a la producción, comercialización, así como a los juegos
de azar.
La estampilla no podrá superar el valor máximo determinado por la
Asamblea del Departamento de Caldas de acuerdo a lo contemplado en el artículo
3º de la presente Ley.
Artículo 9º. La presente Ley rige a partir de su publicación.
LEY 367 DE 1997
(abril 1º)
por la cual se autoriza la Emisión de la Estampilla pro desarrollo
de la Universidad Surcolombiana en el Departamento del Huila de la Universidad
de la Amazonia, en los Departamentos del Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía,
Guaviare, Vaupés y la Sede de la Universidad Nacional de Colombia en el
Departamento de Arauca y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia,
Decreta:
Artículo 1º. Autorízase a la Asamblea del
Departamento del Huila para que ordene la emisión de la estampilla
“Prodesarrollo de la Universidad Surcolombiana en el Departamento del Huila”,
cuyo producido se destinará a los programas de construcción y adecuación de la
planta física de las sedes y subsedes de Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata, y
para los programas de dotación y mantenimiento de materiales y equipos.
Artículo 2º. La emisión de la estampilla
“Prodesarrollo de la Universidad Surcolombiana en el Departamento del Huila”,
se autoriza hasta por la suma de treinta mil millones de pesos
($30.000.000.000).
Artículo 3º. Autorízase a las Asambleas de
los Departamentos del Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés,
para que ordenen la emisión de la estampilla “Prodesarrollo de la Universidad
del Departamento de la Amazonia “cuyo producido se destinará a los programas de
construcción y adecuación de la planta física de la seccional de la Universidad
de la Amazonia en sus respectivas capitales, y para los programas de dotación y
mantenimiento de materiales y equipos. Y lo concerniente a la Sede de la
Universidad Nacional de Colombia en Arauca .
Artículo 4º. La emisión de la estampilla
Prodesarrollo de la Universidad de la Amazonia, en cada uno en los
Departamentos a los que hace referencia el artículo 3º; se autoriza hasta por
una suma equivalente a doscientos cincuenta y dos mil doscientos cuarenta y
tres ($252.243) salarios mínimos legales mensuales.
Artículo 5º. Autorízase a las Asambleas de
los Departamentos a los que hace referencia los artículos 1º y 3º de la
presente Ley para que determinen las características, tarifas y todos los demás
asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla en las actividades y
operaciones que se deban realizar en dichos Departamentos y en sus municipios.
Las ordenanzas que expidan las Asambleas mencionadas en desarrollo de lo
expuesto en esta ley, serán dadas a conocer al Gobierno Nacional, Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones.
Artículo 6º. Facúltese a los Consejos
Municipales de los Departamentos a los que hacen referencia los artículos 1º y
3º de la presente Ley para que, previa autorización de las respectivas
Asambleas Departamentales, hagan obligatorio el uso de la estampilla que aquí
se autorizan.
Artículo 7º. Autorízase a los Departamentos a
los que hace referencia los artículos 1º y 3º de la presente Ley para recaudar
los valores producidos por el uso de la estampilla que aquí se autorizan; para
manejarlos en cuentas presupuestales de destinación específica dirigidas a la
inversión en el mismo Departamento en que se originaron y para coordinar la
planificación y el gasto correspondiente con la sede principal de la
Universidad en mención.
Artículo 8º. La obligación de adherir y
anular las estampillas a las que se refiere esta ley, queda a cargo de los
funcionarios departamentales y municipales que intervengan en los
correspondientes actos.
Artículo 9º. La vigencia y control del
recaudo y de la inversión de los fondos provenientes del cumplimiento de la
presente Ley estarán a cargo de las contralorías generales de los respectivos
Departamentos y de las Contralorías municipales correspondientes.
Artículo 10. Esta Ley rige a partir de su
promulgación.
LEY 382 DE 1997
(julio 10)
por medio de la cual se autoriza la emisión de la estampilla
Prodesarrollo Académico y Descentralización de Servicios Educativos de la
Universidad de Córdoba.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. Autorizase a la Asamblea
Departamental de Córdoba para que ordene la emisión de la estampilla
"Prodesarrollo Académico y Descentralización de Servicios Educativos de la
Universidad de Córdoba", cuyo producido se destinará para inversión y
mantenimiento de la planta física, fondo editorial, escenarios deportivos y
culturales, dotación, compra de equipos requeridos para el desarrollo académico
de la Universidad de Córdoba y extensión de los programas académicos a los
municipios del departamento en la modalidad presencial, semipresencial,
concentrada y a distancia, de acuerdo con las necesidades del entorno.
Artículo 2º. La emisión de la estampilla "Prodesarrollo
Académico y Descentralizacion de Servicios Educativos de la Universidad de
Córdoba", cuya creación se autoriza, será hasta por la suma de cien mil
millones de pesos ($100.000.000.000,00), a precios constantes de 1996.
Artículo 3º. Autorizase a la Asamblea Departamental de Córdoba para
que determine las características, tarifas y todos los demás asuntos referentes
al uso obligatorio de la estampilla en las actividades y operaciones que se deban
realizar en el departamento y en los municipios del mismo. La ordenanza que
expida la Asamblea de Córdoba en desarrollo de lo dispuesto en la presente ley
será dada a conocer al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
Parágrafo. La Asamblea de Córdoba podrá autorizar la sustitución de
la estampilla física por otro sistema de recaudo del gravamen que permita
cumplir con seguridad y eficacia el objeto de esta ley.
Artículo 4º. Facúltese a los Concejos Municipales del departamento
de Córdoba para que, previa autorización de la Asamblea del Departamento, hagan
obligatorio el uso de la estampilla que autoriza la presente ley.
Artículo 5°. El recaudo de la estampilla se destinara a lo
establecido en el artículo 1º de la presente ley.
Parágrafo. La tarifa contemplada en esta ley no podrá exceder el dos
por ciento (2%) del valor del hecho sujeto al gravamen.
Artículo 6º. La obligación de adherir y anular la estampilla a que
se refiere esta ley, queda a cargo de los funcionarios departamentales y
municipales que intervengan en los actos.
Artículo 7º. El control del recaudo, el traslado de los recursos a
la Universidad de Córdoba y la inversión de los fondos provenientes del
cumplimiento de la presente ley estará a cargo de la Contraloría General del
departamento de Córdoba y de las Contralorías municipales.
Artículo 8º. Esta ley rige a partir de su promulgación.
LEY
426 DE 1998
(enero
13)
por
medio de la cual se autoriza a las Asambleas Departamentales de Caldas y
Risaralda para ordenar la emisión de la estampilla Universidad de Caldas y
Universidad Nacional con sede en Manizales y Universidad Tecnológica de Pereira
para desarrollo del Eje Cafetero hacia el tercer milenio.
El
Congreso de Colombia,
DECRETA:
Artículo 1º. Autorízase a la Asamblea Departamental de Caldas, para
que ordene la emisión de la Estampilla "Universidad de Caldas y
Universidad Nacional sede Manizales, hacia el tercer milenio", cuyo
producto se destinará para la inversión y mantenimiento en la planta física,
escenario deportivo, instrumentos musicales, dotación, compra y mantenimiento
de equipos requeridos y necesarios para desarrollar en las Universidades de
Caldas y Nacional –sede Manizales– nuevas tecnologías en las áreas de: Biotecnología,
nuevos materiales, microelectrónica, informática, sistema de información,
comunicaciones, robótica y dotación de bibliotecas, laboratorios, educación a
distancia y demás elementos y bienes de insfraestructura que requieran estos
centros de educación superior.
Artículo 2º. Autorízase a la Asamblea Departamental de Caldas, para
que determine las características, tarifas y todos los demás asuntos referentes
al uso obligatorio de la estampilla, en las actividades y operaciones que se
deban realizar en el departamento y en los municipios del mismo. Los actos que
expida la Asamblea del Departamento, en desarrollo de lo expuesto en la
presente ley, serán llevados a conocimiento del Gobierno Nacional a través del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 3º. Facúltase a los Concejos Municipales del departamento
de Caldas para que, previa autorización de la Asamblea Departamental, hagan
obligatorio el uso de la estampilla que por esta ley se autoriza con destino a
la Universidad de Caldas y Nacional –sede Manizales–.
Artículo 4º. La obligación de adherir y anular la estampilla a que
se refiere esta ley queda a cargo de los funcionarios departamentales y
municipales que intervengan en los actos.
Parágrafo. La Asamblea Departamental de Caldas podrá autorizar que
en lugar de la estampilla, se utilice otro medio o método para obtener el
recaudo sobre el acto o hecho sujeto al gravamen.
Artículo 5º. El recaudo de la estampilla se destinará a lo
establecido en el artículo 1º de la presente ley.
Parágrafo 1º. La tarifa contemplada en esta ley no podrá exceder el
2% del valor del hecho sujeto a gravamen.
Parágrafo 2º. El valor de los recaudos se distribuirá por partes
iguales entre la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional –sede
Manizales.
Artículo 6º. La emisión de la estampilla cuya creación se autoriza,
será hasta por la suma de cincuenta mil millones de pesos ($50.000.000.000) y
en plazo de veinte (20) años, a partir de su vigencia.
Parágrafo. Cumplida cualquiera de las anteriores condiciones
alternativas, la del vencimiento del plazo; o la del total recaudo de la suma
autorizada, expedirá la finalidad de la presente ley.
Artículo 7º. El control del recaudo y del traslado de los recursos a
las Universidades, estarán a cargo de la Contraloría General del Departamento
de Caldas, o en su defecto a las Contralorías Municipales u oficinas delegadas
con jurisdicción y competencia sobre control fiscal.
Artículo 8º. Autorízase a la Asamblea de Risaralda para ordenar la
emisión de la Estampilla –Pro Universidad Tecnológica de Pereira–, de las
mismas condiciones, características, tiempo y cuantía de la que se autoriza
para las Universidades de Caldas y Nacional sede Manizales contemplada en esta
ley.
Artículo 9º. Esta ley rige a partir de su promulgación.
LEY
440 DE 1998
(mayo
15)
por
la cual se autoriza la emisión de la estampilla prohospital departamental
universitario del Quindío, San Juan de Dios.
El
Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. Autorizar a la Asamblea del Departamento del Quindío
para que ordene la emisión de la estampilla pro hospital Departamental
Universitario del Quindío San Juan de Dios, cuyo producido se destinará para el
mantenimiento, ampliación y remodelación de la planta física; para la
adquisición, mantenimiento y reparación de los equipos asignados a los
diferentes servicios que presta el centro hospitalario; para la dotación de
instrumentos y compra de suministros; para la adquisición de nuevas tecnologías
en las áreas de laboratorios, centros o unidades de diagnóstico, biotecnología,
microelectrónica, informática y comunicaciones, y para el desarrollo de
actividades de investigación y capacitación.
Del total deducido, el hospital podrá destinar hasta un treinta y
cinco (35%) en el pago de personal especializado y para atender los aportes de
contrapartida que deben cubrir la atención de la seguridad social de sus
empleados.
Artículo 2º. La emisión de la estampilla cuya creación se autoriza,
será hasta por la suma de seis mil millones de pesos ($6.000.000.000). El monto
total recaudado se establece a precios constantes de 1996.
Artículo 3º. Autorizar a la Asamblea Departamental del Quindío para
que determine las características, tarifa y todos los demás asuntos referentes
al uso de la estampilla en las actividades y operaciones que se deban realizar
en el departamento y en los municipios del mismo.
Las providencias que expida la Asamblea del Departamento, en
desarrollo de lo dispuesto en la presente ley, serán llevadas a conocimiento
del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.
Parágrafo. La Asamblea del Quindío podrá autorizar la sustitución de
la estampilla por otro sistema de recaudo del gravamen que permita cumplir con
seguridad y eficacia el objeto de esta ley.
Artículo 4º. Facultar a los concejos municipales del departamento
del Quindío para que, previa autorización de la Asamblea Departamental, hagan
obligatorio el uso de la estampilla, cuya emisión por esta ley se autoriza,
siempre con destino al Hospital Departamental Universitario del Quindío San
Juan de Dios.
Artículo 5º. La obligación de adherir y anular la estampilla a que
se refiere esta ley queda a cargo de los funcionarios departamentales y
municipales que intervengan en los actos.
Artículo 6º. El recaudo de la estampilla se destinará a lo
establecido en el artículo 1º de la presente ley.
Parágrafo. La tarifa contemplada en esta ley no podrá exceder del
dos por ciento (2%) del valor del hecho u objeto del gravamen.
Artículo 7º. El control del recaudo y el traslado oportuno de los
recursos al hospital estará a cargo de la Contraloría General del Departamento.
Artículo 8º. La presente Ley rige a partir de la fecha de su
publicación.
LEY 538 DE 1999
(diciembre
1°)
por
medio de la cual se autoriza la emisión de la estampilla pro universidad del
Quindío.
El
Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Autorizar a la Asamblea Departamental del Departamento
del Quindío para que ordene la emisión de la estampilla pro Universidad del
Quindío, cuyo producido se destinará para la construcción, adecuación,
remodelación y mantenimiento de la planta física, escenarios deportivos,
bibliotecas y demás bienes y elementos, equipos y laboratorios que requiera la
infraestructura de la Universidad del Quindío.
El sesenta por ciento (60%) del recaudo será destinado al estímulo y
fomento de la investigación de las distintas áreas científicas programadas por
la universidad.
Artículo 2°. La emisión de la estampilla cuya creación se autoriza
será hasta por la suma de diez mil millones de pesos ($10.000.000.000) y plazo
de veinte (20) años, a partir de su vigencia.
El monto total recaudado se establece a precios constantes de 1998.
Parágrafo. Cumplida cualquiera de las condiciones alternativas, la
del vencimiento del plazo, o la del total recaudado de la suma autorizada,
expirará la finalidad de la presente ley.
Artículo 3°. Autorizar a la Asamblea Departamental del Quindío para
que determine las características, tarifas y todos los demás asuntos referentes
al uso obligatorio de la estampilla autorizada en las actividades que se deban
realizar en el Departamento del Quindío y sus municipios, las providencias que
expida la Asamblea del Departamento del Quindío en desarrollo de lo dispuesto
en la presente ley, serán puestas en conocimiento del Gobierno Nacional a
través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Parágrafo. La Asamblea Departamental del Quindío podrá autorizar la
sustitución de la estampilla por otro sistema de recaudo del gravamen que
permita cumplir con seguridad y eficacia el objeto esta ley.
Artículo 4°. Facultar a los concejos municipales del departamento
del Quindío para que, previa autorización de la asamblea departamental, haga
obligatorio el uso de la estampilla, cuya emisión por esta ley se autoriza,
siempre con destino a la Universidad del Quindío.
Artículo 5°. La obligación de adherir y anular la estampilla a que
se refiere esta ley queda a cargo de los funcionarios departamentales y municipales
que intervengan en los actos
Artículo 6°. El recaudo de los valores que representa la estampilla
se destinará a los objetos establecidos en el artículo 1° de la presente ley.
Parágrafo. La tarifa contemplada en esta ley no podrá exceder del dos
por ciento (2%) del valor del hecho u objeto del gravamen.
Artículo 7°. El control del recaudo, del traslado oportuno de los
recursos a la Universidad del Quindío y de la inversión de los fondos
provenientes del cumplimiento de la presente ley, estarán a cargo de la
Contraloría General del Departamento.
Artículo 8°. Créase una Junta Especial encargada de manejar los
fondos que produzca la estampilla en sus distintas formas de recaudo y empleo
de ellos.
La junta estará conformada:
a) Por el gobernador del departamento o su delegado quien la
presidirá;
b) Por el presidente del comité intergremial del Quindío como
representante del sector productivo;
c) Por el rector de la universidad;
d) Por un representante de los profesores con calidad de investigadores,
elegido por éstos;
e) Por un representante elegido por los estudiantes de la misma
universidad.
Artículo 9°. La presente ley rige a partir de su promulgación.
LEY
542 DE 1999
(diciembre
15)
por
la cual se autoriza la emisión de la estampilla Prodesarrollo de la Universidad
de Nariño  y se dictan otras disposiciones.
El
Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Autorízase a la Asamblea Departamental de Nariño para
que ordene la emisión de la Estampilla Prodesarrollo de la Universidad de
Nariño, cuyo producido se destinará en su totalidad al presupuesto de la
Universidad.
Artículo 2°. La emisión de la estampilla cuya creación se autoriza
Prodesarrollo de la Universidad de Nariño, será hasta por la suma de sesenta y
cinco mil millones de pesos ($65.000.000.000) a precios constantes de 1999.
Artículo 3°. Autorízase de conformidad con el numeral 5 del artículo
150 de la Constitución Política de Colombia a la Asamblea Departamental de Nariño,
para que determine las características, tarifas y hechos generadores, y sujetos
a pasivos, y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la
estampilla dentro de la circunscripción territorial del departamento y en sus
municipios. La ordenanza que expida la Asamblea del Departamento de Nariño en
desarrollo de lo dispuesto en la presente ley, será dada a conocer al Gobierno
Nacional, a través de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y el de
Comunicaciones.
Artículo 4°. Facúltase a los concejos municipales del departamento
de Nariño para que, previa autorización de la Asamblea Departamental, hagan
obligatorio el uso de la estampilla que se autoriza en la presente ley.
Artículo 5°. Autorízase al departamento de Nariño para recaudar los
valores producidos por el uso de la estampilla Prodesarrollo de la Universidad
de Nariño en las actividades que se deben realizar en el departamento y en sus
municipios.
Artículo 6°. Establécese como obligatorio el uso de la estampilla de
la que trata el artículo 1°, en los institutos descentralizados y entidades del
orden nacional, departamental y municipal que funcionan en el departamento de
Nariño. De conformidad con lo mencionado en la Ley 1222 de 1986, las especies y
documentos a gravar la tarifa aplicada es del dos por ciento (2%) únicamente.
Parágrafo. Queda a cargo de los servidores públicos del orden
nacional, departamental y municipal que intervengan en el acto, el cumplimiento
de la obligación establecida en este artículo.
Artículo 7°. La Contraloría General de la República, la Contraloría
Departamental de Nariño y las contralorías municipales del departamento de
Nariño, vigilarán y controlarán el recaudo e inversión de los fondos
provenientes del cumplimiento de la presente ley.
Artículo 8°. La presente ley rige a partir de la fecha de su
promulgación.
LEY 561 DE 2000
(febrero
2)
por
medio de la cual se autoriza a la Asamblea Departamental del Meta para ordenar
la emisión de la "Estampilla de Fomento Turístico" y se dictan otras
disposiciones.
El
Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Autorízase a la Asamblea Departamental del Meta para
que ordene la emisión de la Estampilla de Fomento Turístico, cuyo producido
entrará a formar parte del patrimonio del Instituto de Turismo del Meta.
Artículo 2°. Autorízase a la Asamblea Departamental del Meta para
que determine las características, tarifas y todos los demás asuntos referentes
al uso obligatorio de la estampilla en todas las actividades y operaciones que
se deban realizar en el departamento y sus municipios.
Parágrafo 1°. La Asamblea Departamental del Meta podrá autorizar la
sustitución de la estampilla física por otro medio, método o sistema de recaudo
del gravamen sobre el acto o hecho sujeto de la estampilla, que permita cumplir
con seguridad y eficacia el objeto de lo dispuesto en la presente ley.
Parágrafo 2°. La tarifa contemplada en esta ley no podrá exceder del
cuatro por ciento (4%) del valor del hecho sujeto a gravamen.
Artículo 3°. La obligación de adherir y anular la estampilla a que
se refiere esta ley, queda a cargo de los funcionarios departamentales y
municipales que intervengan en los actos.
Artículo 4°. El recaudo obtenido por el uso de la estampilla se
destinará a lo establecido en el artículo 1°. de la presente ley y será
administrado por el Instituto de Turismo del Meta.
Artículo 5°. La totalidad del producido de la estampilla a que se
refiere esta ley será distribuido así:
1. El noventa por ciento ( 90%) para el Instituto de Turismo del
Meta.
2. El nueve por ciento (9%) para los municipios recaudadores, que
será invertido en el fomento de las actividades turísticas.
3. El uno por ciento (1%) restante, engrosará a una cuenta especial
de la Tesorería del Instituto de Turismo del Meta, y será destinado a cubrir
los gastos de emisión de las estampillas a que se refiere la presente ley.
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la fecha
de su promulgación y deja sin efecto todas las disposiciones que le sean
contrarias.
LEY
634 DE 2000
(diciembre
29)
por
medio de la cual se autoriza a la Asamblea del Departamento de Antioquia la
emisión de las estampillas pro-hospital para las Empresas Sociales del Estado
de la ciudad de Santiago de Arma de Rionegro en el departamento de Antioquia,
Hospital San Juan de Dios de Segundo Nivel de Atención y Hospital Gilberto
Mejía Mejía de Primer Nivel de Atención.
El
Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto y valor de la emisión. Autorizar a la Asamblea
del Departamento de Antioquia para que ordene la emisión de la Estampilla
"Pro-Hospital a favor de las Empresas Sociales del Estado Hospital San
Juan de Dios de segundo nivel de atención y Hospital Gilberto Mejía Mejía de
primer nivel de atención en la ciudad de Santiago de Arma de Rionegro en el
departamento de Antioquia, hasta por la suma de veinticinco mil millones de
pesos ($25.000.000.000) a precios de 1999.
La suma recaudada se asignará así: el ochenta por ciento (80%)
(veinte mil millones de pesos $20.000.000.000) para el Hospital San Juan de
Dios de segundo nivel de atención y el veinte por ciento (20%) (cinco mil
millones de pesos $5.000.000.000) para el Hospital Gilberto Mejía Mejía de
primer nivel de atención.
Las Secretarías de Hacienda del departamento de Antioquia y de la
ciudad de Santiago de Arma de Rionegro tomarán las medidas presupuestales
pertinentes a fin de que el recaudo y asignación se logre de la siguiente
manera: un veintiocho por ciento (28%) (siete mil millones de pesos
$7.000.0000.000) para el primer año, un treinta y dos por ciento (32%) (ocho
mil millones de pesos $8.000.000.000) para el segundo año y un cuarenta por
ciento (40%) (diez mil millones de pesos $10.000.000.000) para el tercer año a
partir de la vigencia de la presente ley.
Artículo 2°. Destinación. El producido de la estampilla a que se
refiere el artículo anterior, se destinará principalmente para:
1. Acciones dirigidas a crear una cultura de salud a través de
promoción de la salud y prevención de las enfermedades.
2. Capacitación y mejoramiento del personal médico, paramédico y
administrativo.
3. Mantenimiento, ampliación y remodelación de la planta fìsica.
4. Adquisición, mantenimiento y reparación de los equipos requeridos
por los diversos servicios que prestan las instituciones hospitalarias a que se
refiere el artículo anterior para desarrollar y cumplir adecuadamente con la
función propia de cada una.
5. Dotación de instrumentos para los diferentes servicios.
6. Compra de suministros.
7. Compra y mantenimiento de los equipos requeridos para poner en
funcionamiento nuevas áreas de laboratorio, científicas, tecnológicas y otras
que requieran para su cabal funcionamiento.
8. Adquisición y mantenimiento de nuevas tecnologías para poner las
diferentes áreas de los hospitales mencionados, en especial las de laboratorio,
centros o unidades de diagnóstico, biotecnología, informática y comunicaciones.
Parágrafo. La Asamblea Departamental de Antioquia determinará en los
presupuestos anuales de los años siguientes a la aprobación de esta ley los
valores específicos que a cada rubro corresponda dentro de las partidas de gastos
de cada uno de los hospitales indicados en el artículo 1° de la presente ley,
pudiendo destinar hasta un treinta y cinco por ciento (35%) para el pago de
personal de nómina.
Artículo 3°. Atribución. Autorízase a la Asamblea Departamental de
Antioquia para que determine las características, tarifas, hechos económicos,
sujetos pasivos y activos, las bases gravables y todos los demás asuntos
referentes al uso obligatorio de la estampilla en las operaciones que se deban
realizar en la ciudad de Santiago de Arma de Rionegro, en el departamento de
Antioquia, o que se cumplan en otro sitio pero referidas a la citada ciudad.
La Asamblea Departamental de Antioquia facultará al Concejo
Municipal de la ciudad de Santiago de Arma de Rionegro, en el departamento de Antioquia
para que haga obligatorio el uso de la estampilla, cuya emisión se autoriza por
esta ley y siempre con destino a las entidades señaladas en el artículo
primero.
Artículo 4°. Información al Gobierno Nacional. Las providencias que
expida la Asamblea Departamental de Antioquia en desarrollo de la presente ley,
serán llevadas a conocimiento del Gobierno Nacional a través del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Apoyo Fiscal.
Artículo 5°. Responsabilidad. La obligación de adherir y anular la
estampilla física a que se refiere esta ley queda a cargo de los funcionarios
departamentales y municipales que intervengan en los actos o hechos sujetos al
gravamen determinadas por la Ordenanza Departamental que se expida en desarrollo
de la presente ley. El incumplimiento de esta obligación se sancionará por la
autoridad disciplinaria correspondiente.
Artículo 6°. Destinación. El valor recaudado por concepto de la
venta de la estampilla se destinará exclusivamente para atender los rubros
estipulados en el artículo 2° de la presente ley. La tarifa con que se graven
los distintos actos no podrá exceder del tres por ciento (3%) del valor de los
hechos a gravar.
Artículo 7°. Recaudos. Los recaudos por la venta de la estampilla
estarán a cargo de la Secretaría de Hacienda Departamental y la Tesorería
Municipal de Santiago de Arma de Rionegro, de acuerdo a la ordenanza que la
reglamenta.
Artículo 8°. Control. El control del recaudo, del traslado oportuno
y de la inversión de los recursos provenientes del cumplimiento de la presente
ley, estará a cargo de la Contraloría Departamental de Antioquia y municipal de
Rionegro.
Artículo 9°. La presente ley rige a partir de la fecha de su
promulgación.
LEY
645 DE 2001
(febrero
19)
por
medio de la cual se autoriza la emisión de una estampilla Pro-Hospitales
Universitario
El
Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. Autorizase a las Asambleas Departamentales en cuyo
territorio funcionen Hospitales Universitarios para que ordenen la emisión de
la estampilla Pro-Hospitales Universitarios Públicos.
Artículo 2º. El producido de la estampilla a que se refiere el
artículo anterior, se destinará principalmente para:
a) Inversión y mantenimiento de planta física
b) Dotación, compra y mantenimiento de equipo requeridos y
necesarios para desarrollar y cumplir adecuadamente con las funciones propias
de las Instituciones;
c) Compra y mantenimiento de equipos para poner en funcionamiento
áreas de laboratorio, científicas, tecnológicas y otras que requieran para su
cabal funcionamiento;
d) Inversión en personal especializado.
Artículo 3º. Autorízase a las Asambleas Departamentales en cuyo
territorio funcionen Hospitales Universitarios Públicos para que determinen las
características, tarifas y todos los demás asuntos referentes al uso
obligatorio de la estampilla en las actividades y operaciones que se deban
realizar en los departamentos y municipios de los mismos.
Artículo 4º. Las providencias que expidan las asambleas
departamentales en cuyo territorio funcionen Hospitales Universitarios Públicos
en desarrollo de la presente ley, serán llevadas a conocimiento del Gobierno
Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 5º. Las obligaciones de adherir y anular las estampillas a
que se refiere esta ley quedan a cargo de los funcionarios departamentales y
municipales que intervengan en los actos.
Artículo 6º. El recaudo de esta estampilla se destinará
exclusivamente para lo establecido en el artículo 2º. de la presente ley y la
tarifa con que se graven los distintos actos, no podrán exceder del dos por
ciento (2%) del valor de los hechos a gravar.
Artículo 7º. Los recaudos por la venta de las estampillas estarán a
cargo de las Secretarías de Hacienda Departamentales y las Tesorerías
Municipales de acuerdo a las ordenanzas que los reglamenten y su control estará
a cargo de las respectivas, Contralorías Departamentales.
Artículo 8º. La emisión de las estampillas cuya creación se autoriza
por medio de la presente ley, será hasta por la suma de seis mil millones de
pesos moneda corriente ($6.000.000.000.00) anuales por departamento y hasta por
diez por ciento (10%) del valor del presupuesto del respectivo departamento en
concordancia con el artículo 172 del Decreto 1222 de 1986.
Artículo 9º. La presente ley rige a partir de su promulgación.
LEY
648 DE 2001
(marzo
22)
por
la cual se autoriza la emisión de la estampilla Universidad Distrital Francisco
José de Caldas 50 años.
El
Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Autorízase al Concejo Distrital de Santa Fe de Bogotá,
D.C. para que ordene la emisión de la estampilla Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, cincuenta (50) años.
Artículo 2°. El valor correspondiente al recaudo por concepto de lo
establecido en el artículo 1° de la presente ley, se distribuirá así: El
cuarenta por ciento (40%) para inversión en el plan de desarrollo físico,
dotación y compra de equipos necesarios que conduzcan a ampliar la cobertura,
mejorar la calidad de la educación y desarrollar institucionalmente a la
Universidad. El veinte por ciento (20%) se invertirá en mantenimiento y
ampliación de la planta física de los equipos de laboratorios y suministros de
materiales. El quince por ciento (15%) para atender el pasivo prestacional por
concepto de pensiones, y cesantías y los gastos a cargo de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas. El diez por ciento (10%) para promover el
Fondo de Desarrollo de la Investigación Científica. El cinco por ciento (5%)
con destino al desarrollo y fortalecimiento de los doctorados. El cinco por
ciento (5%) con destino a las bibliotecas y centros de documentación. El cinco
por ciento (5%) con destino al fortalecimiento de la Red de Datos.
Artículo 3°. La emisión de la estampilla cuya reglamentación y uso
se autoriza hasta por la suma de doscientos mil millones de pesos
($200.000.000.000.00) el monto total recaudado se establece a precios
constantes de 1998.
Artículo 4°. Autorízase al Concejo Distrital de Santa Fe de Bogotá,
D. C., para que determine las características, tarifa y todos los demás asuntos
referentes al uso obligatorio de la estampilla en actividades y operaciones que
se deben realizar en el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, D. C.
Los acuerdos que expida el Concejo Distrital de Santa Fe de Bogotá,
en desarrollo de lo dispuesto en la presente ley, serán llevados a conocimiento
del Gobierno Nacional, a través del ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Parágrafo. El Concejo Distrital de Santa Fe de Bogotá podrá
autorizar la sustitución de la estampilla por otro sistema de recaudo del
gravamen que permita cumplir con seguridad y eficacia el objeto de esta ley.
Artículo 5°. Facúltese al Concejo Distrital de Santa Fe de Bogotá
para que haga obligatorio el uso de la estampilla, cuya emisión por esta ley,
queda a cargo de los funcionarios del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá
que intervengan en los actos.
Artículo 6°. La obligación de adherir y anular la estampilla a que
se refiere esta ley, queda a cargo de los funcionarios del Distrito Capital de
Santa Fe de Bogotá que intervengan en los actos.
Artículo 7°. El recaudo de la estampilla se destinará a lo
establecido en el artículo 1° de la presente ley.
Parágrafo. La tarifa contemplada en esta ley no podrá exceder el dos
por ciento (2%) del valor del hecho u objeto del gravamen.
Artículo 8°. El control de recaudo y el traslado oportuno de los
recursos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Santa Fe de
Bogotá y la distribución mencionada en el artículo 2° estará a cargo de la
Contraloría Distrital de Santa Fe de Bogotá, D. C.
Artículo 9°. Dentro de los hechos y actividades económicas sobre los
cuales se obliga el uso de la estampilla, el Concejo Distrital de Santa Fe de
Bogotá, D. C., podrá también incluir lo relativo a la producción,
comercialización y consumo de licores y aperitivos, así como los juegos de
azar.
En todo caso la estampilla no podrá superar el valor máximo
contemplado en esta ley.
Artículo 10. Esta ley rige a partir de su promulgación.
LEY
654 DE 2001
(mayo
24)
por
la cual se autoriza a la Asamblea Departamental del Magdalena para ordenar la
emisión de la estampilla Refundación Universidad del Magdalena de Cara al Nuevo
Milenio, y se dictan otras disposiciones.
El
Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Autorizar a la Asamblea Departamental del Magdalena
para que ordene la emisión de la estampilla Refundación de la Universidad del
Magdalena de Cara al Nuevo Milenio hasta por la suma de cien mil millones de
pesos ($100.000.000.000), a pesos constantes de 1999.
Artículo 2°. Autorízase a la Asamblea Departamental del Magdalena
para que determine las características, tarifas, hechos económicos, sujetos
pasivos y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la
estampilla en las actividades y operaciones que se deben realizar en el
departamento, en los municipios del mismo y en el Distrito Turístico, Cultural
e Histórico de Santa Marta.
Parágrafo 1°. Los actos que expida la Asamblea Departamental del
Magdalena en desarrollo de lo dispuesto en la presente ley serán llevados a
conocimiento del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, Dirección de Apoyo Fiscal.
Parágrafo 2°. La tarifa contemplada en esta ley no podrá exceder el
dos por ciento (2%) del valor del hecho económico sujeto a gravamen.
Artículo 3°. Facúltese a la Asamblea del departamento del Magdalena
para que autorice al Concejo Distrital de Santa Marta y a los Concejos
Municipales del departamento del Magdalena para que hagan obligatorio el uso de
la estampilla que por esta ley se autoriza con destino a la Universidad del
Magdalena.
Artículo 4°. La obligación de adherir y anular la estampilla a que
se refiere esta ley queda a cargo de los funcionarios departamentales,
municipales y distritales que intervengan en los actos. El recaudo de su
producido podrá efectuarse a través de una banca comercial.
Artículo 5°. El recaudo obtenido por el uso de la estampilla se
destinará a los gastos e inversiones que el Consejo Superior de la Universidad
del Magdalena determine, órgano al cual compete la administración de los
valores recaudados.
Artículo 6°. Las Contralorías Departamentales y del Distrito Turístico,
Cultural e Histórico de Santa Marta, así como las Contralorías Municipales,
serán las encargadas de fiscalizar la inversión de los recursos provenientes de
la presente ley.
Artículo 7°. La presente ley rige a partir de la fecha de su
promulgación y deja sin efecto todas las disposiciones que le sean contrarias.
LEY
656 DE 2001
(junio
7)
por
la cual se autoriza la estampilla de la Universidad de Sucre, Tercer Milenio y
se dictan otras disposiciones.
El
Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Autorízase a la Asamblea Departamental de Sucre para
que ordene la emisión de la estampilla “Universidad de Sucre, Tercer Milenio”.
Artículo 2°. La emisión de la estampilla que se autoriza será hasta
por la suma de $50.000.000.000 (cincuenta mil millones de pesos), a pesos
constantes de 2000.
Artículo 3°. Autorízase a la Asamblea Departamental de Sucre para
que determine las características, tarifas y todos los demás asuntos referentes
al uso obligatorio de la estampilla en las actividades y operaciones que deben
realizarse en el Departamento de Sucre. Las ordenanzas que expida la Asamblea
Departamental, en desarrollo de lo dispuesto en la presente ley serán llevadas
a conocimiento del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
Parágrafo. La Asamblea de Sucre podrá autorizar la sustitución de la
estampilla física por otro sistema de recaudo del gravamen que permita cumplir
con seguridad y eficacia el objeto de esta ley.
Artículo 4°. La tarifa contemplada en esta ley no podrá exceder el
dos por ciento (2%) del valor del hecho sujeto al gravamen.
Artículo 5°. La fiscalización de los recursos provenientes de la
presente ley corre a cargo de la Contraloría Departamental de Sucre.
Artículo 6°. Dentro de los hechos y actividades económicas sobre los
cuales se obliga el uso de la estampilla, la Asamblea Departamental de Sucre
podrá incluir contratos, y en general los que considere pertinentes y de ley la
Asamblea Departamental.
Artículo 7°. La presente ley rige a partir de la fecha de su
promulgación.
LEY
662 DE 2001
(julio
30)
por
la cual se autoriza la emisión de la estampilla pro desarrollo científico y
tecnológico del Instituto Tecnológico de Soledad, Atlántico (ITSA) y se dictan
otras disposiciones.
El
Congreso de Colombia,
DECRETA:
Artículo 1°. Autorízase a la Asamblea Departamental del Atlántico
para que ordene la emisión de la estampilla “Instituto Tecnológico de Soledad,
Atlántico”, constituida para tal fin.
Artículo 2°. Los recaudos ordenados en la presente ley serán
consignados por el ente recaudador en cuenta especial del Instituto Tecnológico
de Soledad, Atlántico, “ITSA”.
Artículo 3°. La emisión de la estampilla se autoriza hasta por la
suma de dos mil quinientos millones de pesos ($2.500.000.000) anuales, a pesos
constantes del año 2001.
Artículo 4°. Autorízase a la Asamblea Departamental del Atlántico
para que determine las características, tarifas y demás asuntos referentes al
uso obligatorio de la estampilla en las actividades y operaciones que deben
realizarse en el departamento y en el Distrito Industrial y Portuario de
Barranquilla.
Las ordenanzas que expida la Asamblea Departamental en desarrollo de
lo dispuesto en la presente ley, serán dados al conocimiento del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y de Educación Nacional.
Parágrafo. La Asamblea del Departamento del Atlántico, podrá
autorizar la sustitución de la estampilla física por otro sistema del recaudo
que en todo caso cumpla con el objetivo de la presente ley.
Artículo 5°. La tarifa contemplada en esta ley no podrá exceder el
2% del hecho sujeto al gravamen.
Artículo 6°. El control fiscal sobre la inversión de los recursos
provenientes de la estampilla, estará a cargo de la Contraloría Departamental
del Atlántico.
Artículo 7°. Dentro de los hechos y actividades económicas sobre los
cuales se obliga al uso de la estampilla, la asamblea departamental podrá
incluir contratos y otros renglones económicos que permite la ley.
Artículo 8°. Destinación. El valor recaudado por concepto de
la estampilla se destinará exclusivamente para atender el Plan de Inversión del
Instituto Tecnológico de Soledad, Atlántico, ITSA, previa aprobación del
Consejo Directivo.
Artículo 9°. La presente ley rige a partir de su promulgación.
LEY
663 DE 2001
(julio
30)
por
la cual se autoriza la emisión de la estampilla pro hospitales de primer y
segundo nivel de atención del departamento del Atlántico.
El
Congreso de Colombia,
DECRETA:
Artículo 1°. Autorizar a la Asamblea del Departamento del Atlántico
para que ordene la emisión de la estampilla “Pro hospitales de primer y segundo
nivel de atención en el departamento del Atlántico”.
Artículo 2°. El producido de la estampilla a la que se refiere el
artículo anterior, se destinará exclusivamente para:
a) Construcción, ampliación y mantenimiento de planta física;
b) Adquisición, mantenimiento y reparación de equipos, requeridos y
necesarios para desarrollar y cumplir con las funciones propias de las
instituciones de primer y segundo nivel de atención;
c) Dotación de instrumentos y suministros requeridos por las
instituciones en el área de laboratorios, centros o unidades de diagnósticos,
biotecnología, microtecnología, informática y comunicaciones.
Del total recaudado, los hospitales podrán destinar hasta un diez
por ciento (10%) en el pago de personal especializado y para atender los
aportes de contrapartida que deben cubrir la atención de la seguridad social de
los empleados.
Artículo 3°. Autorízase a la Asamblea Departamental del Atlántico,
para que determine las características, tarifas y todos los demás asuntos
referentes al uso obligatorio de la estampilla en las actividad es, obras y
operaciones que deban realizarse en el departamento y en los municipios del
mismo.
Parágrafo. La Asamblea Departamental del Atlántico podrá autorizar
la sustitución de la estampilla por otro sistema, medio o método de recaudo del
gravamen que permita cumplir con seguridad y eficacia el objeto de esta ley.
Artículo 4°. Facultar a los Concejos Municipales del departamento
del Atlántico para que, previa autorización de la Asamblea Departamental, hagan
obligatorio el uso de la estampilla, medio o método sustitutivo si fuere el
caso, cuya emisión por esta ley se autoriza, siempre con destino a lo
estipulado en el artículo 2° de la presente ley.
Artículo 5°. La tarifa que determine la Asamblea del Atlántico no
podrá exceder del dos por ciento (2%) del valor del acto, actividad, obra u
operación sujetos del gravamen.
Artículo 6°. La obligación de adherir y anular la estampilla física
y de aplicar el sistema, medio o método sustitutivo si fuere el caso, de que
trata esta ley, queda a cargo de los funcionarios departamentales y municipales
que intervengan en los actos o hechos sujetos al gravamen y el incumplimiento a
esta obligación se sancionará por la autoridad disciplinaria correspondiente.
Artículo 7°. Los recaudos por las ventas de la estampilla y sus
correspondientes traslados estarán a cargo de la Secretaria de Hacienda
Departamental y tesorerías municipales.
Artículo 8°. El control del recaudo de los recursos, así como su
inversión, estarán a cargo de la Contraloría General del Departamento del
Atlántico y de las contralorías municipales.
Artículo 9°. La emisión de la estampilla cuya creación se autoriza
por medio de la presente ley es indefinida en el tiempo.
Artículo 10. La presente ley rige a partir de su promulgación.
LEY
664 DE 2001
(julio
30)
por
la cual se modifica parcialmente las Leyes 66 de 1982 y 77 de 1985.
El
Congreso de Colombia,
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 1° de la Ley 66 de 1982 modificado por el
artículo 10 de la Ley 77 de 1985 quedará así:
“Artículo 1°. Objeto y valor de la emisión. Autorízase a la Asamblea
del Departamento del Tolima para que ordene la emisión de la estampilla “Pro
Universidad del Tolima” hasta por la suma de cien mil millones de pesos
($10.000.000.000) a valor constante a la fecha de expedición de la presente
ley.
Artículo 2°. Deróguense los artículos 2° y 6° de la Ley 66 de 1982.
Artículo 3°. El artículo 3° de la Ley 66 de 1982 quedará así:
“Artículo 3°. Atribución. Autorízase a la Asamblea Departamental
del Tolima para que por medio de ordenanza establezca las tarifas, hechos
económicos, sujetos pasivos, bases gravables y demás asuntos referentes al uso
obligatorio de la estampilla en las operaciones que se deban realizar en el
departamento de Tolima.
La ordenanza que expida la Asamblea Departamental del Tolima en
desarrollo de la presente ley, serán llevadas a conocimiento del Gobierno
Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección
General de Apoyo Fiscal”.
Artículo 4°. El artículo 4° de la Ley 66 de 1982 quedará así:
Artículo 4°. La Asamblea Departamental del Tolima podrá facultar
a los concejos de los municipios que conforman el departamento, para que hagan
obligatorio el uso de la estampilla, cuya emisión se autoriza por esta ley
siempre con destino a la Universidad del Tolima.”
Artículo 5°. Responsabilidad. La obligación de adherir y
anular la estampilla física a que se refiere esta ley estaría a cargo de los
funcionarios departamentales y municipales que intervengan en los actos o
hechos sujetos al gravamen determinadas por la ordenanza departamental que se
expida en desarrollo de la presente ley. El incumplimiento de esta obligación
se sancionará por la autoridad disciplinaria correspondiente.
Artículo 6°. Destinación. El valor recaudado por concepto de
la venta de la estampilla se destinará exclusivamente para la construcción y
dotación de la planta física en la actual sede de la Universidad del Tolima de
Ibagué, hasta cien mil millones de pesos moneda corriente ($100.000.000.000) a
valor constante a la fecha de expedición de la presente ley. La tarifa con que
se graven los distintos actos no podrá exceder del tres por ciento (3%) del
valor de los hechos a gravar.
Artículo 7°. El artículo 7° de la Ley 66 de 1982 quedará así:
“Artículo 7°. Recaudos. Los recaudos
por la venta de la estampilla estarán a cargo de l a Secretaría de Hacienda
Departamental y las tesorerías municipales, de acuerdo a la ordenanza que la
reglamenta.”
Artículo 8°. El artículo 8° de la Ley 66 de 1982 quedará así:
“Artículo 8°. Control. El control
del recaudo, del traslado oportuno y de la inversión de los recursos
provenientes del cumplimiento de la presente ley, estará a cargo de las
contralorías municipales y departamental del Tolima”.
Artículo 9°. La presente ley rige a partir de la fecha de su
promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
LEY
665 DE 2001
(julio
30)
por
medio de la cual se autoriza la emisión de la estampilla Sogamoso 2000 con
motivo de los 400 años de fundación del municipio de Sogamoso en el
departamento de Boyacá.
El
Congreso de Colombia,
DECRETA:
Artículo 1°. Autorizase a la Asamblea Departamental de Boyacá para
que ordene la emisión de la estampilla: “Sogamoso 2000” cuyo producido se
destinará a la inversión total o parcial de los proyectos y obras prioritarias,
relacionadas con el programa de gobierno participativo del Plan Municipal de
Desarrollo Integral y el Plan de Ordenamiento Territorial.
Artículo 2°. La emisión cuya creación se autoriza, será hasta por la
suma de veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000), los cuales se
invertirán de la siguiente forma: un cincuenta por ciento (50%) será destinado
para mejoramiento del medio ambiente de la ciudad; un diez por ciento (10%)
será invertido en la construcción del gran parque del sur; un diez por ciento
(10%) se destinará en el sector de educación; un diez por ciento (10%) se
asignará al sector vivienda y el restante veinte por ciento (20%), será
invertido en el aeropuerto para Sogamoso.
Artículo 3°. Autorízase a la Asamblea Departamental de Boyacá, para
que determine las características, tarifas y todos los demás asuntos referentes
al uso obligatorio de la estampilla en las actividades, proyectos, obras y
operaciones que deban realizar en el departamento, en desarrollo de lo
dispuesto en la presente ley, serán llevadas a conocimiento del Gobierno Nacional,
a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Parágrafo. La Asamblea de Boyacá podrá autorizar la sustitución de
la estampilla física por otro sistema de recaudo del gravamen que permita
cumplir con seguridad y eficacia el objeto de esta ley.
Artículo 4°. Facúltese a los concejos municipales del Departamento
de Boyacá para que, previa autorización de la Asamblea del Departamento, hagan
obligatorio el uso de la estampilla que por esta ley se autoriza su emisión,
con destino al municipio de Sogamoso.
Artículo 5°. La obligación de adherir y anular la estampilla a que
se refiere esta ley queda a cargo de los funcionarios departamentales y
municipales que intervengan en los actos.
Artículo 6°. El recaudo, producto de la estampilla se destinará a lo
establecido en el artículo 1° de la presente ley.
Parágrafo. La tarifa contemplada en esta ley no podrá exceder el dos
por ciento (2%) del valor del hecho sujeto al gravamen.
Artículo 7°. El control del recaudo, traslado de los recursos al
municipio de Sogamoso del Departamento de Boyacá y la inversión de los fondos
provenientes del cumplimiento de la presente ley, estará a cargo de la
Contraloría General del Departamento.
Artículo 8°. Dentro de los hechos y actividades económicas, sobre
los cuales se obliga el uso de la estampilla, la asamblea o el concejo, podrá
incluir los licores, alcoholes, cervezas y juegos de azar. En todo caso, la
estampilla no podrá superar el valor máximo contemplado en esta ley.
Artículo 9°. La presente ley rige a partir de la fecha de su
promulgación.
LEY
666 DE 2001
(julio
30)
por
medio de la cual se modifica el artículo 38 de la Ley 397 de 1997 y se dictan
otras disposiciones.
El
Congreso de Colombia,
DECRETA:
Artículo 1°. Modifícase el artículo 38 de la Ley 397 de 1997, el
cual quedará así:
“Artículo 38. Autorízase a las asambleas departamentales, a los
concejos distritales y a los concejos municipales para que ordenen la emisión
de una estampilla “Procultura” cuyos recursos serán administrados por el
respectivo ente territorial, al que le corresponda, el fomento y el estímulo de
la cultura, con destino a proyectos acordes con los planes nacionales y locales
de cultura”.
Artículo 2°. Adiciónase los siguientes artículos nuevos al Título
III de la Ley 397 de 1997:
Artículo 38-1. El producido de la estampilla a que se refiere el
artículo anterior, se destinará para:
1. Acciones dirigidas a estimular y promocionar la creación, la
actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las
expresiones culturales de que trata el artículo 18 de la Ley 397 de 1997.
2. Estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios
públicos, aptos para la realización de actividades culturales, participar en la
dotación de los diferentes centros y casas culturales y, en general propiciar
la infraestructura que las expresiones culturales requieran.
3. Fomentar la formación y capacitación técnica y cultural del
creador y del gestor cultural.
4. Un diez por ciento (10%) para seguridad social del creador
y del gestor cultural.
5. Apoyar los diferentes programas de expresión cultural y
artística, así como fomentar y difundir las artes en todas sus expresiones y
las demás manifestaciones simbólicas expresivas de que trata el artículo 17 de
la Ley 397 de 1997.
Artículo 38-2. Autorízase a las asambleas departamentales, a los
concejos distritales y a los concejos municipales para que determinen las
características, el hecho generador, las tarifas, las bases gravables y los
demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla “Procultura” en
todas las operaciones que se realicen en su respectiva entidad territorial.
Parágrafo. Las ordenanzas y acuerdos que expidan las asambleas
departamentales, los concejos distritales y los concejos municipales en
desarrollo de lo dispuesto en la presente ley, deberán ser remitidas para el
conocimiento del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, Dirección General de Apoyo Fiscal.
Artículo 38-3. La tarifa con que se graven los diferentes actos
sujetos a la estampilla “Procultura” no podrá ser inferior al cero punto cinco
por ciento (0.5%), ni exceder el dos por ciento (2%) del valor del hecho sujeto
al gravamen.
Artículo 38-4. Responsabilidad. La obligación de adherir y
anular la estampilla física a que se refiere esta Ley quedará a cargo de los
funcionarios departamentales, distritales y municipales que intervengan en los
actos o hechos sujetos al gravamen determinados por la ordenanza departamental
o por los acuerdos municipales o distritales que se expidan en desarrollo de la
presente ley. El incumplimiento de esta obligación se sancionará por la
autoridad disciplinaria correspondiente.
Artículo 38-5. El control sobre el recaudo y la inversión de lo
producido por la estampilla “Procultura” será ejercido en los departamentos por
las contralorías departamentales, en los distritos por las contralorías
distritales y en los municipios por las contralorías municipales o por la
entidad que ejerza sobre ellos el respectivo control fiscal.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de su promulgación y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
LEY
669 DE 2001
(julio
30)
por
la cual se autoriza la emisión de la estampilla pro-salud departamental en el
departamento del Valle del Cauca.
El
Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Autorícese a la Asamblea del Departamento del Valle del
Cauca para que ordene la emisión de la estampilla pro-salud departamental cuyo
producido se destinará para el pago de excedentes de facturación por atención
de vinculados de las empresas sociales del Estado o instituciones que
pertenezcan a dicha red y que hayan sido sostenidas con recursos públicos.
Artículo 2°. La emisión de la estampilla cuya creación se autoriza
será hasta por la suma de doscientos treinta y un mil (231.000) salarios
mínimos.
Artículo 3°. Autorizar a la Asamblea Departamental del Valle del
Cauca para que determine las características, tarifas y todos los demás asuntos
referentes al uso de la estampilla en las actividades y operaciones que se
deberán realizar en el departamento y en los municipios del mismo.
Artículo 4°. La obligación de adherir y anotar la estampilla a que
se refiere esta ley queda a cargo de los funcionarios departamentales y
municipales que intervienen en los actos.
Artículo 5°. La tarifa contemplada en esta ley no podrá exceder del
dos por ciento (2%) del valor del hecho u objeto del gravamen.
Artículo 6°. El recaudo de la estampilla deberá ser consignado en el
Fondo Seccional de Salud del Departamento del Valle del Cauca y su recaudo
estará a cargo de la Secretaría de Hacienda Departamental y tesorería
municipales.
Artículo 7°. El control del recaudo y del traslado oportuno de los
recursos que por esta ley se ordena, estará a cargo de la Contraloría del
departamento.
Artículo 8°. La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación.
III.
LA DEMANDA.
Considera el demandante que las Leyes
acusadas violan los artículos 150, numeral 11; 13; 29; 157, numeral 1; 294; y,
338 de la Constitución. Pone de presente que todas estas Leyes tienen como
común denominador la autorización del legislador a las asambleas
departamentales para que ordenen la emisión de un tributo, denominado
“estampilla”. El concepto de violación, dada la extensión del escrito de
demanda, habrá de resumirse así :
1. Violación al
principio de legalidad del tributo, consagrado tanto en los artículos 150,
numerales 11 y 12, como en el artículo 338 de la Constitución. El actor dice
que “tanto la doctrina como la jurisprudencia constitucional han señalado de
manera reiterada que el Congreso de la República es el único organismo
competente, en tiempos de paz, para fijar los elementos fundamentales de los impuestos
de carácter nacional, cuales son los siguientes : sujeto activo y pasivo, el
hecho gravable, la base gravable, y, la tarifa.” (fl. 58). “En este orden de
ideas, es fácil apreciar que todas las leyes demandadas carecen de los
denominados elementos estructurales del tributo, por cuanto ellas se limitan a
dar una simple autorización a las Asambleas Departamentales para que sean éstas
quienes los establezcan, con clara violación del artículo 338, puesto que si
son las leyes demandadas las que están creando el tributo, es a esas mismas
leyes a las que les corresponde –y no a las Asambleas Departamentales- señalar
con suficiente claridad y precisión los elementos de los que consta el tributo
creado.” (fl. 60).
En su opinión, si la
creación del tributo nace en la ley, la ordenanza o el acuerdo, el mismo hecho
creador debe contener los elementos del tributo, y, a esta circunstancia es a
la que se refiere el inciso segundo del artículo 338 en mención, con la
expresión directamente, allí contenida.
2. Afirma el actor
que el Congreso de la República expidió algunas de las leyes demandadas con
intención discriminatoria, pues, en unas, autorizó abiertamente la creación y
destinación del tributo, y, en otras, restringió esa posibilidad, al fijar
porcentajes concretos. Esto afecta a cada uno de los beneficiarios del tributo.
Además, la determinación de porcentajes constituye una función propia de las
entidades territoriales y no del Congreso de la República, tal como lo
establece el artículo 287, numeral 3º de la Carta.
De esta forma,
también se violó el artículo 13 de la Constitución. Explica que el Congreso
“discriminó algunas leyes de la posibilidad de autorizar a las asambleas
departamentales la fijación de las tasas aplicables al tributo, y de modo
contrario, les permitió a otras dicha fijación, lo que afecta flagrantemente a
las entidades beneficiarias del mismo.” (fl. 64) Así mismo, en algunas se
concede la posibilidad de exenciones, mientras que en otras, esa posibilidad
está tácitamente cerrada. La ley es pleonástica cuando otorga estas
autorizaciones en cabeza de Ciertas Asambleas Departamentales, pues, la
Constitución autoriza en el artículo 294, a las Corporaciones conceder
exenciones. Violan el principio de igualdad al establecer en algunas de las
Leyes acusadas, la creación de juntas especiales para el manejo de los fondos
que produzca la estampilla y en otras Leyes no se prevén tales juntas.
Todo esto significa
desbordamiento de la competencia del legislativo en asuntos que son de la
injerencia de las entidades territoriales.
De otro lado, el
actor analiza la violación de la Constitución, en algunas  Leyes acusadas en
particular, así :
- La Ley 26 de 1990,
en cuanto que sólo determina uno de los elementos del tributo : la tarifa, y
delega a la Asamblea Departamental la determinación de los demás elementos. Lo
mismo ocurre con la Ley 85 de 1993.
- La Ley 93 de 1993,
el parágrafo 4 del artículo 4, facultó a la Asamblea para imponer el uso
obligatorio de la estampilla no sólo sobre los documentos de las entidades
públicas departamentales y municipales, sino en las entidades descentralizadas
del orden nacional que operen en el Cesar, lo que viola la Constitución, al
carecer las asambleas departamentales de competencia sobre las entidades del
orden nacional.
- La Ley 348 de 1997
omite señalar con precisión y claridad los elementos del impuesto. No establece
cuáles son el hecho gravado, la base gravable, ni la tarifa gravable. El
artículo 8 ni siquiera específica cuáles hechos y actividades económicas quedan
comprendidas dentro del impuesto, lo hace sólo de manera vaga e indeterminada.
Deja a la asamblea y de los concejos municipales la fijación de esta materia.
Se pregunta el actor si por la redacción de esta norma, se está ante un
impuesto sobre documentos, o sobre la actividad de correos, o un gravamen ¿qué
pasa, entonces, con los juegos de azar de carácter nacional?
Finalmente, señala
el demandante que existieron vicios de procedimiento en la formación de las
siguientes leyes : Ley 85 de 1993; Ley 367 de 1997; Ley 382 de 1997; Ley 656 de
2000; y Ley 665 de 2001.
Sobre este último
punto (vicios en el procedimiento en la formación de algunas de las leyes
acusadas), en auto de 6 de marzo de 2002, el magistrado sustanciador antes de
admitir  la demanda, dentro de las varias decisiones que allí constan, se
encuentra que rechazó este cargo respecto de algunas Leyes y condicionó la
admisión contra la Ley 665 de 2001, si el actor corregía la acusación. (fl.
78).
Una vez corregida la
demanda en varios aspectos, incluido el correspondiente a la Ley en mención, se
admitió el cargo de vicios de procedimiento sólo en relación con la Ley 665 de
2001.
IV. INTERVENCIONES.
En este proceso no hubo intervención
ciudadana.
V.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACION.
El señor Procurador General de la Nación,
en el concepto Nro. 2921, de fecha 19 de junio de 2002, solicitó a la Corte
hacer los siguientes pronunciamientos :
1.- Declarar la exequibilidad de las Leyes
026 de 1990, 085 de 1993, 093 de 1993, 122 de 1994, 289 de 1996, 334 de 1996,
348 de 1997, 367 de 1997, 382 de 1997, 426 de 1998, 440 de 1998, 538 de 1999,
542 de 1999, 561 de 2000, 634 de 2000, 645 de 2001, 654 de 2001, 669 de 2001.
Exhortar al Congreso para la expedición de
una ley que señale los parámetros generales, los objetivos y los límites para
la emisión de estampilla por parte de las entidades territoriales, que permitan
un manejo macroeconómico coherente del tema tributario.
En relación con la Ley 648 de 2001 estarse
a lo resuelto en la sentencia C-089 de 2001.
2.- Los argumentos del señor Procurador
examinaron la política tributaria y la autonomía fiscal de los entes
territoriales; el carácter de los recursos provenientes de la emisión de
estampillas por parte de los entes territoriales; explicó su concepto sobre la
proliferación de leyes de autorización para la emisión de estampillas desconoce
el papel del legislador; y, finalmente se refirió al trámite de la Ley 665 de
2001. Sus razones se resumen así :
2.1 Sobre la política tributaria y la
autonomía fiscal de los entes territoriales, pone de presente la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, en el sentido de que el grado de injerencia del
legislador en la administración de los recursos de las entidades depende del
origen de los mismos : sentencias C-246 de 1995, C-537 de 1995, C-390 de 1996,
C-413 de 1996, C-219 de 1997, C-089 de 2001, entre otras. Es decir, cuando se
trata de recursos propios de las entidades territoriales de origen endógeno,
como son los recursos provenientes de los bienes de propiedad de las entidades
territoriales y los recaudados de impuestos de tasas, contribuciones, y, en
especial, de aquellos provenientes de la emisión de estampillas, la injerencia
del legislador debe ser mínima, ya que de lo contrario se estaría desconociendo
la autonomía dada por la Constitución a estos entes y a sus autoridades, en la
gestión de sus propios intereses. Esta injerencia es excepcional y sólo opera
bajo los criterios expuestos por la Corte en las sentencias C-004 de 1993 y
C-335 de 1996.
2.2 De otro lado, como los recursos
provenientes de la emisión de estampillas son recursos propios de los entes
territoriales, se justifica que el legislador no señale todos los elementos del
tributo. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte (sentencias C-413 de
1996, C-089 de 2001), el legislador se limita a dar una autorización al ente
territorial, para que, si así lo considera, ordene o no la emisión de la
estampilla, por lo que no puede aseverarse que haya una excesiva intromisión
del legislador en asuntos territoriales.
2.3 En cuanto a la proliferación de leyes
de autorización de estampillas, para el señor Procurador, si bien cada una de
las leyes supera el examen de constitucionalidad vistas en conjunto las normas,
comparte la preocupación del demandante y del Gobierno respecto de que esta
forma extraordinaria de proveer recursos a los entes territoriales, puede
afectar la estabilidad macroeconómica del país.
Considera el señor Procurador que “más allá
de un problema de técnica legislativa, se trata de una desviación de la función
del Congreso como director del régimen tributario de un Estado Unitario
(artículo 1º. de la Constitución Política), en el cual al autonomía de las
entidades territoriales está sujeta a la Constitución y a la ley (art. 287
C.P.). Carece de razonabilidad el expedir leyes ad hoc para autorizar
con carácter particular y concreto la emisión de cada estampilla sin que
existan siquiera parámetros generales para tal autorización. Por ende urge que
el congreso cumpla su función observando un mínimo de coherencia legislativa.
Es decir, así como a través de leyes de carácter general y abstracto, se
regulan los criterios para el manejo de los tributos que perciben las entidades
territoriales por concepto de loterías, consumo de licores, peajes, impuesto de
industria y comercio, impuesto predial, entre otros, de igual manera debe
regularse la emisión y administración de los recursos provenientes de
estampillas, pues resulta contrario a los principios de economía y eficiencia
legislativa que el Congreso deba expedir una ley para cada caso concreto.” (fl.
241)
Para el Ministerio Público, este manejo
tributario no resulta transparente, ya que estas leyes más que obedecer a
intereses nacionales, dependen del “lobby” que puedan hacer los interesados en
el Congreso, lo que vulnera el principio de homogeneidad tributaria, la
política macroeconómica y el principio de igualdad de los entes territoriales y
los contribuyentes ante la ley (ar. 13 de la Constitución).
2.4 Respecto del trámite de la Ley 665 de
2001, el señor Procurador señaló que el cargo de la falta de publicación del
proyecto antes del primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara, no se
presentó, tal como se observa con los documentos que obran en el expediente.
2.5 En relación con la Ley 648 de 2001,
considera que existe cosa juzgada constitucional, por cuanto en la sentencia
C-089 de 2001 la Corte se pronunció sobre su exequibilidad y declaró infundadas
las objeciones al proyecto de ley, objeciones que coinciden con los cargos de
esta demanda.
2.6 Sobre la Ley 645 de 2001, en sentencias
C-922 y C-1706 de 2000, la Corte estudió las objeciones presidenciales,
declarando la exequibilidad del proyecto en relación con la autorización a las
asambleas para expedir las estampillas destinadas a financiar hospitales
universitarios públicos. Pero, no hay cosa juzgada por cuanto las objeciones
son distintas a los cargos ahora propuestos.
VI.  CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1.  Competencia.
En virtud de lo dispuesto por el artículo
241, numeral 4, de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para
conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra disposiciones contenidas
en leyes de la República.
2. Cosa Juzgada respecto de las Leyes
645; 648; 654; 656; 662; 663; 664; y, 669, todas de 2001.
Sobre las Leyes en mención ha operado la
cosa juzgada constitucional, por lo que habrá de estarse a lo dispuesto en las
respectivas sentencias, así :
2.1 Ley 645
de 2001 : sentencia C-227 de 2002, que declaró exequible la Ley en mención,
excepto el vocablo “exclusivamente” contenido en el artículo 6º de esta
Ley, el cual se declaró inexequible.
2.2 Sobre las Leyes 645; 648; 654; 656;
662; 663; 664; y, 669, todas de 2001, la Corte, en la sentencia C-538 de 2002
se pronunció sobre ellas, en el siguiente sentido :
- La Ley 662 de
2001, “por la cual se autoriza la emisión de la
estampilla pro desarrollo científico y tecnológico del Instituto Tecnológico de
Soledad, Atlántico (ITSA) y se dictan otras disposiciones”, se declaró exequible la
integridad de la ley, solamente por los cargos
analizados en la presente sentencia, salvo el parágrafo del artículo 4 de la
misma ley, el cual se declaró inexequible.
- La Ley 663 de 2001, “por la cual se
autoriza la emisión de la estampilla pro hospitales de primer y segundo nivel
de atención del departamento del Atlántico”, se declaró
exequible la integridad de la ley, solamente
por los cargos analizados en la presente sentencia, salvo los siguientes
dispositivos de la misma ley que se declararon inexequibles :  el
parágrafo del artículo 3;  la expresión “medio o método sustitutivo si fuere
el caso”, contenida en el artículo 4;  y la expresión “y de aplicar el
sistema, medio o método sustitutivo si fuere el caso”, contenida en el
artículo 6.
- La Ley 654 de
2001, “Por la cual se autoriza a la Asamblea
Departamental del Magdalena para ordenar la emisión de la estampilla
Refundación Universidad del Magdalena de Cara al Nuevo Milenio, y se dictan
otras disposiciones”, se declaró exequible
la integridad de la ley, solamente por los cargos
analizados en esta sentencia.
- La Ley 656 de
2001, “Por la cual se autoriza la estampilla de la
Universidad de Sucre, Tercer Milenio y se dictan otras disposiciones”, se declaró exequible la integridad de la ley, solamente por los cargos analizados en esta sentencia,
salvo el parágrafo del artículo 3 de la misma ley, que se declaró inexequible.
- La Ley 664 de
2001, “Por la cual se modifica parcialmente las
leyes 66 de 1982 y 77 de 1985”, solamente
por los cargos analizados en esta sentencia, se declaró exequible, en su
integridad.
- La Ley 669 de
2001, “Por la cual se autoriza la emisión de la
estampilla Pro-Salud Departamental en el Departamento del Valle del Cauca”, se declaró exequible en su integridad, solamente por los cargos analizados en esta sentencia y
conforme al condicionamiento que aparece en la parte motiva de la misma.
- La Ley 648 de 2001 “Por la cual se autoriza la
emisión de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas – 50
años”, se declaró  exequible la integridad de la misma, solamente
por los cargos analizados en esta sentencia, salvo el parágrafo del artículo 4
de la misma ley, que se declaró  inexequible.  “En lo tocante al
artículo 2° de la ley, debe ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-089
de 2001, que declaró infundada la primera objeción formulada al proyecto de ley
No. 07/99 Senado 97/98 Cámara “Por la cual se autoriza la emisión de la
estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas – 50 años”.
En relación con las Leyes mencionadas hay
cosa juzgada constitucional formal, porque, no obstante que en la sentencia
C-538 de 2002, la declaración de exequibilidad se condicionó a los cargos
analizados en ella, estos cargos son semejantes a los de esta demanda, y, en
consecuencia, hubo decisión de fondo sobre ellos, como se verá en el siguiente
punto.
En cuanto a las demás leyes acusadas :
Ley 026 de 1990; Ley 085 de 1993; Ley 093 de 1993; Ley 122 de 1994; Ley 289 de
1996; Ley 334 de 1996; Ley 348 de 1997; Ley 367 de 1997; Ley 382 de 1997; Ley
426 de 1998; Ley 440 de 1998; Ley 538 de 1999; Ley 542 de 1999; Ley 561 de
2000; Ley 634 de 2001, Ley 665 de 2001; y, Ley 666  de 2001, hay lugar a
estudiarlas, porque, si bien, en la mencionada sentencia C-538 de 2002, la
Corte se pronunció de fondo sobre el asunto objeto de lo que ahora se
controvierte, no ha habido un pronunciamiento sobre ellas en particular, y, por
ello, las consideraciones que hizo la Corte en esa ocasión, serán las que
sirvan de fundamento para adoptar iguales determinaciones en relación con los
cargos que hoy son objeto de impugnación.
Por lo anterior, la Corte examinará los
cargos que ahora se esgrimen; el pronunciamiento de fondo sobre tales cargos;
y, la aplicación de la jurisprudencia en relación con las Leyes acusadas, que
son 17, sobre las que no hay cosa juzgada formal.
3. Lo que se debate. Reiteración de la
sentencia C-538 de 2002.
3.1 Para el actor, las leyes demandadas
no señalan los elementos esenciales del tributo. Estos elementos deben estar
contenidos en la norma que los crea, si no se viola el artículo 338 de la
Constitución; las autorizaciones del legislador a las Asambleas Departamentales
y Concejos Municipales violan la autonomía de las entidades territoriales,
respecto del manejo de sus propios recursos, tal como lo garantiza el artículo
287, numeral 3, de la Carta; las Leyes acusadas violan el principio de
igualdad, pues, se expidieron leyes que contienen diferencias entre las
distintas entidades territoriales, tal como se observa en el hecho de que
algunas se refieren a exenciones, y, otras no; en algunas el legislador fijó
las tasas y porcentajes, lo que no ocurre en otras; sólo para unas se crea una
junta administradora del tributo; etc.
De otra parte, en el caso particular de
la expedición de la Ley 665 de 2001, el actor considera se violó el trámite en
el Congreso de la República.
3.2 En relación con las tres primeras
acusaciones, la Corte, en la sentencia C-538 de 2002, examinó estos mismos los
cargos, tal como fácilmente se observa en el planteamiento del tema que allí se
hizo, que resulta procedente transcribir :
“Problema Jurídico
Corresponde a la Corte decidir si las
leyes demandadas vulneran los principios constitucionales de descentralización
y autonomía territorial, así como los que informan el sistema tributario,
especialmente los de legalidad y equidad, para lo cual debe resolver los siguientes
interrogantes: (i) si el Congreso puede autorizar a los entes territoriales
para la emisión de una estampilla con el objeto de captar recursos propios;
(ii) si de conformidad con el principio de legalidad tributaria, dichas leyes
de autorización deben contener todos los elementos esenciales del tributo, y si
es constitucional que el Congreso determine la destinación del recaudo; y (iii)
si las leyes demandadas consagran un trato discriminatorio respecto de los
contribuyentes que residen en la entidad territorial que impone la obligación
tributaria, frente a aquellos contribuyentes del nivel nacional o que residen
en otro ente territorial.”  (sentencia C-538 de 2002, M.P., doctor Jaime Araújo
Rentería)
Es más, en esta misma providencia se
pronunció la Corte sobre la solicitud del señor Procurador de exhortar al
Congreso de la República para que expida una ley que fije los parámetros para
la emisión de estampillas por parte de las entidades territoriales, en los
siguientes términos :
“De otro lado, es de observar que el
señor Procurador General de la Nación solicita que la Corte exhorte al Congreso
para que expida una ley que señale los parámetros para la emisión de
estampillas por parte de los entes territoriales.  La Corte considera que hace
parte de la autonomía y de la libertad de configuración del órgano legislativo,
la fijación dentro de los límites constitucionales de cada una de las emisiones
de estampillas y que en consecuencia no es necesario exhortar al Congreso;
mucho más cuanto que el Congreso dentro de su libertad de configuración puede
por leyes posteriores, modificar o inclusive derogar las ya existentes sobre
estampillas.” (ibídem)
No cabe la menor duda de que lo dicho en
la sentencia en mención resulta aplicable en su integridad a la acusación
contra las Leyes demandadas.
3.3 Una síntesis apretada de cómo esta
providencia resolvió cada una de las acusaciones es la siguiente :
3.3.1 Las Leyes que autorizan a las
entidades territoriales la emisión de un tributo no deben contener todos los
elementos del mismo. En efecto, señaló expresamente esta decisión : “Las leyes
demandadas, cuyo objeto es la autorización a una asamblea o concejo municipal o
distrital para la creación de un tributo, no deben contener todos los elementos
del mismo.”
3.3.2 La Asambleas Departamentales y los
Concejos municipales y distritales no tienen la competencia exclusiva de
determinar la destinación del recaudo. Tal facultad también la tiene el
legislador. Dijo en lo pertinente la providencia : “[el] artículo 338 de la
Constitución no concede a las respectivas asambleas o concejos, de manera
exclusiva, la facultad de determinar la destinación del recaudo, pudiendo
hacerlo el Congreso en la ley habilitante, sin que por ello se restrinja el
alcance del principio de autonomía territorial plasmado en la Constitución.”
3.3.3 El grado de injerencia del legislador
en la administración de los recursos de las entidades territoriales depende del
origen de los mismos. Lo que se expresó de la siguiente manera : “[s]i la ley
crea un impuesto nacional, entonces la misma ley debe definir todos los
elementos de la obligación tributaria. Pero en cambio, si se trata de un
tributo territorial, y en especial si la ley se limita a autorizar el tributo,
entonces pueden las correspondientes corporaciones de representación popular,
en el ámbito territorial, proceder a desarrollar el tributo autorizado por la
ley. Esto significa que en tales eventos, ‘la ley puede ser más general,
siempre y cuando indique, de manera global, el marco dentro del cual las
asambleas y los concejos deben proceder a especificar los elementos concretos
de la contribución’ (Sentencia C-084 de 1995). Así, desde sus primeros fallos,
esta Corporación ya había señalado que ‘la ley de autorizaciones puede ser
general o puede delimitar específicamente el tributo, pero al menos debe
contener los límites dentro de los cuales la ordenanza o el acuerdo fijen los
contenidos concretos de que habla el artículo antes citado.’ (Sentencia C-004
de 1993)”.[1]
3.3.4 Respecto de la vulneración del
principio de igualdad, dijo la sentencia que las diferencias que se señalan en
la acusación, obedecen, precisamente a que los recursos, necesidades e
intereses de cada entidad territorial son totalmente distintos entre sí, y en
razón de ello, el contenido de las mismas es distinto. La providencia explicó :
“[l]as leyes demandadas no consagran discriminación alguna frente a los sujetos
pasivos de la obligación tributaria allí establecida, por cuanto las hipótesis
sobre las cuales recae la supuesta discriminación son totalmente disímiles. No
podría ser otra la conclusión si se tiene en cuenta que cada entidad
territorial posee recursos, necesidades, e intereses totalmente heterogéneos,
sumado a la discrecionalidad de cada cuerpo colegiado de ejecutar o no la
autorización impartida por el Congreso para la emisión de la estampilla. En
efecto, las leyes demandadas en ningún caso establecen una obligación sino una
mera habilitación para establecer una tasa de conformidad con los parámetros
señalados en cada ley y los que determine la asamblea o concejo respectivo,
como se consignó en la susodicha sentencia C-1097/01.”
3.3.5 Finalmente, sobre la acusación de
que se autorice a una entidad territorial para que fije tributos a entidades
del orden nacional, dijo la sentencia, que no encuentra que exista un trato
diferencial y el tributo está circunscrito al ámbito territorial. Se explicó
así : “[l]as leyes demandadas crean un trato diferencial entre los
contribuyentes del respectivo ente territorial en su condición de sujetos
pasivos de la obligación tributaria allí establecida, frente a los
contribuyentes del nivel nacional o de las demás entidades territoriales, pues
sólo aquellos deberán asumir la carga fiscal derivada del cobro de la
estampilla. Sin embargo, la Corte no encuentra tal diferenciación arbitraria o
irrazonable, toda vez que los parámetros para identificar una posible
discriminación tributaria están circunscritos a la órbita interna del ente
territorial del que se trate.”
Además, conviene precisar que las leyes
que consagran la aplicación del tributo a las entidades del orden nacional,
prevén, como es apenas lógico, que éste se produce cuando las entidades del
orden nacional “operen” en el respectivo departamento.
3.4 El desarrollo de estas conclusiones
corresponde a las consideraciones contenidas, en extenso, en la sentencia C-538
de 2002, así :
“La descentralización y la autonomía
fiscal de los entes territoriales
El artículo 1° de la Constitución Política,
que esboza los caracteres del Estado, dispone que “Colombia es un Estado
social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada,
con autonomía de sus entidades territoriales(...)” Existe pues, a
instancias del canon constitucional citado, una compatibilidad entre el
carácter unitario de la organización estatal y los aludidos principios de
descentralización y autonomía territorial, que orienta en materia impositiva el
alcance del ejercicio de las funciones del Congreso, así como de las asambleas
departamentales y los concejos distritales y municipales.
La autonomía constituye el pilar a partir del
cual los entes territoriales pueden alcanzar los fines asignados por el
Constituyente, al gozar de cierta capacidad jurídica de auto gestión política,
administrativa y fiscal. Sobre esta última, la autonomía se traduce en el
derecho en cabeza de los departamentos y municipios de “administrar los
recursos y establecer los                                            tributos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones”, al tenor del artículo
287 de la Constitución. Sin embargo, por disposición del mismo precepto
constitucional, dicha autonomía no es absoluta, pues se enmarca dentro de los
límites de la Constitución y la ley, lo cual encuentra justificación en el
hecho de que los departamentos y municipios carecen de la soberanía fiscal que
ostenta de manera exclusiva el Congreso de la República. En este sentido, se
puede afirmar que la potestad impositiva de las entidades territoriales no es
autónoma sino subordinada a la ley. Sobre este punto, ha sido particularmente
prolija la jurisprudencia de la Corte, de la cual cabe destacar la sentencia
C-346/97 (M.P. Antonio Barrera Carbonell):
“(L)a conciliación entre los principios de
unidad y autonomía, ha de hacerse bajo el entendido de que según lo establece
el art. 287 de la Constitución, las entidades territoriales son titulares de
poderes jurídicos, competencias y atribuciones que les pertenece por sí mismas
y que no devienen propiamente del traslado que se les haga de otros órganos
estatales, para gestionar sus propios asuntos e intereses. De esta suerte,
aunque se reconoce la existencia de un ordenamiento superior, igualmente se
afirma la competencia de dichas entidades para actuar dentro del espacio que
según dicha autonomía se les reconoce.
2.2.2. Un rasgo característico que afirma
el derecho a la autonomía lo constituye la atribución que tienen las entidades
territoriales para establecer los tributos necesarios que requiere el
cumplimiento de sus funciones. En efecto, no basta con diseñar una autonomía
bajo la idea de que las entidades territoriales pueden designar sus propias
autoridades, ejercer poderes, atribuciones o competencias específicas que les
pertenecen, con cierta libertad e independencia, si al mismo tiempo aquélla no
comprende lo económico y financiero, es decir, el derecho de contar con
recursos, a través de la participación en las rentas nacionales y el
establecimiento de impuestos y de administrarlos, según convenga a la gestión
de los intereses regionales y locales.
No obstante, como lo ha señalado la Corte, con
fundamento en los arts. 287, 294, 300-4, 313-4, 317 y 338 de la Constitución no
existe una autonomía absoluta en materia fiscal en cabeza de las entidades
territoriales, pues su competencia para establecer y regular los tributos debe
ejercerse por la autoridad competente, dentro de los límites que le señalen la
Constitución y la ley, lo cual significa que el atributo de la potestad
impositiva regional y local es relativo y, en tal virtud, el legislador puede
señalar ciertas pautas, orientaciones y regulaciones o limitaciones generales
para su ejercicio, siempre que se respete el núcleo esencial de la autonomía,
es decir, que no se desnaturalice la esencia de ésta de modo que se la
desvirtúe, desconozca o desnaturalice.”
Principio de
legalidad tributaria
Uno de los principios sobre los que se funda
el sistema tributario es el de la legalidad, que se concreta, en primer lugar,
en el origen representativo del tributo, en desarrollo del principio según el
cual “no puede haber tributo sin representación” (“nullum tributum sine lege”),
propio de un Estado democrático y vigente en nuestro ordenamiento aún con
anterioridad a la Constitución de 1991.[2]
En efecto, el artículo 338 de la Carta señala que solamente dichos cuerpos
colegiados podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales, lo cual
significa que la potestad impositiva radica exclusivamente en cabeza de los
cuerpos colegiados de elección popular, como es el Congreso –órgano
representativo por excelencia-, las asambleas departamentales y los concejos
distritales y municipales, sin que pueda delegarse tal potestad al gobierno en
sus diversos niveles.
“(...)
De conformidad con el artículo 338 de la
Constitución y tomando en consideración el anterior criterio jurisprudencial,
es fácil concluir que las leyes demandadas, cuyo objeto es la autorización a
una asamblea o concejo municipal o distrital para la creación de un tributo, no
deben contener todos los elementos del mismo. Si bien resulta imprescindible
que este último contenga todos los elementos esenciales esgrimidos en el citado
canon constitucional, en manera alguna dicha norma “señala que la fijación
de sus elementos sólo puede ser efectuado por el legislador, ya que habla
específicamente de las ordenanzas y los acuerdos. Por consiguiente, es conforme
con la Constitución que las asambleas y los concejos fijen, dentro de los
marcos establecidos por la ley, los elementos constitutivos del mismo”.[3] Tratándose de recursos
propios de las entidades territoriales, no hay razón para que el legislador
delimite cada uno de los elementos del tributo, pues de esa forma cercenaría la
autonomía fiscal de que aquéllas gozan por expreso mandato constitucional. En
consecuencia, el cargo según el cual las leyes demandadas son
inconstitucionales por no contener todos los elementos constitutivos del
tributo, no está llamado a prosperar.
Resta determinar, entonces, si el legislador
incurre en una indebida injerencia en la autonomía territorial al establecer la
destinación del recurso recaudado a través de la estampilla, restringiendo así
la discrecionalidad de las asambleas departamentales o concejos municipales o
distritales para decidir autónomamente dicha destinación pues, como lo ha
sostenido la Corte, “cuando se trata de recursos territoriales provenientes
de fuente endógena (recursos propios), la posibilidad de intervención por parte
del legislador aparece muy restringida, pues de otra forma la autonomía
financiera de las entidades territoriales correría el riesgo de perder su
esencia”.[4]
Al respecto, el artículo 338 de la
Constitución no concede a las respectivas asambleas o concejos, de manera
exclusiva, la facultad de determinar la destinación del recaudo, pudiendo
hacerlo el Congreso en la ley habilitante, sin que por ello se restrinja el
alcance del principio de autonomía territorial plasmado en la Constitución, ya
que existe una conjunción entre este último y los principios de unidad
económica nacional y soberanía impositiva en cabeza del Congreso, que permite
hallar razonable una interpretación en ese sentido, siempre y cuando se
entienda que la intervención del legislador sobre los recursos propios o
fuentes endógenas de financiación es justificada en cada caso.
Sobre el particular, resulta pertinente
reiterar que “si la ley crea un impuesto nacional, entonces la misma ley
debe definir todos los elementos de la obligación tributaria. Pero en cambio,
si se trata de un tributo territorial, y en especial si la ley se limita a
autorizar el tributo, entonces pueden las correspondientes corporaciones de
representación popular, en el ámbito territorial, proceder a desarrollar el
tributo autorizado por la ley. Esto significa que en tales eventos, ‘la ley
puede ser más general, siempre y cuando indique, de manera global, el marco
dentro del cual las asambleas y los concejos deben proceder a especificar los elementos
concretos de la contribución’ (Sentencia C-084 de 1995). Así, desde sus
primeros fallos, esta Corporación ya había señalado que ‘la ley de
autorizaciones puede ser general o puede delimitar específicamente el tributo,
pero al menos debe contener los límites dentro de los cuales la ordenanza o el
acuerdo fijen los contenidos concretos de que habla el artículo antes citado.’ (Sentencia
C-004 de 1993)”.[5]
Se concluye entonces que dentro del marco de
generalidad de la ley de autorizaciones a que se ha hecho referencia, bien
puede incluir el legislador, en ejercicio de su soberanía impositiva, la
destinación del recaudo a que aluden las leyes demandadas, siempre que no
implique una intervención injustificada en la autonomía de los entes
territoriales. La Corte[6]
ha establecido una serie de criterios para determinar la constitucionalidad de
dicha intervención impositiva en materia de recursos endógenos, así:
“Cuando (i) lo señala expresamente la
Constitución; (ii) es necesario proteger el patrimonio de la Nación, es decir,
para conjurar amenazas sobre los recursos del presupuesto nacional; (iii)
resulta conveniente para mantener la estabilidad económica interna y externa;
(iv) las condiciones sociales y la naturaleza de la medida así lo exigen por
trascender el ámbito simplemente local o regional. Si bien es cierto que la
Constitución prohibe la creación de rentas nacionales con destinación
específica, también lo es que no prohíbe la asignación específica de rentas de
otro orden, toda vez que no son computadas dentro de los ingresos corrientes de
la nación[7].
“De cualquier manera, toda restricción a
la autonomía territorial, en cuanto implica la destinación específica de sus
recursos propios, tendrá que ser necesaria, útil y proporcionada al fin
constitucional que el legislador busca alcanzar, o de lo contrario deberá ser
declarada inexequible[8].”[9]
Las leyes que autorizan la creación de
tributos territoriales no vulneran per se el principio de equidad tributaria
Manifiestan los demandantes que las leyes
demandadas vulneran el principio de equidad tributaria respecto de “los
contribuyentes de la entidad territorial correspondiente, situándolos en una
situación diferente a la de sujetos que conviven en el entorno de otra entidad
territorial, colocando a aquéllos en una clara desventaja tributaria poco
proporcional y justificada.”
El principio de igualdad, consagrado
genéricamente en el artículo 13 de la Constitución, irradia todas las
actuaciones de las autoridades públicas y encuentra manifestaciones concretas
como en el caso de la imposición de tributos. Así, el artículo 363 de la Carta
estatuye que el sistema tributario se funda en el principio de equidad, entre
otros, sobre el cual la Corte ha delimitado su alcance así:
“Al lado del principio de legalidad del
tributo, de profunda raigambre democrática, el principio de igualdad constituye
claro límite formal y material del poder tributario estatal y, por
consiguiente, las reglas que en él se inspiran se orientan decididamente a
poner coto a la arbitrariedad y a la desmesura. No se trata de establecer una
igualdad aritmética. La tributación tiene que reparar en las diferencias de
renta y riqueza existentes en la sociedad, de modo que el deber fiscal,
expresión de la solidaridad social, tome en cuenta la capacidad contributiva de
los sujetos y grupos y, conforme a ella, determine la carga fiscal, la que ha
de asignar con criterios de progresividad, a fin de alcanzar grados cada vez
mayores de redistribución del ingreso nacional.
“La igualdad impone la necesidad de acatar
como regla tributaria básica la generalidad del tributo. Si al margen de los contribuyentes
se coloca a aquellas personas que carecen de capacidad contributiva, todos los
demás ciudadanos, según su poder económico y en los términos de la ley, quedan
sujetos al mismo deber de concurrir al levantamiento de las cargas públicas. El
privilegio en la ley y en la aplicación de la ley, resulta definitivamente
proscrito, pues el poder tributario se fundamenta en la justicia y en la
equidad.”[10]
Ahora bien, en virtud del principio de razonabilidad
una determinada disposición es discriminatoria cuando no se puede justificar razonablemente
el trato diferencial que ella establece respecto de dos situaciones similares
o, en otras palabras, cuando ante situaciones iguales se da un tratamiento jurídico
diferente sin justificación alguna. Lo anterior significa, en sentido inverso,
que no se está frente a un trato diferencial injustificado cuando las hipótesis
sobre las que recae la supuesta discriminación son totalmente disímiles.
En el presente caso, la Corte debe analizar
si una ley por medio de la cual el Congreso autoriza a las entidades
territoriales, a través de sus órganos de representación popular, a emitir
estampillas pro-fomento de una institución del nivel departamental o municipal,
establece un trato diferencial injustificado respecto de los contribuyentes
sujetos a dicha obligación tributaria.
Efectivamente, las leyes demandadas crean un
trato diferencial entre los contribuyentes del respectivo ente territorial en
su condición de sujetos pasivos de la obligación tributaria allí establecida,
frente a los contribuyentes del nivel nacional o de las demás entidades
territoriales, pues sólo aquéllos deberán asumir la carga fiscal derivada del
cobro de la estampilla. Sin embargo, la Corte no encuentra tal diferenciación
arbitraria o irrazonable, toda vez que los parámetros para identificar una
posible discriminación tributaria están circunscritos a la órbita interna del
ente territorial del que se trate. En ese sentido, no puede compararse el
tratamiento tributario que decida adoptar una determinada asamblea
departamental o concejo distrital o municipal, frente a la política fiscal de
la Nación o de otro ente territorial por cuanto, en materia de tributación
territorial, el principio de equidad se restringe al tratamiento fiscal que se
pueda dar al interior de la respectiva entidad departamental, distrital o
municipal. Al respecto, dijo la Corte lo siguiente:
“Es de notar que las competencias
impositivas que la Carta y la ley 397 de 1997 otorgan a las asambleas y
concejos municipales podrían sugerir desigualdades aparentes entre una y otras
jurisdicciones en el terreno de su ejecución.  Es decir, algunos manifestarán
que en el plano municipal, a tiempo que unos concejos podrían establecer una
estampilla con tarifa moderada o baja, otros por su parte ejercerían sus
facultades estipulando una estampilla con tarifa más alta frente a iguales
hechos gravables, generándose así tarifas diferenciales contrarias al principio
de equidad tributaria.  Iguales glosas cabría esperar de la red departamental.
Sin embargo, en presencia de dichas sindicaciones se impone observar que,
tratándose de tributos territoriales la igualdad debe entenderse dentro de cada
jurisdicción y no con referencia al plano nacional.  Claro es que en
atención al principio de autonomía territorial cada asamblea departamental y
cada concejo municipal puede ejercer sus facultades impositivas sin sujeción a
los criterios adoptados por sus homólogos dentro de sus respectivas
jurisdicciones; lo que por contera implica reconocer que frente a tributos
territoriales el juicio de igualdad sólo puede hacerse en el seno de cada
jurisdicción, en relación con los hechos y sujetos pasivos territorialmente
alinderados y con cabal respeto a la pluralidad y diferencia que las
jurisdicciones ajenas puedan ostentar en el despacho de sus asuntos internos.
Sin olvidar que siendo Colombia un Estado Social de Derecho las asambleas y
concejos deben ejercer sus competencias –en este caso las tributarias- con
estricto apego a los mandamientos constitucionales y legales. Lo que a su vez
refrenda la existencia de tributos de exclusivo cuño departamental y de
tributos propios del solar municipal.”[11] (Subrayado fuera del
texto)
En consecuencia, las leyes demandadas no
consagran discriminación alguna frente a los sujetos pasivos de la obligación
tributaria allí establecida, por cuanto las hipótesis sobre las cuales recae la
supuesta discriminación son totalmente disímiles. No podría ser otra la
conclusión si se tiene en cuenta que cada entidad territorial posee recursos,
necesidades, e intereses totalmente heterogéneos, sumado a la discrecionalidad
de cada cuerpo colegiado de ejecutar o no la autorización impartida por el
Congreso para la emisión de la estampilla. En efecto, las leyes demandadas en
ningún caso establecen una obligación sino una mera habilitación para
establecer una tasa de conformidad con los parámetros señalados en cada ley y
los que determine la asamblea o concejo respectivo, como se consignó en la
susodicha sentencia C-1097/01.”
(sentencia C-538 de 2002, M.P., doctor Jaime Araújo Rentería).
3.6 Expuesta ampliamente la jurisprudencia
de la Corte en este tema, habrá que analizar su aplicación en las Leyes
acusadas sobre las que no ha habido decisión particular.
4. Aplicación integral de la jurisprudencia
en mención, en las Leyes acusadas sobre las que no hay pronunciamiento expreso
de la Corte.
Las Leyes 26 de 1990; 085 de 1993; 093 de
1993; 289 de 1996; 348 de 1997; 367 de 1997; 542 de 1999; y, 634 de 2000 serán
declaradas exequibles en su integridad, sólo por los cargos analizados, en
razón, como se explicó que los cargos analizados en la C-538 de 2002 son
semejantes a los expuestos por el demandante.
Las consideraciones transcritas en el punto
anterior son totalmente aplicables a las mencionadas.
5. Pronunciamientos individuales respecto
de algunas Leyes que autorizan que la estampilla puede ser sustituida por “otro
sistema, método o medio de recaudo”, autorización que resulta inexequible,
tal como lo explicó también la sentencia C-538 de 2002.
5.1 Las Leyes 122 de 1994; 334 de 1996; 382
de 1997; 426 de 1998; 440 de 1998; 538 de 1999; 561 de 2000, se declararán
exequibles en su integridad, salvo lo relacionado con la facultad de que la
estampilla pueda ser sustituida por otro sistema, método o medio de recaudo,
por las razones expuestas en la sentencia tantas veces mencionada, C-538 de
2002. Allí se dijo sobre este específico punto, lo siguiente  :
“Regla ésta que atenta primeramente contra
lo dispuesto en el artículo 313-4 de la Constitución Política, toda vez que la
competencia tributaria de los Concejos Distritales y Municipales debe sujetarse
a la ley que en forma precisa establezca un tributo o autorice su
creación.  Es decir, la ley no puede incurrir en dictados afectados de
indeterminación o en el otorgamiento de facultades alternativas, que lejos de
ajustarse al principio de la certeza del tributo que entraña el artículo 338
superior, constituyan una clara indeterminación rayana en una sutil delegación
impositiva a favor de los Concejos, proscrita incluso en cabeza del
Presidente de la República (art- 150-10 C.P.).”
Esta
clase de autorizaciones, dice además la sentencia, estaría habilitando
tácitamente a las asambleas o a los concejos, según el caso,  “para ponerse en
el lugar del Congreso estableciendo otro sistema de recaudo –diferente a la
estampilla-, y por tanto, para hacer a través de Acuerdo lo que le corresponde
al Congreso hacer mediante Ley (art. 121 C.P.)” (ibídem)
5.2 En consecuencia, en la parte resolutiva
de esta providencia se individualizarán las Leyes que contienen esta
autorización, con el fin de pronunciarse sobre los apartes acusados.
5.3 En cuanto a la Ley 666 de 2001 se
declarará exequible en su integridad por dos razones principales : una,
acogiendo la jurisprudencia de la sentencia C-538 mencionada, y, la otra,
porque esta Ley 666 de 2001 modificó el artículo 38 de la Ley 397 de 1997,
conocida como la ley que creó el Ministerio de Cultura. En oportunidad
anterior, la Corte Constitucional, en la sentencia C-1097 de 2001, declaró la
exequibilidad del artículo 38 de la Ley 397, que en lo esencial, resulta en su
contenido semejante al modificado.
En aquella sentencia, se declaró exequible
la autorización para la emisión de esta estampilla. Resulta pertinente
transcribir lo que la Corte dijo respecto de la estampilla denominada
“Procultura”, con énfasis especial de lo que significa la creación de este
tributo, en el ámbito de la unidad nacional y la descentralización cultural :
“En abono al apoyo de los valores culturales le
corresponde al Estado crear incentivos para personas e instituciones que
desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones
culturales, ofreciendo estímulos especiales a las personas e instituciones que
ejerzan estas actividades.  Respaldo institucional éste que debe cubrir al país
a partir de sus territorios, reconociendo la riqueza de su pluralidad en el
pensamiento y la diferencia en el hacer de los diversos grupos étnicos que
hacen presencia cultural desde los lugares más distantes y difíciles de
cultivar.  A estos efectos el Estado debe involucrarse en esa fenomenología de
flujos y reflujos culturales que tan pronto van de la periferia hacia el
centro, como de éste hacia la periferia, dando los pasos adecuados para
preservar dinámicamente lo autóctono dentro de un espíritu ecuménico y
sensible.  Donde ojalá, con palabras erasmistas, nada de lo humano nos resulte
extraño.
Desde luego que en este orden de cosas le corresponde
al Estado proteger el patrimonio cultural de la Nación, a la vez simbólico y
material, a cuyos fines la Carta Política reconoce a la Nación como la
propietaria del patrimonio arqueológico y de los demás bienes que conforman la
identidad nacional, siendo por tanto inalienables, inembargables e
imprescriptibles.  Sin perjuicio de los derechos especiales que pudieran tener
los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica (arts. 70,
71 y 72 C.P.).
No cabe duda entonces que la cultura en sus diversas
manifestaciones, en tanto fundamento de la nacionalidad colombiana, amerita lo
mejor de lo mejor en materia de instrumentos y medidas de apoyo, promoción y
desarrollo de corte institucional, resultando a la sazón propicias las medidas
de hacienda pública de talante tributario, tal como ocurre ahora con la
estampilla Procultura que a todas luces aparece inscrita en una norma amparada
por el Estatuto Superior.” (sentencia C-1097 de 2001, M.P., doctor Jaime Araújo
Rentería)
5.4 En consecuencia, se declarará la
exequibilidad de la Ley 666 de 2001, acogiendo en su integridad las
consideraciones expresadas en las sentencias C-538 de 2001 y C-1097 de 2001.
6.  Trámite en el Congreso de la Ley 665 de
2001 “por medio de la cual se autoriza la emisión de la estampilla Sogamoso
2000 con motivo de los 400 años de fundación del municipio de Sogamoso en el
departamento de Boyacá”.
6.1 Según el actor, el trámite
correspondiente, violó el artículo 157, numeral 1, de la Constitución, así :
“[e]l Congreso de la República primeramente
le dio curso al proyecto en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes,
y luego lo publicó oficialmente, cuando debió ocurrir exactamente lo contrario.
“El procedimiento surtido para la Ley 665 de
2001 ante la Comisión Tercera de la Cámara fue, inicialmente, la presentación
del proyecto para primer debate el 30 de noviembre de 1999, y su publicación se
realizó el 3 de diciembre del mismo año, queriendo ello decir que, primero se
le dio curso al debate y posteriormente se surtió el trámite de la publicación,
cuando debió ocurrir, en primer lugar, esto último.” (fl. 84)
6.2 Con el fin de verificar lo afirmado por
el actor en relación con este cargo, el magistrado sustanciador pidió al
Congreso de la República las Gacetas y certificaciones correspondientes. Del
estudio de los documentos que obran en el expediente, se llega a la conclusión
de que no ocurrió la violación que acusa el demandante, como se verá :
6.2.1 En la Gaceta del Congreso No. 504 de
3 de diciembre de 1999, se publicó el articulado y la Exposición de Motivos del
proyecto de ley No. 186 de la Cámara (páginas 4 a 6).
Obra en esta misma Gaceta la certificación
de la Secretaría General de la Cámara de Representantes que señala “El día 30
de noviembre de 1999, ha sido presentado en este Despacho el Proyecto de ley
186 con su correspondiente exposición de motivos, por el honorable Senador
Ricardo Español Suárez” (página 6)
6.2.2 En la Gaceta del Congreso Nro. 563 de
fecha 17 de diciembre de 1999, se publicó el articulado para primer debate al
proyecto de ley Nro. 186 de la Cámara (página 17)
6.2.3 En la Gaceta del Congreso Nro. 563 de
fecha 17 de diciembre de 1999, se publicó la ponencia para primer debate al
proyecto de ley Nro. 186 de la Cámara (página 16)
6.2.4 La certificación del señor Secretario
General de la Comisión Tercera Constitucional Permanente de Cámara de
Representantes, señala que el proyecto de ley Nro. 186/99 de la Cámara y 08/00
Senado “fue aprobado en Primer Debate por unanimidad, en sesión ordinaria del
día 26 de abril de 2000, con quórum decisorio integrado por veinte (20) H.
Representantes.” (fl. 118)
6.3 Es decir, que, de acuerdo con las
Gacetas del Congreso mencionadas, no corresponde a la realidad lo afirmado por
el actor sobre la supuesta violación del artículo 157, numeral 1, de la
Constitución, pues, una vez radicado el proyecto en la Comisión Tercera
correspondiente, el 30 de noviembre de 1999, la publicación del proyecto
y la exposición de motivos del en mención, se realizó el 3 de diciembre de
1999 (Gaceta del Congreso 504), la ponencia para primer debate en la Cámara
fue publicada el 17 de diciembre de 1999, en la Gaceta Nro. 563, y la
aprobación en primer debate se dio el día 26 de abril de 2000 (fl. 118).
Lo que significa que la publicación del proyecto ocurrió “antes de darle curso
en la comisión respectiva”, como lo dispone el artículo 157, numeral 1, de la
Constitución.
6.4 Como el cargo de violación se
circunscribió al trámite inicial del proyecto de ley en la Comisión Tercera de
la Cámara, irregularidad que no se dio, no resulta necesario referirse a la
continuación del trámite pues, contra las etapas posteriores, no se esgrimió
ningún reproche.
En consecuencia, se declarará la
exequibilidad de toda la Ley 665 de 2001, en cuanto a los cargos expuestos,
incluido el de la violación del trámite legislativo, violación que no se dio.
Sólo se declarará inexequible el parágrafo del artículo 3º, en cuanto autoriza
la sustitución de la estampilla física por otro sistema de gravamen, por las
razones atrás expresadas, en el punto 5 de esta providencia.
VII.
DECISION.
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE :
Primero : Estarse a lo resuelto en la sentencia
C-538 de 2002, en lo relacionado con las Leyes 662; 663; 654; 656; 664; 666; y,
669, todas del año 2001.
Segundo : Estarse a lo resuelto en la sentencia
C-227 de 2002, respecto de la Ley 645 de 2001.
Tercero : Estarse a lo resuelto en las sentencias
C-089 de 2001 y 538 de 2002, en relación con la Ley 648 de 2001.
Cuarto : Declarar exequibles por los cargos
analizados, las Leyes 26 de 1990; 085 de 1993; 093 de 1993; 289 de 1996;
348 de 1997; 367 de 1997; 542 de 1999; 634 de 2000; y, 666 de 2001, en su
integridad.
Quinto : Declarar exequible por los cargos
analizados, la Ley 122 de 1994 en su integridad, salvo el parágrafo del
artículo 3º, que se declara inexequible.
Sexto : Declarar exequible por los cargos
analizados la Ley 334 de 1996, en su integridad, salvo el parágrafo del
artículo 3º y la expresión “en sus distintas modalidades”, contenida en el
artículo 8º  que se declaran inexequibles.
Séptimo : Declarar exequible por los cargos
analizados la Ley 382 de 1997, en su integridad, salvo el parágrafo del
artículo 3º, que se declara inexequible.
Octavo : Declarar exequible por los cargos
analizados la Ley 426 de 1998, en su integridad, salvo el parágrafo del
artículo 4º, que se declara inexequible.
Noveno : Declarar exequible por los cargos
analizados la Ley 440 de 1998, en su integridad, salvo el parágrafo del
artículo 3º, que se declara inexequible.
Décimo : Declarar exequible por los cargos
analizados la Ley 538 de 1999,  en su integridad, salvo el parágrafo del
artículo 3º y la expresión “en sus distintas formas de recaudo”, contenida en
el artículo 8º, que se declaran inexequibles.
Undécimo : Declarar exequible por los cargos
analizados la Ley 561 de 2000, en su integridad, salvo el parágrafo 1º del
artículo 2º, que se declara inexequible.
Duodécimo : Declarar exequible por los cargos
analizados la Ley 665 de 2001, en su integridad, salvo el parágrafo 1º del
artículo 3º, que se declara inexequible.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Presidente
JAIME ARAÚJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
LUIS EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
Salvamento a la Sentencia C-873/02
TRIBUTO TERRITORIAL-Inconstitucionalidad de creación con
ausencia de ley orgánica y elementos mínimos (Salvamento de voto)
TRIBUTO TERRITORIAL-Existencia de ley orgánica para
establecimiento (Salvamento de voto)
Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra
Expediente: D-3941
Demanda de
inconstitucionalidad contra las siguientes Leyes: Ley 026 de 1990; Ley 085 de
1993; Ley 093 de 1993; Ley 122 de 1994; Ley 289 de 1996; Ley 334 de 1996; Ley
348 de 1997; Ley 367 de 1997; Ley 382 de 1997; Ley 426 de 1998; Ley 440 de
1998; Ley 538 de 1999; Ley 542 de 1999; Ley 561 de 2000; Ley 634 de 2000; Ley
645 de 2001; Ley 648 de 2001; Ley 654 de 2001; Ley 656 de 2001; Ley 662 de
2001; Ley 663 de 2001; Ley 664 de 2001; Ley 665 de 2001; Ley 666 de 2001; y,
Ley 669 de 2001.
Con el acostumbrado respeto, manifestamos
nuestro disentimiento con la posición mayoritaria adoptada por la Corte en la
sentencia de la referencia.
Fundamentamos nuestra posición con base
en los argumentos que exponemos a continuación:
-
A través de la normas demandadas, el legislador
autorizó a las Asambleas  Departamentales de los Departamentos del Valle,
Santander, Cesar, Antioquia, Tolima, Bolivar, Caldas, Huila, Córdoba, Quindío,
Nariño, Meta, Magdalena, Sucre, Atlántico, Boyacá, Valle del Cauca,  y al
Concejo Distrital de Santafé de Bogotá D.C. para la emisión de estampillas con
el objeto de captar recursos propios, determinando la destinación del recaudo.
-
La Corte reiteró su posición conforme a la cual,
es constitucional que las asambleas y concejos fijen dentro del marco de la ley
los elementos constitutivos del respectivo tributo, pues a su juicio cuando se
trata de recursos propios de las entidades territoriales, no es necesario que
el legislador delimite cada uno de los elementos del tributo, pues tal acción
vulnera la autonomía fiscal concedida por la Carta a las entidades
territoriales
-
Así mismo, para la mayoría de esta Corporación,
la Constitución no concede a las respectivas asambleas o concejos de manera
exclusiva, las facultad de determinar la destinación del recaudo pudiendo el
Congreso hacerlo en la ley habilitante, siempre que no implique una
intervención injustificada que afecte la autonomía de los entes territoriales.
-
Frente a las anteriores consideraciones,
reiteramos nuestra posición conforme a la tesis planteada en salvamentos de
voto hechos a otras decisiones proferidas por esta Corporación[12], según la cual son
inconstitucionales, como en el caso en cuestión, las normas que establezcan  la
creación de tributos del orden territorial con ausencia tanto de una ley
orgánica que fije las condiciones generales de su desarrollo, como de los
elementos mínimos que permitan garantizar el principio de legalidad y el
principio de identidad del tributo.
-
Lo anterior como consecuencia de la
interpretación sistemática que se debe realizar a partir de lo consagrado por
los artículos 150-12, 151 y 287-3, frente a  los artículos 317 y 338 de  la
C.P. a través de los cuales se reconoce a las entidades territoriales
competencia para crear tributos y fijar sus elementos, y de los artículos 287,
300-4 y 314-4 del mismo ordenamiento que habilitan al Congreso para regular la
normatividad de los entes territoriales en materia fiscal. En virtud de esta
interpretación, para que un ente territorial pueda establecer un tributo tiene
que existir una ley orgánica que regule la materia y fije los derroteros
esenciales del tributo.
-
En consecuencia, nos apartamos de la decisión
mayoritaria adoptada por esta Corporación dentro del presente fallo, y nos
remitimos íntegramente a lo expuesto en los salvamentos de voto a las
sentencias C-1097 de 2001 y C-227 de 2002.
Fecha ut Supra,
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
[1] Sentencia C-987 de 1999, M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[2] Fue posiblemente en la Carta Magna de
1215 donde se plasmó por vez primera el referido principio, al considerar que
los contribuyentes debían concurrir, por medio de sus representantes, en la
determinación de las diversas cargas tributarias. Al respecto, conviene citar
la Cláusula XII de la referida Carta: “Ningún impuesto o contribución será
aplicado en Nuestro reino a menos que se fije por deliberación conjunta,
excepto para rescatar a Nuestra persona, para hacer caballero a Nuestro hijo
mayor y para casar por una sola vez a Nuestra hija mayor y por esto se pagará
únicamente una contribución razonable. Así se hará con respecto a
contribuciones de la ciudad de Londres”. Citada por: LEWIN, Alfredo. “Principios
Constitucionales de Derecho Tributario”, Instituto Colombiano de Derecho
Tributario y Universidad de los Andes, Bogotá, 2002, pg. 20.
[3] Sentencia C-987 de 1999, M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[4] Sentencia C-089 de 2001, M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[5] Sentencia C-987 de 1999, M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[6] Sentencias C-495 de 1998, M.P. Antonio
Barrera Carbonell; C-219 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-413 de 1996,
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[7] Cfr. Corte Constitucional, sentencia
C-004 de 1993 M.P. Ciro Angarita Barón.
[8] Sentencia C-219 de 1997.
[9] Sentencia C-089 de 2001. M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[10] Sentencia C-183 de 1998, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[11] Sentencia C-1097 de 2001 M.P. Jaime
Araújo Rentería.
[12] En
la sentencia C-1097 de 2001, la Corte declaró la exequibilidad de una norma que
autorizaba la emisión de la estampilla “pro-cultura”. Así mismo, en sentencia
C-227 de 2002 esta Corporación declaró la exequibilidad de una disposición que
autorizaba la emisión de una estampilla Pro-Hospitales Universitarios.