C-923-07
La Corte ha señalado que si bien lo ideal es que al realizar el anuncio
al cual refiere el artículo 8 del Acto Legislativo No
Sentencia C-923/07
ACUERDO DE TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY APROBATORIA DE TRATADO-Características
REVISION FORMAL DE CONSTITUCIONALIDAD-Aspectos
que comprende/REVISION MATERIAL DE CONSTITUCIONALIDAD-Contenido
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento del requisito de anuncio previo de votación/REQUISITO
DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Vicio subsanable
La Sala Plena
de la Corte Constitucional, mediante el Auto 078 del 21 de marzo de 2007,
resolvió devolver a la Cámara de Representantes la Ley 1074 de 2006, y concedió
a la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Corporación un término de
treinta (30) días para subsanar el vicio de trámite mencionado.
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento
Al respecto
de la forma como se hizo el anuncio, la jurisprudencia de la Corte no ha
exigido la utilización de frases sacramentales para expresarlo, y ha otorgado
validez a expresiones como “considerar” o “debatir”, e incluso “anunciar”,
cuando el término se utiliza en el marco de la realización de los debates
legislativos que tienen como fin la votación de los proyectos de ley. En el
presente caso, tanto en la Comisión como en la Plenaria de la Cámara, se
utilizó la expresión “anuncio de proyectos” para indicar claramente que serían
los que se votarían en próxima sesión, entre los cuales se encontraba el
proyecto de ley 239 de 2005 Cámara, 072 de 2005 Senado, para dar cumplimiento
al Auto 078 de 2007, proferido por esta Corporación. En conclusión, para la
Sala el vicio de procedimiento ha sido subsanado atendiendo a lo dispuesto en
el Auto 078 del 21 de marzo del presente año.
TRATADO INTERNACIONAL-Aplicación
provisional
Las
condiciones para hacer uso excepcional de la aplicación provisional de un
instrumento internacional se cumplen en este caso por cuanto se está ante un
tratado de naturaleza comercial, aprobado en el ámbito de organismos
internacionales como la ALADI y enviado al Presidente de la República para la
aprobación del Congreso que culminó con la expedición de la Ley 1074 de 2006.
CLAUSULA DE LA NACION MAS FAVORECIDA-Concepto
La cláusula
de la Nación Más Favorecida constituye un principio básico del derecho internacional
aplicable en condiciones igualitarias para todos los Estados Parte, por lo que
si un país otorga una condición más favorable a un tercer Estado, nace para los
demás Estados interesados la extensión de las ventajas concedidas, lo que
permite garantizar los principios de igualdad, reciprocidad y equidad en el
proceso de integración comercial (arts. 150-16, 226 y 227 de la Constitución).
Cláusula que en este caso no se cumplió al no prever el artículo 4-04, la misma
extensión de preferencias para Colombia, en el evento que México otorgue a un
Estado no parte un trato más favorable que el previsto para el nuestro.
TRATADOS MULTILATERALES-Posibilidad de
acudir a declaraciones interpretativas
En tratándose
de tratados multilaterales es posible acudir a las declaraciones
interpretativas, como se sostuvo recientemente en la sentencia C-276 de 2006: “Si
el tratado es multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas, y,
a menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir
reservas que no afecten el objeto y fin del tratado.” Por consiguiente, al
momento de ratificar el presente instrumento internacional, el Presidente de la
República respecto al artículo 4-04 deberá formular la siguiente declaración
interpretativa: si a la entrada en vigencia de la presente Decisión, cualquiera
de los Estados Parte otorga un trato más favorable a un Estado no parte para
bienes del sector automotor, dicho trato se extenderá inmediata e
incondicionalmente a los bienes originarios de los otros Estados Parte. Al
incorporarse el sector automotriz al programa de desgravación y establecer las
reglas de origen para dicho sector en desarrollo del Tratado de Libre Comercio,
nuestro país cumple sus compromisos internacionales con los Estados partes en
virtud del principio del“Pacta Sunt Servanda”, previsto en la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969.
Referencia: expediente LAT-294
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1074 de 2006, “Por medio
de la cual se aprueba el ´Acuerdo de Complementación Económica No. 33 (Tratado
de Libre Comercio) celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos
Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela-Sexto Protocolo Adicional´,
suscrito en la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del mes de
agosto de dos mil cinco (2005)”.
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá D. C. siete
(7) de noviembre de dos mil siete (2007).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, una
vez cumplidos los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de
1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En cumplimiento
de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política,
la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a esta
Corporación copia del Acuerdo de Complementación Económica No. 33 (Tratado de
Libre Comercio) celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos
Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela - Sexto Protocolo Adicional,
suscrito en la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del mes de
agosto de dos mil cinco (2005), así como la Ley 1074 de 31 de julio de 2006,
aprobatoria del mismo.
Mediante auto
del 25 de agosto de 2006, se dispuso: i) asumir el conocimiento tanto del
Acuerdo como de la ley aprobatoria, ii) solicitar a los Secretarios Generales
del Senado y Cámara y a los Secretarios de las Comisiones Segundas
Constitucionales Permanentes la remisión de toda la información concerniente al
trámite legislativo de la ley bajo revisión, como la certificación del quórum
deliberatorio, decisorio y mayorías con las que fue aprobada la ley
aprobatoria, y finalmente el cumplimiento de la exigencia constitucional
prevista en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, iii) solicitar al
Ministerio de Relación Exteriores certificación sobre la persona autorizada
para la negociación y suscripción del Acuerdo, los plenos poderes para la
celebración y si fueron confirmados por el Presidente de la República, iv) fijar
en lista el asunto bajo revisión y simultáneamente correr traslado al señor
Procurador General de la Nación para que rinda el concepto de rigor, v)
comunicar la iniciación del asunto al Presidente de la República, al Presidente
del Congreso de la República, al Ministro de Relaciones Exteriores, al Ministro
de Comercio, Industria y Turismo, al Ministro del Transporte y al Ministro del
Interior y de Justicia, de conformidad con los artículos 244 de la Constitución
Política y 11 del Decreto 2067 de 1991, e vi) invitar a la Academia Colombiana
de Jurisprudencia, a la Comisión Colombiana de Juristas y a las facultades de
derecho de las universidades Nacional de Colombia, Externado de Colombia, Libre
de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario y de los Andes, para que aporten sus opiniones sobre el asunto de
la referencia.
Cumplidos los
trámites constitucionales y legales propios de este asunto y previo concepto
del Jefe del Ministerio Público, la Corte Constitucional procede a decidir en
relación con el mismo.
II.  TEXTO
DEL ACUERDO QUE SE REVISA Y DE SU LEY APROBATORIA
“LEY
1074 DE 2006
(julio 31)
C0NGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de
Complementación Económica número 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado entre
la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República
Bolivariana de Venezuela - Sexto Protocolo Adicional”, suscrito en la ciudad de
Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil cinco
(2005).
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el texto de “Acuerdo de Complementación Económica
número 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado entre la República de Colombia,
los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela - Sexto
Protocolo Adicional”, suscrito en la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los tres
(3) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005), que a la letra dice:
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto
íntegro del Instrumento Internacional mencionado).
PROYECTO DE LEY NUMERO 72 DE 2005
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de
Complementación Económica número 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado entre
la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República
Bolivariana de Venezuela - Sexto Protocolo Adicional”, suscrito en la ciudad de
Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil cinco
(2005).
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el texto de “Acuerdo de Complementación Económica
número 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado entre la República de Colombia,
los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela - Sexto
Protocolo Adicional”, suscrito en la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los tres
(3) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005).
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto
íntegro del Instrumento Internacional mencionado).
ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA NUMERO 33 (TRATADO DE
LIBRE COMERCIO) CELEBRADO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Sexto Protocolo Adicional
Los Plenipotenciarios de la República de Colombia, de los
Estados Unidos Mexicanos y de la República Bolivariana de Venezuela,
acreditados por sus respectivos Gobiernos según poderes que fueron otorgados en
buena y debida forma depositados oportunamente en la Secretaría General de la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
VISTO. La Decisión 42 de la Comisión Administradora del
Tratado de Libre Comercio y de conformidad con lo establecido en el numeral 8
del anexo 1 al artículo 3-04 del Capítulo III, en el artículo 4-03.2, inciso
a), párrafo iii, en el artículo 4-04.2 inciso b) y Capítulo VI del Tratado.
CONVIENEN :
Artículo 1o. Adoptar la recomendación del Comité del Sector
Automotor del Tratado, por la cual se incorpora el sector automotor al programa
de desgravación del Acuerdo de Complementación Económica número 33 (Tratado), y
se establecen las reglas de origen para este sector, de acuerdo a las
condiciones establecidas en los Apéndices I, II y III de la Decisión 42 de
fecha 21 de febrero de 2005, que consta como anexo e integra el presente Protocolo.
Artículo 2o. El presente Protocolo entrará en vigor una vez
que las Partes se intercambien las comunicaciones que certifiquen que las
formalidades jurídicas necesarias han concluido.
Lo establecido en el párrafo anterior no impedirá que
Colombia conforme a su legislación, dé aplicación provisional al presente
Protocolo.
La Secretaría General de la ALADI será depositaria del
presente Protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a los
Gobiernos signatarios.
EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios
suscriben el presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los tres días del
mes de agosto de dos mil cinco, en original en idioma español.
Por el Gobierno de la República de Colombia,
CLAUDIA TURBAY QUINTERO.
Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos,
PERLA CARVALHO.
Por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela,
MARÍA LOURDES URBANEJA.
Encargado del despacho del Secretario General,
JORGE RIVERO.
DECISION 42
La Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio
celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la
República Bolivariana de Venezuela (Tratado), en cumplimiento con lo
establecido en el artículo 20-01.2, incisos b) y f) del Tratado,
DECIDE
1. Adoptar la recomendación del Comité del Sector Automotor
del Tratado, por la cual se incorpora el sector automotor al programa de desgravación
del Tratado, y se establecen las reglas de origen para este sector, de acuerdo
a las condiciones establecidas en los Apéndices I, II y III de la presente
Decisión.
2. Recomendar, a las Partes llevar a cabo las adecuaciones
contenidas en los Apéndices I, II y III de esta Decisión, de conformidad con lo
establecido en el numeral 8 del Anexo 1 al artículo 3-04 del Capítulo III, en
el artículo 4-03.2, inciso a), párrafo iii, en el artículo 4-04.2, inciso b) y
Capítulo VI del Tratado.
3. Esta Decisión entrará en vigor una vez que las Partes se
intercambien las comunicaciones que certifiquen que las formalidades jurídicas
necesarias han concluido.
Lo establecido en el párrafo anterior no impide que
Colombia, conforme a su legislación, dé aplicación provisional a esta Decisión.
Firmado el 21 de febrero de 2005.
Por los Estados Unidos Mexicanos,
FERNANDO CANALES CLARIOND.
Por la República de Colombia,
JORGE H. BOTERO ANGULO.
Por la República Bolivariana de Venezuela,
WILMAR CASTRO SOTELDO.
APENDICE
I.
Se modifica el numeral 8 del anexo 1 al artículo 3-04 del
Tratado para quedar como sigue:
8. El impuesto de importación aplicable a bienes
automotores originarios para efectos de la desgravación arancelaria será el
previsto en los anexos 1, 2, 3, 4, 5, y 6 del artículo 4-02 del Capítulo IV
(Sector Automotor).
APENDICE II.
Se sustituye el Capítulo IV del Tratado, para quedar como
sigue:
Capítulo IV
Sector, automotor
Artículo 4-01: Definiciones
Para los efectos de este capítulo se entenderá por:
Año-modelo: el período comprendido entre el 1o de noviembre
de un año y el 31 de octubre del año siguiente;
Autobuses integrales: los vehículos sin chasis (bastidor) y
con carrocería integrada, destinados para el transporte de más de 16 personas,
incluido el conductor, y que se clasifican en la partida 8702 (buses
autoportantes);
Bienes automotores: los bienes que se clasifican en los
códigos arancelarios especificados en el artículo 4-02;
Bienes reconstruidos o refaccionados: bienes que después de
haber sido usados se han sometido a algún proceso para restituirles sus
características o sus especificaciones originales, o para devolverles la
funcionalidad que tuvieron cuando nuevos.
Camiones y tractocamiones hasta 4.4 toneladas de peso bruto
vehicular: los vehículos con chasis (bastidor) para el transporte de
mercancías, con un peso bruto vehicular de hasta 4.400 kilogramos y que se
clasifican en la partida 8704;
Camiones y tractocamiones de 4.4 hasta 8.8 toneladas de
peso bruto vehicular: los vehículos con chasis (bastidor) para el transporte de
mercancías, con un peso bruto vehicular de 4.400 kilogramos y hasta 8.845
kilogramos y que se clasifican en la subpartida 8701.20 o en la partida 8704;
Camiones y tractocamiones de 8.8 hasta 15 toneladas de peso
bruto vehicular: los vehículos con chasis (bastidor) para el transporte de
mercancías, con un peso bruto vehicular de 8.845 kilogramos y hasta 15.000
kilogramos y que se clasifican en la subpartida 8701.20 o en la partida 8704;
Camiones y tractocamiones de más de 15 toneladas de peso
bruto vehicular: los vehículos con chasis (bastidor) para el transporte de
mercancías, con un peso bruto vehicular de 15.000 kilogramos o más y que se
clasifican en la subpartida 8701.20 o en la partida 8704;
Peso bruto vehicular: el peso real del vehículo expresado
en kilogramos, sumado al de su máxima capacidad de carga conforme a las
especificaciones del fabricante y al de su tanque de combustible lleno; y
Vehículo automotor usado: un vehículo:
a) vendido, arrendado o prestado;
b) manejado por más de:
i) 200 kilómetros, en el caso de vehículos de peso bruto
vehicular menor a cinco toneladas;
ii) 2.000 kilómetros, en el caso de vehículos de peso bruto
vehicular igual o mayor a cinco toneladas; o
c) fabricado con anterioridad al año modelo en curso y que
por lo menos hayan transcurrido sesenta días desde la fecha de su fabricación.
Artículo 4-02: Eliminación de impuestos de importación.
1. Cada Parte eliminará sus impuestos de importación sobre
los bienes automotores originarios de una Parte que se clasifican en las
partidas arancelarias 87.03, y 87.04 (excepto los de peso bruto vehicular mayor
a 8.8 toneladas) conforme a lo siguiente:
a) Colombia y Venezuela otorgarán un cupo a México de
conformidad con el siguiente calendario:
Unidades anuales
a exportar dentro
de cupo a
A partir del
1o de enero
de 2005
A partir del
1o de enero
de 2006
A partir del
1o de enero
de 2007
A partir del
1o de enero
de 20 08
A partir del
1o de enero
de 2009
A partir del
1o de enero
de 2010
Colombia
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Venezuela
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Impuesto de
importación dentro
del cupo
10%
8%
6%
4%
0%
0%
b) México otorgará cupos a Colombia y Venezuela de
conformidad con el siguiente calendario:
Unidades anuales
a exportar dentro
de cupo por:
A partir del
1o de enero
de 2005
A partir del
1o de enero
de 2006
A partir del
1o de enero
de 2007
A partir del
1o de enero
de 2008
Colombia
6.000
7.000
8.000
9.000
Venezuela
6.000
7.000
8.000
9.000
Impuesto de importación dentro del cupo
7%
5%
3%
0%
c) En el caso de las importaciones fuera de cupo:
i. Colombia y Venezuela eliminarán sus impuestos de
importación para los bienes automotores originarios indicados en este párrafo
de conformidad con lo establecido en los Anexos 1 y 2 respectivamente.
ii. México eliminará sus impuestos de importación para los
bienes automotores originarios indicados en este párrafo de conformidad con lo
establecido en el Anexo 3.
d) Los cupos indicados en los incisos a) y b) anteriores se
eliminarán de conformidad con lo siguiente:
i. Colombia y Venezuela eliminarán el cupo a partir del 1o
de enero de 2011, y las importaciones de bienes automotores originarios y
provenientes de México estarán libres de impuesto de importación.
ii. México eliminará el cupo a partir del 1o de enero de
2009, y las importaciones de bienes automotores originarios y provenientes de
Colombia y Venezuela estarán libres de impuesto de importación.
2. Colombia y Venezuela eliminarán sus impuestos de
importación sobre bienes automotores de hasta 15 toneladas de peso bruto
vehicular que se clasifiquen en la subpartida 8701.20; y de más de 8.8
toneladas de peso bruto vehicular y hasta 15 toneladas de peso bruto vehicular
que se clasifiquen en la partida 87.04, los bienes automotores que se
clasifican en las partidas 87.05 y 87.06, y los autobuses no integrales de la
partida 87.02 originarios de una Parte de conformidad con lo establecido en los
Anexos 1 y 2, respectivamente.
A partir del 1o de enero de 2011 las importaciones de
Colombia y Venezuela de bienes automotores originarios y provenientes de México
estarán libres de impuesto de importación.
3.  México eliminará sus impuestos de importación sobre
bienes automotores de hasta 15 toneladas de peso bruto vehicular que se
clasifiquen en la subpartida 8701.20;  y de más de 8.8 toneladas de peso bruto
vehicular y hasta 15 toneladas de peso bruto vehicular que se clasifiquen en la
partida 87.04, los bienes automotores que se clasifican en las partidas 87.05 y
87.06, y los autobuses no integrales de la partida 87.02. originarios de una
Parte de conformidad con lo establecido en el Anexo 3.
A partir del 1o de enero de 2009 las importaciones de
México de bienes automotores originarios y provenientes de Colombia y Venezuela
estarán libres de impuesto de importación.
4. Cada Parte eliminará sus impuestos de importación en
once reducciones anuales iguales a partir del 1o de enero de 1997, sobre
camiones y tractocamiones de más de 15 toneladas de peso bruto vehicular y
sobre autobuses integrales originarios de una Parte. Estos bienes quedarán libres
de arancel el 1o de enero de 2007.
5. Cada Parte eliminará sus impuestos de importación sobre
las autopartes originarias de una Parte incluidas en los Anexos 4 (Colombia), 5
(Venezuela) y 6 (México) de conformidad con los siguientes códigos de desgravación
arancelaria:
i) A: Eliminación inmediata del impuesto de importación.
ii) B: Desgravación en 3 reducciones anuales iguales a
partir del 1o de enero de 2005 para quedar eliminados el 1o de enero de 2007.
iii) B*: Desgravación de impuestos de importación en un
solo corte para quedar eliminados el 1o de enero de 2007.
iv) B+: Desgravación de impuestos de importación a partir
del 1o de enero de 2005 en 5 etapas anuales iguales para quedar eliminados el
1o de enero de 2009.
v) C: Desgravación de impuestos de importación a partir del
1o de enero de 2005 en 6 etapas anuales iguales para quedar eliminados el 1o de
enero de 2010.
vi) Excl.: excluido del programa de desgravación.
Artículo 4-03: Comité del Sector Automotor.
1. Las Partes convienen constituir un Comité del Sector
Automotor integrado por representantes de los gobiernos de cada una de las tres
Partes.
2. El objetivo del Comité es velar por el cumplimiento de
las disposiciones de este capítulo y hacer las recomendaciones que considere
pertinentes a la Comisión. Sus funciones serán:
a) Analizar las políticas de la industria automotriz y
normas conexas aplicadas por cada Parte y hacer las recomendaciones pertinentes
a la Comisión a efecto de lograr la eliminación de las barreras al comercio y
una mayor complementación económica del sector;
b) Recomendar cualquier aceleración en la reducción de
impuestos de importación sobre bienes automotores, tomando en cuenta las
diferencias en el grado de desarrollo de las industrias automotrices ubicadas
en territorio de cada Parte;
c) Otras funciones que las Partes puedan considerar
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de este capítulo.
3. El Comité se reunirá cuando alguna de las Partes lo
considere necesario.
Artículo 4-04: Extensión de preferencias.
En caso de que, luego de la entrada en vigencia de la
presente Decisión, Colombia y Venezuela otorguen a un país no Parte un trato
más favorable para bienes del sector automotor que el trato previsto en este
capítulo para México, dicho trato se extenderá inmediata e incondicionalmente a
los bienes originarios de México.
Artículo 4-05: Bienes automotores usados.
Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, las Partes
podrán adoptar o mantener prohibiciones o restricciones a la importación de
vehículos automotores usados y otros bienes automotores usados, reconstruidos o
refaccionados. Estos bienes están excluidos del Programa de Desgravación.
Artículo 4-06: Administración de cupos.
1. Los cupos serán anuales y serán administrados por el
país exportador.
2. El mecanismo para la administración de cupos en el caso
de Colombia y Venezuela será el que determine cada Parte de acuerdo a las
necesidades que existan cada año.
3. El mecanismo para la administración de cupos en el caso
de México será el de asignación directa a los productores establecidos en
México, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Máxima utilización de los cupos anuales;
b) Necesidades anuales de exportación por país, y
c) En caso de rebasar los cupos asignados se adecuarán los
montos anuales en forma ponderada para todas las empresas participantes.
4. Los cupos otorgados son mínimos, por lo que cada Parte
podrá, de conformidad con sus necesidades internas, otorgar unilateralmente un
cupo mayor.
5. Los documentos de asignación de cupos expedidos por cada
una de las Partes deberán ser presentados ante las autoridades competentes de la
Parte importadora a efecto de que las mismas certifiquen y registren el monto
asignado.
Artículo 4-07: Disposiciones generales.
En caso de incompatibilidad entre cualquier disposición de
este capítulo y cualquier otra disposición de este Tratado, las disposiciones
de este Capítulo prevalecerán en la medida de la incompatibilidad.
APENDICE III.
1. El valor de contenido regional de un bien automotor se
calculará de conformidad con el artículo 6-04 del Tratado.
Modificaciones o adecuaciones a la sección B del anexo 6-03
del Tratado:
2. Eliminar la partida 40.09 a 40.17 (incluida la nota 1 de
la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03), y la
regla de origen aplicable para la misma, y reemplazar con las siguientes
reglas:
4009.11-4009.31 Un cambio a las subpartidas 4009.11 a
4009.31 de cualquier otra partida, excepto de la partida 40.10 a 40.17.
4009.32 Un cambio a la subpartida 4009.32 de cualquier otra
partida, excepto de la partida 40.10 a 40.17; o no se requiere cambio de
clasificación arancelaria a los bienes automotores de la subpartida 4009.32,
cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.
4009.41-4009.42 Un cambio a las subpartidas 4009.41 a
4009.42 de cualquier otra partida, excepto de la partida 40.10 a 40.17.
40.10-40.17 Un cambio a la partida 40.10 a 40.17 de
cualquier otra partida fuera del grupo, excepto de la partida 40.09.
3. Eliminar la nota 2 y 4 de la Sección B (Reglas
Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03.
4. Eliminar la subpartida 7003.12 a 7009.10 (incluidas las
notas 5 y 6 de la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al
artículo 6-03), y la regla de origen aplicable para la misma y reemplazar con
las siguientes reglas:
70.03-70.06 Un cambio a la partida 70.03 a 70.06 de
cualquier otra partida fuera del grupo, excepto de la partida 70.07 o 70.08.
7007.11 Un cambio a la subpartida 7007.11 de cualquier otra
partida, excepto de la partida 70.03 a 70.04, 70.06 o 70.08 o las subpartidas
7005.10 o 7005.30; o no se requiere cambio de clasificación arancelaria a los
bienes automotores de la subpartida 7007.11, cumpliendo con un contenido
regional no menor a 50%.
7007.19 Un cambio a la subpartida 7007.19 de cualquier otra
partida, excepto de la partida 70.03 a 70.06 o 70.08.
7007.21 Un cambio a la subpartida 7007.21 de cualquier otra
partida, excepto de la partida 70.03 a 70.04, 70.06 o 70.08 o las subpartidas
7005.10 o 7005.30; o no se requiere cambio de clasificación arancelaria a los
bienes automotores de la subpartida 7007.21, cumpliendo con un contenido
regional no menor a 50%.
7007.29 Un cambio a la subpartida 7007.29 de cualquier otra
partida, excepto de la partida 70.03 a 70.06 o 70.08.
70.08 Un cambio a la partida 70.08 de cualquier otra
partida, excepto de la partida 70.03 a 70.07.
7009.10 Un cambio a la subpartida 7009.10 de cualquier otra
subpartida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 55%.
5. Eliminar la nota 7 a 14 de la Sección B (Reglas
Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03.
6. Agregar a la Sección B (Reglas Específicas de Origen)
del Anexo al artículo 6-03 la subpartida 8415.20 y la regla de origen aplicable
para la misma:
8415.20 Un cambio a la subpartida 8415.20 de cualquier
subpartida, excepto de la fracción arancelaria 8415.90.aa, o ensambles que
contengan al menos dos de los siguientes: compresor, condensador, evaporador,
tubo de conexión; o un cambio a la subpartida 8415.20 de cualquier otra
subpartida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.
7. Eliminar la nota 15 a 37 de la Sección B (Reglas
Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03.
8. Eliminar la subpartida 8527.12 a 8527.39 (incluida la
nota 38 de la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo
6-03), y la regla de origen aplicable para la misma, y se reemplaza con la
siguiente regla:
8527.12-8527.39 Un cambio a la subpartida 8527.12 a 8527.39
de cualquier otra partida; o no se requiere cambio de clasificación arancelaria
a los bienes automotores de las subpartidas 8527.12 a 8527.39, cumpliendo con
un contenido regional no menor a 50%.
9. Eliminar la nota 39 a 41 de la Sección B (Reglas
Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03.
10. Agregar a la Sección B (Reglas Específicas de Origen)
del Anexo al artículo 6-03 la subpartida 8701.20, 8703.21 a 8703.90, 8704.21 a
8704.90, 8708.10 a 8708.99, partida 87.02, 87.05, 87.06 y 87.07 y la regla de
origen aplicable a las mismas:
8701.20 No se requiere cambio de clasificación arancelaria
a la subpartida 8701.20, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.
87.02 No se requiere cambio de clasificación arancelaria a
la partida 87.02, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.
8703.21-8703.90 No se requiere cambio de clasificación
arancelaria a la subpartida 8703.21 a 8703.90, cumpliendo con un contenido
regional no menor a 40%.
8704.21-8704.90 No se requiere cambio de clasificación
arancelaria a los vehículos con peso bruto vehicular hasta 4.4 toneladas
cumpliendo con un contenido regional no menor a 40%; o no se requiere cambio de
clasificación arancelaria a los vehículos con peso bruto vehicular mayor a 4.4
toneladas y hasta 8.8 toneladas cumpliendo con un contenido regional no menor a
35%; o no se requiere cambio de clasificación arancelaria a cualquier otro bien
de la subpartida 8704.21 a 8704.90, cumpliendo con un contenido regional no
menor a 50%.
87.05 No se requiere cambio de clasificación arancelaria a
la partida 87.05, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.
87.06 No se requiere cambio en clasificación arancelaria a
los chasis con peso bruto vehicular hasta 4.4 toneladas cumpliendo con un
contenido regional no menor a 40%; o
no se requiere cambio en clasificación arancelaria a los
chasis con peso bruto vehicular mayor a 4.4 toneladas y hasta 8.8 toneladas
cumpliendo con un contenido regional no menor a 35%; o no se requiere cambio de
clasificación arancelaria a cualquier otro bien de la partida 87.06, cumpliendo
con un contenido regional no menor a 50%.
87.07 Un cambio a la partida 87.07 de cualquier otra
partida, excepto de la partida 87.08; o no se requiere cambio de clasificación
arancelaria a la partida 87.07, cumpliendo con un contenido regional no menor a
50%.
8708.10-8708.99 Un cambio a la subpartida 8708.10 a 8708.99
de cualquier otra partida; o no se requiere cambio de clasificación arancelaria
a la subpartida 8708.10 a 8708.99, cumpliendo con un contenido regional no
menor a 50%.
11. Eliminar la subpartida 8716.10 a 8716.80 (incluida la
nota 43 a 44 de la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo
6-03), la regla de origen aplicable para la misma, y se reemplazan con las
siguientes reglas:
8716.10-8716.80 Un cambio a la subpartida 8716.10 a 8716.80
de cualquier otra partida; o un cambio a la subpartida 8716.10 a 8716.80 de la
subpartida 8716.90, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo
con un contenido regional no menor a 50%.
8716.90 Un cambio a la subpartida 8716.90 de cualquier otra
partida; o no se requiere cambio de clasificación arancelaria a la subpartida
8716.90, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.
12. Eliminar la nota 45 a 50 de la Sección B (Reglas
Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03.
13. Eliminar la subpartida 9401.10 a 9401.80 (incluida la
nota 51 de la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo
6-03), la regla de origen aplicable para la misma, y se reemplazan con las
siguientes reglas:
9401.10 Un cambio a la subpartida 9401.10 de cualquier otro
capítulo; o un cambio a la subpartida 9401.10 de la subpartida 9401.90,
habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un contenido
regional no menor a 55%.
9401.20 Un cambio a la subpartida 9401.20 de cualquier otro
capítulo; o un cambio a la subpartida 9401.20 de la subpartida 9401.90,
habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un contenido
regional no menor a 50%.
9401.30-9401.80 Un cambio a la subpartida 9401.30 a 9401.80
de cualquier otro capítulo; o un cambio a la subpartida 9401.30 a 9401.80 de la
subpartida 9401.90, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo,
cumpliendo con un contenido regional no menor a 55%.
14. Eliminar la nota 52 de la Sección B (Reglas Específicas
de Origen) del Anexo al artículo 6-03.
< ANEXOS DEL ACUERDO SE INCLUYEN EN FOTOCOPIA A
38 FOLIOS QUE SE  EXTRAEN DE LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR EL GOBIERNO NACIONAL
QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE[1]>
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., …
Aprobado. Sométase a la consideración del honorable
Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Viceministro de Relaciones Exteriores encargado de
las funciones del Despacho de la señora Ministra,
(FDO.) CAMILO REYES RODRÍGUEZ.
DECRETA:
Artículo 1o. Apruébase el “Acuerdo de Complementación
Económica número 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado entre la República de
Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela
- Sexto Protocolo Adicional”, suscrito en la ciudad de Montevideo, Uruguay, a
los tres (3) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005).
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
1o de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo de Complementación Económica número 33
(Tratado de Libre Comercio) celebrado entre la República de Colombia, los
Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela-Sexto
Protocolo Adicional”, suscrito en la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los tres
(3) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005), que por el artículo 1o de
esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de
su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los…
Presentado al honorable Congreso de la República por la
Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Comercio, Industria y
Turismo.
La Ministra de Relaciones Exteriores,
CAROLINA BARCO ISAKSON.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
JORGE HUMBERTO BOTERO.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 10 de agosto de 2005.
Aprobado. Sométase a la consideración del honorable
Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(FDO.) CAROLINA BARCO ISAKSON.
DECRETA:
Artículo 1o. Apruébase el “Acuerdo
de Complementación Económica número 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado
entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República
Bolivariana de Venezuela - Sexto Protocolo Adicional”, suscrito en la ciudad de
Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil cinco
(2005).
Artículo 2o. De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo de
Complementación Económica número 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado entre
la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República
Bolivariana de Venezuela-Sexto Protocolo Adicional”, suscrito en la ciudad de
Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil cinco
(2005), que por el artículo primero de esta ley se
aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto del mismo.
Artículo 3o. La presente ley
rige a partir de la fecha de su publicación.
La Presidenta del honorable Senado de la República,
CLAUDIA BLUM DE BARBERI.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
JULIO E. GALLARDO ARCHBOLD.
El Secretario General de la honorable Cámara de
Representantes,
ANGELINO LIZCANO RIVERA.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese,
previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la
Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2006.
ÁLVARO
URIBE VÉLEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,
CAROLINA BARCO ISAKSON.”
III.    PRUEBAS
DECRETADAS
En auto
calendado 25 de agosto de 2006, que dispuso asumir el conocimiento del Acuerdo
y de la Ley aprobatoria del mismo, se ordenó la práctica de las siguientes
pruebas: a los secretarios generales y de las comisiones respectivas del
Congreso de la República, enviar i) las gacetas del Congreso en las que consten
la totalidad de los antecedentes legislativos, ii) certificar las fechas de las
sesiones, quórum deliberatorio y decisorio y mayorías, iii) certificar el cumplimiento
de la exigencia constitucional del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003;
y iv) al Ministerio de Relaciones Exteriores para que certificara sobre la
persona autorizada para la negociación y suscripción del Acuerdo, los plenos
poderes para la celebración y su confirmación por el Presidente de la
República.
Antecedentes
legislativos y certificación que fueron recibidas en su oportunidad y que serán
objeto de mención en las consideraciones de esta decisión.
IV.    INTERVENCIONES
1. Ministerio
de Relaciones Exteriores
José Demetrio
Matías Ortiz, en calidad de apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores,
solicita a la Corte declarar exequible el Acuerdo y la ley aprobatoria.
Empieza por
recordar que el Tratado de Libre Comercio entre Colombia, Venezuela y México,
conocido como Grupo de los Tres (G-3), se firmó en junio de 1994, con vigencia
a partir del 1 de enero de 1995, previa aprobación por el Congreso mediante Ley
172 de 1994, revisada por la Corte Constitucional en sentencia C-178 de 1995.
Manifiesta que
el instrumento internacional bajo revisión aprobada por la Ley 1074 de 2006, se
celebró bajo el carácter de Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación
Económica conforme a lo dispuesto en el Tratado de Montevideo de 1980 y la
Resolución 2 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de las parte
signatarias del tratado. Ante la ALADI, corresponde al Acuerdo de
Complementación Económica No. 33.
Reseña que el
Tratado de Libre Comercio incluye una importante apertura de mercados para los
bienes y servicios estableciendo reglas claras y transparentes sobre el
comercio e inversión, contemplando además un programa de desgravación para la
mayoría del universo arancelario en un periodo de 10 años, y excluyendo la
mayor parte del sector agropecuario. Agrega que en la actualidad el 95% del
universo arancelario se encuentra con el 0% de arancel.
En lo que
refiere al sector automotor, señala que se estableció en el artículo 4-04 del
Tratado de Libre Comercio, la eliminación de impuestos de importación en dos
grupos: i) para los camiones y tractocamiones de más de 15 toneladas de peso
bruto vehicular y autobuses integrales originario de una parte, se contempló un
margen de dos años en lo que se podía mantener los aranceles existentes a la
entrada en vigencia del Tratado (1 de enero de 1995) y a partir del 1 de enero
de 1997 iniciaba un programa de desgravación de once reducciones iguales que
termina el 1 de enero de 2007, y ii) para los demás bienes del sector automotor
se estableció que si la Comisión Administradora no llegaba a un acuerdo para la
desgravación y normas de origen aplicables a dicho sector, las tasas o tarifas
arancelarias se eliminarían completamente a partir del 1 de enero de 2007,
salvo que se acordara un plazo mayor.
Además, señala
que el Tratado de Libre Comercio estableció la creación de un Comité del Sector
Automotor al que le fue asignado el presentar a la Comisión Administradora en
el primer año de vigencia del Tratado, una propuesta que contemplara un
mecanismo de intercambio compensado para promover el comercio en ese sector y
una metodología para definir los criterios de origen de los bienes automotores.
Durante dicho año, el Comité no se reunió y la Comisión Administradora fue
prorrogando año tras año el plazo inicialmente pactado para que las partes
pudieran presentar una fórmula que permitiera la desgravación del sector. Al
respecto, el literal b), del numeral 1) del artículo 4-04, señala que si la
Comisión no llega a un acuerdo respecto a lo establecido en el artículo 4-03,
párrafo 2, literal a), numerales i) y ii), las partes podrán mantener las tasas
o tarifas arancelarias base establecidas en el anexo 1 al artículo 3-04, pero
las eliminarán completamente el 1 de enero de 2007, salvo que las partes
acuerden un plazo mayor.
Aduce que en
noviembre de 1997, el Gobierno mexicano presentó una propuesta sobre las
condiciones de desgravación y normas de origen del sector automotor que
contemplaba en términos generales i) en cuanto al comercio compensado
establecía una cuota móvil con base en importaciones del año anterior, ii) en
materia de origen para los vehículos una norma de origen de cambio de partida y
contenido regional del 40%, iii) medición del valor de contenido regional
fundada en la fórmula del costo neto que en la formula ALADI o NANDINA
equivaldría a una norma de más del 50%, e iv) incluía el concepto de “rastreo”
que significa que en las partes incorporadas sólo se reconoce el valor agregado
regional. Propuesta que fue rechazada por los gobiernos de Venezuela y Colombia
al considerar que las normas de origen reseñadas eran inconvenientes para el
sector al exigir un alto contenido regional que sus industrias no estarían en
condiciones de cumplir, fuera de generar un desbalance mayor con la formula
propuesta de comercio compensado.
Señala que en el
mes de enero de 1999, se presentó una contrapropuesta por Colombia y Venezuela
donde cada uno permitía la importación de 5000 vehículos durante el periodo de
desgravación, mientras México debería autorizar 35000, con un programa de
desgravación de aranceles de 10 años para los mexicanos y 17 años para Colombia
y Venezuela. Propuesta en la que prevalecía el establecimiento de topes mínimos
de integración de materiales subregionales previstos en el Convenio Automotor
Andino y unas normas de origen de contenido regional del 35%, 45% o 50%,
cambios de partidas o subpartidas, reconociendo tratos diferenciales a favor de
los países andinos y contribuyendo al fortalecimiento de las industrias.
Además, se refería al comercio compensado con cupos preferenciales respecto al
intercambio comercial. Esta propuesta no resultó atractiva para México por lo
que fue rechazada.
Indica que bajo
dicho escenario de desacuerdo se generaba un agotamiento en el tiempo de la
negociación y posibilidad de ofrecer condiciones más atractivas a México que la
desgravación total que se presentaría en el 2007. Manifiesta que el 30 de mayo
de 2004, en visita oficial que realizó el Presidente Álvaro Uribe Vélez a
México, le solicitó al Presidente Vicente Fox estudiar la posibilidad de
renegociar las condiciones establecidas en el G-3 y fue así como en comunicado
conjunto instruyeron a la Comisión Administradora del Tratado, impulsar la
reactivación de la negociación del Sector Automotor sobre las bases
establecidas en el mismo. Ello, permitió destrabar el proceso que desde el año
2000, no había presentado ningún avance iniciando así el intercambio de
propuestas reales de negociación con México. Expone así el Ministerio que:
“…las asimetrías existentes entre las industrias automotrices de
México y de Colombia tienen importantes efectos sobre las escalas y los costos
de producción. Por este motivo, para Colombia resultaba de la mayor importancia
reducir el impacto que hubiera provocado una apertura total a la competencia de
México, con arancel del 0% desde el año 2007.
En este sentido el principal interés de Colombia en las
negociaciones fue lograr gradualidad en las condiciones de acceso que
permitieran a la industria adaptarse a la creciente competencia del principal
productor latinoamericano del sector.
Así, se buscó, en concertación con el sector privado, que la
propuesta fuera atractiva a México pero que a su vez incorporara un trato
asimétrico y gradual en(sic) favor de Colombia.
A continuación se presenta un breve resumen de las condiciones
negociadas:
a)
Desgravación arancelaria para
vehículos
Colombia y Venezuela conceden a México un cupo creciente de 3000
unidades cada uno, con arancel preferencial del 10% en el 2005 y que va
disminuyendo en 2 puntos porcentuales anuales hasta quedar en cero en el 2009.
Estos cupos se incrementarán anualmente en 1000 unidades.
Los cupos están vigentes hasta el 2010 y a partir del 1 de enero de
2011 el comercio de vehículos queda totalmente libre de arancel.
Para las importaciones por fuera del cupo establecido se acordó una
desgravación lineal hasta el 2010, iniciando con un arancel del 30%.
México concedió a Colombia y Venezuela un cupo creciente de
importación de 6000 unidades para cada uno, con arancel preferencial del 7% en
el 2005 y que va disminuyendo anualmente hasta quedar en cero en el 2008. Estos
cupos se incrementarán anualmente en 1000 unidades.
Los cupos están vigentes hasta el 2008 y a partir del 1 de enero de
2009, los vehículos quedan totalmente libres de arancel.
Para las importaciones por fuera del cupo establecido se acordó una
desgravación hasta el 2009, iniciando con un arancel del 30%, que va
disminuyendo proporcionalmente.
b) Origen para vehículos
Los requisitos de origen aplicables para las tres categorías de
vehículos, quedaron de la siguiente forma:
-Categoría 1 vehículos de menos de 4.4. toneladas de peso bruto
vehicular: 40% de contenido regional.
-Categoría 2 vehículos de 4.4 toneladas a 8 toneladas de peso bruto
vehicular: 35% de contenido regional.
- Categoría 3 vehículos de 8 toneladas a 15 toneladas de peso bruto
vehicular: 50% de contenido regional.
c) Desgravación arancelaria de autopartes
Se estableció una lista conjunta de desgravación, donde se
contemplan 288 subpartidas en inmediata y las 113 subpartidas restantes con
distintos cronogramas de desgravación que terminan en el 2010.
d) Requisitos de origen para autopartes
En origen para autopartes se estableció la utilización de los
requisitos específicos de origen inicialmente establecidos en el acuerdo y
algunos que se negociaron. Entre los nuevos requisitos flexibles pactados vale
la pena mencionar los vidrios para vehículos que actualmente se exportan a los
países andinos exitosamente así como las mangueras para frenos, producto que si
bien hoy en día no registra cifras significativas de comercio a México podría
convertirse en un rubro significativo de exportación a ese mercado, vistas las
cifras recientes de ventas a la Comunidad Andina.”
Señala el
interviniente que el Acuerdo crea una normatividad que permite el ajuste
gradual de la industria nacional a la competencia mexicana, lo cual está
conforme al Tratado y genera una mayor certidumbre para el sector productivo
nacional del sector automotor.
También
manifiesta que el Acuerdo prevé su aplicación provisional por lo que el
Gobierno mediante Decreto 4666 de 19 de diciembre de 2005, dispuso aplicarlo a
partir del 1 de enero de 2006. Como consecuencia el Gobierno impartió
aprobación ejecutiva que también fue suscrita por la Ministra de Relaciones
Exteriores y ordenó presentarlo a consideración del Congreso. Aduce que el 18
de agosto de 2005, el Gobierno por intermedio de la Ministra de Relaciones
Exteriores y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, presentó ante la
Secretaría General del Senado el proyecto de ley aprobatoria del Acuerdo.
Finalmente, el Congreso aprobó el Acuerdo mediante Ley 1074 de 2006, sancionada
por el Presidente de la República el 31 de julio de 2006.
Conforme a lo
anterior, el Ministerio concluye que tanto el Acuerdo como la ley aprobatoria
se ajustan a la Constitución al desarrollar sus mandatos y principios ya que se
buscan un desarrollo armónico y promover el desarrollo de la región como paso
decisivo en el entorno internacional atendiendo lo dispuesto en el artículo 226
superior. Así mismo, considera que se permite la participación de Colombia de
manera más activa en el proceso de globalización. De igual forma, se cumple con
el Preámbulo de la Constitución, ya que la suscripción de este Acuerdo hace que
confluyan organismos de integración subregional como la Asociación
Latinoamericana de Integración ALADI. También se cumple con el artículo 227
constitucional, al establecerse desgravaciones arancelarias que dinamizan el
comercio. De igual modo, se constituye en una herramienta clave en la
implementación de la política exterior de Colombia, que resulta respetuoso de
la autodeterminación y de los principios que orientan las relaciones entre
Estados o entre éstos y otros sujetos de derecho internacional (art. 9 de la
Carta). Finalmente, se cumple con el artículo 189-2 de la Constitución, por
cuanto el Presidente de la República dirigió el proceso de negociación y
suscripción del Acuerdo, y lo sometió a consideración del Congreso, quien en
virtud del artículo 150-16, ejusdem, lo discutió y aprobó.
En posterior
escrito, el apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores, adiciona su
intervención respecto al anuncio, debate y aprobación del proyecto de ley,
manifestando que fue anunciado para primer debate el 9 de noviembre de 2005,
para ser votado en sesión del miércoles 16 del mismo mes, según consta en actas
Nos. 11 y 12 de 2005, por lo que se cumplió el artículo 160 de la Constitución.
Agrega que fue voluntad del legislador cambiar la fecha para la cual sería la
votación del proyecto durante el transcurrir de la sesión, como se dejó
señalado en el acta. Indica que también se presentó la debida certeza sobre las
condiciones de tiempo, modo y lugar en las cuales se daría la votación de los
proyectos anunciados al referir explícitamente que el debate y votación se
originaría el “próximo miércoles”, como en efecto se realizó en el mismo
lugar de sesiones de la Comisión Segunda del Senado. Concluye así que el
procedimiento de aprobación del proyecto de ley cumplió las directrices
constitucionales.
2. Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo
William Hernando
Sabogal Torres, en calidad de apoderado del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, solicita a la Corte declarar la exequibilidad del Acuerdo y la Ley
aprobatoria.
Indica que el
proyecto de ley se surtió dentro del marco de los principios, derechos y
obligaciones establecidas en el Tratado de Libre Comercio de 1994, aprobado por
la Ley 172 del mismo año. Al efecto, recalca sobre algunos considerandos y
disposiciones del Tratado (1-04 y 1-05). También, reseña los artículos 241 y
243 de la Constitución, y alude a decisiones de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado.
Anota que entre
otras razones a tener en cuenta dentro del proceso de negociación del Tratado
de Libre Comercio, debe observarse las disposiciones constitucionales del
derecho interno (arts. 9, 189-2, 224, 150-16, 241 y 243), el derecho
internacional, la cláusula del pacta sunt Servanda, la Convención de
Viena en relación con la capacidad de los Estados para celebrar tratados, la
irretroactividad y regla general de interpretación, con lo cual manifiesta
encontrar probada la exequibilidad de la ley.
3.      José
Manuel Álvarez Zarate
El ciudadano
José Manuel Álvarez Zarate, interviene en el presente asunto para “impugnar
parcialmente la constitucionalidad del Convenio”, solicitando declarar la
inconstitucionalidad del artículo 4-04 del Acuerdo.
Considera que el
artículo 4-04 del Acuerdo, resulta inconstitucional por violar las normas
internas de ALADI y el G-3, como también los artículos 150-16 y 226 de la
Constitución.
En cuanto a la
violación de las normas internas expone que el Acuerdo no tuvo en cuenta los
objetivos, principios y normas previstas en la ALADI y G-3, con lo cual también
se estaría violando indirectamente la Constitución. Señala que el artículo
4.04, referente a la extensión de preferencias, contiene la cláusula de la
Nación Más Favorecida (NMF), que vulnera el principio de reciprocidad en la
medida que se establece sólo a favor de México pero no respecto a Colombia ni
Venezuela.
Recuerda que el
principio de la Nación Más Favorecida estaba previsto en el capítulo que se
reemplaza por el Acuerdo, artículo 4-08 que refería a la extensión de la PAR
señalando que si una parte otorga la PAR a un país no parte, se extenderá a las
demás partes en las mismas condiciones de acceso. Considera así que la norma
impugnada (art. 4-04 del Acuerdo), rompe además con el principio de in dubio
pro desarrollo, derivado de los principios de equidad y reciprocidad
contenidos en el Tratado de Montevideo de 1980 y en el G-3.
Manifiesta que
en el caso concreto debe tenerse en cuenta que México es un país con mayor
desarrollo “mientras que Colombia es uno de desarrollo intermedio, por lo
que en la negociación de acuerdos como el del G-3 y la reforma del mismo que se
está estudiando, se debe tener en cuenta que el comercio crezca en la misma
proporción entre los firmantes, y que el menos desarrollado se pueda aprovechar
al máximo del acuerdo y no constituirse en un país importador netamente, sino
que efectivamente pueda aprovechar la eliminación de barreras que implica la
negociación del tratado. Es decir, que el Acuerdo ALADI reconoce el principio
de equidad que debe regir las relaciones exteriores de Colombia contenido en
los artículos 226 y 227 de la Carta, toda vez que reconoce los diversos grados
de desarrollo económico, reconociendo el derecho de los países más pobres a
limitar su apertura comercial, y a los de mayor desarrollo económico a una
mayor apertura de mercados, es lo que se conoce en el Derecho Internacional del
Comercio como el Trato Especial y Diferenciado, también reconocido por la
Organización Internacional del Comercio, conocido en la doctrina comercial,
como el in dubio pro desarrollo...”. Al efecto, pone de presente los
artículos 9 del Tratado de Montevideo y 1-01 del G-3.
Con base en lo
anterior, sostiene que debe existir un equilibrio entre las obligaciones que
asumen las partes, lo cual supondría que ninguna de estas gana más que la otra,
o que una parte se compromete a conceder más beneficio que la otra, o que
renuncia a derechos que les corresponden en el ámbito del tipo de tratados que
se esté acordando. Agrega que fuera del equilibrio de obligaciones cuando las
economías de los países no tienen iguales condiciones de desarrollo debe
tenerse en cuenta la equidad, ya que un país en desarrollo no tiene las mismas
posibilidades para aprovechar los beneficios de acceso que tiene el
desarrollado. Si abre su economía en similares condiciones puede igualmente
perder sectores económicos y no podrán competir con el país que celebra el
tratado. Aduce que se ha reconocido que no resulta equitativo enfrentar dos
economías de diversas condiciones y desarrollo.
Aduce que se
viola los principios de equidad y reciprocidad previstos en los artículos
150-16 y 266 de la Constitución, por cuanto “desconoce el diferente grado de
desarrollo de los países, y las ganancias que ya ha tenido México durante la
vigencia del G-3, siendo que México ha exportado mucho más a Colombia, de lo
que Colombia le ha podido exportar en general, y en particular en el sector
automotriz, lo que demuestra que no existió equidad en las obligaciones que
asumió Colombia, pues no se atendió que se trataba de un país menos desarrollado…Se
rompe el principio de reciprocidad …toda vez que la carga de conceder NMF corre
por cuenta de Colombia y Venezuela, y no por cuenta de México, quien sí podrá
conceder trato más favorable a otros países que el concedido a Colombia sin que
ello le implique conceder esos beneficios a Colombia…puede ocurrir que en el
ámbito de los acuerdos comerciales que nuestro país está suscribiendo con los
países de Centro América, Chile o Estados Unidos, o los futuros con la Unión
Europea, conceda mejores beneficios, ya sea en origen o arancelarios, por lo
tanto debe hacerlos extensivos a México, no así en los que suscriba México con
otros países, quien sí puede conceder mejores beneficios a terceros países, sin
hacerlos extensivos a Colombia, lo cual no es recíproco, pero peor aún la
consecuencia es que las exportaciones colombianas perderían competitividad
frente a las que consiguen mejores beneficios, lo cual hace que no pueda
aprovechar el tratado”.
Finalmente,
considera que debe solicitarse al DANE que envíe una certificación del valor
anual de las importaciones de México a Colombia y las exportaciones de Colombia
a México de forma discriminada[2].
4. Academia
Colombiana de Jurisprudencia
Enrique Gaviria
Liévano, en representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia,
interviene en este asunto aunque de manera extemporánea para solicitar a la
Corte que se declare exequible la ley aprobatoria del Acuerdo.
Manifiesta que
el presente Acuerdo constituye el desarrollo del Tratado de Libre Comercio, por
lo que se suscribió el Sexto Protocolo Adicional. Instrumento en el cual los
plenipotenciarios convienen en adoptar la recomendación del Comité del Sector
Automotor incorporando dicho sector al programa de desgravación y establecen
reglas de origen. Además, señala que se autoriza a Colombia para que ponga en
ejecución provisional dicho Acuerdo, sin que nuestro país hubiere hecho uso de
dicha cláusula. Adicionalmente, indica que se presume que la embajadora de
Colombia en el Uruguay tenía amplios poderes.
5.
Universidad Externado de Colombia
Marcel
Tangarife, docente investigador del Departamento de Derecho Económico de la
Universidad Externado de Colombia, interviene en este asunto aunque de manera
extemporánea para señalar:
- El
Sexto Protocolo amplía el ámbito de liberalización del comercio entre los
Estados miembros.
- Incorpora a su
cuerpo la Decisión 42, al adoptar las decisiones del Comité, lo cual subsana
cualquier falla intrínseca que pudiera haberse presentado.
- El 21 de mayo
de 2006, Venezuela denunció el Tratado del G-3, por lo que dejará de ser
vinculante para dicho país a partir del 20 de noviembre de 2006, pasando de ser
un instrumento multilateral a bilateral.
- Siguiendo la
sentencia C-137 de 1995, los Estados miembros de la OMC y ALADI que celebren
instrumentos como el Tratado del G-3 y el Sexto Protocolo Adicional, deben
observar las disciplinas y disposiciones de dichos tratados, profundizándolos
pero no contradiciéndolos, lo cual de presentarse si bien no genera vulneración
de la Constitución  al no formar parte del bloque de constitucionalidad, sí
ocasiona responsabilidad internacional.
- El Acuerdo se
enmarca dentro del deber del Estado de promover la participación de nuestro
país en el proceso de internacionalización del comercio. Se establecen
beneficios para Colombia y demás Estados miembros como la no discriminación,
mejores condiciones de acceso al mercado de bienes y servicios, mejores plazos
para el programa de liberación en virtud de las asimetrías económicas con
México que se traduce en un trato especial y diferenciado a favor de Colombia.
En cuanto a las obligaciones son constitucionales aquellas que sean recíprocas,
pues, dicho principio de reciprocidad previsto en los artículos 150-16, 226 y
227 de la Carta, garantiza que las mismas no traigan consigo una condición
desfavorable o inequitativa para alguno de los Estados miembros, y se observe
los principios de Nación Más Favorecida, Trato Nacional y Transparencia.
- El artículo 1
del Sexto Protocolo Adicional se enmarca dentro de los objetivos del Tratado y
del deber del Estado de promover la internacionalización y la integración
comercial con los países latinoamericanos, sujetándose a la Constitución.
- El artículo 2,
en cuanto a la entrada en vigor del presente Acuerdo resulta conforme a la
Constitución. Respecto a la aplicación provisional se cumple los requisitos
exigidos por cuanto corresponde a un tratado internacional de naturaleza
comercial acordado en el ámbito de la ALADI, que es un organismo internacional
y, asimismo, el Protocolo dispone expresamente la posibilidad de su aplicación
provisional. Conforme al artículo 23-04 del Tratado de Libre Comercio, se
admite la posibilidad de la aplicación provisional por un solo Estado miembro,
lo cual no tuvo censura por parte de la Corte en la sentencia C-178 de 1995.
Sin embargo, dicha provisionalidad que sólo vincula a Colombia no cumple con el
principio de reciprocidad, pues, el segundo párrafo del artículo 2, no
establece el mismo tratamiento recíproco por parte de alguno de los otros dos
países que los suscribieron.
- El artículo
4-01, del Apéndice II de la Decisión 42, consagra las definiciones aplicables
al capítulo, que en principio se ajustan a la Constitución. Sin embargo, la
definición de los “bienes reconstruidos o refaccionados”, su
ratificación estaría sujeta a reserva interpretativa consistente en que la
importación de dichos productos debe garantizar la protección de los derechos
de los consumidores conforme al artículo 78 superior, facultando al Congreso
regular lo correspondiente al control de calidad de bienes y servicios
ofrecidos y prestados a la comunidad, para que así cumpla con las garantías a
las de un bien similar nuevo (C-934 de 2002). Por ende, la reserva
interpretativa estaría dada en el sentido de que el productor y/o importador de
dichos bienes reconstruidos o remanufacturados, debe informar completamente al
consumidor que se trata de un bien de dicha naturaleza, otorgándole la garantía
que merece el producto como si fuera nuevo para así disponer de los beneficios
consagrados en el Sexto Protocolo Adicional.
- El artículo
4-02, refleja un trato asimétrico a favor de Colombia y Venezuela, que
desarrolla el principio de equidad consagrado en los artículos 150-16, 226 y
227 de la Constitución, al reconocer el diferente nivel de desarrollo de las
economías respecto a México, al igual que desarrolla los postulados de trato
especial y diferenciado al permitir que Colombia tenga unos plazos de
desgravación más amplios que México, para que los productos nacionales puedan
prepararse durante el periodo de desgravación en cuanto a los eventuales
competidores mexicanos, resultando constitucional esta disposición.
- El artículo
4-03, que crea el Comité del Sector Automotor desarrolla el principio de
supranacionalidad previsto en el artículo 150-16, ya que transfiere
determinadas atribuciones a dicha entidad en el marco del Tratado del G-3.
- El artículo
4-04, consagra el principio de Nación Más Favorecida, empero no consagra la
obligación de México de obrar con reciprocidad respecto a Colombia y Venezuela
si otorgara a otro país un trato más favorable para bienes del sector
automotor, lo que demuestra la vulneración del principio de reciprocidad contenido
en los artículos 150-16, 226 y 227 de la Constitución, al existir claramente
una condición desfavorable e inequitativa para Colombia y México. La
disposición sería inconstitucional o su ratificación estaría sujeta a reserva
interpretativa consistente en que el artículo 4-04 también obligará a México a
aplicar el principio de Nación Más Favorecida, si ocurren las condiciones
consagradas en él a favor de Colombia.
- El artículo
4-05, tal como se expuso, estaría sujeta a reserva interpretativa que garantice
la protección de los derechos de los consumidores. El artículo 4-06, establece
un trato asimétrico a favor de Colombia en la administración de los cupos de
importación. El artículo 4-07, debe sujetarse a la reserva interpretativa que
pueda derivarse de la decisión que adopte la Corte respecto a los demás
artículos de la Decisión 42.
V. CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
En concepto No.
4200, recibido en la Secretaría General de esta Corporación el día 27 de
octubre de 2006, el Procurador General de la Nación solicita a la Corte
declarar la exequibilidad del Acuerdo y de la Ley aprobatoria.
Respecto al
análisis formal, empieza por señalar que el Acuerdo fue objeto de aprobación
ejecutiva el 10 de agosto de 2005 y se dispuso someter el citado Acuerdo a la
consideración del Congreso de la República (art. 150-16 de la Constitución). En
cuanto al trámite que cumplió el proyecto de ley en el Congreso, se expuso:
“a) El proyecto de ley fue presentado al Senado de la República por
el Gobierno Nacional, el 10 de agosto de 2005, a través de la Ministra de
Relaciones Exteriores, doctora Carolina Barco Isakson, y el Ministro de
Comercio, Industria y Turismo, doctor Jorge Humberto Botero Angulo.
El texto original junto con la respectiva exposición de motivos
radicados en el Senado, aparecen publicados en la Gaceta del Congreso No. 560
del 25 de agosto de 2005, cumpliéndose así, con los requisitos referentes a la
iniciación de esta clase de asuntos en el Senado de la República (artículo 154
constitucional) y a la publicación del proyecto de ley antes de darle curso en
la comisión respectiva (numeral 1 del artículo 157 de la Carta).
b) La ponencia para primera debate en la Comisión Segunda del
Senado, en sentido favorable, fue presentada por el Senador Gustavo Cataño
Morales, y aparece publicada en la Gaceta del Congreso 807 del 11 de noviembre
de 2005.
c) Según certificación expedida el 30 de agosto de 2006, por el
Secretario General de la Comisión Segunda del Senado, el proyecto fue aprobado
en primer debate en esa comisión, el 16 de noviembre de 2005, con un quórum
deliberatorio y decisorio integrado por nueve (09) de los trece (13) Senadores
que la conforman, cumpliéndose así el requisito sobre el quórum decisorio exige
el artículo 146 constitucional. Además así quedó consignado en el Acta No. 12
de 2005, publicada en la Gaceta No. 123 del mismo año.
Según la misma certificación, el proyecto fue anunciado el 9 de
noviembre de 2005, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 del
Acto Legislativo No. 1 de 2003.
A su turno, en el Senado de la República, el segundo debate se
adelantó de la siguiente forma:
d) La ponencia favorable para segundo debate en el Senado de la
República fue presentada por el mencionado Senador y aparece publicada en la
Gaceta del Congreso No. 845 del 1 de diciembre de 2005.
e) Afirma el Secretario General del Senado de la República, en
certificación expedida el 11 de septiembre de 2006, que el proyecto fue
aprobado con el quórum constitucional requerido, con el registro de asistencia
de 96 Senadores, es decir con mayoría absoluta, en Sesión Ordinaria del día 6
de diciembre de 2005, publicada, junto con su texto definitivo, en la Gaceta
del Congreso No. 029 del 10 de febrero 2006, según consta en Acta No. 32.
Según la misma certificación, el proyecto fue anunciado en Sesión
Ordinaria del día 30 de noviembre de 2005, publicada en la Gaceta del Congreso
No. 16 del 30 de enero de 2006, según consta en Acta No. 31.
Se establece también que, el Proyecto de Ley no fue modificado, por
lo que no hubo lugar a conciliación y de tal manera no existe publicación de
Informe de Conciliación requerida por el artículo 9 del Acto Legislativo 01 de
2003.
Posteriormente el trámite dado en la Cámara de Representantes, en
primer debate fue el siguiente:
f) La ponencia para primer debate fue presentada por el
Representante Héctor Ospina Avilés. Aparece publicada en la Gaceta del Congreso
No. 111 del 11 de mayo de 2006, en donde también se encuentra el texto
definitivo que fuera aprobado por la Comisión en primer debate.
g) De conformidad con certificación del 7 de septiembre de 2006,
suscrita por el Secretario General de la Cámara de Representantes, en
cumplimiento del artículo 8 del Acto Legislativo No. 1 de 2003, el proyecto de
ley fue anunciado para el primer debate en sesión del 17 de mayo de 2006, según
consta en el Acta número 01 de la misma fecha.
h) Según la misma certificación, el proyecto fue aprobado por
unanimidad en primer debate en esa Comisión, el 30 de mayo de 2006, con un
quórum deliberatorio y decisorio integrado por trece (13) de los diecinueve
(19) Representantes que la conforman, cumpliéndose así el requisito que sobre
quórum decisorio exige el artículo 146 constitucional. Además, así quedó
consignado en el Acta No. 023 de la misma fecha.
Por su parte, el segundo debate en la Cámara de Representantes se adelantó
de la siguiente forma:
i) La ponencia para segundo debate también fue presentada por el
Representante Ospina Avilés y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 175
del 8 de junio de 2006.
j) En certificación suscrita por el Secretario General de la Cámara
de Representantes, del 13 de septiembre de 2006, se establece que el proyecto
de ley fue aprobado el 13 de junio de 2006 por mayoría, en la Sesión Plenaria
de la Cámara de Representantes, a la cual se hicieron presentes 153
Representantes, como consta en el Acta de Sesión Plenaria número 235, publicada
en la Gaceta No. 229 del 12 de julio de 2006.
k) Según la misma certificación, en cumplimiento del artículo 8 del
Acto Legislativo No. 1 de 2003, el proyecto de ley fue anunciado para el
segundo debate en Sesión Plenaria del 7 de junio de 2006, según consta en el
Acta número 234, publicada en la Gaceta del Congreso No. 220 del 27 de junio de
este mismo año.
De lo expuesto, puede afirmarse que el trámite del proyecto de ley
72/05-Senado y 239/05-Cámara, cumple con el requisito del quórum decisorio
señalado en el artículo 146 constitucional y con los correspondientes debates y
aprobaciones, tanto por las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes,
como en las Plenarias de Senado y Cámara de Representantes, de conformidad con
lo señalado en los artículos 160 y 163 constitucionales.
l) El 31 de julio de 2006, el Presidente de la República sancionó la
ley aprobatoria del instrumento internacional objeto de examen, convirtiéndose
en la Ley 1074 de 2006.
m) El texto de la ley fue remitido por Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República a la Corte Constitucional, el 8 de agosto de 2006,
es decir, el quinto día siguiente a la sanción, cumpliendo con el término de
seis (6) días señalado para tal efecto, por el artículo 241, numeral 10, de la
Constitución Política.”
En cuanto al
análisis material del Acuerdo refiere, en primer lugar, a que las medidas
adoptadas no sólo permitirán promover el desarrollo del comercio automotor,
sino también la promoción de las exportaciones, el desarrollo e intercambio comercial,
al resultar congruentes con los objetivos iniciales contemplados en el Trato de
Libre Comercio suscrito en 1994.
De otro lado,
alude a que las tres ramas del poder público están comprometidas en el
desarrollo del proceso integracionista y con mayor razón el Presidente de la
República quien es el representante de la Nación en el exterior. Viene así a
sostener que el Acuerdo y su ley aprobatoria se ajustan al texto constitucional
por cuanto:
-
Los propósitos señalados en la exposición de
motivos son compatibles con la Carta, ya que se celebra con el fin de
fortalecer la integración de los pueblos, que resulta congruente con el
objetivo de afianzamiento del proceso de integración latinoamericana
(Preámbulo, artículos 9 y 227 constitucional).
-
El contenido material del Acuerdo resulta
conforma a la Constitución al contener normas del siguiente alcance: “a. se
liberaliza el comercio del sector automotriz entre los estados parte; b. el
Apéndice III del Acuerdo consagra las Reglas Específicas de Origen para los
bienes objeto de desgravación arancelaria, detallando cada subpartida; c. el
artículo 4-02 prevé la eliminación del impuesto de importación sobre las
autopartes originarias de los países firmantes. Lo anterior responde a
criterios de equidad, igualdad y reciprocidad en consonancia con lo dispuesto
en el artículo 227 Superior que le impone al Estado promover la integración
económica con América Latina con sujeción a estos postulados. En efecto, los
beneficios tributarios contenidos en el Acuerdo estimularán aún más el acceso a
los mercados de los países firmantes, lo que sin duda fortalecerá el comercio
internacional (art. 226 C.P.)”.
-
Los derechos económicos y sociales previstos en la
Carta, se fortalecerán al encontrarse íntimamente relacionados con el acceso a
la propiedad a un precio más justo, que permitirá a compradores y empresarios
acceder con mayor facilidad a los bienes y servicios objeto de desgravación y a
los exportadores acceder al mercado de los países contratantes libres de
cualquier forma de limitación tributaria.
-
Comporta una significativa apertura de mercados
con reglas claras y transparentes en comercio e inversión, previendo un
programa de desgravación gradual que no descuida el impacto que podría causar
en la industria nacional al competir frente al principal productor de vehículos
de la región como lo es México. Por ello, se prevé una formula de comercio
compensado que consulta la capacidad de producción de cada uno de los Estados y
la proporción con el consumo posible según distintos componentes como la
población y el poder adquisitivo, que respetan la gradualidad con que debe
desarrollarse el proceso de desgravación.
-
Finalmente, se hace realizable el principio de
derecho internacional “Pacta Sunt Servanda”, al incorporar el sector del
mercado automotor al tratado matriz suscrito en 1994, cumpliendo así los
compromisos adquiridos y consultando las diferentes características de la
industria automotriz de los Estados parte, complementando el proceso de
integración económica y permitiendo crear nuevas oportunidades de empleo,
inversión y diversificación de la balanza comercial.
VI. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.      Competencia
La Corte
Constitucional es competente para efectuar la revisión constitucional del “Acuerdo
de Complementación Económica No. 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado entre
la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República
Bolivariana de Venezuela-Sexto Protocolo Adicional´, suscrito en la ciudad de
Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil cinco
(2005)” y de la Ley aprobatoria 1074 de 2006, de conformidad con lo
previsto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución.
Control de
constitucionalidad que como lo recordó esta corporación en sentencias C-276 de
2006[3]
y C-649 de 2006[4], al citar la sentencia
C-468 de 1997[5], resulta “i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero
posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii)
automático, pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la
República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la
sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe
analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el
tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de
cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del
correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función
preventiva[6], pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la
Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado
colombiano”.
Respecto a la
revisión formal de constitucionalidad, ésta comprende la remisión oportuna de
la ley aprobatoria y del instrumento internacional por parte del Gobierno a
esta corporación, la representación del Estado en los procesos de negociación y
celebración del tratado y el trámite dado al proyecto de ley en el Congreso de la
República que principalmente comprende i) verificar la iniciación del trámite
del proyecto de ley en la cámara correspondiente, ii) el cumplimiento de los
términos exigidos constitucionalmente para los debates en una y otra cámara,
iii) las publicaciones, iv) el quórum requerido y las mayorías con las que fue
aprobado, y el v) anuncio previo a la votación conforme al artículo 8 del Acto
Legislativo 01 de 2003.
Y la revisión
material consiste en examinar el contenido del instrumento internacional como
de su ley aprobatoria a la luz de la Constitución Política, lo cual excluye
aspectos de conveniencia política.
Finalmente, debe
recordarse que cuando la Corte realiza el control de constitucionalidad de
tratados multilaterales como el presente “es posible hacer declaraciones
interpretativas, y, a menos que estén expresamente prohibidas, también se
pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del tratado[7]”[8].
2.
Revisión formal de la Ley aprobatoria del Acuerdo de Complementación Económica
constitutivo del Sexto Protocolo Adicional
2.1.   La
oportunidad en la remisión del Acuerdo y la ley aprobatoria por parte del
Gobierno
El día 8 de
agosto de 2006[9], la Corte recibió por
parte del Gobierno Nacional, copia de la Ley 1074 de 31 de julio de 2006, “Por
medio de la cual se aprueba el ´Acuerdo de Complementación Económica No. 33
(Tratado de Libre Comercio) celebrado entre la República de Colombia, los
Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela-Sexto
Protocolo Adicional´, suscrito en la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los tres
(3) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005)”, es decir, cinco (5)
días después, por lo cual se cumplió a cabalidad la exigencia constitucional de
remisión dentro del término de seis (6) días (art. 241-10 superior).
2.2.   Negociación
y celebración del Acuerdo
2.2.1.
Competencia del funcionario que lo
suscribió
El Acuerdo bajo
revisión fue suscrito por la Dra. Claudia Turbay Quintero, quien conforme a la
información suministrada y la documentación aportada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores[10], es la Embajadora de
Colombia ante el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y Jefe de la
Misión Permanente de Colombia ante la Asociación Latinoamericana de Integración
ALADI, en virtud de los plenos poderes que le confiriera el Presidente de la
República, el 1 de agosto de 2005.
2.2.2.
Aprobación por el Ejecutivo
De igual forma,
de la comunicación enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la
documentación aportada se aprecia que el día 10 de agosto de 2005, el
Presidente de la República impartió aprobación al citado instrumento
internacional, disponiendo en el mismo acto someter a consideración del
Congreso la aprobación del mismo, lo cual subsana cualquier vicio sobre la
representación del Estado Colombiano (artículo 8 de la Convención de Viena de
1969, sobre el Derecho de los Tratados).
2.3.   Trámite
que surtió el proyecto de ley 72 de 2005 Senado y 239 de 2005 Cámara, en el
Congreso de la República.
Atendiendo la
documentación que reposa en el expediente, se observa que el trámite dado al
proyecto de ley 72 de 2005 Senado y 239 de 2005 Cámara, que culminó con la
expedición de Ley 1074 de 2006, fue el siguiente:
2.3.1. Trámite
en el Senado del proyecto de ley 72 de 2005
El proyecto de
ley fue presentado por el Gobierno al Senado de la República el día 10 de agosto
de 2005, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores Dra. Carolina Barco
Isakson y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo Dr. Jorge Humberto
Botero. El texto original junto con la exposición de motivos fueron publicados
en la Gaceta del Congreso 560 del 25 de agosto de 2005[11].
La ponencia
para primer debate ante la Comisión Segunda del
Senado fue presentada por el Senador Gustavo Cataño Morales, siendo publicada
en la Gaceta del Congreso 807 del 11 de noviembre de 2005[12].
Según
certificación del Secretario General de la Comisión Segunda del Senado[13],
la fecha del anuncio de votación del proyecto (art. 8 del Acto Legislativo No.
01 de 2003) para primer debate se dio el 9 de noviembre de 2005, según consta
en el Acta No. 11 de dicha fecha[14], publicada
en la Gaceta No. 123 de 2006, de la cual se aprecia por la Corte que en un
principio fue anunciado para ser votado el día martes 15 de noviembre de 2005[15],
sin embargo, al finalizar la sesión se convoca para el próximo miércoles a las
10:00 a.m[16].
En efecto, de la
sesión del 9 de noviembre, página 1 de la Gaceta 123 de 2006, se extrae:
“Proyectos de ley para anunciar y ser votados en la sesión
del día martes 15 de noviembre de 2005.
…
Proyecto de ley número 72 de 2005, por medio de la cual se aprueba
el Acuerdo de Complementación Económica número 33 (Tratado de Libre Comercio)
celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la
República Bolivariana de Venezuela-Sexto Protocolo Adicional, suscrito en la
ciudad de Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil
cinco (2005).
Y al finalizar
la sesión, página 12 de la Gaceta 123 de 2006, se señala:
“Se levanta la sesión y se convoca para el próximo miércoles a
las 10:00 a.m., sobre el debate anunciado en la sesión, y por supuesto los
proyectos que se han anunciado en el día de hoy, para ser debatidos por la
comisión. Se levanta la sesión”.
Conforme a la
certificación del Secretario General de la Comisión Segunda del Senado y según se
aprecia por la Corte de los antecedentes legislativos, el proyecto de ley fue
discutido y aprobado el día miércoles siguiente, es decir, el 16 de noviembre
de 2005, según consta en Acta consecutiva No. 12 de esa fecha[17],
publicada en la Gaceta del Congreso No. 123 de 2006[18].
El quórum deliberatorio y decisorio fue de nueve (9) Senadores de los trece
(13) que lo conforman, con votos a favor de nueve (9) y votos en contra cero
(0).
La ponencia
para segundo debate ante la Plenaria del Senado
también fue presentada por el Senador Gustavo Cataño Morales, siendo publicada
en la Gaceta del Congreso 845 del 1 de diciembre de 2005[19].
Según la
certificación del Secretario General del Senado de la República[20]
y como lo observa la Corte del trámite legislativo al proyecto, la fecha del
anuncio de votación (art. 8 del Acto Legislativo No. 01 de 2003) fue el 30 de
noviembre de 2005, según consta en Acta No. 31 de esa fecha, publicada en la
Gaceta No. 16 del 30 de enero de 2006[21]. Veamos lo
acontecido en la sesión del 30 de noviembre de 2005, págs. 18 a 29 de la Gaceta
No. 16:
“La presidencia manifiesta: …hay unos proyectos que se deben
anunciar para el día martes porque ya han sido radicados y son proyectos
muy importantes, déle lectura señor Secretario, del G-3….
Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, la
Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima
sesión:
Sí señora Presidenta, mire en ese orden de ideas queda anunciado ese
proyecto conocido como G-3…O sea que para la siguiente sesión quedarán
anunciados el proyecto de G-3, el número de él.
Proyecto de ley número 72 de 2005 Senado, por medio de la cual se
aprueba el Acuerdo de Complementación Económica número 33 (Tratado de Libre
Comercio) celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos
Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela-Sexto Protocolo Adicional,
suscrito en la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del mes de
agosto de dos mil cinco (2005).
…
Siendo las 5:10 p.m., la Presidencia levanta la sesión y convoca
para el día martes 6 de diciembre de 2005.”
Atendiendo la
certificación del Secretario General del Senado y según aprecia la Corte de los
antecedentes legislativos, el proyecto de ley fue discutido y aprobado el día
martes 6 de diciembre de 2005, según consta en Acta subsiguiente No. 32 de esa
fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 29 del 10 de febrero de 2006[22].
El quórum fue de 96 Senadores de los 106 que conforman la plenaria, sin votos
negativos ni abstenciones.
2.3.2. Trámite
en la Cámara del proyecto de ley 239 de 2005
La ponencia
para primer debate ante la Comisión Segunda de la
Cámara fue presentada por el Representante Héctor Ospina Avilés, siendo
publicada en la Gaceta del Congreso 111 del 11 de mayo de 2006[23].
De conformidad
con la certificación del Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara[24],
la fecha del anuncio (art. 8 del Acto Legislativo No. 01 de 2003) para primer
debate se dio el 17 de mayo de 2006, según consta en el Acta No. 01 de esa
fecha[25]. Revisada el
Acta y la Gaceta 333 de 2006[26], puede
extraerse lo siguiente:
“Anuncio Proyectos de Ley.
. 239/05 Cámara, 072/05 Senado, ´Por medio de la cual se aprueba el
Acuerdo de Complementación Económica No. 33 Tratado de Libre Comercio celebrado
entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República
Bolivariana de Venezuela-Sexto Protocolo Adicional, suscrito en la ciudad de
Montevideo”.
Una vez
terminada la sesión conjunta se convocó por el presidente de la Comisión
Segunda de la Cámara para el próximo martes 30 de mayo de 2006.
Según la
certificación expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda de la
Cámara y como lo puede apreciar la Corte del trámite legislativo dado al
proyecto de ley, éste fue discutido y aprobado por unanimidad el 30 de mayo de
2006, según reposa en el Acta No. 23 de esa fecha[27]:
La asistencia fue de 13 de los 19 Representantes que componen la Comisión.
La ponencia
para segundo debate ante la Plenaria de la Cámara
fue presentada igualmente por el Representante Héctor Ospina Avilés, siendo
publicada en la Gaceta del Congreso 175 del 8 de junio de 2006[28]
Según
certificación del Secretario General de la Cámara[29]
y como lo observa la Corte, la fecha del anuncio de votación (art. 8 del Acto
Legislativo No. 01 de 2003) para segundo debate fue el 7 de junio de 2006,
según consta en Acta No. 234 de esa fecha, publicada en la Gaceta No. 220 del
27 de junio de 2006[30], de la cual
se observa:
“Señor
Secretario, sírvase anunciar los proyectos y los asuntos que
trataremos en la sesión plenaria del próximo martes.
La Secretaría
General informa…:
Estos proyectos se
anuncian de acuerdo con el artículo 160 de la Constitución Política,
en los términos que serán discutidos y votados en la próxima sesión de la
Cámara…
Proyecto de ley
número 239 de 2005, Cámara, 072 de 2005 Senado.
Han sido
anunciados los proyectos, …a tramitarse en la próxima plenaria señor
presidente…
Se levanta la
sesión y se convoca para el próximo martes a las 3 de la tarde.”.
De la
certificación expedida por el Secretaría General de la Cámara y según puede
apreciarse de los antecedentes legislativos, el proyecto de ley fue discutido y
aprobado por mayoría de los presentes el siguientes martes 13 de junio de 2006,
según consta en Acta No. 235 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso
No. 229 del 12 de julio de 2006[31], con la
presencia de 153 Representantes.
2.3.3. De la secuencia legislativa anterior, la Corte puede concluir que:
- Inició su
trámite en el Senado de la República (art. 154 de la Constitución).
- Se cumplieron
los términos de 8 y 15 días, que deben mediar entre los debates (art. 160
superior), ya que i) en el Senado el primer debate en Comisión fue el 16 de
noviembre de 2005 y el segundo debate en la Plenaria del Senado fue el 6 de
diciembre de 2005, y ii) en la Cámara el primer debate en Comisión fue el 30 de
mayo de 2006 y la aprobación en la Plenaria de la Cámara el 13 de junio de
2006.
- Se efectuaron
las publicaciones oficiales conforme al numeral 1 del artículo 157 de la Carta,
por cuanto: i) se publicó el texto original del proyecto junto con la
exposición de motivos en la Gaceta del Congreso No. 560 del 25 de agosto de
2005, ii) en el Senado se publicó la ponencia para primer debate según Gaceta
del Congreso No. 807 del 11 de noviembre de 2005 y en el segundo debate en la
Gaceta No. 845 del 1 de diciembre de 2005, y iii) en la Cámara se publicó la
ponencia para primer debate según Gaceta del Congreso No. 111 del 11 de mayo de
2006 y en el segundo debate en la Gaceta No. 175 del 8 de junio de 2006.
- Se cumplió con
el quórum y las mayorías requeridas según certificaciones de los secretarios de
Senado y Cámara (art. 146 constitucional).
Resta por
verificar la observancia del  requisito previsto en el artículo 8º del Acto
Legislativo 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 de la Constitución, que
impone anunciar la votación de los proyectos de ley.
- Al examinar el
trámite del proyecto de ley, la Sala Plena de la Corte Constitucional encontró
que se había presentado un vicio subsanable en el tercer debate. Recordó la
Corporación que el artículo 160 de la Constitución Política establece “Ningún
proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que
previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto serás sometido a
votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o comisión en sesión distinta a
aquella en la cual se realizará la votación”.
Después de
adelantar el análisis respectivo, la Sala expresó:
“En el presente caso, el tercer debate
llevado a cabo por la Comisión Segunda de la Cámara en la sesión del 17 de
mayo de 2006, correspondió a una sesión conjunta por el mensaje de urgencia
dado por el Gobierno sobre el proyecto de ley 254/06 Senado, 271/06 Cámara, “Por
medio de la cual se regula la adquisición de bienes y servicios destinados a la
Defensa y Seguridad Nacional”[32]. Aprobado dicho proyecto
de ley por ambas células legislativas las comisiones procedieron a realizar los
anuncios y convocatorias, como se aprecia a continuación:
“La Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes agota el Orden del Día y convoca para el miércoles... el martes
siguiente después de elecciones.
Hace uso de la palabra el Secretario
General de la Comisión Segunda del Senado, doctor Felipe Ortiz Marulanda:
La Comisión Segunda del Senado entonces
anuncia para la Sesión del miércoles 31 de mayo fuera de los proyectos ya
anunciados el Proyecto de ley número 171 de 2005, el Proyecto de ley número 121
de 2005, el Proyecto de ley número 126 de 2005, el 195 de 2005, el 198 de 2005,
y 219 de 2005 que fueron colocados en el Orden del Día para discusión del día
de hoy, quedan para el miércoles 31 de mayo.
Hace uso de la palabra la Secretaria
General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, doctora Rocío
López Robayo:
Señor Presidente para informarle que hay
una…
Hace uso de la palabra el Presidente de la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, honorable Representante Efrén
Antonio Hernández Díaz:
Secretario anuncio proyectos de Senado,
anunciamos proyectos de Cámara y hay una proposición.
Hace uso de la palabra la Secretaria
General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, doctora Rocío
López Robayo:
Señor Presidente, sí,
Proposición.
“…Proposición presentada por el honorable
Representante Guillermo Abel Rivera Flórez, en virtud de los acontecimientos
recientes en materia de relaciones comerciales y diplomáticas y específicamente
aquellas de acercamiento, posibilidades y/o negociaciones que se adelantan por
parte del gobierno colombiano en ser miembro de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte, OTAN, me permito solicitar comedidamente a la honorable
Comisión Segunda de la Cámara se cite de manera urgente a debate de control
político a la Canciller, doctora Carolina Barco para que se aclare lo que
acontece al respecto…”.
Hace uso de la palabra el Presidente de la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, honorable Representante Efrén
Antonio Hernández Díaz:
Se abre su discusión, la proposición leída
del Representante Guillermo Rivera, aviso que va a cerrarse. ¿Aprueba la
Comisión Segunda la proposición leída?
Aprobada.
Hace uso de la palabra la Secretaria
General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, doctora Rocío
López Robayo:
Anuncio proyectos de ley.
• 239 de 2005 Cámara, 072 de 2005
Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Complementación
Económica Nº 33 Tratado de Libre Comercio celebrado entre la República de
Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela
Sexto Protocolo Adicional” suscrito en la Ciudad de Montevideo.
• Proyecto de ley número 277 de 2006
Cámara, 066 de 2005 Senado, por medio de la cual se declara como patrimonio
cultural y deportivo de la Nación el Estadio Moderno Julio Torres cuna del
fútbol colombiano del Distrito Especial de Barranquilla.
• Proyecto de ley número 178 de 2005
Cámara, 249 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio
sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección”.
• Proyecto de ley número 261 de la
Cámara, 068 del Senado, por medio de la cual se rinde honores a los
conductores de vehículos de servicio público y privado del país y se declara el
Día Nacional de Conductor.
• Proyecto de ley número 238 de 2005
Cámara, 256 del Senado, por medio de la cual se tipifican los delitos de
incumplimiento a la decisión administrativa, expulsión y reintegro ilegal al
país de extranjeros con el fin de proteger la seguridad del Estado.
• Proyecto de ley número 264 de la
Cámara, 073 de 2005 Senado,
por medio de la cual se aprueba la enmienda
del artículo 1° de la Convención sobre provisiones, sobre discusiones del
empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente
nocivas o de efectos indiscriminados, aprobado en Ginebra en el 2001.
• Proyecto de ley número 236 de 2005
Cámara, 090 de 2004 Senado, por medio de la cual se aprueba la Convención
sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales en
materia civil o comercial, hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965.
Hace uso de la palabra el Secretario
General de la Comisión Segunda del Senado, doctor Felipe Ortiz Marulanda:
La Comisión Segunda del Senado anuncia
también el Proyecto de ley número 108 de 2005.
Hace uso de la palabra el Presidente de la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, honorable Representante Efrén
Antonio Hernández Díaz:
Así entonces se culmina la Sesión Conjunta
de las Comisiones Segundas del Congreso de la República para Comisión Segunda
de Cámara, se convoca o se cita a los Congresistas de esta Comisión para el
próximo martes 30 de mayo del presente año.
Hace uso de la palabra el honorable Senador
Habib Merheg Marún:
Agotado el Orden del Día para el Senado
también, se convoca entonces nuevamente para el día miércoles 31 y revisaremos
los proyectos anunciados. Muchas gracias.
Se levanta la Sesión siendo las 11:20 a.
m.”.
Sobre lo ocurrido en dicha sesión del 17
de mayo de 2006, la Corte se pronunció recientemente en Auto 053 de 28 de
febrero del 2007[33], donde revisó la
constitucionalidad de la Ley 1073 de 2006, “Por medio de la cual se aprueba
la ´Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos
judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial´, hecha en la Haya el
15 de noviembre de 1965”. En dicho proveído, al verificar el cumplimiento
del numeral 8 del Acto Legislativo No. 01 de 2003, la Corte encontró que en el
tercer debate de la Comisión Segunda de la Cámara, realizado en sesión conjunta
del 17 de mayo de 2006, se presentó un vicio de naturaleza subsanable
sobre el proyecto de ley 236 de 2005 Cámara, 090 de 2004 Senado, que en ese
momento se estudió.
Como en dicha sesión también se anunció el
proyecto de ley que nos ocupa, como lo es el 239 de 2005 Cámara, 072 de 2005
Senado, la Corte procederá a reiterar el citado auto 053 del 2007, profiriendo
igual determinación”[34].
2.4. Devolución del proyecto de ley a la Cámara de Representantes
para subsanar vicio de procedimiento
La Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante el Auto 078 del
21 de marzo de 2007, resolvió devolver a la Cámara de Representantes la Ley 1074
de 2006, y concedió a la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la
Corporación un término de treinta (30) días para subsanar el vicio de trámite
mencionado en el Auto 053 de 2007.
2.4.1. Cumplimiento de la cadena de anuncios en la Cámara de Representantes
La Corte
Constitucional ha establecido que el cumplimiento de lo dispuesto en el art.
8º. del Acto Legislativo No. 01 de 2003, está supeditado a lo siguiente:
“(i) se hace necesario que así no esté
exactamente determinada, la fecha de votación sea determinable; (ii) se hace
imposible el cumplimiento de lo previsto en el artículo 8 del Acto Legislativo
01 de 2003, si el anuncio para la votación se da el mismo día que ésta; (iii)
la contextualización que se da con la mención de que se está cumpliendo con los
requisitos del Acto Legislativo fortalece el que el anuncio de votación sea
válido a la luz de la Carta; (iv) no existe una fórmula textual específica para
realizar el anuncio. Lo esencial es verificar si se cumplió la finalidad del
anuncio, para lo cual se deben atender las circunstancias de cada caso; (vi) si
bien la omisión del requisito del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003
es, en principio, subsanable, tal posibilidad no se da si las graves
irregularidades en el anuncio se presentan en el primero de los debates de todo
el trámite de aprobación de la ley”.[35]
2.4.2. Trámite en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la
Cámara de Representantes
Atendiendo a lo ordenado por la Corte Constitucional, el anuncio al
cual refiere el art. 8º. del Acto Legislativo No. 01 de 2003, se llevó a cabo
el 3 de mayo de 2007. Según certificación del Secretario General de la Comisión
Segunda Constitucional Permanente de la Cámara[36], y como lo observa
la Corte, la fecha del anuncio de votación para primer debate fue el 3 de mayo
de 2007, según consta en Acta No. 028 de esa fecha, publicada en la Gaceta No.
359 del 31 de julio de 2007, en la cual se lee:
“III
Anuncio de proyectos de ley para subsanar
vicio de procedimiento, según Autos número 78 del 21 de marzo de 2007 y A13 del
24 de enero de 2007; 78 del 21 de marzo de 2007 y 53 del 28 de febrero de 2007;
dándose cumplimiento al artículo 8º. Del Acto Legislativo número 01 de 2003,
para ser votado nuevamente en la próxima sesión de comisión.
1. Proyecto de ley número 72 de 2005
Senado, 239 de 2005 Cámara, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de
Complementación Económica número 33, Tratado de Libre Comercio, celebrado entre
la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana
de Venezuela-Sexto Protocolo Adicional, suscrito en la ciudad de Montevideo,
Uruguay, a los tres (3) días del mes de agosto de 2005.
(…)
Segundo anuncio para la próxima sesión de
comisión”.[37] (Subraya la Sala).
2.4.3. Aprobación de la ley en la Comisión Segunda Constitucional de
Cámara
Siguiendo el trámite ordenado por la Corte Constitucional, la
Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes
aprobó el Proyecto de Ley número 72 de 2005 Senado, 239 de 2005 Cámara, en la
sesión celebrada el 8 de mayo, de lo cual quedó constancia en el Acta número 29
de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso No. 360. En este documento quedó
consignado el procedimiento y la forma como fue aprobado el proyecto en la
Comisión; así, en la página 4 de la Gaceta del Congreso No. 360 aparece:
“Hace uso de la palabra el Presidente,
honorable Representante Oscar Fernando Bravo Realpe:
Quiere la Comisión Segunda de la Cámara que
este proyecto surta el Segundo Debate en la Plenaria de la misma Corporación?
Hace uso de la palabra la Secretaria,
doctora Pilar Rodríguez Arias:
Sí lo quiere señor Presidente”.
Según la certificación expedida por la Secretaria General de la
Comisión Segunda, en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2007, con la
asistencia de 15 representantes, se dio primer debate y fue aprobado por
unanimidad el proyecto de Ley No. 239 de 2005 Cámara- 72 de 2005 Senado[38].
2.4.4. Anuncio
en la Plenaria de la Cámara de Representantes
El 31 de mayo de
2007, la Secretaría General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente
hizo llegar la ponencia al Secretario General de la Cámara de Representantes[39];
la ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 231 del viernes 1º. de
junio de 2007, página 60.
Según
certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de
Representantes, el anuncio para la votación del proyecto de Ley se llevó a cabo
en Sesión Plenaria el día 13 de junio de 2007, conforme con el acta de sesión
plenaria No. 056, la cual aparece publicada en la Gaceta del Congreso número
358, en la cual se lee:
“Se anuncian los proyectos y actas
de conciliación para el día de mañana a partir de las tres de la tarde que va a
ser la Plenaria:
(…)
Proyecto de ley número 239 de 2005 Cámara,
072 de 2005 Senado”.[40]  (Subraya la Sala).
2.4.5.
Aprobación en la Plenaria de la Cámara de Representantes
De conformidad
con la certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de
Representantes,[41] el proyecto de ley en
mención se aprobó sin modificaciones en la Plenaria de la Cámara, según consta
en el acta de sesión plenaria número 57 del 14 de junio de 2007, la cual
aparece publicada en la Gaceta del Congreso número 380. En este documento
aparece constancia del trámite destinado a subsanar el vicio de procedimiento, en
virtud del cual después de someter a consideración el texto del proyecto de ley
y de ser aprobado por la Corporación, el Secretario de la Plenaria sometió a
consideración el título del mismo y, finalmente, el Presidente de la
Corporación preguntó:
“¿Quiere la Plenaria que este proyecto sea
ley de la República?
El Secretario General informa, doctor
angelino Lizcano Rivera:
Así lo quiere, Presidente”.[42]
Finalmente,
adjunto al oficio del 22 de junio de 2007, la Presidenta del Senado de la
República, hizo llegar a la Corte Constitucional el expediente, manifestando
que se cumplió el trámite solicitado por la Corporación.
El cotejo de la
documentación enviada por el Congreso de la República con lo dispuesto en la
jurisprudencia sobre la materia, conduce a lo siguiente:
1. La fecha de
votación en la Comisión Constitucional Permanente y en la Plenaria de la Cámara
fue fijada con antelación, siendo determinable en el primero de los casos, pues
el 3 de mayo de 2007 se citó a la Corporación para votación del proyecto en la “próxima
sesión de comisión,” y la votación se llevó a cabo el 8 de mayo del
presente año; de su parte, la Plenaria fue citada el 13 de junio de 2007 y la
votación tuvo lugar el día siguiente, es decir, el 14 de junio.
2. Como quedó
establecido, el anuncio previo a la votación del proyecto se llevó a cabo en
días diferentes, tanto en la Comisión Constitucional Permanente como en la
Plenaria de la Cámara de Representantes.
3. Tanto la Secretaría de la Comisión como la de la Plenaria,
tuvieron cuidado de anunciar que se trataba de dar cumplimiento a lo ordenado
mediante el Auto 078 de 2007, expedido por la Corte Constitucional con el
propósito de subsanar un vicio de procedimiento derivado del incumplimiento de
lo establecido en art. 8º. del Acto Legislativo No. 01 de 2003.
4. Al respecto de la forma como se hizo el anuncio, la
jurisprudencia de la Corte no ha exigido la utilización de frases sacramentales
para expresarlo, y ha otorgado validez a expresiones como “considerar” o
“debatir”, e incluso “anunciar”, cuando el término se utiliza en el marco de la
realización de los debates legislativos que tienen como fin la votación de los
proyectos de ley.
5. En el presente caso, tanto en la Comisión como en la Plenaria de la
Cámara, se utilizó la expresión “anuncio de proyectos” para indicar claramente
que serían los que se votarían en próxima sesión, entre los cuales se
encontraba el proyecto de ley 239 de 2005 Cámara, 072 de 2005 Senado, para dar
cumplimiento al Auto 078 de 2007, proferido por esta Corporación.
En conclusión,
para la Sala el vicio de procedimiento ha sido subsanado atendiendo a lo
dispuesto en el Auto 078 del 21 de marzo del presente año, procediendo,
entonces, el análisis sobre el contenido del Acuerdo de Complementación
Económica No. 33 (Tratado de Libre Comercio), celebrado entre la República de
Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela-Sexto
Protocolo Adicional.
3.1. Contenido
del Acuerdo
El Acuerdo de
Complementación Económica No. 33, suscrito entre los gobiernos de Colombia,
Venezuela y México, constitutivo del Sexto Protocolo Adicional, es un
instrumento internacional expedido en desarrollo del Tratado de Libre Comercio
o G-3, suscrito entre estos países el 13 de junio de 1994 y aprobado por la Ley
172 de 1994.
Dicho Acuerdo
atiende en su expedición a los compromisos contemplados originariamente en
dicho Tratado de Libre Comercio, concretamente a lo dispuesto:
- En el numeral 8
del Anexo 1 al artículo 3-04 del Capítulo III[43],
referente al compromiso de cada parte de eliminar progresivamente los impuestos
de importación sobre bienes automotores originarios, estableciendo unos
condicionamientos temporales y al acuerdo que exista en el Comité Automotor,
señalando que a partir del 1 de enero de 2007, dichos bienes quedarán libres de
impuestos de importación, salvo que las partes acuerden un plazo mayor conforme
al artículo 4-04.
- En el artículo
4-03.2 inciso a) párrafo iii), que alude al Comité del Sector Automotor,
indicando que le corresponde presentar a la Comisión al finalizar el primer año
de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, una propuesta sobre
cualquier modificación al ámbito de aplicación de dicho capítulo.
- En el artículo
4-04.2 inciso b), alusivo a la eliminación de impuestos de importación sobre
bienes automotores originarios de las otras partes no comprendido en el párrafo
1, no antes del 1 de enero de 1997, conforme a lo siguiente: “b) Si la Comisión no llega a un acuerdo respecto a lo
establecido en el artículo 4-03, párrafo 2o., literal a), numerales i) y ii),
las Partes podrán mantener las tasas o tarifas arancelarias base establecidas
en el anexo 1 al artículo 3-04, pero las eliminarán completamente el 1o. de
enero de 2007, a menos que las Partes acuerden un plazo mayor.”
- y, en el Capítulo VI del Tratado en materia de reglas de
origen.
Conforme a dicha
normatividad, los Plenipotenciarios de los países integrantes del presente
Acuerdo, visto la DECISION 42 de la Comisión Administradora del Tratado de
Libre Comercio, convinieron:
En el artículo 1,
adoptar la recomendación del Comité del Sector Automotor del Tratado “por la
cual se incorpora el sector automotor al programa de desgravación del Acuerdo
de Complementación Económica No. 33 (Tratado), y se establecen las reglas de
origen para este sector, de acuerdo a las condiciones establecidas en los
Apéndices I, II y III de la Decisión 42 de fecha 21 de febrero de 2005, que
consta como anexo e integra el presente Protocolo.”
Y, en el artículo
2, indicar que el presente Protocolo entrará en vigor una vez las partes
intercambien comunicaciones que certifiquen que las formalidades jurídicas
indispensables han concluido, lo cual “no impedirá que Colombia conforme a
su legislación, dé aplicación provisional al presente Protocolo”.
Finalmente, se anota que la Secretaría de la ALADI será depositaria del
presente Protocolo, siendo firmado por los plenipotenciarios el día 3 de agosto
de 2005.
En la Decisión
42, reseñada, la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio en
virtud de lo dispuesto en el artículo 20-01.2, incisos b) y f) del Tratado[44],
decidió: i) adoptar la recomendación del Comité del Sector Automotor del
Tratado, ii) recomendar a las partes efectuar las adecuaciones previstas en los
Apéndices I, II y III de esta Decisión y iii) que su entrada en vigencia se
dará una vez las partes intercambien las comunicaciones que certifiquen la
conclusión de las formalidades jurídicas necesarias, lo cual no impide que
Colombia atendiendo su legislación dé aplicación provisional a esta Decisión.
La misma se firmó el 21 de febrero de 2005.
Las adecuaciones
contenidas en los Apéndices I, II y III, refieren:
-
Apéndice I. Modifica el numeral 8 del
anexo 1 al artículo 3-04 del Tratado de Libre Comercio, referente al programa
de desgravación, para quedar así: “8. El impuesto de importación aplicable a
bienes automotores originarios para efectos de la desgravación arancelaria será
el previsto en los anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 4-02 del Capítulo IV
(Sector Automotor)”.
-
Apéndice II. Sustituye el Capítulo IV del
Tratado de Libre Comercio, alusivo al Sector Automotor (definiciones, ámbito de
aplicación, Comité del Sector Automotor, eliminación de impuestos de
importación, reglas de origen, requisitos de desempeño, bienes automotores
usados, extensión de la PAR, con sus anexos 1 al artículo 4-02 y 2 al artículo
402). Capítulo que queda de la siguiente forma:
El artículo 4-01,
establece unas definiciones para los efectos de este capítulo del Sector
Automotor como son: año modelo, autobuses integrales, bienes automotores,
bienes reconstruidos o refaccionados, camiones y tractocamiones hasta 4.4
toneladas de peso bruto vehicular, camiones y tractocamiones de 4.4. hasta 8.8
toneladas de peso bruto vehicular, camiones y tractocamiones de 8.8 hasta 15
toneladas de peso bruto vehicular, camiones y tractocamiones de más de 15
toneladas de peso bruto vehicular, peso bruto vehicular, vehículo automotor
usado.
El artículo 4-02,
refiere a la eliminación de impuestos de importación, en cinco puntos:
1) Se establece
que cada parte eliminará sus impuestos de importación sobre los bienes
automotores originarios de una parte clasificadas en las partidas arancelarias
87.03 y 87.04, con excepción de los de peso bruto vehicular mayor a 8.8
toneladas, bajo los siguientes criterios:
a. Como unidades
anuales a exportar dentro del cupo, Colombia y Venezuela otorgan un cupo a
México a partir del 1 de enero de 2005 de 3.000, que se incrementa en 1.000
unidades por cada año y que comprende hasta 8.000 a partir del 1 de enero de
2010. Como impuesto de importación dentro del cupo se prevé a partir del 1 de
enero de 2005 el 10%, que se reduce en 2% anualmente hasta el 4% a partir del 1
de enero de 2008, y a partir del 1 de enero de 2009 y 2010 un 0%.
b. Como unidades
anuales a exportar dentro de cupo, México otorga a Colombia y Venezuela a
partir del 1 de enero de 2005 un cupo de 6000, que se incrementa en 1.000
unidades por cada año y que comprende hasta 9.000 a partir del 1 de enero de
2008. Como impuesto de importación dentro del cupo se prevé a partir del 1 de
enero de 2005 el 7%, que se reduce en 2% anualmente hasta el 3% a partir del 1
de enero de 2007, y a partir del 1 de enero de 2008 un 0%.
c.  En el caso de
importaciones fuera de cupo, i) Colombia y Venezuela eliminarán sus impuestos
de importación para los bienes automotores originarios señalados en este
párrafo conforme a lo indicado en los anexos 1 y 2, y ii) México eliminará sus
impuestos de importación para los bienes automotores originarios señalados en
este párrafo atendiendo lo establecido en el anexo 3.
d.  Los cupos
señalados en los incisos a) y b), se eliminarán así: 1. Colombia y Venezuela
eliminarán el cupo a partir del 1 de enero de 2011 y las importaciones de
bienes automotores originarios y provenientes de México estarán libres de
impuesto de importación. 2. México eliminará el cupo a partir del 1 de enero de
2009 y las importaciones de bienes automotores originarios y provenientes de
Colombia y Venezuela estarán libres de impuesto de importación.
2) Refiere a que
Colombia y Venezuela eliminarán sus impuestos de importación sobre bienes
automotores hasta determinada tonelada de peso bruto vehicular, atendiendo
subpartidas y partidas, conforme a lo establecido en los anexos 1 y 2. Anotando
que a partir del 1 de enero de 2011, las importaciones de Colombia y Venezuela
de bienes automotores originarios y provenientes de México estarán libres de
impuesto de importación.
3) De igual
forma, México eliminará sus impuestos de importación sobre bienes automotores
hasta determinada tonelada de peso bruto vehicular, atendiendo subpartidas y
partidas, conforme a lo establecido en el anexo 3. Además, se indica que a
partir del 1 de enero de 2009, las importaciones de México de bienes
automotores originarios y provenientes de Colombia y Venezuela estarán libres
de impuesto de importación.
4) Establece que
cada parte eliminará sus impuestos de importación en once reducciones anuales
iguales a partir del 1 de enero de 1997, para determinados vehículos, que
quedarán libres de arancel el 1 de enero de 2007.
5)  También se
alude a la eliminación de impuestos de importación sobre las autopartes
originarias de una parte incluidas en los anexos 4 (Colombia), 5 (Venezuela) y
6 (México), conforme con los códigos de desgravación arancelaria que se
establecen.
El artículo 4-03,
refiere a la constitución de un Comité del Sector Automotor indicando sus
funciones dentro de las cuales puede reseñarse el buscar la eliminación de las
barreras al comercio y el recomendar cualquier aceleración en la reducción de
impuestos de importación teniendo en cuenta las diferencias en el grado de
desarrollo de las industrias automotrices. Comité que podrá reunirse cuando
alguna de las partes lo considere necesario.
El artículo 4-04,
alude a la extensión de preferencias predicable de Colombia y Venezuela y
consistente en que si otorgan a un país no parte un trato más favorable en
materia del sector automotor que el previsto para México, dicho trato habrá de
extenderse inmediata e incondicionalmente a los bienes originarios de México.
El artículo 4-05,
apunta a que salvo se disponga lo contrario, las partes podrán adoptar o
mantener prohibiciones o restricciones a la importación de vehículos usados y
otros bienes usados, reconstruidos o refaccionados, bienes que están excluidos
del programa de desgravación.
El artículo 4-06
refiere a la administración de cupos y el artículo 4-07 señala que en caso de
incompatibilidad entre una disposición de este capítulo y cualquier otra
disposición de este Tratado, las disposiciones de dicho capítulo prevalecerán
en la medida de la incompatibilidad.
-        Apéndice
III. Consta de 14 puntos. El primero refiere a que el valor de contenido
regional de un bien automotor se calculará de conformidad con el artículo 6-04
del Tratado. Seguidamente alude a las modificaciones o adecuaciones
a la sección B del anexo 6-03 del Tratado (reglas específicas de origen), que
contiene los puntos 2 a 14 y que refieren a la eliminación de partidas, reglas
de origen aplicables y su reemplazo; eliminación de notas de anexos;
eliminación de subpartidas de anexos y la regla de origen aplicable para la
misma y su reemplazo con unas reglas.
Finalmente,
conforme a lo manifestado en el Acuerdo que se revisa, se acompañan seis (6)
anexos como parte integrante del mismo, en los cuales se establecen: i)
eliminación de impuestos de importación de Colombia a México de conformidad con
el párrafo 2 del artículo 4-02, ii) eliminación de impuestos de importación de
Venezuela a México de conformidad con el párrafo 2 del artículo 4-02, iii)
eliminación de impuestos de importación de México a Colombia y Venezuela de
conformidad con el párrafo 3 del artículo 4-02, iv) desgravación de autopartes
TLC G3, Colombia, párrafo 5 del artículo 4-02, v) desgravación de autopartes
TLC G3, Venezuela, párrafo 5 del artículo 4-02, y vi) desgravación de
autopartes TLC G3, México, párrafo 5 del artículo 4-02.
3.2. El Acuerdo
del Complementación Económica y su conformidad con la Constitución Política
Debe empezar la
Corte por recordar que el control de constitucionalidad material sobre
instrumentos internacionales como el que nos ocupa, se limita a realizar la
confrontación de los mismos con la totalidad de las disposiciones
constitucionales, sin que comprenda aspectos de conveniencia política,
utilidad, efectividad o eficiencia “pues, estos elementos extra normativos
deben ser analizados por el Jefe de Estado y por el Congreso en su oportunidad,
según los términos de la Constitución”[45]. Así mismo,
ha dicho esta corporación que constituyen parámetros para ejercer el control de
constitucionalidad –bloque de constitucionalidad estrictu sensu o lato
sensu-, aquellos tratados internacionales i) ratificados por el Congreso
que reconocen derechos humanos y que ii) prohíben su limitación en los estados
de excepción, al tenor del artículo 93 de la Constitución[46].
En esa medida, la comparación normativa debe darse respecto de las
disposiciones constitucionales y aquellos tratados que cumplan los presupuestos
del artículo 93 superior y no sobre instrumentos como los referidos por algunos
intervinientes como son el Tratado de Libre Comercio o G-3 de 1994 o el Tratado
de Montevideo de 1980.
Partiendo de
dichas premisas, se aprecia que el Acuerdo de Complementación Económica No. 33,
constituye el Sexto Protocolo Adicional, suscrito en desarrollo del Tratado de
Libre Comercio o G-3, aprobado en su oportunidad por la Ley 172 de 1994 y
declarado exequible en la sentencia C-178 de 1995[47]. Instrumentos que fueron suscritos en el marco del Tratado de
Montevideo aprobado por la Ley 45 de 1981, que conformó la Asociación
Latinoamericana de Integración -ALADI- y que tiene entre sus objetivos el
proseguir el proceso de integración orientado a “promover el desarrollo
económico-social, armónico y equilibrado de la región”, siendo el objetivo a
largo plazo “el establecimiento, en forma gradual y progresiva, de un mercado
común latinoamericano”[48].
Para el
cumplimiento de las funciones básicas de la ALADI, consistentes en la promoción
y regulación del comercio recíproco, la complementación económica y el
desarrollo de las acciones de cooperación económica que contribuyan a la
ampliación de mercados[49], los
países miembros del Tratado de Montevideo establecen un área de preferencias
económicas como mecanismos de integración  compuesta por i) una preferencia
arancelaria, ii) acuerdos de alcance regional y iii) acuerdos de alcance
parcial[50].
En cuanto a los
dos primeros participan los países miembros, mientras que en los acuerdos de
alcance parcial no participa la totalidad de los países, que pueden ser
comerciales, de complementación económica, agropecuarios, de promoción del
comercio u otra modalidad adoptada como la cooperación científica y
tecnológica, la promoción del turismo y la preservación del medio ambiente[51].
Adicionalmente, los acuerdos de complementación económica tienen entre sus
objetivos el “promover el máximo
aprovechamiento de los factores de la producción, estimular la complementación
económica, asegurar condiciones equitativas de competencia, facilitar la
concurrencia de los productos al mercado internacional e impulsar el desarrollo
equilibrado y armónico de los países miembros”[52].
En este sentido,
el Acuerdo de Complementación Económica viene concretamente a incorporar el
sector automotor al programa de desgravación y a establecer las reglas de
origen para dicho sector, conforme a los Apéndices I, II y III de la Decisión
42 de 2005, que establecen modificaciones, sustituciones y adecuaciones al
Tratado de Libre Comercio suscrito en 1994.
Los propósitos
implícitos en las disposiciones del Acuerdo constitutivo del Sexto Protocolo
Adicional, se enmarcan dentro de la Carta Fundamental al perseguir fortalecer y
profundizar el proceso de integración latinoamericana y ampliar el ámbito de
liberación comercial sobre la base de un comercio compensado para que los
Estados prosigan en su desarrollo económico y social, que consulta el inciso
final del artículo 9 de la Constitución, al disponer que “la política
exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del
Caribe”. Ello se corrobora con la exposición de motivos presentada ante la
Comisión Segunda del Senado de la República, Gaceta del Congreso 560 de 2005[53],
donde se sostuvo:
“El instrumento internacional que hoy sometemos a consideración del
Honorable Congreso de la República se celebró con el carácter de Acuerdo de
Alcance Parcial de Complementación Económica de acuerdo con lo dispuesto en el
Tratado de Montevideo de 1980...
El Tratado de Libre Comercio o G-3 incluye una importante apertura
de mercados para los bienes y servicios y establece reglas claras y
transparentes en materia de comercio e inversión, contemplando un programa de
desgravación, para la mayoría del universo arancelario…”.
De igual modo,
el contenido material del Acuerdo de manera general responde a las exigencias
prevista en la Constitución Política, por cuanto  a través de las
modificaciones, sustituciones y adecuaciones al Tratado de Libre Comercio o
G-3, se establece un programa de desgravación arancelaria en el sector
automotor, una eliminación de impuestos de importación, unas definiciones, la
constitución de un Comité con objetivos específicos, la administración de
cupos, unas disposiciones generales y la eliminación de partidas, notas,
subpartidas y agregación de subpartidas, todo lo cual se encausa dentro de los
artículos 226 y 227 de la Carta, que establecen la internacionalización de las
relaciones como la promoción de la integración Latinoamericana y del Caribe
sobre la base de la equidad, reciprocidad, igualdad y conveniencia nacional.
Así mismo, el
programa de desgravación arancelaria, eliminación de impuestos de importación y
establecimiento de reglas de origen para el sector automotor contemplado en
este Acuerdo, también propician un mayor acceso a los mercados de las partes
que lo suscriben y una gradualidad que facilita a la industria nacional
ajustarse paulatinamente a la competencia mexicana, consultando así las
asimetrías existentes entre las industrias de los países firmantes.
Debe recordarse
que la celebración del Acuerdo en mención, tuvo su fundamento en los
compromisos contraídos originariamente en el Tratado de Libre Comercio suscrito
el 13 de junio de 1994, concretamente lo dispuesto en el numeral 8 del anexo 1
al artículo 3-04 del Capítulo III, en el artículo 4-03.2 inciso a) párrafo
iii), en el artículo 4-04.2 inciso b) y capítulo VI, referidos al programa de
desgravación, sector automotor, eliminación de impuestos de importación y
reglas de origen.
Disposiciones
que previeron para el sector automotor la eliminación de impuestos de
importación[54] bajo dos supuestos: en
uno, para determinados automotores y toneladas se estableció un término de 2
años en el cual se podrá mantener las tasas o tarifas arancelarias a la entrada
en vigor del Tratado y a partir del 1 de enero de 1997 la eliminación en once
reducciones anuales iguales, para quedar completamente eliminados a partir del
1 de enero de 2007. Y, en el otro se señaló que si la Comisión no llega a
ningún acuerdo respecto a lo establecido en el artículo 4-03 párrafo 2 literal
a) numerales i) y ii), las partes podrán mantener las tasas o tarifas
arancelarias base establecidas  en el anexo 1 al artículo 3-04, pero las
eliminarán completamente el 1 de enero de 2007, salvo que las partes acuerden
un plazo mayor. El citado artículo 4-03, señala que compete al Comité del
Sector Automotor, integrado por los representantes de las partes, presentar a la
Comisión al finalizar el primer año de entrada en vigor del Tratado: i) un
mecanismo de intercambio compensado que promueva el comercio en este sector
automotor, y ii) una metodología para la definición del origen de los bienes
automotores, entre otros aspectos. Tratado de Libre Comercio que fue encontrado
ajustado a la Constitución en sentencia C-178 de 1995[55].
Atendiendo los
compromisos señalados en dicho Tratado de Libre Comercio y los términos
establecidos para su cumplimiento, en el mes de noviembre de 1997, el Gobierno
mexicano presentó una propuesta de desgravación y normas de origen del sector
automotor que fue rechazada por Colombia y Venezuela al considerarla
inconveniente para el sector. Posteriormente, en enero de 1999, los gobiernos
de Colombia y Venezuela presentaron una contra propuesta que no resultó
atractiva para México por lo que fue rechazada. El 30 de mayo de 2004, en visita
oficial del Presidente de la República Dr. Álvaro Uribe Vélez a México,
solicitó al Presidente Fox estudiar la posibilidad de renegociar las
condiciones establecidas en el G-3, por lo que en comunicado conjunto de los
gobiernos instruyeron a la Comisión Administradora del Tratado para reactivar
la negociación del sector automotor sobre las bases establecidas[56].
Fue así como se
logró suscribir el presente Acuerdo de Complementación Económica, para lo cual
resulta de interés particular transcribir algunos apartes de la exposición de
motivos presentada ante la Comisión Segunda del Senado[57],
que refirió a los intereses de Colombia en la negociación de dicho instrumento
resaltando las consecuencias que traería para la industria automotriz
colombiana la entrada en vigencia del 0% de arancel a partir del 1 de enero de
2007, que hacía necesario la suscripción del Acuerdo para el ajuste gradual de
la industria nacional a la competencia mexicana:
“Intereses de Colombia en la negociación.
Las asimetrías existentes entre las industrias automotrices de
México y de Colombia tienen importantes efectos sobre las escalas y los costos
de producción. Por este motivo, para Colombia resultaba de la mayor importancia
reducir el impacto que hubiera provocado una apertura total de la competencia
de México, con arancel del 0% desde el año 2007.
En este sentido, el principal interés fue lograr la gradualidad en
las condiciones de acceso que permitieran a la industria  adaptarse a la
creciente competencia del principal productor latinoamericano del sector.
Así,  se buscó, en concertación con el sector privado, que la
propuesta fuera atractiva a México pero que a su vez incorporara un trato
asimétrico y gradual a favor de Colombia.
3. Conclusiones.
…
Desarrolla el Acuerdo del G-3 particularmente en lo relacionado con
el comercio del sector automotor, creando una normativa que permitirá un ajuste
gradual de la industria nacional a la competencia mexicana. Esta nueva
normativa desarrolla lo acordado en el Tratado y genera una mayor certidumbre
para el sector productivo nacional”.
Entrando al
análisis particular de las disposiciones del Acuerdo bajo examen, se observa
que refiere a la entrada en vigencia del Protocolo el cual se hará una vez las
partes intercambien las comunicaciones que certifiquen que las
formalidades jurídicas necesarias han concluido, que no impide que Colombia de aplicación
provisional al mismo, tal como se prevé en la Decisión 42.
Para la Corte el
que el Acuerdo bajo revisión establezca la entrada en vigencia en la forma que
ha sido dispuesta por los negociadores de las partes resulta ajustado a la
Constitución.
También guarda
conformidad con la Constitución, el que se hubiera previsto la aplicación
provisional del presente instrumento internacional por parte de nuestro país,
al resultar acorde a lo dispuesto en el artículo 224 superior, que señala: “Los
tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el Congreso. Sin embargo,
el Presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los
tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito
de organismos internacionales, que así lo dispongan. En este caso tan pronto
como un tratado entre en vigor provisionalmente deberá enviarse al Congreso
para su aprobación. Si el Congreso no lo aprueba, se suspenderá la aplicación
del tratado”.
Sobre el alcance
de dicha disposición constitucional, la Corte ha manifestado que constituye una
excepción al procedimiento ordinario previsto en la Constitución, que se sujeta
a las condiciones previstas en ella. En efecto, en sentencia C-896 de 2003[58],
recordó:
“Por excepción, el tratado o convenio podrá aplicarse
provisionalmente antes de su aprobación mediante ley, pero sólo cuando su
naturaleza corresponda a temas económicos y comerciales.  En este caso, con su
entrada en vigor el tratado o convenio debe enviarse al Congreso para su
aprobación, y si éste no lo aprueba, se suspenderá su aplicación.  Sobre este
punto registra la Corte en la prenotada sentencia:
´La Corte insiste en que esta
posibilidad de aplicación provisional de los tratados, antes de su aprobación
por el Congreso y la revisión de la Corte, es una excepción al procedimiento
ordinario previsto por la Carta en esta materia, por lo cual es de
interpretación rigurosa y estricta, y no admite analogías. Únicamente se puede
utilizar esa figura en relación con los convenios económicos y comerciales
adoptados en organismos internacionales que así lo dispongan. Además, como lo
establece la Carta, tan pronto entre en vigor provisionalmente el convenio
respectivo, es deber del Presidente someterlo al Congreso, y si éste no lo
aprueba, se suspenderá su aplicación´.” Sentencia C-400 de 1998[59].
Debe señalarse
que el Gobierno Nacional mediante Decreto 4666 de 19 de diciembre de 2005,
dispuso “Aplicar provisionalmente a partir del 15 de enero de 2006,
el Sexto Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica No. 33,
suscrito el 3 de agosto de 2005 por los Estados Unidos Mexicanos, la República
de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, entre Colombia y otro
Estado que hasta esta fecha haya comunicado a la Secretaría General de la
ALADI, o después del 15 de enero, a partir de la fecha en la que el otro Estado
efectúe la mencionada comunicación”. Se aprecia, entonces, que dicho
Decreto dispuso la aplicación provisional del Acuerdo entre Colombia y otro
Estado que hubiere efectuado la respectiva comunicación a la Secretaría General
de la Asociación Latinoamericana de Integración.
En consecuencia,
las condiciones para hacer uso excepcional de la aplicación provisional de un
instrumento internacional se cumplen en este caso por cuanto se está ante un
tratado de naturaleza comercial, acordado en el ámbito de organismos
internacionales como la ALADI y enviado por el Presidente de la República para
la aprobación del Congreso que culminó con la expedición de la Ley 1074 de
2006. Finalmente, debe recordarse que la aplicación provisional del Tratado del
Libre Comercio de 1994, encontró respaldo de esta corporación en la sentencia
C-178 de 1995.
En relación con
el Apéndice I, que alude al impuesto de importación aplicable a bienes
automotores originarios para efectos de la desgravación arancelaria que será el
contenido en los anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 4-02 del Capítulo IV,
ninguna objeción constitucional merece, pues, hace parte del objeto del
presente Acuerdo que, además, consulta la reciprocidad entre los Estados y
permite el ajuste gradual de la industria automotriz nacional en el proceso de
integración comercial latinoamericana.
Respecto al
Apéndice II, el artículo 4-01 establece unas definiciones para el sector
automotor, lo cual resulta ajustado a la Constitución al permitir entender con
la suficiente claridad y precisión el alcance de cada uno de los conceptos allí
empleados. Un ejemplo de ello lo constituye la definición que se da sobre “bienes
reconstruidos o refaccionados”, al señalar que son los “bienes que
después de haber sido usados se han sometido a algún proceso para restituirles
sus características o sus especificaciones originales, o para devolverles la
funcionalidad que tuvieron cuando nuevos”. Información que debe estar
presente para el público en su comercialización a efectos de proteger los
derechos del consumidor (artículo 78 de la Constitución).
El artículo
4-02, refiere a la eliminación de impuestos de importación, lo cual no
contradice la Constitución al promover la internacionalización e integración
económica bajo criterios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional
(arts. 150-16, 226 y 227 de la Constitución). Como se ha expuesto, esta
disposición refleja las asimetrías existentes de las industrias
automotrices de Colombia y Venezuela respecto a la mexicana, principal
productor de vehículos de la región, que hacían indispensable un trato
diferencial favorable para nuestro país, permitiendo con ello un ajuste gradual
de la industria nacional[60]. En este contexto, se
establecen por parte de Colombia y Venezuela periodos más amplios que los
otorgados por México, lo cual permite condiciones más favorables de acceso de
nuestros productos a esos mercados y la gradualidad indispensable para el
ajuste de la industria nacional. De igual manera, posibilita mejores
condiciones de acceso a los compradores sobre los bienes y servicios.
El artículo
4-03, crea el Comité del Sector Automotor integrado por los representantes de
las partes bajo unos objetivos específicos que resulta conforme a la
Constitución, al permitir a los Estados a través de los tratados y sobre las
bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente
determinadas atribuciones a organismos internacionales que tengan por finalidad
promover la integración económica (art. 150-16 superior).
El artículo 4-04[61],
sobre extensión de preferencias, consagra que si Colombia y Venezuela otorgan a
un país no parte un trato más favorable para bienes del sector automotor que el
trato previsto en este capítulo para México, dicho trato se extenderá inmediata
e incondicionalmente a los bienes originarios de México.
Dicha cláusula es
la denominada de la “Nación Más Favorecida”, que como lo recordó la
Corte en sentencia C-279 de 2001[62], es uno de los
instrumentos más usuales de “reciprocidad comercial” entre los
Estados que “tiende a facilitar el intercambio comercial entre los Estados
partes, a través del cual se pretende un tratamiento no menos favorable del que
se le concede a otros países u órganos en similares circunstancias”. Sobre
el alcance de dicho concepto, la Corte en sentencia C-358 de 1996[63]
señaló que persigue mantener en todo tiempo la igualdad sin
discriminación entre los países interesados:
“En cuanto a la cláusula de la nación más favorecida, esta
Corporación acoge la doctrina de la Corte Internacional de Justicia, en el
Asunto relativo a los derechos de los nacionales de los Estados Unidos de
América en Marruecos (1952), oportunidad en la que estableció: "Las
cláusulas de la nación más favorecida tienen por objeto establecer y mantener
en todo tiempo la igualdad fundamental, sin discriminación entre todos los
países interesados". La igualdad de tratamiento otorgada por una
cláusula de la nación más favorecida hace desaparecer toda diferencia entre las
inversiones extranjeras beneficiarias de este trato. Por regla general, a
partir del momento en el cual el país receptor de la inversión concede una
ventaja a un tercer Estado, el derecho de otros Estados a un tratamiento no
menos favorable nace en forma inmediata y se extiende a los derechos y ventajas
concedidos antes y después de la entrada en vigor del Tratado que consagra la
aludida cláusula”.
Adicionalmente,
el Tratado de Libre Comercio de 1994, el cual resulta en cuanto al sector
automotor modificado y sustituido en algunas de sus disposiciones por el
presente Acuerdo, establece en el artículo 1-01[64],
como objetivo del Tratado, la sujeción a postulados esenciales como el “trato
de nación más favorecida”, el cual encontró respaldo constitucional en la
sentencia C-178 de 1995[65], al señalar: “en
líneas bastante generales, y examinado en su conjunto, el presente instrumento
de derecho internacional se ajusta a las disposiciones de la Carta Política,
pues, … las expresiones de los principios de trato nacional, de transparencia y
de nación más favorecida, son cometidos que hallan pleno respaldo en
disposiciones de la Constitución, no sólo en la parte de los valores
constitucionales que aparecen en el Preámbulo de la Carta Política, sino en el
de los fines esenciales del Estado y en los derechos económicos y sociales de
las personas, lo mismo que en el del Régimen Económico y de la Hacienda Pública
y en el Título de las Relaciones Internacionales,  y esa misma condición, si
aquellos fines y objetivos se adelantan con la colaboración de otros Estados,
encuentran suficiente fundamento constitucional en varias disposiciones de la
Carta Política”.  De igual forma, esta cláusula se prevé en el artículo 44[66],
del Tratado de Montevideo de 1980.
En consecuencia,
la cláusula de la Nación Más Favorecida constituye un principio básico del
derecho internacional aplicable en condiciones igualitarias para todos los
Estados Parte, por lo que si un país otorga una condición más favorable a un
tercer Estado, nace para los demás Estados interesados la extensión de las
ventajas concedidas, lo que permite garantizar los principios de igualdad,
reciprocidad y equidad en el proceso de integración comercial (arts. 150-16,
226 y 227 de la Constitución). Cláusula que en este caso no se cumplió al no
prever el artículo 4-04, la misma extensión de preferencias para Colombia, en
el evento que México otorgue a un Estado no parte un trato más favorable que el
previsto para el nuestro.
Ahora, debe
recordarse que en tratándose de tratados multilaterales es posible acudir a las
declaraciones interpretativas, como se sostuvo recientemente en la sentencia
C-276 de 2006[67]: “Si el tratado es multilateral,
es posible hacer declaraciones interpretativas, y, a menos que estén
expresamente prohibidas, también se pueden introducir reservas que no afecten
el objeto y fin del tratado.[1]”
Por consiguiente, al momento de ratificar el presente instrumento internacional,
el Presidente de la República respecto al artículo 4-04 deberá formular la
siguiente declaración interpretativa[68]: si a la entrada en
vigencia de la presente Decisión, cualquiera de los Estados Parte otorga un
trato más favorable a un Estado no parte para bienes del sector automotor,
dicho trato se extenderá inmediata e incondicionalmente a los bienes
originarios de los otros Estados Parte.
Los artículos
4-05 y 4-06, aluden  a los bienes automotores usados y a la administración de
cupos lo cual se ajusta plenamente a la Constitución, ya que corresponde a las
necesidades de cada parte y a la organización en el sector automotor, que
facilitará el intercambio comercial en el proceso de fortalecimiento del
comercio internacional.
El artículo
4-07, refiere a que en caso de incompatibilidad entre cualquier disposición de
este capítulo y otra disposición de este tratado, prevalecerá la disposición
del capítulo en la medida de la incompatibilidad, lo cual para la Corte no
contraría mandato alguno de la Constitución.
El Apéndice III,
establece como habrá de calcularse el valor de contenido regional de un bien
automotor y la eliminación de partidas, reglas de origen aplicables y su
reemplazo, eliminación de notas de anexos, eliminación de subpartidas de anexos
y la regla de origen aplicable para la misma y su reemplazo con unas reglas;
todo lo cual se acompasa a la Constitución al constituir medidas necesarias
para el ajuste indispensable y puesta en marcha de los compromisos comerciales.
Adicionalmente, los seis (6) anexos que hacen parte del presente Acuerdo
resultan ajustados al texto constitucional al permitir bajo la descripción
establecida y los términos señalados, el ajuste gradual en la eliminación de
impuestos de importación y la desgravación de autopartes.
Finalmente, al
incorporarse el sector automotriz al programa de desgravación y establecer las
reglas de origen para dicho sector en desarrollo del Tratado de Libre Comercio,
nuestro país cumple sus compromisos internacionales con los Estados partes en
virtud del principio del“Pacta Sunt Servanda”, previsto en la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1074 de 2006, “Por medio de la
cual se aprueba el ´Acuerdo de Complementación Económica No. 33 (Tratado de
Libre Comercio) celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos
y la República Bolivariana de Venezuela-Sexto Protocolo Adicional´, suscrito en
la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del mes de agosto de dos
mil cinco (2005)”.
Segundo. Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo de Complementación
Económica No. 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado entre la República de
Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de
Venezuela-Sexto Protocolo Adicional´, suscrito en la ciudad de Montevideo,
Uruguay, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005)”.
Tercero. Al momento de ratificar el presente instrumento internacional, el
Presidente de la República deberá formular respecto al artículo 4-04, la
siguiente declaración interpretativa: si a la entrada en vigencia de la
presente Decisión, cualquiera de los Estados Parte otorga un trato más
favorable a un Estado no parte para bienes del sector automotor, dicho trato se
extenderá inmediata e incondicionalmente a los bienes originarios de los otros
Estados Parte.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Presidente
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
CON
SALVAMENTO DE VOTO
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
IMPEDIMENTO
ACEPTADO
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO
SIERRA PORTO
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrado
MARTHA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-923 DE 2007 DEL MAGISTRADO
JAIME ARAUJO RENTERIA
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento del requisito de anuncio previo de votación/REQUISITO
DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Vicio insubsanable (Salvamento de voto)
Referencia: Expediente LAT-294
Revisión de constitucionalidad de la
Ley 1074 de 2006, “Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de
Complementación Económica No. 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado entre la
República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana
de Venezuela- Sexto Protocolo Adicional”, suscrito en la ciudad de Montevideo,
Uruguay, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005)”
Magistrada Ponente:
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Con el respeto
acostumbrado por las decisiones mayoritarias de esta Corporación, me permito manifestar
mi discrepancia frente a la decisión adoptada en la presente sentencia, por
cuanto considero que la ley revisada adolece de un vicio de procedimiento,
relativo al anuncio de la votación del proyecto en el Senado de la República, exigido
como requisito constitucional por el Acto Legislativo 01 de 2003, lo cual hace
a mi juicio el proyecto de ley inexequible.
Como lo he sostenido reiteradamente, el vicio procedimental relativo
al cumplimiento de este requisito es insubsanable por ser una exigencia de
origen constitucional que se encuentra fundamentada en la garantía de la
transparencia y participación en el procedimiento democrático de producción del
derecho, lo cual afecta en forma directa la validez de las normas jurídicas.
Con fundamento en la razón expuesta, salvo mi voto a la presente
decisión.
Fecha ut
supra.
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1] Para mantener de forma más fidedigna la documentación
aportada como anexos 1 a 6 del expediente, que contienen una serie de cuadros
descriptivos con referencias numéricas, se acompañan en fotocopias dichos
textos, así:. Anexo 1, Eliminación de impuestos de importación de Colombia a
México de conformidad con el párrafo 2 del artículo 4-02, a cuatro folios.
Anexo 2, Eliminación de impuestos de importación de Venezuela a México de
conformidad con el párrafo 2 del artículo 4-02, a un folio. Anexo 3,
Eliminación de impuestos de importancia de México a Colombia y Venezuela de
conformidad con el párrafo 3 del artículo 4-02, a dos folios. Anexo 4 párrafo 5
del artículo 4-02, desgravación de autopartes TLC G3, Colombia, a seis folios.
Anexo 5 párrafo 5 del artículo 4-02, desgravación de autopartes TLC G3,
Venezuela, a siete folios. Anexo 6 párrafo 5 del artículo 4-02, desgravación de
autopartes TLC G3, México, a dieciocho folios.
[2] Debe
señalarse que La Corte en auto de 15 de
noviembre de 2006, dispuso rechazar la solicitud de prueba presentada por el
interviniente.
[3] Ms. Ps. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[4] M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[5] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[6] Ver Corte Constitucional, Sentencias C-468 de 1997,
MP: Alejandro Martínez Caballero; C-376 de 1998, MP: Alejandro Martínez
Caballero; C-426 de 2000, MP: Fabio Morón Díaz; C- 924 de 2000, MP: Carlos
Gaviria Díaz.
[7] El artículo 19 de la Convención de 1969 sobre derecho
de los tratados dice: “Un Estado podrá formular una reserva en el momento de
firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a
menos: a) que la reserva esté prohibida por el tratado; b) que el tratado
disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales
no figure la reserva de que se trata (...)” En la práctica las soluciones
convencionales son diversas: ciertos tratados prohíben cualquier tipo de
reservas (como la Convención de Montego
Bay de 1982 sobre el Derecho del Mar o las convenciones de Nueva York y Río de
Janeiro sobre Diversidad Biológica y Cambios Climático); otros autorizan las
reservas sobre ciertas disposiciones únicamente (por ejemplo el artículo 42 de la
Convención sobre Refugiados de 1951) y algunos excluyen ciertas categorías de
reservas (como el artículo 64 de la Convención Europea de Derechos Humanos que
prohíbe las reservas de carácter vago.). De manera general, una reserva
expresamente permitida por las cláusulas finales del tratado no requiere ser
aprobada o aceptada por los demás Estados (Artículo 20 párrafo 1 de las
Convenciones de Viena de 1969 y 1986).
[8] Sentencias
C-276 y C-649 de 2006.
[9] Folio
1 del expediente principal.
[10] Coordinación
Grupo Interno de Trabajo de Tratados, Oficina Asesora Jurídica. También se
acompaña la documentación que prueba lo manifestado por dicho Ministerio.
Folios 106 a 109 del cuaderno principal.
[11] Páginas
1 a 22 de la Gaceta. Folios 73 a 94 del cuaderno principal. Obsérvese también
la certificación del Secretario General de la Comisión Segunda del Senado, a
folio 71 del cuaderno principal.
[12] Páginas
1 a 7 de la Gaceta. Folios 97 a 103 del cuaderno principal. Obsérvese también
la certificación del Secretario General de la Comisión Segunda del Senado a
folio 71 del cuaderno principal.
[13] Folio
71 del cuaderno principal.
[14] Se
acompañó por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado, disquette
contentivo de la información señalada.
[15]
Pág. 1.
[16] Pág. 12.
[17] Se
acompañó por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado, disquette
contentivo de la información señalada.
[18] Página 36.
[19] Páginas 1 a 8 de la Gaceta. Folios 168 a 175 del
cuaderno de pruebas OPC-145/06.
[20] Folio
2 del cuaderno de pruebas OPC-145/06.
[21] Págs.
18 y 19 de la Gaceta. Folios 205 y 206 del cuaderno de pruebas OPC-145/06.
[22] Página 17. Folio 20 del cuaderno de pruebas
OPC-145/06.
[23] Páginas 16 a 18 de la Gaceta. Folios 94 a 96 del
cuaderno de pruebas OPC-147/06.
[24] Folios
1 y 2 del cuaderno de pruebas OPC-147/06.
[25] Páginas
47 a 49 del cuaderno de pruebas OPC-147/06. Acta No. 01 del 17 de mayo de 2006.
[26] Folio 12.
[27] Folios 55 a 57 del cuaderno de pruebas OPC-147/06.
[28] Páginas 25 a 27 de la Gaceta. Folios 135 a 137 del
cuaderno de pruebas OPC-147/06.
[29] Folio 3 del cuaderno de pruebas OPC-146/06.
[30] Pág.
23 de la Gaceta. Folio 151 del cuaderno de pruebas OPC-146/06.
[31] Pág.
18 de la Gaceta. Folio 85 del cuaderno de pruebas OPC-146/06.
[32] Pág. 2. Gaceta 333 de
2006.
[33] M.P. Jaime Córdoba
Triviño. S.V. Jaime Araujo Rentería.
[34] Auto
078 del 21 de marzo de 2007. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[35]
Corte Constitucional, Sentencia C-241 de 2006. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra. Sobre los mismos requisitos puede ser consultada la
Sentencia C-322 de 2006.
[36] Folio 407 del cuaderno
cumplimiento a lo ordenado en Auto 078 de 2007.
[37] Gaceta del Congreso
número 359, página 23.
[38] Folio 407 y siguientes
del cuaderno cumplimiento a lo ordenado en auto 078 de 2007.
[39] Folio 425 del cuaderno
cumplimiento a lo ordenado en auto 078 de 2007.
[40] Gaceta del Congreso
número 358 del lunes 30 de julio de 2007, página 59.
[41] Folio 458 del cuaderno
cumplimiento a lo ordenado en Auto 078 de 2007.
[42] Gaceta del Congreso
número 380 del martes 14 de agosto de 2007, página 17.
[43] “Programa de
Desgravación.
1. Salvo que se disponga otra cosa en este anexo o en alguna otra
parte de este tratado, cada Parte eliminará progresivamente sus impuestos de
importación sobre bienes originarios en diez etapas iguales, conforme a lo
siguiente:
…
8. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1o. y a menos que
disponga otra cosa en este tratado, el impuesto de importación sobre los bienes
automotores originarios comprendidos en las fracciones arancelarias marcadas
con el código "M" en la lista de una Parte en el Programa de
Desgravación, se aplicará conforme a lo siguiente:
a) Antes del 31 de diciembre de 2006, mientras no exista acuerdo
en el Comité del Sector Automotor conforme al Capítulo IV, el impuesto de
importación aplicable a bienes originarios será el especificado en la columna
tasa base o, en caso de que lo exista, el especificado entre paréntesis después
del código "M" para cada fracción arancelaria en la lista de una
Parte en el Programa de Desgravación;
b) Antes del 31 de diciembre de 2006 y después que, en su
caso, exista acuerdo en el Comité del Sector Automotor conforme al Capítulo IV,
el impuesto de importación aplicable a bienes originarios se eliminará en
etapas anuales iguales entre la fecha posterior al 1o. de enero de 1997 que
determina ese comité y el 31 de diciembre de 2006, a partir de la tasa base
especificada para cada fracción arancelaria en la columna "tasa base"
de la lista de una Parte en el Programa de Desgravación; y
c)
A partir del 1o. de enero de 2007 esos bienes quedarán libres de impuesto de
importación, a menos que las Partes acuerden un plazo mayor conforme al artículo
4-04.”
[44] “La Comisión Administradora. …Corresponde a la
Comisión: b) evaluar los resultados logrados en la aplicación de este tratado,
vigilar su desarrollo y recomendar a las Partes las modificaciones que estime
conveniente; …f) recomendar a las Partes la adopción de las medidas necesarias
para implementar sus decisiones; …”.
[45] Sentencia
C-178 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.
[46]
Sentencias C-047 de 2006 y C-1001 de 2005.
[47] M.P.
Fabio Morón Díaz.
[48] Artículo 1 del Tratado de Montevideo de 1980.
[49] Artículo
2 del Tratado de Montevideo de 1980.
[50] Artículo
4 del Tratado de Montevideo de 1980.
[51] Artículos
8 y 14 del Tratado de Montevideo de 1980.
[52] Artículo
11 del Tratado de Montevideo de 1980.
[53] Página
20.
[54] Artículo
4-04 del Tratado de Libre Comercio G-3 de 1994.
[55]
M.P. Fabio Morón Díaz.
[56] Exposición de motivos presentada ante la Comisión
Segunda del Senado de la República. Gaceta del Congreso 560 de 2005, pág. 21.
[57]
Págs. 21 y 22.
[58] M.P. Jaime Araujo Rentería.
[59] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[60]
En la exposición de motivos al proyecto de ley tanto en comisiones como en
plenarias se acompañaron anexos de análisis comparativo de las industrias de
los tres países, bajo distintas fuentes como la del DANE, ensambladoras,
cálculos acolfa, entre otros. Así mismo, se indica que se realizaron consultas
a la industria automotriz nacional.
[61]
Intervención ciudadana de José Manuel Alvarez Alzate, solicita la
inexequibilidad de esta disposición como aparece reseñado en los antecedentes
de esta decisión.
[62]
M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Consúltese también la
sentencia C-294 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[63]
Ms. Ps. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo.
[64] ARTÍCULO 1-01. OBJETIVOS. 1. Los objetivos
de este tratado, desarrollados de manera específica a través de sus principios
y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y
transparencia …”.
[65]
M.P. Fabio Morón Díaz.
[66]
“ARTICULO 44. Las ventajas, favores, franquicias, inmunidades y privilegios
que los países miembros apliquen a productos originarios de o destinados a
cualquier otro país miembro o no miembro, por decisiones o acuerdos que no
estén previstos en el presente Tratado o en el Acuerdo de Cartagena serán
inmediata e incondicionalmente extendidos a los restantes países miembros”.
[67] Ms. Ps. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[68] En sentencia C-276 de 2006, , se sostuvo: “Si el
tratado es multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas, y, a
menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir reservas
que no afecten el objeto y fin del tratado.[68]”