C-145-94
Sentencia No
Sentencia
C-145/94
PRINCIPIO
DEL EFECTO UTIL
Conforme
al principio hermenéutico del efecto útil de las normas constitucionales, según
el cual siempre debe preferirse aquella interpretación que confiere pleno
efecto a las cláusulas de la Carta puesto que no debe suponerse que las
disposiciones constitucionales son superfluas o no obedecen a un designio del
Constituyente, resulta claro para la Corte Constitucional que las funciones
electorales que deben ser objeto de regulación mediante ley estatutaria van más
allá de las instituciones y mecanismos de participación ciudadana (CP art 152
literal d) o de la regulación de los derechos de participación de las personas
y de los procedimientos y recursos para su protección. La Constitución confiere
a los ciudadanos el derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político; se trata pues de derechos fundamentales que deben
ser respetados y garantizados por el Estado.
FUNCION
ELECTORAL/PRINCIPIO DEMOCRATICO/DEMOCRACIA/DERECHO DE PARTICIPACION
CIUDADANA/DERECHO AL EJERCICIO Y CONTROL DEL PODER POLITICO
Al
consagrar los derechos de participación, conformación, ejercicio y control del
poder político, la Constitución de 1991 abandona la idea -propia de las tesis
relativas a la soberanía nacional- según la cual los ciudadanos ejercen el voto
no como un derecho sino como una función electoral, tal y como lo establecía la
Constitución derogada en su artículo  179. Al ejercer esos derechos, los
ciudadanos desarrollan la función electoral por medio de la cual las sociedades
democráticas se autoorganizan y se autogobiernan, ya que mediante los
procedimientos electorales los ciudadanos conforman y controlan los órganos
representativos así como toman de manera directa determinadas decisiones por
medio de referendums, consultas y otros mecanismos de democracia participativa.
Las funciones electorales son la expresión orgánica del principio democrático.
La democracia, desde el punto de vista formal, puede ser definida como un
gobierno en el cual los destinatarios de las normas son los mismos que las
producen, pues las decisio­nes colectivas son tomadas por los propios miembros
de la comuni­dad. Esto diferencia el principio democrático de autoorganización
de la sociedad -en el cual el orden es construido a partir de la voluntad de
los gobernados- del principio autocrático -en el cual son los propios
gobernantes quienes determinan el orden social-.  Y esa autoorganización de la
sociedad se efectúa en lo esencial por medio de los procedimientos
electorales.
LEY
ESTATUTARIA-Contenido/LEY ESTATUTARIA-Reserva/LEY
ESTATUTARIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES
Las
leyes estatutarias están encargadas de desarrollar los textos constitucionales
que reconocen y garantizan los derechos fundamentales. No fueron creadas dentro
del ordenamiento con el fin de regular en forma exhaustiva y casuística todo
evento ligado a los derechos fundamentales.
LEY
ESTATUTARIA ELECTORAL-Justificación
La
regulación de la ley estatutaria debe ser mucho más exhaustiva por las
siguientes razones: 1) Porque es la propia Constitución la que ordena regular
las funciones electorales mediante ley estatutaria y no solamente los aspectos
esenciales de las mismas. 2) De otro lado, porque una definición restrictiva de
la noción de funciones electorales haría perder su especificidad normativa al
mandato constitucional del artículo 152 literal c, ya que las funciones
electorales se disolverían en los mecanismos y derechos de participación. 3)
porque no se puede aducir que una reglamentación exhaustiva de las funciones
electorales vacía al Legislador ordinario de su competencia  -como sí sucede en
el caso de los derechos fundamentales- puesto que las funciones electorales son
un campo jurídico delimitado, y 4) porque esta concepción amplia de la reserva
de ley estatutaria en materia de funciones electorales encuentra una sólida
justificación democrática y constitucional cuando se analiza el sentido de las
reglas electorales en el funcionamiento del principio democrático.
PROCEDIMIENTO
DEMOCRATICO/MAYORIAS/MINORIAS/REGLAS ELECTORALES-Respeto/LEY
ESTATUTARIA ELECTORAL
Las
normas consti­tucionales que establecen las reglas para el procedimiento
democrático no son  propiamente una expresión del principio de mayoría como tal
sino que son las reglas preliminares que permiten el desarrollo del juego democrático
basado en la alternancia de las mayorías y la protección de las minorías. Y
esas reglas son en gran parte las que regulan las funciones electorales. El
respeto de las reglas electorales es entonces lo que permite que la democracia
se constituya en un mecanismo por medio del cual las sociedades tramitan de
manera pacífica sus conflictos y resuelven sus diferencias. Estas reglas
electorales son entonces los acuerdos esenciales que permiten que las
sociedades resuelvan sus desacuerdos, con base en el juego del principio de
mayoría y sin recurrir a la violencia. Cuando esas reglas electorales quedan
ellas mismas sometidas al dominio de las mayorías, pueden convertirse en
instrumento de poder de estas mayorías y de exclusión de las minorías de la dinámica
política. Esto explica entonces que sea constitucionalmente legítimo someter la
adopción, reforma o derogatoria de las reglas electorales, incluso en ciertos
aspectos que pueden parecer puramente procedimentales, a requisitos de trámite
más fuertes que los propios de las leyes ordinarias, puesto que de esa manera
se evita que una determinada mayoría pueda alterar en beneficio propio los
normas que regulan la función electoral para desconocer los derechos de las
minorías y perpetuarse en el poder.
LEY
ESTATUTARIA ELECTORAL
En
el caso de las funciones electorales, la ley estatutaria debe regular no sólo
los elementos esenciales de las mismas sino todos aquellos aspectos permanentes
para el ejercicio adecuado de tales funciones por los ciudadanos, lo cual
incluye asuntos que podrían en apariencia ser considerados potestades menores o
aspectos puramente técnicos, pero que tienen efectos determinantes en la
dinámica electoral, como la fijación de las fechas de elecciones, el
establecimiento de los términos de cierre de las inscripciones de candidatos o
registro de votantes, la organización de las tarjetas electorales o de los
sistemas de escrutinio, etc. Por su propia naturaleza, la ley estatutaria de
funciones electorales es entonces de contenido detallado. Esto no impide que de
manera excepcional ciertas materias electorales puedan ser reguladas mediante
leyes ordinarias. Así, hay disposiciones que corresponden a aspectos puramente
operativos para facilitar la realización de una elección concreta y guardan
conexidad con el tema electoral sin ser en sí mismas funciones electorales ,
como la autorización de una apropiación presupuestal para financiar unas
elecciones determinadas. Tales materias pueden ser reguladas mediante leyes
ordinarias y no requieren del trámite de una ley estatutaria.
ELECCIONES-Fecha
de realización/LEY-Vicios de procedimiento
Este
artículo regula de manera permanente las fechas en las cuales deberán
realizarse las elecciones para los dignatarios de elección popular, aspecto
inmanente a las funciones electorales, puesto que en una democracia existe una
renovación periódica de los gobernantes. Es pues una materia que corresponde
reglamentar a la ley estatutaria, razón por la cual  la norma será declarada
inexequible por vicios de procedimiento.
CONSULTAS
INTERNAS DE LOS PARTIDOS
El
mecanismo de consultas internas constituye una manifestación del derecho al
voto, y como tal su regulación y expedición corresponde a la ley estatutaria de
las funciones electorales, a que se refiere el literal c) del artículo 152 de
la Constitución Nacional.  Por tanto, no puede hacer parte esta norma de ley
ordinaria, lo que permite deducir su inconstitucionalidad por vicios de
procedimiento.
CENSO
DE NUEVAS CEDULAS-Incorporación
La
norma regula un aspecto propio de las funciones electorales ya que fija de
manera permanente el período en el cual opera la suspensión de la incorporación
al censo de nuevas cédulas por parte del Registrador Nacional. Es pues una
materia propia de ley estatutaria, por lo cual se declarará la
inconstitucionalidad del artículo por vicios de procedimiento.
VOTANTES-Inscripción/RESIDENCIA
ELECTORAL
Desde
el punto de vista material, la Corte no encuentra tachas de
inconstitucionalidad. En efecto, la primera constituye un instrumento idóneo
para el mejor desarrollo de la mecánica electoral, como así se ha venido
concibiendo desde innumerables legislaciones anteriores, y concretamente del
Código Electoral de 1986. Y la segunda se limita a desarrollar el contenido del
artículo 316 de la Constitución Política, en cuanto se refiere a la residencia
electoral. Pero se trata de normas que regulan elementos de las funciones
electorales, por lo cual ellas son materia de reserva de ley estatutaria. Por
tal razón, en la parte resolutiva serán declaradas inconstitucionales.
SENTENCIA
DE CONSTITUCIONALIDAD-Efectos futuros
En
la medida en que el fallo sólo tiene efectos hacia el futuro y no afecta las
situaciones jurídicas ya consolidadas durante la vigencia de las normas
declaradas inexequibles  -por las razones que se señalarán posteriormente- ,
debe entenderse que la inscripción de candidatos para Presidente y
Vicepresidente de la República para las elecciones de 1994 ya se encuentra
cerrada, por cuanto el término previsto para este año electoral ya transcurrió.
CONGRESISTA-Inscripción/DERECHO
A LA IGUALDAD-Vulneración
Salta
a la vista que si la acreditación de requisitos de elegibilidad es condición
personalísima, únicamente predicable del candidato inscrito, mal podría la
misma desnaturalizarse, extendiendo lo que es aplicable del Congresista que ha
cumplido con su acreditación, a la totalidad de la lista correspondiente.
Tienen además razón los accionantes, cuando la consideran discriminatoria, ya
que no se encuentra justificación que amerite tal prerrogativa o privilegio,
por el solo hecho circunstancial de formar parte de una lista que encabeza un
Congresista, como con acierto lo asevera el señor Procurador, al señalar que
"la sola figuración en lista no puede erigirse en criterio que justifique
un privilegio de tal naturaleza". Siendo el parágrafo del artículo 6o.
contrario al artículo 13 constitucional, se impone declararlo inexequible, tanto
por razones de fondo, como por vicios de forma, por ser materia de ley
estatutaria.
TARJETA
ELECTORAL-Contenido/TARJETA
ELECTORAL-Cambio
Este
artículo regula todo lo relacionado con el formato y el contenido de las
tarjetas electorales, que se constituyen en herramienta principalísima para
asegurar la pureza del proceso electoral. Es pues una materia de reserva
estatutaria por regular funciones electorales, por lo cual será declarada
inexequible  por razones de procedimiento.
TARJETA
ELECTORAL-Utilización
Esta
norma regula la utilización de las tarjetas electorales, que es un elemento
propio de las funciones electorales, por lo cual es materia de ley estatutaria.
Por tal razón será declarado inexequible por razones de procedimiento.
MESAS
DE VOTACION-Instalación
La
norma no consagra una regulación permanente de las funciones electorales sino
que es una norma medida que establece un aspecto meramente técnico y
transitorio de mecánica electoral relacionado con una elección específica.
JURADO
DE VOTACION-Integración/JURADO DE VOTACION-Validez de
las actas
Los
artículos serán declarados inexequibles por cuanto tratan de la integración y
validez de las actas de los jurados de votación que constituyen uno de los
elementos de desarrollo de las funciones electorales, cuya regulación
corresponde a la ley estatutaria.
ESCRUTINIOS
El
contenido normativo de este precepto es propio de ley estatutaria, toda vez que
se refiere a aspectos de contabilización y formalización de los resultados
arrojados por el proceso electoral. Por ese motivo, se estima que la
disposición encuadra dentro de la materia estatutaria de que trata el literal
c) del artículo 152 CP, por lo cual será declarado inexequible por vicios de
procedimiento en su aprobación.
ESCRUTINIOS
EN EL DISTRITO CAPITAL
La
atribución de funciones de escrutinio a la Comisión Escrutadora del Distrito
Capital debe entenderse como una fase o etapa dentro de las varias que componen
el proceso global de escrutinio, cuya responsabilidad en el ámbito nacional la
Carta asigna al Consejo Nacional Electoral. Es pues una regulación de funciones
electorales de competencia de la ley estatutaria.
VOTO
EN BLANCO-Validez/DERECHO
AL SUFRAGIO/CUOCIENTE ELECTORAL
Restarle
validez al voto en blanco, equivale a hacer nugatorio el derecho de expresión
política de disentimiento, abstención o inconformidad que también debe tutelar
toda democracia. Desconocerle los efectos políticos al voto en blanco, comporta
un desconocimiento del derecho de quienes optan por esa alternativa de
expresión de su opinión política. No existiendo razón constitucionalmente
atendible que justifique tal determinación, dicha negación acarrea
desconocimiento del núcleo esencial del derecho al voto que la Carta
Fundamental garantiza a todo ciudadano en condiciones de igualdad, con
prescindencia de la opinión política, y violación a los principios y valores
que subyacen en la concepción misma del Estado social de derecho, democrático,
participativo y pluralista, en que por decisión del constituyente se erige el
Estado colombiano.
REGISTRADURIA-Transmisión
de datos/FAX-Uso
La
regulación de los medios de trasmisión de datos constituye un elemento
permanente de las funciones electorales, por lo cual su desarrollo y
consagración corresponden necesariamente a la ley estatutaria. Por lo tanto la
norma será declarada inexequible por vicios de procedimiento.Sin embargo, observa
la Corte Constitucional que la inexequibilidad de este artículo por razones de
procedimiento no impide, en manera alguna, que las actas puedan ser enviadas
por fax y ser consideradas auténticas, puesto que esta posiblidad ha sido
reconocida como jurídicamente válida por la doctrina y la jurisprudencia
colombianas.
REGISTRADOR
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL-Facultad de contratar
Es
competencia del legislador, de conformidad con el inciso final del artículo 150
de la Constitución Política, expedir el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública. Esta competencia, desde luego comprende la de señalar
excepciones puntuales a su campo de aplicación, como en este caso lo hace el
parágrafo acusado del artículo 16, al exceptuar de su regulación, la
autorización al Registrador Nacional para contratar directamente y para
celebrar el encargo de fiducia para la realización de las elecciones de 1994.
CEDULA
DE CIUDADANIA-Expedición
Esta
norma no regula en sentido estricto funciones electorales sino aspectos
económicos relacionados con la obtención de la cédula de ciudadanía,  por lo
cual su desarrollo puede hacer parte de una ley ordinaria. Sin embargo, como en
el caso del artículo precedente, ella guarda conexidad con las materias
electorales puesto que la cédula de ciudadanía es el documento de identidad que
permite el ejercicio del derecho al voto, por lo cual no se rompió el principio
de unidad de materia en la expedición de la ley.
CAMPAÑAS
ELECTORALES-Financiación
Un
aspecto central del funcionamiento y régimen de los partidos y movimientos
políticos, es el relacionado con la financiación estatal de las campañas
electorales. Es este uno de los temas de ineludible regulación mediante ley
estatutaria, en virtud del mandato constitucional contenido en el artículo 152,
literal c) de la Carta Política. Mal podría el legislador ocuparse de regular
la misma materia mediante ley ordinaria, como lo hizo en el presente asunto,
pues ello equivaldría a desnaturalizar la esencia misma de los contenidos normativos
que por decisión del constituyente, en razón a su trascendencia, ameritan de un
procedimiento de especialísimo orden y calificación para la formación de la
voluntad legislativa, lo que lleva a esta Corporación a estimar que el precepto
acusado efectivamente viola el artículo 152 literal c), en concordancia con el
153 de la Carta Política.
CAMPAÑAS
ELECTORALES-Caución
Lo
relacionado con las cauciones a exigirse a los candidatos a cargos de elección
popular para el cumplimiento de las obligaciones constitucionales, es también
materia de reserva de ley estatutaria, tanto por tratarse de funciones
electorales como por relacionarse con la organización y régimen de los partidos
y movimientos políticos.
PROPAGANDA
ELECTORAL-Prohibiciones
Si
la norma hubiese limitado tales prohibiciones al día mismo de las elecciones,
su contenido sería constitucional, en armonía con lo decidido en la revisión la
ley estatutaria de partidos y movimientos políticos. Sin embargo, el artículo
impugnado extiende tales prohibiciones a las veinticuatro horas anteriores, sin
que exista justificación razonable para ello, con lo cual se viola el derecho
fundamental a la libre expresión del pensamiento y de la opinión política. Se
declarará la inconstitucionalidad del artículo acusado no sólo por vicios de
procedimiento -puesto se trata de una regulación de las funciones electorales
que debe ser desarrollada mediante ley estatutaria- sino también por razones de
fondo, por cuanto las prohibiciones establecidas desbordan el marco del día
mismo de las elecciones.
DERECHO
AL VOTO-Limitaciones/DERECHO
AL VOTO-Aplicación Inmediata/COLOMBIANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR-Ejercicio
del sufragio
El
derecho al voto es un derecho de aplicación inmediata, en los términos del
artículo 85 de la Constitución Política, por manera que constituye quebranto a
la Carta el deferimiento de su efectividad a la reglamentación legal. Resulta
inconstitucional, condicionar la participación de los ciudadanos colombianos
residentes en el exterior en las elecciones para el Senado a la expedición de
una ley para esos efectos por parte del Congreso. La norma acusada tiene un
contenido de carácter discriminatorio y vulneratorio del derecho a la igualdad,
consagrado en el artículo 13 de la Carta Política, en cuanto no permite el
ejercicio del sufragio a quienes residan en el exterior, cuando la Constitución
por el contrario, establece el derecho como tal en favor de todos los
ciudadanos colombianos, sin hacer distinciones en cuanto al lugar de su residencia.
CONGRESISTA/DERECHO
DE SUFRAGIO PASIVO/INHABILIDADES-Ausencia/INHABILIDADES EN
CARGOS DE ELECCION POPULAR-Elección simultánea/NORMA CONSTITUCIONAL-Excepciones
legales
La
lectura del artículo 179, numeral 8o. de la Constitución muestra que ella
consagra una inhabilidad electoral o de inelegibilidad, esto es, una
prohibición para ocupar un cargo o hacer uso del derecho a ser elegido. Esto
significa, que la violación de la prohibición contenida en el ordinal 8 del
artículo 179 superior acarrea la nulidad de la elección, por lo que no es
válido que el legislador entre, como lo hizo en la norma que se examina, a
establecer excepciones de carácter discriminatorio, en favor de los Senadores y
Representantes que resulten elegidos Presidente o Vicepresidente de la Nación,
cuando la misma norma superior no las establece, sino que por el contrario,
señala que cobija a todos los funcionarios de elección popular. Es claro para
la Corte que la inhabilidad establecida por la norma constitucional es general
y no exclusiva para los congresistas: es aplicable a todos los cargos
electivos. La prohibición contenida en la norma aludida constituye, en realidad
una inhabilidad general y absoluta, vale decir, referida a todo ciudadano, en
relación con todo cargo público y no susceptible de sanearse mediante renuncia.
Se trata, en tal sentido, de una suerte de estatuto genérico de inhabilidades
mínimas exigibles a todo ciudadano.
INHABILIDADES
POR PARENTESCO
Como
esta norma sólo fue impugnada por vicios de forma, la Corte se limita a
constatar que en su expedición no se respetó la reserva de ley estatutaria
establecida por la Constitución en lo que respecta a las funciones electorales.
En efecto este artículo, al igual que el anterior, regula un fenómeno típico de
las funciones electorales como es el derecho de sufragio pasivo.
ENCUESTAS
ELECTORALES
Las
encuestas y sondeos sobre preferencias políticas o electorales, corresponde y
hace parte de la ley estatutaria de partidos y movimientos políticos, razón por
la cual, el incluirla en la ley ordinaria materia de examen, constituye una
clara violación de la Constitución por ser materia de reserva estatutaria.
SENTENCIA
DE CONSTITUCIONALIDAD-Efectos
La
facultad de señalar los efectos de sus propios fallos, de conformidad con la
Constitución, nace para la Corte Constitucional de la misión que le confía el
inciso 1º del artículo 241, de guardar la ´integridad y supremacía de la
Constitución´, porque para cumplirla, el paso previo e indispensable es la
interpretación que se hace en  la sentencia que debe señalar sus propios
efectos.
SENTENCIA
SOBRE LEY ELECTORAL-Efectos
En
el caso concreto se deben respetar las situaciones consolidadas. Es sabido que
en materia electoral hay etapas separadas: las elecciones y los escrutinios
como verificación del hecho electoral. Pero ambas responden a un mismo
principio: el desarrollo del derecho  político de elegir y de ser elegido. Y,
la organización electoral está al servicio de un proceso: el de efectividad del
voto como derecho y deber ciudadano. Igualmente, considera la Corte
Constitucional que con la declaratoria de inexequibilidad se restauran ipso
jure, siempre y cuando no sean contrarias al ordenamiento constitucional , las
normas que habían sido derogadas por los apartes de la Ley 84 de 1993 que sean
declarados inconstitucionales en esa sentencia.
NORMA
JURIDICA-Derogatoria/NORMA
JURIDICA-Inexequibilidad
Si
en verdad, hay similitudes entre estas figuras, en cuanto al efecto erga omnes
y respecto a que en principio la vigencia es profuturo, salvo casos especiales,
por el contrario, la derogatoria es un fenómeno de teoría legislativa donde no
sólo juega lo jurídico sino la conveniencia político-social, mientras la
inexequibilidad es un fenómeno de teoría jurídica que incide tanto en la
vigencia como en la validez de la norma. Luego, dentro del ordenamiento
jurídico no es lo mismo inexequibilidad que derogación. Si la inexequibilidad
de la ley no restaura "ipso jure" la vigencia de las normas que la
ley inconstitucional considera como derogadas, habría que concluir que el
mecanismo de control se tornaría ineficaz y esta equivocada conclusión
vulneraría la supremacia de la Constitución y la guarda de la misma. Por
consiguiente, cualquier tesis que atente contra los efectos naturales del
control constitucional debe ser rechazada.
Referencia:
expedientes D-489, D-492, D-495, D-500, D-506, D-507, D-508, D-511, D-512 y
D-515 (Acumulados).
Acciones
públicas de inconstitucionalidad contra la Ley 84 de 1993 "por la cual se
expiden algunas disposiciones en materia electoral" por presuntos vicios
de proce-dimiento en su formación y, por razones de fondo contra los artículos
1o., 2o., 3o., 6o. (parcial), 7o. (parcial), 10 (parcial), 11 (parcial), 12
(parcial), 13, 14 (parcial), 16 (parcial), 18, 19, 20, 21 y 22 de la misma ley.
ACTORES:
JAIME
ORLANDO SANTOFIMIO, VICTOR HUGO VALLEJO, OSCAR ORTIZ GONZALEZ, HUMBERTO DE LA
CALLE LOMBANA, DANILO RIVEROS, GABRIEL MUYUY JACAMEJOY, LUIS GERMAN LOAIZA
SANCHEZ, JUAN LOZANO RAMIREZ, HILDEBRANDO ORTIZ LOZANO Y CARLOS ALMANZA
GONGORA.
TEMA:
Ley
estatutaria y alcance de la regulación de las funciones electorales.
Voto
en blanco y de residentes en el exterior.
La
igualdad en el trato electoral.
Efectos
de los fallos de inexequibilidad.
Magistrado
Ponente:
Dr.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Santafe
de Bogotá, D.C.,  Marzo  23 de 1994
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por su Presidente Jorge Arango
Mejía y los Magistrados, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñóz,
Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara,
Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN
Ha pronunciado la siguiente
S E N T E N C I A
En
el proceso ordinario de constitucionalidad  instaurado contra la totalidad de
la Ley 84 de 1993 "por la cual se expiden algunas disposiciones en materia
electoral" por presuntos vicios de procedimiento en su formación y, por
razones de fondo contra los artículos 1o., 2o., 3o., 6o. (parcial), 7o.
(parcial), 10 (parcial), 11 (parcial), 12 (parcial), 13, 14 (parcial), 16
(par-cial), 18, 19, 20, 21 y 22 de la misma ley.
I.
TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS
El tenor literal de la ley acusada es el
siguiente:
LEY
84 DE 1993
(noviembre
11)
por
el cual se expiden algunas disposiciones en materia electoral.
El
Congreso de Colombia,
DECRETA:
"ARTICULO 1º.-
FECHA DE ELECCIONES. Las elecciones para Congreso de la República se realizarán
el segundo domingo de marzo.
Las
elecciones de Presidente y Vicepresidente se realizarán el segundo domingo de
mayo. En caso que deba celebrarse nueva votación, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 190 de la Constitución Política, ésta tendrá lugar
tres (3) semanas más tarde.
Las
elecciones de Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Miembros de las
Juntas Administradoras Locales se realizarán el último domingo del mes de
octubre".
"ARTICULO
2º. CONSULTAS INTERNAS. Las consultas internas que celebren los partidos con la
intervención de las autoridades electorales no constituyen elecciones y, por
tanto, podrán efectuarse en la misma fecha en que se realicen aquellas".
"ARTICULO
3º. SUSPENSIÓN DE INCORPORACIÓN AL CENSO DE NUEVAS CÉDULAS. El Registrador
Nacional se abstendrá de expedir nuevas cédulas e incorporarlas al censo de
votantes tres (3) meses antes de la respectiva elección. No obstante, podrá
continuar radicando las solicitudes, asignando el número de las
identificaciones y expidiendo las certificaciones que los ciudadanos soliciten
para los demás efectos jurídicos distintos del voto."
ARTICULO
4º. INSCRIPCIÓN DE VOTANTES. La inscripción de votantes es permanente. Sin
embargo, se suspenderá dos (2) meses antes de las elecciones.
Habrá
un período general de zonificación municipal de dos (2) meses comprendidos
entre el 13 de noviembre de 1993 y el 13 de enero de 1994.
Durante
los períodos de inscripción y/o zonificación, la Registraduría    atenderá al
público todos los días, incluídos domingos y festivos, en horario de 10:00 a.m.
a 8:00 p.m..
PARAGRAFO.
En las elecciones que se realicen en el exterior a partir de la vigencia de la
presente ley, será documento idóneo para inscribirse y votar, la cédula de
ciudadanía o el pasaporte vigente en que conste el número de la cédula".
"ARTICULO
5º. RESIDENCIA ELECTORAL. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la
Constitución Política, la residencia será aquella donde se encuentre registrado
el votante en el censo electoral.
Se
entiende que con la inscripción el votante declara, bajo la gravedad del
juramento, residir en el respectivo municipio.
Sin
perjuicio de las sanciones penales correspondientes, cuando mediante
procedimiento breve y sumario se compruebe que el inscrito no reside en el
respectivo municipio, el Consejo Nacional Electoral declarará sin efecto la
inscripción".
"ARTICULO
6º. INSCRIPCION DE CANDIDATURAS. La inscripción de candidatos al Congreso
Nacional vence a las seis de la tarde (6:00 p.m.) del 20 de enero de 1994. Las
modificaciones podrán hacerse hasta las seis de la tarde (6:00 p.m.) del 25 de
enero de 1994.
La
inscripción de fórmulas para candidaturas de Presidente y Vicepresidente de la
República se realizará a más tardar cuarenta (40) días antes de la fecha de
elección.
La
inscripción de candidaturas para Gobernadores, Diputados, Alcaldes, Concejales
y Miembros de las Juntas Administradoras Locales, se realizará a más tardar
cincuenta (50) días antes de cada elección.
Para
efectos de inscripción de candidatos a Alcaldes y Gobernadores se tendrá en
cuenta lo prescrito por la ley reglamentaria del Voto Programático en
concordancia con lo prescrito para tales efectos por la ley 60 de 1993.
PARAGRAFO.
Las listas encabezadas por Congresistas elegidos en las elecciones
inmediatamente anteriores se inscribirán sin necesidad de acreditar requisito
alguno".
"ARTICULO
7º. TARJETAS ELECTORALES. Las tarjetas electorales serán numeradas
consecutivamente; se elaborarán en papel que ofrezca seguridad y contendrán:
las fotografías nítidas, visibles y de tamaño suficiente para la identificación
de los candidatos; su nombre y apellido; los nombres de los correspondientes
partidos, movimientos políticos o sociales o grupos significativos de
ciudadanos. Además, a cada candidato se le asignará un número por sorteo el
cual no podrá coincidir con otro asignado a candidato o lista en elección que
tenga lugar en la misma fecha, dentro de la correspondiente circunscripción.
Las
tarjetas electorales se distinguirán por colores diferentes según la elección y
Corporación de que se trate.
Todos
los candidatos inscritos para una Corporación aparecerán en la misma página de
la tarjeta electoral.
Una
vez elaborada la tarjeta electoral no habrá lugar a cambiarla. En caso de
muerte, o de enfermedad síquica o fÍsica que impida el ejercicio del cargo de
algún candidato o cabeza de lista, podrá inscribirse por el mismo partido,
movimiento o inscriptores otro candidato, inclusive hasta las seis de la tarde
(6:00 p.m.) del día anterior a la elección y los votos obtenidos por el
candidato reemplazado se contabilizarán en favor del reemplazante.
Para
el año 1994 no habrá mesas de votación automatizadas".
"ARTICULO
8º. UTILIZACION DE LAS TARJETAS ELECTORALES. Cada Registrador suministrará a
los jurados de votación de cada mesa electoral un número de tarjetas igual al
de ciudadanos aptos para sufragar en esa mesa. Se deberá llevar un registro
detallado donde figure la cantidad de tarjetas que se le entregaron a los
jurados en cada mesa y, utilizando el número prefijo de la tarjeta electoral,
se indicará la numeración que le correspondió a aquellas.
Los
jurados de votación verificarán que los números de las tarjetas concuerden con
los números prefijos.
Una
vez concluida la votación y antes de abrir las urnas para comenzar los
escrutinios, los jurados de votación harán inventario del número de tarjetas
electorales que no fueron utilizadas. De esto dejarán constancia en el Acta.
Las tarjetas no utilizadas e inservibles se introducirán, junto con la copia
del Acta, en un sobre que se entregará en la Registraduría respectiva. Esta
procederá a la incineración pública de las tarjetas en condiciones que
garanticen la seguridad y salubridad colectivas y elaborará el Acta de
Incineración.
Se
dejará constancia en el Acta del número de tarjetas utilizadas para cada
Corporación o cargo de elección".
"ARTICULO
9º. INSTALACION DE MESAS DE VOTACION. Para las elecciones de Congreso de la
República, Presidente y Vicepresidente, Gobernadores, Diputados, Alcaldes,
Concejales y Ediles que se realizarán en 1994, se instalarán mesas de votación
en los mismos sitios donde funcionaron para las elecciones del 8 de marzo de
1992".
"ARTICULO
10.- JURADOS DE VOTACION. Para la integración de los jurados de votación se
procederá así:
1º
Con noventa (90) días calendario de antelación a la fecha de la elección, los
Registradores del Distrito Capital, municipales y auxiliares solicitarán a las
entidades públicas, privadas, directorios políticos y establecimientos
educativos, las listas de las personas que pueden prestar el servicio de
jurados de votación.
Las
listas elaboradas por establecimientos educativos contendrán nombres de
ciudadanos con grado de educación secundaria no inferior a décimo nivel.
2º
Los Registradores Municipales y Distritales, mediante resolución, designarán
tres (3) jurados principales y tres (3) suplentes para cada mesa, ciudadanos no
mayores de sesenta (60) años pertenecientes a diferentes partidos o movimientos
políticos.
Los
principales podrán convenir con los suplentes el cumplimiento de la función
alternándose entre sí.
PARAGRAFO.
Los nominadores o Jefes de Personal que omitan relacionar los empleados o
trabajadores aptos para ser nombrados como jurados de votación serán
sancionados con la destitución del cargo que desempeñan si son servidores
públicos  y, si no lo fueren, con multas equivalentes hasta diez (10) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, a favor del Fondo Rotatorio de la
Registraduría Nacional del Estado Civil".
ARTICULO
11.- VALIDEZ DE ACTAS DE JURADOS Y SANCIONES A LOS MISMOS. Las actas de
escrutinio de los jurados de votación serán válidas cuando estén firmadas al
menos por dos (2) de ellos.
A
los jurados que no firmen las Actas respectivas se les impondrá una multa
equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor del
Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional que se hará efectiva mediante
resolución dictada por los Registradores Distritales o Municipales.
Las
personas que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado
de votación o las abandonen se harán acreedoras a la destitución del cargo que
desempeñen, si fueren servidores públicos. Y si no lo fueren, a la multa
prevista en el inciso anterior.
PARAGRAFO.
Las autoridades en general garantizarán que el voto sea secreto. A su vez, los
jurados ejercerán estricta vigilancia para que en tales condiciones cada
sufragante emita su voto. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la
sanción establecida en el presente artículo".
ARTICULO
12.- ESCRUTINIOS. Las Comisiones Escrutadoras Municipales y Auxiliares
iniciarán los escrutinios a las once de la mañana (11:00 a.m.) del día lunes
siguiente a las elecciones con los resultados de las actas de escrutinio de los
jurados que se hayan recibido y los concluirán una vez se alleguen las demás.
Los
escrutinios de los Delegados del Consejo Nacional Electoral se iniciarán a las
ocho de la mañana (8:00 a.m) del martes siguiente a las elecciones con los
resultados de las actas de escrutinio municipales que tengan a su disposición y
se irán consolidando en la medida en que se reciban hasta concluir el
escrutinio del Departamento o del Distrito Capital, según el caso.
El
Consejo Nacional Electoral iniciará los escrutinios a partir del momento en que
se reciban los primeros resultados con base en las actas expedidas por sus
Delegados y los datos recibidos del exterior; resolverá los desacuerdos surgidos
entre sus Delegados y consolidará los resultados. En audiencia pública
notificará la declaración de resultados y proclamará la elección de Senadores
de la República y de Presidente y Vicepresidente de la República, si alguna de
las fórmulas obtiene, por lo menos, la mitad más uno de los votos válidos. En
caso contrario, señalará las dos (2) fórmulas que hubieren obtenido los más
altos resultados las cuales habrán de participar en la segunda votación.
PARAGRAFO.
Corresponde a las Comisiones Escrutadoras Municipales hacer el escrutinio de
los votos emitidos para los miembros de las Juntas Administradoras Locales y
declarar su elección.
Corresponde
a los Delegados del Consejo Nacional Electoral hacer el escrutinio de los votos
emitidos para Gobernadores y declarar su elección".
ARTICULO
13.- ESCRUTINIOS DEL DISTRITO CAPITAL. La Comisión Escrutadora del Distrito
Capital computará los votos para Presidente, Vicepresidente y Senado de la
República.
Además,
practicará los escrutinios de los votos por el Distrito Capital para Cámara,
Concejo y Alcalde Mayor del Distrito Capital, declarará la elección y expedirá
las correspondientes credenciales.
Las
Comisiones escrutadoras Auxiliares del Distrito Capital practicarán el
escrutinio de los votos para miembros de Juntas Administradoras Locales,
declararán la elección de ediles y expedirán las correspondientes
credenciales".
ARTICULO
14.- VOTO EN BLANCO O VOTO NULO. Voto en Blanco es el que en la tarjeta
electoral señala la casilla correspondiente. El voto en Blanco no se tendrá en
cuenta para obtener el cuociente electoral.
El
voto es nulo cuando se marca más de una casilla o candidato; cuando no señala
casilla alguna; cunado la marcación no identifica claramente la voluntad del
elector o cuando el voto no corresponde a la tarjeta entregada por el jurado de
votación".
ARTICULO
15.-  PARA TRANSMISION DE DATOS. Serán medios válidos para transmisión de datos
los que el Registrador Nacional del Estado Civil considere confiables, según el
estado actual de la tecnología.
Las
actas que se envíen por fax tendrán el mismo valor legal de las
originales".
ARTICULO
16.- APROPIACION PRESUPUESTAL Y ENCARGO DE FIDUCIA. El Gobierno Nacional queda
facultado para efectuar las operaciones presupuestales que sean necesarias para
realizar las elecciones de 1994, incluidas las apropiaciones y traslados
necesarios durante la presente vigencia, con el fin de atender los gastos que
demanden los procesos electorales.
PARAGRAFO.
Se autoriza al Registrador Nacional del Estado Civil para contratar
directamente y para celebrar encargo de fiducia prescindiendo de los trámites
sobre contratación administrativa e incorporar, por la vía señalada en la
presente ley, o por cualesquiera otras que lo autoricen, las cantidades del
presupuesto ordinario a la fiducia cuando se trate de bienes o servicios
necesarios para la ejecución del proceso electoral".
"ARTICULO
17.- EXPEDICION DE CEDULAS. A partir de la vigencia de la presente Ley, la
expedición de la cédula de ciudadanía y un primer duplicado corren en su
totalidad a cargo del Estado y sin costo alguno para el ciudadano.
Autorízace
al Gobierno Nacional a efectuar los traslados, créditos y contracréditos para
sufragar la totalidad de los costos a que dé lugar la expedición de la cédula
de ciudadanía. Sólo para los efectos de obtener dicho documento, los Notarios
del país expedirán, sin costo alguno, copia auténtica del Registro Civil
correspondiente".
ARTICULO
18.- FINANCIACION DE LAS CAMPAÑAS. El Estado contribuirá a la financiación de
las campañas electorales de los partidos y movimientos políticos con personería
jurídica lo mismo que a las de los candidatos independientes, movimientos
sociales y grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos de
conformidad con las siguientes reglas:
a)
En las campañas para Presidente, se repondrán los gastos a razón de seiscientos
pesos ($ 600.oo) por la primera vuelta y cuatrocientos pesos  ($ 400.oo) por la
segunda vuelta por cada voto válido depositado por la "fórmula"
debidamente inscrita. No tendrán derecho a la reposición de los gastos cuando
la "fórmula" hubiere obtenido menos del cinco por ciento (5%) de los
votos válidos en la elección.
b)
En las campañas para Congreso de la República se repondrán los gastos a razón
de quinientos pesos ($500.oo) por cada voto válido depositado por la lista o
listas de los candidatos debidamente inscritos;
c)
En el caso de las elecciones de Alcaldes y Concejales se repondrán a razón de
trescientos pesos ($ 300.oo) por voto válido depositado por la lista o listas
de los candidatos debidamente inscritos. En el caso de las elecciones de
Gobernadores y Diputados, se reconocerán los gastos a razón de cuatrocientos
pesos ($ 400.oo) por voto válido depositado por los candidatos o listas
debidamente inscritos;
d)
Los municipios y distritos contribuirán a la financiación de la elección de las
Juntas Administradoras Locales. Su monto será determinado por el respectivo
Concejo Municipal.
No
tendrá derecho a la reposición de los gastos la lista que obtenga menos de la
mitad de los votos depositados por la lista que haya alcanzado curul con el
menor residuo.
En
el caso de las Alcaldías y Gobernaciones, no tendrá derecho a la reposición de
gastos el candidato que obtenga menos del cinco por ciento (5%) de los votos
válidos en la elección.
El
Estado cancelará la suma de doscientos pesos ($ 200.oo) como subsidio de
transporte, por cada voto válido depositado por los candidatos, o listas, o
"fórmulas", según el caso, con las mismas restricciones que se
señalan para la reposición de gastos de campañas.
La
partida correspondiente a la reposición de gastos de campañas y subsidio de
transporte será entregada a los candidatos cabeza de lista o al candidato,
según el caso.
El
Gobierno Nacional celebrará Encargo de Fiducia para la administración y pago de
los recursos a que se refiere este artículo.
Los
candidatos cabeza de lista, o a cargos unipersonales, o la "fórmula"
del artículo 202 de la Constitución Nacional, tendrán derecho a recibir las
sumas establecidas en esta norma siempre que, tal como se ordena en la presente
Ley, la lista, o listas, o el candidato obtengan una cantidad de votos superior
a aquellas de que trata este artículo, cifra que sirve de base para hacer
efectivas las respectivas cancelaciones".
ARTICULO
19.- CAUCIONES. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 40 de la Constitución
Nacional, para ejercer el derecho a ser elegido, las listas o candidatos a
cargos unipersonales deberán prestar una caución, al momento de su inscripción,
para garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones que aquí se
imponen, en los siguientes términos:
a,)
Las listas de Senado de la República y Cámara de Representantes, los candidatos
a Gobernadores, Alcaldías de Distrito o capital de Departamento, que no
obtengan el cincuenta por ciento (50%) del último residuo obtenido para dichas
Corporaciones o cargos en la respectiva circunscripción pagarán una suma
equivalente a ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales. La
caución a que se refiere este inciso deberá presentarse ante la Registraduría
respectiva en el momento de la inscripción.
b.)
De cincuenta (50) salarios mínimos mensuales para los candidatos a las
Asambleas Departamentales y al Concejo Municipal del Distrito Capital de
Santafé de Bogotá.
c.)
De treinta (30) salarios mínimos mensuales para los candidatos al Concejo y a
la Alcaldía de las ciudades capitales.
d.)
De veinte (20) salarios mínimos mensuales para los candidatos al Concejo y a la
Alcaldía de ciudades de más de cien mil (100.000) habitantes.
e.)
De diez (10) salarios mínimos mensuales para los demás candidatos a los
Concejos y Alcaldías Municipales.
Estas
cauciones se harán efectivas a los candidatos a cuerpos colegiados que no
obtengan más de la mitad de los votos escrutados por el menor residuo que
obtuvo credencial en la respectiva circunscripción.
Para
los candidatos a Gobernador que no obtengan más de la mitad de los votos del
último residuo válido para obtener credencial de Diputado en la respectiva
circunscripción.
Para
los candidatos a Alcalde que no obtengan más de la mitad de los votos del
último residuo válido para obtener credencial de Concejal en la respectiva
circunscripción.
Las
cauciones se otorgarán mediante póliza de garantía de compañía de seguros
colombiana, garantía bancaria o en efectivo y serán destinadas al Fondo
Rotatorio de la Registraduría Nacional".
ARTICULO
20.- PROHIBICIONES PUBLICITARIAS. Durante las veinticuatro (24) horas
anteriores y mientras tiene lugar el acto electoral, prohíbese, a partir de la
vigencia de la presente Ley, toda clase de propaganda móvil o sonora,
camisetas, banderas, sombreros, perifoneadores y similares que hagan alusión,
en cualquier forma, al acto electoral que se realice. Durante el mismo lapso
prohíbese también toda clase de manifestaciones, de entrevistas radiales, de
prensa escrita y televisada para todos los candidatos."
"ARTICULO
21.- ORGANIZACION DE VOTACIONES EN EL EXTERIOR. Las votaciones para Senado por
parte de los colombianos residentes en el exterior serán organizadas por la
Registraduría Nacional del Estado Civil sólo cuando la Ley determine la forma y
condiciones para hacerlo".
"ARTICULO
22.- AUSENCIA DE INHABILIDAD. En concordancia con el texto de excepción del
artículo 197 de la Constitución, reitérase el derecho político y jurídico de
Senadores y Representantes a ser elegidos a la Presidencia y Vicepresidencia de
la República. Por tanto, el texto del numeral 8o. del artículo 179 de la
Constitución es inaplicable a Senadores y Representantes que resulten elegidos
Presidente o Vicepresidente de la Nación, tal cual lo indica el precitado
artículo 197 de la Constitución Nacional."
"ARTICULO
23. INHABILIDAD POR PARENTESCO. El nexo de parentesco a que se refieren los
ordinales 5o., 8o. e inciso final del artículo 179 de la Constitución Nacional,
sólo es causal de inhabilidad para la elección de Senador, si el empleado con
autoridad política o civil la ejerce en todo el territorio nacional. No hay
lugar a inhabilidad tratándose de parientes al servicio diplomático o
consular".
"ARTICULO
24. ENCUESTAS Y SONDEOS. Además de lo establecido en la Ley 58 de 1985 y en el
"Estatuto Básico de los Partidos y Movimientos Políticos", el Consejo
Nacional Electoral reglamentará la materia y las condiciones técnicas
necesarias a las que deberán acogerse las firmas o personas encuestadoras de
opinión política o electoral. Todo con el fin de asegurar el mayor
profesionalismo en las investigaciones y la transparencia en la información.
Los
estudios sobre esta materia deberán, en todo caso, estipular claramente el
origen de la financiación del estudio, el nombre de quien contrató el mismo, el
número de personas encuestadas y el márgen de error de la respectiva encuesta.
Lo anterior será especialmente riguroso para el caso de encuestas sobre
preferencias presidenciales, de Gobernación, Alcaldes o Congreso de la
República.
El
Consejo Nacional Electoral abrirá un registro de firmas y personas naturales
que ejecuten encuestas sobre preferencias políticas o electorales.
Queda prohibida
la divulgación de encuestas o sondeos sobre preferencias políticas o
electorales que lleven a cabo, directamente, al aire, sin el cumplimiento de
las normas establecidas para el efecto por el Consejo Nacional Electoral, los
medios de radiodifusión".
ARTICULO
25.- DEROGATORIA Y VIGENCIA. La presente ley deroga todas las disposiciones que
le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su promulgación".
El
Presidente del hoborable Senado de la República,
Jorge
Ramón Elías Náder.
El
Secretario General del honorable Senado de la República,
Pedro
Pumarejo Vega.
El
Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Francisco
José Jattin safar.
El
Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Diego
Vivas Tafur
REPUBLICA
DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese
y ejcútese.
Dada
en Santafé de Bogotá, D.C., a 11 de noviembre de 1993.
CESAR
GAVIRIA TRUJILLO
El
Ministro de Gobierno,
Fabio
Villegas Ramírez
El
Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Rudolf
Hommes Rodríguez.
II.  ANTECEDENTES
1.
El Congreso de la República expidió el 11 de noviembre de 1993  la Ley 84 de
1993 la cual fue publicada en la misma fecha citada en el Diario Oficial No.
41108.
2.
Los ciudadanos Juan Lozano Ramírez, Jaime Orlando Santofimio, Gabriel Muyuy
Jacanamejoy, Hildebrando Ortíz Lozano, Carlos Almanza Góngora, Víctor Hugo de
J. Vallejo, Luis Germán Loaiza Sánchez, Danilo Riveros, Humberto de la Calle
Lombana y Oscar  Enrique Ortíz González,  en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad instauraron, mediante escritos separados presentados ante
esta Corporación el diecinueve (19), ventidos (22), venticuatro (24), y
veintinueve (29) de noviembre; seis (6), quince (15) y dieciséis (16) de
diciembre de mil novecientos noventa y tres (1993) y once (11) de enero de mil
novecientos noventa y cuatro (1994), respectivamente, sendas demandas de
inconstitucionalidad contra la totalidad de la Ley 84 de 1993 por presuntos
vicios de procedimiento en su formación, y por razones de fondo de los
artículos 1o., 2o., 3o., 6o. (parcial), 7o. (parcial), 10 (parcial), 11
(parcial), 12 (parcial), 13, 14 (parcial), 16 (parcial), 18, 19, 20, 21 y 22 de
la misma ley.
A
continuación se presenta el extracto del cargo o cargos y la opinión del señor
Procurador General de la Nación.
A-  VICIOS DE PROCEDIMIENTO EN LA
EXPEDICIÓN DE LA LEY 84 DE 1993.
Tramitación
como ley ordinaria y no como estatutaria (CP. art. 152)
Transgresión
al principio de unidad de materia (CP. art. 158)
El
ciudadano Carlos Almanza Góngora considera que la Ley 84 de 1993 es
inconstitucional pues, en su sentir, en razón a la materia de la que se ocupa
-funciones electorales- era imperativo que el Congreso observara al expedirla
el procedimiento que la Constitución señala en el artículo 153 para la
formación de las leyes estatutarias.
A
juicio de este demandante, aceptar que las funciones electorales se pueden
regular por ley ordinaria, contraviene el mandato contenido en el artículo 152
de la Carta Política. El ciudadano impugnante recalca que tal como quedó
aprobada, la Ley en cuestión dejó de ser un mecanismo contentivo de
"pormenores técnicos sobre preparación y organización de las
votaciones", que era la concepción con la cual se le visualizaba en el
proyecto inicial presentado a las Cámaras. Al final de las deliberaciones,
señala, se incluyeron otros aspectos como la financiación de las campañas, la
interpretación sobre inhabilidades y las cauciones con lo cual, en su sentir,
se incurrió además en violación al principio de unidad de materia  que, según
el artículo 158 de la Carta debe guiar la formación de todo proyecto de ley.
A
propósito de esta imputación, el señor Procurador, comenta lo siguiente:
"...
Es
de todos conocido cómo, en su momento (1993), luego de haber sobrevivido a
buena parte de su trámite inicial, con ocasión del álgido debate y las
discrepancias que suscitó la propuesta de bajar a los diez y siete años la edad
de acceso a la ciudadanía, naufragó finalmente, en la plenaria del Senado, el
proyecto de Ley Estatutaria  de las funciones Electorales. Entonces se generó
una situación que podríamos calificar de "emergencia legislativa".
En
efecto, la justa preocupación frente a la inminencia de una larga y compleja
coyuntura electoral durante el año de 1994, hizo necesario, en ausencia de la
correspondiente Ley Estatutaria, que el Congreso de la República procediera a
expedir, con una cierta urgencia y a manera de regulación provisional, la Ley
84 de 1993, así que se pudieran establecer, de conformidad con las pautas
generales trazadas por la Constitución, las bases y los procedimientos mínimos
legales requeridos para la realización de los múltiples comicios que habrán de
tener lugar durante los meses venideros.
Ciertamente,
parecería, por lo menos a primera vista, que algunas de las materias
desarrolladas por la Ley 84, dada su importancia en punto a la definición y
determinación de los alcances de las "funciones electorales",
deberían ser reguladas, en los términos del artículo 152 de la Carta, a manera
de Ley Estatutaria.
La
verdad es, sin embargo, que, a estas alturas,  serían, para el Orden
Democrático Constitucional y para la vida política del país, en general, más
altos los costos que -en términos de desregulación legal y de cotización
consecuente de los procesos electorales- habría que pagar por una declaratoria
-total- de inexequibilidad por violación de las pautas previstas por el
artículo 153 para la tramitación de las leyes estatutarias, que los que resultarían
de asumir provisionalmente la vigencia de la Ley en cuestión.
Lo
anterior, no es óbice, por supuesto, para que se estudien las disposiciones de
la Ley 84, desde el punto de vista de su constitucionalidad material. Antes,
por el contrario, cabe pensar que la generosidad que reclama, del Juez de la
Carta, la actual "emergencia legislativa electoral" en lo que atañe
al juicio sobre la constitucionalidad formal, debe ser compensada con un rigor
redoblado en punto a la calificación de la constitucionalidad material.
Pero
no se trata, con la declaratoria de una vigencia temporal, de traicionar en el
largo plazo la letra y el espíritu de nuestra Ley Fundamental, sino sólo de
favorecer el decurso no traumático de la presente "transición
constitucional". La defensa de la integridad de la Carta en el mediano y
en el largo plazo, exige, eso sí, que la Corte Constitucional advierta, de
manera clara y perentoria al Congreso de la República, la necesidad de que de
trámite, en el menor tiempo posible, a la Ley Estatutaria de las Funciones
Electorales que todavía le adeuda al país. (Fls. 7, 8 y 9)
..."
B-  LAS ACUSACIONES POR RAZONES DE
FONDO.
Respecto
de las normas que se transcriben a continuación, los cargos que en su contra
formulan los distintos ciudadanos se presentan agrupados. Lo acusado
parcialmente, en su caso, es lo que se destaca en la transcripción respectiva.
a)
Inconstitucionalidad del Artículo
1o.
"ARTICULO 1o. FECHA DE ELECCIONES. Las
elecciones para Congreso de la República se realizarán el segundo domingo de
marzo.
Las elecciones de Presidente y Vicepresidente se
realizarán el segundo domingo de mayo. En caso que
deba celebrarse nueva votación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
190 de la Constitución Política, ésta tendrá lugar tres (3) semanas más tarde.
Las
elecciones de Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Miembros de las
Juntas Administradoras Locales se realizarán el último domingo del mes de
octubre".
Esta
disposición es acusada por el ciudadano Carlos Almanza Góngora, por
considerarla violatoria de los artículos 40 y 132 de la Carta Política, que
consagran tanto el derecho a ser elegido, como el período de los Congresistas,
que es de cuatro años.  A su juicio, la norma permite inferir que todos los
años, el segundo domingo del mes de marzo habrá elecciones para Congreso, lo
cual desconoce el derecho de los ya elegidos a permanecer en ejercicio de su
investidura durante el período que la Constitución les ha fijado. Afirma que
igual sucedería con las elecciones para Presidente y Vicepresidente, que según
la norma legal, se llevarían a cabo el segundo domingo de mayo de cada año.
b)
Inconstitucionalidad del Artículo
2o.
"ARTICULO 2o. CONSULTAS INTERNAS. Las
consultas internas que celebren los partidos con la intervención de las
autoridades electorales no constituyen elecciones y, por tanto, podrán
efectuarse en la misma fecha en que se realicen aquellas".
Los
ciudadanos Carlos Almanza Góngora y Víctor Hugo Vallejo acusan esta norma de
vulnerar los artículos 262 y 265, numeral 10o. de la Constitución Nacional.
Manifiestan que cuando la norma establece que la consulta interna de un partido
no constituye elección, contiene una interpretación errónea, al confundir el
acto de elección con la declaración de ésta, los cuales en su sentir, son
diferentes.
Señala
uno de los demandantes que se desconoce el artículo 262 superior, ya que le
quita el carácter de elecciones a actos que de por sí son elecciones, para que
de esa manera se pueda obviar la prohibición constitucional, según la cual, en
la fecha de la elección de Presidente y Vicepresidente de la República no se
puede efectuar otra elección. Por ello, al quitarle el carácter de elección a
la consulta, se estaría diciendo que sí se puede realizar en la misma fecha, lo
cual es contrario a la Constitución.
c)   Inconstitucionalidad del Artículo
3o.
"ARTICULO 3o.- SUSPENSIÓN DE INCORPORACIÓN AL
CENSO DE NUEVAS CÉDULAS. El Registrador Nacional se
abstendrá de expedir nuevas cédulas e incorporarlas al censo de votantes tres (3)
meses antes de la respectiva elección. No obstante, podrá continuar radicando
las solicitudes, asignando el número de las identificaciones y expidiendo las
certificaciones que los ciudadanos soliciten para los demás efectos jurídicos
distintos del voto."
Esta
norma es atacada por el ciudadano Hildebrando Ortíz Lozano, quien manifiesta su
inconformidad con la parte acusada por vulnerar los artículos 13, 29 y 121 de
la Constitución Nacional, en concordancia con los artículos 265 y 266 ibídem.
Considera
el demandante que se presenta una extralimitación de funciones por parte del
Registrador Nacional, ya que dentro de las que se le asignan
constitucionalmente, no tiene la de reemplazar las garantías que otorga una
cédula de ciudadanía "tangible" expedida con el cumplimiento del
debido proceso, por una simple constancia, cuyo único valor es informar que
existe un número asignado de identificación. Por esta razón, afirma que se
presenta vulneración al principio según el cual, ninguna autoridad pública
puede ejercer funciones diferentes a las que le atribuyen la Constitución y la
ley.
A
su juicio, de la parte acusada se infiere que con una simple certificación,
cualquier ciudadano podría inscribirse y participar como candidato a una
Corporación, lo cual vulnera el debido proceso, tanto en la expedición de la
cédula de ciudadanía, como en la inscripción electoral, pues el ciudadano lo
hace con base en un documento que no es real. Afirma que ningún documento en
trámite existe en realidad, por cuanto la ley o el Gobierno pueden aprobarlo o
negarlo dentro de sus respectivas competencias.
Concluye
su escrito indicando que todos los colombianos tienen derecho a participar en
las elecciones en igualdad de condiciones frente a la ley -artículo 13 CP.-, lo
que no sucede con la norma acusada.
d)
Inconstitucionalidad del Articulo
6o.
"ARTICULO 6o. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS. La
inscripción de candidatos al Congreso Nacional vence a las seis de la tarde
(6:00 p.m.) del 20 de enero de 1994. Las modificaciones podrán hacerse hasta
las seis de la tarde (6:00 p.m.) del 25 de enero de 1994.
La
inscripción de fórmulas para candidaturas de Presidente y Vicepresidente de la
República se realizará a más tardar cuarenta (40) días antes de la fecha de
elección.
La
inscripción de candidaturas para Gobernadores, Diputados, Alcaldes, Concejales
y miembros de las Juntas Administradoras Locales se realizará, a más tardar,
cincuenta (50) días antes de cada elección.
Para
efectos de inscripción de candidatos a Alcaldes y Gobernadores se tendrá en
cuenta lo prescrito por la Ley Reglamentaria del Voto Programático en
concordancia con lo prescrito para tales efectos por la Ley 60 de 1993.
"..."
El
ciudadano Carlos Almanza Góngora acusa de inconstitucional los apartes
resaltados de la norma transcrita por vulnerar los artículos 40 y 132 de la
Constitución Nacional, que garantizan el derecho de participación ciudadana en
las actividades electorales y establecen para los Congresistas un período de
cuatro años en el ejercicio de su función pública, respectivamente.
En
su criterio, la norma al disponer que solamente habrá inscripciones para
Congreso hasta el 20 de enero de 1994, está prohibiendo a perpetuidad la
inscripción de candidatos, lo cual en su sentir vulnera la libre participación
ciudadana y el derecho a ser elegido, ya que de no poderse inscribir candidatos
en el futuro, tendrían que continuar los que están desempeñanado tales
funciones.
e)   Inconstitucionalidad del Parágrafo
del Artículo 6o.
"...
"PARAGRAFO. Las listas encabezadas
por Congresistas elegidos en las elecciones inmediatamente anteriores se
inscribirán sin necesidad de acreditar requisito alguno".
Este
parágrafo fue acusado por los ciudadanos Danilo Riveros, Humberto de la Calle
Lombana, Carlos Almanza Góngora y Oscar Ortiz González, por considerarlo
violatorio de los artículos 13, 108, 172 y 177 de la Constitución Nacional.
Coinciden
en señalar los impugnantes, que esta disposición desconoce el derecho a la
igualdad al establecer un trato discriminatorio entre los aspirantes a las
Corporaciones Públicas al consagrar privilegios en favor de ciertas personas
por el sólo hecho de haber sido elegidas en el período inmediatamente anterior,
lo que no permite pensar que la intención del legislador fue decir que no son
necesarios más requisitos porque se presume su idoneidad para ser congresistas,
pues en tal caso hubiese dicho que estarían exentos quienes ya hubiesen
ostentado la investidura; y no siendo así, forzoso es concluir que se está legislando
para unas pocas personas.
A
su juicio, la norma contiene una desigualdad entre los ciudadanos, porque si se
acepta que el ordenamiento pretende liberar de acreditar requisitos a quienes
ya han obtenido el favor popular, no se explica por qué habla de
"listas". No existe un criterio de razonabilidad que justifique el
trato diferencial y favorable para quienes en el momento de la inscripción
detentan la investidura. A ello se agrega el hecho de que si bien en la
elección anterior podían haber acreditado los requisitos, en el momento de la
nueva inscripción están en las mismas condiciones que cualquier otro candidato.
Frente
a la vulneración del artículo 108 superior, consideran que tal como aparece la
norma acusada, puede interpretarse que en las listas en cabezadas por
Congresistas, están incluidos únicamente los partidos o movimientos políticos
con personería jurídica, quienes según la norma constitucional no requieren
acreditar requisito alguno. La norma igualmente extiende este beneficio a los
movimientos sociales sin personería jurídica, desconociendo abiertamente la
Constitución.
A
más de ello, cuando el inciso 4o. del artículo 108 superior define el concepto
de candidato, quedan comprendidos tanto quienes detentan la investidura al
momento de la inscripción, como quienes están en la situación contraria, ante
lo cual los requisitos deberían operar igualmente para todos.
Finalmente,
el ciudadano Carlos Almanza Góngora señala que  lo dispuesto en el parágrafo de
la norma impugnada, equivale a que el legislador hubiese derogado por una
sencilla ley las disposiciones constitucionales que exigen a los ciudadanos
acreditar unas calidades para ser senador, y para ser representante, que las
exigencias no rigen para quien se abrigue en una lista, que entonces aquellos
inhabilitados o impedidos tienen ocasión de acceder al Congreso en la medida en
que se refugien en una "lista" encabezada por un congresistas, pero
solo de los elegidos en los anteriores comicios, única y exclusivamente éstos.
Se omiten así, las exigencias de los artículos 172 y 177 de la CN. para ser
senador y representante, además de la consagración del derecho fundamental de
igualdad de todos los asociados.
Respecto
de la acusación dirigida contra la norma en comento, el Procurador observa:
"...
-
SOBRE EL PARAGRAFO DEL ARTICULO 6°.
Resulta,
ostensiblemente contrario al principio de igualdad (artículo 13, en
concordancia con el artículo 40 de la Constitución) que se haga extensivo a la
totalidad de la "lista" correspondiente, el privilegio -razonable-
consistente en no exigir a quienes en las elecciones anteriores hubieren sido
elegidos para el Congreso de la República, requisitos adicionales para la nueva
inscripción. La sola figuración en lista, de quienes efectivamente no
resultaron elegidos, no constituye criterio que justifique un privilegio de tal
naturaleza. Al fin y al cabo, tal figuración no constituye, en si misma,
"garantía de seriedad". Se trata, pues, con ello, de un privilegio
arbitrario que contraría el principio de la igualdad política como igualdad de
oportunidades para ser elegido. (Fl. 9)
..."
f)   Inconstitucionalidad del Artículo
7o. inciso 4o.
"ARTICULO 7o.- TARJETAS ELECTORALES. Las
tarjetas electorales serán numeradas consecutivamente; se elaborarán en papel
que ofrezca seguridad y contendrán: las fotografías nítidas, visibles y de
tamaño suficiente para la identificación de los candidatos; su nombre y
apellido; los nombres de los correspondientes partidos, movimientos políticos o
sociales o grupos significativos de ciudadanos. Además, a cada candidato se le
asignará un número por sorteo el cual no podrá coincidir con otro asignado a
candidato o lista en elección que tenga lugar en la misma fecha, dentro de la
correspondiente circunscripción.
Las
tarjetas electorales se distinguirán por colores diferentes según la elección y
Corporación de que se trate.
Todos
los candidatos inscritos para una corporación aparecerán en la misma página de
la tarjeta electoral.
Una vez elaborada la tarjeta electoral no habrá
lugar a cambiarla. En caso de muerte, o de enfermedad síquica o física que
impida el ejercicio del cargo de algún candidato o cabeza de lista, podrá
inscribirse por el mismo partido, movimiento o inscriptores otro candidato,
inclusive hasta las seis de la tarde (6:00 p.m.) del día anterior a la elección
y los votos obtenidos por el candidato reemplazado se contabilizarán en favor
del reemplazante.
Para
el año 1994 no habrá mesas de votación automatizadas".
Este
precepto fue acusado por el ciudadano Carlos Almanza Góngora, de violar los
artículos 40 y 258 de la Carta Política por infracción directa por omisión.
Estas disposiciones superiores tienen que ver con el derecho de elegir y ser
elegido, le confieren al voto su categoría de derecho y deber, que consagran
por el solo hecho de su institución la garantía de voluntariedad en el
ciudadano; es decir, cosa que hace a través del voto, que es la manifestación
de voluntad del ciudadano. En su concepto,  no tiene por que el legislador
expedir un precepto que pretende coartar esa manifestación de voluntad, cuando
le da un significado al voto, al disponer que quien vote por candidato
fallecido o incapacitado lo hará por el remplazante, ya que esto no es decisión
del legislador, pues el voto es propio del ciudadano y no tiene el legislador
la facultad de atribuirle una manifestación que no expresó el otorgante.
g)
Inconstitucionalidad de los
Artículos 10 (parágrafo) y 11, incisos 2o. y 3o.
"ARTICULO 10. JURADOS DE VOTACIÓN. Para
la integración de los jurados de votación se procederá así:
1o.
Con noventa (90) días calendario de antelación a la fecha de la elección, los
Registradores del Distrito Capital, municipales y auxiliares solicitarán a las
entidades públicas, privadas, directorios políticos y establecimientos
educativos, las listas de las personas que pueden prestar el servicio de
jurados de votación.
Las
listas elaboradas por establecimientos educativos contendrán nombres de
ciudadanos con grado de educación secundaria no inferior a décimo nivel.
2o.
Los Registradores municipales y distritales, mediante resolución, designarán
tres (3) jurados principales y tres (3) suplentes para cada mesa, ciudadanos no
mayores de sesenta (60) años pertenecientes a diferentes partidos o movimientos
políticos.
Los
principales podrán convenir con los suplentes el cumplimiento de la función
alternándose entre sí.
PARAGRAFO. Los nominadores o Jefes de Personal que
omitan relacionar los empleados o trabajadores aptos para ser nombrados como
jurados de votación serán sancionados con la destitución del cargo que
desempeñan si son servidores públicos  y, si no lo fueren, con multas
equivalentes hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a
favor del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil".
"ARTICULO 11. VALIDEZ DE ACTAS DE JURADOS Y
SANCIONES A LOS MISMOS. Las actas de escrutinio de los
jurados de votación serán válidas cuando estén firmadas al menos por dos (2) de
ellos.
A los jurados que no firmen las Actas respectivas se
les impondrá una multa equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales
legales vigentes a favor del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional que
se hará efectiva mediante resolución dictada por los Registradores distritales
o municipales .
Las personas que sin justa causa no concurran a
desempeñar las funciones de jurado de votación o las abandonen se harán
acreedoras a la destitución del cargo que desempeñen, si fueren servidores
públicos. Y si no lo fueren, a la multa prevista en el inciso anterior.
PARAGRAFO.
Las autoridades en general garantizarán que el voto sea secreto. A su vez, los
jurados ejercerán estricta vigilancia para que en tales condiciones cada
sufragante emita su voto. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la
sanción establecida en el presente artículo".
Estas
disposiciones de la ley fueron acusadas por el ciudadano Carlos Almanza
Góngora, por vulnerar el artículo 29 de la Constitución Nacional, pues imponen
sanciones de destitución y de multa sin considerar que las faltas pueden tener
justa causa, o lo que es lo mismo, penan sin observar el mandato del debido
proceso, que implica entonces violación directa del precepto constitucional por
omisión.
En
su concepto, el parágrafo del artículo 10o. establece una nueva causal de
destitución de servidores del Estado, sin que se mencione que para llegar a tal
extremo es necesario acudir a un proceso, que una vez terminado sin que se
justifique el incumplimiento, sería procedente la sanción. A su juicio se trata
de una norma "dictatorial", que ordena la destitución sin fórmula de
juicio, y como tal, infringe la orden del artículo 29 de la CN. que obliga a
hacer efectivo la garantía constitucional del debido proceso, aun en
actuaciones administrativas.
Por
su parte, debe aplicarse el mismo argumento de omisión del debido proceso en
relación con el artículo 11 parcialmente acusado, pues está facultando a los
Registradores para imponer multas mediante resolución, olvidando que por ser ésta
una actuación administrativa que impone sanción, debe cumplir las etapas de
cargos, descargos, decisión y recursos.
h)
Inconstitucionalidad del Artículo 12.
"ARTICULO 12. ESCRUTINIOS. Las
Comisiones Escrutadoras Municipales y Auxiliares iniciarán los escrutinios a
las once de la mañana (11:00 a.m.) del día lunes siguiente a las elecciones con
los resultados de las actas de escrutinio de los jurados que se hayan
recibido y los concluirán una vez se alleguen las demás.
Los escrutinios de los Delegados del Consejo
Nacional Electoral se iniciarán a las ocho de la mañana (8:00 a.m) del martes
siguiente a las elecciones con los resultados de las actas de escrutinio
municipales que tengan a su disposición y se irán consolidando en la medida
en que se reciban hasta concluir el escrutinio del Departamento o del
Distrito Capital, según el caso.
El Consejo Nacional Electoral iniciará los
escrutinios a partir del momento en que se reciban los primeros resultados con
base en las actas expedidas por sus Delegados y los datos recibidos del
exterior; resolverá los desacuerdos surgidos entre
sus Delegados y consolidará los resultados. En audiencia pública notificará la
declaración de resultados y proclamará la elección de Senadores de la República
y de Presidente y Vicepresidente de la República, si alguna de las fórmulas
obtiene, por lo menos, la mitad más uno de los votos válidos. En caso
contrario, señalará las dos (2) fórmulas que hubieren obtenido los más altos
resultados las cuales habrán de participar en la segunda votación.
PARAGRAFO.
Corresponde a las Comisiones Escrutadoras Municipales hacer el escrutinio de
los votos emitidos para los miembros de las Juntas Administradoras Locales y
declarar su elección.
Corresponde
a los Delegados del Consejo Nacional Electoral hacer el escrutinio de los votos
emitidos para Gobernadores y declarar su elección".
El
actor Hildebrando Ortíz Lozano considera que algunos apartes contenidos en esta
norma vulneran los artículos 29, 40, 121 y 265 de la Constitución Política.
Afirma
que el Consejo Nacional Electoral según esta norma, no realiza los escrutinios
con base en los votos ni en las actas de los jurados de votación, sino sobre
las actas que expiden sus delegados, las cuales pueden ser inexactas.
Considera que las únicas actas demandables ante el Consejo de Estado son las de
los jurados de votación y a pesar de ello no son tenidas en cuenta, con lo cual
se infringe el numeral 7o. del artículo 265 superior. Igualmente, con ello se
coarta el derecho de defensa de las personas que resulten afectadas por
resultados inexactos o por algún fraude electoral que se haya cometido a partir
del momento en que los jurados de votación entregan sus actas de escrutinio,
hasta que luego de agotada la vía gubernativa se puede hacer uso de lo
contencioso administrativo para reclamar sobre las irregularidades cometidas
por las Comisiones Escrutadoras Municipales, Distritales, Departamentales, y
aún, Nacionales, pues es función específica del Consejo Nacional Electoral la
de "efectuar el escrutinio general de toda votación nacional", según
el numeral 7o. del artículo 265 de la Constitución. Por ello, es ostensible la
delegación de funciones que se pretende hacer con esta disposición, al igual
que el desconocimiento de lo preceptuado en la Carta Política.
A
su juicio, los apartes acusados vulneran además el artículo 40 de la Carta, ya
que según éste, todo ciudadano puede interponer acciones públicas en defensa de
la Constitución y la ley en su oportunidad; es decir, que puede impugnar y
revisar las actas de los jurados de votación inmediatamente sean expedidas, lo
que no es permitido por la disposición impugnada. En su sentir, "el
Consejo Nacional Electoral y el Registrador evaden las funciones pertinentes y
asumen otras que no son de su resorte, lo cual viola también el artículo 121 de
la Constitución".
i)
Inconstitucionalidad del Artículo 13.
"ARTICULO 13. ESCRUTINIOS DEL DISTRITO CAPITAL.
La Comisión Escrutadora del Distrito Capital computará los votos para Presidente,
Vicepresidente y Senado de la República.
Además, practicará los escrutinios de los votos por
el Distrito Capital para Cámara, Concejo y Alcalde Mayor del Distrito Capital,
declarará la elección y expedirá las correspondientes credenciales.
Las Comisiones escrutadoras Auxiliares del Distrito
Capital practicarán el escrutinio de los votos para miembros de Juntas
Administradoras Locales, declararán la elección de ediles y expedirán las
correspondientes credenciales".
El
demandante Hildebrando Ortiz Lozano, manifiesta su inconformidad con la norma
acusada, por vulnerar los artículos 29 y 265, numeral 7o. de la Carta Política,
ya que en cambio de ordenar escrutar, ordenan es computar, lo cual elimina el
escrutinio de los votos para Presidente, Vicepresidente y Senado de la
República. En ningún momento, exceptuando la actuación de los jurados de
votación, los votos para estos funcionarios son escrutados por otra comisión o
jurado, por lo cual se niega plenamente el derecho a "comprobar y a reclamar
sobre las irregularidades que hayan cometido los jurados de votación".
Sin
embargo, señala que es más grave el hecho de que el artículo 13 atacado ordena
a la Comisión Escrutadora del Distrito Capital la labor de "computar y/o
ordenar" los votos para Presidente, Vicepresidente y Senado de la
República, violando flagrantemente el numeral séptimo del artículo 265 de la
Constitución Nacional, el cual le confiere al Consejo Nacional Electoral
atribuciones especiales para "efectuar el escrutinio de toda votación
nacional", y es apenas obvio que las votaciones para Presidente,
Vicepresidente y Senado son votaciones nacionales y no tienen por que ir a
parar a manos de la Comisión Escrutadora Distrital, sino que "luego de los
jurados de votación de las mesas, tienen que ir directamente a manos del
Consejo Nacional Electoral, y tienen que ser escrutadas por éste, pues así lo
ordena el artículo 265 constitucional en su numeral 7o.". Agrega que,
"están jugando con las palabras escrutar y/o computar con el propósito de
eliminar el escrutinio de los votos y la oportunidad de reconteo y reclamación,
para limitarse únicamente a computar los resultados de las actas, omitiendo la
verificación de tales resultados y las reclamaciones de que habla
simultáneamente el decreto 2241 de 1986, el cual complementa la ley 84 de 1993.
Esta actitud ordenada por el artículo acusado, viola también el debido proceso
del art. 29 CN. que se debe aplicar a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas". Es claro, por tanto, que si se omite el debido proceso,
es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación de este derecho, por
lo que la norma debe ser declarada inconstitucional.
j)
Inconstitucionalidad del Artículo 14, inciso 1o. (parte final).
"ARTICULO 14. VOTO EN BLANCO Y VOTO NULO. Voto
en Blanco es el que en la tarjeta electoral señala la casilla correspondiente. El
voto en Blanco no se tendrá en cuenta para obtener el cuociente
electoral".
Los
ciudadanos Juan Lozano Ramírez, Carlos Almanza Góngora y Víctor Hugo Vallejo
manifiestan su inconformidad con el aparte resaltado de esta norma por
considerarlo violatorio de los artículos 1, 13, 40, 258 y 263, inciso 2o. de la
Constitución Política.
Coinciden
en señalar los demandantes que la disposición impugnada vulnera el artículo 263
superior, el cual establece que para obtener el cuociente electoral deben
tenerse en cuenta los votos válidos, ya que se le resta validez jurídica al
voto en blanco y se le asignan los mismos efectos que al voto nulo, cuando es
la misma norma constitucional la que diferencia las dos figuras. Estiman que al
eliminar el voto en blanco como factor numérico del cuociente electoral, el
legislador de manera arbitraria limita el pluralismo y la garantía
constitucional que la Carta le otorga a las minorías políticas.
Por
su parte, los ciudadanos Carlos Almanza Góngora y Víctor Hugo Vallejo, estiman
que se ha vulnerado el artículo 258 constitucional, ya que el voto en blanco es
una manifestación de la voluntad, por lo cual es válido y debe incluirse en la
determinación del cuociente electoral. Esta norma superior permite el voto en
blanco como decisión soberana del elector y como en tal virtud es voto es
válido, debe tenerse en cuenta para determinar el cuociente electoral, según lo
dispone el artículo 263 de la Carta, lo que los lleva a concluir que el
legislador omitió el mandato de estos preceptos infringiendo así de manera
directa la Constitución, "al parecer a sabiendas", porque en el mismo
artículo define el voto nulo y no incluye entre éstos el voto en blanco, como
hubiera sido lo lógico, si pretendía que no se contabilizara para efectos de
calcular el cuociente.
Finalmente,
el señor Juan Lozano Ramírez, señala la violación de los artículos 1o., 13 y 40
de la Carta, pues a su juicio la norma en la parte acusada discrimina
injustificadamente a quienes votan en blanco por razones de su opinión
política, lo que es contrario no sólo a la definición que  al Estado
colombiano, como República "democrática" y "participativa"
da la Constitución Política de 1991 sino, además, al derecho de los votantes en
blanco a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político
a través del voto.
El
Procurador General de la Nación comparte algunas de las razones de
inconstitucionalidad aducidas y considera que lo demandado de este precepto es
ostensiblemente contrario a la Constitución. Al respecto, razona así:
"...No
se trata, para verificar la conformidad o no de las regulaciones sobre el voto
en blanco, de indagar por la sicología del votante ni determinar si por esta
vía se está abriendo paso a la partición de las minorías. Lo cierto es que
siendo válido y distinto al nulo por prescripción del legislador debe producir
las consecuencias jurídicas que reconoce la Carta para el primero.
En
efecto, es tajante e inequívoco el inciso segundo del artículo 263 de la
Constitución al determinar cómo "El cuociente será el número que resulte
de dividir el total de los votos válidos por el de puestos por proveer."
Es,
así mismo clara -a pesar de no ser expresa- la intención del legislador de la
Ley 84, en el sentido de reconocer, en el artículo 14 de la misma, que el voto
en blanco es un voto válido. En efecto, prever y disponer el diseño de una
casilla en el tarjetón electoral para los votos en blanco sólo tiene sentido,
en el entendido de que los mismos son considerados votos válidos.
Así
las cosas, resulta, a ojos vistas, contradictorio con el mandato constitucional
de que todos los votos válidos sean contabilizados para efectos de determinar
el cuociente electoral, el hecho que el artículo 14 de la Ley 84 disponga, al
final de su inciso primero, que "El voto en blanco no se tendrá en cuenta
para obtener el cuociente electoral". (Fls. 9 y 10)..."
k)
Inconstitucionalidad del Parágrafo
del Artículo 16.
"ARTICULO 16.- APROPIACION PRESUPUESTAL Y
ENCARGO DE FIDUCIA. El Gobierno Nacional queda facultado
para efectuar las operaciones presupuestales que sean necesarias para realizar
las elecciones de 1994, incluidas las apropiaciones y traslados necesarios
durante la presente vigencia, con el fin de atender los gastos que demanden los
procesos electorales.
PARAGRAFO. Se autoriza al Registrador Nacional del
Estado Civil para contratar directamente y para celebrar encargo de fiducia
prescindiendo de los trámites sobre contratación administrativa e incorporar,
por la vía señalada en la presente ley, o por cualesquiera otras que lo
autoricen, las cantidades del presupuesto ordinario a la fiducia cuando se
trate de bienes o servicios necesarios para la ejecución del proceso electoral".
El
ciudadano Carlos Almanza Góngora acusa esta norma de violar en su parágrafo, el
artículo 150 de la Constitución Nacional por aplicación indebida del precepto,
en razón de que el legislador haciendo uso de esta norma superior autorizó al
Registrador Nacional para prescindir del procedimiento de contratación
administrativa a perpetuidad, ya que no le fija límites en el tiempo y lo
habilita además para que contrate una fiducia y para que incorpore a ésta lo
que a bien tenga del presupuesto ordinario, lo cual excede las facultades
legislativas e implica un abuso de poder, pues en las facultades que el
artículo 150 de la Carta confiere al Congreso no le otorga la de habilitar
funcionarios para violar las leyes, menos las de contratación administrativa.
Así mismo, facultar a un funcionario para que contrate fiducia con dineros del
presupuesto excede igualmente las facultades del Congreso, y especialmente
cuando dicho funcionario no tiene la calidad de pagador para que se le habilite
para contratar fiducias y menos a perpetuidad.
Considera
el demandante que el Registrador no es funcionario pagador para que se le
habilite a contratar fiducias, pues "si lo que se pretende es facilitarle
la realización de unas elecciones, no se entiende para qué fiducias cuando
éstas llevan implícito el manejo de dineros a largo plazo".
l)
Inconstitucionalidad del Artículo
18.
"ARTICULO 18. FINANCIACIÓN DE LAS CAMPAÑAS. El
Estado contribuirá a la financiación de las campañas electorales de los
partidos y movimientos políticos con personería jurídica lo mismo que a las de
los candidatos independientes, movimientos sociales y grupos significativos de
ciudadanos que postulen candidatos de conformidad con las siguientes reglas:
a) En las campañas para Presidente, se repondrán los
gastos a razón de seiscientos pesos ($ 600.oo) por la primera vuelta y
cuatrocientos pesos ($ 400.oo) por la segunda vuelta por cada voto válido
depositado por la "fórmula" debidamente inscrita. No tendrán derecho
a la reposición de los gastos cuando la "fórmula" hubiere obtenido
menos del cinco por ciento (5%) de los votos válidos en la elección.
b) En las campañas para Congreso de la República se
repondrán los gastos a razón de quinientos pesos ($500.oo) por cada voto válido
depositado por la lista o listas de los candidatos debidamente inscritos;
c) En el caso de las elecciones de Alcaldes y
Concejales se repondrán a razón de trescientos pesos ($ 300.oo) por voto válido
depositado por la lista o listas de los candidatos debidamente inscritos. En el
caso de las elecciones de Gobernadores y Diputados, se reconocerán los gastos a
razón de cuatrocientos pesos ($ 400.oo) por voto válido depositado por los
candidatos o listas debidamente inscritos;
d) Los municipios y distritos contribuirán a la
financiación de la elección de las Juntas Administradoras Locales. Su monto
será determinado por el respectivo Concejo Municipal.
No tendrá derecho a la reposición de los gastos la
lista que obtenga menos de la mitad de los votos depositados por la lista que
haya alcanzado curul con el menor residuo.
En el caso de las Alcaldías y Gobernaciones, no
tendrá derecho a la reposición de gastos el candidato que obtenga menos del
cinco por ciento (5%) de los votos válidos en la elección.
El Estado cancelará la suma de doscientos pesos ($
200.oo) como subsidio de transporte, por cada voto válido depositado por los
candidatos, o listas, o "fórmulas", según el caso, con las mismas
restricciones que se señalan para la reposición de gastos de campañas.
La partida correspondiente a la reposición de gastos
de campañas y subsidio de transporte será entregada a los candidatos cabeza de
lista o al candidato, según el caso.
El Gobierno Nacional celebrará Encargo de Fiducia
para la administración y pago de los recursos a que se refiere este artículo.
Los candidatos cabeza de lista, o a cargos
unipersonales, o la "fórmula" del artículo 202 de la Constitución
Nacional, tendrán derecho a recibir las sumas establecidas en esta norma
siempre que, tal como se ordena en la presente Ley, la lista, o listas, o el
candidato obtengan una cantidad de votos superior a aquellas de que trata este
artículo, cifra que sirve de base para hacer efectivas las respectivas
cancelaciones".
Esta
norma es acusada por el ciudadano Carlos Almanza Góngora de ser violatoria los
artículos 109 y 355 de la Constitución Nacional por infracción directa
ocasionada en la interpretación errónea de los mandatos contenidos en las
normas superiores.
Señala
el actor que la norma constitucional se refiere a la financiación, tanto para
el funcionamiento como para las campañas. La norma acusada no tiene en cuenta
el aspecto del funcionamiento, pues tan sólo pretende subvencionar en parte los
gastos de las campañas, con lo que se incurre en violación del artículo 355
Constitucional, que prohibe esta clase de donaciones.
El
nombrado accionante afirma que se presenta, pues, un error de interpretación  toda
vez  que la norma constitucional diferencia entre los partidos que tienen
personería jurídica y los que no. La consecuencia de esta distinción, observa
el demandante, estriba en que aquellos que ostentan reconocimiento estatal, por
ese sólo hecho, tienen derecho a ser financiados en su funcionamiento y en
gastos de campañas electorales, mientras que los que no tengan esa personería
jurídica gozan de financiación siempre y cuando obtengan el porcentaje de
votación que fije la ley.
En
su opinión,  la Ley 84 de 1993 no tuvo en cuenta la distinción señalada. Se
limita a  hacer una lista de sumas a pagar según la clase de elecciones sin
que, para esos efectos, diferencie entre partidos o movimientos reconocidos y
aquellos que no tengan personería, pues a todos les exige un porcentaje de
votación. Así mismo, agrega el accionante, el referido precepto incurre en el
error de confundir financiación con subvención, cuando la Constitución dice que
financiar significa que el Estado invertirá en las campañas; la subvención
comportaría violación de la Carta por transgresión a la prohibición consagrada
en su artículo 355.
Por
su parte, el ciudadano Humberto de la Calle Lombana considera que los incisos
4o. y 5o. del citado artículo 18, vulneran el artículo 108 de la Constitución
Política pues, en su concepto,  incluyen como beneficiarios de la financiación
de las campañas a los candidatos independientes; a su juicio, estos últimos no
pueden inscribirse sin el aval de un partido político o movimiento social o de
un grupo significativo de ciudadanos.
Como
razón adicional de censura, el citado ciudadano accionante señala que dichos
preceptos establecen un subsidio de transporte extraño a la financiación de los
gastos de campaña lo cual, en su criterio, "refleja un rezago del
clientelismo".  Por lo demás, observa que tales prescripciones legales
establecen como destinatarios del pago de la financiación, al candidato  o
candidatos cabeza de lista, mientras que la Constitución la autoriza única y
exclusivamente para los partidos o movimientos políticos y para grupos de
ciudadanos; no para el candidato como tal.
Respecto
de los cargos a éste artículo, el Procurador observa:
"...
El
destino del artículo 18 de la Ley 84 sobre la reposición de gastos de campaña,
como ya se anotó, está inexorablemente unido al destino del artículo 13 del
llamado Estatuto Básico de los Partidos y Movimientos políticos (proyecto de
ley No 11 de 1992 - Cámara, y No. 348 de 1993 - Senado).
En
tal sentido y habida cuenta del hecho que la Ley Estatutaria de los Partidos y
Movimientos políticos, luego de que haya sido sometida al control previo de la
Corte Constitucional y a la sanción presidencial habrá de ser, en relación con
la ley electoral, norma posterior, este Despacho habrá de limitarse a solicitar
a la Corte, en relación con esta última, que se atenga a lo que decida respecto
de la primera;  sin embargo dada la autonomía que en la actualidad ostenta el
artículo 18 de la ley electoral, se quieren dejar consignadas las siguientes
observaciones:
Si
bien el artículo 40 de la Carta hace extensivos a todos los ciudadanos el
derecho a ser elegido, la verdad es que dicha norma debe ser interpretada en
concordancia con lo dispuesto por el artículo 108 Superior, mediante el cual se
restringe a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica
reconocida, a los movimientos sociales y a los grupos significativos de
ciudadanos el derecho a inscribir candidatos. Parecería, en tal sentido, que la
Constitución ha querido favorecer las formas organizadas de la vida social y
política -que no solo los partidos-, de manera que sólo se pueda llegar a ser
elegido en representación de una colectividad.
La
Constitución es, con ello, enemiga de que ciudadanos sin ninguna experiencia en
la profesión de la política y que no representan a nadie, simplemente en gracia
de que tienen dinero -así que pueden pagar la póliza correspondiente y comprar
sus espacios de propaganda electoral en los distintos medios de comunicación
etc., puedan resultar elegidos para altas dignidades.
En
tal sentido, resulta inconstitucional que el artículo 18 de la Ley 84,
contrariando los dictados del artículo 108 de la Carta, haga extensiva a los
"candidatos independientes" la posibilidad de la inscripción de
candidaturas.
En
un sentido análogo, parece razonable la demanda del Dr. De la Calle cuando pide
la inconstitucionalidad de la fórmula legal según la cual "la partida
correspondiente a la reposición de gastos de campaña y subsidio de transporte
será entregada a los candidatos cabeza de lista o al candidato, según el
caso". La verdad es que estando el derecho a inscribir candidatos en
cabeza de actores colectivos, más o menos organizados, debe ser a éstos y no a
las personas en su representación a quienes se les hagan los pagos correspondientes.
Idéntica
reflexión vale para "Los candidatos cabeza de lista, o a cargos
unipersonales, o a la fórmula del artículo 202 de la Constitución
Nacional" a los cuales se refiere el último inciso del artículo 18.
Nótese,
por demás, que el artículo 13 de la Ley Estatutaria de los Partidos y
Movimientos políticos corrige los defectos de constitucionalidad en que incurre
el artículo 18 de la ley electoral a los cuales nos hemos referido. En efecto,
el artículo 13 limita a los partidos y movimientos políticos con personería
jurídica reconocida, y a los movimientos sociales y grupos significativos de
ciudadanos la posibilidad de inscribir candidatos -excluye los candidatos
independientes-, y lo que es igualmente importante, ordena que las partidas correspondientes
a la reposición de los gastos de campaña se entreguen a las colectividades que
los inscribieron y no a los candidatos que resultaron elegidos. (Fls. 10, 11 y
12).
..."
n)
Inconstitucionalidad del Artículo
19.
"ARTICULO 19.-
CAUCIONES. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 40 de la
Constitución Nacional, para ejercer el derecho a ser elegido, las listas o
candidatos a cargos unipersonales deberán prestar una caución, al momento de su
inscripción, para garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones que
aquí se imponen, en los siguientes términos:
a,) Las listas de Senado de la República y Cámara
de Representantes, los candidatos a Gobernadores, Alcaldías de Distrito o
capital de Departamento, que no obtengan el cincuenta por ciento (50%) del
último residuo obtenido para dichas Corporaciones o cargos en la respectiva
circunscripción pagarán una suma equivalente a ciento cincuenta (150) salarios
mínimos mensuales legales. La caución a que se refiere este inciso deberá presentarse
ante la Registraduría respectiva en el momento de la inscripción.
b.) De cincuenta (50) salarios mínimos mensuales
para los candidatos a las Asambleas Departamentales y al Concejo Municipal del
Distrito Capital de Santafé de Bogotá.
c.) De treinta (30) salarios mínimos mensuales
para los candidatos al Concejo y a la Alcaldía de las ciudades capitales.
d.) De veinte (20) salarios mínimos mensuales
para los candidatos al Concejo y a la Alcaldía de ciudades de más de cien mil
(100.000) habitantes.
e.) De diez (10) salarios mínimos mensuales para
los demás candidatos a los Concejos y Alcaldías Municipales.
Estas cauciones se harán efectivas a los candidatos
a cuerpos colegiados que no obtengan más de la mitad de los votos escrutados
por el menor residuo que obtuvo credencial en la respectiva circunscripción.
Para los candidatos a Gobernador que no obtengan más
de la mitad de los votos del último residuo válido para obtener credencial de
Diputado en la respectiva circunscripción.
Para los candidatos a Alcalde que no obtengan más de
la mitad de los votos del último residuo válido para obtener credencial de
Concejal en la respectiva circunscripción.
Las cauciones se otorgarán mediante póliza de
garantía de compañía de seguros colombiana, garantía bancaria o en efectivo y
serán destinadas al Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional".
Esta
norma fue demandada en su totalidad por los ciudadanos Jaime Orlando
Santofimio, Hildebrando Ortíz Lozano y Luis Germán Loaiza Sánchez, y en sus
literales a), b), c), d) y e) por el ciudadano Carlos Almanza Góngora quien
coincide con los primeros en afirmar su inconstitucionalidad por vulnerar los
artículos 2o., 3o., 4o., 13, 40, 108, 136 y 152 de la Constitución Nacional.
El
ciudadano Jaime Orlando Santofimio, aduce violación a los artículos  3o., 4o.,
y 152 de la Carta Política, ya que teniendo en cuenta la materia de que se
ocupa esta ley, debió tramitarse mediante ley estatutaria toda vez que incluye
el derecho fundamental de elegir y ser elegido, el cual a su turno es un
mecanismo de participación ciudadana. Así mismo, considera violado el artículo
136, numeral 5o. de la Constitución pues, en su concepto, a los económicamente
débiles se les estaría prescribiendo el ejercicio de un derecho por razón de su
condición económica.
Por
otra parte, afirman que se vulneró el derecho a la igualdad al establecer una
diferencia jurídica y económica entre los ciudadanos colombianos en forma
injustificada.
Así
mismo, estiman que se violó el artículo 40 superior, el cual no exige
restricción ni condición alguna para ejercer el derecho a elegir y ser elegido.
Existe una falta de motivación en la norma acusada, fundamentando el
establecimiento de las cauciones en el mandato superior, cuando éste ni siquiera
faculta al legislador para imponerle restricciones ni condiciones al ejercicio
de este derecho.
Al
respecto, el ciudadano Luis Germán Loaiza señala que los requisitos
establecidos para darle seriedad a las inscripciones no pueden versar sobre
aspectos económicos, por lo que la norma legal viola el artículo 2o. de la
Carta, ya que no facilita la participación de todos los ciudadanos en el
ejercicio de la actividad política.
El
Procurador opina que:
"...
el destino del artículo 19 de la Ley 84 está amarrado al destino del artículo
9o de la Ley Estatutaria de los Partidos, de manera tal que si la
"póliza" de que habla esta última es declarada constitucional, la
caución a la cual se refiere la primera resultaría automáticamente derogada. Lo
anterior por cuanto el artículo 9o. regula íntegramente -y no sólo en forma
parcial- la cuestión de las garantías de seriedad para la inscripción de
candidatos.
Pero
de otro lado, no está por demás observar que los mismos argumentos -excepción
hecha del último aquí esgrimido- que obran, a juicio de este Despacho, para
solicitar la inconstitucionalidad del artículo 19 de la Ley 84, obran también
para desear que el artículo 9 de la Ley Estatutaria de los Partidos, en lo que
atañe a la exigencia -en cabeza de los movimientos sociales y grupos
significativos de ciudadanos- de una póliza para poder inscribir candidatos,
sea declarado inexequible.
En
el artículo 19 de la Ley 84 la póliza aparece como una modalidad de la caución.
En el artículo 9o. de la Ley Estatutaria de los Partidos, en cambio, la póliza
sustituye a la caución. Lo importante es, en cualquier caso, que se trata de
garantías en dinero, contra las cuales obran las mismas razones.
El
artículo 19 de la Ley 84 de 1993 es, en concepto de este Despacho, inconstitucional
por cuanto contrario al principio de proporcionalidad, ínsito en el inciso
segundo del artículo 2o. de la Carta, y al principio de igualdad, contemplado
en el artículo 13 de la misma. (Fls. 12 y 13)
..."
El
Procurador considera que hay medios alternativos, distintos de la caución en
dinero, como la exigencia de firmas, que cumplen con igual eficacia el objetivo
de garantizar la seriedad de las candidaturas, sin afectar el núcleo esencial
de un derecho tan fundamental como el de ser elegido, máxime cuando dicha
exigencia castigaría a los sectores sociales económicamente más débiles que son
los que han empezado a buscar, dominantemente, a través de movimientos sociales
y grupos significativos de ciudadanos, ajenos a los partidos tradicionales, un
nuevo modo de inserción en la vida política del país.
El
Jefe del Ministerio Público considera que, desde otro punto de vista, la
caución  en comento es inconstitucional, pues resulta contraria a la idea de
igualdad política, inmanente en el artículo 13 como quiera que profundiza las
diferencias socio-económicas al determinar, a partir de ese factor,
oportunidades desiguales de acceso a los cargos y mandatos de representación
popular.
Dicho
aserto lo explica así:
"...en
cuanto exigible, en los términos del artículo 108 de la Constitución,
exclusivamente a los candidatos de los movimientos sociales y grupos
significativos de ciudadanos, pero no a los partidos y movimientos políticos
con personería jurídica reconocida, es, comparativamente, inequitativa respecto
de los primeros -vg. configura un privilegio arbitrario para los segundos-, y
es, así mismo, en cuanto tal, contraria al principio de igualdad del artículo
13 y en último término, también a la idea de un "Orden Justo" que a
manera de fin esencial del Estado consagra el inciso primero del artículo 2o de
nuestra Ley Fundamental. (Fl. 15)..."
"...El
artículo 108 de la Constitución prescribe dos tipos de tratamiento diferentes
para la determinación de los requisitos que deben ser cumplidos para la
inscripción de las candidaturas a las elecciones para cargos y mandatos de
representación popular, según se trate de candidatos de partidos y movimientos
políticos con personería jurídica reconocida, o de movimientos sociales y de
grupos significativos de ciudadanos.
...Nótese,
llegados a este punto, que la determinación constitucional de exigir dos tipos
distintos de requisitos para los partidos y movimientos políticos reconocidos,
y para los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos es, en
principio, razonable. Exigir a los segundos, en nombre de la igualdad, los
mismos requisitos que se exigen a los primeros, sería tanto como obligar a los
movimientos sociales etc., a que se transformen en partidos y movimientos
políticos. Respetar la especificidad de los movimientos sociales etc.,
implicaba, ciertamente, darles un tratamiento diferente. Pero la diferencia es
cosa distinta de la inequidad.
...No
parece, conforme a la finalidad estatal de asegurar la vigencia de un
"orden justo" (artículo 2o. de la Carta), por cuanto contrario a la
idea de la igualdad (artículo 13 ibídem), que se le exija una caución -vg.
capital financiero- a quienes no tienen dinero, vale decir, a los movimientos
sociales y grupos significativos de ciudadanos, mientras que a los partidos y
movimientos  políticos con personería jurídica reconocida, se le exige apenas
-e indirectamente- firmas y votos -vg. capital político-.
Resulta,
indudablemente, más cercano al principio de la igualdad y a la idea de la
Justicia que también a los candidatos de los movimientos sociales y grupos
significativos de ciudadanos, como -indirectamente- a los partidos y
movimientos políticos, se les exija, para garantizar la seriedad de sus
inscripciones, un patrimonio político representado en formas (Fls. 17, 18, 19 y
20)..."
A
lo anterior, el Procurador añade otra razón de inconstitucionalidad, que
explica así:
"...No
resulta procedente que se interprete la Constitución en el sentido de que ella
consagra un privilegio de los partidos y movimientos políticos, sobre los
movimientos sociales. La protección y fomento de las formas institucionales de
hacer política no tiene porqué conducir a la "discriminación"
-activa- de los movimientos sociales. Otra cosa bien distinta es el privilegio
de la política como forma de acción colectiva -que incluye a unos y a otros-
frente a la política como trampolín para el puro beneficio personal.
Téngase
presente, por último, que los literales a) y c) del artículo 19 resultan
incompatibles por cuanto regulan ambos, de distinta manera, el mismo caso, vale
decir, el de los alcaldes de las capitales de departamento. Es así como, en
principio sólo resultaría exigible para todos la caución menor, vg. la regulada
por el literal c). (Fl. 21)..."
o)
Inconstitucionalidad del Artículo 20
(Parte final).
"ARTICULO 20.- PROHIBICIONES PUBLICITARIAS. Durante
las veinticuatro (24) horas anteriores y mientras tiene lugar el acto
electoral, prohíbese, a partir de la vigencia de la presente Ley, toda clase de
propaganda móvil o sonora, camisetas, banderas, sombreros, perifoneadores y
similares que hagan alusión, en cualquier forma, al acto electoral que se
realice. Durante el mismo lapso prohíbese también toda clase de manifestaciones,
de entrevistas radiales, de prensa escrita y televisada para todos los
candidatos."
El
ciudadano Humberto de la Calle Lombana considera que la norma demandada
establece una prohibición de difundir entrevistas radiales, de prensa escrita y
televisada para todos los candidatos durante las veinticuatro (24) horas
anteriores y mientras tiene lugar el acto electoral, la cual resulta contraria
al artículo 20 de la Carta que "garantiza a toda persona la libertad de
expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir
información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación".
En
su criterio, nada más contrario al contenido mismo del derecho a la información
y a la necesidad que tiene el ciudadano de confrontar las tesis de los
diferentes candidatos para contar con los elementos de juicio necesarios para
poder acudir al acto del sufragio con un juicio formado de manera suficiente,
espontánea y libre, objetivo que no se logra con la negación del derecho como
se pretende con la norma legal. El demandante reitera su argumento, con la
jurisprudencia emanada que esta Corporación plasmó frente al derecho a la
información en la sentencia número T-488 de 1993.
El
Procurador considera que el contenido normativo de este precepto es
inconstitucional. En su sentir:
"...
Aún
cuando la acusación que se formula contra este precepto es parcial, toda vez
que se limita a tachar de inconstitucional el aparte final de su texto que
prohibe las entrevistas radiales, de prensa escrita y televisada a todos los
candidatos, durante las 24 horas que preceden a la elección y durante la misma,
nos parece oportuno efectuar un análisis de las demás prescripciones que se
hallan contenidas en la norma impugnada, para desentrañar el  verdadero alcance
de las restricciones que ella impone.
En
efecto, el modo y la magnitud de la intervención del Estado en la órbita de los
derechos fundamentales, a partir del esquema democrático del Estado Social de
Derecho, enseña la libertad como regla y las intervenciones estatales para
limitarla como excepción, fórmula que constituye norte para la gestión Estatal
tanto en estado de normalidad cono en los de excepción, a las que se agrega que
las intervenciones deben ser además jurídicamente reguladas, razonables y proporcionadas.
Se
debe observar cómo el artículo 20 de la Constitución, mediante el cual se
regulan la libertad de expresión y opinión, y la libertad de información -y la
de fundar medios masivos de comunicación- contiene en sentir de este Despacho,
derechos-libertades que corresponden al modelo democrático que la Carta
instituye.
En
relación con la libertad de información, y a pesar del principio de
institucionalización que significa supeditar su ejercicio al cumplimiento de
los deberes de objetividad e imparcialidad, la verdad es que la prohibición
absoluta de la censura de que habla la última parte del último inciso del
artículo 20 de la Carta hace pensar que al estar frente a un derecho-libertad,
la objetividad y la imparcialidad sólo pueden ser entendidas como pautas para
el control y para la delimitación de responsabilidades por abuso, con
posterioridad a que la información haya circulado y haya sido difundida.
Por
ello el régimen restrictivo del artículo 20 de la Ley 84, de una parte, no sólo
no corresponde a las preceptivas constitucionales que consagran estos derechos,
sino que de otra, también resultan extrañas a las actuales circunstancias de
"normalidad" que no se evidencian como alteradas por quien
constitucionalmente se halla habilitado para ello.
Finalmente
cabe consignar, en este aspecto, que compete a las autoridades adoptar las
medidas que garanticen el cabal ejercicio del sufragio, sin perjuicio de lo que
por tradición se conoce y se vive como la llamada "fiesta electoral",
de la cual hacen parte las manifestaciones que precisamente proscribe la norma
legal en comento. (Fls. 21 y 22)
..."
p)  Inconstitucionalidad del Artículo 21
"ARTICULO 21.-  ORGANIZACION DE VOTACIONES
EN EL EXTERIOR. Las votaciones para Senado por parte de los colombianos
residentes en el exterior serán organizadas por la Registraduría Nacional del
Estado Civil sólo cuando la Ley determine la forma y condiciones para
hacerlo".
Consideran
los ciudadanos Gabriel Muyuy Jacanamejoy y Humberto de la Calle Lombana que
esta norma vulnera los artículos 40 y 171, inciso 3o. de la Constitución
Política.
Coinciden
en afirmar que el artículo 171 inciso 3o. CP, no solo no supeditó a la ley su aplicación,
sino que además en la práctica no requiere de dicho desarrollo por cuanto deben
aplicarse las mismas disposiciones electorales que rigen para el resto del
territorio colombiano. Por lo tanto, si no se requiere desarrollo legislativo
para la aplicación de esta disposición constitucional, mal puede el Congreso
suspender su aplicación defiriendo a la ley una reglamentación que en caso de
ser necesaria, ha debido adoptarse en la misma ley que ordenó la suspensión; es
decir, la que es materia de examen por parte de esta Corporación.
En
virtud a lo anterior, solicitan ordenar a la Registraduría dar aplicación al
mencionado mandato constitucional, en el sentido de proceder a organizar la
elección de tal manera que el próximo 13 de marzo del año en curso, se realicen
las votaciones para elegir senadores en el exterior.
Por
su parte, el actor Muyuy Jacanamejoy agrega que se vulnera igualmente el
artículo 40 de la Carta Política, ya que la norma legal limita el derecho de
todo ciudadano para participar en la conformación, ejercicio y control del
poder político.
El
Procurador coincide con los accionantes en considerar que:
"...Resulta,
en tal sentido, inconstitucional, condicionar la participación de los
ciudadanos colombianos residentes en el exterior en las elecciones para el
Senado a la expedición de una ley para esos efectos, por parte del Congreso de
la República. (Fl. 23)..."
q)          Inconstitucionalidad del
Artículo 22.
"ARTICULO 22o.- AUSENCIA DE INHABILIDAD. En
concordancia con el texto de excepción del artículo 197 de la Constitución,
reitérase el derecho político y jurídico de Senadores y Representantes a ser
elegidos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República. Por tanto, el
texto del numeral 8o. del artículo 179 de la Constitución es inaplicable a
Senadores y Representantes que resulten elegidos Presidente o Vicepresidente de
la Nación, tal cual lo indica el precitado artículo 197 de la Constitución
Nacional."
La
norma fue acusada por los ciudadanos Carlos Almanza Góngora y Jaime Orlando
Santofimio, quienes respectivamente consideran violados los artículos 13, 3, 4,
150 numeral 1o., 152 literales a) y d), 179 numeral 8o., 375 y 377 de la
Constitución Nacional.
A
juicio del demandante Carlos Almanza Góngora, mal puede el legislador decir que
para los Congresistas no hay inhabilidades, simplemente porque deciden
declararlas inaplicables para ellos. En su sentir, la razón que esgrimen para
no estar inhabilitados - no aparecer en la enumeración que hace el artículo 197
de la Carta -, carece de fundamento constitucional y legal, ya que esta norma
se refiere sólo a funcionarios con poder en el territorio nacional, el cual
podrían utilizar en su provecho.
Por
su parte Jaime Orlando Santofimio estima que se vulneraron los artículos 3, 4 y
152, literales a) y d) de la Constitución, ya que lo regulado por la Ley 84 de
1993 es materia de ley estatutaria y no de ley ordinaria como se hizo, por
contener un mecanismo de participación ciudadana como lo es el voto, y un
derecho fundamental como lo es el de elegir y ser elegido. Por ello considera
que se desconoció el principio de legalidad en las actuaciones y se incurrió en
una extralimitación de funciones.
Sostiene
además, que se vulneró el artículo 150 numeral 1o. superior, puesto que no
existe ninguna norma constitucional que le atribuya al Congreso la función de
interpretar, reformar o derogar actos de naturaleza diferente a la legislativa,
como lo hizo al interpretar y fijar el alcance del artículo 197 de la Carta
Política.
Para
concluir, agrega que la vulneración a los artículos 375 a 377 de la
Constitución se traduce en que el artículo acusado constituye un acto
reformatorio de la Carta Política, función que si bien fue asignada al
Congreso, debe ser realizada mediante la observancia de un procedimiento
especial y una votación calificada, lo que en el presente caso no se cumplió.
El legislador ha creado, por tanto, una nueva disposición constitucional sin la
observancia de los requisitos establecidos para ello.
Para
el Procurador esta norma es inconstitucional. El Jefe del Ministerio Público
recuerda que:
"...
mediante concepto No. 365 de enero 17 de 1994, tuvo recientemente oportunidad
de expresar ante  esta H. Corporación su opinión sobre el significado y alcance
de la preceptiva del numeral 8o del artículo 179 de la Carta. Entonces,
mediando un ejercicio múltiple de hermenéutica constitucional, llegamos a la
conclusión de que la prohibición contenida en la norma aludida constituye, en
realidad una inhabilidad general y absoluta, vale decir, referida a todo
ciudadano, en relación con todo cargo público, y no susceptible de sanearse
mediante renuncia. Se trata, en tal sentido, de una suerte de estatuto genérico
de las inhabilidades mínimas exigibles a todo ciudadano para acceder a los
cargos o mandatos de representación popular, y con ello, de una norma ostensiblemente
mal ubicada en el contexto inmediato del artículo 179 en cuanto referido
específicamente a las inhabilidades especiales que contempla la Constitución
para quien aspire a ser miembro del Congreso de la República.
Supuesto
el carácter de estatuto genérico para la regulación mínima de las inhabilidades
que afectan a todo ciudadano que aspira a ser elegido en cualquier cargo
público, no se entiende por qué el artículo 197 de la Constitución, mediante el
cual se consagran las inhabilidades específicas para acceder al cargo de
Presidente de la República, puede ser entendido, en gracia de su simple
taxatividad, como una excepción a la fórmula del numeral 8o del artículo 179.
La
verdad es que el numeral 8o, como estatuto genérico que es para la regulación
de las inhabilidades ciudadanas, y bajo el supuesto de que sus exigencias no
resulten contradictorias con la preceptiva del artículo 179, debe ser
interpretado como convergente y acumulado respecto de este último.
Con
otras palabras, el numeral 8o constituye algo así como el "género
próximo", y el artículo 197 la "diferencia específica" que deben
agregarse para la correcta definición del estatuto de las inhabilidades
presidenciales.
en
términos de una teoría verdaderamente democrática, lo anterior equivale a decir
que todo candidato, en cuanto ciudadano, debe empezar por cumplir con los
requisitos mínimos -vg. generales- de elegibilidad que se predican en el
numeral 8o para todo cargo público.
...reconocerle
al artículo 197, en gracia de su simple taxatividad, el carácter de excepción
respecto del numeral 8o del artículo 179 es tanto como regresar a la idea
oprobiosa del "privilegio monárquico", transformado ahora en
"privilegio ejecutivo", y ampliado a los simples candidatos (Fls. 23,
24 y 25)..."
3.
Dentro del término de fijación en lista, los ciudadanos Juan Montaña Pinto y
Ricardo Sanin Restrepo presentaron escrito solicitando a la Corte que declare
la inexequibilidad del inciso 1o. del Artículo 14 de la Ley en estudio con
fundamento en las consideraciones que a continuación se resúmen:
A
su juicio, al establecer una equivalencia entre el voto en blanco y el voto
nulo, se desconoce el derecho que todo ciudadano tiene dentro de una democracia
participativa, a votar sin importar cuál sea su sentido. Según afirman, es
inconcebible que una ley deje sin efectos a uno de los instrumentos más idóneos
para que el ciudadano común exprese su inconformidad dentro del marco de la
legalidad. Se vulnera con ello uno de los principios de la democracia liberal, como
lo es el pluralismo ideológico1 .
III.    FUNDAMENTOS
JURIDICOS.
1-
Competencia.
Por
dirigirse la demanda contra una Ley de la República, es competente la Corte
Constitucional para conocer de su constitucionalidad, según lo prescribe el
artículo 241, numeral 4o. de la Carta Política.
2-
El asunto bajo revisión
Varias
demandas impugnan la Ley 84 de 1993 por vicios de procedimiento en su
expedición. Algunas acusaciones están centradas en la transgresión del
principio de unidad de materia. Sin embargo, la gran mayoría giran  en torno al
desconocimiento por el legislador del mandato constitucional que lo obliga a
regular los contenidos de que trata la Ley 84 de 1993, con los requisitos y el
procedimiento que la misma prescribe para las leyes estatutarias (artículos 152
y 153 CP), como quiera que sus preceptos tocan con los derechos de participación
política y las funciones electorales. Por eso, comenzará la Corte por estudiar
estos aspectos procedimentales, y en especial aquellos relacionados con la
naturaleza y alcances de la función electoral con el fin de precisar cuáles
competencias en esta materia son de rango estatutario, puesto que de tal
análisis dependerá en gran parte la decisión de constitucionalidad de la ley
bajo examen.
3-
Funciones electorales, principio democrático y reserva de ley estatutaria.
La
Constitución estableció que una de las materias que debe ser regulada por medio
de las leyes estatuarias es el relativo a las funciones electorales (CP art 152
literal c), punto central para este análisis puesto que la Ley acusada regula
disposiciones electorales. Entra entonces la Corte a determinar cuál es el
alcance de las funciones electorales a fin de precisar los aspectos electorales
que sólo pueden ser desarrollados por medio de leyes estaturarias y aquellos
otros que pueden ser objeto de regulación mediante ley ordinaria.
Para
comprender el sentido de la noción de funciones electorales establecidas por el
artículo 152 es necesario tener en cuenta que éstas desbordan el campo del
desarrollo del derecho al voto y a la participación ciudadana consagrados por
la Constitución (CP arts 40 y 258). En efecto, si las funciones electorales que
deben ser desarrolladas mediante ley estatutaria fueran sólo aquellas
directamente ligadas a los derechos, mecanismos e instituciones de
participación ciudadana, la expresión "funciones electorales" del
artículo 152 superior carecería de todo sentido y eficacia normativa puesto
que, conforme a los literales a y d de ese mismo artículo constitucional, esas
materias ya son objeto de reserva de ley estatutaria. Por consiguiente,
conforme al principio hermenéutico del efecto útil de las normas
constitucionales, según  el cual siempre debe preferirse aquella interpretación
que confiere pleno efecto a las cláusulas de la Carta puesto que no debe
suponerse que las disposiciones constitucionales son superfluas o no obedecen a
un designio del Constituyente, resulta claro para la Corte Constitucional que
las funciones electorales que deben ser objeto de regulación mediante ley
estatutaria van más allá de las instituciones y mecanismos de participación ciudadana
(CP art 152 literal d) o de la regulación de los derechos de participación de
las personas y de los procedimientos y recursos para su protección (CP art 142
literal a).
Es
obvio que estas funciones electorales tienen lazos muy estrechos con los mecanismos
y derechos de participación, así como con el régimen de los partidos y
movimientos políticos y el estatuto de la oposición, materias todas ellas que
son también objeto de reserva de ley estatutaria por la Constitución. Pero lo
que es importante señalar es que el contenido de las funciones electorales no
se disuelve en las temáticas anteriormente señaladas sino que tiene una
sustancia propia. Una cosa son entonces los derechos de participación, otra los
mecanismos e instituciones de participación, y otra diversa aun cuando muy
relacionada con las anteriores, las funciones electorales.
Así,
la Constitución confiere a los ciudadanos el derecho a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político (CP arts 40 y 258); se
trata pues de derechos fundamentales que deben ser respetados y garantizados
por el Estado. Al consagrarlos, la Constitución de 1991 abandona la idea
-propia de las tesis relativas a la soberanía nacional- según la cual los
ciudadanos ejercen el voto no como un derecho sino como una función electoral,
tal y como lo establecía la Constitución derogada en su artículo  179.
De
otro lado, el ejercicio de esos derechos se hace posible a través de mecanismos
e instituciones de participación que deben ser reguladas por medio de ley
estatutaria (CP título IV y art 152).
Finalmente,
al ejercer esos derechos, los ciudadanos desarrollan la función electoral por
medio de la cual las sociedades democráticas se autoorganizan y se
autogobiernan, ya que mediante los procedimientos electorales los ciudadanos
conforman y controlan los órganos representativos así como toman de manera
directa determinadas decisiones por medio de referendums, consultas y otros
mecanismos de democracia participativa. Las funciones electorales son entonces
la expresión orgánica del principio democrático. En efecto, la democracia,
desde el punto de vista formal, puede ser definida como un gobierno en el cual
los destinatarios de las normas son los mismos que las producen, pues las
decisio­nes colectivas son tomadas por los propios miembros de la comuni­dad.
Esto diferencia el principio democrático de autoorganización de la sociedad -en
el cual el orden es construido a partir de la voluntad de los gobernados- del
principio autocrático -en el cual son los propios gobernantes quienes
determinan el orden social-.  Y esa autoorganización de la sociedad se efectúa
en lo esencial por medio de los procedimientos electorales.
Las
funciones electorales articulan así al pueblo -como fuente soberana de todo
poder- con las instituciones que de él emanan. Por ello, -como lo destaca Paolo
Biscaretti- estas funciones electorales son públicas -ya que por medio de ellas
se constituyen los órganos del Estado- pero no estatales, ya que los ciudadanos
las efectúan con fundamento en derechos propios y no en nombre del propio
Estado2 . De admitirse el carácter puramente
estatal de la función electoral, los ciudadanos se convertirían en agentes
pasivos del poder estatal y no en fuente soberana del mismo, tesis incompatible
con el principio de soberanía popular consagrado en la Constitución (CP art 3).
El pueblo dejaría de ser la fuente de poder para  transformarse en un órgano
del Estado.
Como
vemos, los derechos de participación permiten a los ciudadanos que
conforman el cuerpo electoral, por medio de determinados mecanismos e
instituciones de participación ciudadana, ejercer la función electoral, gracias
a la cual la sociedad democrática se autogobierna. Pero no por ello las
funciones electorales se reducen a los mecanismos y derechos de participación
ciudadana, por lo cual es necesario no confundir esos diversos fenómenos
jurídico-constitucionales.
Esta
diferenciación es importante. En anteriores decisiones relativas al alcance de
las leyes estatutarias, sobre todo en materia de derechos, esta Corporación
había establecido que debía efectuarse una interpretación restrictiva de la
reserva de ley estatutaria porque una interpretación extensiva convertiría la
excepción -las leyes estatutarias basadas en mayorías cualificadas y
procedimientos más rígidos- en regla, en detrimento del principio de mayoría
simple que es el consagrado por la Constitución. Dijo entonces la Corte:
"...
las leyes estatutarias sobre derechos fundamentales tienen por objeto
desarrollarlos y complementarlos. Esto no supone que toda regulación en la cual
se toquen aspectos relativos a un derecho fundamental deba hacerse por vía de
ley estatutaria. De sostenerse la tesis contraria, se vaciaría la competencia
del legislador ordinario. La misma Carta autoriza al Congreso para expedir, por
la vía ordinaria, códigos en todos los ramos de la legislación. El Código Penal
regula facetas de varios derechos fundamentales cuando trata de las medidas de
detención preventiva, penas y medidas de seguridad imponibles, etc. Los Códigos
de Procedimiento sientan las normas que garantizan el debido proceso. El Código
Civil se ocupa de la personalidad jurídica y de la capacidad de las personas.
En resumen, mal puede sostenerse que toda regulación de estos temas haga
forzoso el procedimiento previsto para las leyes estatutarias.
Las
leyes estatutarias están encargadas de desarrollar los textos constitucionales
que reconocen y garantizan los derechos fundamentales. No fueron creadas dentro
del ordenamiento con el fin de regular en forma exhaustiva y casuística todo
evento ligado a los derechos fundamentales.3"
Pero,
como se ha mostrado anteriormente, las funciones electorales desbordan el marco
del ejercicio de los derechos de participación. Esto significa que si bien en
materia de derechos fundamentales se impone una interpretación restrictiva de
la reserva de ley estatutaria -por cuanto una interpretación diversa vaciaría
de contenido la actividad del legislador ordinario-, en materia electoral la
situación es diversa. En este caso la regulación de la ley estatutaria debe ser
mucho más exhaustiva por las siguientes razones:
De
un lado, porque es la propia Constitución la que ordena regular las funciones
electorales mediante ley estatutaria y no solamente los aspectos esenciales de
las mismas.
De
otro lado, porque -como se ha señalado anteriormente en esta sentencia- una
definición restrictiva de la noción de funciones electorales haría perder su
especificidad normativa al mandato constitucional del artículo 152 literal c,
ya que las funciones electorales se disolverían en los mecanismos y derechos de
participación.
En
tercer término, porque no se puede aducir que una reglamentación exhaustiva de
las funciones electorales vacía al Legislador ordinario de su competencia
-como sí sucede en el caso de los derechos fundamentales- puesto que las
funciones electorales son un campo jurídico delimitado.
Finalmente,
pero no por ello menos importante, porque esta concepción amplia de la reserva
de ley estatutaria en materia de funciones electorales encuentra una sólida
justificación democrática y constitucional cuando se analiza el sentido de las
reglas electorales en el funcionamiento del principio democrático. Es sabido
que la democracia, como procedimiento formal para la adopción de decisiones,
se fundamenta en el predominio del principio de mayoría en el juego político.
Esto significa que por regla general las decisiones colectivas son adoptadas
por las mayorías. Sin embargo, lo cierto es que el funcionamiento adecuado del
procedimiento democrático basado en la alternancia de mayorías, requiere el
reconocimiento por los actores sociales y políticos de reglas básicas previas,
encaminadas no sólo a garantizar la igualdad y universalidad del sufragio sino
también a proteger los derechos de las minorías en la dinámica democrática. En
efecto, la democracia no es el gobierno exclusivo de las mayorías ni un
mecanismo para que éstas atropellen a las minorías; por eso sólo hay verdadera
democracia allí donde las minorías y la oposición se encuentran protegidas a
fin de que puedan eventualmente llegar a constituirse en un futuro en opciones
mayoritarias, si llegan a ganar el respaldo ciudadano necesario.
Por
eso, las normas consti­tucionales que establecen las reglas para el
procedimiento democrático no son  propiamente una expresión del principio de
mayoría como tal sino que son las reglas preliminares que permiten el
desarrollo del juego democrático basado en la alternancia de las mayorías y la
protección de las minorías. Y esas reglas son en gran parte las que regulan las
funciones electorales.
El
respeto de las reglas electorales es entonces lo que permite que la democracia
se constituya en un mecanismo por medio del cual las sociedades tramitan de
manera pacífica sus conflictos y resuelven sus diferencias. Estas reglas
electorales son entonces los acuerdos esenciales que permiten que las
sociedades resuelvan sus desacuerdos, con base en el juego del principio de
mayoría y sin recurrir a la violencia. Cuando esas reglas electorales quedan
ellas mismas sometidas al dominio de las mayorías, pueden convertirse en
instrumento de poder de estas mayorías y de exclusión de las minorías de la
dinámica política. Por eso, como lo han mostrado múltiples analistas, los temas
electorales, cuando no han sido el fruto de amplios acuerdos políticos sino
instrumentos utilizados por ciertos sectores para excluir a sus oponentes, han
generado recurrentes fenómenos de violencia no sólo en Colombia sino en
numerosos países. Esto explica entonces que sea constitucionalmente legítimo
someter la adopción, reforma o derogatoria de las reglas electorales, incluso
en ciertos aspectos que pueden parecer puramente procedimentales, a requisitos
de trámite más fuertes que los propios de las leyes ordinarias, puesto que de
esa manera se evita que una determinada mayoría pueda alterar en beneficio
propio los normas que regulan la función electoral para desconocer los derechos
de las minorías y perpetuarse en el poder. Y no se puede aducir que ello podría
conducir a una tiranía de las mayorías cualificadas y a una petrificación del
ordenamiento legal o de la dinámica política -como sí sucedería si se diera una
extensión indebida del campo estatutario en materia de derechos fundamentales-
, puesto que las reglas electorales son precisamente la base del juego
democrático mismo.
Este
temor a que determinadas mayorías provisionales pretendan alterar los
procedimientos electorales para perpetuar su predominio en el poder fue lo que
llevó a la Constitución derogada a establecer exigentes mayorías en esta
materia. Así, el inciso segundo del artículo 83  de la anterior Constitución
señalaba que "las leyes que modifiquen el régimen de elecciones deberán
ser aprobadas por los dos tercios de los votos de los asistentes".
Con
el mismo criterio, la Constitución española  estableció en su artículo 81 que
el régimen electoral general debe ser regulado mediante una ley orgánica cuya aprobación,
modificación o derogatoria exige mayoría absoluta del Congreso, en una votación
final sobre el conjunto del proyecto. Con base en tal norma, las Cortes
Españolas expidieron la Ley Orgánica 5/1985, del 19 de junio, sobre el régimen
electoral general, la cual reglamenta en más de 220 artículos y de manera muy
detallada y exhaustiva, todo lo relativo a las elecciones en ese país.
Y
ello es lo que explica que el Constituyente de 1991 haya ordenado que las
funciones electorales sean reguladas mediante ley estatutaria. En efecto, estas
leyes se caracterizan por procedimientos especiales de adopción, derogatoria o
reforma. De un lado se exige para su aprobación la mayoría absoluta de los
miembros del Congreso, con lo cual la Constitución ha buscado inmunizarlas
contra cambios súbitos en las mayorías parlamentarias. De otro lado, requieren
revisión previa de la Corte Constitucional a fin de garantizar su adecuación al
texto fundamental. Finalmente, ellas deben ser tramitadas en una sola
legislatura (CP art 153). En ese sentido son leyes reforzadas caracterizadas
por tener una mayor vocación de permanencia debido a las exigencias
particularmente severas que rigen su tamitación. Además, la revisión previa por
la Corte Constitucional fortalece las garantías para las minorías.
Por
consiguiente, conforme a los anteriores argumentos, concluye la Corte
Constitucional que a diferencia de lo que ocurre con los derechos
fundamentales, en el caso de las funciones electorales, la ley estatutaria debe
regular no sólo los elementos esenciales de las mismas sino todos aquellos
aspectos permanentes para el ejercicio adecuado de tales funciones por los
ciudadanos, lo cual incluye asuntos que podrían en apariencia ser considerados
potestades menores o aspectos puramente técnicos, pero que tienen efectos
determinantes en la dinámica electoral, como la fijación de las fechas de
elecciones, el establecimiento de los términos de cierre de las inscripciones
de candidatos o registro de votantes, la organización de las tarjetas electorales
o de los sistemas de escrutinio, etc. Por su propia naturaleza, la ley
estatutaria de funciones electorales es entonces de contenido detallado. Esto
no impide que de manera excepcional ciertas materias electorales puedan ser
reguladas mediante leyes ordinarias. Así, hay disposiciones que corresponden a
aspectos puramente operativos para facilitar la realización de una elección
concreta y guardan conexidad con el tema electoral sin ser en sí mismas
funciones electorales , como la autorización de una apropiación presupuestal
para financiar unas elecciones determinadas. Tales materias pueden ser
reguladas mediante leyes ordinarias y no requieren del trámite de una ley
estatutaria.
Es
obvio que este criterio general según el cual toda regulación permanente de las
funciones electorales es de reserva de ley estatutaria no siempre es de fácil
aplicación. Por eso corresponde al juez constitucional desentrañar y precisar
en aquellos casos difíciles los elementos conceptuales que sirvan para resolver
los problemas de constitucionalidad sometidos a su decisión.
4-
Examen de la constitucionalidad del articulado de la ley acusada.
Sentadas
las premisas anteriores, procede la Corte a examinar la ley acusada, con el fin
de determinar si, atendido su ámbito normativo, el mismo se encuadra o no
dentro del tipo de preceptos que compete al legislador ordinario dictar en el
marco de una ley estatutaria; o, si por el contrario, por razón de las
características inherentes al contenido normativo de su articulado, su
expedición debe plasmarse bajo la forma y requisitos de la ley ordinaria. En
aquellos casos en los cuáles las normas también hayan sido impugnadas por
razones de fondo, la Corte también analizará la constitucionalidad del
contenido normativo de los artículos acusados.
Conforme
a lo anterior, entra entonces la Corte Constitucional a examinar de manera
diferenciada cada uno de los artículos de la Ley 84 de 1993.
Dice
el artículo 1o.
"ARTICULO 1o.- FECHA DE ELECCIONES. Las
elecciones para Congreso de la República se realizarán el segundo domingo de
marzo.
Las elecciones de Presidente y Vicepresidente se
realizarán el segundo domingo de mayo. En caso que
deba celebrarse nueva votación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
190 de la Constitución Política, ésta tendrá lugar tres (3) semanas más tarde.
Las
elecciones de Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Miembros de las
Juntas Administradoras Locales se realizarán el último domingo del mes de
octubre".
Considera
la Corte que aun cuando le asiste razón al demandante en inquietarse por la
ambiguedad que  acusa la norma dada su deficiente redacción, en sentir de esta
Corporación dicho defecto de técnica legislativa no conlleva inexorablemente a
su inconstitucionalidad material. En este caso el sentido unívoco de las normas
constitucionales que fijan los períodos de los candidatos de elección popular,
permite completar el enunciado normativo del precepto cuestionado en forma que
puede establecerse sin mayor dificultad su significado.  En cambio, constata la
Corte que este artículo regula de manera permanente las fechas en las cuales
deberán realizarse las elecciones para los dignatarios de elección popular,
aspecto inmanente a las funciones electorales, puesto que en una democracia
existe una renovación periódica de los gobernantes. Es pues una materia que
corresponde reglamentar a la ley estatutaria, razón por la cual  la norma será
declarada inexequible por vicios de procedimiento.
El artículo 2o establece:
"ARTICULO 2o. CONSULTAS INTERNAS. Las consultas
internas que celebren los partidos con la intervención de las autoridades
electorales no constituyen elecciones y, por tanto, podrán efectuarse en la
misma fecha en que se realicen aquellas".
Esta
Corte considera que, sin lugar a dudas, este mecanismo constituye una
manifestación del derecho al voto, y como tal su regulación y expedición
corresponde a la ley estatutaria de las funciones electorales, a que se refiere
el literal c) del artículo 152 de la Constitución Nacional.  Por tanto, no
puede hacer parte esta norma de ley ordinaria, lo que permite deducir su
inconstitucionalidad por vicios de procedimiento, como así se declarará. Prueba
de este aserto es que la ley estatutaria sobre  el "Estatuto Básico de los
partidos y movimientos políticos" atribuye un carácter típicamente
electoral a dichas consultas, cuando ordena de manera análoga a como se
contempla respecto de las elecciones de candidatos de representación popular,
que la organización electoral deba colaborar en su realización mediante el
suministro de tarjetas electorales y cubículos individuales, la recolección de
los votos y la realización del escrutinio, como también al disponer que la
misma suministre igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales
deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones todos los
candidatos.
Sobre
el particular, la Corte se pronunció en su sentencia número C-089/94 del 3 de
marzo de 1994, al resolver acerca de la exequibilidad del proyecto de ley
estatutaria de partidos y movimientos políticos, así:
"La
colaboración y apoyo logístico y financiero que la organización electoral puede
suministrar a los partidos y  movimientos políticos con personería jurídica
para la realización de sus consultas internas, así como su regulación,
corresponden a una materia que no puede ser ajena la ley estatutaria."
Uno
de los demandantes también impugnó el contenido de este artículo por considerar
que éste viola el artículo 262 superior. La Corte no efectúa mayores
consideraciones al respecto, por cuanto constata que el contenido normativo de
este artículo fue subrogado por el artículo 10 de la Ley estatutaria "por
la cual se dicta el Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos, se
dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se
dictan otras disposiciones", norma declarada exequible por esta
Corporación, sancionada por el Presidente de la República como Ley 130 de 1994
y publicada en el diario oficial el miércoles 23 de marzo de 1994.
El artículo 3o establece:
"ARTICULO 3o.- SUSPENSIÓN DE INCORPORACIÓN AL
CENSO DE NUEVAS CÉDULAS. El Registrador Nacional se
abstendrá de expedir nuevas cédulas e incorporarlas al censo de votantes tres
(3) meses antes de la respectiva elección. No obstante, podrá continuar
radicando las solicitudes, asignando el número de las identificaciones y
expidiendo las certificaciones que los ciudadanos soliciten para los demás
efectos jurídicos distintos del voto."
El
contenido normativo del precepto en examen, responde a una necesidad apenas
razonable y atendible, tendiente a procurarle a la organización electoral los
mecanismos operativos que le permitan adoptar las medidas requeridas en orden a
la buena marcha del proceso electoral, al permitirle formar la lista de
sufragantes, con una fecha de corte de la cedulación respectiva, que
precediendo en tres (3) meses a las elecciones, además le permiten garantizar
la fidelidad y veracidad de los datos que conforman el censo, toda vez que le
concede a la organización electoral un período que se muestra a todas luces
indispensable para que ésta pueda hacer las verificaciones y actualizaciones
que fueren del caso. Sin el señalamiento de una fecha de corte para la
incorporación al censo de votantes, la Registraduría Nacional no podría
precisar con exactitud el número de integrantes del censo electoral. Es bien
sabido que una serie de hechos afectan la actualidad de los datos
sistematizados entre ellos la muerte del cedulado, la imposición de penas que
conlleven la suspensión de los derechos políticos, y las causales que dan lugar
a la cancelación de la cédula. Todo lo cual obliga a su comprobación y
actualización. Otro sano propósito por el que propende la norma que se examina,
es el de impedir la múltiple inscripción en tratándose de elecciones por
circunscripciones territoriales, caso en el cual las cédulas incorporadas al
censo electoral deben compararse con las inscritas.
Los
anteriores argumentos permiten concluir que la restricción anotada es razonable
y ajustada a la realidad de la organización electoral colombiana, por lo cual
no encuentra la Corte que el contenido de este artículo vulnere la
Constitución. Sin embargo, destaca la Corte que esta norma regula un aspecto
propio de las funciones electorales ya que fija de manera permanente el período
en el cual opera la suspensión de la incorporación al censo de nuevas cédulas
por parte del Registrador Nacional. Es pues una materia propia de ley
estatutaria, por lo cual se declarará la inconstitucionalidad del artículo por
vicios de procedimiento.
Los
artículos 4º y 5º no fueron demandados por razones de contenido normativo, por
lo cual el examen de la Corte se limita a determinar si tales normas deben ser
materia o no de ley estatuaria. Señalan estas disposiciones:
"ARTÍCULO
4º. INSCRIPCIÓN DE VOTANTES. La inscripción de votantes es permanente.
Sin embargo, se suspenderá dos (2) meses antes de las elecciones.
Habrá
un período general de zonificación municipal de dos (2) meses comprendidos
entre el 13 de noviembre de 1993 y el 13 de enero de 1994.
Durante
los períodos de inscripción y/o zonificación, la Registraduría atenderá al
público todos los días, incluídos domingos y festivos, en horario de 10:00 a.m.
a 8:00 p.m..
PARAGRAFO.
En las elecciones que se realicen en el exterior a partir de la vigencia de la
presente ley, será documento idóneo para inscribirse y votar, la cédula de
ciudadanía o el pasaporte vigente en que conste el número de la cédula".
"ARTÍCULO
5º. RESIDENCIA ELECTORAL. Para efectos de lo dispuesto en el artículo
316 de la Constitución Política, la residencia será aquella donde se encuentre
registrado el votante en el censo electoral.
Se
entiende que con la inscripción el votante declara, bajo la gravedad del
juramento, residir en el respectivo municipio.
Sin
perjuicio de las sanciones penales correspondientes, cuando mediante
procedimiento breve y sumario se compruebe que el inscrito no reside en el
respectivo municipio, el Consejo Nacional Electoral declarará sin efecto la
inscripción".
En
primer término, constata la Corte que el inciso segundo del artículo 4º es una
ley medida que ya agotó plenamente su contenido puesto que el período de
zonificación municipal ya transcurrió. Por tal motivo, esta Corporación se
inhibirá de conocer de tal inciso.
Con
respecto al contenido restante de estas dos disposiciones,  desde el punto de
vista material, la Corte no encuentra tachas de inconstitucionalidad. En
efecto, la primera constituye un instrumento idóneo para el mejor desarrollo de
la mecánica electoral, como así se ha venido concibiendo desde innumerables
legislaciones anteriores, y concretamente del Código Electoral de 1986. Y la
segunda se limita a desarrollar el contenido del artículo 316 de la
Constitución Política, en cuanto se refiere a la residencia electoral. Pero se
trata de normas que regulan elementos de las funciones electorales, por lo cual
ellas son materia de reserva de ley estatutaria. Por tal razón, en la parte resolutiva
serán declaradas inconstitucionales.
El
artículo 6o establece:
"INSCRIPCION
DE CANDIDATURAS. La inscripción de candidatos al Congreso Nacional vence a las
seis de la tarde (6:00 p.m.) del 20 de enero de 1994. Las modificaciones podrán
hacerse hasta las seis de la tarde (6:00 p.m.) del 25 de enero de 1994.
La
inscripción de fórmulas para candidaturas de Presidente y Vicepresidente de la
República se realizará a más tardar cuarenta (40) días antes de la fecha de
elección.
La
inscripción de candidaturas para Gobernadores, Diputados, Alcaldes, Concejales
y miembros de las juntas administradoras locales, se realizará a más tardar
cincuenta (50) días antes de cada elección.
Para
efectos de inscripción de candidatos a Alcaldes y Gobernadores se tendrá en
cuenta lo prescrito por la ley reglamentaria del Voto Programático en
concordancia con lo prescrito para tales efectos por la ley 60 de 1993.
Parágrafo. Las listas encabezadas por Congresistas
elegidos en las elecciones inmediatamente anteriores se inscribirán sin
necesidad de acreditar requisito alguno".
Por
las razones señaladas anteriormente, la Corte se inhibirá de conocer de la
constitucionalidad del inciso primero de este artículo, por cuanto es una norma
que ya ha agotado su contenido.
Los
incisos dos, tres y cuatro no fueron demandados por razones de fondo, por lo
cual la Corte se limita a señalar si ellos debieron haber sido regulados
mediante ley estatutaria. Y es obvio que al señalar el plazo válido para la
inscripción tanto de las candidaturas, como de las modificaciones, se están
regulando funciones electorales que son de reserva de ley estatutaria, por lo
cual esos apartes serán declarados inexequibles por razones de procedimiento.
Sin
embargo, precisa la Corte que, en la medida en que este fallo sólo tiene
efectos hacia el futuro y no afecta las situaciones jurídicas ya consolidadas
durante la vigencia de las normas declaradas inexequibles  -por las razones que
se señalarán posteriormente- , debe entenderse que la inscripción de candidatos
para Presidente y Vicepresidente de la República para las elecciones de 1994 ya
se encuentra cerrada, por cuanto el término previsto para este año electoral ya
transcurrió.
A
propósito del parágrafo cuestionado,  salta a la vista que si la acreditación
de requisitos de elegibilidad es condición personalísima, únicamente predicable
del candidato inscrito, mal podría la misma desnaturalizarse, extendiendo lo
que es aplicable del Congresista que ha cumplido con su acreditación, a la
totalidad de la lista correspondiente.
Tienen
además razón los accionantes, cuando la consideran discriminatoria, ya que no
se encuentra justificación que amerite tal prerrogativa o privilegio, por el
solo hecho circunstancial de formar parte de una lista que encabeza un
Congresista, como con acierto lo asevera el señor Procurador, al señalar que
"la sola figuración en lista no puede erigirse en criterio que justifique
un privilegio de tal naturaleza". Siendo el parágrafo del artículo 6o.
contrario al artículo 13 constitucional, se impone declararlo inexequible,
tanto por razones de fondo, como por vicios de forma, por ser materia de ley
estatutaria.
El
artículo 7o regula las tarjetas electorales de la siguiente manera:
"TARJETAS
ELECTORALES. Las tarjetas electorales serán numeradas consecutivamente; se
elaborarán en papel que ofrezca seguridad y contendrán: las fotografías
nítidas, visibles y de tamaño suficiente para la identificación de los
candidatos; su nombre y apellido; los nombres de los correspondientes partidos,
movimientos políticos o sociales o grupos significativos de ciudadanos. Además,
a cada candidato se le asignará un número por sorteo el cual no podrá coincidir
con otro asignado a candidato o lista en elección que tenga lugar en la misma
fecha, dentro de la correspondiente circunscripción.
Las
tarjetas electorales se distinguirán por colores diferentes según la elección y
Corporación de que se trate.
Todos
los candidatos inscritos para una Corporación aparecerán en la misma página de
la tarjeta electoral.
Una vez elaborada la tarjeta electoral no habrá
lugar a cambiarla. En caso de muerte, o de enfermedad síquica o física que
impida el ejercicio del cargo de algún candidato o cabeza de lista, podrá
inscribirse por el mismo partido, movimiento o inscriptores otro candidato,
inclusive hasta las seis de la tarde (6:00 p.m.) del día anterior a la elección
y los votos obtenidos por el candidato reemplazado se contabilizarán en favor
del reemplazante.
Para
el año 1994 no habrá mesas de votación automatizadas".
El
inciso final de esta norma -que fue acusado por razones materiales- prevé un
mecanismo subsidiario que opera cuando entre la fecha de elaboración del
tarjetón y la de realización de las elecciones se produce la muerte o la
enfermedad física o síquica del candidato o cabeza de lista, que le impida el
ejercicio del cargo. Dicho mecanismo consiste en que el mismo partido,
movimiento político o grupo inscriba a otro candidato inclusive hasta las seis
de la tarde (6:00 p.m.) del día anterior a la elección, y que los votos
obtenidos por el candidato reemplazado se contabilicen en favor del
reemplazante. Con ello, la norma persigue mantener tanto la validez como la
eficacia del voto.
Se
observa por lo demás, que la misma concilia el interés del votante con el del
Estado en que, a través del voto y de la función electoral, puedan integrarse
periódicamente sus cuadros con regularidad y sin que circunstancias como las
señaladas de natural e inevitable ocurrencia interfieran o malogren tan
importante proceso para un Estado democrático.
Aunque
a primera vista podría pensarse que una decisión en tal sentido vicia la
expresión y el deseo político del ciudadano, disipa toda duda que pudiera caber
al respecto una consideración mas detenida del precepto, la cual permite
establecer que tal temor es infundado, pues el sufragante conserva en todo caso
el derecho de abstenerse de votar, votar en blanco o hacerlo en favor de
cualquier otro candidato. No se olvide además, que en la configuración
institucional de fortalecimiento del sistema de partidos por el cual propende
la Constitución de 1991, resulta congruente la fórmula por la que opta la norma
en comento, la que además se muestra razonable al suponer que la intención del
sufragante cuyo candidato se imposibilita para ejercer el cargo por las razones
anotadas, es la de depositar su voto por otro candidato del mismo partido,
movimiento o grupo político.
Empero,
esta Corte hace la salvedad de que en aras de la transparencia del proceso
electoral, los hechos constitutivos del impedimento señalado deben ser
certificados y divulgados por la Registraduría Nacional tan pronto ocurran. En
esas condiciones, la Corte considera que un precepto de esta naturaleza es
constitucional si se entiende que ha habido previa y plena comprobación por el
partido o movimiento político a que pertenezca el candidato fallecido o
impedido a causa de enfermedad, y a su previa oficialización y divulgación por
los medios idóneos, a cargo del Registrador Nacional del Estado Civil.
Sin
embargo, como vemos, este artículo regula todo lo relacionado con el formato y
el contenido de las tarjetas electorales, que se constituyen en herramienta
principalísima para asegurar la pureza del proceso electoral. Es pues una
materia de reserva estatutaria por regular funciones electorales, por lo cual
será declarada inexequible  por razones de procedimiento.
El
artículo 8o no fue acusado por razones materiales. Esta norma regula la
utilización de las tarjetas electorales, que es un elemento propio de las
funciones electorales, por lo cual es materia de ley estatutaria. Por tal razón
será declarado inexequible por razones de procedimiento.
El
artículo 9o establece que "para las elecciones de Congreso de la
República, Presidente y Vicepresidente, Gobernadores, Diputados, Alcaldes,
Concejales y Ediles que se realizarán en 1994, se instalarán mesas de votación
en los mismos sitios donde funcionaron para las elecciones del 8 de marzo de
1992". La Corte constata que esta norma constituye uno de aquellos
pocos casos de materias electorales que excepcionalmente pueden ser reguladas
por medio de ley ordinaria. En efecto, ella no consagra una regulación
permanente de las funciones electorales sino que es una norma medida que
establece un aspecto meramente técnico y transitorio de mecánica electoral
relacionado con una elección específica. Por ello será declarada exequible en
la parte resolutiva de esta sentencia.
Los
artículos 10 y 11 regulan los jurados de votación,  determinan la validez de
sus actas y establecen sanciones. Señalan tales normas:
"ARTICULO 10. JURADOS DE VOTACIÓN. Para
la integración de los jurados de votación se procederá así:
1o.
Con noventa (90) días calendario de antelación a la fecha de la elección, los
Registradores del Distrito Capital, municipales y auxiliares solicitarán a las
entidades públicas, privadas, directorios políticos y establecimientos
educativos, las listas de las personas que pueden prestar el servicio de
jurados de votación.
Las
listas elaboradas por establecimientos educativos contendrán nombres de
ciudadanos con grado de educación secundaria no inferior a décimo nivel.
2o.
Los Registradores municipales y distritales, mediante resolución, designarán
tres (3) jurados principales y tres (3) suplentes para cada mesa, ciudadanos no
mayores de sesenta (60) años pertenecientes a diferentes partidos o movimientos
políticos.
Los
principales podrán convenir con los suplentes el cumplimiento de la función
alternándose entre sí.
PARAGRAFO.
Los nominadores o Jefes de Personal que omitan relacionar los empleados o
trabajadores aptos para ser nombrados como jurados de votación serán
sancionados con la destitución del cargo que desempeñan si son servidores
públicos  y, si no lo fueren, con multas equivalentes hasta diez (10) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, a favor del Fondo Rotatorio de la
Registraduría Nacional del Estado Civil".
"
ARTÍCULO 11. VALIDEZ DE ACTAS DE JURADOS Y SANCIONES A LOS MISMOS. Las
actas de escrutinio de los jurados de votación serán válidas cuando estén
firmadas al menos por dos (2) de ellos.
A
los jurados que no firmen las Actas respectivas se les impondrá una multa
equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor del
Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional que se hará efectiva mediante
resolución dictada por los Registradores distritales o municipales .
Las
personas que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado
de votación o las abandonen se harán acreedoras a la destitución del cargo que
desempeñen, si fueren servidores públicos. Y si no lo fueren, a la multa
prevista en el inciso anterior.
PARAGRAFO. Las autoridades
en general garantizarán que el voto sea secreto. A su vez, los jurados ejercerán
estricta vigilancia para que en tales condiciones cada sufragante emita su
voto. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la sanción establecida
en el presente artículo".
De
estos artículos fueron acusados por presunta violación al principio fundamental
al debido proceso el parágrafo del artículo 10, que establece las sanciones en
que incurrirán los nominadores o jefes de personal que omitan relacionar los
empleados o trabajadores aptos para ser nombrados jurados de votación, y los
incisos segundo y tercero del artículo 11, que prevén las sanciones imponibles
a los jurados que no firmen las actas y a las personas que sin justa causa no
concurran a desempeñar las funciones de jurados de votación o las abandonen.
Para la Corte, la acusación carece de asidero, por cuanto las normas en comento
en modo alguno implican la pretermisión de las garantías constitucionales que
integran el debido proceso. Desde luego, las sanciones que por ellas se
tipifican, son imponibles por el procedimiento y la autoridad que determinen
las normas legales respectivas. En ese entendimiento, la Corte  considera que
los apartes impugnados por razones de fondo no vulneran, desde el punto de
vista material, la Constitución.
Sin
embargo, los artículos serán declarados inexequibles por cuanto tratan de la
integración y validez de las actas de los jurados de votación que constituyen
uno de los elementos de desarrollo de las funciones electorales, cuya
regulación corresponde a la ley estatutaria.
El
artículo 12 regula los escrutinios así:
"ESCRUTINIOS.
Las Comisiones Escrutadoras Municipales y Auxiliares iniciarán los
escrutinios a las once de la mañana (11:00 a.m.) del día lunes siguiente a las
elecciones con los resultados de las actas de escrutinio de los jurados
que se hayan recibido y los concluirán una vez se alleguen las demás.
Los
escrutinios de los Delegados del Consejo Nacional Electoral se iniciarán a las
ocho de la mañana (8:00 a.m) del martes siguiente a las elecciones con los
resultados de las actas de escrutinio municipales que tengan a su
disposición y se irán consolidando en la medida en que se reciban hasta
concluir el escrutinio del Departamento o del Distrito Capital, según el caso.
El
Consejo Nacional Electoral iniciará los escrutinios a partir del momento en que
se reciban los primeros resultados con base en las actas expedidas por sus
Delegados y los datos recibidos del exterior; resolverá los desacuerdos
surgidos entre sus Delegados y consolidará los resultados. En audiencia pública
notificará la declaración de resultados y proclamará la elección de Senadores
de la República y de Presidente y Vicepresidente de la República, si alguna de
las fórmulas obtiene, por lo menos, la mitad más uno de los votos válidos. En
caso contrario, señalará las dos (2) fórmulas que hubieren obtenido los más
altos resultados las cuales habrán de participar en la segunda votación.
PARAGRAFO. Corresponde a
las Comisiones Escrutadoras Municipales hacer el escrutinio de los votos
emitidos para los miembros de las Juntas Administradoras Locales y declarar su
elección.
Corresponde
a los Delegados del Consejo Nacional Electoral hacer el escrutinio de los votos
emitidos para Gobernadores y declarar su elección".
En
primer lugar, desde el punto de vista material, considera la Corte que las
funciones que el precepto en cuestión asigna al Consejo Nacional Electoral
constituyen cabal concreción de las que el artículo 265-7 de la Carta le asigna
para "efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la
declaratoria de elección y expedir las credenciales a que haya lugar."
Además,
debe señalarse que las actas de los escrutinios, en cuanto documentos públicos
que son, están amparadas por la presunción de autenticidad, en cuya virtud su
contenido se reputa veraz mientras no se compruebe lo contrario, según los
procedimientos previstos en la legislación electoral y por las causas que la
misma establece.
Por
esa razón, para la Corte no es de recibo el argumento de presunta
inconstitucionalidad de fondo que pretende estructurarse sobre la base de la
probable inexactitud de que podrían adolecer dichas actas. La circunstancia de
que los escrutinios se hagan con base en las actas, no excluye en modo alguno
la posiblidad de que en caso de  invalidez o nulidad, se acuda al reconteo de
votos en forma directa. Carece de todo respaldo constitucional esta imputación,
por lo cual no encuentra la Corte, desde el punto de vista material,
inconstitucionalidad en esta norma.
Sin
embargo, considera la Corte que el contenido normativo de este precepto es
propio de ley estatutaria, toda vez que se refiere a aspectos de
contabilización y formalización de los resultados arrojados por el proceso
electoral. Por ese motivo, se estima que la disposición encuadra dentro de la
materia estatutaria de que trata el literal c) del artículo 152 CP, por lo cual
será declarado inexequible por vicios de procedimiento en su aprobación.
El
artículo 13 regula los escrutinios del Distrito Capital así:
"La
Comisión Escrutadora del Distrito Capital computará los votos para Presidente,
Vicepresidente y Senado de la República.
Además,
practicará los escrutinios de los votos por el Distrito Capital para Cámara,
Concejo y Alcalde Mayor del Distrito Capital, declarará la elección y expedirá
las correspondientes credenciales.
Las
Comisiones escrutadoras Auxiliares del Distrito Capital practicarán el
escrutinio de los votos para miembros de Juntas Administradoras Locales,
declararán la elección de ediles y expedirán las correspondientes
credenciales".
La
atribución de funciones de escrutinio a la Comisión Escrutadora del Distrito
Capital debe entenderse como una fase o etapa dentro de las varias que componen
el proceso global de escrutinio, cuya responsabilidad en el ámbito nacional la
Carta asigna al Consejo Nacional Electoral. Es pues una regulación de funciones
electorales de competencia de la ley estatutaria, por lo cual será declarado
inexequible por vicios de procedimiento.
El
artículo 14 define el voto en blanco y lo excluye del cuociente electoral así.
"VOTO
EN BLANCO Y VOTO NULO. Voto en Blanco es el que en la tarjeta electoral
señala la casilla correspondiente. El voto en Blanco no se tendrá en cuenta
para obtener el cuociente electoral".
La
Corte considera, en primer término, que esta norma regula un aspecto
trascendental de las funciones electorales como es el alcance del voto en
blanco, por lo cual su regulación corresponde a la ley estatutaria. Por ello el
artículo será declarado inexequible por razones de forma.
De
otro lado, desde el punto de vista material, esta Corporación comparte el
criterio de los demandantes y del señor Procurador en considerar que al
disponerse en la parte cuestionada que el voto en blanco no se tendrá en cuenta
para obtener el cuociente electoral, se violan los artículos 1, 13, 40, 103,
258 y 263 de la Constitución Política, conforme a los cuales el voto como
manifestación genuina del sentimiento político de un ciudadano y como expresión
del pensamiento político que se traduce en el ejercicio del derecho fundamental
al sufragio, debe en todos los casos en que sea válidamente emitido tenerse en
cuenta para los efectos de la determinación de los cuadros del Estado y por
ende en la determinación electoral.
Restarle,
como lo hace la norma en examen, validez al voto en blanco, equivale a hacer
nugatorio el derecho de expresión política de disentimiento, abstención o
inconformidad que también debe tutelar toda democracia.
Ciertamente
desconocerle los efectos políticos al voto en blanco, comporta un
desconocimiento del derecho de quienes optan por esa alternativa de expresión
de su opinión política. No existiendo razón constitucionalmente atendible que
justifique tal determinación, dicha negación acarrea desconocimiento del núcleo
esencial del derecho al voto que la Carta Fundamental garantiza a todo
ciudadano en condiciones de igualdad, con prescindencia de la opinión política,
y violación a los principios y valores que subyacen en la concepción misma del
Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista, en que por
decisión del constituyente se erige el Estado colombiano (CP. Preámbulo,
artículos 1, 2 y 3 entre otros).
Por
las anteriores razones, la expresión "el voto en Blanco no se tendrá en
cuenta para obtener el cuociente electoral" será declarada inexequible
también por razones materiales.
El
artículo 15, que no fue impugnado por razones materiales, establece que "serán
medios válidos para transmisión de datos los que el Registrador Nacional del
Estado Civil considere confiables, según el estado actual de la tecnología. Las
actas que se envíen por fax tendrán el mismo valor legal de las
originales".
Considera
la Corte que la regulación de los medios de trasmisión de datos constituye un
elemento permanente de las funciones electorales, por lo cual su desarrollo y
consagración corresponden necesariamente a la ley estatutaria. Por lo tanto la
norma será declarada inexequible por vicios de procedimiento.Sin embargo,
observa la Corte Constitucional que la inexequibilidad de este artículo por
razones de procedimiento no impide, en manera alguna, que las actas puedan ser
enviadas por fax y ser consideradas auténticas, puesto que esta posiblidad ha
sido reconocida como jurídicamente válida por la doctrina y la jurisprudencia
colombianas.  Así, en sentencia de octubre 23 de 1990, la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo admitió que un decreto contenido en un
fax era un "documento -intrumento público- auténtico"4 .
El
artículo 16 establece lo siguiente:
"APROPIACION
PRESUPUESTAL Y ENCARGO DE FIDUCIA. El Gobierno Nacional queda facultado
para efectuar las operaciones presupuestales que sean necesarias para realizar
las elecciones de 1994, incluidas las apropiaciones y traslados necesarios
durante la presente vigencia, con el fin de atender los gastos que demanden los
procesos electorales.
PARAGRAFO. Se autoriza al
Registrador Nacional del Estado Civil para contratar directamente y para
celebrar encargo de fiducia prescindiendo de los trámites sobre contratación
administrativa e incorporar, por la vía señalada en la presente ley, o por
cualesquiera otras que lo autoricen, las cantidades del presupuesto ordinario a
la fiducia cuando se trate de bienes o servicios necesarios para la ejecución
del proceso electoral".
Esta
norma, de un lado, autoriza al gobierno a efectuar ciertas apropiaciones
presupuestales y, de otro lado, otorga una facultad de orden legal al
Registrador Nacional del Estado Civil para contratar en forma directa al igual
que para celebrar un encargo de fiducia, con prescindencia de la observancia
del Estatuto sobre contratación administrativa. En este sentido, no desarrolla
una función electoral, por lo cual no es una materia de reserva de ley
estatutaria sino de aquéllas que corresponden al legislador ordinario.
De
otro lado, este carácter no estatutario de la temática desarrollada por este
artículo no implica que ella carezca de unidad de materia con el tema
electoral, por cuanto es obvia su relación con el mismo. En efecto, ellas
buscan asegurar debidamente la realización del proceso electoral, por lo cual
guardan conexidad con el tema de la Ley 84 de 1993.
En
relación con la acusación de inconstitucionalidad del parágrafo, debe
manifestar la Corte que es competencia del legislador, de conformidad con el
inciso final del artículo 150 de la Constitución Política, expedir el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública. Esta competencia, desde
luego comprende la de señalar excepciones puntuales a su campo de aplicación,
como en este caso lo hace el parágrafo acusado del artículo 16, al exceptuar de
su regulación, la autorización al Registrador Nacional para contratar
directamente y para celebrar el encargo de fiducia para la realización de las
elecciones de 1994.
Repárese
además en que se exceptúa el contrato de fiducia de los trámites sobre
contratación administrativa. No así al Registrador ni a las operaciones
respectivas, ni de los controles de verificación ni de la responsabilidad que
les competa de acuerdo a dicho régimen y a otras normas legales sobre la
materia.
El
precepto es pues exequible, como así se declarará en la parte resolutiva.
El
artículo 17, que no fue impugnado por razones materiales, establece aspectos
financieros y operativos relacionados con la expedición de las cédulas de
ciudadanía y la forma de obtención de este documento. De un lado, consagra que
"la expedición de la cédula de ciudadanía y un primer duplicado corren
en su totalidad a cargo del Estado y sin costo alguno para el ciudadano".
De otro lado, autoriza "al Gobierno Nacional a efectuar los
traslados, créditos y contracréditos para sufragar la totalidad de los costos a
que dé lugar la expedición de la cédula de ciudadanía." Y, finalmente,
ordena que para los efectos de la obtención de la cédula de ciudadanía,
"los Notarios del país expedirán, sin costo alguno, copia auténtica del
Registro Civil correspondiente".
Como
se constata,  esta norma no regula en sentido estricto funciones electorales
sino aspectos económicos relacionados con la obtención de la cédula de
ciudadanía,  por lo cual su desarrollo puede hacer parte de una ley ordinaria.
Sin embargo, como en el caso del artículo precedente, ella guarda conexidad con
las materias electorales puesto que la cédula de ciudadanía es el documento de
identidad que permite el ejercicio del derecho al voto, por lo cual no se
rompió el principio de unidad de materia en la expedición de la ley. Desde el
punto de vista formal, la norma se ajusta entonces al ordenamiento
constitucional y así se declarará.
El
artículo 18 regula la financiación estatal de las campañas electorales.  Frente
a tal regulación, la Corte efectúa las siguientes observaciones.
De
un lado, considera la Corte que se trata de un elemento central esencial de la
regulación de las funciones electorales, por lo cual es materia de reserva de
ley estatutaria.
De
otro lado, esta Corte estima que un aspecto central del funcionamiento y
régimen de los partidos y movimientos políticos, es el relacionado con la
financiación estatal de las campañas electorales. Es este uno de los temas de
ineludible regulación mediante ley estatutaria, en virtud del mandato
constitucional contenido en el artículo 152, literal c) de la Carta Política.
Así lo entendió inequívocamente el legislador al ocuparse de manera integral de
esta temática en la Ley Estatutaria Número 11/92 Cámara, 348/93 Senado, cuyo
artículo 13, luego de reiterar el deber constitucional que en ese sentido tiene
el Estado, señala las cifras o montos de reposición de los gastos de campaña
para los distintos cargos de elección popular, al igual que la forma de
distribución de los aportes estatales entre los candidatos inscritos y el
partido o movimiento político, de acuerdo a sus estatutos, como también la
entidad encargada de hacer el reajuste anual de tales valores, de conformidad
con el aumento del índice de precios al consumidor (artículos 13, 39 y 40
ibidem).
En
esas condiciones, mal podría el legislador ocuparse de regular la misma materia
mediante ley ordinaria, como lo hizo en el presente asunto, pues ello
equivaldría a desnaturalizar la esencia misma de los contenidos normativos que
por decisión del constituyente, en razón a su trascendencia, ameritan de un
procedimiento de especialísimo orden y calificación para la formación de la
voluntad legislativa, lo que lleva a esta Corporación a estimar que el precepto
acusado efectivamente viola el artículo 152 literal c), en concordancia con el
153 de la Carta Política. Así habrá de declararse.
El
artículo 19, por su parte, consagra un mecanismo de cauciones de garantía a
quienes aspiren a ser elegidos, para el cumplimiento de las obligaciones
impuestas por la propia Ley. En relación con la constitucionalidad de esta
disposición, la Corte hace extensivos los razonamientos efectuados a propósito
de la regulación por la ley ordinaria de lo atinente a la financiación de las
campañas, y que se consignaron en los párrafos que anteceden -artículo 18-,
pues no se remite a duda que lo relacionado con las cauciones a exigirse a los
candidatos a cargos de elección popular para el cumplimiento de las
obligaciones constitucionales, es también materia de reserva de ley
estatutaria, tanto por tratarse de funciones electorales como por relacionarse
con la organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, como lo
corrobora de manera análoga a lo que acontecía con el anteriormente mencionado,
la circunstancia de que igualmente haya sido regulado por la ley estatutaria en
su artículo 9o. Corresponderá entonces hacer idéntica declaratoria de
inconstitucionalidad en relación con esta disposición.
El
artículo 20 consagra ciertas prohibiciones, en los siguientes términos:
"Durante las
veinticuatro (24) horas anteriores y mientras tiene lugar el acto electoral,
prohíbese, a partir de la vigencia de la presente Ley, toda clase de propaganda
móvil o sonora, camisetas, banderas, sombreros, perifoneadores y similares que
hagan alusión, en cualquier forma, al acto electoral que se realice. Durante el
mismo lapso prohíbese también toda clase de manifestaciones, de entrevistas
radiales, de prensa escrita y televisada para todos los candidatos."
La
Corte había señalado en sentencia C-089 del 3 de marzo de 1994 que la
prohibición establecida por la ley estatutaria de partidos y movimientos
políticos de difundir resultados de encuestas o de proyecciones el mismo día de
las elecciones se ajustaba a la Constitución. Según la Corte, "el día de las
elecciones en el que los ciudadanos ejercen su derecho al sufragio (CP art.
258) y se define el rumbo democrático del país, deberán acallarse todas la
voces que no sean la voz del pueblo"  Conforme a tal criterio, la Corte
también considera que es legítimo desde el punto de vista constitucional
introducir durante las elecciones otras limitaciones a la divulgación de
entrevistas o formas de publicidad que puedan alterar el normal desarrollo del
certamen, o desorientar o desalentar a los votantes.
Por
eso, si la norma hubiese limitado tales prohibiciones al día mismo de las
elecciones, su contenido sería constitucional, en armonía con lo decidido en la
revisión la ley estatutaria de partidos y movimientos políticos. Sin embargo,
el artículo impugnado extiende tales prohibiciones a las veinticuatro horas
anteriores, sin que exista justificación razonable para ello, con lo cual se
viola el derecho fundamental a la libre expresión del pensamiento y de la
opinión política.
Por
lo anterior, se declarará la inconstitucionalidad del artículo acusado no sólo
por vicios de procedimiento -puesto se trata de una regulación de las funciones
electorales que debe ser desarrollada mediante ley estatutaria- sino también
por razones de fondo, por cuanto las prohibiciones establecidas desbordan el
marco del día mismo de las elecciones.
El
artículo 21 condiciona la posibilidad de que los colombianos residentes en el
exterior puedan votar para Senado a la expedición de una ley posterior. Al
respecto, considera la Corte, en primer lugar, que una tal ordenación del voto
de los colombianos en el exterior sólo puede efectuarse por ley estatutaria no
sólo por tratarse de la regulación de funciones electorales sino también, en
los términos de los artículos 103 y 152, literal d) de la Constitución, del
desarrollo del voto como mecanismo de participación ciudadana. En este sentido
la norma sub-exámine es inconstitucional.
Fuera
de lo anterior, debe agregarse que esta disposición desconoce en forma clara,
ostensible y abierta el derecho fundamental que tiene todo ciudadano a la
participación en la conformación, ejercicio y control del poder político, y
concretamente en lo que hace a la facultad de elegir y ser elegido. Necesario
es destacar, que el derecho al voto es un derecho de aplicación inmediata, en
los términos del artículo 85 de la Constitución Política, por manera que
constituye quebranto a la Carta el deferimiento de su efectividad a la
reglamentación legal.
Al
respecto, coincide esta Corporación con los argumentos de los demandantes y del
señor Procurador, en cuanto "resulta inconstitucional, condicionar la
participación de los ciudadanos colombianos residentes en el exterior en las
elecciones para el Senado a la expedición de una ley para esos efectos por
parte del Congreso".
Así
mismo, se encuentra que la norma acusada tiene un contenido de carácter
discriminatorio y vulneratorio del derecho a la igualdad, consagrado en el
artículo 13 de la Carta Política, en cuanto no permite el ejercicio del
sufragio a quienes residan en el exterior, cuando la Constitución por el
contrario, establece el derecho como tal en favor de todos los ciudadanos
colombianos, sin hacer distinciones en cuanto al lugar de su residencia.
En
razón a lo anterior, la norma es también inexequible desde el punto de vista
material y así se declarará.
El
artículos 22 regula una ausencia de inhabilidad en los siguientes términos:
"En concordancia
con el texto de excepción del artículo 197 de la Constitución, reitérase el
derecho político y jurídico de Senadores y Representantes a ser elegidos a la
Presidencia y Vicepresidencia de la República. Por tanto, el texto del numeral
8o. del artículo 179 de la Constitución es inaplicable a Senadores y Representantes
que resulten elegidos Presidente o Vicepresidente de la Nación, tal cual lo
indica el precitado artículo 197 de la Constitución Nacional."
Este
artículo corresponde claramente a la materia de funciones electorales ya que
reglamenta aspectos de lo que la doctrina denomina el derecho de sufragio
pasivo, al pretender precisar los alcances de una puesto condición de
inelegibilidad. Es pues materia de reserva de ley estatutaria, por lo cual en
su expedición se violó el procedimiento establecido por la Constitución.
Pero
la inconstitucionalidad de este artículo es también material. En efecto, el
legislador no puede, so pena de contrariar la Carta Política, a pretexto de
interpretarla, establecer excepciones a sus mandatos, menos tratándose de
regímenes prohibitivos, como el de las inhabilidades, y concretamente del
artículo 179, numeral 8o. de la Constitución Política. El legislador no puede
por tanto, entrar a establecer excepciones donde la norma constitucional no las
ha establecido, como lo hace en la disposición que se examina.
La
lectura del artículo 179, numeral 8o. de la Constitución muestra que ella
consagra una inhabilidad electoral o de inelegibilidad, esto es, una
prohibición para ocupar un cargo o hacer uso del derecho a ser elegido. Esto significa,
que la violación de la prohibición contenida en el ordinal 8 del artículo 179
superior acarrea la nulidad de la elección, por lo que no es válido que el
legislador entre, como lo hizo en la norma que se examina, a establecer
excepciones de carácter discriminatorio, en favor de los Senadores y
Representantes que resulten elegidos Presidente o Vicepresidente de la Nación,
cuando la misma norma superior no las establece, sino que por el contrario,
señala que cobija a todos los funcionarios de elección popular.
Es
claro para la Corte que la inhabilidad establecida por la norma constitucional
es general y no exclusiva para los congresistas: es aplicable a todos los
cargos electivos. Ya en anterior decisión esta Corporación había establecido lo
siguiente:
"De
conformidad con el numeral 8º, del artículo 179 de la Constitución, le está
prohibido a cualquier ciudadano ser elegido simultáneamente para más de una
coporación  o cargo público, o para una corporación y un cargo, si los
respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente. De ahí que
la norma en referencia utiliza la expresión "nadie podrá", para
cobijar en la mencionada prohibición a todos los ciudadanos.5
"
En
este sentido, coincide la Corte con el Procurador, en considerar que ésta
inhabilidad comprende a todo ciudadano que aspire a ser elegido. Como se señala
en el concepto fiscal que esta Corte prohija, "la prohibición contenida en
la norma aludida constituye, en realidad una inhabilidad general y absoluta,
vale decir, referida a todo ciudadano, en relación con todo cargo público y no
susceptible de sanearse mediante renuncia. Se trata, en tal sentido, de una
suerte de estatuto genérico de inhabilidades mínimas exigibles a todo ciudadano
(...). Reconocerle al artículo 197, en gracia de su simple taxatividad, el
carácter de excepción respecto del numeral 8o. del artículo 179 es tanto como
regresar a la idea oprobiosa del "privilegio monárquico",
transformado ahora en "privilegio ejecutivo" y ampliado a los simples
candidatos".
En
tal virtud, estima la Corte que esta norma es inconstitucional también por
razones de fondo y así se declarará.
El
artículo 23 también regula fenómenos de inhabilidad en los siguientes términos:
"INHABILIDAD
POR PARENTESCO. El nexo de parentesco a que se refieren los ordinales 5o.,
8o. e inciso final del artículo 179 de la Constitución Nacional, sólo es causal
de inhabilidad para la elección de Senador, si el empleado con autoridad
política o civil la ejerce en todo el territorio nacional. No hay lugar a
inhabilidad tratándose de parientes al servicio diplomático o consular".
Como
esta norma sólo fue impugnada por vicios de forma, la Corte se limita a
constatar que en su expedición no se respetó la reserva de ley estatutaria
establecida por la Constitución en lo que respecta a las funciones electorales.
En efecto este artículo, al igual que el anterior, regula un fenómeno típico de
las funciones electorales como es el derecho de sufragio pasivo. Por
consiguiente el artículo será declarado inexequible por tal motivo.
El
artículo 24 regula las encuestas y sondeos en los siguientes términos:
"ENCUESTAS
Y SONDEOS. Además de lo establecido en la Ley 58 de 1985 y en el
"Estatuto Básico de los Partidos y Movimientos Políticos", el Consejo
Nacional Electoral reglamentará la materia y las condiciones técnicas necesarias
a las que deberán acogerse las firmas o personas encuestadoras de opinión
política o electoral. Todo con el fin de asegurar el mayor profesionalismo en
las investigaciones y la transparencia en la información.
Los
estudios sobre esta materia deberán, en todo caso, estipular claramente el
origen de la financiación del estudio, el nombre de quien contrató el mismo, el
número de personas encuestadas y el márgen de error de la respectiva encuesta.
Lo anterior será especialmente riguroso para el caso de encuestas sobre
preferencias presidenciales, de Gobernación, Alcaldes o Congreso de la
República.
El
Consejo Nacional Electoral abrirá un registro de firmas y personas naturales
que ejecuten encuestas sobre preferencias políticas o electorales.
Queda
prohibida la divulgación de encuestas o sondeos sobre preferencias políticas o
electorales que lleven a cabo, directamente, al aire, sin el cumplimiento de
las normas establecidas para el efecto por el Consejo Nacional Electoral, los
medios de radiodifusión".
Esta
disposición, reguladora de las encuestas y sondeos sobre preferencias políticas
o electorales, corresponde y hace parte de la ley estatutaria de partidos y
movimientos políticos, razón por la cual, el incluirla en la ley ordinaria
materia de examen, constituye una clara violación de la Constitución por ser
materia de reserva estatutaria. Así se declarará.
5-
Estudio del artículo 25 y de los efectos de la declaratoria de inexequibilidad
en esta sentencia.
El
artículo 25 establece los efectos de derogatoria y vigencia de la ley, en los
siguientes términos:
"La presente ley
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de la
fecha de su promulgación".
Si
algunos artículos de la ley 84 de 1993 fueron declarados constitucionales, es
obvio que han  quedado derogadas las disposiciones anteriores contrarias a los
tres artículos y en este sentido debe entenderse la constitucionalidad del
artículo 25.
Lo
anterior no es óbice para precisar los alcances temporales de esta sentencia de
inconstitucionalidad, tanto en lo que tiene que ver con situaciones
consolidadas por la Ley 84 de 1993 como lo relativo a las normas que se
aplicarán a la función electoral hasta cuando se sancione la Ley Estatutaria
que la desarrolle, puntos que la Corte entra a estudiar.
a-
vigencia de esta sentencia y efectos de los fallos de la Corte en materia de
constitucionalidad.
Dice
el artículo 243 de la Constitución Política:
"Los
fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen
tránsito a cosa juzgada constitucional".
La
Corporación ya ha fijado el alcance temporal de sus sentencias al estudiar la
acusación que se le hizo, mediante acción pública, al inciso 2º del articulo 21
del Decreto 2067 de 1991, el cual establecía que "los fallos de la
Corte  sólo tendrán efecto hacia el futuro, salvo para garantizar el principio
de favorabilidad en materia penal, policiva y disciplinaria y en el caso
previsto en el artículo 149 de la Constitución".
La
Corte Constitucional declaró inexequible ese inciso y en tal ocasión señaló lo
siguiente:
"¿Cual es la autoridad llamada a señalar los
efectos de los fallos de  la Corte?
"Para
responder esta pregunta, hay que partir de algunos supuestos, entre ellos
estos.
"El
primero, que los efectos de un fallo, en general, y en particular de los de la
Corte Constitucional en asuntos  de constitucionalidad, se producen  sólo
cuando se ha terminado el proceso,  es decir cuando se han cumplido todos los
actos procesales. En otras palabras, cuando la providencia está ejecutoriada.
"El
segundo, que la propia Constitución no se refirió a los efectos de las
sentencias de inconstitucionalidad, limitándose a declarar en el inciso primero
del citado artículo 243, como se indicó, que los fallos que  la Corte dicte en
ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada. Pero,  bien
habría podido la Asamblea Constituyente dictar otras normas sobre la materia.
No lo hizo porque, en rigor, no eran necesarias.
"Pero,
fuera del poder  constituyente, ¿a quién corresponde declarar los efectos  de
los fallos de la Corte Constitucional, efectos que no hacen parte  del proceso,
sino que se generan por la terminación de éste?. Unicamente a la propia Corte
Constitucional, ciñéndose, como es lógico, al texto y al espíritu de la
Constitución. Sujeción que implica tener en cuenta los fines del derecho
objetivo, y de la Constitución que es parte de él, que son la justicia y la
seguridad jurídica.
"En
conclusión, sólo la Corte Constitucional, de conformidad con la Constitución,
puede, en la propia sentencia, señalar los efectos de ésta. Este principio,
válido en general, es rigurosamente exacto en tratándose de las sentencias
dictadas en asuntos de constitucionalidad.
"En
consecuencia, incurrió en falta el Presidente de la República al dictar la
norma demandada, pues ejerció funciones atribuidas por la Constitución a la
Corte Constitucional. Violó, concretamente, en el artículo 121, según el cual
'ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le
atribuyen la Constitución y la Ley´. Y violó, además, el inciso 3º del artículo
113, que consagra el principio de que los ´diferentes órganos del Estado tienen
funciones separadas´.
"Además,
inaceptable sería privar a la Corte Constitucional de la facultad de señalar en
sus fallos el efecto de éstos,  ciñéndose, hay que insistir, estrictamente en
la Constitución. E inconstitucional hacerlo por mandato de un Decreto, norma de
inferior jerarquía. Pues la facultad de señalar los efectos de sus propios
fallos, de conformidad con la Constitución, nace para la Corte Constitucional
de la misión que le confía el inciso 1º del artículo 241, de guardar la
´integridad y supremacía de la Constitución´, porque para cumplirla, el paso
previo e indispensable es la interpretación que se hace en  la sentencia que
debe señalar sus propios efectos. En síntesis, entre la Constitución y la Corte
Constitucional, cuando ésta interpreta Aquélla, no puede interponerse  ni una
hoja de papel"6 .
Esta
decisión responde a una de las inquietudes más complejas sobre el efecto de las
sentencias de inconstitucionalidad.
Por
supuesto que ha habido en la doctrina y en la legislación comparada respuestas
concretas al tema planteado. Por ejemplo, la Ley Orgánica de la Corte Suprema
de Justicia de Venezuela señala que la Corte debe determinar "los efectos
de la decisión en el tiempo"7.
Conforme
a las anteriores consideraciones, entra la Corte a determinar los efectos en el
tiempo de esta sentencia y considera que en el caso concreto se deben respetar
las situaciones consolidadas. Es sabido que en materia electoral hay etapas
separadas: las elecciones y los escrutinios como verificación del hecho
electoral. Pero ambas responden a un mismo principio: el desarrollo del
derecho  político de elegir y de ser elegido. Y, la organización electoral está
al servicio de un proceso: el de efectividad del voto como derecho y deber
ciudadano (art.258 C.P.).
Igualmente,
considera la Corte Constitucional que con la declaratoria de inexequibilidad se
restauran ipso jure, siempre y cuando no sean contrarias al ordenamiento
constitucional , las normas que habían sido derogadas por los apartes de
la Ley 84 de 1993 que sean declarados inconstitucionales en esa sentencia.
Esta
determinación de la Corte  de indicar las normas que deben aplicarse como
consecuencia de la presente sentencia, se fundamenta en la facultad que tiene
de fijar los alcances de sus fallos y en una justa  y prudente actitud. Sobre
este aspecto dijo la Corporación en sentencia de 14 de diciembre de 1992:
"No
sobra  agregar que la presente decisión no crea o desencadena ningún vacío
normativo  ni coloca a sus destinatarios ante un abismo preceptivo, pues, como
es natural y apenas obvio, reviven las normas que el presente Decreto trató de
remplazar y que regulan la materia"8.
b-
Enunciado de la Sentencia de la Corte Constitucional de 14 de diciembre de 1992
y su tradición jurídica.
Varias
décadas de historia legislativa y Constitucional le dan hilación a la tesis de
que hay normas que reviven cuando se declara inexequible la ley que trató de
reemplazarlas.
A)
La providencia precitada de la Corte Constitucional tiene como antecedente
inmediato9 la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia, que al definir la acusación contra el artículo 146 del Decreto 294 de
1973, reconoció que las normas derogadas por el acto Legislativo Nº 1 de 1979
reviven al ser inexequible éste. Dijo entonces la Corte:
"Al
ser declarada inexequible la modificación introducida en el parágrafo del
artículo 208 de la Constitución por el acto Legislativo número 1 de 1979, y
revivir el antiguo parágrafo de dicha disposición, adoptada como artículo 67
del Acto Legislativo número 1 de 1968, recuperó también su vigencia el artículo
146 acusado y por tanto, la Corte puede ejercer su jurisdicción constitucional
sobre la norma demandada."10
B)
Y como antecedente mediato, fue el Consejo de Estado el 7 de noviembre de 1958,
el que por primera vez dijo que la declaratoria de inexequibilidad revive las
normas que la ley inconstitucional había tratado de reemplazar. Se trataba de
una consulta que el Ministro de Hacienda había formulado sobre este punto:
"Declarado
inexequible en sus artículos vigentes el Decreto 700 de 1954, el cual, por
medio de su artículo 113 derogó los Decretos 2266 de 1952, con excepción de su
artículo 1º, 3134 de 1952, artículo 1º, 2º, 3º, 6º, 7º y 8º del Decreto 2187 de
1953 y el artículo 7º del Decreto 2602 de 1951 desea el Ministerio de Hacienda
saber si tales disposiciones derogadas por el Decreto 700 han vuelto a tener
vigencia por causa de la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 700.11
La
Sala de Negocios Generales del Consejo de Estado, con ponencia del doctor
Guillermo González Charry, conceptuó:
"Aplicando
los conceptos y conclusiones precedentes al caso consultado por el señor
Ministro de Hacienda, el Consejo de Estado considera que la derogatoria que
hizo el Decreto-Ley número 700 de 1954 de preceptos pertenecientes a otros
estatutos, debe tenerse por no hecha desde la fecha de ejecutoria del fallo de
la Corte que declaró la inexequibilidad de tal decreto, y que, en consecuencia,
tales normas deben aplicarse mientras no hubiesen sido derogadas por otros
decretos-leyes no declarados inexequibles, o hasta cuando se cumpla la
previsión contenida en el artículo 2º de la Ley 2ª de 1958."12
Estos
antecedentes coincidían además con las tesis sostenidas por la doctrina
coetánea en el derecho comparado. Así, Mauro Cappelletti, basándose en la
Constitución Italiana13
, que contiene un ordenamiento similar al colombiano, opinó:
"Una
vez pronunciada la sentencia de inconstitucionalidad, la ley respectiva es
privada de efectos de manera general, ni más ni menos que si hubiere sido
abrogada por una ley posterior, y, por el contrario, recuperan su vigencia
las disposiciones legislativas anteriores a la ley de inconstitucionalidad"14 .
C-
Como antecedente legislativo están los artículos 123 del Decreto Ley 1675 de
1964, 155 del decreto 294 de 1973 y el artículo 83 de la Ley 38 de 1989. Dice
este último:
"Si
la Corte Suprema de Justicia declarare inexequible la ley que aprueba el
presupuesto general de la nación en su conjunto, continuará rigiendo el
presupuesto del año anterior, repetido de acuerdo con las normas del presente
Estatuto.
"La
misma norma se aplicará en caso de suspensión provisional de una o varias
apropiaciones de la ley o del decreto."
En
el mismo tenor están los otros dos artículos, antes citados.
Tales
normas recogieron entonces los conceptos del Consejo de Estado y luego la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
Es
entonces la actual jurisprudencia de la Corte Constitucional la continuación de
una doctrina nacional, elaborada desde 1958 por el Consejo de Estado, reiterada
en 1961. Esta tradición fue recogida en normas legales, (artículos 123 del
Decreto Ley 1675 de 1964, 155 del Decreto 294 de 1973 y 83 de la Ley 38 de
1989) y adoptada en 1982 por la Corte Suprema de Justicia. Es pues un
pensamiento Jurídico coherente con la teoría constitucional colombiana.15
Los
anteriores razonamiento jurídicos dilucidan cualquier duda que pudiera surgir
de la presunta aplicación del artículo 14 de la Ley 153 de 1887, por cuanto esa
norma regula efectos de derogatoria de leyes y no de inexequibilidades. Si en
verdad, hay similitudes entre estas figuras, en cuanto al efecto erga omnes
y respecto a que en principio la vigencia es profuturo, salvo casos especiales[1], por el contrario, la
derogatoria es un fenómeno de teoría legislativa donde no sólo juega lo
jurídico sino la conveniencia político-social, mientras la inexequibilidad es
un fenómeno de teoría jurídica que incide tanto en la vigencia como en la
validez de la norma. Luego, dentro del ordenamiento jurídico no es lo mismo
inexequibilidad que derogación.
Si
la inexequibilidad de la ley no restaura "ipso jure" la
vigencia de las normas que la ley inconstitucional considera como derogadas,
habría que concluir que el mecanismo de control se tornaría ineficaz y esta
equivocada conclusión vulneraría la supremacia de la Constitución y la guarda
de la misma ( artículos 4º y 241 C.P.). Por consiguiente, cualquier tesis que
atente contra los efectos naturales del control constitucional debe ser
rechazada.
IV.    DECISION.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, obrando en
nombre del pueblo y por mérito de la Constitución,
R E S
U E L V E :
PRIMERO:
Declárase INHIBIDA para conocer, por agotamiento del contenido
normativo, de la acusación contra el inciso segundo del artículo 4º y contra el
inciso primero del artículo 6º de la Ley 84 de 1993, "por la cual se
expiden algunas disposiciones en materia electoral"
SEGUNDO:
Declarar
INEXEQUIBLES por vicios de procedimiento, por contener materias que
deben ser reguladas por medio de ley estatutaria:
a)
los artículos 1º, 2º, 3º, 4º salvo el inciso segundo, 5º, 7º, 8º, 10, 11, 12,
13, 15, 18, 19, 23 y 24 de la Ley 84 de 1993.
b)
los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 6º, el inciso segundo del
artículo 14º así como la expresión  "VOTO EN BLANCO O VOTO NULO. Voto
en Blanco es el que en la tarjeta electoral señala la casilla
correspondiente" del inciso primero del artículo 14º de la Ley 84 de
1993.
TERCERO:
Declarar INEXEQUIBLES tanto por vicios de procedimiento, por contener
materias que deben ser reguladas por medio de ley estatutaria, como por las
razones de contenido normativo señaladas en esta sentencia, el parágrafo del
artículo 6º, la expresión "el voto en blanco no se tendrá en cuenta
para obtener el cuociente electoral"  del artículo 14º y los artículos
20, 21, y 22 de la Ley 84 de 1993.
CUARTO:
Declarar EXEQUIBLES los artículos 9, 16 y 17 de la Ley 84 de 1993.
QUINTO:
Declarar
EXEQUIBLE el artículo 25 de la Ley 84 de 1993, precisando que los
efectos de esta sentencia rigen hacia el futuro y no afectan las situaciones
jurídicas consolidadas, y  que, siempre y cuando no sean contrarias al
ordenamiento constitucional, se restauran ipso jure las normas que
habían sido derogadas por los apartes de la Ley 84 de 1993 declarados
inconstitucionales en esta sentencia.
Notifíquese,
cópiese, publíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
JORGE
ARANGO MEJIA
Presidente
ANTONIO
BARRERA CARBONELL    EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado                                           Magistrado
CARLOS
GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE
GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO
HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO        FABIO MORON DIAZ
Magistrado                             Magistrado
VLADIMIRO
NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA
V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
Salvamento
de voto a la Sentencia No. C-145/94
LEY
ESTATUTARIA-Contenido/FUNCION ELECTORAL (Salvamento de
voto)
Tanto
las leyes sobre funciones electorales como las restantes leyes estatutarias,
desarrollan aspectos neurálgicos de la Constitución, íntimamente ligados a los
derechos fundamentales y a las reglas del juego democrático y, en parte, a ello
se debe su complejo proceso de adopción. No por tener estas leyes esa
proximidad a lo que es básico y esencial a la sociedad y al Estado, se debe
concluir que su regulación ha de ser "exhaustiva", cubriendo hasta el
detalle de la materia respectiva; por el contrario, estas normas están llamadas
a regular íntegramente lo que es "básico" y "esencial" de
esas materias. En todo caso, a este respecto, las funciones electorales no
exhiben exigencias ontológicas de exhaustividad regulativa que no puedan, si se
quiere, predicarse de las demás materias contempladas en el artículo 152 de la
CP.
ELECCIONES-Fecha
de realización (Salvamento de voto)
El
señalamiento de la fecha de las elecciones corresponde a la ley ordinaria pues
es tan sólo la expresión operativa de los preceptos constitucionales sobre
rotación de los agentes de ejercicio del poder en el Estado.
CONSULTAS
INTERNAS DE LOS PARTIDOS (Salvamento de voto)
La
consulta  de que trata el artículo 2o. de la ley 84 de 1993 constituye una
manifestación del derecho al voto. Como tal, su regulación y expedición
corresponde a la ley estatutaria de las funciones electorales, a que se refiere
el literal c) del artículo 152 de la Constitución Nacional.  Por tanto, no
podía hacer parte esta norma de ley ordinaria, lo que permitía deducir su
inconstitucionalidad, como en efecto, fué declarada. Como  el Pleno de la Corte
Constitucional lo puso de presente al efectuar el análisis del artículo 10o. de
la ley estatutaria mencionada, relativo a las consultas internas, en aras de
preservar la pureza de la manifestación libre de la opinión política, estas no
pueden realizarse simultáneamente con otras elecciones, so pena de transgredir
la prohibición constitucional que en su artículo 262, determina que la elección
de Presidente y Vicepresidente de la República no puede coincidir con otra
elección, y que la de Congreso debe hacerse en fecha separada de la elección de
autoridades departamentales y municipales.
CENSO
DE NUEVAS CEDULAS-Incorporación (Salvamento de voto)
Sin
el señalamiento de una fecha de corte para la incorporación al censo de
votantes, la Registraduría Nacional no podría precisar con exactitud el número
de integrantes del censo electoral. Es bien sabido que una serie de hechos
afectan la actualidad de los datos sistematizados, entre ellos, la muerte del
cedulado, la imposición de penas que conlleven la suspensión de los derechos
políticos y las causales que dan lugar a la cancelación de la cédula. Todo lo
cual obliga a su comprobación y actualización. Otro sano propósito por el que
propende la norma que se examina, es el de impedir la múltiple inscripción en
tratándose de elecciones por circunscripciones territoriales, para lo cual las
cédulas incorporadas al censo electoral deben compararse con las inscritas. La
restricción anotada era razonable y ajustada a la realidad de la organización
electoral colombiana y que su contenido es propio de la ley ordinaria y no de
la ley estatutaria. Por ello  consideramos que ha debido declararse exequible.
VOTANTES-Inscripción
(Salvamento de voto)
La
materia del artículo  4o. corresponde a la ley ordinaria, teniendo en cuenta
principalmente que constituye un instrumento idóneo para el mejor desarrollo
del proceso electoral, como así se ha venido concibiendo desde innumerables
legislaciones anteriores, y concretamente en el Código Electoral de 1986. Por
este motivo, consideramos que era exequible.
RESIDENCIA
ELECTORAL
(Salvamento de voto)
El
artículo 5o. de la ley 84 de 1993 se limita a desarrollar el contenido del artículo
316 de la Constitución Política, en cuanto se refiere a la residencia
electoral, por lo cual esta debe ser regulada a través de ley ordinaria. Así
las cosas, no encontrábamos asidero constitucional a la acusación en su contra.
En nuestro criterio, era exequible.
CONGRESISTA-Inscripción/DERECHO
A LA IGUALDAD-Violación (Salvamento de voto)
En
cuanto al parágrafo de esta norma, según el cual "las listas
encabezadas por Congresistas elegidos en las elecciones inmediatamente
anteriores se inscribirán sin necesidad de acreditar requisito alguno,"
consideramos  que  la acreditación de requisitos de elegibilidad es condición
personalísima, únicamente predicable del candidato inscrito. Mal podría la
misma desnaturalizarse, extendiendo lo que es aplicable del Congresista que ha
cumplido con su acreditación, a la totalidad de la lista correspondiente.  En
nuestro sentir además  tenían razón los accionantes al tacharla de
discriminatoria, ya que no se encuentra justificación que amerite tal
prerrogativa o privilegio, por el solo hecho circunstancial de formar parte de
una lista que encabeza un Congresista, como con acierto lo asevera el señor
Procurador, al señalar que "la sola figuración en lista no puede erigirse
en criterio que justifique un privilegio de tal naturaleza". Por ello,
coincidimos con la mayoría en declararlo inexequible.
TARJETA
ELECTORAL-Contenido
(Salvamento de voto)
El
artículo 7o. de la ley 84 de 1993 en cuanto regula todo lo relacionado con el
formato y el contenido de las tarjetas electorales, que se constituyen en
herramienta principalísima para asegurar la pureza del proceso electoral,
encuentra pleno respaldo en el artículo 258 de la Carta. En ese sentido, lo
estimamos exequible.
TARJETA
ELECTORAL-Cambio
(Salvamento de voto)
En
aras de la transparencia del proceso electoral, los hechos constitutivos del
impedimento señalado debían ser certificados y divulgados por la Registraduría
Nacional tan pronto ocurran. En esas condiciones, considerabamos que ha debido
declararse la constitucionalidad del precepto, condicionada  a la previa y
plena comprobación del acaecimiento de uno de tales hechos por el partido o
movimiento político a que pertenezca el candidato fallecido o impedido a causa
de enfermedad, y a su previa oficialización y divulgación por los medios
idóneos, a cargo del Registrador Nacional del Estado Civil.
TARJETA
ELECTORAL-Utilización
(Salvamento de voto)
En
relación con la disposición relativa a la utilización de las tarjetas
electorales, considerábamos que le eran aplicables los mismos argumentos
anotados en relación con el artículo 7o. de la ley materia de examen, en cuanto
al carácter esencial y fundamental que reviste para el proceso electoral el
instrumento de las tarjetas electorales, y al respaldo constitucional que en el
artículo 258 Superior encuentra su regulación por ley ordinaria, en orden a
asegurar su correcta utilización.
MESAS
DE VOTACION-Instación (Salvamento de voto)
La
norma ha debido declararse exequible ya que refiriéndose exclusivamente a un
aspecto meramente técnico, operativo y de mecánica electoral, a saber el
relacionado con la determinación de los sitios para la instalación de las mesas
de votación, su señalamiento competía a la ley ordinaria.
JURADO
DE VOTACION-Integración (Salvamento de voto)
La
determinación del procedimiento a seguirse para la integración de los jurados
de votación, con miras al desarrollo del debate electoral, es materia propia de
la ley ordinaria. Por ello, consideramos que esta norma ha debido declararse
exequible.
JURADO
DE VOTACION-Validez de las actas (Salvamento de voto)
No
encontrábamos méritos para declarar la inconstitucionalidad del artículo 11
sobre la base de tener contenido estatutario. Opinamos que las cuestiones
eminentemente de carácter operativo para las elecciones,  de que trata el
precepto deben continuar regulándose por medio de ley ordinaria, como así se
hizo por la Ley 84 de 1993, razón por la cual la estimamos ajustada al
ordenamiento superior.
ESCRUTINIOS
(Salvamento de voto)
El
contenido normativo del artículo 12 de la ley 84 de 1993 es propio de ley
ordinaria, toda vez que se refiere a aspectos estrictamente operativos o de
mecánica de contabilización y formalización de los resultados arrojados por el
proceso electoral. Por ese motivo, estimábamos que la disposición no encuadra
dentro de la materia estatutaria de que trata el literal c) del artículo 152
CP.
ESCRUTINIOS-Actas/PRESUNCION
DE VERACIDAD (Salvamento de voto)
Las
actas de los escrutinios, en cuanto documentos públicos que son, están
amparadas por la presunción de autenticidad. En tal virtud, su contenido se
reputa veraz mientras no se compruebe lo contrario según los procedimientos
previstos en la legislación electoral y por las causas que la misma establece.
No resultaba atendible el argumento de presunta inconstitucionalidad que
pretendía estructurarse sobre la base de la probable inexactitud de que podrían
adolecer dichas actas. La circunstancia de que los escrutinios se hagan con
base en las actas, no excluye en modo alguno la posiblidad de que en caso de
invalidez o nulidad, se acuda al reconteo de votos en forma directa.  En
nuestro sentir, esta norma era, pues, exequible.
ESCRUTINIOS
EN DISTRITO CAPITAL (Salvamento de voto)
La
atribución de funciones de escrutinio a la Comisión Escrutadora del Distrito
Capital que se hace en esta norma, debe entenderse como una fase o etapa dentro
de las varias que componen el proceso global de escrutinio, cuya
responsabilidad en el ámbito nacional la Carta asigna al Consejo Nacional
Electoral. Su regulación, en cuanto entraña ejercicio de funciones públicas, es
de la órbita de la ley ordinaria, al tenor de lo dispuesto en el artículo
150-22 CP.  A nuestro juicio, no hay razón válida, que permita afirmar que la
participación de órganos o instancias inferiores -que  pertenecen a la
organización electoral- desconozca la competencia que al mencionado ente le
asigna la Carta en su artículo 265, numeral 7o. Así, pues, consideramos que era
exequible.
VOTO
EN BLANCO-Definición
(Salvamento de voto)
La
definición que  del voto en blanco se hacía en la primera parte del artículo
14, era puramente operativa o instrumental pues apuntaba a su contabilización
en  las tarjetas electorales. En ese sentido, sosteníamos que su regulación
corresponde a ley ordinaria, razón por la cual la considerábamos ajustada a la
Constitución Política.
VOTO
EN BLANCO-Validez/CUOCIENTE
ELECTORAL (Salvamento de voto)
En
cuanto a la parte final que  disponía que el voto en blanco no se tendrá en
cuenta para obtener el cuociente electoral, coincidimos con la mayoría en
estimarla violatoria de los artículos 1, 13, 40, 103, 258 y 263 de la
Constitución Política, conforme a los cuales el voto como manifestación genuina
del sentimiento político de un ciudadano y como expresión del pensamiento
político que se traduce en el ejercicio del derecho fundamental al sufragio,
debe en todo los casos en que sea válidamente emitido tenerse en cuenta para
los efectos de la determinación de los cuadros del Estado y por ende en la
determinación electoral. Restarle, como lo hace la norma en examen, validez al
voto en blanco, equivale a hacer nugatorio el derecho de expresión política de
disentimiento, abstención o inconformidad que también debe tutelar toda democracia.
Ciertamente desconocerle los efectos políticos al voto en blanco, comporta un
desconocimiento del derecho de quienes optan por esa alternativa de expresión
de su opinión política. No existiendo razón constitucionalmente atendible que
justifique tal determinación, dicha negación acarrea desconocimiento del núcleo
esencial del derecho al voto que la Carta Fundamental garantiza a todo
ciudadano en condiciones de igualdad, con prescindencia de la opinión política,
y violación a los principios y valores que subyacen en la concepción misma del
Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista, en que por
decisión del constituyente se erige el Estado colombiano.
REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL-Transmisión de datos (Salvamento de
voto)
Esta
norma, en cuanto señala que corresponde al Registrador Nacional de Estado Civil
determinar cuáles son los medios confiables, según el estado de la tecnología,
para la transmisión de datos, contempla un aspecto puramente operativo, que no
toca lo esencial de la función electoral. Por tanto, su desarrollo  corresponde
necesariamente a la ley ordinaria. En ese sentido, la estimamos exequible.
REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL-Facultad de contratar (Salvamento de
voto)
En
cuanto se limita a otorgar una facultad de orden legal al Registrador Nacional
del Estado Civil para contratar en forma directa, al igual que para celebrar un
encargo de fiducia, concretamente para llevar a cabo debidamente la realización
de las elecciones de 1994. En este sentido, su desarrollo debe ser objeto
necesariamente de una ley ordinaria. Es competencia del legislador, de
conformidad con el inciso final del artículo 150 de la Constitución Política,
expedir el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esta
competencia, desde luego comprende la de señalar excepciones puntuales a su
campo de aplicación, como en este caso lo hace el parágrafo acusado del
artículo 16, al exceptuar de su regulación, la autorización al Registrador
Nacional para contratar directamente y para celebrar el encargo de fiducia para
la realización de las elecciones de 1994.
CEDULA
DE CIUDADANIA-Expedición (Salvamento de voto)
Lo
concerniente con la expedición de las cédulas de ciudadanía y la forma de
obtención de este documento, corresponde a aspectos de carácter operativos y
mecánicos del proceso electoral, por lo que su desarrollo debe hacer parte de
una ley ordinaria.
CAMPAÑAS
ELECTORALES-Financiación (Salvamento de voto)
Aspecto
central del funcionamiento y régimen de los partidos y movimientos políticos,
es el relacionado con la financiación estatal de las campañas electorales. Es
este uno de los temas de ineludible regulación mediante ley estatutaria, en
virtud del mandato constitucional contenido en el artículo 152, literal c) de
la Carta Política. Así lo entendió inequívocamente el legislador al ocuparse de
manera integral de esta temática en la Ley Estatutaria Número 11/92 Cámara,
348/93 Senado, cuyo artículo 13, luego de reiterar el deber constitucional que
en ese sentido tiene el Estado, señala las cifras o montos de reposición de los
gastos de campaña para los distintos cargos de elección popular, al igual que
la forma de distribución de los aportes estatales entre los candidatos inscritos
y el partido o movimiento político, de acuerdo a sus estatutos, como también la
entidad encargada de hacer el reajuste anual de tales valores, de conformidad
con el aumento del índice de precios al consumidor.
CAMPAÑAS
ELECTORALES-Caución (Salvamento de voto)
Lo
relacionado con las cauciones a exigirse a los candidatos a cargos de elección
popular para el cumplimiento de las obligaciones constitucionales, es también
elemento esencial a la naturaleza de la ley estatutaria sobre la organización y
régimen de los partidos y movimientos políticos, como lo corrobora de manera
análoga a lo que acontecía con el anteriormente mencionado, la circunstancia de
que igualmente haya sido regulado por la ley estatutaria en su artículo 9o.
PROPAGANDA
ELECTORAL-Prohibiciones
(Salvamento de voto)
Las
prohibiciones impuestas por la norma constituyen  una abierta negación del
derecho fundamental a la libre expresión del pensamiento y de la opinión
política, sin perjuicio de la observancia de las prohibiciones que constitucionalmente
tengan respaldo, y que contempla la ley estatutaria de partidos y movimientos
políticos. Cuando la norma en examen impone limitaciones y restricciones al
ejercicio de este derecho fundamental, desconoce los principios y garantías
esenciales a la libre expresión democrática.
DERECHO
AL VOTO-Limitaciones/DERECHO
AL VOTO-Aplicación Inmediata/COLOMBIANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR-Ejercicio
del sufragio (Salvamento de voto
La
participación de los colombianos residentes en el exterior en las elecciones es
materia reservada al campo de la ley estatutaria, como quiera que se trata de
un aspecto esencial de la función electoral que, en los términos de los
artículos 103 y 152, literal d) CP además toca con el ejercicio del derecho al
voto como mecanismo de participación ciudadana. En este sentido, participamos
en la decisión adoptada, que declaró inexequible esta norma. Este precepto
desconoce en forma  abierta el derecho fundamental que tiene todo ciudadano a
la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político, y
concretamente en lo que hace a la facultad de elegir y ser elegido. El derecho
al voto es un derecho de aplicación inmediata, en los términos del artículo 85
de la Constitución Política, por manera que constituye quebranto a la Carta el
deferimiento de su efectividad a la reglamentación legal. Viola el derecho a la
igualdad, en cuanto no permite el ejercicio del sufragio a quienes residan en
el exterior, cuando la Constitución por el contrario, establece el derecho como
tal en favor de todos los ciudadanos colombianos, sin hacer distinciones en
cuanto al lugar de su residencia.
CONGRESISTAS/INHABILIDADES/NORMA
CONSTITUCIONAL-Excepciones legales (Salvamento de voto)
El
legislador no puede, so pena de contrariar la Carta Política, a pretexto de
interpretarla, establecer excepciones a sus mandatos, menos tratándose de
regímenes prohibitivos, como el de las inhabilidades, que es materia de
desarrollo privativo y exclusivo del constituyente, y concretamente del
artículo 179, numeral 8o. de la Constitución Política: el legislador no puede
por tanto, entrar a establecer excepciones donde la norma constitucional no las
ha establecido, como lo hace en la disposición que se examina. La violación de
la prohibición contenida en el ordinal 8 del artículo 179 superior acarrea la
nulidad de la elección, por lo que no es válido que el legislador entre, como
lo hizo en la norma que se examina, a establecer excepciones de carácter
discriminatorio, en favor de los Senadores y Representantes que resulten
elegidos Presidente o Vicepresidente de la Nación, cuando la misma norma
superior no las establece sino que, por el contrario, señala que cobija a todos
los funcionarios de elección popular.
ENCUESTAS
ELECTORALES (Salvamento de voto)
El
tema de las encuestas y sondeos sobre preferencias políticas o electorales
forma parte esencial de la materia que conforme al artículo 152 CP.  hace parte
de la ley estatutaria de partidos y  movimientos políticos, razón por la cual,
su inclusión en la ley ordinaria materia de examen, constituye una clara
violación de la Constitución.
REF.
EXPEDIENTES D-489, D-492, D-495, D-500, D-506, D-507, D-508, D-511, D-512 y
D-515 (Acumulados).
Acciones
públicas de inconstitucionalidad contra la Ley 84 de 1993 "por la cual se
expiden algunas disposiciones en materia electoral" por presuntos vicios
de proce-dimiento en su formación y, por razones de fondo contra los artículos
1o., 2o., 3o., 6o. (parcial), 7o. (parcial), 10 (parcial), 11 (parcial), 12 (parcial),
13, 14 (parcial), 16 (parcial), 18, 19, 20, 21 y 22 de la misma ley.
1.
Con el acostumbrado respeto,  los suscritos Magistrados nos permitimos a
continuación exponer las razones de nuestro disentimiento con la decisión
adoptada por la mayoría de la Corte Constitucional en el examen de
constitucionalidad de la Ley 84 de 1993.
Nuestra
discrepancia esencial radica con la concepción que dicho fallo  sostiene en
relación con los criterios para determinar el ámbito material de la ley
estatutaria sobre funciones electorales.
Concientes
de que el  examen de buena parte de los cargos imponía dilucidar el mencionado
aspecto, en la ponencia conjunta  que sometimos a consideración del Pleno de la
Corte Constitucional, a este respecto afirmábamos:
"...
Es
bien sabido que el Constituyente de 1991 se ocupó de determinar la tipología de
las leyes mediante las cuales el Congreso de la República puede ejercer
válidamente su competencia de regulación normativa respecto de ciertas
materias. Así por ejemplo, en el artículo 152 de la Carta, reservó al campo de
las leyes estatutarias las siguientes: a) Derechos y deberes fundamentales de
las personas y los procedimientos y recursos para su protección; b)
Administración de justicia; c) Organización y régimen de los partidos  y movimientos
políticos; estatuto de la oposición y funciones electorales; d) Instituciones y
mecanismos de participación ciudadana y e) estados de excepción.
Empero,
una concepción como la planteada por el Constituyente presenta una serie de
problemas a la hora de establecer los criterios básicos que permitan determinar
a priori cuándo un cierto contenido normativo es de rango estatutario y cuándo
del resorte de la ley ordinaria. Son varias las dificultades que militan contra
una nítida clarificación conceptual acerca de este problema.
En
primer lugar las dificultades están presentes en  la determinación de la
naturaleza y alcances concretos de los elementos que permitan formular en
abstracto una teoría sobre el tema.
La
determinación de los criterios a seguir, para efectos de la referida
diferenciación, también plantea una serie de problemas ya que éstos pueden
tener un carácter subjetivo u objetivo; aún en el último caso, no se está
exento tampoco de dificultades. La dificultad es evidente, ya que puede
tratarse de criterios diversos para cada caso. El problema consiste, pues, en
conocer esos criterios.
La
dificultad se advierte además en la ubicación de un cierto contenido normativo
bajo uno de los grandes rubros de carácter estatutario que señaló el
Constituyente, pues ellos se entremezclan y en muchos casos presentan
importantes confluencias o zonas de tangencia.
Otro
aspecto problemático -quizás, el más importante- radica en cómo trazar una
línea divisoria entre los contenidos que corresponden a la ley estatutaria y
los que son propios de la ley ordinaria.
Otro
factor que contribuye a hacer el problema aún más complejo tiene que ver con la
escogencia de los criterios a emplearse pues, para formular válidamente a
partir de ellos generalizaciones, estos han de ser universales.  Por lo demás,
no siempre en un caso particular es posible establecer una frontera claramente
demarcada entre lo puramente sustantivo y lo adjetivo, entre lo esencial y lo
accidental, entre lo general y lo particular.
Para
tan solo ilustrar el punto, repárese en que aun cuando a primera vista podría
pensarse que el criterio de generalidad versus particularidad sería útil, en la
práctica este presenta serias deficiencias pues lo particular o adjetivo no es
sinónimo de lo accidental, de modo que un cierto contenido pese a ser especial,
puede ser esencial.
Todo
ello dificulta en grado sumo su identificación, interpretación y, lo que es más
importante, su correcta aplicación en el ámbito de las funciones y competencias
del órgano legislativo.
Con
todo, la dilucidación del cargo obliga a intentar, para los efectos del
presente examen, unos criterios de diferenciación entre lo que atendiendo al
contenido, única y exclusivamente puede ser materia de la ley estatutaria o en
su caso, de la ley ordinaria. Ciertamente,  al intérprete de las normas le
corresponde desentrañar y precisar en cada caso, los elementos conceptuales que
sirvan a ese fín, como etapa previa y necesaria de la resolución de los
problemas de constitucionalidad sometidos a su decisión.
A
ese fin, pueden indicarse a modo de pautas o brújulas que orienten el análisis,
y que permitan resolver los conflictos que planteen los contenidos normativos
sometidos a examen, los siguientes:
El
tema que es materia del contenido normativo.
Este
es un norte absolutamente certero comoquiera que el Constituyente mismo ha
constitucionalizado las materias que tienen rango estatutario.
Así
lo puntualizó esta Corte1, al acometer la
revisión oficiosa de la ley estatutaria No. 11 de 1992 Cámara - 348 de 1993
Senado "por la cual se dictan el Estatuto Básico de los partidos y
movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las
campañas y se dictan otras disposiciones". Dijo entonces:
"Lo
que es materia de una ley estatutaria, a no ser que se trate de aspectos de
detalle y de mera ejecución de sus previsiones, no puede sino hacer parte de
una ley de esta misma naturaleza y rango."
El
carácter fundamental, esencial o estructural de la regulación, dada
su inescindible relación ontológica con el ejercicio o efectividad de un
derecho constitucionalmente reconocido, o con la temática que, por decisión del
Constituyente de 1991 debe ser materia de ley estatutaria, con prescindencia de
su carácter general o particular.
La
aplicación de dichos criterios al presente análisis, permitiría afirmar que son
del resorte de la ley ordinaria: la regulación relacionada con la estructura,
composición y funciones de los órganos que integran la organización electoral
en aquellos aspectos no previstos por la Constitución Política; los aspectos
técnicos, operativos, de mecánica o puramente ejecutivos requeridos para la
organización de las elecciones, la puesta en marcha y la realización de los
procesos electorales y para el procesamiento de sus resultados.
La
organización de las elecciones comprende entre otros: el señalamiento de la
fecha en que tendrán lugar (i); la determinación de las condiciones de
participación tanto de los candidatos como de los electores que desde luego
correspondan a los criterios mencionados i. e, fecha de cierre de las
inscripciones (ii); las funciones puramente operativas de la organización
electoral durante su realización (iii); la contabilización numérica de los
votos sufragados por cada candidato, los escrutinios y la divulgación de sus
resultados.
No
son materia de la ley ordinaria, sino de la estatutaria: la regulación sobre
los partidos y movimientos políticos que comprende lo atinente a su
organización y funcionamiento, la  inscripción de autoridades y dignatarios;
privilegios, tales como la presentación y postulación de candidaturas a cargos
de elección popular, el apoyo financiero estatal a las campañas electorales; el
reconocimiento, cancelación y pérdida de la personería jurídica; la regulación
atinente a los distintivos por los cuales proyectan su imagen; disposiciones
sobre publicidad y encuestas de opinión política; derechos y garantías de la
oposición y de las minorías; participación de los partidos y movimientos
políticos en los medios de comunicación social del Estado y consultas."
En
ese orden de ideas, los Magistrados que suscribimos este salvamento de voto,
consideramos que las leyes estatutarias, como lo ha sostenido tradicionalmente
esta Corte, deben limitarse a los aspectos esenciales o sustanciales propios de
la respectiva materia. La sentencia de la cual discrepamos resuelve que,
tratándose de la ley estatutaria sobre las funciones electorales, no ha de
operar esta tesis que, admite, se impone respecto de las restantes leyes
estatutarias previstas en el artículo 152 de la CP. Las razones que expone para
sustentar su aserto no son, a nuestro juicio, convincentes.
Se
expresa en la sentencia que para el caso de las funciones electorales, la
Constitución ordena a la ley "regular" la materia, y no sólo en los
"aspectos esenciales". La simple lectura del artículo 152 de la CP,
elimina la supuesta "particularidad" de la ley sobre las funciones
electorales, pues el verbo rector "regular" se predica de todas las
materias que allí se mencionan y, de otra parte, no se alude en modo alguno al
"núcleo esencial".
Si
bien se afirma en la sentencia que la ley relativa a las funciones electorales
tiene sustancia propia, se teme que su regulación, limitada a lo esencial, le
haga perder su "especificidad". Se propone, por lo tanto, su
regulación exhaustiva, con lo cual se sugiere, equivocadamente, que el carácter
de una ley estatutaria proviene de un aspecto tan equívoco, contingente y
externo como su densidad normativa.
No
obstante dejar de precisar el ámbito sustancial de la ley reguladora de las
funciones electorales - confiando su configuración a posteriori  a un
criterio de densidad normativa -, se advierte que no se produce un vaciamiento
de la ley ordinaria ya que dicha ley tiene un campo jurídico delimitado. En
realidad, mal puede existir un terreno jurídico delimitado, si la ley debe ser
"exhaustiva".
No
parece acertado entender que la materia de la ley estatutaria se constituya por
lo que es "permanente" a la función electoral; correspondiendo
"lo transitorio" a la ley ordinaria. El ámbito de una ley estatutaria
no puede depender del criterio subjetivo del Legislador que, en ocasiones,
decida, por razones coyunturales o de conveniencia, conceder un tratamiento
puramente temporal a una materia que puede tener en sí misma conexidad esencial
con las funciones electorales. En fin, la vocación de permanencia - hasta que
se expida una norma posterior derogatoria - puede predicarse de todas las
leyes, y sobre ella es por lo tanto arriesgado construir un criterio válido
para distinguir lo que debe ser materia de la ley estatutaria.
Tanto
las leyes sobre funciones electorales como las restantes leyes estatutarias,
desarrollan aspectos neurálgicos de la Constitución, íntimamente ligados a los
derechos fundamentales y a las reglas del juego democrático y, en parte, a ello
se debe su complejo proceso de adopción. No por tener estas leyes esa
proximidad a lo que es básico y esencial a la sociedad y al Estado, se debe
concluir que su regulación ha de ser "exhaustiva", cubriendo hasta el
detalle de la materia respectiva; por el contrario, estas normas están llamadas
a regular íntegramente lo que es "básico" y "esencial" de
esas materias. En todo caso, a este respecto, las funciones electorales no
exhiben exigencias ontológicas de exhaustividad regulativa que no puedan, si se
quiere - así ello a nuestro juicio sea un error y una tamaña desproporción -,
predicarse de las demás materias contempladas en el artículo 152 de la CP.
Por
último, la importancia de las materias a que se refiere el artículo 152 y la consiguiente
necesidad de contar con un consenso mayor - que a su vez tome en consideración
a las minorías -, justifican el complejo método de adopción de las leyes
estatutarias, y no solamente de la dedicada a las funciones electorales. Estas
dos finalidades - importancia intrínseca de las materias y logro de un consenso
mayor -, se cumplen de manera suficiente si las normas se contraen a lo
fundamental de cada una de ellas. Extender las exigencias formales hasta
incluir todos los aspectos puramente técnicos y de detalle, aparte de
petrificar el ordenamiento, subvierte innecesaria y peligrosamente el principio
democrático arriesgando incluso que sean las minorías las que condicionen
absolutamente los indicados procesos decisorios de orden legislativo.
2.
Con
base en las anteriores premisas, considerábamos que en orden a examinar los
cargos se debía analizar  el articulado de la ley acusada, con el fin de
determinar si  atendido su ámbito normativo, se encuadraba o nó dentro del tipo
de preceptos que compete al legislador ordinario dictar en el marco de una ley
estatutaria; o, si por el contrario, por razón de las características
inherentes al contenido normativo de su articulado, su expedición debía
plasmarse bajo la forma y requisitos de la ley ordinaria.
A
continuación reproducimos  lo esencial del análisis efectuado respecto de cada
uno de los artículos y la decisión que en nuestro sentir ha debido adoptarse:
*
Artículo 1o.
A
nuestro juicio el señalamiento de la fecha de las elecciones corresponde a la
ley ordinaria pues es tan sólo la expresión operativa de los preceptos
constitucionales sobre rotación de los agentes de ejercicio del poder en el
Estado.
En
la ponencia  afirmábamos, aun cuando le asiste razón al demandante en
inquietarse por la ambiguedad que acusa la norma dada su deficiente redacción,
dicho defecto de técnica legislativa no conllevaba inexorablemente a su
inconstitucionalidad. En este caso el sentido unívoco de las normas constitucionales
que fijan los períodos de los candidatos de elección popular, permitía
completar el enunciado normativo del precepto cuestionado en forma que se podía
establecer sin mayor dificultad su significado, así:
CARGO
PERIODO
PRESIDENTE
Y VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA
(Artículos
190 y 202 de la CP.)
SENADOR
DE LA REPUBLICA
(Artículo
132 de la CP.)
4
años
4
años
REPRESENTANTE
A LA CAMARA
(Artículo
132 de la CP.)
4
años
DIPUTADOS
(Artículo
299 de la CP.)
3
años
CONCEJALES
(Artículo
312 de la CP.)
3
años
GOBERNADORES
(Artículo
303 de la CP.)
3
años
ALCALDES
(Artículo
314 de la CP.)
3
años
MIEMBROS
DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES
(Artículo
323 de la CP)
3
años
Por
las razones expresadas consideramos que esta norma se ha debido declarar
exequible.
* Artículo 2o.
Estimamos
que la consulta  de que trata el artículo 2o. de la ley 84 de 1993 constituye
una manifestación del derecho al voto. Como tal, su regulación y expedición
corresponde a la ley estatutaria de las funciones electorales, a que se refiere
el literal c) del artículo 152 de la Constitución Nacional.  Por tanto, no
podía hacer parte esta norma de ley ordinaria, lo que permitía deducir su
inconstitucionalidad, como en efecto, fue declarada.
En
nuestro criterio la consulta debe estar rodeada de las mismas garantías que
aseguren el ejercicio libre, ponderado y reflexivo de la opinión política que
se expresa a través de la consulta. Prueba de este aserto es que la ley
estatutaria sobre la "organización y régimen de los partidos y movimientos
políticos", les atribuye un carácter típicamente electoral cuando ordena,
de manera análoga a como se contempla respecto de las elecciones de candidatos
de representación popular, que la organización electoral deba colaborar en su
realización mediante el suministro de tarjetas electorales y cubículos
individuales, la recolección de los votos y la realización del escrutinio, como
también al disponer que la misma suministre igualitariamente a los votantes
instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en
iguales condiciones todos los candidatos.
En
tal virtud, como  el Pleno de la Corte Constitucional lo puso de presente al
efectuar el análisis del artículo 10o. de la ley estatutaria mencionada, relativo
a las consultas internas, en aras de preservar la pureza de la manifestación
libre de la opinión política, estas no pueden realizarse simultáneamente con
otras elecciones, so pena de transgredir la prohibición constitucional que en
su artículo 262, determina que la elección de Presidente y Vicepresidente de la
República no puede coincidir con otra elección, y que la de Congreso debe
hacerse en fecha separada de la elección de autoridades departamentales y
municipales.
Por
las razones anteriores coincidimos con la  mayoría en que este precepto se
declarara inexequible.
* Artículo 3o.
Fuimos
de la opinión que el contenido normativo del artículo 3o. de la ley 84 de 1993
responde a una necesidad apenas razonable y atendible, cuyo objeto es dotar a la
organización electoral de los mecanismos operativos que le permitan adoptar las
medidas requeridas en orden a la buena marcha del proceso electoral, para lo
cual es indispensable que esta forme una lista de sufragantes, con una fecha de
corte de la cedulación respectiva, que precediendo en tres (3) meses a las
elecciones, además le permita garantizar la fidelidad y veracidad de los datos
que conforman el censo, toda vez que dicho período es necesario para que ésta
pueda hacer las verificaciones y actualizaciones que fueren del caso.
Sin
el señalamiento de una fecha de corte para la incorporación al censo de
votantes, la Registraduría Nacional no podría precisar con exactitud el número
de integrantes del censo electoral. Es bien sabido que una serie de hechos
afectan la actualidad de los datos sistematizados, entre ellos, la muerte del
cedulado, la imposición de penas que conlleven la suspensión de los derechos
políticos y las causales que dan lugar a la cancelación de la cédula. Todo lo
cual obliga a su comprobación y actualización. Otro sano propósito por el que
propende la norma que se examina, es el de impedir la múltiple inscripción en
tratándose de elecciones por circunscripciones territoriales, para lo cual las
cédulas incorporadas al censo electoral deben compararse con las inscritas.
En
tal virtud, fuimos del parecer que la restricción anotada era razonable y
ajustada a la realidad de la organización electoral colombiana y que su
contenido es propio de la ley ordinaria y no de la ley estatutaria. Por ello
consideramos que ha debido declararse exequible.
*
Artículo 4o.
Estimamos
que la materia del artículo  4o. corresponde a la ley ordinaria, teniendo en
cuenta principalmente que constituye un instrumento idóneo para el mejor
desarrollo del proceso electoral, como así se ha venido concibiendo desde
innumerables legislaciones anteriores, y concretamente en el Código Electoral
de 1986. Por este motivo, consideramos que era exequible.
*
Artículo 5o.
A
nuestro juicio, el artículo 5o. de la ley 84 de 1993 se limita a desarrollar el
contenido del artículo 316 de la Constitución Política, en cuanto se refiere a
la residencia electoral, por lo cual esta debe ser regulada a través de ley
ordinaria. Así las cosas, no encontrábamos asidero constitucional a la
acusación en su contra. En nuestro criterio, era exequible.
*
Artículo 6o.
Considerábamos
que el señalamiento de una fecha preclusiva para la inscripción de candidatos
es asimismo una medida razonable para la debida organización de las distintas
fases del proceso electoral  que, no siendo un aspecto sustancial, bien podía
ser regulado y desarrollado por la ley ordinaria.
Como
lo sosteníamos en la ponencia,  por razones obvias la organización electoral
necesita de un tiempo entre la inscripción de los candidatos y la realización
de las elecciones, para efectos de elaborar y distribuir el tarjetón electoral
de uso obligatorio en los términos del artículo 258 de la Carta. Salvo en lo
relacionado con su parágrafo, pensamos que la norma ha debido declararse
exequible.
En
cuanto al parágrafo de esta norma, según el cual "las
listas encabezadas por Congresistas elegidos en las elecciones inmediatamente
anteriores se inscribirán sin necesidad de acreditar requisito alguno," consideramos
que  la acreditación de requisitos de elegibilidad es condición personalísima,
únicamente predicable del candidato inscrito. Mal podría la misma
desnaturalizarse, extendiendo lo que es aplicable del Congresista que ha
cumplido con su acreditación, a la totalidad de la lista correspondiente.
En
nuestro sentir además  tenían razón los accionantes al tacharla de
discriminatoria, ya que no se encuentra justificación que amerite tal
prerrogativa o privilegio, por el solo hecho circunstancial de formar parte de
una lista que encabeza un Congresista, como con acierto lo asevera el señor
Procurador, al señalar que "la sola figuración en lista no puede erigirse
en criterio que justifique un privilegio de tal naturaleza". Por ello,
coincidimos con la mayoría en declararlo inexequible.
*
Artículo 7o.
En
nuestro criterio, el artículo 7o. de la ley 84 de 1993 en cuanto regula todo lo
relacionado con el formato y el contenido de las tarjetas electorales, que se
constituyen en herramienta principalísima para asegurar la pureza del proceso
electoral, encuentra pleno respaldo en el artículo 258 de la Carta. En ese
sentido, lo estimamos exequible.
En
cuanto a su inciso final que prevé un mecanismo subsidiario que opera cuando
entre la fecha de elaboración del tarjetón y la de realización de las
elecciones, se produce la muerte o la enfermedad física o síquica del candidato
o cabeza de lista, que le impida el ejercicio del cargo. Dicho mecanismo
consiste en que el mismo partido, movimiento político o grupo inscriba a otro candidato
inclusive hasta las seis de la tarde (6:00 p.m.) del día anterior a la
elección, y que los votos obtenidos por el candidato reemplazado se
contabilizen en favor del reemplazante. Con ello, la norma persigue mantener
tanto la validez como la eficacia del voto.
A
nuestro juicio, dicha previsión normativa  permitía conciliar el interés  que
tanto el votante como el  Estado tienen de que, a través del voto y de la
función electoral, puedan integrarse periódicamente sus cuadros con regularidad
y sin que, circunstancias como las señaladas, de natural e inevitable
ocurrencia. interfieran o malogren tan importante proceso para un Estado
democrático.
Aunque
a primera vista podría pensarse que una decisión en tal sentido vicia la
expresión y el deseo político del ciudadano,  pensamos que una consideración
más detenida del precepto disipa toda duda que pudiera abrigarse en cuanto
demuestra que tal temor es infundado, como quiera que, en todo caso el
sufragante conserva  el derecho de abstenerse de votar, votar en blanco o
hacerlo en favor de cualquier otro candidato.  Por lo demás, pensamos que en la
configuración institucional de fortalecimiento del sistema de partidos por el
cual propende la Constitución de 1991,  la fórmula por la que opta la norma en
comento se muestra razonable al suponer que la intención del sufragante cuyo
candidato se imposibilita para ejercer el cargo por las razones anotadas, es la
de depositar su voto por otro candidato del mismo partido, movimiento o grupo
político.
Empero,
hacíamos la salvedad de que, en aras de la transparencia del proceso electoral,
los hechos constitutivos del impedimento señalado debían ser certificados y
divulgados por la Registraduría Nacional tan pronto ocurran. En esas
condiciones, considerabamos que ha debido declararse la constitucionalidad del
precepto, condicionada  a la previa y plena comprobación del acaecimiento de
uno de tales hechos por el partido o movimiento político a que pertenezca el
candidato fallecido o impedido a causa de enfermedad, y a su previa
oficialización y divulgación por los medios idóneos, a cargo del Registrador
Nacional del Estado Civil.
*
Artículo 8o.
En
relación con esta disposición relativa a la utilización de las tarjetas
electorales, considerábamos que le eran aplicables los mismos argumentos
anotados en relación con el artículo 7o. de la ley materia de examen, en cuanto
al carácter esencial y fundamental que reviste para el proceso electoral el
instrumento de las tarjetas electorales, y al respaldo constitucional que en el
artículo 258 Superior encuentra su regulación por ley ordinaria, en orden a
asegurar su correcta utilización.
Por
ello, la estimamos exequible.
*
Artículo 9o.
En
nuestra opinión esta norma ha debido declararse exequible ya que refiriéndose
exclusivamente a un aspecto meramente técnico, operativo y de mecánica
electoral, a saber el relacionado con la determinación de los sitios para la
instalación de las mesas de votación, su señalamiento competía a la ley
ordinaria.
*Artículo
10.
En
nuestro sentir, la determinación del procedimiento a seguirse para la
integración de los jurados de votación, con miras al desarrollo del debate
electoral, es materia propia de la ley ordinaria. Por ello, consideramos que
esta norma ha debido declararse exequiblñe.
Tampoco
encontramos fundamento en la acusación de presunta violación al principio
fundamental al debido proceso, por cuanto las normas en comento en modo alguno
implican la pretermisión de las garantías constitucionales que lo integran.
Desde luego, las sanciones que por ellas se tipifican, son imponibles por el
procedimiento y la autoridad que determinen las normas legales respectivas.
En
ese entendimiento consideramos que ha debido declararse exequible.
*
El Artículo 11.
Tampoco
encontrabamos méritos para declarar la inconstitucionalidad del artículo 11
sobre la base de tener contenido estatutario. Opinamos que las cuestiones
eminentemente de carácter operativo para las elecciones,  de que trata el
precepto deben continuar regulándose por medio de ley ordinaria, como así se
hizo por la Ley 84 de 1993, razón por la cual la estimamos ajustada al
ordenamiento superior.
En
nuestro sentir, carecía también de asidero la acusación de presunta violación
al principio fundamental al debido proceso, por cuanto las normas en comento en
modo alguno implican la pretermisión de las garantías constitucionales que lo
integran. Desde luego, las sanciones que por ellas se tipifican, son imponibles
por el procedimiento y la autoridad que determinen las normas legales
respectivas. En ese entendimiento  consideramos que han debido declararse
exequibles.
*
Artículo 12.
En
nuestro criterio el contenido normativo del artículo 12 de la ley 84 de 1993 es
propio de ley ordinaria, toda vez que se refiere a aspectos estrictamente
operativos o de mecánica de contabilización y formalización de los resultados
arrojados por el proceso electoral. Por ese motivo, estimábamos que la
disposición no encuadra dentro de la materia estatutaria de que trata el
literal c) del artículo 152 CP.
De
otra parte,  considerábamos que las funciones que el precepto en cuestión
atribuye al Consejo Nacional Electoral constituyen cabal concreción de las que
el artículo 265-7 de la Carta le asigna para "efectuar el escrutinio
general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de elección y expedir
las credenciales a que haya lugar."
Por
otro lado, señalábamos que las actas de los escrutinios, en cuanto documentos
públicos que son, están amparadas por la presunción de autenticidad. En tal
virtud, su contenido se reputa veraz mientras no se compruebe lo contrario
según los procedimientos previstos en la legislación electoral y por las causas
que la misma establece.
Por
esa razón, en nuestra opinión no resultaba atendible el argumento de presunta
inconstitucionalidad que pretendía estructurarse sobre la base de la probable
inexactitud de que podrían adolecer dichas actas. La circunstancia de que los
escrutinios se hagan con base en las actas, no excluye en modo alguno la posiblidad
de que en caso de  invalidez o nulidad, se acuda al reconteo de votos en forma
directa.  En nuestro sentir, esta norma era, pues, exequible.
*
Artículo 13.
En
nuestro sentir, la atribución de funciones de escrutinio a la Comisión
Escrutadora del Distrito Capital que se hace en esta norma, debe entenderse
como una fase o etapa dentro de las varias que componen el proceso global de
escrutinio, cuya responsabilidad en el ámbito nacional la Carta asigna al
Consejo Nacional Electoral. Su regulación, en cuanto entraña ejercicio de
funciones públicas, es de la órbita de la ley ordinaria, al tenor de lo
dispuesto en el artículo 150-22 CP.  A nuestro juicio, no hay razón válida, que
permita afirmar que la participación de órganos o instancias inferiores -que
pertenecen a la organización electoral- desconozca la competencia que al
mencionado ente le asigna la Carta en su artículo 265, numeral 7o. Así, pues,
consideramos que era exequible.
*
Artículo 14.
A
nuestro juicio la definición que  del voto en blanco se hacía en la primera
parte del artículo 14, era puramente operativa o instrumental pues apuntaba a
su contabilización en  las tarjetas electorales. En ese sentido, sosteníamos
que su regulación corresponde a ley ordinaria, razón por la cual la
considerábamos ajustada a la Constitución Política.
En
cuanto a la parte final que  disponía que el voto en blanco no se tendrá en
cuenta para obtener el cuociente electoral, coincidimos con la mayoría en
estimarla violatoria de los artículos 1, 13, 40, 103, 258 y 263 de la
Constitución Política, conforme a los cuales el voto como manifestación genuina
del sentimiento político de un ciudadano y como expresión del pensamiento
político que se traduce en el ejercicio del derecho fundamental al sufragio,
debe en todo los casos en que sea válidamente emitido tenerse en cuenta para
los efectos de la determinación de los cuadros del Estado y por ende en la
determinación electoral.
Restarle,
como lo hace la norma en examen, validez al voto en blanco, equivale a hacer
nugatorio el derecho de expresión política de disentimiento, abstención o
inconformidad que también debe tutelar toda democracia.
Ciertamente
desconocerle los efectos políticos al voto en blanco, comporta un
desconocimiento del derecho de quienes optan por esa alternativa de expresión
de su opinión política. No existiendo razón constitucionalmente atendible que
justifique tal determinación, dicha negación acarrea desconocimiento del núcleo
esencial del derecho al voto que la Carta Fundamental garantiza a todo
ciudadano en condiciones de igualdad, con prescindencia de la opinión política,
y violación a los principios y valores que subyacen en la concepción misma del
Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista, en que por
decisión del constituyente se erige el Estado colombiano (CP. Preámbulo,
artículos 1, 2 y 3 entre otros).
*
Artículo 15.
En
nuestro criterio, esta norma, en cuanto señala que corresponde al Registrador
Nacional de Estado Civil determinar cuáles son los medios confiables, según el
estado de la tecnología, para la transmisión de datos, contempla un aspecto
puramente operativo, que no toca lo esencial de la función electoral. Por
tanto, su desarrollo  corresponde necesariamente a la ley ordinaria. En ese
sentido, la estimamos exequible.
*
Artículo 16.
En
cuanto se limita a otorgar una facultad de orden legal al Registrador Nacional
del Estado Civil para contratar en forma directa, al igual que para celebrar un
encargo de fiducia, concretamente para llevar a cabo debidamente la realización
de las elecciones de 1994. En este sentido, su desarrollo debe ser objeto
necesariamente de una ley ordinaria.
De
otra parte, estimábamos improcedente la acusación de inconstitucionalidad del
parágrafo, ya que es competencia del legislador, de conformidad con el inciso
final del artículo 150 de la Constitución Política, expedir el Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública. Esta competencia, desde luego
comprende la de señalar excepciones puntuales a su campo de aplicación, como en
este caso lo hace el parágrafo acusado del artículo 16, al exceptuar de su
regulación, la autorización al Registrador Nacional para contratar directamente
y para celebrar el encargo de fiducia para la realización de las elecciones de
1994 .
Reparábamos
además en que se exceptuaba el contrato de fiducia de los trámites sobre
contratación administrativa. No así al Registrador ni a las operaciones
respectivas, ni de los controles de verificación ni de la responsabilidad que
les competa de acuerdo a dicho régimen y a otras normas legales sobre la
materia. A nuestro parecer, coincidente con el de la mayoría, este precepto es
exequible.
*
Artículo 17.
Sostuvimos
con la mayoría que lo concerniente con la expedición de las cédulas de
ciudadanía y la forma de obtención de este documento, corresponde a aspectos de
carácter operativos y mecánicos del proceso electoral, por lo que su desarrollo
debe hacer parte de una ley ordinaria.
*
Artículo 18.
En
relación con lo normado en este precepto, compartimos la posición mayoritaria,
al considerar que aspecto central del funcionamiento y régimen de los partidos
y movimientos políticos, es el relacionado con la financiación estatal de las
campañas electorales. Es este uno de los temas de ineludible regulación
mediante ley estatutaria, en virtud del mandato constitucional contenido en el
artículo 152, literal c) de la Carta Política. Así lo entendió inequívocamente
el legislador al ocuparse de manera integral de esta temática en la Ley Estatutaria
Número 11/92 Cámara, 348/93 Senado, cuyo artículo 13, luego de reiterar el
deber constitucional que en ese sentido tiene el Estado, señala las cifras o
montos de reposición de los gastos de campaña para los distintos cargos de
elección popular, al igual que la forma de distribución de los aportes
estatales entre los candidatos inscritos y el partido o movimiento político, de
acuerdo a sus estatutos, como también la entidad encargada de hacer el reajuste
anual de tales valores, de conformidad con el aumento del índice de precios al
consumidor (artículos 13, 39 y 40 ibidem).
En
esas condiciones, mal podría el legislador ocuparse de regular la misma materia
mediante ley ordinaria, como lo hizo en el presente asunto, pues ello
equivaldría a desnaturalizar la esencia misma de los contenidos normativos que
por decisión del constituyente, en razón a su trascendencia, ameritan de un
procedimiento de especialísimo orden y calificación para la formación de la
voluntad legislativa. Todo ello, nos condujo a votar en favor de la
declaratoria de inexequibilidad de este precepto por violar el artículo 152
literal c), en concordancia con el 153 de la Carta Política.
*
Artículo 19.
Respecto
del artículo 19,  hicimos extensivos los razonamientos efectuados a propósito
de la regulación por la ley ordinaria de lo atinente a la financiación de las
campañas, pues no se remite a duda que lo relacionado con las cauciones a
exigirse a los candidatos a cargos de elección popular para el cumplimiento de
las obligaciones constitucionales, es también elemento esencial a la naturaleza
de la ley estatutaria sobre la organización y régimen de los partidos y
movimientos políticos, como lo corrobora de manera análoga a lo que acontecía
con el anteriormente mencionado, la circunstancia de que igualmente haya sido
regulado por la ley estatutaria en su artículo 9o. Por ello, votamos también en
favor de la declaratoria de inexequibilidad de este artículo.
* Artículo 20.
Coincidimos
con la opinión mayoritaria en considerar que las prohibiciones impuestas por
esta norma, dentro "de las veinticuatro (24) horas anteriores y
mientras tiene lugar el acto electoral de efectuar toda clase de propaganda
móvil o sonora, camisetas, banderas, sombreros, perifoneadores y similares que
hagan alusión, en cualquier forma, al acto electoral que se realice" así
como de "toda clase de manifestaciones, de entrevistas radiales, de
prensa escrita y televisada para todos los candidatos" constituyen
una abierta negación del derecho fundamental a la libre expresión del
pensamiento y de la opinión política, sin perjuicio de la observancia de las
prohibiciones que constitucionalmente tengan respaldo, y que contempla la ley
estatutaria de partidos y movimientos políticos. Cuando la norma en examen
impone limitaciones y restricciones al ejercicio de este derecho fundamental,
desconoce los principios y garantías esenciales a la libre expresión
democrática.
Por
lo anterior, votamos también en favor de la declaratoria de inexequibilidad de
esta norma.
* Artículo 21.
En
nuestro sentir, la participación de los colombianos residentes en el exterior
en las elecciones es materia reservada al campo de la ley estatutaria, como
quiera que se trata de un aspecto esencial de la función electoral que, en los
términos de los artículos 103 y 152, literal d) CP además toca con el ejercicio
del derecho al voto como mecanismo de participación ciudadana. En este sentido,
participamos en la decisión adoptada, que declaró inexequible esta norma.
Ciertamente
consideramos que este precepto desconoce en forma  abierta el derecho
fundamental que tiene todo ciudadano a la participación en la conformación,
ejercicio y control del poder político, y concretamente en lo que hace a la
facultad de elegir y ser elegido. El derecho al voto es un derecho de
aplicación inmediata, en los términos del artículo 85 de la Constitución
Política, por manera que constituye quebranto a la Carta el deferimiento de su
efectividad a la reglamentación legal.
Así
mismo, opinamos que viola el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo
13 de la Carta Política, en cuanto no permite el ejercicio del sufragio a
quienes residan en el exterior, cuando la Constitución por el contrario,
establece el derecho como tal en favor de todos los ciudadanos colombianos, sin
hacer distinciones en cuanto al lugar de su residencia.
Por
todo ello, votamos en favor de su inexequibilidad.
*
Artículos 22 y 23
Coincidimos
con la mayoría en considerar que el contenido de estas normas es de rango
estatutario y que por ende, su regulación por ley ordinaria es contraria a la
Carta.
Por
lo demás, en nuestro sentir el legislador no puede, so pena de contrariar la
Carta Política, a pretexto de interpretarla, establecer excepciones a sus
mandatos, menos tratándose de regímenes prohibitivos, como el de las
inhabilidades, que es materia de desarrollo privativo y exclusivo del
constituyente, y concretamente del artículo 179, numeral 8o. de la Constitución
Política: el legislador no puede por tanto, entrar a establecer excepciones donde
la norma constitucional no las ha establecido, como lo hace en la disposición
que se examina.
La
lectura del artículo 179, numeral 8o. de la Constitución muestra que ella
consagra una inhabilidad electoral o de inelegibilidad, esto es, un impedimiento
para ocupar un cargo o hacer uso del derecho a ser elegido. Esto significa, que
la violación de la prohibición contenida en el ordinal 8 del artículo 179
superior acarrea la nulidad de la elección, por lo que no es válido que el
legislador entre, como lo hizo en la norma que se examina, a establecer
excepciones de carácter discriminatorio, en favor de los Senadores y
Representantes que resulten elegidos Presidente o Vicepresidente de la Nación,
cuando la misma norma superior no las establece sino que, por el contrario,
señala que cobija a todos los funcionarios de elección popular.
*
Artículo 24.
Compartimos
la posición que hizo carrera al declarar inexequible esta disposición, por
cuanto el tema de las encuestas y sondeos sobre preferencias políticas o
electorales forma parte esencial de la materia que conforme al artículo 152
CP.  hace parte de la ley estatutaria de partidos y
movimientos
políticos, razón por la cual,  su inclusión en la ley ordinaria materia de
examen, constituye una clara violación de la Constitución.
*
Artículo 25.
Compartimos
también la decisión de exequibilidad de este precepto, pues es competencia del
legislador determinar la fecha en que entran en vigor sus mandatos.
3.
De
acuerdo a las consideraciones precedentes, consideramos que  el fallo de la
Corte Constitucional ha debido declarar exequibles  los artículos 1, 3, 6, 7o.,
inciso cuarto, 10 parágrafo, 11 inciso 2o. y 3o., 12 , 13  y 16 parágrafo de la
Ley 84 de 1993. E inexequibles los artículos 2o., 6o. parágrafo, 14 inciso 1o.
parte final 18, 19, 20, 21 y 22 de la Ley 84 de 1993.
Fecha
ut Supra,
EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
HERNANDO
HERRERA VERGARA
Magistrado
Salvamento
de voto a la Sentencia No. C-145/94
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL-Transmisión
de datos
Ref.:
Expedientes D-489, D-492, D-495,
D-500,
D-506, D-507, D-508, D-511, D-512 y D-515 (Acumulados)
Magistrado
Ponente:
Alejandro
Martínez Caballero
Con
el respeto de siempre, explicamos las razones que nos llevaron a disentir del
criterio de la mayoría, en relación con la ley 84 de 1993.
Sostuvimos
en las deliberaciones de la Sala Plena, que la ley debía ser declarada
inexequible en su totalidad, por vicios de forma en su tramitación, pues, por
versar sobre funciones electorales, ésta se ha debido sujetar a lo
previsto por el artículo 153 de la Constitución.  El hecho de no haber empleado
la expresión funciones electorales en el título de la ley, en nada
cambiaba la realidad: los temas de la ley son, ni más ni menos, funciones electorales.
Pues
bien: la decisión final nos ha dado inequívocamente la razón.  La Corte, al
declarar inexequibles casi todos los artículos que componen la ley,
precisamente por el argumento que oportunamente invocamos, ha reconocido que
los temas de la ley 84 corresponden a una ley estatutaria.  El que haya uno o
dos artículos que sobrevivan a ese examen, nada prueba en contra de nuestra
tesis,  pues hay lugar a una distinción al respecto.
Es
evidente que lo relativo a "funciones electorales" está reservado
a las leyes estatutarias, por expreso mandato del artículo 153.  Lo que
corresponda solamente a detalles y esté orientado al cumplimiento de la ley,
puede ser objeto de la potestad reglamentaria asignada al Presidente de la
República, por el numeral 11 del artículo 189 de la misma Constitución,
"para la cumplida ejecución de las leyes".
No
sería lógico sostener que en lo tocante a las funciones electorales,
existan unas que deban ser objeto de ley estatutaria, y otras de ley
ordinaria.  Pensamos que se interpreta más fielmente la Constitución al
sostener que lo que no es materia reservada a la ley estatutaria, puede ser
objeto de reglamentación por el Presidente de la República, con base en la
norma citada.  Sostener lo contrario implicaría abrir campo a inacabables
discusiones sobre si un asunto en particular debe ser objeto de ley estatutaria
u ordinaria.
Fecha
ut supra.
JORGE
ARANGO MEJIA
Magistrado
CARLOS
GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE
GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
VLADIMIRO
NARANJO MESA
Magistrado
1 Hasta este punto la Sala Plena acogió
en lo esencial la ponencia originaria elaborada por los Magistrados Eduardo
Cifuentes Muñoz y Hernando Herrera Vergara.
2 Paolo Biscaretti di Ruffia. Derecho Constitucional. (3 Ed). Madrid: Tecnos, 1987, p 307.
3 Corte Constitucional. Sentencia C-013/93
del 21 de enero de 1993. Gaceta Constitucional. 1993, Tomo 1, pp 176 y
177.
4 Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Primera, Sentencia No 1241 de octubre 23 de
1990. Consejera Ponente: Doctora Myriam Guerrero de Escobar. Exp 729-730.
Actores: Hugo Escobar Sierra y otro.
5 Corte Constitucional. Sentencia
C-093/94 del 4 de marzo de 1994. Magistrados Ponentes: Dres José Gregorio
Hernández Galindo y  Hernando Herrera Vergara.
6 Sentencia Nº C-113 de 15 de marzo de
1993. Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.
7 Arts. 119 y 131 Ley Orgánica de la
Corte Suprema de Justicia (Venezuela).
8 Sentencia nº C-608 de 14 de diciembre
de 1992. Ponente Dr. Jaime Sanin Greiffenstein.
9 Igualmente se puede señalar como uno
de los antecedentes remotos la Sentencia de la Corte Suprema del 18 de marzo de
1927 donde se dijo que el procedimiento irregular de la expedición de una ley
lleva a la conclusión de que todavia no existe dicha ley.
10 Corte Suprema de Justicia, Sentencia
de 22 de junio de 1982, Ponentes Luis Carlos Sáchica y Ricardo Medina Moyano, Gaceta
Judicial T-171, págs. 311 y ss.
11 Anales del Consejo de Estado, Tomo
LXII, pág. 905. Concepto reiterado por la misma Sala del Consejo de Estado el 2
de septiembre de 1961.
12 Anales del Consejo de Estado, Tomo LXII,
pág. 916.
13 Artículo 136 de la Constitución
Italiana: Cuando la Corte declare la inconstitucionalidad de una disposición
legislativa o de un acto de fuerza de ley, la norma dejará de surtir efecto desde
el día siguiente a la publicación de la sentencia.
14 Mauro Cappelletti; El control
jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes en el derecho comparado; Revista
de la Facultad de Derecho, México.
15 Ver: FERNANDO GARAVITO, Inexequibilidad de la Ley,
publicación de noviembre de 1921, Tomo II, Jurisprudencia de la Corte, págs.
53-9.
HUGO PALACIOS MEJIA afirma que la inexequibilidad no
ocasiona "vació jurídico". Pag. 131 de su obra: La Economía en el
Derecho Constitucional Colombiano.
EMILIO ROBLEDO URIBE quien sostuvo que la
inexequibilidad del Decreto de quiebras hizo revivir el Título V del Libro I
del Código de Comercio Decreto Colombiano, T XX, pág. 110 yss.
SALA CIVIL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA: sostuvo dicha Sala  que el art. 14 de la Ley 153 de 1887
no es de aplicación en los casos de inexequibilidad. Fue una posición jurídica
adoptada en la providencia de 22 de octubre de 1969 por el Ponente: LUIS
FERNANDO GOMEZ DUQUE, quién hizo Sala con HUMBERTO MURCIA BALLEN y  NECTY
GUTIERREZ DE RODRIGUEZ. Ver Foro Colombiano, Tomo IV, pág. 345 y ss.
[1]Artículo 29 de C.P. y sentencia Nº
C-113 de 15 de marzo de 1993 de la Corte Constitucional.
1 Corte Constitucional -Sala Plena. Sentencia   de
1994. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.