T-198-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-198/14
ACCION DE TUTELA DE PERSONAS AFECTADAS
POR DESASTRES NATURALES-Inaplicación
del requisito de inmediatez por cuanto no ha cesado el impacto generado por ola
invernal en las condiciones de vida de damnificados
Las acciones interpuestas
en procura de obtener la ayuda ofrecida por el Estado en situaciones de
desastre, la jurisprudencia de la Corporación ha sido consistente en señalar
que cuando los efectos de las pérdidas y daños ocasionados como efecto del
fenómeno natural subsisten y ha sido posible para el ciudadano recuperarse de
la calamidad sufrida, el requisito de inmediatez se cumple, en cuanto la
vulneración de los derechos invocados continúa y es actual.
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN EL ESTADO
SOCIAL DE DERECHO-Deberes
a favor de los más desventajados
El artículo 1º de la Constitución establece que la
dignidad y la solidaridad son fundamentos del Estado Social de Derecho, en
coherencia con lo cual el artículo 2 de la misma normativa establece que las
autoridades de la República están instituidas para proteger la vida, bienes y
demás derechos y libertades y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares.
DEBER DE
SOLIDARIDAD CON PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD COMO CONSECUENCIA DE UN
DESASTRE/DERECHOS DE PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES-Marco
normativo y jurisprudencial
Cuando se presentan fenómenos naturales que afectan la
vivienda, la vida, la salud y otros derechos, es claro que las personas
afectadas se encuentran en situación de vulnerabilidad y son por tanto sujetos
de especial protección. En estos eventos, ha dicho la Corte Constitucional, el
principio de solidaridad cobra una dimensión concreta que hace que el derecho a
una vida digna se relacione directamente con la salud, con la seguridad
alimentaria y con la protección mínima de seguridad ante los peligros de la
intemperie entre otros aspectos. Por esta razón tanto el Estado, como la
sociedad y la familia deben concurrir a la protección de este bien jurídico.
SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y
ATENCION DE DESASTRES-Objetivos
La gestión del riesgo involucra a todas las autoridades y
habitantes del territorio colombiano, lo cual implica que: “En cumplimiento de esta responsabilidad,
las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los
procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción
del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de
actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres. Por su parte, los habitantes del territorio nacional,
corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad,
autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo
dispuesto por las autoridades”.
DERECHOS DE PERSONAS AFECTADAS POR
DESASTRES NATURALES Y DEBIDO PROCESO-Orden a Alcaldía enviar listado de quienes reúnan las
condiciones de damnificados directos de la temporada de lluvias
Referencia:
Expedientes T-4.123.494, T-4.140.915 y T-4.140.961
Acciones de tutela presentadas por Rosa
Isabel Aguas de Hernández y otros contra la
Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres de la
Presidencia de la República y otros; por Milena Ibeth Domínguez Martínez y
otros contra la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres de la
Presidencia de la República; y por Ramiro Antonio Baldovino Villamizar y
otros  contra la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., primero (1º.) de abril de dos
mil catorce (2014).
La Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, Luis Ernesto Vargas Silva
y Alberto Rojas Ríos, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos
proferidos por: (i) el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos
el 16 de enero de 2013 y el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos -
Sucre, el 27 de agosto de 2013, en el trámite de la acción de tutela
T-4.122.494 presentada por el abogado Pedro Miguel Hoyos Márquez, en
representación de Rosa Isabel Aguas de Hernández y otros contra el Municipio de
San Marcos – Unidad de Atención y Prevención de Desastres, Fiduciaria La
Previsora, el Fondo Nacional de Calamidades y la
Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres de la
Presidencia de la República; (ii) el Juzgado Promiscuo Municipal de
Majagual, Sucre, el 7 de diciembre de 2012 y el Juzgado Promiscuo del Circuito
de Sucre, Sucre, el 25 de abril de 2013, en el trámite de la acción de tutela
instaurada por Milena Ibeth Domínguez Martínez y otros contra el Municipio de
Majagual, Sucre, y la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres de la
Presidencia de la República y; (iii) el Juzgado Promiscuo Municipal de
Majagual, Sucre, el 6 de diciembre de 2012 y el Juzgado Promiscuo del Circuito
de Sucre, Sucre el 25 de abril de 2013, en el trámite de la acción de tutela
instaurada por Ramiro Antonio Baldovino Villamizar y otros contra la
Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres de la
Presidencia de la República y el Municipio de Majagual - Sucre.
La Sala de
Selección de Tutelas Número Once de la
Corte Constitucional seleccionó para revisión el proceso radicado T-4.123.494 mediante
Auto del 14 de noviembre de 2013[1]
y los procesos radicados bajo los números T-4.140.915 y T-4.140.961,
por Auto del veintiocho (28) de noviembre de dos mil trece (2013)[2],
en el que también dispuso la acumulación de los tres expedientes mencionados
para ser fallados en una sola sentencia.
En consecuencia, la
Sala procede a exponer los antecedentes, las pruebas y la decisión judicial de
cada uno de los expedientes:
I. ANTECEDENTES
1.
EXPEDIENTE
T-4.123.494
Mediante
escrito de tutela presentado mediante apoderado judicial los
señores Rosa Isabel Aguas de Hernández, Alexander Enrique Amarales Guerrero,
Malfi Rosa Blaquiseth Rodríguez, Lucila Magdalena Oyola Rocha, Yomaira de la
Candelaria Buelvas Martínez, Clara Inés Silva Rojas, Marlidis Rojas Pérez,
María Catalina Cochero Cochero, Eusebio Nicanor Ortiz Flórez, Luis Miguel
Montes Ramos, Plinio Rafael Moreno, María Ramona, Emelina Rosa Suárez Galvis,
Rafael Rosario Rivera Santos, Ruth Esther Rengifo Estupiñan, Osvaldo Elías
Acevedo Meneses, Nelbis de Jesús Torres Oviedo, Wilson Torres, Sixta Tulia
Torres de Romero, Milan Enrique Jaraba Cali, Máximo José Martínez Rengifo,
Antonio Eduardo Herrera Zabaleta, Miryam de Jesús Ayala Mieles, Ciro Manuel
Montes Ramos, Yeimiss Vanessa Camargo Urbiñas, Mirley Yepes Oviedo, Luis
Eduardo Cortes Pérez, Luis Miguel Pérez Solórzano, Jorge Luis Pérez Solórzano,
María Magdalena Carvajal Ramos, Gustavo Nel Pérez Cuadrado, Tirso Nel Jiménez Arrieta,
Segundo Manuel Rengino Cali, Eusebia del Carmen Barbosa Arrieta, Emidio Antonio
Muñoz Vergara, María del Cristo Pereira Beltrán, Omar Manuel Pastrana Valerio,
Nader Rosa Carvajal Villegas, Abelardo Enrique Guerrero Jiménez, Gelson Julio
Arrieta Galvis, Benedicto Manuel Jiménez Jiménez, José Daniel Solórzano Ramos,
Julio Rafael Villegas Mendoza, Miguel Antonio Arrieta Ortega, Amelia Arrieta
Caliz, Evin Antonio Ruendes Carvajal, Ana María Guerrero Jiménez, Clarivel
Sandoval Algueorra, Gustavo Miguel Bello Bernal, César Julio Solórzano Padilla,
William Antonio Villegas Galvis, Ludis María Solórzano Alpin, Mildreth de Jesús
Pérez Solórzano, Daniel Vigente Solórzano Padilla, Mardenis de Jesús Pérez
Solórzano, Saudith Elvira Solórzano Alpin, Robinson Daniel Sandoval Delgado,
Genoveva María Barrios Arrieta, Mercedes Gertrudis Hernández Castro, Anuar
Antonio Díaz Caly, Dalis Soledad Arrieta Ramos, Deimer Gadiel Solórzano
Solórzano, Carmen Elena Benavidez Castillo, Nidis Patricia Benítez Benavides,
Yenis Paola Benítez Benavides, Farid Benítez Benavides, Ignacio Miguel Olaya
Fuentes, José Ramón Álvarez Madarriaga, Alexei Francisco Luna Hoyos, Orlando
Manuel Martínez Almanza, Audys Sofía Jiménez Jiménez, Arnel Ricardo Castro
Yaneres, Abimaleth Antonio Arrieta Ramos, Martin José Solórzano Villadiego,
Julio Melquiades Hoyos Mier, Dairo Enrique Cárdenas Jiménez, Lilia Rosa
Villegas Ruendes, Obdulia María Mejía Martínez, María Nelsy Pasos Luna, César
Miguel Benítez Guerrero, Bertha Rosa Arrieta Galvis, Omar Enrique Jaraba
Palencia, Aymerit José Contreras Ortega, Amir Antonio Arrieta Ramos, Antonio
José Arriet Ramos, Luis Antonio Arrieta Ramos, Yanidis del Rosario Ruendes
Sánchez, Robinson José Álvarez López, Ángel María Rivera Carvajal, Francisco
Ramiro Rivera Suarez, Yofanis Paola Alquerque Correa, Inelda del Carmen Hoyos
de Luna, Salvador Segundo Arrieta Campo, Willington Manuel Guerra Solórzano,
Elba Luz Lobo Guerrero, Yorlanis Martínez Ruendes, Oscar David Morelo Jiménez,
Belcy Beatriz Garavito Villareal, Luis Manuel Garativo Jaraba, Soledad María
Sánchez Lima, Atalis Isabel Chávez Arcia, Víctor Manuel Valerio Cárdenas, Luz
Ely Garavito Rodríguez, Francisco Javier Garavito Rodríguez, Gustavo Eliecer
Beltrán Jaraba, Gamaliel Antonio Arrieta Beltrán, Filiberto Antonio Quintero
Chávez, Nelys del Carmen Montes Hernández, Narlys del Carmen Payares Montes,
Adriana Lucía Castro Garavito, Adriana María Otero Tapia y Ediso David Arrieta
Serpa, solicitan la protección de los derechos a la igualdad, debido proceso,
mínimo vital, vida digna, salud, protección a la vejez y niñez de los
mencionados ciudadanos y que para ello se ordene a la
Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la
Unidad Departamental para la
Prevención y Atención de Desastres, y el Fondo Nacional de Calamidades que
adelanten los trámites administrativos necesarios para hacer efectivo el pago
del auxilio económico por $1.500.000, a que tienen derecho como damnificados de
la segunda ola invernal del 2011, con base en los siguientes,
1.
Hechos
-
Por decisión del Presidente de la República mediante Resolución 074 del 15 de
Diciembre de 2011 se asignó a las familias del Municipio de San Marcos, Sucre,
afectadas por el fenómeno hidrometereológico del segundo semestre de 2011 un
subsidio por valor de $1.500.000, que sería entregado al jefe de cada núcleo
familiar.
-
En zonas como Caimito y Soacha han recibido a la fecha el auxilio indicado.
-.
Las autoridades accionadas han sido negligentes, pues a pesar de conocer la
precaria situación en la que viven los accionantes restringieron el acceso a
las ayudas estatales. Lo anterior vulnera su derecho a la igualdad pues no
comprenden los accionantes ¿bajo qué criterio se les paga a unas familias y
a otras no? Si todas están en igualdad de condiciones”.
Con
base en lo anterior, solicitan la protección de sus derechos fundamentales y la
ayuda que requieren por ser damnificados de la segunda ola invernal.
Traslado
y contestación de la demanda
Recibida
la acción de tutela, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Marcos, Sucre,
mediante auto del 12 de diciembre de 2012 admitió la acción de tutela y
corrió traslado a las entidades accionadas para que se pronunciaran sobre los
hechos informados por los accionantes.
El
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres (UNGRD) contestó la acción de la referencia oponiéndose a
las pretensiones de los accionantes por las siguientes razones:
La
Resolución 074 de 2011 modificada por la Resolución 002 de 2012,  estableció
que la mencionada ayuda sería hasta de $1.500.000, para “cada damnificado
directo por los eventos hidrometeorológicos comprendidos entre el 1 de
septiembre y el 10 de diciembre de 2011 que figuraran en el registro emitido
por los comités locales y regionales de prevención y atención de emergencias”.
Los
CLOPAD de cada municipio afectado eran los encargados de diligenciar la planilla
de apoyo económico y reportarla a la Unidad para Atención de Riesgos de
Desastres máximo hasta el 30 de enero de 2012, según Resolución 02 de 29012.
Por ello, si en la base de datos de registro de damnificados por la segunda
temporada de lluvias 2011 no aparecen relacionados los accionantes como
beneficiarios del apoyo económico, esta dificultad debe ser atribuida a los
CLOPAD. Precisa que de la inscripción en el censo no se concluye que sea
acreedor del apoyo económico porque sólo se trata de comprobar las condiciones
exigidas, por lo que si el municipio no incluyó a los actores como
beneficiarios del auxilio económico debe presumirse la legalidad de esta
decisión, salvo que se pruebe lo contrario, evento en el cual prosperaría la
acción instaurada.
Por
último señala que: (i) No se cumple con el requisito de inmediatez de la acción
por haber transcurrido más de 11 meses desde la inundación hasta la
interposición de la acción, lo que a su juicio  no es un plazo razonable;
(ii) la cancelación del auxilio se hizo de conformidad con los listados
allegados a esta entidad por parte de los CLOPAD; (iii) carece de competencia
para incluir o excluir a personas de las planillas de apoyo económico; (iv) la
tutela no es el mecanismo para estudiar pretensiones económicas; y (v) se
desconoce el requisito de subsidiariedad.
La
Alcaldía Municipal de San Marcos, Sucre, en su escrito de contestación señala
que la ayuda económica fijada en la Resolución 074 del 15 de Diciembre de 2011
se asigna al grupo familiar afectado por la segunda ola invernal y no a cada
uno de sus miembros. Indica que desconoce los criterios bajo los cuales la
administración anterior sólo relacionó como afectados directos a 423 familias
en el censo enviado al CREPAD. Añade que el pago del subsidio lo hace el Fondo
Nacional de Calamidades a través del Banco Agrario, de ahí que sea esta entidad
financiera la que deba certificar las cancelaciones llevadas a cabo.
Pruebas
obrantes en el expediente
A continuación se
relacionan las pruebas documentales que obran en el expediente:
-.
Copia del certificado de las personas que aparecen en la base de datos como
damnificados por la emergencia invernal 2010-2011 en el Municipio de San
Marcos, aportado por el Coordinador del Comité Local para la prevención y
atención de desastres (Folios 73-76 cuaderno 1)
-.
Copia del certificado de las personas que no aparecen en la base de datos como
damnificados por la emergencia invernal 2010-2011 en el Municipio de San
Marcos, aportado por el Coordinador del Comité Local para la Prevención y
Atención de Desastres (Folio 77 cuaderno 1)
-.
Copia del certificado de las personas que aparecen con otro nombre en la base
de datos como damnificados por la emergencia invernal 2010-2011 en el Municipio
de San Marcos, aportado por el Coordinador del Comité Local para la Prevención
y Atención de Desastres (Folio 78 cuaderno 1)
-.
Copia del informe de damnificados planilla de apoyo económico, emitido por la
Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres. (Folios 79-94 cuaderno 1)
-.
Copia consulta planilla de auxilio económico (Folios 95-239 cuaderno 1/Folios
240-421 cuaderno 2)
-.
Copia de la relación específica de giros ordenados por la Fiduprevisora-Fondo
Nacional de Calamidades al corte 30/11/2012, emitido por el Banco Agrario
(Folios 423-428 cuaderno 2)
-.
Copia de las Resoluciones 074 de 2011 y 002 de 2012 (Folios 445-447 cuaderno 2)
-.
Copia de la circular del 16 de diciembre de 2011 de la Dirección General de la
UNGRD explicando a las autoridades locales competentes el proceder para el
otorgamiento del apoyo (Folios 443-444 cuaderno 2)
-.
Copia de la base de datos de damnificados por la segunda ola invernal de 2011
de la Localidad de Bosa y Kennedy de Bogotá D.C, emitido por el Secretario
Técnico del Comité Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias
(Folio 439 cuaderno 2)
-.
Copia de la nueva base de datos de damnificados por la segunda ola invernal de
2011 de la Localidad de Bosa y Kennedy de Bogotá D.C, emitido por el Secretario
Técnico del Comité Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias
(Folio 440 cuaderno 2)
-.
Copia de la Resolución 079 de 2012 (Folio 450 cuaderno 2)
-.
Copia del Acta 002 de 2011 mediante la que se procede al cierre oficial de las
planillas de entrega de asistencia económica (Folios 454-478 cuaderno 2)
SENTENCIAS
JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Sentencia
de primera instancia
El
16 de enero de 2013 el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos,
Sucre, amparó los derechos fundamentales a la igualdad y el debido proceso
de los accionantes, los que estimó vulnerados porque en el municipio se canceló
la ayuda humanitaria a las personas incluidas en el listado  y en los demás
municipios también se cumplió con la inclusión de los afectados en el registro,
por lo cual en este caso se presenta una situación de discriminación respecto
de los tutelantes. Además, la Alcaldía Municipal de San Marcos no diligenció
con el debido cuidado las planillas de apoyo económico que constituirían la
base de datos de damnificados que se enviaría a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres. Por ello, ordenó al mencionado ente territorial
adelantar un censo para verificar si los actores resultaron afectados por la
ola invernal y en caso positivo incluirlos como beneficiarios de las ayudas
humanitarias diseñadas para tales circunstancias.
Impugnación.
Inconforme
con la decisión del a quo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD) impugnó la providencia de primera instancia al estimar que la
acción de tutela estaba viciada de nulidad desde el auto admisorio de la
demanda por falta de competencia del juez de instancia por el factor funcional,
pues esa entidad es del orden nacional y pertenece al nivel descentralizado,
por lo que según el Decreto 1382 de 2000 su conocimiento corresponde a los
jueces del circuito.
Para
la UNGRD el juez incurrió en vía de hecho al tener por probado el cumplimiento
de los requisitos previstos en las Resoluciones 074 de 2011 y 002 de 2012, sin
tener ninguna prueba que así lo demostrara y desconocer la presunción de
veracidad que cobija a las actuaciones administrativas del CLOPAD. Añadió que
el Registro Único de Damnificados no tiene ninguna relación con el presente
caso porque el auxilio económico contemplado en la Resolución 074 de 2011 no se
otorga por estar incluido en la base de datos REUNIDOS elaborada para entregar
ayuda humanitaria por la ola invernal de 2010.
Estima
que no hay vulneración del derecho a la igualdad pues para ello debió
acreditarse que los accionantes cumplían con todos los requisitos para ser
incluidos en el registro del CLOPAD y pese a ello no lo fueron.
Por
último, sostiene que no se cumple con el requisito de subsidiariedad porque los
ciudadanos no agotaron los medios judiciales que tenían a su disposición y
tampoco hay inmediatez pues la interposición de la acción no se hizo dentro de
un término razonable y ninguno de los medios de prueba allegados permite
concluir la existencia de un daño irreparable, grave e inminente. Por lo
anterior, solicita revocar el fallo impugnado y negar el amparo impetrado.
Segunda
Instancia
El
27 de agosto de 2013 el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos, Sucre,
confirmó la decisión de amparo adoptada por el a quo al considerar que las
entidades accionadas vulneraron el derecho al debido proceso de los ciudadanos
porque les impuso una carga adicional para acceder a los auxilios humanitarios
y económicos a los que tienen derecho. Sostiene que el censo no se realizó en
debida forma pues “su condición calamitosa permaneció durante todo el año
2011, sin que las autoridades responsables del manejo de las emergencias se hayan
acercado a verificar si dicha situación persistía, lo cual es una señal de
desidia e inoperancia”. Indica que la vulneración proviene del Municipio de
San Marcos y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres que
no verificó la información enviada por aquel. Añadió que las normas que regulan
la entrega de ayuda a damnificados por el invierno no les impuso ninguna
obligación directa para que fueran incluidos dentro de los respectivos censos.
Sin embargo, el Juzgado de segunda instancia modificó las órdenes derivadas del
otorgamiento de la tutela y dispuso que el CLOPAD incluyera a los tutelantes en
el censo de damnificados directos y remitiera dicho listado a la UNGRD, para
que se procediera al pago de la ayuda humanitaria económica que establece la
Resolución 074 de 2011, pues según la certificación del CLOPAD “todos los
tutelantes aparecen en la base de datos como damnificados por la emergencia
invernal de la segunda temporada de lluvias de 2011”.
2. EXPEDIENTE T-4.140.915
Los
señores Milena Ibeth Domínguez Martínez, Faber Luis Pabuena Ordoñez, Darli Del
Carmen Narváez Duran, Mirta Haydee Royero Meza, Cristino Eliecer Contreras
Casianis, Ana Cristina Cuello Meneses, Jairo Manuel Ortiz Vanegas, Galio
Mauricio Insignare Martínez, Candelaria Isabel Vides Arrieta, Albeiro Francisco
Romero Acevedo, Arisnely María Quintero López, Yessica María García Castro,
Amín Ferney Rada Leguia, Alicia Del Carmen Duran Nieto, Nubis Del Carmen
Ordoñez Martínez, Álvaro Fidel Vanegas Ortiz, Neber Manuel Díaz Manchego,
Marina Isabel Cardoza Arango, Prisca Auxiliadora Barrios Moreno, Isabel
Cristina Castillo Solano, Ester Salgado Lascarro, Elaine Edit Chamorro Rodelo,
Duvis Rosa Zabaleta Salgado, Gledis María Arriola Blaquicet, Alimes Cristina
Althona Cardoza, Eucaris Rosa Altahona Cardoza, Eder Eugenio Guerrero, Luz
Estela Ordoñez Martínez, Calixto Puerta Medina, Elver Yepes Martínez, Marvy Luz
Mema Castellar, Juana Isabel Pinto Duran, Sixto Ruperto Pinto López, Damaris
María Medina Osorio, Yadira Del Carmen Pinto Duran, Israel Antonio Vásquez
Barreto, Rafael Enrique Manjarrez Manjarrez, Martha Isabel Cervantes Medina,
Beatriz Elena Fuentes, Fanny Del Carmen Fuentes Sepúlveda, Carmen Paola Salazar
Roa, Gabriel Fernando Beleño Troya, Fernando Alcides Beleño Baldovino, Miguel
Antonio Gómez Contreras, María Elena Jaime Fandiño, Rafael Antonio Sampayo
Bello, Salomón Elías Díaz Yina Paola García Pérez, Martha Cecilia Narváez
Duran, Paola Patricia Arreola Rivera, Celino Antonio Ramírez Vanegas, Rafael
Pérez Tinez, Ilse María Castillo Guerrero, Gisela
María Arreola Solorzano, Candelaria Isabel Suarez Salazar, Esteban Villarreal
Cáliz, José Eusebio Acuña Méndez, Luis Benito Hernández Méndez, Carlos Manuel
Romero Medina, Luz Mila Díaz Vanegas, Carlos Julio Fajardo Atencio, Kelly
Yohana Guevara Barrios, Alfredo Javier Padilla Medina, Manuel Cipriano Ríos
Ortega, Maritza Del Carmen Ortiz Rivera, Inés Mercedes Sequeda Martínez, Ana
Erlinda Feria Martínez, Ana Josefa Agudelo Salcedo, Maribel Flórez Mercado,
Carmen Barrios Medina, Lidys Ximena Contreras Macias, Bernardo Antonio Buelvas
Suárez, Luis Fernando Buelvas Medina, Berledis de Jesús Aguas Solar, Dorance
Manuel Altahona Beleño, Elizabeth Oliveros Cortecero, Juan Gregorio Cárdenas
Vanegas, Ledis Maria Villamizar Carmona, Aura Raquel Ramos Cassiani, Yurleidis
Ester Romero Medina, Robinson Eustacio Villa Palencia, Néstor Javier García
Gómez, Merlis Judith Sánchez Ruiz, Omerly Patricia Atencia Villamizar, Ana
Mercedes Suárez Díaz, María Luisa Solórzano Díaz, Ana Patricia Castillo Solano,
residentes en el barrio Puerto Dajer del Municipio de Majagual Sucre, y los
señores Branford Rafael Rada Jiménez, Laudit Arrieta Díaz, Jakeline Insignares
Martínez, Manolo Manuel Fonseca Jiménez, Graciela Milena Ospino Munive,
Jhefersson Andrés Luna Palenca, Heriberto Francisco Atencia Atencia, Franklin
Roberto Guevara Mandarres, Indira Katiuska Naisia Duran, Neiser Orlando Guerra
Tovar, Juana María Macias Molina, Tatiana Mileth Bertel Diart, Marcial Segundo
Soria Sehuanes, Luisa Elena Álvarez Ayala, Fredis Manuel Vanegas Ortiz, Segundo
Otoniel Ruenes Correa, Enry Gualberto Rivera Ríos, Darlys Milena García
Baldovino, Enadis Enith Pérez Leguia, Etilvia Leguia De Pérez, Wilson Manuel
Vargas Castro, Wilton Hernando Ruiz Cervera, Aly Judith Buelvas Aguas, Adis
Patricia Pérez Leguia, Ana María Guevara Díaz, Álvaro María Pérez Manjarrez,
Carmelo Antonio Ribon Rodelo, Sindy De Jesús Ruenes Pérez, Enuar Enrique Tapia
Yépez, José Elías Carpintero Álvarez, residentes del barrio La Esmeralda, del
Municipio de Majagual, Sucre, a través de apoderado judicial, presentaron
acción de tutela para que se les protejan sus derechos a la igualdad y debido
proceso. En consecuencia, solicitan se ordene a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a la Alcaldía de Majagual, Sucre, que
adelanten los trámites administrativos necesarios para hacer efectivo el pago
del auxilio económico por $1.500.000, al cual tienen derecho como damnificados
de la segunda ola invernal del 2011, con base en los siguientes.
Hechos
-
Para superar la situación de desastre y emergencia económica, social y
ecológica mediante Decreto 4580 de 2010, el Gobierno Nacional dispuso que el
DANE, en coordinación con otras entidades, realice el registro único de
damnificados por emergencia invernal.
-
Mediante Resolución 074 del 15 de Diciembre de 2011 la UNGRD asignó a las
familias afectadas por el fenómeno hidrometereológico del segundo semestre 2011
un subsidio por valor de $1.500.000, que sería entregado al jefe de cada núcleo
familiar.
-
Indica el apoderado que varios sectores del Municipio de Majagual resultaron
afectados por la segunda temporada de lluvias, entre ellos los barrios Puerto
Dajer y la Esmeralda, lo que se demuestra con el registro de damnificados
realizado por el DANE.
-
No obstante lo anterior, sus poderdantes fueron excluidos de la ayuda
humanitaria que sí otorgaron a otros habitantes del municipio, con lo cual se
les vulneran los derechos a la igualdad y debido proceso.
Traslado
y contestación de la demanda
Recibida
la acción de tutela, el Juzgado Promiscuo Municipal de Majagual, Sucre,
mediante auto del 27 de noviembre de 2012 la admitió y ordenó tener como
pruebas los documentos aportados por los accionantes y el recaudo de otros
documentos. Igualmente, corrió traslado a las entidades accionadas para que se
pronunciaran sobre los hechos informados por los accionantes.
La Alcaldía Municipal de Majagual se opone a las pretensiones
porque desconoce los criterios bajo los cuales la administración anterior sólo
relacionó a 423 familias como afectados directos y beneficiarios de la ayuda
económica fijada en la Resolución 074 del 15 de Diciembre de 2011, dentro de
los cuales no aparecen relacionados los accionantes.
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres (UNGRD), mediante oficio 024392,
contestó la acción de referencia oponiéndose a las pretensiones de los
accionantes por las siguientes razones:
La Resolución 074 de 2011, modificada por la Resolución 002
de 2012, que estableció que la mencionada ayuda sería hasta de $1.500.000, para
“cada damnificado directo por los eventos hidrometeorológicos comprendidos
entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011 que figuraran en el
registro emitido por los comités locales y regionales de prevención y atención
de emergencias”.
En el caso de los accionantes, fueron censados como
damnificados del fenómeno de la niña acaecido entre abril y junio de 2011, pero
no como damnificados directos de la segunda temporada invernal para la cual
expresa y exclusivamente se estableció la ayuda económica reclamada por los
ciudadanos tutelantes.
Los CLOPAD de cada municipio afectado eran los encargados de
diligenciar la planilla de apoyo económico y reportarla a la Unidad para
Atención de Riesgos de Desastres máximo hasta el 30 de enero de 2012, según
Resolución 02 de 29012. Por ello, si en la base de datos de registro de
damnificados por segunda temporada de lluvias 2011 no aparecen relacionados los
accionantes como beneficiarios del apoyo económico, esta dificultad debe ser
atribuida a los CLOPAD.
Además, la inscripción en el censo no hace titular a la
persona del derecho al apoyo económico porque para ordenar el pago debe verificarse
que cumple las condiciones exigidas por la Resolución 074 de 2011, y si el
municipio no incluyo a los actores como beneficiarios del auxilio económico
debe presumirse la legalidad de esta decisión, salvo que se pruebe lo
contrario,
evento en el cual prosperaría la acción instaurada.
Por último señala que: (i) No se cumple con el requisito de
inmediatez de la acción por haber transcurrido más de 11 meses desde la
inundación hasta la interposición de la acción, lo que a su juicio  no es
un plazo razonable; (ii) la cancelación del auxilio se hizo de conformidad con
los listados allegados a esta entidad por parte de los CLOPAD; (iii) carece de
competencia para incluir o excluir a personas de las planillas de apoyo
económico; (iv) la tutela no es el mecanismo para estudiar pretensiones
económicas; y (v) se desconoce el requisito de subsidiariedad.
Pruebas
obrantes en el expediente
A continuación se
relacionan las pruebas documentales que obran en el expediente:
- Copia de la Resolución Nº074 de 2011
- Copia de los documentos de identidad de los
accionantes.
- Copia de la tirilla de inscripción en el Registro
Único de damnificados por la emergencia invernal Reunidos 2010-2011 de los
accionantes.
- Copia de la inscripción en el Sistema de Información
para el Registro Único de Damnificados del Fenómeno de la Niña 2010-2011 de los
accionantes
- Copia del reporte de consulta que acredita a algunos
accionantes como registrados en el Sisben.
SENTENCIAS
JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Sentencia de primera instancia
El 7 de diciembre de 2013, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Majagual, Sucre, amparó los derechos fundamentales a la igualdad y el
debido proceso de los accionantes, los que estimó vulnerados porque tiene
conocimiento que el municipio resultó afectado por el fenómeno de la niña y que
el caño denominado Mojana se desbordó en la pasada ola invernal, sin
embargo los actores no fueron registrados por el CLOPAD y ello les impidió
recibir la ayuda económica. Con esto la mencionada entidad rompió el equilibrio
entre los habitantes de los corregimientos y veredas beneficiados y no
beneficiados con el subsidio y a partir de allí se creó una situación de
desigualdad que vulnera los derechos de los accionantes. Indica que como “Los
accionantes, se encuentra inscrito(sic) en el censo de damnificado de la pasada
ola invernal de 2011 en los cuales los actores perdieron sus enceres (sic),
cultivos, semovientes, bienes inmuebles, entre otros. Los accionantes, cumple
calvamente (sic) con los requisitos de la resolución N° 074 de diciembre 15 de
2011, emanada de la Presidencia de la República… bajo estas consideraciones los
que los (sic) habitantes de Majagual, Sucre, que se encuentra en zona de
inundación, son acreedores de la ayuda económica por parte del estado. (sic)”.
Con fundamento en lo anterior ordenó reportar a los accionantes ante la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para que surtidos los trámites
pertinentes se les cancele la ayuda humanitaria económica.
Impugnación.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
impugnó la providencia de primera instancia al estimar que la acción de tutela
estaba viciada de nulidad desde el auto admisorio de la demanda por falta de
competencia del juez de instancia por el factor funcional, pues esa entidad es
del orden nacional y pertenece al nivel descentralizado, por lo que según el
Decreto 1382 de 2000, su conocimiento corresponde a los jueces del circuito.
Añadió que el auxilio económico contemplado en la Resolución 074
de 2011 no se otorga por estar incluido en la base de datos REUNIDOS elaborada
para entregar ayuda humanitaria por la ola invernal de 2010, por lo que no
puede afirmarse que los accionantes tengan derecho al referido auxilio
económico.
Sostiene que el juez dio por demostrado que los ciudadanos
cumplían los requisitos previstos en las Resoluciones 074 de 2011 y 002 de 2012
sin tener ninguna prueba que así lo demostrara y desconociendo la presunción de
veracidad que cobija a las actuaciones administrativas del CLOPAD. No se
demostró la vulneración del derecho a la igualdad pues para ello debió
acreditarse que los accionantes cumplían con todos los requisitos para ser
incluidos en el registro del CLOPAD y pese a ello no lo fueron.
Señala el impugnante que la acción tampoco es procedente
porque no atiende al principio de subsidiaridad pues los ciudadanos no agotaron
los medios judiciales que tenían a su disposición, y falta inmediatez pues la
interposición de la acción no se hizo dentro de un término razonable y no se
acreditó la existencia de un daño irreparable, grave e inminente. Por lo
anterior, solicita se revoque el fallo impugnado y se niegue el amparo
impetrado.
Sentencia de Segunda Instancia
El 25 de abril de 2013 el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Sucre, Sucre, adoptó las siguientes decisiones:
a- Confirmó y modificó la sentencia
dictada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Majagual, Sucre, el 7 de
diciembre de 2012, dentro del radicado 2012-00201-00, “el cual resolvió
Tutelar los derechos fundamentales a la IGUALDAD y al DEBIDO PROCESO, al que se
sumará el amparo constitucional a la VIVIENDA DIGNA de los señores Faber Luis
Pabuena Ordóñez,  Darli Del Carmen Narváez Duran, Mirta Haydee Royero Meza,
Cristino Eliecer Contreras Casianis, Ana Cristina Cuello Meneses,  Jairo Manuel
Ortiz Vanegas, Candelaria Isabel Vides Arrieta, Albeiro Francisco Romero
Acevedo, Yessica Maria García Castro, Amin Ferney Rada Leguia, Alicia Del
Carmen Duran Nieto, Álvaro Fidel Vanegas Ortiz. Neber Manuel D1az Manchego,
Prisca Auxiliadora Barrios Moreno, Isabel Cristina Castillo Solano Esther
Delgado Lascarro, Gled1s María Arr1ola Blanquicet, Eder Eugenio Guerrero
Castillo, Calixto Puerta Medina, Elver Yepes Martínez, Sixto Ruperto Pinto
López, Rafael Enrique Manjarrez Manjarrez, Beatriz Elena Fuentes, Fanny Del
Carmen Fuentes Sepúlveda, Miguel Antonio Gómez Contreras, María Elena Jaime
Fandiño, Rafael Antonio Sampayo Bello, Salomón Elías Díaz, Martha Cecilia
Narváez Duran, Marcelino Antonio Ram1rez Vanegas, Rafael Pérez Martínez, Gisela
María Arreola Solorzano, Candelaria Isabel Suárez Salazar, Esteban Villarreal
Cáliz, José Eusebio Acuña Méndez, Carlos Manuel Romero Medina, Alfredo Javier
Padilla Medina, Inés Mercedes Sequeda Martínez,  Ana Erlinda Feria Martínez, Ana
Josefa Agudelo Salcedo, Maribel Flórez Mercado,  Carmen Barrios Medina, Lidys
Ximena Contreras Macias, Bernardo Antonio Buelvas Suárez. Berledis de Jesús
Aguas Solar, Dorance Manuel Altahona Beleño, Elizabeth Oliveros Cortecero, Juan
Gregorio Cárdenas Vanegas, Ledys María Villamizar Carmona, Aura Raquel Ramos
Cassiani,  Robinson Eustacio Villa Palencia, Néstor Javier García Gómez, Omerly
Patricia Atencia Villamizar, Ana Mercedes Suárez Díaz, María Luisa Solorzano
Díaz, Branford Rafael Rada Jiménez, Manolo Manuel Fonseca Jiménez, Heriberto
Francisco Atencia Atencia, Indira Katiuska Mejía Durán, Neiser Orlando Guerra
Tovar, Juana María Macías Molina, Marcial Segundo Soria Sehuanes, Luisa Elena
Álvarez Ayala, Fredis Manuel Vanegas Ortiz, Segundo Otoniel Ruenes Correa, Enry
Gualberto Rivera Ríos, Darlys Milena García Baldovino, Etilvia Leguia de Pérez,
Wilson Manuel Vargas Castro, Álvaro María Pérez Manjarrez, Carmelo Antonio
Ribon Rodelo, Sindy de Jesús Ruenes Pérez,  Enuar Enrique Tapia Yépez y José
Elías Carpintero Álvarez.”
b- Revocar en la Tutela 2012-00201-01,
los derechos concedidos a los ciudadanos relacionados en el siguiente listado, por
no ser cabeza de familia: Milena Ibeth Domínguez Martínez, Arisnely María
Quintero López, Marina Isabel Cardoza Arango, Luz Estela Ordóñez Martínez,
Martha Isabel Cervantes Medina, Carmen Paola Salazar Roa, Yina Paola García
Pérez, Paola Patricia Arreola Rivera,  Ilse María Castillo Guerrero, Luis
Benito Hernández Méndez, Luz Mila Díaz Vanegas, Maritza Del Carmen Ortiz
Rivera, Luis Fernando Buelvas Medina, Yurleidis Ester Romero Medina, Merlis
Judith Sánchez Ruiz, Ana Patricia Castillo Solano, Laudit Arrieta Díaz,
Graciela Milena Ospino Munive, Jhefersson Andrés Luna Palencia, Franklin
Roberto Guevara Manjarrés, Tatiana Mileth Bertel Diart, Wilton Hernando Ruiz
Cervera, Aly Judith Buelvas Aguas y Manuel Cipriano Ríos Ortega.
c- Revocar los derechos concedidos a
Galio Mauricio Insignares Martínez, Jakeline Insignares Martínez, Elaine Edit
Chamorro Rodelo, Marvy Luz Mejía Castellar, Alimes Cristina Altahona, Juana
Isabel Pinto Durán, Yadira Del Carmen Pinto Durán, Carlos Julio Fajardo
Atencio, Enadis Edith Pérez Leguía, Adis Patricia Pérez Leguía, Gabriel
Fernando Beleño Troya y Fernando Alcides Beleño Baldovino, porque forman parte
de núcleos familiares cuyos integrantes tienen la misma pretensión en esta
tutela y ya han sido amparados.
d- Revocar los derechos concedidos a los
señores Nubis del Carmen Ordóñez Martínez, Dubis Rosa Zabaleta Salgado, Israel
Antonio Vásquez Barreto y Kelly Yohana Guevara Barrios por cuanto sus fichas de
Sisbén, no corresponden a la jurisdicción del municipio de Majagual.
e- Revocar los derechos concedidos a la
señora Ana María Guevara Díaz, porque no tiene documento alguno que soporte sus
pretensiones.
Para adoptar tales decisiones el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Sucre, Sucre, consideró que los documentos aportados demuestran que
los accionantes  “se vieron afectados por las inundaciones provocadas por
las intensas lluvias caídas en los dos años inmediatamente anteriores,
situaciones (sic) catastrófica provocada por el llamado fenómeno de la niña, y
que se extendió todo lo largo del año 2011, tal y como es de público
conocimiento. Se pudo establecer igualmente que los actores no fueron censados
como damnificados, a pesar que su condición calamitosa permaneció durante todo
el año 2011, sin que las autoridades responsables del manejo de las emergencias
se hallan(sic) acercado a verificar si dicha situación persistía, lo cual es una
señal de desidia e inoperancia total por parte del municipio de
Majagual…Igualmente cabe responsabilidad en este asunto a la UNGRD por no
entrar a corroborar  y a verificar la información que previamente tenía
disponible… por lo notorio y público, habrá  de admitirse que el municipio de
Majagual y la UNGRD tenían conocimiento previo de la situación de damnificados
en que se encontraban los accionantes, quienes viven en corregimientos y
veredas de la zona rural del municipio de Majagual, en donde fue público y
notorio el impacto en los inmuebles y muebles por la crecida de los caños, más
hubo fallas por parte de los entes públicos accionados al no entrar a
corroborar si los ya afectados con la situación calamitosa, continuaban o no en
dicha condición durante el periodo de tiempo que viene señalado en la
resolución 074 del 15 de diciembre de 2011”
Respecto del debido proceso señala que las disposiciones que
regulan el auxilio no establecen ninguna obligación del damnificado para ser
incluido en los mencionados censos y recibir la ayuda humanitaria, por lo que
tal exigencia vulnera el mencionado derecho fundamental.
Argumenta que excluye de la tutela otorgada a algunos de los
accionantes porque efectuado el cotejo de sus nombres con la encuesta
socioeconómica del Sisbén no están reportados como cabeza de familia, y en tal
virtud revoca la tutela que les fue concedida en primera instancia.
También revoca el amparo otorgado a cuatro accionantes por
cuanto sus fichas de Sisbén, no corresponden a la jurisdicción del municipio de
Majagual, y niega el amparo a Ana María Guevara por carecer de prueba que
soporte su pretensión.
3. EXPEDIENTE T-4.140.961
Mediante apoderado judicial, los señores
Ramiro Antonio Baldovino Villamizar, Audis Isabel Villegas Díaz, Ana Emilia
Cassiani De Vanegas, Mariana Esther Lara Villamizar, Enilda Rosa Cardoza, Feliz
Manuel Cardoza Nieto, Etilcia María Acevedo Jiménez, Enilde Isabel Pacheco
Acevedo, Enilda Nieto Castellar, Griselda Isabel Meza Rodelo, Nazly Del Carmen
García García, Ana Merelcy Rossi Vargas, Yews Paola Anaya Gallon, Manuel
Salazar Amaris Urieta, José de los Santos Narváez Arroyo, Víctor José Alemán
Sierra, Noris Esther Galvis Teheran, Ernan José Alemán Muñoz, Dairo Manuel
Rivero Sánchez, Luz Verena Payares Carcamo, Nilson de la Cruz Narváez Martínez,
Luis Miguel Tirado Medina, Carmen Edith Villamizar Mejía, Fidelina Idalides
Vanegas Pea, José Vitoria, Boris Antonio Ramos Martínez, Dayana María Barrios
Muñoz, Wilinton José Ríos Jaraba, Teresa De Jesús Cervera Olivero, Andrés
Enrique Taborda Macias, Consuelo Villamizar Chávez, Yesica Sampayo Teheran,
María Matilde Rodelo Torrento, Yenis Esther Medina Sehuanes, Marelis del Carmen
Blanquiceth Medina, Gabriel Antonio Aguas Díaz, Alberto Manuel Ospino Carvajal,
Alberto Manuel Ospino Ulloa, Jaime de Jesús Andrades Correa, Ermelina Esther
Martínez de Aguas, Katty Ana Díaz Aguas, Alfrina María Hoyos Reales, Nelson de
la Ossa Vanegas, Dioscelina María Taborda Acura, Enrique Manuel Aguas Aguas,
Teresa del Rosario Aguas Salcedo, Juana del Carmen Madera Anaya, María Isabel
Roenes Andrades, Yolanda María Ospino Carvajal, Arcilia Rosa Martínez Díaz,
Lelis Mercedes Herrera Salas, Enalba Luz Ortega Leguia, Katia Lucía Ruiz
Madera, Zuly Margarita de la Ossa Alemán, Luis Manuel Tapia Novoa, Norla del
Carmen Martínez Olivares, Enrique Carlo Oquendo Vergara, Juan de Dios Guzmán
Villamizar, Darlys Ortega García, Luis Antonio Cáceres Guzmán, José Manuel
Cáceres Troya, Omel de Jesús Navarro Núñez, Álvaro Jesús Díaz Puello, Margelis
del Carmen Palencia Cuello, Vanesa Patricia Olivares Márquez, Edilberto Enrique
Choperena, José María Cassiani Díaz, Rafael de Jesús Molina Salgado, Rosa
Matilde Moreno Correa, Julia Fermina Lara Bustamante, José de la Cruz Troya
Bueno, Julia Cecilia García Méndez, Juan Manuel Villamizar Choperena, Rosiris
del Carmen Márquez Machacón, Benito Adolfo Cuello Menco, Rosmira Isabel Cuello
Arrieta, Marysela Díaz Palencia, Milagro del Cristo López Acevedo, María de las
Mercedes Díaz Severiche, Inmaculada Madera Guerra, Delia Rosa Castellar Díaz,
Luz Carime Requena Castellar, Yudis Isabel Blanquicet Martínez, Lourdes Edith
Rada Torres, Nelson Nel Palencia Navarro, Yoleidis del Carmen Vargas Ortega,
Rosiris del Carmen Anaya Requena, Rosa Leguia Moreno, Beatriz Hidalides Aguas
Bolívar, Roque de la Cruz Mercado Yépez, Teresa de Jesús Vega De Rodelo, Ana
Cecilia Costa Ordóñez, Juan Martínez Villamizar, Luz Merv Martínez Medina,
Doris del Carmen Medina de Blanquicet, Dariel Gregorio Ospino Mendoza Omaira
Rosa Medrano Salcedo, Yony Eliecer Aguas Jaraba, Enaldo Enrique Jerez Corpa,
Blanca Isabel Ramírez Quevedo, Yorledis Ramírez Quevedo, Jorge Antonio Rangel
Zabaleta, José Domingo Mendoza Yánez, Adalberto Roenes Jiménez, Cenia Isabel
Aguas Aguas, Maribel Aguas Atencia, Bertha Yamila Lima Altahona, Sugenis
Filandia Tarrifa Bueno, residentes en el Municipio de Majagual, Sucre,
presentaron acción de tutela para que en que en amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso y vida en condiciones dignas se
ordene a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la
Presidencia de la República –UNGRD-,  el Fondo Nacional de Calamidades y el
Comité de COLOMBIA HUIMANITARIA, inscriban a los accionados como damnificados
de la ola invernal en el periodo comprendido entre el 1 de Septiembre y el 10
de Diciembre de 2011 y se les cancele el auxilio económico establecido en la
Resolución 074 del 15 de diciembre de 2011 de la Presidencia de la República, con base en los siguientes:
Hechos
- Informan los accionantes que fueron
damnificados de las inundaciones del año 2011, que afectaron al Municipio de
Majagual, Sucre.
- Mediante Resolución de la Unidad Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres del 15 de diciembre de 2011 se establecieron
ayudas humanitarias para los afectados de ese municipio.
- Las ayudas económicas se dieron a
personas de otros departamentos y municipios del país pero a los accionantes
que fueron afectados por el invierno no.
Traslado y contestación de las entidades accionadas.
El Juzgado Promiscuo
Municipal de Majagual, Sucre, por auto del 22 de noviembre de 2012, admitió la
acción de tutela y ordenó correr traslado al representante legal de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres y de la Alcaldía Municipal de Majagual para que contestaran la acción de tutela en
ejercicio del derecho de contradicción y defensa. - folio 341-
El representante de la
Alcaldía Municipal de Majagual dio respuesta a la acción señalando que la
administración anterior fue la encargada de realizar el censo de afectados de
la segunda ola invernal para efectos del otorgamiento de la ayuda económica
establecida en la Resolución 074 del 15 de diciembre de 2011. Indicó que en la
planilla remitida a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
no aparecen relacionados los tutelantes.
La Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, en forma extemporánea contestó la acción de
tutela informando que se presentaron dos eventos hidrometereológicos, el
primero de abril de 2010 a junio de 2011 por el fenómeno de la niña y el
segundo entre septiembre y diciembre de 2011,  de tal forma que los auxilios
económicos previstos por la Resolución 074 del 15 de diciembre de 2011 son sólo
para las familias damnificadas directas de ésta segunda temporada invernal, que
cumplen los requisitos señalados en este acto administrativo. Precisa además
que el sistema de información REUNIDOS se refiere a los damnificados y
afectados de las lluvias en 2010 y el primer semestre de 2011, a quienes no
cubre el subsidio económico sino las ayudas de Colombia Humanitaria canalizadas
a través de los entes territoriales.
Indica que examinado el
registro de damnificados de la segunda temporada de lluvias de 2011, no se
encontró a los ciudadanos tutelantes inscritos como afectados directos “pero
en esto nada tiene que ver la nación, concretamente la Unidad, demandada como
accionada en este proceso”, pues los beneficiarios del subsidio debían ser
incluidos por los CLOPAD  en la planilla de apoyo económico y estas
listas entregadas a la Unidad a más tardar el 30 de enero de 2012 a efectos de
realizar el desembolso y en las enviadas por el Municipio de Majagual no
aparecen los accionantes. Añade que la inclusión en los registros de
damnificados de la ola invernal no implica que las personas fueran acreedoras
del apoyo económico, derecho que sólo surge cuando se ha establecido que la
familia afectada cumple las condiciones de la Resolución 074 para ser
beneficiaria del subsidio, por ello a algunas personas no se les otorgó luego
de hacer el proceso de depuración de las listas.
Con
base en lo anterior señala que: (i) No se cumple con el requisito de inmediatez
de la acción por haber transcurrido más de 11 meses desde la inundación hasta
la interposición de la acción, lo que a su juicio  no es un plazo
razonable; (ii) No hay violación del derecho a la igualdad porque con los
documentos allegados a la acción de tutela los accionantes no demostraron
encontrarse en las mismas condiciones de las personas a quienes se les otorgó
el subsidio económico de conformidad con los listados allegados a esta entidad
por parte del CLOPAD del municipio, al respecto señala que las tirillas del
DANE corresponden al Censo levantado por esa entidad de los damnificados del
fenómeno de la niña que duró hasta Junio 30 de 2011 ; (iii) la Unidad carece de
competencia para incluir o excluir a personas de las planillas de apoyo
económico por lo cual falta legitimación en la causa por pasiva; (iv) la tutela
no es el mecanismo para estudiar pretensiones económicas como las solicitadas
por los accionantes; y (v) se desconoce el requisito de subsidiariedad porque
existen otros mecanismos para reclamar el pago del auxilio y tampoco se
acreditó un perjuicio irreparable, grave e inminente
Pruebas
A continuación se
relacionan las pruebas documentales que obran en el expediente:
- Copia de los documentos de identidad de los
accionantes.
- Copia de la tirilla de inscripción en el Registro Único
de damnificados por la emergencia invernal Reunidos 2010-2011 de algunos de los
accionantes.
- Copia de la inscripción en el Sistema de Información
para el Registro Único de Damnificados del Fenómeno de la Niña
SENTENCIAS
JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Sentencia de Primera Instancia
El Juzgado Promiscuo Municipal de
Majagual, Sucre, mediante
fallo del 6 de diciembre de 2012, concedió el amparo solicitado y en
consecuencia ordenó al Alcalde del Municipio de Majagual incluirlos en el censo
y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres realizar el pago del
auxilio económico que estableció la resolución 074 de 2011 a los tutelantes una
vez allegada la información sobre su inclusión en el censo por el ente
territorial. Consideró el a quo que los CLOPAD, en cabeza del Alcalde
Municipal, son los responsables de incluir a todos los damnificados en el censo
de beneficiarios del subsidio económico. Así mismo, que es de conocimiento
público que el municipio de Majagual resultó afectado por los fenómenos
hidrometeorológicos sucedidos a finales de 2010, comienzos y finales del año
2011. Por lo anterior, señala el Juzgado que “los accionantes reunían las
condiciones para ser incorporados en el censo o las planilla de apoyo económico
de los damnificados directos, y que fue el CLOPAD presidido por el Alcalde
Municipal y máximo órgano encargado y responsables de la información, a través
del SENA, debió ser esta misma quien aplicó un criterio diferente en relación a
los accionantes, para no incluirlos en la relación de beneficiarios de la ayuda
humanitaria económica que se reclama mediante esta acción, rompiendo el
equilibrio entre los habitantes de los diversos barrios de Majagual, Sucre,
beneficiados y los no beneficiados del mentado subsidio, creando desigualdad
donde no hay lugar a diferencias, por lo que se considera que fue en este
preciso hecho, acción o procedimiento donde se comenzó a dar la desigualdad a
los accionantes respecto de los demás habitantes de este” – folio 365-
Igualmente consideró que los accionantes se
encontraban inscritos en el censo de la anterior ola invernal y cumplen con los
requisitos que establece la resolución 074 de 2011 para el otorgamiento del
subsidio económico. Resaltó que si en Bogotá se canceló el auxilio económico “los
habitantes de Majagual, Sucre, que se encuentra en zona de inundación, también
son acreedores de la ayuda económica por parte del estado (sic).. La vivienda
de los accionantes se encuentran ubicadas algunas en zona urbana y otras en la
periferia de este municipio sitios que han sido afectados en  más de una
ocasión por las aguas provenientes de los efectos hidrometereológicos, que
conllevan al desbordamiento de los ríos y caños que circundan a este municipio,
generándose un daño permanente en sus enseres, y por tal razón están en la
condición requerida para recibir la ayuda solicitada”. – folio 167-
Impugnación
El representante de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres impugnó el fallo por cuanto el
Juez ignoró el escrito que presentó y no tuvo en cuenta los argumentos
planteados por la Unidad, tampoco consideró el a quo la temporalidad de los
fenómenos hidrometeorológicos que ocurrieron en el país.
Cuestiona que el juez dio por
demostrado que los ciudadanos tutelantes se encuentran en las condiciones
previstas en las Resoluciones 074 de 2011 y 02 de 2012, sin prueba al respecto.
Indicó el impugnante que para obtener la ayuda económica
establecida en la Resolución 074 de 2011 debe acreditarse ser damnificado
directo de los eventos hidrometereológicos de la segunda temporada invernal
comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011 y encontrarse
incluido en el registro emitido por los Comités Locales y Regionales de
Atención y Prevención de Desastres, requisitos que los accionantes no
acreditaron, quienes aportan prueba de ser parte del registro en la base de
datos REUNIDOS, la cual incluye a los afectados y damnificados por la primera
temporada, quienes no están cobijados por el beneficio económico en comento,
razón por la cual no puede afirmarse que los tutelantes tengan el derecho al
pago del mismo.
La Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres plantea la falta de legitimación por pasiva,
pues la omisión en el registro de damnificados beneficiarios del apoyo
económico previsto en la Resolución 074 de 2011 no le es atribuible a esa
entidad. A su juicio, el reclamo tampoco atiende al presupuesto de inmediatez
dado el tiempo transcurrido desde que venció el plazo para enviar las planillas
de beneficiados y la fecha de interposición de la acción, y además los
accionantes pueden acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa.
Sentencia de Segunda Instancia
El 25 de abril de 2013, el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Sucre, Sucre, modificó la decisión del juez de primera instancia, al considerar
que no todos los accionantes acreditaron ser damnificados de la segunda
temporada de lluvias de 2011. En relación con las personas a quienes confirmó
el amparo el ad quem consideró que los documentos aportados demuestran que “se
vieron afectados por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias
caídas en los dos años inmediatamente anteriores, situaciones (sic)
catastrófica provocada por el llamado fenómeno de la niña, y que se extendió
todo lo largo del año 2011, tal y como es de público conocimiento. Se pudo
establecer igualmente que los actores no fueron censados como damnificados, a
pesar que su condición calamitosa permaneció durante todo el año 2011, sin que
las autoridades responsables del manejo de las emergencias se hallan (sic)
acercado a verificar si dicha situación persistía, lo cual es una señal de
desidia e inoperancia total por parte del municipio de Majagual…Igualmente cabe
responsabilidad en este asunto a la UNGRD por no entrar a corroborar  y a
verificar la información que previamente tenía disponible… por lo notorio y
público, habrá  de admitirse que el municipio de Majagual y la UNGRD tenían
conocimiento previo de la situación de damnificados en que se encontraban los
accionantes, quienes viven en corregimientos y veredas de la zona rural del
municipio de Majagual, en donde fue público y notorio el impacto en los
inmuebles y muebles por la crecida de los caños, más hubo fallas por parte de
los entes públicos accionados al no entrar a corroborar si los ya afectados con
la situación calamitosa, continuaban o no en dicha condición durante el periodo
de tiempo que viene señalado en la resolución 074 del 15 de diciembre de 2011”
Respecto del debido proceso señala que las disposiciones que
regulan el auxilio no establecen ninguna obligación del damnificado para ser
incluido en los mencionados censos y recibir la ayuda humanitaria, por lo que
tal exigencia vulnera el mencionado derecho fundamental.
Por otra parte, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre,
Sucre, revocó el amparo otorgado a algunos accionantes porque efectuado el
cotejo de sus nombres con la encuesta socioeconómica del Sisben no están
reportados como cabeza de familia, y a otros lo niega porque forman parte de
núcleos familiares cuyos integrantes tienen la misma pretensión en esta tutela
y ya han sido amparados o han sido directamente favorecidos por una decisión de
tutela a su favor. Por último niega el amparo al ciudadano José de la Cruz de
la Troya Bueno, por no aportar prueba que soporte su pretensión.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Competencia
La Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos
dentro de los procesos de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Problema Jurídico
Corresponde establecer si en los casos
expuestos procede el amparo de los derechos fundamentales a la vivienda digna,
igualdad, dignidad y al debido proceso que a  juicio de los tutelantes han sido
vulnerados por la negativa de las entidades accionadas en reconocer y pagar la
ayuda económica que estableció el Gobierno Nacional a través de la Resolución
N° 074 de 2011 expedida por la Unidad
Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República, para los damnificados
directos de los eventos hidrometereológicos de la segunda temporada invernal
comprendida entre el 1° de septiembre y el 10 de diciembre de 2011.
Antes de ocuparse de los casos concretos,
es preciso establecer a la luz de la jurisprudencia constitucional: i) Requisito de inmediatez cuando se
debate ayuda a damnificados de eventos hidrometereológicos; ii) Las obligaciones del Estado y derechos
de personas afectadas por desastres naturales; y (iii) Apoyo económico a los damnificados
directos de la segunda temporada de lluvias presentada entre el 1º de
septiembre y el 10 de diciembre de 2011.
Requisito de inmediatez
cuando se debate ayuda a damnificados de eventos hidrometereológicos
Como quiera que un argumento
recurrente en las intervenciones de las entidades accionadas en las tres
acciones de tutela a decidir en el presente fallo se refiere a la ausencia del
requisito de inmediatez, es necesario fijar el alcance del mismo cuando se
trata de resolver la viabilidad de acudir a la acción de tutela para obtener el
reconocimiento y pago de la ayuda económica otorgada a los damnificados de
desastres naturales.
La inmediatez, ha señalado la
jurisprudencia de esta Corte, constituye un requisito de procedibilidad de la
acción de tutela que permite cumplir con el propósito de la protección
inmediata y por tanto efectiva de los derechos fundamentales, cuando estos
resulten afectados por la acción u omisión de autoridades públicas o de los
particulares en los eventos establecidos en la ley. Igualmente ha sido
consistente la jurisprudencia constitucional en advertir que no cualquier tardanza en la presentación de las
acciones de tutela acarrea su improcedencia, sino sólo aquella que pueda
juzgarse como injustificada o irrazonable, atendiendo a las circunstancias
particulares de cada caso, pues en algunos un año puede ser muy amplio y en
otros eventos puede ser un plazo razonable.[3]
Esta Corporación ha enunciado
como criterios para evaluar la razonabilidad del plazo: i) Que existan razones válidas para la inactividad, como la fuerza
mayor, el caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad para interponer la
tutela en un término razonable; ii) La permanencia en la vulneración o amenaza
de los derechos fundamentales; iii) La situación de debilidad manifiesta del
actor, que hace desproporcionada la carga de razonabilidad del plazo para
intentar la acción.
Frente al tema en particular de
las acciones interpuestas en procura de obtener la ayuda ofrecida por el Estado
en situaciones de desastre, la jurisprudencia de la Corporación ha sido
consistente en señalar que cuando los efectos de las pérdidas y daños ocasionados
como efecto del fenómeno natural subsisten y ha sido posible para el ciudadano
recuperarse de la calamidad sufrida, el requisito de inmediatez se cumple, en
cuanto la vulneración de los derechos invocados continúa y es actual. Con lo cual, cabe afirmar que en el caso
que nos ocupa, si tales perjuicios se proyectan aún después de las fechas
determinadas para la entrega del listado de beneficiarios de las ayudas y de
los desembolsos conforme al cronograma de pagos fijado para las ayudas
económicas previstas en la Resolución 074 de 2011, y las acciones se han
interpuesto dentro de un término razonable,
habrá de concluirse que se cumple con el referido requisito de procedibilidad
de la acción, lo cual sólo se determinará al examinar los casos concretos.
Al efecto, esta Corporación en sentencia T-295 de 2013, al conceder
el amparo a varios damnificados de la segunda temporada invernal de 2011 en el
Municipio de Córdoba, Bolívar, señaló “La intervención de los jueces de tutela se requiere,
por lo tanto, con urgencia, pues de lo que se trata es de perseguir que las
instituciones estatales adelanten todas las actuaciones necesarias, en orden a
evitar que se prolongue innecesariamente la crítica situación en la cual se
encuentran las personas damnificadas por la temporada de lluvias presentada en
el segundo semestre del año 2011.”, siguiendo con ello el criterio ya expresado por la Corporación en
la Sentencia T- 1075 de 2007, en la cual
se advirtió que no se puede ignorar la situación de vulnerabilidad de las
personas víctimas de un desastre natural, pues:
“…el desconocimiento de las situaciones de vulnerabilidad, ignorando
tanto el evento del desastre como sus consecuencias en el entorno social,
económico, ambiental y familiar, implica una vulneración contra derechos
fundamentales de los damnificados, por lo cual se hace exigible la cesación de
las causas contrarias a la especial protección debida a la población
vulnerable, o las acciones tendientes a la efectividad de la misma.”
Las obligaciones del Estado y derechos
de personas afectadas por desastres naturales. Marco normativo y
jurisprudencial.
Principio de Solidaridad
y deberes del Estado.
El artículo 1º de la
Constitución establece que la dignidad y la solidaridad son fundamentos del
Estado Social de Derecho, en coherencia con lo cual el artículo 2 de la misma
normativa establece que las autoridades de la República están instituidas para
proteger la vida, bienes y demás derechos y libertades y asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Para la consecución de tales fines y
la materialización del principio de solidaridad, el numeral 2º del artículo 95
de la Constitución señala que uno de los deberes de la persona y del ciudadano es “Obrar conforme al principio de
solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que
pongan en peligro la vida o la salud de las personas”.
Con la misma finalidad, la Constitución establece
reglas especiales para afrontar situaciones excepcionales en las cuales se
encuentre en riesgo y/o se afecten los derechos de los residentes en el país.
Es así como el artículo 215 consagra la facultad del Gobierno Nacional para declarar el estado de
emergencia económica, social y ecológica, en los siguientes términos:
“Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos
en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e
inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan
grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los
ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días
en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario.
Mediante tal declaración, que deberá ser motivada,
podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con
fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la
extensión de sus efectos.”
Y el artículo transitorio 46 de la
Constitución Política prevé que “El Gobierno Nacional pondrá en
funcionamiento, por un periodo de cinco años, un fondo de solidaridad y
emergencia social, adscrito a la Presidencia de la República. Este fondo
financiará proyectos de apoyo a los sectores más vulnerables de la población
colombiana”.
De otra parte, cuando se
presentan fenómenos naturales que afectan la vivienda, la vida, la salud y
otros derechos, es claro que las personas afectadas se encuentran en situación
de vulnerabilidad y son por tanto sujetos de especial protección. En estos
eventos, ha dicho la Corte Constitucional, “el
principio de solidaridad cobra una dimensión concreta que hace que el derecho a
una vida digna se relacione directamente con la salud, con la seguridad
alimentaria y con la protección mínima de seguridad ante los peligros de la
intemperie entre otros aspectos. Por esta razón tanto el Estado, como la
sociedad y la familia deben concurrir a la protección de este bien jurídico”.[4]
En el mismo sentido, en la sentencia T-  1125 de 2003[5],
resaltó:
“En materia de atención y prevención de desastres, la especial
atención constitucional se brinda para la protección de la población afectada
que ostenta una calidad de vulnerabilidad y debilidad evidente, y en esta
medida para el aseguramiento de sus derechos fundamentales a la vida, a la
subsistencia, a la dignidad, y a la salud, entre otros. Además, el principio
general de solidaridad impide que la sociedad sea indiferente al sufrimiento
evidente de las personas o insensible ante la situación de desamparo o de
extrema necesidad en que éstas se encuentren.
En esta medida, todos los agentes sociales deben asumir
responsablemente el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, de
forma que se haga posible la cooperación social. Ello implica que en
cumplimiento de los deberes sociales de apoyo, atención, protección y promoción
de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, se llegue en muchas
ocasiones a que la sociedad deba soportar ciertas cargas públicas.”
Frente a ese deber estatal de actuar
conforme al principio de solidaridad e intervenir para la superación de las
situaciones de desastre, en sentencia T- 530 de 2011[6], dijo la
Corte:
“Al respecto, esta Corte ha señalado que
“el preámbulo y el artículo 95 de la Constitución Política establecen como uno
de los parámetros fundamentales de nuestra sociedad la solidaridad, el cual se
desenvuelve como pauta de protección de las personas que se encuentren en
estado de debilidad. En esta medida, en el caso de personas que se encuentran
en situaciones de debilidad manifiesta, debido a su estado de vulnerabilidad a
causa del acaecimiento de un desastre, el principio de solidaridad cobra una
dimensión concreta que hace que el derecho a una vida digna se relacione
directamente con la salud, con la seguridad alimentaria y con la protección
mínima de seguridad ante los peligros de la intemperie entre otros aspectos.
Por esta razón tanto el Estado, como la sociedad y la familia deben concurrir a
la protección de este bien jurídico”[7].
Este deber de solidaridad se fundamenta,
además, en que “Colombia es un Estado Social de Derecho y como República se
funda en la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y en la prevalencia del
interés general sobre el particular (artículo 1° de la Constitución). Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares (artículo 2° inciso 2º de la Constitución).
Dentro de los fines esenciales del Estado está garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política
(artículo 2° inciso 1º). También reconoce y garantiza los derechos a la vida
(artículo 11), y a la vivienda digna (artículo 51). Frente a personas que por
su condición económica se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta
tiene, además, el deber de protegerlas especialmente (artículo 13 inciso 3°)”[8].
En este orden de ideas, “se trata de un
deber del Estado de rango constitucional, no meramente moral, que a su vez
involucra los deberes sociales de los particulares (artículo 95 numeral 9°), si
se tiene en cuenta que será con las contribuciones de éstos destinadas a cubrir
los gastos e inversiones del Estado” [9].
Una de las manifestaciones de este deber
de solidaridad es el relativo a la reubicación de las personas que, en virtud
del desastre natural, han quedado sin vivienda.
Es por ello que, en el marco de la
emergencia económica, social y ecológica declarada en todo el país mediante el
decreto 4580 de 2010 a causa del denominado “Fenómeno de la Niña”, se expidió
el decreto legislativo 4821 de 2010 con el objetivo de facilitar los proyectos
de construcción de vivienda y la reubicación de asentamientos humanos afectados
por esta ola invernal[10].
…el decreto 4821 de 2010 crea y regula
detalladamente los proyectos integrales de desarrollo urbano (PIDU), los cuales
permitirán llevar a cabo los proyectos de reubicación y reasentamiento
garantizando (i) su localización en zonas seguras que no presenten riesgos para
las personas, (ii) el cumplimiento de estándares de calidad ambiental y
urbanística con las infraestructuras viales y de servicios públicos y (iii) la
localización de equipamiento principalmente de educación y salud. Esto mediante
un trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional y los municipios y/o
distritos. [...]”
En la sentencia T- 295 de 2013, al
amparar los derechos de un grupo de ciudadanos que reclamaba el pago del apoyo
económico dispuesto para beneficiar a los damnificados directos de la segunda
temporada de lluvias del año 2011, indicó la Corte:
“Ante
la ocurrencia de un desastre natural, es claro que las personas que se ven
afectadas suelen quedar en condiciones de extrema dificultad ante la pérdida o
destrucción de sus medios de subsistencia, sus enseres y la propia vivienda,
por lo que, en virtud del principio de solidaridad, resulta imperiosa una
respuesta adecuada y oportuna por parte de las autoridades públicas tendiente a
remediar esta situación calamitosa y evitar que se pongan en peligro o se
vulneren los derechos fundamentales de las personas afectadas, tales como la
vida, la vivienda digna o el mínimo vital. En consecuencia, en situaciones de
desastre la solidaridad se concreta como una pauta de comportamiento conforme a
la cual deben obrar tanto el Estado como la sociedad.”
Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres –hoy Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.-
La conformación de un Sistema que se encargue de la
prevención y atención de desastres, en aplicación del principio de solidaridad
y de la obligación de las autoridades de garantizar la vida, bienes y demás
derechos y libertades de los habitantes del territorio nacional, antecede a la Constitución de 1991, pues
fue con la Ley 46 del 2 de noviembre de 1988 que se organizó el Sistema
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres –SNPAD-, que luego se
estructuró a través del Decreto Extraordinario 919 del 1° de Mayo de 1989, como
un sistema en el cual participan entidades públicas y privadas a nivel nacional
y territorial “que realizan
planes, programas, proyectos y acciones específicas, para alcanzar los
siguientes objetivos: a) Definir las responsabilidades y funciones de todos los
organismos y entidades públicas, privadas y comunitarias, en las fases de
prevención, manejo, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo a que dan lugar
las situaciones de desastre o de calamidad; b) Integrar los esfuerzos públicos
y privados para la adecuada prevención y atención de las situaciones de
desastre o de calamidad; c) Garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos
los recursos humanos, técnicos, administrativos, y económicos que sean
indispensables para la prevención y atención de las situaciones de desastre o
calamidad”[11].
El Decreto 919 de 1989[12]  creó los
Comités Regionales y Locales para la Atención y Prevención de Desastres,
presidido éste por el Alcalde del Municipio correspondiente, y en el artículo
61 se le asignaron, entre otras, las siguientes funciones:
“3.
En relación con las situaciones de desastre:
b) Asumir la dirección y coordinación de todas las
actividades necesarias para atender una situación de desastre regional o local
declarada, con la colaboración de las entidades públicas y privadas que deban
participar, de acuerdo con las pautas trazadas por la Oficina Nacional para la
Atención de Desastres;
c) Ejecutar los planes de contingencia y de
orientación para la atención inmediata de desastres que hayan sido aprobados
por el Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres, bajo la
coordinación y con el apoyo de la Oficina Nacional para la Atención de
Desastres;
(…)
h) Velar por el cumplimiento de las funciones y los
procedimientos por parte de las entidades públicas y privadas que participan en
la prevención y atención de desastres, en armonía con el Comité Nacional para
la Atención y Prevención de Desastres y la Oficina Nacional para la Atención de
Desastres; ...
j) Garantizar una respuesta rápida y eficaz para el
pronto retorno a la normalidad;
4. En relación con los planes de acción específicos:
...
b) Atender las situaciones de desastre regional o
local, incluidas las fases de rehabilitación, recuperación y los componentes de
prevención en los procesos de desarrollo.
c) Contribuir a la elaboración y ejecución de los
planes de acción específicos para situaciones de desastre de carácter
nacional.”
La actuación de este sistema se enmarca
dentro del Plan Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres diseñado a partir del Decreto
93 de 1998 en el cual se
establecen como parámetros de las
políticas, acciones y programas mediante los cuales el Estado interviene en la
prevención del riesgo y el manejo de los desastres[13],
entre otros: (i) la asignación de competencias, ubicando en el nivel
central las medidas de planeación y en los niveles territoriales
(particularmente el municipio) las de ejecución de las medidas y elaboración de
planes concretos de acción frente a desastres; con sujeción al principio de descentralización[14];
(ii) la conjugación del enfoque de atención de desastre con el de prevención
del riesgo como orientaciones esenciales para el manejo del riesgo, y la
articulación de las fases de prevención, atención inmediata, reconstrucción y
desarrollo en relación con los diferentes tipos de desastres y calamidades
públicas[15];
y (iii) La intervención de todas las entidades que integran el Sistema a
nivel nacional, regional y local debe observar el ámbito de competencias y
actuar conforme a los criterios de concurrencia, complementariedad y
subsidiariedad, de manera coordinada y garantizando el derecho a la
participación ciudadana.[16]
Para efectos de resolver los casos
concretos que plantean las acciones de tutelas en revisión, cabe destacar que
dentro de los objetivos del Plan Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres se encuentra dar una respuesta efectiva en caso de desastre, y
procurar la pronta recuperación de zonas afectadas.
Establece el artículo 3º del Decreto 93
de 1998 que son objetivos del Plan:
“2. La respuesta efectiva en caso de
desastre. El fortalecimiento de la capacidad de acción y la organización
institucional es el eje para la respuesta efectiva en caso de desastre. Este
paso se debe dar en dos niveles, a nivel nacional mediante el trabajo
concertado de las entidades técnicas y operativas del sistema y a nivel local
con el apoyo a la gestión a través de programas de capacitación técnica y
articulación de acciones con la debida orientación de las entidades nacionales
responsables....
Así mismo, se busca apoyar técnica y
financieramente la atención en situaciones de desastre, manteniendo una reserva
permanente de recursos financieros del Fondo Nacional de Calamidades y de otras
entidades del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres,
SNPAD, a fin de atender a la comunidad afectada por los impactos de los eventos
catastróficos que ocurran y apoyar el retorno a la normatividad, mediante obras
de emergencia, operativos de emergencia para la respuesta inmediata, apoyo
alimentario, menaje básico, vivienda temporal, combustibles y transporte, entre
otras.
1.     La recuperación rápida de zonas
afectadas. Con el fin de superar las situaciones de desastres, se debe
fortalecer la capacidad técnica, administrativa y financiera necesaria para
agilizar los procesos de recuperación rápida de las zonas afectadas. Esto
demanda de una gran coordinación interinstitucional que evite la duplicidad de
funciones y disminuya los tiempos transcurridos entre la formulación de
proyectos, su estudio y aprobación y finalmente su ejecución para la rehabilitación
y reconstrucción... ”.
Es preciso recordar que la Ley 715 de
2001[17],
prescribió en su artículo 76 que compete a los Municipios prevenir y atender
los desastres que ocurran en su jurisdicción.
El 24 de abril de 2012
el legislador expidió la Ley 1523, “Por la cual se adopta la política
nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”, que
definió en su artículo 1º la gestión de riesgo de desastres como “un proceso
social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de
políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas
y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el
manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad,
el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible”.
La gestión del riesgo
involucra a todas las autoridades y habitantes del territorio colombiano, lo
cual implica que: “En
cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y
comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo,
entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de
desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su
jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la
gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto
en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las
autoridades”.[18]
De acuerdo con el
artículo 6º de la Ley 1523 de 2012, uno de los objetivos específicos del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, es:
“Desarrollar, mantener y garantizar el
proceso de manejo de desastres mediante acciones como:
a). Preparación para la respuesta frente
a desastres mediante organización, sistemas de alerta, capacitación,
equipamiento y entrenamiento, entre otros.
b). Preparación para la recuperación,
llámese: rehabilitación y reconstrucción.
c). Respuesta frente a desastres con
acciones dirigidas a atender la población afectada y restituir los servicios esenciales
afectados.
d). Recuperación, llámese: rehabilitación y reconstrucción de las
condiciones socioeconómicas, ambientales y físicas, bajo criterios de seguridad
y desarrollo sostenible, evitando reproducir situaciones de riesgo y generando
mejores condiciones de vida”.
Conforme al principio constitucional de
solidaridad y el deber del Estado de preservar la vida, integridad y bienes de
los habitantes del territorio nacional, y al desarrollo legal que estos
presupuestos constitucionales han tenido en materia de prevención y atención de
desastres, es claro que el Estado debe responder de manera oportuna a las
necesidades humanitarias, proteger los derechos y brindar la atención necesaria
para favorecer la recuperación y evitar mayores daños a todas las personas
damnificadas como consecuencia de un desastre natural, en cuanto son sujetos de
especial protección constitucional al encontrarse en condición de debilidad
manifiesta como consecuencia de la situación generada por el desastre.
Por lo anterior, frente al fenómeno
hidrometereológico ocurrido entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de
2011 que alteró de manera ostensible y desfavorable las condiciones de vida de
los damnificados, en virtud del principio de solidaridad, las autoridades
públicas que hacen parte del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres tienen el deber de adelantar
acciones encaminadas a la mitigación de los efectos del desastre[19] y dotar a
los damnificados de herramientas que les permitan superar la situación de
calamidad.
Apoyo económico a los
damnificados directos de la segunda temporada de lluvias presentada entre el 1º
de septiembre y el 10 de diciembre de 2011
El Director General de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres[20], mediante
Resolución No. 074 del 15 de diciembre de 2011, “Por la cual se destinan
recursos para atender a las familias damnificadas directas por la segunda
temporada de lluvias en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el
10 de diciembre de 2011”, estableció el pago de hasta un millón quinientos
mil pesos ($1.500.000) como apoyo económico. Este apoyo se caracteriza por: (i)
ser una subvención única, (ii) otorgada a cada damnificado directo, esto es, la
“Familia residente en la unidad de vivienda afectada al momento del evento que
ha sufrido daño directo en el inmueble y bienes muebles al interior del mismo”[21],
de tal forma que no pueden ser otorgado el auxilio a más de un integrante de la
misma familia residente en la unidad habitacional y (iii) los beneficiarios son
los damnificados directos de la segunda temporada de lluvias en el periodo
comprendido entre el 1º de septiembre y el 10 de diciembre de 2011 en el
territorio nacional.
De acuerdo al artículo 1º de la
Resolución 074 de 2011, para ser beneficiario de la subvención de hasta la suma
de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000) ML/CTE se requiere ser
damnificado directo por los eventos hidrometereológicos de la segunda temporada
de lluvias en el período comprendido entre el 1º de septiembre y el 10 de
diciembre de 2011 en el territorio nacional; sin embargo, para ordenar el pago
de la citada suma, a partir de la misma resolución se estableció el siguiente
procedimiento administrativo, como quiera que sólo es posible efectuar el pago
a quien se encuentre registrado como damnificado directo en el listado emitido
por los Comités Locales y Regionales de Atención y Prevención de Desastres:
a)
La obligación de
realizar este registro, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de
la misma resolución[22],
es de los municipios afectados por la segunda temporada de lluvias del 2011 y
para el efecto la citada norma radica en los Comités Locales para la Prevención
y Atención de Desastres - CLOPAD-, en cabeza del Alcalde Municipal, la
obligación de diligenciar la planilla de apoyo económico de los damnificados
directos, información que debía ser reportada a la UNGRD en el periodo de
tiempo del 1º de septiembre al 10 de diciembre de 2011, término que se prorrogó
en virtud de la Resolución 002 de 2012 hasta el 31 de enero de ese año. Esta
planilla debía estar refrendada con las rúbricas mínimo del alcalde municipal y
el coordinador CLOPAD, junto con la respectiva Acta del CLOPAD, de acuerdo con
las directrices dadas por la UNGRD.
b)
Igualmente estipuló la Resolución
074 de 2011 en el artículo 5º que los Comités Locales para la Prevención y Atención de Desastres, en
cabeza del respectivo alcalde, son la única instancia responsable para el
diligenciamiento veraz de las planillas, inclusión total de damnificados y
entrega de éstas en los términos señalados, como del seguimiento y
acompañamiento en el proceso de pago a los beneficiarios.
Lo anterior en atención del principio de la
descentralización del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastre y considerando que la administración municipal es quien conoce qué
viviendas resultaron afectadas por la segunda temporada de lluvias de 2011, puede constatar
y dar fe de la veracidad del cumplimiento de las condiciones fijadas por la UNGRD para ser beneficiarios de quienes se encuentran en el
registro de damnificados directos.
c)
Una vez remitido el
listado de los damnificados directos, corresponde a la UNGRD, como ordenador
del gasto[23],
disponer el pago del apoyo económico a la persona reportada en los registros
suministrados por el CLOPAD como cabeza de familia, con base en la información
enviada por la administración municipal y refrendada por acta del comité, pues
no le está permitido incluir o excluir grupos familiares como damnificados
directos.
d)
Posteriormente el
Fondo Nacional de Calamidades mediante el Banco Agrario de Colombia entrega el
valor asignado como apoyo económico a los damnificados reportados por el
CLOPAD.
La Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo, mediante Circular del 16 de diciembre de 2011, dirigida a los Gobernadores, Alcaldes, Entidades Técnicas y
Operativas del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres,
CREPAD Y CLOPAD, indicó los siguientes presupuestos para acceder a la
asistencia económica:
“Para acceder a la asistencia económica es necesario
el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Ser cabeza de hogar damnificado por la segunda
temporada de lluvias, periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de
diciembre de 2011.
2. Habitar el primer piso de la vivienda afectada.
3. Estar registrado en la Planilla correspondiente,
avalada por los CLOPAD y CREPAD.
4. Presentación de la cédula de ciudadanía amarilla
con holograma.
5. Cada jefe de hogar deberá registrarse una sola vez
en la planilla.”
Finalmente, los registros contenidos en
la base de datos REUNIDOS o Registro Único de Damnificados por la emergencia
invernal 2010-2011, generada por el Fenómeno de La Niña, difieren del registro
de damnificados directos en listados en las planillas de Apoyo económico por
los Comités Locales y Regionales de Atención y Prevención de Desastres, en
cumplimiento de la Resolución 074 de 2011.
REUNIDOS, se estableció por el Gobierno Nacional
dentro de las medidas definidas para superar la situación de desastre y
emergencia, social, económica y ecológica, declarada mediante el Decreto 4580
de 2010 para afrontar el fenómeno hidrometereológico de la Niña[24]. Este sistema de
información fue realizado inicialmente por el DANE en coordinación con otras
entidades y su administración en virtud de la Directiva Presidencial Nro. 03
del 13 de enero de 2011, está a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres
En esta base de datos los Alcaldes iniciaron el
proceso de recolección de la información en febrero de 2011 y debía contener la
información de los afectados damnificadas y los bienes inmuebles, agrícolas y
pecuarios afectados por la emergencia invernal 2010-2011 generada por el
Fenómeno de La Niña, a través de una operación estadística tipo registro, como
lo reseña la Circular Presidencial del 29 de junio de 2012.
Este Registro fue realizado para responder por la
emergencia generada por la temporada invernal 2010-2011 y comprende eventos
como inundaciones, deslizamientos, vendavales, avalanchas y tormentas
eléctricas sucedidas a partir del 6 de abril de 2010. Los responsables del
suministro de la información a Reunidos fueron las Alcaldías con el apoyo de
personal contratado por parte de la Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional y/o entidades sociales territoriales que sean
capacitados por el DANE.
Este Registro Único de Damnificados –REUNIDOS– se
proyectó realizar en dos etapas: la primera hasta el 15 de marzo de 2011,
efectuada con base en el VISOR de la DGR, al 28 de enero de 2011; y la segunda
etapa a desarrollarse entre el 8 de marzo y el 20 de abril de 2011, con la
información adicional recopilada entre el 28 de enero y el 7 de marzo de 2011.[25]
Posteriormente fue ampliado el término para ingresar formularios de los
afectados de esa temporada invernal asociada al fenómeno de la Niña hasta el 5
de diciembre de 2011[26],
luego se extendió hasta el 15 del mismo mes; sin embargo, el aplicativo web de
esta base de datos fue utilizada por un breve lapso para recaudar la
información proveniente de las planillas de apoyo económico mediante las cuales
se registraban los damnificados directos de la Segunda Temporada Invernal de
2011, pues debido a la posibilidad de hacer modificaciones a la base de datos,
se suspendió el uso para efectos de consolidación de información sobre
damnificados directos de la segunda temporada invernal.
Finalmente, entre el 21 de marzo y el 27 de julio de
2012, nuevamente se habilitó el uso de la plataforma  REUNIDOS, para culminar
el proceso de actualización de los afectados por el Fenómeno de la Niña
2010-2011. [27]
Conforme con lo expuesto, las personas registradas por
el DANE en el registro Único de Damnificados REUNIDOS, corresponden a las
personas afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-primer semestre de 2011.
LOS CASOS CONCRETOS
1. EXPEDIENTE T-4.123.494
Mediante escrito de tutela presentado por
el abogado Pedro Miguel Hoyos Márquez, en representación de los señores Rosa Isabel Aguas de
Hernández, Alexander Enrique Amarales Guerrero, Malfi Rosa Blaquiset Rodríguez,
Lucila Magdalena Oyola Rocha, Yomaira de la Candelaria Buelvas Martínez, Clara
Inés Silva Rojas, Marlidis Rojas Pérez, María Catalina Cochero Cochero, Eusebio
Nicanor Ortiz Flórez, Luis Miguel Montes Ramos, Plinio Rafael Moreno, María
Ramona, Emelina Rosa Suarez Galvis, Rafael Rosario Rivera Santos, Ruth Esther
Rengifo Estupiñan, Osvaldo Elías Acevedo Meneses, Nelbis de Jesús Torres
Oviedo, Wilson Torres, Sixta Tulia Torres de Romero, Milan Enrique Jaraba Cali,
Máximo José Martínez Rengifo, Antonio Eduardo Herrera Zabaleta, Miryam de Jesús
Ayala Mieles, Ciro Manuel Montes Ramos, Yeimiss Vaneessa Camargo Urbiñas,
Mirley Yepes Oviedo, Luis Eduardo Cortes Pérez, Luis Miguel Pérez Solórzano,
Jorge Luis Pérez Solórzano, María Magdalena Carvajal Ramos, Gustavo Nel Pérez
Cuadrado, Tirso Nel Jiménez Arrieta, Segundo Manuel Rengino Cali, Eusebia del
Carmen Barbosa Arrieta, Emidio Antonio Muñoz Vergara, María del Cristo Pereira
Beltrán, Omar Manuel Pastrana Valerio, Nader Rosa Carvajal Villegas, Abelardo
Enrique Guerrero Jiménez, Gelson Julio Arrieta Galvis, Benedicto Manuel Jiménez
Jiménez, José Daniel Solórzano Ramos, Julio Rafael Villegas Mendoza, Migue
Antonio Arrieta Ortega, Amelia Arrieta Cáliz, Evin Antonio Ruendes Carvajal,
Ana María Guerrero Jiménez, Clarivel Sandoval Algueorra, Gustavo Miguel Bello
Bernal, César Julio Solórzano Padilla, William Antonio Villegas Galvis, Ludis
María Solórzano Alpin, Mildreth de Jesús Pérez Solórzano, Daniel Vigente
Solórzano Padilla, Mardenis de Jesús Pérez Solórzano, Saudith Elvira Solórzano
Alpin, Robinson Daniel Sandoval Delgado, Genoveva María Barrios Arrieta,
Mercedes Gertrudis Hernández Castro, Anuar Antonio Díaz Caly, Dalis Soledad
Arrieta Ramos, Deimer Gadiel Solórzano Solórzano, Carmen Elena Benavidez
Castillo, Nidis Patricia Benítez Benavides, Yenis Paola Benítez Benavides,
Farid Benítez Benavides, Ignacio Miguel Olaya Fuentes, José Ramón Álvarez
Madarriaga, Alexei Francisco Luna Hoyos, Orlando Manuel Martínez Almanza, Audys
Sofía Jiménez Jiménez, Arnel Ricardo Castro Yaneres, Abimaleth Antonio Arrieta
Ramos, Martin José Solórzano Villadiego, Julio Melquiades Hoyos Mier, Dairo
Enrique Cárdenas Jiménez, Lilia Rosa Villegas Ruendes, Obdulia María Mejía
Martínez, María Nelsy Pasos Luna, César Miguel Benítez Guerrero, Bertha Rosa
Arrieta Galvis, Omar Enrique Jaraba Palencia, Aymerit José Contreras Ortega,
Amir Antonio Arrieta Ramos, Antonio José Arriet Ramos, Luis Antonio Arrieta
Ramos, Yanidis del Rosario Ruendes Sánchez, Robinson José Álvarez López, Ángel
María Rivera Carvajal, Francisco Ramiro Rivera Suarez, Yofanis Paola Alquerque
Correa, Inelda del Carmen Hoyos de Luna, Salvador Segundo Arrieta Campo,
Willington Manuel Guerra Solórzano, Elba Luz Lobo Guerrero, Yorlanis Martínez
Ruendes, Oscar David Morelo Jiménez, Belcy Beatriz Garavito Villareal, Luis
Manuel Garativo Jaraba, Soledad María Sánchez Lima, Atalis Isabel Chávez Arcia,
Víctor Manuel Valerio Cárdenas, Luz Ely Garavito Rodríguez, Francisco Javier
Garavito Rodríguez, Gustavo Eliecer Beltrán Jaraba, Gamaliel Antonio Arrieta
Beltrán, Filiberto Antonio Quintero Chávez, Nelys del Carmen Montes Hernández,
Narlys del Carmen Payares Montes, Adriana Lucía Castro Garavito, Adriana María
Otero Tapia, Ediso David Arrieta Serpa, solicita protejan los derechos a la
igualdad, debido proceso, mínimo vital, vida digna, salud, protección a la
vejez y niñez de los mencionados ciudadanos, como habitantes de los
corregimientos Buenavista, Las Flores, El Torno y de la cabecera municipal de
San Marcos, Sucre, afectados por la segunda ola invernal del 2011 y por tanto
beneficiarios del auxilio económico por $1.500.000.
Como cuestión previa cabe destacar que si
bien el abogado Pedro Miguel Hoyos Márquez no adjunta los poderes autenticados
por los ciudadanos a nombre de quienes expresa actuar, se encuentra legitimado
para interponer la acción de tutela, pues como lo establece el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991 los poderes se presumen auténticos.
En relación con los hechos que sustentan la
solicitud de amparo debe tenerse en cuenta que conforme a las pruebas
documentales allegadas al expediente se acreditó que:
1-
Para diciembre de 2012
los ciudadanos Rosa Isabel Aguas de Hernández, Alexander Enrique Almarales
Guerrero, Malfi Rosa Blanquiset Rodríguez, Lucila Magdalena Oyola Rocha,
Yomaira De La Candelaria Buelvas Martínez, Clara Inés Silva Rojas, Marlidis
Rojas Pérez, María Catalina Cochero, Plinio Rafael Moreno, Emelina Rosa Suarez
Gal vis, Ruth Esther Rengifo Estupiñan, Osvaldo Elías Acevedo Meneses, Máximo
José Martínez Regino, Mirley Yépez Oviedo, Luis Eduardo Cortes Pérez, Gustavo Nel Pérez Cuadrado, Emidio Antonio Muñoz Vergara, Lud1s María
Solórzano Apijn, Daniel Vicente Solórzano Padilla, Saudith Elvira Solórzano
Alpin, Mercedes Gertrudis Hernández Castro, Arnel Ricardo Castro Yaneres,
Aymerit José Contreras Ortega, Robinson José Álvarez López, Ángel María Rivera
Carvajal, Francisco Ramiro Rivera Suarez, Willington Manuel Guerra Solórzano,
Yorlanis Martínez Ruendes, Luis Manuel Garavito Jarava, Luz Ely Garavito
Rodríguez, Francisco Javier Garavito Rodríguez, Adriana Lucía Castro Garavito y
Adriana María Otero Tapia se encontraban inscritos en el SISBEN III del
municipio de San Marcos, y los demás tutelantes no aparecen registrados en el
mismo.
2-
De acuerdo con la
información reportada por la Secretaría de Gobierno Municipal y el CLOPAD
algunos de los ciudadanos accionantes aparecen en la base de datos por la
emergencia invernal 2010-2011 del Municipio de San Marcos, pero ninguno de
ellos se encuentra registrado en las planillas de apoyo económico que sirvieron
de base para el pago del auxilio establecido en la Resolución 074 de 2011 a los
damnificados directos de la segunda temporada invernal del año 2011, que
cumplieron las condiciones allí fijadas.
3-
Dentro de las
mencionadas planillas de damnificados directos beneficiados con el apoyo
económico se encuentran 26 familias de la vereda El Torno, y dentro de ellas
ninguna corresponde a los ciudadanos tutelantes  – folio 71-
De acuerdo con lo anterior, aunque está
acreditado que algunos de los accionantes para el año 2012 habitaban en
viviendas del municipio y aparecían en el registro Sisben del ente territorial,
esto no da certeza que los ciudadanos tutelantes efectivamente habitaban en el
municipio cuando se presentó el evento hidrometereológico entre el 1º de
septiembre y el 10 de diciembre de 2011 que dejó afectadas a numerosas familias
a nivel nacional y varias de ellas del Municipio de San Marcos, Sucre, y
tampoco permite concluir que cumplen todas las condiciones para ser
considerados damnificados directos.
La certificación de calificación del Sisben
allegada como prueba y el que algunos de ellos se encuentren en la base de
datos de afectados de la primera temporada invernal ocurrida entre el año 2010
y durante el primer semestre de 2011, tampoco son prueba suficiente para dar
por demostrado que cada uno de los accionantes es cabeza de hogar de una
“familia residente en la
unidad de vivienda afectada al momento del evento que ha sufrido daño directo
en el inmueble y bienes muebles al interior del mismo”[28], y que en
este orden tienen la aptitud de ser beneficiarios y receptores del valor
señalado como subvención económica.
Ante las anteriores circunstancias no es
posible por vía de tutela ordenar el pago del apoyo económico de $1’500.000, a
todos y cada uno de los accionantes cuya condición de damnificados directos
debe verificarse por el CLOPAD del Municipio de San Marcos, en cuanto es la
autoridad competente y responsable, de acuerdo con los artículos 3 y 5 de la
Resolución 074 de 2011, en mención, para recaudar la información sobre los
afectados por la segunda temporada de lluvias del año 2011, validarla y
realizar el registro en la planilla de damnificados directos que debe enviarse
al ordenador el gasto, que para el efecto es la Unidad Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres, con el fin de que disponga el desembolso a favor de la
familia damnificada.
Indica el apoderado de los accionantes
que la administración municipal omitió incluir a sus representados en el censo
por lo cual no fueron incorporados entre los beneficiarios del apoyo económico.
Al efecto, conforme al artículo 5 de la
Resolución 074 de 2011 “Los Comités Locales para la Prevención y Atención de
Desastres –CLOPAD´S, en cabeza del respectivo alcalde, son la única instancia
responsable para el diligenciamiento veraz de las planillas, inclusión total
de damnificados y entrega de éstas en los términos señalados, como del
acompañamiento en el proceso de pago a los beneficiarios” y “son
responsables en todo orden de la veracidad, cumplimiento del suministro de la
información en los términos señalados en la presente resolución, así mismo el
seguimiento y acompañamiento de la entrega del apoyo económico al beneficiario”.
(resaltado fuera del texto)
En este evento, aunque no hay prueba
dentro del expediente de posibles irregularidades en el procedimiento
administrativo de recaudo, validación y envío de información a la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de quienes tienen la condición de
damnificados directos de la segunda temporada de lluvias del año 2011 por parte
del Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres de San Marcos, en
cabeza del Alcalde Municipal, como dentro de los beneficiarios del apoyo
económico sí se encuentran habitantes de la vereda El Torno, y conforme a la
información suministrada por la Secretaría de Gobierno Municipal visible a
folio 71, no es muy clara la razón por la cual habitantes de los corregimientos
Buenavista y la Flores no recibieron la ayuda económica, lo procedente será
ordenar que en el término de 15 días se verifique por parte del Comité Local para
la Prevención y Atención de Desastres, de manera juiciosa y probatoriamente
soportada, si cada uno de los accionantes cumple o no con los requisitos para
obtener el beneficio económico previsto en la resolución 074 de 2011, para en
caso afirmativo enviar las planillas de apoyo económico, con los respectivos
soportes, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo a efectos de que ésta
en el mismo plazo proceda a efectuar el respectivo pago directamente a los
ciudadanos que resulten beneficiados . De no encontrar que cumplen las
condiciones para recibir el beneficio en mención, el CLOPAD deberá comunicarlo
a los ciudadanos dentro del mismo plazo – 15 días- indicando las razones por
las cuales no fueron incluidos, a efectos de garantizar la publicidad de los
actos de la administración[29],
el control ciudadano y el ejercicio de derechos de contradicción por parte de
los accionantes que consideren que sí reúnen las condiciones para obtener el
apoyo económico.
Finalmente cabe señalar que de acuerdo con
lo manifestado en el escrito de la acción de tutela no ha cesado el impacto de la omisión cuestionada por
los ciudadanos tutelantes por lo cual los hechos que determinan la procedencia
del amparo subsisten.
2.  EXPEDIENTES T-4.140.915 y T-4.140 961
Se analizarán en un mismo acápite las decisiones de
tutela adoptadas dentro de los expedientes T-4.140.915 y T-4.140 961,
por cuanto si bien se trata de diversos accionantes los que en uno y otro caso
presentan la solicitud de tutela, los elementos probatorios allegados para
acreditar su condición de beneficiarios del apoyo económico establecido en la
Resolución 074 de 2011 se concretan a la misma clase de pruebas documentales:
la cédula, la tirilla que acredita el registro en la base de datos REUNIDOS y
el reporte de inscripción en el Sisben.
Ahora bien, la base de datos REUNIDOS se
implementó a partir de la Circular 03 de enero de 2011, para responder ante la
emergencia generada por la temporada invernal 2010-2011 por el Fenómeno de la
Niña y comprende eventos como inundaciones, deslizamientos, vendavales,
avalanchas y tormentas eléctricas sucedidas a partir del 6 de abril de 2010.[30]
Indica lo anterior, que la inscripción en el registro REUNIDOS no hace
beneficiarios a los accionantes de la subvención denominada  apoyo económico
establecido por el Gobierno Nacional a través de la Resolución 074 de 2011
expedida por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por cuanto según el
artículo primero de la mencionada resolución  el pago de hasta $1.500.000 como
apoyo económico es otorgado únicamente a los damnificados directos de
los eventos hidrometereológicos de la segunda temporada de lluvias ocurrida
entre el 1º de septiembre y el 10 de diciembre de 2011,en el territorio
nacional.
Tampoco hay elementos de
juicio dentro del proceso que permitan establecer que la ausencia de los
accionantes en las planillas de apoyo económico a damnificados de la segunda
temporada de lluvias del año 2011 constituye una omisión injustificada, pues se
carece de elementos de juicio que indiquen que los ciudadanos mencionados, son
cabeza de hogar y  para el segundo semestre del año 2011 habitaban con sus
familias en el primer piso de viviendas afectadas por las inundaciones causadas
por las lluvias. Siendo así, no hay razones para estimar que hubo
irregularidades en la gestión de los Comités locales de Prevención y Atención
de Desastres, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ni de las entidades
territoriales en la no inclusión de los accionantes como damnificados directos
y beneficiarios del apoyo económico en mención, hecho que descarta la
procedibilidad de la acción de tutela, para ordenar la verificación de las
condiciones o el pago de la referida subvención a los ciudadanos tutelantes.
Frente a las
consideraciones del a quo llama la atención de la Sala que sin haberse
demostrado ninguno de los presupuestos fijados en la Resolución 074 de
diciembre de 2011, ordene la entrega de ayuda económica a algunos de los
accionantes, con base en que las inundaciones son un hecho notorio y su
apreciación subjetiva respecto de la afectación que sufrieron cada uno de los
tutelantes, sin que obre en el expediente ningún elemento probatorio que
permita acreditar que cada uno de los ciudadanos solicitantes del amparo dentro
de los expedientes T-4.140.915 y T-4.140.961 habitaron el primer piso de
viviendas del Municipio de Majagual que en el segundo semestre del año 2011
resultaron afectadas por las inundaciones ocasionadas por la segunda temporada
invernal y que para esa misma época ya ostentaban la condición de cabeza de
hogar. Ninguna de tales circunstancias pueden darse por probadas con los
documentos aportados y que sólo acreditan que fueron inscritos como afectados
de la temporada invernal del primer semestre del año 2011 y que se encuentran
registrados en el Sisbén que es el sistema de
información diseñado por el Gobierno Nacional para identificar a las familias
potenciales beneficiarias de programas Sociales.
Si bien la ocurrencia de la
segunda temporada de lluvias desde septiembre hasta diciembre de 2011 en varias
regiones del territorio nacional es un hecho notorio[31], no tienen
la misma connotación las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos para
la época señalada, por lo que para conceder el amparo debía estar acreditado
dentro de la actuación que los ciudadanos efectivamente habitaron inmuebles
afectados por las inundaciones y que concurrían en ellos todos los requisitos
para ser beneficiarios del amparo económico.
No puede el Juez de tutela
establecer una presunción conforme a la cual, como los solicitantes del amparo
fueron afectados por las inundaciones durante los primeros meses del año 2011,
también lo fueron en el segundo semestre y con base en ello ordenar la entrega
de una prestación que tiene un ámbito de aplicación restringida.
De igual forma llama la
atención que el ad quem, basado en su conocimiento personal sobre las
actuaciones que adelantó su Despacho por hechos similares, y sin que exista
ninguna constancia secretarial, certificación o prueba documental alguna,
decida excluir del amparo a algunos ciudadanos que aparecen referidos en otras
acciones de tutela, según expresa en su fallo. E igualmente sin fundamento
probatorio concluya que determinados ciudadanos hacen parte de núcleos
familiares ya beneficiados con la ayuda económica. Al efecto cabe señalar que
conforme al debido proceso toda decisión judicial debe basarse en las pruebas
regular y oportunamente allegadas al expediente.
En este orden, la Sala revocará, en el expediente T- 4.140.961, las
sentencias de tutela proferidas por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
Majagual, Sucre, el 6 de diciembre de 2012 y por el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Sucre, Sucre, el 25 de abril de 2013, en el trámite de la acción de
tutela presentada mediante apoderado por Ramiro Baldovino Villamizar y otros
contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el
Municipio de Majagual, y en el expediente T- 4.140.961, las sentencias de
tutela proferidas por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Majagual,
Sucre, el 6 de diciembre de 2012 y por el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Sucre, Sucre, el 25 de abril de 2013, en el trámite de la acción de tutela
presentada mediante apoderado por Ramiro Baldovino Villamizar y otros contra la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Municipio de
Majagual, para en su lugar NEGAR el amparo solicitado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de tutelas de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR, en el expediente T-
4.123.494, la sentencia de tutela proferida el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de San Marcos el 16 de enero de 2013 y el Juzgado Promiscuo del
Circuito de San Marcos - Sucre, el 27 de agosto de 2013, en el trámite de la
acción de tutela T-4.122.494 presentada mediante apoderado por Rosa Isabel
Aguas de Hernández y otros contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres y el Municipio de San Marcos Sucre. En su lugar, CONCEDER la
protección del derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR que el Comité Local para la Atención y
Prevención de Desastres, en
cabeza del Alcalde del Municipio de San Marcos, dentro del término de quince
(15) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, proceda revisar cada uno de los casos de los
accionantes del expediente T-4.123.494 y dentro del mismo término, si resultare alguno de
ellos beneficiario, envíe el listado de quienes reúnan las condiciones de
damnificados directos de la temporada de lluvias ocurrida entre el 1º de
septiembre y el 10 de diciembre del año 2011 a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo, y ORDENAR a la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres que una
vez recibidas las planillas de apoyo económico remitidas por el Municipio de San Marcos, Sucre, en un lapso de quince (15) días
realice los trámites
necesarios para otorgar el apoyo económico establecido en la Resolución Nº 074 de 2011 y realizar
el pago a los accionantes que resulten beneficiarios del mismo.
TERCERO. ORDENAR al Comité Local para
la Atención y Prevención de Desastres, en cabeza del Alcalde del Municipio de San Marcos, Sucre, que de encontrar que los ciudadanos accionantes
en el expediente T-4.123.494  no cumplen las condiciones para recibir el
beneficio en mención así se lo comunique dentro del mismo plazo fijado en el
numeral anterior, indicando las razones por las cuales no fueron incluidos.
CUARTO. REVOCAR, en el expediente T- 4.140.915, las sentencias de tutela proferidas por el
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Majagual, Sucre, el 7 de diciembre de
2012 y por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre, Sucre, el 25 de abril de
2013, en el trámite de la acción de tutela presentada mediante apoderado por
Milena Ibet Domínguez Martínez y otros contra la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres y el Municipio de Majagual. En su lugar, NEGAR
el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
QUINTO. REVOCAR,
en el expediente T- 4.140.961, las sentencias de tutela proferidas por el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Majagual, Sucre, el 6 de diciembre de 2012 y por el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Sucre, Sucre, el 25 de abril de 2013, en el trámite
de la acción de tutela presentada mediante apoderado por Ramiro Baldovino
Villamizar y otros contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres y el Municipio de Majagual. En su lugar, NEGAR el amparo
solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO. Para los efectos del artículo 36
del Decreto 2591 de 1991, los juzgados de origen harán las notificaciones y
tomarán las medidas conducentes para el cumplimiento de esta sentencia.
SÉPTIMO: El desacato a lo aquí dispuesto se sancionará en la
forma prevista por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Magistrado
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado
Con
salvamento de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO
DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
A
LA SENTENCIA T-198/14
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE
PRESTACIONES ECONOMICAS-Procedencia
excepcional (Salvamento de voto)
PROTECCION DEL PATRIMONIO PUBLICO-Vulneración del juez al otorgar ayuda
humanitaria a damnificados por ola invernal sin cumplir requisitos (Salvamento
de voto)
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la
Sala Octava de Revisión, procedo a explicar las razones que me impiden acompañar
la decisión adoptada en el fallo de la referencia.
1. La Sentencia T-198 de 2014 estudió tres expedientes
acumulados, relativos a las tutelas que varios habitantes de los municipios de
San Marcos (Expediente T-4123494) y Majagual (Expedientes T-4140915 y T4140961)
promovieron contra la Unidad Nacional de Riesgos para la Atención de Desastres
(UNGRD) y las alcaldías de estos dos municipios del departamento de Sucre,
debido a que no les habían pagado el subsidio de $1.500.000 que les
correspondía como damnificados de la ola invernal que impactó al país durante
el segundo semestre de 2011.
2. Los fallos objeto de revisión ampararon
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la vivienda
digna de la mayoría de los accionantes y, en consecuencia, ordenaron reportar
sus datos a la UNGRD, para que se les pagara la ayuda económica que reclamaron.
La Sentencia T-198 de 2014 revocó las decisiones adoptadas respecto de los tres
expedientes, porque no había pruebas suficientes para considerar que los
accionantes eran damnificados directos de la ola invernal de 2011. No obstante,
amparó el debido proceso de los accionantes del Expediente T-4123494. En
consecuencia, le ordenó a la alcaldía de San Marcos revisar el caso de cada
peticionario y enviar a la UNGRD el listado de los que reunieran las
condiciones de damnificados directos, para que se les pague la suma de dinero
que reclamaron en la tutela.
3. Son dos las razones que me obligan a
apartarme de la decisión de la mayoría. La primera tiene que ver con el hecho
de que haya amparado el debido proceso de quienes obraban como accionantes en
el Expediente T-4123494, pese a que, en el marco de la revisión de un proceso
similar, la Sala Segunda de Revisión de Tutelas de esta corporación prohibió
pagar la ayuda económica para los damnificados de la ola invernal de 2011,
cuando el pago hubiera sido ordenado por jueces de tutela de los municipios de
Córdoba y San Jacinto del Cauca, en el departamento de Bolívar; La Gloria, en
el departamento del Cesar, y Majagual y San Marcos, en el
departamento de Sucre.[32]
La medida cautelar se adoptó considerando
que “los jueces de tutela accedieron a la pretensión de los accionantes
(aproximadamente 3000 personas), consistente en solicitar el pago de la ayuda
económica por un valor de un millón quinientos mil pesos, basándose en el
material probatorio que obra en los procesos, que en la mayoría de los casos se
limita a la fotocopia de la cédula de ciudadanía, el documento que acredita
estar en el Sisben y el carné de reunidos”. Esa circunstancia, sumada a las
demás irregularidades que se presentaron en el trámite de los respectivos
procesos, justificaron la medida, que buscaba “velar por el cumplimiento del
debido proceso administrativo y de la adecuada distribución de los recursos
asignados para tal fin”.
4. El asunto que motivó la adopción de la
medida cautelar y el estudiado en el Expediente T-4123494 parten de supuestos
fácticos idénticos. En ambos casos, se ordenó pagar a un número importante de
personas la ayuda económica contemplada en la Resolución 174 de 2011, aunque su
condición de damnificados directos de la segunda ola invernal de 2011 no se
probó plenamente. De hecho, los jueces de instancia de uno y otro caso apoyaron
sus decisiones en los mismos documentos: certificaciones de calificación del
Sisbén y constancias de la inclusión de los accionantes en la base de datos
Reunidos, que registra a los damnificados de la ola invernal de 2010.
Tales similitudes exigían que la Sala resolviera
el caso objeto de estudio a la luz de la jurisprudencia constitucional que ha
advertido sobre las limitaciones del juez de tutela en el reconocimiento de
prestaciones económicas por esta vía excepcional y sobre sus responsabilidades
frente a la protección del patrimonio público. Así lo advertí en la oportunidad
correspondiente, pero la mayoría optó por proteger el debido proceso de los
accionantes y por autorizar el pago de las sumas de dinero que reclamaron, si
llega a comprobarse su condición de damnificados, asunto que la alcaldía de San
Marcos deberá verificar en un término perentorio de 15 días.
Estimo que tal decisión contradice los
precedentes referidos y se opone a una medida cautelar que fue adoptada por
otra Sala de Revisión de esta corporación en aras de la protección de los
recursos públicos. Por esa razón, me separo de lo que se decidió en este
sentido.
5. Por otra parte, la Sala revocó las
órdenes de amparo que dictaron los jueces de instancia en relación con los expedientes
T-4140915 y T-4140961. Compartí lo que se resolvió al respecto, pero sugerí
compulsar copias del fallo de revisión a las autoridades penales y
disciplinarias, para que investigaran, en lo de su competencia, las
irregularidades verificadas en el trámite constitucional de instancia.
La Sentencia T-198 de 2014 criticó que los
jueces hubieran otorgado la protección reclamada sin ningún respaldo probatorio
distinto a su “conocimiento personal” sobre otras actuaciones de su despacho,
pero, paradójicamente, se abstuvo de compulsar copias a las autoridades
correspondientes, como lo propuse en su momento. Es esa la otra razón que
sustenta mi salvamento de voto.
Fecha ut supra,
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1] Notificado por Estado N° 24 del  9 de
diciembre de 2013.
[2] Notificado por Estado N° 25 del 11 de
diciembre de 2013.
[3] En Sentencia T-328 de 2010, dijo la
Corte: “Así,
es deber del juez constitucional analizar, en cada caso particular, si la
solicitud de amparo fue presentada dentro de un término que revista dichas
características. En algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes
para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2
años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que
todo dependerá de las particularidades del caso.”
[4] Sentencia
T-1125 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[5] MP, Dr.  Marco Gerardo Monroy Cabra
[6] MP, Dr. Humberto Antonio Sierra Porto
[7] Sentencia T-743 de 2006. En el mismo sentido la sentencia T-1125
de 2003.
[8] Ibídem.
[9] Ibídem.
[10] El control de constitucionalidad de este decreto legislativo se
efectuó mediante la sentencia C-299 de 2011 cuya en cuya parte resolutiva se
resolvió lo siguiente: “Primero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 1º del Decreto Legislativo
4821 de 2010, en el entendido que sólo podrán adoptarse Proyectos Integrales de
Desarrollo Urbano PIDU hasta el año 2014.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 2º, 3º,
4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13 y 14 del Decreto Legislativo 4821 de 2010.
Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 7º del
Decreto Legislativo 4821 de 2010, en el entendido que lo allí establecido sólo
se mantendrá hasta el año 2014.
[11] Artículo 1ª.
[12] Derogado a partir del 24 de abril de 2012,  por el
artículo 96 de la Ley 1523 de 2012.
[13] Decreto 93 de 1998, Artículo 1.  “El Plan
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, que se expide por medio del
presente decreto, tiene como objeto orientar las acciones del Estado y de la
sociedad civil para la prevención y mitigación de riesgos, los preparativos
para la atención y recuperación en caso de desastre, contribuyendo a reducir
el riesgo y al desarrollo sostenible de las comunidades vulnerables ante los
eventos naturales y antrópicos”.
[14] Ibídem. Artículo 5: “Los principios generales
que orientan la acción de las entidades nacionales y territoriales en relación
con la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan Nacional para la Prevención
y Atención de Desastres son:.. DESCENTRALIZACIÓN: La Nación y las entidades
territoriales ejercerán libremente y autónomamente sus funciones en materia de
prevención y atención de desastres, con estricta sujeción a las atribuciones
que a cada una de ellas se le haya específicamente asignado en la Constitución
y la Ley, así como en las disposiciones contenidas en el Decreto – Ley 919 de
1989. La aplicación del Plan Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres debe contribuir al fortalecimiento del proceso de descentralización a
través del cual los municipios y regiones puedan asumir autónomamente sus
responsabilidades, reservando al nivel nacional las labores de definición de
marcos de política y coordinación de acciones.”
[15] Cfr. DC 93 de 1983, considerando 3º.
[16] Decreto 93 de 1998, Artículo 5: “EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS: En
las actividades para la prevención y atención de desastres tendrán en cuenta,
para efectos del ejercicio de las respectivas  competencias, la observancia de
los criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad. ||...LA
COORDINACIÓN: Las entidades del orden nacional, regional y local deberán
garantizar que exista la debida armonía, consistencia, coherencia y continuidad
en las actividades a su interior en relación con las demás instancias
sectoriales y territoriales, para efectos de la prevención y atención de
desastres. || LA PARTICIPACIÓN: Durante las actividades para la prevención y
atención de desastres, las entidades competentes velarán porque se hagan
efectivos los procedimientos de participación ciudadana previstos por la ley”.
[17] “Por la cual se dictan normas
orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los
servicios de educación y salud, entre otros”
Artículo 76...
76.9. En prevención y atención de
desastres
Los municipios con la cofinanciación de la
Nación y los departamentos podrán:
76.9.1. Prevenir y atender los desastres
en su jurisdicción.
76.9.2. Adecuar las áreas urbanas y
rurales en zonas de alto riesgo y reubicación de asentamientos.
[18] Ley 1523 de 2012. Artículo 2°. De la responsabilidad. “La gestión
del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del
territorio colombiano.
[19] El artículo 2 de la Ley 46 de 1988 definió como desastre: “el
daño grave o la alteración grave de las condiciones normales de vida en un área
geográfica determinada, causada por fenómenos naturales y por efectos
catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que requiera por
ello de la especial atención de los organismos del Estado y de otras Entidades
de carácter humanitario o de servicio social.”, y en el mismo sentido el artículo 18 del Decreto 919 de
1989. Por su parte,  el artículo 4, numeral 8, de la Ley 1523 de 2012, lo
define como: “el resultado que se
desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o
antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de
subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa
daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una
alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de
funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional
ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y
reconstrucción”..
[20] La Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, fue creada mediante el Decreto 4147 de 3 de noviembre de
2011, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera,
patrimonio propio y adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República.
[21] Artículo 1º parágrafo. De la resolución 074 de 2011.
[22] ARTICULO TERCERO: Para el
cumplimiento de lo anterior en los municipios donde ocurrieron las
afectaciones, reportadas oportunamente por los CLOPAD a la UNGRD; los Comités
Locales para la Prevención y Atención de Desastres, en cabeza del Alcalde
Municipal, deberán diligenciar la planilla de apoyo económico de los
damnificados directos, información que debe ser reportada a la UNGRD en el
periodo de tiempo del 01 de septiembre al 10 de diciembre de 2011, la cual
deberá estar refrendada con las rubricas mínimo del alcalde municipal y el
coordinador CLOPAD, junto con la respectiva Acta del CLOPAD, de acuerdo con las
directrices dadas por la UNGRD.
[23] Artículo 11, numeral 3, del Decreto 4147 de 2011
[24] Directiva Presidencial número 003 del 13 de enero de 2011 “Considerando que el parágrafo 2° del artículo 57 del
Decreto 4702 de 2010, modificado por el artículo 3° del Decreto 4830 de 2010,
dispuso que para superar la situación de desastre y emergencia económica,
social y ecológica declarada mediante el Decreto 4580 de 2010, el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en coordinación con las entidades
y organismos que determine el Gobierno Nacional, realizará el registro único de
damnificados por emergencia invernal.”
[25] Directiva Presidencial 010 de Marzo 2 de 2011.
[26] Mediante Circular del 18 de noviembre de 2011 de la UNGRD
[27] Circular del 29 de junio de 2012 de la UNGRD
[28] Artículo 1º parágrafo. De la resolución 074 de 2011.
[29] Constitución Política, Articulo 209. La función
administrativa está al servicio de los intereses generales
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
[30] Decreto 4579 DE 2010, artículo 5°: “Para los efectos del presente
decreto se entenderán como personas damnificadas o afectadas por el desastre,
aquellas que se encuentren en los Censos de afectados elaborados por los
Comités Locales de los municipios afectados, con el aval del respectivo Comité
Regional y de una entidad operativa del Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres”.
[31] Sentencia C-145-09 “Hecho notorio es aquél cuya
existencia puede invocarse sin necesidad de prueba alguna, por ser conocido
directamente por cualquiera que se halle en capacidad de observarlo. Según el
artículo 177 del C. P. C., los hechos notorios no requieren prueba.”
[32] Auto del 31 de mayo de 2013. Expediente acumulado T-3812680. La
providencia indicó que la medida cautelar estaría vigente hasta que se emitiera
decisión de fondo en el expediente referido. Esto no había ocurrido para la
fecha en que se adoptó la decisión de la que me aparto.