T-967-14
Sentencia
T-967/14
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Caso de mujer que le solicita
el divorcio a su esposo basada en la causal referente a “ultrajes, tratos
crueles y maltratamientos de obra”, causal que no fue aceptada por el juez
de conocimiento alegando que no fueron probadas
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
El defecto fáctico se configura
cuando: i) existe una omisión en el decreto de pruebas que eran necesarias en
el proceso; ii) se da una valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas
presentadas; o iii) no se valora en su integridad el material probatorio. Así mismo, esta Corte puntualizó que el defecto estudiado tiene
dos dimensiones, una positiva y
otra negativa. La primera se presenta cuando el juez efectúa una valoración por “completo
equivocada”, o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello y, la
segunda, cuando omite o ignora la valoración de una prueba determinante o no
decreta su práctica sin justificación alguna.
VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
Esta causal se configura cuando un
juez toma una decisión que va en contra vía de la Constitución porque: (i) deja
de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto;
o (ii) aplica la ley al margen de los dictados
de la Constitución.
Así mismo esta Corte ha
precisado que procede la tutela contra providencias judiciales por violación
directa de la Constitución, cuando: a) en la solución del caso se
deja de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; b) se trata de
la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación inmediata; c) los
jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no tienen en
cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución; y d) si
el juez encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma incompatible con la
Constitución, y no aplica las disposiciones constitucionales con preferencia a
las legales (excepción de inconstitucionalidad).
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Definición
La violencia contra la mujer es un fenómeno que suele estar relacionado
con diversas causas sociales, culturales,
económicas, religiosas, étnicas, históricas y
políticas, que opera en conjunto o aisladamente en desmedro de la dignidad humana, y que afecta los derechos de un número gravemente
significativo de seres humanos. Así, se ha identificado que la violencia contra
la mujer es “una manifestación de las relaciones
de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que conduce a perpetuar la discriminación contra ésta y a
obstaculizar su pleno desarrollo.
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Convoca esfuerzos de la
comunidad internacional y los estados en general con miras a su prevención,
sanción y erradicación
FUENTE FORMAL
INTERNACIONAL DE LA PROTECCION A LA MUJER CONTRA LA VIOLENCIA-Instrumentos
internacionales ratificados por Colombia
PROTECCION DE LA MUJER
FRENTE A TODO TIPO DE VIOLENCIA-Mandatos constitucionales y legales
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Definición
La violencia doméstica o
intrafamiliar es aquella que se propicia por el daño físico, emocional, sexual,
psicológico o económico que se causa entre los miembros de la familia y al
interior de la unidad doméstica. Esta se puede dar por acción u omisión de
cualquier miembro de la familia.
VIOLENCIA PSICOLOGICA-Características
La violencia psicológica se ocasiona
con acciones u omisiones dirigidas intencionalmente a producir en una persona
sentimientos de desvalorización e inferioridad sobre sí misma, que le generan
baja de autoestima. Esta tipología no ataca la integridad física del individuo
sino su integridad moral y psicológica, su autonomía y desarrollo personal y se
materializa a partir de constantes y sistemáticas conductas de intimidación,
desprecio, chantaje, humillación, insultos y/o amenazas de todo tipo. Se trata
de una realidad mucho más extensa y silenciosa, incluso, que la violencia
física y puede considerarse como un antecedente de ésta. Se ejerce a partir de
pautas sistemáticas, sutiles y, en algunas ocasiones, imperceptibles para
terceros, que amenazan la madurez psicológica de una persona y su capacidad de
autogestión y desarrollo personal. Los patrones culturales e históricos que
promueven una idea de superioridad del hombre (machismo – cultura patriarcal),
hacen que la violencia psicológica sea invisibilizada y aceptada por las
mujeres como algo“normal”. Los indicadores de presencia de violencia
psicológica en una víctima son: humillación, culpa, ira, ansiedad, depresión,
aislamiento familiar y social, baja autoestima, pérdida de la concentración,
alteraciones en el sueño, disfunción sexual, limitación para la toma
decisiones, entre otros. La violencia psicológica a menudo se produce al interior
del hogar o en espacios íntimos, por lo cual, en la mayoría de los casos no
existen más pruebas que la declaración de la propia víctima.
ADMINISTRACION DE JUSTICIA
CON PERSPECTIVA DE GENERO
El Estado tiene obligaciones
ineludibles en torno a la eliminación de cualquier tipo de discriminación o
violencia ejercida contra una persona por razón de su sexo. El Estado
debe a) garantizar a todos y todas, una vida libre de violencia y
discriminación por razón del sexo; b) prevenir y proteger a las
mujeres y las niñas de cualquier tipo de discriminación o violencia ejercida en
su contra; e c) investigar, sancionar y reparar la violencia
estructural contra la mujer, entre muchas otras.
PERSPECTIVA DE GENERO-Obligación de autoridades
de proteger a sujetos de especial protección constitucional
ESTEREOTIPOS DE GENERO-Obligación de asumir un
rol activo en la eliminación de los estereotipos de género perjudiciales
basados en la inferioridad de las mujeres
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Procedencia
por defecto fáctico y violación directa de la Constitución, debido a que la
valoración que hace Juez contribuye a normalizar el conflicto intrafamiliar,
pues lo ve como un aspecto trivial y cotidiano
PROTECCION DE LA MUJER
FRENTE A TODO TIPO DE VIOLENCIA-Exhortar al Congreso y al Presidente de la República
para que emprendan las acciones pertinentes que permitan reconfigurar los
patrones culturales discriminatorios y los estereotipos de género presentes aún
en los operadores de justicia en Colombia
PROTECCION DE LA MUJER
FRENTE A TODO TIPO DE VIOLENCIA-Instar al Consejo Superior de la Judicatura para que
exija la asistencia obligatoria de todos los jueces de la jurisdicción de
familia del país, a las capacitaciones sobre género que la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla ofrezca
Referencia: expediente T-4143116.
Acción de tutela promovida por Diana
Eugenia Roa Vargas, contra el Juzgado 4° de Familia de Bogotá.
Procedencia: Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil.
Asunto: Protección especial a mujeres
víctimas de violencia. Violencia psicológica. Administración de justicia en
perspectiva de género.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., quince (15) de diciembre de
dos mil catorce (2014).
La Sala Sexta de Revisión de
la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y las Magistradas
Martha Victoria Sáchica Méndez y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En la revisión de la sentencia dictada en segunda
instancia por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 11
de octubre 2013, dentro de la acción de tutela promovida por Diana Eugenia Roa
Vargas, contra el Juzgado 4° de Familia de Bogotá.
El asunto llegó a la Corte Constitucional por remisión
que hizo la Corte Suprema de Justicia, en virtud de lo ordenado por el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991. El 28 de noviembre de 2013, la Sala número 11 de Selección
de Tutelas de esta Corporación lo escogió para revisión.
I. ANTECEDENTES.
El 3 de septiembre de 2013, la señora Diana
Eugenia Roa Vargas promovió acción de tutela contra el Juzgado 4° de Familia de
Bogotá, al considerar vulnerados sus derechos al debido proceso, a la igualdad,
a la intimidad, a la libertad de movimiento y a la protección de la familia, a
raíz de la sentencia proferida por ese Juzgado en el proceso de divorcio
iniciado por ella contra su cónyuge.
En opinión de la accionante, el fallo
acusado incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria y
en violación directa de la Constitución. Explicó que el Juez tenía
suficientes elementos probatorios, como testimonios y peritajes, que le permitían
inferir la configuración de la causal 3ª de divorcio del
artículo 154 del Código Civil, referente a los ultrajes, el trato cruel y los
maltratamientos de obra. Sostuvo que con lo anterior, también se vulneró
directamente la Constitución, pues ésta consagra la protección de la familia y
de la integridad de la mujer en igualdad de condiciones.
Por ende, solicitó que se deje sin
efectos la sentencia que negó la pretensión de divorcio y se le ordene al
Juzgado acusado emitir una nueva, con fundamento en los parámetros
constitucionales pertinentes.
A. Hechos y pretensiones.
1. Diana Eugenia Roa Vargas y Jorge Humberto Mesa Mesa
contrajeron matrimonio civil el 19 de diciembre de 2003, ante la Notaría 48 del
Círculo de Bogotá; unión de la cual nacieron dos hijas, de 8 y 4 años de edad
aproximadamente.
2. La accionante instauró demanda civil de divorcio
contra su cónyuge, con fundamento en la causal 3ª del artículo 154 del Código
Civil y el artículo 4° de la Ley 1ª de 1976, modificado por el artículo 6° de
la Ley 25 de 1992, que hace referencia a “los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra”.
La demanda de divorcio se sustentó en diversos hechos y relatos de agresiones especialmente
ocurridas en escenarios familiares y laborales. Como esta la Sala resume a
continuación.
Frente a las agresiones denunciadas, la accionante
señaló:
- Que su esposo y ella mantuvieron un
noviazgo de aproximadamente 9 años, durante el cual aparecieron síntomas de “celos
desmedidos que desde hace varios años conllevan al maltrato psicológico y
físico que sirve como fundamento a la pretensión de divorcio”[1].
- Que los celos de su marido incrementaban
cuando ingería alcohol. En particular, relató que en una ocasión, cuando
celebraban el grado de una sobrina de la actora, éste la acusó de esconderse en
el baño con un adolescente, “armó un escándalo”[2], la gritó, la insultó
delante de sus familiares y se fue[3].
- Que vive aislada de sus parientes más
cercanos, en especial de su hermana Luz Marina Roa Vargas y su cuñado Carlos
Samuel Gómez, ya que éstos desde hace tres o cuatro años dejaron de visitarla
en su casa. Explicó que ellos tomaran esa decisión de no volver a su hogar,
“dada la situación que ello le podía generar a DIANA, [ya que]
obviamente el señor MESA con su actitud mostraba que no le interesaba recibir[los]
en su casa”[4].
- Que el señor Jorge Humberto Mesa Mesa tiene
actitudes intimidantes, obsesivas, celosas, machistas y dominantes frente a
ella, como revisarle las carteras y la ropa, para verificar su forma de
vestir, acusarla constantemente de ser prepago y de no asumir debidamente
su rol de esposa y de madre. Señaló que “en dos oportunidades le ha abierto
la chaqueta para ver cómo se encuentra vestida”[5].
- Que en marzo de 2007, el señor Mesa Mesa,
debido a un ataque de celos, sacó a su hija mayor del jardín y la llevó ante el
Instituto de Genética Yunis Turbay para practicarle una prueba de ADN con el
fin de verificar su paternidad.
- Que el resultado de la prueba de ADN fue
de compatibilidad, pero ese hecho la impulsó a irse de la casa de habitación y a
presentar una primera demanda de divorcio, conocida por el Juzgado 6º de
Familia de Bogotá.
- Que adicional a la primera demanda de
divorcio, la señora Roa Vargas, en mayo de 2007, citó ante la Comisaría Once de
Familia de Bogotá al señor Mesa Mesa, para conciliar alimentos y regular las visitas
a sus hijas. Después de algunas actuaciones ante esa Comisaría, los cónyuges
deciden ir a terapia de pareja y reiniciar la relación marital. Por tanto la
actora regresó a la casa y meses después nació la segunda hija de la pareja.
- Que en 2008 ingresó a trabajar en la
oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, situación
que detonó nuevamente los celos de su esposo, ya que, dentro de sus nuevas
funciones estaba la defensa de casos sobre violaciones de derechos humanos, lo
que le implicaba viajar fuera de la cuidad y del país. Frente a esa situación su
esposo buscaba por todos los medios que no viajara y constantemente la
incriminaba, diciéndole que “quien sabe con qué favores”[6] lograba tantos viajes.
- Que tuvo la oportunidad de viajar a
Washington D. C. (EEUU) y a San José (Costa Rica); sin embargo, debido a los
celos de su esposo, se vio obligada a pedirle a su jefe que no la enviara a
viajes. De lo anterior dejó constancia el Director de Asuntos Internacionales
de la Fiscalía, cuando expresó[7]:
“Por el 2008 le pregunté que le sucedía
dado que entre sus funciones se contempla el llevar casos de violaciones de
derechos humanos que han sido denunciados en el sistema Interamericano de
protección de dichos derechos, en ese año se estaba formando la delegación
oficial que viajaría a Washington D. C., Estados Unidos de América,… sugerí que
ella hiciera parte de la delegación al Fiscal General de la Nación…, cuando la
señora Roa se enteró que había sugerido su nombre tuvo una reacción muy
negativa y me pidió el favor que no la considerara para formar parte de dicha
delegación, esta situación me produjo sorpresa y le pregunté si me podía indicar
la razón por la cual ella por sí misma me solicitaba su exclusión, me comentó
muy nerviosa que prefería no indisponer a su esposo el señor Jorge Mesa dado
que sufría de unos celos agresivos y enfermizos. […]
Desde el año 2008, hasta el día de hoy en
que he sido director de Asuntos Internacionales la señora Diana Roa no ha
viajado al exterior por cuanto desde esa primera fecha y ocasión que cité me
dejó muy claro que por los celos de su esposo ella prefería que la reemplazaran
otras colegas de la dirección.”
- Que su esposo le hace constantes
acusaciones referentes a que ella “coquetea” con sus compañeros de
trabajo, con sus jefes y con “todo aquel que se cruce en [su] carrera
o en [su] vida”[8].
La acusó hasta de sostener “relaciones tanto con el Fiscal General de la
Nación como con el Vice Fiscal”[9].
- Que su esposo se dirigió varias veces a
su lugar de trabajo para seguirla, asecharla y acusarla de sostener relaciones
sexuales con los compañeros de trabajo con los que almorzaba. Le decía que iba
a “levantar a golpes a ese fulano que almorzaba [con ella]”[10]. Por tanto, no volvió
a salir a almorzar con nadie[11].
- Que esa actitud “infundada e injusta”,
ha sido sistemática y llegó incluso a manifestaciones físicas. En particular
narró que el 13 de julio de 2010, su esposo le profirió varios empujones y dos
cachetadas, cuando discutían en su hogar porque ella le comentó sobre su
interés de asistir a una reunión social de la oficina (una chiva hasta un
restaurante en La Calera)[12].
- Que esas agresiones fueron denunciadas
por la actora, el 14 de julio de 2010, ante la Fiscalía 117 de la Unidad de
Armonía Familiar[13],
entidad que inició una investigación por violencia intrafamiliar.
- Que el 19 de noviembre de 2010, amplió
esa denuncia, ya que para esa fecha ella debía viajar a Cartagena por motivos
de trabajo[14]
y quería llevar a sus hijas para pasar el fin de semana, pues contaba con una
hermana dispuesta a hospedarlas. Sin embargo ante la propuesta, su esposo
reaccionó agresiva y posesivamente. Dijo que ella inventaba esos viajes y usaba
a las niñas para “hacer de las suyas”[15],
con lo cual frustró el derecho a la recreación y el descanso de las niñas y
afectó, una vez más, su rendimiento laboral.
- Que el 28 de junio de 2011, amplió
nuevamente la denuncia debido a hechos ocurridos el día 26 del mismo mes y año.
Indicó que ese día la hija mayor no quiso ir a misa con el señor Mesa Mesa,
pues su interés era ir a montar caballo con ella. Ese hecho hizo que éste se
enfureciera y le reclamara “airadamente” su derecho a disfrutar tiempo
con las niñas. En la ampliación de la denuncia se indicó que: “él furioso lo
que hizo fue raptarme de mis brazos a la menor de mis hijas… salió hacia el
garaje vociferando cosas contra mí y montó al carro a la niña. […] en
ese momento y ante la negativa de mi súplica, traté de subirme al carro y él me
empujó en dos oportunidades…”[16].
- Que dentro de las actuaciones llevadas a
cabo por la Fiscalía 117, se practicó una entrevista psiquiátrica a ambos
cónyuges[17],
en la cual se lee: “desde el punto de vista forense, lo dicho hasta aquí
hace necesario que se llame la atención sobre un factor de riesgo inherente a
estas dinámicas de violencia contra la mujer en estos casos, y que está dado
por las posibilidades de atenuación de las agresiones a la misma, una vez ella
toma la decisión de separarse, por lo que se requiere se asuman medidas de
protección a la mujer y a sus hijos una vez ocurrida la -separación-.”
4. La accionante afirmó que todas esas acciones por
parte de su esposo, constitutivas de maltrato físico y psicológico, fueron
probadas debidamente ante el Juzgado 4° de Familia de Bogotá, por lo cual,
según su opinión, éste debió decretar el divorcio civil y acceder a sus
pretensiones.
5. Por su parte, en el proceso ordinario, el señor Jorge
Humberto Mesa Mesa se defendió y propuso la excepción de mérito, referente a la
inexistencia de la causal alegada. Afirmó, en la contestación de la demanda de
divorcio[18],
que los hechos que dieron origen a la petición de separación, son acusaciones
hipotéticas y que obedecen “a la susceptibilidad de la actora frente a los
serios llamados de atención que el cónyuge debió realizarle para que guardara
su compostura, toda vez que no ocupaba su lugar de esposa y madre”[19].
El demandado replicó que las acusaciones sobre
maltrato físico y psicológico son “producto de la imaginación de la actora,
de la exageración ante las relaciones de pareja conyugal, reflejo de su
mitomanía y su rigidez, así como de sus patrones desadaptados de pensamiento y
comportamiento que le impiden adaptarse a la realidad sobre el ejercicio de los
derechos y deberes como cónyuge y como madre de familia, direccionamiento y
coordinación sobre la orientación conjunta de las hijas menores de edad, el
respeto y el cumplimiento cabal de sus obligaciones como esposa para con su
consorte”[20].
Concluyó que las afirmaciones hechas por su esposa en
la demanda de divorcio carecían de sustento probatorio, por tanto, según él, la
solicitud de separación era infundada.
6. Después de todos los trámites procesales
pertinentes, el 28 de mayo de 2013, el Juzgado 4° de Familia de Bogotá profirió
sentencia por medio de la cual desestimó la pretensión de divorcio y condenó en
costas a la aquí accionante. El Juzgado precisó que “subsumida la situación
fáctica en la premisa jurídica planteada y apreciadas las pruebas allegadas, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, este Despacho concluye que no hay
lugar a acogerse a las pretensiones de la demanda, al no estructurarse la
causal de divorcio”[21].
Lo anterior debido a que no encontró probados hechos de violencia o agresiones
al interior del hogar.
La accionante promovió la presente acción de tutela
contra ese fallo judicial, ya que consideró que incurrió en violación directa
de la Constitución y en defecto fáctico.
B. Fundamentos de la acción de tutela.
7. La accionante estimó que el fallo proferido por el
Juzgado 4º de Familia de Bogotá, constituye una vía de hecho por violación
directa de la Constitución en tanto, según su opinión, no aplicó
correctamente los artículos 42, sobre la protección de la familia contra
cualquier tipo de violencia, 43, sobre la igualdad y la protección a la mujer y
44, sobre la protección de la niñez. Así mismo indicó que omitió la aplicación
de los tratados internacionales que protegen a las mujeres víctimas de
violencia.
8. De igual manera, la peticionaria consideró que tal
decisión judicial configuró una vía de hecho por defecto fáctico pues, a
su juicio, no se valoró en debida forma el acervo probatorio, que da cuenta de
las afectaciones psicológicas a las que se ve sometida por su esposo. Explicó
que el Juzgado desestimó la causal, sin tener en cuenta que las agresiones y la
violencia de tipo psicológico, también hacen parte de “los ultrajes, el trato cruel y los
maltratamientos de obra”.
Así, la señora Roa Vargas manifestó que en el presente
asunto se configuró un defecto fáctico, ya que se valoró indebidamente el
acervo probatorio dentro del proceso de divorcio, en los siguientes aspectos:
i) el Juzgado encontró probado un conflicto familiar por hechos que, empero, no
fueron considerados como constitutivos de violencia intrafamiliar en el plano
físico y psicológico; ii) se valoraron indebidamente los testimonios
solicitados por la cónyuge; y iii) las pruebas documentales no fueron evaluadas
en su integridad y se omitieron precisiones de vital importancia para la
configuración de la causal.
El Juzgado encontró probado el conflicto familiar por
hechos que, empero, no fueron considerados como constitutivos de violencia intrafamiliar
en el plano físico y psicológico
9. La accionante argumentó que la causal de divorcio
invocada por ella, hace referencia a los ultrajes, el trato cruel y los
maltratos de obra, que en su caso se materializan en “maltrato físico y sicológico
que [ha] padecido a lo largo del vínculo matrimonial”[22]. En efecto, la actora
hace referencia a los hechos narrados en la demanda civil, dentro de los cuales
se destacan los constantes insultos, los gritos, las actitudes intimidantes y
acechantes ejercidas en su contra por su esposo y el aislamiento al que se ve
sometida, entre otros.
Así, indicó que la Juez citó fundamentos doctrinarios en
los cuales se aclara que la causal alegada no exige que se “pongan en
peligro la salud, la integridad física o la vida”[23] de la víctima. No
obstante en la argumentación, la sentencia se olvidó de tal criterio, pues si
bien se reconoció la existencia de un conflicto en el caso concreto, se
desconoció que este implica violencia intrafamiliar y actos de “fuerza, amenaza,
agresión, degradación y desprecio”[24]
cometidos por parte del esposo hacia la víctima, lo cual sería suficiente para
estructurar la causal, supuestamente, no probada. En el fallo atacado se lee:
“queda evidenciado (sic) la existencia del conflicto
familiar… conflicto que continúa y que aún persiste en el tiempo como se extrae
de la prueba testimonial de LUZ AMPARO ROA VARGAS, LILIANA ROMERO TOVAR, y que
conllevó a (sic) la separación de hecho de la pareja, situación última
que corrobora la versión de la menor GABRIELA MESA ROA , al referir en su
entrevista que ya no vive con su padre y que cuando estos convivían casi no se
hablaban y cuando lo hacían empezaban a pelear.”[25]
10. Adicionalmente, a juicio de la demandante, el
Juzgado cometió un error al precisar que el conflicto, en determinado momento,
terminó a través de una conciliación, pues la misma no se ha efectuado ante
ninguna autoridad competente[26].
En esa medida, para la accionante, el Juzgado incurrió
en un error al no dar el alcance debido a sus propias afirmaciones en torno a
la plena existencia de un conflicto intrafamiliar, a fin de verificar la
configuración de la causal de divorcio alegada.
Se valoraron indebidamente los testimonios solicitados
por la cónyuge.
11. A juicio de la accionante, el primer testimonio
desestimado por el Juzgado 4° de Familia de Bogotá, fue el del jefe de la
accionante[27],
quien declaró:
“(…) no puedo dejar de observar que en
estos cuatro años en lo personal que he conocido de ella he visto una mujer y
una madre estresada y angustiada, puedo afirmar que no ha pasado una sola
semana en estos cuatro años en los que no haya visto estrés, desasosiego e
incomodidad, no relatado por ella porque es una persona reservada, he llegado a
mis propias conclusiones por su reacción y por comentarios que me han hecho
funcionarios de mi oficina, es decir en estos cuatro años que ella lleva
laborando en la dirección de asuntos internacionales he conocido a una persona
sometida a una presión psicológica fuerte”.
Pese a lo manifestado por el testigo, a juicio de la
demandante, la sentencia atacada sólo se limitó a precisar que al declarante “nada
le consta” sobre su vida familiar, en tanto la relación que tienen es de
carácter eminentemente laboral.
12. El segundo testimonio, que según la actora, fue
valorado en forma indebida es el de una compañera de trabajo de la accionante[28], quien testificó que
ella manifiesta su angustia a partir de “aislamiento total, nervios,
desconcentrada en el trabajo… no almuerza… todo para evitar problemas con su
cónyuge”[29].
A pesar de haber dado crédito a esas declaraciones, la
Juez no las valoró como agresiones psicológicas, constitutivas de los maltratos
a que hace referencia la causal alegada y, por el contrario, sólo se limitó a
agregar que según la compañera de trabajo, ésta “nunca vio ni escuchó al
señor JORGE HUMBERTO MESA MESA ejecutando actos que atentaran o amenazaran la
vida de su esposa, y no lo ha visto en actitud de sigilo o pesquisa en el lugar
de trabajo de DIANA, o en otro lugar diferente”[30].
Para la señora Roa Vargas, el Juzgado 4° de Familia de
Bogotá debió apreciar los dos testimonios anteriores, teniendo en cuenta las
manifestaciones en torno a las agresiones psicológicas, que comportan el
miedo, la angustia y el confinamiento. Tal y como lo precisa el artículo 42
superior, cuando prescribe que “cualquier forma de violencia en la familia
se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme la
ley”, precepto desarrollado por la Ley 294 de 1996, sobre violencia
intrafamiliar.
13. El tercer testimonio que, según la
solicitud de tutela fue evaluado indebidamente por el Juzgado accionado, fue el
de la hermana de la peticionaria[31],
en los varios aspectos específicos. En un primer punto se cuestiona el
siguiente aparte del fallo atacado que hace referencia al testimonio de la
hermana:
“por su cercanía con la pareja en
conflicto, quien solo vive a una distancia de dos cuadras y media de la
casa de ésta, y por el ámbito reservado que caracteriza la relación conyugal,
es la más idónea para testificar sobre las circunstancias que rodearon
la ruptura marital…, pero si bien es cierto que ha sido testigo presencial
de los hechos de agresión de JORGE HUMBERTO MESA MESA hacia DIANA EUGENIA ROA
VARGAS, como lo fue de los ocurridos en el grado de una sobrina cuando le
insinuó ‘qué hacía encerrada en un baño dejándose manosear por un muchacho de
grado once’, es de anotar que los mismos sucedieron con anterioridad a la
celebración del matrimonio de los citados cónyuges, y que no vienen al caso que
nos ocupa”[32].
La actora cuestiona que la Juez, a pesar de reconocer
la idoneidad de la testigo y la presencia de hechos de agresión por
parte del cónyuge, restó importancia al testimonio de la declarante porque
narró hechos anteriores al matrimonio, ocurridos durante el noviazgo. De tal
manera, a su juicio, se desconocieron las características de un agresor de tipo
celoso-enfermizo, que en este caso se acentuaron con el tiempo y que derivaron
inclusive en maltrato físico.
A este respecto, la accionante destacó que “los
hechos, actos u omisiones en este tipo de conductas son sistemáticas,
generalizadas y sostenidas en el tiempo”[33],
por lo cual, la Juez no podía haber desestimado los antecedentes de agresiones
y debió evaluarlos por ser determinantes en la decisión del caso.
14. Un segundo error que la accionante endilga a la
valoración de esta declaración, es que el Juzgado calificó como “de oídas”
el testimonio de la hermana, sin tener en cuenta que la violencia intrafamiliar
ocurre en el ámbito reservado que caracteriza la relación conyugal y que una de
las manifestaciones de la violencia psicológica es “el retiro o encierro de
la víctima de su entorno social y familiar”.
Argumentó que la falta de análisis del testimonio
permite que el hogar, entendido como ese espacio íntimo, se convierta cada vez
más en un espacio propicio para la amenaza, la agresión, los ultrajes, los
insultos y la degradación, “sin forma alguna de probanza en desfortunio (sic)
en calidad de víctima y favoreciendo totalmente al agresor por la ausencia
total de testigos presenciales, que es lo que precisamente el agresor busca”[34] y los que, al parecer,
la justicia exige.
Indicó que no es cierto que su hermana
fuera testigo de oídas, pues en el momento de la agresión por parte de su
esposo, ella había dejado “abierta” una llamada vía celular, por lo cual
ésta escuchó “de manera personal y directamente (sic) los insultos y
los gritos, hasta el llanto de una de mis hijas que se despierta, advierte de
primera mano lo que real y efectivamente sucedió esa noche” [35].
En esa medida, hubo un error en la
apreciación de la prueba[36],
pues “escuchar vía celular” lo que ocurría al interior del hogar se
convirtió para la accionante y su familia en el “único mecanismo posible de
protección hacía [su] vida y la de [sus] dos pequeñas hijas”,
dada la desatención de las demás autoridades ante las cuales efectuó distintos
requerimientos de intervención, como se reseñará más adelante.
De esta manera, la accionante argumenta que
este testimonio tampoco fue valorado debidamente por la Juez del caso.
Las pruebas documentales no fueron valoradas en su
integridad y se omitieron precisiones de vital importancia para la
configuración de la causal invocada
15. La demandante explicó que el Juzgado accionado no
valoró en su integridad las pruebas documentales, en especial las distintas
solicitudes formuladas a organismos e instancias como la Comisaría 11 de
Familia de Bogotá, el Centro de Atención de Víctimas de Violencia Intrafamiliar
CAVIF, la Fiscalía 117 Unidad de Armonía Familiar y el Juzgado 63 Penal
Municipal de Control de Garantías de Bogotá.
a) Frente a las actuaciones ante la Comisaría 11 de Familia de Bogotá[37], la Juez 4ª de Familia
de Bogotá sólo advirtió que tal autoridad “negó la solicitud de medidas de
protección por cuanto no prueba actos de maltrato”, sin advertir que, a
través de un equipo interdisciplinario, sí se probó la existencia de un
conflicto familiar entre los esposos, por lo cual, se adoptó otro tipo de
medidas como la remisión de ambos a un centro de psicología.
La accionante asistió a todas las citaciones hechas
por el psicólogo[38]
y aportó las certificaciones de inasistencia del señor Mesa Mesa[39], a fin de que el
Juzgado 4° valorara su “desinterés… indolencia e indiferencia frente al ambiente
malsano que se vive al interior de la familia”. Situación no tenida en
cuenta en el fallo acusado, lo que considera como una omisión constitutiva de
violencia.
b) El Juzgado no dio el debido valor probatorio a la orden del 22 de
julio de 2011, emitida por el Centro de Atención a Víctimas de Violencia
Intrafamiliar de la Fiscalía General de la Nación, mediante la cual se decretó
una “medida de protección en el sentido de que el agresor se abstenga de
proferir malos tratos en público y en privado”[40].
c) El Juzgado tampoco valoró las actuaciones seguidas por la cónyuge ante
la Fiscalía 117 Unidad de Armonía Familiar, a pesar de que se efectuó el
traslado de las pruebas de la investigación penal al proceso civil[41]. La prueba de mayor
relevancia ignorada por el Juzgado accionado fue el dictamen pericial efectuado
por un psiquiatra del Instituto de Medicina Legal, en el cual se indicó que en
la relación “se encuentra un funcionamiento celotípico,
en el cual se da un manejo hegemónico del poder basado en el género, en este
caso machista que se complementa a su vez con la acomodación de la mujer
en un funcionamiento que implica pasividad y dependencia”[42].
La accionante cuestionó que el Juzgado no tuviera en
cuenta esa prueba como idónea para acreditar los hechos constitutivos de la
causal 3ª del artículo 154 de Código Civil invocada, pues “está plenamente
probada la existencia de la violencia sicológica, trato cruel, en todas sus
formas y modalidades, aunado a las condiciones celotípicas del agresor y las
altas posibilidades de que las agresiones se acentúen e incrementen”[43].
d) Adicionalmente, la accionante manifestó que ante la inoperancia e
insuficiencia de las medias de protección que habían ordenado el CAVIF, la
Comisaría 11 y la Fiscalía 117, el 9 de mayo de 2012 el Juzgado 63 Penal
Municipal de Control de Garantías de Bogotá ordenó “el desalojo inmediato de
la casa de habitación del señor Jorge Humberto Mesa, por cuanto su presencia
constituye una amenaza para la vida y la integridad física de la señora Roa
como de sus menores hijas”, y le ordenó asistir a un tratamiento “reeducativo
y terapéutico”[44].
La sentencia objeto de tutela precisó que tal medida
pretendía “garantizar la convivencia pacífica y armónica entre los miembros
del núcleo familiar, buscando una solución rápida y eficaz, que permita a
estos, prevenir y modificar las conductas violentas y/o de maltrato que
se han dado al interior de la unidad doméstica…”. No obstante lo anterior, dijo
la accionante, el fallo se tornó incoherente cuando explicó:
“no significa lo anterior, que por
el solo hecho de haber proferido una medida provisional de protección, como
lo es el caso que nos ocupa, se estén dando por probados los hechos de
maltrato alegados por la demandante, pues estos son el resultado de la
investigación que se está adelantando, y por cuanto no se ha allegado
decisión tomada por el funcionario que conoce de la acción, que permita
establecer si la demandante ha sido víctima o no de agresiones físicas o
sicológicas por parte de su esposo, o en su defecto dictamen médico legal
de la esposa, que confirme los hechos de maltrato… ”[45].
16. Por todo lo anterior, la demandante concluye que
el Juzgado 4º de Familia de Bogotá efectuó una apreciación equivocada, en
especial desde una perspectiva de género, de las pruebas allegadas al proceso,
que además transgrede la Constitución, los tratados internacionales y las leyes
sobre la materia y perpetúa una forma de violencia contra la mujer que aún
sigue siendo invisibilizada, incluso en instancias estatales como la
administración de justicia.
En esa medida, solicita que i) se tutelen sus derechos
fundamentales y los de sus hijas menores de edad; ii) se deje sin efectos la
sentencia dictada el 28 de mayo de 2013, por el Juzgado 4º de Familia de Bogotá,
que negó el divorcio y iii) se le ordene “dictar un nuevo fallo atendiendo
el dictamen de la sentencia del juez constitucional”[46].
II. ACTUACIÓN PROCESAL.
La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá admitió la presente acción de tutela, ordenó notificar al
Juzgado demandado y vinculó a todos los intervinientes en el proceso de
divorcio que dio origen a esta acción, para que rindieran informe sobre los
hechos narrados. Así mismo, solicitó,
en calidad de préstamo, el expediente contentivo del tal proceso de divorcio.
En atención a la anterior solicitud, la Secretaría del
Juzgado 4° de Familia de Bogotá remitió el expediente, sin referir
respuesta adicional.
La Comisaría 11 de Familia de Bogotá allegó
respuesta por medio de la cual informó al Tribunal que ante esa instancia se
tramitó proceso de medida de protección iniciado por la aquí accionante contra
Jorge Humberto Mesa Mesa. En dicho proceso no se logró probar con certeza
episodios de violencia intrafamiliar. Se explicó que la Comisaría no vulneró
los derechos de la accionante ni de sus hijas y que ha atendido todos los
requerimientos que ante ésta se han hecho.
No se obtuvo respuesta de los demás intervinientes
vinculados.
A. Sentencia de primera instancia.
El 11 septiembre de 2013, la Sala de Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó el amparo, toda vez que
para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se
requiere el agotamiento de todas las instancias procesales disponibles.
En el asunto bajo estudio la Sala observó que “la
demandante no utilizó en forma oportuna el medio judicial de defensa previsto
en la ley para la efectiva defensa de los derechos invocados con esta tutela,
concretamente el recurso de apelación, que debía formular a través de su
apoderado judicial, en la misma audiencia donde fue notificado el contenido del
fallo”[47].
B. Impugnación.
La actora solicitó que se examine de fondo la decisión
tomada por el Juzgado de Familia, ya que con ésta se vulneraron derechos de
rango fundamental que no pueden pasar inadvertidos en las instancias constitucionales.
Explicó que si bien es cierto que no interpuso el
recurso de apelación, aclaró que no fue una negligencia propia sino de su
apoderado, quien desatendió el asunto ante la ausencia del pago de sus
honorarios. Manifestó que debido al abandono de las obligaciones de padre del
señor Mesa Mesa, ella se vio en una difícil situación económica que le impidió efectuar
el pago de los honorarios referidos.
Ante la situación descrita consideró que “la
conducta de un tercero no puede sacrificar el derecho que me asiste como
CIUDADANA, MUJER, MADRE CABEZA DE FAMILIA Y VÍCTIMA DE VIOLENCIA, a quien se le
está cercenando de tajo el derecho a acceder a la justicia, por el solo hecho
de que se observen de manera limitada y estricta, requisitos ‘formales’ de
procedibilidad, cuando deben prevalecer los derechos fundamentales”[48].
Para fundamentar lo expuesto, citó sentencias de esta
Corte, en las cuales se flexibilizó la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales cuando no se presentaron los medios ordinarios
de defensa, tomando en consideración la prevalencia del derecho sustancial.
C. Sentencia de segunda instancia.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia confirmó la decisión el 11 de octubre de 2013. Estimó que la acción de
tutela no prospera por no estar satisfecho el requisito de subsidiariedad, ya
que éste no es el escenario “para cuestionar la valoración probatoria efectuada
por la juez enjuiciada y obtener un pronunciamiento favorable en torno a la
causal de divorcio invocada”[49].
Explicó que la negligencia de los apoderados no puede oponerse como pretexto
para quebrantar la seguridad jurídica, ni para revivir oportunidades
claudicadas, pues ello quebrantaría los principios del derecho procesal.
D. Pruebas ordenadas en sede de Revisión.
1. Mediante auto del 6 de marzo de 2014[50], el entonces
Magistrado sustanciador ofició a las Facultades o Departamentos de Psicología
en Bogotá de las Universidades Nacional de Colombia, Pontificia Javeriana, de
la Sabana y de los Andes, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al
Instituto de Medicina Legal, a la Alta Consejería Presidencial para la Equidad
de la Mujer, al Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, y
a la Corporación Sisma Mujer, para que precisaran: “en qué consiste la violencia
psicológica y cómo puede determinarse que ha acaecido, especialmente cuando
es ejercida contra una mujer al interior de una relación de pareja”.
2. Mediante escrito remitido a este despacho el 27 de
marzo de 2014, el Director del Departamento de Psicología de la Universidad
Nacional de Colombia, Germán Gutiérrez Domínguez Ph. D., solicitó ampliar el
plazo concedido para la remisión del concepto, “toda vez que el asunto
planteado incluye tres conceptos diferentes de amplio abordaje”.
3. En virtud de lo anterior, la Sala Sexta de Revisión de
Tutelas mediante auto del 27 de marzo de 2014, amplió el plazo otorgado en el
auto de marzo 6 de 2014, a todas las entidades y organizaciones oficiadas en el
mismo. De igual manera, decretó la suspensión de términos para fallar, mientras
se allegan y analizan las respectivas respuestas[51].
La Secretaría General de esta Corte remitió
al despacho comunicaciones y escritos de variada procedencia, cuyo contenido es
sintetizado a continuación:
a. Facultad de Psicología de la Pontificia
Universidad Javeriana.
La Facultad de Psicología de la Javeriana,
a través de las profesoras Alicia S. Durán, Argelia Medina y Nubia Torres y el
docente Leonardo Rodríguez, rindió el concepto que es sintetizado a
continuación[52].
Las docentes identificaron la definición
sobre violencia construida por la Organización Mundial de la Salud, la
cual precisa que es “el uso intencional de la fuerza física o el poder
contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades y que tiene como
consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del
desarrollo, abandono e incluso la muerte”. De allí destacaron que la
violencia siempre implica una intencionalidad del acto, así como un desequilibrio
en las relaciones de poder, que se ejerce con una finalidad específica de
alterar o negar los derechos del otro.
Sobre la violencia, se estableció su
carácter multifacético y se registró de manera más visible la violencia física,
como aquella que atenta contra la integridad de las personas a partir de actos “como
empujones, gritos, cachetadas, arrojar objetos al otro, etc., hasta la
violencia que puede eliminar al otro y acabar con el derecho a la vida”.
Explicaron la violencia psicológica
como aquella “que ‘no mata’ o ‘daña físicamente’”, presente en la vida
cotidiana y que afecta a la mayor parte de la población por los efectos
emocionales y relacionales que tiene en la vida de las personas, las parejas,
las familias, los grupos y la comunidad. Precisaron que es “más grave que la
violencia física por las secuelas que deja a largo plazo”. Al respecto
dijeron:
“la violencia psicológica es una realidad
mucho más extensa y esta precede muchas veces la violencia física, esta última
es como la punta del iceberg, emergente del maltrato psicológico más profundo
porque el daño que lesiona es la pauta relacional subyacente en este tipo de
maltrato.”
En torno a la violencia en pareja,
la identificaron como una forma de daño intrafamiliar, sistemático y deliberado
ejercido por un miembro de la pareja sobre el otro. Los profesores describieron
cuatro aspectos característicos de las relaciones violentas de pareja, enmarcados
en lo que denominaron “un dilema de amor y violencia”, así[53]:
“Primero, la lucha por controlar la propia
vida y la de los demás conlleva a problemas de dominio, intimidación y
exploración como intentos de obtener poder sobre otros miembros. Segundo, el
deseo de ser amado, la interacción se basa en el deseo de ser atendidos lo que
puede llevar a una interacción demandante, dependiente y manipuladora. Tercero,
el deseo de proteger a otro, que cuando se intensifica en la interacción
resulta en intrusión, posesión o dominación. Cuarto, una interacción basada en
el arrepentimiento y perdón que se caracteriza por el pesar, el resentimiento,
las mentiras, los secretos y los engaños.”
En Colombia, la violencia en pareja
contra la mujer es la más recurrente, según lo muestran las cifras del
Instituto de Medicina Legal que registraron en 2012, 83.898 casos de violencia
intrafamiliar, de los cuales el 64.8% fueron inscritos por daños inflingidos
por la pareja, porcentaje del cual el 77.7% correspondió a violencia ejercida
contra la mujer, mientras que el restante 22.3% contra el hombre.
Sobre el maltrato psicológico[54], las docentes
manifestaron que consiste en un conjunto de pautas-relacionadas, muchas veces
sutiles e imperceptibles para terceros, que generan daño y constituyen una
amenaza para la madurez psicológica y la salud mental de las personas sometidas.
Explicaron que este tipo de comportamiento debe
ser visto como un proceso que se caracteriza por el conjunto de pasos o
acciones dirigidas a lograr el daño, y que muchas veces tiene determinantes
históricos y socioculturales, que varían según el contexto, y lo definen en su
intensidad, forma y dinámica. La violencia ejercida por los hombres sobre las
mujeres está asociada al daño que se produce al violar o invadir los espacios
de la otra persona, sin su autorización, para quitarle su poder y dejarla sin
recursos para oponer resistencia a su agresor[55].
A continuación, manifestaron que el maltrato
verbal es una forma de violencia psicológica que se encarga de afectar y
dañar a la mujer, haciéndole creer que está equivocada, a través de palabras
que la cosifican, la amenazan o la degradan. Tal maltrato consiste, por
ejemplo, en hacerla sentir como un objeto sin valor poniéndole sobrenombres o dirigiéndose
a ella de manera despectiva, verbalizando promesas de violencia si ella intenta
oponerse al hombre o acusándola sin sentido para generarle inseguridad sobre
sus propios pensamientos, emociones o acciones.
La violencia emocional, por su
parte, destruye los sentimientos y la autoestima de la mujer, la hace dudar de
su propia realidad y limita sus recursos para vivir, especialmente, a través de
la invalidación, la crítica, las prohibiciones, los juicios y la desconfianza.
Todo lo anterior, causa en la mujer maltratada angustia, presión e inseguridad.
Los profesores citaron investigaciones
efectuadas con hombres que maltratan a mujeres y donde la violencia física se
presenta esporádicamente. En ellas se encontró que:
“el maltrato psicológico a las mujeres está
relacionado con el no acatamiento de órdenes, rebeldía percibida en las mujeres
que obstaculiza el ejercicio de su autoridad e infidelidad o percepción de ésta
(Ramos, 2006)… La necesidad que aparece en mayor grado asociada a ambos tipos
de violencia [física y psicológica]
es la de confiar en su pareja, relacionada con celos e infidelidad. Los
problemas de comunicación ocupan el segundo lugar de incidencia, pero están
asociados mayoritariamente a la violencia psicológica, seguidos por el sueño de
ser buen padre y a la expectativa de que la esposa asuma bien las labores
domésticas. Lo anterior ratifica que las creencias culturales dominantes de
la sociedad patriarcal, la socialización y la construcción de identidad
masculina, contribuyen a que se instale la violencia en las relaciones de
pareja, dado que se considera a la mujer propiedad del hombre (Medina,
Durán & Arévalo, 2013).”[56]
Así, los maltratos psicológicos, según
reportan los docentes, han estado siempre presentes en las relaciones de
pareja, sólo que “hasta ahora” se han reconocido como un problema que
trasciende los efectos personales, pues tiñen la vida cotidiana del
funcionamiento grupal tóxico, que genera las relaciones de poder
desequilibradas y reproducen una atmósfera de intimidación y miedo que permea
todos los niveles familiares y sociales (ej. afectación a los hijos).
Para los docentes de la Universidad
Javeriana, “vista de esta manera, la violencia es no solo un problema
privado entre parejas sino un problema social que reproduce formas riesgosas y
no constructivas con los demás”.
Ahora bien, frente a la pregunta sobre cómo
determinar la ocurrencia de la violencia doméstica en una relación de pareja,
los profesores señalaron que se deben evaluar diversos aspectos, como la
verificación de la ocurrencia de la violencia psicológica, la valoración de las
secuelas en la víctima, el análisis de la relación entre el hecho delictivo y
tales secuelas y/o la verificación de la credibilidad del testimonio, para lo
cual existen diversos protocolos, dentro de los cuales explican algunos[57].
De forma general, aseguran que la valoración
ha de ser comprensiva, siendo recomendado que la información provenga de
diversas fuentes como entrevistas con la víctima y otras personas, pruebas
documentales y evaluaciones psicológicas. Se resalta que este tipo de
pruebas son determinantes, pues “dado que en muchos casos la violencia
psicológica hacia la pareja se produce en la esfera privada, a menudo no hay
testimonios ni otro tipo de pruebas salvo la declaración de la propia víctima y
el agresor” (no está en negrilla en el texto original).
Se explican diversos métodos para efectuar
de forma clínica y objetiva las pruebas periciales en torno a la violencia
psicológica, resaltando indicadores como la baja autoestima, ansiedad o estrés,
sentimientos de culpa, distimia o depresión, trastornos del sueño y dependencia
emocional.
De igual manera, se resalta la necesidad de
verificar las creencias de roles, la ambivalencia afectiva hacia la pareja, la
falta de autonomía o libertad, el aislamiento o adaptación socio/laboral y “determinadas
características del análisis propio del relato (por ejemplo, credibilidad,
coherencia)”.
Finalmente, el concepto cita los diversos
instrumentos que existen a nivel mundial para la evaluación de la violencia
psicológica y se relaciona amplia bibliografía al respecto.
b. Facultad de Psicología de la Universidad de la Sabana.
El Decano de la Facultad de Psicología de
la Universidad de la Sabana, Diego Efrén Rodríguez Cárdenas, rindió el concepto
que es sintetizado a continuación[58]:
Precisa que el maltrato doméstico o
conyugal se refiere a las agresiones físicas, psíquicas o sexuales ejercidas
reiteradamente por parte de un familiar hacia una persona, que quebrantan su
libertad o le causan daño físico o psíquico[59].
Explica que la violencia en la pareja
involucra “un patrón de control coercitivo, deliberado, repetitivo y
prolongado” que, a pesar de estar presente con reiterada frecuencia en las
relaciones interpersonales, es de difícil identificación. Lo
anterior, debido a que ocurre en la cotidianidad y en la privacidad de las
interacciones familiares, por lo que, a su vez, es de escaso reporte en las
instancias legales. Afirma que este tipo de violencia en Colombia “es
mayormente ejercida por los hombres y tiene lugar en el hogar” [60].
Sobre la violencia contra la mujer, el Decano
manifiesta que tiene varias connotaciones como la física o la verbal, pero
también ocurre “cuando la pareja ejerce sobre ella un poder que limita su
capacidad de decisión”; es decir, despliega un maltrato psicológico,
el cual no puede ser medido con facilidad, “pues no deja un signo a nivel
físico sino a nivel emocional, a nivel de la estabilidad mental de la mujer”.
Explicó que:
“De acuerdo con Burgos, Canaval, Tobo, Bernal
y Humphreys (2012), este ‘es el caso de comportamientos simbólicos, amenazas
verbales, actitudes agresivas o violentas dirigidas contra la mujer o contra
personas u objetos significantes para la relación o la mujer; son expresiones
de violencia psicológica que crean un entorno estresante, de miedo, temor e
inseguridad’”.
Después de citar diversos autores[61] y estudios de la
Organización Panamericana de la Salud y del Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, indica que las agresiones psicológicas “influyen en la
disminución de las facultades físicas y mentales, en el crecimiento humano
integral e incluso puede llegar a incapacitar la toma de decisiones cuando se
está inmerso en la dinámica de maltrato”. La violencia psicológica
disminuye la capacidad de la mujer para cuidar de sí misma, de sus hijos y se
puede asociar con comportamientos como el abuso del alcohol u otras sustancias,
que impactan de manera negativa su autonomía, independencia y autoestima.
Finalmente, el Decano señala que el cuadro
clínico más frecuente que presentan mujeres maltratadas es “trastorno de
estrés postraumático”, seguido de “altos niveles de ansiedad y
depresión…, además de aislamiento social cuando la violencia es crónica y
continuada”.
c. Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de
Psicología de la Universidad de los Andes.
La profesora asociada al Departamento de Psicología de
la Universidad de los Andes, Karen Ripoll Núñez, rindió el concepto que es
sintetizado así[62]:
La profesora explica que una agresión de pareja
comprende todos aquellos “actos que ocurren entre los miembros de una
relación íntima y que intentan infligir un daño”, ya sean físicos o
psicológicos[63].
Señala que según los autores Murphy y Hoover[64],
la agresión psicológica comprende cuatro categorías diferentes de
comportamientos, así:
“1) dominación/ intimidación (‘enojarse
hasta asustar a la pareja’, ‘amenazar con golpear la pareja’, etc.); 2) control
restrictivo (‘tratar de impedir que la pareja vea amigos o miembros de la
familia’, [o] ‘tratar de hacer sentir a la pareja culpable por no pasar
suficiente tiempo juntos’); 3) denigración (‘decir (o implicar en el mensaje)
que la otra persona es estúpida’, ‘criticar la apariencia física de la otra
persona para causarle malestar’); y 4) retiro hostil (rehusarse a conversar
sobre un problema o asunto que la pareja considera importante).”
Manifiesta que las investigaciones sobre violencia
psicológica en la pareja son relativamente recientes (2009 en adelante).
Resalta que los trabajos publicados en esta materia concluyen que los efectos
de tales agresiones pueden llegar a ser más nocivos que los de otro tipo de
violencia y, que dependiendo de su “severidad y cronicidad”, los daños
en una persona pueden resultar más o menos notorios.
Señala que generalmente son indicativos de
violencia psicológica “a) sentimientos negativos: humillación, vergüenza,
culpa o ira; b) ansiedad; c) preocupación constante por el trauma; d)
depresión; e) disminución de autoestima; f) pérdida del interés y la
concentración en actividades anteriormente gratificantes; g) cambio drástico
del estilo de vida; h) alteraciones del sueño y disfunción sexual”[65].
Finalmente, expone que los métodos más comúnmente
empleados para establecer la ocurrencia de agresiones psicológicas en la pareja
son “los cuestionarios de auto-reporte y la entrevista clínica”, y
advierte que para la utilización de tales métodos debe evaluarse el
funcionamiento psicológico de la víctima antes de la ocurrencia de la
violencia, dado que los síntomas pueden estar presentes antes de que ésta haya experimentado
la agresión por parte de la pareja.
d. Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, ICBF.
La Jefe Asesora Jurídica del mencionado
Instituto, Luisa Marín Ballesteros Aristizabal, contestó el requerimiento efectuado
por esta Corte[66].
La funcionaria citó la Ley 248 de 1995, por medio de la cual Colombia adoptó la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” y la Ley 1257 de 2008, por
medio de la cual se dictan normas para sensibilizar, prevenir y sancionar todas
las formas de violencia y discriminación contra las mujeres para definir la
violencia contra la mujer.
Explicó que mediante el Decreto 4799 del 20
de diciembre de 2011, se reglamentaron las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y
1257 de 2008, en relación con las competencias de las Comisarías de Familia, la
Fiscalía General de la Nación, los Juzgados Civiles y Penales de Control de
Garantías, “para garantizar el efectivo acceso de las mujeres a los
mecanismos y recursos que establece la ley para su protección, como instrumento
para erradicar todas las formas de violencia contra ellas”.
Manifestó que en Colombia a partir del
2013, se aprobó la Política Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, que
fue construida con el apoyo de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad
de la Mujer y en la cual se tiene en cuenta la violencia psicológica
como una de las formas de violencia contra la mujer.
Resaltó que a pesar de que la violencia
psicológica es “la tipología más difícil de identificar estadísticamente y
de demostrar legalmente”, en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de
2010, se registró que un 65% de las mujeres encuestadas “manifestó haber
padecido las situaciones de control por parte del esposo o compañero”. Por
ello, la Política Nacional de Equidad de Género consagró entre sus acciones, “la
elaboración de lineamientos para la investigación y atención de casos de
denuncia sobre violencia intrafamiliar”.
Tales lineamientos técnicos, construidos
por el Ministerio de Justicia y del Derecho, abordan el tema de violencia de
género en la familia y señalan que los actos considerados como violencia
intrafamiliar, incluyen la definición de agresiones psicológicas, así:
“por violencia se entienden aquellas
agresiones que ofenden, humillan, asustan, intimidan y, en general, atentan
contra la salud mental y emocional de una persona y como consecuencia pueden
producir depresión, baja autoestima, angustia, insomnio, pérdida de la concentración,
etc. Se puede manifestar a través de actitudes que tienen por objeto causar
temor o intimidación a la otra persona con el ánimo de poder ejercer control
sobre su conducta, sentimientos o actitudes.”
La funcionaria señala que no existen parámetros
generales para determinar el daño que se produce cuando al interior del
subsistema conyugal se han tejido relaciones de maltrato y violencia. No
obstante, aclara que siempre es necesario contar con evaluaciones psicológicas
de los miembros de la familia.
Declara que es muy importante analizar en
cada caso concreto la relación “sexo-género”, que es la que determina la
identidad de los sujetos involucrados en las relaciones violentas.
Así mismo, describe que la “identidad
femenina y masculina dependen de los contextos familiares, culturales y de las
decisiones que los sujetos van tomando sobre la forma en que viven y definen su
ser mujer o ser hombre”. Y señala que es importante acreditar que en “la
cultura colombiana, hay evidencias de patrones culturales de relaciones
desiguales de poder que afectan la forma cómo los hombres y las mujeres
construyen relaciones”.
En ese sentido, la funcionaria concluye que
se deben buscar pruebas psicológicas que identifiquen el grado de afectación
derivado de la violencia concreta, en el marco de una atención terapéutica,
que permita comprender los tipos de relaciones presentes en torno a las
identidades y roles de género al interior de la familia y pareja.
e. Alta Consejería para La Equidad de la
Mujer de la Presidencia de la República.
La Alta Consejera para la Equidad de la
Mujer, Cecilia Lorena Barraza Morelle, después de establecer las competencias
de esa dependencia gubernamental, se limitó a transcribir los artículos 2° y 3°
de la Ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan normas de sensibilización,
prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las
mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de
1996 y se dictan otras disposiciones”, con lo cual estimó solventadas las
inquietudes planteadas por esta Corporación[67].
f. Corporación Sisma Mujer.
Las ciudadanas en ejercicio e integrantes
de la Corporación Sisma Mujer, Linda María Cabrera Cifuentes y Carolina Morales
Arias, presentaron escrito en el que solventan los requerimientos efectuados
por esta Corte[68].
En el concepto, las ciudadanas, i) definen
la violencia psicológica a partir de los instrumentos legislativos nacionales e
internacionales existentes; ii) exponen algunos asuntos relativos a la comprensión
de tal tipo de violencia, inscrita en el marco de sociedades patriarcales que
la “legitiman y naturalizan” y iii) señalan las responsabilidades del
Estado en relación con su deber de prevenir, atender, investigar y sancionar la
violencia contra las mujeres.
Explican que, en términos generales, la violencia
es “todo comportamiento hostil, conciente e intencional que por acción u
omisión, causa en la persona maltratada un daño físico, psíquico, jurídico,
económico, social, moral o sexual atentando así contra su libertad y derecho a
relacionarse con otra persona”.
Después de citar la definición sobre
violencia que trae la “Convención Interamericana de Belém do Pará” (art.
1°), señalan que las agresiones de tipo psicológico son expresiones
claras del fenómeno de la violencia contra las mujeres, por ello, frente a su
ocurrencia se activan de igual forma las obligaciones estatales de protección y
garantía de derechos. Exponen que a nivel jurídico interno se encuentra la Ley
1257 de 2008, cuyo artículo 2° prevé una definición más amplia del concepto.
Las intervinientes revelan que los gritos,
regaños, insultos, acusaciones de incapacidad o inferioridad, la
descalificación, la ridiculización en público o privado, la humillación, el
chantaje, la intimidación, el engaño en asuntos del proyecto de vida propio o
familiar, las amenazas verbales de maltrato, daño o tortura dirigidas tanto a
la mujer como a los hijos, otros familiares o amistades, las amenazas repetidas
de divorcio, abandono, infidelidad o no cumplimiento de responsabilidades
económicas, el aislamiento social y económico, los celos y las manifestaciones de
posesividad, la destrucción o daño de las propiedades personales a las que se
tiene afecto, y las conductas de control y restricción sobre el comportamiento
y las actividades de la vida cotidiana como la privación de la libertad o la
regulación de las formas de vestir, actuar y relacionarse con el mundo, son
todas conductas indicativas de la presencia de un patrón de violencia
psicológica al interior de una relación interpersonal.
Aclaran que la violencia psicológica se
puede presentar tanto en ámbitos públicos como privados, por ello existen
diversos instrumentos de derecho que recogen las conductas anteriormente
descritas, por ejemplo, desde el derecho penal con la consagración de los
delitos de violencia intrafamiliar, lesiones personales con perturbación
psíquica o la tortura psicológica, entre otros.
Advierten, sin embargo, que “de manera
recurrente todo acto violento ocurrido en el ámbito doméstico es inscrito por
la administración judicial en el delito de violencia intrafamiliar”, lo
cual desconoce la enunciación puntual de tipo penal que trae la Ley 599 de
2000, según la cual, este delito se configura siempre que los hechos no
constituyan otra conducta.
Las integrantes de Sisma Mujer lamentan que
a pesar de que se ha calificado la violencia doméstica como “un problema de
derechos humanos, y como un fenómeno social”, su experiencia como
organización que representa a mujeres víctimas, da cuenta de la subvaloración
social que tienen los delitos más recurrentes contra las mujeres, como la
violencia intrafamiliar, lo cual determina la respuesta institucional, en
términos de falta de voluntad política, de adopción de medidas efectivas para
el impulso procesal y medidas para garantizar la vida y la integridad de las
víctimas en riesgo.
Como reflejo de lo anterior, las ciudadanas
advierten que la violencia psicológica aún no tiene un registro estatal
estandarizado o unificado. Resaltan que la única entidad que ha adoptado
acciones recientes en tal sentido, es el Ministerio de Salud, el cual dentro de
la medición de atenciones a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia por
parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluyó el ítem “violencia
psicológica”. Por tal concepto se reportó en 2012, que de los 14.713 casos
atendidos de mujeres afiliadas al sistema, 3.336 fueron por causa de agresiones
psicológicas.
Explican que existen diversos factores
asociados con la comisión de actos de violencia psicológica contra la mujer,
generalmente ejercidos en contextos de “asimetría de poder”, en los
cuales una persona se encuentra en mayores condiciones de vulnerabilidad que la
otra. Exponen que “en sociedades patriarcales, el solo hecho de ser mujer
aumenta las vulnerabilidades”, en especial, cuando se busca mantener la
dominación sobre la pareja a través de acciones como descalificarla,
debilitarla, controlarla y anularla.
Por lo anterior, la mayoría de los casos la
violencia doméstica atiende a la incorporación o expresión de patrones
culturales y sociales legitimados a lo largo de las prácticas sociales y
familiares, que repiten los hombres en relación con el poder de dominación
sobre la mujer. Tales patrones están basados en la creencia de una supuesta
condición de inferioridad de las mujeres y en los roles que se han establecido
para ellas en el matrimonio y en las relaciones interpersonales.
En esa medida, resaltan que “se ha
demostrado que el ejercicio de la violencia no puede ser explicado por los factores
psicológicos del agresor. En la mayoría de los casos, se trata de personas
‘normales’, que no tienen una enfermedad mental que explique su comportamiento”.
Señalan que es común que en parejas donde
se ha ejercido violencia contra la mujer, se combinen distintos tipos de
agresiones (físicas, sexuales, verbales, psicológicas) y, por ello, se
construyan procesos paulatinos de aumento de tales actos. Ello explica también
que el riesgo de cronificación aumenta cuando las mujeres intentan oponerse
o tomar conciencia de sus derechos y buscan mecanismos para hacerlos exigibles,
lo cual, paradójicamente, permite, por un lado, visibilizar los conflictos,
pero, por otro, explicar la no denuncia de la violencia debido al temor, la
vergüenza o el poco reconocimiento de la gravedad de las acciones ejercidas por
la pareja.
Además de lo anteriormente descrito, una de
las mayores limitaciones que las mujeres encuentran para denunciar la
violencia, en especial la psicológica, tiene que ver con los altos niveles
de impunidad y conductas discriminatorias contra las mujeres por parte de los
mismos operadores de justicia, debido a que se promueve la tolerancia
social de la violencia y la ineficacia de la administración de justicia frente
a estos casos.
Las autoras explican que existen: “factores
que refuerzan los estereotipos de discriminación y violencia contra la mujer y
ayudan a que se mantengan. De acuerdo con la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, en determinados casos, la instancia ha logrado constatar un
verdadero patrón general de tolerancia del Estado y de ineficiencia judicial
ante casos de violencia doméstica… [y] que la inefectividad judicial
general crea un ambiente que facilita la violencia doméstica, al no existir
evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como
representante de la sociedad para sancionar esos actos”.
De otro modo, las intervinientes describen los
efectos derivados de la exposición a la violencia psicológica, dentro de los
cuales se destacan muchos de los puntualizados en las anteriores
intervenciones, como depresión, ansiedad, insomnio, sentimientos de inutilidad
y culpa, indecisión, estrés, baja autoestima, entre muchos otros.
Particularmente, destacan que no
necesariamente los diagnósticos de las mujeres maltratadas deben conducir a
verificar cuadros psiquiátricos de importancia identificados con enfermedades
mentales, pues a pesar de que estos puedan estar presentes por la gravedad de
los actos, los efectos de la violencia deben ser tenidos como tales, aún en
los niveles de menor gravedad, a fin de evitar atentados mayores contra la vida
y la integridad de las mujeres.
Así mismo, explican que los efectos de la violencia
psicológica deben ser medidos en términos sociales, y no solamente
personales, en tanto es común que la mujer naturalice o normalice las
agresiones que sufre y “asuma como una suerte de ‘deber social’ el acto de
padecerlas”.
La medición en términos sociales también
permite que la mujer tenga mayores posibilidades de romper el círculo nocivo. Usualmente
ella se culpabiliza de “merecer” la agresión por incumplimiento de sus
obligaciones o desobediencia, lo cual desdibuja la posibilidad interna de
responsabilizar al agresor y dificulta “la superación del secreto de la
violencia y por ende, la denuncia”.
Para las ciudadanas, cuando las mujeres
logran romper “las barreras del silencio y la privatización de la violencia
al dejar de circunscribirlas al espacio personal y denuncian ante las
autoridades, han iniciado ya un difícil proceso de desnaturalización de lo
ocurrido”, que aumenta la conciencia de la violación de sus derechos
humanos.
Para terminar, enlistan las diferentes
acciones o medidas que debe adoptar el Estado colombiano, a partir de sus
obligaciones nacionales e internacionales para prevenir, atender, investigar y
sancionar la violencia psicológica, dentro de las cuales se destacan, entre
otras:
·
Las encaminadas a la
transformación de los estereotipos de discriminación y de la violencia contra
las mujeres,
·
el registro estadístico
de casos de violencias y la implementación de programas de sensibilización,
·
el mejoramiento de la
debida diligencia en la investigación judicial,
·
la prestación de
servicios integrales y especializados de atención psicológica y/o terapéutica,
no sólo para efectos probatorios sino también con objetivos de recuperación,
·
el ofrecimiento de
asesorías, asistencias y representación judicial gratuita, inmediata y
especializada para informar a las mujeres sobre sus derechos,
·
la garantía en el
acceso efectivo a la administración de justicia, y
·
la atención en salud
física y psicológica de las mujeres a través del Sistema de Seguridad Social
del país.
g. Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses – Grupo de Psiquiatría y Psicología Forense.
El Coordinador del Grupo de Psiquiatría y
Psicología de la Dirección Regional de Bogotá de ese Instituto, Iván Perea
Fernández, contestó el requerimiento efectuado por esta Corte[69].
Después de resumir los hechos que dieron
origen a la presente acción de tutela resaltó que el Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses realizó tres informes periciales en torno a la
afectación o no por violencia psicológica y rasgos de personalidad de la señora
Diana Eugenia Roa Vargas, solicitados respectivamente por la Fiscalía 117
Local, el Fiscal Local 284 y el Juzgado 4º de Familia de Bogotá, dentro de los
cuales concluyó que está sometida a maltrato sicológico por su esposo, quien ha
actuado con temperamento “celotípico”.
A continuación, explicó que actualmente tal
Instituto trabaja en la realización de una guía para realizar pericias
psiquiátricas o psicológicas forenses en violencia intrafamiliar “y parte de
lo expresado en este escrito es tomado del borrador de dicha guía”. El
Coordinador definió, desde una perspectiva forense, los conceptos de maltrato,
agresión, violencia y armonía y unidad dentro del sistema familiar así:
·
Maltrato: “aquella conducta física, verbal, preverbal
o actitudinal que resulta inadecuada en el medio cultural de la familia, que
conlleva una connotación negativa para la víctima y que en última instancia
genera sufrimiento psicológico o desvalorización”.
·
Agresión: “una característica connatural al ser
humano, implica la actividad por la contraposición a la pasividad, se construye
en una fuerza adaptativa e incluye en sus formas extremas las manifestaciones
de violencia”.
·
Violencia: “conducta agresiva que se traduce en una
actuación concreta tendiente a lesionar, a destruir, a imponer, valiéndose de
mecanismos inusualmente impetuosos o con fuerza desproporcionada”.
·
Armonía y unidad
dentro del sistema familiar: “desde la escuela sistémica se entiende como un equilibrio dinámico con
conservación del bienestar de los subsistemas involucrados (individuos y
relaciones) y del sistema en su totalidad y en su interacción con el medio
cultural. La alteración del estado de armonía y unidad deriva en este caso de
la presencia de una conducta violenta en relación directa y proporcional con la
alteración del funcionamiento del sistema en su totalidad o en alguno de sus
subsistemas”.
Conforme las anteriores definiciones, explicó
que la afectación psíquica en violencia intrafamiliar es entendida como el
impacto que sobre la mente tienen los hechos violentos y que crean “disfunción
social que impide ejercer los deberes y derechos que ofrecen la protección de
una familia íntegra”.
En esa medida, diferenció las formas de evaluación
de la violencia física de la psicológica y precisó que mientras el médico
forense tiene un cuerpo sobre el cual busca las afecciones propiciadas por el
agresor, los psiquiatras y psicólogos forenses deben indagar por las mismas en
el terreno abstracto de la mente.
Explicó que se debe tener en cuenta que tal
violencia, no se produce por un hecho aislado, sino que es un proceso
estructurado de victimización que conlleva la anulación de la personalidad y de
la subjetividad de la mujer, que se manifiesta a través de ridiculización,
reproches, humillación, silencio, prohibiciones de movilidad, aislamiento,
desprecio, entre otras conductas del agresor.
Finalmente, afirmó que en estos casos de
violencia contra la mujer, se deben afinar los instrumentos de investigación
desde una perspectiva interdisciplinaria más amplia que propenda por la
protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas de violencias.
h. Facultad de Ciencias Humanas,
Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Los docentes Carmen Elvira Navia Arroyo y
Jorge Ignacio Ruiz Pérez, en representación del Departamento de Psicología de
la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia,
rindieron el concepto que es sintetizado a continuación[70].
Después de especificar la metodología usada
para emitir este concepto, los docentes efectúan una precisión inicial en torno
a la evaluación psicológica forense, ya que al tener un objetivo específico
dentro de un proceso judicial, esta tiene unas particularidades que los
psicólogos y psiquiatras deben tener en cuenta.
Esas particularidades están dadas por el alto
riesgo de engaño que existe por parte de los examinados, pues pueden llegar
a mostrar u ocultar ciertas facetas de su personalidad para condicionar la
evaluación de forma que arroje el resultado que necesitan para beneficiarse
dentro del litigio. Por lo anterior, advierten que el perito forense debe
incluir factores para controlar ese riesgo de engaño o simulación por parte de
los evaluados.
Explican que la violencia psicológica,
de manera general, es una forma común de maltrato en la pareja y en la familia
con efectos muy difíciles de percibir. Es definida como “cualquier acto o
conducta que hiera la dignidad y que pueda provocar la desvalorización,
humillación, sufrimiento o enfermedad mental (insultos, vejaciones, crueldad
mental), así como aquellos actos o conductas que ocasionen un clima de angustia
(espía, ignorar, controlar los recursos económicos, amenazas y coacciones)”[71].
Adicionalmente, puntualizan que la
violencia de género es aquella ejercida “contra las mujeres en general,
por el hecho de ser mujer y que se sustenta con frecuencia… en creencias o
estereotipos sobre el rol tradicional de sumisión de la mujer a las tareas de
la casa y crianza…”.
Así mismo, describen la violencia en
pareja o doméstica como la consumada por uno de los cónyuges contra el
otro. Frente a esta última analizan dos tipos de agresores que denominan “cobra”
y “pitbull”. El primero con características de psicopático, violento en
general, calculador y controlador; y el segundo con rasgos fuertes de inseguridad
interior, celotípico, explosivo y que dirige su agresión al interior de la
pareja u hogar, mientras que hacia afuera se presenta como amable y
respetuoso.
A continuación, los profesores ratifican la
existencia de múltiples técnicas y procedimientos para establecer la presencia
de violencia psicológica al interior de una pareja y explican que lo relevante
es establecer unos lineamientos para que tales que procedimientos permitan
optimizar la evaluación forense. Así proponen las siguientes pautas:
·
Los forenses deben
efectuar una lectura previa del expediente judicial para enmarcar el caso antes
de la evaluación.
·
La evaluación debe
basarse tanto en entrevistas como en tests o pruebas psiquiátricas, para
contrastar los resultados y darles objetividad.
·
Las estrategias de
evaluación deben incluir herramientas para controlar los factores de engaño o
simulación.
·
Se deben dedicar varias
sesiones a la evaluación.
·
Las áreas a evaluar en
el agresor deben incluir autoestima, actitudes sexistas, consumo de alcohol o
drogas, actitudes violentas, apegos, personalidad, trastornos, manejo de ira y
hostilidad, historia personal, familiar, escolar, laboral, entre otros.
·
Las áreas a evaluar en
la víctima deben incluir personalidad, trastornos, ansiedad, depresión, estrés
postraumático, síntomas psicosomáticos, creencias sobre el mundo, autoestima,
nivel de funcionamiento global, apoyo social y consumo de alcohol y otras
drogas.
·
Se debe evaluar así
mismo los factores de la relación como la historia de la agresión, el impacto
del conflicto de la pareja en los hijos, la agresión hacia ellos y los acuerdos
y desacuerdos al interior de la pareja.
Según los docentes, las evaluaciones que se
encuentran en el expediente contentivo de este proceso “no siguen la mayoría
de los lineamientos reseñados, por lo cual se deberían incluir estrategias para
controlar, eliminar o reducir el riesgo de engaño”.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Competencia.
1. Corresponde a la Corte Constitucional analizar, en
Sala de Revisión, el fallo proferido dentro de la acción de tutela en
referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Presentación del caso y planteamiento de los problemas
jurídicos.
2. Diana Eugenia Roa Vargas solicitó el divorcio civil a su esposo
ante la jurisdicción de familia, por estimar que se configuró la causal 3ª del artículo 154 del Código
Civil, referente a “ultrajes, tratos crueles y maltratamientos de obra”. Para probar su alegato, la accionante relacionó diversas
situaciones en las que su esposo la agredió a partir de insultos, gritos,
actitudes celosas y posesivas, agresiones verbales y físicas, entre otras. En
dicho proceso la accionante presentó varias pruebas documentales y
testimoniales que, a su juicio, no fueron valoradas debidamente.
En dicho proceso se desestimaron las
pretensiones, ya que el Juzgado 4º de Familia de Bogotá consideró que no se probaron
agresiones físicas y psicológicas, que configuraran la causal alegada.
Por tanto, la accionante presentó acción de tutela contra el
referido Juzgado, al estimar que éste valoró indebidamente las pruebas y
desconoció los episodios de violencia física y psicológica a la que fue
sometida ella y sus dos hijas menores de edad, por parte de su marido. El
Juzgado accionado no presentó alegatos de defensa. Las instancias declararon
improcedente la acción de tutela debido a que la actora no propuso el recurso
de apelación en el proceso civil de divorcio, como lo alegó la demandante.
3. De acuerdo a los antecedentes reseñados, la Sala de Revisión debe, en primer lugar, determinar
si la presente acción de tutela contra providencias judiciales resulta
procedente. Y en segundo lugar, establecer si los derechos al
debido proceso, a la igualdad, a la intimidad, a la libertad de movimiento y a la
protección de la familia invocados por Diana Eugenia Roa Vargas, fueron vulnerados por el
Juzgado 4° de Familia de Bogotá, al no valorar integralmente las pruebas
presentadas en el proceso de divorcio.
4. En esa medida, antes de abordar la
resolución del caso concreto y dar solución a los problemas jurídicos
planteados, es necesario analizar los siguientes temas: i) la procedencia excepcional
de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) la violencia contra
la mujer como una forma de discriminación; iii) la violencia doméstica o
intrafamiliar y psicológica; y iv) la administración de justicia en perspectiva
de género.
Reglas jurisprudenciales sobre la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra sentencias judiciales. Reiteración de
jurisprudencia.
5. El artículo 86 de la Constitución Política consagró
la acción de tutela como mecanismo de protección de derechos fundamentales,
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por acción u omisión de
cualquier autoridad pública, incluidas las autoridades judiciales.
En desarrollo de este precepto, los artículos 11, 12 y
40 del Decreto 2591 de 1991 previeron la posibilidad de que cuando los jueces
emitieran decisiones que vulneraran garantías fundamentales, las mismas fueran
susceptibles de control por vía de tutela. Sin embargo, la Corte Constitucional
mediante la sentencia C-543 de 1992[72]
declaró la inexequibilidad de los referidos artículos. En ese fallo la
Corte precisó que permitir el ejercicio de la acción de tutela contra
providencias judiciales, transgredía la autonomía y la independencia judicial y
contrariaba los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
6. No obstante en tal declaración de inexequibilidad,
esta Corporación también estableció la doctrina de las vías de hecho,
mediante la cual se plantea que la acción de tutela sí puede ser invocada
contra una providencia judicial, cuando ésta es producto de una manifiesta
situación de hecho, creada por actos u omisiones de los jueces, que implica la trasgresión
o amenaza de un derecho fundamental.
En esa medida, a partir de 1992 se permitió la
procedencia de la acción de tutela para atacar, por ejemplo, sentencias que se
hubieran basado en normas inaplicables, proferidas con carencia absoluta de
competencia o bajo un procedimiento ajeno al fijado por la legislación vigente.
Tales vías de hecho fueron identificándose caso a caso[73].
7. Más adelante, esta Corte emitió la sentencia
C-590 de 2005[74],
en la que la doctrina de las vías de hecho fue replanteada en los
términos de los avances jurisprudenciales que se dieron en ese interregno. En
dicho fallo, la Corte diferenció dos tipos de requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, así: i) requisitos generales
de procedencia, con naturaleza procesal y ii) causales específicas de
procedibilidad, de naturaleza sustantiva.
Requisitos generales de procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales
8. La Corte en la sentencia C-590 de 2005 buscó hacer
compatible el control por vía de tutela de las decisiones judiciales, con los
principios de cosa juzgada, independencia y autonomía judicial y seguridad
jurídica. Por ello estableció diversas condiciones procesales para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, que deben
superarse en su totalidad, a fin de
avalar el estudio posterior de las denominadas causales especiales.
Tales
condiciones son: i) que la
cuestión sea de relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los
medios de defensa judiciales al alcance; iii) que se cumpla el principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que la misma sea
decisiva en el proceso; v) que se identifiquen, de manera razonable, los hechos
que generaron la vulneración de derechos fundamentales y vi) que no se trate de
una tutela contra otra tutela.
9. Frente a la exigencia de que lo discutido sea de evidente relevancia constitucional, esta Corte ha dicho que ello obedece al respeto por
la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las
demás jurisdicciones. Debe el juez de tutela, por lo tanto, establecer clara y
expresamente sí el asunto puesto a su consideración es realmente una cuestión
de relevancia constitucional, que afecte los derechos fundamentales de las
partes.
10.
El deber de agotar todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance del afectado, guarda relación con la
excepcionalidad y subsidiariedad de la acción de tutela, pues de lo contrario
ella se convertiría en una alternativa adicional para las partes en el proceso.
Esta exigencia trae consigo la excepción consagrada en el artículo 86 Superior,
que permite que esa exigencia pueda flexibilizarse cuando se trata de evitar
la consumación de un perjuicio irremediable.
11.
Adicionalmente, el juez debe verificar que la acción de tutela se invoque en un
término razonable y proporcionado, contado a partir del hecho vulnerador, a fin
de cumplir el requisito de la inmediatez. De no ser así, se pondrían en
juego la seguridad jurídica y la institución de la cosa juzgada, pues las
decisiones judiciales estarían siempre pendientes de una eventual evaluación
constitucional.
12.
Así mismo, cuando se trate de una irregularidad procesal, ésta debe haber
sido decisiva o determinante en la sentencia que se impugna y debe
afectar los derechos fundamentales del peticionario. Este requisito busca
que sólo las irregularidades verdaderamente violatorias de garantías
fundamentales tengan corrección por vía de acción de tutela, de manera que, se
excluyan todas aquellas que pudieron subsanarse durante el trámite, o que no se
alegaron en el proceso.
13.
También se exige que la parte accionante identifique razonablemente los
hechos que generaron la vulneración de derechos fundamentales. Este
requisito pretende que el actor ofrezca plena claridad en cuanto al fundamento
de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial. En este
punto, es importante que el juez de tutela verifique que los argumentos se
hubieren planteado al interior del proceso judicial, de haber sido esto
posible.
14.
La última exigencia de naturaleza procesal que consagró la tipología propuesta
en la C-590 de 2005, fue que la sentencia atacada no sea de tutela. Así
se buscó evitar la prolongación indefinida del debate constitucional, más aún
cuando todas las sentencias de tutela son sometidas a un proceso de selección
ante esta Corporación, trámite después del cual se tornan definitivas, salvo
las escogidas para revisión.
Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales
15. Ahora bien, frente a las causales especiales de
procedibilidad,  esta Corporación ha emitido innumerables fallos[75]
en los cuales ha desarrollado jurisprudencialmente los parámetros a partir de los cuales el
operador jurídico pueda identificar aquellos escenarios en los que la acción de
tutela resulta procedente para controvertir los posibles defectos de las
decisiones judiciales, para con ello determinar si hay o no lugar a la
protección, excepcional y restrictiva, de los derechos fundamentales por vía de
la acción de tutela[76].
Así las cosas, la jurisprudencia entendía que existían básicamente
tres defectos, el sustantivo, el procedimental y el fáctico; sin embargo, producto
de una labor de sistematización sobre la materia, en la sentencia C-590 de 2005 se indicó que puede configurarse una vía de hecho cuando se
presenta alguna de las siguientes causales:
·
Defecto orgánico que ocurre cuando el funcionario judicial que
profirió la sentencia impugnada carece, en forma absoluta, de
competencia.
·
Defecto procedimental absoluto que surge cuando el juez actuó totalmente al margen
del procedimiento previsto por la ley.
·
Defecto fáctico que se presenta cuando la decisión impugnada carece
del apoyo probatorio que permita aplicar la norma en que se sustenta la
decisión.
·
Defecto material o sustantivo que tiene lugar cuando la decisión se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o cuando existe una
contradicción evidente y grosera entre los fundamentos y la decisión.
·
El error inducido que acontece cuando la autoridad judicial fue objeto
de engaños por parte de terceros, que la condujeron a adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales.
·
Decisión sin motivación que presenta cuando la sentencia atacada carece de
legitimación, debido a que el servidor judicial incumplió su obligación de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que la soportan.
·
Desconocimiento del precedente que se configura cuando por vía judicial se ha fijado
un alcance sobre determinado tema, y el funcionario judicial, desconoce la
regla jurisprudencial establecida. En estos casos eventos, la acción de tutela
busca garantizar la eficacia jurídica del derecho fundamental a la igualdad.
·
Violación directa de la
Constitución que se deriva del
principio de supremacía de la Constitución, el cual reconoce a la Carta
Política como documento plenamente vinculante y con fuerza normativa.
16.
En el caso sub examine se alegan las causales referentes al defecto
fáctico y a la violación directa de la Constitución, por tanto, esta Sala
efectuará una breve caracterización de tales ítems, a fin de viabilizar el
estudio del caso concreto.
Defecto fáctico
17. Desde sus inicios esta Corte estableció que los
jueces de conocimiento tienen amplias facultades discrecionales para efectuar
el análisis del material probatorio en cada caso concreto[77]. Por ello
esta Corporación determinó que cuando se alega un error de carácter probatorio,
la evaluación de la providencia judicial por parte de un juez de tutela, debe
privilegiar los principios de autonomía e independencia judicial[78].
No obstante, tal poder discrecional debe estar
inspirado en los principios de la sana crítica, atender necesariamente
criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación, entre otros, y
respetar la Constitución y la ley. De lo contrario, la discrecionalidad sería
entendida como arbitrariedad judicial, hipótesis en la cual se configuraría la
causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría revocar la providencia
atacada[79].
18. Esta Corporación estableció, en su variada
jurisprudencia, que el defecto fáctico se configura cuando: i) existe una
omisión en el decreto de pruebas que eran necesarias en el proceso; ii) se da
una valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas; o iii) no se
valora en su integridad el material probatorio.
Así mismo, esta Corte puntualizó que el defecto
estudiado tiene dos dimensiones, una positiva[80]
y otra negativa[81].
La primera se presenta cuando el juez efectúa una valoración por “completo
equivocada”, o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello y, la
segunda, cuando omite o ignora la valoración de una prueba determinante o no
decreta su práctica sin justificación alguna.
Con todo, esta corporación ha sido enfática en señalar
que “para que la tutela resulte
procedente ante un error fáctico, ‘[e]l
error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto’”[82].
Violación directa de la Constitución
19.
Desde la interpretación que esta Corporación le ha dado al artículo 4º, se ha
establecido que la Constitución Política de 1991, tiene carácter vinculante y
fuerza normativa. Estos lineamientos guían nuestro actual modelo de
ordenamiento jurídico e implican que los preceptos y mandatos constitucionales son
de aplicación directa.
La
fuerza normativa de la Constitución es, entonces, lo que da fundamento a la
causal de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales
por violación directa a los mandatos constitucionales, en tanto, es factible
que una decisión judicial desconozca o aplique indebida e irrazonablemente tales
postulados.
20.
De manera específica, esta causal se configura cuando un juez toma una decisión
que va en contra vía de la Constitución
porque: “(i) deja de aplicar una
disposición ius fundamental a un caso concreto; o (ii) aplica
la ley al margen de los dictados de la
Constitución”[83].
Así
mismo esta Corte ha precisado que procede la tutela contra providencias
judiciales por violación directa de la Constitución, cuando: a) en la
solución del caso se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional[84];
b) se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de
aplicación inmediata; c) los jueces, con
sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no tienen en cuenta el
principio de interpretación conforme con la Constitución[85]; y d) si el juez encuentra,
deduce o se le interpela sobre una norma incompatible con la Constitución, y no
aplica las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales (excepción
de inconstitucionalidad)[86].
En
consecuencia, “esta Corporación, en su jurisprudencia, ha
precisado que el defecto de la violación directa de la Constitución es una
causal de tutela contra providencia judicial que se origina en la obligación
que les asiste a todas las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento
del mandato consagrado en el artículo 4° de la Carta Política, según el cual ‘la Constitución es norma de normas.
En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales’”[87].
La
violencia contra la mujer como una forma de discriminación. Principio de
igualdad y no discriminación.
21. La violencia contra la mujer es un
fenómeno que suele estar relacionado con diversas causas “sociales,
culturales, económicas, religiosas, étnicas,
históricas y políticas, que opera en conjunto o aisladamente en desmedro de la
dignidad”[88] humana, y que
afecta los derechos de un número gravemente significativo de seres humanos. Así,
se ha identificado que la violencia contra la mujer es “una manifestación de las relaciones de
poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”[89], que conduce a perpetuar la
discriminación contra ésta y a obstaculizar su pleno desarrollo.
22. Por ello, desde
diversas disciplinas se han aunado esfuerzos para promover una igualdad[90]
real y efectiva entre hombres y mujeres, que conlleve a la reducción de los
actos violentos a que diariamente son sometidas muchas mujeres en el mundo[91].
Lo anterior, debido a
que, como lo indica el ex Secretario General
de las Naciones Unidas, Kofi Annan, “la violencia contra la mujer es quizás
la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos,
culturales o de riquezas [y] mientras continúe, no podremos afirmar que
hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz”[92].
En esa medida, la comunidad
mundial es consciente que, erradicar las formas de discriminación contra las
mujeres y establecer condiciones de igualdad real y efectiva entre los géneros,
“es
indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del
mundo y la causa de la paz”[93].
Así, desde
la ciencia jurídica, se ha avanzado en la consagración normativa del principio
de igualdad y no discriminación en el tema de género, que ha sido
desarrollado a partir de herramientas presentes tanto en el plano internacional
como en el ordenamiento jurídico interno.
Protección en el plano internacional
23. En plano internacional los
tratados e instrumentos de mayor relevancia en este aspecto son la Declaración sobre la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (1967); la Convención sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación contra la Mujer, en adelante CEDAW (1981)[94]; la Declaración sobre la Eliminación
de la Violencia en contra de la Mujer (1993); y la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer (Beijing, 1995). Todos estos emanados de diversas dependencias de la
Organización de Naciones Unidas, ONU.
Así mismo, a nivel regional, la
Organización de Estados Americanos, OEA, en las Convenciones Americana sobre
Derechos Humanos[95]
e Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la
Mujer, “Convención de Belém do Pará”(1995)[96], proscribe este tipo de
discriminación.
24. Como ya se indicó, todos estos instrumentos internacionales
consagran el principio de igualdad y no discriminación y, adicionalmente,
algunos definen de diversa forma los conceptos de discriminación y violencia
contra la mujer.
Así, por ejemplo, se
puede citar el artículo 1° de
la CEDAW[97],
que señala que la
expresión discriminación contra la mujer “denotará toda distinción,
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y
la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
Frente a la definición de violencia contra
la mujer, el artículo 1° de la Declaración
de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia (1993)[98],
señala que por ésta “se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia
al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada”.
Tal
definición, según el artículo 2° de esa misma Declaración, comprende diversos
actos como la violencia física, sexual y psicológica que:
i)
Se produzca en la familia,
incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la
violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación
genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los
actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia
relacionada con la explotación;
ii)      se perpetúe dentro de la comunidad
en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación
sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la
trata de mujeres y la prostitución forzada;
iii)     se perpetúe o tolere por el Estado, donde quiera que
ocurra.
25. Respecto a la igualdad de
trato entre hombres y mujeres, al interior del matrimonio y las relaciones
familiares, también los referidos instrumentos internacionales señalan ciertas
medidas y mandatos que deben cumplir los Estados.
Por ejemplo, el artículo 16
de la CEDAW establece que éstos adoptarán todas la medidas adecuadas para que,
tanto hombres y mujeres, tengan los mismos derechos para decidir o no contraer
matrimonio, hacerlo sólo por su libre albedrío y pleno consentimiento y elegir
libremente el cónyuge. También se declara la obligación estatal de equiparar los
derechos y las responsabilidades de los cónyuges “durante el matrimonio y
con ocasión de su disolución”[99].
La Convención Interamericana
de Belém do Pará explica, por su parte, que toda mujer tiene derecho a una vida
libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado[100]. Y precisa que tal categoría implica:
“a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y b.
el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones
estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en
conceptos de inferioridad o subordinación”[101].
Protección a nivel
nacional
26. En Colombia, según el
artículo 13 de la Constitución, todas las personas son libres e iguales ante la
ley, por ende, susceptibles de recibir protección y trato equitativo por parte
de todas las autoridades y de gozar de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ningún tipo de distinción o segregación por motivos de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica.
Específicamente, frente a
la igualdad entre mujeres y hombres, el artículo 43 superior, establece
ecuanimidad de derechos y oportunidades, y proscribe expresamente cualquier
tipo de discriminación contra la mujer.
27. Adicionalmente, todos
los tratados internacionales anteriormente nombrados, al estar debidamente
ratificados por Colombia, hacen parte integrante del ordenamiento jurídico
interno. Y deben ser utilizados como fundamentos normativos para proteger a las
mujeres de cualquier tipo de discriminación o violencia a nivel nacional, con
fundamento en el artículo 93 superior que establece el bloque de
constitucionalidad.
28. A nivel legal se han
expedido variedad de leyes que buscan, desde diversos puntos de vista, eliminar
la brecha histórica y cultural que existe en el país entre hombres y mujeres.
Así se han adoptado medidas legislativas y jurisprudenciales en temas económicos[102],
laborales y de protección a la maternidad[103], de acceso a
cargos públicos[104], de libertades sexuales y reproductivas[105],
de igualdad de oportunidades[106], entre muchas otras. Por
supuesto, también se encuentra legislación referente a la violencia contra la
mujer y las formas para combatirla[107].
29. Igualmente, en 1996,
el Congreso de Colombia expidió la Ley 294 de 1996, por la cual se desarrolla el artículo 42 de la
Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la
violencia intrafamiliar.
En
dicha ley se identificaron los principios que toda autoridad pública debe
seguir al momento de evaluar un caso de violencia intrafamiliar[108], de los cuales se destacan, a) la primacía de los derechos fundamentales y el
reconocimiento de la familia como institución básica de la sociedad; b) que
toda forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía
y unidad, y por lo tanto, será prevenida, corregida y sancionada por las
autoridades públicas; c) la igualdad de derechos y oportunidades del
hombre y la mujer; entre otros.
Así mismo, dicha norma
estableció varias medidas de protección, el procedimiento a seguir cuando
ocurren actos de violencia y las formas de asistencia a víctimas del maltrato
intrafamiliar.
30. Con posterioridad, el
legislador expidió la Ley 1257 de 2008, por la
cual se dictaron normas para la sensibilización, prevención y sanción de todas
las formas de violencia y discriminación contra las mujeres.
Entre otros, los
objetivos principales de esta Ley fueron adoptar medidas para garantizar a las
mujeres una vida libre de violencias, tanto en el ámbito público como privado,
y facilitar el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales
establecidos para su protección y atención.
Así mismo, en dicha Ley se
establecen las definiciones de violencia contra la mujer[109]
y de daño psicológico, físico, sexual y patrimonial[110],
se enuncian las diferentes medidas de sensibilización y prevención que el
Estado colombiano adopta[111], y se consagran los criterios
de interpretación[112] y los principios que rigen las
actuaciones de las autoridades que conozcan de casos de violencia. Tales
principios de interpretación son los siguientes[113]:
·
Igualdad real y efectiva. Corresponde al Estado diseñar, implementar y
evaluar políticas públicas para lograr el acceso de las mujeres a los servicios
y el cumplimiento real de sus derechos.
·
Derechos humanos. Los derechos de las mujeres son Derechos Humanos.
·
Principio de Corresponsabilidad. La sociedad y la Familia son
responsables de respetar los derechos de las mujeres y de contribuir a la
eliminación de la violencia contra ellas. El Estado es responsable de prevenir,
investigar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres.
·
Integralidad. La atención a las mujeres víctimas de violencia
comprenderá información, prevención, orientación, protección, sanción,
reparación y estabilización.
·
Autonomía. El Estado reconoce y protege la independencia de las mujeres
para tomar sus propias decisiones sin interferencias indebidas.
·
Coordinación. Todas las entidades que tengan dentro de sus funciones la
atención a las mujeres víctimas de violencia deberán ejercer acciones
coordinadas y articuladas con el fin de brindarles una atención integral.
·
No Discriminación. Todas las mujeres con independencia de sus
circunstancias personales, sociales o económicas tales como edad, etnia, orientación
sexual, procedencia rural o urbana, religión entre otras, tendrán garantizados
los derechos establecidos en esta ley a través una previsión de estándares
mínimos en todo el territorio nacional.
·
Atención Diferenciada. El Estado garantizará la atención a las necesidades
y circunstancias específicas de colectivos de mujeres especialmente vulnerables
o en riesgo, de tal manera que se asegure su acceso efectivo a los derechos
consagrados en la presente ley.
31. Establecida, de manera general, la
normatividad nacional e internacional referente a la violencia contra las
mujeres, esta Sala considera necesario ahondar en los conceptos de violencia
doméstica o intrafamiliar y, en especial, violencia psicológica
por ser relevantes para la resolución del caso concreto.
¿Qué es violencia doméstica o
intrafamiliar?
32. La violencia doméstica o intrafamiliar
es aquella que se propicia por el daño físico, emocional, sexual, psicológico o
económico que se causa entre los miembros de la familia y al interior de la
unidad doméstica. Esta se puede dar por acción u omisión de cualquier miembro
de la familia.
Desde antaño, se ha reconocido que este
fenómeno ha sido invisibilizado en nuestra sociedad, a partir de la histórica
diferenciación entre los conceptos de “lo privado” y “lo público”,
que por décadas ha marcado una pauta de acción estatal nula o de indiferencia,
cuando se alegaban conflictos al interior del ámbito íntimo de la familia.
Según algunos académicos[114],
“hasta tal punto ha estado legitimada la violencia contra las mujeres, que
el filósofo […] John Stuart Mill denunciaba cómo en la Inglaterra del
XIX un respetable caballero inglés podía matar a su esposa sin temer ningún
castigo legal”.
33. A partir de las reivindicaciones
logradas en las últimas décadas por los distintos movimientos feministas[115], la
visibilización del fenómeno de la violencia intrafamiliar, en especial cuando
es física o sexual, se ha abierto en algunos espacios, en los cuales, inclusive,
se han posicionado algunos comportamientos como constitutivos de torturas y
tratos crueles contra la mujer al interior del hogar. Así, por ejemplo, esta
Corte, en sentencia C-408 de 1996[116], reconoció que:
“las mujeres están también sometidas a una
violencia, si se quiere, más silenciosa y oculta, pero no por ello menos grave:
las agresiones en el ámbito doméstico y en las relaciones de pareja, las cuales
son no sólo formas prohibidas de discriminación por razón del sexo (CP art. 13)
sino que pueden llegar a ser de tal intensidad y generar tal dolor y
sufrimiento, que configuran verdaderas torturas o, al menos, tratos crueles,
prohibidos por la Constitución (CP arts. 12, y 42) y por el derecho
internacional de los derechos humanos.
Así, según la Relatora Especial de Naciones
Unidas de Violencia contra la Mujer (sic), ‘la violencia grave en el hogar puede
interpretarse como forma de tortura mientras que las formas menos graves pueden
calificarse de malos tratos en virtud del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos’[117].”
34. A pesar de lo anterior, el Comité de Naciones
Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, al analizar la
violencia al interior del hogar, hizo hincapié en que la misma sigue siendo
invisibilizada por diversos factores. En especial, por prácticas culturales
tradicionales que establecen estereotipos sobre la mujer y por la consideración
de que la familia y las relaciones de los miembros al interior de ésta, se
circunscriben a un espacio privado y de poca acción estatal[118].
La Recomendación General número 19, emitida por el referido
Comité el 29 de enero de 1992, explicó que “la violencia en la familia es
una de las formas más insidiosas de la violencia contra la mujer”[119]. Por lo anterior,
recomendó a los Estados miembros de Naciones Unidas, que ratificaron la CEDAW,
establecer las medidas necesarias para resolver el problema de la violencia en
la familia.
Medidas dentro de las cuales figuran: i) sanciones
penales en los casos inexcusables y recursos civiles en caso de violencia en
el hogar; ii) legislación que elimine la defensa del honor como
justificativo para atacar a las mujeres de la familia o atentar contra su vida;
iii) servicios para garantizar la seguridad de las víctimas de violencia en la
familia, incluidos refugios y programas de asesoramiento y rehabilitación; iv)
programas de rehabilitación para agresores; y v) servicios de apoyo para las
familias en las que haya habido un caso de incesto o de abuso sexual.
También en 1994, en la Cuarta Conferencia de Beijing se indicó
que la violencia contra las mujeres y las niñas que ocurre en la familia o en
el hogar, a menudo es tolerada. “El abandono, el abuso físico y sexual y la
violación de las niñas y las mujeres por miembros de la familia y otros
habitantes de la casa, así como los casos de abusos cometidos por el marido u
otros familiares, no suelen denunciarse, por lo que son difíciles de detectar”[120].
En 2005, la Organización Mundial de la Salud presentó
el Informe titulado “El Estudio multipaís de la
OMS sobre salud de la mujer y la violencia doméstica contra la mujer”, en el
cuyo prólogo se indicó que “la violencia
doméstica, en particular, continúa siendo terriblemente común y es aceptada
como “normal” en demasiadas sociedades del mundo”.
Así mismo, en marzo de 2007, el
informe y las recomendaciones hechas al Estado colombiano, por parte del Comité
de la CEDAW[121],
precisó que “el reporte [sobre violencia doméstica] por parte del Instituto de Medicina Legal del
2005 [mostró] que las
mujeres constituyen el 84% de los 17.712 dictámenes
realizados, y el 84% de éstas son menores de edad. Asimismo, en 2005, el 41% de
las mujeres alguna vez unidas reportó haber sido víctima de violencia física
y/o sexual por su pareja, porcentaje no muy diferente al 39% reportado en 2000.
Lo anterior sin tener en cuenta que se presenta una muy baja tasa de denuncia o
búsqueda de ayuda: en 2005, el 76.1% de mujeres víctimas de violencia reportó
no haber buscado ayuda al respecto”.
Más recientemente, el II Informe sobre la implementación de la
Ley 1257 de 2008[122],
publicado en diciembre de 2013, señaló que “conforme a la información del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML), en el año
2012 se presentaron 65.210 casos de violencia intrafamiliar contra
mujeres, 47.620 casos de violencia ejercida por la pareja o expareja contra
mujeres, 18.100 casos de violencia sexual contra mujeres y 138 casos de
feminicidios íntimos.”
35. Se evidencia entonces que, a pesar de
los esfuerzos, todavía persisten obstáculos para la que violencia íntima o
doméstica pueda ser considerada como un acto real de violencia. Tales
obstáculos son, entre otros, la dicotomía entre las esferas público-privadas[123] y la
incapacidad cultural para ver el maltrato íntimo como violencia, debido a su
normalización en las culturas patriarcales o su invisibilización[124]. Por
ello, algunas feministas, afirman que “la
violencia contra la mujer es un acto político; su mensaje es la dominación:
‘Quédense en su sitio, o tengan miedo’”[125].
Por todo lo anterior, es necesario que la
sociedad y el Estado encaminen sus acciones hacia la generación de nuevos
marcos de interpretación de la violencia contra la mujer, en donde se analice
el problema personal que tiene una determinada víctima con su agresor, bajo una
concepción estructural y social del fenómeno de maltrato.
¿Qué es violencia psicológica?
36. La violencia psicológica se ocasiona
con acciones u omisiones dirigidas intencionalmente a producir en una persona sentimientos
de desvalorización e inferioridad sobre sí misma, que le generan baja de
autoestima. Esta tipología no ataca la integridad física del individuo sino su
integridad moral y psicológica, su autonomía y desarrollo personal y se
materializa a partir de constantes y sistemáticas conductas de intimidación, desprecio,
chantaje, humillación, insultos y/o amenazas de todo tipo[126].
37. Al estudiar este tema, la Organización
Mundial de la Salud presentó el precitado Informe titulado “Estudio multipaís de la
OMS sobre salud de la mujer y la violencia doméstica contra la mujer (2005)”[127]. De
los resultados de las investigaciones se destacan las conclusiones referentes
al maltrato psíquico inflingido por la pareja a la mujer, pues se
establece que el mismo es sistemático y en la mayoría de los casos es más
devastador que la propia violencia física.
En el Estudio[128] se
identificaron los actos específicos, que para la OMS son constitutivos de dicho
maltrato psicológico[129],
así:
·
Cuando
la mujer es insultada o se la hace sentir mal con ella misma;
·
cuando
es humillada delante de los demás;
·
cuando
es intimidada o asustada a propósito
(por ejemplo, por una pareja que grita y tira cosas);
·
cuando es amenazada con
daños físicos (de forma directa o indirecta, mediante la amenaza de herir a
alguien importante para ella).
Así mismo, ese
informe definió que cuando la pareja propicia maltrato psíquico sobre la mujer,
se registra un porcentaje más elevado de comportamiento dominante sobre la
misma, a partir del cual también se ejercen actos de intimidación como[130]:
·
impedirle ver a sus
amig[a/o]s;
·
limitar el contacto
con su familia carnal;
·
insistir en saber
dónde está en todo momento;
·
ignorarla o tratarla
con indiferencia;
·
enojarse con ella si
habla con otros hombres;
·
acusarla
constantemente de serle infiel;
·
controlar su acceso
a la atención en salud.
38. Como se evidencia, las conductas descritas
como constitutivas de violencia psicológica por la OMS, son concordantes con
las presentadas por las organizaciones, entidades y universidades que esta Sala
invitó a intervenir en este proceso, cuyas consideraciones ya fueron reseñadas
y que, si bien no se repetirán en este acápite, serán tenidas en cuenta para la
solución de este caso concreto. No obstante, de lo expuesto en tales
intervenciones se pueden sintetizar las siguientes conclusiones sobre la violencia
psicológica:
·
Se trata de
una realidad mucho más extensa y silenciosa, incluso, que la violencia física y
puede considerarse como un antecedente de ésta.
·
Se ejerce a
partir de pautas sistemáticas, sutiles y, en algunas ocasiones, imperceptibles
para terceros, que amenazan la madurez psicológica de una persona y su
capacidad de autogestión y desarrollo personal.
·
Los
patrones culturales e históricos que promueven una idea de superioridad del
hombre (machismo – cultura patriarcal), hacen que la violencia
psicológica sea invisibilizada y aceptada por las mujeres como algo “normal”.
·
Los
indicadores de presencia de violencia psicológica en una víctima son:
humillación, culpa, ira, ansiedad, depresión, aislamiento familiar y social,
baja autoestima, pérdida de la concentración, alteraciones en el sueño,
disfunción sexual, limitación para la toma decisiones, entre otros.
·
La
violencia psicológica a menudo se produce al interior del hogar o en espacios
íntimos, por lo cual, en la mayoría de los casos no existen más pruebas que la
declaración de la propia víctima.
De esta manera queda claro que la
violencia psicológica contra la mujer, como una de las formas de violencia más
sutil e invisibilizada, tiene fuertes implicaciones individuales y sociales que
contribuyen a perpetuar la discriminación histórica contra las mujeres. Por
tanto, es necesario darle mayor luz a este fenómeno para que desde lo social,
lo económico, lo jurídico y lo político, entre otros, se incentiven y promuevan
nuevas formas de relación entre hombre y mujeres, respetuosas por igual, de la
dignidad de todos los seres humanos en su diferencia y diversidad.
La administración de justicia en
perspectiva de género.
39. A partir de todo lo analizado hasta ahora, para
esta Corte es claro que, de los mandatos contenidos en la Constitución y en las
Convenciones sobre protección a la mujer[131],
se deduce que el Estado tiene obligaciones ineludibles en torno a la
eliminación de cualquier tipo de discriminación o violencia ejercida contra una
persona por razón de su sexo.
Así, por ejemplo, se extrae que el Estado debe a)
garantizar a todos y todas, una vida libre de violencia y discriminación por
razón del sexo; b) prevenir y proteger a las mujeres y las niñas de
cualquier tipo de discriminación o violencia ejercida en su contra; e c)
investigar, sancionar y reparar la
violencia estructural contra la mujer, entre muchas otras.
40. Esta última obligación, en esencia, dentro de
nuestro ordenamiento, está en cabeza de la Rama Judicial del Poder Público; por
lo que, son los operadores judiciales del país quienes deben velar por su
cumplimiento. Sin embargo, como quedó evidenciado, una de las mayores
limitaciones que las mujeres encuentran para denunciar la violencia, en
especial la doméstica y la psicológica, es la tolerancia social a estos fenómenos,
que implica a su vez la ineficacia de estos procesos y las dificultades
probatorias a las que se enfrenta la administración de justicia frente a estos
casos.
Estas razones explican también los altos niveles de
impunidad y el mantenimiento de conductas discriminatorias contra las mujeres,
incluso provenientes de esos mismos operadores de justicia.
Debido a lo anterior, según
algunas investigadoras, “la justicia, en su dimensión normativa, estructural
y funcional, requiere de una remoción en sus cimientos para responder a las
necesidades de las mujeres ante las diversas modalidades de […] discriminación,
[…] violencia y […] coerción que se manifiestan en las vidas
concretas”[132].
41. Ahora bien, a pesar
de las limitantes descritas, esa remoción de cimientos en la
administración de justicia en Colombia ha tenido avances normativos importantes
en materia penal. Que han permitido poco a poco desnaturalizar la violencia
física y sexual contra las mujeres y abrirles a éstas, algunos espacios
judiciales propicios para lograr reparaciones, reivindicaciones y sanciones a
los responsables.
En ese sentido, es
necesario ver cómo la justicia penal ha introducido, al menos a nivel
normativo[133], la perspectiva de género, en
especial, en materia de violencia sexual, violencia física y violencia contra
las mujeres al interior del conflicto armado[134].
En estos ámbitos, hoy en
día, son claros los parámetros y estándares que deben seguir fiscales, jueces y
cualquier otro funcionario del sistema judicial cuando se enfrenta a la
solución de un caso que involucra violencia física y sexual contra la mujer. En
especial para la consecución, custodia y valoración de las pruebas, pues estos
eventos deben estar regidos por los principios de igualdad y respeto, entre
otros.
Aunque no puede afirmarse
que tales parámetros y estándares ya fueron totalmente integrados por los
operadores jurídicos en materia penal, existen evidencias de su aplicación. Lo
anterior, posiblemente responde a que las violencias física y sexual han sido
las primeras en visibilizarse y al creciente repudio social que genera el uso
de la fuerza física entre personas civilizadas, que se ha dado en las sociedades
que se precian de modernas.
42. Ahora bien, al
recordar la clásica función del derecho penal como última ratio,
es preciso cuestionarse sobre el papel que ejerce el Estado, a través de jueces
y magistrados, en torno a su obligación de prevenir y propiciar
a las mujeres una vida libre de violencias. ¿Qué pasa con el derecho civil y el
derecho de familia?, ¿acaso no son éstos espacios al interior de la estructura
jurídica, que sirven para prevenir o evitar que las controversias entre los
conciudadanos lleguen a instancias penales?
La reflexión evidencia
que, hasta ahora, sólo los casos de mayor “gravedad”, han tenido
respuestas estatales que involucran una perspectiva de género en la
administración de justicia. Así, este planteamiento permite formular una
premisa que ha sido dominante: por regla general, la perspectiva de género
en la administración de justicia, sólo se aplica en los procesos judiciales,
con sus limitaciones propias, cuando está en riesgo grave la integridad
física y/o la vida de las mujeres; es decir en materia penal.
43. Sin embargo, esta
pauta de acción no es suficiente, ya que, es claro que existen diversos tipos
de violencia, ante las cuales el Estado debe proporcionar múltiples y
coordinadas soluciones. Por ello, desde la administración de justicia, la
protección a las mujeres en materia penal debe continuar, e incluso,
incrementarse, pero no se puede dejar de lado la protección desde el ámbito
civil y de familia.
Si esto ocurre, el Estado
estaría “sacando” de la dicotomía público-privado, fórmula propia
de este tipo de discriminación, sólo a las violencias física y sexual, abandonando
su posibilidad de intervenir cuando se presenta el maltrato doméstico y
psicológico, lo cual evidentemente no le está permitido.
44. Por ello, debe
ampliarse la aplicación de criterios de interpretación diferenciados, cuando,
por ejemplo, colisionen los derechos de un agresor y una víctima de violencia
doméstica o psicológica, en un proceso de naturaleza civil o de familia.
De este modo, en aras de
una igualdad procesal realmente efectiva, es claro que en ningún caso los derechos del agresor
pueden ser valorados judicialmente por encima de los derechos humanos de la
mujer a su integridad física y mental y a vivir libre de cualquier tipo de
violencia.
Si la ponderación judicial se inclina en favor del
agresor, bajo la perspectiva de falta de pruebas, sobre la base de la dicotomía
público-privado que lo favorece, es necesario verificar si el operador
judicial actúa o no desde formas estereotipadas de ver a la familia y a la
mujer, que contribuyen a normalizar e invisibilizar la violencia. Formas que
sin duda, parten del supuesto de la no-intervención estatal en el ámbito de la “intimidad”.
Frente a este aspecto esta Corte, en sentencia C-408 de 1996[135], manifestó:
“No se puede entonces invocar la
intimidad y la inviolabilidad de los hogares para justificar agresiones contra
las mujeres en las relaciones privadas y domésticas. Es más, esta violencia
puede ser incluso más grave que la que se ejerce abiertamente, pues su
ocurrencia en estos ámbitos íntimos la convierte en un fenómeno silencioso,
tolerado, e incluso, a veces, tácitamente legitimado. Hace tan solo 30 años, en
1954, en un país de alta cultura democrática como Inglaterra, el comandante de
Scotland Yard se jactaba de que en Londres había pocos asesinatos y que muchos
de ellos no eran graves pues eran simplemente ‘casos de maridos que matan a sus
mujeres.[136]’
Esto explica que esta violencia
doméstica contra la mujer sea un fenómeno poco conocido y denunciado ante las
autoridades pero que, todo indica, adquiere proporciones alarmantes. Así,
según ciertas investigaciones, en Estados Unidos sólo se denuncia uno de cada
cien casos de violencia en el hogar[137].
Y en Colombia, según lo señalan los propios debates parlamentarios en la
discusión del presente tratado [Convención Interamericana
de Belém Do Pará], las múltiples formas de violencia contra la mujer
comienzan apenas a ser documentadas, con enormes dificultades relacionadas con
la naturaleza misma del fenómeno, el cual es visto como ‘natural’ dentro de una
cultura discriminatoria, que no es exclusiva de nuestro país, considerado como
asunto privado de la mujer o de la familia y no denunciado, ya que la mujer
agredida no goza de presunciones que la favorezcan ni de facilidades
procesales  para acreditar el delito.”
45. En relación con este mismo tema, la Comunicación
número 2/2003 del Comité de Naciones Unidas para la verificación de la CEDAW (caso
Sra. A. T. contra Hungría) manifestó expresamente que “los derechos humanos
de la mujer a la vida y a la integridad física y mental no pueden ser
anulados por otros derechos, como el derecho a la propiedad y el derecho a la
intimidad”[138].
Lo anterior, fue reiterado en la Comunicación número
5/2005 del mismo Comité (caso Sahide Goekce contra Austria), cuando se
explicitó, en alusión a la violencia en el hogar, “que los derechos del
agresor no pueden estar por encima de los derechos humanos de las mujeres a la
vida y a la integridad física y mental”[139].
46. Así es claro que en
materia civil y de familia, la perspectiva de género, también debe orientar las
actuaciones de los operadores de justicia, en conjunto con los principios constitucionales
y la especial protección otorgada a la mujer, cuando es víctima de cualquier
tipo de violencia.
Lo anterior, es aún más relevante si se
tiene en cuenta que la estructura misma de los procesos llevados a cabo ante
esas jurisdicciones, encuentra sus bases en una presunción de igualdad de
las partes procesales, o principio de igualdad de armas, que
justifica el carácter dispositivo y rogado de tales procesos.
47. Ahora bien, esta Sala debe preguntarse
si frente a la discriminación estructural contra las mujeres, que evidentemente
persiste en muchos ámbitos jurídicos y judiciales, ¿es posible mantener el
velo de la igualdad de armas sin que ello implique el desconocimiento de
las obligaciones estatales de prevenir, investigar y sancionar cualquier tipo
de violencia contra la mujer?
Para dar solución a ese cuestionamiento,
esta Sala recuerda que desde hace varias décadas los distintos movimientos
feministas han denunciado la falta de neutralidad de ciertas estructuras
sociales como, por ejemplo, el Derecho. Así se explica que desde la “universalización”
de determinados valores, se logra dar un velo de neutralidad a diversas
instituciones, en ese caso, a la administración de justicia.
Desde esa concepción y a partir de los
análisis previos, es posible concluir que el derecho civil y de familia en
Colombia está basado en ciertos valores “universales” que le otorgan un
halo de neutralidad importante. Principios como la autonomía de la voluntad, la
igualdad de armas, la justicia rogada, la rigidez procesal y el formalismo
probatorio, muestran que esas jurisdicciones dan un trascendental lugar a la
verdad procesal, por encima, muchas veces, de realidades fácticas
estructuralmente desiguales.
48. Tal es el caso de la posición de
muchas mujeres frente a la administración de justicia cuando sus denuncias y/o
reclamos son considerados como asuntos privados, producto de visiones que
reflejan la desigualdad histórica y estructural contra éstas. En estos casos,
esa neutralidad de la justicia, puede ser problemática, pues detrás de
ese velo, son identificables diversas barreras impuestas por la violencia y la
discriminación contra éstas. En efecto, la falta de recursos económicos, la
vergüenza, las amenazas, las intimidaciones, las distancias físicas o
geográficas, la falta de orientación, la invisibilización, los estereotipos de
género presentes en los operadores jurídicos, entre otras situaciones, son
factores que permiten concluir que bajo una perspectiva de género una
víctima de violencia en Colombia no llega en igualdad de armas procesales a un
proceso civil o de familia.
49. Para dar soporte a lo anterior es
necesario resaltar que en el precitado
informe sobre la implementación de la Ley 1257 de 2008[140], se evidenció que  “la
cultura política de los operadores de justicia sigue permeada por patrones de
discriminación contra la mujer, en tanto no investigan los casos de acoso
sexual adecuadamente, y cuando abren las investigaciones exigen niveles de
prueba que no se corresponden con las dificultades propias de los casos de
violencia […] y que más bien tienen una valoración soterrada de la menor
gravedad del delito”.
También la Relatoría sobre los Derechos
Humanos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su
informe sobre “El acceso a la justicia para las mujeres víctimas de
violencia en las Américas”[141],
reveló que[142]:
“147. Además de las deficiencias en materia de
investigación, la CIDH observa con preocupación la ineficacia de los sistemas
de justicia para juzgar y sancionar los casos de violencia contra las
mujeres.  La Comisión ha constatado que ciertos patrones
socioculturales discriminatorios influyen en las actuaciones de los
funcionarios en todos los niveles de la rama judicial, lo que se traduce en
un número aún ínfimo de juicios orales y sentencias condenatorias que no
corresponden al número elevado de denuncias y a la prevalencia del problema. La
CIDH ha podido verificar que la violencia y la discriminación contra las
mujeres todavía son hechos aceptados en las sociedades americanas, lo cual
se ve reflejado en la respuesta de los funcionarios de la administración de la
justicia hacia las mujeres víctimas de violencia y en el tratamiento de los
casos.  Existe asimismo una tendencia a considerar los casos de
violencia contra las mujeres como conflictos domésticos, privados y no
prioritarios que deben ser resueltos sin la intervención del Estado.
148.
Las siguientes dos frases expresadas durante las reuniones de trabajo
organizadas por la Relatoría resumen el parecer de la mayoría de las expertas y
expertos consultados durante la implementación de este proyecto, sobre la
fuerte barrera estructural que representa la cultura cuando las mujeres
denuncian hechos de violencia en sus países:
La cultura patriarcal es parte de la formación de la mentalidad de
gran parte de los pueblos, de forma que la violencia contra las mujeres es en
realidad el síntoma y no la enfermedad.  Las mujeres sólo tendrán igualdad
de acceso a la justicia, y la violencia contra la mujer sólo será eliminada,
cuando se construya una mentalidad que las conciba como iguales y no como
inferiores, pues ésta es la causa estructural de la violencia contra las
mujeres.
Los
cambios son buenos, pero no hemos transformado nuestra sociedad.”
50. Por todo lo expuesto, es evidente que
los esfuerzos en pro de la eliminación de la violencia y la discriminación
contra las mujeres, en este caso, desde la administración de justicia, no han
sido suficientes. Por tanto, se debe ahondar en la construcción de marcos
interpretativos que ofrezcan a los operadores jurídicos visiones más amplias y
estructurales del problema, que les permitan ofrecer soluciones judiciales
integrales y que aporten, desde su función, a la reconfiguración de los
mencionados patrones culturales discriminadores.
Caso concreto.
51.  Diana Eugenia Roa Vargas solicitó el divorcio de su esposo ante la
jurisdicción de familia, por estimar que se configuró la causal 3ª del artículo 154 del Código
Civil, referente a “ultrajes, tratos crueles y maltratamientos de obra”. Para probar su alegato, la accionante relacionó diversas
situaciones en las que su esposo la agredió a partir de insultos, gritos,
actitudes celosas y posesivas, agresiones verbales y físicas, entre otras. En
dicho proceso la accionante presentó varias pruebas documentales y
testimoniales que, a su juicio, no fueron valoradas debidamente.
En dicho proceso se desestimó las
pretensiones, ya que el Juzgado 4º de Familia de Bogotá consideró que no se
probaron agresiones físicas y psicológicas, que configuraran la causal alegada.
Por tanto, la accionante presentó acción de tutela contra el
referido Juzgado, al estimar que éste valoró indebidamente las pruebas y
desconoció los episodios de violencia física y psicológica a la que fue
sometida ella y sus dos hijas menores de edad, por parte de su marido. El
Juzgado accionado no presentó alegatos de defensa.
52. Como quedó reseñado, la Sala de Familia del
Tribunal Superior de Bogotá y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia
declararon improcedente la acción de tutela, pues la demandante no agotó todos los
medios de defensa judiciales, al no interponer el recurso de apelación contra
la sentencia que ataca.
Debido a lo anterior, esta Sala inicialmente evaluará
si la presente acción de tutela cumple los requisitos generales de
procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, en los términos
vistos al inicio de esta providencia.
Examen de requisitos generales de
procedencia
53. El presente asunto es de evidente relevancia
constitucional, en tanto versa sobre la protección de una mujer víctima de
violencia doméstica, física y psicológica, frente a quien el Estado tiene el
compromiso de escuchar, validar y responder conforme a derecho.
Esta situación, como se explicó, no debe
evaluarse sólo desde una perspectiva individual, pues la violencia y la discriminación
contra las mujeres es una cuestión estructural que compete a todo el Estado y
que lo obliga a actuar desde sus diversas dependencias, incluida la Rama
Judicial del Poder Público, a partir de una perspectiva de género. Lo anterior
en virtud al deber de cumplimiento de las obligaciones adquiridas a nivel
internacional y de las consagradas en los artículos 42, 43, 44 y 93 de la Constitución
colombiana.
54. La Sala encuentra que se cumple además
el requisito de inmediatez, ya que la última actuación que dio cierre al
proceso de divorcio iniciado por la accionante, se produjo el 28 de mayo de
2013, y la acción de tutela se instauró el 3 de septiembre de 2013. Es decir,
sólo transcurrieron 4 meses aproximadamente entre las actuaciones, lapso
razonable y proporcionado para la preparación del escrito de tutela y la organización
de todos los documentos aportados.
55. La accionante en su demanda y en la impugnación,
identificó de manera razonable los hechos que considera violatorios de sus
derechos fundamentales. Explicó los argumentos por los cuales encontró que
el Juzgado 4° de Familia de Bogotá incurrió en vías de hecho por defecto
fáctico y violación directa de la Constitución.
56. Al verificar que la accionante no
usó todos los medios de defensa ordinarios que tuvo a su alcance, esta
Sala debe entrar a explicar por qué el mecanismo de la acción de tutela, sí es
procedente en este caso particular y concreto.
En el presente caso, la accionante explicó
las razones por las cuales no le fue posible instaurar el recurso de apelación.
Precisó que debido al abandono económico de su marido, ella asumió toda la
carga de su sostenimiento y el de sus dos pequeñas hijas, por lo cual, no pudo
pagarle al abogado quien se desinteresó del caso y no apeló. Esta Sala evalúa
esas razones desde varias perspectivas:
i)
Es claro que el
abandono económico del marido (violencia económica), hace parte de la
violencia estructural que sufre la accionante, por tanto, hacer caso
omiso de este aspecto, sería contribuir a la normalización e invisibilización
de la violencia, como ya se explicó.
ii)
Negar el acceso a
la administración de justicia en este caso, debido a una formalidad,
contribuiría a perpetuar los niveles de impunidad y tolerancia social a los
fenómenos de violencia y discriminación contra las mujeres, que fueron
descritos en esta sentencia. Así mismo desestimularía aún más, la poca denuncia
de este tipo de violencias en el país.
iii)
Debido a que, como
se evidenció en los fundamentos 48 y 49 de esta providencia, en Colombia aún
persisten patrones culturales discriminatorios y estereotipos de género que
permean el actuar de la mayoría de los operadores judiciales, es posible inferir
que en este caso particular y concreto, la accionante hubiera obtenido un
resultado similar en la instancia de apelación, al obtenido en la primera
decisión. Por lo tanto, la garantía de la efectividad e idoneidad de ese medio para
proteger materialmente sus derechos, obviamente no generaba certeza.
iv)
Desconocer la
situación de vulnerabilidad en este caso y hacer prevalecer un argumento
procesal sobre la protección sustancial de los derechos de la mujer violentada,
configuraba una revictimización de la accionante y un caso de indiferencia
estatal frente a la violencia estructural de género.
57.
Aunado a lo anterior, la Sala recuerda
que en Colombia los principios que rigen
el derecho procesal pueden ser usados transversalmente dentro de toda actuación
judicial, (incluida la tutela) para permitir la armonización de las normas que
rigen cada caso particular, con los postulados constitucionales.
Así,
dos de tales principios de raigambre constitucional son los consagrados en los
artículos 29[143]
y 228[144]
Superiores, el debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial.
De estos se deduce que los procedimientos y las formas están consagrados como
medios o herramientas para encauzar la materialización de los derechos
sustanciales, “dentro de una vía preestablecida y recorrida de manera justa,
equitativa y respetuosa, que enriquezca la legitimidad de la decisión tomada”[145].
La aparente tensión que pudiera generarse entre el
respeto por las formalidades procesales y la primacía del derecho sustancial,
en este caso, encuentra solución “en la concepción de las formas
procedimentales como un medio para lograr la efectividad de los derechos
subjetivos, y no como fines en sí mismas”[146]. En esa misma
línea la sentencia T-654 de 2009[147],
reiteró que:
“El derecho de acceso a la administración
de justicia aparece, ciertamente, como el derecho formal a acceder a la
justicia, pero además a acceder a una justicia que busque, en la mayor medida
posible, proveer una decisión de fondo para el asunto presentado.[148] Así,
una violación del derecho a acceder a la administración de justicia se presenta
no sólo cuando al actor se le dificulta o imposibilita tal acceso, sino también
cuando la administración de justicia le permite acceder, pero no evalúa sus
pretensiones o las evalúa tan sólo en apariencia, pues acaba tomando en
realidad una decisión con base en consideraciones superficiales o de carácter
excesivamente formal, que no tienen valor instrumental en la garantía de otros
derechos fundamentales, en un caso en que es posible adoptar una decisión
diferente con fundamento en una interpretación orientada a la protección
efectiva de los derechos fundamentales[149].”
Por tanto, debido a las especificidades de
este caso concreto, se aplica el principio de prevalencia del derecho
sustancial, en torno al acceso a la administración de justicia de Diana Eugenia
Roa Vargas, y se considera superado este requisito.
58. Por último, evidentemente no se trata
de una irregularidad procesal, ni de una acción de tutela contra sentencia de
esa misma naturaleza. Por todo lo anterior, esta Sala de Revisión de Tutelas
encuentra que esta acción de tutela es procedente y, en esa medida, pasará a
verificar si se configuran las causales específicas alegadas; esto es, el
defecto fáctico y la violación directa de la Constitución.
Configuración de los defectos fáctico y violación
directa de la Constitución.
59. Debe recordarse que la acción de tutela contra
providencias judiciales, tiene la clara finalidad de confrontar la actuación
judicial con el texto superior, para verificar el cumplimiento, garantía y
realidad de los derechos fundamentales, conforme a lo enunciado previamente en
esta providencia.
De manera preliminar, esta Sala encuentra que el
Juzgado accionado evadió el cumplimiento de garantías fundamentales e infringió
sus deberes constitucionales de aplicar la Constitución, que eran determinantes
en la valoración del caso concreto de la señora Diana Eugenia Roa Vargas. Por
tanto, en principio, esta situación hace que a través de la acción de tutela
sea legítimo evaluar de fondo este caso.
60. En esa medida es necesario establecer
si la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto fáctico y la violación
directa de la Constitución alegada, al valorar indebidamente las pruebas
presentadas por la accionante y no aplicar directamente los mandatos contenidos
en los artículos 42, 43, 44 y 93 de la Constitución.
Recuérdese que la
accionante identificó tres situaciones para la configuración de los defectos
indicados, así:
i)
El
Juzgado encuentra probado el conflicto familiar, pero no considera este hecho
como constitutivo de violencia intrafamiliar. El Juzgado desconoce que existe
violencia psicológica y omite su valoración a lo largo del proceso.
ii)      Se desestimaron los
testimonios de su jefe, una compañera de trabajo y de su hermana. En su mayoría
la Juez estimó que esos testimonios no era válidos debido a que no fueron
rendidos por testigos presenciales y por tanto constituían pruebas de
oídas, con lo cual hizo prevalecer la intimidad del hogar, sobre los
derechos de la víctima.
iii)    El Juzgado no valoró las
pruebas documentales en su integridad. En especial ignoró el peritaje que sobre
la pareja, había hecho un experto del Instituto de Medicina Legal, que da
cuenta de las conductas que son indicativas de violencia psicológica, como
adaptación de la víctima, depresión, estrés, angustia, aislamiento social y
familiar, entre otros.
61. Frente al primer
aspecto (conflicto familiar) en la sentencia atacada se lee:
“Del material probatorio
incorporado oportunamente al proceso, queda evidenciado la existencia del
conflicto familiar de los esposos DIANA EUGENIA ROA VARGAS y JORGE HUMBERTO
MESA MESA, quienes durante el trayecto del matrimonio, exactamente para el
año 2007, la cónyuge se ve en la necesidad de solicitar amparo de protección
por parte de la Comisaría Once de Familia de Bogotá, trámite administrativo que
termina en conciliación, cuyo objetivo no es otro que restaurar su matrimonio,
reforzándose en terapia de pareja, como efectivamente ocurre, con el nuevo
acontecimiento, como lo fue el nacimiento de la segunda hija de éstos, la menor
ISABELA.
Conflicto que continuó y
que aún persiste en el tiempo, como se extrae de la prueba
testimonial de LUZ AMPARO ROA VARGAS, LILIANA ROMERO TOVAR, y que conllevó a la
separación de hecho de la pareja, situación que corrobora la versión de la
Moner GABRIELA MESA ROA, al referir en su entrevista que ya no vive con su
padre, y que cuando éstos convivían casi no se hablaban y cuando lo hacían
empezaban a pelear.”[150]
62. Al evaluar este
extracto de la sentencia, esta Sala estima que sí se configura el defecto
fáctico y la violación directa a la Constitución, debido a que la valoración
que hace la Juez 4ª de Familia de Bogotá contribuye a normalizar el conflicto
intrafamiliar, pues lo ve como un aspecto trivial y cotidiano, que deben
soportar los miembros de la familia. Esta mirada contiene diversos estereotipos
de género que no pueden seguir pasando por alto, en las esferas judiciales.
Detrás de ese argumento,
está la idea de que la mujer debe soportar las peleas y los maltratos (así sean
mutuos) por varios años (desde 2007) y buscar la forma de adaptarse al
conflicto, pues si no se llega a los “golpes”, el conflicto no amerita
la disolución del matrimonio. Se privilegia entonces ese vínculo, por encima de
la salud mental de los miembros de la familia.
Lo anterior, desconoce los
mandatos de los artículos 42, 43 y 44 superiores, en torno al necesario reproche
que debe tener toda forma de violencia al interior de la unidad familiar y la
obligación de garantizar un desarrollo armónico e integral a los hijos dentro
del hogar. También desconoce las obligaciones que el Estado colombiano adquirió
a nivel internacional, en especial, las encaminadas a buscar la eliminación
progresiva de los estereotipos discriminatorios[151].
63. Frente al segundo aspecto,
(valoración de testimonios) en la sentencia atacada se lee:
“Ahora probado como quedó la vivencia de la
problemática familiar de la pareja MESA-ROA, veamos si se probaron los hechos
en que funda la causal 3ª del artículo 154 del Código Civil […] al respecto los declarantes,
FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI LARA expone que si bien la conocen (sic) hace
4 años, por ser su jefe, de su vida familiar nada le consta, solo se limita a
referir que en ocasiones ha notado estado de tensión o presión en DIANA
EUGENIA ROA VARGAS, y la petición de la misma, respecto a la exclusión de
un viaje al exterior… para no indisponer a su esposo dado que sufría de unos
celos agresivos y enfermizos.
Por su parte, la testigo LILIANA ROMERO
TOVAR, compañera laboral de la actora,… es conocedora del conflicto familiar de
éstos, por la conducta y actitudes que presenta DIANA EUGENIA en su trabajo,
como lo es, la angustia
en salir puntual de este (sic) a las cinco de la tarde porque va a
recoger a sus menores hijas, no compartir la reunión de la Calera que se
hizo en ‘chiva’…, evitar las salidas fuera del país con ocasión al
trabajo, su aislamiento, nerviosismo, desconcentración en el
trabajo, el no almorzar, todo para evitar problemas con su cónyuge
JORGE HUMNETRO MESA MESA…”[152]
64. Esta Sala estima que también en la
evaluación de este aspecto de la sentencia la Juez incurrió en los defectos
alegados. Lo anterior es evidente después de estudiar los comportamientos que
una víctima de violencia psicológica demuestra.
Así de las intervenciones reseñadas y de lo
expuesto en los fundamentos 36 a 38 de esta providencia, se extrae que el
estado de tensión, la angustia, el aislamiento, el nerviosismo y la
desconcentración en el trabajo de Diana Eugenia Roa Vargas, generados por los
celos enfermizos y agresivos de su esposo, son muestras de los malos tratos
psicológicos a que ésta es sometida. Por lo cual, contrario a lo valorado por
la Juez, si estaba demostrada la causal alegada.
65. El otro testimonio que la accionante estimó mal
valorado fue el de su hermana, respecto del cual, se puede leer en la sentencia atacada:
“… por su cercanía con la pareja en
conflicto, quien solo vive a una distancia de dos cuadras y media de la
casa de ésta, y por el ámbito reservado que caracteriza la relación conyugal,
es la más idónea para testificar sobre las circunstancias que rodearon
la ruptura marital…, pero si bien es cierto que ha sido testigo presencial
de los hechos de agresión de JORGE HUMBERTO MESA MESA hacia DIANA EUGENIA ROA
VARGAS, como lo fue de los ocurridos en el grado de una sobrina cuando le
insinuó ‘qué hacía encerrada en un baño dejándose manosear por un muchacho de
grado once’, es de anotar que los mismos sucedieron con anterioridad a la
celebración del matrimonio de los citados cónyuges, y que no vienen al caso que
nos ocupa.
[…]
Y en cuanto a los hechos de maltrato que
dice fue víctima su hermana por parte de su esposo para el mes de julio de
2010, cuando agrede a DIANA, propiciándole dos cachetadas, la empuja, su
conocimiento proviene de los que ésta le ha comentado, aunado que no obstante
su cercanía con la casa de su hermana, hace 3 o 4 años que no ingresa a la
misma, motivado (sic)
en los celos enfermizos que el demandado le tiene al esposo de la
declarante, señor CARLOS SAMUÉL, sin que los mismos hayan sido probados,
se convierte en relación con estos hechos en un testigo de oídas, a quien
esta juzgadora le resta valor probatorio a sus dichos.
[…]
… es necesario tener en cuenta lo informado
por la misma testigo en su exposición, cuando indica que la actora dejó el
celular abierto en altavoz, fue por acuerdo que hiciera con su hermana la
declarante, para que se enterara del comportamiento de su esposo frente a la
situación que le iba a comentar esa noche…, es decir, escuchara las
manifestaciones de su cónyuge, fabricando así su propia prueba para que
posteriormente la misma pudiera declarar al respecto, y como quiera que a nadie
le es lícito confeccionar su propia prueba no es viable tener en cuenta su
dicho en la relación con los hechos acaecidos…”[153].
66. De este extracto de la
sentencia también se desprende que la Juez tenía suficientes elementos de
juicio para considerar configurada la causal de divorcio alegada. Sin embargo,
contrario a lo esperado por parte de la administración de justicia, descarta la
violencia contra la mujer, a partir de argumentos procesales que desconocen los
derechos sustanciales de la accionante.
En este punto, es importante
recordar que tanto el Comité de Naciones Unidas para la verificación de la
CEDAW, como esta Corte, han precisado que en ningún caso los derechos de un
agresor pueden ser ponderados judicialmente por encima de los derechos humanos
de las víctimas de cualquier tipo de violencia. Situación que ocurre en este
caso.
En efecto, esta Sala Recuerda
que, como se explicó con anterioridad, la violencia psicológica y doméstica que
ocurre en el hogar tiene una dificultad probatoria muy alta si se verifica
desde los parámetros convencionales del derecho procesal, debido a que el
agresor busca el aislamiento y el ocultamiento de los hechos violentos. Por
tanto, es claro que las víctimas de tales agresiones tienen como única
posibilidad de protección abrir los espacios de intimidad familiar a sus más
allegados. En esa medida, desde una perspectiva de género, es necesario que los
operadores de justicia, empleen la flexibilización de esas formas de prueba,
cuando se denuncia la violencia al interior del hogar.
Por lo anterior, en este caso,
era necesario que la juez valorara integralmente todos los indicios de
violencia en el hogar de la familia Mesa Roa y diera un grado de credibilidad
mayor al testimonio de la hermana de la accionante, que no fue una testigo de
oídas, pues nadie le contó lo sucedido, sino que ella oyó directamente lo
ocurrido. Así mismo, el argumento de la fabricación de la prueba, no es de
recibo para esta Sala, debido a lo ya explicado, sobre la necesaria apertura de
espacios privados, que la víctima debe propiciar para lograr demostrar y
visibilizar la violencia.
67. Al descartar, a priori,
hechos de violencia antes del matrimonio, la juez hace caso omiso de los
indicios relevantes sobre la personalidad del esposo y el carácter sistemático
y progresivo de la violencia psicológica y doméstica. Con lo cual, una vez más
contribuye a naturalizar su existencia.
68. Frente a estos dos
primeros aspectos se acusa al ente judicial de indebida valoración; es decir, de incurrir en la dimensión
positiva del defecto fáctico, que se presenta cuando el juez fundamenta su
decisión en una prueba no apta para ello o efectúa una tasación por completo
equivocada.
En esta ocasión efectivamente
hubo una tasación por completo equivocada de las pruebas, teniendo en cuenta
los postulados constitucionales y de derechos humanos, que resulta ostensible,
relevante y manifiesto.
69. Finalmente, frente al tercer aspecto que
la accionante reprocha la ausencia
de valoración, por lo cual acusa al Juzgado 4º de Familia de incurrir,
también, en la dimensión negativa del defecto fáctico, que se presenta cuando
se omite o ignora la valoración o el decreto de una prueba determinante. En este aspecto, la demandante identificó
uno a uno los documentos ignorados por la Juez, tal y como quedó reseñado en
los antecedentes de esta sentencia.
Así, esta Sala constata que el Juzgado accionado no
valoró en su integridad las distintas solicitudes formuladas por la actora,
ante organismos e instancias como la Comisaría 11 de Familia de Bogotá, el
Centro de Atención de Víctimas de Violencia Intrafamiliar CAVIF, la Fiscalía
117 Unidad de Violencia Intrafamiliar y el Juzgado 63 Penal Municipal de
Control de Garantías de Bogotá.
70. El Juzgado tampoco valoró las actuaciones seguidas
por la cónyuge ante la Fiscalía 117 Unidad de Violencia Intrafamiliar, a pesar
de que se efectuó el traslado de las pruebas de la investigación penal al
proceso civil[154].
La prueba de mayor relevancia ignorada por el Juzgado accionado fue el dictamen
pericial efectuado por un psiquiatra del Instituto de Medicina Legal[155], en el cual se
indicó:
“la pareja ha estado inmersa en una
dinámica disfuncional que es semejante a la que se ha observado en otros casos
en los cuales se encuentra un funcionamiento celotípico, en el cual se
da un manejo hegemónico del poder basado en el género, en este caso machista
que se complementa a su vez con la acomodación de la mujer en un
funcionamiento que implica pasividad y dependencia…
…   …   …
se llama la atención sobre el factor de
riesgo inherente a esta dinámicas de violencia contra la mujer en estos
casos y que está dado por las posibilidades de acentuación de las agresiones
a la misma, una vez ella toma la decisión de separarse, por lo que se requiere
se asuman medidas de protección a la mujer y a sus hijas una vez ocurra
la separación.
…   …   …
se sugiere en la medida de lo posible que esta
pareja no siga compartiendo techo, se privilegie a la madre a la hora de
definir la custodia de los hijos definiendo claramente el régimen de visitas a
los hijos de la pareja, siendo deseable que al menos por los primeros tres
meses las visitas del padre sean supervisadas por un profesional psicosocial
(ICBF)”
Ante la claridad del tal peritaje y la aptitud del
experto forense que lo emite, esta Sala cuestiona por qué el Juzgado demandado
no lo tuvo en cuenta como prueba idónea que acreditara los hechos constitutivos
de la causal 3ª del artículo 154 de Código Civil invocada.
71. De lo expuesto hasta
ahora, esta Sala puede identificar que la accionante fue víctima de algunos
hechos objetivos, así:
a.     La accionante vive en un contexto familiar
que es conflictivo desde hace varios años.
b.    La accionante se ha restringido de los
viajes laborales y de compartir tiempo con sus compañeros de oficina, para
evitar problemas con su esposo. Es decir se aisló socialmente.
c.      La accionante presenta angustia, estrés,
desconcentración en el trabajo, estado de tensión, entre otros.
d.    La señora Roa Vargas también se aisló
familiarmente, debido a que su esposo la celaba con su cuñado.
Estos hechos son indicativos de violencia psicológica
contra la mujer, según lo explicado en las consideraciones de esta sentencia,
por tanto, podría decirse que bastarían para configurar la causal alegada. Sin
embargo, si en gracia de discusión, se admite que estos hechos pueden estar
viciados de subjetividad por parte de la actora y de sus testigos, y en esa
medida sólo serían considerados como indicios, esta Sala encuentra que se
disipó toda duda de la ocurrencia de la violencia con el peritaje de Medicina
Legal, que fue descartado débilmente por la Juez del caso.
72. Por todo lo anterior, la Sala concluye que el
Juzgado 4º de Familia de Bogotá incurrió en el defecto fáctico y en violación
directa de la Constitución, al no declarar configurada la causal de divorcio
invocada, a pesar de estar plenamente probada.
Conclusión
73. El Juzgado 4º de Familia incurrió en defecto
fáctico y violación directa de la Constitución, al emitir la sentencia dentro
del proceso de divorcio, bajo argumentos que en este caso contribuyen a
perpetuar la violencia y la discriminación contra la mujer y a invisibilizar la
violencia doméstica y psicológica que padecía Diana Eugenia Roa Vargas al
interior de su hogar.
74. Lo expuesto conduce entonces a que se
revoque el fallo proferido el 11 de octubre de 2013, por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, que en su momento confirmó el dictado el
11 de septiembre de ese año, por la Sala de Familia del Tribunal Superior de
Bogotá, por el cual se había declarado improcedente la presente acción de
tutela.
75. En su lugar, esta Corte tutelará los derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad, a la intimidad, a la libertad de movimiento y a la protección de
la familia de Diana Eugenia Roa Vargas y, en
consecuencia, dejará sin efecto la sentencia dictada, el 28 de mayo de
2013, por el Juzgado 4º de Familia de Bogotá dentro del proceso de divorcio promovido
en contra de Jorge Humberto Mesa Mesa, cónyuge de la accionante.
76. A su vez la Sala de Revisión, ordenará al Juzgado 4º de Familia de Bogotá, dentro de los
treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, proferir un
nuevo fallo en el que se tengan en cuenta todas las consideraciones de esta providencia
referentes al principio de igualdad y no
discriminación por razón del sexo y la especial protección que merece la mujer
víctima de cualquier tipo de violencia.
77. De acuerdo a las
consideraciones expuestas en los fundamentos 47 a 50 de esta providencia, esta
Sala exhortará al Congreso y
al Presidente de la República para que, de acuerdo a sus respectivas funciones,
emprendan las acciones pertinentes que permitan reconfigurar los patrones
culturales discriminatorios y los estereotipos de género presentes aún en los
operadores de justicia en Colombia.
78. Así mismo, se instará
al Consejo Superior de la Judicatura para que exija la asistencia obligatoria
de todos los jueces del país de la jurisdicción de familia, a las
capacitaciones sobre género que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
ofrezca. Lo anterior, a fin de promover la creación de nuevos marcos
interpretativos en perspectiva de género, que permitan la real y efectiva
reconfiguración de patrones culturales y estereotipos de género discriminatorios.
79. También se solicitará
a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, difundir por el
medio más expedito posible esta sentencia, a todos los despachos judiciales de
la Nación, para que, en adelante, apliquen un enfoque diferencial de género al
momento de decidir cualquier asunto a su cargo.
80. Previo a dar las
órdenes mencionadas, esta Sala de Revisión levantará los términos de suspensión
decretados mediante auto del 27 de marzo de 2014.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato  de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO: LEVANTAR los términos de suspensión decretados por esta Sala
de Revisión, mediante auto del 27 de marzo de 2014.
SEGUNDO: REVOCAR el
fallo proferido el 11 de octubre de 2013, por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, que en su momento confirmó el dictado el 11 de
septiembre de ese año, por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá,
por el cual se había declarado improcedente la presente acción de tutela.
TERCERO: En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad, a la intimidad, a la libertad de movimiento y a la protección de
la familia de Diana Eugenia Roa Vargas. En
consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la sentencia dictada, el 28 de
mayo de 2013, por el Juzgado 4º de Familia de Bogotá dentro del proceso de
divorcio promovido por la accionante en contra de Jorge Humberto Mesa Mesa.
CUARTO: ORDENAR al Juzgado 4º de Familia de Bogotá, dentro de los
treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, proferir un
nuevo fallo en el que se tengan en cuenta todas las consideraciones de esta
providencia referentes al principio de igualdad
y no discriminación por razón del sexo y la especial protección que merece la
mujer víctima de cualquier tipo de violencia.
QUINTO: De acuerdo a las consideraciones expuestas en los
fundamentos 47 a 50 de esta providencia, EXHORTAR al Congreso y al Presidente de la República para que, de acuerdo a sus
respectivas funciones, emprendan las acciones pertinentes que permitan
reconfigurar los patrones culturales discriminatorios y los estereotipos de
género presentes aún en los operadores de justicia en Colombia.
SEXTO: INSTAR al Consejo Superior de la Judicatura
para que exija la asistencia obligatoria de todos los jueces del país de la
jurisdicción de familia, a las capacitaciones sobre género que la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla ofrezca. Lo anterior, a fin de promover la
creación de nuevos marcos interpretativos en perspectiva de género, que
permitan la real y efectiva reconfiguración de patrones culturales y
estereotipos de género discriminatorios.
SÉPTIMO: SOLICITAR a la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, difundir por el medio más expedito
posible esta sentencia, a todos los despachos judiciales de la Nación, para
que, en adelante, apliquen un enfoque diferencial de género al momento de
decidir cualquier asunto a su cargo.
OCTAVO: Por Secretaría
General, LIBRAR la comunicación a que se refiere el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General
[1]
Folio 5 cd. inicial. Tomado del texto de la sentencia de divorcio.
[2]
Folio 5 ib.
[3]Para
sustentar esa afirmación la accionante solicitó el testimonio de su hermana Luz
Marina Roa Vargas, rendido el 29 de marzo de 2012 ante el Juzgado 4º de Familia
de Bogotá. Folio 127 ib. el cual se lee: “… en una oportunidad nos
encontrábamos en una reunión familiar, el grado de una de mis sobrinas de grado
once. Los invitados eran tíos y tías y los compañeros y compañeras del colegio,
en esa oportunidad el señor MESA no recuerdo la hora, era tarde, después de las
siete, era oscuro, empieza a gritar a DIANA delante de todo (sic), a
decirle qué hacía encerrada en un baño dejándose manosear con un muchacho de
grado once, él se encontraba tomando”.
[4]Testimonio
rendido por Luz Marina Roa Vargas, folio 129 ib.
[5]
Folio 6 ib.
[6] Folio 7 ib.
[7]
Testimonio rendido por el señor Francisco Javier Echeverri ante el Juzgado 4 de
Familia de Bogotá, el 9 de febrero de 2012. Folios 38 a 45 ib.
[8]
Folio 5 ib.
[9]
Folio 6 ib.
[10] Folio 6 ib.
[11] Esta afirmación fue corroborada a través del testimonio rendido por
la señora Liliana Romero Tovar ante el Juzgado 4 de Familia de Bogotá, el 9 de
febrero de 2012. Folios 38 a 45 ib. Así:
Al
responder a la pregunta, cómo la accionante manifiesta su angustia respondió: “aislamiento
total, nervios, desconcentrada en el trabajo, muchos permisos, cuando llama a
Jorge a preguntar por las niñas y Jorge no contesta entra en una angustia total
que esta situación está repercutiendo en su trabajo, no almuerza, se la pasa en
la oficina tratando de desatracarse en el trabajo, todos le manifestamos que la
vemos cada día más delgada”.
[12] Para sustentar este hecho, la actora solicitó la valoración del
testimonio de su compañera de trabajo, la señora Liliana Romero Tovar, que fue
rendido ante el Juzgado 4º de Familia de Bogotá, el 9 de febrero de 2012. En
éste se lee (sic): “Creo que fue en junio de 2010, la oficina de Asuntos
Internacionales organizó un encuentro de integración que consistía en salir en
una chiva todos desde la Fiscalía del nivel central llegar a un restaurante en
la Calera y regresar era una actividad programada de 5 a 9 de la noche,
teníamos que obviamente confirmar la asistencia y al día siguientes de esta
convocatoria cada funcionario manifestó su participación o no en el evento,
Diana esa mañana llegó llorando nos contó a otra colega y a mí que Jorge le
había dicho que ella estaba organizando eso para hacer quien sabe qué y que le
prohibía rotundamente irrespetar el hogar en ese sentido, al medio día de ese
día salimos un grupo grande a almorzar estábamos celebrando el cumpleaños de
alguien de la oficina le insistimos a Diana que saliera, cuando íbamos saliendo
una de las recepcionistas me abordó a mí y me dijo doctora acaba de llamar un
esposo celoso preguntando que en qué parte de la página de la Fiscalía aparecía
el evento que él no lo veía que en dónde le podían dar alguna información, como
ella no sabía lo remitió a otra oficina, yo le hago señales a Diana, Diana se
regresa y vuelve la recepcionista y habla con Diana, cuando regreso está Diana
hablando con Jorge telefónicamente los dos, ella reclamándole la situación. El
día de la chiva que no fue Diana, cuenta Diana que en la noche Jorge Mesa una
vez empiezan a hablar o discutir de la situación, los pormenores ni idea, le
propinó dos cachetadas, le cogió los brazos y la sacudió y la botó a un sofá y
es ahí cuando ella decide presentar la denuncia penal”. Folios 38 a 45
ib.
[13] La copia de la denuncia instaurada por Diana Eugenia Roa Vargas el
14 de julio de 2010, se encuentra visible a folios 54 y 55 ib. En ella se lee
(sic): “Los hechos que dan lugar a mi denuncia tienen que ver con aspectos
que vienen ocurriendo desde hace más o menos 4 o 5 años, derivados por los
celos patológicos del señor Mesa Mesa, quien desde entonces me había agredido
tan sólo verbal y psicológicamente y sólo hasta esta noche, durante una
discusión generada por una actividad de la oficina que se llevará a cabo el
próximo viernes 16 de julio de 2010 de 5 a 9 de la noche, con la cual él no
está de acuerdo y me dijo que me impediría asistir, pues mi deber es quedarme
con mis hijas y no estar en “fiesticas” o de “rumba”, me profirió dos bofetadas
y empujándome en tres o cuatro oportunidades, lo que causó que cayera sobre los
muebles del estudio, aunado al hecho de que su contextura física es de 1.87 cm
y siendo 100 kilos de peso frente a la mía que es de 1.59 cm de estatura con 46
kilos de peso”.
[14] La demandante anexa dos correos electrónicos dirigidos a ella en
los cuales se le invita a participar en la “Reunión de seguimiento Cartagena
MC-319-09- Liga de Mujeres Desplazadas”. Folios 59 y 60 ib.
[15] De este hecho dejó constancia ante la Fiscalía 117 Unidad de
Armonía Familiar, el 19 de noviembre de 2010. Folios 57 y 58 ib.
[16] Copia de la ampliación de denuncia ante la Fiscalía 117 Unidad de
Armonía Familia hecha el 28 junio de 2011. Folio 78 a 80 ib.
[17] Folios 105 a 115 ib.
[18] Visible a folios 135 a 142 ib.
[19] Folio 135 ib.
[20] Folio 137 ib.
[21] Sentencia de divorcio visible a folios 3 a 17 del cuaderno inicial.
[22] Folio 208 ib., está en negrilla en el texto original.
[23] En especial la obra, “Derecho de Familia y Menores” del
jurista Marco Gerardo Monroy Cabra.
[24] Folio 209 ib.
[25] Folio 209 ib.
[26] En la sentencia de divorcio se afirmó expresamente: “durante el
trayecto del matrimonio, exactamente para el año 2007, la cónyuge se ve en la
necesidad de solicitar amparo de protección por parte de la Comisaría Once de
Familia de Bogotá, trámite administrativo que termina en conciliación”.
Folio 210 ib., está en negrilla en el texto original.
[27] Rendido por el señor Francisco Javier Echeverri ante el Juzgado 4
de Familia de Bogotá, el 9 de febrero de 2012. Folios 38 a 45 ib.
[28] Rendido por la señora Liliana Romero Tovar ante el Juzgado 4 de
Familia de Bogotá, el 9 de febrero de 2012. Folios 38 a 45 ib.
[29] Folios 210 y 211 ib.
[30] Folio 211 ib.
[31] Testimonio rendido el 29 de marzo de 2012, por Luz Marina Roa
Vargas ante el Juzgado 4 de Familia de Bogotá.
[32] Folio 212 ib., está en negrilla en el texto original de la tutela.
[33] Folio 213 ib.
[34] Folio 213 ib.
[35] Folio 213 ib.
[36] La parte de la sentencia atacada en este específico aspecto es la
siguiente, (folios 213 y 214 ib., está en negrilla en el texto original de la
tutela):
“Y en cuanto a los hechos de maltrato que dice fue víctima su
hermana por parte de su esposo para el mes de julio de 2010, cuando
agrede a DIANA, propiciándole dos cachetadas, la empuja, su conocimiento
proviene de los que ésta le ha comentado, aunado que no obstante su cercanía
con la casa de su hermana, hace 3 o 4 años que no ingresa a la misma, motivado (sic) en los celos enfermizos que el demandado le
tiene al esposo de la declarante, señor CARLOS SAMUÉL, sin que los mismos
hayan sido probados, se convierte en relación con estos hechos en un testigo
de oídas, a quien esta juzgadora le resta valor probatorio a sus dichos.
(…)
es
necesario tener en cuenta lo informado por la misma testigo en su exposición,
cuando indica que la actora dejó el celular abierto en altavoz, fue por acuerdo
que hiciera con su hermana la declarante, para que se enterara del
comportamiento de su esposo frente a la situación que le iba a comentar esa
noche…, es decir, escuchara las manifestaciones de su cónyuge, fabricando
así su propia prueba para que posteriormente la misma pudiera declarar al
respecto, y como quiera que a nadie le es lícito confeccionar su propia prueba
no es viable tener en cuenta su dicho en la relación con los hechos acaecidos
(…)”.
[37] Ante esa entidad se efectuaron diversas audiencias de conciliación
y de solicitud de medidas de protección, cuyas pruebas documentales son
aportadas a este proceso. Folios 29 a 31, 151 a 156, 158 a 172 ib.
[38] Las  constancias de asistencia a la terapia psicológica se aprecian
a folios 144 y 145 ib.
[39] Las constancias de no comparecencia están a folios 21 a 23 ib.
[40] Folios 147 a 149 ib., está en negrilla en el texto original.
[41] Los oficios en los que consta el traslado de las pruebas de la
investigación penal al proceso al civil, está visibles a folios 47 a 115 ib.
[42] Visible a folios 178 a 188 ib.
[43] Folio 219 ib.
[44] Folios 190 a 193 ib.
[45] Folios 220 y 221 ib., está en negrilla en el texto original.
[46] Folio 224 ib.
[47] Folio 248 ib.
[48] Folio 270 ib.
[49] Folio 4 cd. 2.
[50] Folio 21 cd. Corte.
[51] Folio 93 cd. Corte.
[52] Folios 31 a 52 cd. Corte
[53] Para lo cual citaron a “Madanés, Cloé. (1993) Sexo, Amor y
Violencia. Paidós: Barcelona.”
[54] Para explicar lo referido citan, entre otros, “Linares, J.L.
(2006). Las Formas del Abuso: La violencia Física y Psíquica en la Familia y
Fuera de Ella. Barcelona: Paídos”.
[55] Para explicar lo referido citan, entre otros, “Ramírez, Felipe
(2000). Violencia masculina en el hogar. México D. F.: Editorial Pax”.
[56] No está en negrilla en el texto original.
[57] Para explicar lo referido citan, entre otros, “Asensi Pérez, L.
F. (2008). La prueba pericial psicológica en asuntos de violencia de género.
Revista internauta de práctica jurídica, 21, 15-29”.
[58] Folios 53 a 55 cd. Corte
[59] Citan a “Amor, J Echeburúa, E, de Corral, P., Zubizarreta, I. y
Sasasua B. (2002). Repercusiones de la violencia doméstica en la mujer en
función de las circunstancias del maltrato. Revista Internacional de Psicología
Clínica y de la Salud, 2 (2), 227-246”.
[60] Para explicar lo referido cita a “Burgos, D., Canaval, G., Tobo,
N., Bernal, P. y Humphreys, J. (2012). Violencia de pareja en mujeres de la
comunidad, tipos y severidad. Cali, revista de salud pública, 14(3), 337-389”.
[61] Para explicar lo referido cita a  “García-Moreno, C. (2000).
Violencia contra la mujer: Género y equidad en la salud. Organización
Panamericana de la Salud (OPS)” y “Ortiz, MC. (2002). Vigilancia de
maltrato a la mujer: diseño y aplicación de un procedimiento. Colombia Médica,
33(2).”
[62] Folios 58 a 61 cd. Corte
[63] Para explicar lo referido cita a “Arriaga, X, & Capezza, N.
(2011). The paradox ofpartner aggression; being
commited to an aggresive partner. En P. R. Shaver, & M. Mikulincer (Eds.),
Human aggression and violence: Causes, manifestations, and consequences
(pp.367-383). Washington, DC, USA: American
Psycological Associaton”.
[64] Para explicar lo referido cita a “Murphy, C. M. & Hoover, S.
A. (1999). Measuring emotional abuse in dating
relationships as a multifactorial construct. Violence and victims. Special
Issue: Psycological Abuse in Domestically Violen Relationships., 14(1), 39-53”
[65] Se cita a “Echeburúa, E. Corral, P., & Amor, P. J. (2004).
Evaluación del daño psicológico en las víctimas de delitos violentos.
Psicología clínica, legal y forense, 4, 227-244.”
[66] Folios 63 a 68 cd. Corte.
[67] Folios 69 a 72 cd. Corte.
[68] Folios 73 a 81 cd. Corte.
[69] Folios 82 a 91 cd. Corte.
[70] Folios 132 a 142 cd. Corte.
[71] Se cita a “Blázquez-Alonso, Moreno-Manso, García-Baamonde
Sánchez & Guerrero-Barona, 2012”
[72] M. P. José Gregorio Hernández Galindo
[73] Al respecto ver, entre otras, las sentencias SU-159 de 2002 y T-522
de 2001, en ambas M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-462 de 2003 y T-1031 de
2001, en ambas M. P. Eduardo Montealegre Lynett y T-1625 de 2000, M. P. Martha
Victoria Sáchica Méndez.
[74] M. P. Jaime Córdoba Triviño. En este fallo se declaró
inexequible una expresión del artículo 185 de la Ley 906 de 2004, que impedía el
ejercicio de cualquier acción, incluida la tutela, contra las sentencias
proferidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[75] Ver entre muchas otras las sentencias T-620 de 2013, M. P. Jorge
Iván Palacio Palacio; T-612 de 2012, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-584
de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-661 de 2011, M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio; T-671 de 2010; , M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-217 de
2010, M. P. Gabriel Eduardo Martelo Mendoza; T-949 de 2009, M. P. Mauricio
González Cuervo; T-555 de 2009, M.
P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-584 de 2008, M. P. Humberto Antonio
Sierra Porto; T-796 de 2008, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; T-233 de 2007, M. P. Marco Gerardo
Monroy Cabra; T-1027 de 2006, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-812 de 2005,
M. P. Rodrigo Escobar Gil;
[76] T-419 de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-1257 de
2008, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[77] La Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, M. P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, determinó que, en lo que hace al análisis del material
probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia.
[78] Ver, entre otras, las sentencias
T-231 de 1994, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-442 de 1994, M. P. Antonio
Barrera Carbonell; T-008 de 1998, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-025 de 2001,
M. P. Eduardo Montealegre Lynett; SU-159 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa; T-109 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-264 de 2009, M. P.
Luis
Ernesto Vargas Silva; T-114 de 2010, M. P. Mauricio González Cuervo, SU-198 de 2013, M. P. Luis
Ernesto Vargas Silva. En ésta última se indicó expresamente: “la intervención del juez de tutela, en
relación con el manejo dado por el juez de conocimiento es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido. El respeto por los principios de
autonomía judicial y del juez natural, impiden que el juez de tutela realice un
examen exhaustivo del material probatorio”.
[79] Ver sentencia
T-442 de 1994, M. P. Alejandro Martínez Caballero. Allí se indicó: “si bien
el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material
probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su
convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica…,
dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria
supone necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y
responsables. No se adecua a este desideratum, la negación o valoración
arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el
juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera
alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente.”
[80] Cfr., entre otras, SU-159 de 2002, precitada.
[81] Cfr., entre otras, T-442 de 1994 y SU-159 de 2002, precitadas.
[82] SU-198 de 2013, precitada, y T-636 de 2006, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[83]Sentencia T-704 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. También
ver sentencias T-310 de 2009, M. P.
Mauricio González Cuervo y T-555 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[84] Caso en el cual también se incurriría en la causal por
desconocimiento del precedente. Al respecto ver, entre muchas otras, las
sentencias T-292 de 2006, M. P. Manuel José
Cepeda Espinosa, SU-047 de 1999 y C-104 de 1993, en ambas M. P. Alejandro
Martínez Caballero.
[85] Sentencia T-704 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. También ver, las sentencia T-199 de
2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto
Vargas Silva y T-809 de 2010, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
[86] Ver entre otras, T-522 de 2001, Manuel José Cepeda
Espinosa y T-685 de 2005, M. P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[87] SU-918 de 2013, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[88] C-776 de 2010, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[89] Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995),
párrafo 118.
[90] En torno a este concepto, es preciso establecer que no es unánime
al interior de la teoría feminista. Lo cual puede evidenciarse a partir de la
visión de este concepto, presentada por Patricia Zuluaga. “La igualdad ha
sido uno de los conceptos más debatidos a través de la historia y, ciertamente,
es un pilar de la teoría del derecho y de la ciencia política. En efecto hay
ciertas instituciones modernas aceptadas universalmente que no se explican sino
a la luz de la igualdad de los seres humanos; así por ejemplo: la democracia,
el desarrollo y el derecho de los derechos humanos […]. La igualdad de
seres humanos es una construcción filosófica que sirve de base para la
formación de sistemas político sociales caracterizados por su orientación hacia
la justica y el consiguiente principio de equidad […]. La igualdad,
entonces, aparece como una ficción jurídica-valórica, una conquista histórica
de las celebradas revoluciones norteamericana y francesa, ambas de las cuales
tomaron a la igualdad como bandera de lucha contra regímenes monárquicos
sustentados sobre la base d un sistema de clases que nutría una verdadera casta
privilegiada”. PALACIOS ZULUAGA, Patricia. La no discriminación. Centro
de Derechos Humanos. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2006. Pág.
25.
[91] “*La violencia contra la mujer -especialmente la
ejercida por su pareja y la violencia sexual- constituye un grave problema de
salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres.
*Las cifras recientes de la prevalencia mundial
indican que el 35% de las mujeres del mundo han sufrido violencia de
pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.
*Por término medio, el 30% de las mujeres que
han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de
violencia física o sexual por parte de su pareja.
*Un 38% de los asesinatos de mujeres que se
producen en el mundo son cometidos por su pareja.”
Para
ahondar en cifras y datos sobre violencia contra la mujer ver, entre otras: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/
(consultada el 18 de noviembre de 2014).
[92] Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).
Introducción, página 1.
[93] Convención de Nacionales Unidas sobre
la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW
(1981).
[94] Ratificada por Colombia mediante la Ley 51 de 1981.
[95] Ratificada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972.
[96] Ratificada por Colombia mediante la Ley 248 de 1995.
[97] Cuyo contenido es reproducido por el artículo 1º de la Convención
Interamericana de Belém do pará.
[98] Definición posteriormente reiterada, en lo esencial, en el párrafo
113 de la Cuarta Conferencia de Beijing y por los artículos 1º y 2º de la Convención
Interamericana de Belém do Pará.
[99] CEDAW, artículo 16, numeral 1º, literal c.
[100] Convención Interamericana de Belém do Pará. Artículo 3.
[101] Convención Interamericana de Belém do Pará. Artículo 6.
[102] Por ejemplo, las Leyes 825 de 1993 y 1232 de 2008,
por medio de las cuales se protege a la Mujer Cabeza de Familia, entre otras.
[103] Por ejemplo, la protección de estabilidad laboral reforzada a la
mujer en embarazo, a través de vía jurisprudencial, consolidada mediante la
sentencia SU-070 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada. Y la Ley1468 de 2011, por la cual se amplió la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas.
[104] Por ejemplo, Ley
581 de 2000 o “Ley de Cuotas”, por
la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los
niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de
conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución.
[105] Aunque en este aspecto, las medidas son tímidas, se puede nombrar
por ejemplo la sentencia C-355 de 2006, M. P. Carlos Gaviria Díaz, por
medio de la cual se despenalizó el aborto en tres circunstancias específicas.
[106] Por ejemplo, las Leyes 823 de 2003, Por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las
mujeres y Ley 731 de 2002, que tiene por
objeto mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de
bajos recursos y consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la
equidad entre el hombre y la mujer rural.
[107] Entre las leyes que se regulan de alguna manera la violencia contra
la mujer pueden verse:
Ley 1639 de 2013, por medio de la
cual se fortalecen las medidas de protección a la integridad de las víctimas de
crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 de la Ley 599 de 2000.
Ley 1542 de 2012,
que tiene por objeto garantizar la protección y diligencia de las autoridades
en la investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer y
eliminar el carácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia
intrafamiliar e inasistencia alimentaria, tipificados en los artículos 229 y
233 del Código Penal.
Decreto Ley 164 de 2010,
por el cual se crea una Comisión Intersectorial denominada "Mesa
Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres".
Ley 1257 de 2008,
por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas
de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos
Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras
disposiciones.
Ley 882 de 2004, por medio de la
cual se modifica el artículo 229 de la Ley 599 de 2000.
Ley 906 de 2004, Código de
procedimiento Penal Colombia Sistema Penal Acusatorio.
Ley 599 de 2000, Código Penal
Colombiano.
Ley 294 de 1996, por la cual
se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas
para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.
[108] Ley 294 de 1996, artículo 3º.
[109] Artículo 2°. Definición
de violencia contra la mujer. Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción
u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico,
económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que
se presente en el ámbito público o en el privado.
Para
efectos de la presente ley, y de conformidad con lo estipulado en los Planes de
Acción de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por violencia económica,
se entiende cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control
abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por
razón de su condición social, económica o política. Esta forma de violencia
puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o
en las económicas.
[110] Artículo 3°. Concepto
de daño contra la mujer. Para interpretar esta ley, se establecen las siguientes definiciones de
daño:
a. Daño
psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a
degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de
otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o
indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un
perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo
personal.
b. Daño
o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad corporal de una
persona.
c. Daño
o sufrimiento sexual: Consecuencias que provienen de la acción consistente en
obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a
participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza,
intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier
otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal.
Igualmente,
se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora
obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas.
d. Daño
patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o
distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes,
valores, derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la
mujer.
[111] Artículo 9 ° y siguiente.
[112] Artículo
4. Criterios
de Interpretación. Los principios contenidos en la Constitución Política, y en
los Tratados o Convenios Internacionales de derechos humanos ratificados por
Colombia, en especial la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer y la convención interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, las demás leyes, la
jurisprudencia referente a la materia, servirán de guía para su interpretación
y aplicación.
[113]Artículo 6°. Sobre los principios para la interpretación y aplicación de la Ley 1257 de 2008.
[114] DE MIGUEL ÁLVAREZ, Ana. La construcción de un marco feminista de
interpretación: la violencia de género. En cuadernos de trabajo social, volumen
18, 2005. Universidad de A Coruña. Pág., 237.
[115] Feminismos liberales, radicales, culturales, socialistas, críticos,
latinoamericanos, entre otros.
[116] M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[117]“Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Informe de la
Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer. Documento
E/CN.4/1996/53 Párrafo No 48.”
[118] Recomendación General número 19 del Comité de Naciones Unidas para
la verificación de la CEDAW. “Las actitudes tradicionales según las cuales
se considera a la mujer como subordinada o se le atribuyen funciones
estereotipadas perpetúan la difusión de prácticas que entrañan violencia o
coacción, tales como la violencia y los malos tratos en la familia, los
matrimonios forzosos, el asesinato por presentar dotes insuficientes, los
ataques con ácido y la circuncisión femenina.”
[119] Ver Recomendación General número 19 del Comité de Naciones Unidas para
la verificación de la CEDAW. Emitida el 29 de enero de 1992.
[120] Párrafo 117, Cuarta Conferencia de Beijing.
[121] Consultado en: http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/Recomendaciones_del_comit%C3%A9_de_la_CEDAW_al_estado_colombiano.pdf.
[122] Coordinado por la Corporación Sisma Mujer.
[123] “Al ignorar el carácter político de la desigualdad en la
distribución del poder en la vida familiar, esta división de esferas no reconoce
el carácter político de la así llamada vida privada. Tal división de esferas
oscurece el hecho de que el ámbito doméstico mismo es creado por el campo
político, donde el Estado se reserva el derecho de optar por la intervención.
[…] La dicotomización de la esfera pública y privada debilita el ejercicio
de la ciudadanía por parte de las mujeres. Inhibe el discurso autorizado y
el diálogo derivados de la autodeterminación, y por lo tanto menoscaba la
participación exitosa de la mujer en la vida democrática”. ROMANY, Celina. La
responsabilidad del Estado se hace privada. En Derecho Humanos de la Mujer,
editado por Rebecca J. Cook y publicado por Profamilia, Bogotá, 1997. Pág., 89.
[124] Sobre este punto ver las intervenciones presentadas, en especial,
por la Corporación Sisma Mujer y la Pontificia Universidad Javeriana, reseñadas
en parte anterior de esta providencia.
[125] ROMANY, Celina. La responsabilidad del Estado se hace privada. En
Derecho Humanos de la Mujer, editado por Rebecca J. Cook y publicado por Profamilia,
Bogotá, 1997. Pág., 95.
[126] Según el artículo 3° de
la Ley 2157 de 2008, el daño psicológico es el “proveniente de la acción u
omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos,
creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidación,
manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o
cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la
autodeterminación o el desarrollo personal.”
[127] Dentro del cual se incluyen varias
investigaciones realizadas en algunos países seleccionados como Brasil, Perú,
Montenegro, República Unida de Tanzania y Japón, entre otros.
[128] OMS, Informe Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y
violencia doméstica contra la mujer, 2005. Pág. 10.
[129] Según el informe: “En todos los países objeto del Estudio, entre el 20% y el 75% de
las mujeres había experimentado, como mínimo, uno de estos actos, en su mayoría
en los últimos 12 meses previos a la entrevista. Los que más se mencionaron
fueron los insultos, la humillación y la intimidación. Las amenazas con
daños físicos fueron menos frecuentes, aunque casi una de cada cuatro mujeres
en los entornos provinciales de Brasil y Perú declaró que había sido amenazada.
Entre las mujeres que informaron haber sido objeto de este tipo de violencia,
al menos dos tercios había sufrido la experiencia en más de una ocasión.” Pág. 10.
[130] OMS, Informe Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y
violencia doméstica contra la mujer, 2005. Pág. 22 y 23.
[131] Reseñadas en los párrafos 26 a 29 de esta sentencia
[132] ACOSTA VARGAS, Gladys. Una luz al final del túnel: la justicia
de género. En Derecho Humanos de la Mujer, editado por Rebecca J. Cook y
publicado por Profamilia, Bogotá, 1997. Pág., 339.
[133] A pesar de los avances a nivel normativo, los niveles de impunidad
continúan siendo muy altos, así lo evidencia el II Informe sobre la
implementación de la Ley 1257 de 2008, coordinado por la Corporación Sisma
Mujer y publicado en diciembre de 2013:
“[E]n
relación con el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencias, es
importante señalar: [que] el estado procesal de las investigaciones por los
delitos sexuales, la violencia intrafamiliar y la inasistencia alimentaria que
se tramitaron entre el 2009 y 2012, demuestra que entre el 81% y 90% se
encuentran en situación de impunidad […] en relación con el delito de acoso
sexual […] se observa que en el periodo comprendido entre el 2009 y 2012, se
registraron 75 investigaciones [de acoso sexual], de las cuales, […] el 90% …
se encuentran en la impunidad. En materia de feminicidio las autoridades
únicamente informan luego de 5 años de entrada en vigencia la Ley 1257 de 2008
la existencia de 18 investigaciones. (Quintero, 2012, pp. 60-61)
En este
sentido, se observa que el nivel de impunidad de los delitos de mayor impacto
contra las mujeres supera el 80% y asciende hasta el 90% lo cual confirma no
solo la persistencia de obstáculos de acceso a la justicia para las mujeres,
que se muestran inalterables a través del tiempo, sino que además demuestra que
los avances logrados en materia penal con la Ley 1257 de 2008 son inobservados
por las autoridades de manera generalizada, en tanto no aplican las causales de
agravación punitiva y no se investigan, juzgan, ni sancionan los casos de acoso
sexual ni de feminicidio.
Respecto de
los procesos penales adelantados por la Fiscalía, la entidad informó de manera
muy genérica sobre el trámite de 45.052 casos de violencia intrafamiliar
durante el año 2011, de los cuales permanecen activos 4.844 e inactivos
40.208, sin que se logre identificar el motivo del cierre de los casos. En
2012, la entidad tiene registrados 87.385 casos por violencia intrafamiliar,
de los cuales aparecen activos 25.251 e inactivos 62.134, sin que tampoco se
informe sobre la causa de los cierres, la aplicación de la Ley 1257 de 2008, ni
el motivo por el que se duplica la cantidad de casos de un año al siguiente.”
Disponible
en: http://www.convergenciacnoa.org/images/Documentospdf/informesddhh/Informe%20Ley%201257.pdf
[134] Ver, entre otras, las sentencias C-438 de 2013, M. P. Alberto Rojas
Ríos; C-781 de 2012, M. P. María Victoria Calle Correa; T-973 de 2011, M. P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-677 de 2011, M. P. Juan Carlos Henao Pérez;
T-1015 de 2010, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; A-092 de 2008 (Sala de
seguimiento a la T-025 de 2004), M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[135] M. P. Alejandro Martínez Caballero. Por medio de la cual se declaró
la constitucionalidad de la Ley que ratificó en Colombia la Convención
Interamericana de Belém de Pará.
[136]“Citado por Naciones Unidas. La mujer restos hasta... Loc- cit, p
74.”
[137]“Ver Naciones Unidas. La mujer. Retos hasta el año 2.000. Nueva
York, Naciones Unidas, 1991, pp 71 y 72.”
[138] Comité de Naciones Unidas para la verificación de la CEDAW,
Comunicación número 2/2003 (caso Sra. A. T. contra Hungría), pág. 10. La
cuestión que se resolvió estribó sobre si la autora de la comunicación ha sido
víctima de la violación de los artículos 2 a), b) y e), 5 a) y 16 de la
Convención como consecuencia del presunto incumplimiento por el Estado parte de
su obligación de protegerla de modo eficaz del grave riesgo que para su
integridad física, su salud física y mental y su vida representaba su ex pareja
de hecho. El Comité observó que el Estado parte admitió que los recursos
empleados por la autora no bastaron para protegerla de forma inmediata contra
los malos tratos infligidos por su ex pareja y que, además, la estructura
jurídica e institucional del Estado parte aún no permite garantizar de forma
coordinada, general y eficaz la protección y el apoyo que, según las normas
internacionales deben prestarse a las víctimas de violencia doméstica. En opinión
del Comité, “la descripción de los procedimientos civiles y penales seguidos
en el presente caso confirma esa afirmación general. Los derechos humanos de
la mujer a la vida y a la integridad física y mental no pueden ser anulados por
otros derechos, como el derecho a la propiedad y el derecho a la intimidad.
Asimismo, el Comité toma nota de que el Estado parte no ha ofrecido información
sobre los recursos alternativos que la autora podría haber empleado para
obtener garantías suficientes de protección o seguridad y evitar seguir siendo
víctima de violencia.”
[139] Comité de Naciones Unidas para la verificación de la CEDAW,
Comunicación número 5/2005 (caso Sahide Goekce contra Austria), pág. 23. Frente
a este caso específico, el Comité efectuó las siguientes recomendaciones al
estado austriaco: “b) Enjuiciar de manera vigilante y rápida a los autores
de actos de violencia  en el hogar a fin de hacer comprender a los agresores y
al público que la sociedad condena la violencia en el hogar y asegurar al mismo
tiempo que se utilicen recursos penales y civiles en los casos en que el
perpetrador en una situación de violencia en el hogar plantea una amenaza
peligrosa para la víctima y asegurar también que en todas las medidas que se
tomen para proteger a la mujer de la violencia se dé la consideración debida a
la seguridad de la mujer, haciendo hincapié en que los derechos del perpetrador
no pueden sustituir a los derechos de la mujer a la vida y la integridad física
y mental. //  d) Fortalecer los programas de capacitación y formación sobre
violencia en el hogar para los jueces, abogados y oficiales encargados de hacer
cumplir la ley, incluso en lo que respecta a la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer, la recomendación
general 19 del Comité y el Protocolo Facultativo.”
[140] II Informe sobre la implementación de la Ley 1257 de 2008,
coordinado por la Corporación Sisma Mujer y publicado en diciembre de 2013.
[141] Consultado en: http://www.cidh.org/women/Acceso07/cap2.htm
[142] Otras importantes manifestaciones
contenidas en el informe de la relatoría explican que:
“137. […] durante la reciente visita de seguimiento de la
Relatoría a Guatemala, sus integrantes se reunieron con las unidades de la
Fiscalía encargadas de investigar distintos delitos contra las mujeres,
incluyendo los delitos de violencia intrafamiliar.  Los fiscales
comentaron el énfasis prioritario que se asigna a la constatación médica de
lesiones físicas para probar agresiones dentro del contexto doméstico.
En su informe sobre el impacto del conflicto armado en las mujeres colombianas,
la CIDH también observó su preocupación sobre la "cadena
de custodia” en casos de violencia y su énfasis exclusivo en preservar
pruebas de carácter físico.
138. La CIDH ha verificado la necesidad de
considerar pruebas más allá de la constatación médica de lesiones físicas y la
prueba testimonial para poder fundamentar casos de violencia contra las mujeres,
sobre todo los casos de violencia sexual […]
139. La
CIDH asimismo ha tomado conocimiento de las demoras en tomar pruebas después de
la agresión, lo que presenta desafíos claves, sobre todo en materia probatoria,
ya que el paso del tiempo dificulta la obtención de prueba testimonial idónea,
y afecta la posibilidad de realizar pruebas periciales.  Asimismo, se
reporta la no incorporación de evidencias proporcionadas por las víctimas o
por familiares de las víctimas a los expedientes en casos de violencia contra
las mujeres y la negación de los Estados de proveer información sobre el
proceso de investigación.  Adicionalmente se registra una recopilación
y procesamiento parcializados de las evidencias y una ausencia de personal
capacitado y especializado para conducir las pruebas y los peritajes necesarios
en estos casos.”
[143] “Artículo 29. El debido
proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
// Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud
de las formas propias de cada juicio…”
[144]“Artículo 228. La Administración de Justicia es función
pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y
permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá
el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia
y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y
autónomo.”
[145] T-256 de 2012, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[146] T-264 de 2009, citada.
[147] M. P. María Victoria Calle Correa.
[148] “Sentencia T-134 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.”
[149] “Sentencia T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En
ella al resolver una tutela contra sentencia, la Corte manifestó que ‘el derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia comporta la garantía de
la obtención de una respuesta de fondo por parte de los jueces, quienes, a su
vez, se hallan obligados a evitar a toda costa fallos que, basados en
obstáculos formales, impidan la vigencia del derecho material o de los derechos
subjetivos. Esto ocurre tanto en los fallos que son inhibitorios de forma
manifiesta como en aquellos que lo son de forma implícita, es decir, bajo la
apariencia de un pronunciamiento de mérito’.”
[150] Folio 11 cd. inicial. Negrilla fuera del texto original.
[151] Artículo 8 de la Convención de Belém do Pará, entre otros.
[152] Folios 11 y 12 ib. Negrilla fuera del texto original.
[153] Folios 12 a 14 ib. Negrilla fuera del texto original.
[154] Los oficios en los que consta el traslado de las pruebas de la
investigación penal al proceso al civil, está visibles a folios 47 a 115 ib.
[155] Visible a folios 178 a 188 ib.