T-555-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-555/95
DEMANDA DE TUTELA-Práctica de pruebas
La obtención de
los medios probatorios pertinentes se hace indispensable si estamos hablando de
la acción de tutela, cuyo objetivo único es el restablecimiento de los derechos
fundamentales de quien los alega vulnerados o amenazados.  No puede el juez, en
aras del trámite sumario de esta acción, abstenerse de recaudar testimonios,
solicitar informes, es decir, negarse a realizar todo lo necesario para
demostrar, no sólo la acción o la omisión anotadas en la petición, sino que de
ellas se deriva la vulneración alegada.  Sin embargo, se deja abierta la
posibilidad al juez constitucional de fallar sin necesidad de acudir a ninguna
averiguación previa “siempre y cuando el fallo se funde en un medio de prueba
del cual se pueda deducir una grave e inminente violación o amenaza del
derecho.”  El juez al estudiar la impugnación, y al cotejarla con el acervo
probatorio y con el fallo, puede observar que la decisión apelada carece de
fundamento probatorio por lo que, no sólo está obligado constitucionalmente,
sino facultado legalmente, para solicitar los documentos, dictámenes e informes
que requiera para mejor proveer.
ACCION DE TUTELA-Carencia actual de objeto
Si bien la acción
de tutela tiene por objeto el restablecimiento inmediato y efectivo de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados, pierde su razón de ser cuando
ya no existe el acto motivo de la acción. Por lo tanto, no tiene sentido que se
imparta una orden judicial tendente a que el demandado actúe de conformidad con
lo solicitado a través de la demanda.
DERECHOS DEL
INTERNO A LA NOTIFICACION PERSONAL
Con el propósito
de salvaguardar el derecho a la igualdad de quienes se encuentren recluídos en
un establecimiento carcelario, es necesario que las providencias judiciales les
sean notificadas personalmente, pues ellos no disponen de los mismos medios con
los que cuentan quienes gozan de libertad para conocer los pronunciamientos
judiciales.
Ref.:  Expediente
No. T-76.869
Acción de Tutela
contra el Director de la Cárcel Nacional del Distrito Judicial de Medellín, por
la presunta violación de los   derechos a un trato digno y a la igualdad de
quien se encuentra en circunstancia de debilidad manifiesta.
Peticionario:  Edwin
Arley Castaño Pérez.
Temas:
Práctica de pruebas
en el proceso de tutela.
Carencia de Objeto.
Notificación
personal de los fallos de tutela a quienes se encuentran privados de la
libertad.
Magistrado
Ponente:
Dr. CARLOS
GAVIRIA DÍAZ
Santafé de Bogotá,
D.C., veintiocho (28) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Cuarta de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados
José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos Gaviria Díaz
-Magistrado Ponente-,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION,
procede a dictar
sentencia de revisión de las decisiones de instancia proferidas en el proceso
de la referencia.
ANTECEDENTES
1.-  Hechos
Al señor Edwin Arley
Castaño Pérez se le dictó medida de aseguramiento consistente en detención
preventiva, por el presunto delito de terrorismo, y fue recluído en la Cárcel
Nacional del Distrito Judicial de Medellín, “Bella Vista”.
Sus
"extremidades inferiores están completamente atrofiadas, ocasionando que
sus desplazamientos de un lugar a otro sean muy dificultosos, porque lo tiene
que hacer sobre sus nalgas, con ayuda de sus extremidades superiores"
-folio 2-, y el Director del referido centro de reclusión se niega a
suministrarle una silla de ruedas, debido a que el número de éstas es muy
escaso, y las pocas que hay se han asignado a reclusos que ingresaron al
establecimiento con anterioridad.
Su movilización
dentro del lugar de reclusión en estas circunstancias, máxime sin alguien que
le ayude, es incompatible con la dignidad, sobre todo cuando requiere de los servicios
sanitarios, pues "tiene que someterse  a la suciedad y desaseo en general
típicos de estos lugares, donde la gente es indiferente a esa mal llamada forma
de vida." -folio 3-.
En estas
circunstancias, el peticionario estima vulnerados sus derechos constitucionales
a recibir un trato acorde con la dignidad humana y con la igualdad,
específicamente por encontrarse en circunstancias de debilidad manifiesta.
Finalmente señala
que, si bien las autoridades de la República están instituídas para proteger a
las personas en su vida, la Constitución se refiere a la "vida plena"
y cita, a propósito, la Sentencia T-499 del 21 de agosto de 1992 proferida por
esta Corporación.
2.  Pretensiones.
El señor Edwin Arley
Castaño Pérez, mediante apoderado judicial, solicita que se le ordene al
Director de la Cárcel Nacional de Medellín, suministrarle una silla de ruedas
para su uso exclusivo y que se le asigne un interno “para que lo movilice
diariamente, reconociéndole a esa persona ese tiempo como horas de trabajo
válidas para la redención de pena."
3.-  Sentencia
del Juez Décimo Laboral del Circuito de Medellín.
El juez de primera
instancia decidió tutelar los derechos al ambiente sano, a la salud y a la
integridad personal del señor Castaño Pérez, mediante orden  al Director de la
Cárcel Nacional de "Bella Vista", para que en el término de 48 horas
le asignara una silla de ruedas.
A juicio de este
funcionario, "el accionante está privado de su libertad, pero esa
privación la cumple en condiciones inhumanas, no es titular de ambiente sano,
el ambiente que tiene que sortear por sus condiciones físicas, constituye un
atentado contra su integridad personal y su salud, derechos que el
Estado está en el deber de proteger, imponiendo los correctivos pertinentes, y
adoptando planes que tiendan a mejorar áreas como la sanidad tan precarias en
los centros carcelarios, facilidades físicas, para reclusos limitados
físicamente, entre otros.  Los reclusos tienen derecho a vivir en condiciones
razonables de seguridad y de salud, no pueden ser lugares fríos donde quienes a
ellos llegan, la sociedad los deshumaniza, hasta el extremo de considerarlos no
dignos de un mejor vivir.  Sus compromisos penales no pueden ser motivo para
que se les degrade, ni se les exponga a situaciones degradantes, que desdicen
de su condición de ser humano." (resaltado del texto, folios 18 y 19).
4.-  Impugnación
En escrito del 30 de
junio de 1995, el Director de la Cárcel Nacional del Distrito Judicial de
Medellín "Bella Vista", impugna la providencia del juez de primera
instancia y, aunque cumplió con lo que en ella se ordenó, solicita su
revocación.
Considera que el
fallo apelado carece de elementos probatorios pues, habiéndose demostrado a
través de dictámenes médicos que el señor Castaño Pérez padece de una
enfermedad que lo dejó imposibilitado para caminar desde los dos años de edad,
sin embargo el Juez Décimo Laboral del Circuito de Medellín, atribuye al
Estado, específicamente al Director demandado, la responsabilidad de la situación
del peticionario y la vulneración de sus derechos fundamentales.
Si bien se concedió
el amparo del derecho a la igualdad, específicamente de quien se encuentra en
circunstancias de debilidad manifiesta, el juez de primera instancia debió
demostrar la condición de debilidad y, además, que el actor no cuenta con
recursos o con ayuda de sus familiares para proveer a su digna subsistencia
“pues de otro modo y de no partir de la responsabilidad individual que se
imputa al ciudadano para con él y quienes le son cercanos, estaríamos haciendo
de un Estado que se plantea como responsable y solidario, una institución
asistencialista, paternalista que por suplir la obligación que afecta a cada
uno de sus asociados dispersa su atención y herario como tarea fundamental en
hechos en los que apenas debería asumir una responsabilidad supletiva.” - folio
24-.
5.-  Fallo de la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.
El juez de segunda
instancia decidió, mediante sentencia del 13 de julio de 1995, revocar la
sentencia del Juez Décimo Laboral del Circuito de Medellín y, en su lugar,
negar la protección de los derechos del peticionario.
En criterio del
Tribunal, no existe prueba alguna del grado de invalidez del peticionario, del
estado de precariedad económica que le impida suministrarse una silla de ruedas
y de las condiciones antihigiénicas en que se encuentra el centro de reclusión,
a pesar de que en este último existen profesionales especializados que pueden
certificar sobre tales aspectos,  a los cuales debió solicitar información el
juez de primera instancia.
De ello se desprende
que dicho funcionario sustentó su decisión en meras suposiciones, olvidando que
los discapacitados, con el tiempo, adquieren cierto grado de destreza para su
movilización y que los centros carcelarios no siempre están provistos de las
condiciones mínimas necesarias para garantizar a la población carcelaria una
existencia digna.
6.  Trámite
probatorio
Mediante el auto del
5 de septiembre de 1995, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas ofició, a través
de la Secretará General de esta Corporación, al Médico Jefe de la Sección de
Sanidad de la Cárcel del Distrito Judicial de Medellín, “Bella Vista”, para que
informara sobre el estado de salud del señor Castaño Pérez;  si es necesario
para su movilización una silla de ruedas, y sobre las condiciones de higiene
del centro de reclusión.
En oficio del 15 de
septiembre de 1995 el doctor León Jaime Salazar Alzate, Médico Jefe de la
citada cárcel, certificó que el señor Castaño Pérez ingresó al centro
penitenciario en estado parapléjico, debido a que desde la edad de dos años
padece de una enfermedad crónica denominada “Distrofia Muscular Progresiva”, y
que durante su estadía se le suministró el tratamiento que requirió.
Por último, indicó
que el peticionario salió del centro de reclusión y que le fue suministrada la
silla.
Consideraciones de la Corte
1.-  Competencia
De conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y en el Decreto
2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos
proferidos en el trámite de este proceso.  Corresponde a la Sala Cuarta de
Revisión de Tutelas pronunciarse sobre las sentencias de instancia, en virtud
de la selección y reparto hechos por la Sala de Selección Número Ocho, a través
del auto del 16 de agosto de 1995.
2.-  Práctica de
pruebas en el trámite de la tutela.
Para la Sala Laboral
del Tribunal de Medellín la decisión del juez de primera instancia es caprichosa,
en la medida en que carece de respaldo probatorio;   por lo tanto, resolvió
revocarla.
La delicada labor
encomendada a los jueces de la República, consistente en la administración de
justicia, implica una definitiva actividad del funcionario encaminada a
demostrar los supuestos fácticos alegados en el proceso, a lo cual se llega por
la práctica de pruebas y su debida valoración.  De lo contrario, podría
denegarse el amparo a quien lo requiere o protegerse a quien no tiene derecho.
Con mayor razón la
obtención de los medios probatorios pertinentes se hace indispensable si
estamos hablando de la acción de tutela, cuyo objetivo único es el
restablecimiento de los derechos fundamentales de quien los alega vulnerados o
amenazados.  No puede el juez de instancia, en aras del trámite sumario de esta
acción, abstenerse, por ejemplo, de recaudar testimonios, solicitar informes,
es decir, negarse a realizar todo lo necesario para demostrar, no sólo la
acción o la omisión anotadas en la petición, sino que de ellas se deriva la
vulneración alegada.  Sin embargo, el artículo 18 del Decreto 2591 de 1991 deja
abierta la posibilidad al juez constitucional de fallar sin necesidad de acudir
a ninguna averiguación previa “siempre y cuando el fallo se funde en un medio de
prueba del cual se pueda deducir una grave e inminente violación o amenaza del
derecho.”
Ahora bien:  dentro
del trámite de la apelación de la tutela, el juez de segunda instancia al
estudiar la impugnación, y al cotejarla con el acervo probatorio y con el
fallo, puede observar que la decisión apelada carece de fundamento probatorio
por lo que, en aras de cumplir con su deber constitucional de amparar los
derechos fundamentales de los asociados, no sólo está obligado
constitucionalmente -artículo 2 Superior-, sino facultado legalmente -artículo
32 del Decreto 2591 de 1991-, para solicitar los documentos, dictámenes e
informes que requiera para mejor proveer.
En el caso bajo
examen, el Tribunal de Medellín observó que el juez de primera instancia omitió
este deber constitucional de probar lo alegado en la petición y, sin embargo,
incurrió en la misma falta que imputa, pues no procedió a subsanarla
solicitando información al centro de reclusión, el que, como la misma
Corporación señala, cuenta con especialistas que pueden dar fe de lo alegado
por el señor Castaño Pérez.  Se limitó el Tribunal a hacer la observación, y a
revocar la orden impartida sin remediar la carencia probatoria. Basó su
decisión invocando un estereotipo de rehabilitación, que difícilmente puede
convenir a quien ya era parapléjico a los dos años de edad, y sufre de una
enfermedad degenerativa y progresiva de los músculos.
Con el propósito de
suplir la omisión en la que incurrieron los jueces de instancia, y para
proceder a dictar sentencia de revisión de las providencias proferidas en el
curso de este proceso, la Corte ofició al Jefe de Sanidad de la Cárcel de
“Bella Vista”, para que informara sobre el estado de salud del peticionario y
las condiciones sanitarias del centro de reclusión.
De las pruebas
aportadas se concluye que hay carencia actual de objeto, como se expondrá más
adelante; sin embargo, esta Corporación prevendrá al Juez Décimo Laboral del
Circuito de Medellín y a la Sala Laboral del Tribunal Superior de la citada
ciudad, para que en adelante, si es necesario para esclarecer los hechos,
procedan a practicar las pruebas pertinentes.
3.-  Carencia
actual de objeto.
El Médico Jefe de la
Sección de Sanidad de la Cárcel de Medellín, “Bella Vista”, le informó a esta
Corporación -folios 53 y 54-, que al señor Arley Castaño Pérez, quien
actualmente se encuentra en libertad, se le satisfizo su pretensión, pues el
Director del centro de reclusión le proporcionó la silla de ruedas.
Si bien la acción de
tutela tiene por objeto el restablecimiento inmediato y efectivo de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados, pierde su razón de ser cuando
ya no existe el acto motivo de la acción. Por lo tanto, no tiene sentido que se
imparta una orden judicial tendente a que el demandado actúe de conformidad con
lo solicitado a través de la demanda.
En tal virtud, y
ante la desaparición de los supuestos de hecho en los que se fundó la petición
del señor Castaño Pérez, la Corte no impartirá ninguna orden al demandado;
sólo procederá a revocar la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal de
Medellín, por las razones expuestas en este proveído, y dispondrá, en su lugar,
confirmar la providencia dictada por el Juez Décimo Laboral del Circuito de la
citada ciudad .
4.-  Notificación
personal de la acción de tutela a quienes se encuentren privados de la
libertad.-
Aunque se
restablecieron los derechos del actor antes de adoptarse este fallo de
revisión, es necesario reiterar la relevancia que tiene la notificación
personal a quienes se encuentran privados de la libertad.
Según consta en el
expediente, la sentencia proferida en primera instancia por el Juez Décimo
Laboral del Circuito de Medellín, fue notificada mediante telegrama al Director
de la Cárcel Nacional de “Bella Vista” -folio 21-. Igualmente, la providencia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, se notificó por ese
mismo medio al apoderado judicial del peticionario -folio 33-.
Esta Corporación ha
sostenido que, con el propósito de salvaguardar el derecho a la igualdad de
quienes se encuentren recluídos en un establecimiento carcelario, es necesario
que las providencias judiciales les sean notificadas personalmente, pues ellos
no disponen de los mismos medios con los que cuentan quienes gozan de libertad
para conocer los pronunciamientos judiciales.  Así lo manifestó la Sala Séptima
de Revisión de Tutelas, en sentencia T-324 del 26 de julio de 1995, M.P. Dr.
Alejandro Martínez Caballero:
“Es cierto que el
artículo 30 del decreto 2591 de 1991 establece que el fallo de tutela será
notificado por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento.
Con ello se ha querido asegurar la agilidad y la informalidad del trámite de
las tutelas. Pero en el caso de los internos en establecimientos carcelarios o
penitenciarios, esta norma debe ser interpretada de acuerdo a la finalidad
misma de la notificación, y en consonancia con las disposiciones que regulan
las notificaciones a las personas privadas de la libertad. Así, el artículo 188
del Código de Procedimiento Penal establece que la notificación de las
providencias al sindicado que se encuentre privado de la libertad se debe hacer
en forma personal. Y tal exigencia tiene una obvia razón de ser, puesto que la
notificación personal es la única manera de que una persona detenida o
condenada pueda conocer el contenido de la providencia, mientras que quienes
gozan de la libertad pueden ser informados por otros medios más expeditos, ya
que tienen la posibilidad de acudir ante el juez para conocer la providencia.”
“Por todo lo
anterior, la Corte Constitucional considera que la notificación de las
sentencias de tutela a los reclusos debe ser efectuada de manera personal, con
el fin de asegurar que el interno pueda impugnar las decisiones que le sean
desfavorables...”.
En tal virtud, y
dado que las sentencias proferidas por los jueces de instancia en el trámite de
la presente acción no le fueron notificadas personalmente al señor Castaño
Pérez, se previene al Juez Décimo Laboral del Circuito de Medellín y a la Sala
Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, para que en adelante procedan
a notificar los fallos de tutela a quienes se encuentran privados de su
libertad, siguiendo los parámetros aquí anotados.
4.-  Decisión
En virtud de las
consideraciones expuestas, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-  Revocar, por las razones expuestas en esta
providencia, la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín el día 13 de julio de 1995 y confirmar el
fallo dictado por el Juez Décimo Laboral del Circuito de Medellín, no obstante
la carencia actual de objeto, tal como se expresó en la parte motiva.
Segundo.-  Prevenir al Juez Décimo Laboral del
Circuito de Medellín y a la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma
ciudad, para que en adelanten procedan a la práctica de las pruebas de
conformidad con lo dicho en la parte considerativa de esta sentencia.
Tercero.-  Prevenir al Juez Décimo Laboral del
Circuito de Medellín y a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín,
para que en adelante notifiquen personalmente las decisiones de tutela a
quienes se encuentran privados de la libertad.
Cuarto.-  Comunicar la presente sentencia al Juez
Décimo Laboral del Circuito de Medellín, para los efectos del artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese, notifíquese,
cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General