T-857-99
Sentencia T-857/99
HABEAS DATA-Alcance
HABEAS DATA-Solicitud previa de rectificación de
información
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia:
Expediente T-230672
Acción de tutela
instaurada por Cesar Humberto Díaz Gómez, Elvira Forero de Suárez y María
Cristina Malagón Wiesner contra las empresas Luque Medina y Cía. Ltda.,
Aseguradora El Libertador S.A., y Computec S.A. - Datacredito.
Magistrado Ponente:
Dr. CARLOS GAVIRIA
DÍAZ
Santafé de Bogotá D.C., a los veintiocho
(28) días del mes de octubre de mil  novecientos noventa y nueve (1999).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Carlos Gaviria Díaz, José
Gregorio Hernández Galindo y Alvaro Tafur Galvis, en uso de sus facultades
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión de los fallos
proferidos por el Juzgado Dieciséis Civil Municipal de Bogotá y el Juzgado
Veinte Civil del Circuito de la misma ciudad dentro de la acción de tutela
instaurada por Cesar Humberto Díaz Gómez, Elvira Forero de Suárez y María
Cristina Malagón Wiesner contra las empresas Aseguradora El Libertador S.A., y
Computec S.A. - Datacredito.
I. ANTECEDENTES.
1. Hechos.
Los hechos de la presente acción de tutela
se pueden sintetizar en los siguiente puntos:
1.
Manifiestan los actores que
celebraron un contrato de arrendamiento de un local comercial con la sociedad
Luque Medina y Cía Ltda, en el cual instalaron un establecimiento comercial
denominado “LICORERA DE LA 114”.
2.
Posteriormente, los
arrendatarios vendieron el establecimiento comercial a los señores Martha Lucía
Carvajal Malaver y Gustavo Adolfo Nieto Huertas,  cumpliendo para ello con
todos los requerimientos señalados por el Código de Comercio.
3.
Sin embargo, en razón a la
mora de los nuevos arrendatarios en el pago del  correspondiente canon de
arrendamiento, la sociedad Luque Medina y Cía Ltda., y la Aseguradora El
Libertador S.A. les exigieron a los tutelantes el pago de los dineros adeudados
por dicho concepto.
4.
Ante la negativa de los
actores en cubrir una deuda que no les correspondía, las empresas ya
mencionadas procedieron a reportarlos al banco de datos que para tal efecto
maneja la empresa Computec S.A. - Datacredito.  Señalan los demandantes se han
visto gravemente afectados, pues su buen nombre y su credibilidad, han sido
puestas en duda.
Consideran violado su derecho fundamental
al buen nombre y habeas data. Solicitan se ordene a la sociedad Luque Medina y
Cía Ltda., a la Aseguradora El Libertador S.A, y Computec S.A. - Datacredito,
para que en el término de 48 horas rectifique la información vertida en bancos
de datos públicos o privados en relación con los nombres de los actores. Así
mismo, ordenar a Computec S.A. - Datacredito la cancelación del nombre de los
peticionarios de sus listas de deudores morosos, y se condene a las entidades
demandadas a la indemnización de los perjuicios ocasionados.
2. Decisiones
de instancia.
Mediante sentencia del 24 de marzo del
presente año, el Juzgado Dieciséis Civil Municipal de Bogotá negó la tutela.
Consideró que respecto de Computec S.A., y particularmente su unidad
administrativa Datacredito, no es viable la acción de tutela pues en virtud el
numeral 6° del artículo 42 del decreto 2591 de 1991, los demandantes no han
elevado petición alguna en el sentido de rectificar la información allí
contenida.
Impugnada la decisión, conoció en segunda
instancia el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, que
confirmó la decisión. Consideró que no les asiste la razón al solicitar ser
excluidos de las listas de deudores morosos contenida en el mencionado banco de
datos. Por el contrario, deberán, dentro del proceso que se cursa, demostrar
que cumplieron con todos los requerimientos y formalismos establecidos por la
ley, según los cuales ya no son parte de la relación contractual que los
vinculó inicialmente con las entidades aquí demandadas.
II. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE.
1. Reiteración
de jurisprudencia. El derecho a la intimidad, a la honra, al buen nombre y a la
información.
El denominado derecho al habeas data
contenido en el artículo 15 de nuestra Carta Política, además de su carácter de
fundamental presenta una segunda connotación como es la de servir de medio de
defensa a los particulares en relación con la divulgación de informaciones que
tengan relación con su buen nombre, su intimidad personal ,familiar y su honra.
De esta manera, la información que se encuentre vertida en bancos de datos,
debe obedecer de manera estricta a la verdad, ser completos y dinámicos en la
información que contengan, es decir, permitir su actualización. Al respecto la
sentencia SU-082 de 1995, Magistrado ponente Jorge Arango Mejía, señaló los
elementos básicos de este derecho:
“¿Cuál es el
núcleo esencial del habeas data? A juicio de la Corte, está integrado
por el derecho a la autodeterminación informática y por la libertad,
en general, y en especial económica.
“La
autodeterminación informática es la facultad de la persona a la cual se
refieren los datos, para autorizar su conservación, uso y circulación, de
conformidad con las regulaciones legales.
“Y se habla de la
libertad económica, en especial, porque ésta podría ser vulnerada al
restringirse indebidamente en virtud de la circulación de datos que no sean
veraces, o que no haya sido autorizada por la persona concernida o por la ley.
“El sujeto
activo del derecho a la autodeterminación informática es toda persona,
física o jurídica, cuyos datos personales sean susceptibles de tratamiento
automatizado.
“El sujeto
pasivo es toda persona física o jurídica que utilice sistemas informáticos
para la conservación, uso y circulación de datos personales. En la materia de
que trata esta sentencia, tales datos deberán referirse a la capacidad
económica de la persona, y, concretamente, a la manera como ella atiende sus
obligaciones económicas para con las instituciones de crédito.
“El contenido del
habeas data se manifiesta por tres facultades concretas que el citado
artículo 15 reconoce a la persona a la cual se refieren los datos recogidos o
almacenados:
“a) El derecho a
conocer las informaciones que a ella se refieren;
“b) El derecho a
actualizar tales informaciones, es decir, a ponerlas al día, agregándoles los
hechos nuevos;
“c) El derecho a
rectificar las informaciones que no correspondan a la verdad.
“(...).
“Hay que aclarar
que la actualización, y la rectificación de los datos contrarios a la verdad,
son, en principio, obligaciones de quien maneja el banco de datos; y que si él
no las cumple, la persona concernida puede exigir su cumplimiento.
“(...).
“Igualmente, si
un banco de datos, abusando de sus funciones, incluye entre la información
sobre un deudor, datos que por su contenido pertenecen a la esfera íntima del
individuo, podrá la persona cuya intimidad se vulnera exigir la exclusión de
tales datos. Y si tal exclusión no se hace voluntariamente, acudir a la acción
de tutela para proteger su derecho fundamental.
“(...).
“El conflicto
entre el derecho al buen nombre y el derecho a la información, se presenta cuando
aquél se vulnera por la divulgación de ésta.
“Hay que partir
de la base de que la información debe corresponder a la verdad, ser veraz, pues
no existe derecho a divulgar información que no sea cierta.”[1]
De esta manera, la información que se
almacena y se encuentra a disposición del público, debe atender a una
información veraz, que  se  corresponda con los hechos que la originan, que
sea dinámica, es decir, que se encuentre en permanente actualización, pues de
esta manera refleja su veracidad  implícita y finalmente, es susceptible de ser
rectificada, cada vez que así se requiera.
En el caso concreto, los demandantes
señalan que no son los responsables de la mora en que han incurrido los nuevos
arrendatarios al no cancelar los correspondientes cánones de arrendamiento. Sin
embargo, tampoco expresan o aportan prueba documental alguna en la cual quede
efectivamente demostrado que elevaron ante la entidad Computec S.A. -
Datacredito, petición alguna en donde soliciten la rectificación de la
información que administra dicha entidad. Por el contrario, en escritos
bastante explicativos, la empresa Computec S.A. - Datacredito, señala las
funciones y la razón de ser del banco de datos que maneja, así como la
finalidad del mismo. Además, en la información que reposa en el banco de datos
de Datacredito respecto de cada uno de los accionantes, se constata que estos
se encuentran reportados por diferentes razones, ( tarjetas de crédito, y otros
créditos, ver folios 52 a 57 del expediente), motivo por el cual no resulta
viable que sean retirados de las listas de deudores morosos a que hacen
referencia.
Es claro que son los propios particulares
quienes con su comportamiento generan una información negativa o positiva, la
cual se ve reflejada en los bancos de datos a los cuales se reporta
permanentemente y a los que recurren las entidades financieras y de otra
índole. Por ello, la información no puede ser modificada al capricho del
afectado, pues ésta sólo se actualizará en tanto el particular genere con su
comportamiento una nueva información que modifique la anterior. De esta manera,
y analizado el expediente en cuestión, no se acreditó que los demandantes hubiesen
solicitado a los accionados el retiro de su nombre en la lista de deudores
morosos, por lo que sin la existencia de ese requisito, ha dicho la
jurisprudencia[2]
siguiendo los términos contemplados en el  numeral 6° del artículo 42 del
decreto 2591 de 1991, la tutela no es procedente. Sin embargo, de haberse hecho
la solicitud de rectificación, y ésta no se hubiere atendido por la entidad
demandada, la acción de tutela surgiría entonces, como el mecanismo judicial idóneo.
Vistas las anteriores consideraciones, esta
Sala de Revisión, conformará la decisión proferida por el Juzgado Veinte Civil
del Circuito de Santafé de Bogotá, pero por las consideraciones aquí expuestas.
III. DECISIÓN.
Con base en las expuestas consideraciones,
la Sala Cuarta de Revisión, de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR la sentencia
proferida por el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, pero
por las consideraciones aquí expuestas.
Segundo. Por
Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del decreto 2591
de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
CARLOS GAVIRIA DÍAZ     JOSÉ GREGORIO
HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado ponente                         Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS  MARTHA V. SÁCHICA DE
MONCALEANO
Magistrado                             Secretaria
General
[1] Reiterada en las sentencias T- 131 de 1998, T- 303 de
199 y T- 455 de 1998, entre otras.
[2] Sentencia T-096A , T-131 de 1998.