T-470-98
Sentencia T-470/98
Sentencia
T-470/98
ACCION DE TUTELA-Improcedencia sobre controversias
económicas legales
Las controversias
por elementos puramente económicos, que dependen de la aplicación al caso
concreto de las normas legales - no constitucionales - reguladoras de la
materia, exceden ampliamente el campo propio de la acción de tutela, cuyo único
objeto, por mandato del artículo 86 de la Constitución y según consolidada
jurisprudencia de esta Corte, radica en la protección efectiva, inmediata y
subsidiaria de los derechos constitucionales fundamentales, ante actos u
omisiones que los vulneren o amenacen.
ACCION DE TUTELA-Improcedencia para cobro exclusivo de
indexación
Referencia:
Expedientes Acumulados T-165335,  T-165336,   T-165337,  T-165338,  T-165339,
T-165340, T-165341,   T-165342,  T-165343,  T-165344, T-165345,  T-165346,   T-165347,
T-165348, T-165349,  T-165350,  T-165351,  T-165352,      T-165353,  T-165354,  T-165355,
T-165356,   T-165357,  T-165358,  T-165359,  T-165360, T-165361,   T-165362,  T-165363,
T-165364, T-165365,  T-165366,   T-165367,  T-165368, T-165369,  T-165370,  T-165371,
T-165372,      T-165373,  T-165374,  T-165375,  T-165376,   T-165377,  T-170399,  T-170400,
T-170401, T-170402,   T-170403,  T-170404,  T-170405, T-170406,  T-170407,   T-170408,
T-170409, T-170410,  T-170411,  T-170412,  T-170413,      T-170414,  T-170415,  T-170416,
T-170417,   T-170418,  T-170419,  T-170420,  T-170421, T-170422,   T-170423,  T-170424,
T-170425, T-170426,  T-170427,   T-170428,  T-170429, T-170430,  T-170431,  T-170432,
T-170433,      T-170434,  T-170435,  T-170436,  T-170437,   T-170438,  T-170439,  T-170440,
T-170441,   T-170442,  T-170443,  T-170444,  T-170445, T-170446,   T-170447.
Matías Segundo
Castillo Peñate, Marcos Fidel Muñoz Tuiran, Lucia Elena Florez Bravo, Guillermo
Enrique Morón Coava, Elsa del Carmen Torres Bello, Rosa del Carmen Márquez
Nerio, Mariela Aydé Cabrales Calvo, Eugenio de Jesús Agamez Peralta, Cielo de
Jesús Reyes Jiménez, Neyla Esther Castilla Ramos, Luis Carlos Gracia Barrera,
Dionisio Romero Arces, Janneth del Carmen Alean Mora, Eira Isabel Movilla de
Ospino, Carmelo José Sarmiento Muskus, Emilse del Carmen Castro Rubio, Jaime
Rafael Olmos Mendoza, Isidro Manuel Assis Aguirre, Jesus Manuel López
Rodríguez, Gloria Mercedes Genes Valero, Francisco Díaz Rodríguez, Gabriel
Antonio Alvarez Tobio, Termite Rentería Mosquera, Orlando Manuel Hernández
Amador, María Cecilia Polo Barrera, Plinio Marcial Hernández Alvarez, Elías
Morales Mulasco, Gustavo Miguel Altamiranda Torres, Fanny del Carmen Mercado
Urzola, Sonia del Carmen Carvajal Viloria, Ana Josefa Galeano Doria, Judith
Isabel Jabib Ruiz, Julio Enrique Cabrales Montes, Guiomar de las Mercedes
Ortega Revueltas, Milena  Margarita Dolores de Montes, Efraín Lorenzo Yances
Espitia, Julián Enrique Rodríguez Pérez, José Luis Millares Sánchez, Teovaldo
Alcides Fuentes Díaz, Alfonso Enrique Causil Morales, Luz Mila del Carmen
Argumedo de la Espriella, Tito Esteban Cabrales Calvo, Oscar Parra Moreno,
Delis Carmenza Avila Hernández, Elvia Rosa de la Hoz Altamiranda, Escilda
Gutíerrez Noriega, Luis Miguel López Palencia, María Cristina  Herazo Roget,
Concepción María López Durán, Ludys Días Miranda, Libia Rosa Castro Diz,
Donaldo Miguel Miranda Díaz, Leonor López Durán, Amira López Garcés, María
Teotista Padilla Salguero, Jaime García Garcés, Rosa Correa de Laudeth, Myriam
Judith Correa Patrón, Yolanda del Carmen Orozco Padilla, Emilia María Fernández
Barroso, Stella Murillo de Emiliani, Italia Inés Muentes Fuentes, Digna del
Carmen Cordero Miranda, Alba Sofía Ruíz Arteaga, Elvia María Doria de
Hernández, José Manuel Cantero  Avila, Marina Tuirán Arrieta, Erlinda Camargo
Manjarrés, Isaías Enrique Olea Moreno, Leonor María Escudero Angulo, Lenys Del Carmen
Angulo Padilla, Ana María Hernández de López, Ana Irene Ordosgoitia Doria, Mary
Luz Tuirán Gutíerrez, Elida Tuirán Gutíerrez, Yepsy Durán Guevara, Felix Acosta
Cárdenas, Natalia Mogollón Sánchez, Susana Celina Diz de Rodríguez, Fanny
Felisa Angulo de Martínez,  Raúl Martínez Durán, Margarita María Nieves Avila,
Rosalba Naar González, Yadira Núñez Cárdenas, María Isabel Amigo González, de
Jesús Santos de Angulo, Esperanza de Jesús López Zurita, Alvaro de Jesús
Manotas Guerrero, Miryam Ríos Acevedo, Melquiades Cordero de Castro, Ercila
Padilla de Bustamante, Raymundo Guerrero Suárez.
Demandado: Fondo
Educativo Regional, FER, de Córdoba.
Magistrado Ponente:
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA
Sentencia aprobada
en Santafé de Bogotá, D.C. a los tres (3) días del mes de septiembre de mil
novecientos  noventa y ocho (1998).
La Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro
Naranjo Mesa, Alfredo Beltrán Sierra y Antonio Barrera Carbonell, procede a
revisar los fallos proferidos en los asuntos de la referencia.
I. HECHOS Y DECISIONES QUE SE REVISAN.
Mediante
resoluciones anexas a los diferentes expedientes, el Fer reconoció a los
peticionarios y canceló efectivamente el valor de sus cesantías parciales sin
incluir ni reconocer las sumas causadas por la indexación de las mismas. De
conformidad con la legislación colombiana y la jurisprudencia constitucional
los actores dicen tener derecho al pago de la indexación, es decir al
reconocimiento del valor que corresponde por la pérdida del poder adquisitivo
del dinero recibido por concepto de cesantías parciales. Solicitan por
consiguiente, amparo a sus derechos constitucionales de igualdad y trabajo.
Los juzgados
encargados de la primera instancia, conceden la tutela por derecho a la
igualdad, apoyados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en donde se
ha admitido el pago de sumas de dinero indexadas en los eventos de pagos de
cesantías parciales. Las providencias mencionadas disponen el pago de la sumas
debidamente indexadas desde el momento en el cual se presentó la solicitud
hasta aquel en el cual se hizo efectiva la cancelación de la prestación social.
El Tribunal Superior de Montería  encargado de la segunda instancia en todos
los casos, confirmó la totalidad de las decisiones de primer grado con iguales
argumentos.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
A. Competencia.
La Corte es
competente para revisar las sentencias proferidas dentro de los procesos de la
referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241 numeral
9º. De la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del
decreto 2591 de 1991.
B. Utilización errónea de la tutela.
Se observa
primeramente en los casos que se estudian, que no está en juego problema alguno
de aquellos que deben dilucidarse a partir del ejercicio de la acción de
tutela, a todas luces erróneamente utilizada en estos eventos.
Las controversias
por elementos puramente económicos, que dependen de la aplicación al caso
concreto de las normas legales - no constitucionales - reguladoras de la
materia, exceden ampliamente el campo propio de la acción de tutela, cuyo único
objeto, por mandato del artículo 86 de la Constitución y según consolidada jurisprudencia
de esta Corte, radica en la protección efectiva, inmediata y subsidiaria de los
derechos constitucionales fundamentales, ante actos u omisiones que los
vulneren o amenacen.[1]
Debe recordarse lo
dicho al respecto:
"En el campo
laboral, aunque está de por medio el derecho al trabajo en condiciones dignas y
justas y existen motivos para que en casos excepcionales pueda la acción de
tutela ser un instrumento con mayor aptitud para salvaguardar aquél y otros
derechos fundamentales, tiene lugar la regla general expuesta, ya que las
controversias originadas en una relación de trabajo, bien por vinculación
mediante contrato o por nexo legal y reglamentario con entidades públicas,
tienen suficientes mecanismos de control, defensa y resolución en los procesos
ordinarios, ampliamente desarrollados de tiempo atrás en nuestro sistema
jurídico.
“La
jurisprudencia de la Corte ha sido enfática en sostener que la liquidación y
pago de obligaciones laborales escapa al ámbito propio de la acción de tutela,
y si bien es cierto ha admitido su procedencia en algunos casos, ellos han sido
excepcionales y primordialmente sustentados en la falta de idoneidad del medio
ordinario, en los términos que se dejan expuestos, relativos siempre de manera
específica y directa a las circunstancias en las que se encuentra el actor, lo
cual excluye de plano que pueda concederse el amparo judicial para los
indicados fines, masiva e indiscriminadamente.
“Así, ha
encontrado la Corte que puede tutelarse el derecho del trabajador a obtener el
pago de su salario cuando resulta afectado el mínimo vital (Cfr. sentencias
T-426 del 24 de junio de 1992, T-063 del 22 de febrero de 1995 y T-437 del 16
de septiembre de 1996); que es posible intentar la acción de tutela para que se
cancelen las mesadas pensionales dejadas de percibir por una persona de la
tercera edad en circunstancias apremiantes y siendo ese su único ingreso (Cfr.
sentencias T-426 del 24 de junio de 1992, T-147 del 4 de abril de 1995, T-244
del 1 de junio de  1995, T-212 del 14 de mayo de 1996 y T-608 del 13 de
noviembre de 1996); que cuando la entidad obligada al pago de la pensión revoca
unilateralmente su reconocimiento, procede la tutela para restablecer el
derecho del afectado (Cfr. Sentencia T-246 del 3 junio de 1996); que es posible
restaurar, por la vía del amparo, la igualdad quebrantada por el Estado cuando
se discrimina entre los trabajadores, para fijar el momento de la cancelación
de prestaciones, favoreciendo con un pago rápido a quienes se acogen a
determinado régimen y demorándolo indefinidamente a aquellos que han optado por
otro (Cfr. Sentencia T-418 del 9 de septiembre de 1996); que resulta admisible
la tutela para eliminar las desigualdades generadas por el uso indebido de los
pactos colectivos de trabajo con el objeto de desestimular la asociación
sindical (Sentencia SU-342 del 2 de agosto de 1995. M.P.: Dr. Antonio Barrera
Carbonell).
“En todos los
casos mencionados la jurisprudencia ha entendido que se desvirtuaría la Carta
Política, en cuanto se quebrantaría la prevalencia del derecho sustancial, el
acceso efectivo a la justicia y el principio de economía procesal, en
detrimento de los derechos fundamentales en juego, si se forzara el uso del
medio judicial ordinario, a sabiendas de su ineptitud en el caso concreto,
cerrando de manera absoluta la vía contemplada en el artículo 86 de la
Constitución.
“Pero, se repite,
estamos ante situaciones extraordinarias que no pueden convertirse en la regla
general, ya que, de acontecer así, resultaría desnaturalizado el objeto de la
tutela y reemplazado, por fuera del expreso mandato constitucional, el sistema
judicial ordinario". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión.
Sentencia T-01 del 21 de enero de 1997).
Y es que, por regla
general, la existencia de un medio de defensa judicial ordinario hace
improcedente la acción de tutela.
Como varias veces lo
ha reiterado esta Sala, las excepciones a tal principio, que resultan de la
aplicación de disposiciones constitucionales prevalentes, están relacionadas
con la inminencia de un perjuicio irremediable o con la clara ineficacia del
medio judicial ordinario para tutelar de manera completa y con la suficiente
prontitud y oportunidad los derechos afectados o en peligro.
El caso materia de
revisión difiere de aquellos en que se ha protegido a las personas en un
derecho  fundamental ciertamente quebrantado (Ej: Sentencia T-418 del 9 de
septiembre de 1996, relativo al derecho de igualdad) y de los que buscan
brindar amparo constitucional efectivo a las personas de la tercera edad o a
quienes ven amenazado su mínimo vital.
Ninguno de los
aludidos eventos se configura en esta ocasión, por lo cual no se justifica
ubicar las hipótesis en alguna de las posibilidades de prosperidad
extraordinaria de la acción de tutela, reconocidas por la jurisprudencia con
base en la Constitución.
C. Caso concreto. Improcedencia de la tutela para el
cobro exclusivo de la indexación.
El asunto que se
discute nuevamente  en sede de tutela tiene que ver con la petición aislada de
una suma de dinero que los accionantes pretenden actualizar por vía de este
amparo constitucional. En relación con el tema, la Corte Constitucional en
recientes sentencias[2]
en donde se trató asunto similar al aquí propuesto, aclaró cuándo y porqué
concepto procede la indexación:
“En el presente
caso, el actor ya obtuvo el pago de sus cesantías parciales. Sin embargo,
ejerce la presente tutela para hacer efectivo el pago de la indexación o
intereses moratorios a que cree tener derecho, en razón a la mora en el pago de
dicha actualización.
“Como ya se
expuso, la acción de tutela por este concepto no está llamada a prosperar, por
cuanto se persigue únicamente la cancelación de dineros como consecuencia del
retardo en el pago de obligaciones reconocidas, sin haberse acreditado el
perjuicio requerido para la procedencia de la acción y cuando para ello existe
otro medio de defensa judicial (Cfr.T-175 de 1997, SU-400 de 1997, y T- 499 de
1997).
“Estima la Corte
que el asunto planteado parece asociarse a la petición de intereses moratorios
e indexación consagrado por la doctrina constitucional referida al otorgamiento
de la tutela cuando se trata de cesantías parciales aún no satisfechas, los
cuales constituyen el objeto de amparo. Cabe expresar que en dichos eventos, es
decir, cuando se promueve la acción de tutela con la pretensión del pago de
cesantías reconocidas y no canceladas y simultáneamente la indexación,  se ha
concedido la tutela frente a la violación del derecho a la igualdad y el trato
discriminatorio dado a ciertos empleados. Tal como lo expuso la sentencia
SU-400 de 28 de agosto de 1997, Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo:
“En efecto, puede
verse en los casos aquí acumulados una evidente identidad con los que fueron
analizados en las sentencias T-418 del 9 de septiembre de 1996 y T-175 del 8 de
abril de 1997, tanto en el tipo de solicitud elevada ante las autoridades administrativas
(petición de cesantía parcial), en la actitud observada por éstas, en la
patente discriminación entre servidores públicos y, también, en las
pretensiones que los actores formularon mediante el ejercicio de la acción de
tutela.”
Así pues, en este
caso, existiendo sustracción de materia en cuanto a la cesantía parcial, en
tanto que ya a los  actores se les pagó lo debido, no es esta la vía para
discutir la simple actualización del dinero; se corrigen las interpretaciones
que de las sentencias de la Corte Constitucional hicieron las instancias que
accedieron a la tutela, puesto que debe entenderse que la indexación sólo se ha
concedido en esta sede, cuando ha estado atada a una petición de carácter
laboral que a su vez cumpla con las exigencias excepcionales para ser evacuada
por vía de tutela. La indexación  pues, como pretensión aislada, no procede
mediante este mecanismo, y se repite, se ha concedido cuando se ha demostrado
vulneración al derecho a la igualdad frente a una petición principal de
carácter laboral, cesantías parciales, y cuya procedencia se ha analizado desde
la perspectiva excepcional[3]
que esta Corporación viene señalando.
Como bien lo dijo la
sentencia que se ha citado:
..”ya que los
casos ahora acumulados tienen de común la violación del derecho a la igualdad
de los peticionarios, debe prosperar la acción de tutela para restablecer el
equilibrio roto en virtud de la discriminación oficial. Y, dado que la
diferencia injustificada de trato ha repercutido precisamente en demorar el
desembolso de sumas hace tiempo liquidadas y reconocidas por la administración,
referentes a cesantías parciales, es natural y apenas justo que por la misma
vía de protección constitucional del derecho a la igualdad se ordene la
indexación de tales cantidades, ya que de lo contrario la desigualdad
subsistiría:...”
Por lo anterior,
reiterando la jurisprudencia, se revocarán las decisiones revisadas.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR
todas las decisiones proferidas por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal
Superior de Monteria en  providencias proferidas en las siguientes fechas; quince
(15 ) de abril de mil novecientos noventa y ocho ( 1998) en los
expedientes: T-165335,           T-165336, T-165340, T-165343, T-165349,
T-165352, T-165353, T-165354,   T-165355, T-165356, T-165358, T-165360,
T-165361, T-165362, T-165364,   T-165368, T-165370, T-165372, T- 165374,
T-165375, T-165377; Dieciséis (16) de abril, expedientes T-165337,
T-165338, T-165345, T-165346,          T-165347, T-165348, T-165350, T-165351,
T-165357, T-165359, T-165363,    T-165366, T-165367, T-165369, T-165371,
T-165376; Veinte (20) de abril de 1998, expedientes T-165339, T-165341,
T-165342, T-165344, T-165365,      T-165373; mayo veintiuno (21) de 1998,
expedientes T-170411, T-170412, T-170425, T-170426, T-170433, T-170434,
T-170436; mayo veintidós (22) de 1998, expedientes, T-170408, T-170414,
T-170423, T-170435, T-170437; mayo veintiséis (26)de 1988, en los
expedientes T-170399, T-170400,      T-170401, T-170402, T-170403, T-170404,
T-170405, T-170406, T-170409,    T-170415, T-170418, T-170424, T-170427,
T-170428, T-170430, T-170431,   T-170432, T-170438, T-170439, T-170440,
T-170441, T-170442, T-170443,   T-170445, T-170447; veintisiete (27) de mayo
de 1998, expedientes T- 170407,T-170410, T-170413, T-170416, T-170417,
T-170419, T-170420,       T-170421, T-170422, T-170429, T-170444, T-170446 en
tanto procedieron a confirmar los fallos de primera instancia en donde se
concedía el amparo solicitado por los actores, En consecuencia, se niegan la
tutelas.
Segundo. DESE
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Cfr.
sentencia T-410 de 1998.
[2]  Cfr.
sentencias T-034, T-144, T-166 y T-367 de 1998.
[3]  Cfr.
sentencia T-001, T-175, SU-400, T-499 de 1997.