T-381-12
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-381/12
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional para resolver controversias relativas al
reconocimiento de pensiones
DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL-Fundamental e irrenunciable
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES EN
MATERIA PENSIONAL-Competencia de jurisdicción ordinaria o contencioso
administrativa
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTENIDO PARTICULAR Y
CONCRETO PARA MODIFICACION DE DERECHOS PENSIONALES-Revocatoria directa y suspensión
REVOCATORIA DIRECTA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTENIDO
PARTICULAR Y CONCRETO-Causales
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTENIDO PARTICULAR Y
CONCRETO-Irrevocables o inmutables
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTENIDO PARTICULAR Y
CONCRETO-Revocatoria por administración sin el consentimiento
del titular del derecho cuando se han proferido de forma ilegal o ilícita, o
son producto del silencio administrativo positivo
PENSIONES RECONOCIDAS IRREGULARMENTE-Revocatoria
por manifiesta irregularidad
DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Suspensión del pago de las mesadas pensionales a
extrabajadores de Foncolpuertos
REVOCATORIA O SUSPENSION UNILATERAL DE ACTO
ADMINISTRATIVO-Requiere el consentimiento previo y expreso del
involucrado excepto en los casos de manifiesta ilegalidad
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Reiteración de jurisprudencia
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Término razonable y proporcionado
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO-Improcedencia general
ACTO ADMINISTRATIVO-Susceptible
de controversia ante la jurisdicción Contencioso Administrativa
ACCION DE TUTELA DE PERSONAS DE LA
TERCERA EDAD CONTRA GRUPO INTERNO DE TRABAJO PARA LA
GESTION DEL PASIVO SOCIAL DE PUERTOS DE COLOMBIA-Improcedencia por no cumplir con el requisito de
inmediatez y existir otros medios de defensa judicial
Referencia: Expedientes T-2.914.956,
T-2.921.452, T- 2.924.738, T- 2.926.314, T-2.926.333, T-2.926.362, T- 2.932.282
y T- 2.936.218.
Acciones de tutela instauradas por
Joaquín Cancio Collazos,  Carlos Castillo Aguilar y otros, Roberto Goenaga
Cotes y otros, Indalecio Yanes García y otros, Lácides Pana López y otros,
Alfredo Buendía Castro y otros, Carlos Mozo Linero y otros, y María del Socorro
Noguera Aguilar, contra el Grupo Interno de
Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de la
Empresa Puertos de Colombia (Grupo GIT), Coordinación Área de Pensiones del
Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., veintitrés (23)
de mayo de dos mil doce (2012)
La Sala Séptima de
Revisión de tutelas de la
Corte Constitucional,
conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub - quien la preside
–, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°,
de la
Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de
los fallos de tutela adoptados por: el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta - Sala Penal, en primera
instancia, el 1º de octubre de 2010, y la
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, en segunda instancia, el
23 de noviembre de 2010, dentro del proceso T- 2.914.956; el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa
Marta - Sala Penal, en primera instancia, el 14 de septiembre de 2010, y la Corte Suprema de Justicia -
Sala de Casación Penal, en segunda instancia, el 30 de noviembre de 2010,
dentro del proceso T-
2.921.452; el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa
Marta - Sala Penal, en primera instancia, el 6 de septiembre de 2010, y la
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, en segunda instancia, el
30 de noviembre de 2010, dentro del proceso T- 2.924.738; el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta - Sala Penal, en primera
instancia, el 22 de octubre de 2010, y la
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, en segunda instancia, el 9
de diciembre de 2010, dentro del proceso T- 2.926.314; el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta - Sala Penal, en primera
instancia, el 20 de septiembre de 2010, y la
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, en segunda instancia, el
30 de noviembre de 2010, dentro del proceso T-2.926.333; el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta - Sala Penal, en primera
instancia, el 7 de octubre de 2010, y la
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, en segunda instancia, el 9
de diciembre de 2010, dentro del proceso T-2.926.362; el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta - Sala Penal, en primera
instancia, el 27 de octubre de 2010, y la
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, en segunda instancia, el
15 de diciembre de 2010, dentro del proceso T- 2.932.282;  y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta - Sala Penal, en primera
instancia, el 5 de octubre de 2010, y la
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, en segunda instancia, el
15 de diciembre de 2010, dentro del proceso T- 2.936.218.
De manera preliminar debe
anotarse que la Sala de Selección de Tutelas Número Uno, a través de auto del
31 de enero de
2011, decidió acumular los procesos T- 2.914.956,
T- 2.921.452, T- 2.924.738, T- 2.926.314, T-2.926.333, T-2.926.362, T-
2.932.282 y T- 2.936.218, a fin de que fueran resueltos en una sola
sentencia, en razón a la analogía de los problemas jurídicos en ellos
contenidos, circunstancia que a la luz del principio de economía procesal,
justifica la mencionada acumulación.
1.
ANTECEDENTES
1.1
SOLICITUD.
En todos los casos bajo
revisión de la Corte los demandantes son personas de la tercera edad, quienes
presentaron acción de tutela invocando la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la defensa, al pago
oportuno de la mesada pensional, a la igualdad y a la dignidad humana,
presuntamente afectados por el Grupo Interno de Trabajo para la
Gestión del Pasivo Social de la
Empresa Puertos de Colombia - en adelante Grupo GIT -, Coordinación
Área de Pensiones, Ministerio de la
Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo; la
Fiscalía General de la Nación, Fiscalía Primera Delegada de la
Unidad de Delitos contra la
Administración Pública; y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Descongestión Foncolpuertos – Cajanal, al suspender el mayor valor de sus mesadas
pensionales, que fueran  reconocidas por parte de la extinta Empresa Puertos de
Colombia, decisión que se tomó en forma unilateral, sin previo aviso y sin
adelantar actuación administrativa alguna.
En consecuencia, solicitan se
les garantice y se ordene el cumplimiento de sus derechos constitucionales y
fundamentales, ordenándole al Ministerio - Grupo GIT que suspenda los
efectos de las resoluciones que fueron emitidas sin los procedimientos
consagrados en el Código Contencioso Administrativo.
Igualmente solicitan, que se
ordene al Grupo GIT, que  expida los actos administrativos que
restablezcan el pago de sus pensiones con todos los reajustes legales, y
reintegre las mesadas pensionales que les fueron suspendidas.
1.2      HECHOS DE LAS DEMANDAS.
1.2.1     Expediente T- 2.914.956
El señor Joaquín Cancio Collazos, dice que fue pensionado por
la extinta empresa Puertos de Colombia mediante resolución 1195 del 8 de agosto
de 1990[1],
con una pensión de $715.899.86, con fundamento en lo convenido en la
Convención de Trabajo vigente para la época.
Señaló que en razón a la liquidación de la
Empresa Puertos de Colombia, y en virtud de la convención colectiva de trabajo
1991 – 1993, firmada entre la empresa y los representantes de la organización
sindical, se le reconoció y ordenó pagar mediante la resolución 1538 del 30 de
noviembre de 1994[2],
una pensión especial proporcional de jubilación a partir del 1 de enero de
1991, con un monto mensual de $1.772.108.40.
Manifestó que el Grupo GIT, mediante
resolución 0981 del 31 de agosto del 2007, suspendió unilateralmente y sin su
consentimiento la resolución 1538 de 1994[3],
dejando de recibir la pensión especial de jubilación a partir de  septiembre de
2007, a pesar de venirla disfrutando desde el 1º de enero de 1991, con lo cual,
solicitó se le explicara de tal decisión.
Asegura que la citada entidad le comunicó
en forma extemporánea, que la suspensión fue sustentada en la decisión del 06
de junio de 2007 adoptada por la
Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Publica, que resolvió la situación jurídica contra el ex Director de
Foncolpuertos Luis Hernando Rodríguez, condenado posteriormente el 30 de mayo
de 2008, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión para
Foncolpuertos -  Cajanal de Bogotá, quien dispuso la suspensión de los efectos
jurídicos y económicos de los actos administrativos expedidos por el citado
señor.
Argumentó que mediante oficio de 4 de
julio de 2008[4],
solicitó el restablecimiento del pago de su mesada completa desde el momento en
que fue suspendida hasta lo corrido del año 2008. En respuesta el Grupo GIT,
mediante resolución 0267 del 26 de febrero de 2009[5], resolvió la solicitud y
realizó una revisión integral de su pensión de jubilación a partir del 1 de
enero de 1990, en la que determinó que debía reintegrar a la
Nación el valor de $1.354.936.461.98, y, que le correspondía legalmente por
pensión era la suma de $960.702,85 mensual.
El 17 de septiembre de 2010, el accionante
interpuso acción de tutela, invocando los hechos y derechos que se acaban de
sintetizar.
1.2.2
Expediente T-
2.921.452
Los señores Carlos
Castillo Aguilar; José Campo Maestre; José Bravo Labastidas; Antonio Maldonado
Peña; Jaime Saban Rojas; Rafael Rico Llanes; Francisco Fernández Tete; Elda
Sierra de Pardo; Francisco Pimienta Effer; Zunilda Maiguel de Celedon y Luis
Galván Carpio, todos adultos mayores, indicaron que fueron pensionados por la
extinta empresa Puertos de Colombia de acuerdo con los requisitos establecidos
en la convención de trabajo vigente al momento de la desvinculación de la
empresa.
Señalaron que en razón a la liquidación de
la Empresa Puertos de Colombia, y en virtud de la convención colectiva de
trabajo 1991 – 1993, firmada entre la empresa y los representantes de la
organización sindical, se les reconocieron y ordenaron pagar, una pensión
especial proporcional de jubilación a partir del 1 de enero de 1991[6].
Afirmaron que entre los meses de junio y
octubre de 2008, al recibir el pago de las mesadas pensionales, se dieron
cuenta de que éstas habían sido disminuidas sin que se les hubiera notificado
de ello, y por lo tanto, presentaron derecho de petición ante el Grupo GIT,
para que se les informara de la decisión adoptada.
Manifestaron que el Grupo GIT les respondió
extemporáneamente, informándole que por medio de las resoluciones 1392 del 24
de septiembre de 2008[7],
641 del 20 de mayo de 2008[8],
0703 del 3 de junio de 2008[9],
0705 del 3 de junio de 2008[10],
1381 del 22 de septiembre de 2008[11],
1394 del 24 de septiembre de 2008[12],
1406 del 26 de septiembre de 2008[13],
se revocaron directamente las resoluciones 1912 de 1995, 2195 de 1998, 1164 de
1994, 1419 de 1995, 1378 de 1995, 550 de 1995 y 2656 de 1995 expedidas por
Foncolpuertos, las cuales se sustentaron en la decisión del 06 de junio de 2007
adoptada por la Fiscalía General de la
Nación, Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Publica, que resolvió la situación jurídica contra el ex Director de
Foncolpuertos Luis Hernando Rodríguez, condenado posteriormente el 30 de mayo
de 2008, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión para
Foncolpuertos -  Cajanal de Bogotá, quien dispuso la suspensión de los efectos
jurídicos y económicos de los actos administrativos firmados por el citado
señor.
Afirmaron que dentro de la lista señalada
por el Juzgado, no se encontraron sus nombres ni las resoluciones por medio de
las cuales Foncolpuertos les concedió la reliquidación pensional, de manera que
no había razón para que la orden de los despachos judiciales se les haya hecho
extensiva, y por lo tanto, solicitaron la revocatoria directa de los actos
administrativos contenidos en las resoluciones expedidas por el Grupo GIT.
El 1º de septiembre de 2010, los
accionantes interpusieron acción de tutela, invocando los hechos y derechos que
se acaban de sintetizar.
1.2.3     Expediente T- 2.924.738
Los señores Roberto
Goenaga Cotes; Rafael Álvarez Aguilar; José Castro Alfaro; Dula Payares
de Correa; Francisco Valle Gámez; Buenaventura Loaiza; William Manjarrés Carbonó;
Juan Sierra González y Sócrates Sandoval Rolong, aseguraron que fueron
pensionados por la extinta empresa Puertos de Colombia de acuerdo con los
requisitos establecidos en la Convención de Trabajo vigente al momento de la
desvinculación de la empresa.
Señalaron que en razón a la liquidación de
la Empresa Puertos de Colombia, y en virtud de la convención colectiva de
trabajo 1991 – 1993, firmada entre la empresa y los representantes de la
organización sindical, se les reconocieron y ordenaron pagar, una pensión
especial proporcional de jubilación a partir del 1 de enero de 1991[14].
Afirmaron que entre los meses de julio y
octubre de 2008, al recibir el pago de las mesadas pensionales, se dieron
cuenta de que éstas habían sido disminuidas sin que se les hubiera notificado
de ello, y por lo tanto, presentaron derecho de petición ante el Grupo GIT,
para que se les informara de la decisión adoptada.
Manifestaron que el Grupo GIT les
respondió extemporáneamente, informándoles que a través de las resoluciones
0689 del 3 de junio de 2008[15],
0704 del 3 de junio de 2008[16],
0707 del 3 de junio de 2008[17],
1367 del 22 de septiembre de 2008[18],
1377 del 22 de septiembre de 2008[19],
1395 del 24 de septiembre de 2008[20]
y 1405 del 26 de 2008[21],
se revocaron directamente las resoluciones 578 de 1995, 1026 de 1995, 1328 de
1994, 1413 de 1995, 1347 de 1995, 1413 de 1995 y 159 de 1996, expedidas por
Foncolpuertos, las cuales se sustentaron en la decisión del 06 de junio de 2007
adoptada por la Fiscalía General de la
Nación, Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Publica, que resolvió la situación jurídica contra el ex Director de
Foncolpuertos Luis Hernando Rodríguez, condenado posteriormente el 30 de mayo
de 2008, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión para
Foncolpuertos -  Cajanal de Bogotá, quien dispuso la suspensión de los efectos
jurídicos y económicos de los actos administrativos firmados por el citado
señor.
Afirmaron que dentro de la lista señalada
por el Juzgado, no se encontraron sus nombres ni las resoluciones, por medio de
las cuales Foncolpuertos les concedió la reliquidación pensional, de manera que
no había razón para que la orden de los despachos judiciales se les haya hecho
extensiva, y por lo tanto, solicitaron la revocatoria directa de los actos
administrativos contenidos en las resoluciones expedidas por el Grupo GIT.
El 24 de agosto de 2010, los accionantes
interpusieron acción de tutela, invocando los hechos y derechos que se acaban
de sintetizar.
1.2.4
Expediente T-
2.926.314
Los señores Indalecio
Yanes García; Ángel Segundo Serrano Paredes; Rafael Agustín Montero Rodríguez;
Ramón Francisco Díaz Conde; Marco William Valencia Linero; y Armando Utria
García, aseguran que fueron pensionados por la extinta empresa Puertos
de Colombia de acuerdo con los requisitos establecidos en la
Convención de Trabajo vigente al momento de la desvinculación de la empresa.
Señalaron que en razón a la liquidación de
la Empresa Puertos de Colombia, y en virtud de la convención colectiva de
trabajo 1991 – 1993, firmada entre la empresa y los representantes de la
organización sindical, se les reconocieron y ordenaron pagar, una pensión
especial proporcional de jubilación a partir del 1 de enero de 1991[22].
Afirmaron que entre los meses de julio y
octubre de 2008, al recibir el pago de las mesadas pensionales, se dieron
cuenta de que éstas habían sido disminuidas sin que se les hubiera notificado
de ello, y por lo tanto, presentaron derecho de petición ante el Grupo GIT,
para que se les informara de la decisión adoptada.
Manifestaron que el Grupo GIT les
respondió extemporáneamente, informándoles que a través de las resoluciones
0705 del 3 de junio de 2008[23],
1367 del 22 de septiembre de 2008[24],
1369 del 22 de septiembre de 2008[25],
1391 del 24 de septiembre de 2008[26],
1404 del 6 de septiembre de 2008[27],
1408 del 26 de septiembre de 2008[28],
0703 del 3 de junio de 2008[29],
1039 del 8 de julio de 2008[30],
se revocaron directamente las resoluciones 1164 de 1994, 1433 de 1995, 1034 de
1995, 1286 de 1995, 1440 de 1995, 517 de 1995, 264 de 1995, 1740 de 1995, y
2195 de 1998,  expedidas por Foncolpuertos, las cuales se sustentaron en la
decisión del 06 de junio de 2007 adoptada por la
Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Publica, que resolvió la situación jurídica contra el ex Director de
Foncolpuertos Luis Hernando Rodríguez, condenado posteriormente el 30 de mayo
de 2008, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión para
Foncolpuertos -  Cajanal de Bogotá, quien dispuso la suspensión de los efectos
jurídicos y económicos de los actos administrativos firmados por el citado
señor.
Afirmaron que dentro de la lista señalada
por el Juzgado, no se encontraron sus nombres ni las resoluciones por medio de
las cuales Foncolpuertos les concedió la reliquidación pensional, de manera que
no había razón para que la orden de los despachos judiciales se les haya hecho
extensiva, y por lo tanto, solicitaron la revocatoria directa de los actos
administrativos contenidos en las resoluciones expedidas por el Grupo GIT.
El 11 de octubre de 2010, los accionantes
interpusieron acción de tutela, invocando los hechos y derechos que se acaban
de sintetizar.
1.2.5     Expediente T- 2.926.333
Los señores Wilfrido Camargo Bolaños y Lácides Pana López, aseguraron
que fueron pensionados por la extinta Empresa Puertos de Colombia de
acuerdo con los requisitos establecidos en la
Convención de Trabajo vigente al momento de la desvinculación de la empresa.
Señalaron que en razón a la liquidación de
la Empresa Puertos de Colombia, y en virtud de la convención colectiva de
trabajo 1991 – 1993, firmada entre la empresa y los representantes de la
organización sindical, se les reconocieron y ordenaron pagar una pensión
especial proporcional de jubilación a partir del 1 de enero de 1991[31].
Afirmaron que en el mes de octubre de
2008, al recibir el pago de las mesadas pensionales, se dieron cuenta de que
éstas habían sido disminuidas sin que se les hubiera notificado de ello, y por
lo tanto, presentaron derecho de petición ante el Grupo GIT, para que se les
informara de la decisión adoptada.
Manifestaron que el GIT les respondió
extemporáneamente, informándoles que a través de la resolución 1392 del 24 de
septiembre de 2008[32],
se revocó directamente la resolución 1378 de 1995, expedida por Foncolpuertos,
la cual se sustentó en la decisión del 06 de junio de 2007 adoptada por la
Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Publica, que resolvió la situación jurídica contra el ex Director de
Foncolpuertos Luis Hernando Rodríguez, condenado posteriormente el 30 de mayo
de 2008, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión para
Foncolpuertos -  Cajanal de Bogotá, quien dispuso la suspensión de los efectos
jurídicos y económicos de los actos administrativos firmados por el citado
señor.
Afirmaron que dentro de la lista señalada
por el Juzgado, no se encontraron sus nombres ni la resolución por medio de la
cual Foncolpuertos les concedió la reliquidación pensional, de manera que no
había razón para que la orden de los despachos judiciales se les haya hecho
extensiva, y por lo tanto, solicitaron la revocatoria directa de los actos
administrativos contenidos en las resoluciones expedidas por el Grupo GIT.
El 7 de septiembre de 2010, los
accionantes interpusieron acción de tutela, invocando los hechos y derechos que
se acaban de sintetizar.
1.2.6     Expediente T- 2.926.362
Los señores Julio
Lizcano Núñez; Alfredo Buendía Castro; Hugo
Rosentiel Bula; Enrique Navarro Guerra; Eduardo Guillot Rada; Miguel Jovien
Castillo; Manuel Rosales Mejía; José Adarraga Robles; Luz M. Gutirrez Acosta  y
Eva Escobar de Andreís, aseguraron que fueron pensionados por la extinta
empresa Puertos de Colombia de acuerdo con los requisitos establecidos en la
Convención de Trabajo vigente al momento de la desvinculación de la empresa.
Señalaron que en razón a la liquidación de
la Empresa Puertos de Colombia, y en virtud de la convención colectiva de
trabajo 1991 – 1993, firmada entre la empresa y los representantes de la
organización sindical, se les reconocieron y ordenaron pagar una pensión
especial proporcional de jubilación a partir del 1 de enero de 1991[33].
Afirmaron que entre los meses de julio y
octubre de 2008, al recibir el pago de las mesadas pensionales, se dieron
cuenta de que éstas habían sido disminuidas sin que se les hubiera notificado
de ello, y por lo tanto, presentaron derecho de petición ante el Grupo GIT,
para que se les informara de la decisión adoptada.
Manifestaron que el Grupo GIT les
respondió extemporáneamente, informándoles que a través de las resoluciones
0706 del 3 de junio de 2008[34],
0715 del 4 de junio de 2008[35],
1367 del 22 de septiembre de 2008[36],
1381 del 22 de septiembre de 2008[37],
1392 del 24 de septiembre de 2008[38],
1393 del 14 de septiembre de 2008[39],
1403 del 26 de septiembre de 2008[40],
se revocaron directamente las resoluciones 1375 de 1994, 1452 de 1998, 1433 de
1995, 1419 de 1995, 1378 de 1995, 1492 de 1995 y 1495 de 1995 y 2195 de 1998,
expedidas por Foncolpuertos, las cuales se sustentaron en la decisión del 06 de
junio de 2007 adoptada por la
Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Publica, que resolvió la situación jurídica contra el ex Director de
Foncolpuertos Luis Hernando Rodríguez, condenado posteriormente el 30 de mayo
de 2008, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión para
Foncolpuertos - Cajanal de Bogotá, quien dispuso la suspensión de los efectos
jurídicos y económicos de los actos administrativos firmados por el citado
señor.
Afirmaron que dentro de la lista señalada
por el Juzgado, no se encontraron sus nombres ni las resoluciones por medio de
las cuales Foncolpuertos les concedió la reliquidación pensional, de manera que
no había razón para que la orden de los despachos judiciales se les haya hecho
extensiva, y por lo tanto, solicitaron la revocatoria directa de los actos
administrativos contenidos en las resoluciones expedidas por el Grupo GIT.
El 27 de septiembre de 2010, los
accionantes interpusieron acción de tutela, invocando los hechos y derechos que
se acaban de sintetizar.
1.2.7     Expediente T- 2.932.282
Los señores Carlos Mozo Linero; Rafael Armenta Saldaña; Fredy Granados Ospino;
Wenceslado Hernández Rodríguez; Antonio Lafourie Chiquillo; Daniel Zubiría
Weber y Oscar Aguilar Meléndez,
aseguraron que fueron pensionados por la extinta empresa Puertos de Colombia de
acuerdo con los requisitos establecidos en la
Convención de Trabajo vigente al momento de la desvinculación de la empresa.
Señalaron que en razón a la liquidación de
la Empresa Puertos de Colombia, y en virtud de la convención colectiva de
trabajo 1991 – 1993, firmada entre la empresa y los representantes de la
organización sindical, se les reconocieron y ordenaron pagar  una pensión
especial proporcional de jubilación a partir del 1 de enero de 1991[41].
Afirmaron que entre los meses de julio y
octubre de 2008, al recibir el pago de las mesadas pensionales, se dieron
cuenta de que éstas habían sido disminuidas sin que se les hubiera notificado
de ello, y por lo tanto, presentaron derecho de petición ante el Grupo GIT,
para que se les informara de la decisión adoptada.
Manifestaron que el Grupo GIT les
respondió extemporáneamente, informándoles que a través de las resoluciones 1405
del 25 de septiembre de 2008[42],
1369 del 22 de septiembre de 2008[43],
1077 del 1 de octubre de 2007[44],
1408 del 26 de septiembre de 2008[45],
1406 del 26 de septiembre de 2008[46],
0705 del 3 de junio de 2008[47],
1367 del 22 de septiembre de 2008[48],
se revocaron directamente las resoluciones 1164 de 1994, 1433 de 1995, 1034 de
1995, 521 de 1995, 537 de 1995, 517 de 1995, 2656 de 1995 y 159 de 1996,
expedidas por Foncolpuertos, las cuales se sustentaron en la decisión del 06 de
junio de 2007 adoptada por la
Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Publica, que resolvió la situación jurídica contra el ex Director de
Foncolpuertos Luis Hernando Rodríguez, condenado posteriormente el 30 de mayo
de 2008, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión para
Foncolpuertos - Cajanal de Bogotá, quien dispuso la suspensión de los efectos
jurídicos y económicos de los actos administrativos firmados por el citado
señor.
Afirmaron que dentro de la lista señalada
por el Juzgado, no se encontraron sus nombres ni las resoluciones por medio de
las cuales Foncolpuertos les concedió la reliquidación pensional, de manera que
no había razón para que la orden de los despachos judiciales se les haya hecho
extensiva, y por lo tanto, solicitaron la revocatoria directa de los actos
administrativos expedidos por el Grupo GIT.
El 14 de octubre de 2010, los accionantes
interpusieron acción de tutela, invocando los hechos y derechos que se acaban
de sintetizar.
1.2.8     Expediente T- 2.936.218
La señora María del Socorro Noguera Aguilar, aseguró que fue
pensionada por la extinta empresa Puertos de Colombia de acuerdo con los
requisitos establecidos en la Convención de Trabajo vigente al momento de la
desvinculación de la empresa.
Señaló que en razón a la liquidación de la
Empresa Puertos de Colombia, y en virtud de la convención colectiva de trabajo
1991 – 1993, firmada entre la empresa y los representantes de la organización
sindical, se le reconoció y ordenó pagar una pensión especial proporcional de
jubilación a partir del 1 de enero de 1991[49].
Afirmó que en el mes de octubre de 2008,
al recibir el pago de su mesada pensional se dio cuenta de que ésta había sido
disminuida sin que se le hubiera notificado de ello, y por lo tanto, presentó
derecho de petición ante el Grupo GIT, para que se le informara de la decisión
adoptada.
Manifestó que el GIT le respondió
extemporáneamente, informándole que a través de la resolución 1407 de 26 de
septiembre de 2008[50],
se revocó directamente la resolución 1069 de 1995, expedida por Foncolpuertos,
la cual se sustentó en la decisión del 06 de junio de 2007 adoptada por la
Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Publica, que resolvió la situación jurídica contra el ex Director de
Foncolpuertos Luis Hernando Rodríguez, condenado posteriormente el 30 de mayo
de 2008, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión para
Foncolpuertos -  Cajanal de Bogotá, quien dispuso la suspensión de los efectos
jurídicos y económicos de los actos administrativos firmados por el citado
señor.
Afirmó que dentro de la lista señalada por
el Juzgado, no se encontró su nombre ni la resolución por la cual se le
concedió la reliquidación pensional, de manera que no había razón para que la orden
de los despachos judiciales se le haya hecho extensiva, y por lo tanto,
solicitó la revocatoria directa del acto administrativo expedido por el Grupo
GIT.
El 23 de septiembre de 2010, la accionante
interpuso acción de tutela, invocando los hechos y derechos que se acaba de
sintetizar.
1.3
RESOLUCIONES
DE RELIQUIDACIÓN Y DE SUSPENSIÓN.
EXPEDIENTE
ACCIONANTE
RESOLUCIÓN
QUE AUMENTA PENSIÓN
RESOLUCIÓN
QUE SUSPENDE LA RELIQUIDACIÓN
T-2.914.956
JOAQUIN CANCIO
COLLAZOS
1538 de 1994
0981 de
31-08-07
0267 de
26-02-09
T-2.921.452
CARLOS
CASTILLO
2656 de 1995
1406 de
26-09-08
JOSE CAMPO
1378 de 1995
1392 de
24-09-08
JOSE BRAVO
1912 de 1995
0641 de
20-05-08
ANTONIO
MALDONADO
2195 de 1998
0703 de
30-06-08
JAIME SABAN
ROJAS
2195 de 1998
0703 de 03-06-08
RAFAEL RICO
LLANES
1164 de 1994
0705 de
03-06-08
FRANCISCO
FERNANDEZ
1164 de 1994
0705 de
03-06-08
ELDA SIERRA
1164 de 1994
0705 de
03-06-08
FRANCISCO
PIMIENTA
1419 de 1995
1381 de
22-09-08
ZUNILDA
MAIGUEL
0550 de 1995
1394 de
24-09-08
LUIS GALVAN
2656 de 1995
1406 de
26-09-08
T-2.924.738
ROBERTO
GOENAGA
0159 de 1996
1405 de
26-09-08
RAFAEL ALVAREZ
0578 de 1995
0689 de
03-06-08
JOSE CASTRO
0578 de 1995
0689 de
03-06-08
DULA PAYARES
1026 de 1995
0704 de
03-06-08
FRANCISCO
VALLE
1328 de 1994
0707 de
03-06-08
BUENAVENTURA
LOAIZA
1493 de 1995
1328 de 1994
0707 de
03-06-08
1367 de
22-09-08
WILLIAM
MANJARES
1347 de 1995
1377 de
22-09-08
JUAN SIERRA
1413 de 1995
1395 de
24-09-08
SOCRATES
SANDOVAL
0159 de 1996
1405 de
26-09-08
T-2.926.314
INDALESIO
YANES
1164 de 1994
0705 de
03-06-08
ANGEL SERRANO
1034 de 1995
1369 de
22-09-08
RAFAEL MONTERO
1286 de 1995
1391 de
24-09-08
RAMON DIAZ
1440 de 1995
1404 de
26-09-08
MARCO VALENCIA
0517 de 1995
1408 de
26-09-08
ARMANDO UTRÍA
0264 de 1995
1740 de 1995
2195 de 1998
0703 de
03-06-08
1039 de
08-07-08
T-2.926.333
WILFRIDO
CAMARGO
1378 de 1995
1392 de
24-09-08
LACIDES PANA
1378 de 1995
1392 de
24-09-08
T-2.926.362
ALFREDO
BUENDIA
1378 de 1995
1392 de
24-09-08
HUGO ROSENTIEL
2195 de 1998
0703 de
03-06-08
ENRIQUE
NAVARRO
1452 de 1995
0715 de
04-06-08
EDUARDO
GUILLOT
1433 de 1995
1367 de
22-09-08
MIGUEL JOVIEN
1419 de 1995
1381 de
22-09-08
MANUEL ROSALES
1378 de 1995
1392 de
24-09-08
JOSE ADARRAGA
1492 de 1995
1393 de 14-09-08
LUZ GUTIERREZ
1492 de 1995
1393 de
14-09-08
EVA ESCOBAR
1495 de 1995
1403 de
26-09-08
JULIO LIZCANO
1375 de 1994
0706 de
03-06-08
T-2.932.282
CARLOS MOZO
0517 de 1995
1408 de
26-09-08
RAFAEL ARMENTA
0159 de 1996
1405 de
25-09-08
FREDY GRANADOS
1034 de 1995
1369 de
22-09-08
WENCESLADO
HERNANDEZ
0521 de1995
0537 de 1995
1077 de
01-10-07
ANTONIO
LAFOURIE
0521 de 1995
0537 de 1995
1077 de
01-10-07
DANIEL ZUBIRÍA
2656 de 1995
1406 de
26-09-08
OSCAR AGUILAR
1164 de 1994
0705 de
03-06-08
T-2.936.218
MARIA DEL S.
NOGUERA
1069 de 1995
1407 de
26-09-08
1.4
TRASLADO Y
CONTESTACIÓN DE LAS DEMANDAS.
Recibidas y admitidas las solicitudes de tutela por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de  Santa Marta - Sala Penal -, se
ordenó vincular a la Fiscalía Primera de la
Estructura de Apoyo para el tema de Foncolpuertos de la
Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Publica de la Fiscalía General de la Nación y al Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Descongestión Foncolpuertos – Cajanal de Bogotá.
Igualmente, se ordenó correr traslado de la demanda al
Grupo GIT, con el fin de obtener respuesta sobre los hechos que se plantean.
Como quiera que en todos los casos, las entidades
citadas expusieran idénticos argumentos para sustentar sus defensas en cada una
de las acciones de tutela reseñadas anteriormente, se resumirán en conjunto lo
dicho  por ellas para todos los procesos.
1.4.1
Contestación del Fiscal
Primero Delegado, en comisión de la
Unidad Nacional de Anticorrupción de la
Estructura de Apoyo para el tema de Foncolpuertos:
Manifestó que se ha pronunciado en otras ocasiones
sobre acciones de tutelas en hechos similares, para lo cual ha explicado que el
Grupo GIT expidió las resoluciones que rebajaron las mesadas pensionales a varios
ex portuarios, en razón a lo dispuesto por ese despacho dentro del proceso
radicado con el No. 2044, por restablecimiento del derecho adelantado contra el
señor Luis Hernando Rodríguez, en su calidad de ex Director de Foncolpuertos.
Precisó que inicialmente la investigación se adelantó
contra el ex trabajador y sindicalista, Carlos Alberto Peña Melo, quien para el
año 2001, recibía la segunda pensión más alta del país, en cuantía cercana a
los $ 30.000.000.00 de pesos mensuales. Indicó que en dicha actuación, se
dispuso además, la investigación de todas aquellas personas que hubiesen
intervenido en las diferentes actuaciones de solicitud, trámite, reconocimiento
y pago de acreencias laborales que incidieron en el ascendente reajuste de la
mesada pensional del aludido, entre ellos, el ex Director Luis Hernando
Rodríguez, a quien se le resolvió la situación jurídica como autor del delito
de peculado por apropiación.
Señaló, que el 18 de julio de 2007 se llevó a cabo la
audiencia de formulación de cargos al señor Luis Hernando Rodríguez, en donde
aceptó los cargos. Además, se precisó que para proferir sentencia anticipada,
se dispuso la suspensión de los efectos jurídicos y económicos de las
resoluciones expedidas por el ex director.
Con base en dicha aceptación, explicó que el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Descongestión para Foncolpuertos profirió el
fallo condenatorio y anuló de manera definitiva los efectos de las sentencias,
actas de conciliación y resoluciones canceladas con base en aquellas, expedidas
durante la administración del señor Rodríguez.
Concluyó, que no ha incurrido en vías de hecho que
lleven a la violación del debido proceso alegado por los accionantes, por
cuanto el restablecimiento del derecho es viable cuando existe prueba de la
tipicidad, independiente a que ya esté dada la prueba de responsabilidad de los
sujetos agentes de los hechos punibles y por ello esta medida pueda darse en
cualquier estado del proceso, y que en el presente caso, estaba acreditada como
quedó analizado al momento de resolver la situación jurídica del entonces
director de Foncolpuertos.
1.4.2
El Grupo interno de Trabajo
del Ministerio de Protección Social – GIT, manifestó que no ha vulnerado los
derechos fundamentales de los accionantes y que, por el contrario, sus
actuaciones se han ajustado a los mandatos constitucionales y legales en la
materia.
Señaló que las resoluciones
que se suspendieron eran ilegales y no era dable por tutela pretender seguir
percibiendo sus frutos, pues  mediante sentencia se estableció que la misma
recayó sobre una conducta al margen de la ley.
Sostuvo que ello se fundamentó en el numeral 5º de la parte resolutiva
de la decisión de la
Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de
Delitos contra la Administración Pública, Estructura de Apoyo para el tema de Foncolpuertos, en la cual se
dispuso: “Ordenar la suspensión de los
efectos jurídicos y económicos de las resoluciones firmadas por Luis Hernando
Rodríguez Rodríguez, y aquí investigadas, así como de los actos de conciliación
autorizados como los mandamientos de pago librados en las sentencias no
ejecutoriadas conforme al cuadro inserto en los hechos y de aquellos actos delictivos
cometidos durante el lapso precisado en esta resolución como consecuencia del análisis procedente. Comunicar
lo anterior al GIT Ministerio de la
Protección Social y en consecuencia librar los oficios”.
Dijo además que la sentencia del Juzgado Segundo
Penal del Circuito de descongestión para Foncolpuertos - Cajanal, del 30 de mayo de 2008, ordenó en su
parte resolutiva, numeral 6º: declarar sin efectos los actos de los cuales se derivaron los actos
objeto de peculado, mismos que se precisa se encuentran en la
lista del cuadro adjunto al acápite de los hechos. En el
numeral 7º de la misma providencia se dispuso: “Comunicar de la determinación que antecede al Grupo Interno de Trabajo para la
Gestión del Pasivo Social de la
Empresa Puertos de Colombia, para que en un termino no superior a dos (2) meses, adelante las acciones
administrativas o contencioso administrativas a que haya lugar, de conformidad con lo ordenado en la
Ley 797 de 2003”.
Indicó que el amparo constitucional invocado tiene
carácter preventivo, residual o subsidiario y no declarativo, ya que la
decisión de tutela no es el medio judicial normal para la defensa de los
derechos constitucionales fundamentales, los cuales deben ser amparados siempre
por los cauces de las distintas jurisdicciones. Agregó que no es entonces por
vía de tutela que corresponde dejar sin efecto los actos administrativos, ya
que esta acción no procede cuando existen otros recursos o medios de defensa
judiciales, en este caso, la acción de nulidad.
Concluyó, que esa
Coordinación suspendió los efectos jurídicos y económicos de las citadas resoluciones,
en cumplimiento al restablecimiento del derecho ordenado por la
Fiscalía, razón por la cual, mal se haría en ordenar el pago de las sumas de
dinero con fundamento en actos administrativos ilegales.
1.5
DECISIONES
JUDICIALES QUE CONCEDIERON EL AMPARO.
1.5.1     Expediente T- 2.921.452.
1.5.1.1
Decisión de
primera instancia.
En sentencia del 14 de septiembre de 2010, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta – Sala Penal -, concedió
el amparo a los señores Carlos José Castillo Aguilar; José Campo
Maestre; José Bravo Labastidas; Antonio Maldonado Peña; Jaime Saban Rojas;
Rafael Rico Llanes; Francisco Fernández Tete; Elda Sierra de Pardo; Francisco
Pimienta Effer; Zunilda Maiguel de Celedon; Luis Galván Carpio, al debido proceso administrativo por haber incurrido
la accionada en una vía de hecho, y en consecuencia, ordenó al Grupo GIT,
cancelar las mesadas pensionales conforme quedó establecido en las resoluciones
1912, 2195, 1164, 1419, 1378, 550 y 2656, y a que se reintegren las sumas que
fueron ilegalmente descontadas a los accionantes.
El fundamento de la decisión fue el convencimiento de
que el Grupo GIT vulneró el debido proceso de los accionantes, cuando
unilateralmente revocó las resoluciones 1912, 2195, 1164, 1419, 1378, 550 y
2656, reduciendo el valor de sus pensiones, como consecuencia de la indebida
interpretación de las decisiones impartidas por la
Fiscalía General de la Nación y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Descongestión en sentencia anticipada, al dejar “sin efecto los actos administrativos
de los cuales se derivan los pagos objeto de peculado, mismos que se precisa se
encuentran en las lista del cuadro adjunto al acápite de los hechos”.
Consideró que la accionada ha incurrido en una “vía
de hecho” ya que en los actos administrativos que quedaron sin efecto por
reconocer pensiones de manera fraudulenta, no se encuentran relacionados los
nombres de los demandantes o las resoluciones por medio de las cuales se les
reconoció el reajuste, siendo claro que el ente accionado expidió una decisión
sin motivación, pues sólo se limitó a relacionar las providencias adoptadas por
la Fiscalía General de la Nación y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Descongestión de Bogotá, sin dar cuenta de los fundamentos jurídicos en el caso
concreto de los accionantes.
Igualmente, estimó que la accionada ha incurrido en lo
que la jurisprudencia ha denominado “defecto procedimental absoluto”,
pues desconoció el trámite administrativo que ha debido seguir conforme lo ha
establecido la Corte Constitucional en la sentencia T-494 de 2009, como lo era
acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo si no identifican en
el acto, que las presuntas irregularidades o anomalías constituyen conductas
tipificadas en la ley penal.
1.5.1.2
Impugnación.
Inconforme con la decisión, el Grupo GIT
impugnó la decisión solicitando se declare la temeridad en la acción de tutela
interpuesta por los accionantes, ya que se utilizaron los mismos argumentos
fácticos y jurídicos propuestos en la demanda que promovieron ante el Consejo
Seccional de Judicatura del Magdalena, acción que fue declarada improcedente en
fallo del 11 de febrero de 2010, y en segunda instancia confirmada por el
Consejo Superior de la Judicatura, mediante fallo del 25 de marzo de 2010.
Señaló que la sentencia proferida
desconoció abiertamente la jurisprudencia constitucional sobre el perjuicio
irremediable, que enseña que el mismo debe ser cierto e inminente y no
derivarse de meras conjeturas.
Refirió que en el presente caso nos
encontramos ante un ajuste de pensión ordenado por autoridad judicial, derivado
de la ilicitud de las Resoluciones 1164, 1912, 1378, 550, 2195 y 2656, en
virtud de las cuales los accionantes vieron incrementado el valor de la mesada,
de tal forma que al no habérseles suspendido el pago de la misma, sino sólo
ajustado a derecho, no se vulneran el mínimo vital y la seguridad social.
Por lo anterior, su pretensión se
encaminó a que se revoque la decisión emitida y, en su lugar, se niegue el
amparo deprecado.
1.5.1.3
Decisión de
segunda instancia
La Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, en sentencia
del 30 de noviembre de 2010, confirmó el fallo impugnado, considerando que
resulta claro que el Grupo GIT vulneró los derechos fundamentales de los
accionantes, toda vez que en las decisiones judiciales en que soportó la
expedición de las Resoluciones Nº 001392, 001394, 00641, 000703, 000705, 001391
y, 001406, en las que revocó directamente las resoluciones que les otorgaron la
reliquidación de la pensión de jubilación, nada se dijo respecto de la
situación particular de los demandantes y mucho menos sobre los actos
administrativos que les reconocieron el beneficio prestacional.
Señaló que las resoluciones 1164, 1912,
1378, 550, 2195 y 2656 gozan de la presunción de acierto y legalidad y, por lo
tanto, de encontrarlas irregulares o no ajustadas a legalidad, le correspondía
a la entidad accionada, previo el adelantamiento de un debido proceso rodeado
de todas las garantías a favor de los accionantes, revocarlas mediante decisión
debidamente motivada y comunicada, para que aquellos pudieran ejercer en debida
forma su derecho a la defensa; hecho que no ocurrió en el presente caso, donde
después de más de 13 años de emitidas las resoluciones y con una falsa
motivación, se sorprende a los demandantes con la disminución de su pensión y,
lo más grave, se les indica que por ser un acto de ejecución, no cuentan con
ninguna posibilidad de ser atacado a través de los medios ordinarios de defensa
judicial.
Concluyó que la determinación de la
entidad demandada de disminuir el pago de la mesada pensional de los
accionantes sin haber agotado el trámite administrativo que permita con certeza
establecer que el aumento de la pensión devengada es ilegal, refulge el
desconocimiento de sus derechos fundamentales, razón por la cual la decisión
que impuso es la de confirmar la sentencia impugnada.
1.5.2     Expediente T- 2.924.738
1.5.2.1
Decisión de
primera instancia.
En sentencia del 06 de septiembre de 2010, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta – Sala Penal - negó la
protección constitucional deprecada por la señora Dula Correa Pallares, en
razón, a que la resolución 1026 de 1995, que cobijó a dicha accionante, se
encuentra contenida en el cuadro que relaciona el Juzgado Segundo Penal del
Circuito en la sentencia que condenó  al señor Rodríguez Rodríguez, por lo cual
concluyó que la resolución 00704 de 2008 que revocó la resolución 1026 de 1995,
se encuentra debidamente motivada con fundamento en la decisión judicial.
Por otra parte, concedió el amparo a los señores Roberto
Goenaga Cotes; Rafael Álvarez Aguilar; José Castro Alfaro; Francisco
Valle Gámez; Buenaventura Loaiza; William Manjarrés Carbonó; Juan Sierra
González; Sócrates Sandoval Rolong, al
debido proceso administrativo por considerar que la accionada incurrió en una
vía de hecho; en consecuencia, ordenó al Grupo GIT, cancelar las mesadas
pensionales conforme quedó establecido en las resoluciones 578/1995, 1328/1994,
1433/1995, 1347/1995, 1413/1995 y 159/1996, y que se les reintegren las sumas
que le fueron ilegalmente descontadas a los accionantes.
El fundamento de la decisión fue el convencimiento de
que el Grupo GIT vulneró el derecho al debido proceso de los accionantes,
cuando unilateralmente revocó las resoluciones 578/1995, 1328/1994, 1433/1995,
1347/1995, 1413/1995 y 159/1996,  reduciendo el valor de sus pensiones, como
consecuencia de la indebida interpretación de las decisiones impartidas por la
Fiscalía General de la Nación y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión
en sentencia anticipada, al dejar “sin efecto los actos administrativos de
los cuales se derivan los pagos objeto de peculado, mismos que se precisa se
encuentran en las lista del cuadro adjunto al acápite de los hechos”.
Consideró que la accionada incurrió en una “vía de
hecho”, ya que los actos administrativos que quedaron sin efecto por
reconocer pensiones de manera fraudulenta, no se encuentran relacionados los
nombres de los demandantes o las resoluciones por medio de las cuales se les reconoció
el reajuste, siendo claro que el ente accionado expidió una decisión sin
motivación, pues sólo se limitó a relacionar las decisiones adoptadas por la
Fiscalía General de la Nación y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Descongestión de Bogotá, sin dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de su decisión en el caso concreto de los accionantes.
Igualmente, consideró que la accionada incurrió en lo
que la jurisprudencia ha denominado “defecto procedimental absoluto”,
pues desconoció el trámite administrativo que ha debido seguir conforme lo ha
establecido la Corte Constitucional en la sentencia T-494 de 2009, como lo era
acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
1.5.2.2
Impugnación.
Inconforme con la decisión, el Grupo GIT,
impugnó, señalando que la sentencia proferida desconoció abiertamente la
jurisprudencia constitucional sobre el perjuicio irremediable, que enseña que,
el mismo debe ser cierto e inminente y no derivarse de meras conjeturas.
Refirió que en el presente caso nos
encontramos ante un ajuste de pensión, ordenado por autoridad judicial,
derivado de la ilicitud de las resoluciones 578/1995,
1026/1995, 1328/1994, 1433/1995, 1347/1995, 1413/1995 y 159/1996, en virtud de las cuales los accionantes
vieron incrementado el valor de la mesada, de tal forma que al no habérseles
suspendido el pago de la misma, sino sólo ajustado a derecho, no se vulneran el
mínimo vital y la seguridad social.
Por lo anterior su pretensión se encaminó
a que se revoque la decisión emitida y, en su lugar, se niegue el amparo
deprecado.
1.5.2.3
Decisión de
segunda instancia.
La Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, en sentencia
del 30 de noviembre de 2010, confirmó el fallo impugnado, considerando que
resulta claro que el Grupo GIT vulneró los derechos fundamentales de los
accionantes, toda vez que en las decisiones judiciales en que soportó la
expedición de las resoluciones  00689/2008, 000704/2008, 000707/2008,
001367/2008, 001377/2008, 1395/2008, 001405/2008, revocando directamente las
que les otorgaron la reliquidación de la pensión de jubilación a los
tutelantes, nada se dijo respecto de la situación particular de los demandantes
y mucho menos sobre los actos administrativos que les reconocieron el beneficio
prestacional.
Señaló que las resoluciones 578/1995,
1026/1995, 1328/1994, 1433/1995, 1347/1995, 1413/1995 y 159/1996 gozan de la
presunción de acierto y legalidad y, por lo tanto, de encontrarlas irregulares
o no ajustadas a legalidad, le correspondía a la entidad accionada, previo el
adelantamiento de un debido proceso rodeado de todas las garantías a favor de
los accionantes, revocarlas mediante decisión debidamente motivada y comunicada
a través de acto administrativo para que éstos pudieran ejercer en debida forma
su derecho a la defensa, hecho que no ocurrió en el presente caso, donde
después de más de 13 años de emitidas las resoluciones y con una falsa
motivación, se sorprende a los demandantes con la disminución de su pensión y
lo más grave, se les indica que por ser un acto de ejecución, no cuentan con
ninguna posibilidad de ser atacado a través de los medios ordinarios de defensa
judicial.
Concluyó que la determinación de la
entidad demandada de disminuir el pago de la mesada pensional de los
accionantes sin haber agotado el trámite administrativo que permita con certeza
establecer que el aumento de la pensión devengada es ilegal, desconoció sus
derechos fundamentales, razón por la cual la decisión que impuso es la de
confirmar la sentencia impugnada.
1.5.3     Expediente T- 2.926.333
1.5.3.1
Decisión de
primera instancia.
En sentencia del 20 de septiembre de 2010, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta – Sala Penal - concedió la
tutela  a favor de los señores Wilfrido Camargo Bolaños y Lácides Pana López, amparando su
derecho fundamental al debido proceso administrativo por haber incurrido la
accionada en una vía de hecho.
Igualmente, ordenó a la accionada Grupo GIT, cancelar
las mesadas pensionales conforme quedó establecido en la resolución 1378 de
1995 y a que se les reintegren las sumas que le fueron ilegalmente descontadas
a los accionantes.
El fundamento de la decisión fue el convencimiento de
que el Grupo GIT vulneró el debido proceso de los accionantes, cuando
unilateralmente revocó la resolución 1378 de 1995, reduciendo el valor de sus
pensiones, como consecuencia de la indebida interpretación de las decisiones
impartidas por la Fiscalía General de la
Nación y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión en sentencia
anticipada, al dejar “sin efecto los actos administrativos de los cuales se
derivan los pagos objeto de peculado, mismos que se precisa se encuentran en
las lista del cuadro adjunto al acápite de los hechos”.
Consideró que la accionada ha incurrido en una “vía
de hecho”, ya que en los actos administrativos que quedaron sin efecto por
reconocer pensiones de manera fraudulenta, no se encuentran relacionados los
nombres de los demandantes o las resoluciones por medio de las cuales se les
reconoció el reajuste, siendo claro que el ente accionado expidió una decisión
sin motivación, pues sólo se limitó a relacionar las decisiones adoptadas por la
Fiscalía General de la Nación y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Descongestión de Bogotá, sin dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de su decisión en el caso concreto de los accionantes.
Igualmente, consideró que la accionada ha incurrido en
lo que la jurisprudencia ha denominado “defecto procedimental absoluto”,
pues desconoció el trámite administrativo que ha debido seguir conforme lo ha
establecido la Corte Constitucional y confirmado en la sentencia T-494 de 2009,
como lo era acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo si no
identifican en el acto que las irregularidades o anomalías constituyen
conductas tipificadas en la ley penal.
1.5.3.2   Impugnación.
Inconforme con la decisión, el Ministerio
de Protección Social – Coordinación del área de Prestaciones Económicas,
impugnó, señalando que la sentencia proferida desconoció abiertamente la
jurisprudencia constitucional sobre el perjuicio irremediable, que enseña que
el mismo debe ser cierto e inminente y no derivarse de meras conjeturas.
Refirió que en el presente caso nos
encontramos ante un ajuste de pensión, ordenado por autoridad judicial,
derivado de la ilicitud de la Resolución Nº 1378 de 1995, en virtud de la cual los accionantes vieron
incrementado el valor de la mesada, de tal forma que al no habérseles
suspendido el pago de la misma, sino sólo ajustado a derecho, no se vulneran el
mínimo vital y la seguridad social.
Por lo anterior su pretensión se encaminó
a que se revoque la decisión emitida y en su lugar se niegue el amparo
deprecado.
1.5.3.3
Decisión de
segunda instancia.
La Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, en sentencia
del 30 de noviembre de 2010, confirmó el fallo impugnado, considerando que el
Grupo GIT vulneró los derechos fundamentales de los accionantes, toda vez que
en las decisiones judiciales en que soportó la expedición de la resolución
001392/2008, la cual revocó directamente las que otorgaron la reliquidación de
la pensión de jubilación, nada se dijo respecto de la situación particular de
los demandantes y mucho menos sobre los actos administrativos que les
reconocieron el beneficio prestacional.
Señaló que la resolución 1378 de 1995 goza
de la presunción de acierto y legalidad y, por lo tanto, de encontrarlas
irregulares o no ajustadas a legalidad, le correspondía a la entidad accionada,
revocarlas previo el adelantamiento de un debido proceso, rodeado de todas las
garantías a favor de los accionantes, mediante decisión debidamente motivada y
comunicada a través de acto administrativo para que éstos pudieran ejercer en
debida forma su derecho a la defensa, cuestión que no ocurrió en el presente
caso, donde después de más de 13 años de emitidas las resoluciones y con una
falsa motivación, se sorprende a los demandantes con la disminución de su
pensión y, lo más grave, se les indica que por ser un acto de ejecución, no
cuentan con ninguna posibilidad de ser atacado a través de los medios
ordinarios de defensa judicial.
Concluyó que la determinación de la
entidad demandada de disminuir el pago de la mesada pensional de los
accionantes sin haber agotado el trámite administrativo que permita con certeza
establecer que el aumento de la pensión devengada es ilegal, refulge el
desconocimiento de sus derechos fundamentales, razón por la cual la decisión
que impuso es la de confirmar la sentencia impugnada.
1.6
EXPEDIENTES
QUE NEGARON EL AMPARO.
1.6.1     Expediente T- 2.914.956.
1.6.1.1
Decisión de primera
instancia.
En sentencia del 1 de octubre de 2010, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta – Sala Penal -, al
estudiar la resolución 267 de 2009 expedida por el Grupo GIT, que revisó
integralmente, revocó y ajustó directamente la pensión reconocida al señor
Cancio Collazos, negó el amparo constitucional al señor Joaquín Cancio Collazos, en lo que tiene que ver con la solicitud revocatoria
de la resolución 1538 de 1994, por medio de la cual se reajustó su mesada
pensional, en consideración a que dicho acto administrativo debe ser
controvertido por vía ordinaria. Agregó que la parte accionada actuó en
cumplimiento de una orden impartida por un juez en una instancia judicial,
razón por la cual el accionante debe impugnar y demostrar ante el escenario
natural para ello, que lo consignado en el acto que le suspendió su pensión de
jubilación no corresponde a la realidad.
Por otra parte, concedió la acción de tutela al
accionante por la violación de sus derechos fundamentales en lo que tiene que
ver con la revocatoria de las resoluciones 1195 y 38601 de 1990, mediante las
cuales se concedieron su pensión de jubilación; por lo tanto, se ordenó a la
accionada para que en la resolución 267 de 2009, inaplique lo que respecta a la
modificación de los actos administrativos contenidos en las resoluciones
mencionadas.
1.6.1.2
Impugnación.
Inconforme con la decisión, el Ministerio
de Protección Social – Coordinación del Área de Prestaciones Económicas -
impugnó la sentencia, insistiendo en la posición expuesta al momento de
contestar la demanda, especialmente en que el ajuste de la mesada pensional
obedeció al imperativo sometimiento al marco jurídico aplicable al caso
concreto; además, informó que no se ejerció oportunamente el mecanismo
constitucional dando lugar a la inobservancia del principio de la inmediatez,
toda vez que el acto administrativo objeto de la presente tutela fue proferido
casi un año y ocho meses antes de la interposición de la demanda. Igualmente,
expuso que en el presente caso la acción de tutela no procede como mecanismo
transitorio, por cuanto no existe perjuicio irremediable.
1.6.1.3
Decisión de
segunda instancia.
La Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, en sentencia
del 23 de noviembre de 2010, revocó el fallo impugnado y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda, en razón a que la parte accionante no acreditó
ningún perjuicio irremediable que merezca la intervención urgente del juez de
tutela. Agregó que este tipo de perjuicios deben demostrarse a partir de una
situación especial y concreta que se presente en cabeza del interesado y no a
partir de contextos generales a los cuales, por disposición jurídica, se ven
sometidas todas las personas, por regla general.
Indicó que por el simple hecho de que la
tutela tenga términos procesales inferiores a la mayoría de procedimientos
judiciales, ello no constituye una razón suficiente para acudir a ella y negar
la existencia de un perjuicio irremediable, pues de ser así todos los asuntos
se definirían por esta vía constitucional.
Concluyó exponiendo que el accionante tuvo
conocimiento oportuno de las medidas administrativas tomadas por el Grupo GIT,
siendo injustificable que después de más de 2 años venga a protestar contra las
mismas utilizando la acción de tutela, desconociendo el principio de inmediatez
que la caracteriza.
1.6.2     Expediente T- 2.926.314.
1.6.2.1
Decisión de
primera instancia.
En sentencia del 22 de octubre de 2010, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta – Sala Penal -  negó la
protección constitucional a los señores
Indalecio Yanes García;
Ángel Segundo Serrano Paredes; Rafael Agustín Montero Rodríguez; Ramón
Francisco Díaz Conde; Marco William Valencia Linero; y Armando Utria García,
en razón a que los accionantes
dejaron transcurrir demasiado tiempo sin denunciar la vulneración del derecho
que invocan, teniendo en cuenta que los actos administrativos referidos fueron
expedidos durante el año 2008. Por lo tanto, concluyó que la acción
constitucional resulta improcedente por desconocimiento del principio de
inmediatez
1.6.2.2
Impugnación.
Mediante escrito, los accionantes
impugnaron la decisión anterior, por cuanto aseguraron viola el principio de
igualdad, teniendo en cuenta que por los mismos hechos, fue concedido el amparo
constitucional a otros ex trabajadores de la extinta Puertos de Colombia.
Por lo anterior, su pretensión se
encaminó a que se revoque la decisión emitida y le sean concedidos los derechos
invocados.
1.6.2.3
Decisión de
segunda instancia.
La Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, en sentencia
del 9 de diciembre de 2010, confirmó el fallo impugnado, por considerar que la
inmediatez constituye un requisito de procedibilidad, de manera que la acción
debe ser presentada dentro de un tiempo razonable, oportuno y justo, por ser una
herramienta de carácter excepcional.
1.6.3     Expediente T- 2.926.362.
1.6.3.1
Decisión de
primera instancia.
En sentencia del 7 de octubre de 2010, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta – Sala Penal - negó la
protección constitucional a los señores
Alfredo
Buendía Castro; Hugo Rosentiel Bula; Enrique Navarro Guerra; Eduardo Guillot
Rada; Miguel Jovien Castillo; Manuel Rosales Mejía; José Adarraga Robles; Luz
M. Gutiérrez Acosta  y Eva Escobar de Andreís, al considerarla por violar el principio de la inmediatez, en razón a
que no fue ejercida la acción dentro de un tiempo razonable, por cuanto el paso
prolongado del tiempo desvirtúa este mecanismo como expedito y excepcional.
1.6.3.2
Impugnación.
Inconforme con la decisión, los
accionantes impugnaron la decisión anterior, señalando que la misma viola el
derecho a la igualdad, por cuanto el mismo tribunal en sentencias anteriores y
por los mismos hechos, concedió el ampara solicitado.
Por lo anterior su pretensión se encaminó
a que se revoque la decisión emitida y en su lugar se conceda el amparo
deprecado.
1.6.3.3
Decisión de
segunda instancia.
La Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, en sentencia
del 9 de diciembre de 2010, confirmó el fallo impugnado, considerando que “el
principio de inmediatez que rige la procedencia de la acción de tutela exige
que quien se sienta lesionado o amenazado en sus derechos fundamentales la
interponga en un término razonable”
Señaló que los accionantes pueden acudir a
otros medios judiciales para controvertir la determinación del reajuste
pensional adoptado por el Grupo Interno de Trabajo, Gestión Pasivo Social
Puertos de Colombia del Ministerio de la
Protección Social, máxime cuando no acreditaron una situación de perjuicio
irremediable.
1.6.4
Expediente T-
2.932.282.
1.6.4.1
Decisión de
primera instancia.
En sentencia del 27 de octubre de 2010, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta – Sala Penal - negó la
protección constitucional impetrada por los señores Carlos Mozo Linero; Rafael Armenta Saldaña; Fredy Granados Ospino;
Wenceslado Hernández Rodríguez; Antonio Lafaurie Chiquillo; Daniel Zubiría
Weber; Oscar Aguilar Meléndez,
al considerarla improcedente
por violar el principio de la inmediatez, en razón a que no fue ejercida la
acción dentro de un tiempo razonable, por cuanto el paso prolongado del tiempo
desvirtúa este mecanismo como expedito y excepcional.
1.6.4.2
Impugnación.
Inconforme con la decisión, los
accionantes impugnaron la decisión anterior, señalando que la misma viola el
derecho a la igualdad, por cuanto el mismo tribunal en sentencias anteriores y
por los mismos hechos, concedió el ampara solicitado.
Por lo anterior su pretensión se encaminó
a que se revoque la decisión emitida y en su lugar se conceda el amparo
deprecado.
1.6.4.3
Decisión de
segunda instancia.
La Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, en sentencia
del 15 de diciembre de 2010, confirmó el fallo impugnado, considerando que “el
principio de inmediatez que rige la procedencia de la acción de tutela exige
que quien se sienta lesionado o amenazado en sus derechos fundamentales la
interponga en un término razonable”
Señaló que los accionantes pueden acudir a
otros medios judiciales para controvertir la determinación del reajuste
pensional adoptado por el Grupo Interno de Trabajo, Gestión Pasivo Social
Puertos de Colombia del Ministerio de la
Protección Social, máxime cuando no acreditaron una situación de perjuicio
irremediable.
1.6.5     Expediente T- 2.936.218.
1.6.5.1
Decisión de
primera instancia.
En sentencia del 5 de octubre de 2010, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta – Sala Penal - negó la
protección constitucional impetrada por la señora María del Socorro
Noguera Aguilar, por improcedente,
al considerar que se violaba el principio de la inmediatez, en razón a que no
fue ejercida la acción dentro de un tiempo razonable, por cuanto el paso
prolongado del tiempo desvirtúa este mecanismo como expedito y excepcional.
1.6.5.2
Impugnación.
Inconforme con la decisión, la accionante
impugnó la decisión anterior, señalando que la misma viola el derecho a la
igualdad, por cuanto el mismo tribunal en sentencias anteriores y por los
mismos hechos, concedió el ampara solicitado.
Por lo anterior su pretensión se encamina
a que se revoque la decisión emitida y en su lugar se conceda el amparo
deprecado.
1.6.5.3
Decisión de
segunda instancia.
La Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, en sentencia
del 15 de diciembre de 2010, revocó la decisión de primera instancia y ordenó
al Fondo de Pasivo Social para que proceda a cancelar a la accionante las
mesadas pensionales dejadas de pagar.
Consideró que el GIT so pretexto del
cumplimiento de una orden judicial, revocó la resolución que ordenaba la
reliquidación en forma unilateral desconociendo los derechos fundamentales de
la actora, lo que constituyó un flagrante abuso de funciones.
Igualmente dijo que la decisión anterior
atentó el derecho al mínimo vital desconociendo la jurisprudencia
constitucional sobre el perjuicio irremediable.
2.     PRUEBAS APORTADAS DENTRO DE
LOS PROCESOS
3.1
Dentro de los procesos
enunciados se aportaron las siguientes pruebas relevantes:
3.1.1
Copia incompleta de la
Resolución de 18 de junio de 2007, mediante la cual, la
Fiscalía General de la Nación le imputa cargos al ex director de Foncolpuertos
Luis Hernando Rodríguez.
3.1.2
Acta de formulación de cargos
contra el sub director de Foncolpuertos Luis Hernando Rodríguez proferido por la
Fiscalía del 06 de julio de 2008.
3.1.3
Copia del fallo de 30 de agosto de
2008, proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión
Foncolpuertos – Cajanal, en el cual se dicta sentencia condenatoria contra el
señor Luis Hernando Rodríguez.
3.1.4
Copias de las resoluciones
expedidas entre junio y agosto de 2008, por el Grupo Interno de Trabajo para la
Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia-Ministerio de la
Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo, mediante las cuales se ordena
suspender las mesadas de mayor valor incrementadas por el ex director de
Foncolpuertos dentro de los actos cuestionados y se reajustan las pensiones a
su justo valor con los incrementos de ley.
3.1.5
Copias de las resoluciones
expedidas entre junio y agosto de 2008, por el Grupo Interno de Trabajo para la
Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia-Ministerio de la
Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo, mediante las cuales se ordena
suspender las mesadas de mayor valor incrementadas por el ex director de
Foncolpuertos dentro de los actos cuestionados.
3.
TRÁMITE
EN SEDE DE REVISIÓN
Mediante Auto del 4 de mayo
de 2011 la Sala Séptima de Revisión, teniendo en cuenta los casos planteados,
consideró necesario requerir al Ministerio de la
Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo, – Grupo Interno de Trabajo para
la gestión del Pasivo Social de la
Empresa Puertos de Colombia - Grupo GIT-, Coordinación Área de Pensiones,
remitir la siguiente información: (i) si los accionantes referidos en la presente acción de
tutela, reciben suma alguna por concepto de mesada pensional; en caso
afirmativo, especificar el monto de cada uno de ellos; (ii) si los reajustes a
las pensiones de los accionantes referidos en la presente acción de tutela, han
sido objeto de alguna investigación de tipo penal o si los mismos están
incluidos dentro del listado de posibles ajustes pensionales fraudulentos.
Por último ordenó suspender de manera indefinida los términos, de manera tal
que sólo vuelvan a correr una vez recibidas y evaluadas las pruebas
solicitadas.
3.1
Mediante
oficio GIT-GPSPC-APE-T-930 del 20 de mayo de 2011, el Ministerio de la
Protección Social, Hoy Ministerio del Trabajo, a través de la
Coordinadora del Área de Prestaciones Económicas del Grupo Interno de Trabajo,
Gestión Pasivo Social Puertos de Colombia, remitió la siguiente información:
Manifestó que más que la
judicialización de los accionantes, fue objeto de ello, los actos
administrativos que fueron firmados por el ex director de Foncolpuertos, sobre
el cual la Fiscalía General de la Nación dictó resolución de acusación, para lo
cual declaró sin efectos los actos jurídicos y económicos incluidos en el
fallo, y de los que se beneficiaron los demandantes.
Agrega, que dentro del grupo
de resoluciones en donde los accionantes se les reconocen una pensión
proporcional de jubilación conforme al artículo 113 de la
Convención Colectiva, vigente para Barranquilla, de acuerdo con las pruebas
existentes, no tenían derecho a esta clase de pensión porque no les cobijaba la
convención colectiva para 1991 y 1993, puesto que sus retiros fueron para el
año 1990, cuando se acogieron al plan de retiro voluntario y, el derecho de
pensión que se les otorgó fue excepcional a partir de que cumplieran los 50
años de edad.
Por último, informa que el ex
director de Foncolpuertos fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Descongestión de Bogotá, mediante fallo del 30 de mayo de 2008,
para lo cual quedaron en firme las decisiones de suspensión de los actos
administrativos expedidos por el ex director de Foncolpuertos y por el señor
Salvador Atuesta Blanco, igualmente condenado por los mismos hechos.
3.2
En
memorando anexo, se relacionan todas las pensiones de sobrevivientes que
actualmente se encuentran activas, las cuales oscilan entre $1.000.000.00 y
$7.400.000.00, así:
ACCIONANTE
MONTO MESADA A MAYO 2011
ESTADO NÓMINA
JOAQUIN CANCIO
COLLAZOS
$1.010.980,27
ACTIVO
JOSE BRAVO
LABASTIDAS
$2.325.903,86
ACTIVO
ANTONIO
MALDONADO PEÑA
$3.992.974,99
ACTIVO
JAIME SABAN
ROJAS
$2.623.471,16
ACTIVO
RAFAEL RICO
LLANES
$1.047.524,22
ACTIVO
FRANCISCO
FERNANDES TETE
$2.441.495,59
ACTIVO
ELDA SIERRA DE
PARDO
$   780.266,05
ACTIVO
FRANCISCO
PIMIENTA EFFER
$3.189.796,94
ACTIVO
ZUNILDA
MAIGUEL DE ZELEDON
$6.015.892,29
ACTIVO
CARLOS
CASTILLO AGUILAR
$2.317.122,97
ACTIVO
LUIS GALVAN
CARPIO
$7.400.197,21
ACTIVO
JOSE TARCICIO
CAMPO MAESTRE
$3.550.987,94
ACTIVO
4.     CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
4.1
COMPETENCIA.
Esta Corte es competente, de conformidad con
los artículos 86 y 241 de la
Constitución Política, y con el Decreto 2591 de 1991, para revisar el presente
fallo de tutela.
4.2
PROBLEMA
JURÍDICO.
Como se desprende de los antecedentes
reseñados, a la Sala de Revisión le corresponde establecer si el Ministerio de la
Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo, Grupo Interno de Trabajo para la
Gestión del Pasivo Social de la
Empresa Puertos de Colombia (Grupo GIT), vulneró los derechos fundamentales de
los accionantes al debido proceso, al pago oportuno de la mesada pensional, a
la vida en condiciones dignas y al mínimo vital, al revocar en forma unilateral
las resoluciones expedidas por la extinta Empresa Puertos de Colombia, que
autorizaban el incremento del valor de sus mesadas pensionales una vez fueron
reconocidas las calidades de pensionados.
En todos los casos que se acumulan, en virtud de la
decisión del Ministerio, las
mesadas pensionales fueron ajustadas a un valor inferior al que
percibían los tutelantes, en cumplimiento de una orden judicial, derivada de la presunta ilicitud de las
resoluciones.
Previo al análisis de fondo, se
estudiaran los siguientes temas  relacionados con los casos expuestos: primero,
procedencia de la acción de tutela para resolver controversias sobre pensiones;
segundo, la revocatoria directa y suspensión unilateral de los actos
administrativos, cuando modifican derechos de contenido pensional; tercero,
el principio de la inmediatez; cuarto, el caso concreto.
4.2.1     Procedencia excepcional de la acción de
tutela para resolver controversias sobre pensiones.
La Constitución Política consagra en el artículo 86 la acción de tutela como
un mecanismo de naturaleza subsidiaria y residual, que busca la protección de
los derechos fundamentales de las personas, cuando estos se encuentren
amenazados o vulnerados, por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública, o excepcionalmente, por los particulares, que “sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”[51]
o, cuando existiendo, aquel no es eficaz para obtener su amparo, en cuyo
caso se tramitará como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable.[52]
De lo anterior se desprende que “no es la
finalidad de esta acción ser un mecanismo alternativo a los otros medios
jurisdiccionales existentes, de modo que pueda utilizarse uno u otro sin
ninguna distinción, ni fue diseñada para desplazar a los jueces ordinarios del ejercicio de sus atribuciones
propias.”[53]
Por otra parte, el artículo 48 de la
Carta reconoce el derecho a la seguridad social a todas las personas, y le
confiere una naturaleza irrenunciable. Esta postura ha sido revisada por la
Corte Constitucional quien ha reconocido que sí es un derecho fundamental,
pero que su garantía debe reclamarse por las vías ordinarias y,
excepcionalmente, por tutela.[54]
Así, esta Corporación ha reiterado que,
por regla general, los conflictos relativos al reconocimiento y pago de
prestaciones sociales y, específicamente, de pensiones, deben ventilarse ante
la jurisdicción ordinaria laboral o ante la jurisdicción contencioso
administrativa, de acuerdo con el caso específico, de tal forma que, en
principio, la acción de amparo no es el mecanismo judicial idóneo para buscar
la protección de esta clase de derechos.[55]
No obstante lo anterior, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que, excepcionalmente, procede la
acción de tutela cuando la persona, vistas sus circunstancias específicas,
requiere de una protección urgente para ellos. En este caso, la tutela puede
proceder como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, o como mecanismo principal cuando el instrumento de defensa
judicial ordinario resulte ineficaz o no es lo suficientemente expedito para
ofrecer la protección adecuada de los derechos vulnerados.
Respecto a
ese particular, la Corte ha admitido que “la acción de tutela procede a
pesar de existir otro medio de defensa judicial, cuando: i) se considera que
éste es ineficaz debido a que no resuelve el conflicto de manera integral,[56]
o ii) éste no es lo suficientemente expedito frente a la exigencia particular
de una protección inmediata...”.[57]
Estas circunstancias deben ser valoradas
por el juez, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso concreto.[58]
En esa
medida, se puede concluir que la acción de tutela procede para la protección de
derechos fundamentales, en forma excepcional para el reconocimiento y pago de
una pensión, cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial, o cuando
existiendo, éste se torna ineficaz para su protección. En estos casos, este
mecanismo de amparo se constituye en el instrumento judicial principal, por no
existir una protección real y concreta por otra vía. De igual manera, resulta
procedente, cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable mientras que la autoridad competente
decide de fondo.[59]
4.2.2     Revocatoria directa y suspensión de actos
administrativos de contenido particular y concreto, específicamente, en lo
atinente a la modificación de derechos de contenido pensional.
Antes de continuar con el siguiente
punto, la Sala considera pertinente hacer un capítulo sobre el tema de la
revocatoria directa de los actos administrativos y la suspensión unilateral de
los mismos, toda vez que la controversia que se analiza hace referencia a ello.
El tema de la revocatoria directa de los
actos administrativos de contenido particular y concreto, se encuentra previsto
en el ordenamiento jurídico. Según éste, existe la posibilidad de que puedan
ser revocados por la administración pública, atendiendo el debido proceso
administrativo y teniendo en cuenta unas circunstancias especiales.
En efecto, el Código Contencioso
Administrativo en el artículo 69,  establece un procedimiento que debe
observarse específicamente, cuando señala que los actos administrativos deberán
ser revocados por los mismos funcionarios que los expidieron o por sus
superiores inmediatos de oficio o a petición de parte, en los siguientes
eventos:
“ARTICULO 69. CAUSALES DE REVOCACION. Los actos administrativos deberán ser
revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus
inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los
siguientes casos:
1.
Cuando sea
manifiesta su oposición a la
Constitución Política o a la ley. 2. Cuando no estén conformes con el interés
público o social, o atenten contra él. 3.  Cuando con ellos se cause agravio
injustificado a una persona.”
Adicionalmente, la ley ha dispuesto que
sea imprescindible obtener previamente el consentimiento expreso y por escrito
del titular, cuando se trata de la revocatoria directa de actos administrativos
de contenido particular y concreto, que han creado o modificado una situación
jurídica particular o reconocido un derecho en iguales circunstancias.
Sobre ello, el artículo 73 del Código
Contencioso Administrativo indica “Cuando un acto administrativo haya creado o
modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el
consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.”
Con fundamento en estas disposiciones, la
jurisprudencia constitucional[60]
ha reiterado que los actos administrativos de carácter particular y concreto
son esencialmente irrevocables o inmutables, salvo que el titular del
derecho manifieste su consentimiento expreso y por escrito para que puedan ser
revocados por la administración.
Lo anterior como garantía del principio
de seguridad jurídica, del respeto a los derechos adquiridos o de las
situaciones jurídicas subjetivas radicadas en cabeza de una persona, aunado a
la presunción de legalidad de la que están revestidos esos actos, la cual sólo
puede ser desvirtuada a través de la providencia judicial que decrete su
nulidad[61].
De esta forma igualmente se garantiza el derecho fundamental al debido proceso,
en la medida en que se tiene la certeza de que la decisión no podrá ser
modificada por la autoridad, sin el cumplimiento de las normas legales que
regulan la materia.[62]
Ahora bien, a modo de excepción, existen
casos en que la administración, sin el consentimiento del titular del derecho,
puede revocar los actos administrativos cuando éstos se han proferido de forma
ilegal o ilícita, o cuando son producto del silencio administrativo positivo.
Sobre este particular, el artículo 73,
inciso 2º, del Código Contencioso Administrativo dispone que “habrá lugar a
la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio
administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo, o si
fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.” Esto último ocurre
cuando se advierte que el vicio que dio forma al derecho, está relacionado con
la violación de la ley, de modo que el acto “no merece protección. El orden
jurídico no se la brinda, pues nunca lo ilícito genera derechos”[63].
Al respecto, la Corte[64] ha dicho que
no basta que la revocatoria directa de un acto administrativo de contenido particular
y concreto, se relacione con “situaciones en las cuales la autoridad pública
pueda intuir o sospechar la ilegalidad de los medios usados para obtener o
provocar el acto administrativo que se revoca”. Es preciso que para aplicar
esta causal, exista “una evidencia de ello y, en consecuencia, la motivación
del acto revocatorio dejará constancia expresa acerca de los elementos de
juicio que llevaron al ente administrativo a concluirlo así.”[65]
Ahora bien, la
Corte Constitucional ha señalado que existen procedimientos regulados por
normas especiales para la revocatoria de ciertos actos administrativos. Al
respecto, en  sentencia T-344 de 2010[66]
expresó lo siguiente:
“… el artículo 1 del Código Contencioso
Administrativo establece que “Los procedimientos administrativos
regulados por leyes especiales se regirán por éstas; en lo no previsto en ellas
se aplicarán las normas de esta parte primera que sean compatibles”. Por ello, es posible que el trámite de revocatoria directa
de algunos actos administrativos específicos, que reconocen derechos especiales
a sus titulares, tengan su regulación legal en otra fuente normativa, sin que
ello implique que, en lo no previsto en la norma especial, no se acuda a las
reglas del ordenamiento general. Tal es el caso de los actos administrativos
que reconocen prestaciones económicas a cargo de instituciones de seguridad
social, cuya revocatoria, entre otros temas, se regula en la
Ley 797 de 2003, “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema
general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones
sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”.”[67]
En efecto, el artículo 19 de la
Ley 797 de 2003 dispone que corresponde a las instituciones de seguridad
social, o a quienes tengan a su cargo el pago de prestaciones económicas,
verificar el cumplimiento de los requisitos, así como la legalidad de los
documentos que sirven para acreditar el derecho, en los casos en que se
sospecha que el reconocimiento de la prestación económica periódica, fue
indebido. Cuando no sea posible acreditar el cumplimiento de los requisitos o
se establezca que los documentos aportados son falsos, el funcionario debe
proceder a la revocatoria directa del acto, sin el consentimiento del
particular, e inmediatamente deberá informar a las autoridades competentes.
La citada norma dispone:
“ARTÍCULO 19. REVOCATORIA DE PENSIONES
RECONOCIDAS IRREGULARMENTE. Los representantes legales de las instituciones de
Seguridad Social o quienes respondan por el pago o hayan reconocido o
reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento
de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de los
documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la
suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera
que exista motivos en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció
indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de comprobar el
incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en
documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del
acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias
a las autoridades competentes.”
El tema de la revocatoria directa de actos
administrativos que reconocen prestaciones pensionales, ha sido objeto de
análisis por parte de la
Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de la citada norma en la
Sentencia C-835 de 2003[68]
resolvió declarar EXEQUIBLE el artículo 19 de la ley 797 de 2003,de
manera condicionada.
En esa oportunidad esta Corporación, señaló:
“Por lo tanto, los motivos que dan lugar a la
hipótesis revocatoria del artículo 19 no pueden entenderse de manera
indeterminada, aislada, ni al margen del debido proceso. Antes bien, la
manifiesta ilegalidad, tanto de las conductas reprochadas como de los
medios utilizados para acceder a la prestación económica que se cuestione, debe
probarse plenamente en el procedimiento administrativo que contemplan las prenotadas
disposiciones, para lo cual el titular del derecho prestacional o sus
causahabientes deberán contar con todas las garantías que inspiran el debido
proceso en sede administrativa, destacándose el respeto y acatamiento, entre
otros, de los principios de la necesidad de la prueba, de la publicidad y la
contradicción; y por supuesto, imponiéndose el respeto y acatamiento que
ameritan los términos preclusivos con que cuenta el funcionario competente para
adelantar y resolver cada etapa o lapso procedimental. Así, la decisión
revocatoria, en tanto acto reglado que es, deberá sustentarse en una ritualidad
sin vicios y en una fundamentación probatoria real, objetiva y trascendente, en
la cual confluyan de manera evidente todos los elementos de juicio que llevaron
al convencimiento del funcionario competente para resolver. En conclusión,
entre la parte motiva y la parte resolutiva del acto de revocatoria directa
deben mediar relaciones de consonancia que estén acordes con los respectivos
mandatos constitucionales y legales, particularmente, con el debido proceso, la
legalidad de los derechos adquiridos y la defensa del Tesoro Público.”
De
esa forma, la manifiesta ilegalidad de las conductas reprochadas y de
los medios utilizados para acceder al derecho, deben estar plenamente probados
en el procedimiento administrativo anotado. En consonancia con lo anterior, la
decisión adoptada debe ser concordante con el procedimiento administrativo y
con las pruebas que se allegaron. Lo anterior, teniendo en cuenta que se deben
garantizar los mandatos constitucionales y legales, del debido proceso, de la
legalidad de los derechos adquiridos y de la defensa del Tesoro Público.
Esta
Corte en la citada sentencia, también advirtió que:
“… en materia de supresión de actos administrativos, no es lo
mismo cuando interviene un funcionario administrativo que cuando interviene el
juez; y que, en todo caso, la revocatoria directa de un acto administrativo que
reconoce una pensión o prestación económica sólo puede declararse cuando ha
mediado un delito.
La Corte deja claramente establecido que cuando el litigio versa sobre
problemas de interpretación del derecho; como por ejemplo, el régimen jurídico
aplicable, la aplicación de un régimen de transición; o la aplicación de un
régimen especial frente a uno general; estos litigios deben ser definidos por
los jueces competentes de conformidad con el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003 y que en consecuencia no procede la revocatoria directa del
acto administrativo sin el consentimiento del particular.”
De
otro lado, respecto a la suspensión del pago de las mesadas pensionales, esta
Corporación se pronunció en la sentencia T-214 de 2004[69], cuando
estudió el caso de unos jubilados de la extinta Empresa Puertos de Colombia a
quienes el Ministerio de la
Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo, les suspendió el pago de sus
mesadas pensionales, en esa oportunidad se ampararon los derechos fundamentales
al debido proceso administrativo y al pago oportuno de las mismas y, se ordenó
reanudar su pago. Allí se estimó que:
“la administración no puede excusarse en su propia incuria para
suspender el pago de los beneficios pensionales de los actores. Tanto
Colpuertos, Foncolpuertos como el GIT han incumplido su deber de garante de los
archivos que custodian la historia laboral de sus extrabajadores. La
Corte reitera el interés que supone la guarda de las finanzas del Estado, sólo
que este principio debe armonizarse con el derecho al debido proceso y a la
presunción de buena fe de los administrados. En conclusión, la revocatoria de
este tipo de actos sólo procede cuando ha sido probada su ilegalidad en el
curso de un proceso.”
Igualmente,
en ella esta Corporación reiteró que:
“(i) la revocatoria directa del acto propio de la administración
está, en principio, proscrita de nuestro ordenamiento jurídico, en atención a
los mandatos superiores de buena fe, lealtad y seguridad jurídica; (ii) la
revocatoria directa, dada ciertas circunstancias, atenta contra los derechos
fundamentales del administrado y es controvertible, de manera excepcional, por
vía de la acción de tutela; (iii) el ordenamiento jurídico colombiano contempla
2 excepciones a la regla prescrita en el numeral (i) es decir, hipótesis en las
cuales puede darse una revocatoria directa constitucional sin consentimiento
del administrado: a) cuando la situación subjetiva consolidada fue producto del
silencio administrativo positivo, b) cuando fue producto de maniobras evidente
y probadamente fraudulentas, violando la
Constitución y la ley. Del punto b), es posible inferir que la ilegalidad que
generó el nacimiento a la vida jurídica del derecho subjetivo no puede
presumirse, y que la revocatoria directa no puede fungir como medida cautelar
ante la mera sospecha de fraude. (iv) Si la obtención del beneficio
económico o pensional no es evidentemente ilegal, la administración asume la
carga de la prueba, y no puede decretar una abstención de pagos hasta tanto
haya sido acreditado en el contexto de un debido proceso administrativo el dolo
del beneficiario.” (la negrilla es nuestra).
Posteriormente, en sentencia T-567 de 2005[70], esta
corporación consideró:
“Así pues, concluyó la
Corte que “no asiste fundamento constitucional alguno a la Administración para suspender el pago de una pensión previamente reconocida salvo las
facultades explícitamente previstas en los artículos 19 y 20 de la
Ley 797 de 2003 y en la sentencia C-835 de 2003. Por fuera de cualquiera de
las hipótesis de hecho previstas en las normas mencionadas, se necesita la autorización del juez
respectivo para válidamente suspender los pagos hacia el futuro. Actuar de otro modo lleva
a la Administración a incurrir en vías de hecho contrarias al artículo 29
Superior e inadmisibles en perspectiva constitucional”. (negrillas y subrayados
agregados).
En ese sentido, en sentencia T-776 de 2008[71], se señaló que
para realizar la suspensión, deben
anteceder motivos reales, objetivos y trascendentes. De esta forma se
determinaron tres diferentes situaciones:
“(i) la
Administración tendrá la facultad de revocar su propio acto aún sin
consentimiento del beneficiario, siempre que se agote como mínimo el
procedimiento previsto en los artículos 14, 28, 34, 35 y 74 del Código Contencioso Administrativo y que se identifiquen en la conformación del acto
administrativo censurado conductas tipificadas en la ley penal, ‘aunque no se
den los otros elementos de la responsabilidad penal’[72]; (ii) se
podrá revocar unilateralmente el acto propio cuando éste sea fruto de silencio
administrativo positivo de acuerdo al artículo 73 del Código Contencioso
Administrativo; (iii) la Administración deberá acudir directa e
indefectiblemente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo si no
identifican en el acto que las irregularidades o anomalías constituyen
conductas tipificadas en la ley penal.”
De
la misma forma, decidió en la
Sentencia T-494 de 2009,[73]
proteger el derecho fundamental
al debido proceso de un
pensionado de la Empresa Puertos de Colombia, a quien el Ministerio de la
Protección Social le revocó la resolución, en virtud de la cual su mesada
pensional fue reajustada. En ella, la Corte indicó que “Como bien expuso el
ad quem, no podía revocarse de manera unilateral una resolución “sin aplicar
los procedimientos consagrados en los artículos 73 y 74 del C.C.A., en la
medida que la administración tuviera fundamentada una razón justificada de las
que trata el artículo 69 ibídem, para iniciar esa revocatoria directa”…” .
Recientemente, en la
Sentencia T-066 de 2010[74],
la Corte protegió los derechos fundamentales al mínimo vital y al debido
proceso de un pensionado de la extinta Empresa Puertos de Colombia a quien el
Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo, suspendió el
pago de su mesada de jubilación, sin previo aviso, argumentando que era beneficiario
de otra prestación por parte del Instituto de Seguros Sociales.
En esa oportunidad,
advirtió la Corte que:
“la actuación desconoció
que el llamado a ordenar la suspensión provisional del acto administrativo es
el juez contencioso. En segundo lugar, dicha decisión no estuvo precedida de un
acto administrativo que garantizara el debido proceso al administrado, es
decir, que le hubiera permitido al interesado interponer los recursos y
eventualmente acudir ante la jurisdicción respectiva. En tercer lugar, no es
aceptable que por tratarse de una “suspensión transitoria” del pago de las
mesadas pensionales, no se hubiera requerido el consentimiento expreso del
usuario, o se hubiera expedido un acto debidamente notificado. Por tanto,
considera la Sala que la entidad demandada incurrió en una vía de hecho al
haberle impedido al accionante con su decisión, ejercer su derecho al debido
proceso y al derecho de defensa.”
De esa manera observamos
que esta Corte ha desarrollado, tanto en sede control abstracto como concreto
de constitucionalidad, la materia relativa a la suspensión y revocatoria
directa por parte de la administración pública, de los actos administrativos
que reconocen pensiones. Referente
a lo anterior, se puede concluir que por regla general, para revocar o suspender un acto
administrativo de forma unilateral, se necesita el consentimiento previo y
expreso del involucrado, a excepción de los casos en los que  exista manifiesta
ilegalidad[75].
4.2.3      Principio de inmediatez. Reiteración de
jurisprudencia.
Si bien no existe un término de caducidad para la presentación la
acción de tutela, es decir, esta puede ser interpuesta en cualquier tiempo,
esta Corporación ha considerado que dada su naturaleza cautelar, la petición de
amparo debe ser interpuesta en un plazo razonable dentro del cual se presuma
que la afectación del derecho fundamental es inminente y se requiere la
intervención inmediata del juez constitucional. Lo anterior se sustenta en que si lo que se persigue
con esta acción constitucional es la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales frente a una vulneración o amenaza, es necesaria
que la petición sea presentada en el marco temporal de ocurrencia de la amenaza
o violación de los derechos.
Por consiguiente, “al
no limitar en el tiempo la presentación de la demanda de amparo constitucional,
se burla el alcance jurídico dado por el Constituyente a la acción de tutela, y
se desvirtúa su fin de protección actual, inmediata y efectiva de tales
derechos”[76].
Al respecto, en la
sentencia SU-961 de 1999[77],
la Corte sostuvo que:
“La posibilidad de interponer la acción
de tutela en cualquier tiempo significa que no tiene término de caducidad. La
consecuencia de ello es que el juez no puede rechazarla con fundamento en el
paso del tiempo y tiene la obligación de entrar a estudiar el asunto de fondo.
Sin embargo, el problema jurídico que se plantea en este punto es: ¿quiere
decir esto que la protección deba concederse sin consideración al tiempo
transcurrido desde el momento en que ha tenido lugar la violación del derecho
fundamental?
Las consecuencias de la premisa inicial,
según la cual la tutela puede interponerse en cualquier tiempo, se limitan al
aspecto procedimental de la acción, en particular a su admisibilidad, sin afectar
en lo absoluto el sentido que se le deba dar a la sentencia.  Todo fallo
está determinado por los hechos, y dentro de estos puede ser fundamental el
momento en el cual se interponga la acción, como puede que sea irrelevante.
(…)
Si el elemento de la inmediatez es
consustancial a la protección que la acción brinda a los derechos de los
ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza.
Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición
oportuna y justa de la acción.
(…)
Si la inactividad del accionante para
ejercer las acciones ordinarias, cuando éstas proveen una protección eficaz,
impide que se conceda la acción de tutela, del mismo modo, es necesario aceptar
que la inactividad para interponer esta última acción durante un término
prudencial, debe llevar a que no se conceda. En el caso en que sea la tutela y
no otro medio de defensa el que se ha dejado de interponer a tiempo, también es
aplicable el principio establecido en la
Sentencia arriba mencionada (C-543/92), según el cual la falta de ejercicio
oportuno de los medios que la ley ofrece para el reconocimiento de sus derechos
no puede alegarse para beneficio propio, máxime en los casos en que existen
derechos de terceros involucrados en la decisión.”
De igual forma, esta
Corporación reiteró en sentencia T-575 de 2002,[78] lo siguiente:
“La
Corte ha señalado que dos de las características esenciales de esta figura en
el ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez: (…)
la segunda, puesto que la acción de tutela ha sido instituida como remedio de
aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad
concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza. Luego no es propio
de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a remplazar
los procesos ordinarios o especiales, ni el ordenamiento sustitutivo en cuanto
a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de
instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su
consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la
Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y
supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales.
(…) La acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente
que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual
del derecho objeto de violación o amenaza”.[79]
La Corte también ha dicho que ese término debe
ser razonable, lo cual el juez constitucional valorará de acuerdo a las
circunstancias del caso concreto. Para ello, la jurisprudencia constitucional
ha establecido algunos factores que deben ser verificados para determinar si se
cumple o no con el principio de inmediatez. Entre ellos, la corte ha señalado
los siguientes:
“1) si existe un motivo válido para la
inactividad de los accionantes;
2) si esta inactividad injustificada
vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la
decisión y
3) si existe un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados.”[80]
Por otra parte, en la
sentencia T-730 de 2003[81]
se consideró que una estrategia útil para medir la inmediatez es la urgencia
manifiesta para proteger el derecho[82].
En ella se expresó lo siguiente:
“Por una parte, si la acción de tutela
pudiera interponerse varios años después de ocurrido el agravio a los derechos
fundamentales, carecería de sentido la regulación que el constituyente hizo de
ella. De esa regulación se infiere que el suministro del amparo constitucional
está ligado al principio de inmediatez, es decir, al transcurso de un
prudencial lapso temporal entre la acción u omisión lesiva de los derechos y la
interposición del mecanismo de protección. Nótese que el constituyente, para
evitar dilaciones que prolonguen la vulneración de los derechos invocados y
para propiciar una protección tan inmediata como el ejercicio de la acción,
permite que se interponga directamente por el afectado, es decir, sin necesidad
de otorgar poder a un profesional del derecho; orienta el mecanismo al
suministro de protección inmediata; sujeta su trámite a un procedimiento
preferente y sumario; dispone que la decisión se tome en el preclusivo término
de diez días; ordena que el fallo que se emita es de inmediato cumplimiento y,
cuando se dispone de otro medio de defensa judicial, permite su ejercicio con
carácter transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De acuerdo con ello, el constituyente
asume que la acción de tutela configura un mecanismo urgente de protección y lo
regula como tal. De allí que choque con esa índole establecida por el
constituyente, el proceder de quien sólo acude a la acción de tutela varios
meses, y aún años, después de acaecida la conducta a la que imputa la
vulneración de sus derechos. Quien así procede, no puede pretender ampararse en
un instrumento normativo de trámite sumario y hacerla con miras a la protección
inmediata de una injerencia a sus derechos fundamentales que data de varios
años.”
En resumen, la
jurisprudencia de esta Corporación ha desarrollado el principio de inmediatez
según el cual, la acción de tutela, pese a no tener un término de caducidad
expresamente señalado en la Constitución o en la
Ley,  procede dentro de un término razonable y proporcionado
contado a partir del momento en que se produce la vulneración o amenaza al
derecho. Se justifica la exigencia de dicho término toda vez que con éste se
impide el uso de este mecanismo excepcional como medio para encubrir la propia
negligencia o como elemento que atente contra los derechos e intereses de
terceros interesados[83], así como mecanismo que permite
garantizar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que se deprecan
de toda providencia judicial.[84]
En este orden de ideas, la
razonabilidad del término de presentación de la acción de tutela debe ser
analizada por el juez constitucional atendiendo las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que ocurrieron los hechos del caso sometido a su estudio.
4.3
EL CASO CONCRETO.
Como quiera que los hechos relacionados por cada uno de los
accionantes en los procesos de tutela que se analizan son comunes, y los
sujetos accionados y a quienes se les atribuye la vulneración del derecho fundamental
al debido proceso, coinciden en todas las acciones, la
Sala abordará su estudio considerándolos en conjunto.
4.3.1     Resumen de los hechos.
Los casos que se analizan se refieren a
personas que actualmente son adultos mayores, quienes fueron pensionados en
distintas épocas por la por la extinta Empresa Puertos de Colombia.
Posteriormente, en los años de 1994, 1995
y 1996, sus valores pensionales fueron reajustados en un mayor valor al
reconocerles una pensión especial proporcional de jubilación a partir del 1 de
enero de 1991, conforme a la
convención colectiva de trabajo 1991 –
1993, firmada entre la empresa y los representantes de la organización
sindical, de la cual venían disfrutando desde 1991 hasta los meses de junio y octubre de 2008, cuando
al recibir su mesada, se percataron que no incluía el mencionado ajuste
pensional.
Ante lo anterior, los demandantes
aseguraron que presentaron derechos de petición y que los mismos fueron
respondidos por el Grupo GIT, con el envío de las resoluciones que ordenaron la
suspensión del ajuste pensional. Agregan también se les informó, que como
consecuencia de las irregularidades detectadas durante la gestión del ex
director de Foncolpuertos, tanto la
Fiscalía General de la Nación como el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Descongestión de Bogotá, ordenaron la suspensión, entre otras cosas, de las
resoluciones que reconocían dicho reajuste pensional, al considerar que fueron
otorgadas en forma ilícita y, por lo tanto, el Grupo GIT del Ministerio de la
Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo, a través de diversas
resoluciones, ordenó su suspensión dando así cumplimiento a la orden judicial.
La inconformidad de los actores se basa precisamente
en las resoluciones expedidas por el GIT en los meses de junio y octubre de
2008, que suspendieron los actos administrativos que ordenaron el reajuste
pensional, las cuales, según ellos, no fueron notificadas. Indican que con
ello, se les ha ocasionado un
perjuicio irremediable, por cuanto sus mesadas constituyen su único ingreso y, aseguran, que el valor reducido no les alcanza
para satisfacer sus necesidades básicas y de su grupo familiar.
4.3.2
Examen de la
procedencia de la acción.
Como ya se dijo anteriormente, en casos como el
presente, en los que la supuesta vulneración del derecho fundamental proviene
de un acto administrativo, es deber del juez de tutela realizar una evaluación
sobre  la procedencia de la acción de tutela, toda vez que la
Constitución establece que ella tiene un carácter subsidiario y que solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial[85], salvo que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable[86] o ante la
falta de idoneidad de los medios ordinarios.  En particular, la
Corte ha elaborado una jurisprudencia sobre excepciones en las que, no
obstante la existencia de otros medios de defensa, es procedente acudir a la
tutela para pedir la protección frente a eventuales vulneraciones de derechos
fundamentales emanadas de actos administrativos.
Esta Corporación ha definido la regla general sobre la
procedencia de la acción de  tutela contra actos administrativos, en la
sentencia T-1266 de 2008[87],
que dice:
“Cuando se trata de solicitudes de amparo relacionadas
con actos administrativos, esta Corporación ha precisado la impertinencia de la
acción. Ello porque la vía para impugnar dichos actos es la contenciosa
administrativa y dado el carácter subsidiario de la tutela, ésta resultaría
improcedente excepto como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. No obstante, la Corte ha admitido la posibilidad de que el juez
constitucional ordene la inaplicación de disposiciones legales y de los actos
administrativos de carácter general o particular que fueron expedidos con base
en aquéllas, cuando se acredite plenamente en cada caso particular la
existencia de un perjuicio que: (i) produzca de manera cierta y evidente la
amenaza grave de un derecho fundamental; (ii) de concretarse el riesgo no sea
posible reparar el daño que ello origine; (iii) presente un inminente acaecer;
(iv) solo pueda conjurarse mediante la medida de protección; y, (v) dada la
naturaleza e importancia de los hechos la urgencia de la tutela de los derechos
fundamentales amenazados resulte imprescindible”.[88]
Ahora bien, para los casos que se analizan, la
Corte también ha desarrollado una posición que fue sintetizada en la
Sentencia T-390 de 2009[89],
así:
“De manera constante, la
Corte ha considerado en relación con la procedencia de la acción de tutela
como mecanismo efectivo para la protección de derechos fundamentales que
podrían verse vulnerados o amenazados por mandamientos consagrados en actos
emitidos por la administración, que por regla general aquélla no es adecuada
para controvertirlos, sino que, por el contrario, la competencia se encuentra
radicada en la jurisdicción contencioso administrativa. Sin embargo, en algunos
casos excepcionales, esta Corporación ha considerado que el amparo procede como
mecanismo definitivo de protección de derechos fundamentales, y no transitorio,
cuando quiera que se cumplan las siguientes condiciones, en los términos de la
sentencia T- 921 de 2006: (i) que el no reconocimiento o el reajuste de la
pensión de jubilación o vejez se origine en actuaciones que, prima facie,
desvirtúen la presunción de legalidad que recae sobre las actuaciones de la
administración pública; (ii) que el no reconocimiento, el reajuste o el no pago
de la pensión vulnere o amenace un derecho fundamental y (iii) que la acción de
tutela resulte necesaria para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental”[90]
La Sala considera, que en los casos que se analizan no concurren los motivos
excepcionales por los cuales procedería la acción de tutela contra actos
administrativos, por las siguientes razones:
4.3.2.1   Existencia de otros mecanismos de defensa
judicial.
En primer lugar, es preciso aclarar lo
dicho en los fallos de primera instancia proferidos por el Tribunal Superior de
Santa Marta que concedieron el amparo en los expedientes T-2.926.333[91],
T-2.921.452[92]
y T-2.924.738[93],
los cuales indicaron que “… en el artículo cuarto se la parte resolutiva de
cada una señalan que contra dichas resoluciones no procede recurso alguno por
tratarse de un acto de ejecución que no admite acción contenciosa
administrativa; por lo tanto, al no existir otro mecanismo de defensa judicial,
se debe tutelar en forma definitiva los derechos reclamados por los actores…”
Cabe decir, que analizadas las
resoluciones cuestionadas, no se observa que en ninguno de sus apartes señalen
que el acto administrativo no sea susceptible de controversia en acción
Contencioso Administrativa. Todas siguen el mismo formato que textualmente
expresa en el numeral cuarto de su parte resolutiva que los que no proceden son
los recursos de la vía gubernativa: “Comuníquese a los pensionados y/o
beneficiarios relacionados en el presente acto administrativo, advirtiéndoles
que contra la presente resolución no procede recurso alguno, por cuanto
se trata de un acto de ejecución ya que éste es consecuencia de una decisión
adoptada por la Fiscalía General de la
Nación, Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública, Estructura de Apoyo para tema Foncolpuertos, Despacho Primero,
respecto de la cual ya existe sentencia condenatoria como se anotó en la parte
motiva, entregándoles copias íntegras, auténticas y gratuitas de la misma”
(Subrayado nuestro).
De lo trascrito se infiere que, a juicio
de la administración, los recursos de vía gubernativa existentes frente a
ellos, no son procedentes, y por tanto la vía gubernativa quedaría agotada con
la sola comunicación del acto al interesado. Nada dice sobre la supuesta
improcedencia de la acción contenciosa administrativa.
El artículo 83 del Código Contencioso
Administrativo determina que “la jurisdicción de lo contencioso administrativo
juzga los actos administrativos…”, y el artículo 85 del mismo estatuto “Toda
persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica,
podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le
restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño”.
De lo anterior, se infiere que los actos
administrativos por regla general son susceptibles de controversia ante la
jurisdicción Contencioso Administrativa. En este caso no existe además una
norma legal que excluya a las resoluciones materia de controversia  del
conocimiento de dicha jurisdicción, por lo tanto, la
Sala observa que dichos actos sí podían ser controvertidos ante la
jurisdicción contenciosa.
De igual forma, si no consideraban
procedente la acción contenciosa administrativa, los accionantes aun contaban
con la jurisdicción ordinaria laboral y de seguridad social, establecida en el
artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, modificado por la Ley 712 de 2001, cuya jurisdicción conoce
de “las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que
se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y
las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza
de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan”. La
prescripción de éste tipo de acciones es de tres años de conformidad con
el artículo 151 del mismo Código.
Esta Corporación ha sostenido que tanto
la vía contencioso administrativa, como  la vía laboral ordinaria,  cuentan con
las suficientes garantías de contradicción, argumentación y defensa para las
partes y, sólo cuando se hayan agotado cualquiera de éstos mecanismos, podría
eventualmente acudirse a la acción de tutela, cuando los afectados estimen que
los medios ordinarios no fueron eficaces para proteger adecuadamente sus
derechos constitucionales, caso en el cual sería necesario verificar si
concurren, para ese momento, los requisitos genéricos de procedibilidad
establecidos por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional para las tutelas contra providencias judiciales[94].
De lo anterior se concluye, que el hecho
de que la administración estimó que los actos cuestionados no admiten recursos
en vía gubernativa, no quiere decir que no se hubiera podido acudir a la acción
contenciosa o a la justicia ordinaria, en otras palabras, los medios ordinarios
de defensa sí procedían en este caso.
Adicionalmente, la
Sala observa que los medios ordinarios de defensa eran idóneos para resolver la
presente controversia, por las siguientes razones: En primer lugar, en este
caso no se debate la suspensión unilateral de una pensión sino de un reajuste
pensional. En efecto, en este caso los tutelantes siguen recibiendo la mesada
correspondiente a la pensión original reconocida, y lo que se suspendió fue el
reajuste decretado entre 1994 y 1996. En segundo lugar, no se advierte que con
la suspensión se esté afectando el mínimo vital de los demandantes. Como se
ilustra en el siguiente cuadro, la mesada que siguen devengando garantiza unos
ingresos suficientes para atender sus gastos personales y los de su familia.
A continuación, a través de un cuadro
comparativo se demostrará el valor de las pensiones mensuales que percibían
antes de la suspensión de sus mesadas, y cuál es el monto que comenzaron a
percibir una vez se expidieron las resoluciones revocatorias que dieron pie a
la interposición de las acciones de tutela.
EXPEDIENTE
ACCIONANTE
MESADA
ANTES DE LA REVOCATORIA
MESADA
POSTERIOR A LA REVOCATORIA
T-2.914.956
JOAQUIN CANCIO
COLLAZOS
$1.772.108,40
$   960.702,85
T-2.921.452
CARLOS
CASTILLO AGUILAR
$2.898.071,13
$2.045.035,10
JOSE CAMPO
MAESTRE
$4.814.737,61
$3.134.013,63
JOSE BRAVO
LABASTIDAS
$2.352.805,13
$2.052.784,90
ANTONIO
MALDONADO
$3.723.116,16
$3.524.100,42
JAIME SABAN
ROJAS
$2.392.061,74
$2.315.410,39
RAFAEL RICO
LLANES
$1.371.251,86
$   924.518,83
FRANCISCO
FERNANDEZ
$2.494.087,88
$2.154.803,29
ELDA SIERRA
$   919.697,49
$   688.643,41
FRANCISCO
PIMIENTA
$3.286.816,49
$2.815.235,44
ZUNILDA
MAIGUEL
$6.020.709,77
$5.309.476,91
LUIS GALVAN
$7.407.875,79
$6.531.227,35
T-2.924.738
ROBERTO
GOENAGA
$7.458.642,98
$4.759.280,27
RAFAEL ALVAREZ
$5.088.284,55
$4.611.681,26
JOSE CASTRO
$2.445.789,86
$2.342.793,74
DULA PAYARES
$2.365.254,28
$1.669.364,52
FRANCISCO
VALLE
$4.951.095,94
$4.424.703,OO
BUENAVENTURA
LOAIZA
$6.887.779,01
$3.659.070,35
WILLIAM
MANJARES
$5.389.677,14
$4.779.837,05
JUAN SIERRA
$6.425.626,59
$3.440.578,24
SOCRATES
SANDOVAL
$8.343.187,75
$3.428.589,20
T-2.926.314
INDALESIO
YANES
$3.273.409,46
$3.105.786,87
ANGEL SERRANO
$4.927.896,68
$3.023.649,15
RAFAEL MONTERO
$2.767.184,99
$2.046.738,50
RAMON DIAZ
$4.137.964,09
$2.250.080,73
MARCO VALENCIA
$2.839.339,63
$1.908.502,94
ARMANDO UTRÍA
$3.023.973,72
$2.750.887,92
T-2.926.333
WILFRIDO
CAMARGO
$4.089.661,38
$2.830.996,88
LACIDES PANA
$4.106.578,79
$2.281.210,26
T-2.926.362
ALFREDO
BUENDIA
$3.753.649,98
$2.995.583,22
HUGO ROSENTIEL
$2.865.937,08
$2.483.859,48
ENRIQUE
NAVARRO
$1.165.759,66
$1.000.809,34
EDUARDO
GUILLOT
$6.069.196,37
$4.103.616,29
MIGUEL JOVIEN
$4.551.290,56
$2.876.493,64
MANUEL ROSALES
$4.430.235,98
$3.029.349,64
JOSE ADARRAGA
$4.430.811,24
$2.298.211,01
LUZ GUTIERREZ
$4.051.909,73
$2.211.860,50
EVA ESCOBAR
$1886.141,26
$1.350.305,79
JULIO LIZCANO
$1.611.906,27
$1.183.176,66
T-2.932.282
CARLOS MOZO
$4.755.743,31
$3.246.138,08
RAFAEL ARMENTA
$4.589.618,04
$3.275.360,16
FREDY GRANADOS
$6.484.347,30
$5.542.488,79
WENCESLADO
HERNANDEZ
$3.241.887,81
$2.792.983,27
ANTONIO
LAFOURIE
$2.211.214,22
$1.223.195,64
DANIEL ZUBIRÍA
$3.800.052,08
$1.953.703,06
OSCAR AGUILAR
$3.504.001,07
$1.274.266,11
T-2.936.218
MARIA DEL S.
NOGUERA
$1.881.049,12
$1.472.478,04
Lo anterior demuestra claramente que
todos los accionantes están recibiendo mensualmente su respectiva mesada
pensional, en cuantías que no comprometen su mínimo vital.
Finalmente, la
Sala no advierte una conducta manifiestamente arbitraria de las entidades
demandadas, pues sus decisiones se fundamentaron en órdenes de autoridades
jurisdiccionales por estas razones, la Sala concluye que la tutela es
improcedente en los casos bajo estudio.
4.3.2.2   Incumplimiento del requisito de
inmediatez.
Dentro
de los procesos que se relacionan, no
existe prueba de las diligencias que hayan sido realizadas por los tutelantes tendientes a obtener la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, así como no aportaron copia de la respuesta al derecho de petición que,
aseguran,   elevaron ante la administración para indagar por las razones de la
disminución de las mesadas, ni mucho menos informaron de la fecha de dichas
respuestas que afirman fueron extemporáneas.
Las resoluciones que afectaban sus mesadas pensionales fueron expedidas
entre los meses de julio y octubre de 2008, y sólo hasta el 2010, las acciones de tutela fueron radicadas
ante la Dirección Seccional de Santa Marta. En efecto, el expediente T-
2.924.738, fue radicado el 27 de agosto de 2010; el T-2.921.452, el 1 de
septiembre de 2010; el T- 2.926.333, el 7 de septiembre de 2010; el T-
2.914.956, el 17 de septiembre de 2010; el T- 2.936.218, el 23 de septiembre de
2010; el T- 2.926.362, el 27 de septiembre de 2010; el T- 2.926.314, el 11 de
octubre de 2010 y el T- 2.932.282, el 14 de octubre de 2010. Esto es,
transcurrieron aproximadamente dos años entre el acto supuestamente violatorio
de los derechos fundamentales invocados, y la interposición de la acción de
tutela.
En todos los casos, considera la
Sala que el lapso reseñado excede sustancialmente el término razonable para la
interposición de este tipo de acciones de amparo, y desnaturaliza el carácter
inmediato de la protección constitucional, vía tutela, que establece el propio
artículo 86 de la Carta.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional[95] ha establecido que este requisito de procedibilidad de la acción de
tutela debe evaluarse en cada caso concreto, y se admiten algunos criterios que
permiten, excepcionalmente, la extensión del término entre la eventual
vulneración del derecho y la interposición de la acción, a lapsos que en
principio podrían parecer excesivos. Pero tales circunstancias justificativas
deben estar plenamente demostradas, y responder a criterios claros de
protección constitucional sustancial, pues de lo contrario, se desnaturalizaría
el carácter inmediato de la protección.
Analizados los casos, la
Sala encuentra que no se dan en ellos las circunstancias excepcionales que
justifiquen admitir a trámite la tutela, a pesar del extenso lapso transcurrido
entre el acto presuntamente vulnerador, por una parte, y su interposición, por
la otra. En efecto, no existe prueba alguna en los expedientes, que demuestre
un grado tal de indefensión o abandono, que justifique la dilación que se
analiza, como tampoco se expone ningún argumento en ese sentido, ni concurren
razones que hagan justificable el incumplimiento del requisito de la
inmediatez.
El hecho del incumplimiento del principio
de la inmediatez sería razón suficiente para revocar los fallos de instancia
que concedieron las tutelas en tres de los expedientes aquí acumulados, pero la
Sala encuentra además pertinente mencionar otras dos circunstancias que
también llevan a la conclusión de que la tutela, en este caso, es improcedente.
4.3.2.3   Presunta vulneración de los derechos
fundamentales.
De
forma subsidiaria, la
Sala observa que en todo caso las entidades demandadas no desconocieron el
derecho al debido proceso de los tutelantes, por las siguientes razones:
Tal y como se señaló en las
consideraciones generales de esta providencia, la revocatoria directa o
suspensión de los actos administrativos que reconocen pensiones o reajustes,
como quiera que tienen el carácter de particular y concreto, requiere del
reconocimiento escrito y expreso de su titular, o en su defecto, debe acudirse
al procedimiento previsto en el artículo 19 de la
Ley 797 de 2003, con observancia de lo ordenado por el Código Contencioso
Administrativo.
Según este procedimiento, corresponde a
las entidades verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para consolidar
tal derecho y la legalidad los documentos que se utilizaron para el efecto.
En el evento de que dichas exigencias no
se cumplan o se pruebe que los documentos que se acreditan no sean auténticos,
el funcionario deberá revocar el acto, y poner en conocimiento de la situación
a las autoridades competentes. De igual forma, el funcionario tendrá presente
que los motivos deben ser serios y fundados, y no pueden responder al capricho
o parecer del funcionario.
En el caso que se analiza, se observa que el
ajuste pensional que se suspendió consistió en el valor  incrementado “especial
proporcional” de la pensión y que fuera autorizado por el ex director de
Foncolpuertos para la época de los hechos. La
Fiscalía General de la Nación, Estructura de Apoyo para el tema de
Foncolpuertos-Cajanal, Unidad de Delitos Contra la Administración Pública, dictó resolución de acusación respecto del ex director y tomó como
medida preventiva, dejar sin efectos todos los actos jurídicos y económicos
expedidos por él durante su gestión.
Al respecto, la providencia proferida por
la Fiscalía General de la
Nación, Estructura de Apoyo para el tema de Foncolpuertos-Cajanal, Unidad de
Delitos Contra la Administración Pública, del 6 de julio de 2007, dice
lo siguiente:
“5. ORDENAR la
SUSPENSIÓN de los efectos jurídicos y económicos de las resoluciones
firmadas por LUIS HERNANDO RODRIGUEZ y aquí investigadas; así como de
las actas de conciliación autorizadas; como de los mandamientos de pago
librados en las sentencias no ejecutoriadas; conforme al cuadro inserto en los
hechos y de aquellos actos delictivos cometidos durante el lapso precisado en
esta resolución; como consecuencia del análisis precedente. Comunicar lo
anterior al G.I.T. Ministerio de Protección Social y en consecuencia librar los
oficios allí señalados”.
Mediante respuesta del Ministerio de la
Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo, al requerimiento de ésta Sala
de Revisión, se aportó lo siguiente que fuera remitido por la
Fiscalía General de la Nación:
“Pues de acuerdo con la prueba existente
en el informativo estas personas no tenían derecho a esta clase de pensión,
pues de una parte no les cobijaba la convención colectiva firmada para el
Terminal de Barranquilla para 1.991 y 1993, puesto que su retiro fue en el año
de 1.990 cuando se acogieron al plan de retiro voluntario y el derecho a la
pensión que allí se les otorgó fue excepcional a partir de que cumplieran los
50 años de edad; y que por ende no era modificable porque en términos generales
(fuera de las normas expedidas por la liquidación de la empresa), para su
retiro no eran acreedores a ninguna clase de pensión” (negrillas y
subrayados agregados).”
Ahora bien, está demostrado que los
ajustes se aplicaron a todas las mesadas pensionales, que fueron incrementadas
en sus valores por los actos administrativos expedidos por el ex director de
Foncolpuertos, aunque no hayan sido incluidas en la lista a la que se refieren
alguno de los accionantes, dado que se hizo extensiva la orden, tanto de la
Fiscalía como la del Juzgado de conocimiento, de suspender los efectos
jurídicos y económicos de las resoluciones que pagaran prestaciones indebidas,
por investigarse la conducta del implicado en la modalidad de delito
continuado.
Igualmente, quedó claro que existieron
serios indicios acerca de la ilegalidad en que se incurrió al momento del
reconocimiento de las cuestionadas resoluciones. Así lo admitió la
Fiscalía:
“En los casos que la resolución afectada
con la orden de la Fiscalía sea de reconocimiento de pensión; sólo se podrán
tomar las medidas pertinentes, una vez el juez tome determinación definitiva
sobre el restablecimiento del derecho, como al parecer es el caso que nos ocupa
en donde con resolución 1453 del 15 de Noviembre de 1.994 el Ex Director de Foncolpuertos,
LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ reconoció pensión proporcional de jubilación
al señor JAIME ALBERTO BARRAZA JIMÉNEZ (fallecido); que acorde con el análisis
pertinente como hecho endilgable al precitado Director, consideró esta
Delegada, la pensión se reconoció contraviniendo la convención colectiva de
trabajo vigente para la época de los hechos; razón que llevó a ser cobijada con
la decisión provisional en orden al restablecimiento del derecho en las
condiciones atrás señaladas” ( negrillas y subrayados agregados).
Aunado a lo anterior, no se puede olvidar
que se está en presencia de un proceso penal en el cual el sindicado aceptó los
cargos formulados por la Fiscalía, por lo cual fue condenado por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá, mediante fallo del 30 de
mayo de 2008.
4.3.3     Conclusión.
Para concluir, considera la
Sala que en los casos que se acumulan, no se presentan los requisitos de procedibilidad de
la acción de tutela que permitirían, avocar el estudio de fondo, por lo tanto
habrá que revocar las decisiones proferidas en instancias y declarar la
improcedencia de las mismas, por cuanto (i) los términos transcurridos entre la
fecha en que fueron expedidas las resoluciones que revocaron o suspendieron las
mesadas pensionales y, que originaron supuestamente la vulneración de los
derechos fundamentales de los accionantes, y la fecha de la presentación de la
acción de tutela, excede sin justificación, los criterios de razonabilidad
jurisprudencialmente establecidos, y por lo tanto desconoce el principio de
inmediatez que debe caracterizar esta acción; (ii) además, como quedó claro
dentro del análisis del caso concreto,  existen otros mecanismos de defensa
judicial, en los que los accionantes habrían podido o podrían reclamar sus
derechos pensionales, bien ante la jurisdicción contenciosa administrativa o
ante la jurisdicción ordinaria; y (iii) por último, no existe prueba dentro de
los expedientes ni se observa del estudio de ellos, que los accionantes estén
sufriendo un perjuicio grave contra sus derechos fundamentales, que requiera de
la intervención inmediata del juez de tutela, en la medida en que todos ellos
tienen garantizado, como se evidencia del cuadro trascrito, que  aún después de
las decisiones administrativas, reciben un ingreso que satisface sus
necesidades mínimas vitales.
Por lo anterior, la
Sala considera que al no concurrir los requisitos de procedibilidad de la
acción de tutela, en casos
como los presentes, se hace necesario declarar improcedente los fallos de
instancia que concedieron las acciones acumuladas dentro de los expedientes T- 2.921.452, T- 2.924.738, T-2.926.333 y
T- 2.936.218. Respecto a los expedientes T- 2.914.956,
T- 2.926.314, T-2.926.362 y T-2.926.362, se confirmarán los fallos que niegan
el amparo solicitado.
5.     DECISIÓN
En mérito
de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos para fallar el presente
asunto, decretada por la Sala en auto del 4 de mayo de 2011.
SEGUNDO.- En el Expediente T- 2.921.452, REVOCAR las sentencias
proferidas por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Marta del 14 de septiembre de 2010 y de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, del 30 de noviembre de
2010, dentro de la acción de tutela impetrada por Carlos José Castillo Aguilar, José Campo Maestre, José
Bravo Labastidas, Antonio Maldonado Peña, Jaime Saban Rojas, Rafael Rico
Llanes, Francisco Fernández Tete, Elda Sierra de Pardo, Francisco Pimienta
Effer, Zunilda Maiguel de Celedón y Luis Galván Carpio, y en su lugar DECLARAR
IMPROCEDENTE el amparo deprecado, por las razones expuestas en esta
providencia.
TERCERO.-
En el expediente T- 2.924.738, REVOCAR las sentencias
proferidas por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Marta del 6 de septiembre de 2010 y la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, del 30 de noviembre de 2010,
dentro de la acción de tutela impetrada por Roberto Goenaga Cotes, Rafael Álvarez Aguilar, José
Castro Alfaro, Dula Payares de Correa, Francisco Valle Gámez, Buenaventura
Loaiza, William Manjarrés Corbonó, Juan Sierra González y Sócrates Sandoval Rolong,
y en su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo deprecado, por las razones
expuestas en esta providencia.
CUARTO.-
En el expediente T-2.926.333, REVOCAR las sentencias
proferidas por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Marta del 20 de septiembre de 2010 y de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, del 30 de noviembre de
2010, dentro de la acción de tutela impetrada por  Wilfrido Camargo Bolaños y Lácides Pana López, y en su lugar
DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo deprecado, por las razones expuestas en esta
providencia.
QUINTO.-
En el expediente T- 2.936.218, REVOCAR la sentencia
proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, del 15 de
diciembre de 2010 y por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Marta del 20 de septiembre de 2010 dentro de la acción de
tutela impetrada por  María del Socorro Noguera Aguilar, y en su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo
deprecado, por las razones expuestas en esta providencia.
SEXTO.-
En el expediente T- 2.914.956, CONFIRMAR la sentencia
proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, del 23 de
noviembre de 2010, que revocó en su totalidad la sentencia de primera instancia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta del 1 de octubre de
2010, dentro de la acción de tutela impetrada por Joaquín Cancio Collazos, por las razones expuestas en
esta providencia.
SÉPTIMO.-
En el expediente T- 2.926.314, CONFIRMAR la sentencia
proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, del 9 de
diciembre de 2010, que confirmó la sentencia de primera instancia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta del 22 de octubre de 2010, dentro
de la acción de tutela impetrada por  Indalesio Yanes García, Ángel Segundo Serrano Paredes,
Rafael Agustín Montero Rodríguez, Ramón Francisco Díaz Conde, Marco William
Valencia Linero y Armando Utria García, por las razones expuestas en esta
providencia.
OCTAVO.-
En el expediente T-2.926.362, CONFIRMAR la sentencia
proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, del 9 de
diciembre de 2010, que confirmó la sentencia de primera instancia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta del 7 de octubre de 2010, dentro
de la acción de tutela impetrada por Alfredo Buendía Castro, Hugo Rosentiel
Bula, Enrique Navarro Guerra, Eduardo Guillot Rada, Miguel Jovien Castillo,
Manuel Rosales Mejía, José Adarraga Robles, Luz M. Gutiérrez Acosta y Eva
Escobar de Andreis, por las
razones expuestas en esta providencia.
NOVENO.-
En el expediente T- 2.932.282, CONFIRMAR la sentencia
proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, del 15 de
diciembre de 2010, que confirmó la sentencia de primera instancia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santa Marta del 27 de octubre de 2010, dentro de la
acción de tutela impetrada por Carlos Mozo Linero, Rafael Armenta Saldaña, Fredy Granados Ospino,
Wenceslado Hernández Rodríguez, Antonio Lafaurie Chiquillo, Daniel Zubiría
Weber y Oscar Aguilar Meléndez, por las razones expuestas en esta providencia.
DÉCIMO.- Por Secretaría General, LÍBRESE la comunicación
a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
Con aclaración de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
A LA
SENTENCIA T- 381/12
ACCION DE TUTELA-Requisitos de procedencia y efecto de la ratio decidendi (Aclaración de
voto)
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Existe violación continua y actual del pago oportuno
de mesadas pensionales haciendo aceptable un tiempo mayor para interponer la
demanda constitucional (Aclaración de voto)
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Casos en que no es exigible de manera estricta
(Aclaración de voto)
CORTE CONSTITUCIONAL-Sólo puede establecer en sus sentencias cuáles son las
interpretaciones admitidas de determinadas normas legales cuando existen
valores constitucionales en juego (Aclaración de voto)
Ref.: Expedientes T-2914956, T-2921452,
T-2924738, T-2926314, T-2926333, T-2926362, T-2932282 y T-2936218. Acciones de
Tutela instauradas por  Joaquín Cancio Collazos, Carlos Castillo Aguilar,
Roberto Goenaga Cotes, Indalecio Yanes García, Lácides Pana López, Alfredo
Buendía Castro, Carlos Mozo Linero y María del Socorro Noguera Aguilar contra
Grupo Interno de Trabajo Pasivo Social Puertos de Colombia.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB.
Con el acostumbrado respeto, paso a explicar las
razones por las cuales aclaro mi voto en relación con las consideraciones
expuestas en la sentencia T-381 de 2012, mediante la cual la
Sala Séptima de Revisión de Tutelas de esta Corte resolvió revocar los fallos
de instancia que concedieron las acciones acumuladas dentro de los expedientes
acumulados al no concurrir los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela.
Este
despacho comparte la parte resolutiva de la sentencia, precisando que se
requiere realizar ciertas consideraciones sobre los requisitos de procedencia
de la acción de tutela y el efecto de la ratio decidendi.
En primer lugar, es
preciso aclarar que aunque esté de acuerdo con la decisión de revocar los
fallos de instancia, por la existencia de acciones que permiten controvertir
los actos administrativos, bien sea ante la jurisdicción contencioso
administrativa o la jurisdicción ordinaria, lo que hace impropia la acción de
tutela según los criterios de procedibilidad, por no ser un mecanismo
transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Difiero de los argumentos expuestos en la
sentencia que evalúan las circunstancias para admitir la acción constitucional respecto al
requisito de inmediatez, pues esté no debe ser absoluto y admite una
interpretación flexible a partir de la consideración según la cual, existe una
violación continua y actual del derecho al pago oportuno de las mesadas
pensionales, que subsiste mientras no sean reconocidas en debida forma,
haciendo aceptable un lapso de tiempo mayor para la interposición de la demanda
constitucional.
En este
sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que:
“La
Corte Constitucional ha sostenido que en los únicos dos casos en que no es
exigible de manera estricta el principio de inmediatez en la interposición de
la tutela, es cuando “(i)...se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual.[10] Y [cuando] (ii) la especial situación de aquella persona a quien se le
han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el
hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre
otros.”[96]
Expuesta así
la anterior salvedad, encuentro que la misma es suficiente para indicar que, a
primera vista, no cabe declarar la improcedencia del amparo solicitado con base
en la supuesta falta del principio de inmediatez, pues basta con un análisis
cuidadoso, para concluir que los actores dentro de la presente acción,
cumplieron con el respectivo requisito. En efecto, tal y como se explicó en la
sentencia la ratio decidendi para declarar la improcedencia sólo debía tener su
fuente en la existencia de otros mecanismos judiciales para resolver el
problema jurídico planteado con ocasión a la interposición de la acción de
tutela.
Otro de los puntos por los que aclaró mi voto, se
refiere a la “Presunta vulneración de los derechos fundamentales”[97]
en este acápite, la sentencia analiza el fondo del asunto y determina que las
entidades demandadas no desconocieron el derecho al debido proceso de los
tutelantes, lo que resulta altamente inconveniente sobre todo si se tiene en
cuenta que la misma sentencia reconoce que existe un problema de procedibilidad
al existir otros mecanismos de defensa judicial, esta afirmación claramente
puede constituir un parámetro para los jueces ordinarios al momento de resolver
el caso concreto.
Hacer hincapié en la sentencia sobre el fondo del
asunto, luego de que se determina la improcedencia de la tutela por existir
otro mecanismo judicial idóneo para resolver el problema jurídico desborda la
competencia del juez constitucional y lo hace caer en discusiones puramente
legales. Al respecto la Jurisprudencia ha señalado: “La
Corte Constitucional sólo puede establecer en sus sentencias cuáles son
las interpretaciones admitidas de determinadas normas legales cuando existen
valores constitucionales en juego.”[98]
En ese sentido, es evidente que las afirmaciones
contenidas en la sentencia, ofrecen una respuesta determinante a las inquietudes
del caso de la referencia, que resultan ser fuente de derecho para las autoridades e incluso para
los particulares, cuando a través de sus competencias constitucionales señala
interpretaciones vinculantes que posteriormente pueden ser utilizadas por la justicia
ordinaria.
Fecha ut supra
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
[1] Folio 15
[2] Folio 23
[3] Folio26
[4] Folio34
[5] Folio 42
[6] Ver cuadro.
[7] Folio 52
[8] Folio 29
[9] Folio 24
[10] Folio 39
[11] Folio 46
[12] Folio 60
[13] Folio 66
[14] Ver cuadro
[15] Folio 29
[16] Folio 35
[17] Folio 40
[18] Folio 47
[19] Folio 53
[20] Folio 65
[21] Folio 76
[22] Ver cuadro.
[23] Folio 48
[24] Folio 55
[25] Folio 61
[26] Folio 67
[27] Folio 79
[28] Folio 85
[29] Folio 91
[30] Folio 96
[31] Ver cuadro
[32] Folio 150
[33] Ver cuadro.
[34] Folio 47
[35] Folio 66
[36] Folio 73
[37] Folio 79
[38] Folio 85
[39] Folio 93
[40] Folio 103
[41] Ver cuadro.
[42] Folio 47
[43] Folio 55
[44] Folio61
[45] Folio66
[46] Folio72
[47] Folio 78
[48] Folio 89
[49] Ver cuadro.
[50] Folio 30
[51] Sentencias T-600 de 2002.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-1198 de 2001.
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[52]Sentencias T-1157 de 2001.
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-321 de 2000.
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[53] Sentencia T-1048 de 2010
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[54] Sentencia T-1260 de 2008,
M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[55] Sentencias: T-371
de 1996, M. P. Hernando Herrera Vergara, T-78 de 1998,
M. P. Hernando Herrera Vergara, T-476 de 2001,
M. P. Rodrigo Escobar Gil, T-1083 de 2001,
M .P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T- 634 de 2002,
M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
[56] “Por ejemplo, sobre la ineficacia de ciertos mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de derechos fundamentales, la
Corte ha determinado que la acción electoral y la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho carecen de la eficacia necesaria para proveer un remedio
pronto e integral en los casos en que no se ha proveído un cargo en la rama
judicial al primero en la lista de elegibles. Al respecto, ver Sentencia SU-961
de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y T-388 de 1998,
M.P. Fabio Morón.”
[57] Sentencia T-076 de 2003,
M .P. Rodrigo Escobar Gil.
[58] Ver Sentencia T-052 de 2008,
M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[59] Sentencia T-052 de 2008,
M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[60] Sentencia T-344 de 2010 MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[61] Sentencias C-672 de 2002,
M. P. Álvaro Tafur Galvis y T-720 de 1998,
M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
[62] Sentencia T-344 de 2010 MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[63] Sentencia T-336 de 97, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[64]Sentencia T-336 de 97, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[65] Ibídem.
[66]MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[67] Ibídem.
[68] M. P. Jaime Araujo Rentería.
[69] M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
[70] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[71] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[72] Sentencia C- 835 de 2003.
[73] MP. Nilson Elías Pinilla Pinilla.
[74] MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[75] Sentencia T-494 de 2009 MP. Nilson Pinilla Pinilla.
[76] Sentencia T-279 de 2010 M.P. Humberto Sierra Porto.
[77] MP. Vladimiro Naranjo Mesa.
[78] Sentencia SU-961 de 1999, Sentencia T-575 de 2002.
[79] Sentencia C-543 de 1992.
[80] Sentencia  T-575 de 2002.
[81] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[82] Ateniéndose a esa línea jurisprudencial, la
Corte ha negado el amparo constitucional de los derechos fundamentales
invocados por haberse interpuesto la tutela un año y once meses después de
proferido un acto administrativo al que se le imputaba la vulneración
(Sentencias T -344-00 Y T -575-02); un año después de proferida una sentencia
de segunda instancia que se señalaba como constitutiva de vía de hecho
(Sentencia T -1169-01); 7 meses después de haberse emitido un acto
administrativo cuestionado por afectar el derecho a acceder a un cargo público
(Sentencia T -033-02); dos años después de acaecidos los actos patronales que
se señalaban como lesivos de derechos fundamentales de varios trabajadores (Sentencia
T -105-02); dos años después del inicio de la cesación del pago de las mesadas
pensionales a que el actor decía tener derecho (Sentencia T-843-02); un año y
siete meses después del fallo de segunda instancia proferido en un proceso
laboral (Sentencia T –315-05), etc.
[83]Sentencias SU-691 de 1999, T-905 de 2006, T-808 de 2007, T-594 de
2008, T-743 de 2008.
[84] Sentencia C-590 de 2005 y T-844 de 2008.
[85] Sentencias T-600 de 2002.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-1198 de 2001.
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[86] Sentencias T-1157 de 2001.
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-321 de 2000.
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[87] MP. Mauricio González Cuervo.
[88] En el mismo sentido, la T-1231/08, T-397/97, T-1098/04, T-556/04,
T-77/04, T-577/02, T-600/02 SU 086/ 99 T-359/06, T-1060/07, T-161/09,
T-722/09,  T-731/09, entre otras.
[89] MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[90] En el mismo sentido, la T-083/04, T-483/09, T-571/02, T-849/09,
T-1013/07, T-836/06, T-043/07 y la T-076/03.
[91] Folio 115.
[92] Folio 147.
[93] Folio 180.
[94] Sentencia T-976 de 2010 MP. Mauricio González Cuervo.
[95] T-792 de 2009 MP. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[96] Sentencia T-468 de 2006.
[97] Sentencia T-381 de 2012.
[98] Sentencia C-109 de 1995.