SU489-16
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia SU489/16
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Evolución
jurisprudencial respecto al reemplazo de la expresión "vía de hecho"
por la de "causales genéricas de procedibilidad"
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia
por no configurarse defecto por falta de motivación por cuanto la controversia
radica en el contenido de la motivación y no en la ausencia de la misma
Solo podrá hablarse de ausencia de motivación cuando,
en efecto, el juez omita explicar las razones de su decisión, de tal manera que
para el ciudadano no resulte posible entender los fundamentos en que aquella se
hubiere basado, situación que debe diferenciarse de la que se presenta cuando
el juez cumple con su deber de informar los motivos o razones que respaldan su
decisión, pero los sujetos procesales no los comparten, o no los aceptan, al
punto de llegar a afirmar que la decisión carece de motivación.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Improcedencia por inexistencia de defecto fáctico,
por cuanto se realizó un análisis serio, juicioso y razonable de la prueba
disponible, cuyas conclusiones, no aparecen manifiestamente desenfocadas en
proceso penal
Para que se configure este vicio es necesario que el
operador judicial profiera una decisión sin contar con el necesario y adecuado
respaldo probatorio, lo que trae como directa consecuencia una distorsión entre
la verdad jurídica o procesal y la material, situación en la que, sin duda,
deja de realizarse el inexorable deber atribuido a los jueces de impartir
justicia
Referencia:
Expediente T-5.329.328
Demandante:
Alberto Velásquez Echeverri.
Demandado: Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
Magistrado
Ponente:
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Bogotá, D.C., trece (13) de
septiembre de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la revisión del fallo dictado
el 11 de noviembre de 2015 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, en única instancia, por el cual se negó el amparo solicitado por el
señor Alberto Velásquez Echeverri contra la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia.
Después de una primera decisión
de no selección, y como resultado de las insistencias que al respecto
presentaron los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro Linares
Cantillo[1],
el presente expediente fue escogido para revisión por la Sala de Selección
número Tres, por medio de auto de 31 de marzo de 2016, siendo entonces
repartido a la Sala Cuarta de Revisión.
De otra parte, durante la sesión
del día 8 de junio de 2016, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió
asumir el conocimiento de este caso, previo informe presentado por el
Magistrado sustanciador, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 61 de su
Reglamento Interno. Por esta razón, se ordenó también suspender los términos
hasta que se profiriera por aquélla la correspondiente decisión.
I.    ANTECEDENTES
El señor Alberto Velásquez
Echeverri, obrando por conducto de apoderada especial, presentó el 26 de
octubre de 2015 acción de tutela contra la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, invocando la protección de su derecho fundamental al
debido proceso, a la defensa, el acceso a la justicia y la presunción de
inocencia que aquélla habría vulnerado, especialmente en lo relativo al
principio in dubio pro reo, la posibilidad de presentar pruebas y
controvertir las que se aduzcan en su contra, la necesidad de prueba suficiente
para condenar, y la debida imparcialidad del fallador, a partir de los hechos
que, conforme a su narración, pueden ser resumidos como sigue:
1.  El actor Alberto Velásquez
Echeverri fue condenado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, mediante sentencia de única instancia dictada el 15 de abril de 2015,
a la pena principal de 60 meses de prisión, y a las accesorias de multa e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso
de 84 meses, como coautor responsable del delito de cohecho por dar u ofrecer,
en concurso material homogéneo, fallo en el que también fueron condenados los
señores Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt (quienes en
adelante y cuando se aluda conjuntamente a ellos se denominarán simplemente los
tres procesados). La razón de la competencia de la Corte Suprema de
Justicia en este caso fue el carácter de Director de Departamento
Administrativo que el actor tenía al momento de la comisión de este hecho
punible, y el de Ministros de Estado que, para la misma época, ostentaban los
otros dos procesados.
2. Los hechos que dieron lugar a
esta condena tuvieron que ver con los ofrecimientos que los tres procesados
habrían hecho a dos miembros de la Cámara de Representantes para lograr que
acompañaran con su voto el trámite del proyecto de reforma constitucional que a
la postre se convirtió en el Acto Legislativo 02 de 2004, por el cual se
autorizó la reelección presidencial inmediata, que no era posible bajo la
original Constitución de 1991. Puntualmente, Velásquez Echeverri fue declarado
responsable por los ofrecimientos que él habría hecho a la Representante Yidis
Medina Padilla, el día 2 de junio de 2004, los que, según se estimó en la
referida sentencia condenatoria, determinaron el sentido de su voto favorable a
tal iniciativa, así como, en últimas, la aprobación de ésta en la Comisión
Primera de la Cámara.
3. En cuanto al manejo probatorio
que a través de la tutela se cuestiona, señaló que: i) las pruebas fueron
evaluadas de manera selectiva e incluso sesgada, dando mayor crédito a aquellas
que demostrarían la responsabilidad del procesado Velásquez Echeverri y menor
trascendencia a las que sugerirían o demostrarían su ajenidad frente a esos
hechos; ii) la totalidad de los testimonios y otras pruebas solicitadas por la
defensa del actor, entre ellas las narraciones contenidas en un libro sobre los
hechos, publicado en 2010 por la ex congresista Medina Padilla, fueron
rechazados por la Sala de Casación Penal bajo diversos argumentos, entre ellos,
su supuesta irrelevancia, o su carácter redundante o repetitivo; iii) parte
determinante de las pruebas con base en las cuales se le condenó, fueron
testimonios trasladados desde otros procesos, en los que Velásquez Echeverri no
tenía el carácter de sujeto procesal, razón por la cual, no tuvo la posibilidad
de controvertir tales pruebas, que sin embargo fueron aducidas para condenarle.
4. La demanda de tutela presentó
una pormenorizada narración de la versión del actor sobre los hechos que
rodearon los supuestos ofrecimientos a la representante Medina Padilla, la
votación del proyecto de Acto Legislativo sobre reelección presidencial, y el
trámite que tuvieron los múltiples procesos penales y disciplinarios que a
continuación se iniciaron, primero contra la Representante Medina Padilla, y
posteriormente contra varios funcionarios del Gobierno, que habrían sido los
autores de los ofrecimientos que la llevaron a cambiar su voto.
5. A este respecto, relató que,
según informaron los medios de comunicación  en los días previos a la votación
de este proyecto en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, las
opiniones y posibles votos de sus integrantes se encontraban claramente
divididas, y Yidis Medina era una de las que, según se rumoraba, estaría aún
indecisa o quizás votaría contra esa iniciativa, ante lo cual, algunos miembros
del Gobierno Nacional y del mismo Congreso, procuraron su búsqueda y una
conversación con ella, con el ánimo de convencerla de las bondades del mismo.
6. Señaló que, con ese propósito,
el día 2 de junio de 2004 se reunieron individualmente con la entonces
congresista Medina Padilla, primero, el Ministro del Interior y de Justicia,
Sabas Pretelt de la Vega, y luego el Presidente de la República, Álvaro Uribe
Vélez, cumplido lo cual, aquélla se dirigió a la oficina del entonces
Secretario General de la Presidencia, Alberto Velásquez Echeverri.
Explicó que la señora Medina
Padilla acudió a su despacho con el fin de plantear problemas relacionados con
su región de origen, el Magdalena Medio, así como la posibilidad de obtener
mayor representación política en su departamento, ante lo cual Velásquez
Echeverri, le explicó sobre los procesos de meritocracia que para entonces
desarrollaba la Presidencia de la República. Indicó que esa reunión, la única
que en ese tiempo sostuvieron el actor y la entonces congresista, tuvo una
duración menor a cinco minutos, y que durante ella, aquél no hizo ninguna clase
de ofrecimientos a la Representante Yidis Medina. Señaló que el encuentro
concluyó con la solicitud que aquélla hizo para que se le ayudara a gestionar
una cita con el entonces Director de la Red de Solidaridad Social, lo que
rápidamente se logró, por conducto de la Secretaria del señor Velásquez
Echeverri.
7. Anotó que, dentro de los
distintos procesos penales y disciplinarios que por esa época se abrieron
contra la ex Representante Yidis Medina, e incluso ante los medios de
comunicación, ésta siempre negó los ofrecimientos que supuestamente habría
recibido, y sostuvo que su voto a favor de la aprobación de este Acto
Legislativo fue enteramente libre y voluntario, a partir de lo cual, y no
habiendo pruebas en sentido diferente, en los meses siguientes, la referida ex
congresista fue exonerada y absuelta en todas esas actuaciones, incluyendo las
entonces cumplidas ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, la Procuraduría General de la Nación y la Sala Plena del Consejo de
Estado.
Sin embargo, súbitamente, a
partir del año 2008, la señora Medina Padilla cambió su versión de los hechos,
tanto ante las autoridades judiciales como ante los medios de comunicación, y
señaló entonces haber recibido ofrecimientos y promesas a cambio de su voto en
favor de la reelección. Esto originó la reapertura de la investigación penal
que en su momento había seguido contra ella la Corte Suprema de Justicia, lo
que finalmente condujo a que fuera condenada, como responsable del delito de
cohecho propio, mediante sentencia anticipada dictada el 26 de junio de 2008,
en la que además se hizo referencia a la actuación de los ministros Pretelt de
la Vega y Palacio Betancourt. Este último hecho originó la protesta de este
último, y la denuncia que el mismo formuló contra los Magistrados de la Sala de
Casación Penal, ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes.
8. Según esa nueva versión de la
ex Representante Medina Padilla, durante la breve reunión sostenida el 2 de
junio de 2004 a que antes se hizo referencia, el señor Velásquez Echeverri le
ofreció cuatro cargos, a cambio de su voto en favor de la reelección, a saber:
i) el nombramiento de Luis Eduardo Esquivel Ordóñez como director de la ESE
Luis Carlos Galán de Bucaramanga; ii) la ubicación laboral de César Guzmán
Areiza en la Red de Solidaridad Social; iii) un cargo en la Clínica Primero de
Mayo de Barrancabermeja para Carlos Correa Mosquera, y iv) un consulado. La
decisión condenatoria en contra de Velásquez Echeverri parte del supuesto de
que esos ofrecimientos se dieron, y de que a continuación el actor desplegó
gestiones efectivas para cumplirlos. Sin embargo, según lo relata éste, tales
ofrecimientos nunca tuvieron lugar, y en los casos en que los nombramientos se
produjeron, ello ocurrió antes o coetáneamente con la referida reunión, y en
todo caso, sin ninguna intervención de parte de Velásquez Echeverri.
9.  A partir de mayo de 2008, y a
raíz de los nuevos hechos sucedidos en relación con el caso de la ex
Representante Yidis Medina, comenzaron las investigaciones contra Alberto
Velásquez Echeverri, a partir de una compulsa de copias ordenada por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, el Fiscal General
de la Nación se declaró impedido, razón por la cual esta investigación pasó a
estar a cargo del Vicefiscal General. Por la misma época, la Procuraduría
General de la Nación adelantó en contra de Velásquez Echeverri una
investigación disciplinaria por los mismos hechos, la que concluyó con su
absolución por falta de pruebas, el 16 de marzo de 2009.
10. Señaló que en diciembre de
2010 la ex congresista Yidis Medina publicó un libro titulado “Confieso de
rodillas en el baño presidencial”, en el que narra su versión sobre todos
estos hechos, de cuya lectura se concluiría que el señor Velásquez Echeverri no
tuvo ninguna participación en ellos. Su defensa dentro del proceso penal
solicitó que ese libro fuera tenido como prueba, para contrastar la validez de
otras pruebas y testimonios, a lo que la Corte Suprema se negó de manera
absoluta, al considerar que en cuanto documento periodístico resultaba
irrelevante, incluso frente a ese solo propósito. Sin embargo, según explica el
tutelante, la misma Sala sí admitió y usó como prueba en su contra, otras
versiones periodísticas que, de haberse seguido el mismo razonamiento, deberían
haber sido rechazadas.
11. Relató también las
incidencias que tuvo la investigación penal contra Velásquez Echeverri, y los
distintos funcionarios que fueron responsables de la misma, a raíz de los
sucesivos cambios presentados en los cargos de Fiscal y Vicefiscal General de la
Nación, y de los impedimentos manifestados por varios de quienes ejercieron
tales cargos. Acotó que, después de la nulidad decretada por la entonces Fiscal
General en agosto de 2011, y una vez entrado en vigencia el Acto Legislativo 06
del mismo año, esta investigación quedó a cargo del Fiscal 6º Delegado ante la
Corte Suprema de Justicia, Álvaro Osorio Chacón, quien, el 6 de marzo de 2012,
calificó el mérito del sumario, profiriendo resolución de acusación contra
Velásquez Echeverri.
12. En julio de 2012 cuatro de
los entonces Magistrados de la Sala de Casación Penal[2] se declararon impedidos
para conocer de la etapa de juicio contra Alberto Velásquez Echeverri, por
haber manifestado su opinión sobre los hechos controvertidos, con ocasión del
juicio seguido contra Yidis Medina y otro congresista. Estos impedimentos
fueron aceptados, lo cual dio lugar a la designación de conjueces para
participar de esta actuación. Sin embargo, el Magistrado Jorge Luis Barceló
Camacho, ponente de este proceso, y quien en su anterior condición de
Magistrado Auxiliar, tuvo acceso al expediente, e indirectamente conoció del
mismo caso que generó impedimento a los demás integrantes de la Sala, no se
declaró impedido.
13. En agosto de 2012 la Sala de
Casación Penal dispuso unificar en un solo proceso los juicios que para
entonces se adelantaban contra Alberto Velásquez Echeverri, Sabas Pretelt de la
Vega y Diego Palacio Betancourt, decisión que el tutelante estima ilegal, y
contra la cual interpuso recursos. Sin embargo, éstos no prosperaron, y tal
determinación se mantuvo, hasta el momento de dictarse sentencia.
14. Relató también otras
situaciones que, en su concepto, habrían afectado la imparcialidad de la Sala
Penal de la Corte, que finalmente profirió la sentencia condenatoria, como
fueron: i) la actuación durante el juicio del conjuez William Monroy Victoria,
quien, simultáneamente, fungió como abogado defensor del periodista Daniel
Coronell, quien desde los medios de comunicación, tuvo importante incidencia en
el acopio de pruebas contra la señora Medina Padilla, y ii) la posesión y
actuación, durante la misma época, como Magistrado Auxiliar de uno de los
Magistrados que sí participó de la decisión[3],
del abogado Álvaro Osorio Chacón, quien en su entonces condición de Fiscal
Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, profirió la resolución de acusación
contra el señor Velásquez Echeverri.
1.2. Sustentación de los
defectos alegados
En apoyo de lo solicitado, el
tutelante se refirió a las causales generales y específicas de procedencia
excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, así como a las razones
por las cuales dichas causales concurren en el presente caso.  Destacó que se
trata de un asunto de clara relevancia constitucional, por las implicaciones
que el deficiente manejo probatorio del presente caso tuvo en la decisión
adoptada y, por ende, en la actual situación jurídica del tutelante. Señaló que
se han agotado todos los mecanismos de defensa disponibles[4], que se cumple el
requisito de inmediatez, que se han identificado claramente los hechos que
causan la vulneración de los derechos fundamentales invocados, y que la
actuación reprochada no es una sentencia de tutela. En cuanto a las causales
específicas, indicó que se presentaron en este caso varios defectos fácticos,
por el rechazo de diversas pruebas, fundamentales para la defensa del actor, y
por la forma ligera como se entendió desvirtuada la presunción de inocencia.
Agregó que, con los mismos hechos, se incurrió también en un defecto
sustantivo, al desconocer los principios de imparcialidad y presunción de
inocencia, al valorar las pruebas obrantes en el proceso.
La demanda planteó una síntesis
de los distintos defectos que en este caso se endilgan a la sentencia atacada.
Señaló que hubo: i) una decisión judicial sin motivación, pues la Sala
accionada resolvió las dudas existentes en perjuicio del procesado, y no a su
favor; ii) una violación directa de la Constitución por la falta de
imparcialidad del juzgador, y por la existencia de error inducido, o vía de
hecho por consecuencia; iii) y un defecto fáctico, por la arbitraria
negación de pruebas solicitadas por la defensa, que eran esenciales para la
demostración de los hechos controvertidos, el uso en su contra de pruebas
inconstitucionales, y la carencia de pruebas suficientes sobre su
responsabilidad, y particularmente sobre el reparto de funciones que subyace a
la llamada coautoría impropia.
A continuación, pasó a explicar,
con amplio detalle, la forma como en la actuación cumplida en el proceso penal
que concluyó con la condena del actor, se vulneraron los derechos fundamentales
invocados.
Sobre la denominada decisión
sin motivación, la demanda de tutela cuestionó el valor probatorio que
la sentencia condenatoria le atribuyó a la reunión sostenida entre el actor
Velásquez Echeverri y la entonces congresista Yidis Medina, respecto de la cual
existen dos versiones contrapuestas, las de las dos únicas personas que en ella
participaron, entre las cuales, la Sala Penal optó por la segunda, pese a su
manifiesta inconsistencia.
De otra parte, la Sala accionada
rechazó la totalidad de las pruebas solicitadas por la defensa de Velásquez
Echeverri, con las cuales se pretendía validar la versión de éste, acerca de lo
ocurrido en ese encuentro, conforme a la cual no hubo ofrecimientos de ninguna
naturaleza a la señora Medina Padilla, sino apenas la gestión de una cita entre
ésta y el Director de la Red de Solidaridad Social. Sobre este último punto,
agregó que ese tipo de intermediación a favor de los congresistas y otros
servidores públicos hace parte de las funciones que habitualmente cumple el
Secretario General de la Presidencia de la República. Así las cosas, asegura
que no existió prueba de lo que la Sala, en su sentencia condenatoria, dio por
probado.
En cuanto a la violación
directa de la Constitución por la falta de imparcialidad e independencia de
la Sala accionada, señaló como causas de este defecto: i) el hecho de haber
involucrado, dentro del trámite de una sentencia anticipada, como la proferida
contra Yidis Medina, juicios de valor acerca de personas distintas al procesado
que se acogió a tal mecanismo, como fueron los Ministros que supuestamente
hicieron los ofrecimientos; ii) el efecto negativo que frente a su caso tuvo la
acumulación del juicio seguido contra los tres procesados, en vista de la grave
animadversión que la Sala Penal profesaba hacia el entonces Ministro de la
Protección Social, Diego Palacio Betancourt, sobre quien expresó una opinión
negativa en la sentencia proferida contra Yidis Medina, y además en razón a la
denuncia penal que, como respuesta, presentó aquél contra ellos en junio de
2008, ante la Comisión de Investigación y Acusación; iii) la participación que
pudo tener en el trámite previo a la condena de Velásquez Echeverri, en su
condición de Magistrado Auxiliar de la Sala Penal, el abogado Álvaro Osorio Chacón,
quien previamente tuvo a su cargo la investigación y formuló la acusación
contra Velásquez Echeverri[5];
iv) la participación de tres Magistrados[6]
que previamente habían expresado su opinión sobre la actuación de los
funcionarios públicos enjuiciados, con ocasión de otros procesos penales en
cuya decisión intervinieron; v) la participación de cinco conjueces[7], que por su
larga permanencia en tal cargo y su relación de cercanía y amistad con los
integrantes de la Sala Penal, así como por haber litigado en su calidad de
abogados ante la misma Sala, no ofrecían suficientes garantías de
imparcialidad, por la escasa posibilidad de que en tal circunstancia,
decidieran contrariar los previos pronunciamientos de la Sala, en los que se
censuró la actuación de los ministros Pretelt y Palacio; vi) en el caso del
conjuez William Monroy Victoria, el presunto interés que éste tendría en las
resultas de este caso, y concretamente en la posibilidad de que se profiriera
sentencia condenatoria, en razón a su gran cercanía con el periodista Daniel
Coronell, de quien era apoderado durante la misma época, teniendo en cuenta el
interés demostrado por este último, en su condición de periodista, en la
investigación de este caso y la sanción de los responsables. Finalmente, señaló
que este caso ha debido ser enviado por competencia a los jueces penales del
circuito de Bogotá, pero que la Sala Penal se abstuvo de hacerlo, y en cambio,
conservó la posibilidad de decidirlo, pues tal envío implicaba asumir un álea
sobre el resultado del proceso, que la Sala accionada prefirió no correr.
Respecto de la posible
configuración de un defecto fáctico a partir de la aprobación de
esta sentencia, explicó extensamente las siguientes cinco distintas situaciones
que lo demostrarían; i) la negación arbitraria de pruebas solicitadas por la
defensa, esenciales para confirmar la inocencia del actor; ii) la valoración,
como prueba suficiente para condenarle, del testimonio de la señora Yidis
Medina Padilla, pese a sus presuntas inconsistencias e insuficiencia para
desvirtuar la presunción de inocencia; iii) la inclusión en la sentencia, de
inferencias supuestamente arbitrarias, irracionales y caprichosas, y/o de
hechos no probados, a partir de los cuales se construyó la tesis de la
coautoría material para el cohecho impropio; iv) haber ignorado las pruebas que
confirmaban la versión de Alberto Velásquez, y con ella, el mantenimiento de la
presunción de inocencia; v) haber aceptado como válidas pruebas trasladadas de
otros procesos en los que el actor no intervino, y por ende, no tuvo
oportunidad de controvertir.
En relación con el primer
punto, denunció la que considera el uso de pruebas inconstitucionales en
este proceso, circunstancia que se derivaría de dos distintos hechos: i) no
haber dado, desde el año 2004, traslado al Fiscal General de la Nación, de las
denuncias contra funcionarios sujetos a fuero constitucional ante este último,
que estarían involucrados en los hechos entonces denunciados contra la
congresista Yidis Medina, lo que habría impedido que tales funcionarios[8] ejercieran su
defensa, y ii) haber reabierto en el año 2008 la investigación contra Yidis
Medina a partir de simples notas de prensa y entrevistas periodísticas, cuyo
mérito probatorio había sido antes descartado por la propia Sala de Casación
Penal. A continuación hizo una pormenorizada narración cronológica de la
investigación adelantada a partir de esta segunda fecha, con fundamento en lo
cual censura que, habiendo tenido la investigación este discutible punto de
partida, el proceso hubiere concluido con la condena del actor.
Sobre el segundo tema,
explicó que no existieron en el expediente pruebas suficientes para demostrar
en grado de certeza la responsabilidad del actor frente al delito de cohecho
por dar u ofrecer, que le fue imputado. Después de analizar a profundidad, los
ingredientes normativos de ese tipo penal, y de resaltar que para su
configuración es necesario comprobar la existencia de ofrecimientos dirigidos a
que un servidor público altere su línea de conducta, transcribió varios apartes
de la sentencia condenatoria, así como de algunos de los documentos en los que
aquella se habría apoyado, en los que se reconocería que las promesas dirigidas
a la señora Medina Padilla habrían provenido del Presidente de la República, y
no del procesado Velásquez Echeverri, quien, a lo sumo, habría sido encargado
por el primero, de cumplir esas ofertas. A partir de estas circunstancias,
concluye entonces que la condena se profirió pese a la ausencia de pruebas
sobre la responsabilidad  del actor, lo que obligaba a dar aplicación al
principio in dubio pro reo.
Acerca del tercer defecto
denunciado, presentó algunos planteamientos de la doctrina y la jurisprudencia
penal en torno a la figura de la coautoría, a partir de lo cual destacó la
necesidad de un acuerdo previo entre quienes se conciertan para la comisión de
un delito, así como el momento en que deben ocurrir los actos consumativos para
que pueda hablarse de verdadera coautoría. Resaltó cómo la sentencia
condenatoria dio por demostrada la existencia de ese acuerdo previo, lo que,
según explicó, no parece posible, a partir del material probatorio disponible.
Señaló que no hay prueba ninguna sobre la posible existencia de una reunión en
la que el referido acuerdo se hubiere logrado, y que a ese respecto son
insuficientes las inferencias hechas por la Sala accionada a partir de las
llamadas máximas de la experiencia. En esta línea, refutó el significado que
tendría el hecho de que el Ministro Diego Palacio Betancourt hubiera hecho ese
día varias llamadas desde su teléfono celular al conmutador de la Casa de
Nariño, alegando que este es un acto completamente normal para un ministro de
Estado, y que de ese hecho no se puede sacar ninguna conclusión en torno a con
qué dependencias se comunicó o con qué propósitos.
Sobre el cuarto punto, la
demanda de tutela comenzó recordando la indispensable necesidad de la prueba
para sustentar una sentencia condenatoria. Seguidamente, estudió la prueba
indiciaria disponible y su trascendencia en este caso, destacando que en su
concepto, tales puntos carecen por entero de carácter suasorio. Luego, analizó
extensamente los elementos probatorios existentes en el expediente en torno a
dos de los supuestos ofrecimientos que se habrían hecho a Yidis Medina, como
son el relacionado con un cargo en el Departamento Administrativo de Acción
Social para el señor César Guzmán Areiza y la Dirección de la Clínica Primero
de Mayo de Barrancabermeja para el señor Carlos Correa Mosquera.
A este respecto concluyó que,
contrario a lo que se asumió en el fallo cuestionado por vía de tutela, no
existe prueba sobre la existencia de tales ofrecimientos. Según lo entiende, en
el primer caso lo que habría habido sería una gestión propia de la señora
Medina Padilla, que en algunas de sus declaraciones, ella intenta presentar
como resultado de la intermediación de miembros del Gobierno Nacional, además
de lo cual, la designación finalmente recayó en una persona diferente a aquella
para quien se supone que fue ofrecido, circunstancia a la que la Sala accionada
le da una elaborada explicación. En cuanto al segundo caso, resalta que el
nombramiento del señor Correa se produjo al día siguiente de aquel en que se
habría hecho el presunto ofrecimiento, e incluso antes de votarse el Acto
Legislativo sobre la reelección, a partir de lo cual aparece aún más improbable
que aquel fuera resultado de las gestiones de los tres acusados, y en
particular, de Velásquez Echeverri. Al mismo tiempo, y con apoyo en otros
testimonios, explicó que en este caso la designación tuvo su origen en los
méritos propios del candidato, quien además ya se encontraba vinculado al
hospital que a partir de ese momento pasó a dirigir, y habría estado
gestionando esa posibilidad desde varias semanas atrás.
Frente al quinto asunto,
la demanda de tutela realiza un recuento detallado de las pruebas relevantes en
relación con la participación del actor Alberto Velásquez Echeverri en los
ofrecimientos relacionados con los nombramientos en la Red de Solidaridad
Social y en la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, y controvierte
activamente la valoración que de ellas hizo la Sala accionada.
Sobre el primero de estos
nombramientos refiere la versión del actor Velásquez Echeverri sobre la corta
duración de la reunión sostenida entre él y la Representante Yidis Medina y el
objeto de la misma; la versión que ésta dio ante la Corte Suprema de Justicia
en la que habría destacado que los ofrecimientos que recibió provinieron solo
del Presidente de la República; las contradicciones e inexactitudes en que ella
habría incurrido en esta y en posteriores declaraciones, incluyendo las
relacionadas con una supuesta reunión entre el Presidente de la República,
Medina y Velásquez, y otra en la que ella habría sido recibida por el Director
de la Red de Solidaridad Social en compañía de su candidato para el cargo
ofrecido; las declaraciones rendidas por el aludido Director y por otros
funcionarios de la Red de Solidaridad Social que para nada refieren, ni al
menos sugieren, intervención de Velásquez Echeverri en este caso; la lista de
pruebas solicitadas por este último y las decisiones en las que la Sala
accionada se negó a decretar cada una de ellas, aduciendo distintas razones
tales como su carácter repetitivo, su inconducencia o su impertinencia; los
motivos de la absolución de Velásquez Echeverri en la investigación adelantada
por la Procuraduría, fundamentalmente consistentes en la total ausencia de
pruebas; las conclusiones a que llegó la Sala accionada, en la sentencia
confutada, muchas de las cuales, en su parecer, resultan contraevidentes. Finalmente,
resaltó que ni la Fiscalía ni la Sala Penal de la Corte Suprema presentaron
contra Velásquez Echeverri ningún testigo distinto a la propia Yidis Medina,
cuyas contradicciones y posibles mentiras hacían imposible que la decisión
condenatoria se basara únicamente en tal declaración.
Respecto del segundo, sostuvo
que, según informó Velásquez Echeverri, él no conoce al señor Correa, no habló
sobre éste durante su corta reunión con Yidis Medina, ni intervino en su
nombramiento; destacó que no existe prueba de que en la única conversación
telefónica sostenida ese día (2 de junio de 2004) entre el actor y el ministro
Palacio Betancourt se hubiera hablado de este tema; resaltó también que el
citado nombramiento se produjo el día 3 de junio, esto es, un día después de la
referida reunión, lo que en su concepto invalida muchos de los detalles
relatados por Yidis Medina en torno a este tema, por tratarse de hechos
ocurridos con posterioridad a esa fecha; destacó que Yidis Medina no mencionó
este tema entre los ofrecimientos que supuestamente le hizo Velásquez
Echeverri, y que según sus declaraciones, esa oferta, así como la posterior
gestión encaminada a cumplirla, provino del ministro Diego Palacio Betancourt,
pues además se trataba de un tema de salud; reiteró la falsedad de la supuesta
reunión sostenida entre Velásquez, Medina y el Presidente de la República, así
como lo relacionado con la negación de todas las pruebas solicitadas por el
primero y las razones de su absolución por parte de la Procuraduría General;
por último, recabó en el hecho de que muchas de las pruebas aducidas en la
sentencia condenatoria en relación con este punto se refieren a hechos en los
que Velásquez Echeverri no tuvo ninguna participación, razón por la cual, mal
podrían ser utilizadas para condenarle.
Finalmente, la demanda de tutela
se refirió al hecho de que en la acusación contra los tres procesados se habla
de que estaría demostrada en grado de probabilidad la
participación de este último en estos hechos, lo que resulta insólito, pues es
sabido que para tales efectos, y sobre todo para condenar, se requiere prueba en
grado de certeza. De otra parte, rechazó las inferencias que la
sentencia atacada hizo en torno a la existencia de un acuerdo entre esos tres
funcionarios para hacer y cumplir ofrecimientos a miembros del Congreso con el
fin de procurar su voto favorable frente a la iniciativa sobre reelección
presidencial que entonces se tramitaba. Por  último, señaló que la prueba de
tal acuerdo no puede ser la sola presencia en esa fecha de los tres procesados
en la Casa de Nariño, pues en el caso de Velásquez Echeverri ello obedecía al
hecho de que allí quedaba su oficina, y en el de los ministros, en la
necesidad, propia de sus cargos, de mantener contacto frecuente con el Presidente
de la República y con los demás funcionarios de esa dependencia.
1.3. Pretensiones
A partir de los hechos reseñados,
el actor planteó las siguientes:
1.  Tutelar sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a acceder a la justicia y a la
presunción de inocencia.
2. Dejar parcialmente sin efectos
la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia el 15 de abril de 2015, en cuanto condenó al señor Velásquez Echeverri
por el delito de cohecho por dar u ofrecer.
3. Ordenar a la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia dictar una nueva sentencia que reemplace
la anteriormente referida y restituya plenamente los derechos fundamentales del
actor, incorporando al proceso las pruebas que acreditan su inocencia que
fueron rechazadas, y aplicando la presunción de inocencia frente a todas las
dudas razonables existentes en el proceso.
4. Ordenar la libertad inmediata
del actor Alberto Velásquez Echeverri.
1.4. Pruebas que obran en el
expediente
Se allegaron junto con la demanda
de tutela, un total de 17 anexos consistentes en copias simples de varios
documentos considerados relevantes frente a los hechos relatados, de los cuales
se listan a continuación los más pertinentes:
1.  Sentencia condenatoria de
única instancia dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia el 15 de abril de 2015 contra Alberto Velásquez Echeverri y otros.
2. Sentencia anticipada de fecha
26 de junio de 2008 dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia contra Yidis Medina Padilla.
3. Relación de pruebas
testimoniales negadas a Alberto Velásquez Echeverri y tenidas en cuenta por la
Sala accionada en su decisión, y pruebas no solicitadas por el actor, pero
tenidas en cuenta por la Sala de Casación Penal en la sentencia atacada.
4.  Relación de pruebas
testimoniales y documentales trasladadas de otros procesos y tenidas en cuenta
por la Sala accionada en su decisión contra Alberto Velásquez Echeverri.
5.  Escrito presentado por el
abogado Francisco Cintura (sic) el 31 de julio de 2012 en su calidad de
defensor del actor, por el cual se descorre el traslado previsto en el artículo
400 de la Ley 600 de 2000, organiza la audiencia preparatoria y de juicio y
solicita unas nulidades.
6.  Providencia de la Sala de
Casación Penal fechada el 29 de noviembre de 2012 en la cual decide sobre las
pruebas y nulidades solicitadas al descorrer el traslado previsto en el
artículo 400 de la Ley 600 de 2000.
7. Libro titulado “Yidis
Medina: Confieso de rodillas en el baño presidencial”, basado en el relato
efectuado por Yidis Medina y la versión que al respecto elaboró el periodista
Alejandro Villegas.
8. Cuatro distintas declaraciones
de Yidis Medina Padilla sobre los hechos que dieron origen a este proceso
penal, rendidas ante la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de
la Nación en 2004 y 2008, incluyendo su indagatoria.
9. Providencia de la Sala de
Casación Penal fechada el 28 de agosto de 2012, mediante la cual decidió
unificar los procesos en etapa de juicio seguidos contra Sabas Pretelt de la
Vega, Diego Palacio Betancourt y Alberto Velásquez Echeverri.
10. Escrito presentado por el
abogado Francisco Cintura (sic) el 4 de septiembre de 2012 en su calidad de defensor
del actor, por el cual solicitó la nulidad de la anterior providencia.
11. Providencia de la Sala de
Casación Penal fechada el 19 de abril de 2013, mediante la cual resolvió los
recursos de reposición interpuestos contra la negativa de las nulidades y las
pruebas pedidas por las partes.
12. Nulidad presentada por
Alberto Velásquez Echeverri ante la Corte Suprema de Justicia y respuesta a
esta nulidad, marzo 12 de 2012.
13. Declaraciones de Alberto
Velásquez Echeverri, incluyendo la versión libre rendida ante la Procuraduría
General de la Nación el 10 de junio de 2008, y la indagatoria ante la Fiscalía
General de la Nación el 11 de septiembre de 2008.
14. Declaración rendida el 12 de
marzo de 2009 por el señor Luis Alfonso Hoyos.
15. Escrito presentado por el
abogado Francisco Cintura (sic) el 16 de diciembre de 2011 en su calidad de
defensor del actor, mediante el cual presentó alegatos pre-calificatorios y
solicitó resolución de preclusión.
16. Declaraciones de los señores
César Guzmán Areiza, Eduardo Esquivel Ordóñez y Carlos Correa Mosquera,
fechadas en los años 2008 y 2009.
17. Declaración rendida por Yidis
Medina Padilla, citada en los alegatos de conclusión presentados por el abogado
Francisco Sintura el 26 de agosto de 2013 en su calidad de abogado defensor del
actor.
1.5.  Actuación procesal
Mediante auto del 28 de octubre
de 2015 la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia admitió a
trámite esta acción de tutela y ordenó notificar a la Sala accionada y a todos los
sujetos procesales que intervinieron en el proceso penal fallado mediante la
sentencia atacada, para que se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones
aducidas y ejercieran su defensa.
1.5.1. Respuesta de la Sala de
Casación Penal
Mediante escrito fechado el 3 de
noviembre de 2015, el Magistrado Jorge Luis Barceló Camacho, Presidente de la
Sala accionada y ponente de la sentencia atacada, respondió a esta acción de
tutela. Informó que esa Sala adelantó el trámite del proceso penal de única
instancia 39.156, que concluyó con la sentencia de 15 de abril de 2015 en la
que se condenó a los tres procesados por el delito de cohecho.
A ese respecto relató las
incidencias del proceso seguido inicialmente contra la ex Representante Yidis
Medina Padilla, reabierto a partir de abril de 2008 a raíz de dos artículos y
notas de prensa publicados pocos días atrás, el cual concluyó con sentencia
anticipada en contra de ésta, fechada el 26 de junio del mismo año.
Informó también cómo, con base en
unas copias compulsadas en ese momento por esa Sala, la Fiscalía General de la
Nación abrió investigación penal contra los tres procesados y contra el señor
Bernardo Moreno Villegas, quien sucedió a Velásquez Echeverri en la Dirección
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Relató
entonces el trámite seguido en el proceso contra Sabas Pretelt de la Vega,
quien fue acusado por el Fiscal Sexto Delegado ante la Corte Suprema el 6 de
marzo de 2012. Informó que en la misma fecha, aunque en actuación separada,
seguida por el mismo Fiscal Sexto Delegado, se decidió acusar también a los
señores Palacio Betancourt y Velásquez Echeverri, como presuntos responsables
del delito de cohecho por dar u ofrecer, a partir de los mismos hechos.
Así las cosas, luego de que estas
dos actuaciones llegaran simultáneamente a la Sala accionada, mediante decisión
de agosto 28 de 2012, ésta resolvió adelantar simultáneamente la etapa de
juicio respecto de ambas, actuación que concluyó al proferirse sentencia contra
los tres procesados, el 15 de abril de 2015.
Respecto de las glosas y defectos
aducidos por el tutelante contra esa providencia, el ponente entregó copia de
la misma y sugirió su lectura, al tiempo que ofreció al juez de tutela la
totalidad del expediente para su estudio. Antes de hacer referencias
específicas, rememoró brevemente las excepcionales circunstancias bajo las
cuales resulta procedente la  tutela contra decisiones judiciales, respecto de
lo cual destacó que la Constitución reconoce a los jueces autonomía para la
identificación e interpretación de las normas aplicables al caso concreto y
para la valoración de las pruebas aducidas.
De otra parte, señaló que los
cuestionamientos planteados en esta acción no logran encuadrarse en las causales
de procedibilidad taxativamente desarrolladas por la jurisprudencia de este
tribunal. Señaló además que tanto la sentencia atacada como las demás
providencias previas que la tutela pretende cuestionar, incorporan las razones
que en cada caso tuvo la Sala para adoptarlas, y que ninguno de los
planteamientos del demandante es suficiente para desvirtuar la presunción de
legalidad que las acompaña.
Frente a las observaciones del
actor en torno a la posible falta de imparcialidad de los Magistrados y conjueces
que conformaron la Sala que dictó la sentencia, destacó el hecho de que ninguno
de ellos fue recusado durante el trámite del proceso, a partir de las
circunstancias que ahora se aducen. De igual manera, descartó cualquier
interferencia derivada del hecho de que el Fiscal que en su momento dictó la
acusación contra los tres procesados, se haya vinculado luego como Magistrado
Auxiliar de esa Sala, explicando que dicho funcionario no intervino en la
elaboración y sustentación del fallo condenatorio.
Por último, insistió en que la
sentencia atacada hizo tránsito a cosa juzgada en razón a la total conclusión
de ese proceso, y que las razones aducidas por el actor pretenden la reapertura
del debate ya cerrado con esa decisión. En tal medida, concluyó solicitando al
juez constitucional negar el amparo deprecado.
1.5.2. Intervención del
apoderado del señor Sabas Pretelt de la Vega
En la misma fecha antes anotada,
este abogado intervino para prevenir al juez constitucional sobre el hecho de
que también su poderdante presentó acción de tutela contra la sentencia
condenatoria de abril 15 de 2015, así como para destacar el sustento
parcialmente coincidente de esas acciones de amparo, particularmente en lo
atinente a la presunta falta de imparcialidad de los Magistrados y conjueces
que integraron la Sala. En tal medida, expresó su respaldo a la solicitud de
tutela presentada por el señor Velásquez Echeverri. Señaló además otros
aspectos, más directamente relacionados con el caso de su poderdante, y solicitó
a la Sala de Casación Civil disponer la acumulación de estas dos acciones, y de
la presentada también por Diego Palacio Betancourt, teniendo en cuenta la
identidad de varios elementos relevantes, como son la Sala accionada, y el
hecho de que todos esos reclamos se originan en una misma sentencia en la que
los respectivos actores fueron condenados[9].
También anexó copia del recurso de apelación que en su momento interpuso contra
la decisión negativa de la misma Sala de Casación Civil, el que para ese
momento se encontraba pendiente de ser decidido por la Sala de Casación
Laboral.
1.5.3. Intervención de la
apoderada del señor Alberto Velásquez Echeverri
La apoderada del actor intervino
para solicitar a la Sala de Casación Civil denegar la solicitud de acumulación
presentada por el apoderado del señor Sabas Pretelt de la Vega. Como razones de
su oposición, señaló que dicha acumulación no resulta procedente en vista de
los distintos momentos procesales por los que, para ese momento, pasaban cada
una de estas acciones, y además por cuanto, no obstante la identidad de sujeto
demandado y el hecho de referirse a una misma sentencia condenatoria, el
énfasis de cada una de estas solicitudes de amparo es diferente, al basarse en
la particular situación de cada uno de los tutelantes.
1.5.4.  Intervención de la
Fiscal 6ª Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
La entonces titular de ese
despacho intervino para destacar el carácter excepcional de la tutela contra
decisiones judiciales y para señalar que, en su criterio, no se cumplen en este
caso tales supuestos. Señaló que la investigación penal contra el señor
Velásquez Echeverri se adelantó en estricto cumplimiento del procedimiento
penal, y que en el mismo no existió vulneración de ningún derecho fundamental.
Anotó, además, que los distintos
aspectos que llegaren a aducirse en este excepcional escenario deben haber sido
oportunamente puestos en conocimiento del juez que en su momento conduce el
proceso, lo que no ocurrió en este caso, particularmente en lo relacionado con
la supuesta falta de imparcialidad de varios de los integrantes de la Sala
accionada. Por estas razones, concluyó solicitando al juez constitucional,
negar esta tutela.
1.5.5. Intervención del señor
Sabas Pretelt de la Vega
Este ciudadano, condenado en la
misma sentencia contra la cual se solicita el amparo, intervino para expresar
su respaldo a la solicitud de tutela presentada por Alberto Velásquez
Echeverri, al encontrarse en similar situación, y compartir plenamente las
razones por las que este último solicitó protección constitucional.
II.  DECISIÓN JUDICIAL QUE SE
REVISA
Sentencia de primera instancia
Mediante fallo del 11 de
noviembre de 2015, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
negó el amparo solicitado por el señor Alberto Velásquez Echeverri contra la
Sala de Casación Penal de la misma corporación. En sustento de esta decisión,
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, pues el juez constitucional no puede ni debe interferir en la labor
del juez natural, luego de lo cual indicó que en el presente caso no concurren
las causales que dan lugar a esta posibilidad. Esta decisión incluyó un relato
sobre el desarrollo de la actuación penal seguida contra los tres procesados, y
de las circunstancias que, en criterio de este juez constitucional, permiten
desvirtuar los reparos contenidos en la acción de tutela.
Después de transcribir algunos
apartes de esa sentencia, destacó que la responsabilidad de los condenados
tiene que ver con que ellos hicieron suyos los ofrecimientos que originalmente
realizó el Presidente de la República. Explicó también que, según lo precisa la
sentencia atacada, el actor tuvo responsabilidad en lo relativo a algunos de
los ofrecimientos que beneficiarían a Yidis Medina Padilla, a través de sus
recomendados, más no en lo relacionado con Teodolindo Avendaño, caso en el que
la actuación habría correspondido solo a los ministros Pretelt y Palacio, razón
por la cual a ellos se les atribuyó un concurso de hechos punibles, mientras
que a Velásquez Echeverri se le endilgó una sola conducta. También señaló que
en el caso del delito de cohecho por dar u ofrecer, para su consumación es
indiferente que se cumplan o no los ofrecimientos, bastando con que se hayan
realizado.
Finalmente, frente a las posibles
situaciones de impedimento que habrían afectado la actuación de varios de los
Magistrados y conjueces que dictaron la sentencia de condena, destacó que
ninguna de tales situaciones fue planteada con anterioridad a tal decisión, por
lo que resulta improcedente que ello se haga apenas ahora. De manera semejante,
señaló que no resulta posible controvertir a posteriori la decisión de
no decretar determinadas pruebas dentro del proceso ya decidido.
Esta decisión no fue impugnada,
razón por la cual el expediente fue enviado directamente a esta corporación,
para su eventual selección y revisión.
III.  CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
A través de su Sala Plena, la
Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas
dentro del proceso de la referencia, con base en lo dispuesto por los artículos
86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Insistencias previas a la selección
del presente asunto
Como antes se indicó, los
Magistrados Alejandro Linares Cantillo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en
ejercicio de la facultad prevista en el artículo 33 del Decreto Ley 2591 de
1991, insistieron en la selección de este asunto, que en un primer momento
había sido descartada por la correspondiente Sala de Selección.
Como razones de su insistencia,
el Magistrado Linares Cantillo llamó la atención sobre el hecho de que la Sala
accionada se abstuvo de decretar y considerar varias de las pruebas solicitadas
por el actor, a partir de lo cual, debería determinarse, si el acervo
probatorio disponible habría sido suficiente para generar la necesaria certeza
sobre la responsabilidad del implicado, y, en la misma línea, si resultaba factible
considerar que la decisión judicial habría sido diferente en caso de haberse
decretado y valorado las pruebas que en su momento fueron rechazadas.
De igual manera, adujo la
necesidad de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental, a
propósito del carácter determinante que en este caso habría tenido la
declaración de la supuesta beneficiaria de los ofrecimientos a partir de los
cuales se entendió configurado el delito de cohecho por dar u ofrecer. Frente a
este aspecto, señaló también la importancia de que la Corte se pronunciara
sobre la carga argumentativa que, en este tipo de procesos, debe desplegar la
defensa, así como la que correspondería al juez que decide negar las pruebas
solicitadas.
Por su parte, el Magistrado
Guerrero Pérez apoyó su solicitud en la necesidad de determinar si en este caso
se observaron debidamente principios constitucionales tales como la presunción
de inocencia y la regla in dubio pro reo, así como en la relevancia
jurídica de los temas controvertidos, y el impacto y trascendencia que para la
ciudadanía tienen este tipo de casos, a propósito de lo cual recordó otros
eventos en los que tutelas interpuestas por altos servidores públicos, respecto
de decisiones en las que se determinó su responsabilidad penal y/o disciplinaria,
fueron seleccionadas por este tribunal.
3.  Problemas jurídicos
A partir de los planteamientos y
pretensiones formuladas en el escrito de tutela del señor Velásquez Echeverri,
corresponde a esta Sala determinar, si al dictar la sentencia de condena en su
contra, fechada el 15 de abril de 2015, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia incurrió en los defectos de decisión sin motivación,
violación directa de la Constitución y defecto fáctico, que alega su apoderada,
en sustento del amparo solicitado, a partir del cual, busca que se deje sin
efectos la aludida providencia, en lo que a Velásquez Echeverri respecta.
Para resolver sobre lo planteado,
la Sala comenzará por rememorar los excepcionales eventos en los cuales resulta
procedente la acción de tutela frente a providencias judiciales en firme, a
partir de lo cual, revisará si tales circunstancias concurren frente al caso
concreto, de lo cual dependerá entonces la posible prosperidad del amparo
impetrado.
4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Reiteración de jurisprudencia
4.1. Conforme
al precepto contenido en el artículo 86 de la Constitución Política, la Corte
Constitucional ha desarrollado, desde sus inicios, una amplia doctrina acerca
de la procedencia de la acción de tutela contra las providencias expedidas por
las autoridades judiciales.
En un
comienzo, esa atribución encontró fundamento en los artículos 11 y 40 del
Decreto 2591 de 1991. No obstante, aunque dichas disposiciones fueron
declaradas inexequibles mediante sentencia C-543 de 1992, al considerar que
valores como la seguridad jurídica y la cosa juzgada eran relevantes en nuestro
sistema normativo, en tanto justificaban la intangibilidad de las decisiones
judiciales, esta Corte advirtió que ciertos actos no gozaban de tales
cualidades y que, por tanto, frente a actuaciones de hecho, la
acción de tutela sí resultaba procedente para proteger los derechos
fundamentales. La Corte afirmó en ese entonces:
“Ahora bien, de conformidad con el concepto constitucional de
autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en
cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones
son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa
condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u
omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa
que proceda dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta
para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación
injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o
que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de
hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan
o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda
causar un perjuicio irremediable, (...). En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado
alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de
hacer realidad los fines que persigue la justicia”.
4.2. El caso ahora traído a consideración de la Corte plantea un
asunto que ha sido abordado profusa y reiteradamente por la jurisprudencia
constitucional, en la que ésta ha sido positiva en afirmar que la acción de
tutela procede, a pesar de su carácter subsidiario, contra providencias
judiciales en las que se vislumbre vulneración a los derechos fundamentales. En
esa perspectiva, la Corte ha registrado una importante evolución de su
jurisprudencia sobre el particular, que se inicia con la citada sentencia C-543
de 1992, después de lo cual, fallos como el T-079 de 1993 y el T-158 de
1993, precisaron un conjunto de defectos que podrían llegar a justificar el
amparo de derechos fundamentales de aquellos ciudadanos que acuden a la
administración de justicia para la solución de sus conflictos, como la ausencia
de fundamento objetivo de la decisión judicial o que el juez profiriera la
providencia arrogándose prerrogativas no previstas en la ley.
En la misma
dirección, la sentencia T-231 de 1994 trazó pautas orientadas a delimitar el
enunciado “vía de hecho” respecto de providencias judiciales, para lo
cual señaló los vicios que harían viable la acción de tutela contra aquellas, a
saber: (i) defecto sustantivo; (ii) defecto fáctico; (iii) defecto orgánico; o
(iv) defecto procedimental. Esta doctrina constitucional fue luego precisada y
reiterada en varias sentencias de unificación proferidas por la Sala Plena de
la Corte Constitucional en los años subsiguientes, entre las cuales se
encuentran los fallos SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Esa misma
evolución jurisprudencial propició que, años más adelante, la Corte revaluara
el concepto de vía de hecho, entendido como el acto absolutamente
caprichoso y arbitrario[10] que interesa al juez constitucional y, en su lugar,
prefiriera el enunciado de “causales genéricas de procedibilidad de la
acción[11]. Al respecto, en la sentencia
T-949 de 2003, la Sala Séptima de Revisión explicó lo siguiente:
“Esta Corte en sentencias recientes ha redefinido dogmáticamente el
concepto de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Esta redefinición ha operado a partir del poder de irradiación del
principio de eficacia de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.) y de una
interpretación sistemática de diversas disposiciones de la Constitución (arts.
1, 2, 13, 86, 228 y 230 C.P.).
“En esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual de la expresión ‘vía
de hecho’ por la de ‘causales genéricas de procedibilidad’. Lo anterior ha sido
inducido por la urgencia de una comprensión diferente del procedimiento de
tutela con tal de que permita ‘armonizar la necesidad de proteger los intereses
constitucionales que involucran la autonomía de la actividad jurisdiccional y
la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de
irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los derechos
fundamentales que pueden verse afectados eventualmente con ocasión de la
actividad jurisdiccional del Estado’ ( Sentencia T-462 de 2003 )”.
4.3. Cuota importante en esta evolución
jurisprudencial aportó la sentencia C–590 de 2005, por la cual se fortalecieron
los precedentes jurisprudenciales enunciados hasta esa fecha, por tratarse de
un fallo de constitucionalidad con efectos erga omnes, en el cual a propósito de la Ley 906
de 2004 -Código de Procedimiento Penal-, la Corte estableció que una cosa es
que el legislador no permita la utilización de recursos contra los fallos que
resuelvan el recurso extraordinario de casación en materia penal, en desarrollo
de su libertad de configuración y, otra muy distinta, que por esa razón se
excluya la procedencia de la acción de tutela prevista en el artículo 86
constitucional para la protección de los derechos fundamentales contra toda
acción u omisión de cualquier autoridad pública.
En esta sentencia, se advirtió expresamente que
la acción
de tutela contra fallos judiciales sólo tendría vocación de prosperidad cuando
se cumpliera con ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de
estos, distinguió unos de carácter general, que habilitaban la interposición de
la tutela y, otros de carácter específico, que tocan la procedencia misma del amparo,
una vez interpuesto. Entre los requisitos
generales, la sentencia acopió y definió los siguientes:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional[12].
(…)’.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[13].
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración[14].
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[15]. No obstante, de
acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la
incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del
juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible[16].
f. Que no se trate de sentencias de tutela[17]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas
son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso
en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión
de la sala respectiva, se tornan definitivas.”
De la misma forma, ese trascendente fallo enlistó varias causales
especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
entre ellas:
“25. Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de
procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido,
como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia
se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[18] o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[19].
“i. Violación directa de la Constitución.
“Estos eventos en que procede la acción de tutela contra
decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y
la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si
bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de
decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.” (Resaltado fuera de
texto).
5. Análisis sobre la
concurrencia de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra
decisiones judiciales
5.1.
Relevancia constitucional. En el proceso objeto de
estudio, el peticionario fue condenado a las penas de 60 meses de prisión,
multa de 83,5 salarios mínimos legales mensuales y 84 meses de inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas, en su calidad de coautor
del delito de cohecho por dar u ofrecer, a partir de los ofrecimientos que,
junto con otros altos funcionarios del Gobierno de la época (junio de 2004),
habría hecho a una integrante de la Cámara de Representantes, para asegurar que
aquélla votara en un determinado sentido, dentro del trámite de un Acto
Legislativo sobre reelección presidencial, en el que el Gobierno Nacional tenía
evidente interés. Los cargos que formula contra la sentencia condenatoria
consisten en la supuesta falta de motivación de dicha decisión, la no
invalidación de la presunción de inocencia, la ocurrencia de defectos fácticos
atinentes a la valoración probatoria realizada, y la posible conformación
irregular de la Sala que profirió la sentencia de condena, por la existencia de
eventuales impedimentos en varios de sus integrantes.
En este
escenario, es claro que en caso de hallarse fundados tales cargos, se
demostraría que la condena impuesta incidiría, no solo negativamente, sino
también de manera injustificada y contraria a la Constitución, en sus derechos
fundamentales a la libertad personal, al trabajo y al mínimo vital, además de
lo cual, atentaría contra los principios superiores que orientan el ejercicio
del poder punitivo del Estado, como son los ya referidos de presunción de
inocencia y derecho de defensa, componentes esenciales del debido proceso. No
menos importantes, desde el punto de vista constitucional, son los asuntos
debatidos a través de la acción de amparo, entre ellos, la posible existencia
de una decisión sin motivación, o la posibilidad de que se hubiera incurrido en
un defectuoso manejo probatorio, en perjuicio del inculpado.
En tal medida,
estima la Sala Plena que el asunto puesto a su consideración presenta una clara
y evidente relevancia constitucional, con lo que este primer requisito ha de
tenerse por cumplido.
5.2. Subsidiariedad. Contra
el fallo que en este caso es objeto de controversia constitucional no proceden
recursos ordinarios, por cuanto se trata de una decisión de única instancia,
emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en
cuanto los tres procesados eran servidores públicos amparados por el fuero
constitucional previsto en el numeral 4° del artículo 235 superior. En tal
medida, se cumple la exigencia del artículo 86 constitucional, en el sentido de
que frente a la situación controvertida no exista ningún otro medio de defensa
judicial.
En todo caso, podría argüirse que
contra esa providencia procedería, al menos, la acción de revisión, que
en tal supuesto se erigiría en un mecanismo judicial orientado a atacar
la decisión ya ejecutoriada, de la Sala de Casación Penal. Sin embargo, debe
advertirse que en cuanto recurso extraordinario, la acción de revisión contra
decisiones ejecutoriadas, depende para su viabilidad de unas taxativas causales
de procedencia, encaminadas a infirmar la supuesta corrección de sentencias que
han hecho tránsito a cosa juzgada, principalmente, cuando ocurren hechos o
surgen situaciones sobrevinientes que hacen necesario modificar la decisión.
Empero, en este caso, ninguno de
los cuestionamientos que el actor dirige contra la decisión de la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, en el sentido de condenarlo por el delito
de cohecho por dar u ofrecer, podría subsumirse en las causales de procedencia
de la acción de revisión[20]
y, por lo tanto, no sería dable exigirle al peticionario la necesidad de agotar
una acción que no está diseñada para soportar la controversia constitucional
planteada en esta oportunidad.
5.3.
Inmediatez. La sentencia que el actor considera violatoria de sus
derechos fundamentales fue proferida por la Sala de Casación Penal el 15 de
abril de 2015, fecha desde la que debe contarse el término de presentación de
la acción, pues a partir de ese día el peticionario conoció el sentido y
contenido de la decisión. Por su parte, la demanda de tutela se radicó ante la
Sala de Casación Civil de la misma corporación, el día 26 de octubre de 2015,
esto es, poco más de seis meses después de proferido el fallo atacado.
En esta medida, estima la Sala
que la acción se interpuso dentro de un término razonable, lo que permite el
estudio de fondo por parte del juez constitucional, del amparo impetrado en el
presente caso.
5.4. Que, de
ser posible, el peticionario haya sostenido en el trámite ordinario los
argumentos sobre los que construye la petición de amparo
En el presente
caso, este requisito se encuentra parcialmente satisfecho, en cuanto, según se
refleja en las decisiones adoptadas durante el transcurso del proceso penal
antecedente, la defensa controvirtió, con todos los mecanismos disponibles, las
decisiones relacionadas con la negación de pruebas solicitadas por el actor, el
uso de pruebas trasladadas, o la decisión de acumular su caso con el de los ex
ministros Palacio y Pretelt, lo que, según se aduce, habría contribuido a su
desfavorable resultado. Si bien ninguna de estas decisiones fue revertida, por
esta razón, este requisito también se considerará cumplido, en lo atinente a
estas glosas.
Sin embargo, no
ocurre lo mismo, frente a las denuncias relacionadas con la supuesta falta de imparcialidad
de la Sala accionada, resultante de circunstancias como la larga permanencia de
algunos de sus integrantes, en la lista de conjueces de esa Sala, o la alegada
intervención durante la fase de juicio de quien en la etapa investigativa, y en
desarrollo de lo previsto en el Acto Legislativo 06 de 2011, fungió como Fiscal
a cargo, en representación de la entonces Fiscal General de la Nación, pues
tales situaciones nunca fueron planteadas ni cuestionadas, mediante la
presentación de las respectivas recusaciones, durante el trámite que antecedió
a la sentencia, y desde el momento en que se advirtió la supuesta falta de
imparcialidad de tales juzgadores. En este caso, fue solo después de conocido
el fallo, cuando se cuestionó la integración de la Sala a partir de estas
situaciones.
En vista de esta
circunstancia, desde ahora anuncia la Sala que, tal como lo advirtiera el juez
constitucional de instancia, estos supuestos defectos no serán analizados, al
no concurrir en debida forma el cumplimiento de este requisito.
5.5. Finalmente, ha de precisarse que las demás condiciones
formales de procedibilidad de la acción se satisfacen en este asunto, pues, de
una parte, (i) no se discute una irregularidad procesal, y de otra, (ii) el
accionante no pretende controvertir una decisión de tutela.
En suma, a partir de lo anterior,
concluye la Sala que, con la única salvedad anotada en lo relacionado con la
previa alegación de algunos de los defectos aducidos, se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de amparo. En consecuencia, pasará a
examinar la posible configuración de los efectos anotados frente al caso
concreto.
6. Análisis sobre la presencia
de causales específicas de procedibilidad de la tutela contra decisiones
judiciales
Del análisis de los defectos
alegados, a partir de los cuales se pretende que se deje sin efectos la
sentencia cuestionada, en lo relativo al actor Velásquez Echeverri, se observa
que todos ellos pueden ser clasificados en dos de las categorías que, según
quedó expuesto, recogen las posibles situaciones que podrían dar lugar a la
prosperidad del amparo constitucional contra una sentencia ejecutoriada. Se
trata de la decisión sin motivación y del defecto fáctico.
A los efectos de decidir si,
efectivamente se presentaron en este caso los defectos alegados, la Sala
procederá a realizar una breve contextualización adicional sobre los alcances
de los aludidos defectos, a partir de lo cual podrá dilucidarse, con la
necesaria claridad, si en verdad se presentaron tales situaciones, único
escenario que podría conducir a la prosperidad del amparo solicitado.
6.1. Sobre la decisión sin
motivación. Reiteración de jurisprudencia
En los Estados democráticos y
respetuosos de las garantías fundamentales, la motivación de las decisiones
judiciales es un derecho inalienable de todos los ciudadanos, y de manera
específica, de los sujetos procesales que son parte en cualquier actuación
judicial o administrativa. Especialmente el juez, en su calidad de adjudicador
de derechos, debe, en todos los casos, explicar las razones de su decisión, que
por lo demás, no podrán ser otras que las resultantes de la aplicación al caso
concreto, de las normas que para él aparezcan pertinentes, lo que a su turno,
es consecuencia del mandato contenido en el artículo 230 superior, conforme al
cual, los jueces en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la
ley.
La motivación de las decisiones
judiciales, cuya importancia fue desde antaño reconocida por el texto
constitucional[21],
es entonces necesaria para hacer realidad la total proscripción de la
arbitrariedad de los jueces, lo mismo que el derecho a la tutela judicial
efectiva, reconocido no solo por el texto constitucional, sino también por la
Convención Americana de Derechos Humanos y por varios otros tratados
relevantes, también integrantes del bloque de constitucionalidad. De otro lado,
ese deber adquiere mayor relevancia frente a quienes resultan negativamente
afectados por tales decisiones, en cuanto es a través de la motivación como
podrá apreciarse el contenido de justicia material y la validez de tales
resoluciones, tanto como la eventual situación contraria, y es también con base
en ella, que podrá el interesado controvertir, a través de los recursos
procedentes, las decisiones que estime desfavorables.
A partir de las anteriores consideraciones,
el deber de motivar las decisiones judiciales ha sido reconocido como parte
integrante del derecho fundamental al debido proceso, y en tal medida, la
transgresión de ese deber ha sido también considerada como razón que
justificaría el amparo constitucional que se solicite frente a un juez,
respecto de sus decisiones. Así las cosas, y si bien podría estimarse que la
ausencia de motivación configura un defecto procedimental, al dejar de
dar aplicación a una regla imperativa y necesaria dentro del trámite de un
proceso, o un defecto fáctico, en cuanto omita informar de manera
adecuada sobre el sustento probatorio a partir del cual se adopta la decisión,
lo cierto es que esta corporación lo ha reconocido como un problema autónomo y
con identidad propia, por lo cual se ha incluido dentro del listado de las
causales especiales de procedibilidad, contenido en la citada sentencia C-590
de 2005, ampliamente reiterado en años subsiguientes.
En el proceso de caracterización
de este posible defecto, en la sentencia T-214 de 2012 (M. P. Luis Ernesto
Vargas Silva) señaló esta corporación que la motivación “consiste
en un ejercicio argumentativo por medio del cual el juez establece la
interpretación de las disposiciones normativas, de una parte, y determina cómo,
a partir de los elementos de convicción aportados al proceso y la hipótesis de
hecho que se construye con base en esos elementos, es posible subsumir el caso
concreto en el supuesto de hecho de una regla jurídica aplicable al caso.”[22]
En la
misma providencia, dijo también la Corte que “Dado
que el juez debe pronunciarse sobre hechos del pasado, a los que no puede
acceder directamente, su tarea consiste en exponer cómo, mediante el uso de
reglas de la experiencia, puede inferir la existencia de hechos pasados a
partir de determinados hechos presentes recaudados mediante las vías legales de
decreto y práctica de pruebas.”
Destacó además cómo el juez
constitucional debe esforzarse por “…determinar los
estándares de racionalidad y razonabilidad que exige la determinación de los
hechos del caso” y reiteró que “…el deber de motivación no se agota en
una exposición sobre la interpretación de las normas jurídicas, sino que
involucra también la explicación de ese paso entre pruebas y hechos, a través
de la sana crítica, la aplicación de reglas de inferencia plausibles, y los
criterios de escogencia entre hipótesis de hecho alternativas.”
Así pues, la motivación de las
decisiones judiciales resulta crucial y necesaria para el adecuado
entendimiento de ellas, y la cabal protección de los derechos de las partes en
el respectivo proceso. Es claro, además, que el cumplimiento de este deber no
se agota con la mera inclusión de reflexiones más o menos amplias, a través de
las cuales se pretenda apenas, llenar una formalidad. Sin embargo, es así mismo
evidente, que solo podrá hablarse de ausencia de motivación cuando, en
efecto, el juez omita explicar las razones de su decisión, de tal manera que
para el ciudadano no resulte posible entender los fundamentos en que aquella se
hubiere basado, situación que debe diferenciarse de la que se presenta cuando
el juez cumple con su deber de informar los motivos o razones que respaldan su
decisión, pero los sujetos procesales no los comparten, o no los aceptan, al
punto de llegar a afirmar que la decisión carece de motivación. Ciertamente, en
este caso, no podría abrirse paso este pretendido defecto, pues en tal evento
la controversia radica en realidad en el contenido de la motivación, más que en
la supuesta ausencia de ella.
6.2 Sobre el defecto fáctico.
Reiteración de jurisprudencia
Bajo esta denominación, la
jurisprudencia ha agrupado todas aquellas situaciones en las que existen
deficiencias en la valoración probatoria, por ejemplo, al dar por demostrados
hechos que no lo están, o por el contrario, al dejar de apreciar aspectos
relevantes que en realidad se encuentran debidamente acreditados, errores todos
que dan lugar a una inadecuada resolución de la situación de hecho observada,
decisión que por lo mismo, resulta contraria a derecho. Desde sus primeros
pronunciamientos sobre el particular, este tribunal ha reconocido que este
escenario constituye un grave defecto de las decisiones judiciales, y por ello,
una hipótesis en la cual, resulta excepcionalmente procedente el amparo
constitucional contra tales resoluciones.
El defecto fáctico es, entonces, una de las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Sin
embargo, para que se configure este vicio es necesario que el operador judicial
profiera una decisión sin contar con el necesario y adecuado respaldo
probatorio, lo que trae como directa consecuencia una distorsión entre la
verdad jurídica o procesal y la material, situación en la que, sin duda, deja
de realizarse el inexorable deber atribuido a los jueces de impartir justicia.
De lo anterior se desprende que la amplia discrecionalidad con que
éstos cuentan para asignar valor a cada prueba –según las reglas de la sana
crítica– no implica una potestad absoluta, cuyo ejercicio pueda desbordar los
límites que impone el ordenamiento constitucional.
Al mismo tiempo, es importante recordar que esta
corporación ha sido reiterativa en la protección al principio de la autonomía e
independencia judicial, en el cual se incluye el amplio margen de apreciación
que recae sobre los operadores judiciales para valorar, conforme a las reglas
de la sana crítica, las pruebas que han sido recaudadas durante el proceso. Con
todo, la sentencia SU-159 de 2002, advirtió que dicha independencia y autonomía
“jamás puede ejercerse de
manera arbitraria; su actividad evaluativa probatoria implica, necesariamente,
la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez,
racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las
pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de la
administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales
sobre la base de pruebas debidamente recaudadas”[23].
Bajo ese entendido, se configura un defecto fáctico cuando
quiera que la providencia judicial ha sido el resultado de un proceso en el que
dejaron de practicarse pruebas necesarias para dirimir el conflicto (omisión
judicial), pero también cuando aquéllas, habiendo sido decretadas y
practicadas, no son apreciadas bajo la óptica de un pensamiento objetivo y
racional, pues ello se opone al debido proceso, al punto de generar
arbitrariedad. Lo mismo ocurre con las que carecen de aptitud o de legalidad,
bien sea por su inconducencia, o porque fueron recaudadas de forma inapropiada,
caso último en el que deben ser consideradas como pruebas nulas de pleno
derecho (art. 29 C. P.).
Esta Corte ha precisado también que el denominado defecto
fáctico tiene dos dimensiones paralelas, una positiva y una negativa.
Mientras la primera hace referencia a circunstancias en las que se valoran
pruebas vulnerando reglas legales y principios constitucionales, la segunda se
relaciona con situaciones omisivas en la valoración probatoria que pueden
resultar determinantes para el caso concreto. Esta omisión debe caracterizarse por
ser arbitraria, irracional y/o caprichosa[24].
Sin embargo, la Corte ha destacado que este juicio no puede resultar
de una proyección automática, pues la valoración probatoria del juez natural
es, al menos en principio, resultado de su apreciación libre y autónoma, aunque
sin duda, no arbitraria, la que no puede, sin más, ser desplazada e invalidada,
por un criterio simplemente diferente, dado por el juez de tutela. Así, si bien
este defecto puede en realidad presentarse, y las personas o ciudadanos
afectados deben ser protegidos ante tal eventualidad, el juez constitucional ha
de ser extremadamente prudente y cauteloso, para no afectar con su decisión,
ese legítimo espacio de autonomía del juez natural. Para ello deberá realizar
una cuidadosa ponderación de cada caso en particular, atendiendo a los
parámetros decantados por la jurisprudencia de la Corte, en los siguientes
términos:
“La intervención del juez de tutela, frente al manejo dado por el
juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El respeto
por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden
que en sede de tutela se lleve a cabo un examen exhaustivo del material
probatorio.
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación
de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe
determinar, conforme a los criterios de la sana critica, y en virtud de su
autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El
juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo sino que
sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le
impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos
que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por
aquél es razonable y legítima. [25]”
En otras decisiones más recientes, pero en la misma línea, esta Sala ha
indicado también[26]
que “…entendiendo que la autonomía judicial alcanza su máxima expresión en
el análisis probatorio, el defecto fáctico debe
satisfacer los requisitos de irrazonabilidad y trascendencia: (i) El error
denunciado debe ser ‘ostensible, flagrante y manifiesto’, y (ii) debe tener
‘incidencia directa’, ‘transcendencia fundamental’ o ‘repercusión sustancial’
en la decisión judicial adoptada, lo que quiere decir que, de no haberse
presentado, la decisión hubiera sido distinta”.
En suma, se
requiere entonces que el supuesto error o defecto fáctico posea unas
características claramente estructuradas, que superen la prevalencia de
aquellos principios orientados por la inmutabilidad de las decisiones que ponen
fin a un proceso, como son, entre otros, los de cosa juzgada, estructura
autónoma y funcional de la administración de justicia y seguridad jurídica.
7. Caso concreto. Análisis de
las causales de procedibilidad aducidas
7.1. Sobre la supuesta falta
de motivación de la sentencia atacada
Examinada cuidadosamente la
sentencia confutada, particularmente en lo atinente a la situación del
tutelante Velásquez Echeverri, no encuentra la Sala que en este caso concreto
concurra la causal de falta de motivación que el actor le endilga.
En efecto, la Corte observa que
el fallo condenatorio realizó una cuidadosa presentación y valoración de las
razones y argumentos aducidos, tanto por el señor Velásquez Echeverri como por
su defensor dentro del proceso penal, frente a los cuales, la Sala de Casación
Penal efectuó una valoración global de la totalidad de los medios de prueba
disponibles, para a partir de ello arribar a la conclusión sobre la
culpabilidad de los tres procesados, entre ellos el actor.
En el acápite correspondiente a
la valoración de la conducta del entonces Director del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República[27], la Sala accionada
analizó, de manera detenida, las razones por las cuales la otrora Representante
Medina Padilla superó el estado de indecisión que, según alegó, experimentó
inicialmente en relación con el proyecto de Acto Legislativo que para ese
momento se encontraba en trámite, como resultado de los ofrecimientos que
recibió de los representantes del Gobierno, así como la participación
específica que el tutelante Velásquez Echeverri habría tenido en el logro de
este cometido, actos que, según se concluyó, se adecuaban y subsumían en el
tipo penal del cohecho por dar u ofrecer, concretamente en esta segunda
modalidad.
Entre otras consideraciones
globales, en torno a la responsabilidad del actor Velásquez Echeverri, dijo en
su decisión, la Sala de Casación Penal:
“Obsérvese
que, conforme a lo probado en este asunto, los hechos que permiten adecuar
jurídicamente la conducta del doctor ALBERTO VELÁSQUEZ ECHEVERRI, evidencian
que él, al igual que los otros dos procesados, hizo suyos los ofrecimientos
hechos a YIDIS MEDINA PADILLA por el entonces Presidente de la República, en la
medida en que le especificó a la congresista los cargos disponibles en el
Magdalena Medio,  -región en la que ella aspiraba a tener representación
política-, comprometiéndose a hablar con los Ministros del Ramo para concretar
los nombramientos correspondientes.
Por ello,
la presentación que hizo el doctor ALBERTO VELÁSQUEZ en la audiencia pública,
afirmando que se encuentra involucrado en este asunto por haber realizado dos
llamadas telefónicas, no es tan simple como a él le parece, pues al menos una
de esas actuaciones constituyó un acto ejecutivo claramente dirigido a
materializar uno de los ofrecimientos hechos a YIDIS MEDINA para que decidiera
apoyar el proyecto de Acto Legislativo de reelección presidencial inmediata.
No se
trató, ni mucho menos, de conductas aisladas en el contexto que ofrecía el
futuro del proyecto de reforma a la Constitución en materia de reelección
presidencial, para la fecha concreta de los hechos, pues obedecían a una
estrategia con un fin claramente definido: lograr que esa iniciativa
legislativa alcanzara todos los debates reglamentarios, contando con la
aprobación de la mayoría del legislativo, en su escenario natural de discusión.
En este
sentido, no puede perderse de vista la importancia del tema y el manifiesto
interés del Gobierno para que saliera adelante, una vez conocida la noticia de
la reunión en la casa de la doctora CLARA PINILLOS ABOZAGLO y la participación
allí de dos congresistas que en los días previos habían expresado a los medios
de comunicación su indecisión frente a su apoyo o no, circunstancia que los
expuso al constante asedio de la prensa el 2 y el 3 de junio de 2004 y generó
en el Palacio de Nariño la necesidad de intensificar los mecanismos para
acercarse al Congreso y obtener votación por bancadas, como quedó explicado
acápites atrás.[28]”
Ahora bien, en el aparte
relacionado con la actuación desplegada por el señor Velásquez Echeverri, la
Sala accionada explicó las razones por las cuales se encuentra acreditada su
participación en lo relativo al ofrecimiento de un cargo para un recomendado de
Medina Padilla en la entonces Red de Solidaridad Social, así como en lo
atinente al nombramiento del señor Carlos Correa Mosquera como Gerente de la
Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, pero no en lo relacionado con la
renovación del contrato del médico Esquivel Ordóñez, asunto frente al cual, se
comprobó que tal decisión se produjo varios días atrás, y por otras razones y
medios diferentes a los ofrecimientos del Secretario General.
Así por ejemplo, la Sala de
Casación Penal, encontró que Velásquez Echeverri hizo suyo, y concretó el ofrecimiento
relacionado con el cargo en la Red de Solidaridad, a partir del análisis global
de las probanzas disponibles[29],
que demostraban tanto el inicial escepticismo de la congresista Medina Padilla frente
a la posibilidad de acompañar el referido proyecto de Acto Legislativo, como
las gestiones que desde la misma tarde del día 2 de junio de 2004 (fecha de la
reunión entre aquélla y el actor) se realizaron en pro de materializar el nombramiento
prometido, lo que unido al voto favorable que finalmente emitió Yidis Medina
frente a esa iniciativa legislativa, permitió concluir que ello se debió a
tales ofrecimientos. Dijo al respecto la Sala accionada:
“Si ello es
así, la explicación del doctor ALBERTO VELÁSQUEZ ECHEVERRI en cuanto a las
circunstancias que rodearon su encuentro en privado con YIDIS MEDINA, en el que
ella le pidió conseguirle una cita con el Director de la Red de Solidaridad
Social, queda desvirtuada, puesto que no se trató de pedirle al doctor LUIS
ALFONSO HOYOS que la recibiera.
Al
contrario, el ingreso registrado el 2 de junio de 2004 por CÉSAR GUZMÁN a la
Red de Solidaridad Social[30]
y el inmediato proceso de evaluación al que fue sometido para ocupar un cargo
de esa institución, con sede en Barrancabermeja, indican claramente que la
conversación del doctor VELÁSQUEZ ECHEVERRI con YIDIS MEDINA no se redujo a
establecer un contacto, sino a informarle al Director de la referida entidad
que dicha vacante era para la persona recomendada por la Congresista.”
(….)                (….)            (….)            (….)
“En
conclusión, el cargo de Coordinador para el Magdalena Medio en la Red de
Solidaridad Social fue uno de los ofrecimientos hechos a YIDIS MEDINA por el
doctor ALBERTO VELÁSQUEZ, quien intervino ante LUIS ALFONSO HOYOS con esos
propósitos, siendo en este evento irrelevante, como ya se anotó, que el
beneficiado con el nombramiento fuera una persona diferente a la inicialmente
destinataria del mismo y que ello hubiere tenido ocurrencia pocos días después
de que el doctor ALBERTO VELÁSQUEZ ECHEVERRI hiciera dejación del cargo, puesto
que las contingencias que se hubiesen podido presentar para cumplir lo ofrecido
ocurrieron con posterioridad al momento en que se materializó la conducta
tipificante del cohecho, como quedó explicado en precedencia.[31]”
Así las cosas, mal podría
considerarse que no existió motivación que respaldara las conclusiones a las
que la Sala accionada llegó, en relación con la participación del actor en este
episodio.
De igual manera, la Sala explicó,
en forma pormenorizada, las razones a partir de las cuales consideró acreditada
la intervención de Velásquez Echeverri en torno al ofrecimiento de la Gerencia
de una clínica en la ciudad de Barrancabermeja[32].
La sentencia de condena se refirió, por ejemplo, a la inmediata producción del
nombramiento acordado, apenas 24 horas después de la reunión sostenida entre el
actor y la Representante Medina Padilla, y mientras el nominador se encontraba
fuera de su sede, ubicada en la ciudad de Cúcuta, atendiendo una reunión de
Junta Directiva en el despacho del Ministro de Protección Social en Bogotá, así
como a las explicaciones que al respecto dieron, no solo aquélla, sino también
la persona nominada, el representante legal de la ESE Francisco de Paula
Santander, a quien correspondió emitir el nombramiento, y la jefe de Recursos
Humanos de la misma entidad. De otra lado, la sentencia hizo también referencia
a la posterior actuación de Medina Padilla en relación con esta clínica y su
entonces Gerente, incluyendo las acciones de protesta que ella protagonizó, al
momento del retiro de aquél. Señaló a este respecto la sentencia atacada:
“YIDIS
MEDINA, sin embargo, sostuvo que si bien uno de los temas de la conversación
fue el de la seguridad de su familia, hubo otro, el relacionado con la
confirmación del ofrecimiento hecho en la mañana por el doctor VELÁSQUEZ
ECHEVERRI de la Dirección de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja.”
(….)                (….)            (….)            (….)
“Adicionalmente,
las contradicciones en que incurrieron CARLOS CORREA MOSQUERA y el doctor
MORELLI SANTAELLA acerca de la forma como fue seleccionado su nombre para
proveer la vacante existente en la dirección de la clínica, terminaron por
corroborar lo expresado por YIDIS MEDINA en cuanto al poder que ella tuvo para
ese nombramiento.
En el mismo
sentido fueron las pobres explicaciones que dio CORREA MOSQUERA en cuanto al
compromiso adquirido con la Excongresista a través de la suscripción de un
título valor y en el poder que aquella ejerció en la clínica mediante la
recomendación de personas allegadas a ella, entre otras.
Existe
pues, certeza acerca de la responsabilidad del doctor ALBERTO VELÁSQUEZ
ECHEVERRI en este ofrecimiento en particular.[33]”
Según se observa, estas y muchas
otras reflexiones, que constan en el fallo de condena, sirvieron a la Corte
para lograr las necesarias certeza y convicción sobre la responsabilidad del
acusado en este ofrecimiento, que como también se acreditó, tuvo un
determinante efecto en el cambio de opinión de la entonces congresista.
Por último, la suficiente y
adecuada motivación del fallo también aparece visible en todo aquello que
favoreció a Velásquez Echeverri, como son, por ejemplo, las reflexiones que
llevaron a concluir su ajenidad con los hechos relacionados con la renovación
del contrato del médico Esquivel Ordóñez[34],
o con los ofrecimientos que, paralelamente, se hicieron al también
Representante a la Cámara, Teodolindo Avendaño Castellanos. El fallo analizó,
de manera suficiente y equilibrada, tanto los hechos frente a los cuales se
dedujo responsabilidad, como aquellos respecto de los cuales se concluyó en
sentido contrario, todo lo cual reafirma la percepción de esta Sala, en el
sentido de que la sentencia atacada no incurrió en el defecto de falta de
motivación, aducido por el actor.
Como antes se advirtió, el hecho
comprensible de que el implicado y su defensor no compartan los razonamientos
del juez en torno al caso concreto, no pueden llevar a afirmar que éste decidió
sin motivar su resolución, cuando visiblemente se aprecia que el juzgador
ofreció, con suficiente amplitud y claridad, las razones que orientaron su
juicio en un determinado sentido, tal como la Sala se ha cerciorado, de que
ocurrió en el presente caso.
Por estas razones, no puede
abrirse paso este cuestionamiento.
7.2. Sobre la supuesta
ocurrencia de un defecto fáctico
Los múltiples defectos de este
tipo que el actor aduce contra la sentencia de condena emitida en su contra por
la Sala accionada pueden resumirse en tres aspectos principales, íntimamente
relacionados entre sí, a saber: i) el injusto rechazo de la mayoría de las
pruebas solicitadas, durante el proceso, por la defensa de Velásquez Echeverri;
ii) la falta de credibilidad que aquélla atribuye al dicho de la ex
Representante Medina Padilla, que según sostiene, habría sido la única prueba
relevante en la que el máximo tribunal penal, fundó su decisión; iii) la
ausencia de otras pruebas que permitieran contrastar y mejor valorar la versión
de la entonces congresista, todo lo cual se resume, entonces, en la supuesta
ausencia de pruebas suficientes para respaldar tal decisión, desfavorable al
actor. Según afirma, esas circunstancias habrían dado lugar a la ocurrencia de
un defecto fáctico, que en doble sentido afectaría la validez de la sentencia
atacada, la primera en la perspectiva que la jurisprudencia ha denominado
dimensión negativa (ausencia probatoria), y la segunda en su dimensión positiva
(incorrecta valoración de la prueba disponible).
Sin embargo, del análisis de la
sentencia cuestionada no emerge, en criterio de esta Sala, el aludido defecto
fáctico, pues los razonamientos del juzgador no lucen infundados, irracionales,
ni caprichosos. Por el contrario, según se observa, la Sala de Casación Penal
realizó un análisis serio, juicioso y razonable de la prueba disponible, cuyas
conclusiones, no aparecen manifiestamente desenfocadas, como se requeriría para
la prosperidad del defecto aducido, máxime en circunstancias tan
particularmente exigentes como las que, según se explicó, rodean el denominado
defecto fáctico en sede de tutela.
Esta Sala resalta, en primer
término, que no es cierto que el testimonio de la entonces Representante Medina
Padilla haya sido la única prueba conducente a la condena del actor. Por el
contrario, y según puede apreciarse, la Sala Penal tuvo en cuenta muchas otras
probanzas, particularmente testimonios de los demás involucrados en los hechos,
a partir de cuyo análisis conjunto y sistemático, llegó a las ya conocidas
conclusiones sobre la responsabilidad del actor. Entre tales elementos de
prueba se cuentan las declaraciones de los otros dos procesados[35], la del congresista Iván
Díaz Mateus, titular de la curul que para entonces ocupaba temporalmente Yidis
Medina, el testimonio de las personas que habrían sido beneficiadas por los
nombramientos ofrecidos o pactados por el actor, el de los representantes
legales y otros funcionarios, tanto de la ESE Francisco de Paula Santander, de
la cual dependía la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, como de la Red
de Solidaridad, entidad en la cual se produciría el primero de estos
nombramientos, y el de más de treinta miembros del Congreso de la República,
entre Senadores y Representantes de diversos partidos, quienes presenciaron,
y/o en algunos casos participaron, en los hechos que dieron lugar a esta
investigación[36].
Así las cosas, tal como puede
constatarse con la lectura de dicha providencia, no fue un único testimonio el
que condujo a la Sala a la certeza suficiente para basar su decisión
condenatoria contra Velásquez Echeverri, sino la percepción resultante de la
valoración global y razonada de tales medios de prueba, cuyas conclusiones, si
bien ciertamente no serían las únicas posibles, en nada aparecen caprichosas o
inverosímiles, sino totalmente plausibles y legítimas. Como es sabido, una
posible percepción diferente, de ninguna manera invalida tales conclusiones,
pues las observaciones del juzgador son producto del legítimo ejercicio de su
autonomía constitucional, y en tal medida, la existencia de tales posibles
desacuerdos es una circunstancia inherente al trabajo que desarrollan los
jueces.
De otra parte, en torno a la
credibilidad que pueda atribuirse al testimonio de la señora Yidis Medina, quien
habría sido la destinataria de tales ofrecimientos, la Sala accionada justificó
con suficiencia el mérito que a ella atribuyó, para lo cual, analizó con
detalle circunstancias como el cambio sustancial existente entre las declaraciones
rendidas en el año 2004, a pocos meses de los hechos controvertidos, y las que
diera en el año 2008, que a la postre condujeron a la reapertura del proceso en
su contra, y al inicio de las investigaciones contra los presuntos autores de
los ofrecimientos. La Sala exploró, de manera cuidadosa, las posibles razones
de este cambio de postura, y tuvo en cuenta las condiciones en las que
comúnmente se generan estas situaciones dentro del curso de las investigaciones
penales, además de lo cual, analizó con cuidado, cuál de las dos versiones existentes
en este caso, merecería mayor credibilidad[37].
A partir de ello, llegó a la conclusión de que esta retractación obedeció a
circunstancias razonables, ante lo cual, aceptó su más reciente versión, según
la cual, sí hubo ofrecimiento de beneficios por parte del Gobierno, razón que
la condujo a cambiar su decisión sobre el posible apoyo al Acto Legislativo
sobre reelección presidencial que entonces se tramitaba.
También debe anotarse, que más
allá de este aspecto, la Sala accionada no acogió sin reflexión la versión de
la también condenada Medina Padilla, sino que se esforzó en validar su dicho a
partir de su confrontación con las demás pruebas disponibles, pese a lo cual,
su final percepción se inclinó por aceptar el punto relacionado con la
existencia de ofrecimientos, así como la participación que en ellos tuvo
Velásquez Echeverri, según se habría acordado en la breve reunión sostenida,
únicamente entre ellos dos, el día 2 de junio de 2004.
Una razón adicional que explica
las características del análisis probatorio vertido por la Sala accionada en la
sentencia atacada tiene que ver con la forma en que razonablemente puede
evaluarse la participación y la responsabilidad de los implicados frente a un
delito como el que dio lugar a este proceso. Lo anterior por cuanto, es sabido
que, a diferencia de lo que ocurre frente a otro tipo de hechos punibles, los
actos consumativos de un delito como el cohecho, que son instantáneos, pues
aquél no puede ser objeto de tentativa, en la generalidad de los casos suelen
suceder de manera oculta y clandestina, sin presencia de testigos directos, más
allá de quienes concluyen el acuerdo delictuoso para que el servidor público
concernido actúe alterando su línea de conducta originalmente prevista. Por
esta razón, rara vez podría obtenerse una prueba directa de tal acuerdo y sus
detalles esenciales, ante lo cual resulta válido acudir a los medios de prueba
indirectos, como son, por ejemplo, los indicios[38], los que, a su vez,
tendrán mayor valor probatorio en cuanto aparezcan respaldados por testimonios
coherentes, atinentes a hechos aledaños al investigado, puesto que, según lo
explicado, éste no suele poder ser validado directamente.
Naturalmente, este razonamiento
no implica sugerir, ni menos afirmar, que en estos casos resulte procedente
condenar sin la existencia de prueba suficiente, ni tampoco aceptar que se
abandone la aplicación de principios cardinales como la presunción de inocencia
o el in dubio pro reo. Se trata, apenas, de una prevención frente a
posibles planteamientos según los cuales, solo mediante prueba directa es
admisible tener por demostrados estos hechos, pues una postura extremadamente
exigente en este sentido, sin duda, conduciría a la imposibilidad de sancionar
ese tipo de situaciones, que de tiempo atrás han sido definidas por el
legislador como gravemente reprobables, y por lo mismo punibles.
De igual manera, ha de tenerse en
cuenta que la posible referencia a los actos que constituirían cumplimiento de
los ofrecimientos hechos, en los que ciertamente no participó el actor, no se
mencionan en cuanto prueba directa del hecho punible que se le imputa, pues,
como es bien sabido, éste se consuma por el solo acto de dar u ofrecer,
independientemente de que, en el segundo caso, tales compromisos sean luego
honrados o no. Empero, no es menos cierto, y así lo entiende la Sala, que la
ocurrencia de los actos que podrían catalogarse como de eventual ejecución de
lo prometido, pueden, dependiendo de las circunstancias, reforzar la convicción
de que, en efecto, tales decisiones favorables estuvieron precedidas de su
ofrecimiento a quien finalmente resulta beneficiario de ellas, especialmente
cuando, después de ello, tal persona altera su línea de conducta, sin ninguna
otra explicación aparente.
Ahora bien, del examen cuidadoso
de la sentencia atacada, la Corte considera que en el presente caso, la Sala
accionada realizó un análisis correcto y adecuado del acervo probatorio
disponible. En primer término, la Sala de Casación Penal justificó, en cada
caso, su negativa a admitir las pruebas cuyo no decreto aún reclama el actor,
decisiones que sin duda caben dentro del ámbito de libertad probatoria del que
goza el juez penal, quien no está obligado a admitir todas las pruebas
solicitadas por los sujetos procesales, aunque sí a explicar su decisión
contraria, lo que en este caso cumplió a cabalidad. Y de otro lado, porque no
es menos cierto, que la mayor parte de las personas cuyo testimonio se solicitó
por la defensa y fue negado por la Corte Suprema, habían ya declarado con
anterioridad, bien directamente dentro de este proceso, muchos de ellos durante
la fase de investigación ante la Fiscalía General de la Nación, bien en otras
actuaciones relacionadas[39],
cuyos medios de prueba fueron válida y legalmente incorporados a este proceso,
mediante el mecanismo de prueba trasladada. Así las cosas, esta circunstancia
respalda también la conclusión a la que, en varios casos, llegó la Sala
accionada, al considerar que algunas de las pruebas solicitadas por la defensa
del actor resultaban redundantes, innecesarias o inconducentes.
De otra parte, la Sala estima
infundada la alegación según la cual no se aplicó en este caso el principio
in dubio pro reo, pues en realidad no existieron tales dudas, ya que la
apreciación conjunta de las pruebas disponibles, conforme a las reglas de la
sana crítica, condujo a una conclusión positiva, en grado de certeza, sobre la
responsabilidad del acusado frente al delito de cohecho por dar u ofrecer, que
en su momento se le imputó. Así las cosas, tampoco es cierto que no hubiera
sido correctamente desvirtuada la presunción de inocencia, pues, por el
contrario, tal determinación encuentra adecuado sustento en la presencia de los
elementos probatorios disponibles y en el juicioso análisis que, en lícito
ejercicio de su autonomía, hizo la Sala accionada.
A partir de lo anterior, concluye
la Sala que no existió en este caso situación alguna constitutiva de defecto
fáctico, como lo alegó el actor, pues las circunstancias que se pretende
presentar bajo este criterio, no configuran en realidad error alguno, sino por
el contrario, son resultado del válido ejercicio de la autonomía judicial, una
de cuyas principales manifestaciones es la libertad, siempre razonada, de apreciación
probatoria. Para la Corte, la forma en que la Sala accionada condujo y concluyó
la apreciación de las pruebas arrimadas al proceso no presenta ninguna
connotación negativa, de arbitrariedad o irrazonabilidad, que desborde el
alcance de sus facultades, menos una con las características de ostensible, flagrante y manifiesta, y con repercusión sustancial
sobre el sentido de la decisión judicial, como, según se indicó, lo exige la jurisprudencia
constitucional.
Como consecuencia de estas
reflexiones, tampoco aparece probado este defecto, razón por la cual, no tiene
vocación de prosperidad la tutela impetrada.
8.
Conclusión
Analizados
en su totalidad los planteamientos contenidos en la demanda de tutela, en
particular los posibles defectos que ameritarían invalidar la sentencia de
condena dictada el 15 de abril de 2015 por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia en contra del actor Alberto Velásquez Echeverri, la
Sala Plena encontró que los defectos aducidos por éste resultan infundados.
Con
respecto a la presunta falta de motivación de la sentencia atacada, la Sala
Plena encontró que la corporación accionada cumplió satisfactoriamente con su
deber de exponer las razones que le permitieron arribar a las conclusiones que
sustentaron su decisión. La Corte observó que la referida sentencia contiene
una explicación detallada y suficiente del análisis probatorio que soportó su
determinación, y en general, de las razones a partir de las cuales la Sala de
Casación Penal encontró al actor responsable del delito de cohecho por dar u
ofrecer, a propósito de algunos ofrecimientos hechos a una congresista en junio
de 2004, al tiempo que descartó su participación frente a otros aspectos
relacionados con los mismos hechos. También constató, que no existieron en este
caso situaciones de duda irresoluble, que hubieran debido llevar a la
aplicación del principio in dubio pro reo, pues muy por el contrario, la
responsabilidad del actor en los hechos investigados, fue adecuadamente
esclarecida.
De
igual manera, concluyó la Corte que no se presentaron en este caso situaciones
constitutivas de defecto fáctico, pues la valoración de las pruebas realizada
por la Sala accionada no se revela arbitraria, irracional o carente de
sustento, sino por el contrario, plausible y coherente, y se efectuó dentro del
marco legítimo de la autonomía judicial, razón por la cual, no existe
fundamento para dejar sin efectos la sentencia cuestionada por vía de tutela,
como lo pidió el tutelante.
En
consecuencia, esta Sala Plena confirmará la decisión de instancia adoptada por
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de
denegar el amparo solicitado.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y
por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- LEVANTAR la
suspensión de términos ordenada dentro de este proceso mediante auto de junio 9
de 2016.
SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia única de instancia dictada por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 11 de noviembre de 2015, en
el sentido de DENEGAR la tutela solicitada por Alberto Velásquez
Echeverri contra la Sala de Casación Penal de la misma corporación
TERCERO.- Por Secretaría,
líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Presidente
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ      ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Magistrado
Con salvamento de voto
Con
salvamento de voto
GABRIEL E. MENDOZA MARTELO          JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO     AQUILES IGNACIO ARRIETA GÓMEZ
Magistrada                                                     Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS                    LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Magistrado
Impedimento aceptado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE
VOTO DEL MAGISTRADO
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
A LA SENTENCIA SU489/16
SISTEMA DE
INVESTIGACION Y JUZGAMIENTO DE MIEMBROS DEL CONGRESO, MINISTROS DE DESPACHO Y
DIRECTORES DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (Salvamento de voto)
CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA-Competencia para juzgar a altos funcionarios del
Estado (Salvamento de voto)
CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA-Investigación y juzgamiento de miembros del Congreso (Salvamento de voto)
DELITO DE
COHECHO-Modalidades del delito/DELITO DE COHECHO-Carácter bilateral (Salvamento de voto)
La estructura del
tipo penal de cohecho, en sus distintas modalidades, se caracteriza, en
principio, por la bilateralidad en la comisión de la conducta, en tanto son al
menos dos personas las que participan en la realización del delito. De una
parte, quien entrega la dadiva o hace la promesa y, de otra, el servidor
público que la recibe o acepta, con el fin de generar un beneficio para sí o
para un tercero, ya sea mediante la ejecución de un acto o la omisión de uno
propio de su cargo o de un acto contrario los deberes legales (cohecho propio), o uno en
desempeño de sus funciones (cohecho impropio). Así mismo, se
sanciona a quien dé u ofrezca dinero u otro beneficio al servidor público para
que incurra en cualquiera de las conductas descritas.
PRINCIPIO DE
UNIDAD PROCESAL-Alcance (Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE
UNIDAD PROCESAL EN EL PROCESO PENAL CONTRA AFORADOS CONSTITUCIONALES-Especial
relevancia cuando se investiga y juzga comisión del delito de cohecho
(Salvamento de voto)
JUZGAMIENTO
DE MINISTROS Y DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS-Competencia de la Fiscalía General de la Nación
(Salvamento de voto)
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Se debió incorporar en la sentencia
un análisis sobre el alcance del derecho a impugnar fallos condenatorios (Salvamento de voto)
En el asunto bajo análisis, no
fue posible que el actor ejerciera su derecho a impugnar la sentencia
condenatoria, debido a que en el diseño del proceso penal aplicable a aforados
constitucionales, el Legislador no consagró un recurso judicial que facultara
al condenando para atacar el fallo incriminatorio que se dictara en su contra.
Referencia:
Expediente
T-5.329.328
Accionante:
Alberto
Velásquez Echeverri
Accionado:
Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Con profundo
respeto por las decisiones adoptadas por la mayoría, he decidido salvar el voto
frente a la sentencia de unificación SU-489 de 2016 aprobada por la Sala Plena
de esta Corporación, en sesión del trece (13) de septiembre de dos mil
dieciséis (2016), por las razones que a continuación expongo:
1.   A diferencia de
la decisión adoptada por la mayoría, considero que la forma en la que se
adelantó el proceso penal en contra del accionante pone de presente un problema
de relevancia constitucional que requería ser abordado por esta Corte desde
otra perspectiva. En efecto, el caso concreto evidencia que el actual diseño y
estructura del sistema de investigación y juzgamiento de aforados
-específicamente de los miembros del Congreso, Ministros de despacho y los
directores de departamento administrativo- no permite, al menos prima facie, que la Sala de
Casación Penal decrete el trámite conjunto de los procesos relacionados con la
posible comisión de los delitos de cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer,
lo cual tiene un impacto directo no solo en los derechos fundamentales al
debido proceso y a la defensa del procesado, sino también en el principio de
imparcialidad objetiva.
2.   Con el objetivo
de plantear las razones de mi desacuerdo (i) caracterizaré brevemente el
sistema de investigación y juzgamiento de los miembros del Congreso, de los
Ministros de despacho y de los directores de departamento administrativo. Seguidamente (ii)
aludiré a la naturaleza del delito que fue objeto de investigación y
juzgamiento por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia y su relación con la
figura de la unidad procesal. Finalmente (iii) me ocuparé del examen del
presente caso con el objeto de evidenciar su relevancia constitucional.
I.
Sistema de investigación y juzgamiento de los miembros
del Congreso, de los ministros de despacho y de los directores de departamento
administrativo
3.   La jurisprudencia
de esta Corte ha señalado que el fuero reconocido por la Constitución a ciertos
servidores públicos caracteriza al Estado Democrático, en tanto no solo busca
preservar la autonomía y la independencia de aquellos amparados por el mismo,
sino que también garantiza la dignidad del cargo y de las instituciones en las
que laboran, a fin de que se optimice el desarrollo de sus funciones[40].
4.   El numeral 3o
del artículo 235 de la Constitución Política establece que la Corte Suprema de
Justicia es la encargada de investigar y juzgar a los miembros del
Congreso. De esta manera, por expresa disposición constitucional
se reconoce un fuero especial en cabeza de los altos dignatarios de la rama
legislativa, que implica el trámite de un proceso sometido a reglas particulares
y, en la actualidad, disciplinado por la Ley 600 de 2000[41]. Conforme al
artículo 75 de dicha ley, las etapas de investigación y juzgamiento de los
procesos penales que se adelantan en contra de tales funcionarios, deben
tramitarse por parte del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, mediante
un procedimiento de única instancia[42].
5.   El numeral 4o
del precepto constitucional anotado[43],
dispone que la Corte Suprema de Justicia tiene la competencia para juzgar, previa acusación
del Fiscal General de la Nación, del Vícefiscal o de sus delegados, a los
Ministros de despacho y a los directores de departamento administrativo.
El régimen
jurídico aplicable a dichos aforados será la Ley 600 de 2000 o la Ley 906 de
2004[44],
dependiendo de la fecha en que ocurrió el hecho punible. Esto, de acuerdo con
el artículo 533 de la Ley 906 de 2004, en el que se establece que los delitos
cometidos con posterioridad al 1o
de enero del año 2005 se regirán por esta normatividad y que los procesos
penales que se adelanten en contra de los miembros del Congreso, se regirán por
lo dispuesto en la Ley 600 de 2000.
Conforme a lo
expuesto, coexisten dos sistemas penales cuya aplicación depende de un factor temporal, por la fecha en
que se cometa la conducta punible, y de uno subjetivo, en razón a la
calidad que ostente el sujeto destinario de la acción penal. En efecto, por un
lado, se encuentra el proceso penal de tendencia inquisitiva al cual se someten
los miembros del Congreso, y por otro, el sistema penal de tendencia acusatoria
que se aplica tanto a los no aforados como a los que gozan de fuero especial
constitucional, cuando el delito se hubiere cometido con posterioridad al 1o de enero del año 2005. Vale
precisar  que, si el hecho punible se cometió antes de la fecha indicada, será
la Ley 600 de 2000 la que regule el trámite que se le va imprimir procesalmente
a la causa penal.
6.  Al regular la
jurisdicción y la competencia en materia de investigación y
juzgamiento de los miembros del Congreso, la Ley 600 de
2000 desarrolla el mandato constitucional consagrado en el artículo 235.3
Superior. En el artículo 26 establece que el Estado es titular de la acción
penal y que la Corte Suprema de Justicia es la responsable de investigar y
juzgar en los casos contemplados en la Carta a los Representantes a la Cámara y
a los Senadores; en el artículo 74 dispone que la Sala Penal del máximo
tribunal de la jurisdicción ordinaria ejerce funciones de instrucción en
aquellas situaciones descritas en la Constitución; y en el artículo 75 señala
que será competente para adelantar las etapas de investigación y juzgamiento de
los miembros del Congreso. Cabe anotar que, de acuerdo con la jurisprudencia de
la Sala de Casación Penal[45],
el fuero de los congresistas se mantiene aunque se haya apartado del cargo,
siempre y cuando la infracción penal guarde relación con la función que
desempeñaba el congresista.
7.  Por otro lado, en
el sistema de investigación y juzgamiento previsto en la Ley 600 de 2000 para
sancionar las conductas punibles que hayan sido cometidas antes del 1o de enero de 2005 por los
ministros de despacho y los directores de departamento administrativo -a
diferencia de lo que ocurre en los procesos penales seguidos en contra de los
miembros del Congreso- no se concentra el ejercicio de la acción penal en una sola
autoridad, sino que se distribuye entre la Fiscalía General de la Nación,
responsable de adelantar las etapas de investigación e instrucción (art. 74,
Ley 600 de 2000), y la Corte Suprema de Justicia, encargada del juzgamiento
(núm. 4o del artículo 235 de la Carta, artículos 26 y núm. 6 del
artículo 75 de la Ley 600 de 2000).
En efecto, el
Estatuto Procesal Penal del año 2000, refiere en el numeral 1o del artículo 115 que una de
las atribuciones del Fiscal General de la Nación, así como del Vicefiscal y sus
delegados ante la Corte Suprema de Justicia (núm. 4o, art. 235 CP.),
es investigar, calificar y acusar a los altos funcionarios que gocen de fuero
constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución. Por ello, el
Fiscal o sus delegados, en la etapa de investigación, tienen a su cargo la
dirigir y coordinar las funciones de policía judicial (art. 311), recibir la
versión del imputado (art.324), decretar la suspensión de la investigación
(art.326), expedir resolución inhibitoria (art.327) y revocar la misma
(art.328), además serán los responsables de dar apertura a la etapa de
instrucción. De este modo, por expresa disposición legal, la función de
juzgamiento en las actuaciones seguidas contra los altos dignatarios de la rama
ejecutiva, específicamente, ministros de despacho y directores de departamento
administrativo, queda asignada de manera exclusiva a la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia (art. 73, Ley 600 de 2000).
II.  Naturaleza
jurídica del tipo penal de cohecho y los problemas que se derivan de su
configuración
8.
De acuerdo con la Constitución, el Estado debe
desarrollar sus funciones con fundamento en los principios de eficiencia,
eficacia y moralidad administrativa, a fin de garantizar la prestación de un
óptimo servicio y legitimar sus actuaciones frente a la sociedad (art. 209 CP.)
Con el propósito de materializar dicho mandato y combatir la corrupción, el
legislador ha creado tipos penales, como el cohecho, para sancionar con rigor
las conductas que atenían contra la correcta administración pública[46].
9.
El Código Penal vigente (Ley 599 de 2000), en su
título XV, capítulo tercero, entre los artículos 405 a 407, establece las
distintas modalidades bajo las cuales se puede configurar el delito de cohecho,
a saber:
"Artículo
405. Cohecho propio. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El servidor
público que reciba para sí o para otro, dinero u otra
utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o
indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para
ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá (...)
Artículo 406.
Cohecho impropio. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El servidor
público que acepte para sí o para otro, dinero u otra
utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba
ejecutar en el desempeño de sus funciones, incurrirá (...)
El servidor público que reciba dinero u otra utilidad
de persona que tenga interés en asunto sometido a su conocimiento, incurrirá
(...)
Artículo 407.
Cohecho por dar u ofrecer. El que dé u ofrezca dinero u otra
utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos artículos
anteriores, incurrirá (...)" (Negrillas fuera del texto original)
10.
Acerca de esta conducta punible, la Sala de Casación
Penal, en sentencia de única instancia del 6 de mayo de 2009[47], señaló:
"En términos
generales, sobre las diferentes modalidades del delito de cohecho, en tanto que
corresponde a una de las especies de atentados a la administración pública, la
jurisprudencia de la Sala ha sostenido reiterada y pacíficamente que la
tipificación de las diferentes especies de cohecho protegen el bien jurídico de
la administración pública con todos los valores que la integran, "esto es,
el normal desenvolvimiento de las funciones estatales, el prestigio, la fidelidad,
el decoro, los deberes y la disciplina que cada cargo público entraña",
pues todos ellos son indicativos de la "irreprochabilidad e
insospechabilidad" que debe caracterizar la actuación de los servidores
públicos".
11.
La estructura del tipo penal de cohecho, en sus
distintas modalidades, se caracteriza, en principio, por la bilateralidad en la
comisión de la conducta, en tanto son al menos dos personas las que participan
en la realización del delito. De una parte, quien entrega la dadiva o hace la
promesa y, de otra, el servidor público que la recibe o acepta, con el fin de
generar un beneficio para sí o para un tercero, ya sea mediante la ejecución de
un acto o la omisión de uno propio de su cargo o de un acto contrario los
deberes legales (cohecho propio), o uno en
desempeño de sus funciones (cohecho impropio). Así mismo, se
sanciona a quien dé u ofrezca dinero u otro beneficio al servidor público para
que incurra en cualquiera de las conductas descritas.
12.
No obstante, cabe resaltar que el carácter bilateral
del delito de cohecho, se puede desvanecer cuando solo uno de los sujetos
participantes comete la conducta, tal y como ocurre en el evento en el que un
sujeto ofrece dinero o utilidad a un servidor público para que se abstenga de
cumplir con los deberes propios de su cargo, pero aquel rechaza el ofrecimiento
y denuncia el delito, situación que ocurriría, por ejemplo, si una persona
ofrece dinero a un funcionario de un ente de control para que no inicie una
investigación en su contra, pero este último se niega a aceptar la oferta[48].
13.
La ley penal sanciona no solo al servidor público que
abusó de su cargo y funciones encomendadas para provecho personal o de un
tercero, sino también a quien busca corromper al primero, mediante la entrega u
ofrecimiento de recursos económicos o de otros servicios (cohecho por dar
u ofrecer). Cabe anotar que, en este último caso (i) el sujeto
activo del tipo penal es indeterminado en tanto no exige una condición
calificada a quien despliega la conducta (cualquier persona) y (ii) los verbos
rectores consisten en dar u ofrecer, de tal manera, que basta que el sujeto
entregue o haga la promesa al destinario encargado de la función pública. En
esa dirección, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que u[e]structuralmente,
[el
cohecho por dar u ofrecer] es un tipo de sujeto activo
indeterminado, y conducta compuesta alternativa, integrada por dos verbos: dar
y ofrecer. Cuando se realiza la primera conducta (dar) existirá bilateralidad
típica, puesto que ambos (particular y servidor público) habrán cometido el
delito de cohecho, el primero en la modalidad de activo, y el segundo en la
modalidad de pasivo. Cuando se realiza la segunda conducta (ofrecer), existirá
bilateralidad si la propuesta es aceptada por el servidor público. Si es
desechada, solo cometerá delito de cohecho el particular, en la modalidad de
activo "[49].
14.
La configuración normativa del tipo penal bajo
estudio, pone de presente una problemática que no escapa a la competencia de
esta Corte, relativa al grado de complejidad que supone el recaudo y el análisis
probatorio que corresponde adelantar al juez para declarar penalmente
responsables a los sujetos sindicados. En efecto, por regla general, el
escenario oculto en el que tiene lugar la conducta, la exclusiva participación
de los extremos involucrados -quien da u ofrece y quien acepta o recibe-, la
manera subrepticia en que se hace el acuerdo ilícito para obtener un beneficio
a costas de la moralidad de la función pública, entre otros factores,
demuestran la existencia de un problema de orden probatorio. Así, primero,
resulta improbable obtener pruebas directas para demostrar la responsabilidad
penal de los implicados, teniendo que recurrir el juez a otros medios de prueba
para resolver el asunto y, segundo, la participación de las personas sindicadas
en la comisión de dicho delito es calificada a partir de elementos probatorios
comunes.
15.     Conforme
a lo anterior en numerosos casos resulta necesario que las diferentes
actuaciones judiciales se adelanten en un mismo trámite, acudiendo para el
efecto, a la denominada unidad procesal. Ello garantiza no solo la eficiencia
de la administración de justicia sino también el derecho de defensa.
III.
La unidad procesal en el proceso penal contra aforados
constitucionales y su especial relevancia cuando se investiga y juzga la
comisión del delito de cohecho
16.   La unidad
procesal ha sido definida por la Corte como una garantía de los procesados
en virtud de la cual es posible que se adelante una sola actuación, cuando se
realiza una conducta punible por diferentes autores o participes o en el evento
que se cometan varios delitos conexos por una o varias personas. Se entiende
como una garantía procesal, en la medida que (i) materializa principios
constitucionales como la economía procesal (art. 209 CP), al no permitir que se
adelanten varias actuaciones cuando existen vínculos entre ellas y (ii) permite
el ejercicio del derecho a la defensa y contradicción, en tanto la
concentración de los procesos, cuando resulta procedente, evita que el
procesado deba acudir mediante apoderado, ante diferentes autoridades y en
distintos momentos, a defenderse de los mismos hechos[50].
17.   En materia de
oportunidad, la unidad procesal se puede presentar desde el inicio de la labor
investigativa en aplicación de las categorías de la autoría y la participación
(pluralidad de sujetos en la comisión de uno o varios delitos) o en razón de la
conexidad entre los hechos punibles. En este último evento, la jurisprudencia
ha señalado que la conexidad será sustancial o material cuando existe un
vínculo común entre los delitos cometidos[51], o formal o procedimental cuando el
juez resuelva unificar los procesos por razones prácticas, de economía
procesal, conveniencia en la investigación[52] y comunidad del medio probatorio.
18. La Sala de
Casación Penal ha señalado, apoyándose en el principio unidad de prueba, que
resulta necesario decretar la conexidad procesal en aquellos casos en los que
existen elementos de prueba comunes a diferentes actuaciones. Al respecto ha
indicado que "de manera general en los casos de concurso y
participación, la misma prueba que sirve para demostrar el cuerpo de uno de los
delitos, puede servir de base para los otros y así también, el medio de
convicción que sirve para demostrar la autoría o responsabilidad respecto de
uno de los partícipes, puede servir para probar la de los demás copartícipes (...)[53]. Tal
consideración encuentra fundamento no sólo en el principio procesal de acuerdo
con el cual los medios probatorios aportados por las partes son del proceso y
no de quien las aportó, sino también en el que impone que la actuación procesal
se desarrolle teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de los
sujetos procesales, en particular el de defensa. Igualmente se apoya en la
necesidad de lograr la eficacia de la administración de justicia (art. 9o,
Ley 600 de 2000).
19.    La Ley 600 de
2000 en su artículo 89 establece que por cada conducta punible se adelantará
una sola actuación procesal, cualquiera que sea el número de autores o
partícipes, salvo las excepciones constitucionales o legales. Sobre el
particular, el numeral 1o
del artículo 92 del cuerpo normativo precitado, prescribe que no habrá unidad
procesal cuando en la comisión de la conducta punible intervenga una persona para cuyo
juzgamiento exista fuero constitucional o legal que implique cambio de
competencia o que esté atribuido a una jurisdicción especial. En esa dirección,
debido a que la investigación se encuentra radicada en órganos diferentes, no
procede decretar la unidad procesal de las actuaciones judiciales seguidas en
contra de los miembros del Congreso con las adelantadas en contra de los
ministros de despacho y directores de departamento administrativo.
Con todo lo hasta
aquí expuesto, se colige que dadas las diferencias que existen entre las
autoridades encargadas de investigar y acusar a los congresistas y a los ministros
de despacho y directores de departamentos administrativos, pues en el caso de
los primeros ello le corresponde a la Corte Suprema de Justicia y en el de los
segundos a la Fiscalía General de la Nación, la Sala de Casación Penal no
estaría facultada para decretar la unidad procesal en situaciones donde, a
pesar de tratarse de un solo delito o de delitos conexos, y de existir
comunidad probatoria, participan los funcionarios antes referidos.
20.   La imposibilidad
de decretar la unidad procesal cuando se trata de delitos conexos cometidos por
aforados constitucionales, impide que aquellos puedan participar en procesos
penales en los que, a pesar de que no son los directamente investigados, se
toman decisiones acerca de las imputaciones que se realizan en su contra. Ello
tiene como resultado que, a diferencia de lo que ocurre en investigaciones
adelantadas contra no aforados, se limite la posibilidad de defensa de los
presuntos autores o participes de la comisión de delitos conexos, cobijados con
fuero constitucional, en tanto no podrían, en el proceso correspondiente (i)
ser escuchados de inmediato en versión libre[54], (ii) controvertir los elementos
probatorios aportados o la confesión que los perjudica, (iii) impugnar las
providencias que se adopten en ese trámite judicial, (iv) solicitar la práctica
de pruebas, (v) allegar medios probatorios que demuestren su inocencia, (vi)
alegar que los hechos no ocurrieron, (vii) alegar que los hechos no son
típicos, o (viii) alegar que los hechos no son antijurídicos. Incluso, dado que
por expresa disposición legal no es factible decretar la unidad procesal en
estos procesos especiales, aquellos no tendrían a su alcance ningún recurso
judicial ordinario para impugnar la providencia que niega el trámite conjunto
de las investigaciones[55].
IV.   Caso concreto
21.  En el caso sub judice, (i) el diseño del
sistema de investigación y juzgamiento previsto en la Ley 600 de 2000, para los
aforados que fueron condenados por la Sala de Casación Penal (congresista,
ministro de despacho y director de departamento administrativo), (ii) los
problemas de orden probatorio que suscita la configuración del tipo penal de
cohecho y (iii) la actuación que frente a dicha situación desplegó la Sala de
Casación Penal, son factores que en conjunto afectaron los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la contradicción del
accionante. Igualmente tuvieron un impacto en el principio de imparcialidad
objetiva que rige la actividad jurisdiccional.
22.       Como fue señalado
con antelación, el sistema penal de tendencia inquisitiva previsto en la Ley
600 de 2000, así como el proceso penal acusatorio regulado por la Ley 906 de
2004, disponen que no es posible la unidad procesal "cuando en
la comisión de la conducta punible intervenga una persona para cuyo juzgamiento
exista fuero constitucional o legal que implique cambio de competencia o que
esté atribuido a una jurisdicción especiar[56],
lo
que impide que se trámite de manera conjunta (i) la actuación seguida en contra
de un aforado y de un particular así como (ii) los procesos que se siguen
cuando el Estado ejerce la acción penal contra dos o más sujetos que, a pesar
de gozar de fuero constitucional, se encuentran sometidos a procedimientos
diferentes. Ello ocurre por ejemplo en el caso de las actuaciones seguidas en
contra de los miembros del Congreso, de una parte, y de los ministros del
despacho o directores de departamentos administrativos, de otra. En este evento
ambos son aforados, pero la función de investigación corresponde a órganos
diferentes: en el caso de los congresistas a la Corte Suprema de Justicia,
mientras que en el caso de ministros y directores a la Fiscalía General de la
Nación. De ahí que, en el asunto bajo estudio, la Sala de Casación Penal no
considerara vincular al actor, ni a los otros aforados condenados, al proceso
seguido contra la ex congresista.
23.
A mi juicio, las circunstancias que rodearon las
conductas investigadas y juzgadas en el caso analizado, evidencian que la
imposibilidad de decretar la unidad procesal en casos en los cuales se
investiga y juzga a personas protegidas por fuero constitucional, deriva en
problemas complejos que comprometen las garantías del aforado sometido a juicio,
tal y como pasa a explicarse.
23.1.   A partir de los
fundamentos Tácticos expuestos en la demanda de tutela, se observa que los
hechos punibles que dieron lugar a la condena anticipada de la ex congresista y
a la condena del accionante, guardaban una relación inescindible en virtud de
la cual era necesario tomar medidas a fin de que el accionante pudiera ejercer
realmente el derecho de defensa.
En efecto, en el
proceso penal seguido en contra de la ex congresista por el delito de cohecho
propio se debatieron circunstancias que se relacionaban directamente con el
accionante a tal punto que no solo se dio por probado (i) que los hechos
ocurrieron, (ii) que eran típicos, (iii) que eran antijurídicos, (iv) que
aquella participó dolosamente en los mismos, sino que además, en el curso de
dicha actuación, (iv) se hizo expresa referencia a las circunstancias en que el
Ministro de despacho y el Director de departamento administrativo habrían
cometido el delito de cohecho por dar u ofrecer. Tal circunstancia demuestra
que el derecho fundamental a la defensa técnica y material se vio seriamente
afectado, en la medida que difícilmente la Sala de Casación Penal se iba apartar,
en el proceso seguido en su contra, de las decisiones que hicieron tránsito a
cosa juzgada en la actuación adelantada respecto de la ex congresista. Ello,
también causó una afectación al principio de presunción de inocencia, como
garantía integrante del derecho al debido proceso, en tanto se definieron
aspectos relacionados con la culpabilidad del accionante en un proceso penal
distinto al que culminó con su sentencia condenatoria, sin que le fuera dada la
oportunidad de controvertir lo que en ese trámite resolvió la Sala de Casación
Penal.
23.2.   En relación con
lo anterior, es claro que las circunstancias que rodearon la comisión del
delito de cohecho ponen de presente la existencia de una comunidad de medios
probatorios que, prima facie, justificaba la adopción de medidas
adecuadas para salvaguardar las garantías de los procesados. Así, en los
trámites judiciales seguidos, por separado, contra la ex congresista y los
funcionarios de la rama ejecutiva, finalmente condenados por el delito de
cohecho, el material probatorio que sirvió para demostrar la configuración de
uno de los delitos (cohecho propio), también servía de base para el otro
(cohecho por dar u ofrecer). A pesar de ello, no se dio la oportunidad al
accionante de controvertir las pruebas que fueron practicadas en el proceso
seguido contra la ex congresista y que finalmente incidieron en su juicio,
tales como la declaración que aquella rindió en el sentido de señalar al actor
como responsable de la comisión del punible por el cual fue condenado. En
adición a lo señalado, los medios de convicción que sirvieron para demostrar la
autoría respecto a uno de los partícipes en la comisión de uno de los delitos,
también servía para probar la responsabilidad o coautoría de los demás participes
en la otra conducta delictiva.
23.3.    Si bien es cierto
las normas en las que se fundamenta el sistema de investigación y juzgamiento
aplicado en la situación bajo estudio (Ley 600 de 2000), prevén de manera
expresa que no es factible que opere la unidad procesal en razón al fuero
constitucional previsto para los procesados, también lo es que la Sala de
Casación Penal como máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria y en calidad
de directora del proceso penal, en ejercicio de la autonomía e independencia
judicial reconocidas en el artículo 228[57] y con fundamento en el artículo 4 de
la Carta[58],
tenía la potestad para adoptar las medidas que fueran adecuadas a fin de
garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la defensa y contradicción de
los procesados.
23.4.    Puede afirmarse
también, por regla general, que la imposibilidad de decretar la unidad procesal
no presenta problema cuando se investigan delitos conexos cometidos entre un
particular y un congresista, en tanto las autoridades encargadas de investigar
y juzgar son diferentes. Ello supone que el debate probatorio y jurídico se
lleva a cabo en escenarios diferenciados y las autoridades gozan de autonomía
para adelantar las valoraciones del caso y adoptar las decisiones que correspondan.
Ahora bien, como
ha quedado expuesto, en el caso analizado en esta oportunidad dicha
imposibilidad plantea tensiones con el derecho a la defensa, en la medida en
que las conductas punibles eran conexas y se imputaban a sujetos que en virtud
de su fuero eran investigados por autoridades diferentes, pero juzgados por la
misma. Ello sin considerar que, al final, la decisión adoptada en un proceso
era determinante para la que se proferiría en el otro; circunstancia adicional
que demuestra la necesidad de que el accionante participara en el proceso que
antecedió al suyo, lo cual no ocurrió por la imposibilidad establecida en la
ley de adelantar de manera conjunta los procesos penales que se adelantan
contra aforados constitucionales. De esta manera, el actor tampoco tuvo la
posibilidad de impugnar las providencias que se adoptaron en el trámite
judicial seguido contra la ex congresista, a pesar de que en las mismas se
definieron hechos relacionados directamente con su situación jurídica. Este
hecho no podía pasar inadvertido.
24. En síntesis
(i) la imposibilidad de que el actor participara en el proceso penal de la ex
congresista, (ii) el hecho de que en este último se definieran situaciones que
lo involucraban y (iii) la existencia de una comunidad de medios probatorios en
ambos procesos, comprometió los derechos fundamentales al debido proceso y a la
defensa. Adicionalmente, desconoció el principio de la imparcialidad objetiva,
entendido este como la garantía de que el juez de conocimiento no haya tenido
contacto anterior con el asunto a decidir, de modo tal que ninguna
consideración o convicción a la que haya arribado en una actuación judicial
previa, se imponga en la decisión que debe adoptar[59].
25. Finalmente,
considero conveniente anotar que, en atención a que el derecho a impugnar
fallos condenatorios es un asunto de notable relevancia constitucional (art.
29, CP.), era necesario que la Corte incorporara en la sentencia un análisis
sobre el alcance de dicho derecho, así como, la aplicación al caso concreto del
precedente establecido en la sentencia C-792 de 2014. Esto, debido a que, en el
asunto bajo análisis, no fue posible que el actor ejerciera su derecho a
impugnar la sentencia condenatoria, debido a que en el diseño del proceso penal
aplicable a aforados constitucionales, el Legislador no consagró un recurso
judicial que facultara al condenando para atacar el fallo incriminatorio que se
dictara en su contra.
En razón a las
anteriores consideraciones, salvo mi voto en la decisión adoptada por la Sala
Plena.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
[1]
Las razones de estas insistencias se precisan en el aparte de Consideraciones
de la Corte, punto III, 2
[2]
Se trata de los Magistrados Julio Enrique Socha Salamanca, Javier de Jesús
Zapata Ortiz, José Leonidas Bustos Martínez y María del Rosario González Muñoz.
[3]
Se refiere al Magistrado Luis Guillermo Salazar Otero.
[4]
Entre los cuales mencionó la tutela que en su momento interpuso contra una de
las decisiones adoptadas por el Fiscal 6° Delegado ante la Corte Suprema de
Justicia, la cual fue denegada tanto en sus dos instancias, como por esta
corporación, que seleccionó el caso y lo falló mediante sentencia T-113 de 2013
(M. P. Luis Ernesto Vargas).
[5]
Sobre esta situación, el tutelante invocó jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos.
[6]
Se trata del ya indicado ponente José Luis Barceló Camacho, y de los
Magistrados Fernando Alberto Castro Caballero y Luis Guillermo Salazar Otero.
[7]
Se trata del ya referido William Monroy Victoria y de los conjueces Luis
Bernardo Alzate Gómez, Abel Darío González Salazar, Julio Andrés Sanpedro Arrubla
y Luis Gonzalo Velásquez Posada.
[8]
Se refiere a los entonces ministros del Interior y de Justicia y de Protección
Social y Director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Alberto
Velásquez Echeverri, quienes en esta providencia se han denominado
conjuntamente los tres procesados.
[9]
Sin embargo, al día siguiente, y sin dar ninguna razón particular para ello, el
mismo abogado se dirigió por escrito a la Sala de Casación Civil para expresar
que retiraba su solicitud de acumular estas acciones de tutela.
[10] Sentencia T-008 de 1998.
[11] Ver al respecto, entre otras, las sentencias T-949 de
2003 y T-774 de 2004.
[12]
“Sentencia T-173 de 1993.”
[13]
“Sentencia T-504 de 2000.”
[14] “Ver entre otras la
reciente Sentencia T-315/05”
[15] “Sentencias
T-008/98 y SU-159/2000”
[16] “Sentencia T-658-98”
[17] “Sentencias T-088-99 y SU-1219-01”
[18] “Sentencia T-522/01.”
[19] “Sentencias
T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y  T-1031/01.”
[20] Ver las causales contenidas en el
artículo 220 de la Ley 600 de 2000, estatuto aplicable a los trámites de
investigación y juzgamiento de los miembros del Congreso de la República ante
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ninguna de las
cuales permitiría la impugnación de una sentencia afectada por los defectos
alegados por el actor en tutela.
[21] Ver el artículo 161 del
texto original de la Constitución de 1886, luego recodificado como artículo 163
en el texto que estuvo vigente hasta 1991, conforme al cual “Toda sentencia
deberá ser motivada”.
[22] Ver además, entre muchas
otras, las sentencias T-1015 de 2010 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-346
de 2012 (M. P. Adriana María Guillén Arango), SU-424 de 2012 (M. P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo) y SU-770 de 2014 (M. P. Mauricio González Cuervo).
[23] Cfr. sentencia SU-159 de 2002 (M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa), ampliamente reiterada, entre otras ocasiones, por el fallo SU-074 de
2014 (M. P. Mauricio González Cuervo).
[24] Ver, entre muchas otras, la sentencia SU-447 de 2011 (M. P.
Mauricio González Cuervo).
[25] Cfr. T-214 de 2012 (M.
P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-314 de 2013 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo).
[26] Cfr. sentencia SU-768 de
2014 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio), decisión que a su vez cita los fallos
T-009 de 2010, T- 064 de 2010, T-456 de 2010, T-505 de 2010, T-014 de 2011, T-
060 de 2012 y T-466 de 2012.
[27] Folios 268 a
301.
[28]
Cfr. folios 269 a 270.
[29]
Cfr. particularmente los folios 271 a 283 de la sentencia condenatoria.
[30]
“Folio 119, cuaderno original N° 45”.
[31]
Cfr. folios 274 a 275 y 283 a 284.
[32]
Cfr. folios 284 a 292 ibídem.
[33]
Cfr. folios 287 y 292 a 293.
[34]
Cfr. folios 293 a 301.
[35]
Los entonces ministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt.
[36] El Anexo 4 de la demanda
de tutela (folios 372 a 383) contiene un exhaustivo listado de las pruebas con
apoyo en las cuales se profirió la sentencia de condena, en cuya primera
columna (folios 372 a 375) se enumeran todas las personas cuyo testimonio
recogió la Fiscalía General de la Nación dentro de este proceso (radicado
39.156).
[37] Cfr. particularmente los
folios 127 y 128 de la sentencia de condena. Más allá de esta específica
reflexión sobre la retractación de la ex congresista Medina Padilla, la Sala
Penal valoró cuidadosamente su dicho, al analizar con detalle las pruebas
disponibles en relación con cada uno de los hechos investigados, y la
responsabilidad que frente a ellos tendría cada uno de los tres procesados. En
lo específicamente relacionado con las pruebas aducidas contra Alberto
Velásquez Echeverri, ver particularmente los folios 268 a 301 de la sentencia
de condena.
[38] Expresamente admitidos
como medio de prueba por los artículos 233 y 284 a 287 del código procesal
aplicable (Ley 600 de 2000). Sobre la necesidad, utilidad y procedencia del uso
de los indicios en materia penal ver PARRA QUIJANO, Jairo, “Algunos apuntes
de la prueba indiciaria”, ponencia presentada en abril 2015 para el
Instituto Chileno de Derecho Procesal, tomada de www.ichdp.cl (consultada
el 11 de agosto de 2016), autor que a su turno cita abundante jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia y doctrina penal extranjera, entre la cual se
destacan el alemán C. J. A. MITTERMAIER y el italiano Nicola FRAMARINO DEI
MALATESTA.
[39] Entre ellas los procesos
penales seguidos ante la misma Sala contra los entonces congresistas Medina
Padilla y Avendaño Castellanos y/o contra otros legisladores, y las cumplidas
ante la Procuraduría General de la Nación, a partir de la implicación
disciplinaria que estos mismos hechos podrían haber tenido, tanto respecto de
los tres procesados como frente a los congresistas involucrados.
[40]
Sentencia C-545/08
[41]
"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"
[42]
Al respecto, se puede consultar las sentencias C-934/06, C-545/08, C-792/14,
entre otras.
[43]
El numeral 4o del artículo 235 de la Carta fue modificado por el
Acto Legislativo 06 de 2011 y por el Acto Legislativo 02 de 2015.
[44]
"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
[45]
Auto de única instancia del 25 de julio de 2002, rad. N° 12.339, M.P. Carlos
Eduardo Mejía Escobar.
En relación a la naturaleza jurídica
del tipo penal de cohecho, la Corte en la sentencia C-709 de 1996 señaló que
"Las normas que estructuran el delito de cohecho en sus diferentes
modalidades tienen como sustrato un valor moral y ético en cuanto persiguen una
finalidad útil a la comunidad, como es la combatir los fenómenos de corrupción
asociados a las acciones que ponen a precio la función pública, es decir, la
venta concluida entre un particular y un servidor público de un acto u omisión
perteneciente al haz de funciones o competencias que en desarrollo de aquélla
le han sido asignadas y para los cuales el ordenamiento jurídico no autoriza
una contraprestación".
[47]
Radicado 23.924
[48]
En cuanto a la dogmática del tipo penal de cohecho, se puede consultar la
sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 26
de noviembre de 2003 (radicado 17674), que fue reiterada por la misma Sala de
Casación Penal mediante la sentencia del 14 de mayo de 2014 (radicado 40392).
[49]
Ibídem.
[50]
Ver sentencia C-1086/08.
[51]
Ver sentencia C-133/99.
[52]
Así lo ha reconoció la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
en el Auto del 12 de febrero de 1992. M.P. Jorge Carreño Luengas.
[53] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 16 de marzo de 1994,
M.P. Jorge E. Córdoba Poveda.
[54]
Ley 600 de 2000, art. 235
[55]
Esta situación no ocurre en los procesos seguidos en contra de los no aforados,
por cuanto la Ley 600 de 2000, en el artículo 335, reconoce a esta clase de
procesados el derecho a interponer recursos judiciales contra la providencia
que niega la unidad procesal.
[56] Ley 600 de 2000,
art. 92, núm. 1°, concordante con la Ley 906 de 2004, art. 53, núm. 1°.
[57]
Constitución Política, art. 228, prescribe: "La
Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las
excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial.
Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo".
[58]
Constitución Política, art. 4°, establece: "La
Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia
acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las
autoridades."
20.
En relación con el tema de la imparcialidad objetiva se puede consultar la
sentencia C-545/08.