T-431-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-431/11
INCIDENCIA DEL ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL
DECLARADO A LA SITUACION DE CAJANAL
ACCION DE TUTELA PARA EL RECONOCIMIENTO DE
PENSION DE INVALIDEZ- Reglas
de procedencia
En la Sentencia T- 043 de 2007 destacó las siguientes
reglas de procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de una
pensión de invalidez que jurídicamente se equipara a la de vejez  y
supervivencia:  “No obstante lo anterior, el amparo constitucional será viable
excepcionalmente, cuando en el caso sujeto a examen concurran las siguientes
tres condiciones: i) que la negativa al reconocimiento de la pensión de
invalidez, jubilación o vejez se origine en actos que en razón a su
contradicción con preceptos superiores puedan, prima facie, desvirtuar la
presunción de legalidad que recae sobre las actuaciones de la administración
pública; ii)  que esa negativa de reconocimiento de la prestación vulnere o
amenace un derecho fundamental; iii) que la acción de tutela resulte necesaria
para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable
DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONA DE LA
TERCERA EDAD-Fundamental por conexidad
VIDA PROBABLE DE LOS ANCIANOS-Línea jurisprudencial
En
relación con la seguridad social de las personas de la tercera edad, la
Corte ha desarrollado una línea jurisprudencial de la mayor trascendencia  en
torno a la tesis de la vida probable, explicando que la misma consiste cuando
una persona sobrepasa el promedio de vida de los colombianos y que por su
avanzada edad, ya no existiría para la fecha de una decisión dentro de un
proceso judicial ordinario. La vida probable resulta ser, entonces, un factor
determinante cuando se trata de tomar una pronta decisión, en relación con una
prestación como la pensión de sobrevivientes, que como su nombre lo indica,
está necesariamente conectada con la vida que le resta a las personas de la
tercera edad que deben recibirla prontamente antes de que su existencia se
agote, sin necesidad de esperar que los jueces ordinarios o los tribunales
contencioso-administrativos decidan el caso concreto, muchos años más tarde,
cuando, se presume, el interesado puede haber fallecido
DERECHO AL MINIMO VITAL-Afectación no puede valorarse en términos
exclusivamente cuantitativos, sino dentro de una perspectiva cualitativa
La
afectación del derecho al mínimo vital no puede valorarse en términos
exclusivamente cuantitativos, sino dentro de una perspectiva cualitativa.  Y es
que, como igualmente lo ha definido la jurisprudencia, el derecho al mínimo
vital se evalúa a partir de una dimensión cualitativa y no cuantitativa, de
manera que su posible violación se mide conforme con las condiciones personales
de cada trabajador y el nivel de vida adquirido por éste. El concepto de un
mínimo de condiciones de vida -vgr. Alimentación, educación, salud, vestido y
recreación -, entonces, no va ligad[o] sólo
con una valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas por
satisfacer para subsistir, sino con la apreciación material del valor de su
trabajo, de las circunstancias propias de cada individuo, y del respeto por sus
particulares condiciones de vida. De
todo el planteamiento anterior, se concluye que cuando se trata de personas sujetos
de especial protección constitucional como consecuencia del estado de debilidad
manifiesta en el que se encuentran, como es el caso de los ancianos
pertenecientes al grupo de la tercera edad bien avanzada, se justifica la procedencia de la tutela por
el especial amparo que la
Constitución Política les brinda.
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Relevancia del reconocimiento a personas de la tercera
edad como sujetos de especial protección constitucional
Se concluye entonces, que la concesión de la pensión de sobrevivientes
a una persona de avanzada edad se aviene plenamente con los postulados de
nuestro Estatuto Supremo en materia de derechos humanos y de seguridad social. No sobra aclarar, que la condición de
persona de la tercera edad no constituye por sí misma razón suficiente para
definir la procedencia de la acción de tutela, de ahí la necesidad de analizar el caso específico
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Requisitos establecidos en la
Ley 797 de 2003 para su reconocimiento
DERECHO A LA
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Finalidad
En
reiteradas ocasiones, esta Corporación ha señalado que la finalidad de este
derecho es confrontar los riesgos de viudez y orfandad generados por la
ausencia del pensionado o afiliado que proveía los recursos para satisfacer las
necesidades de índole familiar, de manera que quienes dependían económicamente
del causante puedan tener los ingresos necesarios
SUSTITUCION PENSIONAL DE COMPAÑERA
PERMANENTE-Caso en que la
entidad demandada afirma que se encontraba vigente vínculo matrimonial  del
causante y no existía constancia de viudez o sentencia de separación de cuerpos
CAJANAL desatendió  la jurisprudencia de la Corte
Constitucional a la cual se ha hecho referencia en esta sentencia, acerca de
que la decisión sobre la sustitución pensional debe atender el criterio
material de la convivencia efectiva y no a requisitos subjetivos. Esta Sala pudo constatar en consulta de
afiliados al fondo de solidaridad y garantía en salud – FOSYGA, que la
accionante cotizó a la E.P.S. CAJANAL hasta el mes de julio de 2002 como
cotizante dependiente, y en el mes de marzo de 2004 registró como cotizante pensionado
por sustitución, siendo éste el último reporte. De lo anterior se deriva, que la accionante no cotiza en salud desde el mes de
marzo de 2004, evidenciando la existencia de una clara vulneración del derecho
a la seguridad social,  a la vida digna, al mínimo vital y al debido proceso
por parte de CAJANAL, al no incluirla en nómina como beneficiaria de su
compañero permanente, a pesar de obrar dentro del expediente suficientes
elementos de juicio para deducir que convivió con él por más de cuarenta años.
Referencia.: expediente T-2.908.702
Acción de tutela presentada por la señora Abicinia Llanes Benítez, contra la  Caja Nacional de
Previsión Social- CAJANAL- administrado por el Patrimonio Autónomo BUENFUTURO.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil once (2011)
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub - quien la preside – Humberto Antonio Sierra Porto y Luís Ernesto
Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la
Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Montería, Córdoba y del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Córdoba, Sala Penal, dentro de la acción de tutela
instaurada por la señora Abicinia Llanes Benítez contra la  Caja Nacional de Previsión Social -CAJANAL- administrado por
el Patrimonio Autónomo BUENFUTURO.
De
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la
Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la
Sala de Selección Número Dos de la
Corte Constitucional, mediante Auto del dieciséis (16) de febrero de dos mil
once (2011) escogió, para efectos de revisión, la acción de tutela de la
referencia.
1.
ANTECEDENTES
A través de apoderado judicial, la señora Abicinia Llanes Benítez, interpuso acción de tutela como mecanismo
transitorio, contra la Caja Nacional de Previsión Social -CAJANAL- administrado
por el Patrimonio Autónomo BUENFUTURO, para que se le protejan sus derechos
fundamentales a la seguridad social, a devengar una pensión, a la vida en
condiciones dignas, al mínimo vital y al debido proceso, los cuales fueron
vulnerados al negársele la pensión de sobreviviente solicitada a causa del
fallecimiento de su compañero permanente.
1.1.
HECHOS
1.1.1. La señora Abicinia Llanes Benítez nació el 14 de enero de
1940, por lo que actualmente cuenta con 71 años de edad.
1.1.2. Convivió con el señor Olín Alberto Pardo Silva en
calidad de compañera permanente durante los últimos 40 años anteriores a su
fallecimiento. De dicha convivencia nacieron Oswaldo Enrique y César Augusto
Pardo Llanes.
1.1.3. El compañero permanente de la señora Abicinia Llanes Benítez, murió el 15 de octubre de 1990, y ostentaba la
calidad  de pensionado a cargo de CAJANAL. A la fecha de su fallecimiento
velaba económicamente por el sostenimiento de la accionante y de sus hijos.
1.1.4. La accionante, en reiteradas oportunidades demostró  a
CAJANAL, través de testigos, la convivencia con el pensionado como única
compañera.
1.1.5. A pesar de lo anterior, la entidad, mediante la
Resolución 013837 del 6 de agosto de 1997, le negó la pensión de sobreviviente,
bajo el argumento de que al momento del fallecimiento del señor Olín
Alberto Pardo Silva se encontraba vigente un vínculo matrimonial con la señora
María Josefa Mejía, y que, dentro del cuaderno administrativo no reposaba
sentencia judicial de separación de cuerpos.
1.1.6. En la citada resolución, se reconoció la pensión de
sobrevivientes a los niños entonces César Augusto y Oswaldo Enrique Pardo
Llanes, hasta el 13 de abril de 1993 y 9 de diciembre de 1995, respectivamente.
1.1.7. Con las diversas peticiones a CAJANAL, se adjuntaron
los documentos necesarios exigidos por  la entidad, así como prueba testimonial
sumaria de la calidad de compañera permanente de Olín Alberto Pardo Silva.
1.2.
SOLICITUD DE LA TUTELA
Con fundamento en los hechos narrados, la accionante
solicitó el amparo de sus derechos constitucionales y, en  consecuencia, se
disponga  ordenar a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL –CAJANAL- administrada
por el Patrimonio Autónomo BUENFUTURO, que  le reconozca y pague la pensión de
sobreviviente a que tiene derecho originada en la muerte de su compañero
permanente, señor Olín Alberto Pardo Silva, a partir del 15 de octubre de 1989,
fecha de su fallecimiento.
1.2.1. PRUEBAS ALLEGADAS AL PROCESO
1.2.1.1.
Copia de la Resolución 013837
del 6 de agosto de 1997, expedida por CAJANAL, mediante la que se niega a la
accionante la petición de pensión de sobrevivientes.
1.2.1.2.
Fotocopia de la cédula de
ciudadanía de la señora Abicinia
Llanes Benítez.
1.2.1.3.
Copia de la declaración
juramentada extrajuicio a fin de demostrar la convivencia de la accionante con
el señor Olín Alberto Pardo Silva.
1.2.1.4.
Copia de la solicitud de
traspaso pensional que presentó el señor Olín Alberto Pardo Silva a CAJANAL a
favor de su compañera permanente y representante legal de sus hijos, Abicinia Llanes Benítez.
1.2.1.5.
Fotocopias de recibos de pago
de  la Pensión de Sobrevivientes  a nombre de Abicinia Llanes Benítez, como representante legal de
sus hijos.
1.2.1.6.
Copia del certificado de
CAJANAL del 15 de enero de 1992.
1.2.2.
DECISIONES JUDICIALES
1.2.2.1.
Sentencia de Primera
Instancia
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería,
Córdoba, mediante auto del 11 de agosto de 2010, admitió la demanda de tutela y
corrió traslado a la Caja Nacional de Previsión Social –CAJANAL- administrada
por el Patrimonio Autónomo BUENFUTURO, para que se pronunciara sobre los hechos
que se ponen a su consideración.
La entidad demandada, mediante oficio del 27 de agosto
de 2010, informó que “… los documentos de la señora ABICINIA LLANES BENITEZ
relacionados con su petición de reliquidación de la pensión de sobrevivientes,
ya se encuentra cumpliendo el proceso de normalización que es de obligatorio
cumplimiento para todas las solicitudes radicadas en el PATRIMONIO AUTÓNOMO
BUENFUTURO …”
Después de una breve consideración sobre los problemas
estructurales de la entidad, solicitó no conceder el amparo dado que el derecho
de petición interpuesto por la actora, fue resuelto con oficio
PABF-AUT-2010-327, en el cual se le informó que su pensión de sobrevivientes se
encuentra en proceso de normalización, el cual será resuelto y notificado en un
término no superior a dos meses, “… siempre y cuando el examen de seguridad
sea de carácter positivo.”
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería,
Córdoba, mediante fallo del 26 de agosto de 2010, amparó los derechos
fundamentales de la señora Abicinia
Llanes Benítez, y ordenó a la Caja Nacional
de Previsión Social –CAJANAL- administrada por el Patrimonio Autónomo
BUENFUTURO, que en el término de tres (3) días le reconozca y pague la pensión
de sobreviviente a la accionante.
Consideró el a-quo que a pesar de que el juez de
tutela no es en principio el llamando a ordenar la ejecución de las partidas
presupuestales, es indispensable reconocer el derecho que tienen las personas
de la tercera edad a que se les cancele su pensión de jubilación.
1.2.2.2.
Impugnación.
Mediante oficio del 30 de agosto de 2010, la Caja
Nacional de Previsión Social –CAJANAL- administrada por el Patrimonio Autónomo
BUENFUTURO, a través del Gerente de la Unidad BUENFUTURO, impugnó la sentencia
de primera instancia y solicitó revocar la decisión, con los siguientes
argumentos:
En primer lugar, la acción de tutela no es la
instancia adecuada para solicitar el reconocimiento, reliquidación y pago de
las prestaciones laborales, por cuanto su naturaleza residual y subsidiaria
exige la demostración de un perjuicio irremediable que no se verifica en el
presente caso.
Y, segundo, que esa entidad profiere actos
administrativos de carácter particular y concretos susceptibles de ser
controvertidos por los recursos de ley, acudiendo a la jurisdicción contenciosa
administrativa a través de la acción de nulidad, sin que la accionante haya
hecho uso de esos mecanismos.
1.2.2.3.
Sentencia de Segunda
Instancia
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Córdoba,
Sala Penal,  revocó la decisión de primera instancia, tras considerar que la
Corte Constitucional mediante sentencia T-068 de 1998 decretó un estado de
cosas inconstitucional en CAJANAL, y en la sentencia T-1234 de 2008 señaló que
hasta tanto no se resuelva el problema estructural que afecta dicha entidad, no
existirá violación al derecho de petición y que en el presente caso, a la
accionante se le informó a cerca del tiempo estimado para responder su
solicitud.
Argumentó que las sociedades de hecho fueron reguladas
con la expedición de la Ley 54 de 1990 y luego modificado por la Ley 979 de
2005. Sostuvo que si el objeto de la reclamación jurídica radica en que se
declare la existencia de una unión marital de hecho y la consiguiente sociedad
patrimonial entre compañeros permanentes, se debe tener en cuenta la exigencia
de los requisitos de ley para que surja la conformación de la sociedad de
hecho, para lo cual la accionante no aportó la prueba para satisfacer esas
exigencias legales.
2.
CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
2.1.
COMPETENCIA
Esta Corte es competente para revisar  los fallos
mencionados, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de
la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y
en las demás disposiciones pertinentes.
2.2.
PROBLEMA JURÍDICO
La Sala Séptima de Revisión debe establecer si la Caja
Nacional de Previsión Social –CAJANAL - administrada por el Patrimonio Autónomo
BUENFUTURO, vulneró los derechos fundamentales de la actora cuando negó su
solicitud de sustitución pensional, con base en el argumento de la existencia
de un vínculo matrimonial anterior del causante, y sin que haya prueba judicial
de la separación de cuerpos, según los requisitos de ley para que surja la
conformación de la sociedad de hecho.
Para resolver el problema jurídico, la Sala Séptima de
Revisión examinará: primero, la posible incidencia en el asunto  del
estado de cosas inconstitucional declarado en la Corte en sentencia T-016 de
2010[1] en
CAJANAL; segundo, la procedencia de la
acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones sociales; tercero,
el derecho a la seguridad social para los ancianos,
teniendo en cuenta el tema de la vida probable y su relación con el mínimo
vital; cuarto, la relevancia constitucional del reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes a las personas de la tercera edad como sujetos de especial protección constitucional; quinto,
los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de conformidad con la Sentencia
C-1094 de 2003; y, por último, se analizará el caso concreto.
Para el estudio de los asuntos enunciados,  esta Sala
seguirá  algunos lineamientos que fueran fijados en
idéntico asunto contra el Instituto de Seguros Sociales, en sentencia T-849 de
2009[2],
igualmente en sentencia T-584 de 2009[3]
cuando trató el tema de la sustitución pensional, y por último, en la sentencia
T-300 de 2010[4]
contra CAJANAL al estudiar la solicitud de un reconocimiento de pensión de
sobrevivientes.
2.2.1. Incidencia del estado de cosas inconstitucional
declarado a la situación de CAJANAL.
La Corte Constitucional en sentencia T-016
de 2010[5]
al declarar el estado de cosas inconstitucional trazó un panorama de la situación de CAJANAL cuyo
núcleo temático fue el derecho de petición, aunque en torno a él la sentencia
consignó reflexiones de la mayor pertinencia sobre la posición negativa
asumida por esa entidad respecto al reconocimiento de las pensiones de
supervivencia .
En ella esta Corporación expresó:
1.
La Caja Nacional de
Previsión Social CAJANAL E.I.C.E. se creó con la Ley 6 de 1945, como un
establecimiento público, con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio propio, cuyas funciones eran las de atender el reconocimiento y pago
de auxilios de cesantía, pensiones de jubilación, pensiones de invalidez,
seguro por muerte, auxilios por enfermedad, asistencia médica y gastos de
entierro de los empleados de carácter permanente al servicio de la Nación, en
cualquiera de las ramas del poder público.
2.
Posteriormente fue
transformada, mediante Ley 490 de 1998, de Establecimiento Público a Empresa
Industrial y Comercial del Estado, continuando con las funciones de trámite y
reconocimiento de pensiones, así como con el recaudo de las cotizaciones en los
términos establecidos por la ley.
3.
La Corte Constitucional se ocupó
de la situación de la entidad y a  través
de la sentencia T- 068 de 1998 decretó “un estado de cosas
inconstitucional en la Caja Nacional de Previsión Social” ante el “desbalance
existente entre la demanda de servicios y la capacidad institucional de la
entidad para atenderlos”, con una vulneración continua y creciente de los
derechos fundamentales de los solicitantes.
4.
Igualmente, señaló
que el Decreto 3902 del 3 de noviembre del 2006,  dispuso la suspensión de la
atención al público y por ende de las actuaciones administrativas en Cajanal
durante el periodo comprendido entre el 7 de noviembre de 2006 y el 5 de marzo
de 2007, al advertir la persistencia de un problema estructural, nacido en el
año 1966 y que se intensificó a partir de 1994, que “Concretamente ese
problema estructural se manifiesta en la dificultad de la Caja Nacional de
Previsión Social para atender de manera oportuna las solicitudes que le
presentan los usuarios.”
Aunque en  la Sentencia T-1234 de 10 de
diciembre de 2008, la Corte
Constitucional se refirió especialmente  al caso de las acciones de tutela
contra CAJANAL, motivadas por la violación al derecho de petición, en
ella se encuentran precisiones de especial trascendencia para el aspecto
prestacional relacionadas con el estado de cosas inconstitucional en la
entidad, con la decisión de liquidarla y con la necesidad de presentar un plan
de acción para superar el represamiento y el desajuste  estructural de Cajanal.
Esta orden se extendería no sólo  para superar el
atraso relacionado con solicitudes de derechos de petición, sino también  con
el reconocimiento de prestaciones económicas represadas, como las pensiones.
En efecto, esta Corporación en la
sentencia citada no dudó  en proclamar  que:
“Para la Corte, los problemas de
eficiencia del Estado no pueden hacer nugatorios los derechos y por ello, aún
en los casos de congestión, la mora no puede ser indefinida y es necesario
orientar al peticionario sobre las razones del atraso y la fecha probable de
respuesta. Ello
implica que es necesario que la entidad ponga en marcha las medidas necesarias
para superar el problema estructural y, en ese escenario, la acción de tutela
sólo procedería, en principio, frente a situaciones que se salgan del marco
especial que afronta la entidad.”
Mediante Auto A-305 de 2009[6] la Corte aprobó el Plan
de Acción presentado por CAJANAL el  3 de junio de 2009, en los siguientes
aspectos:
1)
El auto consideró que el
incumplimiento de las múltiples tutelas y de las consiguientes  órdenes de
desacato no eran atribuibles a la conducta culpable del Gerente de CAJANAL, en
ese momento (octubre de 2009), sino al problema estructural que llevó a la
Corte Constitucional a la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional
en CAJANAL.
2)
Dispuso igualmente el auto (i)
el traslado de los afiliados de CAJANAL a la Administradora del Régimen de
Prima Media del Instituto de Seguro Social – ISS, y (ii) los tiempos
propuestos por la entidad para responder solicitudes represadas de:
reconocimiento de pensiones (9 meses), indemnización sustitutiva (10
meses), reliquidación de pensiones (10 meses) y derechos de petición (3 meses).
3)
Reafirmó la posición de la
sentencia T-1234 de 2008 para afirmar que no existe violación del derecho de
petición, y de ningún otro derecho de orden prestacional, concluye esta Sala,  mientras
no se resuelva el problema estructural de Cajanal.
4)
El Auto A-305 de 2009 continuó retomando otras consideraciones de la
sentencia T-1234 de 2008 y advirtió que este problema estructural no
puede tomarse como excusa para no responder a los solicitantes y
atender, dentro de los tiempos fijados por la misma Caja en su plan de acción
y, por lo menos brindarles, dentro de dichos plazos, una información confiable
sobre la forma como dentro de este plan se están tomando medidas concretas para
atender sus solicitudes.
5)
El Auto  no aprobó el plazo de
nueve (9) meses contemplado dentro del plan de acción para el
reconocimiento de la pensión de sobrevivencia, hasta tanto no se
presente a la Corte  “un nuevo estimado” que sea considerado razonable
por ella. (Artículo Segundo del RESUELVE).
6)
De modo que según este
Auto la presentación y aprobación del plan de acción no exonera a
Cajanal de la obligación de responder oportunamente a los usuarios sobre
las circunstancias que, en el caso concreto, impiden una respuesta a sus
solicitudes en los términos de ley, y sobre el tiempo estimado con el que, a la
luz de las circunstancias de cada caso, se compromete la entidad.
Debido a la señalada  persistencia  del problema de
orden estructural que se concreta en el represamiento de asuntos dejados de
atender, el gobierno nacional mediante Decreto 2196 del 12 de junio de 2009,
ordenó la supresión y liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL
E.I.C.E., y dispuso que la entidad en liquidación debía garantizar el trámite y
reconocimiento de las  obligaciones pensionales.
En razón a ello, el 12 de Junio de 2009 se suscribió
un documento fiduciario entre CAJANAL E.I.C.E. en liquidación y la Sociedad Fiduciaria FIDUPREVISORA S. A. – “PAP BUENFUTURO”
cuyo objeto consiste en el desarrollo de las gestiones administrativas y
operativas de asistencia y apoyo en todo lo relacionado
con la atención del usuario/pensionado, incluyendo la sustanciación de las
solicitudes de prestaciones económicas y toda la correspondencia relacionada
con trámites de pensiones, notificaciones y/o recursos contra los actos
administrativos radicadas con anterioridad a la fecha de suscripción de ese
documento.
El señalado Decreto 2196 de 2009, prevé
la supresión de la Caja Nacional de Previsión Social - CAJANAL, una vez
concluido el período de liquidación.
2.2.2.
La procedencia
de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones sociales.
La
Constitución Política de Colombia creó la acción de tutela como un mecanismo
para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales y, como
tal, el Decreto 2591 de 1991 la reglamentó y señaló las reglas básicas para su
aplicación. Es así como en su artículo 6º delimitó la procedencia de la tutela
para situaciones en las cuales no existan recursos o mecanismos judiciales
ordinarios, salvo que deba interponerse como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable, lo cual no obsta para analizar, en cada caso, si el
procedimiento correspondiente resulta eficaz
de acuerdo con las  circunstancias  fácticas y jurídicas.
La
Corte Constitucional se refirió al tema en la sentencia SU-622 de 2001[7],
al expresar:
“La Corte ha señalado que dos de
las características esenciales de esta figura en el ordenamiento jurídico
colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez:  la primera por cuanto tan
sólo resulta procedente instaurar la acción en subsidio o a falta de
instrumento constitucional o legal diferente, susceptible de ser alegado ante
los jueces, esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para
su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (artículo 86,
inciso 3°, de la Constitución); la segunda, puesto que la acción de tutela ha
sido instituida como remedio de 0aplicación urgente que se hace preciso
administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de
violación o amenaza.”[8]
Igualmente
ha reiterado en numerosas ocasiones que, en principio, la acción de tutela es
improcedente para obtener el reconocimiento del derecho a la pensión de vejez,
invalidez, sobrevivientes o a la reliquidación de la misma, en la medida en que
no es un derecho fundamental, al no tener aplicación inmediata, puesto que
requiere de unas exigencias previamente establecidas en la ley.
No obstante lo anterior, admite de manera excepcional
que la acción de tutela procede para obtener el reconocimiento de la pensión de
vejez, invalidez, o de sobrevivientes, siempre y cuando su desconocimiento
comprometa el núcleo esencial de un derecho fundamental.
De esa manera, al evidenciarse la eventual vulneración
de algún  derecho fundamental por el no reconocimiento de la pensión de
invalidez, vejez o sobrevivencia será necesario en todo caso, acreditar el
cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la prestación.
Así lo consignó la Corte en sentencia T-836 de 2006[9]
al manifestar:
“El excepcional reconocimiento del derecho pensional
por vía de tutela se encuentra sometido, adicionalmente, a una última condición
de tipo probatorio, consistente en que en el expediente esté acreditada la
procedencia del derecho, a pesar de lo cual la entidad encargada de
responder no ha hecho el mencionado reconocimiento o simplemente no ha ofrecido
respuesta alguna a la solicitud. Ahora bien, en aquellos casos en los cuales no
se encuentre plenamente acreditado el cumplimiento de los requisitos y los
derechos fundamentales del solicitante se encuentren amenazados por un
perjuicio irremediable, el juez de tutela podrá reconocer de manera
transitoria el derecho pensional cuando exista un considerable grado de
certeza sobre la procedencia de la solicitud.
El mencionado requisito probatorio pretende garantizar
dos objetivos: en primer lugar, busca asegurar la eficacia de los derechos
fundamentales del sujeto que a pesar de encontrarse en una grave situación
originada en el no reconocimiento de su derecho pensional, cuya procedencia
está acreditada, no ha visto atendida su solicitud de acuerdo a la normatividad
aplicable y a las condiciones fácticas en las que apoya su petición. Y, en
segundo lugar, este requisito traza un claro límite a la actuación del juez de
tutela, quien sólo puede acudir a esta actuación excepcional en los precisos
casos en los cuales esté demostrada la procedencia del reconocimiento.” (Negrillas y subrayas fuera de texto)
La Sentencia T -1013 de 2007[10]  expresó al respecto:
“Así las cosas, es razonable deducir que someter a un
litigio laboral, con las demoras y complejidades propias de los procesos
ordinarios, a una persona cuya edad dificulta el acceso a la vida laboral y que
sus ingresos son precarios para el sostenimiento personal y el de su familia,
resulta desproporcionadamente gravoso porque le ocasiona perjuicios para el
desenvolvimiento inmediato de su vida personal y familiar y se le disminuye su
calidad de vida. Por esta razón, la Corte ha concedido en múltiples oportunidades
la tutela del derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, en forma
definitiva, o transitoria, de personas cuyo derecho a la vida en condiciones
dignas y al mínimo vital resultan afectados por la omisión atribuible a las
entidades demandadas.”
En este orden de ideas, la Corte desarrolló una clara
línea jurisprudencial en la cual  definió que cuando la acción de tutela cumpla
con  ciertos presupuestos mínimos de procedibilidad,  podrá estudiarse el fondo
de la solicitud.
En efecto, en la Sentencia T- 043 de 2007[11] destacó las
siguientes reglas de procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento
de una pensión de invalidez que jurídicamente se equipara a la de vejez  y
supervivencia:
“No obstante lo anterior, el amparo constitucional
será viable excepcionalmente, cuando en el caso sujeto a examen concurran las
siguientes tres condiciones:
(i)
que la negativa al
reconocimiento de la pensión de invalidez, jubilación o vejez se origine en
actos que en razón a su contradicción con preceptos superiores puedan, prima
facie, desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre las actuaciones de
la administración pública;
(ii)
que esa negativa de
reconocimiento de la prestación vulnere o amenace un derecho fundamental;
(iii)         que la acción de tutela resulte necesaria para
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
En relación con el primer requisito, la actuación de
la administración a través de la cual reconoció o reajustó la pensión de
invalidez, jubilación o vejez debe presentarse como manifiestamente ilegal o
inconstitucional. Si bien el juez de tutela no es el competente para realizar
un análisis detallado sobre la legalidad de las actuaciones de la administración,
por ser ello de competencia de los jueces especializados; ante la afectación de
los derechos fundamentales del peticionario  provocada por una actuación que se
muestra desde un principio como contraria a postulados de índole legal o
inconstitucional, la acción de tutela resulta procedente para amparar los
derechos fundamentales afectados.
Frente al segundo requisito, para que
la acción de tutela esté llamada a prosperar es necesario acreditar que la
falta de reconocimiento, pago o reajuste de la prestación económica amenace o
vulnere un derecho fundamental. Al respecto, es necesario tener en cuenta
que para el caso de pensión de invalidez, en donde la persona ha sido
incapacitada para laborar y además no cuenta con bienes de fortuna o con otro
ingreso, la falta de pago de la pensión compromete de manera cierta su
derecho al mínimo vital.
Finalmente, para que pueda proceder la acción de
tutela es necesario demostrar que no existe otro mecanismo de defensa judicial
de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados o que, de existir, carece
de idoneidad; caso en el cual el amparo constitucional se muestra como una
medida necesaria para evitar la consumación de un perjuicio irremediable en
contra del afectado.
5.2. En lo relativo a los requisitos[12]
para la acreditación de la inminencia de perjuicio irremediable, también existe
una doctrina constitucional consolidada, la cual prevé que para que resulte
comprobado este requisito debe acreditarse en el caso concreto que (i) se esté
ante un perjuicio inminente o próximo o suceder, lo que exige un grado
suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del daño; (ii) el
perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la afectación de un bien
susceptible de determinación jurídica, altamente significativo para la persona;
(iii) se requieran de medidas urgentes para superar el daño, las cuales
deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben
considerar las circunstancias particulares del caso; y (iv) las medidas de
protección deben ser impostergables, lo que significa que deben
responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumación
del daño irreparable.
De la misma manera, el precedente constitucional en
comento prevé que la evaluación de los requisitos anteriores en el caso
concreto no corresponde a un simple escrutinio fáctico, sino que debe tener en
cuenta las circunstancias particulares del interesado, que se muestren relevantes
para la determinación de la existencia del perjuicio. Especialmente, deberá
analizarse si el afectado pertenece a alguna de las categorías sujetas a la
especial protección del Estado.  Para la Corte, la pertenencia a estos grupos
poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de la evaluación
del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta
obligan a un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos
judiciales de protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material
a través de discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados.
Desde esta perspectiva, “tratándose de sujetos de especial protección, el
concepto de perjuicio irremediable debe ser interpretado en forma mucho más
amplia y desde una doble perspectiva.  De un lado, es preciso tomar en
consideración las características globales del grupo, es decir, los elementos
que los convierten en titulares de esa garantía privilegiada. Pero además, es
necesario atender las particularidades de la persona individualmente
considerada, esto es, en el caso concreto.[13]
5.3. Para el caso de las personas con discapacidad, es
evidente que la intensidad en la evaluación del perjuicio irremediable debe
morigerarse en razón de la capacidad material que tiene este grupo poblacional
para acceder a los instrumentos judiciales ordinarios, competencia que se ve
significativamente disminuida en razón de la debilidad y la vulnerabilidad que
imponen la limitación física o mental.”
A partir de estos planteamientos, la Sala entrará a
estudiar si en el presente caso se cumplen los anteriores enunciados que tratan
concretamente sobre la procedencia de la acción de tutela, y de esa manera,
corroborar su cumplimiento y continuar con el estudio de fondo del caso.
2.2.3.
La seguridad social para los ancianos,
teniendo en cuenta el tema de la vida probable y su relación con el mínimo
vital.
En la sentencia T-300 de 2010[14]
mencionada al inicio de las presentes consideraciones, la Sala se refirió a la
línea jurisprudencial de la Corte sobre estos temas, (i) seguridad social, (ii)
vida probable, y (iii) mínimo vital.
2.2.3.1.
La seguridad
social.
Inicialmente esta Corporación se refirió al tema de la
seguridad social para las personas de la tercera edad en la sentencia T-827 de
1999[15],
en donde afirmó que “… el derecho a la seguridad social para los ancianos, como
personas de la tercera edad “es fundamental por conexidad”[16],  al
igual que el derecho a la pensión de sobrevivencia está sólidamente respaldado
por el artículo 46 de la Constitución Política donde se afirma que “a las
personas de la tercera edad…"El Estado les garantizará los servicios de
seguridad social integral"; es por ello que ese derecho de seguridad
social para las personas de la tercera edad tiene el carácter de fundamental en
determinadas circunstancias.”
En este fallo la Corte  estableció:
“En reiteradas jurisprudencias de las diferentes Salas
de Revisión de esta Corte se ha dicho que el derecho a la seguridad social,
asume el carácter de derecho fundamental, cuando su desconocimiento puede
conllevar a la violación de otros derechos y principios fundamentales, como la
vida, la integridad física, el libre desarrollo de la personalidad de las
personas de la tercera edad y la dignidad humana.” (sentencias T-426, T-471, T-491, T-534, T-571 de 1992,
T-011, T-111, T-116, T-124, T-356, T-446, T-447, T-478, T-516 de 1993, T-068 y
T-111 de 1994).[17]
A partir de ese planteamiento, esta Corte ha
considerado que se debe hacer un examen menos estricto de las reglas de
procedencia de la acción de tutela cuando el amparo de los derechos
fundamentales es solicitado por sujetos de especial protección constitucional
como consecuencia del estado de debilidad manifiesta en el que se encuentran,
como es el caso de las personas de la tercera edad, por el especial amparo que
la Constitución Política les brinda.
Al respecto en Sentencia T-456 de 2004[18]
determinó:
“(…)
en ciertos casos el análisis de la procedibilidad de la acción en comento
deberá ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales competentes con un
criterio más amplio, cuando quien la interponga tenga el carácter de sujeto de
especial protección constitucional –esto es, cuando quiera que la acción de
tutela sea presentada por niños, mujeres cabeza de familia, discapacitados,
ancianos, miembros de grupos minoritarios o personas en situación de pobreza
extrema. En estos eventos, la caracterización de perjuicio irremediable se debe
efectuar con una óptica, si bien no menos rigurosa, sí menos estricta, para así
materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular atención y
protección que el Constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones
de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad.”
2.2.3.2.
Tesis sobre la vida
probable.
En relación con la seguridad social de las personas de
la tercera edad, la Corte ha desarrollado una línea jurisprudencial de la mayor
trascendencia  en torno a la tesis de la vida probable, explicando que la misma
consiste cuando una persona sobrepasa el promedio de vida de los colombianos y
que por su avanzada edad, ya no existiría para la fecha de una decisión dentro
de un proceso judicial ordinario.
En sentencias T-849 de 2009[19]
y T-300 de 2010[20],
reiteran esta línea jurisprudencial contenida principalmente en las sentencias
T-56 de 1994[21],
T-456 de 1994[22],
T-295 de 1999[23],
T-827 de 1999[24],
T-1116 de 2000[25],
T-T-849 de 2009[26]
y T-300 de 2010[27],
entre otras.
De acuerdo con las últimas estadísticas del DANE[28],  a 31 de
marzo de 2009 y que se actualizan en promedio cada cinco (5) años, la
expectativa de vida de los colombianos se incrementó de 72 a 74 años para el
período 2006 a 2010 y estará en 76 años para el quinquenio comprendido entre
los años 2015 y 2020.
Esta Corporación, en la sentencia T-456 de 1994[29]
enfatiza en la trascendencia de tomar en cuenta para estos casos la vida
probable:
“Si una persona sobrepasa (78 años para el caso)  el índice de promedio de vida de los colombianos (actualmente,
en 74), y ella considera que se le ha dado un trato discriminatorio en el
reajuste pensional y por tal motivo ha reclamado ante juez competente, pero se
estima razonablemente que el solicitante ya no existiría para el momento que se
produjera la decisión judicial, debido a su edad avanzada, unido esto al alto
volumen de procesos que razonablemente producen demora en la decisión, pese al
comportamiento diligente del juzgador, entonces, ese anciano no tiene otro
medio distinto al de la tutela para que, provisionalmente, mientras se decide
el fondo del asunto por el juez natural, se ordene el respeto a su derecho.” (negrilla
fuera de texto)
La misma sentencia asocia la tesis sobre la vida
probable con postulados de la valía del principio de equidad y del principio
de dignidad humana, al sostener:
“La equidad permite que para igualar las cargas de los
ancianos frente a otros jubilados que no han superado la edad de vida probable
de los colombianos, se puede aplicar la tutela, como mecanismo transitorio,
ordenándose que el derecho prestacional del reclamante, si se ajusta a la ley,
sea visualizado por el anciano, sin que la existencia de otros medios de
defensa judiciales se constituya en disculpa para que el longevo no conozca en
vida la solución para sus derechos reclamados. Esta es una forma de valorar la
eficacia y decidir jurídicamente con base en los elementos fácticos.”
La vida probable resulta ser, entonces, un factor
determinante cuando se trata de tomar una pronta decisión, en relación con una
prestación como la pensión de sobrevivientes, que como su nombre lo indica,
está necesariamente conectada con la vida que le resta a las personas de la
tercera edad que deben recibirla prontamente antes de que su existencia se
agote, sin necesidad de esperar que los jueces ordinarios o los tribunales contencioso-administrativos
decidan el caso concreto, muchos años más tarde, cuando, se presume, el
interesado puede haber fallecido.
La citada sentencia expresa:
“Si un anciano afirma que no puede esperar más tiempo
para reclamar su derecho, entonces será humano que la respuesta que se le dé
sea la de que acuda a procedimientos que duran hasta diez años? O, por el
contrario, ese declive natural de la vida determina una razonabilidad que le
impone a la Corte aceptar que para quien supera el límite de la vida probable
la protección de sus derechos incluye la necesidad de una pronta resolución?
La equidad permite que para igualar las cargas de los
ancianos frente a otros jubilados que no han superado la edad de vida probable
de los colombianos, se puede aplicar la tutela, como mecanismo transitorio,
ordenándose que el derecho prestacional del reclamante, si se ajusta a la ley,
sea visualizado por el anciano, sin que la existencia de otros medios de
defensa judiciales se constituya en disculpa para que el longevo no conozca en
vida la solución para sus derechos reclamados. Esta es una forma de valorar la
eficacia y decidir jurídicamente con base en los elementos fácticos.”
Por su parte, la Sentencia T-295 de 1999[30]  va más allá
de la consideración del mínimo vital y recalca la dignidad de la persona
humana:
“Por otra parte, la Corte ha dicho en sentencia
T-011/93: “Para que la vida del hombre sea digna de principio a fin, es
obligatorio asegurarle a las personas de la tercera edad el derecho a la
seguridad social”. Esa dignidad del jubilado y los derechos adquiridos que
surgen de su status de pensionado, no pueden razonablemente estar ligados exclusivamente
a la vida probable de los colombianos. Este es un factor muy importante
pero también puede ocurrir que quien se acerque a tal límite también quede
cobijado por la tutela como mecanismo transitorio si es delicado e irreversible
su estado de salud y si la definición judicial, por la vía ordinaria, a sus
reclamos, se intuye que no va a ser  oportuna.” ” (negrilla fuera de texto)
2.2.3.3.   Alcance del Mínimo Vital
La
Corte Constitucional ha manifestado que la afectación del derecho al mínimo
vital no puede valorarse en términos exclusivamente cuantitativos, sino dentro
de una perspectiva cualitativa.
“Y es que, como igualmente lo ha definido la
jurisprudencia, el derecho al mínimo vital se evalúa a partir de una
dimensión cualitativa y no cuantitativa, de manera que su posible violación
se mide conforme con las condiciones personales de cada trabajador y el nivel
de vida adquirido por éste. El concepto de un mínimo de condiciones de vida
-vgr. Alimentación, educación, salud, vestido y recreación -, entonces, “no va ligad[o] sólo con una valoración numérica
de las necesidades biológicas mínimas por satisfacer para subsistir, sino con
la apreciación material del valor de su trabajo, de las circunstancias
propias de cada individuo, y del respeto por sus particulares condiciones de
vida.[31] (negrilla fuera de texto)
De todo el planteamiento
anterior, se concluye que cuando se trata de personas sujetos de especial protección constitucional como
consecuencia del estado de debilidad manifiesta en el que se encuentran, como
es el caso de los ancianos pertenecientes al grupo de la tercera edad bien
avanzada, se justifica la procedencia de la
tutela por el especial amparo que la Constitución Política les brinda.
2.2.4. Relevancia del reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a las personas de la tercera edad como sujetos de especial
protección constitucional.
El artículo 13 de la Constitución Política
se encuentra enmarcado dentro de los derechos fundamentales que ordena al
Estado colombiano proteger  “… especialmente a aquellas personas que por su
condición física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad
manifiesta...”.
Ahora bien, si el amparo de los derechos fundamentales es solicitado
por las personas de la tercera edad, en especial los de avanzada edad, entonces
nos encontramos en presencia “del principio de la protección reforzada”
que se desprende del citado artículo, cuya obligatoriedad se hace imperativa,
porque la propia Carta lo concede y además es la encargada de desarrollarlo
ampliamente.
Igualmente el artículo 46 de la Carta,
ordena perentoriamente al Estado “…concurrir para la protección y la
asistencia de la tercera edad..., hasta el punto de … garantizarles los
servicios de la seguridad social integral...”.
De esta forma,
los derechos de la seguridad social tienen una
naturaleza prestacional y responden al principio de progresividad social consagrado
en el artículo 48 de la norma constitucional, cuando prescribe que “El
Estado ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social...”
En efecto, la
cobertura de este derecho se extiende tanto a cónyuges como a compañeros
permanentes. El derecho a la pensión de sobrevivientes constituye uno de ellos.
En este sentido, cabe señalar que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y respecto de su
reconocimiento, puede producir un conflicto entre los potenciales titulares del
mismo.
Al respecto,
la sentencia T-190 de 1993[32]
definió el contenido y los alcances de ese derecho, de la siguiente manera:
“La sustitución pensional, de otra parte, es un
derecho que permite a una o varias personas entrar a gozar de los beneficios de
una prestación económica antes percibida por otra, lo cual no significa el
reconocimiento del derecho a la pensión sino la legitimación para reemplazar a
la persona que venía gozando de este derecho. Los beneficiarios de la
sustitución de las pensiones de jubilación, invalidez y de vejez, una vez haya
fallecido el trabajador pensionado o con derecho a la pensión, son el cónyuge
supérstite o compañero (a) permanente, los hijos menores o inválidos y los
padres o hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado (Ley 12
de 1975, art. 1º y Ley 113 de 1985, art. 1º, parágrafo 1º). La sustitución
pensional tiene como finalidad evitar que las personas allegadas al trabajador
y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el simple hecho
de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección. Principios de justicia
retributiva y de equidad justifican que las personas que constituían la familia
del trabajador tengan derecho a la prestación pensional del fallecido para
mitigar el riesgo de viudez y orfandad al permitirles gozar post-mortem del
status laboral del trabajador fallecido.”.
Esta
Corporación ha precisado la finalidad y la razón de ser de la sustitución
pensional, como mecanismo de protección de los familiares del trabajador
pensionado ante el posible desamparo en que pueden quedar por razón de su
muerte, pues al ser beneficiarios del producto de su actividad laboral, traducida
en ese momento en una mesada pensional, dependen económicamente de la misma
para su subsistencia.
De esta
manera, la familia, núcleo e institución básica de la sociedad de conformidad
con los artículos 5o. y 42 superiores, constituye el bien jurídico tutelable en
el derecho prestacional a una sustitución pensional, debiendo ser amparada
integralmente y sin discriminación alguna.
Por ello, la
protección que se deriva de ese derecho abarca sus distintas formas de
configuración, es decir la que se forma a través del vínculo del matrimonio o
mediante el vínculo emanado de la voluntad de establecer una unión marital de
hecho, criterio igualmente señalado en la sentencia antes citada, en los
siguientes términos:
“El derecho a la pensión de jubilación tiene como
objeto no dejar a la familia en el desamparo cuando falta el apoyo material de
quienes con su trabajo contribuían a proveer lo necesario para el sustento del
hogar. El derecho a sustituir a la persona pensionada o con derecho a la
pensión obedece a la misma finalidad de impedir que sobrevenida la muerte de
uno de los miembros de la pareja el otro no se vea obligado a soportar
individualmente las cargas materiales y espirituales. El vínculo constitutivo
de la familia - matrimonio o unión de hecho - es indiferente para efectos del
reconocimiento de este derecho. (...)”.
El tratamiento
jurídico que se predica para las distintas formas familiares
constitucionalmente aceptadas, es igualmente aplicable a sus integrantes, como
sería el caso de la cónyuge y la compañera permanente.
La Corte en
sentencia T- 553 de 1994[33]
sobre el particular ha aseverado lo siguiente:
“En ese
orden de ideas, todas  las prerrogativas, ventajas o prestaciones y también las
cargas y responsabilidades que el sistema jurídico establezca  a favor de las
personas unidas en matrimonio son aplicables, en pie de igualdad, a las que
conviven sin necesidad de vínculo formal. De lo contrario, al generar
distinciones que la preceptiva  constitucional no justifica, se desconoce  la
norma que equipara las formas de unión (artículo 42 de la C.P) y se quebranta
el principio de igualdad ante la ley (artículo 13 C.P), que prescribe el mismo
trato en situaciones idénticas.”
En consecuencia,
el reconocimiento del derecho a la sustitución pensional está sujeto a una
comprobación material de la situación afectiva y de convivencia en que vivía el
trabajador pensionado fallecido, al momento de su muerte, con respecto a su
cónyuge o a su compañera permanente, para efectos de definir acerca de la
titularidad de ese derecho.
La Corte en
sentencia T-660 del  11 de noviembre 1998, se pronunció al respecto de la
siguiente manera:
“En lo que respecta específicamente a la sustitución
pensional entre compañeros permanentes, es importante reconocer que la
Constitución Política le ha reconocido un valor significativo y profundo a la
convivencia, al apoyo mutuo y a la vida en común, privilegiándola incluso
frente a los rigorismos meramente formales. En ese orden de ideas, es posible
que en materia de sustitución pensional  prevalezca el derecho de la compañera
o compañero permanente en relación al derecho de la esposa o esposo, cuando se
compruebe que  el segundo vínculo carece de las características propias de una
verdadera vida de casados, - vg. convivencia, apoyo y soporte mutuo-, y se
hayan dado los requisitos  legales para suponer válidamente que la real
convivencia y comunidad familiar se dio entre la compañera permanente y el beneficiario
de la pensión en los años anteriores a la muerte de aquel. En el mismo sentido,
si quien alega ser compañera (o) permanente no puede probar la convivencia bajo
un mismo techo y una vida de socorro y apoyo mutuo de carácter exclusivo con su
pareja, por dos años mínimo, carece de los fundamentos que permiten presumir
los elementos que constituyen un núcleo familiar, que es el sustentado y
protegido por la Constitución. Es por ello que no pueden alegar su condición de
compañeras o compañeros,  quienes no comprueben una comunidad de vida estable,
permanente y definitiva con una persona, -distinta por supuesto de una relación
fugaz y pasajera-, en la que la ayuda mutua y la solidaridad como pareja sean
la base de la relación, y permitan que bajo un mismo techo se consolide un
hogar y se busque la singularidad,  producto de la exclusividad  que se espera
y se genera de la pretensión voluntaria de crear  una familia.”.[34]
En ese caso,
se ha establecido legalmente que el factor determinante para dirimir la
controversia está dado por el compromiso de apoyo afectivo y de comprensión
mutua existente entre la pareja al momento de la muerte del trabajador
pensionado.
Así lo recordó
esta Corporación en sentencia T-566 de 1998:
“De lo anteriormente expuesto, puede concluirse que
respecto del derecho a la sustitución pensional rige el principio de igualdad
entre cónyuges supérstites y compañeros (as) permanentes porque, siendo la
familia el interés jurídico a proteger, no es jurídicamente admisible
privilegiar un tipo de vínculo específico al momento de definir quién tiene
derecho a este beneficio. Por el contrario, la ley acoge un criterio material -
convivencia efectiva al momento de la muerte - y no simplemente formal - vínculo
matrimonial - en la determinación de la persona legitimada para gozar de la
prestación económica producto del trabajo de la persona fallecida.”.[35]
En
consecuencia, el reconocimiento del derecho a la sustitución pensional está
sujeto a una comprobación material de la situación afectiva y de convivencia en
que vivía el trabajador pensionado fallecido, al momento de su muerte, con
respecto a su cónyuge o a su compañera permanente, para efectos de definir
acerca de la titularidad de ese derecho.
La  Corte Constitucional en dos sentencias
posteriores fijó su posición sobre la pensión de sobrevivientes:
1)
En la Sentencia C-1094
de 2003 declaró:[36]
“La Constitución Política consagra una serie de mandatos referentes a
la naturaleza, cobertura y efectos de la seguridad social. En el artículo 48 la
define como un servicio público de carácter obligatorio, que se prestará bajo
la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios
de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la
ley. Dispone igualmente la Carta que la seguridad social es un derecho
irrenunciable que se garantiza a todos los habitantes (art. 48).
Por su parte, el legislador ha dispuesto que el sistema general de
pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las
contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el
reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en ley, así
como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de
población no cubiertos con un sistema de pensiones3.
La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos
instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad
social antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es
la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal
suerte que las personas que dependían económicamente del causante puedan
seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia4, sin que
vean alterada la situación social y económica con que contaban en vida del
pensionado o afiliado que ha fallecido5. Por ello, la ley prevé
que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las personas más
cercana  y que más dependían del causante y compartían con él su vida, reciban
una pensión para satisfacer sus necesidades6.
En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia.
Para esa Corporación, "no puede hacerse abstracción del sentido mismo y
finalidad de la institución de la pensión de sobrevivientes que busca
precisamente impedir que quien haya convivido permanente, responsable y
efectivamente, y prestado apoyo afectivo a su pareja al momento de su muerte,
se vea abocado a soportar aisladamente las cargas, tanto materiales como
espirituales, que supone su desaparición"7.
Según
lo dispuesto por las normas vigentes, la pensión de sobrevivientes se reconoce
tanto en el régimen solidario de prima media con prestación definida como en el
de ahorro individual con solidaridad; para tal efecto, se deben cumplir las
exigencias fijadas por el legislador, dentro del ámbito de configuración que le
corresponde.
2)
La Corte confirmó esta
posición en la Sentencia C-336-08[37]:
“En cuanto se refiere  a la pensión de
sobrevivientes, esta constituye una de las expresiones del derecho a la
seguridad social consagrado en el artículo 48 de la Constitución, prestación
que se genera a favor de las personas que dependían económicamente de otra que
fallece, con el fin de impedir que deban soportar las cargas materiales y
espirituales de su fallecimiento En esa medida la sustitución personal responde
a la necesidad de mantener a sus beneficiarios, al menos el mismo grado de
seguridad social y económica con que contaban en vida del pensionado.”
Se concluye entonces, que la concesión de la pensión de sobrevivientes
a una persona de avanzada edad se aviene plenamente con los postulados de
nuestro Estatuto Supremo en materia de derechos humanos y de seguridad social.
No sobra aclarar, que la condición de persona de la
tercera edad no constituye por sí misma razón suficiente para definir la
procedencia de la acción de tutela, de
ahí la necesidad de analizar el caso específico.
2.2.5    Requisitos para el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes establecidos en la Ley 797 de 2003.
La Constitución Política dispone en su artículo 48 que la seguridad social es un servicio público
obligatorio que se debe prestar “bajo la dirección, coordinación y control
del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la ley”.
En desarrollo de este mandato
se expidió la Ley 100 de 1993, la cual creó y estructuró el sistema de
seguridad social integral, del cual hace parte la pensión de sobrevivientes.
En reiteradas ocasiones, esta Corporación ha señalado
que la finalidad de este derecho es confrontar los riesgos de viudez y orfandad
generados por la ausencia del pensionado o afiliado que proveía los recursos
para satisfacer las necesidades de índole familiar, de manera que quienes
dependían económicamente del causante puedan tener los ingresos necesarios para
subsistir dignamente con un nivel de vida similar al que disfrutaban[38].
Respecto a ello, la Sentencia C-1255 de 2001, sostuvo:
“12- La pensión de sobrevivientes es una de las
prestaciones consagradas en el sistema general de pensiones (Libro I de la Ley
100 de 1993)  y que tiene la finalidad de proteger a la familia del trabajador
de las contingencias generadas por su muerte. Así, según la Corte Suprema, el
pago de la pensión de sobrevivientes tiene como finalidad evitar ‘que las
personas allegadas al trabajador y beneficiarias del producto de su actividad
laboral queden por el simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la
desprotección’[39].
Esto significa que esa prestación ‘busca impedir que, ocurrida la muerte de una
persona, quienes dependían de ella se vean obligados a soportar individualmente
las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento.”
El artículo 46 de la Ley 100 de 1993 con la modificación realizada por el artículo 12 de la Ley
797 de 2003, establecía como requisitos para acceder a la pensión de
sobrevivientes los siguientes:
“REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES.
<Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto
es el siguiente:> Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por
vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al
sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas
dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se
acrediten las siguientes condiciones:
a. ‘Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20
años de edad, haya cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo
transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del
fallecimiento’;
b. ‘Muerte causada por accidente: si es mayor de 20
años de edad, haya cotizado el veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido
entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del
fallecimiento.’
PARÁGRAFO 1o. Cuando un afiliado haya cotizado el
número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima media en tiempo
anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de
que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el
numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en
los términos de esta ley.
El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que
a partir de la vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en
este parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en una
pensión de vejez.”
Sin embargo, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-556 de 2009, resolvió una demanda pública de inconstitucionalidad
contra los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y declaró
inexequibles dichas normas por considerarlas “una medida regresiva, que
pretendiendo proteger la viabilidad del sistema desconoce el fin último de la
pensión de sobreviviente, la cual, se repite, procura amparar a las personas,
que necesitan atender sus necesidades, sin mengua adicional por la contingencia
de la muerte del afiliado que dependían.”
Por otra parte, el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, modificatorio de la Ley 100
de 1993, señala que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes en el
régimen solidario de prima media con prestación definida las siguientes
personas:
“ a) En forma vitalicia, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho
beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de
edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del
pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y
haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con
anterioridad a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la
compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la
fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya
procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el
beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años (…)
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos
mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón
de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su
muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes; y,
los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no
tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez.
Para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el
artículo38 de la Ley 100 de 1993;
d) A falta de cónyuge, compañero o
compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del
causante si dependían económicamente de éste;
e) A falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos
inválidos del causante si dependían económicamente de éste.”
Así las cosas, la Corte mediante sentencia T-822 de 2008 consideró razonable que las entidades encargadas del reconocimiento de derechos pensionales
exijan algunos documentos para dar trámite a la solicitud de la pensión de
sobrevivientes, por las siguientes razones: (i) evitar un desgaste
administrativo al iniciar el proceso de reconocimiento sin los elementos
esenciales, generando demoras injustificadas y duplicidad en las actuaciones; y
(ii) garantizar la “protección de los intereses de los miembros del grupo
familiar del pensionado que fallece, ante la posible reclamación ilegítima de
la pensión por parte de individuos que no tendrían derecho a recibirla con
justicia”, de conformidad con los principios de celeridad, eficacia y
economía que orientan la función pública.
De
lo anterior se concluye, que uno de los beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes en el régimen
solidario de prima media con prestación
definida, es el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite que
cumpla con los requisitos exigidos por el literal a) del artículo 13 de la Ley
797 de 2003, es decir, siempre y cuando dicho beneficiario a la fecha del
fallecimiento del causante,
tenga 30 o más años de edad, y tendrá
acceso a ella una vez acredite que
estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido
con él no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.
3.       DEL CASO CONCRETO.
La accionante pretende que por esta vía judicial se
ordene a la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. – Cajanal- administrada
por el Patrimonio Autónomo BUENFUTURO, le reconozca y pague la pensión de
sobreviviente a partir del 15 de octubre de 1990, derivada del fallecimiento de
su compañero permanente, el señor Olín Alberto Pardo Silva, con quien convivió
por más de 40 años anteriores a su muerte y de cuya unión nacieron dos hijos
César Augusto y Oswaldo Enrique.
Se advierte que mediante Resolución 013837 del 6 de
agosto de 1997, “Por la cual se reliquida Post-morten  una pensión de jubilación
y se sustituye la misma” Cajanal, reliquidó y reconoció las diferencias
resultantes de lo reconocido en la Resolución 988 de 1990. La misma resolución
sustituyó en forma definitiva la pensión de jubilación a favor de sus hijos
César Augusto y Oswaldo Enrique, a partir del 16 de octubre de 1990 hasta 13 de
abril de 1993 y 9 de diciembre de 1995, respectivamente.
Igualmente, la citada resolución le negó a la
accionante el derecho a la sustitución pensional por considerar que no ostentó
la calidad de compañera permanente del señor Olín Alberto Pardo Silva, porque
al momento de su muerte se encontraba vigente el vínculo matrimonial del
causante con la señora María Josefa Mejía, y que, en el  cuaderno
administrativo respectivo no existía constancia de viudez o sentencia de
separación de cuerpos.
Obsérvese que la resolución expedida por la entidad
accionada, sólo sustituye la pensión de jubilación a favor de los hijos nacidos
de la unión con la accionante y no respecto de la señora María Josefa Mejía,
con quien dice CAJANAL aparece un vínculo matrimonial, y del que no hay prueba
dentro del expediente, que haya realizado solicitud de reconocimiento del
derecho. Por el contrario, no reconoce a la señora Abicinia Llanes Benítez como
beneficiaria de la sustitución pensional de Olín Alberto Pardo Silva, menos aún
que ésta colme  las exigencias establecidas en las normas, que según la
entidad,  regulan la materia para ser acreedora de la prestación de
sobrevivientes deprecada.
Las sentencias objeto de revisión negaron el amparo
solicitado argumentando que  la acción de tutela no es la vía idónea para
resolver materias litigiosas como son las peticiones relativas a  una
controversia pensional.
En consecuencia, la
situación objeto de examen, debe abordarse a partir de dos interrogantes
básicos:
1.     ¿CAJANAL vulneró
los derechos fundamentales invocados por la accionante al negarle, mediante los
actos administrativos cuestionados,  el reconocimiento de la sustitución
pensional que reclama?
2.
¿Es
procedente la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales a la
accionante, en caso de que éstos realmente hayan sido conculcados por la
entidad accionada, en razón de la ineficacia del medio judicial ordinario al
cual puede acudir la actora para conseguir esa protección?
Para resolver los anteriores interrogantes, la Sala
analizará en el caso concreto los siguientes aspectos: primero,
el derecho a la sustitución pensional; segundo, normatividad aplicable; tercero,
derecho a la igualdad; y cuarto, amparo a los derechos fundamentales de
las personas sujetas a especial protección.
1.
El derecho a la sustitución
pensional. Como ya se indicó, la
jurisprudencia de la Corte ha precisado con claridad que el derecho a la
sustitución pensional no depende de la clase de vínculo generador de la
familia, sino de la relación real de convivencia y afecto que existía entre el
fallecido y su beneficiaria.[40]
Ahora bien, al hecho de poder acceder a la pensión de
sobrevivientes, se debe demostrar la convivencia afectiva con el pensionado en
los años anteriores a su muerte se deriva, entonces, de dos premisas: por un
lado, de  la norma constitucional que define que la familia se puede crear por
vínculos naturales o jurídicos y que sus dos modalidades de creación merecen
idéntica protección, y por el otro, del objetivo que persigue la pensión de
sobreviviente, cual es el garantizarle al cónyuge o compañero supérstite  los
recursos necesarios para mantener un nivel de vida similar al que tenía antes
de  la muerte del conviviente que gozaba de una pensión.[41]
Así, en el momento de decidir acerca de una solicitud
de sustitución pensional se debe observar la situación real de vida en común de
dos personas, dejando de lado los distintos requisitos formales que podrían
imaginarse. Por eso la compañera permanente puede desplazar a la esposa, y es
ésta también la razón por la cual no se exige a los convivientes el requisito
de que se encuentren en estado de soltería, viudez o divorcio al momento de
iniciar la unión. Ello por cuanto, por una parte, esta exigencia no dice nada
acerca de la convivencia efectiva  y,  por la otra, porque se observa que ella
se convierte en un obstáculo insalvable, para efectos de la sustitución, para
muchas personas que han compartido durante años su vida con otras que recibían
una pensión. Este requisito,  puede ser fuente de denegación del derecho a la
pensión de sobreviviente, a pesar de que  el solicitante cumpla cabalmente con
la condición de la convivencia efectiva. Y ello significa, ha dicho la Corte,
una desnaturalización del derecho a la seguridad social de las personas que no
cumplan con la exigencia de la soltería, circunstancia que entraña una
vulneración de su derecho a ser tratadas de igual forma que las demás que han
creado una familia a partir del matrimonio. [42]
2.
Normativa aplicable. Respecto al  tratamiento legal que ha tenido la
figura de la sustitución pensional través de los diversos ordenamientos
jurídicos, se debe precisar su evolución desde  la Ley 171 de 1961 hasta la Ley
100 de 1993 y sus respectivas modificaciones:
El
artículo 12 de la Ley 171 de 1961 decía: “Fallecido un empleado jubilado o
con derecho a jubilación su cónyuge y sus hijos menores de 18 años o
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios o por invalidez, que
dependiere económicamente de él, tendrán derecho a recibir entre todos, según las
reglas del artículo 275 del Código Sustantivo del Trabajo, la respectiva
pensión durante los dos años subsiguientes”.
El
Decreto 3041 de 1966, artículo 21: “La pensión a favor del cónyuge
sobreviviente será igual a un cincuenta por ciento (50%), y la de cada huérfano
con derecho igual a un 20 por ciento de la pensión de invalidez o vejez que
tenía asignada el causante o  de la que le habría correspondido a la fecha del
fallecimiento….”
El artículo 39 del Decreto 3135 de 1968: “Sustitución
de pensión. Fallecido un empleado público o trabajador oficial en goce de
pensión de jubilación, invalidez o vejez, su cónyuge y sus hijos menores de
dieciocho años o incapacitados para trabajar por razón de sus estudios o por
invalidez, que dependieran económicamente de él, tendrán derecho a percibir la
respectiva pensión durante los dos años subsiguientes”.
El Decreto 434 de 1971, Artículo 19: “El
artículo 39 del decreto 3135 de 1968 quedará así: Fallecido un empleado público
o trabajador oficial jubilado o con derecho a pensión de jubilación, su cónyuge
y sus hijos menores de 18 años o incapacitados para trabajar por razón de
estudios o invalidez y que dependieran económicamente del causante, tendrán
derecho a percibir entre todos, según las reglas del artículo 275 del Código
Sustantivo del Trabajo, la respectiva pensión durante  los 5 años
subsiguientes. Cuando faltare el cónyuge o los hijos, la sustitución pensional
corresponderá a los padres o hermanos inválidos y a las hermanas solteras del
empleado fallecido que dependieren económicamente del causante.
La Ley
100 de 1993, que modificó el régimen que establecían la Ley 171 de 1961, el
Decreto 3041 de 1966, el Decreto 3135 de 1968, el Decreto 434 de 1971, la Ley
33 de 1973, establecía en su artículo 47 lo siguiente: “son beneficiarios de
la pensión de sobrevivientes, en este orden: i) el cónyuge o compañera (o)
permanente, ii) los hijos inválidos, los menores de 18 años o si son mayores y
hasta los 25 años cuando se encuentran incapacitados para trabajar por razón de
sus estudios, iii) a falta de los anteriores beneficiarios, los padres del
causante que dependían económicamente de él y iv) cuando no existen personas
con mejor derecho, la pensión podrá ser reconocida a favor de hermanos que
dependían económicamente del causante.”
La citada norma, fue modificada por el artículo 13 de
la Ley 797 de 2003, disponiendo que los beneficiarios son:
“ a) En forma vitalicia, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente o supérstite…
b) En forma temporal, el cónyuge o la
compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la
fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya
procreado hijos con este.
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos
mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón
de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su
muerte…
d) A falta de cónyuge, compañero o
compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del
causante si dependían económicamente de éste;
e) A falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos
inválidos del causante si dependían económicamente de éste.”
Lo anterior significa que, a pesar de que el compañero
permanente de la actora falleció el 15 de octubre de 1990 antes de la
expedición de la Carta de 1991, la demandante tenía derecho a que su petición
de sustitución no se resolviera con base en las normas anteriores porque se
encontraban sin vigencia para la época de las resoluciones cuestionadas,  esto
es, las Resoluciones 11727 del 24 de noviembre de 1994 y 13837 del 6 de agosto
de 1997, expedidas por CAJANAL y que sustituyeron la pensión de sobreviviente
en los hijos del causante y se hizo una reliquidación, respectivamente. Lo
anterior por cuanto su interpretación sólo era viable a la luz de los dictados
de la Constitución Política en materia de igualdad  de todas las formas de configuración familiar existentes
en nuestro país, sin discriminación alguna.
3.
Derecho a la igualdad. Como ya se refirió al inicio de las consideraciones,
esta Corporación ha reiterado en numerosas sentencias el alcance de los temas
de la seguridad social en especial, de la pensión de sobrevivientes cuando se
trata de compañeros permanentes, en casos
- cuando están comprometidos los derechos al mínimo vital y que la unión de
hecho reciba, en lo pertinente, un trato igual al matrimonio -, se debe
atender, no a la fecha de defunción del causante, sino al momento en que se
dicten las resoluciones correspondientes.  Ello, por cuanto la administración
debe ajustar su actividad a la Constitución, es decir, velar porque los actos
que expida con posterioridad a ella no vulneren flagrantemente los principios y
derechos en ella consagrados[43],
tal como ocurre en este caso con el derecho a la igualdad y al mínimo vital de
la peticionaria.
Es así como en la sentencia   T-202 de 1995, M.P.
Antonio Barrera Carbonell, - sobre una resolución del Instituto de los Seguros
Sociales, del año 1994, en la cual se denegaba una solicitud de sustitución
pensional elevada por el compañero permanente de una persona pensionada,
fallecida en el año de 1988, con el argumento de que el actor no se ajustaba a
los requisitos de una norma del decreto 758 de 1990 - la Corte expuso que la
decisión del Instituto vulneraba la Constitución y que “el hecho de que las
resoluciones en cuestión fueron dictadas bajo la vigencia de la Constitución
Política de 1991, implica que dichas actuaciones administrativas debieron
sujetarse a lo dispuesto en el artículo 13 que reconoce el derecho a la
igualdad...”[44]
En efecto, de la definición de la sustitución
pensional como una figura cuya finalidad es la de proteger a la familia
del pensionado fallecido (frente al desamparo económico en el que quedaría si no
se reconociera tal prestación), se deriva como consecuencia inmediata el que, a
la luz del artículo 42 Superior, dicha protección debe otorgarse a todas las
formas de configuración familiar existentes en nuestro país, sin discriminación
alguna; así, tanto las familias conformadas en virtud de un vínculo matrimonial
como las derivadas de la decisión responsable de establecer una unión marital
de hecho quedan cobijadas por el alcance protector de la figura en cuestión,
sin que sea constitucionalmente admisible excluir de tal beneficio a los(as)
compañeros(as) permanentes de los causantes fallecidos, so riesgo de desconocer
el artículo 13 de la Carta.[45]
En otros términos, el derecho a la pensión de
sobrevivientes o sustitución pensional, en tanto concreción del derecho a la
seguridad social, puede ser reclamado tanto por los cónyuges como por los
compañeros permanentes de los trabajadores pensionados. Y en caso de
presentarse un conflicto entre los reclamantes para acceder a tal beneficio en
forma concurrente, ha establecido esta Corporación que el factor determinante
para dirimir la controversia, según la ley, es la existencia de un compromiso
efectivo de apoyo y comprensión mutua entre el causante y el potencial
beneficiario al momento de la muerte de aquél.
Así, en la sentencia T-566 de 1998 se estableció:
“…respecto del derecho a la sustitución pensional rige
el principio de igualdad entre cónyuges supérstites y compañeros (as)
permanentes porque, siendo la familia el interés jurídico a proteger, no es
jurídicamente admisible privilegiar un tipo de vínculo específico al momento de
definir quién tiene derecho a este beneficio. Por el contrario, la ley acoge un
criterio material - convivencia efectiva al momento de la muerte - y no
simplemente formal - vínculo matrimonial - en la determinación de la persona
legitimada para gozar de la prestación económica producto del trabajo de la
persona fallecida.”
En el mismo orden de ideas, en la sentencia T-660 de
1998 se estableció lo siguiente:
“En lo que respecta específicamente a la
sustitución pensional entre compañeros permanentes, es importante reconocer que
la Constitución Política le ha reconocido un valor significativo y profundo a
la convivencia, al apoyo mutuo y a la vida en común, privilegiándola incluso
frente a los rigorismos meramente formales. En ese orden de ideas, es posible
que en materia de sustitución pensional  prevalezca el derecho de la
compañera o compañero permanente en relación al derecho de la esposa o esposo,
cuando se compruebe que  el segundo vínculo carece de las características
propias de una verdadera vida de casados, - vg. convivencia, apoyo y soporte
mutuo -, y se hayan dado los requisitos  legales para suponer válidamente
que la real convivencia y comunidad familiar se dio entre la compañera
permanente y el beneficiario de la pensión en los años anteriores a la muerte
de aquel. En el mismo sentido, si quien alega ser compañera (o) permanente no
puede probar la convivencia bajo un mismo techo y una vida de socorro y apoyo
mutuo de carácter exclusivo con su pareja, por dos años mínimo, carece de los
fundamentos que permiten presumir los elementos que constituyen un núcleo
familiar, que es el sustentado y protegido por la Constitución. Es por ello que
no pueden alegar su condición de compañeras o compañeros,  quienes no
comprueben una comunidad de vida estable, permanente y definitiva con una
persona, -distinta por supuesto de una relación fugaz y pasajera-, en la que la
ayuda mutua y la solidaridad como pareja sean la base de la relación, y
permitan que bajo un mismo techo se consolide un  hogar y se busque la
singularidad,  producto de la exclusividad  que se espera y se genera
de la pretensión voluntaria de crear  una familia.”
Indudablemente, CAJANAL desatendió  la jurisprudencia
de la Corte Constitucional a la cual se ha hecho referencia en esta sentencia,
acerca de que la decisión sobre la sustitución pensional debe atender el
criterio material de la convivencia efectiva y no a requisitos subjetivos.
4.
Amparo a los derechos
fundamentales de las personas sujetas a especial protección. Como ya se advirtió, es claro que los conflictos
jurídicos en materia de reconocimiento pensional por sobrevivencia deben ser
tramitados a través de los mecanismos judiciales ordinarios, como lo son el
proceso ordinario laboral y la acción contencioso administrativa de nulidad y
restablecimiento del derecho, según sea el caso, sin perjuicio de su relevancia
constitucional.
Sin embargo, en la medida en que su resolución puede
afectar derechos fundamentales como la igualdad y la familia, entre otros, en
la medida en que busca que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias
del producto de su actividad laboral no queden por el simple hecho de su
fallecimiento en el desamparo o la desprotección.
Tales son principios de justicia retributiva y de
equidad que justifican que las personas que constituían la familia del
trabajador tengan derecho a la prestación pensional del fallecido para mitigar
el riesgo de viudez y orfandad al permitirles gozar post-mortem del status
laboral del trabajador fallecido[46].
Por otro lado, la Corte ha considerado que negar
injustificadamente a una persona este derecho, como en este caso, equivale a:
“(…) someter arbitrariamente su bienestar a la
voluntad o capacidad de terceras personas, lo que compromete seriamente la
dignidad, la igualdad y la autonomía. Al respecto, (…) el principio de dignidad
humana resulta vulnerado cuando se somete a una persona a vivir de la caridad
ajena, existiendo la posibilidad de que tenga acceso a unos recursos económicos
propios que le permitan subvenir algunas de sus necesidades básicas”[47].
De modo que, en aras de proteger los derechos de las
personas de especial protección constitucional, como lo son las personas de la
tercera edad[48]
y que se encuentran en incapacidad de garantizarse por sí mismas su
subsistencia mínima vital[49],
la Constitución Política, en el artículo 86, establece la procedencia del
amparo de tutela definitivo y no transitorio, cuando el acto que resuelve la
solicitud de reconocimiento pensional incurre en una vía de hecho, como en el
caso que se analiza.
Sobre todo si se tiene en cuenta, que la pensión de
sobreviviente:
“es un derecho que
presenta una naturaleza fundamental, por estar contenido dentro de valores
tutelables como son el derecho a la vida, a la seguridad social, a la salud, y
al trabajo[50],
así como en el derecho a la educación, de clara estirpe fundamental, pues dicha
prestación protege en la situación de debilidad manifiesta que presenta (…)
quien desafortunadamente pierde a la persona de quien dependía su subsistencia
mínima vital.” [51]
En efecto, esta Sala pudo constatar en consulta de
afiliados al fondo de solidaridad y garantía en salud – FOSYGA, que la
accionante cotizó a la E.P.S. CAJANAL hasta el mes de julio de 2002 como
cotizante dependiente, y en el mes de marzo de 2004 registró como cotizante
pensionado por sustitución, siendo éste el último reporte.
De lo anterior se deriva, que la señora Abicinia Llanes Benítez no cotiza en salud desde el mes
de marzo de 2004, evidenciando la existencia de una clara vulneración del
derecho a la seguridad social,  a la vida digna, al mínimo vital y al debido
proceso por parte de CAJANAL, al no incluirla en nómina como beneficiaria de su
compañero permanente, a pesar de obrar dentro del expediente suficientes
elementos de juicio para deducir que convivió con él por más de cuarenta años.
Con base en las consideraciones anteriores, la Corte
procede a revocar la sentencia proferida  por el  Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Córdoba, Sala Penal, dentro de la acción de tutela
instaurada por Abicinia Llanes Benítez  contra la Caja Nacional de Previsión
Social -CAJANAL- administrada por el Patrimonio Autónomo BUENFUTURO, y procede
a conceder el amparo solicitado. Por lo tanto, se ordenará  a CAJANAL-
administrada por el Patrimonio Autónomo BUENFUTURO o a la entidad que haga sus
veces,  que en  un término de treinta días calendario, a partir de la notificación
de esta sentencia, adopte todas las medidas necesarias para  reconocer y hacer
efectivo el derecho de la señora Abicinia Llanes Benítez a recibir  la pensión
que correspondía al señor Olín Alberto Pardo Silva.
4.       DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR
la sentencia proferida  por el  Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Córdoba, Sala Penal, dentro de la acción de tutela instaurada por
Abicinia Llanes Benítez  contra la Caja Nacional de Previsión Social -CAJANAL-
administrada por el Patrimonio Autónomo BUENFUTURO.
SEGUNDO: CONCEDER a la señora Abicinia Llanes Benítez, por las razones y en los
términos de esta sentencia, el amparo tutelar solicitado para sus derechos
fundamentales, como persona de la tercera edad objeto de especial protección,
al debido proceso y  a la seguridad social, en conexidad con el derecho a una
vida digna y al mínimo vital.
TERCERO: ORDENAR a la Caja Nacional de
Previsión Social -CAJANAL- administrada por el Patrimonio Autónomo BUENFUTURO o a la entidad que haga sus veces,  que dentro de un
término de treinta (30) días calendario, a partir de la notificación de la
presente sentencia, adopte todas las medidas necesarias para reconocer y
hacer efectivo el derecho de la señora Abicinia Llanes Benítez  a recibir la
pensión que correspondía al señor Olín Alberto Pardo Silva.
CUARTO:
Líbrese por Secretaría, la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
Con salvamento de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA A LA SENTENCIA T-431/11
(M.P JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB).
Con profundo respeto hacia las decisiones
de la Sala me permito exponer las razones que me llevan a aclarar el voto en
esta oportunidad:
1.
La presente sentencia
sostiene que la acción de tutela es en principio improcedente para obtener el
reconocimiento o reliquidación de la pensión de vejez, invalidez,
sobrevivientes o su reliquidación, porque (i) el derecho a la seguridad
social “no es un derecho fundamental al no tener aplicación inmediata”.
Pese a ello, se afirma en el fallo que la
tutela se torna procedente para proteger el derecho a la seguridad social de
las personas de la tercera edad puesto que: (ii) se trata de sujetos de
especial protección constitucional frente a los cuales el derecho adquiere el
carácter de  “fundamental por conexidad”; (iii) no puede
someterse al titular del derecho a la espera de la decisión de un juez
ordinario sobre su petición pensional ya que para quienes sobrepasan la edad de
vida probable es posible que la decisión sobrevenga a su muerte; y (iv)
la negativa al reconocimiento de la prestación económica vulnera su mínimo
vital.
2.
Estoy plenamente de
acuerdo con que la procedencia de la tutela para solicitar el pago de
prestaciones pensionales es excepcional, y comparto que uno de estos eventos
extraordinarios acaece cuando el accionante es una persona de la tercera edad
para quien la ausencia de la pensión involucra un peligro inminente frente a su
derecho al mínimo vital. Sin embargo, discrepo de la premisa según la cual la
seguridad social en pensiones no es un derecho fundamental ((i) y (ii)),
del mismo modo que encuentro peligroso sujetar de forma exclusiva la
procedibilidad de la tutela en el caso de adultos mayores a la doctrina de la
vida probable (iii).
3.
Es cierto que durante
muchos años la Corte Constitucional sostuvo que derechos tales como la
seguridad social no eran fundamentales, excepto en los eventos en los que se
veía afectado otro derecho, este sí catalogado como fundamental, o en aquellos
casos en los que el titular del derecho era sujeto de especial protección
constitucional. Sin embargo, también lo es que en la jurisprudencia más
reciente de esta Corporación se ha reconocido que existen sólidas razones para
considerar que el derecho a la seguridad social es un verdadero derecho
fundamental[52].
La primera razón parte del reconocimiento de que
inicialmente el ordenamiento internacional de los derechos humanos distinguía
entre un grupo de derechos de primera generación, como la vida, la dignidad y
la libertad, que generan órdenes de “no hacer” cuyo cumplimiento es de orden inmediato;
y otros derechos de segunda generación, como la salud, la educación y la
seguridad social, que son meramente programáticos en la medida en que su
contenido es marcadamente prestacional. Esta dicotomía fue superada en el
sistema internacional de los derechos humanos con base en el carácter
indivisible y universal de los derechos. Por ello, tampoco podría continuarse
sosteniendo en el ordenamiento interno que solo aquellos derechos que se
corresponden con los de primera generación ostentan el título de fundamentales.
La segunda razón, de orden conceptual, entiende que
los derechos fundamentales están dotados
de ese carácter por su identidad con valores y principios del Estado Social de
Derecho y por su relevancia para la vida de sus asociados. Si esto es cierto,
es imperativo concluir que los derechos relativos a la seguridad social son
fundamentales “pues se
conectan de manera directa con los valores que las y los Constituyentes
quisieron elevar democráticamente a la categoría de bienes especialmente
protegidos por la Constitución”.
Por último, se ha dicho que en aplicación de la figura
del bloque de constitucionalidad, el derecho a la seguridad social debe
interpretarse conforme a los instrumentos internacionales vinculantes para el
Estado colombiano. Dado que de acuerdo con estos estándares “el derecho a la
seguridad social es de importancia fundamental para garantizar a todas las
personas su dignidad humana cuando hacen frente a circunstancias que les privan
de su capacidad para ejercer plenamente los derechos reconocidos en el Pacto”[53], en
el ordenamiento constitucional debe aceptarse también el carácter fundamental
del derecho.
Así las cosas, hoy en día parece injustificado sostener,
como lo hace el fallo, que el derecho a la seguridad social no puede ser
catalogado como fundamental.
4.
Ahora bien, aunque la
sentencia no deja claro el vínculo que defiende entre la expectativa de vida
probable y la procedencia de la acción de tutela de la tercera edad, considero
necesario precisar que una afirmación en el sentido de que la acción de tutela
es procedente cuando el accionante sobrepasa el tiempo de vida probable, no
puede llevar a la conclusión de que el criterio de la tercera edad se restringe
a la población que ha superado esta expectativa, fijada hoy en 71 años.
Un corolario de este tipo es un contrasentido pues “no
puede afirmarse que la última etapa de la vida empieza justamente cuando se
sobrepasa el promedio de vida de los colombianos, es decir, cuando, de acuerdo
con la media registrada, morimos”[54].
Además, constituye un claro desconocimiento de la Ley 1276 de 2009 que, en
su artículo 7 define como adulto mayor a las personas que cuentan con 60 años
de edad o más.
Fecha ut supra.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO HUMBERTO SIERRA
PORTO A LA SENTENCIA T-431 de 2011
Referencia: expediente T-2908702
Acción de Tutela instaurada por Albicina Llanes
Benítez contra la Caja Nacional de Previsión Social –CAJANAL-.
Magistrado
Ponente:
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Con
el debido respeto, procedo a exponer las razones por las cuales salvo mi voto
en relación con algunas de las consideraciones y la decisión asumida en la
sentencia T- 431 de 2011, mediante la cual la Sala Séptima de Revisión de
Tutelas de esta Corte resolvió revocar la sentencia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Córdoba, Sala Penal, dentro de la acción de
tutela instaurada por Albicina Llanes Benítez contra la Caja Nacional de
Previsión  Social –CAJANAL-, administrada por el Patrimonio Autónomo
BUENFUTURO. A continuación,
haré una relación sucinta de las particularidades del caso y de la sentencia en
cuestión para, de manera subsiguiente, referir las razones que justifican mi
suscripción de un salvamento de voto en relación con la sentencia precitada
Como
es de saber, la unión marital de hecho es el vínculo existente entre una
pareja, que de manera responsable constituye una comunidad de vida,
caracterizada por la estabilidad y el sentido de ayuda mutua. En este orden de
ideas, distintos regímenes pensionales tienen la convivencia o la relación de
apoyo mutuo como un presupuesto ineludible para el reconocimiento de una
pensión por sustitución pues, justamente, el sentido de la misma es brindar
protección a quien resulta desamparado (a) por la muerte de la persona que
soportaba sus gastos de manutención. Así pues, para el reconocimiento de una
prestación que cubra el riesgo generado con la muerte del (a) cónyuge o
compañero (a) de la persona interesada, es necesario acreditar la convivencia
durante un periodo significativo de tiempo previo a la defunción, lapso que
generalmente corresponde a cinco (5) años.
Por
ello el primer punto en discusión es el relativo a que en la  sentencia no se
hace un riguroso análisis probatorio para determinar la convivencia, sino que
simplemente se aduce:“obsérvese que la resolución expedida por la entidad
accionada, sólo sustituye la pensión de jubilación a favor de los hijos nacidos
de la unión con la accionante y no respecto de la señora María Josefa Mejía,
con quien dice CAJANAL aparece un vínculo matrimonial, y del que no hay prueba
dentro del expediente (…)”. Este es el único argumento con base en el cual
se reconoció la pensión reclamada, lo cual resultó inadecuado, pues a fin de resolver
apropiadamente este asunto se debió hacer un ejercicio probatorio dinámico para
demostrar la convivencia o la relación de apoyo mutuo existente entre la
accionante y el fallecido con anterioridad a su deceso.
Otro
cuestionamiento es el relativo a la afirmación de que “se debe atender, no a
la fecha de defunción del causante, sino al momento en que se dicten las
resoluciones correspondientes” para determinar la ley aplicable a la
definición de la solicitud, pues lo cierto es que ello se establece de acuerdo
con el fallecimiento del causante, conforme con los criterios para determinar la
aplicación de la ley en el tiempo. En esa medida, la norma aplicable debía
fijarse en atención a la fecha de defunción del causante, es decir, el día 15
de octubre de 1990, mas no la fecha en la que fueron expedidas las
resoluciones.
De otra parte, en las páginas 6 y siguientes de la
providencia en cuestión se trae a colación lo dicho en la sentencia C-1094 de
2003, cuya ratio decidendi y consideraciones no resultan aplicables al
particular pues, el tema que se analizó
en aquella sentencia es la constitucionalidad del literal b del artículo 13 de
la Ley 100, en cuanto al número de años que debe tener quien sustituya al
fallecido y el tiempo mínimo de convivencia exigido; mientras que la sentencia realmente pertinente era la C-1035 de
2008, relativa a los derechos de que gozan la esposa y la compañera permanente para
ser beneficiarias del derecho a la sustitución pensional, examen como resultado
del cual se resolvió: “declarar EXEQUIBLE, únicamente por los cargos analizados, la
expresión “En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes
del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero
permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente
será la esposa o el esposo”  contenida en el literal b del artículo 13 de
la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en el
entendido de que además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la
compañera o compañero permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos
(as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.”[55]
Por último, ha de cuestionarse el hecho de que en la providencia objeto de salvamento
se afirmó que la sentencia por medio de la cual declaró la existencia de un
estado de cosas inconstitucionales en CAJANAL fue la T-016  de 2008, cuando ello
fue dicho en la  T-1234 de 2008.[56]
Los
puntos anteriores expuestos sostienen los argumentos para mi discrepancia y
sustentan la suscripción de un salvamento de voto en relación con la sentencia
referida.
Fecha ut supra.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
[1]
M. P. Juan Carlos Henao Pérez
[2] M. P. Jorge Pretelt Chaljub
[3]
M. P. Jorge Pretelt Chaljub
[4]
M. P. Jorge Pretelt Chaljub
[5]
M. P. Juan Carlos Henao Pérez
[6]
Auto A-305-2009.  M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[7] MP. Jaime Araujo Rentería
[8]
Sentencia T-1 de 1992 y Sentencia C- 543-1992  M. P. José Gregorio Hernández
Galindo. Sentencias SU-622-01 y  T-937 de 2007.  M. P. Jaime Araujo Rentería.
[9]
MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[10] Sentencia T-1013-07. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[11] M. P. Jaime Córdoba
Triviño
[12] Sentencia T-1316/01.  Esta sentencia sintetiza la
regla jurisprudencial reiterada por la Corte a partir del análisis efectuado en
la decisión T-225/93, la cual estudió a profundidad los requisitos o
condiciones de inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad propios
del perjuicio irremediable. Sobre este particular, la sentencia en comento
indicó: “Al examinar cada uno de los términos que son elementales para la
comprensión de la figura del perjuicio irremediable, nos encontramos con lo
siguiente:
A).El
perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por
suceder prontamente".  Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante
un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia
real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para
evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética.  Se puede afirmar que,
bajo cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura fáctica,
aunque no necesariamente consumada.  Lo inminente, pues, desarrolla la
operación natural de las cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser
que oportunamente se contenga el proceso iniciado.  Hay inminencias que son
incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado.  Pero hay otras
que, con el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el
desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la
causa inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una
causa perturbadora se desvanece el efecto.  Luego siempre hay que mirar la
causa que está produciendo la inminencia.
B).
Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser
urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay
que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo
define el Diccionario de la Real Academia.  Es apenas una adecuación entre la
inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace relación a la
prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta
proporcionada en la prontitud.  Pero además la urgencia se refiere a la
precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las
circunstancias particulares.  Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y
la prontitud señalan la oportunidad de la urgencia.
C).          No
basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que
equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona.  La gravedad obliga a basarse en la importancia que el
orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que
la amenaza  a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte
de las autoridades públicas.  Luego no se trata de cualquier tipo de
irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran
significación para la persona, objetivamente.  Y se anota la objetividad, por
cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en la
indefinición jurídica, a todas luces inconveniente.
D).La
urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable,
ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad.  Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser
ineficaz por inoportuna.  Se requiere una acción en el momento de la
inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos.  Se trata
del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la
eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y
restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social.
De acuerdo con lo que se ha
esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que hay ocasiones en que de
continuar las circunstancias de hecho en que se encuentra una persona, es
inminente e inevitable la destrucción grave de un bien jurídicamente protegido,
de manera que urge la protección inmediata e impostergable por parte del Estado
ya en forma directa o como mecanismo transitorio.”
[13] Ibídem
[14]
MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[15]
MP. Alejandro Martínez Caballero.
[16] M. P  Idem.
[17] T-347/94, M.P. Antonio
Barrera Carbonell.
[18]
En igual sentido pueden consultarse, entre otras, las
sentencias T-789 de 2003, T-515A de 2006, T-180 de 2009 y T-238 de 2009.
[19]
MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[20]
MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[21] MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[22]
MP. Alejandro Martínez Caballero.
[23] MP. Alejandro Martínez
Caballero.
[24]
MP. Alejandro Martínez Caballero.
[25]
MP.Alejandro Martínez Caballero.
[26]
MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[27]
MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[28] Informe
del Departamento Nacional de Estadística, julio 29, 2008.
[29]
MP. Alejandro Martínez Caballero.
[30]. Sentencia T-295-99 M. P.
Eduardo Cifuentes  Muñoz.
[31] Sentencia SU-995 de 1999
MP. Carlos Gaviria Díaz
[32]
MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[33] M.P. José Gregorio
Hernández
[34] M. P. Alejandro Martínez
Caballero.
[35] M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[36] MP. Jaime Córdoba Triviño
[37] M. P. Clara Inés Vargas
Hernández
[38] Ver, Sentencias T-813 de
2002 y T-166 de 2010, entre otras.
[39] “Corte Suprema de Justicia, Sala
Laboral, 2 de noviembre de 1981, Gaceta Judicial No. 2406, Pág. 518.”
[40]
Sentencia T-190 de 1993 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[41] Sentencia T- 789 de 11 de
septiembre  2003. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[42] Ibídem.
[43]
T-789 de 11 septiembre de   2003. M. P. Manuel José Cepeda.
[44] Ibídem.
[45] Ibídem.
[46] Sentencia T-190 de 1993,
MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[47] Sentencia T-456 de 11 de
mayo  2004, MP. Jaime Araujo Rentería.
[48] En el Estado Social de
Derecho los adultos mayores son consideradas personas en estado de debilidad
manifiesta, como quiera que a una edad cercana al índice promedio de vida en el
país que es de 71 años de edad  , se entiende que éstas empiezan a ver
disminuida su capacidad física y con ello la posibilidad de ejercer en toda su
dimensión algunos de sus derechos, así como la pérdida progresiva de la fuerza
laboral, por lo que resulta factible que la única fuente de ingresos que puedan
percibir éstas sea la pensión de jubilación o la de sobreviviente, siempre y
cuando se cumplan las condiciones legales para acceder al reconocimiento
prestacional.
[49] La Corte igualmente
considera en estado de debilidad manifiesta a aquellas personas que no cuentan
con ninguna fuente de ingresos y que no tienen la capacidad de operar en el
mercado laboral, de donde se tiene que “(…) negarle [bien sea a las personas de la tercera edad, pobres o pobres
extremas], injustificadamente el
derecho a la sustitución pensional, equivale a someter arbitrariamente, su
bienestar a la voluntad o capacidad de terceras personas, lo que compromete
seriamente la dignidad, la igualdad y la autonomía.
[50] Corte Constitucional,  Sentencia T-173 de 11 de abril
de 2004, MP: Alejandro Martínez Caballero
[51] Corte Constitucional, Sentencias T-513  de 16 de
julio de 1999, MP: (E): Martha Victoria Sáchica Méndez; T-571 de agosto 11 de
1999, MP: Fabio Morón Díaz; T-638  de 31 de agosto 1999, MP: Vladimiro Naranjo
Mesa.
[52]
Para una exposición más amplia de estos argumentos ver, entre
muchas otras, las sentencia T-457/09, T-642/10, T-701/08, T-621/10, T-232/11,
T-090/09, T-431/09.
[53]
Comité DESC, Observación General 19.
[54]
Aclaración de voto del Dr. Juan Carlos Henao a la sentencia
T-354/10.
[55]
Sentencia C-1035 de 2008.
[56]
En el punto 2.2.1 de la sentencia se sostuvo de forma
imprecisa: “la Corte Constitucional en sentencia T-016 de 2010 al declarar el estado de cosas inconstitucional trazó
un panorama de la situación de CAJANAL cuyo núcleo temático fue
el derecho de petición, aunque en torno a él la sentencia consignó reflexiones
de la mayor pertinencia sobre la posición negativa asumida por esa entidad
respecto al reconocimiento de las pensiones de supervivencia.”