T-316-19
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-316/19
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
PROFESION DE ABOGADO-Parámetros que enmarca su ejercicio
El abogado está sometido a reglas éticas que se concretan en
conductas prohibitivas, a través de las cuales se busca asegurar la probidad y
honradez en el ejercicio de la profesión y la responsabilidad respecto de los
clientes y del ordenamiento jurídico. Las reglas éticas son necesarias para
regular la conducta del abogado en su ejercicio –lo cual excluye, por supuesto,
una indebida intromisión en su fuero interno–, pues la actividad de este
profesional va más allá de resolver problemas de orden técnico, en tanto su
conducta está vinculada con la protección del interés general
DERECHO DISCIPLINARIO-Aplicación de principios del derecho penal
La acción disciplinaria del Estado
supone una actividad sancionatoria, de manera que todas las actuaciones que se realicen
en desarrollo de ésta deben respetar unos postulados mínimos que, básicamente,
están dados por el respeto al debido proceso. En este punto cabe destacar que
la Corte ha admitido que las garantías del derecho penal deben ser aplicadas al
derecho disciplinario mutatis
mutandi, de hecho, el mismo Código establece que en el ejercicio de la
sanción disciplinaria deben seguirse los principios de legalidad, presunción de
inocencia, culpabilidad, antijuridicidad, favorabilidad y non bis in idem
PRINCIPIO DE TIPICIDAD EN DERECHO DISCIPLINARIO-No es exigible el mismo grado de rigurosidad que se predica
en materia penal
RESPONSABILIDAD OBJETIVA EN PROCESO DISCIPLINARIO-Proscripción
Dentro del derecho disciplinario se
proscribe la responsabilidad objetiva en materia sancionatoria, de manera que
debe haber un juicio de culpabilidad para determinar si el abogado actuó con
dolo o culpa.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE SANCIONES DISCIPLINARIAS-Requisitos
“(i) Que la
sanción sea establecida directamente por el legislador (reserva
legal); (ii) que esta determinación sea previa al acto merecedor de la
conminación; (iii) que el contenido material de la sanción esté definido en la
ley, o que el legislador suministre criterios que permitan razonablemente tanto
al disciplinable como a la autoridad competente contar con un marco de
referencia cierto para la determinación; [y] (iv) [que ésta sea] razonable y
proporcional, a efectos de evitar la arbitrariedad y limitar a su
máxima expresión la discrecionalidad de que pueda hacer uso la autoridad
administrativa al momento de su imposición.”
SANCION DISCIPLINARIA-Criterios para la graduación
“(i) Criterios generales, dentro de los cuales se ubican
algunos de carácter objetivo (la modalidad de la conducta y sus circunstancias,
su trascendencia social, y el perjuicio ocasionado), y otros de naturaleza
subjetiva (los motivos determinantes del comportamiento); (ii) criterios
atenuantes, como la confesión y el resarcimiento o compensación del daño; y
(iii) [criterios de agravación], tales como la entidad de los bienes jurídicos
afectados, la sindicación infundada a terceros, el aprovechamiento propio o
ajeno de valores recibidos en virtud del encargo, la concurrencia de
copartícipes en el hecho, la existencia de antecedentes disciplinarios, y el
aprovechamiento de una circunstancia de vulnerabilidad en el afectado
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DISCIPLINARIO-Procedencia
por defecto sustantivo por falta de
fundamentación completa y explícita de los motivos que justificaron cualitativa
y cuantitativamente la sanción impuesta
Referencia: Expediente T-6.645.226
Acción de tutela instaurada por la señora
Mónica Soledad Murcia Páez contra las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y del Consejo Superior de la
Judicatura
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá
DC, quince
(15) de julio de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Linares
Cantillo, Antonio José Lizarazo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución
Política y 33 y subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la
siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos de tutela
proferidos por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior
de la Judicatura y del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá,
correspondientes al trámite de la acción de amparo constitucional promovida por
la señora Mónica Soledad Murcia Páez contra las Salas
Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá y del Consejo Superior de la Judicatura.
I. ANTECEDENTES
1.1. Hechos
1.1.1. La accionante representaba al operador de
telefonía Colombia de Telecomunicaciones S.A. S.P. Telefónica (en adelante
Telefónica), en virtud del contrato
C-0131-08 suscrito el 22 de enero de 2008 por la firma HR Abogados Corporativos S.A (en
adelante HR Abogados) para la cual la señora Mónica Soledad Murcia Páez prestaba
sus servicios. El objeto de dicho contrato era la asesoría y representación
ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante Superintendencia
o SIC) en actuaciones administrativas y jurisdiccionales en temas de publicidad
engañosa[1].
1.1.2. El 7 de febrero de 2012, en su condición de
persona natural y sin perjuicio de su vínculo con la firma HR Abogados, la
señora Murcia Páez celebró el contrato No. 018 de 2012 con la Dirección para la
Protección al Consumidor de la Delegatura para la Protección al Consumidor de
la Superintendencia, el cual tenía por objeto la “elaboración de proyectos
de decisión de recursos de apelación interpuestos por los usuarios contra
respuestas de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, que se
encuentran en curso en esta Superintendencia bajo la modalidad de outsourcing”[2].
1.1.3. El 23 de mayo de 2012, la Secretaria General de
la Superintendencia de Industria y Comercio presentó un informe ante el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá, con el objeto de que se evaluara la
posible existencia de intereses contrapuestos de la accionante al momento de
celebrar el contrato de sustanciación de recursos con la citada autoridad
pública, teniendo en cuenta que su objeto recaía en el área de las
telecomunicaciones y que, a su vez, la actora era abogada consultora de la
firma HR Abogados, por virtud de la cual prestaba servicios a Telefónica, sin
que en su hoja de vida constara que tenía a cargo la representación de un
operador de telefonía.
1.1.4. Como consecuencia del anterior informe, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá inició un proceso disciplinario en contra
de la accionante, que finalizó en primera instancia con la decisión del 16 de
septiembre de 2013, en la que resolvió declararla disciplinariamente
responsable. Para dicha colegiatura, la accionante vulneró el deber de lealtad
contenido en el numeral 8 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007[3],
que se concretó en la comisión de la falta descrita en el literal e), del
artículo 34, de la ley en cita, que establece como comportamiento
reprochable con el cliente “Asesorar, patrocinar o representar, simultánea o
sucesivamente, a quienes tengan intereses contrapuestos, sin perjuicio de que
pueda realizar, con el consentimiento de todos, gestiones que redunden en
provecho común” y, en consecuencia, le impuso la sanción de exclusión en el
ejercicio de la profesión.
1.1.4.1. Para fundamentar su decisión, el Consejo
mencionó la amplia experiencia laboral de la accionante, para descartar que el
contrato que celebró con la Superintendencia tan solo tuviera por objeto realizar
una actividad mecánica para proyectar recursos. En todo caso, sostuvo que,
aunque fuese cierto que la accionante únicamente llenaba formatos y que, por
ello, no pudo favorecer a Telefónica, ello no era relevante, pues esta falta no
requiere que se produzca un resultado, ya que es de mero peligro. Al respecto, señaló
que, en este caso, el que los contratos tuvieran objetos distintos no
desvirtuaba la comisión de la falta, ya que lo cierto es que dentro de la SIC
tuvo –al menos– la oportunidad de tomar decisiones que
favorecieran a Telefónica, al momento de decidir los recursos de apelación
interpuestos contra sus decisiones.
Adicionalmente, el Consejo coligió que la accionante
tenía fácil entrada a la Superintendencia para tratar temas de Telefónica, lo
cual no ocurre con cualquier usuario, quien no conoce quien trabaja allí y con
quien debe hablar para tratar temas de su interés. De hecho, menciona que, en
los testimonios recolectados, se pudo conocer que la accionante participó en
reuniones, siendo representante de Telefónica, con la Directora de
Investigaciones en el despacho de la Delegada para la Protección del
Consumidor, para debatir asuntos que le concernían a su cliente.
1.1.4.2. Continuó señalando que la disciplinable no
incluyó en su hoja de vida, para ser contratista de la Superintendencia, el hecho que prestaba asesoría a Telefónica, sino que tan sólo
incluyó dentro de su experiencia a la firma HR Abogados, lo cual, si bien no
constituye una falta, si demuestra que la accionante fue desleal con sus
clientes. Agregó que la supervisora que permitió la vinculación de la
accionante con la SIC está siendo investigada disciplinariamente.
1.1.4.3. El Consejo Seccional encontró que, en este
caso, resultaba evidente la afectación del deber de lealtad con sus clientes, y,
además, señaló que con su conducta la accionante también lesionó a una tercera
parte, esto es, a los usuarios, para quienes no resulta explicable que la
autoridad que resuelve los recursos que ellos interponen contra una empresa de
telecomunicaciones, tenga asignada para dicha labor a una abogada que
representa a una compañía que integra el sector.
1.1.4.4. Finalmente, si bien reconoció que los clientes
de la abogada no eran contrapartes, tal condición no es la que exige el tipo disciplinario
para su configuración, pues tener un interés contrapuesto consiste en que los beneficios
o réditos de las partes son distintos. En efecto, a Telefónica S.A. le
interesaba ser favorecida en sus decisiones y a la Superintendencia resolver los recursos con objetividad, lo cual
demuestra la contraposición existente.
1.1.4.5. Una vez establecida la comisión de la falta
disciplinaria, el Consejo Seccional precisó que ésta se cometió de manera
dolosa, lo cual deduce del “conocimiento tan profundo que la abogada tenía
de todas las gestiones que se adelantan en la Superintendencia y de la deslealtad
en la que incurre frente a [dicha autoridad] al estar asesorando también a la
empresa telefónica, sin que [la primera] oficialmente tuviera conocimiento [de
la situación] al no haber sido relacionad[a] [por la actora] en su hoja de vida
(…)”[4].
1.1.4.6. Para determinar la sanción a imponer, el Consejo
mencionó que tendría en cuenta las causales objetivas de trascendencia social
de la conducta, que se concreta en la implicación negativa que dicha falta tuvo
para el ejercicio de la profesión y la modalidad en la que fue ejecutada, que
consistió en hacerlo a través de la afectación de la confianza de los usuarios de
la Superintendencia, quienes tenían la convicción de que quienes adoptan las
decisiones en los casos que se someten a su conocimiento, actúan de manera imparcial
y transparente. Por último, como una afirmación aislada, señaló que la investigada
no tenía antecedentes disciplinarios, sin perjuicio de lo cual, se le condenó
con la exclusión de la profesión.
1.1.5. En escrito del 5 de noviembre de 2013, el abogado
de la accionante solicitó revocar el fallo de primera instancia, con fundamento
en los siguientes argumentos:
En primer lugar, adujo que la actuación de su
apoderada era atípica, porque nunca se presentó contraposición de intereses de
los sujetos representados, esto es, la Superintendencia y Telefónica. En
segundo lugar, sostuvo que, en caso de que se considerara que la conducta si
estaba proscrita, operó una justificación legal, ya que los dos representados
conocían del asesoramiento que la accionante le prestaba a cada parte. En
tercer lugar, señaló que no existió ilicitud sustancial de la conducta, puesto
que no hubo vulneración material al deber de lealtad, ya que el trabajo realizado
por la accionante en la Superintendencia era de naturaleza formal, a través de
la aplicación de formatos para resolver recursos de apelación. En cuarto lugar,
manifestó que ocurrió un error invencible, pues nunca su representada conoció de
la relevancia disciplinaria de su actuar, tanto así que jamás ocultó tal
situación. Por último, alegó que la sanción interpuesta era desproporcionada e
irracional, ya que no se especificaron los motivos que dieron lugar a la
imposición de la mayor sanción posible.
1.1.6. En sentencia del 8 de junio de 2016, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decidió
confirmar la decisión del a-quo.
1.1.6.1. Para empezar, señaló que la accionante incurrió
en la falta descrita en el artículo 34, literal e), de la Ley 1123 de 2007,
que, como ya se dijo, concierne a la comisión de la conducta referente a los
intereses contrapuestos. En este orden de ideas, el Consejo Superior de la
Judicatura encontró que la disciplinable representó y asesoró desde el 22 de
enero de 2008 a Telefónica ante la Superintendencia, labor que culminó con la presentación de
dos recursos el 2 de diciembre de 2011 y, paralelamente, trabajaba para dicha
entidad proyectando recursos de apelación, entre los que se encontraban los
formulados en contra de las decisiones de Telefónica. Por consiguiente, coligió
que la actora actuó de manera simultánea en la defensa de los intereses de dos
clientes, siendo ellos contrapuestos, al margen de que los contratos tuvieran
objetos distintos, pues lo cierto es que al mismo tiempo que ejercía actividades
en provecho de la entidad, lo hacía también en favor de la empresa.
1.1.6.2. Para establecer la tipicidad de la conducta,
el juez de segunda instancia encontró probado que la abogada sí resolvió
recursos en contra de las decisiones de Telefónica, aunque fuera de forma
adversa. Adicionalmente, afirmó que no es cierto que la accionante actuara
mediante error invencible respecto de la tipicidad de su conducta, por el hecho
de haber consultado a la Superintendencia sobre si su actuación constituía o no
una falta disciplinaria, toda vez que era suficiente que ella conociera que en
el contrato que iba a celebrar con la mencionada
entidad tenía a su cargo la proyección de recursos contra Telefónica. Por lo demás, fue la misma
Secretaria General de la SIC la que dio inicio al proceso disciplinario, lo que
demuestra que no existía plena complacencia sobre el actuar de la abogada.
1.1.6.3. En cuanto a la antijuridicidad de la conducta,
señaló que en materia disciplinaria debe estudiarse si la actuación del
investigado afecta sin justificación alguno de los deberes del Código
Disciplinario del Abogado, lo cual ocurrió en el asunto sub-judice, toda
vez que la accionante contrarió la carga de ser leal con sus clientes, contenida
en el numeral 8 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, lo cual tiene
correlación directa con el mencionado literal e), del artículo 34 de la ley en
cita, el cual, como ya se dijo, considera reprochable asesorar, patrocinar o
representar de forma simultánea o sucesiva, a quienes tengan intereses
contrapuestos.
Respecto de las alegaciones del abogado, sostuvo que
no exime de responsabilidad a la investigada el que hubiese manifestado
verbalmente que trabajaba para los dos clientes, pues las inhabilidades e
incompatibilidades para suscribir el contrato se refieren a un tema propio de la
contratación estatal, el cual difiere de lo que se estudia en la jurisdicción
disciplinaria, ya que lo que se pretende es establecer la afectación del deber
de lealtad por parte del abogado. Por otro lado, tampoco consideró de recibo el
argumento según el cual no hubo ilicitud sustancial de la conducta, ya que la vulneración
del citado deber no se supedita al ejercicio o no de un privilegio, en tanto la
representación de intereses contrapuestos no exige un resultado lesivo.
1.1.6.4. En lo que atañe a la culpabilidad, señaló que
la accionante actuó con dolo, pues es una profesional en derecho que, en su
condición de tal, conocía que su actuar afectaba el deber de lealtad. Así, voluntariamente
suscribió un contrato con la SIC para proyectar recursos de apelación contra
las decisiones de empresas de telefonía, entre las que se encontraba
Telefónica, a pesar de haber celebrado un contrato con esta última para
representarla en actuaciones administrativas y jurisdiccionales por publicidad
engañosa promovidas por la Superintendencia.
1.1.6.5. Por otro lado, encontró que la sanción de
exclusión de la profesión se ajustaba al comportamiento realizado, y que era
una medida proporcional y razonable. Al respecto, manifestó que estaba probado
que la accionante actuó con dolo y de forma consciente, ya que nadie entiende
como una persona puede ser asesora de quien formula un recurso y de quien, a su
vez, proyecta una decisión. Adujo que el comportamiento de la accionante
desbordó el alcance que tiene la relación entre cliente y abogado, ya que también
generó un impacto negativo en la percepción que tienen las personas sobre los profesionales
del derecho, de manera que su conducta tuvo trascendencia social, pues la
modalidad en la que se desarrolló afectó la confianza que tienen los usuarios en
que la SIC actúa de manera imparcial y transparente.
Por último, consideró que la sanción resultaba
necesaria en el caso bajo examen, en la medida en que a través de ella se
previene que la conducta de la abogada se repita, y sirve para disuadir a los
demás juristas de cometer este mismo tipo de faltas.
1.1.2. Solicitud de amparo constitucional[5]
1.1.2.1. La accionante reclama el amparo de su derecho
al debido proceso y a las garantías de legalidad y de presunción de inocencia,
las cuales estima vulneradas por las sentencias del 16 de septiembre de 2013 y
del 8 de junio de 2016 proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias
del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y del Consejo Superior de la
Judicatura, quienes, en primera y segunda instancia, le impusieron la sanción
de exclusión de la profesión como abogada. En concreto, solicita que se deje
sin efectos las decisiones cuestionadas y que, en su lugar, se dicte un fallo de
reemplazo o se ordene al juez disciplinario proferir uno nuevo, en el cual se
sigan los lineamientos que determine el juez de tutela.
1.1.2.2.
Para la accionante, las decisiones cuestionadas incurrieron en un defecto fáctico
y en un defecto sustantivo.
1.1.2.2.1.
El primero de ellos, a su juicio, se configuró, por una parte, por la incongruencia
entre lo probado y lo decidido. Al respecto, (i) explica que las pruebas que
utilizaron los accionados no se dirigían a demostrar la contraposición de
intereses, sino únicamente a exponer que la actora representó a Telefónica y
que asesoró a la Superintendencia de Industria y Comercio. También (ii) destaca
que hay conclusiones sin fuerza probatoria, como, por ejemplo, cuando se asegura
que hay intereses opuestos entre las partes, siendo que el afectado que se
invoca es una “tercera parte”, que corresponde al “usuario” de la
administración. Además, (iii) sostiene que los testimonios se analizaron en
forma descontextualizada, como ocurrió con la mención a una reunión que sostuvo
la accionante con la Superintendente Delegada para la Protección al Consumidor,
pues en ese caso se tocaron temas aislados a los intereses de la SIC, al
plantearse la junta para examinar asuntos relativos a su labor como
representante de Telefónica. Por último, (iv) manifiesta que las accionadas
parecieran utilizar los testimonios como si se trataran de indicios, sin que
existiera la construcción estructural de este medio de prueba.
1.1.2.2.2.
Por otra parte, alega que el defecto fáctico también se configuró cuando los
jueces no apreciaron las pruebas que demostraban la falta de responsabilidad de
la accionante en la comisión de la conducta, como por ejemplo, los testimonios
que daban cuenta que la asesoría era distinta en los dos contratos, o aquellos
que señalaban que el supervisor si conocía del papel que la accionante tenía a
su cargo como representante de Telefónica ante la Superintendencia, sin que
esto hubiese sido considerado como un problema por las partes[6].
Además, invoca que se omitió el examen de varios testimonios recaudados que pretendían
demostrar que el objeto del contrato celebrado con la citada entidad consistía
en la elaboración de proyectos de recursos de apelación, la cual era una labor
mecánica de llenar formatos en los que se decidían quejas de usuarios en temas
de protección al consumidor, mientras que el contrato con Telefónica tenía por
objeto actuar ante la Superintendencia por investigaciones iniciadas en temas
administrativos o judiciales por violación del régimen de publicidad engañosa[7].
Sostiene que tampoco se consideró por el juez que el representante de la firma
HR Abogados señaló que los contratos tenían objetos distintos, de manera que no
había inconveniente en la simultaneidad de los roles que se cumplían.
Por
último, en la configuración de este cargo, asevera que el juez disciplinario no
analizó probatoriamente el contrato No. 018 de 2012 suscrito con la SIC, en el
que se especificaban las funciones que la accionante debía realizar dentro de
la entidad, así como tampoco las guías de la Superintendencia que establecían
cómo debían ser resueltos los recursos, ni los protocolos para su elaboración,
y menos aún los proyectos que efectivamente fueron realizados por la
accionante.
1.1.2.2.3.
En cuanto a la configuración del defecto sustantivo, aduce que este se presentó
por tres vías. La primera, por ausencia de tipicidad frente al único cargo endilgado,
básicamente por la inexistencia de intereses contrapuestos entre Telefónica y
la Superintendencia, ya que cada contrato estuvo vinculado a dos Direcciones distintas
dentro de la SIC, que eran excluyentes entre sí, de manera que, si el objeto no
era el mismo, no podía concluirse que existía un conflicto de lealtad en la
labor profesional adelantada. Además, alega que en la audiencia de calificación
se formularon cargos por todos los verbos rectores de la conducta reprochada,
esto es, “patrocinar, asesorar y representar”, sin especificar si ello
se hizo de forma “sucesiva o simultánea”, lo que impidió que pudiera
defenderse de acusaciones indeterminadas.
1.1.2.2.4.
En lo que atañe a la segunda vía de configuración del defecto, señala que las
Salas accionadas desconocieron los artículos 84 y 97 de la Ley 1123 de 2007,
que prescriben que debe haber pruebas que demuestren la existencia de la falta
y de la responsabilidad de la investigada, para poder sancionarla
disciplinariamente. En este caso, los jueces atribuyeron la culpabilidad de la
falta a título de dolo por el conocimiento que la accionante tiene de las
gestiones que se adelantan en la Superintendencia, así como en la deslealtad
hacía dicha entidad, ya que formalmente nunca se le informó del contrato que
tenía con Telefónica. Al contrario de lo expuesto, la accionante considera que en
este caso no había conciencia de la falta cometida, en tanto nunca hubo
contraposición de intereses, tanto así que las partes implicadas conocían de la
situación y no consideraron que ello presentara inconveniente alguno.
1.1.2.2.5.
Para finalizar, argumenta que también hubo defecto sustantivo por la inaplicación
de la norma que refiere al deber de sancionar de forma razonable y proporcional
a la gravedad de la falta contenida en el artículo 13 del Código Disciplinario
del Abogado, que también condujo al desconocimiento del artículo 46 de dicho Código
que establece que toda sentencia debe ser fundamentada de manera completa y
explícita sobre los motivos cualitativos y cuantitativos que determinaron la
imposición de la sanción. En este caso, se estableció por los jueces
disciplinarios que hubo dos criterios generales para fijar la condena, como lo
era la trascendencia social por la implicación negativa en el ejercicio de la
profesión y la modalidad en la que se desarrolló la conducta, la cual afectó la
imagen de una entidad pública ante los usuarios. Sobre este punto, resalta la
accionante que no se tuvo en cuenta que la lealtad exigible a ella era respecto
de sus clientes y de nadie más, máxime si no tenía la condición de servidora
pública.
Por
otro lado, afirma que no hubo razonabilidad al aplicar los criterios
establecidos en el Código, pues, de hecho, ni siquiera existió un agravante.
Menciona que, en el asunto bajo examen, aunque no se trate de derecho
penal, si deben tomarse en consideración los criterios que se dan en la ley
para que el margen de discreción del juez disciplinario opere dentro de un mínimo
y un máximo de sanciones a imponer, a través de la aplicación de los criterios
generales, atenuantes y agravantes. En este caso, se
agrega que, si bien dentro de las causales de atenuación no está la ausencia de
antecedentes, dicha circunstancia si aparece, a la inversa, como un criterio de
agravación, de suerte que podría entenderse que, al no tenerlos, se activa una
prohibición para aplicar la sanción máxima, distinto a lo que ocurrió en el sub-judice,
al excluir a la accionante del ejercicio de la profesión.
Finalmente,
alega que, en otros juicios similares al suyo, en que se acusaba al disciplinado
de incumplir el deber de lealtad o de tener un conflicto de interés, se aplicaron
sanciones que oscilaban entre los dos o tres meses de suspensión, en ocasiones
acompañado de multas, así como la censura, sin que en ellos se hubiese aplicado
la sanción máxima de exclusión, en violación del principio de igualdad.
1.1.3. Contestación del Consejo Superior de la Judicatura
El Magistrado Ponente de la sentencia cuestionada asegura
que la decisión de sancionar a la señora Mónica Soledad Murcia Páez se basó en
los principios que rigen las investigaciones disciplinarias. Asevera que lo que
pretende la accionante mediante la tutela es revivir el debate jurídico y
probatorio que ya se surtió. Por último, solicita que se declare improcedente
la acción, toda vez que no se cumplió con el requisito de inmediatez, por
cuanto transcurrieron cuatro meses desde que se profirió la decisión, hasta que
se interpuso la tutela.
1.1.4. Contestación del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá
La Magistrada Ponente de la sentencia de primera
instancia solicita que se declare la improcedencia de la acción, ya que resulta
evidente que lo pretendido por la accionante es que se realice una nueva
valoración probatoria y jurídica sobre un caso ya decidido.
1.1.5. Sentencia de primera instancia
1.1.5.1. En sentencia del 14 de octubre de 2017,
la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Bogotá decidió
declarar la improcedencia parcial del amparo, por encontrar que, respecto de
algunos de los defectos endilgados, no se cumple el requisito de subsidiariedad,
comoquiera que estos no fueron alegados durante el trámite del proceso disciplinario.
Concretamente, señaló que el apoderado ni la accionante adujeron que el cargo
fuera anfibológico, presunta irregularidad que pudieron haber invocado desde la
audiencia de fijación de la falta, teniendo en cuenta que estuvieron presentes
en todas las actuaciones adelantadas.
Además, consideró que la configuración del defecto
sustancial por la inaplicación de la norma para determinar la culpabilidad fue distinta
a cómo se planteó en el proceso disciplinario, ya que en él se argumentó que el
juez si probó el elemento cognoscitivo del dolo, pero no el volitivo; mientras
que, en sede de tutela, se alega que no hubo prueba de ninguno de los dos.
Por último, en cuanto a la razonabilidad y
proporcionalidad de la medida, señaló que en el proceso disciplinario se abordó
este punto desde la falta de congruencia entre los cargos por los cuales se
calificó la conducta de la accionante, ya que nunca hubo agravantes que
hicieran procedente imponer la máxima sanción; al paso que, en la instancia de
tutela, se plantearon otro tipo de argumentos relacionados con (i) la falta de
determinación cualitativa y cuantitativa necesarias para establecer la sanción;
(ii) la ausencia de antecedentes y agravantes; y (iii) la desproporción de la
dosimetría respecto de otros sujetos que han sido sancionados con anterioridad.
Ninguno de tales argumentos se planteó en el proceso, lo que hace que tampoco
sea procedente su estudio por el juez constitucional, en virtud del principio
de subsidiariedad.
1.1.5.2. Ahora bien, respecto de los demás
defectos alegados, el a-quo encontró que debía negarse el amparo, por
cuanto las autoridades judiciales accionadas si estudiaron las pruebas que
ahora la accionante estima no valoradas. Bajo este entendido, consideró que los
argumentos propuestos fueron analizados en forma razonable dentro del proceso
disciplinario, sin que la inconformidad con el resultado, implique la
existencia per se de vicios que deban ser debatidos ante el juez de
tutela.
1.1.6. Impugnación
1.1.6.1. El apoderado de la accionante solicitó que se
revocara la decisión del juez de primera instancia, pues, en su criterio, si se
cumple el requisito de subsidiariedad, en tanto se está cuestionando la
sentencia de segunda instancia dentro del proceso disciplinario que replica la
mayoría de los argumentos y razonamientos del Consejo Seccional y, contra la
cual, no existen recursos. Concretamente, manifestó que, aunque, por ejemplo,
el defecto relacionado con la anfibología del cargo no se discutió en el
proceso disciplinario, ello debe ser objeto de juicio por parte del juez de
tutela, ya que se le impidió a la disciplinada defenderse adecuadamente, toda
vez que debió hacerlo bajo una suposición acerca de cuál verbo rector se le
estaba aplicando.
1.1.6.2. En cuanto al defecto sustantivo por la
inaplicación de la norma especial de culpabilidad, señaló que éste fue uno de
los puntos objeto de cuestionamiento en la impugnación, así como el tema referente
al incumplimiento del principio de proporcionalidad.
1.1.6.3. Por último, adujo que sí se presentó un
defecto fáctico, ya que pese a que se señalaron varios testimonios que podrían
dar lugar a la ausencia de responsabilidad de la actora, ellos no fueron debidamente
descartados por el juez disciplinario.
1.1.7. Sentencia de segunda instancia
En sentencia del 12 de octubre de 2017, la Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resolvió revocar
parcialmente la decisión del a-quo, pues consideró que sí se cumplieron
los presupuestos procesales para estudiar de fondo los defectos endilgados a
las sentencias proferidas dentro del proceso judicial. Ahora bien, al decidir
sobre el fondo del asunto, resolvió negar el amparo pretendido, por cuanto durante
el proceso quedó suficientemente probado que la señora Mónica Soledad Murcia
Páez simultáneamente asesoró intereses contrapuestos, teniendo como base el
objeto social y las actividades de cada una de las partes. Además, el juez
disciplinario sí tuvo en cuenta la gravedad de la conducta, la cual determinó
la sanción a imponer. En este sentido, consideró que no había lugar a acceder a
las pretensiones de la accionante, en tanto lo que se pretende con la acción es
convertir a la tutela en una instancia adicional de decisión del juicio
disciplinario.
1.1.8. Pruebas relevantes que obran en el expediente
- Copia de la transcripción de la audiencia de pruebas y de
calificación de la falta llevada a cabo el 31 de mayo y el 9 de julio de 2013,
dentro del proceso disciplinario adelantado contra la señora Mónica Soledad
Murcia Páez.
- Copia de la transcripción de la audiencia de juzgamiento
del 26 de agosto de 2013, dentro del proceso disciplinario adelantado contra la
señora Mónica Soledad Murcia Páez.
- Copia de la decisión proferida en primera instancia el
16 de septiembre de 2013 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá, dentro del proceso disciplinario
adelantado contra la señora Mónica Soledad Murcia Páez.
- Copia del recurso de apelación contra la anterior
decisión, presentado por el apoderado de la accionante el día 5 de noviembre de
2013.
- Copia de la decisión proferida en segunda instancia el
8 de junio de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, dentro del proceso disciplinario adelantado contra
la señora Mónica Soledad Murcia Páez.
- Copia del contrato de prestación de servicios
profesionales No. 018 de 2012 celebrado entre la Superintendencia de Industria
y Comercio y la señora Mónica Soledad Murcia Páez.
- Copia del Protocolo para la prestación de servicios
profesionales para la ejecución del contrato referido en el numeral anterior.
II. REVISIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
2.1.
Competencia
Esta Sala es competente para revisar las
decisiones proferidas en la acción de tutela de la referencia, con fundamento
en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política. El
expediente fue seleccionado por la Sala de Selección Número Tres mediante Auto
del 23 de marzo de 2018.
2.2. Actuaciones surtidas en sede de revisión
2.2.1. En Auto del 11 de julio de
2018, se solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá que remitiera
copia del proceso disciplinario adelantado en contra de la señora Mónica
Soledad Murcia Páez, lo cual se acreditó mediante oficio del día 19 del mes y
año en cita, al recibir la actuación identificada con el número 2012.02296.00.
2.2.2. En oficio del 9 de agosto de 2018,
el Magistrado Ponente en la sentencia de segunda instancia dentro del proceso
disciplinario, reiteró los argumentos expuestos en la contestación a la acción
de tutela.
2.2.3. El 22 de octubre de 2018 se
recibió escrito del apoderado judicial de la accionante, en el que se puso en
conocimiento de la Corte una serie de consideraciones que considera de
necesaria valoración al momento de proferir el fallo. En resumen, con su
intervención pretende demostrar que la sanción de exclusión de la profesión
impuesta a su apoderada, desconoce los criterios de proporcionalidad y
razonabilidad que debían guiar la labor del juez disciplinario, al momento de
imponer una sanción.
En efecto, recuerda que la accionante
carecía de antecedentes disciplinarios, que no se encontró ningún agravante al
momento de dosificar la sanción y que, aun así, tanto el Consejo Superior de la
Judicatura como el Consejo Seccional de Bogotá, decidieron imponer el castigo más
drástico posible a un abogado. Por otro lado, señaló que los jueces
disciplinarios no lograron acreditar que la supuesta comisión de la falta de la
accionante hubiese causado un daño real y concreto o una afectación cierta a
los intereses de las partes involucradas, sobre todo cuando era claro que estas
tenían pleno conocimiento de la situación contractual de la accionante.
Por último, reitera que, en otros casos
similares al de la señora Murcia Páez, se han impuesto sanciones inferiores,
incluso con agravantes, lo que limita la discrecionalidad del juez
disciplinario al pronunciarse sobre la conducta de la accionante.
2.3. Delimitación
del caso, problema jurídico y esquema de resolución
2.3.1. Antes de plantear el problema jurídico, la Sala
considera necesario delimitar el contenido de la demanda, ya que, al analizar
la configuración de los defectos planteados, se encuentra que algunos de ellos
versan sobre los mismos puntos de derecho, lo que exige que su análisis se haga
en conjunto.
De esta manera, para comenzar, se observa que los
cargos propuestos por la accionante son los siguientes: (i) incongruencia entre
lo probado en el proceso y la decisión, en tanto las pruebas apreciadas por el
juez demostraban la celebración de dos contratos, pero no un conflicto de
intereses; (ii) falta de valoración de los elementos de juicio que acreditaban
su inocencia; (iii) inexistencia de tipicidad en su conducta, respecto del
reproche contenido en el literal e) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, en
tanto no existió un interés contrapuesto entre las partes; (iv) indeterminación
del verbo rector contenido en la falta que se le endilgó por parte de la
autoridad disciplinaria; (v) desconocimiento de los artículos 84 y 97 de la citada Ley 1123 de 2007, que prescriben
que debe haber pruebas que demuestren la existencia de la falta y de la
responsabilidad del sujeto investigado; e (vi) inaplicación del deber de
sancionar de forma razonable y proporcional a la gravedad de la falta
supuestamente cometida, conforme a lo previsto en el artículo 13 del Código
Disciplinario del Abogado, que también condujo a la vulneración del artículo 46
de dicho Código, que establece que toda sentencia debe ser fundamentada de
manera completa y explícita, sobre la base de los motivos cualitativos y
cuantitativos que determinan la imposición de una sanción.
La Sala observa que el conjunto de reproches
formulados puede ser objeto de análisis bajo cuatro cargos generales, como a
continuación se expone:
(a) Defecto fáctico por la indebida apreciación de las pruebas que
demostraban la ausencia de responsabilidad de la accionante.
(b) Defecto sustantivo que se concreta en la ausencia de tipicidad de
la conducta, por la inexistencia de un interés contrapuesto entre la SIC y Telefónica,
supuesta irregularidad en la que deberán examinarse los cargos (i), (iii) y
(v) enunciados en el párrafo anterior, en tanto los tres están dirigidos a
demostrar que la conducta realizada por la accionante no se adecua
típicamente a la falta contenida en el literal e) del artículo 34 de la Ley
1123 de 2007[8].
(c) Defecto sustantivo por la falta de determinación del verbo rector
contenido en la falta que se le endilgó por parte del juez disciplinario.
(d) Defecto sustantivo por la inaplicación de las normas que refieren al deber de sancionar de
forma razonable y proporcional a la gravedad de la falta, aunado a la
inobservancia del deber de que toda sentencia esté fundamentada de manera
completa y explícita, sobre la base de los motivos cualitativos y
cuantitativos que determinan la imposición de una sanción.
Como
supuesto previo al análisis de los cuatro cargos formulados, la Corte debe
aclarar que la tutela que presenta la accionante se dirige contra las decisiones
proferidas por las Salas Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura
de Bogotá y del Consejo Superior de la Judicatura, con ocasión de un proceso
disciplinario adelantado en contra de una abogada. Cabe recordar que las
providencias que emanan de esas autoridades tienen naturaleza judicial y que provocan
los mismos efectos que una sentencia de cualquier juez[9],
por lo que, al ser cuestionadas a través del amparo constitucional, se impone
el deber de estudiar si se cumplen o no los requisitos generales y específicos
de la acción de tutela contra decisiones judiciales.
2.3.2. De esta manera, a partir de la delimitación propuesta, este Tribunal
advierte que, como problema jurídico, le corresponde inicialmente examinar si se acreditan las causales generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En caso
favorable, se continuará con el examen de la controversia de fondo, en donde le
compete a la Corte analizar si las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y del Consejo Superior de la
Judicatura vulneraron el derecho al debido proceso de la accionante, al
incurrir, a su juicio, (i) en un defecto fáctico por la indebida apreciación de
las pruebas que demostraban su inocencia; y (ii) en un defecto sustantivo por,
en primer lugar, no reconocer la falta de tipicidad de su conducta; en segundo
lugar, por la indeterminación en el verbo rector contenido en la falta que se
le endilgó por parte del juez disciplinario y, tercer lugar, por la inaplicación de las normas que refieren al deber de
sancionar de forma razonable y proporcional a la gravedad de la falta cometida,
aunado a la inobservancia del deber de que toda sentencia esté fundamentada de
manera completa y explícita, sobre la base de los motivos cualitativos y
cuantitativos que determinan la imposición de una sanción.
2.3.3. Con el fin de resolver los puntos propuestos,
esta Sala de Revisión reiterará la jurisprudencia constitucional en torno a (i)
las causales generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales. En caso de que ellas estén
acreditadas en el asunto bajo examen, se continuará con (ii) el estudio de las
causales específicas relacionadas con (a) el defecto fáctico y el (b) defecto sustantivo; luego
de lo cual, (iii) se hará una breve exposición de la naturaleza y el marco
normativo del control disciplinario a la profesión de abogado. Por último, y con sujeción a lo expuesto, (iv) se
abordará la solución del caso concreto.
2.4. De la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
2.4.1. Planteamientos generales
2.4.1.1. De acuerdo con el artículo 86 de la
Constitución, la acción de tutela es un mecanismo residual y subsidiario de
defensa judicial, cuya finalidad es la protección de los derechos fundamentales
de las personas, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por
la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular, en los casos
previstos en la Constitución y en la ley. Tal como se estableció en la
Sentencia C-543 de 1992[10],
por regla general, el recurso de amparo es improcedente cuando se pretenden
cuestionar providencias judiciales, en respeto de los principios
constitucionales de seguridad jurídica y autonomía judicial y de la garantía
procesal de la cosa juzgada[11].
2.4.1.2. Sin embargo, en dicha oportunidad, también se
estableció que, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades
públicas, “no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les
corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son
obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición
no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que
vulneren o amenacen derechos fundamentales”[12].
En este sentido, si bien se entendió que, en principio, el amparo no procede
contra providencias judiciales, se concluyó que es excepcionalmente viable su
uso como mecanismo subsidiario de defensa, cuando de la actuación del juez se
produzca la violación o amenaza de un derecho fundamental.
Se trata entonces de un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar
aquellas situaciones en que la decisión del juez incurre en graves falencias,
de relevancia constitucional, las cuales la tornan incompatible con los
mandatos previstos en el Texto Superior. Por esta razón, la acción de tutela
contra providencias judiciales es concebida como un “juicio de validez”[13],
lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho
que dieron origen a un litigio, más aún cuando las partes cuentan con los
recursos judiciales, tanto ordinarios como extraordinarios, para controvertir
las decisiones que estimen arbitrarias o que sean incompatibles con la Carta.
No obstante, pueden subsistir casos en que agotados dichos recursos, persiste
la arbitrariedad judicial, hipótesis en la cual, como ya se dijo, se habilita
el uso del amparo tutelar.
2.4.1.3. En desarrollo de lo expuesto, en la Sentencia
C-590 de 2005[14],
la Sala Plena de esta Corporación estableció un conjunto sistematizado de
requisitos de naturaleza sustancial y procedimental, que deben ser acreditados
en cada caso concreto, como presupuestos ineludibles para la protección de los
derechos afectados por una providencia judicial. Dichos requisitos fueron
divididos en dos categorías, aquellos generales que se refieren a la
procedibilidad de la acción de tutela, y aquellos específicos que se
relacionan con la tipificación de las situaciones que conducen a la vulneración
de los derechos fundamentales, especialmente del derecho al debido proceso.
2.4.1.4. Los requisitos de carácter general,
conforme se expuso, se refieren a la viabilidad procesal de la acción de tutela
contra providencias judiciales y son esenciales para que el asunto pueda ser
conocido de fondo por el juez constitucional. La verificación de su
cumplimiento es entonces un paso analítico obligatorio, pues en el evento en
que no concurran en la causa, la consecuencia jurídica es la declaratoria de improcedencia.
Lo anterior corresponde a una inferencia lógica de la dinámica descrita
vinculada con la protección de la seguridad jurídica y la autonomía de los
jueces, ya que la acción de amparo no es un medio alternativo, adicional o
complementario para resolver conflictos jurídicos. Por el contrario, en lo que
respecta a los requisitos de carácter específico, se trata de defectos
en sí mismos considerados, cuya presencia conlleva el amparo de los derechos vulnerados,
así como a la expedición de las órdenes pertinentes para proceder a su amparo,
según las circunstancias concretas de cada caso.
2.4.2. Sobre los requisitos generales y específicos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
2.4.2.1. La Corte ha identificado los siguientes requisitos generales
que, según lo expuesto, habilitan la procedencia de la acción de amparo, a
saber: (i) que la cuestión discutida tenga relevancia y trascendencia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance del afectado; (iii) que la
acción se interponga en un término razonable y proporcional a partir del hecho
que originó la vulneración, es decir, que se cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal alegada, de existir, tenga un
impacto decisivo en el contenido de la decisión; (v) que el actor identifique
los hechos constitutivos de la vulneración y que, en caso de ser posible, los
hubiese alegado durante el proceso judicial en las oportunidades debidas; y
(vi) que no se trate de una sentencia de tutela[15].
Siempre que la acción de tutela contra una providencia
judicial resulte procedente, en el entendido que se acreditaron los requisitos
generales previamente expuestos, es posible examinar si se presentan las
causales específicas de prosperidad de la acción, cuya presencia conlleva al
amparo de los derechos fundamentales comprometidos, así como a la expedición de
órdenes para proceder a su reparación.
2.4.2.2. En este orden de ideas, resulta relevante
enfatizar que una cosa es que el juez constitucional estudie el asunto de fondo
y otra muy distinta que conceda el amparo. Según la Sentencia C-590 de 2005[16], los defectos específicos de prosperidad
de la acción contra providencias judiciales son los siguientes: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v)
error inducido; (vi) carencia absoluta de motivación; (vii) desconocimiento del
precedente y (viii) violación directa de la Constitución.
2.4.2.3. En conclusión, la acción de tutela contra
providencias judiciales es procesalmente viable de manera excepcional, en aquellos
casos en que se cumplen los requisitos generales que avalan su
procedencia. Una vez la autoridad judicial resuelva afirmativamente dicha
cuestión, el juez de tutela ha de determinar si, en el caso bajo estudio, se
configura alguna de las causales específicas o defectos de prosperidad
definidos por esta Corporación, caso en el cual se otorgará el amparo
solicitado.
2.5. Del examen de los requisitos generales en la
causa objeto de la controversia
Antes de abordar el estudio de los defectos alegados
por la demandante, la Sala analizará la viabilidad procesal de la causa. Este
examen incluye, además de la revisión sobre el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
el estudio de la observancia de las exigencias básicas que permiten la
prosperidad del amparo establecidas en el artículo 86 de la Constitución y
desarrolladas en el Decreto 2591 de 1991.
2.5.1. En primer lugar, no cabe duda de que la
demandante obró de acuerdo con el requisito de legitimación por activa,
por una parte, por su condición de
persona natural que actúa a través de un apoderado judicial[17];
y, por la otra, por ser quien supuestamente se ve afectada en su derecho
fundamental al debido proceso. En efecto, la tutela fue interpuesta por quien
fue investigada y finalmente sancionada por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá, en decisión confirmada por el Consejo Superior de la Judicatura,
a los cuales acusa de desconocer la garantía fundamental previamente señalada, por la ocurrencia de un supuesto (i) defecto
fáctico y (ii) tres defectos sustantivos, conforme se expuso en el acápite
2.3.1. de esta providencia.
Por lo demás, en vista de que el amparo se instauró en
contra de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la
Judicatura y del Consejo Superior de la Judicatura, es claro que se cumple
igualmente con el requisito de la legitimación
en la causa por pasiva, ya que las
autoridades judiciales no
están excluidas de ser sujetos de la acción de tutela, cuando quiera que con
sus actuaciones u omisiones vulneren o amenacen derechos fundamentales.
2.5.2. En segundo lugar, pasa la Sala a analizar los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Para efectos metodológicos y de economía procesal, se abordará
inicialmente el estudio de las exigencias vinculadas con la inmediatez y la
identificación clara de los hechos constitutivos de la trasgresión alegada,
luego de lo cual se examinará la relevancia constitucional, el agotamiento de
los mecanismos de defensa judicial, la alegación previa de los defectos
procesales y la limitación correspondiente a que no se trate de una demanda en
contra de una sentencia de tutela.
2.5.3. Como se indicó previamente, en este caso, la
argumentación gira en torno a los presuntos defectos fáctico y sustantivos en
que se alega incurrieron las autoridades judiciales demandadas dentro del
proceso disciplinario.
2.5.4. Con fundamento en lo anterior y en lo que
respecta al primer requisito general de procedencia, este Tribunal encuentra que
se cumple con el requisito de inmediatez, por cuanto la acción de tutela
fue interpuesta el 6 de octubre de 2016, mientras que la sentencia de segunda
instancia proferida por el Consejo Superior de la Judicatura data del 8 de
junio de dicho año, notificada el 15 de julio del mismo año. Esto significa que
la tutela se presentó sin superar siquiera tres meses, plazo que se estima
razonable y proporcionado para el ejercicio del derecho de acción.
2.5.5. A partir de la contextualización realizada en
líneas precedentes, también es claro que los hechos constitutivos de la
supuesta vulneración que se produce respecto de los derechos invocados, se
encuentran claramente identificados. En efecto, las causales específicas
de procedencia que se alegan se relacionan con (i) un defecto fáctico vinculado
con la indebida valoración de las pruebas que demuestran su inocencia; y (ii)
con tres defectos sustantivos que se concretan (a) en la ausencia de adecuación
típica entre la conducta de la accionante y la falta endilgada; (b) en la
indeterminación del verbo rector contenido en el tipo por el que fue sancionada
y, (c) en la inaplicación de las normas
que refieren al deber de sancionar de forma razonable y proporcional a la
gravedad de la falta, aunado a la inobservancia del deber de que toda sentencia
esté fundamentada de manera completa y explícita, sobre la base de los motivos
cualitativos y cuantitativos que determinan la imposición de una sanción.
2.5.6. En este caso se presenta relevancia
constitucional, puesto que la discusión que se plantea gira en torno a la
presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, con un impacto
directo en el derecho al trabajo, pues la sanción que se impuso, afecta el
ejercicio de la profesión de la accionante como abogada. Lo anterior ocurre por
cuanto la exclusión, implica la cancelación de la tarjeta profesional y la
prohibición de ejercer la abogacía por un término de 10 años, que pueden
reducirse a cinco, en caso de que el sancionado adelante y apruebe los cursos
de capacitación aprobados por el Consejo Superior de la Judicatura[18].
2.5.7. En lo que respecta al agotamiento de los
recursos judiciales existentes, la Sala advierte que no cabe ningún recurso
contra la decisión proferida en segunda instancia por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura dentro de los procesos disciplinarios
adelantados contra abogados. En efecto, la providencia que dicta esta Sala es
una sentencia de última instancia que, de no prosperar la acción de tutela,
quedaría amparada definitivamente por la garantía de la cosa juzgada.
Aunado a lo anterior, la Sala también debe verificar
si los hechos que constituyen la supuesta vulneración fueron alegados por la
accionante dentro del proceso, ya que, además de ser un requisito para que
proceda el estudio de fondo, fue la razón por la cual el juez de primera
instancia dentro de la acción de tutela, decidió declarar la improcedencia del
recurso interpuesto, en lo que respecta a algunos de los defectos alegados. Sobre
el particular, esta Sala aprecia que, con excepción de uno, los defectos
propuestos por la demandante fueron objeto de debate ante alguna de las dos
instancias disciplinarias, aunque no lo hayan sido en idénticos términos a los
planteados en sede de tutela, lo cual se explica por los cambios argumentativos
producidos entre las sentencias de primera y segunda instancia en el proceso
disciplinario.
La excepción corresponde al cargo que la accionante
encuadra como defecto sustantivo y es aquel relacionado con la indeterminación
con la que se calificó la falta cometida desde el inicio del proceso
disciplinario, en tanto no se precisó por las autoridades demandadas si ella
consistió en “asesorar, patrocinar o representar” intereses
contrapuestos, y si tales conductas ocurrieron de forma “simultánea o
sucesiva”, lo cual, alega, le impidió ejercer su derecho de defensa. Sobre
este aspecto, la actora en su escrito de impugnación en sede de tutela alegó
que, a pesar de no haberlo puesto de presente dentro del proceso disciplinario,
el juez constitucional debe pronunciarse, ya que, primero, no existen más
recursos judiciales contra la decisión del Consejo Superior de la Judicatura y,
segundo, prima facie, se causó una afectación del derecho fundamental al
debido proceso, por lo que debe corregirse tal situación.
Al respecto, la Sala encuentra que, efectivamente,
desde el inicio de la actuación disciplinaria, esto es, desde la audiencia de
calificación de la falta, el Consejo Seccional de Bogotá encuadró la conducta
dentro del tipo genérico que alega la accionante. No obstante, tal proceder no
fue cuestionado dentro del proceso disciplinario, por lo que mal puede
pretender ahora la accionante ventilar este asunto que no fue objeto de debate
o siquiera de mención en el juicio adelantado, más aún cuando se trató de un
hecho que ocurrió desde el inicio de la actuación disciplinaria que se promovió
en su contra. Por tal razón, la Corte no abordará el examen de fondo de este
defecto, en tanto no se cumplió con el requisito de procedencia, vinculado con
la alegación previa de la supuesta irregularidad cometida dentro del proceso
ordinario que se cuestione por la vía del amparo constitucional.
2.5.8. Para finalizar este acápite, se observa que no
se alega en este caso la ocurrencia de una irregularidad procesal, ni tampoco
se controvierten sentencias proferidas en virtud del proceso de amparo
constitucional. Por consiguiente, a juicio de esta Sala de
Revisión, la demanda instaurada por la señora Mónica Soledad Murcia Páez cumple
con los presupuestos básicos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales –exceptuando lo excluido en el numeral anterior–, por
lo que se pasará a desarrollar las consideraciones específicas en torno (i) al
defecto fáctico y (ii) al defecto sustantivo.
2.6. De las causales específicas de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y de la identificación de las
invocadas por la actora
2.6.1. Como se señaló con anterioridad, la
jurisprudencia de esta Corporación ha identificado cuales son las causales
específicas de prosperidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Dicha labor se adelantó en la Sentencia C-590 de 2005[19],
en los siguientes términos:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se
origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como
son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[20]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando
el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica
el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente,
hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado[21].
i. Violación directa de la Constitución”.
2.6.2. Para los efectos de esta providencia, la Sala
deberá enfocar su estudio en las dos irregularidades mencionadas, a saber: (i) el
defecto fáctico y (ii) el defecto sustantivo.
2.7. Del
defecto fáctico
2.7.1. En aras de asegurar el goce
efectivo de los derechos previstos en la Constitución, la Corte ha insistido en
que es deber de los jueces no solo respetar cada una de las etapas del proceso
judicial, sino también garantizar que su decisión tenga fundamento en elementos
de juicio obtenidos de manera legal, correspondientes a los hechos que se
alegan y sujetos a una valoración sistemática e integral. Por esta razón, se ha
dicho que el período probatorio debe surtirse a cabalidad, conforme a los
parámetros legales establecidos para tal fin.
En desarrollo de lo expuesto, este
Tribunal ha señalado que el defecto fáctico se presenta (i) cuando el juez no
tiene el apoyo probatorio necesario para justificar su decisión[22]; (ii) cuando
incurre en un error en el examen de las pruebas, por no valorar una de ellas o
por hacerlo de forma caprichosa o arbitraria; (iii) cuando omite el decreto o
la práctica de las pruebas necesarias dentro del proceso, incluso cuando ellas
son ad substantiam actus o (iv) cuando adopta una decisión judicial con
fundamento en una prueba obtenida de forma ilícita[23].
En este orden de ideas, el defecto
fáctico puede tener una dimensión negativa y una dimensión positiva. Se
presenta la dimensión negativa, cuando la autoridad judicial no práctica
o valora una prueba, o la valoración de la misma se hace de forma arbitraria,
irracional o caprichosa, lo que en últimas se traduce en la imposibilidad de
comprobar los hechos. Por el contrario, se configura la dimensión positiva,
cuando el acervo probatorio no debía ser admitido o valorado, como ocurre, por
ejemplo, en el caso de las pruebas indebidamente recaudadas que son apreciadas
por el juez[24];
o cuando se dan por establecidas
circunstancias, sin que exista soporte de ellas en el material probatorio que
respalda una determinación[25].
Sobre la ocurrencia del defecto fáctico,
en términos generales, esta Corporación ha dicho que:
"En otras palabras, se presenta
defecto fáctico por omisión cuando el juzgador se abstiene de decretar
pruebas. (…). Existe defecto fáctico por no valoración del acervo probatorio,
cuando el juzgador omite considerar pruebas que obran en el expediente bien sea
porque 'no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de
fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que,
de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico
debatido variaría sustancialmente.' Hay lugar al defecto fáctico por valoración
defectuosa del material probatorio cuando o bien 'el funcionario judicial,
en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los
hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico
debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva' dando paso a
un defecto fáctico por no excluir o valorar una prueba obtenida de manera
ilícita"[26].
2.7.2.
Respecto del margen de intervención que tiene el juez de tutela al momento de
estudiar la configuración de un defecto fáctico, se han fijado criterios que
buscan preservar el ámbito de autonomía judicial y el principio del juez
natural, de manera que se reduzca al máximo la intervención del juez
constitucional. En este sentido, se ha recalcado que en sede de tutela no debe
llevarse a cabo un examen exhaustivo del material probatorio, pues dicha
función le corresponde al juez que conoció la causa, adicionalmente, se ha
enfatizado que una diferencia en la valoración de las pruebas no puede
considerarse como un defecto fáctico, ya que, ante interpretaciones diversas,
es el juez natural quien debe determinar cuál es la que mejor se ajusta al caso
en estudio. Concretamente, la Corte ha dicho que:
“El juez del proceso, en ejercicio de
sus funciones, no sólo es autónomo, sino que sus actuaciones están amparadas
por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la
obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario,
que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima”[27].
2.7.3. En todo caso, la existencia del defecto fáctico
respecto de un pronunciamiento judicial, supone que el error en que se haya
incurrido sea manifiesto, evidente y claro, con la potencialidad de tener una
incidencia directa en la decisión adoptada.
2.8. Defecto sustantivo
2.8.1.
Esta Corporación ha caracterizado el defecto sustantivo como la existencia de
un error en una providencia judicial originado en la interpretación o
aplicación de las disposiciones jurídicas al caso analizado por el juez[28].
Sin embargo, para que este yerro dé lugar a la procedencia de la acción de
amparo debe tratarse de una irregularidad que tenga trascendencia, esto es, que
sea susceptible de suscitar un cambio en el alcance de la providencia
cuestionada[29].
2.8.2. En este sentido, en la Sentencia SU-448 de 2011[30],
la Sala Plena señaló las principales circunstancias que generan que una
providencia judicial incurra en un defecto sustantivo. Concretamente, en
aquella ocasión se explicó que ello ocurre cuando:
“(i) La decisión judicial tiene como
fundamento una norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente[31],
b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada[32],
c) es inexistente[33], d) ha sido declarada
contraria a la Constitución[34], e) a pesar de que la
norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación
fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador[35];
(ii) Pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie,
dentro del margen de interpretación razonable o la aplicación final de la regla
es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los
intereses legítimos de una de las partes o cuando en una decisión judicial se
aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial[36];
(iii) No toma en cuenta sentencias que han definido su
alcance con efectos erga omnes[37];
(iv) la disposición aplicada se muestra
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución[38];
(v) Un poder concedido al juez por el
ordenamiento se utiliza para un fin no previsto en la disposición[39];
(vi) La decisión se funda en una interpretación no
sistemática de la norma, omitiendo el análisis de otras disposiciones
aplicables al caso[40];
(vii) Se desconoce la norma del
ordenamiento jurídico constitucional o infraconstitucional aplicable al caso
concreto[41];
(viii) La actuación no está justificada en
forma suficiente de manera que se vulneran derechos fundamentales[42];
(ix) Sin un mínimo de argumentación se
desconoce el precedente judicial[43];
(x) El juez no aplica la excepción de
inconstitucionalidad frente a una violación manifiesta de la Constitución.[44]”.
2.8.3. Aunado a lo anterior, también se ha señalado por la
Corte, que cuando existan varias interpretaciones admisibles sobre un mismo
tema y el operador jurídico decida aplicar una de ellas de forma razonable y
ajustada a los límites normativos, la acción de tutela no está llamada a
prosperar, en respeto a los principios constitucionales de autonomía e
independencia judicial (CP art. 228), pues se entiende que el defecto material
o sustantivo sólo ocurre en los casos en los que se evidencia un actuar
arbitrario y caprichoso del juez, y no una mera discrepancia de interpretación.[45]
A continuación, se hará una exposición
general de la naturaleza y el marco normativo del control disciplinario respecto
de la actividad de los abogados, para contextualizar el asunto sometido a decisión.
2.9. Naturaleza y marco normativo del control
disciplinario respecto de la actividad de los abogados
2.9.1. El artículo 26 de la Constitución establece la
libertad de toda persona de escoger profesión u oficio[46],
al tiempo que permite respecto de la primera su inspección y vigilancia por las
autoridades competentes[47]. Esta facultad se fundamenta
en el riesgo social que representa para la comunidad el ejercicio de algunas
actividades propias de las profesiones, por lo que se justifica la existencia
de normas que establecen la forma cómo se debe proceder a su desenvolvimiento,
a la vez que precisan las sanciones que correspondan cuando se incurra en un
actuar indebido o contrario a los designios que rigen su proceder. Sobre este
punto, la Corte ha advertido que al legislador le concierne determinar la
composición y funciones de los órganos encargados de ejercer el control
disciplinario, cuando a ello haya lugar, con miras a asegurar que el ejercicio
de la profesión se enmarque dentro de ciertos parámetros éticos, de eficacia y
responsabilidad, de acuerdo con el interés general[48].
En algunas profesiones dichos órganos corresponden a
autoridades públicas, como sucede en el caso de los abogados, respecto de
quienes la Ley 1123 de 2007 ‘Por la cual se establece el Código
Disciplinario del Abogado’, atribuyó competencia al Consejo Superior y a
los Consejos Seccionales de la Judicatura para examinar su conducta y sancionar
las faltas que comentan en el ejercicio de la abogacía[49];
en otros casos dicha competencia está en cabeza de los particulares que
establezca la ley, como ocurre, por ejemplo, con los tribunales de ética en el
caso de los médicos.
2.9.2. Tratándose del control sobre la profesión del
abogado, que es el objeto de la tutela de la referencia, la Corte ha señalado
que dicho profesional cumple una función esencial en el Estado, que “(…) se encuentra íntimamente ligada a la búsqueda de un
orden justo y al logro de la convivencia pacífica, en razón a que el abogado
es, en gran medida, un vínculo necesario para que el ciudadano acceda a la
administración de justicia”[50]. Asimismo,
se ha destacado que el ejercicio de esta profesión trae asociado un riesgo
social, en tanto los abogados “tienen un papel cuando se imparte
justicia, apoyan de manera decisiva en la configuración del ordenamiento
jurídico y son los principales responsables de su efectivo cumplimiento”[51].
Precisamente, por la misión que tiene dentro de una
sociedad, el abogado está sometido a reglas éticas que se concretan en
conductas prohibitivas, a través de las cuales se busca asegurar la probidad y
honradez en el ejercicio de la profesión y la responsabilidad respecto de los
clientes y del ordenamiento jurídico[52]. Las reglas éticas son necesarias
para regular la conducta del abogado en su ejercicio –lo cual excluye, por
supuesto, una indebida intromisión en su fuero interno–, pues la actividad de
este profesional va más allá de resolver problemas de orden técnico, en tanto
su conducta está vinculada con la protección del interés general, de manera
que, como lo ha dicho la Corte:
“(…) el
ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión, puede proyectarse
negativamente sobre la efectividad de diversos derechos fundamentales de
terceros, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho a la defensa
y el acceso a la administración de justicia, así como también, poner en entredicho
la vigencia de principios constitucionales de interés general, orientadores de
la función jurisdiccional, tales como la eficacia, la celeridad y la buena fe[53]”[54]
Como desarrollo de lo expuesto, se expidió la Ley 1123
de 2007 que derogó, en lo que le fuera contrario, el Estatuto del ejercicio de
la abogacía[55]. Esta nueva normativa
está dividida en tres libros, el primero regula la parte general, que incluye
la titularidad, legalidad, antijuridicidad, culpabilidad, entre otros; el
segundo libro contiene la parte especial y en ella está lo relacionado con los deberes
e incompatibilidades, las faltas en particular y el régimen sancionatorio; por
último, el tercer libro se ocupa del proceso disciplinario, a través de los
principios rectores y el procedimiento propiamente dicho.
2.9.3. Como se infiere de lo expuesto, es claro que el
ejercicio de la acción disciplinaria del Estado supone una actividad
sancionatoria, de manera que todas las actuaciones que se realicen en
desarrollo de ésta deben respetar unos postulados mínimos que, básicamente,
están dados por el respeto al debido proceso. En este punto cabe destacar que
la Corte ha admitido que las garantías del derecho penal deben ser aplicadas al
derecho disciplinario mutatis mutandi[56], de hecho, el mismo
Código establece que en el ejercicio de la sanción disciplinaria deben seguirse
los principios de legalidad, presunción de inocencia, culpabilidad, antijuridicidad,
favorabilidad y non bis in idem[57].
2.9.4. Concretamente, en lo que atañe a los elementos
de la falta disciplinaria, el ordenamiento jurídico impone la obligación de
cumplir con los principios de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. De
conformidad con el primero, se requiere que la norma que crea la falta describa
expresa e inequivocamente el tipo de conducta objeto de sanción, sin que se
exija la misma rigurosidad que sobre esta materia existe en el derecho penal[58],
por las diferencias que se presentan entre la naturaleza de las conductas objeto
de reproche, por los distintos bienes jurídicos amparados por cada uno de estos
ámbitos del ejercicio ius puniendi, por la teleología de las facultades
sancionatorias, por los sujetos disciplinables y por los efectos jurídicos que
se producen respecto de la comunidad[59]. Por ello, en general,
el ámbito de tipicidad que se impone en la acción disciplinaria que rige a los
abogados, se caracteriza por admitir cierta flexibilidad en la descripción de
la conducta.
Esta flexibilidad se concreta básicamente en la
precisión con la que deben estar definidas las normas disciplinarias, lo cual
ha permitido la “(…) configuración de tipos abiertos o en blanco (…),
siempre que sea razonable y proporcional su remisión o indeterminación
normativa”[60], al igual que ha
autorizado la existencia de conceptos jurídicos indeterminados en la estructura
de las faltas. Por lo demás, en el proceso de tipificación de la sanción, se ha
precisado por la jurisprudencia que la norma que la contiene debe establecer
con claridad el quantum punitivo o permitir su determinación con
criterios que el legislador establezca para ello, siempre que sean razonables y
proporcionales para evitar la arbitrariedad y limitar, por esa vía, la
discrecionalidad del juez al momento de imponer una condena[61].
Por su parte, respecto la
antijuridicidad de la conducta, se ha dicho por la Corte que no es la misma que
se exige en el derecho penal, ya que en este caso no se requiere la lesión del
bien jurídico que se quiere proteger, sino que se exige la infracción
sustancial del deber que se le impone al abogado. La Corte, al referirse a la
antijuridicidad en el derecho disciplinario de los funcionarios públicos, ha
dicho que:
“El incumplimiento de
dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la
determinación de la antijuricidad de las conductas que se reprochan por la ley
disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que
origina la falta disciplinaria, sino que, como, por lo demás, lo señala la
disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el
que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus
fines, lo que se encuentra al origen de la antijuricidad de la conducta.”[62]
En palabras del Consejo Superior de la Judicatura, la
antijuridicidad o ilicitud sustancial “exige que la conducta en realidad y
de manera efectiva vulnere los intereses o valores protegidos que subyacen en
la norma sancionatoria, esto es, que de una antijuridicidad formal es preciso
su complementación a una sustancial, donde [el objeto de protección] de la
infracción disciplinaria se vea en realidad afectad[o]”[63],
es decir, que se requiere que se ponga en peligro el deber cuestionado.
Sobre la relación que en el derecho disciplinario existe
entre la tipicidad y la antijuridicidad, esta Corte ha señalado que la primera
es un indicio de la segunda, en tanto con el recorrido de la conducta sobre la
estructura del tipo, resulta evidente el incumplimiento del deber contenido en
la norma. Sin embargo, ello no implica que las dos figuras sean iguales, ya que
cada una de ellas evoca elementos diferentes, así:
“La primera, aclara en qué circunstancias
de tiempo, modo y lugar una conducta se adecua en [una] falta disciplinaria; la
segunda, señala que esta acción infringe el deber contenido en la norma. La
tipicidad es definida como la descripción de la infracción sustancial a un deber,
[por lo tanto] tipicidad y antijuridicidad se encuentran inescindiblemente
unidas[64].”[65].
Finalmente,
dentro del derecho disciplinario se proscribe la responsabilidad objetiva en
materia sancionatoria, de manera que debe haber un juicio de culpabilidad para
determinar si el abogado actuó con dolo o culpa[66].
Sobre este requisito, la máxima autoridad judicial disciplinaria ha dicho que
consiste en “(…) la actitud
consciente de la voluntad que da lugar a un juicio de reproche en cuanto el
agente actúa en forma antijurídica pudiendo y debiendo actuar diversamente.
Podemos decir que la culpabilidad se predica de aquella persona que siendo
responsable jurídicamente decide actuar contra derecho con consciencia de la
antijuridicidad.”[67]
2.9.5. Ahora bien, frente al contenido de la sentencia
que reconozca la ocurrencia de una falta, la Ley 1123 de 2007 establece que
ella debe “contener una fundamentación completa y explícita sobre los
motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la sanción”[68]
y que la imposición de ésta deberá “responder a los principios de
razonabilidad, necesidad y proporcionalidad”, teniendo en cuenta el deber
de proceder a su graduación, conforme con los criterios que fije la ley[69].
En conclusión, respecto de las cargas para imponer una
sanción en el derecho disciplinario, en la Sentencia C-290 de 2008[70],
la Corte aclaró que se concretan en: “(i) que la sanción sea establecida
directamente por el legislador (reserva legal); (ii) que esta determinación sea previa al acto
merecedor de la conminación; (iii) que el contenido material de la sanción esté
definido en la ley[71],
o que el legislador suministre criterios que permitan razonablemente tanto al
disciplinable como a la autoridad competente contar con un marco de referencia
cierto para la determinación; [y] (iv) [que ésta sea] razonable y proporcional,
a efectos de evitar la arbitrariedad y limitar a su máxima expresión la
discrecionalidad de que pueda hacer uso la autoridad administrativa al momento
de su imposición.”
2.10. Caso
concreto
2.10.1.
Corresponde a la Sala analizar si las sentencias proferidas por las Salas
Jurisdiccionales del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y del Consejo
Superior de la Judicatura, que resolvieron en primera y en segunda instancia
sancionar con exclusión de la profesión a la abogada Mónica Soledad Murcia Páez,
incurrieron en algunos de los defectos invocados en su contra y que permiten la
prosperidad de la acción de tutela.
2.10.2.
Respecto del defecto fáctico, en términos generales, la
accionante afirma que los jueces accionados no apreciaron las pruebas que
demuestran su falta de responsabilidad disciplinaria. Concretamente, menciona
que no se tuvo en cuenta su versión libre, ni los testimonios de funcionarios
de la Superintendencia, ni del representante de la firma HR Abogados, que daban
cuenta que las dos partes conocían los contratos y asesorías que llevaba y que
entre ellos no existía intereses contrapuestos. Además, pasó por alto que
dichos testimonios probaban que el contrato celebrado con la SIC tenía por
objeto completar formatos para la resolución de recursos de apelación en temas
de protección al consumidor, mientras que con Telefónica su labor consistió en
la presentación de recursos contra decisiones ante la misma entidad, en asuntos
relacionados con la violación del régimen de publicidad engañosa.
Por
otra parte, se alega que los jueces disciplinarios no valoraron el contrato No.
018 de 2012, en el que se especificaban las funciones a su cargo, así como
tampoco las guías de la Superintendencia que establecían cómo debían ser resueltos
los recursos, ni los protocolos para su elaboración, ni los proyectos de
resolución efectivamente realizados por la accionante.
2.10.2.1.
Como se advierte de lo expuesto, el
defecto fáctico que propone la accionante opera en una dimensión negativa, en tanto
se acusa al juez disciplinario de haber omitido el estudio de varias pruebas, cuya valoración hubiese
acreditado la falta de responsabilidad de la señora Murcia Páez en la conducta
que le fue endilgada.
Siguiendo lo expuesto con anterioridad en esta
providencia, el examen del defecto fáctico, ya sea en su dimensión positiva o negativa, no autoriza al juez de tutela a hacer un nuevo análisis
probatorio, sino a evidenciar si, dados los hechos y pruebas acreditados dentro
del expediente, la decisión que adoptó el juez de la causa es razonable en el
marco del ejercicio de su independencia judicial.
2.10.2.2.
Dentro de este marco y contrario
a lo afirmado por la accionante, esta Sala de Revisión encuentra que en las
sentencias acusadas sí se hizo una exposición del material probatorio recaudado
y con base en él se desvirtuaron las alegaciones realizadas por la señora
Murcia Páez, teniendo en cuenta los elementos de convicción que, según alega,
fueron desconocidos.
Para demostrar esta afirmación y, comoquiera que al
juez de tutela no le corresponde hacer una nueva valoración probatoria, bastará
con hacer mención de cómo los hechos que se pretende dar por probados, a través
de los testimonios, de su versión libre y de las demás pruebas documentales,
fueron desestimados por los jueces en sus sentencias:
Sentencia proferida el 16 de septiembre de 2013 por la
Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá
- La accionante alega que no se tuvo en cuenta que los
funcionarios de la Superintendencia y el representante de HR Abogados conocían
de las actividades que desempeñaba tanto en la entidad como en la firma y que,
por ello, no existían intereses contrapuestos. Al respecto, se advierte que en
la sentencia en mención se señala que los supervisores de los contratos en
efecto conocían la asesoría que la disciplinable prestaba a Telefónica, y
viceversa, pero se consideró que tal conocimiento no pasó de un examen enfocado
en una perspectiva meramente contractual, pues lo cierto es que, en su
criterio, era la abogada Murcia Páez quien debía calificar el nivel de lealtad
que debe tener con sus clientes. En este punto, la sentencia también advierte
que, aunque los clientes conocieran la situación, ello no podía entenderse como
un aval para legitimar la conducta, ya que, a su juicio, en este caso, existe otra
parte interesada que es el usuario de los servicios de telecomunicaciones.
- En cuanto a la defensa que hace la actora, sobre que
el objeto del contrato con la Superintendencia era únicamente llenar formatos y
que, por eso, no podía favorecer ningún interés en particular, el juez –en el
fallo en comento–consideró que ello no desvirtúa la responsabilidad de la
accionante. En primer lugar, se afirmó que la actividad de la abogada no podía
reducirse a una labor meramente formal, pues lo cierto es que las razones que
llevaron a su contratación, incluían su experiencia e idoneidad para
desarrollar las labores a contratar,  lo cual les permitió vincular a una
abogada como la señora Mónica Soledad Murcia Páez para la toma de decisiones, a
través de una remuneración con altos honorarios. Además, en segundo lugar, se mencionó
que, aunque en ocasiones se llenaban meros formatos, el deber de lealtad con la
SIC se vio alterado, porque la señora Murcia Páez tuvo la
posibilidad de proyectar decisiones que favorecían a Telefónica –al margen de que ello se hiciera o no en realidad–, lo
cual también afecta al usuario, que espera que quien adopte decisiones en los
casos que someten al examen de una autoridad pública, no sea alguien que
represente a una de las empresas contra cuyas determinaciones se dirigen los
recursos.
- Por último, en cuanto a que la mayoría de los
recursos proyectados por la accionante resultaron ser contrarios a los
intereses de Telefónica, en la sentencia se afirma que ello debió suceder
porque en dichos casos no era posible adoptar una decisión en sentido contrario,
a lo cual agregó que, para la consumación de la falta descrita en el literal e)
del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, no se requiere que la abogada hubiera
utilizado indebidamente los privilegios que tenía dentro de la Superintendencia.
Sentencia proferida el 8 de junio de 2016 por la Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
El Consejo Superior de la Judicatura, como juez de
segunda instancia, limitó su estudio al recurso de apelación presentado por la
accionante, como soporte de la impugnación se alegó el mismo defecto fáctico expuesto
en la acción de tutela, buscando una declaratoria de que no se incurrió en la
conducta objeto de reproche, con base en los medios de prueba obrantes en el
expediente.
Al examinar la sentencia cuestionada, se observa que el
Consejo Superior de Judicatura sí hizo un análisis de las pruebas que echa de
menos la accionante, lo que condujo a confirmar el fallo de primera instancia
y, por ende, a no dar prosperidad al recurso interpuesto, como se evidencia a
continuación:
- Así, inicialmente, en la sentencia se descartó que
las manifestaciones sobre el conocimiento de los contratos por ambas partes condujeran
a la inexistencia de los intereses contrapuestos y que ello fuese un eximente
de responsabilidad, ya que, a su juicio, si bien no existió una incompatibilidad
o inhabilidad en términos contractuales, sí hubo un incumplimiento del deber de
lealtad.
- Por otra parte, el fallo cuestionado consideró que
era indiferente la labor a cargo de la accionante, toda vez que la existencia
de intereses contrapuestos no se refiere en este caso a los objetos de los
contratos, sino a que la abogada ejerció actividades en provecho de la entidad
y de la empresa.
- Por último, la decisión en comento señaló que no es
relevante la acreditación de un privilegio en favor de Telefónica, ya que el
tipo disciplinario no exige un resultado lesivo, pues se trata de una falta de
mera conducta.
2.10.2.3. En los términos expuestos, la Sala concluye que
el defecto fáctico invocado no está llamado a prosperar, ya que los jueces disciplinarios
sí analizaron las pruebas que la señora Murcia Páez alega que fueron omitidas,  solo
que, tal como se expuso, con base en ellas llegaron a una conclusión desfavorable
a sus intereses, circunstancia que no torna el fallo en irrazonable, al
tratarse de conclusiones lógicas, razonadas y que gozan de soporte jurídico.
2.10.3.
Agotado el examen anterior, se continuará con el estudio del defecto
sustantivo, el cual, como ya fue expuesto al delimitar el problema
jurídico, fue planteado por la accionante a través de tres posibles
configuraciones, una de las cuales fue descartada previamente en esta sentencia[72],
al incumplir el requisito de que los hechos que constituyen la causa de la
supuesta violación hayan sido alegados previamente dentro del proceso ordinario,
en este caso, en el proceso disciplinario. A tal conclusión se llegó respecto
del defecto sustantivo apoyado en la falta de determinación del verbo rector
contenido en la falta que se endilgó por parte del juez disciplinario.
De
esta manera, los vicios invocados que deben ser objeto de análisis son: (i) la ausencia de tipicidad de la conducta, por la
inexistencia de un interés contrapuesto entre la SIC y Telefónica; y
(ii) la
inaplicación de las normas que
refieren al deber de sancionar de forma razonable y proporcional a la gravedad
de la falta, aunado a la inobservancia del deber de que toda sentencia esté
fundamentada de manera completa y explícita, sobre la base de los motivos
cualitativos y cuantitativos que determinan la imposición de una sanción.
2.10.3.1.
En cuanto al primer defecto señalado, esto es, el concerniente a la ausencia de
tipicidad de la conducta, por la inexistencia de un interés contrapuesto entre
la SIC y Telefónica, en los términos señalados en el literal e) del artículo 34
de la Ley 1223 de 2007, la accionante alega que el vínculo con la citada empresa
tenía por objeto actuar en investigaciones iniciadas en temas administrativos o
judiciales por violación del régimen de publicidad engañosa, mientras que su contrato
con la Superintendencia consistía en la proyección
de recursos de apelación en temas de protección al consumidor, por lo que cada contrato
estuvo vinculado a dos direcciones distintas dentro de la SIC, que eran
excluyentes entre sí y que no compartían afinidad temática, de manera que no
podía concluirse que se presenta un conflicto de lealtad en la labor
profesional adelantada. Por la misma razón, se señala que hubo ausencia de
culpabilidad en su actuar.
En
general, la accionante pretende demostrar que el soporte de las decisiones de
los jueces disciplinarios se cimentó en una norma que no es aplicable al caso,
porque –aunque ella está vigente y es constitucional– no
se adecua a su situación fáctica.
De
esta manera, le corresponde a esta Sala de Revisión definir si los jueces disciplinarios,
dentro de su margen de discrecionalidad y autonomía, actuaron conforme a
derecho, al encontrar que la señora Mónica Soledad Murcia Páez incurrió en la
conducta descrita en el literal e) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007. Al
respecto, como ya se señaló,
en la norma en mención se establece como comportamiento reprochable con el
cliente “Asesorar, patrocinar o representar, simultánea o sucesivamente, a
quienes tengan intereses contrapuestos, sin perjuicio de que pueda realizar,
con el consentimiento de todos, gestiones que redunden en provecho común”.
2.10.3.1.1.
Para iniciar, es preciso recordar lo dicho en la parte considerativa de esta
providencia, sobre la mayor apertura valorativa que tienen las faltas
disciplinarias, que no al ser diseñadas con el mismo rigor que los delitos en
materia penal, le brindan a la autoridad encargada de definir su configuración,
un margen más amplio de apreciación al momento de calificarlas[73].
Así
las cosas, para esta Sala resulta razonable la valoración que hicieron los
jueces de la causa respecto de la conducta de la accionante, con miras a
encuadrarla dentro del supuesto establecido en el Código Disciplinario del
Abogado. En efecto, las
autoridades en mención encontraron que la falta se configuró cuando la
accionante suscribió el contrato No. 018 de 2012, para proyectar la resolución
de los recursos de apelación que interponen los usuarios de las empresas de
telecomunicaciones, entre ellos Telefónica, en materia de protección al
consumidor, sin tomar en consideración que, por cuenta de un contrato celebrado
con la citada compañía de telefonía celular, a través de la firma HR Abogados, la
señora Murcia Páez tenía la representación de esa empresa en asuntos de
publicidad engañosa, respecto de los cuales la SIC tenía pendiente la
resolución de investigaciones administrativas[74].
Para los jueces disciplinarios, resultó evidente que,
al margen de que no se hubiese probado que la accionante utilizó su posición de
contratista dentro de la Superintendencia para favorecer los intereses de
Telefónica, lo cierto es que el hecho de estar ejecutando un contrato para
proyectar decisiones a favor o en contra de su cliente, así fuese en un área
distinta, implicaba la configuración de la falta descrita en el literal e) del
artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, pues, en el práctica, ello producía una
afectación en la imagen del recto ejercicio de la labor y de la objetividad y
lealtad que tendría para ambas partes, e incluso para los usuarios de la SIC[75].
En este orden de ideas, en una de las sentencias
cuestionadas, al referir a la finalidad de la norma, el  Consejo Superior de la
Judicatura, expuso que ella busca proteger “(…) la lealtad que debe existir
entre el profesional del derecho y su cliente, en razón a la defensa que el
primero debe hacer sobre los intereses jurídicos del segundo, pero no afectar
otros respecto de los cuales también tiene compromiso ético de gestión o
resultado según el vínculo laboral o ligamen profesional adquirido, en suma, es
una defensa de los clientes frente a la multiplicidad de compromisos que pueden
adquirir quienes están habilitados para ejercer la profesión, al tiempo que se
pretende preservar una imagen de recto ejercicio, donde el conocimiento que se
tenga de algunos casos, conserve esa limitante de reserva y no se use en
detrimento de incautos nuevos poderdantes, llámense personas naturales o
jurídicas.”
De esta manera, se sostuvo que:
“(…) tener intereses contrapuestos no
significa que sean contrapartes en el proceso, sino que uno es el interés de la
entidad prestadora del servicio de telecomunicaciones, otro es el interés de la
Superintendencia de Industria y Comercio y otro es el interés del usuario que
interpone el recurso, sin que en ningún momento puedan confundirse o
fusionarse. (…)
Desde luego que, si el abogado que asesora
a la empresa Telefónica es el mismo que está resolviendo recursos contra la
empresa Telefónica, puede en algún momento tener alguna injerencia en esas
decisiones, y eso es precisamente lo que se encuentra por esta Sala como
desleal con su cliente, la Superintendencia, (…)”[76]
Así las cosas, tanto para el Consejo Superior como
para el Consejo Seccional, una abogada no puede brindar plena objetividad a clientes
con los cuales al mismo tiempo se tienen deberes de lealtad que entran en
controversia, como es el caso de la SIC y Telefónica, ya que mientras que a la
primera le interesa resolver los asuntos sometidos a su consideración con
absoluta imparcialidad, a la segunda le interesa ser favorecida en las
decisiones que respecto de ella adopte la Superintendencia.
Por lo demás, ambas instancias judiciales descartaron
que, aunque en muchos casos el objeto del contrato de la señora Murcia Páez con
la Superintendencia se concretaba en llenar formatos, ello
desvirtuara la comisión de la falta. Sobre este punto, el Consejo Seccional
explicó que, aunque era cierto que el uso de formas predispuestas permitía
seguir una línea uniforme en el trámite de las decisiones, existían casos en
los que, lejos de llegar a una solución simple, se requería un estudio pormenorizado
de los hechos y las pruebas aportadas. En tales escenarios, los intereses
contrapuestos podrían llevar a pasar por alto algunos elementos de juicio o a valorarlos
en un sentido específico, en aras de beneficiar al cliente por encima de la SIC,
conducta que, aunque no se acreditó en la accionante, no excluía la ocurrencia
de la falta, al tratarse de un tipo disciplinario de mera conducta.
2.10.3.1.2.
Visto lo anterior, en criterio
de esta Sala, más allá de que pueda insistirse en la diferencia de los objetos
de cada contrato y en el hecho de que probatoriamente no se acreditó una
decisión contra derecho que hubiese sido proyectada por la accionante, resulta
claro que la postura asumida por los jueces disciplinarios es razonable, soportada
en argumentos acordes con la controversia y ajena a un actuar arbitrario o
meramente discrecional. En otras palabras, las sentencias cuestionadas no
incurrieron en el defecto sustantivo que se endilga en su contra.
En efecto, la Sala encuentra que la interpretación sobre
la contraposición de intereses se funda en el objeto que tiene la Delegatura de
Protección al Consumidor que, de manera genérica y como su nombre lo indica, lo
que busca es proteger al consumidor o cliente de bienes o servicios, en este
caso, al usuario de las empresas de telecomunicaciones, de manera que su
interés es resolver los casos que se someten a su consideración de forma
objetiva. Este fin podría entenderse contrapuesto al de una empresa que, como
Telefónica, en casos de publicidad engañosa pretende no ser sancionada, y en los
asuntos de protección al consumidor que sus decisiones no sean revocadas. Lo
anterior no significa que el interés de esta última sea el de afectar al
usuario, pero, precisamente, cuando la competencia de la SIC
se activa, bien sea mediante la resolución de un recurso en temas de protección
al consumidor o a través de una investigación en publicidad engañosa, presupone
que hubo una afectación al usuario y es esa situación la que ha de resolverse
por parte de la autoridad.
En este punto, como lo advierte la accionante, es
cierto que en el caso objeto de estudio los intereses contrapuestos
corresponden a los de las partes con las cuales tenía un contrato y no a los
usuarios. Sin embargo, el juez disciplinario entendió que la función de la Superintendencia estaba dirigida a proteger a estos últimos y, por
ende, ese era su interés, el cual se contraponía al de Telefónica en los
términos ya descritos. Precisamente, respecto de las faltas disciplinarias que
podrían configurarse cuando están de por medio intereses estatales (como en el
caso de la SIC) debe recordarse que este Tribunal ha señalado lo
siguiente:
“Estas características e imperativos que
condicionan el ejercicio de la profesión de abogado [relevancia social,
búsqueda de orden justo y logro de la convivencia pacífica] adquieren mayor relevancia y
deber de sujeción cuando se actúa en representación de los intereses estatales
o se interactúa como abogado en situaciones en la que están involucrados tales
intereses estatales. El quebrantamiento a los postulados éticos, a los dictados
de diligencia y probidad en el quehacer profesional en perjuicio de los
intereses colectivos genera un mayor grado de reproche, en cuanto el interés
público queda subordinado a intereses particulares. Ello justifica un mayor
rigor en la respuesta correctiva. // En el manejo del interés público mediante
el ejercicio de la profesión se involucra un mayor riesgo social, como la
eventual afectación del patrimonio público o el desmedro de las posibilidades
de satisfacer las necesidades de la comunidad (…).”[77]
Así las cosas, en criterio de la Corte, es razonable
que los jueces disciplinarios hubiesen aplicado la norma que describe la falta
por la cual se declaró responsable disciplinariamente a la accionante, pues,
como se deriva de lo expuesto, lo ocurrido permite encuadrar su conducta en la
descripción típica objeto de estudio. En conclusión, respecto de esta
irregularidad, la acción de tutela no está llamada a prosperar.
2.10.3.1.3.
En línea con lo expuesto y en
lo que atañe a la supuesta ausencia de culpabilidad de la accionante en la
comisión de la falta, esta Sala tampoco encuentra que el reproche formulado sea
procedente, pues resulta razonable que, al dar por configurada la falta
contenida en el literal e) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, y al estar
por probado que la accionante conocía las funciones que debía llevar a cabo
como contratista de la SIC, las cuales implicaban participar en la
labor de proyección de recursos para confirmar o revocar decisiones de la
empresa a la cual representaba dentro de la misma Delegatura, se entienda que
la abogada actuó con conocimiento y voluntad al momento de ejercer su profesión,
contratando con clientes cuyos intereses eran contrapuestos, al margen de que
ambas partes conocieran la situación en la que se encontraba, como se explicó
al resolver el defecto fáctico.
2.10.3.1.4.
En suma, la Sala observa que
la controversia en este caso está restringida a la interpretación que se hace
de la norma disciplinaria que fija la falta y, consecuentemente, a los medios
probatorios que se utilizaron para entender que se dio por configurada su
ocurrencia, tanto en lo que respecta al cumplimiento de los elementos del tipo,
como frente a la culpabilidad de la disciplinada. Así las cosas, la Corte
concluye que dicha interpretación se hizo dentro del ámbito de autonomía
judicial de las autoridades demandadas, de manera que, se reitera, cuando el
debate jurídico se centra en una discrepancia de interpretación de la ley (en
este caso para aplicarla a un caso concreto) y esta resulta razonable, motivada
y desprovista de arbitrariedad, no hay lugar a su corrección por medio de la
tutela.
2.10.3.2.
En cuanto al segundo defecto señalado, esto es, la inaplicación
de las normas que refieren al deber de sancionar de forma razonable y
proporcional a la gravedad de la falta contenida en el artículo 13 del Código
Disciplinario del Abogado[78], aunado a la
inobservancia del deber de que toda sentencia esté fundamentada de manera
completa y explícita, sobre la base de los motivos cualitativos y cuantitativos
que determinan la imposición de una sanción, al que refiere el artículo 46 de
la misma normativa[79], esta Corporación
observa lo siguiente:
- En
este caso, se estableció por los jueces disciplinarios la aplicación de dos
criterios generales para fijar la condena, por un lado, la trascendencia social
por la implicación negativa en el ejercicio de la profesión y, por la otra, la
modalidad en la que se desarrolló la conducta, la cual afectó la imagen de una
entidad pública ante los usuarios. Sobre este punto, resalta la accionante que
no se tuvo en cuenta que la lealtad exigible a ella era respecto de sus
clientes y de nadie más, máxime si no tenía la condición de servidora pública.
- Por
otro lado, la demandante sostiene que no hubo razonabilidad al aplicar los
criterios sancionatorios establecidos en el Código, ya que ni siquiera se
acreditó la existencia de un agravante. Así las cosas, menciona que, aunque no
se trata de derecho penal, si deben tomarse en consideración los supuestos que
se dan en la ley para que el margen de discreción del juez disciplinario opere
dentro de un mínimo y un máximo de sanciones a imponer, a través de la
aplicación de criterios generales, atenuantes y agravantes. Esto significa que,
a su juicio, si bien dentro de las causales de atenuación no está la ausencia
de antecedentes, dicha circunstancia si aparece, a la inversa, como un criterio
de agravación, de suerte que podría entenderse que, al no tenerlos, se activa
una prohibición para aplicar la sanción máxima, distinto a lo que ocurrió en el
sub-judice, en donde se decidió excluirla del ejercicio de la profesión
de abogada.
- Finalmente,
la señora Murcia Páez alega que, en otros juicios similares al suyo, en los que
se acusaba al disciplinado de incumplir el deber de lealtad o de tener
conflictos de intereses, se aplicaron sanciones que oscilaban entre los dos o
tres meses de suspensión, en ocasiones acompañado de multas, así como la
censura, sin que en ellos se hubiese aplicado la sanción máxima de exclusión,
en violación del principio de igualdad.
2.10.3.2.1.
Siguiendo las consideraciones
ya expuestas en esta providencia, el Consejo Seccional respectivo o el Consejo
Superior de la Judicatura tienen que cumplir con tres cargas para la imposición
de sanciones en sus sentencias, a saber: (i) en ellas debe haber una
fundamentación completa y explícita de los motivos que llevaron a la
determinación cualitativa y cuantitativa de la sanción; (ii) la graduación debe
guiarse por los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad; y
(iii) en su imposición tienen que aplicarse los criterios generales, los
agravantes y los atenuantes establecidos en el Código Disciplinario del Abogado.
Respecto de estos últimos, la Corte los ha explicado
en los siguientes términos: “(i)
[criterios] [g]enerales, dentro de los cuales se ubican algunos
de carácter objetivo (la modalidad de la conducta y sus circunstancias, su
trascendencia social, y el perjuicio ocasionado), y otros de naturaleza
subjetiva (los motivos determinantes del comportamiento)[80]; (ii)
[criterios atenuantes], como la confesión y el resarcimiento o
compensación del daño[81];
y (iii) [criterios de agravación], tales como la entidad de los bienes
jurídicos afectados, la sindicación infundada a terceros, el aprovechamiento
propio o ajeno de valores recibidos en virtud del encargo, la concurrencia de
copartícipes en el hecho, la existencia de antecedentes disciplinarios, y el
aprovechamiento de una circunstancia de vulnerabilidad en el afectado[82].”[83]
Visto lo anterior, se tiene que, además de delimitar
taxativamente la clase de sanciones que se pueden imponer, el legislador también
estableció criterios de graduación que regulan el ejercicio de dicha atribución
sancionatoria, cuyo ejercicio debe realizarse acorde con los principios de
razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, obligando a motivar la dosificación
de la pena que finalmente se atribuya. De ahí que, el juez disciplinario cuenta
con un marco de referencia normativo que debe cumplir al momento de cuantificar
una sanción, el cual deberá verificarse en este caso, con miras a establecer si
se configuró o no el defecto sustantivo alegado por la accionante[84].
2.10.3.2.2.
En el asunto sub-judice,
el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en su sentencia, menciona que
para definir la sanción a imponer debe tomar en consideración, por un lado, la trascendencia
social de la conducta, que se concreta en la implicación negativa que el
actuar de la abogada tuvo para el ejercicio de la profesión y, por la otra, la
modalidad del hecho ilícito, es decir, las circunstancias en que se llevó a
cabo la falta, que, para este juez, “tiene que ver con la confianza que los
usuarios de las superintendencias deben tener en que sus funcionarios actúan de
manera imparcial y transparente al tomar decisiones, y sin esperar a que la apoderada
de uno de los operadores contra quienes se dirigen tantas quejas, esté
laborando allí”[85]. En adición a los
citados criterios generales, la autoridad en mención señala que la actora no
tiene antecedentes disciplinarios, luego de lo cual concluye con la
imposición de la sanción de exclusión de la profesión.
Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura reiteró
los criterios generales de trascendencia social y de modalidad de la
conducta, con las mismas consideraciones del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá. A lo cual agregó que la decisión impuesta por este último
era necesaria, por cuanto previene que la conducta de la abogada se repita y
disuade a los demás profesionales del derecho de cometer la misma actuación
reprochada.
2.10.3.2.3.
En el asunto bajo examen, como
ya se expuso, de conformidad con el Código Disciplinario del Abogado, el juez
disciplinario tiene cuatro tipos de sanciones a imponer: la primera es la censura
que consiste en la reprobación pública que se hace al disciplinado por la
falta cometida; la segunda corresponde a la multa que no puede ser
inferior a un salario mínimo legal mensual vigente ni superior a 100,
dependiendo de la gravedad de la conducta; la tercera es la suspensión en el
ejercicio de la profesión que reside en la prohibición de desempeñarse como
abogado por un término que oscilará entre los dos meses y tres años o entre los
seis meses y cinco años, cuando los hechos tengan lugar en actuaciones como
apoderado o contraparte de una entidad pública; y, finalmente, la cuarta que es
la exclusión de la profesión y que radica en la cancelación de la
tarjeta profesional y en la prohibición para ejercer la abogacía[86].
De esta manera, en el caso bajo examen, se aprecia que
el juez disciplinario en primera instancia decidió imponer a la accionante la
sanción más alta y dicha decisión fue confirmada en segunda instancia. Sin
embargo, observa la Sala que en esa labor no se atendió a los postulados
establecidos por la ley para su imposición y graduación, como pasará a
demostrarse.
(i) Así, en primer lugar, en lo que respecta a los
criterios generales, a los atenuantes y a los agravantes para imponer la
sanción, se encuentra que, dentro de los primeros, la modalidad de la
conducta no solo debió ser analizada en relación con la afectación a la
confianza que se presentó respecto de los usuarios de la SIC, como lo señalaron
el Consejo Seccional de Bogotá y el Consejo Superior de la Judicatura, pues se debió
tomar en cuenta el hecho de que, como por ellos mismos se admite, la actora no
actuó a través del ocultamiento de su situación a sus clientes. En efecto,
según se desprende de algunos testimonios, funcionarios dentro de la entidad
estatal conocían del contrato que tenía la accionante con Telefónica, al tiempo
que esta última también estaba al tanto del contrato con la Superintendencia. Debe recordarse que este hecho no exime de
responsabilidad a la accionante, en los términos que lo explicó el juez
disciplinario, pero ello sí debió ser valorado al momento de definir la
sanción.
Para esta Corporación, la modalidad de la conducta –como criterio general de graduación de la sanción– debe analizarse de una perspectiva amplia
en la que se aprecie tanto lo favorable, como lo desfavorable, alrededor de la
comisión de una falta. Ello es así, en virtud de la aplicación del principio
constitucional de imparcialidad (CP art. 209), el cual, en materia
sancionatoria, aboga por el deber de investigar de forma integral, tanto los
hechos y circunstancias que son contrarios a los intereses del investigado,
como aquellos que le benefician, y a tenerlos en cuenta al momento de aplicar
una sanción. Solo de esta manera es posible tener un marco de aproximación que
le permita al juez disciplinario determinar el tipo de sanciones a imponer,
pasando por el examen de la pena menos onerosa a aquella que resulta más
gravosa[87].
(ii) En segundo lugar, si bien la existencia de
antecedentes funciona como un agravante, y no está contemplada de
forma expresa, a la inversa, como un criterio atenuante, ello no
significa que el juez disciplinario deba excluir su consideración, al momento
de moverse entre las cuatro opciones de sanción que establece la ley.
Para la Corte, son dos los principios constitucionales
que obligan a tener en cuenta la falta de antecedentes como un atenuante. Por
una parte, el principio de eficacia del texto a interpretar, conforme al cual
todo orden jurídico presupone una lógica interna, en la que carecería de
sentido negarle el efecto práctico y funcional a un criterio normativo cuya
existencia genera un resultado gravoso, pero cuya inexistencia no tendría consecuencia
alguna. Por el contrario, la racionalidad de este principio conduce a excluir
tal inferencia, para, en su lugar, concluir que la directriz coherente y
armónica del sistema, es la de entender que la carencia de antecedentes debe
operar como un paliativo para la imposición de la sanción.
Y, por la otra, el principio de efectividad de los
derechos fundamentales, que implica preferir el sentido de la norma que asegure
la vigencia de los derechos de los ciudadanos y que excluya toda medida que
resulte excesiva sobre ellos, esto es, que desconozca el mandato de proporcionalidad.
Para este Tribunal, lo anterior implica admitir que, así como la existencia de
antecedentes tiene la capacidad de agravar una falta, lo idóneo, ecuánime y
ponderado es que su ausencia permita atenuar la sanción, respecto de los
derechos que resultarían comprometidos, como la libertad de escoger profesión u
oficio y el derecho al trabajo.
En todo caso, cabe aclarar que la sola carencia de
antecedentes no conduce necesariamente a que la conducta se valore dentro de la
opción disciplinaria de menor reproche jurídico, pues, para ello, como se ha
insistido, debe tenerse en cuenta el conjunto de elementos y criterios que
rigen el marco de valoración integral del juez disciplinario.
(iii) En tercer lugar, la decisión de los jueces
tampoco tuvo en cuenta la ausencia de agravantes, como un criterio de
ponderación, ya que, a pesar de su inexistencia, se fijó la sanción en el
extremo más alto, en cuanto a la restricción del ejercicio de la profesión.
(iv) Finalmente, en lo que tiene que ver con la
necesidad, proporcionalidad y razonabilidad en la graduación de la sanción, se
encuentra que el Consejo Superior de la Judicatura sí hizo un estudio en
relación con la necesidad de excluir de la profesión a la abogada Murcia
Páez. De suerte que, por un lado, explicó que con ello se previene que su
conducta se repita y, por el otro, se busca con esa decisión disuadir a otros
profesionales del derecho de incurrir en la misma falta. Dicha explicación en
torno a la necesidad se acompasa con lo prescrito en el artículo 11 de la Ley
1123 de 2007[88], que establece como
función de la sanción la de prevenir que se cometan estas conductas y corregir
al abogado que incurre en ellas.
No obstante, encuentra este Tribunal que ninguno de
los jueces disciplinarios analizó si la sanción impuesta obedece a criterios de
proporcionalidad y de razonabilidad, como lo demanda el artículo
13 de la citada Ley 1123 de 2007, al prescribir que: “Artículo 13. Criterios para la
graduación de la sanción. La imposición de cualquier sanción disciplinaria
deberá responder a los principios de razonabilidad, necesidad y
proporcionalidad. En la graduación de la sanción deben aplicarse los criterios
que fija esta ley.”
De acuerdo con el criterio de proporcionalidad, se exige
que el juez verifique si la respuesta punitiva del Estado atiende a la gravedad
conducta, sin imponer un sacrificio desmedido respecto de los derechos del
investigado y sin restarle importancia a la falta, a partir del examen integral
de las circunstancias que rodearon el asunto bajo examen[89].
Y, en lo que corresponde al criterio de razonabilidad, le compete a dicha
autoridad fijar si la sanción es “conforme con la prudencia, la justicia o
la equidad que rigen para el caso concreto”[90].
Tales criterios no fueron tenidos en cuenta por los
jueces disciplinarios al momento de adoptar la decisión de fondo. En efecto, el
juez constitucional observa que, en este caso, no se valoraron elementos
fácticos y jurídicos de vital trascendencia, vinculados con los citados criterios
de proporcionalidad y razonabilidad, con miras a determinar si cabía o no
imponer la sanción más gravosa. Lo anterior se concreta, básicamente, en los
siguientes tres puntos:
- Primero, como lo reconoce el Consejo Seccional y el
Consejo Superior de la Judicatura en sus sentencias, en este caso no se probó un
daño concreto a los intereses de alguno de los clientes de la
accionante, es decir, que si bien hubo una afectación abstracta por el
incumplimiento del deber de lealtad que se concretó en la falta ya descrita,
ello no causó una lesión específica para ninguno de los sujetos comprometidos, ya
que, como se encontró probado en el proceso, no se verificó la existencia de
algún tipo de beneficio en favor de Telefónica o de un perjuicio en la toma de
decisiones para la SIC, como consecuencia de los contratos suscritos.
- Segundo, tal como se alegó por la accionante durante
el proceso disciplinario y se insistió en sede de tutela, los temas de que
conocía la abogada en la ejecución de cada contrato eran diferentes. En efecto,
como representante de Telefónica presentó recursos contra decisiones
sancionatorias de la SIC en asuntos de publicidad engañosa, lo cual difiere del
objeto sobre el cual se proyectaban los recursos de apelación, en virtud del
contrato celebrado con dicha Superintendencia, que se concretaba en el estudio
de las respuestas que los operadores de telecomunicaciones daban a las quejas
de los usuarios. Así las cosas, además de que no se probó una afectación
concreta en los intereses de sus clientes, la posibilidad de que pudiera
beneficiar a alguno de ellos con su actuar, resultaba remota.
- Tercero, con la sanción impuesta se restringen los
derechos al trabajo y a escoger profesión u oficio de la accionante, aspecto
que también debe ser tomado en consideración por el juez disciplinario, para
evaluar si la respuesta sancionatoria del Estado es proporcional al grado de
afectación que se genera para la abogada, de acuerdo con su conducta. En este
sentido, se evidencia que la accionante ha tenido una trayectoria profesional
como abogada desde el año 1991, por lo que la cancelación de su tarjeta
profesional, le impediría realizar el oficio para el cual está capacitada y a
cuyos ingresos se encuentra sujeta.
La ausencia de consideración de los anteriores
elementos, también demuestra que el juez disciplinario omitió exponer
explícitamente todas las razones por las cuales cuantitativa y
cualitativamente, la sanción a imponer debía ser la de exclusión de la
profesión.
2.10.3.2.4.
Visto lo anterior, la Sala
Tercera de Revisión concluye que los jueces disciplinarios sí incurrieron en el
último defecto sustantivo expresado por la accionante, por cuanto en sus
sentencias desconocieron que debían establecer una fundamentación completa y
explícita de los motivos que justificaban cualitativa y cuantitativamente la
sanción impuesta, esto es, la exclusión en el ejercicio de la profesión, como
ya se dijo, por la forma incompleta como se valoró la modalidad de la conducta,
la falta de evaluación de la inexistencia de antecedentes, la circunstancia de
que no se acreditaron agravantes y la omisión en la apreciación de los
criterios de proporcionalidad y razonabilidad previstos en la ley, a partir de
los puntos señalados en los párrafos anteriores.
2.10.4. Con fundamento en lo anterior, es claro que
debe concederse el amparo pretendido, por cuanto las sentencias del Consejo
Seccional de Bogotá y del Consejo Superior de la Judicatura incurrieron en un
defecto sustantivo por la no aplicación de los artículos 13 y 46 de la Ley 1123
de 2007, que fijan la obligación de que la sanción responda a los criterios de
necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, al mismo tiempo que le imponen
contener una fundamentación completa y explícita de los motivos que justifican cualitativa y
cuantitativamente la pena impuesta, obedeciendo a los criterios generales, agravantes y atenuantes
establecidos en la citada ley .
Por lo anterior, se dejará parcialmente sin efectos la
sentencia del 8 de junio de 2016 proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura y la sentencia del 16 de septiembre de 2013 proferida
por la misma Sala del Consejo Seccional de Bogotá, en lo que tiene que ver con
la imposición de la sanción de exclusión de la profesión de la señora Mónica
Soledad Murcia Páez. En consecuencia, se ordenará al Consejo Seccional de
Bogotá que modifique el fallo en lo pertinente, para, en su lugar, aplicar los
artículos 13 y 46 de la Ley 1123 de 2007, evaluando cuál sería la sanción por
imponer en virtud de la falta cometida, de conformidad con lo señalado en el
numeral 2.10.3.2.3 de la parte motiva de esta providencia.
2.10.5. Así las cosas, corresponde a la Sala Tercera
de Revisión, dentro del expediente de tutela de la referencia, revocar parcialmente
la decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
en la que se negó el amparo pretendido y, en su lugar, conceder la protección del
derecho al debido proceso, únicamente, como ya se dijo, por la configuración
del defecto sustantivo por inaplicación de los artículos 13 y 46 de la Ley 1123
de 2007.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 14 de
diciembre de 2017 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura en la que se negó el amparo pretendido y, en su lugar, CONCEDER
la protección del derecho fundamental al debido proceso de la señora Mónica
Soledad Murcia Páez, únicamente por la configuración del defecto sustantivo por
inaplicación de los artículos 13 y 46 de la Ley 1123 de 2007. En consecuencia, DEJAR
PARCIALMENTE SIN EFECTOS las sentencias proferidas por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura del 8 de
junio de 2016 y por la misma Sala del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá del 16 de septiembre de 2013, en el expediente 110011102000201202296,
iniciado contra la señora Mónica Soledad Murcia Páez, en lo que tiene que ver
con la imposición de la sanción de exclusión de la profesión.
SEGUNDO.- ORDENAR a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de Bogotá que, en el término de un mes contado a partir de la
notificación de esta providencia, modifique en lo pertinente el fallo dentro
del proceso disciplinario citado en el numeral anterior, para
ajustarlo a lo prescrito en los artículos 13 y 46 de la Ley 1123 de 2007, evaluando
cuál sería la sanción por imponer en virtud de la falta cometida, de
conformidad con lo señalado en el numeral 2.10.3.2.3 de la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO.- Por
Secretaría General, LÍBRENSE la comunicación prevista en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Se advierte que, en virtud de un otrosí a dicho contrato, el
2 de diciembre de 2011 la abogada Murcia Páez presentó recursos de reposición y
en subsidio de apelación contra dos resoluciones proferidas por la
Superintendencia, en las que se sancionó a Telefónica por temas de publicidad
engañosa, los cuales estaban pendientes de resolverse cuando suscribió el
contrato con la referida Superintendencia.
[2] Debe aclararse que la accionante celebró contratos con la
entidad desde el año 2009. Sin embargo, el vínculo que dio origen a la
actuación disciplinaria es el mencionado contrato 018 de 2012.
[3] “Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: (…) 8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones
profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado
deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional
frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el
efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su
concepto. // Asimismo, deberá acordar con claridad los términos del mandato en
lo concerniente al objeto, los costos, la contraprestación y forma de pago.”
[4] Folio 192 del anexo 1 del expediente de tutela.
[5] La demanda se interpuso a través de un apoderado especial designado
para el efecto.
[6] Entre los testimonios omitidos se menciona el del señor
Adolfo Varela Sánchez, quien fue Jefe del Grupo de Telecomunicaciones de la
SIC, el del señor Gustavo Valbuena Superintendente de Industria y Comercio entre
octubre de 2007 y agosto de 2010; así como el del señor Luis Gabriel Uribe
Cáceres, representante legal de la firma HR Abogados (ver folios 35 a 38 y 40 a
41 del cuaderno principal).
[7] Se hace referencia al testimonio del señor Adolfo Varela
Sánchez, quien fue Jefe del Grupo de Telecomunicaciones de la SIC y al de la
señora María Fernanda de la Ossa Archila, supervisora del contrato celebrado
por la accionante con la Superintendencia (folios 35 a 40 del cuaderno
principal).
[8] Como previamente se dijo, en la norma en
mención se establece como comportamiento reprochable con el cliente “Asesorar,
patrocinar o representar, simultánea o sucesivamente, a quienes tengan
intereses contrapuestos, sin perjuicio de que pueda realizar, con el
consentimiento de todos, gestiones que redunden en provecho común”.
[9] Sentencia C-619 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[10] M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[11] Al respecto, en el fallo en cita se
sostuvo que: “La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni
menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza,
según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente
incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus
derechos esenciales. // Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido
al alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se ha
agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse adicionar al
trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la
Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra
posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya culminado en un
pronunciamiento definitorio del derecho”.
[12] Ibídem.
[13] Al respecto, en la Sentencia T-310 de 2009, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva, se indicó que: “(…) la acción de tutela contra sentencias es
un juicio de validez de la decisión judicial, basado en la supremacía de las
normas constitucionales. Esto se opone a que la acción de tutela ejerza una
labor de corrección del fallo o que sirva como nueva instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho
legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la tutela se circunscribe a
detectar aquellos casos excepcionales en que la juridicidad de la sentencia
judicial resulte afectada, debido a que desconoció el contenido y alcances de
los derechos fundamentales”.
[14] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[15] Al respecto, la Corte en Sentencia SU-391 de 2016, M.P. Alejandro
Linares Cantillo, agregó como causal de improcedencia que la tutela se dirija
contra decisiones de constitucionalidad abstracta
proferidas por la Corte Constitucional o de nulidad por inconstitucionalidad
del Consejo de Estado, pues lo contrario alteraría ostensiblemente el diseño
del control constitucional al punto de llegar a admitirse que existe tan solo
una tipología que permite a todos los jueces pronunciarse acerca del
cumplimiento de la Constitución en casos de control abstracto.
[16] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[17] El poder otorgado por la accionante obra a folio 78 del
cuaderno principal.
[18] Ley 1123 de 2007. “Artículo
108. La rehabilitación. El profesional
excluido podrá ser rehabilitado luego de transcurridos cinco (5) años
desde la ejecutoria de la sentencia, siempre que fundadamente se considere
que observó una conducta de todo orden que aconseje su reincorporación al
ejercicio de la profesión. El término aquí previsto será de
diez (10) años, cuando los hechos que originen la imposición de la sanción de
exclusión tengan lugar en actuaciones judiciales o extrajudiciales del abogado
que se desempeñe o se haya desempeñado como apoderado o contraparte de una
entidad pública. // El abogado que adelante y apruebe los cursos de
capacitación autorizados por el Consejo Superior de la Judicatura en
instituciones acreditadas podrá rehabilitarse en tres (3) y cinco (5) años,
respectivamente.”
[19] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[20] Sentencia T-522 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[21] Sentencias
T-462 de 2003, SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001.
[22] Sentencia T-231 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[23] Sobre el particular, entre otras, se pueden consultar las
sentencias T-932 de 2003, T-902 de 2005, T-162 de 2007 y T-1265 de 2008.
[24] Ibídem.
[25] Sentencias T-538 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-086 de
2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[26] Sentencia T-1065 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[27] Sentencia T-590 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[28] Cfr. Sentencia T-1045 de 2012, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[29] Para analizar la configuración de esta clase de defecto, la Corte
Constitucional ha tenido como base el principio iura novit curia, según
el cual el juez conoce el derecho, y por tanto tiene los elementos para
resolver el conflicto puesto de presente de cara a las sutilezas de cada caso
concreto. Así las cosas, se ha entendido que “la construcción de la norma
particular aplicada es una labor conjunta del legislador y del juez, en la cual
el primero de ellos da unas directrices generales para regular la vida en
sociedad y el segundo dota de un contenido específico a esas directrices para
darle sentido dentro del marco particular de los hechos que las partes le hayan
probado.”, Sentencia T-346 de 2012, M.P. Adriana María Guillen Arango.
[30] M.P. Mauricio González Cuervo.
[31] Sentencia T-189 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[32] Sentencia T-205 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[33] Sentencia T-800 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[34] Sentencia T-522 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[35] Sentencia SU-159 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[36] Sentencias T-001 de 1999, T-462 de 2003, T-1101 de 2005, T-1222 de
2005 y T-051 de 2009.
[37] Sentencias T-814 de 1999 y T-842 de 2001.
[38] Sentencias T-086 de 2007 y T-018 de 2008.
[39] Sentencia T-231 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[40] Sentencia T-807 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[41] Sentencias T-056 de 2005 y T-1216 de 2005.
[42] Sentencia T-086 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[43] Sentencias T-193 de 1995 y T-1285 de 2005.
[44] Sentencia SU-1184 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[45] Sentencia T-638 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[46] El oficio se diferencia con la profesión en que éste, por regla
general, no requiere formación académica, mientras que la profesión está
vinculada a determinado grado de escolaridad. Véanse, entre otras, Sentencias
C-226 de 1994 y C-385 de 2015.
[47] “Articulo 26. Toda
persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de
idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio
de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación
académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social
(…)”
[48] Sentencia C-530 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[49] “Artículo
2. Titularidad. Corresponde al Estado, a
través de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Superior y
Seccionales de la Judicatura, conocer de los procesos que por la comisión de
alguna de las faltas previstas en la ley se adelanten contra los abogados en
ejercicio de su profesión. // La acción disciplinaria es independiente de
cualquiera otra que pueda surgir de la comisión de la falta.” Al respecto
debe aclararse que, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02
de 2015, los Consejos Seccionales y Superior, son competentes para continuar
ejerciendo las funciones de juez disciplinario, en virtud de la transición
establecida dicha norma y a lo establecido por esta Corporación en el Auto 278
de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero.
[50] Sentencia C-884 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[51] Sentencia C-138 de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo,
[52] Sentencia C-393 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[53] Sobre el tema de pueden consultar, entre otras, las
Sentencias C-543 de 1993, C-884 de 2007 y C-398 de 2011.
[54] Sentencia C-328 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[55] Decreto 196 de 1971.
[56] Sentencia C-401 de 2013 y T-282A de 2012.
[57] Ver artículos 3 al 5 y 7 al 9 de la Ley 1127 de 2007
[58] Sentencia C-404 de 2001, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[59] Sentencias C-427 de 1994 y C-401 de 2013.
[60] Sentencia T-282A de 2012, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[61] Al respecto, en la Sentencia C-564 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán
Sierra, la Corte señaló que, en el derecho disciplinario, a diferencia de lo
que ocurre en el derecho penal, no se establece una sanción para cada una de
las faltas que se presentan, “(…) sino que se opta por establecer
clasificaciones más o menos generales en las que puedan quedar subsumidos los
diferentes tipos de infracciones. Para el efecto, el legislador señala unos
criterios que han de ser atendidos por los funcionarios encargados de imponer
la respectiva sanción, criterios que tocan, entre otros, con la
proporcionalidad y razonabilidad que debe presentarse entre la conducta o hecho
que se sanciona y la sanción que pueda imponerse, lo que le permite tanto al
administrado como al funcionario competente para su imposición, tener un marco
de referencia cierto para la determinación de la sanción en un caso concreto ".
[62] Sobre este punto también se puede
consultar la Sentencia C-181 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[63] Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, sentencia del 27 de octubre de 1993, rad. 1803-288-1, M.P. Edgardo
José Maya Villazón.
[64] Viceprocuraduría General de la Nación, Carlos Arturo Gómez
Pavajeau. Fallo de única Instancia del 31 de Octubre de 2001, Exp.
001-22413-99. En el mismo sentido, Gómez Pavajeau, Dogmática del derecho
disciplinario, Universidad Externado de Colombia, Edición tercera Bogotá 2004.
pp 222.
[65] Sentencia T-282A de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[66] Ley 1123 de 2007. “Artículo 5. Culpabilidad. En materia disciplinaria sólo se podrá imponer
sanción por faltas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de
responsabilidad objetiva.”
[67] Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, Consejo Superior de la Judicatura, sentencia del 7 de octubre de
2015, rad. 050011102000201303100
01, M.P. Angelino Lizcano Rivera.
[68] “Artículo 46. Motivación de la dosificación
sancionatoria. Toda
sentencia deberá contener una fundamentación completa y explícita sobre los
motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la sanción.”
[69] “Artículo
13. criterios para la graduación de la sanción. La imposición de cualquier sanción
disciplinaria deberá responder a los principios de razonabilidad, necesidad y
proporcionalidad. En la graduación de la sanción deben aplicarse los criterios
que fija esta ley.”
[70] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[71] Sentencia C-343 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[72] Véase, al respecto, el acápite 2.5.7 de esta providencia.
[73] Esta flexibilidad responde a que, en la
definición de las faltas y sanciones, al comparar el régimen disciplinario con
el derecho penal, se advierte que subyacen distintos bienes jurídicos que son
objeto de protección, las sanciones apelan a una teleología diferente, no son
homogéneos los sujetos investigados y no es igual el impacto que las
infracciones producen en la comunidad. Véase, al respecto, las Sentencias C-427
de 1994 y C-401 de 2013.
[74] Al respecto, se recuerda que la Ley 1123 de 2007 establece,
en el inciso segundo del artículo 19, que también son destinatarios de ese Código
los abogados que, en representación de una firma, suscriban contratos de
prestación de servicios profesionales.
[75] Folio 34 del anexo 2 del expediente de tutela.
[76] Folios 180 y 181 del anexo 1 del
expediente de tutela.
[77] Sentencia C-290 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[78] “Artículo 13. Criterios para la
graduación de la sanción. La imposición de cualquier sanción disciplinaria
deberá responder a los principios de razonabilidad, necesidad y
proporcionalidad. En la graduación de la sanción deben aplicarse los criterios
que fija esta ley.”
[79] “Artículo 46. Motivación de la dosificación sancionatoria.
Toda sentencia deberá contener una fundamentación completa y explícita sobre
los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la sanción.”
[80] “Artículo 45. Criterios de
graduación de la sanción. Serán considerados como criterios para la
graduación de la sanción disciplinaria, los siguientes: // A. Criterios
generales // 1. La trascendencia social de la conducta. // 2. La
modalidad de la conducta. // 3. El perjuicio causado. // 4. Las
modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán
teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación. // 5. Los
motivos determinantes del comportamiento”. Diario Oficial 46.519 del
22 de enero de 2007.
[81] “Artículo 45. Criterios de
atenuación. “(…) 1. La confesión de la falta antes de la formulación
de cargos. En este caso la sanción no podrá ser la exclusión siempre y cuando
carezca de antecedentes disciplinarios. 2. Haber procurado, por iniciativa
propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado. En este caso se
sancionará con censura siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios.”
[82] “(….) C. Criterios de agravación //
1. La afectación de Derechos Humanos. // 2. La afectación de derechos
fundamentales. // 3. Atribuir la responsabilidad disciplinaria
infundadamente a un tercero. // 4. La utilización en provecho propio o de
un tercero de los dineros, bienes o documentos que hubiere recibido en virtud
del encargo encomendado. // 5. Cuando la falta se realice con la
intervención de varias personas, sean particulares o servidores
públicos. // 6. Haber sido sancionado disciplinariamente dentro de los 5
años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga. // 7. Cuando
la conducta se realice aprovechando las condiciones de ignorancia,
inexperiencia o necesidad del afectado”.
[83] Sentencia C-290 de 2008, M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[84] Al estudiar si el legislador definió un sistema de sanciones que fije
un marco de referencia cierto para el juez y el sujeto disciplinable, de manera
que se garantice el principio de legalidad de la sanción, la Corte concluyó
que: “Como lo advierte el demandante el precepto acusado [previsto en la Ley
1123 de 2007] no asigna a cada falta o a una categoría de ellas, un tipo de
sanción específica, generando así un amplio margen de discrecionalidad a la
autoridad disciplinaria en el proceso de individualización de la sanción. Sin
embargo, ese ámbito de libertad de apreciación se encuentra guiado por la
explícita consagración de los deberes del abogado, por la creación de un
catálogo de faltas en torno a determinados intereses jurídicos, y particularmente
por unos criterios de graduación de la sanción (Art. 45) que atienden
exigencias de lesividad, impacto particular y general de la conducta,
valoración de actitudes internas del disciplinable, y en general parámetros de
proporcionalidad.” Sentencia C-379 de 2008, M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto. Énfasis por fuera del texto original.
[85] Folio 194 del anexo 1 del expediente de
tutela.
[86] El artículo 108 del Código de Disciplinario del Abogado
dispone que el profesional excluido puede ser rehabilitado cuando hayan
transcurrido 5 años desde la ejecutoría de la sentencia o luego de 10 años
cuando los hechos que originaron la imposición de la sanción tengan lugar en
actuaciones judiciales o extrajudiciales en las que el abogado se haya
desempeñado como apoderado o contraparte de una entidad pública. El mismo
artículo también establece que el abogado podrá rehabilitarse en el término de
tres y cinco años, respectivamente, en caso de adelantar y aprobar los cursos
de capacitación autorizados por el Consejo Superior de la Judicatura.
[87] En este punto, cabe señalar que la Ley 1123 de 2007, en el artículo
48, dispone que los principios constitucionales deberán orientar el ejercicio
de la función disciplinaria.
[88] “Artículo
11. Función de la sanción disciplinaria. La sanción disciplinaria tiene función
preventiva y correctiva para garantizar la efectividad de los principios y
fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que
se deben observar en el ejercicio de la profesión de abogado.”
[89] En este sentido, la
Corte ha explicado que “la proporcionalidad implica que la sanción no resulte
excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente de
importancia frente a esa misma gravedad.”. Sentencia C-721 de 2015, M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[90] Sentencia C-530 de
1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.