T-104-20
Sentencia T-104/20
Referencia: Expedientes Acumulados T- 7.163.874, T-7.163.893,
T-7.212.247, T-7.214.238, T-7.214.396, T-7.214.400, T-7.215.205, T-7.217.183,
T-7.218.582, T-7.231.058, T-7.231.921, T-7.244.027, T-7.247.415 y T-7.247.544[1]
Acciones de
tutela presentadas por (i) Laura Angélica Ruiz Franco contra el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA- y la Comisión
Nacional del Servicio Civil; (ii) Deisy Adriana Carvajal Gil contra el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA- y la
Comisión Nacional del Servicio Civil; (iii) Martha Rocío Cobos Torres contra el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA- y la
Comisión Nacional del Servicio Civil[2];
(iv) Paula Catalina Bohórquez García contra el Ministerio de Trabajo y la
Comisión Nacional del Servicio Civil; (v) William Gonzalo Aldana Mejía contra la
Secretaría de Educación Distrital de Bogotá y la Comisión Nacional del Servicio
Civil[3];
(vi) Sonia Imelda Camargo Bernal contra el Departamento
Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre -COLDEPORTES- y la Comisión Nacional del
Servicio Civil[4];
(vii) John Edward Cruz Molina contra el Ministerio de Salud y Protección Social
y la Comisión Nacional del Servicio Civil[5];
(viii) Oscar Darío Arango Gómez contra la Unidad Administrativa Especial
Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales
-ITRC- y la Comisión Nacional del Servicio Civil; (ix) Juan Pablo Urazán Losada
contra la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de
Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC- y la Comisión Nacional
del Servicio Civil[6];
(x) Olga Leticia Marsiglia Ortiz contra el Ministerio de Trabajo y la Comisión
Nacional del Servicio Civil[7];
(xi) Duván Andrés Arboleda Obregón contra el Ministerio de Trabajo y la
Comisión Nacional del Servicio Civil[8];
(xii) Cindy Marcela López Ocampo contra el Ministerio del Interior y la
Comisión Nacional del Servicio Civil[9];
(xiii) Adriana Magnolia Arias Rodríguez contra el Instituto Nacional de Salud y
la Comisión Nacional del Servicio Civil y (xiv) Leidy Monje Rosero contra el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Comisión Nacional del Servicio
Civil[10]
Magistrada
Ponente:
DIANA FAJARDO
RIVERA
Bogotá, D.C., once (11) de marzo de dos mil
veinte (2020)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la magistrada Diana
Fajardo Rivera y los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro
Linares Cantillo, en ejercicio de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Los expedientes de la referencia fueron
seleccionados y acumulados por unidad de materia mediante autos del 15
de marzo y 28 de marzo de 2019, proferidos por la Sala de Selección Número Tres,
integrada por las magistradas Gloria Stella Ortiz Delgado y Diana Fajardo
Rivera, con fundamento en el criterio objetivo: unificación de
jurisprudencia.
I. ANTECEDENTES
1. Antecedentes comunes a todos los
expedientes acumulados
La Comisión Nacional del Servicio Civil dio
apertura a las convocatorias: (i) 427 del 29 de julio de 2016, para proveer los
empleos vacantes de la planta de personal de la Secretaría de Educación
Distrital de Bogotá; (ii) 428 del 29 de julio de 2016, para proveer los empleos
vacantes de las plantas de personal de 18 entidades del Sector Nación[11], pertenecientes al
Sistema General de Carrera Administrativa; y (iii) 434 del 16 de septiembre de
2016, orientada a proveer los empleos vacantes pertenecientes al Sistema
General de Carrera Administrativa del Ministerio de Educación Nacional, el
Ministerio de Cultura y el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación,
la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -COLDEPORTES-.
Las personas tutelantes se presentaron a
dichos procesos de selección, superaron favorablemente las distintas etapas de
los concursos de méritos y, tras publicarse los resultados definitivos, fueron
incluidas en las listas de elegibles, ocupando lugares privilegiados para
ejercer los empleos a los que concursaron. Explican que dichas listas cobraron
firmeza, es decir adquirieron el carácter de inmodificables, situación que, en
su criterio, generó un verdadero derecho adquirido a ser inmediatamente
designadas en los cargos públicos que alcanzaron por virtud del mérito. Sin
embargo, aseguran que las entidades requirentes alegaron la imposibilidad
jurídica de dar nombramiento en periodo de prueba y posterior posesión en las
vacantes de carrera ofertadas, argumentando que, por las órdenes judiciales
proferidas como medida cautelar por el Consejo de Estado, se suspendieron
provisionalmente las actuaciones administrativas que venía efectuando la
Comisión Nacional del Servicio Civil en relación con las convocatorias
previstas, por adelantarlas sin que se contara con la firma de los jefes de las
entidades participantes de los concursos de méritos.
Ante esta situación, acudieron al mecanismo
de amparo en defensa de sus derechos fundamentales a la
igualdad, trabajo en condiciones dignas, debido proceso, acceso a cargos
públicos y confianza legítima. Desde su óptica, las medidas cautelares
decretadas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no afectan una
situación anterior consolidada como derecho subjetivo, de carácter particular y
concreto, a su favor, pues desde la firmeza de las listas de elegibles surgió una posición de elegibilidad dentro de los procesos de selección. Agregaron que dichas medidas
únicamente vinculan las actuaciones adelantadas por la Comisión Nacional del
Servicio Civil, y no los actos administrativos subsiguientes a la firmeza de
las listas de elegibles, de competencia exclusiva de las entidades participantes
de las convocatorias, como ocurre concretamente con los nombramientos en
periodo de prueba y posterior posesión. Además, en aplicación del principio de
igualdad, afirmaron que debía procederse a su designación en los cargos públicos,
dado que otros ciudadanos en su misma situación fáctica fueron debidamente
designados en los empleos ofertados[12].
2. Antecedentes
relacionados con la acción de tutela presentada por el participante de la
Convocatoria 427 del 29 de julio de 2016 (Expediente T-7.214.396)
Hechos
1. La Comisión Nacional del Servicio Civil,
por medio del Acuerdo 20161000001286 del 29 de julio de 2016, dio apertura a la
Convocatoria 427 de 2016 para proveer los empleos vacantes de la planta de
personal de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, pertenecientes al
Sistema General de Carrera Administrativa[13].
El señor William Gonzalo Aldana Mejía, quien desde el 14 de mayo de 2009
permanece vinculado con la Entidad en calidad de provisional en el empleo de
Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 24, se presentó a dicho
concurso de méritos y superó satisfactoriamente las distintas etapas y pruebas
del mismo. Mediante Resolución 20182330125955 del 10 de septiembre de 2018, la
Comisión Nacional del Servicio Civil integró la lista de elegibles en la que el
participante ocupó el puesto 40, con un puntaje de 71.93, para proveer 76
vacantes en el empleo denominado Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 27.
Dicho acto administrativo adquirió firmeza el 19 de septiembre de 2018[14].
2. Explica el accionante que pese a la
firmeza de su lista de elegibles, en virtud de la cual se consolidó en su favor
un derecho legítimo adquirido, la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá
omitió el deber que le correspondía de nombrarlo en periodo de prueba por haber
adquirido una posición meritoria dentro del proceso de selección. En concreto,
adujo que la Entidad accionada alegó la imposibilidad jurídica de designarlo y
posteriormente posesionarlo en su cargo, argumentando que, mediante Auto del 20
de septiembre de 2018, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco
del medio de control de nulidad simple, ordenó la suspensión provisional de la
actuación administrativa que se encontraba adelantando la Comisión Nacional del
Servicio Civil con ocasión del concurso abierto de méritos, hasta tanto se
produjera un pronunciamiento definitivo en la materia[15].
3. Advierte que, extrañamente, mediante Resolución 2027 del 19 de octubre de 2018, la Secretaría de
Educación Distrital de Bogotá dio por terminado su nombramiento provisional en
calidad de Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 24,
con ocasión de la aplicación de la lista de elegibles dentro de la Convocatoria
427 de 2016, sin haberse procedido previamente y como correspondía con la designación
en el cargo de carrera para el cual participó[16].
Por lo anterior, acudió al amparo invocando la
salvaguarda de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, mínimo vital,
igualdad, trabajo en condiciones dignas, debido proceso, acceso a cargos
públicos y confianza legítima[17].
Estimó que la orden judicial proferida como medida cautelar por el Consejo de
Estado solo cobijó las actuaciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil y
no previó la suspensión de los trámites administrativos subsiguientes a la
firmeza de las listas de elegibles, esto es, la realización de la audiencia de
escogencia de plaza y su nombramiento en periodo de prueba por haber ocupado un
lugar de elegibilidad, actuaciones que debían ejecutarse en relación con todos
los aspirantes y directamente por parte de la Entidad pública oferente, contando
para el efecto con un plazo legal, que, en su caso, venció el 3 de octubre de 2018[18].
Respuestas de las entidades
accionadas
4. Respuesta de la Secretaría de
Educación Distrital de Bogotá
La Secretaría de Educación Distrital de
Bogotá pidió negar el amparo ante la inexistencia de vulneración de derechos
fundamentales[19].
Para sustentar esta postura, explicó que existía incertidumbre jurídica en
relación con la estabilidad de la Convocatoria 427 de 2016, en especial por la
emisión de una orden judicial proferida por parte del Consejo de Estado en el
marco de una demanda de nulidad simple, que previó la suspensión provisional
del concurso de méritos. Así, ante la ausencia de certeza de “los efectos de
la medida y la realización de los respectivos nombramientos”[20], la entidad solicitó
su aclaración ante la autoridad judicial competente y adicionalmente presentó
acción de tutela, dado que no fue vinculada a dicho proceso administrativo bajo
ninguna calidad procesal ni tampoco notificada de su presentación por lo que,
en principio, no podía entenderse que fuera destinataria de las medidas impuestas.
Con todo, adujo que la realización de la audiencia pública de selección de
ubicación geográfica para el cargo pretendido por el accionante fue programada para
el 22 de noviembre de 2018, en virtud de la determinación de amparo impartida
por otro operador judicial.
5. Respuesta de la Comisión Nacional del
Servicio Civil -CNSC-
La Comisión Nacional del Servicio Civil adujo
no haber violado ningún derecho fundamental del peticionario[21]. Expuso que la orden
judicial proferida como medida cautelar por parte del Consejo de Estado (i) no cobijó
a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, Entidad pública que, por
demás, no fue vinculada al medio de control de nulidad simple incoado y (ii) tampoco
afectó los actos administrativos contentivos de las listas de elegibles en
firme ni los trámites subsiguientes, como las audiencias públicas de selección
de ubicación geográfica y los nombramientos en periodo de prueba. Por lo
anterior, la Entidad nominadora debía proceder con la inmediata designación del
participante con posición meritoria dentro del proceso de selección, en
estricto acatamiento de las normas del concurso y como manifestación de respeto
por sus derechos adquiridos.
Decisión que se revisa
6. En instancia se concedió el amparo de
los derechos fundamentales invocados y se le ordenó a la Secretaría de
Educación Distrital de Bogotá proceder con el nombramiento en periodo de prueba
del actor. La autoridad consideró que la orden judicial de suspensión
provisional proferida por el Consejo de Estado se produjo con posterioridad a
la firmeza de la lista de elegibles que integró el accionante, hecho que generó
en su favor un derecho adquirido; aunado a que el control de legalidad en trámite
versaba únicamente sobre la actuación desplegada por parte de la Comisión
Nacional del Servicio Civil y no de la entidad pública oferente.
3. Antecedentes
relacionados con las acciones de tutela presentadas por los participantes de la
Convocatoria 428 del 29 de julio de 2016 (Expedientes 7.163.874, T-7.163.893,
T-7.212.247, T-7.214.238, T-7.215.205, T-7.217.183, T-7.218.582, T-7.231.058,
T-7.231.921, T-7.244.027, T-7.247.415 y T-7.247.544)
Hechos
1. La Comisión Nacional del Servicio Civil,
por medio del Acuerdo 20161000001296 del 29 de julio de 2016[22], dio apertura a la
Convocatoria 428 de 2016 para proveer los empleos vacantes de las plantas de
personal de 18 entidades del Sector Nación, pertenecientes al Sistema General
de Carrera Administrativa. Las personas tutelantes se presentaron a dicho
concurso de méritos para ocupar los cargos vacantes, concretamente, en el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA-, el
Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio
del Interior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Unidad
Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y
Contribuciones Parafiscales -ITRC- y el Instituto Nacional de Salud.
2. El 16 de agosto de 2018, tras surtirse las
distintas etapas del concurso, la institución pública convocante publicó los
resultados definitivos obtenidos por los participantes, encontrándose que las
personas peticionarias integraron las correspondientes listas de elegibles[23]. En estas condiciones
y siguiendo concretamente lo dispuesto en el artículo 2.2.6.21 del Decreto 1083
de 2015, estimaron que las entidades requirentes debían, dentro de los 10 días hábiles
siguientes al envío de las listas en firme por parte de la Comisión Nacional
del Servicio Civil, proceder con sus nombramientos en periodo de prueba, en
estricto orden de mérito[24].
3. Indicaron que las listas de elegibles
adquirieron firmeza el 27 de agosto de 2018[25],
lo que implicaba que el término máximo legal para producirse los nombramientos vencía
el 10 de septiembre siguiente. No obstante lo anterior, aseguraron que ese día la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del medio de control de nulidad
simple, le notificó a la Comisión Nacional del Servicio Civil sobre la
suspensión provisional de la actuación administrativa que venía adelantando con
ocasión de la Convocatoria 428 de 2016. Por virtud de esta decisión y de otras órdenes
judiciales proferidas como medida cautelar con posterioridad, las entidades
requirentes omitieron proseguir con el trámite tendiente a proveer las vacantes
ofertadas y, por ende, no efectuaron las designaciones respectivas en los
cargos, actuación que, en su criterio, desconoció el derecho adquirido que les
asistía a ocupar los empleos que alcanzaron por virtud del mérito.
4. Explicaron que las medidas cautelares
decretadas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo únicamente
vincularon las actuaciones adelantadas por la Comisión Nacional del Servicio
Civil, y no la ejecución de los actos administrativos subsiguientes a la
firmeza de las listas de elegibles, de competencia exclusiva de las entidades participantes
de la convocatoria, particularmente los nombramientos en periodo de prueba. Agregaron
que la única interpretación válida del asunto era que su posición de mérito adquirida
dentro del proceso de selección surgió con la ejecutoria del listado de
elegibles, lo cual ocurrió con anterioridad a que las decisiones de suspensión provisional
adoptadas quedaran en firme[26].
En su concepto, ello presentaba una relevancia superior pues la vigencia de las
listas es de tan solo dos años, término que se entiende cumplido en el año 2020[27].
5. Por lo anterior, acudieron al mecanismo
de amparo alegando la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad,
trabajo en condiciones dignas, debido proceso, acceso a cargos públicos y
confianza legítima[28].
Solicitaron que las entidades públicas accionadas procedieran a su inmediato nombramiento
en periodo de prueba, en los cargos para los cuales concursaron, teniendo en
cuenta que las órdenes judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo no afectaban situaciones jurídicas anteriores y consolidadas
como derechos subjetivos, de carácter particular, concreto e inmodificable, a
su favor[29].
Respuestas de las entidades
accionadas[30]
6. Respuesta del Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA- (Expedientes T-7.163.874,
T-7.163.893 y T-7.212.247)
El INVIMA solicitó negar las pretensiones
de las tutelas[31].
Señaló que en virtud de las órdenes judiciales proferidas como medida cautelar
por parte del Consejo de Estado se generó la imposibilidad jurídica de proceder
con los nombramientos de los elegibles. En efecto, como consecuencia de lo
anterior, se expidió la Circular No. 1000-0083-18 del 12 de septiembre de 2018
en la que se dispuso que la conformación de las listas de elegibles y la
designación en periodo de prueba, como lo pretendían las accionantes, correspondían
a actuaciones administrativas a cargo de la Comisión Nacional del Servicio
Civil y debían entenderse como fases del proceso de selección que, en su
integridad, permanecía suspendido[32].
Por ello, se sostuvo que “[e]l Invima no [expedirá] actos
administrativos relacionados con la Convocatoria, hasta tanto se [reciba]
la respuesta a la Consulta [elevada ante el] Consejo de Estado. [Una]
vez [absuelva] la consulta el Consejo de Estado, el Invima [dará]
cumplimiento a lo dispuesto por esta Alta Corte”[33].
7. Respuesta del Ministerio de Trabajo
(Expedientes T-7.214.238, T-7.231.058[34]
y T-7.231.921)
El Ministerio de Trabajo contestó al
requerimiento judicial solicitando negar el amparo invocado[35]. Advirtió que la Comisión
Nacional del Servicio Civil, de manera unilateral y en contravía de lo
establecido en el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, suscribió el
acuerdo por medio del cual se dio apertura a la Convocatoria 428 de 2016 sin contar
con la firma del representante legal del Ministerio y sin que se agotara la
etapa previa de planeación y coordinación interinstitucional, necesaria para contar
“con los recursos apropiados en el presupuesto [a fin de] sufragar
los gastos [propios del] proceso de selección, razón por la cual no era
viable proceder a ofertar los empleos de carrera administrativa en vacancia
definitiva”[36]
y mucho menos asumir obligaciones posteriores frente a los elegibles
accionantes, en concreto proceder con sus nombramientos en periodo de prueba. Explicó
que, además, dicho trámite administrativo se encontraba suspendido
provisionalmente por virtud de órdenes judiciales proferidas como medida
cautelar por parte del Consejo de Estado, decisiones que debían atenderse en su
integridad hasta tanto se profiriera un pronunciamiento definitivo en la
materia.
8. Respuesta del Ministerio de Salud y
Protección Social (Expediente T-7.215.205)
El Ministerio de Salud y Protección Social se
pronunció sobre los hechos materia de debate y solicitó declarar la
improcedencia del amparo invocado ante la existencia de otros medios de defensa
judicial para dirimir la controversia y la ausencia de vulneración de derechos
fundamentales[37].
Señaló que la orden inicial de suspensión provisional decretada por el Consejo
de Estado, el 23 de agosto de 2018, fue notificada el 27 de agosto siguiente,
momento en el que vencía el plazo para que la entidad presentara solicitud de
exclusión de los aspirantes. Explicó que tal labor de verificación no pudo
llevarse a cabo dado que la Comisión Nacional del Servicio Civil, en contravía
del debido proceso, decidió, en la última fecha enunciada, continuar con el
trámite administrativo y comunicar, pretermitiendo los plazos legales y la
obligatoriedad de las decisiones judiciales, la firmeza del listado de
elegibles. En esta línea de defensa, advirtió encontrarse en imposibilidad
jurídica de nombrar en periodo de prueba a los elegibles, incluido al actor, y
precisó que ello no ocurriría hasta tanto se profiriera una decisión definitiva
sobre la legalidad de la Convocatoria 428 de 2016 por parte de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo.
9. Respuesta de la Unidad Administrativa
Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones
Parafiscales -ITRC- (Expedientes T-7.217.183 y T-7.218.582[38])
La Unidad Administrativa Especial Agencia
del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales solicitó
declarar improcedente el amparo[39].
Para sustentar esta postura, explicó  que la Entidad no procedió con los
nombramientos en periodo de prueba, en tanto etapa decisiva dentro de la
Convocatoria 428 de 2016, en atención a la ausencia de certeza sobre la fecha
de firmeza de las listas de elegibles. En particular porque el Consejo de
Estado suspendió provisionalmente, en dos ocasiones, el proceso de selección y,
en la actualidad, se desconocían los efectos reales de las medidas cautelares
decretadas frente a las actuaciones a cargo de la Comisión Nacional del
Servicio Civil y su alcance concreto en relación con las entidades que
participaron de la referida convocatoria. En esta medida, debía “aplicar de
manera íntegra, clara y eficaz la Constitución y la Ley, previniendo el riesgo
jurídico que [podía] causarse al erario de la nación ante la falta de
certeza”[40],
atendiendo la decisión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
autoridad competente para pronunciarse en forma definitiva sobre la legalidad
del concurso.
10. Respuesta del Ministerio del Interior
(Expediente T-7.244.027[41])
El Ministerio del Interior al contestar la
acción de tutela solicitó negar el amparo, ante la ausencia de vulneración de
derechos fundamentales[42].
Explicó que se originaron serias inconsistencias relacionadas con la fecha de
firmeza de las listas de elegibles aunado a la existencia de medidas cautelares
de suspensión provisional decretadas dentro de la Convocatoria 428 de 2016 por parte
del Consejo de Estado; órdenes judiciales de carácter obligatorio y
cumplimiento inmediato que impedían proceder con los nombramientos en periodo
de prueba, en tanto etapa integrante del proceso de selección, de aquellos aspirantes,
incluida la peticionaria, que pretendían acceder a las vacantes de carrera
ofertadas. Esta situación se fundamentó en el principio de seguridad jurídica y
en la defensa del patrimonio público y tendría lugar hasta tanto se resolviera
sobre la legalidad del concurso de méritos en forma definitiva por parte de la
autoridad competente.
11. Respuesta del Instituto Nacional de
Salud (Expediente T-7.247.415)
El Instituto Nacional de Salud pidió negar
la solicitud de amparo ante la ausencia de violación de garantías superiores[43]. En su concepto, en la
actualidad se encontraba en la imposibilidad de nombrar en periodo de prueba a
los elegibles de las listas en firme conformadas dentro de la Convocatoria 428
de 2016. Primero, porque esta permanecía suspendida por virtud de órdenes
judiciales proferidas como medida cautelar por parte del Consejo de Estado,
autoridad que debía resolver en forma definitiva la controversia legal zanjada
y, de otra parte, en atención a que la entidad no contaba con disponibilidad
presupuestal para respaldar la provisión de la totalidad de los empleos
públicos de carrera administrativa ofertados, situación que siempre se puso de
manifiesto, inclusive cuando se comunicó la falta de interés para participar en
el aludido proceso de selección del cual finalmente se hizo parte por
instrucción expresa de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Por lo
anterior, estimó como indispensable, en virtud del principio de colaboración
armónica, la intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a fin
de que supliera los recursos necesarios para actuar de conformidad.
12. Respuesta del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo (Expediente T-7.247.544)
El Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo intervino en el trámite de tutela para solicitar la negativa del amparo
ante la ausencia de vulneración de derechos fundamentales[44]. Explicó que era deber
de la Entidad cumplir integralmente con las órdenes judiciales proferidas por
el máximo órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en
relación con la Convocatoria 428 de 2016, referidas a la suspensión provisional
de todas las actuaciones administrativas adelantadas en su interior. Ello, advirtió,
abarcaba los nombramientos en periodo de prueba de los elegibles, en tanto
etapa integrante del proceso de selección y a cargo exclusivo de las entidades
oferentes, hasta tanto existiera un pronunciamiento definitivo sobre la materia
que determinara la viabilidad de continuar con los trámites de rigor.
13. Contestación de la Comisión Nacional
del Servicio Civil -CNSC- (Respuesta común a los 12 expedientes de tutela)
La Comisión Nacional del Servicio Civil invocó
la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales[45]. Para
sustentar esta postura, señaló que la Convocatoria 428 de 2016 fue suspendida
por virtud de algunas órdenes judiciales proferidas
como medida cautelar por el Consejo de Estado que surtieron efectos jurídicos
con posterioridad al momento en que las listas de elegibles adquirieron
firmeza. En esa línea, explicó que,
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y la del Consejo de Estado, “una
vez en firme una lista de elegibles, ésta es inmodificable y surge para el
concursante que ocupa un lugar de elegibilidad, dentro de [un] concurso
de méritos, el derecho a ser nombrado en el cargo para el cual participó”[46]. En
particular, cuando la administración, luego de agotadas las diversas fases de
un concurso de méritos, clasifica a los concursantes mediante la conformación
de una lista de elegibles, está expidiendo un acto administrativo de contenido
particular que, a pesar de su naturaleza plural en cuanto lo integra un
conjunto de destinatarios, crea derechos subjetivos respecto de cada una de las
personas que lo conforman los cuales no pueden ser desconocidos por las
autoridades públicas[47].
Sobre estos lineamientos, advirtió que su competencia frente a los procesos de
selección estaba limitada prevalentemente a las fases de convocatoria,
reclutamiento, aplicación de pruebas y conformación de las listas de elegibles,
actuaciones que cumplió a cabalidad en el marco de la Convocatoria 428 de 2016;
los procesos posteriores, como los nombramientos en periodo de prueba de las personas
accionantes, corresponden a una actuación de resorte exclusivo o de
responsabilidad única de las entidades públicas destinatarias del concurso de
méritos.
Decisiones judiciales que se revisan
14. Decisiones adoptadas en instancia o
en primera instancia
En los casos de Laura Angélica Ruiz Franco,
Martha Rocío Cobos Torres, Paula Catalina Bohórquez García, John Edward Cruz
Molina, Cindy Marcela López Ocampo y Leidy Monje Rosero (expedientes
T-7.163.874[48],
T-7.212.247[49],
T-7.214.238[50],
T-7.215.205[51],
T-7.244.027[52]
y T-7.247.544[53])
las autoridades judiciales que conocieron de los asuntos concedieron el amparo
de los derechos fundamentales invocados y le ordenaron a las entidades
nominadoras proceder con los nombramientos en periodo de prueba de los
participantes de la Convocatoria 428 de 2016. Para ello, estimaron que las órdenes
judiciales proferidas como medida cautelar por parte del Consejo de Estado no
afectaban los trámites administrativos subsiguientes a la conformación de las
listas de elegibles en firme, de las cuales emanaba a favor de las personas
peticionarias el derecho legítimo a ser designadas en los cargos para los cuales
concursaron como manifestación del principio constitucional del mérito. Por su
parte, en los procesos de Deisy Adriana Carvajal Gil, Óscar Darío Arango Gómez,
Olga Leticia Marsigilia Ortiz, Duván Andrés Arboleda Obregón y Adriana Magnolia
Arias Rodríguez (expedientes T-7.163.893[54],
T-7.217.183[55],
T-7.231.058[56],
T-7.231.921[57]
y T-7.247.415[58])
los jueces negaron las solicitudes de amparo comoquiera que, en su criterio, existía
imposibilidad jurídica de proceder con los nombramientos en periodo de prueba de
los elegibles por la existencia de las medidas de suspensión provisional decretadas,
las cuales afectaban directamente todas las etapas integrantes de la
convocatoria y cuya vigencia se mantendría, por razones de seguridad jurídica,
hasta tanto la autoridad judicial competente emitiera un pronunciamiento
definitivo sobre la legalidad del proceso de selección. En relación con el
asunto del señor Juan Pablo Urazán Losada (expediente T-7.218.582[59]), el juzgado que
asumió el proceso declaró improcedente la protección constitucional deprecada ante
la configuración de un hecho superado, producto de la expedición del acto
administrativo de nombramiento en periodo de prueba[60].
15. Decisiones adoptadas en segunda
instancia
En las solicitudes de amparo de Laura Angélica
Ruiz Franco, Martha Rocío Cobos Torres, John Edward Cruz Molina, Juan Pablo
Urazán Losada, Cindy Marcela López Ocampo y Leidy Monje Rosero (expedientes
T-7.163.874, T-7.212.247, T-7.215.205[61],
T-7.218.582[62],
T-7.244.027[63]
y T-7.247.544[64])
las autoridades judiciales de segunda instancia revocaron las decisiones del a
quo para negar la protección deprecada, bajo el argumento de que la
Convocatoria 428 de 2016 se encontraba suspendida por orden judicial, por lo
que el juez constitucional no podía disponer nombramientos en periodo de prueba
o definir situaciones jurídicas particulares de los participantes elegibles hasta
tanto la controversia legal sobre las presuntas irregularidades originadas
alrededor del concurso de méritos fueran zanjadas con carácter definitivo por
parte de la autoridad con competencia en la materia. En los procesos de Deisy
Adriana Carvajal Gil, Óscar Darío Arango Gómez, Duván Andrés Arboleda Obregón y
Adriana Magnolia Arias Rodríguez (expedientes T-7.163.893, T-7.217.183,
T-7.231.921[65]
y T-7.247.415) los operadores jurídicos confirmaron la negativa de amparo fundamentados
en la necesidad de acatar las decisiones judiciales proferidas por el juez
natural de la controversia, situación que impedía proceder momentáneamente con
los nombramientos de los participantes en posición de elegibilidad. Frente al
caso concreto de la señora Paula Catalina Bohórquez García (expediente T-7.214.238)
el ad quem modificó parcialmente el fallo de primera instancia, aclarando
que la entidad nominadora debía designar en periodo de prueba a la accionante, garantizando,
en todo caso, los derechos de quienes se encontraban en mejor situación
meritoria o habían sido amparados por una decisión judicial previa.
Insistencia presentada por la
Procuraduría General de la Nación frente a los expedientes T-7.163.874,
T-7.163.893 y T-7.212.247
16. El Ministerio Público alertó sobre la
existencia de múltiples solicitudes de amparo relacionadas con la apertura de
la Convocatoria 428 de 2016, respecto de la cual el Consejo de Estado decretó medidas
cautelares de suspensión provisional frente a las actuaciones administrativas
que venían adelantándose. En su criterio esta situación originó la emisión de
decisiones judiciales contradictorias en la materia -frente a situaciones
fácticas análogas-, circunstancia que tornaba imperioso un pronunciamiento
unificado por parte de la Corte Constitucional en aras de garantizar el valor
de la seguridad jurídica y el principio de la igualdad[66].
4. Antecedentes
relacionados con la acción de tutela presentada por la participante de la
Convocatoria 434 del 16 de septiembre de 2016 (Expediente T-7.214.400)
Hechos
1. La Comisión Nacional del Servicio Civil,
por medio del Acuerdo 20161000001396 del 16 de septiembre de 2016[67], dio apertura a la
Convocatoria 434 de 2016 para proveer los empleos vacantes pertenecientes al
Sistema General de Carrera Administrativa de las plantas de personal del Ministerio
de Educación Nacional, el Ministerio de Cultura y el Departamento
Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre -COLDEPORTES-[68].
La señora Sonia Imelda Camargo Bernal se presentó al concurso de méritos
abierto para COLDEPORTES y superó satisfactoriamente las distintas etapas y
pruebas del mismo.
2. Mediante Resolución 20182320068515 del 6
de julio de 2018, la institución pública convocante conformó la lista de
elegibles para proveer 3 vacantes definitivas del empleo denominado Profesional
Especializado, Código 2028, Grado 18 en la citada entidad, en la cual la
peticionaria ocupó el tercer lugar con un puntaje de 78.70[69]. Dicho acto
administrativo fue publicado el 10 de julio de 2018 y adquirió firmeza el 17 de
julio siguiente. Como consecuencia de lo anterior, el Departamento
Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre expidió la Resolución 001741 del 1 de agosto
de 2018, por medio de la cual se dispuso el nombramiento en periodo de prueba
de la accionante[70].
La respectiva posesión en el cargo de carrera quedó prevista para el 26 de
diciembre siguiente por solicitud de prórroga presentada por la participante[71].
3. Por medio de comunicación del 14 de
septiembre de 2018, el Director de COLDEPORTES manifestó que, mediante Auto del
7 de septiembre de 2018, la Sección Segunda del Consejo de Estado ordenó, en el
marco del medio de control de nulidad simple, suspender provisionalmente la
actuación administrativa que venía adelantándose por parte de la Comisión
Nacional del Servicio Civil dentro del concurso de méritos, en especial las
etapas de elaboración y publicación de las listas de elegibles. Lo anterior hasta
tanto se aclarara el alcance de la medida provisional impuesta o se profiriera
una decisión fondo en la materia. Por ello, se previó que “los Ministerios
de Educación Nacional, de Cultura y COLDEPORTES, [debían disponer] lo
pertinente para acatar lo estipulado”[72].
En virtud de ello, el 16 de noviembre de 2018, la tutelante presentó derecho de
petición ante la Entidad accionada solicitando indicar si efectivamente se
procedería con su posesión en el cargo, conforme había sido concertado previamente[73].
4. Mediante respuesta del 4 de diciembre de
2018, COLDEPORTES se pronunció sobre el requerimiento incoado y señaló que se
había elevado solicitud de aclaración ante el Consejo de Estado, a fin de que informara
si la medida cautelar proferida cobijaba la actuación originada a partir de las
listas de elegibles, a saber, nombramientos en periodo de prueba, posesiones,
expedición de actos administrativos de prórroga y demás. Así, explicó que “[e]n
virtud de lo anteriormente señalado y en espera de que el Consejo de Estado
emita un pronunciamiento frente a la solicitud de aclaración, a partir del día
11 de septiembre de 2018 (fecha de notificación a Coldeportes del Auto de
decreto de medidas cautelares) todo Acto Administrativo de nombramiento, de
concesión de prórroga para tomar posesión y los actos mismos de posesión se
encuentran suspendidos. En consecuencia, COLDEPORTES informará oportunamente a
los interesados sobre el pronunciamiento del H. Consejo de Estado y sobre las
decisiones que adopte la Entidad en el marco de la Convocatoria 434 de 2016”[74].
5. Por lo anterior, la accionante acudió al
mecanismo de amparo invocando la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad, trabajo en condiciones dignas, debido proceso, acceso a cargos
públicos por virtud del mérito y confianza legítima. Explicó que la Entidad
accionada omitió proseguir con el trámite del concurso de méritos para proveer
las vacantes ofertadas pese a que la medida cautelar proferida por el Consejo
de Estado se profirió con posterioridad al acto que dispuso su nombramiento en
periodo de prueba y, además, no incluyó las actuaciones administrativas de contenido
particular que se derivaban de las listas de elegibles en firme. Así, los integrantes de estas listas que, como ella, quedaron en
posición de mérito, ostentaban un derecho legítimo, constitucionalmente consolidado
y protegido, a ser inmediatamente designados en los cargos para los cuales
concursaron; prerrogativa que no podía ser frustrada ni desconocida
arbitrariamente, máxime cuando el listado tiene vigencia hasta el año 2020
y se trata de un acto administrativo de carácter concreto que goza de
presunción de legalidad.
Respuesta de las entidades accionadas
6. Respuesta del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad
Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -COLDEPORTES-
El Departamento Administrativo del Deporte,
la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre
-COLDEPORTES- solicitó declarar “improcedente”[75] el amparo al no
existir violación alguna de derechos fundamentales[76]. Señaló que, en virtud
de la orden judicial proferida como medida cautelar por parte del Consejo de Estado,
el 7 de septiembre de 2018, la entidad suspendió cualquier actuación
administrativa derivada de las listas de elegibles expedidas en el marco de la
Convocatoria 434 de 2016, tales como los nombramientos en periodo de prueba, posesiones
y actos de prórrogas, hasta tanto la autoridad competente emitiera un
pronunciamiento definitivo sobre la materia. Aclaró que, en todo caso, ante la ambigüedad
de la suspensión decretada se presentó solicitud de aclaración y
complementación, a fin de que se clarificara el alcance y contenido de la
medida cautelar impuesta, pese a lo cual no se recibió respuesta alguna[77].
7. Respuesta de la Comisión Nacional del
Servicio Civil -CNSC-
La Comisión Nacional del Servicio Civil,
siguiendo la misma postura planteada en los demás expedientes de tutela, señaló
no haber vulnerado derecho fundamental alguno[78].
Adujo que la medida de suspensión provisional decretada por el Consejo de
Estado tenía únicamente efectos jurídicos vinculantes sobre las actuaciones administrativas
por ella adelantadas, más no sobre los actos de carácter particular y concreto,
esto es, los nombramientos en periodo de prueba, cuya ejecución era
responsabilidad exclusiva y excluyente de las entidades pertenecientes a la
Convocatoria 434 de 2016, en este caso de COLPEPORTES.
Decisión que se revisa
8. En instancia se concedió el amparo de
las garantías básicas invocadas, ordenándosele a COLDEPORTES garantizar la
posesión de la accionante[79].
En  criterio del operador jurídico, la medida de suspensión provisional
ordenada por el Consejo de Estado fue proferida con posterioridad a la firmeza
de la lista de elegibles que integró la actora así como a las resoluciones de
nombramiento y aceptación de prórroga para tomar efectiva posesión del cargo.
Además, adujo que, el control de legalidad en trámite no versaba “sobre el
actuar de las demás entidades que fueron objeto de la Convocatoria 434 de 2016”[80]. Por lo anterior, la Entidad
accionada no podía arbitrariamente desconocer los derechos adquiridos de la participante,
a partir de una interpretación errada de la medida cautelar adoptada.
II. ACTUACIONES SURTIDAS EN SEDE DE
REVISIÓN
1. La Sala Segunda de Revisión, a efectos
de adoptar una decisión integral en los asuntos de la referencia, por autos del 13 y 26 de junio de 2019, requirió a todas las entidades públicas
oferentes en el marco de las convocatorias 427 del 29 de julio de 2016, 428 del
29 de julio de 2016 y 434 del 16 de septiembre de 2016, a fin de que
suministraran información relacionada con la situación jurídica actual de cada
uno de los concursantes en los procesos de selección y, en concreto, si se
habían efectuado a su favor nombramientos en periodo de prueba. La misma
información se le solicitó a la Comisión Nacional del Servicio Civil, en su
condición de ente regulador de los concursos de méritos. Finalmente, se
requirió a la Secretaría de la Sección Segunda del
Consejo de Estado que certificara el estado de los
siguientes procesos: (i) 11001-03-25-000-2018-00554-00 (1925-2018) sobre
la Convocatoria 427 del 29 de julio de 2016; (ii) 11001-03-25-000-2017-00326-00 (1563-2017) y
11001-03-25-000-2018-00368-00 (1392-2018) sobre la Convocatoria 428 del 29 de julio de 2016 y (iii) 11001-03-25-000-2018-00188-00 (0690-2018) sobre la Convocatoria 434 del 16 de septiembre de 2016. En caso de que existieran procesos distintos a los
señalados, además, debía indicar el estado actual de los mismos. En el último
requerimiento probatorio efectuado, la Sala decidió suspender los términos de
los procesos acumulados[81].
2. Mediante escrito del 19 de junio
de 2019, la Comisión Nacional del Servicio Civil se pronunció sobre el
requerimiento judicial[82].
En relación con los participantes de la Convocatoria 428 de 2016 hizo mención a
cada una de las resoluciones por medio de las cuales se conformaron las listas
de elegibles para proveer los empleos públicos ofertados y advirtió que no
tenía información sobre los nombramientos efectuados, a partir de aquellas, puesto
que “su competencia sólo llega hasta la elaboración de las listas de elegibles,
siendo el nombramiento en periodo de prueba competencia del nominador y la CSNC
no tiene facultades para intervenir, de conformidad con lo previsto en el
artículo 31 numeral 4° y 5° de la Ley 909 de 2004 y el artículo 14 del Decreto
Ley 760 de 2005”[83].
Frente a la Convocatoria 427 de 2016 precisó que el accionante fue nombrado en
periodo de prueba mediante Resolución 2886 del 19 de diciembre de 2018 y acta
de posesión de fecha 9 de enero de 2019, en cumplimiento de la decisión de
tutela de instancia[84].
En lo atinente a la Convocatoria 434 de 2016 explicó que a través de la
Resolución 002713 del 17 de diciembre de 2018 y acta de posesión del 26 de
diciembre siguiente, en cumplimiento al fallo de tutela de instancia, la Entidad
accionada dispuso la posesión de la accionante en el cargo para el cual
participó[85].
Sobre las tres convocatorias resaltó que, por virtud de las medidas cautelares adoptadas
por la Sección Segunda del Consejo de Estado, se suspendieron provisionalmente las
actuaciones administrativas que se venían adelantando y, en todo caso, destacó
que para su suscripción se cumplió a cabalidad con la “etapa previa de
planeación y coordinación interinstitucional por [las] implicaciones
administrativas y presupuestales que ello [comportaba]”[86].
3. Mediante escrito del 21 de junio de
2019, la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado brindó
respuesta a la solicitud elevada por esta Corporación, indicando el estado
actual de los procesos sobre los cuales se le solicitó información[87]. En relación con el
proceso con radicado 1563-2017 (demandante: Colegio Nacional de
Inspectores de Trabajo, demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil)  advirtió
que mediante providencia del 23 de agosto de 2018 se le ordenó a la Comisión
Nacional, como medida cautelar, suspender provisionalmente la actuación
administrativa que se encontraba adelantando en el concurso de méritos abierto
por la Convocatoria 428 de 2016 hasta que se profiriera sentencia. Esta
decisión fue aclarada mediante Auto del 6 de septiembre de 2018, en el sentido
de suspender la actuación solo respecto del Ministerio de Trabajo. Posteriormente,
a través de Auto del 7 de marzo de 2019, se revocó la decisión del 23 de agosto
de 2018 y contra esta determinación se presentaron varias solicitudes de
aclaración y adición, las cuales fueron resueltas mediante Auto del 2 de mayo
de 2019 (notificado por estado el 17 de mayo siguiente), en el cual se dispuso
revocar tanto la decisión de suspensión del 23 de agosto como la del 6 de
septiembre de 2018 así como devolver con carácter inmediato el cuaderno de
medidas cautelares al despacho sustanciador. Para la fecha del informe, el
expediente principal se encontraba al despacho del Consejero César Palomino
Cortés para estudiar su posible acumulación con el expediente 11001-03-25-000-2017-00767-00
(4044-2017), además de considerar la celebración de audiencia inicial.
Por su parte, en lo atinente al proceso con
radicado 1392-2018 (demandante: Wilson García Jaramillo, demandado:
Comisión Nacional del Servicio Civil) se precisó que mediante providencia del 6
de septiembre de 2018 (notificada por estado el 10 de septiembre de 2018) se le
ordenó a la Comisión Nacional, como medida cautelar, suspender provisionalmente
la actuación administrativa que se encontraba adelantando en el concurso de
méritos abierto por la Convocatoria 428 de 2016, respecto de 12 entidades del
orden nacional, hasta que se profiriera sentencia[88]. Contra esta decisión
se presentaron peticiones de aclaración y adición, las cuales fueron negadas
mediante Auto del 1 de octubre siguiente. Posteriormente se promovieron
recursos ordinarios de súplica contra las determinaciones precedentes, los
cuales se resolvieron en Auto del 2 de mayo de 2019 (notificado por estado el
21 de mayo siguiente), en el que se dispuso el levantamiento de la suspensión
inicialmente decretada, es decir, se revocó la decisión impartida el 6 de
septiembre de 2018, además se ordenó devolver el cuaderno de medidas cautelares
al despacho sustanciador. Para la fecha del informe, el expediente principal y
el de la solicitud de suspensión provisional se encontraban al despacho del Consejero
César Palomino Cortés para estudiar su posibilidad de acumulación con el
expediente 11001-03-25-000-2017-00767-00 (4044-2017)[89].
En lo correspondiente al proceso con
radicado 1925-2018 (demandante: Nancy Machado Núñez, demandado: Comisión
Nacional del Servicio Civil) se señaló que mediante Auto del 20 de septiembre
de 2018 se le ordenó a la Comisión Nacional, como medida cautelar, suspender
provisionalmente la actuación administrativa que se encontraba adelantando con
ocasión del concurso de méritos abierto por la Convocatoria 427 de 2016. Contra
esta decisión se presentaron recursos de súplica, los cuales ingresaron al
despacho respectivo el 5 de octubre siguiente para resolverlos. Más adelante, en
providencia del 28 de febrero de 2019 (notificada por estado el 1 de marzo de
2019) se dispuso revocar la cautela proferida en un primer momento. Con fecha 5
de abril de la presente anualidad, se remitió el expediente al despacho del Consejero
César Palomino Cortés para estudiar su posible acumulación al proceso con
radicado interno 2627-2018. En este último asunto, el cuaderno que contiene la
solicitud de suspensión provisional entró al despacho el 1 de febrero de 2019
para ser considerada y el cuaderno principal entró al despacho el 3 de mayo de
2019 para evaluar la celebración de audiencia inicial[90].
Finalmente, frente al proceso con radicado 0690-2018 (demandante: Leonardo Ruiz
Mendoza, demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil) mediante decisión del
7 de septiembre de 2018 (notificada por estado el 11 de septiembre siguiente)
se le ordenó a la Comisión Nacional, como medida cautelar, suspender
provisionalmente la actuación administrativa que se encontraba adelantando con
ocasión del concurso de méritos abierto con la Convocatoria 434 de 2016. Esta
decisión originó la presentación de múltiples solicitudes de aclaración,
adición, complementación y súplica, las cuales, junto con el cuaderno de la
solicitud de suspensión provisional, pasaron a ser consideradas por la
autoridad competente, el 18 de septiembre de 2018. El 1 de febrero de 2019, el
cuaderno principal entró al despacho para considerarse la celebración de
audiencia inicial. Posteriormente por Auto del 8 de marzo de 2019 (notificado
por estado el 22 de marzo siguiente) se decidió levantar la medida cautelar de
suspensión transitoria inicialmente decretada y, por ende, dejar sin efectos la
determinación que originó tal circunstancia[91]. Tras esta decisión, se dispuso la acumulación de este asunto al
proceso con radicado 1100-10-325-000-2018-00190-00 (0692-2018)[92].
4. Las nueve entidades públicas oferentes
en el marco de las convocatorias 427, 428 y 434 de 2016 dieron respuesta al
requerimiento efectuado por la Sala Segunda de Revisión de esta Corporación[93]. En términos generales,
las accionadas afirmaron que, a la fecha, fueron expedidos todos los actos
administrativos de nombramiento en periodo de prueba de los ciudadanos con
ocasión del surgimiento de diversas circunstancias jurídicas. Para esbozar y
agrupar adecuadamente el contenido integral de la documentación aportada se
presentará la información en el siguiente cuadro:
Expediente
Accionante
Convocatoria
Entidad
pública oferente
Situación
jurídica actual
Circunstancia
que originó el nombramiento
Hechos
adicionales
7.163.874
Laura Angélica
Ruiz Franco
428 de 2016
Invima
Nombrada en
periodo de prueba mediante Resolución 2019019585 del 22 de mayo de 2019.
Por virtud del
levantamiento de la medida cautelar de suspensión del concurso proferida por
el Consejo de Estado.
Solicitó tomar
posesión del cargo el 4 de septiembre de 2019
7.163.893
Deisy Adriana
Carvajal Gil
428 de 2016
Invima
Nombrada en
periodo de prueba mediante Resolución 2019017763 del 14 de mayo de 2019 y
posesionada el 6 de junio de 2019.
En cumplimiento
de la orden de tutela de segunda instancia del 13 de marzo de 2019  proferida
en el marco de un trámite diferente al que ahora se revisa[94].
7.212.247
Martha Rocío Cobos
Torres
428 de 2016
Invima
Nombrada en
periodo de prueba mediante Resolución 2019021740 del 30 de mayo de 2019.
Por virtud del
levantamiento de la medida cautelar de suspensión del concurso proferida por
el Consejo de Estado.
Solicitó tomar
posesión del cargo el 2 de julio de 2019
7.214.238
Paula Catalina
Bohórquez García
428 de 2016
Ministerio del
Trabajo
Nombrada en
periodo de prueba a través de la Resolución 0239 del 6 de febrero de 2019 y
posesionada el 4 de marzo de 2019.
En cumplimiento
a la orden de tutela proferida en segunda instancia, el 28 de enero de 2019,
dentro de este trámite.
7.214.396
William Gonzalo
Aldana Mejía
427 de 2016
Secretaría de
Educación Distrital de Bogotá
Nombrado en
periodo de prueba mediante Resolución 2886 del 19 de diciembre de 2018 y
posesionado el 9 de enero de 2019.
En cumplimiento
a la orden de tutela proferida en instancia, el 21 de noviembre de 2018,
dentro de este trámite.
A la fecha se
desempeña en la Institución Educativa Distrital Alfonso López Michelsen en la
Localidad de Bosa en Bogotá
7.214.400
Sonia Imelda
Camargo Bernal
434 de 2016
Coldeportes
Nombrada en
periodo de prueba a través de la Resolución 2713 del 17 de diciembre de 2018
y posesionada el 26 de diciembre de 2018.
En cumplimiento
a la orden de tutela proferida en instancia, el 12 de diciembre de 2018,
dentro de este trámite.
7.215.205
John Edward Cruz
Molina
428 de 2016
Ministerio de
Salud y Protección Social
Nombrado en
periodo de prueba mediante Resolución 1490 del 6 de junio de 2019 y
posesionado el 2 de julio de 2019.
Por virtud del
levantamiento de la medida cautelar de suspensión del concurso proferida por
el Consejo de Estado.
7.217.183
Óscar Darío
Arango Gómez
428 de 2016
ITRC
Nombrado en
periodo de prueba mediante Resolución 136 del 28 de mayo de 2019.
Por virtud del
levantamiento de la medida cautelar de suspensión  del concurso proferida por
el Consejo de Estado.
Mediante
Resolución 201 del 7 de junio de 2019 se le concedió prórroga para
posesionarse hasta el 11 de octubre de 2019
7.218.582
Juan Pablo Urazán
Losada
428 de 2016
ITRC
Nombrado en
periodo de prueba por medio de la Resolución 126 del 28 de mayo de 2019.
Por virtud del
levantamiento de la medida cautelar de suspensión  del concurso proferida por
el Consejo de Estado.
Mediante Resolución
214 del 11 de junio de 2019 se le concedió  prórroga para posesionarse hasta
el 10 de julio de 2019
7.231.058
Olga Leticia
Marsiglia  Ortiz
428 de 2016
Ministerio del
Trabajo
Nombrada en
periodo de prueba por medio de la Resolución 0405 del 25 de febrero de 2019 y
posesionada el 6 de marzo de 2019.
En cumplimiento
a la orden de tutela de primera instancia del 10 de diciembre de 2018
proferida en el marco de un trámite diferente al que ahora se revisa[95].
7.231.921
Duván Andrés
Arboleda Obregón
428 de 2016
Ministerio del
Trabajo
Nombrado en
periodo de prueba mediante Resolución 0776 del 28 de marzo de 2019 y
posesionado en el cargo el 6 de mayo de 2019.
En cumplimiento
a la orden de tutela de segunda instancia del 19 de marzo de 2019 proferida
en el marco de un trámite diferente al que ahora se revisa[96].
7.244.027
Cindy Marcela
López Ocampo
428 de 2016
Ministerio del
Interior
Nombrada en
periodo de prueba mediante Resolución 1139 del 22 de julio de 2019 y
posesionada el 23 de julio de 2019.
Por virtud del
levantamiento de la medida cautelar de suspensión del concurso proferida por
el Consejo de Estado.
7.247.415
Adriana Magnolia
Arias Rodríguez
428 de 2016
Instituto
Nacional de Salud
Nombrada en
periodo de prueba mediante Resolución 0819 del 4 de junio de 2019.
Por virtud del
levantamiento de la medida cautelar de suspensión  del concurso proferida por
el Consejo de Estado.
La actora no
aceptó el cargo por motivos personales
7.247.544
Leidy Monje
Rosero
428 de 2016
Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo
Nombrada en
periodo de prueba mediante Resolución 0904 del 27 de mayo de 2019 y
posesionada el 17 de junio de 2019.
Por virtud del
levantamiento de la medida cautelar de suspensión del concurso proferida por
el Consejo de Estado.
iII. Consideraciones y
fundamentos
1. Competencia
Esta Sala de Revisión
de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela
proferidos dentro de los trámites de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 86, inciso 3, y 241, numeral 9, de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de
1991.
2. Presentación de los asuntos
objeto de revisión y formulación del problema jurídico
2.1. El panorama fáctico que originó
la presentación de las acciones de tutela
2.1.1. El debate
constitucional que debe resolver la Sala parte de la reclamación que efectuaron
catorce ciudadanos participantes de procesos de selección que se adelantaron para
proveer empleos vacantes de nueve entidades públicas
del orden nacional pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa.
En concreto, las personas accionantes se presentaron a las convocatorias 427
del 29 de julio de 2016, 428 del 29 de julio de 2016 y 434 del 16 de septiembre
de 2016; sortearon satisfactoriamente las distintas etapas previstas y, tras
publicarse los resultados definitivos, se ubicaron en lugares privilegiados
dentro de las listas de elegibles que adquirieron firmeza. Al verificarse lo
anterior, confiaron legítimamente en que la actuación subsiguiente y perentoria
consistía en proveer los cargos públicos respectivos, designando para el efecto
a quienes, como en su caso, se hicieron acreedores de ocuparlos por sus méritos.
No obstante esta situación no se consolidó dado que el Consejo de Estado, en el
marco de algunas demandas de nulidad simple, adoptó medidas cautelares de suspensión
provisional de las actuaciones administrativas que venía efectuando la Comisión
Nacional del Servicio Civil en el desarrollo de los concursos aperturados. La
máxima autoridad de lo Contencioso Administrativo estimó que la ausencia de
firma proveniente de los representantes legales de las distintas entidades
requirentes en la suscripción de las convocatorias, implicó el desconocimiento
de requisitos sustanciales que dotaban de validez jurídica y de legalidad el
trámite de los concursos de méritos. Tal hecho causó la paralización de los
nombramientos en periodo de prueba pretendidos por los aspirantes. Para
entender de mejor manera lo ocurrido, el contenido de las decisiones judiciales
impartidas y referenciadas por los actores fue el siguiente:
2.1.2. Decisión
judicial de suspensión en relación con la Convocatoria 427 del 29 de julio de
2016[97]
Mediante Auto Interlocutorio O-280-2018 del
20 de septiembre de 2018[98], el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consideró que el
acuerdo por medio del cual se convocó a concurso de méritos fue suscrito únicamente
por el Presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil, sin la firma del
representante de la Secretaría de Educación de Bogotá. Ello en contravía de lo
previsto en el inciso 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004[99], disposición según la
cual la convocatoria debía ser suscrita en forma conjunta por la Comisión
Nacional del Servicio Civil y por el jefe de la entidad u organismo oferente, en
tanto requisito sustancial del proceso de selección que buscaba garantizar la
materialización de los principios de colaboración armónica y de coordinación
administrativa consagrados en los artículos 113 y 209 de la Carta Política[100]. Por virtud de lo
anterior, le ordenó “a la Comisión Nacional del Servicio Civil, como medida
cautelar, suspender provisionalmente la actuación administrativa que se [encontraba]
adelantando con ocasión del concurso de méritos abierto de la Secretaría de [Educación]
de Bogotá D.C. en la Convocatoria 427 de 2016 (Acuerdo 20161000001286 del 29 de
julio de 2016) hasta que se [profiriera] sentencia”.
Decisiones judiciales de suspensión en
relación con la Convocatoria 428 del 29 de julio de 2016[101]
Por medio de Auto Interlocutorio O-261-2018
del 23 de agosto de 2018[102],
el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, le ordenó a la Comisión Nacional del Servicio Civil, como medida
cautelar, suspender provisionalmente la actuación administrativa que se encontraba
adelantando con ocasión del concurso de méritos abierto hasta tanto se
profiriera sentencia. Ello bajo el entendido de que “el Acuerdo
20161000001296 del 29 de julio de 2016 se expidió de forma irregular por cuanto
solo fue suscrito por el presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil,
sin contar con la firma de los jefes de las entidades beneficiarias del
concurso, en especial del Ministerio del Trabajo, vulnerando con ello el
artículo 31 de la Ley 909 de 2004”. Para la autoridad judicial, siguiendo
de cerca las consideraciones del Auto precedente, esta disposición legal contenía
un requisito sustancial de la convocatoria, esto es, su adecuada suscripción,
el cual estaba orientado a garantizar dos principios reconocidos expresamente
por la Constitución, a saber, la colaboración armónica y la coordinación
administrativa[103].
El primero orientado a concertar el ejercicio de las funciones a cargo de las
distintas ramas y órganos del poder público para articularlas en cumplimiento
de los fines esenciales del Estado y, el segundo, necesario para materializar los
postulados de unidad, participación, eficacia, economía y celeridad, propios de
la función administrativa[104].
A través de Auto Interlocutorio O-294-2018
del 6 de septiembre de 2018 se resolvió una solicitud de aclaración presentada
por la Comisión Nacional del Servicio Civil respecto de lo decidido en el Auto antecedente.
La Entidad solicitó aclarar, de un lado, si la medida cautelar proferida
cobijaba únicamente al Ministerio de Trabajo o también a los otros entes
participantes de la Convocatoria 428 de 2016 y, del otro, si la misma se
extendía a los actos administrativos proferidos después de haber estado en
firme las listas de elegibles. El Consejo de Estado aclaró, frente al primer
asunto, que “en la demanda y en el auto que decidió la medida cautelar, solo
[se hacía referencia] al Ministerio de Trabajo; por lo tanto, el objeto
o thema decidendi [estaba] delimitado respecto del concurso de méritos
adelantado por el Ministerio de Trabajo”. Así, la parte resolutiva de la
orden judicial adoptada debía cumplirse bajo el entendido de que se le ordenaba
a “la Comisión Nacional del Servicio Civil, como medida cautelar, suspender
provisionalmente la actuación administrativa que se [encontraba] adelantando
con ocasión del concurso de méritos abierto solo respecto del Ministerio de
Trabajo, el cual [hacía] parte de la Convocatoria 428 de 2016 (Acuerdo
2016 1000001296 del 29 de julio de 2016), hasta que se profiera sentencia”[105]. En relación con el
segundo punto, adujo que debía negarse la petición de aclaración de los efectos
temporales de la medida cautelar adoptada pues ello desbordaba el objeto del
asunto discutido.
En la misma fecha, el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A profirió, dentro
de un nuevo proceso de nulidad simple, el Auto Interlocutorio O-283-2018[106], en el cual reiteró in
extenso los argumentos del Auto O-261-2018 para concluir que en los
acuerdos que dieron origen al concurso de méritos no concurrió la voluntad
administrativa de la Comisión Nacional del Servicio Civil y de los organismos
beneficiarios de la convocatoria lo que suponía un desconocimiento del inciso 1
del artículo 31 de la Ley 909 de 2004. En virtud de lo anterior, se dispuso:
“[o]rdenar a la Comisión Nacional del Servicio Civil, como medida cautelar,
suspender provisionalmente la actuación administrativa que se [encontraba]
adelantando con ocasión del concurso de méritos abierto de las siguientes
entidades: UAE Contaduría General de la Nación, Agencia Nacional del Espectro,
Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Salud y Protección Social,
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, UAE del Servicio Público del
Empleo, Ministerio del Interior, Fondo Nacional de Estupefacientes, Instituto
Nacional de Salud, Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General
de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC, Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo e Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos -Invima, que hacen parte de la Convocatoria 428 de 2016 (Acuerdos
20161000001296 del 29 de julio de 2016 y 20171000000086 del 1.° de junio de
2017), hasta que se profiera sentencia”.
Por medio de Auto Interlocutorio O-272-2018
del 1 de octubre de 2018 se resolvieron varias solicitudes de adición,
aclaración, corrección y modificación presentadas por algunas de las entidades
participantes de la convocatoria y ciudadanos coadyuvantes de los extremos del
litigio en relación con la decisión precedente. Solicitaron que se definiera el
alcance de la medida cautelar decretada mediante el Auto O-283-2018, en particular qué entes se encontraban atados a su
carácter vinculante y cuál era su ámbito de aplicación[107]. El Consejo de Estado
indicó que: (i) la medida de suspensión provisional está referida a las 12
entidades expresamente señaladas en esa determinación, dado que “el objeto o
thema decidendi de la demanda [estaba] delimitado respecto del concurso
de méritos adelantado por estas”. Una interpretación contraria supondría la
vulneración de los derechos de acción y defensa de las partes, y (ii) no
procedían las solicitudes de modificar o extender los efectos de la cautela a
los actos administrativos proferidos después de las listas de elegibles, por
cuanto ello desborda el objeto de la discusión y podía originar “un
desconocimiento del principio de congruencia”[108]. Así, advirtió que
las solicitudes incoadas debían negarse dado que constituían “una verdadera
manifestación de inconformidad respecto a los fundamentos y la decisión
judicial adoptada en la providencia del 6 de septiembre de 2018”[109].
Decisión judicial de suspensión en
relación con la Convocatoria 434 del 16 de septiembre de 2016[110]
Mediante decisión del 7 de septiembre de
2018[111], el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, estimó que examinados los acuerdos para convocar a concurso abierto de
méritos, a fin de proveer 310 vacantes; 115 del
Ministerio de Educación Nacional, 88 del Ministerio de Cultura y 107 de
Coldeportes se evidenció que si bien las entidades beneficiarias habían
participado activamente en las etapas de planeación y elaboración de las reglas
del proceso de selección, la convocatoria fue firmada únicamente por el Presidente
de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Es decir, no se contó con la firma
de los Ministros de Educación, Cultura ni del Director de COLDEPORTES,
desconociéndose así el requisito legal previsto en el inciso 1 del artículo 31
de la Ley 909 de 2004, la posición jurisprudencial sentada sobre la materia por
la Sala de Consulta y Servicio Civil así como por la Sección Segunda del
Consejo de Estado[112].
Bajo estos lineamientos, se le ordenó a la Comisión Nacional, como medida cautelar, suspender provisionalmente
la actuación administrativa que se encontraba adelantando y “abstenerse de
continuar con la etapa de elaboración y publicación de listas de elegibles,
hasta que se [profiriera] la decisión de fondo”. Para el efecto, las
entidades oferentes debían disponer lo pertinente en
aras de acatar lo estipulado.
2.1.3. A partir de las decisiones judiciales
precedentes se desencadenó una controversia entre los extremos de la solicitud
de amparo, directamente relacionada con el efecto de la suspensión provisional
de los actos de convocatoria de los concursos públicos en la ejecutoria y
firmeza de las listas de elegibles, teniendo en cuenta, por un lado, la
protección del interés público que subyace las medidas cautelares y, por el
otro, la garantía del principio del mérito. Para las personas
accionantes las medidas cautelares decretadas por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no tenían la potencialidad de
afectar una situación anterior consolidada como derecho subjetivo, de carácter
concreto e inmodificable, a su favor, pues desde la firmeza de las listas de
elegibles surgió el derecho a ser
nombrados. Bajo esta premisa, era dable comprender que
las órdenes judiciales adoptadas únicamente podían comprometer las actuaciones
de la Comisión Nacional del Servicio Civil en trámite, y no las actuaciones
administrativas subsiguientes al momento en que las listas de elegibles
adquirieron carácter definitivo, máxime cuando eran de competencia exclusiva de
las entidades participantes de las convocatorias, como ocurría concretamente
con sus nombramientos en periodo de prueba y posterior posesión en los empleos
para los que concursaron.
En contraste,
las distintas entidades accionadas en los procesos de selección entendieron que,
como consecuencia de la necesidad de proteger el interés público y
especialmente del deber de salvaguardar los principios de seguridad jurídica,
autonomía del juez natural y acatamiento debido de las decisiones judiciales, resultaba
inviable jurídicamente proceder con los nombramientos en periodo de prueba de las
personas accionantes y su posterior posesión en las vacantes ofertadas. De esta
manera, hasta tanto el Consejo de Estado no emitiera un pronunciamiento definitivo
sobre la materia y determinara la legalidad de los concursos de méritos
suspendidos, las designaciones correspondientes debían permanecer bajo suspenso,
sin que ello implicara un escenario de desprotección para los sujetos peticionarios
o, lo que es más, el desconocimiento de sus derechos fundamentales al punto que
resultara indispensable la adopción de medidas afirmativas en su beneficio por
parte del juez constitucional.
2.2. Las circunstancias fácticas
acaecidas con posterioridad a la presentación de las acciones de tutela
En atención al material probatorio allegado
en sede de revisión, ya relacionado, se conoció que: (i) el Consejo de Estado levantó
las medidas cautelares de suspensión provisional decretadas en el marco de las
convocatorias 427 del 29 de julio de 2016, 428 del 29 de julio de 2016 y 434
del 16 de septiembre de 2016. Por virtud de lo anterior, ocho personas accionantes
fueron debidamente designadas en periodo de prueba, en los empleos públicos para
los cuales participaron; (ii) en tres expedientes de tutela, los sujetos peticionarios
fueron legítimamente nombrados en periodo de prueba en los cargos estatales de
su elección, en cumplimiento directo de las decisiones judiciales que se
impartieron en otros procesos de amparo, distintos a los que constituyen materia
actual de revisión; y (iii) en los tres procesos restantes, se procedió a la vinculación
de los elegibles por las entidades demandadas oferentes, en acatamiento exclusivo
de las órdenes de tutela proferidas por operadores judiciales cuyas
determinaciones son objeto presente de revisión.
En este orden de ideas, el advenimiento de
estos acontecimientos supone un panorama nuevo y relevante para el estudio de
las presentes acciones de tutela, en la medida en que los argumentos formulados
por las catorce personas accionantes y, en concreto, sus pretensiones de amparo
se dirigieron exclusivamente a sus nombramientos en periodo de prueba en los
empleos que consiguieron por mérito, principio de acceso a la función pública
que consideraron estaba protegido por mandato constitucional y que debía ser
plenamente garantizado en sus casos, aspiración que, como se observa, pudo
haber encontrado respuesta favorable en esta ocasión. Así las cosas, en
atención a las particularidades descritas, es deber de la Sala determinar,
preliminarmente, si se está frente a la
configuración de una carencia actual de objeto por el surgimiento de alguna de las
categorías definidas jurisprudencialmente, esto es, hecho superado,
daño consumado o situación sobreviniente y, en consecuencia, si resulta inane un pronunciamiento de fondo por parte del juez
constitucional en la materia o si, por el contrario, de no verificarse la
presentación de dicho fenómeno procesal es necesario proferir una determinación
adicional que responda a los reclamos impetrados, en especial, realizar un
análisis sobre la posible vulneración de los derechos
fundamentales a la igualdad, trabajo en condiciones
dignas, debido proceso, acceso a cargos públicos y confianza legítima. En esta
línea de entendimiento es preciso, a continuación, hacer referencia expresa al
concepto de la carencia actual de objeto en la jurisprudencia constitucional y,
a partir de allí, dilucidar el norte que orientará el sentido de la presente decisión.
3. El concepto de carencia actual de
objeto en la jurisprudencia constitucional[113]
3.1. El concepto general de la
carencia actual de objeto
La acción de tutela se constituye
en un instrumento preferente y sumario de protección inmediata y efectiva de
los derechos fundamentales, cuando estos se encuentren amenazados o vulnerados
por la acción u omisión de una autoridad pública o, excepcionalmente, de un
particular[114].
La medida de protección para que cese la afectación, de haber lugar a ella,
consiste en la emisión de una orden para que aquel respecto de quien se
solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo en forma inmediata. Con todo,
el recurso de amparo puede perder, en ocasiones, su esencia, cuando se originan
en el transcurso del trámite de la acción circunstancias que le permiten al
juez inferir que la amenaza o transgresión denunciadas se concretaron o
desaparecieron, lo que conlleva a que el amparo pierda su “razón de ser”[115] como mecanismo
extraordinario de protección judicial y tenga lugar la denominada carencia
actual de objeto. En
materia de la solicitud constitucional, esta Corporación ha establecido
pacíficamente que la carencia de objeto corresponde a una figura jurídica de
tipo procesal que fácticamente puede verificarse por parte del juez de tutela de
manera previa a la adopción del fallo correspondiente, cuando se constata que “fueron
satisfechas las pretensiones, ocurrió el daño que se pretendía evitar o se
perdió el interés en su prosperidad”[116].
Estos tres
eventos que originan una variación sustancial en los hechos de la petición de tutela,
de tal forma que desaparece el objeto jurídico del litigio, han venido
delimitándose por la jurisprudencia, y se conocen comúnmente como el hecho
superado, daño consumado y situación sobreviniente,
respectivamente[117].
Para la jurisprudencia de esta Corporación, los eventos
precedentes constituyen una causal de improcedencia de la acción de tutela, por
cuanto implican “la desaparición del supuesto básico del cual parte el artículo 86
de la Constitución”[118], de tal forma que la orden
que pudiera emitirse al respecto “caería en el vacío”[119] o “no
tendría efecto alguno”[120],
tornándose, por ende, inane o superflua cualquier
determinación acerca del fondo del asunto[121]. Tal
premisa parte del entendimiento de que la intervención del juez
constitucional se justifica para hacer cesar vulneraciones y amenazas reales a
los derechos fundamentales, “lo cual explica la necesidad de un mandato proferido por [él] en sentido positivo o
negativo”[122]. En estas condiciones
siempre que se encuentre probada alguna de tales circunstancias se debe declarar
la carencia actual de objeto, no sólo para evitar
desgastes innecesarios en la actividad judicial, sino para dotar de seguridad
jurídica a los fallos judiciales[123]. Esta es la idea central que soporta la noción de la carencia de
objeto y encuentra justificación en la concepción de que el juez de tutela no
ha sido concebido como un órgano consultivo[124]
que emite conceptos o decisiones inocuas[125]
una vez ha dejado de existir el objeto jurídico[126], sobre escenarios
hipotéticos, consumados o que ya se encuentran superados[127]. Con todo, ello no
obsta para que, en casos específicos, la Corte Constitucional, pese a la
existencia de un escenario ya resuelto, avance en la comprensión o el alcance de
un derecho -como autoridad suprema de la jurisdicción constitucional e
intérprete autorizada de la Constitución Política[128]- o tome medidas frente
a protuberantes violaciones a los derechos fundamentales[129]. Es posible entonces
que, dadas las particularidades de un proceso, el juez emita un pronunciamiento
de fondo o incluso adopte acciones complementarias, a pesar de la declaratoria
de carencia de objeto.
3.2. Categorías vigentes de la
carencia actual de objeto
3.2.1. Al inicio, esta Corporación contempló dos categorías en las
que podían subsumirse los casos de carencia actual de objeto, así, el hecho
superado y el daño consumado. La distinción entre ambos supuestos no
siempre ha sido clara y uniforme[130],
no obstante, puede afirmarse que el hecho superado, en el sentido
obvio de las palabras que componen la expresión, se configura dentro del
contexto de la satisfacción plena de lo pedido en la acción de amparo[131], lo que implica, por
consiguiente, que aquello que se pretendía lograr mediante la intervención del
juez se consiguió de manera independiente a las órdenes proferidas en el marco
de la misma acción de tutela[132].
La jurisprudencia constitucional ha
entendido que, en términos prácticos, esta modalidad de carencia actual de
objeto ocurre cuando “la aspiración primordial en que consiste el derecho
alegado está siendo satisfecha [por
completo], ha desaparecido la
vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiera el
juez caería en el vacío”[133]. Ello
por cuanto no habría riesgo que
detener o vulneración que cesar, de
tal suerte que la decisión que pudiera adoptarse al respecto resultaría inocua
y, por lo tanto, contraria al objetivo de protección previsto para el amparo
constitucional[134]. La sustracción de materia puede presentarse
durante o después de la interposición de la acción de la tutela; y su “actualidad”
está mediada porque su acaecimiento sea necesariamente anterior a la decisión
judicial en firme que se profiera en el curso de esa solicitud de amparo, bien
sea de instancia o de revisión[135].
Como es apenas
lógico, la superación del objeto debe atender a la satisfacción integral y
espontánea de los derechos fundamentales alegados como vulnerados o amenazados
en el escrito de tutela, a partir de una decisión voluntaria y jurídicamente
consciente del demandado[136]. De esta forma no es razonable
contemplar la estructuración de esta figura procesal en aquellos eventos en los
que tal satisfacción ha sido producto del cumplimiento de una orden dispuesta,
por ejemplo, en la decisión de tutela que se analiza por parte de esta
Corporación, pues en ese caso de lo que se trata no es de la superación o el acaecimiento
del hecho vulnerador, sino de su salvaguarda por parte del operador judicial
que, en últimas, actuó en ejercicio de la jurisdicción para resolver el
conflicto constitucional integrado en la petición de amparo, susceptible, por
consiguiente, de valoración integral por parte de la instancia posterior o en
sede de revisión, según corresponda[137]. Dicho
en otras palabras, para hablar de sustracción de materia por la ocurrencia de
un hecho superado es necesario que la demandada haya
actuado o cesado en su accionar objeto de reproche a motu proprio, es
decir, responsable, oportuna y voluntariamente. Esto por cuanto el acatamiento
de la Constitución y la ley es un deber inmediato, ineludible e universal para
todos los residentes del territorio nacional (artículo 4 C.P.)[138].
Recientemente la jurisprudencia constitucional ha admitido que el
hecho superado también puede derivarse cuando se satisfacen plena y definitivamente las pretensiones
invocadas por vía de la acción de tutela o aquellas encuentran una respuesta
efectiva a través de procesos judiciales autónomos, distintos a la solicitud de
amparo que se revisa por parte de esta Corporación. En estos supuestos lo que
ocurre es que en el marco de otra acción,
usualmente principal, un juez con competencia profiere decisiones que generan
un impacto relevante en la solicitud original que revisa la Corte
Constitucional, especialmente, en punto de la protección integral de los derechos
fundamentales cuya salvaguarda se buscaba alcanzar[139]. Es decir, la “aspiración primordial en que consiste el derecho
alegado”[140] ha
encontrado en otro contexto judicial una solución decisiva y determinante, pues
la autoridad competente ha impartido algunas órdenes
positivas de carácter inmodificables y, por consiguiente, de inmediato
cumplimiento. Así las cosas, se trata de acciones de protección que han
permitido la satisfacción absoluta de los requerimientos planteados por la
parte accionante y que, concretamente, se han producido por fuera y al margen
del escenario de la acción de amparo objeto de estudio por la Corte, esto es,
en otro proceso independiente, consecuencia del cual se han generado algunas
determinaciones que se encuentran debidamente ejecutoriadas y que no fueron
objeto del trámite de revisión que eventualmente se adelanta por esta
Corporación[141].
Ahora bien, en cualquiera de los escenarios de superación del objeto
referenciados, esta Corporación ha sostenido que no es imperioso realizar un análisis sobre la vulneración de los
derechos fundamentales invocados[142].
Sin embargo, ello no obsta para que de manera excepcional y siempre que el
asunto lo amerite (por ejemplo por la necesidad de adelantar un ejercicio de
pedagogía constitucional, y en virtud de la potestad de revisión que ejerce este
Tribunal de manera eventual), se decida emitir algún pronunciamiento judicial de
fondo relacionado con el contenido y alcance de los preceptos jurídicos que
enmarcan la protección de las garantías iusfundamentales invocadas en la
petición de amparo (dimensión objetiva de los derechos constitucionales)[143].
De ser necesario, dicho análisis puede comprender, dependiendo de las
circunstancias de los asuntos puestos a consideración, observaciones sobre los
hechos que dieron lugar a la interposición de la tutela, bien sea para condenar
lo ocurrido, llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de
la acción u omisión desplegada, advertirle a la parte accionada sobre la
inconveniencia de la repetición, so pena de la imposición de las sanciones
correspondientes o para corregir las decisiones
judiciales de instancia[144]. Con todo, “lo
que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial
incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del
fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado”[145].
3.2.2. Por su parte, el daño consumado tiene lugar
cuando entre el momento de incoarse la acción de tutela y el
pronunciamiento respectivo por parte del juez se ha configurado
la afectación que con la solicitud de amparo se buscaba evitar, de forma que
ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete la
lesión, no es factible que el funcionario de tutela dé una orden para
retrotraer la situación acaecida[146].
De ahí que el efecto simbólico sea más reprochable que en el hecho superado, en
la medida en que la parte accionada “lleva la situación a un límite extremo
en que el restablecimiento del derecho es imposible”[147]. Para su ocurrencia
es imprescindible tener presente algunos aspectos[148]. De un lado, el daño
causado debe ser irreversible, pues respecto a los perjuicios o
menoscabos que son susceptibles de ser interrumpidos, retrotraídos o mitigados
por virtud de una orden judicial, no es dable decretar la carencia de objeto[149]. Y de otra parte, si
al interponer la acción de tutela ya es claro que el daño se generó, el juez
debe declarar improcedente el mecanismo de amparo[150]; al tiempo que si el
daño se consuma durante el trámite judicial, bien sea en primera o en segunda instancia
o en sede de revisión, le corresponde efectuar un pronunciamiento de fondo
sobre el asunto, con el fin de establecer correctivos y prever futuras
violaciones. Es decir, proferir órdenes adicionales tendientes a proteger la
dimensión objetiva del derecho en conflicto, evitar repeticiones, identificar a
los responsables, informarle a la parte accionante sobre las acciones
judiciales existentes para reparar el daño ocasionado o compulsar copias ante
las instancias competentes[151].
Así, ante este escenario “el juez constitucional no solo
tiene la facultad sino el deber de pronunciarse de fondo, y exponer las razones
por las cuales se produjo un perjuicio en cabeza del accionante, además de
realizar las advertencias respectivas, para efectivizar la garantía de no
repetición”[152].
3.2.3. Finalmente,
el hecho sobreviniente ha demostrado ser de gran utilidad para la configuración del
concepto de carencia de objeto en la medida en que está diseñado para cubrir
escenarios que no encajan fácticamente en las dos categorías tradicionales. Se
trata de una figura de desarrollo más amplio y reciente que fue propuesta por
primera vez en la Sentencia T-585 de 2010[153]
y posteriormente objeto de reconocimiento tanto por la Sala Plena de esta
Corporación[154]
como por las distintas Salas de Revisión[155].
El hecho sobreviniente remite a cualquier “otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela
relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por
lo tanto caiga en el vacío”[156].
Tradicionalmente tiene lugar “en aquellos casos en los que [entre la instauración de la acción
y el momento del fallo correspondiente] la situación que provocó la amenaza o
vulneración alegada por el accionante ya no persiste o cambió sustancialmente,
de manera que a raíz de la nueva situación carece de objeto conceder la
protección solicitada”[157]. A manera de ilustración, la jurisprudencia ha declarado su
existencia cuando: (i) el actor mismo es quien asume la carga que no le
correspondía para superar la situación vulneradora[158]; (ii) un tercero -distinto
al accionante y a la parte demandada- ha logrado que la pretensión de la tutela
se satisfaga en lo fundamental[159];
(iii) es imposible proferir alguna orden para satisfacer las pretensiones invocadas
por razones que no son atribuibles al extremo demandado[160]; (iv) el tutelante
simplemente perdió interés en el objeto original de la litis[161]; (v) la situación del accionante evolucionó, de tal forma que ya
no requiere lo que había solicitado inicialmente a través del mecanismo
constitucional[162]
y (vi) la vulneración o amenaza advertida cesó en cumplimiento de las órdenes
dictadas en una providencia judicial. Las medidas de protección allí impartidas
aunque han originado una modificación de la situación de hecho que motivó la
interposición del amparo no han generado per se la satisfacción
integral, plena y definitiva de las pretensiones iusfundamentales planteadas[163].
En
estos escenarios, como se observa, la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales no cesa por una actuación desplegada por la parte accionada, sino
por circunstancias ajenas a su voluntad que tuvieron
ocurrencia con posterioridad a la interposición de la tutela[164].
En palabras de la jurisprudencia constitucional, “en todos estos casos, la
Corte [ha entendido] que las situaciones de los accionantes no [encajan]
en el supuesto de hecho superado, ni daño consumado, pues aquellos ya [perdieron]
cualquier interés en la prosperidad de sus pretensiones, pero por hechos que no
[pueden] atribuirse a la diligencia de las entidades demandadas”[165].
Así las cosas, en caso de que, al momento de proferir el fallo, el juez verifique
una variación de los hechos que originaron o impulsaron la presentación del
amparo por virtud de la configuración de alguno de los supuestos precedentes,
le corresponde declarar la carencia actual de objeto, ya que cualquier orden
que pudiera impartirse sobre lo solicitado sería inocua. Precisamente, valga
destacar, que en los eventos en los que se
constate la existencia de una situación sobreviniente no es perentorio incluir
en la argumentación del fallo el análisis sobre la vulneración o amenaza de las
garantías básicas. No obstante, pueden existir situaciones en las que un
pronunciamiento adicional resulte necesario y útil, a partir de las
circunstancias de cada expediente y especialmente en el trámite surtido en sede
de revisión. Ello por cuanto, en este contexto judicial, la Corte
Constitucional “como autoridad suprema de la Jurisdicción Constitucional
tiene el deber de determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya
protección se solicita”[166] y de adoptar medidas adicionales, de ser
necesario, para que los hechos vulneradores no se repitan.
3.3. Síntesis de las reglas de decisión
sobre la materia
La carencia actual de objeto es un concepto desarrollado
jurisprudencialmente en respuesta a casos en los que, por circunstancias
acaecidas en el desarrollo de la tutela, esta ha perdido su sustento, así como
su razón de ser como mecanismo de protección inmediata y efectiva de los
derechos fundamentales[167].
Se origina bajo los supuestos de hecho superado -se satisfizo integralmente el derecho fundamental afectado o la
pretensión invocada-; daño consumado -se materializó
el daño alegado que procuraba impedirse con la tutela- y situación sobreviniente -se presentó la inocuidad de las pretensiones de la solicitud de
amparo o el cambio sustancial de las circunstancias que pretendían solucionarse
con el mecanismo constitucional-[168].
Su configuración -en cualquier caso- genera la improcedencia de la acción en
tanto extingue el objeto de la actuación constitucional y, por ende, no se justifica que el juez de tutela profiera órdenes inocuas o
destinadas a caer al vacío. No obstante, bajo algunas circunstancias
específicas, puede haber lugar a un pronunciamiento adicional del funcionario
de tutela, no para resolver el objeto de la solicitud de amparo -el cual
desapareció o expiró-, pero sí en razón a otros motivos que superan el caso
concreto; por ejemplo, para avanzar en la comprensión o interpretación de las
normas constitucionales -en tanto misión prevalente encomendada a esta Corte-,
o para prevenir que una nueva violación se produzca en el futuro. En todo caso,
ello puede variar o adquirir mayor relevancia según la categoría de carencia
actual de objeto a la que se enfrente el juez constitucional[169].
Así, en los casos de daño consumado es perentorio un
pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela (incluida esta
Corporación) cuando el menoscabo ocurre durante el trámite constitucional;
precisando si se presentó o no la vulneración o amenaza que dio origen a la
acción de amparo. Además, se podrá, dadas las particularidades del expediente,
considerar la adopción de medidas adicionales, tales como[170](a) efectuar una
advertencia a la autoridad o particular responsable para que en ningún caso
vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para interponer
la tutela[171];
(b) informar al actor/a o a sus familiares sobre las distintas acciones
jurídicas a las que pueden acudir para la reparación del daño causado[172]; (c) remitir copias
del expediente ante las autoridades competentes[173]; o (d) proteger la
dimensión objetiva de los derechos fundamentales trasgredidos y tomar medidas
para que los hechos vulneradores no se repitan[174]. En los supuestos de hecho
superado o situación sobreviniente no es imperioso que el juez de
tutela haga una declaración de fondo sobre la materia. Sin embargo, y
especialmente tratándose de la Corte Constitucional actuando en sede de
revisión, se podrá realizar cuando sea necesario para, entre otros aspectos[175], (a) llamar la
atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que
originó la tutela[176];
(b) advertir sobre la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones
pertinentes[177];
(c) corregir las decisiones judiciales de instancia[178]; o (d) avanzar en la
comprensión general de un precepto fundamental[179].
Con fundamento en lo anteriormente dicho, a
continuación, la Sala procederá a determinar si en los presentes asuntos se
configuró el fenómeno de la carencia actual de objeto, bajo alguna de las
modalidades procesales previamente descritas.
4. La configuración de la carencia
actual de objeto en la resolución de los casos concretos
4.1. De conformidad con las consideraciones
precedentes la Sala advierte que en esta oportunidad se configura una carencia
actual de objeto por la existencia de (i) un hecho superado (4.2 infra);
y de (ii) una situación sobreviniente (4.3 infra), por lo que resulta claro que la intervención del juez constitucional es inocua
en relación con la protección individual de los derechos invocados, tal como seguidamente
se pasará a exponer.
4.2. Configuración de la carencia actual
de objeto por hecho superado: para la Sala se configura un hecho superado
cuando se evidencia la satisfacción plena y efectiva de la pretensión del
accionante y, por lo tanto, la protección de los derechos fundamentales
involucrados, a partir de una decisión o actuación del demandado que no es
consecuencia de las órdenes impartidas en las instancias de la acción de tutela
que se revisa (ver 3.2.1 supra). En esta oportunidad, todas las acciones
de tutela se presentaron con la finalidad de salvaguardar las garantías básicas
a la igualdad, trabajo en condiciones dignas, debido
proceso, acceso a cargos públicos y confianza legítima y, en tal dirección, a
lograr los nombramientos en periodo de prueba y posesiones efectivas en los
cargos públicos para los cuales concursaron las 14 personas dentro de las convocatorias
427, 428 y 434 de 2016.
De acuerdo con las pruebas recaudadas en sede
de revisión (ver numeral II supra), en el desarrollo de las acciones
constitucionales se originaron dos hechos puntuales que permitieron constatar que aquello que se pretendía lograr mediante la intervención del
juez de tutela fue resuelto favorablemente antes de que se emitiera de su parte
orden alguna. En concreto, (i) el Consejo de Estado levantó las medidas
cautelares de suspensión provisional respecto de las actuaciones
administrativas adelantadas en los concursos de méritos, situación que permitió
las designaciones en los empleos de carrera de las personas accionantes, en
aplicación directa de las listas de elegibles en firme y (ii) los jueces de
tutela de otros procesos de amparo, distintos a los que son objeto de estudio,
profirieron órdenes judiciales en virtud de las cuales las entidades públicas
oferentes debieron nombrar en periodo de prueba a los elegibles. Ambas
decisiones se produjeron al margen de las acciones objeto de revisión y
originaron un impacto relevante y determinante en las solicitudes originales de
protección en términos de salvaguarda efectiva de garantías básicas. La tarea de precisar estos aspectos constituye el norte de la
exposición en los siguientes párrafos.
4.2.1. Decisiones de la administración
de levantar la suspensión provisional de los concursos de méritos: tal
como se hizo referencia en el acápite de pruebas (ver II-3 supra), con
posterioridad a la interposición de las acciones de tutela, específicamente en
el curso del trámite de revisión, la Sección Segunda del Consejo de Estado levantó
las medidas cautelares que ocasionaron la suspensión provisional de todas las
actuaciones administrativas que se venían adelantando en relación con los tres
procesos de selección[180],
incluyendo la expedición de los actos administrativos de nombramiento en periodo
de prueba y posesión de las personas accionantes en sus respectivos cargos[181]. En todos los casos, la
máxima autoridad de lo Contencioso Administrativo consideró que, de acuerdo con la posición jurisprudencial vigente, cuando la norma contenida en el numeral 1 del artículo 31 de la Ley
909 de 2004 hacía referencia a la suscripción de una convocatoria, implicaba
que tanto la Comisión Nacional del Servicio Civil como las entidades
beneficiarias de esta debían adelantar ineludiblemente una etapa previa de
planeación y de coordinación interinstitucional por la implicaciones
administrativas y presupuestales que ello comportaba, sin que este proceso de
participación e interrelación implicara necesariamente que todas las entidades
participantes del concurso de méritos y la entidad reguladora del mismo, a
través de sus representantes legales, debían concurrir con su firma en la
elaboración del acto administrativo que incorporaba la convocatoria al proceso
de selección[182].
Sobre esta línea de entendimiento, se advirtió
que aunque en el caso de las convocatorias 427, 428 y 434 de 2016 la
inscripción de los acuerdos regulatorios solo provino del Presidente de la
Comisión Nacional del Servicio Civil, se demostró que las distintas entidades
destinatarias sí ejecutaron actos
inequívocamente dirigidos a participar activa y coordinadamente en la apertura, desarrollo y ejecución de los procesos de selección,
aspecto que no podía
más que interpretarse como la manifestación de su aquiescencia o la voluntad
concurrente de suscribir los actos administrativos contentivos de las convocatorias.
En concreto, se constató que en forma positiva y
conjunta participaron de la definición de aspectos trascendentales de dichos
concursos, especialmente, efectuaron gestiones previas para la determinación de
sus costos, financiamiento, apropiaciones presupuestales, estructuración, elaboración
de ejes temáticos así como la concertación de las pruebas de evaluación que
debían implementarse, su
carácter, peso porcentual y puntaje aprobatorio. En razón a lo anterior, se
concluyó que la ausencia de firma expresa procedente
directamente de dichos entes oferentes no podía comprenderse como una irregularidad
o arbitrariedad que afectara sustancialmente la validez jurídica de las
convocatorias pues en estos casos y ante el contexto expuesto debía entenderse
cumplido el fin de la norma cuestionada referido a asegurar que los concursos
de méritos se desarrollaran necesariamente en un marco de coordinación
interadministrativa[183].
La posición
jurídica expuesta fue avalada posteriormente por esta Corporación mediante la
Sentencia C-183 del 8 de mayo de 2019[184]. Allí, razonando en
términos similares a los referidos, se examinó la constitucionalidad del numeral 1 del artículo 31 (parcial)[185] de la Ley 909 de
2004, “Por la cual se expiden normas que
regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se
dictan otras disposiciones”[186]. El problema jurídico
se orientó puntualmente a establecer si la expresión
enunciada en la norma: “[l]a convocatoria, que deberá ser suscrita por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo,”
(subrayas fuera del texto original), al incluir a dicho servidor público entre
quienes debían suscribirla, en el contexto del Sistema General de Carrera,
resultaba compatible con las normas previstas en los artículos 1, 2, 4, 5, 13,
29, 40.7, 113, 125 y 130 de la Constitución Política, relativos al régimen
constitucional de la carrera administrativa, a la Comisión Nacional del
Servicio Civil (en adelante CNSC) y a sus competencias constitucionales
previamente establecidas[187].
En lo que aquí
interesa, se concluyó que, en un debate como el expuesto, la regla de
decisión consistía en que al concurrir en el proceso de una convocatoria
funciones asignadas a órganos diferentes a la Comisión Nacional del Servicio
Civil, se entendía que estas entidades evidentemente participaban de la misma,
pero de manera estrictamente limitada a las funciones que les eran propias, sin
afectar en modo alguno la competencia constitucional exclusiva y excluyente de
la CNSC, en tanto órgano autónomo e independiente, encargado de administrar,
regular y vigilar las carreras de los servidores públicos, “excepción hecha
de las que tengan carácter especial”[188],
valga decir, para la carrera general y las carreras específicas[189]. Es decir, la convocatoria no requería de dos voluntades[190], sino que
en ella podían converger de manera coordinada el ejercicio de diversas
competencias. En concreto, se reconoció expresamente en la Sentencia que
la norma que previó la suscripción por parte del jefe de la entidad u organismo
destinatario de la convocatoria resultaba compatible con la Constitución
Política, en tanto y en cuanto se refiriera, en el ámbito de la colaboración
armónica y de la coordinación administrativa (artículos 113 y 209 C.P.), al
ejercicio de una competencia diferente a la administrar la carrera, como era,
por ejemplo, la de planear, presupuestar y asegurar la financiación del
concurso[191].
En esta línea de
argumentación, la Sala Plena declaró EXEQUIBLE la expresión “el jefe de la entidad u organismo”, contenida
en el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, bajo el entendido de
que, (i) el jefe de la entidad podía suscribir el acto de convocatoria, como
manifestación de los principios superiores referidos, esto es, en el marco de
un ejercicio coordinado de funciones, pero de esta
posibilidad no se seguía de ningún modo que pudiera elaborarla, modificarla u
obstaculizarla[192]
ni tampoco que la validez de la convocatoria dependiera de la firma del jefe
del organismo como si se tratara de un requisito indispensable para su legitimidad
y (ii) en todo caso la Comisión Nacional del Servicio
Civil, en tanto autor exclusivo de la convocatoria y,
por ende, con facultad privativa para dictar la norma reguladora de todo
concurso, no podía disponer la realización del mismo
sin que previamente se hubiera cumplido en la entidad cuyos cargos se iban a
proveer por medio de éste, los supuestos legales de planeación y de presupuesto,
en tanto elementos necesarios para su efectivo
desarrollo[193].
Para la Sala, como consecuencia de las
determinaciones judiciales del Consejo de Estado antes referidas, los supuestos
que inicialmente tuvieron la virtualidad de impedir la garantía efectiva del
principio constitucional del mérito, en razón a la interpretación dada por las
entidades involucradas y sobre la cual la Corte no se pronunciará,
desaparecieron en su integridad. En virtud de ello surgió,
por ende, para todos los entes públicos oferentes la obligación ineludible de
asegurar los derechos de carrera de los concursantes mediante su provisión
inmediata en los cargos para los que aspiraron, aplicando directamente las
listas de elegibles en firme. En este sentido y de acuerdo con la información
aportada en sede de revisión (ver numeral II-4 supra) algunos de los
entes accionados, en particular, el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos -INVIMA-, el Ministerio de Salud, el Ministerio del
Interior, el Ministerio de Comercio, la Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales y el
Instituto Nacional de Salud procedieron a nombrar en periodo de prueba a ocho participantes
de la Convocatoria 428 de 2016, puntualmente a:  (i) Laura Angélica Ruiz Franco (expediente T-7.163.874); (ii) Martha Rocío Cobos Torres
(expediente T-7.212.247); (iii) John Edward Cruz Molina
(expediente T-7.215.205); (iv) Óscar Darío Arango Gómez (expediente T-7.217.183);
(v) Juan Pablo Urazán Losada (expediente T-7.218.582); (vi) Cindy Marcela López
Ocampo (expediente T-7.244.027); (vii) Adriana Magnolia Arias Rodríguez
(expediente T-7.247.415) y (viii) Leidy Monje Rosero (expediente T-7.247.544). A
la fecha, con excepción de la señora Arias Rodríguez, quien no aceptó su
nombramiento aduciendo la presencia de motivos personales, las personas
mencionadas se encuentran debidamente posesionadas en las plazas de su interés,
conforme se desprende de los actos administrativos aportados al proceso.
Este contexto probatorio descrito permite
concluir válidamente que los intereses constitucionales o las pretensiones subjetivas que
fueron formuladas inicialmente en sede de amparo por las personas accionantes
mencionadas encontraron una respuesta efectiva e integral a partir de la
revocatoria de las medidas cautelares y de la actuación adelantada por las
entidades demandadas. Así las cosas, en la actualidad las garantías
fundamentales invocadas se encuentran plenamente satisfechas pues no subsiste
ningún motivo que cuestione o imposibilite la provisión legítima en los empleos
de carrera de elección de los sujetos tutelantes. Estas circunstancias tornan
inane cualquier pronunciamiento adicional por parte de la Corte Constitucional por lo que, en las
palabras que han sido usadas desde sus inicios, cualquier determinación que se
emita sobre el fondo del asunto “caería en el vacío” ante la ausencia
probada de objeto respecto del cual pueda pronunciarse la Corporación en esta
ocasión. Con fundamento en lo anterior, resulta preciso revocar las sentencias
de instancia proferidas en el marco de las solicitudes de amparo referidas
previamente y, en su lugar, declarar su improcedencia por la configuración de
una carencia actual de objeto al presentarse el fenómeno procesal del hecho
superado.
4.2.2. Decisiones proferidas por los
jueces de tutela de otros procesos de amparo distintos a los que son objeto de
revisión: de acuerdo con la información brindada en sede de revisión (ver numeral II-4 supra), en virtud de las medidas de
protección proferidas en otros procesos de amparo, externos a las que son
objeto de revisión actual por parte de esta Corporación, se originó el
nombramiento en periodo de prueba y posterior posesión de algunos de los
elegibles accionantes. Como consecuencia directa de los efectos materiales de
dichas órdenes judiciales se logró la defensa integral de las pretensiones
invocadas a través del presente mecanismo constitucional, es decir, la
aspiración primordial de protección de los derechos alegados, materializada en
las designaciones en los empleos de carrera, fue satisfecha plena y
definitivamente en el marco de un escenario judicial autónomo en el que se
adoptaron determinaciones que al no ser susceptibles de ningún otro control
judicial, a la fecha, se encuentran debidamente ejecutoriadas, lo que permite
comprender, a su vez, que la salvaguarda allí brindada no es materia actual de
discusión.
Esta situación se produjo concretamente en
los casos de tres personas y operó de la siguiente manera. En primer lugar, en
el asunto de la señora Deisy Adriana Carvajal Gil (expediente T-7.163.893), su requerimiento principal de tutela consistente en
ser nombrada en un cargo público en el INVIMA, para el cual participó en el
marco de la Convocatoria 428 de 2016, encontró respuesta favorable a través de
las determinaciones adoptadas en la acción de amparo presentada por el señor Saúl Fernando Páez Páez, quien invocó la defensa de los
derechos fundamentales al trabajo, debido proceso, igualdad  y “demás
inherentes a un concurso de méritos”[194].
En el marco de este escenario judicial, la
Sección Segunda del Juzgado Treinta Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bogotá, mediante fallo del 8 de febrero de 2019, amparó los derechos
fundamentales de Saúl Fernando Páez Páez y dispuso la adopción de las
actuaciones necesarias para proceder con su efectivo nombramiento en periodo de
prueba y posterior posesión en el cargo de su aspiración, respetando el orden
de la conformación de la lista de elegibles que integró. Esta determinación fue
posteriormente confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, a través de providencia del 13 de marzo de 2019,
autoridad judicial que, no obstante, consideró adecuado adoptar medidas adicionales
de protección y, en este sentido, previó puntualmente lo siguiente:  “Tercero.-
AMPARAR los derechos fundamentales de acceso a la carrera administrativa por
mérito, igualdad, trabajo en condiciones dignas, debido proceso y confianza
legítima de la señora Deisy Adriana Carvajal Gil, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia. Cuarto.- En
consecuencia, se ordena al Director General del Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, doctor Julio Cesar Aldana Bula, o al
funcionario que corresponda, que en el término de un (1) mes, siguiente a la
notificación de la presente decisión, si aún no lo ha hecho, proceda a
realizar todas las gestiones administrativas tendientes al nombramiento de la
señora Deisy Adriana Carvajal Gil, identificada con la cédula de ciudadanía
No. 52.331.271, en el cargo de Profesional Universitario, Código 2044, Grado 11
de la Planta Global del INVIMA, empleo por el que participó conforme a la
Convocatoria 428 de 2016” (subrayas fuera del texto original)[195].
Está probado en el presente proceso que como
consecuencia del cumplimiento expreso de las órdenes previamente impartidas, la
entidad pública oferente, en este caso el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos -INVIMA-, procedió a expedir el correspondiente acto
administrativo de nombramiento en periodo de prueba y acta de posesión de la
actora en el cargo de carrera respectivo, circunstancia que generó, por
consiguiente, que la violación iusfundamental alegada en esta ocasión
por la señora Deisy Adriana Carvajal Gil hubiere sido superada o, dicho en
otras palabras, que el objeto primordial de protección pretendido desapareciera,
por lo cual, no existe, a la fecha, una razón constitucionalmente relevante
para efectuar un análisis sobre los derechos inicialmente invocados, ni de los
preceptos involucrados, máxime si se tiene en cuenta que los fallos precedentes
no fueron seleccionados para revisión por parte de esta Corporación, lo que
permite afirmar válidamente que la salvaguarda alcanzada ha sido producto de
una decisión judicial con efectos definitivos e inmodificables[196].
En segundo lugar, en el caso de la señora
Olga Leticia Marsiglia Ortiz (expediente T-7.231.058), participante de la
Convocatoria 428 de 2016, pudo constatarse que los efectos jurídicos emanados
de una decisión judicial autónoma, la proferida en la acción de tutela
presentada por la ciudadana Karen Sofía Donato Padilla, determinaron que el
requerimiento invocado por la actora, su nombramiento en periodo de prueba como
Inspectora de Trabajo y Seguridad Social, se efectuara en forma definitiva. En
dicho contexto judicial, la señora Donato Padilla, integrante de la misma lista
de elegibles de la que hizo parte la señora Marsiglia Ortiz, invocó ante el
juez constitucional la materialización de su acceso efectivo al empleo de carrera.
La Sección Tercera del Juzgado 38 Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bogotá, mediante fallo del 10 de diciembre de 2018, amparó sus derechos pero,
además, estimó razonable proteger las garantías básicas de algunos terceros con
interés legítimo en el asunto. De esta manera, ordenó: “Primero.-
Conceder a la señora Karen Sofía Donato Padilla el amparo constitucional a
los derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, y al acceso a cargos
públicos. Segundo.- Ordenar a la Ministra del Trabajo, Dra Alicia Arango
Olmos o a quien haga sus veces, que en el término de las cuarenta y ocho (48)
horas, siguientes a la notificación de esta providencia, [proceda] a
nombrar en estricto orden descendente en periodo de prueba a los elegibles de
la lista contenida en la resolución No. CNSC 20182120081415 del 9 de agosto de
2018 expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- y
se adopten todos los actos y trámites administrativos necesarios, a que haya
lugar a fin de hacer efectivo el derecho que le asiste a la accionante” (subrayas
fuera del texto original)[197].
Esta decisión fue confirmada, en su integridad, por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, a través de providencia del 14
de marzo de 2019.
En acatamiento a lo dispuesto en la
decisión de tutela de primera instancia, la entidad pública requirente, es
decir, el Ministerio de Trabajo expidió el respectivo acto administrativo de
nombramiento en periodo de prueba y consecuente acta de posesión de la ciudadana
Olga Leticia Marsiglia Ortiz en la vacante de su interés, situación que permite
evidenciar, sin discusión alguna, que actualmente el objeto del amparo incoado
por la actora se encuentra plena e integralmente satisfecho. Ello producto de
una decisión judicial en firme, esto es, debidamente ejecutoriada que generó un
impacto relevante y determinante en la solicitud original de amparo objeto de
revisión en términos de la salvaguarda definitiva de derechos fundamentales. Se
advierte, además, que estas decisiones no hicieron parte del trámite de
revisión que se adelanta por parte de esta Corporación, de ahí que pueda
advertirse que la protección adquirió el carácter de cierta e inmutable, derivándose
objetivamente la superación completa de la afectación a
las garantías básicas expuestas por la peticionaria[198].
En tercer y último lugar, en el expediente
contentivo de la acción de tutela formulada por el señor Duván Andrés Arboleda Obregón
(expediente T-7.231.921) logró verificarse que cualquier orden por parte de esta
Corporación “caería en el vacío”, puesto que por la intervención
oportuna de otro juez de tutela, distinto a los que participaron de la
solicitud de amparo objeto de revisión, se logró la resolución favorable de lo
pedido por el peticionario. Concretamente, mediante decisión de segunda
instancia proferida, el 19 de marzo de 2019, por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Villavicencio -Meta- se concedió un amparo
con efectos inter comunis que cobijó a los aspirantes de la Convocatoria
428 de 2016 para proveer el cargo de Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
Dicha autoridad dispuso: “Primero.- Revocar el fallo proferido
[el] 15 de febrero de 2019 complementado el día 19 del mismo mes y año,
por el Juzgado [Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad] de
Villavicencio, que declaró improcedente la tutela impetrada por la señora Dolly
Arely Rodríguez Vega contra el Ministerio de Trabajo y en su lugar, conceder la
protección constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad, al
trabajo, al debido proceso y al acceso al desempeño de funciones y cargos
públicos de la accionante, extensiva a los demás integrantes de la lista de
elegibles para el cargo denominado Inspector de Trabajo y Seguridad Social,
Código 2003 Grado 13 del Ministerio de Trabajo -Dirección Territorial Meta.
Segundo.- Ordenar al Ministerio de Trabajo, que dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, nombre
y posesione en periodo de prueba a la señora Dolly Arely Rodríguez Vega y a
los demás integrantes de la lista de elegibles para el cargo denominado
Inspector de Trabajo y Seguridad Social, Código 2003 Grado 13 del Ministerio de
Trabajo -Dirección Territorial Meta, en virtud del concurso de méritos
realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC-, a través de la
convocatoria No. 428 de 2016, conforme a la Resolución No. 20182120081305 del 9
de agosto de 2018” (subrayas fuera del texto original)[199].
En virtud de los efectos materiales vinculantes
de esta decisión de tutela de segunda instancia, se puede afirmar, con
fundamento en los elementos de juicio aportados al proceso, que el Ministerio
de Trabajo, entidad accionada en este asunto, procedió a expedir el acto
administrativo de nombramiento en periodo de prueba y posesión del ciudadano
Arboleda Obregón, quien, al igual que la señora Dolly Arely Rodríguez Vega,
integró la lista de elegibles prevista para proveer el cargo de Inspector de
Trabajo y Seguridad Social, Código 2003, Grado 13. De acuerdo con lo anterior,
en este caso, como en los procesos referidos previamente, se configuró un hecho
superado dado que la vulneración sobre los derechos fundamentales alegada
en esta oportunidad ya cesó, esto es, no persiste ningún riesgo o peligro sobre
las garantías básicas invocadas que deba detenerse o mitigarse. Lo anterior,
como consecuencia de una determinación definitiva que generó, con independencia
de las tutelas que son objeto de revisión, implicaciones determinantes en la
materialización plena de las pretensiones de amparo formuladas en esta
instancia judicial. Esta decisión goza actualmente de plena eficacia, certeza y
carácter inmodificable puesto que no estuvo sujeta a ningún control de
legitimidad posterior, particularmente no fue seleccionada para revisión por
parte de esta Corporación[200].
En este orden de ideas, el panorama
probatorio descrito permite constatar la configuración de una carencia actual
de objeto, por hecho superado, en los tres expedientes previamente referidos, contentivos
de las acciones de tutela formuladas por los ciudadanos Deisy Adriana Carvajal
Gil, Olga Leticia Marsiglia Ortiz y Duván Andrés Arboleda Obregón, por lo que resulta
pertinente, en aplicación expresa de las consideraciones reseñadas con
anterioridad (ver numeral 3 supra), declarar su improcedencia, aspecto que
conduce consecuentemente a dejar sin efectos las decisiones judiciales de
instancia proferidas en el curso de estas solicitudes de amparo constitucional
sin que se advierta, por demás, la necesidad excepcional de un pronunciamiento
adicional de fondo por parte de esta Corporación, la formulación de observaciones especiales sobre la materia o el proferimiento de alguna
orden de protección pues dadas las circunstancias
descritas ello no tendría efecto material alguno.
4.3. Configuración de la carencia actual
de objeto por situación sobreviniente: para la Sala se materializa una situación
sobreviniente cuando, con posterioridad a la interposición de la acción de
tutela y con anterioridad a la adopción del fallo, bien sea de primera o
segunda instancia o incluso en sede de revisión, se produce una variación o
modificación sustancial de los hechos que motivaron su presentación que,
usualmente, no deviene de una actuación atribuible a la parte accionada para
satisfacer la pretensión de amparo sino a la ocurrencia de circunstancias
ajenas. De tal forma, puede inferirse que el extremo accionante ha
perdido el interés en los requerimientos originales de la acción de tutela, por
lo que carece de objeto conceder la protección
constitucional solicitada y, en consecuencia, cualquier orden judicial que se
emita al respecto no tendría efecto material alguno o resultaría inocua. De
acuerdo con las pruebas obtenidas en sede de revisión (ver numeral II-4 supra),
en los expedientes contentivos de las acciones de tutela incoadas por los
ciudadanos Paula Catalina Bohórquez García (expediente T-7.214.238); William
Gonzalo Aldana Mejía (expediente T-7.214.396) y Sonia Imelda Camargo Bernal
(expediente T-7.214.400) se configuró este fenómeno procesal.
En los tres asuntos referidos está probado
que los jueces de tutela que asumieron su conocimiento concedieron el amparo
constitucional deprecado y profirieron medidas de protección, en virtud de las
cuales el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Educación de Bogotá y COLDEPORTES, respectivamente, procedieron a nombrar en periodo de
prueba y a posesionar a las personas en los cargos de carrera para los que
aspiraron[201].
De acuerdo con lo anterior, a los entes accionados les correspondió aplicar las
listas de elegibles en firme tendientes a efectuar las designaciones
correspondientes de los aspirantes, en cumplimiento directo de las órdenes
judiciales dispuestas en estas determinaciones que ahora son objeto de revisión,
por lo cual, no se configura la carencia actual de objeto por hecho superado[202]. No obstante, de
acuerdo con los elementos de juicio recaudados, con posterioridad a los actos
que dieron cumplimiento a las órdenes de tutela surgió una circunstancia
relevante, que supuso la modificación sustancial y determinante de los supuestos
de hecho que impulsaron la presentación de este mecanismo constitucional. Así, se
presentó un hecho nuevo que dotó de validez jurídica los nombramientos
efectuados y, en consecuencia, determinó la satisfacción, en lo fundamental, de
las pretensiones individuales de amparo invocadas en esta oportunidad, al punto
que sea dable afirmar que las personas accionantes ya no requieren este
pronunciamiento para solucionar a través de las presentes acciones de tutela la
violación de los derechos invocados.
En concreto, como se explicó con
anterioridad (ver numeral 4.2.1 supra), el Consejo de Estado, mediante
decisiones del 28 de febrero, 8 de marzo y 2 de mayo de 2019, dispuso el
levantamiento de las medidas cautelares de paralización provisional de las
actuaciones administrativas adelantadas en el marco de las convocatorias 427,
428 y 434 de 2016, circunstancia que habilitó automáticamente la realización de
los nombramientos en periodo de prueba pretendidos por las personas tutelantes,
es decir, permitió que su situación fáctica evolucionara materialmente a tal
punto que perdieran interés en el objeto esencial de la litis. Como
consecuencia de la intervención judicial del Consejo de Estado surgió, entonces,
una razón jurídica cierta e incuestionable para comprender que la vulneración
alegada cesó o cambió decisivamente, empero, por circunstancias ajenas a la
voluntad del extremo demandado y atribuibles a un tercero. En esta línea de
entendimiento, es posible aseverar que aquello que fue solicitado inicialmente
ya no es requerido y ha encontrado respuesta efectiva, no por virtud de la
protección iusfundamental alcanzada en las determinaciones de amparo que
se revisan sino por la obligación de la administración pública de reanudar los
trámites administrativos al interior de los concursos de méritos como
consecuencia, se insiste, de las decisiones adoptadas por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
Bajo esta perspectiva de configuración de un
hecho sobreviniente, la consecuencia razonable que se deriva es la declaratoria
de improcedencia de las solicitudes de amparo presentadas por los ciudadanos Paula
Catalina Bohórquez García (participante de la Convocatoria 428 de 2016),
William Gonzalo Aldana Mejía (elegible dentro de la Convocatoria 427 de 2016) y
Sonia Imelda Camargo Bernal (aspirante en el marco de la Convocatoria 434 de
2016) y la subsiguiente necesidad de dejar sin efectos las decisiones de tutela
proferidas en el marco de estas peticiones de protección constitucional, sin
que se advierta la necesidad de impartir declaración u orden adicional alguna pues
no surtiría ningún efecto. En todo caso, lo anterior no es óbice para advertir
que ante la configuración de una carencia actual de objeto en los presentes
procesos, sustentada en las consideraciones particulares descritas, las entidades
oferentes referidas tienen la obligación ineludible de proceder con la
adecuación de los fundamentos jurídicos que actualmente sustentan los
nombramientos en periodo de prueba de las personas tutelantes, a fin de que no
surja discusión alguna en torno a su legítimo derecho de acceder al Sistema General
de Carrera.
En esta línea, a su cargo está la
modificación de las razones de la decisión plasmadas en los actos
administrativos de nombramiento en periodo de prueba de los elegibles que están
ligadas y cimentadas directamente al cumplimiento de las órdenes proferidas por
los jueces de tutela de instancia para que, en su lugar, se indique que tales
designaciones públicas encuentran sustento o validez jurídica presente en el levantamiento
cautelar que efectuó el Consejo de Estado y que, en su momento, tuvo la
virtualidad, bajo su propia interpretación, de paralizar la aplicabilidad de
las listas de elegibles en firme. Bajo esta premisa, deben establecer que la
razón legal que permite, a la fecha, la vinculación de las personas accionantes
en un cargo del Estado no es la orden emitida por una autoridad constitucional
sino la decisión judicial, definitiva y vinculante, proferida por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo producto de la cual fue incuestionable
la firmeza de la lista de elegibles.
5. Cuestiones adicionales
5.1. En sus escritos de
tutela, las personas accionantes de cinco expedientes (T-7.212.247, T-7.214.396, T-7.231.058, T-7.231.921 y
T-7.247.415) invocaron que se protegieran sus derechos fundamentales a
la igualdad, trabajo en condiciones dignas, debido proceso, acceso a cargos
públicos y confianza legítima, mediante sus nombramientos en periodo de prueba
en los cargos públicos para los cuales concursaron en el marco de las convocatorias
427, 428 y 434 de 2016. Plantearon, además, algunas pretensiones adicionales
para que fueran consideradas por el juez constitucional. En concreto,
manifestaron que una vez efectuadas sus designaciones en los empleos de carrera
para los que aspiraron, las respectivas entidades oferentes, en estos casos, el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA-, la
Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, el Ministerio de Trabajo y el
Instituto Nacional de Salud: (i) se abstuvieran de ejercer cualquier acto que
pudiera coartar sus garantías básicas, impedir o postergar la posesión una vez
aceptados los cargos correspondientes así como imponer requisitos adicionales o
no previstos en la ley y en las normas que regulaban los concursos de méritos[203] y (ii)
remitir copias a la Procuraduría General de la Nación para que investigara si
la conducta de las entidades accionadas de omitir su nombramiento como elegibles,
en cumplimiento de lo dispuesto en actos administrativos de carácter particular
y concreto, constituía un incumplimiento legal que podía derivar en la
imposición de sanciones disciplinarias.
De manera más
específica, en el expediente T-7.214.396, el señor William Gonzalo Aldana Mejía
requirió que se le ordenara a la Comisión Nacional del Servicio Civil, en tanto
máxima autoridad de la administración de los empleos de carrera, que sancionara
a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá por la violación de las normas
consagradas en el artículo 12, parágrafo 2 de la Ley 909 de 2004[204]. Por su
parte, en el expediente T-7.231.058, la señora Olga Leticia Marsiglia Ortiz
solicitó que (i) se profiriera un fallo de revisión con efectos inter
comunis, a fin de proteger, en condiciones de igualdad, “los derechos de
todos los miembros de la OPEC 34363 del Ministerio de Trabajo, en la
Convocatoria 428 de 2016, afectados por la misma situación de hecho o de
derecho”[205]
que no acudieron directamente al mecanismo de amparo y (ii) garantizar su
derecho a la estabilidad laboral reforzada en caso de realizarse, mientras
estuviera ejerciendo el cargo público que consiguió por mérito, algún proceso
de renovación o reestructuración en el Ministerio de Trabajo, en atención a los
serios quebrantos de salud que padecía. Finalmente, en el proceso de amparo
T-7.247.415, la ciudadana Adriana Magnolia Arias Rodríguez pretendió que se le
ordenara tanto al Instituto Nacional de Salud como al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público que garantizaran la disponibilidad de los recursos con el fin
de que se diera cumplimiento a la ley y cesara la violación a sus derechos fundamentales.
Es decir, que se efectuaran las apropiaciones correspondientes tendientes a
asegurar su designación en el cargo público para el cual participó.
5.2. Frente a las pretensiones de las personas
accionantes relacionadas con (i) la necesidad de que se adopten medidas para,
de un lado, impedir trabas o barreras irrazonables en sus posesiones en los
empleos de carrera y, de otro, asegurar los recursos necesarios para la provisión
efectiva en los cargos, además de (ii) que el fallo proferido en sede de
revisión tenga efectos inter comunis, se reitera que cualquier orden que se emita en
relación con lo anterior “caería en el vacío”[206] dado que las solicitudes de amparo se han tornado
improcedentes ante la configuración de una carencia actual de objeto. Ello por cuanto, como
se advirtió, los sujetos tutelantes fueron nombrados en los distintos empleos
para los cuales concursaron y en la actualidad, de acuerdo con la información
brindada en sede de revisión (ver II-4 supra), fueron debidamente posesionados
en las vacantes a las que aspiraron, con excepción del caso de la señora
Adriana Magnolia Arias Rodríguez, quien decidió no aceptar el empleo por
motivos personales[207]. Esto quiere decir que las reclamaciones
formuladas encontraron una respuesta favorable durante el desarrollo del
trámite constitucional, siendo inocua cualquier intervención adicional del juez
constitucional pues ello “no tendría efecto alguno”[208]. Tampoco tendría “razón de ser”[209]
la adopción de ninguna orden frente a terceros con posibles intereses de fondo en
los resultados de este proceso. Por lo anterior, no hay lugar a la prosperidad
de los reclamos invocados.
Frente a las peticiones concernientes a la
adopción de acciones disciplinarias y sancionatorias, en atención a las
presuntas omisiones en las que incurrieron las entidades públicas requirentes
al no nombrar en periodo de prueba a las personas tutelantes, lo cual, en su
criterio, obstaculizó el ejercicio de los derechos adquiridos por mérito y
condujo a imponer los amparos, se advierte que, además de la configuración de
una carencia actual de objeto en los presentes asuntos, tampoco se evidencia una actuación irregular
o abiertamente caprichosa de parte de los entes estatales accionados en la
medida en que las decisiones de no materializar las designaciones públicas
correspondientes, en aplicación de las listas de elegibles en firme, obedecieron
a la interpretación que realizaron de la determinación cautelar adoptada inicialmente
por el Consejo de Estado y a la necesidad de acatar cabalmente una orden
judicial emanada de la máxima autoridad de lo Contencioso Administrativo,
comprensión sobre la que, se insiste, la Corte no efectuará manifestación
alguna.
Con todo, si estiman que las conductas desplegadas envuelven
irregularidades que comprometen la actuación de las entidades demandadas
deberán plantear tales inconformidades directamente ante
la Procuraduría General de la Nación, encargada de “vigilar la garantía de
los derechos, [así como] el cumplimiento de los deberes y el desempeño
íntegro de quienes ejercen funciones públicas”[210], a fin de ejercer “una
actuación disciplinaria justa y oportuna y una intervención judicial relevante
y eficiente”[211].
Tales requerimientos, en principio, escapan a la naturaleza misma de la acción
de tutela cuya finalidad principal es la protección de garantías fundamentales.
Por estas razones, las peticiones invocadas no tienen lugar, en esta instancia.
Finalmente, la
pretensión correspondiente a que se proteja el derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada de la ciudadana Olga Leticia Marsiglia Ortiz tampoco
tiene cabida alguna pues, se reitera, en esta ocasión se declararan
improcedentes las solicitudes de amparo invocadas ante la configuración de una
carencia actual de objeto, dado que aquello que fue cuestionado principalmente
en las solicitudes de tutela fue resuelto favorablemente, no siendo procedente
ningún pronunciamiento de fondo sobre la materia en cuestión. Además, ni
siquiera de los hechos invocados inicialmente para la protección de tutela se
evidencia, mínimamente, una lesión a la estabilidad. En este sentido, la Sala no
abordará este aspecto.
IV. SÍNTESIS
DE LA DECISIÓN
La Sala Segunda de Revisión
constató que, en las acciones de tutela instauradas por 14 ciudadanos, se
configuró una carencia actual de objeto por la existencia de un hecho
superado y de una situación sobreviniente. En relación con la
primera figura procesal -hecho superado- se encontró, fundamentalmente,
que durante el transcurso del trámite constitucional la
causa que dio origen a la presentación del mecanismo desapareció o, lo que es
más, la pretensión subjetiva de amparo formulada por once personas accionantes se
satisfizo en forma definitiva e integral, esto es, sus
nombramientos en periodo de prueba en los distintos empleos públicos de carrera.
Tal circunstancia tuvo origen en dos hechos. En primer
lugar, como consecuencia de la intervención judicial eficaz
que realizó el Consejo de Estado, en particular, del levantamiento de las
medidas cautelares de suspensión provisional decretadas inicialmente en el
curso de los procesos de selección, las entidades participantes que ofertaron
sus empleos vacantes a través de las convocatorias 427, 428 y 434 de 2016
procedieron a aplicar las listas de elegibles en firme y consecuentemente a
efectuar las designaciones públicas correspondientes de ocho participantes. En
segundo lugar, a partir de los efectos materiales de las órdenes judiciales en
firme proferidas por los jueces de tutela de otros procesos de amparo,
distintos a los que son objeto de revisión, se garantizó el acceso efectivo de
tres personas tutelantes a sus prerrogativas constitucionales de carrera, en
las vacantes ofertadas mediante concurso o, dicho en otras palabras, se
permitió la materialización de los derechos adquiridos por la demostración de
méritos suficientes para tomar posesión en los empleos correspondientes a los
que aspiraron.
Frente al segundo fenómeno
-situación sobreviniente-, se verificó que lo se
pretendía obtener con la orden del juez de tutela se tornó inocuo dado que ante
el advenimiento de un hecho nuevo, ocurrido con posterioridad a las decisiones
de instancia impartidas por los jueces de amparo de las presentes tutelas, se
logró que los motivos originales que impulsaron el reproche constitucional
cesaran para tres personas accionantes. En concreto, la determinación
vinculante de la administración judicial consistente en reanudar las
actuaciones administrativas al interior de  los concursos de méritos permitió
que se validaran legítimamente sus nombramientos en periodo de prueba y que, en
consecuencia, existiera actualmente una razón legal suficiente para proveer los
cargos vacantes a los que concursaron. Conforme a lo
expuesto, en criterio de la Sala, en esta oportunidad, es
innecesario examinar de fondo si los derechos invocados fueron vulnerados y,
por lo tanto, proferir órdenes de protección, pues no se trata de un asunto que
plantee la necesidad de formular observaciones especiales sobre la materia.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada para decidir el
presente asunto.
Segundo.- REVOCAR las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por
la Sección Primera del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
el 3 de octubre de 2018, y la Sección Tercera, Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el 15 de noviembre de 2018. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
instaurada por Laura Angélica Ruiz Franco (expediente T-7.163.874), por
configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado, de acuerdo con lo
establecido en la parte motiva de esta providencia.
Tercero.- REVOCAR las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por
el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, el 10
de octubre de 2018, y la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, el 21 de noviembre de 2018. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
instaurada por Deisy Adriana Carvajal Gil (expediente T-7.163.893), por
configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado, de acuerdo con lo
establecido en la parte motiva de esta providencia.
Cuarto.- REVOCAR las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por
el Juzgado Séptimo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de
Conocimiento de Bogotá, el 31 de octubre de 2018, y la Sala de Adolescentes del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 18 de diciembre de 2018. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
instaurada por Martha Rocío Cobos Torres (expediente T-7.212.247), por
configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado, de acuerdo con lo
establecido en la parte motiva de esta providencia.
Quinto.- REVOCAR las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por
la Sección Segunda del Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, el 20 de noviembre de 2018, y la Sección Cuarta, Subsección
A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 28 de enero de 2019. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
instaurada por Paula Catalina Bohórquez García (expediente T-7.214.238), por
configurarse la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, de acuerdo
con lo establecido en la parte motiva de esta providencia.
Sexto.- REVOCAR la sentencia proferida en instancia por la Sección Segunda del
Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el 21
de noviembre de 2018. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de
tutela instaurada por William Gonzalo Aldana Mejía (expediente T-7.214.396),
por configurarse la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, de
acuerdo con lo establecido en la parte motiva de esta providencia.
Séptimo.- REVOCAR la sentencia proferida en instancia por la Sección Segunda del
Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el 12
de diciembre de 2018. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de
tutela instaurada por Sonia Imelda Camargo Bernal (expediente T-7.214.400), por
configurarse la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, de acuerdo
con lo establecido en la parte motiva de esta providencia.
Octavo.- REVOCAR las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por
la Sección Segunda del Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bogotá, el 9 de noviembre de 2018, y la Sección Tercera, Subsección
B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 26 de noviembre de 2018. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
instaurada por John Edward Cruz Molina (expediente T-7.215.205), por
configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado, de acuerdo con lo
establecido en la parte motiva de esta providencia.
Noveno.- REVOCAR las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por
el Juzgado Primero Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Medellín
-Antioquia-, el 8 de octubre de 2018, y la Sala Tercera de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia, el 31 de octubre de 2018. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
instaurada por Óscar Darío Arango Gómez (expediente T-7.217.183), por
configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado, de acuerdo con lo
establecido en la parte motiva de esta providencia.
Décimo.- REVOCAR las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por
el Juzgado Segundo de Familia Oral de Neiva -Huila-, el 16 de noviembre de
2018, y la Sala Quinta de Decisión Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior
de Neiva -Huila-, el 14 de diciembre de 2018. En su
lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por Juan Pablo
Urazán Losada (expediente T-7.218.582), por configurarse la carencia actual de
objeto por hecho superado, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de
esta providencia.
Undécimo.- REVOCAR la sentencia de instancia proferida por el Juzgado Cincuenta y Dos
Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, el 13 de diciembre de 2018. En su
lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por Olga
Leticia Marsiglia Ortiz (expediente T-7.231.058), por configurarse la carencia
actual de objeto por hecho superado, de acuerdo con lo establecido en la parte
motiva de esta providencia.
Duodécimo.- REVOCAR las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por
el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva -Huila-, el 7 de noviembre de
2018, y la Sala Segunda de Decisión Penal del Tribunal Superior de Neiva
-Huila, el 14 de diciembre de 2018. En su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por Duván Andrés Arboleda
Obregón (expediente T-7.231.921), por configurarse la carencia actual de objeto
por hecho superado, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de esta
providencia.
Décimo Tercero.- REVOCAR las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por
el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones de
Conocimiento de Neiva -Huila-, el 30 de noviembre de 2018, y la Sala Segunda de
Decisión Penal del Tribunal Superior de Neiva -Huila-, el 13 de febrero de
2019. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la
acción de tutela instaurada por Cindy Marcela López Ocampo (expediente
T-7.244.027), por configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado,
de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de esta providencia.
Décimo Cuarto.- REVOCAR las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por
la Sección Segunda del Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, el 20 de noviembre de 2018, y la Sección Segunda,
Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 13 de diciembre de
2018. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la
acción de tutela instaurada por Adriana Magnolia Arias Rodríguez (expediente
T-7.247.415), por configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado,
de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de esta providencia.
Décimo Quinto.- REVOCAR la sentencias de primera y segunda instancia proferidas por
la Sección Segunda del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, el 20 de noviembre de 2018, y la Sección Segunda, Subsección A del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 6 de diciembre de 2018. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
instaurada por Leidy Monje Rosero (expediente T-7.247.544), por configurarse la
carencia actual de objeto por hecho superado, de acuerdo con lo establecido en
la parte motiva de esta providencia.
Décimo Sexto.- ADVERTIRLE al Ministerio de Trabajo, a la Secretaría de Educación Distrital de
Bogotá y al Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la
Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -COLDEPORTES- que en los
casos de Paula Catalina Bohórquez García (expediente T-214.238), William
Gonzalo Aldana Mejía (expediente T-7.214.396) y Sonia Imelda Camargo Bernal
(expediente T-7.214.400) deben adecuar los actos administrativos de
nombramiento en periodo de prueba de los elegibles, a fin de establecer que la
razón jurídica que permite legítimamente su vinculación actual en un cargo del
Estado no es la orden emitida por los jueces de tutela de instancia, dentro de
las presentes solicitudes de amparo, sino la decisión judicial, definitiva y
vinculante, proferida por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, consistente
en levantar las medidas cautelares de suspensión provisional impartidas en el
marco de las convocatorias 427, 428 y 434 de 2016, de acuerdo con lo
establecido en la parte motiva de esta providencia.
Décimo Séptimo.- NEGAR las pretensiones adicionales invocadas por las personas accionantes dentro
de los expedientes T-7.212.247, T-7.214.396, T-7.231.058, T-7.231.921 y
T-7.247.415, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de esta
providencia.
Décimo Octavo.- LIBRAR las comunicaciones -por la Secretaría General de la Corte
Constitucional-, así como DISPONER las notificaciones a las partes- a través de los jueces de
tutela de instancia-, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Comuníquese y
cúmplase.
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de
votoi
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Se
precisa que las acciones de tutela de la referencia fueron presentadas contra
las entidades públicas comprometidas directamente en las convocatorias 427, 428
y 434 de 2016. En algunos casos, la Comisión Nacional del Servicio Civil fungió
como entidad demandada y en otros en calidad de vinculada a los procesos de
amparo.
[2] Con
vinculación oficiosa de la señora María Lucero Romero Amaya, Lilia Rodríguez
Hernández, Esther Adriana Calderón Melo, Xiomara Ginette Contreras Arcila,
Edwin Yesid Toro Uribe y José Hernando García Pulido, nombrados en
provisionalidad en el cargo público al que aspiró la accionante.
[3] Con
vinculación oficiosa de los empleados que desempeñaban en provisionalidad el
cargo para el cual aspiró el accionante.
[4] Con vinculación oficiosa de los empleados que
actualmente se encontraban laborando en calidad de provisionales en el cargo
para el cual la accionante aspiraba ser nombrada.
[5] Con
vinculación oficiosa de las personas que integraron la lista de elegibles junto
con el actor y de quienes desempeñaban en provisionalidad el cargo para el cual
aspiró. La petición de amparo fue coadyuvada por la señora Heidy Juliana Olaya
Cabrales, en su condición de elegible para el empleo al que se postuló el
peticionario.
[6] Con
vinculación oficiosa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de los
ciudadanos Daniel Osorio Gaspar y Dany Chavarro Gómez quienes integraron la
lista de elegibles junto con el peticionario.
[7] Con
vinculación oficiosa del Subdirector de Gestión de Talento Humano del
Ministerio de Trabajo, las personas que integraron la lista de elegibles junto
con la accionante y quienes desempeñaban en provisionalidad el cargo de carrera
al que ella aspiró. La solicitud de amparo fue coadyuvada por los ciudadanos
Yira Andrea Garaviño Villalba, Ángela García Maldonado, Diana Marcela Rodríguez
Vera, Angélica Mireya Salinas Gómez, Diana Marcela Forero Ruiz, María Helena
López Reina, John Freddy Pelayo Mejía, Carlos Andrés Ballen del Busto y Óscar
Daniel Acevedo Arias.
[8] Con
vinculación oficiosa de todos los terceros con interés en la acción de tutela.
[9] Con
vinculación oficiosa del Consejo de Estado, el Departamento Administrativo de
la Función Pública, la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP-, el
Coordinador General y el Coordinador de requisitos mínimos de la referida
escuela, el Coordinador de Atención a reclamaciones y soporte jurídico de la
Convocatoria 428 de 2016, la señora María Alejandra Garzón Audor, integrante de
la lista de elegibles junto con la peticionaria y las demás personas con algún
interés legítimo en el trámite de amparo.
[10] Con vinculación oficiosa de la señora Claudia Marcela Torres Sánchez, en
calidad de tercero con interés legítimo en el asunto.
[11] Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación, Unidad
Administrativa Especial Junta Central de Contadores, Unidad Administrativa
Especial del Servicio Público de Empleo, Ministerio de Justicia y del Derecho,
Ministerio del Interior, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y
Protección Social, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República, Fondo Nacional de
Estupefacientes, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Agencia
Nacional del Espectro, Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y
Contribuciones Parafiscales -ITRC-, Dirección Nacional de Derechos de Autor,
Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas
no Interconectadas, Instituto Nacional de Salud, Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA- y la Comisión Nacional del
Servicio Civil.
[12] La Sala expondrá, a continuación, los antecedentes de los procesos de
tutela refiriéndose de manera particular a las tres convocatorias de las que
hicieron parte los peticionarios de las presentes solicitudes de amparo. Esta
metodología contribuye a una mejor sistematización y claridad conceptual sobre
la materia.
[13] Folios 27 al 42. En
adelante, siempre que se haga mención a un folio de algún expediente se
entenderá que hace parte del cuaderno principal, a menos que se diga
expresamente otra cosa.
[14] Folios 50 al 54.
[15] Folios 57 al 63.
[16] En concreto, mediante el citado acto
administrativo se dispuso nombrar en periodo de prueba, en el cargo de Auxiliar
Administrativo, Código 407, Grado 24, al señor Raúl Antonio Díaz Arenas
en virtud de la aplicación de la lista de elegibles conformada mediante la
Resolución 20182330121505 del 21 de agosto de 2018 y, en consecuencia, terminar
el nombramiento provisional del señor William Gonzalo Aldana Mejía en el
referido empleo público el cual se realizó mediante Resolución 1151 del 14 de
mayo de 2009 (folios 92 al 94).
[17] En relación con el amparo del derecho fundamental al mínimo vital, el
accionante explicó que su familia, integrada por su esposa y sus dos hijos de 5
y 13 años de edad, dependían económicamente de sus ingresos para subsistir en
condiciones de dignidad (folios 5, 25 y 26).
[18] Ello, en atención a lo previsto en el artículo 56 del Acuerdo
20161000001286 del 29 de julio de 2016.
[19] Folios 146 y 147.
[20] Folio 146.
[21] Folios 149 al 178.
[22] Modificado por los Acuerdos 20171000000086 del 1 de junio de 2017,
20171000000096 del 14 de junio de 2017 y 20181000000986 del 30 de abril de
2018.
[23] La conformación de las listas de elegibles
de los participantes de la Convocatoria 428 de 2016 se produjo de la siguiente
manera: (i) en el caso de la señora Laura Angélica Ruiz Franco (expediente T-7.163.874)
mediante la Resolución
20182110110155 del 15 de agosto de 2018, en la cual ocupó el primer lugar, con
un puntaje de 75.47, para proveer 1 vacante en el empleo de Profesional
Especializado, Código 2028, Grado 18 en el INVIMA (folios 20 al 22); (ii) en el caso de la señora Deisy Adriana Carvajal Gil
(expediente T-7.163.893) se dio mediante la Resolución 20182110109185 del 15 de
agosto de 2018, ocupando el primer lugar, con un puntaje de 74.65, para proveer
2 vacantes en el cargo de Profesional
Universitario, Código 2044, Grado 11 en el INVIMA (folios 21 al 23); (iii) en el caso de la señora Martha Rocío Cobos Torres (expediente
T-7.212.247) se produjo por medio de la Resolución 20182110109345 del 15 de agosto de 2018 donde ocupó el séptimo lugar, con un puntaje
de 72.04, para proveer 7 vacantes ofertadas en el empleo de Técnico
Administrativo, Código 3124, Grado 14 en el INVIMA (folios 18 y 19); (iv) en el caso de la señora Paula
Catalina Bohórquez García (expediente T-7.214.238) se efectuó mediante la
Resolución 20182120081445 del 9 de agosto de 2018, en la cual ocupó el puesto
número 23, con un puntaje de 59.88, para proveer 27 vacantes en el empleo de
Inspector de Trabajo y Seguridad Social, Código 2003, Grado 13 del Ministerio
de Trabajo (folios 19 y 20); (v) en el asunto del señor John Edward Cruz Molina
(expediente T-7.215.205) por medio de la Resolución 20182110113285 del 16 de
agosto de 2018 donde se ubicó en el primer lugar, con un puntaje de 78.14, para
proveer 3 vacantes en el cargo de Profesional Especializado Código 2028, Grado
20 del Ministerio de Salud y Protección Social (folios 22 al 24); (vi) en el
caso del señor Óscar Darío Arango Gómez (expediente T-7.217.183) a través de la
Resolución 20182120119915 del 17 de agosto de 2018 en la que ocupó el tercer
lugar de la lista, con un puntaje de 78.39, para proveer 4 vacantes disponibles
en el cargo de Gestor, Código T1, Grado 12 de la Unidad Administrativa Especial
Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales
(folios 8 y 9); (vii) en el supuesto del señor Juan Pablo Urazán Losada
(expediente T-7.218.582)  por medio de la Resolución 20182120118605 del 17 de
agosto de 2018, en la cual ocupó el primer lugar, con un puntaje de 68.32, para
proveer 1 vacante prevista en el cargo de Gestor, Código T1, Grado 14 de la
Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos,
Rentas y Contribuciones Parafiscales (folios 22 al 24); (viii) en el caso de la
señora Olga Leticia Marsiglia Ortiz (expediente T-7.231.058) se produjo
mediante la Resolución 20182120081415 del 9 de agosto de 2018 en donde ocupó el
puesto 69, con un puntaje de 62.74, para proveer 83 vacantes en el empleo de
Inspector de Trabajo y Seguridad Social, Código 2003, Grado 13 del Ministerio
de Trabajo (folios 13 al 15); (ix) en el asunto del señor Duván Andrés Arboleda
Obregón (expediente T-7.231.921) por medio de la Resolución 20182120081305 del
9 de agosto de 2018 en donde se ubicó en el puesto 5, con un puntaje de 69.88,
para proveer 19 vacantes del empleo de Inspector de Trabajo y Seguridad Social, Código 2003, Grado 13 del
Ministerio de Trabajo (folios 35 al 37); (x) en el caso de la señora Cindy
Marcela López Ocampo (expediente T-7.244.027) a través de la Resolución
20182120120765 del 17 de agosto de 2018, en la cual ocupó el puesto número 1,
obteniendo un puntaje de 60.01, para proveer 1 vacante en el cargo de
Profesional Universitario, Código 2044, Grado 6 del Ministerio del Interior
(folios 8 y 9); (xi) en el asunto de la señora Adriana Magnolia Arias Rodríguez
(expediente T-7.247.415) mediante la Resolución 20182110115265 del 16 de agosto
de 2018, en la cual ocupó el primer lugar, con un puntaje de 72.06, para
proveer 1 vacante en el cargo de Profesional Especializado, Código 2028, Grado 22 del Instituto Nacional de Salud (folios 11 y
12) y (xii) en el asunto de la señora Leidy Monje Rosero (expediente
T-7.247.544) a través de la Resolución 20182120117185 del 16 de agosto de 2018,
en la cual se ubicó en el primer lugar, con un puntaje de 86.76, para proveer 1
vacante en el cargo de Asesor, Código 1020, Grado 4 del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo (folios 32 al 34).
[24] El artículo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de
2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector de Función Pública” establece: “Envío de lista de elegibles en
firme. En firme la lista de elegibles la Comisión Nacional del Servicio Civil
enviará copia al jefe de la entidad para la cual se realizó el concurso, para
que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al envío de la lista de
elegibles y en estricto orden de mérito se produzca el nombramiento en período
de prueba en el empleo objeto del concurso, el cual no podrá ser provisto bajo
ninguna otra modalidad, una vez recibida la lista de elegibles”. Lo
anterior, en armonía con lo previsto en el artículo 9 del Acuerdo 562 de 2016,
“Por el cual se reglamenta la conformación, organización y uso de las Listas
de Elegibles y del Banco Nacional de Listas de Elegibles para las entidades del
Sistema General de Carrera Administrativa, a las que aplica la Ley 909 de 2004”
que prevé lo siguiente: “Nombramiento en período de prueba. A partir del día
hábil siguiente en que la CNSC comunique a la entidad para la que se realizó la
Convocatoria la publicación de la firmeza de una lista de elegibles, ésta
cuenta con un término máximo de diez (10) días hábiles para que en estricto
orden de mérito se produzca el nombramiento en período de prueba en el empleo
objeto del concurso y solo para las vacantes para las cuales se conformó la
respectiva lista de elegibles, tal como lo dispone el artículo 32 del Decreto
1227 de 2005 (contenido en el Decreto 1083 de 2015)”.
[25] Folios 33 al 54 del expediente T-7.163.874, folios 24 al 44 del expediente T-7.163.893, folios 21 al 31 del
expediente T-7.212.247, folios 27 y 28 y 103 al 110 del expediente T-7.214.238,
folios 27 al 33 del expediente T-7.215.205, folios 10 y 11 del expediente
T-7.217.183, folios 35 al 37 del expediente T-7.218.582, folios 45 al 52 del
expediente T-7.231.058, folios 38 al 54 del expediente T-7.231.921, folios 11
al 15 del expediente T-7.244.027, folios 14 al 28 del expediente T-7.247.415
(en este asunto la primera lista de elegibles adquirió firmeza el 16 de agosto
de 2018 y posteriormente el 10 de septiembre de 2018 quedó en firme una nueva
lista como consecuencia directa del rechazo a las exclusiones que planteó la
Comisión de Personal del Instituto Nacional de Salud. De esta última lista hizo
parte la peticionaria) y folios 35 al 38 del expediente T-7.247.544.
[26] En criterio de los accionantes, la Convocatoria 428 de 2016 resultó
afectada por la emisión de varias órdenes judiciales proferidas como medida
cautelar. Inicialmente, se presentó una primera acción de nulidad simple como
consecuencia de la cual se dispuso la suspensión provisional del proceso de
selección mediante Auto del 23 de agosto de 2018. Esta determinación,
notificada el 27 de agosto, fue objeto de aclaración por medio de decisión del
6 de septiembre siguiente donde se advirtió que la medida se predicaba
únicamente respecto de las actuaciones adelantadas por la Comisión Nacional del
Servicio Civil en relación con el Ministerio de Trabajo. Posteriormente se
presentó otra acción de nulidad simple y en tal escenario se previó nuevamente,
mediante Auto del 6 de septiembre de 2018, la suspensión de la convocatoria
pero, esta vez, frente a 12 entidades oferentes del concurso, decisión que fue
objeto de varias solicitudes de aclaración, adición, corrección y modificación,
negadas ulteriormente mediante Auto del 1 de octubre de 2018.
[27] Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 31, numeral 4
de la Ley 909 de 2004, “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones”, de acuerdo con el cual: “Listas de elegibles. Con los
resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad
contratada, por delegación de aquella, elaborará en estricto orden de mérito la
lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en
estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el
concurso”. Ello, en armonía directa con el artículo 58 del Acuerdo
20161000001296 del 29 de julio de 2016.
[28] El cargo por violación a la igualdad se
sustentó en el hecho de que otros ciudadanos en su misma situación jurídica
fueron designados en los empleos ofertados. Para el efecto, los actores aportaron copia de diversas
decisiones judiciales que, en sede de tutela, ordenaron el nombramiento en
periodo de prueba de ciudadanos participantes de la Convocatoria 428 de 2016 en
las vacantes ofertadas en las distintas entidades del orden nacional e
inclusive, por virtud de lo anterior, explicaron los tutelantes que en entidades
como el Ministerio de Justicia se adelantó el trámite de escogencia de
dependencia o plaza mediante audiencia pública.
[29] Algunos accionantes refirieron como urgente la intervención del juez
constitucional dado que de sus nombramientos en periodo de prueba en las
distintas entidades públicas destinatarias del concurso emanaría la fuente de
ingresos con la que le garantizarían a sus núcleos familiares, integrados en
algunos casos por sujetos de protección prevalente, condiciones dignas de
existencia. También indicaron que sus designaciones en los empleos de carrera
ofertados no generaban conflictos con quienes estaban ocupando tales cargos en
provisionalidad dado que dichos sujetos gozaban, en los términos de la
jurisprudencia constitucional, de una estabilidad laboral relativa y la causal
legal principal de su retiro era precisamente que el empleo entrara a ser
provisto mediante concurso de méritos, respetando el orden de las listas de
elegibles.
[30] A continuación, la Sala agrupará las respuestas de las accionadas en
cada uno de los expedientes de tutela por entidades públicas participantes de
la Convocatoria 428 de 2016.
[31] Folios 112 al 147 del expediente T-7.163.874, folios 221 al 276 del expediente T-7.163.893
y folios 126 al 136 del expediente T-7.212.247.
[32] Para sustentar este hecho, la entidad explicó que la Comisión Nacional
del Servicio Civil publicó en su página web, el 18 de septiembre de 2018, el
comunicado de prensa #14 en el que le informó a la comunidad que, a la fecha,
se encontraban suspendidas seis convocatorias de méritos, incluyendo la 428 del
29 de julio de 2016 (folios 117 y 144 del expediente T-7.163.874). También destacó, en este punto, que conforme a lo dispuesto en el
artículo 91 de la Ley 1437 de 2001, “Por la cual
se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”: “salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos
en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no
podrán ser ejecutados en los siguientes casos: (…)1. Cuando sean suspendidos
provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo”.
[33] Folios 114 y 135 del expediente T-7.163.874.
[34] En relación con este proceso se
pronunciaron más de 30
ciudadanos, vinculados en provisionalidad a la planta de personal del Ministerio
de Trabajo, manifestando su oposición a las pretensiones de la demanda de
amparo (folio 183 y folios 1 al 52 y 70 al 99 del cuaderno 2).
[35] Folios 111 al 137 del expediente T-7.214.238, folios 191 al 228 del
expediente T-7.231.058 y folios 78 al 104 del expediente T-7.231.921, cuaderno
2.
[36] Folio 112 del expediente T-7.214.238.
[37] Folios 259 al 264.
[38] En relación con este proceso, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se pronunció durante el
trámite de tutela solicitando su desvinculación por ausencia de legitimación en
la causa por pasiva. Señaló que la supuesta violación a los derechos
fundamentales invocada por el accionante no fue consecuencia de acciones u
omisiones atribuibles a la entidad quien, por demás, no tenía competencia
alguna sobre las funciones que desarrollaba la Agencia del Inspector General de
Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales dentro de la convocatoria objeto
de controversia. Aclaró que la Unidad Administrativa Especial estaba adscrita
al Ministerio de Hacienda pero este no ejercía su representación legal y en el
caso del concurso su actuación se había limitado a prever las apropiaciones
presupuestales correspondientes (folios 50 al 54 del cuaderno 2).
[39] Folios 45 al 75 del expediente T-7.217.183 y folios 111 al 158 así como
los folios 9 al 49 del cuaderno 2 del expediente T-7.218.582.
[40] Folios 51 y 52 del expediente T-7.217.183.
[41] En el marco del trámite, la Sección Segunda
del Consejo de Estado solicitó su desvinculación del proceso dado que el amparo
no se dirigió en su contra, destacando que las decisiones impartidas dentro de
la Convocatoria 428 de 2016 se sujetaron a las garantías de los derechos
fundamentales de las partes y se profirieron dentro del marco de las normas
procesales aplicables (folios 64 y 65). También se pronunció la Escuela
Superior de Administración Pública -ESAP- invocando ausencia de legitimación en
la causa por pasiva dado que no era de su competencia el desarrollo de
funciones relacionadas con la Convocatoria 428 de 2016; de ahí que no pudieran
derivarse omisiones o acciones de su parte generadoras de vulneración a los
derechos fundamentales de la accionante dentro de este escenario (folios 162 al
168). La Universidad de Medellín igualmente intervino en el trámite de amparo
para invocar su desvinculación dado que la conformación y expedición de las
listas de elegibles así como el proceso de nombramientos en periodo de prueba
correspondían a procedimientos que escapaban de la delegación funcional
asignada al ente universitario por parte de la Comisión Nacional del Servicio
Civil en el marco del proceso de selección (folios 170 al 172).
[42] Folios 67 al 143.
[43] Folios 124 al 127.
[44] Folios 287 al 300.
[45] Folios 151 al 154 del expediente T-7.163.874; folios 214 al 218 del expediente
T-7.163.893; en el expediente T-7.212.247 aunque no obra la respuesta de la
Comisión Nacional del Servicio Civil el juez de primera instancia dentro del
proceso de tutela se refirió en su fallo a ella en el folio 109; folios 95 al
110 del expediente T-7.214.238; folios 163 al 167 del expediente T-7.215.205;
en el expediente T-7.217.183 no obra contestación de la Comisión Nacional del
Servicio Civil; en el expediente T-7.218.582 no obra contestación de la
Comisión Nacional del Servicio Civil; folios 57 al 69 del expediente
T-7.231.058, cuaderno 2; folios 16 al 20 del expediente T-7.231.921, cuaderno
3; folios 155 al 160 del expediente T-7.244.027; folios 130 al 144 del
expediente T-7.247.415 y folios 271 al 278 del expediente T-7.247.544.
[46] Folio 152 del expediente T-7.163.874.
[47] Para sustentar esta postura hizo referencia al criterio unificado sobre el derecho
del elegible a ser nombrado una vez en firme la lista del 11 de septiembre
de 2018 en el que la entidad dispuso que: “todas las listas de elegibles que
cobren firmeza con anterioridad a la notificación de una medida cautelar de
suspensión provisional, respecto a la competencia de la CNSC, constituyen para
los elegibles en posición de mérito, un derecho consolidado y subjetivo a ser
nombrados en periodo de prueba, dado que el acto de conformación de la lista de
elegibles surte un efecto inmediato, directo y subjetivo frente a su
destinatario. En consecuencia, bajo los anteriores supuestos, corresponde a las
entidades que hacen parte de una Convocatoria y que cuentan con listas de
elegibles en firme, nombrar en estricto orden y en periodo de prueba a los
elegibles que culminaron satisfactoriamente el proceso de selección, en
aplicación del derecho de acceso a cargos públicos, el principio constitucional
de mérito y el artículo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015” (folios 101 y 102 del expediente T-7.163.874). Posteriormente, indicó que se
expidió el comunicado de
fecha 8 de octubre de 2018 dirigido a los Representantes Legales y Jefes de las
Unidades de Personal de las 17 entidades que conformaban la Convocatoria 428 de
2016. Allí se señaló que: “[l]as
entidades del Orden Nacional que participaron en la Convocatoria No. 428 de
2016 deben realizar los nombramientos en periodo de prueba aplicando las listas
de elegibles que cobraron firmeza con anterioridad a la notificación de la
medida cautelar de suspensión provisional decretada por la Sección Segunda
Subsección “A” del Consejo de Estado, por cuanto dicha Corporación en Auto de 1
de octubre del presente año, fue concluyente al determinar que “(…) no procede
(sic) las solicitudes de extender los efectos de la medida cautelar decretada a
los actos administrativos proferidos después de la lista de elegibles, por
cuanto escapa del objeto del presente asunto, el cual versa sobre la actuación
de la Comisión Nacional del Servicio Civil, y no de las demás entidades que
fueron objeto de la Convocatoria 428 de 2016. Bajo este entendido, la
suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado se refiere a las
actuaciones desplegadas por la CNS dentro del proceso de selección y no al
derecho de los elegibles a ser nombrados en periodo de prueba por las Entidades
como consecuencia de la firmeza de la lista de elegibles. En virtud de lo
anterior [las 17 entidades que junto con la Comisión integran el concurso]
deben respetar el derecho de los elegibles a ser nombrados [en] periodo
de prueba en estricto orden de mérito, en aplicación del derecho de acceso a
cargos públicos, el principio constitucional de mérito y el artículo 2.2.6.21
del Decreto 1083 de 2015, aspectos expuestos por la CNSC en el Criterio
Unificado adoptado en sesión de Sala Plena del 11 de septiembre de 2018” (folio 306 del expediente T-7.163.893 e
información contenida en el CD aportado al referido proceso).
[48] La decisión de primera instancia fue
impugnada por el INVIMA que resaltó que las medidas cautelares de suspensión
adoptadas por el Consejo de Estado eran de inmediata ejecución y, por ende, se
encontraba acatándolas (folios 173 al 177).
[49] El fallo de primera instancia fue impugnado
por el INVIMA, insistiendo en que las órdenes judiciales proferidas como medida
cautelar por el Consejo de Estado abarcaban todas las fases de la convocatoria,
incluidos los nombramientos en periodo de prueba. Invocando argumentos
similares, acudió al recurso de alzada la señora Esther Adriana Calderón Melo,
nombrada en provisionalidad en uno de los cargos para los que participó la
peticionaria (folios 126 al
159).
[50] La decisión del a quo fue impugnada
por el Ministerio de Trabajo, reiterando que no suscribió el acuerdo que dio
apertura a la convocatoria ni emitió certificado alguno de disponibilidad
presupuestal, por lo tanto se encontraba en imposibilidad jurídica de nombrar
en periodo de prueba a la actora, máxime cuando dicho trámite se encontraba
suspendido por orden del Consejo de Estado (folios 165 al 193).
[51] La decisión de primera instancia fue
impugnada por el Ministerio de Salud y Protección Social, argumentando la
imposibilidad jurídica de nombrar en periodo de prueba al actor por virtud de
la suspensión provisional decretada por el Consejo de Estado (folios 322 y
323).
[52] La decisión anterior fue impugnada por el
Ministerio del Interior dado que, en su concepto, las medidas de suspensión
provisional decretadas por el Consejo de Estado afectaron todas las etapas del
proceso de selección, incluidos los nombramientos en periodo de prueba de los
elegibles (folios 245 al 253).
[53] El fallo de primera instancia fue impugnado
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, argumentando el
desconocimiento del alcance de las órdenes judiciales de suspensión provisional
proferidas las cuales eran de obligatorio cumplimiento y con efectos plenamente
vigentes. Igualmente, acudió al recurso de alzada la tercera vinculada, Claudia
Marcela Torres Sánchez, quien solicitó se adoptaran medidas de protección a su
favor dada su calidad de madre cabeza de familia al tener a su cargo a su hija
menor de edad y a su madre, persona de la tercera edad y en imposibilidad de
sostenerse autónomamente. Precisó que por estas razones se encontraba amparada
por el fuero de la estabilidad laboral reforzada y, en consecuencia, no podía
ser desvinculada arbitrariamente del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo donde ejercía funciones en calidad de provisional desde el 7 de marzo
de 2013. En particular, ocupaba un empleo del cual era titular de carrera otro
ciudadano que, a la fecha, desempeñaba en encargo la vacante para la cual
participó la accionante dentro de la Convocatoria 428 de 2016 por lo que debía
ser reubicada o indemnizada, cuando correspondiera (folios 333 al 383).
[54] La decisión de primera instancia fue impugnada por la accionante reiterando que el INVIMA negó su derecho adquirido como elegible
en abierto desconocimiento del principio constitucional del mérito (folios 297
al 307).
[55] La providencia de primera instancia fue
impugnada por el accionante, insistiendo en que tanto las listas de elegibles
en firme (actos administrativos de carácter particular) como los nombramientos
en periodo de prueba eran actuaciones que escapaban del objeto del asunto de
nulidad y, por lo tanto, no se encontraban suspendidas (folios 84 al 91).
[56] En este proceso se emitió en instancia la decisión de amparo puesto que
no se presentó impugnación.
[57] El peticionario impugnó la decisión del a
quo argumentando que la suspensión provisional decretada por el Consejo de
Estado solo afectaba las actuaciones administrativas a cargo de la Comisión
Nacional del Servicio Civil y no los trámites particulares de competencia de
las entidades públicas requirentes como ocurría con los nombramientos en
periodo de prueba (folios 34 al 55 del cuaderno 3).
[58] La accionante solicitó revocar la
determinación adoptada en tanto desconoció el principio constitucional del
mérito y la confianza legítima de quienes, como ella, integraron listas de
elegibles, esto es, actos administrativos de contenido particular y concreto
generadores de derechos adquiridos y exentos de las medidas cautelares
proferidas (folios 156 al 340).
[59] El accionante impugnó la decisión de
primera instancia advirtiendo que se estaba desconociendo su derecho legítimo a
ser nombrado en periodo de prueba pese a ser elegible dentro de la Convocatoria
428 de 2016 (folios 68 al 88 del cuaderno 2).
[60] Se precisa que el juzgado de primera instancia profirió una decisión
inicial de tutela en la que amparó los derechos fundamentales del actor y
ordenó su nombramiento en periodo de prueba, consecuencia de lo cual la entidad
nominadora expidió el respectivo acto administrativo. No obstante, esta
determinación fue posteriormente declarada nula por el operador de segunda
instancia y, por consiguiente, el nombramiento revocado, ordenándose emitir un
nuevo fallo, que ahora es objeto de revisión. Con todo, la autoridad judicial
se fundó en esta primera decisión para entender que el actor había sido
efectivamente designado en el cargo público y que ello configuraba, ahora, una
carencia actual de objeto por la existencia de un hecho superado.
[61] Ante la decisión de segunda instancia el
actor presentó escrito solicitando la selección para revisión de su caso por
desconocerse la jurisprudencia constitucional relativa al principio
constitucional del mérito. Indicó que, a la fecha, permanecía desempleado y con
múltiples obligaciones por atender, situación que afectaba gravemente sus
condiciones de existencia y las de su familia, integrada por 3 menores de edad
y su esposa, dependientes económicamente de él (folios 4 al 53 del cuaderno de
Revisión).
[62] Ante esta decisión, el accionante presentó
solicitud de selección para revisión de su caso manifestando que se desconoció
el principio constitucional del mérito que rige el acceso a la función pública
así como el de igualdad, precisando que, a la fecha, permanecía desempleado y
con múltiples obligaciones pendientes por atender (folios 1 al 12 del cuaderno
de Revisión).
[63] La accionante presentó solicitud de
selección para revisión de su caso manifestando que se omitió aplicar el
precedente constitucional relativo al principio constitucional del mérito como
vía principal de acceso a los cargos de carrera administrativa en vacancia
definitiva (folios 2 al 9 del cuaderno de Revisión).
[64] La accionante presentó solicitud de
selección para revisión ante la Corte Constitucional, reiterando la necesidad
de proteger los derechos adquiridos de quienes se encontraban en listas de
elegibles en firme, en aplicación de la reiterada jurisprudencia constitucional
sobre la materia que, sin embargo, fue objeto de desconocimiento por diversos
operadores judiciales (folios 2 al 5 del cuaderno de Revisión).  En similar
sentido, la Comisión Nacional del Servicio Civil pidió la revisión del asunto y
advirtió que las medidas cautelares proferidas por el Consejo de Estado solo
afectaban aquellas listas de elegibles que aún no se encontraban en firme pues
sobre las demás existía un verdadero derecho adquirido para los participantes
(folios 6 al 9 del cuaderno de Revisión).
[65] Como consecuencia de la determinación adoptada, el accionante presentó
escrito ante esta Corporación solicitando la selección para revisión del
asunto. Destacó principalmente que el Ministerio de Trabajo no podía evadir el
cumplimiento de sus obligaciones excusándose en la supuesta ausencia de
planeación y coordinación interinstitucional, con anterioridad a la suscripción
del acuerdo que originó el concurso, ni tampoco alegar unilateralidad en su
inscripción pues la misma entidad (i) destinó recursos para capacitar a sus
funcionarios, a fin de que se presentaran al proceso de selección; (ii)
autorizó a la Comisión Nacional del Servicio Civil para ofertar sus vacantes y
publicitó en su página web institucional la Convocatoria 428 de 2016 para que
los interesados participaran en ella. Además, (iii) de acuerdo con el
precedente judicial, en estos escenarios no se exigía una “firma conjunta” del
acuerdo de convocatoria sino la suscripción, bien fuera por el representante de
la Comisión Nacional o de los jefes de las entidades participantes del concurso
de méritos (folios 1 al 63 del cuaderno de Revisión).
[66] Folios 3 y 4 del cuaderno de Revisión del expediente T-7.163.874.
[67] Modificado por los Acuerdos 20161000001496
del 12 de diciembre de 2016, 20171000000026 del 2 de febrero de 2017 y
20181000000936 del 5 de abril de 2018.
[68] Folios 11 al 33.
[69] Folios 34 y 35.
[70] Folio 36.
[71] Lo anterior, fue autorizado por medio de la
Resolución 002043 del 4 de septiembre de 2018 (folio 37).
[72] Sobre el particular, la Entidad accionada
señaló que debía: “[a]catar la decisión del Honorable Consejo de Estado,
contenida en el auto de fecha 7 de septiembre arriba citado, suspendiendo la
actuación administrativa que se encuentra adelantando con ocasión del concurso
de méritos abierto con la convocatoria 434 de 2016, hasta tanto esa Corporación
se pronuncie sobre nuestra consulta y aclare el alcance de la medida cautelar
decretada o profiera decisión de fondo en dicho proceso” (folio 38).
[73] Folio 39.
[74] Folio 40.
[75] Folio 61.
[76] Folios 59 al 68.
[77] En documento separado, la Entidad pública
señaló que, a la fecha, el cargo de Profesional Especializado, Código 2028,
Grado 18, pretendido por la accionante, no estaba siendo ocupado por nadie.
También precisó que en la planta de personal existían 8 cargos de esta
naturaleza, 2 de ellos ocupados por funcionarios en periodo de prueba y 6 a
través de nombramientos en provisionalidad los cuales fueron ofertados a través
de la Convocatoria 434 de 2016. Finalmente, señaló que en el marco del concurso
de méritos de los 107 cargos ofertados se habían realizado 96 nombramientos en
periodo de prueba, quedando pendiente el nombramiento en 11 cargos y 38
posesiones de participantes, procesos que permanecían suspendidos desde el 11
de septiembre de 2018, en virtud de la medida cautelar decretada por el Consejo
de Estado (folio 58).
[78] Folios 69 al 103.
[79] Lo anterior, de acuerdo con la Resolución 002043 del 4 de septiembre de
2018 que autorizó la prórroga para que la actora tomara posesión del cargo
público por lo que ello no podía extenderse más allá del 26 de diciembre de
2018.
[80] Folio 111.
[81] Folios 37 al 39 y 250 y 251 del cuaderno de
Revisión.
[82] Folios 60 al 151 del cuaderno de Revisión.
[83] Folio 61 del cuaderno de Revisión.
[84] Folios 125 y 126 del cuaderno de Revisión.
[85] Folios 131 y 132 del cuaderno de Revisión.
[86] Folio 61 del cuaderno de Revisión.
[87] Folios 236 al 247 y 254 al 259 del cuaderno de Revisión.
[88] A saber, la UAE
Contaduría General de la Nación, Agencia Nacional del Espectro, Ministerio de
Justicia y del Derecho, Ministerio de Salud y Protección Social, Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, UAE del Servicio Público del Empleo,
Ministerio del Interior, Fondo Nacional de Estupefacientes, Instituto Nacional
de Salud, Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de
Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC-, Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo e Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos -INVIMA-.
[89] En este punto, el Consejo de Estado advirtió que revisado el software de
gestión judicial se encontraron, además de las enunciadas, 106 demandas
presentadas contra los acuerdos que dieron lugar a la Convocatoria 428 de 2016.
[90] El Consejo de Estado indicó que contra la Convocatoria 427 de 2016
cursaban, además, otras 24 demandas. En algunas de ellas, el cuaderno que
contenía la medida de solicitud de suspensión provisional entró al despacho el
27 de julio de 2018 para proveer sobre la misma.
[91] En relación con las solicitudes de aclaración y adición se advirtió que se
presentó la figura de sustracción materia y frente al recurso de súplica, en
aplicación de los principios de economía y celeridad procesal, el Consejo de
Estado se abstuvo de darle trámite.
[92] La autoridad judicial advirtió que consultado el software de gestión
judicial se constató la existencia de otras 46 demandas presentadas contra los
acuerdos que originaron la apertura de la Convocatoria 434 de 2016.
[93] Los escritos en los que reposan las
respuestas de las entidades accionadas constan en los folios 152 al 235 y 260
al 269 del cuaderno de Revisión.
[94] En concreto, en virtud del fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E.
[95] En concreto, a la providencia proferida por el Juzgado 38 Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera.
[96] En particular, al fallo emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Villavicencio -Meta-.
[97] En demanda de simple nulidad incoada contra el acto de convocatoria.
[98] En el proceso de la referencia fungió como demandante la ciudadana Nancy
Machado Núñez y como demandado la Comisión Nacional del Servicio Civil,
Radicado: 11001-03-25-000-2018-00554-00 (1925-2018), C.P. William Hernández
Gómez. La parte demandante solicitó la suspensión provisional de los efectos
del acuerdo por medio del cual se convocó a concurso abierto de méritos, a fin
de evitar que con la expedición de la lista de elegibles se concretaran
derechos ciertos fundados en un acto viciado de nulidad. Explicó que la
demandada vulneró el preámbulo, los artículos 29, 125 y 209 de la Constitución
Política así como el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 por cuanto expidió el
Acuerdo 20161000001286 del 29 de julio de 2016, de forma unilateral, sin contar
con la firma del jefe de la entidad beneficiaria del concurso, desconociendo
así la interpretación que para el efecto decantó la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado. La Comisión Nacional del Servicio Civil se
pronunció en forma extemporánea sobre el asunto y no consta en el auto el
contenido de su pronunciamiento.
[99] El artículo 31, inciso 1 de la Ley 909 de
2004 señala: “1. Convocatoria. La convocatoria, que deberá ser suscrita por
la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo, es
norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a
las entidades contratadas para la realización del concurso y a los
participantes”.
[100] Sobre el particular, el Consejo de Estado
destacó: “Bajo los parámetros enunciados, es evidente que los principios de
colaboración armónica y coordinación administrativa relacionados en líneas
anteriores tienen un contenido amplio que impide considerarse de forma
abstracta, y además deben analizarse en doble dirección, esto es, en el marco
de las funciones propias que corresponden por un lado a la Comisión Nacional
del Servicio Civil y de otro, las que atañen a la entidad destinataria del
proceso en el marco del concurso de méritos, para desde allí determinar cómo
operan los citados principios en el presente estudio de legalidad”.
[101] En demanda de simple nulidad incoada contra el acto de convocatoria.
[102] En el proceso de la referencia fungió como
demandante el Colegio Nacional de Inspectores de Trabajo -CNIT- y como
demandado la Comisión Nacional del Servicio Civil, Radicado: 11001-03-25-000-2017-00326-00 (1563-2017),
C.P. William Hernández Gómez. La parte demandante solicitó, como medida
cautelar, la suspensión provisional de los efectos del acuerdo en virtud del
cual se convocó a concurso abierto de méritos en varias entidades públicas del
sector nación. En su criterio, el ente demandando (i) trasgredió el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, ya que
la convocatoria fue suscrita únicamente por el Presidente de la CNSC, sin la
firma de los representantes legales de las entidades beneficiarias del proceso
de selección, en especial de la Ministra del Trabajo, como lo exigía la
referida norma; (ii) vulneró el artículo 125 Constitucional que señala que, por
regla general, los empleos públicos son de carrera puesto que, según afirmó, en
la convocatoria no se ofertaron la totalidad de las plazas de carrera
administrativa que en ese momento estaban en vacancia definitiva en el
Ministerio del Trabajo, y (iii) tercero porque, a su juicio, se desconoció el
principio de legalidad del gasto ya que, para el caso del Ministerio del
Trabajo, ni la CNSC, ni la aludida cartera ministerial, apropiaron, en sus
respectivos presupuestos, las partidas necesarias para costear los gastos del
concurso. En contraste, la
Comisión Nacional del Servicio Civil señaló que el acuerdo demandado fue
expedido en concordancia con los lineamientos definidos por el artículo 31 de
la Ley 909 de 2004 el cual se refiere a las etapas del proceso de selección.
Dicha situación resultaba visible a través de la colaboración prestada por
parte de las entidades destinatarias del proceso, para el caso en particular
del Ministerio de Trabajo, puesto que dicha entidad suministró a la Comisión
toda la información necesaria para la ejecución de la convocatoria,
circunstancia que se tradujo en que, contrario a lo manifestado por el
demandante, el término “suscripción” se refería al trabajo mancomunado entre
entidades y no en estricto sensu al registro formal de una firma. Agregó
que, según el artículo 130 de la Constitución Política y la jurisprudencia de
la Corte Constitucional, la CNSC era un órgano autónomo e independiente del
poder ejecutivo y de las demás ramas del poder público que tenía la competencia
exclusiva de administrar y vigilar las carreras administrativas, lo que
implicaba que el ejercicio de sus competencias se realizaba con estricto apego
a la ley siempre en aras de garantizar el control del sistema de carrera de los
servidores públicos.
[103] Se encuentran en el artículo 113 superior que prevé: “Son Ramas del
Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de los
órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el
cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos
del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la
realización de sus fines” y en el artículo 209 constitucional según el
cual: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale
la ley”.
[104] En palabras de la Corporación de lo Contencioso Administrativo: “Bajo
los parámetros enunciados, es evidente que los principios de colaboración
armónica y coordinación administrativa relacionados en líneas anteriores tienen
un contenido amplio que impide considerarse de forma abstracta, y además deben
analizarse en doble dirección, esto es, en el marco de las funciones propias
que corresponden por un lado a la Comisión Nacional del Servicio Civil y de
otro, las que atañen al Ministerio del Trabajo en el marco del concurso de
méritos, para desde allí determinar cómo operan los citados principios en el
presente estudio de legalidad”.
[105] En concreto, en el Auto se refirió expresamente que la medida cautelar
decretada el 23 de agosto de 2018 solo comprendía al concurso de méritos del
Ministerio del Trabajo y no de la UAE Contaduría General de la Nación, Agencia
Nacional del Espectro, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de
Salud y Protección Social, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, UAE
del Servicio Público del Empleo, Ministerio del Interior, Fondo Nacional de
Estupefacientes, Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, UAE Junta
Central de Contadores, Dirección Nacional de Derechos de Autor y el Instituto
de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no
Interconectadas.
[106] En el citado proceso fungió como demandante el señor Wilson García
Jaramillo y como demandado la Comisión Nacional del Servicio Civil, Radicado: 11001-03-25-000-2018-00368-00 (1392-2018), C.P. William
Hernández Gómez. El citado ciudadano solicitó la suspensión provisional de los
efectos de los acuerdos por medio de los cuales se convocó a concurso abierto
de méritos y expuso dos argumentos, a saber: (i) desconocimiento del artículo
31 de la Ley 909 de 2004: señaló
que los acuerdos demandados fueron expedidos de manera irregular dado que
fueron suscritos únicamente por el Presidente de la CNSC, pese a que dicha
entidad por sí sola no era
competente para dar apertura a la convocatoria, sino que, en virtud del deber
de coordinación impuesto por la norma enunciada, dichos actos administrativos
debían ser suscritos también por las entidades beneficiarias a las cuales se
encontraban adscritos los empleos a ofertarse y (ii) desconocimiento de los
principios constitucionales de igualdad, imparcialidad y mérito porque en la
Convocatoria 428 de 2016 se estableció, entre otras, una prueba de entrevista
con carácter eliminatorio: advirtió que la CNSC estableció que una de las
pruebas a aplicarse a los concursantes para los empleos vacantes de la Unidad
Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y
Contribuciones Parafiscales -ITRC-, sería una entrevista con carácter
eliminatorio, lo cual, en su criterio, desconoció los aludidos principios que
debían guiar los concursos para ingresar al Sistema General de Carrera
Administrativa, consagrados en los artículos 40 y 125 de la Constitución, así
como en el 28 de la Ley 909 de 2004 y 24 del Decreto Reglamentario 1227 de
2005. Ello, en tanto la referida prueba sólo podía tener carácter clasificatorio
ya que dicho instrumento de valoración de las calidades de los concursantes,
era altamente subjetivo pues dependía de las impresiones particulares y
prejuicios personales de los entrevistadores. Por su parte, la Comisión Nacional del Servicio Civil
explicó que (i) existió colaboración por parte de las entidades destinatarias a
la CNSC, puesto que participaron activamente en las etapas preliminares y de
planeación de la convocatoria de tal manera que mancomunadamente se aprobó el
proceso de selección y las reglas del concurso que se estipularon en los
acuerdos demandados fueron concertadas; (ii) el desarrollo de la convocatoria
era la expresión de un acto administrativo complejo que no podía reducirse al
punto de vista estrictamente formal, esto es, a la firma del documento
generalmente denominado acuerdo de convocatoria. En ese sentido, aceptar la
postura de la parte demandante implicaba desconocer la prevalencia de lo
sustancial sobre lo procedimental, es decir, no comprender que la suscripción
en los términos descritos en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 debía
entenderse como el convenio entre las partes y no como la firma al final del
documento, por lo tanto, bajo esa aproximación, resultaba claro que la Comisión
había honrado los principios de colaboración armónica y coordinación previstos
en los artículos 113 y 209 constitucionales; (iii) no era aceptable pretender
que los acuerdos de convocatoria debían ser suscritos o firmados en el sentido
descrito en la demanda de nulidad simple pues, desde el punto de vista
sustancial, tal situación no se ajustaba a los postulados superiores que
desarrollaban la carrera administrativa y, en especial, a la autonomía e
independencia de la CNSC reconocida por el artículo 130 de la Constitución
Política y la jurisprudencia constitucional; (iv) supeditar la suscripción de
los acuerdos de convocatoria a la decisión de otras entidades tornaba inviable
el desarrollo de la previsión contenida en el literal c del artículo 11 de la
Ley 909 de 2004, esto aunado a que en algunas normas expedidas con
posterioridad a la referida ley, tales como el Decreto 1227 de 2005 y el
Decreto 1083 del mismo año, se indicó la competencia exclusiva de la CNSC en la
elaboración y suscripción del acuerdo de convocatoria que planteaba las reglas
del proceso y (v) frente a la realización de la entrevista de polígrafo como
requisito adicional para quienes pretendían acceder a los cargos en la Agencia
del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, tal
exigencia no resultaba arbitraria ni desproporcionada por cuanto las
necesidades institucionales de dicha entidad requerían del ingreso de un
personal idóneo en el campo ético y profesional más aun teniendo en cuenta que
su propósito misional era la protección del patrimonio público frente a
acciones de fraude y corrupción. Además, dicha prueba no constituía el único
instrumento de selección dentro de la convocatoria ya que era una de las 4
pruebas que debían desarrollarse en el marco del concurso público de méritos
efectuado por la CNSC para proveer los empleos de la ITRC.
[107] Por un lado, la Dirección Nacional de
Derechos de Autor, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República y
23 ciudadanos en calidad de coadyuvantes de la parte demandante solicitaron que
se aclarara si la medida cautelar decretada mediante el Auto O-283-2018 se
extendía al Ministerio de Trabajo, al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, a la Unidad
Administrativa Especial Junta Central de Contadores, a la Dirección Nacional de
Derechos de Autor y al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones
Energéticas para las Zonas no Interconectadas por cuanto, en su criterio, “estas
entidades se [encontraban] en los mismos supuestos fácticos y jurídicos
que los indicados en el auto de suspensión provisional, so pena de violar el
derecho a la igualdad”. De otro parte, el Ministerio de Justicia y del
Derecho, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA- y la Unidad Administrativa
Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones
Parafiscales pidieron que se aclarara si la decisión de suspensión provisional
se extendía a las actuaciones administrativas a cargo de las entidades
convocadas en el concurso de méritos que hacían parte de la Convocatoria 428 de
2016 y se indicara a partir de qué fecha se entendía suspendido el concurso.
Los señores Pedro Guillermo Roa Pinzón, Jorge Alexander Barrero López y
Estefanía del Pilar Arévalo Perdomo invocaron que se aclarara que la suspensión
provisional solo se predicaba respecto de las acciones de la Comisión Nacional
del Servicio Civil y no frente a los nombramientos que se debían efectuar con
las listas de elegibles que ya se encontraban en firme. El ciudadano Barrero
López hizo énfasis en que se dejara sin efectos el Auto Interlocutorio
O-283-2018 del 6 de septiembre pues dicha providencia contenía una
contradicción entre lo considerado y lo decidido dado que, en su concepto, se
expuso como único fundamento de la medida cautelar que no se había evidenciado
la violación del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, sin embargo, se decretó la
suspensión provisional. Además, pidió que se aclarara el sentido y alcance de
la decisión en la medida en que ya existían listas de elegibles y, por ende, no
habían actuaciones pendientes a cargo de la Comisión Nacional del Servicio
Civil. Finalmente, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitó
la modificación de la medida cautelar en el sentido de que se suspendieran
todos los actos administrativos que se hubieran emitido en virtud de los
acuerdos demandados, incluidos aquellos de contenido particular por medio de
los cuales se conformaron las listas de elegibles.
[108] En este punto, se advirtió que resultaba
improcedente la petición orientada a que se indicara la fecha a partir de la
cual debía entenderse suspendido el concurso pues la aclaración de providencias
no era para esclarecer dudas que las partes alegaran acerca de la oportunidad,
veracidad o legalidad de las afirmaciones contenidas en el fallo. También se
precisó que no era posible dejar sin efectos el Auto O-283 del 6 septiembre de
2018 dado que la Convocatoria 428 de 2016 incluía a 18 entidades de las cuales
únicamente se había demandado el concurso de 13 entidades, incluyendo a la
Comisión Nacional del Servicio Civil.
[109] En palabras de la Sección Segunda del
Consejo de Estado: “Así las cosas, los solicitantes no pueden pretender que
por medio de la aclaración, adición y corrección de una providencia se absuelvan
los reparos que se tengan sobre la legalidad, oportunidad o veracidad de las
decisiones adoptadas por la Corporación, pues ello conduciría a reformar,
alterar o modificar lo decidido, lo cual no es procedente por medio de estas
figuras procesales”.
[110] En demanda de simple nulidad incoada contra los actos de convocatoria.
[111] En el proceso de la referencia fungió como demandante el ciudadano
Leonardo Ruiz Mendoza y como demandados la Comisión Nacional del Servicio
Civil, los Ministerios de Educación Nacional y de Cultura así como COLDEPORTES,
Radicado: 11001-03-25-000-2018-00188-00 (0690-2018), C.P. César Palomino
Cortés. El demandante solicitó la suspensión provisional de los efectos de los
actos administrativos por medio de los cuales se convocó a concurso abierto de
méritos para prevenir un daño
inminente y evitar que se siguiera menoscabando el ordenamiento jurídico. En
concreto, consideró que se vulneró el preámbulo, y los artículos 2, 13, 29, 125, 209 de la Constitución
Política, y el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, dado que los acuerdos
regulatorios del proceso de selección fueron expedidos únicamente y de manera
autónoma por la Comisión Nacional del Servicio Civil, suscrito por su
Presidente. Estimó que el requisito de la suscripción de la convocatoria tanto
por la Comisión Nacional del Servicio Civil como por la entidad u organismo
oferente era un imperativo que no admitía interpretación diferente, en razón al
principio de legalidad y a la competencia funcional de las “entidades, lo
que [implicaba] un deber de coordinación entre ellas”. Por su parte,
la Comisión Nacional del Servicio Civil indicó que la convocatoria en el
contexto del concurso era el llamado que se hacía a todas las personas
interesadas a participar en el mismo, y que en el caso de la Convocatoria 434
de 2016 las entidades requirentes participaron activamente en la etapa
preliminar, de planeación, ejecución y pagaron el costo de la misma. Agregó que
la convocatoria del concurso revestía un acto complejo pero que este no podía
reducir los términos de su realización a un requisito formal que, de acuerdo al
escenario planteado por el demandante, se circunscribía a la firma del
documento, generalmente denominado acuerdo de convocatoria. Ello desconocía el
principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y desechaba que
las entidades beneficiarias habían mostrado interés, participando coordinada y
mancomunadamente con la Comisión Nacional del Servicio Civil, a fin de
formalizar el acto de apertura del proceso de selección. En estos términos,
concluyó que la suscripción de la convocatoria debía entenderse como el
convenio entre las partes y no meramente como una forma al final del documento.
El Ministerio de Educación señaló que no resultaba procedente la suspensión
provisional pues participó activamente en las etapas preliminares y de
planeación del proceso de selección, así como de apropiación presupuestal y
pago efectivo de los gastos, habiéndose concertado las reglas de concurso que
se estipularon en los acuerdos objeto de la demanda. Finalizó, advirtiendo que
el hecho de no haber suscrito los actos administrativos acusados no significaba
que “no [hubiere] existido para su expedición una concurrencia previa
de voluntades entre el Ministerio de Educación Nacional y la CNSC para llevar a
cabo la convocatoria No. 434 de 2016”. COLDEPORTES afirmó que debía
rehusarse la petición de la medida cautelar porque pese a que el demandante
consideró que los actos administrativos demandados eran antijurídicos por
inconstitucionales e ilegales, no formuló en debida forma, ni expresó con
suficiencia las causas por las cuales tendría vocación de prosperidad la
suspensión provisional solicitada y la razón de viabilidad que “imprecara:
va de la mano de la constatación de vicios que daría cabida a la nulidad de las
actuaciones administrativas acusadas”; de ahí que no fuera el momento
procesal para el examen de legalidad de los actos administrativos objeto de
censura. El Ministerio de Cultura guardó silencio.
[112] Para sustentar esta postura, se hizo
referencia al Concepto del 19 de agosto de 2016 de la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado, Radicado: 2307, C.P. Germán Alberto Bula Escobar
así como a la providencia del 29 de marzo
de 2017 de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, Radicado: 11001-0325-000-2016-01189-00, C.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez que examinó un asunto similar al presente y le ordenó a la Comisión Nacional del Servicio Civil
suspender provisionalmente la actuación administrativa que se encontraba
adelantando con ocasión del concurso de méritos abierto por la Convocatoria 328
de 2015 para el DANE hasta que se profiriera decisión de fondo, al incumplirse el requisito contenido en el artículo 31 de
la Ley 909 de 2004 en el trámite de expedición del acuerdo regulatorio del
proceso de selección.
[113] El presente acápite seguirá de cerca las consideraciones esbozadas en
las sentencias
SU-522 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera y SU-399 de 2019. M.P. José Fernando
Reyes Cuartas.
[114] Constitución Política, artículo 86: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien
se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de
inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo
caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable (…)”.
[115] Sentencia SU-655 de 2017. M.P. Alberto
Rojas Ríos. También pueden consultarse las sentencias SU-225 de 2013. M.P.
Alexei Julio Estrada (e) y T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[116] Sentencia T-344 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[117] En la Sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana
Fajardo Rivera se señaló: “La doctrina constitucional ha agrupado estos
casos bajo la categoría de “carencia actual de objeto”; y si bien el concepto
central se ha mantenido uniforme, con el devenir de la jurisprudencia se ha
venido ajustando su clasificación y las actuaciones que se desprenden para el
juez de tutela ante estos escenarios”. En relación con el desarrollo de la carencia actual de
objeto pueden consultarse, entre muchos otros, los fallos T-719 de 2017. M.P. José Fernando Reyes
Cuartas; T-668 de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera; T-684 de 2017. M.P. Diana
Fajardo Rivera; T-510 de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; T-625 de
2017. M.P. Carlos Bernal Pulido; T-222 de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería
Mayolo (e); T-030  de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-423 de 2017.
M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo (e); T-444 de 2018. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado; T-387 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-363 de 2018.
M.P. Diana Fajardo Rivera; T-282 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas;
T-256 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-213 de 2018. M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado; T-130 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; T-085
de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-216 de 2018. M.P. Diana Fajardo
Rivera; T-290 de 2018. M.P. Alejandro Linares Cantillo; SU-096 de 2018. M.P.
José Fernando Reyes Cuartas; T-168 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-048 de
2019. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-047 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera; T-038
de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-027 de 2019. M.P. Alberto Rojas
Ríos; T-025 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-007 de 2019. M.P. Diana Fajardo
Rivera; T-005 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; SU-399 de 2019. M.P. José Fernando Reyes
Cuartas.
[118] Sentencia T-412 de 2008. M.P. Jaime Araujo Rentería.
[119] Sentencia T-519 de 1992. M.Ps. José
Gregorio Hernández Galindo: Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz.
Ver también, las sentencias T-535 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero;
T-570 de 1992. MP. Jaime Sanín Greiffenstein y T-033 de 1994. MP. José Gregorio
Hernández Galindo.
[120] Así lo estableció la Corte a partir de la
Sentencia T-519 de 1992. M.Ps. José Gregorio Hernández Galindo: Alejandro
Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz. Tratándose de pronunciamientos más
recientes pueden verse, entre otras, las sentencias T-085 de 2018. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez; T-216 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera y T-060 de
2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[121] Desde sus inicios, la Corte Constitucional
se encargó de desarrollar de manera suficiente este criterio, el cual ha sido
pacíficamente reiterado con posterioridad. En ese sentido, resuelta importante
tener en cuenta las sentencias T-519 de 1992. M.Ps. José Gregorio Hernández
Galindo: Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz; T-535 de 1992. M.P.
Alejandro Martínez Caballero; T-338 de 1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero;
T-564 de 1993. M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-081 de 1995. M.P. Antonio
Barrera Carbonell; T-100 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-101 de 1995.
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-239 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-350
de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-419 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa;
T-467 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-505 de 1996. M.P. Jorge Arango
Mejía; T-519 de 1996. M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-567 de 1996. M.P.
Antonio Barrera Carbonell; T-592 de 1996. M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-677
de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-026 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa;
T-824 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-831 de 1999. M.P. Carlos Gaviria
Díaz; entre muchas otras.
[122] Sentencia T-412 de 2008. M.P. Jaime Araujo Rentería.
[123] Al respecto, ver, por ejemplo, las sentencias T-039 de 2019. M.P. Carlos
Bernal Pulido y T-047 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[124] Sentencia C-113 de 1993. M.P. Jorge Arango
Mejía en la que se indicó: “Ni en las once funciones descritas en el
artículo 241, ni en ninguna otra norma constitucional, se asigna a la Corte
Constitucional la facultad de servir de órgano consultivo a los jueces. Y
tampoco hay norma constitucional  que les permita a éstos elevar tales
consultas”. Por su parte, en el Auto 026 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre
Lynett se dijo: “De conformidad con el artículo 241 de la Constitución, la
Corte Constitucional no tiene competencia para resolver consultas que formulen
los ciudadanos, ya que su función es jurisdiccional y no consultiva”. Ver
también el Auto 276 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[125] En la Sentencia SU-655 de 2017. M.P.
Alberto Rojas Ríos se advirtió: “La tutela es una garantía
constitucional destinada a la protección de los derechos fundamentales, y por
lo mismo, cuando cesa la amenaza o la violación de los derechos
fundamentales del solicitante, bien porque la causa de la amenaza desapareció o
fue superada, o porque la violación cesó o el derecho fue satisfecho, entonces
la acción de tutela pierde su razón de ser, en la medida en que cualquier
decisión que el juez pueda adoptar, carecerá de fundamento fáctico. De este
modo, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir cualquier orden
de protección del derecho invocado, en tanto que la decisión
judicial resulta inocua”. Ver también la Sentencia SU-225 de 2013.
M.P. Alexei Julio Estrada (e).
[126] “En varias ocasiones ha dicho la Corte
Constitucional que en aquellas contingencias en las cuales los supuestos de
hecho que daban lugar a la eventual amenaza de violación o violación de
derechos constitucionales fundamentales han cesado, desaparecen o se superan,
deja de existir objeto jurídico respecto del cual la o el juez constitucional
pueda adoptar decisión alguna por cuanto el propósito de la acción de tutela
consiste justamente en garantizar la protección cierta y efectiva del derecho y
bajo esas circunstancias “la orden que profiera el [o la] juez, cuyo objetivo
constitucional era la protección efectiva y cierta del derecho presuntamente
vulnerado o amenazado, carecerá de sentido, eficacia, inmediatez y
justificación”. Así se contempló expresamente en la Sentencia T-988 de
2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[127] En estos términos fue reconocido en la Sentencia SU-522 de 2019. M.P.
Diana Fajardo Rivera.
[128] Artículo 241 de la Constitución Política.
Sobre la materia ver la Sentencia T-198 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta Gómez (e)
en la que se advirtió lo siguiente: “La Corte en sede de revisión tiene el
deber constitucional de dictar jurisprudencia, es el espacio en el cual cumple
la función de fijar la interpretación de los derechos fundamentales como
autoridad suprema de la jurisdicción constitucional”.
[129] Ver, por ejemplo, las sentencias SU-540 de
2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-495 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; T-585 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-236 de 2018. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado, entre otras.
[130] Sobre el particular en la Sentencia SU-540
de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis se dijo: “Cabe recordar que la carencia
actual de objeto se ha fundamentado en la existencia de un daño consumado, en
un hecho superado, en la asimilación de ambas expresiones como
sinónimas, en la mezcla de ellas como un hecho consumado y hasta en una sustracción
de materia, aunque también se ha acogido esta última expresión como sinónimo de
la carencia de objeto”.
[131] Al respecto ver la Sentencia SU-540 de
2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis. Recientemente en la Sentencia T-009 de 2019.
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, la Sala Sexta de Revisión advirtió que no
obstante la afirmación de la entidad pensional demandada en el sentido de que
ya había reconocido los periodos cotizados en el
exterior por parte del accionante, se encontró que “lo cierto es que
éste aún no percibe la prestación pensional a la cual tiene derecho”.
Por ello, entró a resolver el asunto de fondo.
[132] Ver, entre otras, las
sentencias T-533 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-585 de 2010.
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y  SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada
(e).
[133] Así lo estableció la Corte a partir de la
Sentencia T-519 de 1992. M.Ps. José Gregorio Hernández Galindo: Alejandro
Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz. Reglamentariamente el hecho superado se
encuentra contemplado en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 en los
siguientes términos: “CESACION DE LA ACTUACION IMPUGNADA. Si, estando en
curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque,
detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud
únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes
(…)”.
[134] En la Sentencia SU-399 de 2019. M.P. José Fernando Reyes
Cuartas se definió el hecho superado en los siguientes términos: “(i) El
hecho superado que ocurre cuando durante el trámite de la acción de tutela
desaparecen los hechos u omisiones que dieron lugar a su interposición, es
decir, se satisfizo la pretensión del recurso de amparo. En este orden, ya no
habría riesgo que detener o vulneración que cesar. Por lo que no hay razón para
emitir alguna orden, pues esta caería en el vacío”. A efectos de verificar esta hipótesis en un
caso concreto, la Sentencia T-238 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo
estableció que le correspondía al juez constitucional valorar los siguientes
criterios: “1.
Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se
carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho
fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa. 2. Que durante el trámite
de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la
vulneración o amenaza haya cesado. 3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el
suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface
ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado”.
Esta posición fue reiterada recientemente en las sentencias T-344 de 2019 y
T-060 de 2019, ambas con ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo.
[135] Sentencia T-045 de 2008. M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra y T-085 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, entre otras.
[136] Al respecto, en la Sentencia T-344 de 2019.
M.P. Alejandro Linares Cantillo se reconoció esta postura en los siguientes
términos: “De esta
manera, para que se configure el hecho superado, deben acreditarse tres
requisitos, a saber: (i) que ocurra una variación en los hechos que originaron
la acción; (ii) que dicha variación implique una satisfacción íntegra de las
pretensiones de la demanda; y (iii) que sea resultado de una conducta asumida
por la parte demandada, de tal forma que pueda afirmarse que la vulneración
cesó, por un hecho imputable a ésta”.
[137] En ese sentido ver, entre otras, la
Sentencia T-715 de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido, en la que con claridad se
descartó la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado
ante el acatamiento, por parte del extremo demandado, de la orden proferida por
el a quo. Igualmente, las sentencias T-216 de 2018. M.P. Diana Fajardo
Rivera y T-403 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.
[138] En estos términos fue reconocido
expresamente en la Sentencia SU-522 de 2019. M.P.
Diana Fajardo Rivera.
[139] La integralidad, por supuesto, hace referencia a la verificación de que
todas las pretensiones derivadas de la presunta lesión a los derechos
fundamentales se encuentren plenamente satisfechas -en cuanto sean procedentes
en términos constitucionales- con la orden o la decisión de la autoridad que
origina el hecho superado.
[140] Sentencia T-519 de 1992. M.Ps. José
Gregorio Hernández Galindo: Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz.
[141] Sobre el particular, puede consultarse la Sentencia SU-399 de 2019. M.P.
José Fernando Reyes Cuartas. En esta oportunidad, la Sala Plena consideró que
se había originado una carencia actual de objeto por hecho superado dado que un
juez popular (Sección Primera del Consejo de Estado), en
ejercicio de sus amplios poderes, ordenó medidas de protección, razonables en
términos de satisfacción de garantías básicas, que atendieron las pretensiones
planteadas en la solicitud de amparo objeto de revisión. Esto es, se dispuso en
dicho proceso, como se buscaba por los tutelantes, la delimitación del Páramo
de Pisba. En concreto, esta Corporación constató que dicha autoridad judicial
encontró un déficit de protección en relación con los ecosistemas paramunos y,
en consecuencia, le otorgó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(ente accionado en el marco de la solicitud de amparo) un plazo máximo de 12
meses para que procediera a expedir el acto administrativo de delimitación del
referido páramo, desde un enfoque participativo, entendido como aquel proceso
que previera la intervención activa de los actores sociales vinculados con la
zona de influencia. Tal participación ambiental debía asegurarse de conformidad
con los lineamientos de protección contenidos en la Sentencia T-361 de 2017.
M.P. Alberto Rojas Ríos, así como en lo previsto en la Ley 1930 de 2018 (Ley de
Páramos) y en sus normas reglamentarias. Esto quiere decir que tal
participación, imprescindible para una adecuada y eficaz gestión de los
ecosistemas de páramo, biomas que tienen una importancia estratégica para la
regulación de los recursos hídricos y la captación de carbono, debía surtirse,
en términos constitucionales, esto es, previendo (i) el diseño de un plan de
manejo ambiental orientado a promover la reconversión o
reubicación laboral de los sectores sociales que pudieran verse afectados por
los nuevos usos definidos para el suelo; (ii) el acceso a la información pública; (iii) la
participación pública, efectiva y deliberativa de la comunidad involucrada en
el territorio de influencia; y (iv) la existencia de mecanismos administrativos
y judiciales para la defensa de los anteriores contenidos normativos. Con base
en estas premisas, la Sala Plena concluyó que la decisión del Consejo de
Estado, proferida estando en curso la solicitud de amparo, generó fuertes implicaciones
en la petición original de tutela, ocasionadas a partir de los efectos de las
órdenes allí impartidas, lo que permitía advertir que la pretensión subjetiva
de los accionantes o “el interés constitucional de la participación
ambiental invocado” así como su preocupación en torno al trabajo,
libertad de escoger profesión u oficio y propiedad privada había encontrado respuesta integral o se
había subsumido en el contenido de las determinaciones judiciales dictadas por la
máxima autoridad de lo contencioso administrativo en el marco de la acción popular. De lo
anterior podía desprenderse consecuentemente que se encontraba
superada la vulneración alegada en la tutela o que esta había cesado y que, por
ende, resultaba inocua cualquier intervención por parte del juez
constitucional.
[142] Precisamente en la Sentencia T-344 de 2019. M.P. Alejandro Linares
Cantillo se indicó: “La primera
modalidad, conocida como el hecho superado, se encuentra regulada en el
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, y consiste en que, entre la instauración
de la acción de tutela, y el momento en que el juez va a proferir el fallo, se
satisfacen íntegramente las pretensiones planteadas, por hechos atribuibles a
la entidad accionada. De esta forma, pronunciarse sobre lo solicitado carecería
de sentido, por cuanto no podría ordenarse a la entidad accionada a hacer lo
que ya hizo, o abstenerse de realizar la conducta que ya cesó”. Al respecto, ver, entre otras, las sentencias T-085 de 2018. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez; T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo;
T-216 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera; T-236 de 2018. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado; T-290 de 2018. M.P. Alejandro Linares Cantillo; T-326 de 2018.
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; T-319 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido;
T-310 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido; T-401 de 2018. M.P. Antonio José
Lizarazo Ocampo; T-403 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido; T-009 de 2019. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado; T-038 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger;
T-060 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[143] El uso de la figura de la carencia actual
de objeto por hecho superado en casos que ameritan un pronunciamiento
constitucional adicional a la declaración del mismo puede observarse de manera
especial en las sentencias T-416 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero;
T-682 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-271 de 2001. M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa y T-760 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre
otras. De manera más reciente, las sentencias T-877 de 2013. M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo; T-478 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa; T-707
de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo; T-731 de 2017. M.P. José Fernando
Reyes Cuartas; T-002 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas; T-363 de 2018.
M.P. Diana Fajardo Rivera, entre otras.
[144] Al respecto, pueden verse, entre muchas otras, las sentencias T-576 de
2008. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-685 de 2010. M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto; SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada (e) y T-039 de 2019.
M.P. Carlos Bernal Pulido
[145] Sentencia SU-399 de 2019. M.P. José
Fernando Reyes Cuartas. Esta posición ya había sido adoptada en la Sentencia
T-685 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y en la Sentencia T-039 de
2019. M.P. Carlos Bernal Pulido. En relación con lo referido es importante
precisar que en la Sentencia T-722 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis se
estableció lo siguiente: “Resulta pertinente,
desde el punto de vista procesal, establecer una diferencia importante en
cuanto a la declaración procedente en el proceso de revisión ante esta Corte
cuando el supuesto de hecho que motiva el proceso de tutela se supera o cesa
i.)  antes de iniciado el proceso ante los jueces de instancia -como sucede en
el presente caso- o en el transcurso del mismo y ii.) estando en curso el trámite
de revisión ante esta Corporación. i.) Así, pues, cuando el fundamento fáctico
del amparo se supera antes de iniciado el proceso ante los jueces de tutela de
instancia o en el transcurso de este y así lo declaran en las
respectivas providencias, la Sala de Revisión no puede exigir de ellos proceder
distinto y, en consecuencia, habrá de confirmar el fallo revisado quedando a
salvo la posibilidad de que en ejercicio de su competencia y con el propósito
de cumplir con los fines primordiales de la jurisprudencia de esta Corte,
realice un examen y una declaración adicional relacionada con la materia, tal
como se hará en el caso sub-examine. ii.) Por su parte, cuando la
sustracción de materia tiene lugar justo cuando la Sala de Revisión se dispone
a tomar una decisión; si se advirtiere que en el trámite ante los jueces de
instancia ha debido concederse el amparo de los derechos fundamentales
invocados y así no se hubiere dispuesto, la decisión de la Sala respectiva de
esta Corporación, de conformidad con la jurisprudencia reciente, consistirá en
revocar los fallos objeto de examen y conceder la tutela, sin importar que no
se proceda a impartir orden alguna”.
[146] Ver, por ejemplo, las sentencias T-970 de
2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos;
T-021 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-423 de 2017. M.P. Iván
Humberto Escrucería Mayolo (e).  También puede consultarse la Sentencia T-344
de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo en la que se sostuvo puntualmente lo
siguiente: “De esta manera, cualquier orden que pudiera dar el juez sobre
las pretensiones planteadas, también “caería en el vacío”, por cuanto el objeto
mismo de la acción, que es lograr la protección inmediata y actual de los
derechos fundamentales, ya no podría materializarse”. En la misma línea, la
Sentencia T-060 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo que, reiterando lo
dicho en la providencia SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada (e), sostuvo:
“Sobre la segunda hipótesis de la carencia actual de objeto, esto es, el
daño consumado, la Corte ha señalado que contrario a la primera hipótesis, se
presenta cuando “no se reparó la vulneración del derecho, sino por el
contrario, a raíz de su falta de garantía se ha ocasionado el daño que se
buscaba evitar con la orden del juez de tutela”.
[147] Sentencia T-213 de 2018. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado. En la misma línea, en la Sentencia T-344 de 2019. M.P. Alejandro
Linares Cantillo se sostuvo que al no ser
posible hacer cesar la vulneración, ni impedir que se concrete el peligro, lo
único que procede en este escenario es el resarcimiento del daño causado, no
siendo la tutela, en principio, salvo
lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 que regula la hipótesis
excepcional de procedencia de la indemnización de perjuicios en el trámite de
amparo, el medio adecuado para obtener
dicha reparación. Ello por cuanto, por excelencia, el mecanismo constitucional
fue concebido como un amparo preventivo y no indemnizatorio.
[148] Sobre el particular, en la Sentencia T-344
de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo se enfatizó en lo siguiente: “Así, para que opere el fenómeno del daño consumado,
debe acreditarse que (i) ocurra una variación en los hechos que originaron la
acción; (ii) que dicha mutación consista en una afectación al peticionario;
(iii) que esa afectación se derive de la acción u omisión atribuible a la parte
accionada; y (iii) que, como consecuencia de ello, ya no sea posible al juez
acceder a lo solicitado”.
[149] Sentencia SU-667 de 1998. M.P. José Gregorio
Hernández Galindo. Para un listado de los escenarios en los que la
jurisprudencia ha aplicado esta categoría ver, por ejemplo, la Sentencia T-448
de 2004. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[150] En virtud a lo estipulado en el artículo 6,
numeral 4 del Decreto 2591 de 1991 que prevé: “Causales de improcedencia de
la tutela. La acción de tutela no procederá: (…) Cuando sea evidente que la
violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la
acción u omisión violatoria del derecho”. También puede consultarse la
Sentencia T-495 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[151] Esta postura fue adoptada en la Sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana
Fajardo Rivera.
[152] Sentencias T-423 de 2017. M.P. Iván
Humberto Escrucería Mayolo (e) y T-030 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado. Así mismo, en la Sentencia T-448 de 2004. M.P. Eduardo Montealegre
Lynett se relacionaron como hipótesis del daño consumado, las siguientes: “(i)
cuando el actor fallece y es obvio que desaparecen los fundamentos fácticos que
motivaron la solicitud de amparo, (ii) cuando se ha cumplido el término de la
sanción impuesta por medio de un acto administrativo a pesar de que se pueda
establecer de manera posterior que dicho acto fue expedido con violación al
debido proceso, o (iii) en una hipótesis similar, cuando se ha cumplido el
término de la sanción disciplinaria, y por tanto, no tendría mayor objeto un
pronunciamiento sobre la afectación de los derechos fundamentales originados
con la actuación investigativa y sancionadora de la Procuraduría”. Con
todo, el escenario más común de configuración de esta categoría ha sido cuando
el peticionario fallece en el trascurso de la solicitud de amparo. Ahora bien,
es posible que la muerte del accionante no sea una consecuencia directa de la
violación de derechos alegada en el escrito de tutela y atribuible, por
consiguiente, a la parte demandada. La Sentencia T-401 de 2018. M.P. Antonio
José Lizarazo Ocampo conoció, por ejemplo, una solicitud constitucional
formulada a partir de la negativa de Colpensiones de reconocer una pensión de
invalidez reclamada por un ciudadano que padecía diabetes mellitus complicada,
trastornos vasculares, hipertensión esencial, infarto agudo del miocardio,
problemas coronarios tales como isquemia cerebral y cáncer de próstata. En el
trámite de revisión, la Corte fue informada que el accionante falleció, “circunstancia
que no necesariamente puede endilgarse a las actuaciones desplegadas por las
entidades demandadas” como un daño consumado; evidentemente, tampoco era un
hecho superado por cuanto la pretensión final del amparo no fue satisfecha.
Ante este panorama, la Sala Quinta de Revisión recurrió a una nueva categoría:
la situación sobreviniente la cual será explicada en detalle más adelante.
Sobre este aspecto, pueden verse, entre muchas otras, las sentencias T-980 de
2004. M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-165 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva; T-027 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa y T-180 de 2019. M.P.
Alejandro Linares Cantillo.
[153] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En esta
ocasión, la Sala Octava de Revisión estudió un conflicto originado por las
trabas administrativas que fueron impuestas por el Hospital Departamental de
Villavicencio E.S.E. tendientes a impedir la interrupción voluntaria del
embarazo que invocaba una ciudadana. En sede de revisión, la Sala fue avisada
que la accionante “no había continuado con el embarazo”. No se trataba
entonces de un hecho superado, pues la pretensión de la actora de acceder a una
IVE dentro del Sistema General de Seguridad en Salud en condiciones de calidad
había sido rechazada, pero tampoco de un daño consumado en vista de que el
nacimiento de su hijo no se produjo. Se explicó entonces que existían “otras
circunstancias” en las que la orden del juez resultaría inocua dado que la
parte accionante perdió “el interés en la satisfacción de la pretensión
solicitada o ésta [resultaba] imposible de llevar a cabo”.
[154] Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei
Julio Estrada (e) y SU-655 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[155] Ver, entre otras, las sentencias T-585 de
2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas
Ríos; T-319 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-205A de 2018. M.P.
Antonio José Lizarazo Ocampo; T-379 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-444 de
2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-107 de 2018. M.P. Carlos Bernal
Pulido; T-363 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera; T-009 de 2019. M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado; T-060 y T-344 de 2019, ambas con ponencia del magistrado
Alejandro Linares Cantillo.
[156] Sentencia SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio
Estrada (e). Esta posición ya había sido adoptada en la Sentencia T-841 de
2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[157] Sentencia SU-399 de 2019. M.P. José
Fernando Reyes Cuartas. También pueden verse, entre otras, las sentencias T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos;
T-625 de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido y T-401 de 2018. M.P. Antonio José
Lizarazo Ocampo.
[158] Por ejemplo, cuando es el afiliado quien,
al evidenciar la excesiva demora en el suministro del medicamento que solicitó
vía tutela, decide asumir su costo y procurárselo por sus propios medios. En
ese sentido puede verse la Sentencia T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos.
Son también los casos en los que las accionantes, ante las trabas y demoras
injustificadas, deciden practicarse la interrupción voluntaria del embarazo en
establecimientos particulares. Sobre este aspecto se pueden consultar las
sentencias T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del magistrado Humberto
Antonio Sierra Porto.
[159] En la Sentencia T-025 de 2019. M.P. Alberto
Rojas Ríos, un inmigrante venezolano, portador de VIH, solicitó a la Secretaría
de Salud de Santa Marta -Magdalena- la entrega de unos medicamentos que
resultaban indispensables para el tratamiento de su enfermedad. En el trascurso
del proceso de tutela, el accionante logró regularizar su situación migratoria
en el territorio nacional y vincularse al régimen contributivo en salud. Fue
entonces EPS Sanitas la que hizo entrega de los medicamentos pretendidos
inicialmente en la tutela. Al respecto, ver también la Sentencia T-152 de 2019.
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[160] Son casos relacionados, por lo general, con
el fallecimiento del accionante. Por ejemplo, en la Sentencia T-401 de 2018.
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo, la Sala Quinta de Revisión conoció una
solicitud de amparo para que se reconociera una pensión de invalidez. Sin
embargo, en sede de revisión, se constató el fallecimiento del demandante, “circunstancia
que no necesariamente puede endilgarse a las actuaciones desplegadas por las
entidades demandadas, y que imposibilita conceder el amparo solicitado”.
Ver también la Sentencia T-038 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[161] En la Sentencia T-200 de 2013. M.P. Alexei
Julio Estrada (e), la Sala Octava de Revisión evidenció que: “como
consecuencia del trámite de su pensión de invalidez, desaparece el interés en
lo pretendido mediante la tutela relativo a que se ordene nuevamente su
traslado como docente al municipio de Arjona o a uno cercano a la ciudad de
Cartagena, y por ende cualquier orden emitida en este sentido por la Corte
caería al vacío”. Ver también la Sentencia T-319 de 2017. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[162] Consultar las sentencias T-379 de 2018.
M.P. Alberto Rojas Ríos y T-363 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[163] Así fue reconocido en las sentencias T-344
de 2019 y T-060 de 2019, ambas con ponencia del magistrado Alejandro Linares
Cantillo. En esta última providencia,
la Sala Cuarta de Revisión estudió dos expedientes acumulados. En uno de ellos
declaró la existencia de un hecho superado dado que las entidades accionadas
dispusieron voluntariamente el traslado del actor de establecimiento
penitenciario en tanto pretensión que motivó la interposición de la acción de
tutela. En el otro asunto, en lo que aquí interesa, se constató la existencia
de una situación sobreviniente dado que el peticionario acudió al amparo
invocando su traslado de prisión, no obstante en el curso del trámite
constitucional se evidenció que fue puesto en libertad por virtud de una
decisión proferida por la autoridad judicial competente, en este caso, el juez
de ejecución de penas y medidas de seguridad.
[164] En estos términos fue expresamente reconocido en las sentencias T-344 de
2019 y T-060 de 2019, ambas con ponencia del magistrado Alejandro Linares
Cantillo.
[165] Sentencia T-344 de 2019. M.P. Alejandro
Linares Cantillo. En concreto, allí se dijo: “Así, para que se configure la situación sobreviniente, es
necesario que (i) ocurra una variación en los hechos que originaron la acción;
(ii) que dicha variación implique la pérdida de interés del accionante en que
se acceda a sus pretensiones, o que estas no se puedan satisfacer; y (iii) que
la alteración no sea atribuible a una conducta asumida por la parte accionada”.
[166] Al respecto,
pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-170 de 2009. M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto; T-533 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-267
de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-343 de 2016. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva; T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos y T-265 de 2017. M.P.
Alberto Rojas Ríos.
[167] Al respecto, pueden consultarse, entre
otras, las sentencias T-308 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-170 de 2009.
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo.
[168] Sentencia T-423 de 2017. M.P. Iván Humberto
Escrucería Mayolo (e).
[169] Tal como se estableció en la Sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana
Fajardo Rivera: “la carencia
actual de objeto implica que la acción de amparo pierda su razón de ser como
mecanismo de protección judicial en el caso concreto. Pero ello no significa
que cualquier pronunciamiento del juez automáticamente carezca de sentido; por
lo que habrá que consultar las especificidades del caso. En efecto, no es lo
mismo que la tutela derive en un daño consumado atribuible a la entidad
accionada, a que la situación se solucione durante el trámite por la iniciativa
del sujeto demandado o que, por alguna otra circunstancia, desaparezca el
objeto de amparo. Es evidente que en el primer escenario resulta indispensable
un pronunciamiento del juez de tutela, tendiente a precisar los hechos y tomar
medidas correctivas. En los demás escenarios, podrá el juez de tutela, aunque
no estará obligado a ello, hacer un análisis de fondo para avanzar en la
comprensión de un derecho fundamental o tomar otras decisiones”. Y agregó que dicha postura: “(i) interpreta de mejor forma la competencia del juez
de tutela en los términos del Decreto 2591 de 1991; (ii) entiende que la
jurisdicción constitucional no es un órgano consultivo obligado a emitir
conceptos en todos los casos –incluidos aquellos que son hipotéticos- puestos a
su consideración; (iii) reconoce que las decisiones de revisión “podrán ser
brevemente justificadas”; y (iv) en todo caso, reserva la competencia para que,
según la relevancia o proyección del caso, el juez de tutela pueda hacer un
análisis posterior de lo ocurrido y de los derechos involucrados”. Esta posición ya había sido recogida
expresamente por las providencias T-401 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo y T-038 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[170] Sentencia T-495 de 2010. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[171] Ver, por ejemplo, las sentencias T-428 de
1998. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-803 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil y
T-198 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta Gómez (e).
[172] Consultar la Sentencia T-576 de 2008. M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[173] Así se hizo, entre otras, en las sentencias
T-496 de 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-980 de 2004. M.P. Álvaro
Tafur Galvis; T-662 de 2005. M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-808 de 2005. M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[174] Sentencia T-576 de 2008. M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
[175] No se trata de un listado cerrado pues
dependiendo de las particularidades del caso pueden ser necesarios otro tipo de
pronunciamientos. Por ejemplo, en la Sentencia T-038 de 2019. M.P. Cristina
Pardo Schlesinger, luego de advertir la existencia de un hecho sobreviniente,
la Sala Séptima de Revisión se abstuvo de referirse al objeto de la tutela, no
obstante sí reprochó la actitud del juez de instancia que no fue diligente al
momento de surtir la notificación adecuada y eficaz de la solicitud de amparo a
la entidad demandada incumpliendo así “sus deberes como rector del proceso”.
[176] Ver las sentencias T-387 de 2018. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado y T-039 de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.
[177] Al respecto, se pueden revisar las
sentencias T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; T-236 de 2018.
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-038 de 2019. M.P. Cristina Pardo
Schlesinger y T-152 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[178] Sobre el particular, es posible consultar
las sentencias T-842 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-155 de 2017.
M.P. Alberto Rojas Ríos.
[179] Ver las sentencias T-205A de 2018. M.P.
Antonio José Lizarazo Ocampo y T-152 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
En la primera providencia se dijo concretamente lo siguiente: “No obstante
lo anterior, es pertinente agregar que esta Corporación ha indicado que (i) si
bien no resulta viable emitir la orden de protección que se solicitaba en la
acción de tutela, es perentorio un pronunciamiento de fondo sobre el asunto,
precisando si se presentó o no la vulneración que dio origen a la presentación
de la acción de tutela, en los casos en que la consumación del daño ocurre
durante el trámite de la acción (en primera instancia, segunda instancia o en
el trámite de revisión ante la Corte Constitucional), o cuando -bajo ciertas
circunstancias- se impone la necesidad del pronunciamiento por la proyección
que pueda tener el asunto (art. 25 del Decreto 2591 de 1991), o por la
necesidad de disponer correctivos frente a personas que puedan estar en la
misma situación o que requieran de especial protección constitucional; y (ii)
no es perentorio en los casos de hecho superado o acaecimiento
de una situación sobreviniente, salvo cuando sea evidente que la providencia
objeto de revisión debió haber sido decidida de una forma diferente (pese a no
tomar una decisión en concreto, ni impartir orden alguna), “para llamar la
atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que
originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia
de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”, tal
como lo prescribe el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991”. Dicha
disposición prevé: “PREVENCION A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela
hubieren cesado los efectos del acto impugnado, o éste se hubiera consumado en
forma que no sea posible restablecer al solicitante en el goce de su derecho
conculcado, en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún
caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para
conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de
acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este Decreto, todo
sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido. El juez
también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere
adecuado para evitar la repetición de la misma acción u omisión”. Esta posición
fue reiterada, en su integridad, en la Sentencia T-038 de 2019. M.P. Cristina
Pardo Schlesinger.
[180] Se reitera que ello ocurrió mediante
decisiones del 28 de febrero, 8 de marzo y 2 de mayo de 2019. La primera se
produjo en relación con la Convocatoria 427 del 29 de julio de 2016 y dejó sin
efectos el Auto de suspensión provisional proferido el 20 de septiembre de 2018
(ver 2.1.2 supra). El Consejero ponente fue el Doctor William Hernández
Gómez. La segunda tuvo efectos directos frente a la Convocatoria 434 del 16 de
septiembre de 2016 y dejó sin valor jurídico el Auto del 7 de septiembre de
2018 que dispuso la medida cautelar de suspensión dentro del proceso (ver 2.1.2
supra). El Consejero ponente fue el Doctor César Palomino Cortés. La tercera determinación se originó en relación con la Convocatoria
428 del 29 de julio de 2016 y dejó sin efectos las determinaciones de
suspensión provisional impartidas el 23 de agosto de 2018 y las dos decisiones
de fecha 6 de septiembre de 2018 (ver 2.1.2 supra). La Consejera ponente
fue la Doctora Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
[181] Teniendo en cuenta que en estos casos se
sostiene la configuración de un hecho superado, la Sala no valorará si la
suspensión que afectó los nombramientos fue, o no, adecuada en términos
constitucionales.
[182] Para el
efecto, se hizo referencia a la Sentencia del 31 de enero de 2019, Radicado: 11001-03-25-000-2016-01017-00 (4574-2016), C.P. César
Palomino Cortés.  En esta
ocasión, la Sala Plena de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, levantó la orden de suspensión
provisional sobre los
Acuerdos 534 del 10 de febrero de 2015, 553 del 3 de septiembre de 2015 y 554
del 5 de septiembre de 2015 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que había sido decretada en la audiencia
inicial del 16 de abril de 2018 y cumplida el 2 de mayo de 2018, y negó las
súplicas de la demanda.
[183] En palabras puntuales del Consejo de
Estado, “tanto
desde el punto de vista del Derecho Administrativo como Constitucional no
ofrece controversia alguna el hecho de sostener que la firma por parte de la
entidad beneficiaria del concurso no se erige como requisito sine qua non para
la existencia y validez del acto administrativo que incorpora la convocatoria a
concurso de méritos, por cuanto que no tiene poder suficiente para perturbar su
legalidad, siendo por tanto un elemento para ser tenido en cuenta al momento de
auscultar su eficacia”. Aparte extraído del Auto Interlocutorio O-156-2019 del 28 de febrero de
2019 proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A.
[184] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[185] Artículo 31 de la Ley 909 de 2004: “ETAPAS
DEL PROCESO DE SELECCIÓN O CONCURSO. El proceso de selección comprende: 1.
Convocatoria. La convocatoria, que deberá ser suscrita por la Comisión Nacional
del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo, es norma
reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las
entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes”
(subrayas fuera del texto original).
[186] El demandante, Pedro
Alfonso Hernández Martínez, consideró que la expresión: “el Jefe de la entidad
u organismo,”, contenida en el inciso 1 del artículo 31 de la Ley 909 de
2004, resultaba incompatible con las normas previstas en los artículos
1, 2, 4, 5, 13, 29, 40.7, 113, 125 y 130 de la Constitución. Esta consideración
se fundaba en la circunstancia de que el legislador, al dictar la antedicha
norma, había desbordado su margen de configuración en la materia. Este aserto,
se desarrollaba a partir de cuatro presupuestos argumentativos, a saber: (i) el
principio democrático y el concurso de méritos; (ii) los sistemas de carrera y
las competencias constitucionales de la Comisión Nacional del Servicio Civil;
(iii) las competencias privativas de la CNSC para administrar y vigilar los
sistemas de carrera y (iv) la convocatoria a concurso de méritos y la
competencia de administrar los sistemas de carrera. En particular, y como
elemento más relevante de la acusación, sostuvo que tanto la competencia
constitucional de administrar como la de vigilar la carrera administrativa eran
exclusivas de la CNSC, de tal suerte que no podían ser compartidas por ningún
otro órgano del Estado. Este presupuesto se fundamentaba en los artículos 113 y
130 de la Carta y en la interpretación que de ellos se hizo en la Sentencia
C-372 de 1999. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Sobre estos presupuestos,
el ciudadano encontró que la norma demandada al prever
que el jefe de la entidad participara de la convocatoria y, por tanto,
compartiera el ejercicio de una función que resultaba propia de la competencia
constitucional de administrar el Sistema General de Carrera, era incompatible
con las antedichas normas constitucionales. En consecuencia, solicitó a la
Corte Constitucional que se declarara la inexequibilidad de la norma acusada y,
además, que se ordenara de manera perentoria a todas las entidades públicas a
las que resultaba aplicable este sistema de carrera, que cumplieran con su
deber de proveer los empleos de carrera por concurso público de méritos.
[187] Para estudiar este problema se
siguió la siguiente metodología: (i) dar cuenta del sentido y alcance de la
norma demandada y (ii) sintetizar la doctrina de esta Corporación respecto de
la CNSC y sus competencias constitucionales. A fin de precisar el sentido y alcance de la
disposición acusada se procedió a: (i) estudiar el contexto histórico en el
cual surgió la ley objeto de cuestionamiento; (ii) analizar la Sentencia C-372
de 1999. M.P. José Gregorio Hernández Galindo y sus consecuencias en el proceso
legislativo, en razón de la orden dada en su ordinal quinto (“El Congreso Nacional, en desarrollo de
los artículos 113 y 130 de la Constitución Política, señalará la estructura de
la Comisión Nacional del Servicio Civil, como órgano autónomo e independiente,
responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores
públicos, excepción hecha de las que tengan el carácter especial”);
(iii) revisar el proceso de formación de la norma demandada y su trámite en el
Congreso de la República y (iv) considerar las interpretaciones que de la norma
se podían hacer a partir del estudio del proceso legislativo  y de lo que había
sido, en la práctica, la lectura de dicho enunciado por parte del Consejo de
Estado.
[188] Las
carreras de carácter especial son aquellas que tienen origen constitucional.
[189] En este punto, se advirtió que si bien
tanto en la Constitución como en la ley, la CNSC es la única competente para
administrar el concurso y, por ende, para fijar la norma reguladora del mismo
que es su convocatoria, no podía pasarse por alto que algunos elementos
necesarios para el concurso, correspondían a la competencia de otras entidades.
En efecto: (1) la elaboración del plan anual de empleos vacantes, que es un
elemento relevante para la convocatoria, en tanto y en cuanto afecta los cargos
para los cuales se convoca el concurso, no correspondía a la CNSC, sino al
Departamento Administrativo de la Función Pública y a las Unidades de Personal;
y (2) la financiación de los costos del concurso, que es un elemento
indispensable para poder realizar el mismo, sin perjuicio de lo previsto en los
artículos 74 de la Ley 998 de 2005 y 9 de la Ley 1033 de 2006, no correspondía
a la CNSC, sino a cada entidad u organismo, con cargo a su presupuesto y, por
tanto, la responsabilidad de tramitar lo pertinente y obtener el certificado de
disponibilidad presupuestal, era competencia de su respectivo jefe.
[190] Es decir, la de la Comisión Nacional del
Servicio Civil y la de la entidad u organismo, cuyos cargos se proveerán por el
concurso.
[191] En palabras de la Sala Plena: “Siendo la convocatoria una función que hace parte de la
competencia para administrar la carrera y siendo esta competencia exclusiva de
la CNSC, en tanto órgano constitucional autónomo e independiente, cualquier
norma legal que fraccione o divida esta función, para extenderla a un órgano
distinto, es directamente incompatible con el artículo 130 de la Carta. Esta
incompatibilidad se extiende a los demás artículos que prevén el régimen
constitucional de la carrera”.
[192] En palabras de esta Corporación: “si
bien el jefe de la entidad u organismo tiene competencias relacionadas con la
financiación del concurso, al punto de que sin presupuesto el concurso se
tornaría inviable, de ello no se sigue que éste tenga alguna competencia
respecto del contenido de la convocatoria, valga decir, de la norma reguladora
del concurso, que obliga a la administración, a las entidades contratadas para
realizarlo y a los participantes. Tampoco puede, satisfechos los presupuestos
administrativos que son de su responsabilidad, condicionar la realización de la
convocatoria o incidir en su contenido, por la vía de rehusar la firma de la
misma”. Y agregó: “Por tanto, que dicho jefe de la entidad u organismo suscriba o no
la convocatoria, no afecta la validez de la misma, en tanto norma reguladora
del concurso. Esta norma resulta del ejercicio de una competencia que
corresponde, de manera privativa, a la CNSC. Como ya se ha dicho y, ahora
conviene repetir, la suscripción de la convocatoria por el jefe de la entidad u
organismo no implica que éste pueda fijar la norma reguladora del concurso, ni
que le sea posible incidir de manera parcial en la misma, por medio de
modificaciones o cambios en su contenido, ni que pueda obstruir u obstaculizar,
de manera discrecional e inopinada, por la mera decisión de no firmarla, el
ejercicio de dicha competencia”.
[193] En esta ocasión, se precisó que la ratio de la Sentencia C-645 de 2017. M.P.
Diana Fajardo Rivera, constituía el precedente a seguir en este caso. Allí, se
estudió la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 90
(parcial) del Decreto Ley 407 de 1994, “Por el cual se establece el régimen
de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario” y se indicó
que la norma legal que reconocía competencia al jefe del INPEC para hacer la
convocatoria a curso o concurso era exequible, bajo el entendido de que este “concurre como participante para planear y presupuestar la
convocatoria, pero la competencia relacionada con asegurar la implementación y
velar por el adecuado funcionamiento de la realización del concurso, así como
su administración y vigilancia recae exclusivamente sobre la Comisión Nacional
del Servicio Civil-CNSC”.
[194] Particularmente pidió, en su solicitud, ser
nombrado en periodo de prueba en el cargo de Profesional Universitario, Código
2044, Grado 11 de la Planta Global del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos, esto es, en el mismo cargo para el cual concursó la actora. Esta
afirmación fue plasmada en el
CD aportado al proceso, visible entre los folios 230 al 232 del cuaderno de
Revisión.
[195] Folios 230 al 232 del cuaderno de Revisión.
[196] En concreto, consultado el Sistema de
Información de la Corte Constitucional, se tiene que el señor Saúl Fernando
Páez Páez presentó tres acciones de tutela (expedientes T-6.923.260;
T-6.985.465 y T-7.385.432). Ninguna de ellas fue seleccionada para revisión por
parte de esta Corporación. Especialmente la última solicitud de amparo referida
que es la que interesa en esta oportunidad por
contener los fallos de tutela previamente mencionados fue excluida de este
trámite eventual por la Sala de Selección Número Seis integrada por los magistrados
Alberto Rojas Ríos y Luis Guillermo Guerrero Pérez, mediante Auto del 14 de
junio de 2019.
[197] Folios 233 al 235 del cuaderno de Revisión.
[198] Verificado el Sistema de Información de la
Corte Constitucional, se encontró que la acción de tutela presentada por la
señora Karen Sofía Donato Padilla con número de radicado T-7.397.476 fue excluida de la revisión por la Sala de Selección Número Seis integrada por los magistrados Alberto Rojas Ríos y Luis
Guillermo Guerrero Pérez, mediante Auto del 14 de junio de 2019.
[199] Folios 233 al 235 del cuaderno de Revisión.
[200] De acuerdo con la información presente en
la base de información de esta Corporación, la señora Dolly Arelly Rodríguez
Vega presentó una acción de tutela con radicado T-7.357.336 la cual fue
excluida del proceso de selección por la Sala Número Cinco integrada por los magistrados
Gloria Stella Ortiz Delgado y Antonio José Lizarazo Ocampo, mediante Auto del
31 de mayo de 2019.
[201] En el expediente T-7.214.238 el asunto fue asumido, en primera
instancia, por la Sección Segunda del Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo
del Circuito de Bogotá que adoptó el fallo el 20 de noviembre de 2018 y, en
segunda instancia, por la Sección Cuarta, Subsección A del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que decidió el asunto el 28 de enero de 2019; en
los expedientes T-7.214.396 y T-7.214.400 los procesos fueron conocidos, en
instancia, por la Sección Segunda del Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad judicial que adoptó determinaciones
el 21 de noviembre de 2018 y el 12 de diciembre de 2018, respectivamente. Se
advierte que los jueces concedieron el amparo pues, en el marco de su autonomía
judicial, estimaron que se había violado el principio constitucional del mérito
dado que los ciudadanos aspirantes ostentaban derechos adquiridos emanados de
la firmeza de las listas de elegibles que integraron lo que daba lugar a su
inmediato nombramiento en periodo de prueba en las plazas de su interés. Fue
con posterioridad a estas decisiones de instancia que el Consejo de Estado
levantó las medidas cautelares de suspensión provisional de las actuaciones
administrativas surtidas en el marco de los concursos de mérito adelantados.
Ello se dispuso específicamente mediante pronunciamientos del 28 de febrero, 8
de marzo y 2 de mayo de 2019.
[202] Ante los tres expedientes referidos no
puede hablarse de un hecho superado porque, primero, no se han satisfecho las
pretensiones invocadas en forma definitiva por ningún juez ni por las
demandadas y, segundo, porque tal como se expondrá a continuación la situación
que originó que las entidades públicas oferentes no nombraran en periodo de
prueba ni posesionaran a los aspirantes en sus cargos, se satisfizo con el
levantamiento de las medidas cautelares de suspensión provisional que efectuó
el Consejo de Estado.
[203] En los procesos T-7.231.058 y T-7.231.921
los accionantes pidieron expresamente que se estableciera un término no superior
a 30 días hábiles para que se efectuara su posesión en los cargos públicos
vacantes; al tiempo que en el expediente T-7.247.415 la accionante solicitó que
su posesión se realizara en un término máximo de 10 días hábiles.
[204] Artículo
12, parágrafo 2 de la Ley 909 de 2004: “(…) La Comisión Nacional del
Servicio Civil podrá imponer a los servidores públicos de las entidades
nacionales y territoriales sanciones de multa, previo el debido proceso, cuando
se compruebe la violación a las normas de carrera administrativa o la
inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por ella. La multa
deberá observar el principio de gradualidad conforme el reglamento que expida
la Comisión Nacional del Servicio Civil, cuyos mínimos serán cinco (5) salarios
mínimos legales vigentes y máximos veinticinco (25) salarios mínimos legales
vigentes”.
[205] Folio 11.
[206] Sentencia T-519 de 1992. M.Ps. José
Gregorio Hernández Galindo: Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz.
[207] Precisamente dicha accionante fue quien invocó como pretensión adicional
la erogación de dineros públicos que garantizaran su nombramiento en periodo de
prueba y posterior posesión en el cargo.
[208] Sentencia T-519 de 1992. M.Ps. José
Gregorio Hernández Galindo: Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz.
[209] Sentencia SU-655 de 2017. M.P. Alberto
Rojas Ríos.
[210] Sobre el particular puede acudirse al portal web oficial de la
Procuraduría General de la Nación.
[211] Al respecto puede consultarse el portal web oficial del Ministerio
Público.