T-695-17
Sentencia T-695/17
DERECHO
A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Caso en que Concejal divulgó información relacionada con el
accionante, en sesión del Concejo y a través de su sitio web oficial y su
cuenta personal de la red social Twitter
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Persona natural que actúa en defensa de sus
propios intereses
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Formas previstas por ordenamiento jurídico
LEGITIMACION POR
PASIVA EN TUTELA-Concejal en calidad
de autoridad publica
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES
CUANDO EXISTE UNA RELACION DE INDEFENSION O SUBORDINACION-Jurisprudencia constitucional sobre procedencia
excepcional/INDEFENSION-Concepto
Según el artículo 42.9 del Decreto Ley 2591 de
1991, la acción de tutela procede contra particulares, respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. En desarrollo de
este mandato, la Corte Constitucional ha establecido que la indefensión
hace referencia a una situación relacional que implica la dependencia de una persona
respecto de otra, por causa de una decisión o actuación desarrollada en el
ejercicio irrazonable, irracional o desproporcionada de un derecho del que el
particular es titular. De este modo, la situación de indefensión debe ser
evaluada por el juez atendiendo las circunstancias del caso concreto, las
personas involucradas, los hechos relevantes y las condiciones de
desprotección, que pueden ser económicas, sociales, culturales y personales.
ESTADO DE
INDEFENSION-Configuración cuando
se da la circulación de información u otro tipo de expresiones a través de
medios que producen un alto impacto social que trascienden la esfera privada de
quienes se ven involucrados
La Corte ha fijado la presunción de que el
individuo se halla en situación de indefensión, a causa del impacto social que
puede ocasionar la difusión masiva de contenidos y su potencial influencia en
las creencias y opiniones de las personas. Lejos de ser un particular más, los medios son
organizaciones que, debido a la naturaleza de su actividad, ejercen de facto
también un amplio poder social que puede llegar a lesionar derechos
individuales con un incontrastable efecto multiplicador. De ahí que se
reconozca el papel de la tutela en esta relación asimétrica para la protección
de las prerrogativas fundamentales del individuo.
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Solicitud de rectificación de información
ACCION DE TUTELA Y PRINCIPIO DE
INMEDIATEZ-Excepciones para
aceptar que se presente en un extenso espacio de tiempo entre vulneración y
presentación
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN ACCION DE
TUTELA-Inaplicación cuando violación persiste en el
tiempo
ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER EL
DERECHO A LA INTIMIDAD, AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA-Procedencia
El
amparo constitucional se erige como mecanismo eficaz, idóneo e inmediato para
la protección de los derechos fundamentales a la honra, a la intimidad y al
buen nombre, si se tiene en cuenta que: i) de llegarse a establecer la responsabilidad penal del
accionado, ello no repara por sí mismo los derechos fundamentales invocados
y ii) el juez penal no goza de las
mismas facultades que el juez constitucional para impartir las ordenes
pertinentes para lograr que cese la vulneración de los derechos fundamentales
infringidos.
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Solicitud de rectificación previa como requisito específico de
procedibilidad
Se debe precisar que la jurisprudencia de la
Corte Constitucional tiene establecido para la procedencia de la acción de
tutela contra particulares o medios de comunicación, el deber de haber
solicitado previamente la rectificación de la información errónea e inexacta;
sin embargo, se debe precisar que la acción no fue interpuesta contra el
referido periodista, sino que este fue vinculado en sede de revisión, por
tanto, exigir en el asunto concreto el cumplimiento de tal requisito de
procedibilidad, resultaría desproporcionado.
LIBERTAD DE
EXPRESION-Contenido y alcance
LIBERTAD DE
EXPRESION-Límites
LIBERTAD DE
EXPRESION-Consagración constitucional e internacional
LIBERTAD DE EXPRESION
STRICTO SENSU Y LIBERTAD DE INFORMACION-Derecho
constitucional de doble vía
LIBERTAD DE
EXPRESION EN SENTIDO ESTRICTO-Definición/LIBERTAD DE EXPRESION EN SENTIDO GENERICO-Definición
La libertad de expresión en sentido genérico consiste en el ‘el
derecho general a comunicar cualquier tipo de contenido a otras personas, e
[incluye] no solo la libertad de expresión en sentido estricto, sino también
las libertades de opinión, información y prensa [previstas en el artículo 20 de
la Constitución]’. Entre tanto, la libertad de expresión en sentido estricto se
define como ‘el derecho de las personas a expresar y difundir libremente el
propio pensamiento, opiniones e ideas, sin limitación, a través del medio y la
forma escogidos por quien se expresa’. Conlleva el derecho de su titular a no
ser molestado por expresar su pensamiento, opiniones o ideas y cuenta, además,
con una dimensión individual y una colectiva.
LIBERTAD DE
EXPRESION STRICTO SENSU-Características
DERECHOS A LA
LIBERTAD DE EXPRESION Y A LA INFORMACION-Diferencias
La
libertad de expresión entendida en sentido estricto, presenta diferencias
respecto a la libertad de información; el precedente consolidado de la Corte
Constitucional ha señalado que mientras la primera protege la transmisión de
pensamientos, opiniones, ideas e informaciones personales, la segunda ampara la
comunicación de versiones, hechos, eventos, situaciones, personas, gobiernos,
funcionarios, etc., en otras palabras, busca que el receptor tenga conocimiento
de lo que está ocurriendo.
DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACION-Veracidad e imparcialidad
VERACIDAD E IMPARCIALIDAD DE LA INFORMACION-Deber de diferenciar entre información y
opinión
DERECHO A LA RECTIFICACION EN CONDICIONES DE EQUIDAD-Alcance
DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL, A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Reiteración de jurisprudencia
EXCEPTIO VERITATIS-Liberadora de responsabilidad en conductas que afectan los
derechos a la honra y al buen nombre
Si
bien la exceptio
veritatis es un medio que permite exonerarse de responsabilidad frente a
la trasgresión de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, tanto
en el proceso penal por los delitos de injuria o calumnia, como en la
acción de tutela, la Corte al desarrollar el criterio de veracidad, que permite
al titular de la libertad de información ejercer su derecho de manera
respetuosa y sin interferir en los derechos de los demás, no ha exigido que la
información sea indudablemente verdadera, sino que se haya desplegado un
esfuerzo diligente por verificar, constatar y contrastar razonablemente las
fuentes, así como
un deber de explorar los diversos puntos de vista desde los cuales un mismo
hecho puede ser observado.
DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Orden a
Concejal retirar y rectificar información referente a accionante, por cuanto no
se ajusta a los principios de veracidad e imparcialidad
Referencia: Expediente T-6.304.122
Acción de Tutela
instaurada por Carmen Olfidia Torres Sánchez contra Bernardo Alejandro Guerra
Hoyos, Concejal del municipio de Medellín, Antioquia.
Magistrado Ponente:
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil diecisiete
(2017).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger y los
magistrados Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente
las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y
en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos
adoptados por el Juzgado Vigésimo Primero Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Medellín, Antioquia, en primera instancia, el veintiocho (28)
de marzo de dos mil diecisiete (2017) y el Juzgado Vigésimo Quinto Penal del
Circuito de Medellín, Antioquia, en segunda instancia, el once (11) de mayo de
dos mil diecisiete (2017), en el trámite de la acción de tutela instaurada por Carmen
Olfidia Torres Sánchez contra Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Concejal del
municipio de Medellín.
I. ANTECEDENTES
1.  La solicitud
El 14 de marzo de 2017, la
ciudadana Carmen Olfidia Torres Sánchez instauró acción de tutela contra
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Concejal del municipio de Medellín, Antioquia,
con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al buen
nombre, a la intimidad, a la honra y a la dignidad humana.
La situación a partir de la cual se fundamenta la
presente acción, es la que a continuación se expone:
2.  Reseña fáctica y
pretensiones
2.1 En el año 2011, la accionante y
su cónyuge fueron sometidos a un proceso penal en Estados Unidos, toda vez que aquel
practicaba medicina sin licencia y tras realizar un procedimiento estético no
quirúrgico a una paciente, esta presentó un “Síndrome Adverso Idiosincrático no
Especificado” y falleció.
2.2 Refiere la accionante que en el
año 2016 el Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, contrató sus
servicios como abogada para su representación en los procesos disciplinarios
que la Procuraduría Regional del departamento lleva en su contra; sin embargo,
los mandatos le fueron revocados luego que en las sesiones del Concejo de
Medellín del veintiocho (28) al treinta  (30) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016), el Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos divulgara información sobre
su vida privada y realizara afirmaciones falsas relacionados con los hechos del
proceso penal al cual estuvo vinculada en Estados Unidos.
2.3 Señala que el Concejal Guerra
Hoyos en las sesiones mencionadas, afirmó que: “es una abogada de dudosa
reputación, que desde su llegada al país se ha dedicado a malas prácticas
médicas en consultorios de garaje en la Ciudad de Medellín, que ella y su
esposo fueron condenados en Estados Unidos por el delito de homicidio después
que realizaran una cirugía plástica a una mujer y esta muriera al ser
abandonada en la calle, y que se valieron de la libertad condicional que les
fue otorgada, para regresar a Colombia y evadir la justicia de ese país”[1].
2.4 Dentro de las afirmaciones hechas
por el Concejal, se refirió a los servicios que como abogada prestó al señor
Zuluaga Peña, a partir de lo cual aseveró que este le habría retribuido sus
honorarios con contratos en la Contraloría General de Antioquia, tanto para
ella como para su hermana Marilsa Torres Sánchez, e inclusive la habría
beneficiado al realizar el nombramiento de una de sus hijas.
2.5 Sostiene que todas las
afirmaciones realizadas por Guerra Hoyos son falsas, pues no tiene hijas
mujeres, y ni ella ni su hermana han tenido relación contractual con el ente de
control, distinta al mandato personal que el  Contralor General de Antioquia le
confirió para que lo defendiera dentro de los procesos disciplinarios que se
llevan en su contra en la Procuraduría Regional de ese mismo departamento.
Igualmente, expone que no es cierto que la paciente que murió haya sido
abandonada en la calle, y que solo se trata de información obtenida en
publicaciones de prensa de hace 6 años, que no corresponden en absoluto a la
realidad probatoria del proceso penal que enfrentaron.
2.6 Asegura que para el accionado no
fue suficiente difamar su nombre y el de su hermana Marilsa Torres Sánchez en
las sesiones del Concejo de Medellín, sino que además publicó la información
falsa desde su cuenta de twitter @BernardoAGuerra; remitió al Contralor de
Antioquia los recortes de prensa de hace seis años y se dio a la tarea de
replicar la información por varios medios de comunicación, con el apoyo del
periodista Germán Jiménez del periódico El Colombiano.
2.7 Refiere que sus antecedentes
judiciales en Estados Unidos no le generan ningún tipo de limitación para su
ejercicio profesional en Colombia, no obstante, asegura que el accionado “se
ha encargado de inhabilitarla como abogada”[2]
toda vez que por sus afirmaciones alejadas de la realidad le han sido retiradas
muchas representaciones judiciales; daño que se hace extensivo a su hermana
Marilsa Torres Sánchez, quien también es profesional del derecho.
2.8 En consecuencia, acude a la acción de
tutela, con el propósito de que se amparen sus derechos fundamentales
invocados, y por tanto se ordene al Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
i) Retirar
y rectificar la información dada en contra de la accionante y de su hermana la
señora Marilsa Torres Sánchez, a través de los medios de comunicación, redes
sociales, radio, televisión, y demás medios utilizados.
ii) En el
futuro, abstenerse de divulgar y publicar mediante cualquier medio de
comunicación, los hechos objeto del presente debate jurídico.
3.  Contestación a la acción de
tutela
El dieciséis (16) de marzo de dos mil
diecisiete (2017), el Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos dio respuesta a
la acción de tutela en los siguientes términos:
Señaló que el pasado diecisiete (17)
de noviembre de dos mil dieciséis (2016) recibió un correo electrónico de una
persona de un alto nivel de reputación y cuya fuente le es imposible revelar, en
el que se le informó de la relación contractual entre la accionante y el Contralor
General de Antioquia, así como de los antecedentes penales de aquella.
Explicó que luego de realizar un “razonable
proceso de verificación en la prensa”[3]
la información resultó ser cierta, y al concluir que el correo “ostenta[ba]
un grado razonable de certeza o de convicción no comparable no equiparable a la
convicción judicial”[4],
decidió en ejercicio de su derecho a la libre expresión y de sus deberes
constitucionales y legales de control político, denunciar públicamente la
conducta contraria a la moralidad del Contralor General de Antioquia, información
que en su sentir, tiene relevancia pública, incluso judicial.
Ratificó cada una de sus expresiones,
al señalar que la accionante es una profesional de dudosa reputación y que el
Contralor no acostumbra pagar de su patrimonio los servicios profesionales que
contrata; a la par manifestó que divulgó en una de sus redes sociales un
boletín de prensa que contiene el correo electrónico mediante el cual se le transmitió
la información.
Consideró que ninguna de las
afirmaciones realizadas vulnera el derecho a la intimidad de la demandante,
porque se trata de asuntos de interés y dominio público, ya que primero, involucran
personas que realizan actividades de relevancia social y disciplinaria, y
segundo, la información se encuentra no solo en la prensa nacional, sino
también en la extranjera. Insistió en que la información publicada es
razonable, y que para su caso no precisa que se trate de verdad fáctica o
judicial, sino que agote una carga mínima de razonabilidad.[5]
Indicó que si bien sus afirmaciones podrían
chocar con el derecho al buen nombre de la accionante, su libre expresión
prevalece sobre los derechos infringidos, toda vez que su opinión se encuentra
fundada en información creíble y razonable, y tratándose de la accionante, los
derechos a la honra y al buen nombre son de carácter relativo, debido a que “quien
incursiona en la fama por asuntos que desdicen su rectitud está sometido a un
mayor nivel de escrutinio público”[6]
y sus derechos ostentan “un nivel menos intenso de protección.”[7]
Argumentó que la razón que mejor
explicaría que Carmen Olfidia haya perdido prestigio profesional, es la
existencia de sus reconocidos antecedentes criminales y que tan relevantes son sus
problemas del pasado, que incluso el periódico El Colombiano los reseñó en
publicación del ocho (08) de diciembre de dos mil dieciséis (2016).
Finalmente, solicitó desestimar las
pretensiones de la acción de tutela y declarar la improcedencia de la misma,
pues la accionante debió acudir a los medios ordinarios de defensa judicial
ofrecidos por el ordenamiento jurídico, como la acción penal, civil y/o
contenciosa administrativa.
4.  Pruebas
relevantes que obran en el expediente
Las pruebas aportadas al trámite de
tutela, todas de origen documental, son las siguientes:
4.1 Aportadas por la demandante
4.1.1 Copia simple de certificado
vigencia tarjeta profesional n°. 183.938, a nombre de la accionante Carmen
Olfidia Torres Sánchez, emitido el veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete
(2017) por la Directora de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura (f. 6 del
cuaderno de instancia).
4.1.2 Copia simple de certificado de
antecedentes disciplinarios n° 92100569, emitido por el Jefe de División del
Centro Atención al Público de la Procuraduría General de la Nación, el veintidós
(22) de febrero de dos mil diecisiete (2017), donde se hace constar que la
señora Carmen Olfidia Torres Sánchez no registra antecedentes (f. 7 del cuaderno
de instancia).
4.1.3 Copia simple de antecedentes
judiciales emitido por la Policía Nacional de Colombia el veintidós (22) de
febrero de dos mil diecisiete (2017), donde se hace constar que Carmen Olfidia
Torres Sánchez no registra asuntos pendientes con las autoridades judiciales (f.
8 del cuaderno de instancia).
4.1.4 Copia simple de certificado
emitido el veintidós (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017), por el
Subdirector Operativo de la Contraloría General de Antioquia, mediante el cual
se manifiesta que en la entidad no se encuentra información de nombramientos
efectuados ni de contratos suscritos con las señoras Carmen Olfidia Torres Sánchez
y Marilsa Torres Sánchez (f. 9 del cuaderno de instancia).
4.1.5 Copia del boletín de prensa
publicado el treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), en la
página web www.bernarndoguerrahoyos.com, titulado “CONCEJAL
GUERRA HOYOS INSISTE EN LA RENUNCIA DEL CONTRALOR DE ANTIOQUIA” (f. 10-12
del cuaderno de instancia).
4.1.6 Copia impresa de la publicación
“CONCEJAL GUERRA HOYOS INSISTE EN LA RENUNCIA DEL CONTRALOR DE ANTIOQUIA” realizada
el treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016),  en la red
social Twitter desde la cuenta @BernardoAGuerra (f. 13 del cuaderno de
instancia).
4.1.7 Copia de entrevista realizada
por el periódico El Espectador el tres (3) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)
al Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, titulada “La batalla apenas comienza:
Concejal de Medellín” (f. 14-16 del cuaderno de instancia).
4.1.8 Copia simple de la cédula de
ciudadanía de la señora Carmen Olfidia Torres Sánchez (f. 17 del cuaderno de
instancia).
4.1.9 CD contentivo de grabación de
sesión del Concejo Municipal de Medellín del veintinueve (29) de noviembre de dos
mil dieciséis (2016), en la que el Concejal Guerra Hoyos realizó las
afirmaciones objeto de la presente controversia.
4.2 Aportadas por el demandado
4.2.1 Copia impresa del artículo de
prensa publicado por el periódico El Colombiano el ocho (8) de diciembre de dos
mil dieciséis (2016), en la página web www.elcolombiano.com, titulado: “La
abogada que no reveló a su cliente los problemas del pasado” (f. 31-32 del
cuaderno de instancia).
4.2.2 Copia del correo electrónico
enviado al concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, el diecisiete (17) de
noviembre de dos mil diecisiete (2017) (f. 34 del cuaderno de instancia).
II. DECISIONES JUDICIALES
OBJETO DE REVISIÓN
1.       Fallo de primera instancia
El Juzgado Vigésimo Primero Penal
Municipal de Medellín, en sentencia proferida el 28 de marzo de 2017 negó el
amparo deprecado por Carmen Olfidia Torres Sánchez, tras considerar que la acción
de tutela no es el mecanismo adecuado para establecer si las afirmaciones realizadas
en su contra son o no injuriosas, ya que en todo caso la demandante podía
acudir a la acción penal como escenario idóneo para demostrar la intención
dañina de las manifestaciones del Concejal Guerra Hoyos.
2.  Impugnación
Dentro del término
de rigor, la accionante presentó su inconformidad frente al fallo de primera
instancia, al señalar que se encuentra en estado de indefensión ante el Concejal, ya que
en su condición de ciudadana del común no tiene acceso a los medios masivos de
comunicación, ni cuenta con los recursos económicos para sufragar los gastos
que demandaría enfrentar el ataque del cual ha sido objeto y desvirtuar las
afirmaciones calumniosas e injuriosas realizadas en su contra.
Indicó que acudió de manera inmediata
a la jurisdicción ordinaria penal e instauró denuncia en contra del accionado, radicada
bajo el número único de noticia criminal 050016000206201661609; sin embargo, en
la audiencia de conciliación el Concejal Guerra Hoyos decidió no retractarse, por
lo cual consideró que el amparo constitucional es el medio de defensa idóneo para
la protección de sus derechos fundamentales.
Expresó que con la acción no pretende
obtener beneficios de tipo económico y que los medios de defensa existentes no
resultan eficaces para evitar el daño irremediable generado por el accionado,
si se tiene en cuenta además que también se encuentra amenazado su derecho
fundamental al mínimo vital.
Argumentó que efectivamente está
demostrado el ánimo dañino, calumnioso e injurioso del accionado, pues sin
ninguna consideración ni respeto por su buen nombre, le imputó falsos delitos y
actos ilegales que no son objeto de ninguna investigación.
Adicionó que el demandado también
hizo uso de su derecho a la libre expresión en calidad de particular, ya que
sus manifestaciones fueron publicadas en su página web personal, en su red
social Twitter y en entrevistas concedidas a diarios de alta circulación
nacional, a la radio y a la televisión, circunstancia que lo ubica en una doble
exigibilidad, es decir, como servidor público y como ciudadano.
Finalmente, reiteró las pretensiones de
la acción de tutela, y requirió nuevamente la retractación del Concejal
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos frente a las afirmaciones realizadas en su contra
y de su hermana Marilsa Torres Sánchez.
3.  Fallo de segunda instancia
El Juzgado Vigésimo Quinto Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Medellín, en providencia del 11 de mayo
de 2017, señaló que la acción de tutela es un mecanismo constitucional
preferente y sumario que permite acceder a un remedio judicial efectivo e
impostergable cuando no existen otros medios de defensa judicial o cuando
existiendo, no son eficaces, idóneos o se emplean como mecanismo transitorio
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Por lo anterior consideró que le
asistió razón al juez de primera instancia al establecer la improcedencia de la
acción, toda vez que la demandante cuenta con la acción penal como mecanismo de
defensa principal e idóneo para establecer el “animus injuriandi” de las
expresiones del Concejal Guerra Hoyos.
III. ACTUACIONES SURTIDAS
POR LA SALA DE REVISIÓN
1.  Vinculación de parte
La Corte Constitucional ha
considerado que si bien la acción de tutela es un proceso de carácter sumario
que conlleva formalidades mínimas, la adecuada integración del contradictorio
es un requisito ineludible para la validez del trámite; efectivamente la falta
de notificación a la parte demandada y la ausencia citación de los terceros con
interés legítimo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 61 y 133-8 del
C.G.P., genera una nulidad saneable de toda la actuación surtida.
Sin embargo, al encontrar que no fueron vinculados al trámite todos los sujetos
con interés legítimo en la actuación y/o que podían resultar afectados con el
sentido del fallo, esta
Corporación en aplicación de los principios de celeridad y economía
procesal, en lugar de iniciar el incidente de nulidad por falta de
notificación, dispuso integrar adecuadamente el contradictorio; así, mediante
auto del veintitrés (23) de octubre de dos mil diecisiete (2017), se vinculó en
el extremo activo a la
señora Marilsa Torres Sánchez, hermana de la accionante sobre quien se
evidenció que también resultaría afectada por la presunta conducta trasgresora
del Concejal Guerra Hoyos,  y en el extremo pasivo al comunicador Germán de Jesús
Jiménez Morales quien habría prestado apoyo a Bernardo Guerra Hoyos para
replicar la supuesta “información difamatoria”.
2.  Respuesta allegada en sede de revisión
El señor Germán de Jesús Jiménez Morales comunicador del
diario El Colombiano, a través de apoderada judicial, presentó oposición a los
hechos de la demanda en los siguientes términos:
Manifestó que no tiene responsabilidad alguna frente a los
hechos relatados en la acción de tutela, ya que en ningún momento apoyó las
conductas trasgresoras  del Concejal Guerra Hoyos, como lo indicó la
accionante.
Argumentó que su actuación no vulnera los derechos
fundamentales invocados, pues carece de la capacidad para influenciar las
publicaciones de los medios de comunicación, y aseguró que la divulgación de la
entrevista titulada “LA ABOGADA QUE NO REVELÓ A SU CLIENTE LOS PROBLEMAS DEL
PASADO” realizada a la señora Carmen Olfidia Torres Sánchez, estuvo
precedida de buena fe, diligencia e interés de informar la versión de los
hechos de la accionante, conforme a los lineamientos constitucionales y
jurisprudenciales en la materia.
En tal sentido, señaló que la mencionada entrevista fue
publicada por el diario El Colombiano, como parte del seguimiento que el medio
efectúa al escándalo desatado por el Contralor General de Antioquia, al
realizarse cirugías estéticas en el hospital público La María de la ciudad de
Medellín, sobre el cual ejercía control fiscal.
Frente al trámite del mecanismo constitucional, consideró que
las acciones de tutela interpuestas contra los medios de comunicación o sus
periodistas deben ser conocidas por jueces con categoría de circuito y no por
municipales; igualmente, refirió que no se cumple con el principio de
inmediatez de la acción, pues han transcurrido más de 10 meses desde la
publicación del artículo de prensa aludido.
Planteó que en el asunto bajo análisis no se acredita el
cumplimiento del requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
medios masivos de comunicación o periodistas, es decir, la solicitud de
rectificación previa, como instrumento que permitiría resolver la controversia
fuera de los estrados judiciales.
Finalmente, adicionó que existe prevalencia del derecho fundamental
a informar sobre los derechos al buen nombre, a la intimidad o a la honra, pues
no se demostró que la información publicada fuera evidentemente falsa y resaltó
que toda vez que la libertad de prensa es esencial para la existencia de la
democracia, los medios de comunicación tienen inmunidad para divulgar hechos
relevantes para la vida pública de una sociedad.
A la contestación adjuntó las siguientes pruebas:
i) Copia simple publicaciones del diario El Colombiano que
hacen referencia a las investigaciones al Contralor General de Antioquia,
emitidas con anterioridad y posterioridad a la publicación del artículo “LA
ABOGADA QUE NO REVELÓ A SU CLIENTE LOS PROBLEMAS DEL PASADO” (f. 50 a 69
del cuaderno de revisión).
ii) Copia simple de los folios 8º y 9º de la edición del
periódico El Colombiano del día 8 de diciembre de 2016 (f. 60 y 61 del cuaderno
de revisión).
iii) Copia simple de la resolución n°. 150 del 9 de mayo de 2011,
expedida por la Procuraduría General de la Nación mediante la cual se suspende
a la accionante Carmen Olfidia Torres Sánchez del ejercicio de su cargo en
entidad. (f. 70 del cuaderno de revisión).
3.  Decreto de Pruebas
Mediante Auto del
veintitrés (23) de octubre de dos mil diecisiete (2017), el Magistrado Ponente
consideró necesario recaudar como prueba la siguiente:
“SEGUNDO. SOLICITAR a la Unidad de Reacción
Inmediata (URI) 206 Centro Medellín, que en el término de dos (2) días
contados a partir de la comunicación de la presente providencia, remita con
destino a este proceso informe acerca de las actuaciones adelantadas con
ocasión de la investigación con número único de noticia criminal
050016000206201661609, contentiva de la denuncia incoada por la señora Carmen
Olfidia Torres Sánchez y Marilsa Torres Sánchez, contra los señores Bernardo
Alejandro Guerra Hoyos y Germán Jiménez Morales; en el que además se deberá
informar en qué etapa se encuentra la investigación.”
En respuesta al
decreto de pruebas se recibió en la Secretaría de la Corte Constitucional el
siguiente documento:
Oficio
OPTB 2766/17, remitido por la Fiscalía 46 Local de Medellín, mediante el cual
se indica que la denuncia con número de noticia criminal 050016000206201661609,
se encuentra en etapa de indagación, a la espera de resultados del
planteamiento investigativo (f. 149 del cuaderno de revisión).
IV.
CONSIDERACIONES
1.   Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para proferir sentencia dentro de la acción de
tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86, inciso 2 y 241
numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a
36 del Decreto Ley 2591 de 1991 y, en cumplimiento del auto del 25 de agosto de
2017, proferido por la Sala de Selección Número Ocho de esta Corporación, que escogió
el presente asunto para revisión.
2.  Problema jurídico
De acuerdo a la situación fáctica
expuesta esta Sala de Revisión deberá resolver:
i) Si las afirmaciones de Bernardo
Alejandro Guerra Hoyos, Concejal del municipio de Medellín, Antioquia, realizadas
en la sesión del Concejo de Medellín el veintinueve (29) de noviembre de dos
mil dieciséis (2016), en su página web y en su cuenta de Twitter el treinta (30)
de noviembre de dos mil dieciséis (2016), y en la entrevista concedida al
periódico El Espectador el tres (3) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), así
como el artículo de prensa del periodista Germán de Jesús Jiménez Morales
titulado “LA ABOGADA QUE NO REVELÓ A SU CLIENTE LOS PROBLEMAS DEL PASADO”,
vulneraron los derechos fundamentales de Carmen Olfidia Torres Sánchez y
Marilsa Torres Sánchez a la intimidad, al buen nombre y a la honra.
Para resolver el problema jurídico señalado, la Sala se ocupará de
reiterar la doctrina constitucional en torno a los siguientes temas: (i) alcances
y límites del derecho a la libertad de expresión, (ii) los derechos
fundamentales a la honra, al buen nombre y a la intimidad en el ordenamiento
constitucional, (iii) la exceptio veritatis liberadora de
responsabilidad, en conductas que afectan los derechos a la honra o al buen
nombre;  para finalmente (iv) abordar el análisis del caso concreto.
No obstante, de manera previa
corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela estudiada cumple con
los requisitos de legitimidad en la causa, inmediatez y subsidiariedad.
3.  Legitimación en la causa
El artículo 10° del
Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, establece:
“La acción de tutela podrá
ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí
misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el
defensor del pueblo y los personeros municipales.”
3.1 En el caso bajo estudio,
el extremo activo está integrado por las señoras Carmen Olfidia y Marilsa
Torres Sánchez, quienes se encuentran plenamente legitimadas en la presente
acción, toda vez que actúan en nombre propio y en defensa de sus derechos fundamentales
a la honra, al buen nombre y a la intimidad, susceptibles de ser protegidos vía
acción de tutela.
3.2 En cuanto a la legitimidad
por pasiva, la Corte ha sostenido que la misma se encuentra satisfecha con la
correcta identificación de las personas o autoridades responsables de la
amenaza o vulneración. En el particular, la acción se dirige contra Bernardo
Alejandro Guerra Hoyos en su calidad de Concejal de Medellín, como presunto
infractor de los derechos antes mencionados; adicionalmente, en el trámite de
revisión fue vinculado el periodista Germán de Jesús Jiménez Morales.
3.2.1 Pues bien, frente al
Concejal Guerra Hoyos, la Sala advierte que la actuación vulneradora bajo
estudio ciertamente le es imputable como autoridad pública, sin embargo, en
este punto es preciso señalar que pese a que no toda infracción de derechos
fundamentales en que incurra un servidor público es necesariamente cometida en
calidad de autoridad pública, en el asunto concreto, sí se aprecia tal condición.
En efecto, el artículo 313
de la Constitución Política[8]
atribuye a los concejos municipales como corporaciones político administrativas,
la función de control político y vigilancia de los respectivos gobiernos
locales, como mecanismo para garantizar que el ejercicio del poder y la gestión
gubernamental, se desarrollen de cara al principio de transparencia.
Algunas manifestaciones del
control político ejercido por los concejos, son las contenidas en el artículo
32 de la Ley 136 de 1994[9]
“por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento
de los municipios”, la norma en comento indica:
“Artículo 32.
Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la
ley, son atribuciones de los concejos las siguientes.
(…)
2. Exigir informes
escritos o citar a los secretarios de la Alcaldía, Directores de departamentos
administrativos o entidades descentralizadas del orden municipal, al contralor
y al personero, así como a cualquier funcionario municipal, excepto el alcalde,
para que haga declaraciones orales sobre asuntos relacionados con la marcha
del municipio.
Igualmente los concejos
municipales podrán invitar a los diferentes funcionarios del Orden
Departamental, así como a los representantes legales de los organismos
descentralizados y de los establecimientos públicos del orden nacional, con
sedes en el respectivo departamento o municipio, en relación con temas de
interés local.” (Texto resaltado fuera del original).
Así, en el marco
constitucional y legal, los concejos municipales y distritales se encuentran
facultados para el ejercicio del control político en los siguientes casos: “(i)
citaciones para que los secretarios, jefes de departamento administrativo y
representantes legales de entidades descentralizadas, así como al Personero y
al Contralor comparezcan ante el Concejo y respondan a un cuestionario
previamente escrito; (ii) solicitud de información escrita  a determinadas
autoridades municipales, sobre el ejercicio de su cargo; y (iii) por medio de
la moción de observaciones” [10].
Estas prerrogativas se pueden hacer extensivas a funcionarios del orden
departamental, representantes legales de entidades descentralizadas y
establecimientos públicos del orden nacional, en cuanto tenga relación con
asuntos de interés municipal o distrital.
Visto lo anterior, las afirmaciones
del Concejal Guerra Hoyos que se encuentran bajo examen, fueron realizadas en
el marco de las denuncias de corrupción respecto al Contralor General de
Antioquia, es decir, mientras exhibía ante la opinión pública las
irregularidades que, en su sentir, había cometido el referido funcionario del
orden departamental y en asuntos de interés para la comunidad de Medellín. Claro
está, se trata de una actuación derivada del control político local.
En consecuencia, se
reitera que en la presente acción de tutela se halla legitimado por pasiva Bernardo
Alejandro Guerra Hoyos, Concejal de Medellín, como autoridad pública presuntamente
infractora de los derechos fundamentales invocados, comoquiera que la trasgresión
que se alude fue cometida en ejercicio del control político que como miembro
del Concejo Municipal puede realizar a un funcionario del orden departamental,
en asuntos atinentes a la gestión gubernamental del municipio de Medellín.
3.2.2 En lo que respecta al comunicador Germán de Jesús
Jiménez Morales, también encuentra la Sala la concurrencia del requisito
procesal de legitimación pasiva, pues se configura la situación de indefensión
requerida para la procedencia de la acción frente a particulares.
Precisamente, según
el artículo 42.9 del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra
particulares, respecto de quienes el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión. En desarrollo de este mandato, la Corte
Constitucional ha establecido[11]
que la indefensión hace referencia a una situación relacional que implica la
dependencia de una persona respecto de otra, por causa de una decisión o
actuación desarrollada en el ejercicio irrazonable, irracional o
desproporcionada de un derecho del que el particular es titular. De este modo,
la situación de indefensión debe ser evaluada por el juez atendiendo las
circunstancias del caso concreto, las personas
involucradas, los hechos relevantes y las condiciones de desprotección, que
pueden ser económicas, sociales, culturales y personales.
Justamente, esta Corporación en la sentencia
T-693 de 2016, reconoció[12] que la
circunstancia de inferioridad que produce la divulgación de información por
medios de amplío impacto social, palmariamente constituye expresión del estado de
indefensión. Al respecto dijo:
“(…) [L]a Corte ha fijado la presunción de que el
individuo se halla en situación de indefensión, a causa del impacto social que
puede ocasionar la difusión masiva de contenidos y su potencial influencia en
las creencias y opiniones de las personas. Lejos
de ser un particular más, los medios son organizaciones que, debido a la
naturaleza de su actividad, ejercen de facto también un amplio poder social que
puede llegar a lesionar derechos individuales con un incontrastable efecto
multiplicador. De ahí que se reconozca el papel de la tutela en esta relación
asimétrica para la protección de las prerrogativas fundamentales del individuo”.
Para el caso concreto, la publicación de la nota
de prensa “LA ABOGADA QUE NO REVELÓ A SU CLIENTE LOS PROBLEMAS DEL PASADO”, se
efectuó por un medio masivo de comunicación, verbigracia, la versión web
e impresa del diario El Colombiano; por tanto, atendiendo que la modalidad de
divulgación y el amplio espectro de difusión del periódico ubica a la
demandante en una situación fáctica de indefensión frente al vinculado, la Sala
igualmente advierte  acreditada la legitimidad por pasiva del corresponsal.
4. Requisito de Inmediatez
4.1 El artículo 86 de la
Constitución Política establece la procedencia de la acción de tutela para
solicitar la protección inmediata de derechos fundamentales, cuando quiera que
estos resulten amenazados o afectados por la actuación u omisión de una
autoridad o un particular; pese a que el mecanismo por regla general no cuenta
con término de caducidad, esta Corte ha establecido que procede dentro de un
término “razonable y proporcionado” a partir del hecho que originó la
vulneración[13].
Así, cuando el titular de manera negligente ha dejado pasar un tiempo excesivo
o irrazonable desde la actuación irregular que trasgrede sus derechos, se
pierde la razón de ser del amparo[14]
y consecuentemente su procedibilidad[15].
4.2 Ahora bien, no existe un
plazo perentorio o terminante para interponer la acción de tutela, de manera
que la prudencia del término debe ser analizado por el Juez en cada caso,
atendiendo a las particulares circunstancias fácticas y jurídicas del asunto; de
ahí que si el lapso es prolongado, deba ponderar si: (i) existe motivo válido
para la inactividad de los accionantes, (ii) la inactividad justificada vulnera
el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión, (iii)
existe nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de
los derechos fundamentales, y (iv) el fundamento de la acción surgió después de
acaecida la actuación violatoria de derechos fundamentales de cualquier forma
en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición[16].
4.3 En el particular no se
presenta un único hecho generador de la vulneración alegada, pues la
publicación de la presunta información falsa acerca de las señoras Carmen
Olfidia y Marilsa Torres Sánchez, ocurrió en primer momento en la sesión del
Concejo Municipal de Medellín del día veintinueve (29) de noviembre de dos mil
dieciséis (2016), posteriormente a través de la publicación en la página web y
cuenta de twitter del Concejal el treinta (30) de noviembre de dos mil
dieciséis (2016), y en las entrevistas realizadas tanto al señor Bernardo A. Guerra
Hoyos publicada el tres (03) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), como a
la accionante Carmen Olfidia, divulgada el ocho (08) de diciembre de la misma
anualidad[17];
mientras que la acción de tutela fue interpuesta el catorce (14) de marzo de
dos mil diecisiete (2017), esto es, transcurrieron un poco más de tres (03)
meses entre los hechos y el reclamo de amparo.
Asimismo se observa que la
accionante y su hermana Marilsa Torres Sánchez acudieron a la Fiscalía General
del Nación el seis (06) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), para denunciar
a los accionados por la posible comisión  de los delitos de injuria y calumnia[18].
4.4 Así las cosas, la Sala
encuentra acreditado el principio de la inmediatez, no solo porque el lapso de
tres (03) meses que trascurrió entre los hechos que inicialmente generaron la
vulneración y la acción de tutela no se aprecia extenso, prolongado, irrazonable
o desproporcionado, sino también porque en todo
caso, la vulneración alegada por la señora Carmen Olfidia persiste en el tiempo,
si se tiene en cuenta que la información agresora, aún en la fecha se encuentra
disponible a través de internet.
5. Procedencia de la
acción de tutela para la protección constitucional de los derechos a la honra,
al buen nombre y a la intimidad personal
5.1 Respecto a la existencia de otro
mecanismo de defensa judicial, podría considerarse como lo determinaron los jueces de primera y
segunda instancia, que para la protección de los derechos invocados en el
presente asunto, el ordenamiento jurídico cuenta con instrumentos diferentes a
la acción de tutela, verbigracia la acción penal.
5.2 Sin embargo, en reiterados
pronunciamientos[19]
la Corte Constitucional ha establecido que las acciones penales derivadas de la
información no veraz, no atienden a los mismos fines que la protección
constitucional, pues puede suceder que la actuación debatida lesione derechos
al buen nombre y/o la honra, sin que se aprecie el animus injuriandi
requerido para que la conducta sea típica[20].
En paralelo, se ha considerado que la acción penal y la constitucional
persiguen objetivos diversos, ofrecen reparaciones distintas y manejan
diferentes supuestos de responsabilidad.
Desde la sentencia T-263 de 1998[21], la Corte determinó la
ineficacia del proceso penal para la salvaguarda de los derechos fundamentales
al buen nombre y la honra, toda vez que “el elemento central del delito de
injuria está constituido por el animus injuriandi, es decir, por el hecho de
que la persona que hace la imputación tenga conocimiento (1) del carácter
deshonroso de sus afirmaciones, (2) que tales afirmaciones tengan la capacidad
de dañar o menoscabar la honra del sujeto contra quien se dirigen y que con
independencia que exista o no animus injuriandi, en materia constitucional, se
puede producir una lesión”. (Resaltado propio).
5.3 En la sentencia T-110 de 2015[22] esta Corporación
afirmó que la simple existencia de un delito, no constituye argumento
suficiente para estimar la improcedencia de la acción de tutela, es decir que
en principio, la acción penal no excluye el ejercicio autónomo del mecanismo
constitucional, ya que “(i) aunque la afectación exista y sea antijurídica, se puede
configurar algún presupuesto objetivo o subjetivo que excluya la
responsabilidad penal, lo cual conduciría a la imposibilidad de brindar cabal
protección a los derechos del perjudicado; (ii) la víctima no pretenda un
castigo penal, sino solamente su rectificación; y (iii) la pronta respuesta de
la acción de tutela impediría que los efectos de una eventual difamación sigan
expandiéndose y prologándose en el tiempo como acontecimientos reales y
fidedignos.”
Adicionalmente, el derecho penal
constituye la restricción más fuerte sobre las personas, de ahí que no pueda
extenderse a toda conducta que amenace o vulnere derechos fundamentales, sino a
las que el Legislador ha considerado más graves.
5.4 En el caso sometido a examen, se debe
destacar que: (i) la accionante no pretende obtener una reparación económica;
(ii) se encuentra en situación que amenaza su mínimo vital; y (iii) su
propósito es que el accionado rectifique sus declaraciones al margen de lo que
se decida en el proceso penal, con el fin de evitar la propagación de una
versión de los hechos que menoscaba su honra y su buen nombre.
5.5 Por lo anterior, y si bien la señora
Carmen Olfidia Torres Sánchez informa que inició la acción penal, el amparo
constitucional se erige como mecanismo eficaz, idóneo e inmediato para la
protección de los derechos fundamentales a la honra, a la intimidad y al buen
nombre, si se tiene en cuenta que: i) de llegarse a establecer la
responsabilidad penal del accionado, ello no repara por sí mismo los derechos
fundamentales invocados y ii) el juez penal no goza de las mismas
facultades que el juez constitucional para impartir las ordenes pertinentes
para lograr que cese la vulneración de los derechos fundamentales infringidos.
5.6 Por último, frente al columnista Germán de Jesús Jiménez Morales, se
debe precisar que la jurisprudencia[23]
de la Corte Constitucional tiene establecido para la procedencia de la acción
de tutela contra particulares o medios de comunicación, el deber de haber
solicitado previamente la rectificación de la información errónea e inexacta;
sin embargo, se debe precisar que la acción no fue interpuesta contra el
referido periodista, sino que este fue vinculado en sede de revisión, por
tanto, exigir en el asunto concreto el cumplimiento de tal requisito de
procedibilidad, resultaría desproporcionado.
Así las cosas, establecida la procedencia de la
presente acción, la Sala continúa con el desarrollo del problema jurídico
planteado.
6. El derecho fundamental a
la libertad de expresión, alcances y límites. Reiteración de jurisprudencia[24]
6.1 El artículo 20 de la
Constitución Política señala:
“Se garantiza a toda
persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de
informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos
de comunicación.
Estos son libres y tienen
responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad. No habrá censura.”
6.2 La jurisprudencia de esta
Corporación ha establecido que la libertad de expresión es uno de los pilares
sobre los cuales está fundado el Estado, que comprende la garantía fundamental y
universal de manifestar o recibir pensamientos, opiniones, de informar y ser
informado veraz e imparcialmente y tiene como objetivo que la persona juzgue la
realidad con suficiente conocimiento[25].
6.3 Diversos instrumentos
internacionales, cuyas disposiciones sobre la materia resultan vinculantes para
el Estado Colombiano[26],
también ofrecen un conjunto de garantías para la protección de la libertad de
expresión, entre estas encontramos la Declaración Universal de Derechos Humanos[27], el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos[28],
la Convención Americana sobre Derechos Humanos[29]
y el Convenio Europeo de Derechos Humanos[30].
6.4 Este mandato constitucional, ha sido
considerado como un derecho fundamental de doble vía porque involucra tanto al
emisor como al receptor de actos comunicativos, agrupa un conjunto de garantías
y libertades diferenciables en su contenido y alcance, tales como la libertad
de expresar pensamientos y opiniones, la libertad de informar y recibir
información veraz e imparcial, la libertad de fundar medios masivos de
comunicación y el derecho de rectificación. A su vez integra las prohibiciones
de censura, de realizar propaganda de la guerra y la apología del odio, de pornografía
infantil, y de instigación pública y directa al genocidio.
Con el fin de diferenciar la libertad
de expresión de los distintos contenidos que la comprenden, la Corte
Constitucional ha adoptado la libertad de expresión en sentido genérico y en
sentido estricto, al respecto en la sentencia C-442 de 2011 dijo:
“[L]a libertad de
expresión en sentido genérico consiste en el ‘el derecho general a comunicar
cualquier tipo de contenido a otras personas, e [incluye] no solo la libertad
de expresión en sentido estricto, sino también las libertades de opinión,
información y prensa [previstas en el artículo 20 de la Constitución]’. Entre
tanto, la libertad de expresión en sentido estricto se define como ‘el derecho
de las personas a expresar y difundir libremente el propio pensamiento,
opiniones e ideas, sin limitación, a través del medio y la forma escogidos por
quien se expresa’. Conlleva el derecho de su titular a no ser molestado por
expresar su pensamiento, opiniones o ideas y cuenta, además, con una dimensión
individual y una colectiva.[31]”
Conjuntamente, la libertad de
expresión en sentido estricto constituye la facultad de elegir el tono y la forma
en la que desea expresarse, y una relación inescindible con el medio de
propagación que se utiliza –oral, escrito, impreso, artístico, simbólico,
electrónico etc.-; las limitaciones sobre las posibilidades de elección del
canal de difusión, constituye también limitación de esta prerrogativa[32].
6.5 La jurisprudencia Constitucional ha
otorgado a la libertad de expresión un lugar privilegiado en el ordenamiento
jurídico, pues cumple un importante papel para el desarrollo de la personalidad
y autonomía del individuo[33]
y en general, para el ejercicio de los derechos humanos. Así, en la sentencia
T-391 de 2007, se estableció una presunción constitucional a favor de la
libertad de expresión, de la cual se derivan los efectos jurídicos de (i) presunción
de cobertura de cualquier expresión (salvo que se demuestre que se justifique
la limitación), (ii) presunción de primacía de la libertad de expresión frente
a otros derechos, principios o valores (salvo que se constate que el otro
derecho tiene mayor peso a la luz de la ponderación), (iii) sospecha de
inconstitucionalidad de las limitaciones y aplicación de control estricto de
constitucionalidad, y (iv) prohibición de censura como presunción imbatible.
6.6 Respecto a la libertad de expresión
en sentido estricto, se han identificado las siguientes características
esenciales y definitorias[34];
(i) Titularidad universal.
(ii) Existen ciertos tipos de expresión
cuya presunción de cobertura es derrotada.
(iii) Diferentes grados de protección para
los variados ámbitos de expresión humana.
(iv) Abarca la expresión convencional y
la no convencional.
(v) Libertad de elección de medio de
expresión, ya que se protege tanto el contenido como la forma.
(vi) Protección de las expresiones socialmente
aceptadas, así como las inusuales, alternativas o diversas o contrarias a las
creencias y posturas de las mayorías.
(vii) En todo caso, su ejercicio conlleva
deberes y responsabilidades y asimismo impone obligaciones constitucionales
para el Estado y los particulares.
6.7 Ahora bien, la libertad de expresión
entendida en sentido estricto, presenta diferencias respecto a la libertad de
información; el precedente consolidado de la Corte Constitucional ha señalado
que mientras la primera protege la transmisión de pensamientos, opiniones,
ideas e informaciones personales, la segunda ampara la comunicación de
versiones, hechos, eventos, situaciones, personas, gobiernos, funcionarios,
etc., en otras palabras, busca que el receptor tenga conocimiento de lo que
está ocurriendo.
Por su parte la libertad de
información propiamente dicha o libertad de expresión en sentido genérico,
abarca los procesos de investigar, procesar, transmitir y recibir información,
además comparte rasgos distintivos con la libertad de opinión, ya que también
ha sido considerada un derecho fundamental de doble vía porque garantiza tanto
el derecho a informar, como el derecho a recibir información, es una facultad
de titularidad universal y compleja, pues está en cabeza de todos y presenta
contenidos diversos dependiendo de quién lo ejerce. No obstante, no es un
derecho absoluto, en la sentencia T-022 de 2017 se indicó que la información transmitida
debe ser “veraz e imparcial y respetuosa de los derechos de terceros
particularmente al buen nombre, la honra y la intimidad”.
6.8 Bajo ese entendido, la
Corte ha explicado que el principio de veracidad supone que los enunciados
fácticos puedan ser verificados razonablemente, es decir, no exige que la
información publicada sea irrefutablemente cierta, sino un deber de diligencia
razonable del emisor, de tal modo, el Juez deberá verificar si: (i) se
realizó un esfuerzo por constatar y contrastar las fuentes consultadas; (ii) se
actuó sin un ánimo expreso de presentar como ciertos, hechos falsos y (iii) se
obró sin la intención directa y maliciosa de perjudicar el derecho al honor, a
la intimidad y al buen nombre de otras personas”[35].
En consecuencia, se desconoce el principio de veracidad cuando la
información se sustenta en “rumores, invenciones o malas intenciones” o,
cuando pese a ser cierta, se presenta de manera tal que induce a error a su
receptor[36].
6.9 A su vez el principio de imparcialidad “envuelve
una dimensión interpretativa de los hechos, la cual incluye elementos
valorativos y está a mitad de camino entre el hecho y la opinión”[37].
Si bien la Corte Constitucional ha entendido que el Constituyente no pretendió
llegar al extremo de una imparcialidad absoluta, este principio ciertamente
exige establecer distancia entre la noticia objetiva y la crítica personal, ya
que el público tiene derecho a formar libremente su opinión y “no recibir
una versión unilateral, acabada y ‘pre-valorada’ de los hechos que le impida
deliberar y tomar posiciones a partir de puntos de vista contrarios, expuestos
objetivamente”[38].
6.10 Para el caso específico de
los medios de comunicación, en la sentencia T-098 de 2017 se dispuso:
“En esa medida,
cuando un periodista desea emitir una información debe contrarrestarla con
diferentes fuentes y confirmarla, si es el caso, con expertos en la materia, y
evitar que lo recolectado y confirmado se ‘contamine’ con sus prejuicios y
valoraciones personales o del medio donde trabaja.”[39] Énfasis propio.
Y es que ante la especial connotación de la libertad
de información, su ejercicio abarca el deber Estatal de garantizar su
protección constitucional, pero también la garantía de salvaguarda de otros derechos
fundamentales que pudieran entrar en tensión con la misma; en tal sentido, se
tiene que “los medios están particularmente sujetos a los parámetros de (i)
veracidad e imparcialidad, (ii) distinción entre informaciones y opiniones, y
(iii) garantía del derecho de rectificación”[40].
De este
modo, en la sentencia SU-1721 de 2000, se sostuvo por la Sala Plena de la
Corporación que se debe distinguir entre la trasmisión de información fáctica y
la transmisión de opiniones y valoraciones sobre hechos, así, la información
sobre hechos está sujeta a los principios de veracidad e imparcialidad,
mientras que en principio, la expresión de opiniones no está sujeta a estos
parámetros. Lo anterior acarrea el deber de los medios de comunicación de no
inducir al público a error sobre lo que constituye circunstancia fáctica y lo
que corresponde juicio de valor. Siguiendo lo enunciado, en la sentencia T-040
de 2013 se dijo:
“Acorde con su diseño constitucional, la responsabilidad
social de los medios de comunicación implica la obligación de emitir noticias
veraces e imparciales, que no mezclen hechos y opiniones sin que se advierta al
receptor del mensaje, pues cuando estas no cumplen dichos parámetros, la
persona que se siente perjudicada por informaciones erróneas, inexactas,
parciales e imprecisas, puede ejercer su derecho de rectificación ante el medio
respectivo, para que, cumpliendo con la carga de la prueba, se realice la
respectiva corrección conforme a sus intereses, si hay lugar a ello.”
6.11 Además, ejercer la
libertad de información sobrelleva responsabilidades sociales, las cuales se
hacen extensivas no solo a los medios de comunicación[41], sino también a los
periodistas y a los particulares que se expresen a través de los diferentes
canales de difusión[42].
Por lo propio, existe un debido proceso comunicativo regido por los principios
de libertad, necesidad, veracidad e integridad[43],
cuyo objetivo radica en (i)
controlar la legalidad de los medios que se utilizan para obtener las fuentes
que inspiran la expresión del autor; y (ii) establecer límites en cuanto a las
consecuencias en los derechos de terceros, que se deriven de revelar conceptos
o creencias frente a situaciones reales[44].
6.12 En conclusión, la libertad de expresión comprensiva de la
garantía de manifestar o recibir pensamientos, opiniones, y de informar y ser
informado veraz e imparcialmente, es un derecho fundamental y un pilar de la
sociedad democrática que goza de una amplía protección jurídica, sin embargo, supone
responsabilidades y obligaciones para su titular, ya que no es un
derecho irrestricto o ilimitado, y en ningún caso puede ser entendido como
herramienta para vulnerar los derechos de otros miembros de la comunidad,
especialmente cuando se trata de los derechos al buen nombre, a la honra y a la intimidad.
7.  Los derechos fundamentales a
la honra, al buen nombre y a la intimidad en el ordenamiento constitucional.
Reiteración de Jurisprudencia
7.1 El artículo 12 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos establece:
“Nadie será objeto de injerencias
arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia,
ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”
7.2 Por su parte, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 17 señala:
“1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales
en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques
ilegales a su honra y reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley
contra esas injerencias o esos ataques.”
7.3 En igual sentido, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, dispone:
“Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al
reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o
abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley
contra esas injerencias o esos ataques.”
7.4 A la par de los
instrumentos internacionales señalados, el artículo 2º de la Carta Política
establece como un deber del Estado la garantía de protección de todos los
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades, asimismo, el artículo 21 consagra la honra como un
derecho fundamental, el cual es inviolable, según lo indicado en artículo 42 Superior[45].
7.5 Desde temprano, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha referido a la honra como la
estimación o deferencia con que cada persona debe ser tenida por los demás
miembros de la colectividad, en razón a su dignidad humana:
“Es por consiguiente, un derecho
que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor
intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y
garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la
colectividad”[46].
Dado su
alcance, este derecho resulta vulnerado cuando se expresan opiniones que
producen daño moral tangible[47]
a su titular.
7.6 Por su parte, el artículo
15 de la Carta Política establece el derecho al buen nombre y a la intimidad en
los siguientes términos:
“Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su
intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos
y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de
datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se
respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución...”
7.7 El buen nombre ha sido
entendido como la reputación o la imagen que de una persona tienen los demás
miembros de la comunidad y además constituye el derecho a que no se presenten
expresiones ofensivas, oprobiosas, denigrantes, falsas o tendenciosas que
generen detrimento
de su buen crédito o la pérdida del respeto de su imagen personal. De
otro lado, la doctrina de la Corte Constitucional ha explicado que el derecho a
la honra, guarda una relación de interdependencia material con el derecho al
buen nombre de manera que la afectación de uno de ellos, generalmente concibe
vulneración del otro.
De igual
manera, el derecho al buen nombre está vinculado a la vida pública de la
persona, mientras que la honra se refiere a aspectos de la vida privada, de ahí
que se haya considerado por esta Corporación que guardan una estrecha relación
con el principio y derecho a la dignidad humana y que el ataque a las
mencionadas prerrogativas, también engendra la vulneración de aquella[48]:
“[T]ratándose de la honra, la relación con la
dignidad humana es estrecha, en la medida en que involucra tanto la
consideración de la persona (en su valor propio), como la valoración de las
conductas más íntimas (no cubiertas por la intimidad personal y familiar). El
buen nombre, por su parte, también tiene una cercana relación con la dignidad
humana, en la medida en que, al referirse a la reputación, protege a la persona
contra ataques que restrinjan exclusivamente la proyección de la persona en el
ámbito público o colectivo.”
7.8 Al respecto, se debe
precisar que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado
la dignidad humana desde tres dimensiones: (i) el derecho a vivir como se
quiera, que consiste en la posibilidad de desarrollar un plan de vida de
acuerdo a la propia voluntad del individuo; (ii) el derecho a vivir bien, que
comprende el contar con unas condiciones mínimas de existencia; y (iii) el
derecho a vivir sin humillaciones, que se identifica con las limitaciones del poder de los demás[49]; así,
las afectaciones al buen nombre, a la intimidad y a la honra de las personas, a
su vez trasgreden el derecho a la dignidad humana, desde el ámbito del derecho
a vivir sin humillaciones o ataques a la integridad del individuo.
No
obstante, existen distinciones entre los espacios de protección del derecho a
la honra y el derecho al buen nombre. En la sentencia C-482 de 2002 la Corte
precisó que la honra se afecta por la información errónea como por opiniones
tendenciosas respecto a la persona o su conducta privada; por el contrario, el derecho al buen nombre se vulnera
esencialmente por la emisión de información falsa o errónea que genera distorsión
del concepto público del sujeto.
7.9 Por su parte, el derecho
a la intimidad también consagrado en el artículo 15 Superior, comprende la
garantía de la privacidad familiar y personal y la consecuente abstención del
Estado o de terceros de intervenir arbitraria o injustificadamente en la esfera
privada de la persona y en asuntos de interés particular[50]. Así, en palabras de
la Corte Constitucional, la intimidad se clasifica en cuatro niveles:
a)
El
derecho a ser dejado solo y de guardar silencio frente a aspectos íntimos.
b)
El
derecho al secreto y la privacidad en el núcleo familiar, una de cuyas
principales manifestaciones es el derecho a la inmunidad penal.
c)
La
intimidad a las relaciones del individuo en un entorno social determinado, como
los vínculos lab00000000000000000000000orales o públicos derivados de la
interrelación con sus congéneres.
d)
La
intimidad gremial que se
relaciona estrechamente con las libertades económicas e involucra la
posibilidad de reservarse la explotación de cierta información, como el derecho
a la propiedad intelectual.
A su vez,
este derecho se encuentra sustentado en los principios de libertad, finalidad,
necesidad, veracidad, e integridad; esta Corporación[51] ha delimitado su
alcance de la siguiente manera:
“[E]l derecho a la intimidad está sustentado en cinco principios
que aseguran “la intangibilidad del contenido garantista de la inmunidad del
individuo frente a la innecesaria injerencia de los demás”: (i) el principio de
libertad, de acuerdo con el cual el registro o divulgación de los datos
personales requiere de su consentimiento libre, previo, expreso o tácito o que
exista una obligación de relevar dicha información con el fin de cumplir un
objetivo constitucionalmente legítimo; (ii) el principio de finalidad, el cual
demanda la “la exigencia de someter la recopilación y divulgación de datos, a
la realización de una finalidad constitucionalmente legítima”; (iii) el
principio de necesidad, de acuerdo con el cual la información personal que deba
divulgarse guarde “relación de conexidad con la finalidad pretendida mediante
su revelación”; (iv) el principio de veracidad, el cual exige que los datos
personales que puedan ser divulgados “correspondan a situaciones reales”, y por
último, (v) el principio de integridad, según el cual, la información que sea
objeto de divulgación debe suministrarse de manera completa, impidiendo que se
registre y divulgue datos parciales, incompletos o fraccionados.”
7.10 En la sentencia C-881 de
2014[52],
la Corte expuso que existen al menos cuatro maneras de vulnerar el derecho a la
intimidad, así: (i) Mediante la intromisión material en los aspectos de la vida
que la persona se ha reservado para sí mismo, independiente de que lo
encontrado sea publicado; (ii) con la divulgación de hechos privados, es decir,
de información verídica, pero no susceptible de ser divulgada; y (iii) a través
de la presentación falsa de aparentes hechos íntimos que no corresponden a la
realidad.
Bajo esta
línea, la jurisprudencia Constitucional ha establecido que el derecho a la
intimidad no puede ser restringido, a menos que
se cuente con el consentimiento del titular, exista orden emitida por la
autoridad competente conforme con la Constitución y la ley y, únicamente por
razones legítimas sustentadas constitucionalmente[53].
7.11 Ahora bien, el juez
constitucional, a fin de resolver las tensiones entre los derechos al buen nombre,
la intimidad y la honra, y el derecho a la libertad de expresión, en su esfera
de libertad de información, deberá evaluar si la comunicación es “(i) relevan[te]
desde la perspectiva del interés público; (ii) si la misma es veraz; (iii) si
responde a una presentación objetiva; (iv) si aquella es oportuna.”[54]
7.12 Finalmente, frente a la
vulneración a los derechos al buen nombre y/o la honra, la Constitución previó el
derecho a la rectificación como un mecanismo menos intimidatorio que la sanción
penal consistente en la garantía que la información trasgresora sea corregida o
aclarada,[55]
en tal sentido, en la sentencia T-022 de 2017[56],
la Corte señaló las características de este derecho:
(i) [C]onstituye un mecanismo menos intimidatorio que la
sanción penal y más cercano en el tiempo a la concreción del daño; (ii)
garantiza la protección de los derechos a la honra y al buen nombre, pero
preserva, de manera simultánea, los derechos a la libertad de expresión y de
información; (iii) no presupone para su ejercicio que se declare, previamente,
la existencia de responsabilidad civil o penal del comunicador o que se
establezca la intención de dañar o la negligencia al momento de trasmitir la información
no veraz o parcial; (iv) basta con que la persona afectada logre demostrar que
la información que se exteriorizó es falsa; o ha sido objeto de tergiversación;
o carece de fundamento, para que exista el deber correlativo de rectificarla;
(v) ofrece una reparación distinta a la que se deriva a partir de la
declaratoria de responsabilidad civil o penal, pues una rectificación oportuna
‘impide que los efectos difamatorios se prolonguen en el tiempo como
acontecimientos reales’; (vi) no persigue imponer una sanción o definir una
indemnización en cabeza del agresor por cuanto su objetivo consiste en
restablecer el buen nombre y la reputación de quien ha sido afectado con el
mensaje emitido al ofrecer –con igual despliegue e importancia que el mensaje que
produjo la lesión– un espacio destinado a facilitar que el público conozca la
realidad de los hechos que fueron emitidos de manera errónea, tergiversada o carente
de imparcialidad. (…); (vii) no excluye la posibilidad de obtener reparación
patrimonial –penal y moral–, mediante el uso de otros medios de defensa
previstos en el ordenamiento jurídico”.
7.13 En suma, se debe activar
la protección constitucional de los derechos a la honra, al buen nombre y a la
honra, cuando se divulgan públicamente hechos falsos, erróneos, tergiversados,
tendenciosos sobre una persona, que socavan su prestigio o desdibujan su imagen
ante el conglomerado social. Asimismo, para evaluar la concurrencia de la
posible afectación, se debe analizar si la información carece de los principios
de veracidad e imparcialidad. De otro lado, el derecho a la intimidad puede
resultar afectado cuando se invade injustificadamente la esfera de la vida
personal y familiar del individuo, de manera que se le impide manejar su propia
existencia con el mínimo de injerencias exteriores.
8.  La Exceptio
Veritatis liberadora de responsabilidad, en conductas que afectan los derechos
a la honra o al buen nombre
8.1 El artículo 224 de la Ley 599 de 2000 “por la cual se expide
el Código Penal”, señala que “[n]o será responsable de las conductas
descritas en los artículos anteriores [injuria y calumnia][57],
quien probare la veracidad de las imputaciones. (…)”. Este precepto establece
la prueba de la verdad, llamada desde el derecho romano exceptio veritatis, como
eximente de responsabilidad penal, cuando la persona acusada de los
delitos de calumnia o injuria demuestra la verdad de sus afirmaciones.
8.2 En nuestro ordenamiento jurídico la prueba de la verdad ha tenido
diversos tratamientos así, desde el Código Penal del año 1890[58]
se determinó que el “culpable de calumnia quedaría exento de pena al probar
el hecho criminal afirmado”; no obstante frente al delito de injuria como
regla general no se admitía prueba de la certeza de las afirmaciones injuriosas[59],
con excepción de aquellos casos en que la censura se relacionaba con delitos
cometidos “por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, o con
relación a ellas”; cuando se trataba de “delitos cometidos por
cualquiera contra la causa pública”[60] o
en los casos en que la ley concedía acción popular.
El Código Penal de 1936[61],
también permitía la prueba de la verdad como eximente de responsabilidad del
delito de calumnia, no obstante, respecto de la injuria no establecía o negaba
expresamente la excepción de verdad; más tarde, en el año 1944 con la
denominada “Ley de Prensa”[62], se determinó sin lugar a dudas la
inadmisibilidad de la prueba de la verdad en la injuria, quedando en
consecuencia vedada la posibilidad de probar la veracidad o realidad de las afirmaciones
como medio para liberar la responsabilidad penal frente a este último delito.
Posteriormente el Decreto 3000 de 1954 “por el cual se dictan
normas sobre los delitos de calumnia e injuria”,  también instituyó la exceptio
veritatis, pero la restringió en los siguientes casos:
“(…)
Sin embargo, en ningún proceso por calumnia o injuria se admitirá la prueba:
1.
Sobre la imputación de cualquier hecho punible que hubiere sido materia de
absolución o sobreseimiento definitivos en Colombia o en el Extranjero;
2.
Sobre la existencia de hechos que se refieran a la vida conyugal o de familia,
o a un delito contra las buenas costumbres cuya investigación dependa de la
iniciativa privada, o a un delito contra la libertad y el honor sexuales o, en
general, cuando aluda a la vida privada de las personas.”[63]
De manera análoga, el Decreto Ley 100 de
1980[64] acogió la exceptio veritatis y
la excluyó bajo los mismos supuestos, pero adicionó a la primera de las
hipótesis restrictivas, la prueba sobre la imputación del hecho punible que
hubiese sido objeto de cesación del procedimiento, y en la segunda se actualizó
el bien jurídico tutelado en los delitos sexuales, es decir, la libertad y
pudor sexuales.
8.3 Por último, el texto primigenio de nuestro actual Código Penal[65]
conservó las dos excepciones a la eximente de responsabilidad en la injuria y
calumnia, con algunas variaciones:
“Sin embargo, en ningún caso se admitirá prueba:
1.
Sobre la imputación de cualquier conducta punible que hubiere sido objeto de
sentencia absolutoria, preclusión de la investigación o cesación de
procedimiento o sus equivalentes, excepto si se tratare de prescripción de la
acción;
2.
Sobre la imputación de conductas que se refieran a la vida sexual, conyugal,
marital o de familia, o a sujeto pasivo de un delito contra la libertad y la
formación sexuales.”[66]
Salvo que se trate de conductas que se
refieran a la vida sexual, conyugal, marital o de familia, o al sujeto pasivo
de un delito contra la libertad y la formación sexuales, de conformidad con el
artículo 224 de Ley 599 de 2000.
No obstante, mediante la sentencia C-471 de
2009[67], la Corte Constitucional declaró la
inexequibilidad del numeral 1º de la norma en cita, al considerar que
constituía una medida excesiva, que para proteger los derechos a la honra y al
buen nombre, limitaba radicalmente las libertades de expresión e información,
así, concluyó que la norma no era  necesaria ni estrictamente proporcional, y
por consiguiente, fue excluida de nuestro ordenamiento jurídico.
8.4 Ahora bien, como se señaló en el acápite pertinente[68],
la Constitución[69] garantiza la libertad de dar y
recibir información veraz e imparcial; de ahí que no pueda considerarse
que la exceptio veritatis, que supone la exigencia de expresar información
con la prueba de la veracidad de las afirmaciones, sea una figura exclusiva del
proceso penal.
En efecto, la Sala considera que el
ejercicio adecuado de la libertad de información, implica que el mensaje, dato,
noticia o comunicación difundido sea contrastado con las fuentes y fundamentado
en hechos reales, pues de lo contrario, al presentar información sustentada en
rumores, invenciones o malas intenciones, se excedería el ámbito de protección
de este derecho y de paso, se atentaría contra los derechos a la honra y al
buen nombre de terceros.
8.5 En consecuencia, ante la presunta trasgresión del derecho a la
honra o al buen nombre, la prueba de la veracidad de las afirmaciones
constituye un medio idóneo para liberar de responsabilidad, ya sea en el proceso
constitucional o en el penal[70], pues como se advirtió, quien certeramente
imputa una conducta punible a su efectivo perpetrador no realiza el tipo de calumnia,
ni trasgrede el derecho a la honra o al buen nombre, quien transmite
información veraz.
8.6 No obstante, es preciso advertir que, mientras que la exceptio
veritatis o excepción de verdad en la esfera penal requiere de una prueba
irrefutable de que la información es cierta, para el caso de la acción de
tutela solo es menester demostrar que se obró con la suficiente diligencia al
realizar un esfuerzo serio para constatar las fuentes consultadas.
8.7 En tales consideraciones, si bien la exceptio veritatis es
un medio que permite exonerarse de responsabilidad frente a la trasgresión de
los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, tanto en el proceso
penal[71] por los delitos de injuria o
calumnia[72], como en la acción de tutela, la
Corte al desarrollar el criterio de veracidad, que permite al titular de la
libertad de información ejercer su derecho de manera respetuosa y sin
interferir en los derechos de los demás, no ha exigido que la información sea
indudablemente verdadera, sino que se haya desplegado un esfuerzo diligente por
verificar[73], constatar y contrastar
razonablemente las fuentes, así como un deber de
explorar los diversos puntos de vista desde los cuales un mismo hecho puede ser
observado.
V. CASO CONCRETO
1. Tal y como se expuso en los
antecedentes de esta providencia, Carmen Olfidia Torres Sánchez le atribuye al
Concejal del municipio de Medellín Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, la vulneración
de sus derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la intimidad, como
consecuencia de haber divulgado en sesión del Concejo de Medellín del
veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), así como en su sitio
web oficial y en su cuenta personal de la red social Twitter, información falsa
relacionada con el proceso penal al cual fue sometida en Estados Unidos en el
año dos mil once (2011), y de su relación contractual con el Contralor General
de Antioquia Sergio Zuluaga Peña. Adicionalmente, el demandado replicó la
información en la entrevista realizada por el periódico El Espectador el día
tres (3) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)[74].
Del mismo modo, al afirmar que “los
honorarios que se le pagan por la defensa a la accionante se disfrazan con
contratos en la Contraloría para ella o dándole trabajo a una hermana de nombre
MARILSA TORRES SÁNCHEZ”[75],
también habría vulnerado los derechos fundamentales a la honra y al buen
nombre de esta última.
2. El Concejal se opone a la
prosperidad de la presente acción de tutela, al considerar que no vulneró los
derechos fundamentales de las accionantes, toda vez que, tras realizar un “razonable
proceso de verificación” de la información, la misma resultó ser cierta;
añade que el correo electrónico fue publicado en el marco de la denuncia de los
actos de corrupción del Contralor General de Antioquia y que, si en gracia de
discusión existiera vulneración a los derechos fundamentales invocados, estos
deben ceder ante su derecho a la libre expresión.
3. Por su parte, el vinculado Germán
de Jesús Jiménez Morales periodista del diario El Colombiano, indicó que la
entrevista realizada a la accionante, titulada “LA ABOGADA QUE NO REVELÓ A
SU CLIENTE LOS PROBLEMAS DEL PASADO”, fue precedida y publicada de buena fe
conforme a los lineamientos constitucionales y legales. También argumentó que
la información hace parte del seguimiento que los medios de comunicación
realizan al escándalo del Contralor General de Antioquia, desatado por las
cirugías estéticas que este se realizó en el hospital La María. Finalmente,
manifestó que existe prevalencia del derecho a informar sobre los derechos de
la accionante, pues en el presente evento no se demostró que la información
publicada fuera evidentemente falsa.
4. Los jueces de instancia al denegar
el amparo solicitado alegaron la improcedencia de la presente acción, toda vez
que a su juicio, la demandante debía acudir a la acción penal, cual sería el
escenario propicio para determinar el “animus injuriandi” en las
manifestaciones del Concejal.
5. Bajo ese contexto, el
presente caso plantea un conflicto entre los derechos fundamentales a la
libertad de expresión e información del Concejal Bernardo Alejandro Guerra
Hoyos y del periodista Germán de Jesús Jiménez Morales y los derechos fundamentales
a la honra, al buen nombre y a la intimidad de las señoras Carmen Olfidia
Torres Sánchez y Marilsa Torres Sánchez.
6. En primer lugar, para
abordar el análisis del asunto, conviene transcribir la presunta información trasgresora
transmitida por el Concejal Guerra Hoyos en su página web oficial el día
treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)[76]:
“La corrupción abominable
en la Contraloría General de Antioquia debe terminar con la renuncia de Sergio
Zuluaga Peña porque no esta(sic) bien visto que altere documentos y presente
facturas falsas, sostuvo el Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.
Dijo que el contralor
además contrata abogados de dudosa reputación para que lo representen en
procesos judiciales y en la plenaria del Concejo de Medellín, leyó un correo
electrónico que textualmente dice:
‘Lo felicito señor
Concejal por la valentía con la cual asume las denuncias de corrupción. Espero
que guarde la confidencialidad requerida para esta denuncia.
Sucede que el Contralor de
Antioquia SERGIO ZULUAGA PEÑA actualmente le otorga poder para que lo defienda
ante los organismos de control a la Abogada CARMEN OLFIDIA TORRES SANCHEZ(sic),
quien fue CONDENADA en los Estados Unidos de Norteamérica por el delito de
HOMICIDIO cometido en asocio de su esposo RUBEN(sic) MATALLANA, quien se hacía
pasar como médico cirujano estético, sin serlo, y la señora CARMEN TORRES le
servía se(sic) asistente en las cirugías, sin tener ningún estudio médico.
En los Estados Unidos
fueron capturados CARMEN TORRES y RUBEN(sic) MATALLANA cuando intentaban huir
después de haberle realizado una cirugía quirúrgica a una mujer, a la que
abandonaron en la calle cuando el procedimiento les salió mal.  Los hechos
sucedieron en el año 2011 y se puede verificar esta información en Google
buscando los nombres de CARMEN OLFIDIA TORRES SANCHEZ(sic) y RUBEN(sic)
MATALLANA.
La abogada CARMEN OLFIDIA
TORRES SANCHEZ(sic) trabajaba en la Procuraduría, de donde fue desvinculada.
Una vez regresaron los esposos a Colombia después de haber purgado una corta
pena, pues parece que les otorgaron libertad condicional y aprovecharon para
regresar a nuestro país, el señor RUBEN(sic) MATALLANA y CARMEN TORRES se han
dedicado a sus malas prácticas médicas en consultorios de garaje en Medellín,
como también la señora CARMEN TORRES se dedica a prestar sus servicios de
abogada en casos a personas como el Contralor SERGIO ZULUAGA, involucrado en
investigaciones relacionadas precisamente con cirugías plásticas.
Para demostrar que la
señora CARMEN OLFIDIA TORRES SANCHEZ(sic) aparece como abogada del Contralor de
Antioquia, le envío el poder que aparece en un proceso disciplinario que contra
SERGIO ZULUAGA adelanta la Procuraduría Regional Antioquia con radicado IUS
2016-66149.
Parece ser que los
honorarios que se le pagan por la defensa a la abogada TORRES SANCHEZ(sic) se
disfrazan con contratos en la Contraloría para ella o dándole trabajo a los
familiares de la señora TORRES SANCHEZ(sic) en la Contraloría, a una hermana de
nombre MARILSA TORRES SANCHEZ(sic) y parece que a un hijo.
Le agradezco señor
concejal la reserva. Hay que denunciar’.
En horas de la mañana de
este martes 29 de noviembre el señor contralor dijo a través de medios de
comunicación que ya había retirado dicho poder a la cuestionada abogada.”
7. Se debe resaltar además,
que el anterior comunicado de prensa relata textualmente las aseveraciones que
realizó el Concejal accionado en la plenaria del Concejo de Medellín del día
veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), así como que el
mismo boletín también fue publicado en su cuenta personal en la red social
Twitter @BernardoAGuerra.
A la par, el periódico El
Espectador publicó una entrevista realizada al accionado el día tres (03) de
diciembre de dos mil dieciséis (2016), titulada “La batalla apenas comienza:
Concejal de Medellín”,[77]
que en lo atinente al caso objeto de estudio refiere:
“…El contralor de
Antioquia, Sergio Zuluaga, quien fue uno de los pacientes de lujosas cirugías
estéticas en el hospital público La María, fue nombrado por la Asamblea con el
apoyo de todos los partidos. ¿Quién podría tomar, de manera independiente, la
iniciativa de retirarlo o sancionarlo?
La inmensa mayoría de los
diputados de Antioquia decidió no pedir la renuncia del contralor, con lo cual
se demuestra que no existe la voluntad política de solicitarle que se aparte
del cargo a pesar de las graves denuncias en este y otros asuntos, como alteración
de documentos públicos y privados en su formación académica, experiencia y
cobro de licencias no remuneradas que han denunciado otros concejales. Esta
semana se supo que su abogada defensora, Carmen Olfidia Torres, fue condenada
en Estados Unidos junto con su esposo Rubén Matallana, por el homicidio de una
paciente de cirugía estética en Nevada. Albergo la esperanza de que Zuluaga
tenga la sensatez de presentar su renuncia si algún vestigio de decencia le
queda…” Subrayado
fuera del original.
8. No existe controversia
acerca de si las afirmaciones acusadas son o no imputables al accionado
Concejal, debido a que este manifestó en la contestación a la acción de tutela,
lo siguiente:
“Teniendo en cuenta lo
anterior, afirmé, y me ratifico en cada una de mis opiniones en relación con la
accionante como con el contralor, en el sentido que se trata de una profesional
de dudosa reputación y, este último no acostumbra a pagar de su propio
patrimonio los servicios profesionales que contrata. De igual modo, señalo al
despacho que efectivamente publiqué en una de mis redes sociales un boletín de
prensa que contiene el correo electrónico señalado en el punto primero, el cual
adjunto como prueba, previa supresión del nombre del remitente.”
9.  Pues bien, como se
señaló en la parte considerativa de la presente providencia, la expresión de
pensamientos, ideas y opiniones y la libertad de indagar, buscar y recibir
información, tienen tratamientos diferenciados; ambas prerrogativas
fundamentales, pese a encontrarse agrupadas dentro del derecho a la libertad de
expresión, comportan contenidos y alcances diferenciables, así, mientras que el
derecho a la libertad de información se rige por los principios de veracidad e
imparcialidad, la expresión de opiniones o pensamientos, en principio, presenta
menores restricciones.
En efecto, se expresó que
la comunicación de información debe respetar el principio de veracidad,
entendido como el componente fáctico de los enunciados informativos y el
principio de imparcialidad como la relativa distancia que se debe guardar entre
la información que se transmite y la opinión personal sobre la misma. Asimismo,
que los principios que rigen la libertad de información no aplican únicamente
para los medios de comunicación o comunicadores, ya que si bien, son estos
quienes por su profesión u oficio se dedican a difundir información, ello no
obsta para que a quienquiera que publique versiones, hechos, eventos,
situaciones, etc., le sea exigible el cumplimiento de los criterios señalados.
10.  Es incuestionable
para la Sala que el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos publicó el correo
electrónico tal como lo recibió, sin embargo, también es claro que en todo
caso, antes de reproducir la información, tuvo la oportunidad de corroborar si
lo allí indicado correspondía a la realidad, o si se trataba de información
errónea, inexacta o falaz.
Ciertamente, el demandado
manifestó que después de haber efectuado un razonable proceso de verificación
en la prensa, concluyó que la información resultó ser cierta, por lo cual
procedió a comunicarla en el recinto del Concejo de Medellín, en el universo
del internet, es decir, por medio del boletín de prensa que divulgó en su
página web y en su cuenta personal de Twitter, y en la entrevista concedida al
periódico El Espectador, y en esa medida, asumió el riesgo respecto de su
contenido.
11. Se debe indicar que,
luego de realizar la correspondiente búsqueda, la Sala constató que
efectivamente existen los titulares de prensa a los que hace referencia el
demandado, y que estos se encuentran publicados en los sitios web oficiales de
los diarios nacionales El Tiempo, El País, La Prensa, la revista Semana, W
Radio y en medios de comunicación internacionales como Medclient, Lasvegasun,
entre otros.
De dichas publicaciones se
puede extraer la siguiente información:
(i) En el año 2011, la
accionante y su esposo fueron sometidos a un proceso penal ante la justicia de
Nevada, Estados Unidos, por los cargos de homicidio en segundo grado, ejercicio
de medicina sin licencia y asociación delictuosa.
(ii) Los hechos que relatan
los medios de comunicación consultados sugieren que el cónyuge de la accionante
practicaba medicina sin las correspondientes habilitaciones legales en la
ciudad de Las Vegas, estado de Nevada; este realizó un procedimiento estético, específicamente,
inyectó una sustancia para aumento de glúteos a una mujer latina de 42 años,
quien presentó una reacción alérgica a la anestesia y murió horas después en un
hospital de la misma ciudad; esta mujer fue llevada a un centro médico después
de haber sido encontrada en la calle con fuertes dolores; el procedimiento se
llevó a cabo en un sitio que no contaba con la habilitación correspondiente, y
en la intervención participó la accionante Carmen Olfidia Torres Sánchez.
(iii) El nueve (09) de abril
del dos mil once (2011), la pareja fue aprehendida en el aeropuerto de Las
Vegas, mientras intentaban adelantar un viaje para Colombia, el cual
inicialmente se encontraba programado para el veintidós (22) de abril del dos mil
once (2011).
(iv) La accionante y su
cónyuge se declararon culpables y fueron condenados a nueve años de prisión,
por los delitos arriba señalados.
12.  En tal sentido, la Sala tuvo la
oportunidad de observar que la mayoría de la información comunicada por el
Concejal Guerra Hoyos, no cuenta con el respectivo sustento ni en los medios de
comunicación nacionales, ni en los extranjeros; por ello, se pasará a analizar precisa
y separadamente las manifestaciones del boletín de prensa, con el fin de exponer
claramente lo evidenciado:
(i) “Sucede que el
Contralor de Antioquia SERGIO ZULUAGA PEÑA actualmente le otorga poder para que
lo defienda ante los organismos de control a la Abogada CARMEN OLFIDIA TORRES
SANCHEZ(sic), quien fue CONDENADA en los Estados Unidos de Norteamérica por el
delito de HOMICIDIO cometido en asocio de su esposo RUBEN(sic) MATALLANA, quien
se hacía pasar como médico cirujano estético, sin serlo, y la señora CARMEN
TORRES le servía se(sic) asistente en las cirugías, sin tener ningún estudio
médico.”
Conforme a las mismas
afirmaciones de la accionante, se tiene que realmente el Contralor General de
Antioquia le había otorgado a Carmen Olfidia Torres Sánchez mandato especial
para representarlo en los procesos disciplinarios adelantados por la
Procuraduría General de la Nación, asimismo, adjunto al correo replicado por el
Concejal Guerra Hoyos, se remitió copia del respectivo poder.
De igual forma, se observa
que la aseveración acerca del proceso penal enfrentado por la señora Carmen Olfidia
y su cónyuge Rubén Matallana por el delito de homicidio, tal y como lo señala
el accionado, tiene el mencionado sustento en la prensa, adicionalmente, no es
objeto del actual debate, si la accionante y su esposo cometieron o no la
conducta punible referida, pues desde el escrito de tutela así se admite.
Empero, respecto a la
afirmación de que el señor Rubén Matallana “se hacía pasar por médico
cirujano estético sin serlo”, se debe indicar que en los medios consultados
no se encontró tal información; por el contario, algunas de las páginas web[78] señalan que es médico
general y cirujano de la Universidad de Santander, con registro profesional
O1327, especialista en terapia neural, acupuntura y apiterapia.
Ahora bien, como es
sabido, la accionante y su esposo fueron sometidos al proceso penal, entre
otros, por el cargo de ejercicio de medicina sin licencia; sin embargo, la
interpretación semántica de la expresión, no implica esencialmente el supuesto
de fingir ser médico, sino de que efectivamente se posee los estudios, pero no
se encuentra habilitado para practicar la respectiva profesión.
Por ello, se debe destacar
que la presente afirmación revela un ánimo dañino, es decir, de tergiversar el
entendimiento del cargo de ejercicio de medicina sin licencia, para concluir precipitadamente
y sin fundamento fáctico que el señor Rubén Matallana simulaba ser médico
cirujano; todo lo anterior, permite concluir que esta aseveración no tiene el
referido soporte empírico, y por tanto, no respeta el principio de veracidad de
la información.
Por su parte, respecto a
la manifestación de que la señora Carmen Olfidia “le servía de asistente en
las cirugías, sin tener ningún estudio médico”, toda vez que los medios
consultados son coincidentes en la misma afirmación, así, al poseer el mínimo
fundamento que le permita una carga de razonabilidad, se aprecia que la
presente expresión sí se ajusta al principio de veracidad.
(ii) “En los Estados
Unidos fueron capturados CARMEN TORRES y RUBEN(sic) MATALLANA cuando intentaban
huir después de haberle realizado una cirugía quirúrgica a una mujer.”
Sobre esta afirmación se
debe indicar que no son claras las circunstancias en las que la accionante y su
cónyuge intentaban abandonar Estados Unidos, además la información no se sustenta
en reportes oficiales de las autoridades de dicho país.
(iii) “[A] la que
abandonaron en la calle cuando el procedimiento les salió mal.”
En los medios consultados
no se señala que la mujer fuera abandonada en la calle, solo se indica que después
de la realización del procedimiento estético, fue encontrada en la vía pública transida
de dolor.
(iv) “La abogada CARMEN
OLFIDIA TORRES SANCHEZ(sic) trabajaba en la Procuraduría, de donde fue
desvinculada. Una vez regresaron los esposos a Colombia después de haber
purgado una corta pena, pues parece que les otorgaron libertad condicional y
aprovecharon para regresar a nuestro país.”
Para el mes de abril del
año dos mil once (2011), la accionante se encontraba vinculada con la
Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá, en el cargo de profesional
universitario grado 15, sin embargo, mediante resolución nº. 150 del nueve (9)
de mayo de dos mil once (2011), fue suspendida del ejercicio de su empleo, con
fundamento en lo señalado en el Decreto Ley 262 de 2000[79], según el cual, se
encuentran inhabilitados para desempeñar funciones en la entidad, quienes estén
bajo medida de aseguramiento o detención preventiva; asimismo, la suspensión surte
efectos hasta la finalización del proceso penal.
Pues bien, se debe indicar
que la afirmación según la cual la accionante fue desvinculada de la
Procuraduría General de la Nación no es precisa, toda vez que no hay evidencia
dentro del expediente, ni en los medios de comunicación consultados, respecto a
que la señora Carmen Olfidia haya sido retirada definitivamente del cargo que
desempeñaba en la procuraduría provincial, sino de que fue suspendida, mientras
se adelantaba el respectivo proceso penal en Estados Unidos; sin embargo, se
aprecia que la afirmación cuenta con algún fundamento fáctico, por lo cual es
posible señalar que cumple con una carga mínima de razonabilidad.
No ocurre igual con la
redacción de la segunda manifestación del enunciado, es decir, la que se
refiere a la circunstancia de haber aprovechado la libertad condicional para
regresar a Colombia, ello por cuanto no existe referencia en la prensa, ni en
ningún medio de prueba, que indique que su retorno al país se haya efectuado
con violación de los términos de la libertad condicional, verbigracia, que su
viaje se hubiere realizado sin el correspondiente permiso. Más aún, ni siquiera
se conoce realmente si regresaron después de haberles concedido la libertad
condicional, o si llanamente cumplieron la respectiva pena impuesta y
posteriormente retornaron.
Por lo anterior, es claro
que esta última frase no se sustenta en un hecho cierto y verificable, en
cambio, se puede advertir una finalidad ladina en la expresión, y la intención
de relatar parcializadamente un acontecimiento.
(v) “El señor
RUBEN(sic) MATALLANA y CARMEN TORRES se han dedicado a sus malas prácticas
médicas en consultorios de garaje en Medellín, como también la señora CARMEN
TORRES se dedica a prestar sus servicios de abogada en casos a personas como el
Contralor SERGIO ZULUAGA, involucrado en investigaciones relacionadas
precisamente con cirugías plásticas.”.
No cuenta con sustento en
la prensa consultada, ni en ningún medio de prueba obrante en el expediente,
por tanto, se advierte que corresponde a un rumor, carente de datos fácticos
que den cuenta de su veracidad.
(v) “Parece ser que los
honorarios que se le pagan por la defensa a la abogada TORRES SANCHEZ(sic) se
disfrazan con contratos en la Contraloría para ella o dándole trabajo a los
familiares de la señora TORRES SANCHEZ(sic) en la Contraloría, a una hermana de
nombre MARILSA TORRES SANCHEZ(sic) y parece que a un hijo.”
Estas afirmaciones tampoco
cuentan con sustento, por el contrario, en las pruebas aportadas por la señora
Carmen Olfidia, se aprecia que ella y su hermana no han tenido contratos con la
Contraloría General de Antioquia; obsérvese además como la frase inicia con el
vocablo “parece”, el cual significa “tener determinada apariencia o
aspecto”[80],
y en el contexto del párrafo, se entiende como un juicio que se forma a partir
de una simple impresión y no de la evidencia de una situación fáctica, que
permita vislumbrar un proceso de verificación.
13. Conforme a lo indicado,
se aprecia que el Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos presentó información
que no se ajusta a los principios de veracidad e imparcialidad, toda vez que,
en primer lugar, exhibió como real información que carece de sustento fáctico,
fundamentada en rumores o invenciones que no se han comprobado, y que
fácilmente pudieron inducir a error o confusión a los receptores, respecto de
hechos que fueron enseñados como ineludiblemente ciertos, cuando no lo eran; y
en segundo término, no estableció distancia entre los hechos y la fuente,
situación que no le permitió dejar de lado las afirmaciones sin sustento
probatorio, y por el contrario, lo llevó a replicar una versión unilateral y
pre-valorada que obstaculizó la libre formación de opinión del público.
Y es que, como lo ha establecido insistentemente
la doctrina Constitucional, quienquiera que haga uso de un medio masivo de
comunicación, previo a la difusión de los datos, debe realizar una diligente
labor de constatación y confirmación de la información, lo cual,
evidentemente no ocurrió.
Sobre este particular, estima la Sala
que le asiste razón al accionado cuando afirma que para su caso no requería de
un grado de certeza equiparable a la convicción judicial, pues ciertamente no
le es exigible la certidumbre absoluta de sus expresiones; sin embargo, el
Concejal Guerra Hoyos sí tenía el deber verificar razonablemente si la información
que difundió contaba con un mínimo de fundamentación fáctica, o si por el
contrario se cimentaba en meras suposiciones o conjeturas.
Del mismo modo, por tratarse de la divulgación
de situaciones o hechos, al Concejal le son perfectamente aplicables los
principios para el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de información,
veracidad e imparcialidad.
En este punto, se debe indicar que en
la entrevista realizada al accionado por el periódico El Espectador, no se apreció
vulneración a los derechos fundamentales invocados, ya que en la misma el
Concejal únicamente hace referencia al hecho cierto y verificable, es decir, a
la condena penal a la que fue sometida la accionante y su cónyuge en Estados
Unidos.
14. Adicionalmente, se debe resaltar
que la relevancia
pública que implica ser Concejal y la difusión masiva que alcanzó la
información transmitida a través de canales de amplía circulación (internet,
redes sociales), evidencia el alto impacto
que pudo tener la comunicación sobre la audiencia; por tal razón, se esperaba
mayor cautela y responsabilidad del Concejal Guerra Hoyos y un ánimo más
respetuoso de las garantías constitucionales en juego, máxime si se tiene en
cuenta que los servidores públicos deben ser más cuidadosos y vehementes en el
resguardo y defensa de los derechos fundamentales de los asociados.
La influencia en el
público que puede alcanzar el Concejal Guerra Hoyos[81], y el
poder de mantener un flujo de comunicación constante con la ciudadanía, también
demuestra que indudablemente se encontraba en una situación de ventaja frente a
las señoras Carmen Olfidia y Marilsa Torres Sánchez, toda vez que estas, al no
ser personajes de la vida pública local, no cuentan con la misma facilidad de
acceso e impacto en los medios masivos de comunicación que el accionado, y aunque
hubieran logrado contradecir las aseveraciones de aquel, la réplica no hubiera
logrado el mismo nivel de difusión, extensión o propagación que las
afirmaciones acusadas.
15. También se debe exponer que las declaraciones del Concejal no se
pueden entender amparadas por el discurso político, dialéctica que goza de un
especial nivel de protección por su importancia para la democracia[82];
toda vez que la accionante no es una funcionaria o personaje de interés
público, y la información sobre su vida privada tampoco es un asunto de relevancia
pública[83] o trascendental para la comunidad. Aunque
se aceptara que las manifestaciones del accionado efectuadas en contra de
Carmen Olfidia y su hermana, se encuentran amparadas por el discurso político,
habría de señalarse que, cuando se trata de transmitir información, igualmente este
discurso debe respetar los estrictos parámetros de veracidad e imparcialidad y
encontrarse fundamentado en un mínimo fáctico real.
16.  Al margen valga destacar, que el
Concejal de Medellín tiene la facultad y el deber de realizar control político
al Contralor General de Antioquia, y que dentro del debate público, puede efectuar
afirmaciones veraces e imparciales que tiendan a la lucha contra la corrupción en
el escenario local, sin embargo, en el presente asunto no se encuentran bajo
estudio las aseveraciones en contra del señalado funcionario, y en todo caso,
la facultad de vigilancia y control político no implica su ejercicio
arbitrario, ni conlleva la legitimación para concebir manifestaciones falsas o
sin sustento, que de paso, atentan contra los derechos fundamentales a la honra
y al buen nombre de terceras personas.
17. Ahora bien, el marco
constitucional permite a quien saldó sus deudas con la justicia, no padecer
estigmatizaciones ni señalamientos, lo cual no imposibilita hacer mención al
hecho cierto y verificable; empero, en el presente asunto, el único
hecho verificable es que la accionante y su cónyuge fueron sometidos a un
proceso penal en Estados Unidos, tras la muerte de una mujer a la que se le
realizó un procedimiento de aumento de glúteos; las demás afirmaciones
realizadas por el Concejal Guerra Hoyos obedecen a información falsa, errónea o
inexacta y que en todo caso, contrario a lo afirmado, no pudo ser validada en
su totalidad por el accionado, ya que ni en la prensa nacional ni en la extranjera,
y menos en las pruebas obrantes en el expediente, se encontró sustento para lo
expresado.
18. La Sala reitera que el lugar
privilegiado que ocupa la libertad de expresión en el ordenamiento
constitucional colombiano, que le confiere incluso una presunción a su favor, no
habilita para que este derecho pueda ejercerse de manera irrestricta,
negligente e irrespetuosa de los derechos fundamentales al buen nombre, a la intimidad
y a la honra de los demás.
Con todo, la libertad de expresión
también permite pronunciar opiniones o ideas de manera autónoma, sin la
limitación de los criterios de veracidad e imparcialidad; situación que no
implica que dichas manifestaciones puedan tener contenido insultante, vejatorio
o humillante, o puedan denotar intención de dañar, sin provocar una afectación
del derecho a la honra de la persona y una consecuente reacción de protección constitucional.
Siendo así, el Concejal Guerra Hoyos no puede resguardarse en su libertad de
opinión, para realizar afirmaciones desproporcionadas y que provocan el
descrédito de la accionante, como la referida a que “es una abogada de
dudosa reputación”.
19. Ahora, el derecho a la intimidad
de la señora Carmen Olfidia Torres Sánchez,  no se aprecia vulnerado, toda vez
que el Concejal Guerra Hoyos hizo alusión a hechos que habían sido ampliamente documentados
por la prensa nacional y extranjera en el interregno de los años 2011 y 2012,
es decir, a la condena penal impuesta en Estados Unidos.
Adicionalmente, se debe indicar que
de conformidad con la jurisprudencia constitucional, los antecedentes penales
expuestos por el Concejal Guerra Hoyos no hacen parte del ámbito de protección
de esta garantía constitucional. Sobre el particular, es menester resaltar lo
señalado por la Corte Constitucional, en la sentencia C-881 de 2004:
“El derecho a la intimidad
plantea diferentes esferas o ámbitos como son el personal, familiar, gremial,
todos ellos comprendidos en el artículo 15 Superior, y que están manifestados
concretamente: (i) relaciones familiares; (ii) costumbres; (iii) prácticas
sexuales; (iv) salud; (v) domicilio; (vi) comunicaciones personales; (vii)
espacios para la utilización de datos a nivel informático; (viii) creencias
religiosas; (ix) secretos profesionales; y en general (x) todo comportamiento
del sujeto que únicamente puede llegar al conocimiento de otros, siempre y
cuando el mismo individuo decida revelar autónomamente su acceso al público.”
20. En tales lineamientos, no es
posible afirmar que la actuación del Concejal haya invadido la privacidad
personal y familiar de la accionante, o que haya intervenido injustificadamente
en asuntos de su interés particular, pues la condena impuesta (hecho de
conocimiento público), no es un asunto que únicamente pueda llegar al
conocimiento de otros, al ser divulgado por la accionante, y conforme a la
jurisprudencia transcrita, los antecedentes penales que pueda tener un
individuo, no hacen parte de la esfera de protección del derecho a la
intimidad.
21. Conviene además precisar, que se
aprecia la trasgresión de los derechos a la honra y al buen nombre de la señora
Marilsa Torres Sánchez, ya que respecto a ella también se realizaron
afirmaciones que ponen en entredicho su buen crédito y su imagen en la
sociedad; efectivamente se afirmó que el señor Zuluaga Peña le habría pagado
los honorarios a la señora Carmen Olfidia, con contratos disfrazados tanto para
esta como para la señora Marilsa, sin embargo, se demostró en el trámite
constitucional que estas no habían suscrito convenios con la Contraloría
General de Antioquia, ni tampoco se les había efectuado nombramientos en la
entidad.
22. Por lo anteriormente expuesto, se
debe superar la presunción a favor de la libertad de expresión del Concejal y,
en consecuencia, activar la protección de los derechos fundamentales a la honra
y al buen nombre de Carmen Olfidia y Marilsa Torres Sánchez.
23. En síntesis, las afirmaciones
realizadas por el Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos que exceden el
ámbito de protección constitucional de su derecho a la libertad de información,
son:
i) El cónyuge de la señora Carmen
Olfidia Torres Sánchez se hacía pasar por médico sin serlo.
ii) La accionante y su esposo Rubén
Matallana abandonaron en la calle a la paciente que falleció, cuando el
procedimiento estético de aumento de glúteos “salió mal”.
iii) La señora Carmen Olfidia y su esposo
llegaron al país huyendo de la justicia Norteamericana.
iv) La accionante y su cónyuge se
dedican a malas prácticas médicas en consultorios de garaje de la ciudad de
Medellín.
v) Los honorarios que canceló el
Contralor General de Antioquia, se disfrazaron con contratos y nombramientos en
el señalado ente de control, tanto para la señora Carmen Olfidia Torres
Sánchez, como para la señora Marilsa Torres Sánchez.
vi) La accionante es una abogada de
dudosa reputación.
24. No obstante, no ocurre lo mismo
con la información transmitida por el periodista Germán de Jesús Jiménez
Morales, dado que, de las pruebas que obran en el expediente, se evidencia que
el contenido de dicho artículo obedece a hechos reales y verificables[84], es decir, que la
información del artículo “LA ABOGADA QUE NO REVELÓ LOS PROBLEMAS DEL PASADO
A SU CLIENTE”, cumple con los principios de veracidad e imparcialidad.
Este último mandato se advierte
satisfecho toda vez que el comunicador se limita a narrar lo acontecido en la
entrevista con la accionante, sin contaminarla con apreciaciones personales, y
respecto a la veracidad, se aprecia que no realiza afirmaciones que no puedan
ser verificables en la realidad o en los elementos de prueba conocidos en sede
de revisión y que, en general, obran en el expediente; en tal medida, el
componente fáctico de los enunciados informativos del reportaje es real, la
información no fue presentada de modo tal que induzca al lector a conclusiones
falsas, y tampoco presenta apreciaciones personales del periodista.
En ese orden de ideas, en el presente
asunto, la libertad de información del periodista Germán de Jesús Jiménez
Morales, al haberse ejercido de manera respetuosa de los principios de
veracidad e imparcialidad, no interfiere con el derecho a la honra o al buen
nombre de la accionante, por lo cual conserva su salvaguarda constitucional.
25. Así las cosas, deberán revocarse
las sentencias proferidas en primera y segunda instancia, conceder el amparo de
los derechos a la honra y al buen nombre invocados por la parte accionante, y en
tal sentido, ordenar al Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos que retire
de su dirección web[85]
y su cuenta de Twitter[86]
el boletín publicado el (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016),
contentivo de la información trasgresora de las garantías fundamentales de las
señoras Carmen Olfidia Torres Sánchez y Marilsa Torres Sánchez[87].
Conjuntamente, se ordenará que rectifique
la información señalada en el fundamento jurídico 23 del presente capítulo,
tanto en una declaración que deberá realizar en sesión plenaria del Concejo
Municipal de Medellín, Antioquia, como en su página web oficial, en su cuenta personal
de Twitter y en un medio de comunicación de amplia circulación nacional.
Finalmente, se dispondrá al Concejal
accionado, que en lo sucesivo se abstenga de referirse públicamente a las
señoras Carmen Olfidia y Marilsa Torres Sánchez, utilizando aseveraciones que
afecten sus derechos al buen nombre, a la honra y a la intimidad.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Vigésimo Primero
Penal Municipal de Medellín, Antioquia, el veinticinco (28) de marzo de dos mil
diecisiete (2017) y por el Juzgado Vigésimo Quinto Penal de Circuito de
Medellín, Antioquia, el once (11) de mayo de dos mil diecisiete (2017), por las
razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO.- CONCEDER el amparo de los
derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de las señoras Carmen Olfidia Torres Sánchez y Marilsa
Torres Sánchez.
TERCERO.- ORDENAR al señor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Concejal de Medellín,
Antioquia, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta decisión, retire de su dirección web
www.bernardoguerrahoyos.com, y su cuenta de Twitter @BernardoAGuerra, el boletín
de prensa publicado el treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016),
contentivo de la información trasgresora de las garantías fundamentales de las
señoras Carmen Olfidia Torres Sánchez y Marilsa Torres Sánchez.
CUARTO.- ORDENAR al señor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Concejal de Medellín,
Antioquia, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta decisión, rectifique en una declaración en sesión plenaria
del Concejo Municipal de Medellín, Antioquia, en su página web oficial www.bernardoguerrahoyos.com,
su cuenta de Twitter @BernardoAGuerra y en un medio de comunicación de amplia
circulación nacional, las afirmaciones señaladas en el fundamento jurídico
número 23 del acápite del caso concreto de la presente providencia.
QUINTO.- ORDENAR al señor Bernardo
Alejandro Guerra Hoyos, Concejal de Medellín, Antioquia, que en lo sucesivo, se abstenga de referirse
públicamente a la señoras Carmen Olfidia y Marilsa Torres Sánchez, utilizando
afirmaciones que afecten sus derechos al buen nombre y a la honra.
SEXTO.-
Por Secretaría LIBRAR las comunicaciones previstas en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y
cúmplase.
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Magistrado
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Magistrado
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (e)
[1] Folio
2 del cuaderno de instancia.
[2] Ibídem.
[3] Folio 21 del
cuaderno de instancia.
[4] Folio 22 del
cuaderno de instancia.
[5] Sobre el particular, recoge en su escrito
la sentencia n°. 38.909 de la Corte
Suprema de Justicia, del magistrado Gustavo Malo Fernández, así como la
sentencia de esta Corporación T–135 de 2014. Con fundamento en estos
pronunciamientos, aseveró que los miembros de las corporaciones públicas están
especialmente amparados en virtud del fuero de carácter constitucional que los
protege de la censura, como la que pretende la accionante.
[6] Folio 23 del cuaderno de instancia.
[7] Ibídem.
[8] Adicionado por el art. 6, Acto Legislativo
01 de 2007: 11. En las capitales de los departamentos y los municipios con
población mayor de veinticinco mil habitantes, citar y requerir a los
secretarios del despacho del alcalde para que concurran a las sesiones. Las
citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor de cinco (5) días y
formularse en cuestionario escrito. En caso de que los Secretarios no
concurran, sin excusa aceptada por el Concejo Distrital o Municipal, este podrá
proponer moción de censura. Los Secretarios deberán ser oídos en la sesión para
la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en las sesiones
posteriores por decisión del concejo. El debate no podrá extenderse a asuntos
ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión.
Los concejos de los demás municipios,
podrán citar y requerir a los Secretarios del Despacho del Alcalde para que
concurran a las sesiones. Las citaciones deberán hacerse con una anticipación
no menor de cinco (5) días y formularse en cuestionario escrito. En caso de que
los Secretarios no concurran, sin excusa aceptada por el Concejo Distrital o
Municipal, cualquiera de sus miembros podrá proponer moción de observaciones
que no conlleva al retiro del funcionario correspondiente. Su aprobación
requerirá el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que
integran la corporación.
12. Adicionado por el art. 6, Acto
Legislativo 01 de 2007 Proponer moción de censura respecto de los Secretarios
del Despacho del Alcalde por asuntos relacionados con funciones propias del
cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones del Concejo Distrital
o Municipal. La moción de censura deberá ser propuesta por la mitad más uno de
los miembros que componen el Concejo Distrital o Municipal. La votación se hará
entre el tercero y el décimo día siguientes a la terminación del debate, con
audiencia pública del funcionario respectivo. Su aprobación requerirá el voto
afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que integran la
Corporación. Una vez aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo. Si
fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que
la motiven hechos nuevos. La renuncia del funcionario respecto del cual se haya
promovido moción de censura no obsta para que la misma sea aprobada conforme a
lo previsto en este artículo.
[9] Modificado
por la Ley 1551 de 2012 por la cual se dictan normas para modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios.
[10] Sentencia T-181 de 2014.
[11] Sentencia T-176 A de 2014.
[12] Siguiendo
la sentencia T-219 de 2009, la Corte resaltó que existen determinadas
relaciones sociales, en las que determinados individuos u organizaciones
públicas ostentan posiciones de supremacía o predominio, con posibilidad de
afectación de derechos ajenos. “De ahí que se reconozca el papel de la
tutela en esta relación asimétrica para la protección de las prerrogativas
fundamentales del individuo”. En igual sentido, sentencia T-357 de 2015.
[13] Sentencia
T-219 de 2012.
[14] Sentencia T-743 de 2008.
[15] La
Sala Plena de la Corte Constitucional ha inferido tres reglas para el análisis
de la inmediatez: “En primer término, la inmediatez es un principio orientado a
la protección de la seguridad jurídica y los intereses de terceros, y no una
regla o término de caducidad, posibilidad opuesta a la literalidad del artículo
86 de la Constitución. En segundo lugar, la satisfacción del requisito debe
analizarse bajo el concepto de plazo razonable y en atención a las
circunstancias de cada caso concreto[7]. Finalmente, esa razonabilidad se
relaciona con la finalidad de la acción, que supone a su vez la protección
urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental.” Sentencia SU-189 de 2012,
reiterada en la Sentencia T-246-15.
[16] Sentencia
SU-961 de 1999 y T-243 de 2008; reiteradas, entre otras T-246 de 2015.
[17] En
los periódicos El Espectador y El Colombiano, respectivamente.
[18] Noticia Criminal nº.
050016000206201661609. cuaderno de
instancia, página 45 a 47.
[19] Cfr. las sentencias
T-693 de 2016, T-466 de 2016, T-277 de 2015, T-357 de 2015, T-110 de 2015,
entre otras.
[20] A la par, el constituirse en parte civil dentro
de la causa penal, la llevaría únicamente a obtener un reconocimiento
pecuniario.
[21] Esta providencia ha sido reiterada en los
pronunciamientos T-405 de 2007, T-161 de 2005, T-1191 de 2004, T-1319 de 2001.
[22] En igual sentido que las providencias
citadas en la nota al pie nº. 19.
[23] De conformidad con el artículo 42.7 del
Decreto 2591 de 1991. Cfr. sentencias
T-357 de 2015 y T-914 de 2014, entre otras.
[24] El artículo 35 del Decreto-Ley 2591 de 1991, dispone
que las sentencias de reiteración podrán ser brevemente justificadas, como
quiera que existe un precedente consolidado en la materia. En el particular, la
Corte ha establecido el precedente jurisprudencial, entre otras, en las
sentencias: T-391 de 2007, T-521/92, T-626/07, T-066/98, T-934/14, T-206/95,
T-679/05, T-405/07, T-471/99, T-090/96, SU-1723/00, T-322/96, T-321/93,
T-484/94.
[25] Sentencia
T-1037 de 2000.
[26] En virtud de lo dispuesto en los artículos
93 y 94 de la Carta Política.
[27] “Artículo
19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
[28] Aprobado
por la Ley 74 de 1968. “Artículo 19: 1. Nadie podrá ser molestado a
causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de
expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el
párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por
consiguiente puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin
embargo, estar expresamente fijadas por la Ley y ser necesarias para: a)
Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.”
[29] Aprobada
por la Ley 16 de 1992. “Artículo 13: Libertad de Pensamientos y Expresión.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de
su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no
puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las
que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección
de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3.
No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para
periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en
la difusión de información o por cualquiera otros medios encaminados a impedir
la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos
públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo
objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y
la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará
prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del
odio nacional, racial o religioso que constituya incitaciones a la violencia o
cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo, por
ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
nacional.”
[30] “Artículo
20: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión.  Este  derecho
comprende  la  libertad  de  opinión  y  la libertad  de  recibir  o  de
comunicar  informaciones  o  ideas  sin  que  pueda  haber  injerencia  de
autoridades públicas  y  sin  consideración  de  fronteras.  El  presente
artículo  no  impide  que  los  Estados  sometan  a  las empresas de
radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización
previa. 2. El  ejercicio  de  estas  libertades,  que  entrañan  deberes  y
responsabilidades,  podrá  ser  sometido  a  ciertas formalidades,
condiciones,  restricciones  o  sanciones,  previstas  por  la  ley,  que
constituyan  medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad
nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del
orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la
protección de la reputación o de los derechos de terceros, para impedir la
divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la
imparcialidad del poder judicial.”
Si bien este Convenio no
es aplicable a nuestro país, es una clara referencia para establecer cómo se
encuentra regulado el tema en otros países.
[31] Sentencia
C-442 de 2011.
[32] Ibídem.
[33] Sentencia
C-010 de 2000.
[34] Sentencia
T-391 de 2007.
[35] Sentencias T-260 de 2010, T-040 de 2013 y
T-312 de 2015, entre otras.
[36] Sentencias T-259 de 1994 y T-040 de 2013.
[37] Sentencia T-080 de 1993, reiterada, entre
otras, en la sentencia T-135 de 2014.
[38] Ibídem.
[39] Siguiendo
lo manifestado en la Sentencia T-040 de 2017.
[40] Sentencia
T-391 de 2007.
[41] Sobre este punto en la misma sentencia
T-391 de 2007 la Corte señaló que “[E]n atención a los riesgos que éstos
plantean y su potencial de lesionar derechos de terceros, así como por su poder
social y su importancia para el sistema democrático. La responsabilidad social
de los medios de comunicación tiene distintas manifestaciones.”
[42] Ibídem.
[43] Los cuales también tienen aplicación para
la libertad de opinión, pero de manera atenuada. Sentencia T-110 de 2015.
[44] Sentencia T-787 de 2004.
[45] Artículo  42. La familia es el núcleo
fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos,
por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la
voluntad responsable de conformarla.
El Estado y la sociedad garantizan la
protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio
familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la
familia son inviolables (…).
[46] Sentencia T-411 de 1995.
[47] Sentencia T-022 de 2017. En igual sentido,
la sentencia T-714 de 2010, siguiendo la providencia C-392 de 2002 en los
siguientes términos: “[L]a Corte precisó que ‘no todo concepto o expresión
mortificante para el amor propio puede ser considerada como imputación
deshonrosa’, puesto que para ser visualizadas como tales, las afirmaciones que
se expresen deben tener la virtualidad de ‘generar un daño en el patrimonio
moral del sujeto y su gravedad no depende en ningún caso de la impresión
personal que le pueda causar al ofendido alguna expresión proferida en su
contra en el curso de una polémica pública, como tampoco de la interpretación
que éste tenga de ella, sino del margen razonable de objetividad que lesione el
núcleo esencial del derecho”.
[48] Sentencia T-050 de 2016.
[49] Sentencia
T-277 de 2015, en reiteración de la T-881 de 2002. Seguidamente se señaló;
“[t]oda Constitución está llamada a regir en sociedades donde hay
necesariamente relaciones de poder muy diversas. No es posible que estas
relaciones se desarrollen de manera que el sujeto débil de la relación sea
degradado a la condición de mero objeto.”
[50] Ibídem.
[51] Ver Sentencia T-063 A de 2017, en igual sentido
que la sentencia T-787 de 2004.
[52] Por medio de la cual se declara exequible
por los cargos analizados, la expresión “el fiscal que tuviere motivos
razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en
este código, para inferir que el indiciado o el imputado pudiere conducirlo a
conseguir información útil para la investigación que se adelanta, podrá
disponer que se someta a seguimiento pasivo, por tiempo determinado, por parte
de la Policía Judicial” contemplada en el artículo 54 de la Ley 1453 de
2011 y el inciso 3º del mismo artículo.
[53] Sentencia T-634 de 2013.
[54] Sentencia
T-277 de 2015.
[55] Sentencia
T-312 de 2015.
[56] Siguiendo las principales características
resumidas en sentencia T-260 de 2010.
[57] Se refiere a las conductas punibles
comprendidos en el Título V de los delitos contra la integridad moral. “Artículo
221: El que impute falsamente a otro una conducta típica, incurrirá en
prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de diez (10) a mil (1.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Frente a la injuria se
dispone en el artículo 220  “El que haga a otra persona imputaciones
deshonrosas, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de diez
(10) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y en cuanto
a la injuria y calumnia indirectas el articulo 222 preceptúa: “A las penas
previstas en los artículos anteriores quedará sometido quien publicare,
reprodujere, repitiere injuria o calumnia imputada por otro, o quien haga la
imputación de modo impersonal o con las expresiones se dice, se asegura u otra
semejante.”
[58] Artículo 749 de la Ley 19 de 1890.
[59] Artículo 763 de la Ley 19 de 1890.
[60] Artículo 758 de la Ley 19 de 1890.
[61] Artículo
336 de la Ley 95 de 1936.
[62] Artículo 48 de Ley 29 de 1944: “En los procesos por injuria es inadmisible la prueba de la
exactitud de las imputaciones injuriosas en los casos del artículo 335 del
Código Penal y además cuando la imputación injuriosa se refiera a cualquiera de
los delitos enumerados en el título XII del libro segundo del Código Penal, o
cuando aluda a la vida privada de las personas”.
[63] Artículo
15.
[64] Artículo 317.
[65] Artículo 224 de la Ley 599 del 2000.
[66] Artículo
15.
[67] M.P.
Juan Carlos Henao Pérez.
[68] Fundamento
Jurídico nº. 8 de esta decisión.
[69] Artículo
20.
[70] Salvo que se trate de conductas que se refieran a la vida sexual,
conyugal, marital o de familia, o al sujeto pasivo de un delito contra la libertad
y la formación sexuales (artículo 224 Ley 599 de 2000).
[71] Ibídem.
[72] Los
delitos de injuria y calumnia que protegen el bien jurídico penalmente tutelado
de la integridad moral, constituyen el medio de protección más intenso de los
derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del individuo.
[73] Sentencias T-260 de 2010, T-040 de 2013 y
T-312 de 2015, entre otras.
[74] Titulada “La batalla apenas comienza:
Concejal de Medellín”.
[75] Folio
34.
[76] Tal comunicado puede ser consultado en el
link http://www.bernardoguerrahoyos.com/2016/11/30/724/.
[77] El artículo completo puede ser consultado
a través del siguiente link https7.://www.elespectador.com/noticias/nacional/batalla-apenas-comienza-concejal-de-medellin-articulo-668728.
[78] Véase al respecto las páginas web http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4504341;
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4507954;  http://www.curandote.com/index.php/preguntas-mas-frecuentes/9-la-apiterapia#coltera.
[79] Por el cual se modifican la estructura y
la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de
Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la
Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el
régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades
e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones
administrativas a las que se encuentren sujetos.
[80] Diccionario de la Lengua Española, 23ª
edición. Consultado en la página web http://dle.rae.es/?id=RuYJV1j.
[81] Obsérvese que solo en la red social
twitter la cuenta @BernardoAGuerra, tiene más de 22.600 seguidores.
[82]Sentencia T-312 de 2015.
[83] Dentro de esta categoría se encuentran los
asuntos de contenido electoral y las críticas que van dirigidas hacia el
Estado.
[84] Folio 70 del cuaderno de revisión.
[85] http://www.bernardoguerrahoyos.com/
[86] @BernardoAGuerra.
[87] Al margen, se debe precisar que pese a que en la referida
entrevista conferida al periódico El Espectador, el accionado también realizó
manifestación que, tal como se señaló, vulneró el derecho a la intimidad de la
señora, no es posible ordenar que retire tal información, pues la misma se
encuentra fuera de su órbita de dominio.