C-163-15
Sentencia C-163/15
LEY APROBATORIA Y TRATADO INTERNACIONAL QUE
APRUEBA ACUERDO MARCO DE ALIANZA DEL PACIFICO ENTRE REPUBLICA DE COLOMBIA,
CHILE, ESTADOS UNIDOS DE MEXICO Y PERU-Resulta ajustada a la Constitución Política
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE TRATADOS Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Competencia
de la Corte Constitucional/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY APROBATORIA
DE TRATADO-Características/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY
APROBATORIA DE TRATADO-Alcance
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Cumplimiento de requisitos y trámite legislativo
ACUERDO MARCO DE ALIANZA DEL PACIFICO-Competencia de quien lo suscribió/CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL-Implica la revisión de la
competencia del funcionario que representó los intereses de la Nación, en el
proceso de negociación y suscripción del acuerdo
CONVENIO
169 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO-Prevé una
manifestación del derecho de participación de las comunidades indígenas en el
trámite de adopción de medidas legislativas o administrativas que las puedan
afectar/CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO-Fijó como
obligatoria la consulta de las comunidades indígenas y tribales que pudieran
afectarse con medidas legislativas
CONSULTA PREVIA DE MEDIDAS LEGISLATIVAS O
ADMINISTRATIVAS-Parámetro
de control constitucional en sentencia C-030/08/CONSULTA PREVIA FRENTE A LA
ADOPCION DE MEDIDAS LEGISLATIVAS-No debe realizarse frente a toda medida
sino exclusivamente aquellas que puedan afectarlas directamente/CONSULTA
PREVIA DE COMUNIDADES ETNICAS EN TRATADO INTERNACIONAL-Oportunidad en que
debe efectuarse
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite de ley ordinaria con inicio de
debates en el Senado de la República y remisión por parte del Gobierno a la
Corte Constitucional
Tal y como lo ha señalado esta Corporación, las leyes
aprobatorias de tratados internacionales, en atención a los artículos 157, 158
y 160 de la Constitución tienen el mismo trámite de cualquier ley ordinaria,
salvo por dos aspectos específicos: a) el artículo 154 de la carta exige, por
tratarse de un asunto referido a las relaciones internacionales, que su trámite
se inicie en el Senado de la República, y b) el Gobierno, en atención al
artículo 241 numeral 10 de la Carta, debe remitir a la Corte Constitucional el
tratado y la ley que lo aprueba, dentro de los seis días siguientes a la
sanción presidencial, para que ésta efectúe su revisión constitucional.
ACUERDO MARCO DE ALIANZA DEL PACIFICO COMO
AREA DE INTEGRACION PROFUNDA-Alcance
REGIMEN CONSTITUCIONAL DE LAS RELACIONES
INTERNACIONALES-Contenido/VOCACION
INTEGRACIONISTA EN LA CONSTITUCION POLITICA-Contenido
La Constitución de 1991, amén del Preámbulo, establece
tres disposiciones destinadas a orientar el ejercicio de las relaciones
internacionales del Estado colombiano. El artículo 9º que prevé que aquéllas se
fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de
los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional
aceptados por Colombia. De igual manera, ordena que la política exterior de
Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe. El
artículo 226 de la Carta Política, que promueve la internacionalización de las
relaciones económicas y sociales, sobre la base de parámetros de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional; y el artículo 227 Superior, que ordena la
integración con otros países y organizaciones internacionales y la celebración
de tratados en condiciones de igualdad, equidad y reciprocidad.
ACUERDO MARCO DE ALIANZA DEL PACIFICO ENTRE
REPUBLICA DE COLOMBIA, CHILE, ESTADOS UNIDOS DE MEXICO Y PERU-Democracia y Estado de Derecho como
prerrequisitos para participación/ACUERDO MARCO DE ALIANZA DEL PACIFICO
ENTRE REPUBLICA DE COLOMBIA, CHILE, ESTADOS UNIDOS DE MEXICO Y PERU-Cláusula
de condicionalidad democrática en el derecho internacional y de integración/CLAUSULA
DE CONDICIONALIDAD DEMOCRATICA-Concepto/CLAUSULA DE CONDICIONALIDAD
DEMOCRATICA-Antecedentes en tratados de integración regional/CLAUSULA DE
CONDICIONALIDAD DEMOCRATICA-Validez
ACUERDO MARCO DE ALIANZA DEL PACIFICO ENTRE
REPUBLICA DE COLOMBIA, CHILE, ESTADOS UNIDOS DE MEXICO Y PERU-Estructura orgánica y funcional
ACUERDO MARCO DE ALIANZA DEL PACIFICO ENTRE
REPUBLICA DE COLOMBIA, CHILE, ESTADOS UNIDOS DE MEXICO Y PERU-Naturaleza de las decisiones y acuerdos, y
su relación con terceros Estados y organizaciones internacionales
ORGANIZACION INTERNACIONAL-Sujeto de derecho internacional/ORGANIZACION
INTERNACIONAL-Atribución de competencias normativas
En teoría de las organizaciones internacionales se
admite, de vieja data, que los Estados pueden crear mediante la suscripción de
acuerdos multilaterales, esta clase de sujetos de derecho internacional y
atribuirles, a su vez, competencias normativas, necesarias para poder cumplir
con los objetivos para las cuales fueron creadas. Aquéllas, al mismo tiempo,
son de dos clases: (i) las destinadas a gestionar el funcionamiento interno de
la organización (vgr. sobre temas de personal, presupuesto, etc.); y (ii) las
encaminadas a regular las actividades “externas” de la organización. En este
último caso, se trata de actos jurídicos cuyos destinatarios son los Estados
Partes, e incluso, en ciertos supuestos fácticos, los ciudadanos de éstos.
DERECHO INTERNACIONAL-Medios para establecer si organización
internacional posee o no personalidad jurídica
En el Derecho Internacional se han previstos dos
medios para establecer si una organización internacional posee o no
personalidad jurídica: (i) a través de su instrumento constitutivo que
explícitamente indique el reconocimiento de dicha personalidad, caso que en el
caso de la Alianza del Pacífico no se presenta pues en ninguna de las
disposiciones del Acuerdo Marco se otorga tal prerrogativa; (ii) el segundo
modo de determinar la existencia de una personalidad jurídica en cabeza de una
organización, es de forma implícita a través de un test funcional, en el que se
logre determinar si las funciones que la Organización desempeña ameritan que
tenga una personalidad independiente a las de los Estados que la conforman,
toda vez que con ello tendrían la capacidad de adquirir derechos y obligaciones
necesarios para adelantar sus funciones y alcanzar sus fines.
ORGANIZACION INTERNACIONAL-Modalidades de participación según Tratados
internacionales/ORGANIZACION INTERNACIONAL-Diferencia entre miembros,
asociados y observadores
ORGANIZACION INTERNACIONAL-Diferencia entre Estados originarios y
adherentes
ACUERDO MARCO DE ALIANZA DEL
PACIFICO ENTRE REPUBLICA DE COLOMBIA, CHILE, ESTADOS UNIDOS DE MEXICO Y PERU-Conformidad con los principios de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional
Referencia: Expediente No.
LAT-434
Revisión de
constitucionalidad del “ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO” firmado en
la ciudad de Paranal, Antofagasta, Chile, el seis (06) de junio de dos mil doce
(2012) y la ley 1721 de 2014 que lo aprueba.
Magistrada (e) Ponente:
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C.,  quince (15) de abril de
dos mil quince (2015).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión automática del “ACUERDO
MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO” firmado en la ciudad de Paranal, Antofagasta,
Chile, el seis (06) de junio de dos mil doce (2012) y de la Ley 1721 de
2014 que lo aprueba.
I. ANTECEDENTES
Mediante oficio recibido el día 2 de
julio de 2014, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República,
remitió a esta Corporación copia auténtica del “ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA
DEL PACÍFICO” firmado en la ciudad de Paranal, Antofagasta, Chile, el seis (06)
de junio de dos mil doce (2012) y la Ley 1721 de 2014 que lo aprueba, para
que de conformidad con lo previsto en el artículo 241, numeral 10 de la
Constitución, la Corte decida sobre la constitucionalidad del tratado
internacional y de su ley aprobatoria.
Mediante auto de 12 de agosto de 2014, la
Magistrada (e) Sustanciadora avocó el conocimiento del proceso de la
referencia. Adicionalmente, en dicha providencia, también solicitó a las
Secretarías Generales del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes, la remisión de los antecedentes legislativos de la Ley en
revisión y la certificación del quórum y del desarrollo exacto y detallado de
las votaciones. En el mismo auto, se ordenó la fijación en lista para efectos
de permitir la intervención ciudadana y se dispuso la comunicación de la presente
demanda al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, a la
Ministra de Relaciones Exteriores y a la Ministra de Comercio, Industria y
Turismo, a la Asociación de Agricultores Colombianos (SAC), a la Asociación de
Empresarios Colombianos (ANDI), a PROEXPORT, a la Bolsa de Valores de Colombia,
y a las Facultades de Derecho de las Universidades de los Andes, Externado de
Colombia, Javeriana, Libre, Nacional de Colombia, Santo Tomás, del Rosario,
Santiago de Cali, San Buenaventura (Cali), Tecnológica del Chocó Diego Luis
Córdoba, de Nariño,  y del Cauca para que, si lo consideraban oportuno,
intervinieran en el presente proceso con el propósito de impugnar o defender
las disposiciones sometidas a control. Por último, se dio traslado al señor Procurador
General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia, en los
términos previstos en el artículo 7° del Decreto 2067 de 1991.
Cumplidos los trámites propios de esta clase de
procesos y previo el concepto del Procurador General de la Nación, procede la
Corte a decidir acerca del asunto de la referencia.
Aclara la Sala, que el Acuerdo Marco para la Alianza
del Pacífico y la ley que lo había aprobado fueron remitidos a la Corte
Constitucional en una ocasión anterior, para que se realizara el análisis de
constitucionalidad pertinente. Por medio de sentencia C-258 de 2014, y tras
encontrar un vicio procedimental insubsanable, la Corte declaró inexequible la
Ley 1628 de 2013, por medio de la cual se aprobó inicialmente el “El Acuerdo
Marco de la Alianza del Pacífico”, firmado  entre las Repúblicas de
Colombia, Chile y Perú y los Estados Unidos  Mexicanos, en la ciudad de
Antofagasta, Chile, el 6 de junio de 2012, y se declaró inhibida para analizar
la constitucionalidad del Acuerdo referido.
En aquella ocasión, el
tribunal constitucional constató que se había omitido la publicación integral
del mencionado tratado internacional en el órgano de divulgación oficial,  lo
cual significaba que “a la luz de la jurisprudencia actual ese vicio resulta
insubsanable pues requiere la repetición integral del trámite”[1]. En efecto,  tanto en el diario oficial No. 48.498
de 22 de mayo de 2013, así como en la Gaceta del Congreso No. 331 de 28 de mayo
de 2013, en los cuales aparece publicado el texto de la Ley 1628 de 2013,
faltaban los numerales 2 y 3 del artículo 16 “Vigencia y denuncias” y el artículo 17 “Artículo final”, que
figuraban en la última página del Tratado. A juicio de la Corte,  “lo
cierto es que no es lo mismo discutir una exposición de motivos, o escuchar a
los órganos del Gobierno y la sociedad civil interesados en el proyecto, que
basar la discusión en textos normativos concretos. Todo operador jurídico sabe
que los términos efectivamente escogidos por el autor de las disposiciones
normativas, el orden de las palabras, los fenómenos ambigüedad y vaguedad del
lenguaje natural, o construcción del texto (la sintaxis) afectan directamente
su sentido y que ello solo puede evidenciarse tras la lectura efectiva de ese
documento. En caso de disposiciones normativas, su sentido o significado
determina precisamente el contenido normativo que efectivamente será aprobado
(o no) por el Congreso de la República. Por ese motivo, la publicación de un
texto no puede suplirse con la supuesta discusión de su contenido material, tal
como se encuentra en otros documentos o exposiciones orales”.
Pero, además de ello, la Corte observó que el sentido de las
normas depende no solo de su texto sino también de su  contexto y
de las relaciones de complementariedad o contradicción entre unas y otras. Indicó
que importancia del criterio sistemático de interpretación de las normas
jurídicas, derivado a su vez de la concepción de los órdenes jurídicos como
auténticos sistemas normativos, impide suponer que era conveniente iniciar una
discusión aislada de los incisos segundo y tercero del artículo 16 y el
artículo 17 del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, para su aprobación
por el Congreso de la República. De otra parte, no se había tomado en
consideración el carácter de los tratados internacionales, como textos
integrales, en los que se halla plasmada la voluntad de distintas naciones y,
en el caso concreto, de cuatro países independientes, circunstancia que exigía
una especial rigurosidad en la publicación de su texto.
Luego de surtido nuevamente el trámite legislativo de
aprobación del Acuerdo, el cual culminó con la expedición de la Ley 1721 de
2014, se remiten ambos instrumentos  a la Corte Constitucional para que realice
el correspondiente análisis.
II. LEY APROBATORIA Y TRATADO
INTERNACIONAL SOMETIDOS AL EXAMEN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A continuación se transcribe el texto de
la ley enviada para revisión, de conformidad con su publicación en el Diario
Oficial núm. 49195 de 27 de junio de 2014.
LEY 1721 DE 2014
(junio 27)
Diario Oficial No. 49.195 de 27 de junio de 2014
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Marco
de la Alianza del Pacífico”, suscrito en Paranal, Antofagasta, República de
Chile, el 6 de junio de 2012.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el texto del “Acuerdo Marco de la Alianza del
Pacífico”, entre la República de Colombia, la República de Chile, los
Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, firmado en la ciudad de
Paranal, Antofagasta, Chile, el 6 de junio de 2012.
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y
completa del texto en español del Acuerdo, certificado por la Coordinadora del
Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que reposa
en los archivos de ese Ministerio y consta de cinco (5) folios).
PROYECTO DE LEY NÚMERO
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Marco de
la Alianza del Pacífico” suscrito en
Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de 2012.
El Congreso de la República
Visto el texto del “Acuerdo Marco de la Alianza del
Pacífico”, suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de
junio de 2012.
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y
completa del texto en español del Acuerdo, certificado por la Coordinadora del
Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que reposa
en los archivos de ese Ministerio y consta de cinco (5) folios).
El presente proyecto de ley consta de veintiún (21)
folios.
ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
PREÁMBULO
La República de Colombia, la República de Chile, los
Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, en adelante denominadas “las
Partes”;
INSPIRADAS en
la Declaración Presidencial de Lima del 28 de abril de 2011, por la cual se
estableció la Alianza del Pacífico para la conformación de un área de
integración profunda, que busca avanzar progresivamente hacia la libre
circulación de bienes, servicios, capitales y personas;
TOMANDO EN CUENTA la Declaración Presidencial de Mérida del 4 de diciembre de 2011, en
particular, el compromiso de suscribir un tratado constitutivo de la Alianza
del Pacífico;
CONVENCIDAS que
la integración económica regional constituye uno de los instrumentos esenciales
para que los Estados de América Latina avancen en su desarrollo económico y
social sostenible, promoviendo una mejor calidad de vida para sus pueblos y contribuyendo
a resolver los problemas que aún afectan a la región, como son la pobreza, la
exclusión y la desigualdad social persistentes;
DECIDIDAS a
fortalecer los diferentes esquemas de integración en América Latina, como
espacios de concertación y convergencia, orientados a fomentar el regionalismo
abierto, que inserte a las Partes eficientemente en el mundo globalizado y las
vincule a otras iniciativas de regionalización;
CONSCIENTES de
que este proceso de integración tendrá como base los acuerdos económicos,
comerciales y de integración vigentes entre las Partes a nivel bilateral,
regional y multilateral, y que deberá contribuir a profundizar sus relaciones
económicas y comerciales;
REAFIRMANDO los
derechos y obligaciones derivados del Acuerdo de Marrakech por el que se
establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), del Tratado de Montevideo
1980, así como de los acuerdos de libre comercio y de integración entre las
Partes, los mismos que ofrecen una excelente plataforma que facilita y propicia
la integración de nuestras economías;
CONSIDERANDO la
condición de Países Miembros de la Comunidad Andina de la República de Colombia
y de la República del Perú, y los compromisos que de él se derivan para estos
Estados;
COMPROMETIDAS a
ofrecer a los agentes económicos un marco jurídico previsible para el
desarrollo del comercio de bienes y servicios, y de la inversión, a fin de
propiciar su participación activa en las relaciones económicas y comerciales
entre las Partes;
DECIDIDAS a
establecer reglas claras y de beneficio mutuo entre las Partes, que propicien
las condiciones necesarias para un mayor crecimiento y la diversificación de
las corrientes del comercio, el desarrollo y la competitividad en sus
economías;
CONVENCIDAS de
la importancia de facilitar el libre movimiento de personas entre las Partes,
como un mecanismo que coadyuve a crear mejores condiciones de competitividad y
desarrollo económico;
CONSCIENTES de
la necesidad de impulsar la cooperación internacional para el desarrollo
económico de las Partes y para la mejora de su capacidad competitiva;
CONSIDERANDO los
avances de las Partes en materia de desarrollo y crecimiento económico
inclusivo y el fortalecimiento de los valores y principios democráticos
comunes;
REAFIRMANDO como
requisitos esenciales para la participación en la Alianza del Pacífico la
vigencia del Estado de Derecho y de los respectivos órdenes constitucionales,
la separación de los Poderes del Estado, y la promoción, protección, respeto y
garantía de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales;
CONFIRMANDO la
voluntad de constituir la Alianza del Pacífico como un espacio de concertación
y convergencia, así como un mecanismo de diálogo político y de proyección hacia
la región de Asia Pacífico; y
RESUELTAS a
reafirmar los lazos especiales de amistad, solidaridad y cooperación entre sus
pueblos.
ACUERDAN lo
siguiente:
ARTÍCULO 1. CONSTITUCIÓN DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO.
Las Partes constituyen la Alianza del Pacífico como un
área de integración regional.
ARTÍCULO 2. DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO.
Las Partes establecen como requisitos esenciales para
la participación en la Alianza del Pacífico los siguientes:
a) La vigencia del Estado de Derecho, de la Democracia
y de los respectivos órdenes constitucionales;
b) La separación de los Poderes del Estado; y
c) La protección, la promoción, respeto y garantía de
los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.
ARTÍCULO 3. OBJETIVOS.
1. La Alianza del Pacífico tiene como objetivos los
siguientes:
a) Construir, de manera participativa y consensuada,
un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre
circulación de bienes, servicios, capitales y personas;
b) Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y
competitividad de las economías de las Partes, con miras a lograr un mayor
bienestar, la superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social
de sus habitantes; y
c) Convertirse en una plataforma de articulación
política, de integración económica y comercial, y de proyección al mundo, con
especial énfasis al Asia Pacífico.
2. Para alcanzar los objetivos señalados en este
artículo desarrollarán, entre otras, las siguientes acciones:
a) Liberalizar el intercambio comercial de bienes y
servicios, con miras a consolidar una zona de libre comercio entre las Partes;
b) Avanzar hacia la libre circulación de capitales y
la promoción de las inversiones entre las Partes;
c) Desarrollar acciones de facilitación del comercio y
asuntos aduaneros;
d) Promover la cooperación entre las autoridades
migratorias y consulares y facilitar el movimiento de personas y el tránsito
migratorio en el territorio de las Partes;
e) Coordinar la prevención y contención de la
delincuencia organizada transnacional para fortalecer las instancias de
seguridad pública y de procuración de justicia de las Partes; y
f) Contribuir a la integración de las Partes mediante
el desarrollo de mecanismos de cooperación e impulsar la Plataforma de
Cooperación del Pacífico suscrita en diciembre de 2011, en las áreas ahí definidas.
ARTÍCULO 4. EL CONSEJO DE MINISTROS.
1. Las Partes establecen el Consejo de Ministros,
integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores y los Ministros
responsables de Comercio Exterior, o por quienes estos designen.
2. El Consejo de Ministros tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Adoptar decisiones que desarrollen los objetivos y
acciones específicas previstas en el presente Acuerdo Marco, así como en las
declaraciones presidenciales de la Alianza del Pacífico;
b) Velar por el cumplimiento y la correcta aplicación
de sus decisiones adoptadas de conformidad con el literal a) de este numeral;
c) Evaluar periódicamente los resultados logrados en
la aplicación de sus decisiones adoptadas de conformidad con el literal a) de
este numeral;
d) Modificar sus decisiones adoptadas de conformidad
con el literal a) de este numeral, teniendo en cuenta los objetivos de la
Alianza del Pacífico;
e) Aprobar los programas de actividades de la Alianza
del Pacífico, con fechas, sedes y agenda de las reuniones;
f) Definir los lineamientos políticos de la Alianza
del Pacífico en su relación con terceros Estados o esquemas de integración;
g) Convocar al Grupo de Alto Nivel (GAN), establecido
en la Declaración Presidencial de Lima, cuando lo considere adecuado;
h) Establecer los grupos de trabajo que considere
adecuados para la consecución de los objetivos y la realización de las acciones
de la Alianza del Pacífico; y
i) Adoptar otras acciones y medidas que aseguren la
consecución de los objetivos de la Alianza del Pacífico.
3. El Consejo de Ministros establecerá sus reglas y
procedimientos y adoptará sus decisiones de conformidad con el Artículo 5 (Aprobación de decisiones y otros acuerdos de la
Alianza del Pacífico), del presente Acuerdo Marco.
4. Las reuniones ordinarias del Consejo de Ministros
tendrán lugar una vez al año, pudiendo convocarse a reuniones extraordinarias a
petición de alguna de las Partes.
5. El Consejo de Ministros sesionará con la presencia
de todas las Partes.
ARTÍCULO 5. APROBACIÓN DE DECISIONES Y OTROS ACUERDOS
DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO.
Las decisiones del Consejo de Ministros y otros
acuerdos en el ámbito de la Alianza del Pacífico se adoptarán por consenso y
podrán contemplar diferentes tratamientos y/o modalidades para la consecución
de los objetivos de la Alianza del Pacífico.
ARTÍCULO 6. NATURALEZA DE LAS DECISIONES Y OTROS
ACUERDOS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO.
Las decisiones del Consejo de Ministros y otros
acuerdos adoptados en el ámbito de la Alianza del Pacífico, en desarrollo del
presente Acuerdo Marco, serán parte integrante del ordenamiento jurídico de la
Alianza del Pacífico.
ARTÍCULO 7. LA PRESIDENCIA PRO TÉMPORE.
1. La Presidencia Pro Témpore de la Alianza del
Pacífico será ejercida sucesivamente por cada una de las Partes, en orden
alfabético, por períodos anuales iniciados en enero.
2. Son atribuciones de la Presidencia Pro Témpore:
a) Organizar y ser sede de la reunión de Presidentes;
b) Coordinar las reuniones del Consejo de Ministros y
del GAN de la Alianza del Pacífico;
c) Mantener el registro de las actas de las reuniones
y de los demás documentos;
d) Presentar a consideración del Consejo de Ministros
los programas de actividades de la Alianza del Pacífico, con fechas, sedes y
agenda de las reuniones;
e) Representar a la Alianza del Pacífico en los
asuntos y actos de interés común, por encargo de las Partes; y
f) Ejercer las demás atribuciones que expresamente le
confiera el Consejo de Ministros.
ARTÍCULO 8. RELACIÓN CON OTROS ACUERDOS.
Las decisiones del Consejo de Ministros y otros
acuerdos adoptados en el ámbito de la Alianza del Pacífico no reemplazarán, ni
modificarán los acuerdos económicos, comerciales y de integración bilaterales,
regionales o multilaterales vigentes entre las Partes.
ARTÍCULO 9. RELACIONES CON TERCEROS.
1. La Alianza del Pacífico promoverá iniciativas y
lineamientos de acción sobre temas de interés regional o internacional y
buscará consolidar mecanismos de vinculación con Estados y organizaciones
internacionales.
2. Previa decisión del Consejo de Ministros, las
organizaciones internacionales podrán apoyar y contribuir en la consecución de
los objetivos de la Alianza del Pacífico.
ARTÍCULO 10. ESTADOS OBSERVADORES.
1. Los Estados que soliciten su participación como
Estados Observadores de la Alianza del Pacífico, podrán ser admitidos con la
aprobación por unanimidad del Consejo de Ministros.
2. Al momento de otorgar la condición de Observador a
favor de un Estado solicitante, el Consejo de Ministros definirá las
condiciones de su participación.
ARTÍCULO 11. ADHESIÓN DE NUEVOS ESTADOS PARTE.
1. El presente Acuerdo Marco quedará abierto a la
adhesión de los Estados que así lo soliciten y tengan vigente un acuerdo de
libre comercio con cada una de las Partes. La aceptación de la adhesión estará
sujeta a la aprobación por unanimidad del Consejo de Ministros.
2. El Acuerdo Marco entrará en vigor para el Estado
adherente sesenta (60) días, contados a partir de la fecha del depósito del
instrumento de adhesión.
ARTÍCULO 12. SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS.
1. Las Partes realizarán todos los esfuerzos, mediante
consultas u otros medios, para alcanzar una solución satisfactoria, ante
cualquier diferencia sobre la interpretación o aplicación de las disposiciones
de este Acuerdo Marco.
2. A más tardar seis (6) meses, contados a partir de
la fecha de suscripción de este Acuerdo Marco, las Partes iniciarán
negociaciones de un régimen de solución de diferencias aplicable a las
decisiones del Consejo de Ministros y otros acuerdos adoptados en el ámbito de
la Alianza del Pacífico.
ARTÍCULO 13. ENTRADA EN VIGOR.
El presente Acuerdo Marco entrará en vigor sesenta
(60) días después de la fecha de depósito del último instrumento de
ratificación de las Partes.
ARTÍCULO 14. DEPOSITARIO.
El Gobierno de Colombia actuará como Depositario del
presente Acuerdo Marco.
ARTÍCULO 15. ENMIENDAS.
1. Cualquier Parte podrá proponer enmiendas al
presente Acuerdo Marco. Las propuestas de enmienda serán comunicadas a la
Presidencia Pro Témpore que las notificará a las demás Partes para su
consideración en el Consejo de Ministros.
2. Las enmiendas aprobadas por el Consejo de Ministros
entrarán en vigor siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 13 (Entrada en Vigor) y constituirán parte integrante
del presente Acuerdo Marco.
ARTÍCULO 16. VIGENCIA Y DENUNCIA.
1. El presente Acuerdo Marco tendrá una vigencia
indefinida.
2. El presente Acuerdo podrá ser denunciado por
cualquiera de las Partes mediante notificación escrita al Depositario, que
comunicará dicha denuncia a las demás Partes.
3. La denuncia surtirá efectos una vez transcurrido el
plazo de seis (6) meses desde la fecha en que la notificación haya sido
recibida por el Depositario.
ARTÍCULO 17. ARTÍCULO FINAL.
Al momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo
Marco, la República de Panamá y la República de Costa Rica forman parte de la
Alianza del Pacífico en calidad de Estados Observadores.
Suscrito en
Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de 2012, en un ejemplar
original en el idioma castellano que queda bajo custodia del Depositario, el
cual proporcionará copias debidamente autenticadas del presente Acuerdo Marco a
todas la Partes.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o.
Apruébese el “Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, suscrito en
Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de 2012.
ARTÍCULO 2o.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo
Marco de la Alianza del Pacífico”, suscrito en Paranal, Antofagasta,
República de Chile, el 6 de junio de 2012, que por el artículo 1o de esta ley
se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
ARTÍCULO 3o.
La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,
JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
GREGORIO ELJACH PACHECO.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
HERNÁN PENAGOS GIRALDO.
El Secretario General de la honorable Cámara de
Representantes,
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO.
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional,
conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de junio de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Viceministra de Relaciones Exteriores del
Ministerio de Relaciones Exteriores, encargada de las funciones del Despacho de
la Ministra de Relaciones Exteriores,
PATTI LONDOÑO JARAMILLO.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
SANTIAGO ROJAS ARROYO.
III. INTERVENCIONES.
a.     Entidades Públicas
1.   Congreso de la República de Colombia
El Congreso de la República de Colombia
mediante escrito de intervención suministra e informa a la Corte Constitucional
el trámite cursado por el Proyecto de Ley No. 200 de 2014 Senado y 202 de 2014
Cámara, hoy Ley 1721 de 2014 “por medio de la cual aprueba el “Acuerdo Marco
de la Alianza del Pacífico” suscripto en Paranal, Antofagasta, República de Chile,
el 06 de junio de 2012”.
El proyecto de ley fue discutido y
aprobado en sesión plenaria de la Corporación con el quórum respectivo, además
con el anuncio previo de la  votación de acuerdo con el artículo 160 de la
Constitución. A su vez, se dio traslado a la Secretaria General del Senado de
la República para que remitiera la información de la competencia, de igual
forma se hizo el traslado a la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la
Corporación.
De otra parte, se dio cumplimiento al
mandato de publicación del proyecto de ley en la Gaceta del Congreso a lo largo
de las diferentes etapas del procedimiento legislativo, en los números 226, 334
y 335 del año 2014. Finalmente, en el trámite del proyecto de ley “no
surgieron discrepancias en las Cámaras respecto del mismo, por lo tanto no dio
lugar a etapa de Conciliación”.
2.     Ministerio de Relaciones
Exteriores.
El Ministerio de Relaciones Exteriores
mediante escrito de intervención solicita a la Corte Constitucional se declare
exequible el “Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico firmado en Paranal,
Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de 2012”, a la par con la
Ley 1721 del 27 de junio de 2014, ya que cumplió con los requisitos formales
contemplados en la Constitución Política para su suscripción y aprobación
legislativa, y además el contenido del mismo hace inferencia a los principios y
reglas que gobiernan al Estado colombiano y su política exterior.
La Cancillería sustenta su concepto de
acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 el cual establece una
política integral para Colombia, uno de cuyos objetivos consiste en desarrollar
estrategias de inserción activa en la región Asia-Pacífico. Es así que uno de
los lineamientos de la política internacional es “afianzar las relaciones
geoestratégicas que ayuden a impulsar la integración y el desarrollo” con
América Latina y el Caribe, con la finalidad de ampliar los vínculos sociales,
políticos, económicos y culturales, y a su vez, la cooperación recíproca de los
países vecinos “en el marco de un dialogo franco y de respeto, privilegiando
la vía diplomática, los principios del derecho internacional y preservando la
seguridad nacional”.
Otro de los lineamientos refiere a la
Política Internacional en los “temas prioritarios en los escenarios
multilaterales, regionales y subregionales”, el cual busca ampliar las
iniciativas en materia del medio ambiente, el comercio, la ciencia y tecnología
a nivel regional y así superar la pobreza.
Por ende, los lineamientos de Política
Exterior anteriormente referenciados se encuentran enmarcados en la Alianza
para el Pacífico así:
-
“Profundizar la
integración con América Latina y el Caribe para generar más oportunidades de
comercio, inversión e intercambio tecnológico;
-
Dinamizar las
relaciones de Colombia con los países del Asia Pacífico mediante la presencia
diplomática fortalecida, apertura de nuevos mercados y la atracción de
inversión”.
De otra parte, el objeto del Acuerdo Marco
es afianzar “la institucionalidad de la Alianza del Pacífico” organizada
con un Consejo de Ministros y una Presidencia pro tempore, para así
coordinar las distintas “acciones, reuniones y representación en los asuntos
y actos de interés de la Alianza”.
Finalmente, el Ministerio de Relaciones
Exteriores resalta que las “decisiones y acuerdos que se adopten en el marco
de la Alianza del Pacífico no reemplazarán, ni modificarán los acuerdos
económicos, comerciales y de integración bilaterales, regionales o
multilaterales vigentes entre las Partes”.
Estas son las razones que llevan al
Ministerio de Relaciones Exteriores a solicitar la exequibilidad del tratado
que se estudia, así como de la ley que lo incorpora.
3.   Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo
El Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo mediante escrito de intervención solicita a la Corte Constitucional la
declaratoria de exequibilidad del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico y de
la Ley 1721 de 2014 aprobatoria del mismo.
Para el interviniente, el Acuerdo Marco
es el resultado del emprendimiento del Estado colombiano por el cumplimiento de
los principios constitucionales sobre la integración en América Latina, de
acuerdo a los lineamientos de la Política Exterior, el Plan Estratégico del
Sector de Relaciones Exteriores 2010 – 2014 y el Plan Nacional de Desarrollo
2010 2014.
Por ende, es evidente la importancia que
para Colombia tiene el hacer parte del Acuerdo Marco de la Alianza del
Pacífico, ya que “es una de las estrategias de integración más innovadoras
de la región, por ser un proceso abierto y flexible, con metas claras,
pragmáticas y coherentes con el modelo de desarrollo y la política exterior
colombiana”.
A su vez, el tratado internacional en mención
tiene como base los principios comerciales, económicos y de integración
vigentes entre los Estados partes a nivel regional, bilateral y multilateral.
Para así garantizar la continuidad y permanencia en los procesos de integración
existentes de los diferentes acuerdos de carácter comercial, tanto nacional
como internacional. Además la Alianza asegura el incremento de “volúmenes de
inversión, intercambio comercial y crecimiento económico sostenido y vigoroso”.
De otro lado, el examen formal de constitucionalidad
del Acuerdo Marco está acorde a lo que precisa la Corte Constitucional en la
Sentencia C-750 de 2008:
“[El] control de constitucionalidad
formal, persigue verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios en el
proceso de negociación y celebración del tratado, así como los que corresponden
al trámite legislativo y la sanción presidencial del proyecto de ley.
(…)
[E]l examen formal comprende
principalmente: (i) la remisión oportuna del instrumento internacional y la ley
aprobatoria (art. 241-10 C.P.); (ii) la validez de la representación del Estado
colombiano en los procesos de negociación y celebración del Acuerdo como la
competencia del funcionario que lo suscribió; (iii) la iniciación del trámite
en la cámara correspondiente (art. 154 C.P.); (iv) las publicaciones efectuadas
por el Congreso (art. 157 C.P.); (v) la aprobación en primer y segundo debate
respectivamente (art. 157 C.P.); (vi) el cumplimiento de los términos que debe
mediar para los debates en una y otra cámara (art. 160 C.P.); (vii) el quórum
deliberatorio y decisorio al igual que las mayorías con las que fue aprobado el
proyecto; (viii) el anuncio previo a la votación (art. 160 C.P.); y, (ix) la
sanción del Gobierno (art. 157 C.P.)”.
De otra parte, el Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico está acorde a objetivos de internacionalización e
integración regional trazados en la Constitución Política.
El interviniente resalta lo expresado por
la Corte Constitucional en su jurisprudencia C-750 de 2008 respecto que el “control
de constitucionalidad material no implica un examen absoluto y previo de todos
y cada uno de los términos puntuales empleados en las disposiciones de los
tratados internacionales”.
Finalmente, para el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo la entrada en vigor del tratado internacional en
mención es de gran importancia para la estrategia “de internacionalización
de las relaciones comerciales y políticas del Estado colombiano” como lo
establece el artículo 2 de la Constitución Política de 1991 y además “el
fortalecimiento de los canales productivos y comerciales del país mediante
instrumento de integración regional”.
b. Entidades privadas y ciudadanos
1.   Sociedad de Agricultores de
Colombia (SAC)
La Sociedad de Agricultores de Colombia
(SAC), mediante escrito de intervención solicita a la Corte Constitucional un
pronunciamiento de “fondo en el sentido de asegurar y proteger un bien
jurídico especial consagrado en los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución
Política, como es la protección y tratamiento especial del sector
agropecuario”.
El interviniente afirma que la Corte
Constitucional en sentencia C-644 de 2012 reconoció la protección especial de
la actividad agrícola, como bien reconocido por la Constitución:
“(…) La jurisprudencia constitucional, ha
ido reconociendo a través de los casos objetivos y concretos, las
características específicas que posee el campo como bien jurídico de especial
protección constitucional, tanto desde los imperativos del Estado social de
derecho, como desde la óptica del progreso a través de la competitividad y el
correcto ejercicio de las libertades económicas”.
De otra parte, el interviniente expresa
respecto del artículo 12 del Acuerdo Marco de Alianza para el Pacífico que
sería la primera vez que Colombia firma un tratado tan laxo en materia de
disciplinas y reglas de juego, ya que “se presentan diferencias entre los
países y, igualmente grave, en el relacionamiento de las naciones y sus
ciudadanos”. Ya que se impone “un plazo a los países para iniciar
negociaciones de un régimen de competencia”, pero es de resaltar que no
establece plazo alguno para culminarlas, lo cual crea incertidumbre jurídica a
los países intervinientes para la solución de conflictos en caso de que
presenten.
Por último, la Sociedad de Agricultores
de Colombia –SAC- resalta la grave equivocación de suscribir un Acuerdo Marco
que imponga al país una vigencia indefinida tal y como lo establece el artículo
16 del tratado, y además se elimine la capacidad de denunciar el acuerdo para
los países intervinientes, cuando lo estimen apropiado o lesivo para las partes
y que genere inequidad.
2. Asociación Nacional de Empresario de
Colombia (ANDI)
La Asociación Nacional de Empresario de
Colombia (ANDI), por medio de escrito de intervención, considera que el Acuerdo
Marco de la Alianza para el Pacífico debe ser declarado exequible.
Sustenta su concepto, en que no observa
ningún vicio en cuanto a la suscripción del Acuerdo Marco, así como tampoco “respecto
del trámite del proyecto de ley en el Congreso de la República”. Además, el
interviniente sostiene que “no encuentra en el contenido del Acuerdo
contravenga la Constitución Política”, sino por el contrario está “acorde
con lo dispuesto por los artículos 9 y 227” de la Carta, ya que “propende
por la integración económica y social con varios países de la región”.
3. Intervención ciudadana de Andrés
Espinosa Fenwarth
Andrés Espinosa Fenwarth, mediante escrito de intervención
ciudadana, solicita a la Corte Constitucional se realice el examen automático,
integral y preventivo de la Ley 1721 del 27 de junio de 2014, por medio de la
cual se aprobó el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, firmado en
Antofagasta, Chile, el 6 de junio de 2012, y que, teniendo presente lo anterior,
se declare la inconstitucionalidad definitiva de los instrumentos legales por
razones materiales insuperables.
Para el ciudadano, el Acuerdo Marco y la
ley aprobatoria 1721 de 2014 incurren en vicios materiales de
constitucionalidad por contrariar lo preceptuado por el artículo 1 de la
Constitución, que ordena salvaguardar la Democracia y Estado de Derecho, ya que
cercena “los preceptos sociales” del ordenamiento jurídico colombiano, respecto
de la concepción del Estado social de derecho.
Por otra parte, la entrada en vigencia
del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico alteraría el Estado colombiano “por
medio de un tratado internacional y de su ley aprobatoria” ya que
vulneraría los principios constitucionales y “los cimientos de la Nación”
contemplados en la Constitución Política.
En este sentido, por contrariar los
principios constitucionales en que se cimenta el Estado colombiano,
especialmente el que ordena que se desarrolle un Estado social de derecho, el
interviniente considera que el Acuerdo Marco que ahora se analiza debe ser
declarado inexequible.
IV. CONCEPTO PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
La Procuraduría General de la Nación,
mediante escrito de intervención solicita a la Corte Constitucional se declare
exequible el  “Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico entre la República
de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el seis de
junio de 2012” y la Ley 1721 de 2014 que lo aprueba.
El Ministerio Público sustenta su
concepto teniendo en cuenta el análisis formal y el análisis material de la ley
aprobatoria del Tratado Internacional.
Respecto del primer aspecto, el análisis
procedimental, considera que se cumplieron los parámetros constitucionales,
reglamentarios y legales conformes a la Carta Política y a la ley 3 de 1992.
Es así que el trámite del acuerdo inició
en el Senado de la República, corporación que ordenó la publicación del
proyecto en la Gaceta del Congreso previamente al procedimiento legislativo; se
respetó el quórum y las mayorías requeridas; se hizo el anuncio previo en
sesión diferente para la discusión y votación respectiva; y, además, la
aprobación del proyecto de ley se dio dentro del término de dos legislaturas, a
su vez el Congreso de la República actuó dentro de sus competencias en cuanto a
la aprobación de leyes de carácter internacional, por lo cual el Presidente de
la República sancionó la ley y la remitió a la Corte Constitucional para el
análisis del control posterior.
El segundo lugar, en lo referente al
análisis material de la Ley 1721 de 2014, manifestó el Ministerio Público que
este Acuerdo cuenta con dos puntos esenciales de acuerdo a lo señalado por el
gobierno nacional: i) El avance obtenido en los acuerdos de carácter comercial
vigentes entre los Estados que hacen parte de la Alianza del Pacífico y ii) “la
profundización del grado actual de integración de los países miembros”.
Por lo anterior, para el Procurador
General el Acuerdo Marco de la Alianza para el Pacífico no afecta los acuerdos
y tratados internacionales preestablecidos por la partes, por lo cual no va a
generar “traumatismos comerciales”, además se respeta el “principio
pacta sunt servanda en tanto no constituye un obstáculo para el cumplimiento de
obligaciones internacionales previamente adquiridas con los Estados parte”.
De otra parte, resaltó que el tratado
internacional contiene cláusulas que son acordes con el objeto y la finalidad
que contiene la Constitución Política de 1991 para el Estado colombiano de
acuerdo a lo establecido en el artículo 2. Por lo cual, de un análisis
constitucional del Acuerdo Marco se resalta que no surge “ningún vicio de
constitucionalidad y que, por el contrario, su adopción se corresponde con los
preceptos constitucionales relativos a las relaciones internacionales”
conforme a la Carta.
Con fundamento en lo anteriormente
expuesto, el Procurador General de la Nación considera que el Acuerdo Marco de
la Alianza del Pacífico suscrito por la República de Colombia, la República de
Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, y la Ley 1721 de
2014 que aprueba el Tratado Internacional en mención, resultan acordes con la
Carta Política, no sin dejar de advertir el cuidado respectivo en la implementación
del mismo y además “sin que ello implique por sí mismo la constitucionalidad
de los futuros acuerdos que se adopten en el marco de esta Alianza”.
V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Corporación es competente para
efectuar la revisión constitucional del  Acuerdo Marco de la Alianza del
Pacífico suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de
junio de 2012, y de la Ley 1721 de 2014 que lo aprueba, de conformidad
con lo previsto en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política.
2. Objeto y generalidades del control de
constitucionalidad de Acuerdos Internacionales y las leyes que los aprueban
Como se mencionó anteriormente, según lo
previsto en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución corresponde a la
Corte realizar el control automático de constitucionalidad de los tratados
internacionales y las leyes que los aprueban. Sobre el particular cabe resaltar
que el control confiado a esta Corporación en estos casos es además de
automático, previo e integral, en la medida en que versa tanto sobre el
contenido material del instrumento internacional y de su ley aprobatoria, como
sobre la concordancia entre su trámite legislativo y las normas constitucionales
aplicables.
En ese sentido se ha pronunciado este
Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia:
“[D]icho control se caracteriza por
ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la
aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático,
pues debe ser enviado directamente por el Presidente de la República a la Corte
Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción
gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar
tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado,
confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza
de cosa juzgada; (v)es una condición sine qua non para la
ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función
preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la
Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado
colombiano”.[2]
En relación con el aspecto formal, la
Corte ha entendido que se encuentra llamada a examinar la validez de la
representación del Estado colombiano durante el proceso de negociación, y
celebración y suscripción del tratado, conformado por la fases de: adopción del
texto del convenio, autenticación del texto y finalmente la manifestación del
consentimiento en vincularse por el acuerdo, fase, esta última, que adelantará
el Gobierno con posterioridad al ejercicio del Control de Constitucionalidad,
si el mismo resulta satisfactorio. De igual forma, corresponderá verificar la
observancia de las reglas del trámite legislativo que precedieron la aprobación
de la ley sujeta a análisis.
Es preciso advertir que el texto
constitucional no dispone un procedimiento legislativo especial para la
expedición de una ley aprobatoria de un tratado internacional, razón por la
cual debe seguir, en términos generales, el mismo trámite de una ley ordinaria.
Empero, esta previsión opera salvo las obligaciones de (i) iniciación
del debate en el Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a
relaciones internacionales (Art. 154 C.N.); y (ii) remisión de
la ley aprobada a la Corte Constitucional, por parte del Gobierno, para efectos
de su revisión definitiva (numeral 10 Art. 241 C.N.).
En tal sentido, en razón del trámite
ordinario de la ley, se requiere: (i) el inicio del procedimiento
legislativo en la comisión constitucional correspondiente del Senado de la
República; (ii) la publicación oficial del proyecto de ley; (iii)
la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y plenarias de
cada una de las Cámaras (Art. 157 C.N.); (iv) que entre el primer y
segundo debates medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la
aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la
otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160 C.N.); (v) la
comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; y (vi)
la sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional
dentro de los seis días siguientes, (numeral 10 Art. 241C.N.)
Ahora bien, en cuanto al elemento
material del control de constitucionalidad, la labor de la Corte consiste en
confrontar las disposiciones del instrumento internacional y, a su vez, las de
la ley aprobatoria con la totalidad de los preceptos constitucionales, a fin de
determinar si se ajustan o no al Texto Fundamental.
De acuerdo con lo anterior, esta
Corporación procederá a la revisión integral, formal y de fondo, del Acuerdo
referido, así como de su ley aprobatoria.
3.  Revisión formal
3.1. Competencia de quien suscribió el
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico y no exigencia de consulta previa a
las comunidades étnicas
Se ha pronunciado en reiterada
jurisprudencia este Tribunal Constitucional, señalando que parte del control de
constitucionalidad al que se debe someter un Tratado Internacional suscrito por
el Gobierno Nacional, implica la revisión de la competencia del funcionario que
representó los intereses de la Nación, en el proceso de negociación y
suscripción del acuerdo internacional sometido al análisis de la Corte. En ese
sentido ha sostenido la Corte Constitucional que:
“(…) [A]ntes del sometimiento del tratado
al Congreso de la República para su aprobación, tienen lugar la negociación y
suscripción de aquél, fases que configuran el ejercicio de la soberanía
estatal, y al mismo tiempo, los compromisos asumidos internacionalmente
constituyen límites al ejercicio de aquélla. En nuestro caso, el Presidente de
la República “dirige las relaciones internacionales” (art. 189.2 Superior), lo
cual implica que adelante la correspondiente negociación y suscripción del
tratado internacional, bien sea directamente o mediante un representante con
plenos poderes, en los términos de los artículos 7 a 10 de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969”.[3]
En el presente caso, como se observa en
folio No. 06 del cuaderno principal, el Acuerdo en estudio fue firmado por el
Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos, en su calidad de Jefe de
Estado y, por consiguiente, representante del Estado colombiano en tanto sujeto
de derecho internacional.
Siendo el propio Jefe de Estado quien
firmó el Acuerdo, la Corte comprueba que, de acuerdo con lo previsto en el
numeral 2º del artículo 189 de la Constitución, existió plena competencia para
la suscripción en nombre del Estado colombiano del instrumento sometido al
control integral de constitucionalidad, en virtud del artículo 241, numeral 10
de la Carta Política.
En relación con el requisito de consulta previa a
comunidades indígenas y tribales, exigida por el Convenio 169 de la OIT, la
Corte ha examinado dos aspectos: i) para la expedición de qué tipo de normas
es obligatorio realizar la consulta previa, y ii) si debe cumplirse con el
deber de consulta, un segundo aspecto a analizar es en qué momento debe
llevarse a cabo la consulta.
En relación con el primer aspecto, esta Corporación en la sentencia C-030 de 2008, determinó que la consulta previa frente a la adopción de medidas
legislativas, no debe realizarse frente a toda medida legislativa que
pudiere afectarlas, sino exclusivamente “aquellas que
puedan afectarlas directamente, siendo uno de los parámetros para
identificar las medidas legislativas susceptibles de consulta  su relación con
las materias reguladas por el Convenio 169 de la OIT”, e igualmente
señaló que hay incidencia
directa en las comunidades indígenas y tribales “cuando la ley
altera el status de la persona o comunidad bien sea porque le impone
restricciones o gravámenes, o por el contrario le confiere beneficio”; Criterio que fue igualmente adoptado al efectuar el
control de las disposiciones normativas que se integran al orden interno
mediante la aprobación de tratados internacionales.
Así se consideró en la sentencia C-750
de 2008, en donde, al efectuar la revisión de
constitucionalidad del “´Acuerdo de promoción comercial entre la República
de Colombia y los Estados Unidos de América´, sus ´cartas adjuntas´ y sus
´entendimientos´, suscritos en Washington el 22 de noviembre de 2006”
y la Ley aprobatoria 1143 de 4 de julio de 2007, concluyó la Corte que  no se requería adelantar la
consulta previa del Acuerdo a las comunidades étnicas, por cuanto las normas
allí contenidas “han sido expedidas de manera uniforme para la generalidad
de los colombianos, y no contienen disposiciones que afecten a éstos grupos de
manera específica y directa en su calidad de tales; es decir, ninguna de ellas
les impone restricciones o gravámenes o les confiere beneficios a éstos grupos
étnicos”, por lo que como no inciden de manera directa en su proceso de desarrollo y la identidad e
integridad cultural.
En la sentencia C-175 de 2009[4], la Corte
reiteró que “para acreditar la
exigencia de la consulta previa, debe determinarse si la materia de la
medida legislativa tiene un vínculo necesario con la definición del ethos de
las comunidades indígenas y afrodescendientes. En otras palabras, el deber
gubernamental consiste en identificar si los proyectos de legislación que
pondrá a consideración del Congreso contienen aspectos que inciden directamente
en la definición de la identidad de las citadas indígenas y, por ende, su
previa discusión se inscribe dentro del mandato de protección de la diversidad
étnica y cultural de la Nación colombiana.”[5]
(negrilla fuera del texto original).
Bajo el mismo criterio, recientemente esta Corporación
determinó que no hubo vicio alguno por ausencia de consulta previa en el
trámite de la Ley 1665
de 2013, por medio de la cual se aprueba el “Estatuto de la Agencia
Internacional de Energías Renovables (IRENA)”, hecho en Bonn, Alemania, el 26
de enero de 2009, por cuanto las
medidas que mediante él se pretenden adoptar no conciernen directa y
específicamente a ninguna comunidad étnica asentada en el territorio nacional,
y se han previsto de manera uniforme para la generalidad de los colombianos, de modo que la consulta previa no era
un requisito previo para su suscripción[6].
Respecto del segundo aspecto a abordar – la oportunidad
en que debe efectuarse-, en la sentencia C-615 de 1999 esta Corporación
advirtió que ni la Constitución, la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho
de los Tratados o el Convenio 169 de la OIT señalan cuándo debe realizarse, por
lo cual, en atención a los principios de buena fe y de eficacia que deben
orientar la realización de la consulta, se debe realizar antes del sometimiento
del instrumento internacional al Congreso por parte del Presidente de la
República. Precisó la Corte, que se cumple con el deber de consulta cuando ésta
se efectúa luego de suscrito el tratado y antes de enviarlo al Congreso para su
aprobación, lo que atiende a que, si bien se puede avanzar en la consulta
durante el proceso de negociación, el contenido normativo respecto del cual es
imperioso garantizar la participación de la comunidad étnica mediante la
consulta, se concreta al finalizar la negociación y suscribir el instrumento
internacional que contiene disposiciones relacionadas directamente con el ethos
de las comunidades.
En el caso concreto del”Acuerdo para la Alianza del
Pacífico”, la Corte encuentra que no requería para el trámite de su
aprobación interna, la realización de una consulta previa a las comunidades
indígenas y tribales. Su objeto es el de constituir un área de integración
regional con la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República
del Perú, con el fin de avanzar progresivamente hacia la libre circulación de
bienes, servicios, capitales y a otra serie de cuestiones que afectan a toda la
sociedad y a la totalidad de los colombianos, sin que pueda predicarse una
afectación directa y particular a las comunidades étnicas ancestrales en los
aspectos que protege la Constitución Política
3.2. Trámite del Proyecto de Ley No. 200
de 2014 Senado de la República, 202 de 2014 de la Cámara de Representantes
De conformidad con los lineamientos del
artículo 150 numeral 16 de la Carta, corresponde al Congreso aprobar o improbar
los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de
derecho internacional. Estos instrumentos para su validez, requieren entonces
de la aprobación del Congreso, según el artículo 224 de la Constitución.
Ahora bien, tal y como lo ha señalado
esta Corporación, las leyes aprobatorias de tratados internacionales, en
atención a los artículos 157, 158 y 160 de la Constitución tienen el mismo
trámite de cualquier ley ordinaria, salvo por dos aspectos específicos: a) el
artículo 154 de la carta exige, por tratarse de un asunto referido a las relaciones
internacionales, que su trámite se inicie en el Senado de la República, y b) el
Gobierno, en atención al artículo 241 numeral 10 de la Carta, debe remitir a la
Corte Constitucional el tratado y la ley que lo aprueba, dentro de los seis
días siguientes a la sanción presidencial, para que ésta efectúe su revisión
constitucional.
En ese orden, y de conformidad con las
pruebas que obran en el expediente, el trámite que se dio al proyecto de ley
200 de 2014 Senado – 202 Cámara, hoy Ley 1721 de 2014, fue el siguiente:
En cumplimiento de lo establecido en el
inciso cuarto del artículo 154 de la Constitución[7], el Proyecto
de Ley No. 200 de 2014 fue presentado al Senado de la República por el Gobierno
Nacional, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela
Holguín Cuéllar, y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Santiago Rojas
Arroyo, el día 13 de mayo de 2014 (folios 2 a 7, cuaderno número 2); así mismo,
se presentó la correspondiente exposición de motivos (folios 8 a 20, cuaderno
número 2), tal y como ordena el artículo 144 del Reglamento del Congreso.
Junto con el texto articulado del
proyecto de ley y su correspondiente exposición de motivos, fue solicitado dar
trámite de urgencia al proyecto de ley referido, así como disponer la
deliberación conjunta de las comisiones segundas permanentes a efectos de dar
primer debate al proyecto de ley (folio 23, cuaderno número 2). La deliberación
conjunta de las comisiones segundas constitucionales fue autorizada por las
mesas directivas, mediante resoluciones 183 de 2014 y 836 de 2014 de Senado y
Cámara de Representantes, respectivamente (folios 25 a 28, cuaderno número 2).
En cumplimiento de lo establecido en el
numeral 1º del artículo 157 superior, según el cual: “Ningún proyecto será
ley sin (…) [h]aber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle
curso en la comisión respectiva”; e, igualmente, del mandato previsto en el
artículo 144 del reglamento del Congreso, el texto fue publicado en
Gaceta del Congreso No. 200 del 13 de mayo de 2014 (pág. 1 a 13,
correspondientes a folios 56 a 62, cuaderno número 2).
3.2.1 Debate en comisiones conjuntas de
Senado de la República y Cámara de Representantes
Fue presentada una única ponencia para
primer debate en comisiones conjuntas, por parte del Senador Roy Barreras y del
Representante a la Cámara Pedro Pablo Pérez. Dicha ponencia fue publicada en
Gaceta del Congreso No. 231 de 27 de mayo de 2014 (págs. 1 a 10,
correspondientes a folios 88 a 92 cara B, cuaderno número 2) para Cámara de
Representantes; y en Gaceta del Congreso 230 (págs. 1 a 9, correspondientes a
folios 94 a 98, cuaderno número 2). Con base en este recuento fáctico, se
concluye que se dio cumplimiento al artículo 156 de la Ley 5ª de 1992, en
armonía con lo previsto en los artículos 142 y 160 de la Constitución, los
cuales exigen publicar el informe de ponencia en la Gaceta del Congreso, antes
de dar primer debate a los proyectos de ley en comisiones.
A continuación debe examinarse el
acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8° del Acto Legislativo No. 01 de
2003, según el cual “[n]ingún proyecto de ley será sometido a votación en
sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que
un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o
Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”.
En este sentido, el anuncio de la
votación para la Comisión Segunda Permanente del Senado se llevó a cabo en la
sesión del 27 de mayo de 2014, según consta en el Acta No. 18 de la misma fecha
publicada en la Gaceta del Congreso No. 326 del 02 de julio de 2014 (págs. 41 y
42, correspondientes a folios 53 y 53 cara B, cuaderno número 3).
En la mencionada Acta se consignó “El
señor Presidente Édgar Espíndola Niño, solicita al señor Secretario se sirva
anunciar el proyecto de ley para las Sesiones Conjuntas. || El señor
Secretario Diego Alejandro González González, procede con el siguiente punto: ||
Por instrucciones del señor Presidente, me permito hacer el anuncio del
proyecto de ley, que se discutirá y votará en la sesión conjunta de la Comisión
Segunda de Senado y la Cámara en la próxima sesión. Proyecto de ley número
200 de 2014 Senado y 202 de 2014 Cámara, por medio de la cual se aprueba el
‘Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico’, suscrito en Paranal, Antofagasta,
República de Chile, el 6 de junio de 2012.  || Autores: Ministerios de
Comercio, Industria y Turismo y Ministerio de Relaciones Exteriores. || Ponentes:
honorable Senador Roy Barreras Montealegre y honorable Representante Pedro
Pablo Pérez Puerta. || Publicaciones: Publicación del proyecto: Gaceta
del Congreso número 200 de 2014. || Ponencia Primer Debate: Gaceta
del Congreso número 230 de 2014 Senado y 231 de 2014 Cámara. Está
anunciado el proyecto de ley para Sesiones Conjuntas en la próxima sesión señor
Presidente”.
En relación con el anuncio en la Comisión
Segunda Permanente de la Cámara de Representantes, éste se llevó a cabo en la
sesión del 27 de mayo de 2014, según consta en Acta No. 33 de la misma fecha,
publicada en Gaceta del Congreso No. 338 de 8 de julio de 2014 (pág. 7,
correspondiente al folio 102, cuaderno número 3). En la mencionada Acta se
consignó:
“Hace uso de la palabra el señor
Presidente Telésforo Pedraza Ortega:
Muy bien, y sírvase anunciar el proyecto
que será considerado por la Comisión mañana a las 9:00 de la mañana en el salón
de sesiones del Senado de la República, señora Secretaria. || Hace uso de la
palabra la Secretaria General, Pilar Rodríguez Arias: || Con mucho gusto
señor Presidente. De acuerdo con lo que acaba de ordenar el señor Presidente
para dar cumplimiento al Acto Legislativo número 01 de 2003, en su artículo 8°,
se hace el siguiente anuncio. || Proyecto de ley número 202 de 2014 Cámara,
200 de 2014 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico, suscrito en Paranal, República de Chile, el 6 de junio de
2012. || El siguiente proyecto está publicado en la Gaceta del Congreso
número 231 de 2014, señor Presidente. || Hace uso de la palabra el señor
Presidente Telésforo Pedraza Ortega: || Muy bien, entonces, reitero, mañana
a las 9:00 de la mañana en el salón de sesiones de la Plenaria del Senado de la
República está convocada las Comisiones Conjuntas Senado y Cámara de
Representantes. Siguiente punto del Orden del Día señora Secretaria”.
3.2.2. Votación por cada una de las
comisiones segundas permanentes
En cumplimiento de lo anunciado, el Proyecto
de Ley en mención fue debatido en sesión conjunta de las comisiones segundas
permanentes de Senado Cámara de Representantes, según consta en el Acta 02 de
las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes del Senado de la República
y Cámara de Representantes, publicada en Gaceta del Congreso No. 327 del 02 de
julio de 2014 (págs. 29 a 45, correspondientes a folios 71 a 79, cuaderno
número 3). La discusión del proyecto 200 – 2014 Senado y 202- 2014 Cámara se
realizó una vez comprobado la existencia de quórum deliberatorio, según consta
en p. 37 de la mencionada Gaceta del Congreso (correspondiente al folio 75,
cuaderno número 3).
El proyecto fue aprobado sin
modificaciones en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado,
como consta en la mencionada Acta No. 02 de la sesión conjunta, con una
votación de seis (6) senadores a favor y un (1) senador en contra. Dicha
mayoría fue constante al someter a consideración i) la proposición consignada
en la ponencia para dar primer debate al proyecto; ii) la omisión de lectura
del articulado del proyecto; iii) la aprobación del título del proyecto; y iv)
la aprobación del articulado del proyecto, según consta en Gaceta del Congreso
No. 327 del 02 de julio de 2014 (págs. 43 a 45, correspondientes a folios 78 y
79, cuaderno número 3).
Para las actuaciones antes descritas se
contó con el quórum decisorio requerido por el artículo 145 de la Constitución,
en tanto estuvieron presentes y votaron siete (07) de los trece (13) senadores
que integran la Comisión Segunda Constitucional del Senado de la República. Así
mismo, se cumplió con la exigencia prevista en el artículo 133 de la
Constitución, en tanto la votación fue pública y nominal.
Por su parte, la Comisión Segunda
Permanente de la Cámara de Representantes aprobó sin modificaciones el proyecto
de ley a ella sometido, como consta en la mencionada Acta No. 02 de la sesión
conjunta, con una votación de once (11) votos a favor y ninguno en contra.
Dicha mayoría fue constante al someter a consideración i) la proposición
consignada en la ponencia para dar primer debate al proyecto; ii) la omisión de
lectura del articulado del proyecto; iii) la aprobación del título del
proyecto; y iv) la aprobación del articulado del proyecto, según consta en
Gaceta del Congreso No. 327 del 02 de julio de 2014 (págs. 43 a 45,
correspondientes a folios 78 y 79, cuaderno número 3).
Para las actuaciones antes descritas se
contó con el quórum decisorio requerido por el artículo 145 de la Constitución,
en tanto estuvieron presentes y votaron once (11) de los dieciocho (18)
representantes a la Cámara que integran la Comisión Segunda Constitucional de
esta corporación. Así mismo, se aprecia que, no obstante existir unanimidad, la
votación se realizó de acuerdo a lo previsto en el artículo 133 de la
Constitución, es decir, de forma nominal y pública.
Resta resaltar que, aunque la sesión se
llevó a cabo de manera conjunta, las distintas votaciones fueron realizadas de
forma separada por las comisiones segundas constitucionales de cada una de las
cámaras legislativas.
3.2.3. Publicación del texto aprobado por
las Comisiones Segundas Constitucionales de Senado y Cámara de Representantes
El texto definitivo aprobado en primer
debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la
República, fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 252 del 3 de junio de
2014, dejando constancia de ello el Secretario de dicha Comisión: “El texto
transcrito fue el aprobado en primer debate en Sesión Conjunta de las
Comisiones Segundas del Senado de la República y la Cámara de Representantes,
el día veintiocho (28) de mayo del año dos mil catorce (2014), según consta en
el Acta número 02 de sesión Conjunta de esa fecha” (p. 19, correspondiente
al folio 32, cuaderno número 3).
Por su parte, el texto definitivo
aprobado en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de
la Cámara de Representantes, fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 266
del 9 de junio de 2014, aprobación de la que se dejó idéntica constancia a la
antes mencionada (p. 20, correspondiente al folio 92, cara B, cuaderno número
3).
3.2.4. Segundo debate: Plenaria del
Senado de la República
La ponencia para segundo debate en el
Senado de la República fue presentada por el Senador Roy Barreras Montealegre,
y publicada en la Gaceta del Congreso No. 252 de 3 de junio de 2014 (págs. 10 a
18, correspondientes a folios 27 cara B a 31 cara B, cuaderno número 3).
El anuncio previo del proyecto tuvo lugar
durante la sesión ordinaria del 16 de junio de 2014, como consta en el Acta
número 56 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 332 de
07 de julio de 2014. En la menciona Acta se consagró:
“Anuncio de Proyectos
Por instrucciones de la Presidencia y, de
conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los
proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
Consiste en anuncios de proyectos para
ser considerados y votados en la sesión Plenaria siguiente a la del martes 16
de junio de 2014:
(…)
Proyecto de ley número 200 de 2014
Senado, 202 de 2014 Cámara, por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo Marco de
la Alianza del Pacífico’, suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile,
el 6 de junio de 2012.”
En la parte final del Acta se indicó el
momento en el que se levantó la Sesión y se convoca a la siguiente, en los
siguientes términos: “Siendo las 6:10 p.m., la Presidencia levanta la sesión
y convoca para la próxima sesión martes 17 de junio de 2014 a las 2:00 p.m.”.
En cumplimiento de lo anunciado, el
Proyecto de Ley en mención fue debatido y aprobado sin modificaciones en
segundo debate en la Sesión Ordinaria de la Plenaria del Senado del 17 de junio
de 2014, como consta en el Acta número 57 de la misma fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso número 333 del 07 de julio de 2014. En la mencionada Acta
consta que la votación de la propuesta del ponente de dar debate al proyecto de
ley fue aprobada por 33 votos a favor y 25 en contra; una vez abierto el
segundo debate, la propuesta de omitir la lectura del articulado fue aprobada
con 37 votos a favor y 20 en contra; finalmente, la aprobación del título del
proyecto, así como de su articulado se realizó con 37 votos a favor y 20 votos
en contra.
Todas las votaciones realizadas en la
Plenaria del Senado de la República, se llevaron a cabo de forma nominal y
pública, cumpliendo el mandato del artículo 133 de la Constitución. Así mismo,
se cumplió con lo exigido por el artículo 145 de la Constitución en lo relativo
al quórum decisorio, ya que en la votación participaron la mayoría de los
integrantes de la respectiva corporación, en tanto que participaron 57 de los
102 miembros que integran el Senado de la República.
Observa la Sala que también se cumplió
con el requisito previsto por el artículo 160 de la Constitución, en cuanto
entre la finalización del debate en comisiones conjuntas (28 de mayo de 2014) y
el inicio del debate en Plenaria del Senado (17 de junio de 2014) trascurrieron
más de ocho (08) días.
Finalmente, el texto aprobado por la
Plenaria del Senado fue publicado en Gaceta del Congreso del Congreso No. 308
de 20 de junio de 2014 (págs. 29 y 30, correspondiente a los folios 178 y 78
cara B, cuaderno número 2); así como en Gaceta del Congreso del Congreso No.
316 de 26 de junio de 2014 (pág. 1, correspondiente al folio 192, cuaderno
número 2).
En consecuencia, como se infiere de lo
expuesto, en el trámite del proyecto en estudio se cumplieron con los
requisitos de anuncio previo (CP art. 160), quórum y mayorías (CP arts. 145 y
146), modalidad de votación exigida por la Constitución (CP art. 133), así como
con el término de ocho (8) días que debe mediar entre la aprobación de un
proyecto de ley en la comisión constitucional respectiva y en la plenaria
correspondiente (CP art. 160).
3.2.5 Segundo debate: Plenaria de la
Cámara de Representantes
La ponencia para segundo debate en el
Senado de la República fue presentada por el representante Pedro Pablo Pérez el
03 de junio de 2014 ante la presidencia de la Comisión Segunda Constitucional
(folio 119, cuaderno número 2), y publicada en la Gaceta del Congreso No. 266
de 9 de junio de 2014 (págs. 10 a 18, correspondientes a folios 158 cara B a
162 cara B, cuaderno número 2).
El anuncio previo del proyecto tuvo lugar
durante la sesión ordinaria del 16 de junio de 2014, como consta en el Acta
número 279 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 334
de 08 de julio de 2014 (pág. 14, correspondiente al folio 59, cara B, cuaderno
principal). En la menciona Acta se consagró:
“Señor Presidente, se anuncian los
siguientes proyectos para la Sesión Plenaria del día 17 de junio de 2014 o para
la siguiente Sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos
legislativos.
Proyectos para segundo debate.
(…)
Proyecto de ley número 202 de 2014
Cámara, 200 de 2014 Senado,
¿por medio de la cual se aprueba el acuerdo marco de Alianza del Pacífico,
suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de 2012”.
En la parte final del Acta se indicó el
momento en el que se levantó la Sesión y se convoca a la siguiente, en los siguientes
términos: “Se levanta la Sesión, se cita para mañana martes 17 de junio a las
2:00 p. m.”.
En cumplimiento de lo anunciado, el
Proyecto de Ley en mención fue debatido y aprobado sin modificaciones en
segundo debate en la Sesión Ordinaria de la Plenaria de la Cámara de
Representantes del 17 de junio de 2014, como consta en el Acta número 280 de la
misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 335 del 08 de julio de
2014 (págs. 34 a 38, correspondientes a folios 78 y 79, cuaderno principal). En
la mencionada Acta consta que la votación de la propuesta del ponente de dar
debate al proyecto de ley fue aprobada por 78 votos a favor y 13 en contra; una
vez abierto el segundo debate, el articulado fue aprobado con 74 votos a favor
y 10 en contra; finalmente, la aprobación del título del proyecto, así como la
respuesta a si se quiere que el proyecto se convierta en ley de la República
fue aprobada con 75 votos a favor y 11 votos en contra.
Todas las votaciones realizadas en la
Plenaria de la Cámara de Representantes, se llevaron a cabo de forma nominal y
pública, cumpliendo el mandato del artículo 133 de la Constitución. Así mismo,
se cumplió con lo exigido por el artículo 145 de la Constitución en lo relativo
al quórum decisorio, ya que en la votación participaron la mayoría de los
integrantes de la respectiva corporación, en tanto que participaron por lo
menos 84 de los 166 miembros que integran la Cámara de Representantes.
Observa la Sala que también se cumplió
con el requisito previsto por el artículo 160 de la Constitución, en cuanto
entre la finalización del debate en comisiones conjuntas (28 de mayo de 2014) y
el inicio del debate en Plenaria de la Cámara de Representantes (17 de junio de
2014) trascurrieron más de ocho (08) días.
Finalmente, el texto aprobado por la
Plenaria de la Cámara de Representantes fue publicado en Gaceta del Congreso
del Congreso No. 313 de 24 de junio de 2014 (pág. 21, correspondiente al folio
190, cuaderno número 2); así como en Gaceta del Congreso del Congreso No. 322
de 27 de junio de 2014 (pág. 1, correspondiente al folio 200, cuaderno número
2).
En consecuencia, como se infiere de lo
expuesto, en el trámite del proyecto en estudio se cumplieron con los
requisitos de anuncio previo (CP art. 160), quórum y mayorías (CP arts. 145 y
146), modalidad de votación exigida por la Constitución (CP art. 133), así como
con el término de ocho (8) días que debe mediar entre la aprobación de un
proyecto de ley en la comisión constitucional respectiva y en la plenaria
correspondiente (CP art. 160).
3.2.6. Inexistencia de discrepancias
entre los textos aprobados en las plenarias de las cámaras legislativas
Resta decir que el proyecto de ley
aprobado por las comisiones constitucionales permanentes de cada cámara
legislativa, luego del debate en comisiones conjuntas, no sufrió modificaciones
en ninguna de las plenarias. En consecuencia, por tratarse de textos idénticos,
y no existir discrepancias entre ellos, no se hizo necesaria la reunión de
comisiones accidentales de conciliación.
En este sentido, se lee en Gaceta del
Congreso del Congreso No. 316 de 26 de junio de 2014, certificación del
Secretario General del Senado de la República en la que manifiesta que “[e]l
presente texto fue aprobado en Plenaria de Senado el día 17 de junio de 2014
según texto propuesto para segundo debate sin modificaciones” (pág. 1,
correspondiente al folio 192, cuaderno número 2).
Por su parte, el Secretario General de la
Cámara de Representantes, en Gaceta del Congreso del Congreso No. 322 de 27 de
junio de 2014 (pág. 1, correspondiente al folio 200, cuaderno número 2), dejó
constancia que “[e]n Sesión Plenaria del día 17 de junio de 2014, fue
aprobado en segundo debate el texto definitivo sin modificaciones del Proyecto
de ley número 202 de 2014 Cámara, 200 de 2014 de Senado, por medio de la
cual se aprueba el ¿Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico¿, suscrito en
Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de 2012. Esto con el
fin de que el citado proyecto de ley siga su curso legal y reglamentario y de
esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª
de 1992” (subrayado ausente en texto original).
3.2.7. Sanción Presidencial
El secretario General del Senado envió al
Presidente de la República el Proyecto de Ley No. 200 de 2014 Senado, 202 de
2014 Cámara el 18 de junio de 2014, por medio de la cual se aprobó el “Acuerdo
Marco de la Alianza del Pacífico”, a efectos de que éste lo sancionara.
El proyecto fue sancionado el día 27 de
junio 2014 (folio 240, cuaderno número 2), es decir, al sexto día hábil luego
de su remisión, con lo que se cumple el término previsto por el artículo 166 de
la Constitución para sancionar un proyecto de menos de 20 artículos.
La Ley 1721 fue publicada en el Diario
Oficial No. 49.195 del 27 de junio de 2014 (págs. 1 a 11).
3.2.8. Remisión a la Corte Constitucional
La Secretaría Jurídica de la Presidencia
de la República, remitió el 01 de julio de 2014 a la Presidencia de la Corte Constitucional
el texto de la Ley 1721 de 2014, el cual fue recibido por la Secretaría General
de esta Corporación el 02 de julio del mismo año. Observa la Sala que en esta
ocasión se respetó el término de los seis (6) días que prevé el numeral 10° del
artículo 241 de la Constitución Política, fue cumplido.
3.2.9. Conclusión
Del análisis del trámite legislativo
realizado por la Corte Constitucional, se concluye que el Proyecto de Ley No.
200 de 2014 Senado, 202 de 2014 Cámara, ahora ley 1721 de 2014, cumplió de
manera satisfactoria con la totalidad de los requisitos y exigencias previstas
en la Constitución y en el reglamento del Congreso para una Ley Aprobatoria de
Tratados Internacionales, pues, como ya se analizó: (i) inició su trámite en
sesiones conjuntas de las comisiones segundas permanentes, con lo que se
respeta la exigencia del art. 154 de la Constitución; (ii) fue publicado
previamente al inicio del proceso legislativo (numeral 1 art. 157 de la
Constitución); (iii) las ponencias –tanto en comisiones como en plenarias –
fueron divulgadas antes de dar curso a los respectivos debates (numeral 4 art.
160 de la Constitución); (iv) se verificó el cumplimiento del requisito del
anuncio previo, en los términos expuestos por la jurisprudencia de esta Corporación
(numeral 5 art. 160 de la Constitución); (v) fue aprobado tanto en primer como
en segundo debate en cada una de las cámaras que integran el órgano
legislativo, con el quórum y las mayorías exigidas (arts. 145 y 146 de la
Constitución); (iv) entre el primero y segundo debate realizado en cada cámara,
transcurrieron los 8 días previstos en la Constitución (numeral 1 art. 160);
(v) su aprobación no superó el término de dos legislaturas, tal y como se
dispone en el artículo 162 constitucional; (vi) fue sancionado por el
Presidente de la República dentro de los seis días hábiles siguientes a que
fuera remitido por el Secretario del Senado (art. 166 de la Constitución); y
finalmente, (vii) fue enviado para su revisión a esta Corporación dentro de los
seis días siguientes a su sanción (numeral 10 del art. 241 de la
Constitución).
En consecuencia, como se deriva de lo
expuesto, en el trámite de la Ley 1721 de 2014 no se incurrió en vicios
procedimentales, con lo que no se encuentra obstáculo para su exequibilidad en
lo relativo a este aspecto del control encomendado a la Corte Constitucional.
4. Examen material de la Ley 1721 del 27
de junio de 2014. Descripción de la ley aprobatoria
En relación con la Ley Aprobatoria del
Tratado, resalta la Sala que ésta consta de tres artículos. El primero de
ellos, estipula que se aprueba el “Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico,
suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de 2012”.
El segundo señala que, cumpliendo lo estipulado en el artículo 1º de la Ley 7ª
de 1944, el mencionado tratado internacional obligará al país desde la fecha en
que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo. Por último, el
tercer artículo señala que la Ley rige a partir de la fecha de su publicación.
En lo que respecta al primer precepto, es
claro que responde a lo
dispuesto en el artículo 150, numeral 16 de la Constitución, teniendo en cuenta
que corresponde al Congreso aprobar los convenios internacionales.
En lo que tiene que ver con el artículo
segundo de la Ley 1721 de 2012, recuerda la Corte que la Ley 7ª de 1944 precisa en la disposición a la
que se hace referencia, lo siguiente:
“[L]os tratados, Convenios, Convenciones,
Acuerdos, Arreglos u otros actos internacionales aprobados por el Congreso, de
conformidad con los artículos 69 y 116 de la Constitución no se considerarán
vigentes como leyes internas, mientras no hayan sido perfeccionados por el
Gobierno en su carácter de tales, mediante el canje de ratificaciones o el
depósito de los instrumentos de ratificación, u otra formalidad equivalente”.
Lo anterior supone, como ya lo ha reconocido la Corte en
otras ocasiones[8],
que la ley rige desde el momento en que se perfeccione el vínculo internacional
respectivo, precisión que responde a lo dispuesto en general por el derecho
internacional y la Constitución en materia de leyes aprobatorias de tratados
internacionales.
Por las razones expuestas, ningún
reproche de constitucionalidad encuentra la Sala sobre el contenido concreto de
la Ley Aprobatoria 1721 de 2012.
5. Examen material del Acuerdo Marco de
la Alianza del Pacífico.
5.1. Antecedentes del instrumento
internacional.
El 14 de octubre de 2010, el entonces
Presidente del Perú Alan García envió una comunicación al Presidente de
Colombia Juan Manuel Santos Calderón, planteando como iniciativa que los
Estados de Panamá, Chile, Ecuador, Colombia y Perú, “formaran un “área de integración
profunda", en la que se asegurara plena libertad para la circulación de
bienes, servicios, capitales y personas”.[9]
El 3 y 4 de diciembre de 2010, en el
marco de la Cumbre Iberoamericana de Mar del Plata, el entonces Presidente de
Chile, Sebastián Piñera, convocó a los Presidentes de Perú, Colombia y México a
una reunión para discutir cómo fortalecer sus vínculos bajo el modelo propuesto
previamente de una integración profunda. En ese momento, los cuatro Estados
acordaron una reunión Ministerial para definir una hoja de ruta de los trabajos
a realizar para dar a conocer la Iniciativa.[10]
En el marco de la Primera Cumbre de la
Alianza del Pacífico celebrada en Lima – Cumbre de Lima para la integración
profunda, los Presidentes de México, Chile, Perú y Colombia, y el Enviado
Especial del Presidente de la República de Panamá, suscribieron la “Declaración
Presidencial sobre la Alianza del Pacífico” del 28 de abril de 2011,
documento de naturaleza no vinculante en la cual los Estados manifestaron su intención
de definir formalmente el marco institucional bajo el cual se desarrollaría la
mencionada iniciativa de integración regional. El texto pertinente de la
Declaración reza:
“CONVENIMOS EN:
Establecer la Alianza del Pacífico para
la conformación de un área de integración profunda en el marco del Arco del
Pacífico Latinoamericano, que aliente la integración regional, así como un
mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de nuestras economías. A tal
efecto, expresamos nuestro firme compromiso de avanzar progresivamente hacia
el objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y
personas.
En una primera etapa se priorizarán los
trabajos en las siguientes áreas: movimiento de personas de negocios y
facilitación para el tránsito migratorio, incluyendo la cooperación policial;
comercio e integración, incluyendo facilitación de comercio y cooperación
aduanera; servicios y capitales, incluyendo la posibilidad de integrar las
bolsas de valores; y, cooperación y mecanismos de solución de diferencias; y
crear grupos técnicos para cada una de estas áreas;
Instruir a nuestros Ministros y Ministras
de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior a elaborar un proyecto de
Acuerdo Marco sobre la base de la homologación de los acuerdos de libre
comercio existentes, el
cual debe ser presentado a consideración de los Presidentes en diciembre de
2011”. (Negrilla fuera del texto original).
Posteriormente, al término de la II
Cumbre de la Alianza Pacífico, celebrada en Mérida (Yucatán-México), el 4 de
diciembre de 2011, los Jefes de Estado de México, Colombia, Chile y Panamá,
este último actuando como país observador, y el Ministro de Relaciones
Exteriores del Perú,  suscribieron una Declaración en el siguiente sentido:
“Con el objetivo de seguir trabajando de
manera decidida en lograr etapas superiores de integración, instruimos:
(…)
A los Ministros de Comercio y de
Relaciones Exteriores a concluir los trabajos del Acuerdo Marco con el fin
de suscribir un tratado constitutivo fundacional de la Alianza del Pacífico,
en un plazo no mayor a seis meses, a partir de la fecha de la celebración de
esta II Cumbre”. (Negrilla fuera del texto original).
En atención a lo anteriormente acordado,
los Ministros de Comercio y Relaciones Exteriores redactaron el correspondiente
proyecto de Acuerdo Marco, sobre la base de la homologación de los acuerdos de
libre comercio existentes.  Dicho proceso de negociación culminó con la
aprobación en Paranal - Antofagasta, Chile, el 6 de junio de 2012, de un
instrumento internacional multilateral, este sí de carácter vinculante,
mediante el cual se constituyó la Alianza del Pacífico. De tal suerte que
quedaron fijados en aquél los principios rectores de la iniciativa de integración;
se previó la consecución de unos objetivos estratégicos por alcanzar, e
igualmente se diseñó un andamiaje institucional encaminado a la consecución de
los mismos.
El Acuerdo Marco, fue suscrito por los
Presidentes de Colombia, Chile, México y Perú, en el marco de la IV Cumbre de
la Alianza del Pacífico a la cual también asistieron como observadores el
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, y el Viceministro de
Relaciones Exteriores de Panamá. Adicional a la firma del Acuerdo Marco, los
Jefes de Estado y Ministros profirieron el mismo 6 de junio de 2012 una nueva
Declaración en la que plantean una ruta programática de temas que deberán ser
desarrollados “[a] efectos de continuar materializando resultados en los
trabajos de la Alianza del Pacífico”. Algunos extractos relevantes de la
parte motiva del instrumento internacional sostienen que:
“Motivados por el objetivo de estrechar las
relaciones bilaterales, profundizar el intercambio comercial, la cooperación e
intensificar los flujos de inversión entre la Alianza del Pacífico y terceros
mercados;
Reafirmando nuestra voluntad de seguir
trabajando decididamente para mejorar el desarrollo económico y social de
nuestros pueblos, combatiendo la exclusión y desigualdad social, en el
marco del espíritu de cooperación e integración que anima la Alianza del
Pacífico;
Ratificando el compromiso de privilegiar
la integración, y el propósito de avanzar progresivamente hacia la libre
circulación de bienes, servicios, capitales y personas, a través, entre otros,
de la eliminación de obstáculos para generar mayor dinamismo en los flujos de
comercio e inversión entre los países de la Alianza del Pacífico, y
propiciar una mayor vinculación con otras regiones, en particular con el Asia
Pacífico;
Constatando el vasto potencial de
profundización de las relaciones entre nuestros países y decididos a impulsar
las acciones orientadas hacia la consolidación de una relación estratégica;
Celebramos la suscripción del Acuerdo
Marco para el establecimiento de la Alianza del Pacífico, como instrumento jurídico
que sienta las bases de esta iniciativa de integración regional;”. (Negrilla fuera del texto original).
Por último, conviene precisar, que la
Alianza Pacífico hace parte de un conjunto de iniciativas similares
adelantadas, bien sea en el marco de la ALADI, así como del Foro sobre la Iniciativa de la Cuenca del
Pacífico Latinoamericano también llamado Foro del Arco del Pacífico
Latinoamericano (ARCO)[11],
las cuales apuntan a la creación de espacios de convergencia para la red de
acuerdos comerciales existentes en la región y a una mayor integración.[12]
En tal sentido, la iniciativa de la
Alianza Pacífico tiene objetivos similares a los que ha perseguido por el Foro
ARCO: integrar a los países latinoamericanos de la Cuenca Pacífico y estrechar
los vínculos comerciales con la región Asia-Pacífico.
5.2. Naturaleza, objeto y fin del Acuerdo
como instrumento constitutivo de la Alianza del Pacífico (Preámbulo, Artículos
1 y 3)
En su artículo 1º el instrumento
internacional sometido a examen  constituye formalmente la Alianza del Pacífico
como un “área de integración regional”, concepto que debe ser
interpretado de forma sistemática a la luz de lo establecido en su preámbulo el
cual recordando la Declaración original en la que se planteó la creación de la
Alianza, sostiene qué: “INSPIRADAS [las Repúblicas de Colombia, Chile,
México y Perú] en la Declaración Presidencial de Lima del 28
de abril de 2011, por la cual se estableció la Alianza del Pacífico para la
conformación de un área de integración profunda, que busca avanzar
progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y
personas”. (Negrilla
fuera del texto original).
En ese mismo sentido, incluso manteniendo
identidad gramatical con el preámbulo, el literal a) del numeral 1º del
artículo 3º del Acuerdo establece como uno de los objetivos de la Alianza del
pacífico, “[c]onstruir, de manera participativa y consensuada, un área de
integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre
circulación de bienes, servicios, capitales y personas”. (Negrilla fuera del texto original).
Lo anterior permite concluir que los
Estados parte, a través del Acuerdo Marco, constituyeron la Alianza del Pacífico
bajo el modelo de integración profunda en contraposición con lo que serían un
integración superficial, distinción planteada con el surgimiento de dicho
concepto desarrollado por el profesor Robert Z. Lawrence en 1996,[13] y que
encuentra su origen en la división realizada en 1954 por el Primer Premio Nobel
de Economía Jan Tinberger entre integración positiva e integración negativa.[14]
De acuerdo con Tinberger, la integración
negativa, se refiere exclusivamente a la eliminación de las barreras
comerciales y al principio de no discriminación, mientras que la integración
positiva implica la creación de nuevas instituciones con sus respectivos
instrumentos o la modificación de los instrumentos existentes. De manera más
general, implica la creación de todas las instituciones requeridas para alcanzar
niveles óptimos de bienestar en una sociedad.[15]
Es decir, que bajo la perspectiva positiva de la integración, no basta sólo con
la eliminación de las barreras que impidan el intercambio comercial, sino que
es necesario el desarrollo activo de nuevas políticas y la modificación de las
preexistentes, con la finalidad de adoptar medidas que garanticen dicho
intercambio y por supuesto la integración.
Teniendo como punto de partida esos antecedentes
doctrinarios, la integración superficial (“shallow” integration) ha sido
definida como un modelo que: implica la reducción o eliminación de las barreras
a la circulación de bienes y servicios a través de las fronteras nacionales
dentro de la región. Bajo el anterior contexto de integración
"negativa" implica la reducción de los obstáculos creados por las
políticas nacionales.[16]
Por otra parte, la integración profunda (“deep”
integration), consiste en establecer o ampliar el entorno institucional con
el fin de facilitar el comercio y la localización de la producción sin tener en
cuenta las fronteras nacionales. Bajo el contexto de integración
"positiva", sugiere políticas destinadas a fomentar el comercio y
facilitar la segmentación de los procesos de producción y las cadenas de valor.[17]
En conclusión, el hecho de que la Alianza
del Pacífico se constituyera  bajo el Acuerdo Marco como un área de
integración profunda, implica que las medidas adoptadas en su interior no
se limitarán a la eliminación de barreras que impidan la libre circulación de
bienes y servicios entre los Estados partes y la desgravación arancelaria de
los mismos, sino que generarán una integración que incluye otros elementos
relacionados con el comercio como lo son la inversión y la protección a los
inversionistas, la contratación estatal, la propiedad intelectual, las
disposiciones ambientales y laborales, entre muchas otras.
Evidencias claras del modelo de
integración profunda adoptado por los Estado firmantes del Acuerdo Marco para
la Alianza del Pacífico, reposan en la exposición de motivos de la Ley 1721 de
2014, según la cual:
“En
el proceso de constitución de la Alianza del Pacífico, un asunto por definir
fue el alcance y nivel de ambición de la iniciativa, que tiene al menos dos
dimensiones: una relacionada con la profundización del grado actual de
integración entre los Estados miembros y otra, con la necesidad de buscar
convergencia en los avances logrados entre los acuerdos comerciales vigentes
entre los Estados miembros, permitiendo a la Alianza, ser un escenario
permanente de diálogo de asuntos de interés de los miembros.
En la dimensión de
profundización de la integración debía definirse qué áreas abarcaría la zona de
integración profunda. Este proceso se surtió luego de tres Cumbres
Presidenciales realizadas en Lima, Perú, el 28 de abril de 2011, en Mérida,
México, el 4 de diciembre de 2011, en Paranal, Antofagasta, República de Chile,
el 6 de junio de 2012, así como una. Cumbre Virtual el 5 de marzo de 2012. Las
cumbres estuvieron precedidas por reuniones del Grupo de Alto Nivel, instancia
conformada por los Viceministros de Relaciones Exteriores y de Comercio
Exterior de los Estados miembros, así como de reuniones de equipos técnicos de
los gobiernos. Como resultado, las áreas de integración priorizadas fueron:
A.
Movimiento de personas de negocios y facilitación para el tránsito migratorio;
B.
Comercio e integración, incluyendo facilitación de comercio y cooperación
aduanera;
C.
Servicios y capitales, incluyendo la posibilidad de integrar las bolsas de valores;
y,
D. Cooperación y mecanismos
de solución de diferencias”.[18]
Así mismo, las mencionadas áreas de
integración priorizadas, encontraron eco en los objetivos descritos en el numeral
1º del artículo 3 del Acuerdo Marco, que no limita la voluntad de los Estados
parte a la Construcción del área de integración profunda que sirva de
plataforma de articulación de la integración económica y comercial y de la
proyección al mundo y a la región Asia Pacífico (literales a) y c)); sino que
adicionalmente, busca impulsar el crecimiento, desarrollo y la competitividad
de las economías de los Estados con tres finalidades específicas: (i) alcanzar
mayores niveles de bienestar, (ii) superar la desigualdad socioeconómica y
(iii) mayor inclusión social de los habitantes de la sub-región (literal b)).
Para dar cumplimiento a los objetivos
descritos, el Acuerdo Marco desarrolla en el numeral 2º de su artículo 3 una
series de acciones que deberán ser llevadas a cabo por los Estados parte, las
cuales van mucho más allá de lo que implicaría una integración superficial,
demostrando de manera más específica porqué la Alianza del Pacífico sigue un
modelo de integración profunda. Las referenciadas acciones que sobrepasan la
desgravación arancelaria o la eliminación de barreras que impidan la libre
circulación de bienes y servicios son:
“a) Liberalizar el intercambio comercial
de bienes y servicios, con miras a consolidar una zona de libre comercio entre
las Partes;
b) Avanzar hacia la libre circulación de
capitales y la promoción de las inversiones entre las Partes;
c) Desarrollar acciones de facilitación
del comercio y asuntos aduaneros;
d) Promover la cooperación entre las
autoridades migratorias y consulares y facilitar el movimiento de personas y el
tránsito migratorio en el territorio de las Partes;
e) Coordinar la prevención y contención
de la delincuencia organizada transnacional para fortalecer las instancias de
seguridad pública y de procuración de justicia de las Partes; y
f) Contribuir a la integración de las
Partes mediante el desarrollo de mecanismos de cooperación e impulsar la
Plataforma de Cooperación del Pacífico suscrita en diciembre de 2011, en las
áreas ahí definidas”.
Como puede advertirse, la conformación de
la Alianza del Pacífico va más allá de la lógica de los simples acuerdos
comerciales tradicionales[19],
caracterizados por organizar una cooperación puntual entre Estados, limitada en
el tiempo y a un cierto número de productos o sectores económicos. Lo anterior
sin perjuicio de reconocer que estas acciones también disponen, cómo primer
estadio proceso de integración económica, la creación de una Zona de Libre
Comercio[20].
Usualmente este tipo de mecanismo de
integración se conforma entre países que comparten vínculos políticos,
históricos y geográficos, y es definida por el artículo XXIV 8 b) del General
Agreement on Tariffs and Trade - G.A.T.T. como un “grupo de dos o más
Estados o territorios aduaneros, en la cual los aranceles y otras barreras
restrictivas del comercio han sido eliminadas en lo que respecta a los
intercambios comerciales en relación con los productos originarios de los
territorios constituidos”.[21]
Un claro ejemplo de acciones que van más
allá de los asuntos aduaneros y comerciales, en los términos del literal e) del
numeral segundo del artículo 3 del tratado internacional, es que la Alianza del
Pacífico busca prevenir y “contener” a la delincuencia organizada
transnacional. En tal sentido, se constituye en un instrumento de cooperación
en materia de seguridad internacional.
Encuentra la Corte, que la naturaleza de
la Alianza del Pacífico como un área de integración profunda, no
contradice lo preceptuado en la Carta Política, ya que por el contrario, se
hace en expreso desarrollo de los fines dispuestos por el Constituyente en el
Preámbulo cuando hace referencia al compromiso del Estado por “impulsar la
integración de la comunidad latinoamericana” y en los artículos 9º, 226 y
227 de la norma de normas.
En ese sentido, la Constitución de 1991,
amén del Preámbulo, establece tres disposiciones destinadas a orientar el
ejercicio de las relaciones internacionales del Estado colombiano. El artículo
9º que prevé que aquéllas se fundamentan en la soberanía nacional, en el
respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los
principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera,
ordena que la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración
latinoamericana y del Caribe. El artículo 226 de la Carta Política, que
promueve la internacionalización de las relaciones económicas y sociales, sobre
la base de parámetros de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional; y el
artículo 227 Superior, que ordena la integración con otros países y
organizaciones internacionales y la celebración de tratados en condiciones de
igualdad, equidad y reciprocidad.
En relación con el contenido y alcance de
cada una de las citadas disposiciones constitucionales, la Corte ha tenido la
oportunidad de referirse en numerosas ocasiones. Al respecto, basta con señalar
que sentencia C- 155 de 2007, referente a la ley de estabilidad jurídica para
los inversionistas en Colombia, resaltó la vocación integracionista de la
Constitución de 1991, en los siguientes términos:
“La Constitución Política de 1991 no fue
ajena a la integración del Estado Colombiano al orden internacional. Así, el
Preámbulo y los artículos 9º y 227 señalan que se promoverá la integración
económica, social y política con los demás Estados, especialmente los de
América Latina y del Caribe, para lo cual se autoriza: (i) la creación de
organismos supranacionales; (ii) la participación en una comunidad
latinoamericana; (iii) la realización de elecciones directas para la
conformación del parlamento Andino y del parlamento latinoamericano”.
Así mismo, en sentencia C- 923 de 2007,
referente al control de constitucionalidad sobre el Acuerdo de Complementación
Económica núm. 33 o Tratado de Libre Comercio entre México, Venezuela y
Colombia, la Corte indicó lo siguiente en relación con el postulado de la
integración latinoamericana:
“Los propósitos implícitos en las
disposiciones del Acuerdo constitutivo del Sexto Protocolo Adicional, se
enmarcan dentro de la Carta Fundamental al perseguir fortalecer y profundizar
el proceso de integración latinoamericana y ampliar el ámbito de liberación
comercial sobre la base de un comercio compensado para que los Estados prosigan
en su desarrollo económico y social, que consulta el inciso final del artículo
9 de la Constitución, al disponer que “la política exterior de Colombia se
orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe”.
En el caso concreto del tratado
internacional sometido actualmente al control de la Corte, se evidencia la
conformidad del mismo con los postulados integracionistas constitucionales, por
cuanto mediante la creación de la Alianza del Pacífico se pretenden alcanzar
los siguientes propósitos: (i) crear una zona de libre comercio; (ii) impulsar
el crecimiento económico mediante el intercambio de bienes y servicios, con
miras a lograr un mayor bienestar y superar las desigualdades socioeconómicas;
y (iii) promover la cooperación entre autoridades migratorias y consulares, con
el fin de facilitar el movimiento de las personas. La consecución de los
anteriores propósitos se ajusta lo dispuesto en los artículos 9º, 226 y 227
Superiores.
5.3. La Democracia y el Estado de Derecho
como prerrequisitos para la participación en la Alianza del Pacífico (Artículo
2º).
En relación con el marco axiológico de la
Alianza del Pacífico, en su artículo 2º el instrumento internacional
establece como requisitos esenciales para participar en aquélla los siguientes:
(i) vigencia del Estado de Derecho; de la democracia y de los respectivos
órdenes constitucionales; (ii) el principio de separación de poderes; y (iii)
la protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos y las
libertades públicas.
En tal sentido, el tratado internacional
se inscribe en una fuerte tendencia global a supeditar los avances en asuntos
comerciales y económicos a la vigencia de los derechos humanos, y por esta vía,
presupone el cumplimiento de dos condiciones esenciales para la garantía de
aquéllos como son: la existencia de un régimen democrático y la adopción  de un
modelo de Estado de Derecho.[22]
El citado contenido del artículo 2º del
Acuerdo Marco corresponde a lo que se ha denominado en el derecho internacional
y el derecho de la integración como la “cláusula de condicionalidad
democrática”, definida por la doctrina adoptada por la jurisprudencia de
esta Corporación cómo:
“(…) el instrumento jurídico a través del
cual se supedita la entrega de asistencia económica o se sujeta la
participación y toma de decisiones al interior de un organismo internacional, a
la vigencia y respeto de las instituciones democráticas al interior de un
Estado[23].
Por esta vía, el derecho internacional se convierte en un instrumento para
promocionar la democracia “a través de la sanción de procedimientos
antidemocráticos, o incluso proponiendo posibles modelos de convenios o
tratados internacionales que recojan y codifiquen el derecho de todos los
individuos a tener un gobierno democrático[24]”.[25]
A nivel regional, la Carta de la
Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana,
desarrollando lo que se denomina el Sistema de Protección de la Democracia, han
establecido cláusulas de condicionalidad democrática. En razón a ello, la Sala
Plena pasará a hacer un análisis del contenido de las “cláusulas de
condicionalidad democrática” contenidas en ellos y de los pronunciamientos
de la Corte Constitucional al respecto.
Así, el Protocolo de Washington de 1992
que reformó la Carta de la OEA autorizó a la Asamblea General para suspender el
derecho de participación de un Estado en caso de que un gobierno democrático (de
iure) sea derrocado por la fuerza y fracasen las gestiones diplomáticas
para el restablecimiento de la democracia. Al respecto el artículo I del
Protocolo que pasaría a ser el artículo 9º de la Carta dispone que: “(…) Un
miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea
derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de
participación en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de
Consulta, de los Consejos de la Organización y de las Conferencias
Especializadas, así como de las comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos
que se hayan creado. (…)”.
El mencionado Protocolo reformatorio fue
incorporado en el derecho interno colombiano a través de la Ley 210 de 1995 y
sometido a examen de constitucionalidad ante esta Corporación, quien lo declaró
exequible mediante sentencia C-187 de 1996[26],
en la cual consideró:
“El artículo 9o. que se introduce a la
Carta de la OEA, no vulnera la Constitución Colombiana, pues la facultad de
suspensión que se otorga a la Asamblea General y que conduce a la no
participación del Estado respectivo en las sesiones de la Asamblea, de los
Consejos y de los demás cuerpos del Organismo Internacional, no es en manera
alguna incompatible con el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de
los pueblos que predica el artículo 9 Superior. Además, advierte la Corte que
las medidas que puede llegar a adoptar la Asamblea de la Organización dentro
del marco normativo del Protocolo de Washington, se circunscriben al ámbito
propio de ésta, en consecuencia, no implican injerencia alguna en los asuntos
internos del Estado correspondiente, ni tienen la virtualidad de vulnerar el
núcleo de su autonomía y libertad. Se trata, simplemente, de la aplicación de
sanciones previamente establecidas por la citada organización internacional a
los miembros de la misma que lesionen los principios básicos que la gobiernan y
por los cuales los Estados expresaron su voluntad de asociarse y trabajar
conjuntamente.
(…)
Por otra parte, es pertinente anotar que
si bien es cierto cada Estado es soberano de escoger su forma de Gobierno y,
por ende, todo pueblo tiene la potestad de autodeterminarse de acuerdo con sus
conveniencias, no es menos cierto que si un Estado que pudiéramos denominar
"socio" de la organización ha decidido pertenecer a ella y, en
consecuencia, cumplir fielmente los principios, valores y propósitos de la
misma, dentro de los cuales se halla el de promover y consolidar la democracia,
pudiera convertirse en un país totalitario y, sin embargo, seguir perteneciendo
a dicho ente”.
Otros instrumentos regionales que también
incorporan una “cláusula de condicionalidad democrática” son la
Declaración de Quebec adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno de las
Américas reunidos en la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada del 20 al 22
de abril de 2001 en la ciudad de Quebec,[27]
la Carta Democrática Interamericana que desarrolla dicha Declaración y la Carta
de la OEA, estableciendo en su artículo 19:
“Basado en los principios de la Carta de
la OEA y con sujeción a sus normas, y en concordancia con la cláusula
democrática contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptura del
orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte
gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras
persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las
sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de
la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos
de trabajo y demás órganos de la Organización”.
Por otra parte, a nivel sub-regional
también han sido adoptadas “cláusulas de condicionalidad democrática” en
escenarios de integración económica, como lo fue en el caso de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN) con la suscripción del Protocolo Adicional al Acuerdo
de Cartagena denominado “Compromiso de la Comunidad Andina por la
Democracia”, celebrado en la ciudad de Oporto (Portugal) el 17 de octubre
de 1998. El Acuerdo reafirma la plena vigencia de las instituciones
democráticas y del Estado de Derecho como condiciones esenciales para la
cooperación política y el proceso de integración económica, social y cultural
en el marco del Acuerdo de Cartagena, autorizando al Consejo de Ministros
suspender la participación de Estado miembros en los que se presente una
ruptura del orden democrático.[28]
El mencionado Protocolo Andino, fue
incorporado en el derecho interno a través de la Ley 846 de 2003 y declarado
exequible mediante Sentencia C-644 de 2004[29]
en la que se reiteró la constitucionalidad de las cláusulas democráticas en los
siguientes términos:
“Se reitera nuevamente la validez
constitucional de este tipo de disposiciones, en la medida en que permiten
proyectar el principio democrático en el ejercicio de las relaciones
internacionales del Estado Colombiano. Adicionalmente, no implican un
desconocimiento ni de la Constitución, ni de los derechos a la libre
autodeterminación e independencia política del poder soberano, por cuanto no se
orientan ni a exigir, ni a establecer una modificación o alteración del régimen
político adoptado por el poder constituyente originario, sino que, por el
contrario, tan solo acoge la defensa de los principios democráticos, en aras de
consolidar un proceso de integración económica.
De igual manera, la norma no impide que
un futuro el poder soberano del pueblo, si así lo estima conveniente, modifique
autónomamente el régimen político de su predilección, pues se limita a
fortalecer la democracia como camino viable para elevar puentes de comunicación
que hagan posible la intensificación de la integración en América Latina, en
los términos previstos en el artículo 227 del Texto Superior”.
En el mismo sentido, en la Sentencia
C-538 de 2010[30]
se analizó la constitucionalidad del “Protocolo de Ushuaia sobre compromiso
democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile,
hecho en Ushuaia, Argentina, el 24 de julio de 1998”, aprobado mediante Ley
1208 de 2008. Este instrumento internacional introducía en su artículo 1º una cláusula
de condicionalidad democrática, según la cual “la plena vigencia de las
instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los
procesos de integración” entre los Estados Partes del tratado. En esa
oportunidad sostuvo el Tribunal Constitucional colombiano:
“En suma, la existencia de tratados
internacionales sujetos a la cláusula de condicionalidad democrática, en los
cuales se contemple la posibilidad de adoptar medidas sancionatorias en el
marco de cada organización, con el propósito de contribuir a la estabilidad y
el restablecimiento del orden democrático en los Estados Partes, cuando quiera que
éste se haya visto afectado, debe ser interpretada como un avance en los
procesos de integración regional. Los acuerdos de este tipo no sólo son
compatibles con la nueva dinámica de las relaciones internacionales, sino que
armonizan con los fines, principios y derechos reconocidos en la Constitución
de 1991, particularmente con los que orientan las relaciones internacionales y
la integración económica, social y política en Latinoamérica y del Caribe.
(…)
En relación con estos preceptos la Corte
no encuentra ningún vicio de inconstitucionalidad, puesto que se circunscriben
a exaltar el principio democrático de forma similar a como lo pregona la Carta
Política en varias de sus normas (Preámbulo, artículos 1º, 2º, 3º y 40). Según
lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación, así como existe amplio
consenso “en el sentido de que la forma democrática de gobierno resulta
adecuada par regir las relaciones entre los hombres, concebidos como sujetos
dignos y autónomos, no hay obstáculo aparente en admitir la posibilidad de que
los sujetos de derecho internacional, autonómamente (sic), adquieran
compromisos encaminados a propiciar una forma de gobierno que estiman plausible
y a desestimular las que la niegan.[31]
Además, (…) la cláusula de
condicionalidad democrática consagrada en el artículo 1º del Acuerdo como
presupuesto de la integración regional entre los Estados Partes del Mercosur y
sus asociados, compagina con el modelo actual de los procesos de integración
regional y con los principios constitucionales que orientan el desarrollo de
las relaciones internacionales del Estado Colombiano (CP., artículos 1º, 9º,
226 y 227)[32]”.
Por su parte, el Tratado Constitutivo de
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) suscrito en Brasilia el 23 de mayo
de 2008,  desde su preámbulo ratifica que tanto la integración en general como
UNASUR en particular, se encuentran fundados en el principio rector de la
democracia,[33]
ratificando que “(…) la plena vigencia de las instituciones democráticas y
el respeto irrestricto de los derechos humanos son condiciones esenciales para
la construcción de un futuro común de paz y prosperidad económica y social y el
desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Miembros”. En
ese sentido, los Estados firmantes consignaron el fortalecimiento de la
democracia como uno de los objetivos de esa organización en los siguientes
términos:
“La Unión de Naciones Suramericanas tiene
como objetivo construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de
integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus
pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la
educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio
ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad
socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer
la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de
la soberanía e independencia de los Estados”. (Negrilla fuera del texto
original).
Esta Corporación llevó a cabo el análisis
de constitucionalidad del mencionado Tratado, el cual fue incorporado a nuestro
ordenamiento jurídico mediante la Ley 1440 de 2011, en la sentencia C-633 de
2011[34]
en la que concluyó que el mismo era acorde con la Carta Política, realizando la
siguiente consideración con respecto al principio democrático incluido en el
acuerdo de integración:
“El Tratado constitutivo busca fortalecer
la democracia, que entendida más allá de la realización de los derechos
humanos, es un conjunto de procedimientos,  instituciones, responsabilidades,
competencias, y también, claro está, de derechos políticos que, como mecanismos
creados por el Derecho de los Estados, sirven para elegir representantes y para
la toma de decisiones públicas, así como para las colectivas y gremiales
jurídicamente relevantes. Un sistema complejo de fórmulas de representación,
participación y deliberación, de ponderación de valores constitucionales, que
se concibe para asegurar que tales decisiones resulten lo más correctas
posibles, en términos de incluir en sus contenidos con equilibrio razonable, la
diversidad de intereses existentes, en su pluralidad y diferencias. || Por
ello, se trata de un fin en sí mismo para los Estados y también para la Unión
Suramericana. Con todo, la manera como se configura cada una es y puede ser
distinta”.
Recientemente y también en el marco de
UNASUR, en la Sentencia C-246 de 2013[35]
la Corte declaró la exequibilidad de la Ley 1571 del 2 de agosto de 2012, “Por
medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de
UNASUR sobre Compromiso con la Democracia”, suscrito en Georgetown, Guyana,
el 26 de noviembre de 2010, en el marco del cual los Estados Parte reiteraron
su “compromiso con la promoción, defensa y protección del orden democrático,
del Estado de Derecho y sus instituciones, de los Derechos Humanos y las
libertades fundamentales, incluyendo la libertad de opinión y de expresión,
como condiciones esenciales e indispensables para el desarrollo de su proceso
de integración, y requisito esencial para su participación en la UNASUR”.[36]
Siguiendo la línea jurisprudencial
desarrollada por esta Corporación en cuanto a la validez de “cláusulas de
condicionalidad democrática” como un mecanismo para garantizar los fines
propios del Estado social de derecho, la Sentencia C-246 de 2013 reiteró lo
expresado en la Sentencia C-633 de 2011, afirmando que:
“En conclusión, respecto del tema de la
protección y fortalecimiento de la democracia, la Corte ha señalado que ésta es
una finalidad y un presupuesto normativo sine qua non de la
Constitución Política, y que por tanto, el que el Tratado de UNASUR se dirija a
su promoción y garantía, evidencia a todas luces su constitucionalidad. En este
sentido, debe esta Sala resaltar que el Tratado Constitutivo de UNASUR
constituye la base del Protocolo Adicional ahora bajo estudio, el cual
establece una modificación del Tratado principal dirigida especial y
primordialmente a la salvaguarda de los ordenamientos jurídicos
constitucionales y democráticos de los Estados partes. Lo anterior, hace que el
Protocolo Adicional se perfile desde ya como constitucional, dado que su
esencia y objetivos principales, son igualmente proteger y fortalecer el orden
democrático constitucional de los Estados miembros”.
La Corte encuentra en esta oportunidad
que el artículo 2º del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico no contradice
la Constitución y por el contrario al establecer como requisito para participar
en ella la vigencia de un orden constitucional democrático sentado sobre las
bases de un Estado de Derecho, que conlleva una separación de poderes y las
obligaciones generales de promoción, protección, respeto y garantía de los
Derecho Humanos, se contribuye al efectivo cumplimiento lo establecido en los
artículo 1, 2, 9, y 227 de la Carta Política.
Igualmente, esta Corporación entiende la
estrecha relación que existe entre la Democracia y el desarrollo integral y
sostenible[37],
y la Democracia y los derechos humanos[38],
hace de este artículo un precepto necesario para la consecución de los fines
dispuestos por los Estados parte en el marco del área de integración profunda
establecida en el instrumento sometido a análisis.
Por lo anterior, encuentra la Corte que
el artículo 2º del Acuerdo Marco es exequible.
5.4. Contenido orgánico y funcional del
Acuerdo Marco (artículos 4, 5 y 7).
Los artículos 4º y 7º del
instrumento internacional crean el andamiaje institucional de la Alianza del
Pacífico.
Así, en la práctica, los cuatro
Presidentes son el máximo órgano de decisión en los procesos de la Alianza,
adoptando sus decisiones en el curso de las Cumbres que realizan
periódicamente. Adicionalmente, la estructura orgánica de la Alianza del
Pacífico prevé la existencia de una Presidencia pro tempore (art. 7), la
cual será ejercida sucesivamente por cada una de las Partes, en orden
alfabético, por períodos anuales iniciados en enero.
A su vez, un órgano denominado “Consejo
de Ministros” (art. 4), se encuentra conformado por los Ministros de
Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores. Entre sus atribuciones se
encuentra adoptar las decisiones que desarrollen los objetivos y acciones
previstos en el Acuerdo Marco y en las Declaraciones Presidenciales de la
Alianza del Pacífico. De allí que se trate, desde la perspectiva de la teoría
de las organizaciones internacionales[39],
de un órgano intergubernamental[40],
compuesto por representantes de los Estados Partes, de carácter deliberante y
decisorio. Este Consejo, de acuerdo con lo descrito en el numeral 5 del
artículo 4º del Acuerdo, sesionará con la presencia de todas las Partes, es
decir que su quórum deliberatorio y decisorio es absoluto.
Por su parte, el Grupo de Alto Nivel
(GAN) (art. 4 g)) está
conformado por los Viceministros de Comercio Exterior y de Relaciones
Exteriores y se  encarga de supervisar y evaluar los avances de los grupos
técnicos,  para  idear nuevas formas de  proyección y
acercamiento con otros organismos o grupos regionales, en especial de la región
Asia Pacífico.
Existen igualmente unos grupos y
subgrupos técnicos compuestos por servidores públicos de los países miembros y
su función es analizar disciplinas temas de la Alianza del Pacífico.
Por otra parte, el artículo 5º del
instrumento internacional dispone que el Consejo de Ministros adoptará, por
consenso, “decisiones y otros acuerdos”, encaminados a la consecución de
los objetivos de aquélla.
El Acuerdo Marco plantea una estructura
orgánica y funcional para la Alianza del Pacífico en donde prima el acuerdo
entre todas las partes, lo cual demuestra el respeto por el principio de soberanía
igual existente entre los Estados que la conforman. La Corte concluye lo
anterior de la rotación anual de la Presidencia de la Alianza, la necesidad de
la presencia de todas las Partes para que el Consejo de Ministros pueda
sesionar y el consenso necesario para adoptar las decisiones y acuerdos.
Esa estructura marcada por la
participación y el consenso, resulta apropiada para la efectiva consecución de
los fines integracionistas que persigue esta iniciativa.
En conclusión, a la luz de lo señalado en
el preámbulo, el artículo 9º y el 227 de la Carta Política, las disposiciones
analizadas en este acápite resultan consistentes con el ordenamiento
constitucional colombiano, al concebir una estructura de órganos diseñada para
impulsar, orientar y promover la integración latinoamericana, fin que resulta
constitucionalmente legítimo. Un proyecto que se concibe desde un conjunto de
órganos que poseen funciones que no resultan arbitrarias, irrazonables, son
propias del nivel de integración que se crea y que se proyecta en el Acuerdo
Marco bajo estudio. En ese orden de ideas, a Corte declarará exequibles los
artículos 4, 5 y 7 del Acuerdo Marco.
5.5. Naturaleza de las decisiones y
acuerdos de la Alianza del Pacífico, su relación con terceros Estados y
organizaciones internacionales, y con otros acuerdos. (Artículos 6, 8 y 9)
En cuanto a la naturaleza jurídica de las
decisiones del Consejo de Ministros y otros acuerdos adoptados en el ámbito de
la Alianza del Pacífico, el artículo 6º prevé que aquéllos “serán parte
integrante del ordenamiento jurídico de la Alianza del Pacífico.”
El artículo 8 del instrumento
internacional establece que las decisiones del Consejo de Ministros y los demás
acuerdos, “no reemplazarán, ni modificarán los acuerdos económicos y de integración
regionales o multilaterales vigentes entre las partes”. La anterior
disposición pretende evitar que mediante actos jurídicos unilaterales,
adoptados en el seno de un ente de la Alianza, se desconozca lo dispuesto en
tratados internacionales vigentes en materia de comercio e integración
económica.
Por su parte, el artículo 9º
regula lo referente a las relaciones entre la Alianza del Pacífico y terceros,
estableciendo que la Alianza “buscará consolidar mecanismos de vinculación
con Estados y organizaciones internacionales”. Al respecto, la norma en
cita dispone que, previa decisión del Consejo de Ministros, los mencionados
terceros podrán apoyar en la consecución de los objetivos de la Alianza del
Pacífico.
Pues bien, en teoría de las
organizaciones internacionales se admite, de vieja data, que los Estados pueden
crear mediante la suscripción de acuerdos multilaterales, esta clase de sujetos
de derecho internacional y atribuirles, a su vez, competencias normativas,
necesarias para poder cumplir con los objetivos para las cuales fueron creadas.
Aquéllas, al mismo tiempo, son de dos clases: (i) las destinadas a gestionar el
funcionamiento interno de la organización (vgr. sobre temas de personal,
presupuesto, etc.); y (ii) las encaminadas a regular las actividades “externas”
de la organización[41].
En este último caso, se trata de actos jurídicos cuyos destinatarios son los
Estados Partes, e incluso, en ciertos supuestos fácticos, los ciudadanos de
éstos.
Así las cosas, encuentra la Corte que
cuando el artículo 6º del instrumento internacional prescribe que las
decisiones y otros acuerdos suscritos por el Consejo de Ministros de la Alianza
del Pacífico “serán parte integrante del ordenamiento jurídico de la Alianza
del Pacífico”, se está haciendo alusión a esa clase de actos jurídicos cuyo
destinatario es el ente internacional y sus respectivos órganos, o los Estados
y sus ciudadanos.
Ahora bien, algunas cláusulas del Acuerdo
generan duda sobre la institucionalidad de la Alianza, las cuales se acentúan
al analizar el artículo 6º en concordancia con el 9º que establece que ésta
buscará consolidar mecanismos de vinculación con Estados y Organizaciones, pues
no es claro si con ello se le están dando atribuciones a la Alianza del
Pacífico que permita concluir que se trata de una organización internacional que
cuenta con una personalidad jurídica independiente a la de los Estados que la
conforman.
En el Derecho Internacional se han
previstos dos medios para establecer si una organización internacional posee o
no personalidad jurídica: (i) a través de su instrumento constitutivo que explícitamente
indique el reconocimiento de dicha personalidad, caso que en el caso de la
Alianza del Pacífico no se presenta pues en ninguna de las disposiciones del
Acuerdo Marco se otorga tal prerrogativa; (ii) el segundo modo de determinar la
existencia de una personalidad jurídica en cabeza de una organización, es de
forma implícita a través de un test funcional, en el que se logre determinar si
las funciones que la Organización desempeña ameritan que tenga una personalidad
independiente a las de los Estados que la conforman, toda vez que con ello
tendrían la capacidad de adquirir derechos y obligaciones necesarios para
adelantar sus funciones y alcanzar sus fines.[42]
Del análisis de las funciones propias de
la Alianza del Pacífico en relación con la consecución de sus objetivos, no se
puede concluir que se trate de una organización internacional que cuente con
una personalidad jurídica propia, lo que implica que de quererlo así los
Estados miembros deberán hacerlo explícito en un nuevo acuerdo complementario.
Resuelta la duda derivada del artículo
9º, corresponde ahora resolver la relacionada con los efectos de las decisiones
del Consejo de Ministros y otros acuerdos adoptados en la Alianza del Pacífico.
El problema jurídico concreto consiste en determinar si nos encontramos frente
a un escenario de supranacionalidad, a la luz del cual, bajo los principios de
supremacía o prevalencia y efecto directo, las decisiones tomadas por los
órganos en ese contexto se aplican automáticamente en el ordenamiento jurídico
interno de los Estados y prevalecen en él.[43]
Habida cuenta que en el texto del Acuerdo
Marco no se identifica una sesión de soberanía por parte de los Estados a la
Alianza del Pacífico, que permita concluir que la misma se constituye como un
organismo supranacional, considera la Corte que las decisiones adoptadas en el
seno de la Alianza tendrán efecto entre los Estados parte, es decir, que se
trata de un poder reglamentario interno, lo que implica que no ingresará
directamente a los ordenamientos nacionales, sino que, por el contrario deberán
ser incorporadas en ellos. Esto, sin perjuicio en que a la luz de la
integración profunda, la Alianza se transforme en una Organización de esas
características.
Así, la Corte considera importante
reiterar que si en el marco de la Alianza del Pacífico se acordaran nuevas
obligaciones internacionales para Colombia, estás –no importa la denominación
del documento que las contenga- deberán ser sometidas al Congreso de la
República y al control de constitucionalidad de esta Corporación.
No encuentra la Corte que la
Institucionalidad de la Alianza del Pacífico descrita en los artículos
analizados en esta subsección, contradiga lo dispuesto en la Constitución. Por
el contrario, interpretados de forma sistemática, permiten establecer un
cumplimiento con el propósito de alcanzar la integración latinoamericana desarrollado
en el preámbulo y los artículos 9º, 226 y 227 de la Carta.
5.6. Estados Observadores y adhesión de
nuevos Estados Parte. (Artículos 10 y 11).
El artículo 10º del Acuerdo Marco versa
sobre la figura de los Estados Observadores, los cuales podrán solicitar su
participación, previa aprobación por unanimidad del Consejo de Ministros. Tal previsión
es perfectamente conforme con la teoría de las organizaciones internacionales y
con la práctica de las mismas. Ciertamente, los tratados internacionales que
las crean suelen prever diversas modalidades de participación en las mismas,
diferenciando entre Estados miembros, asociados o simples observadores.  De
allí que a los asociados se le suelen reconocer los mismos derechos que los
miembros, con excepción del derecho al voto, en tanto que los observadores
participan en las actividades de la organización, cuando se trate de un asunto
que sea de su interés.[44]
En los términos del artículo 11, el
Acuerdo Marco quedará abierto a la adhesión de los Estados que así lo soliciten
y tengan vigente un acuerdo de libre comercio con cada una de las  Partes. La
aceptación de la adhesión estará sujeta a la aprobación por unanimidad del
Consejo de Ministros. Al respecto, en teoría de las organizaciones
internacionales se suele diferenciar entre los Estados originarios y los
adherentes. Los primeros son los que suscribieron el tratado
constitutivo; los segundos son aquellos que quieren ingresar a la organización
internacional. De allí que se suelan prever unos criterios de admisión y se
surta un procedimiento de control de las candidaturas.[45]
La figura de los Estados Observadores
evidencia que la Alianza del Pacífico es un proceso de integración abierto y
flexible, que busca entre otros, alentar la integración de todo el Pacífico
latinoamericano. Panamá y Costa Rica acompañaron el proceso de constitución de
la Alianza del Pacífico y aspiran convertirse en miembros. En ese sentido,
sostiene la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley que “el proceso de
integración profunda de la Alianza ha llamado la atención de la Comunidad
internacional. Hasta la fecha, 30 Estados, de todos los continentes, han sido
aceptados en calidad de Observadores en la Alianza[46],
incluyendo Estados del hemisferio y otros extra regionales, quienes han
demostrado interés en conocer las actividades que se realizan al interior de
Alianza como en relacionarse de manera más dinámica por medio de mecanismos de
cooperación”.
Igualmente, la posibilidad de que nuevos
Estados interesados en el área de integración profunda se adhieran a la
Alianza, resulta coherente al exigir como requisito previo la vigencia de
acuerdos comerciales entre ellos y sus actuales miembros.[47] La Sala no
encuentra ninguna razón de inconstitucionalidad en contra de esa disposición, y
por el contrario resalta que la misma aplica respetando el principio de
reciprocidad en las relaciones internacionales contenido en el artículo 226 de
la Constitución, el cual obliga a que en el marco de una relación bilateral o
multilateral, las obligaciones sean análogas.[48]
En conclusión, después de analizar el
contenido de los artículos, la Corte estima que están acordes a la Carta
Política y en ese sentido deben ser declarados exequibles.
5.7. Otras disposiciones del Acuerdo
Marco de la Alianza del Pacífico.
El artículo 12 del instrumento
internacional versa sobre la solución de diferencias.  Al respecto, se prevé
que las Partes realizarán todos los esfuerzos, mediante consultas u otros
medios, para alcanzar una solución satisfactoria, “ante cualquier diferencia
sobre la interpretación o aplicación de las disposiciones de este Acuerdo Marco”.
Aunado a lo anterior, se establece que, a
más tardar dentro de los seis (6) meses contados a partir de la fecha de
suscripción del Acuerdo, las Parte iniciarán las negociaciones de un régimen de
solución de diferencias aplicable a las decisiones del Consejo de Ministros “y
otros Acuerdos adoptados en el ámbito de la Alianza del Pacífico”.
Como puede advertirse, el artículo 12 del
Acuerdo sólo establece una cláusula muy general de solución de controversias,
apelando para ello a ciertos mecanismos no judiciales clásicos, en especial, el
arreglo directo.[49]
De hecho, se prevé la futura adopción de un régimen más detallado de resolución
de aquéllas, el cual deberá ser sometido a aprobación del Congreso y examen de
constitucionalidad por parte la Corte Constitucional antes de entrar en vigor
para Colombia.
El artículo 13 regula el tema de
la entrada en vigor del tratado internacional, en el sentido de que tendrá
lugar “sesenta (60) días después de la fecha de depósito del último
instrumento de ratificación de las Partes”. Sobre el particular, cabe
señalar que la anterior cláusula resulta ser conforme con lo dispuesto en la
materia en el artículo 24.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados: “Entrada en vigor y aplicación provisional de los tratados.
|| 24. Entrada en vigor.
1. Un tratado entrará en vigor de la
manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden los Estados
negociadores”.
El artículo 14 determina que el
Gobierno de Colombia actuará como depositario del Acuerdo.
El artículo 15 regula lo atinente
al tema de las enmiendas. Al respecto, la norma establece que cualquier Parte podrá
proponerlas; que las mismas serán aprobadas por el Consejo de Ministros y que
entrarán en vigor “siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 13
(entrada en vigor) y constituirá parte integrante del presente Acuerdo Marco”.
Sobre el particular es importante señalar que las enmiendas, en tanto que actos
reformatorios del tratado internacional, deberán surtir todo el respectivo
trámite previsto en la Constitución.[50]
Finalmente, los artículos 16 y 17
del instrumento internacional versan sobre la vigencia, denuncia y el idioma
oficial.
En la medida en que las disposiciones
analizadas en este acápite hacen parte del núcleo operativo del tratado,
haciendo referencia a medidas que en el derecho internacional son necesarias
para el trámite y la vigencia del Acuerdo, no encuentra la Sala que el
contenido de ninguna de ellas contradiga la Constitución.
5.8. Conclusión: Conformidad del
instrumento internacional con los principios de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional.
En diversas oportunidades, la Corte se ha
pronunciado en relación con el contenido y alcance que ofrecen los principios
de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, en lo atinente a tratados de
libre comercio e integración económica.
Así por ejemplo, en  sentencia C-178 de
1995[51],
aludió al principio de equidad reconociendo los tratamientos diferenciales
según la categoría de los países: “(r)especto al principio de equidad, cabe
anotar que el Tratado de libre Comercio del Grupo de los Tres dentro de los
objetivos del mismo en su artículo 1-01, establece el propiciar relaciones
equitativas entre las Partes, reconociendo los tratamientos diferenciales en
razón a la categorías de países establecidas en la ALADI”.
De igual manera, en la sentencia C-421 de
1997[52],
manifestó en relación con dicho principio: “el Acuerdo que se revisa
básicamente tiene dos tipos de normas; unas establecen cómo y cuál es el tipo
de compromiso que adquieren las partes, las otras contienen reglas relativas al
propio funcionamiento del Acuerdo. Lo importante es que tanto en las primeras
como en las segundas, las partes reciben un tratamiento equitativo; las
actividades que se compromete a desarrollar un país son las mismas a las que se
compromete el otro; ambas naciones pueden negarse a cumplir obligaciones que
entren en conflicto con otras adquiridas con anterioridad; participan por igual
en la comisión que ordena crear el propio Acuerdo y pueden denunciarlo en las
mismas oportunidades. Este tratamiento equitativo, a su vez implica reciprocidad”.
Posteriormente, en sentencia C-864 de
2006, respecto a las asimetrías derivadas del nivel de desarrollo y crecimiento
económico de los países firmantes, manifestó: “en el artículo 4°, los
Estados se obligan a implementar el programa de liberación comercial, de
acuerdo con los cronogramas específicos y las directrices previstas en el Anexo
II. El mencionado programa se desarrolla en consideración a las asimetrías
derivadas del nivel de desarrollo y crecimiento económico de los Países
firmantes, motivo por el cual se reconocen a favor de cada Estado plazos
diferenciados para la eliminación de las barreras arancelarias, de acuerdo al
tipo de producto o bien comercial a negociar. Así se incluyen las categorías de
desgravación inmediata, intermedia (4 a 6 años), general (8 a 12 años) y
sensible (15 a 17 años). En este contexto, frente a economías más grandes como
las de Argentina y Brasil, se fijan períodos más amplios de desgravación
arancelaria por parte de Colombia, lo que se traduce en mejores condiciones
para el ingreso de nuestros productos a esos mercados y en un medio de
protección de la economía nacional (C.P. art. 65). Lo anterior, sin lugar a
dudas, asegura el cumplimiento de los principios de equidad y conveniencia
nacional exigidos como parámetros para impulsar la internacionalización de la
economía colombiana, conforme se reconoce en el artículo 226 Superior”.
En el mismo sentido, en sentencia C- 750
de 2008, referente al Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia y los
Estados Unidos de América, la Corte se refirió a los mencionados principios en
los siguientes términos:
“Además, en relación con la equidad y la
reciprocidad, en estos casos tampoco se puede adelantar un control aislado de
las cláusulas convencionales. Se debe examinar cada disposición en el conjunto
del tratado internacional, a efectos de determinar si es equitativo y
recíproco; y, solo podrán ser declaradas inexequible cláusulas del mismo
únicamente en casos donde, de manera manifiesta y grosera vulneren la
Constitución. En relación con la conveniencia del mismo, como base de las
internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y
ecológicas, consagrada en el artículo 226 de la Constitución, dada la
naturaleza atípica del Acuerdo, su balance debió ser apreciado al momento de la
celebración y aprobación del Acuerdo por los órganos políticos, a quienes
incumbe de primera mano su consideración junto con la conveniencia. Cabe aclarar, la posibilidad de que
existan varias interpretaciones, opiniones y valoraciones sobre la equidad y
conveniencia del Acuerdo, así como distintas alternativas hipotéticas de
interpretación acordes con la Constitución, lo que lleva a reconocer la
presunción de validez y de constitucionalidad del mismo, con base en el
principio in dubio pro legislatoris”.
Pues bien, en el caso sometido al control
de la Corte, la conformidad del instrumento internacional con los principios
constitucionales de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional no ofrece
mayor dificultad, por su naturaleza general de Acuerdo Marco. Así, no se
observa vulneración alguna a los principios superiores que orientan el manejo
de las relaciones exteriores del Estado colombiano.
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1721 del 27 de junio de 2014 “por
medio de la cual se aprueban el ‘Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico’
entre la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos
Mexicanos y la República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile,
el seis de junio de 2012’”.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el ‘Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico’ entre la
República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el seis de
junio de 2012’.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta (e)
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con aclaración de voto
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada
(e)
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General (e)
ACLARACIÓN DE
VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA C-163/15
Referencia: Expediente LAT-434
Revisión de constitucionalidad del “ACUERDO
MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO” firmado en la ciudad de Paranal, Antofagasta,
Chile, el seis (6) de junio de dos mil doce (2012) y la Ley 1721 de 2014
que lo aprueba.
Magistrada (e) Ponente:
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de la Corte Constitucional, presento a continuación las razones que
me conducen a aclarar mi voto en la decisión adoptada por la Sala Plena, en
sesión del 15 de abril de 2015, que por votación mayoritaria profirió la
sentencia C-163 de 2015 de la misma fecha.
La providencia
de la que aclaro mi voto declaró exequibles la Ley 1721 del 27 de junio de 2014
“por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo Marco de la Alianza del
Pacífico’ entre la República de Colombia, la República de Chile, los Estados
Unidos Mexicanos y la República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta,
Chile, el seis de junio de 2012” y el “Acuerdo Marco de la Alianza del
Pacífico entre la República de Colombia, la República de chile, los Estados
Unidos Mexicanos y la República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta,
Chile, el seis de junio de 2012.”
Las
líneas argumentativas que sustentaron la sentencia de la referencia, gravitaron
en torno a: i) El objeto y generalidades del control de constitucionalidad de
Acuerdos Internacionales y las leyes que los aprueban; ii) revisión formal;
iii) examen material de la Ley 1721 del 27 de junio de 2014; iv) examen
material del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico; y vi) la decisión de
exequibilidad.
En esta oportunidad, aunque comparto la
decisión final, me aparto de la forma en que fue abordado en la sentencia la
expedición y eficacia interna de normas por parte del Consejo de Ministros de
la Alianza del Pacífico, las cuales “serán parte integrante del ordenamiento
jurídico de la Alianza del Pacífico.”, actos jurídicos cuyos destinatarios
son el ente internacional y sus respectivos órganos, o los Estados y sus
ciudadanos[53].
Los siguientes argumentos sustentan mi posición:
1. El artículo 6º del Acuerdo,
prescribe que las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros “serán
parte integrante del ordenamiento jurídico de la Alianza del Pacífico”. La
sentencia considera que esta disposición se refiere a aquellas normas cuyos
destinatarios son los Estados parte y sus ciudadanos y no la organización
internacional y sus respectivos órganos. En ese sentido, hace la siguiente
afirmación: “La Corte considera importante reiterar que si en el marco de la
Alianza del Pacífico se acordaran nuevas obligaciones internacionales para
Colombia, estás –no importa la denominación del documento que las contenga-
deberán ser sometidas al Congreso de la República y al control de
constitucionalidad de esta Corporación.”[54]
2. De lo expuesto está claro que la
suscripción de nuevas obligaciones en el marco de los órganos de la Alianza del
Pacífico, requerirá que se surta el proceso de adopción interno en cada uno de
los Estados parte. Sin embargo, nada se dijo en relación con aquellas
decisiones proferidas al interior del Consejo de Ministros, en desarrollo de
las obligaciones acordadas en el Acuerdo.
3. Esta situación gravita en torno
al debate de la eficacia directa de las normas internacionales sobre el derecho
interno del Estado y cuál es su posición en el sistema de fuentes en el derecho
colombiano. Algunas cuestiones surgen a partir de esta afirmación:
a. ¿Está garantizado el principio
democrático en la toma de decisiones?, el artículo 5º del Acuerdo solo expone
el concepto de “consenso”, sin que se haga referencia a las condiciones
necesarias para alcanzarlo, ¿unanimidad?, ¿mayorías?;  estas respuestas están
ausentes en la sentencia.
b. Si las decisiones adoptadas por
el Consejo de Ministros hacen parte del derecho de la Alianza, ¿cómo es su
aplicación por parte de los Estados parte?, ¿debe acudirse al concepto de
eficacia directa? Para dar respuesta a estas preguntas podrían utilizarse los
conceptos elaborados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la Sentencia
Van Gend en Loos del 5 de febrero de 1963, que son: i) Que la norma sea
clara y precisa o suficientemente precisa, en el sentido de que funde una
obligación concreta en términos inequívocos, desprovista de ambigüedades; ii)
que su mandato sea incondicional, en el sentido de que no deje márgenes de
apreciación discrecional a las autoridades públicas nacionales o a las
instituciones de la Unión[55].
c. Ahora bien, esta situación nos sitúa en
un problema que no abordó la sentencia y es la identificación de las cláusulas
de apertura constitucional hacía el derecho internacional, que permita entre
otras analizar, la eficacia directa de las decisiones que se adopten por los
organismos supraestatales. En efecto, la cláusula de apertura constitucional en
Colombia contenida en el artículo 93 de la Carta solo hace referencia a
tratados referidos a derechos humanos, y no a tratados de contenido económico, o
en el que se hagan traslado de competencias a órganos supraestatales para la
adopción de decisiones en determinadas materias.
Un
ejemplo de esta apertura constitucional se encuentra en el artículo 93 de la
Constitución Española que establece: “Mediante Ley orgánica se podrá
autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización
o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la
Constitución.”
d. Esta misma reflexión nos ubica en la
cuestión de cuál es la posición de estas normas internacionales en el sistema
de fuentes del derecho interno ¿tiene rango constitucional, legal o
reglamentario?
De aplicarse un concepto de jerarquía
implica per se la necesidad del establecimiento de normas de reconocimiento,
aquellos referentes normativos que determinan la validez de todo el
ordenamiento, bajo concepciones verticales. Ante esa dificultad, podría
hablarse de primacía más no de supremacía de aquellas normas que se expidan por
el Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico, tal y como lo hizo el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Caso Costa C. Enel de
1964, con base en 4 argumentos[56]:
i) Limitación definitiva, en los
derechos soberanos del Estado a favor de ese ordenamiento jurídico
internacional.
ii) Carácter obligatorio de las
normas de derecho derivado.
iii) Compromiso de
cooperación leal de los Estados.
iv) Primacía como condición
existencial, lo que implica la inaplicación de la norma interna incompatible.
e. No está claro en la Sentencia cual es
el mecanismo de control de las decisiones adoptadas por el Consejo de
Ministros, que se profieran en desarrollo de las obligaciones contenidas en el
Acuerdo, tanto interna como internacionalmente, al parecer son actos que no
están sometidos a ninguna clase de control judicial.
4. En conclusión, si bien se
estableció una regla jurisprudencial de control interno de los actos jurídicos
proferidos por el Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico, que configuren
la asunción de obligaciones diferentes a las del Acuerdo, nada se dijo sobre
aquellos que se expidan en desarrollo de las obligaciones del Tratado, los
cuales podrían tener eficacia directa en el ordenamiento interno, sin que
existan cláusulas de apertura constitucional que la sustente, ni control
judicial de los mismos.
Fecha ut supra
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1]
Consideración expuesta en la sentencia C-258 de 2014, en
concordancia con el precedente jurisprudencial sentado en la sentencia C-255 de
1996.
[2] Corte Constitucional, Sentencia C-767 de 2012, M.P. Maria Victoria
Calle Correa, 3 de octubre de 2012. Reiterando: Corte Constitucional, Sentencia
C-468 de 1997, M.P. Alejandro Martínez
Caballero; Corte Constitucional, Sentencia
C-376 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero; Corte Constitucional, Sentencia C-426 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz; Corte
Constitucional, Sentencia C-924 de 2000, M.P.
Carlos Gaviria Díaz.
[3]Corte
Constitucional, Sentencia C-615 de 2009.
[4]
Cfr. Sentencias C-608 de 2010, C- 196 de 2012
[5] Cfr. Sentencias C-608 de 2010, C-915 de 2010, C- 196 de 2012, C-332
de 2014, C-333 de 2014, C-335 de 2014.
[6]
Sentencia C-332 de 2014
[7]
Constitución Política De Colombia: “Articulo 154. (…)Los proyectos
de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de
Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales, en
el Senado”. (Subrayado fuera del texto)
[8] Sentencias C-578 de 2002. M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa y C- 446 de 2009.M.P. Mauricio González Cuervo.
[9]
Exposición de Motivos del Proyecto de Ley "Por medio del cual se aprueba
el "Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico", suscrito en Paranal,
Antofagasta, República de Chile, el 06 de junio de 2012. pp. 2 y 3.
[10]
Ibíd., p.3.
[11]
Los Estados Miembros del Foro ARCO son: Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá,
Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y México.
[12]
Ejemplos de iniciativas de integración desarrolladas en la Cuenca del Pacífico,
incluida la mencionada son: (i) Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
– APEC: Fundada en 1989, es un foro económico de Asia-Pacífico, cuyo
principal objetivo es apoyar el crecimiento económico sostenible y la
prosperidad de dicha región. Se trata de un modelo de cooperación comercial y
económica del cual hacen parte 21 Estado o “economías”: Australia, Brunei,
Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea del Sur,
Malasia, México, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Perú, Filipinas,
Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. (ii) Acuerdo
Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP): Es un Tratado de
Libre Comercio multilateral celebrado por los países de la región de Asia-Pacífico.
El Tratado fue celebrado el 3 de junio de 2005 y entró en vigor el 1º de enero
de 2006. De él hacen parte originalmente 4 Estados (se conoce como Acuerdo P4):
Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur, y ocho Estados han suscrito
la Declaración de Intención en adherirse al Tratado: Australia, Malasia, Perú,
Japón, Estados Unidos, Vietnam y México. (iii) Foro sobre la
Iniciativa de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano – ARCO:  Surge
el 29 y 30 de enero del 2007, como un espacio de concertación y convergencia de
acciones conjuntas hacia una cooperación más dinámica entre los países
participantes, con miras a una proyección coordinada hacia el Pacífico
Asiático. Los países miembros de esta iniciativa son: Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá y Perú.
[13] Ver Robert Z. Lawrence, “Regionalism, Multilateralism and Deeper
Integration”, Nueva York: The Brookings Institution, 1996.
[14] Ver Jan Tinbergen, “International Economic Intergration”, Amsterdam:
Elsevier, 1954.
[15] Jean-Christophe Maur, Deep Integration in Preferential Trade
Agreements, En: Arvid Lukauskas, Robert M. Stern, and Gianni Zanini,
“Handbook of Trade Policy for Development”, Oxford-New York: Oxford University
Press, 2013. pp. 540 y 541.
[16] David Evans et al, “Assessing Regional Trade Agreements with
Developing Countries: Shallow and Deep Integration, Trade, Productivity and
Economic Performance”, University of Sussex, March 2006. p. 10.
[17]
Ibídem.
[18]
Exposición de Motivos del Proyecto de Ley "Por medio del cual se aprueba
el "Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico", suscrito en Paranal,
Antofagasta, República de Chile, el 06 de junio de 2012. p. 3.
[19]
Didier, P., Les principaux accords de l’OMC et leur
transposition dans la Communauté Européenne, Bruylant, Bruxelles, 1997, p.
646,
[20]
Los siguientes niveles de integración económica son los
siguientes: unión aduanera (artículo XXIV 8 a) del G.A.T.T.); mercado común y
unión económica.
[21]
En el texto del Preámbulo del Acuerdo Marco, se reafirman
los derechos y obligaciones derivados del Acuerdo de Marrakech, por el que se
establece la Organización Mundial de Comercio (O.M.C.); del Tratado de
Montevideo de 1980; así como lo los tratados de libre comercio y de integración
económica suscritos entre los Estados signatarios de la Alianza del Pacífico.
[22] Alan O. Sykes, International Trade and Human Rights: An economic
Perspective, Chicago, 2003.
[23]
Almudena Moreno Fernández, “La cláusula democrática en la acción exterior de la
Unión Europea. Análisis de las relaciones entre la Política de Cooperación al
Desarrollo y la PESC en la activación de la cláusula democrática”. En: “Avances
de Investigación N° 2”. Madrid, Universidad Complutense.
[24]
Amada Úbeda de Torres, “Democracia y derechos humanos en Europa y en América”.
Madrid, Editorial Reus, 2007, p.36.
[25]
Sentencias C-538 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio y C-246 de
2013, M.P. Luis Ernesto Vargas.
[26]
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[27]
La Declaración de la Ciudad de Quebec reza: “Reconocemos
que los valores y prácticas de la democracia son fundamentales para avanzar en
el logro de todos nuestros objetivos. El mantenimiento y fortalecimiento del
Estado de Derecho y el respeto estricto al sistema democrático son, al mismo
tiempo, un propósito y un compromiso compartido, así como una condición
esencial de nuestra presencia en ésta y en futuras Cumbres. En consecuencia,
cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un
Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación
del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas. Tomando
debidamente en cuenta los mecanismos hemisféricos, regionales y subregionales,
existentes, acordamos llevar a cabo consultas en el caso de una ruptura del
sistema democrático de un país que participa en el proceso de Cumbres”.
[28]
El artículo 4º del Protocolo señala: “Si el resultado de las consultas
mencionadas en el artículo anterior así lo estableciera, se convocará el
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el cual determinará si los
acontecimientos ocurridos constituyen una ruptura del orden democrático, en
cuyo caso adoptará medidas pertinentes para propiciar su pronto restablecimiento.
Estas medidas conciernen especialmente a las relaciones y compromisos que se
derivan del proceso de integración andino. Se aplicarán en razón de la gravedad
y de la evolución de los acontecimientos políticos en el país afectado y
comprenderán: a) La suspensión de la participación del País Miembro en alguno
de los órganos del Sistema Andino de Integración; b) La suspensión de la
participación en los proyectos de cooperación internacional que desarrollen los
Países Miembros; c) La extensión de la suspensión a otros órganos del Sistema,
incluyendo la inhabilitación para acceder a facilidades o préstamos por parte
de las instituciones financieras andinas; d) Suspensión de derechos derivados
del Acuerdo de Cartagena y concertación de una acción externa en otros ámbitos,
y e) Otras medidas y acciones que de conformidad con el Derecho Internacional
se consideren pertinentes”.
[29]
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[30]
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
[31]
Corte Constitucional, Sentencia C-187 de 1996. Ver también la Sentencia C-644
de 2004.
[32]
Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-187 de 1996 y C-644 de 2004.
[33]
Al respecto sostiene el preámbulo del Tratado Constitutivo de UNASUR en su
aparte relevante: “RATIFICAN que tanto la
integración como la unión suramericanas se fundan en los principios rectores
de: irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial
de los Estados; autodeterminación de los pueblos; solidaridad; cooperación;
paz; democracia; participación ciudadana y pluralismo; derechos humanos
universales, indivisibles e interdependientes; reducción de las asimetrías y
armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible”.
[34]
M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[35]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[36]
Preámbulo del Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de
UNASUR sobre Compromiso con la Democracia.
[37]
Carta Democrática Interamericana, artículo 11: La
democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se
refuerzan mutuamente.
[38]
Carta Democrática Interamericana, artículo 7: La
democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades
fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e
interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados
y en los
instrumentos
interamericanos e internacionales de derechos humanos.
[39]
Alejandro Rodríguez Carrión, Lecciones de Derecho
Internacional Público, Madrid, Tecnos, 2010, p. 145.
[40] W. Koo, Voting procedures in international political
organizations, New York, 2008, p, 250.
[41] A. Pellet, “La formation du droit international dans le cadre des
Nations Unies”, J.E.D.I., 1995, p. 401.
[42]
Ver Corte Internacional de Justicia, Reparación por daños
sufridos al servicio de las Naciones Unidas, Opinión Consultiva, 11 de abril de
1949.
[43]
Sentencia C-256 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub:
“Como es sabido, el concepto de supranacionalidad - dentro del que se
inscribe el Acuerdo de Cartagena - implica que los países miembros de una
organización de esta índole se desprendan de determinadas atribuciones que, a
través de un tratado internacional, son asumidas por el organismo supranacional
que adquiere la competencia de regular de manera uniforme para todos los países
miembros sobre las precisas materias que le han sido transferidas, con miras a
lograr procesos de integración económica de carácter subregional. Las normas
supranacionales despliegan efectos especiales y directos sobre los
ordenamientos internos de los países miembros del tratado de integración, que
no se derivan del común de las normas de derecho internacional. Por una parte,
esta legislación tiene un efecto directo sobre los derechos nacionales, lo cual
permite a las personas solicitar directamente a sus jueces nacionales la
aplicación de la norma supranacional cuando ésta regule algún asunto sometido a
su conocimiento. En segundo lugar, la legislación expedida por el organismo
supranacional goza de un efecto de prevalencia sobre las normas nacionales que
regulan la misma materia y, por lo tanto, en caso de conflicto, la norma
supranacional desplaza (que no deroga) - dentro del efecto conocido como
preemption - a la norma nacional”.
[44] D.H. Bowett, The law of international organisations,
Londres, 1982, p. 343.
[45] C.W. Jenks, “Some constitutional problems of international
organisations”, B.Y.I.L., 2000, p. 122.
[46]
Los Estados Observadores de la Alianza son: Australia, Canadá, Estados Unidos,
Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana,
Ecuador, Paraguay, Uruguay, China, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelandia, Alemania,
España, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido, Suiza y Turquía,
India, Finlandia, Singapur, Israel y Marruecos.
[47]
La Exposición de Motivos sostiene frente a este punto: “Costa
Rica tiene acuerdos comerciales con Chile, México y Perú. El acuerdo comercial
con Colombia está suscrito y en trámite legislativo para aprobación interna.
Panamá tiene acuerdos de libre comercio con Chile y Perú y acuerdos de alcance
parcial con Colombia y . México. Actualmente el acuerdo de libre comercio con
Colombia está suscrito y en trámite legislativo para aprobación interna”.
[48]
Sobre el Principio de Reciprocidad Ver: Corte Constitucional, Sentencia C-221
de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; Corte Constitucional, Sentencia
C-295 de 2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; y Corte Constitucional, Sentencia
C-577 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; entre otras.
[49]
J. Efremoff, “La conciliation internationale”, RCADI,
1978, p. 24.
[50]
Sentencias C-692 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo, C-
012 de 2004; C-991 de 2000; y C-176 de 1997, entre otras: “(...) cuando la
Carta habla de tratados también hace referencia a las enmiendas. En tales
condiciones, mutatis mutandi, las enmiendas están sometidas al mismo
procedimiento de aprobación y control constitucional que los tratados, por lo
cual la Corte, conforme al numeral 10 del artículo 241 superior, es competente
para pronunciarse de manera automática y previa sobre las leyes que aprueban
enmiendas a un tratado. Y, como lo ha señalado en repetidas ocasiones esta Corporación,
éste es un control completo de constitucionalidad, por razones de fondo y
también de forma”.
[51]
M.P. Fabio Morón Díaz.
[52]
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[53]
Páginas 58 y 59 de la Sentencia C-163 de 2015.
[54]
Pág. 60 de la Sentencia.
[55]
Mangas Martín Araceli y otro. Instituciones y Derecho de la Unión Europea.
Séptima Edición. Tecnos. Pág. 389.
[56]
Ibídem. Págs. 411 y 412.