T-190-18
Sentencia T-190/18
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Requisitos
para que se configure
En virtud de
lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, hay temeridad cuando sin motivo
expresamente justificado, la misma acción de tutela es presentada por la misma
persona o su representante ante varios jueces o tribunales, por lo cual se
deberá rechazar o decidir desfavorablemente todas las solicitudes. Así las cosas, la temeridad se configura al concurrir
los siguientes elementos: (i) identidad de hechos; (ii) identidad de
demandante, ya sea que actúe directamente o por medio de representante; (iii)
identidad de sujeto accionado; y (iv) falta de justificación para interponer la
nueva acción. Así, se ha entendido que una actuación en tal sentido vulnera los
principios de buena fe y cosa juzgada, al emplear irrazonablemente el mecanismo
constitucional, en procura de una nueva decisión, a sabiendas de que el asunto
ya fue decidido previamente.
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Triple
identidad
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
Respecto de
este defecto fáctico, la Sala Cuarta de Revisión en la Sentencia T-562 de 2017
sostuvo que tiene lugar “cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó
el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado”,
por tanto, se configura cuando haya fallas sustanciales originadas en las
deficiencias probatorias. En este evento, el juez aprecia pruebas
esenciales y determinantes que no ha debido admitir ni valorar porque, por
ejemplo, fueron indebidamente recaudadas o, efectúa una valoración
por “completo equivocada”.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL
MANIFIESTO-Reiteración de jurisprudencia
El defecto material o sustantivo, se configura cuando en el
caso que está bajo estudio se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión.
DEFECTO FACTICO POR INDEBIDA VALORACION PROBATORIA-Configuración
El defecto fáctico
por indebida valoración probatoria se configura, entre otros, cuando el juez: “i)
Decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a
su arbitrio el asunto jurídico debatido; ii)
fundamenta su decisión en pruebas ilícitas que se abstuvo de excluir; iii)    valora
pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones
debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de
pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que
no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; o iv)     da
por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso”.
INOPONIBILIDAD DE LA MORA PATRONAL PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION
DE VEJEZ-Reiteración de jurisprudencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
por cuanto se configuró defecto fáctico por indebida valoración probatoria en
reconocimiento de pensión de vejez
Expedientes: T-6.288.636 y T-6.310.530 AC.
Demandantes: Sigifredo Cifuentes Castaño y María Esperanza Laguado
de Chávez
Demandados: Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga y
COLPENSIONES
Magistrado
Sustanciador:
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Bogotá D.C., veintidós (22) de Mayo
de dos mil dieciocho (2018)
La Sala Quinta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Antonio José Lizarazo
Ocampo, Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la
revisión de las decisiones judiciales proferidas por la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia dentro del expediente T-6.288.636 y por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dentro del expediente T-6.310.530, los presentes
expedientes fueron escogidos y acumulados para revisión por la Sala de
Selección Número Ocho por medio de Auto del 25 de agosto de 2017 y repartido a
la Sala Quinta de Revisión[1].
I. ANTECEDENTES
1.1. Las solicitudes
En el expediente T-6.288.636, el solicitante presentó acción de tutela en contra del Tribunal Superior de Buga,
Sala Laboral, con el propósito de obtener el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, la igualdad y a la seguridad social, los
cuales consideró vulnerados con motivo del fallo en grado jurisdiccional
de consulta proferido por este órgano jurisdiccional, en el cual se revocó el
pronunciamiento de única instancia que reconoció el derecho pensional del actor.
Por lo cual, el accionante indicó que al revocarse dicha providencia y no
reconocérsele las semanas trabajadas entre el 01 de enero de 1996 y el 30 de
septiembre de 1999, se niega la posibilidad de que se configure su derecho a la
pensión.
Por su parte, en el expediente T-6.310.530,
la solicitante presentó acción de tutela en contra de COLPENSIONES con el
propósito de obtener el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
la igualdad y a la seguridad social, los cuales consideró vulnerados al no reconocérsele las semanas trabajadas entre el 04 de
junio de 1985 y el 31 de diciembre de 1995. Dicho tiempo de cotización fue
reconocido en conciliación judicial por la representante legal de la entidad
empleadora. No obstante, el empleador no efectuó los pagos respectivos al Instituto
de Seguros Sociales-ISS, hoy la Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES,
razón por la cual se niega la posibilidad de reconocimiento de sus derechos
pensionales.
1.2. Hechos
Expediente T-6.288.636
El 07 de abril de 2017, el señor Sigifredo Cifuentes Castaño a través
de apoderada instauró la presente acción de tutela con fundamento en los
siguientes hechos:
1.2.1. Que es un hombre de 73 años de edad, nacido el 14 de
junio de 1944[2],
y que laboró para varios empleadores desde el 18 de mayo de 1970, razón por la
cual la mayor parte de sus cotizaciones al sistema de seguridad social las realizó
al ISS, hoy COLPENSIONES.
1.2.2.     En consecuencia, la apoderada indicó que según el
reporte de la historia laboral de COLPENSIONES, descargados en los años 2014 y
2015[3], cuenta con
un total de 1.004.71 semanas de cotización. Así mismo, que de conformidad con
la fecha de nacimiento del accionante,  para el 01 de abril de 1994 contaba con
49  años de edad,  que en consonancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
lo hace beneficiario del régimen de transición, es decir esta cobijado por lo
regulado en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 del mismo año.
1.2.3. Por lo anterior, el accionante a través de su apoderada presentó
dos solicitudes de reconocimiento de la pensión de vejez ante COLPESIONES. La
primera el 18 de marzo de 2013, fue resuelta de forma negativa a través de la
Resolución GNR 207549 del 15 de agosto de 2013. En ese orden, el actor
interpuso los recursos respectivos contra el acto administrativo, ante lo cual COLPENSIONES,
a través de la Resolución GNR 73761 del 05 de marzo de 2014, confirmó dicha
decisión.
La segunda solicitud fue impetrada el día 06 de mayo de 2014, y fue
resuelta por COLPENSIONES a través de la Resolución GNR 289460 del 19 de agosto
de 2014[4],
donde negó el reconocimiento de la pensión de vejez debido a que el señor
Sigifredo Cifuentes Castaño no cumplía con las 750 semanas de cotización
exigidas en el parágrafo transitorio 4 del artículo 1 del Acto Legislativo 01
de 2005, que estableció el número de semanas requeridas para acceder al régimen
de transición, que se extendía hasta el año 2014. Además el accionante indicó
que “en dicha resolución la entidad administradora afirmó que el señor
Cifuentes Castaño entra al régimen de transición establecido en el artículo 36
de la Ley 100”[5].
1.2.4. Posteriormente la apoderada del accionante, el día 27 de
abril de 2015, inició proceso laboral ordinario en contra de COLPENSIONES para
el reconocimiento y pago de pensión de vejez. Ante lo cual, el Juzgado Primero Laboral
del Circuito de Tuluá - Valle del Cauca, avocó conocimiento del caso bajo el
radicado No.76-8341-31-05-001-2015-00209-00, y fijó fecha para la celebración
de audiencia pública.
Así las cosas, el 01 de agosto de 2016 se realizó audiencia pública en donde
la juez de conocimiento determinó que el actor es beneficiario del régimen de
transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que en el 01
de abril de 1994 contaba con 49 años de edad. Adicionalmente, el Juzgado Primero
Laboral del Circuito tomó en consideración que dentro de los contenidos de la historia
laboral, hechos en el año 2015 por COLPENSIONES[6],
para los periodos del 01 de enero de 1996 hasta el 03 de septiembre de 1999 el
empleador reportó las semanas trabajadas pero no realizó los pagos de las
cotizaciones, por lo cual es obligación del Fondo Administrador de Pensiones,
el ISS ahora COLPENSIONES, recaudar el pago de los aportes a la seguridad
social, “so pena de asumir por cuenta propia la omisión de su deber legal,
lo anterior basado en lo normado en el Decreto 1161 de 1994 y lo determinado en
Sentencia del 29 de agosto de 2005, de la Corte Suprema de Justicia, radicado
23249”[7].
En ese orden, señaló la jueza de
única instancia que el señor Sigifredo Cifuentes Castaño tenía más de 800
semanas cotizadas para el 29 de julio de 2005, por lo que el régimen de
transición se le extiende hasta el año 2014 de conformidad al Acto Legislativo
01 de 2005. En consecuencia, la normatividad aplicable al accionante es el
Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 0758 del mismo año[8].
De lo anterior, se le ordenó a
COLPENSIONES que reconociera y pagara la pensión de vejez mínima legal que rija
en cada anualidad al accionante, a partir del 01 de octubre de 2013 hasta el 01
de agosto de 2016 la suma de VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
CINCUENTA PESOS MCT, ($23.569.050), y en ese orden, desde el 02 de agosto de
2016 la administradora pensional deberá seguir cancelando la pensión mínima
legal vigente para cada anualidad.
Adicionalmente, dentro del fallo
se ordenó la remisión del mismo al grado jurisdiccional de consulta en
consonancia con el artículo 69 del Código de Procedimiento del Trabajo y la
Seguridad Social, dado que el fallo fue completamente desfavorable a los
intereses de COLPENSIONES de quien el Estado es garante.
1.2.5. El 24 de enero de 2017 se realizó audiencia ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala Laboral, en grado jurisdiccional
de consulta, en la que i) se revocó la sentencia N° 96 proferida por el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Tuluá del 01 de agosto de 2016, y ii) se
absolvió a COLPENSIONES de las peticiones incoadas por el accionante y de las
costas procesales decretadas.
Dicho pronunciamiento desvirtuó el
tiempo tomado como fundamento por el a quo para su decisión, relativo
a las 874.69 semanas cotizadas en los años 1996, 1997,1998 y 1999, ya que el Tribunal
demostró que dichos periodos aparecen en ceros como si hubiese existido una “mora
patronal”, situación que al verificarse nuevamente con un reporte
actualizado por COLPENSIONES del año 2016[9]
encontró que esas semanas son inexistentes, por lo que el ad quem concluyó
que al 22 de julio de 2005 el actor acreditó 688.14 semanas cotizadas y no 750
que son las requeridas para acceder al régimen de transición. En consecuencia,
el Tribunal Superior estableció que el accionante no está cobijado con los
supuestos del Acto Legislativo 01 de 2005, y además, que su estado actual de
cotización tampoco se enmarca en los términos del artículo 33[10] de la
Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, pues al
momento del cumplimiento de la edad requerida, 60 años de edad, esto es en el
2004, solo tenía cotizadas 688,14 semanas y no las 1.000 semanas exigidas[11].
1.2.6. Así las cosas, la apoderada del actor indicó que dentro del fallo de
grado jurisdiccional de consulta existió una indebida valoración probatoria,
pues solo se tomó a consideración una prueba sobreviniente del año 2016 y no
todos los elementos materiales probatorios. Toda vez que como se estableció en
el pronunciamiento de primera instancia de los elementos materiales probatorios
valorados, como fueron los reportes descargados de la página de la
administradora pensional en los años 2014 y 2015,  en los años laborados 1996,
1997,1998 y 1999 el solicitante estuvo afiliado por parte de su empleador,
adicionalmente se detalla el monto salarial de cada periodo y que las
cotizaciones aparecen en ceros, lo cual corrobora la existencia de las semanas
trabajadas en dicho periodo. Advirtió además que dichos reportes no fueron
controvertidos ni desvirtuados por COLPENSIONES en el proceso de única
instancia.
Expediente T-6.310.530
El 22 de marzo de 2017, la señora María Esperanza Laguado de Chávez a
través de apoderado instauró la presente acción de tutela con fundamento en los
siguientes hechos:
1.2.7. La solicitante es una mujer de 69 años de edad, la
cual nació el 29 de marzo de 1948[12],
y que laboró con algunas interrupciones para varios empleadores desde el 13 de
mayo de 1969, razón por lo cual la mayor parte de sus cotizaciones al sistema
de seguridad social las realizó al ISS, hoy COLPENSIONES.
1.2.8. El 16 de mayo de 2014, la actora le solicitó a
COLPENSIONES que le reconociera y pagara su pensión de vejez, como constata el
radicado 22014-3797480 de 2014, argumentando que para el 01 de abril de 1994,
cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993 contaba con 46 años cumplidos, por
lo que acredita uno de los requisitos de acceso al régimen de transición
establecido por el artículo 36 de dicha Ley. Ante la solicitud la
administradora pensional respondió de forma negativa, mediante Resolución
GNR331819 del 23 de septiembre de 2014, tomando como fundamento que la
solicitante no acreditó 750 semanas cotizadas para el 25 de julio de 2005.
1.2.9. En consecuencia, la actora impugnó el acto administrativo
expedido por COLPENSIONES, sobre lo cual profirió la Resolución GNR38269 del 18
de febrero de 2015. En dicha respuesta resolvió el recurso de reposición
interpuesto por la accionante, confirmando la primera decisión y concediendo el
recurso de apelación.
Una vez ejercido el recurso de apelación el superior jerárquico decidió
confirmar las decisiones de instancia a través de la Resolución VPB7635 del 05
de junio de 2015.
1.2.10. Así, el 19 de mayo de 2015 la accionante radicó acción de
tutela solicitando la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso administrativo, a la seguridad social en materia pensional, al mínimo
vital y a la igualdad.
Dicho pedimento fue resuelto por el Juez Treinta y Cinco Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Bogotá, quien tuteló a favor de la señora María
Esperanza Laguado de Chávez el derecho de petición, y desestimó los demás derechos
invocados al no pronunciarse sobre ellos, decisión que fue confirmada en
segunda instancia.
1.2.11. Por otro lado, la accionante presentó demanda laboral
contra Luz Marina Vera de Morales copropietaria de la Academia de Belleza Luz
Alex, lugar donde laboró, con el objetivo de que le pagara los valores
adeudados respecto de los aportes a la seguridad social, salud y pensión. Pues la
demandada dejó de cotizar al ISS, en los periodos comprendidos entre el 04 de junio
y 31 de diciembre de 1995[13],
periodos en los que la actora trabajó para la Academia de Belleza de forma
intermitente. Así las cosas, el 21 de julio de 2015, se celebró audiencia de
conciliación judicial donde la antigua empleadora reconoció el no pago de los
aportes al sistema de seguridad social y se comprometió a efectuarlos.
Ese mismo día la señora Laguado de Chávez solicitó a COLPENSIONES ser
aceptada en el proceso de recuperación de semanas, de conformidad con la
Circular 02 de 2012 de la Vicepresidencia Jurídica de la administradora.  A
través de Oficio BZ2015-6829699-1098746, COLPENSIONES negó la solicitud.  Posteriormente,
el 29 de julio de ese año, radicó en medio magnético la copia del fallo de
instancia junto a la copia del Acta de Conciliación.
1.2.12. El 24 de noviembre de 2015 el Juzgado Tercero Municipal
de Pequeñas Causas Laborales libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva
laboral a favor de María Esperanza Laguado de Chávez, en contra de Luz Marina
Vera de Morales por los dineros adeudados debido a la mora en aportes a la
seguridad social, conforme el Acta de Conciliación del 21 de julio de 2015.
1.2.13. Posteriormente, el 26 de julio de 2016, la actora
presentó por segunda vez acción de tutela por los hechos ya fallados por el
Juez Treinta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, en
dicha ocasión el Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá,
Sección Tercera protegió los derechos al debido proceso, petición, a la
seguridad social y al mínimo vital, providencia que fue revocada parcialmente,
manteniendo la protección al derecho de petición, por el juez de segunda
instancia[14]
al considerar que no existía violación a los demás derechos fundamentales por
parte de la administradora.
1.2.14 En cuanto a su historia laboral, el apoderado de la
accionante mencionó dentro de la acción de tutela que la señora Laguado de
Chávez entre el 13 de mayo de 1969 y el 01 de abril de 1994, había cotizado un
total de 821.29 semanas las cuales se pueden constatar de la siguiente manera: al
Instituto de Seguros Sociales un total de 353 semanas, de las cuales 112.00
aparecen registradas en la historia laboral de COLPENSIONES, y las otras 241.00
semanas fueron reconocidas por la empleadora Luz Marina Vera de Morales, en la
conciliación judicial celebrada el 21 de julio de 2015. Por otro lado, 339.29
semanas al Fondo de Previsión Social del departamento de Cundinamarca y 129.00
semanas al Fondo de Previsión del Distrito Capital de Bogotá, razón por la cual
considera que le asiste un derecho pensional a su representada.
Por lo anterior, el apoderado de la señora Laguado
de Chávez considera que la accionante cumplía con los requisitos exigidos para
acceder al régimen de transición para la entrada en vigencia de la Ley 100,
pues tenía 46 años de edad y había cotizado 821.29 semanas para la fecha
requerida. Así mismo, si se toma en consideración la entrada en vigencia del
Acto Legislativo 01 de 2005, es decir el 25 julio de dicho año, fecha en la
cual se extiende el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 bajo
las condiciones de al menos haber cotizado 750 semanas o su equivalente en
tiempo de servicio, la accionante cumple con el requisito de semanas, pues de
conformidad con su historia laboral, desde el 13 de mayo de 1960 hasta 25 de
julio de 2005, la señora cotizó 1021.57 semanas. Lo anterior, con base en la
siguiente relación hecha en el escrito de tutela:
Cuadro de
cotizaciones reportadas[15]
Periodos
de vinculación laboral como docente, Secretaria de Educación de Cundinamarca:
·
13/05 de 1969 hasta 22/04 de
1971
·
16/09 de 1974 hasta 06/06 de
1979
·
13/05 de 1969 hasta 22/04 de
1971
·
16/09 de 1974 hasta 30/02 de
1979
·
30/04 de 1979 hasta 06/06 de
1979
Total: 339.29 semanas
Periodos
de vinculación laboral como docente, Fondo Educativo Regional de Bogotá,
entre 10 septiembre de 1980 y el 01 de marzo de 1983:
·
1980: 16 semanas
·
1981: 52 semanas
·
1982: 52 semanas
·
1983: 8 semanas
Total: 129 semanas
Periodo
de vinculación con el Instituto Santa María del Lago, entre el 02 de
septiembre de 1983 y el 27 de noviembre de 1983:
Total: 12.43 semanas
Periodo de vinculación con
Alejandro Morales Montoya y Luz Marina Vera de Morales (Escuela Luz Alex),
entre el 25 de septiembre de 1985 y el 31 de octubre de 1995:
·
Entre 25/09 y el 19/01 de
1985-1986= 16.71 semanas
·
Entre 17/03 y el 15/10 de 1987=
30.43 semanas
·
Entre 24/04 y el 18/10 de 1989=
25.43 semanas
·
Entre 04/09 y el 01/02 de
1991-1992= 21.57 semanas
·
Entre 22/02 y el 31/12 de 1994= 44.71
semanas
·
Entre 01/01 y el 31/12 de 1992= 43.43
semanas
Total: 182.28
Periodo de vinculación con
el Instituto Santa María del Lago, entre el 02 de marzo y el 30 de noviembre
de 1996
·
Entre el 02 de marzo y el 30 de
noviembre de 1983
·
Entre el 01 de febrero y el 30
de noviembre de 1984
·
Entre el 01 febrero y el 30 de
noviembre de 1985
·
Entre el 01 de febrero y el 30
de noviembre de 1986
·
Entre el 01 de febrero y el 30
de noviembre de 1991
·
Entre el 01 de febrero y el 30
de noviembre de 1992
·
Entre el 01 de febrero y el 30
de noviembre de 1993
·
Entre el 01 de febrero y el 30
de noviembre de 1994
·
Entre el 01 de febrero y el 30
de noviembre de 1995
·
Entre el 01 de febrero y el 30
de noviembre de 1996
Total: 428.86 semanas
Periodo
de vinculación por Luz Marina Vera de Morales reconocido en audiencia de
conciliación judicial es:
·
01/07 de 1985 al 24/09 de 1985=
12.28 semanas
·
20/01 de 1986 al 24/09 de 1986=
49.43 semanas
·
01/01 de 1987 al 16/03 de 1987=
10.71 semanas
·
16/10 de 1987 al 31/12 de 1987=
11 semanas
·
01/01 de 1988 al 31/12 de 1988=
52.28 semanas
·
01/01 de 1989 al 23/04 de 1889=
16.14 semanas
·
19/10 de 1989 al 31/12 de 1989= 10.57
semanas
·
01/02 de 1991 al 03/09 de 1991= 30.71
semanas
·
02/02 de 1991 al 31/12 de 1992= 47.85
semanas
·
01/11 de 1995 al 31/12 de 1995=
8.71 semanas
Total:249.71
Periodo de vinculación con
Luz Myriam Enciso Céspedes entre el 01 de abril de 1997 y el 31 de enero de
2004, equivalente a un Total de: 108.86 semanas.
2.2.15. En
la actualidad cursa un proceso en la jurisdicción ordinaria, ante el Juzgado
Veintinueve Laboral de Circuito de Bogotá, para el reconocimiento de pensión de
la señora María Esperanza Laguado.[16]
1.3.
Respuesta de las entidades accionadas
A continuación se relacionan las respuestas de los actores vinculados
en los trámites de instancia en los expedientes T-6.288.636 y T-6.310.530.
1.3.1. Expediente
T-6.288.636
Dentro del trámite de instancia la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, órgano judicial que conoció de la acción de tutela, profirió auto
interlocutorio para que el a quo remitiera en calidad de préstamo el
expediente ordinario objeto de la acción incoada. Ante lo cual recibió
respuesta y trasladó el expediente por parte del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tuluá el 20 de abril de 2017.
Adicionalmente, no recibió respuesta de los accionados COLPENSIONES, la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Tribunal Superior de Buga.
1.3.2. Expediente T-6.310.530
Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES
El 21 de marzo de 2017, COLPENSIONES dio respuesta al auto del 16 de
marzo del mismo año, proferido por el Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, donde indicó que la entidad respondió de fondo
a las solicitudes relacionadas con el reconocimiento de la pensión de vejez de
la señora María Esperanza Laguado de Chávez a través de las resoluciones: GNR
331819 del 23 de septiembre de 2014, GNR 38269 de 18 de febrero de 2015 y VPB
47635 del 05 de junio de 2015.
En ese orden, refirió que si la accionante se encuentra en desacuerdo
con lo resuelto, debe agotar los procedimientos legales tanto administrativos
como judiciales, y no agotar la acción de tutela que es un mecanismo
subsidiario.
1.4. Pruebas que obran en los expedientes
A continuación, se relacionan las pruebas que hacen parte de los
expedientes acumulados, y que fueron aportadas dentro del trámite
constitucional de instancia, y en sede de revisión.
1.4.1. Trámite de instancias
Expediente T-6.288.636
·
Copia
de cédula de ciudadanía del señor Sigifredo Cifuentes Castaño (Fl. 14, cuaderno
2).
·
Poder
otorgado por el señor Sigifredo Cifuentes Castaño a la
abogada Myrian Ofelia Morillo Realpe (Fl. 1 y 28, cuaderno 2).
·
Historia
Laboral del accionante, expedida por COLPENSIONES de su página web en los años
2014 y 2015 (Fl. 15-21, cuaderno 2).
·
Copia
de resolución GNR 207549 de 15 de agosto de 2013  (Fl. 22-24, cuaderno 2).
·
Copia
de resolución GNR 73761 de 05 de marzo de 2014 (Fl. 25-27, cuaderno 2).
·
Copia
de demanda laboral en contra de COLPENSIONES, para la reclamación del
reconocimiento de la pensión de vejez del señor Sigifredo Cifuentes Castaño (Fl.
29-35, cuaderno 2).
·
Grabación
de audiencia laboral de única instancia, celebrada el 01
de agosto de 2016, del proceso con
el radicado No. 76-8341-31-05-001-2015-00209-00 ante el Juzgado Primero de
Circuito Laboral de Tuluá (Fl. 36, cuaderno 2).
·
Copia
del acta de audiencia celebrada el 01 de agosto de 2016 del proceso con
el radicado No. 76-8341-31-05-001-2015-00209-00 ante el Juzgado Primero de
Circuito Laboral de Tuluá (Fl. 37-40, cuaderno 2).
·
Historia
Laboral del accionante, expedida por COLPENSIONES 2016, introducida por la
administradora en el trámite de la audiencia (Fl. 42-51, cuaderno 2).
·
Grabación
de audiencia laboral en grado jurisdiccional de consulta,
celebrada el 24 de enero de 2017, del proceso con
el radicado No. 76-8341-31-05-001-2015-00209-00 ante el Tribunal Superior de
Buga, Valle, Sala de Decisión Laboral (Fl. 52, cuaderno 2).
·
Copia
del acta de audiencia N° 09, celebrada el 24 de enero de 2017 en
el proceso
con
el radicado No. 76-8341-31-05-001-2015-00209-00 ante el Tribunal Superior de
Buga, Valle, Sala de Decisión Laboral (Fl. 53-44, cuaderno 2).
·
Copia
de historia Clínica del señor Sigifredo Cifuentes Castaño anexada en el trámite
de impugnación de la acción de tutela (Fl. 40-46, cuaderno 3).
Expediente T-6.310.530
·
Copia
de cédula de ciudadanía de la señora María Esperanza Laguado de Chávez (Fl.
120, cuaderno 2).
·
Poder
otorgado por la señora Laguado de Chávez al abogado Fernando Augusto Ramírez
Guerrero (Fl.35-34, cuaderno 2).
·
Copia
de resolución número 2014_8898023 del 05 de junio de 2015, de COLPENSIONES por
medio de la cual confirmó en todas y cada una de las partes de la resolución
GNR 331819 del 23 de septiembre de 2014 (Fl.36-41, cuaderno 2)[17].
·
Copia
de fallo tutela del 02 de junio de 2015, Juzgado 35 Administrativo del Circuito
Nacional de Bogotá, por medio del cual amparó el derecho de petición de la
señora María Esperanza Laguado de Chávez (Fl. 64-70).
·
Copia
de fallo tutela del 08 de agosto de 2016, Juzgado 62 Administrativo del
Circuito Nacional de Bogotá, Sección Tercera por medio del cual se ampararon
los derechos al debido proceso, al derecho de petición, a la seguridad social y
al mínimo vital de la señora María Esperanza Laguado de Chávez (F.l. 71-78).
·
Copia
de fallo tutela en segunda instancia del 04 de octubre de 2016, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, por medio del
cual revocó parcialmente la providencia de primera instancia que amparó los
derechos al debido proceso, al derecho de petición, a la seguridad social y al
mínimo vital de la señora María Esperanza Laguado de Chávez. (F.l. 79-99).
·
Copia
de respuesta de COLPENSIONES del 28 de septiembre de 2016 al radicado
2016_2881332 del 06 de marzo de 2016, por medio del cual se hizo calculo
actuarial (Fl. 42-43, cuaderno 2).
·
Copia
de solicitud de COLPENSIONES, del 19 de octubre de 2016, a la señora Luz Marina
Vera de Morales, en relación con el pago de los tiempos de cotización adeudados
a la señora María Esperanza Laguado de Chávez (Fl. 46-47, cuaderno 2).
·
Copia
de comprobante para pago de tiempos de cotización adeudados a la señora María
Esperanza Laguado de Chávez (Fl. 48, cuaderno 2).
·
Copia
de solicitud de COLPENSIONES, del 10 de noviembre de 2016, a la señora Luz
Marina Vera de Morales, en relación con el pago de los tiempos de cotización
adeudados a la señora María Esperanza Laguado de Chávez (Fl. 49-51, cuaderno 2).
·
Copia
de certificado de información laboral, Secretaría de Educación de Cundinamarca
(Fl. 52-, cuaderno 2).
·
Copia
de historia clínica adjuntada en trámite de impuganación, de la señora Laguado
de Chávez (F.l.154-165).
·
1.4.2. Pruebas allegadas en
revisión del 12 de enero de 2018, con ocasión del auto del 16 de noviembre de
2017
Expediente T- 6.288.636
·
Expediente
de proceso laboral de primera y segunda instancia remitido por el Juzgado Primero
Laboral del Circuito Tuluá (Cuaderno anexo).
·
Respuesta
de apoderada del solicitante al cuestionario de interrogantes formulado en el
Auto del 16 noviembre de 2017 (Fl.33-34, cuaderno 1).
·
Historia
Clínica del señor Sigifredo Cifuentes Castaño anexada a la respuesta de
interrogantes formulado en el Auto del 16 noviembre de 2017 (, Fl.35-43
cuaderno 1.)
Expediente T- 6.310.530
·
Resolución
GNR331819 del 23 de septiembre de 2014, allegada como respuesta de COLPENSIONES
al Auto del 16 noviembre de 2017 (Fl.27-29, Cuaderno 1).
·
Resolución
GNR38269 del 18 de febrero de 2015, allegada como respuesta de COLPENSIONES al
Auto del 16 noviembre de 2017 (Fl.85-61, Cuaderno 1).
·
Resolución
VPB del 05 de junio de 2015, allegada como respuesta de COLPENSIONES al Auto
del 16 noviembre de 2017 (Fl.35-41, Cuaderno 1).
·
Respuesta
de la solicitante al cuestionario de interrogantes formulado en el Auto del 16
noviembre de 2017 (Fl.43-42, Cuaderno 1).
·
Copia
de examen médico realizado por IDIME donde se le diagnosticó deviación estándar
de columna lumbar, riesgo en fractura de cuello femoral osteoporosis, allegada
como respuesta de COLPENSIONES al Auto del 16 noviembre de 2017 (Fl.44-57,
Cuaderno 1).
·
Copia
de certificado de finalización de contrato laboral el día 30 de noviembre de
2017, con la entidad educativa donde trabajaba como profesora (Fl.79-82,
Cuaderno 1).
·
Copia
del Oficio del 12 de agosto de 2016, allegada como respuesta de COLPENSIONES al
Auto del 16 noviembre de 2017 (Fl.35-41, Cuaderno 1).
II. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
2.1. Expediente T- 6.288.636
Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral
El 03 de mayo de 2017, la Sala Laboral de la Corte
Suprema profirió providencia por medio de la cual negó el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social. Lo anterior,
teniendo en cuenta que para el a quo los cargos formulados en contra del
Tribunal Superior de Buga sobre la posible configuración de una vía de hecho en
el fallo del 24 de enero de 2017, en grado
jurisdiccional de consulta, no encuentran asidero. Del
análisis de la grabación de la audiencia única, la Corte Suprema verificó que
el Tribunal Superior revisó la historia laboral del actor de forma detallada, y
puntualizó que los periodos de 1996, 1997, 1998 y 1999, fueron determinantes
para el reconocimiento del derecho en única instancia laboral.
De lo anterior, el Tribunal Superior encontró que el
Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Tuluá en el fallo de única instancia estableció que dichos periodos
fueron cotizados como si estuvieran en “mora patronal”, pero al revisar
la historia laboral que se allegó por la demandada, se constató que no se tiene
prueba de la existencia de esos periodos, es decir no están los años 1996 a
1999. Lo anterior, fue el argumento para que el Tribunal Superior de Buga
revocara el fallo de instancia, pues sin dicho periodo el accionante no cumple
con los requisitos para acceder al régimen de transición.
Tomando a consideración el razonamiento realizado, la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió negar el amparo de los
derechos invocados.
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal
El 06 de julio de 2017, la Sala de Casación Penal
resolvió confirmar la decisión de la Sala Laboral en sede tutela, al considerar
que la decisión en grado jurisdiccional de consulta como señaló el a quo se encuentra conforme a derecho, pues
de ser cierto que el Tribunal Superior no cumplió con el principio de unidad
probatoria señalado en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, el
actor disponía del recurso de casación, previsto en el artículo 60 de dicho
código y en el artículo 170 del Código General del Proceso.
2.2. Expediente T-6.310.530
Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá
El 28 de marzo de 2017, el a quo profirió fallo
de primera instancia frente a la acción incoada por la señora María Esperanza
Laguado de Chávez, donde resolvió no tutelar los derechos fundamentales al
debido proceso y a la seguridad social, por considerar que en primer lugar la
acción no cumple con el requisito de inmediatez, por cuanto los hechos
señalados en la demanda de amparo se remontan a los años 2014 y 2015, tiempo en
el COLPENSIONES expidió las respectivas respuestas consideradas como trasgresoras
de los derechos fundamentales.
En segundo lugar, el juez de primera instancia
manifestó que más allá de las afirmaciones que constan en el escrito de tutela,
no se pueden establecer elementos razonables que permitan inferir la
procedencia del reconocimiento de pensión de vejez a través de la acción de
tutela, por cuanto no se probó su debilidad manifiesta o una difícil condición
socioeconómica, o gravedad en su estado de salud. Así mismo, hizo hincapié en
que la señora no hace parte de un grupo de especial protección como es la tercera
edad, pues anotó que la actora tiene 69 años de edad, y que de acuerdo con la
Sentencia T- 138 de 2010, la tarifa razonable para pertenecer a esta categoría
de protección constitucional son los 78.5 años de edad.
Finalmente, advirtió que teniendo en cuenta los dos
fallos de tutela anexados a la demanda, la accionante y su apoderado pueden
incurrir en temeridad, teniendo en cuenta que existe una estrecha identidad con
lo pretendido y los hechos que lo fundamentan.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta Sub Sección B
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en providencia del 12 de
junio de 2017, resolvió confirmar el fallo de la Sentencia del 28 marzo de
2017. Lo anterior, con fundamento en que aunque la accionante padece osteoporosis
según se constató de su historia clínica, esto no resulta consecuente a que no
pueda esperar el trámite de un proceso ordinario que decida sobre el
reconocimiento de su pensión. Por lo que precisó que la señora Laguado de
Chávez cuenta con acciones ordinarias para la reclamación de su derecho.
En consecuencia, el ad quem confirmó el pronunciamiento de
primera instancia en su integralidad.
III.
TRÁMITE CONSTITUCIONAL
La Corte
Constitucional a través de la Sala de Selección Número Ocho decidió
seleccionar y acumular para revisión los expedientes T- 6.288.636
y T- 6.310.530 por medio de Auto del 25 de agosto de 2017, el cual fue comunicado el 11 de septiembre del mismo año, y repartido a
la Sala Quinta de Revisión.
El 16 de noviembre de 2017, la Sala Cuarta de Revisión[18] de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Antonio José Lizarazo
Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado y José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, encontró que los expedientes de
la referencia no cuenta con los elementos de juicio suficientes para adoptar
una decisión de fondo, acorde con la situación fáctica allí planteada, lo cual
hizo necesario que se ordenará la práctica de algunas pruebas que permitieran
verificar los supuestos de hecho que sirvieron de fundamento para promover la
acción de tutela y mejor proveer en el presente caso. Por lo cual, resolvió:
PRIMERO: SOLICITAR, por
conducto de la Secretaría General, a la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Buga que ALLEGUE a esta Corporación (con destino al expediente
T-6.288.636) copia del expediente contentivo del proceso laboral que se
adelantó en contra de COLPENSIONES por la negativa en el reconocimiento y pago
de la pensión de vejez, identificado con el radicado No.
76-8341-31-05-001-2015-00209-00, en el término de tres (3) días hábiles
siguientes a la comunicación del presente auto.
SEGUNDO: SOLICITAR, por conducto
de la Secretaría General, al Juzgado Primero Laboral
del Circuito de Tuluá (Valle) que ALLEGUE a esta Corporación (con destino al expediente T-6.288.636) copia del
expediente contentivo del proceso laboral que se adelantó en contra de
COLPENSIONES por la negativa en el reconocimiento y pago de la pensión de
vejez, identificado con el radicado No. 76-8341-31-05-001-2015-00209-00, en el
término de tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación del presente
auto.
TERCERO: SOLICITAR, por conducto de la Secretaría
General, a Sigifredo Cifuentes Castaño (Calle 26 # 32-21 Piso
2B/Franciscanos, en Tuluá, Valle) que INFORME
a esta Corporación (con destino al expediente T-6.288.636), en el término de
tres (3) días hábiles contados a partir del recibo del presente proveído, sobre
su situación económica actual, específicamente:
·
¿De qué actividad económica deriva sus
ingresos? Si tiene algún tipo de vinculación laboral, indicando el
correspondiente empleador. Si su respuesta es afirmativa, señale el monto
mensual de sus ingresos.
·
Si su anterior respuesta es negativa, indique
cuál es la fuente de sus ingresos.
·
Si es dueño de bienes muebles o inmuebles,
indicando, en caso positivo, cuál es su valor y la renta que pueda derivar de
ellos.
·
Si tiene personas a cargo, indicando quiénes
y cuántos.
·
Señale la relación de gastos mensuales por
todo concepto (alimentación, educación, vestuario, salud, recreación, etc.).
·
¿Cuál es su estado de salud? en caso de
presentar alguna enfermedad o condición, anexar copia de historia clínica.
·
¿En qué régimen de seguridad social en salud
y a través de cuál EPS se encuentra afiliado?
Para efectos de dar respuesta al anterior requerimiento, allegar los
documentos que soporten sus afirmaciones.
CUARTO: SOLICITAR, por
conducto de la Secretaría General, al Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito
de Bogotá que INFORME el estado actual del proceso y ALLEGUE a
esta Corporación (con destino al expediente T-6.310.530) copia del expediente
contentivo del proceso laboral que se adelanta en contra de COLPENSIONES por la
negativa en el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, identificado con
el radicado No. 11-0013-10-50-29-2017-00117-00, dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a la comunicación del presente auto.
QUINTO: SOLICITAR, por conducto
de la Secretaría General, a COLPENSIONES que,
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación del presente
auto, ALLEGUE a esta Corporación (con destino al expediente T-6.310.530)
copia de las resoluciones i) No 2014_8898023, VPB 47635/05 junio 2015 y ii) el
reporte de las semanas cotizadas al 31 de enero de 2016, por parte de la señora
María Esperanza Laguado de Chávez.
SEXTO: SOLICITAR,
por conducto de la Secretaría General, a
María Esperanza Laguado de Chávez (Carrera 13
#138-41, apartamento 609, en Bogotá DC) que INFORME
a esta Corporación (con destino al expediente T-6.310.530), en el término de
tres (3) días hábiles contados a partir del recibo del presente proveído, sobre
su situación económica actual, específicamente:
·
¿De qué actividad económica deriva sus
ingresos? Si tiene algún tipo de vinculación laboral, indicando el
correspondiente empleador. Si su respuesta es afirmativa, señale el monto
mensual de sus ingresos.
·
Si su anterior respuesta es negativa, indique
cuál es la fuente de sus ingresos.
·
Si es dueña de bienes muebles o inmuebles,
indicando, en caso positivo, cuál es su valor y la renta que pueda derivar de
ellos.
·
Si tiene personas a cargo, indicando quiénes
y cuántos.
·
Señale la relación de gastos mensuales por
todo concepto (alimentación, educación, vestuario, salud, recreación, etc.).
·
¿Cuál es su estado de salud? en caso de
presentar alguna enfermedad o condición, anexar copia de historia clínica.
·
¿En qué régimen de seguridad social en salud
y a través de cuál EPS se encuentra afiliada?
Para efectos de dar respuesta al anterior
requerimiento, allegar los documentos que soporten sus afirmaciones.
SÉPTIMO: INFORMAR a las partes, por
conducto de la Secretaría General de la Corporación, una vez se hayan
recepcionado las pruebas requeridas, que estas estarán a su disposición en la
Secretaría de esta Corte, para que se pronuncien sobre las mismas, en caso de
considerarlo necesario, en el término de tres (3) días hábiles, de acuerdo con
el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015.
OCTAVO: SUSPENDER los términos del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Acuerdo 02 de
2015. En todo caso, la suspensión no se extenderá más allá de tres (3) meses
contados a partir del momento en que se alleguen las pruebas.
3.1. Respuesta de las personas vinculadas y requeridas mediante Auto
del 16 de noviembre de 2017
Expediente T-6.288.636
Señor Sigifredo Cifuentes Castaño
El 29 de noviembre de 2017, la apoderada del señor
Sigifredo Cifuentes Castaño remitió a la Secretaría de la Corte la respuesta a
los cuestionamientos formulados por la Sala de Revisión a través del Auto del
16 de noviembre de 2017.
Así las cosas, indicó que su poderdante actualmente no
tiene una fuente de ingreso de ningún tipo, por lo cual hace 10 años subsiste
de la pensión que recibe su esposa, y que en consecuencia, se encuentra
inscrito como beneficiario del régimen de salud. De igual manera, refirió que
no tiene personas a cargo, y que no tiene ningún inmueble a su nombre, por lo
que sus gastos oscilan alrededor de los TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000), por
concepto de medicamentos y alimentación.
En lo referente a su salud, indicó que padece distintas
patologías como dificultad respiratoria, demencia senil, infección en vías
urinarias, dolor torácico, además de tener un catéter en el corazón y ceguera
en uno de sus ojos, causadas por su avanzada edad.
Expediente T-6.310.530
Señora María Esperanza Laguado de Chávez
El 24 de noviembre de 2017, la señora María Esperanza
Laguado radicó en la Secretaría de esta Corporación escrito de respuesta a los
interrogantes formulados en el auto en referencia.
De esta forma respecto de su condición socioeconómica
la actora refirió que hasta el 30 de noviembre de 2017 tuvo contrato con la
institución educativa con la que laboraba como docente de grado quinto de
primaria[19].
Señaló además que devengaba un salario de UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS ($1.144.630), los cuales eran consignados en dos
quincenas, además manifestó que no tiene bienes a su nombre. Así mismo, indicó
que su afiliación al sistema de salud tenía vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2017.
La señora Laguado no tiene personas a cargo y en la
actualidad vive con su hijo, quien es mayor de edad, se encuentra casado y
tiene dos hijos. En lo referente a su estado de salud, la actora desde el año
2006 padece osteoporosis en columna vertebral (hueso trabecular), aumento de
riesgo de fracturas en hueso trabecular, enfermedad que a 2014 fue
diagnosticada como osteoporosis severa con presencia de una o más fracturas con
fragilidad, según indica la historia clínica de EPS COMPENSAR.
En cuanto a sus gastos, se manifestó en el escrito que
mensualmente necesita un MILLÓN CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($1.150.000),
referentes a alimentación, vestuario, recreación, transporte, aseo personal,
aporte para servicios domiciliarios e imprevistos varios.
Administradora Colombiana de Pensiones- COLPENSIONES
El 19 de diciembre, COLPENSIONES radicó respuesta al
Auto proferido por la Sala de Revisión en los siguientes términos:
En primer lugar, refirió que la acción es improcedente
debido a que no se han agotados los recursos ordinarios dispuestos en la
jurisdicción ordinaria.
En segundo lugar, resaltó que la conducta desplegada
por el ex empleador – Academia de Belleza Luz Alex- de no realizar el pago de
los aportes de afiliación al sistema de seguridad social, conlleva a que
proceda el pago de un cálculo actuarial a la entidad administradora de
pensiones.
Sin embargo, esto no es óbice para obligar a
COLPENSIONES a reconocer derechos pensionales por cuanto el Decreto 1748 de
1995, modificado por el artículo 17 del Decreto 3798 de 2003, preceptuó que en
caso de que el empleador haya incumplido con la obligación de afiliar a sus
trabajadores a la fecha de entrada en vigencia el Sistema General de Pensiones
o con anterioridad, si estaba obligado a hacerlo, los tiempos de servicios de
los empleados sólo podrán ser computados previo pago de una reserva actuarial a
título pensional liquidado conforme a lo establecido en el Decreto 1887 de
1994.
En tercer lugar, manifestó que la señora Laguado es
beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
ya que para el 01 de abril de 1994 contaba con 45 años de edad. En lo que
respecta al Acto Legislativo 01 de 2005, la administradora pensional hizo
hincapié en que la actora no cumple con los requisitos exigidos para conservar
el régimen de transición hasta el 31 de diciembre de 2014, pues solo acreditó
740 semanas de las 750 necesarias.
IV.   CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
4. Competencia
Esta Corte es competente para conocer del
fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos
86 y 241.9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991, y en virtud del Auto del 25 de agosto de 2017, proferido por la
Sala de Selección Número Ocho de
esta Corporación, que decidió seleccionar y acumular los presentes asuntos para
su revisión.
4.1.
Problema
jurídico y temas a tratar
El caso sub examine es un acumulado de
expedientes relativos a la posible vulneración del derecho al debido proceso y
a la seguridad social de los accionantes. Pues de conformidad con lo expuesto, se
mencionó el desconocimiento de las administradoras pensionales de sus obligaciones
establecidas en la jurisprudencia constitucional y las normas reguladoras,
relacionadas con efectuar los correspondientes cobros coactivos a los
empleadores que omitieron cumplir con su deber de realizar los aportes al
sistema de seguridad social. Lo que ha producido que los actores no puedan
configurar su derecho pensional.
4.1.1. En el expediente
T-6.288.636 el
accionante indicó que es un hombre de 73 años de edad, el cual trabaja desde
1970, por lo que solicitó a COLPENSIONES que reconociera sus derechos
pensionales, pues a su consideración al momento de entrada el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 cumplía con los requisitos exigidos.
Sobre lo anterior, COLPENSIONES denegó el derecho
pretendido al señalar que el número de semanas cotizadas por el actor no daban
lugar a la configuración de un derecho pensional, pues aun cuando cumplió con
la edad en la entrada en vigencia tanto de la Ley 100 de 1993, como del Acto
Legislativo 01 de 2005, no acreditó el tiempo de cotización requerido por lo
que no accedió al régimen de transición.
Así las cosas, el
señor Sigifredo Castaño instauró a través de apoderado demanda ordinaria
laboral en contra de COLPENSIONES para que se le reconociera su derecho. Ante
lo cual el 01 de agosto de 2016 se realizó audiencia pública en donde la juez
de conocimiento determinó que el actor es beneficiario del régimen de
transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que en el 01
de abril de 1994 contaba con 49 años de edad. Adicionalmente, el Juzgado Primero
Laboral del Circuito encontró que para la vigencia del Acto Legislativo 01 de
2005, contaba con más de 750 semanas, pues de su historia laboral constató para
los periodos del 01 de enero de 1996 hasta el 03 de septiembre de 1999 el
empleador reportó las semanas trabajadas pero no realizó los pagos de las
cotizaciones, por lo cual es obligación del Fondo Administrador de Pensiones,
el ISS ahora COLPENSIONES, recaudar el pago de los aportes a la seguridad
social, “so pena de asumir por cuenta propia la omisión de su deber legal,
lo anterior basado en lo normado en el Decreto 1161 de 1994 y lo determinado en
Sentencia del 29 de agosto de 2005, de la Corte Suprema de Justicia, radicado
23249”[20].
Dicha providencia fue remitida al grado jurisdiccional
de consulta de acuerdo al artículo 69 de Código de
Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, donde
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala Laboral, i) se revocó
la sentencia N° 96 proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Tuluá del 01 de agosto de 2016, y ii) se absolvió a COLPENSIONES de las
peticiones incoadas por el accionante y de las costas procesales decretadas.
Por lo anterior, el accionante instauró acción de
tutela en contra de la decisión en grado de jurisdiccional de consulta,
proferida por el Tribunal Superior de Distrito de Buga, Sala Laboral, al
considerar que dicho pronunciamiento es una violación al debido proceso, toda
vez que se desconoció todo el material probatorio valorado en la única
instancia, y dio preferencia a otros elementos que no habían sido discutidos
por el aquo.
Así las cosas, el juez de tutela de primera instancia negó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a
la seguridad social. Lo anterior, teniendo en cuenta que para el a quo
los cargos formulados en contra del Tribunal Superior de Buga sobre la posible
configuración de una vía de hecho en el fallo del 24 de enero de 2017, en grado
de jurisdiccional de consulta,
no encuentran asidero. Pues del análisis de la grabación de la audiencia única,
la Corte Suprema verificó que el Tribunal Superior revisó la historia laboral
del actor de forma detallada, y que puntualizó en los periodos 1996, 1997, 1998
y 1999 los cuales fueron determinantes para el reconocimiento del derecho en
única instancia laboral.
En el fallo de segunda instancia, la Sala de Casación Penal resolvió confirmar la decisión de la Sala
Laboral en sede tutela, al considerar que la decisión en grado jurisdiccional de consulta como señaló
el a quo se encuentra conforme a derecho, pues de ser cierto que el
Tribunal Superior no cumplió con el principio de unidad probatoria señalado en
el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, el actor disponía del
recurso de casación, previsto en el artículo 60 de dicho código y en el
artículo 170 del Código General del Proceso.
4.1.2. Por su parte, en
el expediente T-6.310.530 la accionante manifestó que es una mujer de 69 años de edad, quien
trabaja desde el año 1968 de forma intermitente, por lo que solicitó a
COLPENSIONES que reconociera sus derechos pensionales, pues a su consideración
al momento de entrada el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 cumplía
con los requisitos exigidos.
Sobre lo anterior, COLPENSIONES denegó el derecho pretendido al
señalar que el número de semanas cotizadas por  la actora no daban lugar a la
configuración de un derecho pensional, pues aun cuando cumplió con la edad en
la entrada en vigencia tanto de la Ley 100 de 1993, como del Acto Legislativo
01 de 2005, no acreditó el tiempo de cotización requerido por lo que no accedió
al régimen de transición.
En ese orden, la accionante ha instaurado varias acciones administrativas,
como judiciales para el reconocimiento del derecho, entre ellas la reposición
de todas las resoluciones negativas expedidas por la administradora pensional,
dos acciones de tutela, y un proceso laboral ordinario contra uno de sus
empleadores, en el cual dentro la conciliación judicial se reconoció el tiempo
trabajado y se estableció la obligación de pago que estos tienen que hacer a
COLPENSIONES con el fin de que la señora pueda sumar dicho tiempo laborado a su
base de cotización.
El 28 de marzo de 2017, el a quo profirió fallo de primera
instancia frente a la acción incoada por la señora María Esperanza Laguado de
Chávez, donde resolvió no tutelar los derechos fundamentales al debido proceso
y a la seguridad social, por considerar que en primer lugar la acción no cumple
con el requisito de inmediatez, por cuanto los hechos señalados en la demanda
de amparo se remontan a los años 2014 y 2015, tiempo en el COLPENSIONES expidió
las respectivas respuestas consideradas como trasgresoras de los derechos
fundamentales.
El 12 de junio de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
resolvió negar la impugnación presentada por la parte actora contra la
Sentencia del 28 marzo de 2017.
4.1.3. De acuerdo con la situación fáctica planteada y las
decisiones adoptadas por los jueces de instancia, corresponde a la Sala Quinta de Revisión responder los
siguientes interrogantes:
a)     ¿En
el caso del expediente T-6.310.530, la accionante
incurrió en temeridad, al promover en tres oportunidades acción de
tutela bajo la misma situación fáctica, aun cuando en las dos tutelas previas a
la presente, se le ampararon derechos distintos?
b)    De no
configurarse la temeridad sobre el expediente T-6.310.530, corresponde
a la Sala responder: ¿Vulneró COLPENSIONES los derechos
fundamentales a al debido proceso, seguridad jurídica y en consecuencia a la
seguridad social de la señora María Esperanza Laguado al negar por medio de
resolución el derecho pensional invocado, sobre la base de que la solicitante
no ha completado el número de aportes requerido, aun cuando existe una
sentencia de conciliación judicial sobre el reconocimiento de aportes no hechos
por parte de uno de los empleadores?
c)     En el
caso del expediente T-6.288.636 ¿Vulneró el
Tribunal Superior de Buga, Sala Laboral los derechos fundamentales al debido
proceso, seguridad jurídica y en consecuencia a la seguridad social del señor
Sigifredo Castaño al revocar el fallo favorable de única instancia, sobre la
base de i) darle más relevancia a uno de los materiales probatorios aportados
por el accionando en grado jurisdiccional de consulta
sobre otros ya valorados en la única instancia laboral, y ii) al aceptar una
objeción no presentada sobre las pruebas, en el trámite de única instancia?
d)    En el
caso del expediente T-6.288.636 ¿Vulneró el
Tribunal Superior de Buga, Sala Laboral los derechos fundamentales del accionante,
al oponer la mora patronal como fundamento para la negación del derecho
pensional respectivo?
4.1.4. Con el propósito de solucionar los
problemas planteados, la Sala hará referencia a los
siguientes temas: (i) reiterará
su jurisprudencia respecto de los requisitos de legitimación en la causa,
inmediatez y subsidiariedad como requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela; (ii) reiterará la jurisprudencia constitucional sobre la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; (iii) el defecto fáctico como violación al
debido proceso por indebida valoración probatoria y (iv) Inoponibilidad de la
mora patronal para el reconocimiento de la pensión de vejez. Por último,
analizará el caso en concreto.
4.2.
Temeridad
en el expediente T-6.310.530
Antes de pasar al análisis de
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y
administrativas, es importante resolver el problema jurídico planteado sobre la
posible configuración de temeridad en la acción promovida dentro del expediente
T-6.310.530. Al
respecto debe mencionarse que, la Sentencia T- 147 de 2016, reiteró las reglas
sobre la configuración de un abuso indebido de la acción de tutela:
“En virtud de lo dispuesto en el Decreto
2591 de 1991, hay temeridad cuando sin motivo expresamente justificado, la
misma acción de tutela es presentada por la misma persona o su representante
ante varios jueces o tribunales, por lo cual se deberá rechazar o decidir
desfavorablemente todas las solicitudes. Así las cosas, la temeridad se configura al
concurrir los siguientes elementos: (i) identidad de hechos; (ii) identidad de
demandante, ya sea que actúe directamente o por medio de representante; (iii)
identidad de sujeto accionado; y (iv) falta de justificación para interponer la
nueva acción. Así, se ha entendido que una actuación en tal sentido vulnera los
principios de buena fe y cosa juzgada, al emplear irrazonablemente el mecanismo
constitucional, en procura de una nueva decisión, a sabiendas de que el asunto
ya fue decidido previamente”.
En el expediente
T- 6.310.530, se
puede dilucidar la aplicación del precepto de temeridad de la acción en
revisión pues, (i) la accionante
en dos oportunidades anteriores a la que está en revisión ha interpuesto acción
de tutela sobre los mismos hechos en conocimiento, la primera el 02 de junio de
2015[21],
y la segunda del 08 de agosto de 2016[22],
la cual fue revocada por la sentencia de segunda instancia del 04 de octubre[23] del
mismo año, en contra de la negativa de COLPENSIONES en el reconocimiento de la
pensión. No obstante, COLPENSIONES profirió posteriormente al primer fallo la
Resolución del 05 de junio de 2015, que confirmó las decisiones que negaron el
reconocimiento del derecho, lo que configura un hecho nuevo que deja de lado la
temeridad respecto de la tutela del 08 de agosto. Sin embargo los hechos
expuestos para la tutela del 08 de agosto de 2016, son los mimos hechos que se
expusieron en la tutela objeto de conocimiento de esta Sala, por lo cual existe identidad de hechos; (ii) la accionante
ha sido la señora María Esperanza Laguado, lo que establece la identidad de
demandante tanto de las acciones predecesoras como en la actual, (iii) el
sujeto accionado en las dos oportunidades decididas, y en la acción objeto de
análisis es COLPENSIONES, es decir existe identidad de sujeto accionado y
(iv) no se ha argumentado ni justificado por qué se ha interpuesto
nuevamente acción de tutela sobre los mismos hechos.
Por lo
anterior, la Sala considera respecto del expediente T- 6.310.530 se configura temeridad, y en ese orden, la acción de amparo
no es procedente. No obstante, es de advertir que en la actualidad cursa un
proceso declarativo laboral, en la jurisdicción ordinaria, ante el Juzgado
Veintinueve Laboral de Circuito de Bogotá, para el reconocimiento de pensión de
la señora María Esperanza Laguado[24].
En consecuencia, el análisis sobre la procedencia de la acción de tutela se
realizará exclusivamente sobre el expediente T- 6288636. De
superarlo se continuará con el fondo del asunto.
4.3.
Procedencia de
la acción de tutela
El
artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tendrá
acceso a la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales (inciso 1º del artículo 86), cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los casos que señale la ley
(inciso 5º del artículo 86), siempre que el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable (inciso 3º del artículo 86).[25]
La
referida disposición Superior, en concordancia con lo previsto en los artículos
1, 5, 6, 8, 10 y 42 del Decreto 2591 de 1991, contiene, a su vez, los elementos
de procedencia de la acción de tutela, entendiendo que estos son: (i) la
legitimación en la causa (activa y pasiva); (ii) la inmediatez; y (iii) la
subsidiariedad[26]. A continuación se estudiarán
estos asuntos en relación con el caso concreto.
4.3.1.
La legitimación
en la causa
La
legitimación en la causa es la potestad que tiene toda persona para invocar sus
pretensiones o para controvertir aquellas que se han aducido en su contra.  El
primero de los eventos se conoce como la legitimación en la causa por activa y,
el segundo, como la legitimación en la causa por pasiva[27].
Así las cosas, la legitimación en la causa por activa puede ser
predicada dentro de la acción de tutela cuando se instaura: (i) de manera
directa, es decir, por el titular de los derechos fundamentales que se
consideran amenazados o vulnerados; (ii) a través de representante legal, en el
caso de los menores de edad, incapaces absolutos, personas declaradas en estado
de interdicción y las personas jurídicas; (iii) a través de apoderado judicial,
caso en el cual el apoderado debe ostentar la calidad de abogado titulado y al
escrito de tutela se debe anexar el poder especial para el caso; y, finalmente,
(iv) por medio de agente oficioso, cuando el afectado en sus derechos no está
en condiciones físicas o psicológicas de promover la acción de tutela por sus
propios medios. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 86
Superior y en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.
Por su parte, la legitimación en la causa por pasiva en la acción de
tutela es regulada por los artículos 86 de la Constitución Política y 42 del
Decreto 2591 de 1991, los cuales prevén que esta se puede promover contra todas
las autoridades públicas y, también, contra los particulares que estén
encargados de la prestación de un servicio público, cuya conducta afecte
gravemente el interés colectivo o, respecto de quienes el solicitante se halle
en situación de subordinación e indefensión.
La legitimación en la
causa tanto por activa como por pasiva se encuentra acreditada
pues es el eventual afectado en sus derechos fundamentales, por medio de su
apoderado debidamente autorizado[28],
quienes acuden a la acción de tutela. Del otro lado, se cuestionan las
decisiones tomadas tanto por el Tribunal Superior de Buga, Sala Laboral, como
por COLPENSIONES, quienes tenían en su momento la función sobre el
reconocimiento de los derechos pensionales de los accionantes[29].
4.3.2.
La
subsidiariedad y la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra
providencias judiciales. Reiteración jurisprudencial
Es deber del juez
analizar los presupuestos fácticos del caso concreto, en aras de determinar si
se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción, y así
establecer si los instrumentos de defensa judicial ordinarios resultan eficaces
para el amparo de las garantías fundamentales de la accionante, puesto que ante
la inminente ocurrencia de un perjuicio irremediable, el conflicto planteado
trasciende del nivel meramente legal al constitucional, teniendo la acción de
tutela la facultad de convertirse en el mecanismo principal de trámite del
asunto, desplazando a la respectiva instancia ordinaria[30].
De manera
específica, la Corte en reiterada jurisprudencia[31] ha
señalado que por regla general, la acción de tutela resulta improcedente en
contra de providencias judiciales en virtud de los principios de autonomía
judicial y seguridad jurídica. Sin embargo, esta Corporación sistematizó y
delimitó en la Sentencia C-590 de 2005 algunas causales en virtud de las
cuales, excepcionalmente, resulta procedente. En dicha providencia el Alto
Tribunal diferenció entre requisitos generales y especiales, señalando que los
primeros habilitan el estudio constitucional y deben cumplirse en su totalidad;
los segundos implican la procedibilidad del amparo y sólo se requiere la
configuración de uno de ellos.
Los requisitos generales son “a.
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional;
b. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y
que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; c. Que la parte
actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; d. Que no se
trate de sentencias de tutela”[32]
y pueden sintetizarse de la siguiente manera:
●
“Relevancia constitucional de la cuestión
estudiada: sugiere que el asunto bajo
estudio involucre garantías superiores y no sea de competencia exclusiva del
juez ordinario. En consecuencia, el juez constitucional debe justificar clara y
expresamente el fundamento por el cual el asunto objeto de examen es “una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de
las partes”.
●
Agotar todos los medios de defensa
judicial posibles: este presupuesto
se relaciona con el carácter subsidiario y excepcional de la acción de tutela,
acorde con el cual la parte activa debe “desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos”[33].
En todo caso, este criterio puede flexibilizarse ante la posible configuración
de un perjuicio irremediable[34].
●
Requisito de inmediatez: en virtud de este requisito la acción de amparo debe
presentarse en un término proporcional y razonable a partir del hecho que
originó la supuesta vulneración. Presupuesto exigido en procura del respeto de
la seguridad jurídica y la cosa juzgada pues, de lo contrario, las decisiones
judiciales estarían siempre pendientes de una eventual evaluación
constitucional.
●
Injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada: con fundamento en
esta premisa, se exige que únicamente las irregularidades violatorias de
garantías fundamentales tengan la entidad suficiente para ser alegadas por vía
de tutela. Aunado a ello, se excluyen las irregularidades no alegadas en el
proceso o subsanadas a pesar de que pudieron haberse alegado[35].
●
Identificación razonable de los hechos que
generan la vulneración de los derechos fundamentales: en acatamiento de este requisito, en la acción de tutela se deben
identificar clara y razonablemente las actuaciones u omisiones que comportan la
vulneración alegada. Estos argumentos deben haberse planteado dentro del
proceso judicial, de haber sido posible[36].
●
Que no se trate de sentencias de tutela: a través de esta exigencia se busca evitar que los procesos
judiciales estén indefinidamente expuestos a un control posterior. Con mayor
razón si se tiene en cuenta que todas las sentencias de tutela son objeto de
estudio para su eventual selección y revisión en esta Corporación, trámite después
del cual se tornan definitivas.[37]
Los requisitos especiales de
procedencia por su parte, son: (i) Defecto orgánico; (ii) defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido o por exceso ritual manifiesto; (iii)
defecto fáctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; (viii)
violación directa de la Constitución[38](Subraya
fuera de texto original).
En la línea de las consideraciones
ya plasmadas, encuentra la Corte que en el asunto del expediente T- 6.288.636
pueden tenerse como cumplidos los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela establecidos por la jurisprudencia constitucional, por las
siguientes razones:
a.     Relevancia
constitucional del asunto planteado
Evidencia la Sala que la cuestión
que se debate es, prima facie, de indiscutible relevancia
constitucional, puesto que se persigue la efectiva protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica y a la
seguridad social en conexidad con el derecho al mínimo vital, de un señor de la
tercera edad que manifiesta no tener una fuente de ingreso económico propio, y
que además tiene un deteriorado estado de salud, frente a una decisión del
Tribunal Superior de Buga, Sala Laboral que ha adquirió firmeza y culminó el
proceso de única instancia laboral.
b.    Agotamiento
de todos los medios de defensa
Así mismo, en el presente caso se
debe hacer uso del criterio de excepcionalidad sobre los asuntos relativos a
tutela contra sentencia enmarcados en la jurisprudencia constitucional que se
estudiarán en el siguiente acápite. Así las cosas, en el caso sub examine,
se toma en consideración que, i) la situación fáctica involucra la revocatoria
de una sentencia judicial que reconoció un derecho pensional, en un proceso de
única instancia bajo el mecanismo en grado jurisdiccional de consulta, ii) en
ese sentido, la parte accionante agotó todos los mecanismos de la jurisdicción
ordinaria para el reconocimiento de sus derechos pensionales, como se desprende
del material probatorio del expediente[39],
y iii) la oportunidad procesal de la accionante, pues, es de advertir que dada
la naturaleza del problema jurídico planteado es competencia para la Sala
determinar si se desconoció un presupuesto fundamental dentro del proceso
ordinario, como lo es el debido proceso.
Como bien se señaló, la acción de
tutela procede de forma excepcional en dos situaciones específicas, i) en el
caso que exista un recurso ordinario para solucionar la controversia jurídica,
y se esté en un escenario de perjuicio irremediable, es decir que se configure
una situación fáctica tal que haga inevitable la conculcación de un derecho
fundamental si no se actúa de forma inmediata, ocasión en la cual, la acción
tiene un efecto transitorio, y ii) cuando no exista recurso judicial o
existiendo alguno, este no es idóneo y efectivo para la protección del derecho
fundamental invocado, por lo cual el amparo procede de forma definitiva.
En el presente caso, el accionante
carece de recurso idóneo, pues el recurso de casación laboral, estipulado en el
artículo 87.2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social dado
que, se enmarca en el numeral segundo de la disposición que indica: “[c]ontener la sentencia”. decisiones que hagan más gravosa la situación de la
parte que apeló de la primera instancia, o de aquélla en cuyo favor se surtió
la consulta
Como se desprende de la
literalidad de la norma, el accionante no puede acudir a este recurso debido a
que solo procede para decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte
que apeló de la primera instancia, o de aquélla en cuyo favor se surtió la
consulta, cuestión que para el caso bajo análisis se refiere a COLPENSIONES, y
no al accionante, ya que el grado de jurisdicción de consulta se activó debido
a que la condena contra la administradora pensional puede ser perjudicial para
los recursos públicos del Estado.
Por consiguiente, la acción de
tutela resulta ser el mecanismo idóneo para la resolución del problema jurídico
planteado, y en ese orden, procede como mecanismo definitivo.
4.3.3.
Inmediatez
En relación con el requisito de inmediatez,
en el caso sub examine los jueces de instancia no se pronunciaron
sobre la procedibilidad de la acción de tutela, pues no hubo un debate sobre el
tiempo de instauración del amparo constitucional, ya que el actor ejerció su
derecho de acción en un término razonable. En efecto, la tutela se interpuso el
17 de abril de 2017, luego que el Tribunal Superior de Buga, Sala Laboral, por
medio de la Sentencia del 24 de enero de 2017 revocara en grado jurisdiccional
de consulta el reconocimiento hecho en primera instancia por el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Tuluá sobre el derecho pensional del Señor Sigifredo
Cifuentes Castaño.
En
efecto, en el caso sub judice se identificó un lapsus temporis de
menos de 4 meses desde que se profirió el fallo en grado de jurisdiccional de consulta
que revocó el reconocimiento del derecho pensional del actor, así las cosas, “[…] el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección
que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe
ejercerse de conformidad con tal naturaleza.[40] Esto condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: la
interposición oportuna y justa de la acción”.[41]
A partir de lo
expuesto, la Sala Quinta de Revisión encuentra que, en el presente caso se
cumple con el requisito de inmediatez, al verificar las subreglas
correspondientes, esto es, que el recurso haya sido interpuesto en un término
oportuno, justo y razonable.
4.3.4.  Efecto
decisivo en la decisión que se impugna
El actor impugnó la decisión en
grado jurisdiccional de consulta que revocó la sentencia del Juzgado Primero Laboral
del Circuito de Tuluá, dentro del proceso de laboral de única instancia, que
había reconocido la existencia del derecho pensional en el caso sub examine.
En consecuencia, el ad quem absolvió de todas las pretensiones a COLPENSIONES,
al desvirtuar el tiempo tomado como fundamento por el a quo para su
decisión, relativo a las 874.69 semanas cotizadas en los años 1996,
1997,1998 y 1999., Lo anterior, debido a que el Tribunal demostró que dichos
periodos aparecen en ceros como si hubiese existido una “mora patronal”,
situación que al verificarse nuevamente con un reporte actualizado por
COLPENSIONES del año 2016 encontró que esas semanas son inexistentes, por lo
que el ad quem concluyó que al 22 de julio de 2005 el actor acreditó
688.14 semanas cotizadas y no 750 que son las requeridas para acceder al
régimen de transición. En consecuencia, el Tribunal Superior estableció que el
accionante no está cobijado con los supuestos del Acto Legislativo 01 de 2005,
y además, que su estado actual de cotización tampoco se enmarca en los términos
del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9 de la Ley
797 de 2003, pues al momento del cumplimiento de la edad requerida, 60 años de
edad, esto es en el 2004, solo tenía cotizadas 688,14 semanas y no las 1.000
semanas exigidas.[42]
Por consiguiente i) se revocó la
sentencia N° 96 proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tuluá
del 01 de agosto de 2016, y ii) se absolvió a COLPENSIONES de las peticiones
incoadas por el accionante y de las costas procesales decretadas.
La Sala Quinta de Revisión
encuentra que, en el caso concreto, la violación constitucional alegada
(vulneración del precedente constitucional) adquiere una incidencia
significativa en la decisión objeto de cuestionamiento.
4.3.5.  El
peticionario identificó los hechos y los derechos vulnerados
La parte actora no tuvo
oportunidad de controvertir la vulneración de sus derechos fundamentales
durante el trámite ordinario del proceso de grado
jurisdiccional de consulta, en razón a que tal
vulneración se configuró con la decisión de única instancia.
No obstante, dentro de la presente
acción aparecen claramente identificados por el peticionario tanto los hechos
que, en su sentir, originaron la vulneración atribuida a la autoridad judicial
demandada, como los derechos constitucionales fundamentales que considera
vulnerados, i) dentro del fallo en grado jurisdiccional de consulta existió una
indebida valoración probatoria, pues solo se tomó a consideración una prueba
sobreviniente del año 2016 y no todos los elementos materiales probatorios, ii)
en el pronunciamiento de única instancia los elementos materiales probatorios
valorados, fueron los reportes descargados de la página de la administradora
pensional en los años 2014 y 2015, en los años laborados 1996, 1997,1998 y 1999
el solicitante estuvo afiliado por parte de su empleador, adicionalmente se
detalla el monto salarial de cada periodo y que las cotizaciones aparecen en
ceros, lo cual corrobora la existencia de las semanas trabajadas en dicho
periodo, y iii) advirtió además que dichos reportes no fueron controvertidos ni
desvirtuados por COLPENSIONES en el proceso de única instancia.
4.3.6.  La
decisión impugnada no es una sentencia de tutela
Es claro que el presente asunto no
se trata de una acción de tutela contra un fallo de tutela, sino en contra de
una decisión de instancia dentro del proceso laboral de única instancia
promovido por el señor Sigifredo Cifuentes Castaño en contra de COLPENSIONES.
5.
Análisis
de fondo sobre los cargos específicos
Así las cosas, superado el examen
de procedibilidad formal de la acción de tutela, la Sala pasará a efectuar el
análisis de fondo sobre la configuración de los cargos específicos en el
trámite de tutela contra sentencia sometido a revisión. Al respecto resulta
importante reiterar la línea jurisprudencial sostenida por esta Corporación
sobre la trasgresión al debido proceso. Al respecto la Sentencia T-562 de 2017,
señaló que el defecto fáctico, surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
Por su parte, el defecto
material o sustantivo, se configura cuando en el caso que está bajo estudio
se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
5.1.
Indebida
valoración probatoria. Reiteración jurisprudencial
Respecto de
este defecto fáctico, la Sala Cuarta de Revisión en la Sentencia T-562 de 2017
sostuvo que tiene lugar “cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en
que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente
inadecuado”, por tanto, se configura cuando haya fallas sustanciales
originadas en las deficiencias probatorias. En este evento, el juez aprecia pruebas esenciales y
determinantes que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron
indebidamente recaudadas o, efectúa una valoración por “completo equivocada”. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-459-17.htm -
_ftn18
Bajo estos
parámetros, la Corte Constitucional en Sentencia SU-448 de 2016 reiteró que el
defecto fáctico  “[s]e estructura, entonces, siempre que existan fallas sustanciales
en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del proceso.
(…) el fundamento de la intervención del juez de tutela por deficiencias
probatorias en el proceso, radica en que, no obstante las amplias facultades
discrecionales con que cuenta el juez del proceso para el análisis del material
probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica,
es decir, con base en criterios objetivos y racionales”.
Así mismo, se indicó que:
“No obstante, el operador judicial ostente un
amplio margen de valoración probatoria sobre el cual fundamentará su decisión y
formará libremente su convencimiento “inspirándose en los principios científicos de la sana crítica
(Arts. 187 CPC y 61 CPL)’ [empero] esta facultad
nunca podrá ser ejercida de manera arbitraria, pues dicha valoración lleva
intrínseca ‘la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de
cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de
administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales
sobre la base de pruebas debidamente recaudadas.
(…) tal hipótesis se advierte cuando el funcionario
judicial, “en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por
completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene
de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva. Ello se
presenta en hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto’ (…)”.[43]
En este
sentido, esta Corporación ha afirmado que atendiendo los principios de
autonomía judicial, juez natural e inmediación, la autoridad constitucional no
puede realizar un nuevo examen del material probatorio como si se tratara de
una instancia judicial adicional,http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-459-17.htm - _ftn25 su
función se ciñe a verificar que la solución de los procesos judiciales sea
coherente con la valoración ponderada de las pruebas recaudadas por el juez y
aportadas por los intervinientes.
En consecuencia, el defecto
fáctico por indebida valoración probatoria se configura, entre otros, cuando el
juez:
“i) Decide separarse por completo de los hechos debidamente probados
y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido;
ii)      fundamenta su decisión en pruebas ilícitas
que se abstuvo de excluir;
iii)    valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en
estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de
elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto debatido en el
proceso; o
iv)     da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso”.[44]
5.2.
Inoponibilidad de la mora patronal para el reconocimiento de
la pensión de vejez.  Reiteración de jurisprudencia
Esta
Corte ha sostenido en su jurisprudencia[45] la función que cumple el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez en la protección efectiva de los
derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de los
adultos mayores. Por lo tanto, para que dicha materialización del derecho sea
configurada, surge la obligación de las entidades administradoras de pensiones
de conceder esa acreencia, donde deben concurrir los requisitos de edad y monto
de cotizaciones previstos por la Ley.
En lo que
refiere a los aportes, la ley determina que para el caso de los trabajadores
dependientes, éstos están conformados por los porcentajes que corresponden
pagar tanto al empleado como al empleador. Aparte de lo anterior, a este último
le corresponde descontar del salario del trabajador el porcentaje a su cargo y
reportar el pago a la entidad administradora de pensiones a la que el
trabajador se encuentre afiliado.
En este
contexto, este Tribunal Constitucional ha establecido en varias oportunidades
que la falta de pago de aportes a la seguridad social por parte del empleador
no constituye motivo suficiente para negar el reconocimiento y pago de la
pensión de vejez que se reclama. En la Sentencia T- 726 de 2013, reiteró que dado que la Ley 100 de 1993 otorga distintos mecanismos
para que esas entidades efectúen los cobros correspondientes, incluso
coactivamente, con el objeto de preservar la integridad de los aportes se
entiende que la negligencia en el uso de dichas facultades, no puede servir de
excusa para negar el reconocimiento y pago de una pensión, puesto que tal
actitud equivaldría a imputar al trabajador las consecuencias del
incumplimiento de las obligaciones legales del empleador y la correlativa falta
de acción de la entidad encargada del cobro de los aportes.[46]
De esta forma esta Corporación en la Sentencia T- 436 de 2017 reiteró
dicho precepto en el caso de un hombre de 78 años de edad que reclamada en los
estrados judiciales su pensión de vejez, la cual fue concedida en primera
instancia, pero revocada en segunda, bajo el argumento de que “el accionante
en realidad solo había acreditado 453 semanas dentro de los 20 años anteriores
al cumplimiento de la edad mínima, pues el tiempo laborado en las empresas
aducidas,  no aparecía en su historia laboral en Colpensiones, a pesar de que
la entidad le había indicado que debía solicitar la revisión de los números
patronales correspondientes a dichas compañías con el fin de que dichas
cotizaciones se tuvieran en cuenta para el conteo pensional”.
En esta
situación, la Sala de Revisión indicó que:
“la
mora por parte del empleador en la transferencia de los aportes
pensionales, puede llegar a afectar el derecho a la seguridad social en
conexidad con el mínimo vital del trabajador, pues del pago oportuno que se
haga de los mismos depende directamente el reconocimiento de la pensión, en
caso de que el éste reúna los requisitos legales. Lo anterior, debido a que el
diseño institucional pensional en el país parte de un modelo tripartida donde,
de un lado, se ubica el trabajador, quien para acceder a la prestación
económica de vejez, debe cumplir con la edad requerida y haber hecho las
cotizaciones de ley; de otro lado se encuentra el empleador, el cual debe
efectuar mensualmente los aportes que estén a su cargo, debe descontar del
salario del empleado los aportes que se encuentran a cargo de éste y debe
trasladar los recursos obtenidos de la totalidad de los aportes a la entidad
encargada de reconocer la pensión; y por último, se sitúa la Administradora de
Fondo de Pensiones, la cual tiene por obligaciones recibir los aportes hechos
por el empleador o por el trabajador si es independiente, cobrar los pagos no
realizados en tiempo por el empleador y reconocer las pensiones cuando éstas
efectivamente se causen”.
Así las
cosas en el caso, la Corte resolvió que lo anterior se ratifica por los hechos
del caso, en cuanto de los mismos es claro que el peticionario solicitó varias
veces a las empresas la ratificación de los números patronales, encontrando que
éstos no correspondían con los reportes consignados en el ISS. En ese sentido,
para el peticionario era imposible realizar cualquier otra gestión, lo que
resulta desproporcionado el criterio aplicado por el Tribunal para examinar las
pruebas descritas. Por lo demás, teniendo en cuenta las obligaciones de
certeza, calidad y fiabilidad en la información, es notorio que cualquier
discrepancia en la información debe ser resuelta de manera cierta y oportuna
por la administradora de pensiones, en particular cuando existen pruebas que
permiten determinar de manera razonable que existió un vínculo laboral y que
durante el mismo no se realizaron los aportes a pensiones.
En
conclusión, la regla consolidada y vigente determina que la mora en el pago de
aportes no puede ser oponible a los trabajadores en razón a que dicha omisión
es un grave obstáculo para el reconocimiento pensional. Aunado a lo anterior,
la Corte ha destacado en varias oportunidades que las administradoras cuentan
con varios mecanismos legales para el cobro de dichos saldos, ya que tienen la
capacidad e infraestructura para perseguir coactivamente a quienes incumplen
con la obligación pensional de sus trabajadores. Así como los medios para
actualizar la información referente a aportes realizados por las empleadoras.
5.3. Análisis
del caso concreto. La parte resolutiva de la providencia del Tribunal Superior de Buga,
Sala Laboral contraría de manera abierta la jurisprudencia constitucional
A continuación, se pasa a dar respuesta a los problemas jurídicos planteados.
a.
¿Vulneró
el Tribunal Superior de Buga, Sala Laboral los derechos fundamentales a al
debido proceso, seguridad jurídica y en consecuencia a la seguridad social del
señor Sigifredo Castaño al revocar el fallo favorable de única instancia, sobre
la base de i) darle más relevancia a uno de los materiales probatorios aportados
por la accionada en el grado jurisdiccional de consulta sobre otros ya
valorados en la única instancia laboral, y ii) al aceptar una objeción no
presentada sobre las pruebas, en el trámite de única instancia?
En el presente asunto el actor
instauró acción de tutela en contra de la decisión en grado jurisdiccional de
consulta proferida por el Tribunal Superior de Buga, Sala Laboral en donde
revocó la sentencia de única instancia del Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Tuluá, en la cual se reconoció su derecho a la pensión de vejez. El motivo
de la promoción del amparo es que a su criterio el Tribunal Superior hizo una
indebida valoración del material probatorio.
Dicho defecto fáctico se estructura
cuando, i) dentro del fallo de grado jurisdiccional de
consulta se evidenció una indebida valoración probatoria, pues solo se tomó a
consideración una prueba sobreviniente del año 2016 y no todos los elementos
materiales probatorios, ii) en el pronunciamiento de única instancia los
elementos materiales probatorios valorados, fueron los reportes descargados de
la página de la administradora pensional en los años 2014 y 2015, en los años
laborados 1996, 1997,1998 y 1999, en que el solicitante estuvo afiliado por
parte de su empleador, iii) adicionalmente se detalla el monto salarial de cada
periodo y que las cotizaciones aparecen en ceros, lo cual corrobora la
existencia de las semanas trabajadas en dicho periodo, y iv) advirtió además
que dichos reportes no fueron controvertidos ni desvirtuados por COLPENSIONES
en el proceso de única instancia.
Con el fin de dar respuesta al
primer problema jurídico, se establecerá (i) el contexto normativo en el que se
estructura la situación fáctica planteada, es decir el fundamento de la
sentencia adversa al accionante, a quien en sentencia de única instancia se le
reconoció su derecho pensional, y que de forma posterior, en grado jurisdiccional
de consulta dicha decisión fue revocada, (ii) la revisión del trámite
probatorio surtido en las dos instancias, y (iii) de conformidad con lo
anterior, se determina si se estructura o no, un defecto fáctico por indebida
valoración probatoria.
Al respecto, es de mencionar que
el artículo 69 del Código del Trabajo y la Seguridad Social establece que la “[p]rocedencia
de la consulta. Además de estos recursos existirá un grado de jurisdicción
denominado de "consulta". Las sentencias de primera instancia (…)
También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren
adversas a la Nación, al departamento o al municipio”.
En el presente caso, dado que la
sentencia fue adversa a los intereses de COLPENSIONES quien tiene patrimonio de
la nación, la misma fue remitida al Tribunal Superior en virtud del artículo 69
mencionado. Sobre particular esta Corporación en la Sentencia  C-424 de 2015,
señaló que el grado
jurisdiccional de consulta: “(i) no es un recurso ordinario o
extraordinario, sino un mecanismo de revisión oficioso que se activa sin
intervención de las partes; (ii) es una examen automático que opera por
ministerio de la ley para proteger los derechos mínimos, ciertos e
indiscutibles de los trabajadores y la defensa de la justicia efectiva y, (iii)
al ser un control integral para corregir los errores en que haya podido
incurrir el fallador de primera instancia, no está sujeto al principio de non
reformatio in pejus”.
Así las cosas, la remisión a grado
de jurisdiccional de consulta de la Sentencia proferida el 01 de agosto de
2016, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito, se hizo de conformidad al
ordenamiento jurídico vigente.
Por otro lado, la práctica de
pruebas puede ser realizada en esta revisión, bajo los límites estipulados en
el artículo 83[47]
del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, a continuación se
desarrollan cada uno de ellos, para efectos de establecer si se cumplió con el
debido proceso del actor.
El inciso primero señala: “[l]as
partes no podrán solicitar del tribunal la práctica de pruebas no pedidas ni
decretadas en la primera instancia” (Subraya fuera de texto
original). Lo anterior, establece al juez en el grado jurisdiccional
de consulta un primer límite respecto de decretar y practicar pruebas nuevas, pues
las partes no pueden solicitar pruebas nuevas para esta revisión.
Seguidamente, el inciso segundo
estipula: “Cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte
interesada se hubieren dejado de practicar pruebas que fueron decretadas,
podrá el tribunal, a petición de parte y en la primera audiencia, ordenar su
práctica, como también las demás que considere necesarias para resolver la
apelación o la consulta” (Subraya fuera de texto original).
Al respecto, es de precisar que
sobre este segundo límite, el juez no puede decretar pruebas nuevas en el
proceso, sino que se le da la facultad de valorar aquellas que si fueron
decretadas pero por situaciones ajenas –sin culpa- a las partes no
fueron practicadas o valoradas en la única instancia, por lo cual, ya sea por
petición de los interesados o de oficio el juez puede revisarlas para tomar una
decisión en grado jurisdiccional de consulta.
Así las cosas, en el caso sub
examine, resuelto por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tuluá,
realizó audiencia de trámite en el proceso laboral de única instancia, donde
decreto las siguientes pruebas:
“A la parte demandante:
Documentales: téngase como prueba, previa calificación, los
documentos allegados con la demanda que obran del folio 2 al 18 del plenario.
Interrogatorio de parte: el despacho se abstiene de decretar la
prueba solicitada por cuanto en términos del artículo 195 de CGP no valdrá la
confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el
orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas.
Ala parte demandada:
Documentales: téngase como prueba, previa calificación los
documentos allegados con la demanda”.[48]
La Sala, al examinar los folios de
la referencia, encontró que las pruebas decretadas dentro del trámite de única
instancia son las siguientes:
Demandante: (i) cédula de ciudadanía del
señor Sigifredo Cifuentes Castaño, (ii) Copia de
Resolución GNR 289460 del 19 de agosto de 2014, (iii) Copia de resolución GNR
73761 de 05 de marzo de 2014,  (iv) Copia de resolución GNR 207549 de 15 de
agosto de 2013, y (vi) Copia de reporte de semanas de COLPENSIONES descargado
en el año 2015.[49]
Demandado: No se advierten pruebas en el
expediente.
Así las cosas, en la audiencia del 01 de agosto de 2016 el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tuluá determinó
que el actor es beneficiario del régimen de transición consagrado en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que en el 01 de abril de 1994 contaba con
49 años de edad. Adicionalmente, el Juzgado Primero Laboral del Circuito tomó a
consideración que dentro de los contenidos de la historia laboral, hechos en el
año 2015 por COLPENSIONES[50],
para los periodos del 01 de enero de 1996 hasta el 03 de septiembre de 1999 el
empleador reportó las semanas trabajadas pero no realizó los pagos de las
cotizaciones, por lo cual es obligación del Fondo Administrador de Pensiones,
el ISS ahora COLPENSIONES, recaudar el pago de los aportes a la seguridad
social, “so pena de asumir por cuenta propia la omisión de su deber legal,
lo anterior basado en lo normado en el Decreto 1161 de 1994 y lo determinado en
Sentencia del 29 de agosto de 2005, de la Corte Suprema de Justicia, radicado
23249”.[51]
En ese orden, señaló la jueza de
única instancia que el señor Sigifredo Cifuentes Castaño tenía más de 800
semanas cotizadas para el 29 de julio de 2005, por lo que el régimen de
transición se le extiende hasta el año 2014 de conformidad al Acto Legislativo
01 de 2005. En consecuencia, la normatividad aplicable al accionante es el
Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 0758 del mismo año.[52]
De lo anterior, se le ordenó a
COLPENSIONES que reconociera y pagara la pensión de vejez mínima legal que rija
en cada anualidad al accionante, a partir del 01 de octubre de 2013 hasta el 01
de agosto de 2016 la suma de VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
CINCUENTA PESOS MCT, ($23.569.050), y en ese orden, desde el 02 de agosto de
2016 la administradora pensional deberá seguir cancelando la pensión mínima
legal vigente para cada anualidad.
De la grabación de la audiencia se
advierte que en ninguna de las etapas del proceso, la apoderada de COLPENSIONES
impugnó alguna de las pruebas, por lo cual la decisión de la jueza de única
instancia fue adecuada de cara al ordenamiento jurídico.[53]
Remitido el proceso al grado jurisdiccional
de consulta, el 24 de enero de
2017 se realizó audiencia ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Buga, Sala Laboral, en grado jurisdiccional de consulta i) revocó la sentencia
N° 96 proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tuluá del 01 de
agosto de 2016, y ii) se absolvió a COLPENSIONES de las peticiones incoadas por
el accionante y de las costas procesales decretadas.
Dicho pronunciamiento desvirtuó el
tiempo tomado como fundamento por el a quo para su decisión, relativo
a las 874.69 semanas cotizadas en los años 1996, 1997,1998 y 1999, ya que el
Tribunal demostró que dichos periodos aparecen en ceros como si hubiese
existido una “mora patronal”, situación que al verificarse nuevamente
con un reporte actualizado por COLPENSIONES del año 2016[54]
encontró que esas semanas son inexistentes, por lo que el ad quem concluyó
que al 22 de julio de 2005 el actor acreditó 688.14 semanas cotizadas y no 750
que son las requeridas para acceder al régimen de transición. En consecuencia,
el Tribunal Superior estableció que el accionante no está cobijado con los
supuestos del Acto Legislativo 01 de 2005, y además, que su estado actual de
cotización tampoco se enmarca en los términos del artículo 33 de la Ley 100 de
1993 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, pues al momento del
cumplimiento de la edad requerida, 60 años de edad, esto es en el 2004, solo
tenía cotizadas 688,14 semanas y no las 1.000 semanas exigidas[55].
Sobre el particular, el Tribunal
Superior, valoró únicamente la certificación de cotizaciones aportada por
COLPENSIONES en el trámite en el grado jurisdiccional de consulta, como se
constata de la grabación de la audiencia.[56]
Desestimando sin ningún fundamento las certificaciones valoradas por el juez de
única instancia, donde aparecen los tiempos de cotización, los sueldos
devengados y la mora patronal de cada uno de los empleadores para efectuar los
aportes.
Así las cosas, retomando lo dicho por esta Corporación en la
Sentencia SU- 444 de 2016, si bien la valoración probatoria es discrecional de
los jueces, y en ese orden tienen un amplio margen de valoración apreciación
probatoria sobre la cual se fundamentan sus decisiones, “esta
facultad nunca podrá ser ejercida de manera arbitraria, pues dicha valoración
lleva intrínseca la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada
una de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de
administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales
sobre la base de pruebas debidamente recaudadas”.
En el caso en estudio, no existe una
argumentación que justifique la desestimación de las pruebas de única instancia
que dieron origen al fallo de reconocimiento de pensión. Además, se puede
advertir, que de conformidad con el expediente, esta nueva certificación
aportada por COLPENSIONES se hizo en el trámite de grado jurisdiccional de
consulta, como lo constata el radicado del 27 de octubre de 2016[57],
circunstancia posterior, al fallo de 01 de agosto de 2016 de única instancia,
lo que contraría claramente, el supuesto establecido en el artículo 83[58]
del Código del Trabajo y de la Seguridad Social, inciso número 2.
Que como se mencionó previamente,
establece un límite al juez para la práctica de pruebas, pues este no puede
decretar pruebas nuevas en el proceso, sino que se le da la facultad de valorar
aquellas que si fueron decretadas pero por situaciones ajenas –sin culpa-
a las partes no fueron practicadas o valoradas en la única instancia, por lo
cual, solo en ese escenario los interesados o el juez de oficio puede
revisarlas para tomar una decisión en grado jurisdiccional de consulta.
Por consiguiente, el juez al
valorar una prueba nueva, que además fundamentó su decisión de revocar el fallo
de única instancia, incurrió en un yerro procesal, pues esta como consta en el
expediente y en la grabación de la audiencia, no fue decretada dentro del
proceso de única instancia, por lo cual es una clara violación al debido
proceso que hace procedente el amparo de los derechos fundamentales del señor
Sigifredo Cifuentes Castaño. Es importante reitera lo estipulado por esta Corte
en la Sentencia T-504 de 1998, respecto de la valoración de pruebas decretadas:
“La práctica de las pruebas, oportunamente solicitadas y decretadas
dentro del debate probatorio, necesarias para ilustrar el criterio del fallador
y su pleno conocimiento sobre el asunto objeto del litigio, así como las
posibilidades de contradecirlas y completarlas en el curso del trámite
procesal, son elementos inherentes al derecho de defensa y constituyen garantía
de la idoneidad del proceso para cumplir las finalidades que le han sido
señaladas en el Estado Social de Derecho”.
En consecuencia, la Sala considera
que el Tribunal Superior de Buga, Sala Laboral sobrepasó los límites legales
del decreto de pruebas establecidos para esa instancia de revisión, y en ese
orden, causó un perjuicio al acciónate, quien es un adulto mayor que pretende
el reconocimiento de su pensión de vejez por un monto equivalente a un salario
mínimo mensual legal vigente. Así las cosas, al no existir motivos objetivos,
razonables y rigorosos dentro de la argumentación presentada en la etapa de
práctica de pruebas, para transgredir la prohibición de decretar pruebas nuevas
en el grado jurisdiccional de consulta, esta Corporación encuentra configurado
un defecto fáctico en la providencia del 24 de enero de 2017, proferida por el
Tribunal Superior de Buga, Sala Laboral.
b.     ¿Vulneraron
las autoridades –tanto COLPENSIONES como el Tribunal Superior de Buga, Sala
Laboral- los derechos fundamentales de los accionantes, al oponer la mora
patronal como fundamento para la negación del derecho pensional respectivo?
Una vez verificada la existencia
de un defecto fáctico sobre la indebida valoración probatoria realizada por el
Tribunal Superior de Buga, Sala Laboral en grado de jurisdiccional de consulta,
la Sala procede a establecer la existencia del derecho pensional del señor
Sigifredo Cifuentes Castaño, quien es una persona mayor que manifestó su vulnerabilidad
socioeconómica y precario estado de salud, y por lo tanto la necesidad del
reconocimiento del derecho pensional.
Como se aduce de los hechos, el actor es un adulto
mayor que nació el 14 de junio de 1944[59],
y que laboró para varios empleadores desde el 18 de mayo de 1970, razón por lo
cual la mayor parte de su vida la ha trabajado, y por tanto ha tenido que
cotizar al sistema de seguridad social las realizó al ISS, hoy COLPENSIONES.
Desde el año 2013, el accionante a través de su apoderada presentó dos
solicitudes de reconocimiento de la pensión de vejez ante COLPESIONES. La
primera el 18 de marzo de 2013, fue resuelta de forma negativa a través de la
Resolución GNR 207549 del 15 de agosto de 2013. En ese orden, el actor
interpuso los recursos respectivos contra el acto administrativo, ante lo cual
COLPENSIONES, a través de la Resolución GNR 73761 del 05 de marzo de 2014,
confirmó dicha decisión.
La segunda solicitud fue impetrada el día 06 de mayo de 2014, y fue
resuelta por COLPENSIONES a través de la Resolución GNR 289460 del 19 de agosto
de 2014[60],
donde negó el reconocimiento de la pensión de vejez debido a que el señor
Sigifredo Cifuentes Castaño no cumplía con las 750 semanas de cotización
exigidas en el parágrafo transitorio 4 del artículo 1 del Acto Legislativo 01
de 2005, que estableció el número de semanas requeridas para acceder al régimen
de transición, que se extendía hasta el año 2014. Además, el accionante indicó
que “en dicha resolución la entidad administradora afirmó que el señor
Cifuentes Castaño entra al régimen de transición establecido en el artículo 36
de la Ley 100”[61].
Es de advertir que, según el reporte de la historia laboral de
COLPENSIONES, descargados en los años 2014 y 2015[62], cuenta
con un total de 1.004.71 semanas de cotización. Así mismo, que de conformidad
con la fecha de nacimiento del accionante, para el 01 de abril de 1994 contaba
con 49 años de edad, que en consonancia con el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, lo hace beneficiario del régimen de transición, es decir esta cobijado
por lo regulado en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 del
mismo año.
Que con base en lo anterior, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Tuluá - Valle del Cauca en Sentencia del 01 de agosto de 2016 reconoció pensión
de vejez, indicando además que la mora patronal no es excusa para el no
reconocimiento del derecho, como se explicó en el acápite 5.2. de esta
providencia.
En ese orden, esta Corporación exhorta a COLPENSIONES para que a través
de funcionalidad coactiva haga efectivos los cobros adeudados por las personas
jurídicas en cuestión, y sus representantes, pues es esta entidad la que tiene
las herramientas suficientes para coaccionar a los empleados morosos, y no
trasladar dicha obligación a los empleados que están en una relación de poder
inferior.
En el caso sub examine, el actor es beneficiario del régimen de
transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que en el 01
de abril de 1994 contaba con 49 años de edad. Como constató el Juzgado Primero
Laboral del Circuito dentro de los contenidos de la historia laboral, hechos en
el año 2015 por COLPENSIONES[63],
para los periodos del 01 de enero de 1996 hasta el 03 de septiembre de 1999, el
empleador reportó las semanas trabajadas pero no realizó los pagos de las
cotizaciones, por lo cual es obligación del Fondo Administrador de Pensiones,
el ISS ahora COLPENSIONES, recaudar el pago de los aportes a la seguridad
social, “so pena de asumir por cuenta propia la omisión de su deber legal,
lo anterior basado en lo normado en el Decreto 1161 de 1994 y lo determinado en
Sentencia del 29 de agosto de 2005, de la Corte Suprema de Justicia, radicado
23249”.[64]
Así, el señor Sigifredo Cifuentes
Castaño tenía más de 750 semanas cotizadas para el 29 de julio de 2005, por lo
que el régimen de transición se le extiende hasta el año 2014 de conformidad al
Acto Legislativo 01 de 2005. En consecuencia, la normatividad aplicable al
accionante es el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 0758 del mismo año.
Por consiguiente, la Sala Quinta de Revisión bajo los términos
expresado revocará el fallo de grado jurisdiccional de consulta del 24 de enero
de 2017, proferido por el Tribunal Superior de Buga, Sala Laboral, y en su
lugar, deja en firme el fallo de única instancia proferido por el Juzgado
Primero de Tuluá, el cual reconoció la pensión de vejez del señor Sigfredo
Cifuentes Castaño.
De lo anterior, se reitera la
orden a COLPENSIONES de reconocer y pagar la pensión de vejez mínima legal que
rija en cada anualidad al accionante, a partir del 01 de octubre de 2013 hasta
el 01 de agosto de 2016 la suma de VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y
NUEVE MIL CINCUENTA PESOS MCT, ($23.569.050), y en ese orden, desde el 02 de
agosto de 2016 la administradora pensional deberá seguir cancelando la pensión
mínima legal vigente para cada anualidad.
Finalmente, esta Corporación
exalta la situación gestada por la administradora de pensiones -COLPESIONES-,
pues debido a la falta de consistencia en la información reportada en sus
sistemas, produjo la conculcación del derecho del accionante, e indujo en error
al juez en grado jurisdiccional de consulta. Por esta razón se reitera lo
señalado en la Sentencia T- 173 de 2016:
“(…) del sistema de seguridad social en pensiones, a las entidades
encargadas del reconocimiento de las prestaciones económicas que de él se
derivan, se les ha encomendado la misión de administrar las historias laborales
de sus afiliados y, es por ello que, por tener a su cargo el manejo de datos
personales relacionados con las vinculaciones laborales, ascensos y retiros,
así como de sus ingresos y el tipo de actividad a la que se dedican, es
necesario que dicha función sea ejercida de conformidad con las disposiciones
de la Ley 1581 de 2012 y que, en ese sentido, se consigne y compile información
que se caracterice por ser cierta, precisa, fidedigna y actualizada”.
La administración de historias
laborales es fundamento del quehacer administrativo y judicial para el
reconocimiento de los derechos pensionales que, de no ser certera y segura,
como en el caso sub examine, niega el acceso al derecho fundamental y
conlleva su restricción en el tiempo, y en ese orden, imposibilita su goce
efectivo. Es en este contexto, que este Tribunal ha analizado en reiteradas
ocasiones[65],
situaciones en las que los ciudadanos se ven imposibilitados para acceder al
reconocimiento del derecho a la pensión a la que estima ser acreedor, en razón
a que las administradoras de fondos de pensiones, por errores o por la simple
omisión en la contabilización de las cotizaciones, terminan consagrando
información que no representa los verdaderos esfuerzos que el trabajador ha
efectuado a lo largo de su vida y que, en últimas, terminan por obstaculizar el
normal ejercicio de sus garantías fundamentales.
En el presente caso llama
especialmente la atención el hecho de que la información suministrada por
COLPENSIONES hubiere sido más completa en primera instancia que en grado
jurisdiccional de consulta. Es decir, al menos en este caso, la calidad del
reporte desmejoró con el paso del tiempo, pues en el grado jurisdiccional de
consulta COLPENSIONES no reportó la afiliación del accionante, de manera que se
hacía invisible que el incumplimiento en el pago de aportes fue de
responsabilidad del empleador. Anteriormente, en el trámite de instancia esta
información sí había sido transparente para el juez de conocimiento. Por
consiguiente, en este caso no se denota un mejoramiento de los sistemas de
información y en el reporte que con base en ellos de hace a las autoridades
judiciales, sino una desmejora en el mismo.
En consecuencia, la garantía de
los derechos pensionales de los administrados recae en el buen funcionamiento
de los sistemas de información, lo cual en el caso concreto no solo implicó la
negación del derecho, sino también una alteración al buen funcionamiento de la
administración de justicia, pues esa falta de consistencia en la información va
en menoscabo del análisis probatorio realizado tanto en sede administrativa
como judicial. Por lo cual se llama la atención a COLPENSIONES para que
unifique sus sistemas de información en pro de garantizar los derechos de los
trabajadores próximos a pensionarse.
VI.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y
por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.  Respecto del Expediente T-6.288.636
REVOCAR los fallos de tutela proferidos el tres (3) de mayo y seis (6) de
julio de dos mil diecisiete (2017) por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral y Penal respectivos,  que negaron el amparo del derecho
fundamental invocado y, en su lugar, AMPARAR el derecho fundamental al
debido proceso por indebida valoración probatoria del señor Sigifredo Cifuentes
Castaño.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTO la sentencia
proferida en grado jurisdiccional de consulta por el
Tribunal Superior de Buga, Sala Laboral del veinticuatro (24) de enero de 2017,
dentro del proceso laboral con número de radicado Nº 76-8341-31-05-001-2015-00209-00
en contra de COLPENSIONES. En su lugar, DEJAR EN
FIRME el fallo
proferido por el Juzgado Primero del Circuito de Tuluá del primero (01) de
agosto de 2016.
TERCERO. Respecto del Expediente T-6.310.530, CONFIRMAR el fallo de
tutela de segunda instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca del 12 de junio de 2017, al constatarse la
configuración de temeridad en la acción.
CUARTO. Por Secretaría General, líbrese la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Comuníquese y cúmplase.
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
Con aclaración de
voto
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN
DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
A LA
SENTENCIA T-190/18
Expedientes: T-6.288.636 y T-6.310.530 AC
Acciones de tutela
instauradas por Sigifredo Cifuentes Castaño y María Esperanza Laguado de Chávez
contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga y COLPENSIONES
Magistrado Ponente:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO
OCAMPO
Con el acostumbrado respeto
por las decisiones de la Corte Constitucional, a continuación presento las
razones que me conducen a aclarar el voto en la decisión adoptada por la
mayoría de la Sala Quinta de Revisión de Tutelas en providencia del 22 de mayo
de 2018.
Al respecto, quiero
manifestar que estoy de acuerdo con la decisión adoptada en la Sentencia
T-190 de 2018. No obstante, considero que en el asunto correspondiente al
expediente T-6.288.636, debió declararse la configuración del defecto fáctico por
razones distintas a las presentadas en la providencia, lo cual paso a explicar
a continuación:
1. En el caso atinente al
expediente T-6.288.636, se estudió si la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Buga incurrió en defecto fáctico al revocar en grado
jurisdiccional de consulta, el fallo de única instancia proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tuluá
que le reconoció al accionante la pensión de vejez.
En particular, la Sala
observó que al surtirse el grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal
accionado solo valoró la
certificación de cotizaciones que le solicitó a COLPENSIONES en esa instancia y
desestimó las certificaciones valoradas por el juez de única instancia, donde
aparecían todos los tiempos de cotización y la mora patronal de cada uno de los
empleadores para efectuar los aportes.
En consecuencia, la Sala consideró que se configuró un defecto fáctico,
por cuanto el Tribunal accionado
sobrepasó los límites legales del decreto de pruebas establecido en el artículo
83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues dicha
disposición dispone una prohibición para decretar nuevas pruebas cuando se
surte el grado jurisdiccional de consulta.
2. No comparto el anterior argumento, según el cual, el juez
que resuelve el grado jurisdiccional de consulta no puede recurrir a nuevos
elementos probatorios. Sobre este asunto, el Código Procesal
del Trabajo y de la Seguridad Social dispone lo siguiente:
“ARTICULO 83. CASOS EN QUE EL TRIBUNAL PUEDE ORDENAR Y PRACTICAR
PRUEBAS.  Las partes no podrán solicitar del Tribunal la
práctica de pruebas no pedidas ni decretadas en primera instancia. Cuando en la
primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieren dejado de
practicar pruebas que fueron decretadas, podrá el tribunal, a petición de
parte, ordenar su práctica y la de las demás pruebas que considere
necesarias para resolver la apelación o la consulta.
Si
en la audiencia no fuere posible practicar todas las pruebas, citará para una
nueva con ese fin, que deberá celebrarse dentro de los diez (10) días
siguientes.” (Negrilla fuera de texto).
Al realizar la lectura de la
norma, se observa claramente que no solo no existe una prohibición, sino que
por el contrario hay expresa autorización para el juez que resuelve el grado
jurisdiccional de consulta de decretar pruebas de oficio. Por ende,
considero que el análisis que debía realizar la ponencia sobre la configuración
del defecto fáctico era el siguiente:
3. Es claro que el Tribunal tenía la facultad de
decretar pruebas de oficio y así lo realizó. En esa medida, solicitó a
COLPENSIONES que remitiera una nueva historia laboral actualizada del
accionante, la cual fue aportada por esa entidad.
Al estudiar la nueva historia laboral allegada al
proceso, el Tribunal observó que, a diferencia de la certificación de semanas
cotizadas del año 2015 valorada por el juez de única instancia, la actual no
reportaba los períodos de 1996-1999. En consecuencia, ofició nuevamente a
COLPENSIONES para que aclarara las razones por las cuales en ese nuevo
documento no se encontraban los períodos correspondientes a los años 1996-1999.
(Folio 89 del proceso laboral.)
En respuesta a tal requerimiento, COLPENSIONES
señaló:
“Nos
permitimos informarle que los ciclos 1996/01 a 1999/09 para los cuales no
existe cotización no aparecen reportados en la historia laboral debido a la
realización de imputaciones  masivas en la historia laboral del señor Sigifredo
Cifuentes Castaño, por tanto se evidencian únicamente los ciclos para los
cuales se realizó la cotización correspondiente por el empleador QUINTANA
URIBE HELIODORO, sin embargo dichas modificaciones no afectan en el total de
las semanas cotizadas por el ciudadano.” (Negrilla fuera de texto).
Lo anterior, permitía observar que las semanas del
período referido no aparecían en el nuevo certificado de historia laboral aportado,
no porque no existieran, sino porque COLPENSIONES solo envió un reporte de las
semanas efectivamente cotizadas.
En esa medida, el defecto fáctico se configuró en
la medida en que el Tribunal accionado i) no tuvo en cuenta la respuesta de
COLPENSIONES, mediante la cual explicó que en la nueva certificación solo
reportó ciclos con efectivas cotizaciones y ii) no valoró dicho documento junto
con el certificado de historia laboral aportado en única instancia, en el cual
sí aparecían reportados esos períodos no pagados por el empleador.
4.
En consecuencia, pese a que comparto la decisión adoptada, considero que la
Sala no debió analizar la configuración del defecto fáctico a partir de una
apreciación errónea relacionada con el sentido del artículo 83 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues ello distorsiona el régimen
probatorio atinente al grado jurisdiccional de consulta.
De esta manera, expongo las
razones que me llevan a aclarar el voto con respecto a las consideraciones
expuestas en la providencia T-190 de 2018.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Inicialmente el proyecto fue repartido a la Sala Cuarta de Revisión
por medio del Auto del 25 de agosto de 2017. Sin embargo, a través del Acuerdo
04 de 2017 se hizo una nueva repartición de quienes conforman las Salas de
Revisión, en virtud del literal c) del artículo 5 del Reglamento Unificado y
actualizado mediante Acuerdo 02 del 22 de julio de 2015, donde se dispuso que
estén pronunciamiento lo conocería la Sala Quinta de Revisión.
[2] Ver. Cuaderno 2, folio 14.
[3] Ver. Cuaderno 2, folio 15-21
[4] Ver. Cuaderno Proceso Laboral Ordinario, Folio 16-18.
[5] Expediente proceso ordinario número
76-8341-31-05-001-2015-00209-00, Folio 2-18.
[6] Óp. Cit. C. 2, folio 15-21
[7] Ver. Cuaderno 2, Folio 36. Audio adjunto: audiencia de única
instancia.
[8] Ibíd.
[9] Ver. Expediente proceso ordinario número
76-8341-31-05-001-2015-00209-00, Folio 44.
[10] Este artículo enmarca los requisitos para obtener la pensión de
vejez, fue modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
[11] Ver. Cuaderno 2, Folio 52. Audio adjunto: audiencia grado jurisdiccional
de consulta.
[12] Ver. Cuaderno 2, folio 116.
[13] Los periodos comprendidos entre el 04 de junio y 24 de septiembre
de 1985, así como 20 de enero y 31 de diciembre de 1986, 01 de enero y 16 de
marzo de 1987, 16 de octubre y 31 de diciembre de 1987, 01 de enero y 31 de
diciembre de 1998, entre el 01 de enero y 23 de abril de 1989, entre el 19 de
octubre y el 31 de diciembre de 1989, entre el 01 de febrero y el 03 de
septiembre de 1991, entre 02 de febrero y el 31 de diciembre de 1992, entre el
01 de febrero y el 21  de febrero de 1994, y entre el 01 de noviembre y el 31
de diciembre de 1995, para un total de 253.82 semanas.
[14] Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B.
[15] Este cuadro se realizó con base a los datos y transcripciones
aportadas por el peticionario en el trámite de la tutela.
[16] En revisión de la página de la Rama Judicial se constató que
el proceso se encuentra en curso bajo el radicado bajo el
radicado 1100131052920170011700.
[17]  En dicha resolución se menciona que la accionante acredita
7,287 días laborados, correspondientes a 1,041 semanas. Nació en marzo 29 de
1948, tenía 67 años de edad a 2015. En la solicitud se hizo petición de
corrección de historia laboral y recuperación de semanas.
[18] Inicialmente el proyecto fue repartido a la Sala Cuarta de Revisión
por medio del Auto del 25 de agosto de 2017. Sin embargo, a través del Acuerdo
04 de 2017 se hizo una nueva repartición de quienes conforman las Salas de
Revisión, en virtud del literal c) del artículo 5 del Reglamento Unificado y
actualizado mediante Acuerdo 02 del 22 de julio de 2015, donde se dispuso que
estén pronunciamiento lo conocería la Sala Quinta de Revisión.
[19] Ver. Folio 56, Cuaderno principal.
[20] Ver. Cuaderno 2, Folio 36. Audio adjunto: audiencia de única
instancia.
[21] Ver. Cuaderno principal, folio 64.
[22] Cuaderno principal, folio 71-75.
[23] Cuaderno principal, folio 79.
[24] En revisión de la página de la Rama Judicial se constató que
el proceso se encuentra en curso bajo el radicado
1100131052920170011700.
[25] Cfr. Corte Constitucional Sentencia T- 244 de 2017.
[26] Ibíd.
[27] Ver. Artículos 86 de la Constitución Política, 10 y 42 del Decreto
2591 de 1991, desarrollado entre otros pronunciamientos, Sentencia T- 224 y
Sentencia T - 553 de 2017.
[28] Ver. Expediente T- 6288636: Folio 1, cuaderno número 2.
[29] Ver. Expediente del proceso de Única Instancia, Tribunal Superior
de Buga, Sala Laboral  (fl. 1-106, Cuaderno proceso Labora de Única Instancia),
y Cuaderno 2, Expediente T- 6310530.
[30] Ver Sentencia SU -337 de 2017.
[31] Al respecto ver. Sentencia T-612 de 1992,
T-015 de 1994, T-607 de 1995, T-235 de 1996, SU-624 de 1999, T-801 de 2002,
T-209 de 2005, T- 659 de 2012 y T-854 de 2014, entre otras.
[32] Sentencia T-429/11 Ref. T- 2.954.560.
Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB. Bogotá D.C., diecinueve (19)
de mayo de dos mil once (2011). Los requisitos de carácter general fueron
reiterados en la sentencia T-429 de 2011, providencia en la que se revisó el
caso de un ciudadano que consideró vulnerado su derecho fundamental al debido
proceso en vista de que la Sección Tercera del Consejo de Estado en segunda
instancia, no incluyó en la parte resolutiva de un fallo el nombre del
accionante como una de las personas que debía ser indemnizada por los daños y
perjuicios ocasionados por el Ejército Nacional (a raíz de los bombardeos
realizados en el año de 1990 en la vereda La Concepción del Municipio de Yondó
-Antioquia-), pese a que en la parte motiva de la sentencia se determinó que el
accionante debía ser resarcido por los perjuicios morales que le fueron
causados. En este caso, la Corte realizó un recuento jurisprudencial en el que
recogió la evolución del concepto de vía de hecho hasta convertirse en la serie
de requisitos y criterios que están vigentes hoy en día para determinar la
procedibilidad de una acción de tutela contra una providencia judicial.
[33] C-590 de 2005.
[34] T-924 de 2014.
[35] C-590 de 2005, ver también T-926 de 2014.
[36] C-590 de 2005, ver también T-926 de 2014.
[37] C-590 de 2005, ver también T-926 de 2014.
[38] Sentencia C-590 de 2005, recopilada en la
SU-636 de 2015.
[39] Ver. Cuaderno 2, Folios 1-54.
[40] Ver las sentencias T-526 de 2005; T-016 de 2006; T-692 de 2006;
T-1084 de 2006; T-1009 de 2006; T-792 de 2007; T-825 de 2007; T-243 de 2008;
T-594 de 2008; T-189 de 2009; T-691 de 2009, T-328 de 2010 y SU-499 de 2016
entre otras.
[41] Sentencia SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[42] Ver. Cuaderno 2, Folio 52. Audio adjunto: audiencia grado de
jurisdiccional de consulta.
[43] Corte Constitucional, Sentencia SU-448 de 2016
[44] Corte Constitucional, Sentencia T-562 de 2017
[45] Ver. Sentencias T-106 de 2006, C-177 de 1998, SU-430 de 1998,
SU-1354 de 2000, T-1011 de 2004 y T-631 de 2002, T-726 de 2013.
[46] Ver entre otras las sentencia T-106 de 2006, T-363 de 1998, T-165
de 2003.
[47] ARTICULO 83. - Modificado por el art. 41, Ley 712 de 2001. Casos en
que el tribunal puede ordenar y practicar pruebas. Las partes no podrán
solicitar del tribunal la práctica de pruebas no pedidas ni decretadas en la
primera instancia.
Cuando en la primera
instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieren dejado de practicar
pruebas que fueron decretadas, podrá el tribunal, a petición de parte y en la
primera audiencia, ordenar su práctica, como también las demás que considere
necesarias para resolver la apelación o la consulta.
Si en esta audiencia no
fuere posible practicar todas las pruebas, el tribunal citará para una nueva
audiencia, con ese fin, que deberá celebrarse dentro de los cinco días
siguientes.
[48] Expediente proceso ordinario número
76-8341-31-05-001-2015-00209-00, Folio 44.
[49] Ibídem, folios 2-18.
[50] Óp. Cit. C. 2, folio 15-21
[51] Ver. Cuaderno 2, Folio 36. Audio adjunto: audiencia de única
instancia.
[52] Ibíd.
[53] Cfr. Cuaderno 2, Folio 36. Audio adjunto: audiencia de única
instancia.
[54] Ver. Expediente proceso ordinario número
76-8341-31-05-001-2015-00209-00, Folio 44.
[55] Ver. Cuaderno 2, Folio 52. Audio adjunto: audiencia grado jurisdiccional
de consulta.
[56] Ibíd.
[57] Expediente proceso ordinario número
76-8341-31-05-001-2015-00209-00, Folio 88.
[58] ARTICULO 83. - Modificado por el art. 41, Ley 712 de 2001. Casos en
que el tribunal puede ordenar y practicar pruebas. Las partes no podrán
solicitar del tribunal la práctica de pruebas no pedidas ni decretadas en la
primera instancia.
Cuando en la primera
instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieren dejado de practicar
pruebas que fueron decretadas, podrá el tribunal, a petición de parte y en la
primera audiencia, ordenar su práctica, como también las demás que considere
necesarias para resolver la apelación o la consulta.
Si en esta audiencia no
fuere posible practicar todas las pruebas, el tribunal citará para una nueva
audiencia, con ese fin, que deberá celebrarse dentro de los cinco días
siguientes.
[59] Ver. Cuaderno 2, folio 14.
[60] Ver. Cuaderno Proceso Laboral Ordinario, Folio 16-18.
[61] Expediente proceso ordinario número
76-8341-31-05-001-2015-00209-00, Folio 2-18.
[62] Ver. Cuaderno 2, folio 15-21
[63] Óp. Cit. C. 2, folio 15-21
[64] Ver. Cuaderno 2, Folio 36. Audio adjunto: audiencia de única
instancia.
[65] Ver, entras otras, las sentencias: T-897 de 2010, T-058 de 2013,
T-603 de 2014, T-198 de 2015, T-079 de 2016 y T-173 de 2016.