T-031-16
Sentencia T-031/16
PODER PARA INTERPONER
ACCION DE TUTELA-Requisitos/APODERAMIENTO JUDICIAL EN TUTELA-Requisitos
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL
DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO-Reiteración de jurisprudencia
El
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta cuando el
funcionario jurisdiccional no acata el mandato de dar prevalencia al derecho
sustancial, situación que lo lleva a denegar o vulnerar el derecho al acceso a
la administración de justicia. En efecto, la Corte ha estimado que “si bien la actuación judicial se presume legítima, se torna en
vía de hecho cuando el actuar del juez se distancia abiertamente del
ordenamiento normativo, principalmente de la normatividad constitucional,
ignorando los principios por los cuales se debe regir la administración de
justicia.”
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES POR DEFECTO "ERROR INDUCIDO" O "VIA DE
HECHO POR CONSECUENCIA"-Configuración
La
Corte Constitucional ha explicado que la causal de procedibilidad denominada error inducido o “por consecuencia” se configura cuando una
decisión judicial pese a haberse adoptado respetando el debido proceso,
valorando los elementos probatorios de forma plausible conforme al principio de
la sana crítica y con fundamento en una interpretación razonable de la ley sustancial,
ocasiona la vulneración de derechos fundamentales “al haber sido determinada o influenciada por aspectos externos al
proceso, consistentes en fallas originadas en órganos estatales.”
VIOLACION DIRECTA DE LA
CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES
Esta Corporación ha manifestado que dicha causal se estructura
cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política,
ya sea porque: (i) Deja de
aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, por ejemplo “(a) cuando en la solución del caso se
dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional, (b) cuando se trata de un derecho fundamental de
aplicación inmediata y (c) cuando el juez en sus resoluciones vulneró
derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación
conforme con la Constitución.” (ii)
Aplica la ley al margen de los dictados de la Carta Política,
desconociendo que de conformidad con su artículo 4º “la Constitución es
norma de normas”, por lo que en caso de incompatibilidad entre la ella y la ley
u otra norma jurídica “se aplicarán las disposiciones constitucionales.”
CARACTERIZACION DEL
DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
Esta
Corporación ha caracterizado el defecto sustantivo como la existencia de un
error en una providencia judicial originado en la interpretación o aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso analizado por el juez. Sin embargo, para
que dicho yerro dé lugar a la procedencia de la acción de amparo debe
evidenciarse una irregularidad de significante trascendencia, que haya llevado
a proferir una decisión que obstaculice o lesione la efectividad de los
derechos fundamentales.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO
EJECUTIVO HIPOTECARIO-Improcedencia por cuanto no se cumple con el requisito de
inmediatez
Referencia: expediente T-4.721.581.
Acción de tutela instaurada por Gloria María Mansilla
de Díaz y sus hijas Luisa Fernanda, Ángela Ivette y Juliana Díaz Mansilla, a
través de apoderado, contra la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá y otros.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá,
D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciséis (2016).
La
Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Alejandro Linares Cantillo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Luis
Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de los fallos expedidos por la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia, el 18 de septiembre de 2014, y por la Sala de
Casación Laboral de la misma Corporación, el 26 de noviembre de la mencionada
anualidad, dentro del proceso de amparo de la referencia.
I.
ANTECEDENTES
1.
Hechos
1.1.
El 1 de octubre de 1996, el Fondo Nacional del Ahorro presentó demanda
ejecutiva con título hipotecario contra los cónyuges Gloria María Mansilla y
Miguel Ángel Díaz, por incumplimiento en el pago de la deuda contraída mediante
escritura pública No. 0836 del 25 de junio de 1979 otorgada en la Notaría
Dieciséis del Círculo de Bogotá[1].
1.2.
El 23 de octubre de 1996, el Juzgado Veintiséis Civil del Circuito de Bogotá
libró mandamiento de pago en la forma solicitada por la entidad ejecutante[2].
1.3.
El 21 de enero de 1997, el notificador del despacho judicial de conocimiento
rindió informe sobre la notificación personal realizada a la ejecutada Gloria
María Mansilla el 19 de diciembre anterior; además reseñó que la misma
manifestó que “su esposo el señor Miguel Ángel Díaz no puede notificársele
ya que él se encuentra desaparecido desde hace varios años.”[3]
1.4.
Por memorial presentado el 10 de febrero de 1997, el demandante y la demandada
notificada solicitaron la suspensión del proceso por seis meses “para lograr
un acuerdo de pago respecto a la cancelación total de la obligación”, a lo
cual se accedió por auto de la misma fecha[4].
Sin embargo, por petición del ejecutante, se reanudó el proceso por proveído
del 21 junio de 2002[5].
1.5.
El 30 de septiembre de 2004, el apoderado de la ejecutada solicitó la
aplicación de “los beneficios legales y jurisprudenciales” por la desaparición
de su esposo el 5 de septiembre de 1984, y por auto de 19 de octubre de 2004,
el juez de la causa requirió a Gloría María Mansilla para que manifestara “si
volvió a tener conocimiento del señor Miguel Ángel Díaz Martínez, si se tuvo
conocimiento de supervivencia o de su fallecimiento, o si se adelantó el
respectivo proceso por muerte presunta.”[6]
En
respuesta al requerimiento, mediante escrito presentado el 11 de enero de 2006,
la accionante señaló que “agentes del Estado perpetuaron contra mi cónyuge
Miguel Ángel Díaz Martínez el delito de desaparición forzada. Por lo tanto no
he tenido conocimiento alguno hasta la fecha desde el día de su desaparición;
es decir, que al ser la desaparición forzada un delito continuado no ha sido
posible establecer o no su defunción o por el contrario su supervivencia, de
tal suerte que cuando ello se establezca iniciaré las acciones judiciales a las
que haya lugar.”[7]
1.6.
Con base en lo anterior y previo emplazamiento, se nombró curador ad litem
al ejecutado Miguel Ángel Díaz Martínez, quien el 22 de marzo de 2006, propuso
la excepción que denominó extinción del derecho por operar la prescripción[8].
1.7.
Remitido el expediente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Descongestión
de Bogotá, ese despacho mediante Sentencia de 27 de octubre de 2006[9],
dispuso seguir adelante con la ejecución respecto de la demandada Gloria María
Mansilla, toda vez que “dentro del término legal no propuso ningún medio de
defensa (…).” Para el efecto, se decretó la venta en pública subasta del
bien gravado con garantía hipotecaria y se ordenó que se practicara la
liquidación del crédito en los términos establecidos en el artículo 521 del
Código de Procedimiento Civil.
De
otra parte, el funcionario judicial declaró probada la excepción propuesta por
el auxiliar de la justicia, dándose por terminado el proceso ejecutivo en
relación con Miguel Ángel Díaz Martínez. En efecto, el juez encontró que:
“(…) la escritura pública objeto de la presente
acción, fue otorgada el día 25 de junio de 1979, obligándose los demandados a
pagar la suma allí contenida en un plazo de 180 cuotas mensuales, el cual se
extinguía en el mes de junio del año 1994, empezando a correr el término de
prescripción de la acción ejecutiva desde dicha fecha.
La demanda fue presentada el 12 de octubre de 1996, no
obstante la notificación del auto de apremio al demandado representado por
curador ad litem solo tuvo lugar hasta el día 14 de marzo de 2006, es decir,
una vez agotado con suficiencia el término de 10 años establecido por el otrora
artículo 2536 del Código Civil (…).”[10]
1.8.
El Fondo ejecutante interpuso recurso de apelación contra la decisión anterior[11],
al considerar que la acreencia era indivisible, y por tanto, la interrupción de
la prescripción que había realizado Gloría María Mansilla al propender un
acuerdo de pago, también cobijaba a la cuota de Miguel Ángel Díaz.
A
través de providencia de 20 de noviembre de 2007, el Tribunal Superior de
Bogotá confirmó el fallo, al considerar que al no haberse pactado solidaridad
en la obligación no podía pretenderse cobrarle a la actora el pago de la cuota
parte de Miguel Ángel Díaz[12].
Con todo, comoquiera que el juez de primer grado había ordenado la subasta de
la totalidad del bien hipotecado, se modificó dicha orden en el sentido de que
la venta pública sólo debía recaer en los derechos que tenía Gloría María
Mansilla sobre el inmueble.
1.9.
Reasumido el conocimiento del asunto por el Juzgado Veintiséis Civil del Circuito
de Bogotá, a través de auto de 15 de marzo de 2011[13],
se fijó el 12 de mayo del mismo año como fecha del remate.
1.10.
Por memorial presentado el 11 de mayo de 2011, el apoderado de la ejecutada
formuló incidente de nulidad para que se declara la invalidez “de lo actuado
a partir de la sentencia inclusive y se dicte una nueva donde se tenga en
cuenta la existencia de un litisconsorte necesario y se extienda los efectos de
la prescripción a los dos demandados en relación con una única e indivisible
deuda.”[14]
1.11.
El 12 de mayo de 2011, se llevó a cabo la diligencia de remate, adjudicándose a
la señora Martha Patricia Gómez Rodríguez el 50% del bien inmueble hipotecado[15].
1.12.
El 5 de agosto de 2011, la actora pidió la suspensión de la subasta por
encontrarse tramitando “el acceso a los beneficios contemplados en la Ley
986 de 2005”, y la misma fue denegada por proveído del 22 de septiembre del
mismo año, porque (i) ya se había efectuado el remate, (ii) lo perseguido no
era la cuota parte del demandado Miguel Ángel Díaz Martínez, y (iii) entre los
deudores no se había pactado solidaridad[16].
1.13.
Por auto de 13 de enero de 2012, se declaró no probada la nulidad alegada por
la ejecutada, al estimarse que no se habían vulnerado los derechos de las
partes, máxime cuando la presunta irregularidad relacionada con la conformación
del litisconsorte necesario no se alegó antes de proferirse la sentencia[17].
1.14.
El 30 de enero de 2012, el abogado Pedro Julio Mahecha Ávila, en su calidad de
curador provisional de Miguel Ángel Díaz Martínez[18],
solicitó la suspensión del proceso ejecutivo con base en lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley 986 de 2005[19].
Al respecto, el peticionario señaló que dicha medida era procedente para
proteger no sólo los intereses de su representado sino también las
prerrogativas de su familia, puesto que la norma, al proteger a las víctimas de
desaparición forzada, extiende sus efectos al cónyuge y a los hijos del sujeto
pasivo del delito.
1.15.
Mediante Auto del 25 de abril de 2012[20],
el Juzgado no accedió a la solicitud de suspensión, argumentando que dentro del
proceso no se persiguen los bienes de Miguel Ángel Díaz Martínez, así como que:
“(…) la hoy demandada Gloria María Mansilla de Díaz,
cónyuge del desaparecido o secuestrado, señor Miguel Ángel Díaz de Martínez,
había podido gozar o ampararse con los beneficios que el otorga la Ley 986 de
2005, si hubiese puesto al día la obligación hipotecaria, al menos hasta la
fecha en que ocurrió la desaparición de su cónyuge (5 de septiembre de 1984),
pero la verdad es que aunque el Fondo Nacional del Ahorro inició la demanda
después de más de diez años del inicio de la mora (15 de octubre de 1983), la
señora Gloria María la dejó en total abandono sin preocuparse por solucionarla,
a pesar del largo tiempo que lleva el presente proceso, iniciado el 2 de
octubre de 1996, tiempo suficiente para que al menos hubiese intentado algún
acuerdo de pago con la entidad acreedora (…).”
1.16.
El 9 de mayo de 2012, el solicitante apeló la decisión reiterando los
argumentos de su petición inicial[21],
y por proveído de 13 de diciembre de 2012, el Tribunal accionado confirmó la
negativa por las mismas razones expresadas por el a quo[22].
1.17.
El 11 de marzo de 2013, se profirió auto aprobatorio del remate[23].
Frente a dicha providencia la ejecutada interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación, por haberse aprobado la puja a pesar del “incumplimiento
del requisito del pago de impuesto predial”, pero el juzgado mantuvo lo
decidido y concedió la alzada el 23 de mayo de 2013[24].
1.18.
En proveído del 8 de agosto de 2013, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó lo
resuelto en el auto recurrido[25].
1.19.
El 22 de octubre de 2013, se registró en la Oficina de Instrumentos Públicos de
Bogotá el acto de adjudicación de remate del 50% del inmueble hipotecado[26].
1.20.
El 15 agosto de 2014, el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá
admitió la demanda divisoria presentada por Martha Patricia Gómez Rodríguez en
relación con el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C-485922[27].
1.21.
El 12 de mayo de 2015, de conformidad con el Acuerdo PSAA15-10300 del 25 de
febrero del mismo año, el proceso divisorio fue asignado al Juzgado Cuarto
Civil del Circuito de Bogotá, encontrándose en trámite la notificación de la
demandada[28].
2.
Demanda y pretensiones
2.1.
El 4 de septiembre de 2014[29],
la señora Gloria María Mansilla de Díaz y sus hijas Luisa Fernanda, Ángela
Ivette y Juliana Díaz Mansilla, a través de apoderado, instauraron acción de
tutela contra la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, los Juzgados Veintiséis Civil del Circuito y Segundo Civil
del Circuito de Descongestión, ambos de esta ciudad, y el Fondo Nacional del
Ahorro[30],
al considerar que vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y a la memoria, con ocasión de las actuaciones que desplegaron dentro
del proceso ejecutivo hipotecario promovido por dicha entidad financiera contra
la familia Díaz Mansilla. Para sustentar su solicitud de protección las actoras
presentaron los argumentos que se sintetizan a continuación:
2.2.
En primer lugar, en torno al cumplimiento de los presupuestos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, las
peticionarias indicaron que:
(i) El caso tiene relevancia constitucional,
comoquiera que el problema jurídico que subyace el amparo es la tutela del
derecho de las familias de personas desaparecidas de recibir una especial protección
por parte del Estado. En efecto, la controversia planteada “no tiene la
pretensión de discutir sobre la naturaleza de créditos, las hipotecas y los
asuntos propios de las controversias litigiosas de un proceso ejecutivo
hipotecario, sino sobre la protección que debe brindar el Estado, incluidas las
autoridades judiciales, cuando los demandados son víctimas de desaparición
forzada.”
(ii) Se agotaron los instrumentos judiciales
disponibles dentro del proceso ejecutivo para proteger sus prerrogativas, en
tanto que en varias ocasiones Gloria María Mansilla puso en conocimiento de los
jueces de la causa la desaparición de su esposo y solicitó la aplicación de los
beneficios establecidos en la Ley 986 de 2015, así como pidió con base en ello
la suspensión del remate.
(iii) La irregularidad procesal alegada en la acción
de tutela tiene incidencia directa en la afectación de los derechos
fundamentales, toda vez que si se hubiera declarado la prescripción de la
obligación en favor Gloria María Mansilla como se hizo en relación con la
acreencia en cabeza de Miguel Ángel Díaz, la familia víctima de la desaparición
de su familiar conservaría el inmueble y su derecho a la memoria no estaría
siendo vulnerado.
(iv) En el recurso constitucional se identifican de
manera razonable los hechos y prerrogativas vulneradas, relacionándose las
causales específicas de procedibilidad que dan cuenta de la afectación de los
derechos al debido proceso, a la igualdad y a la memoria, ocasionada por el desconocimiento
del trato preferencial que debe brindar el Estado a las familias víctimas de la
desaparición forzada.
(v) La petición de protección de los derechos
fundamentales se presentó de manera oportuna, ya que sólo se instauró con
posterioridad a que se agotaran las distintas formas de defensa ante las instancias
administrativas y judiciales, las cuales por demás no son claras, ya que el
cuerpo normativo dispuesto para la protección de los familiares de las víctimas
de desaparición forzada es insuficiente y confuso, generando incertidumbre
sobre el procedimiento a seguir para proteger sus prerrogativas.
(vi) La demanda de amparo no se dirige a cuestionar un
fallo de tutela, sino las actuaciones surtidas dentro de un proceso ejecutivo
hipotecario.
2.3.
En segundo lugar, sobre la constitucionalidad de las actuaciones judiciales
adelantadas por las autoridades demandadas las accionantes sostuvieron que:
(i) En las providencias adoptadas por el Juzgado
Segundo de Descongestión Civil del Circuito de Bogotá, el 27 de octubre de
2006, y por el Tribunal accionado, el 20 de noviembre de 2007, en las cuales se
decidió continuar con el proceso ejecutivo en contra de Gloria María Mansilla y
declarar la prescripción de la obligación sólo en relación con la cuota parte
de propiedad de Miguel Ángel Díaz en aplicación del artículo 2514 del Código
Civil, se configuró un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, así
como un error por consecuencia, toda vez que en dichas decisiones al efectuarse
una subsunción simple de dicha norma en el caso concreto, en vez de una
ponderación que tuviera en cuenta la situación excepcional que rodeaba el
proceso, se ignoró el hecho de que la deuda fue contraída por la sociedad
conyugal y que por ello la extinción de la acreencia debió beneficiar a los dos
esposos.
Al respecto, las accionantes reprocharon que se optara
por una interpretación formalista de las normas que determinan el procedimiento
de los juicios ejecutivos, no tomando en cuenta las dificultades que atravesaba
el núcleo familiar debido a la intempestiva desaparición de uno de sus miembros
y la imposibilidad que ello implicó para hacer valer sus derechos dentro del
proceso adelantado en su contra. Asimismo, estimaron desafortunado que los
jueces de instancia asumieran que Gloria María Mansilla renunció tácitamente a
la prescripción de la obligación al buscar un acuerdo de pago, pues ello lo
hizo ante el temor de perder su casa, pero no era su voluntad desistir de tal
beneficio.
(ii) Se configuró una violación directa de la
Constitución y un defecto sustantivo en las decisiones proferidas por el
Juzgado Veintiséis Civil del Circuito de Bogotá, el 25 de abril de 2012, y por
la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 13 de
diciembre de 2012, puesto que en ellas se omitió realizar una interpretación
sistemática del artículo 13 superior y de la Ley 986 de 2005, en especial de su
artículo 14 relacionado con la suspensión de los procesos ejecutivos adelantados
contra las víctimas de desaparición forzada.
En efecto, las demandantes afirmaron que los jueces
debieron proceder a suspender el proceso al tener conocimiento de que debido a
la desaparición de su esposo y padre Miguel Ángel Díaz en el año 1984, les fue
imposible continuar pagando las deudas de la familia, ya que de manera
inesperada Gloria María Mansilla quedó sola, a cargo de sus tres menores hijas,
amenazada por buscar a su cónyuge y viviendo en una casa hipotecada a un banco
que inició un trámite ejecutivo para cobrar la obligación dineraria cuando ya
se había prescrito[31].
2.4.
Por lo demás, las actoras señalaron que con ocasión del remate de la vivienda
su derecho a la memoria se vio afectado, pues dicho inmueble no sólo era su
lugar de residencia en Colombia antes de que tuvieran que exiliarse en España[32],
sino que también era el único espacio físico donde esperaban recibir noticias
de su esposo y padre, por lo cual tiene un valor moral para ellas como víctimas
de la desaparición forzada a la que fueron sometidos los integrantes del partido
político Unión Patriótica.
2.5.
Con base en lo anterior, las accionantes pretenden que: (i) se tutelen sus
derechos fundamentales; (ii) se dejen sin efecto todas las decisiones adoptadas
dentro del proceso ejecutivo hipotecario número 1996-017849 desde la
providencia proferida el 27 de octubre de 2006 inclusive; y (iii) se disponga
que se resuelva nuevamente sobre la aplicación de la prescripción a favor de
Gloria María Mansilla, teniendo en cuenta los derechos de especial protección
constitucional de las víctimas de la desaparición forzada.
3.
Contestación de las accionadas
3.1.
El Juzgado Veintiséis Civil del Circuito de Bogotá informó que en
atención al Acuerdo PSAA13-9984 de 2013, el conocimiento del proceso ejecutivo
hipotecario 1996-17849 fue asignado al Juzgado Primero de Ejecución Civil del
Circuito de la misma ciudad, por lo que “no es posible dar contestación a
los hechos en que se fundamenta la tutela.”[33]
3.2.
La titular del Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de Bogotá
indicó que asumió conocimiento del proceso ejecutivo que da origen a la acción
de tutela el 18 de febrero de 2014, y que del examen de las actuaciones que
reposan en el expediente no se observa vulneración alguna de los derechos de
las accionantes, puesto que el trámite procesal se adelantó de conformidad con
la normatividad vigente y respetando los derechos de cada una de las partes,
por lo que se torna imperioso denegar el amparo deprecado[34].
3.3.
La Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, solicitó declarar improcedente la protección constitucional pedida,
al estimar que no se satisface el presupuesto de inmediatez, puesto que han
trascurrido más de seis meses desde que se notificaron las decisiones
reprochadas[35].
3.4.
La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá solicitó ser
desvinculada del proceso, ya que el amparo no está dirigido en su contra. Con
todo, la entidad, en relación con los hechos expuestos en la demandada, explicó
que sólo se limitó a efectuar las modificaciones registrales de conformidad con
lo ordenado por la autoridad judicial[36].
3.5.
A pesar de que fueron vinculados al proceso por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia mediante Auto del 8 de septiembre de 2014[37],
el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, así como los
demás intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario 1996-017849, no se
pronunciaron sobre las pretensiones de la demanda de tutela.
II.
TRÁMITE PROCESAL
1.
Decisión de primera instancia
A
través de Sentencia del 18 de septiembre de 2014[38],
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia decidió denegar la
protección solicitada, al considerar que:
(i) Las hijas del matrimonio Díaz Mansilla carecen de
legitimación para pedir el amparo de los derechos fundamentales, porque no
constituyen ninguno de los extremos del litigio en cuestión, ni actuaron en el
escenario judicial como intervinientes;
(ii) No
se satisface el presupuesto de
inmediatez, ya que transcurrieron más de 20 meses entre el último
pronunciamiento reprochado dado dentro del proceso hipotecario y la
presentación de la demanda de tutela.
(iii) El 22 de octubre de 2013, se registró el auto
aprobatorio del remate del 50% del bien inmueble, resultando evidente la
existencia de derechos a favor de un tercero, los cuales no pueden desconocerse
por el juez constitucional.
2.
Impugnación
2.1.
El apoderado de la parte accionante impugnó la decisión de primer grado[39],
argumentando que en este caso las hijas de la señora Gloria María Mansilla, a
saber, Luisa Fernanda, Ángela Ivette y Juliana Díaz Mansilla, sí tenían
legitimación para interponer la acción de tutela a pesar de que no habían sido
partes dentro del proceso ejecutivo cuestionado, pues tienen un interés directo
y particular en el asunto, dada su condición de víctimas de la desaparición
forzada de su padre, Miguel Ángel Díaz.
2.2.
Igualmente, frente al presunto desconocimiento del requisito de inmediatez, el
representante de las actoras señaló que debe tenerse el mismo como satisfecho,
porque al tratarse de la vulneración de derechos fundamentales de personas en
especiales condiciones de debilidad, resulta necesario flexibilizar su
aplicación, más aún cuando no transcurrió un término desproporcionado entre la
ejecución de la última actuación procesal y la interposición del amparo.
2.3.
Por lo demás, el abogado reiteró los argumentos que expuso en el escrito
tutelar, así como solicitó que se revoque la decisión apelada y se protejan los
derechos fundamentales de sus poderdantes.
3.
Decisión de segunda instancia
Mediante
Sentencia del 26 de noviembre de 2014[40],
la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó la
decisión apelada[41],
argumentando que:
(i) El recurso de amparo no satisface el presupuesto
de inmediatez, pues trascurrieron más de seis meses entre la fecha de su
interposición y el momento en el cual se profirieron las decisiones atacadas;
(ii) No resulta de recibo los argumentos expuestos en
el recurso de apelación, en tanto que las accionantes estaban “en plena
capacidad de adelantar la acción oportunamente, pues no mediaba alguna
circunstancia excepcional que se las impidiera por encontrarse en una situación
de absoluta incapacidad para actuar”;
(iii) No se agotaron los instrumentos judiciales
disponibles dentro del proceso ejecutivo.
(iv) Si en mérito de la discusión se examinará el
fondo del asunto, se advierte que las decisiones cuestionadas están fundadas en
el derecho positivo y son acordes con los postulados constitucionales, no
evidenciándose “alguna irregularidad protuberante de las accionadas, que
diera pie a la violación de los derechos fundamentales de las accionantes.”
4.
Actuaciones en sede de revisión
4.1. Mediante Auto del 13 de marzo de 2015[42], la Sala de Selección
de Tutelas Número Tres escogió para revisión el expediente de la referencia, en
atención a las solicitudes de insistencia presentadas por el Defensor del
Pueblo y los magistrados María Victoria Calle Correa, Gloria Stella Ortiz
Delgado y Luis Guillermo Guerrero Pérez[43],
en las que se señalaron, entre otros argumentos, que resultaba pertinente el
estudio del presente caso, pues le permitiría a la Corte, además de reiterar su
jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, determinar el alcance de las prerrogativas de las personas víctimas
de desaparición forzada, en especial el derecho de sus familiares a la memoria.
4.2.1. El Movimiento de Hijos e Hijas por la Memoria y
contra la Impunidad[44],
La Plataforma de Derechos Humanos y Solidaridad “Justicia por Colombia”[45], así como las
asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos –ASFADDES[46]- y de Desarrollo y
Cooperación Internacional Solidaridad para el Desarrollo y la Paz –Soldepaz
Pachakuti[47]-,
coadyuvaron la solicitud de amparo[48],
argumentando que, además de las irregularidades en las que incurrieron los
jueces ordinarios, es necesario que la Corte tenga en cuenta las dificultades
que enfrentan los familiares de las personas que son sujetos pasivos del delito
desaparición forzada.
4.2.2. Específicamente, los intervinientes reseñan que
el grupo social que representan, entre otras situaciones, tiene que enfrentar:
(i) la incertidumbre sobre el paradero de su familiar desaparecido; (ii) la
persecución del victimario que se presenta en algunos casos hacia la familia
con el fin de persuadirla para que suspenda la búsqueda de su ser querido; y
(iii) la inexistencia de mecanismos administrativos y judiciales diseñados para
procurar la protección de sus prerrogativas fundamentales.
4.3. Mediante Auto del 1 de junio de 2015[49], el magistrado
sustanciador solicitó en calidad de préstamo el expediente contentivo del
proceso ejecutivo 1996-017849, el cual fue remitido el 9 del mismo mes y año
por el Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de Bogotá[50].
4.4. A través de escrito allegado el 3 de junio de
2015, el delegado para asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo
solicitó conceder el amparo pretendido, al considerar que:
(i) El análisis de procedibilidad de la
acción de tutela debe efectuarse no sólo desde una perspectiva objetiva
teniendo en cuenta los plazos de inmediatez establecidos por la jurisprudencia
o el agotamiento de los recursos disponibles en el proceso ejecutivo como lo
hicieron los jueces de instancia, sino desde una óptica subjetiva atendiendo a
la difícil situación que afrontaron las accionantes debido a la desaparición de
su esposo y padre.
(ii) Los jueces ordinarios civiles no
efectuaron un análisis constitucional del caso, sino que se limitaron a aplicar
las normas procedimentales propias de los procesos ejecutivos sin tener en
cuenta los derechos sociales y económicos de los familiares de los
desaparecidos. En ese sentido, el defensor señaló que “si bien la
circunstancia que origina el estado de vulnerabilidad no es imputable a los
acreedores, ni a los jueces, ni a otros actores sociales, hay ciertas cargas
que se trasladan a la sociedad y que ésta debe soportar en virtud del principio
de solidaridad.”[51]
4.5. El 10 de junio de 2015, la señora Gloria María
Mansilla remitió copia de las comunicaciones que le fueron enviadas por el
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones
Unidas[52],
respecto al seguimiento efectuado a la desaparición de su esposo, con el fin de
que esta Corporación tenga en cuenta los impactos del delito en la familia del
sujeto pasivo del ilícito.
4.6. A través de Auto del 26 de junio de 2015[53], la Sala Tercera de
Revisión vinculó al proceso de tutela al Juez Cuarto Civil del Circuito de
Bogotá y le solicitó que informara el estado actual del proceso divisorio
número 11001310301720140050200. Asimismo, suspendió el término para fallar el
asunto de la referencia.
4.7. El 6 de julio de 2015, el Juez Cuarto Civil del
Circuito de Bogotá indicó que del proceso divisorio número
11001310301720140050200 se encuentra en la etapa de notificación de la demanda,
y que en relación con los hechos de la acción de tutela su despacho no ha
vulnerado ningún derecho de la accionante[54].
4.8. Mediante proveído del 13 de julio de 2015[55], la Sala Tercera de
Revisión, teniendo en cuenta que la decisión que eventualmente adopte esta
Corporación podría afectar el derecho de dominio de los propietarios del bien
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C-485922, así como los
intereses de terceros que deseen adquirir el mismo, decretó las siguientes
medidas provisionales:
“PRIMERO.- ORDENAR que, por
Secretaría General, se oficie al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá
para que, de inmediato y hasta tanto la Corte Constitucional dicte fallo en el
presente trámite de tutela o disponga lo contrario, suspenda el proceso
divisorio número 11001310301720140050200, relacionado en el bien inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 50C-485922.
SEGUNDO.- ORDENAR que, por Secretaría General, se oficie al
Registrador de Instrumentos Públicos de Bogotá para que, de inmediato y hasta
tanto la Corte Constitucional dicte fallo en el presente proceso o disponga lo
contrario, se abstenga de realizar inscripciones de actos que alteren o
modifiquen la situación jurídica del bien inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 50C-485922.”
4.9.1. Martha Patricia Gómez Rodríguez, en su
calidad de tercera con interés vinculada al proceso, solicitó declarar
improcedente el amparo solicitado, pues a su juicio, a pesar del drama de la
familia de la actora, no se satisfacen los presupuestos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales de inmediatez y subsidiariedad[56].
4.9.2. Igualmente, la ciudadana puso de presente su
preocupación en relación con cualquier medida que se adopte en el sentido de
invalidar las decisiones proferidas dentro del proceso ejecutivo, ya que la
adquisición de la cuota parte de inmueble generó para ella una serie de gastos,
los cuales no pueden ser desconocidos, máxime cuando debido a los recursos
judiciales presentados por las actoras se le ha impedido beneficiarse del uso
de bien y afectado su patrimonio económico, a pesar de existir decisiones
ejecutoriadas.
III.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta
Sala es competente para revisar las decisiones proferidas dentro del expediente
de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución
Política[57].
2.
Legitimación en la causa
Previo
al planteamiento de los problemas jurídicos a resolver, se hace necesario
esclarecer si en esta oportunidad se satisface la legitimación por activa y por
pasiva de la acción de tutela[58].
2.1. Legitimación en la causa por activa
2.1.1.
El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela puede ser
ejercida por cualquier persona directamente o “por quien actúe en su nombre”,
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales. En
desarrollo del anterior mandato superior, el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991[59]
contempló que la legitimación en la causa por activa en los procesos de amparo
se materializa:
“(i) con el ejercicio directo, es decir quien
interpone la acción de tutela es el titular del derecho fundamental que se
alega vulnerado;
(ii) por medio de representantes legales, como en el
caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las
personas jurídicas;
(iii) por medio de apoderado judicial, caso en el
cual el apoderado debe tener la condición de abogado titulado, debiendo anexarse
a la demanda el poder especial para el caso o en su defecto el poder general
respectivo; y
(iv) por medio de agente oficioso.”[60] (Subrayado
fuera del texto original).
2.1.2. En relación con el apoderamiento en materia de
tutela, la Corte Constitucional ha señalado que:
“(i) Es acto jurídico formal que se
concreta en un escrito, llamado poder, el cual, además de ser especial para el
caso concreto, se presume auténtico;
(ii) Por tratándose de un poder
especial, debe ser específico, de modo que aquel conferido para la promoción o
para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende
otorgado para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le den
fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial;
(iii) El destinatario del acto de
apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta
profesional. Es decir, la legitimación por activa se configura si quien
presenta la demanda de tutela acredita ser abogado titulado y se anexa el
respectivo poder especial, de modo que no se puede pretender hacer valer un
poder otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo constitucional.”[61] (Subrayado
fuera del texto original).
2.13. En el presente caso, el amparo fue presentado
por el profesional Rodrigo Uprimny Yepes como abogado de las accionantes,
anexando para el efecto un poder especial otorgado por Pedro Julio Mahecha
Ávila[62],
quien sostiene actuar como mandatario general de Gloria María Mansilla y de sus
hijas Luisa Fernanda, Ángela Ivette y Juliana Díaz Mansilla, con base en dos
poderes suscritos de la siguiente forma:
(i) En la ciudad de Madrid (España) ante el
Notario Emilio Recoder de Casso el 20 de julio de 2011 por Gloria María
Mansilla y sus hijas Ángela Ivette y Juliana Díaz Mansilla[63].
(ii) En la Notaria Tercera de Bogotá el 21
de julio de 2011 por Luisa Fernanda Díaz Mansilla[64].
2.1.4. En ambos documentos, las firmantes declaran que
le confieren poder general, amplio y suficiente al abogado Pedro Julio Mahecha
Ávila para que:
“(…) en su nombre y representación cuando
lo juzgue conveniente el apoderado y en ejercicio de las facultades que
confiere el contrato de mandato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
2142 y siguientes del Código Civil Colombiano, asuma con la plenitud de
facultades nuestra representación, incluso judicial y adelante toda clase de
acciones, gestiones y procesos dentro de los cuales se encuentran todas las
acciones judiciales, disciplinarias ante cualquier Fiscalía, Juzgado o Tribunal
Nacional y ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, el
Comité de Derechos Humanos creado por el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y todos los organismos creados por el derecho internacional
para la protección de los derechos humanos, así como todas las autoridades
colombianas competentes, no solo de la rama judicial sino de la ejecutiva y
legislativa, así como de los organismos de control, en relación con los
hechos ocurridos en el Municipio de Puerto Boyacá , Departamento de Boyacá, el
5 de septiembre de 1984, en los que fue detenido y desaparecido de manera
forzada o involuntaria nuestro esposo y padre Miguel Ángel Díaz Martínez, así
como con posteriores hechos derivados de la misma desaparición como el exilio
forzado al que fuimos sometidas y las consecuencias que del mismo devinieron,
en donde resultaron vulnerados los derechos del propio Miguel Ángel Díaz
Martínez y de nosotros como sus familiares.” (Subrayado fuera del texto original).
2.1.5. Al respecto, la Sala que evidencia que los
mandatos generales otorgados por Gloria María Mansilla y sus hijas Luisa
Fernanda, Ángela Ivette y Juliana Díaz Mansilla a Pedro Julio Mahecha Ávila no
incluyen de manera específica la posibilidad de instaurar la presente acción de
tutela, por lo que, en principio, éste no se encontraba facultado para
otorgarle poder al abogado Rodrigo Uprimny Yepes para presentar el recurso de
amparo contra las autoridades judiciales que adelantaron el proceso ejecutivo
hipotecario 1996-17849, en tanto en materia de tutela, como se explicó, el
poder debe ser especial[65].
2.1.6. No obstante lo anterior, en atención a la
condición de exiliadas que ostentan las accionantes y a su calidad de víctimas
de la desaparición forzada de su esposo y padre, así como en virtud del
principio de primacía del derecho sustancial sobre el procedimental[66], este Tribunal tendrá
como satisfecho este presupuesto de procedencia, ya que ninguno de los
intervinientes cuestionó este yerro en la representación e incluso Gloria María
Mansilla intervino en sede de revisión respaldando el escrito de amparo[67].
2.1.7. De otra parte, si bien Luisa Fernanda, Ángela
Ivette y Juliana Díaz Mansilla no hicieron parte del proceso cuestionado en el
amparo, su legitimación en la causa se deriva del hecho de que en la tutela no
sólo se planteó una controversia que afecte únicamente a los intervinientes en
las actuaciones procesales, sino que también se debate sobre la no aplicación
por parte de los jueces accionados de los beneficios legales establecidos para
la protección de los derechos de los familiares de las personas desaparecidas,
los cuales conciernen directamente a las accionantes mencionadas en su
condición de hijas de Miguel Ángel Díaz Martínez, como se prueba con la copia
de los registros civiles anexados a la demanda[68].
2.2. Legitimación en la causa por pasiva
2.2.1.
De acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 5° del Decreto 2591 de
1991[69],
la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, los Juzgados Veintiséis Civil del Circuito y Segundo Civil del Circuito
de Descongestión, ambos de dicha ciudad, y el Fondo Nacional del Ahorro, son
demandables a través de acción de tutela, puesto que son autoridades públicas.
2.2.3.
En efecto, los tres primeros demandados son despachos de la jurisdicción
ordinaria perteneciente a la Rama Judicial[70],
y el último es una empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter
financiero del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito de
naturaleza especial[71],
que presta el servicio público bancario[72].
3.
Problemas jurídicos y esquema de resolución
3.1.
Corresponde a la Sala determinar si los derechos al debido proceso, a la
igualdad y a la memoria de Gloria María Mansilla de Díaz y de sus hijas Luisa
Fernanda, Ángela Ivette y Juliana Díaz Mansilla fueron vulnerados por las
autoridades judiciales demandadas con ocasión de las decisiones adoptadas dentro
del proceso ejecutivo hipotecario 1996-017849. Con tal propósito, este Tribunal
deberá verificar: (i) si el recurso de amparo satisface los presupuestos
generales de procedencia establecidos para cuestionar fallos judiciales, y en
caso afirmativo, tendrá que determinar:
(ii) Si en las providencias adoptadas por el Juzgado
Segundo de Descongestión Civil del Circuito de Bogotá, el 27 de octubre de
2006, y por el Tribunal accionado, el 20 de noviembre de 2007, en las cuales se
decidió continuar con el proceso ejecutivo en contra de Gloria María Mansilla y
declarar la prescripción de la obligación sólo en relación con la cuota parte
de propiedad de Miguel Ángel Díaz, se configuró un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, así como un error por consecuencia al desconocerse
que la deuda fue contraída por la sociedad conyugal, y por ello la extinción de
la acreencia debe beneficiar a los dos esposos.
(iii) Si en las decisiones proferidas por el Juzgado
Veintiséis Civil del Circuito de Bogotá, el 25 de abril de 2012, y por la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 13 de diciembre
de 2012, se incurrió en una violación directa de la Constitución y en un
defecto sustantivo, puesto que en ellas se omitió realizar una interpretación
sistemática de la Constitución y de la Ley 986 de 2005, en especial de su
artículo 14 relacionado con la suspensión de los procesos ejecutivos
adelantados contra las víctimas de desaparición forzada.
3.2.
Para el efecto, esta Corporación (i) reiterará la jurisprudencia sobre la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales,
luego (ii) realizará una breve caracterización de los defectos sustantivo,
procedimental por exceso ritual manifiesto, error inducido y violación directa
de la constitución, para finalizar (iii) con la resolución del caso concreto.
4.
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Reiteración de jurisprudencia[73].
4.1. De acuerdo con los artículos 86 de la
Constitución Política y 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un
mecanismo sumario, preferente y subsidiario de defensa judicial cuya finalidad
es la protección de los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una
autoridad pública o de un particular en los casos previstos en la Constitución
y en la Ley.
4.2. En ese sentido, tal y como lo estableció esta
Corporación en la Sentencia C-543 de 1992[74],
por regla general, el recurso de amparo
no procede contra providencias judiciales, puesto que: (i) estas son el
escenario habitual de reconocimiento y realización de los derechos
fundamentales; (ii) de ellas se predica el efecto de cosa juzgada, el cual es
garantía de la seguridad jurídica que debe imperar en un Estado democrático; y
(iii) están amparadas por el principio de respeto a la autonomía e
independencia de los jueces[75].
4.3.
No sobra indicar entonces que todos los procesos judiciales son, en sí mismos,
medios de defensa de los derechos de las personas y, cuentan, por lo mismo, con
recursos intrínsecos para controvertir las actuaciones de las partes, al igual
que de la autoridad judicial. Por ende, en principio, cuando quiera que
aquellas observen que sus derechos fundamentales pueden verse conculcados por
las actuaciones u omisiones de tales autoridades, deben acudir a los medios de
defensa ordinarios contemplados dentro del respectivo proceso[76].
4.4.
Sin embargo, en dicha oportunidad también se estableció que “de conformidad
con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los
jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar
justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también
para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela
respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales (…)”[77]. De modo
que, si bien se entendió que, en principio, la acción de amparo constitucional
no procedía contra providencias judiciales, excepcionalmente, su ejercicio era
viable como mecanismo subsidiario y preferente de defensa judicial, cuando de
la actuación judicial se vislumbrara la violación o amenaza de un derecho
fundamental.
4.5.
A partir de lo allí decidido, la Corte Constitucional desarrolló el criterio
conforme al cual, el supuesto de hecho que daba lugar a la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, se configuraba cuando la
actuación judicial incurría en una desviación de tal magnitud que el acto proferido
no merecía la denominación de providencia judicial, pues había sido despojada
de dicha calidad. En desarrollo de lo expuesto, esta Corporación consideró que
el ordenamiento jurídico no podía amparar situaciones que, cobijadas por el
manto del ejercicio autónomo de la función judicial, comportaban una violación
protuberante de la Carta Política y, en especial, de los bienes jurídicos más
preciados del ser humano (derechos fundamentales)[78].
4.6.
Así, en un primer momento, a tal conjunto de circunstancias les denominó “vía
de hecho”, y posteriormente su evolución llevó a determinar una serie de requisitos de procedibilidad de carácter
general, y unas causales específicas para solucionar las acciones de tutela
instauradas contra decisiones judiciales[79].
En efecto, en la Sentencia C-590 de 2005[80] se determinó
que el funcionario judicial que conoce del amparo debe constatar que: (i) el
asunto tenga relevancia constitucional; (ii) el actor haya agotado los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
(iii) la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con
criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una
irregularidad procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión que
resulta lesiva de los derechos fundamentales; (v) el accionante identifique, de
forma razonable, los yerros de la autoridad judicial que generan la violación y
que ésta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber
sido posible; (vi) el fallo impugnado no sea de tutela[81].
4.7.
Igualmente, en dicha sentencia de constitucionalidad se precisó que si en un
caso concreto se encuentran cumplidos los anteriores requisitos genéricos, será
necesario entonces acreditar, además, que se ha configurado alguno de los
siguientes defectos: (i) orgánico, (ii) sustantivo, (iii) procedimental, (iv)
fáctico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii)
desconocimiento del precedente constitucional y (viii) violación directa a la
Constitución[82].
4.8.
En suma, por regla general, debido a la necesidad de salvaguardar el valor de
la cosa juzgada, la garantía de la seguridad jurídica y los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial, la acción de tutela no procede
contra providencias judiciales. No obstante, excepcionalmente se ha admitido
esa posibilidad cuando se acredita el cumplimiento de los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela y la providencia acusada incurre en
algunas de las causales específicas que han sido previamente señaladas.
5.
Caracterización del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
5.1.
El defecto procedimental es una causal específica de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, que se configura cuando el juez (i)
ignora completamente el procedimiento establecido o (ii) incurre en un exceso
ritual manifiesto en la aplicación de las reglas procedimentales o adjetivas[83].
Este defecto encuentra fundamento en los artículos 29 y 228 de la Carta, y ha
sido desarrollado por la Corte para solucionar la aparente tensión existente
entre el respeto por la plenitud de las formas del juicio y la prevalencia del
derechos sustancial[84].
5.2.
En ese contexto, esta Corporación ha señalado que se viola el derecho al debido
proceso por exceso ritual manifiesto cuando en un fallo se renuncia consciente
a la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por un extremo rigor en
la aplicación de las normas procesales[85];
es decir, esta causal se presenta cuando un funcionario utiliza o concibe los
procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial, y por
esta vía sus actuaciones devienen en una denegación de justicia[86].
5.3. Así pues, este Tribunal ha considerado que puede
configurarse un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en los casos
en los que el operador judicial:
“(i) deja de inaplicar disposiciones
procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso
concreto;
(ii) exige el cumplimiento de
requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas
circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes,
siempre que esa situación se encuentre comprobada;
(iii) incurre en un rigorismo
procedimental en la apreciación de las pruebas.”[87]
5.4. En síntesis, el defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto se presenta cuando el funcionario jurisdiccional no acata el
mandato de dar prevalencia al derecho sustancial, situación que lo lleva a
denegar o vulnerar el derecho al acceso a la administración de justicia. En
efecto, la Corte ha estimado que “si bien la actuación judicial se presume
legítima, se torna en vía de hecho cuando el actuar del juez se distancia
abiertamente del ordenamiento normativo, principalmente de la normatividad
constitucional, ignorando los principios por los cuales se debe regir la
administración de justicia.”[88]
6. Caracterización del error inducido
6.1. La Corte Constitucional ha explicado que la
causal de procedibilidad denominada error
inducido o “por consecuencia” se
configura cuando una decisión judicial pese a haberse adoptado respetando el
debido proceso, valorando los elementos probatorios de forma plausible conforme
al principio de la sana crítica y con fundamento en una interpretación
razonable de la ley sustancial, ocasiona la vulneración de derechos
fundamentales “al haber sido determinada o influenciada por aspectos
externos al proceso, consistentes en fallas originadas en órganos estatales.”[89]
6.2. La primera vez que esta Corporación se refirió a
esta causal fue en la Sentencia SU-014 de 2001[90],
en la que se comprobó la configuración de una“vía de hecho por consecuencia” que derivó en la vulneración
del derecho fundamental al debido proceso del accionante con ocasión del
trámite penal adelantado en su contra como persona ausente a pesar de
encontrarse internado en un establecimiento carcelario público. Específicamente
en esa ocasión, este Tribunal determinó que si bien estaba probada la
afectación de la prerrogativa fundamental consagrada en el artículo 29
superior, “la violación no podía imputarse al funcionario judicial
accionado, pues este cumplió con las ritualidades procesales previstas por la ley
como requisito de la declaratoria de persona ausente, antes de adoptar tal
determinación. Pero, a pesar de la diligencia del juez, el peticionario nunca
fue notificado de la existencia de un proceso en su contra y solo se enteró de
la condena tiempo después de haberse proferido, lo que resulta inaceptable
puesto que las personas privadas de la libertad se encuentran en una situación
de especial sujeción frente al Estado.”[91]
6.3. Desde ese entonces, este Tribunal ha reiterado
que se incurre en esta causal cuando “(…) el defecto en la providencia
judicial es producto de la inducción al error de que es víctima el juez de la
causa. En este caso, si bien el defecto no es atribuible al funcionario
judicial, la actuación judicial resulta equivocada.”[92]
Sin embargo, la Corte ha optado por
sustituir la expresión “vía
de hecho por consecuencia” por “error
inducido”, al considerar que es
más clara que la noción inicial, en la medida en que la misma se tornaba en un
oxímoron, es decir, una contradicción dentro del mismo término, pues la vía de
hecho implica una actuación arbitraria por parte del funcionario judicial y
este defecto descarta dicha arbitrariedad, pues lo que realmente ocurre es que
la autoridad judicial es inducida
a error por conductas,
hechos o fallas atribuibles a otros órganos del Estado[93].
7.
Caracterización de la causal denominada violación directa de la Constitución
7.1.
Esta causal de procedencia encuentra fundamento en el actual modelo
constitucional, en el cual se le otorga valor normativo a los preceptos
superiores, de modo tal que sus mandatos y previsiones son de aplicación
directa por las distintas autoridades públicas y, en determinados eventos, por
los particulares[94].
Por lo anterior, este Tribunal ha sostenido que resulta plenamente factible que
una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando
desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados[95].
7.2.
Al respecto, esta Corporación ha manifestado que dicha causal se estructura
cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política,
ya sea porque:
(i) Deja de aplicar una
disposición ius fundamental a un caso concreto, por ejemplo “(a) cuando en la solución del caso se
dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional, (b) cuando se trata de un derecho fundamental de
aplicación inmediata[96] y (c) cuando el juez en sus resoluciones vulneró
derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación
conforme con la Constitución[97].”
(ii) Aplica la ley al margen de los dictados de
la Carta Política, desconociendo que de conformidad con su artículo 4º “la Constitución es norma de normas”, por lo que en caso de incompatibilidad entre la ella
y la ley u otra norma jurídica “se aplicarán las disposiciones
constitucionales.”[98]
8.
Caracterización del defecto sustantivo o material
8.1.
Esta Corporación ha caracterizado el defecto sustantivo como la existencia de
un error en una providencia judicial originado en la interpretación o
aplicación de las disposiciones jurídicas al caso analizado por el juez[99].
Sin embargo, para que dicho yerro dé lugar a la procedencia de la acción de
amparo debe evidenciarse una irregularidad de significante trascendencia, que
haya llevado a proferir una decisión que obstaculice o lesione la efectividad
de los derechos fundamentales[100].
8.2.
En ese sentido, en la sentencia SU-448 de 2011[101],
la Sala Plena de la Corte Constitucional señaló las principales circunstancias
que generan que una providencia judicial incurra en un defecto sustantivo.
Concretamente, en aquella ocasión se explicó que ello ocurre cuando:
“(i) La decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente[102],
b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada[103],
c) es inexistente[104],
d) ha sido declarada contraria a la Constitución[105],
e) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada,
por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por
el legislador[106];
(ii) Pese
a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso
concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación
razonable o la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes o cuando en una
decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente
errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica
aceptable tal decisión judicial[107];
(iii) No
toma en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes[108];
(iv) la disposición aplicada se muestra,
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución[109];
(v) Un poder concedido al juez por el ordenamiento se
utiliza para un fin no previsto en la disposición[110];
(vi) La
decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma, omitiendo
el análisis de otras disposiciones aplicables al caso[111];
(vii) Se desconoce la norma del ordenamiento jurídico
constitucional o infraconstitucional aplicable al caso concreto[112];
(viii) La actuación no está justificada en forma
suficiente de manera que se vulneran derechos fundamentales[113];
(ix) Sin un mínimo de argumentación se desconoce el
precedente judicial[114];
(x) El juez no aplica la excepción de
inconstitucionalidad frente a una violación manifiesta de la Constitución.[115]”
(Subrayado fuera del texto original).
8.3. Ahora bien, para el análisis de esta causal en un
caso concreto es necesario tener en cuenta que esta Corporación ha considerado
que cuando existan varias interpretaciones constitucionalmente admisibles sobre
un mismo tema, las cuales son respaldadas por la jurisprudencia vigente, y el
operador jurídico decide aplicar una de ellas, la acción de tutela no está
llamada a prosperar, en respeto de los principios constitucionales de autonomía
e independencia judicial[116],
pues se entiende que una autoridad ha incurrido en un defecto sólo cuando se
evidencie un actuar totalmente arbitrario y caprichoso que lesione derechos
fundamentales[117],
es decir, cuando no respeta los presupuestos de razonabilidad, racionabilidad y
proporcionalidad[118].
9.
Caso concreto
9.1.
Gloria María Mansilla de Díaz y sus hijas Luisa Fernanda, Ángela Ivette y
Juliana Díaz Mansilla interpusieron acción de tutela contra las autoridades
judiciales que adelantaron el proceso ejecutivo hipotecario 1996-017849 en su
contra, al considerar que sus derechos fundamentales fueron desconocidos, pues
no se tuvo en cuenta la especial protección que merecían como víctimas de la
desaparición forzada de su esposo y padre, procediéndose al remate del 50% de
la vivienda de propiedad del núcleo familiar a pesar de que la obligación que
originó el pleito estaba prescrita y la Ley 986 de 2005 lo prohibía[119].
9.2.
En respuesta de la solicitud de protección, las autoridades judiciales
demandadas solicitaron no acceder a las pretensiones de las accionantes,
comoquiera que la acción de tutela no cumple con el presupuesto de inmediatez, y
del análisis de las actuaciones reprochadas no se evidencia irrespeto alguno a
las formas propias de los juicios ejecutivos[120].
9.3.
Por su parte, actuando como jueces de instancia, las Salas de Casación Civil y
Laboral de la Corte Suprema de Justicia denegaron el amparo solicitado al
estimar que (i) la acción de tutela no satisface el presupuesto de inmediatez,
pues trascurrieron más de seis meses entre la fecha de su interposición y el
momento en el cual se profirieron las decisiones atacadas, así como que (ii) no
se agotaron los instrumentos judiciales disponibles dentro del proceso
ejecutivo[121].
9.4.
Al respecto, la Sala anticipa que confirmará las decisiones de instancia,
porque considera acertados los argumentos expuestos por las Salas de la Corte
Suprema, en tanto el recurso de amparo no satisface los presupuestos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, como se
explica a continuación.
9.5.
Para comenzar, resulta pertinente tener en cuenta que el artículo 86 de la
Carta Política dispone que la acción de tutela está prevista para la “protección
inmediata” de los derechos fundamentales que se consideren vulnerados o
amenazados. De esta forma, el ordenamiento superior busca asegurar que el
amparo sea utilizado para atender vulneraciones que de manera urgente requieren
de la intervención del juez constitucional[122].
Sobre el particular, en la Sentencia T-118 de 2015[123],
la Corte explicó que “la exigencia de presentar la acción de tutela en un
término razonable se debe a la necesidad de (i) proteger derechos de terceros
que pueden verse vulnerados con la presentación de la tutela; (ii) impedir que
este mecanismo constitucional se convierta en fuente de inseguridad jurídica y
(iii) evitar el uso del amparo como herramienta supletiva de la propia
negligencia en la agencia de los derechos.”[124]
9.6. Ahora, si bien la Constitución y la ley no
establecen un término expreso de caducidad, en
la medida en que lo pretendido con el amparo es la protección concreta y actual
de un derecho fundamental, este
Tribunal ha señalado que le corresponde
al juez de tutela verificar en cada caso en concreto si el plazo fue
razonable y proporcionado, es decir, si teniendo en cuenta las circunstancias
personales del actor, su diligencia y sus posibilidades reales de defensa y el
surgimiento de derechos de terceros, la acción tutela se interpuso
oportunamente[125].
Este cálculo se realiza entre el momento en que se genera la actuación que
causa la vulneración o amenaza del derecho y aquél en la que el presunto
afectado acude al amparo para solicitar su protección[126].
9.7.
Al respecto, como parámetro general, en varias providencias, esta Corporación
ha sostenido que ante la inexistencia de un término definido, en algunos casos
se ha considerado que el plazo oportuno es de seis meses, luego de lo cual
podría declararse la improcedencia de la tutela, a menos que, atendiendo a las
particularidades del caso sometido a revisión, se encuentren circunstancias que
justifiquen la inactividad del accionante[127].
En esas hipótesis, por ejemplo, se ha llegado a considerar que, bajo ciertos
supuestos, un término de dos años puede llegar a ser considerado razonable[128].
9.8.
En ese sentido, para determinar la razonabilidad del tiempo, en procura de
establecer si existe o no una tardanza injustificada e irrazonable, este
Tribunal ha trazado las siguientes reglas[129]:
“(i) que exista un motivo válido para la inactividad
del actor; (ii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la
acción y la vulneración de los derechos del interesado; y (ii) que la
inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión o bienes constitucionalmente protegidos de
igual importancia[130].
(vi) Excepcionalmente, si el fundamento de la acción de tutela surge después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier
forma, su ejercicio debe realizarse en un plazo no muy alejado de dicha
situación[131]
(…).”[132]
9.9.
En lo que respecta al ejercicio de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la Corte ha señalado que, por una parte, (i) el examen de este
requisito debe ser más estricto y riguroso, pues con una eventual orden de
amparo se estarían comprometiendo el principio de seguridad jurídica, la
garantía de la cosa juzgada, así como la presunción de acierto con la que están
revestidas las providencias judiciales[133];
y por la otra, (ii) la carga de argumentación en cabeza del demandante para
justificar su inactividad aumenta de manera proporcional a la distancia
temporal que existe, entre la presentación del amparo y el momento en que se
consideró que se vulneró su derecho, ya que “el paso tiempo reafirma la
legitimidad de las decisiones judiciales y consolida los efectos de las
sentencias”[134].
En esa línea argumentativa, se ha dicho que:
“La inmediatez tiene particular relevancia tratándose
de la impugnación de providencias judiciales, porque no puede mantenerse
indefinidamente la incertidumbre en torno a la firmeza de las decisiones
judiciales. De esta manera, si bien, de manera excepcionalísima, cabe la acción
de tutela contra providencias judiciales, cuando se pueda establecer que en
realidad ellas constituyen una vía de hecho, la naturaleza grosera y
protuberante del defecto presente en la actuación judicial que abre la vía para
el amparo, exige que el mismo se solicite de inmediato, sin que resulte admisible
que las partes afectadas dejen transcurrir pasivamente el tiempo para acudir,
después de un lapso razonable, a cuestionar la actuación judicial y solicitar
que la misma sea nuevamente revisada. Esa inacción de las partes, a menos que
tenga una explicación suficientemente fundada, es denotativa de la ausencia de
un perjuicio que exija el remedio inmediato a cuya provisión se ha previsto la
acción de tutela.”[135]
9.10.
En relación con el presupuesto de inmediatez en tratándose de recursos de amparo
dirigidos a cuestionar providencias judiciales proferidas dentro de procesos
ejecutivos, esta Corporación ha reiterado que el término prudencial en estos
casos para acudir a la acción de tutela está delimitado por el hecho de que no
se haya efectuado el registro del auto aprobatorio del remate[136],
pues a partir de dicho momento se consolidan los derechos de terceros
adquirentes de buena fe.
9.11.
En efecto, a partir de la Sentencia SU-813 de 2007[137],
con ocasión de una serie de acciones de tutela interpuestas por personas que
consideraban vulnerados sus derechos en el curso de procesos ejecutivos
hipotecarios en los cuales los jueces civiles no habían accedido a otorgarles
el beneficio de suspensión de la ejecución establecido en el parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999
para créditos pactados en unidades de poder adquisitivo constante (UPAC), este
Tribunal estableció que:
“(…) en el caso concreto de los procesos ejecutivos
hipotecarios, existe un término razonable dentro del cual la persona afectada
debe defender sus derechos para evitar una lesión posterior de los derechos
fundamentales de terceros o de intereses constitucionalmente protegidos. En
este sentido, la Corte encuentra que la tutela sólo puede proceder si se
interpone en cualquier momento desde la decisión judicial de no dar por
terminado el proceso hasta el registro del auto aprobatorio del remate, es
decir, hasta que se perfecciona la tradición del dominio del bien en cabeza de
un tercero cuyos derechos no pueden ser desconocidos por el juez constitucional.
En efecto, una vez realizado el registro, la persona ha perdido su oportunidad
de alegar en tutela pues ya existe un derecho consolidado en cabeza de terceros
de buena fe, que el juez constitucional no puede desconocer (…).” (Subrayado fuera del texto original).
9.12.
Este parámetro fijado para determinar la inmediatez en tratándose de recursos
de amparo relacionados con la no aplicación de los beneficios establecidos en
la Ley 546 de 1999 en procesos ejecutivos, ha sido reiterado por diferentes
salas de revisión en los fallos T-845 de 2007[138],
T-1026 de 2007[139],
T-1240 de 2008[140],
T-328 de 2008[141],
T-877 de 2010[142],
T-107 de 2012[143],
T-881 de 2013[144]
y T-265 de 2015[145],
en los cuales se ha advertido que en estos asuntos la acción de tutela es
procedente siempre y cuando “(…) haya sido presentada de manera oportuna,
antes de que se hubiere registrado el auto aprobatorio del remate o
adjudicación del inmueble, de tal forma que se respete el requisito de
inmediatez.”[146]
9.13.
Esta posición también ha sido aplicada por la Corte para establecer la procedencia de la acción de tutela contra
providencias proferidas dentro de ejecuciones relacionadas con obligaciones
hipotecarias en general. Así por ejemplo en el fallo T-726 de 2010[147] este Tribunal al pronunciarse
acerca del supuesto de hecho en el cual está en conflicto la situación de
vulnerabilidad en la que se encuentra una persona víctima del desplazamiento
forzado respecto del pago de sus obligaciones crediticias y el derecho del
acreedor de hacer exigible el pago de una deuda ante su incumplimiento, explicó
que “solo resulta
coherente la aplicación del principio de solidaridad a los deudores
pertenecientes a la población desplazada, en el contexto de los procesos ejecutivos
hipotecarios, cuando en dichos procedimientos no se ha surtido la etapa del
registro del auto aprobatorio del remate y no se ha adjudicado el bien.”
9.14. Asimismo, en la Sentencia T-111 de 2011[148] la Corte a pesar de que
encontró que las decisiones adoptadas dentro de un proceso ejecutivo
incurrieron en un defecto procedimental absoluto, señaló que no era posible
dejarlas sin efecto, pues ello afectaría desproporcionadamente el principio de
seguridad jurídica y los derechos de terceros de buena fe. Para sustentar la
decisión, se reiteró que “uno de los factores que debían tenerse en cuenta
para determinar la procedencia del amparo es que este hubiera sido impetrado
con anterioridad al registro del auto aprobatorio del remate del bien.”
9.15. Igualmente, en la providencia T-593 de 2011[149] esta Corporación decidió negar
el amparo presentado en contra de un juez civil por el presunto desconocimiento
del procedimiento establecido en la ley en el desarrollo de la diligencia de
remate, al considerarse que la acción de tutela no satisfacía el presupuesto de
inmediatez, ya que para la fecha de presentación de la demanda constitucional
ya se había efectuado el registro del auto aprobatorio del remate.
Específicamente, se dijo:
“(…) la oportunidad más razonable
para interponer la tutela en este tipo de casos, se materializa en un acto de
tipo procesal: el registro del auto aprobatorio del remate. De esta
manera, se equilibra la vulneración del debido proceso derivada del trámite
ejecutivo y también los derechos del tercero de buena fe que haya adquirido el
inmueble.” (Subrayado
fuera del texto original).
9.16. Posteriormente, en el fallo T-610 de 2011[150] este Tribunal al estudiar el
deber de las entidades financieras de realizar acuerdos de pago para
refinanciar los créditos adquiridos por personas víctimas de la violencia y con
ello proceder a la suspensión de los procesos ejecutivos adelantados su contra,
indicó que dicho beneficio debe aplicarse siempre que “no se hubiere surtido
la etapa de registro del auto aprobatorio del remate y no se hubiere adjudicado
el bien.”
9.17. En esa misma línea, en la Sentencia T-144 de 2012[151] la Corte al resolver una
acción de tutela a través de la cual se argumentaba que el juez civil que
adelantó el proceso ejecutivo en contra del actor había incurrido en un defecto
sustancial por indebida interpretación del artículo 69 de la Ley 45 de 1990
respecto de la prescripción de la acción cambiaria, concluyó que el amparo
carecía de inmediatez, entre otras circunstancias, porque el trámite judicial
ya había finalizó con la adjudicación de los bienes rematados en favor de un tercero,
cuyos derechos resultarían vulnerados en caso de que se decidiera dejar sin
efectos las providencias atacadas.
9.18. De igual manera, en la providencia T-516 de 2012[152] esta Corporación al analizar la
procedencia de un recurso de amparo instaurado por una persona que solicitaba que se
suspendiera el registro del auto aprobatorio del remate debido a su condición
de madre cabeza de familia y su intención de pagar la deuda, sostuvo que en esta
oportunidad era posible examinar de fondo la solicitud de tutela a pesar de que
el bien había sido adjudicado a un tercero de buena fe, pues de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional “la tradición del dominio del bien en cabeza
de un tercero se perfecciona con el registro del auto aprobatorio del remate,
dando lugar a que sus derechos no puedan ser desconocidos, y no con la
adjudicación del bien realizada en la diligencia de remate como lo afirma el
juez de instancia.”
9.19. Con base en las anteriores consideraciones, la Corte estima
que la acción de tutela instaurada por Gloria María Mansilla de Díaz y sus
hijas Luisa Fernanda, Ángela Ivette y Juliana Díaz Mansilla contra la Sala de
Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, los
Juzgados Veintiséis Civil del Circuito y Segundo Civil del Circuito de
Descongestión, ambos de dicha ciudad, y el Fondo Nacional del Ahorro, no
satisface el presupuesto de inmediatez, por las siguientes razones.
9.20.
En principio, la Sala advierte que las actoras acudieron al recurso de amparo
luego de trascurrido un largo periodo desde que se profirieron las decisiones
cuestionadas, por lo que se desvirtúa la necesidad de la “protección
inmediata” de sus derechos. En efecto, la acción de tutela fue presentada
el 4 de septiembre de 2014[153],
es decir:
(i) 2 años, 4 meses y 8 días después de la decisión
del Juzgado Veintiséis Civil del Circuito de Bogotá del 25 de abril de 2012[154],
en la que se resolvió no acceder a la solicitud de suspensión del proceso
ejecutivo de conformidad con lo establecido en la Ley 986 de 2005 presentada
por el curador provisional de Miguel Ángel Díaz Martínez, al considerarse que
los artículos 11 y 14 de dicha Ley “claramente disponen que la suspensión de
los procesos ejecutivos, tendrá lugar siempre y cuando la mora se origine por
el cautiverio del demandado, pero lo cierto aquí, es que la mora se originó
mucho antes del inicio del cautiverio, sin que la demandada Gloria María se
hubiese preocupado al menos por ponerla al día, hasta la fecha del cautiverio
(…).”
(ii) 1 año, 8 meses y 5 días después de dado el
proveído del 13 de diciembre de 2012[155],
mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá confirmó la anterior determinación.
(iii) 2 años, 11 meses y 11 días después de la
providencia del 22 de septiembre de 2011 proferida por Juzgado Veintiséis Civil
del Circuito de Bogotá, en la que se decidió no acceder a la solicitud impetrada
por Gloria María Mansilla dirigida a beneficiarse de las prerrogativas establecidas
en la Ley 986 de 2005, al encontrarse que (i) ya se había efectuado el remate,
(ii) lo perseguido no era la cuota parte del demandado Miguel Ángel Díaz
Martínez, y (iii) entre los deudores no se había pactado solidaridad[156].
(iv) 7 años, 10 meses y 5 días después de la Sentencia
del 27 de octubre de 2006[157],
en la que el Juzgado Segundo de Descongestión Civil del Circuito de Bogotá
dispuso seguir adelante con la ejecución respecto de la demandada Gloria María
Mansilla, toda vez que “dentro del término legal no propuso ningún medio de
defensa (…)”, así como dar por terminado el proceso en relación con Miguel
Ángel Díaz, al encontrar probada la prescripción alegada por su defensor en el
entendido de que sólo fue notificado de la demanda hasta el 14 de marzo de 2006
a diferencia de la actora que tuvo conocimiento del inicio del trámite
ejecutivo el 21 de enero de 1997.
(v) 6 años, 9 meses y 12 días después de la
providencia de segunda instancia expedida por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 20 de noviembre de 2007[158],
a través de la que no accedió a las pretensiones presentadas por el Fondo
Nacional de Ahorro en el recurso de apelación dirigidas a que se continuará con
la ejecución de la cuota parte correspondiente a Miguel Ángel Díaz, al estimar
que no se había pactado solidaridad entre los deudores.
9.21.
Con todo, podría argumentarse que a pesar de que trascurrió un amplio margen de
tiempo entre la fecha de las decisiones cuestionadas y el momento en que se
interpuso el recurso de amparo, la tardanza en acudir a este mecanismo de
protección está justificada y es razonable debido a la calidad de víctimas que
ostentan las actoras tanto por la desaparición de su esposo y padre como por
las amenazas que las obligaron a exiliarse[159]. Sin embargo, si bien este Tribunal comprende las
dificultades que enfrentaron las actoras, no evidencia la existencia de un nexo
causal entre dichas circunstancias y su imposibilidad para interponer la acción
de tutela oportunamente para cuestionar las decisiones proferidas dentro del
proceso ejecutivo adelantado en su contra[160].
9.22.
En concreto, la desaparición del ciudadano Miguel Ángel Díaz Martínez ocurrió
en el año 1984 y las accionantes están residenciadas en España desde el año
2002[161], con lo cual para el 25 de abril de 2012, fecha en la
que fue proferida la última decisión reprochada, habían trascurrido cerca de 10
años de su salida del país, desvirtuándose con el paso del tiempo las
inminentes consecuencias de dichos ilícitos en su capacidad para interponer el
amparo para salvaguardar sus derechos.
9.23.
En ese sentido, esta Corporación recuerda que los nacionales domiciliados en el
extranjero pueden interponer acciones de tutela a través de apoderado, por lo
cual no resulta desproporcionado exigirle el cumplimiento del presupuesto de
inmediatez a las peticionarias[162].
Al respecto, cabe resaltar que en el año 2006 Gloria María Mansilla interpuso
un recurso de amparo contra el Instituto de Seguros Social, el cual fue fallado
por el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogotá[163],
y que el poder general utilizado para acudir a la acción de tutela en esta
oportunidad fue otorgado al abogado Pedro Julio Mahecha Ávila en la ciudad de
Madrid (España) el 20 julio de 2011[164],
esto es, incluso con anterioridad a que se profiriera el auto aprobatorio del
remate, con lo que se desvirtúa la imposibilidad de las demandantes de
encomendar su representación y acudir al mecanismo de protección de manera
diligente.
9.24.
Sin embargo, si se aceptara razonable el plazo en el que las accionantes
interpusieron el amparo, ya sea por su calidad de víctimas, por las gestiones
procesales y extraprocesales que desplegaron para evitar la subasta del inmueble,
o por la negligencia de su apoderado en interponer la acción de tutela en el
año 2011 cuando le otorgaron el poder, la Corte advierte que la acción de
tutela sólo fue presentada después del registro del auto aprobatorio de la
adjudicación del remate, por lo que de conformidad con la reiterada
jurisprudencia constitucional no le es posible al juez de amparo declarar la
nulidad de las providencias cuestionadas incluso si se llegara a constatar la
existencia de algún yerro, pues ello implicaría afectar derechos de terceros de
buena fe[165].
9.25.
Específicamente, este Tribunal encuentra que el auto aprobatorio del remate fue
proferido por el Juzgado Veintiséis Civil del Circuito de Bogotá el 11 de marzo
de 2013[166]
y fue registrado ante la Oficina de Instrumentos Públicos de la ciudad el 22 de
octubre siguiente[167],
consolidándose a partir de este último momento los derechos en cabeza de Martha
Patricia Gómez Rodríguez, los cuales se presumen adquiridos de buena fe, por lo
que la interposición del amparo el 4 de septiembre de 2014, resulta ser
extemporánea para cuestionar las posibles irregularidades en las que se haya
podido incurrir en el trámite del proceso ejecutivo.
9.26.
Ahora bien, podría sostenerse que la jurisprudencia relacionada con el
incumplimiento del presupuesto de inmediatez para aquellos casos en los que se
haya efectuado el registro del auto aprobatorio del remate no resulta aplicable
para asuntos en los que están en debate derechos de personas merecedoras de una
especial protección constitucional. No obstante, la Sala resalta que la Corte
también ha utilizado esta posición en tratándose de casos relacionados con
personas en estado de vulnerabilidad, argumentando que el juez constitucional
no puede desconocer los derechos del tercero de buena fe, quien incluso puede
encontrarse en una situación de desprotección más grave a la del accionante.
9.27.
Para ilustrar, en la Sentencia T-448 de 2010[168]
esta Corporación, al examinar un caso de una persona desplazada por la
violencia en contra de quien se inició un proceso ejecutivo en el que
presuntamente se desconocieron sus derechos fundamentales, estimó que sólo
resulta aplicable el principio de solidaridad a los deudores pertenecientes a
la población desplazada, en el contexto de los procesos ejecutivos
hipotecarios, cuando en dichos procedimientos no se ha surtido la etapa del
registro del auto aprobatorio del remate, puesto que se desconocerían los
derechos del tercero adquirente de buena fe del
bien inmueble. Concretamente, se concluyó que “el proceso ejecutivo
hipotecario se puede anular en cualquier momento con el fin de aplicar la
jurisprudencia de esta Corporación, salvo cuando ha habido adjudicación de
bien, y entran en juego los derechos de otro ciudadano.”[169]
9.28.
A pesar de la improcedencia de la acción por no satisfacer el presupuesto de
inmediatez, la Corte observa que si en atención de la calidad de víctimas que
ostentan las accionantes con ocasión de la desaparición forzada de su esposo y
padre, el señor Miguel Ángel Díaz, se examinará la posible configuración de un
defecto en las providencias demandadas, existen serios argumentos que le permitirían
a esta Sala concluir razonablemente que el amparo deprecado no estaba llamado a
prosperar, como pasa a verse:
9.29.
En primer lugar, del examen del expediente del proceso ejecutivo, se evidencia
que las garantías generales del debido proceso consagradas en el artículo 29
superior de los demandados fueron respetadas, puesto que:
(i)  La ejecutada Gloria María Mansilla, en su
condición de deudora, fue notificada del mandamiento de pago librado el 23 de
octubre de 1996[170],
el 19 de diciembre siguiente, como consta en el acta visible en el folio 45 del
expediente del proceso ejecutivo.
(ii) A pesar de que se encontraba representada por un
abogado de confianza[171]
y de que se le informó en el acto de notificación a la demandada[172]
la posibilidad de interponer excepciones frente a los argumentos de la demanda,
Gloria María Mansilla no se opuso a las pretensiones de cobro del Fondo
Nacional del Ahorro.
(iii) Los derechos del otro ejecutado, Miguel Ángel
Díaz Martínez, fueron protegidos mediante su emplazamiento[173]
y la designación de un curador ad litem[174],
quien logró la declaración de la excepción de prescripción a su favor[175]
y la terminación del proceso[176],
quedando por tanto a disposición de las accionantes la mitad del bien.
(iv) Aunque de conformidad con los artículos 350 y
siguientes del Código de Procedimiento Civil, procedía el recurso de apelación
contra la Sentencia del 27 de octubre de 2006 proferida por el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá[177],
en la cual se dispuso seguir adelante con la ejecución respecto de la demandada
Gloria María Mansilla, no se agotó dicho recurso por la parte ejecutada, en
tanto la decisión únicamente fue recurrida por el Fondo Nacional del Ahorro[178].
(v) Las peticiones de aplicación de los beneficios
contemplados en la Ley 986 de 2005 fueron resueltas a través de decisiones
motivadas[179].
9.30.
En segundo lugar, si bien las actoras señalan que el Fondo Nacional del Ahorro,
en virtud del principio de solidaridad y en atención a la difícil situación en
la que se encontraban por la desaparición de su familiar, no debió iniciar el
proceso ejecutivo, lo cierto es que de los elementos probatorios obrantes en el
expediente no se evidencia un irrespeto a dicho axioma, ni que tal circunstancia
hubiera sido impedimento para que las accionantes ejercieran sus derechos
dentro del proceso. En efecto:
(i) A pesar de que la familia Díaz Mansilla había
incurrido en mora desde antes de la desaparición de uno de sus miembros, el
Fondo Nacional del Ahorro no presentó la demanda ejecutiva inmediatamente
ocurrió el ilícito, sino que lo hizo 12 años después de la comisión del mismo[180],
procurando el pago de las cuotas atrasadas causadas entre el 15 de octubre de
1983 y el 15 de septiembre de 1996[181].
(ii) El trámite judicial fue suspendido por más de
cinco años por un acuerdo de pago celebrado entre la entidad financiera y
Gloria María Mansilla, el cual a la postre fue incumplido por la ejecutada[182].
Al respecto, la Sala resalta que la refinanciación de la deuda ha sido el instrumento
utilizado por esta Corporación para atender las situaciones de desprotección
originadas por la comisión de un hecho ilícito que afecta la sostenibilidad del
núcleo familiar del sujeto pasivo del delito[183].
9.31.
De otra parte, no es claro que las dificultades económicas de Gloria María
Mansilla le impidieran hacerse parte del proceso y velar por sus derechos, ya
que, como se mencionó[184],
durante su trámite siempre estuvo representada por apoderados de su confianza,
y en caso de no haber tenido dinero para pagar sus servicios, tuvo a su alcance
el amparo del pobreza consagrado en los artículos 160[185]
y siguientes del Código Procedimiento Civil.
9.32.
Adicionalmente, la Corte observa que la falta de recursos nunca fue alegada
dentro del proceso ejecutivo, y no era claro de las diligencias la
imposibilidad de la actora de contratar de un abogado de su confianza, puesto
que de las pruebas obrantes en el plenario se deduce que el inmueble estaba
arrendado[186]
y que la accionante pagó otra deuda que también gravaba el bien[187],
lo cual junto a la afirmación contenida en el escrito tutelar de que Gloria
María Mansilla trabajó para distintas fundaciones[188]
y el hecho de que fuera pensionada en el año 2006[189],
desvirtúa, en principio, su imposibilidad de procurar su defensa por razones
económicas.
9.33.
En tercer lugar, en relación con la presunta configuración de un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto y de un error por consecuencia, la
Corte al examinar las decisiones adoptadas por el Juzgado Segundo de
Descongestión Civil del Circuito de Bogotá, el 27 de octubre de 2006[190],
y por el Tribunal accionado, el 20 de noviembre de 2007[191], evidencia que:
(i) La ejecutada Gloria María Mansilla de Díaz no
alegó expresamente la excepción de prescripción dentro del proceso ejecutivo,
desconociendo lo contemplado en el artículo 2513 del Código Civil[192]
que establece que: “el que quiera aprovecharse de la prescripción debe
alegarla; el juez no puede declararla de oficio.”
(ii) La prescripción decretada en favor de Miguel
Ángel Díaz no obedeció a que la deuda en general estuviera prescrita al momento
de la interposición de la demanda ejecutiva el 1 de octubre de 1996[193],
sino al hecho de que la acción de cobro sólo fue notificada a su curador ad
litem el día 14 de marzo de 2006[194],
por lo que no resulta conforme a la normatividad procesal civil sostener que
los efectos de la prescripción debieron extenderse a Gloria María Mansilla, ya
que ella fue comunicada del inicio del proceso el 21 de enero de 1997[195],
fecha para la cual no se habían presentado la totalidad de las condiciones
exigidas por la ley para la configuración de dicho fenómeno extintivo de
acreencias.
(iii) Si se aceptara que entre Miguel Ángel Díaz y
Gloria María Mansilla existía solidaridad en relación con la deuda adquirida
con el Fondo Nacional del Ahorro y que dicha obligación era indivisible, en principio,
de conformidad con lo establecido en los artículos 1573[196]
y 2540[197]
del Código Civil, tendría que concluirse que debió continuarse no sólo con la
ejecución de la cuota parte de la hoy accionante sino con el remate de la
totalidad del bien, puesto que la notificación de la demanda ejecutiva surtida
el 21 de enero de 1997[198]
tendría la virtualidad de interrumpir la prescripción en perjuicio de todos los
deudores.
9.34.
En cuarto lugar, frente a la posible violación directa de la Constitución y  la
presunta configuración de un defecto sustantivo, la Sala encuentra que las
autoridades judiciales demandadas, al contrario de lo señalado en la acción de
tutela, efectuaron un análisis sistemático de la Ley 986 de 2005, concluyendo
razonablemente que, de conformidad con los artículos 11 y 14, no era procedente
la suspensión del proceso puesto que en dichos preceptos se exige que la
obligación no se encontrara en mora con anterioridad al secuestro del deudor,
contrario a lo ocurrido en este caso, toda vez que se desconoce el paradero del
señor Miguel Ángel Díaz desde el 5 de septiembre de 1985 y el incumplimiento de
la obligación se empezó a presentar desde el 15 de octubre de 1983.
9.35.
Específicamente, el Juzgado demandado, mediante Auto del 25 de abril de 2012[199],
no accedió a la solicitud de suspensión, argumentando que dentro del proceso no
se persiguen los bienes de Miguel Ángel Díaz Martínez, así como que:
“(…) la hoy demandada Gloria María Mansilla de Díaz,
cónyuge del desaparecido o secuestrado, señor Miguel Ángel Díaz de Martínez, había
podido gozar o ampararse con los beneficios que el otorga la Ley 986 de 2005,
si hubiese puesto al día la obligación hipotecaria, al menos hasta la fecha en
que ocurrió la desaparición de su cónyuge (5 de septiembre de 1984), pero la
verdad es que aunque el Fondo Nacional del Ahorro inició la demanda después de
más de diez años del inicio de la mora (15 de octubre de 1983), la señora
Gloria María la dejó en total abandono sin preocuparse por solucionarla, a
pesar del largo tiempo que lleva el presente proceso, iniciado el 2 de octubre
de 1996, tiempo suficiente para que al menos hubiese intentado algún
acuerdo de pago con la entidad acreedora.
El artículo 11 de la Ley en cita, claramente dispone
que la suspensión de los procesos ejecutivos, tendrá lugar siempre y cuando la
mora se origine por el cautiverio del demandado, pero lo cierto aquí, es que la
mora se originó mucho antes del inicio del cautiverio, sin que la demandada Gloria María se hubiese
preocupado al menos por ponerla al día, hasta la fecha del cautiverio. Por
tanto, ni siquiera se cumplió con el requisito principal que para estos casos
exige la ley (…).” (Subrayado fuera
del texto original).
9.36.
Dicha determinación fue confirmada por el Tribunal accionado por proveído de 13
de diciembre de 2012[200],
reiterando las mismas razones expresadas por el a quo, las cuales más
allá de que esta Sala de Revisión comparta o no, como aquellas son el resultado
de una motivación que no es producto de su subjetividad y que prima facie
no desconoce los mandatos superiores, resulta improcedente la intervención
extraordinaria del juez de tutela, más cuando se tiene certeza de que no se
puede recurrir a esta vía excepcional para imponer al juzgador una determinada
interpretación o enfoque de la normatividad que coincida plenamente con el de
las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor
fuerza su independencia[201].
9.37.
En esa misma línea argumentativa, la Sala insiste en que el recurso de amparo
contra providencias judiciales tiene como fin estudiar la acción u omisión del
juez, examinando la razonabilidad y la proporcionalidad de la decisión que
adoptó, pero no busca resolver nuevamente el litigio inicial previamente
resuelto por la jurisdicción ordinaria, con lo cual no resulta de recibo
reabrir el debate jurídico agotado en su escenario natural[202].
9.38.
Con todo, es necesario resaltar que si en mérito de la discusión se reabriera
el debate y se analizaran las pretensiones de las accionantes dirigidas a la
suspensión indefinida del proceso ejecutivo, se llegaría a la conclusión de que
no es posible acogerlas. En concreto, para esta Corporación es claro que las
actoras pretenden con sus peticiones desconocer lo dispuesto en el artículo 14 de
la Ley 986 de 2006[203],
el cual expresamente exige que para proceder a la interrupción del trámite de
cobro judicial la mora en el pago de la acreencia debió ocasionarse como
consecuencia de la desaparición y no previamente, pues dicha disposición
establece que se suspenderán de inmediato “los procesos ejecutivos en contra
de una persona secuestrada originados por la mora causada por el cautiverio
(…).”[204]
9.39.
En quinto lugar, este Tribunal destaca que la declaración de improcedencia del
amparo contra las providencias cuestionadas, en ninguna manera significa la
negación de la condición de víctimas que tienen las accionantes debido a la
desaparición forzada de su esposo y padre. En concreto, la ocurrencia de dichas
desafortunadas circunstancias hace que las accionantes sean merecedoras de
ciertas medidas de reparación, las cuales han sido establecidas, entre otras,
en la Ley 1448 de 2011[205],
la cual consagra un procedimiento especial al cual pueden acudir las
demandantes con el fin de remediar las afectaciones causadas sobre su
patrimonio económico, moral y sentimental, incluido su derecho a la memoria.
9.40. En relación con esta última prerrogativa, la Sala considera que
al ser un componente de la reparación integral[206], no puede en
principio ser exigida a través del recurso de amparo sin que previamente se
hayan agotado los mecanismos administrativos y judiciales dispuestos por el
legislador para obtener el resarcimiento de los daños causados ya sea por el
Estado o por un particular, puesto que la acción de tutela, además de ser
subsidiaria, tiene un carácter eminentemente preventivo mas no indemnizatorio[207].
9.41. En ese sentido, la Corte advierte que la Defensoría del
Pueblo, al tenor del artículo 282 superior[208],
tiene la obligación de orientar e instruir a las accionantes en el ejercicio de
sus derechos como víctimas de la violencia, así como asesorarlas para que
puedan gozar de los beneficios establecidos en la mencionada Ley 1448 de 2011 y
demás normas concordantes[209].
9.42.
Con fundamento en las precedentes consideraciones, este Tribunal concluye que
en el presente caso la acción de tutela no está llamada a prosperar, por lo que
confirmará las sentencias proferidas por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, el 18 de septiembre de 2014[210],
y por la Sala de Casación Laboral de la misma Corporación, el 26 de noviembre
de la mencionada anualidad[211],
en el sentido de denegar el amparo solicitado.
9.43.
De igual manera, esta Corte levantará la suspensión de términos decretada para
decidir el presente asunto mediante Auto del 26 de junio de 2015 y la medida
provisional adoptada a través de proveído del 13 de julio siguiente, así como
dispondrá que el expediente contentivo del proceso ejecutivo hipotecario 1996-17849
remitido a esta Corporación en calidad de préstamo, sea devuelto al Juzgado
Primero de Ejecución Civil del Circuito de Bogotá.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR
la suspensión de términos decretada
para decidir el presente asunto mediante Auto del 26 de junio de 2015, así como la medida provisional adoptada a través de proveído del 13
de julio siguiente.
SEGUNDO.- CONFIRMAR los fallos proferidos por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, el 18 de septiembre de 2014, y por la Sala de Casación Laboral de la
misma Corporación, el 26 de noviembre de la mencionada anualidad, dentro del
proceso de la referencia en relación con la decisión de denegar el amparo
solicitado.
TERCERO.- ORDENAR que, por Secretaría General, se envíe al Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de
Bogotá el expediente contentivo del proceso ejecutivo hipotecario 1996-17849, remitido a esta Corporación en calidad de
préstamo.
CUARTO.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se
refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Folios 24 a 29 del cuaderno número 1 del proceso
ejecutivo hipotecario número 1996-017849. Para esta decisión, en adelante,
cuando se haga referencia a un folio, se entenderá que hace parte del cuaderno
número 1 del proceso ejecutivo hipotecario número 1996-017849, a menos que se
diga expresamente otra cosa.
[2] Folio 35.
[3] Folio 46.
[4] Folios 47 a 48.
[5] Folio 57.
[6] Folios 109 a 110.
[7] Folio 124.
[8] Folios 131 a 132.
[9] Folios 139 a 145.
[10] Igualmente, el Juez sostuvo que la
presentación de la demanda no logró interrumpir el término prescriptivo por
cuanto la notificación de ejecutado se surtió cuando ya había trascurrido
ampliamente el término de 120 días consagrado en el artículo 90 del Código de
Procedimiento Civil.
[11] Folios 4 a 7 del cuaderno número 2 del
proceso ejecutivo hipotecario número 1996-017849.
[12] Folios 34 a 46 del cuaderno número 2 del
proceso ejecutivo hipotecario número 1996-017849.
[13] Folio 175.
[14] Folios 1 a 2 del cuaderno número 3 del
proceso ejecutivo hipotecario número 1996-017849.
[15] Folios 201 a 202.
[16] Folios 248 a 259.
[17] Folios 5 a 7 del cuaderno número 3 del
proceso ejecutivo hipotecario número 1996-017849.
[18] Mediante providencia del 9 de septiembre
de 2011, el Juzgado Primero de Familia de Bogotá admitió una demanda de
declaración de ausencia de Miguel Ángel Díaz Martínez, insaturada a través de
apoderado, por Gloria María Mansilla en su calidad de esposa del desaparecido.
Asimismo, en el proveído se nombró como curadora provisional a dicha
accionante, quien posteriormente mediante poder facultó al abogado Pedro
Mahecha Ávila para que la representara en dicha función en los procesos judiciales
correspondientes (Folios 260 a 298).
[19] Folios 311 a 316.
[20] Folios 317 a 318.
[21] Folios 326 a 348.
[22] Folios 4 a 9 del cuaderno número 6 del
proceso ejecutivo hipotecario número 1996-017849.
[23] Folios 356 a 357.
[24] Folios 364 a 366.
[25] Folio 371.
[26] Folios 157 a 159 del cuaderno de anexo
número 1 del proceso de tutela.
[27] Folio 128 del cuaderno de revisión.
[28] Folio 128 del cuaderno de revisión.
[29] Como consta en el acta individual de
reparto visible en el folio 301 del cuaderno principal.
[30] Folios 3 a 57 del cuaderno principal.
[31] Al respecto, las accionantes señalaron que
Gloria María Mansilla trabajó como activista política, en calidad de familiar
de una víctima de desaparición forzada, por lo que presidió la Asociación de
Familiares de Detenidos y Desaparecidos, luego hizo parte del Comité Ejecutivo
de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos -
Desaparecidos (FEDERAM) y también fue fundadora de la Asociación Nacional de Ayuda
Solidaria (ANDAS).
[32] Las peticionarias sostuvieron que debido a
las amenazas que habían recibido para disuadirlas de no continuar buscando a su
esposo y padre, en el año 2002 fueron acogidas por el Programa Confidencial de
la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores de España,
por lo que se les otorgó un permiso de residencia en dicho país y desde el año
2006 obtuvieron asilo político.
[33] Folio 352 del cuaderno principal.
[34] Folios 322 a 323 del cuaderno principal.
[35] Folios 326 a 327 del cuaderno principal.
[36] Folios 331 a 333 del cuaderno principal.
[37] (M.S. Ariel Salazar Ramírez) Folio 302 del
cuaderno principal.
[38] (M.P. Ariel Salazar Ramírez) Folios 366 a
379 del cuaderno principal.
[39] Folios 405 a 419 del cuaderno principal.
[40] Folios 10 a 33 del cuaderno de segunda
instancia.
[41] No obstante que la Sala confirmó la
decisión de primer grado, concluyó que se le asistía razón al apelante en
relación con el argumento presentado en torno a la legitimación por activa de
Luisa Fernanda, Ángela Ivette y Juliana Díaz Mansilla para interponer el
amparo. En efecto, la Corte sostuvo que “en el escrito de tutela no se
planteó una simple irregularidad procesal dentro del trámite del proceso
ejecutivo, que pudiera afectar únicamente a las partes que en el mismo
intervienen, sino la omisión en la aplicación de ciertas garantías estatuidas
legalmente en favor del patrimonio de las personas sometidas a desaparición
forzada y de sus familias (…).”
[42] Folios 28 a 33 del cuaderno de revisión.
[43] Folios 3 a 26 del cuaderno de revisión.
[44] Folios 39 a 45 del cuaderno de revisión.
[45] Folios 137 a 139.
[46] Folios 116 a 119 del cuaderno de revisión.
[47] Folios 121 a 123 del cuaderno de revisión.
[48] A través de escritos presentados el 15 de
mayo, los días 17 y 19 de junio, y el 2 de julio de 2015 respectivamente.
[49] Folio 79 del cuaderno de revisión.
[50] Folio 80 del cuaderno de revisión. El
expediente remitido consta de 6 cuadernos de 464, 11, 51, 62, 9 y 9 folios.
[51] Cfr. Sentencia T-1001 de 2010 (M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub).
[52] Folios 83 a 114 del cuaderno de revisión.
[53] Folios 124 a 125 del cuaderno de revisión.
[54] Folio 128 del cuaderno de revisión.
[55] Folios 131 a 132 del cuaderno de revisión.
[56] Folios 141 a 144 del cuaderno de revisión.
[57] “Artículo 86. (…) El fallo, que será de
inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo
caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión
(…).” // “Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda
de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos
términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: (…)
9. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales
relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales (…).”
[58] La legitimación por activa y por pasiva de
las partes ha sido estudiada por la Corte en aquellos casos en los que alguno
de los intervinientes o de los jueces de instancia ha señalado que alguno de
tales presupuestos no se encuentran satisfechos en el caso concreto. Ver, entre
otras, las sentencias T-293 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-482
de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos).
[59] “Artículo 10. Legitimidad e interés. La
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos. // También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de
los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. // También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.”
[60] Cfr. Sentencias T-531 de 2002 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett), T-552 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-194
de 2012 (M.P. Mauricio González Cuervo) y T-054 de 2014 (M.P. Alberto Rojas
Ríos).
[61] Cfr. Sentencia T-194 de 2012 (M.P.
Mauricio González Cuervo).
[62] Folios 1 a 2.
[63] Folios 58 a 63.
[64] Folios 64 a 65.
[65] Sobre el particular puede consultarse la
Sentencia T-658 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), en la cual la Corte declaró
improcedente la acción de tutela en el caso de un abogado que pretendía hacer
valer el poder que se le había otorgado en un proceso ordinario para hacerlo
valer en uno de tutela.
[66] Artículo 228 de la Constitución.
[67] Supra I, 4.5.
[68] Folios 69 a 71 del cuaderno principal.
[69] “Artículo 5°. Procedencia de la acción
de tutela. La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las
autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera
de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley (…).” (Subrayado
fuera del texto original).
[70] Ley 270 de 1996. “Artículo 11. La Rama
Judicial del Poder Público está constituida por: I. Los órganos que integran
las distintas jurisdicciones: a) De la Jurisdicción Ordinaria: 1. Corte Suprema
de Justicia. 2. Tribunales Superiores de Distrito Judicial. 3. Juzgados
civiles, laborales, penales, penales para adolescentes, de familia, de
ejecución de penas, de pequeñas causas y de competencia múltiple, y los demás
especializados y promiscuos que se creen conforme a la ley (…).”
[71] Cfr. Ley 432 de 1998 y Decreto 3118 de
1968.
[72] Al respecto, en la Sentencia SU-157 de
1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) se explicó que “(…) pese a que no
existe norma que de manera expresa así lo determine, en el derecho Colombiano
es claro que la actividad bancaria es un servicio público, pues sus nítidas
características así lo determinan. La importancia de la labor que desempeñan
para una comunidad económicamente organizada en el sistema de mercado, el
interés comunitario que le es implícito, o interés público de la actividad y la
necesidad de permanencia, continuidad, regularidad y generalidad de su acción,
indican que la actividad bancaria es indispensablemente un servicio público
(…).”
[73] Este capítulo fue elaborado teniendo como
referencia las sentencias SU-556 de 2014 y SU-297 de 2015 (M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez).
[74] Sobre el particular, en esa decisión se
dejó en claro que: “la acción de tutela no es, por tanto, un medio
alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin
propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de
protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos
que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena
protección de sus derechos esenciales. // Se comprende, en consecuencia, que
cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando
ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse
adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del
artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola
existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya
culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho.” (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo).
[75] Ver, entre otras, las sentencias T-381 de
2004 (M.P. Jaime Araújo Rentería), T-565 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y
T-1112 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[76] Cfr. Sentencia SU-556 de 2014 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez).
[77] Sentencia C-543 de 1992 (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo).
[78] Sentencia T-265 de 2014 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez).
[79] Es de anotar que la jurisprudencia en
torno a las vías de hecho evolucionó para comprender situaciones que no
despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un
desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo
“vía de hecho” por el de “causal específica de procedibilidad”. (Sentencias
T-774 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-453 de 2005 (M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa), entre otras).
[80] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[81] Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño)
[82] En
la sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), la Corte individualizó
las causales específicas de la siguiente manera: “a. Defecto orgánico, que
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. // b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido. // c. Defecto fáctico, que surge cuando
el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión. // d. Defecto material o sustantivo,
como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión. // f. Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. // g.
Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. // h. Desconocimiento del precedente,
hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado. // i. Violación directa de la Constitución.”
[83] Cfr. Sentencia T-1045 de 2012 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez).
[84] En la Sentencia C-029 de 1995 (M.P. Jorge
Arango Mejía), se indicó que “cuando el artículo 228 de la Constitución
establece que en las actuaciones de la Administración de Justicia ‘prevalecerá
el derecho sustancial’, está reconociendo que el fin de la actividad
jurisdiccional, y del proceso, es la realización de los derechos consagrados en
abstracto por el derecho objetivo, y, por consiguiente, la solución de los
conflictos de intereses.  Es evidente que en relación con la realización de los
derechos y la solución de los conflictos, el derecho procesal, y
específicamente el proceso, es un medio.”
[85] Ver, entre otras, las sentencias T-974 de 2003 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil), T-289 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-1091
de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-264 de 2009 (M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva).
[86] Cfr. Sentencia T-201 de 2015 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez).
[87] Sentencia T-637 de 2010 (M.P. Juan Carlos
Henao Pérez).
[88] Cfr. T-1306 de 2001 (M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra). En esta misma providencia, la Corte estableció que “(…) si el
derecho procesal se torna en obstáculo para la efectiva realización de un
derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal haría éste en darle
prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular
quien acude a la administración de justicia y desnaturalizando a su vez las
normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva
realización del derecho material (art. 228).”
[89] Cfr. Sentencia T-590 de 2009 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva).
[90] M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[91] Cfr. Sentencia T-590 de 2009 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva).
[92] Ver, entre otras, las sentencias T-492 de
2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) y T-702 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández).
[93] Cfr. Sentencias T-702 de 2005 (M.P. Clara
Inés Vargas Hernández), T-590 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-844
de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[94] Cfr. Sentencia SU-198 de 2013 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva).
[95] Sentencia T-555 de 2009 (M.P. Luís Ernesto
Vargas Silva).
[96] En la Sentencia T-765 de 1998 (M.P. José
Gregorio Hernández) se recordó que son derechos de aplicación inmediata los
consagrados en el artículo 85 de la Carta.
[97] Ver, entre otras, las sentencias T-199 de
2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-590 de 2009 (M.P. Luís Ernesto Vargas
Silva) y T-809 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez).
[98] Cfr. Sentencia T-522 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[99] Cfr. Sentencia T-1045 de 2012 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez).
[100] Para analizar la configuración de esta
clase de defecto, la Corte Constitucional ha tenido como base el principio iura
novit curia, según el cual el juez conoce el derecho, y por tanto tiene los
elementos para resolver el conflicto puesto de presente de cara a las sutilezas
de cada caso concreto. Así las cosas, se ha entendido que “la construcción
de la norma particular aplicada es una labor conjunta del legislador y del
juez, en la cual el primero de ellos da unas directrices generales para regular
la vida en sociedad y el segundo dota de un contenido específico a esas
directrices para darle sentido dentro del marco particular de los hechos que
las partes le hayan probado.” (Sentencia T-346 de 2012, M.P. Adriana María
Guillen Arango).
[101] M.P. Mauricio González Cuervo.
[102] Sentencia T-189 de 2005 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa).
[103] Sentencia T-205 de 2004 (M.P. Clara Inés
Vargas Hernández).
[104] Sentencia T-800 de 2006 (M.P. Jaime Araujo
Rentería).
[105] Sentencia T-522 de 2001 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa).
[106] Sentencia SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa).
[107] Sentencias T-001 de 1999 (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo), T-462 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett),
T-1101 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-1222 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño) y T-051 de 2009 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[108] Sentencias T-814 de 1999 (M.P. Antonio
Barrera Carbonell) y T-842 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[109] Sentencias T-086 de 2007 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa) y T-018 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[110] Sentencia T-231 de 1994 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz).
[111] Sentencia T-807 de 2004 (M.P. Clara Inés
Vargas Hernández).
[112] Sentencias T-056 de 2005 (M.P. Jaime
Araújo Rentería) y T-1216 de 2005 (M.P. Huberto Antonio Sierra Porto).
[113] Sentencia T-086 de 2007 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa).
[114] Sentencias T-193 de 1995 (M.P. Carlos
Gaviria Díaz) y T-1285 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[115] Sentencia SU-1184 de 2001 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett).
[116] Artículo 228 de la Constitución.
[117] Al respecto, en la sentencia T-1001 de
2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), la Corte explicó que “el hecho de que los
sujetos procesales, los particulares y las distintas autoridades judiciales no
coincidan con la interpretación acogida por operador jurídico a quien la ley
asigna la competencia para fallar el caso concreto, o no la compartan, en ningún
caso invalida su actuación ya que se trata, en realidad, de una vía de derecho
distinta” que, en consecuencia, no es posible acomodar dentro de los requisitos
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. De
esta manera, queda a salvo, pues, el respeto por el principio democrático de la
autonomía funcional del juez que reserva para éste, tanto la adecuada
valoración probatoria como la aplicación razonable del derecho.”
[118] Sentencia T-638 de 2011 (M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva).
[119] Supra I, 2.
[120] Supra I, 3.
[121] Supra II, 1 y 3.
[122] Sentencia T-529 de 2014 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez).
[123] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[124] Cfr. Sentencia T-737 de 2013 (M.P. Alberto
Rojas Ríos).
[125] Véase, entre otras, las sentencias SU-961
de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-282 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil), T-016 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-158 de 2006 (M.P. Huberto
Antonio Sierra Porto), T-018 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-491 de
2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-719 de 2013 (M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez).
[126] Cfr. Sentencia T-719 de 2013 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez).
[127] Sentencias T-328 de 2010 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio) y T-1063 de 2012 (M.P. Alexei Julio Estrada).
[128] Ibídem. Sobre el particular también se
puede consultar la Sentencia
T-013 de 2005. (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[129] Sobre este tema se pueden consultar, entre
otras, las siguientes sentencias T-743 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa), T-189 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-328 de 2010 (M.P.
Nilson Pinilla Pinilla) y T-444 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[130] Sentencia T-661 de 2011 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio) y T-140 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas).
[131] Véase, por ejemplo, la Sentencia T-1063 de
2012 (M.P. Alexei Julio Estrada), en la que se expuso que: “(…) tratándose
de tutelas contra sentencias, el requisito de la inmediatez debe analizarse de
forma estricta, por lo que es necesario establecer si, en efecto, la sentencia
SU-917 de 2010, es un hecho completamente nuevo, razón por la cual la
accionante solo pudo interponer la acción casi 6 años después de la sentencia
de segunda instancia y si, siendo así, después de expedida la sentencia, la
tutela se interpuso dentro de un plazo razonable. (…) En este sentido, concluye
la Sala que, aunque no existe un término de caducidad de la acción de tutela,
permitir en este caso que se presente 6 años después de proferida la sentencia
contra la que se dirige, resulta a todas luces desproporcionado y contrario al
principio de seguridad jurídica. Por esta razón encuentra la Corte que, tal
como se señaló en la sentencia de segunda instancia, la acción de tutela no
procede por no satisfacerse el requisito de inmediatez.”
[132] Cfr. Sentencia T-719 de 2013 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez).
[133] Sentencias T-089 de 2008 (M.P. Mauricio
González Cuervo), T-983 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y T-491 de 2009
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[134] Sentencias T-189 de 2009 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva), T-726 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-581 de
2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-735 de 2013 (M.P. Alberto Rojas
Ríos).
[135] Sentencia T-013 de 2005. (M.P. Rodrigo
Escobar Gil). En idéntico sentido, en la Sentencia T-491 de 2009 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva), se manifestó que: “Tratándose de procesos judiciales,
esta Corporación considera que el juicio sobre la razonabilidad del término ha
de ser más estricto y riguroso, en comparación con los otros casos que se llevan
ante la justicia constitucional. De tal manera que acudir a la acción de tutela
pasado un tiempo injustificadamente largo después de que han ocurrido los
hechos presuntamente violatorios de los derechos fundamentales, sin que exista
un motivo válido que explique la inactividad de los peticionarios, rompe con
este principio de inmediatez y desvirtúa un aspecto esencial e inmanente del
mecanismo constitucional de amparo”.
[136] Ver, entre otras, las sentencias SU-813 de
2007 (M.P. Jaime Araújo Rentería), T-845 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño),
T-1026 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-1240 de 2008 (M.P. Clara
Inés Vargas Hernández) , T-328 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-448
de 2010 (M.P. Huberto Antonio Sierra Porto), T-726 de 2010 (M.P. Juan Carlos
Henao Pérez), T-877 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-111 de 2011
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-593 de 2011 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio), T-610 de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-107 de 2012 (M.P.
María Victoria Calle Correa), T-144 de 2012 (M.P. Huberto Antonio Sierra
Porto), T-516 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-881 de 2013 (M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez) y T-265 de 2015 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo).
[137] M.P. Jaime Araújo Rentería.
[138] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[139] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[140] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[141] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[142] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[143] M.P. María Victoria Calle Correa.
[144] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[145] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[146] Cfr. Sentencia T-1026 de 2007 (M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa).
[147] M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[148] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[149] M.P. Huberto Antonio Sierra Porto.
[150] M.P. Mauricio González Cuervo.
[151] M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[152] M.P. María Victoria Calle Correa.
[153] Como consta en el acta individual de
reparto visible en el folio 301 del cuaderno principal.
[154] Folios 317 a 318.
[155] Folios 4 a 9 del cuaderno número 6 del
proceso ejecutivo hipotecario número 1996-017849.
[156] Folios 248 a 259.
[157] Folios 139 a 145.
[158] Folios 34 a 46 del cuaderno número 2 del
proceso ejecutivo hipotecario número 1996-017849.
[159] Supra I, 2.
[160] Sobre la necesidad de que exista un nexo
causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos
fundamentales del interesado, pueden consultarse, entre otras, las sentencias
SU-961 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-839 de 2012 (M.P. María
Victoria Calle Correa) y T-936 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[161] Supra I, 2.
[162] Ver la Sentencia T-465 de 2010 (M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio).
[163] Como puede verificarse en el sistema de
radicación de tutelas de la Corte Constitucional (Expediente: T-1.301.977).
[164] Folios 58 a 65 del cuaderno principal.
[165] Supra III, 9.11 a 9.18.
[166] Folios 356 a 357.
[167] Folios 157 a 159 del cuaderno anexo número
1 del proceso de tutela.
[168] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[169] En esa línea, ver, entre otras, las
reseñadas sentencias T-726 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez) y T-610 de
2011 (M.P. Mauricio González Cuervo).
[170] Folio 35.
[171] Como se evidencia del poder otorgado al
abogado Geminiano O. Pérez Seña, obrante en el folio 109.
[172] Folio 45.
[173] Folios 114 a 118.
[174] Folios 125 a 130.
[175] La excepción de prescripción fue alegada
en el escrito del 22 de marzo de 2006 visible en los folios 131 a 132.
[176] Sentencia del 27 de octubre de 2006
(Folios 139 a 145).
[177] Folios 139 a 145.
[178] Folios 4 a 7 del cuaderno número 2 del
proceso ejecutivo hipotecario número 1996-017849.
[179] Autos del 25 de abril (Folios 317 a 318) y
del 13 de diciembre de 2012 (Folios 4 a 9 del cuaderno número 6 del proceso
ejecutivo hipotecario número 1996-017849).
[180] El señor Miguel Ángel Díaz desapareció el
5 de septiembre de 1984 y la demanda fue presentada el 1 de octubre de 1996.
[181] Según se evidencia en la demanda ejecutiva
visible en los folios 24 a 29.
[182] El proceso ejecutivo fue suspendido
mediante auto del 10 de febrero de 1997 y reanudado a través de proveído del 21
de junio de 2002 (Folios 47 a 48 y 57).
[183] Ver, entre otras, las sentencias T-448 de
2010 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-386 de 2012 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio).
[184] Ver pie de página 130.
[185] “Artículo 160. Procedencia. Se
concederá el amparo de pobreza a quien no se halle en capacidad de atender los
gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y
la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda
hacer valer un derecho litigioso adquirido a título oneroso.”
[186] Folio 82.
[187] Folios 60 a 63.
[188] Ver pie de página 31.
[189] Verificado el Registro Único Virtual de
Afiliados a la Protección Social – RUAF el 28 de septiembre de 2015, se
encontró en el registro correspondiente a Gloria María Mansilla de Díaz que fue
pensionada por el Instituto de Seguros Sociales mediante Resolución 343 de
2006.
[190] Folios 139 a 145.
[191] Folios 34 a 46 del cuaderno número 2 del
proceso ejecutivo hipotecario número 1996-017849.
[192] “Artículo 2513. Necesidad de alegar la
prescripción. El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el
juez no puede declararla de oficio. // La prescripción tanto la adquisitiva
como la extintiva, podrá invocarse por vía de acción o por vía de excepción,
por el propio prescribiente, o por sus acreedores o cualquiera otra persona que
tenga interés en que sea declarada, inclusive habiendo aquel renunciado a
ella.”
[193] Folios 24 a 29.
[194] Folio 130.
[195] Folio 46.
[196] “Artículo 1573. Renuncia de la
solidaridad por el acreedor. El acreedor puede renunciar expresa o tácitamente
la solidaridad respecto de unos de los deudores solidarios o respecto de todos.
// La renuncia tácitamente en favor de uno de ellos, cuando la ha exigido o
reconocido el pago de su parte o cuota de la deuda, expresándolo así en la
demanda o en la carta de pago, sin la reserva especial de la solidaridad, o sin
la reserva general de sus derechos. // Pero esta renuncia expresa o tácita no
extingue la acción solidaria del acreedor contra los otros deudores, por toda
la parte del crédito que no haya sido cubierta por el deudor a cuyo beneficio
se renunció la solidaridad. // Se renuncia la solidaridad respecto de todos los
deudores solidarios, cuando el acreedor consciente en la división de la deuda.”
[197] “Artículo 2540. Efectos de la
interrupción respecto a codeudores y coacreedores. La interrupción que obra a
favor de uno o varios coacreedores, no aprovecha a los otros, ni la que obra en
perjuicio de uno o varios codeudores, perjudica a los otros, a menos que haya
solidaridad, y no se haya esta renunciado en los términos del artículo 1573 o
que la obligación sea indivisible.”
[198] Folio 46.
[199] Folios 317 a 318.
[200] Folios 4 a 9 del cuaderno número 6 del
proceso ejecutivo hipotecario número 1996-017849.
[201] Sobre el alcance de la autonomía judicial
y su control a través de la acción de tutela puede verse la Sentencia SU-949 de
2014 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[202] Sentencia SU-297 de 2015 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez).
[203] Al respecto, es necesario resaltar que las
demandantes omiten explicar con suficiencia y certeza por qué deben ser
beneficiarias de las prerrogativas consagradas en dicha normatividad, en
especial de la presunta posibilidad de suspender indefinidamente el proceso
ejecutivo, a pesar de no cumplir con los requisitos legales para acceder a
estas como lo indicaron los jueces civiles al evidenciar que la deuda fuente del
conflicto estaba en mora al momento de la comisión del ilícito, y de
encontrarse probado en sede constitucional que existió una protección razonable
a sus derechos, puesto que (a) la cuota parte de Miguel Ángel Díaz no fue
objeto de remate, (b) el cobro judicial se inició 12 años después de la
desaparición de su esposo y padre, y (c) se celebró un acuerdo de pago que
suspendió el trámite procesal por más de cinco años. Ahora, la Sala advierte
que la parte demandante también omite en su acción constitucional cuestionar
los elementos teleológicos de la protección establecida en los artículos 11 y
14 de la Ley 986 de 2006 establecidos por los jueces civiles, los cuales pueden
sintetizarse de la siguiente forma: (i) No tiene por objeto la condonación de
las deudas, sino la suspensión de su exigibilidad, así como de los efectos
derivados de la mora producida como consecuencia del secuestro o la
desaparición forzada. // (ii) Tiene un carácter temporal, por este motivo las
referidas normas establecen que el beneficio se prolonga únicamente durante el
secuestro y hasta por un año más, y en todo caso, cesan cuando se verifique la
muerte real o presunta, es decir, el beneficio contemplado no se puede
proyectar indefinidamente en el tiempo. // (iii) No tiene como fin trasladar la
carga económica a los acreedores, que no son responsables del ilícito, sino de
flexibilizar su cumplimiento, por esta razón, el mismo artículo 11, establece
que una vez recuperada la libertad, el deudor debe restructurar, novar o renegociar
la acreencia, en condiciones que permitan la recuperación económica del
afectado y el cumplimiento de sus obligaciones.
[204] Subrayado fuera del texto original.
[205] “Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones.”
[206] Sobre el carácter eminentemente
resarcitorio e indemnizatorio del derecho a la memoria puede consultarse la
Sentencia T-653 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[207] Cfr. Sentencias T-585 de 2010 (M.P.
Huberto Antonio Sierra Porto) y T-358 de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[208] “Artículo 282. El Defensor del Pueblo
velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos,
para lo cual ejercerá las siguientes funciones: 1. Orientar e instruir a los
habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el
ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o
entidades de carácter privado (…).”
[209] Ley 1448 de 2011. “Artículo 43.
Asistencia judicial. La Defensoría del Pueblo prestará los servicios de
orientación, asesoría y representación judicial a las víctimas a que se refiere
la presente ley. Para tal efecto, el Defensor del Pueblo efectuará los ajustes
o modificaciones que sean necesarios para adecuar su capacidad institucional en
el cumplimiento de este mandato.”
[210] Folios 366 a 379 del cuaderno principal.
[211] Folios 10 a 33 del cuaderno de segunda
instancia.