C-966-12
Sentencia C-966/12
Sentencia
C-966/12
DISTRIBUCION
DEL PAGO DE REMUNERACION POR DIVULGACION DE FONOGRAMA, ENTRE LOS ARTISTAS
INTERPRETES O EJECUTANTES Y EL PRODUCTOR DEL MISMO-No vulnera
el derecho a la igualdad
El artículo 69
demandado al prever respecto de dos tipos de titulares de derechos conexos
patrimoniales, artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas,
frente a un mismo aporte, su contribución a la divulgación o difusión de una
obra, un reconocimiento similar, no vulnera el derecho a la igualdad, en la
medida en que tal previsión es legítima, razonable y proporcionada, y además,
respeta  los parámetros establecidos en las normas que hacen parte del bloque
de constitucionalidad, y que permiten a los Estados hacer efectivo el derecho
de remuneración generado por la comunicación pública de fonogramas, a través de
cualquiera de las tres modalidades en ellos previstas: (i) reconocer el derecho
únicamente a los artistas intérpretes o ejecutantes; (ii) reconocer el derecho
únicamente a los productores de fonogramas; o (iii) reconocer el derecho a los
artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas
conjuntamente.
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos/ CONCEPTO DE
VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Exigencias
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Jurisprudencia constitucional/COSA JUZGADA ABSOLUTA-Concepto/COSA
JUZGADA RELATIVA-Concepto/COSA JUZGADA RELATIVA IMPLICITA-Concepto/COSA
JUZGADA RELATIVA EXPLICITA-Concepto/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Efectos
PROPOSICION
JURIDICA COMPLETA-Integración
PROPIEDAD
INTELECTUAL Y SUS DERECHOS CONEXOS-Libertad de
configuración del legislador/DERECHOS DE AUTOR-Contenido
normativo
El artículo 61 de la
Constitución establece que el “Estado protegerá la propiedad intelectual por
el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.” Este mandato
implica, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, que la propiedad
intelectual y sus derechos conexos son inalienables, tienen un carácter
imperativo, y su protección, a cargo del Estado, tendrá lugar por el tiempo y
mediante las formalidades que establezca la ley. Dentro de este contexto, la
Corte ha determinado que legislador goza de una amplia libertad de
configuración para determinar la manera como deben ser protegidos los derechos
de autor y los derechos conexos, siempre y cuando no los desnaturalice a través
de procedimientos que impidan su goce efectivo. Así, la manera de protegerlos,
el diseño de los mecanismos adecuados y su implementación, son potestad del
legislador, quien debe tener como directrices todos los postulados
constitucionales y los instrumentos internacionales de los cuales el Estado
Colombiano es parte. Así lo ha sostenido esta Corporación en diversas
oportunidades, por ejemplo, en la sentencia C-509 de 2004, al declarar la
exequibilidad del literal c) del artículo 2 de la
Ley 232 de 1995, en el que se le exige a los establecimientos de comercio
abiertos al público en los que se ejecute públicamente obras musicales
causantes de pago por derechos de autor, los comprobantes de pago expedidos por
la autoridad legalmente reconocida, de acuerdo con la
Ley 23 de 1982, por el supuesto desconocimiento de los artículos 13 y 61 de la
Constitución. Igualmente, en la sentencia C-833 de 2007, en la que esta Corte
determinó la exequibilidad del artículo 27 de la
Ley 44 de 1993 por desconocimiento del principio de igualdad previsto en el
artículo 13 constitucional, al atribuir a las sociedades de gestión colectiva
la posibilidad de constituir una entidad recaudadora de los derechos de autor y
los derechos conexos, supuestamente en detrimento de quienes deciden adelantar
la gestión de sus derechos de manera individual o a través de otras formas
asociativas distintas a las sociedades de gestión colectiva. Algunas de las
disposiciones a través de las cuales el Estado colombiano protege los derechos
de autor y sus derechos conexos en sus diferentes modalidades son: la
Ley 23 de 1982 “Sobre derechos de autor”, la
Ley 44 de 1993 “por la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982 y
se modifica la ley 29 de 1944, la
Decisión 351 de 1993 del Acuerdo de Cartagena,  la
Ley 565 de 2000 “Por medio de la cual se aprueba el "Tratado de la
OMPI -Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual- sobre Derechos de Autor(WCT)", adoptado en
Ginebra, el veinte (20) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996)”,
la Ley 1403 de 2010 “Por la cual se adiciona la
Ley 23 de 1982, sobre Derechos de Autor, se establece una remuneración por
comunicación pública a los artistas, intérpretes o ejecutantes de obras y
grabaciones audiovisuales o “Ley Fanny Mikey”, la
Ley 1520 de 2012 “Por medio de la cual se implementan compromisos adquiridos
por virtud del "Acuerdo de Promoción Comercial", suscrito entre la
República de Colombia y los Estados Unidos de América y su "Protocolo
Modificatorio, en el Marco de la
Política de Comercio Exterior e Integración Económica." Por medio de esta
normatividad el legislador, en desarrollo de su amplio margen de configuración,
pretende garantizar el reconocimiento de los derechos de autor y sus derechos
conexos,  con el objeto de que en la práctica no sean víctimas de imposiciones
arbitrarias o abusivas por parte de quienes ejecutan, representan, exhiben,
usan o explotan sus obras, desconociendo lo que se les debe reconocer por tales
conceptos.
REGIMEN DE
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DE LOS DERECHOS CONEXOS-Se
desenvuelve en el ámbito de la ley, y la
Constitución, no impone criterios rígidos, ni modalidades específicas de
protección, ni excluye la posibilidad de adoptar determinados sistemas
En este orden de ideas, es posible
concluir que el régimen de protección de los derechos de autor y de los
derechos conexos se desenvuelve en el ámbito de la ley, y que la
Constitución no impone criterios rígidos, ni modalidades específicas de
protección, ni excluye la posibilidad de adoptar determinados sistemas, sino
que deja un amplio margen de configuración legislativa sobre el particular.
Además, en la medida en que la materia ha sido desarrollada en una serie de
tratados internacionales y que Colombia es parte de algunos de ellos, es deber
del Estado asegurar que la legislación interna esté en armonía con las normas
internacionales vinculantes en este ámbito.
PROPIEDAD
INTELECTUAL Y DERECHOS CONEXOS-Protección constitucional/PROPIEDAD
INTELECTUAL-Alcance/PROPIEDAD INTELECTUAL-Concepto/PROTECCION
JURIDICA A LOS AUTORES-Manifestación en derechos patrimoniales y
morales/DERECHOS CONEXOS A LOS DE AUTOR-Alcance
A partir de la previsión constitucional
sobre protección de la propiedad intelectual, prevista en el artículo 61
Superior, la Corte ha precisado que  “[l]as creaciones del intelecto, y
aquellas relacionadas con su divulgación y difusión, en cuanto bienes
inmateriales han sido agrupadas, para efectos jurídicos, en los denominados
derechos de propiedad intelectual, los cuales, a su vez, comprenden los
derechos de autor, los derechos de propiedad industrial y los derechos sobre
descubrimientos científicos, así como otras formas y manifestaciones de la
capacidad creadora del individuo.” La propiedad intelectual comporta, entonces,
aquella disciplina normativa a través de la cual se busca proteger y asegurar
las creaciones intelectuales surgidas del esfuerzo, el trabajo o la destreza
del hombre, que en todos los casos son dignas de obtener el correspondiente
reconocimiento y salvaguarda jurídica. El concepto de propiedad intelectual,
abarca en un primer aspecto la propiedad industrial que se refiere
esencialmente a la protección de las invenciones, las marcas comerciales y de
fábrica, los diseños industriales, el nombre comercial, los modelos de
utilidad, la enseña; y en un segundo aspecto, el derecho de autor, que
comprende las obras literarias, científicas y artísticas, otorgando también la
debida protección a los artistas, intérpretes y ejecutantes, a quienes son
productores de fonogramas y a los propios organismos de radiodifusión respeto
de su emisión. La protección jurídica a los autores se manifiesta en dos tipos
de derechos: los derechos patrimoniales y los derechos morales. Los derechos
patrimoniales se refieren al derecho exclusivo de realizar o autorizar la
reproducción de la obra; la  traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra
transformación, de la misma, y su comunicación al público mediante la
representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio. Según lo
señalan las definiciones de la
Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual -OMPI-, los derechos patrimoniales constituyen el
elemento pecuniario del derecho de autor, en cuanto “suponen, en general, que,
dentro de las limitaciones impuestas por la legislación de derecho de autor, el
titular del derecho de autor pueda hacer toda clase de utilizaciones públicas
de la obra previo abono de una remuneración.” En este sentido, lo advierte la
Corte, sobre los derechos patrimoniales “el titular tiene plena capacidad de
disposición, lo que hace que sean transferibles y por lo tanto objeto eventual
de una regulación especial que establezca las condiciones y limitaciones para
el ejercicio de la misma, con miras a su explotación económica, (reproducción
material de la obra, comunicación pública en forma no material, transformación
de la obra).” Los derechos morales, a su vez,  comprenden, entre otros,  el
derecho del autor a reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en
especial, a que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera
de los actos de comunicación pública de la misma; a oponerse a cualquier
deformación, mutilación o modificación de su obra que pueda ir en detrimento de
su honor o reputación; a conservar su obra inédita o anónima, o a modificarla,
antes o después de su publicación. Por su parte, los derechos conexos a los de
autor, conocidos también como derechos vecinos o derechos afines, son aquellos
que se conceden a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de
fonogramas y a los organismos de radiodifusión en relación con sus actividades
referentes a la utilización pública de obras de autores, toda clase de
representaciones de artistas o transmisión al público de acontecimientos,
información, sonidos o imágenes. Tienen, también, manifestaciones morales y
patrimoniales. A través de los derechos conexos se protegen las actividades que
concurren a la difusión, más no a la creación de obras literarias o artísticas.
En efecto, los derechos conexos han sido impactados por el desarrollo
tecnológico que al permitir la reproducción mecánica de las obras y por ende su
reproducción masiva, puso al alcance de todos la posibilidad de disfrutar
permanentemente las obras artísticas cuya interpretación se caracterizaba por
ser efímera, puesto que cada presentación era esencialmente única e
irrepetible.
DERECHOS
CONEXOS A LOS DE AUTOR-Concepto
Los derechos conexos, han sido concebidos
como actividades “auxiliares de la creación artística”, en la medida en que los
artistas intérpretes o ejecutantes lleven las composiciones musicales y las
obras dramáticas al conocimiento del público a través de su ejecución o
interpretación; los productores de fonogramas aseguran la permanencia de la
interpretación de la obra a través de su fijación en un soporte que permita su
reproducción; y los organismos de radiodifusión o cualquier otra forma de
comunicación al público hacen desaparecer las distancias que impedirían la
percepción masiva de la obra por el público. A pesar que los derechos conexos
están estrechamente relacionados con los derechos de autor, su ejercicio y
protección tienen un alcance diverso que no puede ir en ningún caso en
contravía de los derechos de autor, de conformidad con el artículo 1 de la
Convención de Roma sobre los Derechos de los Artistas Intérpretes o
Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión.
DERECHO A LA
IGUALDAD-Contenido y alcance/JUICIO DE IGUALDAD-Jurisprudencia
constitucional/IGUALDAD-No excluye la posibilidad de que se
procure un tratamiento diferente pero siempre y cuando exista una razón
objetiva, suficiente y clara que lo justifique/JUICIO DE IGUALDAD-Metodología para determinar si una norma
es o no violatoria del principio de igualdad y por tal motivo resulta
discriminatoria y debe ser retirada del ordenamiento jurídico/DERECHO
A LA IGUALDAD-No existe trato discriminatorio cuando el legislador otorga un
tratamiento diferente a situaciones que, en principio, podrían ser catalogadas
como iguales, si tal igualdad sólo es aparente o si existe una razón objetiva y
razonable que justifique un trato divergente
DERECHO A LA
PROPIEDAD INTELECTUAL-Antecedentes/DERECHO A LA
PROPIEDAD INTELECTUAL-Instrumentos internacionales/DERECHOS
MORALES DE AUTOR-Fundamentales/DERECHOS
CONEXOS A LOS DE AUTOR-Jurisprudencia constitucional
BLOQUE DE
CONSTITUCIONALIDAD-Integración
DERECHO
PATRIMONIAL ORIGINADO EN UTILIZACION SECUNDARIA DE FONOGRAMAS-Ambito de
aplicación
ARTISTAS
INTERPRETES O EJECUTANTES Y PRODUCTOR DE FONOGRAMA-Posibilidad
de utilizar mecanismos distintos a las sociedades colectivas de gestión para
hacer efectivos los derechos conexos al derecho de autor de que son titulares
FONOGRAMA-Concepto
BENEFICIARIOS
DE DERECHOS CONEXOS A LOS DE AUTOR-Categorías
DERECHOS
CONEXOS DE LOS ARTISTAS INTERPRETES O EJECUTANTES Y DE LOS PRODUCTORES DE
FONOGRAMAS-Características
DISTRIBUCION
DE REMUNERACION POR PUBLICACION DE FONOGRAMA CON FINES COMERCIALES, O POR
REPRODUCCION PARA RADIODIFUSION O PARA CUALQUIER OTRA FORMA DE COMUNICACION AL
PUBLICO-Test
de razonabilidad leve para establecer si discrimina de manera injustificada a
los artistas interpretes o ejecutantes respecto del productor del fonograma
En el presente caso la
Corte considera que se debe aplicar un test de razonabilidad leve por las
siguientes razones: (i) no emplea un criterio prohibido o sospechoso como la
edad, el sexo, las creencias, la filiación política, la opinión política, u
otros de naturaleza semejante o que han estado asociados históricamente a
condiciones discriminatorias, como tampoco se trata de poblaciones que se
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, toda vez que ella regula
el reconocimiento de los derechos conexos de índole patrimonial de los artistas
intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas en general; (ii)
ni los unos ni los otros constituyen una minoría aislada y vulnerable que
justifique la aplicación de un test más fuerte; (iii) los derechos conexos
patrimoniales no son derechos fundamentales; y (iv) la libertad de
configuración del legislador en materia de propiedad intelectual y sus derechos
conexos como se vio en el numeral 4 de esta providencia es amplio, dado que la
Constitución no le impone criterios rígidos, ni modalidades específicas de
protección, ni excluye la posibilidad de adoptar determinados sistemas
Referencia: expediente
D-9137
Actor:
Jorge Alonso Garrido Abad
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 69 (parcial) de la
Ley 44 de 1993.
Magistrado
Ponente
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil
doce (2012)
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y
de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad consagrada en los artículos 40-6, 241-4 y 242-1 de la
Constitución Política, el ciudadano Jorge Alonso Garrido Abad demandó el
artículo 69 (parcial) de la
Ley 44 de 1993, “Por la cual se modifica y adiciona la
Ley 23 de 1982 y se modifica la
Ley 29 de 1944, por la cual se dictan  disposiciones sobre prensa”, al
considerar que la norma acusada viola el principio de igualdad previsto en el
artículo 13 de la Constitución Política.
Mediante Auto del diecinueve (19) de junio de dos mil
doce (2012), la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda de la referencia y
ordenó comunicar su iniciación al Presidente del Senado de la
República y al Presidente de la
Cámara de Representantes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 244 de la
Constitución Política y 11 del Decreto 2067 de 2001. Asimismo, ordenó
comunicarlo a la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del
Interior, a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Sayco; a la
Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos, Acinpro; a la
Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Colombia; a la
Facultad de Derecho de la
Universidad de Los Andes, a la
Facultad de Derecho de la
Universidad Externado de Colombia; y a la
Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad Colegio Mayor del Rosario, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13 del Decreto 2067 de 1991. Además, ordenó correr traslado al señor
Procurador General de la
Nación, dando cumplimiento a lo prescripto por el artículo 7 del Decreto 2067
de 1991. Finalmente, ordenó fijar en lista las normas acusadas para efectos de
la intervención ciudadana, cumpliendo lo establecido en el artículo 7 del
Decreto 2067 de 1991.
Cumplidos
los trámites constitucionales y legales, propios de los procesos de
constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la
demanda en referencia.
II.
NORMA DEMANDADA
Se
trascribe a continuación el texto de la
Ley conforme
a su publicación en el Diario Oficial No. 40.740 de 5 de febrero de 1993, y se resalta y
subraya el aparte acusado:
LEY 44 DE 1993
(Febrero 5)
"Por la cual
se modifica y adiciona la
Ley 23 de 1982 y se modifica la
Ley 29 de 1944
El Congreso de
Colombia
DECRETA:
“[...]
Artículo 69. El artículo 173 de la
Ley 23 de 1982 quedará así:
Cuando un fonograma publicado con fines
comerciales o una reproducción de ese fonograma, se utilicen directamente para
la radiodifusión o cualquier otra forma de comunicación al público, el
utilizador abonará una remuneración equitativa y única destinada a la vez a los
artistas, intérpretes o ejecutantes y al productor del fonograma,
suma que será pagada por el utilizador a los artistas intérpretes o ejecutantes
y a los productores de fonogramas, a través de las sociedades de gestión
colectiva constituidas conforme a la ley, distribuida por parte iguales.”
III.
LA DEMANDA
El
actor señala que la norma en la que se encuentra la conjunción gramatical
demandada, reglamenta el ejercicio del derecho patrimonial conexo al que tienen
derecho los artistas, intérpretes o ejecutantes y el productor del fonograma
(casa disquera), cuando un fonograma (disco o soporte material donde se fijan
sonidos de una ejecución), publicado con fines comerciales, o una reproducción
de este, se utiliza directamente para radiodifusión o para cualquier otra forma
de comunicación al público.
Según
el accionante, de acuerdo con la interpretación que la
Dirección Nacional de Derechos de Autor le ha venido dando a la disposición,
en virtud del artículo 173 de la
Ley 23 de 1982, expresamente derogado por el artículo demandado, se destina
para el productor del fonograma la mitad de lo recaudado por esa actividad.
El
demandante sostiene que se ha entendido que la conjunción copulativa “y”,
distingue gramaticalmente dos bloques al separar las diversas personas entre
quienes se distribuirá lo recaudado como remuneración: el primero, integrado
por los artistas, intérpretes y ejecutantes, y el segundo, conformado por el
productor del fonograma, de manera que cada bloque que separa la conjunción
demandada recibe un cincuenta por ciento (50%) de la remuneración prevista.
La
consecuencia de esta distribución por partes iguales de la remuneración, en
concepto del actor, genera que dependiendo del número de ejecutantes o
intérpretes, estos queden condicionados a recibir mucho menos que el productor
del fonograma, quien siempre recibirá el otro cincuenta por ciento (50%).
Expone
que: “la norma no es de fácil interpretación y que adolece de cierta
ambigüedad que genera violación del derecho constitucional de igualdad.”
Precisa
que la remuneración a que hace referencia el texto demandado, es desarrollo del
artículo 12 de la Convención de Roma sobre protección de los derechos conexos
de los intérpretes, ejecutantes y productores fonográficos, celebrada en 1961,
a la cual adhirió Colombia por medio de la
Ley 48 de 1975,[1]
en el que se emplea la conjunción disyuntiva “o”, para describir los titulares
del derecho conexo entre quienes se debe distribuir esa remuneración, del cual
infiere que la distribución es entre todos y no entre dos bloques de titulares,
como se desprende de la norma acusada.
El
demandante centra entonces la acusación en que la conjunción gramatical
censurada resulta inconstitucional porque privilegia el derecho del productor
del fonograma a recibir una remuneración por concepto del derecho conexo de
comunicación pública, suma que resulta superior a la que se otorga al artista,
al intérprete y al músico ejecutante de la obra fijada en el mismo fonograma,
tratamiento que en su concepto viola el derecho a la igualdad de los artistas,
intérpretes y ejecutantes, quienes por ser conjuntamente con los productores
fonográficos, titulares de los derechos conexos de comunicación pública de un
fonograma donde se encuentren fijadas sus interpretaciones y ejecuciones,
tienen derecho a recibir el mismo trato en su remuneración.
Según
el actor, si el texto del artículo 69 de la
Ley 44 de 1993 no incluyera la conjunción acusada, la remuneración no se
distribuiría entre dos bloques de titulares, sino entre todos los titulares que
intervienen en los sonidos fijados en un fonograma, lo que haría equitativa la
distribución, puesto que cada uno realiza un aporte importante a la producción
musical.
En
este orden, carece de sentido que la
Ley provea una consecuencia jurídica desigual para cada uno de los titulares
del derecho conexo regulado, estableciendo un privilegio a favor del productor del
fonograma en la distribución de los ingresos correspondientes al derecho
patrimonial, especialmente si se toma en cuenta que la
Corte declaró la exequibilidad del artículo 68 de la
Ley 44 de 1993, que consagra la prevalencia de los titulares sobre derechos de
autor en relación con los titulares de derechos conexos, considerando que la
originalidad es un criterio de diferenciación constitucionalmente legítimo.
En
este marco, el accionante afirma que la disposición parcialmente demandada debe
ser sometida a un test de igualdad que incorpore los siguientes elementos de
análisis:
(i)
La existencia de una diferencia de hecho entre el intérprete o los músicos
ejecutantes que intervienen en la fijación de sonidos de una obra musical en un
fonograma y el productor del mismo, dado que la actividad de los primeros se
orienta a la expresión artística o cultural, imprimiendo un sello personal a la
ejecución fijada en el fonograma, mientras que la actividad realizada por el
productor implica un aporte distinto, de carácter tecnológico, orientada a
fijar técnicamente los sonidos de la interpretación o ejecución en un soporte
material llamado fonograma. Diferencia, que no justifica que el productor
obtenga una remuneración mayor porque el aporte de los intérpretes o músicos
ejecutantes, siendo de naturaleza artística, es valiosa en la medida en que
interviene un sello personal de carácter original. Este aspecto es de especial
importancia, si se tiene en cuenta que la
Corte señaló expresamente en la sentencia C-040 de 1994 que cuando se trata de
los derechos de remuneración el aspecto de la originalidad es relevante para
conferir un tratamiento económico diferencial.
(ii)
La finalidad de la norma es otorgarle “un plus” al productor del
fonograma, consistente en atribuirle el 50% de la remuneración obtenida por el
derecho conexo, en tanto que el cincuenta por ciento (50) restante debe
distribuirse entre el artista, el intérprete y el ejecutante, sin ningún
fundamento, dado que el carácter técnico de la fijación del sonido no posee
mayor originalidad que el aporte del “cantante o el ejecutante.”
(iii)
La conjunción cuestionada tampoco supera un análisis de razonabilidad
constitucional, en la medida en que no es digno que se le conceda más
remuneración a la actividad de fijar un sonido en un fonograma que a la
realizada por un cantante o músico ejecutante (art. 1, CP); no se está
respetando nuestra cultura musical (art. 8, CP) porque la protección a la
cultura, a su vez, implica el reconocimiento y respeto de los derechos de autor
(art. 61, CP); y no se garantizan los derechos del intérprete y ejecutante, al
otorgarles una remuneración menor por su aporte, máxime cuando es el modus
vivendi del artista.
(iv)
El aparte objeto de censura no es razonable porque entre el fin propuesto:
remunerar los derechos del intérprete y del músico ejecutante y del productor
del fonograma divulgado, y el medio utilizado, no hay proporcionalidad.
(v)
La disposición acusada parcialmente no respeta el principio de proporcionalidad
porque destina el cincuenta por ciento (50%) de la remuneración al productor de
un fonograma que se comunique al público y la otra mitad debe distribuirse
entre los demás intervinientes en el proceso, privilegiando el aporte técnico
(grabación) sobre el esfuerzo artístico (ejecución). Siendo el sentido natural
de las cosas que según el número de titulares que intervienen en el fonograma, estos
reciban partes iguales, de conformidad con el artículo 4 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene vigencia
en el orden interno por disposición del artículo 93 de la
Constitución.[2]
IV.
INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES: DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR
El
Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de
Derechos de Autor, interviene en el presente proceso para solicitar que la
Corte Constitucional declare la exequibilidad del aparte demandado.
La Dirección después de
realizar unas consideraciones preliminares sobre los derechos conexos y sobre
el origen y antecedentes del artículo 69 de la
Ley 44 de 1993, demandado en esta oportunidad, señala que no comparte la
interpretación sugerida por el demandante en el sentido que la remuneración
debe destinarse a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de
fonogramas como si se tratara de un solo grupo de titulares, o bien como si se
tratara de cuatro categorías distintas (artistas, intérpretes, ejecutantes y
productores de fonogramas). Considera que la lectura correcta basada en la
interpretación de la OMPI, consiste en que se está frente a dos grupos de
titulares: (i) los artistas intérpretes o ejecutantes, y (ii) los productores
de fonogramas.
Esta
interpretación se encuentra en consonancia no solo con las posibilidades
previstas en la Convención de Roma (art. 12[3]) y en el Tratado de la
OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, TOIEF (art. 15[4]),
sino también con la Decisión Andina 351 de 1993 (art. 37, literal d[5]),
normas que reconocen claramente los dos grupos mencionados.
La Dirección argumenta además
que el demandante parte de un supuesto que no comparte, según el cual, los
artistas intérpretes o ejecutantes están en plano de igualdad con los
productores de fonogramas, lo que da lugar a que sostenga erradamente, que el
artículo 69 de la Ley 44 de 1993 implica un trato diferenciado injustificado
entre tres tipos de sujetos que son iguales.
En
este sentido, precisa que tanto en el marco normativo nacional como en el
internacional de los derechos conexos, las dos categorías a pesar de pertenecer
a un mismo ámbito, al régimen de la propiedad intelectual, no se confunden ni
se equiparan. No obstante, ambas categorías comparten el derecho de
remuneración concurrente que se genera a causa de la comunicación pública de la
música grabada en un fonograma, regulado en el artículo 69 de la
Ley 44 de 1993. Lo anterior no significa, sin embargo, que  este derecho se
enmarque en supuestos de hecho equivalentes para los artistas y para los
productores de fonogramas, pues para los primeros se causa por la comunicación
pública de sus interpretaciones o ejecuciones, al paso que para los segundos,
por la comunicación pública de sus fonogramas.
El
punto de convergencia entre los artistas y los productores de fonogramas se
genera debido a que, en tanto las interpretaciones o ejecuciones musicales se
comunican simultáneamente con los fonogramas, el derecho de remuneración de los
dos titulares nace al mismo tiempo, y en tal sentido, para facilitar la
cancelación al utilizador, el legislador establece un pago único que debe
distribuirse por partes iguales entre los artistas y los productores de
fonogramas.
El
interviniente reitera que los artistas intérpretes o ejecutantes y los
productores de fonogramas constituyen dos grupos o categorías diferentes de
titulares, cuya protección en el ámbito de los derechos conexos es distinta y
responde a unas particularidades específicas, razón por la cual, la interpretación
que de la norma cuestionada realiza el demandante no es acertada, toda vez que
su argumento se centra en el aspecto puramente numérico, el  cien por ciento
(100%) dividido en cuatro (4)  grupos de titulares, sin más consideraciones
sobre el rol efectivo de cada grupo.
Efectivamente,
para la Dirección (i) existen dos categorías: los artistas intérpretes o
ejecutantes, de una parte, y los productores de fonogramas, de la otra, y no
tres como afirma el demandante; (ii) los artistas intérpretes o ejecutantes se
encuentran en situaciones de hecho diferentes respecto a los productores de
fonogramas, en la medida en que mientras la actividad de los primeros se
enmarca en la interpretación y ejecución de obras artísticas o literarias, la
actividad de los segundos, responde a la fijación de interpretaciones de las
obras en soportes materiales; (iii) el artículo 69 demandado le concede a los
dos sectores de titulares un trato similar asignándoles el derecho a  percibir
la mitad de las remuneraciones pagadas por los usuarios a causa de la
comunicación pública de los fonogramas y de las interpretaciones o ejecuciones
fijadas en ellos; (iv) ninguno de los derechos prevalece sobre el otro, puesto
que en relación con la difusión de la música, el papel tanto de los intérpretes
o ejecutantes como de los productores de fonogramas son fundamentales: sin
artistas no hay música y sin grabación fonográfica no hay difusión de la
música; (v) la norma no tiene como finalidad otorgarle un “plus al productor
de un fonograma” concediéndole una remuneración mayor que la destinada a
los artistas intérpretes o ejecutantes, pues de su simple lectura se desprende
un tratamiento económico proporcionado para cada grupo de titulares; y (vi) la
disposición se limita a desarrollar el derecho a la remuneración por la
comunicación pública de fonogramas reconocido en la
Convención de Roma (artículo 12) y el Tratado de la
OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (art. 15), adoptando una de
las tres posibilidades comprendidas en estos instrumentos, esta es, conceder un
derecho de remuneración por la comunicación pública de fonogramas conjuntamente
a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas.
V.
INTERVENCIONES CIUDADANAS
1.
Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos, Acinpro
El
Gerente General de Acinpro[6]
intervino en el presente con el propósito de informar la
Corporación que se encontraba impedido éticamente para tomar una posición y
emitir un concepto sobre el objeto de la demanda, toda vez que busca modificar
las condiciones económicas en la distribución de derechos de contenido
patrimonial de las dos clases de afiliados a Acinpro, entidad a la cual le han
confiado la gestión de sus derechos.
Dado
que la obligación de Acinpro es dar pleno cumplimiento a lo prescrito en la ley
en salvaguarda de los derechos que le han sido confiados para su gestión y no
tomar una posición preferente respecto de los intereses de sus afiliados,
máxime cuando su función es, como lo precisa su objeto social, recaudar y
distribuir los derechos patrimoniales a sus socios de acuerdo con las formas
determinadas en la ley y los estatutos, considera que existe un impedimento
moral que les impide pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 69
de la Ley 44 de 1993, demandado en el presente proceso.
2.
Asociación para la Protección de los Derechos Intelectuales sobre Fonogramas y
Videogramas Musicales, APDIF[7]
El representante legal  de la
Asociación intervino en el presente proceso con el fin de solicitar a esta
Corporación, inhibirse de un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva
de  la demanda, y en caso contrario, solicita la declaratoria de exequibilidad
de la norma demandada, con fundamento en los siguientes argumentos:
2.1.  El actor realiza una lectura particular del
artículo 69 de la Ley 44 de 1993, basada a su vez, en lectura equivocada del
artículo 12 de la Convención de Roma, de acuerdo con la cual, ésta emplea la
conjunción disyuntiva “o” para describir los titulares de derecho conexo entre
quienes se debe distribuir esa remuneración, de donde se infiere que la
distribución es entre todos y no entre dos bloques de titulares.
2.2. La primera parte del artículo 12 de la
Convención se refiere exclusivamente al destino o facultad de recaudo de la
remuneración por comunicación pública, como opción a elegir por el legislador,
y no a su distribución, como en forma errónea lo expresa el actor en la
demanda. La segunda parte del artículo, regula la distribución de la
remuneración recaudada, al disponer que la suma recolectada será repartida por
partes iguales, salvo disposición contraria acordada entre las partes, en
ejercicio de su autonomía de la voluntad contenida en los contratos suscritos
entre artistas intérpretes o ejecutantes con los productores de fonogramas.
2.3. La conjunción “y”, demandada, no genera dos
bloques para distribuir la remuneración. La norma se limita a desarrollar una
de las opciones que tiene el legislador para asignar el recaudo de esa suma
equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores
de fonogramas, en un solo bloque unificado, integrado por los dos titulares de
derechos. Así, la primera parte de la norma demandada, no se refiere a la
distribución o a un privilegio para el productor, como lo firma el accionante.
2.4. Los artistas intérpretes o ejecutantes cuando
participan en una misma ejecución, entendida como interpretación, de una obra
literaria o artística, conforman una sola categoría de titulares de derechos
dispuesta tanto en la legislación nacional como internacional, trátese de una o
más personas integrantes de tal categoría. Constituye un error craso del
demandante afirmar  que existen varias categorías de titulares de derechos
enfrentados a una sola persona, el productor de fonogramas.
2.5. La interpretación del actor desconoce además que
la remuneración fijada por la ley, por partes iguales, es supletoria de la
voluntad de las partes, quienes en los contratos celebrados con los productores
de fonogramas pueden acordar sumas diferentes a la dispuesta en la ley, en el
ejercicio de su autonomía de la voluntad.
2.6. Desconoce también el demandante la posibilidad de
que un grupo de personas, físicas o jurídicas, puedan producir un fonograma,
como ocurre con frecuencia con grupos musicales que son productores de sus
propios fonogramas.
2.7. La norma ya fue estudiada por la
Corte en la sentencia C-424 de 2005,[8]
y declarada exequible.
2.8.  Se agrega que el texto no prevé una situación
distinta para los  titulares de derechos conexos: los productores de fonogramas
y los artistas intérpretes o ejecutantes, puesto que ambos como titulares de
derechos conexos se encuentran en la misma situación, sin privilegios para
ninguno de ellos, máxime cuando cuentan con la autonomía de la voluntad y de la
disposición de sus derechos para autorizar su uso o para ceder sus facultades
sin limitación o condicionamiento alguno.
Concluye el interviniente que la norma de la cual hace
parte la expresión demandada, de conformidad con los tratados internacionales y
la legislación interna, es clara al expresar que la remuneración equitativa y
única ha de ser distribuida entre el productor del fonograma y el artista
intérprete o ejecutante conforme al acuerdo celebrado entre ellos, y a falta de
ese acuerdo, esa repartición habrá de realizarse por partes iguales,
consagrando de esta manera, la igualdad en su más pura concepción.
3. Intervenciones de socios de Acinpro y
de otros ciudadanos
Se presentaron catorce (14) intervenciones ciudadanas,
en una se solicita a la Corte un fallo inhibitorio,[9]
en otra la exequibilidad del aparte demandado,[10] y en las doce
(12) restantes la declaratoria de inexequibilidad.[11]
3.1. La solicitud de fallo inhibitorio se sustenta en
que el actor incurre en un error al centrar sus argumentos en el
desconocimiento de un aporte de índole intelectual al productor de fonogramas,
pretendiendo demostrar un derecho de mayor entidad en las prestaciones
artísticas de los artistas intérpretes o ejecutantes.
Sobre el particular cita la sentencia C-450 de 2005
(MP. Alfredo Beltrán Sierra) en la que la que esta Corporación señaló: “Para
la Corte, los planteamientos del actor en la demanda que se examina,
desconocen abiertamente la naturaleza y finalidad de la acción pública de
inconstitucionalidad, pues como se sabe, esta es una acción de comparación
objetiva y abstracta mediante la cual se decide sobre la validez de una norma
jurídica frente a la Constitución Política, lo que significa que es impersonal
y por ello, sus efectos son erga omnes. El actor al ejercerla como lo hizo,
llevaría a la Corte a un pronunciamiento concreto, particular y subjetivo, como
quiera que su argumentación principal se funda en la censura al ejercicio de la
actividad de unas entidades de derecho privado, razón por la cual no se puede
adelantar el estudio de fondo de las disposiciones acusadas, con miras a
establecer si se avienen o no a la
Carta Política.”
En tanto, la demanda no confronta la norma objeto de
análisis con la constitución y se basa en la indebida aplicación de la
disposición acusada que el mismo demandante se plantea, no cumple con el
rigorismo exigido para que la
Corte proceda a pronunciarse de fondo.
3.2. El interviniente que solicita la declaratoria de
exequibilidad del aparte demandado del artículo 69 de la
Ley 44 de 1993, por su parte, sostiene que la supuesta desigualdad de trato
que la norma otorga a los artistas intérpretes o ejecutantes de obras musicales
al concederles un derecho de remuneración por concepto de comunicación pública
que resulta menor y menos favorable que el derecho que por el mismo concepto
confiere a los productores de fonogramas, no se infiere de la norma demandada.
Por el contrario, afirma que la simple lectura del artículo desvirtúa esa
interpretación, ya que de manera clara y expresa postula una completa igualdad
entre los derechos conexos reconocidos a los artistas intérpretes o ejecutantes,
por un lado, y los derechos reconocidos a los productores de fonogramas, por el
otro.
En este sentido, precisa que lo que efectivamente
establece la norma, es que la remuneración única que paga el usuario por la
comunicación pública de un fonograma debe destinarse y distribuirse en dos
partes iguales, una de dichas partes iguales para al titular del derecho conexo
predicable de la interpretación fijada en el fonograma, el cual, podrá ser de
un solo intérprete o varios artistas intérpretes o ejecutantes, y la otra de
dichas partes iguales, para el titular del derecho conexo predicable del
fonograma en su calidad de fijación y grabación, el cual, cómo se ha dicho,
podría ser un solo productor (natural o jurídico) o varios coproductores. Así,
independientemente del número de personas o jurídicas que participan en la
realización del fonograma como productores o como artistas, lo cierto es que el
fonograma es uno y la interpretación de la obra musical incluida en él es una.
De manera que cuando se entiende que el derecho conexo del productor
fonográfico es uno, independientemente de que ese derecho tenga uno o varios
cotitulares (artistas intérpretes o ejecutantes de la agrupación), se comprende
que, diferente a lo postulado en la demanda, lo que el artículo 69 de la
Ley 44 de 1993 consagra, es una igualdad total para los dos derechos
involucrados, a saber, los derechos conexos predicables tanto del fonograma
como de la obra musical.
El tema de las situaciones prácticas y
circunstanciales, en relación con el número de titulares que comúnmente hacen
parte de cada uno de los extremos, es un elemento meramente estadístico, ajeno
y desvinculado de la norma, que no puede ser fundamento para darle contenido a
la misma o para interpretarla. Por tanto, el hecho que en ocasiones los
artistas cotitulares del derecho conexo predicable de la interpretación sean
más numerosos que los productores titulares del derecho conexo predicable del
fonograma, como es lo habitual en la actualidad, no puede ser fundamento para
considerar que el artículo demandado, ajeno a estas realidades estadísticas,
establezca un trato desigual o discriminatorio. Para el interviniente, lo que
la norma postula es una completa igualdad respecto de los dos derechos que
regula y de sus titulares, es decir, para los sujetos pasivos de la misma.
3.3. Intervienen para coadyuvar la demanda once (11)
socios activos de la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores
Fonográficos, Acinpro, quienes a través de escritos individuales afirman que la
norma cuestionada establece un privilegio desproporcionado a favor de los
productores fonográficos o casas disqueras, en detrimento de los intérpretes y
músicos ejecutantes, sector que ellos encarnan, porque viola su derecho a
recibir igual remuneración que el productor del disco donde se fijan los
sonidos de su interpretación o ejecución.
Consideran que el derecho del productor nace de la
interpretación y que su labor como artistas es primigenia y con mérito
artístico, en la medida en que son quienes proponen las ideas musicales, las
ejecutan, las interpretan y les dan valor comercial por el estilo y el
contenido que el consumidor acepta y disfruta, constituyéndose en su sello
personal, tanto del intérprete como del músico ejecutante, constituyéndose el
productor en un tercer actor, encargado de la fabricación o fijación,
distribución, promoción y ventas.
Señalan que la pobreza que hoy viven muchos
intérpretes y músicos ejecutantes en Colombia, se debe no sólo a la aplicación
de la norma demandada, sino a los abusos de los que han sido objeto por parte
de las casas disqueras o productores fonográficos.
3.4. Finalmente, el último de los ciudadanos[12]
que coadyuva la demanda plantea a la
Corte la necesidad de definir la interpretación de la norma acusada basada en
la equidad, a fin de que se garantice el respeto al derecho a la igualdad en la
distribución del recaudo proveniente de la utilización de fonogramas y
reproducciones de obras musicales entre la multiplicidad de intérpretes y
ejecutantes que en su producción intervienen.
Para el interviniente la interpretación que se viene
realizando de la norma genera una situación de inequidad respecto de los
artistas, intérpretes o ejecutantes de las obras frente al productor
fonográfico que se limita a realizar un trabajo técnico o mecánico, que solo se
origina en la medida en que haya arte para reproducir, pues sin ella el
producto no existe.
La errónea interpretación que se viene dando a la
norma demanda es consecuencia del artículo 174 de la
Ley 23 de 1982, derogado expresamente por el artículo 70 de la
Ley 44 de 1993, que ordenaba entregar la mitad de lo recaudado al productor
fonográfico para que este a su vez distribuyera la otra mitad entre los
artistas, intérpretes o ejecutantes, en los siguientes términos: “La mitad
de la suma recibida por el productor de acuerdo con el artículo anterior, será
pagada por éste a los artistas intérpretes o ejecutantes, o quienes los
representen, a menos que se convenga pagarles una suma superior.”
De esta manera, el legislador no sólo estableció un
privilegio a favor del productor fonográfico, facultándolo para beneficiarse de
la mitad del pago por el trabajo de otros, sino que de una vez diferenció dos
grupos entre los cuales habría de distribuirse el recaudo, uno constituido por una
sola persona, el productor fonográfico, y otro integrado por los artistas,
intérpretes o ejecutantes, tantos cuantos fueren ellos, con lo cual queda en
evidencia una situación claramente desventajosa para los integrantes del último
grupo. A modo de ejemplo, sí en la producción de una obra artística intervienen
seis o veinte músicos y un productor fonográfico, se debe distribuir la
totalidad del aporte entre todos, los siete o veintiuno, y no por mitades como
vienen ocurriendo, con el consecuente detrimento económico de los ejecutantes
artísticos y en beneficio de unos pocos, los productores, que validos de una
disposición hace años derogada, se han lucrado de las creaciones resultantes
del talento ajeno.
Sucede, entonces, que no obstante haber sido derogado
el artículo 174 de la Ley 23 de 1982, los productores fonográficos han seguido
aplicando esa disposición en beneficio propio y en detrimento de los artistas
creadores y los intérpretes y ejecutantes de las obras artísticas, quienes
deben ser protegidos contra los abusos que al amparo de interpretaciones
erróneas de la ley se cometen contra su patrimonio, y por ello, se debe acudir
al mandato previsto en el artículo 61 de la
Constitución, que ordena al Estado proteger la propiedad intelectual por el
tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
El
señor Procurador General de la
Nación, en el concepto Nº 5410 de 2012, solicita a esta Corte que declare
exequible la expresión “y” contenida en el artículo 69 de la
Ley 44 de 1993.
La Vista Fiscal considera que el
legislador goza de un amplio margen de configuración normativa en materia de
derechos de autor y derechos conexos, y que al distribuir la remuneración entre
dos grupos de titulares de derechos conexos, uno, conformado por los artistas
intérpretes o ejecutantes, a quienes debe protegerse su interpretación o
ejecución, y otro, integrado por los productores de fonogramas, a quienes debe
protegerse su derecho sobre el fonograma, no incurre en discriminación alguna
porque se trata de dos grupos de personas con tareas diferentes, cuyos derechos
recaen sobre objetos disímiles, que no pueden equipararse.
Al
no poderse equiparar, no resulta factible aducir que la expresión demandada
incurra en una discriminación entre ellos, y mucho menos que ésta sea
injustificada. De manera que el artículo 69 de la Ley 44 de
1993, se limita a distribuir la remuneración que corresponde a los dos grupos
por la publicación de un fonograma con fines comerciales, o a su reproducción,
o por su uso para radiodifusión, o por cualquier otra forma de comunicación al
público.
VI.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241
numeral 4 de la Constitución Política, la
Corte es competente para conocer de la presente demanda.
2. Asuntos preliminares: aptitud de la
demanda, inexistencia de cosa juzgada y conformación de la proposición jurídica
completa
2.1. Aptitud de la demanda
En dos de las intervenciones ciudadanas,[13]
se solicita a la Corte un pronunciamiento inhibitorio, con base en que la
demanda no reúne los requisitos mínimos de aptitud exigidos. En consecuencia,
procede la Corporación a estudiar si en ella concurren o no aquellos
presupuestos necesarios para expedir una sentencia de fondo.
El artículo 241 de la
Carta le confía a la Corte Constitucional “la guarda de la integridad y
supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de este
artículo.” Así, el numeral 4º de la misma disposición establece que le
corresponde“[d]ecidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que
presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como
por vicios de procedimiento en su formación”. De esta manera, para que
pueda desenvolverse el proceso de constitucionalidad a que se refiere el
numeral, la presentación de una demanda es un requisito indispensable.[14]
La Corte ha señalado que
aún cuando toda demanda debe ser analizada a la luz del principio pro
actione, dado el carácter popular que la
Constitución misma le atribuye, en ella deben concurrir unas condiciones
mínimas que permitan guiar la labor del juez constitucional y orientar,
asimismo, el debate de los intervinientes en el proceso que pretende instarse.
En este orden, el Decreto 2067 de 1991, ‘por el cual se dicta el régimen
procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la
Corte Constitucional’, en su artículo 2º prescribe que la demanda debe
contener: (i) el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales,
trascribiéndolas literalmente por cualquier medio o aportando un ejemplar de la
publicación oficial (num. 1); (ii) el señalamiento de las normas
constitucionales infringidas (num. 2); (iii) las razones que sustentan la
acusación, esto es, el por qué se estima que se violan los textos
constitucionales (num. 3); (iv) si se acusa quebrantamiento del debido trámite
legislativo, entonces debe señalarse cuál es el trámite que debió haberse
observado (num. 4), y; (v) la razón por la cual la
Corte es competente (num. 5).
No
obstante, tal como lo ha señalado esta Corporación, no es suficiente la
observancia formal de esos requisitos, sino que es necesario además
determinar el objeto de la demanda y el concepto de la violación.[15]
De
conformidad con la jurisprudencia constitucional el concepto de la violación
se formula debidamente cuando (i) se identifican las normas constitucionales
vulneradas; (ii) se expone el contenido normativo de las disposiciones acusadas
-lo cual implica señalar aquellos elementos materiales que se estiman
violados-; (iii) y se expresan las razones por las cuales los textos demandados
violan la Constitución. Esas razones deben ser claras,[16] ciertas,[17]
específicas,[18]
pertinentes[19]
y suficientes.[20]
De manera ordinaria, la
Corte ha acudido al juicio o test de razonabilidad, a fin de establecer si el
criterio de igualación resulta compatible con la
Constitución. Dicho juicio supone partir de una situación fáctica determinada,
a partir de la cual se analiza si el trato igualitario o desigual, según el
caso, resulta constitucionalmente admisible.
Ahora bien, la
Corte ha señalado que cuando se atribuye a una norma la posible violación del
principio de igualdad, no es suficiente una argumentación que se limite a
afirmar que la disposición acusada establece un trato discriminatorio contrario
al artículo 13 de la Carta. Para que el demandante  estructure adecuadamente el
cargo, salvo que se trate de alguno de los criterios sospechosos señalados
expresamente por la norma (sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, entre otros) debe constatar que efectivamente dos o más grupos de
personas están recibiendo un tratamiento diferenciado, ya sea porque la ley
acusada da un trato diferente a situaciones que deben recibir el mismo trato o
porque la ley cuestionada da el mismo trato a situaciones que deberían recibir
un tratamiento diferenciado, e indicar las razones por las cuales se considera
discriminatoria tal situación. Se requiere, en consecuencia, que en el caso
concreto se establezca claramente (i) entre quiénes se está dando un
trato diferenciado, (ii) en qué sentido o en virtud de qué actuación se da esa
diferenciación, y (iii) con base en qué criterios.  Al respecto la Corte se ha pronunciado
en los siguientes términos:
“Se
debe señalar con claridad los grupos involucrados, el trato introducido por las
normas demandadas que genera la vulneración del derecho a la igualdad  y qué
justifica dar un tratamiento distinto al contenido en las normas acusadas”,[21]
toda vez que “la realización de la igualdad no le impone al legislador la
obligación de otorgar a todos los sujetos el mismo tratamiento jurídico, ya que
no todos se encuentran bajo situaciones fácticas similares ni gozan de las
mismas condiciones o prerrogativas personales e institucionales.”[22]
Una vez establecidos estos tres puntos, se procede a
determinar, bajo los parámetros de un test de igualdad, la validez de tal
discriminación.
En el presente caso, la
Sala constata, que la demanda cumple con los requisitos mínimos antes
enunciados. En efecto, (i) identifica a quiénes se les está dando el mismo
tratamiento de manera injustificada, a saber, artistas, intérpretes y
ejecutantes, de un lado, y productores de fonogramas, de otro; (ii) señala que
la similitud de trato se origina en que reciben la misma remuneración por un
aporte distinto, o sea cada uno de los dos grupos un cincuenta por ciento (50%)
como remuneración, debido a que la norma ordena distribuirla por partes iguales;
y (iii) el demandante establece que el aporte realizado por cada parte a la
producción, en el caso de los artistas, intérpretes y ejecutantes, es artístico
y cultural, lo cual le imprime un sello único y personal al sonido o
interpretación fijada en el fonograma, mientras que en el caso del productor
del fonograma, se limita a lo tecnológico, a la capacidad de fijar los sonidos
de la interpretación o ejecución en un soporte material. Además, sostiene que
mientras el productor fonográfico a menudo es uno sólo, el número de
ejecutantes o intérpretes, por lo general es mayor, lo que implica que éstos
últimos, cuando son más de uno, siempre recibirán un menor porcentaje que el
productor, desconociendo que lo que la norma prevé es que todos deben recibir
la misma remuneración.
2.2. Inexistencia
de cosa juzgada
Toda vez que la
Asociación para la Protección de los Derechos Intelectuales sobre Fonogramas y
Videogramas Musicales, APDIF, sostiene que en la sentencia C-424 de 2005, ya la
Corte se ocupó de pronunciarse sobre la norma demandada, en su integridad, es
necesario precisar si se está ante una cosa juzgada.
De conformidad con el artículo 243 de la Constitución,[23]
las decisiones adoptadas por la
Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad tienen fuerza
de cosa juzgada constitucional, lo cual, como se ha señalado por la
jurisprudencia, implica que “(…) las decisiones judiciales adoptadas por la
Corporación en cumplimiento de su misión de asegurar la integridad y
la supremacía de la Carta, adquieren un carácter definitivo,
incontrovertible e inmutable, de tal manera que sobre aquellos asuntos tratados
y dilucidados en procesos anteriores, no resulta admisible replantear litigio
alguno ni emitir un nuevo pronunciamiento de fondo.”[24]
La cosa juzgada constitucional además de
salvaguardar la supremacía normativa de la
Constitución, garantiza la efectiva aplicación de los principios de igualdad,
seguridad jurídica y confianza legítima de los administrados, puesto que a
través de ella, el organismo de control constitucional queda obligado a ser
consistente con las decisiones que adopta previamente, impidiendo que casos
iguales o semejantes sean estudiados y resueltos por el mismo juez en
oportunidad diferente y de manera distinta.[25]
Esta Corporación ha señalado que los
efectos de la cosa juzgada constitucional no son siempre iguales y que existen
varios tipos que pueden, incluso, modular los efectos vinculantes del fallo: “i)
formal, cuando se predica del mismo texto normativo que ha sido objeto de
pronunciamiento anterior de la
Corte; ii) material, cuando a pesar de que no se está ante un texto normativo
formalmente idéntico, su contenido sustancial es igual; iii) absoluta, en tanto
que, en aplicación del principio de unidad constitucional y de lo dispuesto en
el artículo 22 del Decreto 2067 de 1991, se presume que el Tribunal
Constitucional confronta la norma acusada con toda la
Constitución, por lo que, con independencia de los cargos estudiados
explícitamente, en aquellos casos en los que la
Corte no limita expresamente la cosa juzgada, se entiende que hizo una comparación
de la norma acusada con toda la
Carta y, iv) relativa, cuando este Tribunal limita los efectos de la cosa
juzgada para autorizar que en el futuro vuelvan a plantearse argumentos de
inconstitucionalidad sobre la misma disposición que tuvo pronunciamiento
anterior.”[26]
Ahora bien, la jurisprudencia
constitucional ha precisado que la cosa juzgada constitucional se predica tanto
de las sentencias que declaran la exequibilidad de la norma objeto de estudio
como de las que resuelven su inexequibilidad, pero sus efectos no siempre son
iguales.[27] Por
ejemplo, si la norma es declarada exequible: i) la intangibilidad del fallo
puede limitarse de manera expresa o implícita por la
Corte (cosa juzgada relativa), ii) su declaratoria se limita a imprimir
seguridad jurídica para que se continúe aplicando la disposición y, iii) la
competencia de la Corte para estudiar una nueva demanda contra esa misma ley
podría sujetarse al cambio de norma constitucional en la que se apoyaba o a la
modificación del contexto jurídico, social o económico en la que fue objeto del
control de constitucionalidad.
Cuando se trata de decisiones de
exequibilidad, la cosa juzgada puede ser absoluta o relativa. Existe cosa
juzgada absoluta, en aquellos casos en los que la
Corte declara la exequibilidad de una disposición, sin limitar en la sentencia
el alcance de su decisión, de manera que se entiende que el análisis de
constitucionalidad se realizó frente a toda la
Constitución.[28]
La cosa juzgada relativa, por el contrario, se presenta cuando el juez
constitucional limita en forma expresa los efectos de la decisión, dejando
abierta la posibilidad para que en un futuro se formulen nuevos
cargos de inconstitucionalidad contra la norma que ha sido objeto de examen,
distintos a los que la Corte ya ha analizado.[29] A su vez, la
cosa juzgada relativa puede ser explícita o implícita: “explícita, en
aquellos eventos en los cuales los efectos de la decisión se limitan
directamente en la parte resolutiva, e implícita cuando tal hecho tiene
ocurrencia en forma clara e inequívoca en la parte motiva o considerativa de la
providencia, sin que se exprese en el resuelve”[30]
Cuando la norma es declarada inexequible, la cosa
juzgada que recae sobre el texto normativo es siempre absoluta, puesto que el
retiro del ordenamiento jurídico de la ley se produce con independencia del
cargo o los cargos que prosperaron. En este sentido el artículo 243 de la
Constitución claramente señala que una ley declarada inexequible por vicios de
fondo no puede ser reproducida posteriormente, salvo que se hubiere producido
una modificación de las disposiciones superiores que sirvieron de fundamento al
fallo, en la medida en que el objetivo de la demanda de inconstitucionalidad es
retirar del ordenamiento jurídico una norma contraria a la
Constitución, máxime si se tiene presente que no es posible volver sobre una
norma que ya no existe.
Por lo anterior, si una ley que ha sido declarada
inexequible, posteriormente es sometida nuevamente a la evaluación de la
Corte Constitucional con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad, esta
Corporación debe estarse a lo resuelto en la decisión anterior, pues no resulta
relevante establecer las razones por las que esa misma disposición fue retirada
del ordenamiento jurídico, en tanto que sobre la decisión anterior operó la
cosa juzgada absoluta y no es posible adelantar un nuevo estudio, así los
cargos planteados en la nueva demanda sean distintos a los que fundamentaron la
inconstitucionalidad.
Las diferencias en el efecto de la cosa juzgada
constitucional respecto de las sentencias que declaran la exequibilidad o la
inexequibilidad de una ley, han sido claramente explicadas por la
Corte, en los siguientes términos: “[…] ante una sentencia estimatoria, la
norma declarada inconstitucional no puede seguirse aplicando, el Congreso no
puede proferir una nueva disposición con similar contenido al de la disposición
inconstitucional y la Corte debe atenerse a su decisión para toda cuestión
posterior. Si la sentencia es desestimatoria y la disposición es declarada
exequible, los jueces, en principio, no pueden inaplicarla y la
Corte debe atenerse a su decisión cuando quiera que la norma resulte
nuevamente demandada. Ahora bien, el efecto de la cosa juzgada formal de una
sentencia desestimatoria desaparecerá si la norma que fue declarada exequible
no mantiene exactamente el mismo contenido normativo o cuando se ha producido
un cambio constitucional que eventualmente pueda afectar su
constitucionalidad.”[31]
De este modo, pasa la
Sala a establecer si se configuró el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional en el caso bajo estudio.
En el presente caso, si bien es cierto, en la
sentencia C-424 de 2005,[32]
la Corte se pronunció sobre una demanda contra el artículo 69 de la
Ley 44 de 1993, el problema jurídico que en esa oportunidad abordó la
Corporación fue el siguiente:
“[E]stablecer si la
disposición del artículo 69 de la
Ley 44 de 1993 es violatoria del derecho de asociación, consagrado en el
artículo 38 de la Constitución Política. La vulneración proviene -al decir del
demandante-  de que la norma acusada estaría obligando a los artistas
intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas a asociarse a
sociedades de gestión colectivas para hacer efectivos los derechos derivados de
la publicación comercial o reproducción de los fonogramas.
Igualmente,
la norma podría violentar el principio constitucional de la igualdad en la
medida en que sólo los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de
fonogramas asociados a sociedades de gestión colectivas estarían facultados
para hacer efectivos los derechos derivados del fonograma, al tiempo que
quienes no exhibieran dicha afiliación no podrían hacerlo.”
La Corporación consideró que la
interpretación del artículo demandado que se ajusta a los lineamientos constitucionales,
de conformidad con el precedente sentado en la sentencia C-509 de
2004,[33] es la que niega
el carácter obligatorio general de la disposición legal y admite, en cambio, la
posibilidad de que los artistas intérpretes o ejecutantes y
el productor del fonograma utilicen mecanismos de cobro distintos para hacer
efectivos los derechos conexos al derecho de autor de que son titulares.
En
consecuencia, declaró la exequibilidad del artículo 69 de
la Ley 44 de 1993, por los cargos analizados, pero condicionada a que se
entienda que “si los titulares de los derechos derivados de la
interpretación, ejecución o producción de fonogramas que se ejecutan
públicamente optan por no vincularse a una sociedad colectiva de gestión, el
pago se hará mediante el mecanismo se acuerde libremente, pero dentro del marco
de las normas legales vigentes.”
Como se puede observar la
Corte en la sentencia C-424 de 2005, se limitó a analizar la
constitucionalidad del artículo 69 de la
Ley 44 de 1993 por el cargo relativo a la violación del derecho de asociación,
razón por la cual no se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional
respecto de la demanda que en esta oportunidad ocupa la atención de la
Corporación.
2.3. Conformación de la proposición
jurídica completa
La Sala debe
proceder a integrar la unidad normativa completa con la totalidad del contenido
del artículo 69 demandado de la
Ley 44 de 1993, en la medida en que la demanda recae sobre un aparte de la
disposición legal, la conjunción “y”, que carece de un sentido regulador propio
y autónomo, o sea, que por  sí mismo no es inteligible y separable.
En estos casos, cuando el retiro del ordenamiento
jurídico del aparte demandado produce como efecto que la norma acusada pierda
sentido,  se está en presencia del fenómeno jurídico denominado por la
Corte proposición jurídica incompleta, definido en los siguientes términos:
“[…] la proposición jurídica incompleta
opera en aquellos casos excepcionales en que el actor no acusa una norma
autónoma, por lo cual ésta no puede ser estudiada, por carecer de sentido
propio.[34]”[35]
Así, cuando se observa que la expresión demandada aisladamente
considerada carece de un alcance regulador propio y autónomo que permita llevar
a cabo un examen de constitucionalidad, la
Corte puede proferir un fallo inhibitorio,[36] o extender el
examen al resto del entorno normativo que, con lo acusado, alcanza un sentido
inteligible e independiente.
Para la cabal comprensión de la conjunción “y”, es
necesario leer el texto completo del artículo cuestionado, puesto que sin esta
lectura integral, no es posible entender a qué se refiere, cuál es su alcance, ni
estudiar los cargos de la demanda.
Procederá entonces la
Sala a realizar el examen de constitucionalidad de la totalidad del artículo
69 de la Ley 44 de 1993, desde la perspectiva del cargo analizado.
3. Problema
jurídico
Corresponde a la
Corte determinar si el artículo 69 de la
Ley 44 de 1993, al prever la forma de distribuir la remuneración que
corresponde por la publicación de un fonograma con fines comerciales, o por su
reproducción para radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación al
público, discrimina de manera injustificada a los artistas intérpretes o
ejecutantes respecto del productor del fonograma, vulnerando el derecho a la
igualdad previsto en el artículo 13 de la
Constitución.
Para dar solución al problema jurídico
formulado la Corte procederá a recordar su jurisprudencia sobre la libertad de
configuración del legislador en materia de propiedad intelectual y sus derechos
conexos, así como sobre la protección que la
Constitución le otorga.
4. Libertad
de configuración del legislador en materia de propiedad intelectual y sus
derechos conexos
El
artículo 61 de la Constitución establece que el “Estado protegerá la
propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca
la ley.” Este mandato implica, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, que la propiedad intelectual y sus derechos conexos son
inalienables, tienen un carácter imperativo, y su protección, a cargo del
Estado, tendrá lugar por el tiempo y mediante las formalidades que establezca
la ley.[37]
Dentro
de este contexto, la Corte ha determinado que legislador goza de
una amplia libertad de configuración para determinar la manera como deben ser
protegidos los derechos de autor y los derechos conexos, siempre y cuando no
los desnaturalice a través de procedimientos que impidan su goce efectivo.[38]
Así, la manera de protegerlos, el diseño de los mecanismos adecuados y su
implementación, son potestad del legislador, quien debe tener como directrices
todos los postulados constitucionales y los instrumentos internacionales de los
cuales el Estado Colombiano es parte.
Así lo ha sostenido esta Corporación en diversas
oportunidades,[39]
por ejemplo, en la sentencia C-509 de 2004,[40] al declarar la
exequibilidad del literal c) del artículo 2 de la
Ley 232 de 1995,[41]
en el que se le exige a los establecimientos de comercio abiertos al público en
los que se ejecute públicamente obras musicales causantes de pago por derechos
de autor, los comprobantes de pago expedidos por la autoridad legalmente
reconocida, de acuerdo con la
Ley 23 de 1982, por el supuesto desconocimiento de los artículos 13 y 61 de la
Constitución.
Igualmente, en la sentencia C-833 de 2007,[42]
en la que esta Corte determinó la exequibilidad del artículo 27 de la
Ley 44 de 1993 por desconocimiento del principio de igualdad previsto en el
artículo 13 constitucional, al atribuir a las sociedades de gestión colectiva
la posibilidad de constituir una entidad recaudadora de los derechos de autor y
los derechos conexos, supuestamente en detrimento de quienes deciden adelantar
la gestión de sus derechos de manera individual o a través de otras formas
asociativas distintas a las sociedades de gestión colectiva.
Algunas de las disposiciones a través de las cuales el
Estado colombiano protege los derechos de autor y sus derechos conexos en sus diferentes
modalidades son: la Ley 23 de 1982 “Sobre derechos de autor”, la
Ley 44 de 1993 “por la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982
y se modifica la ley 29 de 1944, la
Decisión 351 de 1993 del Acuerdo de Cartagena,  la
Ley 565 de 2000 “Por medio de la cual se aprueba el "Tratado de la
OMPI -Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual- sobre Derechos de Autor(WCT)", adoptado en
Ginebra, el veinte (20) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996)”,
la Ley 1403 de 2010 “Por la cual se adiciona la
Ley 23 de 1982, sobre Derechos de Autor, se establece una remuneración por
comunicación pública a los artistas, intérpretes o ejecutantes de obras y
grabaciones audiovisuales o “Ley Fanny Mikey”, la Ley 1520 de 2012 “Por
medio de la cual se implementan compromisos adquiridos por virtud del
"Acuerdo de Promoción Comercial", suscrito entre la
República de Colombia y los Estados Unidos de América y su "Protocolo
Modificatorio, en el Marco de la
Política de Comercio Exterior e Integración Económica."
Por
medio de esta normatividad
el legislador, en desarrollo de su amplio margen de configuración, pretende garantizar
el reconocimiento de los derechos de autor y sus derechos conexos,  con el
objeto de que en la
práctica no sean víctimas de imposiciones arbitrarias o abusivas por parte de
quienes ejecutan, representan, exhiben, usan o explotan sus obras, desconociendo
lo que se les debe reconocer por tales conceptos.
En
este orden de ideas, es posible concluir que el régimen de
protección de los derechos de autor y de los derechos conexos se desenvuelve en
el ámbito de la ley, y que la Constitución no impone criterios rígidos,
ni modalidades específicas de protección, ni excluye la posibilidad de adoptar
determinados sistemas, sino que deja un amplio margen de configuración
legislativa sobre el particular. Además, en la medida en que la materia ha sido
desarrollada en una serie de tratados internacionales y que Colombia es parte
de algunos de ellos, es deber del Estado asegurar que la legislación interna
esté en armonía con las normas internacionales vinculantes en este ámbito.[43]
5.
La protección constitucional de la propiedad intelectual y de sus derechos
conexos
A partir de la previsión constitucional sobre
protección de la propiedad intelectual, prevista en el artículo 61 Superior, la
Corte ha precisado que  “[l]as creaciones del intelecto, y aquellas relacionadas
con su divulgación y difusión, en cuanto bienes inmateriales han sido
agrupadas, para efectos jurídicos, en los denominados derechos de propiedad
intelectual, los cuales, a su vez, comprenden los derechos de autor, los
derechos de propiedad industrial y los derechos sobre descubrimientos
científicos, así como otras formas y manifestaciones de la capacidad creadora
del individuo.”[44]
La propiedad intelectual comporta, entonces, aquella
disciplina normativa a través de la cual se busca proteger y asegurar las
creaciones intelectuales surgidas del esfuerzo, el trabajo o la destreza del
hombre, que en todos los casos son dignas de obtener el correspondiente
reconocimiento y salvaguarda jurídica. El concepto de propiedad intelectual,
abarca en un primer aspecto la propiedad industrial que se refiere
esencialmente a la protección de las invenciones, las marcas comerciales y de
fábrica, los diseños industriales, el nombre comercial, los modelos de
utilidad, la enseña; y en un segundo aspecto, el derecho de autor, que
comprende las obras literarias, científicas y artísticas, otorgando también la
debida protección a los artistas, intérpretes y ejecutantes, a quienes son
productores de fonogramas y a los propios organismos de radiodifusión respeto
de su emisión.
La
protección jurídica a los autores se manifiesta en dos tipos de derechos: los
derechos patrimoniales y los derechos morales. Los derechos patrimoniales se
refieren al derecho exclusivo de realizar o autorizar la reproducción de la
obra; la  traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación, de
la misma, y su comunicación al público mediante la representación, ejecución,
radiodifusión o por cualquier otro medio. Según lo señalan las definiciones de la
Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual -OMPI-, los derechos patrimoniales constituyen el
elemento pecuniario del derecho de autor, en cuanto “suponen, en general,
que, dentro de las limitaciones impuestas por la legislación de derecho de
autor, el titular del derecho de autor pueda hacer toda clase de utilizaciones
públicas de la obra previo abono de una remuneración.” En este sentido, lo
advierte la Corte, sobre los derechos patrimoniales “el titular tiene plena
capacidad de disposición, lo que hace que sean transferibles y por lo tanto
objeto eventual de una regulación especial que establezca las condiciones y
limitaciones para el ejercicio de la misma, con miras a su explotación
económica, (reproducción material de la obra, comunicación pública en forma no
material, transformación de la obra).”[45]
Los
derechos morales, a su vez,  comprenden, entre otros,  el derecho del autor a
reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, a que se
indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos de
comunicación pública de la misma; a oponerse a cualquier deformación,
mutilación o modificación de su obra que pueda ir en detrimento de su honor o
reputación; a conservar su obra inédita o anónima, o a modificarla, antes o
después de su publicación.[46]
Por
su parte, los derechos conexos a los de autor, conocidos también como derechos
vecinos o derechos afines, son aquellos que se conceden a los artistas
intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos
de radiodifusión en relación con sus actividades referentes a la utilización
pública de obras de autores, toda clase de representaciones de artistas o
transmisión al público de acontecimientos, información, sonidos o imágenes.[47]
Tienen, también, manifestaciones morales y patrimoniales.
A
través de los derechos conexos se protegen las actividades que concurren a la
difusión, más no a la creación de obras literarias o artísticas. En efecto, los
derechos conexos han sido impactados por el desarrollo tecnológico que al
permitir la reproducción mecánica de las obras y por ende su reproducción
masiva, puso al alcance de todos la posibilidad de disfrutar permanentemente
las obras artísticas cuya interpretación se caracterizaba por ser efímera,
puesto que cada presentación era esencialmente única e irrepetible. Así, “[e]l
fonógrafo de Thomas Alva Edison, el cinematógrafo de los hermanos Luis y
Augusto Lumiere y la Radio de Enrique Federico Hertz y de Guillermo Marconi
fueron, entre fines del siglo pasado y principios del presente, los puntos de partida
del desarrollo tecnológico que dio lugar al reconocimiento de los derechos
conexos.
Desde
esta perspectiva, la génesis de los derechos conexos presenta un marcado
paralelismo con el nacimiento del derecho de autor como consecuencia de la
invención de la imprenta de tipos móviles por Gutemberg, a mediados del XV, y
del descubrimiento del grabado. Así como estos permitieron la reproducción de
libros en grandes cantidades e hicieron posible que la utilización de la obra
escapara a la custodia de su autor, así el  fonógrafo, la cinematografía y la
radiodifusión hicieron factible la reproducción mecánica de las obras
musicales, literarias y dramáticas y su comunicación pública a auditorios
prácticamente ilimitados; la interpretación y la ejecución, que no podían
concebirse en forma separada de la persona del artista, a partir de ese
momento, se conservaron y difundieron con independencia de este.”[48]
Los
derechos conexos, han sido concebidos entonces como actividades “auxiliares de
la creación artística”,[49]
en la medida en que los artistas intérpretes o ejecutantes lleven las
composiciones musicales y las obras dramáticas al conocimiento del público a
través de su ejecución o interpretación; los productores de fonogramas aseguran
la permanencia de la interpretación de la obra a través de su fijación en un
soporte que permita su reproducción; y los organismos de radiodifusión o
cualquier otra forma de comunicación al público hacen desaparecer las
distancias que impedirían la percepción masiva de la obra por el público.
A
pesar que los derechos conexos están estrechamente relacionados con los
derechos de autor, su ejercicio y protección tienen un alcance diverso que no
puede ir en ningún caso en contravía de los derechos de autor, de conformidad
con el artículo 1 de la Convención de Roma sobre los Derechos de los Artistas
Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de
Radiodifusión (Ley 48 de 1975, “por medio de la cual se autoriza la adhesión
de Colombia los siguientes Instrumentos Internacionales: "Convenio
Universal sobre Derechos de Autor, sus protocolos I y II", revisada en
París el 24 de julio de 1971 y se aprueba la "Convención Internacional
sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores
de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión", hecha en Roma el 26 de
octubre de 1961”).[50]
6.
El derecho a la igualdad
El
derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la
Constitución, se traduce en la identidad de trato que debe darse a aquellas
personas que se encuentren en una misma situación de igualdad y en la
divergencia de trato respecto de las que presenten características diferentes.[51]
El legislador debe tratar con identidad a las personas que se encuentren en una
misma situación fáctica y dar un trato divergente a quienes se encuentren en
situaciones diversas.
El
anterior enunciado, no obstante, puede presentar variables que por sí mismas no
hacen que una norma sea discriminatoria. Así, el legislador puede dar un trato
distinto a personas que, respecto de un cierto factor, se encuentren en un
mismo plano de igualdad, pero que desde otra óptica fáctica o jurídica, sean en
realidad desiguales. Así mismo, la igualdad no excluye la posibilidad de que se
procure un tratamiento diferente para sujetos y hechos que se encuentren
cobijados bajo una misma hipótesis, pero siempre y cuando exista una razón
objetiva, suficiente y clara que lo justifique.[52]
De
este modo, no existe trato discriminatorio cuando el legislador otorga un
tratamiento diferente a situaciones que, en principio, podrían ser catalogadas
como iguales, si tal igualdad sólo es aparente o si existe una razón objetiva y
razonable que justifique el trato divergente. De la misma manera, nada se opone
a que el legislador prodigue un tratamiento idéntico a situaciones
aparentemente distintas, pero que respecto de cierto factor, se encuentren en
un mismo plano de igualdad.
Para
que se verifique un trato discriminatorio es necesario que esa diferenciación
plasmada por el legislador sea odiosa y no responda a principios de
razonabilidad y proporcionalidad.[53]
Sobre
este punto se ha pronunciado en múltiples oportunidades esta Corporación. Desde
sus inicios manifestó al respecto:
“Ese
principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad
de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el
concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el
concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el
cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y
prescribe diferente normación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se
autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. Se supera
también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad
matemática.”[54]
Para
determinar si una norma es o no violatoria del principio de igualdad y por tal
motivo resulta discriminatoria y en consecuencia debe ser retirada del
ordenamiento jurídico, la jurisprudencia constitucional ha admitido como
metodología válida la realización de un juicio de igualdad.[55] Dicho
juicio implica establecer cuáles son las situaciones o supuestos susceptibles
de comparación con el fin de determinar qué es lo igual que merece un trato
igual y qué es lo diferente que amerite un trato divergente. Una vez hecho lo
anterior, hay que verificar si ese tratamiento obedece o no a criterios
objetivos, razonables, proporcionados y que resulten acordes con una finalidad
constitucional legítima.[56]
7.
La norma demandada no prevé un tratamiento injustificado
7.1. Antecedentes y alcance del artículo
69 de la Ley 44 de 1993
El derecho a la propiedad intelectual
consagrado en el artículo 61 Superior,[57] que protege en
un sentido amplio la propiedad intelectual, dejando al legislador la facultad
de establecer las disposiciones específicas sobre el contenido de los derechos
materia de protección y sobre las formalidades para hacerlos efectivos, ha
tenido un amplio desarrollo normativo en distintos instrumentos internacionales
adoptados por Colombia.
En materia del régimen de derecho de
autor, entre los principales instrumentos internacionales que obligan al Estado
colombiano se pueden citar el Convenio de Berna para la
Protección de Obras Literarias y Artísticas (Ley 33 de 1987), el Convenio que
establece la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (Ley 46 de 1979), el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC (Ley 170
de 1994), y el Tratado de la
Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual sobre Derechos de Autor (Ley 565 de 2000).
En relación con los derechos conexos o
vecinos a los de autor, se encuentran la
Convención de Roma o Convención Internacional para la
Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de
Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (Ley 48 de 1975), el Convenio para
la Protección de los Productores de Fonogramas contra la
Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas (Ley 23 de 1992),
y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (Ley 545
de 1999).
Específicamente, el artículo 69 demandado
desarrolla los artículos 12 de la
Convención de Roma, incorporada al ordenamiento interno mediante la
Ley 48 de 1975, “Por medio de la cual se autoriza la adhesión de Colombia los
siguientes Instrumentos Internacionales: "Convenio Universal sobre
Derechos de Autor, sus protocolos I y II", revisada en París el 24 de
julio de 1971 y se aprueba la "Convención Internacional sobre la
Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de
Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión", hecha en Roma el 26 de
octubre de 1961”, y 15 del Tratado de la
OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas, incorporado al
ordenamiento interno por medio de la
Ley 545 de 1999, “Por medio de la cual se aprueba el
"Tratado de la OMPI -Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual- sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas
(WPPT)", adoptado en Ginebra el veinte (20) de diciembre de mil novecientos
noventa y seis (1996).”[58]
Si bien la jurisprudencia constitucional
ha señalado que los derechos conexos a los de autor en su componente
patrimonial no son fundamentales, y que en esa medida, sólo el componente
referido a los derechos morales hace parte del bloque de constitucionalidad
(artículo 93, CP) en los casos en que están contenidos en instrumentos
internacionales de contenido económico como los tratados de libre comercio, no
se puede desconocer que la
Corporación igualmente ha determinado que el Estado colombiano al suscribir
este tipo instrumentos adquiere el compromiso de asegurar que la legislación
interna esté en armonía con las normas que vinculan al Estado colombiano.[59]
De
conformidad con las normas citadas, el derecho de remuneración generado por la
comunicación pública de fonogramas, puede hacerse efectivo a través de tres (3)
modalidades: (i) reconocer el derecho únicamente a los artistas
intérpretes o ejecutantes; (ii) reconocer el derecho únicamente a los
productores de fonogramas; o (iii) reconocer el derecho a los artistas
intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas conjuntamente. La
constitucionalidad de esta norma fue analizada por la
Corte y declarada exequible mediante sentencia C-1139 de 2000.[60]
El Estado colombiano optó, a partir de la
adopción de la Ley 23 de 1982 artículos 173 y 174),[61]
por reconocer el derecho patrimonial de comunicación pública a los dos grupos
de titulares. De conformidad con esta normatividad, el utilizador del fonograma
estaba obligado a pagar la remuneración al productor del fonograma, quien a su
vez debía transferir la mitad de lo percibido a los artistas intérpretes o
ejecutantes, a menos que los dos grupos de titulares acordaran algo distinto.
Se reconocía, así el derecho de remuneración en partes iguales a los artistas
intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas.
El artículo 173 de la
Ley 23 de 1982 fue modificado por el artículo 69 de la
Ley 44 de 1993, ahora demandado, mientras que el artículo 174 fue derogado
expresamente por el artículo 70 de la
Ley 44 de 1993. Cabe precisar que la disposición que es objeto de análisis en
esta oportunidad, se orienta no a regular la comercialización que se hace de la
obra, sino la reproducción secundaria cobrando sentido la distribución del
derecho a la remuneración. La modificación al régimen de la remuneración por la
comunicación pública de fonogramas consistió en establecer que el pago debe
realizarlo el utilizador del fonograma a los artistas intérpretes o ejecutantes
y al productor del fonograma a través de sociedades de gestión colectiva, y no
exclusivamente al productor. En lo referente al destino de la remuneración se
preservó, en el sentido de destinarla en proporciones iguales a los artistas
intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas.
Esta norma desarrolla el ámbito de la
propiedad intelectual, denominado derechos conexos o afines de los artistas
intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas, relativos a la
explotación económica derivada de la divulgación del fonograma con fines
comerciales, es decir, de cualquier obra, constituida por sonidos, susceptible
de ser fijada en una base material que permita su percepción, reproducción y
comunicación.[62]
El artículo 69 regula el aspecto
patrimonial del derecho originado en la utilización secundaria de los
fonogramas, entendida como la comunicación pública y con fines de
lucro de las grabaciones de las interpretaciones de obras susceptibles de ser
fijadas por estos medios, como por ejemplo ocurre con la radiodifusión o
cualquier otra forma de comunicación al público de las interpretaciones
grabadas en los fonogramas (estaciones de radio), la utilización pública de
fonogramas en lugares públicos, y la retransmisión o la transmisión simultánea
de programas de radiodifusión por otros organismos de radiodifusión. Sólo se
aplica a las utilizaciones secundarias del fonograma porque la ley entiende que
una vez se llega a un acuerdo sobre la fijación de la interpretación, los
derechos exclusivos del artista intérprete o ejecutante son cedidos a favor del
productor fonográfico a efectos de garantizar el ejercicio pacífico de la
explotación comercial del fonograma, de conformidad con el artículo 168 de la
Ley 23 de 1982.[63]
La mayoría de términos que contiene la norma
demandada han sido definidos previamente por el legislador, dentro del marco
establecido por los convenios internacionales ratificados por Colombia. Así, el
artículo 8 de la Ley 23 de 1982[64]
define al “artista intérprete o ejecutante”, como el
autor, locutor, narrador, declamador, cantante, bailarín, músico o cualquier
otra que interprete o ejecute una obra literaria o artística; al “productor
de fonograma”
como la persona natural o jurídica que fija por primera vez los sonidos de una
ejecución, u otro sonido; entendiendo por “fonograma” la fijación, en
soporte material, de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos; y por “fijación”,
la incorporación de imágenes y/o sonidos sobre una base material
suficientemente permanente o estable para permitir su percepción, reproducción
o comunicación. Finalmente, define el término “organismo
de radiodifusión” como “la empresa de radio o televisión que trasmite
programas al público.”
Aunque todo intérprete es a la vez un ejecutante, la
doctrina en ocasiones emplea la expresión “artista intérprete” con
relación a artistas que actúan individualmente como los cantantes solistas, los
actores de obras teatrales y audiovisuales y los directores de orquesta; y el
término “artista ejecutante” para referirse a quienes participan  en la
ejecución colectiva de obras como los músicos integrantes de una orquesta,
conjunto musical o coro.[65]
Se debe reiterar que los derecho
conexos amparan ciertas manifestaciones que a pesar de no constituir una
creación literaria, artística o científica, están estrechamente relacionados
con la difusión de las obras, pues a través de las actividades que desarrollan
los artistas intérpretes o ejecutantes permiten su conocimiento por parte del
público, en tanto que los productores de fonogramas aseguran la permanencia de
la interpretación de la obra a través de la fijación de la misma en un soporte
apto para ser reproducido.
A pesar que la
Ley 23 de 1982, en su artículo 1, señala como titulares de derechos conexos a
los de autor, a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de
programas, y a los organismos de radiodifusión, la norma demandada sólo regula
los derechos conexos de naturaleza patrimonial derivados de la
divulgación del fonograma con fines comerciales de los artistas intérpretes o
ejecutantes y de los productores de fonogramas.
En este orden, el artículo 69 demandado reconoce en
relación con los artistas intérpretes o ejecutantes por concepto de la
divulgación o difusión pública de una obra fijada en un fonograma, una remuneración,
equitativa y única, que deberá ser pagada por el utilizador a través de las
sociedades de gestión colectiva, y distribuida por partes iguales a estas dos
categorías de titulares de derechos conexos.
7.2. Los cargos de la demanda
El demandante estructura el cargo de
inconstitucionalidad por violación del derecho a la igualdad (artículo 13, CP),
en tres afirmaciones: (i) otorga el mismo tratamiento a dos bloques, el
primero integrado por varias categorías: artistas, intérpretes y ejecutantes, y
el segundo, conformado sólo por los productores de fonogramas, puesto que cada
bloque recibe un cincuenta por ciento (50%) de lo recaudado, sin tener en
cuenta que mientras el productor fonográfico es uno sólo, el número de
ejecutantes o intérpretes, por lo general es mayor, lo que implica que éstos
últimos, cuando son más de uno, siempre recibirán un menor porcentaje que el
productor, desconociendo que lo que la norma prevé es que todos deben recibir
la misma remuneración; (ii) el aporte realizado por cada bloque es
distinto, y en el caso de los artistas, intérpretes y ejecutantes, tiene
carácter artístico y cultural, lo cual le imprime un sello único y personal al
sonido o interpretación fijada en el fonograma, mientras que en el caso del
productor del fonograma, su aporte es tecnológico, se refiere a la capacidad de
fijar los sonidos de la interpretación o ejecución en un soporte material,
distinguiendo entre unos y otros por la naturaleza del aporte que considera
artístico sólo en el primer caso; y (iii) la finalidad de la norma es otorgarle
“un plus al productor de un fonograma que se comunica al público.”
En relación con la primera afirmación, la
Sala encuentra que no existen cuatro (4) categorías de beneficiarios de
derechos conexos como el actor los identifica: artistas, intérpretes,
ejecutantes y productores fonográficos. Como ya se explicó, en la legislación
interna y los tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad se
evidencia la distinción entre dos categorías de titulares de derechos conexos,
no sólo en el desarrollo sustantivo de los derechos objeto de protección, sino
también a nivel de las definiciones que los mismos efectúan de los conceptos
que estiman más relevantes, entre los cuales se encuentra el de “Artistas
intérprete o ejecutante". En efecto, definen esta expresión como: “todo
actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel,
cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra
literaria o artística.”[66] O, “todos
los actores, cantantes, músicos, bailarines u otras personas que representen un
papel, canten, reciten, declamen, interpreten o ejecuten en cualquier forma
obras literarias o artísticas o expresiones del folclor.”[67] O, “[p]ersona
que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una
obra.”[68] En este
mismo sentido, incluso, la
Ley 23 de 1982, en su artículo 8, literal k, presenta la siguiente definición
del término “Artista intérprete o ejecutante": “el
actor, locutor, narrador, declamador, cantante, bailarín, músico o cualquier
otra que interprete o ejecute una obra literaria o artística.”[69]
Si bien, inicialmente, en la norma demandada se hace
referencia a que el utilizador abonará una remuneración equitativa y única
destinada a la vez a los “artistas, intérpretes o ejecutantes”,
separando con una coma los términos artistas e intérpretes, mientras que a
continuación cuando se refiere a la forma como será cancelada la remuneración,
emplea la expresión artistas intérpretes o ejecutantes (sin la coma que separa
la palabra artistas de intérpretes), la
Sala considera que no se trata de dos conceptos con alcance distinto, sino de
un error de técnica legislativa y que de acuerdo con las normas que integran el
bloque de constitucionalidad, dentro del cual se enmarcan los desarrollos
legislativos en nuestro país sobre la materia, la expresión que debe emplearse
es “artista intérprete o ejecutante”, conforme a lo explicado en el
apartado correspondiente a antecedentes de la disposición.
La segunda razón está relacionada con el hecho de que
el segundo bloque que el demandante considera conformado por una sola persona,
el productor fonográfico, no siempre es unipersonal, generalmente en la
fijación o grabación de las obras intervienen operadores, ingenieros de sonido
y directores de grabación, quienes trabajan para la obtención de un producto
final que sea competitivo en el mercado, pues el objeto de producir el
fonograma es su comercialización y divulgación pública. Lo que ocurre usualmente
en estos casos es que la persona jurídica o natural es quien asume la
responsabilidad contractual de realizar la grabación o fijación, sin que sea necesario
suscribir contratos adicionales con cada una de las personas que intervienen en
el proceso bajo su subordinación y dependencia.
Algo similar sucede con los artistas intérpretes o
ejecutantes, puesto que cuando son numerosos, como ocurre con una orquesta, o
un grupo musical, normalmente el director es quien asume la representación de
todos, tal y como lo dispone el artículo 170 de la
Ley 23 de 1982.[70]
La tercera razón, se fundamenta en que el actor
desconoce que gracias a los avances tecnológicos, no siempre las actividades
que se requieren para fijar una obra musical son realizados por personas
distintas, es decir, en muchas ocasiones el artista intérprete o ejecutante
puede ser el mismo productor fonográfico, como ocurre por ejemplo cuando un
cantante que posee su propio estudio de grabación decide fijar por primera vez
su interpretación de una canción determinada, y además se encarga él mismo de
la comercialización del fonograma y su divulgación. Incluso, si la letra y
música son de su autoría, confluiría en él la doble condición de titular de
derechos de autor y de derechos conexos. En la actualidad, no se requiere
necesariamente la intervención de una casa disquera para producir, divulgar y
comercializar un disco, se ha generalizado la existencia de artistas
independientes, quienes asumen directamente los distintos roles, componen,
interpretan, producen, difunden y comercializan sus propias obras, confluyendo
en una misma persona las diversas categorías de derechos susceptibles de
protección.
No es posible, entonces, inferir la existencia de un
bloque de titulares de derechos conexos integrado por varias categorías de
sujetos: artistas, intérpretes y ejecutantes, enfrentado a otro bloque
conformado por sólo una categoría, la de los productores de fonogramas, con el
alcance e implicaciones que él pretende derivar.
Sobre la segunda afirmación del actor, cabe
señalar que lo que la norma cuestionada pretende amparar es el derecho
patrimonial de los artistas intérpretes o ejecutantes como titulares de
derechos conexos en relación con las utilizaciones secundarias de las
grabaciones, es decir, la reproducción y la comunicación pública que no haya
sido objeto de estipulación contractual previa, y no sus derechos morales.
Igualmente, en el caso de los productores de fonogramas, lo que la norma prevé es
el derecho a percibir una remuneración por las utilizaciones secundarias del
fonograma, una vez ha sido publicado con fines comerciales.
La distinción que el actor plantea en
relación con el aporte de los artistas intérpretes o ejecutantes es relevante
en el ámbito de sus derechos morales, los cuales se concretan, esencialmente,
en dos derechos: (i) a que su nombre sea unido a su interpretación o
ejecución cuando es reproducida, y (ii) a que su interpretación sea
respetada con el objeto de tutelar el prestigio artístico del intérprete, pero
no en la esfera de sus derechos patrimoniales, que como ya se dijo, tienen por
objeto reconocer a los artistas los derechos relativos a la reproducción y a la
comunicación pública de aquellas interpretaciones o ejecuciones que no han sido
objeto de regulación contractual, porque usualmente cuando el artista acepta
participar en la interpretación o ejecución de obra, tal aceptación por sí
misma, implica la autorización para divulgarla.
De la misma manera, reconoce a los
productores de fonogramas derechos patrimoniales, más no morales, por las
utilizaciones secundarias de sus fonogramas.
En este sentido, cabe precisar que el
objeto de los derechos conexos no es reconocer la creación o aporte de los
artistas intérpretes o ejecutantes a la obra, sino las actividades que
convergen a la difusión de la obra. Efectivamente, la norma reconoce una
remuneración a sujetos que a través de actividades diversas hacen posible que
la obra sea conocida, pero que en estricto sentido no la transforman, no la
modifican, y por tanto, no implican creación, de otro modo, no se estaría en el
ámbito de los derechos conexos sino en el de los derechos de autor. Los
artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas adelantan
actividades vinculadas de manera conexa a la utilización de las obras
literarias y artísticas, de manera que la protección jurídica que se les otorga
está dada exclusivamente en función de su participación y aporte en el proceso
de difusión de tales obras.
Así, los derechos conexos de los artistas
intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas, se caracterizan,
en el primer caso, por llevar las obras al conocimiento público a través de su
ejecución o interpretación, y en el segundo, por asegurar la permanencia de la
interpretación de la obra a través de la fijación o grabación de la misma en un
soporte apto para ser reproducida, aportando los recursos económicos que se
requieren para grabar y promover la obra, bajo su cuenta y riesgo, constituyéndose
de esta manera ambas actividades, la de los artistas intérpretes o ejecutantes
y la de los productores de fonogramas en auxiliares de la creación, protegidas
por el legislador por el hecho de permitir la difusión de las obras.
Sobre la tercera afirmación cabe precisar
que el propósito de la norma es “corregir el trato discriminatorio e injusto”
en relación con los artistas intérpretes o ejecutantes, titulares fundamentales
de los derechos conexos junto con los productores de fonogramas y los
organismos de radiodifusión en relación con la imposibilidad de administrar,
recaudar y distribuir las percepciones económicas originadas en sus
interpretaciones y ejecuciones. Así se expresó en la ponencia para segundo
debate en el Senado de la
República, donde además se precisó que si “dichos titulares tienen el
derecho de asociarse, no tienen en la disposición que se modifica, la facultad
de administrar, recaudar y distribuir las percepciones económicas originadas en
sus interpretaciones y ejecuciones, lo cual no es justo ni equitativo. La
Constitución Política de Colombia en su artículo 38, consagra como un derecho
fundamental el de libre asociación para el desarrollo de las distintas
actividades que las personas realizan en sociedad, siendo innegable que no
basta la simple asociación, si no va aparejada con las atribuciones de recaudar
y repartir, requisitos básicos y necesarios para que se cancele plenamente el
derecho de los intérpretes o ejecutantes.”[71]
En consecuencia, encuentra la
Sala que la distinción entre artistas, intérpretes y ejecutantes, y la
protección de derechos conexos patrimoniales a partir de premisas propias de
los derechos de autor, en la medida en que la protección que de ellos se hace, no
deriva de la circunstancia que constituyan creación literaria, artística o
científica, sino de su estrecha relación con la difusión de las obras del
ingenio humano, y en esas condiciones, a partir de los términos de comparación
fijados por el actor, no es posible deducir que la norma prevea un tratamiento
similar injustificado que desconozca el derecho a la igualdad.
7.3. El artículo 69 de la
Ley 44 de 1993 no vulnera el derecho a la igualdad
La Sala debe establecer
entonces, si la norma demandada al regular la forma de
distribuir la remuneración que corresponde por la publicación de un fonograma
con fines comerciales, o por su reproducción para radiodifusión o para
cualquier otra forma de comunicación al público, discrimina de manera
injustificada a los artistas intérpretes o ejecutantes respecto del productor
del fonograma, vulnerando el derecho a la igualdad previsto en el artículo 13
de la Constitución.
En el presente caso la
Corte considera que se debe aplicar un test de razonabilidad leve por las
siguientes razones: (i) no emplea un criterio prohibido o
sospechoso como la edad, el sexo, las creencias, la filiación política, la
opinión política, u otros de naturaleza semejante o que han estado asociados
históricamente a condiciones discriminatorias, como tampoco se trata de
poblaciones que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, toda
vez que ella regula el reconocimiento de los derechos conexos de índole
patrimonial de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de
fonogramas en general; (ii) ni los unos ni los otros constituyen una minoría
aislada y vulnerable que justifique la aplicación de un test más fuerte; (iii)
los derechos conexos patrimoniales no son derechos fundamentales; y (iv) la
libertad de configuración del legislador en materia de propiedad intelectual y
sus derechos conexos como se vio en el numeral 4 de esta providencia es amplio,
dado que la Constitución no le impone criterios rígidos, ni modalidades
específicas de protección, ni excluye la posibilidad de adoptar determinados
sistemas.
Ahora bien, se debe destacar que dado el
ámbito en el cual se circunscribe la disposición, el de los derechos conexos
patrimoniales, el propósito de la norma se enmarca dentro de una finalidad
constitucionalmente legítima como lo es la protección de la propiedad
intelectual, en una de sus modalidades, los derechos conexos de naturaleza
patrimonial, de conformidad con el artículo 61 Superior y de los tratados
internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad.
A través de los derechos conexos,
categoría que surge con ocasión de los avances tecnológicos se protegen ciertas
actividades que si bien no constituyen una creación literaria, artística o
científica, contribuyen decisivamente a la difusión de las obras producto del
ingenio humano, como en efecto ocurre con los artistas intérpretes o
ejecutantes y los productores de fonogramas. En la medida en que la
reproducción mecánica de las obras permitió, por un lado, su difusión pública
de manera masiva y separada de la persona del artista, es decir, sin estar
limitados exclusivamente a la presentación personal ante un auditorio, y del
otro, la conservación indefinida de cualquier interpretación, dejando de lado
la vocación efímera que les era propia, el reconocimiento de este tipo de
derechos se hizo necesario.
No se trata de una medida prohibida por la
Constitución, por el contrario, la regulación de los derechos conexos es
factible en desarrollo del artículo 61 Superior, aspecto sobre el cual además,
el legislador goza de un amplio margen de configuración para la protección de
la propiedad intelectual o de las creaciones del intelecto humano y de sus
derechos conexos, máxime cuando se trata principalmente, como ocurre en el
presente caso, de adaptarse a los las constantes transformaciones que se
producen en el mercado y a la evolución de las tecnologías, concretamente los
nuevos mercados y métodos de utilización y divulgación de las obras, ámbito
dentro de la cual se encuentra el asunto específico que regula la norma
demandada.
El medio empleado es adecuado para
alcanzar el fin propuesto porque se inscribe dentro de un marco de derechos
esenciales que permite reconocer a los artistas intérpretes o
ejecutantes y a los productores de fonogramas, una remuneración equitativa
respecto de una misma situación específica: su contribución a la divulgación
del fonograma, más no a la creación de obras artísticas. En la medida en que las
actividades de unos y otros son indispensables para que se pueda hacer efectiva
la difusión y comercialización del fonograma, tiene sentido que la norma no
haga prevalecer la una sobre la otra. Sin interpretación no hay fonograma, y
sin fonograma no hay divulgación masiva, ni comercialización de tal
interpretación.
El pago de una remuneración que compensa
el aprovechamiento que se hace de las interpretaciones o ejecuciones
secundarias de los fonogramas no es desproporcionado, en tanto constituye un
reconocimiento tanto a los artistas intérpretes o ejecutantes como a los
productores de fonogramas, por aquellas actividades que a pesar de no ser
creaciones similares a las obras artísticas o literarias, permiten la
realización de la obra del autor y fijar los sonidos para su divulgación y comercialización,
sin que por ello instituya un privilegio, ni desconozca los derechos de unos y
otros. De esta manera, se garantiza a los titulares de derechos conexos
que seguirán siendo protegidos de forma adecuada y eficaz cuando las obras se
divulguen y comercialicen.
En conclusión, el artículo 69 demandado al
prever respecto de dos tipos de titulares de derechos conexos patrimoniales,
artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, frente a un
mismo aporte, su contribución a la divulgación o difusión de una obra, un
reconocimiento similar, no vulnera el derecho a la igualdad, en la medida en
que tal previsión es legítima, razonable y proporcionada, y además, respeta
los parámetros establecidos en las normas que hacen parte del bloque de
constitucionalidad, y que permiten a los Estados hacer efectivo el derecho de
remuneración generado por la comunicación pública de fonogramas, a través de
cualquiera de las tres modalidades en ellos previstas: (i) reconocer el
derecho únicamente a los artistas intérpretes o ejecutantes; (ii)
reconocer el derecho únicamente a los productores de fonogramas; o (iii)
reconocer el derecho a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los
productores de fonogramas conjuntamente.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional de la
República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLE por el cargo analizado, el
artículo 69 de la Ley  44 de 1993, “Por la cual se modifica y adiciona la
Ley 23 de 1982 y se modifica la
Ley 29 de 1944”.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y archívese el expediente.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Presidente
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Con
salvamento de voto
ALEXEI JULIO ESTRADA
Magistrado (E)
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] “ARTICULO 12 // [Utilizaciones secundarias de los
fonogramas] // Cuando un fonograma publicado con fines comerciales o una
reproducción de ese fonograma se utilicen directamente para la radiodifusión o
para cualquier otra forma de comunicación al público, el utilizador abonará una
remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes, o a
los productores de fonogramas, o a unos y otros. La legislación nacional podrá,
a falta de acuerdo entre ellos, determinar las condiciones en que se efectuará
la distribución de esa remuneración.”
[2] “Artículo 4.  Los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen que, en ejercicio de los derechos garantizados conforme al
presente Pacto por el Estado, éste podrá someter tales derechos únicamente a
limitaciones determinadas por ley, sólo en la medida compatible con la
naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar
general en una sociedad democrática.” El Pacto fue incorporado en el
ordenamiento interno mediante la Ley 74 de 1968, “por la cual se aprueban
los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de
Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último,
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en
Nueva York, el 16 de diciembre de 1966.”
[3] Convención de Roma, 1961. Convención internacional
sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores
de fonogramas y los organismos de radiodifusión. “ARTÍCULO 12 //
[Utilizaciones secundarias de los fonogramas] // Cuando un fonograma publicado
con fines comerciales o una reproducción de ese fonograma se utilicen
directamente para la radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación
al público, el utilizador abonará una remuneración equitativa y única a los
artistas intérpretes o ejecutantes, o a los productores de fonogramas, o a unos
y otros. La legislación nacional podrá, a falta de acuerdo entre ellos,
determinar las condiciones en que se efectuará la distribución de esa
remuneración.”
[4] Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y
Fonogramas, 1996. “Artículo 15 //  Derecho a remuneración por radiodifusión
y comunicación al público // (1) Los artistas intérpretes o ejecutantes y los
productores de fonogramas gozarán del derecho a una remuneración equitativa y
única por la utilización directa o indirecta para la radiodifusión o para
cualquier comunicación al público de los fonogramas publicados con fines
comerciales. // (2) Las Partes Contratantes pueden establecer en su legislación
nacional que la remuneración equitativa y única deba ser reclamada al usuario
por el artista intérprete o ejecutante o por el productor de un fonograma o por
ambos. Las Partes Contratantes pueden establecer legislación nacional que, en
ausencia de un acuerdo entre el artista intérprete o ejecutante y el productor del
fonograma, fije los términos en los que la remuneración equitativa y única será
compartida entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de
fonogramas. // (3) Toda Parte Contratante podrá, mediante una notificación
depositada en poder del Director General de la
OMPI, declarar que aplicará las disposiciones del párrafo 1) únicamente
respecto de ciertas utilizaciones o que limitará su aplicación de alguna otra
manera o que no aplicará ninguna de estas disposiciones. // (4) A los fines de
este Artículo, los fonogramas puestos a disposición del público, ya sea
por hilo o por medios inalámbricos de tal manera que los miembros del público
puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de
ellos elija, serán considerados como si se hubiesen publicado con fines
comerciales.”
[5] Decisión 351 de la
Comunidad Andina de Naciones. Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos
Conexos. “Artículo 37. Los productores de fonogramas tienen el derecho de:
// a) Autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus
fonogramas; // b) Impedir la importación de copias del fonograma, hechas sin la
autorización del titular; // c) Autorizar o prohibir la distribución pública
del original y de cada copia del mismo, mediante la venta, alquiler o cualquier
otro medio de distribución al público; y, // d) Percibir una remuneración por
cada utilización del fonograma o copias del mismo con fines comerciales, la que
podrá ser compartida con los artistas intérpretes o ejecutantes en los términos
que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.”
[6] Octavio Alberto Machado Mesa.
[7] Agrupa a los siguientes productores de fonogramas
domiciliados en Colombia: Compañía Colombiana de Discos, Codiscos S.A.; FM
Entretenimiento SAS; Universal Music SAS; Sony Music Entertainmente S.A.; EMI
Music Colombia S.A.; Balbao Record de Colombia S.A.; y Discos Fuentes Edimusica
S.A.
[8] MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. SPV. Clara Inés
Vargas Hernández.
[9] María Victoria Galeano Aristizabal.
[10] Guillermo Zea Hernández.
[11] Víctor M. Gutiérrez, Hermel Arturo Benítez
Tordecilla, Luís Arturo Piedrahita Rosero, Oswaldo Dueñas, Diana Serna, Álvaro
de Jesús Cabarcas, Veimar García López, José Fabio Higuita Yepes, Adolfredo
Arzuza Chico, Escilda del Carmen Merino Buelvas, Gustavo Cabrera y Edgard
Palacio.
[12] Veimar García López.
[13] La ciudadana María Victoria Galeano Aristizabal y la
Asociación para la Protección de los Derechos Intelectuales sobre Fonogramas y
Videogramas Musicales, APDIF.
[14] Sentencia C-447 de 1997 (MP. Alejandro Martínez
Caballero).
[15] Sentencia C-1052 de 2001 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa).
[16] “La claridad de la
demanda es un requisito indispensable para establecer la conducencia del
concepto de la violación, pues aunque “el carácter popular de la acción de
inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de
hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la
norma que acusa y el Estatuto Fundamental”, no lo excusa del deber de seguir un
hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el
contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa.” Ver
Sentencia C-1052 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[17] Que “sean ciertas significa que la demanda recaiga
sobre una proposición jurídica real y existente “y no simplemente [sobre una]
deducida por el actor, o implícita” e incluso sobre otras normas vigentes que,
en todo caso, no son el objeto concreto de la
demanda. Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone
la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un
contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; “esa
técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer
proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador,
para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto
normativo no se desprenden”.” Sentencia C-1052 de 2001 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa). También la Sentencia C-587 de 1995 (MP. José Gregorio
Hernández Galindo).
[18] “Las razones son específicas si definen con
claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la
Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un cargo
constitucional concreto contra la norma demandada.” El juicio de
constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente
existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el
texto de la
Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su
inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados,
indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan concreta y directamente
con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación
impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.”
Sentencias C-1052 de 2001  (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). Ver, además las
Sentencias C-447 de 1997 (MP. Alejandro Martínez Caballero) y C-898 de 2001
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[19] “La pertinencia también
es un elemento esencial de las razones que se exponen en la demanda de
inconstitucionalidad.  Esto quiere decir que el reproche formulado por el
peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la
apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al
precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que
se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o
aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que
“el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que
está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como
podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”;
tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma
demandada en un análisis de conveniencia, calificándola “de inocua,
innecesaria, o reiterativa”[19]
a partir de una valoración parcial de sus efectos.” Sentencia C-1052 de
2001  (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). Véanse también las Sentencias C-504 de
1995 y C-587 de 1995  (MP. José Gregorio Hernández Galindo); C-447 de 1997 (MP.
Alejandro Martínez Caballero) y C-100 de 2007  (MP. Álvaro Tafur Galvis).
[20] “La suficiencia que se predica de las razones de
la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la
exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios)
necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto
objeto de reproche; así, por ejemplo, cuando se estime que el trámite impuesto
por la Constitución para la expedición del acto demandado ha sido quebrantado,
se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su
vulneración (artículo 2 numeral 4 del Decreto 2067 de 1991), circunstancia que
supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la
Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las
pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante. Por otra parte, la
suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la
demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime
facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la
Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la
norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a
desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y
hace necesario un pronunciamiento por parte de la
Corte Constitucional.”  Ver: Sentencia C-1052 de 2001 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa).
[21] Sentencia C-913 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa).
[22] Sentencia C-022 de 1996 (MP. Carlos Gaviria Díaz).
También se pueden consultar, entre muchas otras, las siguientes sentencias:
C-1031 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil); C-176 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas
Hernández); C-1115 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil); C-1086 de 2008 (MP. Jaime
Córdoba Triviño); C-061 de 2010 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio);  y Auto 132
de 2008 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[23] En
concordancia con los artículos 46 y 48 de la
Ley 270 de 1996, “Estatutaria
de la administración de justicia, y el artículo 22 del Decreto 2067 de 1991, “Por el cual se dicta el régimen procedimental de los
juicios y actuaciones que deban surtirse ante la
Corte Constitucional”, según
los cuales las decisiones adoptadas por la
Corte en ejercicio del control de constitucionalidad son definitivas, de
obligatorio cumplimiento y con efectos erga omnes.
[24] Sentencia C-310 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[25] Sentencias C-774 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil.
AV. Manuel José Cepeda Espinosa); C-310 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil);
C-030 de 2003 (MP. Álvaro Tafur Galvis); C-820 de 2006 (MP. Marco Gerardo
Monroy Cabra); C-720 de 2007 (MP. MP. Catalina Botero Marino. AV. Catalina
Botero Marino); C-469 de 2008 (MP. Clara Inés Vargas Hernández. SV. Jaime
Araújo Rentería; AV. Jaime Córdoba Triviño).
[26] Sobre el alcance y significado de la cosa juzgada
material y formal, de un lado, y absoluta y relativa, de otro, pueden
consultarse, entre muchas otras, las sentencias C-774 de 2001 (MP. Rodrigo
Escobar Gil. AV. Manuel José Cepeda Espinosa); C-310 de 2002 (MP. Rodrigo
Escobar Gil); C-004 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett); C-039 de 2003
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa); C-1122 de 2004 (MP. Álvaro Tafur Galvis);
C-469 de 2008 (MP. Clara Inés Vargas Hernández. SV. Jaime Araújo Rentería; AV.
Jaime Córdoba Triviño); C-247 de 2009 (MP. Luís Ernesto Vargas Silva); y C-979
de 2010 (MP. Juan Carlos Henao Pérez. AV. Humberto Antonio Sierra Porto).
[27] Sentencias C-211 de 2003 (MP. Clara Inés Vargas
Hernández. AV. Jaime Araújo Rentería) y C-259 de 2008 (MP. Jaime Córdoba
Triviño. AV. Jaime Araújo Rentería), al recordar la sentencia C-310 de 2002
(MP. Rodrigo escobar Gil), la Corte precisó que el efecto de la cosa juzgada
material depende de si la norma es declarada inexequible o exequible. Adujo que
"si la norma enjuiciada
ha sido declarada inexequible y, en consecuencia, retirada del ordenamiento
jurídico, el efecto de la cosa juzgada material limita la competencia del
legislador, de manera que éste queda impedido para reproducir el contenido
normativo del acto mientras subsistan las disposiciones constitucionales que
dieron lugar al citado pronunciamiento", dándose de esta forma el estricto cumplimiento a la
orden contenida en el artículo 243 superior.  Ahora bien, si la disposición fue
declarada exequible, la cosa juzgada material, en principio, imposibilita al
juez constitucional para pronunciarse sobre la materia previamente resuelta,
esto, con el fin de garantizar a los administrados, principios como la
seguridad jurídica, la confianza legítima y la igualdad. Sin embargo,
excepcionalmente, el juez podría adelantar un nuevo juicio de
constitucionalidad sobre un texto normativo del cual ya hubo pronunciamiento,
si considera necesario precisar los valores y principios constitucionales y
aclarar o complementar el alcance y sentido de una institución jurídica.”
[28] “La regla general es que las sentencias que la
Corte Constitucional profiere hacen tránsito a cosa juzgada constitucional
absoluta, a menos que en ellas la
Corporación haya limitado los alcances de la misma, caso en el cual se está en
presencia de una cosa juzgada relativa. Tal y como lo ha dejado establecido la
propia jurisprudencia, “mientras la
Corte Constitucional no señale que los efectos de una determinada providencia
son de cosa juzgada relativa, se entenderá que las sentencias que profiera
hacen tránsito a cosa juzgada absoluta” [C-478 de 1998], de manera
que sobre las normas en ellas juzgadas no cabe un nuevo pronunciamiento.” Ver sentencia C-149 de 2009 (MP. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo. SV. Humberto Antonio Sierra Porto).
[29] Auto 174 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).
[30]  Ibídem.
[31] Sentencia C-720 de 2007 (MP. Catalina Botero Marino.
AV. Catalina Botero Marino).
[32] MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. SPV. Rodrigo Escobar
Gil.
[33] Mediante
la sentencia C-509 de 2004 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), la
Corte Constitucional declaró exequible,
condicionadamente, el literal c) del artículo 2 de la ley 232 de 1995, “por
la cual se dictaron normas para el funcionamiento de los establecimientos
comerciales.”  La norma prescribía que es obligatorio para el ejercicio del
comercio que los establecimientos abiertos al público reúnan los siguientes
requisitos: “c) Para aquellos establecimientos donde se ejecuten
públicamente obras musicales causante de pago por derechos de autor, se les
exigirá los comprobantes de pago expedidos por la autoridad legalmente
reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la
Ley 23 de 1982 y demás normas complementarias.” La
Corte determinó que la disposición era constitucional sobre la base de que se
entendiera que “también deberá exigirse el comprobante de pago en aquellos
casos en que los autores acojan formas de asociación distintas a la gestión
colectiva, o realicen sus reclamaciones en forma individual”. Sobre el
particular, la Corte precisó que “resultaba inconstitucional, por ser
desproporcionado, que se excluyera a los titulares de los derechos de autor y
conexos de la gestión individual de los mismos, permitiéndose que sólo las
sociedades colectivas de gestión expidieran los comprobantes de pago de los
derechos de ejecución a los establecimientos públicos que ejecutaren obras
musicales causantes de pago de derechos de autor.”
[34] Ver entre otras, las sentencia C-409 de 1994 (MP.
Hernando Herrera Vergara).
[35] Sentencias C-409 de 1994 (MP. Hernando Herrera
Vergara); C-320 de 1997 (MP. Alejandro Martínez Caballero); C-930 de 2009 (MP.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[36] En este sentido pueden verse, por ejemplo, las
Sentencia C-409 de 1994 (MP. Hernando Herrera Vergara) y C-503 de 2007 (MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra).
[37] Sentencias C-519 de 1999 (MP. José Gregorio Hernández
Galindo); C-509 de 2004 (MP. Eduardo Montealegre Lynett); C-833 de 2007 (MP.
Rodrigo Escobar Gil); C-523 de 2009 (MP. María Victoria Calle Correa); C-871 de
2010 (Luís Ernesto Vargas Silva).
[38] Sentencias C-509 de 2004 (MP. Eduardo Montealegre
Lynett);
[39] Sentencias C-519 de 1999 (MP. José Gregorio Hernández
Galindo); C-509 de 2004 (MP. Eduardo Montealegre Lynett); y C-833 de 2007 (MP.
Rodrigo Escobar Gil).
[40] MP. Eduardo Montealegre Lynett.
[41] “Por medio de la cual se dictan normas para el
funcionamiento de los establecimientos comerciales.”
[42] MP. Rodrigo Escobar Gil.
[43] Sentencia C-833 de 2007 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[44] Sentencia C-276 de 1996 (MP. Julio César Ortiz
Gutiérrez).
[45] Sentencia C-276 de 1996 (MP. Julio César Ortiz
Gutiérrez). También sentencias C-792 de 2002 (MP. Jaime Córdoba Triviño) y
C-975 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[46] Sentencias C-155 de 1998 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa.
SV. José Gregorio Hernández Galindo); C-1139 de 2000 (MP. Vladimiro naranjo
Mesa); C-053 de 2001 (MP. Cristina Pardo Schlesinger. AV. Martha Sáchica
Méndez); C-424 de 2005 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); C-523 de 2009; C-871
de 2010 (MP. Luís Ernesto Vargas Silva).
[47] Glosario de derecho de autor y derechos conexos,
OMPI, 1980, p. 168.
[48] Delia Lipszyc. Derechos de autor y derechos conexos.
Ediciones Unesco-Cerlalc-Zavalia, Buenos Aires, Argentina, 2001, p. 349.
[49] Ibídem., p. 358.
[50] “ARTÍCULO 1 // La protección prevista en la
presente Convención dejará intacta y no afectará en modo alguno a la protección
del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas. Por lo tanto
ninguna de las disposiciones de la presente Convención podrá interpretarse en
menoscabo de esa protección.”
[51] Sentencias C-461 de 1995 (MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz); y C-101 de 2003 MP. Jaime Córdoba Triviño), entre otras.
[52] Sentencias C-590 de 1995 (MP. Vladimiro Naranjo
Mesa).
[53] Ver, entre otras, las sentencias C-022 de 1996 (MP.
Carlos Gaviria Díaz); C-841 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa); y C-421
de 2006 (MP. Álvaro Tafur Galvis. AV. Jaime Araújo Rentería).
[54] Sentencia C-221 de 1992 (MP. Alejandro Martínez
Caballero).
[55] Sentencias C-040 de 1993 (MP. Ciro Angarita Barón);
C-410 de 1994 (MP. Carlos Gaviria Díaz); C-445 de 1995 (MP. Alejandro Martínez
Caballero); C-598 de 1997 (MP. Alejandro Martínez Caballero); C-022 de 1996
(MP. Carlos Gavira Díaz); C-507 de 1997 (MP.  Carlos Gaviria Díaz. SV. Eduardo
Cifuentes Muñoz); C-654 de 1997 (MP. Antonio Barrera Carbonell);  C-952 de 2000
(MP. Carlos Gaviria Díaz); C-1141 de 2000 (MP.  Eduardo Cifuentes Muñoz); C-093
de 2001 (MP. Alejandro Martínez Caballero); C-673 de 2001 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa. AV. Álvaro Tafur Galvis y AV. Jaime Araújo Rentería); C-1108
de 2001 (MP.  Marco Gerardo Monroy Cabra. SV. Rodrigo escobar Gil); C-1176 de
2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); C-1191 de 2001 (MP. Rodrigo Uprimny
Yepes); C-888 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. AV. Jaime Araújo
Rentería); C-973 de 2002 (MP. Álvaro Tafur Galvis. SPV. Manuel José Cepeda
Espinosa); C-043 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra);  C-475 de 2003 (MP.
Jaime Córdoba Triviño. AV. Jaime Araújo Rentería); C-1000 de 2004 (MP.  Manuel
José Cepeda Espinosa), C-180 de 2005 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto); C-992
de 2006 (MP. Álvaro Tafur Galvis);  C-187 de 2007 (MP.  Jaime Araújo Rentería);
C-1125 de 2008 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto. AV. Jaime Araújo Rentería);
C-748 de 2009 (MP. Rodrigo escobar Gil), C-055 de 2010 (MP. Juan Carlos Henao
Pérez); C-629 de 2011 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto. SV. Luís Ernesto
Vargas Silva y SV. Jorge Iván Palacio Palacio); C-883 de 2011 (MP. Luís Ernesto
Vargas Silva); C-198 de 2012 (MP. Nilson Pinilla Pinilla), entre otras.
[56] Sentencia C-022 de 1996 (MP. Carlos Gaviria Díaz).
[57] Constitución Política de Colombia. “ARTICULO 61.
El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las
formalidades que establezca la ley.”
[58] El artículo 12 de la
Convención de Roma, incorporada
al ordenamiento interno por la
Ley 48 de 1975, establece: “ARTÍCULO 12. Cuando un fonograma publicado con fines comerciales o una
reproducción de ese fonograma se utilicen directamente para la radiodifusión o
para cualquier otra forma de comunicación al público, el utilizador abonará una
remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes, o a
los productores de fonogramas, o a unos y otros. La legislación nacional podrá,
a falta de acuerdo entre ellos, determinar las condiciones en que se efectuará
la distribución de esa remuneración.”
El artículo 15 del Tratado de la
OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, incorporado al
ordenamiento interno por  la Ley 545 de 1999, consagra: “ARTÍCULO 15. DERECHO A REMUNERACIÓN POR RADIODIFUSIÓN
Y COMUNICACIÓN AL PÚBLICO. // 1. Los artistas intérpretes o ejecutantes y los
productores de fonogramas gozarán del derecho a una remuneración equitativa y
única por la utilización directa o indirecta para la radiodifusión o para
cualquier comunicación al público de los fonogramas publicados con fines
comerciales. // 2. Las Partes Contratantes pueden establecer en su legislación
nacional que la remuneración equitativa y única deba ser reclamada al usuario
por el artista intérprete o ejecutante o por el productor de un fonograma o por
ambos. Las Partes Contratantes pueden establecer legislación nacional que, en
ausencia de un acuerdo entre el artista intérprete o ejecutante y el productor
del fonograma, fije los términos en los que la remuneración equitativa y única
será compartida entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores
de fonogramas. // 3. Toda Parte Contratante podrá, mediante una notificación
depositada en poder del Director General de la
OMPI, declarar que aplicará las disposiciones del párrafo 1 únicamente respecto
de ciertas utilizaciones o que limitará su aplicación de alguna otra manera o
que no aplicará ninguna de estas disposiciones. // 4.
A los fines de este artículo, los fonogramas puestos a disposición del
público, ya sea por hilo o por medios inalámbricos de tal manera que los
miembros del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento
que cada uno de ellos elija, serán considerados como si se hubiesen publicado
con fines comerciales.”
[59] Sentencia C-1490 de 2000 (MP. Fabio Morón Díaz. AV.
Martha V. Sáchica Méndez). En esta providencia la
Corte reconoció como parte del bloque de constitucionalidad el componente de la
Decisión Andina 351 de 1993, expedida por la
Comisión del Acuerdo de Cartagena, referente a los derechos morales de autor,
dado su carácter de fundamentales. La
Corporación se pronunció en los siguientes términos: “Así las cosas, deberá ahora verificar la
Corte, si los tratados que en opinión de los demandantes son vulnerados por
las disposiciones impugnadas, regulan la materia de derechos humanos o prohíben
su limitación en estados de excepción, pues solo así de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 93 de la C.P., podría aceptarse que los mismos hacen
parte del bloque de constitucionalidad. // En
cuanto a la Decisión 351 de 1993, ésta fue expedida por la
Comisión del Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino, suscrito en Bogotá el 26 de
mayo de 1969 por los Plenipotenciarios de Colombia, Bolivia, Chile, el Ecuador,
y el Perú, Acuerdo que fue aprobado por el Congreso de nuestro país mediante la
Ley 8ª. de 14 de abril de 1973. //  Dicho
instrumento fue aprobado por el legislador colombiano e incorporado a nuestro
ordenamiento interno, con fundamento en lo dispuesto el artículo 76-18 de la
Constitución de 1886, por entonces vigente, que le atribuía al Congreso
Nacional, la función de “aprobar o improbar los tratados o convenios que el
gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional”,
por medio de los cuales, agregaba dicha norma, “... podrá el Estado obligarse
para que, sobre bases de igualdad y reciprocidad, sean creadas instituciones
supranacionales que tengan por objeto promover o consolidar la integración
económica con otros Estados”. // Sobre el objetivo del mismo, la doctrina
especializada coincide en catalogarlo como “...un instrumento de integración
económica multinacional, que exige una organización comunitaria, que articule
funcionalmente la economía de los países participantes en el proceso, por
impulso de los respectivos Estados, los organismos comunitarios, los
empresarios y los trabajadores de sus pueblos (...), que adquiere el perfil de
sujeto de derecho internacional público.” […] // Al
analizar el contenido de la Decisión 351 de 1993, se encuentra que la misma fue
expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en desarrollo del artículo
30 del mismo, lo que indica claramente, que se trata de una Decisión “...que
contiene programas de armonización y mecanismos de comercio”, dirigidos a
dinamizar el proceso de integración; en efecto, el artículo 30 del Acuerdo, que
se invoca como fundamento de la citada Decisión dice lo siguiente: // “Artículo
30. La Comisión, a propuesta de la Junta, acordará un programa de armonización
de los instrumentos y mecanismos de regulación del Comercio exterior de los
países miembros que será puesto en práctica por éstos antes del 31 de diciembre
de 1972. ...” // En cumplimiento de esa disposición, la
Junta expidió la Propuesta 261 que dio origen a la citada Decisión 351 de
1993, cuyos objetivos, según lo dispone el artículo 1º de la misma son los
siguientes: // “Artículo 1º. Las disposiciones de la presente Decisión tienen
por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y
demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo
literario, artístico y científico, cualquiera que sea el género o forma de
expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. Así
mismo, se protegen los Derechos Conexos a que hace referencia el Capítulo X de
la presente Decisión.” // Así las cosas, la
Decisión en comento, expedida en desarrollo del Acuerdo de Cartagena, que como
se anotó antes es un acuerdo de integración económica, tiene por objeto
armonizar instrumentos y mecanismos de regulación en comercio exterior
necesarios para impulsar el proceso de integración, específicamente en materia
de Derecho de Autor, lo que implica que regule de manera minuciosa tal derecho,
el cual presenta dos categorías: los derechos morales y los derechos
patrimoniales de autor; en esas circunstancias y atendiendo el carácter de
fundamental que la Corte le reconoció a los derechos morales de autor, se
produce la incorporación de la citada decisión al bloque de constitucionalidad,
dado que su materia, a la luz del artículo 93 de la
C.P. así lo impone. // “... los derechos morales de autor se consideran
derechos de rango fundamental, en cuanto la facultad creadora del hombre, la
posibilidad de expresar las ideas o sentimientos de forma particular, su
capacidad de invención, su ingenio y en general todas las formas de
manifestación del espíritu, son prerrogativas inherentes a la condicional
racional propia de la naturaleza humana, y a la dimensión libre que de ella se
deriva. Desconocer al hombre el derecho de autoría sobre el fruto de su propia creatividad,
la manifestación exclusiva de su espíritu o de su ingenio, es desconocer al
hombre su condición de individuo que piensa y que crea, y que expresa esta
racionalidad y creatividad como manifestación de su propia naturaleza, Por tal
razón, los derechos morales de autor, deben ser protegidos como derecho que
emana de la misma condición de hombre. Por su parte, los derechos patrimoniales
derivados de los derechos de autor, aunque no se consideran fundamentales,
merecen también la protección del Estado. (Corte Constitucional, Sentencia C155
de 1998, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).” Sobre el alcance de este pronunciamiento, la
Corte se manifestó posteriormente: “la sentencia C-1490 de 2000, MP Fabio Morón Díaz, Fundamento 3º,
consideró que la Decisión 351 de 1993, expedida por la
Comisión del Acuerdo de Cartagena, que contiene el Régimen Común sobre derecho
de autor y conexos, hacía parte del bloque de constitucionalidad, por cuanto
dicha norma regulaba los derechos morales de autor, que son derechos fundamentales.
Pero esa sentencia explicó que dicha integración al bloque de
constitucionalidad derivaba exclusivamente del hecho de que esa Decisión
regulaba los derechos morales de autor, que la
Carta reconoce como fundamentales. Pero esa misma sentencia reiteró que los
acuerdos de comercio o integración, como el que establece la
OMC, no hacían parte del bloque de constitucionalidad.” Ver: sentencia C-1118 de 2005 (MP. Clara Inés
Vargas Hernández).
[60] (MP. Vladimiro Naranjo Mesa). La
Corte en esta oportunidad realizó la revisión oficiosa de la “Ley 545 del
23 de diciembre de 1999, por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado de la
OMPI - Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas” concluido
en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, y decidió declarar exequibles la
Ley 545 del 23 de diciembre de 1999, y el contenido del ‘Tratado de la
OMPI - Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas”
concluido en Ginebra el 20 de diciembre de 1996.
[61] Ley 23 de 1982. “Sobre derechos de autor”.
“Artículo 173.- modificado por el artículo 69 de la
Ley 44 de 1993- Cuando un fonograma
publicado con fines comerciales, o una reproducción de ese fonograma, se
utilicen directamente para la radiodifusión o para cualquier otra forma de
comunicación al público, el utilizador abonará una remuneración equitativa y
única, destinada a la vez a los artistas intérpretes o ejecutantes y al
productor de fonograma, suma que será pagada por el utilizador al productor.”
“Artículo 174.- derogado expresamente por el artículo 70 de la
Ley 44 de 1993- La mitad de la
suma recibida por el productor, de acuerdo con el artículo anterior, será
pagada por éste a los artistas intérpretes o ejecutantes, o quienes los
representen, a menos que se convenga pagarles una suma superior.”
[62] En relación con la posibilidad de que los artistas
intérpretes o ejecutantes y el productor del fonograma utilicen mecanismos de
cobro distintos a las sociedades
colectivas de gestión para hacer efectivos los derechos conexos al derecho
de autor de que son titulares, se pueden consultar las sentencias C-509 de 2004
(MP. Eduardo Montealegre Lynett) y C-424 de 2005 (MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra).
[63] Modificado por el Artículo 1 de la
Ley 1403 de 2010, “Por la cual se adiciona la
Ley 23 de 1982, sobre Derechos de Autor, se establece una remuneración por
comunicación pública a los artistas, intérpretes o ejecutantes de obras y
grabaciones audiovisuales o “Ley Fanny Mikey”, cuyo texto dice: “ARTÍCULO
1o. Adiciónese el artículo 168 de la Ley 23 de 1982, el cual quedará así: // Artículo
168. Desde el momento en que los artistas, intérpretes o ejecutantes
autoricen la incorporación de su interpretación o ejecución en una fijación de
imagen o de imágenes y sonidos, no tendrán aplicación las disposiciones
contenidas en los apartes b) y c) del artículo 166 y c) del artículo 167
anteriores. // PARÁGRAFO 1o. Sin perjuicio de lo contemplado en el párrafo
anterior, los artistas intérpretes de obras y grabaciones audiovisuales
conservarán, en todo caso, el derecho a percibir una remuneración equitativa
por la comunicación pública, incluida la puesta a disposición y el alquiler
comercial al público, de las obras y grabaciones audiovisuales donde se encuentren
fijadas sus interpretaciones o ejecuciones. En ejercicio de este derecho no
podrán prohibir, alterar o suspender la producción o la normal explotación
comercial de la obra audiovisual por parte de su productor, utilizador o
causahabiente. // Este derecho de remuneración se hará efectivo a través de
las sociedades de gestión colectiva, constituidas y desarrolladas por los
artistas intérpretes de obras y grabaciones audiovisuales, conforme a las
normas vigentes sobre derechos de autor y derechos conexos.” Inciso
declarado condicionalmente exequible por la
Corte Constitucional mediante Sentencia C-912 de 2011 (MP. Mauricio González
Cuervo), el entendido que “los intérpretes o ejecutantes de obras o
grabaciones audiovisuales pueden hacer efectivo su derecho de remuneración
utilizando mecanismos de cobro distintos al de la sociedad de gestión
colectiva, incluyendo el cobro independiente o individual, dentro del marco de
las normas legales vigentes.”
[64] Ley 23 de 1982, “sobre derechos de autor”.
[65] Op. Cit., Delia Lipszyc. Derechos de autor y
derechos conexos. p. 376.
[66] Artículo 3 de la
Convención de Roma, incorporada al ordenamiento interno mediante la
Ley 45 de 1985, “Por medio de la cual se autoriza la
adhesión de Colombia los siguientes Instrumentos Internacionales:
"Convenio Universal sobre Derechos de Autor, sus protocolos I y II",
revisada en París el 24 de julio de 1971 y se aprueba la "Convención
Internacional sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes,
los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión", hecha en
Roma el 26 de octubre de 1961.”
[66]“Por medio de la cual se aprueba el "Tratado de la
OMPI -Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual- sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas
(WPPT)", adoptado en Ginebra el veinte (20) de diciembre de mil
novecientos noventa y seis (1996).”
[67] Artículo 2 del Tratado de la
Ompi sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, incorporado al
ordenamiento interno mediante la Ley 545 de 1999, “Por medio de la cual se
aprueba el "Tratado de la OMPI -Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual- sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas
(WPPT)", adoptado en Ginebra el veinte (20) de diciembre de mil
novecientos noventa y seis (1996).”
[68] Artículo 3 de la
Decisión Andina 351 de 1993.
[69] “Artículo  8º.-  Modificado
por el art. 2, Ley 1520 de 2012.  Para los efectos de la presente Ley se
entiende por: // […] // K. Artista intérprete o ejecutante: el autor, locutor,
narrador, declamador, cantante, bailarín, músico o cualquier otra que
interprete o ejecute una obra literaria o artística; // […].”
[70] El
artículo 170 de la Ley 23 de 1982 establece: “Cuando varios artistas,
intérpretes o ejecutantes participen en una misma ejecución, se entenderá que
el consentimiento previsto en los artículos, anteriores será dado por el
representante legal del grupo, si lo tuviere, o en su defecto, por el director
del grupo.”
[71] Anales del Congreso No. 136 del 3 de noviembre de
1992, p. 6.