T-679-10
Sentencia T-679/10
Sentencia T-679/10
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia general/ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales generales y especiales de
procedibilidad
PROCESO
EJECUTIVO HIPOTECARIO-Obligación de terminar procesos ejecutivos que se
encontraban en curso a diciembre 31 de 1999, con titulo hipotecario a partir de
crédito UPAC
DERECHO A LA
IGUALDAD EN MATERIA JUDICIAL-Para su aplicación concreta autoridades deben
otorgar idéntica protección, trato y definición a quienes se encuentren en
similares situaciones de hecho como condición sine qua non
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESOS EJECUTIVOS
HIPOTECARIOS-Procedencia por cuanto se vulnero derecho a la igualdad,
debido proceso y vivienda digna al no dar por terminado proceso hipotecario cuando
se cumplían los dos requisitos exigidos para su terminación
Referencia: expediente
T-2637143.
Acción de tutela instaurada por
Jairo Arturo Gómez Piedrahíta y María Cristina Córdoba Díaz, contra el Juzgado
Primero Civil del Circuito de Bogotá.
Procedencia:
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil.
Magistrado Ponente:
Dr. NILSON
PINILLA PINILLA.
Bogotá, D. C.,
dos (2) de septiembre de dos mil diez (2010).
La Sala Sexta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Nilson
Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Humberto Antonio Sierra Porto,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
en la revisión del
fallo proferido en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, en marzo 19 de 2010, dentro de la acción de tutela instaurada
por Jairo Arturo Gómez Piedrahíta y María Cristina Córdoba Díaz, contra el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá.
El expediente llegó a la Corte
Constitucional por remisión que hizo la mencionada Sala, en virtud de lo
ordenado por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección Nº 5
de la Corte, en auto de mayo 13 de 2010, eligió el asunto de la referencia para
su revisión.
I.
ANTECEDENTES.
Los señores Jairo
Arturo Gómez Piedrahíta y María Cristina Córdoba Díaz instauraron acción de
tutela contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, aduciendo
vulneración de sus derechos a la defensa, a la vivienda digna, al debido
proceso y a la prevalencia del derecho sustancial, por los hechos que a continuación son resumidos.
A.     Hechos
y relato contenido en la demanda.
1.  Señalaron los accionantes
que mediante escritura pública de compraventa N° 2085 de junio 3 de 1996
adquirieron el apartamento 103, junto con los garajes 1, 2 y 3 y el depósito 1
del Edificio El Tapial, ubicado en la carrera 23 N° 106-29 de Bogotá, con
constitución de hipoteca de primer grado por crédito de financiación para su
adquisición a favor de la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda Conavi, hoy
Bancolombia.
2.  Mediante escritura pública
N° 4184 de noviembre 8 de 1996, constituyeron hipoteca de segundo grado a favor
de Luis Emilio Castro Flórez, quien inició proceso hipotecario en contra de los
actores en abril 24 de 1998, correspondiendo por reparto al Juzgado Primero
Civil del Circuito de Bogotá, radicado bajo el N° 0179-1998. De otra parte, en
noviembre 24 de 1998 Conavi, hoy Bancolombia, como acreedor en primer grado,
promovió proceso hipotecario en contra de los actores, que por reparto
correspondió al Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá.
3.  Por auto de marzo 24 de
2000, el proceso promovido por Bancolombia fue acumulado a aquél iniciado en el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, quedando ambos radicados bajo el
N° 0179-1998.
4.  Los actores manifestaron que
la “ejecución de BANCOLOMBIA S.A. versa sobre un crédito destinado a la
financiación de vivienda, otorgado en UPAC, habiéndose librado mandamiento de
pago en dicha Unidad” (f. 26 ib.).
5.  El “crédito fue
reliquidado del sistema UPAC a su conversión UVR por la entidad financiera ejecutante”,
lo cual fue aprobado por el Juzgado ahora demandado, mediante auto de junio 12
de 2006 (f. 27 ib.).
6.  En diciembre 10 de 2008, los
actores radicaron memorial ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Bogotá, formulando “incidente de nulidad de todo lo actuado con
posterioridad al 31 de diciembre de 1999, incluyendo el auto de mandamiento de
pago”, con fundamento en el “parágrafo tercero del artículo 42 de la Ley
546 de 1999, que estipula que todo proceso iniciado con anterioridad al 31 de
diciembre de 1999, siempre que el crédito se encuentre reliquidado, debe darse
por terminado” (f. 27 ib.).
7.   El juzgado accionado,
mediante auto de septiembre 9 de 2009, “aprobó el avalúo de los inmuebles
presentado por la parte ejecutante”, declaró infundada la objeción por
error grave presentada por los actores y fijó fecha para remate (f. 27 ib.),
sin resolver la nulidad propuesta.
8.  En septiembre 18 de 2009
interpusieron reposición, contra la providencia de septiembre 9 del mismo año,
solicitando “que previamente a resolver cualquier solicitud sobre impulso
procesal o señalamiento de fecha para remate, se resuelva el incidente de
nulidad, a fin de precaver el derecho de defensa… y se de por terminado el
presente proceso hipotecario” (f. 27 ib.).
9.   En diciembre 14 de 2009, el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá negó la nulidad propuesta por los
peticionarios en diciembre 10 de 2008, “sin referirse a la concurrencia de
los requisitos que obligan al Juzgado a ordenar la terminación y el archivo del
proceso” (f. 28 ib.), omitiendo así lo dispuesto en la Ley 546 de 1999. En
providencia de la misma fecha, dicho Juzgado declaró infundada la objeción por
error grave respecto del avalúo de los inmuebles, y fijó fecha y hora para
llevar a efecto la diligencia de remate.
10.
Así, solicitaron ordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito de
Bogotá, que transitoriamente “suspenda en forma inmediata el Proceso
Hipotecario con Radicación N° 0179-1998 y la diligencia de remate programada”
y de por “terminado el Proceso Hipotecario, en cuanto a la entidad
financiera ejecutante, y disponga el archivo de la actuación” (f. 33 ib.).
B. Documentos relevantes cuya
copia obra dentro del expediente.
1. Providencia dictada por el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, de junio 12 de 2006, en la que se
declaró no probada la objeción del crédito, presentada por la parte demandada a
la liquidación allegada por el apoderado de la parte demandante (Conavi, hoy
Bancolombia) (fs. 1 a 7 ib.).
2. Escrito presentado por la
parte demandada en diciembre 10 de 2008, mediante el cual se formula “INCIDENTE
DE NULIDAD DE TODO LO ACTUADO CON POSTERIORIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999,
INCLUYENDO EL AUTO DE MANDAMINETO DE PAGO, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 42 de la Ley 546 de 1999” (fs. 8 a 11 ib.).
3. Auto de diciembre 9 de 2009
proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, mediante el cual
se resolvió declarar infundada la objeción por error grave propuesta por los
demandados; se aprobó el avalúo de los inmuebles y se ordenó fecha para remate
de los inmuebles (fs. 12 a 15 ib.).
4. Escrito de septiembre 16 de
2009, mediante el cual los señores Arturo Gómez Piedrahíta y María Cristina
Córdoba Díaz interpusieron “RECURSO DE REPOSICIÓN” contra el auto que dispuso
declarar no probada la objeción y señalar fecha para remate (fs. 16 a 18 ib.).
5. Auto de diciembre 14 de 2009,
dictado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, en el que se
resuelve la solicitud de nulidad presentada en diciembre 10 de 2008, por los
allá demandados  (fs. 19 a 21 ib.).
6. Auto de diciembre 14 de 2009,
proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, por el cual se
negó el recurso de reposición “contra el auto de nueve (9) de septiembre del
presente año, mediante el cual se declaró infundada la objeción por error
grave” (fs. 22 a 24 ib.).
D. Respuesta del Juzgado
Primero Civil del Circuito de Bogotá.
El Juez Primero Civil del
Circuito de Bogotá, mediante oficio de febrero 4 de 2010, precisó que “todas
las peticiones de los accionantes dentro del presente proceso han sido
resueltas, incluyendo la terminación del proceso por aplicación de la Ley 546
de 1999, solicitud que ha sido formulada por variados medios incluyendo
incidentes de nulidad”; agregó que “se dictó sentencia dentro de los dos
(2) procesos ejecutivos hipotecarios acumulados, y mas específicamente dentro
de la demanda promovida por CONAVI S.A., hoy BANCOLOMBIA S. A.” (f. 43
ib.).
Añadió que la “liquidación del
crédito ya fue aprobada, por cuanto fue presentada siguiendo los lineamientos
de la Corte Constitucional, incluso fue motivo de recurso de reposición” formulado
por los demandantes (f. 43 ib.).
De otra parte, “el último
incidente de nulidad, a través del cual se solicitó la terminación del presente
proceso” fue resuelto mediante auto de diciembre 14 de 2009, “sin que haya
sido recurrido por los aquí accionantes”, quienes “no pueden
pretender una acción de este linaje por tratarse de un medio exceptivo y no
ordinario. Es más, el auto que fijó fecha para la diligencia de remate tampoco
fue objeto de recurso alguno, con lo cual se cerró la posibilidad de incoar el
amparo constitucional que nos ocupa” (f. 43 ib.).
Agregó que a lo largo de
todo el proceso se han observado “a plenitud los derechos de los
accionantes, sin que exista una vía de hecho” (f. 43 ib.).
Finalizó señalando que no tendría
sentido terminar el proceso hipotecario sin haber existido pago de la
obligación, con lo cual el acreedor no tendría otro camino que “volver a
demandar la satisfacción de su derecho, lo cual implica volver a demandar y
adelantar un proceso, todo lo cual se puede lograr continuando con el
desarrollo del proceso, y eso si, obligando al acreedor a efectuar la
reliquidación de crédito dispuesta por la Ley 546 de 1999” (fs. 43 y 44
ib.) de esa manera pidió negar el amparo solicitado.
E. Omisiones del
señor Luis Emilio Castro Flórez y de Bancolombia S. A.
El señor Luis
Emilio Castro Flórez y Bancolombia S. A. fueron vinculados a la acción de
tutela y notificados de la admisión de la misma (fs. 37 a 40 ib.), sin embargo,
no emitieron pronunciamiento alguno.
F. Sentencia de primera
instancia.
El Tribunal Superior de Bogotá,
Sala Civil, negó la tutela mediante providencia de febrero 10 de 2010, al estimar
que la parte actora no agotó la oportunidad “consagrada en la ley adjetiva y
con los recursos ordinarios de reposición y apelación”, frente al
auto de diciembre 14 de 2009, “mediante el cual se le negó prosperidad
al incidente de nulidad invocado con apoyo en el artículo 42 de la ley 546 de 1999”
(fs. 9 a 11 cd. nulidad), “determinación que quedó en firme, como se constata
del examen del expediente contentivo del proceso hipotecario y se reafirma con
el informe del juez accionado”.
Además, precisó que la acción de
tutela no está encaminada a “suplir la abulia y apatía de las partes y que
se traduzca en la pérdida de oportunidades procesales. Este no es un
instrumento previsto en el ordenamiento jurídico para eludir los efectos
legales, ni aún invocándola como mecanismo transitorio” (f. 59 ib.).
G. Impugnación
Los
actores impugnaron en febrero 15 de 2010 pidiendo, con argumentos similares a los
de la demanda, revocar el fallo de tutela y solicitando específicamente ordenar
al Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, “como mecanismo
transitorio y para evitar la transgresión al debido proceso y a la causación de
un perjuicio irremediable, termine el proceso hipotecario con radicación N°
0179-1998, en cuanto a la entidad financiera ejecutante, y disponer el archivo
de la actuación” (f. 69 ib.).
H. Sentencia de segunda instancia.
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
mediante sentencia de marzo 19 de 2010, confirmó el fallo de primera instancia,
al considerar “que los accionantes, a través del presente mecanismo
preferente y sumario, deprecan en verdad es la conclusión del juicio que la
entidad bancaria promovió, apoyada, según su sentir, en que se trata de un
crédito para la adquisición de vivienda tomado antes del 31 de diciembre de
1999, adviértase, distinto a la solicitud de nulidad que fue planteada con
similares fundamentos de facto y jurídicos; sin embargo, tal súplica fue hecha
de manera directa a la autoridad judicial en sede constitucional, cuando tal
pedimento podría hacerlo, previamente, ante el funcionario que conoce del
asunto, a efecto de conocer su particular forma de pensar sobre el tema, decisión
que bien puede ser favorable o adversa” (f. 10 cd. 2).
Ese procedimiento debió agotarse primero, “porque al
juez constitucional no le es dable inmiscuirse en la facultad propia del
fallador de instancia, por ser a quien le corresponde, dentro de la órbita de
su competencia, aplicar la hermenéutica del caso para desatar la controversia
planteada” (f. 10 ib.).
I. Actuación cumplida
en sede de revisión.
1.
Por medio de auto de julio 14 de 2010, el Magistrado sustanciador
dispuso oficiar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, para que
precisara si el proceso hipotecario bajo radicación N° 0179-1998, iniciado por
Conavi, hoy Bancolombia, con acumulación del seguido por Luis Emilio Castro
Flórez contra Jairo Arturo Gómez Piedrahíta y María Cristina Córdoba Díaz, había
culminado con el remate y adjudicación de los inmuebles.
2.
Mediante comunicación de julio 21 de 2010, el citado Juzgado señaló que
en el proceso bajo radicación N° 0179-1998 “se declaró desierta la
diligencia de remate en acta de fecha 11 de Junio de 2010 y a la fecha el
proceso ingresó al Despacho el 19 de Julio de 2010 para aprobar la
reliquidación del crédito, con solicitud de ajudicación de los inmuebles
identificados con los folios de M.I. 50N-20044744, 50N-20044701, 50N-20044703,
50N-20044704 y 50N-20044702 y solicitud de trámite a nulidad del apoderado de
los demandados”.
3.
En auto de julio 30 de 2010, la Sala Sexta de Revisión ordenó al Juzgado
Primero Civil del Circuito de Bogotá suspender provisionalmente, hasta tanto se
dictara sentencia de fondo, “la diligencia de remate de los inmuebles
identificados con las matrículas inmobiliarias 50N-20044744, 50N-20044701,
50N-20044702, 50N-20044703 y 50N-20044704”, dentro del proceso ejecutivo
bajo radicación N° 0179-1998, promovido por Conavi, hoy Bancolombia, con
acumulación del seguido por Luis Emilio Castro Flórez contra Jairo Arturo Gómez
Piedrahíta y María Cristina Córdoba Díaz.
II. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera. Competencia.
Corresponde a la Corte
Constitucional analizar en Sala de Revisión, el fallo proferido dentro de la
acción de tutela en referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Segunda. Lo que se debate.
Corresponde a esta Sala
de Revisión analizar y determinar si el Juzgado accionado incurrió en vía
de hecho, con vulneración de los derechos
fundamentales de los ahora demandantes a la
defensa, la vivienda digna, el debido proceso y la prevalencia del derecho
sustancial, al no haber terminado el
proceso ejecutivo con título hipotecario
basado en un crédito UPAC, iniciado en noviembre 24 de 1998 por Conavi, hoy
Bancolombia, contra Jairo Arturo Gómez
Piedrahíta y María Cristina Córdoba Díaz.
Tercera. Por regla
general, la acción de tutela no procede contra decisiones judiciales.
Como es bien
sabido, mediante sentencia C-543 de octubre 1° de 1992, M. P. José Gregorio
Hernández Galindo, la Corte declaró la inexequibilidad del artículo 40 del
Decreto 2591 de 1991 (también, desde otro enfoque, fueron entonces excluidos
del ordenamiento jurídico los artículos 11 y 12 ibídem), norma que
establecía reglas relacionadas con el trámite de acciones de tutela contra
determinaciones judiciales que pongan fin a un proceso, cuya
inconstitucionalidad derivó de afirmarse la improcedencia del amparo contra tal
clase de providencias, salvo si se trata de una ostensible y grave “actuación
de hecho”, perpetrada por el propio funcionario judicial.
Entre otras
razones, se estimó inviable el especial amparo constitucional ante
diligenciamientos reglados dentro de los cuales están previstos, al interior
del respectivo proceso, mecanismos de protección de garantías fundamentales.
Al respecto,
al estudiar el asunto frente al tema del “principio democrático de la
autonomía funcional del juez”, reconocido expresamente en la Constitución
Política, esta corporación determinó que el juez de tutela no puede extender su
actuación para resolver la cuestión litigiosa, obstaculizar el ejercicio de
diligencias ordenadas por el juez ordinario, ni modificar sus providencias, o
cambiar las formas propias de cada juicio, lo cual sí violaría gravemente los
principios constitucionales del debido proceso[1].
En el referido
pronunciamiento se expuso (en el texto original sólo está en negrilla “de
hecho”, del primer párrafo que se cita):
“Ahora
bien, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no
cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la
función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los
particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de
la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen
derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra
sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la
tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la
adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con
diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales
la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al
funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela
pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es
puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez
ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto
2591 de 1991). En hipótesis como éstas no puede hablarse de atentado alguno
contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad
los fines que persigue la justicia.
Pero, en
cambio, no está dentro de las atribuciones del juez de tutela la de inmiscuirse
en el trámite de un proceso judicial en curso, adoptando decisiones paralelas a
las que cumple, en ejercicio de su función, quien lo conduce, ya que tal
posibilidad está excluida de plano en los conceptos de autonomía e
independencia funcionales (artículos 228 y 230 de la Carta), a los cuales ya se
ha hecho referencia.
De ningún
modo es admisible, entonces, que quien resuelve sobre la tutela extienda su
poder de decisión hasta el extremo de resolver sobre la cuestión litigiosa que
se debate en un proceso, o en relación con el derecho que allí se controvierte.
No puede,
por tanto, proferir resoluciones o mandatos que interfieran u obstaculicen
diligencias judiciales ya ordenadas por el juez de conocimiento, ni
modificar providencias por él dictadas, no solamente por cuanto ello
representaría una invasión en la órbita autónoma del juzgador y en la independencia
y desconcentración que caracterizan a la administración de justicia (artículo 228
C.N.), sino porque, al cambiar inopinadamente las reglas predeterminadas por la
ley en cuanto a las formas propias de cada juicio (artículo 29 C.N.),
quebrantaría abierta y gravemente los principios constitucionales del debido
proceso. Lo anterior sin tener en cuenta la ostensible falta de
competencia que podría acarrear la nulidad de los actos y diligencias producidos
como consecuencia de la decisión con los consiguientes perjuicios para las
partes, la indebida prolongación de los procesos y la congestión que, de
extenderse, ocasionaría esta práctica en los despachos judiciales.
De las
razones anteriores concluye la Corte que no procede la acción de tutela
contra ninguna providencia judicial, con la única salvedad del perjuicio
irremediable, desde luego aplicada en este evento como mecanismo transitorio
supeditado a la decisión definitiva que adopte el juez competente.”
Las razones
tenidas en cuenta para apoyar esta posición jurisprudencial se encuentran
consolidadas, con la fortaleza inamovible erigida por lo dispuesto en el inciso
1º del artículo 243 superior, a partir de
la declaratoria de inexequibilidad de los removidos artículos del Decreto 2591
de 1991, como quiera que la parte resolutiva de dicha sentencia está protegida
por la garantía de la cosa juzgada constitucional, luego es de obligatoria
observancia.
En sustento de esa decisión, entre otras
consideraciones convergentemente definitorias, además se plasmó lo siguiente
(sólo están en negrilla en el texto original las expresiones “alternativo”,
“último” y “único”):
“La acción de tutela no es, por tanto, un medio
alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin
propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de
protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos
que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena
protección de sus derechos esenciales.
Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha
tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se
ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse adicional al
trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la
Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra
posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya culminado en un
pronunciamiento definitorio del derecho. Bien puede afirmarse que,
tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el
medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus
remotos orígenes.”
En relación con el mismo asunto, y
particularmente sobre el cumplimiento por parte del proceso de una “función garantizadora
del derecho”, agregó (no está en negrilla en el texto original):
“Así, pues, no corresponde a las reglas
de hermenéutica ni se compadece con los principios de la lógica asumir que el
Constituyente de 1991 consagró la acción de tutela como medio  de defensa contra
los resultados de los procesos que él mismo hizo indispensables en el artículo
29 de la Constitución para asegurar los derechos de todas las personas.
Debe entenderse, por el contrario, como lo ha entendido desde su instauración
el constitucionalismo, que los procesos han sido instituidos en guarda de la
justicia y la equidad, con el propósito de asegurar a los gobernados que el
Estado únicamente resolverá las controversias que entre ellos se susciten
dentro de límites clara y anticipadamente establecidos por la ley, con el
objeto de evitar los atropellos y las resoluciones arbitrarias, desde luego
dentro de la razonable concepción, hoy acogida en el artículo 228 de la Carta,
sobre prevalencia del derecho sustancial, cuyo sentido no consiste en eliminar
los procesos sino en impedir que el exagerado culto a las ritualidades
desconozca el contenido esencial y la teleología de las instituciones
jurídicas.
Así
concebido, el proceso cumple una función garantizadora del Derecho y no al
contrario, razón por la cual no puede afirmarse que su efectiva aplicación ni
la firmeza de las decisiones que con base en él se adoptan tengan menor
importancia para la protección de los derechos constitucionales fundamentales
que el instituto previsto en el artículo 86 de la Constitución.”
De la misma
providencia C-543 de 1992, refréndase que “si la tutela es un mecanismo
subsidiario o supletorio, según queda demostrado, es clara su improcedencia
cuando ya se han producido no sólo un proceso, en el cual se encuentran
comprendidos todos los recursos y medios judiciales que autoriza la ley, sino
también una providencia definitiva que puso fin al mismo”.
Igualmente,
con fundamento en que el constituyente estableció jurisdicciones autónomas y
separadas cuyo funcionamiento ha de ser desconcentrado, esa sentencia
puntualizó que “no encaja dentro de la preceptiva fundamental un sistema
que haga posible al juez, bajo el pretexto de actuar en ejercicio de la
jurisdicción Constitucional, penetrar en el ámbito que la propia Carta ha
reservado a jurisdicciones como la ordinaria o la contencioso administrativa a
fin de resolver puntos de derecho que están o estuvieron al cuidado de estas”.
Sin embargo,
a partir de algunas manifestaciones que la propia Corte incluyó dentro de esa
providencia, entre ellas que los jueces de la República tienen el carácter de
autoridades públicas, y pueden incurrir en “actuaciones” de hecho, fue
dándose origen a la doctrina de la vía de hecho, a partir de la cual, de forma
muy excepcional, se permite el uso de la acción de tutela para cuestionar
aquellas “decisiones” que por contrariar de manera grave, flagrante y
grosera el ordenamiento constitucional, no puedan en realidad reputarse como
verdaderos pronunciamientos judiciales.
Así, siendo
claro e indiscutible que también los administradores de justicia deben respeto
a la Constitución y a las leyes, más aún en el ejercicio de sus competencias,
ello implica que las decisiones judiciales han de ser adoptadas con estricto
apego al ordenamiento jurídico, en el cual la primacía de los derechos
fundamentales ocupa un lugar significativo. En ese sentido, el proceso
ordinario constituye el espacio idóneo para lograr la eventual corrección de
las actuaciones que constituyan afectaciones a esas garantías que resulten
comprometidas.
En la
jurisprudencia de esta corporación se ha venido desarrollando así, desde 1993
hasta sus más recientes pronunciamientos, la noción de la vía de hecho[2],
al igual que, especialmente en los últimos años, la concepción de algunos requisitos
generales de procedencia y, sobre todo, causales especiales de
procedibilidad.
Con todo, es
preciso tener en cuenta que la acción de tutela se encuentra reservada para
aquellos eventos en los cuales se presente una verdadera conculcación de un
derecho fundamental, lo cual suele traducirse en actuaciones arbitrarias,
ostensiblemente opuestas al ordenamiento jurídico, al punto de requerirse la
intervención del juez de tutela como única vía para su restablecimiento, pues
de otra forma el instrumento de amparo consignado en el artículo 86 superior
habría de convertirse en un mecanismo de enmienda de las decisiones judiciales,
interpretación que resulta por completo ajena a la especial naturaleza con la
cual ha sido concebida la acción de tutela.
En esta misma
línea, la Corte ha realzado que la circunstancia de que el juez de tutela
pueda, por rigurosa excepción, revisar una decisión judicial tildada de
arbitraria, no lo convierte en juez de instancia, ni puede llevarle a sustituir
a quien lo es. En efecto, el amparo constitucional constituye una confrontación
de la actuación judicial con el texto superior, para la estricta verificación
del cumplimiento y garantía de los derechos fundamentales, que no puede
conducir a que se imponga una interpretación de la ley o una particular forma
de apreciación probatoria, que se considere más acertada a la razonadamente expuesta
en el proceso y en la sentencia respectiva[3].
A su vez, es
importante considerar que si bien la jurisprudencia constitucional ha admitido
paulatinamente la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, pese a la claridad y al efecto de cosa juzgada (art. 243 Const.)
que es inmanente a las decisiones contenidas en la sentencia C-543 de 1992 a la
que antes se hizo referencia, no sería menos pertinente tomar en cuenta también
los parámetros de racionalidad dentro de los cuales el legislador
extraordinario de 1991 quiso enmarcar la procedencia de esta acción.
En este
sentido, es oportuno añorar el contenido del inciso final del parágrafo 1° del
artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que por esa decisión fue declarado
inexequible: “La tutela no procederá por errónea interpretación judicial de
la ley ni para controvertir pruebas.”
De otra
parte, la sentencia C-590 de junio 8 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño,
circunscrita al estudio y declaración de inexequibilidad de un segmento
normativo del artículo 185 de la Ley 906 de 2004, que conducía a la
proscripción de la acción de tutela contra sentencias de casación penal,
contiene también importantes reflexiones, muy pertinentes al propósito de fijar
el ámbito estrictamente excepcional dentro del cual es constitucionalmente
admisible la tutela contra decisiones judiciales.
Sobre el tema
expuso en esa ocasión esta corporación que (no está en negrilla en el texto
original) “no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete
del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como
juez de instancia”.
En esa misma
providencia se expone previamente lo siguiente (tampoco está en negrilla en el
texto original):
“21. A pesar
de que la Carta Política indica expresamente que la acción de tutela procede ‘por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública’ susceptible de vulnerar
o amenazar derechos fundamentales, en algunos ámbitos se ha cuestionado su
procedencia contra sentencias, no obstante tratarse de actos emanados de jueces
y tribunales en tanto autoridades públicas y la consecuente posibilidad, aunque
sumamente excepcional, de que a través de tales actos se vulneren o
amenacen derechos fundamentales.
Sin embargo,
el panorama es claro ya que como regla general la acción de tutela no
procede contra decisiones judiciales y esto por varios motivos. Entre
ellos, en primer lugar, el hecho que las sentencias judiciales constituyen
ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos
fundamentales proferidos por funcionarios profesionalmente formados para
aplicar la Constitución y la ley; en segundo lugar, el valor de cosa
juzgada de las sentencias a través de las cuales se resuelven las controversias
planteadas ante ellos y la garantía del principio de seguridad jurídica y,
en tercer lugar, la autonomía e independencia que caracteriza a la
jurisdicción en la estructura del poder público inherente a un régimen
democrático.
En cuanto a
lo primero, no puede desconocerse que la administración de justicia, en
general, es una instancia estatal de aplicación del derecho, que en
cumplimiento de su rol debe atenerse a la Constitución y a la ley y que todo su
obrar debe dirigirse, entre otras cosas, a garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, incluidos,
obviamente, los derechos fundamentales. Si esto es así, lo obvio es que
las sentencias judiciales se asuman como supuestos específicos de aplicación
del derecho y que se reconozca su legitimidad en tanto ámbitos de realización
de fines estatales y, en particular, de la garantía de los derechos
constitucionales.
En cuanto a
lo segundo, no debe perderse de vista que el derecho, desde la modernidad
política, es la alternativa de legitimación del poder público y que tal
carácter se mantiene a condición de que resulte un instrumento idóneo para
decidir, de manera definitiva, las controversias que lleguen a
suscitarse pues sólo de esa forma es posible definir el alcance de los derechos
y crear las condiciones necesarias para su adecuado disfrute. De allí el
valor de cosa juzgada de que se rodean las sentencias judiciales y la
inmutabilidad e intangibilidad inherentes a tales pronunciamientos, pues de no
ser así, esto es, de generarse una situación de permanente incertidumbre en
cuanto a la forma como se han de decidir las controversias, nadie sabría el
alcance de sus derechos y de sus obligaciones correlativas y todos los
conflictos serían susceptibles de dilatarse indefinidamente. Es decir, el
cuestionamiento de la validez de cualquier sentencia judicial resquebrajaría el
principio de seguridad jurídica y desnudaría la insuficiencia del derecho como
instrumento de civilidad.
Y en cuanto
a lo tercero, no debe olvidarse que una cara conquista de las democracias
contemporáneas viene dada por la autonomía e independencia de sus jueces. Estas
aseguran que la capacidad racionalizadora del derecho se despliegue a partir
de las normas de derecho positivo y no de injerencias de otros jueces y
tribunales o de otros ámbitos del poder público. De allí que la sujeción
del juez a la ley constituya una garantía para los asociados, pues estos saben,
gracias a ello, que sus derechos y deberes serán definidos a partir de la sola
consideración de la ley y no por razones políticas o de conveniencia.
22. Con
todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias
es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y
realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales,
con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e
independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder
público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la
acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan
derechos fundamentales.”
Empero, luego
de esos categóricos raciocinios, en la citada providencia fueron compilados los
denominados “requisitos generales de procedencia” y las “causales
generales de procedibilidad”, siendo catalogados los primeros de la
siguiente manera:
“a. Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya
se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[6]. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después
de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando
se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora[7].
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e. Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8].
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no
se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse
de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son
sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en
virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de
la sala respectiva, se tornan definitivas.”
Adicionalmente se indicó que, “para que proceda
una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la
existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben
quedar plenamente demostradas”, siendo agrupadas de la siguiente forma:
“a. Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido.
c. Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que
afecta derechos fundamentales.
g. Decisión
sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de
dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
h.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].
i.
Violación directa de la Constitución.”
Recapitulando
esos desarrollos jurisprudenciales, merece también especial atención el criterio
de esta Corte en cuanto a la labor específica del juez de tutela, en punto a
que no puede desconocer “los conceptos y principios de autonomía,
independencia de los jueces, acceso a la administración de justicia, seguridad
jurídica y vigencia del Estado social de derecho”[12].
Es entonces
desde las rigurosas perspectivas expuestas en precedencia, donde además
converge el deber impostergable de ofrecer amparo efectivo a los derechos
fundamentales y el compromiso de acatar los principios que han sido enunciados,
que el juez constitucional debe avocar el análisis cuando quiera que se plantee
por parte de quienes acudieron a un proceso judicial ordinario, la supuesta
vulneración de sus garantías fundamentales como resultado de providencias
entonces proferidas.
Cuarta. La
obligación de terminar los procesos ejecutivos que se encontraban en curso a diciembre
31 de 1999, con título hipotecario a partir de un crédito UPAC. Reiteración de
jurisprudencia.
En reiterada ocasiones[13]
esta corporación se ha referido al alcance del parágrafo 3° del artículo 42 de la
Ley 546 de 1999, del cual se desprende la orden de suspensión de los procesos
ejecutivos hipotecarios, disposición que luego de producirse la sentencia C-955
de 2000 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo), quedó así:
"Los deudores cuyas
obligaciones se encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos
judiciales, tendrán derecho a solicitar suspensión de los mencionados procesos.
Dicha suspensión podrá otorgarse automáticamente por el juez respectivo. En
caso de que el deudor acuerde la reliquidación de su obligación, de conformidad
con lo previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se
procederá a su archivo sin más trámite.”
En reiterada jurisprudencia,
esta Corte ha orientado la aplicación de la norma anotada, al entender que los
procesos ejecutivos con título hipotecario por deudas contraídas en UPAC deben
terminar, cumpliendo lo subsistente de la Ley antes referida. Al respecto, en sentencia
SU-038 de enero 23 de 2008, M. P. Jaime Araújo Rentería, señaló (está subrayado
en el texto original):
“En primer lugar, la exigencia
de que los procesos ejecutivos con título hipotecario objeto del beneficio
ofrecido por la Ley 546 de 1999, se hubieran iniciado antes del 31 de diciembre
de 1999. Es decir, que el proceso ejecutivo, con el cual una entidad crediticia
pretendía hacer efectiva la obligación hipotecaria contraída en Unidades de
Poder Adquisitivo Constante (UPAC), por aplicación de la Ley 546 de 1999, debía
ser suspendido a efectos de que dicha obligación financiera se reliquidara
previo el abono señalado en el artículo 40 de la misma ley, actuación que podía
adelantarse de oficio o por petición del deudor.
En segundo
lugar, el siguiente requisito a cumplir para la terminación del proceso
ejecutivo es el relativo al aporte de la reliquidación al mismo. Lo anterior
tiene su fuente jurisprudencial en lo expresado por la Corte en su sentencia
C-955 de 2000 en la cual se dijo: ‘…producida ella, (la reliquidación) debe dar lugar a la terminación del
proceso y a su archivo sin más trámite, como lo ordena la norma’(Subrayas
por fuera del texto original). Lo anterior no puede ser interpretado de manera
diferente a como efectivamente lo hizo esta Corte en un pronunciamiento
posterior, la sentencia T-606 de 2003, en la que reiteró que la C-955 de 2000
había señalado que:
‘En suma, una vez concluido el trámite de la reliquidación
del crédito, los procesos iniciados antes del 31 de diciembre de 1999,
iniciados para hacer efectivas obligaciones hipotecarias convenidas en UPACS, terminaron
por ministerio de la ley…’
En ese
orden de ideas, reliquidada la obligación hipotecaria, el camino a seguir, es
la terminación del proceso, pues de esta forma lo establece la jurisprudencia y
la misma Ley 546 de 1999 cuando dispone en el parágrafo 3 de su artículo 42 ‘…En
caso de que el deudor acuerde la reliquidación de su obligación, de conformidad
con lo previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se
procederá a su archivo sin más trámite’. En efecto, cumplidos todos los
trámites previos, el juez en el proceso ejecutivo está en la obligación de dar
por terminado el proceso en cuestión, no como consecuencia de la finalización
normal de este tipo de proceso, sino por ministerio de la ley que así lo
dispuso[14]. Si no lo hace se
configura una vía de hecho.”
Quinta.
Igualdad en materia judicial.
Siguiendo los
mandatos constitucionales, incluidos los internacionalmente aportados por el
llamado bloque de constitucionalidad, esta corporación ha desarrollado la
fundamentalidad del derecho a la igualdad, como principio cardinal del Estado
social de derecho y elemento insustituible en el orden jurídico, en cuanto todas
las personas pueden exigir un trato equilibrado[15],
sin importar la existencia de diversidades específicas por razones culturales, políticas,
filosóficas o de sexo, raza, nacionalidad, lengua, religión, etc., y
correspondiéndole al Estado, correlativamente, promover las condiciones para
que la igualdad sea real y efectiva[16].
En tal
sentido, esta corporación en sentencia C-836 de agosto 9 de 2001, M. P. Rodrigo
Escobar Gil, refiriéndose precisamente a la igualdad de tratamiento en el
ámbito judicial, señaló (no está en negrilla en el texto original):
“La igualdad, además de ser un principio vinculante
para toda actividad estatal, está consagrada en el artículo 13 de la Carta como
derecho fundamental de las personas. Este derecho comprende dos garantías
fundamentales: la igualdad ante la ley y la igualdad de protección y trato por
parte de las autoridades. Sin embargo, estas dos garantías operan conjuntamente
en lo que respecta a la actividad judicial, pues los jueces interpretan la ley
y como consecuencia materialmente inseparable de esta interpretación, atribuyen
determinadas consecuencias jurídicas a las personas involucradas en el litigio.
Por lo tanto, en lo que respecta a la actividad judicial, la igualdad de trato
que las autoridades deben otorgar a las personas supone además una igualdad
en la interpretación y aplicación de la ley.”
De tal
manera, está claro que el derecho a la igualdad exige, como condición sine
qua non para su aplicación concreta, que las autoridades otorguen idéntica protección,
trato y definición a quienes se encuentren en similar situación de hecho, para
evitar así la trasgresión del derecho fundamental y brindar seguridad jurídica,
en cuanto a que, para el caso, las decisiones judiciales no estén sometidas al
albur de que situaciones fácticas similares reciban decisiones opuestas, según
el despacho al cual haya correspondido el conocimiento.
Sexta.
Caso Concreto.
Como quedó expuesto, los señores
Jairo Arturo Gómez Piedrahíta y María Cristina Córdoba Díaz, solicitan amparo
para sus derechos a la defensa, a la vivienda digna, al debido proceso y a la
prevalencia del derecho sustancial, presuntamente vulnerados por el Juzgado
Primero Civil del Circuito de Bogotá, al no haber dado por terminado el proceso
ejecutivo hipotecario basado en un crédito UPAC iniciado por Conavi, hoy
Bancolombia, en noviembre 24 de 1998.
Por su parte, el Juez Primero
Civil del Circuito de Bogotá, pidió denegar las pretensiones de la demanda, al
indicar que “todas las peticiones de los accionantes dentro del presente
proceso han sido resueltas, incluyendo la terminación del proceso por
aplicación de la Ley 546 de 1999, solicitud que ha sido formulada por variados
medios incluyendo incidentes de nulidad”.
Precisó que “el último
incidente de nulidad, a través del cual se solicitó la terminación del presente
proceso”, fue resuelto mediante auto de diciembre 14 de 2009, “sin que
haya sido recurrido por los aquí accionantes”, quienes “no pueden
pretender una acción de este linaje por tratarse de un medio exceptivo y no
ordinario. Es más, el auto que fijó fecha para la diligencia de remate tampoco
fue objeto de recurso alguno, con lo cual se cerró la posibilidad de incoar el
amparo constitucional…”.
El Tribunal Superior de Bogotá,
Sala Civil, mediante providencia de febrero 10 de 2010 negó la tutela, al
considerar que la parte accionante no agotó las oportunidades legales consagrada
en la ley adjetiva, como los recursos ordinarios de reposición y apelación (f.
59 ib.).
Por su parte la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, mediante sentencia de marzo 19 de 2010, confirmó el referido fallo
denegatorio, anotando que lo pretendido a través de la acción de tutela
pretenden es “la conclusión del juicio que la entidad bancaria promovió”,
pero al “juez constitucional no le es dable inmiscuirse en la facultad
propia del fallador de instancia, por ser a quien le corresponde, dentro de la
órbita de su competencia, aplicar la hermenéutica del caso para desatar la
controversia planteada” (f. 10 ib.).
Teniendo
en cuenta lo referido con anterioridad, incluidos los precedentes
constitucionales ya citados respecto a la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, al igual que la obligación de terminar
los procesos ejecutivos que se encontraban en curso a diciembre 31 de 1999 y el
derecho a la igualdad en materia judicial, debe esta Sala verificar si existe vulneración a los derechos
reclamados por los accionantes y determinar si el juzgado accionado vulneró los
derechos fundamentales reclamados, al no dar por terminado el proceso ejecutivo
hipotecario iniciado en noviembre 24 de 1998 por Conavi, hoy Bancolombia,
contra los señores Jairo Arturo Gómez
Piedrahíta y María Cristina Córdoba Díaz.
De
lo expuesto resulta importante deducir que el no agotamiento de los recursos a
los cuales hizo alusión el Juzgado accionado en la contestación de la demanda
(febrero 4 de 2010, fs. 54 a 56), no es fundamento suficiente para haber
inaplicado disposiciones legales (Ley 546 de 1999, incluido lo determinado en
la sentencia C-955 de julio 26 de 2000, M. P. José Gregorio Hernández Galindo)
y desatendido, sin cabal sustentación, la jurisprudencia constitucional
unificada mediante sentencias proferidas por esta corporación (SU-813 de
octubre 4 de 2007 y SU-038 de enero 23 de 2008, ambas con ponencia del Magistrado
Jaime Araújo Rentería), en situaciones similares en lo sustancial y en lo
procesal, acerca de derechos fundamentales que esta Corte ha protegido en
reiteradas ocasiones.
Legalmente,
los procesos ejecutivos hipotecarios con obligaciones en UPAC para vivienda,
únicamente demandan dos requisitos para que proceda su terminación:
i) Que el proceso se haya
iniciado con anterioridad al 31 de Diciembre de 1999;
ii) Que la institución financiera
haya presentado la reliquidación del crédito en el proceso ejecutivo.
Cumplidos estos presupuestos, no
es dable realizar diligencia judicial distinta a procurar la terminación del
proceso, en aplicación de la Ley 546 de 1999, pedimento efectuado en varias
instancias procesales por la parte que incoó esta acción de tutela (fs. 8 a 11 ib.),
terminación a la que debió acceder el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Bogotá y ahora ha de disponer.
Independientemente de la posición
que se tenga frente a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales y de que se haya desconocido lo dispuesto por la Ley 546 de 1999,
con desacato de una sentencia dictada en ejercicio del control jurisdiccional[17]
y desatención no debidamente sustentada del precedente jurisprudencial[18],
reitérese que no es aceptable otorgar un tratamiento disímil respecto a sujetos
en idénticas circunstancias de hecho, siendo aquí ostensible que se está
transgrediendo el derecho a la igualdad, que si bien no fue alegado
expresamente ni citada por los demandantes la norma constitucional infringida,
debe ser amparado por esta Sala de Revisión, en cumplimiento de sus deberes
constitucionales, legales y desarrollos jurisprudenciales[19],
en cuanto el juez de tutela no puede limitarse a la protección de los derechos
solicitados si palmariamente aparece la conculcación de otro, que integralmente
debe ser protegido.
En conclusión, debe ser revocado
el fallo proferido en marzo 19 de 2010 por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Juisticia, que confirmó el dictado en febrero 10 de dicho año
por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, negando la tutela solicitada
por los señores Arturo Gómez Piedrahíta y María Cristina Córdoba Díaz, contra el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, tutela que en su lugar se debe
conceder, para amparar el derecho  fundamental de los accionantes a la
igualdad, lo cual conlleva también amparo para el debido proceso y el derecho a
la vivienda digna.
En consecuencia, se ordenará al Juzgado Primero Civil del
Circuito de Bogotá que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la notificación de esta sentencia, decrete la nulidad de todo lo actuado a partir
del mandamiento de pago, inclusive, en el proceso hipotecario bajo radicación
N° 0179-1998, sólo respecto al iniciado por Conavi, hoy Bancolombia, contra Arturo
Gómez Piedrahíta y María Cristina Córdoba Díaz.
El mencionado Juzgado determinará lo que a
continuación corresponda, de acuerdo con lo previsto en la Ley 546 de 1999 y
observando debidamente lo dispuesto por la Corte Constitucional en las
precitadas sentencias C-955 de julio 26 de 2000, SU-813 de octubre 4 de 2007 y
SU-038 de enero 23 de 2008.
Como mediante auto de julio 14 de 2010, esta Sala de
Revisión había determinado suspender de inmediato, de manera provisional y hasta
tanto sea dictada sentencia en el presente proceso, que ahora ha sido
proferida, queda sin materia lo entonces ordenado.
III.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR el fallo
proferido en marzo 19 de 2010 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema,
que confirmó el dictado en febrero 10 de dicho año por la Sala Civil del
Tribunal Superior de Bogotá, que negó la tutela pedida por los señores Arturo
Gómez Piedrahíta y María Cristina Córdoba Díaz, contra el Juzgado Primero Civil
del Circuito de Bogotá.
Segundo.- En su lugar, se
dispone TUTELAR el derecho  fundamental de los demandantes a la
igualdad, lo cual conlleva también amparo para el debido proceso y el derecho a
la vivienda digna, y en consecuencia, ORDENAR al Juzgado Primero Civil
del Circuito de Bogotá que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta sentencia, decrete la nulidad de todo lo
actuado a partir del mandamiento de pago, inclusive, en el proceso hipotecario
bajo radicación N° 0179-1998, y sólo respecto al iniciado por Conavi, hoy
Bancolombia, contra Arturo Gómez Piedrahíta y María Cristina Córdoba Díaz.
Tercero.-
Por Secretaría General, LÍBRESE la comunicación a que se refiere el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Cfr. T-133 de
febrero 24 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[2] La
Corte Constitucional ha abordado el tema de la tutela contra providencias
judiciales en un gran número de pronunciamientos, pudiendo destacarse entre
muchas otras las sentencias T-079 y T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-492 y T-518
de 1995, T-008 de 1998, T-260 de 1999, T-1072 de 2000, T-1009 y SU-1184 de
2001, SU-132 y SU-159 de 2002; T-481, C-590 y SU-881 de 2005; T-088, T-196,
T-332, T-539, T-590, T-591, T-643, T-780 y T-840 de 2006; T-001, T-147, T-247,
T-364, T-502A, T-680, T-794, T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350,
T-402, T-417, T-436, T-831, T-871, T-891, T-925, T-945, T-1029 y T-1263 de 2008;
T-093, T-095, T-199 y T-249 de 2009.
[3] Cfr., sobre este tema, entre muchas otras, las
sentencias T-008 de enero 22 de 1998, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-357 de
abril 8 de 2005, M. P. Jaime Araújo Rentería y T-952 de noviembre 16 de 2006,
M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[4] “Sentencia T-173/93.”
[5] “Sentencia T-504/00.”
[6] “Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05.”
[7] “Sentencias T-008/98 y SU-159/2000.”
[8] “Sentencia T-658-98.”
[9] “Sentencias T-088-99 y SU-1219-01.”
[10] "Sentencia T-522/01."
[11] “Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01;
T-1625/00 y T-1031/01.”
[12] Cfr. T-518 de
noviembre 15 de 1995, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, citada a su vez en la
T-1036 de noviembre 28 de 2002, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
[13] Cfr. T-1240 de diciembre
11 de 2008, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; T-577 de mayo 29 de 2008, M. P.
Jaime Araújo Rentería; entre otras.
[14] “Sentencia
T-357 de 2005.”
[15] Cfr. T-360 de
mayo 9 de 2002, M. P. Eduardo Montealegre Lynett ; T-216A de
febrero 29 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil; T-948 de octubre
2 de 2008, M. P. Clara Inés Vargas Hernández ; y T-529 de agosto
6 de 2009, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras.
[16] Art. 13 Const.
[17] C-955
de julio 26 de 2000, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, que tiene efecto de
cosa juzgada constitucional (art. 243 Const.).
[18] Cfr. SU-813 de
octubre 4 de 2007 y SU-038 de enero 23 de 2008, M. P. Jaime Araújo Rentería.
[19] Cfr. T-622 de mayo 26 de 2000, M. P. Vladimiro
Naranjo Mesa; T-439 de abril 29 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño; T-979 de
noviembre 27 de 2006, M. P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras sobre pronunciamientos ultra petita
del juez constitucional,.