C-043-17
Sentencia C-043/17
NORMAS
PARA LA PROTECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL Y REGIMEN DE LA
REPRESENTACION LEGAL DE INCAPACES EMANCIPADOS-Reemplazo del
vocablo “discapacitado” por las expresiones “de la persona en situación de
discapacidad” acorde con el trato digno y no discriminatorio debido a esa
población
LENGUAJE
CONSTITUCIONALMENTE ADMISIBLE-Marco extra jurídico/LENGUAJE-Concepto/LENGUAJE-Diferencias
entre los sistemas lingüísticos
CONTROL
CONSTITUCIONAL-Ejercicio sobre el contenido normativo de una
disposición y no sobre el lenguaje escogido por el legislador
EXPRESIONES
DISCRIMINATORIAS O QUE COMPROMETEN LA DIGNIDAD O DERECHOS DE PERSONAS O DE
GRUPOS POBLACIONALES DETERMINADOS-Uso del lenguaje, la estructura
ambigua de las normas o problemas de técnica legislativa comprometen bienes
constitucionalmente protegidos y afectan la constitucionalidad de la
disposición
LENGUAJE
LEGISLATIVO-Efecto jurídico normativo y poder simbólico/PODER
SIMBOLICO DEL LENGUAJE-Doble efecto
LENGUAJE
LEGISLATIVO-Importancia del principio democrático, principio de
conservación del derecho y efecto normativo de la disposición estudiada/LENGUAJE
LEGISLATIVO-Expresiones deben ser denigrantes u ofensivas y despojar al ser
humano de su dignidad para que una disposición sea expulsada del ordenamiento
jurídico
LENGUAJE
LEGISLATIVO-Jurisprudencia constitucional
CONSTITUCION
DE 1991-Alcance
del control de constitucionalidad del lenguaje legislativo
PRINCIPIO
DE CONSERVACION DEL DERECHO-Alcance de la declaratoria de
inexequibilidad/DECLARATORIA DE INEXEQUIBILIDAD FRENTE A LOS DERECHOS DE
SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION-Modulación del sentido del fallo/LENGUAJE
LEGISLATIVO-Control de constitucionalidad
LENGUAJE
LEGISLATIVO-Juicio de constitucionalidad
NORMA-Función,
contexto y objetivo
POBLACION
EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Protección constitucional
PERSONAS
EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Sujetos de especial protección
constitucional
PERSONAS
EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Consagración en tratados internacionales
y la Constitución de 1991
DISCAPACIDAD-Jurisprudencia
constitucional
DISCAPACIDAD-Determinación
y definición del concepto
DISCAPACIDAD-Definición
de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad
LIMITACION
Y DISCAPACIDAD-Diferencias
NORMAS
PARA LA PROTECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA-Carece
de connotación agraviante, discriminatoria o atentatoria de la dignidad humana
frente a la expresión “del discapacitado”
NORMAS
PARA LA PROTECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA-Expresión
“del discapacitado” se ubica en un
sistema amplio de normas que buscan la protección especial a un grupo
determinado de personas
NORMAS
PARA LA PROTECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA-La
expresión “del discapacitado” pretende una
categorización para garantizar la protección de personas consideradas
vulnerables y sujetos de especial tratamiento
PERSONAS
EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-No deben ser tratadas como enfermos
PERSONAS
EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Protección constitucional/ESTADO-Implementación
de política pública de previsión, rehabilitación e integración social frente a
las personas en situación de discapacidad
PERSONAS
EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Protección especial del Estado
PROTECCION
DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Doble
connotación
NORMAS
PARA LA PROTECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA-Legislador
no pretendió usar un lenguaje discriminatorio sobre la población en situación
de discapacidad/NORMAS PARA LA PROTECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
MENTAL ABSOLUTA-Principios rectores
DERECHO
A LA IGUALDAD-Prohibición de la discriminación y protección
especial para las personas en situación de discapacidad
NORMAS
PARA LA PROTECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA-Expresión
“del discapacitado” no debe entenderse como una connotación negativa sino como
la descripción de una situación específica de personas en situación de
discapacidad
CORTE
CONSTITUCIONAL-Sentencias integradoras
NORMAS
PARA LA PROTECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA-Resulta
inconveniente eliminar la expresión “del discapacitado” ya que por vía de
aquella se establecen medidas de protección a favor de la población en
situación de discapacidad
NORMAS
PARA LA PROTECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA Y PRINCIPIO DE
CONSERVACION DE LA NORMA-Sentencia integradora frente la
expresión “del discapacitado” por cuanto puede ser interpretada de manera
negativa respecto de un grupo poblacional determinado que tiene especial
protección constitucional
SENTENCIAS
INTEGRADORAS-Alcance
NORMAS
PARA LA PROTECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA Y PRINCIPIO DE
CONSERVACION DE LA NORMA-Adopción de sentencia modulada frente la
expresión “del discapacitado” por cuanto puede ser interpretada de manera
negativa respecto de un grupo poblacional determinado que tiene especial
protección constitucional
NORMAS
PARA LA PROTECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA-Ausencia
del texto que parece inexequible puede resultar más gravosa que su presencia
debido al vacío normativo en la protección de los derechos de las personas en
situación de discapacidad
Referencia:
Expediente D-11498
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 25 (parcial) de la Ley 1306 de 2009,
“Por la cual se dictan normas para la protección de personas con
discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de
incapaces emancipados”.
Demandantes: Gloria Cordero Vásquez y otro.
Magistrado
Ponente:
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá D. C., primero (1º) de febrero de dos mil diecisiete
(2017).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de
sus atribuciones constitucionales y una vez cumplidos los requisitos y trámites
establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, profiere la presente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
Los
ciudadanos Gloria Cordero Vásquez y Oscar Danilo Flórez Ramírez presentaron
demanda de inconstitucionalidad contra una expresión del artículo 25 de la Ley
1306 de 2009, "por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con
Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de
Incapaces Emancipados".
Mediante auto del 7 de julio de 2016, el Magistrado sustanciador
dispuso: i) admitir la demanda; ii) fijar en lista el asunto por el término de
10 días y simultáneamente correr traslado al Procurador General de la Nación
para que rindiera el concepto de rigor; iii) comunicar la iniciación del
proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la
República y al Ministerio de Justicia y del Derecho, para que si lo consideraban
oportuno intervinieran; iv) invitar a las facultades de derecho de las
universidades de los Andes, Externado de Colombia, Javeriana, Libre de
Colombia, Nacional de Colombia, del Rosario, Sergio Arboleda y Santo Tomás, así
como a la Academia Colombiana de la Lengua y al Instituto Caro y Cuervo para
que emitieran su opinión sobre la demanda de la referencia.
II. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA
A continuación se transcribe
el texto del precepto, subrayando el aparte demandado:
"LEY
1306 DE 2009[1]
CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
Por la cual se dictan normas
para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el
Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados.
EL
CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 25. INTERDICCIÓN DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD       MENTAL ABSOLUTA. La interdicción de las personas con
discapacidad mental absoluta es también una medida de restablecimiento de los
derechos del discapacitado y, en consecuencia, cualquier persona
podrá solicitarla".
III. LA DEMANDA
Los accionantes consideran que
la expresión “del discapacitado”, contenida en el artículo 25 de la Ley
1306 de 2009, contraría lo dispuesto en los artículos 1º y 13 superiores, en lo
que corresponde al respeto de la dignidad humana y al principio-derecho a la
igualdad, así como la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, en especial su artículo 4º.
Como sustento de lo anterior
aducen que dicha expresión contiene un lenguaje excluyente, es discriminatoria
y tiene una carga negativa, ya que califica una característica de la persona e
implica un trato peyorativo que atenta contra la dignidad humana de las
personas en situación de discapacidad; consideraciones que sostiene con base en
lo dicho en la sentencia C-458 de 2015, en la cual se declaró la exequibilidad
condicionada de varias expresiones que hacían referencia a personas con algún
tipo de discapacidad, precisamente en razón de los términos del lenguaje allí
utilizados y de sus implicaciones.
Señalan, asimismo, que se debe
realizar control de constitucionalidad al lenguaje empleado por el legislador,
sobre todo en atención a los recientes pronunciamientos de la corporación, en
los que de forma clara se ha proscrito el lenguaje peyorativo o que en sí mismo
pueda implicar discriminación.
De igual forma, aseguran que la
expresión del discapacitado contenida en el artículo 25 de la Ley 1306
de 2009 genera discriminación porque corresponde a un tipo de marginación sutil
y silenciosa consistente en usar expresiones reduccionistas que radica la
discapacidad en el sujeto y no en la sociedad.
Afirman que "al
Legislador le corresponde ir de la mano con los cambios sociales y de Derechos
Humanos, para así poder hacer un ejercicio legislativo conforme a estos
parámetros, estableciendo normas no solo eficaces en materia de protección,
sino que ellas sean ejemplarizantes en su finalidad y lenguaje encaminadas al
respeto a la Dignidad Humana de todos los sujetos del Pacto Social”.
En conclusión, según los
accionantes, la expresión demandada es contraria a la Constitución y, en
particular, "al derecho fundamental a la dignidad humana", por
incluir expresiones que representan un lenguaje excluyente y discriminatorio en
contra de las personas con algún tipo de discapacidad.
IV. INTERVENCIONES
1. Ministerio de Salud y
Protección Social
Interviene con el fin de que se declare la inexequibilidad de la
norma acusada. Expresa compartir los argumentos de la demanda, ya que la
expresión demandada puede vulnerar los derechos de las personas con
discapacidad, por el uso inapropiado del término.
Indica que el gobierno nacional ha generado una política pública
que busca crear conciencia en todas las entidades del Estado en torno a esta
población, involucrando en su creación a toda la sociedad civil. La considera
consensuada y afirma que responde a las necesidades reales de dicho grupo
humano. Por ello considera que el término demandado atenta contra dicha
política y con los compromisos adquiridos por el Estado colombiano.
2. Ministerio de Justicia y del derecho
Solicita que se condicione la
disposición acusada en el sentido de reemplazar la expresión “el discapacitado”
por “la persona en situación de discapacidad”. Para el interviniente el
problema jurídico planteado por los actores guarda identidad con aquel resuelto
en la sentencia C-458 de 2015. Toda vez que en dicho fallo la Corte dejó claro
que no resulta ajustado a la Carta referirse a las personas en situación de
discapacidad con un lenguaje despectivo, en el presente caso el Tribunal debe
decidir en igual sentido.
3. Universidad del Rosario
Pide que se declare exequible la
norma acusada. Considera que los demandantes no interpretaron de manera
adecuada la disposición que acusan, ya que la lectura que hacen es contraria al
contexto normativo. Aseguran que la constitucionalidad de la expresión
demandada se desprende de una mínima labor hermenéutica, que permite reconocer
de inmediato que se trató de un desacierto momentáneo intrascendente del
redactor del artículo impugnado, sin que ese yerro refleje la verdadera voluntad
del legislador.
4. Universidad Libre
Solicita a la Corte
condicionar la constitucionalidad de la norma demandada. Recuerda que como se
señaló en sentencia C-458 de 2015 al realizar el análisis a expresiones como
“los discapacitados” (artículo 157 de la ley 100 de 1993), “personas
discapacitadas” (del artículo 4 de la ley 119 de 1994), “discapacitado” y
“discapacitados” (artículo 66 de la ley 1438 de 2011), a razón de que no son
criterios definitorios de técnica jurídica, sino palabras que responden a
formas para hacer referencia a determinada población, es decir, “opciones
para designar que no son sensibles a los enfoques más respetuosos de la
dignidad humana”. Considera que de acuerdo al bloque de constitucionalidad
y al deber que por esta vía tiene el Estado colombiano se debe velar por tomar
las medidas pertinentes y necesarias que contribuyan a erradicar la
discriminación de las personas en situación de discapacidad.
De ahí -señala- que los actores han referido
de manera correcta la relación del término “del discapacitado” usado por el
legislador, dado que se descalifica a las personas que se encuentran en
situación de discapacidad, al hacer uso de este léxico, ya que lleva una doble
connotación, que si bien no era la intención del legislador referirse de manera
reduccionista, implica interpretaciones e ideas no apropiadas.
Lo anterior, en el entendido que según la terminología estudiada y
el contexto de la norma demandada tal expresión hace referencia a las personas
en situación de discapacidad absoluta que serán sujetos de interdicción de ahí
que la finalidad del legislador fuese referirse “no solo a personas con profundas y severas limitaciones a
nivel psíquico y de comportamiento, sino también a quien padezca deficiencias
de comportamiento como los inmaduros negociales”, lo
que significa que la expresión demandada no es adecuada al momento histórico en
el que nos encontramos y debe ser remplazada por los términos que “sean un
vehículo de construcción y preservación de estructuras sociales y culturales”[2],
para evitar que se contraríe la Constitución.
Por las razones expuestas, la Universidad Libre
solicita declarar la exequibilidad condicionada del aparte demandado,
bajo el entendido que la expresión “del discapacitado” resulta
inapropiada para hacer referencia a la población que se encuentra en situación
de discapacidad y se hace necesario que sea reemplazada por la expresión
“personas en situación de discapacidad”, acorde a los estándares
internacionales en materia de derechos humanos y a la jurisprudencia de esta
Corporación.
V. CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El
jefe del ministerio público solicita a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad
condicionada de la expresión "del discapacitado" contenida en
el artículo 25 de la Ley 1306 de 2009, de manera tal que se entienda como una
referencia exclusiva a una determinada condición o situación fáctica en la que
se encuentran las personas con algún tipo de discapacidad y no un juicio
valorativo sobre las mismas y su dignidad humana. Subsidiariamente, que se
profiera una sentencia sustitutiva reemplazando la expresión por "de la
persona con discapacidad".
VI. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.  Competencia
En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 de la Constitución
Política, la Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda de
inconstitucionalidad de la referencia.
2. Problema
Jurídico
En
el presente asunto, el demandante aduce que la expresión “del discapacitado” contiene un lenguaje excluyente, es discriminatoria y tiene una
carga negativa, en la medida que califica una característica de la persona e
implica un trato peyorativo que atenta contra la dignidad humana de las
personas en situación de discapacidad. Estas consideraciones señala que las
soporta en la sentencia C-458 de 2015, en la cual se declaró la exequibilidad
condicionada de varias expresiones que hacían referencia a personas con algún
tipo de discapacidad, precisamente en razón de los términos del lenguaje allí
utilizados y de sus implicaciones.
La
Corte encuentra que el accionante demanda el artículo 25 de la Ley 1306 de
2009, que se refiere a las personas con discapacidad mental absoluta,
precisando que respecto de ellas la interdicción es también una medida de restablecimiento
de los derechos “del discapacitado”.
Así las cosas, corresponde a la Corte resolver si al emplear tal
vocablo  vulnera los artículos 1º y 13 de la Constitución, así como la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, en especial su artículo 4º, al incurrir en un lenguaje
excluyente y discriminatorio, así como de trato indigno para con las personas
que se encuentran en las mencionadas condiciones. Para efecto de resolver, se examinará
(i) el lenguaje constitucionalmente admisible, (ii) la jurisprudencia
constitucional relevante en la materia; y, por último, (iii) se entrará a
resolver el caso concreto.
3.  Del
lenguaje constitucionalmente admisible
El debate
sobre el lenguaje constitucionalmente admisible se enmarca dentro de uno que es
extra jurídico, que tiene por protagonistas a lingüistas, filósofos y
naturalmente a escritores.
A Edward
Sapir y Benjamin Lee Whorf  se les considera los fundadores de la etno-lingüística,
que dio lugar a nombre de hipótesis de Sapir-Whorf, difundida principalmente en
la obra Lenguaje, pensamiento y realidad, de 1956. Dicha hipótesis se
puede sintetizar esencialmente en dos reglas: 1) El lenguaje es un producto
social que configura nuestra forma de aprehensión del mundo que nos rodea; y 2)
considerando las diferencias entre los sistemas lingüísticos que son reflejo de
los distintos medios que crean esos sistemas, las personas que piensan por
medio de estos lenguajes aprehenden el mundo de formas distintas.[3]
Este puede
ser considerado como el punto de partida para considerar el lenguaje como una
herramienta de exclusión de las minorías. Y es por ello que se intenta
modificar términos impregnados de ciertas connotaciones por otros libres de
ellas; modificando el lenguaje se cambian las ideas que hay tras él.
Sin
embargo, esta posición nunca ha sido pacífica ni lo es en la actualidad. El uso
de expresiones que se consideran más correctas que otras ha suscitado una
verdadera controversia cultural y política[4].
En nuestra
lengua ha suscitado múltiples debates, desde los años 80 del siglo pasado,
especialmente en España, llevando incluso a la Real Academia de la Lengua -en
adelante RAE- a tomar una postura al respecto. En 2011, el empleo del mismo
centró los debates de un seminario convocado por la Fundéu BBVA y la Fundación
San Millán de la Cogolla. Conclusiones, no hubo; no hay. El asunto se ha
ventilado en medios académicos y de manera profusa en la prensa.
Citaba
Javier Marías, quien refería a su vez a una columna previa de Arturo  Pérez-Reverte
que un editor estadounidense había decidido reeditar Huckleberry Finn de
Mark Twain sin emplear la expresión considerada prejuiciosa y racista nigger.
Señalaba el novelista y periodista qué el propósito de iniciativas tales es
el de “…mentir, falsear, ocultar, tergiversar, adulterar y censurar el
pasado, la historia y la literatura”. Concluyendo que dicha opción
implicaría que el “…pasado no fue como debería haber sido ni como el
presente que aspiramos a instaurar, vamos a falsificarlo sin más”.
En similar
sentido, como se citó, la RAE, en un informe aprobado por el pleno, referido al
uso del lenguaje en materia de género, señaló entre otros aspectos que:
“A los tan denostados eufemismos de los
políticos y los economistas, que enmascaran o edulcoran, como sabemos, tantos
aspectos de la realidad, parece que ha de agregarse ahora un nuevo código
artificial, ajeno al lenguaje común, constituido por nuevos circunloquios,
restringidos —como antes— al mundo oficial. A la vez, se acepta paradójicamente
su propia artificiosidad al reconocer implícitamente que no tienen aplicación
en la lengua de todos los días”[5].
Cabe traer
a colación, en el ámbito nacional, un texto de Mauricio García Villegas,
abogado y especialista en derechos humanos, quien con ocasión de una expresión
utilizada en una de sus columnas habituales en un diario de circulación
nacional tuvo que salir a la defensa del uso que hiciera del lenguaje. Señaló
en aquella ocasión:
“Empiezo diciendo que quienes insisten en que
debemos hablar de manera incluyente y no discriminatoria casi siempre tienen
razón. El lenguaje no es simplemente un instrumento para decir lo que queremos.
Las palabras son más que eso: son hechos que crean y recrean la realidad. El
lenguaje que usamos nos hace ser como somos. Por eso, decir que algunos hombres
hablan como machistas porque son machistas, es algo tan cierto como decir que
terminan siendo machistas porque hablan así.
Todo eso es verdad. Pero la discriminación no
está en el lenguaje, sino en la manera como se usa y en el contexto en el que
se usa…”[6]
Y se preguntaba a renglón seguido:
“¿Dónde debemos marcar el límite del lenguaje ofensivo? Los
tuertos, como los mancos o los cojos, existen y el lenguaje no tiene por qué
ocultarlo. El problema no está en mencionar la limitación física, sino en
insinuar que, por causa de ello, tales personas son inferiores a los demás. Lo
malo no son las palabras, sino la manera como se usan”[7].
De lo expresado se extraen
algunas conclusiones: en primer lugar, que la supuesta neutralidad del lenguaje
ha sido cuestionada desde hace muchos años; se considera que este puede
contener cargas valorativas que perpetúan modelos sociales que, en eventos,
pueden redundar en la discriminación de las minorías. En segundo término,
también resulta patente que existen, desde los ámbitos académicos de distintas
disciplinas, voces que cuestionan la legitimidad del empleo de un lenguaje
políticamente neutro o correcto. Las razones para ello, en el parecer de la
Sala, se asientan principalmente en dos cuestiones: por un lado, la “pureza” o
conservación de la lengua -esto es, por motivos de tradición; por el otro, en
cuestionamientos profundos sobre la verdadera capacidad de transformación que
tiene el lenguaje sobre la realidad.
Aunque esta Corporación
invitó al presente proceso a las máximas autoridades nacionales de la lengua -el
Instituto Caro y Cuervo y la Academia Colombiana de la Lengua- estas no
participaron. A este respecto, la Corte debe señalar que la participación de
estas dos entidades habría podido aportar importantes luces al debate
constitucional, al tratarse de los principales actores en el campo de la lengua
en nuestro país. Sin embargo, su falta de participación ha dejado a esta
Corporación con el único insumo que proveen los debates extranjeros y aquellos
que se han suscitado en medios públicos.
Ahora bien, con fundamento
en lo hasta aquí planteado ¿qué posición ha de asumir el derecho ante esta
problemática? Sin duda alguna las respuestas desde esta disciplina, en especial
desde el constitucionalismo, deben tener particularidades; y como tales, las ha
reconocido la jurisprudencia de este Tribunal.
Es
de remarcar que esta Corte Constitucional ha señalado que en principio el
control constitucional se ejerce sobre el contenido normativo de una
determinada disposición y no sobre el lenguaje escogido por el legislador, la
estructura gramatical adoptada o los problemas de técnica legislativa que
puedan afectarla.
Sin
embargo, en algunos casos el uso del lenguaje, la estructura ambigua de las
normas u otros problemas de técnica legislativa, pueden comprometer bienes
constitucionalmente protegidos y afectar entonces la constitucionalidad de la
correspondiente disposición. Uno de estos casos se presenta cuando el
legislador utiliza expresiones abiertamente discriminatorias o que comprometen
la dignidad o derechos de personas o de grupos poblacionales determinados.
En
efecto, esta Corporación ha reconocido expresamente que el lenguaje legislativo
tiene no solo un efecto jurídico-normativo sino un poder simbólico que no puede
pasar desapercibido al tribunal constitucional. El poder simbólico del lenguaje
apareja un doble efecto: tiende a legitimar prácticas culturales y configura
nuevas realidades y sujetos (a esto se ha referido la Corte al estudiar el
carácter preformativo del lenguaje[8]).
En
esa medida, la lucha por el lenguaje no se reduce a un asunto de estética en la
escritura o de alcance y eficacia jurídica de la norma. Se trata de revisar el
uso de expresiones que reproducen y/o constituyen realidades simbólicas o
culturales inconstitucionales.
En
ese sentido, el uso de un lenguaje denigrante, discriminatorio o insultante,
tiende a legitimar e incluso constituir prácticas sociales o representaciones
simbólicas inconstitucionales. Un lenguaje respetuoso de los valores y
principios constitucionales, sin embargo, tiende a poner en evidencia esas
prácticas reprochables y a constituir -al menos simbólicamente- un sujeto
dignificado.
No
obstante, la Corte también ha entendido que al estudiar la constitucionalidad
del lenguaje del legislador es necesario tener presente la importancia que la
Carta asigna al principio democrático -del cual se deriva el principio de
conservación del derecho-, así como el efecto normativo de la disposición
estudiada. Por ello, para que una disposición pueda ser parcial o integralmente
expulsada del ordenamiento jurídico en virtud del lenguaje legislativo, es
necesario que las expresiones utilizadas resulten claramente denigrantes u ofensivas,
que “despojen a los seres humanos de su dignidad”[9],
que traduzcan al lenguaje jurídico un prejuicio o una discriminación
constitucionalmente inaceptable o que produzcan o reproduzcan un efecto social
o cultural indeseado o reprochable desde una perspectiva constitucional.
Como
se verá adelante, para que esta Corporación pueda expulsar del ordenamiento
parcial o integralmente una norma en razón del lenguaje en ella empleado, es
necesario que no exista ninguna interpretación constitucional de las
expresiones utilizadas. Adicionalmente el juez debe ponderar el efecto negativo
del lenguaje -su poder simbólico- respecto del efecto jurídico de la norma
demandada, a fin de adoptar una decisión que no desproteja sectores particularmente
protegidos o que no desconozca, en todo caso, el principio democrático de
conservación del derecho. Pasa la Corte a reiterar la doctrina constitucional
vigente en la materia.
4. La
jurisprudencia constitucional sobre el lenguaje legislativo
Desde la entrada en vigor de
la Constitución de 1991, la Corte ha desarrollado una doctrina constitucional
específica sobre el alcance del control de constitucionalidad del lenguaje
legislativo. En aplicación de esta doctrina, ha declarado la constitucionalidad
condicionada o la inexequibilidad de numerosas expresiones legales que no
corresponden “al contenido axiológico del nuevo ordenamiento constitucional”[10].
Como ya se mencionó, este
Tribunal ha entendido que en virtud del principio de conservación del derecho,
la declaratoria de inexequibilidad solo puede prosperar cuando la expresión
legislativa es absolutamente incompatible con la Carta y no existe ninguna
interpretación de la misma que pueda ajustarse a la Constitución.
Adicionalmente, como se verá adelante, la Corte Constitucional ha encontrado
que para efectos de adoptar la correspondiente decisión es fundamental ponderar
el efecto de la declaratoria de inexequibilidad sobre los derechos de sujetos
de especial protección a fin de modular el sentido del fallo para no
desproteger bienes constitucionalmente protegidos.
En efecto, en una primera decisión sobre este tema, la Corte
declaró la inexequibilidad de la expresión “recursos humanos” de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia al considerar que el lenguaje
empleado por el legislador era incompatible con la Constitución.
Al respecto señaló que “el reconocimiento de la dignidad humana
implica la concepción de la persona como un fin en sí misma y no como un medio
para un fin. En otras palabras, como un ser que no es manipulable, ni
utilizable en vista de un fin, así se juzgue éste muy plausible. El Estado está
a su servicio y no a la inversa. Llamar “recursos humanos” a las personas que
han de cumplir ciertas funciones, supone adoptar la perspectiva opuesta a la
descrita, aunque un deplorable uso cada vez más generalizado pugne por
legitimar la expresión.”. Y finalmente señaló: “Es deber de la
Corte preservar el contenido axiológico humanístico que informa a nuestra norma
fundamental, velando aún porque el lenguaje utilizado por el legislador no la
contradiga”[11].
En otra oportunidad[12], la Corporación encontró
constitucionalmente reprochable el lenguaje empleado por el legislador en la
Ley Nacional del Deporte, al señalar que “ningún club profesional podrá
transferir más de dos jugadores o deportistas en préstamo a un mismo club,
dentro de un mismo torneo”. Según la Corte, el lenguaje empleado por
la ley parecía implicar que la carta de transferencia y los derechos deportivos
conferían a los clubes una verdadera propiedad sobre sus jugadores. A este
respecto, indicó:
“El lenguaje de una norma legal no es axiológicamente neutro,
ni deja de tener relevancia constitucional, puesto que (…) el uso de términos
jurídicos que tiendan a cosificar a la persona no es admisible”.
Y más adelante señaló: “Conforme a lo anterior, el lenguaje de
las normas legales revisadas es incompatible con la Constitución ya que
desconoce la dignidad de los deportistas, a quienes cosifica, y vulnera la
terminante prohibición de la esclavitud y de la trata de personas (CP arts. 1º,
18 y 53), pues parece convertir a los clubes en propietarios de individuos”.
Sin embargo, en esa oportunidad este Tribunal indicó que en todo
caso al estudiar la constitucionalidad del lenguaje -y no del contenido
normativo- de una determinada disposición, el juez constitucional debía ser
particularmente respetuoso del principio de conservación del derecho, “según
el cual, los tribunales constitucionales deben siempre buscar preservar al
máximo las disposiciones emanadas del Legislador, en virtud del respeto al
principio democrático[13].”
La misma doctrina sobre el control de constitucionalidad del
lenguaje aplicó la Corporación al estudiar la constitucionalidad del artículo
89 del Código Civil en el que se disponía que el domicilio de una persona sería
también el de los “criados” y dependientes. La Corte declaró inexequible
esta disposición por razones jurídicas materiales pero adicionalmente indicó
que el uso de la expresión “criado” resultaba inconstitucional, “por
su carácter despreciativo, en abierta oposición a la dignidad de la persona
(arts. 1 y 5 C.P.)”[14].
Posteriormente[15], este Tribunal estudió una norma legal
que concedía efectos jurídicos al “robo violento de la mujer”. En
criterio de la Corte la conducta del robo o del hurto se refiere al
apoderamiento o sustracción de bienes o cosas muebles ajenas. En consecuencia,
encontró que no era lógicamente posible que exista el robo de una mujer. En
criterio de la Corte, lo que hacía la norma demandada al dar efectos al “robo”
de la mujer, era cosificarla y darle un trato jurídico contrario a la dignidad
humana. Por tanto, consideró que, en principio, la expresión debía salir del
ordenamiento jurídico.
No obstante, en aplicación del principio de conservación del
derecho[16], la Corte señaló que “si una
disposición admite varias interpretaciones, una de las cuales es
constitucional, debe dejar la norma en el ordenamiento jurídico y retirar la
lectura inconstitucional”. En tal virtud, se intentó una lectura de la
disposición impugnada a partir de su significado común y no jurídico y terminó
por considerar que, al menos por este cargo, la disposición demandada podía
declararse exequible de manera condicionada. Al respecto dijo la Corporación:
“Sin embargo, otra acepción del término robar que el lenguaje
común permite se refiere a "raptar", que significa "sacar a una
mujer con violencia o con engaño de la casa y potestad de sus padres o
parientes"[17]. Como se observa, este significado
del verbo robar no cosifica a la mujer ni otorga un trato contrario a la
Constitución. Por ello, en razón a que la disposición normativa acusada puede
leerse en un sentido que no vulnera la Carta, la Corte debe aplicar el
principio de conservación del derecho y dejar en el ordenamiento jurídico la
disposición objeto de análisis, por lo que así lo declarará”.
A través de la sentencia
C-983 de 2002, la Corporación declaró la inconstitucionalidad de la expresión
“... y tuviere suficiente inteligencia para la administración de sus
bienes...”, contenida en el artículo 560 del Código Civil. Al respecto
señaló: “para la Sala resulta violatorio de la Constitución la frase “y
tuviere suficiente inteligencia”, pues no sólo contiene la misma concepción
discriminatoria de la cual ha venido dando cuenta la Corte en esta Sentencia,
sino que resulta lesiva de la dignidad humana, uno de los derechos fundamentales
más importantes de la persona, pues ello implicaría someter al individuo a una
prueba para determinar el grado de inteligencia. Tal expresión choca con el
principio constitucional sobre la no discriminación y con la exigencia superior
de la igual dignidad de todos los seres humanos. Dicha frase, entonces, será
también retirada del ordenamiento jurídico.”
En otra decisión, este Tribunal decidió retirar del Código Civil
expresiones como “furiosos locos”, “mentecatos”, “imbecilidad”,
“idiotismo”, “locura furiosa” y “casa de locos” empleadas
por el legislador para denominar a personas con limitaciones psíquicas. En
criterio de la Corte, tales expresiones resultaban contrarias al principio de
dignidad humana y al derecho a la igualdad y a la no discriminación.
No obstante, en aplicación del principio de conservación del
derecho y en defensa de los derechos especiales de los grupos
constitucionalmente protegidos, la Corte procedió a declarar la inexequibilidad
de estas expresiones pero sustituyéndolas por expresiones que designaran a los
sectores merecedores de especial protección, conservando así el contenido
normativo de la disposición parcialmente demandada[18].
Posteriormente, la Corte estudió la constitucionalidad del uso de
las expresiones “criado”, “sirviente” y “amo”[19]. La Corporación encontró que dichas
expresiones admiten interpretaciones discriminatorias y denigrantes de la
condición humana. Dijo en esa oportunidad: “Al respecto, se tiene que dichas
locuciones tienden a la cosificación del ser humano y refieren a un vínculo
jurídico que no resulta constitucionalmente admisible, cual era el denominado
en el propio Código Civil como “arrendamiento de criados y domésticos”, el cual
consistía en una modalidad de arrendamiento que en realidad hacía al “criado”
sujeto pero sobre todo objeto del contrato, como si tratara de un bien más”.
Sin embargo, en aplicación del principio de conservación del
derecho, la Corte procedió a dictar una sentencia integradora aditiva,
declarando inexequibles las citadas expresiones bajo el entendido que las
mismas serán en adelante sustituidas por las expresiones “empleadores”
y “trabajadores”, sin que a su vez el cambio de palabras implique
afectar el régimen de responsabilidad previsto en el artículo 2349 del Código
Civil y el alcance fijado por la jurisprudencia especializada.
Finalmente, en otro fallo la Corporación debía establecer si el
artículo 33 del Código Civil que señalaba que el vocablo “hombre” podía
ser empleado en las definiciones legales en tanto término genérico y abarcador
de los dos sexos “a menos que por la naturaleza de la disposición o el
contexto se limite manifiestamente a uno solo”,  se ajustaba a la
Constitución y, concretamente, a lo dispuesto por los artículos 1º (dignidad
humana), 13 (derecho a la igualdad), 40 (garantía de participación de las
mujeres en la elección, ejercicio y control del poder político) 43 (prohibición
de discriminación contra la mujer).
En esta oportunidad el Tribunal desarrolló más detalladamente las
razones por las cuales resulta tan legítimo como imperioso el control de
constitucionalidad del lenguaje legislativo cuando este aparejara un trato
denigrante, insultante o discriminatorio para grupos o sectores de la
población. Al respecto, dijo la Corte:
“El lenguaje es a un mismo tiempo instrumento y símbolo. Es
instrumento, puesto que constituye el medio con fundamento en el cual resulta
factible el intercambio de pensamientos entre los seres humanos y la
construcción de cultura. Es símbolo, por cuanto refleja las ideas, valores y
concepciones existentes en un contexto social determinado. El lenguaje es un
instrumento mediante el cual se configurar la cultura jurídica. (…) Como lo
recuerda Arthur Kaufmann, “todo lenguaje y todo hablar contiene ya una
determinada interpretación de la realidad” (…) [l]a controversia sobre palabras
y sobre reglas del lenguaje, es por tanto algo absolutamente típico en
sociedades pluralistas.” Se discute sobre las reglas del lenguaje y también
acerca de las palabras utilizadas para definir los contenidos. Cada una de las
expresiones utilizadas marcan el fondo de aquello que se propone afirmar
–mandar, prohibir o permitir -. Mediante el lenguaje se comunican ideas,
concepciones de mundo, valores y normas pero también se contribuye a definir y
a perpetuar en el tiempo estas ideas, cosmovisiones, valores y normas”.
Respecto al caso estudiado señaló:
“Los contenidos de las definiciones legales inciden en la
manera como se perpetúan medidas, actuaciones y en general políticas
discriminatorias frente a las mujeres, de modo que aquellas definiciones
tendientes a reproducir contenidos sexistas significan una vulneración de la
prohibición prevista en aquellos preceptos constitucionales dirigidos a
reconocer la dignidad de las mujeres como personas autónomas y libres merecedoras
de la misma consideración y respeto que merecen los varones y constituyen, de
la misma forma, una violación de los Pactos y Convenios Internacionales
aprobados y ratificados por Colombia”.
En virtud de los argumentos anteriores y de otros que demostraban
que el uso de la expresión “hombre” en las definiciones legales como
término genérico y abarcador de los dos sexos vulneraba la Constitución, la
Corte entró a definir, como sigue, la forma o tipo de decisión a adoptar. Al
respecto señaló:
“Podría pensarse que en virtud del principio de conservación
del derecho, lo mejor sería proferir una sentencia interpretativa que adecue al
contenido axiológico de la Carta de 1991 las expresiones contenidas en el
artículo 33 del Código Civil, sin embargo, encuentra esta Corporación que en
esta oportunidad tal opción resulta impracticable, precisamente porque el uso
generalizador de la palabra hombre y en general de los vocablos que identifican
a los individuos del género masculino para referirse a todos los individuos de
la especie humana es lo que se encuentra inconstitucional por su contenido
discriminador y excluyente. Por consiguiente declarar la exequibilidad de las
expresiones acusadas bajo el entendido que cobijan también al género femenino
sería simplemente reproducir el contenido de la disposición demandada.”[20].
No obstante, la Corte reiteró que solo en casos extremos procede
la declaratoria de inconstitucionalidad de una expresión legal debido al
lenguaje empleado por el legislador. En ese sentido indicó:
“Cobra aquí pleno sentido el principio de conservación del
derecho, y en consecuencia tales expresiones deben ser  interpretadas de
conformidad con el orden axiológico constitucional, y por lo tanto, sólo en
casos excepcionales, cuando ello no sea posible, como acontece precisamente con
la definición objeto de examen en la presente decisión, habrá lugar a una
declaratoria de inexequibilidad”[21].
En resumen, dado que, como lo ha reconocido la Corte “el
lenguaje no solo refleja y comunica los hábitos y valores de una determinada
cultura sino que conforma y fija esos hábitos y valores” sobre el lenguaje
del legislador cabe el control de constitucionalidad. Sin embargo, para que una
disposición sea parcial o integralmente expulsada del ordenamiento en virtud
del lenguaje empleado en ella -es decir de su efecto simbólico y no
jurídico-normativo-, es necesario que no exista ninguna interpretación
alternativa de las expresiones cuestionadas. De otra manera, en virtud del
principio de conservación del derecho, la Corte deberá adoptar una decisión de
constitucionalidad simple o modulada según el caso concreto.
Por último, no es posible dejar de señalar que esta Corporación en
sentencia C-458 de 2015 -que sintetizó las reglas aplicables a esta clase de
casos-, determinó que:
“(i) el juez constitucional se encuentra facultado para ejercer el
control constitucional del lenguaje legal; (ii) el examen anterior está
orientado a establecer si mediante la utilización de signos lingüísticos con
una alta carga emotiva, el legislador transmite de manera tácita o encubierta
mensajes que descalifican a determinados grupos sociales, y si la emisión de
los mismos se encuentra prohibida constitucionalmente, en virtud del deber de
neutralidad del órgano parlamentario frente a todos los grupos sociales; (iii)
el escrutinio judicial se efectuará en relación con los dos principios
anteriores, más no en relación con el deber constitucional del Estado de
adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración, y de adoptar
medidas para garantizar los derechos reconocidos en la CADH, el PIDCP y el
PIDESC y con el propósito de promover, proteger y asegurar el pleno goce de los
derechos reconocidos en tales instrumentos, normas respecto de las cuales no se
indicó la razón de su transgresión”.
De otro lado, también puede concluirse, como lo hizo la sentencia
en comento, que:
“la relevancia del análisis del lenguaje en sede
constitucional, también debe considerar que éste responde a un contexto
temporal que determina las categorías socialmente aceptadas. Sin embargo, tales
contextos y categorías admitidas por la sociedad son dinámicos y por tanto
deben ser actualizados a medida que se presentan cambios. No obstante, es
indiscutible la imposibilidad de actualizar -por medio del trámite legislativo-
un amplio cúmulo normativo en sincronía perfecta con el cambio social. Por esta
y otras razones, el ordenamiento constitucional ha previsto algunos elementos
de actualización que pretenden preservar los derechos de las personas, en particular
de quienes enfrentan una situación de discapacidad o de capacidad excepcional,
a fin de evitar el estigma o la descalificación. Uno de estos dispositivos de
actualización es el bloque de constitucionalidad, que al integrar diversos
instrumentos internacionales de protección de las personas en discapacidad al
ordenamiento colombiano, permite transformar el lenguaje a los estándares
sociales vigentes, a la vez que preserva los derechos de sujetos que merecen
especial protección constitucional. Con base en estas circunstancias, la Corte
analizó varias expresiones que podrían contener una carga discriminatoria y
condicionará su constitucionalidad a una comprensión ligada a la normativa
internacional vigente, que no tiene cargas peyorativas para los sujetos que el
ordenamiento pretende proteger.”[22]
Es por esa razón que en el caso concreto, una vez se analice la
constitucionalidad de la norma demandada, se determinará si procede la
aplicación del precedente de la sentencia C-458 de 2015, en el sentido de
proferir una sentencia integradora.
4.1. Juicio para determinar la constitucionalidad del lenguaje
jurídico
Esta Corporación ha señalado
la existencia de un juicio que permite medir el impacto del lenguaje sobre la
constitucionalidad de ciertos textos, para ello se ha valido de factores
históricos, sociológicos y usos idiomáticos, cotejándolos con la axiología de
la Carta, como ocurrió al examinar la expresión “comunidades negras”, asunto
resuelto en la sentencia C-253 de 2013.
Posteriormente, con la
sentencia C-458 de 2015, la Corte examinó algunas expresiones relacionadas con
personas en situación de discapacidad; la Sala consideró que en el contexto
normativo donde se ellas encontraban no contenían ninguna carga discriminatoria
ni peyorativa sino que representaban una alternativa léxica neutra con función
referencial destinada a limitar el universo de determinadas personas. Para
tomar esta clase de decisión la Corporación ha verificado los siguientes
elementos que vienen a integrar el test o juicio de exequibilidad en materia de
lenguaje jurídico. Este método de análisis de constitucionalidad ha sido
explicado en la sentencia C-042 de 2017, según la cual se deben tener en
cuenta:
“(i)
La función de la expresión.[23]
(ii) La ubicación de la expresión en un sistema complejo de normas que
interactúan con otras para lograr sus objetivos.[24]
(iii) El objetivo imperioso perseguido por las normas en que se encuentran las
expresiones, cuya declaratoria de inexequibilidad generaría efectos negativos a
la población beneficiaria.”[25]
En esta providencia la Corte explicó:
“(i) en cuanto a la función de la norma, y en
particular de la expresión “incapacidad absoluta”, la misma no tiene una
intención agraviante, discriminatoria o atentatoria de la dignidad humana. Su
función es neutral y jurídicamente relevante, pues la norma establece unos
parámetros para generar una protección acorde a la situación de un grupo de
personas. La norma utiliza criterios objetivos, “una afección o patología
severa o profunda de aprendizaje, de comportamiento o de deterioro mental” para
establecer la protección más adecuada a las personas que tienen esta diversidad
funcional.  Por lo tanto, queda claramente establecida la función no agraviante
de la expresión.
(ii)     En
cuanto al contexto de la norma, la expresión se ubica en un sistema
complejo de normas que interactúan con otras para lograr sus objetivos. En
efecto, aunque el demandante ataca únicamente el artículo 17 de la Ley, en
realidad la expresión incapacidad mental absoluta, hace parte del subtítulo de
la Sección Primera de la ley, en cuyo desarrollo se ve repetida durante
veinticinco (25) ocasiones.  La expresión por lo tanto, no está aislada, sino
que implica una clasificación dirigida a un grupo de individuos para quienes la
Ley prevé una serie de medidas de protección.
(iii)    El objetivo  perseguido por la norma es
el de determinar una categorización que permita adelantar unos procedimientos,
que obviamente tienen como objetivo proteger a poblaciones consideradas
vulnerables. Ese no es un objetivo prohibido por la Constitución. Por lo tanto,
la declaratoria de inexequibilidad de la expresión tendría un efecto negativo
para las personas con este tipo de discapacidad absoluta, pues el
imposibilitaría el cumplimiento de un objetivo imperioso de la Carta, puesto
que el artículo 17 demandado establece los criterios para determinar qué grupo
de personas hacen parte de esta categoría, de forma que la protección contenida
en los artículos subsiguientes les pueda ser aplicables.  Esto implica que, en
caso de que la Corte decidiera declarar la inexequibilidad del artículo 17, las
normas siguientes, hasta el artículo 31 perderían validez, pues se estarían
refiriendo a una categoría inexistente o indefinida. El principio de
conservación del derecho se vería afectado, innecesariamente, si se decidiera
eliminar la disposición atacada”.
5. Caso
Concreto
Antes
de continuar analizando lo relativo al lenguaje constitucionalmente admisible
en relación con la norma objeto de estudio, la Sala considera pertinente
reseñar unas breves notas de contexto sobre el tema de la disposición acusada:
la población en situación de discapacidad y su protección constitucional.
En
primer lugar, esta Corporación en reiterada jurisprudencia ha afirmado que las
personas en situación de discapacidad son sujetos de especial protección
constitucional. Esta declaración se soporta en la existencia de un deber
constitucional de protección fundado en las condiciones singulares de
vulnerabilidad y eventualmente de desprotección, que hace que tal población
requiera de atención especial por parte del Estado y de la sociedad en general[26].
Este deber constitucional de protección está cualificado por las obligaciones
del Estado colombiano adquiridas con la celebración de tratados internacionales
y por obligaciones especiales recogidas en disposiciones legales y
reglamentarias[27].
De
igual forma, tanto en diversos tratados internacionales[28]
como en la Constitución de 1991 se establecieron importantes garantías para
aquellas personas que por sus condiciones económicas, físicas o mentales se
encuentran en situación vulnerabilidad. Por ejemplo, en el artículo 13 de la
Constitución se dispone que “el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancias de debilidad manifiesta”. En el mismo sentido, el artículo
47 prescribe que: “El Estado adelantará una política de previsión,
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos, a quienes se les prestará la atención especializada que requieran”;
el artículo 54 prescribe “la obligación del Estado de garantizar a los
minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”;
y finalmente en el artículo 68 de la C.P. se establece el derecho a “(…) la
educación de personas con limitaciones físicas o mentales (…)”[29].
Adicionalmente,
en cuanto a la determinación y definición del concepto de discapacidad,
que es parte del objeto de la presente demanda, la Corte consideró en la
sentencia C-478 de 2003 que “La elaboración de una noción de discapacidad ha
sido un proceso muy lento y difícil. En cada momento de la historia, con base
en los conocimientos científicos con los que se ha contado, los legisladores
han regulado diversos aspectos de esta problemática. En un comienzo, el tema se
abordó  para efectos principalmente civiles y penales; en el S. XX, como se ha
visto se amplió considerablemente el panorama hacia el derecho laboral, la
seguridad social y la educación, vinculando además la situación que padecen
estas personas con los derechos fundamentales, en especial, con los derechos a
la dignidad humana y la igualdad formal y material. De allí que la terminología
empleada en la materia haya cambiado con el paso del tiempo. De hecho hoy por
hoy, se trata de un concepto en permanente construcción y revisión, por lo
cual, es usual encontrar legislaciones internas que no se adecuan a los avances
científicos en materia de discapacidad”[30].
Por
su parte, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad se recogió una definición comprensiva de discapacidad y se
convino que los destinatarios de las disposiciones del tratado son todas
aquellas personas que “tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales
o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con los demás”.
Apoyándose
en tales nociones esta Corte en la sentencia C-824 de 2011 concluyó que la idea
de limitación expresa un panorama genérico al que pertenecen todos los sujetos
que han sufrido mengua por “circunstancias personales, económicas, físicas,
fisiológicas, síquicas, sensoriales y sociales”, mientras que la
discapacidad se define como una especie dentro del género e implica “el
padecimiento de una deficiencia física o mental que limita las normales
facultades de un individuo”. Por esta razón y por la complejidad de la
terminología se ha establecido el deber de no realizar diferencias de trato
frente a estas personas con tal que se engloben los conceptos de “disminuidos
físicos, sensoriales y síquicos” del artículo 47 de la Constitución, el
concepto de “minusválidos” del artículo 54 y el concepto de “personas
con limitaciones físicas o mentales” del artículo 68 de la Carta Política.
En
suma, recogiendo lo anteriormente reseñado, la sentencia C-606 de 2012
puntualizó lo siguiente sobre el ámbito de protección de las personas en
situación de discapacidad: “En conclusión las personas en situación de
discapacidad son sujetos de especial protección por parte del Estado y de la
sociedad en general, por lo que, tanto instituciones como individuos deben
facilitar de una forma activa el ejercicio de los derechos de este sector de la
población. En la normatividad internacional, constitucional y legal está
prescrito que el concepto de personas en situación de discapacidad engloba a
“aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con
los demás”. En dicho colectivo se encuentran las personas con limitación, con
alguna deficiencia, con alguna discapacidad y las personas minusválidas. Dicha
terminología no debe ser entendida de manera lineal sino comprensiva ya que
debe incluir las deficiencias físicas o mentales de carácter temporal y
permanente que implique limitaciones en las funciones y estructuras corporales,
restricciones o barreras en el acceso. Por ende las personas en situación de
discapacidad deben ser tuteladas en primer lugar (i) mediante la prohibición de
medidas negativas o restrictivas que constituyan obstáculos o barreras para
hacer efectivos sus derechos; y en segundo término (ii) mediante medidas de
acción positiva o acciones afirmativas de tipo legislativo, administrativo o de
otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos de dicho
colectivo de personas. En este último caso dichas medidas no deben ser
entendidas como una forma de discriminación, sino como una preferencia que
tiene como fin promover la integración social o el desarrollo individual de las
personas en situación de discapacidad para su integración efectiva en la
sociedad.”
5.1.
Test para determinar la constitucionalidad de la expresión demandada
Como
se dijo anteriormente, las expresiones empleadas por el legislador pueden ser
examinadas en su constitucionalidad a partir de un juicio o test diseñado por
esta Corporación para medir el impacto gramatical del léxico utilizado. En el
presente caso, los accionantes consideran que la expresión “del
discapacitado” es inexequible por su contenido discriminatorio. El test
establecido por la jurisprudencia permite concluir que la apreciación de los
demandantes es errada, por lo siguiente:
1.
En cuanto a la función de la norma y de la expresión “del
discapacitado”, considera la Sala que la misma carece de connotación
agraviante, discriminatoria o atentatoria de la dignidad humana; su función es
jurídicamente relevante al tiempo que es neutral. Ella es útil para establecer
parámetros de protección acordes con la situación de un grupo determinado de
personas que por su condición cognitiva son consideradas vulnerables y, en esta
medida, sujetos de especial protección. Por tanto, la expresión examinada no
tiene una función peyorativa ni agraviante.
2.
Respecto al contexto de la norma, la
expresión se ubica en un sistema amplio de normas en el que se entrelazan
varios textos para lograr el objetivo de brindar protección especial a un grupo
determinado de personas. Le Ley 1306 de 2009 contiene disposiciones destinadas
a la protección de personas con discapacidad mental, ha sido demandado un
segmento de su artículo 25; esta Ley cuenta con 120 artículos distribuidos en
IX capítulos a lo largo de los cuales la expresión “del discapacitado” aparece
varias veces, dando a entender que la misma pretende rodear a sus destinatarios
de un especial de protección. Es esta medida, la expresión sometida al test no
contraviene los dispositivos superiores.
3.
El objetivo de la norma y de la expresión examinada lejos
de ser discriminatorio pretende elaborar una categorización para garantizar
protección a un grupo determinado de personas constitucionalmente consideradas
vulnerables y, por tanto, sujetos de especial tratamiento. La inexequibilidad
del segmento analizado tendría efectos altamente nocivos para los destinatarios
del mismo, al tiempo que vaciaría de contenido otros textos jurídicos que se
valen de la misma expresión para procurar la protección que desde la Carta es
impuesta en favor de cierto grupo de personas. Por tanto, el aparte examinado
antes que controvertir los textos superiores los desarrolla.
5.2.
Las personas en situación de discapacidad no deben ser tratadas como enfermos
Son varios los preceptos superiores destinados a proteger a las personas
en situación de discapacidad, entre ellos los artículos 13, 54, 68 y 47 de la
Carta. Este último consagra la obligación del Estado de implementar una
política pública de previsión, rehabilitación e integración social para los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, disposición fundada en la
protección a la dignidad humana.
De su parte, los artículos 54 -deber de ofrecer formación y
habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran y de garantizar a los
minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud-[31] y
68-obligación de fomentar la educación de personas con limitaciones físicas o
mentales, o con capacidades excepcionales-[32] establecieron una serie de obligaciones a
cargo del Estado, tendientes a adoptar
medidas para lograr una igualdad real de trato, condiciones, protección y
oportunidades de todas las personas, con un especial interés en la promoción,
protección y garantía de quienes se encuentran en condición de discapacidad.
La
Carta asume que las personas en situación de discapacidad gozan de protección
especial del Estado, señalando, además, que este debe procurarles un trato
acorde con sus circunstancias, siempre que ello resulte necesario para el
ejercicio pleno de sus derechos en condiciones de igualdad. Toda violación de
estas garantías puede ser considerada violatoria de sus derechos fundamentales.
De acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte, la protección debida en esos casos tiene una doble dimensión, en la
medida que comporta, por un lado, un mandato de abstención o interdicción de
tratos discriminatorios y, por otro, un mandato de intervención, a través del
cual el Estado está obligado a realizar acciones tendientes a superar las
condiciones de desigualdad material que enfrentan dichos grupos.[33]
Por consiguiente, reitera que “De conformidad con la Constitución el
compromiso que tiene el Estado para con las personas discapacitadas es doble:
por una parte, abstenerse de adoptar o ejecutar cualquier medida administrativa
o legislativa que lesione el principio de igualdad de trato; por otra, con el
fin de garantizar una igualdad de oportunidades, remover todos los obstáculos
que en los ámbitos normativo, económico y social configuren efectivas
desigualdades de hecho que se opongan al pleno disfrute de los derechos de
estas personas, y en tal sentido, impulsar acciones positivas.”[34]
Estas posturas jurisprudenciales han
sido explicadas recientemente en la sentencia C-042 de 2017, en ella la Corte
precisó:
“…las obligaciones constitucionales evidencian que la
discapacidad, como fenómeno que limita y restringe el acceso a los derechos,
proviene fundamentalmente de la sociedad, no de las diversidades funcionales de
las personas. Son los sistemas sociales los que deben dejar de excluir y deben
remover los obstáculos (como las faltas acentuadas de oportunidades laborales o
la falta de adecuación de la educación a los requerimientos de ciertos grupos
de personas). Para la Constitución de 1991, la sociedad no puede imponer
limitaciones que impidan a las personas desarrollar sus capacidades y su
proyecto de vida.
(…)
el
Estado debe adoptar medidas con el
objetivo de propiciar la
inclusión en la sociedad de las personas en situación de discapacidad.[35] En consonancia con lo anterior, la Corte estableció
los parámetros constitucionales que el Estado debe cumplir a cabalidad para “eliminar, mediante actuaciones
positivas del Estado y de la sociedad, la silenciosa y sutil marginación de las
personas con cualquier tipo de discapacidad, que se encuentra arraigada en lo
más profundo de las estructuras sociales, culturales y económicas predominantes
en nuestro país, y [que] es fundamentalmente contraria al principio de dignidad
humana sobre el que se construye el Estado Social de Derecho”.[36] Una estructura de discriminación tan
naturalizada que se asume evidente, el punto de creer que el problema está en
las personas y no en la forma en que se les trata.
(…)
4.3.11.
La salud y el funcionamiento de los órganos de cada ser humano hacen parte de
su individualidad y en ello, cada ser humano tiene sus propias características.
Algunas diferencias en el funcionamiento de los órganos, o de la mente, sumadas
a las barrearas sociales, pueden generar discapacidades, pero no siempre eso
sucede y tampoco condiciona al individuo a ser calificado de forma
unidimensional. Dentro de la autonomía del individuo, y del libre desarrollo de
la personalidad, cada ser humano escoge su modelo de vida, el papel del Estado
es generar la protección adecuada y suficiente de sus derechos, con el enfoque
diferencial requerido, para que todos puedan tener la posibilidad de
desarrollar su proyecto de vida, porque el funcionamiento de los órganos no es
lo que define a un ser humano.
4.3.12.
Para la Constitución Política, todos los seres humanos son iguales en derechos;
son seres completos, integrales, y dignos. La diversidad hace parte de la
especie humana y enriquece a la sociedad colombiana.
4.3.13.
Bajo ese entendido, la concepción actual de la discapacidad, que resulta además
más cercana a la protección y el respeto de la dignidad humana, aborda la
discapacidad como el efecto de las barreras sociales que impiden el pleno goce
de los derechos en condiciones de igualdad y limitan la integración social como
respuesta al funcionamiento orgánico o funcional diferente al de la mayoría de
las personas. La discriminación frente a las personas con diversidad funcional
u orgánica resulta además artificial y peligrosa, porque parte de suposiciones
erradas sobre la naturaleza humana, desconoce la infinita diversidad de la
especie, las múltiples capacidades humanas y sus distintas formas de desarrollo
y, en cambio da lugar a teorizar sobre parámetros funcionales u orgánicos que
solo son útiles para excluir, como sucede con las teorías eugenésicas. El
funcionamiento de los órganos no tiene ninguna relación con el acceso a los
derechos, si el Estado responde eficientemente a los requerimientos de todos
los grupos sociales, la diversidad funcional no debería impedir el desarrollo adecuado
del proyecto de vida individual. El problema no radica en la funcionalidad de
los órganos de cada ser humano, sino en las barreras que la sociedad y el
Estado ponen a ciertas personas.
4.3.14. Por lo tanto, bajo el
abordaje que actualmente sirve de parámetro a la normatividad nacional e
internacional en la materia, la discapacidad no es igual a las diferencias
orgánicas, funcionales o intelectuales del individuo (diversidad orgánica o
funcional) sino que tiene relación con las barreras sociales al goce efectivo
de derechos y a la participación en la sociedad. La perspectiva constitucional
colombiana concentra el concepto de la discapacidad en la falta de adaptación
del entorno y de la sociedad para entender las diferencias orgánicas y
funcionales como un resultado de la diversidad humana. Para el Estado Social de
Derecho establecido por la Constitución Política, no existen seres humanos
completos o incompletos, sino que todos son, por el hecho de ser humanos,
totalmente plenos en su dignidad y derechos, por lo que el modelo social de
discapacidad resulta compatible con la Carta. Asumir que hay personas
incompletas, deficientes o de menor derecho, es el paradigma discriminatorio y
excluyente que la Constitución, desde sus inicios, ha procurado superar y por
lo tanto no puede existir ninguna norma en Colombia que sirva para mantener o
patrocinar conceptos que le han costado tanto a la humanidad y que deben quedar
en el pasado”.
Ahora
bien, descendiendo al caso concreto y luego de haber recorrido el proceso de
evolución que tuvo el concepto de “persona en situación de discapacidad”,
al realizar un análisis de la Ley 1306 de 2009 (“Por
la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental
y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados”), para esta Corte es claro que el legislador no pretendió usar un
lenguaje discriminatorio -sobre la población en situación de discapacidad-, ya
que en primera medida esta norma tiene como principios rectores los siguientes:
“a) El respeto de su dignidad, su autonomía individual,
incluida la libertad de tomar las propias decisiones y su independencia;
b) La no discriminación por razón de discapacidad,
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas
con discapacidad mental como parte de la diversidad y la condición humana;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
g) La igualdad entre el hombre y la mujer con discapacidad mental;
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las
niñas con discapacidad mental y de su derecho a preservar su identidad”.[37]
No
obstante, e incluso tomando en consideración que a lo largo de la norma se usan
expresiones como “persona con discapacidad mental”, esta Sala estima que
es cierto que la expresión demandada puede entenderse como contraria al derecho
a la igualdad, ya que aunque el legislador no tuviese la intención de usar un
término peyorativo para hacer referencia a las personas con algún tipo de
discapacidad, es verdad que dicha expresión puede corresponder con un tipo de
marginación sutil y silenciosa consistente en usar expresiones reduccionistas y
que radican la discapacidad en el sujeto y no en la sociedad. Con ello, definen
a los sujetos por una sola de sus características, que además no les es
imputable a ellos.
En
conclusión, se advierte que el mandato constitucional contenido en el artículo
13 es claro respecto de la prohibición de la discriminación y específicamente
en Colombia existe una protección especial para las personas en situación de
discapacidad que, además, implica que el Estado adapte la legislación interna
para hacerla no solo efectiva y provista de medidas afirmativas para dicha
población, sino también respetuosa de las condiciones que los hacen sujetos de
especial protección constitucional, lo que tiene como fin que la sociedad
comprenda y se apropie de conceptos acertados que hagan real la inclusión de
los individuos con algún tipo de discapacidad, de donde resulta pertinente
precisar que la expresión demandada no debe entenderse como una connotación
negativa sino como la mera descripción de una situación específica de personas
en situación de discapacidad.
6. Sobre
las sentencias integradoras y la decisión a proferir en el presente asunto.
La
Sala en todo caso considera pertinente y necesario reiterar que, a pesar que se
entienda como inapropiado el lenguaje usado por el legislador en el aparte
normativo demandado, como ya lo ha precisado la Corte:
“[para que] una disposición pueda ser parcial o integralmente
expulsada del ordenamiento jurídico en virtud del lenguaje legislativo, es
necesario que las expresiones utilizadas resulten claramente denigrantes u
ofensivas, que 'despojen a los seres humanos de su dignidad', que traduzcan al
lenguaje jurídico un prejuicio o una discriminación constitucionalmente
inaceptable o que produzcan o reproduzcan un efecto social o cultural indeseado
o reprochable desde una perspectiva constitucional”[38].
Para
esta Corte es evidente que sería inconveniente eliminar la expresión demandada,
ya que por vía de aquella se establecen medidas de protección a favor de la
población en situación de discapacidad, por lo que eliminarla no lograría
precisar los sujetos de protección y podría generar un mayor grado de desprotección para
esta población. Lo que quiere decir que también “en el presente caso, la
ausencia del texto que parece inexequible puede resultar más gravosa que su
presencia debido al vacío normativo en la protección de los derechos de las
personas en situación de discapacidad”[39].
Por
su parte, en la misma sentencia anteriormente reseñada (C-458 de 2015), se
consideró que en esta clase de casos no es factible “adoptar un fallo de
inexequibilidad debido a la naturaleza de las normas que, a pesar de que
quisieron adoptar medidas para las personas en condición de discapacidad usaron
una terminología vejatoria y discriminatoria. En efecto, de declararse la
inconstitucionalidad de las normas, que cumplen fines constitucionales
imperiosos -buscar la igualdad real y efectiva, dignificar a una población
marginada, integrar a esa población a la sociedad, entre otros- a través de
diversos sistemas -seguridad social, educación, mecanismos de integración y de
acceso a la vivienda- generaría un mayor grado de desprotección para esta
población. De tal suerte, el resultado de una declaratoria de
inexequibilidad no solo es indeseable sino que generaría efectos claramente
inconstitucionales por ir en contra de las obligaciones del Estado encaminadas
a la protección especial de sujetos vulnerables ordenada por la Carta Política
y por los tratados internacionales en la materia.” (Subrayas fuera de texto
original)
Así,
a pesar de encontrar que, al igual que en la sentencia precitada, la expresión
acusada puede no hacer parte del lenguaje constitucionalmente admisible, en
tanto es posible interpretarla como una referencia negativa respecto de un
grupo poblacional determinado que tiene especial protección constitucional y,
así, como contraria al fin de buscar un lenguaje normativo consecuente con las
obligaciones internacionales adquiridas por Colombia  y que permita una
integración real y efectiva de las personas en situación de discapacidad, la
Corte reitera que en aplicación del principio de conservación de la norma, este
Tribunal ha optado por lo que la doctrina denomina sentencias interpretativas,
para eliminar una parte de la disposición demandada, e integrarla o manipularla
para darle un alcance constitucional, amoldarla al ordenamiento constitucional,
para que sirva al propósito de mantener una institución jurídica, dotándola de la
eficacia normativa pretendida por el constituyente.
En
efecto, la Corporación ha establecido que este tipo de sentencias integradoras
“son una modalidad de
decisión por medio de la cual, el juez constitucional proyecta los mandatos
constitucionales en la legislación ordinaria, para de esa manera integrar
aparentes vacíos normativos o hacer frente a las inevitables indeterminaciones
del orden legal. Las sentencias integradoras, en cualquiera de sus modalidades
-interpretativas, aditivas o sustitutivas-, encuentran un claro fundamento en
el carácter normativo de la Carta Política (C.P. art. 4°) y en los principios
de efectividad (C.P. art. 2°) y conservación del derecho (C.P. art. 241),
llamados a gobernar el ejercicio del control de constitucionalidad, ya que
facilitan la labor de mantener vigente en el ordenamiento jurídico la norma que
ofrece insuficiencias desde la perspectiva constitucional, en el sentido que le
permite al órgano de control constitucional ajustar su contenido a los mandatos
superiores parcialmente ignorados por el legislador.
(…) Las sentencias
integradoras de tipo sustitutivas se producen en aquellos casos en que la Corte
retira del ordenamiento jurídico la disposición acusada o un aparte de la
misma, y procede a llenar el vacío de regulación generado por la decisión con
un nuevo texto que se ajuste a la Constitución Política. Las sentencias
sustitutivas son entonces una mezcla de sentencia de inconstitucionalidad
simple y de sentencia integradora, en el sentido que si bien en ellas se anula
el precepto acusado, éste es reemplazado por un mandato que el propio fallo
decide incluir o agregar al ordenamiento. De acuerdo con la doctrina
especializada, el tipo de sentencia sustitutiva se caracteriza por adoptar, en
forma sucesiva y concurrente, una postura ablativa, por medio de la cual se
neutraliza la inconstitucionalidad advertida, y una postura reconstructiva,
dirigida a llenar la laguna normativa creada por el vicio de
inconstitucionalidad detectado”.[40]
En
el presente caso, al igual que en la sentencia C-458 de 2015, la ausencia del
texto que parece inexequible puede resultar más gravosa que su presencia debido
al vacío normativo en la protección de los derechos de las personas en
situación de discapacidad. Por tanto, la Corte encuentra el fallo integrador
interpretativo como el más razonable en este asunto.
En conclusión, la Sala
proferirá una sentencia modulada, considerando que esto no implica la invasión
de la libertad de configuración del legislador o el quebrantamiento del
principio de la división de los poderes públicos, puesto que la Corte no está
construyendo una disposición legal nueva sino que simplemente está adecuándola
para que esta armonice con el sentido de la institución jurídica que desarrolla
y resulte coherente con las demás sobre la materia presentes en el ordenamiento
jurídico, incluso en el mismo Estatuto, y con el objetivo mismo del artículo en
su conjunto, y simultáneamente sea respetuosa de la normas constitucionales
pertinentes.
VII. DECISIÓN
Por lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de
Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar
EXEQUIBLE el artículo 25 de la Ley 1306 de 2009, en el entendido que la
expresión “del discapacitado” deberá reemplazarse por la expresión “de
la persona en situación de discapacidad”.
Notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el
expediente.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (E)
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con salvamento de voto
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Diario
Oficial No. 47.371 de 5 de junio de 2009.
[2] Corte
Constitucional. Sentencia C-458 de 2015.
[3] PARRA
Marina; La hipótesis Spir Whorf; En:
http://www.bdigital.unal.edu.co/30627/1/29488-105881-1-PB.pdf
[4] A este
respecto, el semiólogo y escritor italiano Umberto Eco, en su libro A paso
de Cangrejo (2007), explicaba el fenómeno en los siguientes términos: “Considero
que el término “políticamente correcto” se utiliza hoy día en un sentido
políticamente incorrecto. En otras palabras, un movimiento de reforma
lingüística ha generado usos lingüísticos desviados. Si leemos el artículo que
Wikipedia (una enciclopedia on line) dedica a lo PC (así se designa ahora,
mientras no se produzcan confusiones con las computadoras o con el antiguo
Partido Comunista), encontraremos también la historia del término. Parece ser
que en 1793 el Tribunal Supremo de Estados Unidos (en el caso denominado
“Chisholm versus Georgia”) argumentó que era muy frecuente citar un Estado en
vez del pueblo, para cuyo bien existe el Estado, y que por tanto era not
politically correct en un brindis hablar de Estados Unidos en lugar de “el
pueblo de Estados Unidos”.
A comienzos de la
década de 1980, el movimiento fue cuajando en los ambientes universitarios
estadounidenses, como (sigo citando de Wikipedia) una alteración del lenguaje
consistente en hallar sustitutos eufemísticos para usos lingüísticos referidos
a diferencias de raza, género, orientación sexual o discapacidad, religión u
opiniones políticas, con el fin de eludir discriminaciones injustas (reales o
ficticias) y evitar ofensas.
Todos sabemos que la
primera batalla de lo PC se libró para eliminar epítetos ofensivos para la
gente de color, no solo el infame nigger sino también negro, palabra que en
inglés se pronuncia nigro y que suena como un préstamo del español y evoca los
tiempos de la esclavitud. De ahí la adopción, primero de black y, luego, en una
posterior corrección, de african-american.
Esta cuestión de la
corrección es importante porque subraya un elemento fundamental de lo PC. El
problema no es que “nosotros” (que estamos hablando) decidamos cómo hay que
llamar a los “otros”, sino dejar que los otros decidan cómo quieren ser
llamados, y si el nuevo término les sigue molestando de algún modo, aceptar la
propuesta de un tercer término.”
[5]
http://www.rae.es/sites/default/files/Bosque_sexismo_linguistico.pdf
[6]
http://www.elespectador.com/opinion/el-lenguaje-politicamente-correcto
[7] Ibídem.
[8] Cfr.
sentencia C-804 de 2006.
[9] Cfr.
Entre otras, la sentencia C-1088 de 2004 “al poder político ya no le está
permitido aludir a los seres humanos, sea cual sea su condición, con una
terminología que los despoje de su dignidad, que los relegue al derecho de las
cosas”. Y añadió, “expresiones de esa índole, susceptibles de un uso
emotivo que resulta jurídicamente degradante y discriminatorio, no son
compatibles con los fundamentos de una democracia constitucional y deben ser
retirados del ordenamiento jurídico”.
[10] Ver entre
otras, las sentencias C-105 de 1994; C-222 de 1994; C-544 de 1994; C- 397 de
1995; C-446 de 1995; C- 591 de 1995; C- 174 de 1996; C-004 de 1998; C-742 de
1998; C-068 de 1999; C-082 de 1999; C- 112 de 2000; C- 289 de 2000; C- 641 de
2000; C- 800 de 2000; C-1111 de 2000; C- 1440 de 2000; C-1492 de 2000; C-1495
de 2000; C-1264 de 2000; C-007 de 2001; C- 1298 de 2001; C-174 de 2001; C-092
de 2002, C-379 de 2002; C-478 de 2003; C-1088 de 2004; C-1235 de 2005; C-804 de
2006; C-458 de 2015; C-182 de 2016 y C-258 de 2016, entre otras.
[11] Corte
Constitucional, sentencia C-037 de 1996.
[12] Corte
Constitucional, sentencia C-320 de 1997.
[13]Ver, entre
otras, las sentencias C-100 de 1996 y C-065 de 1997.
[14] Corte
Constitucional, sentencia C-379 de 1998.
[15] Corte
Constitucional, sentencia C-007 de 2001.
[16] Al respecto, ver las
sentencias C-600A de 1995, C-070 de 1996, C-499 de 1998, C-559 de 1999 y C-843
de 1999, entre otras.
[17] Diccionario de la
Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima primera edición. 1992.
Páginas 1277 y 1278.
[18] Corte Constitucional, sentencia C-478 de 2003. Al respecto dijo
la Corte: Sobre el particular, cabe señalar que para la Corte el lenguaje legal
debe ser acorde con los principios y valores que inspiran a la Constitución de
1991, ya que " es deber de la Corte preservar el contenido axiológico
humanístico que informa a nuestra norma fundamental, velando aún porque el
lenguaje utilizado por el legislador no la contradiga[18]. Posteriormente[18], esta Corporación consideró que "el
uso de términos jurídicos que tiendan a cosificar a la persona no es admisible"[18]. Sin embargo, en algunas ocasiones, el juez
constitucional, aplicando el principio de hermenéutica constitucional de
conservación del derecho[18],
que exige que el tribunal constitucional preserve al máximo la ley, en defensa
del principio democrático, ha considerado que si una disposición admite varias
interpretaciones, una de las cuales se ajusta al Texto Fundamental, debe dejar
la norma en el ordenamiento jurídico y retirar la lectura inconstitucional. (…)
El problema jurídico consiste entonces en determinar si la permanencia en la
legislación civil de expresiones que si bien en su momento correspondieron a
los términos técnicos empleados por los estudiosos de las ciencias de la salud,
en la actualidad pueden ser considerados como peyorativos u ofensivos, y por
ende, contrarios al principio de dignidad humana, y en consecuencia, deberían
ser expulsados del ordenamiento jurídico colombiano, siempre y cuando la
disposición respectiva no pierda sentido, y se preserven otros principios
constitucionales, en especial la igualdad, para no caer en un estado de
desprotección legal de los incapaces, igualmente contrario a la Constitución.
En efecto, si la norma legal emplea términos científicos revaluados, pero éstos
hacen parte de una institución civil encaminada a asegurar una igualdad de
trato a los incapaces, el juez constitucional debe acudir al principio
constitucional de conservación del derecho, examinando la posibilidad de
expulsión de los términos que resulten discriminatorios sin afectar el derecho
a la igualdad o el sentido de la disposición correspondiente.
[19] Corte Constitucional, sentencia C-1235 de 2005.
[20] Corte
Constitucional, sentencia C-804 de 2006.
[21] Ídem
[22] Corte
Constitucional, sentencia C-458 de 2015. En similar sentido ver las sentencias C-182 de
2016 y C-258 de 2016
[23]  Corte Constitucional, sentencia C-458 de 2015 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo). Dice la sentencia: “49.  La función de estas expresiones no es
agraviar o restar dignidad a las personas en condición de discapacidad. (…) 54.
La discriminación aludida se manifiesta porque las expresiones acusadas (…)
contribuyen a la generación de una mayor adversidad para las personas en
situación de discapacidad, pues ubican su situación como un defecto personal,
que además los convierte en seres con capacidades restringidas que tienen un
menor valor. Esta carga propia de las palabras citadas hace que los procesos de
dignificación, integración e igualdad sean más complejos.”
[24] Corte
Constitucional, sentencia C-458 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SV
Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). Sostiene la
providencia “Las palabras acusadas son elementos normativos de disposiciones
que regulan sistemas complejos, que interactúan constantemente con otros, por
ejemplo el sistema de seguridad social en pensiones.  ||  […]  ||  Aunque todas
estas expresiones también hacen parte de subsistemas normativos que buscan la
protección de los sujetos a los que hacen referencia, la Corte considera que el
lenguaje utilizado sí atenta contra la dignidad humana y la igualdad, pues no
se trata de palabras o frases que respondan a criterios definitorios de técnica
jurídica; son solamente formas escogidas para referirse a ciertos sujetos o
situaciones, opciones para designar que no son sensibles a los enfoques más
respetuosos de la dignidad humana.”
[25] Corte
Constitucional, sentencia C-458 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SV
Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).  “Además,
pretenden determinar los procedimientos y destinatarios de ciertas prestaciones
sociales, que obviamente tienen como objetivo proteger a poblaciones
consideradas vulnerables y que han perdido capacidad laboral. También regulan
esquemas de educación y acceso a oportunidades laborales, por lo cual no tienen
una finalidad inconstitucional, por el contrario persiguen objetivos
constitucionalmente imperiosos. Aunque las expresiones consideradas de manera
aislada puedan parecer discriminatorias –dada su carga emotiva- cuando se
entienden como parte del entramado de un sistema jurídico esa visión cambia.
Tal transformación se presenta no sólo por el análisis normativo ya mencionado
sino por las consecuencias de una declaratoria de inconstitucionalidad. En
efecto, considerar que se trata de disposiciones inexequibles, anularía
beneficios para las personas a las que aluden las normas, les quitaría medidas
diseñadas en su favor, sin considerar su rol descriptivo dentro de
proposiciones jurídicas complejas y que se trata de preceptos previos a varios tratados
sobre la materia que han incorporado el llamado enfoque social.”
[26] Corte Constitucional, sentencias T- 096 de 2009 y C- 824 de 2011.
[27] Corte
Constitucional, sentencia C-606 de 2012.
[28] Ver
entre otros: la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad,
la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, las Normas Uniformes sobre
la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, el Convenio
159 de la OIT “sobre la readaptación profesional y el empleo de personas
inválidas”, las “Declaraciones sobre el Progreso y Desarrollo en lo
Social”; el “Programa de Acción Mundial para las Personas con
Discapacidad”, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención
Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
las personas con Discapacidad.
[29] Corte
Constitucional, sentencia C-606 de 2012.
[30] Ibídem.
[31] Artículo
54. “Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y
habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe
propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar
a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de
salud.”
[32] Artículo 68. (…) La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con
limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son
obligaciones especiales del Estado.
[33] Corte
Constitucional,  sentencia C-793 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SV María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio)  En este caso los accionantes demandaron  los
numerales 6, 14 y 15 del artículo 6º de la Ley 1259 de 2008 “por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo,
limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones”., toda
vez que dicha norma atentaba contra grupos marginados y discriminados como
aquellas personas dedicadas al reciclaje. La Corte encuentra importante
incentivar al Estado a adoptar medidas necesarias para lograr una mayor
igualdad real y efectiva de las personas en condiciones de marginación  y
discriminación. Todo esto, gracias a que los recicladores tienen que enfrentar
los múltiples estigmas sociales, que se generan por la simple asociación de una
actividad, con elementos que la sociedad desecha.”
[34]
Corte Constitucional, sentencia C-478 de 2003 (MP
Clara Inés Vargas Hernández, AV Jaime Araujo Rentería) En
este caso los accionantes demandaron los
artículos 140 numeral 3, 545, 554 y 560 (parciales) del Código Civil. Toda vez
que a su juicio, estas normas contenían expresiones como ‘‘furiosos locos,
mentecatos, imbecilidad, idiotismo, entre otras’’ las cuales vulneraban la
dignidad e igualdad de las personas con alguna discapacidad  psíquica o física.
Para este caso, la Corte sostuvo que estas expresiones atendían los conceptos
médicos de la época en la cual fue redactado el Código Civil, y conforme a la
evolución que ha tenido la ciencia médica y el propio ordenamiento jurídico
estas expresiones hoy en día son  despectivas y vulneraban la dignidad humana,
además de violar claramente el principio de igualdad en donde las personas que
padezcan alguna variedad de discapacidad deben gozar sin discriminación alguna,
de los mismos derechos y garantías que los demás colombianos.
[35]
Corte Constitucional, al respecto ver: sentencia C-293 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla) En este caso se explica
el contexto de las acciones afirmativas, entendidas como ‘‘todas aquellas
medidas, políticas o decisiones públicas a través de las cuales se establece un
trato ventajoso, y en cuanto tal formalmente desigual, que favorece a
determinadas personas o grupos humanos tradicionalmente marginados o
discriminados, con el único propósito de avanzar hacia la igualdad sustancial
de todo el conglomerado social’’; sentencia C-824 de 2011
(MP Luis Ernesto Vargas Silva) En este caso la Corte
Constitucional reiteró que la Consitucion de 1991 ha reconocido también de manera amplia los derechos
fundamentales de las personas con limitaciones físicas, síquicas o sensoriales,
o con discapacidad, concediéndoles la condición de sujetos de especial
protección, enfatizando en la intangibilidad de sus derechos fundamentales, a
la vez que ha garantizado su plena inserción e integración a la sociedad; sentencia C-765 de 2012. (MP Nilson Pinilla Pinilla; AV María Victoria
Calle Correa) En este caso la Corte
Constitucional consideró que las personas en estado de discapacidad tienen que
tener un enfoque de rehabilitación, que le permite a través de tratamientos
médicos mejorar sus condiciones de vida, además de un enfoque social en donde
haya una reinserción en completa normalidad en la sociedad, otorgando mayor
autonomía en las personas con discapacidad y mayor autosuficiencia en la toma
de decisiones que tengan que ver con sus necesidades.
[36]
Corte Constitucional,  sentencia C-804 de 2009
(MP María Victoria Calle; SVP Juan Carlos Henao, María Victoria Calle,
Jorge Iván Palacio). En este caso la Corte analizó la demanda de
inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 68 (parcial) de la Ley
1098 de 2006 “por la cual se expide el Código de la Infancia y la
Adolescencia”, y se refirió a las medidas que debe implementar el Estado para
prevenir la discriminación de los grupos marginados.
[37] Ley 1306
de 2009. Artículo 3.
[38] Corte
Constitucional, sentencia C-078 de 2007.
[39] Corte
Constitucional, sentencia C-458 de 2015.
[40] Corte
Constitucional, sentencia C-325 de 2009.