C-469-16
Sentencia
C-469/16
CIRCUNSTANCIAS QUE EL JUEZ DEBE VALORAR PARA ESTABLECER SI LA
LIBERTAD DEL IMPUTADO REPRESENTA UN PELIGRO PARA LA COMUNIDAD-Caben dentro del margen de configuración normativa del legislador y
resultan acordes con las finalidades que persigue la medida de aseguramiento
que tienen sustento constitucional
PROTECCION A LA COMUNIDAD COMO JUSTIFICACION PARA DETENER
PREVENTIVAMENTE AL IMPUTADO-No vulnera el derecho a
la libertad personal
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Detención preventiva del imputado para evitar que obstruya el
proceso y evada la acción de la justicia frente a la protección de los miembros
de la comunidad no es excluyente
CIRCUNSTANCIAS PARA DETERMINAR CUANDO LA LIBERTAD DEL IMPUTADO
REPRESENTA UN PELIGRO FUTURO PARA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD-No contrarían el derecho a la libertad personal pues ésta no es
absoluta
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos/DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cargos deben ser claros, ciertos, específicos,
pertinentes y suficientes
JUEZ DE CONTROL DE GARANTIAS-Requisitos
para decretar medida de aseguramiento/MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Requisitos
LIBERTAD DEL IMPUTADO-Valoración de las
circunstancias para determinar cuándo representa un peligro futuro para la
seguridad de la comunidad
POTESTAD DE CONFIGURACION DEL LEGISLADOR EN MATERIA PROCESAL PENAL-Reiteración de jurisprudencia/POTESTAD DE CONFIGURACION DEL
LEGISLADOR EN MATERIA PROCESAL PENAL-Límites
DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-Alcance/DERECHO
A LA LIBERTAD PERSONAL-No es absoluto/DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-Restricciones
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Implicaciones/MEDIDAS
DE ASEGURAMIENTO-Incidencia constitucional/MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Injerencias
a la libertad personal
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL PROCESO PENAL-Límites formales y sustanciales
LIMITES FORMALES DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Reserva de ley para la procedencia de la privación o limitación del
derecho a la libertad personal
LIMITES FORMALES DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Reserva judicial para la imposición de una restricción a la libertad
LIMITES SUSTANCIALES DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Principio de Estricta legalidad
LIMITES SUSTANCIALES DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Principio de excepcionalidad
LIMITES SUSTANCIALES DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Principio de proporcionalidad
LIMITES SUSTANCIALES DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Principio de necesidad
LIMITES SUSTANCIALES DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Principio de gradualidad
NORMAS SOBRE PRIVACIONES O LIMITACIONES A LA LIBERTAD-Deben ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser
necesaria, adecuada, proporcional y razonable
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN LA LEY 906 DE 2004-Aspectos fundamentales
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Fines
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN LA LEY 906 DE 2004-Resultan ajustadas a las garantías constitucionales
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Reiteración
de jurisprudencia/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Doctrina constitucional
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO Y EN SENTIDO LATO-Alcance
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Tratados y
convenios internacionales sobre derechos humanos
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Función
integradora y función interpretativa
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Fuerza
vinculante
CONVENCION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS-Deber de armonización
interpretativa
CONVENCION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Interpretación
armónica y sistemática/CONVENCION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Fuerza
vinculante
CONVENCION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Interpretación de los derechos a la libertad personal y a la presunción
de inocencia
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Causal de justificación de la detención preventiva fundada en la
protección de la comunidad
CONVENCION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS-Protección de la comunidad como
justificación de las medidas de aseguramiento
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Garantías del procesado frente a normas que establezcan privaciones
arbitrarias de la libertad
PROTECCION DE LA COMUNIDAD-Encuentra
plena justificación en el principio de la prevalencia del interés general y en
el fin del Estado de asegurar la convivencia pacífica
PROTECCION DE LA COMUNIDAD EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL COMO
FIN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Respaldo
constitucional
Referencia:
Expediente D-11214
Demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 310 (parcial) de la Ley 906 de 2004, modificado por los
artículos 24 de la Ley 1142 de 2007, 65 de la Ley 1453 de 2011 y 3 de la Ley
1760 de 2015.
Actor: Salustiano Fortich Molina
Magistrado Ponente:
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de
agosto de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el
artículo 241, numeral 4 de la Constitución Política, y cumplidos todos los
trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente sentencia.
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en el
artículo 241, numeral 4 de la Constitución Política, el demandante solicita a
la Corte declarar inexequibles de los numerales 2) al 7) y, parcialmente, el
numeral 1) del artículo 310 del Código de Procedimiento Penal.
El Magistrado Alberto Rojas Ríos, a quien inicialmente
correspondió elaborar la ponencia dentro del presente asunto, mediante auto de
ocho (8) de febrero de 2016, dispuso admitir
parcialmente la demanda por considerar reunidos los requisitos previstos en el
Decreto 2067 de 1991[1],
corrió traslado al Procurador General de la Nación y comunicó el inicio del
proceso al Presidente de la República, al Fiscal General de la Nación y al
Defensor del Pueblo. De igual forma, invitó a participar a las Facultades de
Derecho de las Universidades Externado, Libre y Nacional de Colombia,
Javeriana, Sergio Arboleda, del Rosario, de la Sabana, de Los Andes, de
Antioquia, de Cartagena, del Valle, Eafit de Medellín, y Santo Tomás, sede
Bogotá.
Así mismo, invitó al Centro de Estudios sobre Derecho,
Justicia y Sociedad –Dejusticia- y a la Comisión Colombiana de Juristas, con el
objeto de que emitieran concepto técnico sobre la demanda, de conformidad con
lo previsto en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991. El Magistrado
sustanciador puso a consideración de la Sala Plena el proyecto de fallo. Sin
embargo, debido a que  la ponencia no obtuvo la mayoría de votos necesaria para
ser aprobada{, la elaboración del texto de la providencia correspondió al
suscrito Magistrado ponente, de conformidad con el inciso 2º, regla 8ª, del
artículo 34 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional.
II. NORMA
DEMANDADA
A continuación se transcribe el artículo demandado,
subrayado en los fragmentos y numerales objeto de impugnación.
LEY 906 de 2004
(agosto 31)
Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal.
El Congreso de la República
DECRETA
(…)
“ARTÍCULO 310. PELIGRO PARA LA COMUNIDAD. Artículo
modificado por el artículo 3 de la Ley 1760 de 2015. El nuevo texto es el
siguiente:> Para estimar si la libertad del imputado representa un peligro
futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de
la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá valorar las siguientes
circunstancias:
1. La continuación de la actividad delictiva o su
probable vinculación con organizaciones criminales.
2. El número de delitos que se le imputan y la
naturaleza de los mismos.
3. El hecho de estar disfrutando un mecanismo
sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o
preterintencional.
4. La existencia de sentencias condenatorias
vigentes por delito doloso o preterintencional.
5. Cuando se utilicen armas de fuego o armas
blancas.
6. Cuando el punible sea por abuso sexual con
menor de 14 años.
7. Cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de
delincuencia organizada”.
III. LA DEMANDA
El demandante considera que los apartados acusados contravienen los artículos
28 y 93 de la Constitución Política y 7 (núm. 2, 3 y 5) y 8 (núm. 1 y 2) de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Sostiene que en Colombia
resulta válido privar de la libertad al imputado durante el proceso penal, pero
ello no puede ser arbitrario pues está sometido a estrictas exigencias
constitucionales y legales, cuya observancia es impuesta al Estado en aras de
salvaguardar al ciudadano de injerencias indebidas.
En este sentido, señala que el Código de Procedimiento Penal habilita
la imposición de la detención preventiva en todos aquellos supuestos en que,
además de una inferencia razonable acerca de la posible responsabilidad del
imputado, esa medida de aseguramiento i) se muestre necesaria para evitar que
este obstruya el debido ejercicio de la justicia ii) resulte probable que el
procesado no comparecerá al proceso o no cumplirá la sentencia o iii) que el
mismo “constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”.
Para el actor, este último criterio es, sin embargo, contrario al
bloque de constitucionalidad y en especial a la interpretación del artículo
7.3. de la CADH que ha llevado a cabo la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH). El impugnante cita un informe de este organismo internacional,
sin identificarlo, y subraya algunos fragmentos, conforme con los cuales, la
imposición de la prisión preventiva debe tomar en consideración los principios
de presunción de inocencia y libertad y, por consiguiente, solo puede ser ordenada
en dos situaciones: cuando exista riesgo de que el procesado eludirá la acción
de la justicia y ante la probabilidad de que obstaculice la investigación
penal.
Según el informe, la prisión preventiva está sometida a criterios de
excepcionalidad y necesidad y no puede basarse en la peligrosidad del
imputado, en la posibilidad de que cometa delitos en el futuro o en la
repercusión social del hecho, por cuanto estas justificaciones se
apoyan en criterios de derecho penal material, no procesal, propios de
la respuesta punitiva. Tales fines, así mismo, se fundarían en la
evaluación del hecho pasado, no responderían al propósito de toda medida
cautelar, que intenta prever o evitar hechos relacionados exclusivamente con la
investigación penal, y menoscabarían de tal manera la presunción de inocencia.
El actor referencia también el Informe 2 de 1997 de la CIDH, según
el cual, las autoridades judiciales nacionales deben basar la imposición de la
prisión preventiva, con ciertos ajustes, en la razonable presunción de que el
procesado ha cometido un delito, en el peligro de fuga, en el riesgo de
comisión de nuevas conductas punibles, en las necesidades de la investigación y
las posibilidades de colusión, en el peligro de presión sobre los testigos y la
preservación del orden público.
Con fundamento en los citados informes, el demandante sostiene que
el fin de la medida de aseguramiento es la evitación de riesgos de carácter
esencialmente procesal, que incidan en la recta y cumplida administración de
justicia. La probabilidad de no comparecencia (fuga) y obstrucción de la
justicia previstos en la Ley se identificarían con ese propósito. En cambio, no
ocurriría lo mismo con el “peligro para la comunidad” contemplado en la
disposición acusada y excluido de los informes de la CIDH. Según el actor,
salvo la continuación de la actividad delictiva, ninguno de los indicadores de
peligrosidad contenidos en el artículo impugnado estaría asociado a fines
procesales, sino a criterios penales sustantivos y peligrosistas.
Las circunstancias de los numerales 1, 2,
5, 6 y 7 del artículo 310 C.P.P., ligadas a la probable vinculación del
investigado con organizaciones criminales, el número de delitos y su
naturaleza, el uso de armas blancas o de fuego y la edad de la víctima (menor
de 14 años) corresponderían a evaluaciones propias de la sentencia de fondo,
sobre la comisión de otros delitos y la estructuración de la conducta punible.
A su vez, los indicadores de peligrosidad previstos en los numerales 3 y 4
ídem, derivados de antecedentes y sustitutos penales vigentes, estarían
relacionados con elementos sustantivos para la concesión de beneficios
punitivos.
De esta manera, en tanto las circunstancias anteriores no
constituirían factores de riesgo procesal, desconocerían la interpretación de
la Convención llevada a cabo por la CIDH. El demandante añade que “los
criterios de necesidad de una medida de aseguramiento se deben compadecer con
los principios e interpretaciones que se efectúan del ordenamiento
supra-nacional por los organismos internacionales autorizados para tal fin…
resulta obligatorio para el Estado colombiano, por exigencia expresa del bloque
constitucional, acoger la interpretación que las autoridades competentes  hacen
de las normas internacionales e integrar dicha interpretación al ejercicio
hermenéutico de la Corte Constitucional…”
Con apoyo en jurisprudencia de esta Corporación y abundante doctrina
nacional, el actor agrega que en el artículo acusado el legislador excedió su
margen de configuración y desconoció el derecho a la libertad personal, al
establecer restricciones a su ejercicio basadas en criterios opuestos a
mandatos internacionales sobre derechos humanos. A partir de los anteriores
argumentos, solicita a la Corte declarar inexequibles los apartados demandados.
IV. INTERVENCIONES
4.1. Ministerio de Justicia
1. La Dirección de Desarrollo del
Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia intervino para
censurar la aptitud sustantiva de la demanda y, al mismo tiempo, defender la constitucionalidad
de los apartes demandados.
En primer lugar, el representante del Ministerio considera que el objeto del cargo de
inconstitucionalidad es una proposición jurídica incompleta, puesto que el
criterio de peligrosidad para la comunidad contenido en el 310 del C.P.P. solo
es un desarrollo del numeral 2 del artículo 308 ibídem, que específicamente
prevé la peligrosidad del imputado para la sociedad como uno de los elementos
que permiten al juez de control de garantías decretar la medida de aseguramiento,
disposición que, da a entender, debió haber sido conjuntamente impugnada.
Así mismo, la regulación acusada se
encontraría estrechamente relacionada con los artículos 306 (solicitud de
imposición de medida de aseguramiento), 307 (medidas de aseguramiento), 311
(peligro para la víctima), 313 (procedencia de la detención preventiva) y 318
(solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento) del mismo Código,
artículos sin los cuales la norma censurada carecería de sentido. Por lo
anterior, el representante del Ministerio estima que se configura ineptitud
sustantiva de la demanda, derivada de la proposición jurídica incompleta, lo
que conduce, a su juicio, a un fallo inhibitorio.
2. En todo caso, el interviniente
proporciona algunos argumentos para sustentar la constitucionalidad de los
apartados acusados. Advierte que en el estatuto procesal penal existen medidas
de aseguramiento restrictivas y no restrictivas de la libertad y que estas solo
pueden ser impuestas bajo estrictos criterios de necesidad, adecuación,
razonabilidad y proporcionalidad. Señala que la Ley 1760 de 2015 que modificó,
entre otros, el artículo demandado, reitera la excepcionalidad de la detención
preventiva, establece límites específicos de tiempo y la obligación de tomar en
cuenta la naturaleza del delito como criterio para determinar si el imputado se
halla dentro de algunas de las causales prevista en el artículo 308 C. P.
De modo específico, plantea que la
disposición demandada se encuentra en armonía con el artículo 250 C.P., norma
que permite la adopción de medidas cautelares dentro del proceso, entre otros
fines, para la protección de la comunidad, como lo puso de presente la
Sentencia (sic) C-1098 de 2008. Al invocarse este fin, señala, no basta
la gravedad y modalidad de la conducta, así como la pena a imponer, sino que
también deben tenerse en cuenta precisamente los criterios de determinación de
la peligrosidad del imputado impugnados en este caso.
Con base en los anteriores argumentos,
el representante del Ministerio solicita a la Corte declararse inhibida para
fallar por ineptitud de la demanda y, en su defecto, declarar la exequibilidad
del artículo acusado.
4.2. Universidad Santo Tomás de
Aquino
La Facultad de Derecho de la Universidad
Santo Tomás de Aquino, sede Bogotá, intervino para justificar la
constitucionalidad del artículo impugnado. Los intervinientes en representación
de la Facultad citan varias sentencias de la Corte sobre el carácter
preventivo, no sancionatorio, de las medidas de aseguramiento dentro del
proceso penal, la protección de la comunidad, como fin constitucional de
aquellas y la reserva de ley de las condiciones bajo las cuales la Constitución
permite ordenar restricciones a la libertad personal.
De la misma manera, sostienen que según
el artículo 7 de la CADH y la jurisprudencia reiterada de la Corte IDH, existen
un conjunto de limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad, pero las
mismas están sujetas a reserva de ley y a la observancia de los procedimientos
que objetivamente y en sentido material y formal son definidos en las
regulaciones nacionales de los Estados. De acuerdo con todo lo anterior,
concluyen que la privación preventiva de la libertad debe ser la excepción, no
la regla general, y que las razones que permiten decretarla han de encontrarse
previstas en la Constitución o en la ley, conforme a lo previsto en el artículo
7 de la CADH.
Con arreglo a los precedentes
argumentos, consideran que los numerales demandados son ajustados a la Carta y
solicitan a la Corte declararlos  exequibles.
4.3. Universidad Libre, sede Bogotá
El Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la
Facultad de Derecho de la Universidad Libre, sede Bogotá, intervino para cuestionar la aptitud sustantiva de la demanda y, en todo caso, para
respaldar la constitucionalidad del artículo acusado.
Los intervinientes en representación del Observatorio señalan que el actor hace
una “relación extensa, confusa, sin especificidad ni pertinencia, sobre las
razones que lo llevan a considerar” que los enunciados acusados son
contrarios al bloque de constitucionalidad, lo que debería conducir a que la
Corte se inhiba de emitir pronunciamiento de fondo.
Con todo, los intervinientes consideran
que no le asiste razón al demandante. Con fundamento en jurisprudencia de esta
Corporación y en los artículos 28 y 93 C.P., y 7 y 8 de la CADH y subrayan que,
si bien todo individuo tienen derecho a la libertad personal, conforme a tales
disposiciones esa facultad no es absoluta, dado que puede ser objeto de
restricciones, por causas y en las condiciones fijadas con anterioridad por las
Constituciones Políticas de los Estados Partes o en las leyes dictadas conforme
a ellas.
Así mismo, señalan que la citada medida
cautelar no desconoce el principio de la presunción de inocencia en razón de su
carácter meramente preventivo, de que se decreta, entre otros fines, para la
protección de la comunidad y de que su imposición está sujeta a un conjunto de
presupuestos. De manera especial, afirman discrepar de que el artículo acusado
sea inconstitucional, pues la  Carta misma permitiría la imposición de la
medida de aseguramiento con el fin de proteger a la comunidad y, según las
Sentencias C-121 de 2012 y  C-1198 de 2008 y el artículo demandado, para
estimar si la medida resulta justificada en dicho fin se debe valorar la
gravedad y modalidad de la conducta punible.
Con base en los anteriores argumentos,
los intervinientes solicitan a la Corte declarar la exequibilidad del artículo
(parcialmente) demandado.
4.3. Universidad de Cartagena
La Facultad de Derecho de la Universidad
de Cartagena intervino para objetar la aptitud sustantiva del cargo y defender
la constitucionalidad de los enunciados normativos impugnados.
El docente que actúa en representación
de la Universidad estima que no fueron presentados argumentos concretos contra
los numerales acusados del artículo 310 C. P. P., de modo que no se satisfacen
los presupuestos de suficiencia y especificidad del cargo.
De otro lado, sostiene que de acuerdo
con el artículo 250 C.P. y la jurisprudencia constitucional, la peligrosidad
del imputado para la comunidad es un criterio admisible como fin de la
detención preventiva. Considera que el demandante hizo una lectura aislada del
precepto acusado, pues conforme a una interpretación sistemática con otras
normas del mismo Código y jurisprudencia de la Corte, la imposición de la
detención preventa solo puede ser excepcional, necesaria y racional,
sujeta a una base probatoria mínima sobre la responsabilidad del imputado y a
unos específicos fines procesales con justificación constitucional.
Por las anteriores razones, el
representante de la Universidad señala que el artículo impugnado es
constitucional y, en consecuencia, solicita declarar su exequibilidad.
4.4. Universidad Externado de
Colombia
La Facultad de Derecho de la Universidad
Externado de Colombia intervino para justificar la constitucionalidad de las
disposiciones acusadas. El docente que interviene en representación del centro
educativo considera que no le asiste razón al demandante. Argumenta que la
interpretación de la demanda sobre las justificaciones de la detención
preventiva que tiene establecido “el sistema interamericano de derechos
humanos es en extremo inflexible” al no permitir otras
circunstancias como el peligro del imputado para la comunidad.
Según el interviniente, el demandante
ignora que el informe 2 de 1997 de la CIDH, citado también en la demanda,
contempla como justificación para la procedencia de la detención preventiva la razonable
sospecha de culpabilidad. Así mismo, que para determinar la probabilidad de
fuga, admite la valoración de la seriedad (gravedad) del delito y de la pena
(aunque no suficientes luego de cierto plazo), los valores morales
de la persona, su ocupación y los vínculos familiares o de otro tipo que puedan
determinar la comparecencia o ánimo de evasión.
El docente subraya que el citado Informe
también permite evaluar el peligro de reincidencia o la comisión de nuevos
delitos, a partir de la gravedad del crimen y la constatación de los
antecedentes penales del imputado, así como su personalidad y carácter. La
complejidad del caso autorizaría, de igual forma, la prisión provisional, como
aquellos eventos en que se requieren interrogatorios difíciles o donde el
procesado ha conspirado, demorado o entrabado el curso normal del trámite. La
justificación basada en la preservación del orden público, por la “generación
de disturbios” que la libertad del procesado podría ocasionar, sería igualmente
susceptible de ser empleada para sustentar limitaciones a la libertad del
imputado.
Adicionalmente, el interviniente pone de
presente que los indicadores de peligro para la comunidad demandados
coincidirían con las justificaciones permitidas en el informe de la Comisión.
Mediante cuestionamientos, sostiene que la vinculación con organizaciones
criminales o la existencia de condenas vigentes por delitos dolosos o
preterintencionales previstas en el artículo acusado están asociada a la
probable comisión de un delito, necesaria para adoptar la medida de
aseguramiento según la CIDH; y el delito sexual con menor de catorce años está
relacionado con la preservación del orden público, también admitida como
justificación de la medida cautelar.
El interviniente concluye que la
inconstitucionalidad observada por el impugnante se deriva de una
interpretación restrictiva que hace de la CADH y subraya que, a partir del
Informe 2 de 1997 de la CIDH, resulta claro que la norma acusada se acompasa
con el bloque de constitucionalidad y en especial con el derecho fundamental a
la libertad personal previsto en el artículo 28 C. P. En consecuencia, solicita
a la Corte declarar exequible el artículo demandado.
V. CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
En
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución
Política, mediante concepto 006087 de 25 de abril de 2016, el Procurador
General de la Nación solicitó a la Corte declararse inhibida para pronunciarse
de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda, en razón de la presunta falta
de certeza, pertinencia y suficiencia del cargo formulado por el actor.
Argumenta que
“las deducciones que construye el demandante” no son claras y en algunos
apartes están fundadas en meros supuestos, a partir de los que se efectúan
interpretaciones subjetivas de la disposición impugnada, sin tener en cuenta
otras normas procesales concordantes con el artículo modificado, en las cuales
se establecen criterios que el juez de control de garantías debe tomar en
cuenta al decidir si impone al imputado una medida de aseguramiento privativa
de la libertad.
Advierte que
al prever la valoración del conjunto de circunstancias demandadas, el
legislador no necesariamente lesiona el derecho fundamental a la libertad
personal, como lo supone el actor, puesto que la detención preventiva no
siempre comporta la privación de la libertad, dado que para su imposición se
requiere examinar la gravedad y modalidad de la conducta y de la pena
eventualmente aplicable, los antecedentes penales del procesado y el
cumplimiento de los fines constitucionales de la medida cautelar.
La Vista
Fiscal considera, así, que la demanda no contiene una comparación  entre la
regulación acusada y las disposiciones alegadas como vulneradas y, en
contraste, incluye cuestionamientos que responden a una preocupación personal
relacionada con el hacinamiento en las cárceles del país. En este orden de
ideas, afirma que el cargo carece de certeza y, como consecuencia, solicita a
la Corte declararse inhibida para fallar.
VI.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
6.1.
Competencia
1. La Corte
Constitucional es competente para resolver la demanda de la referencia, en los
términos del artículo 241-4 C.P., puesto que se trata de la acción pública de
inconstitucionalidad contra disposiciones contenida en una ley de la República.
6.2. Cuestión
previa. Aptitud sustantiva de la demanda
6.2.1. Antes de
indicar el problema jurídico que debe ser resuelto y la estructura que seguirá
la justificación de la decisión, es necesario determinar la aptitud sustantiva
de la demanda, pues los intervinientes en representación del Ministerio de
Justicia y de las Universidades de Cartagena y Libre de Colombia, así como el
Procurador General de la Nación consideran que no cumple con los requisitos
mínimos para ser estudiada y solicitan a la Corte inhibirse de emitir
pronunciamiento de fondo.
6.2.1.1. De
conformidad con el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, la demanda de
inconstitucionalidad debe contener: “(i) el señalamiento de las normas acusadas
como inconstitucionales, su trascripción literal por cualquier medio o un
ejemplar de la publicación oficial de las mismas; (ii) el señalamiento de las
normas constitucionales que se consideren infringidas; (iii) las razones por
las cuales dichos textos se estiman violados; (iv) cuando fuere el caso, el
señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del
acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y (v) la razón por la cual la
Corte es competente para conocer de la demanda”.
A la luz de lo
anterior, la demanda debe contener por lo menos una argumentación básica que,
desde el punto de vista lógico, plantee dudas de incompatibilidad, de manera
inteligible y precisa, de una norma de nivel legal con una de rango
constitucional. Los cargos, por lo tanto, deben reunir ciertos requisitos, para
que se ajusten a la naturaleza normativa, abstracta y comparativa del control
que realiza la Corte y permitan comprender mínimamente el problema de
transgresión constitucional que se propone. Esto ha sido resumido en la
necesidad de que los cargos sean claros, específicos, pertinentes,
suficientes y satisfagan la exigencia de certeza.
La claridad
hace relación a que los argumentos sean determinados y comprensibles y permitan
captar en qué sentido el texto que se controvierte infringe la Carta. Deben ser
entendibles, no contradictorios, ilógicos ni anfibológicos. Conforme la
exigencia de la certeza, de una parte, se requiere que los cargos tengan
por objeto un enunciado normativo perteneciente al ordenamiento jurídico e ir
dirigidos a impugnar la disposición señalada en la demanda y, de la otra, que
la norma sea susceptible de inferirse del enunciado acusado y no constituir el
producto de una construcción exclusivamente subjetiva, con base en
presunciones, conjeturas o sospechas del actor.
La especificidad
de los cargos supone concreción y puntualidad en la censura, es decir, la
demostración de que el enunciado normativo exhibe un problema de validez
constitucional y la explicación de la manera en que esa consecuencia le es
atribuible. Es necesario que los cargos sean también pertinentes y, por
lo tanto, por una parte, que planteen un juicio de contradicción normativa
entre una disposición legal y una de jerarquía constitucional y, por la otra,
que el razonamiento que funda la presunta inconstitucionalidad sea de
relevancia constitucional, no legal, doctrinal, político o moral.
Tampoco el cargo
es pertinente si el argumento en que se sostiene se basa en hipótesis
acerca de situaciones de hecho, reales o de hipotética ocurrencia, o ejemplos
en los que podría ser o es aplicada la disposición. Y, por último, la suficiencia
implica que el razonamiento jurídico contenga un mínimo desarrollo, en
orden a demostrar la inconstitucionalidad que le imputa al texto demandado. El
cargo debe proporcionar razones, por lo menos básicas, que logren poner en
entredicho la presunción de constitucionalidad de las leyes, derivada del
principio democrático, que justifique llevar a cabo un control jurídico sobre
el resultado del acto político del legislador[2].
Así, es
indispensable que demanda de inconstitucionalidad satisfaga las mencionadas
exigencias mínimas, para que la Corte se adentre en el análisis de fondo
planteado por el actor. En caso contrario, no poseerá aptitud sustantiva y la
Sala deberá inhibirse para emitir pronunciamiento el respectivo
pronunciamiento.
6.2.1.2. En el presente caso, el demandante impugna los
números 2 al 7[3]
y parcialmente el 1[4]
del artículo 310 del C.P.P., como circunstancias que, además de la gravedad y
modalidad del delito y la pena imponible, deben ser valoradas para determinar
si la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la
comunidad. Considera que en tanto indicadores de esa circunstancia, dichos
enunciados desconocen los artículos 28 (derecho a la libertad) y 93 (bloque de
constitucionalidad) de la Carta y 7 (derecho a la libertad personal) y 8
(garantías judiciales) de la CADH, pues según la interpretación de la CIDH, la
prisión preventiva solo procede para evitar la obstrucción de la justicia y la
no comparecencia del imputado al proceso.
Los
representantes de la Universidades Libre y de Cartagena señalan, sin ofrecer
ulteriores argumentos, que el cargo carece de especificidad, pertinencia y
suficiencia. La Sala observa, sin embargo, que el cargo
satisface todos los requisitos para ser estudiado. Contiene una acusación y
sustentación clara dirigida a cuestionar las circunstancias previstas en
los numerales demandados, como indicadores de peligrosidad del imputado para la
comunidad, por ser presuntamente contrarias al bloque de constitucionalidad y
en especial a la interpretación que de las disposiciones de la CADH ha llevado
a cabo la CIDH.
Cumple, del
mismo modo, las exigencias de especificidad y certeza puesto que,
de un lado, es planteado en orden a censurar los numerales indicados del
artículo 310 del C.P.P., en relación con las disposiciones superiores
mencionadas y, del otro, para hacerlo, parte de una interpretación razonable de
ambos conjuntos de normas, apoyado, en el caso de las
normas internacionales, en informes de la CIDH. El
cargo es también pertinente debido a que la acusación de los enunciados
normativos legales se funda en el presunto desconocimiento de normas de rango
constitucional y no de otro nivel o en consideraciones de naturaleza no
normativa.
Por último, cumple con el requisito de suficiencia, dado que
contiene un planteamiento básico e inteligible, que explica con razonable
amplitud, la razón por la cual los enunciados normativos demandados serían
contrarios a la Convención Americana, de modo que logra generar una duda mínima
sobre su compatibilidad con las normas superiores invocadas.
6.2.1.3. Ahora, el representante del Ministerio de
Justicia sostiene que el demandante impugna una proposición jurídica
incompleta, pues los apartados acusados adquieren sentido en conjunto con otros
artículos del mismo Código de Procedimiento Penal y, de hecho, solo constituyen
un desarrollo del artículo 308 ídem, con lo que sugiere que también dichos
preceptos debieron ser demandados.
Los números 2 al 7 y el 1 del artículo 310 del Código de Procedimiento
Penal son circunstancias que, además de la gravedad y modalidad del delito y la
pena imponible, deben ser valoradas para determinar si el imputado constituye
un peligro para la seguridad de la comunidad. La utilidad de estas
circunstancias y la obligación para el juez de control de garantías de
apreciarlas como criterios están previstas en el encabezado del artículo, el
cual, sin embargo, no fue objeto de impugnación.
Para la Sala es
claro que el referido encabezado del precepto permite comprender el papel de
las citadas circunstancias y el contenido del deber que pesa sobre el juez.
Pese a esto, las situaciones contenidas en los numerales demandados tienen
sentido propio y autónomo y configuran una proposición jurídica completa. Esto
porque solo basta una interpretación sistemática o del contexto general del
artículo, incluido el encabezado, para comprender integralmente el contenido
normativo de aquellas, sin necesidad de que otras disposiciones y ni dicho
encabezado hayan tenido que ser expresamente impugnados. Cada una de ellas
tiene un campo de regulación específico, separable entre sí, como indicador de
la causal justificante impugnada.
Por las razones
anteriores, la Corte concluye que la demanda en su integridad posee aptitud sustantiva para ser estudiada.
6.3. Problema jurídico y esquema de la decisión
6.3.1. El artículo 308 del C.P.P. establece que el juez
de control de garantías decretará la medida de aseguramiento cuando de los
elementos materiales probatorios se infiera razonablemente que el imputado
puede ser responsable del delito, siempre y cuando se cumpla uno de los
siguientes requisitos: 1. Que la medida de aseguramiento se muestre como
necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la
justicia; 2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la
sociedad o de la víctima. 3. Que resulte probable que el imputado no
comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.
El citado numeral 2, a su vez, es desarrollado por el
artículo 310 del C.P.P. parcialmente impugnado en esta ocasión. Según esta
disposición, con el fin de estimar si la libertad del imputado representa un
peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y
modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá valorar: “1.
La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con
organizaciones criminales. 2. El número de delitos que se le imputan y la
naturaleza de los mismos. 3. El hecho de estar disfrutando un mecanismo
sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional.
4. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o
preterintencional. 5. Cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas. 6.
Cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años. 7. Cuando hagan
parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada”.
La demanda se dirige contra los numerales 2 al 7 y el fragmento
subrayado del numeral 1. El argumento del demandante es, sin embargo, general y
omnicomprensivo. Sostiene que la peligrosidad del imputado para la seguridad de
la comunidad, como criterio de necesidad de la medida de aseguramiento en el
trámite del proceso penal, es contrario al derecho fundamental a la libertad
personal consagrado en los artículos 28 C.P., a la luz de la interpretación del artículo 7º de la CADH desarrollada por la CIDH.
Basado en un informe del organismo, argumenta que el fin general de
la medida de aseguramiento solo puede ser la evitación de riesgos que afecten
el óptimo desarrollo del proceso penal, por lo que su imposición únicamente es
procedente de existir la probabilidad de que el imputado eluda la acción de la
justicia o de que obstaculice la investigación. No se
podría, en particular,  apelar a criterios como la peligrosidad del imputado,
la posibilidad de que cometa delitos en el futuro o la repercusión social del
hecho, por cuanto estas justificaciones se apoyarían en criterios de
derecho penal material, no procesal, propios de la respuesta punitiva
que, por ende, desconocerían la presunción de inocencia y el derecho a la
libertad personal.
Por lo tanto, dado que el legislador recurre al criterio de
peligrosidad del agente para justificar la medida cautelar en cuestión, el
actor sostiene que las normas demandadas desconocen el artículo 28 C.P.,
conforme a la interpretación del artículo 7 de la CADH sostenida por la CIDH.
Todas las instituciones intervinientes
solicitan la declaratoria de exequibilidad de las disposiciones objetadas. El
representante del Ministerio de Justicia y los miembros del Observatorio de
Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre y de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Cartagena consideran que la peligrosidad del
imputado para la comunidad, como criterio para la imposición de la medida de aseguramiento,
se encuentra acorde con el artículo 250 C.P. que permite la adopción de medidas
cautelares dentro del proceso, entre otros, con dicho fin general, como también
lo pusieron de presente las Sentencias C-1198 de 2008 y C-121 de 2012.
Las dos primeras instituciones y el Procurador subrayan,
además, que al invocarse el citado fin, el juez debe valorar la gravedad y
modalidad de la conducta, así como la pena imponible, los
propósitos constitucionales de la medida y los criterios objetivos,
precisamente de peligrosidad, contenidos de los numerales 1 al 7 del artículo
demandado. Por su parte, los intervinientes de la
Universidad Santo Tomas afirman que, de conformidad con el artículo 7 de la
CADH y jurisprudencia reiterada de la Corte IDH, las limitaciones a la libertad
personal están sujetas a reserva de ley y a la observancia de los
procedimientos definidos en las regulaciones nacionales de los Estados, por lo
cual, las normas acusadas no son contrarias a la Constitución.
El interviniente de la Universidad Externado de Colombia adopta una
línea de argumentación diferente a las anteriores. Sostiene que la
interpretación del demandante acerca de las justificaciones de la detención
preventiva en el sistema interamericano es extremadamente “inflexible”,
al excluir la peligrosidad del imputado, y señala que deja de lado que, según
el informe 2 de 1997 de la CIDH, citado en la propia demanda, son criterios
para la procedencia de la detención preventiva la razonable sospecha de
culpabilidad, el peligro de reincidencia, la complejidad del caso e incluso la
preservación del orden público.
Así mismo, el demandante ignoraría que conforme al citado informe,
para para determinar el riesgo de fuga del imputado, se permite apreciar la
gravedad del delito y de la pena, los valores morales de la persona, su
ocupación, personalidad y vínculos familiares. De acuerdo con el interviniente,
todas estos criterios de necesidad admitidos en el informe 2 de 1997 de la CIDH
coincidirían, a su vez, con los indicadores de peligrosidad acusados de
inconstitucionales por el actor.
Como se observa, el problema de constitucionalidad que debe ser
resuelto gira en torno a la admisibilidad, o no, de la peligrosidad del
imputado para la comunidad, como criterio para la imposición de una medida de
aseguramiento en el trámite del proceso penal. Según el demandante, en la
interpretación que la CIDH hace del artículo 7 de la Convención Americana, esto
no es admisible, por cuanto dicha medida cautelar solo podría tener dos
propósitos: evitar la obstrucción del proceso y garantizar la comparecencia del
procesado. El criterio basado en la peligrosidad del agente se encontraría
excluido, por cuanto no tendría relación alguna con la intangibilidad del
proceso y su comparecencia y supondría una mera anticipación de la reacción
punitiva.
El representante de la Universidad Externado pone de manifiesto que
el demandante deja de lado que la CIDH también ha admitido otros criterios para
la imposición de la medida de aseguramiento que, a su vez, se identifican con
los impugnados en este asunto. A su vez, para varios intervinientes, el
artículo 250 de la Constitución expresamente permite la imposición de la medida
cautelar con el propósito de proteger la comunidad. En estos términos, el
problema jurídico que debe ser resuelto es si vulnera el derecho a la libertad
personal que la peligrosidad del imputado para la sociedad constituya un
criterio con base en el cual el juez de control de garantías puede imponer una
medida de aseguramiento de detención preventiva.
6.3.2. A fin de
ilustrar los aspectos centrales del debate propuesto y adoptar la decisión de
fondo, se procederá de la siguiente manera. La Sala reiterará su jurisprudencia
sobre la potestad de configuración del legislador en materia procesal
penal y sus límites generales (i), así como los límites formales y sustanciales
a la creación de medidas de aseguramiento (ii). Enseguida, expondrá la
regulación general de las medidas de aseguramiento en el Código de Procedimiento
Penal (iii) y recordará brevemente la doctrina de la Corte sobre el bloque de
constitucionalidad (iv) y el valor de las interpretaciones de la CADH
realizadas por la Corte IDH y la CIDH en el ámbito interno (v). Por último, se
analizará la constitucionalidad de las normas acusadas (vi).
7. Fundamentos
i. La potestad
del legislador en materia procesal penal y sus límites generales. Reiteración
de jurisprudencia[5].
1. De acuerdo con
la jurisprudencia de esta Corporación, el legislador cuenta con la competencia
para regular de manera detallada los diversos sectores del ordenamiento
jurídico, a través de la expedición de Códigos y de la interpretación, reforma,
derogación de sus disposiciones, conforme a los numerales 1 y 2 del artículo
150 de la Constitución Política. Específicamente en materia procesal, el
legislador goza de una amplia facultad de configuración en orden a diseñar los
procedimientos judiciales de cada ámbito de regulación, los términos,
competencias, poderes, cargas, etapas, recursos, modalidades de notificaciones,
plazos, fases de los trámites y todos los demás aspectos considerados
pertinentes[6].
2. De manera
específica, en ejercicio de la potestad oficial de sancionar, el legislador
dispone de un margen de autonomía, no solo para penalizar conductas, sino
también para elaborar modelos de procesamiento acordes con la política criminal
que pretenda promover, con los momentos y requerimientos de tipo histórico y
político y las razones de conveniencia pública que crea aconsejable atender.
Puede optar, así, por diseñar sistemas de proceso penal con rasgos definidos de
uno u otro modelo teórico, con diversas fases, medidas cautelares, competencias
y procedimientos de investigación[7].
Así mismo, con esquemas de garantías orgánicas y procesales que considere
útiles o adecuadas y con técnicas particulares de investigación y juzgamiento.
3.  Pese a lo
anterior, en un Estado constitucional como el fundado en la Carta Política de
1991, en especial en materia penal, el legislador está rígidamente sometido a
un conjunto de límites y vínculos que condicionan la validez de la producción
normativa y restringen de manera importante su libertad de configuración[8].
Por un lado, el modelo de proceso penal no puede contemplar injerencias
irrazonables a los derechos fundamentales y principios protegidos por la
Constitución. Esta es una cláusula derivada del mandato de supremacía
constitucional que, en general, vincula la acción política del Congreso en este
y otros campos del orden jurídico[9].
Cobran aquí
especial relevancia el derecho a ser tratado conforme a la dignidad humana, la
afirmación general del principio de libertad y la absoluta excepcionalidad de
su restricción, la inviolabilidad de comunicaciones y de domicilio, los
derechos a la igualdad, la intimidad personal y familiar, la honra, la libertad
de conciencia y el buen nombre. Así mismo, la prohibición de ser sometido a
desaparición forzada, a torturas y a tratos o penas crueles, inhumanos y
degradantes; así como la interdicción de detenciones, prisión o arresto por
deudas y de penas y medidas de seguridad imprescriptibles.
4. Por otro lado,
al construir un modelo de proceso penal para la persecución y el juzgamiento de
los delitos, el legislador no le está permitido desconocer el debido proceso y
los principios para el ejercicio del ius puniendi legados de la
tradición democrática y liberal, igualmente sancionados en la Carta Política y
ampliamente desarrollados en la jurisprudencia de la Corte. En consecuencia, no
está habilitado para restringir sin estricta justificación constitucional la
libertad del procesado, la plenitud de las formas de la investigación y el
juicio, la presunción de inocencia, los principios de estricta legalidad, juez
natural, publicidad, imparcialidad, defensa técnica, doble instancia y la
prohibición de doble incriminación, prisión perpetua, destierro y confiscación,
entre otros[10].
6. Tampoco el Congreso puede
llevar a cabo limitaciones indebidas e injustificadas a los derechos que les
asiste a las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación[11]
y, en íntima conexión con estos, a su derecho a un recurso judicial efectivo[12]
y su participación eficaz dentro del trámite procesal, prerrogativas
reconocidas en el derecho y la jurisprudencia internacionales y en la doctrina
constitucional de esta Corte, con fundamento en los artículos 229,
29 y 93 y 251 C.P.[13].
Además, al legislador no le es consentido realizar intromisiones desmedidas y
arbitrarias en las garantías como el debido proceso, el
derecho de defensa, el juez natural, la publicidad, etc.[14], que, en virtud
del principio de bilateralidad, les asiste también a las víctimas[15].
7. En síntesis, al legislador le asiste autonomía política para
establecer los procedimientos judiciales en los diversos campos de regulación del
sistema jurídico, incluido el del proceso penal (i). Posee una amplia
competencia para adoptar modelos de investigación, de acusación y juzgamiento,
con instituciones y estructuras propias (ii). Sin embargo, particularmente en
este ámbito le está impedido, por una parte, crear intromisiones
desproporcionadas en las libertades constitucionales fundamentales, en
especial, en aquellas que con mayor probabilidad pueden ser puestas en riesgo
durante los procedimientos (iii) y, por otra parte, le está proscrito injerir
injustificadamente en las garantías procesales que disciplinan el ejercicio del
derecho de castigar (iv).
Sobre esto último, está inhabilitado para anular o restringir sin
justificación constitucional, en particular, la libertad del procesado, la
plenitud de las formas de la investigación y el juicio, la presunción de
inocencia, los principios de estricta legalidad, juez natural, publicidad,
imparcialidad, defensa técnica, doble instancia y la prohibición de doble
incriminación, prisión perpetua, destierro y confiscación (v). Las garantías
procesales protegen no solamente a quien eventualmente se le siguen
indagaciones y formalmente se le procesa y somete a juicio, sino también a las
víctimas de los delitos, compatibles con su condición, en virtud del principio
de bilateralidad (vi).
8. Los límites más importantes con que se enfrenta el legislador al
construir el proceso penal surge en el diseño de las medidas cautelares
destinadas a afectar los derechos fundamentales del procesado en el curso del
trámite seguido en su contra.
ii. Las
medidas de aseguramiento dentro del proceso penal y sus límites
constitucionales.
ii.i. Las
medidas de aseguramiento
8. Legado de la
tradición liberal, uno de los derechos fundamentales básicos en el Estado constitucional
y democrático de derecho es la libertad personal, que implica en general la
posibilidad y ejercicio efectivo de todas las acciones
dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen
con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios.
Correlativamente, supone la prohibición de todo acto de coerción física o
moral, oficial o proveniente de particulares, que interfiera o suprima la
autonomía de la persona, la sojuzgue, oprima o reduzca indebidamente[16].
9. No obstante
lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho a la
libertad personal no es absoluto sino que se está sujeto a privaciones y
restricciones temporales[17].
Las privaciones legítimas a la libertad son llevadas a cabo por esencia en el
marco del proceso penal, bajo la forma de sanciones contra el acusado, como
consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal. Sin embargo, también
en el trámite de la actuación el Estado puede afectar la libertad personal a
través de decisiones cautelares, denominas medidas de aseguramiento,
transitorias, decretadas con fines preventivos[18].
10. Las medidas de aseguramiento implican la privación efectiva del
derecho a la libertad personal, restricciones a su ejercicio o la imposición de
otras obligaciones, con el objeto general de garantizar el cumplimiento de las
decisiones adoptadas dentro del trámite, la presencia del imputado en el
proceso y asegurar la estabilidad y tranquilidad sociales, de modo que se
contrarresten hipotéticas e indeseables situaciones como producto del tiempo
transcurrido en la adopción de la decisión y las medidas de fondo a que haya
lugar.
Las medidas de aseguramiento adquieren, sin embargo, una particular
incidencia constitucional debido, ante todo, a su capacidad para afectar de
manera intensa la libertad personal. El agente sufre un temporal, preventivo y,
sin embargo, ostensible impacto en el derecho a su libertad. Por estos innegables
efectos, de acuerdo con la Constitución y la jurisprudencia de la Corte, la
creación de las medidas de aseguramiento debe ser estrictamente excepcional y
se encuentra sometida a un conjunto de límites, diseñados en orden a
salvaguardar el principio de la dignidad humana y la prevención del exceso en
su utilización.
11. En suma, la libertad personal, consustancial al Estado
constitucional y democrático de derecho no es, sin embargo, un derecho absoluto
sino que está sujeto a restricciones (i). Estas tienen lugar esencialmente en
el marco del proceso penal, en la forma de sanciones, pero también de manera
relevante a través de medidas cautelares, denominadas medidas de aseguramiento
(ii), en general, con propósitos preventivos, como garantizar la presencia del
imputado, el cumplimiento de las decisiones y la tranquilidad social (iii).
Las medidas de aseguramiento implican la privación o la limitación a la
libertad personal o la imposición de otras obligaciones que garantizan fines
legal y constitucionalmente admisibles (iv). Sin embargo, su incidencia más
importante radica en las intensas injerencias a la libertad personal (v).
Debido a este particular impacto, las medidas de aseguramiento se hallan
sometidas a un  conjunto de límites, que funcionan como garantías para la
salvaguarda de la dignidad humana y la proscripción del exceso en su
utilización (vi).
ii.ii Los límites constitucionales de las medidas de aseguramiento
12. La Corte Constitucional ha elaborado una doctrina sólida y
consistente acerca de los límites a la creación irrazonable e indiscriminada de
las medidas de aseguramiento que afectan las personas sometidas a la acción
penal del Estado. En la jurisprudencia de la Corte es posible visualizar un
conjunto de límites formales y un grupo de límites de carácter sustancial que
sujetan la potestad del diseño normativo del Congreso en la materia.
Límites formales
13. Pueden identificarse dos límites formales, ambos derivados del
artículo 28 C.P.: la reserva de ley en la creación de las medidas que privan o
restringen la libertad personal y la reserva judicial en la imposición de la
respectiva medida cautelar.
Reserva de ley
14. Luego de sancionar el derecho a la libertad de todo individuo,
el citado artículo 28 establece que nadie puede ser molestado en su persona o
familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio
registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial
competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en
la ley[19].
El precepto constitucional contempla la denominada reserva de ley en el
establecimiento de las condiciones y razones para la procedencia de la
privación o limitación del derecho a la libertad personal[20].  La Corte ha
sostenido:
Tratándose de la libertad personal, la Constitución Política
establece una estricta reserva de ley, siendo entonces el legislador el llamado
a establecer los casos y a fijar las condiciones que tornen viable la privación
de la libertad, tarea que redunda en beneficio del derecho en la medida en que
los asociados cuentan con la definición de los eventos en los cuales resulta
posible afectarlo (…).
…Al definir las causales de detención preventiva el legislador,
actuando bajo el marco de la carta y en atención a la política criminal que
adopte, utiliza los criterios que estima adecuados al logro de las finalidad de
esa especifica medida de aseguramiento…”[21].
Según la Corte, los supuestos y requisitos para la privación de la
libertad o su limitación corresponde definirlos únicamente al legislador, como
exigencia especial de salvaguarda de seguridad de los ciudadanos, pues permite
que estos conozcan previamente las condiciones y circunstancias en las cuales
pueden ser objeto de afectaciones en su derecho. Esta potestad debe ser
ejercida por el Congreso de la República con arreglo a los fines de política
criminal que crea conveniente perseguir, siempre que tanto ellos como los
medios empleados sean compatibles con los mandatos constitucionales.
15. De conformidad con el citado artículo 28 C.P., el legislador
debe establecer los motivos y las condiciones bajos las cuales procede la
afectación a la libertad personal. Esto significa que si bien se trata de una
atribución constitucional, de un poder jurídico que con exclusividad se halla
radicado en dicha autoridad, se convierte también en un garantía para el
ciudadano, no solo por la seguridad que ella posibilidad, sino porque el
Congreso no puede delegar en otro órgano o rama del poder púbico la fijación de
los motivos y requisitos bajo los cuales se impone una restricción a la
libertad personal.
El órgano de representación popular está facultado, pero al mismo
tiempo obligado, a crear tales supuestos de forma estricta y precisa y le está
prohibido, por ejemplo, atribuir a una autoridad administrativa, a los jueces o
a un órgano de representación popular descentralizado esa potestad
constitucionalmente conferida. No le es está permitido, tampoco, crear una
regulación general o conjunto de supuestos que hagan determinable por otros
funcionarios las razones y exigencias para fijar dichas limitaciones a la
libertad. No le es consentido, en suma, autodespojarse ni siquiera parcialmente
de esa específica atribución. Debe establecer de modo claro y exacto tanto las
formalidades como los motivos que permiten al juez emitir una medida de
aseguramiento[22].
Reserva judicial
16. El segundo límite formal que se deriva del artículo 28 C.P. es
la reserva judicial para la imposición una restricción a la libertad. Sobre
esta exigencia ligada también a un elemento de competencia jurídica, la Corte
ha indicado:
En
materia del derecho a la libertad personal, el constituyente ha estructurado
una serie de garantías sin antecedentes en nuestra tradición jurídica. La
Constitución establece una reserva judicial en favor de la libertad individual, siendo
indispensable el mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las
formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley, para que una
persona pueda ser reducido a prisión, arresto o detención (CP art. 28). En
adelante, solamente las autoridades judiciales tienen competencia para imponer
penas que conlleven la privación de la libertad. En consecuencia, a la
autoridad administrativa le está vedado imponer motu proprio las penas correctivas que entrañen, directa
o indirectamente, la privación de la libertad, salvo mandamiento escrito de la
autoridad judicial competente[23].
Según lo
anterior, la libertad personal solo puede ser jurídicamente intervenida
mediante mandamientos emitidos por autoridades judiciales, no por otros
funcionarios u órgano pertenecientes a ramas distintas del poder público.
Exclusivamente en los jueces reside la competencia para privar o decretar
restricciones a la libertad en un proceso penal, con las formalidades previstas
en la ley y en virtud de motivos previamente definidos por el mismo legislador.
15. Lo anterior
se traduce en un segundo límite formal frente a la potestad de configuración
legislativa de las medidas de aseguramiento. En términos generales, el
legislador puede fijar las formalidades y requisitos que estime convenientes
para la procedencia de la privación o limitación de la libertad. Sin embargo,
no puede establecer que al momento de su aplicación tales exigencias sean
evaluadas, justificadas ni la decisión de decretar la medida cautelar adoptada
por una autoridad diferente a la judicial. Al legislador le está expresamente
vedado por el artículo 28 C.P. radicar en un funcionario distinto a un juez,
como por ejemplo, una autoridad administrativa, esa orden de intervención en la
libertad[24].
16. En resumen,
los límites formales de las medidas de aseguramiento consisten en (i) la
reserva de ley en la creación de sus supuestos y (ii) la reserva judicial en su
imposición. (iii) La reserva de ley implica la atribución exclusiva al
legislador del diseño de las medidas de aseguramiento y, como correlato, la
prohibición de delegar esta función a otra autoridad. (iv) La reserva judicial,
por su parte, limita al legislador al establecer el funcionario competente para
decretar las medidas de aseguramiento, que no puede ser uno diferente que el
juez.
Límites
sustanciales
17. Los límites
formales representan las condiciones elementales de la legítima afectación
oficial del derecho a la libertad. Sin embargo, es claro que, aunque
indispensables, estos son también compatibles con usos indiscriminados e
irrazonables de las medidas de aseguramiento, por cuanto están asociados
solamente a las autoridades de las que debe provenir su diseño y aplicación,
pero no someten materialmente la utilización misma de esa competencia. Los
límites garantías sustanciales, en cambio, revisten una mayor capacidad para
contrarrestar los excesos en el uso de las ordenes cautelares, pues están
dirigidos a su contenido y a las estrictas justificaciones constitucionales en
que deben estar soportadas.
18. La
jurisprudencia de la Corte ha precisado esencialmente cuatro límites
sustanciales: la determinación inequívoca de los motivos por los cuales procede
la restricción de la libertad (estricta legalidad de las medidas de
aseguramiento), la excepcionalidad, proporcionalidad y gradualidad de las
medidas aflictivas de la libertad personal.
Estricta
legalidad
19. De la misma
manera que la estricta legalidad impone al legislador la redacción de figuras
punibles y sanciones claras, precisas e inequívocas que proporcionen seguridad
al ciudadano[25],
la Corte ha señalado que los motivos establecidos para la privación o la
afectación transitoria de la libertad deben estar definidos de manera unívoca y
específica por el legislador[26].
La razón de ser de la exigencia del lenguaje legal semánticamente estricto en
ambos casos es la misma: de su precisión depende en gran medida la imposición
de consecuencias jurídicas restrictivas de la libertad, al margen de que en un
caso la medida tiene carácter sancionatorio, en tanto que en el otro adquiere
sentido preventivo.
20. En términos
generales, el legislador no puede emplear lenguaje especialmente vago, ambiguo
o indeterminado, de tal manera que la identificación de los supuestos de
afectación de la libertad en realidad queden en poder del juez. Es claro, sin
embargo, que las mencionadas exigencias de técnica legislativa en materia penal
cobijan aspectos diferentes cuando someten al legislador en el plano del
derecho sustancial que cuando lo hacen en el marco de la definición de las
circunstancias por las cuales tiene lugar la imposición de una medida de
aseguramiento.
En materia
sustancial, la precisión del lenguaje legal incide en la definición de las
figuras delictivas y en la respectiva sanción penal. En el contexto de las
medidas cautelares que restringen la libertad, por su parte, esa rigurosidad
tiene que ver con la determinación de los motivos en virtud de los cuales
procede la medida de aseguramiento. Con la expresión “motivos”, sin embargo, el
constituyente hace referencia a una serie de elementos diferentes que deben ser
previstos para la previsión de la medida, frente a los cuales la exigencia del
lenguaje estricto tiene aplicaciones sutilmente diferentes.
En realidad, el
legislador debe establecer con claridad en qué consiste la medida aseguramiento
en cuestión, en presencia de cuáles delitos procede, el estándar de carácter
probatorio y el nivel de certeza sobre la responsabilidad del imputado
requeridos y, en especial, los fines buscados y los criterios de necesidad que
habilitan la restricción de la libertad. Además de esto, también debe definir
con especial concreción las circunstancias que tienen como efecto la
prolongación de la restricción de la libertad o la negación de su revocatoria o
sustitución.
El legislador
debe precisar entonces, más exactamente, el conjunto de condiciones bajo las
cuales el Estado puede imponer una medida de aseguramiento. Resulta evidente,
en todo caso, que la exigencia de la precisión del lenguaje no adquiere en
relación con todas las mencionadas circunstancias el mismo rigor debido a que,
por su naturaleza, la medida de aseguramiento se funda principalmente en
criterios de necesidad y persigue objetivos cuya consecución solo puede ser
analizada a la luz del caso concreto, con arreglo a las circunstancias en medio
de las cuales se desarrolla el proceso y las que rodearon la comisión del
delito[27],
como se verá más adelante.
21. De esta
manera, el principio de estricta legalidad en el establecimiento de las medidas
de aseguramiento implica para el legislador la obligación de fijar, con
razonable precisión, las condiciones y supuestos bajos los cuales aquellas
proceden. Esto no supone que le sea permitido dictar regulaciones que hagan
meramente determinables por el juez los motivos de las afectaciones a la
libertad personal, pues precisamente la individualización de esas razones es
una potestad legislativa indelegable, según se advirtió páginas atrás.
Sin embargo, por
un lado, es obvio que la regulación legal sobre la restricción o privación
preventiva de la libertad del imputado será susceptible de espacios
interpretativos y, por el otro, es claro que las reglas que el legislador debe
incorporar para la procedencia de la medida de aseguramiento comportan un
conjunto de elementos, especialmente en términos de los fines perseguidos y las
justificaciones admisibles de la medida, que suponen una necesaria actividad de
subsunción y valoración de las circunstancias del caso concreto, todo lo cual,
como indica la jurisprudencia constitucional, no va en detrimento del principio
bajo análisis[28].
Excepcionalidad
22. El tercer
límite sustancial de las medidas de aseguramiento es su excepcionalidad. Estas,
en el trámite del proceso penal, implican unas de las injerencias más invasivas
del Estado en los derechos fundamentales del imputado, como se ha subrayado.
Por esta razón y bajo el entendido de que son preventivas y su imposición está
sujeta a precisas justificaciones, solo pueden ser decretadas de forma
excepcional. Este límite proviene de mandatos constitucionales y de normas
internacionales en materia de derechos humanos.  La Corte ha sostenido:
“Según el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución
Política, los derechos consagrados en la Carta “se interpretarán de conformidad
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia” y, en lo que se refiere a la detención preventiva de las personas que
hayan de ser juzgadas, el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
aprobado por la ley 74 de 1968, señala, en su artículo 9º, que “no debe ser la
regla general”, pero que “su libertad podrá estar subordinada a garantías que
aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier
otro momento de las diligencias procesales y, en su caso para la ejecución del
fallo”, al paso que la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de
San José, aprobada mediante ley 16 de 1972, indica en su artículo 7º que “Nadie
puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados
Partes y por las leyes dictadas conforme a ellas”.
Tanto de la Constitución Política como de los tratados
internacionales a los que se acaba de aludir se desprende que la tutela de la
libertad personal exige que los supuestos de su afectación se rijan por el
principio de excepcionalidad, predicable también de la prisión provisional en
tanto que es una de las hipótesis de privación de la libertad; por ello, sin
perjuicio de que se la tenga por medida cautelar, su adopción implica la debida
justificación vertida en providencia judicial motivada, previa ponderación de
las circunstancias concretas”[29].
El amparo y la
prevalencia de las que goza el derecho a la libertad personal en la
Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos obliga, así,
a que el legislador prevea afectaciones a la libertad personal del imputado
solo de manera extraordinaria. Si bien son medidas provisorias y preventivas,
dado que materialmente conllevan una drástica intervención en los derechos del
investigado, el Congreso únicamente está habilitado para crearlas en
observancia de un régimen de prevalencia de la libertad dentro del proceso y,
por ende, solo con carácter estrictamente excepcional[30].
23. Lo anterior
se manifiesta en especial en el ámbito de la técnica legislativa empleada en el
diseño de las medidas de aseguramiento. Pese a que el legislador puede fijar
una detallada serie de requisitos aparentemente estrictos para la imposición de
privaciones a la libertad personal, esto también puede ser compatible con un
modelo amplio y robusto de medidas de aseguramiento si el esquema regulativo
apela a condiciones objetivas o a circunstancias que, en la realidad, se
verifiquen en la mayoría de los casos[31].
El legislador debe, por ello, utilizar una regulación que en la práctica no
traiga como resultado la expansión de esas medidas, sino que, al contrario,
tiendan a su aplicación restrictiva.
Proporcionalidad
y necesidad
24. El principio
de proporcionalidad es el principal criterio de análisis que en el marco de la
justicia constitucional permite examinar y neutralizar el exceso en el uso de
la potestad de configuración del legislador penal y, por lo que aquí interesa,
en el ámbito de las medidas cautelares dirigidas a afectar la libertad personal
del imputado. La proporcionalidad, como estándar de delimitación de la
producción normativa, es un criterio analítico que previene, desde el punto de
vista material, del empleo arbitrario e injustificado de disposiciones
cautelares con efectos aflictivos sobre los derechos del procesado y encausa su
legítimo ejercicio con arreglo a los mandatos constitucionales.
25. Las medidas
de aseguramiento tienen una doble naturaleza que plantea relevantes problemas a
la hora de proporcionar una justificación aceptable a su existencia. De un
lado, son auténticas restricciones de derechos fundamentales; de suyo comportan
una privación o reducción en grados más o menos importantes de prerrogativas de
carácter constitucional y especialmente de la libertad. Pero, por otro lado, el
legislador recurre a ellas porque busca preservar también otros bienes
importantes, con frecuencia reconducibles también a derechos de otras personas,
cuya garantía depende de las limitaciones que esas medidas llevan a cabo.
26. Dados los
trascendentales costes en juego en términos de derechos fundamentales, la
intervención del legislador a través de las disposiciones cautelares está
sometida así a un equilibrio razonable y ponderado entre, por un lado, el grado
de severidad que representa la injerencia oficial y, por el otro, el grado
concreto de satisfacción y obtención del fin que aquella se propone. El
legislador, de esta manera, puede adoptar diversas regulaciones conforme con el
marco general de la política criminal que pretenda implementar, pero está
condicionado a un estándar básico de moderación, que le exige mantener una
relación de proporcionalidad entre la regla cautelar preventiva y el fin que
con ella persigue.
El papel de
límite del principio de proporcionalidad en el diseño legislativo de las
medidas cautelares dentro del proceso penal ha sido ratificado en múltiples
decisiones de la Corte. En la sentencia C-318 de 2008, la Sala indicó:
la determinación sobre las medidas de aseguramiento, los requisitos
y los supuestos en que ellas resultan procedentes, así como las condiciones
para su cumplimiento, son decisiones que involucran consideraciones de política
criminal, de conveniencia y de oportunidad que caen bajo la órbita de
competencia legislativa. Sin embargo, no se trata de una potestad absoluta sino
que ella encuentra su límite en los fines constitucionales y en los derechos
fundamentales, y debe estar guiada por los principios de razonabilidad y
proporcionalidad[32].
Así mismo, había señalado:
“tal como lo ha sostenido la Corte,
“aún cuando el derecho a la libertad no es absoluto, es claro que su limitación
tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al regular los
supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe observar criterios
de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al propósito de
justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan a mantener
inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el
derecho y los límites del mismo”[33].
De acuerdo con
lo anterior, la proporcionalidad es el marco de referencia que debe seguir el
legislador en el establecimiento de los requisitos y supuestos de las medidas
de aseguramiento, limitativas en especial del derecho a la libertad personal,
de la misma manera que en las condiciones para su imposición. Así mismo, según
la Corte, el principio de proporcionalidad sirve al propósito de justificar
dicha intromisión importante en los derechos del imputado y permite mantener la
estabilidad del derecho afectado, entre sus alcances y sus legítimas
restricciones.
27. El principio
en mención cumple también un papel de garantía de que las medidas cautelares se
mantengan en el proceso penal como excepciones a un estándar general de
prevalencia de la libertad, conforme se indicó en el anterior aparte. Esto por
cuanto solo si las medidas de aseguramiento se someten a un rígido parámetro de
razonabilidad en relación con sus propósitos y a un análisis de ecuanimidad
entre esos dos extremos resultará que las limitaciones a la libertad personal
procederán solo de forma ampliamente justificada y, por ende, muy excepcional[34].
28. Desde otro
punto de vista, la proporcionalidad de las medidas de aseguramiento
específicamente privativas de la libertad en el proceso penal se halla ligada
al principio de presunción de inocencia. Más exactamente, la debida
justificación de medidas como la prisión provisional, sobre la base de dicho
principio, sustenta el carácter preventivo y no sancionatorio, anticipatorio de
la pena, adscrito a esa medida. La jurisprudencia ha subrayado:
“… Es importante precisar que la resolución de detención
preventiva no conlleva en todos los casos la privación efectiva y material de
la libertad individual. En realidad, bajo el supuesto de que el procesado se
encuentra amparado por la presunción de inocencia incluso durante la etapa del
juzgamiento, “la restricción de su libertad sólo puede estar determinada por la
necesidad de que se cumplan los fines de la investigación penal”.[35]
“…La medida de aseguramiento consistente en detención preventiva
no comporta siempre la privación efectiva de la libertad, pues dada la
presunción de inocencia que acompaña al procesado durante toda la investigación
penal, la restricción de su libertad sólo puede estar determinada por la necesidad
de que se cumplan los fines de la investigación penal…”[36].
La privación de
la libertad, solo admisible en virtud de la satisfacción de unos fines
previamente determinados, conserva entonces su carácter preventivo únicamente
de hallarse en aptitud de alcanzarlos y de suponer un gravamen para los
derechos del proceso menor o equivalente a los bienes conseguidos o que se
estiman conseguir. Si este criterio de moderación se desborda y la medida
excede o no está debidamente compensada en los objetivos que pretenden
alcanzarse, la restricción pierde justificación y, por ende, su carácter
preventivo y cautelar,  para adquirir los rasgos de una sanción anticipada.
La
jurisprudencia ha afirmado que las medidas de aseguramiento privativas de la
libertad no son incompatibles con la presunción de inocencia principalmente
porque no presuponen ni traen como consecuencia definición alguna acerca de
la responsabilidad penal del procesado y debido a que su razón de ser
descansa sustancialmente en unos fines preventivos[37]. Sin embargo, si una
orden cautelar como la detención preventiva, que materialmente implica la
suspensión del ejercicio de la libertad personal, pierde su justificación al
estar desligada del criterio de proporcionalidad, se desvirtúa también su
esencia preventiva y adquiere visos punitivos, con la consiguiente afectación a
la presunción de inocencia.
29. De esta
manera, en el ámbito general de las medidas de aseguramiento, el principio de
proporcionalidad es un criterio regulativo que proscribe al legislador prever
limitaciones o privaciones de la libertad con el propósito de obtener fines no
compensables con las afectaciones producidas o que comporten un sacrificio
exagerado de los derechos del imputado en comparación con los bienes
asegurados. Pero, al mismo tiempo, determina el tipo y grado de restricciones
autorizadas a partir del objetivo invocado y el conjunto total de las
condiciones que regulan su procedencia, en aras de mantener en un grado
razonable las intervenciones efectivas a los derechos del imputado[38].
29. La necesidad
de las medidas que limitan o privan de la libertad a la persona es, podría
decirse, un indicador del principio de proporcionalidad. El criterio de
necesidad implica que una medida de aseguramiento únicamente es
constitucionalmente legítima si solo ella puede cumplir el fin superior que se
persigue, esto es, si no puede ser reemplazada por otra orden cautelar
diferente menos lesiva para los derechos del imputado. Al respecto, la
jurisprudencia de la Corte ha señalado:
“En efecto, repugna al Estado Social de Derecho, al respeto por
la libertad y la presunción de inocencia, así como a otros derechos
constitucionales, que una persona investigada sea detenida preventivamente
cuando ello no es necesario. Una medida tan gravosa de los derechos
constitucionales no puede proferirse con base en el capricho o el simple juicio
de conveniencia del fiscal. Por el contrario, la Constitución exige que la
medida se funde en motivos que justifiquen su necesidad en el caso concreto a
partir de los hechos específicos de cada situación fáctica.
Esta necesidad no es política ni estratégica sino jurídica, es
decir, relativa al logro de los objetivos del proceso penal en general y a los
fines de cada medida cautelar en especial”[39]
Según lo
anterior, en un modelo de Estado social, que garantiza los derechos a la
libertad personal y la presunción inocencia, entre otras prerrogativas
fundamentales, una persona solo puede ser reducida en su libertad en caso de
ser estrictamente necesario, en atención a razones que lo justifiquen y a la
luz de las precisas circunstancias del cada caso concreto. Como se dijo, la
necesidad es un indicador específico del principio de proporcionalidad, pues
permite las medidas restrictivas solo en aquellos casos en que sean
estrictamente requeridas por los fines invocados y, correlativamente, lleva a
invalidar las sustituibles por otras menos gravosas[40].
30. En el
anterior sentido, en tanto la proporcionalidad está orientada a determinar que
los beneficios de adoptar las medidas sean superiores o
razonablemente equivalentes a las restricciones que ellas imponen al afectado,
el criterio de la necesidad es una pauta fundamental, pues asegura que el medio
empleado resulta indispensable para alcanzar el objetivo propuesto[41]. La Corte ha
insistido, sin embargo, en que también los fines que pueden ser perseguidos a
través de las medidas de aseguramiento deben tener un claro sustento
constitucional, de manera que el análisis de necesidad debe conducir a
evidenciar más exactamente si la medida restrictiva es indispensable para
obtener un bien de relevancia constitucional[42].
En vigencia del
original artículo 250 C.P., que establecía, entre otras obligaciones para la
Fiscalía General de la Nación, “1. Asegurar la comparecencia de los
presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento
y, si fuere del caso, las necesarias para hacer efectivos el restablecimiento
del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito… 4.
Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el
proceso, la Corte indicó que la específica medida de aseguramiento de
detención preventiva encontraba varios fines admisibles, tanto en la citada
disposición como en el contexto general de la Carta[43].
Sostuvo que de
forma implícita el artículo 250.4. C.P. establecía la necesidad de afianzar la
preservación de la prueba, pues si a la Fiscalía correspondía velar por la
seguridad de los testigos y de sus testimonios, medio de convicción reconocido
por los ordenamientos procesales, era admisible que para cumplir tal objetivo
decretara medidas de aseguramiento, lo que bajo una interpretación sistemática
no restringía su alcance a otras clases de evidencias que pudieran resultar en
un serio y fundado peligro y que requirieran como única medida de protección la
prisión preventiva[44].
Destacó, así
mismo, que otro fin también admisible de la privación preventiva de la libertad
es evitar la continuación de la actividad delictual y la protección de la
comunidad, a partir del mandato del artículo 1º C.P., según el cual, el Estado
colombiano se funda en “la prevalencia del interés general”, y el
artículo 2º ídem que define como fin esencial del Estado “asegurar la
convivencia pacífica” de la comunidad. La Corte precisó, por último, que
los criterios procedencia de la detención preventiva debían coincidir con los
mandatos constitucionales y que, de no ser así, podrían ser objeto de juicio de
constitucionalidad.
31. Con el Acto legislativo 03 de 2002, que modificó el artículo 250
C.P. los fines constitucionales de las medidas de aseguramiento fueron
precisados en términos similares a como lo había planteado con anterioridad la
jurisprudencia de la Corte. Según la disposición, en ejercicio de sus
funciones, la Fiscalía General de la Nación debe “[s]olicitar al juez que
ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que
aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de
la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.
El Acto Legislativo en mención, que introdujo los elementos
fundamentales del proceso penal de tendencia acusatoria y como primer aspecto
suprimió casi de forma absoluta los poderes jurisdiccionales de la Fiscalía,
sustrajo de su esfera la atribución de privar o limitar la libertad del
imputado y se la confirió  al juez de control de garantías, autoridad que
entonces debe imponerla a petición del ente acusador, con fundamento en tres
fines. Según el precepto, deberán decretarse dentro del proceso penal las
medidas necesarias para asegurar: (i) la comparecencia de los imputados al
proceso penal, (ii) la conservación de la prueba y (iii) la
protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.
El Acto Legislativo ratifica, de un lado, el criterio de necesidad
de las medidas de aseguramiento. Con el objeto de alcanzar cualquiera de los
tres fines introducidos, las medidas solo pueden ser utilizadas de ser
indispensables, no reemplazables por otras menos gravosas, para alcanzarlos. De
otro lado, con claridad el Constituyente incorporó tres diversas
justificaciones de las medidas de aseguramiento. En primer lugar, estimó que
estas pueden ser legítimamente empleadas para evitar la fuga y contumacia del
imputado o, en los términos de la norma, a fin de garantizar su comparecencia
al proceso penal.
Lo anterior tiene el propósito principal de evitar juicios en
rebeldía del acusado y  amparar plenamente sus derechos de defensa y debido
proceso (art. 29 C. P.), así como el cumplimiento de una eventual sentencia
condenatoria a pena privativa de libertad. En segundo lugar, se consideró que
el juez está habilitado para decretar medidas de aseguramiento a efectos de la
conservación de las pruebas. Esta justificación debe ser observada como un
criterio general que permite imponer afectaciones a la libertad en aras del
normal desarrollo del proceso, evitar su obstrucción o entorpecimiento y
específicamente proporcionar las condiciones para la integridad de las pruebas
que interesan a la investigación.
Y en tercer lugar, el Constituyente previó que las medidas
cautelares pueden ser empleadas con el fin de proveer las condiciones
necesarias para la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. La
prevención que se persigue en este caso está asociada a los riesgos y efectivas
vulneraciones que, en el supuesto de no ser aplicadas las respectivas medidas,
probablemente se seguirían para derechos fundamentales de terceros o de las
víctimas. Esta causal de justificación encuentra su fundamento, como en su
momento lo indicó la Corte, en el principio de la prevalencia del interés
general y en los fines esenciales del Estado, de servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar los principios, derechos y deberes
constitucionales.
En el mismo sentido, la norma encuentra soporte en los objetivos
estatales de asegurar la convivencia pacífica entre los ciudadanos, la vigencia
de un orden justo y hacer efectivo el mandato, según el cual, las autoridades
de la República se encuentran instituidas para proteger a todas las personas residentes
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado
y de los particulares.
32. En este orden de ideas, el criterio de necesidad de las medidas
de aseguramiento implica que el legislador solo está legitimado para
utilizarlas cuando sean estrictamente indispensables y requeridas para la
obtención de fines de naturaleza constitucional. A la luz de la Carta Política,
son fines perseguibles con las medida de aseguramiento la comparecencia de los
imputados al proceso penal, la conservación de las pruebas y la protección de
la comunidad, en especial, de las víctimas.
Gradualidad
33. Un criterio complementario a la excepcionalidad,
proporcionalidad y necesidad de las medidas limitativas de los derechos del
imputado, es su gradualidad. Este ha sido acogido por el actual y por los más
recientes códigos de procedimiento penal. Sin embargo, más allá de esto, se
trata de una forma de evaluar, desde otro punto de vista, auxiliar o
complementario, el cumplimiento de los citados principios y criterios y, por
ello, permite dilucidar de una mejor manera los referidos límites sustanciales
a la libertad de configuración del legislador.
Si la privación y la restricción de la libertad solo es excepcional,
el aseguramiento de los distintos fines del proceso, de acuerdo con las
específicas circunstancias de comisión de los delitos y las conductas punibles
identificadas por el legislador, debe contemplar la posibilidad de apelar a
medidas mínimamente aflictivas de dicha prerrogativa o que limiten otros
derechos y de manera diferenciada.
Así mismo, si el principio de proporcionalidad y el criterio de
necesidad únicamente permite al legislador establecer medidas de aseguramiento
que tengan razonable compensación en los fines constitucionales esperados, la
ley debe prever, no unas reglas uniformes e indiscriminadas para todos los
supuestos, sino un esquema de medidas graduales, que tomen en cuentan los
diversos factores que inciden en el análisis de justificación de una medida
cautelar.
La jurisprudencia constitucional ha identificado la gradualidad como
un criterio que debe ser seguido por el juez al determinar y seleccionar la
imposición de una medida de aseguramiento, precisamente con arreglo al esquema
diferencial de cautelas previsto por el legislador[45]. No obstante, esa
obligación del juez precisamente depende y es al tiempo una manifestación de
del modelo gradual de medidas que la ley está obligada a contemplar como forma
de respeto a la proporcionalidad y a la necesidad de cada una  de ellas.
34.
Recapitulando lo indicado en esta subsección, debe señalarse que (i) los
límites sustanciales controlan desde el punto de vista material los excesos del
legislador en el empleo de las medidas de aseguramiento que afectan la
libertad. (ii) En la jurisprudencia de la Corte pueden identificarse cuatro
tipos de límites sustanciales: (ii.i.) la estricta legalidad de los motivos que
dan lugar a dicha afectación, (ii.ii) su excepcionalidad, (ii.iii)
proporcionalidad y (ii.iv) gradualidad.
(iii) La
estricta legalidad presupone no solo que los motivos sino que también el nivel
de certeza sobre la responsabilidad del imputado, los fines buscados, los
criterios de necesidad de la medida y las circunstancias que tienen como efecto
su prolongación deben estar definidos de manera unívoca y específica por el
legislador. (iv) Pese a esto, debido a que las medidas de aseguramiento están
siempre ligadas a un eventual criterio de necesidad desconocido ex ante,
la respectiva regulación puede ser objeto de espacios importantes de
interpretación y da lugar necesariamente a una actividad de subsunción que
presupone márgenes de discrecionalidad.
(v) La excepcionalidad de las medidas cautelares
aflictivas de la libertad, en razón de su drástico efecto, comporta para el
legislador que su incorporación debe ser extraordinaria
(vi) y lo obliga en especial a adoptar técnicas normativas que en la práctica
impida su uso generalizado. (vii) El principio de proporcionalidad es un
estándar que proscribe al legislador prever afectaciones a la libertad personal
del imputado que supongan un sacrificio no compensable con los fines
obtenibles. (viii) La proporcionalidad está vinculada a la excepcionalidad,
puesto si las medidas solo proceden bajo ese criterio, las limitaciones a la
libertad personal serán de extraordinaria ocurrencia.
(ix) El
principio de proporcionalidad, así mismo, tiene una estrecha relación con la
presunción de inocencia, dado que solo si la medida se mantiene dentro de sus
cauces conserva su carácter preventivo y no adquiere rasgos punitivos. (x). La necesidad
de las medidas que limitan o privan de la libertad a la persona es un indicador
del principio de proporcionalidad (xi) e implica que una medida de
aseguramiento solo resulta legítima de ser indispensable, es decir, no
sustituible por otra con igual capacidad para alcanzar el fin superior que se
persigue.
(xii) Los fines
que pueden ser perseguidos a través de las medidas de aseguramiento deben tener
sustento constitucional, de manera que el análisis de necesidad debe conducir a
evidenciar más exactamente si la medida restrictiva es indispensable para
obtener un bien de relevancia constitucional. (xiii) En vigencia del original
artículo 250 C.P., la Corte sostuvo que las medidas de aseguramiento podían
tener como fines (xiii.i.) la preservación de las
pruebas (xiii.ii) evitar la continuación de la actividad delictiva y (xiii.iii)
la protección de la comunidad, con fundamento en “la prevalencia del interés
general” y el fin esencial del Estado “asegurar la convivencia pacífica” de la
comunidad.
(xiv) El Acto Legislativo prevé que el juez de control de garantías
podrá decretar medidas que garanticen (xiv.i) la comparecencia de los imputados
al proceso penal, es decir, evitar la fuga o contumacia del procesado y
asegurar así el cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria (xiv.ii) la
conservación de la prueba y evitar la obstrucción del proceso en general, y
(xiv.iii) la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas, objetivo
fundado en la prevalencia del interés general y fines esenciales del Estado
como el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la
garantía de los principios, derechos y deberes constitucional, el aseguramiento
de la convivencia pacífica, entre otros.
(xvi) La gradualidad es un criterio complementario a la excepcionalidad,
proporcionalidad y necesidad de las medidas limitativas de los derechos del
imputado.  (xvii) Si las medidas de aseguramiento que afectan la libertad son
excepcionales, el legislador debe contemplar ordenes cautelares que incidan en
diferente medida sobre la libertad o que comprometan otros derechos, conforme
al fin perseguido y al supuesto regulado. (xviii) De igual manera, si aquellas
son proporcionales y necesarias, la ley debe prever, no unas reglas uniformes e
indiscriminadas para todos los casos, sino un esquema de medidas graduales, que
tomen en cuentan los diversos factores que relevantes en el análisis de
justificación de la medida cautelar.
iii. Las
medidas de aseguramiento en la Ley 906 de 2004. Aspectos fundamentales.
35. Dentro del Título
Preliminar sobre los Principios Rectores y Garantías Procesales del Código de
Procedimiento Penal, el artículo 2, modificado por el artículo 1 de la  Ley
1142 de 2007, con un texto prácticamente idéntico al del artículo 250 C.P.,
consagra el derecho a la libertad personal y prescribe que el juez de control
de garantías, previa solicitud de la Fiscalía, ordenará la restricción de la
libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su
comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad,
en especial, de las víctimas.
Adicionalmente,
establece que a petición de cualquiera de las partes se dispondrá la
modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias
hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada. Del mismo
modo, el artículo 114.8 ídem, sobre las funciones de la Fiscalía General, le
asigna a la entidad, entre otras atribuciones, asegurar la comparecencia de los
imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la
comunidad, en especial de las víctimas.
Y por tercera
vez, en el capítulo I, del Título IV, sobre el Régimen de la Libertad y su
Restricción, el artículo 296  sobre la “Finalidad de la Restricción de la
Libertad”, prevé que la libertad personal podrá ser afectada dentro de la
actuación solo cuando sea necesaria para evitar la obstrucción de la
justicia, para asegurar la comparecencia del imputado al proceso, la protección
de la comunidad y de las víctimas o para el cumplimiento de la pena.
36. Ahora, el
artículo 295 establece el denominado régimen de “Afirmación de la Libertad” que
encabeza el capítulo sobre “Finalidad de la Restricción de la Libertad”. La
disposición prevé que las reglas del Código que autorizan preventivamente la
privación o restricción de la libertad del imputado tienen carácter excepcional,
solo pueden ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria,
adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos
constitucionales.
37. El Capítulo
III del citado Título IV sobre el Régimen de Libertad y su Restricción se ocupa
específicamente de las medidas de aseguramiento, sus criterios de
justificación, sustitución, revocatoria y las causales de libertad. El artículo
306, modificado por el artículo 59 de la Ley 1453 de 2011, señala que el fiscal
solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento, con
indicación de la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios
para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia
permitiendo a la defensa la controversia pertinente.
El artículo 307
establece exactamente las clases de aseguramiento  que pueden ser decretadas
por el juez de control de garantías. Según la disposición, en el sistema
procesal colombiano puede ser impuestas dos tipos generales de medidas:
privativas de la libertad y no privativas de la libertad. Las privativas
implican la suspensión provisoria del ejercicio del derecho, mientras que las
no privativas implican limitaciones al derecho en grados diferenciales y otras
clase de obligaciones.
El artículo
clasifica las medidas privativas de libertad en (i) detención preventiva en
establecimiento de reclusión y (ii) detención preventiva en la residencia señalada
por el imputado. De otra parte, indica que las medidas no privativas de la
libertad comprenden 1) la obligación de
someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica; 2) la obligación de
someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada,  3) la
obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o
ante la autoridad que él designe y 4) la obligación de observar buena conducta
individual, familiar y social, con especificación de la misma y su relación con
el hecho.
De la misma
manera, son medidas de aseguramiento no privativas de la libertad 5) la
prohibición de salir del país, del lugar en el cual se reside o del ámbito
territorial que fije el juez; 6) la prohibición de concurrir a determinadas
reuniones o lugares; 7) la prohibición de comunicarse con específicas personas
o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa; 8) La
prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o por otra
persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o
hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas; y 9) La
prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6:00 p.m. y las 6:00
a.m.
Luego de prever
los dos tipos de medidas de aseguramiento y sus respectivas posibilidades, el
artículo indica que el juez puede imponer  una o varias de ellas, conjunta o
indistintamente, con las precauciones necesarias para asegurar su cumplimiento.
De otro lado, en el parágrafo 1[46],
una vez permite la solicitud de ampliación del plazo de un año de la medida de
aseguramiento en ciertos casos[47],
la norma indica que, vencido este término, el Juez puede sustituir la medida de
aseguramiento privativa de la libertad por otra u otras medidas de
aseguramiento no privativas de la libertad de las reguladas en el artículo.
A su vez, el
parágrafo 2 del mismo artículo indica que las medidas
de aseguramiento privativas de la libertad solo pueden imponerse cuando quien
las solicita pruebe, ante el juez de control de garantías, que las no
privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el
cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento.
38. El artículo
308 consagra las razones de procedencia de todas las medidas de aseguramiento
en general, es decir, de las privativas y las no privativas de libertad. La
disposición en sustancia reitera una vez más los fines de aquellas indicados en
la Constitución Política y en los artículos ya reseñados del mismo Código.
Establece que el juez de control de garantías, a petición del Fiscal General,
decretará la medida de aseguramiento cuando de la información legalmente
obtenida, de la evidencia física recogida y asegurada y de los elementos
materiales probatorios se pueda inferir razonablemente que el imputado puede
ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga.
La medida de
aseguramiento deberá decretarse cuando se muestre como necesaria para evitar
que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia; en aquellos casos
en que aquél constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la
víctima, y en los supuestos en que resulte probable que el investigado no
comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. El parágrafo del
artículo, adicionado por el artículo 2 de la Ley  1760 de 2015, prevé que la
calificación jurídica provisional del delito no será,
en sí misma, determinante para inferir el riesgo de obstrucción de la justicia,
el peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y la probabilidad
de que el imputado no comparezca al proceso o de que no cumplirá la sentencia.
39. El artículo
310, parcialmente demandado en esta ocasión, prescribe que para estimar si la
libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la
comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta y la pena imponible,
se deberá valorar la continuación de la actividad delictiva o su probable
vinculación con organizaciones criminales; el número de delitos imputados y su
naturaleza; el hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena
privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional; la existencia
de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional; la
utilización de armas de fuego o armas blancas y que delito imputado sea de
abuso sexual con menor de 14 años.
40. El artículo
314 prevé que la detención preventiva en establecimiento carcelario podrá
sustituirse por la del lugar de la residencia, además de cuatro eventos
asociados a circunstancias personales de los imputados (as) o de terceros, que
los colocan en una especial situación de vulnerabilidad, cuando para el
cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea
suficiente la reclusión en el lugar de residencia, lo cual debe ser sustentado
por quien solicite la sustitución y decidido por el juez en la respectiva
audiencia de imposición, en atención a la vida personal, laboral, familiar o
social del imputado.
41. Por último, el artículo 315,
modificado por el artículo 28 de la Ley 1142 de 2007, señala que cuando se
proceda por delitos cuya pena principal no sea privativa de la libertad o por
delitos querellables, o cuando el mínimo de la pena señalada en la ley sea
inferior a cuatro (4) años, satisfechos los requisitos del artículo 308, se
podrá imponer una o varias de las medidas señaladas en el artículo 307 literal
b), siempre que sean razonables y proporcionadas para el cumplimiento de las
finalidades previstas.
42. La normatividad reseñada
muestra que el legislador diseñó un modelo de medidas de
aseguramiento con unas características muy definidas y criterios orientadores
especialmente claros. En primer lugar, sobresale que cuatro disposiciones del
Código (arts. 2, 114.8, 296 y 308), una como principio rector, prácticamente
reproducen el enunciado normativo contenido en el artículo 250 de la
Constitución, según el cual, los fines de las medidas que pueden ser adoptadas
dentro del proceso penal son la garantía de la comparecencia de los imputados
al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad,
en especial, de las víctimas.
De tal manera,
las restricciones y afectaciones a la libertad a las que se refieren los
artículos 2 y 296 del Código, basadas en los criterios de necesidad indicados,
son un desarrollo y encuentran sustento en la Constitución misma. Y en
especial, el artículo 308, luego de prever la inferencia razonable de
participación del imputado en la conducta como exigencia, establece en la forma
de requisitos de procedencia de las medidas de aseguramiento, materialmente,
las mismas justificaciones indicadas en el precepto constitucional citado.
43. En segundo
lugar, el esquema de las medidas de aseguramiento previsto por el legislador es
un desarrollo sistemático coherente del artículo 250 de la Constitución. Esta
disposición atribuye al juez de control de garantías la imposición de las
medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso
penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en
especial, de las víctimas. Así como el artículo se refiere a las medidas en
general adoptables dentro del proceso penal, el artículo 308 C.P.P. prevé
también que los mismos fines pueden ser perseguidos a través de las medidas de
aseguramiento en general, no de alguna en particular.
Lo anterior, a
su vez, resulta armónico con el artículo 307 que prevé dos clases de medidas de
aseguramiento, las privativas de la libertad y aquellas no privativas de la
libertad. Las no privativas pueden ser, sin embargo, limitativas
o restrictivas de la libertad, como la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica o a una persona o
institución determinada, la prohibición de salir del país, del lugar en el cual
reside, del ámbito territorial que fije el juez o del lugar de habitación en
horas de la noche y la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o
lugares.
Las no
privativas de la libertad también pueden comportar solo ciertas obligaciones
como la de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o
ante la autoridad que él designe; observar buena conducta individual, familiar
y social, con especificación de la misma y su relación con el hecho, la prohibición de comunicarse con
determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a
la defensa y la prestación de cauciones.
En una lectura
sistemática de las disposiciones referidas, el legislador está legitimado para
perseguir los citados fines mediante las medidas de aseguramiento en general,
ya sea que reduzcan completamente la libertad del imputado, en establecimiento
de reclusión o en el domicilio, que la limiten mediante específicas previsiones
o que comporten meras obligaciones con fines precautelativos. En otras
palabras, la ley prevé que los fines de todas las medidas de aseguramiento
aflictivas, en mayor o menor medida, y no aflictivas de la libertad, son
asegurar la comparecencia de los imputados, la  conservación de la prueba y la
protección de la comunidad, en especial, de las víctimas, todo lo cual es un
adecuado desarrollo del artículo 250 C. P.
41. Y, en tercer
lugar, el régimen sobre las ordenes cautelares que afectan a imputado presupone
la incorporación por el legislador de un modelo de medidas de aseguramiento de
bases constitucionales, que corresponde integralmente con las garantías
sustanciales analizadas en la sección anterior.  Como puede apreciarse, la ley
establece un mandato general de afirmación de la libertad y dispone que las
normas que permitan privaciones o limitaciones a la libertad deben ser
interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada,
proporcional y razonable frente a los contenidos
constitucionales. (arts. 2, 295 y 296).
Aunado a lo
anterior, el legislador introdujo normas que adoptan en modos específicos los
principios de gradualidad, proporcionalidad, excepcionalidad y estricta
legalidad de las medidas de aseguramiento. La explicada regulación de las
medidas de aseguramiento privativas y solo restrictivas de la libertad, así
como de otras consistentes en obligaciones suficientes para garantizar los fines
preventivos que están llamadas a cumplir es un esquema típicamente gradual,
diferenciado y proporcionado de las afectaciones a los derechos del imputado,
en relación con dichos objetivos.
En unidad de
sentido y propósito con lo anterior, la ley permite al juez imponer una o
varias de tales medidas, conjunta o indistintamente y,
en un caso, sustituir la privativa de la libertad por una que no lo sea. De la
misma manera, solo permite al juez imponer medidas de privación de libertad si
se demuestra que las que no los son resultan insuficientes para garantizar el
cumplimiento de sus fines. La ley, además, establece que en delitos con  mínimo
de la pena inferior a cuatro (4) años, se pueden imponer una o varias de las
medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, siempre que sean
razonables y proporcionadas.
Desde otro punto
de vista, el legislador remarca la insuficiencia de la calificación jurídica provisional del delito para inferir el riesgo de
obstrucción de la justicia, el peligro para la seguridad de la sociedad o de la
víctima y la probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso o de que
no cumplirá la sentencia, lo cual reafirma el papel esencial de la necesidad de
la medida limitativa en relación con los fines que debe asegurar.
Por último, el
legislador fijó un conjunto de criterios de determinación semántica de la
causal de “peligro del imputado para la sociedad”, con el objeto de reducir los
márgenes de discrecionalidad del operador. El Código previó varios elementos de
hecho que reducen la vaguedad de la justificante en medida importante y
proporcionan un mejor nivel de seguridad y certeza a la hora de su aplicación.
Por consiguiente, no solo señaló taxativamente los motivos de las afectaciones
a la libertad, sino que también intento precisarlos y hacerlos inequívocos.
42. En resumen,
(i) la estructura de las medidas de aseguramiento prevista en la Ley 906 de
2004, en términos generales, resulta ajustada a las garantías constitucionales
previstas en la sección anterior. (ii) El legislador incorpora a través de
varias disposiciones los mismos fines de las medidas de aseguramiento previstos
en la Carta, es decir, la garantía de comparecencia de los imputados, la
conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las
víctimas, y prevé elementos adicionales para hacer unívoca su interpretación.
(iii) Así mismo,
establece un esquema de medidas de aseguramiento privativas de libertad,
limitativas de la libertad e impositivas de otras obligaciones, todas con el fin
de alcanzar los fines constitucionales citados. (iv) Debido a esta estructura,
el esquema de medidas de aseguramiento es típicamente gradual, diferenciado y
proporcionado en torno a las afectaciones a los derechos del investigado, en
relación con dichos objetivos. (v) El legislador establece un mandato general
de afirmación de la libertad y de su restricción únicamente en condiciones
excepcionales, necesarias, adecuadas, proporcionales y razonables.
(vi) La
regulación procesal penal, además, fija reglas específicas sobre la
procedibilidad de la medida de aseguramiento de detención preventiva bajo un
estricto criterio de necesidad probada. (vii) En caso de no concurrir este
requisito, el juez solo está habilitado para decretar medidas no privativas de
la libertad. (viii) Por último, con arreglo al principio de proporcionalidad, la calificación jurídica provisional del
delito no es suficiente para inferir el riesgo de obstrucción de la justicia,
el peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y la probabilidad
de que el imputado no comparezca al proceso o de que no cumplirá la sentencia,
pues siempre se requiere la necesidad de la medida en relación con dichos
fines.
iv. El bloque
de constitucionalidad. Reiteración de jurisprudencia.
43. Desde la
Sentencia C-225 de 1995, la Corte ha sostenido en reiterada jurisprudencia[48] la existencia del
bloque de constitucionalidad, como un concepto de la teoría de las fuentes del
derecho que, entre otros fines importantes, permite armonizar dos dogmas
aparentemente inconciliables de los sistemas constitucionales contemporáneos:
la prevalencia en el orden interno de los instrumentos internacionales sobre
derechos humanos aprobados por el Estado y la supremacía de la Constitución en
el sistema jurídico local.
44. La
jurisprudencia de la Corte ha explicado entonces que los tratados
internacionales aprobados por el Congreso de la República que reconocen
derechos humanos no susceptibles de ser suspendidos en estados de excepción no
detentan mayor jerarquía normativa que la Constitución Política ni tampoco esta
se encuentra supraordinada a aquellos, sino que las disposiciones internacionales
se integran articulado de la Carta, en virtud de la remisión que esta prevé en
los artículos 93[49],
94[50], 44[51] y 53[52], de manera que los dos
conjuntos de normas se fusionan y forman un bloque de constitucionalidad.
Esta última idea
debe ser subrayada, pues el bloque de constitucionalidad no es, como a veces
parece entenderse, el conjunto de normas que no se hallan en la Constitución
pero se incorporan a ella. Es, en cambio, un concepto que comprende también el
texto constitucional, dado que pretende explicar las consecuencias jurídicas de
la técnica de las cláusulas de remisión empleadas por las Constituciones, mediante
la metáfora de un todo de valor constitucional, compuesto por una serie de
disposiciones del texto superior nacional y de los instrumentos internacionales
a los que él remite y con los cuales conforma una unidad con la misma jerarquía
formal. La Corte ha sostenido:
“[e]l hecho de que las normas que integran el bloque de
constitucionalidad tengan jerarquía constitucional hace de ellas verdaderas
fuentes de derecho, lo que significa que los jueces en sus providencias y los
sujetos de derecho en sus comportamientos oficiales o privados deben atenerse a
sus prescripciones. (…)
El hecho de compartir la jerarquía del texto formal de la Carta
convierte a los dispositivos del bloque en “eje y factor de unidad y cohesión
de la sociedad”[53],
y la condición de ocupar con ellos el máximo peldaño en la escala normativa
obliga a que toda la legislación interna acondicione su contenido y ajuste sus
preceptos a los estatutos por aquellas adoptados, pues éstos irradian su
potestad sobre todo el ordenamiento normativo[54]”[55].
De acuerdo con
la Corte, todas las disposiciones que forman parte del bloque, sea que su
centro de producción sea nacional o internacional, son auténticas fuentes del
derecho, tiene valor normativo superior y poseen el mismo poder vinculante para
los jueces y los particulares. La Sala subraya que los elementos que lo
componen se convierten, de esta manera, en la jerarquía normativa más alta en
el sistema de fuentes y condicionan la producción del legislador, puesto que
las normas derivables de dichos estándares gravitan sobre todo el sistema
jurídico.
45. Este
Tribunal ha entendido que existen dos conceptos de bloque de
constitucionalidad: uno restringido o estricto y otro amplio o lato. Las normas
que hacen parte de tratados internacionales de derechos humanos no susceptibles
de suspensión en estados de excepción, debidamente aprobados por el Estado
colombiano, así como los tratados de derecho internacional humanitario y las
normas ius cogens[56]
conforman el bloque de constitucionalidad en sentido estricto[57].
A su vez, la
jurisprudencia ha dicho que el bloque de constitucionalidad en sentido lato
está compuesto por todas las normas de diversa jerarquía que sirven como
parámetro de constitucionalidad, dentro de las que se encuentran los tratados
internacionales a los que reenvía el artículo 93 C.P., las leyes orgánicas y
algunas leyes estatutarias[58].
46. La Corte
Constitucional, sin embargo, ha profundizado en la doctrina del bloque de
constitucionalidad y a partir de la interpretación del artículo 93 C.P. ha
desarrollado con mayor detalle dos tesis en torno a la figura. Esta disposición
prescribe: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en
los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. // Los
derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia”.
La Corte ha
considerado que del artículo trascrito no se sigue solo un incremento de los centros
de producción de las fuentes formales de mayor jerarquía, sino también una
regulación en términos de los criterios de interpretación adoptados en el orden
interno para la aplicación de las disposiciones sobre derechos fundamentales y
deberes consagrados en la Constitución Política. Esta Corporación, más
específicamente, ha considerado que cada uno de los dos incisos transcritos da
lugar a dos funciones del bloque de constitucionalidad, de configuración e
implicaciones diversas.
De esta manera,
el primer inciso del artículo 93 C. P., al prescribir que los instrumentos
internacionales aprobados por el Congreso que reconozcan derechos humanos no
suspendibles en estado de excepción prevalecen en el orden interno, constituye
una típica cláusula de remisión de fuentes formales que adquieren la jerarquía
normativa de la Constitución y con ella forma el bloque. El efecto del bloque
de constitucionalidad se manifiesta aquí en el incremento de las fuentes. Para
que los tratados sean recepcionados en el sistema jurídico y hagan parte de él
al mismo nivel de la Carta, en todo caso se requiere que reconozcan derechos
humanos no susceptibles de ser suspendidos en Estado de excepción.
Por otro lado,
el segundo inciso del artículo 93 C. P., establece que los derechos y deberes
consagrados en el texto constitucional se interpretarán de conformidad con los
tratados internacionales sobre derechos humanos aprobados por Colombia.
Mediante esta norma, el Constituyente fija la obligación de armonizar la
determinación del contenido y alcance de las disposiciones constitucionales que
consagren dichas prerrogativas y obligaciones a partir de las convenciones
sobre derechos humanos aprobadas por el Congreso.
En este caso, si
bien el marco de referencia continúan siendo los tratados aprobados por el
legislador, de forma opuesta a la cláusula de remisión vista con anterioridad,
los derechos reconocidos en el instrumento internacional no necesariamente
deben ser de aquellos no suspendibles en estados de excepción. Pero además de
esto, nótese que la obligación constitucional en mención no tiene el efecto de
incorporar otras fuentes para ser aplicadas directamente en el orden interno,
sino que solo obliga a su utilización en la interpretación de las disposiciones
contenidas en la Carta.
De conformidad
con lo anterior, los tratados que reconozcan derechos humanos, aunque no
suspendibles en estados de excepción, debidamente aprobados por el Congreso, no
pueden ser aplicados, por ejemplo, como parámetro de confrontación normativa en
control constitucional de las leyes, aunque sí deben ser empleados el
interpretar los textos constituciones a partir de los cuales, a la postre, se
analizará la constitucionalidad de la normas demandadas. Así, los incisos 1º y
2º dan lugar a aquello que la Corte ha denominado la función integradora y la
función interpretativa del bloque de constitucionalidad[59].
En  la Sentencia C-291 de 2007, la Corte expresó:
Las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad cumplen
diversas funciones dentro del ordenamiento jurídico colombiano; en relación con
el establecimiento de límites al margen de configuración del Legislador en
materia penal, el bloque de constitucionalidad cumple dos funciones distintas:
una función interpretativa –sirve de parámetro guía en la interpretación del
contenido de las cláusulas constitucionales y en la identificación de las
limitaciones admisibles a los derechos fundamentales-, y una función integradora
-provisión de parámetros específicos de constitucionalidad en ausencia de
disposiciones constitucionales expresas, por remisión directa de los artículos
93, 94, 44 y 53 Superiores-[60].
De acuerdo con
lo anterior, resulta claro que el bloque de constitucionalidad se comporta de
dos maneras distintas y su fuerza vinculante se proyecta de dos modos
diferenciados en la labor de adjudicación de la Corte, a partir de la
interpretación de los incisos 1º y 2º  del artículo 93 C.P. El inciso 1º
prescribe la incorporación de normas de derechos humanos no suspendibles en
estados de excepción y aprobadas por el Congreso. La integración de estas a los
estándares constitucionales no presupone relación alguna de identidad entre
ellas y disposiciones de la Carta y, en consecuencia, ingresan con dicha
jerarquía incluso si en la constitución no han sido previstas otras con igual
contenido normativo. Este es la función integradora del bloque[61].
Por otro lado,
el inciso 2º establece una obligación de tomar en cuenta estándares
internacionales sobre derechos humanos, aprobados por el Estado colombiano,
aunque estos sean suspendibles en Estado de excepción, para la interpretación
de los derechos y deberes previstos en la Carta. Esto implica que en la Carta
deben existir normas de contenido material similar o a las cuales las
internacionales puedan idóneamente servir para clarificar su contenido y
alcance. Las normas internacionales solo guían aquí la adscripción de
significado a las textualmente previstas en la Carta Política. En este sentido,
el bloque desempeña una función interpretativa[62].
46. En síntesis,
(i) en sentido genérico, los tratados internacionales aprobados por el Congreso
de la República que reconocen derechos humanos no suspendibles en estados de
excepción y la Constitución Política, se fusionan y forman un bloque de
constitucionalidad, en virtud de la remisión a aquellos prevista en los
artículos 93, 94, 44 y 53 C.P. (ii) La jurisprudencia ha precisado dos
conceptos de bloque de constitucionalidad: en sentido estricto y en sentido
lato. (ii.i) En sentido estricto, el bloque está compuesto por la Carta, los tratados
internacionales de derechos humanos no susceptibles de suspensión en estados de
excepción, debidamente aprobados por el Estado colombiano, los tratados de
derecho internacional humanitario y las normas ius cogens
(ii.ii). En
sentido lato, el bloque de constitucionalidad está compuesto por todas las normas de diversa jerarquía que sirven como parámetro de
constitucionalidad, dentro de las que se encuentran la Carta, los tratados
internacionales a lo que reenvía el artículo 93 C.P., las leyes orgánicas y
algunas leyes estatutarias. (iii) Los incisos 1 y 2 del artículo 93 C.P. dan
lugar a las funciones integradora e interpretativa del bloque de
constitucionalidad. (iii.i) En virtud de la función integradora, los tratados
sobre derechos humanos no suspendibles en estados de excepción, debidamente
aprobados por el Congreso, conforman parámetro de control y se integran al
sistema constitucional, incluso si no hay normas de igual contenido material.
(iii.ii). En
virtud de la función interpretativa, los tratados sobre derechos humanos, al
margen de si reconocen prerrogativas no suspendibles en estados de excepción,
de ser aprobados por el Congreso, sirven de criterios para clarificar el
contenido y alcance de los derechos y deberes consagrados en la Constitución.
v. Las
interpretaciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos realizadas
por la Corte IDH y la CIDH y el deber de armonización interpretativa
47. Ya sea
cuando se recurre al bloque de constitucionalidad en su papel integrador o en
aquellos eventos en que es empleado en su función interpretativa, en relación
con la CADH, resulta importante dilucidar el valor de la interpretación que de
ella llevan a cabo organismos internacionales encargados de su aplicación, como
la Comisión Interamericana y, en especial, la Corte IDH.
48. A este
respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la interpretación de la CADH
que realiza la Corte IDH constituye un criterio hermenéutico relevante, debido
a que se trata del órgano de carácter judicial que interpreta de manera
autorizada la Convención. En la Sentencia C-010 de 2000, la Sala señaló:
“Directamente ligado a lo anterior, la
Corte coincide con el interviniente en que en esta materia es particularmente
relevante la doctrina elaborada por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, que es el órgano judicial autorizado para interpretar autorizadamente
la Convención Interamericana. En efecto, como lo ha señalado en varias
oportunidades esta Corte Constitucional, en la medida en que la Carta señala en
el artículo 93 que los derechos y deberes constitucionales deben interpretarse
“de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia”, es indudable  que la jurisprudencia de las
instancias internacionales, encargadas de interpretar esos tratados, constituye
un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas
constitucionales sobre derechos fundamentales”[63].
Según lo
anterior, los pronunciamientos de los entes internacionales encargados de
interpretar los tratados sobre derechos humanos adquieren una particular
importancia a la hora de determinar el alcance y comprensión de las
disposiciones sobre derechos fundamentales previstos en la Constitución
Política. En este sentido, de acuerdo con el fallo citado, la jurisprudencia de
la Corte IDH resulta de especial relevancia en tanto órgano de naturaleza
judicial, con la competencia para interpretar con autoridad la Convención
Americana.
En la Corte
IDH recae con exclusividad la facultad de “garantizar al
lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados” y “reparar
las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de
esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”;
al “decidir que hubo violación de un derecho o libertad protegidos por esta
Convención” (art. 63, CADH), mediante un fallo con carácter “definitivo
e inapelable” (art. 67, CADH) que los Estados “se comprometen a cumplir…
en todo caso de que sean partes” (art. 68.1, CADH)[64].
Conforme al marco anterior, las decisiones y órdenes que emite la
Corte IDH en la resolución de casos contenciosos, en razón de su función de
salvaguarda de los derechos humanos reconocidos en la Convención, son siempre
vinculantes[65].
Pero, además, dado que la potestad jurisdiccional para emitirlas se encuentra
naturalmente articulada e íntimamente relacionada con la labor hermenéutica que
se ve siempre avocada a realizar, la jurisprudencia de este órgano
jurisdiccional adquiere un valor importante en la interpretación constitucional
interna.
Lo anterior ha
sido reiterado en otras sentencias y afianzado sobre la base de que la Corte
IDH ejerce una jurisdicción conferida por la propia Convención y, por lo tanto,
detenta y desempeña una competencia aplicativa e interpretativa de la CADH
aceptada por el Estado colombiano[66].
A partir de esta circunstancia, se ha considerado que la doctrina  de la Corte,
elaborada al fallar casos contenciosos, es de particular relevancia al momento
de asignar significado y fijar el alcance a los derechos y deberes consagrados
en la Constitución Política[67].
49. En relación con los pronunciamientos de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, órgano cuasijudicial que principalmente
interviene en el procesamiento de los casos y presenta ante la Corte IDH las
demandas contra los Estados[68],
la Sala ha considerado que brindan también un valioso insumo en relación con el
significado de las normas de la CADH. En especial, en sus informes sobre casos
específicos y en los informes generales sobre la situación de los derechos
humanos en la región, esta Corte ha sostenido que sus interpretaciones de la
CADH pueden también ser consideradas fuentes auxiliares y criterios de
ilustración para la determinación del contenido de los
derechos fundamentales constitucionales[69].
En
consecuencia, si bien solo la Corte IDH al resolver demandas contra los Estados
por violación de los derechos consagrados en la Convención actúa como guardiana e intérprete final del
instrumento internacional[70]
y únicamente sus fallos constituyen jurisprudencia en estricto sentido, los
criterios de la CIDH no está desprovistos de toda utilidad, sino que permiten
ilustrar y sirven de fuente complementaria para la comprensión de las
disposiciones de la Convención y, en ese sentido, también prestan un elemento
orientador en la interpretación constitucional.
50. Ahora, de acuerdo con lo indicado en precedencia, no solo las
disposiciones de la CADH se incorporan al bloque de constitucionalidad como
estándar normativo y como conjunto de criterios a tener en cuenta en la
interpretación de las normas de derechos fundamentales contenidas en la
Constitución, sino que también en la dinámica y práctica del bloque de
constitucionalidad adquiere  una especial importancia la jurisprudencia de la
Corte IDH y las interpretaciones de la CIDH.
La metáfora del bloque de constitucionalidad, sin embargo, supone la
vinculación y fusión de dos órdenes normativos con dos diferentes centros de
producción y, en general, con aplicadores e intérpretes auténticos también
diversos. En este sentido, resulta consustancial a la idea del bloque la
necesidad de que las interpretaciones de la Carta Política y las de la
Convención sean armonizadas en la mayor medida posible.
El bloque, en efecto, tiene como característica que sus
disposiciones apuntan todas y en conjunto al amparo y protección de los
derechos y otros bienes constitucionales que se estiman como mínimos
merecedores de tutela judicial. Por lo tanto, la interpretación de los diversos
textos normativos que lo integran debe tender también hacia la unidad, a ser
conciliatoria y a encontrar la máxima salvaguarda de los derechos. Las
diferentes interpretaciones deben estar guiadas, así, por el ideal de formar
también un bloque armónico y compacto, del mismo modo que lo hacen las
disposiciones que constituyen el objeto de la interpretación.
En la Sentencia C-028 de 2006, esta Corporación indicó:
La Corte considera que, así como los tratados internacionales deben
ser interpretados entre sí de manera sistemática y armónica, en el entendido de
que el derecho internacional público debe ser considerado como un todo
coherente y armónico, otro tanto sucede entre aquéllos y la Constitución.
En efecto, esta Corporación estima que la pertenencia de una
determinada norma internacional al llamado bloque de constitucionalidad, de
manera alguna puede ser interpretada en términos de que esta última prevalezca
sobre el Texto Fundamental; por el contrario, dicha inclusión conlleva
necesariamente a adelantar interpretaciones armónicas y sistemáticas entre
disposiciones jurídicas de diverso origen.
Así las cosas, la técnica del bloque de constitucionalidad parte de
concebir la Constitución como un texto abierto, caracterizado por la presencia
de diversas cláusulas mediante las cuales se operan reenvíos que permiten
ampliar el espectro de normas jurídicas que deben ser respetadas por el
legislador.
La figura del bloque de constitucionalidad, según la Corte, sería en
principio excluyente con la posibilidad de interpretaciones de los preceptos
internacionales sobre derechos humanos que tengan como resultado su prevalencia
sobre normas constitucionales. La incorporación y tendencial fusión que
presupone el bloque, por el contrario, comporta que necesariamente deben
llevarse a cabo interpretaciones armónicas y sistemáticas, de manera que al
conjunto de normas que hacen parte de ese parámetro superior corresponda
también una interpretación de carácter conjunto, que tienda a la integralidad y
preserve lo mejor posible la idea de unidad de la figura.
En la Sentencia C-500 de 2014, la Sala
reiteró que la existencia de
autoridades judiciales y, específicamente, de la Corte IDH, a la que se
atribuye la función de interpretar auténticamente la Convención Americana sobre
Derechos Humanos implica la necesidad de que los órganos estatales encargados
de aplicar sus disposiciones consideren la jurisprudencia de ese Tribunal
Internacional. Sin embargo, correlativamente, subrayó que el reconocimiento de los tratados internacionales sobre derechos
humanos como parte del bloque suponía la obligación de fijar fórmulas de interpretación que hicieran posible, en
lugar de una confrontación o superposición entre los órdenes jurídicos nacional
e internacional, su adecuada armonización.
Advirtió que en razón de la importancia que
la jurisprudencia constitucional atribuía a los criterios de la Corte IDH a
efectos de interpretar las normas sobre derechos y
deberes constitucionales y, así mismo, de la obligación de las autoridades
locales de tomar en consideración no solo el texto del tratado sino también la
interpretación que lleva a cabo la citada autoridad judicial, la Corte
Constitucional tenía el deber de armonizar, en la mayor medida posible, los
tratados internacionales en materia de derechos humanos y el derecho interno.
51. En resumen, (i) en virtud del carácter judicial de la Corte IDH,
su creación por la CADH y su competencia para interpretar con autoridad la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia que emite posee
especial relevancia bajo las funciones integradora e interpretativa del bloque
de constitucionalidad. (ii) Los criterios
interpretativos de la CIDH, si bien no tienen el mismo carácter que aquellos de
la Corte IDH, permiten ilustrar y sirven de fuente complementaria en la
determinación del alcance de la Convención y como elemento orientador en la
adscripción del sentido de los derechos constitucionales fundamentales.
(iii). Dada la fusión de disposiciones
sobre derechos humanos que presupone el bloque de constitucionalidad y la
importancia que adquiere la interpretación de la CADH que realiza en particular
la Corte IDH, deben procurarse interpretaciones conciliadoras
y armónicas entre sus textos, que tiendan a ampliar el ámbito de protección de
los derechos y a mantener la idea de unidad que subyace a ese estándar
normativo.
vi. Análisis de constitucionalidad de
los apartados demandados
52. El artículo 308 del C.P.P. establece que el juez de
control de garantías decretará la medida de aseguramiento cuando de los
elementos materiales probatorios se pueda inferir razonablemente que el
imputado es responsable de la conducta punible, siempre que se cumpla uno de
los siguientes requisitos: 1. Que la medida de aseguramiento se muestre como
necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la
justicia, 2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la
sociedad o de la víctima o 3. Que resulte probable que el investigado no
comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.
El numeral 2 del artículo anterior es desarrollado en el
artículo 310 que se impugna en este caso. La disposición establece que para
estimar si la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad
de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y
la pena imponible, el juez deberá valorar: “1. La continuación de la
actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales. 2.
El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. 3. El
hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la
libertad, por delito doloso o preterintencional. 4. La existencia de sentencias
condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional. 5. Cuando se
utilicen armas de fuego o armas blancas. 6. Cuando el punible sea por abuso
sexual con menor de 14 años. 7. Cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de
delincuencia organizada”.
El demandante acusa de inconstitucionales los numerales 2 al 7 y el fragmento referido a la probable
vinculación del imputado con organizaciones criminales previsto en el numeral
1. Sin embargo, su argumento se dirige contra el conjunto de circunstancias
contenidas en dichos enunciados en tanto elementos para determinar que el
agente constituye un peligro para la sociedad. En su opinión, dicho fin de la
medida menoscaba la libertad pues, conforme a la interpretación de la CADH
realizada por la CIDH, el imputado solo puede ser privado de ese derecho ante
la probabilidad de que evada la acción de la justicia o de que obstaculice la investigación penal.
De acuerdo con el actor, los
criterios de necesidad de la medida de aseguramiento deben ser armonizados con
la interpretación del “ordenamiento supra-nacional” que llevan a cabo los organismos internacionales
autorizados para tal fin. En este sentido, afirma que en virtud del bloque
de constitucionalidad resulta obligatorio “acoger la interpretación que las
autoridades competentes  hacen de las normas internacionales e integrar dicha
interpretación al ejercicio hermenéutico de la Corte Constitucional…”
53. El demandante básicamente estima aplicable la función
interpretativa del bloque de constitucionalidad, de manera que la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, a la luz de la interpretación de la CIDH,
proporcionaría un criterio hermenéutico para determinar el contenido del
derecho a la libertad personal establecido en la Constitución Política. En
concreto, sería aplicable la orientación interpretativa, según el cual, la
privación de la libertad del imputado dentro del proceso penal solo puede tener
lugar para evitar la obstrucción de la justicia y asegurar su comparecencia al
proceso. Como consecuencia,
la detención preventiva no podría decretarse en razón de la “peligrosidad del
imputado para la seguridad de la comunidad”.
54. El legislador prevé la “peligrosidad el imputado para la
seguridad de la comunidad”, como una de las tres justificaciones para
imponer la detención preventiva. Esta expresión, sin embargo, requiere cierta clarificación
a partir de una interpretación sistemática de la regulación de la causal en el
marco general de las medidas de aseguramiento.
Según se vio, además de los artículos 308 y 310, el Código de
Procedimiento Penal hace referencia al citado criterio de necesidad en otros
tres artículos. Como principio rector, el artículo 2 consagra el derecho a la
libertad personal y prescribe que su restricción se impondrá cuando resulte
necesaria para garantizar, entre otros fines, “la protección de la comunidad”.
En el artículo 114.8 se establece como una de las funciones de la Fiscalía
General de la Nación asegurar, entre otros propósitos, la “protección de la
comunidad”, y  en el artículo 296 prácticamente se reproduce el texto del
artículo 2 y se prescribe que la libertad solo podrá ser afectada cuando sea
necesaria para asegurar “la protección de la comunidad”.
Pese a las falencias de técnica legislativa que presenta el artículo
demandado y el 308 del C.P.P., es claro que el legislador justifica la medida
de aseguramiento en la necesidad de proteger la comunidad y no en el carácter o
temperamento “peligroso” del imputado, como parecen darlo a entender
dichos preceptos y en cierto momento de la argumentación es referido por el
demandante. La Ley no asume un superado determinismo ni parte de que el sujeto
esté predeterminado al delito como razón para imponer una privación preventiva
de la libertad.
El peligrosismo que derivó en lo que se denominó el derecho penal de
autor fue un punto de vista adoptado por la criminología positivista que partía
de la base de que ciertas las personas, antes de desarrollar acto alguno,
estaban psíquica o biológicamente programadas para cometer delitos. Se
consideraba que, por sus estrictas condiciones personales, inevitablemente
tenían la tendencia a realizarlos y por esta razón también resultaba legítimo
imponer privaciones de la libertad con el propósito de evitar sus  dichos resultados.
Esta perspectiva, hoy completamente superada en el debate teórico, comportaba
como consecuencia un uso del derecho penal selectivo y discriminatorio.
Por el contrario, a pesar de la expresión utilizada por el
legislador en la disposición demandada, el discurso del peligrosismo penal no
tiene que ver con la causal que se analiza, fundada en criterios objetivos,
como justificación para imponer una medida de aseguramiento. Los numerales atacados
constituyen un conjunto de circunstancias, todas de hecho, que permiten
inferir al juez cuándo es necesario limitar la libertad del imputado en aras de
proteger los miembros de la comunidad. Tales circunstancias se refieren o están
relacionadas, no con el imputado en cuanto autor, con su carácter
peligroso, sino con sus actos, como elementos de juicio para inferir
la probabilidad de nuevos delitos y la necesidad de la medida restrictiva.
55. Clarificado lo anterior, la Sala considera que la protección a
la comunidad como justificación para detener preventivamente al imputado no
vulnera el derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 28 C.P., es
un desarrollo adecuado de varios preceptos de la Carta y puede ser armonizado
con las interpretaciones de la CADH llevadas a cabo por la CIDH y la Corte IDH.
La justificante de la medida de aseguramiento prevista en el
artículo demandado y en los demás reseñados, como se expuso en los fundamentos
de este fallo, es una regulación que sigue de forma casi literal el artículo
250 de la Constitución Política, según el cual, los fines de las medidas
susceptibles de ser adoptadas dentro del proceso penal son, además de la
garantía de la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación
de la prueba y la protección de las víctimas, “la protección de la comunidad”.
Proteger la comunidad, como se indicó en la Sentencia C-774 de 2001,
encuentra también plena justificación en el principio de la prevalencia del
interés general sancionado en el artículo 1 C.P. y en el fin del Estado de
asegurar la convivencia pacífica de la comunidad (art. 2 C.P.). Así mismo, el
propósito esencial del Estado y de las autoridades de garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la
protección de los habitantes en su vida, honra, bienes y demás derechos y
libertades proporcionan una sólida fundamentación constitucional a la detención
preventiva basada en la protección de la comunidad.
56. De otra parte, deben recordarse dos aspectos centrales del
sistema general de las medidas de aseguramiento que refuerzan lo anterior. Como
se señaló en las consideraciones, los numerales demandados incorporan un
conjunto de circunstancias para determinar en qué casos es necesaria la
privación de la libertad a fin de proteger la comunidad, las cuales constituyen
criterios de determinación semántica que reducen los márgenes
de discrecionalidad del operador. Estos limitan la vaguedad de la justificante
en un grado importante y proporcionan seguridad y certeza a la hora de su
aplicación, lo cual constituye una garantía para el ciudadano.
57. De forma aún más relevante, como también se mostró, el
legislador diseñó un modelo general de las medidas de aseguramiento de bases
constitucionales, pues estableció un mandato general de afirmación de la
libertad y dispuso que las normas que permitan privaciones o limitaciones a
esta prerrogativa deben ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe
ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente
a los contenidos constitucionales. (arts. 2, 295 y 296). Aunado a esto, la ley introdujo
reglas que adoptan en formas específicas los principios de gradualidad,
proporcionalidad, excepcionalidad y estricta legalidad de las medidas de
aseguramiento.
Además, el Código de Procedimiento Penal creó un esquema de medidas
de aseguramiento privativas y solo restrictivas de la libertad, típicamente
gradual, diferenciado y proporcionado de las afectaciones a los derechos del
imputado, en relación con los fines constitucionales que pueden perseguir. Se permite
al juez imponer una o varias de tales medidas, conjunta
o indistintamente, sustituir la privativa de la libertad por una que no suponga
este gravamen cuando estime que la primera es innecesaria y, en general,
incorporó varias disposiciones para controlar que la
privación efectiva de la libertad sea una decisión estrictamente necesaria y
excepcional.
El legislador
procesal penal, así mismo, recaba en la insuficiencia de la calificación jurídica, de la gravedad y modalidad de la conducta punible para
justificar la imposición de una restricción a la  libertad basada en la
protección de la comunidad y reafirma la necesidad de evaluar otros criterios
legales que gradúan la restricción de los derechos del imputado, en relación
con los fines que esta debe garantizar.
De acuerdo con lo anterior, la protección de la comunidad prevista
en el Código de Procedimiento Penal como fin de la medida de aseguramiento
encuentra amplio respaldo constitucional. Esto, no solo porque es un específico
desarrollo y responde a varios mandatos fundamentales de la Carta Política,
sino porque su imposición por el juez de control de garantías presupone
encontrar demostrados indicadores objetivos que otorgan certeza al imputado y,
adicionalmente, su utilización está condicionada por el legislador a estrictos
criterios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.
58. La Sala considera, así mismo, que el examinado fin de las
medidas restrictivas de la libertad dentro del proceso penal, en el contexto
constitucional en que adquieren sentido y justificación, no es incompatible con
las orientaciones interpretativas de la Comisión y la Corte IDH sobre la
materia.
El demandante considera aplicable el bloque de constitucionalidad en
su función interpretativa y argumenta que, según la interpretación de la CADH
realizada por la CIDH, la prisión preventiva solo sería imponible para
garantizar la comparecencia del imputado al proceso y evitar que obstruya la
justicia. A este respecto, la Sala debe recalcar que,
según se expuso en los fundamentos de esta sentencia, resulta consustancial a
la figura del bloque de constitucionalidad la necesidad de que la
interpretación de todas sus disposiciones y, en este caso, las de la Convención
Americana y las contenidas en la Constitución, sean armonizadas en la mayor
medida posible.
Al bloque de constitucionalidad sería en principio extraño, se
precisó, el surgimiento de interpretaciones de las disposiciones
internacionales sobre derechos humanos que tuvieran como resultado su
prevalencia sobre normas constitucionales o viceversa. Por el contrario, debido
a que ambos sistemas normativos son cobijados y comparten jerarquía normativa
bajo la figura del bloque, en lugar de una
confrontación o superposición entre sí, deben plantearse fórmulas
interpretativas conciliadoras que preserven la idea de unidad e integralidad
que subyace a esa compleja fuente.
59. El criterio interpretativo de la CIDH al cual se refiere el
demandante ha sido mencionado también en algunas decisiones de la Corte IDH. En
el caso Tibi Vs.
Ecuador, la Corte IDH expresó: “180. Esta Corte ha señalado que el principio
de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías
judiciales. De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención deriva la
obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los
límites estrictamente necesarios para asegurar que aquél no impedirá el
desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia”[71].
60. Pese a lo anterior, la Sala observa que la CIDH y la Corte IDH
han contemplado de igual manera la probabilidad de ejecución de nuevos delitos,
circunstancia ligada a la protección de la comunidad, como justificación para
la imposición de la prisión preventiva.  En el caso Ricardo
Canese Vs. Paraguay, luego de considerar que las medidas que afectan la
libertad personal y el derecho de circulación del procesado tienen carácter
excepcional, al estar limitadas por el derecho a la presunción de inocencia y
los principios de necesidad y proporcionalidad, la Corte IDH indicó:
“129… La jurisprudencia internacional y la normativa penal
comparada coinciden en que para aplicar tales medidas cautelares en el proceso
penal deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la
culpabilidad del imputado y que se presente alguna de las siguientes
circunstancias: peligro de fuga del imputado; peligro de que el imputado
obstaculice la investigación; y peligro de que el imputado cometa un delito,
siendo esta última cuestionada en la actualidad”[72].
Por su parte, en
el Informe 2 de 1997, la CIDH destacó:
“32. Cuando las autoridades judiciales evalúan el peligro de
reincidencia o comisión de nuevos delitos por parte del detenido, deben tener
en cuenta la gravedad del crimen.  Sin embargo, para justificar la prisión
preventiva, el peligro de reiteración debe ser real y tener en cuenta la
historia personal y la evaluación profesional de la personalidad y el carácter
del acusado.  Para tal efecto, resulta especialmente importante constatar,
entre otros elementos, si el procesado ha sido anteriormente condenado por
ofensas similares, tanto en naturaleza como en gravedad”.
De acuerdo con
lo anterior, al interpretar los derechos a la libertad personal y a la
presunción de inocencia consagrados en la CADH, la Corte IDH ha reconocido el
criterio de probabilidad de ejecución de nuevos delitos, asociable a la
protección de la comunidad, como justificación para la imposición de la prisión
preventiva, pese a reconocer que actualmente es discutido. La CIDH, además,
sostiene que con sujeción a ciertos parámetros, en general, de razonabilidad y
proporcionalidad, dicha causal puede ser empleada al decretar la detención
cautelar, siempre que la probabilidad de reiteración en el delito sea real.
Lo indicado implica,
por un lado, que la interpretación del derecho a la libertad personal
sancionado en la CADH no ha sido completamente uniforme en las citadas instancias
internacionales, en el sentido que la detención preventiva sólo esté justificada
en la necesidad de evitar la obstrucción de la justicia y asegurar la
comparecencia del imputado al proceso. Pero, en especial, las referidas
decisiones muestran que, al interior de la doctrina de la Comisión y la Corte
IDH, el criterio acabado de mencionar no puede leerse de forma cerrada y
excluyente con la posibilidad de otras justificaciones de la privación preventiva
de la libertad, como la protección de la comunidad contemplada en la Constitución
Política.
La Corte debe recabar en que los criterios interpretativos
orientadores y relevantes que desempeñan la doctrina elaborada por la Corte IDH
y la CIDH no implican la generación de tensiones con las normas
constitucionales. Por el contrario, su papel puede ser desarrollado gracias a
la necesidad de que los preceptos que componen el bloque de constitucionalidad,
tanto de uno como otro origen, mantengan entre sí el mayor grado posible de
armonía. De este modo, la interpretación sistemática y coherente de los
estándares incorporados al bloque se convierte en el elemento que preserva su
cohesión interna.
63. En este orden de ideas, la Sala estima que la causal de
justificación de la detención preventiva fundada en la protección de la comunidad
es compatible con los pronunciamientos de la CIDH y la jurisprudencia de la Corte
IDH. Específicamente, la Corte Constitucional considera que la citada justificante
es complementaria a las razones para privar de la libertad al imputado basadas en
la necesidad de garantizar su comparecencia al proceso y evitar que obstruya la
justicia.
64. Los
artículos 2, 114.8, 296, 308, 309, 312  del Código de
Procedimiento Penal y el artículo 250 de la Constitución Política establecen y regulan
la posibilidad y las condiciones  para imponer medidas restrictivas de la
libertad motivadas en la necesidad de prevenir que el investigado entorpezca el
proceso o evada la acción de la justicia. Sin embargo, no solo el legislador
sino el propio Constituyente han considerado que, además de estas razones, es
también una justificación legítima de la orden cautelar el propósito de
proteger la comunidad.
La protección de la comunidad, como concepto general, encuentra un
robusto fundamento constitucional en los principios y fines esenciales del
Estado y en la expresa disposición que la autoriza, como se mostró. Pero, en
especial, supone el amparo y la prevención de violación de los derechos de las
personas, ante la concurrencia de unas determinadas circunstancias objetivas
que permiten prever esa probabilidad. Esto quiere decir que cuando se invoca la
protección a la comunidad para decretar la medida de aseguramiento se pretende
en realidad proteger derechos que, a partir de una seria inferencia, se
encuentran en posibilidad concreta y efectiva de ser menoscabados.
La salvaguarda y protección de los derechos humanos no es algo que
compete e interesa solo al legislador y al Constituyente colombianos sino que
es, de hecho, la razón de ser de la CADH y el eje misional de la CIDH y la Corte
IDH. En este sentido, incorporar la protección de la comunidad como justificación
de las medidas de aseguramiento que, de manera específica, repercute en la
garantía de las prerrogativas individuales de los miembros de la comunidad se articula
bien con el sentido fundamental del citado instrumento internacional y permite asumir
el principio de que en la determinación del sentido de las disposiciones del bloque
de constitucionalidad se deben preferir aquellas interpretaciones que amplíen
el ámbito de protección de los derechos.
Obviamente, los derechos fundamentales del imputado dentro del
proceso penal son reguardados también por el legislador y el constituyente en
diversas normas y también lo son por la Convención. Sin embargo, es claro que
dentro del trámite, particularmente, el derecho a la libertad personal está
sujeto a restricciones proporcionadas y una de ellas puede encontrarse
legítimamente motivada en la protección de los derechos de las demás personas,
derechos reconocidos en las citadas fuentes y que, en casos concretos, pueden
hallarse realmente expuestos a violaciones por la acción del procesado. De ahí
la relevancia que adquiere la causal bajo examen y la justificación que
encuentra en el bloque de constitucionalidad.
64. Aunado a lo anterior, para la Corte IDH, las garantías del
procesado frente a normas que establezcan privaciones arbitrarias de la
libertad consisten sobre todo en que las medidas que dispongan dichas
injerencias tengan “un carácter excepcional, ya que se encuentran
limitadas por el derecho a la presunción de inocencia y los principios de
legalidad, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad
democrática”[73].
Lo anterior se concilia con las reglas sobre la detención preventiva
basada en la protección de la comunidad y, más exactamente, de los derechos de
los demás, vista esta dentro del contexto general de la regulación de las
medidas de aseguramiento, por las razones anotadas en páginas anteriores. El
sistema general de las medidas cautelares creado por el legislador se inspira
en mandatos constitucionales y de derechos humanos. En este sentido, se
consagra el principio de afirmación de la libertad y especialmente se prevé que
las normas que permitan limitarla deben ser interpretadas restringidamente y su
aplicación ha de ser necesaria, adecuada, proporcional y
razonable.
Además, en la ley procesal penal colombiana se consagró un régimen
de limitación de derechos basado en la gradualidad y la proporcionalidad y se
crearon previsiones generales para la aplicación de todas las medidas de
aseguramiento, las cuales recalcan y aseguran que la privación de la libertad a
través de la medida de aseguramiento de detención preventiva solo procede en condiciones
de estricta necesidad. Todo esto, observado sistemáticamente, posibilita que
también la prisión preventiva fundada en la protección de [los miembros de] la
comunidad sea realmente excepcional y necesaria, como lo ha propugnado la Corte
IDH en las sentencias citadas.
65. La Sala considera así que el fin de la medida de aseguramiento
bajo examen no está en contradicción sino que, al contrario, complementa la
doctrina de la Corte IDH. El valor de esta jurisprudencia y su relevancia para
llevar a cabo la interpretación de los derechos constitucionales fundamentales,
así como no puede ser leída en el entendido de que pretende imponerse a otras
normas de igual jerarquía normativa, tampoco puede serlo en el sentido de que
inhiba políticas criminales ajustadas a las necesidades y condiciones locales,
así como a los derechos fundamentales, que formula particularmente el
Constituyente.
Por ello, debido a la complejidad que supone una fuente del derecho
que se hace única a partir de diversos orígenes y autoridades encargadas de
determinar su sentido, la necesidad de interpretaciones armónicas, articuladas
y globales, que mantengan una cohesión entre sí y garanticen la unidad de las disposiciones,
debe tener también como eje el contexto social, económico y cultural del país,
pues ello permitirá plantear comprensiones del bloque más sólidas y más
fructíferas para la protección de los derechos fundamentales.
En el presente caso, lo anterior lleva a plantear que la jurisprudencia
de la Corte IDH, de acuerdo con la cual, la detención preventiva del imputado
procede para evitar que obstruya el proceso y evada la acción de la justicia,
no es excluyente y, antes bien, se ve complementada con la justificación
prevista en el Código y respaldada en la Constitución Política, referida a la
protección de los miembros de la comunidad.
66. En este orden de ideas, los numerales 2 al 7 y el segmento del
numeral 1 del artículo 310 C.P.P. demandados no son contrarios al artículo 28
C.P. sobre la libertad personal, pues esta no es absoluta y la causal para su
restricción prevista en las normas demandadas encuentra pleno respaldo
constitucional en el artículo 250 C.P., en el principio de prevalencia del
interés general sancionado en el artículo 1 C.P. y en los fines esenciales del
Estado y las autoridades de asegurar la convivencia pacífica de la comunidad,
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitución y la protección de los habitantes en su vida, honra, bienes y
demás derechos y libertades (arts. 1 y 2 C. P.)
En
consecuencia, las disposiciones acusadas deberán ser declaradas exequibles.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de
Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.-  Declarar EXEQUIBLES
los numerales 2 al 7 y la expresión “o su
probable vinculación con organizaciones criminales”
del numeral 1, del artículo 310 de la Ley 906 de 2004,
modificado por los artículos 24 de la Ley 1142 de 2007, 65 de la Ley 1453 de
2011 y 3 de la Ley  1760 de 2015, en relación con el
cargo analizado en esta sentencia.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional
María Victoria Calle Correa
Presidenta
LUIS GULLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de voto
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA (P)
Magistrado
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (E)
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
A LA SENTENCIA C-469/16
Expediente:
D-11214
MP. Luis Ernesto
Vargas Silva
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 310 (parcial) de la Ley 906 de 2004,
modificado por los artículos 24 de la Ley 1142 de 2007, 65 de la Ley 1453 de
2011 y 3 de la Ley 1760 de 2015.
Demandante:
Salustiano Fortich Molina.
Comparto plenamente tanto la parte
motiva, como la resolutiva de la sentencia C-469 de 2016, luego de los ajustes
decididos por el pleno de la Corte. Sin embargo, aclaro mi voto para reiterar
mi posición expuesta en la Sala Plena, durante la discusión del asunto, que dio
lugar a la adopción de la decisión referida.
El artículo 250
de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 03 del 19 de diciembre
de 2002, en su artículo 2o dispone que En
ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:
1.
Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas
necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la
conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en
especial, de las víctimas" (negrillas
agregadas).
Este artículo bastaba para declarar la
exequibilidad de la norma legal que autoriza a ordenar la detención preventiva
por "peligro para la
sociedad", más allá de la torpeza de los términos utilizados por
el legislador. Sin embargo, la jurisprudencia interamericana es constante y
clara en precisar que, en su criterio, sólo procederá la detención preventiva
cuando esta medida cautelar busque la efectividad del proceso (como la
comparecencia del investigado al mismo) y no fines extraprocesales, como el de
proteger a la comunidad y a las víctimas.
Esto quiere decir que existía una
aparente contradicción entre la Constitución colombiana y la Convención
americana, en el sentido dado por la CIDH. Para resolver esta situación,
resultaba conveniente recurrir a una interpretación monista del ordenamiento
jurídico, en la que no se acuda a determinar si hay prevalencia de las normas
internas o de los tratados internacionales, sino buscar integrarlos en un único
orden jurídico coherente. Tal pareciera ser el camino seguido por esta Corte en
la sentencia C-805 de 2002 donde se trató como un todo las causales de
detención preventiva, así: "De
acuerdo con la Carta, la detención preventiva sólo procede en los casos
taxativamente señalados en la Constitución, el bloque de constitucionalidad y
la ley. Por ende, la inobservancia del debido proceso en lo que respecta a
la restricción de la libertad personal, quebranta la Carta Política y da lugar
al control de legalidad de las medidas de aseguramiento" (subrayas
agregadas). Por esta vía, no existiría contradicción entre la Convención y la
Constitución Política en materia de detención preventiva, sino
complementariedad, la que explicaría que ciertas causas de la misma no estén
previstas por la Convención, pero sí por la Constitución. Otra manera de
interpretar el sistema, a través del criterio monista, consiste en recurrir a
la favorabilidad, como lo hizo esta Corte en la sentencia T-1319 de 2001: "En
ese contexto, la Corte concluye que el artículo 93-2 constitucionaliza todos
los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia y referidos a
derechos que ya aparecen en la Carta y, en virtud de la regla hermenéutica
sobre favorabilidad, el intérprete debe escoger y aplicar la regulación que
sea más favorable a la vigencia de los derechos humanos" (subrayas
agregadas). Pero debe advertirse que, a pesar de que a primera vista es más
favorable para el detenido la interpretación que restringe las causas de
detención preventiva, en realidad el precedente se refiere a la vigencia de los
derechos humanos, incluidos los de las víctimas. Esto permite arribar a una
interpretación sistemática de la Convención, apartada de la sostenida por la
CIDH, para concluir que las obligaciones de proteger eficazmente los derechos,
implica aceptar que también es posible que se adopten medidas de privación de
la libertad en pro de la protección de las víctimas, cuyos derechos se ven
desprotegidos frente a la inacción del Estado respecto de hechos objetivos de
amenaza y de riesgo. En otras palabras, sólo una interpretación aislada de los
derechos, vista desde el solo ángulo del procesado, permitiría concluir que no
es válido detener provisionalmente a quien amenaza los derechos de terceros.
La detención preventiva por la causal que
era objeto de control de constitucionalidad no resulta de un residuo del
inconstitucional peligrosismo. Debe recordarse que el peligrosismo, en sentido
estricto, se refiere a la toma de medidas frente a alguien que no ha empezado
la ejecución del acto. Aquí se trata de alguien que ya pasó al acto y, por lo
tanto, con soporte probatorio y suficiente motivación, de manera razonable y
proporcionada, se quiere evitar la reincidencia y, por esta vía, la
multiplicación de las conductas punibles. Es por esta razón que el Convenio
Europeo de Derechos Humanos, concordante con nuestra Constitución, dispone en
su artículo 5.1, lit. c: "Toda
persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado
de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento
establecido por la ley: (...) Si ha
sido detenido y privado de libertad, conforme a derecho, para hacerle
comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios
racionales de que ha cometido una infracción o cuando se
estime necesario para impedirle que cometa una infracción o
que huya después de haberla cometido" (negrillas
agregadas). En este sentido, el Tribunal Europeo ha considerado que esa
hipótesis se trata de una detención provisional, no de una
detención preventiva, la que ocurriría cuando se arresta a
alguien que no es investigada por haber ya cometido una infracción (TEDH, Ostendorf
c. Alemania, 7 de marzo de 2013, párr.. 82).
Es, entonces, en los términos explicados
que debe interpretarse que la jurisprudencia interamericana no excluye esta
hipótesis de detención preventiva, la que consulta valiosos fines
constitucionales.
Respetuosamente,
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
SALVAMENTO   DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALBERTO ROJAS RÍOS
A LA SENTENCIA C-469/16
CIRCUNSTANCIAS PARA DETERMINAR CUANDO LA LIBERTAD DEL IMPUTADO
REPRESENTA UN PELIGRO FUTURO PARA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD-Desarrollo normativo (Salvamento de voto)
EXAMEN DE LA GRAVEDAD Y MODALIDAD DE LA CONDUCTA PUNIBLE PARA
DETERMINAR SI LA LIBERTAD DEL IMPUTADO RESULTA PELIGROSA PARA LA SEGURIDAD DE
LA COMUNIDAD-Jurisprudencia constitucional (Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INOCENCIA FRENTE
AL HECHO DE CATALOGAR COMO PELIGROSA A UNA
PERSONA QUE SE ENCUENTRE ACUSADA O SUJETA A MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Jurisprudencia constitucional (Salvamento de
voto)
INTEGRACION DE UNIDAD
NORMATIVA-Contenido (Salvamento de voto)/INTEGRACION
DE UNIDAD NORMATIVA-Objetivos (Salvamento de voto)/INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA-Supuestos (Salvamento de voto)
CIRCUNSTANCIAS PARA DETERMINAR CUANDO LA LIBERTAD DEL IMPUTADO
REPRESENTA UN PELIGRO FUTURO PARA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD-Integración
normativa (Salvamento de voto)
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Margen de
configuración normativa del legislador para fijar requisitos (Salvamento de
voto)
MARGEN DE
DISCRECIONALIDAD DEL LEGISLADOR EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO (Salvamento de voto)
CLAUSULA GENERAL DE
COMPETENCIA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA PARA LA EXPEDICION DE LEYES-Facultad (Salvamento de voto)
CONFIGURACION LEGAL
DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Limites (Salvamento de
voto)
MARGEN DE
CONFIGURACION DEL LEGISLADOR EN MATERIA DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Principio de presunción de inocencia (Salvamento de voto)
AMPLIO MARGEN DE
CONFIGURACION DEL LEGISLADOR EN MATERIA DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Razonabilidad y proporcionalidad (Salvamento de voto)
REQUISITOS PARA EL
DECRETO DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Límites
constitucionales (Salvamento de voto)
DERECHO A LA LIBERTAD
PERSONAL-Representa la cláusula general de tutela y
reconocimiento constitucional (Salvamento de voto)
DERECHO A LA LIBERTAD
PERSONAL FRENTE A LAS COMPETENCIAS DE LA FISCALA
GENERAL DE LA NACION-Interpretación sistemática (Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE
PRESUNCION DE INOCENCIA-Contenido (Salvamento de
voto)/PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INOCENCIA-Instrumentos internacionales
(Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE
PRESUNCION DE INOCENCIA-Garantías (Salvamento de
voto)
MEDIDAS DE
ASEGURAMIENTO-Naturaleza cautelar y provisional
(Salvamento de voto)
MEDIDAS DE
ASEGURAMIENTO-Carácter no puede ser equivalente a
la pena impuesta como condena (Salvamento de voto)
DETENCION PREVENTIVA-Carácter excepcional (Salvamento de voto)/PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INOCENCIA-Comporta
que la libertad del procesado sea la regla y su detención preventiva, la
excepción (Salvamento de voto)
IMPOSICION DE MEDIDA
DE ASEGURAMIENTO-Reserva legal en la determinación
de las causales y procedimientos (Salvamento de voto)
DECRETO DE MEDIDAS DE
ASEGURAMIENTO-Reserva judicial (Salvamento de
voto)/DECRETO DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO PRIVATIVA
DE LA LIBERTAD-Competencia de los Jueces de la República (Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE
LEGALIDAD EN MATERIA DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Respeto
(Salvamento de voto)
IMPOSICION DE MEDIDAS
DE ASEGURAMIENTO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD-Control
de legalidad (Salvamento de voto)
CONTROL DE LEGALIDAD
SOBRE IMPOSICION DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD-Fines constitucionales (Salvamento de voto)/MEDIDAS DE
ASEGURAMIENTO-Control de legalidad (Salvamento de voto)
DECRETO DE MEDIDA DE
ASEGURAMIENTO-Diferencia entre control de legalidad
formal y material (Salvamento de voto)
MEDIDA DE
ASEGURAMIENTO-Sometimiento a autorización judicial
por afectación de derechos fundamentales (Salvamento de voto)
IMPOSICION DE MEDIDA
DE ASEGURAMIENTO DE DETENCION PREVENTIVA-Existencia
de evidencia física y material probatorio (Salvamento de voto)
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO
PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD-Principio de separación
de poderes en materia de configuración, decreto y ejecución (Salvamento de
voto)
DECRETO DE MEDIDA DE
ASEGURAMIENTO-Facultad de la víctima de solicitarlo
(Salvamento de voto)
DERECHOS DE LAS
VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Interpretación
sistemática de la constitución con los tratados y la jurisprudencia
internacional sobre derechos humanos (Salvamento de voto)
PROTECCION DE LOS
DERECHOS DE INTERVENCION DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL Y LA TUTELA EFECTIVA
DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES-Corrección de las
restricciones que modelo acusatorio establece para la participación de las
víctimas de los delitos (Salvamento de voto)
OMISION LEGISLATIVA
EN MATERIA DE PARTICIPACION DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Jurisprudencia constitucional (Salvamento de voto)
MEDIDA DE
ASEGURAMIENTO-Acceso igualitario de las víctimas en
el proceso penal y derecho a la tutela judicial efectiva (Salvamento de voto)/MEDIDA
DE ASEGURAMIENTO-Restricciones a la facultad de la víctima para solicitarla
(Salvamento de voto)
AUDIENCIA DE
SOLICITUD DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Participación
del Ministerio Público (Salvamento de voto)/PARTICIPACION DEL MINISTERIO
PUBLICO DURANTE LA AUDIENCIA DE SOLICITUD DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Regla
constitucional (Salvamento de voto)
DETENCION PREVENTIVA-Causales de procedencia (Salvamento de voto)/MEDIDA DE
ASEGURAMIENTO DE DETENCION PREVENTIVA-Fines constitucionales (Salvamento de
voto)
DESARROLLO DEL
PROCESO PENAL-Causales de procedencia de una medida
de aseguramiento (Salvamento de voto)
PROTECCION DE LA
COMUNIDAD Y DE LA VICTIMA-Causal
constitucionalmente válida para decretar una medida de aseguramiento
(Salvamento de voto)
PRIVACION DE LIBERTAD
DEL PROCESADO-No puede residir en fines
preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que
sólo se puede fundamentar en un fin legítimo (Salvamento de voto)
IMPOSICION DE MEDIDA
DE ASEGURAMIENTO-Requisitos de necesidad y
proporcionalidad (Salvamento de voto)
IMPOSICION DE MEDIDA
DE ASEGURAMIENTO DE DETENCION PREVENTIVA-Debe ser
la excepción y no la regla (Salvamento de voto)
DETENCION PREVENTIVA-Líneas jurisprudenciales constitucionales (Salvamento de voto)
DETENCION PREVENTIVA-Amplio margen de configuración normativo (Salvamento de voto)/DETENCION
PREVENTIVA-Reserva legal (Salvamento de voto)/MARGEN DE DISCRECIONALIDAD
EN MATERIA DE DETENCION PREVENTIVA-No es absoluto (Salvamento de
voto)
DEBIDO PROCESO-Medidas de aseguramiento deben someterse al cumplimiento de
estrictas exigencias que estructuran su legalidad (Salvamento de voto)/MEDIDA
DE ASEGURAMIENTO-Reserva judicial (Salvamento de voto)
APLICACION DE LA
MEDIDA DE DETENCION PREVENTIVA-No basta examinar el
quantum de la pena, es preciso consultar otros factores de protección reforzada
en relación con sujetos de especial protección (Salvamento de voto)
IMPOSICION DE LA
MEDIDA DE DETENCION PREVENTIVA-Causales (Salvamento
de voto)
IMPOSICION DE MEDIDAS
DE ASEGURAMIENTO-Estándares fijados por el sistema
interamericano de protección de los derechos humanos (Salvamento de voto)
CONVENCION AMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS-Fija extensión del ámbito
competencial con que cuentan los Estados para configurar legislativamente
medidas restrictivas de la libertad personal (Salvamento de voto)
CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS Y COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Estándares internacionales en materia de detención preventiva
(Salvamento de voto)
CONVENCION AMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS Y CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Derecho a la presunción de inocencia y principio de excepcionalidad
de la detención preventiva (Salvamento de voto)
DETENCION PREVENTIVA-Condiciones para su aplicación (Salvamento de voto)/DETENCION
PREVENTIVA-Fundamentos legítimos o causales de procedencia (Salvamento de
voto)
CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS-Causales de procedencia de la
detención preventiva (Salvamento de voto)
CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS-Criterio según el cual la
detención preventiva únicamente puede emplearse con fines procesales, excluye
causales tales como “la protección de la sociedad” (Salvamento de voto)
CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS-Subreglas convencionales
complementarias en materia de detención preventiva (Salvamento de voto)
COMISION
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Fundamentos
legítimos de la prisión preventiva (Salvamento de voto)
CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS Y COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Procedencia de la detención preventiva sólo en dos supuestos
relacionados con el desarrollo del proceso penal (Salvamento de voto)
CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS-Principios de legalidad,
necesidad, proporcionalidad y razonabilidad para la imposición de la detención
preventiva (Salvamento de voto)
CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS Y COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Estándares internacionales en relación con la autoridad competente,
el proceso decisorio, la motivación y los indicios en materia de decreto de
detenciones preventivas (Salvamento de voto)
DETENCION PREVENTIVA-Control judicial, recursos y revisión periódica de sus fines
(Salvamento de voto)
JURISPRUDENCIA
INTERAMERICANA-Análisis de autoridad competente no
puede reducirse a una mera formalidad, cuando se trata de la protección del
derecho a la libertad personal por medio de un recurso judicial (Salvamento de
voto)
DETENCION PREVENTIVA-Necesidad de ajustar la jurisprudencia constitucional a los
estándares internacionales vigentes (Salvamento de voto)
CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS Y COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Estudio comparativo entre la jurisprudencia constitucional y los
estándares internacionales en materia de detención preventiva (Salvamento de voto)
CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS Y COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Detención preventiva sólo procede por causales procesales: riesgo de
fuga y obstaculización de la justicia (Salvamento de voto)
PROTECCION DE LA
COMUNIDAD-Causal válida para el decreto de medida
de aseguramiento de detención preventiva (Salvamento de voto)
DETENCION PREVENTIVA-Examen sobre la libertad del individuo representa un peligro para la
sociedad, no puede ser una causal para decretar dicha medida (Salvamento de
voto)
CAUSALES DE
PROCEDENCIA DE LA DETENCION PREVENTIVA-Ejercicio
del control de convencionalidad difuso por parte de la Corte Constitucional
(Salvamento de voto)
CONTROL DE
CONVENCIONALIDAD-Alcance (Salvamento de voto)/CONTROL
DE CONVENCIONALIDAD-Corpus iuris interamericano (Salvamento de voto)/CONTROL
DE CONVENCIONALIDAD-Control de carácter normativo y no fáctico (Salvamento
de voto)/CONTROL DE CONVENCIONALIDAD-Modalidades (Salvamento de voto)/CONTROL
DE CONVENCIONALIDAD-Dimensión nacional (Salvamento de voto)
CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS-Ejercicio y efectos del control
de convencionalidad (Salvamento de voto)
CONTROL DE
CONVENCIONALIDAD-Jueces internos lo hacen dentro
del contexto del principio de subsidiariedad que regula el reparto de
competencias entre la justicia interna y la internacional (Salvamento de voto)
Ref: Expediente D- 11214
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 310 (parcial) de
la Ley 906 de 2004.
Demandante: Salustiano Fortich Molina
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
“No hay nada
más peligroso que la teoría de la peligrosidad”[74]
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte
Constitucional, paso a exponer las razones que me llevaron a salvar voto en la
Sentencia C-469 de 2016, en la cual se declaró exequible, por los cargos
analizados, “los apartes demandados del artículo 310 de la Ley 906 de 2004”.
En el caso
concreto, el problema jurídico consistía en determinar si el legislador vulneró
los artículos 28 (libertad personal) y 93 Superiores (bloque de
constitucionalidad); en concordancia con los artículos 7 (libertad personal) y
8 (garantías judiciales) de la Convención Americana de Derechos Humanos, al
establecer en materia de imposición de medidas de aseguramiento seis (6)
causales que determinarían que el imputado representa un “peligro para la
sociedad”.
A mi juicio, la
respuesta a tal interrogante era positiva, con base en los siguientes
argumentos, los cuales hicieron parte del proyecto inicial de fallo, el cual no
fue acogido por la mayoría de la Sala Plena:
1. Evolución
normativa de la disposición acusada
El actual
artículo 310 del Código de Procedimiento Penal ha sido objeto de diversas
derogatorias y modificaciones, que es necesario analizar. La disposición
inicial de la Ley 906 de 2004, rezaba:
“ARTÍCULO
310. Para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la
seguridad de la comunidad, además de la gravedad del hecho y la pena imponible,
deberán tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:
1.
La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con
organizaciones criminales.
2.
El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos.
3.
El hecho de estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de
aseguramiento, o de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena
privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional.
4.
La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o
preterintencional.
Posteriormente,
fue expedida la Ley 1142 de 2007, “Por medio de la cual se reforman
parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la
actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad
ciudadana”. En materia de medidas de aseguramiento privativas de la libertad, y
más concretamente, respecto al requisito de “peligro para la sociedad”, su
artículo 24 dispuso:
“ARTÍCULO
310. Para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la
seguridad de la comunidad, será suficiente la gravedad y modalidad de la
punible. Sin embargo, de acuerdo con el caso, el juez podrá valorar
adicionalmente alguna de las siguientes circunstancias:
1.
La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con
organizaciones criminales.
2.
El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos.
3.
El hecho de estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de
aseguramiento, o de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena
privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional.
4.
La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o
preterintencional”.
La Corte
Constitucional, en Sentencia C-1198 de 2008 analizó si era  conforme con la
Carta Política que para determinar si la libertad del imputado resultaba
peligrosa para la seguridad de la comunidad, bastaba con examinar la gravedad y
la modalidad de la conducta punible. La respuesta fue negativa, por cuanto:
“Así, la preceptiva del artículo 24 de la Ley 1142
de 2007, según la cual para estimar si la libertad
del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad, será
suficiente la gravedad y modalidad de la conducta punible, pero que, de acuerdo
con el caso, el juez podrá valorar adicionalmente las demás circunstancias allí
contenidas, no atiende los criterios de necesidad y proporcionalidad de la
medida de aseguramiento. Al establecer como suficientes la gravedad y la
modalidad de la conducta se desconocen esos criterios y con ello el principio
de libertad que cobija el proceso penal y el de legalidad de la medida
preventiva para su privación, pues se olvida que no es suficiente ese criterio
para determinar la procedencia o no del decreto de la misma, es imperativo que
se consulte su necesidad, la cual no puede estar determinada en esos dos
criterios objetivos, máxime cuando en Colombia no existe una política criminal
clara que determine cuáles son realmente las conductas graves”.
“A la par, se desconoce que en
ejercicio de la libertad de configuración que posee el legislador para
determinar los eventos en los cuales es procedente privar de manera preventiva
a una persona de su libertad, se ha indicado que para la solicitud de la misma
también se debe sustentar su urgencia y que toda disposición contenida en el
Código de Procedimiento Penal que permita esa clase de privaciones deben ser
interpretadas restrictivamente (arts. 306 y 295 de la Ley 906 de 2004,
respectivamente).
Empero, razón la asiste al Ministerio Público
cuando señala que de ser suprimidas, por efectos de la declaratoria de
inexequibilidad, las expresiones “suficiente, sin embargo y podrá”, del
artículo 24 de la Ley 1142 de 2007, se presentaría una ambigüedad en su lectura
e interpretación. Por ende, serán declaradas exequibles, en procura de la
protección del derecho a la libertad y los principios que delimitan los eventos
para su restricción, bajo el entendido que para el funcionario judicial, al
momento de determinar el peligro que el imputado representa para la comunidad,
no es suficiente la gravedad y la modalidad de la conducta punible, sino que
siempre deberá valorar, bajo las finalidades que la Constitución le ha otorgado
a esa clase de medidas preventivas, además de los requisitos contenidos en el
artículo 308 de la Ley 906 de 2004, las demás circunstancias contenidas en los
numerales 1° a 4° del artículo 310 ibídem”.
El
artículo 310 de la Ley 906 de 2004 fue nuevamente modificado por la Ley 1453 de
2011, “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de
Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre
extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”,
en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 65. El artículo 24 de la Ley 1142 de 2007, que modificó el artículo 310 de la Ley 906 de 2004, quedará así:
Artículo 24. Peligro para la comunidad. Para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la
seguridad de la comunidad será suficiente la gravedad y modalidad de la
conducta punible, además de los fines constitucionales de la detención
preventiva. Sin embargo, de acuerdo con el caso, el juez podrá valorar
adicionalmente alguna de las siguientes circunstancias:
1.
La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con
organizaciones criminales.
2.
El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos.
3.
El hecho de estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de
aseguramiento, o de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena
privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional.
4.
La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o
preterintencional.
5.
Cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas.
6.
Cuando se utilicen medios motorizados para la comisión de la conducta punible o
para perfeccionar su comisión, salvo en el caso de accidentes de tránsito.
7.
Cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años.
8.
Cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada”.
La Corte
Constitucional, en Sentencia C-121 de 2012 resolvió un cargo de
inconstitucionalidad contra la expresión “o de
encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento”,
según el cual se vulneraba el artículo 29 de la Constitución, comoquiera que
catalogar como peligrosa a una persona que se encuentre acusada o sujeta a
medida de aseguramiento, implica considerarla culpable de los cargos que se le
imputan, con lo cual se quebranta el principio de presunción de inocencia. Esta
Corporación declaró inexequible el segmento normativo acusado, por cuanto:
“Además de violatorio del principio de presunción de inocencia (art.
29) y de la prohibición constitucional de considerar como antecedentes penal un
acto distinto a la sentencia condenatoria en firme (Art. 248), el segmento
acusado quebranta el principio de proporcionalidad, toda vez que le da el mismo
peso para efectos de una negativa de libertad a los siguientes hechos: “estar
disfrutando de un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad por
delito doloso o preterintencional”; “la existencia de sentencias condenatorias
vigentes por delito doloso o preterintencional”; o “estar acusado o encontrarse
sujeto a alguna medida de aseguramiento”. En este último caso, no hace
distinción acerca de si esa medida es privativa de la libertad o no, y tampoco
la limita, como en los otros eventos en que hay condena, a los delitos dolosos
o preterintencionales. En estas condiciones, el legislador, sin justificación
alguna, coloca en una misma situación a quien soporta una medida de
aseguramiento o es acusado por cualquier delito, incluso culposo, y a aquel que
ya fue condenado por un delito doloso o preterintencional, lo cual resulta en
efecto desproporcionado.
El hecho de que la valoración de la existencia de una medida de
aseguramiento o una acusación, como criterio para inferir la peligrosidad, sea
adicional a las pautas establecidas como principales -la gravedad y modalidad
de la conducta y los fines constitucionales de la detención preventiva -, no
corrige la inconstitucionalidad que se advierte. Sea como criterio principal o
con criterio subsidiario, la norma permite que el juez encargado de aplicarla,
tome en cuenta una circunstancia que afecta el principio de presunción de
inocencia, comoquiera que asimila y le imprime los mismos efectos, indicativos
de peligrosidad, a una condena, que a una medida preventiva y provisional como
la de aseguramiento, y precaria como es la acusación”.
Una última reforma que conoció el artículo 310 de la Ley 906 de 2004
fue mediante la Ley 1760 de 2015[75].
De allí que la norma vigente es la siguiente:
“ARTÍCULO 310. PELIGRO PARA LA COMUNIDAD. Para estimar si la
libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la
comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena
imponible, el juez deberá valorar las siguientes circunstancias:
1.
La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con
organizaciones criminales.
2.
El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos.
3.
El hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de
la libertad, por delito doloso o preterintencional.
4.
La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o
preterintencional.
5.
Cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas.
6.
Cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años.
7.
Cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada”.
Al respecto, conviene señalar que recientemente en Sentencia C-231
de 2016, la Corte declaró exequible la expresión “el futuro” contemplada en el
parágrafo del artículo 2º de la Ley 1760 de 2015, “por los cargos analizados
en la presente sentencia”, es decir, un segmento normativo presente en el
artículo 308 de la Ley 906 de 2004.
Una de las principales razones para encontrar ajustada a la
Constitución la expresión demandada fue que, del análisis de cada una de las
finalidades de las medidas de aseguramiento contempladas en el Código de
Procedimiento Penal, concluyó que ninguna de ellas se aplica para sancionar una
situación ocurrida en el pasado, sino para evitar que valoradas las condiciones
actuales del proceso se presente una situación en el futuro, como cuando se
valora si la persona constituye un peligro para la sociedad, la
posible obstrucción al debido ejercicio de la justicia, la no comparecencia del
imputado al proceso o el no cumplimiento de la sentencia.
En definitiva, una revisión de los textos de las diversas reformas
que ha conocido el artículo 310 de la Ley 906 de 2004, evidencia la presencia
de las siguientes constantes:
·
Siempre se ha previsto que al momento de decidir
si se impone una medida de aseguramiento, el juez de control de garantías
deberá verificar la existencia de elementos materiales probatorios y evidencia
física  que permitan inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o
partícipe de la conducta delictiva que se investiga.
·
Adicionalmente, se debe cumplir alguno de los
siguientes requisitos: (i) Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria
para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia; (ii)
Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la
víctima; o (iii) Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso
o que no cumplirá la sentencia.
·
En lo que respecta al requisito de que el
imputado represente un peligro para la sociedad, un examen de los cambios
normativos muestra la presencia de unas constantes: (i) el incremento paulatino
del número de causales; y (ii) la necesidad de analizar la gravedad del delito.
Al mismo tiempo, el legislador ha oscilado entre las siguientes fórmulas: (i)
tomar en consideración la pena a imponer o la modalidad de la conducta
delictiva; y (ii) facultar al juez (criterio auxiliar) o, por el contrario,
obligarlo (criterio principal) a valorar la existencia de ciertas
causales de peligrosidad, adicionales a aquellas de gravedad y modalidad de
comisión de la conducta punible.
·
La fórmula actualmente vigente en el Código de
Procedimiento Penal, en materia de peligrosidad del imputado, se estructura
sobre los siguientes elementos: (i) gravedad de la conducta; (ii) modalidad de
comisión del delito; y (iii) deber del juez de control de garantías de valorar
un conjunto de seis (6) circunstancias, las cuales mostrarían que la libertad
del imputado comporta un peligro para la sociedad.
2.
Integración de la unidad normativa
La figura de la integración de la
unidad normativa se encuentra consagrada en el artículo 6º del Decreto 2067, en
los siguientes términos:
“La Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas demandadas
y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman unidad
normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales”.
La Corte Constitucional, en
numerosas ocasiones[76], ha explicado las hipótesis en las
cuales procede adelantar una integración normativa, e igualmente, ha indicado
que con ella se persiguen, entre otros, los siguientes objetivos: (i) efectividad del control abstracto de constitucionalidad; (ii) la
garantía de la supremacía de la Constitución; (iii) la coherencia del
ordenamiento;  y (iv) la seguridad jurídica.
A manera de síntesis, esta
Corporación en sentencia C-500 de 2014, señaló algunos supuestos en los cuales
ha procedido la integración normativa:
“En primer lugar, es posible apelar a la
unidad normativa (i) cuando el artículo que se impugna carece “(…) de un contenido deóntico claro unívoco o de un ámbito
regulador propio, aislado del contexto en el cual están insertadas, y se
requiere precisar su alcance incluyendo en el juicio de constitucionalidad
otros enunciados normativos”[77]. En segundo lugar, es
procedente (ii) cuando la disposición demandada o la norma que de ella se
desprende, está mencionada o referida en otros artículos del ordenamiento
jurídico de manera que para asegurar la efectividad de la decisión que se tome,
es necesario también examinarlos. Ha explicado la Corte que en este caso las normas tienen “un sentido regulador propio y
autónomo (…) pero el estudio de constitucionalidad de la disposición acusada
impone el examen (…) de algunos elementos normativos a los cuales hace
referencia, que están contenidos en otras disposiciones no demandadas”[78].
En tercer lugar, resulta posible acudir a ella (iii) cuando la norma que se
juzga tiene una relación íntima o intrínseca con otra que, prima facie, plantea
serias dudas de constitucionalidad.
Un examen de cada una de tales hipótesis
permite identificar su justificación constitucional. El primer supuesto, tiene
como propósito delimitar la materia objeto de juzgamiento de manera que este
Tribunal pueda adoptar una decisión de mérito. La segunda tiene como finalidad
asegurar plenamente la supremacía de la Constitución y la certidumbre respecto
de las normas vigentes evitando, de una parte, que luego de declarar la
inexequibilidad de una norma ella subsista en el ordenamiento o, de otra parte,
que con posterioridad a la declaratoria de exequibilidad, contenidos normativos
idénticos –vigentes al momento del pronunciamiento- sean objeto de demandas
iguales. La tercera propicia también la supremacía de la Constitución al evitar
que disposiciones directamente vinculadas con aquellas que fueron demandadas y
respecto de las cuales es posible sospechar de su inconstitucionalidad,
permanezcan en el ordenamiento sin ser juzgadas”.
En el caso concreto, la Corte considera que debe realizar una
integración normativa entre el artículo 310 de la Ley 906 de 2004 y la
expresión “para la seguridad de la sociedad”, del numeral 2º del
artículo 308 de la Ley 906 de 2004.
El artículo 310 de la Ley 906 de 2004 remite concretamente a parte
del numeral segundo del artículo 308 del mismo texto normativo, a cuyo tenor:
“ARTÍCULO 308. REQUISITOS. El juez de
control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su
delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos
materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la
información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el
imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga,
siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:
1.
Que la medida de aseguramiento se muestre como
necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la
justicia.
2.
Que el imputado constituye un peligro para la
seguridad de la sociedad o de la víctima.
3.
Que resulte probable que el imputado no
comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.”
Así las cosas, el artículo 310 de la Ley 906 de 2004 no puede
entenderse sin consultar parte del inciso 2º del artículo 308 del C.P.P. De
allí que se esté ante un supuesto en el cual “la
disposición demandada o la norma que de ella se desprende, está mencionada o
referida en otros artículos del ordenamiento jurídico de manera que para
asegurar la efectividad de la decisión que se tome, es necesario también
examinarlos.”
3. Margen de configuración normativa del legislador para fijar los
requisitos necesarios para el decreto de medidas de aseguramiento
El Congreso de la República, de conformidad con el artículo 150.2
Superior, goza de un amplio margen de configuración[79]  para  “definir
el procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones originadas en el
derecho sustancial”[80]
y a partir de entonces, le corresponde “evaluar y definir las etapas,
características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento
judicial”[81].
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que dicho
margen de discrecionalidad le permite al legislador “fijar las reglas a
partir de las cuales se asegura la plena efectividad del derecho fundamental al
debido proceso (artículo 29 C.P.), y del acceso efectivo a la administración de
justicia (artículo 229 C.P.). Además, son reglas que consolidan la seguridad
jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos, y
permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de
Derecho”[82].
De tal suerte que “mientras el legislador, no ignore, obstruya o contraríe
las garantías básicas previstas por la Constitución, goza de discreción para
establecer las formas propias de cada juicio, entendidas éstas como ‘el
conjunto de reglas señaladas en la ley que, según la naturaleza del proceso,
determinan los trámites que deben surtirse ante las diversas instancias
judiciales o administrativas’[83].
Como lo recordó
la Corte en Sentencia C-248 de 2013, con fundamento en la cláusula general de
competencia del Congreso de la República para la expedición de las leyes, tiene
facultad para: i) fijar las etapas de los diferentes
procesos y establecer los términos y las formalidades que deben cumplir[84];
ii) definir las competencias cuando no se han
establecido por la Constitución de manera explícita entre los distintos entes u
órganos del Estado[85];
iii) Regular los medios de prueba, elemento consustancial al debido proceso y
al derecho de defensa[86];
iv) definir los deberes, obligaciones y cargas
procesales de las partes, los poderes y deberes del juez[87] y aún las exigencias de la participación de terceros
intervinientes[88],
y v) definir los recursos y medios de defensa que pueden intentar los
administrados contra los actos que profieren las autoridades[89].
En materia de
límites constitucionales a la configuración legal de medidas de aseguramiento,
la Corte en Sentencia C-318 de 2008 sostuvo:
“Así
la determinación sobre las medidas de aseguramiento, los requisitos y los
supuestos en que ellas resultan procedentes, así como las condiciones para su
cumplimiento, son decisiones que involucran consideraciones de política
criminal, de conveniencia y de oportunidad que caen bajo la órbita de
competencia legislativa. Sin embargo, no se trata de una potestad absoluta sino
que ella encuentra su límite en los fines constitucionales y en los derechos
fundamentales, y debe estar guiada por los principios de razonabilidad y
proporcionalidad”.
En Sentencia C-121 de de 2012, esta Corporación insistió en el
principio de presunción de inocencia, en tanto que límite al margen de
configuración del legislador en materia de medidas de aseguramiento:
“El hecho de que la valoración de la existencia de una medida de
aseguramiento o una acusación, como criterio para inferir la peligrosidad, sea
adicional a las pautas establecidas como principales -la gravedad y modalidad
de la conducta y los fines constitucionales de la detención preventiva -, no
corrige la inconstitucionalidad que se advierte. Sea como criterio principal o
con criterio subsidiario, la norma permite que el juez encargado de aplicarla,
tome en cuenta una circunstancia que afecta el principio de presunción de
inocencia, comoquiera que asimila y le imprime los mismos efectos, indicativos
de peligrosidad, a una condena, que a una medida preventiva y provisional como
la de aseguramiento, y precaria como es la acusación”.
En conclusión,
en lo que concierne a la configuración de medidas de aseguramiento en materia
penal, el legislador goza de un amplio margen de discrecionalidad; sin embargo,
la estructuración de aquéllas debe ser ejercida
respetando los principios y valores constitucionales y debe ser razonable y
proporcional[90].
4. Límites
constitucionales en materia de requisitos para el decreto de medidas de
aseguramiento
El artículo 28 de la Carta Política, representa la cláusula general
de tutela y reconocimiento del derecho a la libertad personal, ya que consagra
que: "Toda persona es libre", al mismo tiempo, establece los
fundamentos jurídicos mediante los cuales se admite su restricción, al disponer
que:" Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a
prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado..", salvo
que concurran tres requisitos, a saber: (i) mandamiento escrito de autoridad
judicial competente; (ii) que se expida con la observancia de las formalidades
legales y (iii) por la existencia de motivos previamente definidos en la ley.
El artículo 28 Superior debe ser interpretado sistemáticamente con
el artículo 250.1 constitucional, referente a las competencias asignadas a la
Fiscalía General de la Nación:
“En
ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:
1.
Solicitar al juez que ejerza las funciones de
control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de
los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de
la comunidad, en especial, de las víctimas”.
A lo largo de los años, la Corte ha construido unas líneas
jurisprudenciales sobre los diversos límites constitucionales que tiene el
legislador al momento de configurar las medidas de aseguramiento, en especial,
la detención preventiva.
4.1.El principio de la presunción de inocencia y el carácter
excepcional de la detención preventiva
El principio de  presunción de inocencia se encuentra consagrado en
el inciso cuarto del artículo 29 inciso 4º de la Constitución, en los
siguientes términos: “Toda persona se presume inocente mientras no se le
haya declarado judicialmente culpable”. De igual manera, se encuentra
previsto en los artículos 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En los términos de la Sentencia C-121 de 2012, el principio de
presunción de inocencia comporta que: “(i) Nadie puede considerarse
culpable, a menos que se haya demostrado la responsabilidad mediante proceso
legal, fuera de toda duda razonable, (ii) La carga de la prueba acerca de la
responsabilidad recae sobre la acusación;  (iii) El trato a las personas bajo
investigación por un delito, debe ser acorde con este principio. La formulación
del artículo 248 de la Constitución, según la cual únicamente constituyen
antecedentes penales las condenas impuestas en sentencias judiciales, en forma
definitiva, configura un desarrollo de la garantía constitucional de presunción
de inocencia”.
Sobre la naturaleza cautelar y provisional de las medidas de
aseguramiento, la Corte en Sentencia C-774 de 2001, sostuvo que “deben ser
decretadas por intermedio de una autoridad judicial, en el desarrollo de un
proceso al cual acceden o accederán, con un carácter eminentemente provisional
o temporal y bajo el cumplimiento de los estrictos requisitos que la
Constitución y la ley prevén.
En Sentencia
C-390 de 2014, la Corte reiteró sus precedentes en el sentido de que el
carácter de las medidas de aseguramiento, de ninguna forma puede ser
equivalente a la pena impuesta como condena:
“De otra parte es pertinente precisar también que las medidas de
aseguramiento no equivalen a la sentencia condenatoria, ni pueden ser
confundidas con las penas que mediante tal providencia se imponen. Son simples
medidas cautelares – no sentencias - que sólo pueden dictarse, con carácter
excepcional, preventivo pero no sancionatorio cuando se reúnan de manera
estricta los requisitos fácticos o jurídicos señalados por la ley para el
efecto, y cuando resulten indispensables para alcanzar la finalidad
constitucional que con ellas se persigue, esto es, para asegurar la comparencia
del imputado al proceso, la conservación de la prueba y la protección de la
comunidad, en especial de la víctima.”[91]
En conclusión, el respeto por el principio de presunción de
inocencia comporta que la libertad del procesado sea la regla y su detención
preventiva, la excepción.
4.2.Reserva legal en la determinación de las causales y
procedimientos para la imposición de una medida de aseguramiento
En cuanto a los
requisitos que deben mediar para el decreto de una  medida de aseguramiento la
Corte, siguiendo lo establecido en los artículos 28 y
29 superiores y los diferentes instrumentos internacionales que forman parte
del bloque de constitucionalidad, ha considerado que deben ser decretadas por
el juez competente (reserva judicial), cumpliendo las formalidades
contenidas en la ley (reserva de ley) y cuando los motivos que dan lugar
a ellas estén previamente establecidos en aquélla.
El respeto por el principio de legalidad en materia de
medidas de aseguramiento ha sido una constante en la jurisprudencia
constitucional. En tal sentido, en Sentencia C-390 de 2014 se afirmó lo
siguiente:
“Por lo tanto, la indeterminación que es prohibida frente a las
sanciones penales debe serlo ineludiblemente sobre las circunstancias que
pueden dar lugar a una privación indefinida producto de una medida de
aseguramiento…el establecimiento de límites temporales a la duración de la
detención preventiva parte de los principios de legalidad y proporcionalidad
que deben gobernar la medida. A partir del pensamiento liberal, en el que el
poder del Estado debe estar controlado, el ius puniendi, como manifestación del
mismo, no puede sustraerse a las restricciones constitucionales, una de los
cuales es la duración del proceso penal y en particular de las medidas que
resulten restrictivas de derechos”.
4.3.Reserva judicial en el decreto de una medida de aseguramiento
En virtud de los artículos 28, 29, 32 y 250
constitucionales, sólo los Jueces de la República pueden determinar cuándo se
encuentran probados los supuestos fácticos previstos por el legislador y se
cumplan los fines constitucionales, para decretar una medida de aseguramiento
privativa de la libertad[92].
Al respecto, la Corte en Sentencia C-591 de 2005
sostuvo lo siguiente:
“Una de
las modificaciones más importantes que introdujo el Acto Legislativo 03 de 2002
al nuevo sistema procesal penal, fue la creación del juez de control de
garantías, sin perjuicio de la interposición y ejercicio de las acciones de
tutela cuando sea del caso, con competencias para adelantar…(iv) un control
previo para la adopción de medidas restrictivas de la libertad”.
En
conclusión, las medidas privativas de la libertad sólo pueden ser decretadas
por los jueces penales, en los casos y bajo los requisitos fijados previamente
por el legislador.
4.4.Control de legalidad sobre la imposición de
medidas de aseguramiento privativas de la libertad
En relación con los fines constitucionales
perseguidos con la existencia de un control de legalidad sobre la imposición de
medidas de aseguramiento privativas de la libertad, la Corte en Sentencia
C-1154 de 2005, consideró lo siguiente:
“El control de legalidad de las medidas de aseguramiento, constituye
una garantía para la protección de dos derechos fundamentales: la libertad
personal y el debido proceso. Por ende, si se trata de un instrumento tendiente
a salvaguardar un derecho constitucional, los titulares del mismo, o quienes
estén llamados  a su defensa, no pueden ser excluidos cuando se encuentren
en situación de igualdad con respecto a quienes están legitimados legalmente
para invocar la especial protección”.
En esa misma providencia, el Tribunal Constitucional diferenció
entre los controles de legalidad formal y material sobre el decreto de la
medida de aseguramiento:
“Cuando se examina la legalidad formal, el juez debe evaluar
si se observó el debido proceso en lo que concierne a los presupuestos
constitucionales y legales de la detención preventiva. Es decir: i) orden
escrita de autoridad judicial competente, ii) adopción de la medida con base en
las formalidades legales y iii) motivos previamente fundados en la ley. De
acuerdo con la Carta, la detención preventiva sólo procede en los casos
taxativamente señalados en la Constitución, el bloque de constitucionalidad y
la ley. Por ende, la inobservancia del debido proceso en lo que respecta a la
restricción de la libertad personal, quebranta la Carta Política y da lugar al
control de legalidad de las medidas de aseguramiento.
Cuando se examina la legalidad material, el juez debe evaluar
si se reúnen los requisitos probatorios y de necesidad y proporcionalidad para
la adopción de la medida”.
Cuando quiera que la medida de aseguramiento
comporte la afectación de derechos fundamentales, será necesario “que la misma sea sometida a una autorización judicial que debe
verificar, entre otros requisitos, la necesidad y la finalidad de la medida, al
igual que prever su adecuada sustentación y la oportunidad de ser
controvertida, aún más cuando dicha medida puede comprometer la libertad del
procesado”[93].
4.5.Existencia de evidencia física y material probatorio que
sustenten la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva
La decisión que adopte un juez, en el sentido de imponer una medida
de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento
carcelario o domiciliaria, debe responder a la existencia de evidencia física y
material probatorio recogidos y asegurados, que permitan inferir razonablemente
que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se
investiga.
La presentación, contradicción y evaluación de los elementos de
conocimiento invocados por el fiscal en audiencia, no impiden que luego en la
etapa del juicio sean practicadas todas las pruebas encaminadas a demostrar la
responsabilidad penal del acusado. Además “El que ciertos elementos de
conocimiento hayan sido suficientes para ordenar una medida de aseguramiento no
significa que también lo sean para demostrar la responsabilidad penal del
acusado”[94].
4.6.
El principio de
separación de poderes en materia de configuración, decreto y ejecución de las
medidas de aseguramiento privativas de la libertad
Una lectura sistemática de la Constitución
apunta a que, en virtud del principio de separación de poderes, las tres ramas
del Poder Público intervienen en la configuración, decreto y ejecución
de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad[95].
4.7.
Facultad de la víctima de solicitar el
decreto de una medida de aseguramiento
Una interpretación sistemática de los artículos 1, 2, 15, 21, 93,
229, y 250 Superiores, en concordancia con los tratados internacionales sobre
derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, ha conducido a precisar los contenidos y alcances de los derechos de las
víctimas en el proceso penal[96].
Tal y como lo
afirmó la Corte en Sentencia T-704 de 2012,  en desarrollo de esta perspectiva
amplia de protección de los derechos de intervención de las víctimas en el
proceso penal y a la tutela efectiva de sus derechos fundamentales, la Corte ha
desarrollado una extensa jurisprudencia orientada a corregir las restricciones
que el modelo acusatorio establece para la participación de las víctimas de los
delitos[97].
En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha introducido modulaciones
correctivas en relación con la facultad que tienen las víctimas para solicitar
la imposición de una medida de aseguramiento.
En virtud de la Sentencia C-209 de 2007, la
Corte Constitucional introdujo en el contenido normativo del artículo 306 de la
Ley 906 de 2004 un elemento omitido por el legislador, consistente en que la
víctima podía acudir directamente ante el juez competente, ya sea el de control
de garantías o el de conocimiento, según corresponda, a solicitar la medida de
aseguramiento o de protección requerida, a fin de ajustar el precepto a los
mandatos constitucionales sobre acceso igualitario de las víctimas en el
proceso penal y derecho a la tutela judicial efectiva[98].
4.8.
Participación del Ministerio Público
durante la audiencia de     solicitud de medida de aseguramiento
La participación del Ministerio Público en la audiencia de solicitud
de imposición de medida de aseguramiento está reglada por lo que establece el
artículo 277 superior que determina que la función de este órgano estatal está
relacionada con la intervención en los procesos y ante las autoridades
judiciales o administrativas, “cuando sea necesario en defensa del orden
jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales,
pero también por los límites propios que le impone el legislador penal en la
Ley 906 de 2004, como quiera que es un interviniente sui generis que puede
abogar por los derechos de todos, incluidas las víctimas, pero sin sustituir ni
al Fiscal ni a la defensa.”[99]
4.9.
Causales de procedencia de la detención
preventiva
En relación con los fines constitucionalmente válidos perseguidos
con la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva, esta
Corporación ha identificado los siguientes: (i) asegurar a las personas
acusadas de un delito para evitar su fuga y garantizar así los fines de la
instrucción y el cumplimiento de la pena que, mediante sentencia, llegare a
imponerse, una vez desvirtuada la presunción de inocencia y establecida la
responsabilidad penal del sindicado[100];
(ii) la protección de la sociedad frente al delito[101]; y (iii) la
conservación de la prueba[102].
4.9.1.
Causales referidas al desarrollo del
proceso penal
En diversas oportunidades, la Corte se ha pronunciado sobre la
existencia de dos causales de procedencia de una medida de aseguramiento,
relacionadas con el desarrollo del proceso penal: (i) la obstrucción a la
justicia; y (ii) el riesgo de fuga del procesado. Al respecto, la Corte en
Sentencia C-620 de 2001 afirmó lo siguiente:
“La imposición de las medidas de aseguramiento responde a la
necesidad de garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, asegurar la
ejecución de la pena privativa de la libertad, impedir su fuga o la
continuación de la actividad delictual y evitar la alteración de las pruebas y
el entorpecimiento de la investigación”.
4.9.2.
La causal de protección de la comunidad y
de la víctima
La protección de la comunidad y de la víctima ha sido considerada
por la Corte como una causal constitucionalmente válida para decretar una
medida de aseguramiento. Sobre el particular, en fallo C-1154 de 2005, esta
Corporación sostuvo lo siguiente:
“Igualmente, la protección de la comunidad en aras de impedir
la continuación de la actividad delictual, puede concebirse como fin propio de
la detención preventiva a partir de la consideración del mandato del artículo
1º de la Constitución, según el cual, el Estado colombiano se encuentra fundado
en “la prevalencia del interés general”, cuyo desarrollo explica el precepto
consagrado en el artículo 2º de la Constitución Política, por el cual, es fin
esencial del Estado, “asegurar la convivencia pacífica” de la comunidad, no
obstante, esta atribución debe actuar en concordancia con el principio de la
dignidad humana, y por lo tanto, para no lesionar las garantías fundamentales
del sindicado, el ejercicio de esta atribución impone la necesidad de
investigar lo favorable como desfavorable al acusado”. (negrillas agregadas)
No obstante lo anterior, más recientemente en Sentencia C-390 de
2014, siguiendo los precedentes sentados por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, la Corte afirmó lo siguiente:
“Al respecto es importante reiterar en este punto, que la privación
de libertad del procesado no puede residir en fines preventivo-generales o
preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar
en un fin legítimo.”[103]
4.10.
Requisitos constitucionales para la
imposición de una medida de aseguramiento
Adicionalmente a la existencia de evidencia
física y material probatorio recogidos y asegurados, que permitan inferir
razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta
delictiva que se investiga y la configuración de una causal legal para imponer
una medida de aseguramiento (i.e. riesgo de fuga, protección de la comunidad y
de la víctima y obstrucción a la justicia), la jurisprudencia de esta Corte ha
sostenido que se deben acreditar los requisitos constitucionales de necesidad y
proporcionalidad.
En relación con el requisito de necesidad, la Corte en Sentencia
C-805 de 2002 afirmó lo siguiente:
“El primero es la necesidad de la medida de aseguramiento. En
efecto, repugna al Estado Social de Derecho, al respeto por la libertad y la
presunción de inocencia, así como a otros derechos constitucionales, que una
persona investigada sea detenida preventivamente cuando ello no es necesario.
Una medida tan gravosa de los derechos constitucionales no puede proferirse con
base en el capricho o el simple juicio de conveniencia del fiscal. Por el
contrario, la Constitución exige que la medida se funde en motivos que
justifiquen su necesidad en el caso concreto a partir de los hechos específicos
de cada situación fáctica.
Esta necesidad no es política ni estratégica sino jurídica, es
decir, relativa al logro de los objetivos del proceso penal en general y a los
fines de cada medida cautelar en especial. Es necesaria la medida cuando ésta
es indispensable para alcanzar tales objetivos generales y fines específicos, a
los cuales ya se ha referido esta Corporación.[104]  El
legislador puede establecer diferentes criterios de necesidad[105] puesto
que la Constitución no fija un parámetro único y puede modificar dichos
criterios para atender cambios en la política criminal, siempre que respete la
Constitución y los tratados internacionales sobre la materia[106] y no
admita que la medida puede ser dictada por capricho o simple conveniencia. Así,
por ejemplo, el criterio de necesidad, a la luz de la política criminal, puede
ser más o menos exigente según la gravedad del delito y la importancia de los
valores constitucionales involucrados”.
Más recientemente, en Sentencia C-121 de 2012, la Corte consideró
que “la necesidad e idoneidad
que esta ofrezca para asegurar los fines constitucionales del proceso, y que
esté mediada por criterios de razonabilidad. Esta valoración debe efectuarse
en concreto, en relación con las características específicas del proceso en el
cual se examina la posibilidad de adoptar una medida de aseguramiento, y no
tomando en cuenta circunstancias que ya fueron objeto de valoración a la luz de
los fines específicos de otro proceso”.[107]
En relación con el principio de proporcionalidad en
materia de imposición de medidas de aseguramiento, la Corte en fallo C-805 de
2002 afirmó:
“El segundo elemento es el de proporcionalidad, cuyo fundamento y
trascendencia en el ámbito del derecho penal ya han sido subrayadas por esta
Corte.[108]
En efecto, la medida debe ser proporcional a las circunstancias en las cuales
jurídicamente se justifica. Por ejemplo, en el caso de la detención preventiva,
resultaría desproporcionado que a pesar de que la medida no sea necesaria para
garantizar la integridad de las pruebas, o la comparecencia del sindicado a la
justicia, se ordenara la detención preventiva.[109]
El legislador también puede indicar diversos criterios para apreciar
dicha proporcionalidad, entre los que se encuentran la situación del procesado,
las características del interés a proteger y la gravedad de la conducta
punible investigada. En todo caso, la Constitución exige que se introduzcan
criterios de necesidad y proporcionalidad, al momento de definir los
presupuestos de la detención preventiva”.
Teniendo en cuenta que la medida de aseguramiento comprende la
afectación de derechos fundamentales, el papel que le corresponde cumplir al
Juez de Control de Garantías dentro de tal audiencia encuentra sustento en el
artículo 250 Núm. 1 constitucional y está íntimamente ligado con la
verificación, entre otros requisitos, la necesidad y la finalidad de la medida,
al igual que prever su adecuada sustentación y la oportunidad de ser
controvertida, aún más cuando dicha medida puede comprometer la libertad del procesado
En conclusión, tal y como lo ha
reconocido la Corte Constitucional en diversos fallos[110]
y más recientemente en Sentencia C-390 de 2014, frente a la imposición de
medidas de aseguramiento se encuentra la tensión de diversos principios
constitucionales: por un lado la libertad personal y la presunción de
inocencia; y por otro, la necesidad de limitar derechos durante el proceso en
aras de garantizar la eficacia de la justicia. De allí que la imposición de una
medida de aseguramiento consistente en detención preventiva debe ser siempre la
excepción, y no la regla.
4.11.
Conclusiones sobre las líneas
jurisprudenciales constitucionales en materia de detención preventiva
La Corte Constitucional ha
considerado que en materia de detención preventiva, el legislador cuenta con un
amplio margen de configuración normativo (reserva legal), derivado de su
competencia para regular los procesos penales ( definir las ritualidades
propias de cada juicio, la competencia de los funcionarios a quienes se asigna
el conocimiento de los diversos asuntos, los recursos que proceden contra las
decisiones, los términos procesales, el régimen de pruebas, los mecanismos de
publicidad de las actuaciones, así como los supuestos en que es posible
restringir la libertad). Al mismo tiempo, el juez constitucional ha estimado
que ese margen de discrecionalidad no es absoluto ya que se encuentra limitado
por los derechos fundamentales y las garantías procesales.
En desarrollo
del artículo 29 de la
Constitución Política, las medidas de aseguramiento deben someterse al
cumplimiento de estrictas exigencias que estructuran su legalidad, a saber: (i)
deben ser decretadas por intermedio de una autoridad judicial (reserva
judicial) en el desarrollo de un proceso penal; (ii) con carácter
eminentemente provisional o temporal; (iii) es necesaria que de los elementos
materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la
información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el
imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga
que; y (iv) bajo el cumplimiento de los estrictos requisitos que la
Constitución y la ley prevén. Adicionalmente, (iv) deben superar un test
constitucional de necesidad y proporcionalidad.
La Corte Constitucional ha considerado que al momento
de aplicar una medida de detención preventiva no basta con examinar el quantum
de la posible pena a imponer, sino que es preciso consultar otros factores
basados en exigencias constitucionales de protección reforzada en relación con
determinados sujetos merecedores de especial protección. Así, el juez penal
deberá tener en cuenta (i) La edad del imputado (a) o acusado (a) – mayor de 65
años – concurrente con su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito,
de los que surge la conveniencia de su reclusión en el lugar de residencia;
(ii) La proximidad del parto. Este criterio se aplica dos meses o menos antes
del parto, y seis meses siguientes al nacimiento; (iii) El estado de grave
enfermedad del imputado (a) o acusado (a), dictaminado por médicos oficiales; y
(iv) La condición de madre o padre cabeza de familia que esté al cuidado de
hijo menor, o que sufriere incapacidad permanente.
En relación con las causales para imponer una detención preventiva,
la Corte ha considerado que son válidas aquellas relacionadas con el desarrollo
del proceso penal: (i) la obstrucción a la justicia; y (ii) el riesgo de fuga
del procesado.
En lo que concerniente a la causal de “protección de la comunidad y
de la víctima”, si bien en Sentencia C-1154 de 2005 la Corte estimó que
resultaba admisible que el legislador configurara una causal con dicho
propósito (con fundamento en los artículos 1º y 2º Superiores), también lo es
que Sentencia C-390 de 2014, siguiendo los precedentes sentados por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, la Corte afirmó lo siguiente:
“Al respecto es importante reiterar en este punto, que la privación
de libertad del procesado no puede residir en fines preventivo-generales o
preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar
en un fin legítimo.”[111]
5.
Los estándares fijados por el sistema
interamericano de protección de los derechos humanos en materia de imposición
de medidas de aseguramiento
El artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
fija la extensión del ámbito competencial con que cuentan los Estados al
momento de configurar legislativamente medidas restrictivas de la libertad
personal:
“Toda persona detenida o retenida debe ser
llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para
ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo
razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso.
Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su
comparecencia en el juicio”. (Negrillas agregadas)
A lo largo de la jurisprudencia proferida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y los informes elaborados por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, se han consolidado unos estándares
internacionales aplicables en materia de detención preventiva:
5.6.
El derecho a la presunción de inocencia y
el principio de excepcionalidad de la detención preventiva
De conformidad con el artículo 8.2. de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, “Toda persona
inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
establezca legalmente su culpabilidad”. De allí que toda persona sea
considerada inocente, mientras no se determine su responsabilidad penal
mediante una sentencia en firme, y consecuentemente, por regla general, el individuo debe ser investigado en libertad y sólo por
vía de excepción puede privarse al procesado de su libertad[112]. En caso de resultar
necesaria la detención del acusado durante el transcurso de un proceso, su
posición jurídica sigue siendo la de un inocente[113]
Del principio de presunción de inocencia se deriva también, como lo
ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la obligación
estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites
estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente
de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia. Pues la
prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva”.[114]
El respeto al derecho a la presunción de inocencia exige igualmente
que el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada
caso concreto, la existencia de los requisitos válidos de procedencia de la
prisión preventiva[115].
Por ende, “también se viola el principio de presunción de inocencia cuando
la prisión preventiva se impone arbitrariamente; o bien, cuando su aplicación
está determinada esencialmente, por ejemplo, por el tipo de delito, la
expectativa de la pena o la mera existencia de indicios razonables que vinculen
al acusado. En estos casos también se está en gran medida aplicando una pena
anticipada, previa a la conclusión del proceso mismo, entre otras razones
porque materialmente la detención previa al juicio, en tanto privación de
libertad, no difiere en nada de la que se impone como resultado de una sentencia”[116].
Siendo la detención preventiva  la medida más grave que se le puede
imponer a un procesado, con base en el principio de presunción de inocencia, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “su aplicación
debe tener carácter excepcional, limitado por los principios de legalidad,
presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con lo que es
estrictamente indispensable en una sociedad democrática”[117].
5.7.
Condiciones para su aplicación
5.7.1.
Fundamentos legítimos o causales de
procedencia
En relación con las causales de procedencia de la detención
preventiva, en el texto del “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en
las Américas”[118],
publicado en diciembre de 2013, se afirma que “la Corte Interamericana ha
establecido consistentemente que de las disposiciones de la Convención
Americana –y a juicio de la Comisión también de las normas de la Declaración
Americana– “se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del
detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no
impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la
acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no
punitiva”.
El criterio según el cual la detención preventiva únicamente
puede emplearse con fines procesales, lo cual excluye causales tales como “la
protección de la sociedad”, ha sido una constante en la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En efecto, la Corte Interamericana aplica – reiteradamente-  dos
subreglas convencionales complementarias:
·
Para restringir el derecho a la libertad
personal a través de medidas como la prisión preventiva deben existir indicios
suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a
proceso ha participado en el ilícito que se investiga[119]. Sin embargo, “aún
verificado este extremo, la privación de libertad del imputado no puede residir
en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena,
sino que sólo se puede fundamentar […] en un fin legítimo, a saber: asegurar
que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción
de la justicia”.[120];
y
·
Las características personales del supuesto
autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos,
justificación suficiente de la prisión preventiva[121].
Por su parte, la Comisión Interamericana en el caso Peirano Basso
v. Uruguay estableció que:
·
El tipo de delito y la severidad de la pena
pueden ser tomadas en cuenta como algunos de los elementos al momento de
evaluar el riesgo de fuga, pero no como justificación de la prolongación
excesiva de la prisión preventiva, toda vez que la privación de libertad
durante el proceso sólo puede tener fines cautelares y no retributivos;
·
En ningún caso se podrá disponer la no liberación
del acusado durante el proceso sobre la base de conceptos tales como “alarma
social”, “repercusión social” o “peligrosidad”, pues son
juicios que se fundamentan en criterios materiales y convierten a la
prisión preventiva en una pena anticipada; y
·
Reiteró que los límites legales a la concesión
de la libertad durante el proceso o la imposición legal de la prisión
preventiva no pueden ser considerados condiciones iuris et de iure, que
no necesiten ser probadas en el caso específico y que sea suficiente su mera
alegación. La Convención “no admite que toda una categoría de imputados,
por esa sola condición, quede excluida del derecho a permanecer en libertad
durante el proceso”.[122]
Así las cosas, en sentido concordante con la jurisprudencia
internacional, la Comisión Interamericana entiende que la norma contenida en el
artículo 7.5 de la Convención prevé como únicos fundamentos legítimos de la
prisión preventiva los riesgos de que el imputado intente eludir el accionar de
la justicia o de que intente obstaculizar la investigación judicial. En este
sentido, en el texto de su Informe de 2013 sobre la detención preventiva, la
CIDH concluyó:
“lo que se pretende por medio de la aplicación de esta medida
cautelar es concretamente lograr la efectiva realización del juicio a través de
la neutralización de los riesgos procesales que atentan contra ese fin. Por lo
tanto, es contrario a esta norma y al derecho a la presunción de inocencia,
e incongruente con el principio de interpretación pro homine, el que se
justifique la detención previa al juicio en fines preventivos como la peligrosidad
del imputado, la posibilidad de que cometa delitos en el futuro o la
repercusión social del hecho. No sólo por las razones expuestas, sino
porque se apoyan en criterios de derecho penal material, no procesal, propios
de la respuesta punitiva.”[123]
(negrillas y subrayados agregados).
En conclusión: existe una postura constante y uniforme
de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de
que la detención preventiva sólo procede en dos supuestos relacionados
con el desarrollo del proceso penal: (i) riesgo de fuga; y (ii) obstaculización
de la justicia. En consecuencia, de conformidad con estos estándares
internacionales, una causal soportada sobre “la protección de la sociedad”
resulta inadmisible.
5.7.2.
Criterios de necesidad, proporcionalidad
y razonabilidad
En los términos de la jurisprudencia sentada por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de las existencia de indicios
razonables que vinculen al acusado con los hechos investigados y la
acreditación de un fin legítimo que justifique la imposición de la detención
preventiva, el uso de aquélla se encuentra limitado por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad vigentes en
una sociedad democrática[124].
El principio de necesidad implica que: (i) la detención
preventiva  “sólo procederá cuando sea el único medio que permita asegurar los fines
del proceso”[125],
tras demostrarse que otras medidas cautelares menos lesivas resultarían
infructuosas a esos fines; y (ii) en atención a su naturaleza cautelar la misma
sólo puede estar vigente durante el lapso estrictamente necesario para
garantizar el fin procesal propuesto[126].
La aplicación del principio de proporcionalidad en materia de
detención preventiva implica que “debe analizarse si el objetivo que se
persigue con la aplicación de esta medida restrictiva del derecho a la libertad
personal, realmente compensa los sacrificios que la misma comporta para los
titulares del derecho y la sociedad”.[127]
Al respecto, la Corte Interamericana, en el asunto Barreto Leiva vs. Venezuela
(sentencia del 17 de noviembre de 2009) sostuvo lo siguiente:
“Una persona inocente no debe recibir igual o peor trato que una
persona condenada. El Estado debe evitar que la medida de coerción procesal sea
igual o más gravosa para el imputado que la pena que se espera en caso de
condena. Esto quiere decir que no se debe autorizar la privación cautelar de la
libertad, en supuestos en los que no sería posible aplicar la pena de prisión,
y que aquélla debe cesar cuando se ha excedido la duración razonable de dicha
medida. El principio de proporcionalidad implica, además, una relación racional
entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio
inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o
desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción.”
En cuanto al principio de razonabilidad, la Corte
Interamericana ha establecido que el artículo 7.5 de la Convención “impone
límites temporales a la duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a
las facultades del Estado para asegurar los fines del proceso mediante esta
medida cautelar”[128].
Así, “aun cuando medien razones para mantener a una persona en prisión
preventiva, el artículo 7.5 garantiza que aquella sea liberada si el periodo de
la detención ha excedido el límite de los razonable”[129]. De allí que de
acuerdo con la racionalidad del artículo 7.5, la persona mantenida en prisión
preventiva debe ser puesta en libertad desde el momento en que la privación de
libertad traspasa los límites del sacrificio que puede imponerse razonablemente
a una persona que se presume inocente.[130]
5.7.3.
Autoridad competente, proceso decisorio,
motivación e indicios
La CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han fijado
unos estándares internacionales en relación con la autoridad competente, el
proceso decisorio, la motivación y los indicios en materia de decreto de
detenciones preventivas.
En relación con la autoridad competente, la jurisprudencia
internacional ha sostenido que debe tratarse de un juez. Así por ejemplo, en el
asunto Tibi vs. Ecuador[131],
la Corte Interamericana sostuvo:
“Este Tribunal estima necesario realizar algunas
precisiones sobre este punto. En primer lugar, los términos de la garantía
establecida en el artículo 7.5 de la Convención son claros en cuanto a que la
persona detenida debe ser llevada sin demora ante un juez o autoridad
judicial competente, conforme a los principios de control judicial e
inmediación procesal. Esto es esencial para la protección del derecho a la
libertad personal y para otorgar protección a otros derechos, como la vida y la
integridad personal”.
Los jueces, por su parte, deberían establecer claramente en la
resolución que ordena la prisión preventiva cuáles son los límites temporales
de la misma[132].
En lo que atañe con el proceso decisorio, la CIDH ha sostenido que “al
momento procesal en el que se evalúa la procedencia de la prisión preventiva,
es relevante subrayar que en virtud del derecho a la presunción de inocencia el
juzgador debe examinar todos los hechos y argumentos a favor o en contra de la
existencia de los peligros procesales que justificarían su
aplicación o mantenimiento, según sea el caso”[133].
Más recientemente, y en el mismo sentido, en su Informe de 2013
sobre el tema de la detención preventiva, la CIDH afirmó:
“De ahí la importancia de que los actores involucrados
en este proceso decisorio cuenten con la adecuada información probatoria acerca
de los riesgos procesales y presupuestos legales que van a ser
evaluados, para lo cual se deben desarrollar sistemas de información y
verificación de la información previa al juicio. En este sentido, los llamados servicios
de evaluación y supervisión previos al juicio u oficinas de
medidas alternativas y sustitutivas han demostrado ser una buena práctica”.
Y agrega la CIDH:
“180. La celebración de una audiencia previa sobre la
procedencia de la prisión preventiva, además de garantizar el principio de
inmediación, permite, entre otras cosas, que la persona imputada y su defensa
conozcan con antelación los argumentos a partir de los cuales se infiere el riesgo
de fuga o de interferencia con las investigaciones”.
(negrillas y subrayados agregados).
En lo que respecta a la motivación de la decisión y la existencia de
indicios suficientes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Chaparro
Álvarez y Lapo Íñiguez v. Ecuador, estableció específicamente que toda
decisión por medio de la cual se restrinja el derecho a la libertad personal
por medio de la aplicación de la prisión preventiva deberá contener una
motivación suficiente que permita evaluar si tal detención se ajusta a las
condiciones necesarias para su aplicación (indicios razonables que vinculen al
acusado, fines legítimos, aplicación excepcional, y criterios de necesidad,
razonabilidad y proporcionalidad).[134]
En cuando a la calidad de la evidencia o base que se requiere para
poner a una persona en prisión preventiva, la Corte Interamericana ha
establecido que “deben existir indicios suficientes que permitan suponer
razonablemente que la persona sometida a proceso haya participado en el ilícito
que se investiga”. Y partiendo del criterio esbozado por la Corte Europea de la
existencia de “sospechas razonables” fundadas en hechos o información “capaces
de persuadir a un observador objetivo de que el encausado puede haber cometido
una infracción”, la Corte Interamericana determinó que tal sospecha, “tiene que
estar fundada en hechos específicos y articulados con palabras, esto es, no en
meras conjeturas o intuiciones abstractas”.[135]
5.7.4. Control judicial, recursos y revisión periódica de los fines
de la detención preventiva
La jurisprudencia interamericana ha sido constante en señalar que
cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio
de un recurso judicial, “el análisis de la autoridad competente no puede
reducirse a una mera formalidad, sino que debe examinar las razones invocadas
por el demandante y manifestarse expresamente sobre ellas, de acuerdo a los
parámetros establecidos por la Convención Americana”.[136] Además, las
autoridades judiciales nacionales deben asegurar que el periodo de detención
preventiva en el que se mantiene a un acusado no exceda de un plazo razonable.[137]
Adicionalmente, la CIDH, siguiendo los estándares fijados en la
materia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, considera que el juzgador
deberá expresar las circunstancias concretas de la causa que permitan presumir,
fundadamente, que persiste el riesgo de fuga o enunciar las medidas probatorias
pendientes de recaudar y su imposibilidad de producirlas con el imputado en
libertad. Este deber encuentra fundamento en la necesidad de que el Estado
renueve su interés en mantener la prisión preventiva con base en fundamentos
actuales. Este requisito “no se cumple cuando las autoridades judiciales
rechazan sistemáticamente las solicitudes de revisión limitándose a invocar,
por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga, u otras normas
que de una forma u otra establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la
medida. Si el Estado no demuestra que la detención preventiva de una persona
sigue siendo razonable y necesaria para el cumplimiento de sus fines legítimos,
la misma, aunque haya sido decretada de acuerdo con la ley, deviene en
arbitraria”[138].
5.8.
Conclusiones sobre los estándares
interamericanos en materia de detención preventiva
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
los pronunciamientos de la CIDH han contribuido a delinear los contornos de los
estándares interamericanos en materia de aplicación de la figura de la
detención preventiva. Lo anterior, ha tenido lugar en un contexto de abuso en
estas medidas en los países de la región, tal y como lo denunció en 2013 la
CIDH en su “Informe sobre la prisión preventiva en las Américas”:
“Como se desarrolla en este informe, el uso excesivo de
la prisión preventiva es un problema complejo producido por causas de distinta
naturaleza: cuestiones de diseño legal, deficiencias
estructurales de los sistemas de administración de justicia, amenazas a la
independencia judicial, tendencias arraigadas en la cultura y práctica
judicial, entre otras.
Al mismo tiempo, el uso no excepcional de esta medida
contribuye a agravar otros problemas ya existentes en la región, como los altos
niveles de hacinamiento penitenciario, lo que genera una situación de
hecho en la que se ven vulnerados otros derechos fundamentales de los reclusos,
como el derecho a la integridad personal. En la absoluta mayoría de los países
de la región las personas en prisión preventiva están expuestas a las mismas
condiciones que las personas condenadas, y en ocasiones a un trato peor que
éstas. Las personas en prisión preventiva sufren grandes tensiones personales
como resultado de la pérdida de ingresos, y de la separación forzada de su
familia y comunidad; además padecen el impacto psicológico y emocional del
hecho mismo de estar privados de libertad sin haber sido condenados, y por lo
general son expuestos al entorno de violencia, corrupción, insalubridad y
condiciones inhumanas presentes las cárceles de la región. Incluso los índices
de suicidios cometidos en prisiones son mayores entre los presos en prisión
preventiva. De ahí la especial gravedad que reviste esta medida y la necesidad
de rodear su aplicación de las máximas garantías jurídicas”. (negrillas y
subrayados agregados).
En relación con los estándares internacionales vigentes en materia
de detención preventiva, en el mismo informe la CIDH afirma que “desde hace
más de dos décadas los órganos del Sistema Interamericano han interpretado y
aplicado estas normas, estableciendo que de las mismas se desprenden, en
síntesis, los siguientes estándares”:
“(i) La detención preventiva debe ser la excepción y no
la regla; (ii) los fines legítimos y permisibles de la detención
preventiva deben tener carácter procesal, tales como evitar el peligro de fuga
o la obstaculización del proceso; (iii) consecuentemente, la existencia
de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para decretar la
detención preventiva de una persona; (iv) aún existiendo fines procesales, se
requiere que la detención preventiva sea absolutamente necesaria y
proporcional, en el sentido de que no existan otros medios menos gravosos para
lograr el fin procesal que se persigue y que no se afecte desproporcionadamente
la libertad personal; (v) todos los aspectos anteriores requieren una
motivación individualizada que no puede tener como sustento presunciones; (vi)
la detención preventiva debe decretarse por el tiempo estrictamente necesario
para cumplir el fin procesal, lo que implica una revisión periódica de los
elementos que dieron lugar a su procedencia; (vii) el mantenimiento de la
detención preventiva por un plazo irrazonable equivale a adelantar la pena; y
(vii) en el caso de niños, niñas y adolescentes los criterios de procedencia de
la detención preventiva deben aplicarse con mayor rigurosidad, procurándose un
mayor uso de otras medidas cautelares o el juzgamiento en libertad; y cuando
sea procedente deberá aplicarse durante el plazo más breve posible”. (negrillas
y subrayados agregados)
En definitiva, y para la resolución del caso concreto, lo importante
es que el estándar internacional en materia de fines detención preventiva son
sólo dos: evitar el peligro de fuga  o la obstaculización del proceso, es
decir, únicamente con propósitos procesales, más no de prevención del delito o
de “protección de la comunidad”.
6. Necesidad de ajustar la jurisprudencia
constitucional a los estándares internacionales vigentes en materia de
detención preventiva.
Un estudio comparativo entre la jurisprudencia constitucional y los
estándares internacionales fijados por la CIDH y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en relación con la detención preventiva, evidencia la
existencia de un elevado grado de sincronía. Lo anterior se pone de presente,
por ejemplo, en el acatamiento de principios tales como: (i) carácter
excepcional de la detención preventiva; (ii) reserva legal del diseño de la
medida de aseguramiento; (iii) reserva judicial para el decreto de la detención
preventiva; (iv) necesidad de indicios suficientes sobre la responsabilidad del
procesado en la comisión de la conducta punible; (v) ejercicio del derecho del
procesado; (vi) principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad de la
medida; y (vii) existencia de causales legales previas que determinen cuándo
procede la detención preventiva.
En el tema de las causales de procedencia de la detención
preventiva, se presenta una ligera desarmonía entre la jurisprudencia
constitucional y los estándares internacionales vigentes en la materia.
Como se ha explicado, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, de manera constante, han sostenido por años que la detención
preventiva sólo procede por causales procesales, más concretamente: riesgo de
fuga y obstaculización de la justicia.
La Corte Constitucional, por el contrario, ha considerado que la
“protección de la comunidad” también es una causal válida para el decreto de
una medida de aseguramiento de detención preventiva. Sobre el particular, en
fallo C-1154 de 2005, esta Corporación sostuvo lo siguiente:
“Igualmente, la protección de la comunidad en aras de impedir
la continuación de la actividad delictual, puede concebirse como fin propio de
la detención preventiva a partir de la consideración del mandato del artículo
1º de la Constitución, según el cual, el Estado colombiano se encuentra fundado
en “la prevalencia del interés general”, cuyo desarrollo explica el precepto
consagrado en el artículo 2º de la Constitución Política, por el cual, es fin
esencial del Estado, “asegurar la convivencia pacífica” de la comunidad, no
obstante, esta atribución debe actuar en concordancia con el principio de la
dignidad humana, y por lo tanto, para no lesionar las garantías fundamentales
del sindicado, el ejercicio de esta atribución impone la necesidad de
investigar lo favorable como desfavorable al acusado”. (negrillas agregadas)
Posteriormente, en Sentencia C-390 de 2014, siguiendo los
precedentes sentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte
afirmó lo siguiente:
“Al respecto es importante reiterar en este punto, que la privación
de libertad del procesado no puede residir en fines preventivo-generales o
preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar
en un fin legítimo.”[139]
Sin embargo, en Sentencia C-231 de 2016, la Corte declaró exequible
la expresión “el futuro” contemplada en el parágrafo del artículo 2º de la Ley
1760 de 2015, “por los cargos analizados en la presente sentencia”, es
decir, un segmento normativo presente en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004.
Una de las principales razones para encontrar ajustada a la
Constitución la expresión demandada fue que, del análisis de cada una de las
finalidades de las medidas de aseguramiento contempladas en el Código de
Procedimiento Penal, concluyó que ninguna de ellas se aplica para sancionar una
situación ocurrida en el pasado, sino para evitar que valoradas las condiciones
actuales del proceso se presente una situación en el futuro, como cuando se
valora si la persona constituye un peligro para la sociedad, la posible
obstrucción al debido ejercicio de la justicia, la no comparecencia del
imputado al proceso o el no cumplimiento de la sentencia.
Así las cosas, la Corte estima necesario ajustar su jurisprudencia a
los estándares internacionales vigentes en materia de detención preventiva, y
en consecuencia, considerar que el examen sobre la libertad del individuo
representa un peligro para la sociedad, no puede ser una causal para decretar
dicha medida.
9.
El ejercicio del control de convencionalidad
difuso por parte de la Corte Constitucional en materia de causales de
procedencia de la detención preventiva
El control de
convencionalidad es aquel que se ejerce para verificar la conformidad de una
determinada disposición constitucional, legal o reglamentaria de un Estado con
los principios y obligaciones que derivan del corpus iuris
interamericano. Se trata, en consecuencia, de un control de carácter normativo
y no fáctico. Se extiende a las interpretaciones que adelantan los jueces
internos, sean constitucionales u ordinarios, e incluso, la administración
pública.[140]
En lo que
respecta a las modalidades de control de convencionalidad, la Corte señala la
existencia de dos: una primera, que podríamos denominar control de
convencionalidad en su dimensión internacional, “en sede internacional” o
“concentrado”, ejercido únicamente por CteIDH; una segunda, conocida como
“control difuso de convencionalidad”[141]
o “en sede nacional”, a cargo de todas las autoridades judiciales nacionales, incluidos
los Tribunales Constitucionales.
El control de
convencionalidad, en su dimensión nacional, fue acogido expresamente por la
CteIDH en el asunto Almonacid Arellano y otros vs. Chile, del 26 de septiembre
de 2006[142],
aunque ya se hacía alusión al mismo en algunos votos individuales anteriores[143], e igualmente, se
había aplicado al momento de resolver excepciones preliminares. Así, en la
providencia del 4 de febrero de 2000, en el asunto Las Palmeras vs. Colombia,
la CteIDH afirmó lo siguiente:
“La Corte es asimismo competente para decidir si cualquier norma del
derecho interno o internacional aplicada por un Estado, en tiempos de paz o de
conflicto armado, es compatible o no con la Convención Americana.  En esta
actividad la Corte no tiene ningún límite normativo: toda norma jurídica es
susceptible de ser sometida a este examen de compatibilidad”[144].
Posteriormente,
en el mencionado fallo Almonacid Arellano, la CteIDH afirmó lo siguiente:
“124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales
internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a
aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un
Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus
jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo
que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención
no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y
que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder
Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre
las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial
debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación
que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la
Convención Americana.” (negrillas agregadas).
En el asunto
trabajadores censados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, del 24 de
noviembre de 2006, precisó que (i) el control de convencionalidad difuso
procede de oficio y (ii) los jueces internos que adelantan el control de
constitucionalidad deben igualmente llevar a cabo el control de
convencionalidad, dentro del marco de sus respectivas competencias[145].
A su vez, en el
asunto Heliodoro Portugal vs. Panamá, fallado el 12 de agosto de 2008[146], la CteIDH precisó
que: (i) existe una norma consuetudinaria, recogida en el artículo 2 de la
CADH, que prescribe que los Estados deben introducir reformas en su derecho
interno, con el fin de cumplir con sus obligaciones internacionales; (ii) tal
deber comporta la supresión de normas y prácticas internas que desconozcan el
tratado internacional y, al mismo tiempo, la expedición de disposiciones que
garanticen la protección de los derechos consagrados en el tratado
internacional; y (iii) el control de convencionalidad, ejercido por todos los
jueces internos, apunta al cumplimiento de tales obligaciones internacionales.
La CteIDH, en el
asunto Cabrera García y Montiel Flores vs. México de 26 de noviembre de 2010[147],  precisó que (i)
todos los órganos del Estado, incluidos sus jueces, deben velar por el
cumplimiento de la CADH; (ii) todos los jueces “en todos los niveles” están en
la obligación de ejercer de oficio el control de convencionalidad entre las
normas internas y la CADH, incluida la interpretación que de ésta haya
realizado la CteIDH, dentro del marco de sus respectivas competencias y
procedimientos pertinentes
Así las cosas,
existe una jurisprudencia constante de la CteIDH en el sentido de que la
totalidad de los jueces de los Estados Partes en la CADH, incluidos los
tribunales constitucionales[148],
con fundamento en la obligación de proteger y respetar los derechos humanos,
deben ejercer un control de convencionalidad difuso, mediante el cual aseguren
la primacía del corpus iuris interamericano sobre el derecho interno.
Por otra parte,
la CteIDH ejerce un control de convencionalidad concentrado sobre la normatividad
de los Estados Partes, el cual comprende las omisiones legislativas. Aquél
presenta las siguientes características:
·
Se surte con motivo de la resolución de un caso
concreto. No se trata de un control abstracto sobre las leyes. Se precisa entonces
que la normatividad haya sido aplicada en un asunto específico sometido a
conocimiento de la CteIDH[149].
·
Su empleo es cada vez más frecuente por parte de
la CteIDH. En efecto, el control de convencionalidad se ha empleado en temas
tan diversos como las leyes de autoamnistía, los Códigos Penales Militares y
las leyes sobre criminalización de las opiniones, entre otros.
·
Es excepcional: se ha
adelantado, hasta la fecha, en pocas ocasiones, orientado principalmente a
invalidar leyes de autoamnistía, lo cual no significa que no sea importante y
que no planté agudas controversias.
·
Ofrece diversos grados de intensidad: cuando se
trata de normas con rango constitucional, se invita al Estado a modificarlas[150]; tratándose de leyes
se ha decidido (i) declarar que carece de “efectos jurídicos”[151], es decir,  se
considera invalida[152];
(ii) se ordena modificarla[153];
o (iii) se conmina al Estado a legislar sobre un tema específico[154]. De hecho, en algunos
casos la CteIDH ha estimado que no es necesario modificar la Constitución, sino
que basta con reforma cierta legislación.[155]
·
No siempre se ha declarado que la norma interna
viola el tratado internacional; por el contrario, se estima que los Estados
cuentan con un margen de configuración normativa más o menos amplio para
regular un tema (vgr. sistema electoral[156],
proceso penal, etc.)
·
Al momento de ejercerlo se aplica un test de
proporcionalidad[157].
·
Mediante autos la CteIDH vela por el
cumplimiento de su decisión.
En cuanto al parámetro que sirve para realizar el control de
convencionalidad, la CteIDH ha sostenido que no se trata solamente del texto de
la CADH, sino que incluye “la interpretación que del mismo ha hecho la Corte
Interamericana”[158],
en tanto que “intérprete última de la Convención Americana”. Aunado a lo
anterior, los votos individuales de algunos jueces[159] apuntan ampliar tal
parámetro del control de convencionalidad hacia otros instrumentos
internacionales que hacen parte del “corpus iuris interamericano”, tales como
el Protocolo de San Salvador, el Protocolo relativo a la Abolición de la Pena
de Muerte, la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención de
Belém do Pará para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, la
Convención sobre Desaparición Forzada, entre otros.
Así las cosas,
mediante el ejercicio de su control de convencionalidad, en su modalidad de
concentrado, la CteIDH confronta el contenido de actos normativos internos, y
la jurisprudencia misma de los jueces domésticos, no sólo con el texto de la
CADH sino además con su propia jurisprudencia. A su vez, en los términos en que
ha sido entendido el control de convencionalidad difuso, la CteIDH exige a
todos los jueces internos, incluidos los constitucionales, que apliquen
de preferencia el texto de la CADH y la jurisprudencia interamericana.
Los efectos del
control de convencionalidad dependerán de si se trata de un control difuso o
concentrado.
Así pues, cuando
los jueces internos llevan a cabo el control de convencionalidad lo hacen
dentro del contexto del principio de subsidiariedad, el cual regula el reparto
de competencias entre la justicia interna y la internacional. De tal suerte
que, en principio, cuando los jueces nacionales aplican debidamente el texto de
la CADH y la jurisprudencia internacional, están evitando que los casos lleguen
a conocimiento del sistema americano de protección de los derechos humanos.
De igual manera,
los efectos jurídicos que genera el ejercicio del control de convencionalidad
difuso dependerán de cada caso concreto y de la vía procesal de que se trate.
En efecto, recordemos que aquél puede llevarse a cabo en el ámbito del control
de constitucionalidad o en el curso de un proceso ordinario.
Conviene
asimismo aclarar que la CteIDH ha entendido que el ejercicio del control de constitucionalidad
sobre una determinada ley, incluso por un Tribunal o Corte Suprema, no inhibe
su competencia, por cuanto no le corresponde examinar la validez de una ley con
el ordenamiento constitucional de un Estado, sino confrontar aquélla con la CADH[160]. Incluso en los casos
en los cuales un Estado demandado ha planteado como excepción preliminar que
sus jueces ejercieron el control de convencionalidad difuso, la CteIDH ha
considerado que conserva competencia para examinar, en el fallo de fondo, si
tales sentencias son conformes con la CADH y su jurisprudencia, lo cual no
implica desconocer la prohibición de actuar como una “cuarta instancia”[161].
En este orden de ideas, la Corte Constitucional, actuando como la
guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución, y en ejercicio del
control difuso de convencionalidad, declarará inexequible, la expresión
“de la sociedad o”, del numeral 2º del artículo 308 de la Ley 906 de
2004, por el cargo analizado, e inexequible el artículo
310 de la Ley 906 de 2004.
Por todos los anteriores argumentos, la Corte debió declarar
inexequible la expresión “de la sociedad o”, del
numeral 2º del artículo 308 de la Ley 906 de 2004 y el
artículo 310 de la Ley 906 de 2004.
Fecha ut supra,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
[1] Se admitió el cargo por violación a los
artículos 28 (libertad personal) y 93 C. P. (bloque de constitucionalidad) y 7
(libertad personal) y 8 (garantías judiciales)  de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. De otro lado, se inadmitieron los cargos por violación
del preámbulo y los artículos 1, 4, 5 y 29 C. P y 9 y 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
[2] Una explicación amplia de las exigencias
que deben cumplir los cargos puede encontrarse en la Sentencia C-1052 de 2001,
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[3] Como se indicó al principio, los numerales
indican: “2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los
mismos. 3. El hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena
privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional. 4. La
existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o
preterintencional. 5. Cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas. 6.
Cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años. 7. Cuando hagan
parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada”.
[4] El numeral 1 prevé: “1. La continuación
de la actividad delictiva o su
probable vinculación con organizaciones criminales.” El apartado
subrayado constituye el objeto de la impugnación.
[5] Cfr. Sentencia C-473 de 2016.
[6] Ver, Sentencias C-038 de 1995, C-327 de
1997, C-555 de 2001, C-965 de 2003, C-591 de 2005, C-210 de 2007, C-692 de
2008, C-820 de 2011, C-782 de 2012, C-233 de 2016.
[7] Sentencias C-316 de 2002, C-620 de 2001,
C-387 de 2014, C-828 de 2010, C-782 de 2012, C-1149 de 2001, C-393 de 2002, C-
248 de 2004, C-822 de 2005, C-1404 de 2000, C-1086 de 2008.
[8] Sentencias C-250 de 2011 y C-233 de 2016.
[9] Sentencia C-555 de 2001 y C-316 de 2002.
[10] Sentencia C-555 de 2001.
[11] Cfr., Sentencias C-144 de 2010 y C-260 de
2011.
[12] Sentencia C-454 de 2006. Ver, a este
respecto, los artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y  25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
[13] Ver sentencias C-228 de 2002, T-275 de
1994, T-443 de 1994, T-740 de 2001, C-1184 de 2001, C-578, C-580 y C-916 de
2002, T-418 de 2015, C-04 de 2003, C-370 de 2006, C-454 de 2006, C-936 de 2010,
T-576 de 2008, C-715 de 2012, C-916 de 2002, C-1033 de 2006, C-099 de 2013,
SU-254 de 2013, C-579 de 2013, C-180 de 2014 y C-286 de 2014, entre las más
representativas.
[14] Ver, Sentencia T-1184 de 2001 y C-454 de
2006.
[15] Cfr. Sentencia C-454 de 2006.
[16] Cfr. Sentencias C-301 de 1993 y
C-327 de 1997.
[17] En la Sentencia C-327 de 1997, la Corte
señaló: “Se deduce de lo expuesto que el Constituyente no concibió la
libertad individual a la manera de un derecho absoluto, inmune a cualquier
forma de restricción; todo lo contrario, fluye del propio texto superior que en
determinados supuestos, ese derecho fundamental es susceptible de limitación…”.
[18] La Corte ha caracterizado estas medidas de
la siguiente manera: “Las medidas de aseguramiento hacen parte de las
denominadas medidas cautelares, es decir, de aquellas disposiciones que por
petición de parte o de oficio, dispone la autoridad judicial sobre bienes o personas,
cuyo objeto consiste en asegurar el cumplimiento cabal de las decisiones
adoptadas en el proceso, garantizar la presencia de los sujetos procesales y
afianzar la tranquilidad jurídica y social en la comunidad,  bajo la premisa
por virtud de la cual, de no proceder a su realización, su propósito puede
resultar afectado por la demora en la decisión judicial. Sentencia C-774 de
2001, reiterada en la Sentencia C-1154 de 2005.
[19] Sentencias C-318 de 2008, C-1198 de 2008, y
C-695 de 2013.
[20] Ver Sentencias C-024 de 1994 y C-327 de
1997.
[21] Ver Sentencias C-774 de 2001, C-425 de
1997, C - 327 de 1997 y C-318 de 2008. En la sentencia C-425 de 1997, la
Corte sostuvo: “[e]n reiteradas oportunidades la Corte ha hecho énfasis en
que tratándose de la libertad personal, la Constitución Política establece una
estricta reserva de ley, siendo entonces el legislador el llamado a establecer
los casos y a fijar las condiciones que tornen viable la privación de la
libertad, tarea que redunda en beneficio del derecho en la medida en los
asociados cuentan con la definición de los eventos en resulta posible
afectarlo. En este sentido la Corporación ha puntualizado que “las normas
legales que fijan y precisan los supuestos en los que a una persona se le puede
privar de la libertad, constituyen garantía del derecho que de esa forma
desarrollan”.
[22] C-774 de 2001.
[23] T-490 de 1992, reiterada en las sentencias
C-1190 de 2008 y C-695 de 2013.
[24] En la Sentencia C-327 de 1997, la Sala
señaló: “Ahora bien, en materia de derecho a la libertad personal también
opera una reserva judicial, pues para la reducción de una persona a prisión,
arresto o detención es indispensable que medie mandamiento escrito de autoridad
judicial competente. El carácter excepcional que se predica de la detención
preventiva impone que su aplicación por los jueces se encuentre precedida del
análisis estricto y de la evaluación seria y ponderada de las circunstancias
involucradas en el caso concreto, ya que la remisión que la Constitución hace a
los supuestos de restricción del derecho regulados legalmente no supone que los
encargados de aplicarlos gocen de un pleno arbitrio al momento de apreciar si
se justifica o no afectar la libertad”.
[25] Cfr., por todas, la Sentencia C-539 de
2016.
[26] Sentencia C-1198 de 2008. En la Sentencia
C-123 de 2004, la Sala sostuvo: “Es claro entonces que la teoría jurídica
exige que, además de estar insertos en una ley, los motivos por los cuales
puede privarse de la libertad a una persona deben estar señalados de manera
expresa en ella, deben ser claros, precisos y unívocos; deben excluir cualquier
ambigüedad previsible y deben abstenerse de hacer generalizaciones y
abstracciones que pudieran minar la seguridad jurídica de los asociados”.
[27] En la Sentencia C-123 de 2004, la Corte
señaló: “Como se desprende de lo anterior, la dinámica del derecho penal
permite que sin quebrantar el principio de legalidad de la sanción -en el caso
particular, de legalidad de la privación preventiva de la libertad- el
legislador deje en el criterio del juez la interpretación de ciertos conceptos
cuyo contenido indeterminado no puede señalarse a priori, dado el carácter
general y abstracto de la norma legal. En tal sentido, bien puede el legislador
delinear los extremos del concepto jurídico cuya aplicación entrega al juez
penal, sin que por ello se entienda que el principio de legalidad sufre
desmedro alguno. Importa, sí, que tales límites se establezcan de manera clara
y concreta, a fin de que el juez, al verter en el concepto los hechos
concretos, permanezca fiel a los márgenes en que se expresa la voluntad de la
ley
[28] La Corte ha estudiado la indeterminación de ciertas
reglas con incidencia en la prolongación de la restricción
de la libertad, por violación a la estricta legalidad, y ha puesto de
manifiesto los límites del legislador y espacios que resulta legítimo dejar a
la interpretación del juez. En la Sentencia C-846 de 1999, se analizó un
aparte del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal de 1991 (Decreto
2700) que señalaba las causales de libertad provisional del procesado. La
disposición preveía que a pesar de haberse cumplido 6 meses de la ejecutoria de
la acusación, luego de los cual procedía la libertad provisional del procesado,
no había lugar a ella cuando se hubiera iniciado la audiencia, así ésta se
encuentre suspendida por cualquier causa.  La Corte
consideró la expresión demandada dejaba un espacio abierto para que la
autoridad judicial, el procesado o su defensor, dilataran injustificadamente el
proceso, en detrimento de lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la
Constitución y para que, en consecuencia, el procesado tuviera que soportar una
excesiva carga, que afectaba su libertad personal, "por la ineficiencia
o ineficacia del Estado". En este entendido, sostuvo que la expresión subrayada
solo resultaba ajustada a la Carta siempre que se entendiera que hacía referencia a una causa razonable y
plenamente justificada, y que su término
equivaliera al de la duración del hecho justificante. Afirmó, al mismo
tiempo, que el operador debía establecer la razonabilidad
de la medida que obligaba a suspender la audiencia pública, sin que pudiera
invocarse ineficiencia o ineficacia de la administración de justicia ni
justificarse más allá del tiempo mínimo que duraran las motivaciones de la
suspensión. En esta decisión es relevante subrayar que la Corte encuentra
inadmisible la expresión “cualquier causa” como soporte, en últimas,
para mantener bajo privación de libertad al acusado y por esta razón la
condiciona en los términos anotados. En todo caso, al propio tiempo la Corte
señala que al juez corresponde determinar razonablemente las situaciones en que
se da una motivación justificada de la diligencia, no dilatoria de la
diligencia. Posteriormente, en la sentencia C-123 de 2004, la Sala analizó la
constitucionalidad del artículo 365 de la Ley 600 de 2000, que establecía que
el sindicado tendría derecho a la libertad provisional garantizada
mediante caución prendaria, luego de transcurrido más de seis (6) meses
contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, sin que se
hubiere celebrado la correspondiente audiencia pública salvo cuando se
hubiere iniciado y se encontrare suspendida por causa justa o razonable. Se
analizaba si, como lo sostenida el demandante, esto era contrario al principio
de legalidad, porque dejaba en manos del juez determinar los casos en que sea
razonable o justo suspender la audiencia de juzgamiento. La Sala consideró que
al juez competía llenar de contenido los conceptos que el legislador había
fijado con la mayor precisión posible, dado que no era técnico establecer de
manera apriorística, exacta y exhaustiva, todas y cada una de las causas que
razonable o justamente pueden dar lugar a la suspensión de la audiencia de
juzgamiento. Por otro lado, con arreglo en la sentencia C-846 de 1999, puso de
manifiesto que el concepto de causa justa y razonable hacía referencia a una
causa cualificada, no un simple capricho, a la sola inercia estatal o a razones
inexistentes, banales o arbitrarias. Insistió en que la justicia de la causa
debía responder a una mínima ponderación, sensatez y el equilibrio de la
circunstancia en cuestión, en el marco de los principios y valores
constitucionales que demarcaran el patrón al cual debe sujetarse dicho juicio.
De esta manera, la Sala entendió que el rango de acción del juez, que implica
un grado de valoración sobre las causas de suspensión de la audiencia, no
alcanza a quebrantar la integridad del principio de legalidad de la privación
de la libertad.
[29] Ver sentencia C-327 de 1997, reiterada en las
sentencias C-689 de 1996; C-328 de 2008; C-774 de 2001; C-425 de 1997.
[30] En la Sentencia C-106 de 1994, la Corte
afirmó: “Claro está, tratándose del derecho fundamental de la libertad,
aplicando el artículo 94 de la Constitución Política, el alcance de su garantía
constitucional debe interpretarse a la luz de los tratados internacionales
sobre derechos humanos ratificados por Colombia, los cuales conciben la
detención preventiva como una excepción, es decir como un instrumento al cual
únicamente puede apelarse en los casos previstos por la ley y dentro de sus
rigurosos límites, sin perjuicio de las garantías que aseguren la comparecencia
del sindicado al pertinente juicio y su disponibilidad para la ejecución del
fallo, tal como se ha subrayado en esta sentencia”.
[31] La Corte ha expresado: “No obstante lo
anterior, la detención preventiva dentro de un Estado social de derecho, no
puede convertirse en un mecanismo de privación de la libertad personal
indiscriminado, general y automático, es decir que, su aplicación o práctica
ocurra siempre que una persona se encuentra dentro de los estrictos límites que
señala la ley, toda vez que la Constitución ordena a las autoridades públicas
velar por la efectividad de los derechos y libertades de los personas,
garantizar la vigencia de los principios constitucionales (la presunción de
inocencia), y promover el respeto de la dignidad humana (preámbulo, artículos
1º y 2º)”. En otra decisión, la Sala afirmó:  “En la norma objeto
de análisis, salta a la vista que la única explicación para suprimir el
beneficio del cumplimiento de la detención preventiva parcialmente en el
domicilio o lugar de trabajo, es la clase de delitos cuyo conocimiento se
asigna a los "Juzgados Penales del Circuito Especializados", lo que
lleva a suponer, sin justificación, que, aunque no hubieren sido condenados
antes por ningún delito, ni hayan intentado siquiera eludir la actuación
procesal, se les impone la detención física en una cárcel del Estado a
diferencia de otros sindicados, con abierto rompimiento de la igualdad de trato
que surge del artículo 13 de la Constitución” . Sentencia C-392/00, citada
en la Sentencia C-318 de 2008.
[32] Cfr. Sentencias C-318 de 2008, C-366 de
2014 y C-695 de 2013. En la Sentencia C-549 de 1997, la Corte destacó: “por
una parte, la eficacia en el ejercicio del ius puniendi; y por otra, la
protección del derecho a la libertad, en cuanto que las causales de detención
preventiva al fundarse en criterios de "proporcionalidad y
racionalidad", obran como límites a la privación de tal derecho,
atribuyéndole así un carácter excepcional a su restricción”.
[33] Sentencias C - 327 de 1997; C - 634 de
2000; C-318 de 2008- Ver, así mismo, C-805 de 2002, nota 12. En esta última
sentencia, se hace la siguiente referencia el principio de proporcionalidad en
el derecho comparado, específicamente en relación con la prisión preventiva,
susceptible de ser decretada únicamente de no ser posible acudir a otro tipo de
medidas que garanticen adecuadamente el logro de los fines que mediante ella se
pretenden alcanzar: “Así por ejemplo, el artículo 275.3 del Código de
Procedimiento Penal italiano establece que la detención preventiva sólo puede
ser aplicada en lo casos en que cualquier otra medida resulte inadecuada y
excluye esta respecto de mujeres embarazadas en período de lactancia, de
enfermos graves, o personas de más de 65 años, a menos que existan razones
poderosas para ordenar la detención. (Artículo  275-4, Código de Procedimiento
Penal italiano). Por su parte, el artículo 137 Código de Procedimiento Penal
francés dispone que la persona perseguida “permanezca libre salvo en razón de
necesidades de la instrucción o a título de medida de seguridad susceptible de
ser sometida a control judicial, o a titulo excepcional ubicada en detención
provisional”. En el Reino Unido, el artículo 4 del Bail Act de 1976 indica que
“una persona tiene derecho a su libertad salvo en los casos previstos en el
anexo I de esta ley”, y dichos casos son enumerados taxativamente en dicho
anexo. En resumen estas legislaciones consagran al lado del principio de
proporcionalidad, el principio de la subsidiaridad: la detención provisional es
una medida de ultima ratio para alcanzar fines legítimos. Ver. Pradel, Op.
Cit., páginas 502 y 503”.
[34] Desde decisiones al respecto en vigencia
del Código de Procedimiento Penal de 1991 (Decreto 2700), la Corte había
señalado respecto de la detención preventiva: “En las hipótesis normadas por
los numerales 2º y 3º del artículo 397 del Código de Procedimiento Penal, que
son objeto de acusación en la presente causa, de igual modo se torna patente el
ejercicio de las facultades que el legislador cumple amparado por la libertad
de configuración que le permite, de conformidad con sus preferencias de
política criminal, escoger causales de detención preventiva, que siendo
adoptadas con la finalidad de perseguir eficazmente el delito, han de estar,
sin embargo, acopladas a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que,
al obrar como límites, le imprimen a los supuestos de privación de la libertad
la naturaleza excepcional que deben tener, erigiéndose, entonces, en garantías
de ese derecho fundamental”. Sentencia C-327 de 1997. Ver, así mismo,
Sentencias C-150 de 1993, C-425 de 1997, C-774 de 2001, C-318 de 2008. En la
Sentencia C-549 de 1997, la Corte señaló: “La proporcionalidad también permite
garantizar que las medidas de aseguramiento tengan un carácter excepcional”.
[35] Ver Sentencias C-549 de 1997, C-634 de 2000 y C-318 de
2008.
[36] Ver Sentencias C- 549 de 1997 y C-318 de
2008.
[37] Sentencias C-774 de 2001 y C-689 de 1996.
[38] Cfr. Sentencia C-805 de 2002.
[39] Sentencia C-805 de 2002. Ver, así mismo, la
Sentencia C-549 de 1997.
[40] La Corte ha estudiado la constitucionalidad
de algunas normas acusadas de desconocer la excepcionalidad, proporcionalidad,
necesidad y gradualidad de las medidas de aseguramiento, que ilustran las
pautas indicadas con anterioridad y ponen de manifiesto el carácter de límite
material de estos principios y criterios en relación con la potestad de
configuración normativa del legislador en la materia. En la Sentencia C-318 de
2008, la Sala examinó la demanda contra el artículo 27 de la Ley 1142 de 2007
que modificó el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, el cual prohíbe
la procedencia de la sustitución de la detención preventiva en establecimiento
carcelario, por detención domiciliaria cuando la imputación se refiera a un
conjunto específico de delitos. A juicio del demandante, entre otros problemas,
la norma “objetivaba” los casos, suprimía al juez la facultad de imponer una
medida acorde con las circunstancias de cada supuesto y desconocía el derecho a
una medida de aseguramiento proporcional, racional y necesaria, lo cual
vulneraba los derechos a la libertad personal y debido proceso. La Corte
consideró que el legislador había introducido una restricción al juez, en
relación con la amplia discrecionalidad que le había otorgado en el artículo
314 del Código de Procedimiento Penal para valorar la conveniencia de sustituir
la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento
carcelario por la domiciliaria, pues antes solo estaba condicionada al
pronóstico de que para el cumplimiento de sus fines fuera suficiente la reclusión
en el lugar de residencia, con base en elementos referidos a la vida personal,
laboral, familiar y social del imputado. Sin embargo, consideró que dicha
restricción no infringía la prohibición de medidas de aseguramiento
desproporcionadas e indiscriminadas, pues estos estándares tenían plena
eficacia al momento de la definición sobre la procedencia de la medida de
aseguramiento en general, conforme al artículo 313 del C.P. Puntualizó que el
análisis que el juez debe realizar para decidir sobre la sustitución de la
medida de aseguramiento a la que se refiere la norma demandada era de
suficiencia, en torno a si la detención domiciliaria bastaba para cumplir los
fines de la medida de aseguramiento, pero que este examen estaba precedido del
juicio de necesidad de la medida misma consagrado en el artículo 308 C.P.P., el
cual garantizaba su razonabilidad. De otra parte, consideró que una situación
distinta se presentaba con los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo acusado, que
establecen la sustitución de la detención preventiva en centro carcelario, por
la domiciliaria u hospitalaria, con base en circunstancias personales de los
imputados (as) o de terceros, que los colocan en una especial situación de
vulnerabilidad. El parágrafo demandado tenía el efecto de excluir del beneficio
a los procesados de avanzada edad (num. 2); en situación de enfermedad grave
(num. 4) a la imputada en proximidad del parto (num. 3), al investigado (a) en
condición de madre o padre cabeza de familia al cuidado del hijo menor o con incapacidad
permanente (num. 5). Señaló que en razón de la necesidad, proporcionalidad y
gradualidad de la medida, el juez debía elegir entre el abanico de
posibilidades que le suministra la ley aquella que resulte más adecuada a los
fines de la medida, atendidas las circunstancias del caso, las cuales no eran
suministrables a priori por el legislador. En este sentido, consideró que una
exclusión de absoluta y generalizada de la sustitución de la medida de
detención en establecimiento carcelario por la domiciliaria, en relación con
sujetos merecedores de especial protección, bajo el único criterio de la
gravedad abstracta del delito y de su potencialidad de afectación de la
seguridad ciudadana, conllevaría a situaciones de inequidad injustificables.
Afirmó que las citadas constituían posiciones jurídicas de las que se derivaban
especiales imperativos de protección de carácter constitucional a cargo de las
autoridades y que por ende no podían ser desconocidos o subordinados. Subrayó,
entonces, que la norma conduciría a discriminaciones e infringía la necesidad,
proporcionalidad, razonabilidad y gradualidad en la aplicación de las medidas
de aseguramiento. Por esta razón, condicionó su exequibilidad en relación con
las citadas hipótesis, en el entendido de el juez puede conceder el beneficio,
con independencia del delito cometido, siempre y cuando se muestre que la
detención domiciliaria no impide el cumplimiento de los fines de la detención
preventiva, en especial respecto de las víctimas del delito.  En la sentencia
C-1198 de 2008, la Corte estudió el artículo 24 (parcial) de la Ley 1142 de
2007, que modificó el artículo 310 de la Ley 906 de 2004, sobre los criterios
para estimar si  la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad
de la comunidad. El fragmento demandado establecía que la gravedad y modalidad
de la punible eran suficientes para arribar a dicha conclusión, aunque de
acuerdo con el caso, el juez podía valorar adicionalmente alguna de las
circunstancias que la misma disposición contenía. El demandante consideraba que
al considerar como suficientes tales aspectos, se atentaba, entre otros
mandatos, contra la prohibición de exceso. La Corte consideró que, en efecto,
la norma no atendía los criterios de necesidad y proporcionalidad de la medida de
aseguramiento y el principio de libertad que cobija el proceso penal y el de
legalidad de la medida preventiva para su privación. Indicó que se dejaba de
lado necesidad de la medida de aseguramiento, la cual no podía estar fundada
solo en los dos criterios establecidos en la regulación, máxime cuando en el
país no existía una política criminal clara que determinara las conductas
realmente graves. En este sentido, declaró la norma exequible, en el entendido
de que no era suficiente la gravedad y la modalidad de la conducta punible,
sino que siempre debía valorar las demás circunstancias previstas en los
numerales del artículo.
[41] En la Sentencia C-121 de 2012, la Sala
examinó la constitucionalidad del artículo 65 (parcial) de la Ley 1453 de 2011,
que había modificado el artículo 310 C.P.P. y establecía “3. El hecho de estar
acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento, o de estar
disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por
delito doloso o preterintencional”, como uno de los criterios que el juez debía
valorar a efectos de determinar si una persona representaba peligro para la
comunidad. Entre otras consideraciones, la Corte señaló que en el fragmento
subrayado, objeto de la impugnación, el legislador había quebrantado el
principio de proporcionalidad, por cuanto había dado el mismo peso para efectos
de una negativa de libertad a tres hechos procesalmente diferentes (i) “estar
disfrutando de un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad por
delito doloso o preterintencional” (ii) “la existencia de sentencias
condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional”; (iii) “estar
acusado o encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento”.  Indicó que sin
justificación alguna, el legislador colocó en una misma situación a quien
soporta una medida de aseguramiento o es acusado por cualquier delito, incluso
culposo, y a aquel que ya fue condenado por un delito doloso o
preterintencional, lo cual resulta en efecto desproporcionado. Por esta razón,
declaró inexequible el segmento acusado de inconstitucional.
[42] En la Sentencia C-318 de 2008; En la Sentencia
C-774 de 2001 se señaló: “[P]ara que proceda la detención preventiva no sólo
es necesario que se cumplan los requisitos formales y sustanciales que el
ordenamiento impone, sino que se requiere, además, y con un ineludible alcance
de garantía, que quien haya de decretarla sustente su decisión en la
consideración de las finalidades constitucionalmente admisibles para la misma”.
[43] Sentencia C-774 de 2001.
[44] En aplicación del criterio de necesidad, la
Corte precisó que la detención sería procedente en tales casos siempre que
subsistieran las advertidas circunstancias de riesgo, pues de no ser así “en
aras de proteger la dignidad humana (art 1º de la Constitución) y el derecho a
la libertad personal (art 2º. y 28 de la Constitución), es predicable la
adopción de otro tipo de medidas menos lesivas de estos derechos fundamentales
como disponer la vigilancia de las personas, o la incautación de documentos,
entre otras (artículo 256 del decreto 2700 de 1991)”.
[45] Ver, a este respecto, la Sentencia C-318 de
2008.
[46] Modificado por el artículo 1 de la Ley 1785
de 2016.
[47] El artículo permite al fiscal o al apoderado de la víctima realizar
la solicitud “cuando el proceso se surta ante la justicia penal
especializada, sean 3 o más los acusados contra quienes estuviere vigente la
detención preventiva o se trate de investigación o juicio de actos de
corrupción de los que trata la Ley 1474 de 2011 o de cualquiera de las conductas
previstas en el Título IV del Libro Segundo de la Ley 599 de 2000 (Código Penal)”
[48] Ver Sentencias C-358 de 1997, C-191 de
1998, C-582 de 1999, C-10 de 2000, C-177 de 2001, C-774 de 2001, T-1319 de
2001, C-200 de 2002, C-802 de 2002, C-067 de 2003, C-097 de 2003,  C-148 de
2005, C-401 de 2005, C-028 de 2006, C-047 de 2006, C-291 de 2007 y C-425 de
2008; C-488 de 2009, C-936 de 2010.
[49] “ARTICULO 93. Los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos
y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el
orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se
interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia (…)”.
[50] “ARTICULO 94. La enunciación de los
derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios
internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo
inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”.
[51] “ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los
niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser
separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación
y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación
laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás
derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados
internacionales ratificados por Colombia” (…) (subrayado fuera
de texto)
[52] “ARTÍCULO 53. (…) Los convenios
internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna (…)”.
[53] “Cfr. Sentencia C-531/93”.
[54] La Sentencia cita aquí el siguiente
fragmento del fallo T-202 de 2000: “Esta Corporación reitera que conforme a
su jurisprudencia, la Carta Política tiene una capacidad de irradiación
sobre la interpretación de las leyes y de los contratos celebrados por los
particulares, pues la educación y los derechos fundamentales de los
ciudadanos constituye un marco valorativo que impregna y condiciona todos los
actos jurídicos celebrados por los coasociados”.
[55] Sentencia C-067 de 2003.
[56] Sentencias C-750 de 2008, C-941 de 2010 y
C-327 de 2016. En la Sentencia C-941 de 2010, reiterada en la providencia C-327
de 2016, la Corte señaló: “Los parámetros del control de constitucionalidad
sobre los acuerdos internacionales, comprenden igualmente a los tratados
internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos
y que prohíben su limitación en los estados de excepción (art. 93 superior).
Esto es, incluye el denominado bloque de constitucionalidad estricto sensu, al
igual que el lato sensu. La Corte igualmente ha admitido como preceptiva
normativa que se incorpora al bloque de constitucionalidad: i) las normas
convencionales y consuetudinarias que conforman el Derecho Internacional
Humanitario y ii) las disposiciones del ius cogens”,
[57] Sentencias C-327 de 2016, C-295 de 1993,
C-225 de 1995 y C-271 de 2007.
[58] Sentencias C-327 de 2016, C-191 de 1998,
T-1319 de 200 y C-067 de 2003.
[59] La Corte ha sostenido: “El inciso
primero incorpora, por vía de prevalencia, los derechos humanos que no pueden
limitarse bajo estados de excepción. La norma constitucional no establece
relación alguna entre normas constitucionales y las disposiciones que se
incorporan al ordenamiento jurídico nacional. De ahí que pueda inferirse que se
integran al bloque de constitucionalidad inclusive derechos humanos no
previstos en la Constitución, que cumplan con el requisito mencionado. El
inciso segundo, por su parte, ordena que los derechos y deberes previstos en la
Constitución se interpreten de conformidad con los tratados internacionales
sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Así, esta vía de incorporación
está sujeta a que el derecho humano o el deber, tengan su par en la
Constitución pero no requiere que el tratado haga referencia a un derecho no
suspendible en estados de excepción. En tales condiciones, el inciso primero
del artículo 93 de la Carta permite incorporar ciertos derechos y principios al
bloque de constitucionalidad, incluso cuando éstos no han sido reconocidos por
el articulado constitucional, pero para ello se requiere que sean derechos no
limitables en estados de excepción. Este artículo 93-1 adquiere entonces una
verdadera eficacia cuando se trata de derechos o principios que no aparecen
expresamente en el articulado constitucional, pero que se refieren a derechos
intangibles incorporados en tratados ratificados por Colombia. Por su parte, el
inciso segundo del artículo 93 superior tiene otra finalidad pues esa norma
completa y dinamiza el contenido protegido de un derecho que ya está consagrado
en la Carta, puesto que, conforme a ese inciso, tal derecho debe ser
interpretado de conformidad con los tratados ratificados por Colombia”.
Sentencia T-1319 de 2001, reiterada en Sentencia C-488 de 2009.
[60] Sentencia C-291 de 2007.
[61] En la Sentencia C-148 de 2005, la Corte
empleó el bloque de constitucionalidad en su función integradora, para
resolver sobre la demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “grave”
de los tipos penales de genocidio, tortura y tortura en persona protegida. El
demandante sostenía que la inclusión del calificativo “grave” en dichos tipos
penales desconocía, entre otras, el bloque de constitucionalidad, que no
restringe la configuración de los delitos de tortura o genocidio a las
hipótesis de lesiones graves. Puesto que la Constitución no contiene
disposiciones detalladas, ni definiciones, de los delitos de genocidio o
tortura, para resolver los cargos formulados contra ambos tipos penales la
Corte recurrió a las definiciones consagradas en tratados internacionales de
derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, para
efectos de determinar si el Legislador había desconocido los límites por ellas
impuestos a su margen de configuración en materia penal. Cita tomada de la
Sentencia C-291 de 2007.
[62] En la sentencia C-578 de 2002, la Corte
utilizó la función interpretativa del bloque de constitucionalidad al
identificar los límites que debe respetar el legislador penal colombiano y
señaló que en virtud de las obligaciones internacionales del Estado colombiano,
el ejercicio de la potestad legislativa de fijar las sanciones y los
procedimientos de investigación y juicio de delitos tales como el genocidio,
los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra, debe efectuarse en
forma consistente con el derecho internacional de los derechos humanos y el
derecho internacional humanitario, cuyo estándar de protección fue recogido por
el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Cfr. Sentencia C-291 de
2007.
[63] Sentencia reiterada en los fallos 1391 de
2001, C-097 de 2003 y C-936 de 2010.
[64] Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Interpretación
conforme y control difuso de convencionalidad. el nuevo paradigma para el juez
mexicano”, en Estudios Constitucionales, Año 9, Nº 2, 2011, p. 559.
[65] Sentencias C-653 de 2012 y T-367 de 2010
[66] En la Sentencia C-370 de 2006, esta
Corporación afirmó: “La Corte destaca con particular  énfasis, que las
anteriores conclusiones provienen de Sentencias de un Tribunal  internacional
cuya competencia  ha sido aceptada por Colombia. El artículo 93 superior
prescribe que los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán
de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia. Ahora bien, si un tratado internacional obligatorio
para Colombia y referente a derechos y deberes consagrados en la Constitución
prevé la existencia de un órgano autorizado para interpretarlo, como sucede por
ejemplo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada por la
Convención Interamericana de Derechos Humanos, su jurisprudencia resulta
relevante para la interpretación que de tales derechos y deberes se haga en el
orden interno. Por ello, esta Corporación ha reconocido relevancia jurídica a
la jurisprudencia de los órganos judiciales creados mediante convenios sobre
derechos humanos ratificados por Colombia”.
[67] Ver, además de las reseñadas, las
sentencias C-916 de 2002, C-936 de 2010 y C-269 de 2014. En la sentencia C-588
de 2012 se expresó: “[e]n otras palabras, los estándares y reglas fijados
por las Cortes Internacionales, deben ser tenidos en cuenta no tanto porque
así  lo reconozca el Legislador sino porque así lo impone la estructura de
nuestro ordenamiento jurídico, al consagrarlo el artículo 93 de la Carta, y en
cuanto, como lo ha dicho la Corte, constituyen una “presencia tutelar”, que
esta “irradiando, guiando y delimitando la normatividad y la aplicación
concreta de sus preceptos”.
[68] La Convención
Americana sobre Derechos Humanos regula la estructura, competencia y
procedimiento de la Comisión en sus artículos 34 al 51 y sus funciones se
hallan delimitadas en el artículo 41. De modo especial, la CIDH profiere
decisiones sobre casos examinados bajo el procedimiento establecido por el
artículo 44 de la Convención Interamericana  y de su Estatuto, es decir,
denuncias sobre presuntas violaciones de la Convención o de la Declaración
Americana presentadas por individuos o por ONGs, de modo que se ocupa del
conocimiento, procesamiento y resolución de casos específicos. Este órgano
internacional de protección, así mismo, está encargado de la promoción de la
observancia y defensa de los derechos humanos, de elaboración y publicación de
informes temáticos sobre la situación de los derechos humanos en países
específicos y en la región.
[69] Sentencia T-524 de 2005.
[70] Corte Interamericana de Derechos Humanos.
CASO GOMES LUND Y OTROS (“GUERRILHA DO ARAGUAIA”) VS. BRASIL SENTENCIA DE 24 DE
NOVIEMBRE DE 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
Fallo de 24 de noviembre de 2010. Ver, así mismo, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Ob.
Cit., p. 559.
[71] Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre
de 2004. Serie C No. 114. En el mismo sentido, Corte IDH. Caso Barreto Leiva
Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de
2009. Serie C No. 206.
[72] Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs.
Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004.
Serie C No. 111.
[73] Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr.  197.
Ver, así mismo,  Corte IDH. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129.,
Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114; Corte IDH.
Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31
de agosto de 2004. Serie C No. 111. párr. 153.
[74] ECHANDÍA REYES, Alfonso. Profesor de
Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia; Exmagistrado Sala
Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.
[75] Al respecto, es necesario precisar que la Ley 1760 de 2015 fue
recientemente modificada por la Ley 1786 del 1 de julio de 2016, normatividad
que introdujo algunos cambios en relación con los artículos 307 y 317 del
Código de Procedimiento Penal.
[76] Entre otras, las siguiente: C-543 de 1992, C-176 de 1993, C-226 de
1993, C-089A de 1994, C-188 de 1994, C-344 de 1995, C-389 de 1996, C-685 de
1996, C-178 de 1997, C-320 de 1997, C-298 de 1998, C-153 de 1999, C-183 de
1999, C-037 de 2000, C-112 de 2000, C-1316 de 2000, C-1252 de 2001, C-328 de
2001, C-128 de 2002,   C-130 de 2002, C-004 de 2003, C-100 de 2003, C-014 de
2004, C-349 de 2004,         C-591 de 2005, C-925 de 2005, C-340 de 2006, C-370
de 2006, C-075 de 2007,       C-095 de 2007, C-230A de 2008, C-753-08, C-029 de
2009, C-409 de 2009, C-553 de 2010, C-979 de 2010, C-816 de 2011, C-900 de
2011, C-289 de 2012, C-491 de 2012, C-156 de 2013 y C-352 de 2013.
[77] Sentencia C-536 de 2006.
[78] C-349 de 2004.  En otras oportunidades ha caracterizado esta
hipótesis indicando que ello procede cuando “la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras
normas del ordenamiento que no fueron demandadas”.
[79] Entre muchas sentencias, ver: C-005 de
1996, C-346 de 1997, C-680 de 1998,        C-742 de
1999, C-384 de 2000, C-803 de 2000, C-591 de 2000, C-596 de 2000, C-1717 de
2000, C-1104 de 2001. C-1512-00, C-1104 de 2001, C-426 de 2002, C-316 de 2002,
C-798 de 2003, C-204 de 2003, C-039 de 2004, C-1091 y C-237
A de 2003,    C-899 de 2003, C-318 de 2003.
[80] Sentencia C-927 de 2000.
[81] Así en sentencias  C-738 de 2006, C-718 de 2006, C-398 de 2006,
C-275 de 2006, C-1146 de 2004, C-234 de 2003, C-123 de 2003, C-646 de 2002,
C-314 de 2002, C-309 de 2002, C-893 de 2001; C-1104 de 2001, C-927 de 2000.
[82] Sentencia T-001 de 1993.
[83] Sentencia C-562 de 1997.
[84] Sentencias C-728 de 2000, C- 738 de 2006
y C- 203 de 2011.
[85] Sentencia C-111 de 2000.
[86] Sentencia C-1270 de 2000.
[87]  Ver entre otras las sentencias C-742 de 1999,
C-803 de 2000, C-591 de 2000,       C-596 de 2000, C-927 de 2000, C-1717 de
2000,  C-927de 2000.
[88] En el mismo sentido, ver la Sentencia C-573 de 2003 en la cual se
encontró exequible la disminución, en la tercera licitación, de la base de la
licitación hasta en un 40% contemplada para los procesos ejecutivos.
[89] Sobre el tema, ver las sentencias C-742 de 1999, C-384 de 2000,
C-803 de 2000 y C-1104 de 2001, entre otras.
[90]En sentencia C-555 de 2001 dijo la Corte al respecto: “...el legislador
al diseñar los procedimientos judiciales no puede desconocer las garantías
fundamentales, y debe proceder de acuerdo con criterios de proporcionalidad y
razonabilidad, a fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la
administración de una justicia recta. Por ello las leyes que establecen
procedimientos deben propender por el hacer efectivos los derechos de defensa,
de contradicción, de imparcialidad del juez, de primacía de lo substancial
sobre lo adjetivo o procedimental, de juez natural, de publicidad de las
actuaciones y los otros que conforman la noción de debido proceso”. También
en sentencia C-927 de 200º se dijo: “De conformidad con lo preceptuado por
el artículo 150-2 del Ordenamiento Constitucional, le corresponde al Congreso
de la República “Expedir los códigos en todos los ramos de la legislación y
reformar sus disposiciones”, es decir, goza el Legislador, por mandato
constitucional, de amplia libertad para definir el procedimiento en los
procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial. Por lo
tanto, el órgano legislativo tiene una importante “libertad de configuración
legislativa”, que le permite desarrollar plenamente su función constitucional
y, en ese orden de ideas, le corresponde evaluar y definir las etapas,
características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento
judicial”. Esta doctrina ha sido vertida en múltiples pronunciamientos:
C-803 de 2000, C-742 de 1999, C-591 de 2000, C-596 de 2000, C-1717 de 2000, S
C-1104/01, C- 642 de 2002, C-736 de 2002.
[91] Sentencia C-456 de 2006. Esta idea ya se encontraba claramente
definida  en los inicios de la Corte, al respecto ver: C-327 de 1997
[92] En los términos de la Sentencia C-411 de
2015: “La Constitución no reconoce, ni admite que el legislador le asigne, a
un funcionario distinto al juez competente la potestad de imponer medidas de
aseguramiento privativas de la libertad o penas de prisión domiciliarias, las
cuales son entonces objeto de una estricta y categórica reserva judicial. Esto
se infiere a partir de distintos compromisos constitucionales”.
[93] Sentencia C-1154 de 2005.
[94] Sentencia C-1154 de 2005.
[95] Al respecto, la Corte en  Sentencia C-411 de 2015 afirmó lo
siguiente: “No puede perderse de vista que la
reserva judicial en esta materia tiene un sustento en el principio de
separación de funciones (CP art 113). En efecto, la Constitución establece en
primer término que el legislador es quien debe definir previamente en abstracto
los motivos y el procedimiento indicado para privar a una persona de su
libertad (CP arts. 28, 29 y 150 núms. 1 y 2). En segundo lugar, consagra una
reserva judicial, como regla general, para juzgar cuándo se dan las hipótesis
que ha previsto la ley a fin de llevar a cabo la medida de privación de la
liberta que allí se consagra (CP arts. 28, 29, 32 y 250). Finalmente, instaura
una rama ejecutiva, cuyo Jefe y Suprema Autoridad Administrativa es el
Presidente de la República, de la cual forman parte la Policía Nacional (CP
arts. 188 núm. 3, 216 y 218) y el INPEC (C Penitenciario art 15), entre cuyos
deberes se encuentran los de obedecer las leyes y velar por su estricto
cumplimiento y, específicamente, de acuerdo con la ley, ejecutar las penas y
medidas impuestas debidamente por autoridad judicial competente”.
[96] Sentencias C-228 de 2002; C-454 de 2006 y  C-516 de 2007; C-209 de
2007; y    C-782 de 2012.
[97] En este sentido la Corte se ha pronunciado sobre omisiones
legislativas en que incurrió el legislador en materia de participación de las
víctimas en el proceso penal: Así, en la sentencia C-1154 de 2005 se le
reconoció el derecho a que se les comunique el archivo de las diligencias; en
la sentencia C-1177 de 2005, el derecho a que se les comunique la inadmisión de
las denuncias; en la sentencia C-516 de 2006, el derecho a intervenir en los
preacuerdos y negociaciones con poder de afectar su derecho a un recurso
judicial efectivo para obtener la garantía de los derechos a la verdad, la
justicia y la reparación integral; en la C-516 de 2007, el derecho de
representación técnica durante el proceso, garantizado la posibilidad de una
intervención plural de las víctimas a través de sus representantes durante la
investigación; en la sentencia C- 209 de 2007 extendió el derecho de
participación de las víctimas en diversas etapas de la investigación y del
juicio, preservando en ese esquema de intervención los rasgos del sistema penal
de tendencia acusatoria. Así mismo en las sentencias C-250 de 2011 y en la
sentencia C-872 de 2012 se reconocieron otras prerrogativas  de intervención a
las, con posterioridad a la sentencia.
[98] Tal y como se explica en la Sentencia T- 704 de 2012, el artículo
59 de la Ley 1453 de 2011 introdujo las siguientes restricciones a la facultad
de la víctima para solicitar una medida de aseguramiento: “a) En primer
lugar, atribuye al fiscal un papel protagónico en la solicitud de medida de
aseguramiento (inciso 1º); b) En segundo lugar reconoce a la víctima un ámbito
limitado de actuación en tanto que subordina su facultad al hecho de que el
fiscal no hubiere solicitado dicha medida (inciso 4º); y c) en este evento,
para la evaluación por parte del Juez de Control de Garantías sobre la
viabilidad de la imposición de la medida, se introduce un nuevo requisito
consistente en la valoración de “los motivos que sustentan la no solicitud de
la medida por parte del Fiscal”.
[99] Sentencia T-293 de 2013
[100] Sentencia C-425 de 1997.
[101] Sentencia C-689 de 1996.
[102] Sentencia C-318 de 2008.
[103] Ver por todas, Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Caso Chaparro Álvarez y
Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador,  párr. 103, Corte IDH. Caso Barreto Leiva vs.
Venezuela, párr. 111 y Corte IDH. Caso J. Vs. Perú, párr. 159
[104] Corte Constitucional, Sentencia C-774 de 2001; C-541 de 1992; C-411
de 1993 y C-395 de 1994; T-556 de 2002.
[105] Por ejemplo, en el derecho comparado se aprecian diferentes
criterios de necesidad. El artículo 144 del Código de Procedimiento Penal
francés establece que la detención procede cuando, entre otras razones, sea
el único medio para conservar las pruebas y los indicios materiales o para
prevenir presiones sobre los testigos o sobre las víctimas, o para evitar un
acuerdo fraudulento entre personas sospechosas de ser cómplices en los hechos;
o sea necesaria para proteger a la persona de que trata la medida. Por
su parte, el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal italiano establece
que las medidas de aseguramiento proceden cuando: a) sean necesarias para
preservar la integridad de la investigación, de situaciones de peligro concreto
para la obtención o preservación de las pruebas, b) cuando el procesado ha
huido o existe peligro de que huya o cuando el juez considere que el procesado
huirá por la posibilidad de ser sometido a una pena superior 10 de prisión; c)
cuando por las modalidades y circunstancias específicas del hecho, así como de
la personalidad del procesado, haya un peligro concreto de que cometa delitos
graves contra el orden constitucional o de delitos de criminalidad organizada o
de delitos similares a los que dieron lugar a la iniciación de la investigación
criminal. Ver Pradel, Op. Cit, página 502.
[106] Según el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Ley
74 de 1968 establece: "Nadie podrá ser sometido a detención o prisión
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas
fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...".
Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la
Ley 16 de 1972 precisa: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la
seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por
las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones
políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas".
[107] Sentencia C-121 de 2012.
[108] Así por ejemplo, en materia de privación
de la libertad, en la sentencia C-327 de 1997, la Corte dijo “...Así pues, aun
cuando el derecho a la libertad no es absoluto es claro que su limitación
tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al
regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe
observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de
servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica,
contribuyan a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las
prerrogativas en que consiste el derecho y los límites del mismo.."  Ver
también, las sentencias C-774 de 2001; C-425 de 1997
[109] Con base en el principio de
proporcionalidad en el derecho comparado, la medida de detención preventiva
puede ser decretada sólo cuando no sea posible acudir a otro tipo de medidas
que garanticen adecuadamente el logro de los fines que se pretenden alcanzar
con la detención. Así por ejemplo, el artículo 275.3 del Código de
Procedimiento Penal italiano establece que la detención preventiva sólo puede
ser aplicada en los casos en que cualquier otra medida resulte inadecuada y
excluye esta respecto de mujeres embarazadas en período de lactancia, de
enfermos graves, o personas de más de 65 años, a menos que existan razones
poderosas para ordenar la detención. (Artículo  275-4, Código de Procedimiento
Penal italiano). Por su parte, el artículo 137 Código de Procedimiento Penal
francés dispone que la persona perseguida “permanezca libre salvo en razón de
necesidades de la instrucción o a título de medida de seguridad susceptible de
ser sometida a control judicial, o a titulo excepcional ubicada en detención
provisional”. En el Reino Unido, el artículo 4 del Bail Act de 1976 indica que
“una persona tiene derecho a su libertad salvo en los casos previstos en el
anexo I de esta ley”, y dichos casos son enumerados taxativamente en dicho
anexo. En resumen estas legislaciones consagran al lado del principio de
proporcionalidad, el principio de la subsidiaridad: la detención provisional es
una medida de última ratio para alcanzar fines legítimos. Ver. Pradel, Op.
Cit., páginas 502 y 503.
[110] Ver entre otras: Sentencias C-327 de 1997, C-774 de 2001, C-805 de
2002 y C-121 de 2012.
[111] Ver por todas, Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Caso Chaparro Álvarez y
Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador,  párr. 103, Corte IDH. Caso Barreto Leiva vs.
Venezuela, párr. 111 y Corte IDH. Caso J. Vs. Perú, párr. 159
[112] CIDH. Informe No. 50/00, Caso 11.298, Fondo, Reinaldo Figueredo
Planchart, Venezuela, 13 de abril de 2000, párr. 119. En el mismo sentido:
CIDH. Informe No. 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso,
Uruguay, 6 de agosto de 2009, párrs. 69 y 70.
[113] CIDH. Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos
en Paraguay, Cap. IV, párr. 33.
[114] Corte IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206,
párr. 121; Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia de 7 de
septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 180; Corte IDH. Caso Suárez
Rosero Vs. Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35,
párr. 77.
[115] Corte IDH. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009.
Serie C No. 207, párr. 144.
[116] CIDH, Informe sobre el uso de detención preventiva en las Américas,
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 46/13, 30 diciembre 2013.
[117] Corte IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206,
párr. 121; Corte IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No.
187, párr. 69; Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, párr.
107; Corte IDH. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia de
21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 88; Corte IDH. Caso López
Álvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141,
párr. 67; Corte IDH. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú.
Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 106; Corte IDH. Caso
Acosta Calderón Vs. Ecuador. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No.
129, párr. 74; Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia de 7 de
septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 106.
[118] OEA/Ser.L/V/II. Doc. 46/13, 30 diciembre 2013, Informe sobre el uso
de la prisión preventiva en las Américas.
[119] Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones
Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 21
de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 101 y Caso
Servellón García y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No.
152, párr. 90.
[120] Corte IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206,
párr. 111; Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de
noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 103.
[121] Corte IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No.
187, párr. 74; Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentencia de
1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 69.
[122] CIDH. Informe No. 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante
Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009, párrs. 89, 140, 141 y 144.
[123] Esta postura de la CIDH es concordante con lo decidido en: CIDH.
Informe No. 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso,
Uruguay, 6 de agosto de 2009, párrs. 81 y 84; CIDH. Informe No. 77/02, caso
11.506, Fondo, Waldermar Gerónimo Pinheiro y José Víctor Dos Santos, Paraguay,
27 de diciembre de 2000, párr. 66.
[124]Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, párr. 107; Corte IDH. Caso
Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre
de 2006. Serie C No. 152, párr. 88; Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras.
Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 67; Corte IDH. Caso
García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre
de 2005. Serie C No. 137, párr. 106; Corte IDH. Caso Acosta Calderón
Vs. Ecuador. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 74;
Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia de 7 de septiembre de 2004.
Serie C No. 114, párr. 106.
[125] OEA/Ser.L/V/II. Doc. 46/13, 30 diciembre 2013, Informe sobre el uso
de la prisión preventiva en las Américas.
[126] CIDH. Informe No. 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante
Peirano Basso,  Uruguay, 6 de agosto de 2009, párrs. 100 y 102 y 105.
[127] OEA/Ser.L/V/II. Doc. 46/13, 30 diciembre 2013, Informe sobre el uso
de la prisión preventiva en las Américas.
[128] Corte IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206,
párr. 119; Corte IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No.
187, párr. 70. En el mismo sentido,
la Corte Europea ha establecido que el propósito del Art. 5(3) del
Convenio Europeo es esencialmente el de establecer la libertad provisional del
acusado una vez su detención deja de ser razonable. CrEDH, Case of X.Y. v.
Hungary (Application No. 43888/08), Sentencia del 19 de marzo de 2013
(Sección Segunda de la Corte), párr. 40; CrEDH, Case
of McKay v. The United Kingdom (Application No. 543/03), Sentencia del 3 de
octubre de 2006 (Pleno
de la Corte), párr. 41; CrEDH, Case of Neumeister v. Austria
(Application No. 1936/63), Sentencia del 27 de junio
de 1968
(Pleno de la Corte), párr. 4.
[129] Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1
de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 69; Corte IDH. Caso Acosta
Calderón Vs. Ecuador. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129,
párr. 111; Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia de 7 de
septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 180; Corte IDH. Caso “Instituto
de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de
2004. Serie C No. 112, párr. 229; Corte IDH. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador.
Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 77. Igualmente,
CIDH. Informe No. 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso,
Uruguay, 6 de agosto de 2009, párr. 133; CIDH. Informe No. 2/97, Caso 11.205,
Fondo, Jorge Luis Bronstein y otros, Argentina, 11 de marzo de 1997, párr. 12;
CIDH. Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay,
Cap. IV, párr. 34.
[130] CIDH. Informe No. 35/96, caso 10.832, Fondo, Luis Lizardo Cabrera,
República Dominicana, 7 de abril de 1998, párr. 71.
[131] Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia de 7 de
septiembre de 2004.
[132] Corte IDH. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Sentencia de 24
de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 80; Corte IDH. Caso Tibi Vs.
Ecuador. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 119.
[133] CIDH. Informe No. 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante
Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009, párrs. 86 y 87.
[134] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de
2007. Serie C No. 170, párr. 93.
[135] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de
2007. Serie C No. 170, párrs. 101-103. Además del caso Fox, Campbell and
Hartley, citado por la Corte Interamericana en el texto correspondiente a
esta nota al pie, la referida definición de sospecha razonable también fue
seguida por la Corte Europea, por ejemplo, en: CrEDH, Case of Grinenko v.
Ukraine (Application No. 33627/06), Sentencia del 15 de noviembre de 2012
(Sección Quinta de la Corte), párr.82; CrEDH, Case of K.-F. v. Germany
(Application No. 25629/94), Sentencia del 27 de noviembre de 1997, párr.
57.
[136] Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1
de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 96.
[137] CrEDH, Case of McKay v. The United Kingdom (Application No.
543/03), Sentencia del 3 de octubre de 2006 (Pleno de la Corte), párr. 45;
CrEDH, Case of Sardinas Albo v. Italy (Application No. 56271/00),
Sentencia del 17 de febrero de 2005 (Primera Sección de la Corte), párr. 85;
CrEDH, Case of Labita v. Italy (Application No. 26772/95),
Sentencia del 6 de abril de 2000 (Pleno de la Corte), párr. 152; CrEDH, Case
of Letellier v. France (Application 12369/86), Sentencia del 26 de junio de
1991 (Pleno de la Corte), párr. 35.
[138] OEA/Ser.L/V/II. Doc. 46/13, 30 diciembre 2013, Informe sobre el uso
de la prisión preventiva en las Américas.
[139] Ver por todas, Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Caso Chaparro Álvarez y
Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador,  párr. 103, Corte IDH. Caso Barreto Leiva vs.
Venezuela, párr. 111 y Corte IDH. Caso J. Vs. Perú, párr. 159
[140] CteIDH, sentencia del 31 de agosto de 2012, asunto Furlán y
familiares vs. Argentina. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y
costas. En el mismo sentido,
CteIDH, sentencia del 1 de septiembre de 2011, asunto López Medina vs.
Venezuela. Excepciones preliminares, fondo y reparaciones.
[141] Ferrer Mac-Gregor, E., “Interpretación conforme y control difuso de
convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano”, Derechos
humanos: un nuevo modelo constitucional, UNAM, México, 2011, pp. 339-429.
[142] CteIDH, sentencia del 26 de septiembre de 2006, asunto Almonacid
Arellano y otros vs. Chile. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas.
[143] Por ejemplo, el juez en voto razonado del juez Sergio García Ramírez
a la sentencia del caso Tibi vs. Ecuador del 7 de septiembre de 2004, par. 3.
[144] Corte IDH.
Caso Las Palmeras vs. Colombia. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de
febrero de 2000. Serie C No. 67.
[145] CteIDH, sentencia del 24 de noviembre de 2006, asunto de los
Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones
preliminares, fondo y reparaciones.
[146] CteIDH, sentencia del 12 de agosto de 2008, asunto Heliodoro
Portugal vs. Panamá. Excepciones preliminares, fondo y reparaciones.
[147] CteIDH, sentencia del 26 de noviembre de 2010, asunto Cabrera
García y Montiel Flores vs. México. Excepciones preliminares, fondo y
reparaciones.
[148] CteIDH, asunto Boyce y otros vs. Barbados, sentencia del 20 de
noviembre de 2007. Excepciones preliminares, fondo y reparaciones.
[149] Al respecto, la CteIDH en sentencia del 23 de noviembre de 2010, en
el asunto Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones preliminares, fondo y
reparaciones, considero que “este Tribunal resalta que la competencia
contenciosa de la Corte no tiene por objeto la revisión de las legislaciones
nacionales en abstracto”. En sentido contrario ver: Rodríguez Rescia, V.M., La
ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
San José, edit. Investigaciones jurídicas S.A., 1997, p. 67.
[150] En el asunto Caesar vs Trinidad y Tobago la CteIDH dispuso en su
sentencia, que como parte de las medidas reparatorias y de prevención, que “4.
El Estado debe enmendar, dentro de un plazo razonable, la Sección 6 de
la Constitución de Trinidad y Tobago, en los términos del párrafo 133 de la
presente Sentencia”. En igual sentido, en la sentencia contra Chile por el caso
de la Última tentación de Cristo, la CteIDH decidió que el Estado “debe
modificar su ordenamiento jurídico interno, en un plazo razonable, con
el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición de la película
“La Última Tentación de Cristo”, y debe rendir a la CteIDH, dentro de un plazo
de seis meses a partir de la notificación de la presente Sentencia, un informe
sobre las medidas tomadas a ese respecto.”
[151] CteIDH, sentencia del 14 de marzo de 2001, asunto Barrios Altos vs.
Perú. Excepciones preliminares, fondo y reparaciones.
[152] CteIDH, sentencia del 24 de noviembre de 2010, asunto Gomes Lund y
otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil. Excepciones preliminares, fondo y
reparaciones. Ver igualmente, CteIDH, sentencia del 24 de febrero de 2011,
asunto Gelman vs. Uruguay. Excepciones preliminares, fondo y reparaciones.
[153] CteIDH, sentencia del 23 de junio de 2005, asunto Yatama vs.
Nicaragua. Excepciones preliminares, fondo y reparaciones.
[154] CteIDH, sentencia del 24 de noviembre de 2010, asunto Gomes Lund y
otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil. Excepciones preliminares, fondo y
reparaciones.
[155] Al respecto, en materia de justicia penal militar, en CteIDH en el
asunto Cabrera García y Montiel Flores vs. México, sentencia del 26 de
noviembre de 2010.
[156] Ver al respecto, asunto Castañeda Gutman vs. México.
[157] Por ejemplo, CteIDH, sentencia del 6 de agosto de 2008, asunto
Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones preliminares, fondo
y reparaciones.
[158] CteIDH, sentencia del 26 de septiembre de 2006, asunto Almonacid
Arellano y otros vs. Chile. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y
costas.
[159] Así por ejemplo, el voto razonado del Juez Sergio García Ramírez a
la sentencia de la CteIDH en el asunto trabajadores censados del Congreso vs.
Perú del 24 de noviembre de 2006, al igual que voto razonado del Juez Eduardo
Ferrer Mac-Gregor a la sentencia de la CteIDH en el asunto Cabrera García y
Montiel Flores vs. México, sentencia del 26 de noviembre de 2010.
[160] CteIDH, sentencia del 24 de noviembre de
2010, asunto Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil.
Excepciones preliminares, fondo y reparaciones.
[161] CteIDH, sentencia del 26 de noviembre de
2010, asunto Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepciones
preliminares, fondo y reparaciones.