C-440-19
Sentencia
C-440/19
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE
TRATADOS INTERNACIONALES Y SUS LEYES APROBATORIAS-Competencia de la Corte
Constitucional
LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Aspectos
formales
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE
TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Verificación de la realización de la
consulta previa a las comunidades étnicas
CONSULTA PREVIA COMO UN DERECHO
FUNDAMENTAL DE LAS COMUNIDADES ETNICAS-Requisito previo antes de un trámite legislativo en el que se
adopten medidas que puedan afectarlas directamente
DERECHO FUNDAMENTAL A LA CONSULTA
PREVIA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y GRUPOS ETNICOS-Convenio 169 de la OIT, bloque de
constitucionalidad y jurisprudencia constitucional
CONTROL CONSTITUCIONAL DE ACUERDO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Reglas y subreglas jurisprudenciales
LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS
INTERNACIONALES-Procedimiento
de formación previsto para leyes ordinarias
La Constitución
Política no señaló trámite especial para las leyes aprobatorias de los tratados
internacionales y su incorporación a la legislación interna, por lo que a éstas
les corresponde el trámite previsto para las leyes ordinarias, contemplado en
los artículos 157, 158, 160 y 165 de la Carta Política. Sin embargo, este
trámite tiene dos particularidades, a saber: (i) por tratarse de asuntos
relativos a relaciones internacionales, en virtud de lo previsto en el artículo
154 superior, el debate debe iniciarse en el Senado de la República, y (ii) una
vez ha sido sancionada la ley por el Presidente, deberá remitirla a la Corte
Constitucional dentro de los 6 días siguientes, para efectos de la revisión de
constitucionalidad, según lo establecido en el numeral 10 del artículo 241
Superior
LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Trámite
de ley ordinaria con inicio de debates en el Senado de la República/LEYES
APROBATORIAS DE TRATADOS INTERNACIONALES-Trámite legislativo
REQUISITOS DE QUORUM Y MAYORIAS EN
TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento/PROYECTO DE LEY APROBATORIA
DE TRATADO INTERNACIONAL-Término máximo de dos legislaturas/LEY
APROBATORIA DE ACUERDO INTERNACIONAL-Sanción presidencial
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE
TRATADO Y LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Elemento material
RELACIONES INTERNACIONALES-Régimen constitucional/PRINCIPIOS
DEL DERECHO INTERNACIONAL ACEPTADOS POR COLOMBIA-Jurisprudencia
constitucional
(…) los
principios constitucionales que dirigen las relaciones internacionales de
Colombia deben ser aquellos dispuestos en la Constitución, pero además pueden
interpretarse con aquellos aceptados por Colombia en la Carta de las Naciones
Unidas. Este mismo instrumento internacional, en su artículo 103, establece que
las obligaciones asumidas en este tratado prevalecen sobre cualquier otra
obligación contraída en otro tratado que le sea contraria u opuesta. Con base
en lo anterior, un acuerdo marco entre Colombia y la Unión Europea para la
participación de aquel Estado en las operaciones de gestión de crisis debe ser
analizado acorde con los contenidos de los principios internacionales y
constitucionales antes señalados.
CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS-Principios relevantes para el
mantenimiento de la paz con un organismo internacional
De tal forma, la
jurisprudencia ha sostenido que la frase los principios de derecho
internacional aceptados por Colombia (artículo 9º CP) hace referencia, al
menos, a los consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Con fundamento en
lo anterior, y teniéndose presente que en la sentencia C-214 de 2017 se estaba
analizando la constitucionalidad de una ley que aprobó un acuerdo que permite
la contribución de Colombia en operaciones de mantenimiento de paz con un
organismo internacional, la Sala identificó los siguientes principios
relevantes: (a) el arreglo pacífico de controversias y de la prohibición del
uso de la fuerza, (b) el principio de soberanía nacional, (c) el principio de
no intervención, (d) el principio pacta sunt servanda, (e) la paz como derecho
fundamental y fin primordial del Estado y (d) el principio de reciprocidad en
el régimen de inmunidades.
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS-Propósitos
Uno de los propósitos
principales de la Naciones Unidas es “Mantener la paz y la seguridad
internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir
y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros
quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con
los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo
de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a
quebrantamientos de la paz”
CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES
UNIDAS-Funciones/OPERACIONES
DE MANTENIMIENTO DE PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS-Características/OPERACIONES
DE MANTENIMIENTO DE PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS-Carácter multidimensional
ACUERDO ENTRE LA UNION EUROPEA Y LA
REPUBLICA DE COLOMBIA-Contenido/ACUERDO ENTRE LA UNION EUROPEA Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA-Disposiciones
RELACIONES EXTERIORES-Principio de reciprocidad
Cabe
recordar que el principio de reciprocidad en las relaciones internacionales representa un
comportamiento mutuo en la interacción política entre los sujetos de la
comunidad internacional. Los distintos entes que participan en las relaciones
internacionales en los diferentes ámbitos de interacción actúan de buena fe y
con el objetivo de favorecerse a cambio del beneficio de otros. El concepto de
reciprocidad en las relaciones internacionales exige una correspondencia en el
comportamiento de la política exterior y se encuentra relacionado con el
término de cooperación entre los Estados
PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD EN LAS
RELACIONES INTERNACIONALES-Jurisprudencia constitucional
PRINCIPIO DE NO INTERVENCION-Jurisprudencia constitucional
DERECHO A LA PAZ-Naturaleza/DERECHO A LA
PAZ-Consagración en instrumentos internacionales/DERECHO A LA PAZ EN EL
DERECHO INTERNACIONAL-Propósito fundamental/DERECHO A LA PAZ-Derecho
de tercera generación/DERECHO A LA PAZ-Derecho subjetivo/DERECHO A LA
PAZ-Deber jurídico
FUERZA PUBLICA-Objeto/ENVIO DE TROPAS AL EXTERIOR-Jurisprudencia constitucional
(…) La función
constitucional de la fuerza pública también se encuentra sujeta a los
principios de derecho internacional aceptados por Colombia. La participación de
su personal en territorio extranjero no es contrario a la Constitución siempre
y cuando se actúe dentro de los parámetros de la Carta de las Naciones Unidas.
El Acuerdo que se estudia en esta ocasión permite que personal de la fuerza
pública se despliegue en territorio extranjero con el objeto de cumplir con el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
CELEBRACION DE ACUERDOS DE
PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO-Jurisprudencia constitucional
ACUERDO ENTRE LA UNION EUROPEA Y LA
REPUBLICA DE COLOMBIA-Exequibilidad
Referencia: Expediente
LAT-453
Revisión oficiosa de la Ley
1925 de 2018 “Por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la Unión Europea
y Colombia, por el que se crea un marco para la participación de este último en
las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea”.
Magistrada sustanciadora:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre
de dos mil diecinueve (2019)
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, Carlos
Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Antonio
José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger,
José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en cumplimiento de sus
atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el
Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de constitucionalidad
de la Ley 1925 de 2018 “Por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la
Unión Europea y Colombia, por el que se crea un marco para la participación de
este último en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea” suscrito en la ciudad de Bogotá D.C., el 5 de Agosto
de 2014”.
I. ANTECEDENTES
En
ejercicio del control de constitucionalidad previsto en el numeral 10 del
artículo 241 de la Constitución Política de Colombia, el día treinta (30) de
julio del año dos mil dieciocho (2018), la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República hizo llegar a esta Corporación el oficio número
OFI18-00084564/JMSC110200 del veintisiete (27) de julio del mismo año y una
fotocopia autenticada de la Ley 1925 de 2018, para efectos de su revisión
constitucional.
Por
medio del auto del diecisiete (17) de agosto de dos mil dieciocho (2018), la
Corte Constitucional avocó el conocimiento de la mencionada ley, ordenando
entre otras cosas: (i) Oficiar a los secretarios generales del Senado de la
República y de la Cámara de representantes, así como a los secretarios generales
de la Comisión Segunda del Senado de la República y la Cámara de Representantes
con el fin de que remitieran los documentos requeridos por esta Corporación
para efectos probatorios; (ii) Oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores,
para que remitiera la copia auténtica de la aprobación ejecutiva impartida por
el Presidente de la República; (iii) Fijar en lista el proceso una vez
culminada la etapa probatoria; (iv) Comunicar el presente proceso al Ministerio
de Relaciones Exteriores, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa
Nacional, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, a la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI), a
la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Comisión Colombiana de Juristas
(CCJ), al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad- Dejusticia, a la
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional
de Colombia, a las facultades de Jurisprudencia y de Ciencia Política, Gobierno
y Relaciones Internacionales del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, a
las facultades de Derecho, Ciencias Sociales y al Departamento de Ciencia
Política de la Universidad de los Andes, al Departamento de Ciencias Políticas
y Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a la
Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y a la Facultad de
Ciencia Política de la Universidad Javeriana para que, si lo estimaran
conveniente, participaran del presente debate jurídico; finalmente se ordenó:
(v) Correr traslado del proceso al Procurador General de la Nación.
Igualmente
y advirtiendo la ausencia de pruebas sobre el respectivo trámite legislativo,
por medio de los autos del diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciocho
(2018) y del veinticinco (25) de octubre de dos mil dieciocho (2018), el
despacho requirió al Secretario General del Senado de la República y al
Secretario General de la Cámara de Representantes, y en este último auto
únicamente al Secretario General de la Cámara de Representantes, que hicieran
entrega de los originales o copias auténticas de las Gacetas del Congreso.
Una
vez cumplida la remisión completa de las gacetas del Congreso de la República,
mediante auto del 27 de noviembre de 2018 se ordenó dar trámite al proceso de
constitucionalidad oficioso de la Ley 1925 de 2018 y cumplir con los numerales
cuarto, quinto y sexto del auto del 17 de agosto de 2018.
La
Sala Plena mediante Auto 063 de 2019 resolvió abstenerse de decidir hasta tanto
se aclararan ciertos contenidos del tratado internacional. Al respecto se
solicitó lo siguiente:
“PRIMERO-. ORDENAR al
Ministerio de Defensa Nacional que
en el término de diez (10) días hábiles contados a partir del recibo de la
comunicación del presente auto suministre, en medio físico y magnético, la
siguiente información, en relación al contenido de la Ley 1925 de 2018 “Por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la Unión Europea y
Colombia, por el que se crea un marco para la participación de este último en
las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea”:
1.
La definición y
alcance de los conceptos de: i) “gestión de crisis”; ii) “operaciones
de gestión de crisis”; iii) “operaciones civiles de
gestión de crisis”; iv) “operaciones militares de
gestión de crisis” y, v) las diferencias entre “operaciones
civiles de gestión de crisis” y “operaciones militares de
gestión de crisis”.
2.
Indicar si el
concepto “crisis” incluye situaciones de conflicto armado internacional
y/o no internacional, según las definiciones vigentes en el Derecho Internacional
Humanitario –DIH,  el Derecho Internacional de los Conflictos Armados -DICA y
en el Derecho Operacional.
3.
Según la respuesta
al punto anterior, respecto de la expresión “operaciones militares de
gestión de crisis”,  por favor explicar si dichas operaciones pueden
implicar el apoyo militar a una de las partes enfrentadas en un conflicto
armado.
SEGUNDO-. ORDENAR al
Ministerio de Relaciones Exteriores que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir del
recibo de la comunicación del presente auto suministre, en medio físico y
magnético, la siguiente información,  respecto del   “Acuerdo
entre la Unión Europea y Colombia, por el que se crea un marco para la
participación de este último en las operaciones de gestión de crisis de la Unión
Europea”:
1.
La definición y
alcance de los conceptos de: i) “gestión de crisis”; ii) “operaciones
de gestión de crisis”; iii) “operaciones civiles de
gestión de crisis”; iv) “operaciones militares de
gestión de crisis” y, v) las diferencias entre “operaciones
civiles de gestión de crisis” y “operaciones militares de
gestión de crisis” en el tratado internacional.
2.
Indicar si el
concepto “crisis” al que hace referencia el tratado incluye situaciones
de conflicto armado internacional y/o no internacional, según las definiciones
vigentes en el Derecho Internacional Humanitario –DIH,  el Derecho
Internacional de los Conflictos Armados -DICA y en el Derecho Operacional.
3.
Según la respuesta
al punto anterior, respecto de la expresión “operaciones militares de
gestión de crisis” del acuerdo, por favor explicar si dichas operaciones
pueden implicar el apoyo militar a una de las partes enfrentadas en un
conflicto armado.
TERCERO-. ORDENAR al
Ministerio de Relaciones Exteriores que en el término de dos (2) días hábiles contados a partir del recibo
de la comunicación del presente auto, en el marco de sus competencias, solicite
a la Delegación de la Unión Europea en Colombia, en relación al contenido del “Acuerdo entre la Unión Europea y Colombia, por el que
se crea un marco para la participación de este último en las operaciones de
gestión de crisis de la Unión Europea”, que en el término de diez (10) días hábiles, le
suministre la siguiente información:
1.
La definición y
alcance de los conceptos de: i) “gestión de crisis”; ii) “operaciones
de gestión de crisis”; iii) “operaciones civiles de
gestión de crisis”; iv) “operaciones militares de
gestión de crisis” y, v) las diferencias entre “operaciones
civiles de gestión de crisis” y “operaciones militares de
gestión de crisis” en el tratado internacional referido.
2.
Indicar si el
concepto “crisis” al que hace referencia el tratado incluye situaciones
de conflicto armado internacional y/o no internacional, según las definiciones
vigentes en el Derecho Internacional Humanitario –DIH.
3.
Según la respuesta
al punto anterior, respecto de la expresión “operaciones militares de
gestión de crisis” del acuerdo, por favor explicar si dichas operaciones
pueden implicar el apoyo militar a una de las partes enfrentadas en un
conflicto armado.
Una vez el Ministerio de Relaciones Exteriores reciba
la información, deberá enviarla a esta Corte en un término máximo de dos (2)
días hábiles.”
Posteriormente,
mediante providencias del 20 de marzo y 4 de abril de 2019 se requirió la
información solicitada y se concedió un término de 10 días a la Dirección de Política de Seguridad y
Defensa de la Unión Europea en Bruselas para dar respuesta a los interrogantes
formulados.
Cumplidos los trámites y requisitos constitucionales
referentes a este control consagrado en la Constitución, procede la Corte a realizar el estudio de
constitucionalidad del instrumento internacional y de su ley aprobatoria.
II. TEXTO DE LA NORMA BAJO EXAMEN
El
texto de la ley aprobatoria del tratado cuyo examen de constitucionalidad se
revisa, fue publicada en el Diario Oficial el día veinticuatro (24) de Julio de
dos mil dieciocho (2018).
LEY 1925 DE 2018
(julio 24)
Diario Oficial
No. 50.664 de 24 de julio de 2018
PODER
PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA
Por medio de la
cual se aprueba el “Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia
por el que se crea un marco para la participación de la República de Colombia
en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea”, suscrito en la
ciudad de Bogotá, D. C., el 5 de agosto de 2014.
PROYECTO
DE LEY NÚMERO 153 DE 2016
por medio de la
cual se aprueba el “Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia
por el que se crea un marco para la participación de la República de Colombia
en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea”, suscrito en la
ciudad de Bogotá, D. C., el 5 de agosto de 2014.
El
Congreso de la República
Visto el texto del “Acuerdo entre la
Unión Europea y la República de Colombia por el que se crea un marco para la
participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de
crisis de la Unión Europea”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 5 de
agosto de 2014.
(Para ser transcrito: se adjunta copia
fiel y completa del precitado instrumento internacional, certificada por la
Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, documento que reposa en el archivo del Grupo Interno de Trabajo de
Tratados y consta en doce (12) folios).
El presente proyecto de ley consta de
veintiún (21) folios.
ACUERDO
ENTRE LA UNIÓN
EUROPEA
Y LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA
POR EL QUE SE
CREA UN MARCO
PARA LA
PARTICIPACIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
EN LAS
OPERACIONES DE GESTIÓN DE CRISIS
DE LA UNIÓN
EUROPEA
LA UNIÓN EUROPEA («la Unión»),
por una parte, y
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
por otra.
en lo sucesivo denominadas conjuntamente
«las Partes»,
CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:
(1) En el contexto de la Política Común
de Seguridad y Defensa, la Unión Europea puede decidir llevar a cabo
operaciones de gestión de crisis que, según lo decida el Consejo, incluyan las
misiones indicadas en el artículo 42, apartado 1 y en el artículo 43, apartado
I del Tratado de la Unión Europea.
(2) La República de Colombia y la UE
reconocen la importancia de la paz mundial a efectos del desarrollo de todos
los Estados, y prosiguen en su empeño de contribuir al mantenimiento de la paz
y la seguridad en sus respectivos entornos y en el mundo en general, basándose
en los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
(3) Considerando el compromiso entre las
Partes de reforzar su cooperación en asuntos relacionados con la seguridad y la
defensa, y reconociendo que las capacidades y aptitudes de las fuerzas de
seguridad de la República de Colombia podrían emplearse en operaciones de
gestión de crisis de la UE.
(4) La República de Colombia y la UE
desean fijar unas condiciones generales relativas a la participación de la
República de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la UE en un
acuerdo por el que se cree un marco para dicha posible participación futura, en
lugar de definir dichas condiciones caso por caso para cada operación.
(5) Un acuerdo de este tipo debe
entenderse sin perjuicio de la autonomía de decisión de la Unión y no debe
prejuzgar tampoco la capacidad de la República de Colombia de decidir en cada
caso concreto si desea participar en una operación de gestión de crisis de la
UE.
(6) La Unión decidirá si se invitará a
terceros Estados a participar en una operación de gestión de crisis de la UE.
La República de Colombia puede aceptar la invitación de la Unión Europea y
ofrecer su contribución. En ese caso, la Unión decidirá si acepta la
contribución propuesta por Colombia.
HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:
SECCIÓN I
DISPOSICIONES
GENERALES
ARTÍCULO 1
Decisiones
relativas a la participación
1. A raíz de una decisión de la Unión de
invitar a la República de Colombia a participar en una operación de gestión de
crisis de la UE, la República de Colombia, en la aplicación del presente
Acuerdo, comunicará a la Unión Europea la decisión de su autoridad competente
relativa a su participación, con inclusión de su propuesta de contribución.
2. La Unión evaluará la contribución
propuesta por la República de Colombia, en consulta con ella.
3. La Unión facilitará lo antes posible a
la República de Colombia una primera indicación de la contribución posible a
los costes comunes de la operación, con objeto de ayudar a dicho Estado a
formular su oferta.
4. La Unión comunicará por escrito a la
República de Colombia el resultado de su evaluación y su decisión relativa a la
propuesta de contribución de la República de Colombia presentada por dicho
Estado con miras a garantizar la participación de la República de Colombia, de
conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo.
5. La oferta de la República de Colombia
de conformidad con el apartado 1 y su aceptación por la UE con arreglo al
apartado 4 constituirán la base para la aplicación del presente Acuerdo a cada
operación concreta de gestión de crisis.
6. La República de Colombia podrá
retirarse total o parcialmente y en cualquier momento, por iniciativa propia o
a petición de la Unión, y previa consulta entre las Partes, de la participación
en una operación de gestión de crisis de la UE.
ARTÍCULO 2
Marco
1. La República de Colombia se asociará
con aquella Decisión del Consejo mediante la cual el Consejo de la Unión
Europea decide que la Unión va a realizar una operación de gestión de crisis, y
con cualquier otra Decisión mediante la cual el Consejo de la Unión Europea
decida prorrogar una operación de gestión de crisis de la UE, de conformidad
con las disposiciones del presente Acuerdo y de los acuerdos de implementación
que resulten necesarios.
2. La contribución de la República de
Colombia a una operación de gestión de crisis de la UE se entenderá sin
perjuicio de la autonomía de decisión de la Unión.
ARTÍCULO 3
Estatus del
personal y de las fuerzas de la República de Colombia
1. El estatus del personal enviado por la
República de Colombia en comisión de servicios a una operación civil de gestión
de crisis de la UE, y/o el estatus de las fuerzas que aporte la República de
Colombia a una operación militar de gestión de crisis de la UE, se regirán por
el acuerdo pertinente sobre el estatus de las fuerzas o de la misión, en caso
de haberse celebrado tal acuerdo, o por cualquier otro régimen acordado entre
la Unión y el Estado o los Estados en los que se realice la operación. Se
informará de ello a la República de Colombia.
2. El estatus del personal adscrito al
cuartel general o a los elementos de mando que se hallen fuera del Estado o de
los Estados en los que se realice la operación de gestión de crisis de la UE se
regirá por acuerdos entre el cuartel general y los elementos de mando
interesados y las autoridades competentes de la República de Colombia.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
acuerdo sobre el estatus de las fuerzas o de la misión citado en el apartado 1,
la República de Colombia ejercerá su jurisdicción sobre su personal que
participe en la operación de gestión de crisis de la UE. En los casos en que
las fuerzas de la República de Colombia operen a bordo de una nave o aeronave
de un Estado miembro de la Unión Europea, dicho Estado ejercerá su
jurisdicción, supeditada a cualquier acuerdo bilateral o multilateral vigente o
futuro, con arreglo a sus propias disposiciones legales y reglamentarias y al
Derecho internacional.
4. La República de Colombia deberá
atender cualquier reclamación vinculada a su participación en una operación de
gestión de crisis de la UE que presente un miembro de su personal o que afecte
a dicho miembro, y le corresponderá emprender acciones, en particular las
legales o disciplinarias, contra cualquier miembro de su personal de
conformidad con sus disposiciones legales y reglamentarias.
5. Las Partes acuerdan renunciar a toda
reclamación, que no sea de tipo contractual, contra la otra Parte por daños,
pérdidas o destrucción de material perteneciente a cada Parte o utilizado por
ella, o por lesiones o muerte de su personal, que resulten del ejercicio de sus
funciones oficiales relacionadas con las actividades previstas en el presente
Acuerdo, salvo en caso de negligencia grave o de conducta dolosa.
6. La República de Colombia se compromete
a formular una declaración con respecto a la renuncia a presentar reclamaciones
contra cualquier Estado que participe en una operación de gestión de crisis de
la UE en la que participe la República de Colombia y a hacerlo en el momento de
la firma del presente Acuerdo.
7. La Unión se compromete a garantizar
que los Estados miembros de la Unión Europea formulen una declaración con
respecto a la renuncia a presentar reclamaciones contra la República de
Colombia en una operación de gestión de crisis de la UE, y a hacerlo en el
momento de la firma del presente Acuerdo.
ARTÍCULO 4
Información clasificada
1. La República de Colombia adoptará las
medidas adecuadas para garantizar que la información clasificada de la UE esté
protegida de conformidad con las normas de seguridad del Consejo para la
protección de la información clasificada de la UE contenidas en la Decisión
2013/488/UE del Consejo<1>, y con otras directrices que puedan emitir las
autoridades competentes, incluido el comandante de la operación de la UE,
cuando se trate de una operación militar de gestión de crisis de la UE, o el
jefe de la misión cuando se trate de una operación civil de gestión de crisis
de la UE.
2. Cuando las Partes hayan celebrado un
acuerdo sobre los procedimientos de seguridad para el intercambio de
información clasificada, dicho acuerdo será de aplicación en el contexto de una
operación de gestión de crisis de la UE.
SECCIÓN II
DISPOSICIONES
SOBRE PARTICIPACIÓN EN OPERACIONES CIVILES DE GESTIÓN DE CRISIS DE LA UE
ARTÍCULO 5.
Personal enviado
en comisión de servicios a una operación civil de gestión de crisis de la UE
1. La República de Colombia:
a) velará por que el personal que destine
en comisión de servicios a la operación civil de gestión de crisis de la UE
desempeñe su misión de conformidad con:
i) la Decisión pertinente del Consejo a
que se refiere el artículo 2, apartado
1, así como sus modificaciones posteriores,
ii) el plan de la operación,
iii) los acuerdos de implementación;
b) informará a su debido tiempo al
comandante de la operación civil de cualquier cambio en su contribución a la
operación civil de gestión de crisis de la UE.
2. El personal enviado en comisión de
servicios por la República de Colombia a una operación civil de gestión de
crisis de la UE será sometido a un reconocimiento médico, será vacunado, y la
autoridad médica competente de la República de Colombia certificará su aptitud
para el servicio, certificación de la que los miembros del personal presentarán
copia.
3. El personal enviado en comisión de servicios
por la República de Colombia ejercerá sus funciones y se conducirá teniendo
presentes únicamente los intereses de la operación civil de gestión de crisis
de la Unión.
ARTÍCULO 6
Cadena de mando
1. Todo el personal que participe en una
operación civil de gestión de crisis de la UE seguirá estando enteramente a las
órdenes de sus autoridades nacionales.
2. Las autoridades nacionales
transferirán el mando operativo al Comandante de la operación civil de la
Unión.
3. El Comandante civil de la operación
asumirá la responsabilidad y ejercerá el mando y el control de la operación
civil de gestión de crisis de la UE en el plano estratégico.
4. El Jefe de Misión asumirá la
responsabilidad y ejercerá el mando y el control de la operación civil de
gestión de crisis de la UE en el teatro de operaciones y se hará cargo de su
gestión cotidiana.
5. La República de Colombia tendrá los
mismos derechos y obligaciones en la gestión cotidiana de la operación que los
Estados miembros de la Unión Europea que participen en la operación, de
conformidad con los instrumentos jurídicos citados en el artículo 2, apartado
1.
6. El Jefe de Misión será responsable del
control disciplinario del personal de la operación civil de gestión de crisis
de la UE. Cuando proceda, la autoridad nacional correspondiente ejercerá las
acciones disciplinarias.
7. La República de Colombia nombrará un
punto de contacto («PCN») del contingente nacional que represente a su
contingente nacional en la operación. Este PCN responderá ante el Jefe de Misión
en lo relativo a cuestiones nacionales y será responsable de la disciplina
diaria del contingente de la República de Colombia.
8. La decisión de poner fin a la
operación será adoptada por la Unión, tras consultar con la República de
Colombia, si ésta sigue contribuyendo a la operación civil de gestión de crisis
de la UE en la fecha de su terminación.
ARTÍCULO 7
Financiación
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 8, la República de Colombia asumirá la totalidad de los costes ligados
a su participación en una operación civil de gestión de crisis de la UE, salvo
en lo que se refiere a los costes de funcionamiento, de conformidad con el
presupuesto operativo de la operación.
2. En caso de muertes, lesiones, pérdidas
o daños a personas físicas o jurídicas del o de los Estados en que se realice
la operación, las situaciones que pudieran conllevar responsabilidades e
indemnizaciones a cargo de la República de Colombia se regirán por las
condiciones estipuladas en el acuerdo aplicable sobre el estatuto de la misión,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, o a cualesquiera otras
disposiciones que sean de aplicación.
ARTÍCULO 8
Contribución al
presupuesto de funcionamiento
1. A reserva de lo dispuesto en el
apartado 4 del presente artículo, y no obstante lo dispuesto en el apartado 5
del artículo 1, la República de Colombia contribuirá a la financiación del
presupuesto de la operación civil de gestión de crisis de la UE de que se
trate.
2. La contribución financiera de la
República de Colombia al presupuesto operativo se calculará sobre la base de
aquella fórmula, entre las dos siguientes, con la que se obtenga la cantidad
menor:
a) la parte del importe de referencia que
corresponda de forma proporcional a la parte de la renta nacional bruta (RNB)
de la República de Colombia respecto del total de las RNB de todos los Estados
que contribuyan al presupuesto de funcionamiento de la operación; o
b) la parte del importe de referencia
para el presupuesto operativo que sea proporcional a la parte del personal de
la República de Colombia que participe en la operación respecto del total del
personal de todos los Estados que participen en ella.
3. No obstante lo dispuesto en los
apartados 1 y 2, la República de Colombia no hará contribución alguna a la financiación
de las dietas pagadas al personal de los Estados miembros de la Unión Europea.
4. No obstante lo dispuesto en el
apartado 1, la Unión eximirá en principio a la República de Colombia de
contribuir financieramente a una operación civil concreta de gestión de crisis
de la UE cuando determine que la República de Colombia aporta una contribución
significativa a dicha operación.
5. A reserva de lo dispuesto en el
apartado 1, cualquier acuerdo sobre el pago de las contribuciones de la
República de Colombia al presupuesto de funcionamiento de una operación civil
de gestión de crisis de la UE se firmará entre las autoridades competentes de
las Partes e incluirá, entre otras, las siguientes disposiciones sobre:
a) el importe de la contribución
financiera afectada;
b) los mecanismos de pago de la
contribución financiera; y
c) el procedimiento de auditoría.
SECCIÓN III
DISPOSICIONES
SOBRE PARTICIPACIÓN
EN OPERACIONES
MILITARES DE GESTIÓN DE CRISIS DE LA UE
ARTÍCULO 9
Participación en
una operación militar de gestión de crisis de la UE
1. La República de Colombia velará por
que las fuerzas y el personal con que contribuya a una operación militar de
gestión de crisis de la UE desempeñen su misión en conformidad con:
a) la decisión pertinente del Consejo a
la que se refiere el artículo 2, apartado 1, así como sus modificaciones
posteriores;
b) el plan de la operación; y
c) los acuerdos de implementación.
2. La República de Colombia informará
oportunamente al Comandante de la Operación de la UE de cualquier cambio en su
participación en la operación.
3. El personal enviado en comisión de
servicios por la República de Colombia ejercerá sus funciones y se conducirá
teniendo presente únicamente el interés de la operación militar de gestión de
crisis de la UE.
ARTÍCULO 10
Cadena de mando
1. Todas las fuerzas y el personal que
participen en una operación militar de gestión de crisis de la UE seguirán
estando enteramente bajo el mando de sus autoridades nacionales.
2. Las autoridades nacionales traspasarán
el mando o control operativo y táctico de sus fuerzas y de su personal al
Comandante de la Operación de la UE, quien podrá delegar su autoridad.
3. La República de Colombia tendrá los
mismos derechos y obligaciones en la gestión ordinaria de la operación que los
Estados miembros de la Unión Europea que participen en la operación, de
conformidad con los instrumentos jurídicos citados en el artículo 2, apartado
1.
4. El Comandante de la Operación de la UE
podrá pedir en cualquier momento, previa consulta a la República de Colombia,
la retirada de la contribución de la República de Colombia.
5. La República de Colombia nombrará un
Alto Representante Militar (ARM), que representará a su contingente nacional en
la operación militar de gestión de crisis de la UE. El ARM consultará con el
Comandante de la Fuerza de la UE todas las cuestiones relacionadas con la
operación y será el responsable de la disciplina diaria del contingente de la
República de Colombia.
ARTÍCULO 11
Financiación
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 12 del presente Acuerdo, la República de Colombia asumirá la totalidad
de los costes ligados a su participación en la operación, salvo que los costes
sean objeto de financiación común, conforme a lo dispuesto en los instrumentos
jurídicos citados en el artículo 2, apartado 1, así como en la Decisión
2011/871/PESC del Consejo<1>.
2. En caso de muertes, lesiones, pérdidas
o daños a personas físicas o jurídicas del o de los Estados en que se realice
la operación, las situaciones que pudieran conllevar responsabilidades e
indemnizaciones a cargo de la República de Colombia se regirán por las
condiciones estipuladas en el acuerdo aplicable sobre el estatuto de las fuerzas,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, o a cualesquiera
disposiciones alternativas que sean de aplicación.
ARTÍCULO 12
Contribución a
los costes comunes
1. A reserva de lo dispuesto en el
apartado 3 del presente artículo, y no obstante lo dispuesto en el apartado 5
del artículo 1, la República de Colombia contribuirá a la financiación de los
costes comunes de la operación militar de gestión de crisis de la UE.
2. Dicha contribución a los costes
comunes se calculará sobre la base de aquella fórmula, entre las siguientes,
con la que se obtenga la cantidad menor:
a) la parte de los costes comunes que
corresponda de forma proporcional a la parte de la renta nacional bruta (RNB)
de la República de Colombia respecto del total de las RNB de todos los Estados
que contribuyan a los costes comunes de la operación; o
b) la parte de los costes comunes que
corresponda de forma proporcional a la parte del personal de la República de
Colombia que participe en la operación respecto del total del personal de todos
los Estados que participen en ella.
Cuando se utilice la
fórmula enunciada en la letra b) y la República de Colombia contribuya solo con
personal al cuartel general de la operación o de la fuerza, la proporción que
se utilice será la de su personal respecto de la cifra total del personal del
cuartel general correspondiente. En los demás casos, la proporción será la de
todo el personal con el que contribuya la República de Colombia respecto de la
cifra total de personal de la operación.
3. No obstante lo
dispuesto en el apartado 1, la Unión eximirá en principio a la República de
Colombia de contribuir financieramente a los costes comunes de una operación
concreta de gestión militar de crisis de la UE cuando determine que la
República de Colombia aporta una contribución significativa a dicha operación.
4. A reserva de lo
dispuesto en el apartado 1, cualquier acuerdo sobre el pago de las
contribuciones de la República de Colombia a los costes comunes se firmará
entre las autoridades competentes de las Partes e incluirá, entre otras, las
siguientes disposiciones sobre:
a) el importe de la contribución
financiera afectada;
b) los mecanismos de pago de la
contribución financiera; y
c) el procedimiento de auditoría.
SECCIÓN IV
DISPOSICIONES
FINALES
ARTÍCULO 13
Disposiciones
para la aplicación del Acuerdo
Sin perjuicio de los artículos 8,
apartado 5, y 12, apartado 4, todo acuerdo de orden técnico o administrativo
que se considere necesario para la implementación del presente Acuerdo deberá
ser acordada entre las autoridades competentes de las Partes.
ARTÍCULO 14
Autoridades
competentes
A efectos del presente Acuerdo, y salvo
notificación en contrario remitida a la Unión Europea, la autoridad competente
de la República de Colombia será el Ministerio de Defensa Nacional.
ARTÍCULO 15
Incumplimiento
Si una de las Partes incumpliera las
obligaciones contraídas en virtud del presente Acuerdo, la otra Parte tendrá
derecho a poner término al presente Acuerdo, notificándolo por escrito con un
mes de antelación.
ARTÍCULO 16
Resolución de
litigios
Los litigios sobre la interpretación o
aplicación del presente Acuerdo serán resueltos por cauces diplomáticos entre
las Partes.
ARTÍCULO 17
Entrada en
vigor, vigencia y denuncia del Acuerdo
1. El presente Acuerdo entrará en vigor
el primer día del primer mes siguiente a la fecha en que las Partes se hayan
notificado la conclusión de los procedimientos legales internos necesarios para
su entrada en vigor del presente Acuerdo.
2. El presente Acuerdo se revisará a
instancia de cualquiera de las Partes.
3. El presente Acuerdo podrá modificarse
mediante acuerdo escrito de las Partes. Las modificaciones entrarán en vigor de
conformidad con el procedimiento dispuesto en el apartado 1.
4. El presente Acuerdo podrá ser
denunciado por una de las Partes mediante la entrega de la notificación escrita
de la denuncia a la otra Parte. La denuncia surtirá efecto a los seis meses de
la recepción de la notificación por la otra Parte.
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes,
debidamente autorizados ambos al efecto por las respectivas Partes, suscriben
el presente Acuerdo.
Hecho en Bogotá, el 5 de
Agosto de dos mil catorce en español y inglés, siendo ambos textos igualmente
auténticos.”
III. INTERVENCIONES
1.
Ministerio
de Relaciones Exteriores – Asuntos Jurídicos Internacionales
Mediante
escrito radicado en la Secretaría General de la Corte Constitucional, Alejandra
Valencia Gärtner, en calidad de Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales
del Ministerio de Relaciones Exteriores[1]
explicó las razones por las cuales considera que la Corte Constitucional debe
declarar exequible la Ley 1025 de 2018 aprobatoria del “Acuerdo entre la Unión Europea y Colombia, por el
que se crea un marco para la participación de este último en las operaciones de
gestión de crisis de la Unión Europea”.
En primer
lugar se refiere a las operaciones de gestión de crisis en la Unión Europea. Al
respecto precisa que la relación de la UE y terceros países se encuentra
contemplada en el Tratado de Lisboa del 1º de diciembre de 2009 “mediante el
cual se reformó la estructura y funcionamiento de la Unión Europea y, a su vez,
se reforzó su política exterior”.[2]
Afirma que aquel tratado internacional le confirió a la UE la personalidad
jurídica necesaria para negociar y ser parte de tratados internacionales. Desde
ese entonces, en asuntos de política exterior la UE se encuentra representada
por el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política y de
Seguridad y el Servicio Europeo de Acción Exterior. Aclara que en el marco de
la Política Común de Seguridad y Defensa “la UE recurre a las fuerzas que
sus países miembros ponen a su disposición a fin de realizar operaciones
conjuntas de desarme, operaciones humanitarias y de rescate, asesoramiento y
asistencia en cuestiones militares, prevención de conflictos y mantenimiento de
la paz, gestión de crisis (incluyendo el restablecimiento de la paz y
estabilización al término de los conflictos cuando así le es solicitado por el
órgano competente de las Naciones Unidas)”.[3]
Advierte que todas las decisiones relativas al “despliegue de componentes
militares o de policía compete a los ministros nacionales de los Estados
miembros de la UE, reunidos en el Consejo de la UE”.[4] De igual
forma, aduce que las operaciones y misiones internacionales que se han
adelantado han sido bajo el mandato de las Naciones Unidas. Hasta el momento la
UE ha celebrado alrededor de 18 acuerdos marco de participación con otras naciones,
relacionados con la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad
internacional.
En segundo
lugar, se refiere al Acuerdo por el que se crea un marco para la participación
de la República de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la Unión
Europea. Afirma que el tratado se firmó en desarrollo y sustento de los
principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas como lo es el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Aduce que “la
suscripción del Acuerdo obedece a la ejecución de la estrategia internacional
de la Republica de Colombia en materia de defensa y seguridad, y consolida la
participación de nuestra Nación en escenarios internacionales, bajo la
perspectiva del futuro de las Fuerzas Armadas, contribuyendo con sus
capacidades y profesionalismo en los escenarios allí previstos. Esta relación
permitirá fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares de Colombia,
mediante el establecimiento de estándares que permiten la interoperabilidad, en
diversos frentes, entre las Fuerzas Armadas colombianas y las de los países que
hacen parte de esta Alianza”.[5]
Resalta que el objetivo específico del Acuerdo consiste en “fijar las
condiciones generales para la futura participación del Estado colombiano en las
operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea, con el fin de promover,
desarrollar y fortalecer los intereses mutuos de paz y seguridad mundial”.[6]
A
continuación, hace una descripción de los artículos del acuerdo y las
declaraciones unilaterales que hacen parte del tratado. De conformidad con el
contenido descrito, el Ministerio de Relaciones Exteriores resalta tres puntos
del Acuerdo: (i) ninguna disposición implica la presencia de tropas extranjeras
en territorio colombiano y tampoco la membresía de Colombia a la Unión Europea,
(ii) las contribuciones o despliegues de unidades militares de Colombia en las
operaciones de gestión de crisis u operaciones de mantenimiento de la paz “serán
acordadas mediante arreglos posteriores de implementación, que constituyen
acuerdos simplificados”.[7]
Lo anterior implica que el Acuerdo suscrito establece unos lineamientos marco a
fin de regular la participación de Colombia en las operaciones, pero muchas de
las disposiciones contemplan la necesidad de suscribir acuerdos de carácter
técnico y/o administrativo para ser efectivamente aplicados. (iii) El Acuerdo
respeta la autonomía soberana de las partes de definir su participación en una
operación de gestión de crisis concreta, en ese sentido “la suscripción del
Acuerdo  no implica que la República de Colombia  se vea obligada a participar
en todas las operaciones de gestión de crisis amparadas y adelantadas por la
Unión Europea. Por el contrario, con fundamento en la correspondiente
invitación de participación, el Estado Colombiano  podrá decidir autónomamente
si encuentra conveniente participar. En caso de encontrar viable su
participación, ofrecerá una contribución y será competencia de la Unión Europea
decidir si acepta la oferta propuesta por el Estado colombiano”.[8]
En tercer
lugar, la entidad interviniente manifiesta que la firma del Acuerdo es una
forma de dar cumplimiento a los principios fundantes de la Carta de las
Naciones Unidas, los cuales se sustentan en el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacional. Además expresa que este Acuerdo complementará las
capacidades operativas internacionales de la Fuerza Pública junto con otros
Acuerdos que Colombia ya ha ratificado, como lo es el “Acuerdo Marco entre las
Naciones Unidas y el Gobierno de la República de Colombia relativo a las
contribuciones al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las Naciones
Unidas para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz”, suscrito en Nueva York
el 26 de enero de 2015.
Finalmente
concluye que el trámite de aprobación interna del tratado cumplió con cada uno
de los requisitos constitucionales y legales, tanto en la fase de negociación y
firma como en el proceso legislativo.
2.
Ministerio
de Defensa Nacional
Mediante escrito radicado en la
Secretaría General de la Corte Constitucional, Sandra Marcela Parada Acero, en
calidad de apoderada especial de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional,[9] explicó las
razones por las cuales debe declararse exequible la Ley 1925 de 2018.
En primer lugar, realiza una reseña del
contenido del Acuerdo y transcribe cada uno de los artículos. Luego la entidad
interviniente afirma que el tratado es producto del interés de Colombia y la
Unión Europea del mantenimiento de la paz mundial y la garantía de la seguridad
como valores esenciales en el ámbito internacional. A propósito de este punto,
recuerda el Tratado de Lisboa  de 2009, mediante el cual la UE impulsó la
política exterior y resalta que en los últimos años la UE ha manifestado un
interés creciente en las negociaciones de paz adelantadas por el Gobierno y una
significativa disposición para participar en la implementación y en las
dinámicas del posconflicto.
Manifiesta que en virtud de la ejecución
de la estrategia internacional del Sector Defensa el Ministerio viene
desarrollando una estrategia de cooperación internacional  que se despliega en
el ámbito bilateral y multilateral. Afirma que “se fundamenta en consolidar
la participación de la Fuerza Pública en escenarios internacionales. Esto, bajo
la perspectiva del futuro de la Fuerza Pública, contribuyendo con las
capacidades desarrolladas en los últimos años, y, a su vez, proyectando nuevas
capacidades y estándares, fundamentados en el profesionalismo de los hombres y
mujeres de las Fuerzas militares y la Policía Nacional”.[10] Al
respecto, afirma que la participación en operaciones multinacionales da a al
país  una importante proyección y prestigio internacional que sirve para poner
a disposición de otros países la experiencia y profesionalismo de nuestra
fuerza pública. En efecto, manifiesta que Colombia ha venido adelantando
conversaciones con la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas y la
Organización del Tratado del Atlántico Norte, “con el objeto de desarrollar
un amplio marco de actividades de cooperación que contribuyan al
fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas y así elevar sus estándares
profesionales y operacionales”.[11]
En segundo lugar, el Ministerio de
Defensa se refiere a las operaciones de gestión de crisis en la Unión Europea.
Concretamente, afirma que con la creación del Servicio Europeo de Acción
Exterior bajo la autoridad del Alto Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, esta organización ha adelantado 30
operaciones de gestión de crisis alrededor del mundo, todas bajo el mandato de
las Naciones Unidas. Precisa que “los Estados miembros de la Unión Europea
han destinado su propio personal militar, civil y policial para atender los
requerimientos de seguridad que demandan este tipo de misiones. Al mismo
tiempo, la Unión Europea ha celebrado alrededor de 18 acuerdos marco de
participación con otras naciones que comparten valores comunes, relacionados
con la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad
internacional”.[12]
En tercer lugar, la entidad hace una
descripción de cada uno de los artículos del Acuerdo. Reitera que la suscripción
de este tratado obedece a la ejecución de la estrategia internacional de
Colombia en materia de defensa y seguridad y a su consolidación como
participante en escenarios internacionales en los que la Fuerza Pública
contribuya con sus capacidades y profesionalismo. Aclara que el Acuerdo se
celebra sin perjuicio de la autonomía y soberanía del Estado de Colombia, el
cual puede decidir si participar o no en determinada operación. Aduce que en el
instrumento objeto de estudio “se plasman disposiciones relativas al
despliegue de personal militar y civil en las diferentes misiones que comanda
la Unión Europea, regulando aspectos como el estatus del personal en cada
misión, la cadena de mando, el manejo de información clasificada y otros
aspectos financieros y administrativos propios de cada operación”.[13]
Finalmente expresa que el tratado cumple
con los requisitos legales y constitucionales para ser aprobado por la Corte
Constitucional. Concluye que el Acuerdo es relevante por las siguientes
razones:[14]
(1) “Colombia podrá decidir el tipo de participación en cada misión, después de
recibir las respectivas invitaciones de la UE”, (2) “la decisión de participar
en cada misión será una decisión autónoma y discrecional del Gobierno de
Colombia, sin estar obligada a participar, si no lo considera necesario”, (3) “el
despliegue efectivo de unidades o contribuciones de Colombia en operaciones de
mantenimiento de la paz serán acordadas mediante arreglos posteriores de
implementación, que constituyen acuerdos simplificados que el Gobierno podrá
suscribir para garantizar la implementación del Acuerdo Marco”, (4) “la
República de Colombia mantiene la jurisdicción penal, civil y disciplinaria del
personal civil o militar enviado a cada misión”, (5) “el personal desplegado en
cada operación gozará de los mismos privilegios e inmunidades que el resto de
personal europeo en cada operación específica” y (6) “se determina que la
autoridad competente es el Ministerio de Defensa Nacional. No obstante, para la
firma de los acuerdos de implementación serán el Presidente de la República, la
Ministra de Relaciones Exteriores o la persona a quien se le haya otorgado los
respectivos plenos poderes, los facultados para manifestar la voluntad del
Estado colombiano”.
IV. CONCEPTOS ALLEGADOS EN VIRTUD DEL
AUTO 063 DE 2019
1.       Ministerio de Relaciones Exteriores –
Asuntos Jurídicos Internacionales
Mediante respuesta allegada a la
Secretaría General de la Corte Constitucional el 15 de marzo de 2019, la
entidad emitió las siguientes respuestas:
·
La definición y alcance
de los conceptos de: i) “gestión de crisis”; ii) “operaciones
de gestión de crisis”; iii) “operaciones civiles de
gestión de crisis”; iv) “operaciones militares de
gestión de crisis” y, v) las diferencias entre “operaciones
civiles de gestión de crisis” y “operaciones militares de
gestión de crisis” en el tratado internacional.
Afirmó que el concepto de “gestión de crisis” “fue
desarrollado por la Unión Europea mediante documento denominado Estrategia de
Seguridad Europea´del 12 de diciembre de 2003. Esta definición abarca una
amplia gama de situaciones y actividades, como por ejemplo la gestión de cambio
climático, ataques terroristas y cibernéticos, e incluso fallas en
infraestructura de los Estados. Se trata entonces de un concepto concebido para
hacer frente a cualquier riesgo a las dificultades que se presentan en los
escenarios de trabajo de la Unión”.[15]
Aclaró que  desde su fundación la Unión Europea participa en todas las fases
del ciclo de crisis, desde las estrategias de prevención, hasta la
rehabilitación y la reconstrucción mediante la administración de recursos o
creación de programas especializados en el país donde haya sucedido el contexto
de crisis.
Manifestó que el concepto de “operaciones de gestión
de crisis” “emana directamente del numeral 1º del artículo 42 y es
complementado por el numeral 1º del artículo 43 del Tratado de la Unión
Europea”.[16]
Advirtió que las “operaciones de gestión de crisis” son operaciones con
objetivos específicos, concretamente “están encaminadas a (i) el
mantenimiento de la paz, (ii) la prevención de conflictos y (iii) el
fortalecimiento de la seguridad internacional. Para tales efectos, se pueden
desplegar un amplio catálogo de actividades, como son: actuaciones conjuntas en
materia de desarme, asesoramiento y asistencia en cuestiones militares,
protección de fronteras, lucha contra la piratería, entre otros”.[17] Expresó que las
operaciones están amparadas en las disposiciones de la Carta de las Naciones
Unidas e incluyen muchos ámbitos de actuación, como reformas en lo policial,
judicial y aduanas; facilitan acuerdos que ponen fin a las hostilidades y velan
por su cumplimiento; garantizan las seguridad de civiles, refugiados,
trabajadores humanitarios y personal de la ONU; prestan vigilancia de las
fronteras, etc.
Operaciones civiles de gestión de crisis: “la UE
despliega expertos legales desarmados, policías expertos, oficiales de aduanas
y fronterizos a terceros Estados, con miras a contribuir a la consolidación del
o estabilización del Estado de Derecho, monitorear fronteras, construir
capacidad y entrenar en fortalecimiento de la ley. Las operaciones civiles son
ejecutadas en tres ámbitos diferentes: (a) Ámbito policial: asesoramiento,
asistencia y formación para reformar a las fuerzas de policía locales. (b)
Fortalecimiento del Estado de Derecho y Administración Civil: enfocado al
fortalecimiento del sistema judicial y penitenciario del país receptor. (c)
Protección civil: tareas de apoyo con personal policial de los estados miembros
al país receptor”.[18]
Operaciones militares de gestión de crisis: “La UE
despliega fuerzas armadas  para brindar capacidades a países terceros  para
detectar, prevenir y reprimir la piratería, interceptar el tráfico ilegal de
humanos y armas, actividades de vigilancia, entrenar las fuerzas armadas de los
países aliados y contribuir a ambientes seguros”.[19]
·
Indicar si el concepto
“crisis” al que hace referencia el tratado incluye situaciones de
conflicto armado internacional y/o no internacional, según las definiciones
vigentes en el Derecho Internacional Humanitario –DIH,  el Derecho
Internacional de los Conflictos Armados -DICA y en el Derecho Operacional.
·
Según la respuesta al
punto anterior, respecto de la expresión “operaciones militares de
gestión de crisis” del acuerdo, por favor explicar si dichas operaciones
pueden implicar el apoyo militar a una de las partes enfrentadas en un
conflicto armado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores
dio una respuesta conjunta a estas dos preguntas. Aseguró que las operaciones
de gestión de crisis que puede adelantar la Unión Europea están sometidas
siempre a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la cual en su
numeral segundo proscribe el uso de la fuerza en el escenario internacional y
consagra las excepciones legalmente permitidas de esta prohibición general.
Adicionalmente el Consejo de Seguridad, como órgano responsable de cumplir con
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, tiene la facultad de
adoptar las medidas que considere necesarias para la adopción de aquellos
objetivos. De tal forma afirmó que “la figura de las operaciones de gestión
de crisis no está diseñada para permitir a la UE, ni a ninguno de sus Estados
miembros o socios estratégicos, emprender acciones militares en persecución de
sus intereses particulares y de manera ajena al derecho internacional, sino
que, por el contrario, ofrece claridad frente a la razón de ser de esta figura”.[20] Resaltó
que el mismo Acuerdo entre Colombia y la Unión Europea que ahora se estudia,
también establece una cláusula de observancia de los principios de la Carta de
Naciones Unidas.
En relación concreta con los conceptos de
conflicto armado interno e internacional y las operaciones de gestión de crisis,
el Ministerio adujo lo siguiente:
“(…) mediante la ratificación
de este tratado, la República de Colombia efectivamente podría intervenir en
situaciones que el derecho internacional podría considerar como conflictos
armados.
Sin embargo, es necesario
dejar en claro que dicha participación solamente podrá realizarse cuando
la operación desplegada esté en estricto apego a las disposiciones de las
Naciones Unidas para emprender actividades de tal calibre. Esto, igualmente, quiere
decir que, al momento de emprender una actividad de tal envergadura, se tiene
que respetar todo los principios consagrados en la Carta, particularmente
aquellos consagrados en su artículo 2, los cuales incluyen, además de la
prohibición al uso de la fuerza, el respeto por la libre determinación de los
pueblos, el respeto por la soberanía de los demás Estados y la obligación de no
intervención en asuntos internos. (…)
Por tanto, si bien sí existe
la posibilidad que el Estado participe en una operación que pudiera darse en el
marco de un conflicto armado en el sentido previsto por el Derecho
Internacional Humanitario, sea interno o internacional, dicha participación
siempre tendrá que darse respetando la obligación del Estado de velar por el
mantenimiento de la paz no solo en el territorio colombiano sino también en el
escenario internacional, exactamente atendiendo los mismos parámetros que ya
reconoció la Corte al declarar exequible el “Acuerdo Marco entre las Naciones
Unidas y el Gobierno de la República de Colombia relativo a las contribuciones
al sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las Naciones Unidas para las
operaciones de mantenimiento de la paz”, suscrito en la ciudad de Nueva York el
26 de enero de 2015.
Esta misma reflexión es
esencial para entender el alcance de la posible participación de Colombia en una
operación de gestión de crisis. En efecto, la participación de Colombia en este
tipo de operaciones también podría implicar un hipotético escenario en el cual
el Estado colombiano interviniera en un conflicto armado en favor de una de las
partes del conflicto.
Sin embargo, nuevamente es
imprescindible resaltar que tal intervención tendría que darse de acuerdo a los
preceptos de la Carta de Naciones Unidas. En términos concretos, esto
implicaría que solamente cuando se esté actuando en atención a una resolución
de carácter vinculante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que se
haya decidido intervenir a favor de una parte en conflicto o cuando se esté
actuando en desarrollo de la legítima defensa colectiva, podría materializarse
un escenario como el que plantea la Honorable Corte”.[21]
2.
Ministerio
de Defensa Nacional
·
La definición y alcance
de los conceptos de: i) “gestión de crisis”; ii) “operaciones
de gestión de crisis”; iii) “operaciones civiles de
gestión de crisis”; iv) “operaciones militares de
gestión de crisis” y, v) las diferencias entre “operaciones
civiles de gestión de crisis” y “operaciones militares de
gestión de crisis”.
“Gestión de crisis”: se encuentra en la política común
de seguridad y defensa de la Unión Europea y es un concepto que hace referencia
“a la gestión basada en planes y respuestas para las crisis internacionales.
La UE entiende como gestión de crisis, construir capacidades en sus aliados y
proteger a Europa y contribuir a la seguridad global a través de diferentes
acciones militares y civiles. Este término se refiere a una herramienta que
puede ser fundamental en proveer apoyo en una situación de estabilización y de
desarrollo”.[22]
Aclaró que las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea atienden a
los principios de la Carta de las Naciones Unidas y se adelantan en todas las
etapas del ciclo de crisis, desde la prevención hasta la rehabilitación y
reconstrucción.
“Operaciones de gestión de crisis”: se refirió a las
misiones establecidas en los artículos 42 y 43 del Tratado de la Unión Europea
y precisó que estas operaciones “se conducen con el fin de promover,
desarrollar y fortalecer los intereses mutuos de paz y seguridad mundial. Estas
se ejecutan en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión
Europea fundamentada en el Tratado de la Unión Europea”.[23]  Señaló que la
decisión de adelantar una operación de gestión de crisis requiere de la
aprobación de todos los Estados miembros a través de una decisión del Consejo.
Además, adujo que estas operaciones pueden contar con las contribuciones de
terceros Estados. Actualmente la Unión Europea adelanta 6 operaciones militares
y 10 operaciones civiles de gestión de crisis. En el caso de Colombia, el
Acuerdo bajo estudio prevé la realización de arreglos posteriores de
implementación, los cuales requieren de una aprobación previa del Estado
colombiano a través de una invitación remitida por la UE, y la consecuente
aceptación y propuesta de la República de Colombia.
“Operaciones civiles de gestión de crisis”: “la UE
despliega expertos  legales, policiales, oficiales de aduanas y fronterizos a
países terceros a contribuir al Estado de derecho, monitorear fronteras,
construir capacidad y entrenar en el fortalecimiento de la ley”.[24] Incluyen tres ámbitos
de actuación: (i) policial, (ii) fortalecimiento del Estado de Derecho y
Administración Civil y (iii) protección civil.
“Operaciones militares de gestión de crisis”: “la
UE despliega fuerzas armadas para brindar capacidades a países terceros para detectar,
prevenir y reprimir la piratería, interceptar el tráfico ilegal de humanos y
armas, actividades de vigilancia, entrenar las fuerzas militares de los países
aliados y contribuir a ambientes seguros”.[25]
La entidad hizo referencia a todas las operaciones que se están adelantando
actualmente y resaltó que todas ellas se encuentran amparadas por resoluciones
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Respecto de las diferencias entre los conceptos de
“operaciones civiles de gestión de crisis” y de “operaciones militares de
gestión de crisis”, el Ministerio de Defensa afirmó que la principal es la
relativa a la composición de unas y otras. Mientras que las civiles se componen
de personal meramente civil que apoya actividades legales, policiales, de frontera,
aduanas, etc., en el caso de las otras, la composición es de personal militar.
·
Indicar si el concepto
“crisis” incluye situaciones de conflicto armado internacional y/o no
internacional, según las definiciones vigentes en el Derecho Internacional
Humanitario –DIH,  el Derecho Internacional de los Conflictos Armados -DICA y
en el Derecho Operacional.
·
Según la respuesta al
punto anterior, respecto de la expresión “operaciones militares de
gestión de crisis”,  por favor explicar si dichas operaciones pueden
implicar el apoyo militar a una de las partes enfrentadas en un conflicto
armado.
El Ministerio
de Defensa respondió a los dos interrogantes de manera conjunta. Citó los
artículos 42 y 43 del Tratado de la Unión Europea (firmado en Maastricht),
disposiciones que consagran las operaciones de gestión de crisis. Sobre su
contenido resaltó que (i) son operaciones con objetivos específicos,
concretamente, están encaminadas al mantenimiento de la paz, la prevención de
conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional. Para tales
efectos, pueden desplegar un amplio catálogo de actividades, como lo son las
actuaciones conjuntas en materia de desarme, asesoramiento y asistencia en
cuestiones militares; y (ii) son operaciones que se ejecutan en el marco de las
disposiciones de la Carta de Naciones Unidas. Advirtió que todas las
operaciones de gestión de crisis deben observar los principios de la Carta de
las Naciones Unidas, y en ese orden, el Estado colombiano al ser invitado a
participar en alguna de estas operaciones debe obedecer a la prohibición del
uso de la fuerza, el respeto por la libre autodeterminación de los pueblos, el
respeto por la soberanía de los demás Estados y la obligación de no
intervención en asuntos internos. Conforme a lo anterior, y dando respuesta a
los interrogantes formulados por la Sala Plena de la Corte Constitucional,
precisó:
“(…) la
participación de Colombia en este tipo de operaciones también podría implicar
un hipotético escenario en el cual el Estado colombiano se vea en la necesidad
de aplicar el uso de la fuerza. Por lo tanto, nuevamente es imprescindible
resaltar que tal intervención tendría que darse de acuerdo a los preceptos de
la Carta de Naciones Unidas. En términos concretos, esto implicaría que solamente
cuando se esté actuando en atención a una resolución de carácter vinculante del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se podría actuar con la posibilidad del
uso de las fuerza. Como ya ha sido señalado anteriormente, las operaciones de
gestión de crisis que maneja la Unión Europea, y solo para las operaciones
militares, cumplen con las siguientes características: - se ejecutan en
cumplimiento de los principios establecidos por la Carta de Naciones Unidas, de
la cual es parte el Estado colombiano, - se ejecutan en cumplimiento y con el
respaldo de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y –
ejecutan actividades de apoyo en seguridad en materias como capacitación,
entrenamiento, vigilancia y contribuir a ambientes seguros. Es importante
señalar que el Acuerdo sobre Gestión de Crisis con la Unión Europea incluye una
disposición diseñada para proteger la soberanía nacional, en el sentido de
indicar que la decisión final respecto a cualquier despliegue efectivo de
recursos colombianos siempre recaerá en el Gobierno Nacional, que siempre
contará con la posibilidad de negarse a participar en dicha operación”.
3.
Delegación
de la Unión Europea
·
La definición y alcance
de los conceptos de: i) “gestión de crisis”; ii) “operaciones
de gestión de crisis”; iii) “operaciones civiles de
gestión de crisis”; iv) “operaciones militares de
gestión de crisis” y, v) las diferencias entre “operaciones
civiles de gestión de crisis” y “operaciones militares de
gestión de crisis” en el tratado internacional referido.
La Delegación remitió respuestas a las preguntas
formuladas por la Sala Plena. Afirmó que el concepto de “gestión de crisis”
(“crisis manegement”) se enmarca en la estrategia global de política exterior y
de seguridad de la Unión Europea presentada por el Alto Representante de la
Unión para Asuntos Exteriores y de Política de Seguridad en el año 2016. Aclaró
que esta estrategia implica la capacidad de los Estados miembros de protegerse
y mantener una seguridad global. Lo anterior implica la asistencia y
solidaridad permanente entre los Estados y enfrentar diversos retos o amenazas
del exterior como lo son el terrorismo, el crimen organizado, entre otras
amenazas.
En lo referente a las “operaciones de gestión de
crisis” (“crisis management operations”), hizo referencia a lo establecido en
el segundo parágrafo del artículo 38 del Tratado de la Unión Europea, en el que
se consagra que el Comité de política y seguridad puede ejercer, bajo la
autorización del Consejo y el Alto Representante, la dirección de la estrategia
de las operaciones de gestión de crisis. Entre las operaciones de gestión de
crisis se pueden incluir las operaciones de desarme, las humanitarias, las de
rescate, las de asistencia y apoyo militar, la prevención de conflictos, el
mantenimiento de la paz y la estabilización en periodos de posconflicto.
Sobre las “operaciones civiles de gestión de
crisis y las “operaciones militares de gestión de crisis” y sus
diferencias, manifestó lo siguiente. Las primeras se componen de personal civil
y realizan tareas en el ámbito de este sector. Además cuentan con una cadena de
mando de naturaleza civil y son financiadas por la Política común de asuntos
exteriores y la política de seguridad de la Unión Europea. Las operaciones
militares, por su parte, se encuentran enmarcadas en  una cadena de mando
militar y son financiadas por los Estados miembros de la Unión Europea a través
de mecanismos específicos.
·
Indicar si el concepto
“crisis” al que hace referencia el tratado incluye situaciones de
conflicto armado internacional y/o no internacional, según las definiciones
vigentes en el Derecho Internacional Humanitario –DIH.
Hizo referencia al artículo 21 del Tratado de la Unión
Europea en el cual se señala que las operaciones de gestión de crisis deben respetar
los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional y
contribuir a construcción de soluciones multilaterales. Además estas
operaciones deben tener como objetivos la consolidación y fortalecimiento de la
democracia, el Estado de Derecho, el mantenimiento de la paz, la prevención de
los conflictos y la preservación de la seguridad internacional. De tal forma,
adujo que las misiones y operaciones de la Unión Europea se implementan en
concordancia con el derecho internacional, incluyéndose el derecho
internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario
cuando es aplicable. El uso de la fuerza en el marco de la Política Común de
Seguridad y Defensa de la Unión Europea será solo permitida cuando (i) se tenga
la autorización del gobierno receptor/anfitrión, (ii) la autorización del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y (iii) se encuentre dentro de las
normas del derecho internacional.
·
Según la respuesta al
punto anterior, respecto de la expresión “operaciones militares de
gestión de crisis” del acuerdo, por favor explicar si dichas operaciones
pueden implicar el apoyo militar a una de las partes enfrentadas en un
conflicto armado.
Resaltó que la implementación de
operaciones de gestión de crisis por parte de la Unión Europea atiende a una
naturaleza imparcial de los conflictos. De tal forma, para dar respuesta a este
interrogante, aseguró que la participación en un conflicto armado no
necesariamente convierte al organismo en una parte del conflicto. Precisó que
para que las operaciones
puedan implicar el apoyo militar a una de las partes enfrentadas en un
conflicto armado, se debe revisar el mandato de la operación específica, la
resolución del Consejo de Seguridad y la autorización del gobierno involucrado.
Si el mandato de una operación de gestión de crisis contempla un apoyo militar
a una de las partes en conflicto, se requerirá la autorización expresa del
Consejo de Seguridad de conformidad con el capítulo 7 de la Carta de las
Naciones Unidas y la autorización del Gobierno involucrado.
V. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
El Ministerio Público solicita a la Corte
Constitucional declarar la exequibilidad de la Ley 1925 de 2018 “Por medio de
la cual se aprueba el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia
y se crea un marco para la participación de la República de Colombia en las
operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea suscrito en la ciudad de
Bogotá D.C., el 5 de agosto de 2014”. El Procurador General realiza un análisis
formal de la etapa preparlamentaria y luego de la etapa parlamentaria y
concluye que se cumplieron con todos los requisitos constitucionales y legales.
En relación con el estudio material del Acuerdo, el
Ministerio Público manifiesta que las disposiciones consagradas en el tratado
encuentran sustento en los artículos 9º, 226 y 227 de la Constitución Política que
disponen, respectivamente, que la soberanía nacional, la autodeterminación de
los pueblos y el reconocimiento de los principios de derecho internacional
aceptados por Colombia son la base de las relaciones exteriores del Estado; que
es deber del Estado la internacionalización de las relaciones políticas, de
manera recíproca, equitativa, por motivos de conveniencia nacional y de integración,
así como en el mantenimiento de la paz, como presupuesto democrático, como
derecho y como un fin primordial del Estado. Menciona que el Acuerdo hace parte
de una estrategia de la Unión Europea para alcanzar el mantenimiento de la paz
y la seguridad internacional, la cual se ha venido adelantando con otros
Estados no miembros de la UE y con otros organismos multilaterales como lo son
las Naciones Unidas y la Unión Africana.
Resalta que “el instrumento internacional bajo
análisis es un acuerdo marco, que por naturaleza contiene parámetros generales
y lineamientos básicos que permiten determinar las obligaciones, deberes,
derechos y condiciones que regirán las relaciones de las partes, en este caso,
en lo relativo a las operaciones de gestión de crisis. Esto quiere decir que en
cualquier caso, las partes podrán acordar compromisos más específicos que
respondan a necesidades particulares que puedan generarse a partir de este
Acuerdo, los cuales deberán ser aprobados por el órgano legislativo y revisados
por la Corte Constitucional”.[26]
Con base en ello, realiza una descripción breve de cada uno de los artículos
del Acuerdo y concluye que guardan una coherencia y armonía con las
disposiciones constitucionales. Sobre este punto, subraya que las operaciones
de gestión de crisis están amparadas por los principios de la Carta de las
Naciones Unidas que es un instrumento vinculante para Colombia y cuyos
contenidos se encuentran sustentados en normas constitucionales.
V.CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
COMPETENCIA
1.  De acuerdo a lo establecido en el numeral 10º del
artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente
para ejercer el control integral de constitucionalidad de los tratados
internacionales y de las leyes que los aprueben.
2.  La Ley 1925 de 2018 “Por medio de la cual se
aprueba el acuerdo entre la Unión Europea y Colombia, por el que se crea un
marco para la participación de este último en las operaciones de gestión de
crisis de la Unión Europea” suscrito
en la ciudad de Bogotá D.C., el 5 de Agosto de 2014, es aprobatoria de un tratado público, por lo que
tanto desde el punto de vista material como formal, esta Corporación es
competente para adelantar su estudio de constitucionalidad.
3.  Según lo ha establecido reiterada jurisprudencia de
esta Corporación, el control que ejerce la Corte Constitucional sobre los
tratados públicos y sus leyes aprobatorias, se caracteriza por ser:
“(i) previo al
perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a
la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente
por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis
días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que
la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la
ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene
fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación
del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su
finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el
cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.”[27]
En igual sentido, cabe resaltar que el
control constitucional que realiza este Tribunal es de carácter definitivo, es
decir, la sentencia hace tránsito a cosa juzgada constitucional, lo que
significa que “impide un nuevo juicio
constitucional a la Corte y cierra cualquier posibilidad de adelantar un nuevo
examen. Si la inconstitucionalidad es consecuencia de la existencia de un vicio
material, estará prohibida la reproducción del contenido normativo declarado
inexequible (Constitución, art. 243); si declara inexequible la ley aprobatoria
por vicios de procedimiento, no se impide su nueva tramitación y posterior
examen”.[28]
La revisión del aspecto formal del
tratado internacional y de su ley aprobatoria se dirige a examinar dos
aspectos: i) la validez de la representación del Estado Colombiano en las fases
de negociación, celebración y firma del Acuerdo internacional; y ii) el
cumplimiento de las reglas de trámite legislativo en la formación de la ley
aprobatoria.
4.     Por su parte, en cuanto al examen de
fondo, éste consiste en confrontar las disposiciones del texto del tratado
internacional que se revisa y su ley aprobatoria, con la totalidad del texto
constitucional, para de esta manera determinar si se ajustan o no al
ordenamiento superior. Lo anterior implica que se excluye cualquier análisis de
conveniencia política, pues esto le corresponde al gobierno nacional en el
ejercicio de su facultad de negociar tratados de derecho internacional.
Hechas las anteriores precisiones, pasa
la Corte a examinar la constitucionalidad del tratado internacional objeto de
estudio y de su ley aprobatoria, tanto en su aspecto formal como material.
ANÁLISIS FORMAL DE LA SUSCRIPCIÓN Y
APROBACIÓN DEL ACUERDO
Suscripción del Acuerdo
5.  Según lo ha manifestado esta Corporación, el control
formal de constitucionalidad de los tratados internacionales y sus leyes
aprobatorias incluye el examen de las facultades del representante del Estado
colombiano para negociar, adoptar el articulado mediante su voto y autenticar
el instrumento internacional respectivo.
La anterior verificación ha sido
realizada por la Corte de acuerdo con lo previsto en los artículos 7º a 10º de
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969,
incorporada al ordenamiento interno por la Ley 32 de 1985, por remisión que
hace el artículo 9º de la Carta en el sentido de que las relaciones exteriores
del Estado se fundamentan en el reconocimiento de los principios aceptados por
Colombia.
De esta manera, el artículo 7º de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, señala lo
siguiente:
“1. Para la adopción o la
autenticación del texto de un tratado, o para manifestar el consentimiento del
Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a
un Estado:
a) Si presenta los
adecuados plenos poderes, o
b) Si se deduce de la
práctica seguida por los Estados interesados, o de otras circunstancias, que la
intención de esos Estados han sido considerar a esa persona representante del
Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de plenos
poderes.
2. En virtud de sus
funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que
representan a su Estado:
a) Los jefes de Estado,
jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de
todos los actos relativos a la celebración de un tratado;
b) Los jefes de misión
diplomática, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado
acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados;
c) Los representantes
acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una
organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de
un tratado en tal conferencia, organización u órgano.” (Subrayado fuera de texto original).
6.
En el presente caso,
el “Acuerdo entre la Unión Europea y Colombia, por el que se crea un marco para
la participación de este último en las operaciones de gestión de crisis de la
Unión Europea”, fue suscrito el día cinco (05) de agosto de dos mil catorce
(2014), por el señor Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón Bueno teniendo en
cuenta lo consagrado en el literal a) del numeral 1º del artículo 7 precitado, por
lo que se hacía necesaria la presentación de Plenos Poderes para la efectiva
celebración de dicho acuerdo, poder que fue otorgado por el entonces Presidente
de la República, Juan Manuel Santos Calderón, el día once (11) de julio de dos
mil catorce (2014).[29]
Todo lo anterior, según constancia
enviada a esta Corporación, con los respectivos anexos, el veintinueve (29) de
agosto de dos mil dieciocho (2018), por la Directora de Asuntos Jurídicos
Internacionales de la Cancillería de Colombia.
Adicionalmente, se adjuntó a la Corte copia auténtica
de la Aprobación Ejecutiva del tres (03) de diciembre de dos mil catorce (2014),
por medio de la cual el señor presidente de la República Juan Manuel Santos
Calderón autorizó someter a consideración del Congreso de la República el  “Acuerdo
entre la Unión Europea y Colombia, por el que se crea un marco para la
participación de este último en las operaciones de gestión de crisis de la
Unión Europea”, acto que contó con la firma de la
Ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín Cuellar.[30]
De tales precisiones se concluye que la
adopción del instrumento internacional satisface el requisito de forma, respecto
a la calidad de la persona que debió suscribirlo, pues al habérsele otorgado
plenos poderes al Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón Bueno, se dio
cumplimiento de lo requerido.
Asunto previo: necesidad y realización de
consulta previa como expresión del derecho fundamental a la participación de
los grupos étnicos
7.       La Constitución Política de Colombia de
1991 reconoce y garantiza la pluralidad de etnias y su derecho fundamental a la
libre determinación. De esta manera, el artículo 1º superior define al Estado colombiano
como democrático, participativo, y pluralista. Por su parte, el artículo 7º
señala que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural.
A su vez, el artículo 8º constitucional
indica que es obligación del Estado y de todas las personas proteger las
riquezas culturales de la Nación, mientras el artículo 10º establece que pese a
que el castellano es el idioma oficial del país, las lenguas y dialectos de los
grupos étnicos son también oficiales en sus territorios.
A su turno, el artículo 70 de la Carta
Política señala que la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de
la nacionalidad y el artículo 72 llama la atención sobre la obligación del
Estado de proteger el patrimonio cultural.
8.       Con fundamento en estas disposiciones,
entre otras, este Tribunal ha considerado que el pluralismo étnico debe ser
objeto de especial protección y reconocimiento constitucional, toda vez que en
Colombia existe una diversidad de identidades étnicas y culturales que deben
ser tratadas con el mismo respeto que la colectividad mayoritaria, con los
mismos derechos de reproducirse y perpetuarse en el territorio nacional durante
el paso del tiempo.
Parte del desarrollo de estas
disposiciones constitucionales se encuentra también en la Ley 21 de 1991
mediante la cual se incorporó en nuestro ordenamiento jurídico el Convenio 169
de la OIT, instrumento internacional que establece el derecho de las
comunidades étnicas de participar de todas las decisiones que las afecten
directamente. El artículo 6º del Convenio consagra la obligación de los Estados
de consultar a los pueblos interesados, a través de sus instituciones u órganos
representativos, sobre las medidas administrativas o legislativas o de
cualquier otro carácter que puedan afectarlos directamente.
El derecho fundamental a la consulta
previa de las leyes aprobatorias de tratados internacionales.
9.
En relación con el
requisito de consulta previa a comunidades indígenas y tribales, exigida por el
Convenio 169 de la OIT, esta Corporación ha distinguido dos aspectos: i) para
qué tipo de normas es obligatorio realizar la consulta previa, y ii) en caso de
ser obligatorio, en qué momento debe llevarse a cabo la consulta.[31] Respecto del primer punto, en la sentencia C-030 de 2008[32] la Corte determinó que la consulta previa frente a la adopción de
medidas legislativas, debe realizarse exclusivamente en “aquellas que puedan
afectarlas directamente, siendo uno de los parámetros para identificar las
medidas legislativas susceptibles de consulta, su relación con las materias
reguladas por el Convenio 169 de la OIT”, e igualmente señaló que hay
incidencia directa en las comunidades indígenas y tribales “cuando la ley
altera el status de la persona o comunidad bien sea porque le impone
restricciones o gravámenes, o por el contrario le confiere beneficio”;
criterio que fue igualmente adoptado al efectuar el control de las
disposiciones normativas que se integran al orden interno mediante la
aprobación de tratados internacionales.[33]
10.  En la sentencia C-214 de 2017 la Corte sintetizó las reglas
que deben observarse para definir si una ley aprobatoria de tratado requiere
ser consultada previamente con comunidades indígenas o étnicas: “ (i) las
leyes aprobatorias de tratados deben ser objeto de consulta previa cuando el
texto afecte de forma directa a las comunidades étnicas; (ii) las medidas
legislativas o administrativas que se adopten en el desarrollo del tratado que
involucren directamente a una población étnica, deben someterse al proceso de
consulta antes de que se presente la norma para su aprobación en el Congreso de
la República; y (iii) prima facie no es necesario someter el instrumento
internacional a dicho procedimiento, si éste se refiere a creación de zonas de
libre comercio, sin embargo se debe hacer consulta cuando las medidas que se
tomen en desarrollo del tratado afecten de forma directa a una comunidad étnica”.[34] Del mismo
modo, precisó que existen materias reguladas en tratados internacionales que la
Corte ya ha identificado que deben cumplir con el procedimiento de consulta, “(…)
por ejemplo: la definición o alteración de su territorio, la explotación de
recursos naturales y los temas relacionados con las entidades locales de las
unidades territoriales de dichos pueblos”.[35]
Acorde con estas subreglas jurisprudenciales una
ley aprobatoria de un tratado internacional deberá cumplir con el procedimiento
de consulta con las comunidades indígenas y étnicas cuando su implementación
pueda generar una afectación directa a la vida y costumbres de estos pueblos. Para
el efecto, deben analizarse los contenidos, objetivos y alcance del tratado
para identificar esta eventual afectación.
Análisis sobre la obligatoriedad de la
consulta previa en el asunto de la referencia
11.
La Sala Plena de la
Corte Constitucional considera que en el caso del “Acuerdo entre la Unión
Europea y la República de Colombia por el que se crea un marco para la
participación de la República de Colombia en las Operaciones de Gestión de
Crisis de la Unión Europea”, no era obligatorio adelantar el proceso de
consulta previa por las siguientes razones. En primer lugar, el objeto y fin
del tratado se limita a establecer un marco a través del cual se formulan las
disposiciones generales para que Colombia pueda participar de operaciones de
gestión de crisis adelantadas por la Unión Europea, las cuales tienen lugar por
fuera del territorio colombiano. En segundo lugar, porque el contenido material
del tratado en ningún aspecto involucra a pueblos indígenas o étnicos o sus
costumbres tradicionales.
Trámite de aprobación del proyecto de ley
en el Congreso de la República
12.  La Constitución Política no señaló trámite especial
para las leyes aprobatorias de los tratados internacionales y su incorporación
a la legislación interna, por lo que a éstas les corresponde el trámite
previsto para las leyes ordinarias, contemplado en los artículos 157, 158, 160
y 165 de la Carta Política. Sin embargo, este trámite tiene dos
particularidades, a saber: (i) por tratarse de asuntos relativos a relaciones
internacionales, en virtud de lo previsto en el artículo 154 superior, el
debate debe iniciarse en el Senado de la República, y (ii) una vez ha sido
sancionada la ley por el Presidente, deberá remitirla a la Corte Constitucional
dentro de los 6 días siguientes, para efectos de la revisión de
constitucionalidad, según lo establecido en el numeral 10 del artículo 241
Superior.
13.  De conformidad con la documentación que obra en el
expediente legislativo, se logró establecer que el Proyecto de Ley radicado
bajo los números 153 de 2016 Senado y 137 de 2017 Cámara, agotó
el siguiente trámite en el Congreso de la República:
(A)Trámite en el Senado de la República.
14.       El Proyecto de Ley 153 fue radicado en el
Senado de la República por el Gobierno Nacional, el 04 de octubre de 2016,
a través de los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional. El
texto original con la respectiva exposición de motivos radicados en el Senado,
aparecen publicados en la Gaceta del Congreso No. 839 del 5 de octubre de
2016[36],
cumpliéndose así, con los requisitos referentes a la iniciación de esta clase
de asuntos en el Senado de la República (artículo 154 Constitucional), y la
publicación del proyecto de ley antes de darle curso en la comisión respectiva
(numeral 1° del artículo 157 de la Carta Política).
Advertida la publicación oficial del
proyecto de ley se tiene por cumplido el requisito formal de publicidad
previsto en el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992.
Publicación de la ponencia para primer
debate:
15.
La
ponencia para primer debate fue repartida en la Comisión Segunda del Senado de
la República y presentada en forma favorable por la Senadora designada Paola
Holguín Moreno. La ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 216 del 6 de abril
de 2017 [37]en
cumplimiento del artículo 157 de la Ley 5ª de 1992.
Anuncio y aprobación en primer debate:
16.
El
Proyecto de Ley 153 de 2016 Senado fue anunciado para primer debate en el
Senado de la República el 19 de abril de 2017, tal como consta en el Acta No. 18 de
esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 448 del 07 de junio de 2017 en
los siguientes términos:
(…) Por favor haga los anuncios de los proyectos de
ley.
El Secretario, doctor Diego Alejandro González
González, hace los anuncios de los proyectos de ley.
Por instrucciones del Presidente, me permito leer los
anuncios de proyectos para la próxima sesión de Comisión:
- Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado, “por
medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la Unión Europea y la República de
Colombia por el que se crea un marco para la participación de la República de
Colombia en las Operaciones de Gestión de Crisis de la Unión Europea”, suscrito
en la ciudad de Bogotá, D. C., el 5 de agosto de 2014. Autores: Ministerios de
Relaciones Exteriores y Defensa Nacional. Ponente: honorable Senadora Paola
Andrea Holguín Moreno. Publicaciones: Texto del Proyecto de ley: Gaceta del
Congreso número 839 de 2016. Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso número
216 de 2017.
Le informo, señor Presidente, han sido anunciados los
proyectos de ley para discutir y votar en la próxima sesión.
Se levanta la sesión a las 12:43. Se convoca para el
próximo miércoles siguiente.[38]
17.
El
proyecto fue discutido y aprobado en la sesión del día 02 de mayo de 2017,
según consta en el Acta No. 19 de esta fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 448
del 07 de junio de 2017 conforme al siguiente
texto:
(…) Siendo las 10:30 a. m. del día martes dos (2) de
mayo del año dos mil diecisiete (2017), previa convocatoria hecha por el señor
Secretario de la Comisión Segunda, doctor Diego Alejandro González González se
reunieron los honorables Senadores para sesionar en la Comisión.
(…)
II. Discusión y Votación de Proyectos de ley
anunciados en sesión anterior
(…)
6. Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado, “por medio de la cual se aprueba el
acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia por el que se crea un
marco para la participación de la República de Colombia en las Operaciones de
Gestión de Crisis de la Unión Europea”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C.,
el 5 de agosto de 2014.
Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y
Defensa Nacional.
Ponente: honorable Senadora Paola Andrea Holguín
Moreno.
Publicaciones: Texto del Proyecto de ley: Gaceta del
Congreso número 839 de 2016. Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso número
216 de 2017.
(…)
El señor Presidente, honorable Senador Jaime Enrique
Durán Barrera, informa:
Como se trata de un Tratado, vamos a hacer la
votación nominal, sírvase señor Secretario leer el informe con que termina la
ponencia.
El Secretario, doctor Diego Alejandro González
González, da lectura al informe de ponencia.
Proposición Final
Por las anteriores consideraciones, nos permitimos
solicitar a los honorables Senadores de la República, dar trámite en primer
debate al Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado, “por medio de la cual se
aprueba el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia, por el
que se crea un marco para la participación de la República de Colombia en las
operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea, suscrito en la ciudad de
Bogotá, D. C., el 5 de agosto de 2014”. De los honorables Senadores, Paola
Andrea Holguín Moreno, Senadora ponente. Está leída la proposición, señor
Presidente.
El señor Presidente, honorable Senador Jaime Enrique
Durán Barrera:
Le solicita al Secretario se sirva llamar a lista para
la votación nominal al informe final de ponencia del Proyecto de ley número
153 de 2016 Senado.
El señor Secretario, doctor Diego Alejandro González
González:
Realiza el llamado a lista para la votación nominal al
informe final de ponencia del Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado:
Avirama Avirama Marco Aníbal        Vota Sí
Barón Neira León Rigoberto              Vota Sí
Cepeda Castro Iván
Chamorro Cruz William Jimmy          Vota Sí
Durán Barrera Jaime Enrique          Vota Sí
Galán Pachón Carlos Fernando        Vota Sí
Holguín Moreno Paola Andrea         Vota Sí
Lizcano Arango Óscar Mauricio
Name Cardozo José David
Name Vásquez Iván Leonidas
Osorio Salgado Nidia Marcela           Vota Sí
Vega de Plazas Thania                       Vota Sí
Velasco Chaves Luis Fernando          Vota Sí
El señor Secretario de la Comisión, doctor Diego
Alejandro González González:
Le informo señor Presidente que han votado por el sí
nueve (9) honorables Senadores; por el no, no hubo ningún voto, en
consecuencia, ha sido aprobada la proposición final con que termina el informe
ponencia del Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado
El señor Presidente, honorable Senador Jaime Enrique
Durán Barrera:
Informa a los Senadores: vamos a votar la omisión de
la lectura del articulado y el articulado del Proyecto de ley número 153 de
2016 Senado.
El señor Secretario, doctor Diego Alejandro González
González:
Realiza el llamado a lista para la votación de la
omisión de lectura del articulado y el articulado del Proyecto de ley número
153 de 2016 Senado.
Avirama Avirama Marco Aníbal        Vota Sí
Barón Neira León Rigoberto              Vota Sí
Cepeda Castro Iván
Chamorro Cruz William Jimmy           Vota Sí
Durán Barrera Jaime Enrique            Vota Sí
Galán Pachón Carlos Fernando          Vota Sí
Holguín Moreno Paola Andrea           Vota Sí
Lizcano Arango Óscar Mauricio
Name Cardozo José David
Name Vásquez Iván Leonidas
Osorio Salgado Nidia Marcela           Vota Sí
Vega de Plazas Thania                       Vota Sí
Velasco Chaves Luis Fernando          Vota Sí
Señor Secretario de la Comisión, doctor Diego
Alejandro González González:
Le informo señor Presidente, han votado por el sí
nueve (9) honorables Senadores, por el no ninguno; en consecuencia, ha sido
aprobada la omisión de la lectura del articulado y el articulado del Proyecto
de ley número 153 de 2016 Senado
.
El señor Presidente, honorable Senador Jaime Enrique
Durán Barrera:
Solicita al Secretario, leer el título del proyecto y
votamos el mismo, señor Secretario.
El señor Secretario, doctor Diego Alejandro González
González:
Da lectura al título: Proyecto de ley número 153 de
2016 Senado, “por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la Unión
Europea y la República de Colombia, por el que se crea un marco para la
participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de
crisis de la Unión Europea, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 5 de
agosto de 2014”. Está leído el título del proyecto.
El señor Presidente, honorable Senador Jaime Enrique
Durán Barrera, informa a los Senadores de la Comisión: vamos a votar el título
del Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado, y el querer de la
Comisión para que tenga segundo debate este Tratado.
El señor Secretario, doctor Diego Alejandro González
González:
Realiza el llamado a lista a los Senadores para la
votación del título del Proyecto de ley número 153 de 2016 y el querer de la
Comisión de que tenga segundo debate este Tratado:
Avirama Avirama Marco Aníbal       Vota Sí
Barón Neira León Rigoberto              Vota Sí
Cepeda Castro Iván
Chamorro Cruz William Jimmy         Vota Sí
Durán Barrera Jaime Enrique            Vota Sí
Galán Pachón Carlos Fernando          Vota Sí
Holguín Moreno Paola Andrea           Vota Sí
Lizcano Arango Óscar Mauricio
Name Cardozo José David
Name Vásquez Iván Leonidas
Osorio Salgado Nidia Marcela           Vota Sí
Vega de Plazas Thania                       Vota Sí
Velasco Chaves Luis Fernando          Vota Sí
El señor Secretario de la Comisión, doctor Diego
Alejandro González González:
Le informo señor Presidente que han votado por el sí
nueve (9) honorables Senadores; por el no ninguno, en consecuencia, ha sido
aprobado el título del Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado y el
querer de los honorables Senadores que este proyecto tenga segundo debate.
El señor Presidente, honorable Senador Jaime Enrique
Durán Barrera, informa: Se designa a la Senadora Paola Holguín, como ponente para segundo
debate ante la Plenaria del Senado. Continúe señor Secretario con el siguiente
proyecto del Orden del Día (…)”[39]
Ponencia para segundo debate
18.  La
ponencia positiva para segundo debate al proyecto de ley de la referencia fue
presentada por la Senadora Paola Andrea Holguín  y publicada en la Gaceta
del Congreso No. 294 del 03 de mayo de 2017.[40]
Anuncio y aprobación del proyecto en
segundo debate
19.
El
proyecto de ley fue anunciado para segundo debate en el Senado de la República
el 29 de Agosto
de 2017, como consta en el Acta No. 12 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No.  1172
del 11 de diciembre de 2017. El anuncio se realizó así:
(…)
“Por Secretaría se informa que se ha registrado quórum
deliberatorio.
Siendo las 3:32 p. m., la Presidencia manifiesta:
Ábrase la sesión y proceda el señor Secretario a dar
lectura al Orden del Día, para la presente reunión. Por Secretaría se da
lectura al Orden del Día para la presente sesión.
(…)
III. Lectura de ponencias y consideración
de proyectos en segundo debate
1. Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado,
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la Unión Europea y la
República de Colombia por el que se crea un marco para la participación de la
República de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la Unión
Europea”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 5 de agosto de 2014.
Ponente para Segundo Debate: honorable Senadora, Paola Andrea Holguín Moreno. Publicaciones
Senado: Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso número 839 de 2016
Ponencia para primer debate: publicada en la Gaceta del Congreso número 216 de
2017. Ponencia para segundo debate: publicada en la Gaceta del Congreso número
294 de 2017. Autores: Ministros de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela
Holguín Cuéllar y Defensa Nacional, doctor Luis Carlos Villegas Echeverri.
(…)
Anuncio de proyectos
Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad
con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos
que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión
(…)
- Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado, por medio de la cual se aprueba el
Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia por el que se crea un
marco para la participación de la República de Colombia en las operaciones de
gestión de crisis de la Unión Europea, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C.,
el 5 de agosto de 2014.[41]
20.
De
acuerdo con la certificación expedida por el Secretario General del Senado[42],
el proyecto en mención fue aprobado a través del sistema de
votación nominal, con un total de  votos por el 55 votos por el SI, 06 votos
por el NO, para un total final de 61 votos, tal y como consta en el Acta
No. 13 del 30 de agosto de 2017, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 1022  del 07 de noviembre de 2017. El texto de aprobación es
el siguiente:
(…)
La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a la
proposición con que termina la ponencia.
Por Secretaría se da lectura a la proposición positiva
con que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley número 153 de 2016
Senado.
La Presidencia somete a consideración de la plenaria
la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de
ley número 153 de 2016 Senado y, cerrada su discusión, abre la votación e
indica a la Secretaría abrir el registro electrónico para proceder en forma
nominal.
La Presidencia cierra la votación, e indica a la
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el resultado de la
votación.
Por Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por el Sí: 57
Por el No: 10
TOTAL: 57 Votos
Votación Nominal a la Proposición Positiva con que
termina el Informe de Ponencia del Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado
por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la
Unión Europea y la República de Colombia por el que se crea un Marco para la
Participación de la República de Colombia en las Operaciones de Gestión de
Crisis de la Unión Europea, suscrito en la ciudad de Bogotá, C. D., el 5 de
agosto de 2014.
Honorables Senadores
Por el Sí
Acuña Díaz Laureano Augusto
Amín Escaf Miguel
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Ashton Giraldo Álvaro Antonio
Avirama Avirama Marco Aníbal
Barón Neira León Rigoberto
Bustamante García Éverth
Cabrales Castillo Daniel Alberto
Cabrera Báez Ángel Custodio
Casado de López Arleth Patricia
Castañeda Serrano Orlando
Celis Carrillo Bernabé
Cepeda Sarabia Efraín José
Chamorro Cruz William Jimmy
Correa Borrero Susana
Correa Jiménez Antonio José
Duque Márquez Iván
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Rosero Manuel
Fernández Alcocer Mario Alberto
Galán Pachón Juan Manuel
García Burgos Nora María
García Realce Guillermo
García Romero Teresita
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Géchem Turbay Jorge Eduardo
Gerléin Echeverría Roberto Víctor
Gómez Jiménez Juan Diego
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guerra Sotto Julio Miguel
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
López Hernández Claudia Nayibe
Macías Tovar Ernesto
Martínez Rosales Rosmery
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Mora Jaramillo Manuel Guillermo
Name Cardozo José David
Name Vásquez Iván Leonidas
Navarro Wolff Antonio José
Ortiz Urueña Roberto
Osorio Salgado Nidia Marcela
Paredes Aguirre Myriam Alicia
Pestana Rojas Yamina del Carmen
Ramos Maya Alfredo
Rangel Suárez Alfredo
Restrepo Escobar Juan Carlos
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Serpa Uribe Horacio
Sierra Grajales Luis Emilio
Tovar Rey Nora Stella
Uribe Vélez Álvaro
Vega de Plazas Ruby Thania
Villadiego Sandra Elena.
Honorables Senadores
Por el No
Álvarez Montenegro Javier Tato
Andrade Casamá Luis Évelis
Castilla Salazar Jesús Alberto
Cepeda Castro Iván D
elgado Ruiz Édinson
López Maya Alexánder
Morales Hoyos Viviane Aleyda
Niño Avendaño Segundo Senén
Robledo Castillo Jorge Enrique
Santos Marín Guillermo Antonio.
30. VIII. 2017
En consecuencia, ha sido aprobada la proposición
positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley número
153 de 2016 Senado.
Se abre segundo debate
(…)
La Presidencia somete a consideración de la plenaria
el articulado en bloque del proyecto y, cerrada su discusión, pregunta: ¿Adopta
la plenaria el articulado propuesto?
La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al
título del proyecto. Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de
ley número 153 de 2016 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo
entre la Unión Europea y la República de Colombia por el que se crea un marco
para la participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión
de crisis de la Unión Europea, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 5 de
agosto de 2014.
Leído este, la Presidencia lo somete a consideración
de la plenaria, y cerrada su discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la
Corporación el título leído?
Cumplidos los trámites constitucionales, legales y
reglamentarios, la Presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que
el proyecto de ley aprobado surta su trámite en la Cámara de Representantes?
La Presidencia abre la votación de la omisión de la
lectura del articulado, el articulado en bloque, título y que surta su tránsito
el Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado e indica a la Secretaría
abrir el registro electrónico para proceder en forma nominal.
La Presidencia cierra la votación, e indica a la
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el resultado de la
votación. Por Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por el Sí: 55
Por el No: 06
TOTAL: 61
Votos Votación Nominal a la Omisión de la Lectura el
Articulado, Bloque del Artículo, Título y Tránsito a la otra Cámara del
Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado
(…)
En consecuencia, ha sido aprobada la omisión de la
lectura del articulado, el articulado en bloque, título y que surta su tránsito
a la otra cámara el Proyecto de ley número 153 de 2015 Senado”.[43]
Publicación del texto aprobado
21.
El
texto definitivo aprobado en segundo debate en la Plenaria del Senado fue
publicado en la Gaceta
del Congreso No. 760 del 05 de septiembre de 2017.[44]
(B) Trámite en la Cámara de Representantes
Ponencia para primer debate:
22.
Radicado el proyecto de ley de la referencia en
la Cámara de Representantes con el número 137 de 2017, fue repartido a la
Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes, y se designó
como ponentes a los Representantes Alirio Uribe Muñoz, Vanessa Alexandra
Mendoza y Jaime Armando Yepes Martínez. La ponencia favorable para primer
debate se encuentra publicada en la Gaceta del
Congreso  No. 1006 del 1 de noviembre de 2017.[45]
Anuncio y aprobación en primer debate:
23.
De
conformidad con el texto del Acta No. 20 del 4 de abril de 2018, publicada
en la Gaceta del
Congreso No. 269 del 16 de mayo de 2018  y el Acta Nº 22 del 18 de
abril de 2018, en la Gaceta del Congreso Nº. 271 del 16 de mayo de 2018,
el anuncio de la aprobación del proyecto de ley se realizó en los
siguientes términos:
Hace uso de la palabra el Secretario de la Comisión
Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Si señora Presidenta. Me permito anunciar los
proyectos de ley para la próxima sesión de Comisión donde se sometan a
discusión y votación, dando cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo 01
de 2003.
Proyecto de ley número 156 de 2017 Cámara, 247 de 2017
Senado
Proyecto de ley número 323 de 2017 Cámara, 90 de 2016
Senado
Proyecto de ley número 158 de 2017 Cámara
Proyecto de ley número 137 de 2017 Cámara, 153 de 2016
Senado
Proyecto de ley número 029 de 2017 Cámara
Proyecto de ley número 148 de 2017 Cámara
Proyecto de ley número 175 de 2017 Cámara
Proyecto de ley número 192 de 2017 Cámara
Proyecto de ley número 193 de 2017 Cámara
Han sido anunciados los proyectos de ley señora
Presidenta[46]
25. En efecto, la Comisión Segunda de la Cámara
de Representantes discutió y aprobó el proyecto de ley de la referencia en la
siguiente sesión del 24 de abril de 2018, según consta en el Acta No.
23 de esa fecha, publicada en la Gaceta
del Congreso No. 399 del 8 de junio de 2018, conforme al siguiente texto:
(…)
Hace uso de la palabra el Presidente (e) de la
Comisión Segunda, honorable Representante José Luis Pérez Oyuela:
Una vez negada la proposición de archivo, vamos a
abocar ese punto del Orden del Día, para lo cual, le solicito, señor
Secretario, dar lectura a la proposición con la que termina la ponencia para
primer debate del proyecto de ley. Hace uso de la palabra el Secretario de la Comisión Segunda, doctor Benjamín
Niño Flórez: Sí, señor Presidente. El informe de Ponencia es el siguiente:
Proposición
Por las anteriores, nos permitimos solicitar a los
honorables Representantes a la Cámara, dar trámite en primer debate al Proyecto
de ley número 137 de 2017 Cámara, 153 de 2016 Senado, “por medio de la cual se
aprueba el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia, por el
que se crea un marco para la participación de la República de Colombia en las
operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea, suscrito en la ciudad de
Bogotá, D. C, el 5 de agosto de 2014. Firma el informe de ponencia el doctor
Jaime Armando Yepes Martínez.
Ha sido leído el Informe de Ponencia, señor
Presidente, puede usted someterlo a consideración.
Hace uso de la palabra el Presidente (e) de la
Comisión Segunda, honorable Representante José Luis Pérez Oyuela:
Está en consideración la proposición leída, se abre la
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿La aprueba la Comisión?
Sírvase llamar a lista, señor Secretario, para la votación.
Hace uso de la palabra el Secretario de la Comisión
Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Sí, Presidente. Para votar el Informe de Ponencia,
votando Sí, se aprueba el informe de ponencia, votando No, se niega.
Han votado 10 honorables Representantes, ocho (8) han
votado por el Sí, dos (2) por el No, en consecuencia, ha sido aprobado el
Informe de Ponencia.
Hace uso de la palabra el Presidente (e) de la
Comisión Segunda, honorable Representante José Luis Pérez Oyuela:
Articulado, señor Secretario.
Hace uso de la palabra el Secretario de la Comisión
Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Presidente, consta de 3 artículos y me permito dar
lectura al articulado.
(…)
En consideración los artículos leídos, se abre la
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, sírvase, señor Secretario,
llamar a lista, por favor.
Hace uso de la palabra el Secretario de la
Comisión Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Votando Sí, se aprueba el articulado, votando No, se
niega.
Señor Presidente, han votado 10 Representantes, ocho
(8) han votado por el Sí, dos (2) por el No, en consecuencia, ha sido aprobado
el articulado.
Hace uso de la palabra el Presidente (e) de la
Comisión Segunda, honorable Representante José Luis Pérez Oyuela:
Título y pregunta, señor Secretario.
Hace uso de la palabra el Secretario de la Comisión
Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Sí, Presidente.
(…)
Hace uso de la palabra el Secretario de la Comisión
Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Sí, Presidente. Votando Sí, se aprueba el título y la
pregunta, votando No, se niega.
Presidente, han votado diez (10) honorables
Representantes, ocho (8) han votado por el Sí, dos (2) por el No, en
consecuencia, ha sido aprobado el título y la pregunta del proyecto de ley.
(…)
Queda para segundo debate entonces en la plenaria,
quedan los mismos Representantes como ponentes y estaremos atentos en la
Plenaria para atender este punto del Orden del Día…[47]
26.
De
acuerdo con certificación expedida por la Secretaria General de la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes del 30 de agosto de 2018[48] la
aprobación del informe de ponencia, el articulado, el título del proyecto y el
deseo de que el proyecto pase a segundo de debate y sea ley de la
República  se dio por votación nominal y pública.
Ponencia para la Plenaria de la Cámara de
Representantes:
27.
La ponencia para segundo debate al proyecto de la
ley de la referencia fue publicada en la Gaceta del
Congreso No. 290  del 18 de mayo de 2018, con ponencia favorable de los Representantes a la
Cámara Álirio Uribe Muñoz, Vanessa Alexandra Mendoza y Jaime Armando Yepes
Martínez.
Anuncio y aprobación de la Plenaria:
28.
El
anuncio de votación del proyecto de ley que ordena el Acto Legislativo 01 de
2003 se hizo en la sesión del 20 de junio de 2018, según consta en el Acta de Plenaria No. 296 de
esa fecha y que se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso No. 912 del 29 de octubre de 2018. La
trascripción del anuncio es la siguiente:
(…)
“Se anuncian los siguientes proyectos para la sesión
plenaria extraordinaria del día 21 de junio de 2018 o para la siguiente sesión
plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos.
(…)
Proyecto de ley número 137 de 2017 Cámara, 153 de 2016
Senado, por medio
de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la Unión Europea y la República de
Colombia, por el que se crea un marco para la participación de la República de
Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea”, suscrito
en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital el 5 de agosto de 2014…
(…)
Se levanta la sesión y se ha citado a las 10:30 a. m.
Se levanta la sesión siendo las 7:07 p. m., muy buenas noches y se ha citado
para mañana a partir del 21 de junio a las 10:30 a. m.”[49]
29.  En
efecto, tal como consta en el Acta de Plenaria No. 297 de la
sesión del 21 de junio de 2018, la plenaria de la Cámara de
Representantes aprobó el proyecto de la ley a través de votación nominal y
pública, como consta en la Gaceta del Congreso No. 498 del 5 de julio
de 2018. La Aprobación se realizó de la siguiente manera:
“Proyecto de ley número 137 2017 Cámara, 153 de 2016
Senado, por medio
de la cual se aprueba el acuerdo entre la Unión Europea y la República de
Colombia, por el que se crea un marco para la participación de las República de
Colombia en las operaciones de gestión de crisis en la Unión Europea suscrito
en la ciudad de Bogotá distrito capital el 5 de agosto de 2014, autores
Ministra de Relaciones Exteriores doctora María Ángela Holguín Cuéllar y el
Ministro de Defensa Nacional doctor Luis Carlos Villegas Echeverri, ponentes
honorables Representantes Alirio Uribe Muñoz y Vanessa Alexandra Mendoza
Bustos, publicación del proyecto en la Gaceta del Congreso número 839
del 2016. Publicación ponencia para primer debate Gaceta del Congreso
números 1006 del 2017 y 1064 del 2017, publicación ponencia para segundo debate
Gaceta del Congreso número 290 del 2018, aprobado en Comisión Segunda en
abril 24 del 2018, se anunció en junio 20 del 2018.
(…)
Ha sido aprobado señora Presidenta el informe de
ponencia que busca que se le dé segundo debate a este proyecto.
Este proyecto de acuerdo entre la Unión Europea y la
República de Colombia tiene tres artículos sin ninguna proposición que busque
modificarlo.
(…)Dirección de la Presidencia, Lina María Barrera
Rueda:
En consideración el articulado leído como viene en la
ponencia, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, abra el registro señor
Secretario.
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se abre el registro para votar el articulado de este
convenio, señores pueden votar.
(…)
Se cierra el registro por orden de la Presidencia, la
votación final es como sigue: Por el sí 72 votos electrónicos, 5 manuales para
un total por el sí de 77. Por el no 11 votos electrónicos, ningún manual para
un total por el no de 11.
Ha sido aprobado el articulado de este acuerdo.
(…)
Dirección de la Presidencia, Lina María Barrera Rueda:
Título y pregunta, señor Secretario.
(…)
Se cierra el registro, la votación final es como
sigue: Por el SÍ 72 votos electrónicos, 5 manuales, para un total por el SÍ de
77. Por el NO 10 votos electrónicos, ninguno manual, para un total por el NO de
10. Señora Presidenta, han sido aprobados el título y la pregunta de este
convenio sobre la Unión Europea y la República de Colombia, de este acuerdo”.[50]
Sanción Presidencial y envío a la Corte
Constitucional
30.
El 24 de julio de
2018, el Presidente de la República de Colombia,  sancionó la Ley 1925 de
2018, por medio de la cual se aprueba el instrumento internacional que es
objeto de estudio. Posteriormente, el 27 de julio de 2018, fue remitido
el texto de la ley por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República
a la Corte Constitucional, dando cumplimiento al término de seis días otorgado
por el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución.
CONSTITUCIONALIDAD DEL TRÁMITE DADO A LA
LEY 1925 DE 2018
Luego del recuento anterior, pasa la
Corte a determinar la constitucionalidad del trámite de aprobación de la Ley
1925 de 2018.
Oportunidad en la radicación del proyecto
de ley en el Senado de la República
31.
La Corte observa que
la Aprobación Ejecutiva del Acuerdo fue suscrita por el Presidente de la
República el día 3 de diciembre de 2014. Por otro lado, se verifica que
la radicación del proyecto de ley en el Senado de la República por parte de los
Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, se realizó 4 de
octubre de 2016, según consta en la Gaceta del Congreso No. 837 del 5
de octubre del año en mención.
De esta manera, se dio cumplimiento a los
requisitos referentes a la iniciación de esta clase de asuntos en el Senado de
la República (artículo 154 Constitucional).
Oportunidad de la publicación del
proyecto de ley y cumplimiento de los requisitos del artículo 157 Superior
32.  El artículo 157, numeral 1º de la Constitución
Política establece que ningún proyecto será ley sin “[h]aber sido publicado
oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva”.
Sobre el particular,  esta Corte constata el cumplimiento de este requisito,
pues el proyecto de ley fue publicado el 5 de octubre de 2016 y se
inició el trámite en la Comisión Segunda del Senado el 02 de mayo de 2017.
Además, fue aprobado en primer debate en
las correspondientes comisiones de cada cámara, aprobado en segundo debate en
las plenarias de cada cámara y recibió la debida sanción presidencial.
Cumplimiento del primer inciso del
artículo 160 Superior
33.       Entre el primer y segundo debate en cada
una de las cámaras transcurrió un tiempo no inferior a ocho días, tal como lo
ordena el artículo 160 Constitucional: la aprobación en primer debate en la
Comisión Segunda del Senado tuvo lugar el 2 de mayo de 2017, mientras
que la aprobación en la plenaria ocurrió el 30 de agosto de 2017; del
mismo modo, la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara
ocurrió el 24 de abril de 2018, y el segundo debate tuvo lugar el 21
de junio de 2018.
34.
De otro lado, entre
la aprobación del proyecto en el Senado (30 de agosto de 2017) y la
iniciación del debate en la Cámara de Representantes (24 de abril de 2018)
transcurrió un lapso no inferior a quince días, en cumplimiento del artículo
160 de la Carta Política.
Cumplimiento del quórum decisorio.
35.  El proyecto fue discutido y aprobado en cuatro
debates, en Comisiones y Plenarias de ambas Cámaras, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 157 Superior.
36.  Tratándose de la aprobación del proyecto en cada uno
de los debates adelantados por las mayorías exigidas, la Corte constata que en
las certificaciones remitidas por el Congreso de la República y en las actas y
gacetas, se acredita el cumplimiento de este requisito y se deja consignado que
la votación fue nominal y pública.
Es necesario tener en cuenta que, de
conformidad con el artículo 5º del Acto Legislativo No. 01 de 2009, que reformó
el artículo 133 de la Constitución, en los cuerpos colegiados de elección
directa, el voto de sus miembros “será nominal y público, excepto en los
casos que determine la ley”, de donde se desprende que en el trámite
legislativo la votación nominal y pública es la regla general, que ha sido exceptuada
mediante la Ley 1431 de 2011, “por la cual se establecen las excepciones a
que se refiere el artículo 133 de la Constitución Política”.
Cumplimiento del requisito de anuncio del
artículo 160 constitucional, tal como fue modificado por el artículo 8º del
Acto Legislativo 01 de 2003
37.  En cuanto al cumplimiento del requisito del anuncio de
que trata el artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó el
artículo 160 de la Constitución Política, encuentra la Corte que dicho
requisito también se cumplió.
En efecto, el artículo 8º del Acto
Legislativo 01 de 2003 dispone lo siguiente:
“Ningún proyecto de ley
será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya
anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la
presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual
se realizará la votación.”
Según lo establece la jurisprudencia
pertinente, esta disposición busca evitar la votación sorpresiva de los
proyectos de ley y actos legislativos, en aras de permitir que los congresistas
se enteren de los proyectos que van a ser discutidos y votados en las sesiones
siguientes. Según la Corte, la finalidad del anuncio es la de“permitir a los
Congresistas saber con anterioridad cuales proyectos de ley o informes de
objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el
conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos
con votaciones intempestivas”.
La exigencia del anuncio previo es
entonces de rango constitucional, para afianzar el principio democrático, el
respeto por las minorías parlamentarias, y la publicidad y transparencia del
proceso legislativo.
Ahora bien, del texto de la disposición
constitucional se desprende que el anuncio debe cumplir los siguientes
requisitos:
“a) El anuncio debe estar
presente en la votación de todo proyecto de ley.
b) El anuncio debe darlo
la presidencia de la cámara o de la comisión en una sesión distinta y previa a
aquella en que debe realizarse la votación del proyecto.
c) La fecha de la votación
debe ser cierta, es decir, determinada o, por lo menos, determinable.
d) Un proyecto de ley no
puede votarse en una sesión distinta a aquella para la cual ha sido anunciado”.
38.
En el caso concreto
de la aprobación del proyecto de la Ley 1925 de 2018, esta Corporación
encuentra lo siguiente:
En el curso del proyecto durante su
primer debate en la Comisión Segunda del Senado, el 19 de abril de 2017 (Acta
No. 18, publicada en la Gaceta del Congreso No. 448 del 07 de junio de
2017), se anunció el proyecto de ley para la próxima sesión y
al finalizar la sesión se convocó para el día 02 de mayo de 2017, sesión
en la que efectivamente se llevó a cabo la aprobación (Acta No. 19,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 448 del 07 de junio de 2017).
Igualmente, en el trámite del proyecto en
el segundo debate en la plenaria del Senado, el proyecto se anunció el 29
de agosto de 2017 (Acta No. 12 de esa fecha, publicada en la Gaceta
del Congreso No. 1172 del 11 de diciembre de 2017) para la próxima
sesión y al finalizar la sesión se convocó para el día 30 de agosto de
2017.
En efecto, el proyecto se aprobó en la
fecha anunciada, es decir, en la sesión del 30 de agosto de 2017 (Acta No.
13 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 1022 del
07 de diciembre de 2017).
Por su parte, en cuanto a lo ocurrido en
la Cámara de Representantes, se encontró que el anuncio para primer
debate se realizó los días 04 de abril de 2018 (Acta No. 20 de
esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 269 del 16 de mayo de
2018) y el 18 de abril de 2018 (Acta No. 22, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 271 del 16 de mayo de 2018) para la próxima
sesión, la que se realizó el 24 de abril de 2018, donde se discutió
y aprobó el proyecto (Acta No. 23, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 399 del 08 de junio de 2018).
Finalmente, en el segundo debate en la
Plenaria de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley se anunció el
20 de junio de 2018 (Acta No. 296 de esa fecha, publicada en la Gaceta
del Congreso No. 912 del 29 de octubre de 2018) para el 21 de junio de
2018, fecha en la que el proyecto fue aprobado (Acta No. 297 del 21
de junio de 2018, publicada en la Gaceta del Congreso No. 811 del 04 de
octubre de 2018).
39.  Resalta la Corte que en ninguna de las etapas de
formación de este proyecto se interrumpió la secuencia de anuncios, citaciones
y votaciones. Así, tanto para los Congresistas de la correspondiente cámara
legislativa, como para los ciudadanos interesados en la formación de esta ley,
la fecha en que se haría la votación del proyecto era claramente determinable y
futura, lo cual asegura que los fines de este requisito constitucional se
cumplieron a cabalidad.
Cumplimiento del artículo 162 de la
Constitución.
40.  El artículo 162 de la Constitución Política señala que
“Los proyectos de ley que no hubieren completado su trámite en una
legislatura y que hubieren recibido primer debate en alguna de las Cámaras,
continuarán su curso en la siguiente, en el estado en que se encuentren. Ningún
proyecto de ley podrá ser considerado en más de dos legislaturas”.
(Subrayado fuera de texto)
Observa la Corte que se le dio cabal
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 162 Superior. Lo anterior, se
verifica al observar la fecha en que el proyecto fue radicado en el Senado de
la República y la fecha en que fue aprobado en cuarto debate. Así, el proyecto
fue radicado en el Senado de la República el 04 de octubre de 2016, es
decir, en la legislatura que empezó el 20 de julio de 2016 y que terminó el 20
de junio de 2017. Por su parte, el proyecto fue aprobado por la Plenaria de la
Cámara de Representantes el 21 de junio de 2018, es decir, se dio dentro
del máximo de dos legislaturas.[51]
En consecuencia, colige la Corte
Constitucional que desde el punto de vista formal, la Ley 1925 de 2018 cumplió
el procedimiento legislativo previsto en la Constitución Política de Colombia y
en la Ley 5 de 1992.
Concluido el análisis formal del
procedimiento de aprobación del proyecto de la ley de la referencia, procede la
Corte a realizar el estudio material del Acuerdo objeto de revisión.
ANÁLISIS
MATERIAL DEL ACUERDO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA POR EL
QUE SE CREA UN MARCO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA EN LAS
OPERACIONES DE GESTIÓN DE CRISIS DE LA UNIÓN EUROPEA
Principios
constitucionales rectores de las relaciones internacionales
41.
Los artículos 9, 226 y 227 de la Constitución Política
establecen los principios generales en los que deben sustentarse las relaciones
internacionales del Estado en el ámbito, económico, social, político y
ecológico. Se consagran los siguientes, (i) la soberanía nacional, el respeto a
la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios
del derecho internacional aceptados por Colombia (artículo 9), (ii) la
equidad, la reciprocidad y la conveniencia nacional (artículo 226) y (iii) la
igualdad y reciprocidad en los asuntos de integración con las demás naciones
(artículo 227).
42.
En
la sentencia C-269 de 2014[52], la Corte consideró que la
cláusula establecida en el artículo 9º relativa a “los principios del
derecho internacional aceptados por Colombia” debe ser interpretada acorde
con los siguientes criterios: “(i) determinar que el principio sea, en
efecto, un principio de derecho internacional, (ii) establecer si ha sido
aceptado por el Estado colombiano y (iii) definir si el principio invocado o
considerado, tal y como es establecido en el derecho internacional, resulta
compatible con las disposiciones de la Carta. En segundo lugar, la
determinación de aquellos que son principios en el sentido del artículo 9° de
la Carta debe hacerse cuidadosamente en cada oportunidad en que pretenda ser
invocado, sin que sea posible aceptar una lista definitiva y exhaustiva de
tales principios en la medida en que ellos pueden complementarse, restringirse
o eliminarse de acuerdo con el consenso de la sociedad internacional y con el
hecho de encontrarse o no aceptados por el Estado colombiano. En tercer lugar,
los principios del derecho internacional no tienen, en todos los casos, un
significado unívoco ni un contenido totalmente preciso. Ese significado puede
estar impactado no solo en virtud de disposiciones previstas en el derecho
internacional sino también en atención a lo que dispone la propia Constitución”.[53]
43.
En la sentencia C-214 de 2017[54]
en la cual se declaró exequible el “Acuerdo Marco entre Naciones
Unidas y la República de Colombia relativo a Contribuciones al Sistema de
Acuerdos de Fuerzas de Reserva de Naciones Unidas para Operaciones de
Mantenimiento de la Paz”, la Sala Plena estableció que la Carta de las Naciones
Unidas fue ratificada por Colombia el 5 de noviembre de 1945,[55] lo que
permite concluir que aceptó el compromiso de dar cumplimiento a los principios
del derecho internacional consagrados en ella. En palabras de la Sala Plena:
“Colombia ratificó la Carta de
Naciones Unidas el 5 de noviembre de 1945, lo que implica que reconoció el
compromiso a nivel internacional de todos los Estados de promover y respetar
los derechos humanos como garantía de la paz. || En este sentido, se evidencia
que el mantenimiento de la paz es un deber de Colombia a nivel internacional,
por lo que se debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones
internacionales que ha asumido el Estado. En consecuencia, es necesario
analizar los criterios y objetivos que orientan sus relaciones
internacionales”.[56]
44.  De tal
forma, la jurisprudencia ha sostenido que la frase los principios de derecho
internacional aceptados por Colombia (artículo 9º CP) hace referencia, al
menos, a los consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Con fundamento
en lo anterior, y teniéndose presente que en la sentencia C-214 de 2017 se
estaba analizando la constitucionalidad de una ley que aprobó un acuerdo que permite
la contribución de Colombia en operaciones de mantenimiento de paz con un
organismo internacional, la Sala identificó los siguientes principios relevantes:
(a) el
arreglo pacífico de controversias y de la prohibición del uso de la fuerza, (b)
el principio de soberanía nacional, (c) el principio de no intervención, (d) el
principio pacta sunt servanda, (e) la paz como derecho fundamental y fin
primordial del Estado y (d) el principio de reciprocidad en el régimen de
inmunidades.
La Sala considera de suma relevancia el precedente
establecido en la sentencia C-214 de 2017, en razón a que la materia del
tratado objeto de revisión en aquella providencia se concentró en la
contribución de la República de Colombia en operaciones de mantenimiento de paz
adelantadas por la ONU. De manera que se trata de un tema relacionado con el
acuerdo marco que se estudia en esta oportunidad, dado que es un tratado que se
firma con una organización internacional y que las operaciones de gestión de
crisis adelantadas por la Unión Europea tienen una naturaleza similar a las
adelantadas por la ONU, como se explicará más adelante. Con base en ello, para
el análisis de las disposiciones concretas del acuerdo marco entre Colombia y
la Unión Europea se tendrán en cuentas las consideraciones y contenidos de
aquellos principios decantados en la sentencia C-214 de 2017.
45.  Como se expuso, los
principios constitucionales que dirigen las relaciones internacionales de
Colombia deben ser aquellos dispuestos en la Constitución, pero además pueden interpretarse
con aquellos aceptados por Colombia en la Carta de las Naciones Unidas. Este
mismo instrumento internacional, en su artículo 103, establece que las
obligaciones asumidas en este tratado prevalecen sobre cualquier otra
obligación contraída en otro tratado que le sea contraria u opuesta. Con base
en lo anterior, un acuerdo marco entre Colombia y la Unión Europea para la
participación de aquel Estado en las operaciones de gestión de crisis debe ser
analizado acorde con los contenidos de los principios internacionales y
constitucionales antes señalados.
El Consejo de Seguridad, las operaciones
de mantenimiento de la paz y la prohibición de uso de la fuerza en la Carta de
las Naciones Unidas
46.       Colombia a través de la Ley 13 del 24 de octubre de 1945 ratificó la
Carta de las Naciones Unidas. En ella se establecen los principios del derecho
internacional mayoritariamente aceptados por los Estados, a saber: (i) igualdad
soberana, (ii) la resolución pacífica de controversias, (ii) abstenerse de
recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, (iii) la libre autodeterminación
de los pueblos, (iv) la no intervención en asuntos internos y (v) el respeto
por los derechos humanos.[57]
47.       Uno de los propósitos principales de la
Naciones Unidas es “Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con
tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a
la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y
lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia
y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones
internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz”.
48.       El Consejo de Seguridad es parte de la
estructura orgánica de la Organización de las Naciones Unidas. Los capítulos V,
VI, VII y VIII de la Carta de las Naciones Unidas consagran sus competencias y
establecen las medidas que puede adoptar para cumplir su “responsabilidad
primordial”: el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, tal
como lo dispone el artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas. De tal
forma, en caso de que se genere una controversia o conflicto entre los Estados,
éstos deben comprometerse a buscar medios pacíficos (la negociación, la
investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo
judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales), para resolver el conflicto.
La labor del Consejo de Seguridad en estos asuntos es la de propender e instar
a las partes a llegar a una solución pacífica (capítulo VI).
Sin embargo, ante situaciones de amenaza
o quebrantamiento de la paz o actos de agresión, el Consejo de Seguridad debe
actuar acorde con lo consagrado en el Capítulo VII de la Carta, el cual señala
que las decisiones que emita este órgano son imperativas para las partes
involucradas. Al amparo de estas disposiciones (arts. 39-51), el Consejo de
Seguridad está autorizado para valerse de todas las medidas necesarias y
adecuadas para asegurar la paz y la seguridad internacionales, incluso si éstas
implican el uso de la fuerza. Dentro de las medidas “blandas” que puede imponer
se encuentran sanciones tales como embargos, “la interrupción total o parcial
de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas,
aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de
comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas” (art. 41). Si
aquellas medidas no funcionan, y se constata la existencia inminente de la
amenaza a la paz y la seguridad, el Consejo de Seguridad puede proceder a
autorizar el uso de la fuerza militar a través de sus Estados miembros o con el
apoyo de organizaciones internacionales (como la OTAN, la Unión Europea o la
OEA).[58]
Finalmente, conforme al capítulo VIII de
la Carta de las Naciones Unidas denominado “Acuerdos regionales”, el Consejo de
Seguridad puede desconcentrar el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales en organizaciones regionales, tales como la OTAN y la Unión
Europea. Se dispone que pueden existir acuerdos regionales dirigidos a atender “asuntos
relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y
susceptibles de acción regional, siempre que dichos acuerdos u organismos, y
sus actividades, sean compatibles con los Propósitos y Principios de las
Naciones Unidas” (art. 52). De igual forma establece que estos acuerdos
regionales no puede aplicar medidas coercitivas “sin autorización del
Consejo de Seguridad” y que “Se deberá mantener en todo tiempo al
Consejo de Seguridad plenamente informado de las actividades emprendidas o
proyectadas de conformidad con acuerdos regionales o por organismos regionales
con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales”.
49.  Las anteriores disposiciones son el fundamento legal
internacional de las operaciones de mantenimiento de paz de Naciones Unidas.
Cada operación de esta naturaleza tiene un mandato específico que obedece a las
condiciones y contexto del conflicto. Las funciones asignadas
por el Consejo de Seguridad son esencialmente militares y normalmente consisten
en: “(i) observación, monitoreo y reporte de las situaciones a través de
estaciones o patrullas o sobrevuelos militares, siempre que se tenga el
consentimiento de las partes; (ii) supervisión del cese al fuego y (iii) creación
de zonas de separación”.[59] De esa manera la doctrina ha
afirmado que generalmente las operaciones de mantenimiento de paz de las
Naciones Unidas comparten las siguientes características: (a) están compuestas
de personal militar proveniente de los Estados miembros de las Naciones Unidas
el cual es ubicado, con el consentimiento del Estado receptor, en el territorio
o área de conflicto; (b) se encuentran bajo autorización y supervisión del
Consejo de Seguridad o de la Asamblea General; (c) no tienen poder para ejercer
coerción militar, salvo por razones de legítima defensa; (d) su actuación es
imparcial y neutral y (e) están financiadas por el fondo regular de la ONU.[60]
Actualmente las operaciones de
mantenimiento de paz tienen un carácter multidimensional, toda vez que no solo
se concentran en la movilización de personal militar, sino también de
naturaleza civil y policial, y atienden diferentes etapas del conflicto o de la
situación concreta. Pueden enmarcarse en situaciones de tensión política
(elecciones), prevención de conflictos, situaciones de construcción de paz,
posconflicto, supervisión de acuerdos de paz (rehabilitación), protección de
civiles y excombatientes, restablecimiento del Estado de derecho, entre otros.[61]
50.       Como puede verse las operaciones de
mantenimiento de paz son la principal herramienta con la que cuenta el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas para cumplir con su misión principal de
mantener la paz y la seguridad internacionales. Estas acciones deben propender
por fortalecer y empoderar a las diferentes autoridades del Estado anfitrión.
Ahora bien, junto al Consejo de Seguridad y bajo su supervisión, organismos
regionales pueden cumplir con el mandato de mantenimiento de la paz a través de
diferentes acciones, sin embargo, cualquiera que se implemente deberá observar
los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Un ejemplo de esta
cooperación entre organizaciones internacionales son las operaciones de gestión
de crisis adelantadas por la Unión Europea.
Las
operaciones de gestión de crisis en el marco de la Unión Europea
51.       La Unión Europea es una comunidad
política y económica conformada por 28 países miembros del continente.[62] Surgió
luego de la Segunda Guerra Mundial cuando los Estados tenían el interés
principal de realizar de manera conjunta acuerdos comerciales y económicos que
desarrollaran una cooperación e interdependencia económica. Resultado de esta unión
se creó en 1958 la Comunidad Económica Europea (CEE), inicialmente con 6 países
(Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Italia y Países Bajos).[63] El
objetivo principal era generar un mercado único con facilidad de intercambio y
crecimiento económico. Sin embargo, con el paso del tiempo la organización
empezó a ocuparse de temas sociales, políticos y de seguridad que eran
relevantes para los países, tales como migración, medio ambiente, desarrollo
sostenible, salud, justicia, entre otros. Así, en el año 1993 se cambió el
nombre de Comunidad Económica Europea (CEE) a Unión Europea (UE).
52.       El Tratado de Maastricht es el
instrumento constitutivo de este organismo regional,[64] el cual
consagra como objetivos principales (i) “promover la paz, sus valores y el
bienestar de sus ciudadanos”, (ii) “ofrecer libertad, seguridad y justicia sin
fronteras interiores”, (iii) “favorecer
un desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico equilibrado y en la
estabilidad de los precios, una economía de mercado altamente competitiva con
pleno empleo y progreso social, y la protección del medio ambiente”, (iv)
“combatir la exclusión social y la discriminación”, (v) “promover el progreso
científico y tecnológico”, (vi) “reforzar la cohesión económica, social y
territorial y la solidaridad entre los Estados miembros”, (vii) “respetar la
riqueza de su diversidad cultural y lingüística” y (viii) “establecer una unión
económica y monetaria con el euro como moneda”.[65]
Sus valores son la dignidad humana, la democracia, los derechos humanos, la
libertad, la igualdad y el Estado de Derecho. Con fundamento en estos objetivos
y valores, la Unión Europea ha avanzado en la consolidación de una moneda
común, la supresión de controles fronterizos para los ciudadanos de los Estados
miembros, medida que permite viajar libremente en todo el territorio y el
fortalecimiento de un comercio común de servicios, personas y capital.
53.       Cabe señalar que el Tratado de Maastricht reconoció la
necesidad de una “política exterior y de seguridad común” a cargo del
Consejo Europeo (conformado por los jefes de Estado y de Gobierno de los
Estados miembros de la UE) y el Consejo de la Unión Europea (conformado por
representantes de rango ministerial), la cual se concentra en la defensa de los
valores comunes, el fortalecimiento de la seguridad de los Estados miembros, “el
mantenimiento de la paz y el fortalecimiento de la seguridad internacional, de
conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas (…)”, el
fortalecimiento de la cooperación internacional y el desarrollo y la
consolidación de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los
derechos humanos.[66]
54.       Posteriormente, con la creación de la
política de seguridad común[67]
y la entrada en vigencia del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009,
mediante el cual se reformó la estructura y funcionamiento de la Unión Europea
y se reforzó su política exterior, se estableció la “Política Común de
Seguridad y Defensa” (PCSD). Aquel instrumento internacional, entre otras
modificaciones, creó el cargo del Alto Representante para Asuntos Exteriores,
quien preside el Consejo de Asuntos
Exteriores y dirige la Política Exterior y de Seguridad Común, garantizando la
coherencia y la coordinación de la acción exterior de la UE.[68]
Al Alto Representante lo asiste un organismo interinstitucional especializado
que es el Servicio Europeo
de Acción Exterior (SEAE). Estos órganos al interior de la Unión Europea
reforzaron su capacidad institucional para actuar como un sujeto de derecho
internacional en temas de importancia global como la seguridad internacional y
el cambio climático.[69]
55.       En relación concreta a la Política
Exterior y de Seguridad Común, el Tratado de Lisboa consigna una declaración
sobre la relación de esta política regional con la comunidad internacional: “Pone de relieve que la Unión Europea y
sus Estados miembros seguirán vinculados por las disposiciones de la Carta de
las Naciones Unidas y, en particular, por la responsabilidad primordial del
Consejo de Seguridad y de sus Estados miembros de mantener la paz y la
seguridad internacionales”.[70]
56.       Pues bien, en el marco normativo e
institucional descrito se desprende la existencia y ejecución de las
operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea. Específicamente el
fundamento normativo surge del artículo 42, apartado 1 y en el artículo 43,
apartado 1 del Tratado de Maastricht, los cuales consagran:[71]
«1. La
política común de seguridad y defensa forma parte integrante de la política
exterior y de seguridad común. Ofrecerá a la Unión una capacidad operativa
basada en medios civiles y militares. La Unión podrá recurrir a dichos medios
en misiones fuera de la Unión que tengan por objetivo garantizar el
mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la
seguridad internacional, conforme a los principios de la Carta de las Naciones
Unidas. La ejecución de estas tareas se apoyará en las capacidades
proporcionadas por los Estados miembros.»
« Artículo 28
B. 1. Las misiones contempladas en el apartado 1 del artículo 28 A, en las que
la Unión podrá recurrir a medios civiles y militares, abarcarán las actuaciones
conjuntas en materia de desarme, las misiones humanitarias y de rescate, las
misiones de asesoramiento y asistencia en cuestiones militares, las misiones de
prevención de conflictos y de mantenimiento de la paz, las misiones en las
que intervengan fuerzas de combate para la gestión de crisis, incluidas las
misiones de restablecimiento de la paz y las operaciones de estabilización al
término de los conflictos. Todas estas misiones podrán contribuir a la
lucha contra el terrorismo, entre otras cosas mediante el apoyo prestado a
terceros países para combatirlo en su territorio. » (subrayado fuera de texto
original)
57.       Con base en estas normas, según la Política
Común de Seguridad y Defensa en el marco de la Unión Europea, la gestión de
crisis implica la construcción de capacidades para proteger a los países
europeos y contribuir a la seguridad global a través de diferentes misiones y
operaciones de naturaleza civil y militar.[72]
Con el trabajo conjunto de diferentes aliados, con el consentimiento del Estado
receptor y bajo el mandato de la Carta de las Naciones Unidas, la Unión Europea
despliega distintas operaciones que se pueden traducir en el control de las
fronteras, el envío de expertos en actividades judiciales y de policía, el
desmantelamiento de canales de tráfico de personas, desarme y asesoramiento en
actividades militares, entre otros.[73]
Todas estas actividades se encuentra encaminadas a cumplir con los objetivos
específicos del tratado de la Unión Europea (Maastricht): (a) el mantenimiento
de la paz, (ii) la prevención de conflictos y (c) el fortalecimiento de la seguridad
internacional.[74]
58.       La Unión Europea puede participar en
todos los ciclos de la gestión de crisis, “desde las estrategias de
prevención hasta la rehabilitación y la reconstrucción después de la crisis.”[75] Existen
las operaciones civiles y militares de gestión de crisis. Ambas se diferencian,
como su nombre lo indica, por la naturaleza del personal que participa en ellas
y las labores a realizar en el territorio receptor. Como bien lo explicaron los
conceptos allegados a la Corte por la delegación de la Unión Europea, el
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa, las operaciones
civiles se concentran en el ámbito policial (asesoramiento, asistencia y
formación a las fuerzas policiales), el fortalecimiento del Estado de Derecho y
Administración Civil (sistema judicial y penitenciario del país receptor) y
protección civil (tareas humanitarias de apoyo con personal policial del estado
receptor). Mientras que, las operaciones militares implican el despliegue de
fuerzas militares armadas para realizar actividades de interceptación de
tráfico ilegal de humanos y armas, actividades de vigilancia y entrenamiento de
otras fuerzas armadas y la contribución de ambientes seguros. El despliegue de
componentes militares o civiles compete al Consejo de la Unión Europea
(artículos 38, 42, apartado 1 y el artículo 43 apartado 1 del Tratado de la
Unión Europea).
59.       En este punto cabe aclarar que toda
operación de gestión de crisis de naturaleza militar que implique el uso de la
fuerza deberá realizarse en estricto apego a los principios de la Carta de las
Naciones Unidas y el amparo del Consejo de Seguridad.[76] En efecto,
la División Jurídica del Servicio Europeo de Acción Exterior de Bruselas afirmó
que de acuerdo con el derecho internacional, incluyendo la Carta de las
Naciones Unidas, el uso de la fuerza en el marco de una operación o misión
desplegada por la Política Común de Seguridad y Defensa solo será procedente
(a) acorde con el permiso o autorización del gobierno receptor/anfitrión, (b) de
conformidad con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
(capítulo VII de la Carta) o (c) que sea permitida bajo el amparo del derecho
internacional. Adicionalmente precisó que las operaciones civiles y militares
de gestión de crisis adelantadas por la Unión Europea son de naturaleza
imparcial e independiente, así como lo son también las operaciones de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.[77]
60.       Desde el año 2003 la Unión Europea ha
proyectado alrededor de 30 misiones internacionales bajo el amparo de las
Naciones Unidas para el manejo de crisis en Europa y otras partes del mundo,
entre ellas, Bosnia, Kosovo, Georgia, Mali, Libia, Congo, Somalia y África
Occidental.[78]
En principio, la Unión Europea destina su propio personal militar, civil y
policial, no obstante ha celebrado acuerdos marco de participación con otras
naciones que comparten el interés por la prevención de conflictos y el
fortalecimiento de la seguridad internacional. Actualmente la Unión Europea adelanta
10 operaciones civiles de gestión de crisis y 6 operaciones militares de
gestión de crisis (a octubre de 2017).[79]
Operaciones
civiles de gestión de crisis en curso:[80]
NOMBRE DE LA MISIÓN
OBJETIVO
FECHA
RESOLUCIONES
EUBAN Rafah (Territorios ocupados de Palestina)
Proveer asistencia de un tercero en el punto de
cruce del Rafah en los mandatos fronterizos entre Gaza y Egipto para
monitorear, verificar y evaluar el desempeño de la policía fronteriza y los
servicios de aduana de la autoridad palestina en el RCP
25 de noviembre del 2005 – 30 junio 2019
Resoluciones
242 (1967),
338 (1973),
446 (1979),
478 (1980),
497 (1981),
1322 (2000),
1559 (2004),
2334 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas
EUPOL COPPS
Contribuir al establecimiento de sistemas policiales
sostenibles, efectivos y de justicias penales más amplias bajo la propiedad
de los palestinos.
1 de enero de 2006 – 30 de junio de 2019
Resoluciones
242 (1967),
338 (1973),
446 (1979),
478 (1980),
497 (1981),
1322 (2000),
1559 (2004),
2334 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas
EUAM IRAK
Se enfoca en asistir a las autoridades iraquíes en
la implementación de los aspectos civiles de la estrategia de seguridad
iraquí
Resolución nº 1441 (2002), del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas
EUAM UCRANIA
Apoyar a lograr una reforma sostenible del sector de
la seguridad civil mediante el asesoramiento estratégico y práctico de
medidas basadas en las normas de la UE y los principios internacionales de
buena gobernanza y derechos humanos.
22 de julio de 2014 – 31 de mayo de 2019
EUAM LIBIA
Asistir el proceso de planificación integral de la
reforma del sector de seguridad civil (SSR).
Julio 2012 - 30 de septiembre del 2020
Resolución nº 2259 (2015), del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas
EUCAP SAHEL Nigeria
Mejorar las capacidades de las Fuerzas de Seguridad
Nigerianas para combatir el terrorismo y el crimen organizado, así como
controlar los flujos migratorios irregulares de manera efectiva y coordinada,
con miras a contribuir a mejorar la estabilidad política, la seguridad, la
gobernanza y la cohesión social.
15 julio 2015 – 30 de septiembre 2020
EUCAP SAHEL Mali
Apoyar la reestructuración de las fuerzas de
seguridad internas de Malí con miras a ayudar a las autoridades a implementar
la Reforma del Sector de Seguridad (SSR) mediante una combinación de
actividades de capacitación y la provisión de asesoramiento estratégico.
15 enero 2015 – 14 junio 2021
EULEX KOSOVO
Apoyar a las instituciones a través de actividades
de monitoreo y funciones ejecutivas limitadas, con el objetivo de transferir
las tareas pendientes a otros instrumentos a largo plazo de la UE y eliminar
gradualmente las funciones de los ejecutivos residuales.
4 febrero 2008 – 14 de junio 2020
Resolución 1244 (1999), del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas.
EUMM GEORGIA
Contribuir a la estabilización, normalización,
confianza, construcción e informar a la Unión Europea Para el apoyo de una
solución política duradera para Georgia.
15 septiembre 2008 – 14 diciembre 2020
EUCAP SOMALIA
Fortalecer la capacidad de seguridad marítima de los
países receptores para  gobernar efectivamente sus aguas territoriales y
garantizar la seguridad marítima
1 julio 2012 – 31 diciembre 2020
Resolución 2125 (2013), del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas.
Operaciones
militares de gestión de crisis:[81]
NOMBRE DE LA MISIÓN
OBJETIVO
FECHA
Europea Fuerza Althea
Apoya los esfuerzos de Bosnia y Herzegovina para
mantener un entorno seguro y protegido. Actualmente, también lleva a cabo el
desarrollo de capacidades y entrenamiento de las fuerzas armadas.
Septiembre de 2012 – noviembre 2019
Resoluciones 2348 (2017), del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas
EUNAVFOR MED Sophia
Contribuye a mejorar la seguridad marítima en el Mediterráneo
central y apoya el retorno de la estabilidad y la seguridad  en Libia.
Realiza actividades como la interrupción de la trata de personas,
implementación del embargo de armas, recolección de información relacionada
con actividades ilegales, entre otras
Julio 2017 – 31 marzo 2019
Resoluciones 2292 (2016) y 2357 (2017), del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.
EU NAVFOR ATALANTA
Proteger a los buques y embarcaciones vulnerables
del Programa Mundial de Alimentos (PMA) que entregan ayuda alimentaria a las
personas desplazadas en Somalia; disuadir, prevenir y reprimir actos de
piratería y robo a mano armada en la costa somalí; apoyar a otras misiones,
instituciones e instrumentos de la UE y contribuir al monitoreo de las
actividades pesqueras frente a las costas de Somalia.
8 Diciembre  2008 – Diciembre 2020
Resoluciones 1814 (2008),
1816 (2008),
Y 1838 (2008), del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas
EU Misión de Entrenamiento, Somalia (EUTM Somalia)
Contribuir a la capacitación, orientación y
asesoramiento de las fuerzas del Ejército Nacional Somalí.
1 enero 2019 – 31 diciembre 2020
Resolución 1872 (2009), del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas
EU Misión de Entrenamiento (EUTM MALI)
Entrenamiento y asesoría a las fuerzas Armadas Somalíes
para mejorar su capacidad militar para restaurar la integridad territorial
del país.
18 febrero 2013 – mayo 2020
Resolución 2085 (2012), del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas
EUTM RCA (Misión de entrenamiento Militar)
Contribuir al restablecimiento de la estabilidad y
apoyar el Proceso de transición política en la República Centroafricana.
16 julio 2016 – 19 septiembre 2020
Se rige bajo la Resolución 2122 (2013), del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas
61.  En vista de la información expuesta, es necesario
señalar que las operaciones de gestión de crisis que adelanta la Unión Europea
son un mecanismo específico dentro del contexto amplio del mandato de la Carta
de Naciones Unidas sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales. Es decir, están relacionadas con la categoría general de las
operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas. Puede afirmarse que
ambas figuras responden a crisis sociopolíticas concretas, tienen por objeto la
prevención de conflictos, el mantenimiento de la paz, la construcción o
rehabilitación de situaciones de conflicto y posconflicto, misiones
humanitarias, entre otros. Estas operaciones comparten naturaleza, alcance y
funciones, con la diferencia de que las operaciones de gestión de crisis son
implementadas por organizaciones regionales y las operaciones de mantenimiento
de paz son acciones propias de las Naciones Unidas.[82]
Adicionalmente las primeras tienen un sustento legal propio que es el Tratado
de la Unión Europea, mientras que las segundas no lo tienen.[83]
El Acuerdo
entre la Unión Europea y la República de Colombia “por el que se crea un
Marco para la Participación de la República de Colombia en las Operaciones de
Gestión de Crisis de la Unión Europea”, es una forma de cooperación del Estado
colombiano con la Unión Europea en el marco de las operaciones civiles y
militares de gestión de crisis.  Por lo anterior, teniendo en cuenta los
conceptos y contextos de estas operaciones, la Corte ahora procederá a analizar
el Acuerdo marco y establecerá si cumple con los estándares constitucionales.
(A) La finalidad y el alcance del Acuerdo
objeto de revisión
62.       Con la Política Común de Seguridad y
Defensa, la Unión Europea fortaleció su rol como actor internacional para
adelantar operaciones de mantenimiento de paz, y con ello, inició una serie de
acuerdos marco con otros Estados y con la ONU, para adelantar operaciones de
gestión de crisis.
63.       El Acuerdo Marco con Colombia se sustenta
en el interés común de las partes (Unión Europea y República de Colombia) de
contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Del mismo
modo, obedece a la implementación de la estrategia de cooperación internacional
de la República de Colombia en materia de defensa y seguridad y a la
consolidación de la participación de las fuerzas armadas en escenarios
internacionales, así como, contribuir a su capacitación, prestigio y
profesionalismo. Así, se establece que la participación de las fuerzas armadas
colombianas en estas operaciones contribuye al fortalecimiento de sus
capacidades y a la construcción de lazos para desarrollar de manera conjunta
los esfuerzos de seguridad y estabilidad internacional.
64.       Por su parte, las operaciones de la Unión
Europea contarán con la participación de Colombia, país que cuenta con una
amplia experiencia en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la
delincuencia transnacional.
65.       El objetivo principal del Acuerdo es el
de establecer unas condiciones generales para la futura participación de
Colombia en operaciones militares y civiles de gestión de crisis con la Unión
Europea, “con el fin de promover, desarrollar y fortalecer los intereses
mutuos de paz y seguridad mundial”.[84]
En la exposición de motivos de la ley aprobatoria del tratado se resalta lo
siguiente sobre el contenido y alcance del Acuerdo:
·
El Estado colombiano
tiene la capacidad y autonomía para decidir si participa o no en una operación
de gestión de crisis de acuerdo con la correspondiente invitación. El
Ministerio de Defensa es la autoridad competente para evaluar la invitación y
realizar la propuesta de participación según la operación.
·
El tratado regula los
aspectos generales del despliegue de personal militar y civil en las diferentes
misiones que comanda la Unión Europea. Establece condiciones del personal de
cada misión, la cadena de mando, el manejo de la información clasificada,
aspectos financieros y administrativos propios de la misión.
·
El despliegue
efectivo de personal en las operaciones de gestión de crisis serán acordados
mediante arreglos posteriores de implementación, “que constituyen acuerdos
simplificados que el gobierno podrá suscribir para garantizar la implementación
del Acuerdo Marco”. Estos deberán ser firmados por el Presidente de la
República y el Ministro de Relaciones Exteriores o la persona a quien se le
hayan otorgado los respectivos plenos poderes.
·
La República de
Colombia mantiene la jurisdicción penal, civil y disciplinaria del personal
enviado a la operación.
·
El personal enviado
goza de los mismos privilegios e inmunidades que el resto del personal europeo
que participa en la operación respectiva.
(B)
Disposiciones
específicas del Acuerdo
entre la Unión Europea y la República de Colombia “por el que se crea un Marco
para la Participación de la República de Colombia en las Operaciones de Gestión
de Crisis de la Unión Europea”
66.
El Tratado tiene cuatro (4) secciones: (I)
Disposiciones generales (decisiones relativas a la participación, marco,
status del personal y de las fuerzas de la República de Colombia, información
clasificada), (II) Disposiciones sobre la participación en operaciones
civiles de gestión de crisis de la UE (personal enviado, cadena de mando,
financiación, contribución al presupuesto de funcionamiento), (III)
Disposiciones sobre participación en operaciones militares de gestión de crisis
de la UE (participación en una operación militar de gestión de crisis de la
UE, cadena de mando, financiación, contribución a los costes comunes) y (IV)
Disposiciones finales (aplicación del Acuerdo, autoridades competentes,
incumplimiento, resolución de litigios, entrada en vigor, vigencia y denuncia
del Acuerdo).  Además cuenta con dos declaraciones unilaterales en las que
tanto Colombia como la Unión Europea se comprometen a renunciar a cualquier
reclamación.
La
Sala procederá hacer el análisis del tratado por cada una de las secciones
mencionadas. Las secciones sobre las operaciones civiles y militares (II y III)
se analizan de manera conjunta.
Sección
I. Disposiciones generales.
67.       Los artículos 1 y 2 consagran las
decisiones relativas a la participación de la República de Colombia en una
operación de gestión de crisis de la Unión Europea y el marco de la operación,
respectivamente. Se establece que la participación de Colombia en una operación
definida por el Consejo de Europa debe cumplir con las siguientes etapas: (a)
la existencia de una invitación de la Unión Europa, la cual deber ser (b)
comunicada a la autoridad colombiana competente, (c) quien evaluará la
invitación y formulará una propuesta de contribución. Para el efecto, se
establece que la Unión Europea facilitará una primera indicación de la
contribución posible a los costes comunes de la operación con el objeto de
ayudar a la República de Colombia a formular su propuesta de participación. Por
su parte, la Unión Europea analizará la propuesta presentada en conjunto con
Colombia y comunicará por escrito el resultado de la evaluación y su decisión.
Se señala que la oferta de la República de Colombia constituirá la base para la
aplicación del Acuerdo a cada operación concreta de gestión de crisis.
Finalmente se consagra que Colombia podrá retirarse total o parcialmente y en
cualquier momento, por iniciativa propia o a petición de la Unión, y previa
consulta entre las Partes, de la participación en una operación de gestión de
crisis de la Unión Europea.
Por su parte, el artículo 2 dispone que
Colombia se asociará a la decisión del Consejo de la Unión Europea de realizar
o prorrogar una operación de gestión de crisis de conformidad con las
disposiciones del Acuerdo marco y los acuerdos de implementación que resulten
necesarios, sin perjuicio de la autonomía de la Unión.
68.       En relación con los contenidos de los
artículos 1 y 2 del Tratado, la Sala encuentra que se encuentran ajustados a la
Constitución Política en la medida en que garantizan los principios de
soberanía nacional y la libre autodeterminación de los pueblos. Como puede
verse las disposiciones establecen el proceso a través del cual se definirá la
participación de Colombia en una operación de gestión de crisis adelantada por
la Unión Europea. Ésta depende de la decisión del Consejo de la Unión Europea,
una invitación al gobierno colombiano, la propuesta de contribución y
participación de Colombia y la subsecuente aceptación de parte de la Unión
Europea.
Como lo ha señalado la jurisprudencia
constitucional, la soberanía nacional está relacionada con el consentimiento
libre y la autonomía de las naciones de tomar sus propias decisiones a nivel
interno y en el marco de las relaciones internacionales. Lo anterior implica
que estas decisiones deben estar sustentadas y armonizarse con los principios
del orden constitucional, el Estado Social de Derecho y las relaciones
internacionales. En la sentencia C-249 de 2004[85]
la Corte estableció que  “[e]l proceso evolutivo del principio de
soberanía de las naciones en el concierto internacional debe entenderse ligado
a la inalienable y permanente autonomía de los pueblos para darse su propio
ordenamiento jurídico interno, para disponer y resolver sobre sus propios
asuntos y, en general, para actuar libremente en todo aquello que no altere o
lesione los legítimos derechos e intereses de otros Estados”.[86]
Como puede verse, el tratado respeta la
soberanía nacional en la medida en que permite al gobierno colombiano aceptar o
no la participación en una determinada operación de gestión de crisis, así
como, la forma como podrá hacerlo. Estas disposiciones reconocen la autonomía y
libre consentimiento del Estado colombiano para participar o contribuir en las
operaciones de gestión de crisis en las que sea invitado.
69.  El artículo 3 consagra el estatus del personal
y de las fuerzas de la República de Colombia en las operaciones de gestión de
crisis. En su numeral primero se establece que el personal será enviado en
comisión de servicios y se regirá por el acuerdo pertinente sobre el estatus de
las fuerzas o de la misión, en caso de haberse celebrado tal acuerdo, o por
cualquier otro régimen acordado entre la Unión y el Estado o los Estados en los
que se realice la operación.
El numeral segundo señala que el estatus
del personal adscrito al cuartel general o a los elementos de mando que se
hallen fuera del Estado o de los Estados en los que se realice la operación de
gestión de crisis de la Unión Europea se regirá por acuerdos entre el cuartel
general y los elementos de mando interesados y las autoridades competentes de
la República de Colombia.
El numeral tercero consagra que Colombia
ejercerá jurisdicción sobre su personal, salvo en los casos en los que las
operaciones se efectúen en una nave o aeronave de otro Estado miembro de la
Unión Europea, lo cual se encuentra supeditado a cualquier acuerdo bilateral o
multilateral vigente o futuro, con arreglo a sus propias disposiciones legales,
reglamentarias y del derecho internacional.
El cuarto numeral, dispone que la
República de Colombia debe atender las reclamaciones derivadas de su
participación en las operaciones que presenten miembros del personal colombiano
o que los afecten y que le corresponden las acciones legales o disciplinarias
contra cualquier miembro de su personal en concordancia con su legislación
interna.
El quinto numeral consagra que las Partes
acuerdan renunciar a toda reclamación, salvo que sea contractual, contra la
otra Parte por daños, pérdidas o destrucción de material perteneciente a cada
Parte o utilizado por ella, o por lesiones o muerte de su personal, que
resulten del ejercicio de sus funciones oficiales relacionadas con las
actividades del Acuerdo marco, salvo en casos de negligencia grave o conducta
dolosa. De conformidad con lo anterior, los numerales sexto y séptimo
establecen que la República de Colombia y la Unión Europea se comprometen a
formular una declaración respecto a la renuncia de presentar reclamaciones. Estas
declaraciones unilaterales son anexos del Acuerdo marco de participación.
70.       El artículo 4 dispone que la
República de Colombia adoptará las medidas necesarias para garantizar la
protección de la información clasificada que conozca en el marco del Acuerdo y
que pertenezca a la Unión Europea. Del mismo modo, consagra que cuando las
partes hayan celebrado un acuerdo sobre los procedimientos de seguridad para el
intercambio de información clasificada, dicho acuerdo será de aplicación en el
contexto de una operación de gestión de crisis de la Unión Europea.
Constitucionalidad de los artículos 3 y 4
del Acuerdo: el principio de reciprocidad
71.       Cabe recordar que el principio de reciprocidad en las relaciones
internacionales representa un comportamiento mutuo en la interacción política
entre los sujetos de la comunidad internacional. Los distintos entes que
participan en las relaciones internacionales en los diferentes ámbitos de
interacción actúan de buena fe y con el objetivo de favorecerse a cambio del
beneficio de otros. El concepto de reciprocidad en las relaciones
internacionales exige una correspondencia en el comportamiento de la política
exterior y se encuentra relacionado con el término de cooperación entre los
Estados.[87]
La Corte Constitucional ha analizado el principio de
reciprocidad en la revisión de tratados que regulan materias principalmente
comerciales e inversiones,[88]
exenciones tributarias,[89]
turismo,[90]
permisos de residencia, trabajo y educación de nacionales de países vecinos,[91] régimen de
privilegios e inmunidades[92]
y protección al medio ambiente,[93]
entre otros. La jurisprudencia ha establecido que la reciprocidad “no implica un trato
igualitario entre los estados que son parte en un tratado, ni conduce
necesariamente a la identidad en las cláusulas que se deban aplicar a uno y
otro, sino lo que interesa es el contexto general del Convenio, en donde a
partir de la respectiva negociación, cada Estado asuma obligaciones que
resultan de la dinámica propia de la negociación que se muestran como
equivalentes o que estabilizan las ventajas que pueda tener una de las partes”.[94]
De esa forma, para definir si un tratado observa la reciprocidad, es necesario
valorar e interpretar de manera conjunta e integral, sus disposiciones en
armonía con los consensos alcanzados en la negociación.[95]
72.
Las relaciones entre Colombia y la
Unión Europea y los beneficios que recibe Colombia de ellas se traducen en
innumerables tratados de derecho internacional que cubren varias materias.[96]
Adicionalmente, como se estableció antes, el Acuerdo marco de participación de
Colombia en operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea es parte de
una estrategia fortalecimiento, formación, capacitación y mejora de las fuerzas
armadas colombianas en escenarios internacionales. De igual manera, se trata de
un Acuerdo que desarrolla y apoya la Política Común de Seguridad y Defensa de
la Unión Europea.
73.  Pues bien, en relación con los contenidos de los
artículos 3 y 4 del Acuerdo, la Sala estima que son acordes con los contenidos
constitucionales. En efecto, el artículo 3, en el cual se regula todo lo
concerniente a la naturaleza del personal militar y civil que participará, la
responsabilidad de la República de Colombia sobre este personal y la renuncia a
cualquier reclamación entre las partes, se encuentra conforme al principio de reciprocidad
de las relaciones internacionales, en la medida en que establece un tratamiento
equitativo entre Colombia y la Unión Europea.
74.  El artículo 3º del Acuerdo marco de
participación de Colombia en operaciones de gestión de crisis de la Unión
Europea es acorde con el principio de reciprocidad por al menos dos razones. La
primera porque reconoce un régimen de inmunidades y privilegios para el
personal que va a participar en la operación de gestión de crisis respectiva, a
través de un “acuerdo sobre el estatus de las fuerzas o de la misión”. Como
lo reconoció la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-214 de 2017, “en aplicación del principio de reciprocidad en las
relaciones internacionales, es lógico sostener que si la Corte avala el régimen
de privilegios e inmunidades para extranjeros que ingresan a Colombia, es
válido admitir que tales privilegios también son aplicables a los colombianos
en el exterior”.[97]
En lo relativo a las inmunidades del personal que participa
en las operaciones de gestión de crisis adelantadas por la Unión Europea, le
son aplicables las mismas reglas de las operaciones de mantenimiento de paz de
las Naciones Unidas. Generalmente el modelo que se sigue es el establecido por
los acuerdos SOFA (“status of forces agreements”) y SOMA (“status of
mission agreement”), en los cuales se reconoce que el personal participante
en la misión goza de prerrogativas e inmunidades conforme a la Resolución
A/45/594 proferida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 octubre
de 1990.[98]
En todo caso, cada acuerdo deberá ser previamente acordado
por el Estado anfitrión donde se va a desplegar el personal civil o militar. En
ese orden de ideas, cuando el artículo 3 hace referencia al “acuerdo
pertinente sobre el estatus de las fuerzas o de la misión” (numeral 1 y 3),
se refiere a esta clase de modelos en los que se establece un régimen de
prerrogativas e inmunidades para el personal de la misión participante. Acorde
con esta disposición, el personal colombiano que participe de la misión u operación
estará sujeto a la misma regulación o acuerdo dispuesto y en las mismas
condiciones que el personal nacional de los Estados miembros de la Unión
Europea. Por tanto, existe reciprocidad.
La segunda
razón, se concreta en las declaraciones mutuas (República de Colombia y Unión
Europea) de renunciar a reclamaciones por daños, pérdidas o destrucción del
material perteneciente a cada Parte o utilizado por ella, o por lesiones o
muerte de su personal, que resulten del ejercicio de sus funciones oficiales
relacionadas con la operación. Estas declaraciones unilaterales son parte del
Acuerdo y se encuentran adjuntas al tratado.
75.  Con base en lo anterior, el Acuerdo
está suscrito sobre bases de equidad y reciprocidad, pues no consagra
privilegios ni posiciones dominantes a favor de ninguna de las Partes
signatarias.
76.  Por su parte, el artículo 4º del Acuerdo regula el
tratamiento que debe dársele a la información clasificada de la Unión Europea en
el marco de las operaciones de gestión de crisis en las que Colombia participe.
La Sala no encuentra ningún reproche constitucional sobre el contenido de esta
norma, pues se trata de una norma operativa sobre el manejo y la seguridad de
la información de esta clase de misiones a nivel internacional. Además se
encuentra sujeto a la celebración de un acuerdo entre las Partes sobre los
procedimientos de seguridad para el intercambio de información clasificada. De
manera que al momento de suscribirse aquel acuerdo, el plenipotenciario que
represente los intereses del Estado deberá sujetarse tanto a la normativa interna que regula los temas de
reserva y acceso a la información, como a los pronunciamientos que sobre la
misma haya producido esta Corporación.
Sección II. Disposiciones sobre la participación en
operaciones civiles de gestión de crisis de la UE y Sección III. Disposiciones
sobre participación en operaciones militares de gestión de crisis de la UE
77.  Como fue descrito en las consideraciones de esta
providencia, las operaciones de gestión de crisis pueden ser civiles o
militares de acuerdo a su naturaleza y autorización del Consejo de la Unión
Europea y a la Política común de seguridad y defensa de esta organización. Del
mismo modo, cualquier operación que implique actividades de coerción militar o
uso de la fuerza deberá estar amparada por el Consejo de Seguridad a la luz de
los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Precisamente, el Acuerdo que
se estudia en esta ocasión, establece en su preámbulo (numeral 2) el interés
común de la República de Colombia y la Unión Europea de contribuir al
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales “basándose en los
principios de la Carta de las Naciones Unidas”.
Acorde con lo anterior, lo
dispuesto en las secciones II (arts. 5, 6, 7 y 8) y III (arts. 9, 10, 11, 12)
del Acuerdo marco regulan todo lo concerniente a la participación del personal
civil y militar, la cadena de mando, la financiación y la contribución al
presupuesto y costos comunes de la operación.
Disposiciones sobre la
participación en operaciones civiles de gestión de crisis de la UE
78.       Los artículos 5 y 6 del Acuerdo consagran las
condiciones básicas para cumplir con la participación de personal civil en las
operaciones civiles de gestión de crisis de la UE. Señala el deber del Estado
colombiano de velar porque el personal se desempeñe en el marco de la operación
y con el conocimiento pleno de las actividades, las cuales pueden ser
detalladas a través de acuerdos de implementación. Se dispone que el personal
será sujeto a una evaluación médica y vacunado cuando así lo requiera y se
emitirá un certificado de aptitud. En relación con la cadena de mando, se
contempla que el personal seguirá las órdenes de sus autoridades nacionales,
quienes transferirán el mando al Comandante de la operación en el plano
estratégico y el Jefe de la Misión asumirá el mando y control en la escena de
las operaciones y la gestión cotidiana, junto con la autoridad nacional. Al
respecto, se establece que se nombrará un punto de contacto del contingente
nacional quien responderá ante el Jefe de la Misión. Igualmente se consagra que
la República de Colombia tendrá los mismos derechos y obligaciones en la
gestión cotidiana de la operación que los Estados miembros de la Unión Europea
que participen en la operación.
79.       Por su parte, los artículos 7 y 8 regulan todo
lo ateniente a la financiación del personal y a las contribuciones de la
República de Colombia y costos comunes de la operación civil. Se dispone que
Colombia asumirá la totalidad de los costos ligados a la participación en una
operación civil de gestión de crisis de la Unión Europea, salvo en lo que se
refiere a los costos de financiamiento de acuerdo al presupuesto operativo de
la operación. Se consagra que cualquier situación que pueda generar
responsabilidades o indemnizaciones a cargo de la República de Colombia se
regirá por las condiciones estipuladas en el acuerdo aplicable sobre el
estatuto de la misión de acuerdo con el artículo 3º de este mismo Acuerdo. La
contribución al presupuesto de funcionamiento será estipulado en la propuesta
que presente el gobierno de Colombia al momento de la invitación de
participación en la operación y se dispone una fórmula para realizar esta
contribución financiera.
Disposiciones sobre
participación en operaciones militares de gestión de crisis de la UE
80.  Los artículos 9 y 10 consagran lo relativo a la
participación de personal colombiano en operaciones de naturaleza militar. Los
contenidos son los mismos que se describieron en los artículos anteriores de
las operaciones civiles, pero se cambian algunos conceptos.
Se establece que Colombia
velará porque las fuerzas y el personal con que contribuya a una operación
militar de gestión de crisis de la UE desempeñen su misión de conformidad con
la decisión del Consejo de la Unión Europea que autoriza la operación, el plan
específico y los acuerdos de implementación. El personal participante debe
hacerlo conforme al interés de la operación militar y Colombia debe informar al
Comandante de la Operación de cualquier cambio en la participación. En lo
referente a la cadena de mando se consagra que el personal seguirá al mando de
las autoridades nacionales, a quienes les corresponde transferir el control
operativo al Comandante de la Operación. Dispone que Colombia tendrá los mismos
derechos y obligaciones en la gestión ordinaria de la operación que los Estados
de la UE que participen en ella. Del mismo modo, se consagra que la República
de Colombia nombrará un Alto Representante Militar (ARM), que representará a su
contingente nacional en la operación militar de gestión de crisis de la UE. El
ARM deberá consultar con el Comandante de la Fuerza de la UE todas las
cuestiones relacionadas con la operación y será el responsable de la disciplina
diaria del contingente de la República de Colombia.
81.  Los artículos 11 y 12 del Acuerdo establecen la
financiación y la contribución de los costos comunes de la operación. Se
consagra que Colombia asumirá la totalidad de los costos ligados a la
participación de la operación, salvo que los costos sean objeto de la financiación
común de la operación. Igualmente se señala que cualquier situación que pueda
generar responsabilidades o indemnizaciones a cargo de la República de Colombia
se regirá por las condiciones estipuladas en el acuerdo aplicable sobre el
estatuto de las fuerzas de acuerdo con el artículo 3º de este mismo Acuerdo. La
contribución de Colombia dependerá de la propuesta que se haya presentado desde
un comienzo, y en todo caso, bajo la fórmula establecida en el artículo 12. No
obstante, se dispone que se eximirá a Colombia de las contribuciones
financieras a los costos comunes, cuando se determine que se está efectuando
una contribución significativa a dicha operación.
82.  Con el fin de analizar la constitucionalidad de estos
artículos es necesario hacer mención a los siguientes asuntos: (i) el alcance
de algunos principios constitucionales, concretamente, el de no intervención, la solución
pacífica de controversias (no uso de la fuerza) y
el derecho a la paz como un fin primordial del Estado; (ii) la función de la
fuerza pública en el ordenamiento constitucional y (iii) la procedencia de
acuerdos de implementación o de procedimiento simplificado. Para el efecto, la
Sala reiterará, en gran parte, las consideraciones esbozadas en la sentencia
C-214 de 2017.
Principio de no intervención
83.       La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
reconocido el principio de no intervención del derecho internacional como parte
del contenido del artículo 9 constitucional. En la sentencia C-187 de 1996[99]
la Corte lo definió como “el respeto a la soberanía de los Estados, esto es, la prohibición de
injerir en los asuntos internos de otros, mediante hechos o actos destinados a
lograr objetivos de diversa índole (económicos, políticos, sociales, etc.)”.[100] En igual sentido, la Corte ha señalado
que “la obligación de la comunidad internacional de no intervenir
en los asuntos de los otros Estados se genera con fundamento en el derecho
indivisible, absoluto, inalienable, indelegable, permanente e incondicional de
los pueblos a su soberanía. En este sentido, cada Estado puede definir con
absoluta libertad su ordenamiento constitucional y legal”.[101]
La solución pacífica de
controversias y de la proscripción de la guerra
84.       Colombia como Estado parte de la Carta de las Naciones
Unidas, así como de otros tratados internacionales que tienen como fin último
el mantenimiento de la paz,[102]
debe propender porque sus decisiones en el ámbito internacional estén
encaminadas a prevenir la agresión y la fuerza contra otros miembros de la
comunidad internacionales. De esa forma, acorde con el artículo 9º de la
Constitución, debe existir una prevalencia por la solución pacífica de
controversias dado que este es uno de los principios de derecho internacional
aceptados por Colombia.[103]
Este asunto es importante en el Acuerdo que se revisa, en la medida en que las
operaciones de gestión de  crisis tienen el objetivo de mantener la paz y la
seguridad internacional, y en ese orden, sus fines son, entre otros, la
prevención de conflictos, misiones humanitarias, operaciones de posconflicto,
como el desarme y el fortalecimiento de la paz.
Derecho a la paz como un fin
primordial del Estado
85.       De acuerdo al artículo 22 de la Constitución Política
la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Este precepto es
armónico con el objetivo primordial de la Carta de las Naciones Unidas de
mantener la paz y la seguridad internacionales. La Corte en la sentencia T-102
de 1993 afirmó que “La convivencia pacífica es un fin
básico del Estado y ha de ser el móvil último de las fuerzas del orden
constitucional. La paz es, además, presupuesto del proceso democrático, libre y
abierto, y condición necesaria para el goce efectivo de los derechos
fundamentales. Si en todo momento es deber fundamental del Estado garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, defender la Independencia Nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden
jurídico, el cumplimiento de ese deber resulta de insoslayable urgencia en
circunstancias de grave perturbación del orden público, como las actuales”.[104]
Lo anterior indica que la
búsqueda y mantenimiento de la paz es un fin primordial para el Estado
colombiano y hace parte de los cimientos de la democracia constitucional. La
Corte Constitucional ha reconocido que la paz constituye:“(i) uno de los
propósitos fundamentales del Derecho Internacional; (ii) un fin fundamental de
Estado colombiano; (iii) un derecho colectivo en cabeza de la Humanidad, dentro
de la tercera generación de derechos; (iv) un derecho subjetivo de cada uno de
los seres humanos individualmente considerados; y (v), un deber jurídico de
cada uno de los ciudadanos colombianos, a quienes les corresponde propender a
su logro y mantenimiento”.[105]
86.       Estos contenidos sobre el alcance del derecho a la paz consagrado en la
Carta Política son relevantes para el Acuerdo marco que se estudia en esta
oportunidad, pues el objetivo principal de las operaciones de gestión de crisis
de la Unión Europea atienen primordialmente al mantenimiento de la paz conforme
a los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.
La función de la fuerza pública en el
ordenamiento constitucional
87.
De acuerdo con el artículo 216 de la
Constitución Política, la fuerza pública está integrada por las fuerzas
militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y la Policía Nacional. Por su
parte, el artículo 217 establece que el fin primordial de las fuerzas militares
es “la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del
territorio nacional y el orden constitucional”. El artículo 218 consagra
que la Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil y tiene como
objetivo principal “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el
ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los
habitantes de Colombia convivan en paz”.
En
la sentencia C-214 de 2017 se reiteró la jurisprudencia constitucional que ha
permitido el envío de tropas nacionales a territorio extranjero por
considerarlo constitucional. Al respecto se estableció que se trata de una
colaboración o cooperación del Estado colombiano con otros sujetos de derecho
internacional que lo necesiten. Afirmó lo siguiente:
“resulta obvio afirmar,
que cuando el Gobierno decida enviar tropas a un Estado que está sufriendo una
agresión armada, no es necesario declarar el estado de guerra exterior en
Colombia, pues las hostilidades militares, además de realizarse en territorios
ajenos al nuestro, no atentan contra la independencia, seguridad, estabilidad o
soberanía colombiana, y por consiguiente no se dan las circunstancias que
permiten hacer uso de ese mecanismo excepcional, se trata simplemente de una
labor de apoyo y solidaridad con el país al que se le presta la ayuda. [cita
tomada de la sentencia C-179 de 1994]
La Sala reitera que no
existe ningún reproche de constitucionalidad respecto del envío de miembros de
la Fuerza Pública a otros países. No obstante, se debe recalcar que las
actuaciones que realice el Estado colombiano en el desarrollo de sus relaciones
internacionales deben respetar los principios de derecho internacional
reconocidos por Colombia, tales como la proscripción de la guerra, la solución
pacífica de controversias, la soberanía nacional, la no intervención y el pacta
sunt servanda”.
En síntesis, la función
constitucional de la fuerza pública también se encuentra sujeta a los
principios de derecho internacional aceptados por Colombia. La participación de
su personal en territorio extranjero no es contrario a la Constitución siempre
y cuando se actúe dentro de los parámetros de la Carta de las Naciones Unidas.
El Acuerdo que se estudia en esta ocasión permite que personal de la fuerza
pública se despliegue en territorio extranjero con el objeto de cumplir con el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
La procedencia de acuerdos de
implementación o de procedimiento simplificado
88.  La jurisprudencia constitucional, con base en los
artículos 12 y 13 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales, ha permitido la celebración de acuerdos simplificados de
acuerdo con los siguientes criterios:[106]
(a)  el acuerdo simplificado o complementario que se suscriba debe ser parte de
un tratado marco que fue sometido al trámite completo de aprobación ante el
Congreso, (b) no puede modificarse el contenido o adicionarse nuevas o
diferentes obligaciones a las establecidas en el tratado marco y (c) deben enmarcarse
en los propósitos y objetivos del tratado marco. De manera que por esta vía, el
gobierno nacional no puede comprometer la responsabilidad internacional del
Estado en aquello que el Congreso de la República no ha aprobado en el trámite
legislativo constitucional. Solo con el cumplimiento de estas condiciones un acuerdo
simplificado o complementario tendrá validez en el ordenamiento interno.
Constitucionalidad de
las Secciones II y III del Acuerdo
89.       La Sala Plena considera que las disposiciones
descritas no desconocen principios constitucionales, toda vez que (i) permiten
a las autoridades colombianas definir el alcance de su participación y
contribución en la operación, sea civil o militar, a través de la propuesta que
dé contestación a la invitación de la Unión Europea; (ii) se mantiene la
jurisdicción sobre el personal enviado a la operación; (iii) los derechos y
obligaciones de la República de  Colombia son los mismos que para los demás
Estados participantes; (iv) los acuerdos de implementación deben estar sujetos
a la aprobación de la autoridad nacional competente y la financiación y
contribución financiera depende de la propuesta del gobierno de Colombia en
cada caso. De tal forma, estas disposiciones son acordes con los principios de
soberanía nacional y autonomía.
90.       Del mismo modo, estos contenidos, como lo establece el
preámbulo del Acuerdo deben interpretarse a la luz de la Carta de las Naciones
Unidas. En ese medida, deben velar por el principio de no intervención y la
solución pacífica de controversias (no uso de la fuerza), y en caso de
presentarse una operación militar de gestión de crisis que implique la
coerción, debe encontrarse bajo el amparo del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, como fue explicado antes en esta providencia. Cabe
precisar que las operaciones se desarrollan dentro del marco de un acuerdo
celebrado previamente por la UE y por el Estado anfitrión, de manera que no se
desconoce el principio de no intervención.
91.       Se observa el principio de reciprocidad en estas disposiciones en
la medida en que se consagra que la República de Colombia deberá asumir los
costos de la participación del personal, pero los costos del financiamiento de
la operación son asumidos en su totalidad por la Unión Europea. Del mismo modo,
se consagra que Colombia tiene los mismos derechos y obligaciones en las
gestión cotidiana de la operación que los Estados miembros de la Unión Europea
que participen en ella.
92.       Finalmente, la Sala considera que la
posibilidad de suscribir acuerdos de implementación del acuerdo marco de
participación no es inconstitucional siempre y cuando estos acuerdos sean el
desarrollo de un tratado marco previamente aprobado por el Congreso de la
República con todo el trámite legislativo constitucional y no contemplen nuevas
obligaciones o modifiquen los contenidos del tratado marco.
93.       Se observa que los artículos 5
(participación en operaciones civiles de gestión de crisis) y 9 (participación
en operaciones militares de gestión de crisis) del Acuerdo contemplan la
posibilidad de suscribir acuerdos de implementación del acuerdo marco. En
principio la Sala considera que estas disposiciones son constitucionales, pues
se establece el asunto que debe regular estos acuerdos, el cual se concreta en
la manera de participación del personal colombiano en la operación específica.
Cabe recordar que lo anterior supone la existencia de una invitación previa de
la Unión Europea y de una aceptación y propuesta de participación del Estado
colombiano, las cuales no podrán asumir más obligaciones que las establecidas en
el tratado marco.
Sección IV. Disposiciones finales.
94.
El artículo 13 dispone que sin
perjuicio de cualquier acuerdo sobre el pago de las contribuciones de la
República de Colombia al presupuesto de funcionamiento o a los costes comunes
entre las autoridades competentes, todo acuerdo de orden técnico o
administrativo que se considere necesario para la implementación del Acuerdo
marco deberá ser acordado entre las autoridades competentes de las Partes.
95.
El artículo 14 establece
que la autoridad competente de la República de Colombia será el Ministerio de
Defensa.
96.
El artículo 15 consagra que
en caso de incumplimiento de las obligaciones del tratado por cualquiera de las
partes, la otra parte tendrá derecho a poner término del Acuerdo.
97.
El artículo 16 reconoce que
cualquier controversia que se origine por la interpretación del Acuerdo debe
ser resuelta por cauces diplomáticos entre las Partes.
98.
El artículo 17 establece la
entrada en vigor, la vigencia y la denuncia del Acuerdo.
Además
cuenta con dos declaraciones unilaterales en las que tanto Colombia como la
Unión Europea se comprometen a renunciar a cualquier reclamación.
Constitucionalidad de
la Sección IV del Acuerdo
99.  La Sala Plena considera que los artículos ubicados en
la Sección IV del tratado están acordes con las disposiciones constitucionales
por las siguientes razones. El artículo 13 nuevamente hace referencia a la
posibilidad de realizar acuerdos de implementación con el fin de definir con
mayor detalle asuntos técnicos o administrativo de la participación de Colombia,
los cuales, como ya se mencionó antes, no pueden incluir o modificar las
obligaciones del tratado marco y deben limitarse a sus contenidos. De lo
contrario, deberán agotar con todo el trámite legislativo contemplado en la Constitución.
100.      El artículo 14 es acorde a lo establecido en la
Constitución por ser el Ministerio de Defensa la entidad a la que bajo la
dirección del Presidente de la Republica (numeral 3º, artículo 189 CP) le
corresponde dirigir y orientar a la fuerza pública y formular las políticas
atenientes a la seguridad y defensa nacional. Dentro de sus áreas misionales se
encuentra la cooperación internacional, a través de la cual fortalece el sector
defensa en la política exterior del Estado colombiano. Cabe advertir, que esta
autoridad estatal deberá analizar con especial cautela las invitaciones a
participar de las operaciones de gestión de crisis, con miras a definir una
participación acorde con los principios constitucionales expuestos en esta
providencia.
101.      Los artículos 15, 16 y 17 del Acuerdo
regulan asuntos propios de un tratado internacional, como lo son la terminación
en caso de incumplimiento por cualquiera de las partes, las vías diplomáticas
para resolver cualquier conflicto de interpretación del tratado (lo cual
atiende al principio de la solución pacífica de controversias) y la entrada en
vigor, vigencia y denuncia del instrumento internacional. Esto último es
respetuoso con los trámites constitucionales, en tanto reconoce los
procedimientos esenciales internos que deben agotarse para su entrada en vigor
y corresponde a cláusulas de la Convención de Viena sobre el Derechos de los
Tratados de 1969.
Síntesis de la decisión
En lo referente al aspecto
formal, la Corte encontró que el Estado colombiano estuvo válidamente
representado durante el proceso de negociación y suscripción del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de
Colombia por el que se crea un marco para la participación de la República de
Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea y se
observaron estrictamente las reglas constitucionales del trámite legislativo
que precedieron a la aprobación de la ley objeto de estudio.
En lo relacionado al
estudio material, la Corte estableció que las operaciones de gestión de crisis
de la Unión Europea tienen por objeto el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacional a través operaciones o misiones que implican el despliegue de
personal civil o militar con el consentimiento del Estado anfitrión. Estas
operaciones, amparadas en los principios de la Carta de las Naciones Unidas,
pueden consistir en misiones
humanitarias y de rescate, misiones de mantenimiento de la paz y misiones en
las que intervienen fuerzas de combate para la gestión de crisis, incluidas las
misiones de restablecimiento de la paz. El
Acuerdo que se analiza establece unas condiciones generales para permitir que
Colombia participe en las operaciones de gestión de crisis adelantadas por la
Unión Europea con el objeto de consolidar y fortalecer las fuerzas armadas en
el escenario internacional y cooperar con el mantenimiento de la paz mundial. Acorde
con ello, las disposiciones del tratado se ajustan a los mandatos
constitucionales relativos a la soberanía nacional, la reciprocidad, la no
intervención en asuntos internos, la solución pacífica de controversias, la
prohibición del uso de la fuerza y la paz como un fin primordial del Estado.
Específicamente, en relación con el principio de
reciprocidad, la Sala Plena estimó que
los compromisos que asumía el Estado colombiano se justificaban en los
beneficios que reporta de éste y de otros tratados previamente celebrados con
la Unión Europea. En el mismo sentido, el
Acuerdo marco de
participación de Colombia en operaciones de gestión de crisis de la Unión
Europea es parte de una estrategia fortalecimiento, formación, capacitación y
mejora de las fuerzas armadas colombianas en escenarios internacionales. De
igual manera, se trata de un Acuerdo que desarrolla y apoya la Política Común
de Seguridad y Defensa de la Unión Europea. La Sala estimó que las cláusulas
del tratado que regulan, por ejemplo, todo lo concerniente a la naturaleza del
personal militar y civil que participará en las operaciones, la responsabilidad
de la República de Colombia sobre este personal y la renuncia a cualquier
reclamación entre las partes y el régimen de prerrogativas e inmunidades para
el personal de la misión participante, son reflejo de un trato recíproco y
equilibrado entre las partes.
Así
las cosas, la Sala Plena de la Corte Constitucional concluye que tanto el Acuerdo entre la
Unión Europea y la República de Colombia por el que se crea un marco para la
participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de
crisis de la Unión Europea, como su ley aprobatoria, la
Ley 1925 de 2018, son plenamente respetuosos de las disposiciones
constitucionales colombianas.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional de Colombia, en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO: Declarar
EXEQUIBLE el “Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia por el que se crea
un marco para la participación de la República de Colombia en las operaciones
de gestión de crisis de la Unión Europea” suscrito
en la ciudad de Bogotá D.C., el 5 de agosto de 2014.
SEGUNDO: Declarar
EXEQUIBLE la Ley
1925 de 2018 “Por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la Unión
Europea y Colombia, por el que se crea un marco para la participación de este
último en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea”.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
En comisión
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con aclaración de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Ausente con excusa
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
DIANA FAJARDO RIVERA A LA SENTENCIA C-440
DE 2019
1.
Acompaño la Sentencia
C-440 de 2019 que revisó la Ley 1925 de 2018 “Por medio de la cual se
aprueba el acuerdo entre la Unión Europea y Colombia, por el que se crea un
marco para la participación de este último en las operaciones de gestión de
crisis de la Unión Europea (UE)”. Comparto la decisión en el entendido de que -como explica el fallo-
estas operaciones tienen por objeto el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacional, y en todo momento deben estar cobijadas por los principios que
inspiraron la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)[107]. Solo así la
intervención civil y/o militar de Colombia en el escenario internacional
adquiere legitimidad y se alinea con el espíritu de la Constitución de 1991,
pensada precisamente como un tratado de paz[108].
2.
Pero el camino hacia la
paz y un orden global justo está lejos de ser un asunto pacífico, valga
la redundancia. Son múltiples los intereses particulares que compiten en el foro
global, algunos de los cuales no necesariamente contribuyen a “reafirmar la fe en los derechos
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana” ni a “fortalecer la paz universal”,
como aspira la Carta de las Naciones Unidas[109].
Es importante entonces que el Estado de Colombia entienda la enorme
responsabilidad que significa su participación en las operaciones de gestión de
crisis de la Unión Europea, y siempre tenga como marco de referencia los
principios y deberes que se derivan de la Carta de Naciones Unidas, los cuales
serán prevalentes en caso de conflicto con otras obligaciones contraídas
internacionalmente[110].
3.       La Sentencia C-440 de 2019 explica que las
operaciones de gestión de crisis que adelanta la Unión Europea son un mecanismo
específico dentro del contexto amplio del mandato de la Carta de Naciones
Unidas sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales (supra
párrafo 61). Es por ello que ambos instrumentos comparten una naturaleza,
alcance y funciones similares. Pese a estas semejanzas, ambas instituciones no
pueden ser equiparadas de forma absoluta, pues hay diferencias relevantes entre
las misiones que impulsa la ONU y las que coordina la UE; entre las cuales vale
la pena mencionar las siguientes:
a)
La ONU es el organismo
multilateral más importante del orden internacional, surgido de entre los
horrores que el mundo padeció y se propuso no volver a repetir luego de la Segunda
Guerra Mundial. El Consejo
de Seguridad es una mezcla de cinco poderes permanentes y la aspiración de una
democracia deliberativa global, la cual en varias ocasiones ha logrado contener
el escalamiento de las hostilidades. Las decisiones de
la UE no necesariamente tienen ese balance de la política mundial. Quizá sí puedan
avanzar más fácilmente en ciertos temas, pero no es claro que tengan un
respaldo de deliberación internacional ni de política real global equivalente.
b)
La ONU fue concebida
con la finalidad esencial de mantener la paz y la seguridad internacionales[111],
promoviendo la cooperación entre todos los países. La UE, por su parte, surgió
como una entidad regional con propósitos limitados al campo comercial y a la
estabilidad continental; y aunque con el tiempo ha expandido significativamente
sus objetivos y áreas de acción, mantiene como prioridad la “unión cada vez
más estrecha entre los pueblos de Europa”[112].
c)
La ONU tiene vocación
de universalidad, en tanto allí están representados todos los continentes y
tiene cabida cualquier Estado “amante de la paz que acepte las obligaciones consignadas en esta Carta [de las Naciones Unidas]”[113].
En la UE, por el contrario, solo participan en la actualidad 28 Estados con un trasfondo
geográfico y cultural afín.
d)
Colombia es miembro con
voz y voto de la Asamblea General de la ONU, mientras que no tiene ningún
derecho ni participación dentro de los órganos directivos y deliberativos de la
UE, en los que se definen, entre otros aspectos, la necesidad y conveniencia de
las operaciones de gestión
de crisis.
e)
Las misiones de la ONU
están financiadas por el fondo regular al que colaboran proporcionalmente,
según sus recursos, los Estados parte; mientras que las misiones de la UE exigen
que Colombia “asuma la totalidad de costes ligados a su participación”,
incluyendo la financiación parcial de los costos comunes.
4.
Estas diferencias no
llevan a cuestionar la exequibilidad de la norma puesta a consideración de la
Corte, ni tampoco era necesario profundizar en las mismas dentro de un juicio
de control abstracto. Pero sí será importante que, al momento de aceptar una
invitación o de manifestar el deseo de participar en una operación de gestión
de crisis coordinada por la UE, las autoridades nacionales, encabezadas por el
Presidente de la República, valoren estas particularidades así como el alcance
de la misión propuesta, de manera que la intervención del Estado colombiano
contribuya realmente a los más altos intereses de la paz y la seguridad
mundial; dentro de un marco constitucional de equidad, reciprocidad,
conveniencia nacional[114],
respeto por la autodeterminación de los pueblos[115] y en
favor de la integración latinoamericana[116],
como expresamente dispuso la Carta Política de 1991.
5.
La UE es una entidad
que recuerda y prueba el valor humano y democrático de Europa, cuyas ideas han
repercutido de manera determinante en el constitucionalismo colombiano,
comenzando con la noción misma del Estado social y democrático de derecho; pero
a la vez recuerda que el mundo se vio comprometido, en dos ocasiones, por
guerras que se originaron en su suelo. Así la UE es un mecanismo de integración
que permite evitar el riesgo de repetición de una nueva conflagración. La
existencia de la UE debe celebrarse y apoyarse por lo que representa, pero
siempre asegurándose que la actuación de Colombia busque mantener ese espíritu
originario, que concuerda y actúa en consonancia con los mismos principios de
la ONU y del sistema interamericano.
6.
El Tratado de la Unión
Europea o Tratado de
Maastricht de 1992 es la base jurídica para la Política Común de Seguridad y
Defensa de la UE[117].
Allí se consagran entre sus objetivos (i) “el mantenimiento de la paz y el
fortalecimiento de la seguridad internacional” y (ii) “el
fortalecimiento de la seguridad de la Unión y de sus Estados miembros en todas
sus formas”[118].
Aunque estos fines son loables y compatibles entre sí, también es posible que
en la práctica se termine dando prevalencia a la seguridad de la Unión Europea
y de sus ciudadanos, antes que a otras amenazas globales que parecen más
distantes o ajenas al viejo continente. Es por esta razón que algunos
autores han advertido sobre un eventual sesgo “eurocéntrico” en la
política de seguridad de la UE, el cual conduce a que las cuestiones de
seguridad global solo adquieran trascendencia cuando sean relevantes para
Europa e impacten de alguna forma sobre los países que conforman la Unión[119].
7.
Precisamente, el
documento central de la política común de seguridad de la UE, elaborado en 2003,
se titula “Una Europa segura en un mundo mejor”[120], dando a
entender desde su título que lo primero será la seguridad de la UE y de sus
Estados miembros. Este documento confirma que el objetivo central radica en la
seguridad de los países europeos, lo que no obsta para promover intervenciones
preventivas en otros países vecinos, cuyas crisis eventualmente podrían tocar a
las puertas de Europa:
“Nuestro concepto tradicional de
autodefensa, hasta el final de la guerra fría, se basaba en el peligro de
invasión. Con las nuevas amenazas, la primera línea de defensa estará a menudo
en el extranjero. Las nuevas amenazas son dinámicas. El riesgo de proliferación
crece constantemente; si no se desmantelan las redes terroristas, aumentará su
peligrosidad. Si se los descuida, los Estados en descomposición y la
delincuencia organizada se extienden, como hemos podido ver en África Occidental.
Esto implica que debemos estar preparados para actuar antes de que se produzca
una crisis. Nunca es demasiado pronto para empezar a prevenir los conflictos y
las amenazas […] Incluso en una era de globalización, la geografía sigue siendo
importante. A Europa le conviene que los países limítrofes estén bien
gobernados. Los vecinos inmersos en conflictos violentos, los Estados débiles
en los que prolifera la delincuencia organizada, las sociedades disfuncionales
o las explosiones demográficas en nuestras fronteras plantean problemas a
Europa […] La calidad de la sociedad internacional
depende de la calidad de los gobiernos en los que se asienta. La mejor
protección para nuestra seguridad es un mundo de Estados democráticos bien
gobernados”[121].
8.
Es innegable que en el
mundo interconectado en el que vivimos toda acción internacional en pro de la
paz y la estabilidad tiene el potencial de impactar positivamente en el resto
del globo. En la actualidad, como nunca antes, existen graves amenazas globales
que deben ser combatidas decididamente por todos los países, y cuya solución
redundará en el conjunto de la comunidad internacional. También es indiscutible
que contar con Estados estables y gobiernos más democráticos es pre-requisito
para un orden internacional más pacífico.
9.       No obstante lo anterior, si en algún
momento se presentasen situaciones en las que el interés comunitario de la UE
no contribuyese a la vigencia de los más altos valores y principios de la Carta
de Naciones Unidas, la República de Colombia no deberá conformarse con ser un
observador pasivo del ajedrez mundial, ni mucho menos limitarse a desplegar
irreflexivamente sus tropas por el escenario internacional. La obligación del
Estado Colombiano es ante todo y sobre todo con la consecución de un orden
mundial más justo y en paz, fundado en la dignidad del ser humano y la igualdad
entre las naciones[122].
10.  En esta ocasión, la Corte aprobó unánimemente el
Tratado que permite la participación de Colombia en las operaciones de gestión
de crisis que lidera la Unión Europea. Los esfuerzos regionales y globales por materializar
la paz mundial serán siempre bienvenidos, y así lo ratifica la Corte. Pero el
entusiasmo ante la firma de estos instrumentos internacionales no debe hacernos
olvidar la enorme responsabilidad que suponen las intervenciones en terceros
países, sobre todo si se incluye un componente militar. La búsqueda de la paz y
la seguridad mundial no es un camino recto y libre de obstáculos, en el cual el
Estado colombiano, pasivamente, pueda dejarse llevar. La habilitación general
que autoriza este Tratado es tan solo el comienzo de una compleja misión que
Colombia emprende, y para la cual habrá de estar a la altura para honrar sus
compromisos universales con la paz, la estabilidad y la dignidad humana.
Fecha ut supra
Diana Fajardo Rivera
Magistrada
[1] 14 de
diciembre de 2018. Expediente de constitucionalidad, cuaderno principal, folio
71.
[2] Expediente
de constitucionalidad, cuaderno principal, folio 71.
[3] Expediente
de constitucionalidad, cuaderno principal, folio 71.
[4] Expediente
de constitucionalidad, cuaderno principal, folio 72.
[5] Expediente
de constitucionalidad, cuaderno principal, folio 72.
[6] Expediente
de constitucionalidad, cuaderno principal, folio 72.
[7] Expediente
de constitucionalidad, cuaderno principal, folio 73.
[8] Expediente
de constitucionalidad, cuaderno principal, folio 73.
[9] 11 de
enero de 2019. Expediente de constitucionalidad, cuaderno principal, folio 82.
[10] Expediente
de constitucionalidad, cuaderno principal, folio 87.
[11] Expediente
de constitucionalidad, cuaderno principal, folio 88.
[12] Expediente
de constitucionalidad, cuaderno principal, folio 89.
[13] Expediente
de constitucionalidad, cuaderno principal, folio 90.
[14] Expediente
de constitucionalidad, cuaderno principal, folio 93.
[15] Expediente
de constitucionalidad, cuaderno principal, folio 148.
[16] Expediente
de constitucionalidad, cuaderno principal, folio 148.
[17] Expediente
de constitucionalidad, cuaderno principal, folio 148.
[18] Expediente
de constitucionalidad, cuaderno principal, folio 149.
[19] Expediente
de constitucionalidad, cuaderno principal, folio 150.
[20] Expediente
de constitucionalidad, cuaderno principal, folio 150.
[21] Expediente
de constitucionalidad, cuaderno principal, folio 151.
[22] Expediente
de constitucionalidad, cuaderno principal, folio 154.
[23] Expediente
de constitucionalidad, cuaderno principal, folio 154.
[24] Expediente
de constitucionalidad, cuaderno principal, folio 155.
[25] Expediente
de constitucionalidad, cuaderno principal, folio 156.
[26] Expediente
de constitucionalidad, cuaderno principal, folio 131.
[27]
Corte Constitucional, sentencias C-576 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa;
SV Jaime Araujo Rentería), C-332 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV
María Victoria Calle Correa; AV Luis Ernesto Vargas Silva) y C-224 de 2019 (MP
Cristina Pardo Schlesinger; AV Carlos Bernal Pulido), entre otras.
[28] Corte
Constitucional, sentencia C-269 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo)
[29] Oficio
Cancillería S-GTAJI-18-051504 del 29 de Agosto de 2018, folio 4.
[30] Ibid., Folio 5.
[31] Corte
Constitucional. Sentencia C-163 de 2015 (MP Martha Victoria Sáchica; AV Gloria
Ortiz Delgado).
[32] Corte
Constitucional. Sentencia C-030 de 2008 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[33] Estos
criterios fueron reiterados por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la
sentencia C-057 de 2018 (MP Cristina Pardo Schlesinger).
[34] Corte
Constitucional, sentencia C-214 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[35] Corte
Constitucional, sentencia C-214 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[36] Gaceta del
Congreso de la República Nº 839 del 5 de octubre de 2016 (P. 26- 38).
[37] Gaceta del
Congreso de la República Nº 216 del 6 de abril de 2017 (P. 22-25).
[38] Acta Nº 18 del
19 de abril de 2017, publicada en la Gaceta del Congreso de la República Nº 448
del 7 de junio de 2017 (P. 1, 14-15).
[39] Gaceta del
Congreso de la República Nº 448 del 7 de junio de 2017 (P. 15, 21-25).
[40] Gaceta del
Congreso de la República Nº 294 del 03 de mayo de 2017 (P. 8-11).
[41] Gaceta del
Congreso de la República Nº 1172 del 11 de diciembre de 2017 (P. 1-13).
[42] Oficio Nº
SGE-CS-3372-2018 del Senado de la República, del 19 de Septiembre de 2018,
folio 2.
[43] Gaceta del
Congreso de la República Nº 1022 del 7 de noviembre de 2017 (P. 16-20).
[44] Gaceta del
Congreso de la República Nº 760 del 5 de septiembre de 2017 (P. 7-8).
[45] Gaceta del
Congreso de la República Nº 1006 del 1 de noviembre de 2017 (P. 26-30).
[46] Gacetas del
Congreso de la República Nº 269 y 271 del 16 de mayo de 2018. (Pgs. 24 y 23
respectivamente).
[47] Gaceta del
Congreso de la República Nº 399 del 8 de Junio de 2018 (P. 5-7).
[48] Oficio Nº CSCP
3.2 2.03.079/18 (IS) de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, del
30 de Agosto de 2018. Folio 2.
[49] Gaceta del
congreso de la República Nº 912 del 29 de octubre de 2018 (P.99-101).
[50] Gaceta del
Congreso de la República Nº 811 del 4 de octubre de 2018 (P. 27-39).
[51] Cabe
señalar que mediante Decreto 1033 de 2018 se convocó al Congreso de la
República a sesiones extraordinarias.
[52] Corte
Constitucional, sentencia C-269 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo; AV María
Victoria Calle Correa; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Jorge Ignacio
Pretelt; SPV Alberto Rojas Ríos; SV Jorge Iván Palacio Palacio).
[53] Corte
Constitucional, sentencia C-269 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo; AV María
Victoria Calle Correa; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Jorge Ignacio
Pretelt; SPV Alberto Rojas Ríos; SV Jorge Iván Palacio Palacio).
[54] Corte
Constitucional, sentencia C-214 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[55] A
través de la Ley 13 del 24 de octubre de 1945.
[56] Corte
Constitucional, sentencia C-214 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[57] ONU.
Carta de las Naciones Unidas. Preámbulo y artículo 2. La doctrina también ha
identificado estos principios generales reconocidos por la comunidad
internacional, ver Cassese, Antonio. “International Law”. Ed. Oxford (second
edition, 2005). pp. 47-64.
[58] Cassese,
Antonio. “International Law”. Ed. Oxford (second edition, 2005). ONU. “United
Nations Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines”. (2010). P. 85.
Disponible en: https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/capstone_eng_0.pdf
Consultado el 17 de mayo de 2019.
[59] Traducción
tomada de la sentencia C-214 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado). Fuente
original: UN. “United
Nations Peacekeeping Operations – Principles and Guidelines”. United Nations
Department of Peacekeeping Operations Department of Field Support, January
2010.
[60] Cassese,
Antonio. “International Law”. Ed. Oxford (second edition, 2005). P. 344.
[61] ONU.
Mantenimiento de paz. Disponible en: https://peacekeeping.un.org/es/what-is-peacekeeping Consultado
el 15 de mayo de 2019.
[62] Unión
Europea. Página oficial: https://europa.eu/european-union/about-eu_es
Consultada el 14 de mayo de 2019.
[63] El
tratado constitutivo fue el “Tratado de Roma” del 25 de marzo de 1957.
[64] Cabe
precisar que el Tratado de Maastricht (también denominado “Tratado de la Unión
Europea”) fue posteriormente modificado por el Tratado de Ámsterdam (entre en
vigor en 1999), el Tratado de Niza (entra en vigor en el 2003) y el Tratado de
Lisboa (entró en vigor en el 2009), este último se considera la reforma más
importante.
[65] Unión
Europea. Página oficial: https://europa.eu/european-union/about-eu_es
Consultada el 14 de mayo de 2019.
[66] Unión
Europea. Tratado de Maastricht (1993). Artículo J.1. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:11992M/TXT&from=ES
Consultado el 14 de mayo de 2019.
[67]
Los estados miembros elaboraron una “Estrategia Europea de Seguridad: Una
Europa segura en un mundo mejor” (EES) (15895/2003 PESC 787) Bruselas, 8 de
diciembre de 2003. Disponible en: https://www.consilium.europa.eu/media/30808/qc7809568esc.pdf  Del
mismo modo, el antecedente directo de las operaciones de gestión de crisis de
la Unión Europea se remonta a las “Misiones de Petersberg” (nombre del castillo
donde se celebró el Consejo de Ministros que adoptó la decisión en el año
1992), las cuales surgieron con una naturaleza militar y con el fin de hacer
frente a las crisis fuera de las fronteras de los Estados miembros, contribuir
a la estabilidad política internacional y prestar ayuda humanitaria a terceros
países. García
Martín, Laura. “La PCSD a través de las operaciones de gestión de crisis de la
Unión Europea: Estudio de caso de la EUTM Mali”. Instituto Español de Estudios
Estratégicos. 28 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO21-2014_PCSD_UE_OperacionesEUTM_LauraGarcia.pdf
Consultada el 15 de mayo de 2019.
[68] Es
preciso aclarar que la “acción exterior” de la Unión Europea se compone de: (i)
la política exterior y de seguridad común, (ii) la cooperación para el
desarrollo, (iii) ayuda humanitaria, (iv) ayuda (financiera) (v) comercio y
(vi) la cláusula de solidaridad. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4346064&from=EN
[69] Unión
Europea. Principales cambios del Tratado de Lisboa. Disponible: https://europa.eu/european-union/law/treaties_es
Consultado el 14 de mayo de 2019.
[70] Unión
Europea. Tratado de Lisboa. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=ES
Consultado el 14 d mayo de 2019.
[71] En
la versión consolidada del Tratado de la Unión Europea corresponde a esta
numeración de artículos. El cambio de numeración obedece a las
últimas modificaciones incluidas y al Tratado de Lisboa.
[72]
Unión Europea. Disponible en: https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/EUdefence%20leaflet.pdf
[73]
Unión Europea. Disponible en: https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/EUdefence%20leaflet.pdf
[74] Pohl,
Benjamin. “EU Foreign Policy and Crisis Management Operations. Power, purpose
and domestic politics”. Routledge Studies in European Security and Strategy
(2014). Pp. 12-13, 20-30, 172.
[75] Ministerio
de Defensa Nacional, oficio allegado el 21 de marzo de 2019. Se cita como
fuente principal http://eeas.europa.eu/cfsp/crisis_management/index_es.htm
[76] En
esta afirmación coinciden el Ministerio de Relaciones Exteriores (f. 151
reverso) y el Ministerio de Defensa Nacional (folio 159).
[77] Expediente
de constitucionalidad, cuaderno principal, folios 201 y 202.
[78] Ministerio
de Relaciones Exteriores, oficio allegado a la Corte Constitucional el 14 de
diciembre de 2018. Cuaderno de constitucionalidad, folio 72.
[79]
Unión Europea. Disponible en: https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/EUdefence%20leaflet.pdf
[80] Ministerio
de Defensa Nacional, oficio allegado a la Corte Constitucional el 21 de marzo
de 2019.
[81] Ministerio
de Defensa Nacional, oficio allegado a la Corte Constitucional el 21 de marzo
de 2019.
[82]
García Martín, Laura. “La PCSD a través de las operaciones de gestión de crisis
de la Unión Europea: Estudio de caso de la EUTM Mali”. Instituto Español de
Estudios Estratégicos. 28 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO21-2014_PCSD_UE_OperacionesEUTM_LauraGarcia.pdf
Consultada el 15 de mayo de 2019; Barceló, María Julia. “Las misiones de paz en
la Unión Europea. Fundamentos jurídicos, origen y desarrollo, sistema
organizativo, procedimiento de creación y seguimiento y acuerdos
internacionales de ejecución”. Tesis doctoral presentada para el Programa de
Doctorado Internacional sobre la Sociedad de la Información y del Conocimiento.
Universidad Oberta de Catalunya. Estudios de derecho y Ciencia Política (2012).
Disponible en: https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/110692/Tesi_doctoral_MJuliaBarcelo_set2012_.pdf?sequence=1
Consultada el 14 de mayo de 2019.
[83]
García Martín, Laura. “La PCSD a través de las operaciones de gestión de crisis
de la Unión Europea: Estudio de caso de la EUTM Mali”. Instituto Español de
Estudios Estratégicos. 28 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO21-2014_PCSD_UE_OperacionesEUTM_LauraGarcia.pdf
Consultada el 15 de mayo de 2019.
[84] Expediente
de constitucionalidad, folio 19 (reverso). Exposición de motivos al proyecto de
ley aprobatoria del tratado “Acuerdo entre la Unión Europea y la República de
Colombia por el que se crea un marco para la participación de la República de
Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea” suscrito
en la ciudad de Bogotá el 5 de agosto de 2014.
[85] Corte
Constitucional, sentencia C-249 de 2004 (MP Jaime Araujo Rentería).
[86] Corte
Constitucional, sentencia C-249 de 2004 (MP Jaime Araujo Rentería).
[87] Mark
J.C. Crescenzi, Rebecca H. Best and Bo Ram Kwon. “Reciprocity in International
Studies”. The International Studies Encyclopedia. 2010. Disponible en: https://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-414 Consultado el 10 de mayo de 2019.
[88]
Corte Constitucional, sentencias C-564 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), C-176
de 1994 (MP Alejandro Martínez Caballero), C-286 de 2015 (MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez; SV María Victoria Calle Correa; AV Gloria Stella Ortiz Delgado; SV Jorge
Iván Palacio Palacio; SV Luis Ernesto Vargas Silva); C-252 de 2019 (MP Carlos
Bernal Pulido; AV Carlos Bernal Pulido; SPV Diana Fajardo Rivera; AV y SPV
Alejandro Linares Cantillo; SV Alberto Rojas Ríos) y C-254 de 2019 (MP José
Fernando Reyes Cuartas; SV y AV Alejandro Linares Cantillo; SV Alberto Rojas
Ríos; AV Diana Fajardo Rivera; AV Gloria Ortiz Delgado).
[89]
Corte Constitucional, sentencias C-249 de 1994 (MP Jorge Arango Mejía),
C-667 de 2014 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; AV María Victoria Calle
Correa).
[90] Corte
Constitucional, sentencia C-421 de 1997 (MP Carlos Gaviria Díaz).
[91]
Corte Constitucional, sentencias C-217 de 2015 (MP Martha Victoria Sáchica Méndez
(e); SPV y AV María Victoria Calle Correa; AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SV Jorge Iván Palacio Palacio; AV Ligia López Díaz (conjuez); SPV Martha
Victoria Sáchica Méndez; AV Edgardo Villamil Portilla (conjuez)).
[92]
Corte Constitucional, sentencias C-1156 de 2008 (MP Clara Inés Vargas
Hernández; SV Jaime Araujo Rentería), C-214 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz
Delgado).
[93] Corte
Constitucional, sentencia C-240 de 2006 (MP Álvaro Tafur Galvis; SV Jaime
Araujo Rentería; SV Alfredo Beltrán Sierra).
[94] Corte
Constitucional, sentencia C-049 de 2015 (MP
Martha Victoria Sáchica Méndez; SPV Gloria Stella Ortiz Delgado).
[95] Corte
Constitucional, sentencia C-221 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[96] Por ejemplo, pueden mencionarse tratados, entre otros,
como el Convenio de financiación no
dci-ala/2010/022-249 entre la Unión Europea y la República de Colombia
"apoyo institucional al sistema penal colombiano" forsispen; Convenio
de financiación no dci-ala/2012/023-476 convenio de financiación entre la Unión
Europea y la República de Colombia "fortalecimiento institucional de la
capacidad colombiana para aumentar la integridad y la transparencia"; Convenio
de financiación entre la Unión Europea y la República de Colombia
"fortalecimiento institucional para la atención de víctimas"; Acuerdo
comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus
estados miembros por otra. Pueden consultarse varios en http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/SitePages/BuscadorTratados.aspx?Estado=347&Tipo=B
[97]
Corte Constitucional, sentencia C-214 de 2017 (MP Gloria
Stella Ortiz Delgado).
[98] “Los denominados acuerdos SOFA
(Status of Forces Agreements), y SOMA (Status of Mission Agreements) son los
instrumentos jurídicos principales para la determinación del régimen jurídico
específico de la misión y de su personal adscrito en el territorio del
anfitrión. De modo simplificado suponen: a) De un lado, una autorización del
Estado receptor al despliegue de la misión militar o no militar sobre el
terreno. b) De otro, los límites que vuelven lícitas las actuaciones de la
misión y su personal dentro del territorio soberano de otro Estado que, en caso
de incumplimiento, suscitarán su responsabilidad.  || Los tratados
internacionales celebrados por la UE sobre el estatuto de la misión o del
personal/fuerzas de la misma regulan también los privilegios e inmunidades de
las fuerzas o personal desplegados, así como de los elementos no humanos de la
misión de paz (locales, material, valijas, etc.). Así que los mecanismos
finales para establecer la responsabilidad de la misión en caso de
incumplimiento vienen también determinados por estas normas. Estos acuerdos
pueden ser categorizados siguiendo múltiples criterios: el carácter de la
presencia (temporal o indefinida); el número de Estados participantes; el
alcance de los privilegios e inmunidades reconocidos; el contexto fáctico de la
misión (en tiempos de paz o de conflicto)”.  Barceló, María Julia. “Las
misiones de paz en la Unión Europea. Fundamentos jurídicos, origen y
desarrollo, sistema organizativo, procedimiento de creación y seguimiento y
acuerdos internacionales de ejecución”. Tesis doctoral presentada para el
Programa de Doctorado Internacional sobre la Sociedad de la Información y del
Conocimiento. Universidad Oberta de Catalunya. Estudios de derecho y Ciencia
Política (2012). Disponible en: https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/110692/Tesi_doctoral_MJuliaBarcelo_set2012_.pdf?sequence=1
Consultada el 14 de mayo de 2019; Fleck, Dieter. “The Legal Status of personnel
involved in United Nations peace operations”. International Review of the Red
Cross (2013), 95, pp. 613-636. Disponible en: file:///D:/users/carolinaRH/Downloads/irrc-891-892-fleck.pdf
Consultado el 17 de mayo de 2019.
[99] Corte
Constitucional, sentencia C-187 de 1996 (MP Carlos Gaviria Díaz).
[100] Corte
Constitucional, sentencia C-187 de 1996 (MP Carlos Gaviria Díaz).
[101] Corte
Constitucional, sentencias C-249 de 2004 (MP Jaime Araujo Rentería), (MP
Mauricio González Cuervo; AV María Victoria Calle Correa; SV Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; SV Jorge Ignacio Pretelt; SPV Alberto Rojas Ríos; SV Jorge
Iván Palacio Palacio)  y C-214 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[102] “Cabe mencionar, que Colombia
ha ratificado otros instrumentos internacionales que persiguen como fin
esencial el mantenimiento de la paz tales como el Tratado de Renuncia a la
Guerra o “Pacto de París” de 1928, el Tratado americano de Soluciones Pacíficas
o “Pacto de Bogotá” de 1948, e incluso las Cartas de la Organización Estados
Americanos y de las Naciones Unidas, propósitos y fines que también están
presentes en la Organización de Estado Americanos OEA. Entonces “la búsqueda le
(sic) la paz es un objetivo que ha existido desde siempre entre los Estados y
frente al cual Colombia siempre a (sic) permanecido atenta ya sea prestado la
colaboración necesaria o ratificando los diferentes instrumentos
internacionales que persiguen ese fin”. Corte Constitucional, sentencia C-287
de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
[103] Corte
Constitucional, sentencias C-264 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa),
C-915 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) y C-214 de 2017 (MP Gloria
Stella Ortiz Delgado).
[104] Corte
Constitucional, sentencia T-102 de 1993 (MP Carlos Gaviria Díaz).
[105] Corte
Constitucional, sentencia C-370 de 2006 (MMPP Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández; SV Humberto Antonio Sierra Porto; SV
Alfredo Beltrán Sierra; SV Jaime Araujo Rentería).
[106] Corte
Constitucional, sentencias C-710 de 1998 (MP Hernando Herrera Vergara); C-363
de 2000 (MP Álvaro Tafur Galvis); C-303 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra); C-239 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño; SV Alfredo Beltrán Sierra) y
C-214 de 2017 (MP Gloria Stela Ortiz Delgado). Auto 288 de 2010 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio; SPV Mauricio González Cuervo; SPV Nilson Pinilla Pinilla).
[107] Carta de las Naciones
Unidas (1945), Art. 1: Los propósitos de las Naciones Unidas son: (i)
Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas
colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir
actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios
pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho
internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones
internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz (…).
[108] Sentencias C-080 de
2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; C-027 de 2018. M.P. José Fernando
Reyes Cuartas; C-408 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y C-578 de 2002. M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[109] Carta de las Naciones
Unidas (1945). Preámbulo y artículo 1º.
[110] Carta de las Naciones
Unidas (1945). Art. 103: “En caso de conflicto entre las obligaciones
contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente
Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio
internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta”.
[111] Carta de las
Naciones Unidas (1945), artículo 1.
[112] Tratado de
Maastricht (1992). Preámbulo y Artículos A y B. Disponible en https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/maastricht-treaty
[113] Carta de las
Naciones Unidas (1945), artículo 4.
[114] Constitución Política,
Arts. 226 y 227.
[115] Constitución Política,
Art. 9.
[116] Constitución Política,
Preámbulo y Arts. 9 y 227.
[117] Disponible en http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/159/la-politica-comun-de-seguridad-y-defensa
[118] Artículo J1.
[119] Traducción libre y
parcial de la siguiente cita: “The security strategy addresses, as the title
suggests, global security questions as far as they are relevant for Europe […] On the one
hand the EU sees itself as a global player; yet on the other hand the strategy
is formulated euro-centrically. This strategy is not directed at the general
security of people, as for example the concept of human security, but
exclusively on the security of Europe. Security requirements are thus derived
almost entirely from the threats to Europe. But even here the options for
action are rather vague”. Wulf, H (2005). Internationalizing and
Privatizing War and Peace The Bumpy Ride to Peace Building. Palgrave
Macmillan. pp.105-106.
[120] Estrategia Europea
de Seguridad. Bruselas, 12 de diciembre de 2003
[121] Una Europa
segura en un mundo mejor (2003). Traducción oficial disponible en
https://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/publications/european-security-strategy-secure-europe-better-world/#
[122] Carta de las Naciones
Unidas (1948). Preámbulos y artículos 1 y 103.