C-267-14
Sentencia C-638 de 2009
Sentencia C-267/14
ACUERDO ENTRE COLOMBIA Y LA ORGANIZACION PARA LA
PROHIBICION DE LAS ARMAS QUIMICAS SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA OPAQ-Resulta ajustado a la Constitución
El Acuerdo internacional aprobado mediante la Ley 1605
de 2012, y esta misma, se ajustan a la Constitución Política, en sus aspectos
formales al haber satisfecho cabalmente los requisitos procedimentales
establecidos al efecto, y en el contenido material por cuanto sin contrariedad
alguna frente a la preceptiva nacional constitucional, cumple el propósito
perseguido, que es el reconocimiento de los privilegios e inmunidades para
delegados y representantes de Estados Parte, bienes, locales y  archivos de la
OPAQ, todo en cabal observancia de los principios, objetivos y finalidades
propios del Estado social de derecho, asumido como modelo político, social y
económico por la República de Colombia.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL
Y LEY APROBATORIA-Características
Según la doctrina pacíficamente sostenida por esta Corte, dicho
control se caracteriza por ser (i) previo
al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación por el
Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues la ley aprobatoria
debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte
Constitucional, dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental;
(iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos
formales como los materiales de la ley y del tratado, confrontándolos con todo
el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una
condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi)
cumple una función preventiva, pues su finalidad es
garantizar tanto la supremacía de la Constitución, como el cumplimiento
de los compromisos internacionales del Estado colombiano. El control que esta Corte ejerce, según lo estatuido en el
artículo 241 superior (numeral 10°), sobre los tratados internacionales y las
leyes que los aprueban, incluye el atinente a eventuales vicios de
procedimiento, que empieza por examinar la validez de la representación del
Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento
y la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado, al
igual que acerca del cumplimiento de las reglas relativas al trámite
legislativo durante el estudio y aprobación del correspondiente proyecto de ley
en el Congreso. Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de
tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido de estos
intercalando otras cláusulas, ya que su función consiste en aprobar o improbar
la totalidad del tratado, no pudiendo en principio fraccionar dicha aceptación
ni modificar el texto. En cuanto al examen de fondo,
radica en cotejar las disposiciones del tratado internacional y de su ley
aprobatoria, frente a la totalidad de las disposiciones del ordenamiento
superior, para constatar si se ajustan o no a la Constitución, sin
perjuicio de que el Estado pueda realizar declaraciones interpretativas y, a
menos que esté expresamente vedado, introducir reservas que no afecten el
objeto y fin del tratado.
PROHIBICION DE ARMAS QUIMICAS, DERECHO A LA PAZ Y
DIGNIDAD HUMANA-Deber del Estado/PAZ-Derecho
y deber de obligatorio cumplimiento
PAZ-Regla de conducta
PRINCIPIO DE INMUNIDAD DE JURISDICCION RESTRINGIDA-Jurisprudencia constitucional
INMUNIDAD DE JURISDICCION RESTRINGIDA EN MATERIA LABORAL-Jurisprudencia constitucional
INMUNIDAD DE JURISDICCION RESTRINGIDA EN MATERIA CIVIL
Y ADMINISTRATIVA-Criterios
jurisprudenciales
INMUNIDAD DE JURISDICCION EN MATERIA PENAL-Jurisprudencia constitucional
PRINCIPIO DE INMUNIDAD DE JURISDICCION RESTRINGIDA-No es contrario a la Constitución Política
La jurisprudencia constitucional ha estimado que el principio
de inmunidad de jurisdicción restringida no es contrario a la Carta. En este
sentido, dicho principio solo se justifica en
la necesidad de garantizar que las misiones diplomáticas y los organismos de
derecho internacional cumplan sus funciones con independencia, y en el respeto
por la soberanía, independencia e igualdad
de los Estados. Por lo anterior, se tiene que
dicho principio no es contrario a la intervención de las autoridades
colombianas, cuando éstas persigan la protección de los derechos de los
habitantes del territorio nacional, concluyendo entonces que el reconocimiento
de privilegios e inmunidades en los términos planteados es compatible con las
normas constitucionales.
Referencia:
LAT- 409
Examen
de constitucionalidad del “Acuerdo entre la República de Colombia y la
Organización para la prohibición de las armas químicas sobre privilegios e
inmunidades de la OPAQ”, suscrito en La Haya el 12 de septiembre de 2006 y
de la Ley 1605 de diciembre 21 de 2012, mediante la cual fue aprobado.
Magistrado
Ponente:
NILSON
PINILLA PINILLA
Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de 2014
La Sala
Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067
de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.  ANTECEDENTES
En razón
a la vacancia judicial, en enero 11 de 2013 la Secretaria Jurídica de la
Presidencia de la República remitió a esta corporación, en cumplimiento de lo
ordenado en el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución, copia auténtica
de la Ley 1605 de diciembre
21 de 2012 “Por medio de la cual ‘se aprueba el ‘Acuerdo entre la República
de Colombia y la Organización para la prohibición de las armas químicas sobre
privilegios e inmunidades de la OPAQ’, hecho en La Haya el 12 de
septiembre de 2006”.
Mediante providencia de febrero 4 de 2013,
el Magistrado sustanciador avocó el conocimiento y solicitó oficiar a los
Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes, para que enviaran los antecedentes legislativos correspondientes.
Posteriormente,
mediante auto de agosto 22 del mismo año, se
requirió al Secretario General
de la Cámara de Representantes, para que enviara copias auténticas, impresas o
en medio magnético, con los textos completos de las actas números 18 y 19 de
esa célula legislativa, correspondientes a las sesiones de los días octubre 30
y noviembre 7 de 2012.
Cumplido lo anterior, mediante auto de octubre
8 siguiente se dispuso comunicar el inicio del proceso de control
constitucional al Presidente de la República, al Presidente del Congreso y a
los Ministros de Relaciones Exteriores,
de Defensa Nacional, de Justicia y del Derecho, de Salud y de la Protección
Social, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de Comercio, Industria y Turismo para los efectos pertinentes. En la
misma providencia se determinó que por la Secretaría General de esta
corporación se fijara en lista el proceso y se surtiera el traslado al
Procurador General de la Nación, para el concepto respectivo.
Cumplidos los trámites previstos en el
Decreto 2067 de 1991, se pronuncia esta Corte sobre la exequibilidad del citado
Acuerdo y de la ley que lo aprobó.
II.      TEXTO DE LA NORMA REVISADA
Los textos del “Acuerdo entre la República de Colombia y la
Organización para la prohibición de las armas químicas sobre privilegios e
inmunidades de la OPAQ”, firmado en La Haya en septiembre 12 de 2006 y de su ley aprobatoria, objeto de
revisión, son los siguientes, según la publicación efectuada en el Diario
Oficial N° 48.651 de 21 de
diciembre de 2012:
LEY 1605 DE 2012
(diciembre 21)
Diario Oficial No. 48.651 de 21 de diciembre de 2012
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la
República de Colombia y la Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas sobre Privilegios e Inmunidades de la OPAQ”, hecho en La Haya el 12 de
septiembre de 2006.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el texto del “Acuerdo entre la República de
Colombia y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas sobre
Privilegios e Inmunidades de la OPAQ”, hecho en La Haya el 12 de septiembre de
2006.
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y
completa en castellano del acuerdo, el cual consta de doce (12) folios,
certificada por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio
de Relaciones Exteriores, documento que reposa en los archivos de ese
Ministerio).
ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA
ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS QUÍMICAS SOBRE LOS PRIVILEGIOS E
INMUNIDADES DE LA OPAQ
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el
párrafo 48 del artículo VIII de la Convención sobre la Prohibición del
Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y
sobre su Destrucción, la OPAQ disfrutarán en el territorio de cada Estado Parte
y en cualquier otro lugar que esté bajo la jurisdicción o control de éste de la
capacidad jurídica y de los privilegios e inmunidades que le sean necesarios
para el ejercicio de sus funciones;
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el
párrafo 49 del artículo VIII de la Convención sobre la Prohibición del
Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y
sobre su Destrucción, los delegados de los, Estados Partes, junto con sus
suplentes y asesores, los representantes nombrados al Consejo Ejecutivo junto
con sus suplentes y asesores, el Director General y el personal de la
Organización gozarán de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para
el ejercicio independiente de sus funciones en relación con la OPAQ;
Considerando que, no obstante lo dispuesto en los
párrafos 48 y 49 del artículo VIII de la Convención sobre la Prohibición del
Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y
sobre su Destrucción, los privilegios e inmunidades de que gozarán el Director
General y el personal de la Secretaría durante la realización de actividades de
verificación serán los consignados en la Sección B de la Parte II del Anexo
sobre verificación;
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el
párrafo 50 del artículo VIII de la Convención sobre la Prohibición del
Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y
sobre su Destrucción, la capacidad jurídica y los privilegios e inmunidades
mencionados han de ser definidos en acuerdos concertados entre la Organización
y los Estados Partes,
Ahora, por consiguiente, la Organización para la
Prohibición de las Armas Químicas y la República de Colombia han convenido en
lo siguiente:
ARTÍCULO 1o. DEFINICIONES.
En el presente Acuerdo:
a) El término “Convención” designa a la Convención
sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el
Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, de 13 de enero de 1993;
b) El término “OPAQ” designa a la Organización para la
Prohibición de las Armas Químicas, establecida en virtud del párrafo 1 del
artículo VIII de la Convención;
c) El término “Director General” designa al Director
General a que se refiere el párrafo 41 del artículo VIII de la Convención o, en
su ausencia, al Director General interino;
d) La expresión funcionarios de la “OPAQ” designa al
Director General y a todos los miembros del personal de la Secretaría de la
OPAQ;
e) El término “Estado Parte” designa al Estado que es
parte en este acuerdo;
f) El término “Estados Partes” designa a los Estados
Partes en la Convención;
g) La expresión “Representantes de los Estados Partes”
designa a los jefes acreditados de las delegaciones de los Estados Partes ante
la Conferencia de los Estados Partes o ante el Consejo Ejecutivo o al delegado
en otras reuniones de la OPAQ;
h) El término “expertos” designa a las personas que, a
título personal, desempeñen misiones por cuenta de la OPAQ, formen parte de sus
órganos, o actúen de cualquier manera como consejeros a petición de la OPAQ;
i) La expresión “reuniones convocadas por la OPAQ”
designa a cualquier reunión de cualquiera de los órganos u órganos subsidiarios
de la OPAQ, o a cualesquiera conferencias internacionales u otras reuniones
convocadas por la OPAQ;
j) El término “bienes” designa a todos los bienes,
fondos y otros haberes, pertenecientes a la OPAQ o que se hallen en su poder, o
que la OPAQ administre en el desempeño de sus funciones con arreglo a la
Convención, así como todos los ingresos de la OPAQ;
k) La expresión “archivos de la OPAQ” designa en su
totalidad a las actas, la correspondencia, los documentos, los manuscritos, los
datos informáticos y de medios de difusión, las fotografías, las películas, las
grabaciones en vídeo y las grabaciones sonoras pertenecientes a la OPAQ o que
se hallen en su poder o en el de cualquiera de sus funcionarios en el desempeño
de sus funciones oficiales, así como cualquier otro material que el Director
General y el Estado Parte acuerden forma parte de los archivos de la OPAQ;
1) La expresión “locales de la OPAQ” designa a los
edificios, o partes de edificio, y al terreno conexo, de haberlo, utilizados
para los fines de la OPAQ, incluidos aquellos a los que se hace referencia en
el párrafo 11 b) de la Parte II del Anexo sobre verificación de la Convención.
Inicio
ARTÍCULO 2o. PERSONALIDAD JURÍDICA.
La OPAQ tendrá plena personalidad jurídica. En
particular, tendrá capacidad para:
a) contratar;
b) adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de
ellos;
c) entablar acciones judiciales y actuar en las
mismas.
Inicio
ARTÍCULO 3o. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA OPAQ.
1. La OPAQ y sus bienes, cualquiera que sea el lugar
en que se encuentren y quienquiera que los tenga en su poder, disfrutarán de
inmunidad de toda jurisdicción, salvo en la medida en que en algún caso en
particular la OPAQ haya renunciado expresamente a esta inmunidad. Se entiende,
sin embargo, que ninguna renuncia de inmunidad se extenderá a ninguna medida
ejecutoria.
2. Los locales de la OPAQ serán inviolables. Los
bienes de la OPAQ, cualquiera que sea el lugar en que se encuentren y
quienquiera que los tenga en su poder, gozarán de inmunidad de registro,
requisición, confiscación, expropiación y de cualquier otra forma de
injerencia, sea por acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa.
3. Los archivos de la OPAQ serán inviolables dondequiera
se encuentren.
4. hallarse sometidos a fiscalizaciones, reglamentos o
moratorias de ninguna clase:
a) la OPAQ podrá tener fondos, oro o divisas de toda
clase y llevar cuentas en cualquier moneda;
b) la OPAQ podrá transferir libremente sus fondos, valores,
oro y divisas al Estado Parte o fuera del mismo, a cualquier otro país o fuera
del mismo, o dentro del Estado Parte, y convertir a cualquier otra moneda las
divisas que tenga en su poder.
5. En el ejercicio de los derechos que le son
conferidos en virtud del párrafo 4o del presente artículo, la OPAQ prestará la
debida atención a todo requerimiento del Gobierno del Estado Parte, en la
medida en que estime posible dar curso a dichos requerimientos sin detrimento
de sus propios intereses.
6. La OPAQ y sus bienes estarán exentos:
a) de todo impuesto directo; entendiéndose, sin
embargo, que la OPAQ no reclamará exención alguna en concepto de impuestos que,
de hecho, no constituyan sino una remuneración por servicios públicos;
b) de derechos de aduana y de prohibiciones y
restricciones de importación y de exportación, respecto a los artículos
importados o exportados por la OPAQ para su uso oficial; entendiéndose, sin
embargo, que los artículos importados con tal exención no serán vendidos en el
Estado Parte, sino conforme a condiciones convenidas con el Estado Parte;
c) de derechos de aduana y de prohibiciones y
restricciones respecto a la importación y exportación de sus publicaciones.
7. Si bien la OPAQ no reclamará, en principio, la
exención de derechos de consumo, ni de impuestos sobre la venta de bienes
muebles e inmuebles incluidos, en el precio que se haya de pagar, cuando la
OPAQ efectúe, para su uso oficial, compras importantes de bienes gravados o
gravables con tales derechos o impuestos, el Estado Parte adoptará, siempre que
así le sea posible, las disposiciones administrativas pertinentes para la
remisión o reembolso de la cantidad correspondiente a tales derechos o
impuestos.
Inicio
ARTÍCULO 4o. FACILIDADES E INMUNIDADES EN MATERIA DE
COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES.
1. La OPAQ disfrutará para sus comunicaciones
oficiales, en el territorio del Estado Parte y en tanto en cuanto sea
compatible con cualesquiera convenciones, reglamentos y acuerdos
internacionales que haya suscrito el Estado Parte, de un trato no menos
favorable que el otorgado por el Gobierno del Estado Parte a cualquier otro
Gobierno, inclusive sus misiones diplomáticas, en lo que respecta a las
prioridades, tarifas e impuestos aplicables a la correspondencia postal y a las
telecomunicaciones, como también a las tarifas de prensa para las informaciones
destinadas a los medios de comunicación social.
2. No estarán sujetas a censura la correspondencia
oficial ni las demás comunicaciones oficiales de la OPAQ. La OPAQ tendrá
derecho a hacer uso de claves y a despachar y recibir su correspondencia y
otras comunicaciones oficiales ya sea por correos o en valijas selladas, que
gozarán de las mismas inmunidades y los mismos privilegios que se conceden a
los correos y valijas diplomáticos.
Ninguna de las disposiciones del presente párrafo
podrá ser interpretada como prohibitiva de la adopción de medidas de seguridad
adecuadas, que habrán de determinarse mediante acuerdo entre el Estado Parte y
la OPAQ.
3. El Estado Parte reconoce a la OPAQ el derecho de
publicar y de efectuar transmisiones radiofónicas libremente dentro del
territorio del Estado Parte para los fines especificados en la Convención.
4. Todas las comunicaciones oficiales dirigidas a la
OPAQ, así como las procedentes de la OPAQ, cualquiera que fuere el medio o la
forma de su transmisión, serán inviolables. Dicha inviolabilidad será
extensiva, sin que la enumeración siguiente sea limitativa, a las
publicaciones, imágenes fijas y animadas, vídeos, películas, grabaciones
sonoras y programas informáticos.
Inicio
ARTÍCULO 5o. REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS PARTES.
1. Sin perjuicio de cualesquiera otros privilegios e
inmunidades de que gocen mientras ejerzan sus funciones y durante sus viajes al
lugar de la reunión y de regreso, los representantes de los Estados Partes en
las reuniones convocadas por la OPAQ, así como los suplentes, asesores,
expertos técnicos y secretarios de sus delegaciones, disfrutarán de los
siguientes privilegios e inmunidades:
a) inmunidad de detención o arresto personal;
b) inmunidad de toda jurisdicción respecto de todos
sus actos ejecutados mientras ejerzan sus funciones oficiales, inclusive sus
palabras y escritos; dicha inmunidad subsistirá aun cuando los interesados
hayan cesado en el desempeño de sus funciones;
c) inviolabilidad de todos los papeles, documentos y
otros materiales oficiales;
d) derecho de hacer uso de claves y de despachar o
recibir documentos, correspondencia u otro material oficial por correos o en
valijas selladas;
e) exención, para ellos mismos y para sus cónyuges o
compañeros permanentes, de toda medida restrictiva en materia de inmigración,
de las formalidades de registro de extranjeros de las obligaciones de servicio
nacional mientras visiten el Estado Parte o transiten por el mismo en el
ejercicio de sus funciones;
Concordancias
f) las mismas franquicias, en materia de restricciones
monetarias y de cambio, que se otorgan a los representantes de gobiernos
extranjeros en misión oficial temporal;
g) las mismas inmunidades y franquicias, respecto a
los equipajes personales, que se otorgan a los miembros de misiones
diplomáticas de rango similar.
2. Cuando la imposición de cualquier gravamen dependa
de la residencia, no se considerarán como periodos de residencia los periodos
durante los cuales las personas designadas en el párrafo 1o del presente
artículo se encuentren en el territorio del Estado Parte para el ejercicio de
sus funciones.
3. Los privilegios e inmunidades no se otorgan a las
personas designadas en el párrafo 1o del presente artículo en su beneficio
personal, sino a fin de garantizar su independencia en el ejercicio de sus
funciones relacionadas con la OPAQ. Todas las personas que gocen de esos
privilegios e inmunidades están obligadas al cumplimiento, a todos los demás
efectos, de las leyes y reglamentos del Estado Parte.
4. Las disposiciones de los párrafos 1o y 2o del
presente artículo no serán aplicables a las personas que sean nacionales del
Estado Parte.
Inicio
ARTÍCULO 6o. FUNCIONARIOS DE LA OPAQ.
1. En la ejecución de las actividades de verificación,
el Director General y el personal de las Secretaría, inclusive los expertos
habilitados durante las investigaciones del presunto empleo de armas químicas a
que se hace referencia en los párrafos 7o y 8o de la Parte XI del Anexo sobre
verificación de la Convención, gozarán, en virtud del párrafo 51 del artículo
VIII de la Convención e los privilegios e inmunidades que se enuncian en la
Sección B de la Parte II de Anexo sobre verificación de la Convención o cuando
estén en tránsito por el territorio de Estados Partes no inspeccionados, de los
privilegios e inmunidades a que se hace referencia en el parágrafo 12 de la
Parte II del mismo Anexo.
2. En lo que respecta a otras actividades relacionadas
con los objetivos y propósitos de la Convención, los funcionarios de la OPAQ:
a) gozarán de inmunidad de detención o arresto
personal y de secuestro o decomiso de su equipaje personal;
b) gozarán de inmunidad de jurisdicción respecto de
todos los actos ejecutados por ellos con carácter oficial, inclusive sus
palabras y escritos;
c) gozarán de inviolabilidad de todos los papeles,
documentos y material oficial, con sujeción a las disposiciones de la
Convención;
d) gozarán, en materia de impuestos sobre los sueldos
y emolumentos percibidos de la OPAQ, de iguales exenciones que las disfrutadas
por los funcionarios de las Naciones Unidas, y ello en iguales condiciones;
e) estarán exentos, tanto ellos como sus cónyuges o
compañeros permanentes, de toda medida restrictiva en materia de inmigración y
de las formalidades de registro de extranjeros;
Concordancias
f) en tiempo de crisis internacional, gozarán, así
como sus cónyuges o compañeros permanentes, de las mismas facilidades de
repatriación que los funcionarios de las misiones diplomáticas de rango
similar;
g) gozarán, en materia de facilidades de cambio, de
los mismos privilegios que los funcionarios de las misiones diplomáticas de
rango similar.
3. Los funcionarios de la OPAQ estarán exentos de toda
obligación de servicio nacional, siempre que tal exención se limite, respecto
de los nacionales del Estado Parte, a los funcionarios de la OPAQ que, por
razón de sus funciones, hayan sido incluidos en una lista preparada por el
Director General de la OPAQ y aprobada por el Estado Parte. En caso de que
otros funcionarios de la OPAQ sean llamados a prestar un servicio nacional por
el Estado Parte, éste otorgará, a solicitud de la OPAQ, las prórrogas al
llamamiento de dichos funcionarios que sean necesarias para evitar la
interrupción de un servicio esencial.
4. Además de los privilegios e inmunidades
especificados en los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo, el Director
General de la OPAQ gozará, tanto él como su cónyuge o compañero permanentes, de
los privilegios, inmunidades, exenciones y facilidades que se otorgan conforme
al derecho internacional a los enviados diplomáticos y a sus cónyuges o
compañeros permanentes. Los mismos privilegios, inmunidades, exenciones y
facilidades se otorgarán también al alto funcionario de la OPAQ que actúe en nombre
del Director General.
5. Los privilegios e inmunidades se otorgan a los
funcionarios de la OPAQ en interés de la OPAQ y no en su beneficio personal.
Todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades están obligadas
al cumplimiento, a todos los demás efectos, de las leyes y reglamentos del
Estado Parte. La OPAQ tendrá el derecho y el deber de renunciar a la inmunidad
concedida a cualquier funcionario de la OPAQ en todos los casos en que, a su
juicio, la inmunidad impediría el curso de la justicia y en que se pueda
renunciar a ella sin que se perjudiquen los intereses de la OPAQ.
6. La OPAQ cooperará en todo momento con las
autoridades competentes del Estado Parte para facilitar la adecuada
administración de la justicia, asegurar el cumplimiento de los reglamentos de
policía y evitar todo abuso en relación con los privilegios, inmunidades y
facilidades que se mencionan en este artículo.
Inicio
ARTÍCULO 7o. EXPERTOS.
1. Se concederá a los expertos los privilegios e
inmunidades que a continuación se relacionan, en la medida necesaria que les
permita el ejercicio eficaz de sus funciones, inclusive durante viajes
relacionados con dichas funciones:
a) inmunidad de detención y arresto de los expertos, y
de inspección, secuestro o decomiso de su equipaje personal;
b) inmunidad de jurisdicción de todo tipo respecto de
sus manifestaciones verbales o escritas, en el desempeño de sus funciones
oficiales; dicha inmunidad subsistirá aun cuando los interesados hayan dejado
de desempeñar funciones oficiales para la OPAQ;
c) inviolabilidad de todos los escritos, documentos y
material oficial;
d) el derecho, para fines de cualquier comunicación
con la OPAQ, de utilizar claves y de despachar o recibir escritos,
correspondencia por medio de correos o en valijas selladas;
e) las mismas facilidades con respecto de las
restricciones en materia de moneda y cambio que se reconocen a los
representantes de Gobiernos extranjeros en misión oficial temporal.
f) las mismas inmunidades y facilidades respecto de su
equipaje personal que se reconocen a los funcionarios de rango similar de
misiones diplomáticas.
2. Los privilegios e inmunidades se otorgan a los
expertos en interés de la OPAQ y no en su beneficio personal. Todas las
personas que gocen de esos privilegios e inmunidades están obligadas al
cumplimiento, a todos los demás efectos de las leyes y reglamentos del Estado
Parte. La OPAQ tendrá el derecho y el deber de renunciar a la inmunidad de
cualquier experto en todos los casos en que, a su juicio, la inmunidad
impediría el curso de la justicia y en que se pueda renunciar a ella sin que se
perjudiquen los intereses de la OPAQ.
Inicio
ARTÍCULO 8o. ABUSO DE LOS PRIVILEGIOS.
1. Si el Estado Parte estima que ha habido abuso de un
privilegio o de una inmunidad otorgados por el presente acuerdo, se celebrarán
consultas entre el Estado Parte y la OPAQ a fin de determinar si se ha
producido tal abuso y, de ser así, tratar de evitar su repetición. Si tales
consultas no dieran un resultado satisfactorio para el Estado Parte y para la
OPAQ, la cuestión de determinar si ha habido abuso de un privilegio o de una
inmunidad se resolverá con arreglo a un procedimiento de conformidad con el
artículo 10.
2. Las personas a las que se refieren los artículos 6o
y 7o no serán obligadas por las autoridades territoriales a abandonar el
territorio del Estado Parte, por razón de actividades realizadas por ellos con
carácter oficial. No obstante, en el caso de que alguna de dichas personas
abusare de los privilegios ejerciendo actividades ajenas a sus funciones
oficiales, el Gobierno del Estado Parte podrá obligarle a salir de él, siempre
que las autoridades territoriales hayan ordenado el abandono del país con la
previa aprobación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Parte,
aprobación que sólo será concedida después de consultar con el Director General
de la OPAQ. Cuando se inicie un procedimiento de expulsión contra la persona,
el Director General de la OPAQ tendrá derecho a intervenir por la persona en el
proceso que se siga contra la misma.
Inicio
ARTÍCULO 9o. DOCUMENTOS DE VIAJE Y VISADOS.
1. El Estado Parte reconocerá y aceptará como
documentos válidos los laissez-passer de las Naciones Unidas expedidos a
funcionarios de la OPAQ, para el desempeño de tareas relacionadas con la
Convención, de conformidad con los arreglos especiales de la OPAQ. El Director
General notificará al Estado Parte las disposiciones administrativas
pertinentes de la OPAQ.
2. El Estado Parte adoptará todas las medidas
necesarias para facilitar la entrada y estancia en su territorio de las
personas a las que se refieren los artículos 5o, 6o y 7o precedentes y no
pondrá impedimentos para la salida de su territorio de las mismas, sea cual
fuere su nacionalidad, y asegurará que no confronten impedimentos durante su
tránsito hacia el lugar donde se desarrollen sus actividades o funciones
oficiales o de regreso del mismo y les proporcionará cualquier protección
necesaria durante el tránsito.
3. Las solicitudes de visados y de visados de tránsito
(cuando estos sean necesarios) presentadas por las personas a las que se
refieren los artículos 5o, 6o y 7o, acompañadas de un certificado que acredite
que viajan en funciones oficiales, serán atendidas lo más rápidamente posible
para permitir a esas personas cumplir sus funciones con eficacia. Por otra
parte, se otorgarán a dichas personas facilidades para viajar con rapidez.
4. El Director General, el Director o los Directores
Generales Adjuntos y otros funcionarios de la OPAQ, que viajen en funciones
oficiales, disfrutarán de las mismas facilidades de viaje que los funcionarios
de rango similar en misiones diplomáticas.
5. Para el desarrollo de las actividades de
verificación, los visados se expiden de conformidad con el párrafo 10 de la
Parte II de la Sección B del Anexo sobre verificación de la Convención.
Inicio
ARTÍCULO 10. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
1. La OPAQ deberá prever procedimientos apropiados
para la solución de:
a) las controversias a que den lugar los contratos, u
otras controversias de derecho privado en que sea parte la OPAQ;
b) las controversias en que esté implicado un
funcionario de la OPAQ o un experto que, por razón de su posición oficial, goce
de inmunidad, si la OPAQ no ha renunciado a dicha inmunidad conforme a las
disposiciones del párrafo 5 del artículo 6o el párrafo 2 del artículo 7 del
presente acuerdo.
2. Toda diferencia relativa a la interpretación o
aplicación del presente acuerdo que no se resuelva de forma amistosa será
sometida a un tribunal compuesto de tres árbitros, que emitirá un laudo
definitivo a petición de cualquiera de las partes en la controversia. Cada
parte designará a un árbitro. El tercer árbitro, que presidirá el tribunal,
será elegido por los otros dos árbitros.
3. Si una de las partes no hubiera designado un
árbitro ni hubiera tomado medidas para hacerlo dentro de los dos meses que
sigan a la petición de la otra parte al respecto, la otra parte podrá solicitar
al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que efectúe dicha
designación.
4. Si los dos primeros árbitros no llegaran a un
acuerdo acerca de la elección del tercer árbitro dentro de los dos meses que
sigan a su designación, cualquiera de las partes podrá solicitar al Presidente
de la Corte Internacional de Justicia que efectúe tal designación.
5. El tribunal llevará a cabo sus procedimientos de
conformidad con el Reglamento del Tribunal Permanente de Arbitraje para uso
facultativo en el arbitraje para las organizaciones internacionales y los
estados, vigente en la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo.
6. El tribunal tomará su decisión por mayoría de
votos. Dicha decisión será decisiva y vinculante para las partes en la
controversia.
Inicio
ARTÍCULO 11. INTERPRETACIÓN.
1. Las disposiciones del presente acuerdo deben ser
interpretadas tomando en consideración las funciones asignadas a la OPAQ por la
Convención.
2. Las disposiciones del presente acuerdo no limitarán
ni menoscabarán en forma alguna los privilegios e inmunidades otorgados a 'los
miembros del grupo de inspección en la Parte II de la Sección B del Anexo sobre
verificación de la Convención, ni los privilegios e inmunidades otorgados al
Director General y a los funcionarios de la Secretaría de la OPAQ en el párrafo
51 del artículo VIII de la Convención. Las disposiciones del presente acuerdo
en sí mismas no se aplicarán en el sentido de que se revoque o derogue
cualquiera de las disposiciones de la Convención o cualquiera de los derechos u
obligaciones que, de otro modo, la OPAQ podría tener, adquirir o asumir.
Inicio
ARTÍCULO 12. DISPOSICIONES FINALES.
1. El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha en
que se deposite en poder del Director General un instrumento de aceptación del
Estado Parte. Queda entendido que cuando el Estado Parte deposite el
instrumento de aceptación estará en condiciones, de conformidad con su propia
legislación, de aplicar las condiciones contenidas en el presente acuerdo.
2. El presente acuerdo permanecerá en vigor mientras
que el Estado Parte sea Estado Parte en la Convención.
3. La OPAQ y el Estado Parte podrán concertar los
acuerdos suplementarios que consideren necesarios.
4. Las consultas relativas a la enmienda del presente
acuerdo se iniciarán a solicitud de la OPAQ o del Estado Parte. La introducción
de toda tal enmienda se hará con el consentimiento mutuo expresado en un
acuerdo concertado entre la OPAQ y el Estado Parte.
Hecho en La Haya por duplicado, el día 12 de
septiembre de 2006 en los idiomas inglés y español, siendo igualmente auténtico
el texto en cada uno de estos idiomas.
La Suscrita Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo
de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio
de Relaciones Exteriores de la República de Colombia
CERTIFICA:
Que la reproducción del texto que antecede es copia
fiel y completa de la versión en idioma español de “Acuerdo entre la República
de Colombia y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas sobre
privilegios e inmunidades de la OPAQ”, hecho en La Haya, el doce (12) de
septiembre de dos mil seis (2006), documento que reposa en los archivos del
Grupo Interno de Trabajo Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales de este Ministerio.
Dada en Bogotá, D. C., a los dos (1) días del mes de
junio de dos mil once (2011).
La Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de
Tratados Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales,
ALEJANDRA VALENCIA GARTNER.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 10 de octubre de 2007
Autorizado sométanse a la consideración del honorable
Congreso de la República para los efectos constitucionales
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ.
El Ministro de Relaciones Exteriores
(Fdo.) Fernando Araújo Perdomo.
DECRETA:
Artículo 1o. Apruébase el “Acuerdo entre la República
de Colombia y la Organización Para la Prohibición de las Armas Químicas sobre
Privilegios e Inmunidades de la OPAQ”, hecho en La Haya el 12 de septiembre de
2006.
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo entre la República de Colombia y
la Organización Para la Prohibición de las Armas Químicas sobre Privilegios e
Inmunidades de la OPAQ”, hecho en La Haya el 12 de septiembre de 2006, que por
el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en
que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
Artículo 3o. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los...
Presentado al honorable Congreso de la República por
la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Hacienda y Crédito
Público.
La Ministra de Relaciones Exteriores,
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.
Ministro de Hacienda y Crédito Público,
JUAN CARLOS ECHEVERRY GARZÓN.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá D. C., 10 de octubre de 2007
Autorizado sométanse a la consideración del honorable
Congreso de la República para los efectos constitucionales
(Fdo.) Álvaro Uribe Vélez.
El Ministro de Relaciones Exteriores
(Fdo.) Fernando Araújo Perdomo.
DECRETA:
Inicio
ARTÍCULO 1o. Apruébase el “Acuerdo entre la República
de Colombia y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas sobre
Privilegios e Inmunidades de la OPAQ”, hecho en La Haya el 12 de septiembre de
2006.
Inicio
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo entre la República de Colombia y
la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas sobre Privilegios e
Inmunidades de la OPAQ”, hecho en La Haya el 12 de septiembre de 2006, que por
el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al País a partir de la fecha en
que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
Inicio
ARTÍCULO 3o. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,
ROY BARRERAS MONTEALEGRE.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
GREGORIO ELJACH PACHECO.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
AUGUSTO POSADA SÁNCHEZ.
La Secretaria General (E.) de la honorable Cámara de
Representantes,
FLOR MARINA DAZA RAMÍREZ.
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional,
241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA.
El Ministro de Defensa Nacional,
JUAN CARLOS PINZÓN BUENO.
III.    INTERVENCIONES
Del Ministerio de Defensa Nacional
La apoderada especial de la Oficina Jurídica de este
Ministerio presentó un análisis formal y material del instrumento internacional
bajo estudio y de su ley aprobatoria, enfocando en primer término la validez de
la representación del Estado colombiano en el proceso mediante el cual se
suscribió el Acuerdo y, por otro lado, el trámite legislativo que precedió a su
aprobación.
Seguido a lo anterior, concluyó que el Convenio no
contraviene la carta política y guarda armonía con otros instrumentos
internacionales suscritos por Colombia en la misma materia, como la Convención
Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego,
municiones, explosivos y otros materiales relacionados, adoptada en Washington
en noviembre 14 de 1997 (Ley 737 de 2002), declarada exequible mediante
sentencia C-764 de septiembre 17 de 2002, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
A su vez, expresó que “las obligaciones que asume
el Estado en materia de marcación de explosivos, así como de destrucción o
transformación en sustancias inertes de aquellos que se encuentran sin marcar
se avienen a la Constitución, en cuanto no representan ninguna limitación de su
soberanía (art.9.C.P) y, por el contrario, se ajustan perfectamente a los fines
del Estado Social de Derecho y a los principios de reciprocidad e integración
del Estado Colombiano al orden internacional (art.226.C.P)”.
Para finalizar, solicitó que se declare la
exequibilidad de dicho Acuerdo internacional y de la Ley 1605 del 21 de diciembre
de 2012, ya que “se ha dado cumplimiento… a los requisitos procedimentales
exigidos por la Constitución y la ley para integrar el ordenamiento jurídico
interno, y de otra, los objetivos y el contenido de la Convención…”.
Del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Este Ministerio a través de apoderado especial,
presentó escrito mediante el cual solicitó a la Corte declarar la exequibilidad
de la ley cuya constitucionalidad se revisa, explicando que según el convenio aprobado
“tanto el desarrollo de la negociación, como el propio trámite de la Ley
ante el Congreso, se surtieron con todas las formalidades legales y
constitucionales, y como se ha afirmado, el Acuerdo se halla enmarcado dentro
de los claros principios y normas superiores, que rigen los Tratados
Internacionales, tanto en el orden interno como externo”.
Del Ministerio de Relaciones Exteriores
Por conducto de la Directora de Asuntos Jurídicos
Internacionales, expuso la Cancillería que a través de la aprobación de este
acuerdo “el Gobierno Colombiano estaría contribuyendo, a su vez, con sus
propios intereses en materia de seguridad, facilitando los mecanismos
desarrollados desde el derecho internacional, para permitir la realización de
los propósitos acordados por la comunidad global”.
De tal manera, solicitó declarar exequible el Acuerdo,
al igual que su ley aprobatoria, indicando que satisfacen los principios y
postulados del Estado Colombiano y su política exterior.
IV.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
En concepto N° 5677, recibido en la Secretaría de la
Corte Constitucional el 19 de noviembre de 2013, el Procurador General de la
Nación pidió a esta corporación declarar la exequibilidad de la Ley 1605 de diciembre
21 de 2012, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la República
de Colombia y la Organización para la prohibición de las armas químicas sobre
privilegios e inmunidades de la OPAQ”, firmado en La Haya el 12 de
septiembre de 2006.
Inicialmente, el jefe del Ministerio Público se
refirió al examen efectuado sobre el trámite cumplido en el Congreso de la
República, en torno al proyecto radicado bajo los números 111 de 2011 en Senado
y 140 de 2012 en Cámara, que vino a convertirse en la Ley 1605 de 2012, cuya constitucionalidad
ahora se revisa. Como resultado de tal análisis, encontró que el proceso legislativo
adelantado cumplió todas las exigencias normativas previstas para un proyecto
de tal naturaleza, denotando la inexistencia de vicio alguno.
En seguida reseñó el análisis material del contenido
del instrumento internacional sub examine, concluyendo que no observa
contradicción entre dicho convenio y la carta política colombiana. Por el
contrario, “su regulación se ajusta a los preceptos constitucionales, en
especial los contenidos en el Preámbulo, los artículos 2°,8°, 9°, 226 y 227… constituye
un desarrollo normativo de otro instrumento internacional como es la
‘Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el
almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción’ hecho en
París el 13 de enero de 1993, declarada exequible por la Corte, en la sentencia
C-328 de 2000”.
V.      CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia de
la Corte Constitucional en materia de tratados y de leyes aprobatorias de
tratados
De conformidad con lo establecido en el numeral 10° del artículo
241 de la Constitución Política, corresponde a esta Corte el examen de exequibilidad
de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos.
Según la doctrina pacíficamente sostenida por esta Corte[1], dicho control se caracteriza por ser (i)
previo al perfeccionamiento del tratado, pero
posterior a la aprobación por el Congreso y a la sanción gubernamental; (ii)
automático, pues la ley aprobatoria debe ser enviada directamente por el
Presidente de la República a la Corte Constitucional, dentro de los seis días
siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la
Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y
del tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene
fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la
ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple
una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la
Constitución, como el cumplimiento de los compromisos internacionales del
Estado colombiano.
El control que esta Corte ejerce, según lo estatuido en el
artículo 241 superior (numeral 10°), sobre los tratados internacionales y las
leyes que los aprueban, incluye el atinente a eventuales vicios de
procedimiento, que empieza por examinar la validez de la representación del
Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento
y la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado, al
igual que acerca del cumplimiento de las reglas relativas al trámite
legislativo durante el estudio y aprobación del correspondiente proyecto de ley
en el Congreso.
Dada
la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el
legislador no puede alterar el contenido de estos intercalando otras cláusulas,
ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del tratado, no
pudiendo en principio fraccionar dicha aceptación ni modificar el texto.
En cuanto al examen de fondo, radica en cotejar las disposiciones
del tratado internacional y de su ley aprobatoria, frente a la totalidad de las
disposiciones del ordenamiento superior, para constatar si se ajustan o
no a la Constitución,
sin
perjuicio de que el Estado pueda realizar declaraciones interpretativas y, a
menos que esté expresamente vedado, introducir reservas que no afecten el
objeto y fin del tratado.
2.  Revisión
formal de la Ley aprobatoria
2.1. Remisión de la ley
aprobatoria y del Acuerdo aprobado por parte del  Gobierno Nacional
El Gobierno
Nacional remitió a esta corporación en enero 11 de 2013, copia auténtica de la
Ley 1605 de diciembre 21 de 2012, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo entre la República de
Colombia y la Organización para la prohibición de las armas químicas sobre
privilegios e inmunidades de la OPAQ', hecho en La Haya el 12 de
septiembre de 2006”, para
su control constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 241
numeral 10° de la carta política, dentro del término de los seis días
siguientes a su sanción, previsto en la citada disposición.
2.2.  Negociación y
celebración de estos acuerdos
De manera reiterada, la Corte Constitucional ha
señalado que el trámite de revisión de los tratados internacionales y de sus
leyes aprobatorias, incluye el examen de las facultades del Ejecutivo respecto
de la negociación y firma del instrumento internacional respectivo.
Sobre este aspecto debe indicarse que, según lo
informó la Cancillería, el Acuerdo cuya aprobación se formaliza mediante la Ley
1605 de 2012 fue suscrito en julio 13 de 2006 por el Embajador Guillermo
Fernández de Soto, en calidad de Representante Permanente ante la OPAQ, en
virtud de los plenos poderes conferidos por el entonces Presidente de la
República.
En consecuencia, frente al instrumento internacional
que se revisa, encuentra esta corporación que se reunieron las formalidades
requeridas para el ejercicio de la representación del Estado colombiano, de
conformidad con lo previsto en las normas internacionales y nacionales sobre la
materia.
2.3.  Aprobación
presidencial
En octubre 10 de
2007, el entonces Presidente
de la República impartió su aprobación ejecutiva al ya referido Acuerdo y
ordenó someterlo a consideración del Congreso de la República para su
aprobación, de conformidad con lo previsto en el numeral 16 del artículo 150
superior.
2.4. Trámite realizado en el
Congreso de la República para la formación de la Ley 1605 de 2012
Tal como la Corte ha indicado al realizar
este tipo de análisis, salvo la exigencia de iniciar el trámite de los
proyectos de leyes aprobatorias de tratados internacionales en el Senado de la
República (art. 154 superior), la Constitución Política no estableció un
procedimiento especial para la expedición de este tipo de leyes. De allí que a
ellas corresponda, entonces, el proceso de formación previsto para las leyes
ordinarias, regulado por los artículos 157 a 165 de la Carta, entre otros.
Tampoco el reglamento del Congreso, contenido en la Ley 5ª de 1992, prevé
reglas especiales, salvo las contenidas en su artículo 217.
De conformidad con la documentación que
obra en el expediente, el proyecto de ley agotó el siguiente trámite en el
Congreso de la República:
2.4.1. El trámite en el Senado
del proyecto de Ley 111 de 2011 Senado
El proyecto fue presentado a consideración del Senado
de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuéllar y por el entonces Ministro de Hacienda y Crédito
Público, Juan Carlos Echeverry Garzón el día 7 de septiembre de 2011, con
sujeción a lo dispuesto en los artículos 150-16, 154, 189-2° y 224 de la
Constitución.
El texto inicial y la respectiva exposición de motivos
aparecen publicados en la Gaceta del Congreso Nº 667, de septiembre 7 de 2011,
páginas 1 a 7. Así, aparecen cumplidos los requisitos de iniciación del trámite
en el Senado de la República (art. 154 precitado) y de publicación previa a la
iniciación del trámite legislativo en la comisión respectiva (art. 157, numeral
1°, ib.).
2.4.1.1. Trámite ante la Comisión Segunda
Constitucional del Senado
La ponencia para primer debate, fue presentada por el
Senador Carlos Fernando Motoa Solarte y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 329,
de junio 8 de 2012, páginas 4 a 8.
El
proyecto de ley 111 de 2011 fue anunciado por el Secretario de la Comisión
Segunda del Senado, según
consta en el acta N° 30 de junio 13 de 2012, publicada en la Gaceta N° 21 de febrero
8 de 2013 (pág. 1 y 2), así:
“Anuncio de discusión y votación de proyectos de ley.
Por instrucciones de la Presidenta de la Comisión
Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de
proyectos de ley para la próxima sesión (artículo 8° del Acto Legislativo
número 01 de 2003).
…   …   …
Gracias señor Secretario, le ruego el favor anunciar
los proyectos de ley que tenemos para la próxima sesión.
…   …   …
-
Proyecto de ley número 111
de 2011 Senado, “Por medio de la cual se aprueba el acuerdo
de entre la República de Colombia y la Organización para la prohibición de las armas
químicas sobre privilegios e inmunidades de la OPAQ, hecho en La Haya el 12 de septiembre de
2006.
…   …   …
…  en razón que ya han sido anunciados los proyectos
que se van a debatir en la próxima sesión, vamos a convocar, citamos para la
próxima sesión a las 9:00 de la mañana en el recinto de la Comisión Sexta del
Senado, Esta citación se va hacer a las 9:00 de la mañana del día jueves 14 de
junio…”
Se observa entonces que el anuncio constitucionalmente
requerido se hizo en términos suficientemente claros y explícitos, lo que permitió
que sus destinatarios (miembros de la comisión y comunidad en general) se
enteraran de manera clara y precisa, conforme a lo reiteradamente planteado por
la jurisprudencia de esta corporación. De otra parte, en lo que atañe a la
fecha en la que debería tener lugar la votación anunciada, se aludió a “la
próxima sesión… día jueves 14 de
junio”.
En cumplimiento de lo así anunciado, la discusión y votación
unánime (dado que se realizó una votación
ordinaria), de este
proyecto efectivamente se produjeron en la siguiente sesión, esto es, la del
día 14 de junio de 2012, que contó con la participación inicial de 6 de los 13
senadores que conforman dicha célula legislativa, haciéndose presente en el
transcurso de la sesión los faltantes, omitiéndose la lectura del articulado y los Senadores de Comisión se
encontraban todos de acuerdo con el proyecto de ley, de todo lo cual da cuenta el acta Nº
31 de ese año, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 549 de 2012 (págs. 50 a
52).
De tal manera, se concluye que la
aprobación del proyecto por parte de la Comisión Segunda del Senado cumplió la
totalidad de los requisitos previstos.
2.4.1.2. Trámite ante la Plenaria del Senado de la
República
La ponencia para segundo debate fue también presentada
por el Senador Carlos Fernando Motoa Solarte, siendo publicada en la Gaceta del
Congreso Nº 565, de agosto 29 de 2012, páginas 28 a 32.
Según
certificación expedida en febrero 11 de 2013 por el Secretario General del
Senado, el proyecto de ley fue anunciado para su discusión y aprobación en
segundo debate en la sesión del 4 de septiembre de 2012, según consta en el Acta
de Plenaria N° 12, publicada en la Gaceta del Congreso N° 797, de noviembre 9
del mismo año, paginas 1 y 2, de la siguiente forma:
“Anuncio de proyectos
Por instrucciones de la
Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por
Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la
próxima sesión.
Siguiente punto del Orden
del Día es anuncio de proyectos, anuncio de proyectos para discutir y votar en
la próxima sesión plenaria del honorable Senado de la República.
…   …   …
Proyecto de ley número 11
de 2011 Senado, por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la República de Colombia y la
Organización para la Prohibición de las Armas Químicas sobre privilegios e
inmunidades de la OPAQ,
hecho en la Haya el 12 de septiembre de 2006.”
Finalmente, al concluir la sesión se
convocó de manera inequívoca para el día “martes 11 de septiembre de 2012, a las 3:00 p. m.”.
Así mismo, dicho Secretario General certificó que este
proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate en la sesión plenaria del 11
de septiembre de 2012, según consta en el acta N° 13, publicada en la Gaceta del Congreso N° 798 de noviembre 9 del mismo año, con votación ordinaria, conforme al artículo 129 de la
Ley 5ª de 1992, quórum de 92 senadores (de 100).
En
septiembre 18 del mismo año, fue publicado en la Gaceta del Congreso N° 617 el
texto definitivo aprobado en Plenaria del Senado, del proyecto de ley 111 de 2011 Senado (página 4).
2.4.2.1. Trámite ante la Comisión Segunda
Constitucional de la Cámara de Representantes
La ponencia para primer debate fue presentada en dicha
Comisión por el Representante Telésforo Pedraza Ortega, a quien le fue
repartido el proyecto, siendo publicada en la Gaceta del Congreso Nº 728 de octubre
25 de 2012, páginas 3 a 9.
El proyecto de ley fue anunciado en sesión de octubre
30 de 2012, según consta en el
acta N° 18, publicada en la Gaceta N° 17 de
febrero 6 de 2013, página 29, así:
“Siguiente punto de Orden del Día. Anuncio de
proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate para dar
cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003, para
aprobación en próxima sesión de Comisión donde se discutan y aprueben proyecto
de ley.
Señor Presidente debo informarle que son ocho (8)
proyectos de ley para anunciar incluyéndose el primero que se aplazó.
…   …   …
Proyecto de ley número 140 de 2012 Cámara, 111 de 2011
Senado, por medio de la cual
se aprueba el ‘Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la
Prohibición de las Armas Químicas sobre Privilegios e Inmunidades de la Opaq’,
hecho en la Haya el 12 de septiembre de 2006.
…   …   …
Agotado el Orden del Día se cita para el próximo
miércoles 7 de noviembre a las 9 de la mañana.”
Posteriormente, según certificación expedida en febrero 18 de 2013 por la Secretaria
General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el debate y
aprobación “por unanimidad en votación ordinaria” se realizó en
noviembre 7 de 2012, como consta en el acta N° 19 de la misma fecha, publicada
en la Gaceta 222 de 2013.
En
noviembre 21 de 2012 fue publicado en la Gaceta del Congreso N° 823 el texto
definitivo aprobado en primer debate (páginas 22 a 27).
2.4.2.2. Trámite ante la Plenaria de la Cámara de
Representantes
La ponencia para segundo debate, fue presentada por el
mismo Representante Telésforo Pedraza Ortega y publicada en la Gaceta Nº 823 de
noviembre 21 de 2012, páginas 22 a 27.
En relación con el anuncio del proyecto previo a su
votación, la certificación de marzo 21 de 2013, suscrita por el Secretario
General de la Cámara de Representantes, da cuenta de haber sido producido en noviembre
26 de 2012, según consta en el acta N° 176 de esa fecha, que fuera luego
publicada en la Gaceta del Congreso Nº 26 de febrero 8 de 2013 (pág. 31), donde
se lee:
“Señor Presidente, se anuncian los
siguientes proyectos para la sesión Plenaria del miércoles 28 de noviembre o
para la siguiente sesión en la cual se debatan proyectos de ley o actos
legislativos de acuerdo al Acto Legislativo 1, de julio 3 de 2003,en su
artículo 8.
…   …   …
Proyectos para Segundo Debate:
…   …   …
Proyecto de ley número 140 de 2012 Cámara,
111 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la
República de Colombia y la Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas sobre Privilegios e Inmunidades de la OPAQ, hecho en La Haya, el 12 de
septiembre de 2006.”
De acuerdo con la certificación recibida en
abril 9 de 2013 y con el contenido del acta de Plenaria N° 177 de la Cámara de
Representantes, luego publicada en la Gaceta Nº 83 de marzo 12 de 2013 (pág.
40), este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate, precisamente durante
la sesión realizada el miércoles 28 de noviembre de 2012, aprobación que se
produjo unánimemente por los 152 Representantes presentes, en votación
ordinaria.
2.4.3. Resumen sobre el cumplimiento de los
requisitos constitucionales aplicables al trámite legislativo dispensado a este
proyecto
Frente al trámite dado en las cámaras
legislativas al Proyecto de Ley 111 de 2011 – Senado / 140 de 2012 Cámara, que
posteriormente vino a convertirse en Ley 1605 de 2012, la Corte reitera lo
siguiente:
El proyecto de ley cumplió de manera
satisfactoria la totalidad de los requisitos previstos en la Constitución y en
el reglamento del Congreso para el trámite de una iniciativa de esta
naturaleza, pues dicho proyecto: (i) comenzó su tránsito en el Senado de la
República; (ii) fue publicado previamente al inicio del proceso legislativo;
(iii) fue aprobado tanto en primero como en segundo debate en cada una de las
cámaras, con el quórum y las mayorías normativamente exigidas; (iv) las
ponencias, tanto en comisiones como en plenaria, fueron publicadas antes de
iniciarse los respectivos debates; (v) entre el primero y el segundo debate en
cada cámara, como entre la aprobación del proyecto en la plenaria del Senado y
la iniciación del trámite en la Cámara de Representantes transcurrieron los
términos mínimos previstos en el texto constitucional (art. 160); (vi) fue
sancionado por el Presidente de la República una vez concluido el trámite
legislativo; (vii) fue enviado a esta Corte para su revisión de constitucionalidad,
dentro de los seis (6) días siguientes a su sanción presidencial.
Por ende, bajo todos estos aspectos, la Ley
1605 de 2012 es exequible, en lo que se refiere a la validez y suficiencia de
su trámite legislativo.
2.5. Análisis material sobre el contenido y
estipulaciones del instrumento internacional aprobado mediante la Ley 1605 de
2012
2.5.1. Del propósito de este Acuerdo y de
su adecuación constitucional
El
“Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la prohibición
de las armas químicas sobre privilegios e inmunidades de la OPAQ”, firmado en La Haya el 12 de septiembre
de 2006 entre la República de Colombia y la OPAQ, e incorporado al ordenamiento jurídico
colombiano mediante la Ley 1605 de 2012, que ahora se revisan, tiene como
objetivo el reconocimiento de los privilegios e inmunidades para los delegados
y representantes de la OPAQ, y así asegurar la aplicación de las disposiciones
de la Convención sobre Armas Químicas (CAQ) “entre ellas las relativas a la
verificación internacional de su cumplimiento, y proporcionar un foro de
consultas y colaboración de los Estados Partes”.
Además, las partes que suscriben el Acuerdo
incluyeron consideraciones que justifican su adopción, por la importancia de afianzar nexos entre Colombia, los
Estados Parte y la OPAQ, ya que este instrumento “constituye un mecanismo
para que Colombia pueda atender los serios compromisos adquiridos en los
distintos foros internacionales, en los cuales la comunidad internacional aboga
por la seguridad internacional”[2],
basada en “procesos de verificación por parte de los inspectores de la OPAQ
y los expertos que los apoyan, quienes adelantan sus tareas de desmantelamiento
de estructuras para el almacenamiento de armas químicas, así como de vigilancia
de las industrias químicas como medida preventiva”, evitando que dichos elementos
puedan ser desviados de sus propósitos pacíficos, con el fin de causar algún
mal a la humanidad, lo cual representa un gran avance en materia de unidad y
fortalecimiento de la seguridad internacional.
Desde otro ángulo, nada de lo acordado engendra
contradicciones ni dificultades frente a la preceptiva constitucional
colombiana y, por el contrario, encuadra dentro de su marco axiológico y compagina
con las tendencias globalizantes, constituyendo un valioso instrumento jurídico
internacional, con la finalidad de propiciar el logro de los objetivos
previstos en la Convención sobre Armas Químicas (CAQ).
2.5.2.  Del contenido del Acuerdo bajo
análisis
El instrumento internacional cuya
exequibilidad se revisa, consta de considerandos que precisan su objeto de
promover y facilitar el cumplimiento de las competencias atribuidas a la OPAQ
por la Convención de Armas Químicas, CAQ, y sus instrumentos complementarios, nada
de lo cual irrespeta la soberanía ni precepto alguno de la carta política
colombiana, como se precisará más adelante.
En el artículo 1° se hace referencia a definiciones de
términos, como convención, OPAQ, director general, estado parte y sus
representantes, bienes, archivos de la OPAQ, entre otros.
Respecto a la personalidad jurídica de la OPAQ, el
artículo 2° establece su plena capacidad para contratar, adquirir bienes,
entablar acciones judiciales y actuar en las mismas.
Frente al artículo 3° sobre privilegios e inmunidades
de la OPAQ, señala que sus bienes y archivos gozarán de inmunidad, independientemente
del lugar en que se encuentren y quienquiera que los tenga, sin hallarse
sometidos a fiscalizaciones, reglamentos o moratorias, prestando “la debida
atención a todo requerimiento del Estado Parte, en la medida en que estime
posible dar curso a dichos requerimientos sin detrimento de sus propios
intereses”.
Así mismo, en materia de comunicaciones y
publicaciones oficiales dirigidas a la OPAQ, al igual que las procedentes de la
misma, expresa el artículo 4° que son inviolables, cualquiera sea el medio o
forma de transmisión.
Los artículos 5°, 6° y 7° refieren los privilegios e
inmunidades otorgados a los representantes de los Estados Parte, funcionaros de
la OPAQ y expertos, tales como inmunidad de detención o arresto, inmunidad de
toda jurisdicción mientras ejerzan sus funciones, inviolabilidad de sus
documentos, exención a cualquier medida de migración, inmunidad de equipajes.
Por otra parte, el artículo 8° hace referencia al abuso de los privilegios
otorgados, el cual será resuelto con arreglo a un procedimiento de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 10°, que establece la solución de controversias.
Paralelamente, el artículo 9° enuncia que los
documentos de viaje y visados de las personas señaladas en los artículos 5°, 6°
y 7° gozan de privilegio, para impedir que surjan obstáculos donde deban ir a
cumplir sus funciones.
A su vez, el artículo 10° describe que la OPAQ deberá
prever procedimientos apropiados para la solución de controversias relacionadas
con interpretación o aplicación del Acuerdo, en las que estén implicados
funcionarios de la organización, señalando que aquellas que no logren ser
resueltas de forma amistosa serán sometidas a un Tribunal Permanente de Arbitraje.
Igualmente, el artículo 11° versa sobre la
interpretación de las disposiciones del Acuerdo, la cual debe realizarse en
consideración a las funciones asignadas a la OPAQ por la Convención.
Por último, el artículo 12° señala las disposiciones
finales sobre la entrada en vigor del Acuerdo, al igual que la facultad de la
OPAQ y los Estados Parte de concertar los acuerdos suplementarios que sean
necesarios e iniciar consultas relativas a la enmienda del Acuerdo.
2.5.3. Prohibición de armas químicas, derecho a la paz y
dignidad humana.
La Constitución Política en el
artículo 22 ubica la paz como “un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento”, disposición que de conformidad con los artículos 2° y 189
superiores vinculan al Estado y particularmente al Gobierno Nacional, en la
adopción de políticas públicas encaminadas a la preservación del orden y el
mantenimiento de la convivencia pacífica, mientras toda persona tiene el deber
de “propender al logro y mantenimiento de la paz” (art. 95-6 Const.).
En este sentido y de conformidad con normas
internacionales[3],
el mandato del artículo 22 de la carta ha de entenderse como una regla de
conducta que debe conducir a todos los habitantes del territorio nacional hacia
la solución pacífica de los conflictos de manera pacífica, lo cual tiene relación
directa con el respeto a la dignidad humana, pues “la solución violenta de
los conflictos sociales y personales únicamente conduce a la anulación del ser
humano y a la destrucción de las sociedades”[4],
sentencia que también refiere:
“El logro de la convivencia pacífica en una sociedad
no sólo es una cuestión de medios institucionales y personales para
contrarrestar la violencia; es también un asunto cultural. La paz no es
simplemente el resultado de la eliminación de los conflictos, también es la
consecuencia de la convicción ciudadana en la conveniencia de los métodos
jurídicos de solución de  conflictos. Una sociedad que centre sus esperanzas de
convivencia pacífica en los métodos de disuasión por medio de las armas de
fuego es una sociedad fundada en un pacto frágil y deleznable. Las relaciones
intersubjetivas estarían construidas en el temor y la desconfianza recíprocas,
de tal manera que la ausencia de cooperación,  entendimiento y confianza como
bases del progreso social serían un obstáculo insalvable para el crecimiento
individual y colectivo.”
En lo interno, surge clara la correlación con lo establecido
en el artículo 81 superior, sobre la prohibición de “la fabricación,
importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares” y el
deber de “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida…”
(art. 2 Const.).
Así, el principio de dignidad humana y el derecho a la
paz no solo imponen la obligación de prevenir la guerra, sino que, en caso de
conflicto, obligan al Estado a morigerar sus efectos. Como se expuso en la
misma sentencia que acaba de ser citada:
“El derecho humanitario en manera alguna legitima la
guerra. Lo que busca es garantizar que las partes en contienda adopten las
medidas para proteger a la persona humana. Las normas humanitarias, lejos de
legitimar la guerra, aparecen como una proyección de la búsqueda de la paz, que
es en el constitucionalismo colombiano un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento, lo cual confiere nuevas bases constitucionales al Protocolo II.[5]”
Las armas químicas tienen devastadores efectos
indiscriminados y su acción suele superar la capacidad de control, aun del propio
agresor, implicando horrenda destrucción masiva, gravemente contraria a los
principios del derecho internacional humanitario. En los términos de la
precitada sentencia C- 328 de marzo 22 de 2000 (está en negrilla en el texto
original):
“La obligación constitucional de respetar en los
estados de guerra y de conmoción interior (art. 214 numeral 2) el derecho
internacional humanitario, deriva en el deber del Estado colombiano de asegurar
que, en todo conflicto bélico o interno, tales normas se apliquen.  De igual
manera, siguiendo la cláusula Martens[6],
y en evidente conexión con el principio de dignidad humana, el Estado
colombiano estará obligado a lograr la no utilización de medios que
tengan efectos desproporcionados contra los no combatientes o que afecten la
población civil.  Es decir, tiene el deber de evitar la fabricación y el uso de
cualquier arma de destrucción masiva, ya sea en el conflicto interno o en sus
acciones bélicas internacionales.
…   …   …
Del deber de prevenir la guerra y de asegurar la
realización del derecho internacional humanitario, se sigue que el Estado
colombiano (1) en términos de reciprocidad (art. 226 de la C.P.) puede acudir a
los escenarios de cooperación internacional a fin de procurar avances en el
desarme mundial y en el control sobre los medios de producción de las armas e,
(2) imponer restricciones proporcionadas al libre comercio y la libre empresa,
a fin de evitar la producción de armas o de sus insumos, todo lo anterior, con
el objeto de lograr que el desarrollo científico y tecnológico se dirija a ‘conseguir
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación
de un ambiente sano’ (C.P. art. 334).”
2.5.4. La jurisprudencia constitucional y el principio de inmunidad
de jurisdicción restringida. Reiteración de jurisprudencia[7].
Esta
corporación en sentencia C-788
de octubre 20 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, se señaló que “en sede de tutela y en materia de control de
constitucionalidad, las siguientes limitaciones a la inmunidad de los agentes
de Estados extranjeros y organismos de derecho internacional que se encuentren
en el territorio nacional”, son las siguientes:
2.5.4.1. La jurisdicción laboral
“En la sentencia T-932 de 2010, la Corte analizó el
caso de una ciudadana a favor de quien la Misión Diplomática de la Embajada de
la República Bolivariana de Venezuela en Colombia, dejó de realizar los aportes
al Sistema de Pensiones. Para resolver el caso concreto, en las consideraciones
generales del fallo, la Sala Novena de Revisión llegó a tres conclusiones
principales: (i) de manera progresiva, el derecho internacional ha reconocido
que los Estados y
los organismos internacionales tienen inmunidad restringida en materia laboral,
es decir, ha aceptado que las misiones diplomáticas y los organismos
supranacionales pueden ser
llamados a juicio por tribunales locales “cuando se encuentran comprometidos
derechos laborales y prestacionales de connacionales y residentes permanentes
del territorio nacional (…).[8]”;
(ii) cuando
un Estado extranjero celebra un contrato laboral con un nacional colombiano,
debe someterse irrestrictamente a las normas laborales internas, razón por la
que “un Estado acreditante no
puede alegar inmunidad por reclamos derivados del contrato de trabajo o de la
ejecución de relaciones laborales.”; y (iii) la celebración de contratos de
trabajo con nacionales colombianos obliga a las misiones diplomáticas y a los
organismos supranacionales a asumir el riesgo de vejez[9], “mediante la afiliación del trabajador
al Instituto de Seguros Sociales o incluso a otras entidades de previsión
social que cubrieran tal riesgo.
En
consonancia con las conclusiones anotadas, al constatar que la accionante podía
acudir ante los jueces laborales para obtener el amparo de sus pretensiones, y
ante la necesidad de adoptar medidas urgentes e impostergables para garantizar la
protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital y la seguridad social,
la Corte concedió la tutela interpuesta como mecanismo transitorio y ordenó al
Jefe de la Misión Diplomática de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela
en Colombia pagar a la accionante “la suma equivalente a un salario mínimo
legal mensual vigente conforme a las normas colombianas, a título de pensión
provisional de vejez y hasta tanto la justicia ordinaria laboral resuelva de
fondo la controversia en materia de derechos laborales que planteará la
actora.”
Así, en dicha sentencia se arribó a la conclusión de que la
acción de tutela sí es procedente para obtener la protección de los derechos
fundamentales al mínimo vital, al trabajo y a la seguridad social de quien ha
prestado sus servicios a una misión diplomática o a un organismo internacional,
cuando el empleador ha omitido dar cumplimiento al deber de realizar los
aportes correspondientes al Sistema de Pensiones.
2.5.4.2. Las jurisdicciones civil y administrativa
Mediante la sentencia C-315 de abril 1º de  2004, M. P.
Eduardo Montealegre Lynett, la Sala Plena de esta Corte declaró la
constitucionalidad de “La Convención sobre las Misiones Especiales” de
las Naciones Unidas -abierta a la firma en Nueva York el 16 de diciembre 1969-,
así como de la Ley 824 de 2003 que lo aprobó.
De acuerdo con el artículo 31 de dicha Convención, los
representantes de un Estado y los miembros del personal diplomático gozan de
inmunidad civil y administrativa, salvo en estos casos: “a) una acción real
sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado
receptor, a menos que la persona de que se trate los posea por cuenta del
Estado que envía para los fines de la misión; || b) una acción sucesoria en la
que la persona de que se trate figure, a título privado y no en nombre del
Estado que envía, como ejecutor testamentario, administrador, heredero o
legatario; || c) una acción referente a cualquier actividad profesional o comercial
ejercida por la persona de que se trate en el Estado receptor, fuera de sus
funciones oficiales; [y] || d) una acción por daños resultante de un
accidente ocasionado por un vehículo utilizado fuera de las funciones oficiales
de la persona de que se trate.”
Con fundamento en las disposiciones anteriores, en la citada
sentencia, luego de reiterar que el principio de inmunidad de jurisdicción
restringida no contradice la Constitución pues no vulnera por sí mismo el
principio de igualdad, la Corte afirmó que “los artículos que abordan el
tema contenidos en la Convención deben ser entendidos de conformidad con (i) la
jurisprudencia del Consejo de Estado en lo concerniente a la jurisdicción
administrativa, y (ii) los demás artículos de la misma Convención que se
refieren a las obligaciones generales que deben satisfacer los integrantes de
una misión diplomática”.
A continuación se resumen las consideraciones que expuso la
Corte en esa oportunidad, en relación con la inmunidad de jurisdicción
restringida en materia civil y administrativa:
“(1) El principio de inmunidad de
jurisdicción no implica que la víctima de un daño antijurídico causado por una
misión diplomática no pueda obtener la indemnización respectiva. En efecto, de
acuerdo con la jurisprudencia sentada por el Consejo de Estado en la materia,
si “por un tratamiento de privilegio conferido por el Estado a una persona,
atendidas sus calidades, se produce un desequilibrio en su favor y en contra de
otro que resulta damnificado y sin la posibilidad  de demandar con
fundamento en el hecho dañino ante su juez natural,  es claro que hay un
desequilibrio de las cargas públicas y que por ello el particular está
habilitado para demandar al Estado en reparación con fundamento en su actuar complejo
(…).[10]”
De este modo, el rompimiento del equilibrio de las
cargas públicas ocasionado por la actividad legítima del Presidente de la
República y el Congreso, que genera un daño antijurídico, impone al Estado el
deber de reparar a los afectados[11].
(2)
Los locales, archivos, documentos y la correspondencia oficial de la misión
diplomática son inviolables[12].
(3) La inmunidad de jurisdicción de los
representantes del Estado que envía la misión especial y de los miembros de su
personal diplomático “no los eximirá de la jurisdicción del Estado que envía.[13]”
(4) los representantes del Estado que
envía la misión especial y de los miembros de su personal diplomático gozan de
inmunidad en el Estado receptor, únicamente por los actos realizados en el
desempeño de sus funciones oficiales[14]”.
2.5.4.3. La jurisdicción
penal
En la sentencia C-315 de 2004 ya citada, se señaló que la
Convención sobre las Misiones Especiales de las Naciones Unidas, incorporada al ordenamiento jurídico
interno por la Ley 824 de 2003, “también señala en su artículo 31 que los
representantes de un Estado y los miembros del personal diplomático gozan de
inmunidad penal en el Estado receptor”, frente a lo cual esta corporación no
efectuó ningún reproche.
Sin embargo, es preciso aclarar que en la sentencia C-863 de
septiembre 7 de 2004, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, al estudiar la
constitucionalidad de la Ley 877 de 2 de enero de 2004, “Por medio de la
cual se aprueba ‘la Convención sobre la Seguridad Personal de las Naciones
Unidas y el personal asociado’, suscrita en Nueva York el 9 de diciembre de
1994”, la Corte afirmó que en concordancia con lo dispuesto en dicha
convención, el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado tienen la
obligación de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor.
En este sentido, aunque la corporación consideró
constitucional el artículo de la Convención según el cual, el personal militar
o de policía asociado a las Naciones Unidas no puede ser detenido ni
interrogado cuando haya sido capturado en el curso del desempeño de sus
funciones y se haya establecido su identidad, pues “debe ser devuelto a
las Naciones Unidas o a las autoridades pertinentes, y en todo caso tratado de
conformidad con las normas de derechos humanos universalmente reconocidas y con
los principios y el espíritu de los Convenios de Ginebra de 1949.”, también
fue enfática en sostener que los privilegios de los que goza el personal de
Naciones Unidas[15],
señalando que:
“no implican la impunidad frente a
posibles delitos cometidos por este personal durante su paso por territorio
colombiano. Según las normas penales aplicables, incluso de conformidad con las
normas internacionales[16],
los privilegios e inmunidades no tienen como consecuencia la impunidad por
los delitos cometidos por agentes amparados por ellas. En el caso de
delitos cometidos por personal que goza de privilegios o inmunidades, los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación deben ser
garantizados, por lo que cabe la indemnización de los perjuicios ocasionados a
las víctimas, incluso a cargo del Estado colombiano cuando se reúnan los
requisitos para ello.” (Negrilla fuera del texto original).
Así las cosas, la jurisprudencia constitucional ha estimado
que el principio de inmunidad de jurisdicción restringida no es contrario a la
Carta. En este sentido, dicho principio solo se
justifica en la necesidad de garantizar que las misiones diplomáticas y los
organismos de derecho internacional cumplan sus funciones con independencia, y
en el respeto por la soberanía,
independencia e igualdad de los Estados.
Por lo anterior, se tiene que dicho
principio no es contrario a la intervención de las autoridades colombianas, cuando éstas
persigan la protección de los derechos de los habitantes del territorio
nacional, concluyendo entonces que el reconocimiento de privilegios e
inmunidades en los términos planteados es compatible con las normas
constitucionales.
2.5.5. De la exequibilidad material de las
estipulaciones del Acuerdo bajo análisis
Referidas las previsiones incluidas en el
Acuerdo cuya exequibilidad se analiza, es ostensible que todas se ajustan al
contenido usual de este tipo de convenios y que en nada devienen contrariados los
principios, fines, objetivos ni garantías propias de un Estado social de
derecho, sino que, por el contrario, los desarrollan, particularmente en lo determinado
por los artículos 2°, 8°, 9°, 226, 227 y complementarios de la Constitución,
por lo cual ningún reproche de inexequibilidad alcanza tan siquiera a
columbrarse.
En otras palabras, ejecutar el propósito general de
este Acuerdo implica desarrollar la preceptiva constitucional al respecto, mas
no conculcarla, en la medida en que se establecen privilegios e inmunidades,
que resguardan internacionalmente a quienes tienen a su cargo el recto y eficaz
ejercicio de las funciones encomendadas a la OPAQ.
Para
sus efectos, el instrumento internacional también prevé la protección a bienes,
locales y archivos de propiedad de la OPAQ, avalando la legitimidad de la organización
y velando por la salvaguarda de sus elementos.
Adicionalmente, las disposiciones acordadas
están determinadas dentro de un marco de equidad, reciprocidad, cooperación, conveniencia nacional, respeto a la soberanía de los Estados Parte y reconocimiento de la Organización para la
Prohibición del uso de Armas Químicas, que realzan el acatamiento de lo así
mismo instituido en los
artículos de la carta política señalados anteriormente, paralelamente a que las
ventajas que emanan del Acuerdo podrán ser aprovechadas, en plena igualdad de
condiciones, por miembros de los Estados Parte y expertos de la OPAQ.
Todo ello evidencia que la participación de
Colombia en este convenio tiene un claro sustento constitucional y contribuye a
la realización de los mandatos superiores,
para el caso los referentes a la promoción y fomento de la cooperación en
materia de seguridad internacional, sin contrariar postulados constitucionales como
los establecidos en los artículos 3° y 9°, lo que desvirtúa cualquier eventual objeción a su incorporación
al derecho interno y a que se formalice el compromiso de cumplimiento por el
Estado colombiano.
2.6. Conclusión
En síntesis, el Acuerdo internacional aprobado
mediante la Ley 1605 de 2012, y esta misma, se ajustan a la Constitución
Política, en sus aspectos formales al haber satisfecho cabalmente los
requisitos procedimentales establecidos al efecto, y en el contenido material por
cuanto sin contrariedad alguna frente a la preceptiva nacional constitucional,
cumple el propósito perseguido, que es el reconocimiento de los privilegios e
inmunidades para delegados y representantes de Estados Parte, bienes, locales
y  archivos de la OPAQ, todo en cabal observancia de los principios, objetivos
y finalidades propios del Estado social de derecho, asumido como modelo
político, social y económico por la República de Colombia.
VI.    DECISION
En mérito de lo expuesto,
la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo entre la República de Colombia y la
Organización para la prohibición de las armas químicas sobre privilegios e
inmunidades de la OPAQ”, suscrito en La Haya el 12 de septiembre de 2006.
Segundo.- Declarar
EXEQUIBLE la Ley 1605 de diciembre 21 de 2012, por medio de la cual se
aprueba el “Acuerdo de entre la República de Colombia y la Organización para
la prohibición las de armas químicas sobre privilegios e inmunidades de la
OPAQ”, suscrito en La Haya el 12 de septiembre de 2006.
Cópiese, notifíquese, comuníquese e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
Con aclaración de voto
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA C-267/14
ACUERDO ENTRE COLOMBIA Y LA ORGANIZACION PARA PROHIBICION DE ARMAS
QUIMICAS SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA OPAQ-Condiciones de votación en trámite legislativo (Aclaración de
voto)
VOTACION
NOMINAL Y PUBLICA-Contenido
(Aclaración de voto)
VOTACION ORDINARIA-Supuestos en que se admite deben ser interpretados de manera
restrictiva a fin de evitar que tal mecanismo se torne en la regla (Aclaración
de voto)
VOTACION NOMINAL Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS REGLAS DE QUORUM Y MAYORIAS-Relación
(Aclaración de voto)
REGLA DE VOTACION NOMINAL Y PUBLICA-Importancia (Aclaración de voto)
ACUERDO ENTRE
COLOMBIA Y LA ORGANIZACION PARA PROHIBICION DE ARMAS QUIMICAS SOBRE PRIVILEGIOS
E INMUNIDADES DE LA OPAQ-Análisis sobre validez de votaciones del proyecto es insuficiente
e impide verificar la adecuada aplicación del artículo 133 de la Constitución
Política (Aclaración de voto)
Referencia:
Expediente LAT-409
Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1605 de
2012, mediante la cual fue aprobado el “Acuerdo entre la República de
Colombia y la Organización para la Prohibición de las armas químicas sobre
privilegios e inmunidades de la OPAQ”.
Magistrado
Ponente:
NILSON
PINILLA PINILLA
Con
nuestro acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional,
aclaramos nuestro voto a la sentencia C-267 de 2014, en relación con (i) la
forma en que se verificaron los requisitos de la votación del proyecto de ley
durante el trámite legislativo.
Sobre
el estudio de las votaciones dentro del trámite legislativo.
1.
Hemos reiterado en varias aclaraciones, la necesidad de que la Corte verifique
a partir de los criterios ya establecidos en la jurisprudencia, en cada caso,
el cumplimiento de las condiciones de votación del trámite y, concretamente,
haga explícito cuándo es válido apartarse de la regla de votación prevista en
el artículo 133 de la Carta Política. Mencionamos que el artículo 133 Superior,
modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, establece que el voto de los
miembros de cuerpos colegiados de elección directa será nominal y público,
salvo en los casos que determine la ley; afirmamos que la reforma
constitucional citada (AL 01/09) tuvo por propósito reforzar los mecanismos de
transparencia y el control ciudadano sobre la gestión de esas Corporaciones.
Además, insistimos en la importancia de que en la reforma constitucional se
haya acogido no solo la exigencia de votación pública, sino también la del voto
nominal, y destacamos la forma en que esa regulación refleja los
resultados de la ponderación efectuada por el propio Congreso al ejercer el poder
de reforma, dando prevalencia a la transparencia y la responsabilidad del
congresista hacia sus electores sobre el propósito de agilizar las sesiones
parlamentarias.
2.
Ese balance normativo fue recogido por el legislador ordinario, al modificar el
artículo 130 del Reglamento del Congreso  (Ley 5ª de 1992), a través del
artículo 2º de la Ley 1431 de 2011[17],
disposición en la que, además de reiterar la regla general de votación nominal
y pública, se dispuso que habrán de implementarse procedimientos electrónicos
que acrediten el sentido del voto de cada congresista y el resultado de la
votación; se previó que, a falta de dichos mecanismos, la votación nominal debe
adelantarse mediante el llamado a lista para que cada congresista anuncie de
manera verbal el sentido de su voto, y se estableció la obligación de publicar
en la Gaceta del Congreso toda la información relacionada con el trámite
legislativo, incluido el resultado de las votaciones y el sentido del voto de
cada congresista.
En
ese marco, la regla de votación nominal es un medio para acreditar el quórum
decisorio (art. 145 CP) y el apoyo de la mayoría al proyecto, porque exige
verificar la presencia de los integrantes de la respectiva célula legislativa
al momento de expresar el sentido de su voto.[18]
3.
Mediante la votación ordinaria, de naturaleza excepcional, se satisface el
principio de celeridad de los procedimientos, pues esta se concreta en un golpe
sobre el pupitre en señal de aprobación (pupitrazo). El artículo 129 del
Reglamento del Congreso, modificado por el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011,
enuncia de manera taxativa los supuestos en los que procede esta modalidad
excepcional de votación.
Uno
de ellos, previsto en el numeral 16 de dicha disposición, tiene lugar “cuando
en el trámite de un proyecto de ley exista unanimidad por parte de la
respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado
de un proyecto”. Pero aun en estos casos, prevalece la exigencia de
votación nominal cuando esta es solicitada por alguno de los integrantes de la
respectiva célula legislativa, e igualmente se impone la adopción de mecanismos
de verificación de la votación ordinaria, que permitan dar a conocer el
resultado de la votación y el sentido del voto de cada congresista.
4.
La Corte ha entendido que los supuestos en los que se admite la votación
ordinaria deben ser interpretados de manera restrictiva, a fin de evitar que
tal mecanismo se torne en la regla, con base en dos argumentos: (i) la vigencia
del principio de supremacía constitucional y (ii) la obligación de interpretar
de forma restrictiva las normas que establecen excepciones a reglas previstas
en la Constitución[19]. Estos criterios han inspirado la interpretación
restrictiva de la excepción a la regla de votación nominal y pública en los
casos en que existe unanimidad, insistiendo en que esta no puede presumirse
sino que debe probarse o inferirse de manera razonable de las circunstancias en
las que se desarrolló el debate parlamentario.[20]
5. Así pues, el Tribunal Constitucional ha insistido, de una
parte, en la importancia de la regla de votación nominal y pública para la
transparencia del trámite y el control ciudadano. De otra, ha explicado que
presumir la existencia de este tipo de votación afecta esos principios y puede
llevar a que la excepción se convierta en regla; y, finalmente, ha declarado
que en términos probatorios, no debe suponerse o presumirse, sino que debe
hallarse plenamente acreditada en el trámite, o bien, inferirse inequívocamente
a partir de las circunstancias del trámite legislativo.
En
el acápite en el que se debía estudiar la validez de las votaciones, el
proyecto sostiene efectúa la siguiente síntesis de los hechos:
En
el Primer Debate, en Comisión Segunda del Senado, “en cumplimiento de lo así
anunciado, la discusión y votación de este proyecto efectivamente se produjeron
en la siguiente sesión, esto es, la del día 14 de junio de 2012, que contó con
la participación inicial de 6 de los 13 senadores que conforman dicha célula
legislativa, haciéndose presente en el transcurso de la sesión los faltantes,
de todo lo cual da cuenta el acta No. 31 de ese año, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 549 de 2012”;
En
Plenaria del Senado, “dicho Secretario General certificó que este proyecto fue
discutido y aprobado en segundo debate en la sesión plenaria del 11 d
septiembre de 2012, según consta en el acta No. 13, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 798 de noviembre 9 del mismo año, con votación ordinaria, conforme
al artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, quórum de 92 senadores (de 100). Como
puede cotejarse, el texto definitivo del proyecto de ley 111 de 2011, Senado
fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 617 de septiembre 18 del mismo año,
página 4”;
En
el tercer debate, en la Comisión Segunda de Cámara  “… según certificación
expedida en febrero 18 de 2013 por la Secretaría General de la Comisión Segunda
de la Cámara de Representantes, el debate y aprobación ‘por unanimidad en
votación ordinaria’ se realizó en noviembre 7 de 2012, como consta en el
acta No. 19 de la misma fecha, publicada en la Gaceta 222 de 2013”.
Y,
finalmente, en la Plenaria de la Cámara, “de acuerdo con la certificación
recibida en abril 9 de 2013 y con el contenido del acta de Plenaria No. 177 de
la Cámara de Representantes, luego publicada en la Gaceta No. 83 de marzo 12 de
2013 (pág. 40), este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate,
precisamente durante la sesión realizada el miércoles 28 de noviembre de 2012,
aprobación que se produjo unánimemente por los 152 Representantes presentes, en
votación ordinaria”.
6.
En nuestro criterio, el análisis sobre la validez de las votaciones del
proyecto es insuficiente e impide verificar la adecuada aplicación del artículo
133 de la Constitución Política. Primero, porque si bien se menciona la
existencia de unanimidad en los debates en los que se produjo la votación
ordinaria, ello no se demuestra mediante las citas necesarias de las Gacetas
del Congreso en las que consten los detalles o pormenores de cada votación;
segundo, porque las conclusiones se basan principalmente en las certificaciones
expedidas por las secretarías de Senado y Cámara, y no por la Gaceta, órgano
oficial de divulgación de las actuaciones del trámite legislativo. En términos
concretos, tal como se estudiaron las votaciones, no es posible verificar (i)
cómo se votó en la Comisión segunda del senado (primer debate), (ii) si hubo
unanimidad en la Plenaria del Senado (segundo debate); en los debates restantes
se afirma que existió unanimidad, pero no existen las referencias o
trascripciones de las gacetas en las que se dé cuenta de cada votación y su
resultado.
Fecha
ut supra,
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado
[1]
Cfr. C-468 de 1997 (M. P. Alejandro Martínez Caballero), doctrina ampliamente
reiterada por esta corporación, como puede constatarse, entre muchas otras, en
las sentencias C-682 de 1996 (M. P. Fabio Morón Díaz), C-924 de 2000 (M. P.
Carlos Gaviria Díaz) y C-718 de 2007 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla).
[2]
Gaceta del Congreso 667 del 7 de septiembre de 2011.
[3]
Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, 1945 y Resolución 95
de diciembre 11 de 1946, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
[4]
C- 328 de marzo 22 de 2000, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[5]
“Sentencia C-225/95”.
[6]
“Sobre el particular ver sentencia C-225/95”.
[7]
C-788 de octubre 20 de 2011, M. P.
Luis Ernesto Vargas Silva
[8]
Sobre el tema de la inmunidad restringida en materia laboral,
también se puede consultar la sentencia T-633 de 2009. En esa oportunidad, la
Corte Constitucional afirmó que la Corte Suprema de Justicia sí es competente
para conocer de las demandas laborales interpuestas por nacionales colombianos
contra agentes
diplomáticos que actúan a título personal o en representación de un Estado
acreditante para los fines de la misión, por la terminación unilateral y sin
justa causa de un contrato de trabajo. En consecuencia, según lo dicho por la
Corte, la acción de tutela es procedente para obtener la protección del derecho
fundamental al debido proceso, cuando so pretexto del principio de inmunidad de jurisdicción, una
misión diplomática o un organismo internacional controvierte injustificadamente
una decisión judicial mediante la cual se le ordena pagar a favor del
trabajador una indemnización por despido sin justa causa.
[9]
De forma similar, en la sentencia T-628 de 2010, la Corte Constitucional afirmó
que frente a los casos en que la vinculación de los nacionales se realice
mediante la suscripción de un contrato de prestación de servicios, el organismo internacional contratante tiene el deber jurídico de
verificar la afiliación al sistema de seguridad social en salud del
contratista, para pagar los honorarios propios de la ejecución del contrato.
[10]
Sentencia del 25 de agosto de 1998,  Radicación número IJ-001,
Sección Tercera del Consejo de Estado.
[11]
Sobre este mismo punto, se pueden consultar las sentencias C-1156 de 2008 y
C-254 de 2003.
[12]
Artículos 25 a 28 de la Convención sobre las Misiones Especiales.
[13]
Artículo 31.5 de la Convención sobre las Misiones Especiales.
[14]
Artículo 43 de la Convención sobre las Misiones Especiales. Al respecto, en la sentencia C-1156 de 2008, la Corte
afirmó: “la
inmunidad de jurisdicción no es un beneficio personal, es decir, un privilegio
concedido in
tuitu personae,
sino que se otorga por razones funcionales para asegurar precisamente el
cumplimiento de las mismas.”
[15]
Sobre el particular, cabe mencionar que en la sentencia C-578 de julio 30 de 2002,
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa que declaró la constitucionalidad de la Ley 742 del 5 de junio de 2002 “Por medio de la cual se
aprueba el ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL”, hecho en Roma
el 17 de 1998, esta corporación precisó: “ni los altos
funcionarios públicos dentro de un Estado -por ejemplo un Jefe de Estado o de
Gobierno, un miembro del gobierno o un parlamentario-, cualquiera que sea su
nivel y jerarquía, queden a salvo de la instrucción y del juzgamiento por parte
de la Corte Penal Internacional cuando incurren en una de las conductas
estipuladas en el Estatuto. Se ha optado por colocar el valor de los bienes
jurídicos de interés para toda la humanidad protegidos en el Estatuto por
encima de la protección a la investidura de los mandatarios. Se trata aquí de
un cambio de enorme significación: los derechos humanos ocupan un claro lugar
de precedencia sobre los principios de inmunidad de los Jefes de Estado, de
Gobierno y de otros altos funcionarios del Estado reconocidos por el derecho
internacional y por el derecho interno de los Estados, con lo que se ratifica
la tendencia en este sentido presente en diversos instrumentos internacionales,
entre ellos la Convención de Genocidio, los Principios de Nuremberg, los
Estatutos de los Tribunales ad hoc y el Código de Crímenes
contra la Paz. La inmunidad penal del poder ha cedido, no sin resistencia,
dadas las reformas constitucionales que ciertos países como Francia tuvieron
que adelantar para exceptuar el principio de inmunidad del primer mandatario, frente
a la importancia y a la necesidad de protección de la dignidad de la vida
humana.”
[16]
Por ejemplo, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, si
bien establece en su artículo 31.1 que “el agente diplomático gozará de
inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor,” señala en el numeral 4
del mismo artículo que “la inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático
en el Estado receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante.”
Igualmente,  la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963
(Ley 17 de 1971), establece en su artículo 41, para. 1 que: “Los funcionarios
consulares no podrán ser detenidos o puestos en prisión preventiva sino cuando
se trate de un delito grave y por decisión de la autoridad judicial competente.”
Igualmente, el Artículo 43 de la Convención que regula la Inmunidad de
jurisdicción, señala que “1. Los funcionarios consulares y los empleados
consulares no estarán sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales
y administrativas del Estado receptor por los actos ejecutados en el ejercicio
de las funciones consulares.” Ver.
Sen B., “A Diplomat’s Handbook of International Law and Practice, 3ª Edición,
páginas 95-202 y 285 a 309.
[17] “Por la
cual se establecen las excepciones a que se refiere el artículo 133 de la
Constitución Política”.
[18]
Sobre la relación entre votación nominal y la verificación del cumplimiento de
las reglas de quórum y mayorías ver Auto 118 de 2013 (MP. Jorge Iván Palacio
Palacio, AV. María Victoria Calle Correa, AV. Nilson Pinilla Pinilla, SV.
Mauricio González Cuervo, SV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), la Corte sostuvo que existió un vicio de procedimiento en
el trámite de un proyecto de ley estatutaria que fue aprobado en la plenaria
del Senado por votación ordinaria, sin que existiera ningún elemento del que
razonablemente pudiera inferirse ni el cumplimiento de la regla de mayoría
absoluta prevista en el artículo 153 de la Carta para este tipo de iniciativas,
ni la existencia de una voluntad unánime de aprobarlo. En tal sentido, este
Tribunal afirmó que:
[19]
Auto 032 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva, SV. Humberto Sierra Porto). “El artículo 129 R.C. ofrece un listado preciso y
minucioso de excepciones, entre las cuales no se encuentra la aprobación del
informe de objeciones gubernamentales.  Resultaría a todas luces contrario
al principio de supremacía constitucional que se hiciera una interpretación
flexible de estos tipos exceptivos, pues ello llevaría a contradecir el mandato
constitucional consistente en que la regla general es la votación nominal y
pública, a fin de cumplir los propósitos de la enmienda de 2009, antes
explicados.  Además, carecería de sentido que mientras el legislador
orgánico, en cumplimiento del mandato constitucional mencionado, describe las
excepciones a dicha regla general de forma detallada, la Corte realice una
interpretación extensiva que tiende a desconocer la prescripción
superior.  De otro lado, dicha hermenéutica flexible llevaría a que cada
vez que en el procedimiento legislativo se esté ante decisiones unánimes, lo
cual no es poco frecuente, se haga uso de la votación ordinaria,
desnaturalizándose con ello lo previsto en el artículo 133 de la Constitución”.
[20] Al respecto, en el Auto 118
de 2013MP. Jorge Iván Palacio Palacio, AV. María Victoria Calle Correa,
AV. Nilson Pinilla Pinilla, SV. Mauricio González Cuervo, SV. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub. “Las reglas de excepción son
de uso restrictivo y siempre deben apuntar a la realización de los fines de
transparencia y publicidad en el proceso democrático. Una lectura en otro
sentido implicaría flexibilizar las exigencias constitucionales, en desmedro de
los principios anotados, dificultando los procesos de control social y político
hacia los congresistas –accountability- y desnaturalizando, en últimas, el sentido de la
reforma al proceso de formación de la ley. Tampoco se podría verificar si un
congresista se sujetó a la disciplina propia de su bancada.
En este orden de ideas, la utilización de alguna de las excepciones a la regla general de
votación nominal y pública no puede ser interpretada como una vía para eludir
el cumplimiento de los requisitos que la Constitución impone. Por ejemplo, la
aprobación unánime de un proyecto de ley estatutaria, cuando no se hace uso de
la votación nominal y pública, exige acreditar que el mismo ha contado con la
mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara. Es por ello que es
importante que tanto los parlamentarios como la ciudadanía en general tengan la
absoluta claridad acerca del procedimiento decisional surtido, lo cual debe ser
oportunamente registrado en las actas y grabaciones que dan cuenta del proceso
de formación de la voluntad legislativa.
La unanimidad como causal de excepción al mandato
general de votación nominal y pública sólo puede ser de recibo cuando, en
virtud del principio de transparencia, haya claridad en torno a ella en la
aprobación de un proyecto, en lo posible procurando que se pueda identificar
qué congresistas se ausentaron, quiénes se abstuvieron, quienes votaron, y cuál
fue el sentido de los que así lo hicieron.
La excepción a la votación nominal y pública, cuando
la corporación respectiva tiene una posición unánime, es una excepción en
sentido técnico; es decir, que confirma la regla. Si la Corporación vota
unánimemente un proyecto de ley, la votación nominal y pública resulta entonces
innecesaria respecto del resultado de la votación. Es razonable, por lo mismo,
que el legislador haya exceptuado ese requisito porque en tal caso se garantiza
de modo óptimo la transparencia y se permite el debido control ciudadano.
Ahora bien, cuando se excepciona la votación nominal y
pública sobre la base de la unanimidad, pero esta no es debidamente registrada
por la corporación legislativa, se presenta un vicio de inconstitucionalidad.
Esto ocurre en aquellos eventos en los cuales se constata que hubo una decisión
aprobatoria pero no es posible determinar si esta fue o no unánime, o cuando no
se conoce el resultado concreto de la votación. En esos casos, por razones de
transparencia y publicidad, que son condiciones indispensables para asegurar el
derecho al control político (CP arts. 40 y 133), no resulta aplicable la
excepción. Si se decide no llevar a cabo una votación nominal y pública, porque
aquel tipo de votación no se requiere para individualizar la posición de los
congresistas en vista de que hay unanimidad, pero luego no es posible definir
con arreglo al procedimiento efectivo si hubo o no una aprobación unánime,
porque ello no se registra por la Mesa Directiva ni se puede comprobar por
cualquier medio idóneo, se ha desconocido un requisito esencial de validez en
el trámite de la ley.”