C-928-07
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-928/07
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos
Esta Corporación ha considerado que si bien es cierto
que la acción pública de inconstitucionalidad no está sometida a mayores
rigorismos y debe prevalecer la informalidad, el ciudadano debe cumplir con
ciertos requisitos y contenidos mínimos que permitan a este Tribunal la
realización satisfactoria del estudio de constitucionalidad.
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Carácter del estudio de constitucionalidad
JUSTICIA PENAL MILITAR-Estructura y funcionamiento
La Corte se ha pronunciado en relación con la estructura y
funcionamiento de la justicia penal militar. De allí que se hayan sentado
diversas líneas jurisprudenciales en el sentido de que (i) la organización y funcionamiento
de la justicia penal militar necesariamente debe responder a los principios
constitucionales que caracterizan la administración de justicia; (ii) la
finalidad esencial del fuero militar es que, dentro de los marcos de la
Constitución, los miembros de la Fuerza Pública estén cubiertos en sus
actividades de servicio por un régimen jurídico penal especial, tanto
sustantivo como procedimental, que sea acorde con la especificidad de la
organización y funcionamiento de la Fuerza Pública; (iii) es coherente que la
Constitución exceptúe a la Fiscalía de la justicia militar, puesto que el fuero
militar es de naturaleza penal, pero ello no implica en manera alguna la
exclusión de un organismo de control, como la Procuraduría General de la
Nación, puesto que esa entidad tiene funciones diversas; (iv) el órgano
jurisdiccional al que se le ha confiado la misión de ejercer la justicia Penal
Militar, aún cuando se presenta como poder jurisdiccional específico, está
sometido a la Constitución al igual que todo órgano que ejerza competencias
estatales…por consiguiente, su organización y funcionamiento necesariamente
debe responder a los principios constitucionales que caracterizan a la
administración de justicia; (v) a pesar de que la Justicia Penal Militar no
forma parte de la estructura orgánica de la Rama Judicial ella administra
justicia respecto de aquellos delitos cometidos por miembros de la Fuerza
Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, debe aceptarse
que todas aquellas garantías y principios que conforman la noción de debido
proceso, resultan igualmente  aplicables en esta jurisdicción especial; (vi)
las excepciones constitucionales, como la del fuero integral, deben
interpretarse en forma restringida, es decir, respecto de ellas debe entenderse
que no pueden ser extendidas por el legislador, porque la regla general,
también de rango constitucional, es la que resulta aplicable a los casos no
señalados expresamente en la norma exceptiva; (vii) la propia Carta establece
que no corresponde a la Fiscalía General sino a la justicia militar investigar
y acusar a los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo que hayan
cometido delitos en relación con el servicio; (viii) es indudable que los
jueces de instrucción penal militar tienen una competencia excepcional, pues
sólo pueden investigar los hechos punibles amparados por fuero militar; (ix) lo
que ha hecho el constituyente con la justicia penal militar no es configurarla
como una jurisdicción especial dentro de la administración de justicia, tal
como lo ha hecho con la jurisdicción indígena o con los jueces de paz, sino
tener en cuenta las particularidades implícitas en los delitos cometidos por
miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el servicio
y concebir, en la estructura de ella, un ámbito funcional legitimado para
conocer de tales delitos; (x) es la misma Carta la que establece una clara diferenciación
entre la jurisdicción ordinaria y la justicia penal militar…mientras aquélla
hace parte de la rama judicial, ésta está adscrita a la rama ejecutiva del
poder público, sólo que por voluntad del constituyente cumple una definida
función judicial; (xi) en la estructura del Estado colombiano, la justicia
penal militar está adscrita a la fuerza pública y hace parte de la rama
ejecutiva del poder público… no obstante, administra justicia y así lo reitera
el artículo 116 superior… pero el cumplimiento de esta función, si bien la
sujeta a los principios constitucionales que rigen la administración de
justicia, no trastoca su naturaleza, es decir, no hace a la justicia penal
militar parte de la rama judicial del poder público; (xii) aunque en los fundamentos
esenciales de la administración de justicia las garantías constitucionales
deben respetarse con la misma intensidad, nada impide que en otros campos, en
donde las diferencias entre la Jurisdicción Penal Militar y la ordinaria son
relevantes, el legislador disponga regulaciones diferentes; y (xiii) la
jurisprudencia ha señalado que la identidad entre la jurisdicción penal militar
y la justicia penal ordinaria no es plena y que, en cambio, entre ambas
jurisdicciones existen distinciones profundas que obligan al legislador a
conferir un trato abiertamente diferenciado.
CONGRESO-Margen de configuración normativa/CONGRESO-Límites
PROCESO PENAL MILITAR-Configuración
SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Gradualidad en su implementación
La voluntad del constituyente derivado no fue aquella
de establecer un sistema acusatorio para todas las jurisdicciones y procesos
penales existentes en Colombia de manera inmediata. De allí que, por ejemplo,
los juicios adelantados ante la Corte Suprema de Justicia o ante el Congreso de
la República no fueron modificados, y coexistente, igualmente, en la justicia ordinaria
un sistema acusatorio y otro mixto, sin perjuicio de la aplicación del
principio de favorabilidad penal. De tal suerte que la Corte estima que no
resultan aplicables las interpretaciones analógicas, de carácter general, entre
la justicia ordinaria y la justicia penal militar. Cabe asimismo señalar que la
Corte en sentencia C- 591 de 2005 señaló que el Acto Legislativo 03 de 2002
introdujo únicamente cambios en ciertos artículos de la parte orgánica de la
Constitución, mas no en la dogmática. De allí la necesidad de interpretar tales
modificaciones a la luz de determinadas disposiciones constitucionales, en
especial, los artículos 6, 15, 28, 29, 30, 31 y 32, e igualmente, por la vía
del artículo 93 de la Carta Política, de conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos que prohíben su limitación en estados de
excepción. Así las cosas, en materia de justicia penal militar está claro que,
por decisión expresa del Congreso de la República, evidenciada en el texto
reformado del artículo 250 Superior, a los procesos penales que se surten ante
aquélla no se les aplicarían las nuevas garantías procesales del sistema
acusatorio.
PROCESO PENAL MILITAR/CONGRESO-Facultad para introducir garantías
procesales del sistema acusatorio al proceso penal militar
Tomando en consideración (i) que el Acto Legislativo
03 de 2002 no introdujo cambio alguno en la parte dogmática de la Carta
Política; (ii) que diversos tratados internacionales que hacen parte del bloque
de constitucionalidad apuntan a que en el sistema penal interno se introduzcan
ciertas garantías procesales propias de un sistema acusatorio (vgr. la
distinción entre los funcionarios que investigan, acusa y juzga), cuya adopción
apunta a contar con un juicio más justo para el procesado y la víctima (iii)
que la justicia penal militar, si bien no hace parte orgánicamente de la Rama
Judicial, administra justicia; y (iv) que en materia de derechos civiles y
políticos, entre ellos el debido proceso penal, se aplica igualmente el
principio de progresividad, la Corte considera que el legislador, dentro del
margen de configuración normativa de que dispone, podría introducir algunas de
las garantías procesales del sistema acusatorio al proceso penal militar.
INCONSTITUCIONALIDAD SOBREVINIENTE-Improcedencia
El demandante sostiene que, en virtud de la entrada en
vigor del Acto Legislativo 03 de 2002, diversas disposiciones del Código Penal
Militar se verían afectadas por el fenómeno de la inconstitucionalidad
sobreviniente. Concretamente alude a determinadas disposiciones legales que
regulan los procedimientos relativos a la privación de la libertad (arts. 509, 519
a 551 del CPM); la obtención del material probatorio (arts. 469 a 490 del CPM);
y los procedimientos relativos a la preclusión de la investigación (arts. 552 a
558 del CPM). La argumentación central del demandante se apoya entonces en
sostener que todas las citadas normas son contrarias a la Constitución, por
cuanto se establecen un modelo de proceso penal carente de un juez de control
de garantías que controle la constitucionalidad y legalidad de las medidas de
intervención en los derechos fundamentales que profiera medidas de
aseguramiento y ante el cual se deba solicitar la preclusión de la
investigación. La Corte por tanto estima que igualmente los cargos de
inconstitucionalidad presentados, en esta ocasión, ya en concreto sobre
determinadas disposiciones del Libro III del CPM, por una supuesta
inconstitucionalidad sobreviniente derivada de la reforma al artículo 251
Superior, tampoco está llamada a prosperar.
CODIGO PENAL MILITAR-Integración del Tribunal Superior Militar
y la Sala Plena
La Corte encuentra que si bien el Comandante General
de las Fuerzas Militares preside el Tribunal Superior Militar e integra la Sala
Plena del mismo, realmente no ejerce funciones jurisdiccionales sino
administrativas. En efecto, las funciones que desempeña el mencionado servidor
público son las mismas que desarrolla un Presidente de un Tribunal Superior de
Distrito Judicial, en los términos de la Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia. No se presenta, por tanto, una coincidencia entre las funciones de
mando y el ejercicio de la jurisdicción, como lo alega el demandante. Aunado a
lo anterior, es preciso tomar en consideración que la Corte en sentencia C-473
de 1999 declaró exequibles algunas disposiciones del Código Penal Militar de
1988, según las cuales no vulneraba la autonomía de la Rama Judicial el hecho
de que el Comandante General de las Fuerzas Militares hiciese parte de las
Salas de Decisión del Tribunal Superior Militar.
CODIGO PENAL MILITAR-Reserva de la indagación preliminar
A pesar de tratarse de dos jurisdicciones distintas,
estructuradas de manera diferente y reguladas por estatutos procesales propios,
también lo es que el artículo 29 Superior, contentivo del derecho de defensa,
en armonía con los tratados internacionales sobre derechos humanos que hacen
parte del bloque de constitucionalidad, resulta aplicable a los procesos que
adelante la  justicia penal militar. De tal suerte que ante la justicia penal
militar, al igual que sucede en la ordinaria, a la persona investigada le
asiste el derecho a ser informado sobre el delito que se le imputa, así como
permitirle conocer los fundamentos probatorios de dicha imputación específica.
En este orden de ideas, la Corte declarará exequible el artículo 453 de la Ley
522 de 1999, en el entendido de que antes de la recepción de la versión
preliminar debe informarse al investigado sobre el delito que se le imputa, así
como permitirle conocer los fundamentos probatorios de dicha imputación
específica.
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Incumplimiento de requisitos e inepta
demanda
Referencia: expediente D- 6785
Demandas de inconstitucionalidad contra el
Libro Tercero de la Ley 522 de 1999 y contra los artículos 198 (parcial), 201,
235 (parcial), 237 (parcial), 453 (parcial), 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515,
516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531,
532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547,
548, 549, 550, 551, 554 (parcial), 555 y 558 de la Ley 522 de 1999, “por
medio de la cual se expide el Código Penal Militar”.
Demandante: Guillermo Otálora Lozano.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos
mil siete (2007).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en el
artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Guillermo Otálora Lozano
demandó la inconstitucionalidad de la totalidad del Libro Tercero de la Ley 522
de 1999, con efectos diferidos en el tiempo, y de manera subsidiaria y con
aplicación inmediata de aquélla de los artículos 198 (parcial), 201, 235 (parcial),
237 (parcial), 453 (parcial), 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518,
519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534,
535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550,
551, 554 (parcial), 555 y 558 de la Ley 522 de 1999, “por medio de la cual
se expide el Código Penal Militar”, por estimar que vulneran los artículos
13 y 250 constitucionales.
II. DISPOSICIONES  DEMANDADAS.
A continuación se transcribe la integridad
de las disposiciones acusadas, tal y como aparecen publicadas
en el Diario Oficial núm. 43.665 del 13 de agosto de 1999, “por medio de la
cual se expide el Código Penal Militar”, aclarando que el ciudadano demanda
la inconstitucionalidad de la totalidad del Libro III del Código Penal Militar,
y de manera subsidiaria las normas subrayadas.
“LIBRO TERCERO
PROCEDIMIENTO PENAL MILITAR
TITULO PRIMERO
NORMAS RECTORAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL
Artículo 196. Debido proceso y defensa técnica. Nadie podrá ser
juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio.
Quien sea imputado o procesado tiene derecho a la defensa y a la
asistencia de un abogado libremente escogido por él, de oficio o público, y a
comunicarse libre y privadamente con él durante la investigación y el
juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra y a
impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo
hecho.
Artículo 197. Presunción de inocencia. Toda persona se presume
inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se produzca una declaración
judicial definitiva sobre su responsabilidad penal.
Artículo 198. Reconocimiento de la dignidad humana. Toda persona
a quien se atribuya la comisión de un hecho punible, tiene derecho a ser
tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
Se respetarán las normas internacionales reconocidas sobre los
derechos humanos y derecho internacional humanitario, y en ningún caso podrá
haber violación de las mismas.
Artículo 199. Reconocimiento de la libertad. Toda persona tiene
derecho a que se respete su libertad. Nadie puede ser molestado en su persona o
familia, ni privado de su libertad, ni su domicilio registrado, sino en virtud
de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades
legales y por motivo previamente definido en la ley.
Artículo 200. Hábeas corpus. Quien estuviere ilegalmente privado de
su libertad, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo
tiempo, por sí o por interpuesta persona, el hábeas corpus, el cual debe
resolverse en el término de treinta y seis (36) horas contadas desde el momento
de la solicitud y sin tener en cuenta el número de retenidos.
Artículo 201. Imperio de la ley. Los funcionarios judiciales en sus
providencias sólo están sometidos al imperio de la Constitución y de la ley.
La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho
y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.
Artículo 202. Publicidad. Los procesos penales militares serán
públicos, salvo lo previsto sobre reserva sumarial.
Artículo 203. Finalidad esencial del procedimiento. En la
interpretación de este código, el funcionario judicial deberá tener en cuenta
que la finalidad esencial del procedimiento es la efectividad del derecho
sustancial y de las garantías debidas a quienes en él intervienen.
Artículo 204. Antecedentes penales y contravencionales. Únicamente
las condenas proferidas en sentencias judiciales definitivas tienen la calidad
de antecedentes penales y contravencionales, en todos los órdenes legales.
Artículo 205. Corrección de actos irregulares. El funcionario
judicial está en la obligación de corregir sus actos irregulares, con respecto
de los derechos y garantías de los sujetos procesales, siempre que por
disposición legal no esté obligado a decretar la nulidad.
Artículo 206. Restablecimiento del derecho. Las autoridades
judiciales deberán adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos
creados por la comisión del hecho punible y se restablezcan los derechos
quebrantados.
Artículo 207. Dos instancias. El proceso penal militar tendrá dos
instancias, salvo las excepciones legales.
Artículo 208. Non reformatio in pejus. El superior no podrá agravar
la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.
Artículo 209. In dubio pro reo. Toda duda que surja en el proceso se
resolverá a favor del sindicado, cuando no haya modo de eliminarla.
Artículo 210. Lealtad. Las personas que intervienen en el proceso
penal militar están en el deber de obrar con absoluta lealtad con los restantes
sujetos procesales e intervinientes en el proceso.
Artículo 211. Imparcialidad. Los funcionarios judiciales actuarán
con absoluta imparcialidad dentro del proceso.
Artículo 212. Gratuidad. La actuación judicial no causará erogación
alguna a quienes en ella intervienen.
Artículo 213. Oficiosidad. La acción penal se iniciará y adelantará
de oficio, salvo que la ley exija querella o petición especial.
Artículo 214. Independencia y autonomía del juzgador. Los miembros
de la Fuerza Pública en ningún caso podrán ejercer coetáneamente las funciones
de comando con las de investigación, acusación y juzgamiento.
Artículo 215. Jerarquía. Ningún miembro de la Fuerza Pública podrá
juzgar a un superior en grado o antigüedad.
Artículo 216. Real intervención en el proceso. Los sujetos
procesales en el proceso penal militar tendrán derecho a controvertir los
medios probatorios, a impugnar las decisiones y a realizar las demás
actuaciones que en desarrollo de este principio autoriza la ley.
Artículo 217. Unidad procesal. Por cada hecho punible se adelantará
una sola actuación procesal, cualquiera que sea el número de autores o
partícipes, salvo las excepciones constitucionales y legales. Los hechos
punibles conexos, de competencia de la justicia penal militar, se investigarán
y juzgarán conjuntamente. La ruptura de la unidad procesal no genera nulidad,
siempre que no afecte los derechos y garantías fundamentales.
Cuando en la comisión del hecho punible intervenga una persona que
deba ser juzgada por una jurisdicción diversa de la penal militar, se romperá
la unidad procesal.
Artículo 218. Prevalencia de las normas rectoras. Las normas
rectoras son obligatorias y prevalecen sobre cualquier otra disposición de este
código y serán utilizadas como fundamento de interpretación.
TITULO SEGUNDO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 219. Titularidad de la acción penal. La acción penal
corresponde al Estado y se ejerce por las autoridades judiciales de
instrucción, acusación y de conocimiento, de oficio o a petición de parte en
los términos establecidos en este código.
Artículo 220. Acciones derivadas del hecho punible. El hecho punible
cometido por miembro de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con
el servicio, genera acción penal, la que se ejercerá única y exclusivamente por
las autoridades penales militares, conforme a las disposiciones de este Código.
El resarcimiento de los perjuicios a que hubiere lugar se obtendrá a través de
la acción indemnizatoria que se ejercerá ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo.
Artículo 221. Deber de denunciar. Salvo las excepciones establecidas
en este código, quien tenga conocimiento de la ocurrencia de un delito que deba
ser investigado por la justicia penal militar, debe denunciarlo inmediatamente
a la autoridad.
El miembro de la Fuerza Pública que tenga conocimiento de un delito
que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación, si
tuviere competencia para ello; en caso contrario pondrá inmediatamente el hecho
en conocimiento de la autoridad competente.
Artículo 222. Exoneración del deber de denunciar. Nadie está
obligado a formular denuncia contra sí, contra su cónyuge, compañero o
compañera permanente, o contra sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni a denunciar delitos que
haya conocido por causa o con ocasión del ejercicio de actividades que impongan
legalmente secreto profesional.
Artículo 223. Requisitos de la denuncia. La denuncia se hará bajo
juramento o promesa de honor de decir la verdad y contendrá una relación detallada
de los hechos que conozca el denunciante, por lo cual propenderá el funcionario
que la recibe.
El denunciante deberá manifestar si los hechos han sido o no puestos
en conocimiento de otra autoridad, si le consta y cómo los conoció.
Artículo 224. Querella y petición. Cuando se den los casos
especialmente previstos en este código, la querella puede ser presentada
únicamente por el sujeto pasivo del hecho punible. Si éste fuere incapaz o una
persona jurídica, la querella debe presentarla su representante legal. Cuando
el incapaz carezca de representación legal, la querella puede presentarla aquel
con la coadyuvancia del defensor de menores o el respectivo agente del
Ministerio Público.
Cuando el sujeto pasivo estuviere imposibilitado para formular la
querella, o el autor o partícipe del hecho fuere el representante legal del
incapaz, los demás perjudicados directos estarán legitimados para formularla.
Artículo 225. Caducidad de la querella. La querella debe presentarse
dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la comisión del hecho
punible.
Artículo 226. Impulso del proceso por querella. Cuando para
investigar un delito se requiera querella, ésta sólo es necesaria para iniciar
la investigación. En la tramitación se procederá como si se tratare de delito
perseguible de oficio.
Artículo 227. Desistimiento de la acción. Los querellantes podrán
desistir en cualquier estado del proceso ante el juez que tenga en ese momento
el conocimiento, con la observancia de los requisitos que la ley exija para el
desistimiento judicial.
Artículo 228. Oportunidad e irretractibilidad. El desistimiento
podrá presentarse en cualquier estado del proceso antes de proferirse sentencia
de primera o única instancia y no admite retractación.
Artículo 229. Extinción de la acción penal. La acción penal se
extingue en los casos previstos en este código.
Artículo 230. Renuncia a la prescripción. El procesado podrá
renunciar a la prescripción de la acción penal, antes de la ejecutoria de la
decisión que la declare.
Artículo 231. Cesación de procedimiento. En cualquier estado del
proceso en que aparezca comprobado que el hecho imputado no ha existido, o que
el procesado no lo ha cometido o que la conducta es atípica, o que obró dentro
de una causal de ausencia de responsabilidad o que el proceso no podía
iniciarse, o no puede proseguirse, el juez mediante auto interlocutorio, así lo
declarará.
Artículo 232. Prejudicialidad. La competencia del juez se extiende a
las cuestiones extrapenales que surjan en el proceso penal; pero si las
cuestiones extrapenales que se juzguen en otro proceso, son a la vez
constitutivas del hecho que se investiga, y sobre ellas estuviere pendiente
decisión jurisdiccional al tiempo de cometerse, no se calificará la
investigación mientras dicha decisión no se haya producido.
Con todo, si transcurrido un (1) año desde la oportunidad para la
calificación de la investigación, no se hubieren decidido definitivamente las
cuestiones que determinaron la suspensión, se reanudará la actuación procesal.
Artículo 233. Remisión a otros procedimientos. En todos los casos en
que el juez deba decidir cuestiones extrapenales, apreciará las pruebas de
acuerdo con la correspondiente legislación.
TITULO TERCERO
DE LA JURISDICCION Y DE LA COMPETENCIA
CAPITULO I
Corte Suprema de Justicia
Artículo 234. Competencia de la Corte Suprema de Justicia. La Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce:
1. Del recurso extraordinario de casación.
2. De la acción de revisión cuando se trate de sentencias de segunda
instancia proferidas por el Tribunal Superior Militar.
3. En única instancia y previa acusación del Fiscal General de la
Nación, de los procesos penales que se adelanten contra los Generales,
Almirantes, Mayores Generales, Vicealmirantes, Brigadieres Generales,
Contralmirantes, contra los Magistrados del Tribunal Superior Militar y
Fiscales ante esta Corporación por los hechos punibles que se les imputen.
4. En segunda instancia de los procesos que falle en primera el
Tribunal Superior Militar.
5. De la consulta y de los recursos de apelación y de hecho en los
procesos de que conocen en primera instancia tanto el Tribunal Superior Militar
como los Fiscales ante esta corporación.
CAPITULO II
Tribunal Superior Militar
Artículo 235. Integración. El Tribunal Superior Militar estará
integrado por su Presidente, que será el Comandante General de las Fuerzas
Militares, por el Vicepresidente y por los Magistrados de las Salas de
decisión.
El Presidente tendrá las atribuciones que fija la ley para los
Presidentes de Tribunales Superiores de Distrito Judicial y dará posesión a los
empleados que nombre el Tribunal Superior Militar.
El Vicepresidente será un Magistrado elegido por la Sala Plena, para
período de un (1) año, y ejercerá las funciones que le delegue el Presidente y
lo reemplazará en las ausencias temporales del mismo.
La Corporación tendrá además, el personal subalterno que determine
la ley.
Artículo 236. Integración de las Salas de decisión. Las Salas de
decisión del Tribunal Superior Militar estarán integradas por tres magistrados
cada una, presididas por el ponente respectivo.
Las decisiones se tomarán por mayoría de votos; el disidente salvará
el voto en forma motivada dentro de los dos (2) días siguientes a la decisión.
Cuando un magistrado se declare impedido o prospere recusación, se
integrará la Sala de decisión con un magistrado de las restantes Salas,
escogido por sorteo.
Artículo 237. Sala Plena. La Sala Plena del Tribunal Superior
Militar, estará integrada por el Comandante General de las Fuerzas
Militares, quien la presidirá y los magistrados de la corporación,
sesionará una vez por mes de manera ordinaria y, extraordinariamente por
convocatoria del Presidente de la corporación. Las determinaciones de esta Sala
se tomarán por mayoría absoluta.
Corresponde a la Sala Plena nombrar al Vicepresidente, a la Sala de
gobierno, a los empleados subalternos de la corporación, dictar el reglamento
interno del Tribunal y las demás funciones que le señale la ley y los
reglamentos.
Artículo 238. Competencia del Tribunal Superior Militar. Las Salas
de decisión del Tribunal Superior Militar conocen:
1. En primera instancia de los procesos penales militares que se
adelanten contra los jueces de conocimiento, salvo lo previsto en el numeral
tercero del artículo 234 de este Código, contra los Fiscales ante los juzgados
de primera instancia, auditores de guerra y jueces de Instrucción Penal
Militar, que sean miembros de la fuerza pública en servicio activo, por delitos
cometidos en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
2. De la acción de revisión de sentencias ejecutoriadas proferidas
por los juzgados penales militares de primera instancia.
3. De la consulta y los recursos de apelación y de hecho, en los
procesos penales militares.
4. De los conflictos de competencia que se susciten entre los
Juzgados Penales Militares de Primera Instancia.
5. De los impedimentos y recusaciones de los jueces militares de
primera instancia y de instrucción penal militar.
6. De las solicitudes de cambio de radicación de procesos penales
militares.
Artículo 239. Reparto. En el Tribunal Superior Militar las denuncias
y procesos se repartirán por el Presidente o Vicepresidente, el primer día
hábil de cada semana. Cada magistrado será ponente en los asuntos que le
correspondan por reparto.
Los conflictos que se susciten por el reparto se resolverán de plano
por el Presidente de la corporación.
CAPITULO III
Juzgados de Primera Instancia del Comando General de las Fuerzas
Militares
Artículo 240. Inspección General del Comando General de las Fuerzas
Militares. La Inspección General del Comando General de las Fuerzas Militares
conoce en primera instancia, salvo lo dispuesto en el numeral 3º del artículo
234 de este código, de los procesos penales militares contra el director,
oficiales, alumnos, suboficiales y soldados de la Escuela Superior de Guerra;
contra Oficiales, Suboficiales y soldados del Despacho del Ministro y de la
Secretaría General del Ministerio de Defensa; Oficiales, Suboficiales y
soldados del Cuartel General del Comando General de las Fuerzas Militares,
contra el jefe Oficiales, Suboficiales y soldados de la Casa Militar de
Palacio, cualquiera que sea la fuerza a que pertenezcan, y contra el personal
de Oficiales, Suboficiales y soldados de las Fuerzas Militares en comisión en
otras dependencias del Estado.
CAPITULO IV
Juzgados de Primera Instancia para el Ejército Nacional
Artículo 241. Inspección General del Ejército. Salvo lo dispuesto en
el numeral 3º del artículo 234 de este Código, la Inspección General del
Ejército conoce en primera instancia de los procesos penales militares contra
Oficiales, Suboficiales y soldados del Cuartel General del Comando del
Ejército, contra Comandantes de División, y contra Oficiales, Suboficiales y soldados
del Ejército cuyo conocimiento no esté atribuido a otro juzgado.
Artículo 242. Juzgados Militares de División. Los Juzgados Militares
de División, salvo lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 234 de este Código
conocen en primera instancia de los procesos penales militares contra
Oficiales, Suboficiales y soldados del Cuartel General del Comando de División,
contra los Comandantes de Brigada de la jurisdicción de la respectiva división,
contra los comandantes, Oficiales, Suboficiales y soldados de los batallones y
unidades divisionarias, y contra los directores o comandantes, Oficiales,
Suboficiales, alumnos y soldados de las escuelas de formación capacitación y
técnicas ubicadas en la respectiva división.
Artículo 243. Juzgados Militares de Brigada. Los Juzgados Militares
de Brigada conocen en primera instancia de los procesos penales militares
contra los Oficiales, Suboficiales y soldados del Cuartel General del Comando
de la Brigada, y contra los comandantes, Oficiales, Suboficiales y soldados de
los Batallones de la Brigada en donde ejercen sus funciones.
CAPITULO V
Juzgados de Primera Instancia para la Armada Nacional
Artículo 244. Inspección General de la Armada Nacional. La
Inspección General de la Armada Nacional, salvo lo dispuesto en el numeral 3º
del artículo 234 de este código, conoce en primera instancia de los procesos
penales militares contra Oficiales, Suboficiales e Infantes de Marina del
Cuartel General del Comando de la Armada Nacional, Comando de Infantería de
Marina, Comando Fuerza Naval Fluvial, la Dirección Marítima, Batallón Policía
Naval No 27, Batallón Fluvial de Infantería No 51, Comando de Guardacostas,
Comando de Aviación Naval, Flotilla Fluvial del Oriente, Flotilla Fluvial del
Magdalena, y contra Oficiales, Suboficiales, e Infantes de Marina cuyo
conocimiento no esté atribuido a otro juzgado.
Artículo 245. Juzgados de Fuerza Naval del Atlántico. Los juzgados
militares de la Fuerza Naval del Atlántico conocen en primera instancia, salvo
lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 234 de este código, de los procesos
penales militares contra Oficiales, Suboficiales e Infantes de Marina del
Cuartel General del Comando de la Fuerza, Bases Navales, Escuela Naval de
Cadetes, Escuela Naval de Suboficiales, Flotillas de Superficie, Batallones de
Policía Naval Militar, Batallones de Fuerzas Especiales de Infantería de
Marina, Batallones de Infantería de Marina, Comandos de Guardacostas, grupos
aeronavales, y centros de investigaciones oceanográficas e hidrográficas
ubicados en la jurisdicción de la Fuerza.
Artículo 246. Juzgados de Fuerza Naval del Pacífico. Los juzgados
militares de la Fuerza Naval del Pacífico conocen en primera instancia, salvo
lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 234 de este código, de los procesos
penales militares contra Oficiales, Suboficiales e Infantes de Marina del
Cuartel General del Comando de la Fuerza, bases navales, flotillas de
superficie, escuelas, bases o centros de entrenamiento, Comandos Guardacostas,
grupos aeronavales, y centros de control de contaminación ubicados en la
jurisdicción de la Fuerza.
Artículo 247. Juzgados de Fuerza Naval del Sur. Los Juzgados
Militares de la Fuerza Naval del Sur conocen en primera instancia de los
procesos penales militares contra Oficiales, Suboficiales e Infantes de Marina
del Cuartel General del Comando de la Fuerza, bases navales, apostaderos
fluviales, y batallones de fusileros de Infantería de Marina, Batallones de
Policía Naval Militar, Batallones de Fuerzas Especiales de Infantería de Marina
ubicados en la jurisdicción de la Fuerza.
Artículo 248. Juzgados de Brigada de Infantería de Marina. Los
Juzgados Militares de Brigada de Infantería de Marina, conocen en primera
instancia de los procesos penales militares contra Oficiales, Suboficiales e
Infantes de Marina del Cuartel General del Comando de la Brigada, Batallones de
Infantería de Marina, Batallones de Policía Naval Militar, Batallones de
Fuerzas Especiales de Infantería de Marina, y escuelas, bases o centros de
capacitación ubicados en la jurisdicción de la respectiva Brigada.
Artículo 249. Juzgados del Comando Específico de San Andrés y Providencia.
Los Juzgados del Comando Específico de San Andrés y Providencia conocen en
primera instancia de los procesos penales militares contra Oficiales,
Suboficiales e Infantes de Marina del Cuartel General del Comando, apostaderos
navales, batallones de fusileros de Infantería de Marina, Batallones de Policía
Naval Militar, Batallones de Fuerzas Especiales de Infantería de Marina, grupos
aeronavales y estaciones de guardacostas ubicados en la jurisdicción del
Comando Específico.
CAPITULO VI
Juzgados de Primera Instancia para la Fuerza Aérea
Artículo 250. Inspección General de la Fuerza Aérea. La Inspección
General de la Fuerza Aérea, conoce en primera instancia, salvo lo previsto en
el numeral 3º del artículo 234 de este código, de los procesos penales
militares contra Oficiales, Suboficiales y soldados del Cuartel General del
Comando de la Fuerza Aérea, Comandantes de Comandos Aéreos, Bases Aéreas,
Grupos aéreos, Directores de Escuelas de Formación, Capacitación o Técnicas de la
Fuerza Aérea y Comandante de Infantería de Aviación.
Igualmente conoce en primera instancia de los procesos penales
militares contra los Oficiales, Suboficiales y soldados de la misma Fuerza,
cuyo conocimiento no esté atribuido a otro juzgado.
Artículo 251. Juzgado Militar de Comando Aéreo. Los Juzgados
Militares de Comando Aéreo, conocen en primera instancia de los procesos
penales militares contra Oficiales, Suboficiales y soldados del respectivo
Comando Aéreo.
Artículo 252. Juzgados Militares de Base Aérea. Los Juzgados
Militares de Base Aérea, conocen en primera instancia de los procesos penales
militares contra Oficiales, Suboficiales y soldados de la respectiva Base
Aérea.
Artículo 253. Juzgado Militar de Grupo Aéreo. Los Juzgados Militares
de Grupo Aéreo conocen en primera instancia de los procesos penales militares
contra Oficiales, Suboficiales y soldados del respectivo Grupo Aéreo.
Artículo 254. Juzgado Militar de Escuelas de Formación, Capacitación
y Técnicas. Los Juzgados Militares de Escuelas de Formación o Capacitación y
Técnicas conocen en primera instancia de los procesos penales militares contra
Oficiales, Suboficiales, alumnos y soldados de las respectivas Escuelas.
CAPITULO VII
Juzgados de Primera Instancia para la Policía Nacional
Artículo 255. Juzgado de la Dirección General de la Policía
Nacional. El Juzgado de la Dirección General de la Policía Nacional conoce en
primera instancia, salvo lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 234 de este
código, de los procesos penales que se adelanten contra Comandantes de
departamentos de Policía, Comandantes de Policías Metropolitanas, Directores de
Escuelas de Formación, Capacitación y Técnicas y contra Oficiales Superiores de
la Policía Nacional.
Artículo 256. Inspección General de la Policía Nacional. La
Inspección General de la Policía Nacional, conoce en primera instancia de los
procesos penales que se adelanten contra Oficiales subalternos, Suboficiales,
personal del nivel ejecutivo, Agentes, y personal que preste el servicio
militar orgánicos de la Dirección General; así como contra los alumnos,
Suboficiales, personal del nivel ejecutivo y Agentes de la Escuela Nacional de
Policía General Santander, y Centro de Estudios Superiores de la Policía
Nacional; y, además, de los procesos contra el personal policial cuyo
conocimiento no esté atribuido a otro juzgado.
Artículo 257. Juzgados de Policías Metropolitanas. Los Juzgados de
Policías Metropolitanas, conocerán en primera instancia de los procesos
penales, contra Suboficiales, personal de nivel ejecutivo, Agentes de la
Policía Nacional y personal que preste el servicio militar en la respectiva
unidad metropolitana.
Artículo 258. Juzgados de Departamento de Policía. Los Juzgados de
departamento de Policía, conocerán en primera instancia de los procesos penales
que se adelanten contra, Suboficiales, personal del nivel ejecutivo, Agentes de
la Policía Nacional y personal que preste el servicio militar en las diversas
unidades policiales que se les asigne territorialmente, así como de los
procesos penales que se adelanten contra los alumnos, Suboficiales, personal
del nivel ejecutivo, Agentes y personal que preste el servicio militar,
orgánicos de las Escuelas de Formación, Capacitación y Técnicas que se
encuentren en la jurisdicción, de conformidad con la organización
administrativa que fije la ley.
CAPITULO VIII
Otros juzgados de primera instancia
Artículo 259. Juzgado de Comando Unificado. El Juzgado Militar de
Comando Unificado, conoce en primera instancia de los procesos penales
militares contra Oficiales, Suboficiales y soldados del cuartel general del
comando unificado y contra los Comandantes, Oficiales, Suboficiales y soldados
de los componentes orgánicos del mismo.
CAPITULO IX
Fiscales Penales Militares
Artículo 260. Fiscales Penales Militares. Los Fiscales Penales
Militares ejercerán la función de calificación y acusación en el proceso penal militar,
y ejercerán sus funciones ante el Tribunal Superior Militar y los juzgados de
conocimiento de manera ordinaria y permanente en cada una de las instancias de
conformidad con lo previsto en este código.
Artículo 261. Funciones de los Fiscales Penales Militares ante el
Tribunal Superior Militar. Corresponde a los Fiscales Penales Militares ante el
Tribunal Superior Militar:
1. Calificar y acusar, si a ello hubiere lugar, por delitos cuyo
juzgamiento esté atribuido en primera instancia al Tribunal Superior Militar.
2. Resolver los recursos de apelación y de hecho interpuestos contra
las decisiones proferidas por los Fiscales Penales Militares ante los Juzgados
de Primera Instancia y de la consulta de las cesaciones de procedimiento
proferidas por los mismos fiscales.
3. Dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre los
Fiscales Penales Militares ante los juzgados de primera instancia.
4. Resolver los impedimentos y recusaciones de los Fiscales Penales
Militares ante los Juzgados de Primera Instancia.
Artículo 262. Funciones de los Fiscales Penales Militares ante los
Juzgados de Primera Instancia. Corresponde a los Fiscales Penales Militares
ante los Juzgados de Primera Instancia, calificar y acusar si a ello hubiere
lugar, por delitos cuyo juzgamiento esté atribuido a los jueces de conocimiento
ante quienes ejercen su función, de conformidad con lo dispuesto en este
código.
CAPITULO X
Funcionarios de instrucción
Artículo 263. Quiénes son funcionarios de instrucción. Son
funcionarios de Instrucción Penal Militar:
1. Los Magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia.
2. Los Magistrados del Tribunal Superior Militar.
3. Los Jueces de Instrucción Penal Militar.
4. Los auditores de guerra, que en casos especiales sean designados
por el respectivo Juez de Instancia.
Artículo 264. Competencia de los funcionarios de Instrucción Penal
Militar. Los jueces de Instrucción Penal Militar tienen competencia para
investigar todos los delitos de conocimiento de la Justicia Penal Militar
cualquiera que sea el lugar donde se cometa el hecho.
Artículo 265. Medidas para evitar la evasión del imputado. Cuando
los delitos se realicen durante la navegación o en desarrollo de operaciones en
áreas inhóspitas o no existiendo juez competente en el lugar de los hechos, el
superior al mando podrá únicamente tomar las medidas que sean estrictamente
necesarias para evitar la evasión del imputado, mientras pueda ponerlo –a la
mayor brevedad posible– a disposición del juez competente.
Artículo 266. Unidades de instrucción. Cuando la naturaleza y
complejidad del hecho así lo exija, el Comandante General de las Fuerzas
Militares o el Director General de la Policía Nacional, según el caso, podrán
conformar unidades de instrucción integradas por varios jueces.
Sin embargo, uno de los jueces será designado como director de la
unidad y suscribirá las providencias que se dicten bajo su responsabilidad.
CAPITULO XI
Auditores de guerra
Artículo 267. Funciones. Los Auditores de Guerra, son asesores
jurídicos de los juzgados de Primera Instancia; deben rendir los conceptos que
se les requiera, elaborar los proyectos de decisión, asesorar las Cortes
Marciales y los demás juzgamientos que aquellos realicen.
Todos los proyectos y conceptos de los Auditores de Guerra deben ser
filmados por los mismos y no son de forzosa aceptación.
CAPITULO XII
Comisiones
Artículo 268. Comisiones. Para la práctica de diligencias la Corte
Suprema de Justicia podrá comisionar a cualquier funcionario judicial o a sus
Magistrados Auxiliares.
El Tribunal Superior Militar y los jueces de Primera Instancia,
podrán comisionar para la práctica de pruebas y diligencias, exclusivamente, a
cualquier autoridad judicial del país de igual o inferior categoría.
Los jueces de Instrucción Penal Militar, podrán comisionar para los
mismos fines, a funcionarios de inferior o igual categoría fuera de su sede.
El auto mediante el cual se comisiona establecerá con precisión las
diligencias que deben practicarse y el término dentro del cual han de
realizarse. En caso de indagatoria se anexará el cuestionario correspondiente.
En ningún caso la comisión implica facultad para resolver la
situación jurídica del procesado.
CAPITULO XIII
Cambio de radicación
Artículo 269. Finalidad y procedencia. El cambio de radicación podrá
disponerse cuando, en el territorio donde se esté adelantando la actuación
procesal, existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la
imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las
garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad del sindicado
o su integridad personal.
Artículo 270. Solicitud de cambio. Antes de proferirse el fallo de
Primera Instancia, podrá solicitarse el cambio de radicación por cualquiera de
los sujetos procesales, ante el Juez que esté conociendo el proceso, quien
enviará la solicitud con sus anexos al Tribunal Superior Militar.
Artículo 271. Trámite. La solicitud debe ser motivada y a ella se
acompañarán las pruebas en que se funda. El superior tendrá tres (3) días para
decidir, mediante auto contra el cual no procede recurso alguno.
Artículo 272. Fijación del sitio para continuar. El Tribunal
Superior Militar, al disponer el cambio de radicación, señalará el juzgado del
lugar donde deba continuar el proceso. Cuando el cambio obedezca a razones de
orden público, se obtendrá del Comando General de las Fuerzas Militares o del
Director General de la Policía Nacional a, según el caso, si fuere necesario,
informe sobre los diferentes sitios donde no sea conveniente la radicación.
TITULO CUARTO
INCIDENTES
CAPITULO I
Colisión de competencias
Artículo 273. Noción. Hay colisión de competencias cuando dos (2) o
más jueces de conocimiento o fiscales, reclaman que a cada uno de ellos
corresponde exclusivamente el conocimiento o tramitación de un proceso penal, o
cuando se niegan a conocer de él por estimar que no es de la competencia de
ninguno de ellos.
Artículo 274. Procedimiento. La colisión puede ser provocada de
oficio o a solicitud de parte. Quien la suscite se dirigirá al otro juez o
fiscal, exponiendo los motivos que tiene para conocer o no. Si éste acepta,
asumirá el conocimiento; en caso contrario, enviará el proceso al Tribunal
Superior Militar, o al fiscal ante esta Corporación o a la Sala Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura, para que allí se decida de plano, según
el caso.
Artículo 275. Solicitud y trámite. Cualquiera de las partes puede
solicitar que se suscite la colisión, por medio de memorial dirigido al juez o
al fiscal que esté conociendo o tramitando, o al que considere competente para
conocer o tramitar. Si el que recibe la solicitud la encuentra fundada, debe
provocar la colisión.
Artículo 276. Colisión durante la investigación y el juzgamiento. Si
la colisión de competencia se provoca durante la investigación, no se
suspenderá ésta ni se anulará lo actuado, cualquiera que sea la decisión.
Si la colisión se provoca durante el juzgamiento, se suspenderá éste
mientras se decide aquella, pero las nulidades a que hubiere lugar sólo podrán
ser decretadas por el juez en quien quede radicada la competencia.
CAPITULO II
Impedimentos y recusaciones
Artículo 277. Causales de impedimento. Son causales de impedimento:
1. Tener el juez, el fiscal o el magistrado, el cónyuge o compañero
o compañera permanente o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, interés en el proceso.
2. Ser el juez, el fiscal o el magistrado, acreedor o deudor de
alguna de las partes.
3. Ser el juez, el fiscal o el magistrado, o su cónyuge o compañero
o compañera permanente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil, del apoderado o defensor de alguna de las
partes.
4. Ser o haber sido el juez, el fiscal o el magistrado apoderado o
defensor de alguna de las partes, o ser o haber sido contraparte de cualquiera
de ellos, o haber dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia
del proceso, o haber sido perito o testigo en el mismo, o haber sido
denunciante o querellante.
5. Existir enemistad grave o amistad íntima entre alguna de las
partes y el juez, fiscal o magistrado.
6. Ser o haber sido el juez fiscal o magistrado, tutor, curador o
pupilo de alguna de las partes.
7. Haber dictado la providencia de cuya revisión se trata, o haber
intervenido como integrante de corte marcial dentro de un mismo proceso o ser
el juez, fiscal o magistrado pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil del inferior que dictó la
providencia que se va a revisar, o haber proferido la resolución acusatoria.
8. Dejar el juez, el fiscal o el magistrado vencer, sin actuar, los
términos que la ley señale al efecto, a menos que la demora sea debidamente
justificada.
9. Ser alguna de las partes, su cónyuge, compañero o compañera
permanente, o alguno de sus hijos, dependientes del juez, el fiscal o el
magistrado.
10. Ser el juez, el fiscal o el magistrado, su cónyuge, compañero o
compañera permanente, socio de alguna de las partes en sociedad colectiva o de
responsabilidad limitada, en comandita simple o de hecho.
11. Ser el juez, el fiscal o el magistrado heredero o legatario de
alguno de los sujetos procesales o serlo su cónyuge, compañero o compañera
permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil.
12. Haber estado el juez, fiscal o magistrado vinculado legalmente a
una investigación penal o disciplinaria por denuncia o queja formulada, antes
de iniciarse el proceso, por alguna de las partes.
Artículo 278. Impedimento o recusación de otros funcionarios y
empleados. Las causales de impedimento de los jueces, fiscales o magistrados se
refieren igualmente a los agentes del Ministerio Público, Secretarios de los
Juzgados, Fiscalías y Tribunal quienes pondrán en conocimiento del respectivo
Procurador delegado, del juez, del fiscal o magistrado correspondiente el
impedimento que existe, sin perjuicio que los interesados puedan recusarlos.
Artículo 279. Quiénes conocen. De los impedimentos y recusaciones de
los Jueces de Instrucción Penal Militar y de los Jueces de Instancia, conoce el
Tribunal Superior Militar. De los impedimentos y recusaciones de los
secretarios, el respectivo juez o fiscal.
De los agentes del Ministerio Público el respectivo Procurador
Delegado; los de los Auditores de guerra el respectivo Juez de Instancia. Los
de los fiscales ante los Juzgados de Primera Instancia, conocerá el respectivo
fiscal ante el Tribunal Superior Militar.
El competente resolverá de plano y contra la decisión que pronuncie
no procede recurso alguno.
Cuando el impedido o recusado fuere un Fiscal Penal Militar ante el
Tribunal Superior Militar, resolverá de plano el fiscal, que le siga en orden
alfabético de apellidos; si fuere aceptado el impedimento o prospera la
recusación, continuará conociendo del proceso; en caso contrario devolverá la
actuación al impedido o recusado.
Artículo 280. Comunicación y designación. Cuando se acepte el
impedimento o recusación, quien resuelve sobre el incidente designa el
reemplazo. Empero, tratándose de los impedimentos y recusaciones de los Jueces
de Instrucción Penal Militar y de Primera Instancia, se comunicará al
Presidente del Tribunal Superior Militar, quien procederá a efectuar la
designación.
Artículo 281. Trámite. Cuando sea un magistrado del Tribunal
Superior Militar, el impedido o recusado manifestará esta circunstancia en el
auto en que ordene pasar el proceso a quien en su sala le siga en orden
alfabético de apellidos, para que decida el impedimento por auto
interlocutorio. Si el magistrado hallare fundado el impedimento, continuará
conociendo del asunto que se decidirá con la intervención de un magistrado de
las otras salas, escogido a la suerte.
Si no se acepta, se le devolverá el proceso para que continúe
conociendo.
De los impedimentos y recusaciones del secretario del Tribunal
Superior Militar conocerá el magistrado ponente. Si se acepta, así lo declarará
y será reemplazado por el oficial mayor de la corporación.
Artículo 282. Recusación y trámite. Al funcionario que no se declare
impedido, las partes podrán recusarlo en cualquier momento, antes de entrar el
proceso al despacho para sentencia.
La recusación se propondrá por escrito, acompañado de las pruebas,
en el que se expongan los motivos de acuerdo con la causal alegada.
Si el recusado acepta, pasará el expediente a quien corresponda para
el fallo del proceso; en caso contrario se sigue el procedimiento señalado en
las normas precedentes.
Artículo 283. Suspensión del juicio y continuación de la
instrucción. Desde que se presente la recusación o se manifieste impedido el
funcionario, hasta cuando se resuelva definitivamente, se suspenderá el proceso
si estuviere en estado de calificación o de juicio. Si estuviere en
instrucción, se continuará la actuación.
Artículo 284. Improcedencia del impedimento o recusación. No están
impedidos ni son recusables en el trámite del incidente los funcionarios a
quienes corresponda su decisión.
CAPITULO III
Acumulaciones
Artículo 285. Procedencia. La acumulación procede en los procesos
penales militares, cuando contra un sujeto se estuvieren siguiendo dos o más
procesos, aunque en éstos figuren otros procesados.
Artículo 286. Oportunidad y competencia. En los procesos que se
sigan por el procedimiento de cortes marciales es procedente la acumulación,
desde la ejecutoria de la resolución de acusación hasta la iniciación de la
audiencia y será competente la Corte Marcial en que se haya proferido primero
resolución de acusación.
En el procedimiento especial, desde el auto de iniciación del juicio
hasta el auto de traslado a las partes para concepto y alegato y será
competente el Juez que primero haya dictado el auto de iniciación del juicio.
Si uno de los delitos materia de acumulación está sometido al
procedimiento de las Cortes Marciales y otro u otros no, se seguirá el trámite
correspondiente a aquéllos.
Artículo 287. Petición de informes. Si el juez que conoce de un
proceso tiene noticias de que en otro despacho cursa otro proceso de aquellos
que deben acumularse, pedirá informe al despacho respectivo y éste deberá
contestar dentro de los tres (3) días siguientes a aquél en que recibió la
petición. Dicho informe contendrá todos los datos necesarios para establecer la
pertinencia de la acumulación.
Artículo 288. Decisión sobre acumulación. Recibido el informe o la
propuesta de la acumulación, el juez resolverá de plano sobre su procedencia o
improcedencia. Contra dicha decisión no procede recurso alguno. Actuará como
Fiscal el del proceso en que se haya proferido primero resolución de acusación.
Artículo 289. Suspensión de procesos. Decretada la acumulación, se
suspenderá el proceso o procesos que se hallaren más adelantados, hasta lograr
la uniformidad en el estado procesal que permita continuarlo simultáneamente.
TITULO QUINTO
SUJETOS PROCESALES
CAPITULO I
Ministerio Público
Artículo 290. Funciones especiales del Ministerio Público.
Corresponde al agente del ministerio público en la organización de la justicia
penal militar como sujeto procesal, sin perjuicio de las demás que le
correspondan en el ejercicio de la función de control, las siguientes
atribuciones:
1. Garantizar que en todas las actuaciones se respeten los derechos
humanos y el cumplimiento de las garantías del debido proceso.
2. Velar porque en los casos de desistimiento, los sujetos
procesales actúen libremente.
3. Solicitar la cesación de procedimiento cuando considere que se
reúnan los presupuestos necesarios para adoptar esta decisión.
4. Intervenir en todos los juzgamientos que se realicen en el
proceso Penal Militar, para solicitar la absolución o la condena de los
procesados, según sea el caso.
5. Vigilar el cumplimiento de las diversas obligaciones y
condiciones impuestas por los jueces en los casos de otorgamiento de
beneficios, excarcelaciones, subrogados, cauciones, presentaciones y demás
compromisos.
6. Controlar que se cumpla en todo momento con el principio general
según el cual debe existir separación entre jurisdicción y comando para los
jueces.
7. Velar por la debida garantía, a las víctimas, de su derecho de
real acceso a la justicia.
8. Solicitar la práctica de pruebas o aportarlas cuando sean
pertinentes o conducentes.
Las funciones previstas en los numerales 3º, 4º, y 8º de este
artículo sólo procederán cuando sea necesario en defensa del orden jurídico,
del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales.
Artículo 291. Quiénes ejercen el Ministerio Público. El Ministerio
Público ante la justicia penal militar se ejerce por el Procurador General de la
Nación y sus delegados o agentes.
CAPITULO II
Fiscalía Penal Militar
Artículo 292. Fiscales Penales Militares. Los Fiscales Penales
Militares tendrán la calidad de sujetos procesales y ejercerán sus funciones
ante el Tribunal Superior Militar y los jueces de conocimiento de manera
ordinaria y permanente, de conformidad con lo previsto en este Código.
CAPITULO III
Procesado
Artículo 293. Imputado y procesado. Quien haya rendido versión libre
tendrá la calidad de imputado.
La condición de procesado se adquiere a partir de la vinculación al
proceso mediante indagatoria o declaración judicial de persona ausente.
Artículo 294. Derecho a nombrar defensor. Desde el momento de la
captura o desde que se inicie la indagación preliminar o formal investigación,
el imputado o procesado tendrá derecho a designar un defensor que le asista en
toda la actuación procesal, el recurso extraordinario de casación y la acción
de revisión.
El defensor que se designa se entenderá que tiene facultades de
actuar como tal hasta la finalización del proceso, incluyendo los recursos
extraordinarios.
Artículo 295. Derecho del procesado a su defensa. El imputado o
procesado, directamente, podrá solicitar la práctica de pruebas, interponer
recursos, desistir, solicitar excarcelación, subrogados penales, actuar en las
diligencias e intervenir en todos los casos autorizados por la ley.
Cuando existan peticiones encontradas entre el procesado y su
defensor, prevalecerán estas últimas, siempre y cuando no se quebranten los
derechos y garantías fundamentales.
Artículo 296. Deber de establecer la identidad del procesado. El
juez está en la obligación de establecer plenamente la identidad de todo
imputado o procesado, para lo cual practicará las pruebas que sean necesarias.
Sin embargo, la imposibilidad de lograr la identificación con el verdadero
nombre y apellido o con las restantes generalidades, no impedirá el que se
adelante la instrucción, se califique o se produzca fallo definitivo, siempre y
cuando no exista duda sobre su individualización física.
CAPITULO IV
Defensor
Artículo 297. Abogado titulado. Salvo las excepciones legales, para
intervenir como defensor, se requiere ser abogado titulado.
Artículo 298. Oportunidad del nombramiento de defensor. El miembro
de la Fuerza Pública podrá designar su defensor en cualquier momento del
proceso, mediante poder presentado personalmente ante autoridad competente y
dirigido al funcionario respectivo, quien desplazará al que haya sido designado
por el juez.
Artículo 299. Defensoría de Oficio. Cuando en el lugar donde se
adelante la actuación procesal no exista Defensor público o el sindicado no lo
designe defensor, se le nombrará de oficio.
Artículo 300. Incompatibilidades en la defensa. El defensor no podrá
representar a dos o más imputados o sindicados cuando entre ellos existieren o
sobrevinieren intereses contrarios o incompatibles. Cuando se presente la
contradicción o incompatibilidad o el juez se entere de ella, procederá a
declararla, mediante auto contra el cual procede recurso de reposición. La
providencia se notificará personalmente a los imputados o sindicados capturados
o privados de la libertad y al defensor.
Artículo 301. Sustitución del poder. El defensor podrá sustituir el
poder con expresa autorización del procesado. Pero, bajo su responsabilidad,
podrá designar un abogado suplente.
Artículo 302. Obligatoriedad del cargo de defensor de oficio. El
cargo de defensor de oficio es de forzosa aceptación. Sólo podrá excusarse por
enfermedad grave o habitual, incompatibilidad de intereses o tener a su cargo
tres o más defensas de oficio.
Artículo 303. Incumplimiento de deberes del defensor de oficio. El
defensor de oficio que sin justa causa no cumpla con los deberes que el cargo
le impone, será requerido por el juez para que lo ejerza o desempeñe
cabalmente, conminándole con multa hasta de dos (2) salarios mínimos legales
mensuales, que impondrá cada vez que se presente renuencia.
Artículo 304. Presentación de pruebas. El defensor, en ejercicio del
cargo, podrá presentar directamente pruebas en las investigaciones y procesos
penales, las que se incorporan mediante providencia de mera sustanciación,
siempre y cuando sean conducentes y pertinentes.
En caso de rechazo de la prueba aportada directamente, se determinará
mediante providencia motivada, contra la cual proceden los recursos ordinarios.
CAPITULO V
Parte Civil
Artículo 305. Constitución de Parte Civil. La constitución de parte
civil en el proceso penal militar tiene por objeto exclusivo el impulso procesal
para contribuir a la búsqueda de la verdad de los hechos. Esta podrá
constituirse por el perjudicado con el delito y por intermedio de abogado
titulado, desde el momento de la apertura de la investigación hasta antes de
que se dicte el auto que señala fecha y hora para la iniciación de la audiencia
pública de juzgamiento.
Artículo 306. Requisitos de la Demanda de Parte Civil. La demanda de
constitución de parte civil, deberá contener:
1. Nombre, domicilio, identidad de la persona que demanda.
2. Nombre, domicilio, grado e identificación del miembro de la
Fuerza Pública procesado.
3. Relación de hechos que se consideren constitutivos del delito.
4. Fundamentos jurídicos de la demanda.
5. Solicitud de las pruebas que se consideren conducentes y
pertinentes y presentación de las que se encuentren en su poder.
De no cumplirse los requisitos establecidos en el presente artículo,
el juez señalará los defectos de que adolezca la demanda, para que el
demandante los subsane en el término de diez (10) días. Si no lo hiciere,
rechazará la demanda.
Contra el auto que inadmite la demanda, procede el recurso de
reposición. Contra el auto que la rechaza, procede el recurso de apelación en
el efecto devolutivo. Si el rechazo se produce en la etapa del juicio, será en
el efecto suspensivo.
Artículo 307. Rechazo de la demanda. La demanda sólo podrá ser
rechazada en caso de ilegitimidad de personería del demandante.
Artículo 308. Actuación en cuaderno principal. Las pruebas aportadas
o solicitadas por la parte civil, formarán parte del cuaderno principal.
Artículo 309. Facultades de la parte civil. Admitida la demanda de
parte civil, ésta quedará facultada para solicitar la práctica de pruebas
orientadas a demostrar la existencia del hecho punible, la identidad de los
autores o partícipes, y su responsabilidad. Podrá igualmente interponer
recursos contra las providencias que resuelvan sobre las materias de que trata
este artículo.
Artículo 310. Limitaciones procesales de la parte civil. Para los
efectos del artículo 74 de la Constitución Política, los documentos
clasificados o reservados de la Fuerza Pública que se requieran para un proceso
penal militar, se llevarán en cuaderno separado y éstos no podrán ser conocidos
por la parte civil.
TITULO SEXTO
ACTUACION PROCESAL
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 311. Utilización de medios técnicos. En la actuación
procesal se podrán utilizar medios científicos y técnicos en general, que la
ciencia ofrezca a la investigación y que no atenten contra la dignidad humana
ni menoscaben las garantías fundamentales del debido proceso.
Artículo 312. Ininterrupción de la actuación sumaria. Todos los días
y horas son hábiles para practicar diligencias en la investigación sumaria, y
los términos legales y judiciales no se suspenden por la interposición de día
feriado durante ella.
Cuando el juez determine realizar diligencias o practicar pruebas en
horas diferentes a las ordinarias o en días feriados, deberá notificar este
hecho personalmente a los sujetos procesales.
Artículo 313. Actuación escrita y en castellano. Toda actuación debe
extenderse por escrito, en duplicado y en idioma castellano. La persona que no
supiere expresarse en dicho idioma, lo hará por medio de intérprete. Lo
anterior no obsta para que las diligencias puedan ser recogidas y conservadas
en sistemas de audio y/o video; si fuere necesario, el contenido de ellas se
llevará por escrito al proceso previa certificación del juez.
Artículo 314. Oralidad. La persona a quien interrogue el juez, bien
sea como procesado o como testigo, debe responder oralmente, sin leer ni dictar
declaraciones escritas. Con todo, el juez le puede permitir, teniendo en cuenta
la naturaleza de los hechos y las circunstancias de la investigación y haciendo
de ello mención en el acta, que antes de contestar verbalmente, consulte
documentos que puedan facilitar la evocación y narración de los hechos.
Artículo 315. Firma de las actas o documentos. Toda actuación
judicial debe quedar consignada en actas o documentos con las firmas autógrafas
de las personas que hayan intervenido. Si la persona no sabe, no puede, o no
quiere firmar, se le tomará impresión digital, y en todo caso firmará por ella
un testigo, de lo cual se dejará constancia si la diligencia fuere grabada, se
levantará acta en la que conste fecha y hora de su realización, la cual será
suscrita por quienes tomaron parte en la diligencia.
Artículo 316. Requisitos formales de la actuación. Toda actuación en
el proceso penal debe empezar con el nombre de la entidad que la practica, con
indicación de lugar, hora, día, mes y año en que se realice y debe ser firmada
por el correspondiente titular.
Si se trata de resolución, auto o sentencia deberá llevar la firma
del juez y su secretario.
Artículo 317. Actas. De todo acto procesal se extenderá acta que se
escribirá a medida que se vaya practicando, salvo las previsiones especiales.
Antes de firmar la diligencia, será leída por las personas que deben
suscribirla y por el secretario en voz alta, si alguna de ellas no supiere
leer.
Si se observare inexactitud, oscuridad, adición o deficiencia, se
hará constar, con las rectificaciones y aclaraciones pertinentes.
En las actuaciones escritas no deberá dejarse espacio, ni hacerse
enmiendas, abreviaturas o raspaduras. Los errores o faltas que se observen se
salvarán al terminarlas.
Artículo 318. Reconstrucción de expedientes perdidos o destruidos.
Establecida la pérdida o destrucción de un expediente en curso, el juez que
estuviere conociendo de él, inmediatamente deberá practicar todas las
diligencias necesarias para su reconstrucción.
Los sujetos procesales, previa orden del juez correspondiente, están
en la obligación de entregar sin dilación, las diligencias y providencias que
tuvieren en su poder.
Con base en los datos obtenidos y copias del archivo del despacho,
se practicarán las diligencias indispensables para su reconstrucción.
Artículo 319. Copias auténticas. La copia auténtica de acto procesal
o la que careciendo de esta formalidad no fuere objetada, será idónea para la
reconstrucción del expediente.
Artículo 320. Presunción. Las copias de las providencias judiciales
hacen presumir la existencia de la actuación a que ellas se refieren y de las
pruebas en que se fundan.
Artículo 321. Proceso con detenido. Quien estuviere privado de la
libertad, en proceso perdido o destruido, continuará en tal situación con
fundamento en la providencia que así lo hubiere dispuesto.
Artículo 322. Imposibilidad de reconstrucción. El proceso que no
pudiere ser reconstruido, podrá ser reiniciado oficiosamente o a petición del
querellante, quien deberá aportar copia de la querella.
Artículo 323. Excarcelación. Cuando se requiera la reconstrucción
del expediente, los procesados podrán solicitar su excarcelación, si pasados
ciento veinte (120) días de la privación efectiva de su libertad, no se hubiere
proferido resolución de acusación o auto de iniciación del juicio, según el
caso.
Artículo 324. Actuación posterior a la reconstrucción. El juez que
adelante la reconstrucción, dará noticia a las autoridades correspondientes
para el inicio de las respectivas acciones disciplinarias y penales a que
hubiere lugar por la pérdida o destrucción del expediente, si no fuere el
competente para iniciarlas.
Artículo 325. Suspensión de la actuación procesal. Cuando haya causa
que lo justifique, el juez podrá suspender el desarrollo de la actuación
procesal ordenando el día y la hora en que deba continuarse.
Artículo 326. Inexistencia de diligencias. Para todos los efectos
procesales se considerará inexistente la diligencia practicada con la
asistencia e intervención del procesado sin la de su defensor. El juez le
comunicará a éste oportunamente el día y hora de las diligencias, y si no
compareciere, le designará defensor de oficio.
Cuando esté en peligro de muerte el imputado o procesado y sea
indispensable realizar diligencia con su intervención, el juez puede omitir la
comunicación a su apoderado o defensor y nombrar de oficio a cualquier otro.
Artículo 327. Obligación de comparecer. Salvo las excepciones
legales, toda persona citada tiene la obligación de comparecer ante el juez. En
caso de desobediencia, el juez ordenará a la autoridad correspondiente la
conducción del renuente, para realizar el acto procesal y le impondrá, si no
justifica su incumplimiento, arresto inconmutable hasta por diez (10) días.
Artículo 328. Forma de las citaciones. Las citaciones podrán hacerse
por los medios y en la forma que el juez considere eficaces, siempre que no se
menoscaben los derechos y garantías fundamentales.
Artículo 329. Otras obligaciones. Toda persona que con cualquier
carácter comparezca al proceso penal, está en la obligación de indicar el lugar
a donde se le puedan dirigir las citaciones si nuevamente se requiere su
comparecencia y dar aviso de cualquier cambio al respecto. La renuencia a
declarar el lugar o la inexactitud al respecto se sancionará con arresto
inconmutable hasta por diez (10) días.
Artículo 330. Imposición de sanciones. Las sanciones a que se
refieren los artículos anteriores serán impuestas por el juez que adelanta el
proceso o cumpla la comisión, mediante providencia motivada, contra la cual
sólo procede el recurso de reposición y con fundamento en informe juramentado
del funcionario o empleado del despacho a quien le consten los hechos.
Artículo 331. Amonestación previa a la promesa o juramento. Toda
autoridad a quien corresponda tomar promesa o juramento, amonestará previamente
a quien deba prestarlo, acerca de la importancia legal y moral del acto, de las
sanciones establecidas contra los que declaren falsamente, leyéndole los
artículos correspondientes y la fórmula respectiva. El juramento o promesa se
prestará con las palabras "lo juro" o "lo prometo", según
el caso.
Artículo 332. Fórmulas de la promesa o juramento. La fórmula de la
promesa o juramento, según los casos, será la siguiente:
Para los oficiales testigos: "¿Promete usted, por su honor
militar (o policial), decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad
en la declaración que va a rendir?".
Para los peritos: "¿Promete usted, por su honor o jura según el
caso, proceder fielmente en las investigaciones que se le confíen, hacer lo
posible para llegar al conocimiento de la verdad y para declarar ésta sin
exageraciones ni reticencias, sin ambigüedades ni eufemismos?".
Para otros testigos: "¿A sabiendas de la responsabilidad que
asume con el juramento, jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la
verdad en la declaración que va a rendir?".
Para los intérpretes: "¿A sabiendas de la responsabilidad que
asume con el juramento o promesa, jura o promete explicar y traducir fielmente
las preguntas a la persona que va a ser interrogada por su conducto y
transmitir exactamente las respuestas?".
Para los defensores: "¿A sabiendas de la responsabilidad que
asume con el juramento, jura cumplir bien y fielmente con los deberes de su
cargo?".
CAPITULO II
Resoluciones, autos y sentencias
Artículo 333. Clasificación. Las providencias que se dictan en el
proceso penal militar se denominan:
1. Sentencias, si deciden el objeto del proceso, previo el
agotamiento del trámite de la instancia o de la casación.
2. Autos o resoluciones interlocutorias, si resuelven un incidente o
cuestión de fondo en el curso de la actuación procesal, de modo tal que
nieguen, reconozcan, alteren o modifiquen un derecho de los sujetos procesales.
Autos de sustanciación, si se limitan a disponer cualquier otro
trámite de los previstos por la ley para dar curso a la actuación procesal.
Artículo 334. Requisitos de la sentencia. La sentencia debe
contener:
1. Un resumen de los hechos investigados.
2. Identificación o individualización del procesado o procesados.
3. Un resumen de los alegatos presentados por las partes con el
correspondiente análisis valorativo.
4. Análisis y valoración jurídica de las pruebas que sirvan de
fundamento a la decisión.
5. Los fundamentos jurídicos de la imputación que se haga al procesado
o a cada uno de los procesados.
6. Los fundamentos jurídicos del fallo absolutorio, en su caso.
7. Resolución de condena a la pena principal y a las accesorias que
correspondan en cada caso.
8. La suspensión condicional de la ejecución de la sentencia, cuando
a ello hubiere lugar.
9. La especificación concreta y clara de los factores de dosimetría
penal.
La parte resolutiva de la sentencia estará precedida de las
siguientes palabras: "Administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley".
Artículo 335. Irreformabilidad de la sentencia. La sentencia no es
reformable ni revocable por el mismo juez o sala de decisión que la hubiere
dictado, salvo en caso de error aritmético, o sobre el nombre del procesado o
de omisión sustancial en la parte resolutiva. En cualquiera de estos casos el
juez, de oficio o a petición de parte, dentro del término de ejecutoria
procederá a efectuar las correcciones, aclaraciones o adiciones pertinentes.
Artículo 336. Contenido de los autos interlocutorios. Los autos
interlocutorios contendrán una síntesis de los hechos, las consideraciones
jurídicas, el análisis de las pruebas, los fundamentos legales concretos que
sustentan la decisión y la resolución que corresponda.
Artículo 337. Providencias del Tribunal Superior Militar. Los autos
de sustanciación serán proferidos por el magistrado ponente. Las sentencias y
los autos interlocutorios por la respectiva sala de decisión.
Las decisiones se tomarán por mayoría de votos. El magistrado
disidente, sea de la parte motiva o resolutiva, tiene la obligación de salvar
su voto, dentro de los dos (2) días siguientes a la firma de la providencia.
Si el proyecto del ponente no fuere acogido, la parte motiva del
mismo se constituirá en salvamento de voto.
Artículo 338. Prohibición de calificaciones ofensivas a los
intervinientes en el proceso. En ningún caso le será permitido al juez, al
agente del ministerio público o a cualquier persona que intervenga en el
proceso hacer calificaciones ofensivas respecto de los sujetos procesales y
demás personas intervinientes en el mismo.
Artículo 339. Copia auténtica de providencia para archivo. De todas
las sentencias y de los autos interlocutorios que se dicten en el proceso, se
dejará copia o duplicado auténtico en el respectivo despacho judicial.
CAPITULO III
Notificaciones
Artículo 340. Providencias judiciales que se notifican. Se
notificarán las siguientes providencias, además de las expresamente señaladas
en este código:
1. Las sentencias, autos de cesación de procedimiento, autos
interlocutorios y resoluciones.
2. Los siguientes autos de sustanciación: el que ordena la práctica
de la inspección judicial y de la prueba pericial, el que ordena poner en
conocimiento de las partes el dictamen pericial, el que ordena la práctica de
pruebas en el juicio, el que señala la fecha y hora para la audiencia de la
Corte Marcial, el que deniegue la concesión de un recurso, el que pone en
conocimiento de las partes la prueba trasladada, los que denieguen los recursos
de apelación y casación y el que declara la iniciación del juicio en el
procedimiento especial.
Los autos de sustanciación no enumerados en el numeral anterior
serán de cumplimiento inmediato y contra ellos no procede recurso alguno.
Artículo 341. Formas de notificación. Las notificaciones al
procesado que estuviere detenido y al agente del ministerio público, siempre se
harán en forma personal.
Las notificaciones al procesado que no estuviere detenido, a los
defensores y al apoderado de la parte civil, se harán personalmente si se
presentaren a la secretaría dentro de los dos (2) días siguientes al de la
fecha de la providencia; pasado este término sin que se haya hecho la
notificación personal, habiéndose realizado las diligencias para ello, las
sentencias, las resoluciones acusatorias y los autos de cesación de
procedimiento se notificarán por edicto. Los demás autos se notificarán por
estado.
Artículo 342. Manera de practicarlas. La notificación personal se
practicará leyendo íntegramente el auto, la resolución o la sentencia a la
persona a quien se notifique o permitiendo que ésta lo haga.
Artículo 343. Notificaciones por edicto. El edicto se fijará en
lugar visible de la secretaría y deberá contener:
1. La palabra EDICTO, en letras mayúsculas en su parte superior.
2. La designación del procesado.
3. El encabezamiento y la parte resolutiva de la providencia.
4. La fecha y la hora en que se fije y la firma del secretario.
El edicto permanecerá fijado por cinco (5) días hábiles, al término
de los cuales se entenderá surtida la notificación.
Artículo 344. Notificaciones por estado. Los demás autos se
notificarán por medio de anotaciones en estado los cuales elaborará el
secretario. La inserción en el estado, igualmente se hará pasados dos (2) días
de la fecha del auto y en ella debe constar:
1. La indicación del proceso.
2. La identificación del procesado. Si fueren varios procesados
bastará la designación del primero de ellos añadiendo la expresión "y
otros".
3. La fecha del auto y el cuaderno y folio en que se halla.
4. La fecha del estado y la firma del secretario.
El estado se fijará en un lugar visible de la secretaría y
permanecerá allí durante las horas de trabajo del respectivo día, si es auto de
sustanciación; si es auto interlocutorio durará fijado durante las horas de
trabajo del día respectivo y del día siguiente.
De las notificaciones se dejará un duplicado autorizado por el
secretario; ambos ejemplares se coleccionarán por separado en orden riguroso de
fechas, para su conservación en el archivo, y podrán ser examinados por las
partes.
Artículo 345. Notificación por conducta concluyente. Cuando se
hubiere omitido notificación a persona a quien debió hacerse, se entenderá
cumplida para todos los efectos, si ésta hubiere interpuesto recurso contra la
respectiva providencia o actuado en diligencia o trámite a que se refiere la
decisión no notificada.
Artículo 346. Notificación en estrados. Las providencias que se
dicten en el curso de las audiencias o diligencias se considerarán notificadas
en ellas, aun cuando no hayan concurrido las partes, siempre que no se
quebranten los derechos y garantías fundamentales.
Artículo 347. Notificación en establecimiento carcelario. La
notificación de todo auto, resolución o sentencia a persona que se halle
detenida o esté cumpliendo condena se realizará en el respectivo
establecimiento de detención o pena, de lo cual se dejará constancia en la
dirección o asesoría jurídica y en el proceso.
CAPITULO IV
Términos
Artículo 348. Duración. Los términos procesales serán de horas,
días, meses y años.
Artículo 349. Prórroga. Los términos legales o judiciales no pueden
ser prorrogados, sino a petición de parte hecha antes del vencimiento, por
causa grave y justificada. El juez por una sola ocasión, concederá la prórroga,
que en ningún caso puede exceder de otro tanto al término ordinario.
El secretario del Despacho anotará en el respectivo expediente el
día en que hubiere comenzado la prórroga y el día en que termine.
Artículo 350. Término judicial. El juez señalará término en los
casos en que la ley no lo haya hecho.
Los jueces no podrán modificar los términos legales.
Por término de la distancia se entenderá el normalmente necesario
para la movilización o traslado de personas o cosas, de acuerdo con la
situación y recursos disponibles.
Artículo 351. Suspensión de términos. Los términos se suspenderán,
salvo disposiciones en contrario:
1. Durante las vacaciones colectivas.
2. Durante los días sábados, domingos, festivos y de Semana Santa, y
3. Cuando no haya despacho al público por fuerza mayor o caso
fortuito.
Artículo 352. Renuncia a términos. Las partes en cuyo favor se
consagren términos para el ejercicio de un derecho, podrán renunciar a ellos.
CAPITULO V
De los recursos
Artículo 353. Recursos ordinarios. Contra las providencias
proferidas en el proceso Penal Militar, proceden los recursos de reposición,
apelación y de hecho, que se interpondrán por escrito, salvo disposición en
contrario.
Artículo 354. Oportunidad para interponerlos. Salvo los casos en que
la impugnación deba hacerse en estrados, los recursos podrán interponerse por
quien tenga interés jurídico, desde la fecha en que se haya proferido la
providencia, hasta cuando hayan transcurrido tres (3) días contados a partir de
la última notificación.
Artículo 355. Cumplimiento inmediato. Las providencias relativas a
la libertad y detención, y las que ordenan medidas de seguridad, se cumplirán
de inmediato.
Si se niega el subrogado de la condena de ejecución condicional, la
captura sólo podrá ordenarse cuando se encuentre en firme la sentencia, salvo
que durante el proceso se hubiere proferido medida de aseguramiento de
detención sin excarcelación.
Recurso de reposición
Artículo 356. Procedencia. Salvo las excepciones legales el recurso
de reposición procede contra las providencias de sustanciación que deban
notificarse y contra las interlocutorias de primera o única instancia.
Artículo 357. Trámite. El recurso de reposición se interpondrá y
sustentará por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la
notificación y se tramitará así:
1. Si el auto es de sustanciación, se resolverá de plano dentro de
los tres (3) días siguientes.
2. Si el auto es interlocutorio, se ordenará que la solicitud
permanezca en la secretaría por el término de tres (3) días a disposición de
las partes; transcurrido éste, se resolverá en los tres (3) días siguientes.
Artículo 358. Inimpugnabilidad. La providencia que decide la
reposición no es susceptible de recurso alguno salvo que contenga puntos que no
hayan sido decididos en la anterior, caso en el cual podrá interponerse recurso
respecto de los puntos nuevos, o cuando alguno de los sujetos procesales, a
consecuencia de la reposición, adquiera interés jurídico para recurrir.
Recurso de apelación
Artículo 359. Formas de interposición. El recurso de apelación puede
interponerse como principal o como subsidiario del de reposición.
Artículo 360. Procedencia. Salvo disposición en contrario, el
recurso de apelación procede contra la sentencia y las providencias
interlocutorias de primera instancia. En la audiencia, no procederá en ningún
caso el recurso de apelación. Las decisiones que en ella se adopten, solo son
susceptibles del recursos de reposición.
Artículo 361. Efectos en que se concede. La apelación en el efecto
devolutivo no suspende la ejecución de la providencia apelada ni la competencia
del juez. El superior decide sobre el duplicado del proceso.
La apelación en el efecto suspensivo, suspende el procedimiento ante
el inferior, quien debe remitir el original de todo lo actuado.
La sentencia de primera instancia, los autos de cesación de
procedimiento y las resoluciones de acusación son apelables en el efecto
suspensivo.
Artículo 362. Oportunidad y modo de interponerla. Las apelaciones se
interpondrán así:
Contra los autos interlocutorios, de palabra en el momento de la
notificación, o por escrito dentro de los tres (3) días siguientes. Contra las
sentencias y autos de cesación de procedimiento, de palabra en el momento de la
notificación o por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes.
Artículo 363. Sustentación. Antes del vencimiento del término de
ejecutoria de la providencia, quien interponga el recurso de apelación deberá
exponer por escrito las razones de la impugnación ante quien la profirió en
primera instancia. En caso contrario no se concederá.
Cuando el recurso de apelación se interponga como subsidiario del de
reposición, se entenderá sustentado con los argumentos que se presentaron para
la reposición.
El trámite del recurso en segunda instancia se surtirá en el
original, cuando el expediente sea enviado por apelación o consulta de la
providencia con la cual culmine la primera instancia.
Recurso de hecho
Artículo 364. Procedencia y trámite. Siempre que se deniegue el
recurso de apelación, puede la parte agraviada recurrir de hecho al superior.
El que pretenda recurrir de hecho, pide reposición del auto que
deniega la apelación, y en subsidio, copia de la providencia apelada, de las
diligencias, de su notificación y del auto que deniegue la apelación.
El secretario las expide anotando la fecha en que las entrega al
solicitante.
Para admitir el recurso de hecho, se requiere que la apelación sea
procedente conforme a la ley, que haya sido interpuesta en tiempo y que en
tiempo también se haya pedido la reposición e interpuesto éste.
Artículo 365. Presentación ante el superior y decisión. El
recurrente debe presentar al superior, dentro del término de los tres (3) días
siguientes, más el de la distancia, con la copia, un escrito en el que expondrá
los fundamentos que se invoquen para que se conceda la apelación denegada y el
superior decidirá.
Si se estima bien denegada la apelación, enviará la actuación al
inferior para que forme parte del expediente. Si concede la apelación,
determinará el efecto que le corresponda y comunicará su decisión al inferior,
quien deberá enviar el expediente o las copias, según el caso, para que se
surta el recurso.
Artículo 366. Desistimiento de los recursos. El recurrente podrá
desistir de los recursos, antes que se profiera la providencia correspondiente.
CAPITULO VI
Consulta
Artículo 367. Procedencia. La consulta procede en las siguientes
providencias:
1. Sentencias absolutorias de primera instancia.
2. Autos que decreten cesación de procedimiento.
CAPITULO VII
Recurso extraordinario de casación
Artículo 368. Procedencia. Habrá recurso de casación, contra las
sentencias de segunda instancia, por delitos que tengan señalada pena privativa
de la libertad cuyo máximo sea o exceda de seis (6) años aun cuando la sanción
impuesta sea una medida de seguridad.
El recurso se extiende a los delitos conexos, aunque la pena
prevista para éstos sea inferior a la señalada en el inciso anterior.
De manera excepcional, la sala penal de la Corte Suprema de
Justicia, discrecionalmente puede aceptar un recurso de casación en casos
distintos de los arriba mencionados, a solicitud del Procurador General de la
Nación o su delegado, o del defensor, cuando lo considere necesario para el
desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales.
Artículo 369. Titulares del recurso de casación. El recurso de
casación podrá ser interpuesto por el procesado, su defensor, el apoderado de
la parte civil, el agente del ministerio público, y el fiscal respectivo. El
procesado no puede sustentar el recurso de casación, salvo que sea abogado
titulado.
Artículo 370. Oportunidad para interponer recurso. El recurso de
casación podrá interponerse en el acto de la notificación personal de la
sentencia o por escrito presentado ante el Tribunal dentro de los quince (15)
días siguientes a la última notificación de aquella.
Artículo 371. Concesión del recurso y traslado a los sujetos
procesales. Vencido el término para recurrir e interpuesto oportunamente el
recurso por quien tenga derecho a ello, quien haya proferido la sentencia
decidirá dentro de los tres (3) días siguientes si lo concede, mediante auto de
sustanciación. Si fuese concedido ordenará el traslado al recurrente o
recurrentes por treinta (30) días a cada uno, para que dentro de este término
presenten la demanda de casación. Vencido el término anterior, se ordenará
correr traslado por quince (15) días comunes a los demás sujetos procesales
para alegar.
Si se presenta demanda, al día siguiente de vencido el término de
los traslados, se enviará el expediente a la Corte. Si ninguno lo sustenta, el
Magistrado declarará desierto el recurso.
Artículo 372. Trámite. En el trámite subsiguiente a la concesión del
recurso, se observará el procedimiento previsto para tal efecto en el Código de
Procedimiento Civil Penal.
CAPITULO VIII
Acción de revisión ante el Tribunal Superior Militar
Artículo 373. Procedencia y causales. Hay lugar a la acción de
revisión contra las sentencias condenatorias ejecutoriadas, en los siguientes
casos:
1. Cuando se haya condenado o impuesto medida de seguridad a dos o
más personas por un mismo delito que no hubiese podido ser cometido sino por
una o por un número menor de las sentenciadas.
2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria o que imponga
medida de seguridad, en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por
prescripción de la acción, por falta de querella o petición válidamente
formulada o por cualquier otra causal de extinción de la acción.
3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos
nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan
la inocencia del condenado o su inimputabilidad.
4. Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante
decisión en firme, que el fallo fue determinado por un hecho delictivo del juez
o de un tercero.
5. Cuando se demuestre, en sentencia en firme, que el fallo objeto
de pedimento de revisión se fundamentó en prueba falsa.
6. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte o el Tribunal
haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la
sentencia condenatoria.
Artículo 374. Titulares de la acción de revisión. La acción de
revisión podrá ser promovida por el defensor, por los titulares de la acción
civil dentro del proceso penal militar o por el agente del ministerio público y
por el Fiscal Penal Militar respectivo.
Artículo 375. Instauración de la acción. La acción se promoverá por
medio de escrito dirigido al funcionario competente y deberá contener:
1. La determinación de la actuación procesal cuya revisión se
demanda con la identificación del despacho que produjo el fallo.
2. El delito o delitos que motivaron la actuación procesal y la
decisión.
3. La causal que invoca y los fundamentos de hecho y de derecho en
que se apoya la solicitud.
4. La relación de las pruebas que se aporten para demostrar los
hechos básicos de la petición.
Se acompañará copia o fotocopia de la decisión de primera instancia
y constancia de su ejecutoria, proferida en la actuación cuya revisión se
demanda.
Artículo 376. Trámite. Repartida la demanda, el magistrado ponente
examinará si reúne los requisitos exigidos en el artículo anterior; en caso
afirmativo, la admitirá dentro de los cinco (5) días siguientes mediante auto
de sustanciación que se notificará, en el cual también dispondrá solicitar el
proceso objeto de la revisión. Este auto será notificado personalmente a los no
demandantes; de no ser posible, se les notificará por estado.
Si la demanda fuere inadmitida, la decisión se tomará mediante auto
interlocutorio.
Artículo 377. Impedimento especial. No podrá intervenir en el
trámite y decisión de esta acción ningún magistrado que haya suscrito la
decisión objeto de la misma.
Artículo 378. Apertura a pruebas. Recibido el proceso, se abrirá a
pruebas por el término de quince (15) días para que las partes soliciten las
que estimen conducentes.
Una vez decretadas las pruebas, se practicarán dentro de los treinta
(30) días siguientes.
Artículo 379. Traslado. Vencido el término probatorio, se dará
traslado común de quince (15) días a las partes para que aleguen, siendo
obligatorio para el demandante hacerlo, so pena de que se declare desierta la
acción.
Artículo 380. Término para decidir. Vencido el término previsto en
el artículo anterior, se decidirá dentro de los treinta (30) días siguientes.
Artículo 381. Revisión de la sentencia. Si la sala encuentra fundada
la causal invocada, procederá de la siguiente forma:
1. Declarará sin valor la sentencia motivo de la acción y dictará la
providencia que corresponda, cuando se trate de la prescripción de la acción
penal, de ilegitimidad o caducidad de la querella o cualquier otra causal de
extinción de la acción penal, y en el evento previsto en el numeral sexto del
artículo 373 del Código Penal Militar.
2. En los demás casos, la acción será devuelta al despacho judicial
de la misma categoría, diferente de aquél que profirió la decisión, a fin de
que se tramite nuevamente a partir del momento procesal que se indique.
Si la revisión fuere negada, se devolverá el proceso al juzgado que
corresponda, dejando en la sala copia de la actuación.
Artículo 382. Libertad del procesado. En el fallo en que ordene la
revisión, la sala decretará la libertad provisional del procesado, mediante
caución. No se impondrá caución cuando la acción de revisión se refiera al
numeral segundo del artículo 373 de este Código.
Artículo 383. Consecuencias de la decisión que exonera de
responsabilidad. Si la decisión que se dictare en la actuación fuere cesación
de procedimiento o sentencia absolutoria, el sindicado o sus herederos podrán
ejercer las acciones que se deriven del acto injusto.
CAPITULO IX
Disposiciones comunes al recurso de casación y a la acción de
revisión
Artículo 384. Aplicación extensiva. La decisión de la acción de
revisión se extenderá a los no accionantes.
Artículo 385. Desistimiento. No se podrá desistir de la acción
cuando el expediente ya esté al despacho para decidir.
Artículo 386. Notificación a los no accionantes. Los no accionantes
serán notificados personalmente del auto admisorio de la demanda, de no ser
posible, se les notificará por estado.
CAPITULO X
Incidentes procesales
Artículo 387. Incidentes procesales. Los incidentes procesales a que
hubiere lugar se tramitarán y decidirán conforme a las previsiones pertinentes
del Código de Procedimiento Penal.
CAPITULO XI
Nulidad e inexistencia de los actos procesales
Artículo 388. Causales de nulidad. Son causales de nulidad en el
proceso penal militar:
1. La falta de competencia del juez o del Fiscal durante la
instrucción no habrá lugar a nulidad por razón del factor territorial.
2. La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que
afecten el debido proceso.
3. La violación del derecho a la defensa.
Artículo 389. Oportunidad para decretar la nulidad. En cualquier
estado del proceso en que el juez, en primera o segunda instancia, advierta que
existe alguna de las causales previstas en el artículo anterior, decretará la
nulidad de lo actuado desde que se presentó la causal y ordenará que se reponga
la actuación que dependa del auto cuya nulidad declara.
Artículo 390. Oportunidad para alegarla. Salvo las disposiciones en
contrario, las causales de nulidad podrán alegarse en cualquier estado del
proceso.
La parte que alegue una nulidad deberá determinar la causal que
invoca y las razones en que se funda.
Cuando la nulidad alegada se refiera exclusivamente a un auto, solo
podrá decretarse si no es procedente su revocatoria.
Artículo 391. Oportunidad para invocar nulidades originadas en la
etapa de instrucción. Las nulidades que no sean invocadas hasta el término de
ejecutoria de la resolución de acusación, sólo podrán ser debatidas en el
recurso de casación.
Artículo 392. Principios que orientan la declaratoria de las
nulidades y la convalidación de actos irregulares.
1. No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la
finalidad para el cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho de
defensa.
2. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad
sustancial, afecta garantías de los sujetos procesales o desconoce las bases
fundamentales de la instrucción y el juzgamiento.
3. No puede invocar la nulidad el sujeto procesal que haya
coadyuvado con su conducta a la ejecución del acto irregular, salvo que se
trate de la falta de defensa técnica.
4. Los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento
del perjudicado, siempre que se observen las garantías constitucionales.
5. Sólo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para
subsanar la irregularidad sustancial.
6. No podrá declararse ninguna nulidad distinta a las señaladas en
el artículo 388 de este código.
Artículo 393. Inexistencia del acto procesal. Cuando la ley exija
expresamente para la validez de determinado acto que se llenen ciertas
formalidades y éstas no se observaren, se considerará que tal acto no se ha
verificado.
No es necesaria providencia especial para declarar la inexistencia
del acto en los casos a que se refiere este artículo.
TITULO SEPTIMO
PRUEBAS
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 394. Legalidad de la prueba. Ninguna prueba podrá ser
apreciada sin que haya sido ordenada, admitida o producida de acuerdo con las
formalidades legales.
Artículo 395. Necesidad de la prueba. Toda decisión debe fundarse en
pruebas legalmente producidas, allegadas o aportadas al proceso.
Artículo 396. Prueba para condenar. No se podrá dictar sentencia
condenatoria sin que obren en el proceso pruebas que conduzcan a la certeza del
hecho punible y la responsabilidad del sindicado.
Artículo 397. Petición de pruebas y términos para decidir. Las
partes podrán pedir la práctica de las pruebas que estimen conducentes, y el
juez resolverá lo que sea del caso dentro de los dos (2) días siguientes.
Las partes tienen derecho a intervenir en la práctica de todas las
pruebas.
Artículo 398. Controversia. Las partes tienen el derecho a
controvertir todas las pruebas.
Artículo 399. Reserva. La investigación sólo podrá ser conocida por
los funcionarios y empleados que la adelanten, los peritos cuando lo necesitan
para rendir su dictamen y las partes que intervengan en el proceso, para
cumplimiento de sus deberes.
Artículo 400. Pruebas pertinentes. No se admitirán las pruebas que
no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos que sean materia de
investigación.
Artículo 401. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser
apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
Artículo 402. Libertad de prueba. Los elementos constitutivos del
hecho punible, la responsabilidad o inocencia del procesado podrán demostrarse
con cualquiera de los medios de prueba previstos en este código.
Artículo 403. Utilización de medios técnicos. Los funcionarios del
cuerpo técnico de policía judicial, de instrucción y de conocimiento, para la
práctica de cualquier prueba, podrán utilizar los medios técnicos y científicos
adecuados, dejando constancia de haber sido recibida por ellos.
Dichas pruebas serán valoradas por el juez en la misma forma que las
de carácter documental.
Artículo 404. Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente
en una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país, podrán
trasladarse en copia auténtica y serán apreciadas de acuerdo con las reglas
previstas en este código para la naturaleza de cada medio.
Si se hubieren producido en otro idioma, deberán ser vertidas al
castellano por un traductor oficial.
Artículo 405. Validez de la prueba practicada en el exterior. Salvo
lo previsto en los tratados internacionales, las pruebas consagradas en este
título pueden practicarse en el exterior, pero sólo tendrán validez cuando en
su producción y aducción se hayan respetado los principios de legalidad,
publicidad y contradicción.
Artículo 406. Medios de prueba. Son medios probatorios, entre otros,
la inspección, la peritación, los documentos, el testimonio, la confesión y los
indicios.
Artículo 407. Aseguramiento de la prueba. En el desarrollo de la
actividad probatoria, el juez deberá tomar las medidas tendientes a garantizar
que los elementos materiales de prueba no sean alterados, ocultados o
destruidos, para lo cual podrá ordenar vigilancia especial de las personas o
los inmuebles, el sellamiento de éstos, la retención de medios de transporte,
la incautación de papeles, libros y otros documentos y efectuar todas las
actuaciones que considere necesarias para el aseguramiento de las pruebas.
Artículo 408. Asesores especializados. El juez podrá solicitar, de
entidades oficiales, la designación de expertos en determinada ciencia o
técnica, cuando quiera que la naturaleza de los hechos que se investigan
requiera la ilustración de tales expertos. Los asesores designados tomarán
posesión como los peritos y tendrán acceso al expediente en la medida en que su
función lo exija.
Artículo 409. Sanciones. A quien sin justa causa impida, o no preste
colaboración para la práctica de cualquier prueba en el proceso, el juez le
impondrá, por resolución motivada, arresto inconmutable de uno (1) a treinta
(30) días según la gravedad de la obstrucción y tomará las medidas conducentes
para lograr la práctica inmediata de la prueba. La decisión será susceptible de
recurso de reposición, resuelto el cual tendrá cumplimiento inmediato.
CAPITULO II
Inspección judicial
Artículo 410. Procedimiento. Cuando fuere necesario, el juez
procederá a examinar los hechos, materia de inspección, con todas sus
circunstancias.
Simultáneamente extenderá el acta correspondiente, en la que se
relacionarán las cosas, los hechos examinados y las manifestaciones que sobre
ellos hagan las personas que intervengan en la diligencia.
Si el juez lo considera conveniente, podrá ordenar la reconstrucción
de los hechos para determinar con exactitud las circunstancias modales,
temporales y espaciales en que aquellos tuvieron ocurrencia. Esta diligencia se
realizará siempre con personas técnicas en materias relacionadas con lo que se
pretende reconstruir, quienes rendirán un dictamen dentro del plazo que el
funcionario les señale.
Artículo 411. Requisitos. La inspección se decretará por auto que
exprese con claridad los puntos, materia de la diligencia, el lugar, la fecha y
la hora.
Cuando fuere necesario, el juez designará perito en el mismo auto o
en el momento de realizarla.
Sin embargo, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá ampliar
en el momento de la diligencia los puntos que han de ser objeto de la
inspección.
Artículo 412. Diligencias científicas y técnicas. Para mayor
eficacia de la inspección, requisa o registro, se pueden ordenar por parte del
juez las diligencias técnicas o científicas pertinentes.
CAPITULO III
Prueba pericial
Artículo 413. Procedencia. Cuando la investigación de un hecho
requiera conocimientos especiales de determinadas ciencias o artes o exija
avalúos, el juez decretará la prueba pericial.
Artículo 414. Prestación de servicios de peritos. Cuando sea
solicitado judicialmente el servicio de peritos, se prestará por los expertos
de la Policía Judicial de la Policía Nacional, del cuerpo técnico de la Policía
Judicial, medicina legal y demás funcionarios de la administración pública que
no tengan interés en el proceso.
Artículo 415. Nombramiento especial de peritos. Cuando no sea
posible utilizar el servicio de peritos previsto en el artículo anterior, el
juez designará al perito o peritos que deban intervenir, de las listas
auxiliares de la justicia elaboradas para la actuación en los procesos civiles.
La no prestación del servicio demandado lo hará acreedor a las sanciones
previstas en el artículo 409 de este código y al retiro definitivo de las
listas en que aparezca.
Artículo 416. Quiénes no pueden ser peritos. No pueden desempeñar
las funciones de peritos:
1. El menor de dieciséis (16) años, el interdicto y el enfermo de la
mente.
2. Los que tienen derecho a abstenerse de declarar, quienes como
testigos han declarado en el proceso, y los citados para tal fin.
3. Los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por
delito doloso.
Artículo 417. Impedimentos y recusaciones. Respecto de los peritos,
serán aplicables las mismas causales de impedimento y recusación señaladas para
los jueces.
Del impedimento o recusación conocerá el juez que haya dispuesto la
prueba y resolverá de plano.
Artículo 418. Posesión de peritos no oficiales. El perito designado
por nombramiento especial, tomará posesión del cargo prestando el juramento
legal.
Artículo 419. Dictamen. El dictamen de los peritos ha de expresar
clara y precisamente las razones en que se funda.
Cuando haya más de un perito, juntos practicarán las diligencias y
harán los estudios o investigaciones conducentes para emitir el dictamen.
Cuando hubiere discrepancia, cada uno extenderá su dictamen por separado. En
todos los casos, a los peritos se les advertirá sobre la prohibición absoluta
de emitir en el dictamen cualquier juicio de responsabilidad penal.
Artículo 420. Cuestionario. El juez, en el auto que decrete la
práctica de la prueba pericial, formulará los cuestionarios que hayan de ser
absueltos por el perito. Antes de practicarse la prueba pericial, también
propondrá el juez al perito los cuestionarios que con el mismo fin hayan
presentado las partes y que el juez considere conducentes.
Artículo 421. Examen del procesado. Cuando se trate de exámenes en
la persona del procesado, el juez puede ordenar que éste sea colocado con las
seguridades debidas en un establecimiento que facilite las investigaciones del
perito, por el tiempo que estime necesario.
Artículo 422. Término para rendir el dictamen. El perito presentará
su dictamen por escrito dentro del término que el juez le haya fijado, el cual
puede ser prorrogado a petición del mismo perito.
Si no presentare su dictamen dentro del término respectivo, se le
reemplazará y se le aplicarán las sanciones previstas en el artículo 409 de
este código.
Artículo 423. Conocimiento del dictamen. El dictamen del perito se
pondrá en conocimiento de las partes por el término de tres (3) días para que,
durante él, puedan pedir que lo amplíe, lo complete o lo aclare, lo cual se
hará dentro del término que prudencialmente fije el juez.
Oficiosamente el juez podrá ordenar cosa igual, en cualquier
momento, antes de que el proceso entre al despacho para dictar sentencia.
Artículo 424. Objeción. En cualquier tiempo, antes de que el proceso
entre al despacho del juez para proferir sentencia, cualquiera de las partes
puede objetar el dictamen por error, violencia o dolo.
Artículo 425. Procedimiento. La objeción se tramitará conforme a lo
dispuesto en las normas previstas en este código para el trámite de los
incidentes procesales.
Si se declarare fundada, el juez designará otro perito para que
rinda el respectivo dictamen y compulsará las copias con destino a la autoridad
correspondiente.
Artículo 426. Apreciación del dictamen. Al apreciar el dictamen se
tendrán especialmente en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus
fundamentos y la idoneidad de los peritos.
CAPITULO IV
Documentos
Artículo 427. Aporte de documentos. Los documentos se aportarán en
original o copia auténtica. En caso de no ser posible, se reconocerán en
inspección, dentro de la cual se obtendrá copia. Si fuere indispensable para la
investigación, se tomará el original y se dejará copia auténtica.
Artículo 428. Obligación de entregar documentos. Quien tenga en su
poder documentos que se requieran en una investigación penal, tiene la
obligación de entregarlos o permitir su conocimiento al juez que lo solicite,
salvo las excepciones legales.
El juez decomisará los documentos cuya entrega o conocimiento le
fuere negado, e impondrá las mismas sanciones previstas en este título para
quien obstaculice la práctica de pruebas.
No están sujetas a las sanciones previstas en el inciso anterior las
personas exentas del deber de denunciar o de declarar.
Artículo 429. Autenticidad. El documento público es auténtico
mientras no se demuestre su falsedad.
Se presumen auténticos los documentos escritos, las reproducciones fotográficas
o cinematográficas, las grabaciones fonográficas, las fotocopias, los
documentos remitidos por telex o telefax y, en general cualquier otra
declaración o representación mecánica o técnica de hechos o cosas, siempre que
el sujeto procesal contra el cual se aducen no manifieste su inconformidad con
los hechos o las cosas que en ellos se expresan antes de que el proceso entre
al despacho para dictar sentencia.
La autenticidad del documento privado se establecerá por los medios
legales.
CAPITULO V
Testimonio
Artículo 430. Deber de rendir testimonio. Toda persona está en la
obligación de rendir, bajo juramento, el testimonio que se le solicite en el
proceso, salvo las excepciones constitucionales y legales.
Al testigo menor de doce (12) años no se le recibirá juramento y en
la diligencia deberá estar asistido, en lo posible, por su representante legal
o por un pariente mayor de edad a quien se le tomará juramento acerca de la
reserva de la diligencia.
Artículo 431. Excepción al deber de declarar. Nadie podrá ser
obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero o compañera
permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil.
Este derecho se le hará conocer por el juez respectivo a todo
imputado que vaya a ser interrogado y a toda persona que vaya a rendir
testimonio.
Artículo 432. Excepciones por ministerio, oficio o profesión. No
están obligados a declarar sobre aquello que se les ha confiado o ha llegado a
su conocimiento por razón de su ministerio, profesión u oficio:
1. Los Ministros de cualquier culto admitido en la República.
2. Los abogados.
Cualquier otra persona que por disposición legal deba guardar
secreto.
Artículo 433. Testigo impedido para concurrir. Si el testigo
estuviere físicamente impedido para concurrir al despacho del juez, será
interrogado en el lugar en que se encuentre.
Artículo 434. Testimonio por certificación jurada. El Presidente de la
República, el Vicepresidente de la República, los Ministros del Despacho, los
Senadores y Representantes a la Cámara, los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado del Consejo
Superior de la Judicatura y los miembros del Consejo Nacional Electoral, el
Fiscal General de la Nación y sus delegados, el Procurador General de la Nación
y sus delegados, el Defensor del Pueblo, el Registrador Nacional del Estado
Civil, los Directores de Departamentos Administrativos, el Contralor General de
la Nación, el Gerente y los miembros de la Junta Directiva del Banco de la
República, los Magistrados de los Tribunales, los Gobernadores de departamento,
Cardenales, Obispos de la Iglesia Católica, o Ministros de igual jerarquía que
pertenezcan a otras religiones, Jueces de la República, el Alcalde Mayor de
Santa Fe de Bogotá, los Alcaldes Municipales, Oficiales Generales o de insignia
de la Fuerza Pública en servicio activo, los Comandantes de Brigada o sus
equivalentes en las diferentes fuerzas, los Comandantes de Batallón o sus
equivalentes en las diferentes fuerzas, los Agentes Diplomáticos y Consulares
de Colombia en el exterior, rendirán su testimonio por medio de certificación
jurada, y con este objeto se les formulará un cuestionario y se les pasará
copia de lo pertinente.
La certificación jurada debe remitirse dentro de los ocho (8) días
siguientes a su notificación.
Quien se abstenga de dar la certificación a que está obligado o la
demore, incurrirá en falta por incumplimiento de sus deberes. El juez que haya
requerido la certificación pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad
encargada de juzgar al renuente.
El derecho a rendir certificación jurada es renunciable.
Artículo 435. Testimonio de agente diplomático. Cuando se requiera
el testimonio de un ministro o agente diplomático de nación extranjera
acreditada en Colombia, o de una persona de su comitiva o familia, se le pasará
al embajador o agente, por conducto del ministerio de relaciones exteriores,
nota suplicatoria con copia de lo conducente para que, si tiene a bien, declare
por medio de certificación jurada o permita declarar en la misma forma a la
persona solicitada.
Artículo 436. Amonestación previa a la promesa o juramento. Toda
autoridad a quien corresponda tomar promesa o juramento procederá conforme a lo
dispuesto, en lo pertinente, en los artículos 331 y 332 de este Código.
Artículo 437. Examen separado de testigos. Los testigos serán interrogados
separadamente, de tal manera que no puedan saber ni escuchar las declaraciones
de quienes les hayan precedido.
Artículo 438. Prohibición. El juez se abstendrá de sugerir
respuestas, de formular preguntas capciosas y de ejercer violencia sobre el
testigo.
Artículo 439. Práctica del interrogatorio. La recepción del
testimonio se sujetará a las siguientes reglas:
1. El juez interrogará al testigo, en primer lugar, acerca de su
nombre, apellido, edad, domicilio, profesión, ocupación, estudios que haya
cursado y demás circunstancias que sirvan para establecer su personalidad y si
existe en relación con él algún motivo de sospecha; a continuación ordenará al
testigo que haga un relato de los hechos, objeto de la declaración.
2. El juez exigirá al testigo que exponga la razón de la ciencia de
su dicho, con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento. Si la
declaración versa sobre expresiones que el testigo hubiere oído, o contiene
conceptos propios, el juez le ordenará que explique las circunstancias que
permitan apreciar su verdadero sentido y alcance.
3. El juez pondrá especial empeño en que el testimonio sea exacto y
completo. No se admitirá como respuesta la simple expresión de que es cierto el
contenido de la pregunta, ni la reproducción del texto de ella.
4. A continuación del juez, las partes podrán interrogar al testigo,
comenzando por quien solicitó la prueba. El juez podrá en cualquier momento
ampliar los interrogatorios y exigir al testigo aclaraciones y explicaciones.
5. El testigo no podrá leer notas o apuntes, a menos que el juez lo
autorice cuando se trate de cifras, fechas, hechos antiguos y en los demás que
considere justificados. Si el testigo solicitare plazo para consultar
documentos y el juez lo considera procedente, se continuará la recepción del
testimonio en cuanto a tales preguntas en otra audiencia que se señalará en el
acto, o en la misma si fuere posible.
6. Las preguntas orales y las respuestas se consignarán en el acta
en sus términos originales.
7. El testigo que sin causa legal rehusare prestar juramento o
declarar y al que diere respuestas evasivas a pesar de ser requerido por el
juez para que conteste categóricamente, se le aplicarán las sanciones previstas
en el artículo 225 del Código de Procedimiento Civil. Esto no se opone a que el
testigo pueda decir que no recuerda los hechos interrogados.
8. Concluida la declaración, el testigo sólo podrá ausentarse cuando
el juez lo autorice para ello.
9. De todo lo ocurrido se dejará constancia en el acta, que deberá
firmar el testigo, previa lectura y aprobación de su dicho.
Cuando el acta haya sido grabada o tomada en taquigrafía, el testigo
deberá firmar el acta escrita que registre la versión correspondiente, para lo
cual se le citará. Su renuncia a firmar no hará ineficaz el testimonio, sino
que dará lugar a la multa de que trata el artículo 225 del Código de
Procedimiento Civil, sin perjuicio de que pueda ordenarse su conducción por la
policía para dicho fin.
Artículo 440. Testimonios en audiencia pública. Los testimonios que
deban ser recibidos en audiencia pública lo serán oralmente, pudiendo ser
recogidos por cualquier medio electrónico, mecánico o técnico en general, de
tal manera que facilite su examen cuantas veces sea necesario, todo lo cual se
hará constar en el acta.
Artículo 441. Criterios para la apreciación del testimonio. Para
apreciar el testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios de la sana
crítica y especialmente lo relacionado con las circunstancias en que se llevó a
cabo la percepción, la capacidad del testigo para la conservación del recuerdo,
el transcurso del tiempo y las demás circunstancias que afecten la evocación de
lo percibido, así como la personalidad del declarante y la forma en que hubiere
declarado.
Artículo 442. Interrogatorio sobre la identidad del imputado. Cuando
el testigo incrimine a una persona deberá describirla, con el mayor número de
detalles, principalmente en lo relativo a su edad aproximada, estatura, color
de la piel y señales particulares.
También se le preguntará si la conocía con anterioridad y por qué
motivo, si la ha vuelto a ver con posterioridad a los hechos, dónde y cuándo,
si la ha visto en retrato o imagen en algún medio de comunicación.
CAPITULO VI
Confesión
Artículo 443. Requisitos. La confesión deberá reunir los siguientes
requisitos:
1. Que sea hecha ante juez.
2. Que la persona esté asistida por defensor.
3. Que la persona haya sido informada del derecho a no declarar
contra sí misma.
4. Que se haga en forma consciente y libre.
Artículo 444. Procedimiento en caso de confesión. Si se produjere
confesión, el juez competente practicará las diligencias pertinentes para
determinar la veracidad de la misma y averiguar las circunstancias del hecho.
Artículo 445. Criterios para apreciar la confesión. Para apreciar la
confesión, el juez tendrá en cuenta las misma reglas previstas para la
apreciación del testimonio.
Artículo 446. Reducción de pena en caso de confesión. A quien fuera
de los casos de flagrancia, durante su primera versión ante el juez que conoce
de la actuación procesal confesare el hecho, en caso de condena se le reducirá
la pena en una sexta parte, si dicha confesión fuere fundamento de la
sentencia.
CAPITULO VII
Indicios
Artículo 447. Elementos. Todo indicio ha de basarse en la
experiencia y supone la existencia de un hecho indicador, a partir del cual el
juez infiere lógicamente la existencia de otro hecho.
Artículo 448. Prueba del hecho indicador. El hecho indicador debe
estar probado.
Artículo 449. Unidad de hechos indicadores. El hecho indicador es
indivisible. Sus elementos constitutivos no pueden tomarse separadamente como
diferentes hechos indicadores.
Artículo 450. Apreciación de los indicios. El funcionario otorgará
valor a cada indicio que construya, pero para adoptar cualquier determinación
deberá apreciarlos en conjunto teniendo en cuenta su gravedad, concordancia y
convergencia y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso.
TITULO OCTAVO
INVESTIGACION
CAPITULO I
De la indagación preliminar
Artículo 451. Finalidades de la indagación preliminar. En caso de
duda sobre la procedencia de la apertura de la investigación, la indagación
preliminar tendrá como finalidad la de determinar si hay lugar o no al
ejercicio de la acción penal. Pretenderá adelantar las medidas necesarias
tendientes a determinar si ha tenido ocurrencia el hecho que por cualquier
medio haya llegado a conocimiento de las autoridades; si está descrito en la
ley penal como punible; la procedibilidad de la acción penal y practicar y
recaudar las pruebas indispensables con relación a la identidad o la
individualización de los autores o partícipes del hecho.
Artículo 452. Funcionarios que intervienen en la indagación
preliminar. Es competente para realizar indagación preliminar el juez que haya
tenido conocimiento de la comisión del delito o aquel a quien se reparten las
diligencias practicadas.
Artículo 453. Reserva de las diligencias preliminares. Las
diligencias de indagación preliminar son reservadas, pero posesionado
legalmente el defensor, podrá conocerlas, cuando se le haya recibido versión
al imputado.
Artículo 454. Versión del imputado en indagación preliminar. Cuando
sea indispensable, el funcionario tomará versión al imputado durante la
indagación preliminar, con asistencia de su Defensor.
Si el imputado no quiere o no tiene a quien nombrar, se le designará
defensor de oficio.
La versión rendida durante la indagación preliminar se analizará en
conjunto con las demás pruebas, otorgándole el valor probatorio que
corresponda, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
Artículo 455. Término de la indagación preliminar. Cuando exista
persona identificada, la indagación preliminar sólo podrá extenderse por un
término máximo de dos (2) meses, vencido el cual el juez determinará, si es el
caso, abrir investigación o dictar auto inhibitorio.
Cuando no exista prueba de identificación o de individualización del
posible autor y partícipe del hecho, el término máximo será de ciento ochenta
(180) días.
Artículo 456. Validez de la actuación cuando haya cambio de
competencia. Las diligencias practicadas por cualquier juez son válidas aunque
se produzca el cambio de competencia.
Artículo 457. Terminación de la indagación preliminar. La indagación
preliminar se dará por terminada con el auto cabeza de proceso o con el auto
inhibitorio dictado por el funcionario que practicó las respectivas
diligencias, siempre y cuando que el hecho punible no sea de competencia
exclusiva de otra autoridad, caso en el cual se efectuara el envío
correspondiente.
Artículo 458. Auto inhibitorio. El funcionario se abstendrá de
iniciar el proceso cuando de las diligencias practicadas apareciere que el
hecho no ha existido o que la conducta es atípica o que la acción penal no
puede iniciarse.
Tal decisión se tomará en auto interlocutorio, contra el cual
proceden los recursos ordinarios por parte del Ministerio Público y del
denunciante o querellante.
La persona en cuyo favor se haya dictado auto inhibitorio o el
denunciante o querellante, podrán designar abogado que los represente en el
trámite de los recursos que se hayan interpuesto, quienes tendrán derecho a
conocer las diligencias practicadas.
Artículo 459. Revocación del auto inhibitorio. El auto inhibitorio
podrá ser revocado de oficio o a petición del denunciante o querellante, aunque
se encuentre ejecutoriado.
El denunciante o querellante podrá insistir en la apertura de la
investigación solamente ante el despacho que profirió el auto inhibitorio,
siempre que desvirtúe probatoriamente los fundamentos que sirvieron de base
para proferirlo.
CAPITULO II
Formación del sumario
Artículo 460. Finalidad. El sumario tiene por objeto la recaudación
de las pruebas tendientes a la comprobación del delito y a la individualización
de los autores o partícipes del mismo, o al establecimiento de la falta de
responsabilidad de aquéllos y éstos.
Artículo 461. Reserva del sumario. El sumario es reservado en su
instrucción. Solamente podrán intervenir el funcionario de instrucción, el juez
del conocimiento el fiscal, los secretarios, el agente del Ministerio Público,
el procesado, su defensor, el apoderado de la parte civil, los peritos y sus
asesores.
Artículo 462. Prohibición de expedir copias. Durante la
investigación ningún funcionario puede expedir copia de las diligencias
practicadas, salvo que las solicite autoridad competente para investigar y
conocer de procesos judiciales, administrativos o disciplinarios o para dar
trámite al recurso de hecho.
Los sujetos procesales, tienen derecho a que se les expida copia
autorizada de la actuación para su uso exclusivo y para el cumplimiento de sus
funciones.
El hecho de ser sujeto procesal impone la obligación de guardar la
reserva sumarial, sin necesidad de diligencia especial.
Artículo 463. Sanciones por violaciones a la reserva del sumario. El
que revele en todo o en parte el contenido del sumario a personas no
autorizadas, mientras no se hubiere iniciado el juicio, incurrirá en multa de
uno (1) a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes impuesta por el
juez que conoce el proceso.
Si del hecho fuere responsable algunos de los empleados que han
conocido del sumario en ejercicio de su cargo, incurrirá, además, en la pena de
suspensión del empleo que ejerza por un período de ocho (8) días a dos (2)
meses.
De estos hechos conocerá el juez de la causa mediante el
procedimiento del artículo 258 del Código de Procedimiento Penal y normas que
lo modifiquen.
Artículo 464. Aviso de iniciación de formal investigación. Los
jueces darán cuenta, de manera inmediata de la iniciación del sumario al juez
de primera instancia, al Ministerio Público y con fines estrictamente
administrativos al comandante de la fuerza a que pertenece el procesado.
Artículo 465. Término de instrucción. El término para perfeccionar
el sumario será hasta de sesenta (60) días, pero podrá ampliarse hasta ciento
ochenta (180) días, cuando fueren más de dos (2) los procesados o los delitos.
Artículo 466. Iniciación oficiosa. Salvo los casos en que sea
procedente la indagación preliminar o la emisión de auto inhibitorio, el
funcionario deberá iniciar sumario siempre que por informe, denuncia, querella,
notoriedad pública o por cualquier otro medio serio de información, llegare a
su conocimiento la realización de un delito investigable de oficio.
Artículo 467. Auto de formal iniciación de investigación. Para
iniciar el sumario el funcionario dictará un auto en el que con fundamento en
el conocimiento que ha tenido del hecho y de los elementos probatorios que
puedan haberse aportado, precise las diligencias, pruebas, actuaciones,
comunicaciones, que habrán de producirse para cumplir con los fines del
proceso.
En este auto se ordenará siempre que se establezca la calidad de
miembro activo de la Fuerza Pública del imputado al tiempo de los hechos y la
relación de éstos con el servicio.
También ordenará la práctica de todas las pruebas que sean
indispensables para que se hagan viables los subrogados, beneficios y demás
garantías a que tiene derecho el procesado.
Así mismo, debe ordenarse que de manera inmediata se establezcan los
antecedentes judiciales que pueda tener el procesado.
Artículo 468. Sanciones. Al funcionario de instrucción que no dé
cuenta de la iniciación del sumario o que no se ajuste a los términos señalados
para su perfeccionamiento o que no practique las comisiones que se le den,
dentro del término, se le sancionará con multa de uno (1) a cinco (5) salarios
mínimos legales mensuales, imponible por el Procurador General de la Nación.
En la misma sanción incurrirá el funcionario instructor que omita
negligentemente la práctica de diligencias necesarias o no deje las constancias
pertinentes relativas a la imposibilidad de practicarlas.
CAPITULO III
Investigación de los hechos
Artículo 469. Investigación integral. El juez debe investigar con
igual esmero no sólo los hechos y circunstancias que establezcan la
responsabilidad del procesado, sino también las que lo eximan de ella o la
atenúen y las que puedan dar lugar a la extinción o cesación de la acción.
Artículo 470. Práctica inmediata de inspección. Cuando la naturaleza
de los hechos lo imponga, el juez decretará de inmediato la práctica de
inspección judicial, para buscar y asegurar pruebas que puedan servir para los
fines del proceso.
Artículo 471. Aporte y valoración de la prueba. El aporte y
valoración de la prueba conforme a lo previsto en el artículo 402 de este
código se efectuará en orden a la plena demostración de cada uno de los
elementos constitutivos del hecho punible, respetando los derechos y garantías
constitucionales.
Artículo 472. Levantamiento del cadáver. En caso de homicidio o de
hecho que se presuma tal, no podrá ser movido el cadáver mientras el juez no lo
permita. Antes de dar este permiso, el funcionario de instrucción practicará
una inspección judicial para examinar detenidamente el cadáver, la situación en
que se encuentre, las heridas, contusiones y demás signos externos que
presente. En seguida procederá a identificarlo y ordenará que se practique la
necropsia para que se determine la causa de la muerte.
Artículo 473. Necropsia. La diligencia de necropsia debe reunir las
exigencias de todo peritazgo.
Sin haberse practicado la necropsia no se inhumará el cadáver y si
se hubiere inhumado, se exhumará para realizarla.
El juez tomará todas las medidas legales pertinentes para que no
exista duda sobre la identidad del cadáver.
Artículo 474. Reconocimiento en caso de lesiones. Al iniciarse la
investigación por el delito de lesiones personales, el funcionario de
instrucción ordenará de inmediato el reconocimiento médico del lesionado junto
con la historia clínica si la hubiere, para determinar la naturaleza de
aquellas, el instrumento con que fueron causadas, pronóstico de duración de
enfermedad y de incapacidad médico-legal y secuelas que se generen.
En el curso de la investigación se ordenará la práctica de tantos
reconocimientos cuantos fueren necesarios para establecer las consecuencias
definitivas.
Las decisiones judiciales se tomarán con base en el último
reconocimiento que obre en el proceso en el momento de proferirlas. Cuando los
exámenes, diagnósticos e intervenciones médicas se hayan practicado en centros
médicos u hospitalarios particulares u oficiales, el funcionario procederá a
solicitar la documentación de manera inmediata, para aportarla al expediente y
dichos documentos servirán de prueba para los fines del proceso, a menos que
hayan sido tachados de falsos.
Artículo 475. Restitución de bienes por petición directa. El dueño,
poseedor o tenedor legítimo de los bienes aprehendidos durante la investigación
y que no deban pasar a poder del Estado o ser destruidos, tiene derecho a
solicitar, por sí mismo, su restitución ante el juez, quien comprobada la
legitimidad de la petición, ordenará la entrega previo avalúo o peritaje técnico
si fuere necesario. De tal entrega se levantará acta en que así conste y en la
que aparezca la advertencia de presentación de los bienes en cualquier momento
en que fueren necesarios para el éxito de la investigación.
Artículo 476. Providencias reservadas. Los autos motivados mediante
los cuales se dispongan allanamientos y registros, retenciones de
correspondencia, interceptaciones de comunicaciones, no se darán a conocer a
las partes mientras el funcionario considere que ello puede interferir el desarrollo
de la respectiva diligencia. Contra dichos autos no procede recurso alguno.
Artículo 477. Allanamiento, procedencia y requisitos. Cuando haya
serios motivos para presumir que en un bien inmueble, nave o aeronave, se
encuentre alguna persona contra quien obre orden de captura o que habiendo sido
víctima de un delito deba ser rescatada, o las armas, instrumentos o efectos
con que se haya cometido la infracción o que provengan de su ejecución, el juez
ordenará en auto motivado, que no requiere notificación, el correspondiente
allanamiento.
Artículo 478. Allanamientos especiales. Para el allanamiento y
registro de las casas y naves que conforme al derecho internacional gozan de
inmunidad diplomática, el juez pedirá su venia al respectivo agente diplomático,
mediante oficio, que se remitirá por el conducto regular diplomático, en el que
rogará que conteste dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes.
En caso de registro de residencia u oficinas de los cónsules, se
dará aviso al cónsul respectivo y, en su defecto, a la persona a cuyo cargo
estuviere el inmueble objeto de registro.
Artículo 479. Acta de la diligencia. En la diligencia de
allanamiento y registro debe levantarse siempre un acta en la que se
identifiquen y describan todos los bienes y objetos examinados o incautados. Se
dejarán las constancias hechas por las personas que en ellas intervienen. El
juez deberá dejar copia del acta a los propietarios, poseedores o tenedores de
los bienes incautados o examinados.
Artículo 480. Comunicación del allanamiento al ocupante. Antes de
proceder al allanamiento y registro, el juez deberá leer el auto en que esta
diligencia se ordena, al dueño del bien, al arrendatario o al encargado de su
custodia.
Sólo en el caso de que el notificado se negare a entregar la persona
que se busca o la cosa objeto de la pesquisa, o cuando no se desvirtuaren los
motivos que hayan aconsejado la medida, se procederá a hacer el allanamiento,
aún por medio de la fuerza, si fuere necesario.
Artículo 481. Casos en que se puede omitir la comunicación. Si el
juez no encontrare a ninguna de las personas de que habla el artículo anterior,
para comunicarle el allanamiento, lo practicará, si es preciso, por medio de la
fuerza, siempre tratando de evitar daño en las cosas.
Artículo 482. Horas dentro de las cuales se practica. Cuando la
diligencia debe efectuarse en un lugar habitado o en dependencias cerradas,
sólo podrá llevarse a cabo entre las seis de la mañana y las seis de la tarde.
Pero podrá realizarse en horas de la noche si el morador o representante lo
consiente, o cuando se trate de casas de juego o de prostitución o de lugar
abierto al público, o cuando peligre el orden público, o cuando se trate de
flagrante delito.
En los demás lugares, la diligencia podrá realizarse en cualquier
momento.
Artículo 483. Quiénes concurren. En el allanamiento intervendrán el
juez, su secretario y las partes que quieran hacerlo.
El juez podrá, además, asesorarse de peritos y miembros de la
policía judicial.
El propietario, arrendatario o encargado de la custodia del inmueble
tendrá derecho a asistir por sí o por medio de su representante y dejar
constancia en el acta.
En ningún caso el juez podrá permitir la participación de personas
diferentes a las que legalmente pueden intervenir en el proceso.
Artículo 484. Procedimiento de allanamiento y registro. En los
registros deben evitarse las inspecciones inútiles; en ningún caso se podrá
perjudicar ni molestar al interesado con actuaciones distintas de las
estrictamente necesarias para la diligencia. El juez que los practique adoptará
las precauciones convenientes para no comprometer la reputación de las personas
en cuya casa o establecimiento se verifique el allanamiento, y por ningún
motivo tomará nota de los asuntos que no conciernen a la investigación.
La inobservancia de esta disposición hará acreedor al juez a multa o
pérdida del puesto, sin perjuicio de la acción penal.
Artículo 485. Numeración y rubricación de folios, guarda de objetos.
Los papeles o documentos se numerarán y rubricarán en todas sus hojas por el
juez, su secretario y la persona en cuyo poder se encuentren o su
representante. Cuando no se afecte la investigación el funcionario deberá
entregar por lo menos, fotocopia de los documentos a los interesados cuando
ellos sean necesarios para el normal desarrollo de las distintas actividades de
los interesados.
Los demás efectos se guardarán de modo que no puedan ser extraídos
sino por orden y en presencia de dicho funcionario y su secretario.
Artículo 486. Retención de correspondencia. El juez podrá ordenar la
retención de la correspondencia privada, postal o telegráfica que el procesado
reciba o remita, excepto la que envíe a su defensor o reciba de éste.
La decisión del juez se hará saber en forma reservada a los jefes de
las oficinas de correos y telégrafos y a los directores de establecimientos
carcelarios, para que lleven a efecto la retención de la correspondencia y la
entreguen bajo recibo al investigador.
Artículo 487. Solicitud de comunicaciones telegráficas. El juez
podrá así mismo ordenar que en las oficinas de telecomunicaciones se le
faciliten copias de los mensajes transmitidos o recibidos, si fueren
conducentes al descubrimiento o comprobación de los hechos que se investigan.
Artículo 488. Apertura de correspondencia. La apertura de la
correspondencia interceptada se dispondrá por medio de auto motivado y se
practicará ante la presencia del sindicado o su defensor.
Artículo 489. Devolución de la correspondencia. El juez abrirá por
sí mismo la correspondencia y, después de leerla, aportará al proceso lo
referente a los hechos que se investigan y cuya conservación considere
necesaria, de todo lo cual se levantará un acta.
La correspondencia que no se relacione con los hechos que se
investigan, será entregada o enviada en el acto a la persona a quien
corresponda.
Artículo 490. Interceptación de comunicaciones. El juez podrá
ordenar, con el único objeto de buscar pruebas judiciales, que se intercepten,
mediante grabación magnetofónica, las comunicaciones que se hagan o reciban en
determinado teléfono y que se agreguen al expediente las grabaciones que tengan
interés para los fines del proceso.
Por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del
defensor.
El juez dispondrá la práctica de las pruebas necesarias para
identificar a las personas entre quienes se hubiere realizado la comunicación
telefónica llevada al proceso de grabación.
Tales grabaciones se trasladarán al expediente mediante escrito
certificado por el funcionario.
CAPITULO IV
Investigación de autores y partícipes
Artículo 491. A quién se recibe indagatoria. Se recibirá declaración
de indagatoria al que en virtud de antecedentes y circunstancias consignadas en
el proceso, o por haber sido sorprendido en flagrante delito, considere el juez
autor o partícipe.
Artículo 492. Derecho a solicitar indagatoria. Quien tenga
conocimiento de la existencia de un proceso en el que obren imputaciones
penales contra él, tiene derecho a solicitar al correspondiente juez que se le
reciba indagatoria.
El juez, si acepta la vinculación, procederá a fijar día y hora para
su recepción mediante auto de mero trámite. La negativa deberá resolverse
mediante providencia debidamente motivada y contra ella proceden los recursos
de reposición y apelación.
Artículo 493. Emplazamiento para indagatoria. Cuando no hubiere sido
posible hacer comparecer a la persona que deba rendir indagatoria, se le
emplazará por edicto, que permanecerá fijado durante cinco (5) días en lugar visible
del despacho. Si vencido este plazo no hubiese comparecido, se le declarará
persona ausente y se le designará defensor de oficio.
Si la comparecencia para rendir indagatoria se intenta mediante
orden de captura, vencidos diez (10) días, contados a partir de la fecha en que
la orden haya sido recibida por las autoridades que deban ejecutar la
aprehensión sin obtener respuesta, se procederá conforme al inciso anterior.
Artículo 494. Prohibición de juramentar al indagado, excepciones. La
indagatoria no podrá recibirse bajo juramento. El funcionario se limitará a
exhortar al imputado a responder de una manera clara y precisa a las preguntas
que se le hagan. Pero si el procesado declarare contra otro, se le volverá a
interrogar sobre aquel punto bajo juramento como si se tratara de un testigo.
Artículo 495. Advertencias previas al indagado. Previamente al
interrogatorio previsto en los artículos siguientes, se le advertirá al
indagado que se le va a recibir una declaración sin juramento; que es
voluntaria y libre de todo apremio; que no tiene obligación de declarar contra
sí mismo ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
primero civil o segundo de afinidad, ni contra su cónyuge, o compañero o compañera
permanente; que tiene derecho a nombrar un defensor que lo asista procesalmente
y que en caso de no hacerlo, se le designará de oficio.
Si la persona se niega a rendir indagatoria, se tendrá por vinculada
procesalmente y el funcionario le advertirá que su actitud afecta los fines de
la diligencia como medio de defensa.
De todo esto se dejará expresa y clara constancia desde el comienzo
de la diligencia.
Artículo 496. Reglas para la recepción de indagatoria. En la
iniciación de la indagatoria se interrogará al sindicado por su nombre y
apellidos, apodos si los tuviere, los nombres de sus padres, edad, lugar de
nacimiento, documentos de identificación y su origen; establecimientos donde ha
estudiado y duración de los respectivos cursos; lugares o establecimientos
donde ha trabajado con identificación de las épocas respectivas y el sueldo o
salario que devenga actualmente; qué obligaciones patrimoniales tiene; si es
casado o hace vida marital, debe informar el nombre de su cónyuge o compañero o
compañera permanente y de sus hijos, suministrando la edad de ellos y su
ocupación; los bienes muebles e inmuebles que posea; sus antecedentes
judiciales o de policía, con indicación del despacho que conoció o conoce del
proceso, el estado en que se encuentra, y si en éste se impuso medida de
aseguramiento o terminó con cesación de procedimiento o sentencia.
Igualmente, el juez dejará constancia de las características
morfológicas del indagado.
Artículo 497. Preguntas al indagado en relación con los hechos. Una vez
cumplidos los requisitos del artículo anterior el juez interrogará al procesado
respecto a los hechos que originaron su vinculación.
Artículo 498. Ampliación de indagatoria. De oficio o a solicitud del
sindicado o de su defensor el juez podrá ampliar la diligencia de indagatoria,
cuando lo considere necesario para aclarar o complementar hechos ya referidos o
para vincularlo por hechos nuevos que hayan surgido después de la primera
diligencia indagatoria.
La calificación del mérito del proceso sólo podrá hacerse con
relación a los hechos por los que se haya producido vinculación.
Artículo 499. Constancias y verificación de citas al indagado. No
podrá limitarse al procesado el derecho que le asiste para relatar cuanto tenga
por conveniente para su defensa o para la explicación de los hechos, y se
verificarán con prevalencia y en el menor tiempo posible las citas que hiciere
y las demás diligencias que propusiere para comprobar sus aseveraciones.
Artículo 500. Interrogatorio al indagado. En la diligencia de
indagatoria solamente el juez podrá dirigirle preguntas al indagado. El abogado
defensor no podrá insinuar las respuestas, pero puede objetar las preguntas que
no se hayan formulado en forma legal y correcta.
Artículo 501. Examen de imputado y del testigo en el lugar de los
hechos. El juez podrá ordenar que se conduzca al imputado o al testigo al lugar
en que hubieren ocurrido los hechos, a fin de examinarlos allí y poner en su
presencia los objetos sobre los cuales hubiere de versar la declaración.
Podrá también hacer que el testigo describa detalladamente dichos
objetos y que los reconozca entre otros semejantes o adoptar los medios que su
prudencia le sugiera para asegurarse de la exactitud de la declaración.
Artículo 502. Reconocimiento de objetos por el indagado. Durante la
indagatoria, se le mostrarán al imputado los objetos aprehendidos durante la
investigación y que provengan de la realización del hecho punible o hayan
servido para su ejecución. Se le interrogará sobre si los ha visto antes y por
qué razón. En caso de haberlos encontrado en su poder, se le solicitará una
explicación sobre el particular.
Artículo 503. Procedimiento en caso de falsedad en documentos.
Cuando se trate de una investigación por falsedad material en documentos, se solicitará
al procesado, si el juez lo considera necesario, que escriba dentro de la misma
diligencia las palabras o textos que el funcionario judicial considere
necesarios para la posterior práctica del dictamen pericial.
En este caso, a los peritos grafólogos sólo se les enviarán los
documentos originales cuya falsedad se investiga y aquellos con los cuales se
hará el cotejo grafológico.
En los casos en que sea necesario, hacer estudio sobre la voz del
imputado, se le tomarán las pruebas técnicas pertinentes en la misma diligencia
de indagatoria.
Artículo 504. Reconocimiento en fila de personas. Todo aquel que
incrimine a una persona determinada deberá reconocerla judicialmente cuando
ello sea necesario, de tal suerte que no quede duda de que es a ella a quien se
refiere.
Artículo 505. Cómo se hace el reconocimiento. Previamente a la
formación de la fila quien haya de practicarlo será interrogado para que
describa la persona de quien se trata y para que diga si la conoce o si con
anterioridad la ha visto personalmente o en imagen, el reconocimiento deberá
hacerse a la mayor brevedad posible aun dentro de la misma declaración del
testigo, y a tal acto asistirá el defensor del sindicado quien podrá dejar
constancia de lo ocurrido en la diligencia. Si aquél no se hallare en ese
momento o no concurriere oportunamente, se nombrará un apoderado de oficio para
el reconocimiento.
Se le advertirá al imputado el derecho que tiene a escoger el lugar
que quiera dentro de la fila.
Inmediatamente se practicará la diligencia poniendo a la vista del
testigo la persona que haya de ser reconocida, vestida si fuere posible con el
mismo traje que llevaba en el momento en que se dice fue cometido el delito, y
acompañada de seis (6) o más personas de características morfológicas
semejantes.
Desde un punto en que no pueda ser visto, el que fuere a hacer el
reconocimiento, juramentado de antemano, manifestará si se encuentra entre las
personas que forman el grupo, aquella a quien se hubiere referido en sus
declaraciones y la señalará.
En la diligencia se dejarán los nombres de las demás personas
integrantes de la fila y de quien hubiere sido reconocido.
Por ningún motivo, se podrán hacer dos reconocimientos en una sola
diligencia.
Artículo 506. Reconocimiento mediante fotografías. Cuando fuere el
caso de un reconocimiento por medio de fotografías, por no estar capturada la
persona que debe ser sometida a reconocimiento, la diligencia se hará sobre un
número no inferior a seis (6) fotografías, cuando se trate de un solo sindicado,
y en lo posible, se aumentarán en la misma proporción según el número de
personas para reconocer. En la diligencia se tendrán las mismas precauciones de
los reconocimientos en fila de personas, de todo lo cual se dejará expresa
constancia.
Si de la diligencia resultare algún reconocimiento las fotografías
que sirvieron para la diligencia se agregarán al proceso.
CAPITULO V
Captura
Artículo 507. Derechos del capturado. A toda persona capturada se le
hará saber en forma inmediata y se dejará constancia escrita:
1. Sobre los motivos de la captura y el juez que la ordenó.
2. El derecho a entrevistarse inmediatamente con un defensor.
3. El derecho a indicar la persona a quien se le deba comunicar su
aprehensión. Quien esté responsabilizado de la captura, inmediatamente
procederá a comunicar sobre la detención a la persona que se le indique.
4. El derecho que tiene, cuando se trate de investigación previa, de
rendir versión espontánea sobre los hechos que se le imputan con la advertencia
de que puede guardar silencio sobre la incriminación hecha. La versión sólo
podrá rendirse en presencia de un defensor.
5. El derecho a no ser incomunicado.
Artículo 508. Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando la
persona es sorprendida en el momento de cometer un delito o cuando es
sorprendida con objetos, instrumentos o huellas, en forma tal que aparezca
fundadamente que momentos antes ha cometido un delito o participado en él, o
cuando es perseguida por la autoridad o cuando por voces de auxilio se pide su
captura.
Artículo 509. Captura en flagrancia. Quien sea capturado en
flagrancia, será conducido en el acto o a más tardar en el término de la
distancia, ante el juez para iniciar la investigación.
Si la captura la realizare la autoridad, dicho empleado está
obligado a rendir informe relacionado con todas las circunstancias en que se
produjo la aprehensión, que será ratificado, si fuere necesario, ante el juez
que haya recibido la persona privada de libertad.
Si la captura la efectuare un particular, está en la obligación de
rendir testimonio bajo juramento, para efecto de determinar las circunstancias
en que se cumplió la privación de la libertad.
Cuando por cualquier circunstancia, no atribuida a quien hubiere
realizado la captura, el aprehendido no pudiere ser conducido inmediatamente
ante el juez, será recluido en el batallón o cuartel del lugar o en otro
establecimiento oficial destinado a la retención de personas y se pondrá a
disposición del juez dentro de la primera hora hábil del día siguiente, con el
informe o declaración de que trata el inciso anterior. Cuando el aprehensor sea
particular, podrá entregar al capturado ante cualquier autoridad militar,
policial o judicial.
Cuando el hecho punible tenga señalada pena no privativa de la libertad,
arresto o prisión que sea inferior a dos (2) años y no exista prohibición para
otorgar el beneficio de la libertad provisional, una vez el capturado haya
rendido indagatoria se le dejará en libertad, previa suscripción de un acta en
la que se comprometa a presentarse al despacho cuando se le solicite.
Si la captura la lleva a cabo juez que tenga competencia para
investigar el hecho punible, dará comienzo inmediatamente a la indagación
preliminar o sumario, dejando constancia de las circunstancias en que se
produjo la aprehensión.
Artículo 510. Suspensión del estado de captura. La persona
sorprendida en flagrancia será oída inmediatamente en indagatoria, y si no
fuere posible, se le citará para practicar la diligencia en fecha posterior.
Recibida la diligencia de indagatoria, será puesta inmediatamente en
libertad y se tomarán las medidas necesarias para impedir que se eluda la
acción de la justicia.
Lo previsto en los incisos anteriores sólo se aplicará cuando la
privación de la libertad del procesado afecte el desarrollo normal de las
actividades de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, lo cual será
analizado por el juez a cuya disposición haya sido puesto el aprehendido.
En caso de no darse las condiciones descritas en el inciso anterior,
el juez dispondrá de los términos legales para recibir indagatoria y resolver
la situación jurídica.
Artículo 511. Captura facultativa. En los procesos sancionados con
pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos (2) años, podrá librarse orden
escrita de captura contra el imputado para efectos de la indagatoria.
De la misma manera se procederá cuando se investiguen delitos que
atenten contra el servicio, la disciplina, el honor, o cuando se haya proferido
en contra de la persona que deba ser indagada medida de aseguramiento, de
caución o detención en otro proceso.
Artículo 512. Citación para indagatoria. El imputado será citado
para indagatoria en los siguientes casos:
1. Cuando el delito por el que se procede tenga señalada pena de
prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos (2) años y el funcionario considere que
no es necesaria la orden de captura.
2. Cuando el delito por el que se procede tenga pena no privativa de
la libertad, pena de arresto o pena de prisión cuyo mínimo sea inferior a dos
(2) años, siempre que no implique detención preventiva.
3. Cuando la prueba indique que el imputado actuó, en cualquiera de
las causales de ausencia de responsabilidad, de este código.
4. Cuando quien realizó el ilícito sea persona que ejerza actividad
que impida privarla inmediatamente de libertad, por el perjuicio que pueda
acarrear en el desarrollo normal de las actividades militares o policiales.
Si en cualquiera de los casos anteriores el imputado no compareciere
a pesar de la debida citación, será capturado para el cumplimiento de dicha
diligencia.
Recibida la indagatoria, en el caso de los numerales 2, 3 y 4 de
este artículo, será puesto inmediatamente en libertad por auto de sustanciación.
Artículo 513. Orden escrita de captura. El oficio de captura que se
libre a las autoridades deberá contener los datos necesarios para la
identificación o individualización del imputado y el motivo de la captura.
La persona capturada será puesta a disposición inmediatamente del
juez que ordenó la aprehensión.
De no ser posible, se pondrá a su disposición en el cuartel o
batallón más cercano o en el lugar destinado para estos efectos, pero siempre
teniendo especial precaución por la integridad física del miembro de la Fuerza
Pública.
Artículo 514. Legalización de la captura. El juez a cuyas órdenes se
encuentre la persona capturada, dispondrá de un plazo máximo de treinta y seis
(36) horas para legalizar dicha situación, contados a partir del momento en que
tenga noticia de la referida captura. Deberá expedir mandamiento escrito al
comandante de la unidad a la que pertenezca el infractor o al director del
centro de reclusión militar o policial para que en dicho lugar se le mantenga
privado de la libertad. En la orden se expresará el motivo de la captura y la
fecha en que ésta se hubiere producido.
Vencido el término anterior sin que el comandante de la unidad
hubiere recibido la orden de encarcelación, procederá a poner en libertad al
capturado, bajo la responsabilidad del Funcionario que debió impartirla.
El incumplimiento de la obligación prevista en el inciso anterior
dará lugar a la responsabilidad penal correspondiente.
Artículo 515. Presentación voluntaria a rendir indagatoria. Si el
juez considera necesario vincular a quien se ha presentado voluntariamente a
rendir indagatoria y no existiere orden de captura, le recibirá inmediatamente
la indagatoria, y si no es posible hacerlo, lo citará para tal efecto en fecha
posterior. Si existiere orden de captura en contra del imputado, podrá hacerla
efectiva o revocarla para que en su lugar se practique inmediatamente la
diligencia o se fije día y hora para hacerlo.
Artículo 516. Privación de la libertad para resolver situación
jurídica. Cuando la persona se presente voluntariamente por citación que le
haya hecho el juez para rendir indagatoria y, después de recibida ésta,
surgiere prueba para dictar auto de detención sin que concurra causal de libertad
provisional, el funcionario podrá privarla de su libertad para resolver la
situación jurídica.
Artículo 517. Libertad inmediata por captura o prolongación ilegal
de privación de la libertad. Cuando la captura se produzca o se prolongue con
violación de las garantías constitucionales o legales, el funcionario a cuya
disposición se encuentre el capturado ordenará inmediatamente su libertad.
La persona liberada deberá firmar un acta de compromiso en la que
conste nombre, domicilio, lugar de trabajo y la obligación de concurrir ante la
autoridad que la requiera.
Artículo 518. Cancelación de las órdenes de captura. El juez que
haya impartido la orden de captura, la cancelará inmediatamente cesen los
motivos que dieron lugar a ella, so pena de incurrir en causal de mala
conducta, sancionable con suspensión hasta de treinta (30) días, impuesta por
el respectivo superior, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya
lugar.
De la misma manera se procederá en caso de que el imputado haya sido
declarado persona ausente por delito que no amerite detención preventiva o que
siendo viable dicha medida de aseguramiento concurra causal de libertad
provisional.
Si la pena mínima del delito investigado es o excede de dos (2) años
de prisión, se cancelarán las órdenes de captura cuando el juez no profiera
auto de detención o no resuelva la situación jurídica dentro del término legal.
Para la imposición de la sanción, la autoridad competente
inspeccionará el proceso en el cual no se cancelaron las órdenes de captura,
oirá en descargos al infractor dentro de los tres (3) días siguientes, mediante
auto contra el cual sólo procede el recurso de reposición y, si es del caso,
determinará imponer sanción.
Las pruebas mencionadas en el inciso anterior se practicarán en el
término improrrogable de cinco (5) días.
CAPITULO VI
Medidas de aseguramiento
Artículo 519. Vinculación previa a la resolución de la situación
jurídica. No podrá resolverse situación jurídica sin que previamente se haya
recibido indagatoria al imputado o se le haya declarado persona ausente.
Artículo 520 Términos para recibir indagatoria. La indagatoria
deberá recibirse a la mayor brevedad posible dentro de los tres (3) días
siguientes a aquel en que el capturado haya sido puesto a disposición del juez.
Este término se duplicará si hubiere más de dos capturados en el mismo proceso
y si la aprehensión se hubiere realizado en la misma fecha.
Artículo 521. Definición de la situación jurídica. Cuando la persona
se encuentre privada de la libertad, rendida la indagatoria o vencido el
término anterior, la situación jurídica deberá definirse por auto
interlocutorio, dentro de los cinco (5) días siguientes, con medida de
aseguramiento si hubiere prueba que la justifique u ordenando su libertad
inmediata. En este último caso, el procesado suscribirá un acta en la que se
comprometa a presentarse ante el despacho cuando se le solicite.
Si el sindicado no estuviere privado de la libertad, el plazo para resolver
situación jurídica será de diez (10) días contados a partir de la indagatoria o
de la declaratoria de persona ausente. El funcionario dispondrá del mismo
término cuando fueren cinco (5) o más las personas aprehendidas, siempre que la
captura de todas ellas se hubiere realizado el mismo día.
Artículo 522. Medidas de aseguramiento y requisitos sustanciales.
Son medidas de aseguramiento para los imputables, la conminación, la caución y
la detención preventiva, las cuales se aplicarán cuando contra el procesado
resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad con base en las
pruebas legalmente producidas en el proceso.
Artículo 523. Requisitos formales. Las medidas de aseguramiento se
dictarán en virtud de auto interlocutorio en que se exprese:
1. Los hechos que se investigan, su calificación provisional y la
pena correspondiente.
2. Los elementos probatorios sobre la existencia del hecho y de la
probable responsabilidad como autor o partícipe.
3. Las razones por las cuales no se comparten los alegatos de los
sujetos procesales.
Artículo 524. Conminación. La conminación consiste en el compromiso
del procesado de cumplir las obligaciones que le imponga el juez al resolver su
situación jurídica. Sólo procede para delitos sancionados con arresto o pena no
privativa de la libertad.
Artículo 525. Sanción por renuencia. El juez podrá:
1. Sancionar con arresto inconmutable hasta por treinta (30) días al
sindicado que se negare a suscribir diligencia de conminación. El arresto
cesará cuando el sindicado suscriba la diligencia.
2. Sancionar con arresto inconmutable hasta por treinta (30) días al
procesado que injustificadamente incumpla las obligaciones impuestas en el acta
de conminación.
Las sanciones de que trata este artículo podrán imponerse
sucesivamente por nuevos incumplimientos del procesado.
Artículo 526. Procedimiento en caso de renuencia. Rendido el informe
secretarial, el juez podrá disponer la conducción de la persona para que
presente los descargos. Seguidamente el funcionario en auto motivado, contra el
que sólo procede el recurso de reposición, decidirá.
Artículo 527. Caución. La caución es juratoria o prendaria y se
aplica con relación a los delitos cuya pena mínima sea inferior a dos (2) años
de prisión, excepto lo previsto en el artículo que regula la detención.
La caución juratoria constará en acta, en la cual el procesado bajo
juramento promete cumplir las obligaciones que se le hayan impuesto. Procederá
cuando, a juicio del funcionario, el procesado carezca de recursos económicos
para constituir caución prendaria.
La caución prendaria consiste en el depósito de dinero, en cuantía
de cinco mil pesos ($5.000) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, y
se fijará teniendo en cuenta las condiciones económicas del procesado y la
gravedad del hecho.
Artículo 528. Contenido del acta. En el acta de conminación o de
cauciones juratoria y prendaria se consignarán las obligaciones que el
procesado debe cumplir, de conformidad con el artículo 541 de este código,
dentro del término señalado por el funcionario y con la advertencia expresa de
las consecuencias legales de su incumplimiento.
Artículo 529. Detención preventiva. La detención preventiva procede
en los siguientes casos:
1. Cuando se proceda por delitos que tengan prevista pena de prisión
cuyo mínimo sea o exceda de dos (2) años.
2. Cuando se trate de delitos que atenten contra el servicio o la
disciplina, cualquiera que sea la sanción privativa de la libertad.
3. Cuando se hubiere realizado la captura en flagrancia por delito
doloso o preterintencional que tenga prevista pena de prisión.
4. Cuando el procesado, injustificadamente, se abstenga de otorgar
la caución prendaria o juratoria dentro de los tres (3) días siguientes a la
notificación del auto que la disponga, o del que resuelva el recurso de
reposición, o cuando incumpla alguna de las obligaciones establecidas en el
acta de caución, caso en el cual perderá también la caución prendaria que
hubiere prestado.
Artículo 530. Formalización de la detención preventiva. Cuando
transcurridos ocho (8) días de privación de libertad no hubiere llegado la
orden de libertad o detención, quien tenga la custodia del capturado la
reclamará al funcionario encargado de resolver la situación jurídica. Este
término se duplicará cuando hubiere más de cinco (5) capturados en el mismo
proceso y la aprehensión se hubiere realizado en la misma fecha.
Si dentro de las doce (12) horas siguientes no llegare la orden de
detención con la indicación de la fecha del auto y del hecho punible que la
motivó, se pondrá en libertad al encarcelado si no existe orden de captura o
detención proferida en otra actuación. Si quien tenga su custodia no lo hiciere
así, incurrirá en la sanción penal a que haya lugar.
Artículo 531. Suspensión de funciones para hacer efectivo el auto de
detención. Proferido el auto de detención, se solicitará a la respectiva
autoridad que proceda a suspender al procesado en el ejercicio de sus funciones
y atribuciones. Mientras se cumple la suspensión, se adoptarán las medidas
necesarias para evitar que el imputado eluda la acción de la justicia.
Si pasados cinco (5) días desde la fecha en que se solicite la
suspensión ésta no se hubiere producido, se dispondrá la captura del imputado.
Igualmente se procederá para hacer efectiva la sentencia
condenatoria.
Artículo 532. Lugar de detención para los miembros de la Fuerza
Pública. Los miembros de la Fuerza Pública cumplirán la medida de privación de
la libertad en los centros de reclusión establecidos para ellos, y a falta de
éstos, en las instalaciones de la unidad a que pertenezcan, con las
restricciones y limitaciones legales pertinentes.
Artículo 533. Traslado de la persona privada de la libertad. En
cualquier estado del proceso el juez podrá ordenar el traslado de la persona
privada de la libertad a lugar diferente de aquel en que esté detenida, cuando
corra peligro la integridad del procesado o cuando su estado de salud física o
mental así lo requiera, previo dictamen de perito de medicina legal o, en su
defecto, de médico oficial.
La anterior decisión deberá comunicarse a los sujetos procesales y
al superior jerárquico del procesado.
Artículo 534. Cómputo de la detención preventiva en otro proceso
penal. Cuando simultáneamente se sigan dos o más procesos penales contra una
misma persona, el tiempo de detención preventiva cumplido en uno de ellos y en
el que se hubiere absuelto o decretado cesación de procedimiento, se tendrá
como parte de la pena cumplida en cualquiera de los otros procesos en que se le
condene a pena privativa de la libertad.
Artículo 535. Suspensión de la detención preventiva. La privación de
la libertad se suspenderá en los siguientes casos:
1. Cuando el procesado fuere mayor de sesenta y cinco (65) años,
siempre que su personalidad o la naturaleza y modalidad del hecho punible hagan
aconsejable la medida.
2. Cuando a la procesada le falten menos de dos (2) meses para el
parto o cuando no han transcurrido seis (6) meses desde la fecha en que dio a
luz.
3. Cuando el procesado sufriere grave enfermedad, previo dictamen de
los médicos oficiales.
En estos casos, el juez determinará si el sindicado debe permanecer
en su domicilio, en clínica u hospital, lugar de trabajo o en el de estudio. El
beneficiado suscribirá un acta en la cual se comprometa a permanecer en el
lugar o lugares indicados, que no podrá cambiar sin previa autorización y a
presentarse al juzgado cuando fuere requerido.
Estas obligaciones se garantizarán mediante caución.
Su incumplimiento dará lugar a la revocatoria de la medida y a la
pérdida de la caución.
El enfermo grave será sometido a exámenes médicos en períodos que no
excedan de treinta (30) días, para mantener o revocar la suspensión.
Artículo 536. Derechos del aprehendido o detenido. Todo sindicado
privado de la libertad recibirá en el lugar de reclusión, un tratamiento acorde
con el respeto a la dignidad humana; tendrá derecho a no ser víctima de tratos
crueles, degradantes o inhumanos; a ser visitado por un médico oficial y en su
defecto por un particular, cuando lo necesite; a tener una adecuada
alimentación; a que se le faciliten todos los medios y oportunidades de
ocuparse en el trabajo y el estudio; a tener un intérprete si lo necesitare al
momento de recibir notificación personal de toda providencia y en general al
ejercicio de todos los derechos y garantías que no sean incompatibles con su
calidad de aprehendido o detenido.
Artículo 537. Improcedencia de medida de aseguramiento. No procede
medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el procesado
pudo haber actuado en cualquiera de las circunstancias de ausencia de
responsabilidad.
Artículo 538. Sustitución o revocación de medidas de aseguramiento.
Cuando la nueva prueba aportada al proceso imponga la necesidad de variar o
sustituir la clase de medida de aseguramiento que se haya proferido, así
procederá el juez de oficio o a solicitud de cualquiera de los sujetos procesales.
Se revocará la medida de aseguramiento si las pruebas que
sobrevengan desvirtúan las exigencias para mantenerla.
CAPITULO VII
Libertad del procesado
Artículo 539. Causales de la libertad provisional. Además de lo
establecido en otras disposiciones, el procesado tendrá derecho a la libertad
provisional garantizada mediante caución juratoria o prendaria para asegurar su
eventual comparecencia al proceso y a la ejecución de la sentencia, si hubiere
lugar a ella:
1. Cuando se profiera auto de detención con base en los numerales 1,
2 y 3 del artículo 529 de este código, siempre que estén demostrados todos los
requisitos establecidos para suspender condicionalmente la ejecución de la
sentencia.
En los demás casos, bastará con demostrar el requisito previsto en
el numeral 1 del artículo 71 de este código.
2. Cuando en cualquier estado del proceso hubiere sufrido el
procesado en detención preventiva un tiempo igual al que mereciere como pena
privativa de la libertad por el delito que se le imputa, de conformidad con la
calificación provisional que debe dársele a los hechos.
Se considerará que ha cumplido la pena el que lleva en detención
preventiva el tiempo necesario para obtener la libertad condicional, siempre
que se reúnan los demás requisitos para otorgarla.
La rebaja de pena por trabajo o estudio se tendrá en cuenta para el
cómputo de la sanción.
La libertad provisional a que se refiere este numeral será concedida
por la autoridad que esté conociendo del proceso al momento de presentarse la
causal aquí prevista.
3. Cuando se dicte en primera instancia cesación de procedimiento o
sentencia absolutoria.
4. Cuando vencido el término de ciento veinte (120) días de
privación efectiva de la libertad, no se hubiere dictado resolución de
acusación.
Este término se ampliará a ciento ochenta (180) días cuando sean
tres (3) o más los procesados contra quienes estuviere vigente medida de
aseguramiento, de detención preventiva. Proferida la resolución de acusación,
se revocará la libertad provisional, salvo que proceda causal diferente.
Cuando se trate del procedimiento especial y no se hubiere dictado
el auto de iniciación del juicio, los términos previstos en el presente numeral
se reducirán a la mitad.
5. Cuando haya transcurrido más de un (1) año a partir de la
ejecutoria de la resolución de acusación sin que se hubiere celebrado la
respectiva audiencia.
No habrá lugar a la libertad provisional cuando la audiencia se
hubiere iniciado, así ésta se encuentre suspendida por cualquier causa y
cuando, habiéndose fijado fecha para su celebración, no se hubiere podido
realizar por causa atribuida al procesado o a su defensor.
6. Cuando el hecho punible se hubiere realizado en exceso de las
causales de justificación.
7. En los delitos contra el patrimonio económico, cuando el
procesado, antes de dictarse sentencia, restituya el objeto material del delito
o su valor.
CAPITULO VIII
Revocación de la libertad provisional
Artículo 540. Causales. En cualquier momento se podrá revocar la
libertad provisional, de oficio o a petición de cualquiera de los sujetos
procesales, cuando el procesado incumpliere alguna de las obligaciones
contraídas en la diligencia que le imponga la caución.
En este caso no podrá otorgarse nuevamente en el mismo proceso,
salvo que ocurriere alguna de las situaciones previstas en los numerales 2 y 3
del artículo 539 de este código.
CAPITULO IX
Disposiciones comunes
Artículo 541. Obligaciones del procesado. En los casos de
conminación, caución y libertad provisional, se le impondrán al procesado las
siguientes obligaciones:
1. Presentarse cuando el funcionario judicial lo solicite.
2. Observar buena conducta profesional, individual, familiar y
social.
3. Informar todo cambio de residencia.
4. No salir del país sin previa autorización del funcionario.
Artículo 542. Cancelación de las cauciones. La caución se cancelará
al cumplir el procesado las obligaciones impuestas o cuando se revoque la
medida que la originó o cuando termine el proceso. Cancelada la caución, se
devolverá la prenda.
Artículo 543. Pago de cauciones y multas. Las cauciones que deben
hacerse efectivas y las multas que se impongan en el proceso penal militar se
depositarán en dinero a órdenes del correspondiente despacho, en el Banco
Popular o la Caja de Crédito Agrario del respectivo municipio, dentro del plazo
fijado por el funcionario.
Artículo 544. Destino de las cauciones y multas. El valor de las
cauciones y multas ingresará al Fondo Interno de la Unidad correspondiente y se
destinará exclusivamente al mantenimiento de los despachos de la Justicia Penal
Militar.
Artículo 545. Procedimiento para el cobro de las multas. El cobro de
las multas se hará por el procedimiento previsto en los artículos 50 y
siguientes de este código.
CAPITULO X
Medidas de aseguramiento y libertad para inimputables
Artículo 546. Internación preventiva. Cuando estén demostrados los
presupuestos probatorios, sustanciales y formales para dictar medidas de
aseguramiento, el funcionario ordenará la internación preventiva del
inimputable.
Artículo 547. Lugar de internación. La internación se cumplirá en
los establecimientos mencionados en los artículos 95 y siguientes de este
código.
Artículo 548. Internamiento en establecimientos privados. Cuando los
peritos oficiales lo aconsejen, el juez podrá disponer que el inimputable sea
trasladado a establecimiento adecuado, siempre y cuando la persona de la cual
dependa se comprometa a ejercer la vigilancia correspondiente y a rendir los
informes que solicite el funcionario.
Artículo 549. Cómputo de detención. El tiempo que haya permanecido
el inimputable detenido en establecimiento carcelario, se le computará como
parte del tiempo requerido para el cumplimiento y suspensión de la medida de
seguridad.
Artículo 550. Medida de aseguramiento para inimputables por
trastorno mental transitorio sin secuelas. Cuando se trate de la situación
prevista en el artículo 38, inciso segundo de este código, el funcionario
proferirá medida de aseguramiento de conminación, siempre y cuando concurran
los presupuestos probatorios y formales para tomarla.
Artículo 551. Libertad vigilada. Para los inimputables con trastorno
mental permanente o transitorio, el funcionario, previo concepto de perito,
podrá sustituir el internamiento por libertad vigilada.
TITULO NOVENO
CALIFICACION
CAPITULO UNICO
Artículo 552. Término de instrucción. Perfeccionada la
investigación, o vencido el término de instrucción, el funcionario de
instrucción penal militar remitirá el proceso al Fiscal respectivo.
Artículo 553. Cierre de la investigación y calificación del mérito
del sumario. Recibido el proceso por el respectivo Fiscal procederá a su
estudio. Si encuentra que el Funcionario de Instrucción dejó de practicar
pruebas, devolverá al mismo el proceso para que las practique en el término de
quince (15) días. Término que se ampliará hasta otro tanto, si se tratare de delitos
conexos o fueren más de dos (2) los procesados.
Si no hubiere pruebas para practicar o practicadas las faltantes,
cerrará la investigación mediante auto de sustanciación contra el que solo
procede el recurso de reposición. No obstante, en ningún caso podrá decretarse
el cierre si no se ha resuelto la situación jurídica del procesado.
Ejecutoriado el auto de cierre de investigación, se ordenará
traslado por ocho (8) días a los sujetos procesales para presentar las
solicitudes que consideren necesarias con relación a las pretensiones sobre
calificación.
Vencido el término anterior, el Fiscal calificará el mérito del
sumario, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles.
Artículo 554. Formas de calificación. El Fiscal calificará el mérito
del sumario profiriendo resolución de acusación o disponiendo la cesación de
procedimiento.
Artículo 555. Notificación de la providencia calificatoria. La
resolución de acusación se notificará de la siguiente manera:
1. Si el procesado estuviere en libertad, se citará por el medio más
eficaz a su última dirección conocida en el proceso. Transcurridos ocho (8)
días desde la fecha de la comunicación, sin que compareciere, se hará
personalmente al defensor y con éste se continuará la actuación; pero en caso
de excusa válida o renuencia a comparecer se le reemplazará por un Defensor de
oficio.
2. Notificada personalmente la resolución de acusación al procesado
o a su defensor, los demás sujetos procesales se notificarán por estado.
3. Si la resolución calificatoria contiene acusación y cesación, se
notificará en la forma prevista para la resolución de acusación. La sola
resolución de cesación se notificará en la forma prevista para los autos
interlocutorios. Contra la providencia calificatoria proceden los recursos
ordinarios.
Artículo 556. Requisitos sustanciales de la resolución de acusación.
El Fiscal dictará resolución de acusación, cuando esté demostrada la ocurrencia
del hecho, su tipicidad y, además, existan confesión, testimonio que ofrezca
serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o
cualquier otro medio probatorio que comprometa la responsabilidad del
procesado, como autor o partícipe.
Artículo 557. Requisitos formales de la resolución de acusación. La
resolución de acusación debe contener:
1. La narración sucinta de los hechos investigados, con la
especificación de todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar.
2. La indicación y evaluación de las pruebas allegadas a la
investigación.
3. Las razones por las cuales comparte o no los alegatos de las
partes.
4. La calificación jurídica en que fundamenta su acusación, con
señalamiento expreso del delito o delitos y de sus circunstancias específicas.
Artículo 558. Requisitos sustanciales y formales de la cesación de
procedimiento. La resolución por medio de la cual se disponga la cesación del
procedimiento, deberá contener los siguientes requisitos:
1. Narración sucinta de los hechos.
2. Indicación y evaluación de las pruebas allegadas a la
investigación.
3. Análisis completo de la causal que origina la cesación,
especificando en forma clara los motivos de su existencia.
4. Las razones por las cuales comparte o no los alegatos de las
partes.
TITULO DECIMO
CAPITULO I
Corte Marcial
Artículo 559. Delitos que se juzgan. Por este procedimiento se
juzgarán los delitos cometidos por inimputables y aquellos para los cuales no
esté previsto procedimiento especial.
Artículo 560. Integración de la Corte Marcial. La Corte Marcial
estará integrada por el Juez de Primera Instancia que la presidirá y un
Secretario designado por aquél.
Artículo 561. Asesoría jurídica. Si se requiere, la Corte Marcial
podrá estar asesorada por un Auditor de Guerra designado por su Presidente.
Artículo 562. Impedimento o excusa del Secretario. En caso de
impedimento o excusa del Secretario, resolverá el Juez de Primera Instancia
como Presidente de la Corte Marcial.
CAPITULO II
El juicio
Artículo 563. Control de legalidad y apertura del juicio a pruebas.
Recibido el proceso por el juez de conocimiento por ejecutoria de la resolución
de acusación procederá a realizar un control de legalidad para establecer si
existen o no causales de nulidad. A partir de este momento, el Fiscal adquiere
la calidad de sujeto procesal.
Si encuentra causal de nulidad, así lo declarará y ordenará reponer
la actuación viciada desde el momento en que ocurrió, devolviendo el proceso al
funcionario de instrucción o al Fiscal, según el caso. Esta providencia tendrá
naturaleza interlocutoria y contra ella proceden los recursos ordinarios.
Si no existe causal de nulidad, decretará la iniciación del juicio y
ordenará correr traslado común a los sujetos procesales por el término de tres
(3) días para solicitar pruebas. El juez ordenará las pruebas que estime
conducentes que se practicarán en la audiencia, salvo las que deban realizarse
fuera de la sede del juzgado o requieran de estudios previos, que se
practicarán en el término que fije el Juez, que no podrá exceder de quince (15)
días hábiles.
Artículo 564. Fecha de iniciación de la audiencia Corte Marcial.
Cumplido lo establecido en el artículo anterior, se fijará fecha y hora para la
audiencia la cual no podrá exceder de diez (10) días hábiles.
Artículo 565. Iniciación y publicidad de la audiencia. En el día y
hora señalados el Presidente declarará formalmente iniciada la audiencia de la
Corte Marcial. Las sesiones serán públicas.
Artículo 566. Dirección de las audiencias. Corresponde al Presidente
de la Corte Marcial la dirección de la audiencia y tendrá las siguientes
atribuciones:
1. Hacer guardar el orden.
2. Resolver la procedencia e improcedencia de las interpelaciones
que se hagan en el desarrollo del debate.
3. Advertir a los presentes al momento de la instalación de la Corte
Marcial, sobre el comportamiento que deben observar en su desarrollo, con la
advertencia de las sanciones pertinentes.
4. Ordenar los recesos que considere oportunos.
5. Además, las que para el Juez contempla el artículo 453 del Código
de Procedimiento Penal y normas que lo adicionen o reformen.
Artículo 567. Designación de defensores. El Presidente hará
comparecer a los procesados presentes y ordenará leer la resolución de
acusación, con la advertencia que deben designar un Defensor, y si no lo
hicieren se les nombrará de oficio.
Designado el Defensor de Oficio y notificado para que comparezca,
deberá presentarse en el término de dos (2) horas. En caso de renuencia, el
Presidente de la Corte Marcial lo apremiará para que se presente, con multas
sucesivas hasta de un salario mínimo mensual vigente. A los Defensores
nombrados por los procesados se les dará un término igual para que comparezcan.
Artículo 568. Declaratoria de ausencia. Cumplidas las anteriores
formalidades, el Presidente declarará ausente a quienes figuren en la
resolución de acusación cuya comparecencia no se haya obtenido, y si tampoco
comparece el Defensor que ha venido actuando, hará los respectivos
nombramientos de Defensores de Oficio, les dará posesión y con ellos se continuará
el juicio.
Artículo 569. Presencia de las partes en la audiencia. La ausencia
del procesado que no estuviere privado de la libertad no impedirá la
realización de la audiencia, pero la asistencia e intervención oral del Fiscal,
del agente del Ministerio Público, y del Defensor son obligatorias. El
procesado privado de la libertad debe concurrir a la audiencia, salvo
enfermedad u otra causa grave comprobada, o renuencia. La audiencia continuará
con su Defensor.
Artículo 570. Lectura del proceso. Se dará lectura al proceso. Sin
embargo, las partes podrán solicitar al Presidente que se lean únicamente las
piezas procesales que cada una de ellas señale, y el Presidente decidirá.
Concluida la lectura, se procederá a la práctica de las pruebas
conducentes ordenadas.
Artículo 571. Interrogatorios. Los testigos y los procesados serán
interrogados por el Presidente. El Fiscal, el agente del Ministerio Público, el
representante de la parte civil y los Defensores, en su orden, podrán formular
las preguntas que estimen convenientes. Cada deponente se interrogará por
separado, impidiendo que los otros oigan sus declaraciones.
Artículo 572. Intervención de las partes. Cumplido lo anterior, el
Presidente suspenderá la sesión y correrá traslado del expediente a los sujetos
procesales, en su orden, al Fiscal, al agente del Ministerio Público, al
representante de la parte civil y a los Defensores, por término de tres horas,
cada uno, renunciables, para que preparen sus alegaciones.
Si fueren varios los procesados, o el Defensor representa a dos o
más de ellos, el traslado se aumentará en otro tanto.
Al reanudar la sesión, el Presidente concederá la palabra por una
sola vez, en su orden, al Fiscal, al agente del Ministerio Público, al
representante de la parte civil que así lo solicite y a los Defensores. También
oirá a los procesados si así lo solicitan.
El procesado tiene derecho a nombrar un vocero, cuando personalmente
no quiera hacer uso de la palabra. El vocero debe ser abogado titulado.
Artículo 573. Lectura y notificación de la sentencia. La audiencia
se suspenderá y el Presidente de la Corte Marcial, dentro de los ocho (8) días
siguientes, dictará la sentencia que se notificará en sesión plena.
Artículo 574. Acta de la Corte Marcial. El secretario sentará un
acta del resumen de la actuación.
El acta será suscrita por el Presidente de la Corte Marcial, el
Fiscal, el agente del Ministerio Público, los Defensores, los procesados, la
parte civil, y el secretario. Si alguna de las partes no concurre a la sesión
final o no quisiere firmar, el secretario dejará constancia de este hecho.
Artículo 575. Oralidad. Todo el procedimiento de la Corte Marcial es
oral y sólo deben quedar por escrito el acta, y la respectiva sentencia; se
agregarán los documentos que sean conducentes y las síntesis de las alegaciones
que presenten las partes.
Artículo 576. Límite de interrupción de la audiencia. La audiencia
no podrá interrumpirse por términos mayores de dos (2) días, salvo para la
lectura de la sentencia, siempre y cuando existan razones jurídicas o de fuerza
mayor.
Artículo 577. Decisiones finales. Al terminar sus labores la Corte
Marcial, no debe quedar sin resolver ninguna situación.
CAPITULO III
Procedimiento especial
Artículo 578. Delitos que se juzgan. Los delitos contra el servicio,
de la fuga de presos, el uso indebido de uniformes e insignias de la Fuerza
Pública y los contemplados en el Título Octavo, del Libro Segundo del presente
estatuto, denominados OTROS DELITOS, se investigarán y fallarán por este
procedimiento.
Artículo 579. Trámite. El Juez adelantará y perfeccionará la
investigación en el término de quince (15) días. Se oirá en indagatoria al
procesado y se le resolverá su situación jurídica dentro de los dos (2) días
siguientes. Si no fuere posible recibir la indagatoria dentro del término de
instrucción señalado anteriormente, se le emplazará por dos (2) días, se le
declarará persona ausente y se le designará Defensor de oficio.
Perfeccionada la investigación, el Juez de primera instancia por
auto de sustanciación, declarará la iniciación del juicio y dará traslado a las
partes por dos (2) días para que soliciten las pruebas que estimen necesarias;
si fueren conducentes las decretará. También podrá de oficio ordenar la
práctica de pruebas.
Las pruebas se practicarán dentro de los cinco (5) días siguientes.
Vencido el término anterior, se dará traslado al Ministerio Público
para concepto por cinco (5) días y al Defensor por igual término para alegar.
Se pronunciará fallo dentro de los cinco (5) días siguientes.
CAPITULO IV
Procedimiento para el juzgamiento en primera instancia por el
Tribunal Superior Militar
Artículo 580. Procedimiento. En los procesos por delitos que conoce
en primera instancia el Tribunal Superior Militar, se aplicará el procedimiento
de la Corte Marcial.
La instrucción, será realizada por el Juez de instrucción penal
militar que se designe.
La calificación y acusación, cuando a ello hubiere lugar, la
realizará el Fiscal ante la corporación a quien corresponda por reparto, de
conformidad con lo previsto en este Código.
El Ministerio Público estará representado por el Procurador Judicial
ante el Tribunal, sorteado por reparto, y actuará como secretario el que
designe la sala.
El magistrado ponente dictará los autos de sustanciación, dirigirá
las audiencias y elaborará los proyectos de autos interlocutorios y sentencias,
los cuales serán adoptados en la forma establecida en este Código.
CAPITULO V
Procedimiento en la segunda instancia
Artículo 581. Trámite. La apelación o consulta de las sentencias en
el Tribunal Superior Militar se surtirá así: repartido el expediente, el
magistrado a quien le corresponda dará traslado al agente del Ministerio
Público por el término de tres (3) días, y luego se fijará en lista por igual
término para que las demás partes presenten sus alegatos. Vencidos los términos
de traslado y fijación en lista, se resolverán dentro de los diez (10) días
siguientes.
Cuando se trate de autos interlocutorios, el magistrado dará
traslado al agente del Ministerio Público por el término de tres (3) días. Se
fijará en lista por tres (3) días y se resolverá dentro de los tres (3) días
siguientes.
El mismo procedimiento se observará, en lo pertinente, cuando se
trate de decisiones que deban conocer los Fiscales Penales Militares ante el
Tribunal Superior Militar.
Artículo 582. Apelación contra las providencias que deciden sobre la
detención o libertad del procesado. Salvo lo dispuesto en el artículo anterior,
se tramitará así: interpuesto el recurso, se concederá a más tardar al día
siguiente a la ejecutoria formal del auto impugnado y se enviará al superior la
copia de lo conducente. El reparto, cuando hubiere lugar, se verificará el
mismo día en que se reciba el expediente, que se pondrá a disposición de las
partes por tres (3) días, vencidos los cuales se dará traslado al agente del
Ministerio Público por igual término. El tribunal resolverá dentro de los cinco
(5) días siguientes.
Los autos que se dicten para conceder y tramitar el recurso no se
notificarán y serán de cumplimiento inmediato.
Artículo 583. Competencia del superior. La consulta permite al
superior decidir sin limitación sobre la providencia respectiva. La apelación
le permite revisar únicamente los aspectos impugnados. Cuando se trate de
sentencia condenatoria no se podrá en caso alguno agravar la pena impuesta, cuando
el condenado sea apelante único.
TITULO UNDECIMO
EJECUCION DE LAS SENTENCIAS
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 584. Ejecución de la sentencia. La ejecución de la
sentencia definitiva corresponde al juez militar que conoció del proceso en
primera o única instancia mediante orden comunicada a los funcionarios
administrativos encargados del cumplimiento de la pena o de la medida de
seguridad.
Artículo 585. Copias de la sentencia. Ejecutoriada la sentencia que
imponga una sanción privativa de la libertad, el juez enviará copia auténtica
al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, al comandante o
director de la fuerza a que pertenezca el condenado y al Ministerio Público.
Artículo 586. Creación de cárceles militares o policiales. Para el
cumplimiento de las penas privativas de la libertad impuestas al personal
militar o de la Policía Nacional, el Gobierno Nacional creará los
establecimientos carcelarios militares o policiales necesarios, de conformidad
con los planes y reglamentos que presenten los Ministerios de Defensa Nacional
y de Justicia y del Derecho.
Artículo 587. Aplazamiento o suspensión de la ejecución de la pena.
El juez militar podrá aplazar o suspender, previa caución, la ejecución de la
pena, en los casos previstos en este código para la suspensión de la detención
preventiva.
Artículo 588. Aplicación de las penas accesorias. Cuando se trate de
las penas establecidas como accesorias en este código, se procederá de acuerdo
con las siguientes normas:
1. Si se tratare de restricción domiciliaria, se enviará copia de la
sentencia a la autoridad judicial y policiva del lugar en donde la residencia
se prohíba o donde el sentenciado debe residir. También se oficiará al agente
del ministerio público respectivo para su control.
2. Cuando se trate de sentencias en las cuales se decrete la
interdicción de derechos y funciones públicas, se remitirán a la Registraduría
Nacional del Estado Civil y a la Procuraduría General de la Nación copia de la
sentencia ejecutoriada.
3. Si se trata de la pérdida del empleo público u oficial, se
comunicará a quien haya hecho el nombramiento y a la Procuraduría General de la
Nación.
4. Si se trata de la prohibición de ejercer una industria, arte,
profesión u oficio, se ordenará la cancelación del documento que lo autoriza
para ejercerlo y se oficiará a la autoridad que lo expidió.
5. Si se trata de la suspensión de la patria potestad, se oficiará
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al agente del Ministerio
Público.
Artículo 589. Amortización de la multa mediante trabajo. Cuando se
imponga como sanción principal y única la pena de multa, deberá hacerse
efectiva dentro del plazo que la providencia indique, o en su defecto, dentro
de los diez (10) días siguientes a su ejecutoria. Dentro del mismo término
podrá solicitar el condenado su amortización mediante trabajo, conforme a lo
dispuesto en este código, para lo cual deberá pedir al juez su aprobación,
respecto de la actividad no remunerada escogida para tal fin.
El juez señalará la forma de comprobación y control, calculando
además el tiempo que habrá de prestar ese servicio, de acuerdo con el valor
asignado a esa actividad en el lugar donde se realice. En caso de que no la
pagare o amortizare, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53 de
este Código.
Artículo 590. Autoridad que concede la rebaja de la pena. La
providencia que haga cesar o que rebaje con arreglo a la ley nueva una pena o
medida de seguridad impuesta de acuerdo con las leyes anteriores, se dictará
por el juez que conoció del proceso en primera instancia, de oficio o a
solicitud de parte, a no ser que exista cambio de la jurisdicción especial a la
ordinaria, en cuyo caso esta última será la competente.
CAPITULO II
Ejecución de las medidas de seguridad
Artículo 591. Internación de inimputables. Cuando se imponga la
medida de seguridad correspondiente a un inimputable por enfermedad mental
permanente o transitoria, el juez oficiará al director del establecimiento
siquiátrico, para que se proceda al tratamiento adecuado.
Artículo 592. Libertad vigilada. Cuando se imponga la libertad
vigilada, deberá el juez comunicar esta decisión a las autoridades policivas
del lugar, para el cumplimiento de lo dispuesto en este Código.
Artículo 593. Suspensión o cesación de la medida de seguridad. El
juez que haya impuesto en primera o única instancia una medida de seguridad,
podrá, de oficio o a solicitud de parte, previo concepto de los peritos de
Medicina Legal y de conformidad con lo dispuesto en este Código:
1. Suspender condicionalmente la medida de seguridad.
2. Sustituirla por otra más adecuada, si así lo estimare
conveniente.
3. Ordenar la cesación de tal medida.
La persona beneficiada con la suspensión condicional o con su cambio
por una libertad vigilada deberá constituir, personalmente o por intermedio de
su representante legal, caución en la forma prevista en este código.
Artículo 594. Revocatoria de la suspensión condicional. En cualquier
momento podrá el juez revocar la suspensión condicional de la medida de
seguridad o la medida sustitutiva, cuando se incumplan las obligaciones fijadas
en la correspondiente diligencia garantizada con caución o cuando los peritos
conceptúen que es necesaria la continuación de la medida.
CAPITULO III
Condena de ejecución condicional
Artículo 595. Extinción de la condena y cancelación de la caución.
Cuando se declare la extinción de la condena conforme al artículo 74 de este
código, se cancelará la caución.
Artículo 596. Comunicación sobre extinción de la condena. La
providencia que declare extinguida la condena se comunicará a las mismas
personas o entidades a quienes se comunicó la sentencia de condena condicional.
CAPITULO IV
Libertad condicional
Artículo 597. Solicitud. El condenado que se hallare en las
circunstancias previstas en el artículo 75 de este código, podrá solicitar al
juez que profirió sentencia de primera o única instancia la libertad
condicional.
Artículo 598. Anexos a la solicitud. La solicitud de libertad
condicional debe ir acompañada de la resolución favorable del consejo de
disciplina, o en su defecto de la proferida por el director del establecimiento
carcelario, de la copia de la cartilla biográfica y de los demás documentos que
prueben los requisitos exigidos por este código.
Artículo 599. Decisión. Recibida la solicitud, el juez resolverá
dentro de los tres (3) días siguientes, por auto interlocutorio, en el cual
impondrá las obligaciones a que se refiere el artículo 76 de este código, las
cuales se garantizarán mediante caución.
El tiempo necesario para otorgar la libertad condicional se
determinará con base en la pena impuesta en la sentencia.
La reducción de las penas por trabajo y estudio, lo mismo que
cualquiera otra rebaja de pena que establezca la ley, se tendrá en cuenta como
parte cumplida de la pena impuesta o que pudiere imponerse.
Artículo 600. Prueba de la comisión de un nuevo delito. Para los
efectos del artículo 77 de este código, se considerará que el liberado condicionalmente
ha cometido un nuevo delito, una vez que se encuentre en firme la sentencia que
lo declare responsable.
La revocación podrá decretarse de oficio, a petición del Ministerio
Público o a petición de los encargados de la vigilancia.
CAPITULO V
De la rehabilitación
Artículo 601. Concesión. La rehabilitación de derechos y funciones
públicas la concederá el Tribunal Superior Militar, previa solicitud del
condenado hecha de acuerdo con las normas del presente capítulo y dentro de los
plazos determinados por el artículo 94 de este código.
Artículo 602. Anexos a la solicitud de rehabilitación. Con la
solicitud de rehabilitación se presentará:
1. Copias de las sentencias de primera, única y segunda instancia, y
de casación, si fuere el caso.
2. Copia de la cartilla biográfica.
3. Dos declaraciones, por lo menos, de personas de reconocida
honorabilidad, sobre la conducta observada después de la condena.
4. Certificado de la entidad bajo cuya vigilancia hubiere estado el
peticionario en el período de prueba de la libertad condicional o vigilada, si
fuere el caso.
Artículo 603. Comunicaciones. La providencia que conceda la
rehabilitación de derechos y funciones públicas se comunicará a las mismas
entidades a quienes se comunicó la sentencia y, especialmente, al alcalde del
domicilio del rehabilitado y a los registradores municipal, departamental y
nacional del estado civil, para que hagan las anotaciones del caso.
Artículo 604. Ampliación de pruebas. La entidad que debe resolver la
solicitud de rehabilitación puede, dentro de un plazo no mayor de diez (10)
días, pedir ampliación o ratificación de las pruebas acompañadas al memorial
respectivo.
Artículo 605. Aplazamiento. Si la conducta del solicitante no lo
hiciere acreedor a la rehabilitación, según los documentos presentados, se
aplazará la concesión de ella por un período no mayor del determinado en el
artículo 94 de este Código. La providencia respectiva será comunicada a las
mismas entidades mencionadas en este código.
TITULO DUODECIMO
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 606. Derogatoria. Derógase el Decreto 2550 de 1988 y las
disposiciones que sean contrarias a la presente ley.
Artículo 607. Procesos en curso. Los procesos en los que se hubiese
iniciado el juicio se continuarán rituando hasta su culminación por las normas
de competencia y procedimiento establecidas para ello en el Decreto 2550 de
1988 y las normas que lo complementan.
Artículo 608. Vigencia. Salvo lo dispuesto en el artículo anterior,
la presente ley regirá un (1) año después de su expedición, siempre y cuando se
halle en vigencia la respectiva ley estatutaria que define la estructura de la
Administración de la Justicia Penal Militar.
III. LA DEMANDA
El ciudadano Guillermo Otálora presenta un cargo de
inconstitucionalidad global contra la integridad del Libro III del Código Penal
Militar, contentivo de los aspectos procesales de éste, alegando que ha operado
el fenómeno de la inconstitucionalidad sobreviniente debido a la adopción del
Acto Legislativo 03 de 2002, mediante el cual fueron introducidas nuevas
garantías procesales para los sindicados y las víctimas, “que deben
aplicarse con igualdad tanto en el proceso penal ordinario como en el proceso
penal militar”. Solicita al respecto una declaratoria de
inconstitucionalidad diferida. Al mismo tiempo, y como pretensión subsidiaria,
solicita a la Corte declarar inexequibles, con efectos inmediatos las
siguientes normas del Código Penal Militar: artículos 198 (parcial), 201, 235
(parcial), 237 (parcial), 453 (parcial), 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515,
516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531,
532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547,
548, 549, 550, 551, 554 (parcial), 555 y 558.
Dada la considerable extensión del escrito de demanda,
y para una mayor claridad en la exposición, se resumirán los argumentos planteados
por el ciudadano en dos grandes grupos: planteamientos de inconstitucionalidad
de carácter global contra el Libro III de la Ley 522 de 1999 y argumentos
específicos contra disposiciones concretas de la misma.
1. Planteamientos de inconstitucionalidad de carácter
global contra el Libro III de la Ley 522 de 1999.
El ciudadano comienza por explicar que la reforma
procesal penal no fue solamente orgánica sino dogmática, por lo cual las nuevas
garantías incluidas en el artículo 250 Superior son derechos fundamentales en
cabeza de todas las personas que se encuentren bajo la jurisdicción del Estado,
y “los principios de igualdad de trato y de unidad de la Constitución exigen
al Estado aplicar las nuevas garantías penales con igualdad para todas las
personas, sin posibilidad de discriminación negativa contra los miembros de la
Fuerza Pública”.
Explica que la reforma procesal no fue meramente
orgánica sino que “modificó la parte de la Constitución referida a los
derechos fundamentales”. De tal suerte que el Acto Legislativo 03 de 2002
introdujo nuevas garantías procesales, tal y como se desprende del examen de
los antecedentes legislativos.
Sobre el particular sostiene que con la reforma
procesal se pretendió separar de manera clara y definitiva las funciones de
investigación y juzgamiento, en armonía con los tratados internacionales que
hacen parte del bloque de constitucionalidad. Así mismo, se insistió en que
existiera un examen sobre la constitucionalidad y legalidad de las pruebas
recaudadas, mediante la creación del juez de control de garantías.
De igual manera, en materia de víctimas, la enmienda constitucional
buscó proteger los derechos de estas personas “que no han tenido voluntad
alguna en hacerse a la comisión de un delito, sino que es llevada a él o
escogida involuntariamente”.
Con base en los anteriores argumentos, el ciudadano
concluye afirmando que “el Acto Legislativo 03 de 2002 fue una reforma
garantista, que consagró nuevos derechos constitucionales a favor de los
procesados y las víctimas en todo proceso penal”.
Agrega que, aunque las modificaciones sustanciales al
procedimiento penal quedaron consignadas en la reforma al artículo 250 de la
Constitución que, aunque se refiere específicamente a las funciones de la
Fiscalía General de la Nación, “son derechos constitucionales fundamentales
que ahora hacen parte del debido proceso penal, ya que consignan diversas
obligaciones del Estado encaminadas a lograr la dignidad humana, al garantizar
a las personas un proceso penal justo”.
Explica que el hecho de que tales garantías como son,
contar con un juicio público, oral, contradictorio y concentrado y con
inmediación de la prueba, así no se encuentren ubicadas en el Capítulo 1,
Título II de la Constitución, no les despoja de su calidad de derechos
fundamentales.
Indica que las nuevas garantías establecidas en el
Acto Legislativo 03 de 2002 están funcionalmente dirigidas a lograr la dignidad
humana en cuanto (i) garantizan en mayor medida la libertad personal al exigir
que su privación sea avalada por un tercero imparcial no involucrado directamente
con la investigación (juez de control de garantías); (ii) propenden por un
juicio más justo (oral, público, concentrado, contradictorio y con inmediación
de pruebas); (iii) hacen efectivos los derechos a la verdad, justicia y
reparación, que también están estrechamente ligados con la realización de la
dignidad humana ya que buscan restaurar, en lo posible, la integridad moral de
las víctimas. Tales garantías, por lo demás, se traducen en derechos subjetivos
(vgr. el procesado tiene derecho a que su juicio sea público, oral, etc).
A renglón seguido, se pregunta el ciudadano si las
anteriores garantías judiciales deben ser igualmente aplicables para los
miembros de la fuerza pública. A su juicio, la respuesta es afirmativa, por las
siguientes razones.
Los derechos fundamentales, como correlato de la
dignidad humana, están garantizados a todas las personas única y exclusivamente
con base en su calidad de seres humanos. En tal sentido, anota que el derecho a
la igualdad es, a su vez, un valor, un principio y una regla concreta. Así pues
“el artículo 13 de la Constitución establece la regla de igualdad de trato,
según la cual a casos iguales se debe dar un tratamiento igual, lo que implica
que cuando a cierto grupo de personas se le da un tratamiento especial, y no
existe razón suficiente para excluir a otro grupo de personas, es necesario
darle a este último el mismo tratamiento”.
Invoca igualmente el principio de unidad de la
Constitución según el cual deben armonizarse las diversas normas de la Carta
Política. En el caso, dicho principio resulta ser, según el ciudadano,
plenamente aplicable para el caso del artículo 250 constitucional, “ya que
éste consagra derechos fundamentales, los cuales aparentemente estarían
restringidos únicamente a los juicios penales que se surten en la jurisdicción
ordinaria. Esta interpretación restringida traería consecuencias inaceptables a
la luz de los principios de dignidad, igualdad y debido proceso. Constituye una
discriminación injustificada excluir a los miembros de la Fuerza Pública de las
garantías contenidas en el artículo 250, y no existe ninguna razón para que
éstas no sean reconocidas en la Justicia Penal Militar. De la misma manera, en
la medida en que el artículo 250, numerales 6 y 7 establece medidas judiciales
de protección y reparación a la víctimas, adicionales a las que existían antes
de la reforma constitucional, existiría una discriminación injustificada entre
las víctimas del delincuente civil y las víctimas del delincuente militar, en
desmedro de las últimas, que además sufren un mayor daño al ver traicionada su
confianza en las instituciones democráticas representadas en las Fuerzas
Militares”.
Agrega que, si bien es cierto que puede haber una
regulación distinta para la Justicia Penal Militar en cuanto a algunas
instituciones procesales, en razón del fuero especial bajo el cual opera. Sin
embargo, precisa que “lo que no es admisible a la luz de los principios
constitucionales mencionados es excluir por completo a los miembros de la
Fuerza Pública, y a sus posibles víctimas, del núcleo básico del debido proceso
contemplado en el artículo 250 de la Constitución, ya que eso implicaría privarlos
de su dignidad humana. Aunque el legislador conserva un gran margen de
discrecionalidad en la configuración de los Códigos de Procedimiento Penal como
elementos integrantes de la formulación general de la política criminal del
Estado, no tiene permitido excluir de su regulación el núcleo esencial del
debido proceso”.
Señala que, podría pensarse que la expresión “se
exceptúan los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio
activo y en relación con el mismo servicio”, del artículo 250 reformado
desvirtuarían sus argumentos. Con todo, señala que ello no es así por cuanto la
correcta interpretación de la norma consiste en sostener que se refiere
exclusivamente a preservar el fuero militar, sustrayendo ciertas materias a la
jurisdicción ordinaria, más no excluir a los sujetos procesales en la justicia
penal militar de los derechos fundamentales contemplados en el artículo 250.
En el mismo sentido, indica que se podría alegar que
no es posible establecer analogías entre ambas jurisdicciones, ya que no son
comparables, situación que haría inviable la aplicación de todos los preceptos
contenidos en el Acto Legislativo 03 de 2002. Según el ciudadano la anterior
afirmación no es del todo aceptable, ya que el legislador puede establecer
tratamientos diferenciados entre la justicia ordinaria y la militar, si
encuentra razones constitucionales para hacerlo, “pero esos tratamientos
diferenciados no pueden ignorar el núcleo esencial del debido proceso, que debe
ser respetado en todo procedimiento sancionatorio”.
De igual manera, sostiene que se podría argumentar que
el artículo 5º transitorio del Acto Legislativo 03 de 2002 excluyó la
posibilidad de efectuar un juicio de inconstitucionalidad contra el Código
Penal Militar en este momento, porque la aplicación de la reforma
constitucional es gradual, en los términos que establezca el Congreso. A
renglón seguido señala que “teniendo en cuenta que ya han pasado más de dos
años desde enero de 2005, y no parecería haber una intención clara de hacer una
implementación gradual de esta reforma en lo que se refiere a la justicia penal
militar, la inacción legislativa debe dar lugar a un juicio de
constitucionalidad contra una ley con aparente vocación de permanencia”.
En esa misma línea argumentativa señala que es
necesario establecer que el artículo 250 de la Constitución es un parámetro de
constitucionalidad para los procedimientos llevados a cabo por la justicia
penal militar “con el fin de que las garantías que en el futuro se
establezcan gocen de estatus de derechos fundamentales constitucionales,
intocables por el legislador, y no meras concesiones legislativas libremente
modificables por él mismo como elementos de política criminal”.
A manera de conclusión señala que si bien el artículo
250 de la Constitución no se aplica orgánicamente a los miembros de la Fuerza
Pública cuando son juzgados por los delitos cometidos en relación con actos del
servicio, pues la Fiscalía General de la Nación no tiene competencia sobre
ellos, las nuevas garantías contenidas en el mismo se aplican a ellos por
analogía, ya que son derechos fundamentales funcionalmente dirigidos a lograr
la dignidad humana, lo que los hace plenamente aplicables a toda persona, sin
que el hecho de que sus destinatarios hayan activado la justicia penal militar,
o sean juzgados por ella, sea una razón válida para dejar de aplicarlos.
En síntesis, el ciudadano plantea que el Acto
Legislativo 03 de 2002 introdujo nuevos derechos fundamentales aplicables a los
procesos penales adelantados ante la jurisdicción ordinaria, los cuales, en
virtud de los principios de igualdad y de unidad de la Constitución imponen una
interpretación analógica, que extiende el núcleo básico de esas garantías al
proceso penal militar.
Así las cosas, a juicio del ciudadano, existen unas
nuevas garantías procesales constitucionales, que hacen parte del núcleo
esencial del debido proceso, y que deben aplicarse en la justicia penal
militar, cuales son: (i) la existencia de un juez de control de garantías
encargado de aplicar el principio de oportunidad, decretar capturas, imponer
medidas de aseguramiento y controlar las medidas de intervención en los
derechos fundamentales; y (ii) a contar con un juicio público, oral, con
inmediación de la prueba, contradictorio y concentrado.
2. Argumentos específicos contra disposiciones
concretas de la Ley 522 de 1999.
En la segunda parte de su exposición, el ciudadano
demandante plantea unos cargos de inconstitucionalidad contra determinadas
disposiciones del Libro III del Código Penal Militar. Su argumentación, a la
vez, la divide en (i) precisiones previas; (ii) disposiciones viciadas de
inconstitucionalidad no sobreviniente; y (iii) normas viciadas de
inconstitucionalidad sobreviniente.
2.1. Las precisiones previas del ciudadano.
Asegura el ciudadano que para comprender el sentido de
los contenidos normativos demandados, es necesario interpretar sistemáticamente
el Libro III del CPM. Así pues, existen tres clases de funcionarios: el juez de
instrucción, el juez de conocimiento y el fiscal penal militar. Al respecto
explica “El juez de instrucción y el fiscal penal militar cumplen las
funciones que bajo la jurisdicción ordinaria cumple la Fiscalía General de la
Nación, en tanto que la Justicia Penal Militar separa entre estos funcionarios
las funciones de investigación y de acusación: el juez de instrucción investiga
y el fiscal califica y acusa (o absuelve)”.
De igual manera, argumenta que cuando cada una de las
disposiciones acusadas alude al “juez” es necesario esclarecer si se
trata del juez de instrucción, encargado de dirigir la investigación, o si por
el contrario se trata del juez de conocimiento, responsable de dirigir el
juicio y determinar la responsabilidad penal de quien haya sido acusado de
cometer un delito. Al respecto, manifiesta que “esta determinación se
facilita por el hecho de que el CPM generalmente se refiere al juez de
instrucción como “juez” y al juez de conocimiento como “juez de primera
instancia”, por lo cual debe entenderse que mientras no haya en el texto de las
disposiciones un indicio interpretativo que insunúe lo contrario, cuando una
disposición se refiere al “juez” en realidad se está refiriendo al “juez de
instrucción”, es decir, el funcionario investigador, análogo a la Fiscalía
General de la Nación”.
Por último, aclara que las acusaciones que formula
contra las disposiciones demandadas no versan exclusivamente sobre la
inconstitucionalidad sobreviniente en razón del Acto Legislativo 03 de 2002, “ya
que algunas violan otras partes de la Constitución, sin que la Corte
Constitucional se haya pronunciado al respecto hasta el momento”.
2.2. Las disposiciones viciadas de
inconstitucionalidad no sobreviniente.
2.2.1. Artículo 198.
Señala el ciudadano que el artículo 198 del CPM
garantiza la dignidad humana únicamente frente a la persona a quien se le
atribuye la comisión de un delito, excluyendo implícitamente a otros
intervinientes en el proceso penal militar, tales como los testigos y las
víctimas, cuyos derechos a la verdad, la justicia y la reparación deben ser
garantizados por la justicia penal, tanto ordinaria como militar. De igual
manera, el legislador desconoció el hecho que la dignidad humana se le reconoce
a toda persona. Agrega que “desconoce también el derecho a la igualdad de
trato, pues todas las personas merecen igual trato digno por parte de las
autoridades”.
A renglón seguido, asegura que el artículo 198 viola el
Preámbulo, y los artículos 1, 2, 5 y 13 Superiores, limitándose a trascribir
algunos apartes de las normas constitucionales.
2.2.2. Artículo 201.
Sostiene el ciudadano que el artículo 201 del CPM al
hacer referencia exclusiva a la “Constitución y la ley” excluye a las
otras fuentes del derecho que están incluidas dentro del concepto de “imperio
de la ley” (art. 230 de la CP), porque se refiere a la Constitución y a la
ley formal únicamente. En ese sentido, explica, vulnera el artículo 230
constitucional, tal y como ha sido interpretado por la Corte, que incluye
también dentro del imperio del derecho a las sentencias de constitucionalidad
con efectos erga omnes que fijen una interpretación general de la ley, a los
precedentes vinculantes de la Corte Constitucional y a los de las demás altas
Cortes, “En ese sentido, el artículo 201 es inconstitucional por omisión
legislativa relativa”.
2.2.3. Artículos 235 y 237.
El ciudadano estima que, al disponer los artículos 235
y 237 del CPM que el Comandante de las Fuerzas Militares hará parte del Tribunal
Superior Militar, desconoce los artículos 228 y 230 Superiores.
En tal sentido, argumenta que la autonomía judicial no
se aplica únicamente a la Rama Judicial, en sentido estricto, sino a toda
persona que administre justicia. De igual manera, la separación de funciones de
mando y jurisdicción ha sido considerada un desarrollo de la autonomía
judicial. Cita al respecto, lo decidido en sentencias C-361 de 2001 y C-740 de
2001.
Así las cosas, según el demandante, resulta inadmisible
que un mismo funcionario ejerza, al mismo tiempo, funciones de comando de las
Fuerzas Militares y las funciones de administración de justicia. Al respecto
aclara que las disposiciones acusadas podrían haber sido consideradas
admisibles cuando el Comandante General de las Fuerzas Militares ejercía
funciones puramente administrativas y de coordinación entre las tres fuerzas,
con lo cual carecía  de una verdadera función de mando. Sin embargo, en los
últimos años han surgido nuevas organizaciones al interior de las Fuerzas
Militares, que le dan mando directo al Comando General, tales como los GAULAS
militares, la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas (AFEUR), los comandos
conjuntos y la Fuerza de Tarea Omega, encargada de desarrollar el Plan
Patriota.
Concluye el ciudadano afirmando que el Comando General
de las Fuerzas Militares tiene funciones operativas y no meramente
administrativas, y por lo tanto, el Comandante General no puede participar en
la adopción de decisiones judiciales.
2.2.4. Artículo 453.
Asegura el ciudadano que el artículo 453 del CPM
establece la reserva de la indagación preliminar, como regla general,
exceptuando el derecho que tiene la defensa a conocerla. Sin embargo,
condiciona el ejercicio de dicho derecho a que haya sido recepcionada versión
al imputado, lo cual impide dicho conocimiento con antelación, vulnerándose así
el derecho de defensa. En apoyo de su argumentación cita la sentencia C-096 de
2003.
Asegura que aunque la doctrina constitucional está
referida al proceso ordinario anterior al sistema acusatorio, y no penal
militar, no existe razón suficiente para que hacer distinciones en materia de
derecho de defensa. Así pues, “el derecho de defensa, como parte del núcleo
esencial del debido proceso, está funcionalmente dirigido a salvaguardar la
dignidad humana del procesado, de la cual no se es despojada la persona por el
solo hecho de pertenecer a la Fuerza Pública y ser sospechoso de haber cometido
un delito relacionado con un acto del servicio”.
2.2.5. Artículos 511 y 512.
Sostiene el ciudadano que los artículos 511 y 512
establecen una especie de cláusula general de privación de la libertad. A
renglón seguido sostiene “sea quien sea el funcionario competente para
ordenar la captura, ésta no puede ser discrecional o facultativa del mismo, y
tampoco puede estar prevista para la mayoría de los casos. De conformidad con
el artículo 28 de la Constitución, la privación de la libertad debe ser
excepcional, y consultar ciertas finalidades específicas. Es cierto que el
artículo 250-1 reformado consagró positivamente dichas facultades, pero esto no
añadió al ordenamiento constitucional, porque ellas ya estaban previstas en la
jurisprudencia constitucional como se aprecia claramente de la lectura del
precedente dominante: la sentencia C- 774 de 2001”.
Recuerda el ciudadano que en sentencia C-774 de 2001 la
Corte, aunque consideró que la detención preventiva no era per se
violatoria de la presunción de inocencia, la restringió en el sentido de que (i)
la ley debe señalar los casos en los cuales procede; (ii) los casos deben ser excepcionales,
ya que la Constitución consagra una cláusula general de libertad; y (iii) la
ley debe establecer una relación directa con las finalidades propias de la
medida preventiva.
En tal sentido, señala el demandante que los artículos
511 y 512 del CPM se complementan entre sí. Disponen una facultad discrecional
para librar una orden de captura en determinados casos y la excepción a esa
facultad discrecional en los cuatro casos señalados en el artículo 512.
Según el demandante, en consecuencia, existe una
vulneración directa del artículo 28 Superior, al violar el principio de
legalidad. Al respecto explica que “el artículo 511, al referirse a una
captura facultativa y establecer que el funcionario podrá librar la orden de
captura, otorga amplias facultades de privación de la libertad, violando la
norma constitucional que establece que “nadie puede ser detenido sino por
motivo previamente definido en la ley”. Lo mismo ocurre con el artículo 512,
numeral 1, el cual permite al funcionario de instrucción prescindir de la orden
de captura, la ley no establece las finalidades de la misma, por lo cual el
funcionario carece de parámetros objetivos para juzgar esa necesidad. Además,
la disposición en comento no dispone que se deba prescindir de la orden de
captura cuando sea necesaria, sino cuando el funcionario lo considere, lo que
implica que la decisión sobre la procedencia o improcedencia de la orden de
captura es una decisión discrecional y librada al criterio subjetivo del
funcionario de instrucción.”
Afirma que igualmente se violó el precedente sentado
en sentencia C-774 de 2001, al no establecer las finalidades de la captura
directamente en el texto de la ley, vulnerando de la misma manera el artículo
28 Superior.
Por último, sostiene que “podría argumentarse que
la sentencia C-774 de 2001 no es aplicable a estas disposiciones, pues trató
sobre la detención preventiva, mientras que los artículos 511 y 512 tratan
sobre la captura como medio para hacer comparecer al procesado a la
indagatoria. Pero en lo relevante, ambas instituciones son semejantes en cuanto
suponen la privación de la libertad previa al juicio penal, que no implican un
juicio previo de responsabilidad sino que se dirigen a hacer comparecer al
imputado al proceso”.
2.3. Las disposiciones viciadas de
inconstitucionalidad sobreviniente.
Explica el demandante que la inconstitucionalidad
sobreviniente se analizará de la siguiente manera (i) disposiciones que
vulneran los procedimientos relativos a la privación de la libertad; (ii)
normas que vulneran los procedimientos relativos a la obtención de material probatorio;
y (iii) disposiciones que violan los procedimientos relativos a la preclusión
de la investigación.
2.3.1. Disposiciones que vulneran los procedimientos
relativos a la privación de la libertad.
Asegura el ciudadano que aunque el régimen de
privación de la libertad personal podría tener matices diferentes en lo que se
refiere a la Justicia Penal Militar, las características fundamentales de los
procedimientos para adoptarlo deben mantenerse incólumes al ser parte del
núcleo básico del debido proceso penal. “Es así que el artículo 250 de la
Constitución establece que la privación de la libertad anterior al juicio, en
todos los casos, debe contar con el control de legalidad por parte del juez de
control de garantías. Existen casos excepcionales en los cuales éste puede ser
posterior, pero en general es un control que debe ser ejercido con anterioridad
al acto”.
La existencia de dicho control, sostiene el ciudadano,
no obliga al legislador a adoptar una forma determinada de organización de la
jurisdicción, sino que le permite adoptar la organización que considere más
conveniente, “tiene dos características fundamentales: el funcionario que lo
ejerce es un juez que no está investigando el caso y que además no podrá ser el
juez de conocimiento en esa misma causa”.
Luego de reseñar algunos fallos proferidos por el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos referentes a la independencia e
imparcialidad de los jueces, señala que las funciones investigativas y
judiciales deben encontrarse separadas. “Esas funciones judiciales no se
encuentran restringidas a la declaratoria de responsabilidad penal, sino que se
extienden a las decisiones preliminares sobre la limitación de la libertad,
porque el artículo 28 de la Constitución exige que la privación de la libertad
provenga de mandamiento escrito de autoridad judicial. Estas decisiones deben
ser imparciales y la legitimidad de las mismas proviene del hecho de que la autoridad
que las profiere está en tal posición que su imparcialidad no puede ser puesta
en duda”.
Agrega al respecto que la Constitución establece dos
excepciones, es decir, que el control judicial pueda ser ejercido con
posterioridad: la captura en flagrancia y la llevada a cabo por la Fiscalía
General de la Nación, en determinados casos.
Concluye afirmando que, con base en las sentencias
C.774 de 2001 y C-190 de 2006, “a la luz de la reforma constitucional, es
que la detención preventiva, en todos los casos, debe ser ordenada por el juez
de control de garantías a petición del funcionario investigador”.
2.3.1.1. Disposiciones que regulan la captura.
El ciudadano afirma que el artículo 509 del CPM regula
la captura en flagrancia, ordenando poner al capturado a disposición del juez
para iniciar la investigación. Es claro que el juez de que trata dicho artículo
es el de instrucción. Entonces, el artículo 509 vulnera el artículo 250.1
constitucional, que exige que el capturado sea puesto a disposición de un juez
de control de garantías, y no del funcionario encargado de investigar el caso
para determinar la legalidad de la captura.
A continuación, el demandante alude a los artículos
511 y 518 del CPM. A renglón seguido, afirma que “no es claro si entran
dentro del supuesto de la captura excepcional por parte del investigador, o si
dentro de la captura que debería ser ordenada por un juez de control de
garantías. Por esa razón, se demostrará la violación de la Constitución desde
ambas hipótesis”.
Explica que los artículos 511 y 512 establecen la
figura de la captura facultativa y “no regulan ninguna circunstancia
específica, sino todos los supuestos de hecho bajo los cuales podría decretarse
la captura del imputado. Esto claramente vulnera el artículo 250-1 de la
Constitución que establece que la ley podrá facultar a la Fiscalía General de la
Nación para realizar excepcionalmente capturas. Las otras disposiciones
mencionadas son igualmente inconstitucionales, porque señalan al juez de instrucción
militar como funcionario competente para decidir sobre la captura y su
suspensión, sin regular situaciones específicas de excepcionalidad. El artículo
250 también es inexequible por esta razón, ya que establece que “la
indagatoria deberá rendirse a la mayor brevedad posible dentro de los tres días
siguientes a aquel en que el capturado haya sido puesto a disposición del
juez”, lo que implica que para su aplicación requiere del cumplimiento de la
consecuencia jurídica de normas que deberán ser declaradas inconstitucionales,
lo que se torna inconstitucional por sustracción de materia. El artículo 517 a
su vez hace referencia al “funcionario a cuya disposición se encuentre el
capturado”. Este “funcionario” sin duda es el juez de instrucción criminal, a
cuya “disposición” no puede haber ningún capturado, ya que éstos deben ponerse
a disposición de los jueces que ejerzan la función de control de garantías, por
lo cual el artículo 517 también es inconstitucional”.
Señala que podría objetarse que se está cumpliendo con
el artículo 28 Superior, porque la orden proviene de un juez de instrucción
militar, que es el funcionario competente para ordenar la captura. Frente a
dicho argumento, el ciudadano sostiene que la competencia para expedir la orden
de captura no se determina por el apelativo que se le de al funcionario, sino
por su posición de imparcialidad en el proceso. “Es irrelevante si el
funcionario se llama fiscal, juez, juez de instrucción o auditor militar. Bajo
la regulación introducida en la reforma constitucional, la orden a la que alude
el artículo 28 es la que proviene de una autoridad judicial que adicionalmente
ejerza la función de control de garantías, y no la función de
investigación…como se señaló el juez de instrucción militar es análogo al
fiscal en un proceso de la jurisdicción ordinaria, porque es el funcionario
encargado de investigar los presuntos delitos quien, aunque es una autoridad
judicial, no es constitucionalmente competente para ordenar capturas”.
Argumenta que, si las disposiciones acusadas se
subsumen bajo la hipótesis de captura con orden judicial, se encuentra
fácilmente que todas son inconstitucionales, violando los artículos 28 y 250-1
constitucionales, porque la captura que debería ser decretada por un juez de
control de garantías, lo es por un juez de instrucción, cuya imparcialidad está
comprometida por ser responsable de la investigación.  Agrega que “en el CPM
no existe el juez de control de garantías, ni otra autoridad judicial que
ejerza esta función, lo que causa la inconstitucionalidad de todas estas
disposiciones”.
2.3.1.2. Disposiciones que regulan las medidas de
aseguramiento.
Sostiene el ciudadano que, bajo el nuevo ordenamiento
constitucional, en ningún caso las medidas de aseguramiento pueden ser
adoptadas por el funcionario investigador, sino por un juez de control de
garantías.
Así pues, los artículos 519 a 538 del CPM regulan las
medidas de aseguramiento de conminación, caución y detención preventiva. Los
artículos 539 y 540 regulan la libertad provisional luego de impuesta la
detención preventiva, y los artículos 541 a 545 establecen disposiciones
comunes a las tres medidas de aseguramiento. Los artículos 546 a 551 establecen
las medidas de aseguramiento para ininmputables. Por el contrario, según el
artículo 250-1 de la Constitución, deben ser impuestas por el juez de control
de garantías.
A continuación, explica el ciudadano que los artículos
519, 522, 523, 529, 531, 532 y 534 señalan que el competente para resolver
sobre  las medidas de aseguramiento son los jueces de instrucción militar, y no
el juez de control de garantías. Otro tanto sucede con la revocatoria o
modificación de aquéllas.
De igual manera, en relación con el artículo 540 del
CPM alega el ciudadano que le es asignada competencia al juez de instrucción
militar competencia para pronunciarse sobre la revocatoria de la libertad
provisional, y no al juez de control de garantías.
Concluye afirmando que “son inconstitucionales los
artículos 519 a 551 del CPM, sobre las medidas de aseguramiento, por ausencia
del juez de control de garantías en su regulación, vulnerando así el artículo
250-1 de la Constitución Política”.
2.3.3. Normas que vulneran los procedimientos
relativos a la obtención de material probatorio.
El ciudadano sostiene que la obtención del material
probatorio está regulada por el Capítulo III del Título VIII del Libro III del
CPM, denominado “investigación de los hechos”, y que comprende los
artículos 469 a 490.
Al respecto explica que medidas tales como intervenciones
corporales, allanamientos, registros e interceptación de comunicaciones deben
ser sometidas a un control judicial posterior a cargo de juez de control de
garantías, lo cual no sucede en los procesos adelantados ante la justicia penal
militar.
2.3.4. Disposiciones que violan los procedimientos
relativos a la preclusión de la investigación.
El demandante afirma que, luego de efectuada la
investigación por parte del juez de instrucción militar, éste debe enviar los
resultados de la misma al fiscal militar, quien se encarga de calificar el
expediente, es decir, acusar al procesado o disponer la cesación del proceso.
Al respecto explica que, si bien la institución de la
fiscalía militar fue un gran avance con respecto al CPM anterior, y constituye
la introducción de un elemento acusatorio en el proceso penal militar, “la
Fiscalía Militar, tal como está concebida en el actual CPM, no cumple con los
parámetros señalados en el Acto Legislativo 03 de 2002”.
Sobre el particular sostiene que el Acto Legislativo
03 de 2002 exige que el funcionario acusador solicite a un juez de conocimiento
la declaratoria de preclusión de la investigación cuando no haya mérito para
acusar, es decir, no se trata de una decisión unilateral de un funcionario,
sino que debe ser solicitada.
Así las cosas, explica, podría pensarse que con la
introducción de la fiscalía penal militar, separada de los jueces de
instrucción, la aplicación de esta disposición no tiene finalidad alguna en el
marco del CPM, “porque en todo caso el funcionario investigador no califica
el sumario, sino que esta función está a cargo de un funcionario distinto, lo
que garantizaría la imparcialidad de la misma manera que lo hace el artículo
250-5 superior.”
A pesar de la solidez del argumento, el demandante no
lo comparte por cuanto sólo el juez de conocimiento debe declarar la preclusión
porque (i) permite al fiscal exponer ante las parte las razones por las cuales
considera que no hay mérito para acusar, en desarrollo del principio de
publicidad de la administración de justicia; (ii) permite un debate previo a la
decisión, en desarrollo de los derechos de petición y de contradicción y el
principio de igualdad de armas; (iii) permite el control jurisdiccional de una
medida que indudablemente afecta derechos fundamentales. “Ninguna de esas
finalidades se cumple con en igual medida con la sola institución de la
Fiscalía Militar como una etapa independiente de la investigación si el Fiscal
Militar como funcionario acusador ha de tomar una decisión unilateral y
definitiva sobre la preclusión de la investigación”.
Pasa luego el ciudadano a tratar de sintetizar los
argumentos por los cuales las normas legales acusadas son inconstitucionales.
En tal sentido, señala que la totalidad del Libro III del CPM es
inconstitucional por cuanto se funda en un concepto de justicia inquisitiva, el
cual riñe abiertamente con los postulados del Acto Legislativo 03 de 2002. A
renglón seguido señala “aunque el Libro Tercero del CPM tiene rasgos
procedentes de un modelo acusatorio, tales como la separación entre las fases
de investigación y acusación, y un juicio oral y adversarial, con igualdad de
oportunidades para ambas partes, éste mantiene también importantes características
de la justicia inquisitiva”.
Explica al respecto que, en particular la fase de
instrucción, que llena de sentido a todas las normas del Libro Tercero del CPM
es una clara institución de justicia inquisitiva, consistente en el poder
absoluto del juez para investigar los hechos por sí solo en un procedimiento
con alto grado de secreto y disponer de la libertad del procesado casi
libremente. Así, se permite que el funcionario instructor decrete cualquier
medida de obtención de material probatorio y de detener a quien ha sido
señalado de la comisión de un delito.
En últimas, propone una declaratoria de
inconstitucionalidad diferida para evitar traumatismos, así como la reviviscencia
de normas derogadas, igualmente contrarias al Acto Legislativo 03 de 2002.
IV. INTERVENCIONES.
1.
Ministerio de
Defensa Nacional.
Sandra Marcela Parada Aceros, actuando en
representación del Ministerio de Defensa Nacional, interviene en el proceso de
la referencia para solicitarle a la Corte declarar exequibles las normas
acusadas.
Argumenta que el artículo 116 constitucional determina
que la justicia penal militar administra justicia, concibiendo su sentido y
alcance, dentro de la organización del Estado colombiano, en el artículo 221
donde se prevé el fuero militar, precisado en sentencia C-358 de 1997 y C-878
de 2000.
En tal sentido, el artículo 221 Superior determina la
especialidad de la justicia penal militar, al disponer la existencia de una
codificación específica, lo que se alcanza con la expedición de la Ley 522 de
1999.
Explica que las normas que regulan la justicia penal
militar son de carácter especial, lo que significa que frente a la ausencia de
regulación normativa por vacío evidente, se podrá acudir a otros códigos,
siempre y cuando se conserven los postulados y principios que gobiernan el CPM.
“Así, el principio de integración se traduce en el ámbito procesal penal
militar, en que los vacíos se deben llenar con institutos sustanciales o
procesales de otras normatividades para resolver un asunto en estudio, no
resquebrajen por su aplicación, la naturaleza, ya citada, que orienta el código
militar”.
En cuanto a la violación al principio de igualdad
sostiene que genera dificultades prácticas, en concreto, cuando se presentan
peticiones de los sujetos procesales encaminadas a que se de aplicación a
determinados institutos procesales del código de procedimiento penal ordinario.
La anterior situación se presenta incluso cuando la ley procesal penal militar
no presenta vacíos.
Sobre el anterior punto sostiene que “si se
permitiera que un operador jurídico pudiera acudir a cualquier norma, o la que
considere más adecuada, desatendiendo el principio de legalidad del tipo, del
proceso y de la pena, para resolver un conflicto, el concepto de seguridad
jurídica se vería afectado, los principios filosóficos, dogmáticos y normativos
no tendrían sentido, y la legislación y jurisdicción especial no tendrían
sentido”.
Argumenta que si bien es cierto que el Acto
Legislativo 03 de 2002 trajo consigo el establecimiento del llamado sistema
acusatorio, no es menos cierto que el artículo 250 Superior dispone que “se
exceptúan los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en
servicio activo y en relación con el mismo servicio”.
Esta preceptiva constitucional, explica la
interviniente, debe entenderse como la voluntad del constituyente orientada a
que la jurisdicción penal ordinaria es incompetente para conocer de aquellos
delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en
relación con el servicio. De igual manera, lo dispuesto en el primer inciso del
artículo 250 constitucional no se predica en el ámbito penal militar, ya que
tiene una filosofía y campo de aplicación distintos.
Sostiene que del Acto Legislativo 03 de 2002 no se
deriva que la justicia penal militar deba tener un esquema procesal idéntico al
de la justicia ordinaria, ya que el legislador, actuando dentro de su margen de
configuración normativa puede establecer un esquema procesal distinto. A
continuación cita apartes de la sentencia C-591 de 2005.
Insiste por tanto que una lectura sistemática de los
artículos 221 y 250 constitucionales conduce a afirmar que la jurisdicción
penal ordinaria es incompetente para conocer de aquellos delitos cometidos por
miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo, y
que a su vez, en la justicia penal militar, si bien deben respetarse los
principios generales consagrados en la Constitución en relación con el debido
proceso y las garantías judiciales, no le resultan igualmente aplicables los
principios enunciados en el primer inciso del artículo 250 Superior.
En lo que concierne al artículo 201 sostiene que, en
su momento, el legislador transcribió el contenido del artículo 230
constitucional, no haciendo referencia a las sentencias de constitucionalidad
con efectos erga omnes. Y agrega “hoy por hoy, tal contenido no fue
tenido en cuenta ni en la Ley 906 de 2004 ni en el proyecto de ley 111, nuevo
Código Penal Militar”.
Respecto a los artículos 235 y 237 afirma que el
espíritu de tener al Comandante General de las Fuerzas Militares como
Presidente del Tribunal Superior Militar es de carácter simbólico y nunca el de
cumplir funciones jurisdiccionales, pues como bien se deduce del articulado,
sólo tienen funciones jurisdiccionales los Magistrados de las Salas de Decisión
(art. 236). Con todo, tal situación fue tenida en cuenta en el texto del
proyecto de ley  111 de 2007.
En lo que atañe a los artículos 511 y 512 sostiene que
no comparte la argumentación del ciudadano por cuanto lo que busca la norma es
garantizar la libertad individual y sólo determina la captura como situación
excepcional, restrictiva y de doble exigencia. Asegura que el esquema procesal
propuesto, y en cuanto hace al tema de las capturas e imposición de medidas de
aseguramiento, consulta el artículo 28 constitucional, cuando quien la profiere
es un juez de la República quien para ordenar la captura o la detención debe
analizar, razonar y ponderar lo dispuesto por la ley penal militar, decisión
que es recurrible.
De igual manera, la captura facultativa no opera de
manera automática, sino que debe obedecer previamente a una citación o no presentación
voluntaria. Por lo que la interviniente discrepa respecto a que la expresión
facultativa o podrá deba ser entendida como un ejercicio abusivo de la
administración de justicia.
Por otra parte, respecto a los artículos 529 y 537,
referentes a la detención preventiva y la improcedencia de la medida de
aseguramiento respectivamente, la interviniente sostiene que en materia penal
militar el juez de instrucción es el funcionario judicial facultado para
comprometer derechos fundamentales a partir del principio de legalidad,
conforme a lo dispuesto de forma taxativa en el código penal militar, recauda
pruebas, pero no entra a cerrar la investigación, sino que esta labor fue
otorgada a un funcionario distinto que ha de cerrar y calificar la investigación
como lo es el fiscal penal militar. La presencia del juez de instrucción penal
militar, su ejercicio y facultades como administrador de justicia, fue
declarada exequible por la Corte en sentencia C-1054 de 2001.
Por último, sostiene que el Ministerio de Defensa
Nacional ha venido trabajando en un estudio sobre la reforma del CPM, en
especial “en la recuperación del procedimiento especial para los delitos
típicamente militares y la implementación al sistema acusatorio”. Resultado
de lo anterior fue la expedición de la Ley 1058 de 2006, por medio de la cual
se establece un procedimiento especial en el CPM, se adiciona el artículo 579ª
y se modifica el artículo 367 del mismo Código.
2. Comisión Colombiana de Juristas.
Gustavo Gallón Giraldo, Director de la Comisión
Colombiana de Juristas, interviene en el proceso de la referencia para
solicitarle a la Corte declarar la inexequibilidad de las expresiones “que
será el Comandante de las Fuerzas Militares”, del artículo 235 del CPM y “por
el Comandante de las Fuerzas Militares”, del artículo 237 de la misma
normatividad.
Estima el interviniente que las expresiones acusadas
vulneran los principios de independencia e imparcialidad de la justicia
consagrados en el artículo 228 constitucional y en los tratados internacionales
sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Afirma que vulneran asimismo
el principio de separación de poderes públicos.
Así las cosas, argumenta que es contrario a la
Constitución que el Comandante de las Fuerzas Militares haga parte de un órgano
judicial, y mucho más que lo presida, porque él es nombrado por el Presidente
de la República y se encuentra subordinado al mismo, lo cual no garantiza la
independencia de la Rama Judicial.
Agrega que como el cargo de Presidente del Tribunal
Superior Militar coincide con aquel de Comandante de las Fuerzas Militares, no
tiene una duración establecida para su desempeño, porque ello depende
directamente de la facultad discrecional del Jefe de Estado. Lo anterior es
problemático si se tiene en cuenta que también uno de los principios señalados
por la Corte Europea es la inamovilidad de los jueces por parte de la Rama
Ejecutiva.
Asegura que las disposiciones del Código Penal Militar
que señalan que el Comandante de las Fuerzas Armadas ocupará la Presidencia del
Tribunal Superior Militar son contrarias al principio de independencia judicial
porque no se garantiza así un adecuado proceso de nombramiento, no existen
garantías contra presiones externas y no hay una duración establecida para el
desempeño del cargo, requisitos exigidos por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
Agrega que los artículos 235 y 237 del CPM no
garantizan la idoneidad de la administración de justicia, por cuanto el
ordenamiento jurídico colombiano no exige que el Presidente del Tribunal
Superior Militar sea abogado titulado. Trae a colación al respecto las
sentencias C- 457 de 2002 y C- 756 de 2002.
3. Instituto Colombiano de Derecho Procesal.
Augusto Ibáñez Guzmán, actuando en su calidad de
miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, interviene en el proceso
de la referencia para solicitarle a la Corte se declare inhibida para proferir
una decisión de fondo.
Luego de transcribir varias disposiciones
constitucionales, señala el interviniente “Como se señaló en precedencia
existe: (i) una discrepancia no pareable entre los órganos y la jurisdicción
propiamente tal;(ii) que sería atendible y aconsejable que se parearan; y (iii)
que por lo tanto sería reflexión del legislativo y no asunto de vulneración
constitucional, como efectivamente se ha presentado con la nueva regulación
aprobada. La interesante disertación, que lo es, bien ha podido ser dirigida,
en puntos estratégicos de vigencia y constatación de constitucionalidad”.
4. Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar.
Luz Marina Gil García, Directora Ejecutiva de la
Justicia Penal Militar, interviene en el proceso de la referencia para
solicitarle a la Corte declarar exequibles las disposiciones acusadas.
Asegura que el Acto Legislativo 03 de 2002 no modificó
el fuero penal militar. En tal sentido, declarar la inexequibilidad de las
normas acusadas conduce a resquebrajar la estructura del CPM. Aclara que la
Constitución no exige que las normas procesales del CPM deban ser idénticas de
aquellas que rigen a la justicia ordinaria.
Alude asimismo a la expedición de la Ley 1058 de 2006
mediante la cual se estableció un procedimiento especial en el CPM, el cual
consta de tres etapas, donde la en la instrucción prima la escrituralidad, y la
oralidad adquiere una mayor importancia en las fases de formulación cargos y de
juicio.
Señala igualmente que fue aprobado el 14 de junio de
2006, en cuarto debate, un proyecto de reforma al CPM, ajustándolo al artículo
250 Superior, el cual entrará a regir el 1º de enero de 2010.
En este orden de ideas, la interviniente sostiene que
el cargo de inconstitucionalidad global planteado por el demandante no está
llamado a prosperar debido a “la sanción y promulgación por parte del
Ejecutivo del nuevo proyecto de ley núm. 111 de 2007 que cumplió con el
procedimiento legislativo en el seno del Congreso Nacional”.
Por otra parte, la interviniente sostiene que no le
asiste razón al ciudadano cuando aduce violación al principio a la igualdad en
lo atinente a la captura, las medidas de aseguramiento, la libertad del
procesado, la revocación de la libertad provisional y la cesación de
procedimiento, por cuanto se puede aplicar el principio de igualdad cuando los
sujetos a quienes se aplica la ley difieren sustancialmente por ser
calificados, no sólo como funcionarios públicos, sino por pertenecer a la
fuerza pública.
En cuanto al artículo 453 del CPM la interviniente
sostiene que la reserva sumarial fue modificada por la sentencia C- 096 de
2003, que declaró la exequibilidad del artículo 323 de la Ley 600 de 2000, en
el entendido de que la defensa o el imputado podían conocer de la investigación
penal durante la etapa preliminar, interpretación que es extensiva al fuero
especial “y se está respetando en su integridad”.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
El Procurador General de la Nación, mediante escrito
radicado ante la Secretaría General de la Corte el 19 de julio de 2007, rinde
el correspondiente concepto, solicitándole a esta Corporación lo siguiente:
“Declararse INHIBIDA para emitir un
pronunciamiento de fondo respecto de los cargos presentados contra los
artículos 198, 201, 511 y 512 de la Ley 522 de 1999, por ineptitud sustantiva
de la demanda.
Declararse INHIBIDA para emitir un
pronunciamiento de fondo respecto de los cargos por la presunta violación del
artículo 250 de la Constitución Política, dirigidos contra las disposiciones
que integran el Libro Tercero de la referida ley”.
Declarar EXEQUIBLE los artículos 235 y 237
respecto de los cargos antes analizados.
Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del
artículo 453 de la Ley 522 de 1999, bajo el entendido que antes de la recepción
de la versión libre debe informarse al investigado sobre el delito que se le
atribuye, así como permitirle conocer los fundamentos probatorios de dicha
imputación específica”.
Luego de transcribir los argumentos del demandante, la
Vista Fiscal señala que el cargo planteado contra el artículo 198 de la Ley 522
de 1999 carece de certeza, por cuanto el actor cuestiona un contenido normativo
que no se deriva de su texto, sino que surge de una interpretación errada del
mismo.
Al respecto señala que cuando la norma dispone que “Toda
persona a quien se atribuya la comisión de un hecho punible, tiene derecho a
ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”,
de ninguna manera está desconociendo la dignidad humana de los demás
intervinientes en el proceso penal. En efecto, la disposición acusada no
prohíbe acordar un trato digno exclusivamente al destinatario del poder
punitivo del Estado.
Sostiene que esa misma falta de certeza aqueja el
cuestionamiento efectuado al artículo 201 del actual CPM, que consagra como
norma rectora el imperio de la ley. A juicio del Señor Procurador, la norma
acusada no dice lo que ciudadano señala, es decir, que el imperio de la ley
implica el imperio de las sentencias de constitucionalidad y de los precedentes
vinculantes de las Altas Cortes, sino exclusivamente eso, el sometimiento de
los jueces a la ley, siendo aquellos criterios auxiliares que aunque son
vinculantes permiten que en determinadas circunstancias el juez pueda motivada
y razonablemente apartarse.
Explica que el ciudadano que los artículos 511 y 512
de la Ley 522 de 1999 autorizan al juez para ordenar la privación de la
libertad del investigado discrecionalmente, violando así el principio de
legalidad, que con fundamento en el artículo 28 Superior exige que la ley
señale previamente los motivos por los cuales procede dicha medida. Tales
disposiciones, afirma, tampoco establecen la finalidad de la orden de captura
por la cual el funcionario carece de parámetros objetivos para establecer
cuándo procede.
Sobre el particular, la Vista Fiscal sostiene que son
varias las normas incitas en los textos legales acusados y que el actor no
precisa contra cuál de ellas dirige la censura, razón para declarar la
ineptitud de la demanda por falta de especificidad. Agrega que “no es cierto
que el artículo 511 acusado no señale los motivos de la captura, pues en el
mismo texto se advierten la finalidad y los eventos en que procede; y tampoco
es cierto que el artículo 512 viole el principio de legalidad cuando autoriza
al funcionario para citar a indagatoria si considera innecesaria la captura
facultativa para lograr la comparecencia del imputado al proceso”.
De igual manera, por falta de certeza, vaguedad y
total imprecisión también se solicita a la Corte declararse inhibida para
fallar las normas legales acusadas bajo el título “Disposiciones viciadas de
inconstitucionalidad sobreviniente”.
Aclara que en cuanto a la confrontación de la
totalidad del Libro III del CPM frente al artículo 250 constitucional, carece
el cargo de certeza por cuanto “la referida disposición constitucional no
establece reglas de trámite para justicia penal militar, no formula parámetros
imprescindibles en el diseño del esquema procesal de esta jurisdicción, ni
tampoco crea derechos que puedan calificarse como fundamentos y que por su
naturaleza deben ser incorporados a toda regulación procesal penal”.
Señala que si la voluntad del constituyente hubiese
sido que la justicia penal militar también se sometiera a los parámetros de un
sistema procesal estructurado en las condiciones indicadas en el artículo 250
Superior, con un juez de control de garantías y no de instrucción, con
funciones de control previo o posterior de las medidas adoptadas a petición del
fiscal, hubiera incluido tales parámetros en el artículo 221 de la Carta que
establece la justicia penal militar o en el propio artículo 250 constitucional.
Agrega al respecto que resultaría exótico analizar la
correspondencia del procedimiento penal militar con la norma constitucional que
consagra las funciones que le corresponde cumplir a la Fiscalía General de la Nación,
organismos explícitamente ajeno a aquella jurisdicción.
Indica igualmente que aquello que el ciudadano denomina
derechos fundamentales (vgr. el derecho a la existencia de un juez de control
de garantías, el derecho a que un juez controle las medidas de intervención en
los derechos fundamentales, o examine  la legalidad de una captura) no son sino
disposiciones orgánicas y reglas de la actividad judicial exigibles en la
regulación del proceso penal ordinario, pero no militar. Al respecto anota que
“es desacertado afirmar que la existencia de un funcionario que cumple
determinada función dentro del proceso penal es un derecho fundamental, es
decir, inherente a la condición humana”.
Por otra parte, en relación con la acusación dirigida
contra los artículos 235 y 237 del CPM, indica el Procurador General que el
Comandante General de las Fuerzas Militares, si bien pertenece al Tribunal
Superior Militar, no tiene funciones de juzgamiento, como sí sucede con los
Magistrados que integran las Salas de Decisión de esa Corporación.
Sobre el particular señala que, de conformidad con
varias disposiciones del CPM, el Comandante General de las Fuerzas Militares
ejerce el mando de las fuerzas, pero en materia de justicia penal militar no
investiga, acusa ni juzga a personal militar, es decir, no confluyen en él
funciones de mando y jurisdicción. Se trata, en consecuencia, de una labor
meramente administrativa más no judicial.
Por último, en cuanto a la reserva de la indagación
preliminar conceptúa la Vista Fiscal que las consideraciones realizadas por la
Corte en sentencia C-096 de 2003 son “argumentos que válidamente son predicables
de la regulación en el procedimiento penal militar”. De allí que solicite a
esta Corporación declarar la exequibilidad condicionada del artículo 453 de la
Ley 522 de 1999, bajo el entendido que antes de la recepción de la versión
libre debe informarse al investigado sobre el delito que se le atribuye, así
como permitirle conocer los fundamentos probatorios de dicha imputación
específica.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia.
La Corte Constitucional es competente para
conocer de la presente demanda en virtud del artículo 241 numeral 4 de la
Carta.
2. Problemas jurídicos planteados a la
Corte Constitucional.
El ciudadano Guillermo Otálora presenta un cargo de
inconstitucionalidad global contra la integridad del Libro III del Código Penal
Militar, contentivo de los aspectos procesales de éste, alegando que ha operado
el fenómeno de la inconstitucionalidad sobreviniente debido a la adopción del
Acto Legislativo 03 de 2002, mediante el cual fueron introducidas nuevas
garantías procesales para los sindicados y las víctimas, “que deben
aplicarse con igualdad tanto en el proceso penal ordinario como en el proceso
penal militar”. Solicita al respecto una declaratoria de
inconstitucionalidad diferida. Al mismo tiempo, y como pretensión subsidiaria,
solicita a la Corte declarar inexequibles, con efectos inmediatos las siguientes
normas del Código Penal Militar: artículos 198 (parcial), 201, 235 (parcial),
237 (parcial), 453 (parcial), 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518,
519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534,
535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550,
551, 554 (parcial), 555 y 558.
En lo que concierne al cargo de
inconstitucionalidad global contra el Libro III del CPM, señala el
demandante que la reforma procesal penal no fue solamente orgánica sino
dogmática, por lo cual las nuevas garantías incluidas en el artículo 250
Superior son derechos fundamentales en cabeza de todas las personas que se
encuentren bajo la jurisdicción del Estado, y “los principios de igualdad de
trato y de unidad de la Constitución exigen al Estado aplicar las nuevas
garantías penales con igualdad para todas las personas, sin posibilidad de
discriminación negativa contra los miembros de la Fuerza Pública”.
Sobre el particular sostiene que con la reforma
procesal se pretendió separar de manera clara y definitiva las funciones de
investigación y juzgamiento, en armonía con los tratados internacionales que
hacen parte del bloque de constitucionalidad. Así mismo, se insistió en que
existiera un examen sobre la constitucionalidad y legalidad de las pruebas
recaudadas, mediante la creación del juez de control de garantías.
Agrega que, aunque las modificaciones sustanciales al
procedimiento penal quedaron consignadas en la reforma al artículo 250 de la
Constitución que, aunque se refiere específicamente a las funciones de la
Fiscalía General de la Nación, “son derechos constitucionales fundamentales
que ahora hacen parte del debido proceso penal, ya que consignan diversas
obligaciones del Estado encaminadas a lograr la dignidad humana, al garantizar
a las personas un proceso penal justo”.
Explica que el hecho de que tales garantías como son,
contar con un juicio público, oral, contradictorio y concentrado y con
inmediación de la prueba, así no se encuentren ubicadas en el Capítulo 1,
Título II de la Constitución, no les despoja de su calidad de derechos
fundamentales.
Indica que las nuevas garantías establecidas en el
Acto Legislativo 03 de 2002 están funcionalmente dirigidas a lograr la dignidad
humana en cuanto (i) garantizan en mayor medida la libertad personal al exigir
que su privación sea avalada por un tercero imparcial no involucrado
directamente con la investigación (juez de control de garantías); (ii) propenden
por un juicio más justo (oral, público, concentrado, contradictorio y con
inmediación de pruebas); (iii) hacen efectivos los derechos a la verdad,
justicia y reparación, que también están estrechamente ligados con la
realización de la dignidad humana ya que buscan restaurar, en lo posible, la integridad
moral de las víctimas. Tales garantías, por lo demás, se traducen en derechos
subjetivos (vgr. el procesado tiene derecho a que su juicio sea público, oral,
etc).
A renglón seguido, se pregunta el ciudadano si las
anteriores garantías judiciales deben ser igualmente aplicables para los
miembros de la fuerza pública. A su juicio, la respuesta es afirmativa, por las
siguientes razones.
Los derechos fundamentales, como correlato de la
dignidad humana, están garantizados a todas las personas única y exclusivamente
con base en su calidad de seres humanos. En tal sentido, anota que el derecho a
la igualdad es, a su vez, un valor, un principio y una regla concreta. Así pues
“el artículo 13 de la Constitución establece la regla de igualdad de trato,
según la cual a casos iguales se debe dar un tratamiento igual, lo que implica
que cuando a cierto grupo de personas se le da un tratamiento especial, y no
existe razón suficiente para excluir a otro grupo de personas, es necesario
darle a este último el mismo tratamiento”.
Invoca igualmente el principio de unidad de la Constitución
según el cual deben armonizarse las diversas normas de la Carta Política. En el
caso, dicho principio resulta ser, según el ciudadano, plenamente aplicable
para el caso del artículo 250 constitucional, “ya que éste consagra derechos
fundamentales, los cuales aparentemente estarían restringidos únicamente a los
juicios penales que se surten en la jurisdicción ordinaria. Esta interpretación
restringida traería consecuencias inaceptables a la luz de los principios de
dignidad, igualdad y debido proceso. Constituye una discriminación
injustificada excluir a los miembros de la Fuerza Pública de las garantías
contenidas en el artículo 250, y no existe ninguna razón para que éstas no sean
reconocidas en la Justicia Penal Militar. De la misma manera, en la medida en
que el artículo 250, numerales 6 y 7 establece medidas judiciales de protección
y reparación a la víctimas, adicionales a las que existían antes de la reforma
constitucional, existiría una discriminación injustificada entre las víctimas
del delincuente civil y las víctimas del delincuente militar, en desmedro de
las últimas, que además sufren un mayor daño al ver traicionada su confianza en
las instituciones democráticas representadas en las Fuerzas Militares”.
Agrega que, si bien es cierto que puede haber una
regulación distinta para la Justicia Penal Militar en cuanto a algunas
instituciones procesales, en razón del fuero especial bajo el cual opera. Sin
embargo, precisa que “lo que no es admisible a la luz de los principios
constitucionales mencionados es excluir por completo a los miembros de la
Fuerza Pública, y a sus posibles víctimas, del núcleo básico del debido proceso
contemplado en el artículo 250 de la Constitución, ya que eso implicaría
privarlos de su dignidad humana. Aunque el legislador conserva un gran margen
de discrecionalidad en la configuración de los Códigos de Procedimiento Penal
como elementos integrantes de la formulación general de la política criminal
del Estado, no tiene permitido excluir de su regulación el núcleo esencial del
debido proceso”.
Señala que, podría pensarse que la expresión “se
exceptúan los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio
activo y en relación con el mismo servicio”, del artículo 250 reformado
desvirtuarían sus argumentos. Con todo, señala que ello no es así por cuanto la
correcta interpretación de la norma consiste en sostener que se refiere
exclusivamente a preservar el fuero militar, sustrayendo ciertas materias a la
jurisdicción ordinaria, más no excluir a los sujetos procesales en la justicia
penal militar de los derechos fundamentales contemplados en el artículo 250.
En el mismo sentido, indica que se podría alegar que
no es posible establecer analogías entre ambas jurisdicciones, ya que no son
comparables, situación que haría inviable la aplicación de todos los preceptos
contenidos en el Acto Legislativo 03 de 2002. Según el ciudadano la anterior
afirmación no es del todo aceptable, ya que el legislador puede establecer
tratamientos diferenciados entre la justicia ordinaria y la militar, si
encuentra razones constitucionales para hacerlo, “pero esos tratamientos
diferenciados no pueden ignorar el núcleo esencial del debido proceso, que debe
ser respetado en todo procedimiento sancionatorio”.
A manera de conclusión señala que si bien el artículo
250 de la Constitución no se aplica orgánicamente a los miembros de la Fuerza
Pública cuando son juzgados por los delitos cometidos en relación con actos del
servicio, pues la Fiscalía General de la Nación no tiene competencia sobre
ellos, las nuevas garantías contenidas en el mismo se aplican a ellos por
analogía, ya que son derechos fundamentales funcionalmente dirigidos a lograr
la dignidad humana, lo que los hace plenamente aplicables a toda persona, sin
que el hecho de que sus destinatarios hayan activado la justicia penal militar,
o sean juzgados por ella, sea una razón válida para dejar de aplicarlos.
En síntesis, el ciudadano plantea que el Acto
Legislativo 03 de 2002 introdujo nuevos derechos fundamentales aplicables a los
procesos penales adelantados ante la jurisdicción ordinaria, los cuales, en
virtud de los principios de igualdad y de unidad de la Constitución imponen una
interpretación analógica, que extiende el núcleo básico de esas garantías al
proceso penal militar.
De igual manera, el ciudadano argumenta que existe un
conjunto de disposiciones del Código Penal Militar que se serían contrarios a la
Constitución, sin tener en cuenta lo dispuesto en el Acto Legislativo 03 de
2002.
Así, en lo que concierne al artículo 198 del CPM
sostiene el ciudadano que garantiza la dignidad humana únicamente frente a la
persona a quien se le atribuye la comisión de un delito, excluyendo
implícitamente a otros intervinientes en el proceso penal militar, tales como
los testigos y las víctimas, cuyos derechos a la verdad, la justicia y la
reparación deben ser garantizados por la justicia penal, tanto ordinaria como
militar.
En lo que atañe al artículo 201 del CPM alega
el ciudadano que al hacer referencia exclusiva a la “Constitución y la ley”
excluye a las otras fuentes del derecho que están incluidas dentro del concepto
de “imperio de la ley” (art. 230 de la CP), porque se refiere a la
Constitución y a la ley formal únicamente. En ese sentido, explica, vulnera el
artículo 230 constitucional, tal y como ha sido interpretado por la Corte, que
incluye también dentro del imperio del derecho a las sentencias de
constitucionalidad con efectos erga omnes que fijen una interpretación general
de la ley, a los precedentes vinculantes de la Corte Constitucional y a los de
las demás altas Cortes, “En ese sentido, el artículo 201 es inconstitucional
por omisión legislativa relativa”.
En cuanto a los artículos 235 y 237 del CPM, según
los cuales el Comandante de las Fuerzas Militares hará parte del Tribunal
Superior Militar, estima el ciudadano que desconocen los artículos 228 y 230
Superiores.
En tal sentido, argumenta que la autonomía judicial no
se aplica únicamente a la Rama Judicial, en sentido estricto, sino a toda
persona que administre justicia. De igual manera, la separación de funciones de
mando y jurisdicción ha sido considerada un desarrollo de la autonomía
judicial. Cita al respecto, lo decidido en sentencias C- 361 de 2001 y C- 740
de 2001.
Así las cosas, según el demandante, resulta inadmisible
que un mismo funcionario ejerza, al mismo tiempo, funciones de comando de las
Fuerzas Militares y las funciones de administración de justicia. Al respecto
aclara que las disposiciones acusadas podrían haber sido consideradas
admisibles cuando el Comandante General de las Fuerzas Militares ejercía
funciones puramente administrativas y de coordinación entre las tres fuerzas,
con lo cual carecía de una verdadera función de mando.
Concluye el ciudadano afirmando que el Comando General
de las Fuerzas Militares tiene funciones operativas y no meramente
administrativas, y por lo tanto, el Comandante General no puede participar en
la adopción de decisiones judiciales.
En relación con el artículo 453 del CPM alega
el ciudadano que establece la reserva de la indagación preliminar, como regla
general, exceptuando el derecho que tiene la defensa a conocerla. Sin embargo,
condiciona el ejercicio de dicho derecho a que haya sido recepcionada versión
al imputado, lo cual impide dicho conocimiento con antelación, vulnerándose así
el derecho de defensa. En apoyo de su argumentación cita la sentencia C-096 de
2003. Asegura que aunque la doctrina constitucional está referida al proceso
ordinario anterior al sistema acusatorio, y no penal militar, no existe razón
suficiente para que hacer distinciones en materia de derecho de defensa.
En lo que concierne a los artículos 511 y 512 del
CPM argumenta que “sea quien sea el funcionario competente para ordenar
la captura, ésta no puede ser discrecional o facultativa del mismo, y tampoco
puede estar prevista para la mayoría de los casos. De conformidad con el
artículo 28 de la Constitución, la privación de la libertad debe ser
excepcional, y consultar ciertas finalidades específicas. Es cierto que el
artículo 250-1 reformado consagró positivamente dichas facultades, pero esto no
añadió al ordenamiento constitucional, porque ellas ya estaban previstas en la
jurisprudencia constitucional como se aprecia claramente de la lectura del
precedente dominante: la sentencia C- 774 de 2001”. Recuerda el ciudadano
que en sentencia C- 774 de 2001 la Corte, aunque consideró que la detención
preventiva no era per se violatoria de la presunción de inocencia, la
restringió en el sentido de que (i) la ley debe señalar los casos en los cuales
procede; (ii) los casos deben ser excepcionales, ya que la Constitución
consagra una cláusula general de libertad; y (iii) la ley debe establecer una
relación directa con las finalidades propias de la medida preventiva.
En tal sentido, señala el demandante que los artículos
511 y 512 del CPM se complementan entre sí. Disponen una facultad
discrecional para librar una orden de captura en determinados casos y la
excepción a esa facultad discrecional en los cuatro casos señalados en el
artículo 512.
Según el demandante, en consecuencia, existe una
vulneración directa del artículo 28 Superior, al violar el principio de
legalidad. Al respecto explica que “el artículo 511, al referirse a una
captura facultativa y establecer que el funcionario podrá librar la orden de
captura, otorga amplias facultades de privación de la libertad, violando la
norma constitucional que establece que “nadie puede ser detenido sino por
motivo previamente definido en la ley”. Lo mismo ocurre con el artículo 512,
numeral 1, el cual permite al funcionario de instrucción prescindir de la orden
de captura, la ley no establece las finalidades de la misma, por lo cual el
funcionario carece de parámetros objetivos para juzgar esa necesidad. Además,
la disposición en comento no dispone que se deba prescindir de la orden de
captura cuando sea necesaria, sino cuando el funcionario lo considere, lo que
implica que la decisión sobre la procedencia o improcedencia de la orden de
captura es una decisión discrecional y librada al criterio subjetivo del
funcionario de instrucción.” Afirma que igualmente se violó el precedente
sentado en sentencia C- 774 de 2001, al no establecer las finalidades de la
captura directamente en el texto de la ley, vulnerando de la misma manera el
artículo 28 Superior.
Explica que los artículos 511 y 512 establecen
la figura de la captura facultativa y “no regulan ninguna circunstancia
específica, sino todos los supuestos de hecho bajo los cuales podría decretarse
la captura del imputado. Esto claramente vulnera el artículo 250-1 de la
Constitución que establece que la ley podrá facultar a la Fiscalía General de la
Nación para realizar excepcionalmente capturas. Las otras disposiciones
mencionadas son igualmente inconstitucionales, porque señalan al juez de
instrucción militar como funcionario competente para decidir sobre la captura y
su suspensión, sin regular situaciones específicas de excepcionalidad. El
artículo 250 también es inexequible por esta razón, ya que establece que “la
indagatoria deberá rendirse a la mayor brevedad posible dentro de los tres días
siguientes a aquel en que el capturado haya sido puesto a disposición del
juez”, lo que implica que para su aplicación requiere del cumplimiento de la
consecuencia jurídica de normas que deberán ser declaradas inconstitucionales,
lo que se torna inconstitucional por sustracción de materia. El artículo 517 a
su vez hace referencia al “funcionario a cuya disposición se encuentre el capturado”.
Este “funcionario” sin duda es el juez de instrucción criminal, a cuya
“disposición” no puede haber ningún capturado, ya que éstos deben ponerse a
disposición de los jueces que ejerzan la función de control de garantías, por
lo cual el artículo 517 también es inconstitucional”.
Señala que podría objetarse que se está cumpliendo con
el artículo 28 Superior, porque la orden proviene de un juez de instrucción
militar, que es el funcionario competente para ordenar la captura. Frente a
dicho argumento, el ciudadano sostiene que la competencia para expedir la orden
de captura no se determina por el apelativo que se le de al funcionario, sino
por su posición de imparcialidad en el proceso. “Es irrelevante si el
funcionario se llama fiscal, juez, juez de instrucción o auditor militar. Bajo
la regulación introducida en la reforma constitucional, la orden a la que alude
el artículo 28 es la que proviene de una autoridad judicial que adicionalmente
ejerza la función de control de garantías, y no la función de
investigación…como se señaló el juez de instrucción militar es análogo al
fiscal en un proceso de la jurisdicción ordinaria, porque es el funcionario
encargado de investigar los presuntos delitos quien, aunque es una autoridad
judicial, no es constitucionalmente competente para ordenar capturas”. Argumenta
que, si las disposiciones acusadas se subsumen bajo la hipótesis de captura con
orden judicial, se encuentra fácilmente que todas son inconstitucionales,
violando los artículos 28 y 250-1 constitucionales, porque la captura que
debería ser decretada por un juez de control de garantías, lo es por un juez de
instrucción, cuya imparcialidad está comprometida por ser responsable de la
investigación. Agrega que “en el CPM no existe el juez de control de garantías,
ni otra autoridad judicial que ejerza esta función, lo que causa la
inconstitucionalidad de todas estas disposiciones”.
Adicionalmente, el demandante explica que existen
determinadas disposiciones del Código Penal Militar que estarían viciadas por inconstitucionalidad
sobreviniente, en virtud de la entrada en vigor del Acto Legislativo 03 de
2002, referentes a (i) procedimientos relativos a la privación de la libertad;
(ii) la obtención del material probatorio; y (iii); y los procedimientos
relativos a la preclusión de la investigación.
En lo que concierne a los artículos referentes a los
procedimientos relativos a la privación de la libertad, el ciudadano
afirma que el artículo 509 del CPM regula la captura en flagrancia,
ordenando poner al capturado a disposición del juez para iniciar la
investigación. Es claro que el juez de que trata dicho artículo es el de
instrucción. Entonces, el artículo 509 vulnera el artículo 250.1
constitucional, que exige que el capturado sea puesto a disposición de un juez
de control de garantías, y no del funcionario encargado de investigar el caso
para determinar la legalidad de la captura.
En lo que concierne a los artículos 519, 522, 523,
529, 531, 532 y 534 del CPM señala el ciudadano que el competente
para resolver sobre  las medidas de aseguramiento son los jueces de instrucción
militar, y no el juez de control de garantías. Otro tanto sucede con la
revocatoria o modificación de aquéllas. De igual manera, en relación con el artículo
540 del CPM alega el ciudadano que le es asignada competencia al juez de
instrucción militar competencia para pronunciarse sobre la revocatoria de la
libertad provisional, y no al juez de control de garantías.
Concluye afirmando que “son inconstitucionales los
artículos 519 a 551 del CPM, sobre las medidas de aseguramiento, por ausencia
del juez de control de garantías en su regulación, vulnerando así el artículo
250-1 de la Constitución Política”.
De igual manera, en relación con las normas del CPM
que regulan los procedimientos de obtención de material probatorio,
considera el ciudadano que los artículos 469 a 490 del CPM son
contrarios a la Constitución por cuanto medidas tales como intervenciones
corporales, allanamientos, registros e interceptación de comunicaciones deben
ser sometidas a un control judicial posterior a cargo de juez de control de
garantías, lo cual no sucede en los procesos adelantados ante la justicia penal
militar.
Por último, en relación con las normas del CPM
referentes a los procedimientos relativos a la preclusión de la investigación
(arts. 552 a 558 del CPM) explica el ciudadano que luego de efectuada la
investigación por parte del juez de instrucción militar, éste debe enviar los
resultados de la misma al fiscal militar, quien se encarga de calificar el
expediente, es decir, acusar al procesado o disponer la cesación del proceso.
Al respecto agrega que, si bien la institución de la
fiscalía militar fue un gran avance con respecto al CPM anterior, y constituye
la introducción de un elemento acusatorio en el proceso penal militar, “la
Fiscalía Militar, tal como está concebida en el actual CPM, no cumple con los
parámetros señalados en el Acto Legislativo 03 de 2002”.
Sobre el particular sostiene que el Acto Legislativo
03 de 2002 exige que el funcionario acusador solicite a un juez de conocimiento
la declaratoria de preclusión de la investigación cuando no haya mérito para
acusar, es decir, no se trata de una decisión unilateral de un funcionario,
sino que debe ser solicitada.
Así las cosas, explica, podría pensarse que con la
introducción de la fiscalía penal militar, separada de los jueces de
instrucción, la aplicación de esta disposición no tiene finalidad alguna en el
marco del CPM, “porque en todo caso el funcionario investigador no califica
el sumario, sino que esta función está a cargo de un funcionario distinto, lo
que garantizaría la imparcialidad de la misma manera que lo hace el artículo
250-5 superior.”
A pesar de la solidez del argumento, el demandante no
lo comparte por cuanto sólo el juez de conocimiento debe declarar la preclusión
porque (i) permite al fiscal exponer ante las parte las razones por las cuales
considera que no hay mérito para acusar, en desarrollo del principio de
publicidad de la administración de justicia; (ii) permite un debate previo a la
decisión, en desarrollo de los derechos de petición y de contradicción y el principio
de igualdad de armas; (iii) permite el control jurisdiccional de una medida que
indudablemente afecta derecho fundamentales. “Ninguna de esas finalidades se
cumple con en igual medida con la sola institución de la Fiscalía Militar como
una etapa independiente de la investigación si el Fiscal Militar como
funcionario acusador ha de tomar una decisión unilateral y definitiva sobre la
preclusión de la investigación”.
En cuanto a las intervenciones ciudadanas y de
entidades estatales, se tiene que el Ministerio de Defensa Nacional solicitó a la
Corte declarar exequibles las normas acusadas por cuanto, a su juicio, del Acto
Legislativo 03 de 2002 no se deriva que la justicia penal militar deba tener un
esquema procesal idéntico al de la justicia ordinaria, ya que el legislador,
actuando dentro de su margen de configuración normativa puede establecer un
esquema procesal distinto. Refiere igualmente a un proyecto de ley encaminado a
reformar el CPM. En igual sentido se pronunció la Dirección Ejecutiva de la
Justicia Penal Militar.
La Comisión Colombiana de Juristas, por su parte,
estima que las disposiciones del CPM que disponen que el Comandante General de
las Fuerzas Militares preside el Tribunal Superior Militar vulneran la
independencia de la Rama Judicial, y en consecuencia, deben ser declaradas
inexequibles. El Instituto Colombiano de Derecho Procesal considera que la
demanda no plantea realmente cargos de inconstitucionalidad.
La Vista Fiscal, de igual manera, estima que el demandante
no planteó realmente cargos de inconstitucionalidad, salvo en lo atinente a la
presencia del Comandante General de las Fuerzas Militares en el Tribunal
Superior Militar y en lo referente al carácter secreto de las diligencias
practicas antes recibirle versión al imputado. Al respecto estima que el cargo
no está llamado a prosperar por cuanto el mencionado oficial realiza realmente
funciones administrativas y no judiciales, en tanto que en relación con la
segunda norma estima que la Corte debería condicionar su exequibilidad a que se
entienda que antes de la recepción de la versión libre debe informarse al
investigado sobre el delito que se le atribuye, así como permitirle conocer los
fundamentos probatorios de dicha imputación específica. En cuanto a las demás
inhibiciones alega el Ministerio Público que resulta “exótico analizar la
correspondencia del procedimiento penal militar con la norma constitucional que
consagra las funciones que le corresponde cumplir a la Fiscalía General de la
Nación, organismos explícitamente ajeno a aquella jurisdicción.”
3. Examen del cargo de inconstitucionalidad
global planteado contra la totalidad del Libro III del CPM.
El ciudadano Guillermo Otálora Lozano
plantea un cargo de inconstitucionalidad sobreviniente de carácter global
contra la totalidad del Libro III del CPM, mediante el cual se regula el
procedimiento penal militar, en el sentido de que esta normatividad no se
ajusta a nuevos dictados del artículo 250 Superior, es decir, al Acto
Legislativo 3 de 2002 mediante el cual se estableció un sistema procesal penal
de tendencia acusatoria en Colombia. El cargo de inconstitucionalidad lo explica
diciendo que el nuevo artículo superior introduce un conjunto de nuevas
garantías judiciales, aplicables a toda clase de procesos penales en Colombia,
entre las cuales se encuentran, entre otras, la existencia de un juez de
control de garantías que examine la validez de medidas de intervención en
derechos fundamentales practicadas por la Fiscalía, ordene la privación de la
libertad de una persona e imponga medidas restrictivas de la misma; e
igualmente, el derecho a contar con un juicio oral, público, contradictorio y
con inmediatez de la prueba.
La Vista Fiscal, por su parte, explica que resulta
imposible formular unos cargos de inconstitucionalidad pretendiendo oponer
disposiciones del Código Penal Militar con una norma constitucional referente a
las funciones de la Fiscalía General de la Nación.  No comparte la Corte tal
postura, por las razones que pasan a explicarse.
Efectivamente, esta Corporación ha
considerado que si bien es cierto que la acción pública de inconstitucionalidad
no está sometida a mayores rigorismos y debe prevalecer la informalidad[1],
el ciudadano debe cumplir con ciertos requisitos y contenidos mínimos que
permitan a este Tribunal la realización satisfactoria del estudio de
constitucionalidad.
Esto quiere decir que la acción pública de
inconstitucionalidad se materializa no sólo con una acusación de un ciudadano
contra una norma legal con base en unas disposiciones constitucionales que se
consideran infringidas, sino también explicando las razones por las cuales
dichos textos se estiman violados, pues lo contrario implicaría, no solo estar
utilizando recursos judiciales inadecuadamente, para una labor que no beneficia
a ninguna persona, sino que conllevaría a que la sentencia deberá ser
inhibitoria por ineptitud sustancial de la demanda. El ordenamiento exige
entonces del ciudadano, la especial responsabilidad por ser diligente a fin de
que la Corporación pueda cumplir eficiente y eficazmente con el ejercicio del
control de constitucionalidad.
Por otro lado, las razones a
las que alude tanto el numeral tercero del artículo 2º del Decreto 2067 como la
jurisprudencia de manera reiterada, no son cualquier clase de argumentos, sino
que se circunscriben al seguimiento de exigencias mínimas razonables, sobre las
cuales esta Corporación ha insistido vigorosamente. Una sistematización sobre
el tema fue desarrollada en la sentencia C-1052 de 2001, la cual expresó:
“(...) tendrán que presentarse las razones
por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución
(artículo 2 numeral 3 del Decreto 2067 de 2000). Esta es una materia que ya ha
sido objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional y en la que se
revela buena parte de la efectividad de la acción pública de
inconstitucionalidad como forma de control del poder público. La efectividad
del derecho político depende, como lo ha dicho esta Corporación, de que las
razones presentadas por el actor sean claras, ciertas, específicas, pertinentes
y suficientes[2]. De lo
contrario, la Corte terminará inhibiéndose, circunstancia que frustra “la
expectativa legítima de los demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo
por parte de la Corte Constitucional”[3].
La claridad de la demanda es un requisito
indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues
aunque “el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, [por regla
general], releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y
técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el Estatuto
Fundamental”[4], no lo
excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al
lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que
se basa.
Adicionalmente, las razones que respaldan
los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda
recaiga sobre una proposición jurídica real y existente[5]
“y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita”[6]
e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto
concreto de la demanda[7]. Así, el
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación
del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable
a partir de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de control
difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones
inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender
deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se
desprenden”[8].
De otra parte, las razones son específicas
si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o
vulnera la Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un
cargo constitucional concreto contra la norma demandada”[9].
El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si
realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la
ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba
resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos,
indeterminados, indirectos, abstractos y globales”[10]
que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se
acusan.  Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se
desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad[11].
La pertinencia también es un elemento
esencial de las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad.
Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de
naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de
una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este
orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de
consideraciones puramente legales[12] y
doctrinarias[13], o
aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que
“el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que
está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como
podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”[14];
tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma
demandada en un análisis de conveniencia[15],
calificándola “de inocua, innecesaria, o reiterativa”[16]
a partir de una valoración parcial de sus efectos.
Finalmente, la
suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad
guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de
juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de
constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo,
cuando se estime que el trámite impuesto por la Constitución para la expedición
del acto demandado ha sido quebrantado, se tendrá que referir de qué
procedimiento se trata y en qué consistió su vulneración (artículo 2 numeral 4
del Decreto 2067 de 1991), circunstancia que supone una referencia mínima a los
hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no
se aporten todas las pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante.
Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance
persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque
no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la
Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la
norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a
desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y
hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.
No obstante lo anterior, la Corte ha insistido también
en que:
“La consagración de estos requisitos
mínimos no puede entenderse, entonces, como una limitación a los derechos
políticos del ciudadano ya referidos, pues lo que se persigue al identificar el
contenido de la demanda de inconstitucionalidad es fijar unos elementos que
informen adecuadamente al juez para poder proferir un pronunciamiento de fondo,
evitando un fallo inhibitorio que torna inocuo el ejercicio de este derecho
político. Esto supone que el demandante de una norma cumpla con una carga
mínima de comunicación y argumentación que ilustre a la Corte sobre la norma
que se acusa, los preceptos constitucionales que resultan vulnerados, el
concepto de dicha violación y la razón por la cual la Corte es competente para
pronunciarse sobre la materia.
La presentación de una demanda de
inconstitucionalidad ante la Corte da inicio a un diálogo entre el ciudadano,
las autoridades estatales comprometidas en la expedición o aplicación de las
normas demandadas y el juez competente para juzgarlas a la luz del Ordenamiento
Superior. Esto supone como mínimo la exposición de razones conducentes para
hacer posible el debate.”[17]
Adicionalmente, se ha insistido por parte de esta
Corporación en que el carácter del estudio de constitucionalidad que realiza de
las normas es abstracto y solo eventualmente sobre una particular
interpretación de la Ley. Lo anterior quiere decir que el objeto sobre el que
recae el control es la ley y no los casos concretos de aplicación de la misma.
Si bien es cierto que la Corte ha reconocido que en la aplicación concreta de
la ley a casos igualmente concretos se puede presentar vulneración de la
Constitución, no lo es menos que ha reiterado también que estos casos son
especiales ya que, por un lado las exigencias al demandante son mayores en la
argumentación de la demanda y por otro la prelación la tienen otras acciones –
que no la acción pública de inconstitucionalidad- cuya naturaleza es
precisamente garantizar el cumplimiento de la Constitución en situaciones
concretas de los ciudadanos.
En el caso concreto, el ciudadano Guillermo Otálora
Lozano plantea un conjunto de argumentos encaminados a establecer la
inconstitucionalidad sobreviniente de la totalidad del Libro III del CPM. En
efecto, alega que (i) la Reforma Constitucional de 2002 no fue únicamente una
modificación  a la parte orgánica de la Carta Política ( artículo 250 Superior
) sino que introdujo nuevas garantías procesales, aplicables a toda clase de procesos
penales en Colombia; (ii) asegura que aquéllas no pueden ser entendidas como
simples reformas a las competencias de la Fiscalía General de la Nación sino
que “son derechos constitucionales fundamentales que ahora hacen parte del
debido proceso penal, ya que consignan diversas obligaciones del Estado
encaminadas a lograr la dignidad humana, al garantizar a las personas un
proceso penal justo”; (iii) que estas nuevas garantías, como son aquellas
de contar con un juicio público, oral, contradictorio y concentrado y con
inmediación de la prueba, así no se encuentren ubicadas en el Capítulo 1,
Título II de la Constitución, no les despoja de su calidad de derechos
fundamentales; (iv) que igualmente, estas nuevas garantías procesales son
aplicables a los procesos que se adelantan ante la justicia penal militar por
cuanto son inherentes a la dignidad humana y asimismo en virtud de la
aplicación de los principios de igualdad ante la ley y unidad de la
Constitución; (v) sostiene que, si bien es cierto que puede haber una
regulación distinta para la Justicia Penal Militar en cuanto a algunas
instituciones procesales, en razón del fuero especial bajo el cual opera, ello
no obsta para que los miembros de la fuerza pública sean juzgados según un
estándar menor de garantías procesales; y (vi) asegura que “si bien el
artículo 250 de la Constitución no se aplica orgánicamente a los miembros de la
Fuerza Pública cuando son juzgados por los delitos cometidos en relación con
actos del servicio, pues la Fiscalía General de la Nación no tiene competencia
sobre ellos, las nuevas garantías contenidas en el mismo se aplican a ellos por
analogía, ya que son derechos fundamentales funcionalmente dirigidos a lograr
la dignidad humana, lo que los hace plenamente aplicables a toda persona, sin
que el hecho de que sus destinatarios hayan activado la justicia penal militar,
o sean juzgados por ella, sea una razón válida para dejar de aplicarlos”.
En pocas palabras, el ciudadano plantea que el Acto
Legislativo 03 de 2002 introdujo nuevos derechos fundamentales aplicables a los
procesos penales adelantados ante la jurisdicción ordinaria, los cuales, en
virtud de los principios de igualdad y de unidad de la Constitución imponen una
interpretación analógica, que extiende el núcleo básico de esas garantías al
proceso penal militar.
Ahora bien, si se analizan los numerosos y
diversos argumentos planteados por el demandante con los requisitos legales mínimos
exigidos para configurar al menos un cargo de inconstitucionalidad, la Corte
concluye que efectivamente el ciudadano si cumplió con aquéllos. En efecto, el
ciudadano plantea un caso de supuesta inconstitucionalidad sobreviniente de
toda la regulación procesal que trae el CPM, expedido en 1999, merced a la
adopción del Acto Legislativo 03 de 2002, con el argumento central de que los
procesos que conozca la justicia penal deben ser rodeados de las garantías
judiciales propias de un sistema procesal acusatorio, en los términos del
artículo 250 Superior. Lo anterior, en virtud de la aplicación de los
principios de igualdad ante la ley y unidad de la Constitución. De igual
manera, la Corte observa que la argumentación planteada por el ciudadano es
clara, suficiente y precisa como para configurar un cargo de
constitucionalidad. En efecto, el ciudadano plantea que el Acto Legislativo 03
de 2002 introdujo nuevos derechos fundamentales aplicables a los procesos
penales adelantados ante la jurisdicción ordinaria, los cuales, en virtud de
los principios de igualdad y de unidad de la Constitución imponen una
interpretación analógica, que extiende el núcleo básico de esas garantías al
proceso penal militar.
Así pues, a efectos de resolver el cargo de
inconstitucionalidad, la Corte (i) analizará las líneas jurisprudenciales que
ha sentado la Corte en materia de estructura y funcionamiento de la justicia
penal militar; (ii) examinará sus pronunciamientos en materia de proceso penal
militar; (iii) estudiará sus principales fallos en relación con el sistema
penal acusatorio; y (iv) resolverá el caso concreto.
3.1. Líneas jurisprudenciales que ha
sentado la Corte en materia de estructura y funcionamiento de la justicia penal
militar.
En
numerosas oportunidades, la Corte se ha pronunciado en relación con la estructura
y funcionamiento de la justicia penal militar.[18] De allí que
se hayan sentado diversas líneas jurisprudenciales en el sentido de que (i) la organización
y funcionamiento de la justicia penal militar necesariamente debe responder a
los principios constitucionales que caracterizan la administración de justicia[19];
(ii) la finalidad esencial del fuero militar es que, dentro de los marcos de la
Constitución, los miembros de la Fuerza Pública estén cubiertos en sus
actividades de servicio por un régimen jurídico penal especial, tanto
sustantivo como procedimental, que sea acorde con la especificidad de la
organización y funcionamiento de la Fuerza Pública[20];
(iii) es coherente que la Constitución exceptúe a la Fiscalía de la justicia
militar, puesto que el fuero militar es de naturaleza penal, pero ello no
implica en manera alguna la exclusión de un organismo de control, como la
Procuraduría General de la Nación, puesto que esa entidad tiene funciones
diversas[21]; (iv) el órgano
jurisdiccional al que se le ha confiado la misión de ejercer la justicia Penal
Militar, aún cuando se presenta como poder jurisdiccional específico, está
sometido a la Constitución al igual que todo órgano que ejerza competencias
estatales…por consiguiente, su organización y funcionamiento necesariamente
debe responder a los principios constitucionales que caracterizan a la
administración de justicia[22]; (v) a pesar de que la
Justicia Penal Militar no forma parte de la estructura orgánica de la Rama
Judicial ella administra justicia respecto de aquellos delitos cometidos por
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo
servicio, debe aceptarse que todas aquellas garantías y principios que
conforman la noción de debido proceso, resultan igualmente  aplicables en esta
jurisdicción especial[23]; (vi) las excepciones
constitucionales, como la del fuero integral, deben interpretarse en forma
restringida, es decir, respecto de ellas debe entenderse que no pueden ser
extendidas por el legislador, porque la regla general, también de rango
constitucional, es la que resulta aplicable a los casos no señalados
expresamente en la norma exceptiva[24]; (vii) la propia Carta
establece que no corresponde a la Fiscalía General sino a la justicia militar
investigar y acusar a los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo que
hayan cometido delitos en relación con el servicio[25];
(viii) es indudable que los jueces de instrucción penal militar tienen una
competencia excepcional, pues sólo pueden investigar los hechos punibles
amparados por fuero militar[26]; (ix) lo que ha hecho el
constituyente con la justicia penal militar no es configurarla como una
jurisdicción especial dentro de la administración de justicia, tal como lo ha
hecho con la jurisdicción indígena o con los jueces de paz, sino tener en
cuenta las particularidades implícitas en los delitos cometidos por miembros de
la fuerza pública en servicio activo y en relación con el servicio y concebir,
en la estructura de ella, un ámbito funcional legitimado para conocer de tales
delitos[27]; (x) es la misma Carta
la que establece una clara diferenciación entre la jurisdicción ordinaria y la
justicia penal militar…mientras aquélla hace parte de la rama judicial, ésta
está adscrita a la rama ejecutiva del poder público, sólo que por voluntad del
constituyente cumple una definida función judicial[28];
(xi) en la estructura del Estado colombiano, la justicia penal militar está
adscrita a la fuerza pública y hace parte de la rama ejecutiva del poder
público… no obstante, administra justicia y así lo reitera el artículo 116
superior… pero el cumplimiento de esta función, si bien la sujeta a los
principios constitucionales que rigen la administración de justicia, no
trastoca su naturaleza, es decir, no hace a la justicia penal militar parte de
la rama judicial del poder público[29]; (xii) aunque en los
fundamentos esenciales de la administración de justicia las garantías
constitucionales deben respetarse con la misma intensidad, nada impide que en
otros campos, en donde las diferencias entre la Jurisdicción Penal Militar y la
ordinaria son relevantes, el legislador disponga regulaciones diferentes[30];
y (xiii) la jurisprudencia ha señalado que la identidad entre la jurisdicción
penal militar y la justicia penal ordinaria no es plena y que, en cambio, entre
ambas jurisdicciones existen distinciones profundas que obligan al legislador a
conferir un trato abiertamente diferenciado.
Más recientemente, la Corte en sentencia C-737 de 2006
sistematizó las líneas jurisprudenciales que ha venido elaborando en lo
concerniente a la estructura y funcionamiento de la justicia penal militar, en
los siguientes términos:
“La facultad para regular todo lo
relacionado con la estructura y funcionamiento de la Justicia Penal Militar ha
sido reservada al legislador, quien ese campo goza de un amplio margen de
configuración política para definir: (i) los comportamientos constitutivos de
delito que de acuerdo con su competencia deben ser conocidos por esa
jurisdicción especial, (ii) los procedimientos especiales que debe regir los
juicios y, en general, (iii) todo lo relacionado con los órganos
específicos que la integran y con su régimen de personal, lo cual incluye la
creación y supresión de cargos, la forma de provisión, permanencia y retiro, y
la fijación de los requisitos y calidades requeridas para el ejercicio de los
mismos (negrillas
agregadas).
Así las cosas, en materia de estructura y
funcionamiento de la justicia penal militar, la cual no hace parte de la Rama
Judicial, el legislador goza de un amplio margen de configuración normativa, el
cual se encuentra limitado por la Constitución y por los tratados
internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad.
3.2. Pronunciamientos en relación con el proceso penal
militar.
La Corte Constitucional, al igual que sucede con la
estructura y funcionamiento de la justicia penal militar, ha elaborado diversas
líneas jurisprudenciales en relación con el proceso penal militar, propiamente
dicho.
Así las cosas, el juez constitucional ha
estimado que (i) para que un delito sea de competencia de la justicia penal
militar  debe existir un vínculo claro de origen entre él  y la actividad del
servicio, esto es, el hecho punible debe surgir como una extralimitación o un
abuso de poder ocurrido en el marco de una actividad ligada directamente a una
función propia del cuerpo armado… pero aún más, el vínculo entre el delito y la
actividad propia del servicio debe ser próximo y directo, y no puramente
hipotético y abstracto…esto significa que el exceso o la extralimitación deben
tener lugar durante la realización de una tarea que en sí misma constituya un
desarrollo legítimo de los cometidos de las Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional[31]; (ii) un delito de lesa
humanidad es tan extraño a la función constitucional de  la Fuerza Pública que
no puede jamás tener relación con actos propios del servicio, ya que la sola
comisión de esos hechos delictivos disuelve cualquier vínculo entre la conducta
del agente y la disciplina y la función propiamente militar o policial, por lo
cual su conocimiento corresponde a la justicia ordinaria… existen conductas
punibles que son tan abiertamente contrarias a la función constitucional de la
Fuerza Pública que su sola comisión rompe todo nexo funcional del agente con el
servicio[32]; (iii) el proceso penal
militar se lleva a cabo en varias instancias, todas ellas ante jueces
diferentes, dependiendo de la naturaleza del proceso, de la categoría del
sujeto procesado y de la actuación procesal correspondiente… en cada una de
estas instancias el Ministerio Público está representado por una autoridad
diferente[33]; (iv) por los delitos
cometidos bajo circunstancias diferentes a las plasmadas en el artículo 221,
los miembros de la fuerza pública serán juzgados por la jurisdicción penal
ordinaria; esto es, cuando dichas conductas se realizan por dicho personal no
estando en servicio activo; o cuando no obstante estar en servicio activo no tienen
relación con el servicio[34]; (v) la regulación legal
de un procedimiento especial en el ámbito de la justicia penal militar es
inconstitucional si desconoce la estructura procesal que permite distinguir con
claridad las etapas de investigación, acusación y juzgamiento y limita el
derecho de defensa del procesado al no señalar, por ejemplo, los recursos que
se pueden presentar contra el auto que niega la práctica de ciertas pruebas[35];
(vi) la posibilidad de crear una regulación penal específica para el estudio y
juzgamiento de las conductas típicas, antijurídicas y culpables cometidas en
relación con el servicio que prestan los miembros de las Fuerzas Armadas y de la
Policía Nacional, que  se funda en la existencia de una clara diferencia
respecto de la naturaleza de la actividad que se regula, el objeto
de la misma y el sentido y alcance de sus disposiciones, también tiene
consecuencias en el plano instrumental…es un elemento esencial para
comprender el contenido del artículo 221 de la Constitución, pues los
principios allí contenidos –que hacen alusión a la existencia del fuero militar
y de tribunales y cortes militares- se concretan en la medida en que existan
normas que describan de manera autónoma los delitos que juzga la jurisdicción
penal militar, las autoridades competentes para juzgarlos y el procedimiento
aplicable en cada evento[36]; (viii) cuando el
auditor de guerra interviene en la etapa de instrucción, y, posteriormente, en
ejercicio de sus funciones como asesor jurídico del juez de primera instancia,
se le pide que elabore el proyecto de fallo, se desconoce el debido proceso y
la separación de las funciones mencionadas… la intervención de este funcionario
en las etapas de investigación, acusación y juzgamiento, amenaza gravemente el
derecho del sindicado a que en las distintas etapas su investigador, su
acusador o juzgador sea un funcionario imparcial… en efecto, cuando el auditor
de guerra ejerce dentro del mismo proceso las funciones de instrucción y de
asesoría para el juzgamiento, ejerce funciones que materialmente inciden tanto
en la etapa de instrucción como en la de juzgamiento, lo cual desconoce la
garantía constitucional del debido proceso que,  en materia penal, exige la
separación de tales etapas y su realización en cabeza de diversas personas con
el fin de garantizar la imparcialidad en la investigación y en el juzgamiento
de la conducta punible[37]; y (ix) se vulnera el
derecho a acceder a la administración de justicia  de las víctimas y
perjudicados con el delito cuya competencia está asignada a la justicia penal
militar, por cuanto de una parte, no pueden acceder a dicha jurisdicción con la
finalidad de obtener la reparación directa de los daños causados y de otra, el
derecho a obtener una decisión judicial que solucione su conflicto en forma
integral, al no tener el derecho a obtener una declaración judicial sobre los
perjuicios ocasionados.[38]
Así las cosas, la jurisprudencia
constitucional en materia de proceso penal militar evidencia la importancia de
dotar a esta variedad de procesos judiciales de las garantías del debido
proceso, en los términos del artículo 29 Superior, no sólo para el sindicado
sino para la víctima.
3.3. Pronunciamientos relevantes de la Corte en
materia de sistema penal acusatorio.
En diversas oportunidades la Corte se ha pronunciado
en relación con el sistema penal acusatorio. Al respecto, esta Corporación ha
indicado los rasgos específicos y característicos del sistema de tendencia
acusatoria[39] diseñado por el Acto
Legislativo 03 de 2002, en especial, señalando sus características
definitorias, en especial, la diferencia entre los funcionarios que desarrollan
labores investigación, acusación y juzgamiento; analizando figuras del mismo
como es el caso del principio de oportunidad[40], los acuerdos
y preacuerdos[41], los derechos de las
víctimas[42], etcétera. De igual
manera, ha estudiado a fondo la figura del juez de control de garantías, la
aplicación del principio de favorabilidad, las capturas llevadas a cabo por la
Fiscalía General de la Nación, al igual que la implementación escalonada del
sistema acusatorio en Colombia.
En cuanto a la justicia penal militar, la Corte en
sentencia C- 591 de 2005 consideró lo siguiente:
“i) Problema jurídico.
La Corte debe establecer si el legislador
violó el artículo 250 constitucional por cuanto determinó que la Fiscalía
General de la Nación no puede investigar a miembros de la Fuerza Pública,
cuando lo que realmente señala la norma constitucional, a juicio de la
demandante, es que respecto a los delitos cometidos por estos funcionarios
públicos no es posible aplicar el principio de oportunidad.
j) Consideraciones de la Corte
Constitucional.
La ciudadana alega que la expresión “Se
exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio
activo y en relación con el mismo servicio” del artículo 30 de la Ley 906 de
2004 vulneraría el nuevo artículo 250 Superior por cuanto, a su juicio, este
último estaría significando que en relación con los miembros de la fuerza
pública se exceptúa es la aplicación del principio de oportunidad más no, como
lo hizo el legislador, la facultad que tiene la Fiscalía para investigarlos.
La totalidad de los intervinientes, al
igual que la Vista Fiscal,  le solicitan a la Corte declarar exequible la
expresión acusada por cuanto la demandante estaría interpretando de manera
errónea e incompleta la Constitución, olvidando por completo lo prescrito en el
artículo 221 de la misma. Adicionalmente, la Comisión Colombiana de Jurista
demanda a esta Corporación declarar exequible la norma acusada, en los términos
de la sentencia C- 358 de 1997.
De igual manera, la Corte considera que el
cargo no está llamado a prosperar, por las razones que pasan a explicarse.
El artículo 221 de la Constitución dispone
que “De los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio
activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes
marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código
Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la
fuerza pública en servicio activo o en retiro”. A su vez, el artículo 2º del
Acto Legislativo 03 de 2002, luego de establecer que la Fiscalía General de la
Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y a realizar
la investigación de los hechos que revistan las características de un delito;
disponer que no podrá suspender, interrumpir ni renunciar a la persecución de
la acción penal, salvo aplicación del principio de oportunidad sometido a
control de legalidad a cargo del juez de control de garantías, agrega que “Se
exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en
servicio activo y en relación con el mismo servicio”.
A primera vista se podría pensar que la
expresión final del primer inciso del artículo 3 del Acto Legislativo 03 de
2002 resultaría ser repetitiva o inocua, dado que el artículo 221 de la
Constitución excluye del ámbito de competencia de la jurisdicción ordinaria los
delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en
relación con el mismo servicio. No obstante lo anterior, estima la Corte que en
virtud del principio del efecto útil según el cual “debe considerarse, de entre
varias interpretaciones de una disposición normativa, aquella que permita
consecuencias jurídicas sobre la que no las prevea, o sobre la que prevea
consecuencias superfluas o innecesarias”[43], es
preciso acordarle un sentido a la mencionada expresión en el contexto de la
reforma al sistema procesal penal.
Cabe recordar, que la Corte se ha
pronunciado en varias oportunidades al respecto de los delitos de que conoce la
justicia penal militar en los términos del artículo 221 de la Constitución. Es
así, como en la sentencia C-358 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, se
precisó lo siguiente:
( … )
En la misma sentencia, la Corte consideró
que “La Constitución no establece que las normas procesales del Código Penal
Militar deban ser idénticas a las del Código de Procedimiento Penal. Si las
disposiciones de la legislación especial garantizan el debido proceso y se
sujetan a la Constitución Política, en principio, no son de recibo las glosas
que se fundamenten exclusivamente en sus diferencias en relación con las normas
ordinarias, salvo que éstas carezcan de justificación alguna. La Constitución
ha impuesto directamente una legislación especial y una jurisdicción distinta
de la común. Por consiguiente, el sustento de una pretendida desigualdad no
podrá basarse en la mera disparidad de los textos normativos. Lo anterior no
significa que toda diferencia adquiera validez por el simple hecho de que se
inserta en una norma especial”.
En efecto, en relación con la expresión “Se
exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio
activo y en relación con el mismo servicio” contenida en el artículo 250
Superior, al encontrarse ubicada luego de la enunciación de los pilares básicos
sobre los cuales se edifica el nuevo sistema de tendencia acusatoria, se
constituye en una excepción constitucional a la aplicación del nuevo sistema
procesal penal para el caso de los delitos de conocimiento exclusivo de la
justicia penal militar.
En otras palabras, una interpretación
sistemática del artículo 221 constitucional con la expresión “Se exceptúan los
delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en
relación con el mismo servicio”, del primer inciso del Acto Legislativo 03 de
2002 conduce a afirmar que la jurisdicción penal ordinaria es incompetente para
conocer de aquellos delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en
servicio activo y en relación con el mismo, y que a su vez, en la
justicia penal militar, si bien deben respetarse los principios generales
consagrados en la Constitución en relación con el debido proceso y las
garantías judiciales, no le resultan igualmente aplicables los principios
enunciados en el primer inciso del artículo 250 constitucional, referidos de
manera particular al sistema procesal penal con tendencia acusatoria.
Es decir, el Acto Legislativo 03 de 2002 no modificó los criterios sentados por
la Corte en la citada sentencia C- 358 de 1997, para delimitar las competencias
entre la justicia ordinaria y la justicia penal militar ( negrillas y
subrayados agregados ).
Ahora bien, el artículo 30 de la Ley 906 de
2004 se encuentra ubicado en el Libro I, Título I “Jurisdicción y competencia”,
lo cual señala que se trata de una disposición mediante la cual se organiza el
funcionamiento de la justicia penal ordinaria; por lo tanto, no guarda relación
alguna, como lo pretende hacer ver la demandante, con el contenido del artículo
250 Superior, en lo que concierne a la aplicación o no del principio de oportunidad
a los miembros de la fuerza pública. Por el contrario, se trata de un simple
desarrollo del artículo 221 constitucional, según cual los delitos cometidos
por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el
mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con
arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar.
En este orden de ideas, la Corte declarará
exequible la expresión “Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la
Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio” de la
Ley 906 de 2004, por el cargo analizado.
De igual manera, la Corte ha insistido en la
aplicación gradual del nuevo sistema penal de tendencia acusatoria en la
justicia penal ordinaria, en los siguientes términos:
Por virtud del mecanismo gradual y sucesivo
de implementación establecido en el artículo 5º del Acto Legislativo, se
presentarán tres (3) etapas distintas en el proceso de materialización del
nuevo sistema acusatorio: (i) entre el momento de la aprobación del Acto
Legislativo y el 1º de enero de 2005, regirá el sistema preexistente; (ii)
entre el 1º de abril de 2005 y el 31 de diciembre de 2008, se presentará una
etapa de transición durante la cual coexistirán los dos sistemas en distintas
regiones del territorio nacional; y (iii) a partir del 31 de diciembre de 2008,
deberá estar en “plena vigencia” el nuevo modelo acusatorio de procedimiento
penal en todo el país[44].
En este orden de ideas, la Corte ha estimado que (i)
el artículo 250 no se aplica a la justicia penal militar; y (ii) mediante el
Acto Legislativo 03 de 2002 se estableció un nuevo sistema procesal penal, cuya
implementación iba a ser gradual, sin perjuicio de la aplicación, cuando sea
pertinente, del principio de favorabilidad penal.
3.4. Análisis del caso concreto.
En el caso concreto el ciudadano Guillermo
Otálora Lozano alega que la totalidad del Libro III del Código Penal Militar
vulnera el artículo 250 Superior por cuanto no consagra las diversas garantías
que allí se establecen, tales como la existencia de un juez de control de
garantías, (encargado de imponer medidas restrictivas del derecho a la libertad
individual, controlar las actividades investigativas realizadas por la Fiscalía
General de la Nación y aplicar el principio de oportunidad), al igual que la
realización de un juicio oral, contradictorio, público y con inmediatez de la
prueba. No comparte la Sala las anteriores afirmaciones, por las razones que
pasan a explicarse.
Como se explicó, la voluntad del constituyente derivado
fue la establecer en Colombia, de manera gradual, un sistema penal acusatorio.
Para tales efectos, mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 fueron reformados
los artículos 116, 250 y 251 Superiores. De igual manera, se dispuso un
artículo transitorio encaminado a crear una Comisión competente para presentar
los proyectos de ley pertinentes para adoptar el nuevo sistema y adelante el
seguimiento de la implementación gradual del sistema, otorgándole asimismo
algunas facultades extraordinarias al Presidente de la República, e igualmente,
se estableció que el legislador tomaría las previsiones para garantizar la
presencia de los servidores públicos necesarios para el adecuado funcionamiento
del nuevo en particular, el traslado de cargos entre la Fiscalía General de la
Nación, la Rama Judicial, la Defensoría del Pueblo, y los organismos que
cumplen funciones de policía judicial, debiendo asegurar el Gobierno Nacional “los
recursos para la implementación gradual del sistema acusatorio y para la
consolidación de un Sistema Nacional de Defensoría Pública.”
En cuanto a la entrada en vigor del sistema, es decir,
su implementación gradual, el constituyente derivado dispuso lo siguiente:
“ARTÍCULO 5o. VIGENCIA. El presente
Acto Legislativo rige a partir de su aprobación, pero se aplicará de acuerdo
con la gradualidad que determine la ley y únicamente a los delitos cometidos
con posterioridad a la vigencia que en ella se establezca. La aplicación del
nuevo sistema se iniciará en los distritos judiciales a partir del 1o. de enero
de 2005 de manera gradual y sucesiva. El nuevo sistema deberá entrar en plena
vigencia a más tardar el 31 de diciembre del 2008.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para que el nuevo sistema previsto en este
Acto Legislativo pueda aplicarse en el respectivo distrito judicial, deberán
estar garantizados los recursos suficientes para su adecuada implementación, en
especial la de la Defensoría Pública. Para estos efectos, la comisión de
seguimiento de la reforma creada por el artículo 4o. transitorio, velará por su
cumplimiento.”
En este orden de ideas, la voluntad del
constituyente derivado no fue aquella de establecer un sistema acusatorio para
todas las jurisdicciones y procesos penales existentes en Colombia de manera
inmediata. De allí que, por ejemplo, los juicios adelantados ante la Corte
Suprema de Justicia o ante el Congreso de la República no fueron modificados, y
coexistente, igualmente, en la justicia ordinaria un sistema acusatorio y otro
mixto, sin perjuicio de la aplicación del principio de favorabilidad penal. De
tal suerte que, contrario a lo sostenido por el demandante, la Corte estima que
no resultan aplicables las interpretaciones analógicas, de carácter general,
entre la justicia ordinaria y la justicia penal militar.
Cabe asimismo señalar que la Corte en sentencia
C- 591 de 2005 señaló que el Acto Legislativo 03 de 2002 introdujo únicamente
cambios en ciertos artículos de la parte orgánica de la Constitución, mas no en
la dogmática. De allí la necesidad de interpretar tales modificaciones a la luz
de determinadas disposiciones constitucionales, en especial, los artículos 6,
15, 28, 29, 30, 31 y 32, e igualmente, por la vía del artículo 93 de la Carta
Política, de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos que prohíben su limitación en estados de excepción.
Así las cosas, en materia de justicia penal
militar está claro que, por decisión expresa del Congreso de la República,
evidenciada en el texto reformado del  artículo 250 Superior, a los procesos
penales que se surten ante aquélla no se les aplicarían las nuevas garantías
procesales del sistema acusatorio. No obstante lo anterior, tomando en
consideración (i) que el Acto Legislativo 03 de 2002 no introdujo cambio alguno
en la parte dogmática de la Carta Política; (ii) que diversos tratados
internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad apuntan a que
en el sistema penal interno se introduzcan ciertas garantías procesales propias
de un sistema acusatorio (vgr. la distinción entre los funcionarios que
investigan, acusa y juzga), cuya adopción apunta a contar con un juicio más
justo para el procesado y la víctima (iii) que la justicia penal militar, si
bien no hace parte orgánicamente de la Rama Judicial, administra justicia; y (iv)
que en materia de derechos civiles y políticos, entre ellos el debido proceso
penal, se aplica igualmente el principio de progresividad, la Corte considera
que el legislador, dentro del margen de configuración normativa de que dispone,
podría introducir algunas de las garantías procesales del sistema acusatorio al
proceso penal militar.
En este orden de ideas, el cargo de
inconstitucionalidad global presentado por el ciudadano contra la totalidad del
Libro III del Código Penal Militar no está llamado a prosperar.
4. Examen sobre los artículos del Código
Penal Militar afectados supuestamente de inconstitucionalidad sobreviniente.
El demandante sostiene que, en virtud de la
entrada en vigor del Acto Legislativo 03 de 2002, diversas disposiciones del
Código Penal Militar se verían afectadas por el fenómeno de la
inconstitucionalidad sobreviniente. Concretamente alude a determinadas disposiciones
legales que regulan los procedimientos relativos a la privación de la libertad
(arts. 509, 519 a 551 del CPM); la obtención del material probatorio (arts. 469
a 490 del CPM); y los procedimientos relativos a la preclusión de la
investigación (arts. 552 a 558 del CPM). La argumentación central del
demandante se apoya entonces en sostener que todas las citadas normas son
contrarias a la Constitución, por cuanto se establecen un modelo de proceso
penal carente de un juez de control de garantías que controle la
constitucionalidad y legalidad de las medidas de intervención en los derechos
fundamentales (vgr. interceptación de comunicaciones, allanamientos, etc.), que
profiera medidas de aseguramiento y ante el cual se deba solicitar la
preclusión de la investigación.
Como se puede observar, el demandante
continúa con la misma línea argumentativa que presentó en relación con la
totalidad del Libro III del CPM, pero en este caso, centrando su atención en
determinadas disposiciones del mismo. La Corte por tanto estima que igualmente
los cargos de inconstitucionalidad presentados, en esta ocasión, ya en concreto
sobre determinadas disposiciones del Libro III del CPM, por una supuesta
inconstitucionalidad sobreviniente derivada de la reforma al artículo 251
Superior, tampoco está llamada a prosperar, en esencia, por las mismas razones
que se expusieron al momento de examinar el cargo global contra el Libro III de
la Ley 522 de 1999.
Así las cosas, la Corte declarará
exequibles, por el cargo analizado, los artículos 469 a 490; 509, 519 a 558 de la
Ley 522 de 1999.
5. Examen sobre los artículos del Código
Penal Militar cuya inconstitucionalidad no dependería de lo dispuesto en el
Acto Legislativo 03 de 2002.
El ciudadano alega que la expresiones “a
quien se atribuya la comisión de un hecho punible”, del artículo 198 del
CPM; “que será el Comandante General de las Fuerzas Militares” del
artículo 235 del CPM; “por el Comandante General de las Fuerzas Militares,
quien la presidirá”, del artículo 237 del CPM; “cuando se le haya recibido
versión al imputado”, del artículo 453 del CPM; al igual que los artículos
201, 511 y 512 de la misma normatividad, si bien no se encuentran viciadas por
el fenómeno de la inconstitucionalidad sobreviniente, vulneran algunas
disposiciones constitucionales. Para mayor claridad, la Corte examinará por
separado cada uno de los artículos y segmentos normativos acusados.
5.1. Examen sobre la constitucionalidad de
la expresión “a quien se atribuya la comisión de un hecho punible”, del
artículo 198 del CPM.
El demandante sostiene que la expresión “a
quien se atribuya la comisión de un hecho punible”, del artículo 198 del
CPM desconoce el principio de la dignidad humana (artículo 1 de la CP), por
cuanto el legislador excluyó inexplicablemente de tal consideración en el
proceso penal a los testigos y a las víctimas. Agrega que “También desconoce
que la dignidad humana se reconoce a toda persona en calidad de tal, sin
considerar que su respeto no puede estar restringido a determinada persona, ya
que la dignidad es predicable de todo individuo de la especie humana. Desconoce
también el derecho a la igualdad de trato, pues todas las personas merecen
igual trato digno por parte de las autoridades”. Cita igualmente como
vulnerados, sin dar mayores explicaciones, el Preámbulo, y los artículos 2, 5 y
13 Superiores.
Los intervinientes consideran que no le
asiste la razón al interviniente, en tanto que la Vista Fiscal considera que la
Corte se debería declarar inhibida para pronunciarse de fondo. Esta Corporación
comparte el concepto del Procurador General por cuanto efectivamente el
demandante no planteó un verdadero cargo de inconstitucionalidad.
En efecto, no se cumplió con el requisito
de especificidad por cuanto el demandante pretende simplemente derivar un
contenido normativo que no es aquel de la norma acusada, ya que esta última, de
ninguna manera dispone que a los demás sujetos procesales se les pueda
desconocer su dignidad humana. En otras palabras, el ciudadano acuerda una
interpretación completamente personal y subjetiva de la norma acusada, por
cuanto, se insiste, ésta no estipula que únicamente al procesado se le
respetará su dignidad humana, sino que, en concordancia con la Constitución y
los tratados internacionales sobre derechos humanos, al procesado se le
respetará su dignidad.
Así las cosas, Corte se inhibirá para
pronunciarse de fondo, por inepta demanda, en relación con la expresión “a
quien se atribuya la comisión de un hecho punible”, del artículo 198 del
CPM.
5.2. Análisis de la constitucionalidad del
artículo 201 del CPM.
El ciudadano sostiene que el artículo 201 del CPM, al
hacer referencia exclusiva a la “Constitución y la ley” excluye a las
otras fuentes del derecho que están incluidas dentro del concepto de “imperio
de la ley” (art. 230 de la CP), porque se refiere a la Constitución y a la
ley formal únicamente. En ese sentido, explica, vulnera el artículo 230
constitucional, tal y como ha sido interpretado por la Corte, que incluye
también dentro del imperio del derecho a las sentencias de constitucionalidad
con efectos erga omnes que fijen una interpretación general de la ley, a los
precedentes vinculantes de la Corte Constitucional y a los de las demás altas
Cortes, “En ese sentido, el artículo 201 es inconstitucional por omisión
legislativa relativa”.
Los intervinientes consideran que no le
asiste razón al demandante, en tanto que la Vista Fiscal estima que esta
Corporación debe declararse inhibida para fallar de fondo por inepta demanda. La
Corte comparte la opinión del Jefe del Ministerio Público, por razones que
pasan a explicarse.
El artículo 230 Superior dispone que “Los
jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La
equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina
son criterios auxiliares de la actividad judicial”; por su parte, la norma
acusada reza “los funcionarios judiciales en sus providencias sólo están
sometidos al imperio de la Constitución y de la ley. La equidad, la
jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son
criterios auxiliares de la actividad judicial”. Adviértase, desde ya, que
el legislador prácticamente transcribió el contenido de una disposición constitucional,
precisando, por lo demás, el sometimiento de los jueces a la Constitución
misma.
En ese orden de ideas, la argumentación
planteada por el demandante no termina de configurar un cargo de
inconstitucionalidad por cuanto no evidencia una oposición real entre la norma
legal acusada y un artículo específico de la Constitución. Tales carencias, por
lo demás, son mas notorias en el presente caso dado que el legislador, como se
indicó simplemente reprodujo el texto constitucional.
Así las cosas, la Corte se declarará
inhibida de fallar en relación con el artículo  201 de la Ley 522 de 1999, por
inepta demanda.
5.3. Examen sobre la constitucionalidad de
las expresiones “que será el Comandante General de las Fuerzas Militares”
del artículo 235 del CPM; “por el Comandante General de las Fuerzas
Militares, quien la presidirá”, del artículo 237 del CPM.
El ciudadano estima que, el legislador al disponer los
artículos 235 y 237 del CPM que el Comandante de las Fuerzas Militares hará parte
del Tribunal Superior Militar, desconoció los artículos 228 y 230 Superiores.
En tal sentido, argumenta que la autonomía judicial no
se aplica únicamente a la Rama Judicial, en sentido estricto, sino a toda
persona que administre justicia. De igual manera, la separación de funciones de
mando y jurisdicción ha sido considerada un desarrollo de la autonomía
judicial. Cita al respecto, lo decidido en sentencias C-361 de 2001 y C-740 de
2001.
Así las cosas, según el demandante, resulta
inadmisible que un mismo funcionario ejerza, al mismo tiempo, funciones de
comando de las Fuerzas Militares y las funciones de administración de justicia.
Al respecto aclara que las disposiciones acusadas podrían haber sido
consideradas admisibles cuando el Comandante General de las Fuerzas Militares
ejercía funciones puramente administrativas y de coordinación entre las tres
fuerzas, con lo cual carecía de una verdadera función de mando. Sin embargo, en
los últimos años han surgido nuevas organizaciones al interior de las Fuerzas
Militares, que le dan mando directo al Comando General, tales como los GAULAS
militares, la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas (AFEUR), los comandos
conjuntos y la Fuerza de Tarea Omega, encargada de desarrollar el Plan
Patriota.
Por su parte, Gustavo Gallón Giraldo, Director de la
Comisión Colombiana de Juristas, coadyuva la demanda. Sostiene que las
expresiones acusadas vulneran los principios de independencia e imparcialidad
de la justicia consagrados en el artículo 228 constitucional y en los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Afirma que
vulneran asimismo el principio de separación de poderes públicos. Así las
cosas, argumenta que es contrario a la Constitución que el Comandante de las
Fuerzas Militares haga parte de un órgano judicial, y mucho más que lo presida,
porque él es nombrado por el Presidente de la República y se encuentra
subordinado al mismo, lo cual no garantiza la independencia de la Rama
Judicial.
La Vista Fiscal, por el contrario, indica que si bien
el Comandante General de las Fuerzas Militares pertenece al Tribunal Superior
Militar, no tiene funciones de juzgamiento, como sí sucede con los Magistrados
que integran las Salas de Decisión de esa Corporación.
Sobre el particular señala que, de conformidad con
varias disposiciones del CPM, el Comandante General de las Fuerzas Militares
ejerce el mando de las fuerzas, pero en materia de justicia penal militar no
investiga, acusa ni juzga a personal militar, es decir, no confluyen en él
funciones de mando y jurisdicción. Se trata, en consecuencia, de una labor
meramente administrativa mas no judicial.
Pues bien, la Corte observa, en primer lugar que el
demandante sólo estructuró un cargo de inconstitucionalidad en relación con la
supuesta vulneración del artículo 228 Superior, por cuanto, si bien alude al
artículo 230 constitucional, no desarrolla realmente argumentación alguna al
respecto.
Así las cosas, esta Corporación debe examinar si el
legislador vulneró el principio de autonomía judicial por el haber dispuesto
que el Comandante General de las Fuerzas Militares oficiará como Presidente del
Tribunal Superior Militar (artículo 235 del CPM) y que hará parte igualmente de
su Sala Plena (art. 237 del CPM).
Así las cosas, la Corte debe examinar, en primer
lugar, cuáles son realmente las funciones que desempeña el Comandante General
de las Fuerzas Militares en relación con el Tribunal Superior Militar.
Así pues, el artículo 235 del CPM establece que el
Tribunal Superior Militar estará conformado por su Presidente, “que será el
Comandante General de las Fuerzas Militares”, por el Vicepresidente y por
los Magistrados de las Salas de decisión. A renglón seguido, indica que “El
Presidente tendrá las atribuciones que fija la ley para los Presidentes de
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y dará posesión a los empleados que
nombre el Tribunal Superior Militar.” Por su parte, en el artículo 236 del
CPM se establece que las Salas de Decisión estarán conformadas por tres Magistrados
cada una, “presididas por el ponente respectivo. Las decisiones se tomarán por
mayoría de votos; el disidente salvará el voto en forma motivada dentro de los
dos (2) días siguientes a la decisión.”
El artículo 237 del CPM, a su vez, establece que la
Sala Plena del Tribunal Superior Militar, estará integrada por el Comandante
General de las Fuerzas Militares, quien la presidirá y los magistrados de
la corporación, sesionará una vez por mes de manera ordinaria y,
extraordinariamente por convocatoria del Presidente de la corporación. Las
determinaciones de esta Sala se tomarán por mayoría absoluta. A continuación
dispone que “Corresponde a la Sala Plena nombrar al Vicepresidente, a la
Sala de gobierno, a los empleados subalternos de la corporación, dictar el
reglamento interno del Tribunal y las demás funciones que le señale la ley y
los reglamentos.”
Del anterior recuento normativo, la Corte encuentra
que si bien el Comandante General de las Fuerzas Militares preside el Tribunal
Superior Militar e integra la Sala Plena del mismo, realmente no ejerce
funciones jurisdiccionales sino administrativas. En efecto, las funciones que
desempeña el mencionado servidor público son las mismas que desarrolla un
Presidente de un Tribunal Superior de Distrito Judicial, en los términos de la
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. No se presenta, por tanto,
una coincidencia entre las funciones de mando y el ejercicio de la
jurisdicción, como lo alega el demandante.
Aunado a lo anterior, es preciso tomar en
consideración que la Corte en sentencia C-473 de 1999 declaró exequibles
algunas disposiciones del Código Penal Militar de 1988, según las cuales no
vulneraba la autonomía de la Rama Judicial el hecho de que el Comandante
General de las Fuerzas Militares hiciese parte de las Salas de Decisión del
Tribunal Superior Militar. En palabras de la Corte:
“En efecto, la demandante aduce que la
intervención del Comandante General en ese Tribunal atenta contra el principio
de autonomía e independencia que caracteriza a la administración de justicia
consagrados por los artículos 228 y 230 de la Carta Fundamental.  Igualmente,
considera que los miembros de la Fuerza Pública, al hacer parte de la rama
ejecutiva del poder público, no pueden ejercer función jurisdiccional .
Si bien es cierto que los miembros de la
Fuerza Pública pertenecen a la Rama Ejecutiva del Poder Público, también lo es
que por disposición expresa del artículo 221 de la Constitución, se ha admitido
que aquéllos puedan ejercer función jurisdiccional. Es más, es preciso anotar,
que no existen funciones estatales puras, en la medida en que es posible que
una rama del poder, además de las funciones que le son propias puede cumplir
otras que pertenecen a otras ramas. De este modo se hace efectivo el principio
de la colaboración armónica que consagra el artículo 113 del ordenamiento
superior.
( … )
De lo anterior se deduce, que es indudable
que los miembros de la Fuerza Pública están habilitados constitucionalmente
para ejercer función jurisdiccional. En tal virtud, se ajustan a la
Constitución los preceptos antes mencionados, en cuanto asignan dicha función
tanto al Comandante de las Fuerzas Militares, en su condición de Presidente del
Tribunal Militar, como a los funcionarios a los cuales se les atribuye la
condición de jueces de primera instancia en la justicia penal militar.
En cuanto a la violación del principio de
la autonomía e independencia que rige la administración de justicia, considera la
Corte que el propio Constituyente al regular la institución del fuero militar
en el artículo 221 evaluó que dicho principio no se afectaba por la
circunstancia de que los tribunales militares y las cortes marciales estuvieran
integrados por miembros de la Fuerza Pública, mas aún cuando las actuaciones de
éstos están amparadas por el principio de la buena fe, según se deduce de los
antecedentes de los debates que tuvieron lugar en el Congreso con motivo de la
aprobación del Acto Legislativo[45].
Así las cosas la Corte declarará exequibles las
expresiones “que será el Comandante General de las Fuerzas Militares”
del artículo 235 del CPM; “por el Comandante General de las Fuerzas
Militares, quien la presidirá”, del artículo 237 del CPM, por el cargo
examinado.
5.4. Análisis sobre la constitucionalidad
de la expresión “cuando se le haya recibido versión al imputado”, del
artículo 453 del CPM.
Asegura el ciudadano que el artículo 453 del CPM
establece la reserva de la indagación preliminar, como regla general,
exceptuando el derecho que tiene la defensa a conocerla. Sin embargo,
condiciona el ejercicio de dicho derecho a que haya sido recepcionada versión
al imputado, lo cual impide dicho conocimiento con antelación, vulnerándose así
el derecho de defensa. En apoyo de su argumentación cita la sentencia C-096 de
2003.
Explica que aunque la doctrina
constitucional está referida al proceso ordinario anterior al sistema
acusatorio, y no penal militar, no existe razón suficiente para que hacer
distinciones en materia de derecho de defensa. Así pues, “el derecho de
defensa, como parte del núcleo esencial del debido proceso, está funcionalmente
dirigido a salvaguardar la dignidad humana del procesado, de la cual no se es
despojada la persona por el solo hecho de pertenecer a la Fuerza Pública y ser
sospechoso
La Vista Fiscal, por su parte, solicita a la Corte
declarar la exequibilidad condicionada del artículo 453 de la Ley 522 de 1999,
bajo el entendido que antes de la recepción de la versión libre debe informarse
al investigado sobre el delito que se le atribuye, así como permitirle conocer
los fundamentos probatorios de dicha imputación específica. La Corte comparte
la postura de la Vista Fiscal, por las razones que pasan a explicarse.
Esta Corporación en sentencia C- 096 de 2003 declaró
exequible la expresión “que rindió versión preliminar” del artículo 323
de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que antes de la recepción de la
versión preliminar debe informarse al investigado sobre el delito que se le
imputa, así como permitirle conocer los fundamentos probatorios de dicha
imputación específica. Las razones que llevaron a la Corte a adoptar tal
decisión fueron las siguientes:
“Así las cosas, la restricción impuesta al
imputado para acceder a las diligencias penales debe analizarse en el contexto
de las mencionadas decisiones, con miras a garantizar una interpretación
coherente e integral del orden jurídico.
En el presente caso, la norma que
condiciona el acceso a las diligencias adelantadas en la investigación previa a
que el imputado haya rendido versión preliminar, con el objeto de asegurar los
intereses generales de la reserva de la investigación penal y la eficacia de la
administración de justicia en la investigación de los delitos, colisiona con la
garantía constitucional de los derechos del investigado, cuyo ejercicio debe
poder hacerse incluso antes de su vinculación formal al proceso mediante
indagatoria o declaratoria de persona ausente. Armonizados los derechos e
intereses en juego mediante una interpretación armónica del texto
constitucional, la Corte encuentra que la expresión acusada sólo es exequible
en el entendido de que antes de la recepción de la versión preliminar debe
informarse al investigado sobre el delito que se le imputa, así como los
fundamentos probatorios de dicha imputación específica. Se llega a esta
conclusión con fundamento en las siguientes razones:
a. La reserva de las diligencias
adelantadas durante la investigación preliminar en materia penal está
constitucionalmente justificada. En efecto, la Corte sostuvo en ocasión
anterior lo siguiente:
“(D)adas las condiciones bajo las cuales se
rinde la versión libre y la indagatoria, no resulta desproporcionado someter el
derecho pleno de defensa a su práctica, pues el mínimo costo que ello implica,
se justifica ampliamente en las razones de prudencia y eficacia que explican la
existencia de tal condicionamiento.
No sobra indicar que, naturalmente, si el
implicado tuvo la oportunidad de rendir versión libre y espontánea, al momento
de la indagatoria tendrá conocimiento de los cargos que se le imputan y de las
pruebas que en su contra reposan en el expediente. Inclusive, si el implicado
evade la acción de la justicia y se niega a rendir indagatoria, tendrá derecho
a una defensa técnica con acceso al expediente, a partir del momento de su
vinculación a través de la declaratoria de persona ausente. Desde entonces podrá
ejercer plenamente el derecho a la defensa técnica.”[46]
b. Por otra parte, la Corte ha sostenido
que constituye garantía procesal de rango constitucional el derecho a conocer
oportunamente la investigación que se adelanta al imputado: “El derecho a la
presunción de inocencia, (...) se vulnera si no se comunica oportunamente la
existencia de una investigación preliminar a la persona involucrada en los
hechos, de modo que ésta pueda, desde esta etapa, ejercer su derecho de defensa
conociendo y presentando las pruebas respectivas.”[47]
El derecho de defensa supone que el investigado tenga conocimiento oportuno de
la investigación que se le adelanta, de forma que le sea posible controvertir
los elementos probatorios en su contra. De lo contrario, cuando existe una
vinculación manifiestamente tardía del imputado al proceso, se puede llegar a
configurar una nulidad cuando se demuestre una violación de los principios de
contradicción, legalidad, igualdad de oportunidades y publicidad de la prueba.
c. El investigado tiene derecho
constitucional a conocer de la imputación específica en su contra y de los
elementos probatorios en que se funda desde el momento mismo de la existencia
de tal imputación. Este derecho se encuentra contenido en el derecho
constitucional a la defensa y al debido proceso y conlleva el deber correlativo
del Estado de llamar al investigado a rendir indagación preliminar tan pronto
obren imputaciones penales en su contra. En consecuencia, está
constitucionalmente prohibido oír al investigado en versión libre sin que
previamente se le haya informado sobre el delito concreto por el que se le
investiga y sobre las pruebas que existen en su contra. Ello porque el derecho
a la defensa (artículo 29 C.P.), el principio de no autoincriminación (artículo
33 C.P.) y el principio de la buena fe que debe regir todas las actuaciones de las
autoridades (artículo 83 C.P.) así lo exigen.[48]
En efecto, para que la versión preliminar
constituya un medio de defensa del investigado éste ha de conocer los hechos
por lo cuales está rindiendo dicha versión. Sería contrario a “la igualdad de
armas” que el Estado conociera todo lo que obra en contra de una persona, pero
que ésta, al rendir versión preliminar, no pudiera saber qué se le imputa y en
qué se basa dicha imputación. También sería incompatible con dicho principio
que la investigación pudiera adelantarse indefinidamente de manera reservada,
incluso después de que se puede configurar una imputación específica con base
en pruebas sólidas, hasta que el Estado, representado por el fiscal competente,
decida que ya existe mérito suficiente para llamar a indagatoria o, inclusive,
para acusar. Ello no se ajustaría al principio de la buena fé que exige un
mínimo de lealtad procesal. Esto es especialmente relevante en un sistema penal
donde el fiscal debe investigar tanto lo desfavorable como lo favorable (artículo
250, último inciso, C.P.). Además, el goce efectivo del derecho a la no
autoincriminación depende de que el investigado conozca, antes de rendir
versión preliminar, cuál es la conducta que específicamente se le imputa así
como el fundamento de dicha imputación. Sin esa información mínima, el riesgo
de autoincriminación es demasiado elevado.[49]
Lo anterior no significa que la Fiscalía no
tenga la potestad de construir autónomamente un expediente que refleje la
realidad de lo ocurrido, adoptando las medidas necesarias para impedir que
dicha labor probatoria se vea afectada por la destrucción u ocultamiento de
pruebas sobre los hechos o la posible responsabilidad de los implicados. El
Estado, por intermedio de los fiscales debe poder llevar a cabo una
investigación penal tendiente a establecer los hechos punibles y la
responsabilidad de sus actores, todo ello dentro del respeto a las reglas y
principios que aseguran el goce efectivo del derecho de defensa. En
consecuencia, el Estado en cabeza de la Fiscalía puede construir el expediente
sin necesidad de revelar inmediatamente después de haber sido practicada, el
contenido de cada prueba. Pero ello no implica que pueda sustraerse el material
probatorio del conocimiento de la defensa cuando el acceso a las pruebas es
necesario para que se pueda ejercer cabalmente el derecho de defensa. En cada
caso, el correspondiente fiscal deberá apreciar las circunstancias que han
llevado a iniciar una investigación penal de forma que decida oportunamente
sobre el llamamiento del implicado a rendir versión libre. No es posible
señalar cuando ha llegado el momento oportuno para llamar al investigado a
rendir versión preliminar. Ello ha de ser valorado en cada caso por el
funcionario judicial competente. No obstante, es necesario precisar lo
siguiente:
Primero, que el ejercicio legítimo de la
función de investigar los delitos no comprende, entonces, el poder de adelantar
la investigación a espaldas del imputado hasta acopiar las pruebas suficientes
para dictar resolución de acusación, con el fin de que sólo entonces, para
cumplir una formalidad, el investigado sea llamado a rendir versión preliminar
o indagatoria para vincularlo al proceso cuando éste ya se ha adelantado sin
que el imputado pueda ejercer oportunamente sus derechos constitucionales.
Segundo, que para que al investigado se le
pueda imputar una conducta punible, es necesario que se reúnan los fundamentos
no solo de derecho sino también de hecho establecidos en las leyes vigentes.
Las normas relevantes del Código de Procedimiento Penal establecen, por
ejemplo:
( … )
De tal manera que antes de efectuar la
imputación, el funcionario judicial competente debe valorar si las pruebas son
suficientes para ello y, si no lo son, puede continuar con la investigación con
el fin de aclarar si puede o no llamar al investigado a responder a una
imputación concreta. Ello también contribuye a garantizar el ejercicio del
derecho de defensa puesto que el imputado podrá defenderse de unos cargos
preliminares, pero claros, específicos y adecuadamente fundados en pruebas
allegadas al proceso.
En resumen, la Corte encuentra que si bien
es constitucionalmente posible establecer en materia penal la reserva de las
diligencias que se adelanten durante la etapa de investigación preliminar, el
imputado tiene derecho a conocer de la imputación específica que existe en su
contra y de los fundamentos probatorios que la respaldan, antes de rendir
versión preliminar. En consecuencia, la Corte procederá a declarar la
exequibilidad condicionada de la expresión “que rindió versión preliminar” en
el entendido de que antes de la recepción de la versión preliminar debe
informarse al investigado sobre el delito que se le imputa, así como permitirle
conocer los fundamentos probatorios de dicha imputación específica.
En el presente caso, la Corte estima que
existen las mismas razones de derecho para condicionar la constitucionalidad de
la norma del Código Penal Militar. En efecto, a pesar de tratarse de dos
jurisdicciones distintas, estructuradas de manera diferente y reguladas por
estatutos procesales propios, también lo es que el artículo 29 Superior,
contentivo del derecho de defensa, en armonía con los tratados internacionales
sobre derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, resulta
aplicable a los procesos que adelante la  justicia penal militar. De tal suerte
que ante la justicia penal militar, al igual que sucede en la ordinaria, a la
persona investigada le asiste el derecho a ser informado sobre el delito que se
le imputa, así como permitirle conocer los fundamentos probatorios de dicha
imputación específica.
En este orden de ideas, la Corte declarará exequible
el artículo 453 de la Ley 522 de 1999, en el entendido de que antes de la
recepción de la versión preliminar debe informarse al investigado sobre el
delito que se le imputa, así como permitirle conocer los fundamentos
probatorios de dicha imputación específica.
5.5. Examen sobre la constitucionalidad de
los artículos 511 y 512 del CPM.
El ciudadano sostiene que los artículos 511
y 512 de la Ley 522 de 1999 autorizan al juez para ordenar la privación de la
libertad del investigado discrecionalmente, violándose así el principio de
legalidad, que con fundamento en el artículo 28 constitucional exige que la ley
señale previamente los motivos por los cuales procede dicha medida. Tales
disposiciones, afirma, tampoco establecen la finalidad de la orden de captura,
por lo que el funcionario carece de parámetros para establece cuándo procede.
En apoyo a su argumentación cita la sentencia C- 774 de 2001.
Los intervinientes sostienen que no le
asiste razón al demandante, en tanto que la Vista Fiscal conceptúa que la Corte
debe declararse inhibida por inepta demanda.
La Corte igualmente considera que el
ciudadano no estructuró un verdadero cargo de inconstitucionalidad, por las
razones que pasan a explicarse.
Como se ha explicado, las razones expuestas
por el demandante deben ser específicas, ciertas y claras, en el sentido de mostrar
que realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de
la ley y el texto de la Constitución Política, e igualmente, recaer sobre una
proposición jurídica real y existente y no simplemente sobre una deducida por
el actor, o implícita. En el presente caso, el ciudadano no aclara realmente,
con la necesaria suficiencia, las razones por las cuales existiría una
oposición real entre dos figuras procesales distintas, como son la captura
facultativa y la citación para indagatoria, con el artículo 28 Superior.
De igual manera, la argumentación del ciudadano
resulta ser insuficiente en cuanto el artículo 28 constitucional alude al
derecho fundamental a la libertad individual, en tanto que el artículo 512 del
CPM regula lo referente a la citación para indagatoria disponiendo, por lo
demás, que “Recibida la indagatoria, en el caso de los numerales 2, 3 y 4 de
este artículo, será puesto inmediatamente en libertad por auto de
sustanciación.” De igual manera, no demuestra la supuesta arbitrariedad
existente en materia de captura facultativa (art. 511 del CPM) ya que el mismo
legislador establece unos parámetros objetivos y claros para la operancia de
aquélla, en el sentido de que debe tratarse de un delito cuya pena de prisión
sea o exceda de dos (2) años o se investiguen delitos que atenten contra el
servicio, la disciplina, el honor, o cuando se haya proferido en contra de la
persona que deba ser indagada medida de aseguramiento, de caución o detención
en otro proceso. En otras palabras, el demandante no logra demostrar las
razones por las cuales la regulación que hace el Código Penal Militar de la
figura de la captura facultativa vulnera el derecho a la libertad personal,
tanto más y en cuanto la norma legal sí establece unas causales de procedencia
de la misma y unas formalidades como lo es la expedición de una orden escrita
por parte del funcionario judicial competente. Otro tanto puede decirse de la
citación para indagatoria, la cual igualmente se encuentra regulada de manera
detallada y precisa en el artículo 512 del CPM.
En este orden de ideas, la Corte se
declarará inhibida para fallar en relación con los artículos 511 y 512 de la
Ley 522 de 1999, por inepta demanda.
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.
Declarar EXEQUIBLE el Libro III de la Ley 522 de 1999, por el cargo
analizado.
SEGUNDO.
Declarar EXEQUIBLES  los artículos 469 a 490; 509, 519 a 558 de la Ley 522 de
1999, por el cargo analizado.
TERCERO. Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo, por inepta
demanda, en relación con la expresión “a quien se atribuya la
comisión de un hecho punible”, del artículo 198 de la Ley 522 de 1999.
CUARTO. Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo, por inepta
demanda, en relación con el artículo 201 de la Ley 522 de 1999.
QUINTO. Declarar EXEQUIBLES las expresiones “que será el Comandante
General de las Fuerzas Militares” del artículo 235 del CPM; “por el
Comandante General de las Fuerzas Militares, quien la presidirá”, del
artículo 237 del CPM, por el cargo examinado.
SEXTO. Declarar EXEQUIBLE el artículo 453 de la Ley 522 de 1999, en
el entendido de que antes de la recepción de la versión preliminar debe
informarse al investigado sobre el delito que se le imputa, así como permitirle
conocer los fundamentos probatorios de dicha imputación específica.
SEPTIMO. Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo, por inepta
demanda, en relación con los artículos 511 y 512 de la Ley 522 de 1999.
Cópiese, notifíquese,
publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA
ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
IMPEDIMENTO ACEPTADO
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON ELIAS PINILLA
PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Cfr. Corte Constitucional, Auto del 29 de julio de
1997, expediente D-1718.
[2] Cfr., entre varios, los Autos de Sala Plena 244 de
2001  y de 2001. En dichas oportunidades la Corte, al resolver el recurso de
súplica presentados por los actores, confirmó los autos en los que se inadmitió
la demanda por no presentar razones “específicas, claras, pertinentes y
suficientes”.
[3] Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-898 de 2001. La
Corte se inhibió de conocer la demanda contra algunos apartes de los artículos
186, 196, 208 y 214  del Decreto 1355 de 1970 por ineptitud en la demanda.
[4]
Cfr Corte Constitucional Sentencia C-143 de 1993. Estudió la Corte en aquella
ocasión la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16 y 20 de la
Ley 3a de 1986, 246, 249 y
250 del Decreto 1222 de 1986. En el mismo sentido puede consultarse la
Sentencia C-428 de 1996
[5] Así, por ejemplo en la Sentencia C-362 de
2001; la Corte también se inhibió de conocer la demanda contra Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 5º del Decreto 2700 de 1991, pues “del
estudio más detallado de los argumentos esgrimidos por el demandante, como
corresponde a la presente etapa procesal, puede deducirse que los cargos que se
plantean aparentemente contra la norma atacada no lo son realmente contra
ella”.
[6]
Sentencia C-504 de 1995. La Corte se declaró inhibida para conocer de la
demanda presentada contra el artículo 16, parcial, del Decreto 0624 de 1989
“por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados
por la Dirección General de Impuestos Nacionales”, pues la acusación carece de
objeto, ya que alude a una disposición no consagrada por el legislador.
[7] Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-1544 de 2000. La
Corte se inhibe en esta oportunidad proferir fallo de mérito respecto de los
artículos 48 y 49 de la Ley 546 de 1999, por presentarse ineptitud sustancial
de la demanda, debido a que el actor presentó cargos que se puedan predicar de
normas jurídicas distintas a las demandadas. En el mismo sentido C-113 de 2000,
C-1516 de 2000, y C-1552 de 2000.
[8]
En este mismo sentido pueden consultarse, además de las ya citadas, las
sentencias C-509 de 1996, C-1048 de 2000, C-011 de 2001, entre otras.
[9]
Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-568 de 1995. La Corte se declara inhibida
para resolver la demanda en contra de los artículos 125, 129, 130 y 131 de la
Ley 106 de 1993, puesto que la demandante no estructuró el concepto de la
violación de los preceptos constitucionales invocados.
[10] Estos son los defectos a los cuales se ha referido la
jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de
inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación.
Cfr. los autos 097 de 2001 y 244 de 2001 y las sentencias C-281 de 1994, C-519
de 1998, C-013 de 2000, C-380 de 2000, C-177 de 2001, entre varios
pronunciamientos.
[11] Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-447 de 1997. La
Corte se declara inhibida para pronunciarse de fondo sobre la
constitucionalidad del inciso primero del artículo 11 del Decreto Ley 1228 de
1995, por demanda materialmente inepta, debido a la ausencia de cargo.
[12] Cfr. la Sentencia C-447 de 1997, ya citada.
[13]
Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-504 de 1993. La Corte declaró exequible
en esta oportunidad que el Decreto 100 de 1980 (Código Penal). Se dijo,
entonces: “Constituye un error conceptual dirigir el cargo de
inconstitucionalidad contra un metalenguaje sin valor normativo y, por tanto,
carente de obligatoriedad por no ser parte del ordenamiento jurídico. La
doctrina penal es autónoma en la creación de los diferentes modelos penales. No
existe precepto constitucional alguno que justifique la limitación de la
creatividad del pensamiento doctrinal - ámbito ideológico y valorativo por
excelencia -, debiendo el demandante concretar la posible antinomia jurídica en
el texto de una disposición que permita estructurar un juicio de
constitucionalidad sobre extremos comparables”. Así, la Corte desestimaba
algunos de los argumentos presentados por el actor que se apoyaban en teorías
del derecho penal que reñían con la visión contenida en las normas demandadas y
con la idea que, en opinión del actor, animaba el texto de la Constitución.
[14] Cfr. Ibíd. Sentencia C-447 de 1997.
[15]
Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-269 de 1995. Este fallo que se encargó de
estudiar la Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 61 de 1993 artículo
1° literales b y f, es un ejemplo de aquellos casos en los cuales la Corte
desestima algunos de los cargos presentados por el actor, puesto que se limitan
a presentar argumentos de conveniencia.
[16]
Son estos los términos descriptivos utilizados por la Corte cuando ha
desestimado demandas que presentan argumentos impertinentes a consideración de la
Corte. Este asunto también ha sido abordado, además de las ya citadas, en la
C-090 de 1996, C-357 de 1997, C, 374 de 1997 se desestiman de este modo algunos
argumentos presentados por el actor contra la Ley 333 de 1996 sobre extinción
de dominio, C-012 de 2000, C-040 de 2000, C-645 de 2000, C-876 de 2000, C-955
de 2000 C-1044 de 2000, C-052 de 2001, C-201 de 2001.
[17] Sentencia C-1052 de 2001.
[18] Entre muchas otras, ver las siguientes sentencias: C-
676 de 2001; C- 740 de 2001; C- 1262 de 2001; C- 709 de 2002; C- 182 de 2003;
C- 243 de 2003; C- 879 de 2003; y C- 737 de 2006.
[19] Sentencia C- 141 de 1995.
[20] Sentencia C- 399 de 1995.
[21] Ibídem.
[22] Sentencia C- 047 de 1996.
[23] Sentencia C- 361 de 2001.
[24] Ibídem.
[25] Sentencia C- 1054 de 2001.
[26] Ibídem.
[27] Sentencia C- 457 de 2002.
[28] Ibídem.
[29] Sentencia C- 879 de 2003.
[30] Sentencia C- 171 de 2004.
[31] Sentencia C- 358 de 1997.
[32] Ibídem.
[33] Sentencia C- 047 de 1996.
[34] Sentencia C- 1149 de 2001.
[35] Sentencia C- 178 de 2002.
[36] Ibídem.
[37] Sentencia C- 182 de 2003.
[38] Sentencia C- 1141 de 2001.
[39] Sentencia C- 873 de 2003 y C- 209 de 2007.
[40] Sentencia C- 209 de 2007.
[41] Sentencia C- 210 de 2007.
[42] Sentencia C- 454 de 2006.
[43] Sentencia C- 569 de 2004.
[44] Sentencia C- 873 de 2003.
[45] Gacetas del Congreso, año IV- No. 75.5 de
mayo de 1995, intervención del ponente Germán Vargas Lleras.
[46] Corte Constitucional, Sentencia C-475 de 1997.
[47] Corte Constitucional, Sentencia C-412 de 1993.
[48] La Corte advierte que los instrumentos
internacionales de derechos humanos establecen la obligación de informar
siempre a la persona detenida, desde el momento de su detención, “de las
razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra
ella” (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9 numeral
2; Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa
Rica, artículo 7 numeral 4). La regulación de los derechos del investigado en
la etapa de investigación preliminar varia en cada sistema. Se trata de un
asunto atinente a la política criminal dentro del respeto a los derechos
constitucionales del investigado. A manera puramente ejemplificativa cabe
mencionar algunos países. Así, en Estados Unidos el derecho de defensa y el
derecho a la no autoincriminación obliga inclusive a las autoridades de policía
a informarle al arrestado cuáles son sus derechos, en especial, a advertirle
que puede guardar silencio, que lo que diga puede ser usado en su contra y que
tiene derecho a un abogado antes de ser interrogado. Así ha sido, por ejemplo,
desde el caso célebre Miranda v. Arizona (384 U.S. 436 (1966). Cuando una
persona es llevada ante el juez, éste debe informarle del cargo preliminar en
su contra, del derecho que tiene a ser escuchado en una audiencia y del derecho
a ser asistido por un abogado (Ronald L. Carlson. Criminal Justice Procedure. W.H. Anderson Company. Cincinnati,
1999 (6ª. Ed), p. 9. En
Francia, la puesta en examen de un investigado por el juez, cuando ello
envuelve el ejercicio de poderes estatales de coerción, debe estar acompañada
de una información de los hechos por los cuales la persona está siendo
investigada así como de la manifestación de que ésta puede ser asistida por un
abogado y puede solicitar que se investiguen ciertos hechos conducentes a su
defensa (Mireille Delmas-Marty ed. Procédures
pénales d’ Europe. PUF, París,
1995, pág 245-246). En Alemania, durante la fase preparatoria del proceso el
investigado tiene derecho a ser escuchado y a conocer y contradecir las pruebas
invocadas en su contra y a ser informado de que tiene derecho a guardar
silencio (Idem, p.89). En Bélgica, a raíz de un fallo de la Corte Europea de
Derechos Humanos (Caso Lamy c/Bélgica; 30 de marzo de 1989, serie A, N° 184),
tanto el abogado como el imputado, durante la fase preparatoria, tienen derecho
a acceder al expediente con miras a ejercer el derecho de defensa (M.Delmas-
Marty, op. cit., p.476). Las  diferencias entre éstos y otros países obedecen
principalmente al sistema de investigación penal imperante – acusatorio,
inquisitivo o mixto – así como a la importancia concedida a la materialización
de poderes coercitivos y al alcance de los principios constitucionales dentro
de los cuales el legislador puede configurar la política criminal. La tendencia
común es a buscar un punto de equilibrio entre el goce efectivo del principio
de la “igualdad de armas” dentro de un contexto de lealtad procesal, sin que
ello conduzca al entorpecimiento de la actividad investigativa del Estado y sin
romper las diferencias razonables en la regulación de cada una de las etapas
del proceso.
[49] Ley 600
de 2000. Artículo 324. Versión del imputado. Cuando lo considere necesario el
Fiscal General de la Nación o su delegado podrá recibir versión al imputado, la
que se practicará en presencia de su defensor. Siempre se le advertirá que no
está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, compañero
permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo civil
y primero de afinidad.