T-702-16
[Proyecto de circulación restringida]
Sentencia T-702/16
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Propósito
Fue concebida como un instrumento
para materializar la paz en el país, esto es, como un medio para superar el
conflicto armado interno que afecta a Colombia desde hace ya varias décadas,
garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD,
A LA JUSTICIA Y A LA REPARACION INTEGRAL EN EL MARCO DEL DERECHO INTERNACIONAL
DE DERECHOS HUMANOS-Contenido y alcance
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y
REPARACION-Contenido
y alcance en la Constitución Política y jurisprudencia constitucional
DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS-Incluye
medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías
de no repetición
Se trata de un derecho fundamental de las víctimas de graves
violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, el
cual comprende todas aquellas acciones encaminadas a hacer desaparecer, en
la medida de lo posible, los efectos del delito, sin que el referido derecho se
entienda agotado en su aspecto puramente económico, sino que se extiende a
diversas manifestaciones tanto materiales como simbólicas. Se encamina a lograr, en favor de las víctimas, la restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y las garantías de no repetición de
las conductas delictivas, siendo una responsabilidad que corresponde asumir
principalmente a los perpetradores de los delitos que dan lugar a ella,
pero también al Estado, particularmente en lo relacionado con algunos de sus
componentes.
INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL DE
LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ COMO RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Desarrollo jurisprudencial
DEFINICION DE VICTIMA PARA EFECTOS DE
LA ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL ESTABLECIDA EN LA LEY 1448 DE
2011-Comprende a
todas aquellas personas que hubieren sufrido un daño en los términos de la ley
INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL EN
LA LEY 975 DE 2005-Evolución
normativa
INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL DE
LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Marco jurídico y procedimental
PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ-Descripción
DAÑO SUFRIDO POR LAS VICTIMAS EN EL
MARCO DE LOS PROCESOS DE JUSTICIA Y PAZ-Entidades responsables de realizar la valoración del daño
Por el lado de la
Ley 600, serán los funcionarios judiciales los facultados de decidir qué
pruebas deben practicarse y el perito encargado. Y por para la ley 906, los peritajes podrán ser
prestados por expertos de la policía judicial, el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, expertos de entidades públicas o privadas, o
particulares especializados, cuyo nombramiento,
en caso de ser servidor público, será de forzosa aceptación y ejercicio.
VALORACIONES PSICOSOCIALES-Contenido
Realizar una valoración psicosocial debe comprender un estudio
completo y detallado sobre el contexto social, económico y cultural en el que
ocurrieron los hechos violentos y su relación con los daños ocasionados a las
víctimas.
VALORACION DE DAÑOS PSICOSOCIALES EN
EL MARCO DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS-Metodología o protocolo
Debe existir una metodología o protocolo especial para la
valoración de los daños psicosociales. Esta debe contar con al menos seis
etapas: la etapa previa a la evaluación, la evaluación, la elaboración del
informe pericial, la presentación oral del peritaje y el seguimiento.
VALORACIONES PSICOSOCIALES EN EL
MARCO DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS-Alcance
El alcance de las valoraciones psicosociales en las víctimas
del conflicto armado colombiano radica esencialmente en devolverles su
dignidad, brindarles elementos para la reconstrucción de su identidad, la
realización de un nuevo proyecto de vida de acuerdo a sus recursos y
capacidades, y en la constitución de un elemento de prueba dentro del proceso
penal del cual son parte, y en el que se persiga la reparación integral
mediante la articulación del daño producido a la víctima con el contexto social
vivido.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD
JUSTICIA Y REPARACION EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Alcance de la obligación del Estado
de promoverlos
Dentro del propósito de dar cumplimiento a las garantías de
verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición en los que se soporta
la Ley de Justicia y Paz, y se alcance su materialización y mayor efectividad,
surge la obligación para el Estado de adoptar las medidas necesarias a efectos
de articular adecuadamente el funcionamiento de esa modalidad especial de
justicia, concretamente, poniendo a disposición de todos los sujetos procesales
e intervinientes en los procesos penales que deban tramitarse por esta ley, las
herramientas técnicas y logísticas que garanticen el pleno ejercicio de los
derechos de acceso a la administración de justicia, el debido proceso y la
defensa.
ACCION DE TUTELA PARA OBTENER
VALORACION PSICOLOGICA Y REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS DEL BLOQUE NORTE DE
AUTODEFENSAS-Improcedencia
por incumplirse el requisito de subsidiariedad
DERECHO A LA
REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS-Exhortar a autoridades articular una
estructura de apoyo judicial para hacer efectivos los peritajes que se
requieran dentro de los procesos de Justicia y Paz
DERECHO A LA
REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS-Exhortar a autoridades que
tienen la responsabilidad de proteger a las víctimas, para que concurran en el
acompañamiento jurídico que tanto aquellas como sus familias requieran en los
procesos que se tramitan por la vía de la Ley de Justicia y paz
Referencia: Expediente T-2323085
Acción de
tutela instaurada por Jorge Eliécer Hernández Hernández y otros, por intermedio
de apoderado, en contra del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía
(CTI) – Barranquilla.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá, DC., trece (13) de diciembre de dos mil
dieciséis (2016)
La
Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Luis
Guillermo Guerrero Pérez quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Octavo de Familia de Barranquilla y el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, en el asunto de la referencia.[1]
I. ANTECEDENTES
1.
La demanda
1.
El abogado Gabriel Enrique Mejía Castillo, en representación de Jorge Eliécer
Hernández Hernández y otras víctimas directas e indirectas de José Gregorio
Mangones Lugo, Edgar Ignacio Fierro Flórez, Omar Enrique Osías Martínez y Jhon
Jairo Pérez Esquivel, miembros del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), y actuando dentro del proceso penal que se sigue ante la Unidad
Nacional de Justicia y Paz, presentó acción de tutela[2]
en contra de la Directora Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de la
Fiscalía (CTI) de Barranquilla, por considerar que dicha entidad vulneró los
derechos fundamentales a la igualdad (art. 13 C.P), al acceso a la justicia
(art. 229 C. P.), y al restablecimiento y reparación integral de sus
apoderados, con base en los siguientes hechos y consideraciones:
1.1
El 7 de enero de 2009, el
accionante elevó derecho de petición a la Defensoría del Pueblo Regional
Magdalena a efectos de que llevara a cabo la valoración psicológica de las
víctimas que apodera, pues de acuerdo con el  trámite del incidente de
reparación integral previsto en el artículo 23 de la Ley 975 de 2005[3],
dicha prueba pericial debe ser presentada en la audiencia de legalización de
cargos. Sin embargo, en respuesta del 23 de enero de 2009, la Defensora
Regional manifestó que “no es posible atender su solicitud favorablemente
debido a que la regional Magdalena no cuenta con los profesionales solicitados
anteriormente, debido a que la psicóloga adscrita a la unidad de JUSTICIA Y
PAZ, solo presta atención psicojurídica en dicha unidad. [L]e sugiero elevar la
petición a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía para que se le brinde la
atención que se requiere.”[4]
1.2
Posteriormente, afirma el
accionante que el 10 de enero de 2009 elevó petición en el mismo sentido ante
la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
Acción Social, hoy Departamento para la Prosperidad Social–DPS-, solicitando la valoración psiquiátrica
requerida por sus poderdantes. No obstante, esta entidad explicó que su
regional solo cuenta con un psicólogo, razón por la cual le es imposible asumir
un número tan elevado de evaluaciones.
1.3
El 13 de enero de 2009, el
apoderado de los accionantes, solicitó, a través de la Fiscalía Tercera de la
Unidad de Justicia y Paz, que el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, en adelante INMLCF, Zona Norte, llevara a cabo la valoración
psicológica de las víctimas que apodera. Sin embargo, mediante oficio remitido
el 5 de marzo de 2009, la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la
Paz negó tal pedimento. En este documento, el INMLCF indicó que no lleva a cabo
éste tipo de valoraciones, por cuanto en el presente caso se requiere un alto
número de consultas, una ruta de tratamiento y la posible atención y manejo
farmacológico del daño psicológico sufrido por las víctimas, aspectos cuya
complejidad debe ser abordada por un médico psiquiatra clínico adscrito a la
red del Sistema General de Seguridad Social.
1.4
El 14 de enero de 2009, el
accionante, presentó ante la Secretaria de Gobierno del Departamento del
Magdalena, un derecho de petición solicitando la referida valoración
psicológica de sus poderdantes, obteniendo como respuesta que los contratos
estaban suspendidos, y que además no se contaba con presupuesto para contratar.
1.5
En vista de la anterior respuesta,
el apoderado solicitó entonces, al Cuerpo Técnico de Investigación de la
Fiscalía (CTI) de Barranquilla, la realización de las mencionadas valoraciones
psicológicas requeridas en el incidente de reparación integral. Sin embargo, en
oficio del 30 de enero de 2009, el ente investigador explicó, que si bien es
cierto que la entidad cuenta dentro de sus servidores a profesionales en
psicología, “no estamos autorizados a realizar valoraciones en tal sentido”,
sugiriéndose en su lugar, solicitar la realización de dichos dictámenes al
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Zona Norte, en tanto
es el ente autorizado para adelantar este tipo de actividad.[5]
1.6
A pesar de la anterior respuesta,
el apoderado de los accionantes considera que el CTI desconoce la obligación
establecida en el artículo 15 de la Ley 975 de 2005[6],
según la cual, corresponde a la Fiscalía General de la Nación investigar los
daños que individual o colectivamente hayan causado los imputados de manera
directa a las víctimas, tales como “lesiones físicas o psicológicas,
sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos
fundamentales”. Por ello, sostiene el apoderado, que con esta negativa, el
CTI amenaza el derecho de las víctimas al acceso a la justicia, así como la
garantía efectiva de su derecho a la reparación, pues al no contar con las
valoraciones psicológicas reclamadas, les será imposible disponer de manera
oportuna de los elementos probatorios requeridos y suficientes, dentro del
incidente de reparación integral.
1.7
La demanda de tutela fue admitida
el 10 de marzo de 2009 por el Juez Octavo de Familia de Barranquilla.
1.8
El 17 de marzo de 2009, el abogado
Samet Raymond García Vásquez, quien apodera otro grupo de víctimas de los
delitos cometidos por los miembros del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC), coadyuvó en todas sus partes la acción de tutela y anexó el
listado de las víctimas que él representa[7].
2.
Intervención de la parte demandada
2.1
La Directora Seccional del CTI de Barranquilla contestó la acción de tutela
manifestando que su entidad no vulneró los derechos fundamentales de los
accionantes, para lo cual dio las siguientes explicaciones:
“En primer lugar debo explicar al Señor Juez, que los
servidores adscritos al CTI, no ingresan a la planta de personal, teniendo en
cuenta la profesión o formación académica universitaria que posean; lo hacen
para llenar las vacantes que existan en las denominaciones de los cargos que
dentro de la planta de personal y estos son: Profesional Universitario en
diferentes Niveles: Profesional especializado es (sic) diferentes Niveles,
Investigadores Criminalísticos del I al VII, Asistentes de Investigación
Criminalística en diferentes niveles, Secretarios en diferentes Niveles, etc.”
2.2
Explica igualmente que el CTI cuenta por demás en su planta de personal con
médicos, odontólogos, arquitectos, abogados, administradores de empresas,
economistas, trabajadores sociales, psicólogos, físicos, químicos, contadores,
etc. Explicó que dentro de la amplia variedad de cargos existentes en el CTI,
los mismos se encuentran asignados a diferentes dependencias o secciones:
·       En la sección de Laboratorio de Investigación
Científica, se localizan aquellos que son perfilados por la Escuela de
Estudios de la Fiscalía, como peritos, entre quienes se encuentran
químicos, físicos, grafólogos  documentólogos, peritos en balística, etc.
·       En la sección de Criminalística se encuentran
peritos en lofoscopia, peritos en automotores, etc. Si bien existen arquitectos
y técnicos, éstos no tienen la calidad de peritos, por no estar acreditados
como tales por parte de la Escuela de Investigación de la Fiscalía, y
desarrollan misiones de trabajo en el ramo y áreas del grupo a que pertenezcan,
rindiendo informes de Policía Judicial.
2.3
Aclara que si bien se encuentran psicólogos adscritos al CTI, “su función no
es la de peritar o realizar valoraciones psicológicas, tema éste que por Ley se
encuentra en cabeza del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en donde
están los profesionales con la preparación adecuada en el ramo. Los psicólogos
del Cuerpo Técnico de Investigación, son investigadores  Criminalísticos en
diferentes niveles, que desarrollan FUNCIONES o ACTIVIDADES DE POLICÍA
JUDICIAL.”
2.3
De esta manera, teniendo en cuenta el Manual Único de Policía Judicial y el
Código de Procedimiento Penal, ha de entenderse por Policía Judicial “la
función que cumplen algunos organismos del Estado para apoyar la investigación
Penal en el campo investigativo, técnico, científico y operativo, por
iniciativa propia o por orden impartida por el Fiscal de la investigación para
recaudar los EMP [elementos materiales probatorios] o EF [evidencias físicas]
que permitan determinar la ocurrencia de la conducta punible y la
responsabilidad de los autores o partícipes”.
2.4
En consecuencia, atendiendo lo dispuesto en el referido Manual Único de Policía
Judicial es el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el
cual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 204 C.P.P., es quien “presta
el apoyo técnico-científico en las investigaciones desarrolladas por la
Fiscalía General de la Nación, los organismos con funciones de Policía
Judicial, el imputado o su defensor cuando lo soliciten (…)”.
2.5
Por lo anterior, la petición del apoderado de las víctimas que representa, solo
podrá ser atendida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses o por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “entidades que
cuentan con peritos en el ramo” (fl. 223), pues el CTI a nivel seccional,
no tiene servidores que ostenten el grado de peritos en psicología, por lo que
no podría asumir dicho tipo de valoración, por corresponder a un profesional de
psicología que no cuenta con la preparación técnico científica para determinar
en forma objetiva el daño causado con los comportamientos violentos adelantados
por los miembros de las AUC –Bloque Norte-. Por esta razón no es posible que
esta entidad asuma el peritaje requerido.
2.6
Finalmente, la referida Directora Seccional del CTI -Barranquilla, argumentó
que tampoco se violó el derecho a la igualdad de los accionantes puesto que su
negativa responde estrictamente al ordenamiento legal y constitucional y, por
el contrario, considera que protege los derechos de las víctimas, pues vistas
las características que deben tener las valoraciones solicitadas, éstas deben
ser asumidas por un perito en psicología, experto en la materia y no por
cualquier profesional de la psicología sin formación especializada.
3.
SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
3.1
Sentencia de primera instancia
El
25 de marzo de 2009, el Juez Octavo de Familia de Barranquilla negó la acción
de tutela por cuanto, si bien los accionantes tienen derecho a recibir una
valoración psicológica oportuna y a acceder a la reparación integral, no es al
CTI a quien corresponde llevar a cabo los procedimientos que hagan efectiva
esta posibilidad. Para el juez de tutela de primera instancia, los encargados
de dar una respuesta frente a la solicitud de los peritajes psicológicos son
los Fiscales instituidos en la Jurisdicción de Justicia y Paz y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
En
virtud de lo anterior, no puede el juez de tutela entrar a invadir la órbita de
los organismos creados por el legislador para asumir los procedimientos propios
de los procesos establecidos en la Ley 975 de 2005 y, ante la negativa del CTI,
no se ha elevado la petición pertinente ante la fiscalía, para que ésta en
concurso con los demás entes obligados, tome las medidas que corresponden con
el fin de que se practique oportuna y eficazmente la prueba psicológica a las
víctimas.
3.2
Impugnación
El
apoderado judicial de los accionantes impugnó la anterior decisión,
argumentando para ello, que la misma desconoce el hecho de que los accionantes
ya acudieron ante todas las entidades señaladas en la sentencia, las cuales se
negaron rotundamente. Por esta razón, no ordenar al CTI llevar a cabo las
valoraciones psicológicas implica dejar a los accionantes desprotegidos y
vulnerando sus derechos como víctimas.
3.3
Sentencia de segunda instancia
El
22 de mayo de 2009, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla confirmó la sentencia de primera instancia,
manifestando que los accionantes tienen otro mecanismo legal para obtener las
valoraciones psicológicas, puesto que estas pruebas hacen parte de un proceso
actualmente a cargo del Fiscal 12 Nacional para la Justicia y la Paz, a quien
le corresponde valorar y dar trámite efectivo a la solicitud. Ahora bien, si el
referido Fiscal 12 de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, solicitó la
valoración psicológica de las víctimas al CTI, y la Directora de esa entidad
dio respuesta a la misma, le corresponderá al mencionado funcionario de la
fiscalía valorar la respuesta recibida.
Así,
si el accionante no está de acuerdo con la respuesta enviada, deberá ponerlo en
conocimiento del Fiscal que ordenó tal valoración, y “hacer las peticiones
que a bien tenga, como las planteadas en esta instancia constitucional, para
que sea el funcionario competente para ello, quien tome la decisiones
pertinentes”.
De
igual manera, el ad quem recordó que la acción de tutela será viable
cuando quiera que la misma busque la protección de derechos fundamentales
expuestos a acciones lesivas, peligrosas e inminentes, por lo que la amenaza
deberá ser cierta, actual y verdadera, debiéndose por ello acreditarse el nexo
causal directo entre la afectación y el derecho presuntamente afectado. Así, al
ser un mecanismo constitucional excepcional de protección, la procedencia del
mismo será excepcional y subsidiaria, por lo que no tiene cabida que el mismo
sea empleado como un mecanismo alternativo. Por ello, en casos como el que nos
ocupa, el accionante cuenta con un mecanismo legal para obtener lo aquí
pretendido, por lo que la acción de tutela se torna improcedente.
4.
ACTUACIONES SURTIDAS EN SEDE DE REVISIÓN
4.1    Auto de pruebas del 24 de noviembre de
2009
En sede de revisión, y con el fin de obtener la información necesaria
para decidir el presente asunto, el magistrado sustanciador mediante auto, (i)
ordenó la debida integración del contradictorio, vinculando al Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y a la Unidad Nacional de
Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación. En la misma actuación
judicial, (ii) se ordenó al Director
de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz que informara acerca del estado actual del proceso
penal dentro del cual las personas que obran como peticionarios en este trámite
de tutela pretenden iniciar el incidente de reparación integral. Por último, (iii)
ofició a varias entidades estatales y no estatales para que, en
calidad de amicus curiae, respondieran una serie de preguntas
relacionadas con el proceso bajo examen, con el fin de obtener una información global sobre la situación de
los procesos adelantados en el marco de la Ley 975 de 2005, o Ley de Justicia y
Paz. En el referido auto, se ordenó la suspensión de los términos procesales
hasta cuando las pruebas fuesen recibidas y valoradas.
4.1.1 Intervención del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (en adelante
INMLCF) mediante comunicación recibida por esta Corporación el 16 de diciembre
de 2009, y suscrita por el Jefe de la Oficina Jurídica, se vinculó al proceso.
De manera previa aclaró que dentro la Ley de Justicia, Paz y
Restablecimiento, el tipo de pericias solicitadas requieren de técnicas
diferentes a las que tradicionalmente acude el INMLCF al realizar sus
valoraciones. Por esta razón, precedió a establecer las siguientes diferencias
en los tipos pericias.
a)
En primer lugar, está
la pericia forense dirigida a determinar la existencia de una perturbación
psíquica, que es a la que se acude en el marco de procesos que tutelan
la vida y la integridad personal y/o para establecer la existencia de delito de
lesiones personales en los términos del art. 115 del Código Penal.
b)
En segundo lugar,
están las pericias dirigidas a determinar la existencia del daño psíquico
en procesos de justicia restaurativa y reparación integral en los
términos del código penal, las cuales se producen una vez emitido un fallo en
juicio y “su búsqueda en lo forense, va orientada a ayudar en la
determinación de las acciones de restauración que determine la autoridad. En
estos casos, la labor del perito está centrada en describir si como
consecuencia del delito del que fue víctima la persona presenta una
sintomatología que pueda o no diagnosticarse como una enfermedad mental, el
pronóstico, el tratamiento recomendado y su duración para que la autoridad
propenda por su reparación”.
De otra parte precisó que, la valoración pericial requerida por los
accionantes está dirigida a determinar el daño en su salud mental y posibilitar
la reparación integral en casos de violencia sociopolítica. Para ilustrar esta
situación se remitió al Decreto 1290 del 22 de abril de 2008, “Por el cual
se creó el Programa de Reparación Individual por Vía Administrativa para las
Víctimas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la ley”, del cual
se desprende que el objeto de la pericia solicitada abarca el daño
psico-social, entendido como la combinación de daños colectivos, sociales y
culturales. Por esta razón, para esa entidad la evaluación del daño
psico-social no puede entenderse como un proceso autónomo, sino como parte de
un proceso de atención que corra paralelo a las acciones periciales con el fin
de no re-victimizar a las personas y al mismo tiempo garantizar la calidad de
información requerida.
En virtud de lo anterior, el INMLCF dejó en claro que no cuenta con la
capacidad instalada para dar respuesta oportuna a requerimientos de este último
tipo, en tanto que la técnica de evaluación forense requiere de un tiempo
promedio mínimo de ocho horas por persona para rendir un informe adecuado para
el tipo de peritaje que se requiere. Adicionalmente, la carga laboral de un
perito psicólogo o psiquiatra es de alrededor 30 evaluaciones por mes y en la
zona donde se hizo la solicitud - en Barranquilla-, el INMLCF solo cuenta con
un (1) psiquiatra y un (1) psicólogo, peritos a los que podría agregarse una
psiquiatra de Cartagena, pero aun así, no se cuenta con los  profesionales de
las otras áreas requeridas como antropólogos y sociólogos. De esta manera, esa
entidad no cuenta con la logística necesaria para adelantar este tipo de
pericia, la cual solo podría agotarse en un periodo de dos meses de dedicación
exclusiva, lo que supondría la suspensión en la atención de los demás casos de
justicia ordinaria por parte de estos peritos.
Así, en consideración a las explicaciones expuestas, el INMLCF, recomienda
crear un equipo interinstitucional de entidades gubernamentales y no
gubernamentales, entre las que deberían encontrarse el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, además de representantes de los Ministerios
de la Protección Social  y del Interior y Justicia (-hoy ministerio de
Justicia), el ICBF, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo,
la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República,
universidades públicas y privadas, así como organizaciones no gubernamentales
que traten el tema de la violencia sociopolítica, apoyados en reconocidos
expertos en el tema a nivel nacional e internacional.
4.1.2
Respuesta del
Director de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz
En el mismo auto del 29 de noviembre de 2009, el magistrado
sustanciador ordenó al Director de la Unidad Nacional de Fiscalías para la
Justicia y Paz esclarecer dos puntos importantes: por un lado, (i) informar
si ya había sido realizada la valoración psicológica y/o psiquiatrita
solicitada por el abogado Gabriel Enrique Mejía Castillo respecto de sus
representados, así como  de los demás accionantes que coadyuvaron esta acción
de tutela a través de su apoderado Samet García Vásquez. En caso afirmativo, se
pidió al referido funcionario de la Fiscalía, que informara en qué fecha había
sido realizada la misma, y cuál o cuáles entidad (es) lo había hecho, así como
qué tipo de metodología(s) se usaron para llevar a cabo la valoración. Ahora
bien, en caso de no haberse realizado la misma, se le pidió que indicara las
razones por las cuales ello no fue posible. De otra parte, (ii) se le
pidió indicar si ya se había dado inicio al incidente de reparación integral
previsto en el artículo 23 de la Ley 975 de 2005, dentro del proceso adelantado
contra José Gregorio Mangones Lugo, Edgar Ignacio Fierro Flórez, Omar Enrique
Osías Martínez y Jhon Jairo Pérez Esquivel, miembros del Bloque Norte de las
Autodefensas Unidas de Colombia. Si en efecto, ya se había cumplido con la
audiencia, se pidió remitir a esta Corporación, copia de las actuaciones
adelantadas en el trámite del incidente de reparación integral, incluidas
aquellas en las que se encuentren las pruebas solicitadas por las partes que
demuestren los daños causados por la conducta criminal de los procesados; de no
haberse realizado aún, deberá precisarse si se tiene prevista alguna fecha para
llevar a cabo esta audiencia.
En respuesta a los anteriores requerimientos, la Fiscalía General de la
Nación a través de la Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior, Deicy
Jaramillo Rivera, informó que el accionante Ever Acosta García había sido el
único peticionario que había hecho una solicitud de valoración por conducto del
abogado Gabriel Enrique Mejía Castillo, habiéndosele comunicado mediante
escrito GCFO-256-2009, que para practicar el referido reconocimiento médico
legal debía hacerse presente en las instalaciones de esa entidad de lunes a
viernes de 8:00 a las 17:00 horas;. Sin embargo, hasta la fecha de emitir esta
respuesta, no se había recibido examen médico legal del accionante en mención.
La anotada Fiscal relacionó en un listado los nombres de los
accionantes respecto de los cuales el abogado Gabriel Mejía Castillo había
solicitado la valoración, especificándose el número de cargos y el trámite dado
por ese despacho. Alega la Fiscalía General de la Nación que el INMLCF
reconoció no contar con los médicos psiquiatras clínicos para determinar los
daños psicológicos, ni el personal forense especializado en las áreas de psicología
y psiquiatría para establecer los posibles daños emocionales y morales de las
víctimas, motivo por el cual no podía realizar el examen médico legal.
En consideración a ello, la fiscal Deicy Jaramillo Rivera, anexó el
oficio 10000 Rad. No. 123029/09-302705-09, suscrito por el señor Lenis Enrique
Urquijo Velásquez, asesor del despacho del Ministerio de la Protección Social,
en el que se le informaba acerca de cuáles eran las entidades de Salud y
Hospitales del país que contaban con el personal de médicos siquiatras clínicos
para determinar el daño psicológico emocional y moral que han podido sufrir las
víctimas de actos violentos de grupos armados organizados al margen de la ley.
En dicho oficio se indicó que en el sitio web http//www.minproteccionsocial.gov.co/habilitación/
se encontraba el Registro Especial de Prestadores, en el que se podía consultar
el listado de las instituciones que se encontrarían disponibles para prestar el
referido servicio de valoración psicológica y/o psiquiátrica, por corresponder
a aquellas entidades reportadas ante la Dirección General de Calidad de
Servicios del Ministerio de la Protección Social. En respaldo a lo
anteriormente explicado, la Fiscalía General de la Nación anexó múltiples
oficios que fueran dirigidos a las Instituciones y Hospitales de las ciudades
de Barranquilla y Santa Marta, a efectos de que realizasen la correspondiente
valoración a las personas cuyos nombres se anexaron en cuadros adjuntos.
En cuanto al incidente de reparación integral, la Fiscalía General de
la Nación después de explicar el momento procesal en el cual se desarrolla esta
actuación, indicó que aún no se había surtido dicha etapa procesal para
el trámite del incidente. Menciona además que el Magistrado de
Conocimiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial suspendió la audiencia
de Legalización de Cargos prevista para diciembre de 2009 contra José Gregorio
Mangonez Lugo, Omar Enrique Martínez Osías y Edgar Ignacio Fierro. En cuanto al
acusado Jhon Jairo Esquivel indicó que no se había fijado fecha para la
formulación de cargos. Para ilustrar lo anterior relacionó una serie de anexos
sobre el particular. (Énfasis agregado)
4.1.3 Intervención de la
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y al Centro
Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ)
La Corte Constitucional solicitó a la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación (CNRR) y al Centro Internacional para la Justicia Transicional
(ICTJ), que informasen acerca de los siguientes puntos: “¿Quién es la
persona o entidad encargada para llevar a cabo los peritajes psicológicos y/o
de salud mental requeridos por quienes tienen la calidad de víctimas en los
procesos penales adelantados en el marco de la Ley 906 de 2004?, ¿Quién es la
persona o entidad encargada de llevar a cabo los peritajes psicológicos,
psiquiátricos y/o de salud mental requeridos por quienes tienen la calidad de
víctimas en los procesos adelantados en el marco de la Ley 975 de 2005? Y ¿Cuál
es el valor probatorio de los peritajes psicológicos, psiquiátricos y/o de
salud mental de las víctimas en la determinación de los daños causados por la
conducta criminal dentro del incidente de reparación integral previsto en el
artículo 23 de la Ley 975 de 2005?”
4.1.3.1 En respuesta a los anteriores interrogantes, el señor Eduardo
Pizarro Leongómez, como representante de la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación, intervino apoyando la acción pública instaurada. Explicó que si
bien la Ley 975 de 2005 no reglamentó la materia de solicitud y trámite de
pruebas, el artículo 62 de la misma, referido al principio de
complementariedad, señala que para lo no dispuesto en la misma ley, se aplicará
la Ley 782 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal.
En el mismo sentido, indicó que la Ley 600 de 2000 dispone que es el
juez quien tiene la facultad de decretar las pruebas y de señalar la entidad
encargada o el perito para su realización. Caso contrario a la Ley 906 de 2004,
que no dispone como regla general el decreto judicial de pruebas, sino que
asume que cada interviniente aporta las pruebas que quiera hacer valer. Sin
embargo, añade el interviniente, la ley prevé que para los casos en que las
víctimas no cuenten con los recursos para los dictámenes periciales, el juez
podrá designar un perito y ordenar el respectivo dictamen. En ese entender,
concluye que será el funcionario judicial o magistrado de control de
garantías en Justicia y Paz el encargado de determinar el perito idóneo para la
valoración de las víctimas. (Énfasis agregado)
4.1.3.2 Los ciudadanos Michael Reed, Camilo Ernesto Bernal Sarmiento,
Catalina Díaz Gómez, Lily Andrea Rueda Guzmán, Paola Andrea Rosero Jiménez y
María Angélica Zamora Prieto, en representación del Centro Internacional para
la Justicia Transicional (ICTJ), intervinieron en el proceso para solicitarle a
la Corte que tutele, a favor de las víctimas, los derechos de acceso a la
administración de justicia.
Los intervinientes rechazan las pretensiones del demandante de ordenar
al Cuerpo Técnico de Investigación la práctica de pruebas, puesto que
consideran que por ser el INMLCF la primera institución requerida, debe ser
ésta la encargada de la práctica de los dictámenes periciales. Lo anterior, en
razón a que la designación de peritos por parte de los Fiscales de Justicia y
Paz es de obligatorio cumplimiento por ser mandato constitucional de carácter
público.
No obstante, señalan, el CTI y la Defensoría del Pueblo en virtud de la
Ley 975 tienen el deber legal de asistir a las víctimas en la práctica de sus
derechos. De esta forma, el CTI debe realizar el peritaje si el Instituto
Nacional de Medicina Legal se encuentra imposibilitado para hacerlo. Así mismo,
la Defensoría del Pueblo tiene la obligación de garantizar a las víctimas su
derecho a la reparación integral que incluye los dictámenes periciales
necesarios para la valoración del daño. De ahí que resulta  injustificada la
excusa expresada por las referidas instituciones que se consideran sin
competencia para realizar los peritajes. Aun así, sería un evento diferente si
el facultado para el caso concreto es el INMLCF.
4.1.4
Procuraduría General de la Nación
La Procuraduría General de la Nación en informe suscrito por José Yesid
Bernal Niño, adscrito a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales  también
se pronunció en relación con los interrogantes planteados en el auto de la
siguiente manera:
En cuanto a la solicitud de revisión de la documentación del expediente
la Procuraduría General de la Nación se inhibe de realizar algún
pronunciamiento al considerar que la entidad competente para realizar la
evaluación sobre el contenido de los documentos que hacen parte de las tutelas
objeto de revisión concierne al organismo jurisdiccional quien debe valorar si
los mismos se ajustan a derecho, si las pretensiones del demandado corresponden
o no con los derechos fundamentales presuntamente vulnerados.
Al referirse a la inquietud planteada sobre quién es la persona o
entidad encargada para llevar a cabo los peritajes psicológicos y/o
psiquiátricos de salud mental requeridos por las distintas partes y las
víctimas en los procesos adelantados en el marco de la ley 975 de 2005,
manifiesta que dicha ley  reconoce a las víctimas como sujetos procesales, por
lo tanto la competencia para adelantar dichos peritajes está en cabeza de los
funcionarios que por disposición legal le corresponda adelantar la respectiva
investigación, es decir la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y Paz con
la Unidad Nacional de Policía Judicial, lo cual no obsta para que se acuda a
los auxiliares de justicia debidamente inscritos o a organismos de carácter
público o privado que posean profesionales expertos en estos asuntos,
circunstancia que obliga a la parte solicitante a asumir el costo en cuanto a
casos de los desmovilizados o de las organizaciones sociales. La Fiscalía, en
desarrollo del principio de colaboración puede instar a otras entidades de
carácter público vgr. Ministerio de Protección Social, EPS etc., conforme al
art. 243 del Código de Procedimiento Civil, con referencia a la realización de
la prueba pericial.
En lo que se refiere a las víctimas, la Procuraduría, al margen de la Ley
975 de 2005 las identifica dentro del proceso penal como sujetos procesales y
las reconoce como la parte más débil de la actuación, por lo que considera al
Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y del Instituto de Medicina Legal,
como los primeros responsables de llevar a cabo los peritajes psicológicos,
psiquiátricos y/o de salud mental de las víctimas. De igual forma, la
Procuraduría aclaró que los costos que se originen en esta gestión judicial
deberían ser asumidos con cargo a los recursos asignados por el gobierno
nacional en el rubro de presupuesto correspondiente, y no podría disponerse
para ello de los recursos provenientes del Fondo para la Reparación de las
Víctimas, los cuales tienen una finalidad y asignación específica.
En cuanto al valor probatorio de los peritajes psicológicos,
psiquiátricos, y/o de salud mental de las víctimas en la determinación de los
daños causados por la conducta criminal dentro del incidente de reparación
integral, la Procuraduría resalta su importancia al entender el dictamen como
el medio a través del cual el juzgador tiene la capacidad de tasar el quantum
en forma aproximada, dar una indemnización económica a la víctima y a su grupo
familiar.
Por último, la Procuraduría General de la Nación en informe suscrito
por Carlos Arturo Barbosa Castillo adscrito a la Dirección Nacional de
Investigaciones Especiales – Unidad Asesora Técnico- Científica y de Policía
Judicial recomienda, si se estima pertinente, que se conforme un equipo (o
varios) de dedicación exclusiva y que predetermine la dinámica a seguir para
realizar las evaluaciones psiquiátricas y/o psicológicas. Identifica un
importante problema de recursos para la realización de estas valoraciones a
grandes grupos de la población, por lo que recomienda concertar previamente con
la o las instituciones y/o profesionales especializados competentes la
metodología a seguir y  consultarles la disponibilidad de recursos requeridos,
para lo cual hace un especial llamado de atención para que se acuda al
Ministerio de la Protección Social y la Asociación Colombiana de Psiquiatría,
quienes elaboraron en el año 2007 una propuesta para fines de Políticas en
Salud Mental en Colombia, para efectos de asesoría y apoyo en el tema.
4.2    Auto de pruebas del 7 de octubre de 2010
Mediante
auto del 7 de octubre de 2010 esta Corporación solicitó a la Corporación
Reiniciar, a la Comisión Colombiana de Juristas CCJ, a EQUITAS, a la
Corporación Vínculos, a la Corporación Avre, al Colegio Colombiano de
Psicólogos COPSIC, al Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, a la
Universidad Santo Tomás: Maestría en Psicología Jurídica, a la Universidad
Nacional de Colombia: Facultad de Ciencias Humanas - Laboratorio de Psicología
Jurídica y a la Universidad de los Andes: Departamento de Psicología: Grupo de
Psicología Social Crítica, dar concepto sobre: “¿Cuáles son los criterios,
parámetros y/o metodologías que, a su juicio, deben tener en cuenta las
personas y/o instituciones que tengan a su cargo establecer o determinar, de
manera integral, la magnitud del daño psicosocial sufrido por personas que
alegan la condición de víctimas, en el marco de un conflicto armado?”
4.2.1
Centro de Investigación y Educación Popular -
CINEP
En representación del CINEP, intervienen en el proceso
los ciudadanos Carolina Tejada, Alejandro Angulo, Sandra Diana Betancourt,
Natalie Sánchez y Marcela Gallego, con el fin de apoyar la acción pública
instaurada.
Los intervinientes expresan que aunque el enfoque psicosocial
en la valoración de víctimas no es manejado de forma frecuente dentro de las
organizaciones estatales, se hace indispensable para comprender el daño
producido desde el contexto del conflicto armado. Así mismo, tal enfoque debe
desarrollarse en torno a protocolos realizados por grupos mixtos interdisciplinarios
que tengan experiencia en el tema.
Mencionan, además, que aunque medir la magnitud del
daño con exactitud es imposible, el enfoque psicosocial dentro del peritaje es
una alternativa para estimar variables necesarias dentro del conflicto.
Variables como la dignificación de la persona desde su reconocimiento como
humano, las necesidades psicosociales de cada ser, la contención y reacción de
su emociones, la compresión del contexto, el restablecimiento de alianzas y
redes, y la exigibilidad de los derechos. Lo anterior, con el fin de evidenciar
un panorama más claro que se enfoque en el restablecimiento de los proyectos de
vida de las víctimas desde el punto de vista de una reparación integral.
En ese sentido, expresan que la respuesta del
Ministerio del Interior frente a la solicitud hecha por la Fiscalía, respecto a
enumerar las entidades encargadas para hacer la valoración, debió ir más allá
de la mera identificación o remisión a hospitales con unidades de salud mental.
De igual forma, consideran necesario, como lo señaló la Corte en la providencia
T-045 de 2010, que exista por parte del Estado un acompañamiento completo a la
víctima del conflicto desde el enfoque psicosocial por parte de profesionales
expertos en la materia.
4.2.2 Corporación AVRE –Acompañamiento Psicosocial y
Atención en Salud Mental a Víctimas de Violencia Política
El ciudadano Andrés Bastidas Beltrán, en
representación de la Corporación AVRE intervino en el proceso para solicitar a
la Corte la garantía de los derechos de acceso a la justicia y reparación
integral a las víctimas referidas en la acción. En este sentido, resalta la
importancia del peritaje psicosocial como medio probatorio que posibilita la
reparación integral. Este enfoque es interpretado como “una forma de entender
los comportamientos y respuestas de las personas víctimas de hechos de
violencia desde un contexto cultural, político y económico, religioso y social
determinado”, el cual parte de la dignificación de la víctima como protagonista
de la exigibilidad de sus derechos.
Ahora bien, la realización del peritaje psicosocial
debe enmarcarse dentro de una estrategia psicojurídica, que brinde
acompañamiento a las víctimas en las entrevistas de dicho peritaje y en su
presentación durante las audiencias e instancias judiciales. Lo anterior, con
el fin de garantizar la activa participación de éstas en el proceso. Así mismo,
las instituciones y los peritos encargados de la valoración deben ser idóneos,
en el sentido de tener una postura ética, respetuosa y comprensiva de la
naturaleza de los daños producidos por la violación a los derechos humanos.
De igual forma, se resalta la metodología usada en la
realización de peritajes psicosociales. Esta debe entenderse como un proceso
sistemático y estructurado, la cual debe desarrollarse en seis etapas: la fase
previa a la evaluación, la evaluación, el análisis de la información, la
elaboración del informe pericial, la presentación oral del mismo y su
respectivo seguimiento. Adicionalmente, es conveniente que el peritaje
psicosocial responda a las particularidades de cada caso y víctima y dé cuenta
por medio de un enfoque diferencial de las distintas afectaciones y situaciones
que presenta cada persona en razón a su género, sexo, cultura, étnia y
generación.
A lo anterior se suma la relevancia del incidente de
reparación para la participación de las víctimas en el proceso. Indica la
Corporación AVRE que este incidente equivale al principal momento donde se
determinan los daños causados a las víctimas y las formas en que se deberán
reparar de forma integral. Si la Ley 975 establece que acreditar los daños y
probar su nexo causal con el victimario es una exigencia legal para la víctima,
la viabilidad y los recursos para la recolección de dicha información deben
estar cabalmente suministrados por el Estado.
Finalmente, cabe anotar que, como señala la mencionada
Corporación, la Ley 975 no estableció de manera concreta el órgano que debía
realizar dicho peritaje ni tampoco la metodología que se debía emplear. No
obstante, teniendo en cuenta su artículo 62, este vacío es resuelto a través de
la Ley 782 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal. De esta forma, la Ley
600 de 2000 consagra que es el funcionario judicial quien debe designar los
peritos requeridos, y la Ley 906 de 2004 señala que dicha labor puede ser
prestada por expertos de la Policía Judicial, del Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, entidades públicas o privadas y particulares especializados
en la materia a tratar y cuyo nombramiento es de forzosa aceptación y ejercicio
para quienes pertenezcan al sector público.
4.2.3 Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo
Forense y Asistencia Psicosocial, EQUITAS
En representación EQUITAS, intervino la ciudadana
Drisha Fernández quien solicitó a la Corte que se garanticen los derechos de
las víctimas a una debida valoración psicosocial. Para la interviniente, un
peritaje de este tipo que comprenda una evaluación integral debe tener
elementos que permitan evidenciar los daños psicológicos y psicosociales en
relación con el objeto de la denuncia. Por esta razón, antes de dicha
evaluación, la metodología, el objetivo y los instrumentos del peritaje deben
estar establecidos. Así mismo, resalta la conveniencia de que estos
lineamientos tengan en cuenta las particularidades de cada caso, para lo cual
debe existir un enfoque diferencial.
La valoración del daño, además de realizarse de forma
interdisciplinaria, debe ser un “espacio reparador y no revictimizante”. De
igual forma, afirma la interviniente que es importante que este espacio se
evalúe en dos dimensiones temporales: antes y después del hecho traumático.
Para ello, es necesario considerar el análisis de los sucesos previos al
trauma, así como de los acontecimientos traumáticos; la evaluación del daño al
proyecto de vida comunitario, familiar y social, y el daño al proyecto de vida
individual.
Por un lado, el análisis de la situación previa a los
hechos traumáticos de la persona debe describir aspectos como: las dinámicas
cotidianas a nivel individual, familiar y comunitario, la situación económica,
laboral, cultural, etc., el rol que desempeñaba en la sociedad, las relaciones
interpersonales, el proyecto de vida social e individual, entre otros. De otro
lado, el análisis de los acontecimiento traumáticos debe detallar la forma como
ocurrieron los hechos y se produjo el daño. La evaluación del daño al proyecto
de vida comunitario, familiar y social, debe analizar las relaciones
interpersonales de la víctima en su entorno social, los procesos de duelo, la
desestructuración familiar, grupal o comunitaria, y los efectos psicosociales.
Y finalmente, el daño al proyecto de vida individual debe tener en cuenta los
mecanismos usados por la víctima para afrontar el daño y la existencia de
nuevas re-victimizaciones.
4.2.4
Universidad Nacional de Colombia
La Universidad Nacional de Colombia, representada por
el ciudadano José Ignacio Ruíz Pérez, solicitó a esta Corte ordenar la valoración
de las víctimas del proceso, de acuerdo a los criterios, parámetros y
metodologías establecidos por la psicología jurídica y forense en torno al daño
psicosocial. Este último consiste, como mencionó la entidad referida, “en
daños al bienestar percibido por la persona y a su calidad de vida, en los
planos físico, mental y en desarrollo de los roles vitales –familia, trabajo o
estudio–, provocado por uno o más eventos externos, causados intencionalmente
por otro u otros”. La evaluación de este tipo de daño puede tener diversas
finalidades, tales como revelar daños psicológicos como medios de prueba para
enjuiciar un hecho criminal, el análisis de secuelas psicológicas o la
consideración del testimonio dado por la víctima sobre los hechos ocurridos.
Señala la institución interviniente que la experiencia
de vida en hechos violentos como las guerras, violaciones o combates, puede
afectar los órdenes cognitivo, afectivo, comportamental, fisiológico y social.
De esta manera, el área cognitiva resulta afectada cuando se pierde la
autoestima, la creencia en la invulnerabilidad del ser y en un mundo justo y de
control y cuando la víctima se sumerge en la negación constante del suceso. Por
su parte, el deterioro del área afectiva se refleja en la explosión de
sentimientos negativos como la ira, el miedo y la vergüenza y en desórdenes
afectivos como el trastorno de estrés postraumático y cambios en la
personalidad. De igual forma, el aspecto comportamental se ve perturbado por la
modificación en la vida cotidiana y la incapacidad en la toma de decisiones.
Finalmente, la alteración en el área fisiológica se evidencia en reacciones
corporales como sudores, vómitos, insomnio, entre otras, y el área conductual,
cuando existen cambios comportamentales relacionados con el hecho victimizante.
Ahora bien, teniendo en cuenta las distintas áreas que
pueden afectarse en un contexto de guerra, sugiere la Universidad una serie de
aspectos procedimentales y metodológicos para la evaluación forense de las
víctimas. Entre ellos, establece que dicha evaluación debe ser imparcial y
objetiva, incluir una estimación completa de las secuelas de la victimización
criminal, caracterizar la ocurrencia de eventos anteriores y posteriores al
hecho punible y llevar procesos independientes de acuerdo a las experiencias
individuales de cada víctima.  Lo anterior, sumado a que la persona encargada
debe ser un profesional calificado, con experiencia para realizar esta clase de
valoraciones y acompañamientos.
4.2.5 Universidad
Santo Tomás, Maestría en Psicología Jurídica
El ciudadano Gerardo Augusto Hernández Medina, en
representación del  grupo docente de la Maestría en Psicología Jurídica de la
Universidad Santo Tomás, intervino en el proceso para brindar un conocimiento
especializado sobre los criterios, parámetros y metodologías que se deben tener
en cuenta para determinar la dimensión del daño en víctimas del conflicto
armado colombiano. Para ello, diferencia los conceptos de daño psicosocial y
daño psicológico y entiende el primero como: “Los daños causados por
violaciones a los derechos humanos [que] generalmente trascienden la
individualidad del sujeto o sujetos directamente afectados, alcanzando, por lo
general, al grupo familiar, a la comunidad u organización social e, incluso, a
toda la sociedad”. Este concepto difiere del daño psicológico, pues éste último
corresponde a un perjuicio únicamente individual.
A partir de lo anterior, el interviniente afirma que
el daño psicosocial supera la esfera de lo individual, razón por la cual su
evaluación y diagnóstico debe corresponder a un análisis enfocado en el aspecto
social diferencial. Esta característica se concreta en aquellas
particularidades que hacen al individuo distinto, como su etnia, el género, el
sexo, la generación, etc. Por esta razón, la valoración de las víctimas del
conflicto armado debe considerar la dimensión del daño de acuerdo a relaciones
y redes sociales afectadas.
En lo que respecta al evaluador de dicho daño, éste
debe corresponder a un profesional experto en psicología forense, sub-especialidad
de la psicología jurídica. Así, la evaluación que haga dicho experto debe
acoger las directrices generales de su campo sobre objetividad, imparcialidad y
conocimientos jurídicos, lo que le permitirá aportar información veraz,
específica y especializada a través de un dictamen que servirá como medio de
prueba durante el proceso.
Se manifiesta así mismo, que la institución y el
médico forense encargados de las valoraciones de las víctimas, deben contar con
los instrumentos médicos y espacios físicos adecuados para una correcta
evaluación. De igual forma, el diagnóstico debe seguir los protocolos
convenidos por la comunidad científica nacional e internacional.
4.2.6
Comisión Colombiana de Juristas
En representación de la Comisión Colombiana de
Juristas intervinieron los ciudadanos Gustavo Gallón Giraldo y Diego Fernando
Abonía, quienes solicitaron a la Corte la protección de los derechos invocados
por las víctimas, de acuerdo al diseño de un programa especializado basado en
el daño psicosocial, junto a la aplicación del Protocolo de Estambul.
Los intervinientes resaltan la importancia que la
valoración del daño psicosocial sea realizada por personas idóneas. Advierten,
así mismo, que en Colombia no existe una institución especializada y
completamente apta para el desarrollo de estas actividades, en especial, para
atender a víctimas del conflicto. No obstante, por la naturaleza del Instituto
Nacional de Medicina Legal (INML) consideran que ésta entidad es la llamada a realizar
dichos dictámenes, labor que podría ser apoyada por el Ministerio de la
Protección Social.
Pese a lo anterior sugieren que, teniendo en cuenta la
ausencia en el país de instituciones especializadas en la materia, el Estado
debería apoyarse, tal como lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en organizaciones especializadas de la sociedad civil, decisión que
también serviría para la formación de profesionales del INML.
4.2.7 Corporación REINICIAR
En representación de la Corporación Reiniciar, intervinieron
los ciudadanos Jahel Quiroga Carrillo, Ana María Téllez Luque y Cristhian
Alberto Torres García, quienes igualmente solicitaron a esta Corporación, la
debida valoración psicosocial de las víctimas. A juicio de los intervinientes,
una perspectiva psicosocial dentro de los procesos de valoración del daño
permite una representación más amplia y real de los casos donde hubo
violaciones a los derechos humanos.
Agregan que el daño psicosocial, entendido como el
daño al proyecto de vida y a la persona, responde a la dinámica de un proceso y
no a la de una diligencia aislada. Por esta razón, éste debe ser evaluado por
peritos expertos y profesionales. Así mismo, señalan que los peritajes deben
tener la modalidad de individuales y colectivos y efectuarse necesariamente a
través de una mirada diferencial que dé cuenta del género, la cultura, la edad,
entre otros factores sociales. En cuanto a la metodología apropiada, sugieren
que ésta debe contener técnicas tanto de tipo cualitativo como cuantitativo, y
se debe preferir la metodología discursiva, que privilegie el testimonio, como
la voz de las historias silenciadas. Con base en estas consideraciones la
víctima debe ocupar el papel central dentro del proceso judicial.
4.2.8
Corporación Vínculos
En representación de la Corporación Vínculos, las
ciudadanas Liz Arévalo, Mariana Sáenz y Ludivia Serrato intervinieron en el
proceso para solicitar a la Corte que se amparen los derechos invocados por las
víctimas. Consideran que para la valoración del daño, debe existir un grupo
experto de peritos que emplee una metodología de acompañamiento psicosocial
desde un enfoque sistémico construccionista social, es decir, que privilegie
las experiencias locales.
De igual manera, estiman que el lugar más apropiado
para realizar la valoración psicosocial y médica es el domicilio de cada una de
las víctimas. Lo anterior teniendo en cuenta que permitir el reconocimiento del
ámbito familiar, con cada uno de sus miembros y sus dinámicas, posibilita una
atención integral y una visión más acertada del contexto social. Así mismo,
sugieren las intervinientes que las valoraciones realizadas deben ser
presentadas a las familias, con el fin de retroalimentar su contexto
psicosocial e incentivar su participación en el análisis de la información
recogida.
4.3    Auto de pruebas del 9 de diciembre de 2013
El Magistrado Sustanciador mediante auto de la fecha,
solicitó a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla que
informara acerca del estado actual del proceso de reparación integral promovido
por el accionante, como apoderado judicial de numerosas víctimas en contra de
los señores José Gregorio Mangones Lugo, Edgar Ignacio Fierro Flórez, Omar
Enrique Osías Martínez y Jhon Jairo Pérez Esquivel.
En escrito recibido el 16 de diciembre de 2013, la
Secretaria de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla,
informó que las actuaciones adelantadas respecto de los postulados Edgar
Ignacio Fierro Flórez, José Gregorio Mangones Lugo, y Omar Enrique Martínez
Ossías, fueron remitidas a la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante oficios No. 8685
del 17 de julio de 2009; No. 7850 de junio 17 de 2009; No. 8762 de agosto 3 de
2009.
Explica la funcionaria remitente, que a raíz de que
para la época no estaba creada la Sala de Conocimiento en la ciudad de
Barranquilla, y en atención a lo dispuesto por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, se enviaron los expedientes a la Sala de
Justicia y Paz de Bogotá, luego de la audiencia de formulación de cargos, a
efectos de que continuara con el curso de los mencionados procesos de justicia
transicional. Por ello, se dio traslado del oficio remitido por la Corte al
Secretario de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá.
Finalmente, la funcionaria anexó escrito de respuesta
del Magistrado Gustavo A. Roa Avendaño de la Sala de Conocimiento del Tribunal
Superior de Barranquilla, quien informó que en ese despacho tan solo se ha
remitido para adelantamiento de audiencia concentrada el proceso de Justicia y
Paz seguido contra Edgar Ignacio Fierro Flórez, alías “don Antonio”. Anota que
con base en la norma que regla la justicia transicional, la reparación integral
se concede por vía administrativa correspondiendo tal competencia a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, previo
el cumplimiento ante los Tribunales Superiores de las Salas de Justicia y Paz, del
trámite incidental de identificación de las afectaciones causadas a las
víctimas, etapa procedimental posterior a la audiencia concentrada.
Anotó que a la fecha, el expediente contra Edgar
Ignacio Fierro Flórez, con número  de causa 110016000253200681389 se encuentra
para programación de audiencia concentrada. De la misma forma, manifestó que
revisados los archivos que reposan en su despacho no se encontraron expedientes
relacionados con José Gregorio Mangones Lugo, Edgar Ignacio Fierro Flórez, Omar
Enrique Osías Martínez y Jhon Jairo Pérez Esquivel como miembros del Bloque
Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Como parte de las respuestas al auto de pruebas de la
referencia, el 18 de diciembre de 2013, se recibió igualmente un documento
suscrito por el Secretario de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior
de Bogotá informando lo siguiente:
“En relación
con su oficio OPT - A - 668/2013, para que forme parte en trámite de tutela que
instaura el señor JORGE ELIECER HERNANDEZ HERNÁNDEZ y Otros, del que vía fax
envía a esta oficina la Secretaría de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal
Superior de Barranquilla, con todo respeto me permito informarle que revisadas
nuestras bases de datos y controles, hemos encontrado que el citado accionante
en su condición de víctima fue reconocido dentro del proceso 2007 - 82791 que
de manera conjunta se tramita para los postulados JOSE GREGORIO MANGONES LUGO y
OMAR ENRIQUE MARTINEZ OSSIAS.
En el citado
expediente ya se culminaron las audiencias de legalización de cargos y de
incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas y el
señor HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ está siendo representado en ese trámite por el
Abogado GABRIEL ENRIQUE MEJIA CASTILLO quien ha participado en las audiencias.
El expediente
se encuentra actualmente en el Despacho del Magistrado EDUARDO CASTELLANOS ROSO
quien cumple funciones de conocimiento en la Sala, a efecto de emitir la
sentencia que en derecho corresponda.
Dentro del
expediente que se sigue a EDGAR IGNACIO FIERRO FLOREZ dentro del cual ya se
emitió sentencia condenatoria, no encontramos registrada como víctima el
accionante arriba citado.
En
cuanto al señor JHON JAIRO PEREZ ESQUIVEL, revisadas nuestras bases de
datos, no aparece relacionado como que en su contra se tramite o haya tramitado
expediente alguno en su condición de Postulado.
Finalmente
informo a su Despacho, que los documentos enviados por Justicia y Paz de Barranquilla,
en cuanto a sus autos y comunicaciones se recibieron solo parcialmente y varios
de ellos no son legibles y pese a informársele al remitente sobre el particular
y ser enviado en varias oportunidades, no es posible que la totalidad del
documento sea legible, por lo que le ruego a la doctora o al señor Magistrado,
que de no estar completa la información o requerir alguna adicional nos lo haga
saber, para de inmediato complementarle la misma.
Anexo para su
conocimiento documentos existentes sobre el particular en el proceso citado y
un disco compacto con la audiencia donde aparece la participación del apoderado
del accionante.”
4.4 Auto de pruebas del 20 de agosto de 2014
Mediante nuevo auto de pruebas, el Magistrado
Sustanciador, solicitó oficiar por Secretaría General de esta Corporación, al
abogado Gabriel Enrique Mejía Castillo apoderado de los accionantes en la
presente tutela, a efectos de que informara si la prueba pericial de valoración
sicológica y/o siquiátrica contemplada en el incidente de reparación integral
tramitado dentro del proceso penal seguido en contra de los señores José
Gregorio Mangones Lugo, Edgar Ignacio Fiero Flórez, Omar Enrique Osías Martínez
y Jhon Jairo Pérez Esquivel, ya se había llevado a cabo, y de ser así,
informará qué entidad o entidades habían asumido su realización. Para el
efecto, se remitió un cuadro con los nombres de las víctimas y nombre de los
familiares directos de dichas víctimas.
En escrito del 18 de septiembre de 2014 el abogado Mejía
Castillo, dio respuesta, aclarando que antes de resolver los dos
cuestionamientos hechos debía hacer las siguientes anotaciones:
“(…)
2.
Antes de entrar
a dar las respuestas de manera concreta a los dos requerimientos arriba
planteados, me permito informar que en el caso de las victimas reconocidas por
el ex paramilitar EDGAR IGNACIO FIERRO FLÓREZ, -alias "Don Antonio"-
relacionadas en la tutela, el día 07 de Diciembre de dos mil once (2011), la
Sala de Decisión de Justicia y Paz de Bogotá profirió sentencia condenatoria, la cual fue apelada por varios de los intervinientes
y la honorable Corte Suprema de Justicia mediante auto del 06-06-2012, Radicado No 38.508 M.P. Dr. José Luis Barceló Camacho resolvió el
recurso de alza quedando ejecutoriada una vez el Tribunal en el mes de agosto
de ese mismo año, expidió auto de acatamiento.
3.
Dentro de los
exhortes de la sentencia contra Fierro Flórez, se conmina al Estado a suministrar
tratamiento psicológico a las víctimas beneficiaras que represento, cuyos
nombres relaciono a espacio:
HECHO
No
NOMBRE
VICTIMA DIRECTA:
FALLECIDO
/ DESAPARECIDO
O
DESPLAZADO
NOMBRES
DE LOS BENEFICIARIOS
DE
LA SENTENCIA
05
Carlos Cristóbal Barrero Jiménez
Elizabeth del Carmen Barrero Berdugo
09
Julio Alberto Rosales
Adelina Rosa Gutiérrez Hernández -Menor
20
Georgi Eliécer Frontado Contreras
Yesenia Isabel Frontado Contreras
Omaira Isabel Frontado Contreras
Elis Humberto Frontado Contreras
Eloy José Benítez Contreras
23
Leonardo José García Salinas
Judith Cecilia Salina Díaz
Carlos Emiro García Salina
Jairo Manuel García Salina
Rodulfo Enrique García Salina
26
Alfonso Taborda Cantillo
Ana Felicia Cantillo Olivero
29
Walter Enrique Laguna Quiroz
Judith del C. Quiroz Reyes
Jovany Alberto Ferrer Quiroz
Deivis José Ferrer Quiroz
34
Freddy Arturo Donado Guzmán
Beatriz Donado de Donado
Diana Donado Donado
36
Néstor Darío Agudelo Giraldo
Doralba Bedoya Ortega
Brenda Agudelo Bedoya –Menor
David Fernando Agudelo Bedoya
Beatriz Elena Agudelo Bedoya
Martha Isabel Agudelo
Piedad Stella Agudelo Giraldo
Luz Marina Giraldo de Grisales
Lucelly Giraldo
María Nelly Agudelo Giraldo
38
Geobaldi José Pérez Roa
Leovigilda Roa Bojato
José Martín Pérez Pérez
Luzmila Pérez Roa
Nelly Judith Pérez Roa
Juvenal Pérez Roa
Luz Merlis Pérez Roa
Iriam María Pérez Roa
Lorena Pérez Roa
43
Edwin Antonio Navarro Manotas
Nicolás Emiro Navarro Manotas
Yesenia del Carmen Navarro Arias
Deibys Emeiro Navarro Arias
Erlinda Sofía Navarro Arias
Dilmer Andrés Navarro Arias
Yubis Elena Navarro Arias
Eniselda María Navarro Arias
Ledis Esther Navarro Arias
43
Frank José Manotas Galvis
Melvin Abad Manotas Medina
50
Rafael Antonio Marun García
Rafael Antonio Marun Sarmiento
61
Nelson Mejía Sarmiento
Jorge Cesar Mejía Beyeh
Ginger Noyeth Mejía Beyeh
63
Jaime David Ramos Redondo
Genoveva Fabregas de Ramos
Cecilia Redondo de Ramos
Nora Helena Ramos Redondo
Luis Alfredo Ramos Redondo
64
Maribel Palma Posada y otros
Cristian Esteban Montoya Palma
Daniela Esmeralda Capdevila Palma
65
Rafaela Tordecilla Cortés y otros
Marleidys Hernández Tardecillas
Zoleymi Peñaloza Tardecillas
Dinky Hernández Tordecillas
Emmanuel Hernández Tordecillas
Lilibeth Hernández Tordecillas
Luz Karim Hernández Tordecillas
68
Jairo Raúl Roa Ramírez
Fidel Enrique Torrenegra Arrieta
Rafael Eduardo Torrenegra Roa
Ana Milena Torrenegra Roa
Sergio Alfonso Torrenegra
97
John Delis Alcázar Licona
Sisly Romero Amaya
Jhon David Alcázar Romero – Menor
Carlos Alberto Correa Licona – Menor
Andrés Correa Licona – Menor
Juan Camilo Correa Licona – Menor
Nadia Lucia Correa Licona – Menor
María Correa Licona
Ramón Correa Licona
William Alcázar Licona
97
Ramón Alcázar Mariota
William Alcázar Licona
Ramón Alcázar Licona
Antonio Alcázar Mariota
Isolina María Alcázar de Acosta
Roque Alcázar Mariota
Rosa Mercedes Alcázar Mariota
Ana María Alcázar Mariota
110
Félix Gómez Barceló
Nicolasa Castro Peralta
Fegred Magnun Gómez Castro
Félix Gonzalo Gómez Castro
Fegnig Brucen Gómez Castro
Fegob José Junior Gómez Castro
110
Libaniel García Araújo
Mariela García de Araújo
115
Julio Tarazona Ruíz
Dwight Gabriel Tarazona González
Ludwis Andrés Tarazona González
117
Edinson Rafael Zúñiga Cajada
María de la Cruz Cajada Ruíz
Humberto Rafael Zúñiga Cajada
Beatriz Zúñiga Cajada
Virgilio Zúñiga Cajada
Leybis Zúñiga Cajada
119
Wilson Echavarría Guzmán
Tulia Rosa Guzmán de Echavarría
Marta Nubia Echavarría Guzmán
127
Víctor Fidel Castro Garizábal
Nelys Johana Mejía Hernández
Juan Carlos Castro Mejía – Menor
César Camilo Castro Vargas
135
Roberto Ballestas Ripoll
Sharon P. Ballestas Rodríguez
Carlos Enrique Ballestas Rodríguez–Menor
140
Gerson Daniel Púa González
Haudry Johana Olivera Ariza
Gerson José Púa Guevara – Menor
Rigel del Rosario González García
María Fenarda Silvera González
Dayanys Esther Púa González
Ana María Silvera González
140
Julio César Púa Escorcia
Darlys Patricia Ariza de Moya
Francisco Javier Púa Ariza – Menor
Yennidet Púa Ariza – Menor
Néstor Miguel Púa Escorcia
María Edith Escorcia Vargas
Teresa de Jesús púa Chica
Marelvis Púa Escorcia
Sugey María Púa Escocia
141
nselmo Antonio Manga Altamar
Angélica María Altamar
Jhonatan Israel Manga Cantillo
Cristian Andrés Manga Cantillo
Antonio Luis Manga Altamar
Luz Mariana Altamar Pérez
Neldis Judith Altamar Pérez
4.    En
relación a las víctimas del ex paramilitar JOSÉ GREGORIO MANGONES LUGO – alias
“Carlos Tijeras”- en julio de 2013 se presentaron los respectivos incidentes de
reparación integral estándose a la espera de que la Sala de Conocimiento de
Justicia y Paz de Bogotá profiera sentencia. En este trámite se presentaron
postulaciones reparatorias respecto de las siguientes víctimas:
No
HECHO
VICTIMA
DIRECTA:
VÍCTIMAS
INDIRECTAS
O
RECLAMANTES:
1
56
José Antonio Olivares
Marta Rosa Olivares Silgado
2
67
Denis Omaira Rodríguez Amaya
Luis Eduardo Rodríguez Rodríguez
Jesús Enrique Vargas Ortega
3
68
Álvaro Camilo Villanueva
Tentativa de homicidio y desplazamiento forzado
Álvaro Camilo Villanueva
4
68
Joel de Jesús Valencia Pérez
Elvira Pérez García
Ángel Valencia Oliveros
Wilgen José Valencia Pérez
Solernain Valencia Pérez
Luzmeyda Valencia Pérez
Samid Abner Valencia Pérez
5
68
Leonardo Fabio Arrieta Polo
Luis Ramón Arrieta Reyes
Sara Esther Polo Morrón
Leonidas Rafael Arrieta Polo
María Magdalena Arrieta Polo
Luis Ramón Arrieta Polo
Geobaldi Jesús Arrieta Polo
Sara Esther Arrieta Polo
6
86
Wilfrido Eliecer Blanco Pineda y
Manuel Silvio Blanco Mendoza
Georgina Pineda Manjarrez
Natividad Sobrino Montenegro
Leonardo Antonio Blanco Pineda
Jorge Blanco Pineda
Olga Blanco Pineda
8
144
Deivis Alfredo Fontalvo Vivanco
Xiomara Vivanco Pérez
9
150
Eurípides Andrés Marín Santiago
Edgar Enrique Marín Santiago
10
151
José Manuel Marín Santiago
Yolima Amor Rodríguez Edgar
Siberlys Marín Amor (Menor)
Shirley Marín amor (Menor)
José Manuel Marín Amor (Menor)
Edgar Enrique Marín Santiago
11
193
Yesid Alberto Rivas Sevilla
Judith Esther Sevilla Martínez
Carlos Acuña Sevilla –Menor
Janevis Acuña Sevilla –Menor
José Antonio Rivas Sevilla
12
201
Leopoldo Enrique Sierra Serrano
Carmen Andrea Serrano Oliveros
José Benito Sierra Serrano
Jorge Luís Sierra Serrano
Miguel Pabón Serrano
Marcelino Sierra serrano
13
206
José Giovanny Escobar Carrillo
Lelys María Carrillo Hernández
Yasiris Garrido Carrillo –Menor
Ingrid Garrido Carrillo –Menor
Calixto Garrido Carrillo –Menor
Neidilia Garrido Carrillo –Menor
Yenis María Carrillo Hernández
María Elena Carrillo Hernández
Ana Mercedes Carrillo Hernández
Yesenia Patricia Garrido Carrillo
Sandra Milena Carrillo Hernández
14
209
Germán Peñate Llanos
Patricia Elena Morán Abello
15
240
Arley Javier Torres Rosales
Milton Manuel Torres Ruíz
Judit María Rosales Hdez
Molton Manuel Torrez Rosales
Jaider Manuel Torrez Gzalez
Zuleyma Torres Rosales
Arley David Torres Rosales
16
291
Juan Alirio Quintero Navarro
Albeiro Quintero Navarro
Margeny Quintero Navarro Cristo
Orfelina Quintero Navarro
Belén Quintero Navarro
Jazmín Quintero Navarro
Nubia Quintero Navarro
17
339
Fernando Enrique Ortíz Chamorro
Amalia Rosa Chamorro de Ortíz
Mary Luz Ortíz Chamorro
Amalia Rosa Ortíz Chamorro
Maribel Esther Ortíz Chamorro
José Luis Ortíz Chamorro
Marisela Janeth Ortíz Chamorro
Guillermina Ortíz Chamorro
Marelys Janeth Ortíz Chamorro
Mariela Esther Ortíz Chamorro
Marlene Iveth Ortíz Chamorro
18
348
María del Carmen Fuentes León
Luis Felipe Santos Rueda
19
353
Daniel José Fontalvo Santana
Miryam Esther Porras Torres
Alexander José Fontalvo Porras
Sergio Antonio Fontalvo Porras
Daniel José Fontalvo Porras
Melvis Rosa Fontalvo Santana
Albertina Fontalvo Santana
María del Socorro Carranza Santana
20
369
Edgar Javier Batista Torres
Shirlys Batista Torres
Jaider Batista Torres (Menor)
José Wilfrido Batista Bolaño
Gladis Esther Batista Bolaño
Rosa Amelia Batista Bolaño
Edith Batista Bolaño
21
366
Raúl Segundo Ruíz Alemán
Fanny Alemán Thomas
José Antonio Ruíz Alemán
Marelvis Esther Ruíz Alemán
Roque Jacinto Ruíz Alemán
Josefa María Ruíz Alemán
Luis Miguel Ruíz Alemán
22
382
Pedro Segundo Barandica Barraza
Gabriela del Carmen Navarro Peña
John E. Sneider Barandica Navarro
Luz Darys Barandica Barraza
Roberto Rafael Barandica Barraza
23
382
Juan Carlos Peña Medina
Sara Esther Medina Barandica
Yeimi Johanna Rodríguez Polo
Paola Andrea Medina Barandica
Álvaro Javier Medina Barandica
Luis Miguel Peña Medina
Lina Manuela Peña Medina
24
385
Yair Alfonso Jiménez Niebles
William Manuel Jiménez de la Hoz
Edilsa Niebles de Jiménez
Luz Paola Jiménez Niebles –Menor
William Manuel Jiménez Niebles
Rosiris Esther Pérez Niebles
Yenis Enith Jiménez Niebles
Yarlenis Patricia Jiménez Niebles
25
391
Fabián Enrique Osias Pérez
Delfina Judith Osías Pérez
José Ricardo Osías Pérez
Francia Yaneth Osías Pérez
Albanis Cecilia Osías Pérez
Ricardo de los Reyes Osías Pérez
26
398
Manuel Pájaro de Arco
Ana de Jesús Flórez Carrillo
Sarina Pájaro Flórez
Sandra Pájaro Flórez
Sindy Pájaro Flórez
Saray Pájaro Flórez (Menor)
Sandy Pájaro Flórez (Menor)
27
400
Epifanía María Schonewolf Coronado
Luis Alberto Carrillo Schonewolf
28
400
Miguel María Carrillo Schonewolf
Pablo Manuel Carrillo Ebrat
Luis Alberto Carrillo Schonewolf
29
329
Robinson Segundo Alonso Araújo
Damaris María Araújo
Damaris Araújo
Fidias Esther Alonso Araújo
María Antonia Alonso Polo
Olivia Esther Alonso Araújo
30
415
Alder José Berrío Cuello
Luis Segundo Berrío Cuello
31
415
Pedro Pablo Reales Villegas
Isabel María Carrillo Iglesias
Julia Villegas Pérez
Dayana Reales Escobar
Giovanni Reales Villegas
Luis Carlos Reales Villegas
Rafael Arturo Reales Villegas
32
557
Jorge Eliecer Cotes Gómez
Deyanira Gómez Gómez
Martha Luz Gómez
Yobannys Martínez Gómez
Yabeth Cecilia Martínez Gómez
Luisa María Martínez Gómez
Juana Martínez Gómez
Nemesia Martínez Gómez
Gladis Hilda Martínez Gómez
33
422
Roberto Segundo Scott Berrio
Nelson Manuel Scott Berrio
Arcadio Miguel Scott Berrio
Moisés Castro Berrio
Rogelio Jaramillo Berrio
34
433
Jorge Gregorio San Martín Pérez
Brenda Marylis Salas Cabarcas
Claret Ivonne Salas Cabarcas –Menor
35
436
Azael Santiago Pérez
Catalina Pérez Santiago
Maribel Santiago Pérez
Geraldys Patricia Marriaga Pérez
36
445
Pedro Luis Candanoza Bovea
Natividad Toscano Fronaris
Luis Yefrith Candanoza Toscano
Linda Yirley Candanoza Toscano
Pedro Luis Candanoza Toscano
37
450
Luis Alberto Barón Negrete
Francisca Negrete
38
465
Arturo Manuel Vengoechea Martínez
Beatriz Miladis Manotas Ortíz
Carolay Vengoechea Manotas –Menor
Eneida Vengoechea Martínez
Antonio Segundo Vengoechea Martínez
Luis de las Mercedes Vengoechea Martínez
39
467
Luis Eduardo noguera Echevarría
Nurys Esther Conrrado Coronado
Faneth Noguera Conrrado
40
471
Luis Carlos Donet Hernández
Margot Isabel Pacheco Ortega
Luis Manuel Donet Pacheco –Menor
41
474
Nilson Segundo Rodríguez Rodríguez
Rafael Dario Rodríguez Ramos
Daniel José rodríguez Saavedra
Rafael Dario Rodríguez Saavedra
Luis Eduardo Rodríguez Rodríguez
Miryam Saavedra de Rodríguez
42
484
Gofier Alfonso Araújo Castellanos
Isabel Segunda Fontalvo García
Amalia Castellanos Montenegro
Inedita María Araújo Castellanos
43
486
Deivis Alfonso Rivas Sevilla
Judith Esther Sevilla Martínez
Carlos Acuña Sevilla
Janevis Paola Acuña Sevilla
José Antonio Rivas Sevilla
44
493
Juan Carlos Caballero Vargas
Katherine Esther Martínez Polo
Ana María Caballero Mítines –Menor
Alberto Caballero Martínez – Menor
Deivis Enrique Caballero Vargas
Yesid Enrique Caballero Martínez
45
501
Jesús Orozco de Ávila
Margarita Teresa Alfonso Terán
Yenis Patricia Orozco Alfonso
Neivis Paola Orozco Alfonso
Pedro Luis Orozco Alfonso
Felipa Esther Orozco de Ávila
Nicolasa Esther Orozco de Ávila
Damaris Orozco de Ávila Marina Esther de Ávila
46
506
Manuel Esteban Fernández González
Adelaida Fernández San Juan
Diavis María Villanueva Fernández
Maryoris Esther Fernández González
Dairon Antonio Fernández González
Jeiner Enrique Fernández González
47
506
Anit de la Hoz Vanegas
Adelaida Fernández San Juan
48
520
Margarita Isabel Hernández Núñez
Miguel Antonio Gutiérrez Cortez
Cindy Margarita Morales Hernández
Wilfrido Enrique Ospino Hernández
María Magdalena Núñez de Hernández
Carlos Hernández Rapero
Liliana Yaneth Hernández Núñez
Omar Hernández Núñez
Felipe Hernández Núñez
Ana María Hernández Núñez
Silverio Rafael Hernández Núñez
Sandra patricia Hernández Núñez
Cesar Enrique Hernández Núñez
Leidy Cecilia Hernández Núñez
Darío Hernández Núñez
49
517
Manuel de Jesús Pertuz Orozco
Tatiana Pertuz Cañizar
Kelly Johana Pertuz Cañizar
María de las Nieves Pertuz Orozco
Margarita del C. Ebrath Cardona
Jorge Luis Villar Ebrath
50
517
Pedro Pablo villar Ebrath (Menor de edad)
Tentativa de homicidio y desplazamiento forzado
Pedro Pablo Villar Ebrat
51
522
José Enrique Redondo Hernández
Ana Rosa Hernández Carrillo
Solit Enrique redondo Hernández
Eucaris Redondo Hernández
María de las Nieves Redondo Hernández
52
528
Pedro Luis Esmeral Ramírez
Elsy Sofía Ramírez Jiménez
Álvaro Esmeral Ariza
Esmeralda Esmeral Ramírez
Edith Esmeral Cruz
Héctor Esmeral Cruz
Ramón Esmeral Cruz
53
529
Jhon Carlos Larios Bolaños
Ana Esther Bolaños Cantillo
Álvaro Larios Bolaños
Doris María Larios Bolaños
Ana María Larios Bolaños
Dayana Sofía Larios Bolaños
José Olmos Peña
Samir Olmos Jiménez
54
533
Euclides Rafael Montenegro Gómez
Leonarda Isabel Montenegro Gómez
Consuelo de Jesús Montenegro
55
551
Miguel Ángel Acosta García
Ruby María Fajardo cantillo
Manuel Salvador Acosta Charris
Sixta María Acosta García
Álvaro José Acosta García
Hugo Manuel Acosta García
Jairo Manuel Acosta García
Gustavo Rafael Acosta García
Ever Acosta García
Aramis Acosta García
María Concepción Acosta García
56
551
Ever Acosta García
Tentativa de homicidio y desplazamiento forzado
Ever Acosta García
Narcisa Ospino Martínez
Yeison Alberto Acosta
57
556
Rodolfo Enrique Villalba Bossa
Natividad Villalba Bossa
Amelia Carlota Bossa de Villalba
Natividad Villalba Bossa
José Fco Villalba Bossa
Mario Rafael Villalba Bossa
Ana Isabel Villalba Bossa
Gabriel Arturo Villalba Bossa
Rosmira Esther Villalba Bossa
Otilia María Villalba Bossa
Carmen Alicia Villalba Bossa
Manuel Antonio Villalba Bossa
58
551
Hugo Manuel Acosta García
Hugo Manuel Acosta García
Ana Gutiérrez Ochoa
Rosana Acosta Ochoa
María Acosta Gutiérrez
Diana Marcela Acosta Gutiérrez
Rosario Gutiérrez Ochoa
59
551
Gustavo Rafael Acosta García
Gustavo Rafael Acosta García
Aracellys María Pizarro Marrugo
Bedis Esther Pizarro Marrugo
Katherine Pontón Pizarro
Marlon Fabriany Pizarro Marrugo
Amairo José Pizarro Marrugo
60
551
Alcides José Acosta García
Alcides José Acosta García
Martina Rosa Bustillo Caraballo
61
551
Aramis Alfonso Acosta García
Aramis Alfonso Acosta García
Felicia María Acosta Londoño
Ingrid Acosta Londoño
Lourdes Acosta Londoño
Alberto Mario Acosta Londoño
Aramis Arturo Acosta Londoño
Erika Acosta Londoño
María del Socorro Londoño García
62
551
María Concepción Acosta García
María Concepción Acosta García
Orlando Javier Acosta Moreno
Breyner Vásquez Acosta
Brenda María Vásquez Acosta
Jeison Alberto Acosta Mora
María José Acosta Moreno
Brian Davis Sánchez Acosta
63
553
Manuel Salvador Acosta García
Edith Micaela Molina López
Jorge Armando Acosta Orozco
Consuelo María Acosta Orozco
Deibis Manuel Acosta Orozco
Mariela Paola Acosta Orozco
William Alfonso Acosta Orozco
Hugo Manuel Acosta García
Jairo Manuel Acosta García
Gustavo Rafael Acosta García
Alcides José Acosta García
Ever Acosta García
María Concepción Acosta García
Aramis Alfonso Acosta García
Manuel Salvador Acosta Charris
Sixta María Acosta García
Álvaro José Acosta García
64
554
José Iván Ardila Trujillo
Everlydis Coronado Barrios
Lorayne Ardila Coronado –Menor
José Benigno Ardila
Mary Luz Ardila Trujillo
Olga Lucía Ardila Trujillo
65
555
José Segundo Gutiérrez Caraballo
Antonio Segundo Gutiérrez
Mauris Paola Gutiérrez García
Hebelin Esther Gutiérrez García
66
60
Giovanni Antonio Meneses Blanco
Gloria Marcela Castro Castro
Dilan Giovanni Meneses Castro
Kevin Antonio Meneses Castro
Steven Steack Meneses castro
Marlene Cecilia Blanco Lacera
Martha Inés Meneses Blanco
Yomaira Rosa Meneses Blanco
Franklin Irene Meneses Blanco
67
38
José David Fernández Alvarino
Tentativa de homicidio y desplazamiento forzado
Isidra Isabel Alvarino
José David Fernández Alvarino
110
Carlos Julio Cifuentes Arango
Miryam Sofía Cifuentes Arango
68
248
Rodolfo Enrique Vizcaíno Gutiérrez
Luz Marina Toscano Negrete
69
451
Horacio José Plata Rueda
Tulia Bienvenida Ortega Miranda
Horacio José Plata Ortega
María del Carmen Plata Ortega
70
135
Manuel de Jesús Pacheco Meriño
Luz Elena Pacheco Santiago
Pablo Manuel Pacheco Meriño
Yanaisis Esther Pacheco Meriño
Eder Enrique Pacheco Meriño
Pedro de Jesús Pacheco Meriño
Armando Rafael Pacheco Meriño
Mariela Isabel Pacheco Meriño
Andrés Avelino Pacheco Meriño
César Augusto Pacheco Meriño
Luisa Elena Pacheco Meriño
71
135
Pablo Manuel Pacheco Meriño
Pablo Manuel Pacheco Meriño
Diosa Domínguez García
Yiseth  Paola Pacheco Rodríguez
Yuleidis Patricia Pacheco Rodríguez
Yurith Elena Pacheco Rodríguez
Yhan Carlos Pacheco Martínez
72
Sentencia
Anticipada
Heberto Fihol Pacheco
Ana Rosa serrano Suárez
Nicol Carolina Serrano Suárez –Menor
Bexis Cecilia Fihol Pacheco
Osvaldo Fihol Pacheco
Elsa María Fihol Pacheco de López
Augusto José Fihol Pacheco
José Fihol Pacheco
Casta Fihol Pacheco
Germán Antonio Fihol Pacheco
73
Jorge Eliecer Guerrero Hernández
Gladis Hernández Melo
74
397
Fabián Arteche Jiménez
Rubiela González Escobar
Erika Patricia Arteche González
Cristian Arteche González
Luz Daris Arteche González
75
256
Luis Alberto Montesino Hernández
Saudith Ester Montesino Escorcia
Martin Montesino Montenegro
76
542
Manuel Antonio Mercado Samper
Gladis Esther Samper López
José Rosario Mercado Vizcaíno
José Gregorio Mercado Samper
Edilma Isabel Mercado Samper
Samir Enrique Mercado Samper
Jamir Enrique Mercado Samper
Eliecer Mercado Samper
Dagoberto Mercado Samper
77
142
Luis Arturo Romo Rada
Gilda Montenegro Ariza
Ducvelia Romo Montenegro
Luis Arturo Montenegro Ariza
Carmen Inés Romo Montenegro
Evo Yoneth Romo Montenegro
Luisa del Socorro Romo Montenegro
Saheidis Michell Romo Montenegro
Diraya de Jesús Romo Montenegro
Senyin Tatiana Romo Montenegro
Doguil Dut Romo Montenegro
78
205
Roberto Carlos García Álvarez
Patrocinia Esther Álvarez Hernández
Ariel Alfonso Álvarez
Rocio Celene García Álvarez
Grey Carolín Paz Álvarez
Carmen Sofía Paz Álvarez
Oscar Vicente Paz Álvarez
Erwin Alfonso Paz Álvarez
79
180
Franio Antonio García Pabón
Adenaida María García Pabón
Mingreth Patricia García Pabón
80
834
Julio Rafael Berrio Escorcia
Osiris Esther Berrio Ariza
Mercedes Berrio Valencia
Roberto Julio Berrio Rivaldo
81
545
Yasmín Esther Escorcia Reyes
Yocer Nayith Escorcia Escolar
Adalberto Escorcia Escolar
83
423
Luis Manuel Castro de Oro
Yasmín Esther Castro de Oro
Yesica Paola Castro de Oro
Rosa María Castro de Oro
Nubis Esther Castro de Oro
Eliberto Castro de Oro
Luz Marina Castro de Oro
Johanna Esther Castro de Oro
Adalberto Castro de Oro
Yasire Esther Castro de Oro
Fredy José Castro de Oro
84
083
Cástulo José Carbonó Guillot
Cástulo José Carbonó Guillot
85
457
Ángel Eduardo Campis Rodríguez
Juna Margarita Fuentes Silvera
Carolais Campis Fuentes
Eliana Campis Fuentes
Ángel Campis Fuentes
86
09
Jorge Eliecer Hernández Hernández
Tentativa de homicidio y desplazamiento forzado
Jorge Eliecer Hernández Hernández
Digna Rosa Montenegro Ariza
Yulisa Hernández Montenegro
Darwin Castro Montenegro
Enrique Alcides Abello Montenegro
5.
Explica de otra
parte, que para el 11 de septiembre la Sala de decisión de Justicia y Paz de
Barranquilla Programó el inicio de la audiencia concentrada contra el ex
comandante FIERRO FLÓREZ radicado con el No. 11-001-600-00253-2006-81389 y
otros, de cara a la segunda instancia de alcance parcial contra este postulado
y otros, pero ninguna de las víctimas que representa se les ha practicado
examen psicológico para determinar sus perturbaciones psíquicas. Dice anexar
copia del auto de notificación de audiencia, y manifiesta que los nombres de
las víctimas los relaciona en el acápite de peticiones.
En
relación con las preguntas puntuales hechas por esta Corporación señaló lo
siguiente:
1.    RESPUESTA
AL REQUERIMIENTO UNO., es decir “si
se llevó  acabo
prueba pericial de valoración psicológica y/o psiquiátrica”, a
las víctimas de los ex comandantes paramilitares JOSE GREGORIO MANGONES
LUGO-alias “Carlos Tijeras”- y otros y EDGAR IGNACIO FIERRO FLÓREZ, -alias “Don
Antonio”- manifiesto a esta Magistratura que ninguna de las entidades estatales
relacionadas en la acción de tutela vale decir: INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL,
SECRETARIAS DE SALUD DISTRITAL Y DEPARTAMENTAL, HOSTIPALES Y C.T.I. entre
otras, ninguna de ellas
realizó las valoraciones psicológicas y/o psiquiátricas solicitadas para
determinar las afectaciones psíquicas o emocionales a las víctimas de los
hechos más crueles de que se tenga en cuenta en nuestra historia Republicana.
2.    En
mi condición de abogado de confianza, pagué hasta donde pude valoraciones
psicológicas a las doctoras ELENA
BUSTOS RINCÓN, ASTRID SUÁREZ Y ASTRID
ORTÍZ quienes hicieron
una diagnósticos y recomendaciones consistentes en acompañamiento psicológico
individual y grupal a las víctimas para la superación del duelo pero no tuve
recursos para continuar sufragando estos acompañamientos cuya responsabilidad es
del Estado a través de la red hospitalaria y del Instituto de Medicina Legal
quien es la autoridad medica nacional.
RESPUESTA
AL REQUERIMIENTO DOS: “si ello es así, informe que entidad o entidades asumieron
su realización”. Como bien dije en el numeral precedente, a la fecha no se han
realizado las valoraciones psicológica y/o psiquiátrica.
Como
peticiones especiales, el abogado Mejía Castillo solicitó lo siguiente:
1.    Ruego
señor Magistrado con base a la providencia del 20 de agosto de esta anualidad
conminara a la accionada a la accionada y por tanto al Gobierno Nacional, para
que a través de las Secretarias de Salud Distrital y Departamental de los
Departamentos del Atlántico y Magdalena, de la red hospitalaria y de manera
preferente del Instituto de Medicina Legal, haga las valoraciones solicitas a
cada una de las víctimas relacionadas dentro de los tramites No.
11-00-160-00253-2007-82791 y 11-001-6000-253-2006-81366 contra JOSE GREGORIO
MANGONES LUGO- y EDGAR IGNACIO FIERRO FLÓREZ, respectivamente cuyos nombres se
relacionan en los numerales 1 y 2 de los hechos de este escrito.
2.    Notificar
del fallo a la Sala de Decisión de Justicia y Paz de Bogotá, para lo pertinente
teniendo en cuenta que ambos procesos se desarrollaron en esta ciudad y estamos
a la espera de la sentencia contra Mangones Lugo.
3.    Notificar
del fallo a la Sala de Decisión de Justicia y Paz de Barranquilla, M.P. Dr.
GUSTAVO ROA AVENDAÑO, para que las victimas que represento dentro de la causa No.
11-001-60-00253-2006-81389 y
otros, seguida en contra de EDGAR IGNACIO FIERRO FLOREZ y otros, sean remitidas
al Instituto de Medicina Legal, a las Secretarias de Salud Distrital y/o del
Departamento del Atlántico, o bien a la res hospitalaria para que se les evalué
psicológica y/o psiquiátricamente de cara al incidente de reparación integral
que en los próximos días estaremos presentando. Los nombres de estas víctimas
son:
NOMBRES VICTIMAS DIRECTAS
NOMBRES
VICTIMAS INDIRECTAS:
ERNESTO ALFONSO OLIVARES VILLAFAÑE
JUDITH
ELEANOR VILLAFAÑEZ FERNANDEZ-MADRE
HERMANOS:
LUIS
ALFONSO VILLAFAÑEZ FERNANDEZ
JOSÉ
LUIS VILLAFAÑEZ FERNANDEZ CANDY REBECA VILLAFAÑEZ FERNANDEZ
RAFAEL
ROA MARRIAGA
DORIS MARRIAGA DE ROA-
ARMANDO RAFAEL ROA
LEWIS
ALEXANDER ACUÑA LECHUGA
PADRES
MARTAINA
ISABEL LECHUGA CORONADO JOSE DE LA CONCEPCION ACUÑA MENDOZA
HERMANOS
MARVIN
JOSÉ ACUÑA LECHUGA
ILIC
DE JESUS ACUÑA LECHUGA
JOSE
LUIS MONTES GARCÍA
PADRES
JORGE
ADALBERTO MONTES IBAÑEZ Y
ANA
TILDE GARCIA PALLARES
HERMANOS:
CARLOS
MARIO, LUIS ALFONSO, MARIA ANGELICA Y DALGY MARIA MONTES GARCIA
CARMEN ALICIA GARIZABALO DE LA VICTORIA
VITALIA
DE LA VICTORIA DE GARIZABALO,
MILENA
ESTHER GARIZABALO,
ALFONSO
CESAR, ALFONSO CESAR, DIANA MARCELA Y JOSE GREGORIO PAREJO GARIZABALO-MENOR
ALFREDO MEDRANO MORALES
CONYUGE
NIDIA
ESCOBAR MERCADO
HERMANOS
ENA LUZ, MARVIS, YOMAIRA Y
MARINA MEDRANO MORALES
RAFAEL
GARIZABALO DE LA VICTORIA
MAIRA GARIZABALO MONTERROSA
LEIDIS MILENA ORTEGA GARIZABALO-MENOR
HAIDER
HAVIS ORTEGA GARIZABALO
URIEL SAÚL CHARRIS ACOSTA
MARIA CONCEPCION PORRAS SUAREZ
HIJOS:
GUILLERMO ARTURO CHARRIS PORRAS
ALEJANDRA MARÍA CHARRIS PORRAS
JORGE LUIS CHARRIS PORRAS
HERMANOS:
AMELIA CHARRIS DE PORRAS
CARLOS JULIO CHARRIS CABARCAS
ANA MARGARITA CHARRIS ACOSTA
VICTORIANO JOSÉ MONTENEGRO OSORIO
MADRE:
OLIMPA OSORIO DE MONTENEGRO
HERMANOS
NUBIA ESTHER MONTENGRO DE POLO
FARIDES MONTENEGRO OSORIO
NINFA LUZ MONTENEGRO OSORIO
NAYIBE MONTENEGRO OSORIO
EFRE SEGUNDO MONTENEGRO OSORIO
ROSARIO MARIA MONTENEGRO OSORIO
LIVIDA MARIA MONTENEGRO OSORIO
ARISTÓTELES
EMPERADOR CHARRIS ACOSTA
MARGARITA LARA MERCADO
HIJOS:
PARMENEDIS MIGUEL CHARRIS LARA
CARLOS JULIO CHARRIS LARA
CESAR CHARRIS LARA
EMPERATRIZ CHARRIS HERRERA
ARISTÓTELES
CHARRISHERRERA
PEDRO
GARIZABALO DE LA VICTORIA
CARMEN
LUDIS MANGA MOSQUERA,
DANILO
ANDRES Y NOLBERTO JULIO GARIZABALO MANGA
JORGE
ENRIQUE BARRERA CERVANTES
COMPANERA
PERMANENTE
CIELO MARIA NAVARRO UTRIA
HIJOS
JORGE
Y DANILO BARRERA NAVARRO
FEIDER
ENRIQUE BARRERA ORTEGA
LEIDER, LEONARDO JAVIER BARRERA NAVARRO
JULIA
CARMEN BARRERA CERVANTES
EMERITO
BARRERA CERVANTES
NERIS
MARIA BARRERA CERVANTES
GERSON DANIEL PÚA GONZALEZ
YENIFFE
ASTRID GONZALEZ GARCIA-MADRE
DE CRIANZA
WILMAN
JOSÉ PUA ORELLANO
NORBERTO
GARIZABALO DE LA VICTORIA
PRIMER
NUCLEO FAMILIAR
YANUBIS
JUDITH GUERRERO DE LA ROSA-COMPAÑERA
HIJOS:
JESUS
DAVID GARIZABALO GUERRERO
KELLY
JOHANA GARIZABALO GUERRERO
HONORIO
CESAR GUERRERO-SUEGRO
SEGUNDO
NUCLEO FAMILIAR
CIELO
ROSA FLOREZ DE LA VICTORIA COMPAÑERA
HIJO
JOSUE
DE JESUS GARIZABALO LOREZ
VICTIMAS CON INCIDENTES PRESENTADOS SALA DE
BOGOTA- AUD. CONCENTRADA
SALAVATORE MANCUSO GÓMEZ Y OTROS
JULIO CESAR CANTILLO GALINDO
MARLENE
ISABEL VALENCIA CANTILLO- hija de crianza- y de los señores PETRA ISABEL
CANTILLO GALINDO,
CANDELARIA
ESTHER VALENCIA CANTILLO,
MANUEL
DE LOS REYES PEREZ GALINDO,
HILDA
JACINTA RODRIGUEZ GUTIERREZ Y
FRANCISCA
ELENA GUTIERREZ CANTILLO
CLEMENTE ANTONIO VALENCIA SILVERA
COMPANERA
PTE
AMPARO
DE JESUS DE LA HOZ
HIJOS
JENNIFER,
EDWIN y ADRIANA VALENCIA DE LA HOZ
CLEMENTE
VALENCIA BLANCO-
HERMANOS
MARTHA
PATRICIA, WILLIAN ENRIQUE,
MAIDETH
ROSARIO, ISABEL MARIA, GILBERTO, SERGIO ALBERTO, EDWIN ALBERTO y ANIBAL
RAFAEL VALENCIA SILVERA
EURÍPIDES MARTÍNEZ GUTIERREZ
COMPANERA
PTE
MALBY
LUZ ORTEGA MEJIA
HIJOS:
JOHON
JAINER MARTINEZ ORTEGA,
BILEDIS
MARIA MARTINEZ ORTEGA,
YANET
JUDITH MARTINEZ ORTEGA,
MILENA
DE AVILA ORTEGA
DANIR JAMET MANGA GUTIERREZ
MIGUEL
ANGEL MANGA GONZALEZ
HILDER ALFONSO DOMÍNGUEZ TORRES
HIJA
YEIMIS
JUDITH DOMINGUEZ ZARCO
FELIX
ENRIQUE CARABALLO SÁNCHEZ
PADRES
YOLANDA
SANCHEZ DE CARABALLO y JOSE ELADIO CARABALLO TABORDA
HERMANOS
ARIEL
ROBERTO, RAFAEL, SIXTA, DONALDO, LILIA ROSA.TOMAS, LUZ CENIT, ELIZABETH,
JAIRO JOSE, EDILTRUDIS Y ALIDIS RUTH CARABALLO SANCHEZ
FERNANDO
MIGUEL VARGAS AGUILAR
PADRES
RAFAEL
ENRIQUE VARGAS RUA (fallecido de FELICIA NIEBLES AYALA- madre de crianza-
HERMANOS:
LUISA MARIA y
ROSALIA ISABEL VARGAS NIEBLES, de RAQUELINA ISABEL, JOSEFA ROSA Y
AMALIA RUDAS
NIEBLES
RAÚL
ENRIQUE RODRÍGUEZ VILLARREAL
CONYUGE:
DILIA
ROSA CAMARGO MARTINEZ
HIJOS:
ESTEFANIA,
PAULINA, ANGIE, DANIEL, JANER JESUS, JOSE LUIS y RAUL ENRIQUE RODRIGUEZ
CAMARGO,
ANA
MILETTE RODRIGUEZ SANDOVAL
WILFREDIS
ANTONIO LEAL RODRÍGUEZ
COMPANERA
LORENA
MARGARITA MEJÍA SUAREZ
PADRES:
FLOR MARIA LEAL MEJIA
FLOR
MARIA RODRIGUEZ DE ALBA SORO BABEL LEAL MANGA
HERMANOS
ABEL
AUGUSTO, WILMER SEGUNDO, EMIRO JULIO Y JOSE ABIGAIL LEAL RODRIGUEZ
VICTIMAS CONTENIDAS EN LA SENTENCIA DE LA SALA DE
JUSTICIA Y PAZ
DE BOGOTÁ CONTRA FIERRO FLÓREZ Y OTROS
EDER
ENRIQUE MENDOZA GÓMEZ
MADRE
CANDIDA ROSA GOMEZ DE MENDOZA
HIJO
JUAN
JOSE ESCORCIA TRIVIÑO
LUIS
EDUARDO CORONADO HERRERA
LUIS
EDUARDO CORONADO ZAMBRANO
EVERISTO MORALES HERNÁNDEZ
IRINA DEL ROSARIO
SANCHEZ PAEZ DIANA MORALES SANCHEZ ANA MARIA CARMEN MORALES SANCHEZ
JULIO
ALBERTO GUTIERREZ ROSALES
CARMEN
ALICIA GARIZABALO BOLANO compañera permanente
PADRE:
DANIEL
DE LA CRUZ GUTIERREZ GONZALEZ-
HERMANOS
OMAR
DOLCEY, VIVIAN DEL SOCORRO Y HECTOR DANIEL GUTIERREZ ROSALES Y GERMAN ENRIQUE
OSPINO ARIZA.
JULIO
TARAZONA RUIZ
MILENA
ARLEY GONZÁLEZ OJEDA LUDWIS ANDRÉS y
DWIGHT GABRIEL TARAZONA
GONZALEZ
ALSELMO
ANTONIO MANGA ALTAMAR
ADELA
ROSA CANTILLO ALTAMAR
JHONATAN ISRAEL MANGA CANTILLO
CRISTIAN ANDRÉS MANGA CANTILLO
ANTONY DE JESÚS MANGA CANTILLO
ANTONIO LUIS MANGA ALTAMAR
LUZ MARIANA ALTAMAR PEREZ
NELDIS JUDITH ALTAMAR PEREZ
ANGÉLICA MANGA ALTAMAR
OLIVIA ROSA MANGA ALTAMAR
BELKIS MANGA ALTAMAR
YANERIS MANGA ALTAMAR
LEONARDO
JOSÉ GARCÍA SALINAS
JUDITH
CECILIA SALINA DIAZ,
EMIRO
EMEL GARCIA PINO,
CARLOS
EMIRO, JAIRO MANUEL, RODULFO ENRIQUE, AUDREY PATRICIA y ARMANDO
RAFAEL GARCIA SALINA
BERTHA
ISABEL GAMERO MARTÍNEZ
HIJO
MIGUEL
ABAD MORALES GAMERO
PEDRO
ANTONIO WILCHES ESCORCIA
ESTELA
MARINA ESCORCIA MONTENEGRO-madre-HERMANOS
VIRGINIA
EDITH, MARIANO MIGUEL, ROSA MERCEDES, AMERICA ESTELA, EDGARDO RAFAEL,
FRANCISCO ANTONIO Y ERMILA ESTER WILCHES ESCORCIA
JAIME DAVID RAMOS REDONDO
DEICY
MARIA RUIZ TERAN-COMPAÑERA PTE DIANA CAROLINA RAMOS RUIZ-HIJA
HERMANOS
ZENEYDA
ESTHER RAMOS DE MEJIA
MARTHA
ISABEL RAMOS REDONDO
NAYIT
JOSE RAMOS JIMENEZ
YOMARI
DEL SOCORRO RAMOS JIMENEZ
JAIRO
ANTONIO RAMOS CORONADO
INDEMNIZADOS
GENOVEVA
FÁBREGAS DE RAMOS,
JAIME
LUIS y MARITZA CECILIA RAMOS FÁBREGA,
CECILIA
REDONDO DE RAMOS,
NERIO
ALBERTO, NORA, CARMELO ANTONIO, CARMEN CECILIA, MIGUEL EDUARDO y LUÍS ALFREDO
RAMOS REDONDO
SABEL
MARIA HERNANDEZ PEÑA
HIJO:
GUSTAVO
ENRIQUE HERNANDEZ BOLIVAR
EDWIN
ANTONIO NAVARRO ARIAS
COMPANERA
PERMANENTE
LUDIS
ESTHER VARGAS MENDOZA
FRANK JOSE MANOTA GALVIS
LUZ MARINA MEDINA SILVERA, quien representa a su
menor hijo MANOTAS MEDINA
NESTOR
DARIO AGUDELO GIRALDO
HERMANOS:
MARIA
NIDIA AGUDELO GIRALDO HERNAN ALVEIRO SALDARRIAGA GIRALDO
WALTER
ENRIQUE LAGUNA QUIROZ
MARIA
DEL SOCORRO PEREZ GENES -compañera
permanente-,
ALEJANDRO
JOSE, ALEXANDER Y YEIMY JOHANA NARVAEZ PÉREZ - hijos de crianza-AUSBERTO ANTONIO LAGUNA JIMENEZ -PADRE
GEROGI ELIECER FRONTADO CONTRERAS
ALCIRA
ISABEL CONTRERAS ROMERO,
OMAIRA,
ELIS HUMBERTO y ELOY JOSÉ BENÍTEZ CONTERAS, por la muerte violenta del señor
GEORGI ELIECER FRONTADO CONTRERAS
NELSON RICARDO MEJIA SARMIENTO
HIJOS:
JORGE
CESAR MEJIA BEYEH
GINGER
NOYETH MEJIA BEYEH
KELVIN
CESAR MEJIA BEYEH
NELSON
RICARDO MEJIA BEYEH
GEOVALDIS
PEREZ ROA.
PADRES:
LEOVIGILDA
ROA BUJATO
JOSÉ
MARTIN PEREZ PEREZ
HERMANOS:
LUZ
MERLIS, LORENA, IRIAN, JUVENAL y LUZMILA PEREZ ROA
PENDIENTES:
GEOBALDI JOSÉ PÉREZ CORONADO
WILSON ECHEVARRÍA GUZMAN
ALBA
NIDIA, TULIA ROSA, LUIS EDUARDO, ESTHER JULIA, MARTA NUBIA, Y FALCONERY
ECHAVARRÍA GUZMAN
VICTIMAS CON SENTENCIA ANTICIPADA DE LA
JUSTICIA PERMANENTE CONTRA FIERRO FLÓREZ Y OTROS
EDILBERTO OCHOA MARTINEZ
BEATRIZ TERESA GUTIERREZ GONZALEZ
JUAN CAMILO OCHOA MARTÍNEZ
JAIRO
RAUL ROA RAMÍREZ
ALINA
MARIA ROA RAMIREZ
RAFAEL
EDUARDO Y ANA MILENA TORRENEGRA ROA, FIDEL ENRIQUE TORRENEGRA ARRIETA y
SERGIO
ALONSO TORRENEGRA ROA
ALBIS
MANUEL GAMARRA CHIQUILLO
ROVIRO
GAMARRA GALE
JOSE
GREGORIO, JORGE, ELKIN, WALDEMIRO, MILEIDYS, YOLEIDYS Y YORGY GAMARRA
CHIQUILLO
LORENZO ANTONIO MÁRQUEZ VARGAS
PADRE:
ALFONSO
ENRIQUE MÁRQUEZ BARCELÓ
HERMANOS:
MARÍA
ELENA, HERMEREGILDO MANUEL, MAGOLA MARÍA y NELIS MARÍA MÁRQUEZ VARGAS
LIBANIEL
GARCIA ARAUJO
COMPANERA:
ANGELICA
PRISCILA RODRIGUEZ HOLMOS
HIJA:
ANGELA
DAYAN RODRIGUEZ HOLMOS
FELIX
GOMEZ BARCELO
NICOLASA
CASTRO PERALTA
HIJOS:
FEGREG
MAGNUM, FEGNIC BRUCEN, FEGOB JOSÉ Y FÉLIX GONZALO GÓMEZ CASTRO
VICTOR FIDEL CASTRO GARIZABAL
HERMANOS
CARLOS EDUARDO Y ROBERTO CASTRO GARIZABALO
LUIS ENRIQUE VÉLEZ PACHECO
MADRE
ELVIA
ESTER PACHECO ROSALES
HERMANOS
JHONATAN
ENRIQUE MOLINARES PACHECO,
TERESA
DE JESUS y ELKIN RAFAEL VELEZ PACHECO
MARIA
FERNANDA SOLANO PACHECO.
JHONY ENRIQUE RODRIGUEZ BARRIOS
COMPANERA
PTE
MARELYS
ESTHER HINCAPIÉ GERSON ENRIQUE RODRÍGUEZ HINCAPIÉ
PADRES:
ALCIRA
DEL SOCORRO BARRIOS ARAUJO
ENRIQUE
ALFONSO RODRÍGUEZ CARRILLO
HERMANOS:
ENRIQUE
ALFONSO, HILDA PATRICIA, YANIER y JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ BARRIOS.
ISACIO
PALACIO CORREA
MADRE:
ROSA CORREA CUESTA
COMPAÑERA-UNO
TERESA DE JESUS AREVALO ACOSTA
HIJAS:
ROXANA PALACIO AREVALO-MENOR
SANDRA MARCEL PALACIO AREVALO
MARELVIS PALACIO GAMARRA
COMPAÑERA-DOS
DELCY ESTHER GAMARRA GALVAN
RAMÓN
ALCÁZAR MARIOTA
HERMANA
EVIS
YOLANDA ALCAZAR DE MERCADO
EDINSON RAFAEL ZÚÑIGA CAJADA
COMPAÑERA
PERMANENTE
ELISA
ESTHER NATER YEPES
HIJOS
LARRY
EDUARDO, KATHERINE
JORGE
MARIO ZUÑIGA NATER
HERMANOS
YANETH,
DIANA LUZ, TERESA DE JESUS, CANDIDA ROSA Y VIRGILIO ZUÑIGA CAJADA
FREDY ENRIQUE TORRES GARCÍA
PADRES:
CARMEN
CECILIA GARCIA PADILLA
EZEQUIEL
SEGUNDO TORRES ZABALETA
HERMANOS:
ROCÍO
SOFIA TORRES RIQUET,
ALEXANDER
JAVIER, EZEQUIEL DE JESUS, YUDIS ESTHER, EDWIN ALBERTO y YAMILE CECILIA
TORRES GARCIA
RICARDO ANTONIO SOTO MENDOZA
CONYUGE
SANDRA PATRICIA DONADO IBAÑEZ
HIJO:
RICARDO ANDRES SOTO DONADO
PADRES
MARIA CONCEPCION MENDOZA DE TRUJILLO
MIGUEL ANTONIO SOTO TOBAR
HERMANOS
DUBIS Y VIVIAN ESTHER SOTO MENDOZA
MANUEL
ESTEBAN PATIÑO CAFARZUZA
CONYUGE:
VILMA
MERCEDES CORREA ACOSTA
MADRE:
DELIA
CAFARZUZA ARROYO
HIJOS:
MANUEL
ESTEBAN Y YEISON MANUEL PATIÑO CORREA, GINA PAOLA PATIÑO MENDOZA,
MARIA
DEL CARMEN PATIÑO ORTIZ,
LICETH
PATRICIA, HEYDY MILENA y
DELIS
MAOLIS PATIÑO ORTIZ
HERMANO:
ALFREDO
PATIÑO CAFARZUZA
ALBEIRO
DE JESUS POSADA ZAMBRANO
PADRES
DE CRIANZA
LEDIS ZAMBRANO DE REYES
ORLANDO REYES MERCADO
HERMANOS
ORLANDO
JAVIER, IVAN CARLOS Y
ALEJANDRO JOSE REYES ZAMBRANO
JOSE ANTONIO NIEBLES GALINDO
PADRES
DE CRIANZA
VICTORIA
ESTHER NIEBLES OROZCO
MARCOS
DE JESUS LEON VANEGAS
HERMANOS
DE CRIANZA Y PRIMOS
MARIA
MANUELA GALINDO DE PASTRANA
JOSE
JESUS HERNANDEZ NIEBLES
CARMEN
MARIA, JOSE LUIS, JAIRO MANUEL Y
JOSE
RAMON NIEBELS GALINDO
ALEXANDER MEJÍA GUTIERREZ
COMPANERA
PERMANENTE
DELCY CECILIA MARÍN CAMACHO
HIJAS:
BRENDA LIZ y ALEXANDRA MEJÍA MARÍN
PADRES:
SARAY GUTIÉRREZ DE MEJÍA
MIGUEL ÁNGEL MEJÍA CANTILLO
HERMANOS:
OLGA, JORGE, MARTA, LILIANA Y
JAVIER MEJÍA GUTIERREZ
CARLOS CRSITOBAL BARRERA JIMÉNEZ
HIJOS
IBETH CECILIA BERDUGO MERIÑO
ELIZABETH DEL CARMEN, JHONATAN ANTONIO y
EDWIN BARRERA BERDUGO
ALEJANDRO BARRIOS PÉREZ
ROSALBA HERNANDEZ DE BARRIOS-CONYUGE.
HIJOS:
DONALDO BARRIOS HERNANDEZ,
ALEJANDRO BARRIOS HERNANDEZ,
UBALDIS BARRIOS HERNANDEZ Y
ALEXANDER DAVID BARRIOS HERNANDEZ
ALONSO JOSE LAVERDE PEREZ
EPALMINEDIS
JUDITH SARMIENTO PEREZ -CONYUGE
HIJOS
EVER
JOSE Y LEINER ENRIQUE LAVERDE SARMIENTO PADRES
GABRIELA
PEREZ Y
NORBERTO
MODESTO CABARCAS MARTELO
HERMANOS
LUIS
EDUARDO, JAVITH ENRIQUE, JUAN GABRIEL, MANUEL GREGORIO, ERICK, ALVARO ENRIQUE
Y JAIRO ALBERTO CABARCAS PEREZ
JHON
JAIRO MEJIA BATISTA
MARYORIS
IGLESIAS DE MEJIA-CONYUGE
PADRES
ELIDA
ROSA BATISTA ORTEGA
JULIO
CESAR MEJIA CUELLO
HERMANOS
,
DELCY
CECILIA, ALVARO JOSÉ, KETTY LUZ, CARMEN JUDITH, ANA FRANCISCA, MARELVI DE
JESUS, JAIME ENRIQUE Y JULIO MIGUEL MEJIA BATISTA
PADRES
TRUDON CINECIO LEONES HAMBURGES BETTY DEL CARMEN
HERRERA BENAVIDES.
HIJOS
SEBASTIÁN ALBERTO RAYO LEONES
MAVELYN JOHANA RAYO LEONES.
HERMANOS
ANDREA
CAROLINA, LUIS ALBERTO Y
WENDY JOHANYS LEONES HERRERA
MARÍA
ANGÉLICA CHÁVEZ MUÑOZ
MADRE
CARMEN
ALICIA CHÁVEZ MUÑOZ
HIJO
GLEIDER
YAMPIER CHÁVEZ MUÑOZ
HERMANOS
KATHERINE
JOHANA CRUZ CHÁVEZ
SUJEY
LORENA MARTINEZ CHAVEZ
RODOLFO
BARRIOS ANAYA
HERMANOS
RAUL,
INES, OMERIS, ASTRID MARGARITA Y
JORGE
BARRIOS ANAYA, Y WILLIAM SANCHEZ BARRIOS.
MANUEL PÉREZ SANJUAN
ANGELICA MARIA MORENO FRIAS -compañera permanente-HIJOS
DAINER JOSE, DENER JOAQUIN, YERSON DAVID Y YASMIN
ASTRID PÉREZ VARGAS.
II.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1.
Competencia
Esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para proferir
sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los
artículos 86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Problema jurídico
Como
ha sido explicado, dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz, un grupo
determinado de víctimas de las actuaciones delictivas realizadas por el bloque
norte de las autodefensas, acuden a través de apoderado judicial, a la presente
acción de tutela para solicitar la protección de sus derechos fundamentales a
la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la reparación
integral, presuntamente vulnerados por el Cuerpo Técnico de Investigación de la
Fiscalía -CTI de Barranquilla-, al negarse a practicar la valoración
psicológica que requieren como prueba técnica necesaria para abrir el incidente
de reparación integral en la audiencia de legalización de cargos, dentro del proceso
penal seguido contra los señores José Gregorio Mangones Lugo, Edgar Ignacio
Fierro Flórez, Omar Enrique Osías Martínez y Jhon Jairo Pérez Esquivel.
Los
jueces de tutela que dieron curso a la referida acción, tanto en primera como
en segunda instancia, negaron la solicitud de protección, tras considerar que
es la Fiscalía Especializada de Justicia y Paz y no el CTI quien debe asumir la
práctica de la valoración solicitada, agregando a lo anterior que los afectados
cuentan con otro medio de defensa judicial para reclamar la protección de los
derechos presuntamente afectados.
Con
base en lo anterior, en la presente oportunidad, le corresponde a la Corte
Constitucional establecer si la negativa a practicar en favor de las víctimas del
bloque norte de las autodefensas, los dictámenes psicológicos requeridos por aquellas
para aportar en el trámite del incidente de reparación integral que debe
surtirse dentro del proceso de justicia y paz que se sigue contra los citados miembros
de dicho bloque de las autodefensas, deviene en una vulneración de sus derechos
fundamentales.
Para
dar solución al problema jurídico, la Corte abordará los siguientes temas: (i)
la relevancia constitucional del incidente de reparación integral en los
procesos penales adelantados en el marco de la Ley de Justicia y Paz, Ley 975
de 2005, haciendo especial énfasis en su trámite y en las garantías que deben
ofrecerse para que dicha actuación se surta a plenitud; (ii) verificará
la importancia en la comprobación de los daños sufridos por las víctimas; (iii)
determinará a quién corresponde asumir la realización de los peritajes
psicológicos, psiquiátricos y/o de salud mental requeridos por las distintas
partes en los procesos adelantados en el marco de la Ley 975 de 2005 y cuando
resulta viable la práctica de dichas pruebas; (iv) analizará cuáles
serían los criterios, parámetros y/o metodologías que deben tener en cuenta quienes
tengan la responsabilidad de establecer o determinar, de manera integral, la
magnitud del daño psicosocial sufrido por quienes dicen ser víctimas, en el
marco de un conflicto armado; (v)  finalmente, con base en los
elementos de juicio acopiados, procederá a resolver el caso concreto y a
adoptar las órdenes que correspondan.
3.
El Incidente de Reparación
Integral. Enfoque jurídico a partir de la Ley 975 de 2005
Como
ya ha sido señalado, los hechos que motivan la presente acción de tutela se
inscriben en el contexto de aplicación de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley
de Justicia y Paz, particularmente, frente a aspectos relacionados con el
incidente de reparación integral, institución que hace parte del proceso penal
especial previsto en el referido ordenamiento.
Cabe
destacar que la Ley de Justicia y
Paz, con las adiciones y modificaciones introducidas, ha sido materia de
estudio por parte de esta Corporación, quien, a través de distintos
pronunciamientos, ha sentado las bases para la interpretación y aplicación de
sus diferentes instituciones jurídicas[8].
De
manera general, la Corte se ha referido a las razones que justificaron la
expedición de la Ley 975 de 2005, poniendo de presente que, dentro de un
contexto de justicia transicional, dicha ley “fue concebida como un instrumento para materializar
la paz en el país, esto es, como un medio para superar el conflicto armado
interno que afecta a Colombia desde hace ya varias décadas, garantizando los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación[9].”
Ciertamente, conforme lo ha destacado la
jurisprudencia constitucional, dentro del propósito de asegurar el valor
constitucional de la paz, a través de la Ley 975 de 2005, el Legislador adoptó
una decisión de carácter político, materializada en el establecimiento
de un régimen específico y distinto de procedimiento penal, acompañado de
ciertos beneficios penales, como forma de materializar la justicia, aplicable a
quienes opten, individual o colectivamente, por desmovilizarse de los grupos
armados al margen de la ley y reingresen a la vida civil. El beneficio
principal previsto en favor de quienes
decidan acogerse al proceso de justicia y paz, es la pena alternativa, la
cual incorpora una rebaja
punitiva significativa para quienes decidan desmovilizarse, y cuya concesión está condicionada al cumplimiento de unos
requisitos establecidos en la ley, los cuales se orientan a satisfacer a
cabalidad los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la
reparación y la no repetición.
En este sentido, mediante la Ley 975 de 2005 se estableció el marco
jurídico que regula el proceso de desmovilización y reinserción, el cual tiene
por objeto: (i) facilitar el proceso hacia la paz y la reincorporación a
la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, (ii)
garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la
reparación integral.
Esta
Corporación ha señalado que el fundamento constitucional de los derechos a la
verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la
violencia, que condicionan la aplicación del beneficio de la pena alternativa,
se materializa en numerosos artículos de la Carta Política como el 1º, 2º, 12,
29, 93, 229 y 250-6 y 7, así como también, a nivel internacional, en distintos tratados y convenios de Derecho Internacional Humanitario y
de Derecho Internacional de los Derechos Humanos ratificados por el Congreso,
que reconocen y protegen los derechos humanos, y que por su carácter prevalente
en el ordenamiento jurídico interno, se constituyen en parámetros de
interpretación de los derechos constitucionales[10].
En la Sentencia SU-254 de 2013, la Corte se refirió a los valores y principios constitucionales y de derecho
internacional en los que se sustentan los derechos a la
verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la
violencia, señalando que éstos se encuentran incorporados:
“(i) en el mandato según el cual los derechos y
deberes se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Colombia (Art. 93 CP); (ii) en que el
Constituyente ha otorgado rango constitucional a los derechos de las víctimas
(Art. 250 num. 6 y 7 CP); (iii) en el deber de las autoridades en general, y
las judiciales en particular, de propender por el goce efectivo de los derechos
de todos los residentes en Colombia y la protección de los bienes jurídicos
(Art. 2° CP); (iv) en el principio de dignidad humana que promueve los derechos
a saber qué ocurrió, y a que se haga justicia (Art.1° CP); (v) en el principio
del Estado Social de Derecho que promueve la participación y fundamenta la
intervención de las víctimas tanto en los procesos judiciales como
administrativos para obtener su reparación; (vi) en el derecho de acceso a la
administración de justicia, del cual se derivan garantías como la de contar con
procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de los derechos
y las obligaciones, la resolución de las controversias planteadas ante los
jueces dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas, la
adopción de decisiones con el pleno respeto del debido proceso, así como la
existencia de un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de
controversias; (vi) en el artículo 90 de la Constitución Nacional, que consagra
una cláusula general de responsabilidad del Estado; (vii) en el derecho de acceso a la administración
de justicia (art. 29 y 229 C.N.); (viii) en el derecho a no ser objeto de
tratos crueles inhumanos o degradantes (art. 12); (ix) así como en la
obligación estatal de respeto y garantía plena de los derechos, el debido
proceso y el derecho a un recurso judicial efectivo, consagrados en los
artículos 1, 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos[11],
los cuales no pueden ser suspendidos en estados de excepción y, en
consecuencia, integran el bloque de constitucionalidad en sentido estricto”[12].
En diversos pronunciamientos sobre la
materia, este Tribunal ha destacado la importancia de los derechos a la
verdad, la justicia y la reparación, señalando
que los mismos, si bien no abarcan todo el plexo de derechos de que son
titulares las víctimas, si constituyen en gran medida la base principal de
tales garantías. Conforme con ello, la propia jurisprudencia se ha referido a
la proximidad y mutua relación de dependencia que existe entre los tres
derechos, destacando que: “la verdad, la justicia y la reparación se erigen
como bienes cardinales de toda sociedad que se funde en un orden justo y de
pacífica convivencia, entre los cuales median relaciones de conexidad e
interdependencia, de manera tal que: No es posible lograr la justicia sin la
verdad. No es posible llegar a la reparación sin la justicia.”[13]
En
lo que hace referencia a la reparación integral, que interesa a esta causa, la
Corte ha sostenido en reiteradas ocasiones que se trata de un derecho
fundamental de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y del
Derecho Internacional Humanitario, el cual comprende todas aquellas acciones encaminadas a hacer
desaparecer, en la medida de lo posible, los efectos del delito, sin que el referido
derecho se entienda agotado en su aspecto
puramente económico, sino que se extiende a diversas manifestaciones tanto
materiales como simbólicas.
En
ese contexto, el derecho a la reparación se encamina a lograr, en favor de las víctimas, la restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y las garantías de no repetición de
las conductas delictivas, siendo una responsabilidad que corresponde asumir
principalmente a los perpetradores de los
delitos que dan lugar a ella, pero también al Estado, particularmente en lo
relacionado con algunos de sus componentes.
Sobre
este particular, en la Sentencia C-753 de 2013[14],
la Corte explicó que, en el marco del conflicto armado interno, el derecho a la
reparación, que puede tener una connotación individual o colectiva dependiendo
del sujeto victimizado, se reconoce a quienes han sufrido un daño resultante de
una conducta antijurídica que no se encontraban en el deber de soportar, con lo
cual se está reconociendo el
daño sufrido por las víctimas de graves y masivas violaciones de derechos
humanos, el cual debe ser resarcido a través de medidas de justicia
distributiva y restaurativa, encaminadas, inicialmente, a lograr (i) restituir
a la víctima a la situación anterior a la vulneración de sus derechos. En el
mismo fallo, esta Corporación precisó que, al
resultar en muchos casos imposible la restitutio in integrum, “la
experiencia comparada y los instrumentos y principios internacionales en esta
materia, han concluido que si bien es imposible compensar completamente el daño
sufrido y las pérdidas materiales y emocionales, es posible aliviar en parte el
sufrimiento de las víctimas a través de una serie de medidas encaminadas a
restablecer sus derechos”. En ese contexto, reconoció la Corte que también hacen parte de las medidas de
reparación, además de la restitución,  la (ii) indemnización,
a la que hay lugar en caso de no ser posible la restitutio in integrum, orientada
a compensar la pérdida material –tanto por daño emergente como por lucro
cesante- y moral de acuerdo con el principio de equidad; la (iii) rehabilitación, referida a
la recuperación física o mental de las personas afectadas con la conducta
ilícita y violatoria de  los derechos humanos; la (iv) satisfacción,
que supone el reconocimiento público del crimen cometido y el reproche de tal
actuación para restablecer la dignidad de las víctimas y reivindicar la memoria
histórica; y las (v) garantías de no repetición que
representan las acciones tendientes a hacer cesar en forma definitiva las
violaciones flagrantes de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario[15].
Conforme
a lo dicho, el derecho a la reparación integral viene a constituirse en un
mecanismo de justicia restaurativa, a través del cual se busca devolverle a las víctimas su dignidad y condiciones de
vida, reprochando públicamente las conductas que las afectaron, por lo que,
además, como ya se mencionó, el referido derecho se relaciona íntimamente con
la verdad y la justicia, que son los otros dos componentes principales que
identifican el modelo de justicia transicional acogido en la Ley 975 de 2005. Sobre la justicia transicional y su relación con los
derechos a la reparación, la justicia y la verdad, la Corte, en la Sentencia C-180
de 2014[16],
hizo la siguiente reflexión:
“La justicia en sociedades en proceso de
transición democrática hacia la paz exige un abordaje distinto ante la tensión
entre la obligación estatal de impartir justicia y la necesidad de fijar
condiciones que permitan la superación del conflicto y la consecución de la
paz. Este abordaje en justicia transicional no implica necesariamente la
preeminencia de la paz o de la justicia, pues ambos deben ser asumidos en términos de respeto y garantía.
Lo anterior impone ponderar las
obligaciones y derechos que existen para un Estado en proceso de transición con
el fin de lograr un equilibrio entre los derechos constitucionales a la
justicia y la paz, bajo el entendimiento que ninguno de ellos es absoluto y que
en contextos de justicia trasnacional el derecho a la justicia puede ser
modulado para armonizarlo con la efectividad de otros derechos y el
cumplimiento de deberes del Estado, como la paz, la reparación a las víctimas o
el logro de la verdad[17].
Pero esta modulación es posible siempre y cuando el fin sea legítimo y no dejen
de garantizarse, ya sea por medios judiciales o extrajudiciales, los derechos
que tienen las víctimas a la verdad, la reparación y las garantías de no
repetición”.
Ahora bien, dentro del marco de la Ley 975 de 2005, el derecho a la reparación tiene un contenido propio,
que se deriva del texto del artículo 8°, el cual, si bien no define el concepto
de reparación, se refiere a los distintos tipos de prestaciones que ella
reconoce, al señalar que: “El derecho de las víctimas a la reparación comprende
las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas”. Dicho
mandato es a su vez reiterado y desarrollado por el artículo 44 del mismo
ordenamiento, norma que se integra al Capítulo IX en el que se regulan las
distintas instituciones que integran el derecho a la reparación.
Sobre
esto último, cabe destacar que en la llamada Ley de Justicia y Paz, el derecho
a la reparación se busca hacer efectivo a través del incidente de reparación
integral, incorporado al proceso penal especial previsto en el mismo
ordenamiento, el cual, siendo previo a la sentencia, tiene
por objetivo escuchar a la víctima sobre la forma concreta en que solicita sea
satisfecho su derecho a la reparación integral, además de ser la etapa procesal
en la cual la víctima anuncia y aporta las pruebas con las que pretende
soportar sus pretensiones.
4.
Evolución normativa del Incidente
de Reparación Integral en la Ley 975 de 2005
Con
el fin de definir cuál ha sido la evolución legal que ha tenido el incidente de
reparación integral en Colombia, al que tienen derecho las víctimas de violaciones
a derechos humanos, resulta pertinente recordar lo dicho por esta Corporación
en la Sentencia C-180 de 2014[18],
en la cual, de manera breve, se hizo referencia a dicho punto específico.
Como
lo advirtió la referida providencia, en el contexto normativo diseñado después
de expedida la Constitución de 1991 para superar la situación de violencia
generalizada que vive Colombia, la primera referencia que se puede hacer al
respecto es la Ley 418 de 1997, “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda
de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”. En ella se fijó, en el Título II, lo referente a las medidas humanitarias para la
atención a las víctimas de hechos violentos que se susciten en el marco
del conflicto armado interno. Dicha normativa se ha prorrogado en distintas
oportunidades, siendo la más reciente la contenida en el artículo 1º de la Ley
1421 de 2010.
Posteriormente se expidió la Ley 975 de 2005, más conocida como Ley de
Justicia y Paz, cuyo objetivo –como ya se explicó- fue el de fijar las reglas
de un proceso de paz y
reconciliación nacional
garantizando los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral
a las víctimas de los delitos cometidos por los grupos armados organizados al
margen de la ley, cuyos miembros se han desmovilizado colectiva o
individualmente y se hayan acogido al procedimiento penal previsto en esta ley.
Dicha ley consagró como parte de la garantía del derecho a la justicia,
que las víctimas de la violencia generalizada, tuviesen el derecho a una
investigación penal rápida, minuciosa, independiente e imparcial, de los
delitos cometidos por los miembros de estos grupos, además de adoptar las
medidas necesarias para que los responsables de tales conductas punibles,
fuesen procesados, juzgados y sancionados debidamente, a través de la
imposición de la pena alternativa.
En cuanto al derecho de reparación integral, la Ley 975 de 2005
estableció que las víctimas tendrían igualmente derecho a una pronta e integral
reparación de los daños sufridos; reparación que estaría a cargo del autor o
partícipe del hecho (art.38-3) [19],
y que comprendería los daños y perjuicios sufridos por las víctimas, ya sea de
manera individual y/o colectiva. Dicha reparación, estaría orientada a la
reconstrucción psicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia, y
debe preverse de manera especial para las comunidades afectadas por la
ocurrencia de hechos de violencia sistemática. La regulación normativa citada, disponía
también que la reparación comprendería medidas de restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
Desde el punto de vista procedimental, que es el aspecto que interesa a
esta causa, la Ley 975 de 2005 estableció que antes de proferirse la respectiva
sentencia, se abriría el incidente de reparación integral, en el cual se
determinarían los perjuicios, las formas de reparación a adoptar y el monto de
la indemnización a las víctimas. Decidido el referido incidente de reparación, el
Tribunal de Justicia y Paz incorporaría el contenido de dicho incidente en las
condenas impuestas al desmovilizado en la sentencia.
La Corte Constitucional al llevar a cabo el estudio de
constitucionalidad de la regulación relacionada con la intervención de las
víctimas dentro del proceso penal de justicia y paz, resaltó en la sentencia
C-370 de 2006[20]
la importancia de reconocerles el derecho a intervenir en las distintas fases
procesales como materialización de la garantía a un recurso judicial efectivo,
e igualmente se pronunció sobre el deber de reparar a las víctimas por parte de
los desmovilizados, la responsabilidad solidaria del grupo armado al cual
perteneció el victimario, y el deber del Estado de concurrir subsidiariamente
al pago de las indemnizaciones.
Posteriormente, el Decreto 1290 de 2008 creó
el Programa de Reparación Individual por vía Administrativa para las Víctimas
de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley, cuyo artículo 11 señalaba
que: “El reconocimiento de las medidas de reparación a las
que se refiere el presente programa, no excluye aquellas que sólo fuere posible
tramitar por la vía judicial, de modo que la víctima podrá acudir para estos
efectos ante la autoridad judicial respectiva”, decreto que a su vez fue derogado por el artículo
297 del Decreto 4800 de 2011.
Dentro del propósito de regular de manera
integral los derechos de las víctimas y los mecanismos de satisfacción judicial
y extrajudicial, el Congreso de la República expidió la Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y
se dictan otras disposiciones”. Entre los
mecanismos de reparación dentro
de un marco de justicia transicional,
la citada ley implementó un programa masivo de
reparaciones por vía administrativa con enfoque diferencial que surgió en ese
momento como complemento a la reparación de las víctimas en sede judicial[21].
En relación con las características
del programa de reparación, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-250 de
2012, al pronunciarse sobre la exequibilidad del límite temporal señalado en el
concepto de víctimas, hizo la siguiente reflexión:
“La Ley contempla la satisfacción de reclamos
individuales, pero también de carácter colectivo, pues las víctimas reconocidas
por el artículo 3 son tanto los individuos como los grupos o comunidades que
comparten una identidad o proyecto de vida común. Para garantizar sus derechos
a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición se
deberá implementar un programa masivo de reparaciones con enfoque diferencial.
Esto último garantiza que se tendrán en cuenta las diferencias entre víctimas
al igual que la diferencia de daños sufridos por ellas en razón de su edad,
género, orientación sexual y situación de discapacidad.”
Como
lo ha expresado esta Corte en distintos pronunciamientos[22],
con la expedición de la Ley 1448 de 2011, el Legislador optó por fórmulas
concretas de armonización entre los derechos de las víctimas en aras de lograr
la paz, que pueden implicar restricciones al derecho a la justicia, pero que en
todo caso exigen un mínimo de protección constitucional de los derechos a la
verdad, a la reparación, y las garantías de no repetición.
En
todo caso, en la Sentencia SU-254 de 2013[23],
esta Corporación destacó que la reparación por vía administrativa, regulada en
la Ley 1448 de 2011, no excluye y por el contrario viene a complementar la vía
judicial como medios adecuados para obtener la reparación integral de las
víctimas, pues “[A]mbas vías deben estar articuladas
institucionalmente, deben guiarse por el principio de complementariedad entre
ellas, y deben garantizar en su conjunto una reparación integral, adecuada y
proporcional a las víctimas.”
Con la reforma constitucional incorporada a través del Acto
Legislativo 01 de 2012, se configura un Sistema de Justicia Transicional, constituido
por el artículo transitorio 66 y las disposiciones que lo desarrollen, así como
otras normas que aún antes de su expedición fueron creadas como herramientas
jurídicas a utilizar en el proceso de superación del conflicto armado como la
Ley 418 de 1997, la Ley 975 de 2005, la Ley 1424 de 2010 y la Ley 1448 de 2011.
Ahora bien, con la expedición de la Ley 1592 de 2012, “Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley
975 de 2005 ‘por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de
manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones
para acuerdos humanitarios’ y se dictan otras disposiciones”, se introdujeron algunas modificaciones al incidente de reparación
integral dentro del proceso de justicia y paz. Tales modificaciones consistieron en transformar el incidente
de reparación integral en un incidente de identificación de las
afectaciones causadas, lo cual significó la exclusión del referido
incidente de reparación del proceso penal de justicia y paz, quedando en manos
de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución
de Tierras Despojadas, la competencia de definir, por vía administrativa, el
componente de reparación integral, siguiendo el procedimiento establecido en la
Ley 1448 de 2011.
No obstante los cambios legislativos mencionados, la
Corte Constitucional, en la Sentencia C-180 de 2014, resolvió declarar la inconstitucionalidad
de las disposiciones de la Ley 1592 de 2012, que modificaron el incidente de
reparación integral previsto originalmente en la Ley 975 de 2005. En dicho
fallo, la Corporación precisó que no es posible sustraer del proceso de
justicia y paz la competencia para que el juez penal decida sobre la reparación
integral de las víctimas, pues ello implica desconocer el principio de juez
natural consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.  Conforme con
ello, se indicó en la aludida providencia que el incidente de reparación
previsto en la Ley 975 de 2005, debe adelantarse hasta su culminación por el
juez de la causa, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas, en el marco de los programas de reparación integral y de
restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011.
Más adelante, en la Sentencia C-286 de 2014[24], al ejercer el
control de constitucionalidad sobre otro grupo de normas que se referían
también al novedoso incidente de identificación de las afectaciones causadas
previsto en la Ley 1592 de 2012, la Corte reiteró la posición adoptada en la
Sentencia     C-180 de 2014. En el nuevo pronunciamiento, insistió el Tribunal
en sostener que la supresión del incidente de
reparación integral a las víctimas por la vía judicial penal del régimen de
transición de justicia y paz, vulnera el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia y a un recurso judicial efectivo para lograr dicha
reparación.
En efecto, la Corte encontró que la sustitución del incidente de
reparación integral de la vía judicial penal, contemplado en Ley 975 de 2005,
por un incidente de identificación de afectaciones que se homologa con la
reparación integral a las víctimas por vía administrativa, contenido en la Ley
1592 de 2012,  restringía de manera desproporcionada el derecho de todas las
víctimas a contar con un recurso judicial efectivo para obtener la reparación
integral, pues las remitía a la vía administrativa de reparación, o a la vía
civil, lo que en últimas hacía nugatoria la reparación integral en sede judicial.
Justamente, luego de un análisis a la luz
de la Carta, la Corte estableció que el cambio normativo contenido en la Ley
1592 de 2012, no solo vulneraba el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia y a un recurso judicial efectivo –art. 229- para
lograr una reparación integral, sino que además, hacían nugatorios los
artículos 2, 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, así
como el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que
hacen parte del bloque de constitucionalidad. Consideró la Corte, que las
disposiciones demandadas y aquellas con las cuales se realizó la integración
normativa derogaban o suprimían totalmente el incidente de reparación integral
a las víctimas implementado por vía judicial penal del régimen de transición de
justicia y paz contemplado en la Ley 975 de 2005, creando en su reemplazo un
incidente de identificación de afectaciones que se fusiona con los mecanismos
de la vía administrativa de reparación integral consagrada en la Ley 1448 de
2011, lo cual, como ya se anotó, restringía de manera desproporcionada el
derecho de las víctimas a contar con un recurso judicial efectivo para obtener
la reparación integral por la vía judicial en el proceso especial de justicia y
paz.
En este sentido, se evidenció en el fallo
que las normas demandadas de la Ley 1592 de 2012, al sustituir o reemplazar el
incidente de reparación integral del proceso penal de justicia transicional
consagrado en la Ley 975 de 2005, por el incidente de identificación de
afectaciones regulado por la Ley 1592 de 2012, que se homologa con los
mecanismos de reparación integral por vía administrativa, excedió los límites
competenciales impuestos al legislador para regular los regímenes de justicia
transicional por parte de los derechos fundamentales de las víctimas, en este
caso, (i) a la reparación integral en conexidad con el derecho a la
justicia en su aspecto del derecho a un recurso judicial efectivo, (ii) de
acceso a la administración de justicia y debido proceso, de conformidad con los
artículos 250, 229 y 29 CP, así como los (iii) artículos 2, 8 y 25 de la
Convención Americana de los Derechos Humanos y el art. 2.3 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos del bloque de constitucionalidad,
que consagran el derecho de acceso a la administración de justicia y a un
recurso judicial efectivo y al debido proceso para obtener la reparación
judicial integral.
Igualmente, la Sala concluyó que las
normas demandadas son inconstitucionales por cuanto homologan, fusionan y
reemplazan la vía penal de reparación integral del régimen de transición de
Justicia y Paz con la vía administrativa de reparación integral, diluyendo las
cruciales diferencias que existen entre ambas mecanismos, y de contera, desconoce
con ello los derechos de las víctimas a recurrir tanto a la vía judicial como a
la vía administrativa, sin que estas deban ser excluyentes, sino por el
contrario complementarias y articuladas.
Finalmente, en vista de que las normas
analizadas en la referida Sentencia      C-284 de 2014 fueron declaradas
inexequibles, la Corte se pronunció en relación con la necesidad de aplicar la
figura de la reincorporación de normas derogadas al ordenamiento jurídico
interno o reviviscencia de disposiciones derogadas por la declaratoria de
inexequibilidad de las normas que las han sustituido, de conformidad con los
requisitos exigidos por la jurisprudencia de esta Corte. Fue así como se
consideró necesaria la reincorporación del artículo 23 y 24 de la ley 975 de
2005 que regula el incidente de reparación integral, así como de los artículos
7 (derecho a la verdad), 8 (derecho a la reparación), 42 (deber general de
reparar), 43 (orden de reparación en la sentencia), 45 (solicitud de
reparación), 47 (rehabilitación), 48 (medidas de satisfacción y garantías de no
repetición), y 49 (programas de reparación colectiva), todos de la Ley 975 de
2005.
Sobre la declaratoria de inexequibilidad
de las normas demandadas en la Ley 1592 de 2012, y aquellas con las cuales se
realizó integración normativa, así como respecto de la reincorporación o
reviviscencia de las normas derogadas de la Ley 975 de 2005 que regulan el
incidente de reparación integral, esta Corporación precisó, finalmente, que esta
decisión no afectaba en ningún sentido las disposiciones, planes, programas,
mecanismos, elementos, componentes, estrategias y diferentes medidas de la
reparación integral por vía administrativa y la restitución de tierras
consagradas en la Ley 1448 de 2011, y, por tanto, no desestructura la política
pública de reparación integral a las víctimas.
5.
Marco jurídico y procedimental
del incidente de Reparación Integral contenido en el artículo 23 de la Ley 975
de 2005
Como
quedó explicado en el apartado anterior, no obstante que el incidente de
reparación integral previsto en la Ley 975 de 2005, fue objeto de modificación
por la Ley 1592 de 2012, el mismo mantiene plena vigencia en su versión
original, en razón a las decisiones de inconstitucionalidad adoptadas por la
Corte en las Sentencias C-180 y C-286, ambas de 2014. En ese sentido, el
artículo 23 de la Ley 975 de 2005, desarrolla el marco jurídico del Incidente
de Reparación Integral, en los siguientes términos:
“Artículo 23.- En la misma audiencia en la que la Sala
del Tribunal Superior de Distrito Judicial correspondiente declare la legalidad
de la aceptación de cargos, previa, solicitud expresa de la víctima, o del
fiscal del caso, o del Ministerio Público a instancia de ella, el magistrado
ponente abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de los daños
causados con la conducta criminal y convocará a audiencia pública dentro de los
cinco (5) días siguientes.
Dicha audiencia se iniciará con la intervención de la
víctima o de su representante legal o abogado de oficio, para que exprese de
manera concreta la forma de reparación que pretende, e indique las pruebas que
hará valer para fundamentar sus pretensiones.
La Sala examinará la pretensión y la rechazará si
quien la promueve no es víctima o está acreditado el pago efectivo de los
perjuicios y este fuere la única pretensión formulada, decisión que podrá ser
objeto de impugnación en los términos de esta ley.
Admitida la pretensión, la Sala la pondrá en conocimiento
del imputado que ha aceptado los cargos y a continuación invitará a los
intervinientes a conciliar. Si hubiere acuerdo su contenido lo incorporará a la
decisión que falla el incidente; en caso contrario dispondrá la práctica de la
prueba ofrecida por las partes, oirá el fundamento de sus respectivas
pretensiones y en el mismo acto fallará el incidente. La decisión en uno u otro
sentido se incorporará a la sentencia condenatoria.
PARÁGRAFO 1o. Exclusivamente para efectos de la
conciliación prevista en este artículo, la víctima, el imputado o su defensor,
el fiscal que haya conocido del caso o el ministerio público, podrán solicitar
la citación del Director de la Red de Solidaridad Social en su condición de
ordenador del gasto del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
PARÁGRAFO 2o. No podrá negarse la concesión de la pena
alternativa en el evento de que la víctima no ejerza su derecho en el incidente
de reparación integral.”
De
acuerdo a la citada norma, corresponderá al Magistrado Ponente abrir el
incidente de reparación a solicitud expresa de la víctima, del Ministerio
Público o del Fiscal del caso, y dentro de los siguientes cinco días, citará a
una audiencia pública en donde la víctima o su representante tendrán la
posibilidad de expresar concretamente la forma de reparación a la que aspira y
de indicar las pruebas que se harán valer para sustentar sus pretensiones. Con
posterioridad, el juez deberá analizar las pretensiones de la víctima y su
acreditación como tal. Si considera que son procedentes, citará a las partes
con el fin de buscar fórmulas de conciliación en donde deberá asegurarse de que
la víctima se encuentre informada de sus derechos y del alcance de la
conciliación. De lo contrario, dispondrá la práctica de pruebas solicitadas por
las partes, escuchará cada intervención y fallará en el mismo acto el
incidente.
Finalmente,
al artículo 42 de la Ley 975 de 2005 consagra la posibilidad de que el tribunal
directamente o por remisión de la Unidad de Fiscalía, ordene la reparación a
cargo del Fondo de Reparación, cuando no se haya logrado individualizar al
sujeto activo pero se compruebe el daño y el nexo causal con las actividades
del grupo armado ilegal que haya sido beneficiado por el proceso de justicia y
paz. Así lo consagra expresamente el referido artículo:
“Artículo 42. - DEBER GENERAL DE REPARAR. Los miembros
de los grupos armados que resulten beneficiados con las disposiciones previstas
en esta ley tienen el deber de reparar a las víctimas de aquellas conductas
punibles por las que fueren condenados mediante sentencia judicial.
Igualmente, cuando no se haya logrado individualizar
al sujeto activo pero se compruebe el daño y el nexo causal con las actividades
del Grupo Armado Ilegal Beneficiario por las disposiciones de la presente ley,
el Tribunal directamente o por remisión de la Unidad de Fiscalía, ordenará la
reparación a cargo del Fondo de Reparación.”
Con
base en lo anterior, la importancia del Incidente de Reparación Integral reside
en que se convierte en el escenario jurídico penal donde la víctima puede ser
protagonista de la defensa de sus derechos dentro del proceso judicial. En ese
contexto, la posibilidad de acceder a la justicia como parte e interviniente
para reclamar formalmente la reparación del daño sufrido e indicar las pruebas
que sustentan su reclamación, constituye una forma de consolidar el ejercicio del
derecho de contradicción, así como la defensa y garantía de sus derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación.
Conforme
con ello, cabe destacar que la garantía procesal de asegurar por parte del
Estado el acceso a las víctimas a la administración de justicia, se encuentre
plasmado en el Artículo 37[25]
de la Ley de Justicia y Paz:
“ARTÍCULO 37. DERECHOS
DE LAS VÍCTIMAS. El
Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia.
En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho:
38.1 Recibir todo el procedimiento un trato
humano digno.
38.2 A la protección de su intimidad y
garantía de su seguridad, la de sus familiares y testigos a favor, cuando
quiera que resulten amenazadas.[26]
38.3 A una pronta e integral reparación de los
daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del delito.[27]
38.4 A ser oídas y que se les facilite el
aporte de pruebas.[28]
38.5 A recibir desde el primer contacto con
las autoridades y en los términos establecidos en el Código de
Procedimiento Penal,[29]
información pertinente para la protección de sus intereses; y conocer la verdad
de los hechos que conforman las circunstancias del delito del cual han sido
víctimas.
38.6 A ser informadas sobre la decisión definitiva[30] relativa
a la persecución penal y a interponer los recursos cuando ello hubiere lugar.
38.7 A ser asistidas durante el juicio[31] por un
abogado de confianza o por la Procuraduría Judicial de que trata la presente
ley.
38.8 A recibir asistencia integral para su
recuperación.
38.9 A ser asistidas gratuitamente por un
traductor o intérprete, en el evento de no conocer el idioma, o de no poder
percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos.”
La
citada norma, es a su vez concordante con el artículo 11 del Código de
Procedimiento Penal, la Ley 906 de 2004, en la que también se recogen los
derechos de las víctimas, como garantía de acceso a la administración de
justicia.
De
ese modo, el incidente de reparación integral materializa la garantía procesal
de las víctimas de acceder a la administración de justicia, lo que asegura el
pleno ejercicio de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa,
y confirma su participación oportuna y real en el proceso penal de Justicia y
Paz, permitiéndole además, exigir en el trámite del mismo la reparación
integral de sus derechos por los daños sufridos.
En
relación con esto último, resulta importante destacar, como parte del acceso efectivo
a la administración de justicia de las víctimas, el constante acompañamiento que
se les debe dar por parte de la Fiscalía General de la Nación, a través del fiscal
delegado para el caso por parte de la Unidad Nacional para Justicia y la Paz, como
garante judicial de las víctimas en el trámite de la actuación penal que se
adelanta, en tanto se trata de una de las funciones esenciales que por mandato constitucional
y legal asignó el nuevo sistema penal acusatorio[32].
Pero además, las víctimas podrán estar igualmente acompañadas y/o asesoradas
por parte de abogados especialistas, que brinden apoyo y consejo en diferentes
aspectos, antes, durante y después de la fase del incidente de reparación
integral y en el trámite de conciliación[33].
En
consecuencia, el alcance e importancia del incidente de reparación, depende de
la labor investigativa que se haya realizado en las etapas previas a este. El
trabajo de la Fiscalía y sus órganos adscritos en la investigación de los daños,
será trascendental para poder determinar la reparación adecuada de la víctima
de acuerdo a los daños individuales y colectivos causados y el nexo causal con
los actores responsables. Por tal razón, el incidente de reparación integral no
es una etapa desligada del resto del proceso, y su adecuado desarrollo depende
de que los fiscales y representantes judiciales realicen todas las acciones
necesarias para acreditar los daños durante las actuaciones previas al incidente
de reparación integral[34].
En efecto, tal y como lo ha puesto de presente esta
Corporación, el proceso de Justicia y Paz comprende: (i) la
investigación preliminar; (ii) la
declaración de versión libre y confesión del postulado; (iii) la
audiencia de formulación de imputación; (iv) la audiencia de
formulación de imputación, y dentro de los 60 días siguientes, la Fiscalía
General de la Nación, con el apoyo de la policía judicial, adelanta las
labores de investigación y verificación de los hechos admitidos por el
imputado, y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito
de su competencia (art. 18); (v) la formulación y aceptación de cargos; (vi)
la  audiencia de verificación de la aceptación de cargos (que incluye el incidente
de reparación integral); y (vii) Finalmente, concluido el incidente de
identificación de afectaciones, se procede a dictar sentencia. [35]
El
proceso de investigación y de verificación de los hechos objeto de
investigación merece un tratamiento especial en el trámite de un proceso de
estas características, pues además de enunciarse los hechos que son el origen o
causa de las afectaciones sufridas por una persona o una comunidad en sus
derechos, de manera directa o indirecta, requiere que tales conductas delictuosas,
tengan respaldo en una carga probatoria oportuna, legal y técnicamente recaudada,
la cual deberá ser ordenada por el juez del proceso, atendiendo los criterios y
características de toda prueba judicial, como es el hecho de que la misma sea
oportuna, pertinente, conducente y legalmente obtenida. En este contexto, será
el juez de la causa, de conformidad con las normas que regulan el proceso de
justicia y paz, quien decidirá la práctica de la prueba, y dependiendo de las
características particulares de la misma, señalará igualmente quien procederá a
su práctica. Así, en un caso como el que nos ocupa, podrá considerarse que las
pruebas solicitadas podrán ser practicadas por alguno de los cuerpos técnicos
de investigación del Estado o por algún auxiliar de la justicia, en cuyo caso
se deberá proceder a su designación en los términos dispuesto por el Código de
Procedimiento Penal. Y en caso de que la prueba suponga una cierta complejidad
y/o especialidad técnico-científica, igualmente la autoridad judicial
competente deberá disponer que la misma sea realizada por particulares expertos
o entidades nacionales y/o internacionales o por cualquier otra entidad del
Estado cuya función misional le permita asumir su práctica.
Ahora
bien, resulta de importancia recordar que además del acompañamiento permanente
de la Fiscalía a las víctimas, a lo largo del trámite del proceso en cuestión, con
lo cual se busca asegurar la efectiva y oportuna participación de aquellas en
todas y cada una de las etapas procesales que deben agotarse en sede del
proceso penal a que refiere la citada Ley de Justicia y Paz, debe resaltarse
igualmente, el importante papel que en procesos como éste, cumple el juez de
control de garantías, función que en estos casos le es asignada o asumida por
uno de los magistrados del respectivo Tribunal de Justicia y Paz ante el cual
se esté tramitando dicho proceso.
En
efecto, de la lectura detallada de la anotada Ley 975 de 2005, se advierte con
permanente regularidad, la intervención del magistrado de control de garantías,
como un verificador de la legalidad de las actuaciones surtidas en los
diferentes trámites y actuaciones procesales, tanto del postulado ante la Ley
de Justicia y Paz, como de sus víctimas, con lo cual garantiza la participación
de todos en el proceso y asegura de igual manera, el respeto supremo de los
derechos fundamentales que se encuentren involucrados, es decir, tanto del imputado
como de las víctimas.
La
misma Corte Constitucional ha sido clara en señalar que la función del juez de
control de garantías consiste, en esencia, en evaluar la admisibilidad
constitucional de las actuaciones adelantadas por la Fiscalía, y aprobar
aquellas diligencias que podrán convertirse posteriormente en pruebas que se aportarán
al juicio oral.[36]
Sin
embargo, la función asignada a dicho juez de control de garantías, la cual se
encuentra igualmente integrada al trámite del proceso penal seguido bajo la Ley
975 de 2005 o de Justicia y Paz, tiene su homólogo en un magistrado de la Sala
de Justicia y Paz a quien le es asignada dicha competencia.
Con
todo, las funciones de estas autoridades no se encuentran limitadas a las
señaladas inicialmente en el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004),
sino que las mismas han venido ampliándose paulatinamente con ocasión de la dinámica
propia del nuevo sistema penal acusatorio, tal y como lo evidenció la misma la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 30363
del 4 de febrero de 2009. En el mismo sentido la Corte Constitucional se había
pronunciado, sobre las funciones del juez (magistrado) de control de garantías
en relación con el control del principio de legalidad con el fin de proteger
los derechos de las víctimas (sentencia C-209 de 2007).[37]
Como
se advierte, la presencia y acompañamiento de la Fiscalía al lado de las
víctimas, garantiza la adecuada y oportuna asistencia e impulso del proceso
penal, a efectos de asegurar que éstas, además de contar con su asesoría legal de
carácter particular, estarán igualmente acompañadas en el trámite de las
actuaciones penales por la propia Fiscalía. Así mismo, el nuevo sistema penal
acusatorio introdujo la presencia del juez de control de garantías, como el funcionario
judicial cuya participación se encuentra plenamente justificada, en tanto garantiza
al acusado como a las víctimas, que las actuaciones adelantadas por la Fiscalía
cumplan con el principio de legalidad procesal, aunado al hecho que su función
constitucional también abarca la adecuada y oportuna protección de  los
derechos fundamentales de las partes involucradas en el trámite penal. Por
ello, en estos procesos de justicia transicional a cargo de los Tribunales de
Justicia y Paz, será el magistrado de control de garantías, designado para tal
efecto por la misma autoridad judicial colegiada, el encargado de remover todos
aquellos obstáculos que impidan el pleno respeto de los referidos derechos
constitucionales de las partes. Ello implica, en consecuencia, asegurar el
acceso a la administración de justicia, ya sea por parte del postulado en el
proceso de Justicia y Paz, como de las víctimas, y que la intervención de éstos
en el proceso no se restrinja a una simple participación formal, en la que solo
se asegure el agotamiento de instancias y trámites procesales. Por el
contrario, la materialización de los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso, amén de otros derechos
personalísimos como de la libertad, integridad física y seguridad, tanto del
acusado como de las víctimas en lo que corresponda, deben encontrarse
plenamente garantizados. Así, la relevancia del juez de control de garantías
también se justifica frente a aquellas circunstancias en las que las partes
involucradas en el proceso, encuentren restricciones al pleno ejercicio de sus
derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
particularmente cuando dichas limitaciones provengan de factores ajenos a la
voluntad de las partes, o que dichas circunstancias se deriven de las propias
deficiencias del aparato judicial. En tales circunstancias, cuando quiera que
la Fiscalía o las mismas partes pongan en conocimiento del juez (magistrado) de
control de garantías, tales hechos, éste deberá velar porque los derechos
constitucionales y la legalidad de las actuaciones procesales se cumplan y se respeten
de manera plena y efectiva.
6.
De las entidades
responsables de realizar la valoración del daño sufrido por las víctimas, en el
marco de los procesos de justicia y paz
Como ya ha sido señalado, con el fin
de facilitar los procesos de paz y la reincorporación a la vida civil de
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, la Ley de Justicia
y Paz, Ley 975 de 2005, implementó un régimen penal especial que reconoce
beneficios jurídicos y punitivos a quienes, individual o colectivamente,
decidan desmovilizarse. Sin embargo, la misma ley condiciona el reconocimiento
de los referidos beneficios a que se garantice en el curso del proceso penal
especial, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación
integral.
En relación con esto
último, cabe destacar que los derechos de las víctimas a la verdad y a la
justicia[38], comportan el deber
del Estado de adelantar una
investigación efectiva que conduzca al esclarecimiento de los delitos cometidos
por grupos armados organizados al margen de la ley, las condiciones de tiempo,
modo y lugar, así como también, a la identificación de los responsables y a la
imposición de la respectiva sanción.
En
lo que toca con el derecho a la reparación integral, como ya se anotó, el mismo
comprende la reparación de los daños y perjuicios materiales e inmateriales
sufridos por las víctimas, ya sea de manera individual y/o colectiva,
ocasionados por los delitos cometidos por miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, tales como lesiones transitorias o permanentes
que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual
y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus
derechos fundamentales[39],
incluyendo también el llamado daño “psicosocial”[40].
Conforme con ello, la reparación comprende, entonces, medidas de restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, con
enfoque diferencial, lo cual garantiza que sean consideradas las diferencias
entre víctimas, así como también la diferencias de los daños sufridos por ellas
en razón de su edad, género, condición u orientación sexual, situación de
discapacidad, e incluso el rol familiar.
En
ese marco, dentro del propósito de
materializar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación, la Ley de Justicia y Paz le impone al Estado el deber de garantizar su acceso al proceso especial de
Justicia y Paz, reconociéndole a las mismas la posibilidad de participar de manera directa o por intermedio de su
representante en todas las etapas del referido proceso, en desarrollo de lo
cual les asegura, entre otros, el
derecho a “ser oídas y que se les facilite el aporte de pruebas”.
No
obstante lo anterior, la Ley de Justicia y Paz no regula lo relacionado con las
pruebas periciales y, en especial, a quién le corresponde asumir la práctica o
recolección de las mismas. Concretamente, dicha ley no estableció con especial
claridad quién es la persona o entidad encargada de llevar a cabo los peritajes
psicológicos, psiquiátricos y/o de salud mental requeridos por las distintas
partes en los procesos adelantados en el marco de la Ley 975 de 2005, en
particular, por las víctimas.
No
obstante, esta misma ley estableció como normatividad residual la aplicación del
artículo 62 en el cual dispone:
“Artículo 62.- Complementariedad.  Para
todo lo no dispuesto en la presente ley se aplicará la Ley 782 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal.
Adicionalmente, el Decreto 4760 de 2005, por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 975 de 2005, estableció que en lo no previsto por esta ley,
se aplicarán las normas de procedimiento penal de la Ley 906 de 2004, y en lo
compatible con su estructura, la Ley 600 de 2000. El artículo 2, citado a continuación, así lo señala:
“Artículo 2.- Marco interpretativo. La interpretación
y aplicación de las disposiciones previstas en la Ley 975 de 2005 deberán
realizarse de conformidad con las normas constitucionales y los tratados
internacionales ratificados por Colombia. La incorporación de algunas
disposiciones internacionales en la citada ley no debe entenderse como la
negación de otras normas internacionales que regulan esta misma materia.
En lo no previsto de manera específica por la Ley 975
de 2005 se aplicarán las normas de procedimiento penal contenidas en la Ley 906
de 2004 y, en lo compatible con la estructura del proceso regulado por aquella,
lo dispuesto por la Ley 600 de 2000, así como la Ley 793 de 2002 y las normas
civiles en lo que corresponda.”
(Énfasis agregado)
De
conformidad con los artículos citados, es necesario remitirse a la Ley 600 de
2000 y a la Ley 906 de 2004, con el fin complementar las disposiciones de la
Ley de Justicia y Paz en lo que concierne a la práctica de las pruebas periciales
y, en especial, a quién le corresponde asumir la practica o recolección de la
mismas. Por un lado, la Ley 600 de 2000 dispone que es el juez quien tiene la
facultad legal de decidir qué pruebas se deben decretar, así como el perito
encargado de hacer el dictamen.  De esa forma lo indican los artículos 249 y
250:
“Artículo 249.- Procedencia. Cuando se
requiera la práctica de pruebas técnico-científicas o artísticas, el
funcionario judicial decretará la prueba pericial, y designará peritos
oficiales, quienes no necesitarán nuevo juramento ni posesión para ejercer su
actividad.
Artículo 250.- Posesión de peritos no
oficiales. El perito designado por nombramiento especial tomará posesión del
cargo prestando juramento y explicará la experiencia que tiene para rendir el
dictamen. En tratándose de asuntos relacionados con medicina legal y ciencias
forenses, demostrará su idoneidad acreditando el conocimiento específico en la
materia y su entrenamiento certificado en la práctica pericial.
En aquellas zonas del país, en donde no
haya cobertura directa del sistema Médico-legal, serán los médicos oficiales y
los del servicio social obligatorio quienes se desempeñen como peritos,
quedando obligados a reportar su actividad al Sistema Médico-legal y seguir sus
orientaciones.” (Énfasis
agregado).
De otro lado, la Ley 906 de 2004 dispone
que los servicios de peritajes técnicos y científicos serán procedentes cuando
se requieran este tipo de valoraciones, pudiendo ser prestados por:
(i)
Expertos
de la policía judicial
(ii)
El
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
(iii)
Expertos
de entidades públicas o privadas: o,
(iv)
Particulares especializados.
Además
indica que, cuando fuere necesario, la Fiscalía General de la Nación, el
imputado o su defensor podrán apoyarse en laboratorios nacionales o
internacionales, así como requerir apoyo de los laboratorios forenses de la
policía judicial. Lo
anterior se encuentra regulado en el artículo 204 y 406, de dicha ley, en los
cuales se estipula:
“Artículo 204.- Órgano Técnico Científico. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, de conformidad con la ley y lo establecido en el estatuto orgánico de
la Fiscalía General de la Nación, prestará auxilio y apoyo técnico-científico
en las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía General de la Nación y los
organismos con funciones de policía judicial. Igualmente lo hará con el
imputado o su defensor cuando estos lo soliciten.
La Fiscalía General de la Nación, el imputado o su
defensor se apoyarán, cuando fuere necesario, en laboratorios privados
nacionales o extranjeros o en los de universidades públicas o privadas,
nacionales o extranjeras. (Énfasis agregado)
También
prestarán apoyo técnico-científico los laboratorios forenses de los organismos
de policía judicial.
Artículo 405.- Procedencia. La prueba
pericial es procedente cuando sea necesario efectuar valoraciones que requieran
conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados.
Al perito le serán aplicables, en lo que
corresponda, las reglas del testimonio.
Artículo 406. Prestación del servicio de
peritos. El servicio de peritos se prestará por los expertos de la policía
judicial, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
entidades públicas o privadas, y particulares especializados en la materia de
que se trate.
Las investigaciones o los análisis se
realizarán por el perito o los peritos, según el caso. El informe será firmado
por quienes hubieren intervenido en la parte que les corresponda.
Todos los peritos deberán rendir su
dictamen bajo la gravedad del juramento.”
La citada Ley regula igualmente el tema de los peritos, desde las
calidades que éstos deben tener, las causales excepcionales en las que no se
puede ser perito, el número de los mismos, así como la aceptación obligatoria del
cargo de perito cuando se es servidor público, tal y como lo disponen los
artículos 407, a 410 de la misma ley:
“Artículo 407.- Número de peritos. A menos
que se trate de prueba impertinente, irrelevante o superflua, el juez no podrá
limitar el número de testigos expertos o peritos que sean llamados a declarar
en la audiencia pública por las partes.
Artículo 408.- Quiénes pueden ser peritos.
Podrán ser peritos, los siguientes:
1.     Las personas con título legalmente
reconocido en la respectiva ciencia, técnica o arte.
2. En circunstancias diferentes, podrán
ser nombradas las personas de reconocido entendimiento en la respectiva
ciencia, técnica, arte, oficio o afición aunque se carezca de título.
A los efectos de la cualificación podrán
utilizarse todos los medios de prueba admisibles, incluido el propio testimonio
del declarante que se presenta como perito.
Artículo 409.- Quiénes no pueden ser nombrados.
No pueden ser nombrados, en ningún caso:
1. Los menores de dieciocho (18) años, los
interdictos y los enfermos mentales.
2. Quienes hayan sido suspendidos en el
ejercicio de la respectiva ciencia, técnica o arte, mientras dure la
suspensión.
3. Los que hayan sido condenados por algún
delito, a menos que se encuentren rehabilitados.
Artículo 410.- Obligatoriedad del cargo
de perito. El nombramiento de perito, tratándose de servidor público, es de
forzosa aceptación y ejercicio. Para el particular solo lo será ante falta
absoluta de aquellos.
El nombrado sólo podrá excusarse por
enfermedad que lo imposibilite para ejercerlo, por carencia de medios adecuados
para cumplir el encargo, o por grave perjuicio a sus intereses.
El perito que injustificadamente, se
negare a cumplir con su deber será sancionado con multa de diez (10) a cien
(100) salarios mínimos legal es mensuales vigentes, equivalente en moneda legal
colombiana.” (Énfasis agregado).
De
conformidad con lo anterior y en virtud del artículo 37 de la Ley 975 de 2005, es un derecho de la víctima
que el Estado garantice su acceso a la
administración de justicia. “[Y] en desarrollo de lo anterior, las víctimas
tendrán derecho, entre otros, a ser oídas y que se les facilite el
aporte de pruebas.” Las normas correspondientes a los códigos de
procedimiento penal subsanan el vacío normativo inicialmente expuesto. Por el
lado de la Ley 600, serán los funcionarios judiciales los facultados de decidir
qué pruebas deben practicarse y el perito encargado. Y por para la ley 906, los peritajes podrán ser prestados por expertos de la
policía judicial, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
expertos de entidades
públicas o privadas, o particulares especializados, cuyo nombramiento, en caso de ser
servidor público, será de forzosa aceptación y ejercicio. (Énfasis agregado)
7.
Contenido, metodología y
alcance de las valoraciones encaminadas a determinar afectaciones psicosociales
7.1
Contenido
de la valoraciones psicosociales
Como
bien lo indican los intervinientes y los estándares internacionales en la
materia como el Protocolo de Estambul[41],
las valoraciones psicosociales trascienden el ámbito individual de la persona,
al contexto del grupo familiar, la comunidad y la sociedad. Se reconoce al ser
humano, no solamente desde su subjetividad y sufrimiento, sino desde sus
distintas dimensiones y contexto.  Estas tienen tres objetivos principales.
Primero, identificar el sufrimiento de la víctima y daños psicosociales en
contraste con el entorno social, político, económico y cultural en el que
habita. Segundo, mediante el peritaje, convertir la valoración del daño en un
elemento de prueba que sirva para el proceso judicial. Y tercero, la creación
de una propuesta de reparación integral donde se procure reparar el daño
valorado.
Realizar
una valoración psicosocial debe comprender un estudio completo y detallado
sobre el contexto social, económico y cultural en el que ocurrieron los hechos
violentos y su relación con los daños ocasionados a las víctimas. Estas
valoraciones resultan fundamentales en contextos de conflicto armado debido a
que se enfocan en los casos donde la víctima no manifiesta daños físicos o
patologías mentales evidentes, que resultan ser en la mayoría de personas.
La
valoración psicosocial debe ser comprendida, más que como una prueba del
proceso judicial, como un proceso en sí mismo. Este tipo de valoraciones
requieren un peritaje continuo, desde la información del caso y el contexto, la
planeación y el análisis de las condiciones en que la evaluación se llevará a
cabo, hasta los mecanismos de seguimiento y posterior proceso terapéutico o de
acompañamiento, finalizadas las diligencias judiciales. En otras palabras, el
peritaje como un proceso que contiene un elemento y un valor probatorio relevante
que aporta nuevos hechos al proceso y da nuevos argumentos al juez para
soportar su decisión, debe tener elementos esenciales como el acompañamiento a
las víctimas durante todas las diligencias judiciales. Esto genera un mayor
conocimiento y confianza por parte de las mismas.
La
relación entre el perito o evaluador, con la víctima, debe partir de unos
presupuestos básicos tendientes a respetar su dignidad y evitar la
revictimización. Estos son:
a)
Las víctimas como sujetos de
derechos deben ser tratadas con respeto y dignidad.
b)
Debido a que las víctimas no son
personas enfermas, el evaluador debe evitar acercarse a estas con la idea pre
conceptualizada de encontrar una persona con patologías.
c)
El evaluador debe encontrar los
recursos de afrontamiento al dolor usados por las víctimas durante el
conflicto, con el fin de construir propuestas de reparación que satisfagan sus
necesidades.
d)
Las víctimas como testigos
directos de los hechos, deben representar las voces principales en la
construcción de los actos de justicia y reparación.
e)
Debe diferenciarse los casos
individuales de los colectivos para usar los mecanismos y metodologías
adecuadas de evaluación.
El
perito encargado de las valoraciones psicosociales debe ser un profesional
idóneo, que si bien no tiene que ser un psicólogo forense, debe contar con
suficiente experiencia en el trato de daños psicosociales a víctimas de graves
violaciones a sus derechos humanos. Sus competencias cognitivas, praxiológicas,
axiológicas y comunicativas deben conocer profundamente el contexto del
conflicto colombiano, sus consecuencias y dinámicas.
Así
las cosas, dentro de los presupuestos de los que se debe partir al momento de
realizar la valoración de daños psicosociales, están al menos los siguientes:
(i)
Los daños psicosociales son
determinables como un proceso que consta de un origen y una evolución. Su
análisis debe comprender todos los elementos que lo rodean y lo particularizan,
como la intencionalidad, la duración, el lugar y la identidad de los
victimarios;
(ii)
La determinación de los daños
debe tener un enfoque diferencial, es decir, tener en cuenta factores que
muestran características particulares de las personas como el género, la edad,
el contexto cultural y socioeconómico.
(iii)
Debido a los diversos factores
que inciden en la generación y duración del daño, es necesario concebir
distintos métodos de investigación y herramientas investigativas que se adecúen
a las particularidades de los contextos e historias de cada una de las personas
y grupos que se pretende valorar. De esa forma, podrá determinarse el daño de
manera integral;
(iv)
Finalmente, la valoración del
daño debe sustentarse bajo principios éticos consagrados en documentos como el
Protocolo de Estambul[42],
que consideran a la dignidad humana y el bienestar como eje central de la
valoración.
La
importancia del enfoque diferencial en las valoraciones psicosociales, radica
en reconocer a cada persona como un sujeto particular de derechos que recibe de
forma distinta el impacto de las agresiones. Los elementos a tener en cuenta
para particularizar al individuo dentro de este enfoque deben ser: el género,
la generación, la intensidad y duración del hecho violento, las pérdidas
sufridas, la falta de apoyo social o respuesta institucional, las condiciones
sociales y económicas de las víctimas, el contexto cultural y social de los
hechos, el tiempo contado como antes, durante y después de los sucesos.
Un
programa prototipo de atención al daño psicosocial a nivel internacional es el
PRAIS (Programa de Reparación y Atención Integral en Salud). Este programa,
desarrollado en Chile, es reconocido por su alto nivel en atención a las
víctimas de la violencia política. Cuenta con mecanismos especializados en
evaluación y tratamiento integral a las víctimas, además de un personal
profesional con experiencia que utiliza herramientas de investigación y técnica
para prestarles una continua y completa atención, antes, durante y después del
proceso judicial. Es de anotar, además, que cubre todos los gastos de
tratamientos, intervenciones y exámenes especializados que se requieran.
La
Corporación Reiniciar sugiere siete recomendaciones sobre los aspectos
específicos a tener en cuenta en las valoraciones del daño psicosocial en casos
de violaciones a los derechos humanos: la primera se refiere a la
valoración de las condiciones biopsicosociales de las víctimas en las que se
deben contemplar sus aspectos biológicos, psíquicos y sociales de acuerdo a
médicos y psicólogos. La segunda sugiere que se debe estudiar tanto la
dimensión individual del daño como la colectiva. La tercera señala que
no basta con escuchar los discursos institucionales sobre los hechos y las
medidas que se deben tomar, sino que es necesario que la voz de las víctimas se
legitime y su punto de vista sea escuchado para la toma de decisiones. La cuarta
recomendación establece que se deben conocer los contextos de victimización
debido a que sus características revelan gran parte del impacto de los daños
psicosociales. Una quinta recomendación enuncia la necesidad de tener en
cuenta la particularidad e intencionalidad de los hechos violentos, esto con el
fin de tener una dimensión del daño más cercana al número de víctimas y su
impacto. Una sexta recomendación supone el necesario enfoque
diferencial, en razón a que las lesiones o alteraciones psicosociales impactan
de manera diferente según el género y la etapa del ciclo vital de la víctima. Finalmente,
la séptima recomendación consiste en tener siempre el referente que la
víctima es el centro del proceso, sus expectativas, necesidades y condiciones
de seguridad deben estar continuamente presentes a la hora de construir un
proceso de evaluación para la valoración del daño.
7.1.1
Metodología
para la valoración de daños psicosociales en el marco de violaciones a los
derechos humanos
La
Corte, con base en los planteamientos expuestos por la mayoría de los
intervinientes, encuentra que debe existir una metodología o protocolo especial
para la valoración de los daños psicosociales. Esta debe contar con al menos
seis etapas: la etapa previa a la evaluación, la evaluación, la elaboración del
informe pericial, la presentación oral del peritaje y el seguimiento.
7.1.2
La
etapa previa a la evaluación
Consiste
en la consolidación de un equipo interdisciplinario de profesionales    -psicólogos,
enfermeras, psiquiatras, trabajadores sociales y los que se estimen necesarios-
que llevarán a cabo las valoraciones. A este equipo se le dará la información
suficiente y completa del caso, en donde se indiquen los derechos vulnerados,
la etapa del litigio en la que se encuentra el proceso y las expectativas de
quien hace la solicitud.
Si
la solicitud de la valoración es requerida por una autoridad judicial, el
equipo debe acceder a los expedientes del proceso y hacer lo posible por
reunirse con organizaciones sociales o personas intervinientes que estén
apoyando a las víctimas del proceso, para poder constatar y complementar los
hechos.
Posteriormente,
se planeará el peritaje con base en la información obtenida. En este primer
diagnóstico, además de tener el estado de cosas del caso, el equipo perito se
reunirá con los representantes de las víctimas para discutir aspectos relativos
a qué se entiende por daño psicosocial, dónde, cuándo y cómo se llevarán a cabo
las entrevistas, qué tiempos serán usados y la necesidad de contar con otro
tipo de valoraciones interdisciplinarias. Todas estas especificaciones deberán
estar plasmadas en protocolos internos del proceso psicosocial.
Respecto
al dónde, esta Corte considera que el equipo perito debe mirar la posibilidad
de realizarlas en el lugar donde habitan las mismas familias víctimas. A pesar
de que se deben respetar los protocolos de seguridad el acercamiento al lugar
donde residen las víctimas posibilita una atención integral ante los obstáculos
de movilidad, y la necesaria participación de otros miembros de la familia en
el proceso, lo que reafirma la actitud de reconocimiento hacia ellas.
7.1.3
La
evaluación
Esta
etapa deberá contar con cuatro pasos importantes. Un primer paso correspondiente
al consentimiento informado, donde se le aclarará a la víctima el objetivo de
la valoración psicosocial, su carácter voluntario, el papel del evaluador y las
consecuencias útiles en materia probatoria dentro del litigio. Tales
aclaraciones deberán estar estipuladas en un documento, cualquiera que sea su
formato (documento escrito, audible, electrónico, o visual, entre otros), donde
la víctima exprese de manera libre consciente y espontánea, su conformidad y
aceptación con el procedimiento y metodologías planteadas.
El
segundo paso consiste en la realización de las entrevistas como el
principal elemento de la evaluación, que nunca deberá confundirse con la
estructura de un interrogatorio. Este espacio recomienda emplear una
metodología de carácter cualitativo y comprensivo, en el entendido de reconocer
a la víctima como un sujeto de derechos con realidades que deben ser exploradas
de forma cuidadosa y comprensiva. El modo de acercarse a estas realidades puede
ser mediante estructuras lingüísticas como la metáfora y la pregunta que
permiten aproximarse a la víctima de una manera particular e integral.  Aquí,
los procesos cualitativos y las herramientas hermenéuticas basadas en las
narraciones de las víctimas, deben privilegiarse frente a otros métodos de
análisis.
En
el mismo sentido, es indispensable hacer uso de las siguientes estrategias
metodológicas en procura del bienestar y reconocimiento de las personas
participantes. Primero, entender que los ritmos institucionales en ocasiones no
coinciden con los de las víctimas, los procesos judiciales producen altos
niveles de ansiedad y esto requiere pausas o aplazamientos de las entrevistas
que deben respetarse. Segundo, los evaluadores deben conocer y anticipar las
posibles reacciones emocionales del entrevistador y el entrevistado. Tercero,
el evaluador debe tener planeadas técnicas de contención por si el relato de
los hechos produce sentimientos reactivos como miedo, vergüenza, desconfianza,
rabia, culpa, etc. Cuarto, deben evitarse situaciones que pongan en riesgo a
los familiares, testigos o sobrevivientes. Quinto, entender que las víctimas en
ocasiones no tendrán la disposición de participar en las entrevistas debido a
los fuertes impactos que ocasiona traer del pasado recuerdos traumáticos. Y
sexto, el entrevistador deberá interpretar las palabras del entrevistado, no de
forma literal, sino por medio de preguntas, metáforas y recursos lingüísticos
que permitan un ambiente sin tensión.
Así
mismo, la actitud del profesional que realice las valoraciones psicosociales
debe basarse en modos que generen sentimientos de confianza, respeto y empatía.
En primera medida se le aclarará a la persona entrevistada que su testimonio
será confidencial y que sólo será publicado si ella lo autoriza. Esto
fortalecerá la comunicación y evitará situaciones de revictimización. El
evaluador deberá tener un comportamiento no verbal que demuestre interés en lo
que le están relatando, lo cual se logra por medio de una buena postura
corporal, expresiones faciales y contacto visual o físico.
Para
evitar la revictimización es necesario tener en cuenta tres factores. La
primera en cuanto a la dificultad por parte de las víctimas de construir una
nueva ruta de vida debido al actual y continuo delinquir de los actores
armados. La segunda se refiere a la falta de voluntad de organismos estatales a
brindar un adecuado y oportuno apoyo en salud física y mental a las víctimas. Y
la tercera se relaciona con el deber que tienen las instituciones estatales de
incluir la voz de las víctimas en las relaciones que los afectan.
Las
entrevistas pueden tener tres modalidades dependiendo de los fines:
individuales, familiares o colectivas. La entrevista individual pretende,
además de hacer un diagnóstico sobre la salud mental del entrevistado con
categorías amplias que no necesariamente sean patológicas, recoger la
información que contenga los datos personales como, el carácter de la persona,
los antecedentes médicos, el proyecto de vida, las historias sobre la familia,
la narración de los hechos violentos, los impactos y modos de afrontarlos. La
entrevista con grupos familiares espera comprender los roles, estructura y
dinámica familiar, antes y después de los hechos violentos. De ahí establecer
el nivel de afectación de cada miembro de la familia en su salud mental y
proyecto de vida. Y la colectiva, tratará de identificar la historia de la
comunidad antes y después de los hechos, los cambios en su identidad, roles,
tradiciones, costumbres y jerarquías, la identificación de los impactos y
duelos colectivos.
Un
tercer paso dentro de esta etapa será la realización de talleres
colectivos u otro tipo de herramientas de evaluación individual y colectiva,
donde los evaluadores puedan observar la realidad inmediata de las víctimas.
Estas percepciones deberán ser incluidas en un sistema de registro y
procesamiento.
El
cuarto y último paso serán las consideraciones sobre la necesidad de
realizar valoraciones especializadas, de acuerdo al estado de salud en el que
se encuentren las víctimas. Aquí será necesario evaluar de forma individual
cada caso y determinar si surge la necesidad de de una valoración de otro tipo
como psiquiátrica, neuropsicológica, entre otras.
7.1.4
Análisis de la información
En
esta fase se correlacionará y triangulará la información recogida en la etapa
previa a la evaluación con la obtenida en la evaluación misma. De ahí se
elaborará un documento que describa y analice el impacto de los hechos
violentos y posteriores daños psicosociales en la vida de las personas,
familias y comunidad. Este análisis deberá incluir información referente al
sufrimiento físico o psicológico de la víctima, los impactos sobre estudio,
trabajo, familia, y en general sobre su proyecto de vida, los daños ocasionados
a su reputación, salud y dignidad, y los que implicaron pérdidas de bienes
materiales.
7.1.5
Elaboración
del informe pericial
Como
bien lo indican las organizaciones intervinientes[43]
y atendiendo el Protocolo de Estambul, la redacción del informe pericial debe
constar de cinco partes: la introducción, la historia psicosocial, la
interpretación de los hallazgos o impresiones del perito, la presentación y
devolución del informe a la víctima o a las familias víctimas, y finalmente, la
validación del mismo.
1.
La
introducción debe contener la información general del proceso, la descripción
del contexto y los hechos violentos que dieron origen al caso. Debe explicar el
motivo del peritaje, la metodología usada para cada una de las valoraciones, y
el consentimiento informado por parte de las víctimas.
2.
La
historia psicosocial debe describir el estado de las víctimas anterior y
posterior a los hechos violentos. Por tal razón, resulta relevante incluir toda
la documentación dirigida a constatar dichas afirmaciones, como por ejemplo,
las historias clínicas de los pacientes, los testimonios más relevantes y las historias
que determinen los hechos.
3.
La
interpretación de los hallazgos o impresiones del perito sobre los daños
psicosociales encontrados en las víctimas por la ocurrencia de los hechos
violentos, dependerá de cada caso en concreto. Éste deberá sustentarse de
acuerdo a la información recogida durante las primeras etapas. Con
posterioridad, el equipo de peritos y las víctimas de forma conjunta deberán
crear una propuesta de reparación.
4.
La
presentación y devolución del informe a la víctima o a las familias víctimas
aporta a su dignificación y se convierte en un espacio trascendental para su
participación dentro del proceso como sujetos de derechos. La retroalimentación
del informe valida la calidad de la interpretación dada por los peritos.
5.
En
el mismo sentido, la validación del informe debe hacerse en conjunto con la
víctima. Su papel debe ser protagónico durante todo el proceso, y de esta
manera, debe sentirse a gusto con el producto final y estar de acuerdo con las
consideraciones del documento.
7.1.6
Presentación
Oral del Peritaje
El
perito deberá justificar su dictamen y así mismo, permitir que sea examinado
por quienes lo requieran.
7.1.7
Seguimiento
El
proceso de valoración psicosocial debe tener la característica de continuo, y
en ese sentido, finalizado el peritaje, los representantes jurídicos en
conjunto de las organizaciones estatales y no gubernamentales que prestaron sus
funciones a las víctimas, deben hacer un seguimiento a las medidas de
acompañamiento decretadas por el juez y prestar ayuda psicosocial terminadas
las diligencias.
7.1.8
Alcance
de las valoraciones psicosociales en el marco de graves violaciones a los
derechos humanos
El
alcance de las valoraciones psicosociales en las víctimas del conflicto armado
colombiano radica esencialmente en devolverles su dignidad, brindarles
elementos para la reconstrucción de su identidad, la realización de un nuevo
proyecto de vida de acuerdo a sus recursos y capacidades, y en la constitución
de un elemento de prueba dentro del proceso penal del cual son parte, y en el que
se persiga la reparación integral mediante la articulación del daño producido a
la víctima con el contexto social vivido.
En
ese sentido, su alcance tiene tres niveles, en las víctimas, en el proceso, y
en el proceso con las víctimas:
En
el primero, se constituye una forma de dignificar y brindar a las víctimas la
forma de reconocerse a sí mismas como sujetos de derechos, es una oportunidad
para empezar a reconstruir sus vidas e identidad, afrontar la violencia
infringida hacia ellas e incorporar un acompañamiento integral durante todas
las etapas del proceso. Así mismo, las expectativas de las víctimas frente el
proceso judicial crecen y los riesgos a una nueva revictimización se reducen.
En
el proceso, como estrategia psico-jurídica, este tipo de valoraciones logra
mostrarle al juez las consecuencias del daño en las víctimas. Lo anterior se
logra mediante la ilustración de la intensidad y el grado en que la violación a
los derechos humanos ha afectado su capacidad emocional, relacional y como
sujeto de derechos. Establece una prueba fehaciente de los daños.
En
el proceso y la víctima, la valoración psicosocial es fundamento esencial para garantizarles
el derecho de acceso a la justicia y el pleno ejercicio de este derecho y del
debido proceso. Además de ser un procedimiento efectivo mediante el cual se
esclarecen los hechos, se atribuye responsabilidad y se establecen medidas de
reparación conformes al daño evaluado, las víctimas tienen la posibilidad
mediante estas pruebas técnicas, que sus voces, relatos y necesidades estén
incluidos dentro del proceso judicial. Pero por sobre todo, la valoración
psicosocial es el medio probatorio por excelencia para garantizar al interior
del incidente de reparación que esta sea integral.
Ahora,
los criterios esbozados deberán atender de igual manera las pautas que sobre la
implementación de las medidas de rehabilitación se encuentran contempladas en
el Decreto 4800 de 2011, en particular las referidas en el Capítulo IV, en
tanto dispone que la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación
Integral a Víctimas, deberá diseñar las directrices del enfoque psicosocial
como componente transversal, que contendrá los lineamientos que respondan a la
necesidad de materializar la reparación integral en el marco de la Ley 1448 de
2011.[44]
8.
La obligación del Estado de
adoptar las medidas necesarias para la adecuada aplicación de la ley de
Justicia y Paz
Como
ya fue señalado, la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005, fue concebida en un
contexto de justicia transicional, como un instrumento político y jurídico para
alcanzar la paz en el país y para superar el conflicto armado interno que lo
viene aquejando desde varias décadas, garantizando los derechos de las víctimas
a la verdad, la justica, la reparación y la garantía de no repetición.
En ese ámbito, mediante la citada ley se estableció un
régimen específico y distinto de procedimiento penal, acompañado de ciertos
beneficios penales, como forma de materializar la justicia, aplicable a quienes
decidan desmovilizarse de los grupos armados al margen de la ley y se reintegren
a la vida civil; beneficios que, a su vez, se condicionan al cumplimiento de unos requisitos
establecidos en la ley, orientados a satisfacer los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Dentro
del propósito de dar cumplimiento a las garantías de verdad, justicia,
reparación y garantía de no repetición en los que se soporta la Ley de Justicia
y Paz, y se alcance su materialización y mayor efectividad, surge la obligación
para el Estado de adoptar las medidas necesarias a efectos de articular
adecuadamente el funcionamiento de esa modalidad especial de justicia,
concretamente, poniendo a disposición de todos los sujetos procesales e intervinientes
en los procesos penales que deban tramitarse por esta ley, las herramientas técnicas
y logísticas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la
administración de justicia, el debido proceso y la defensa.
En
punto a la Justicia transicional y su implementación, esta Corporación[45] ha señalado
que la misma presenta características especiales, transitorias y excepcionales
en tanto implica un conjunto de mecanismos, estrategias, instrumentos o medidas
necesarias y adecuadas encaminadas a alcanzar la paz, la reconciliación, la
transformación social y política, en una sociedad afectada por conflictos
armados y violencia grave y generaliza, en la que la vulneración de los
Derechos Humanos es masiva y sistemática como consecuencia de los numerosos y
continuos crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos.[46]
Considerando
que la justicia transicional busca dar una respuesta efectiva a las
consecuencias de violaciones masivas de los derechos humanos, la estructura del
Estado debe adecuarse, de tal manera que pueda atender oportunamente a los
requerimientos que la misma plantea, particularmente, teniendo en cuenta el
volumen de los casos que deben resolverse en periodos cortos de tiempo. Por
esta razón, y a efectos de poder enfrentar este grave problema de violencia
sistemática, las autoridades judiciales deben contar con una infraestructura
administrativa, técnica e institucional adecuada que facilite, entre otras, a
las víctimas de tales conductas criminales, una oportuna, efectiva y eficiente
demanda de justicia. En ese mismo sentido, le asiste al Estado la carga de
garantizar que las autoridades judiciales competentes cuenten con el personal suficiente,
idóneo y competente para asegurar una adecuada, oportuna y eficiente
investigación y juzgamiento de las conductas delictivas puestas a su
conocimiento.
Al
respecto, cabe recordar que en la Sentencia C-370 de 2006[47],
al pronunciarse sobre una demanda de inconstitucionalidad formulada contra
algunas disposiciones de la Ley 975 de 2005, la Corte, haciendo referencia a Tratados
de Derechos Humanos a los cuales el país ha adherido, fue puntual en señalar
que el Estado debe contar con una institucionalidad adecuada en materia de
justicia para atender la implementación y puesta en marcha de la citada ley. En
esa dirección, en el mencionado fallo, en relación con lo dispuesto en el
literal a) del numeral 3° del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
1966[48],
la Corporación hizo mención a lo dicho por el Comité de Derechos Humanos en su
Observación General No. 31 del 26 de mayo de 2004, en el sentido de “atribu{irle}
importancia a que los Estados Parte establezcan en el derecho interno
mecanismos judiciales y administrativos adecuados para conocer las quejas sobre
violaciones de derechos”. En el mismo sentido, advierte la referida
observación que: “el poder judicial puede garantizar el disfrute de los
derechos reconocidos en el Pacto de distintas maneras, en especial mediante la
aplicación directa del Pacto, la aplicación de disposiciones constitucionales u
otras disposiciones legislativas similares o el efecto de la interpretación de
Pacto en la aplicación de la legislación nacional.” Y finaliza anotando que:
“se requieren en especial mecanismos administrativos que den cumplimiento
a la obligación general de investigar las denuncias de violaciones de modo
rápido, detallado y efectivo por organismos independientes e imparciales. Las
instituciones nacionales de derechos humanos que cuenten con las facultades
pertinentes pueden coadyuvar a tal fin.” (Negrillas fuera de texto
original).
En
el mismo fallo, se hizo alusión al Informe de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos sobre el proceso de desmovilización en Colombia, del 13 de diciembre
de 2004, en el que se dijo que el Estado está obligado a impulsar de oficio las
etapas procesales correspondientes, de manera que el derecho a la justicia de
las víctimas y sus familiares no resulte ser solamente una formalidad, sino que
el mismo tenga un alcance efectivo en su realización.[49]
De
los anteriores pronunciamientos, y en el contexto de la citada Ley 975 de 2005,
es claro que, ante la carga que impone el trámite de los procesos de justicia
transicional, en los que tanto el número de víctimas como de conductas
delictivas suele ser alto y masivo, la responsabilidad de resolver de manera
efectiva y eficiente la demanda de justicia, en especial en materia investigativa,
reafirma el compromiso de las autoridades encargadas de formular la política
criminal del Estado y de atender a las víctimas, sobre la necesidad de
articular una estructura de apoyo judicial para hacer efectivas las garantías
de verdad, justicia, reparación y no repetición, como pilares fundamentales de
la justicia transicional.
En
el mismo sentido, y advirtiendo la condición de vulnerabilidad en que se
encuentran las víctimas de las conductas criminales objeto de la justicia
transicional, es igualmente relevante anotar que las autoridades encargadas de
formular la política criminal del Estado y de prestar la atención a las
víctimas, se encuentran obligadas a garantizar la implementación de una
estructura de apoyo judicial que les asegure la posibilidad de participar de
manera oportuna y eficiente en el trámite de dichos procesos judiciales, particularmente,
para hacer efectivos los peritajes que se requieran, no solo para determinar la
cuantía de los daños sufridos, sino el acompañamiento en la fase restaurativa[50]. No debe
olvidarse que el principal responsable de alcanzar las garantías de verdad,
justicia, reparación y no repetición, es el Estado, por lo que la iniciativa
procesal en la aportación de los elementos probatorios no puede depender
únicamente de la víctima o sus familiares[51].
9.
Análisis del caso concreto
A
partir de los hechos narrados en la demanda de tutela, así como del acervo probatorio
recaudado en sede de revisión, resulta pertinente recordar el problema jurídico
que motivó la interposición de esta acción de tutela.
Según
quedo anotado en el acápite de antecedentes, en el trámite del proceso penal
seguido por el abogado Gabriel Enrique Mejía Castillo, como representante
judicial de las personas víctimas de las conductas delictuales adelantadas por
los señores José Gregorio Mangones Lugo, Edgar Ignacio Fierro Flórez, Omar
Enrique Osías Martínez y Jhon Jairo Pérez Esquivel, como miembros del Bloque
Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ha resultado imposible la
realización de la valoración psicológica y/o psiquiátrica que requieren las
anotadas víctimas, para ser aportada como elemento probatorio en el trámite del
incidente de reparación integral a que se refiere el artículo 23 de la Ley 975
de 2005 o Ley de Justicia y Paz.
En
efecto, no obstante que el representante judicial de las víctimas solicitó de
manera directa a diferentes instituciones (Defensoría del Pueblo Regional
Magdalena, Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional Acción Social, hoy Departamento para
la Prosperidad Social–DPS-; al
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – INMLyCF-, zona Norte;
y finalmente, al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) de
Barranquilla), la realización de las valoraciones psicológicas o siquiátricas
de las más de 180 víctimas por él representadas, las referidas entidades se
negaron a asumir la práctica de las mismas, justificando su negativa en razones
que van desde la falta de competencia, o falta de presupuesto, hasta la falta
de capacidad técnica, representada en la carencia del personal suficiente y
debidamente calificado para adelantar dicha tarea pericial.
Consecuencia
de lo anterior, el apoderado recurrió al juez de tutela, por considerar que el
Cuerpo Técnico de Investigación Judicial (CTI) de la Fiscalía General de la
Nación, ha incumplido su obligación legal establecida en el artículo 15 de la
Ley 975 de 2005[52],
según la cual, corresponde a la Fiscalía General de la Nación investigar los
daños que individual o colectivamente hayan causado los imputados de manera
directa a las víctimas, tales como “lesiones físicas o psicológicas,
sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos
fundamentales”. Por ello, sostiene, que con esta negativa, el CTI amenaza
el derecho de sus representados al acceso a la justicia, así como la garantía
efectiva de su derecho a la reparación, pues al no contar con las valoraciones
psicológicas reclamadas para el momento procesal en que se dé trámite al
incidente de reparación integral, les será imposible soportar probatoriamente
sus reclamaciones de reparación.
Tras
admitirse a trámite la acción de tutela y negarse la misma en sus dos
instancias, la Corte Constitucional consideró pertinente integrar en debida
forma el contradictorio, para lo
cual vinculó al trámite de esta actuación judicial al Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses -INML y CF- y a la Unidad Nacional de
Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación. Así mismo, solicitó la
intervención de algunas entidades académicas y no gubernamentales, para que, en
calidad de amicus curiae,
expusieran, desde su punto de vista de expertos o conocedores de la protección
de las víctimas de la violencia y del conflicto armado, sus apreciaciones en
torno a quien o quienes deben asumir la realización de las citadas valoraciones
psiquiátricas de las víctimas, pero además, a efectos de determinar, qué
características deben tenerse presentes en la elaboración de dicho dictamen
pericial, para asegurar de manera efectiva la garantía y respeto del derecho al
acceso a la administración de justicia y al debido proceso de las víctimas,
como parte del proceso de justicia y paz en el que se pretenden alcanzar
igualmente, verdad, reparación y no repetición.
La
Corte entiende que el incidente de reparación integral regulado en el artículo
23 de la Ley 975 de 2005, es el escenario procesal en el que las víctimas
pueden ejercer en debida forma la defensa de sus derechos dentro del proceso
judicial, en tanto se constituye en la instancia en la que expresan de manera concreta la forma de reparación que
pretenden, e indican las pruebas que pretenden hacer valer para fundamentar sus
pretensiones. Conforme con ello, la solicitud de valoración psicosocial puede convertirse en uno de los elementos de
prueba relevantes para determinar la naturaleza y la magnitud de la afectación
causada por la conducta delictiva.
Sobre
esa base, considera entonces la Sala de Revisión, que el problema jurídico que
motivó la interposición de esta acción de tutela encuentra su justificación, a
ojos del apoderado de los accionantes, en la imposibilidad de que estos últimos
puedan participar en calidad de víctimas, de manera adecuada en el trámite del
referido proceso penal de justicia y paz, ante la imposibilidad de que
judicialmente se practiquen las pruebas a las que tienen derecho por expreso
señalamiento de la referida Ley 975 de 2005. Como consecuencia de esta
imposibilidad procesal de participar como víctimas en dicho proceso penal, se
genera un efecto colateral como es el desconocimiento de su derecho fundamental
al debido proceso (art. 29 C.P).
En
este punto, entiende la Sala de Revisión la preocupación del accionante frente
al tema probatorio a que hace referencia el incidente de reparación integral
contenido en el artículo 23 de la Ley 975 de 2005. Por ello, y antes de adelantar
cualquier otro análisis, resulta relevante referirse al alcance del mismo,
dentro de la dinámica que imponen los lineamientos procesales y sustanciales
que contempla dicho incidente.
En
efecto, de la lectura de la citada norma se advierte que existen dos momentos
procesales distintos en dicho incidente. En primer lugar, la citada
norma dispone en su inciso inicial, que en la misma audiencia en la que el Tribunal
competente declara la legalidad de la aceptación de cargos, previa solicitud de
la víctima o del fiscal del caso, o del Ministerio Público a instancia de ella,
el magistrado ponente deberá proceder a abrir el incidente de reparación
integral de los daños causados por la conducta delictiva, lo cual hará convocando
a una audiencia pública que se llevará a cabo dentro de los cinco (5) días
siguientes.
Luego
de cumplir con esta primera actuación procesal, se pasa de manera directa a dar
efectivo trámite a lo dispuesto en los incisos segundo a cuarto del artículo 23
citado, relativo al incidente de reparación integral propiamente dicho, en los
que se plantean igualmente dos momentos procesales diferentes. El primero,
que corresponde al inicio de la audiencia pública en el que la víctima o su
representante legal o abogado de oficio, expresan de manera concreta la forma
de reparación pretendida, y además indican las pruebas que pretenden hacer
valer para fundamentar sus pretensiones. Ello significa, que hasta ese momento,
las víctimas no aportan prueba alguna, solo hacen mención a aquellas que posteriormente
se aportarán y con las cuales se busca que las afectaciones sufridas por los
hechos violentos de los cuales fueron víctimas, sean reparadas.
Seguidamente,
y como segundo trámite en esta etapa del incidente, la Sala de Justicia
y Paz, tras revisar la pretensión podría tomar dos decisiones: (i)
rechazar la pretensión si la misma no es promovida por una víctima, o  si encuentra
acreditado el pago efectivo de los perjuicios cuando este fuere la única
pretensión. Con todo, frente a esta decisión podrá interponerse la
correspondiente impugnación en los términos de ley. Por el contrario, (ii)
si la pretensión de reparación integral es admitida por la Sala de Justicia y
Paz del correspondiente tribunal, la pretensión será puesta en conocimiento del
imputado que ya ha aceptado los cargos (ver inciso primero, art. 23), y acto
seguido se invitará a los intervinientes para conciliar. Esta invitación plantea
dos caminos judiciales posibles:
(i)
si hay una conciliación, este acuerdo se incorporará a la decisión que resuelve
el incidente.
(ii)
si no hay conciliación, el
magistrado ponente “dispondrá la práctica de la prueba ofrecida por
las partes” (Ver inciso segundo del artículo 23 de la Ley 975 de
2005).
El
trámite procesal descrito no deja duda que es la autoridad judicial competente,
en este caso, el magistrado ponente de la respectiva Sala de Justicia y Paz, a quien
le corresponde disponer sobre la práctica de las pruebas que las víctimas
pretendan hacer valer en el respectivo proceso penal especial, por cuanto es él
a quien se le asigna la competencia para decidir cuáles de las pruebas
enunciadas o señaladas por la víctima, son pertinentes y conducentes al caso, teniendo
la posibilidad, conforme a la regulación procesal vigente, de excluir aquellas
que considere no cumplen con tales condiciones. Con ello, se da alcance a los
principios de celeridad y economía procesal, pues podría ocurrir que, en casos como
el que nos ocupa, las víctimas, por vía de sus representantes judiciales, reclamen
la práctica de aquellas pruebas que a su juicio puedan considerar relevantes, sin
que algunas de ellas lo sean verdaderamente, comprometiendo no solo cuantiosos
recursos técnicos, económicos y humanos, en el recaudo y/o práctica de las
mismas, sino también generando un desgaste del aparato judicial, pues, llegado
el momento, el juez de la causa debe proceder a desestimar algunas de las
pruebas practicadas por no ser pertinentes ni conducentes para la resolución
del caso.
Lo
anterior, sin perjuicio de la obligación que le asiste a la Fiscalía General de
la Nación, con el apoyo de sus cuerpos de investigación, en particular del
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense (IMLCF), de llevar a cabo las
acciones que correspondan a efectos de dar cumplimiento a sus deberes legales
dentro del proceso de justicia y paz, que se concentran en adelantar las
investigaciones sobre los hechos delictivos que se pretenden establecer y de
sus posibles responsables, lo que a su vez comprende la práctica de aquellas
pruebas conducentes y pertinentes para dar solución al caso concreto, más aun
cuando las mismas sean ordenadas por la autoridad competente (Ley 975 de 2005,
art. 16). Frente al asunto que analiza la Sala, vale la pena recordar que en el
trámite de primera instancia del proceso penal de Justicia y Paz seguido por la
Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en contra del postulado
Fredy Rendón Herrera, alías “El Alemán”,[53]
la misma Fiscalía se percató que el IMLCF (art. 204 de la Ley 906/04) no contaba
con un cuerpo técnico especializado para la valoración colectiva de
víctimas, razón por la que dispuso la creación de un grupo interdisciplinario
integrado por antropólogos, sicólogos, y siquiatras para adelantar la
valoración psiquiátrica a unas víctimas de reclutamiento forzado. Aun así,
dicho grupo investigador concluyó que no resultaba posible adelantar una valoración
colectiva de las citadas víctimas, por lo que la Fiscalía debió convocar otros
expertos, quienes elaboraron sendos dictámenes psiquiátricos de manera
individual a cada una de las víctimas.
En
el mismo sentido y vista la excepcionalidad de la prueba psicológica que se
requería para determinar el daño causado respecto de las víctimas en el proceso
de Justicia y Paz que se siguió en contra del postulado José Barney Veloza
García, alias “El Flaco”[54],
el juez ordenó como parte del trámite del incidente de reparación integral, la
práctica de algunas pruebas[55].
En dicha actuación procesal se recibió el dictamen de una sicóloga forense, el
cual fue realizado a una víctima indirecta de los hechos violentos de los
cuales el postulado ya había aceptado su autoría.
Como
se puede advertir de los casos antes citados, es evidente que las pruebas que
han de presentarse en el incidente de reparación integral, referidas en el artículo
23 de la Ley 975 de 2005, imponen varias condiciones:
En primer lugar, si bien existe una cierta flexibilidad
probatoria en torno a la posibilidad que tiene la víctima de demostrar tal
condición y el perjuicio sufrido, dicha flexibilidad, en todo caso, no la
libera de la carga de tener que probar la referida condición y los daños
sufridos por la conducta delictiva. Ciertamente, si bien la Ley de Justicia y
Paz le reconoce a las víctimas el derecho “A ser oídas y que se les facilite el aporte de pruebas” (art.
37-38.4), recae sobre ellas la carga de demostrar su condición y los daños
sufridos, contando con la asistencia de las autoridades competentes.          En
ese contexto, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, las víctimas
pueden aportar las pruebas con las que cuenten, o, en su defecto, solicitar la
práctica de aquellas que consideren útiles a sus propósitos de verdad, justicia
y reparación.
-
En segundo lugar, las pruebas que
se tendrán en cuenta en el trámite del incidente de reparación integral serán aquellas
que el juez considera conducentes y pertinentes de todas las que la propia
víctima haya enunciado y aportado al proceso. Pero además, podrá tenerse en
cuenta aquellas pruebas que el mismo juez ordene practicar, y las que la
Fiscalía General de la Nación y en especial la Unidad Nacional de Justicia y
Paz, por vía de sus cuerpos de investigación, haya recaudado en su natural
actividad investigativa.
De
esta manera, aun cuando la petición de valoración psicológica y/o psiquiátrica solicitada
por el señor Mejía Castillo, como representante de las víctimas en esta acción
de tutela que se revisa, fue hecha de manera anticipada al incidente de
reparación integral, siendo este su escenario natural, de ello no se derivaba,
necesariamente, que la prueba no se pueda ordenar y practicar, pues, como ya se
ha explicado, tal decisión corresponde adoptarla a la autoridad judicial
competente.
Con
todo, y a pesar de que esta Sala de Revisión ha evidenciado la complejidad  técnico-científica,
que supone la práctica de la prueba solicitada por el accionante, y la aparente
incapacidad de las autoridades judiciales involucradas para llevarla a cabo, ello
no abre la posibilidad para que el juez constitucional releve de su competencia
al juez natural en el proceso penal, y proceda en su lugar a  ordenar la práctica
de una prueba, que, como se reitera, solo debe ser decretada por la autoridad
judicial competente al momento de tramitarse el incidente de reparación
integral, quien a su vez, debe adoptar las medidas que correspondan a efectos
de lograr su realización material. Por ello, en el presente caso, será el
Magistrado del proceso penal de justicia y paz, quien en la dinámica propia de
este especial trámite judicial, decida en la etapa procesal correspondiente, si
práctica o no la prueba. Por ello, el haberse negado la práctica de la prueba
reclamada por el accionante en una instancia anterior a la iniciación del
incidente de reparación integral, no es razón válida para activar
automáticamente la competencia del juez constitucional, más aún, cuando dentro
del mismo proceso penal especial se cuenta con los mecanismos judiciales
pertinentes para resolver dicha situación.
Como
ya se ha señalado, por expresa disposición legal, será la Sala respectiva del
Tribunal de Justicia y Paz, en el trámite del incidente de reparación integral,
quien definirá sobre la práctica de la prueba materia de la presente
controversia, debiendo adoptar las medidas que corresponda en aras de asegurar
su realización, en caso que así lo determine.
Entiende
la Sala de Revisión que la orden para la realización de la práctica de las
pruebas que imparta el juez de la causa, puede recaer sobre la misma Fiscalía
General de la Nación, a través del Institución Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses –INMLCF-[56]
y que estos, en virtud de la complejidad y especificidad técnico-científica de
la misma, podrán igualmente apoyarse en otra u otras entidades o peritos
expertos, quienes deberán ser vinculados al proceso en los términos que señalan
los artículos 406 a 410 de la Ley 906 de  2005. Sin embargo, advierte la Sala
que en el marco de los procesos de Justicia y Paz que se vienen tramitando en
la actualidad, imponer a las víctimas de manera plena la carga probatoria para
demostrar la vulneración de sus derechos, resulta abiertamente desproporcionado,
máxime teniendo en cuenta la condición de extrema vulnerabilidad en que estas se
encuentran.
Aun
cuando uno de los propósitos de la Ley 975 de 2005, es facilitar la reincorporación individual o colectiva
a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, la misma
también persigue, como objetivo fundamental, garantizar los derechos de las
víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición, por
lo que imponerle a estas la carga de tener que aportar las pruebas en el
incidente de reparación integral, no obstante las dificultades técnicas y
logísticas que puede implicar su práctica, se presenta como un escollo insuperable
en muchos casos, al punto que ello podría afectar la protección de los derechos
de esas víctimas, imposibilitando por esa vía, alcanzar la reparación integral que
propone la misma Ley de Justicia y Paz, comprometiendo el esclarecimiento de la
verdad e incluso el propio propósito de justicia restaurativa en el marco transicional.
En
este orden de ideas, las autoridades técnico-judiciales que apoyan a la
Fiscalía General de la Nación, y en particular en este caso a la Unidad
Nacional de la Fiscalía para la Justicia y la Paz, en el tema de investigación
penal, son el Cuerpo Técnico de Investigación –CTI y el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses –INMLCF, siendo tales organismos, en cabeza
de la Fiscalía, los llamados a practicar las pruebas que hayan sido solicitadas
por las víctimas y autorizadas por la autoridad competente en la instancia
pertinente. Con todo, tal y como se señaló a folio 58 y siguientes de esta
providencia, la Fiscalía podrá apoyarse en expertos de otras entidades públicas
o privadas o en particulares especializado cuando así lo requiera y en la
medida en que así lo disponga el juez del proceso.
En
suma, es dentro de la actuación penal en la que se debe asumir la realización o
práctica de las pruebas que las víctimas pretenden aportar como respaldo a sus
peticiones de reparación, en sede del incidente de reparación integral, y no
por vía de la acción de tutela, máxime cuando de los hechos relatados por el
accionante no obran constancia que en efecto éste hubiese puesto en conocimiento
del Fiscal del proceso dicha circunstancia, o que hubiere acudido ante el
Magistrado de Control de Garantías, para que éste en cumplimiento de su
competencia judicial, hubiese ordenado la remoción del obstáculo probatorio que
se advertía. Incluso, solo hasta el momento en que se dé inicio al incidente de
reparación integral, es que puede determinarse si la prueba reclamada por el
accionante es conducente al caso, según lo establezca el juez del proceso.
En
relación con esto último, es importante destacar que le compete a la misma Unidad
Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, a la Procuraduría Judicial para
Justicia y Paz y a la Defensoría del Pueblo, hacer efectivo acompañamiento a
las víctimas (ley 975 de 2005. Arts. 33, 34, 35 y 36), en aras a que, durante
el proceso de Justicia y Paz, se garanticen plenamente sus derechos, en
particular el debido proceso, la defensa y el acceso a la administración de
justicia. Precisamente, en el presente caso, las circunstancias que han dado
lugar a la acción de tutela, dan muestra de una ausencia de apoyo por parte de tales
organismos, especialmente de la Fiscalía General de la Nación, en el
acompañamiento de las víctimas, lo cual ha supuesto una amenaza a sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Ello ha tenido lugar, concretamente, al no prestarles un apoyo efectivo frente
a la posibilidad de aportar una prueba técnico-científica tendiente a demostrar
las afectaciones psicológicas y/o psiquiátricas sufridas por los delitos que se
investigan en el proceso de Justicia y Paz respectivo. La circunstancia de que
dicha prueba no haya sido presentada en su oportunidad -en el incidente de
reparación integral-, y que la definición sobre su práctica sea competencia de
la respectiva Sala de Justicia y Paz, a quien además compete determinar las
condiciones en que la misma debe realizarse, en el caso de que sea ordenada, no
desvirtúa las dificultades advertidas en torno a su posible práctica.
A
este respecto, si bien la Corte coincide con lo afirmado por la Fiscalía
General de la Nación en la respuesta dada en el presente asunto, en el sentido
de señalar que “aún no se había surtido dicha etapa procesal para el trámite
del incidente” (folio 11), en todo caso, las circunstancias en las que se
negó la práctica de la prueba solicitada, dejan entrever la posible existencia
de ciertas falencias técnicas, logísticas e incluso presupuestales en la
ejecución de la política criminal de reincorporación para la paz impulsada por
la Ley 975 de 2005, concretamente, en el aspecto relacionado con la atención a
las víctimas, en especial, sobre la necesidad de articular una estructura de
apoyo judicial para hacer efectivos los peritajes que se requieran, no solo en
la dirección de determinar la cuantía de los daños, sino el acompañamiento a
las víctimas en la fase restaurativa.
Como
ya fue señalado, en la medida en que la justicia transicional, materializada en
la Ley de Justica y Paz, busca dar una respuesta efectiva a las consecuencias
de violaciones masivas de los derechos humanos, la estructura del Estado debe
adecuarse, de tal manera que pueda atender oportunamente a los requerimientos
que la misma plantea, particularmente, teniendo en cuenta el volumen de los
casos que deben resolverse en periodos cortos de tiempo. Por esta razón, y a
efectos de poder enfrentar este grave problema de violencia sistemática, las
autoridades judiciales deben contar con una infraestructura administrativa,
técnica e institucional adecuada que facilite, entre otras, a las víctimas de
tales conductas criminales, una oportuna, efectiva y eficiente demanda de
justicia.
Advirtiendo
la condición de vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas de las
conductas criminales objeto de la justicia transicional, es igualmente
relevante anotar que las autoridades encargadas de formular la política
criminal del Estado y de prestar la atención a las víctimas, deben asegurarse
que las autoridades judiciales competentes cuenten con el personal suficiente,
idóneo y competente para garantizar una adecuada, oportuna y eficiente
investigación y juzgamiento de las conductas delictivas puestas a su
conocimiento.
Sobre
este particular, es importante recordar que el año 2011 el Legislador expidió
la Ley 1448 de esa misma anualidad, “Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones”, cuyo objetivo es, precisamente, “establecer
un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas,
individuales y colectivas”, en beneficio de las víctimas de graves violaciones al Derecho Internacional
Humanitario o a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas
con ocasión del conflicto armado interno, dentro
de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de
sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no
repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a
través de la materialización de sus derechos constitucionales.
Con
ese propósito, la referida ley creó el Sistema Nacional de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, el cual está constituido por el conjunto de
entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los órdenes nacional y
territorial, incluida la Fiscalía General del Nación y la Defensoría del
Pueblo,   y las demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de
formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas,
tendientes a la atención y reparación integral de las víctimas (arts. 159,
160).
Según
lo dispone el artículo 161 de la citada Ley 1448 de 2011, dentro de los fines que persiguen las entidades que conforman
el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, como
parte de dicho Sistema, se encuentran las de: (i) participar en
la formulación e implementación de la política integral de atención, asistencia
y reparación a las víctimas; (ii) adoptar las medidas de atención
que faciliten el acceso y cualifiquen el ejercicio de los derechos a la verdad,
justicia y reparación de las víctimas; (iii) adoptar las medidas
de asistencia que contribuyan a restablecer los derechos de las víctimas,
brindando condiciones para llevar una vida digna;  (iv) adoptar
las medidas que contribuyan a garantizar la reparación efectiva y eficaz de las
víctimas; (v) adoptar los planes y programas que garanticen el ejercicio
efectivo de los derechos de las víctimas; (vi) integrar los esfuerzos
públicos y privados para la adecuada atención integral y garantía de los
derechos humanos y de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario que
les asisten a las víctimas: y (vii) garantizar la canalización de
manera oportuna y eficiente de los recursos humanos, técnicos, administrativos
y económicos que sean indispensables para el cumplimiento de los planes,
proyectos y programas de atención, asistencia y reparación integral de las
víctimas en sus niveles nacional y territorial.
Cabe
destacar que la coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación de
Víctimas, se encuentra a cargo de la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, quien a su vez tiene asignada la
función de coordinar las políticas encaminadas a satisfacer los derechos a la
verdad, justicia y reparación de las víctimas (Ley 1448 de 2011, art. 166); lo
que comporta, a su vez, dentro del marco de sus competencias, el deber de
contribuir a que las víctimas de las conductas criminales de competencia de la
Ley de Justicia y Paz,  reciban una oportuna, efectiva y eficiente demanda de
justicia.
De
esta manera, y a efectos de que la participación procesal de las víctimas de
las conductas criminales investigadas en el marco de la Ley de Justicia y Paz,
no resulte ineficaz y traumática o supongan una carga pública que no se
encuentren en capacidad de asumir, esta Corporación considera pertinente
exhortar a las autoridades encargadas de la formulación de la política criminal
y de la atención a las víctimas, en especial al Gobierno Nacional, a la
Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, sobre la necesidad de articular
una estructura de apoyo judicial para hacer efectivos los peritajes que se
requieran dentro de los procesos de Justicia y Paz, no solo para determinar la
cuantía de los daños sufridos, sino el acompañamiento en la fase restaurativa.
Igualmente,
las autoridades que de conformidad con la Constitución y la ley tienen la
responsabilidad de proteger a las víctimas, en particular, la Fiscalía General
de la Nación, la Procuraduría General la Nación y la Defensoría del Pueblo, deberán
concurrir en el acompañamiento jurídico que tanto estas como sus familias
requieran en los procesos que se tramitan por la vía de la Ley de Justicia y
paz.
Vistas
las anteriores consideraciones, la Sala de Revisión, confirmará la sentencia
proferida el 22 de mayo de 2009, por la Sala Civil-Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, atendiendo para ello, a las
consideraciones expuestas en la presente decisión.
III. DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones expuestas en
precedencia, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- Levantar la
suspensión de términos ordenada por esta Sala de Revisión, mediante auto del 24
de noviembre de 2009.
SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de mayo de 2009, por la
Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla,
con base en las consideraciones aquí expuestas.
TERCERO.-
EXHORTAR a las autoridades encargadas
de la formulación de la política criminal y de la atención a las víctimas, en
especial al Gobierno Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
sobre la necesidad de articular una estructura de apoyo judicial para hacer
efectivos los peritajes que se requieran dentro de los procesos de Justicia y
Paz, no solo para determinar la cuantía de los daños sufridos por las víctimas,
sino el acompañamiento en la fase restaurativa.
Igualmente,
EXHORTAR a las autoridades que de conformidad con la Constitución
y la ley tienen la responsabilidad de proteger a las víctimas, en particular, a
la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General la Nación y a la
Defensoría del Pueblo, para que concurran en el acompañamiento jurídico que
tanto aquellas como sus familias requieran en los procesos que se tramitan por
la vía de la Ley de Justicia y paz.
CUARTO.-
Por Secretaría, líbrese la
comunicación prevista en el Artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA T-702/16
DERECHO A LA
REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS-Se debieron proferir órdenes concretas, con
parámetros y plazos ciertos, a objeto de intentar solucionar de manera más
cercana y real la situación deficitaria que actualmente se presenta en la
jurisdicción de justicia y paz (Salvamento de voto)
Si bien comparto la orientación general de la
decisión y los argumentos que la sustentaron, a mi juicio, debió la Sala
proferir ordenes concretas, con parámetros y plazos ciertos, a objeto de
intentar solucionar de manera más cercana y real la situación deficitaria que
actualmente se presenta en la jurisdicción de justicia y paz, en lo que tiene
que ver con la valoración sicológica requerida de conformidad con la Ley 975 de
2005, a efectos de solicitar la reparación integral.
Referencia: Expediente T-2.323.085
Acción de tutela instaurada por Jorge
Eliecer Hernández Hernández y otros en contra del Cuerpo Técnico de
Investigación de la Fiscalía -CTI- Barranquilla.
Magistrado Ponente:
Luis Guillermo Guerrero Pérez
En el
caso sub examine la Sala Segunda de Revisión confirmó la sentencia
proferida el 22 de mayo de 2009, por la Sala Civil Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y exhortó a las autoridades
encargadas de la formulación de la política criminal y de la atención a las
víctimas, en especial, al Gobierno Nacional, a la Fiscalía General de la Nación
y a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas, sobre la necesidad de articular una estructura de apoyo judicial
para hacer efectivos los peritajes que se requieran dentro de los procesos de
Justicia y Paz, no solo para determinar la cuantía de los daños sufridos por
las víctimas, sino el acompañamiento de la fase restaurativa. De igual manera, exhortó
a las autoridades que de conformidad con la Constitución y la ley tienen la
responsabilidad de proteger a las víctimas, en particular, a la Fiscalía
General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría
del Pueblo, para que concurran en el acompañamiento jurídico que tanto aquellas
como sus familias requieran en los procesos que se tramitan por la vía de
Justicia y paz.
Si
bien comparto la orientación general de la decisión y los argumentos que la
sustentaron, a mi juicio, debió la Sala proferir ordenes concretas, con
parámetros y plazos ciertos, a objeto de intentar solucionar de manera más
cercana y real la situación deficitaria que actualmente se presenta en la
jurisdicción de justicia y paz, en lo que tiene que ver con la valoración
sicológica requerida de conformidad con la Ley 975 de 2005, a efectos de
solicitar la reparación integral.
Ante los
fundamentos de la sentencia, se evidencia la necesidad de crear y organizar la
infraestructura idónea y eficaz que permita la práctica de este tipo de pruebas
que, en últimas, tiene como finalidad reafirmar el compromiso que debe tener la
política criminal del Estado y su obligación de articular una estructura de
apoyo judicial, para hacer efectivas las garantías de verdad, justicia,
reparación y no repetición de la justicia transicional, tal y como se concluye
en la presente sentencia, razones que considero ameritan proferir ordenes más
eficaces tendientes a propiciar siquiera un inicio de solución concreta y real
a la problemática planteada.
Fecha
ut supra,
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1]
El expediente fue seleccionado por la Sala de Selección número Ocho mediante
Auto del 21 de agosto de 2009.
[2]
Por Auto del 10 de marzo de 2009, el Juzgado Octavo de Familia de Barranquilla
admitió a trámite l presente acción de tutela (folio 45 del cuaderno principal
del expediente de tutela).
[3]  Ley 975 de 2005. “ARTÍCULO 23. INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL. En la misma
audiencia en la que la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial
correspondiente declare la legalidad de la aceptación de cargos, previa,
solicitud expresa de la víctima, o del fiscal del caso, o del Ministerio
Público a instancia de ella, el magistrado ponente abrirá inmediatamente el
incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal
y convocará a audiencia pública dentro de los cinco (5) días siguientes. Dicha
audiencia se iniciará con la intervención de la víctima o de su representante
legal o abogado de oficio, para que exprese de manera concreta la forma de
reparación que pretende, e indique las pruebas que hará valer para fundamentar
sus pretensiones. La Sala examinará la pretensión y la rechazará si quien la
promueve no es víctima o está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y
esta fuere la única pretensión formulada, decisión que podrá ser objeto de
impugnación en los términos de esta ley. Admitida la pretensión, la Sala la
pondrá en conocimiento del imputado que ha aceptado los cargos y a continuación
invitará a los intervinientes a conciliar. Si hubiere acuerdo su contenido lo
incorporará a la decisión que falla el incidente; en caso contrario dispondrá
la práctica de la prueba ofrecida por las partes, oirá el fundamento de sus
respectivas pretensiones y en el mismo acto fallará el incidente. La decisión
en uno u otro sentido se incorporará a la sentencia condenatoria.PARÁGRAFO 1o. Exclusivamente para efectos de la conciliación prevista
en este artículo, la víctima, el imputado o su defensor, el fiscal que haya
conocido del caso o el ministerio público, podrán solicitar la citación del
Director de la Red de Solidaridad Social en su condición de ordenador del gasto
del Fondo para la Reparación de las Víctimas. PARÁGRAFO 2o. No podrá negarse la
concesión de la pena alternativa en el evento de que la víctima no ejerza su
derecho en el incidente de reparación integral.”
[4]
A folio 20 del cuaderno No. 2 del expediente de tutela, obra la respuesta dada
por la Defensora del Pueblo  Regional Magdalena.
[5]
Ver folio 24 del segundo cuaderno del expediente de tutela.
[6]
Ley 975 de 2005 “ARTÍCULO 15. ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD. Dentro
del procedimiento que establece la presente ley los servidores públicos
dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la
verdad sobre los hechos objeto de investigación y se garantice la
defensa de los procesados.
La Unidad Nacional de
Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por esta ley, deberá investigar, por
conducto del fiscal delegado para el caso, con el apoyo del grupo especializado
de policía judicial, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se
realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales,
familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los
antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual o colectivamente
haya causado de manera directa a las víctimas, tales como lesiones
físicas o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo
sustancial de derechos fundamentales.
Con la colaboración de los
desmovilizados, la policía judicial investigará el paradero de personas
secuestradas o desaparecidas, e informará oportunamente a los
familiares sobre los resultados obtenidos.
La Fiscalía General de la
Nación velará por la protección de las víctimas, los testigos y los peritos que
pretenda presentar en el juicio. La protección de los testigos y los peritos
que pretenda presentar la defensa estará a cargo de la Defensoría del Pueblo.
La protección de los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial que deban conocer del juzgamiento será responsabilidad del Consejo
Superior de la Judicatura”. (Negrilla y subraya fuera del texto original)
[7]
A folio 228 del cuaderno No. 2 del expediente de tutela, obra el escrito de
coadyuvancia a esta tutela, suscrito por el abogado Samaet Raymond García
Vásquez en el que señala que en su condición de representante de las víctimas
de las Autodefensas Unidas de Colombia, hechos que se encuentran registrados
ante la Fiscalía General de la Nación – Unidad de Justicia y Paz. El referido
abogado reafirma lo planteado por el apoderado Gabriel Enrique Mejía Castillo,
en cuanto a que la Directora Seccional de CTI  no ha querido practicar las
pruebas de valoración siquiátrica, amenazando entre otros, el derecho
constitucional a la igualdad. Anexa un listado de veintinueve (29) victimas que
dice representar.
[8]
En relación con dicha ley se pueden consultar, entre otras, las Sentencias
C-370 de 2006, C-575 de 2006, C-1199 de 2008 y C-752 de 2013.
[9]
Sentencia C-752 de 2013.
[10]
Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-370 de
2006, SU-254 de 2013 y C-753 de 2013.
[11] En múltiples decisiones la Corte Interamericana se ha referido al
alcance del derecho a la verdad en la Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos. La jurisprudencia relevante puede ser consultada en el aparte anterior
de esta decisión. Así por ejemplo, la Corte Interamericana en la Sentencia de
15 de septiembre de 2005 Señaló, sobre el derecho de acceso a la justicia, el
deber de investigar y el derecho a la verdad, lo siguiente: “Este Tribunal ha
señalado que el derecho de acceso a la justicia no se agota con el trámite de
procesos internos, sino éste debe además asegurar, en tiempo razonable, el
derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo
necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los
eventuales responsables.
[12]
SU-254 de 2013.
[13]
Sentencia C-775 de 2003 y C-1199 de 2008, entre otras.
[14]
Magistrado Ponente Mauricio González Cuervo.
[15]
La Sentencia C-753 de 2013, a su vez, cita las Sentencias T-085 de 2009, T-699A
de 2011 y SU-254 de 2013.
[16]
Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos.
[17]
“al valor de la paz no se le puede conferir un alcance absoluto, ya que
también es necesario garantizar la materialización del contenido esencial del
valor de la justicia y del derecho de las víctimas a la justicia, así como los
demás derechos de las víctimas, a pesar de las limitaciones legítimas que a
ellos se impongan para poner fin al conflicto armado.” C-370 de 2006. En el
mismo sentido C-771 de 2011.
[18]
Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos.
[19]
La expresión “a cargo del autor o partícipe del
delito” del  numeral 38.3 del artículo 37 de la Ley 975 de 2005
fue declarada exequible por la Corte en la sentencia C-575 de 2006, bajo el
entendido que todos y cada uno de los miembros del grupo armado organizado al
margen de la ley, responden con su propio patrimonio para indemnizar a cada una
de las víctimas de los actos violatorios de la ley penal por los que fueren
condenados; y también responderán solidariamente por los daños ocasionados a
las víctimas por otros miembros del grupo armado al cual pertenecieron.
[20]
En efecto, la Corte constitución se pronunció sobre el particular señalando lo
siguiente:
“6.2.4.1.10. En principio podría
sostenerse que si bien en la justicia ordinaria se aplica el principio
general de derecho según el cual quien causa un daño debe repararlo, en
procesos de justicia transicional a través de los cuales se enfrentan
violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y ante un universo
enorme de víctimas directas e indirectas, quien debe responder es el Estado y
no  los perpetradores. Incluso podría sostenerse que puede ser una
condición de quienes deciden someterse a un proceso de paz tras un legado de
violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, que el componente
patrimonial de las reparaciones sea asumido por el Estado y no por los
responsables del daño, quienes no estarían dispuestos a arriesgar su patrimonio
personal que se vería completamente menguado si con él tuviera que sufragarse
los cuantiosos daños producidos. Finalmente podría sostenerse que esta forma de
reparación – a través de recursos públicos y no del patrimonio personal de los
responsables – no supone una violación del derecho de las víctimas pues
finalmente estas recibirán algún tipo de reparación, sin importar la fuente a
través de la cual se financian. // 6.2.4.1.11. Este argumento sin embargo tiene
una serie de debilidades constitucionales que la Corte no puede dejar de
advertir. En primer lugar, como entra a explicarse, no parece existir una
razón constitucional que permita excepcionar el principio general según el cual
todo aquel que cause un daño antijurídico está obligado a repararlo y trasladar
el costo total de la reparación a los ciudadanos y ciudadanas. En segundo
término, incluso si se aceptara que el Estado puede efectuar este traslado de
responsabilidad, lo cierto es que no está autorizado para perdonar – ni penal
ni civilmente – a quien ha cometido delitos atroces o al responsable de actos
de violencia masiva o sistemática. Eximir completamente de responsabilidad
civil al causante del daño equivale a una amnistía integral de la
responsabilidad debida. Finalmente, parece constitucionalmente desproporcionado
renunciar a perseguir el patrimonio de los responsables del daño, al menos, en
aquellos casos en los cuales pueda comprobarse que las personas responsables
tienen inmensas fortunas mientras que quienes han sufrido dicho daño, por
efecto de este, se encuentran en dolorosas condiciones de pobreza y desarraigo.
Entra la Corte a explicar cada una de estas cuestiones. // 6.2.4.1.12. En primer
lugar, al menos en principio, no parece existir una razón constitucional
suficiente para que, frente a procesos de violencia masiva, se deje de aplicar
el principio general según el cual quien causa el daño debe repararlo. Por el
contrario, como ya lo ha explicado la Corte, las normas, la doctrina y la
jurisprudencia nacional e internacional han considerado que la reparación
económica a cargo del patrimonio propio del perpetrador es una de las
condiciones necesarias para garantizar los derechos de las víctimas y promover
la lucha contra la impunidad. Sólo en el caso en el cual el Estado resulte
responsable – por acción o por omisión – o cuando los recursos propios de los
responsables no son suficientes para pagar el costo de reparaciones masivas, el
Estado entra a asumir la responsabilidad subsidiaria que esto implica. Y esta
distribución de responsabilidades no parece variar en procesos de justicia
transicional hacia la paz. // 6.2.4.1.13. En efecto, en contextos de
transición a la paz, podría parecer proporcionado que el responsable de delitos
que ha decidido vincularse a un proceso de negociación, conserve una parte de
su patrimonio de forma tal que pueda vivir dignamente e insertarse plenamente
en la sociedad democrática y en el Estado de derecho. Lo que sin embargo parece
no tener asidero constitucional alguno es que el Estado exima completamente de
responsabilidad civil a quienes han producido los daños que es necesario
reparar y traslade la totalidad de los costos de la reparación al presupuesto.
En este caso se estaría produciendo una especie de amnistía de la
responsabilidad civil, responsabilidad que estarían asumiendo, a través de los
impuestos, los ciudadanos y ciudadanas de bien que no han causado daño alguno y
que, por el contrario, han sido víctimas del proceso macrocriminal que se
afronta. La Corte no desconoce que frente al tipo de delitos de que trata la
ley demandada parece necesario que los recursos públicos concurran a la
reparación, pero esto solo de forma subsidiaria. Esto no obsta, como ya se
mencionó, para que el legislador pueda modular, de manera razonable y
proporcionada a las circunstancias de cada caso, esta responsabilidad. Lo que
no puede hacer es relevar completamente a los perpetradores de delitos atroces
o de violencia masiva, de la responsabilidad que les corresponde por tales
delitos. De esta manera, resulta acorde con la Constitución que los
perpetradores de este tipo de delitos respondan con su propio patrimonio por
los perjuicios con ellos causados, con observancia de las normas procesales
ordinarias que trazan un límite a la responsabilidad patrimonial en la
preservación de la subsistencia digna del sujeto a quien dicha responsabilidad
se imputa, circunstancia que habrá de determinarse en atención a las
circunstancias particulares de cada caso individual. // 6.2.4.1.14. Como lo
señala el Ministerio del Interior y de la Justicia, los grupos armados al
margen de la ley y sus cabecillas han acumulado inmensas fortunas o “grandes
recursos económicos”…. Usualmente los bienes obtenidos ilícitamente han
sido escondidos o trasladados a testaferros o incluso a terceros de buena fe a
través de los cuales “lavan” los correspondientes activos. Sin embargo, las
víctimas de los grupos armados suelen ser personas humildes que, además de haber
sido vulneradas en su dignidad y derechos, han sido despojadas de sus
propiedades, desarraigadas de su tierra, privadas de las personas que aportaban
el sustento familiar, en fin, completamente desposeídas… // 6.2.4.1.15.
Finalmente, no sobra señalar que, en todo caso, la reparación no puede
quedar absolutamente sometida a la voluntad política de quienes definen las
normas de presupuesto, pues es un derecho de las víctimas que debe ser
satisfecho, especialmente, en procesos que persigan la paz y la reconciliación.
Por ello,  resulta razonable que la reducción de las penas que la norma
establece se encuentre acompañada de la adopción de otras medidas que, como el
pago de los daños y la restitución de los bienes, puedan constituir un marco
justo y adecuado para alcanzar de forma sostenible la finalidad buscada.” (resaltado fuera del texto)
[21]
ARTÍCULO 12. COHERENCIA INTERNA. Lo dispuesto en esta ley, procura complementar y armonizar
las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición, con miras a allanar el camino hacia la paz y la
reconciliación nacional.
[22]
Sentencias C-052 de 2012 C-250 de 2012, C-253 A 2012 y C-715
de 2012, entre otras.
[23]
Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
[24]
Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
[25]
Concordancia con el artículo 28 de la Ley 1448 de 2011.
[26] La Corte Constitucional declaró estarse a lo
resuelto en la Sentencia C-575-06, mediante Sentencia C-080-07 , M.P. Rodrigo Escobar Gil. El aparte
subrayado declarado EXEQUIBLE por el cargo analizado, por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-575-06 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[27] La Corte Constitucional declaró estarse a lo
resuelto en la Sentencia C-575-06, mediante Sentencia C-080-07 M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil. El aparte subrayado
fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por el cargo analizado por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-575-06 M. P. Álvaro Tafur Galvis, “en el entendido
que todos y cada uno de los miembros del grupo armado organizado al margen de
la ley, responden con su propio patrimonio para indemnizar a cada una de las
víctimas de los actos violatorios de la ley penal por los que fueren
condenados; y también responderán solidariamente por los daños ocasionados a
las víctimas por otros miembros del grupo armado al cual pertenecieron”.
[28] La Corte Constitucional declaró estarse a lo
resuelto en la Sentencia C-575-06, mediante Sentencia C-080-07 M.P. Rodrigo Escobar Gil. El aparte subrayado fue
declarado EXEQUIBLE por el cargo analizado, por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-575-06 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[29] La Corte Constitucional declaró estarse a lo
resuelto en la Sentencia C-575-06, mediante Sentencia M.P. Rodrigo Escobar Gil. La Corte
Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-370-06, respecto
a la expresión “pertinente”, mediante Sentencia C-575-06 M.P. Álvaro Tafur Galvis. El aparte subrayado
declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370-06 “en  el entendido que conforme al
artículo 30 de la Ley 600 de 2000, y de acuerdo con la
exequibilidad condicionada de esa norma declarada mediante la sentencia C-228 de 2002, la víctima o los perjudicados pueden
acceder directamente al expediente desde su iniciación, para ejercer los
derechos a la  verdad, justicia y reparación”. Finalmente, la norma tiene
concordancia con los Decretos 2244 y 4803 ambos del 2011.
[30] La Corte Constitucional declaró estarse a lo
resuelto en la Sentencia C-575-06, mediante Sentencia M.P. Rodrigo Escobar Gil. El aparte
subrayado fue declarado EXEQUIBLE por el cargo analizado, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-575-06, la cual fue corregida mediante Auto A286-06, M.P.
Álvaro Tafur Galvis.
[31]
Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante
sentencia C-370-06 del 18 de mayo de 2006, Magistrados Ponentes Drs. Manuel
José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo
Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández.
[32]
Constitución Política, art. 250-7; Código de Procedimiento Penal, arts. 132 a
137; y Ley 975 de 2005, arts. 15 (parágrafo), 33, 35 y 38.
[33]
Ley 975 de 2005, arts. 33, 35 y 38.
[34]
Cfr. Artículos 16 a 23 de la Ley 975 de 2005.
[35]
Cfr. Sentencias C-752 de 2013 y C-286 de 2014, entre otras.
[36]
Sentencia C-979 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[37]
Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinosa.
[38]
Cfr, artículos 7° de la Ley 975 de 2005 y 23 y 24 de la Ley 1448 de 2011.
[39]
Sobre el particular, el artículo 5° de la Ley 975 de 2005 define
el concepto de víctima, señalando que se trata de “la persona que
individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones
transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física,
psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales”, aclarando que
también se tendrán como víctimas las siguientes: (i) el cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado
de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le
hubiere dado muerte o estuviere desaparecida; (ii)
los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones
transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física,
psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos
fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún miembro de los grupos
armados organizados al margen de la ley; (iii) el cónyuge, compañero o compañera permanente y
familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza
pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en
relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados
por algún miembro de los grupos armados organizados al margen de la ley; y (iv) los demás familiares que hubieren sufrido un
daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal
cometida por miembros de grupos armados organizados al margen de la Ley.
[40]
El artículo 8° de la Ley 975 de 2005, prevé que: “La reparación colectiva
debe orientarse a la reconstrucción sico-social de las poblaciones afectadas
por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las
comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática”.
[41]
Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanas o degradantes.
[42]El
llamado Protocolo de Estambul, contiene el “Manual para la investigación y
documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes”. Dicho manual fue
elaborado por más de 75 expertos en salud y derecho representando a más de 40
organizaciones de 15 países, y fue presentado ante el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 9 de agosto de
1999, siendo adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en el año 2000. El Protocolo de Estambul constituye, entonces, una
guía internacional que contiene los lineamientos básicos con estándares
internacionales en derechos humanos para la valoración médica y psicológica de
una persona que se presuma o haya sido víctima de tortura o algún trato cruel.
Desde ese punto de vista, el Protocolo de Estambul no es un
Acuerdo ni un Tratado que requiera de la firma y ratificación de los países
para su aplicación y, por tanto, no tiene carácter vinculante para los estados,
los cuales no están obligados a adoptarlo.
[43]
En ese sentido, consultar la intervención de la Corporación Avre. Folio 21 de
la segunda parte del Cuaderno No. 4 del expediente de tutela.
[44]
“Por la cual se dictan medidas de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y
se dictan otras disposiciones.”
[45]
Sentencia C-286 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[46]
Ver sentencia C-579 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[47]
Magistrados ponentes Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime
Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur
Galvis y Clara Inés Vargas Hernández.
[48]
Aprobado en Colombia mediante la Ley 74 de 1968
[49]
Sentencia C-370 de 2006, Magistrados ponentes Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro
Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.
[50] Cfr. Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 4, párr. 147; Caso Hermanas Serrano Cruz.
Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 63, y Caso 19
Comerciantes supra nota 193, párr. 186.
[51] Cfr. Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 4, párr. 146; Caso Hermanas Serrano Cruz. supra
nota, párr. 61, y Caso 19 Comerciantes,
supra nota 193, párr. 112.
[52]
Ley 975 de 2005 “ARTÍCULO 15. ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD. Dentro
del procedimiento que establece la presente ley los servidores públicos
dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la
verdad sobre los hechos objeto de investigación y se garantice la
defensa de los procesados.
La Unidad Nacional de
Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por esta ley, deberá investigar, por
conducto del fiscal delegado para el caso, con el apoyo del grupo especializado
de policía judicial, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se
realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales,
familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los
antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual o
colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales como lesiones
físicas o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo
sustancial de derechos fundamentales.
Con la colaboración de los
desmovilizados, la policía judicial investigará el paradero de personas
secuestradas o desaparecidas, e informará oportunamente a los
familiares sobre los resultados obtenidos.
La Fiscalía General de la
Nación velará por la protección de las víctimas, los testigos y los peritos que
pretenda presentar en el juicio. La protección de los testigos y los peritos
que pretenda presentar la defensa estará a cargo de la Defensoría del Pueblo.
La protección de los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial que deban conocer del juzgamiento será responsabilidad del Consejo
Superior de la Judicatura”. (Negrilla y subraya fuera del texto original)
[53]
Decisión judicial de primera instancia, proferida el 16 de diciembre de 2011
por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, radicado
110016000253200782701.
[54]
Decisión judicial de primera instancia proferida el 31 de enero de 2012 por la
Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, radicado
110016000253200680585.
[55]
Ver folio 11 de la sentencia proferida en primera proferida el 31 de enero de
2012 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, radicado
110016000253200680585.
[56]
Al respecto ver  los artículos. 37 y 62 de la Ley 975 de 2005; 249 y 250 de la
ley 600 de 2000 y 204 y 405 a 410 de la Ley 906 de 2001.