C-986-10
Sentencia C-_______
Sentencia C-986/10
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE LA INHABILIDAD
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 4º DEL ACTO LEGISLATIVO 1 DE 2009-Cosa juzgada constitucional en lo que respecta a la
expresión “en cualquier tiempo”/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE LA
INHABILIDAD ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 4º DEL ACTO LEGISLATIVO 1 DE 2009-Inhibición por
ineptitud sustantiva de la demanda respecto de la expresión “o quienes hayan
sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o
financiación de grupos armados ilegales”
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Competencia/ ACCION PUBLICA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Caducidad
De
conformidad con lo previsto en los artículos 241-1 y 379 de la Carta Política, la
Corte Constitucional es competente para decidir sobre las demandas de
inconstitucionalidad que formulen los ciudadanos contra los actos legislativos,
solo por vicios de procedimiento en su formación y siempre y cuando la acción
se formule dentro del año siguiente a la promulgación de la reforma
constitucional.  A su vez, la jurisprudencia ha destacado que el concepto
“vicios de procedimiento en su formación”, contempla tanto los defectos
generados por violación de las reglas del trámite legislativo, como por los
vicios de competencia, esto es, cuando el Congreso excede su poder de reforma
constitucional, de modo que la normatividad resultante no es una enmienda, sino
una sustitución de la Constitución, en razón de la afectación de sus elementos
definitorios o estructurales.
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VICIO DE
SUSTITUCION-Exigencia de especiales
cargas argumentativas
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos de claridad, certeza, especificidad,
pertinencia y suficiencia
REQUISITO DE CLARIDAD EN CARGOS DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Alcance/REQUISITO
DE ESPECIFICIDAD EN CARGOS DE INCONSTITUCIONALIDAD-Alcance/REQUISITO DE CERTEZA EN CARGOS DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Alcance/REQUISITO DE PERTINENCIA EN CARGOS DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Alcance/REQUISITO
DE SUFICIENCIA EN CARGOS DE INCONSTITUCIONALIDAD-Alcance
DELITO POLITICO-Jurisprudencia constitucional
LEGISLADOR-Puede extender el carácter conexo
del delito político a otros tipos penales, siempre y cuando se cumplan las
condiciones de razonabilidad y proporcionalidad/DELITO POLITICO Y DELITO
COMUN-Distinción
LEGISLADOR-Oposición a que los delitos de
pertenencia, conformación o financiación de grupos armados ilegales, sean
asimilados a delitos políticos
ANTINOMIAS JURIDICAS-Criterios para resolverlas
Referencia.: expedientes acumulados D-8164 y D-8184
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4º
(parcial) del Acto Legislativo 1º de 2009 “por el cual se modifican y
adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia.”.
Actores:
César Augusto Sánchez Vásquez y Carlos Rodríguez Mejía
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá
D.C., dos (2) de diciembre de dos mil diez (2010).
La Sala
Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en
el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente Sentencia.
I.
ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241, numeral 1º  de la
Constitución y de manera separada, en expedientes cuya acumulación ordenó la
Sala Plena de la Corte en decisión del 16 de junio de 2010, los ciudadanos
César Augusto Sánchez Vásquez y Carlos Rodríguez Mejía, solicitan la
declaratoria de inexequibilidad del artículo 4º (parcial) del Acto Legislativo
1º de 2009 “por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la
Constitución Política de Colombia.”
Cumplidos
los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el Decreto
Ley 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la
referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A
continuación se transcribe la norma demandada, subrayándose los apartados
acusados:
Acto
Legislativo 1º de 2009[1]
Por
el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de
Colombia
El
Congreso de Colombia
DECRETA
Artículo 4º. El inciso
final del artículo 122 de la Constitución Política quedará así:
Sin perjuicio de las demás
sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a
cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores
públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con
el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo,[2] por la
comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan
sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o
financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por
narcotráfico en Colombia o en el exterior.
Tampoco quien haya dado lugar,
como servidores públicos, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así
calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una
reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del
daño.
III. LAS DEMANDAS ACUMULADAS
Los ciudadanos Sánchez Vásquez y
Rodríguez Mejía consideran que los apartes acusados son contrarios al artículo
375 de la Constitución, que regula la competencia del Congreso para adelantar
reformas constitucionales a través de actos legislativos. Luego de exponer una
síntesis acerca de la jurisprudencia constitucional sobre la competencia de la Corte
para ejercer el control judicial de los actos legislativos que incurren en
sustitución de la Constitución, los demandantes sostienen que los preceptos
censurados, en tanto prevén un régimen de inhabilidades para quienes hayan sido
condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o
financiación de grupos armados ilegales, sustituye uno de los elementos
estructurales de la Carta Política, consistente en la distinción entre delitos
comunes y políticos.  Para ello, ponen de presente los argumentos siguientes:
3.1. Los actores sostienen
unánimemente que el constitucionalismo colombiano ha mantenido como una
constante la diferenciación entre el grado de punibilidad y las consecuencias
jurídicas de los delitos políticos frente a los comunes.  Documentan para ese
efecto apartes de las discusiones sobre la materia en la Asamblea Nacional
Constituyente, a partir de las cuales identifican dos perspectivas que definen
dicha diferenciación. De un lado, la posibilidad que sobre esos delitos el
legislador pueda disponer de amnistías e indultos.  De otro, el grupo de
excepciones que prevé la Constitución en los casos que impide el ejercicio de
dignidades y funciones públicas a quienes hayan sido condenados por hechos
punibles, salvo que se trate de delitos políticos, contenidas en los artículos
35, 150-17, 179, 197, 201, 232, 299, 18 transitorio y 30 transitorio de la
Carta Política. Agregan que esa diferenciación adquiere justificación adicional
en el caso colombiano, habida consideración de la necesidad de otorgar un
tratamiento penal más beneficioso para el delincuente político, específicamente
en el marco de procesos de paz y otras formas de justicia transicional.
Indican, en este mismo orden de ideas, que la diferenciación es reiterada por
el derecho internacional de los derechos humanos, en especial por los artículos
4.3. y 22.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  Destacan, por
último, que esa diferenciación ha sido aceptada por la jurisprudencia
constitucional, para lo cual hacen énfasis en los argumentos contenidos en la
sentencia C-456/97.
Con base en estas
consideraciones, sostienen que la distinción entre delitos comunes y políticos es
un aspecto estructural de la Constitución y, en especial, el tratamiento
especial más beneficioso para aquellos es un rasgo definitorio del Estado
Social y Democrático de Derecho, desconocido por la reforma demandada.
Resaltan que ese precepto trae como consecuencia la privación de derechos
políticos para dichos delincuentes, afectándose con ello el mandato de
tratamiento más favorable antes aludido.
3.2. Las demandas acumuladas
manifiestan que la norma acusada también viola otros aspectos definitorios de
la Constitución, lo que evidencia el exceso en el poder de reforma
constitucional por parte del Congreso.  Señalan que la disposición contradice
el principio de igualdad, puesto que otorga el mismo tratamiento jurídico a
situaciones de hecho que no son asimilables.  Ello debido a que resulta
razonable la interdicción de derechos políticos para conductas comunes, tales
como la afectación del patrimonio del Estado, el narcotráfico y los delitos de
lesa humanidad.  Sin embargo, esta misma consecuencia no puede predicarse para
el caso particular de quienes hayan sido condenados por delitos relacionados
con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales; en
tanto esta categoría incorpora a los delitos políticos, que por definición
constitucional no podrían recibir un tratamiento altamente gravoso, como el
propuesto por el Acto Legislativo.  En términos de la demanda propuesta por el
ciudadano Rodríguez Mejía, “… la Constitución estableció un régimen especial
y benigno respecto de los delincuentes políticos y, la norma materia de esta
demanda no solo desconoce este tratamiento constitucional, sino que establece
un trato discriminatorio. || Si el condenado por un delito político, que
incluye la pertenencia a un grupo armado ilegal pero de naturaleza política, no
se ha beneficiado con una medida especial de indulto o amnistía, sin que exista
motivo, razón o fundamento jurídico para establecer este trato diferente y, por
lo tanto estaríamos ante una discriminación vedada por el derecho imperativo. ||
En conclusión, la reforma constitucional que se impugna introdujo una
sustitución de la Constitución sin que el Congreso estuviere facultado para
ello, pues establecer una pena imprescriptible no se puede armonizar con el
principio de igualdad y no discriminación, erigiéndose en una modificación de
uno de los ejes definitorios de la Constitución.”
3.3. Prevén, del mismo modo, que
la sanción incorporada por la norma acusada desconoce el principio de
participación democrática, el cual también estiman definitorio del Estado
constitucional. Esto debido a que existe una regla superior definitoria, según
la cual el delito político se diferencia del común en el hecho que este puede
ser incompatible con el ejercicio de funciones pública, mientras que aquel no
es inhabilitante.  En contrario, la norma acusada afecta desproporcionada el
derecho de participación del delincuente político, pues impide que pueda
inscribirse como candidato a cargos de elección popular, lograr la elección en
los mismos, desempeñarse como servidor público o suscribir contratos con el
Estado.  Además, prohibiciones de esta naturaleza desconocerían el derecho
internacional de los derechos humanos, el cual prescribe la compatibilidad
entre la condena por delitos políticos y el ejercicio de funciones públicas.
Sobre este particular, la demanda formulada por el ciudadano Rodríguez Mejía
señala que “[l]a Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH),
determina en su artículo 23 que los derechos políticos –que incluyen las dos
formas de participación enunciadas antes – sólo pueden restringirse por razones
de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o
mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.  Ahora bien, la
condena y la pena que se imponga, en el caso de los delitos políticos, puede
ser extinguida o reducida, mediante amnistías o indultos, eventos que la
reforma materia de esta demanda deja de lado, pues la prohibición no prevé
excepciones.  La reforma instaura una norma que resulta imposible de armonizar
con los derechos constitucionales conferidos a los delincuentes políticos por
otras normas, como es la posibilidad de beneficiarse de amnistías o indultos en
las condiciones que la Constitución y la ley lo determinan.  (…) Entonces,
en conclusión, el legislativo se excedió en sus competencias al expedir el acto
acusado, en tanto modifica sustancialmente la Constitución en uno de sus ejes
definitorios, cual es el acceso, en condiciones de igualdad y no
discriminación, a la función pública y el consiguiente derecho que tienen todos
los ciudadanos a participar activamente en ella.”
3.4.  Afirma la demanda del
ciudadano Rodríguez Mejía que el aparte “en cualquier tiempo” contenido
en la norma acusada, hace concluir que la prohibición para el ejercicio de
funciones públicas se aplica a aquellos condenados con anterioridad a la
vigencia del Acto Legislativo.  Por ende, como tal prohibición debe ser
considerada como una sanción derivada de la comisión del hecho, afecta los principios
de imprescriptibilidad, favorabilidad e irretroactividad de la ley penal y, de
una manera más amplia, del derecho sancionador. A su vez, estos principios
también son reconocidos por normas internacionales de derechos humanos. Por
ende, a juicio del actor, tales características son ejes definitorios de la
Constitución.
Para sustentar este cargo,
transcribe varias decisiones judiciales, tanto nacionales como regionales, que
aceptan que la imprescriptibilidad solo es predicable respecto de crímenes de
guerra, de lesa humanidad y de graves infracciones al derecho internacional
humanitario. Así, indica en la demanda que “… en el caso de los delitos
políticos, no solo están cobijados por la regla general de prescripción, sino
que también pueden ser objeto de indultos y amnistías.  En consecuencia, la
aplicación retroactiva en caso de delitos políticos, no resulta armonizable con
el principio de legalidad, reconocido no solo en el texto constitucional
colombiano, sino en las normas de derecho internacional como un derecho que no
puede ser suspendido ni aún en estados de excepción. || Por otro lado, la
aplicación retroactiva de la norma demandada afecta el principio de
favorabilidad en materia penal, el cual constituye elemento definitorio del
Estado social de derecho.”
3.5.  Conforme lo expuesto,
solicitan a la Corte que declare la inexequibilidad de la norma acusada.
Además, para el caso de la demanda formulada por el ciudadano Sánchez Vásquez,
requiere a la Corte para que adopte un fallo con efectos retroactivos, con el
fin de cobijar a las personas que hicieron parte de grupos armados ilegales, se
acogieron a procesos de paz y actualmente ejercen función pública. De otro
lado, el ciudadano Rodríguez Mejía presenta como pretensión subsidiaria que se
declare que la prohibición solo es aplicable hacia el futuro y no de manera
retroactiva y que, a su vez, está sujeta a las normas generales de prescripción
de las penas, sin perjuicio de lo establecido por el derecho internacional para
los delitos atroces, sin que pueda aplicarse a los delitos políticos.
IV. INTERVENCIONES
4.1. Intervención del
Ministerio de Interior y de Justicia
El Ministerio del Interior y de
Justicia, representado judicialmente por apoderada especial de la Dirección de
Ordenamiento Jurídico, intervino en el presente proceso con el fin de defender
la constitucionalidad de la norma acusada. Para ello expone dos argumentos
diferenciados.
En primer término, indica que
los demandantes hacen una interpretación equivocada de la expresión “en
cualquier tiempo” prevista en la norma acusada.  De acuerdo con el
interviniente, la lectura adecuada de la disposición lleva a concluir
forzosamente que esa previsión solo es aplicable para quienes hayan sido
condenados por delitos que afecten el patrimonio del Estado, más no a las
personas condenadas por pertenencia o conformación de grupos armados ilegales.
Además, del estudio de los antecedentes del Acto Legislativo no es posible
inferir que el Congreso tuviera el objetivo de extender la intemporalidad de la
prohibición a las diferentes conductas descritas en el precepto demandado. “Si
así fuere, se hubiera dado una redacción muy diferente a la totalidad del
inciso, de tal manera que resultara expreso o por lo menos tácitamente evidente
que tanto la condena por delitos contra el patrimonio del Estado, como la
condena por delitos relacionados con la pertenencia a grupos armados ilegales,
fuera una condena “en cualquier tiempo”.
En segundo lugar, el Ministerio
transcribe varias intervenciones realizadas durante el trámite legislativo, que
a su juicio demuestran que el Congreso diferenció entre la conducta relativa a
la pertenencia, financiación y promoción de grupos armados ilegales, y los
delitos políticos.  De esta manera, concluyó que la prohibición era aplicable
para delitos comunes y que la exclusión respecto de los políticos no era
necesaria, en tanto existía norma constitucional que así lo preveía. Para el
interviniente, “[q]uedó entonces claro desde la primera vuelta del
trámite legislativo del proyecto del que es hoy Acto Legislativo 01 de 2009,
que la razón por la cual no se incluyó en el texto final del artículo 4º del
mismo la excepción por delitos políticos a la inhabilidad allí consagrada, fue
porque consideraron los Honorables Congresistas que dicha excepción era
innecesaria porque ya estaba contemplada en la Constitución, específicamente en
el artículo 179 de la Carta Política.  || Si bien durante la segunda
vuelta se volvió a revivir y luego a eliminar esta excepción, no se dieron
razones específicas para ello, por lo cual subsiste en el texto final el debate
razonado que se dio en primera vuelta, según los antecedentes legislativos
antes descritos.”
4.2. Intervención de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Ibagué
El Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Ibagué presentó escrito en el que solicita que la
Corte se declare inhibida de adoptar una decisión de fondo, en razón de la
ineptitud sustantiva de las demandas formuladas.
Señala que de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, la estructuración del cargo por sustitución de la
Constitución exige un particular grado de argumentación, consistente en la
obligación del actor de demostrar que la reforma constitucional, en realidad,
configuró una sustitución de la Carta, al subvertir uno de sus elementos
definitorios o esenciales.  En el caso planteado, esa carga no es cumplida,
puesto que los demandantes se limitan a indicar que el aparte acusado desconoce
las normas constitucionales que prevén tratos diferenciados entre delincuentes
políticos y comunes, sin que indicara las razones que llevaran a inferir que
esa presunta afectación tuviera carácter permanente y, por ende, pudiera
desconocer algún eje estructural de la Constitución.  En términos del
interviniente, “… del texto de la demanda se concluye que los cargos de la
demanda se reducen a que el aparte acusado resulta minando el principio de
inscribirse, ser elegido a una corporación pública, desempeñarse en un cargo
público, o contratar para el Estado por la comisión de un delito político, que
no inhibe para el futuro desempeño de funciones públicas, ya que puede ser
objeto de perdón y olvido según las reglas constitucionales aplicables, como la
amnistía.  Sin embargo, no expone razones concretas, claras, específicas y
suficientes con el fin de demostrar porqué la modificación introducida por la
disposición legal (sic) que acusa , esto es, el artículo 4º del acto
legislativo 01 de 2009 supone una sustitución de la Constitución Política de 1991.”
Advierte que las demandas omiten
tener en cuenta que la prohibición para ejercicio de funciones públicas se
enmarca dentro de los propósitos de la Reforma Política, en especial
eliminar la influencia de los grupos armados ilegales en la composición del
Congreso.  Esta finalidad es distinta a la defendida por los actores, según la
cual la enmienda constitucional tiene por objeto impedir que los responsables
por delitos políticos ejerzan funciones públicas.  Además, no puede perderse se
vista que aun desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos
humanos, son admisibles regulaciones y limitaciones a tales funciones.  Esto se
desprende de lo previsto en el artículo 23 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, que señala que la ley puede reglamentar el ejercicio de los
derechos y oportunidades propias de los derechos políticos, entre otras
situaciones, cuando medie condena penal proferida por juez competente.
Agrega que no es posible
sostener que la reforma contradiga la posibilidad de conceder amnistías e
indultos.  Esto en la medida en que tales figuras están circunscritas a
conductas distintas a las descritas en el aparte acusado, el cual refiere a
delitos comunes.  En otros términos, no existe evidencia que la pertenencia,
promoción o financiación de grupos armados ilegales se asimilen a conductas
propias del delito político. Y esto es así más aún cuando las facultades
estatales de amnistía e indulto se restringen a esa clase de delitos.
4.3. Intervención de la
Academia Colombiana de Jurisprudencia
El Académico Fernando Arboleda
Ripoll, por encargo del Presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia,
presenta escrito justificativo de la constitucionalidad de las normas
demandadas.  Señala, en primer lugar, que contrario a lo afirmado por los
demandantes, no puede sostenerse válidamente que la reforma demanda sea una
sustitución de la Constitución, sino que, antes bien, reafirma valores de
primer orden, como la legalidad y el principio democrático, sin duda afectados
por la irrupción de grupos armados ilegales con interés en incidir en la
conformación de los órganos de representación política, en especial el
Congreso.  En términos de la Academia, “[d]el contenido del Acto
acusado puede establecerse como él aparece claramente fundado en el proyecto
constitucional a que corresponde la Carta de 1991 en general, y en particular
al de lucha contra la criminalidad en manifestaciones tan aberrantes como la de
las alianzas de la corrupción administrativa, la promoción, pertenencia o
financiación de grupos armados ilegales, los atentados de lesa humanidad o el narcotráfico
con la política, la elección a Corporaciones públicas o el desempeño de
funciones de autoridad y gobierno. || El artículo 4º del Acto
Legislativo 1 de 2009, demandado, precisa y adecúa a las nuevas realidades de
la criminalidad la consecuencia interdictiva para el desempeño de cargos en el
Estado establecida por el Constituyente originario en el inciso final del
artículo 122 de la Carta de 1991, cuando se hubiere proferido condena por
delito contra el patrimonio del Estado. Las precisiones introducidas por el
Constituyente derivado en 2009, siguen en la misma línea y expresan el mismo
proyecto constitucional de alejar el poder político del crimen, sea la
corrupción, los grupos armados al margen de la ley, la criminalidad de lesa
humanidad y el narcotráfico.”
Agrega que el argumento
planteado por los demandantes, en el sentido que la reforma desconocería
amnistías e indultos concedidos en el pasado, carece de sustento.  Ello debido
a que el presupuesto para la procedencia de la interdicción de funciones
públicas es la existencia de una condena penal, y precisamente esta es
contraria a la amnistía y el indulto.
4.4. Intervención de la Escuela
de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda
El profesor Christian Wolffhügel
Gutiérrez, adscrito al Departamento de Derecho Penal de la Escuela de Derecho
de la Universidad Sergio Arboleda, intervino en el presente proceso con el fin
de solicitar a la Corte que profiera fallo inhibitorio ante la ineptitud
sustantiva de la demanda. Esto debido a que en su criterio las demandas no
cumplen con el nivel mínimo argumentativo propio de las acciones dirigidas a
demostrar la sustitución de la Constitución. Sostiene que “… si los
razonamientos de la demanda no satisfacen la carga argumentativa decantada en la
jurisprudencia –por las que la enmienda constitucional supone una sustitución
total o parcial de la Constitución- sino que más bien se plantea un cargo de
violación material de la Constitución, no se logra vislumbrar un juicio de
sustitución parcial de la Carta Política.”
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Mediante
escrito radicado en esta Corporación en la oportunidad procesal
correspondiente, el Procurador General de la Nación presentó el concepto
previsto en los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución, en el que solicita
a la Corte que declare exequibles las expresiones acusadas del artículo 1º del Acto
Legislativo 1º de 2009.
Luego de
hacer algunas referencias jurisprudenciales sobre la materia, el Ministerio
Público concluye que la diferenciación del delito político y el delito común se
concretiza a partir de las móviles que llevan a una u otra conducta. Es a
partir de esa diferenciación que puede darse un tratamiento más benigno a uno y
no a otros, aunque ese trato, conforme al mismo precedente, tampoco tiene
carácter ilimitado.  En consecuencia, “… ese trato es excepcional y puede
variar en el tiempo, según las circunstancias sociojurídicas y las condiciones
políticas en que se desenvuelve la vida en sociedad. Dicho en otras palabras,
el trato más benigno a los criminales políticos no es un elemento estructural
de la Constitución.”
En cuanto
al cargo contra la expresión “en cualquier tiempo” la Vista Fiscal
sostiene que está basado en una desafortunada equiparación entre la
interdicción de funciones públicas y las sanciones penales.  Indica que el
régimen de inhabilidades no puede considerarse una sanción, puesto que son
apenas “condiciones de aptitud jurídica que una persona debe cumplir”.
Por ende, los argumentos de imprescriptibilidad e irretroactividad de las penas
no pueden extenderse, sin mayor razonamiento, al campo regulado por la
disposición acusada. Agrega que la citada expresión no hace parte del Acto
Legislativo demandado, sino que fue aprobada por el Pueblo, mediante el
referendo que dio lugar al Acto Legislativo 01 de 2004, norma que a su vez fue
declarada exequible por la Corte con anterioridad al pronunciamiento popular.
En ese sentido, considera que en relación con ese texto la demanda es
improcedente en razón del incumplimiento del requisito de caducidad.
Respecto
de la inhabilidad contenida en el inciso final del artículo 122 C.P., adicionado por la Reforma Política de 2009, considera el Procurador General que en modo alguno
configura una sustitución de la Carta.  Antes bien, el cargo propuesto parte de
dos imprecisiones metodológicas que le restan aptitud para comprobar tal
sustitución. “La primera es que la disposición acusada es genérica, valga
decir, no se refiere de manera específica a los delitos políticos.  La norma
habla de grupos armados ilegales, categoría en la que caben tanto los
criminales que dicen perseguir una causa noble como los que no lo dicen, o como
los que dicen perseguir una causa innoble.  La segunda es que ninguna de las
demandas hace un análisis, como era necesario de cara al cargo que plantean, de
por qué la norma acusada no puede coexistir con los preceptos superiores que le
otorgan un tratamiento especial al delito político. || Las omisiones
anteriores les impiden apreciar que la inhabilidad del artículo 122 en modo
alguno excluye la aplicación de los artículos 179-1 232-3 y 299, inciso
segundo, normas que establecen algunas excepciones para los delitos políticos,
así calificados por el juez, como un requisito para el acceso a algunos cargos
públicos.  También les impiden notar que la posibilidad de conceder amnistías o
indultos, de manera generosa y no porque exista derecho a ello, se mantiene
inalterada.”
Agrega que
ninguna disposición de la Carta confiere un mandato de tratamiento benigno para
la pertenencia, financiación o promoción de grupos armados ilegales, conductas
descritas por la norma acusada. Antes bien, existe un consenso en el derecho
constitucional sobre la necesidad de perseguir y sancionar con severidad esas
conductas, pues las mismas contradicen aspectos centrales del Estado Social y
Democrático de Derecho. A este respecto, el Ministerio Público insiste en que
la inhabilidad derivada de la condena por estos delitos no es contraria al
concepto de Estado constitucional, en tanto “(i) el monopolio de las armas
pertenece al Estado, que dispone de ellas para la defensa nacional, para
combatir el crimen y para conservar el orden público, cometidos que gozan de
amparo constitucional para preservar la existencia del mismo, al tenor del
artículo 2° Superior; (ii) el principio democrático y el pluralismo ideológico
hacen parte del ideario en que se sustentan la participación y la libre
decisión de las personas, sin interferencias armadas, al tenor del preámbulo y
de los artículos 1°, 112 y 152.c ibídem; (iii) como lo dice la Corte en la
Sentencia C-581 de 2001, el derecho de acceder a cargos públicos no es absoluto
y, al no serlo, es viable que la propia Constitución establezca restricciones
razonables al mismo; (iv) defender al sistema democrático de la amenaza que
representa la presión de grupos armados ilegales, para forzar la voluntad
popular en los procesos electorales o para direccionar la contratación pública
hacia el financiamiento de esos mismos grupos, es un fin legítimo; (v)
atemperar el deber del Estado de imponer un freno a las nuevas formas que
adoptan las empresas criminales, cuyo actuar subvierte el orden legal
establecido, es de igual manera legítimo; (vi) la paz, que es un valor social
que se materializa con el aseguramiento de las condiciones para el desarrollo
de la vida en común, y que es una condición la para convivencia pacífica y para
el logro de un orden social, al tenor del preámbulo y de los artículos 2, y
95-6 ibid., se afecta de manera crucial por dichos grupos.”
VI.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
y caducidad de la acción pública de inconstitucionalidad
1.
De conformidad con lo previsto en los artículos 241-1 y 379 de la Carta
Política, la Corte Constitucional es competente para decidir sobre las demandas
de inconstitucionalidad que formulen los ciudadanos contra los actos
legislativos, solo por vicios de procedimiento en su formación y siempre y
cuando la acción se formule dentro del año siguiente a la promulgación de la
reforma constitucional.  A su vez, la jurisprudencia ha destacado que el
concepto “vicios de procedimiento en su formación”, contempla tanto los
defectos generados por violación de las reglas del trámite legislativo, como
por los vicios de competencia, esto es, cuando el Congreso excede su poder de
reforma constitucional, de modo que la normatividad resultante no es un
enmienda, sino una sustitución de la Constitución, en razón de la afectación de
sus elementos definitorios o estructurales. [3]
En
el asunto de la referencia, la demanda contenida en el expediente D-8164 fue
presentada el 28 de mayo de 2010 y para el caso del expediente D-8184, la
demanda fue radicada el 15 de junio del mismo año.  Habida cuenta que el Acto
Legislativo 1º de 2009 fue promulgado el 14 de julio de 2009, las acciones
cumplen el requisito de caducidad.  Igualmente, las demandas acumuladas versan
sobre un presunto vicio de competencia por parte de los apartes acusados, tópico
que se inserta dentro de la competencia de este Tribunal.
De
conformidad con las observaciones planteados por varios de los intervinientes, la
Corte considera necesario, de manera previa al estudio de fondo de las censuras
planteadas por los actores, determinar si en relación con las expresiones
acusadas han operado distintos fenómenos procesales de índole formal, que
inhibirían a la Corte de adoptar un pronunciamiento de mérito. Ello en el
entendido que si esto llegare a comprobarse, la Sala tendría que proferir fallo
inhibitorio.  Estos asuntos versan sobre (i) la posible existencia de
cosa juzgada constitucional y caducidad de la acción pública de
inconstitucionalidad en relación con la expresión “en cualquier tiempo”,
demandada por el ciudadano Sánchez Vásquez; y (ii) el incumplimiento del
requisito de certeza y suficiencia del cargo de inconstitucionalidad, en
relación con la expresión “o quienes hayan sido condenados por delitos
relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados
ilegales”.
Primer
asunto preliminar. Cosa juzgada constitucional respecto de una de las
expresiones demandadas
2.
La Sala estima necesario resolver un asunto preliminar, evidenciado por el
Procurador General, que pone en cuestión la admisibilidad del cargo respecto de
la expresión “en cualquier tiempo” contenida en el artículo 4º del Acto
Legislativo 1º de 2009. El argumento que defiende la inhibición frente a esta
frase se basa en considerar que tal contenido no fue introducido en la
Constitución por el Acto Legislativo citado, sino por el artículo 1º del Acto
Legislativo de 2004, disposición que al estar contenida en un referendo
constitucional, fue sometida al previo análisis de este Tribunal. En tal
sentido, debe la Corte corroborar la validez del cuestionamiento formulado.
3.
El artículo 122 de la Constitución ha sido sometido a dos reformas constitucionales,
todas ellas tendientes a añadir distintos enunciados normativos al inciso final
de esta disposición.  El texto original del artículo era del siguiente tenor:
“Artículo 122. No habrá empleo público que no tenga funciones
detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se
requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus
emolumentos en el presupuesto correspondiente.
Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin
prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los
deberes que le incumben.
Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del
mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo
juramento, el monto de sus bienes y rentas.
Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los
fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público.
Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la
ley, el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del
Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.”
El
artículo 1º del Acto Legislativo 1º de 2004 modificó el inciso quinto del
artículo 122 C.P., el cual quedó del modo siguiente:
“Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca
la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular,
ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente,
o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido
condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el
patrimonio del Estado. Tampoco quien haya dado lugar, como servidor público,
con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia
judicial ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación
patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño.”
El mismo inciso fue nuevamente objeto de reforma por
parte del Acto Legislativo 1º de 2009, cuyo artículo 4º introdujo un inciso
final para el artículo 122 C.P. con este contenido.
“Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca
la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular,
ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente,
o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido
condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el
patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados
con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales,
delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior. Tampoco
quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su conducta dolosa o
gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado
sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su
patrimonio el valor del daño.”
4.
Como se observa, la expresión “en cualquier tiempo” fue prevista en la
reforma constitucional introducida por el artículo 1º del Acto Legislativo 1º
de 2004.  Debe acotarse que esta enmienda fue producto de un referendo popular
de iniciativa gubernamental, modalidad de reforma constitucional que en los
términos del artículo 241 C.P., fue objeto de análisis previo al
pronunciamiento popular.  Dicho estudio se llevó a cabo en la sentencia C-551/03
(M.P. Eduardo Montealegre Lynett), decisión que estudió la exequibilidad de la
Ley 796 de 2003, ““por la cual se convoca un referendo y se somete a
consideración del pueblo un proyecto de Reforma Constitucional”.
5.  Como se observa, la expresión “en cualquier
tiempo” fue introducida en la Constitución por parte del Acto Legislativo
1º de 2004 y, a su vez, ese contenido normativo fue declarado exequible por la
Corte, en razón del ejercicio del control previo de la Ley 796/03.  Por lo
tanto, la Sala está obligada a estarse a lo resuelto en la sentencia C-551/03,
habida consideración de los efectos de la cosa juzgada constitucional.
Segundo asunto preliminar.  Inhibición por la segunda
expresión demandada ante la ineptitud sustantiva de las demandas
6.  Para resolver este segundo asunto, la Corte debe
partir de considerar que del análisis de la jurisprudencia constitucional sobre
la acción pública por vicio de sustitución, se infiere la existencia de
especiales cargas argumentativas.[4]
En primer término, el cargo es cualificado, lo que implica que el nivel
argumentativo exigido es más estricto que el de otro tipo de demandas, puesto
que el actor o actora debe expresar razones específicas, ciertas, pertinentes y
suficientes que permitan acreditar fehacientemente que (i) determinada
materia es una aspecto definitorio o estructural de la Constitución, para lo
cual deben definir cómo se trata de un tópico identificable a partir de una
interpretación sistemática, y por ende, razonable, de la Carta Política; (ii)
demostrar que la reforma constitucional acusada sustituye la Constitución,
al destruirla, suprimirla, quebrantarla o suspenderla.  Nótese que estas
exigencias son mayores a la simple confrontación del texto de la enmienda
constitucional y otras normas de la misma jerarquía.  Ello en el entendido que
el control que ejerce la Corte en este escenario difiere del de naturaleza
material, propio de las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango
legal, por vicios de fondo.
En segundo lugar, las exigencias argumentativas antes
anotadas responden a la metodología de decisión para las acciones basada en el
exceso del poder de reforma constitucional.  Si tales requisitos argumentativos
mínimos no están presentes, no es posible tomar una decisión de fondo sobre la
demanda propuesta, lo que implicará adoptar un fallo inhibitorio.
7.  Varios de los intervinientes sostienen que el
cargo contenido en las demandas de la referencia es inepto, en razón de que los
accionantes hacen una interpretación errónea del aparte acusado. Sostienen que
el aparte acusado no tiene por objeto regular las inhabilidades aplicables al
delincuente político, sino al común, en cuanto incurra en las conductas de
conformación, financiación o promoción de grupos armados ilegales.  En ese
sentido, el cargo contenido en las demandas de la referencia incumpliría el
requisito de certeza, pues los actores estarían infiriendo contenidos
normativos no previstos en el precepto acusado.  Debe la Sala asumir este
asunto, en razón que como se indicó en precedencia, las demandas de
inconstitucionalidad fundadas en la existencia de un presunto exceso en la
competencia del Congreso para reformar la Constitución, están precedidas de
especiales exigencias argumentativas, que de no cumplimentarse, impiden que la
Corte adopte un pronunciamiento de fondo.
Existe
un precedente consolidado en materia de las exigencias argumentativas del cargo
de inconstitucionalidad.  Así, se ha determinado que dicha censura debe cumplir
con atributos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia.[5]
7.1.
La claridad de un cargo se predica cuando la demanda contiene una coherencia
argumentativa tal que permite a la Corte identificar con nitidez el contenido
de la censura y su justificación.  Aunque en razón del carácter público de la
acción de inconstitucionalidad no resulta exigible la adopción de una técnica
específica, como sí sucede en otros procedimientos judiciales, no por ello el
demandante se encuentra relevado de presentar las razones que sustentan los
cargos propuestos de modo tal que sean plenamente comprensibles.
7.2.
La certeza de los argumentos de inconstitucionalidad hace referencia a que el
cargo se dirija contra una proposición normativa efectivamente contenida en la
disposición acusada y no sobre una distinta, inferida arbitrariamente por el
demandante, implícita o que hace parte de normas que no fueron objeto de demanda.
Lo que exige este requisito, entonces, es que el cargo de inconstitucionalidad
cuestione un contenido legal verificable a partir de la interpretación del
texto acusado.
7.3. El requisito de especificidad resulta acreditado
cuando la demanda contiene al menos un cargo concreto, de naturaleza
constitucional, contra las normas que se advierten contrarias a la Carta
Política.  Este requisito refiere, en estas condiciones, a que los argumentos
expuestos por el demandante sean precisos, ello en el entendido que “el
juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si
realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la
ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba
resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos,
indeterminados, indirectos, abstractos y globales”[6] que no se
relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan.  Sin
duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la
discusión propia del juicio de constitucionalidad[7].”[8]
7.4.
Las razones que sustentan el concepto de la violación son pertinentes en tanto
estén construidas con base en argumentos de índole constitucional, esto es,
fundados “en la apreciación del contenido de una norma Superior que se
expone y se enfrenta al precepto demandado.”[9].  En ese sentido, cargos que se
sustenten en simples consideraciones legales o doctrinarias;  la
interpretación subjetiva de las normas acusadas por parte del demandante y a
partir de su aplicación en un problema particular y concreto; o el análisis
sobre la conveniencia de las disposiciones consideradas inconstitucionales,
entre otras censuras, incumplen con el requisito de pertinencia del cargo de
inconstitucionalidad.
7.5. Por último, la condición de suficiencia ha sido
definida por la jurisprudencia  como la necesidad que las razones de
inconstitucionalidad guarden relación “en primer lugar, con la exposición de
todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para
iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de
reproche; (…) Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela
directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de
argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la
norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la
constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un
proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a
toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte
Constitucional.” [10]
8.  Como se indicó al inicio, el argumento central de
las demandas de la referencia es que el aparte acusado implica una inhabilidad
para el ejercicio de función pública de los responsables de delitos políticos,
lo que contraviene el trato diferenciado y benigno que la Carta prodiga a estos
delincuentes, distinción que en su criterio es uno de los aspectos definitorios
de la Constitución. Por ende, la premisa que subyace a dicha acusación consiste
en considerar que los delitos de pertenencia, promoción o financiación de
grupos armados ilegales, son categorías que equivalen al delito político.
En primer lugar, las demandas no ofrecen ningún
argumento que sustente esa equivalencia; en contrario, asumen como cierta y
natural la identidad antes descrita.  Esta sola falencia, según las reglas
descritas en el fundamento jurídico anterior, conlleva el incumplimiento del
requisito de suficiencia.  No obstante, en segundo lugar, la Corte advierte que
no solo esa condición es incumplida, sino también la de certeza, puesto que
concurren distintas razones que obligan a concluir que el aparte acusado no
tiene por objeto regular el régimen de inhabilidades de los responsables de
delitos políticos, sino la de un grupo específico de delitos comunes.  Es
posible identificar al menos tres tipos de argumentos que comprueban esta
conclusión, referidos a (i) la distinción conceptual y típica que ha
hecho el legislador sobre las conductas; (ii) la interpretación
histórica del precepto, fundado en el análisis de los debates que dieron lugar
al Acto Legislativo 1º de 2009; y (iii) la interpretación sistemática de
la norma acusada frente a otras disposiciones constitucionales.  Pasa la Corte
a exponer estas razones, que demuestran la falta de certeza del cargo expuesto.
9. El legislador colombiano, como lo ha señalado la
jurisprudencia constitucional,[11]
ha conferido la condición autónoma de delitos políticos a las conductas de
rebelión, sedición y asonada.[12]
A su vez, ha determinado que puede existir la posibilidad que el legislador
confiera el carácter conexo del delito político a otros tipos penales, siempre
y cuando se cumplan con condiciones de razonabilidad y proporcionalidad,[13]
aunadas al cumplimiento de los deberes estatales de juzgamiento, sanción y
satisfacción de los derechos de las víctimas de, entre otros, los denominados delitos
atroces, al igual que de las conductas constitutivas de crímenes de guerra,
crímenes de lesa humanidad,  graves infracciones al derecho internacional
humanitario o a los derechos humanos.
Es
bajo esta lógica que el legislador distingue entre los delitos políticos y las
conductas que pudieren considerarse válidamente como conexos o subsumidos a
estos, de otros tipos autónomos, entre ellos a los que refiere la norma
acusada, que se encuadran prima facie dentro de la categoría de delitos
comunes.  Así, el actual Código Penal incorpora dentro del título XVII, que
trata de los delitos que contrarían el bien jurídico de la protección al
régimen constitucional y legal, a los delitos de rebelión,[14] sedición[15]
y asonada[16]
(Artículos 467 a 469 del Código Penal.  De otro lado, el mismo Código consagra
en el título XII aquellas conductas que contravienen el bien jurídico protegido
de la seguridad pública, de las que hacen parte, de entre otros, los delitos de
concierto para delinquir,[17]
entrenamiento para actividades ilícitas,[18] terrorismo[19] y financiación
del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades
terroristas[20]
(Artículos 340 a 345 del Código Penal).  En ese sentido, no resulta acertada la
conclusión que equipara o subsume a los delitos relacionados con la pertenencia,
promoción o financiación de grupos armados ilegales a los delitos políticos, en
tanto el legislador, adoptando la doctrina jurídica tradicional sobre la
materia, ha distinguido entre las dos modalidades de conductas punibles.
10.  El análisis del debate congresional que precedió
al artículo 4º del Acto Legislativo 1º de 2009 demuestra, de manera
fehacientemente, que el legislador no tenía por objeto disponer con dicha norma
una inhabilidad para el ejercicio de la función pública para las personas
condenadas por delitos políticos.  Antes bien, ese análisis permite concluir
que la intención del constituyente derivado era aplicar la inhabilidad para los
responsables de la pertenencia, conformación o financiación de grupos armados
ilegales, en tanto punibles por delitos comunes, en especial aquellos
relacionados con crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, graves
infracciones al derecho internacional humanitario o a los derechos humanos.
10.1. El primer escenario en que se hace presente la
distinción expuesta es en el debate en primera vuelta en la Comisión Primera de
la Cámara de Representantes.  En ese momento, ante la discusión del artículo 4º
del proyecto de acto legislativo, que adicionaba el artículo 122 C.P., se hizo evidente (i) que la inhabilidad propuesta tenía por objeto impedir el
ejercicio de funciones públicas por los delincuentes comunes, involucrados en
acciones desarrolladas por grupos guerrilleros o paramilitares; (ii) el
reconocimiento que la Constitución confería un trato diferente al delincuente
político, en cuanto al ejercicio de funciones públicas, que debía armonizarse
con la iniciativa, lo que obligaba a que la inhabilidad fuera comprendida en el
ámbito del delito común.  Estas razones, a su vez, se mostraban compatibles con
el objetivo general de la Reforma Política de 2009, que tuvo por objeto ofrecer
una normatividad que permitiera hacer frente a la influencia de grupos armados
ilegales en la conformación de los órganos de representación popular, en
particular el Congreso de la República, para lo cual era necesario regular el
tema de las inhabilidades para el ejercicio de esas dignidades estatales.[21]
Sobre este particular, durante el primer debate en la Comisión Primera de la
Cámara de Representantes se expresó lo siguiente.
“La presidencia concede el uso de la palabra al
honorable Representante Roy Leonardo Barreras Montealegre:
Gracias señora Presidenta. Simplemente en el artículo
original de los ponentes, el texto se refiere a construir una inhabilidad para
inscribirse como candidato a cargo de elección popular, cualquier cargo; no
solamente los congresistas que s lo que ya existe en la Constitución, pero lo
limita a quienes hayan sido condenados por delitos que afecten el patrimonio
del estado o que hayan sido condenados por delitos que afecten el libre
ejercicio del sufragio.
Y como el espíritu de la reforma es impedir que
también en las regiones, los paramilitares y la guerrilla, se tomen las
Alcaldías y las Gobernaciones; por eso extendemos el espíritu de la reforma,
diciendo que además, aquellos que hayan sido condenados en cualquier tiempo, a
penas privativas de la libertad, entiendo que nos referimos a esos delitos,
también tengan la inhabilidad que tenemos los congresistas. A eso se refiere
ese simple renglón adicional.
La presidencia concede el uso de la palabra al
honorable Representante Tarquino Pacheco Camargo:
Dice en la norma constitucional que cuando una persona
es condenada por delitos comunes, inmediatamente queda inhabilitada para ocupar
cualquier cargo e incluso de elección.
Es una norma persistente; ya hay legislaciones y ríos
de sentencias sobre ese tema; yo pienso que entrar a reglamentar un artículo de
norma constitucional, a mí no me parece sano, porque realmente ya por hecho de
facto, una persona que sea condenada, inmediatamente está inhabilitada para
ocupar cualquier cargo; así de sencillo.
La única sanción que da la Constitución, es por
delitos culposos y por delitos políticos. Entonces en ese orden de ideas,
colocar nosotros un reglón sobre algo que ya está, que existe, que está
establecido, me parece que realmente puede tener un buen espíritu, pero si una
persona fue condenada por paramilitarismo, obviamente que no puede participar
en un debate electoral, ni mucho menos puede contratar con el Estado; porque ya
existe la norma general en la norma Constitucional.
Entonces en ese orden de ideas, sí queremos hilar
delgado, yo he estado apoyando totalmente todas las proposiciones del doctor
Roy, porque sé que son bien intencionadas y llevan un propósito y una finalidad
importante, nosotros no podemos coger y señalar aspectos minuciosos, porque eso
hace parte de la norma o de la ley, que es la que reglamente la Constitución.
Gracias señora Presidente.
La presidencia concede el uso de la palabra al
honorable Representante Roy Leonardo Barreras Montealegre:
Gracias Presidenta. Una precisión, existe el artículo
y la norma constitucional al que se refiere el doctor Tarquino, es el artículo
179 de la Constitución y dice: Específicamente, no podrán ser congresistas, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., otras causales, incluyendo por supuesto quien sea
condenado.
En buena hora los señores ponentes coordinado por el
doctor Tarquino, extienden esa inhabilidad a los candidatos a cargos de
elección popular; pero la limitan, repito, solo a quienes cometen estos dos
tipos de delitos que están especificados y se refieren a los delitos contra el
patrimonio del Estado o el ejercicio del sufragio.
De manera que no solamente no sobra la adición que
estoy proponiendo, sino que resulta necesaria porque la intromisión del
paramilitarismo y la guerrilla es mucho más viva y presente en las regiones y
en los pequeños Municipios que en el Congreso de la República.
De manera que en el mismo sentido, yo insistiría ante
los señores ponentes, que aprobemos el artículo que dice todo lo que han dicho
los ponentes, pero además incluye estos otros delitos.
Presidenta:
En consideración el artículo, con la proposición
presentada por el Representante Barreras; anuncio que va a cerrase; queda
cerrado. ¿Lo aprueba la Comisión?
Secretario:
No lo aprueba Presidenta. Le propongo lo siguiente
Presidenta; que ponga en consideración la de la ponencia base, sin la adición
del doctor Roy Barreras.
Presidenta:
En consideración el artículo 4º, tal y como viene en
la ponencia; anuncio que va a cerrase; queda cerrado. ¿Lo aprueba la Comisión?
Secretario:
Ha sido aprobado el artículo 4º, tal y como viene en
la ponencia Presidenta.
La presidencia concede el uso de la palabra al
honorable Representante David Luna Sánchez:
Presidenta; hay una proposición radicada, porque es
que se cometió una equivocación en la ponencia mayoritaria, a propósito de la
denominación de los delitos que ellos consideran se denominan contra el
sufragio.
Según la última modificación del Código Penal, se
denominan delitos contra los mecanismos de participación ciudadana.
La presidencia concede el uso de la palabra al
honorable Representante Roy Leonardo Barreras Montealegre:
Yo creo que con lo que ha dicho el doctor Luna, pero
además con lo que yo insisto y quisiera oír la opinión del señor Ministro del
Interior, me parece que hay que reabrir la discusión del artículo; pero yo
insisto que hay que incluir en esta prohibición, a los delitos relacionados con
grupos armados ilegales.
Me resisto a pensar que estamos respetando la inhabilidad
para ser congresistas de quienes cometen tales delitos, pero que en las
regiones y Municipios de Colombia es posible.
El artículo 179 de la Constitución, doctor Tarquino,
solo se refiere a los congresistas. Si usted me ilustra, yo quisiera saber cuál
norma hoy, les prohíbe a los colombianos ser Concejal o Diputado; dígame usted
si es así y es por cualquier delito, el artículo entero no se necesita, porque
si ha sido condenado por delitos contra el sufragio o contra el patrimonio del
Estado, pues también tienen una condena; entonces tampoco podría inscribirse.
Entonces el artículo entero es el que no se necesita;
o se necesita decir para cuáles delitos o no se necesita para ninguno. Si hoy
los colombianos no pueden ser elegidos concejales o diputados, porque están
condenados a cualquier delito, como le entiendo al doctor Tarquino, no se
necesita este artículo para nada.
Pero si tal prohibición no existe, yo lo que pido es
que se incluya a aquellos que tienen vínculos con grupos ilegales; pero
entiendo, si ya existe la prohibición en el artículo, entonces no se necesita.
Presidenta:
¿Aprueba la Comisión la reapertura del artículo 4º?
Secretario:
Ha sido aprobada Presidenta, la reapertura del
artículo 4º.
La presidencia concede el uso de la palabra al
honorable Representante Tarquino Pacheco Camargo:
Me parece que el doctor David Luna tiene razón en el
sentido de que el término varió desde el punto de vista técnico; fue necesario
hacer la corrección; por eso suscribí la proposición.
Yo quiero manifestarle al doctor Roy Barreras, que
cualquier persona que haya sido condenada, cualquiera, no puede ocupar un cargo
de elección popular; así de sencillo doctor Roy Barreras; una persona que ha
sido condenada no podrá ser Alcalde; está inhabilitado; no puede ser concejal,
está inhabilitado; no puede ser congresista.
Entonces tampoco puede celebrar contratos porque
precisamente sobre eso hay jurisprudencia de obligatoria aplicación; de todas
maneras doctor Roy Barreras, lo importante es que avancemos con el tema.
Yo le voy a proponer a usted, ya la Comisión votó;
vamos a dejar como constancia la propuesta suya y la entramos a discutir y a
analizar; de pronto usted puede tener razón para profundizar sobre
prohibiciones y sobre sanciones; que a mí no me disgustan entre otras cosas,
porque yo quisiera realmente que el ejercicio político en Colombia, pudiéramos
desterrar de una vez por todas, a los grupos armados al margen de la ley, a
quien les compran votos, a quienes hacen tráfico en toda esta naturaleza; pero
necesitamos establecer unas normas de carácter general y que la ley reglamente,
porque si no imagine usted qué Constitución sería esta.
Entonces yo le propongo a usted que la dejemos como
constancia y entramos a discutirla para la Plenaria, con la corrección que
plantea el doctor David Luna, señora Presidente.”[22] (Subrayas no
originales).
10.2.  La imposibilidad de aplicación de la
inhabilidad adicionada al artículo 122 C.P. a los responsables de delitos políticos, fue una preocupación constante del Congreso en diversos momentos.
Esto lo demuestra la proposición formulada en ese sentido por el senador Javier
Cáceres Leal y el Ministro de Interior y de Justicia, quien solicitaron durante
el tercer debate en la Comisión Primera del Senado, que se dejara expresa tal
exclusión, proposición que fue aprobada.  Al respecto, en el acta de la sesión
correspondiente se señaló:
“Proposición número 37
Agréguese la siguiente frase al inciso final:
En el artículo 4º del articulado de la ponencia en el
inciso final agréguese la expresión:
“Se excluyen los delitos políticos”.
Firmado, honorable Senador Javier Cáceres Leal.
Doctor Fabio Valencia Cossio, Ministro del Interior y
de Justicia.
La Presidencia abre la discusión de la proposición
leída y cerrada esta es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad.
(…)
El texto del proyecto aprobado es el siguiente:
(…)
Artículo 4º. El inciso final del artículo 122 de la
Constitución Política quedará así:
“Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca
la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular,
ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente,
o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido
condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el
patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados
con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales o
actividades ilegales en Colombia o en el exterior. Tampoco quien haya dado
lugar, como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así
calificada por sentencia judicial ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a
una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor
del daño.
Quedan inmersos en la misma prohibición quienes tengan
vínculos por matrimonio, unión permanente o parentesco dentro del segundo grado
de consanguinidad, primero de afinidad o único civil y haya sido condenado en
Colombia o en el exterior por delitos descritos en el inciso anterior. Se
excluyen los delitos políticos.”[23]
(Subrayas no originales).
10.3.  El texto aprobado por la Comisión Primera del
Senado en primera vuelta fue objeto de discusión por la plenaria de la misma
corporación legislativa. En esa oportunidad se indicó que la proposición
aprobada en la Comisión podía llevar al equívoco que los miembros de grupos
paramilitares quedaran exceptuados de la inhabilidad, por lo que se optó por
eliminar el texto adicionado.  Sin embargo, durante al debate se señaló que
dicha exclusión no tenía como finalidad extender la inhabilidad a los
delincuentes políticos, sino que buscaba impedir que por esa vía se
desnaturalizara el objetivo de la reforma constitucional, que era precisamente
eliminar la influencia de los grupos armados ilegales, en especial el
paramilitarismo y el narcotráfico, en la conformación del Congreso. Por lo
tanto, se reforzó en diversas oportunidades el planteamiento que la inhabilidad
para ejercicio de funciones públicas se aplicaba a delitos comunes, entre ellos
la pertenencia, financiación o promoción de grupos armados ilegales. Debe
resaltarse que este tópico fue objeto de intenso debate en la plenaria del
Senado, puesto que varios congresistas consideraron que el texto aprobado en la
Comisión tendería a impedir que la inhabilidad cobijara a los congresistas
inmersos en la denominada parapolítica, razón que motivó el cambio de
texto. Así, en el acta que recoge la sesión plenaria del 15 de diciembre de
2008, se indica lo siguiente:
“Palabras del honorable Senador Armando Benedetti
Villaneda.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra
el honorable Senador Armando Benedetti Villaneda:
Presidente yo también tengo el mismo interés que el
señor coordinador de ponentes el doctor José Darío Salazar, en el sentido de
que llevamos varios días trabajando aquí en el Congreso de la República y sería
procedente entrar a votar, en últimas señor Presidente con base en lo que han
dicho varios de los voceros de los partidos, hay que dejar muchas cosas en
claro que ya lo hizo José Darío Salazar pero quiero repetirlo, en el sentido
que nos reunimos 2 veces con los voceros de Partido Liberal y del Polo
Democrático y después de esa reunión se convino que el tema de las facultades
fuera retirado, que el tema de la financiación para las personas que se
inscriban como grupo significativos o sea por firmas también fuera replanteado,
lo que acaba de decir el doctor Cáceres creo que es pertinente, e importante en
señalar que todo lo que venía de la Cámara, de esas funciones que se le
quitaban al Consejo de Estado y se le daban al Consejo Nacional Electoral
también fueron retirados. Y doctor Parmenio, en lo que tiene que ver con el
artículo 4° nosotros cambiamos la redacción por sugerencia de su copartidario,
de su amigo y jefe el doctor Gustavo Petro, nosotros retiramos, perdón
propusimos unas adiciones para que no se entendiera que aquel que hubiera sido
condenado como él por haber pertenecido al M-19, no pudiera estar dentro del
Congreso de la República.
Luego si no le gusta la redacción, acogemos la
redacción que a usted mejor le parezca para ponerla para que ahora no quede ó
se interprete, como que queremos lavarles la vida política a varios de los
Senadores que han tenido problemas con el tema de la parapolítica. Entonces
quiero que le quede bien claro que si nosotros cambiamos esa redacción fue a
sugerencia y para bien del doctor Gustavo Petro, si quedó mal es equivocación
de él y nuestra por buscar el bien de él. Mi amigo Héctor Helí Rojas la semana
antepasada o pasada se refirió a ese tema, entonces yo le pediría a los 2 para
que mejoraran la redacción en ese punto y entonces lo hacemos así, una
interpelación pero sigo con la palabra señor Presidente.
Con la venia de la Presidencia y del orador, interpela
el honorable Senador Héctor Helí Rojas Jiménez:
Muy brevemente señor Presidente para aclarar lo que
dice nuestro colega el doctor Benedetti y amigo mío pero eso no lo pidió
Gustavo Petro, en la Comisión Primera el doctor Javier Cáceres presentó una
proposición, que simplemente decía exclúyanse los delitos políticos, eso fue
todo lo que se habló en el Senado, yo no sé de dónde salió la redacción nueva,
que ahora dice que las inhabilidades para contratar para desempeñar cargos
públicos que tienen todos los servidores públicos, no se aplicarán a los
sindicados de paramilitarismo que sean condenados como delincuentes políticos,
eso ni lo acordamos, ni se discutió en la Comisión Primera del Senado, ni
estaba en la proposición del Senador Cáceres, que yo compartí porque era muy
grave dejar por fuera los delitos políticos; pero lo de el paramilitarismo no
lo aprobamos, no lo redactamos y no se le puede endilgar al Senador Cáceres, ni
puede decirse que fue petición de Petro y si fue petición del Senador Gustavo
Petro nos gustaría que él nos explicara y en últimas señor ponente, quién hizo
esa redacción; porque es que es bien delicado ese parágrafo señor Presidente y
le agradezco mucho doctor Benedetti por permitirme hacer esta claridad.
La Presidencia manifiesta:
Sí pero el coordinador ponente es el Senador Benedetti
también.
Recobra el uso de la palabra el honorable Senador
Armando Benedetti Villaneda:
Doctor Héctor Helí Rojas, yo entiendo lo que usted
está diciendo con base en la letra explícita, yo le estoy diciendo la génesis
de por qué se busca esa redacción, a mí me lo dijo el Senador Gustavo Petro
dentro de la Comisión, desafortunadamente el día de la votación el 26, el 27 o
el 28 de noviembre yo no estaba en el país, por lo tanto yo sé Presidente, el
doctor Cáceres, doctor Andrade es que me están pidiendo una interpelación pero
yo la cedo pero sigo con el uso de la palabra.
Con la venia de la Presidencia y el orador, interpela
el honorable Senador Javier Enrique Cáceres Leal:
Como ha explicado el doctor Héctor Helí sucedieron los
hechos, nosotros presentamos una proposición doctor José Darío, la
proposición solo decía exclúyase los delitos políticos, yo le solicito que
volvamos a ese texto original.
Recobra el uso de la palabra el honorable Senador
Armando Benedetti Villaneda:
Bueno yo estaba explicando, yo estaba respondiéndole
al doctor Parmenio Cuéllar y yo sé que con José Darío Salazar hablamos hace
poco y dijimos que vamos a volver al texto original y vamos a retirar esa
adición doctor Héctor Helí, pero yo le estaba respondiendo al doctor Parmenio
que nos estaba acusando de algunas cosas que no son y le estaba haciendo
claridad que la confusión que se había generado, venía de parte de su partido y
de un compañero miembro del Polo Democrático, quería dejar bien claro ese punto
señor Presidente que se me hacía pertinente en dos sentidos, uno en lo que
había dicho Parmenio y dos que José Darío Salazar ya tiene la proposición
efectiva para subsanar ese tipo de inconvenientes.
Termino señor Presidente hablando de que este Congreso
tiene que jalarle a este proyecto de ley de acto legislativo que está
agonizando, porque si no qué va a decir el país de nosotros señor Presidente,
que somos un Congreso investigado, impedido para legislar, le vamos a dar
entonces la gracia a aquellos que han denigrado del Congreso de la República
dentro y fuera de sí mismo, yo quiero decirle señor Presidente muy rápidamente
para ver si entramos a votar, que este proyecto tiene responsabilidades para
los partidos y dirigentes políticos que coadyuven a infiltrar o a inscribir
gente dentro de sus listas, que hayan participado en delitos como narcotráfico,
con las autodefensas, guerrilla o de lesa humanidad. Por eso señor
Presidente se pus o para que no hubiera problema en el tema de los impedimentos
que sería con las investigaciones a partir de 2009 y se introdujo que el doctor
José Darío Salazar lo sabe que automáticamente, con la medida de aseguramiento
entra a regir la silla vacía, ahí hay correctivos que mucha gente aquí hoy ha
querido descalificar, al igual que la financiación, al igual que el umbral al
igual que las revocatorias que pueda hacer el Consejo Nacional Electoral doctor
Parmenio, que no quedan al libre albedrío o al azar sino de acuerdo a unas
genialidades y a unos requisitos que se están poniendo aquí muy explícitos,
quería con esto señor Presidente molestarlo y aclarar
(…)
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra
el honorable Senador Alfonso Valdivieso Sarmiento:
Gracias señor Presidente, quiero hacer unos
comentarios en este estado del proceso del debate. (…) El tema que se ha
planteado, que me llamó la atención inclusive después de pedir el uso de la
palabra, y que quiero también dejarlo muy claro, y le pido al Senador Ponente,
que por favor atienda este comentario, que reitero, lo advierto con
posterioridad haber pedido el uso de la palabra, y es que efectivamente en
este artículo 4°, el Parágrafo debe referirse básicamente a la exclusión de las
condenas por delitos políticos; porque esa ampliación en los términos en que se
plantea en la Ponencia, o en el pliego de modificaciones, a quienes por
pertenencia, promoción, o financiación de grupos armados ilegales, sean o hayan
sido condenados por delitos políticos, me parece que desborda como lo dijo el
Senador Cáceres, lo que en su momento quiso y decidió o aprobó la Comisión
Primera del Senado. De tal manera que allí debemos tener un máximo cuidado,
como también decirle que no solamente se está reformando en ese artículo 4° el
Inciso final del artículo 122, sino que se está planteando un adicional que es
el Inciso 6°. Muchas gracias señor Presidente.
(…)
La Presidencia abre la discusión del artículo 4º, y
concede el uso de la palabra al honorable Senador Ponente, José Darío Salazar
Cruz.
Palabras del honorable Senador José Darío Salazar
Cruz.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra
el honorable Senador José Darío Salazar Cruz:
En el cuarto. Voy a leer estas Proposiciones, que son
todas iguales, por lo que acabo de ver y si quienes las presentaron creen que
no entonces me dicen, suprímase del artículo 4° el inciso 2° y el parágrafo, es
el delito de sangre y la que causó tanta polémica en las toldas del Polo
Democrático y el Partido Liberal, porque querían responsabilizar a algunos Senadores,
de estar eximiendo la parapolítica de las inhabilidades generales.
Proposición, elimínese el inciso 2° del artículo 4°,
es la misma Proposición, elimínese el Parágrafo del artículo 4°, es el mismo, y
viene uno último, claro, pero es que hay unas que hacen referencia al inciso y
otra al parágrafo, y hay otra que hace referencia a ambas, básicamente es la
eliminación del parágrafo y la eliminación del inciso número dos.
(…)
Recobra el uso de la palabra el honorable Senador José
Darío Salazar Cruz
Bueno, entonces elimínese el parágrafo del artículo
cuarto. Presentada por Armando Benedetti y el suscrito.
La Presidencia somete a consideración de la Plenaria
la modificación presentada por el honorable Senador Armando Benedetti
Villaneda, y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la Plenaria la modificación
propuesta?
Y esta responde negativamente.
La Presidencia concede el uso de la palabra al
honorable Senador ponente, José Darío Salazar Cruz.
Palabras del honorable Senador José Darío Salazar
Cruz.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra
el honorable Senador José Darío Salazar Cruz:
Entonces no se elimina el parágrafo del artículo,
elimínese el inciso 2° del artículo 4°, son los delitos de sangre, solicito,
solicito que se apruebe para que se elimine.
Por solicitud del honorable Senador ponente, José Darío
Salazar Cruz, la Presidencia pregunta a la Plenaria si aprueba la reapertura de
la modificación al artículo 4º, presentada por el honorable Senador Armando
Benedetti Villaneda y, cerrada su discusión, esta responde negativamente.
La Presidencia concede el uso de la palabra al
honorable Senador ponente, José Darío Salazar Cruz.
Palabras del honorable Senador José Darío Salazar
Cruz.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra
el honorable Senador José Darío Salazar Cruz:
Suprímase del artículo 4° el inciso segundo y el
parágrafo, fueron negadas, les pido que se niegue y fue presentada por el
Senador Manuel Guillermo Mora y Manuel Enríquez Rosero.
La Presidencia somete a consideración de la Plenaria
la modificación presentada por los honorables Senadores Manuel Guillermo Mora
Jaramillo y Manuel Enríquez Rosero, y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la
Plenaria la modificación propuesta?
Y esta responde negativamente.
(…)
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra
el honorable Senador José Darío Salazar Cruz:
Queda una última del artículo 4°, que dice, adiciónese
un inciso al artículo 122 de la Constitución, que dice así, tampoco podrán
inscribirse como candidatos a cargos de elección popular quienes hayan ocupado
cargos de elección popular, de carácter uninominal durante las elecciones
siguientes a la terminación del cargo en su respectivo periodo.
La Presidencia cierra la discusión del artículo 4º leído
por el honorable Senador ponente, José Darío Salazar Cruz, y pregunta: ¿Adopta la
Plenaria el artículo con la modificación propuesta?
Y esta responde negativamente.
Por Solicitud del honorable Senador Javier Cáceres
Leal, la Presidencia pregunta a la Plenaria si acepta la reapertura del
artículo 4º y, cerrada su discusión, esta responde afirmativamente.
La Presidencia abre la discusión del artículo 4º, y
concede el uso de la palabra al honorable Senador ponente, José Darío Salazar
Cruz.
Palabras del honorable Senador José Darío Salazar
Cruz.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra
el honorable Senador José Darío Salazar Cruz:
El Senador Cáceres que pidió primero que se negara
ahora pide que se apruebe, entonces el Senador Cáceres pide que se elimine el,
que se elimine el parágrafo que habla de los delitos políticos.
Dice lo siguiente, la inhabilidad general contenida en
los incisos 5° y 6° de este artículo, no aplicará a quienes por pertenencia,
promoción o financiación de grupos armados ilegales, sean o haya sido
condenados por delitos políticos, yo pedí que se aprobara para que saliera el
artículo y la Plenaria en dos ocasiones dijo que no, les ruego que se reabra,
entonces lo explica Senador de nuevo.
Con la venia de la Presidencia y del orador, interpela
el honorable Senador Alfonso Valdivieso Sarmiento:
Señor Presidente, el tema es el siguiente, en la
Constancia que dejó el Senador Cáceres, en la cual estamos de acuerdo al menos
algunos integrantes de la Comisión Primera del Senado, queremos establecer que
no se debe en ese caso excluir, a quienes pertenezcan, promuevan o financien
grupos ilegales, sino fundamentalmente o exclusivamente a quienes hayan sido
condenados por delitos políticos, no creemos que se cree, que se establezca esa
confusión, de tal manera que solo reducir la exclusión a delitos políticos,
pero no a quienes hayan pertenecido a grupos armados ilegales, de manera
genérica.
Recobra el uso de la palabra el honorable Senador José
Darío Salazar Cruz:
Presente la Proposición.
Con la Venia de la Presidencia y del orador, interpela
el honorable Senador Alfonso Valdivieso Sarmiento:
No, no, es que esta presentada así bueno.
Recobra el uso de la palabra el honorable Senador José
Darío Salazar Cruz:
Presente la Proposición Senador Valdivieso.
(…)
Recobra el uso de la palabra el honorable Senador José
Darío Salazar Cruz:
Señor Presidente, honorables Senadores, miren la
discusión es el tema de los delitos políticos, la Constitución Nacional en su
artículo 179 ya consagra este tema, dice, no podrán ser Congresistas, quienes
hayan sido condenados en cualquier época por Sentencia judicial, a pena
privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.
Senador Cáceres, Senador Valdivieso, honorables
Senadores, ya está consagrado en la Constitución, es suficiente con este
artículo y por eso aquí quienes han sido condenados por delitos políticos han
venido al Congreso sin más ni más, entonces yo le ruego señor Presidente que
reabramos la discusión del artículo 4°, para excluir el parágrafo del artículo
que es el que nos viene suscitando problemas y el inciso final del artículo 4°,
que es el que nos ha suscitado el enredo.
Porque las Proposiciones excluyendo esos artículos se
negaron, yo les ruego el favor, aquí todo el mundo se opone a esos artículos
pues excluyámoslos que ya el artículo 179 dice, por las inhabilidades no operan
para los delitos políticos.
El Secretario informa:
Es que el Senador Salazar, dice aprobaron las
Proposiciones que presentaron sobre el artículo 4°, el artículo 4° como tal, el
que viene en la Ponencia no se ha aprobado, entonces usted lo tiene es que,
someterlo eliminando ese.
Recobra el uso de la palabra el honorable Senador José
Darío Salazar Cruz:
Claro señor Secretario, pero es que las Proposiciones
eran para eliminar el inciso final y el parágrafo, pero aquí el Senado no quiso
aprobarlas, las negó, las Proposiciones y sin embargo todo el mundo dice que
hay que modificar o excluir esos artículos por el tema político que ya está
consagrado en el 179 de la Constitución Nacional, que dice que no podrán ser
Congresistas, quienes hayan sido condenados en cualquier época, por sentencia
judicial a pena privativa de la libertad excepto por delitos políticos, es
suficiente con ese artículo.
(…)
Recobra el uso de la palabra el honorable Senador José
Darío Salazar Cruz:
Entonces mi solicitud, señores Senadores es que
reabramos el artículo para excluir el parágrafo y el inciso final que hacen
referencia, a delitos políticos y a delitos de sangre, el delito político ya
está instituido como excluido de causal, para no poder aspirar al Congreso en
el artículo 179 de la Constitución Nacional.
Le ruego señor Presidente que le solicite a la
Plenaria que nos autorice reabrir el artículo para excluir esos incisos que
aquí no quisieron excluirlos.
La Presidencia manifiesta:
Señor Secretario, reabrir señor Secretario.
El Secretario informa:
Ya esta reabierto, está en discusión
(…)
Con la venia de la Presidencia y del orador, interpela
el honorable Senador Parmenio Cuéllar Bastidas:
Gracias Presidente, señor Ponente mire, usted dice que
no hay necesidad de excluir a las personas sancionadas por delitos políticos,
porque ya está expresamente establecido en el artículo 179, pero resulta que
esta es una norma constitucional la que vamos a aprobar, que tiene el mismo
valor que la contemplada en la 179, que dice: no podrán ser Congresistas y allí
establece la excepción de los que hayan sido condenados por delitos políticos.
Pero aquí, aquí está estableciendo una reforma que
dice: sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley no podrán ser
inscritos, inscritos como candidatos a cargos de elección popular ni elegidos
ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente o por
interpuesta persona contratos con el Estado y agrega: quienes hayan sido
condenados en cualquier tiempo por la comisión de delitos que afecten el
patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados, por delitos relacionados
con la pertenencia o promoción o financiación a grupos armados o con el
narcotráfico.
Entonces las personas, las personas que hayan sido
condenadas por delitos políticos aquí quedan si la posibilidad de inscribirse,
quedan inhabilitados, quedan inhabilitados y por eso hay necesidad de la
propuesta que hace el Partido Cambio Radical, lo que pasa es que al hacer el
parágrafo la extendieron a los grupos armados ilegales, lo que acaba de decir
el Senador Valdivieso es lo correcto.
Yo le pido que dejemos la precipitud, estamos
reformando la Constitución, no podrían ser candidatos las personas que hayan
sido condenadas y eso está, por delitos políticos y eso está mal señor
Presidente.
La Presidencia manifiesta
Senador Parmenio le asiste a usted toda la razón,
vamos a proponer, la proposición del Senador Valdivieso, en su momento la vamos
ya a considerar, le damos toda la razón; continúa la discusión del artículo 4°, Senador Salazar, Senador Salazar ¿qué proposición
vamos a someter?
Recobra el uso de la palabra el honorable Senador José
Darío Salazar Cruz:
No hay más proposiciones señor Presidente.
La Presidencia interviene para un punto de orden:
¿Entonces votamos el artículo cuarto con la
proposición del Senador Valdivieso?
Recobra el uso de la palabra el honorable Senador José
Darío Salazar Cruz:
No ha presentado proposición el Senador Valdivieso.
Con la venia de la Presidencia y del orador, interpela
el honorable Senador Alfonso Valdivieso Sarmiento:
Presidente es que estábamos, yo había mencionado con
respecto al parágrafo, en la forma como se tramitó este parágrafo se propuso
una reforma eliminándola y se negó, entonces ahora al reabrirlo queda claro que
debe ser eliminado, luego estamos de acuerdo ahí, la referencia del Senador
Parmenio Cuéllar, que es pertinente también hace alusiones al inciso primero de
ese artículo, al inciso primero del artículo, entonces es otro aspecto ¿no?
Recobra el uso de la palabra el honorable Senador José
Darío Salazar Cruz:
No hay proposición del Senador Valdivieso, no hay
proposición del Senador Parmenio Cuéllar, como hacemos? Yo lo que propuse es
que se vote excluyendo el parágrafo y el inciso, bueno entonces sométalo así.
La Presidencia cierra la discusión del artículo 4º,
con las modificaciones planteadas por el honorable Senador ponente, José Darío
Salazar Cruz, y pregunta: ¿Adopta la Plenaria el artículo con las
modificaciones propuestas?
Y esta responde afirmativamente.”[24] (Subrayas no
originales).
Conforme
a la discusión antes descrita, el Senado decidió eliminar la referencia a la
exclusión de delitos políticos, por lo que el texto aprobado en la plenaria en
la primera vuelta del trámite legislativo fue, en cuanto al artículo 4º, el
siguiente:
“Artículo 4º. El inciso final del artículo 122 de la
Constitución Política quedará así:
“Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca
la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular,
ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente
o por interpuesta persona, contratos con el Estado quienes hayan sido
condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el
patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados
con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales o con
el narcotráfico en Colombia o en el exterior. Tampoco quien haya dado lugar,
como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así
calificada por sentencia judicial ejecutoriada a que el Estado sea condenado a
una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor
del daño”.”[25]
10.4.
Nuevas discusiones acerca del alcance de la inhabilidad adicionada al artículo 122 C.P. se hicieron presentes en la plenaria del Senado, con ocasión del debate y aprobación del
texto conciliado en primera vuelta. En esa instancia, varios senadores
insistieron en que la exclusión de la proposición aprobada por la Comisión
Primera del Senado, que señalaba expresamente que la inhabilidad no aplicaba a
delitos políticos, implicaría la imposibilidad que los responsables de tales
conductas pudieran ejercer funciones públicas y, especialmente, cargos de
elección popular.  Ante este reclamo, otro grupo de congresistas señalaron que
esa interpretación del artículo 4º del proyecto era exagerada, puesto que (i)
en ningún caso el Congreso avalaba la aplicación de la inhabilidad para los
delincuentes políticos; y (ii) concurrían normas constitucionales, como
el artículo 179-1 C.P., que permitían el ejercicio de funciones públicas a los
condenados por tales hechos.  En cualquier caso, aceptaron que la redacción del
texto podría resultar equívoca, por lo que se hizo el compromiso expreso de modificarlo
en la segunda vuelta, asunto que incluso fue avalado por el Ministro de
Interior y de Justicia, representante del Gobierno y ponente de la iniciativa.
Los apartes pertinentes de dicha discusión son los siguientes:
“Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra
el honorable Senador Javier Enrique Cáceres Leal:
Quiero dejar una Constancia señor Ministro, en el
artículo 4° en el hecho de que en la Comisión Primera, usted y yo, presentamos
una Proposición para excluir los delitos políticos, hoy en la Conciliación no
aparece, pero que sea una regla de juego, que en la próxima vuelta excluyamos
los delitos políticos del artículo cuarto, para que nuestros colegas que están
en el Congreso y que tienen ese problema, no se declaren impedidos. Entonces
señor Presidente para dejar esa Constancia en el artículo 4°, señor Presidente,
aquí está el Ministro comprometiéndose, aquí hay un retroceso de la democracia,
si no excluimos el artículo 4° los delitos políticos, entonces el señor
Ministro se está comprometiendo, para que en la próxima vuelta al artículo
cuarto se le incluya la exclusión de los delitos políticos.
También señor Presidente para dejar expresa Constancia
de que sea tenido en cuenta las opiniones del Consejo de Estado en la
Conciliación, en cuanto se refiere a las atribuciones que venían cercenadas de
Cámara, estas han quedado completamente desaparecidas del proyecto en la
Conciliación, y creemos en la palabra del Gobierno, aquí va hablar el señor
Ministro.
Con la venia de la Presidencia y del orador, interpela
el señor Ministro del Interior y de Justicia, doctor Fabio Valencia Cossio:
Señor Presidente, simplemente para esto, mire, en el
artículo 179 de la Constitución, están excluidos los delitos políticos, pero yo
me comprometo como Gobierno, a que si es necesario reiterarlo, lo reiteramos,
porque el Gobierno está totalmente de acuerdo con esa observación.
(…)
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra
el honorable Senador Luis Carlos Avellaneda Tarazona:
Gracias Presidente, es para referirme al mismo tema
que planteó el Senador Cáceres y al que se ha referido el Ministro del
Interior, no basta Ministro del Interior, decir que podemos ratificar la
vigencia del artículo 179 de la Constitución, para resolver un entuerto que ha
quedado con la aprobación de este Acto Legislativo, de acuerdo con el artículo
cuarto que se aprobó en la Reforma, no podrían ser ni elegidos ni ser inscritos
como candidatos a cargos de elección popular, quienes hayan cometido delitos
políticos, eso significa que prácticamente con esta última Reforma, quedaría
derogado el artículo 179 que se refiere exclusivamente a los Congresistas,
luego vamos a tener una Reforma contradictoria.
Hay necesidad Ministro, respecto de todos los cargos
de elección popular, hacer un salvamento respecto del tema de excepcionalidad
para los delitos políticos, si no vamos a hacer que quienes hayan sido
condenados por delitos políticos, no puedan ejercer la actividad política, que
es lo que en el mundo se ha excepcionado, de manera que ahí hay un grave
entuerto Presidente.
(…)
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra
el honorable Senador Jaime Dussán Calderón:
Señor Presidente, yo no sé si el Congreso de la
República, el Senado de la República está de acuerdo con esta decisión absurda
que se ha tomado, con referencia a los derechos políticos.
La Presidencia manifiesta:
No, no estamos de acuerdo.
Recobra el uso de la palabra el honorable Senador
Jaime Dussán Calderón:
Contra los delitos políticos.
La Presidencia manifiesta:
No estamos de acuerdo lo digo como Presidente del
Congreso y ya dejamos la Constancia.
Recobra el uso de la palabra el honorable Senador
Jaime Dussán Calderón:
No está de acuerdo con qué Presidente.
La Presidencia manifiesta:
Porque sería castrar la posibilidad de alguien que se
ha reintegrado a la sociedad, para poder competir en el escenario político
nacional ese es el sentido y así dejo la constancia.
Recobra el uso de la palabra el honorable Senador
Jaime Dussán Calderón:
Señor Presidente y mi pregunta: y ¿por qué no se puede
arreglar?
La Presidencia manifiesta:
Porque Cámara se impuso en la conciliación y dejamos
constancia con el Ministro y con Javier Cáceres, palabra de caballero y yo he
cumplido que eso quede radicado en la segunda vuelta Senador Dussán.
Recobra el uso de la palabra el honorable Senador
Jaime Dussán Calderón:
(…)
Yo creo señor Presidente que el Senado de la República
de Colombia debe dejar plenamente constancia y así me gustaría saberlo del
Presidente del Partido Conservador, como del Partido Liberal, como el vocero de
Cambio Radical y del Partido de la U. y por supuesto de todos los partidos
políticos, que ese no puede ser realmente un mensaje, sino que es una
equivocación, yo lo escuché a usted decir, que se había comprometido con el
doctor Petro en la discusión de la Comisión Primera, que ese artículo quedaba,
o quiere que regresemos al pasado. Nosotros hemos proscrito y así lo decimos
con autoridad de político de la izquierda colombiana, la utilización de la
guerra para la acción política, y lo decimos sin sonrojarnos, así varios de
nuestros militantes del partido el Polo Democrático Alternativo en el pasado
hayan sido guerrilleros, como el doctor Navarro que hoy es Gobernador de un
departamento, o como el doctor Petro que hoy es Senador de la República de
Colombia, o como un Alto Consejero del Estado colombiano del Gobierno del
Presidente de los Derechos Humanos, que igualmente hizo parte de estos hechos
históricos de la vida nacional.
(…)
Con su venia señor Presidente, el señor Ministro me
está pidiendo una interpelación, con mucho gusto.
Con la venia de la Presidencia y del orador interpela
el Señor Ministro del Interior y de Justicia, doctor Fabio Valencia Cossio:
Muchas gracias, con la venia del señor Presidente, no,
simplemente para reiterar que la política del Gobierno es de apertura hacia la
participación política, aquí evidentemente hay un error que vamos a enmendar,
es el compromiso solemne del Gobierno y es la palabra empeñada del Ministro del
Interior.
La Presidencia manifiesta:
Senador Dussán yo complemento ello y es la palabra del
Congreso y de la Presidencia del Congreso.
(…)
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra
el honorable Senador Armando Benedetti Villaneda:
Doctor Dussán estas palabras van dirigidas para usted
y para el Partido del Polo Democrático, sí hay alguien que ha reconocido que el
doctor Petro y algunas personas que se han desmovilizado y hoy están en la
democracia, ha reconocido que la democracia les debe mucho a ellos, porque
ellos se han acogido y se han vuelto otra vez a la vida civil he sido, lo he
hecho repito en esta Plenaria y en la Comisión Primera en múltiples
oportunidades.
Yo le voy a echar un cuento que ayer referí, todo
empieza doctor Dussán porque en la Cámara viene aprobado el texto que a usted
no le gustó, que a mí no me gustó y que dejé constancia en la Comisión Primera,
radicando una aditiva para cambiar el articulado, entre otras cosas porque el
Senador Petro nos hizo caer en cuenta en el error que estábamos haciendo. Luego
el Senador Cáceres, yo no estuve en esa Comisión, en esa Plenaria de Comisión
en la que se votó, hizo un articulado en el que personas como Héctor Helí Rojas
y el doctor Parmenio Cuéllar empezaran a decir, que era que queríamos lavar a
unos parapolíticos para que volvieran a la vida civil, le pedimos al doctor
Parmenio Cuéllar que está al lado suyo, que coadyuvara, que fuera constructivo,
que nos ayudara a buscar una redacción, en la que los compañeros de su partido
estuvieron de acuerdo para subsanar el error, enmendar el error, pero el doctor
Parmenio Cuéllar estaba en plan de hacer oposición, por oponerse absolutamente
a todo y, en eso que le correspondía a un compañero de él no hubo eco dentro de
la inteligencia del doctor.
(..)
Recobra el uso de la palabra el honorable Senador
Armando Benedetti Villaneda:
Dentro de la inteligencia del doctor, no, él entiende
que ya hoy empiezan las novenas y se va a quedar juicioso el doctor Parmenio y
no quiso entender que nos podía ayudar con el tema de la redacción doctor
Dussán. Para hacer le resumen a su intervención, usted tiene toda la razón,
tampoco nos gusta la redacción, dejamos constancia aquí en la Plenaria, en la
Cámara ayer con los problemas y los afanes de tiempo que teníamos, dijimos que
era mejor dejar ese articulado como venía de la Cámara, porque entre otras
cosas doctor Dussán está igualito al 179 de la Constitución, aunque yo creo
como usted, que entonces para contratar o para ser servidores públicos no
existe eso dentro del 179, sino que es cuando es para elección a Corporación
Pública.
Por eso entonces le repito que palabra, compromiso de
caballero, de Senador, de amigo suyo, para decirle entonces que vamos a
enmendar ese error, pero quiero dejarle la espinita, la banderilla bien puesta,
en el sentido de que sus compañeros son los que ayudaron a armar el desorden y,
nosotros por andar de buenos quisimos enmendarlos y lo hicimos peor, ellos no
fueron capaces de ayudar absolutamente nada.
La Presidencia concede el uso de la palabra al
honorable Senador José Darío Salazar Cruz.
Palabras del honorable Senador José Darío Salazar
Cruz.
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra
el honorable Senador José Darío Salazar Cruz:
Gracias señor Presidente, mire, yo creo que se ha
armado un escándalo mayúsculo y se ha maximizado el tema, nadie en el Congreso
de Colombia, quiere hoy desconocer los esfuerzos de Paz que el M-19 hizo, el
acuerdo de Paz, su reintegro a la vida civil, el reconocimiento que el pueblo
colombiano le ha hecho a ese grupo al elegir muchos de sus miembros en las
Corporaciones Públicas, el reconocimiento que los Gobiernos Nacionales le han
hecho a esos grupos, cuando los han nombrado Ministros del Despacho,
Diplomáticos como fue el doctor Petro, como fue la doctora Vera Grave. De
ninguna manera el Estado colombiano ni este Congreso tienen la intención de
echar para atrás esos acuerdos, vamos a ratificarlos, vamos en la segunda
vuelta a buscar la mejor redacción.
Hoy hay un artículo de la Constitución que nadie lo ha
tocado y es bueno decírselo al país y es el que los habilita para ser
congresistas, dice el artículo 179 de la Constitución: “No podrán ser
Congresistas quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia
judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”,
y por eso están sentados en las Corporaciones, quienes pertenecieron a los
grupos que antes estaban en la ilegalidad y quienes fueron amnistiados, quienes
fueron indultados, de modo que decirle al país que este Congreso pretende o
quiere desconocer los acuerdos de paz, o sacarlos del Congreso es una
exageración, vamos a buscar la mejor redacción en la segunda vuelta, porque
entre otras cosas ayer Senador Benedetti cuando estábamos en el debate le
preguntamos al Senador Parmenio Cuéllar, qué proposición tenía, le solicitamos
qué pasará una proposición y no suscribió ninguna proposición, de modo que no
exageremos, faltan 4 debates y tengo la seguridad que el texto en ese aspecto y
en los otros saldrá lo mejor para el país; gracias señor Presidente.”[26]
(Subrayas no originales).
10.5.
La intención de incorporar, de manera expresa, la inaplicación de la
inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas respecto de delincuentes
políticos, se evidenció de nuevo en el sexto debate, correspondiente a la
plenaria de la Cámara de Representantes.  Como había sucedido en la primera
vuelta, el texto contenido en la ponencia no contemplaba esa exclusión expresa,[27]
lo que motivó que el congresista Franklin Legro formulara una proposición sobre
el particular, que fue aprobada por la plenaria.  Sobre la materia, en el acta
correspondiente se expresó:
“La Secretaría General informa (doctor Jesús
Alfonso Rodríguez)
Sí señor Presidente.
El artículo 4º, que es el que vamos entrar a votar,
tiene dos proposiciones. Una aditiva del doctor Julián Silva, que puede ser
votada después de que se vote el artículo, y una del doctor Miguel Ángel
Galvis, Franklin Legro, Pedro Obando que dice: Sin perjuicio de las demás
sanciones que establezca la ley, no podrán ser escritos como candidatos a
cargos de elección popular ni elegíos ni designados como servidores públicos,
ni celebrar personalmente o por interpuesta persona, contratos con el Estado,
quienes hayan sido condenados en cualquier tiempo por la comisión de delitos
que afecten el patrimonio.
Me excusa, esta proposición modifica el inciso final
del artículo 122.
Tampoco quien haya dado lugar como servidor público
con su conducta dolosa o levemente culposa así calificada por sentencia
ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial.
Dice el doctor que el artículo es tal como está en la
ponencia y que él le incluye en el primer inciso, exceptuando los delitos
políticos o de procesos de paz anteriores o futuros pactados con el Gobierno.
Intervención del honorable Representante Tarquino
Pacheco Camargo:
Vamos a hacer honor a la palabra y le vamos a cumplir
al doctor Franklin Legro y le vamos a aprobar esta proposición, porque en la
ponencia nuestra excluimos a las personas que en procesos de paz han suscrito
acuerdos con el Gobierno, y de esta manera podamos permitirles que se
incorporen a la vida política.
En ese orden de ideas le solicito a la Plenaria que apruebe
la proposición presentada por el doctor.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctor
Germán Varón Cotrino):
Se somete a consideración de la Plenaria la
proposición. Como la proposición modifica el artículo, se puede someter el
artículo completo con la modificación.
En consideración de la Plenaria el artículo completo
con la modificación suscrita por el doctor Franklin Legro, se abre su
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada ¿lo aprueba la Plenaria?
La Secretaría General informa (doctor Jesús Alfonso
Rodríguez):
Aprobado por unanimidad señor Presidente, con las
mayoría exigidas en la Constitución, de acuerdo al último registro de votación
efectuado.”[28]
Esta
modificación se reflejó en el texto aprobado por la plenaria, que fue del
siguiente tenor:
Artículo 4°. El inciso final del artículo 122 de la
Constitución Política quedará así:
Artículo 122.
(…)
“Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca
la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular,
ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente,
o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados,
en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del
Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la
pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales o con
narcotráfico en Colombia o en el exterior exceptuando los delitos políticos
o de procesos de paz anteriores o futuros pactados con el Gobierno.
Tampoco quien haya dado lugar, como servidores
públicos, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por
sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación
patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño”[29]
(Subrayas no originales).
10.6.
El asunto de la circunscripción de la inhabilidad para el ejercicio de
funciones públicas a los condenados por delitos políticos fue nuevamente
tratado en el séptimo debate del proyecto de acto legislativo, surtido en la Comisión
Primera del Senado.  En esa oportunidad se aprobó una nueva proposición que
reiteraba el texto aprobado por la Cámara de Representantes, el cual no hacía
expresa la exclusión de los delitos políticos como supuesto para la aplicación
de la inhabilidad regulada por el artículo 122 C.P. En la discusión de esa proposición se hizo evidente que a pesar de no haberse aceptado la
posición de algunas congresistas de oposición, que insistían en que la
exclusión fuera explícita, en todo caso la voluntad del Congreso era contraria
a extender la inhabilidad a los condenados por delitos políticos. En tal
sentido, la eliminación del aparte que hacía referencia expresa a la
inaplicabilidad de la inhabilidad a los responsables de delitos políticos, tuvo
como único objeto conjurar el riesgo, insistido por los congresistas opositores
y relacionado con la posibilidad que personas condenadas por delitos
relacionados con la pertenencia o promoción de grupos paramilitares no fueran
cobijadas por la inhabilidad para ejercicio de funciones públicas. Sobre el
particular, el acta respectiva señala lo siguiente:
“La Presidencia indica a la Secretaría continuar con
la siguiente proposición:
Proposición número 90
Artículo nuevo.
Propongo para artículo 4°, tal como fue aprobado por la
Plenaria de la Cámara de Representantes en segunda vuelta, del Proyecto de Acto
Legislativo número 12 de 2008 Senado, 106 de 2008 Cámara, acumulados número 051
de 2008 Cámara, 101 de 2008 Cámara, 109 de 2008 Cámara, 128 de 2008 Cámara, 129
de 2008 Cámara, 140 de 2008 Cámara, por el cual se modifican y adicionan unos
artículos de la Constitución Política de Colombia, cuya supresión es propuesta
en el pliego de modificaciones de la ponencia mayoritaria no sea acogida y en
tal sentido, se apruebe el siguiente texto:
“El inciso final del artículo 122 de la Constitución
Política quedará así:
Artículo 122. (...)
“Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca
la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular,
ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente,
o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido
condenados, en cualquier tiempo, por la Comisión de delitos que afecten el
patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionado
con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales,
delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior.”
Tampoco quien haya dado lugar, como servidores
públicos, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por
sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación
patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño.”
Armando Benedetti Villaneda,
Senador de la República.
La Presidencia abre la discusión de la proposición
leída y concede el uso de la palabra al honorable Senador Samuel Arrieta
Buelvas:
Mire señor Presidente, muchas gracias. Yo creo que la
redacción coincide sino en su totalidad, casi en un alto porcentaje con el
único artículo que fue aprobado en el Referendo fallido del 2007, que adicionó
el 122. Es decir; ese parágrafo ya existe hoy en la Constitución si mi memoria
no me falla o no sé qué adición nueva le habrán hecho el autor de la propuesta,
porque ese fue el único artículo de origen popular, que fue aprobado en ese
Referendo del 26 de octubre del año 2007.
Entonces yo quiero saber Presidente, ¿Qué es lo que
modifica esta proposición, a ese que fue de origen popular?
La Presidencia concede el uso de la palabra al
honorable Senador Armando Benedetti Villaneda:
Vea, este es el artículo famoso que el Presidente
Gaviria dijo el Polo, lo llamo el Orangután, este ha venido en todas las
comisiones, lo que hice fue señor Presidente, quitarle el tema de las
personas que estaban involucrados en el proceso de paz y los delitos políticos.
(…)
Recobra el uso de la palabra el honorable Senador
Armando Benedetti Villaneda:
A ver doctor Arrieta. Vuelvo y repito. Este artículo
es el que ha venido en todos los debates y usted ha votado que si, este es el
famoso orangután, este es el que le quitamos cuando tratamos de arreglar el
tema de Petro, que nos metimos en problemas, porque creen que nosotros estamos
abriendo el tema de los paramilitares. Como se les declaraba la muerte política
por varios delitos, les repito, puse el de lesa humanidad, le agregué el de
narcotráfico, el de la guerrilla, el paramilitarismo que ya venía. Le quite
solamente el de los delitos políticos doctor Arrieta.
La Presidencia concede el uso de la palabra al
honorable Senador Samuel Arrieta Buelvas:
Efectivamente ahí se le está agregando la palabra
narcotráfico y paramilitarismo y todos los delitos contra el orden público o
todos los delitos derivados de la ilegalidad, es perfecto.
(…)
Recobra el uso de la palabra el honorable Senador
Armando Benedetti Villaneda:
Presidente, mire. Yo entiendo lo que quiere decir el
doctor Arrieta, yo le propongo que lo deje como constancia, lo aprobamos así,
él lo ha votado con anterioridad y aquí lo que se trata es separar la mafia del
Estado, no importa si es chiquito o grande, este país es el que más ha pagado
por el tema del narcotráfico.
(…)
La Presidencia concede el uso de la palabra al doctor
Fabio Valencia Cossio, Ministro del Interior y de Justicia:
Senador mire, este artículo ha sido debatido y
aprobado en todo el proceso. Este artículo había sido adicionado por el Polo
Democrático con este agregado.
Dice: Exceptuando los delitos políticos o procesos de
paz anteriores o futuros pactados con el Gobierno. O sea se aprobaría todo lo
que viene de la Cámara, menos la excepción que planteó el Polo. O sea que a mí
me parece Senador Arrieta, que lo podemos aprobar si a usted le parece.
La Presidencia cierra la discusión de la Proposición
número 90 y sometida a votación es aprobada con constancia de la Secretaría de
haber obtenido 13 votos afirmativos.”[30]
10.7.
De los distintos debates que precedieron a la aprobación de la norma acusada, la
Sala advierte que, contrario a como lo sostienen los demandantes, el Congreso
no concluyó, e incluso se opuso de forma manifiesta, a que los delitos de
pertenencia, conformación o financiación de grupos armados ilegales, fueran
asimilados a delitos políticos.  Antes bien, las cámaras legislativas
debatieron distintas fórmulas de redacción de la norma, tendientes a que esa
diferenciación resultara lo suficiente clara y, a su vez, no pudiera
interpretarse como un mecanismo para desvirtuar las finalidades esenciales de la
Reforma Política de 2009, en especial impedir el acceso de candidatos
promocionados por grupos armados ilegales a los órganos de representación
popular.  Fruto de esos intensos debates parlamentarios es la disposición
objeto de reproche de constitucionalidad.
11.
El tercer argumento que demuestra la falta de certeza del cargo propuesto en
las demandas se deriva de la interpretación sistemática de la norma acusada
frente a otras disposiciones de la Carta Política, que tratan la materia del
régimen de inhabilidades de las personas condenadas por delitos políticos.
Como
lo señalan los demandantes, la Constitución dispone varias normas tendientes a
prodigar un tratamiento diferenciado, más benévolo, a favor de los responsables
de delitos políticos respecto de los condenados por delitos comunes.  Para el
presente caso interesa centrarse en las reglas superiores que exceptúan al
delincuente político del régimen de inhabilidades para el ejercicio de
modalidades de función pública.  Así, el artículo 179-1 prevé que no podrán
congresistas quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia
judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o
culposos.  Del mismo modo, el artículo 232-3 prevé entre los requisitos para
desempeñar los cargos de magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, no haber sido condenado por
sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos
o culposos.  Finalmente, el artículo 299 C.P. determina dentro de las condiciones requeridas para ser elegido diputado, la de no haber sido condenado a pena
privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos o culposos.
Además, similar previsión fue otorgada, de manera temporal, por el artículo
18-1 transitorio C.P., norma que previó que mientras la ley estableciera el
régimen de inhabilidades para los gobernadores, en las elecciones del 27 de
octubre de 1991 no podrían ser elegidos como tales, entre otros supuestos,
quienes en cualquier época hayan sido condenados por sentencia judicial a pena
privativa de la libertad, con excepción de quienes lo hubieran sido por delitos
políticos y culposos.
Si se aceptara la tesis de los demandantes, en el
sentido que los delitos relacionados con la pertenencia, promoción o
financiación de grupos armados ilegales se subsumen en la categoría de delito
político, se llegaría a la forzosa conclusión que dichos delincuentes políticos
estarían inhabilitados, entre otros asuntos, para ser inscritos como candidatos
a elección popular, o ser elegidos o designados como servidores públicos.  Así,
al menos para el caso de los congresistas, los magistrados de altas cortes y
los diputados, se estaría ante una antinomia constitucional, entendida por la
jurisprudencia, a partir de los postulados teóricos sobre la materia, “propiamente
hablando, [como] aquella situación en la que se dan dos normas incompatibles
entre sí, que pertenecen a un mismo ordenamiento y tienen un mismo ámbito de
validez[31].
Para resolver las antinomias acude entonces a ciertos criterios tradicionales,
entre los cuales menciona el cronológico[32], el jerárquico[33]
y el de especialidad[34].
Sostiene enseguida, que tratándose de normas del mismo nivel, es decir del
mismo rango en la escala normativa y contemporáneas, es decir que ninguna es
posterior a la otra, con igual grado de generalidad, debe admitirse que ambas
tienen igual validez, en el sentido de que ambas están validamente incorporadas
al sistema; Empero, las dos no pueden ser contemporáneamente eficaces, es
decir, no pueden ser aplicadas simultáneamente. En este caso, y sólo en este,
la coherencia no sería condición de validez, mas si de eficacia[35].
Bobbio llama a este tipo de antinomias, antinomias insolubles[36].”[37]
En efecto, bajo el particular entendimiento que los actores hacen del
aparte acusado, concurrirían en la Constitución reglas de derecho que
simultáneamente adscribirían y excluirían la aplicación de la inhabilidad para
el ejercicio de funciones públicas por parte de las personas condenadas por
delitos políticos, al menos frente a las dignidades que la Carta Política
refiere expresamente.
No obstante, los argumentos expresados en los
fundamentos jurídicos anteriores demuestran, de manera fehaciente, que la
antinomia propuesta por el cargo de inconstitucionalidad es aparente.  Ello
debido a que tanto el análisis de la tipificación de los delitos que conllevan
la inhabilidad en comento, como la reconstrucción de las discusiones
parlamentarias que dieron lugar al Acto Legislativo que introdujo la reforma
demandada, obligan a concluir que la inhabilidad para el ejercicio de la
función pública de que trata el inciso final del artículo 122 C.P. versa sobre la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, en tanto
delitos comunes. Por lo tanto, ante dos interpretaciones concurrentes, una que
carente de fundamento genera una antinomia constitucional y otra que, basada en
distintas modalidades hermenéuticas comúnmente aceptadas, infiere la
inexistencia de la antinomia, debe preferirse la segunda.
Conclusión
12. La Sala advierte que el cargo planteado por las
demandas de la referencia es inepto, con base en varias razones.  Para el caso
particular de la expresión “en cualquier tiempo” contenida en el inciso
final del artículo 122 C.P., se pudo comprobar que fue introducida por un Acto
Legislativo distinto al acusado, en relación con el cual se adelantó control
previo, automático e integral de constitucionalidad, en virtud de tratarse de
una reforma originada por referendo popular de iniciativa gubernamental.
Frente al otro aparte demandado del artículo 4º del
Acto Legislativo 1º de 2009, se concluye que la interpretación que del mismo
efectúan los demandantes contraviene los requisitos de suficiencia y certeza.
Esto debido a que el análisis desde la tipificación penal, como a partir de
criterios históricos y sistemáticos, lleva a la unívoca conclusión que la
inhabilidad prevista en la norma acusada es predicable de los responsables de
las conductas antes señaladas, en cuanto delitos de carácter común.  Ello, por
supuesto, sin perjuicio de la hipótesis en que tales comportamientos
excepcionalmente se subsuman o se consideren como conexos a delitos políticos,
pues en ese evento se aplicará el régimen de inhabilidades que la Constitución
ha previsto para el delincuente político.  En cualquier caso, dichas hipótesis
de subsunción o conexidad, para que sean compatibles con la Constitución y de
acuerdo con la jurisprudencia aplicable a la materia, deberán cumplir con los
requisitos descritos en el fundamento jurídico 9 de esta sentencia, esto es, la
acreditación de condiciones de razonabilidad y proporcionalidad, aunadas a la
satisfacción de los deberes estatales de juzgamiento, sanción y satisfacción de
los derechos de las víctimas de, entre otros, los denominados delitos
atroces, al igual que de las conductas constitutivas de crímenes de guerra,
crímenes de lesa humanidad y graves infracciones al derecho internacional
humanitario o a los derechos humanos.
VII.   DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre
del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO:
En lo que respecta a la expresión “en
cualquier tiempo”, contenida en el artículo 4º del Acto Legislativo 1º de
2009, “por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la
Constitución Política de Colombia.” ESTARSE A LO RESUELTO en la
sentencia C-551 de 2003, la cual decidió, entre otros asuntos, declarar
exequible el numeral 1º del artículo 1º de la Ley 796 de 2003 “por la cual
se convoca un referendo y se somete a consideración del pueblo un proyecto de
Reforma Constitucional.”, norma introducida al ordenamiento constitucional
por el artículo 1º del Acto Legislativo 1º de 2004
SEGUNDO:
INHIBIRSE de adoptar decisión de
fondo respecto de la expresión “o quienes hayan sido condenados por delitos
relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados
ilegales”, contenida en el artículo 4º del Acto Legislativo 1º de 2009 “por
el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de
Colombia.”, en razón de la ineptitud sustantiva de las demandas.
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Publicado en el Diario Oficial 47.410 de 14 de julio de 2009.  El texto del
Acto Legislativo fue corregido por el Decreto 3259/09.  Sin embargo, esa
corrección versó sobre un artículo distinto al acusado, razón por la cual se asume
el control de constitucionalidad en relación con el texto publicado en el
citado Diario.
[2]
Debe resaltarse que este apartado fue demandado para el caso del expediente
D-8164, promovido por el ciudadano Sánchez Vásquez, más no en el caso del
expediente D-8184.
[3]
Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-551/03
(M.P. Eduardo Montealegre Lynett), C-1200/03 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
y Rodrigo Escobar Gil), C-970/04 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), C-1040/05 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra,
Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas
Hernández), C-153/07 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), C-293/07 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil), C-757/08 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), C-588/09 (M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo) y C-141/10 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[4]
Esto se explica de las particularidades propias del juicio de sustitución de la Carta Política.  Así, la sentencia C-303/10 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), expuso lo
siguiente:
“12. Como se observa, el
juicio de sustitución obedece a parámetros estrictos, lo cual no puede ser de
otro modo, puesto que un uso extensivo y carente del rigor suficiente de ese
instrumento, llevaría a la petrificación de la Carta a través de la virtual inoperancia de los mecanismos de reforma que la misma Constitución ha previsto.  El
ejercicio de esa competencia, en tales términos, exige de la Corte una actividad cuidadosa, guiada en todo caso por la autorrestricción judicial, que
permita cumplir simultáneamente con tres objetivos: (i) salvaguardar la
identidad de la Constitución de ejercicios arbitrarios del poder de reforma que
transformen sus ejes definitorios; y (ii) permitir que la Carta se adapte a los cambios socio políticos más trascendentales, mediante el uso de los
mecanismos de reforma que prevé el título XIII de la Constitución, esto como condición para la supervivencia del ordenamiento constitucional ante
la dinámica propia de las sociedades contemporáneas; y (iii) evitar, de forma
estricta, que el juicio de sustitución se confunda con un control material de
las reformas constitucionales, tarea que en modo alguno hace parte de las
competencias de la Corte. || Sobre este particular, la jurisprudencia
insiste en los riesgos de la aplicación inadecuada, o con pretensión extensiva
del juicio de sustitución. Así, se ha considerado que “el control
constitucional del poder de reforma o de revisión comporta dos graves peligros:
la petrificación de la Constitución y el subjetivismo del juez constitucional.
El primero consiste en que la misión del juez constitucional de defender la Constitución termine por impedir que ésta sea reformada inclusive en temas importantes y
significativos para la vida cambiante de un país. Esto sucede cuando las
reformas constitucionales - debido al impacto que tiene el ejercicio cotidiano
de la función de guardar la integridad del texto original sobre el juez
constitucional – son percibidas como atentados contra el diseño original, en
lugar de ser vistos como adaptaciones o alteraciones que buscan asegurar la
continuidad, con modificaciones, de la Constitución en un contexto cambiante. El segundo peligro radica en que la indeterminación de los principios constitucionales
más básicos puede conducir, ante un cambio importante de la Constitución, a que el juez constitucional aplique sus propias concepciones y le reste valor
a otras ideas, también legítimas, que no son opuestas al diseño original, así
lo reformen.” || Analizada la jurisprudencia acerca del juicio de
sustitución, se advierte que la Corte ha ofrecido tres tipos de mecanismos
destinados a restringir ese análisis, de modo que no se incurra en un
desbordamiento de las competencias de esta Tribunal: la cualificación de la
acción pública de inconstitucionalidad, la necesidad de conservar la precisión
conceptual sobre la materia y la sujeción a una metodología particular para
adelantar el juicio de sustitución.”
[5]
La síntesis comprehensiva de este precedente se encuentra en la sentencia
C-1052/01 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) Para el caso de presente decisión,
se utiliza la exposición efectuada por la decisión C-370/06 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa et al.)
[6]
Estos son los defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de inconstitucionalidad, por inadecuada
presentación del concepto de la violación. Cfr. los autos 097 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y 244 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y las sentencias
C-281 de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-519 de 1998 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa), C-013 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), C-380 de
2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-177 de 2001 (M.P. Fabio Morón Díaz),
entre varios pronunciamientos.
[7]
Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-447 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero. La Corte se declara inhibida para pronunciarse de fondo sobre
la constitucionalidad del inciso primero del artículo 11 del Decreto Ley 1228
de 1995, por demanda materialmente inepta, debido a la ausencia de cargo.
[8]
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-1052/01.  Fundamento jurídico
3.4.2.
[9]
Ibídem.
[10]
Ibídem.
[11] El debate sobre las
conductas constitutivas de delito político ha sido reiterado en la
jurisprudencia constitucional.  Sobre el particular, pueden consultarse, entre
otras, las sentencias C-069/94 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-009/95 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa), C-456/97 (M.P. Jorge Arango Mejía y Eduardo Cifuentes
Muñoz), C-695/02 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y C-928/05 (M.P. Jaime Araújo
Rentería).
[12] Al respecto, la
sentencia C-928/05 previó que, al referirse sobre la competencia del Gobierno
para decretar indultos y amnistías, que “…el cual el Gobierno Nacional sólo
puede conceder el indulto por delitos políticos, o sea, por rebelión, sedición y
asonada. Este sentido incluye obviamente el otorgamiento del beneficio por los
delitos conexos con los delitos políticos, de acuerdo con el criterio uniforme
de la doctrina jurídica.”
[13] Sobre el particular, en
la sentencia C-695/02 se indicó que “[c]uando el constituyente
determina el ámbito de aplicación de la amnistía y del indulto, lo circunscribe
a los delitos políticos por oposición a los delitos comunes.  No obstante,
guarda silencio en relación con los delitos conexos.  De este modo, si se tiene
en cuenta que, como se lo expuso, al legislador le asiste una amplia capacidad
de configuración normativa siempre que se ejerza dentro de los límites
constitucionales, es claro que de esa capacidad hace parte la posibilidad de
extender tales beneficios a los delitos conexos con los delitos políticos. No
obstante, se trata de una facultad que, como cualquier otra, también está
sometida a límites superiores, fundamentalmente los criterios de razonabilidad
e igualdad.  De acuerdo con estos criterios, el legislador no puede extender
arbitrariamente esos beneficios a conductas ajenas a su naturaleza, ni tampoco
realizar inclusiones o exclusiones que comporten un tratamiento diferenciado
injustificado.”
[14] Código Penal. Art. 467. Rebelión.
Los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al Gobierno
Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente, incurrirán
en prisión de seis (6) a nueve (9) años y multa de cien (100) a doscientos
(200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
[15] Código Penal. Art. 468. Sedición.
Los que mediante el empleo de las armas pretendan impedir transitoriamente el
libre funcionamiento del régimen constitucional o legal vigentes, incurrirán en
prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a cien (100)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Debe acotarse que el texto
adicionado a esta norma por parte del artículo 71 de la Ley 975/05, que extendía el tipo penal de sedición a quienes conformaran o hicieran parte de
grupos guerrilleros o de autodefensa, fue declarado inexequible mediante la
sentencia C-370/06 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa et. al.)
[16]
Código Penal. Art. 469. Asonada. Los que en forma tumultuaria exigieren
violentamente de la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio de
sus funciones, incurrirán en prisión de uno (1) a dos (2) años.
[17] Código Penal.  Art. 340.
Modificado. Ley 733/02, art. 8º. Concierto para delinquir. Cuando varias
personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será
penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años.
Inciso segundo -
Modificado. Ley 1121/06, art. 19. Cuando el concierto sea para cometer delitos
de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento
forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión,
enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o
financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con
actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18)
años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
La pena privativa de la
libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan,
dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir.
[18] Código Penal. Art. 341. Entrenamiento
para actividades ilícitas. El que organice, instruya, entrene o equipe a
personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares para el desarrollo de
actividades terroristas, de escuadrones de la muerte, grupos de justicia
privada o bandas de sicarios, o los contrate, incurrirá en prisión de quince
(15) a veinte (20) años y en multa de mil (1.000) a veinte mil (20.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes
[19] Código Penal. Art. 343. Terrorismo.
El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un
sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad
física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de
comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas
motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá en prisión
de diez (10) a quince (15) años y multa de mil (1.000) a diez mil (10.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de la pena que le
corresponda por los demás delitos que se ocasionen con esta conducta.
Si el estado de zozobra o
terror es provocado mediante llamada telefónica, cinta magnetofónica, video,
casete o escrito anónimo, la pena será de dos (2) a cinco (5) años y la multa
de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
[20] Código Penal. Art. 345. —Modificado.
Ley 1121/06, art. 16.Financiación del terrorismo y administración de
recursos relacionados con actividades terroristas. El que directa o
indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte,
custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que
promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a
grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas
nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a
actividades terroristas, incurrirá en prisión de trece (13) a veintidós (22)
años y multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes
[21] Este objetivo fue
evidenciado por la Corte en la sentencia C-040/10 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva), donde se expusieron los siguientes argumentos:
“A partir de este marco
de análisis, debe tenerse en cuenta que el Proyecto de Acto Legislativo que dio
lugar a la disposición demandada tuvo como objetivo incorporar a la Constitución una serie de herramientas para (i) impedir el ingreso de candidatos que tuvieren
vínculos o hubieran recibido apoyo electoral de grupos armados ilegales; y (ii)
disponer de un régimen preventivo y sancionatorio, tanto a nivel personal como
de los partidos políticos, que redujera el fenómeno de influencia de los grupos
mencionados en la representación ejercida por el Congreso. De esto de cuenta la
exposición de motivos del Proyecto de Acto Legislativo de origen gubernamental,
al cual le fueron acumuladas las demás iniciativas.  Al respecto, se expresó lo
siguiente:
“Objetivo de la reforma
política. || La transparencia electoral, la responsabilidad política de los
partidos, la responsabilidad individual e intransferible de los titulares de
cargos públicos de elección popular frente al pueblo Colombiano y la austeridad
y control en la financiación de campañas y partidos son una prioridad para el
Gobierno Nacional. || Dentro de un marco de equilibrio, colaboración armónica y
respeto mutuo en el ejercicio de sus funciones, los poderes públicos tenemos la
oportunidad de fortalecer los mecanismos para erradicar las malas prácticas y
costumbres en la política. Ya la reforma política de 2003 viene generando
importantes transformaciones en el ejercicio del quehacer político, sin
embargo, es necesario hacer un ajuste constitucional y legal para adaptar la
legislación a las nuevas y complejas realidades que hoy enfrenta Colombia,
buena parte de ellas, fruto necesario de un proceso franco y abierto de depuración
de la política.”||
Así, fue dentro de esa
lógica que el Proyecto estableció un grupo de reformas sobre el tema de
“inhabilidades”, todas ellas enfocadas a impedir el ejercicio de la investidura
a candidatos vinculados o apoyados por grupos armados ilegales o, en general,
que estuvieran incursos en delitos o faltas que pusieran en cuestión la
legitimidad democrática de la obtención de la curul.  Esta intención fue
explícita en la exposición de motivos en comento la cual, en el apartado
específico de inhabilidades de los congresistas, puso de presente que “La
pretensión de una reforma política tendiente a garantizar la legitimidad de las
Instituciones y a preservar la labor del legislativo de influencias nocivas de
los grupos al margen de la ley y de los dineros ilícitos, quedaría incompleta
si no se diseñan mecanismos para prevenir la ocurrencia de estos fenómenos que
empañan la democracia. En este sentido es indispensable impedir que las
personas que han generado la percepción pública de ilegitimidad por haber sido
condenadas por delitos contra el libre ejercicio del sufragio puedan postularse
a cargos de elección popular, o sean nombrados en otros cargos o se conviertan
en contratistas del Estado. Se requiere preservar la dignidad del Congreso de la República como órgano representante del pueblo, la legitimidad de su conformación como
expresión real de la voluntad popular, la confianza ciudadana en quienes dictan
las leyes y en general, en quienes son elegidos con el voto popular. || En este
espíritu, la presente reforma pretende ampliar y perfeccionar el régimen de
inhabilidades, otorgando competencia al Consejo Nacional Electoral, para
“decidir la revocatoria de la inscripción de los candidatos” antes de la elección
del candidato inhabilitado.”
[22]
Cfr. Gaceta del Congreso 836/08, páginas 43-44.
[23]
Cfr. Gaceta del Congreso 948/08, páginas 20 y 22 a 23.
[24]
Cfr. Gaceta del Congreso 223/09.
[25]
Cfr. Gaceta del Congreso 953/08, páginas 2 a 3.
[26]
Cfr. Gaceta del Congreso 224/09, páginas 40 a 43.
[27]
Cfr. Gaceta del Congreso 226/09, página 6.
[28]
Cfr. Gaceta del Congreso 542/09, páginas 90-91.
[29]
Cfr. Gaceta del Congreso 313/09, página 3.
[30]
Cfr. Gaceta del Congreso 597/09, páginas 84 a 85.
[31]
Se refiere a ámbitos de validez temporal, espacial, personal y material, es
decir a que las normas se apliquen en el mismo tiempo, en el mismo lugar, a las
mismas personas y regulen la misma materia.
[32]
La norma posterior prevalece sobre la anterior.
[33]
La norma superior prevalece sobre la inferior
[34]
La norma especial prevalece sobre la general
[35]
Entendiendo la eficacia jurídica como la
posibilidad de que la disposición produzca efectos jurídicos
[36]
En este tipo de antinomias, Bobbio sugiere que el intérprete tiene la
posibilidad de eliminar una de las normas, eliminar las dos, o conservar las
dos, acudiendo principalmente al principio de favorabilidad.
[37]
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-1287/01 (M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra).