T-982-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-982/12
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia/ACCION DE TUTELA CONTRA CONYUGE-Procedencia
La
acción de tutela constituye un mecanismo excepcional, idóneo para enfrentar
agresiones de particulares contra personas que, por sus condiciones o
limitaciones, se encuentran desposeídas de recursos físicos o jurídicos
eficaces para proteger, restablecer y/o mantener sus derechos fundamentales,
ante una situación vulneradora. La acción de amparo procede entre cónyuges o
compañeros permanentes, cuando la violencia en el hogar tiene tal impacto que
conlleva el desconocimiento de derechos fundamentales, indicándose que si por
una parte en el caso de conflictos surgidos entre los miembros de la pareja,
bien bajo el matrimonio o en unión permanente de hecho, no se configura la
subordinación, dada la igualdad entre sus integrantes, en cuanto a la
indefensión debe establecerse en cada caso, miradas las circunstancias que, de
hecho, permiten afirmar que una persona se encuentra frente a otra
imposibilitada de hacer algo para impedir que, con su conducta, le desconozca o
amenace derechos fundamentales.
ACCION DE TUTELA-Procede cuando se pruebe amenaza o vulneración de derechos
fundamentales sin que exista mecanismo judicial idóneo para la protección de
los mismos
Es
necesario, entonces, realizar una ponderación concreta de los mecanismos
judiciales ordinarios disponibles para superar la situación que afecta o
amenaza los derechos de los demandantes y su grado de efectividad, frente a la
gravedad e inminencia del suceso que se pretende solucionar, para a partir de
ello decidir frente a su efectividad y suficiencia. En caso de no resultar
adecuado el mecanismo disponible, será necesario entender que la tutela es
procedente, pese a la existencia de dichos mecanismos.
NUCLEO FAMILIAR-Convivencia entre sus integrantes/VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Naturaleza
La Corte ha indicado en varias ocasiones que de las relaciones familiares
se deriva la obligación de mutuo respeto y consideración recíproca, la cual se
relaciona directamente con la armonía y la unidad familiar.
VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER-Fenómeno socio-jurídico/VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER-Convoca esfuerzos de la comunidad internacional y los estados en general con
miras a su prevención, sanción y erradicación
A
nivel nacional e internacional, existe un amplio marco jurídico que
específicamente protege los derechos humanos de las mujeres, sensibilizando a
la sociedad para precaver, erradicar y sancionar todas las formas de violencia
y de discriminación en su contra, correspondiendo
principalmente al Estado y a la familia su cabal protección. No puede admitirse
en ningún ámbito una agresión contra las mujeres, que es aún más grave si se
perpetra en las relaciones privadas y domésticas, pues su ocurrencia en
espacios íntimos la puede convertir en un fenómeno silencioso e incluso, a
veces, tolerado.
PROTECCION A LA
MUJER-Instrumentos jurídicos internacionales que la contemplan
ACCIONES AFIRMATIVAS EN FAVOR DE LA
MUJER EN BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Convención
interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer
FUENTE FORMAL INTERNACIONAL DE LA
PROTECCION A LA MUJER CONTRA LA
VIOLENCIA-Instrumentos internacionales ratificados por Colombia
FUENTE FORMAL NACIONAL DE LA
PROTECCION A LA MUJER CONTRA LA
VIOLENCIA-Desarrollos normativos y cambios estructurales del Estado
encaminados a la protección de la mujer
DERECHO A LA
VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL/DERECHO A LA
DIGNIDAD HUMANA-Orden a ex compañero permanente de reconocer
responsabilidad en ataque perpetrado a su ex compañera, presentar excusas y
asumir gastos médicos
Referencia: expediente T-3561980
Acción de tutela instaurada por Martha Isabel Velandia,
contra Alexander Molano Vargas
Procedencia:
Juzgado Quince de Familia de Bogotá
Magistrado Ponente:
NILSON PINILLA PINILLA
Bogotá, D. C., veintidós (22)
de noviembre dos mil doce (2012).
La Sala Sexta de Revisión
de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Nilson Pinilla
Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Alexei Julio Estrada, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En la revisión del fallo único de instancia proferido por el Juzgado Quince de
Familia de Bogotá, dentro de la acción promovida por Martha Isabel
Velandia, contra Alexander Molano Vargas.
El
asunto llegó a la Corte Constitucional por remisión que hizo el mencionado
despacho judicial, según lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991; el 9 de agosto del 2012, la
Sala 8ª de Selección lo eligió para revisión.
I. ANTECEDENTES
La señora Martha Isabel Velandia promovió acción de
tutela en mayo 31 de 2012, contra Alexander Molano Vargas, solicitando la
protección de sus derechos fundamentales a la vida y a la salud, según los
hechos que a continuación son resumidos.
A. Hechos y relato contenido en el expediente
1. La actora indicó que convivió con el
accionado en “unión marital” en forma continua e ininterrumpida desde 2003,
hasta que en octubre 15 de 2008 “me di cuenta por mis propios ojos que
Alexander Molano me era infiel pues lo encontré con otra mujer” (f. 1 cd.
inicial).
2. Al día siguiente, su compañero “llegó
lleno de furia a sacar a la fuerza los muebles y enseres que habíamos adquirido
durante nuestra convivencia” y, al ella resistirse, la “agredió de
palabra, me cogió a patadas y puños, causándome traumatismos graves y pérdidas
de líquido encéfalo raquídeo, por lo cual fui llevada a urgencias a la
Clínica San Rafael”.
3. Expresó que fue atendida por un médico otorrinolaringólogo
en diciembre 5 de 2008, quien determinó que “el etmoides tenía fractura”
y ordenó la remisión inmediata a urgencias, siendo hospitalizada con “catéter
espinal”, hasta el día 10 del mismo mes y año.
4. La actora agregó que en agosto 16 de
2011 ingresó al Hospital El Tunal, en Bogotá, por “rinoliquia por fosa nasal
izquierda y volvieron a colocarme el catéter espinal y se dictaminó que era
como consecuencia de la rotura que me ocasionó Alexander Molano en el etmoides”,
teniendo que cancelar al salir “$700.000 que todavía estoy debiendo”.
En septiembre 2 del mismo año, luego de
una cirugía de urgencia, fue incapacitada por 30 días, con prórroga por 30 días
más y el especialista “considera que la incapacidad es permanente, puesto
que tuvieron que abrir el cráneo e intervenirme parte de la masa endocefálica”,
a consecuencia de lo cual también perdió “los sentidos del gusto y el
olfato”.
5. Afirmó haber acudido a la
Procuraduría General de la Nación en diciembre 19 de 2011, solicitando efectuar
audiencia de conciliación, la cual se programó para enero 20 de 2012, pero “el
accionado solicitó fijar nueva fecha para llevar una respuesta seria para
conciliar”. En marzo 12 siguiente se celebró la “segunda audiencia”,
pero “Alexander Molano, esta vez se presentó con abogado y en lugar de hacer
una propuesta seria, llegó a ultrajarme, y que él no tenía dinero para pagarme
porque tiene otro hogar por el cual responder”.
6. Manifestó que “no quería pedirle
dinero… porque estaba decidida a asumir mis gastos, pero me veo en la necesidad
de acudir a esta tutela porque realmente quedé muy grave, no puedo realizar
trabajos pesados y yo trabajaba era haciendo oficios en las casas, esta labor
me la ha prohibido el médico”.
7. Además, debe asistir a consultas
médicas, “realizarme exámenes, comprar drogas y todo esto conlleva gastos
que yo no tengo como realizar puesto que hasta el momento todo el dinero me lo
han prestado, pero sabiendo que debido a mi lesión no me dan trabajo ya nadie
me quiere prestar… siendo yo una persona joven, el accionado me arruinó la vida
y ni siquiera reconoce el daño que me causó y considera que estaba en su
derecho porque es muy machista”.
8. En consecuencia, pidió amparar sus
derechos a la vida y a la salud y que se ordene a Alexander Molano asumir “los
gastos médicos, farmacéuticos… reconozca y pague las incapacidades”, al igual
que cubrir su subsistencia diaria.
B. Documentos
relevantes cuya copia obra en el
expediente
1. Historia clínica del Hospital El Tunal, con prescripción
de “fistula LCR de bajo gasto… pop inmediato colocación catéter espinal…
drenaje de LCR por catéter espinal en forma continua, pendiente cisternotac.
Analgesia” (“ingreso a Hospital: 16/08/11, ingreso a piso: 22/08/11”,
f. 5 cd. inicial).
2. Registro de intervención quirúrgica (agosto 16 de
2011), donde se consignó como procedimientos realizados “reparación fístula
liquido cefalorraquídeo, injerto dural” (f. 6 ib.).
3. Hoja de evolución respecto al recuento clínico de
la actora (fs. 7 a 17 ib.).
4. Solicitudes de interconsulta en diferentes fechas, “al
servicio de: Clínica del dolor”, y a atención de urgencias en el Hospital
El Tunal (fs. 18 a 20 ib.).
5. Indicaciones clínicas, donde “se expide
incapacidad médica por 30… días, a partir del 15 de septiembre de 2011, Dx: Fístula
liquido cefalorraquídeo”, prorrogada “a partir del 16 de agosto de 2011”
(fs. 21 y 23 ib.) orden de “terapia física (10 sesiones), Dx:
Desacondicionamiento físico por reposo prolongado”[1]
y solicitudes de medios diagnósticos (fs. 38 y 39 ib.).
6. “Comprobador de derechos” de la
Secretaría Distrital de Salud, donde se observa que la señora Martha Isabel Velandia
pertenece a “Nivel Sisben: 2, fecha de encuesta: 07/01/2004” (f. 24
ib.).
7. Plan del Hospital El Tunal, donde consta “ingreso:
16/8/11, egreso: 10/09/11” (fs. 25 y 26 ib.).
8. Concepto emitido por la
Clínica San Rafael de Bogotá, al ingresar por urgencias generales en diciembre
5 de 2008 (f. 27 ib.).
9. Audiencia en la
Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles en enero 20 de 2012, con el objeto
de obtener “indemnización por perjuicios materiales y morales causados por
violencia intrafamiliar”; y acta en la que se consignó que “las partes
no muestran un ánimo conciliatorio y no se escucha ni propuesta ni
contrapropuesta que satisfaga a los involucrados… se declara AGOTADA
esta etapa y fallida la conciliación pretendida” (fs. 28
a 30 v. ib.).
10. Diagnóstico de atención a la actora por la
Corporación IPS Cruz Blanca, Clínica Santa Bibiana, en diciembre 5 de 2008
(fs. 31 y 32 ib.).
11. Fotografías que muestran la gravedad y secuelas de
lo acaecido y de la intervención quirúrgica (fs. 33 y 34 ib.).
12. Paz y salvo de egreso, pagaré y facturas de pago
(fs. 35 a 38 y 41 ib.).
13. Anotaciones médicas en las cuales se constata que
la actora “fue intervenida en abordaje quirúrgico transcraneal para
corrección de fractura etmoidal fístula de líquido cefalorraquídeo transnasal.
Actualmente su postoperatorio temprano es adecuado. Sin embargo, como secuela
DEFINITIVA presenta ANOSMIA BILATERAL” (está en mayúsculas en el original, f.
35 ib.).
C. Actuación procesal
Mediante auto de junio 4 de 2012, el
Juzgado Quince de Familia de Bogotá admitió la demanda y ordenó oficiar al accionado,
pero según informe del día siguiente “fue imposible realizar la
notificación” de Alexander Molano Vargas (f. 47 ib.). En consecuencia, requirió
a la demandante Martha Isabel Velandia para que informe al despacho “la
dirección correcta y/o otra dirección de notificación del demandado para lograr
la vinculación del mismo a la acción judicial”, para lo cual concedió un
término de 3 días (f. 50 ib.), “sin que a la fecha exista pronunciamiento de
su parte” (f. 56 ib.).
D. Sentencia única de instancia
Mediante fallo de junio 15 de 2012, que no fue
impugnado, el Juzgado Quince de Familia
de Bogotá negó el amparo al considerar que la actora puede acudir a otro
mecanismo de defensa judicial. Al respecto, señaló (fs. 54
a 62 ib.):
“… es menester indicar que lo ocurrido entre las
partes el día 16 de octubre de 2008, según de lo que se desprende de los hechos
de la demanda, es un acto de violencia intrafamiliar dada la relación
sentimental que para ese entonces surgía entre la pareja Molano-Velandia, o constitutivo
de conductas punibles, lesiones personales o el tipo penal de violencia
intrafamiliar, por lo que el legislador permite que por medio de otras
instancias se sancione al infractor, ya sea penal o administrativamente, con la
correspondiente indemnización a que haya lugar.
…   …   …
De los argumentos que anteceden se tiene que para la
accionante existen otros mecanismos de defensa para resolver su inconformidad,
como lo es la jurisdicción penal o administrativa (Comisarias y/o similares),
en razón a que la acción de tutela tiene un trámite sumario y expedito, siendo
un medio de protección con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus
derechos.
Advierte el despacho que los presupuestos para la
viabilidad de la acción de tutela como mecanismo transitorio no se acreditan,
si bien tal como lo expone en su escrito la accionante (sic) vulneración de sus derechos fundamentales a
la vida y a la salud, son endilgables directamente a ella como reclamante, sin
que sea entonces la vía constitucional para lograr y obtener pretensiones que
son propias del proceso establecido para decidir esta clase de diferencias
entre parejas sentimentales que ostentan tal calidad, es decir, los derechos
que considera vulnerados la tutelante...
Aunado al hecho que, la conducta desplegada por la
accionante queda minimizada a la presentación del escrito tutelar sin que se
evidencie interés alguno en lograr la vinculación del aquí demandado”.
II. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera. Competencia
Corresponde
a la Corte Constitucional analizar, en Sala de Revisión, el fallo proferido
dentro de la acción de tutela en referencia, con fundamento en los artículos 86
y 241-9 de la Constitución y 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Segunda. Lo que se analiza
Decidirá esta Sala de Revisión si a la
señora Martha Isabel Velandia le están siendo vulnerados sus derechos fundamentales
a la salud y a la vida, por parte de su antiguo compañero permanente Alexander
Molano Vargas, debido a que en 2008 fue víctima de violencia física y
psicológica, causándole secuelas definitivas, que le imponen continuar con atención
médica permanente, careciendo ella de capacidad económica para su sustento.
Tercera. Procedencia
de la acción de tutela contra particulares, específicamente en el caso de cónyuges
o compañeros permanentes
3.1.
Los artículos 86 superior y 42 del Decreto 2591 de 1991 establecen que la
tutela procede contra particulares cuando, entre otros casos, el solicitante se
encuentre en estado de subordinación o indefensión, siendo del caso resaltar el
entendimiento y alcance dado por esta corporación cuando el demandante de la
acción constitucional persigue superar la indefensión que fue aprovechada por
un particular para conculcarle derechos fundamentales[2]:
“La Corte ha entendido, y así lo ha expuesto en su
jurisprudencia, que la indefensión hace referencia a una situación relacional
que implica la dependencia de una persona respecto de otra, no tiene origen en
la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado se
configura sobre situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona
afectada en su derecho carece de defensa por acción u omisión para proteger sus
derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio; es decir que la
indefensión es entendida como la posibilidad de dar respuesta efectiva ante la
violación o amenaza de que se trate. Así mismo, ha dicho también esta Corte que
el estado de indefensión o impotencia se analizará teniendo en cuenta las
circunstancias del caso concreto, de las personas involucradas, de los hechos
relevantes tales como las condiciones de desprotección, circunstancias económicas,
sociales, culturales y los antecedentes personales de los sujetos procesales,
por ello el concepto de indefensión es esencialmente relacional. Ello significa
que el estado de indefensión en que se encuentra el ciudadano en relación con
otros particulares habrá que determinarlo, por parte del juez de tutela de
acuerdo al tipo de vínculo que existe entre ambas partes.
En este orden de ideas, estima la
Sala que la tutela contra particulares extrae su fundamento socio-político del
desvanecimiento de la distinción entre lo público y lo privado que caracteriza
a la comunidad contemporánea; el fenómeno de la indefensión está encaminado a
proteger a las personas de los abusos provenientes de cualquier poder:
económico, social, religioso, cultural, etc.”
Lo
anterior significa que la acción de tutela constituye un mecanismo excepcional,
idóneo para enfrentar agresiones de particulares contra personas que, por sus
condiciones o limitaciones, se encuentran desposeídas de recursos físicos o
jurídicos eficaces para proteger, restablecer y/o mantener sus derechos
fundamentales, ante una situación vulneradora.
3.2. Para que proceda el ejercicio de la acción
constitucional, es imperativo que el accionante se encuentre, frente al
particular presuntamente trasgresor de derechos fundamentales de aquél, en
situación de desventaja originada en la subordinación o en la indefensión, evento
que debe ser analizado por el juez frente a cada caso en particular.
El concepto de subordinación, que genera la ruptura del
principio de igualdad, alude a una relación de dependencia jurídica que tiene
su génesis en el mismo ordenamiento jurídico, verbi gratia, la dependencia en que se halla el trabajador respecto
de su empleador; el estudiante ante sus profesores o directivos del respectivo plantel
educativo[3]; o entre un menor y su
representante legal[4] o un tercero.
Distinto es si la desigualdad deviene de una situación de
indefensión[5], que
si bien “hace referencia a una
relación que también implica la dependencia de una persona respecto de otra,
ella no tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o
social determinado sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la
persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida ésta como
posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate”[6].
Por consiguiente, la indefensión se materializa cuando
los supuestos de hecho permiten establecer que el quejoso, frente al agravio o
amenaza, carece de un mecanismo de defensa administrativo, judicial o fáctico,
quedando a merced del poder arbitrario de un particular[7]
y, a efectos de determinar la procedencia de la respectiva acción, ha de
analizarse si existía vínculo entre los involucrados[8].
3.3. Esta corporación ha aceptado que la acción de amparo
procede entre cónyuges o compañeros permanentes, cuando la violencia en el
hogar tiene tal impacto que conlleva el desconocimiento de derechos
fundamentales, indicándose que si por una parte[9] “en
el caso de conflictos surgidos entre los miembros de la pareja, bien bajo el
matrimonio o en unión permanente de hecho, no se configura la subordinación,
dada la igualdad entre sus integrantes, según lo estatuído en los artículos 42
y 43 de la Carta”, en cuanto a la indefensión “debe establecerse en cada
caso, miradas las circunstancias que, de hecho, permiten afirmar que una
persona se encuentra frente a otra imposibilitada de hacer algo para impedir que,
con su conducta, le desconozca o amenace derechos fundamentales” (no
está en negrilla en el texto original).
Cuarta. Insuficiencia de los mecanismos ordinarios
frente a la posibilidad de un daño inminente. Reiteración de jurisprudencia
4.1. La
Corte Constitucional ha reconocido que en determinadas ocasiones, si bien
existen mecanismos judiciales distintos a la acción de tutela que serían
procedentes para solucionar un apremio, aquéllos podrían no ser suficientes ni
oportunos ante la situación de urgencia manifiesta o peligro inminente, donde
el derecho amenazado podría quedar afectado de manera grave y definitiva.
En tal caso se hace indispensable el amparo como
mecanismo preferente y sumario, apropiado para resguardar o restablecer el
derecho a la brevedad posible; por ello se ha señalado que “la defensa que
se pueda ejercer a través de otros medios debe ser real y efectiva; podría
pensarse que si se está en presencia de un perjuicio irremediable para la vida
de la actora, las acciones civiles de responsabilidad extracontractual o la
acción contencioso administrativa de reparación directa se dilatarían en el
tiempo y no serían del todo efectivas…”[10].
En tal sentido, también se ha expresado que “cuando
se persigue la protección de derechos fundamentales de las personas, el juez
constitucional debe determinar sobre la procedencia de la acción de tutela, a
través del examen de las circunstancias del caso concreto y de la valoración de
la eficacia de los medios de defensa judicial ordinarios con que cuente el
interesado para adelantar esa defensa; de tal forma que, el amparo superior
resulta prevalente en el evento de que una vez hecha la respectiva
constatación, se obtenga que el mecanismo de defensa judicial ordinario no
garantiza igual protección actual e inmediata de esos derechos”[11].
4.2. La Corte Constitucional ha puntualizado que
tratándose de este tipo de acciones cuya génesis deviene de la violencia al
interior de la familia, los medios comunes no suelen ser expeditos ni idóneos.
Al respecto, en el aludido fallo T-378 de 1995 se indicó:
“Este punto ya fue dilucidado por
la Corte en varios fallos, entre ellos los distinguidos con los números T-487
de 1994 y T-552 del mismo año, acogiendo lo ya dicho en la sentencia T-528 de
1992, en la cual se afirmó:
‘Como las acciones policivas no
son judiciales sino administrativas y lo que pretende el Constituyente es crear
y poner en favor de todas las personas una vía judicial específica, sumaria y
preferente con objetivos y fines también específicos, no existe fundamento para
enervar la procedencia de esta última por la presencia de aquéllas, que sólo
son vías específicas. Por el contrario, el juez que conoce de la tutela puede
ordenar a dichos funcionarios, con todo el carácter y la fuerza de una decisión
judicial de inmediato cumplimiento, que con sus recursos y capacidades hagan
viable y efectiva en un caso concreto la protección de aquellos derechos
constitucionales que se hallan amenazados o vulnerados por la acción de un
particular’.”
4.3. Tratándose de la procedencia
del amparo en asuntos como el planteado, ante la falta de idoneidad y celeridad
de los mecanismos ordinarios de defensa, en particular la acción penal, esta
corporación en el fallo T-199 de 1996 ya reseñado, manifestó así mismo:
“… porque no es óbice para ello el hecho de que
existan otros mecanismos judiciales o administrativos dispuestos para atender
situaciones como la estudiada, pues tal como se ha dicho por esta Corte,
éstos mecanismos no poseen la idoneidad y celeridad que el constituyente quiso
que tuvieran los medios de protección de los derechos fundamentales. Sobre
ese particular la jurisprudencia de esta Corporación ha puntualizado:
‘Ahora bien, el criterio según el cual la
peticionaria goza de otro medio de defensa judicial por cuanto está en posición
de iniciar un proceso penal contra su compañero permanente por las lesiones
personales que le cause, resulta ser equivocado desde el punto de vista de la
protección judicial efectiva de las garantías constitucionales, teniendo en
cuenta que la pena siempre será posterior al ilícito y que con su imposición no
se remedia el perjuicio ya causado. En tal sentido, someter a la persona a
la exigencia de nuevos daños a su integridad personal para alcanzar la
protección del juez implica contrariar el sentido de amparo eficaz de los
derechos en que se inspira la Constitución. Los antecedentes del caso dan lugar
a que la afectada tema fundadamente que será atacada de nuevo, lo cual
significa que hay amenaza verdadera, inclusive contra su vida. La
administración de justicia debe poder actuar con miras a evitar que los hechos
conduzcan a un resultado fatal.
Pero, además, la protección de los derechos
fundamentales amenazados tiene que ser inmediata. No puede supeditarse a los
engorrosos trámites de un proceso ordinario, aunque, desde luego, la
procedencia de la tutela y su prosperidad, que aluden directamente a la
salvaguarda de los derechos, no son incompatibles con las sanciones que puedan
imponerse dentro del proceso penal por los delitos cometidos.
…   …   …
Además de lo anterior, puede decirse que en el hogar
configurado por… existe latente un perjuicio irremediable para los hijos y para
los mismos compañeros, pues las consecuencias que podrían generarse a partir de
las situaciones de violencia moral y física, son de aquellas que no pueden
indemnizarse íntegramente en dinero. Por esa razón, aunque la tutela será
negada en cuanto a las pretensiones de la demanda, esta Corporación ordenará la
intervención inmediata del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el
hogar de la solicitante, con el fin de que dicha institución adopte las medidas
necesarias tendientes a recuperar la normal convivencia de los compañeros y la
seguridad física y síquica de los menores. Así mismo, ordenará a la autoridad
de policía competente, mantener vigilancia continua sobre la familia de la
peticionaria con el fin de evitar consecuencias perjudiciales derivadas de las
discusiones maritales.”
Es
necesario, entonces, realizar una ponderación concreta de los mecanismos
judiciales ordinarios disponibles para superar la situación que afecta o
amenaza los derechos de los demandantes y su grado de efectividad, frente a la
gravedad e inminencia del suceso que se pretende solucionar, para a partir de
ello decidir frente a su efectividad y suficiencia. En caso de no resultar
adecuado el mecanismo disponible, será necesario entender que la tutela es
procedente, pese a la existencia de dichos mecanismos.
Quinta. La obligación de respeto mutuo propia de la convivencia
familiar. La violencia, factor de destrucción de la familia. Reiteración de
jurisprudencia
5.1. La Corte ha indicado en varias ocasiones que de las
relaciones familiares se deriva la obligación de mutuo respeto y consideración
recíproca, la cual se relaciona directamente con la armonía y la unidad
familiar[12].
En fallo T-487 de noviembre 2 de 1994,
M. P. José Gregorio Hernández Galindo, se reafirmó que la familia, institución básica y núcleo
fundamental de la sociedad, constituida por la decisión libre de un hombre y
una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla
(artículos 5° y 42 Const.), merece especial protección constitucional[13]:
“Es claro que toda manifestación de
violencia causa necesariamente un daño, casi siempre irreparable, en el seno
del hogar, pues aparte de las consecuencias materiales que apareja el acto
violento en lo que respecta a la integridad de las personas, lesiona gravemente
la estabilidad de la familia, ocasiona rupturas entre sus miembros, interrumpe
la paz y el sosiego domésticos y afecta particularmente el desarrollo
sicológico de los menores, inoculando perniciosas tendencias hacia
comportamientos similares.
Es por ello que, a la luz de la
Constitución, las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y
deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes.
Cualquier forma de violencia se considera destructiva de su armonía y unidad y
será sancionada conforme a la ley.”
Igualmente, esta corporación en sentencia C-371 de agosto 25 de 1994.
M. P. José Gregorio Hernández Galindo, resaltó el valor de la familia:
“La familia, ámbito natural y propicio
para el desarrollo del ser humano, merece la protección especial y la atención
prioritaria del Estado, en cuanto de su adecuada organización depende en gran
medida la estable y armónica convivencia en el seno de la sociedad. Es la
comunidad entera la que se beneficia de las virtudes que se cultivan y afirman
en el interior de la célula familiar y es también la que sufre grave daño a
raíz de los vicios y desórdenes que allí tengan origen.
Fácil es entender que lo aprendido en el
hogar se proyecta necesariamente en las etapas posteriores de la vida del
individuo, cuyos comportamientos y actitudes serán siempre el reflejo del
conjunto de influencias por él recibidas desde la más tierna infancia. El
ambiente en medio del cual se levanta el ser humano incide de modo determinante
en la estructuración de su personalidad y en la formación de su carácter.”
5.2. Así, la Corte Constitucional ha concluido que los valores y
principios superiores son flagrantemente desconocidos
cuando uno de los cónyuges o compañeros permanentes agrede física o moralmente
al otro, pues quebranta el respeto recíproco y “repercute en la esfera de la
integridad física y moral de la persona atacada e inclusive pone en peligro su
vida”[14].
En ese orden, es palmario que entre cónyuges y compañeros
permanentes existe un derecho a no ser agredido y un deber de no atacarse entre
sí, proclamando los artículos 42 y 43 superiores la igualdad del hombre y la
mujer en deberes y derechos[15].
Sexta. La
violencia contra la mujer como fenómeno socio-jurídico. Reiteración de
jurisprudencia
6.1.
A nivel nacional e internacional, existe un amplio marco jurídico que específicamente
protege los derechos humanos de las mujeres, sensibilizando a la sociedad para
precaver, erradicar y sancionar todas las formas de violencia y de
discriminación en su contra, correspondiendo
principalmente al Estado y a la familia su cabal protección.
Analizando
la situación, esta Corte ha señalado que “la violencia contra la mujer suele
estar vinculada con causas sociales, culturales, económicas, religiosas,
étnicas, históricas y políticas, las cuales operan en conjunto o aisladamente
en desmedro de la dignidad y del respeto que se debe a quien es considerada
como una persona vulnerable y, en esta medida, sujeto de especial protección
tanto en el derecho internacional, como en el ordenamiento jurídico interno de
los Estados”[16].
6.2.
Entre los rotulados en el
título segundo del capítulo segundo de la carta política colombiana como “derechos
sociales, económicos y culturales”, en el  artículo 43 se reafirma la
igualdad de la mujer y la protección que le es debida, indicando que “no
podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”.
Así
mismo, el artículo 13 superior señala que “todas
las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar”, agregando que el Estado promoverá las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, evitando la
discriminación y el marginamiento, y amparando especialmente a quienes se hallen
en circunstancia de debilidad manifiesta, apuntando otros artículos[17]
a consolidar el amparo especial para la mujer.
Los
cambios en la estructura del Estado permitieron “la aparición de la
Defensoría del Pueblo, dentro de esta entidad fue creada la
Defensoría Delegada para los Derechos de la
Niñez, la Juventud y la Mujer; así mismo, en la
Procuraduría General de la Nación entró en funcionamiento la
Procuraduría Delegada para la Infancia, la
Adolescencia y la Familia”. De la misma manera, en la
Rama Ejecutiva se erigió la Consejería Presidencial para la
Equidad de la Mujer[18], que según el artículo
35 de la Ley 1257 de 2008 (art. 35), “en coordinación con la
Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo crearán el comité de seguimiento a la implementación y
cumplimiento de esta ley que deberá contar con la participación de
organizaciones de mujeres”, correspondiéndole a dicha Consejería presentar
“un informe anual al Congreso de la
República sobre la situación de violencia contra las mujeres, sus
manifestaciones, magnitud, avances y retrocesos, consecuencias e impacto”.
6.3. Esa Ley 1257 de 2008 (“Por
la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de
violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal,
de Procedimiento Penal, la Ley 294 de
1996 y se dictan otras disposiciones”) y sus posteriores decretos
reglamentarios[19], propenden hacia “la
adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida
libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio
de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e
internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para
su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias
para su realización”[20].
Atendiendo
lo contemplado en la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, la Ley 1257 de 2008 definió en su artículo 2° esa violencia
de género como “cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su
condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito
público o en el privado”, a partir de lo cual se estatuyen en la misma Ley medidas
de protección en diferentes escenarios, frente a la violencia intrafamiliar
(art. 17), o en casos de violencia en ambientes diferentes al familiar (art.
18).
La
violencia intrafamiliar que afecta física, síquica o sexualmente a la mujer,  implica
“trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o, en
general, … cualquier tipo de agresión producida entre miembros de una familia,
sean estos cónyuges o compañeros permanentes, padre o madre, ascendientes o
descendientes, incluyendo hijos adoptivos, aunque no convivan bajo el mismo
techo, comprendiendo, además, a todas las personas que en forma permanente
integran una unidad doméstica”[21], fenómeno de grave
impacto social que debe ser atendido eficazmente, ante las lesivas consecuencias
que acarrea contra quienes resultan afectados.
6.4. Debe reiterarse que la protección, sensibilización, prevención y sanción de formas de
violencia y discriminación contra las mujeres, no obedece exclusivamente
a su consagración en el ordenamiento interno, puesto que también deriva de instrumentos
jurídicos internacionales que reconocen los derechos humanos, prevalecientes en
el orden interno al estar ratificados por el Estado colombiano (art. 93 Const.)
y conformar el bloque de constitucionalidad.
Así
se aprecia en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 (arts. 1° a 3°):
“Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2. Toda
persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración,
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición.
Además, no se hará distinción alguna fundada en la
condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente,
como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a
cualquier otra limitación de soberanía.
Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y
a la seguridad de su persona.”
En
el mismo sentido, la Convención
Americana sobre
Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica en 1969,
estableció: “ Los
Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social.”
Dentro
de similar propósito, la
Recomendación N° 19 adoptada en 1992 por el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra de la
Mujer, incluyó como recomendaciones concretas:
“a) Los Estados Partes adopten medidas
apropiadas y eficaces para combatir los actos públicos o privados de violencia
por razones de sexo.
b) Los Estados Partes velen por que las
leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los
ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer protejan de manera
adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad. Debe
proporcionarse a las víctimas protección y apoyo apropiados. Es indispensable
que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden público y
otros funcionarios públicos para que apliquen la
Convención.
c) Los Estados Partes alienten la
recopilación de estadísticas y la investigación de la amplitud, las causas y
los efectos de la violencia y de la eficacia de las medidas para prevenir y
responder a ella.
d) Se adopten medidas eficaces para
garantizar que los medios de comunicación respeten a la mujer y promuevan el
respeto de la mujer.
e) En los informes que presenten, los
Estados Partes individualicen la índole y el alcance de las actitudes,
costumbres y prácticas que perpetúan la violencia contra la mujer, y el tipo de
violencia que engendran. Se debe informar sobre las medidas que hayan tomado
para superar la violencia y sobre los resultados obtenidos.
f) Se adopten medidas eficaces para
superar estas actitudes y prácticas. Los Estados deben introducir programas de
educación y de información que ayuden a suprimir prejuicios que obstaculizan el
logro de la igualdad de la mujer (Recomendación Nº 3, 1987).
g) Se adopten medidas preventivas y
punitivas para acabar la trata de mujeres y la explotación sexual.
h) En sus informes, los Estados Partes
describan la magnitud de todos estos problemas y las medidas, hasta
disposiciones penales y medidas preventivas o de rehabilitación, que se hayan
adoptado para proteger a las mujeres que se prostituyan o sean víctimas de
trata y de otras formas de explotación sexual. También deberá darse a conocer
la eficacia de estas medidas.
i) Se prevean procedimientos eficaces de
denuncia y reparación, la indemnización inclusive.
j) Los Estados Partes incluyan en sus
informes datos sobre el hostigamiento sexual y sobre las medidas adoptadas para
proteger a la mujer del hostigamiento sexual y de otras formas de violencia o
coacción en el lugar de trabajo.
k) Los Estados Partes establezcan o apoyen
servicios destinados a las víctimas de violencia en el hogar, violaciones,
violencia sexual y otras formas de violencia contra la mujer, entre ellos
refugios, el empleo de trabajadores sanitarios especialmente capacitados,
rehabilitación y asesoramiento.
l) Los Estados Partes adopten medidas para
poner fin a estas prácticas y tengan en cuenta las recomendaciones del Comité
sobre la circuncisión femenina (Recomendación Nº 14) al informar sobre
cuestiones relativas a la salud.
m) Los Estados Partes aseguren que se
tomen medidas para impedir la coacción con respecto a la fecundidad y la
reproducción, y para que las mujeres no se vean obligadas a buscar
procedimientos médicos riesgosos, como abortos ilegales, por falta de servicios
apropiados en materia de control de la natalidad.
n) Los Estados Partes den a conocer en sus
informes la amplitud de estos problemas e indiquen las medidas que hayan
adoptado y sus resultados.
o) Los Estados Partes garanticen que en
las zonas rurales los servicios para víctimas de la violencia sean asequibles a
las mujeres y que, de ser necesario, se presten servicios especiales a las
comunidades aisladas.
p) Las medidas destinadas a proteger de la
violencia incluyan las oportunidades de capacitación y empleo y la supervisión
de las condiciones de trabajo de empleadas domésticas.
q) Los Estados Partes informen acerca de
los riesgos para las mujeres de las zonas rurales, la amplitud y la índole de
la violencia y los malos tratos a que se las somete y su necesidad de apoyo y
otros servicios y la posibilidad de conseguirlos, y acerca de la eficacia de
las medidas para superar la violencia.
r) Entre las medidas necesarias para
resolver el problema de la violencia en la familia figuren las siguientes:
i) sanciones penales en los casos
necesarios y recursos civiles en caso de violencia en el hogar;
ii) legislación que elimine la defensa del
honor como justificación para atacar a las mujeres de la familia o darles
muerte;
iii) servicios, entre ellos, refugios,
asesoramiento y programas de rehabilitación, para garantizar que las víctimas
de violencia en la familia estén sanas y salvas;
iv) programas de rehabilitación para los
culpables de violencia en el hogar;
v) servicios de apoyo para las familias en
las que haya habido un caso de incesto o de abuso deshonesto.
s) Los Estados Partes informen acerca de
la amplitud de la violencia en el hogar y el abuso deshonesto y sobre las
medidas preventivas, punitivas y correctivas que hayan adoptado.
t) Los Estados Partes adopten todas las
medidas jurídicas y de otra índole que sean necesarias para proteger
eficazmente a las mujeres contra la violencia, entre ellas:
i) medidas jurídicas eficaces, como
sanciones penales, recursos civiles e indemnización para protegerlas contra
todo tipo de violencia, hasta la violencia y los malos tratos en la familia, la
violencia sexual y el hostigamiento en el lugar de trabajo;
ii) medidas preventivas, entre ellas
programas de información y educación para modificar las actitudes relativas al
papel y la condición del hombre y de la mujer;
iii) medidas de protección, entre ellas
refugios, asesoramiento, rehabilitación y servicios de apoyo para las mujeres
que son víctimas de violencia o que se encuentren en peligro de serlo.
u) Los Estados Partes informen sobre todas
las formas de violencia contra la mujer e incluyan todos los datos de que
dispongan acerca de la frecuencia de cada una y de sus efectos para las mujeres
víctimas.
v) Los informes de los Estados Partes
incluyan información acerca de las medidas jurídicas y de prevención y
protección que se hayan adoptado para superar el problema de la violencia
contra la mujer y acerca de la eficacia de esas medidas.”
6.5. Entre otros instrumentos jurídicos internacionales de
resaltar al respecto, están:
1.
Convención para la
Eliminación de todas las formas de  Discriminación contra la
Mujer (CEDAW), aprobada mediante Ley 51 de 1981.
2.
Declaración y Plataforma de Acción
de Beijing, de 1995.
3.
Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, “Convención de Belem do Pará”, aprobada
mediante Ley 248 de 1995.
4.
Resolución 1325 del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, adoptada por el Consejo de Seguridad
el 31 de octubre de 2000.
5.
Protocolo para Prevenir, Reprimir
y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa
la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, aprobado mediante Ley 800 de 2003.
6.
Protocolo Facultativo de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer, aprobado mediante Ley 984 de 2005.
Adicionalmente,
los esfuerzos de la comunidad internacional en esta materia son realzados por
estos otros instrumentos jurídicos:
1.     Declaración sobre la
Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer (1967).
2.     La Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer (1981).
3.     Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia en contra de la
Mujer (1993).
4.     Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994).
5.     Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer (Beijing, 1995).
6.     En América Latina: Convención Interamericana para
Prevenir, Castigar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer (1995).
7.     Resolución del Fondo de Población de Naciones Unidas,
en la que se declara la violencia contra la mujer como una “Prioridad de
Salud Pública” (1999).
6.6. Adicional
a lo anterior, en el presente caso, es necesario señalar, que entre muchas
formas de violencia desplegada contra las mujeres, se encuentran las agresiones
en el ámbito doméstico y en las relaciones de pareja, las cuales son no sólo
formas prohibidas de discriminación por razón del sexo (art. 13 superior) sino
que pueden llegar a ser de tal intensidad y generar tal dolor y sufrimiento,
que configuran verdaderas torturas o, al menos, tratos crueles, inhumanos o
degradantes, los cuales se encuentran expresamente prohibidos, tal como se
señaló en párrafos anteriores, tanto por la
Constitución (art. 12 y 42 ib.), como por el derecho interno y el internacional
de los derechos humanos.
De la Constitución Política se desprende la
proscripción de toda forma de violencia en la familia, que debe ser
especialmente sancionada cuando ocurra y, en tal medida, aunque en sentencia
C-371 de agosto 25 de 1994, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, fue
considerado el derecho y el deber de los padres de sancionar moderadamente a
sus hijos, se precisó que “de las sanciones que apliquen los padres y las
personas encargadas del cuidado personal de los hijos estará excluida toda
forma de violencia física o moral, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 12, 42 y 44 de la
Constitución Política”.
Adicionalmente, no puede admitirse en ningún ámbito una
agresión contra las mujeres, que es aún más grave si se perpetra en las
relaciones privadas y domésticas, pues su ocurrencia en espacios íntimos la puede
convertir en un fenómeno silencioso e incluso, a veces, tolerado.
Ha de tenerse en cuenta que “la violencia grave en
el hogar puede interpretarse como forma de tortura mientras que las formas
menos graves pueden calificarse de malos tratos en virtud del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos”[22].
Frente
a un especial caso de violencia doméstica, en diciembre 27 de 2005 se presentó
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una petición contra el
Gobierno de Estados Unidos de América, expidiéndose el informe de fondo N° 80/11 (julio 21 de 2011, caso
12.626, “Jessica Lenahan (Gonzales) y otros v. Estados Unidos”), donde
sobre el particular se indicó:
“212. La Comisión reitera, como ha sido establecido en el presente
informe, que el sistema interamericano ha afirmado por muchos años que no es la
existencia formal de los recursos lo que demuestra la debida diligencia, sino
que estén disponibles y sean efectivos[23]. Por lo tanto, cuando el aparato del Estado deja impunes violaciones
de los derechos humanos y no se restablece sin demora el pleno ejercicio de los
derechos humanos por parte de la víctima, el Estado incumple los deberes
positivos que le impone el derecho internacional en materia de derechos humanos[24].
El mismo principio se aplica cuando el Estado permite que particulares actúen
libremente y con  impunidad en detrimento de los derechos reconocidos en los
instrumentos que rigen el sistema interamericano.
213. El aspecto principal del análisis de la
Comisión en el presente caso no estuvo relacionado con el alcance de las
causas de acción a nivel federal bajo el derecho nacional, pero con las
deficiencias en la respuesta judicial del Estado a todos los niveles a los
eventos concretos del presente caso. Este análisis estuvo centrado en la
obligación del Estado de proveer recursos judiciales a la señora Lenahan con
respecto a la no implementación de su orden de protección y a la muerte
posterior de sus hijas. Esta obligación abarca una serie de respuestas
requeridas de parte del Estado que no fueron ofrecidas, comenzando con la
obligación de responder a las llamadas y a los reclamos de la señora Jessica
Lenahan de que sus hijas estaban en una situación de riesgo por la violación de
los términos de la orden de protección. La orden de protección era la única medida que Jessica Lenahan tenía a
su disposición en el derecho estatal para proteger su seguridad y la de sus
hijas frente a actos de violencia doméstica, y la policía no la implementó de
forma debida. Considerando las fallas en implementar dicha orden de protección,
el Estado tiene la obligación de investigar las circunstancias para identificar
sus causas, remediar las mismas cuando sea requerido, y el sancionar a los
responsables. Adicionalmente y como fue establecido en el informe de la
CIDH, el Estado se encuentra obligado a investigar y clarificar las
circunstancias de las muertes de Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzales, y de
proveer a Jessica Lenahan acceso a esta información. La investigación debe ser
pronta, exhaustiva y efectiva, y debe ser emprendida por el Estado por su
propia iniciativa. Las fallas del Estado en cumplir con las obligaciones
mencionadas exige del mismo la adopción de medidas concretas para remediar
estas violaciones.
214. El 4 de abril de 2011, la
Comisión Interamericana transmitió el Informe Nº 62/11 a las partes y solicitó
al Estado que presentara información sobre el cumplimiento de las
recomendaciones dentro del plazo de un mes contado a partir de la fecha de
transmisión. No se recibió información adicional de las partes sobre el
cumplimiento de las recomendaciones. En consecuencia, con base en la
información disponible, la CIDH decidió ratificar sus conclusiones y reiterar
sus recomendaciones respecto a este caso…”
6.7. En
Colombia, están siendo documentadas múltiples formas de violencia contra la
mujer, con gran dificultad por la naturaleza misma del fenómeno y la aberración
de asumirla como “natural”, dentro de una cultura ruinmente discriminatoria,
no exclusiva de este país, que consideraba que el asunto no valía denunciarlo
pues simplemente le concernía a la agraviada, máximo a la familia, “ya que
la mujer agredida no goza de presunciones que la favorezcan ni de facilidades
procesales para acreditar el delito”[25].
Sin embargo, se está fortaleciendo el compromiso de la sociedad y del
Estado, en procura de la erradicación de toda forma de violencia contra la
mujer, aún más en el ámbito intrafamiliar.
Séptima. El
caso bajo estudio
7.1.
Recapitulando, está claro que la tutela es una acción esencialmente residual o
subsidiaria, que “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial” (art. 86 Const.), salvo que se utilice para
evitar un perjuicio irremediable, o que la vía común de defensa carezca de
idoneidad o de oportunidad para la subsanación requerida.
7.2. En
el presente caso, atendiendo los presupuestos jurisprudenciales y dependiendo
de la valoración fáctica y probatoria que dimana de los elementos de
comprobación incorporados al expediente, es necesario tener en cuenta los
siguientes puntos:
7.2.1. La señora Martha
Isabel Velandia afirmó ser la compañera permanente del señor Alexander Molano
Vargas[26], a quien señaló de
agredirla física y verbalmente en octubre 16 de 2008, causándole heridas que le
acarrearon una serie de cirugías e incapacidades, careciendo al momento de
interponer la tutela de los recursos necesarios para sufragar los gastos
correspondientes.
7.2.2. Es palmar que por las naturales diferencias de contextura,
la mujer esté en inferioridad de condiciones físicas frente al hombre,
quien ordinariamente posee mayor masa muscular y corporeidad, que puede
traducirse en arrogación de superioridad, simplemente impuesta por la fuerza
bruta y la autoconcepción de “macho”, evidente en casos como el sub
judice.
Lo anterior suele combinarse perversamente con atavismos
culturales, coadyuvados por el tardío y todavía insuficiente acceso de la mujer
a las posibilidades de trabajo remunerado y el desconocimiento del inmenso
valor de su tradicional labor hogareña, que ha engendrado sentimientos de dependencia,
subordinación y hasta servidumbre, que deben ser erradicados, pero que
todavía acarrean tolerancia y pasividad, a veces por el temor a ser dejada sin
medios de subsistencia.
Ello otorga procedencia a esta acción de tutela contra particular,
al cumplirse lo previsto en el segmento final del artículo 86 de la
Constitución y en el numeral 9° del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
7.2.3. La actora indicó
además que carece de recursos económicos para su manutención y ante otras
erogaciones, pues su sustento lo obtenía “haciendo oficios en las casas”,
labor prohibida por su médico tratante, agravándose la situación al tener que
asistir a consultas médicas, exámenes y terapias, además de la adquisición de
medicamentos[27].
7.3.
Si bien en principio la accionante podría hacer uso de las acciones civiles y
penales que corresponda para hacer valer sus derechos y procurar la
indemnización de los perjuicios causados u otras contingencias derivadas del
reprochable comportamiento de Alexander Molano Vargas, dichos medios no suelen
ser suficientes, ni idóneos y céleres para proteger el derecho a la vida y la
integridad física de la señora, ni como garantía de no repetición.
7.4. Esta corporación en sentencia
C-776 de septiembre 29 de 2010, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio, analizó el
artículo 49 superior, en cuanto hace referencia “al derecho a la salud
calificándolo como un servicio público a cargo del Estado, a lo cual añade que
todas las personas tienen garantizado el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud. El inciso segundo de esta disposición
establece que la prestación de servicios de salud, cuya dirección y regulación
corresponde al Estado, se llevará a cabo con arreglo a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad”.
Este derecho fue integralmente
considerado en la sentencia T-760 de julio 31 de 2008,
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, reiterándose su carácter fundamental con
expresiones como las siguientes:
“… considerando que ‘son fundamentales (i)
aquellos derechos respecto de los cuales existe consenso sobre su naturaleza
fundamental y (ii) todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido
a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo’, la
Corte señaló en la sentencia T-859 de 2003 que el derecho a la salud es un
derecho fundamental, ‘de manera autónoma’, cuando se puede concretar en una
garantía subjetiva derivada de las normas que rigen el derecho a la salud,
advirtiendo que algunas de estas se encuentran en la
Constitución misma, otras en el bloque de constitucionalidad y la mayoría, finalmente,
en las Leyes y demás normas que crean y estructuran el Sistema Nacional de
Salud, y definen los servicios específicos a los que las personas tienen
derecho.”
Esas
características que la jurisprudencia ha señalado adquieren una dimensión
superior cuando, además, “su protección involucra valores como la dignidad
humana y la igualdad de género, también cuando comprende la protección a
personas consideradas sujetos especialmente amparados por el constituyente,
como ocurre con la mujer en general, pero de manera especial en los eventos en
que la legislación impone al Estado, a la familia y a la sociedad el deber de
brindarle protección eficaz ante las distintas formas de violencia de las
cuales puede ser víctima”[28].
Por
tanto, el vínculo entre el derecho fundamental a la salud y el deber de brindar
protección especial a la mujer en casos de violencia en su contra es evidente,
si se considera que la salud no es únicamente “la ausencia de afecciones y
enfermedades en una persona, sino un estado completo de bienestar físico,
mental y social, acorde con las posibilidades y las condiciones dentro de las
cuales la persona se relaciona con el Estado, su familia y los demás
integrantes de la comunidad”[29].
La Constitución de la
Organización Mundial de la Salud[30] definió la salud como “un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud
que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano,
sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o
social”.
7.5. En la citada sentencia C-776 de 2010 también se señaló al respecto, que
“el Legislador, en
ejercicio de su potestad de configuración de la estructura jurídica del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, establece que las mujeres víctimas de la
violencia podrán recibir un tratamiento específico destinado a la protección de
su salud en los aspectos físico, mental y social, haciéndolas beneficiarias de
prestaciones relacionadas con alojamiento y alimentación temporal…”.
Como se señaló, la atención de la salud es un servicio
público a cargo del Estado, que se presta a todos los habitantes conforme a los
principios de eficiencia y universalidad (art. 49 Const.) y los demás
aplicables a la seguridad social, definidos en el artículo 2º de la
Ley 100 de 1993[31].
En relación con lo anterior, en dicha providencia
también se señaló, “el principio de integralidad ha sido reiterado por el
Legislador como orientador para la interpretación y aplicación de la
Ley 1257 de 2008”, estableciendo en el artículo 6º:
“PRINCIPIOS. La
interpretación y aplicación de esta Ley se hará de conformidad con los
siguientes principios:
…   …   …
4. Integralidad. La atención a las mujeres víctimas de violencia
comprenderá información, prevención, orientación, protección, sanción,
reparación y estabilización.”
Por lo tanto, el
derecho a la salud no debe limitarse a una mera atención, procedimiento o
cirugía, de consideración aislada, sino que corresponde a las entidades
privadas o públicas prestadoras de salud, brindar la atención requerida para
que la persona obtenga su recuperación integral, en la medida de lo posible, o
haciendo que sus padecimientos sean más tolerables.
Sobre este aspecto, en sentencia T-278 de abril 20 de
2009, con ponencia de quien ahora cumple igual función, la
Corte recordó “la salud como derecho integral, implica que la atención
deba brindarse en la cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia requeridas, lo
cual conlleva ofrecer, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, todo cuidado,
medicamento, intervención quirúrgica, rehabilitación, diagnóstico, tratamiento
y procedimiento que se considere necesario para restablecer la salud de los
usuarios del servicio”.
Por ello, en coordinación con el principio de dignidad
humana, el derecho a la salud implica la conservación, recuperación y el
restablecimiento del estado normal de una persona enferma, a quien se le debe
ofrecer un tratamiento oportuno, eficiente y suficiente, tendiente a
proporcionar el nivel de vida acorde con su dignidad.
7.6.
Según lo establecido en la
Ley 1257 de 2008 (arts. 13 y 19), las EPS “y las Administradoras de Régimen
Subsidiado serán las encargadas
de la prestación de servicios de asistencia médica, sicológica y siquiátrica a
las mujeres víctimas de violencia, a sus hijos e hijas”, indicando su
artículo 17:
“Medidas de protección en casos de
violencia intrafamiliar. Si la autoridad competente determina que
el solicitante o un miembro de un grupo familiar ha sido víctima de violencia,
emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, en
la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la
queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del
grupo familiar. El funcionario podrá imponer, además, según el caso, las
siguientes medidas, sin perjuicio de las establecidas en el artículo 18 de la presente ley:
a) Ordenar al agresor el desalojo de la
casa de habitación que comparte con la víctima, cuando su presencia constituye
una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los
miembros de la familia;
b) Ordenar al agresor abstenerse de
penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, cuando a juicio del
funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir que aquel
perturbe, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima
o con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada;
c) Prohibir al agresor esconder o
trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas discapacitadas en
situación de indefensión miembros del grupo familiar, sin perjuicio de las
acciones penales a que hubiere lugar;
d) Obligación de acudir a un tratamiento
reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca
tales servicios, a costa del agresor.
e) Si fuere necesario, se ordenará al
agresor el pago de los gastos de orientación y asesoría jurídica, médica,
psicológica y psíquica que requiera la víctima;
f) Cuando la violencia o maltrato revista
gravedad y se tema su repetición la autoridad competente ordenará una
protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de
polícia, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo si lo tuviere;
g) Ordenar a la autoridad de policía,
previa solicitud de la víctima el acompañamiento a esta para su reingreso al
lugar de domicilio cuando ella se haya visto en la obligación de salir para
proteger su seguridad;
h) Decidir provisionalmente el régimen de
visitas, la guarda y custodia de los hijos e hijas si los hubiere, sin
perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades, quienes
podrán ratificar esta medida o modificarla;
i) Suspender al agresor la tenencia, porte
y uso de armas, en caso de que estas sean indispensables para el ejercicio de
su profesión u oficio, la suspensión deberá ser motivada;
j) Decidir provisionalmente quién tendrá a
su cargo las pensiones alimentarias, sin perjuicio de la competencia en materia
civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla;
k) Decidir provisionalmente el uso y
disfrute de la vivienda familiar, sin perjuicio de la competencia en materia
civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla;
1) Prohibir, al agresor la realización de
cualquier acto de enajenación o gravamen de bienes de su propiedad sujetos a
registro, si tuviere sociedad conyugal o patrimonial vigente. Para este efecto,
oficiará a las autoridades competentes. Esta medida será decretada por
Autoridad Judicial;
m) Ordenar al agresor la devolución
inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier
otro documento u objeto de propiedad o custodia de la víctima;
n) Cualquiera otra medida necesaria para
el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
PARÁGRAFO 1o. En los procesos de divorcio o de separación de cuerpos
por causal de maltrato, el juez podrá decretar cualquiera de las medidas de
protección consagradas en este artículo.
PARÁGRAFO 2o. Estas mismas medidas podrán ser dictadas en forma
provisional e inmediata por la autoridad judicial que conozca de los delitos
que tengan origen en actos de violencia intrafamiliar.
PARÁGRAFO 3o. La autoridad competente deberá remitir
todos los casos de violencia intrafamiliar a la
Fiscalía General de la Nación para efectos de la investigación del delito de
violencia intrafamiliar y posibles delitos conexos.’”
7.7. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia en el presente caso la vulneración de los
derechos a la vida, la integridad personal y la dignidad de la señora Martha Isabel Velandia, por la grave conducta lesiva desplegada por el señor
Alexander Molano Vargas, con las cuales conculcó derechos de su anterior
compañera sentimental, ejerciendo violencia física y moral y desconociendo el
deber de respeto mutuo y recíproca consideración en pareja, circunstancias que
inclusive pusieron en peligro la vida de la aquí accionante.
7.8.
Al ser imperativo proteger los referidos derechos de la accionante, será
revocado el fallo proferido en junio 15
de 2012 por el Juzgado Quince de Familia de Bogotá, que negó el amparo de los derechos invocados por la
señora Martha Isabel Velandia, frente al
señor Alexander Molano Vargas, el cual, por el contrario, debe ser concedido.
De
tal manera, se ordenará al agresor que reconozca
su responsabilidad en el ataque perpetrado contra Martha Isabel Velandia y en
consecuencia le presente excusas y pida a su antigua compañera que le perdone,
con la satisfacción de que él asuma a plenitud los gastos médicos que generó
con su agresión, en lo ya cubierto por ella y por sus familiares, y durante
todo el tiempo que sea necesario.
De
igual forma, se ordenará a Alexander
Molano Vargas abstenerse de tan siquiera intentar actos de violencia física o
moral contra Martha Isabel Velandia, advirtiéndole que si incurre en nuevos
comportamientos de esa naturaleza, además de la responsabilidad penal que pueda
derivarse, dará razón a que le sean impuestas, por el Juzgado Quince de Familia de Bogotá[32], las sanciones previstas en el artículo 52 del
Decreto 2591 de 1991.
7.9.
De otra parte, se oficiará al Director de la
Unidad de Violencia Intrafamiliar de la
Fiscalía General de la Nación en Bogotá y al Defensor del Pueblo, para que, en
cumplimiento de las respectivas funciones, inicie y/o impulse las acciones
penales a que hubiere lugar, y oriente el cabal cumplimiento[33]
de lo dispuesto en esta providencia, en apoyo de lo cual se les remitirá copia
del expediente T-3561980, incluida esta sentencia.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la
Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.
REVOCAR la sentencia
proferida en junio 15 de 2012, mediante la cual
el Juzgado Quince de Familia de Bogotá negó
el amparo solicitado por la señora Martha Isabel Velandia, frente a Alexander
Molano Vargas. En su lugar, se dispone TUTELAR los derechos
fundamentales de la referida señora a la vida, la integridad personal
y la dignidad humana.
Segundo.
En consecuencia, ORDENAR a Alexander Molano Vargas que reconozca su responsabilidad
en el ataque perpetrado contra Martha Isabel Velandia, le presente excusas y
pida a su antigua compañera que le perdone, con la satisfacción de que él asuma
a plenitud los gastos médicos que generó con su agresión, en lo ya cubierto por
ella o por sus familiares, y durante todo el tiempo que sea necesario.
De
igual forma, ORDENAR a Alexander
Molano Vargas abstenerse de tan siquiera intentar actos de violencia física o
moral contra Martha Isabel Velandia, advirtiéndole que si incurre en nuevos
comportamientos de esa naturaleza, además de la responsabilidad penal que pueda
derivarse, dará razón a que le sean impuestas, por el Juzgado Quince de Familia de Bogotá[34], las sanciones previstas en el artículo 52 del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero. OFICIAR al
Director de la Unidad de Violencia Intrafamiliar de la
Fiscalía General de la Nación en Bogotá y al Defensor del Pueblo, para que, en
cumplimiento de las respectivas funciones, inicie y/o impulse las acciones
penales a que hubiere lugar, y oriente el cabal cumplimiento[35]
de lo dispuesto en esta providencia, en apoyo de lo cual se les remitirá copia
del expediente T-3561980, incluida esta sentencia.
Cuarto. Por Secretaría
General, LÍBRESE la comunicación a que se refiere el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Con salvamento de voto
ALEXEI JULIO ESTRADA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
A LA SENTENCIA T-982/12
Referencia: Expediente T-3.561.980
Acción de tutela instaurada por Martha
Isabel Velandia contra Alexander Molano
Vargas
Magistrado Ponente:
NILSON PINILLA PINILLA
Con el habitual respeto por las decisiones de la
Sala, salvo el voto en la sentencia de ponencia del Magistrado Nilson
Pinilla Pinilla, acogida por la mayoría de la
Sala Sexta de Revisión, pues considero que por la naturaleza del tema tratado
debió hacerse un  análisis de fondo sobre lo concerniente a la violencia contra
la mujer y sus implicaciones, el cual vislumbrara la importancia y gravedad de
la misma como fenómeno socio jurídico.
En efecto, en la sentencia se señaló acertadamente que
existe un amplio marco jurídico que busca proteger los derechos humanos de la
mujer, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Igualmente, se
hizo alusión a  algunas normas y sentencias que versan sobre el tema. Sin
embargo, debe advertirse que el hecho de enunciar una serie de instrumentos
jurídicos no muestra en forma alguna la verdadera trascendencia del problema,
especialmente en un país en el cual se ha vivido un aumento significativo en el
número de casos de violencia contra la mujer, haciendo de la situación de Colombia,
particularmente crítica en ese aspecto.
En primer lugar, al abarcar el tema de la
violencia de género, no resulta suficiente señalar simplemente cuáles son sus
causas, tal como se hizo en la sentencia. Debió indicarse detenidamente qué
implica este concepto, y qué elementos definen tal problemática,
específicamente en Colombia, para lo cual era necesario hacer referencia, entre
otras, a la sentencia C-674 de 2005[36], en la cual se hizo
énfasis en la situación de violencia contra la mujer que existe en el país, y
se señaló que se trata de un serio problema de salud pública, un obstáculo para
el desarrollo y una violación sistemática de los derechos humanos.
En dicha providencia, se hizo referencia específica a
la violencia doméstica contra la mujer,
especificando sus características escenciales, las cuales resulta de gran
importancia entender, especialmente en el caso estudiado. Para tal efecto, la
Corte citó lo establecido por  la
Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 58/501 de 2004,
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer en el hogar, la cual
reconoció que:
a)
La violencia en el hogar se
produce en el ámbito privado, generalmente entre personas relacionadas por
vínculos de sangre o intimidad;
b)
La violencia en el hogar es
una de las formas más comunes y menos visibles de violencia contra la mujer, y sus
consecuencias afectan muchos ámbitos de la vida de las víctimas;
c)
La violencia en el hogar
puede adquirir muchas formas diferentes, incluidas la violencia física,
sicológica y la sexual;
d)
La violencia en el
hogar es motivo de preocupación pública y requiere que los Estados adopten
medidas serias para proteger a las víctimas y prevenirla;
e)
La violencia en el hogar
puede incluir privaciones económicas y aislamiento, y ese tipo de
comportamiento puede constituir un peligro inminente para la seguridad, la
salud o el bienestar de la mujer.[37]”(Énfasis fuera del texto).
Adicionalmente, era necesario hacer
referencia a lo establecido en ese sentido por el Comité de la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW), que reconoce que “la violencia contra la mujer es una forma de
discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades en pie de
igualdad con el hombre”[38], pues debe hacerse
énfasis en el hecho de que se trata de una clara forma de discriminación basada
en el sexo, poniendo a la mujer en una situación de debilidad manifiesta frente
a su agresor. Así, era relevante también señalar qué incluye esta clase de discriminación,
citando nuevamente al Comité de la Cedaw[39]:
“El artículo 1 de la
Convención define la discriminación contra la mujer. Esa definición incluye la
violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida  contra la mujer
porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que
infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de
cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. La
violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones de la
Convención, sin tener en cuenta si hablan expresamente de la violencia.”
Siguiendo con los elementos que definen la
violencia de género, subrayando así la gravedad de dicha problemática, se debió
hacer referencia a uno de los casos más relevantes al respecto en el ámbito
internacional, el caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México,
analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa ocasión, se
estudió el caso de tres jóvenes mexicanas, desaparecidas y encontradas muertas
en un campo algodonero, respecto de las cuales se consideró habían sufrido
violencia de género. En tal oportunidad, se manifestó que resulta esencial
entender el vínculo entre la violencia de género  y la discriminación, pues la
“cultura de discriminación” contra la mujer, es la que contribuye a que actos
de graves agresiones y violencia física se llevaran a cabo en contra de las
víctimas.
En la misma providencia, al hacer
referencia a la violencia de género, la
Corte aludió a lo establecido por  la
Convención Belém do Pará, en la cual se establece el derecho de toda mujer a
“una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el privado,
incluyendo el derecho de toda mujer a ser libre de discriminación”[40].
De lo anterior se concluye que la violencia
de género no se reduce a una simple agresión contra la mujer, pues implica
además una forma de discriminación, lo cual cobra más importancia teniendo en
cuenta la situación de violencia  de género que se vive en Colombia.
De otro lado, debido a la magnitud de la
problemática de esta forma de violencia, era necesario también hacer alusión a la reparación a
que tienen derecho las mujeres cuando han sido víctimas de la misma, así como
adoptar remedios apropiados con sensibles al género y a la complejidad del
fenómeno de la violencia doméstica.
. A este respecto, cabía citar lo previsto
por la Corte Interamericana en el Caso Campo Algodonero, pues  en dicho asunto
se acogió el concepto de reparaciones con perspectiva de género así:
“(…)las reparaciones deben tener una
vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan
un efecto no solo restitutivo sino también correctivo. En este sentido, no es
admisible una restitución a la misma situación estructural de violencia y
discriminación. Del mismo modo, la Corte recuerda que la naturaleza y monto de
la reparación ordenada dependen del daño ocasionado en los planos tanto
material como inmaterial.”
Siguiendo dicho criterio, la orden que se
emitió en la sentencia, dirigida al agresor, debió, en primer lugar, no
solamente tener en cuenta los daños materiales causados, pues en el plano
inmaterial, la víctima también fue perjudicada por los actos violentos y dicho
sufrimiento debe ser igualmente restituido.
A ese respecto, debió tenerse en cuenta el
caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, en el cual la
Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó sumas más altas de
compensación a las mujeres precisamente por haber sido víctimas de violencia y
abuso sexual[41].
En segundo lugar, debe hacerse un llamado
de atención al Estado, pues en casos como el presente no sólo existe
responsabilidad por parte del agresor, pues, teniendo en cuenta la gravedad y
recurrencia de hechos similares al comentado, es necesario que las autoridades
observen una actitud activa frente a las continuas agresiones sufridas por las
mujeres. Así, una de las órdenes debe dirigirse específicamente a las
autoridades encargadas de velar por la protección a la mujer, como la
Defensoría Delegada para los Derechos de la
Niñez, la Juventud y la Mujer, la
Procuraduría Delegada para la infancia, adolescencia y la familia, entre
otras.
En efecto, es absolutamente necesario
requerir al Estado en ese sentido, pues definitivamente no se trata de un
problema que sólo atañe a la pareja específica donde se observen actos de
violencia contra la mujer, sino al Estado y a la sociedad en general. Así se
determinó en el caso Campo Algodonero, donde la
Corte Interamericana estableció que existe por parte del Estado, un deber, no
sólo de reparar después de ocurrido el hecho, sino también de prevenir, con
hechos concretos, cuando tenga conocimiento o haya debido tener conocimiento
real e inmediato de una posible situación de violencia de género.
Igualmente,
al hacer un llamado de atención al Estado, debió señalarse que el mismo debe
adoptar medidas, programas o directivas específicas con miras a velar por la
protección contra la mujer respecto de la violencia de género. En tal sentido
era oportuno citar, a modo de ejemplo, lo ordenado por la
Corte Interamericana  en el mencionado caso Campo Algodonero, en el cual, por los daños sufridos
por violencia contra la mujer, se exhotó al Estado a  llevar a cabo actuaciones
tendientes a proveer protección a la mujer:
“En
consecuencia, sin perjuicio de la existencia de programas y capacitaciones
dirigidas a funcionarios públicos encargados de la impartición de justicia en
Ciudad Juárez, así como de cursos en materia de derechos humanos y género, el
Tribunal ordena que el Estado continúe implementando programas y cursos
permanentes de educación y capacitación en: i) derechos humanos y género; ii)
perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de
averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación,
violencia y homicidios de mujeres por razones de género, y iii) superación de
estereotipos sobre el rol social de las mujeres.”
En dicho caso se le atribuyó tal
importancia y gravedad a la violencia contra la mujer, que se llegó a hablar de
la responsabilidad internacional  del Estado mexicano, al haber tenido una
conducta omisiva ante la situación crítica contra la mujer que atravesaba ese
país, pues en tal circunstancia, se requiere necesariamente una actuación
estatal especialmente activa.
Con relación a lo anterior, resultaba importante
también citar el artículo 5 de la CEDAW, que  obliga a los Estados Partes a
tomar todas las medidas apropiadas, entre otras,  para: “a) Modificar los
patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar
la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de
cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o
superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de
hombres y mujeres;(…)”
En el mismo sentido, y específicamente en
cuanto a la violencia doméstica, en el caso Opuz vs. Turquía El Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, se señaló que  “la falla del Estado
de proteger a las mujeres contra la violencia doméstica viola el derecho de
ellas a igual protección de la ley y esta falla no necesita ser intencional.”
De esta manera,
expongo las razones que me llevan a salvar el voto con respecto a las
consideraciones y la decisión que se adoptó en el asunto de la referencia.
Fecha ut supra,
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
[1] Fs. 22, 42 y 45 ib..
[2] T-351 de julio 30 de 1997,
M. P. Fabio Morón Díaz.
[3] T-290 de julio 28 de 1993,
M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
[4] T-293 de junio 27 de 1994,
M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
[5] T-573 de octubre 28 de 1992,
M. P. Ciro Angarita Barón.
[6] T-290 de 1993, ya referida.
[7] T-161 de marzo 24 de 1994,
M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-905 de octubre 24 de 2002,
M. P. Jaime Araújo Rentería.
[8] T-573 de 1992, ya referida. En esa sentencia la
Corte amparó los derechos fundamentales de dos niñas, afectadas a consecuencia
de “mutua agresión entre sus padres”. Entre otros aspectos, se ordenó a
la correspondiente Estación de Policía ejercer vigilancia permanente y cercana
sobre la pareja de compañeros permanentes, para que no continuaran los actos de
violencia señalados en la demanda, ordenándose así mismo a tal pareja abstenerse
de agredirlas física o moralmente. Similares decisiones adoptó esta corporación
en la sentencia T-199 de mayo 9 de 1996,
M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[9] T-378 de agosto 28 de 1995,
M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
[10] T-569 de agosto 25 de 2009,
M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[11] T-626 de mayo 30 de 2000, M. P. Álvaro Tafur Galvis y T-045 de
enero 29 de 2009, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[12] Cfr., entre otros, T-398 de 1995 y T-487 de 1994.
[13] En la sentencia C-016 de enero 20 de 2004,
M. P. Álvaro Tafur Galvis, esta corporación indicó que “una interpretación
sistemática de los artículos 5 y 42 de la carta política permite afirmar que la
igualdad que propugna la Carta entre las uniones familiares surgidas de
vínculos naturales y la conformada por vínculos jurídicos, guarda íntima
relación con el artículo 13 superior, que prescribe que: ‘Todas las personas
nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de
las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua religión, opinión política o filosófica…’”.
[14] T-487 de 1994, ya citada.
[15] Íb..
[16] C-776 septiembre 29 de 2010 Jorge Iván Palacio Palacio.
[17] Art. 53 Const.: “Igualdad de
oportunidades para los trabajadores… protección especial a la mujer, a la
maternidad…”
[18] La
Consejería Presidencial para la Equidad de la
Mujer cuenta con el Observatorio de Asuntos de Género, creado para investigar,
documentar, sistematizar, analizar y hacer visible la situación de las mujeres
y de la equidad de género en Colombia, con el objeto de formular
recomendaciones en materia de políticas, planes, programas y normas, que
contribuyan a cerrar las brechas de equidad de género en el país.
[19]Decretos de diciembre
20 de 2008 4796 (“Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 8°, 9°, 13 y 19 de la
Ley 1257 de 2008 y se dictan otras disposiciones”); 4798 (“Por el cual se reglamenta parcialmente la
Ley 1257 de 2008, ‘por la cual se dictan
normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y
discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de
Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones’”); 4799 (“Por el cual se reglamentan
parcialmente las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008”).
[20] Ley 1257 de 2008, art. 1°.
[21] C-776 de 2010 ya citada.
[22] Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Informe de la
Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer. Documento E/CN.4/1996/53
Párrafo No 48.
[23] “Véase, CIDH, Informe No. 81/10, Caso 12.562,
Wayne Smith, Hugo Armendáriz y otros (Estados Unidos), julio de 2010, párr. 62;
Informe Nº 52/07, Petición 1490-05, Jessica Gonzales y Otros (Estados Unidos),
24 de julio de 2007, Informe Anual de la
CIDH 2007, párr. 42;
CIDH, Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas,
OEA/Ser.L/V/II, Doc. 68 (20 de enero de 2007), párr. 26; Corte IDH, ‘Niños de la
Calle’  (Villagrán Morales et al). Sentencia de 19 de noviembre de  1999.
Serie C No. 63, párr. 235.”
[24] “CIDH, Situación de los Derechos Humanos de la
Mujer en Ciudad Juárez, México, OEA/Ser. L/V/II.117. Doc. 44 (7 de marzo de
2003), párr. 51.”
[25] “CIDH, Situación
de los Derechos Humanos de la Mujer en Ciudad Juárez, México…”
[26] La actora se limitó a aseverar que el señor Alexander Molano Vargas
es su compañero permanente, sin acreditar al menos sumariamente dicha situación,
la cual tampoco pudo ser corroborada ante la imposibilidad de ubicar al
demandado, de quien sólo se allegó la dirección de un local comercial en Bogotá
(f. 3 cd inicial), tal como fuera consignado por el Juzgado de instancia al
intentar ubicarlo (f. 50 y 51 ib.).
[27] F. 2 ib..
[28] C-776 de 2010, ya citada.
[29] C-776 de 2010.
[30] Esta Constitución fue adoptada en Nueva York por la
Conferencia Sanitaria Internacional el 22 de julio de 1946, por los
representantes de 61 Estados; entró en vigor a partir del 7 de abril de 1948.
[31]“El servicio público esencial de seguridad social se
prestará con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad,
solidaridad, integralidad, unidad y participación:
a.
EFICIENCIA. Es la mejor utilización social y económica de los recursos
administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a
que da derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada, oportuna y
suficiente;
b.
UNIVERSALIDAD. Es la garantía de la protección para todas las personas, sin
ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida;
c.
SOLIDARIDAD. Es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las
generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el
principio del más fuerte hacia el más débil.
Es
deber del Estado garantizar la solidaridad en el régimen de Seguridad Social
mediante su participación, control y dirección del mismo.
Los
recursos provenientes del erario público en el Sistema de Seguridad se
aplicarán siempre a los grupos de población más vulnerables.
d. INTEGRALIDAD.
Es la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad
económica y en general las condiciones de vida de toda la población. Para este
efecto cada quien contribuirá según su capacidad y recibirá lo necesario para
atender sus contingencias amparadas por esta Ley;
e.
UNIDAD. Es la articulación de políticas, instituciones, regímenes,
procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social, y
f.
PARTICIPACIÓN. Es la intervención de la comunidad a través de los beneficiarios
de la seguridad social en la organización, control, gestión y fiscalización de
las instituciones y del sistema en su conjunto.
PARÁGRAFO.
La seguridad social se desarrollará en forma progresiva, con el objeto de
amparar a la población y la calidad de vida.
[32] A igual consideración ha llegado la
Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias T-487 de 1994, T-378 de
1995 y T-199 de 1996, ya referidas en esta providencia.
[33] Art. 282.1 Const.: “Orientar e instruir a los habitantes del
territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y
defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de
carácter privado.”
[34] A igual consideración ha llegado la
Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias T-487 de 1994, T-378 de
1995 y T-199 de 1996, ya referidas en esta providencia.
[35] Art. 282.1 Const.: “Orientar e instruir a los habitantes del
territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y
defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de
carácter privado.”
[36] M.P. Rodrigo Escobar Gil
[37] Resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas: Eliminación de la
Violencia Contra la Mujer en el Hogar; 19 de febrero de 2004. UN Doc A/58/501.
[38] Comité de la
CEDAW. Recomendación General No. 19, La
Violencia contra la mujer, 11 periodo de sesiones, 1992.
[39] Comité de la
CEDAW. Recomendación General No. 19, La
Violencia contra la mujer, 11 periodo de sesiones, 1992.
[40] Artículo 6 Convención Belém do Pará
[41] Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual.
Cuarto Informe de Seguimiento al auto 092 de la
Corte Constitucional. Diana Guarnizo Peralta. Ediciones Antropos Ltda.
2011.