C-492-19
Sentencia C-492/19
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE TRATADOS Y
LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Competencia de la Corte Constitucional
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO-Características
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Control formal
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Supuestos del control formal
CONVENIO INTERNACIONAL-Poderes para su celebración
CONVENIO INTERNACIONAL-Revisión de los poderes para su celebración en caso de
adhesión al mismo
CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS-No se requiere cuando la normatividad no
dispone intervención específica a los pueblos o comunidades étnicas
PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Solicitud trámite de urgencia
REQUISITOS DE INICIACION DE TRAMITE EN SENADO,
TERMINOS ENTRE DEBATES, PUBLICACIONES, QUORUM Y ANUNCIOS DE VOTACION EN TRAMITE
LEGISLATIVO-Cumplimiento
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite legislativo
Así pudo establecerse que Colombia se
adhirió a la convención de la OCDE y el acuerdo sobre los términos de la
adhesión fue suscrito por el entonces presidente de la República, instrumentos
internacionales a los cuales se les impartió aprobación ejecutiva y se ordenó
someter a consideración del Congreso de la República.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO Y LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Elemento material
PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL EN RELACIONES
EXTERIORES DEL ESTADO-Alcance/CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE RELACIONES EXTERIORES DEL ESTADO-Principios
internacionales aceptados por Colombia
Como lo expuso recientemente este Tribunal,
la Constitución hizo explícitos el deber del Estado de promover la
internacionalización de las relaciones económicas, sociales, políticas y
ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, así
como la integración económica, social y política con las demás naciones,
particularmente con los países de América Latina y del Caribe, mediante
tratados sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad. También
estableció que las relaciones exteriores del Estado han de fundamentarse en la
soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de
los principios del derecho internacional aceptados por Colombia
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-Funciones/CONGRESO-Funciones
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL
Y LEY APROBATORIA-Ejercicio
independientemente de consideraciones de conveniencia y oportunidad
ESTADO-Deber de proteger derechos fundamentales
Es una obligación del Estado garantizar el
cumplimiento de unos estándares básicos constitucionales que aseguren la vigencia
efectiva de los derechos fundamentales: i) para alcanzar de manera transparente
un comercio justo y equitativo; ii) que el intercambio económico y comercial se
desenvuelva en un plano de la igualdad real, responda a las particularidades de
cada Estado y constituya un medio para lograr el bienestar general (fin
esencial-social del Estado); iii) que se desenvuelva bajo el respeto y la
promoción de los derechos civiles y políticos, así como económicos, sociales,
culturales y ambientales (DESCA); iv) que no se desprotejan los sectores
sensibles y vulnerables de la economía y de la sociedad, los derechos laborales
y de la seguridad social, la alimentación, los derechos de los consumidores, la
salud pública, la preservación y restablecimiento del ambiente sano; y se
combata la pobreza extrema y el hambre, entre otros
DERECHO COMUNITARIO-Objeto
Los acuerdos y convenios de integración
económica y comercial, y del derecho comunitario por regla general no
despliegan una jerarquía normativa superior a las leyes ordinarias, toda
vez que su objeto dada la especialidad no está en regular en principio los
derechos fundamentales, sino en constituirse en una herramienta más que
facilite la promoción e integración con las demás naciones y las organizaciones
internacionales, en la pretensión del desarrollo de las economías y la
propensión del beneficio del interés general. No debe olvidarse que la Corte ha
sostenido según la estructura de la Carta Política, que dentro de la parte
dogmática encontramos no solo derechos fundamentales, sino también valores
(fines) y principios (bases de la organización política)
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES-Antecedentes
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Alcance
En suma, el control de constitucionalidad a
aplicar sobre los instrumentos internacionales bajo revisión
constitucional, consiste en confrontar sus disposiciones y el de su ley aprobatoria,
con la totalidad de las disposiciones de la Constitución. Partiendo de la
naturaleza abstracta y objetiva del juicio a realizar, ha sostenido este
Tribunal que en algunas oportunidades no es posible avizorar todas y cada una
de las consecuencias que se generan por la aprobación de los convenios y
acuerdos económicos y comerciales celebrados, por lo que será hasta el momento
del desarrollo o ejecución de tales instrumentos internacionales, en que podrán
los ciudadanos a través de las acciones constitucionales y legales, por los
mecanismos establecidos y ante las autoridades administrativas o judiciales
respectivas, resolver las posibles dificultades o litis que se generen, para la
garantía y vigencia cierta y efectiva de la Carta Política
ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO
ECONOMICO-OCDE-Fines
ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO
ECONOMICO-OCDE-Antecedentes
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Guarda armonía con la Constitución
MODELO DE CONVENIO OCDE-Contenido y alcance
TRATADO INTERNACIONAL-Validez
En suma, la Corte ha validado
constitucionalmente convenios y acuerdos económicos y comerciales con las demás
naciones del mundo y con organizaciones internacionales. Juicio de
constitucionalidad que no puede realizarse i) al margen de las actuales
dimensiones de un mundo globalizado, ii) las expectativas válidas de
profundización bajo la mutua cooperación, iii) el grado de desarrollo de las
economías y iv) la promoción del interés general.
ADHESION A TRATADO INTERNACIONAL-Procedencia
ADHESION DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA A LA ORGANIZACION
PARA LA COOPERACION Y DESARROLLO ECONOMICO-OCDE-Beneficios
GLOBALIZACION-Alcance
CONVENCION DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y
DESARROLLO ECONOMICOS-OCDE-Disposiciones
ADHESION DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA A LA ORGANIZACION
PARA LA COOPERACION Y DESARROLLO ECONOMICO-OCDE-Exequibilidad
CONVENCION DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y
DESARROLLO ECONOMICOS-OCDE-Exequibilidad
Referencia:
expediente LAT-457
Revisión de
constitucionalidad del i) “acuerdo sobre los términos de la adhesión
de la República de Colombia a la convención de la organización para la
cooperación y el desarrollo económicos”, suscrito en París, el 30 de mayo
de 2018 y ii) la “convención de la organización para la
cooperación y el desarrollo económicos”, hecha en París el 14 de diciembre
de 1960, y iii) la Ley aprobatoria 1950 de 08 de enero de 2019.
Magistrado Ponente:
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Bogotá, D. C.,
veintidós (22) de octubre de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, una vez
cumplidos los requisitos y trámites establecidos en el Decreto ley 2067 de
1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
1. En cumplimiento de lo
dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución, la Secretaría
Jurídica de la Presidencia de la República remitió copia auténtica del acuerdo
sobre los términos de la adhesión, la convención de la organización y la ley
aprobatoria. En desarrollo de dicho mandato superior, el despacho
sustanciador, mediante auto de 07 de febrero de 2019, dispuso: i) avocar el
conocimiento; ii) decretar la práctica de pruebas[1];
iii) comunicar la iniciación del asunto al Presidente de la República; al
Presidente del Congreso; al Ministro de Comercio, Industria y Turismo; Al
Ministro del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; al Ministro de Agricultura
y Desarrollo Rural; al Ministro del Trabajo; al Ministro de Tecnologías de la
Información  y las Comunicaciones; al Ministro de Minas y Energía; al Ministro
de Relaciones Exteriores; y al Ministro de Justicia y del Derecho; iv) fijar en
lista el asunto y simultáneamente correr traslado al Procurador General de la
Nación para el concepto de rigor; v) invitar al Proceso de Comunidades Negras
PCN; a la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC; a la Defensoría del
Pueblo; a la Junta Directiva del Banco de la República; al Instituto Colombiano
de Derecho Tributario; a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; al
Departamento Nacional de Planeación; a la Confederación General del Trabajo; a
la Central Unitaria de Trabajadores; a la Comisión Colombiana de Juristas; a la
Federación Nacional de Comerciantes; a la Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia ANDI; a la Asociación Nacional de Comercio Exterior ANALDEX; a la
Asociación Colombiana de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas ACOPI; a
CEDETRABAJO y a las universidades del Valle; del Cauca; de Nariño; de
Antioquia, de Caldas, Externado de Colombia, Libre de Colombia, Javeriana,
Santo Tomás, Sergio Arboleda y Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario,
para que aporten sus opiniones sobre el asunto.
II. EL ACUERDO SOBRE LOS
TÉRMINOS DE LA ADHESIÓN, EL CONVENIO DE LA OCDE Y LA LEY APROBATORIA
2. Se recoge en un Anexo final
el acuerdo sobre los términos de la adhesión y la convención de la organización,
junto con la Ley aprobatoria 1950 de 08 de enero de 2019[2].
III. INTERVENCIONES Y CONCEPTO
DEL PROCURADOR
3. A continuación, se reseña de
manera esquemática las distintas intervenciones realizadas en el presente
asunto (comprende el concepto de la Procuraduría), las cuales finalmente se expondrán
integralmente en el Anexo inicial.
Intervenciones,
conceptos técnicos y Procuraduría
Solicitudes
Ministerio
de Ambiente[3]
Exequibles
Ministerio
de Relaciones Exteriores[4]
Exequibles
Ministerio
de Justicia[5]
Exequibles
Ministerio
del Trabajo[6]
Exequibles
Banco de la
República[7]
Exequibles
Departamento
Nacional de Planeación[8]
Exequibles
Asociación
Nacional de Comercio Exterior ANALDEX[9]
Exequibles
Asociación
Nacional de Empresarios de Colombia ANDI[10]
Exequibles
Cedetrabajo[11]
Sin petición
alguna
Departamento
Nacional de Planeación y ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda y
Comercio[12]
Exequibilidad.
Concepto técnico y soportes documentales
Universidad
EAFIT[13]
Concepto
técnico
Universidad
del Valle[14]
Intervención
extemporánea[15]
Universidad del
Rosario[16]
Intervención
extemporánea[17]
Universidad
de Caldas[18]
Intervención
extemporánea[19]
Instituto
Colombiano de Derecho Tributario – Instituto Colombiano de Derecho Aduanero[20]
Intervención
extemporánea[21]
Procuraduría
General de la Nación
Exequibles
IV.  CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. La Corte es competente para
efectuar el control de constitucionalidad del acuerdo sobre los términos de la
adhesión de Colombia a la OCDE (2018), la convención de la OCDE (1960) y la Ley
aprobatoria 1950 de 08 enero de 2019, de conformidad con el numeral 10 del
artículo 241 de la Constitución.
El examen de constitucionalidad
tiene las siguientes características: i) es previo a la ratificación del
tratado aunque posterior a la aprobación del Congreso y la sanción del
Presidente de la República; ii) es automático por cuanto deben remitirse
por el Gobierno a la Corte dentro de los 6 días siguientes a la sanción de la
ley; iii) es integral toda vez que se examinan los aspectos formales y
materiales de los actos frente al texto completo de la Carta y el orden
internacional de los derechos humanos; iv) es preventivo al buscar
garantizar el principio de supremacía de la Constitución y el cumplimiento de
los compromisos del Estado frente a la comunidad internacional; v) es una
condición sine qua non para la ratificación del instrumento
internacional; y vi) tiene fuerza de cosa juzgada constitucional[22].
Revisión formal de la Ley 1950
de 08 de enero de 2019
2.  En cuanto al control formal
la Corte ha señalado que busca verificar el cumplimiento de las previsiones del
Estatuto Fundamental y la ley orgánica del Congreso[23],
específicamente los requisitos necesarios en el proceso de negociación, la celebración
y firma del tratado, así como los que conciernen al trámite legislativo y la
sanción presidencial del proyecto de ley[24]. La ley aprobatoria debe
seguir el curso propio de una ley ordinaria, por no disponer lo contrario la
Carta Política y así establecerlo la ley orgánica del Congreso[25],
cuyo trámite debe iniciar en el Senado por referirse a relaciones
internacionales y una vez sancionada debe remitirse a la Corte para la revisión
de constitucionalidad[26].
De esta manera, el examen formal
comprende principalmente los siguientes aspectos: (i) la remisión oportuna del
instrumento internacional y la ley aprobatoria por el Gobierno (art. 241.10
C. Pol.); (ii) la validez de la representación del Estado colombiano en los
procesos de negociación y celebración del acuerdo, así como la competencia del
funcionario que lo suscribió; (iii) la iniciación del trámite en la cámara
correspondiente (art. 154 C. Pol.); (iv) las publicaciones efectuadas por el
Congreso (art. 157 C. Pol.); (v) la aprobación del proyecto en los cuatro
debates, en las comisiones y plenarias de cada cámara (art. 157
C. Pol.), salvo mensaje de urgencia; (vi) el anuncio previo a la votación del
proyecto en cada debate (art. 160 C. Pol.); (vii) el cumplimiento de los
términos que debe mediar para los debates en una y otra cámara (art. 160
C. Pol.); (viii) el quórum deliberatorio y decisorio, al igual que la
votación nominal; (ix) la consideración y trámite del proyecto en máximo dos
legislaturas; y (x) la sanción del Gobierno nacional (art. 157
C. Pol.)[27].
Fase previa
Representación del Estado
colombiano y proceso de adhesión
3. Como
se puede extraer de la información enviada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores[28]: i) Colombia no es
Estado firmante de la convención de la OCDE[29] por lo que para hacerse
parte debe presentar un instrumento de adhesión[30],
no requiriendo la expedición de plenos poderes, ni de confirmación de acto
alguno; ii)  el acuerdo sobre los términos de la adhesión del país a la OCDE
fue suscrito por el entonces Presidente de la República de Colombia, Juan
Manuel Santos Calderón, por lo que se cumple con la previsión del lit. a), num.
2, art. 7º, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados; iii) quien el
19 de julio de 2018 impartió aprobación ejecutiva y ordenó someter a
consideración del Congreso de la República los instrumentos mencionados.
De esta manera, la Corte no
halla necesario verificar la existencia de plenos poderes (literal a), num. 1,
art. 7º) al haber sido impartida aprobación por el Presidente de la República a
tales instrumentos internacionales, para la posterior aprobación por el
Congreso de la República. Así, la expresión del consentimiento
resulta válida al ser respetuosa de la Carta Política y la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados[31].
La consulta
previa de pueblos étnicos
4. Observada la
convención de la OCDE y el acuerdo sobre los términos de la adhesión, esta
Corporación no halla necesario que se hubiere adelantado una consulta previa de
los pueblos étnicos[32], al no exponerse en
principio regulaciones que incidan de manera directa y específica en la
preservación de la identidad, integridad, proyecto de vida y de subsistencia de
las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rom
(gitanas)[33].
Debe señalarse que según los objetivos de la convención de la OCDE[34]
y los términos empleados en el acuerdo para la adhesión[35],
se está frente a contenidos regulatorios generales y diversidad de compromisos y
desafíos[36] que se sujetan a
condiciones y verificaciones de cumplimiento. En esa medida, la Corte halla que
se regulan un conjunto de materias que se proyectan sobre la sociedad en
general, al no definir un tratamiento directo y concreto respecto de las
comunidades tribales, sino establecido en principio para todos los habitantes
del territorio nacional.
Es dable señalar que las disposiciones sujetas a revisión
constitucional parten esencialmente de un marco abstracto por desarrollar y ejecutar
que comprenden al conjunto de la población, sin que se vislumbre la imposición
de restricciones o beneficios dirigida directa y concretamente a los grupos
étnicos, a la redefinición o alteración del territorio de tales pueblos o que
comprometan puntualmente la explotación de los recursos naturales en sus
respectivos espacios.
5. Ello no es
óbice para señalar que este examen no se extiende a las medidas legislativas o
administrativas que se profieran para el desarrollo o ejecución (implementación)
del convenio o acuerdo, ya que de hacerse necesario por representar en
principio una afectación directa y específica a las comunidades étnicas habría
que estudiar si se cumplen
los requerimientos constitucionales y jurisprudenciales que hacen obligatoria
la consulta[37].
Fase
legislativa
Presentación[38]
y publicación[39] del
proyecto de ley, iniciación del trámite en la comisión correspondiente[40]
y publicación de los informes de ponencia[41]
Primer
debate, comisiones segundas del Senado y la Cámara: sesión conjunta por mensaje
de urgencia[42]
6. El 20 de julio de 2018, el Gobierno nacional[43]
presentó en la Secretaría General del Senado el proyecto de ley radicado con el
número 02, “por medio de la cual se aprueba el acuerdo sobre los términos de
la adhesión de la República de Colombia a la convención de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, suscrito en París, el 30 de mayo de
2018 y la convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, hecha en París el 14 de diciembre de 1960”. En esta fecha el
Gobierno presentó escrito de solicitud de trámite de urgencia al proyecto de
ley[44]. A continuación[45],
la presidencia del Senado repartió el proyecto a la comisión segunda constitucional,
disponiendo su publicación en la Gaceta del Congreso. El texto del proyecto
de ley, del acuerdo y del convenio, junto con la exposición de motivos, fueron publicados
en la Gaceta del Congreso 540 de 24 de julio de 2018, Senado.
La publicación del informe de ponencia favorable presentada
por los senadores Antonio Sanguino Páez y Berner Zambrano Eraso para primer
debate en sesiones conjuntas se realizó en la Gaceta del Congreso 651 de 05 de septiembre
de 2018, Senado. Por su lado, la publicación del informe de ponencia
positivo presentada por los representantes Juan David Vélez y Cesar Eugenio
Martínez para primer debate en sesiones conjuntas se realizó en la Gaceta del
Congreso 696 de 14 de septiembre de 2018, Cámara.
Anuncio
previo[46] y
discusión y votación en sesión conjunta[47]
7. En el Acta 08
de 02 de octubre de 2018 se registra el aviso previo de discusión y votación en
la comisión segunda del Senado, en los siguientes términos:
“Me
permito realizar los anuncios para los proyectos de ley que serán discutidos y
votados en la próxima sesión.
Por
instrucciones del presidente de la comisión segunda del Senado de la República,
anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión (…).
Para sesión conjunta de las comisiones segundas de Senado de la República y
Cámara de Representantes:
-Proyecto
de ley número 02 de 2018 Senado, 040 de 2018 Cámara, por medio de la cual se
aprueba el acuerdo sobre los términos de la adhesión (…) y la convención de la
organización (…)”[48].
En el Acta 07 de 09 de octubre de 2018 consta el anuncio previo a
la discusión y aprobación en la comisión segunda de la Cámara, como se observa
a continuación:
“Anuncio de proyectos de ley del día 9 de octubre de 2018. Acta
número 7, para discusión y aprobación en primer debate (…):
Proyecto de ley 040 de 2018 Cámara, 02 de 2018 Senado, por medio de
la cual se aprueba el acuerdo sobre los términos de la adhesión (…) y la
convención de la organización (…)”[49].
En el Acta 01 de 16 de octubre de 2018[50]
se registra la reunión de las comisiones segundas conjuntas de Senado y Cámara
donde se dio la discusión y votación del proyecto de ley 02 de 2018 Senado y
040 de 2018 Cámara. Una vez registrado el quórum deliberatorio[51],
mediante votación nominal fue aprobada la proposición final con
que termina el informe de ponencia favorable con un resultado en la comisión
segunda del Senado de 9 votos por el sí y 2 por el no, mientras que en la
comisión segunda de la Cámara se obtuvo 11 votos a favor y 2 en contra. Enseguida,
fue sometida a aprobación la omisión de la lectura del articulado del proyecto
con el mismo resultado en ambas cámaras. Finalmente, bajo la misma forma de
votación fue aprobado el título del proyecto de ley y el querer de los
senadores y representantes de que tenga segundo debate, obteniendo igual
votación. Fueron designados como ponentes para el segundo debate a los mismos
senadores y representantes, adicionando al Senador Jhon Harold Suárez. Todo lo
anterior puede apreciarse de los antecedentes legislativos que se reseñan para
comprobación de lo indicado:
“El
Secretario de la Comisión Segunda del Senado, (…), le informa al señor
Presidente: Han anunciado un voto negativo, en consecuencia, hay que hacer la
votación nominal. Con su venia me permito hacer el llamado a lista para la
respectiva votación al informe final de ponencia del Proyecto de ley 02 de 2018
Senado y 040 de 2018 Cámara: Agudelo
García Ana Paola Vota sí - Castellanos Emma Claudia Vota sí - Cepeda Castro
Iván Vota no – (…).
Le
informo señor Presidente, hay nueve (09) votos por el SÍ, dos votos por el NO,
en consecuencia, ha sido aprobada la proposición final con que termina el
informe de ponencia en la Comisión Segunda del Senado, (…). El Presidente de la
Comisión Conjunta de Senado y Cámara de Representantes, (…). Procede con el
llamado a lista de los honorables Representantes para la votación nominal a la
proposición final con que termina el informe de ponencia en la Comisión Segunda
del Senado, (…).
Ardila
Espinosa Carlos Adolfo Vota sí
Blanco
Álvarez Germán Alcides Vota sí
Chacón
Camargo Alejandro Carlos
Giraldo
Arboleda Atilano Alonso Vota sí
Hernández
Lozano Anatolio Vota sí
Jaramillo
Largo Abel David Vota no  (…).
Le
informo al señor Presidente, once (11) votos por el SÍ, dos (02) votos por el
NO. La proposición final con que termina el informe de (…), ha sido aprobada. El
Presidente de la Comisión Conjunta de Senado y Cámara de Representantes, (…):
Le informa al Secretario, vamos a votar ahora la omisión de la lectura del
articulado y articulado del Proyecto de ley (…). El Secretario de la Comisión
Segunda del Senado, (…): Me permito hacer el llamado a lista para la respectiva
votación de la omisión de la lectura del articulado y el articulado del
Proyecto de ley 02 de 2018 Senado y 040 de 2018 Cámara:
Agudelo
García Ana Paola Vota sí
Castellanos
Emma Claudia Vota sí
Cepeda
Castro Iván Vota no
Durán
Barrera Jaime Enrique Vota sí – (…).
Le
informo señor Presidente, han votado nueve (09) honorables Senadores por el SÍ,
dos honorables Senadores por el NO, en consecuencia ha sido aprobado la omisión
de lectura del articulado y el articulado del Proyecto de ley (…). El
Presidente de la Comisión Conjunta de Senado y Cámara de Representantes, (…):
Le solicita a la Secretaria de la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes, llamar a lista para la votación de la omisión de lectura del
articulado y articulado del Proyecto de ley (…). La Secretaria de la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes, (…): Procede con el llamado a lista de
los honorables Representantes para la votación nominal de la omisión de lectura
del articulado (…).
Ardila
Espinosa Carlos Adolfo Vota sí –
Blanco
Álvarez Germán Alcides Vota sí –
Chacón
Camargo Alejandro Carlos –
Giraldo
Arboleda Atilano Alonso Vota sí –
Hernández
Lozano Anatolio Vota sí – (…).
Le
informo al señor Presidente, once (11) Representantes han votado positivamente
el articulado y dos (02) votos negativos a la omisión de lectura del articulado
y el articulado del Proyecto de ley 02 de 2018 Senado y 040 de 2018 Cámara. El
Presidente de la Comisión Conjunta de Senado y Cámara de Representantes, (…):
Le solicita al Secretario, se sirva leer el título del Proyecto de ley 02 de
2018 Senado y 040 de 2018 Cámara. El Secretario de la Comisión Segunda del
Senado, (…), da lectura al título del Proyecto de ley (…). El Presidente de la
Comisión Conjunta de Senado y Cámara de Representantes, (…), informa: Ahora
vamos a votar el título del Proyecto de ley (…), y si quieren los honorables
Senadores de las Comisiones Conjuntas, que este Proyecto de ley tenga segundo
debate en la plenaria del Senado. El Secretario de la Comisión Segunda del
Senado, (…), señor Presidente y honorables Senadores: Me permito hacer el
llamado a lista para la votación del título y el querer de los honorables
Senadores, que este Proyecto de ley (…), tenga segundo debate: Agudelo García Ana Paola Vota sí
Castellanos
Emma Claudia Vota sí
Cepeda
Castro Iván Vota no
Durán
Barrera Jaime Enrique Vota sí – (…).
Le
informo señor Presidente, han votado nueve (09) honorables Senadores por el SÍ,
dos honorables Senadores por el NO, en consecuencia, ha sido aprobado el título
y el querer de los honorables Senadores de la Comisión, para que este Proyecto
de ley 02 de 2018 Senado y 040 de 2018 Cámara, tenga el siguiente debate. (…).
La Secretaria de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, (…):
Procede con el llamado a lista de los honorables Representantes, para la
votación y aprobación del título y el querer de los honorables Representantes
que el Proyecto de ley (…) tenga segundo debate. Ardila Espinosa Carlos Adolfo Vota sí - Blanco
Álvarez Germán Alcides Vota sí - Chacón Camargo Alejandro Carlos - Giraldo
Arboleda Atilano Alonso Vota sí (…).
Le
informo al señor Presidente, once (11) Representantes por el SÍ, dos (02) votos
por el NO, en consecuencia, ha sido aprobado el título y el querer de los
honorables Representantes que este Proyecto de ley 02 de 2018 Senado y 040 de
2018 Cámara tenga segundo debate. El Presidente de la Comisión Conjunta de
Senado y Cámara de Representantes, (…), informa a los honorables Congresistas:
Se designan como ponentes para el segundo debate a los mismos Senadores y
Representantes; en el Senado se adiciona al Senador Jhon Harold Suárez. Sírvase
hacer los anuncios señores Secretarios y se cita para la audiencia el 22 de
octubre del presente año, a las 02:00 de la tarde. Las respectivas Secretarías
de las Comisiones Segundas citarán a la audiencia”[52].
Del
íter legislativo y las certificaciones de los secretarios de las comisiones
segundas del Senado[53] y la Cámara[54]
la Corte halla que el requisito del anuncio previo a la votación se
cumplió satisfactoriamente, por cuanto se realizó i) en sesiones distintas y
previas (2[55] y 9[56]
de octubre de 2018)[57] a la discusión y
votación en sesión conjunta (16 de octubre) y ii) la fecha resultó determinable
(próxima sesión a realizarse, máxime cuando comprometía su celebración conjunta)
como lo ha admitido esta Corporación[58], que se verificó el 16 de octubre de 2018.
De
igual manera, se observó el quórum deliberatorio[59]
(13 senadores y 14 representantes en el transcurso de la sesión conjunta), la
votación fue nominal y pública (lo hizo expreso el presidente de las comisiones
segundas de Senado y Cámara y de este modo de verificó), siendo aprobado el informe
de ponencia así como el proyecto de ley con las mayorías requeridas, esto es, por
9 a 2 en Senado y 11 a 2 en Cámara.
El
proyecto de ley aprobado en sesión conjunta de Senado y Cámara fue publicado en
las gacetas del Congreso 916 y 917 de 30 de octubre de 2018, respectivamente. El
23 de octubre de 2018, de conformidad con la proposición aprobada en la sesión
conjunta de las comisiones segundas de Senado y Cámara, se realizó una
audiencia pública en el recinto de la última[60].
Segundo debate
Plenaria del Senado
Publicación del informe de ponencia
8. El informe de ponencia favorable para segundo debate ante la
plenaria del Senado fue presentados por los senadores Berner Zambrano Erazo,
Antonio Sanguino Páez[61] y John Harold Suárez,
que se publicó en la Gaceta del Congreso 916 de 30 de octubre de 2018, Senado.
Anuncio
previo y discusión y votación
9. En el Acta 25
de 07 de noviembre de 2018 se alude a la realización del aviso previo a la votación
en la plenaria del Senado, como se aprecia:
“Anuncio
de proyectos. Por instrucciones de la presidencia y, (…), por secretaría se
anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión. (…).
Con ponencia para segundo debate:
.
Proyecto de ley número 02 de 2018 Senado, 040 de 2018 Cámara, por medio de la
cual se aprueba el acuerdo sobre los términos de la adhesión (…) y la
convención de la organización (…).
Señor
presidente están leídos y anunciados los diferentes proyectos, para ser
debatidos y votados en la próxima sesión plenaria”.[62]
Conforme al Acta 26 de 13 de noviembre de 2018[63]
se dio la discusión y votación del proyecto de ley 02 de 2018 Senado y 040 de
2018 Cámara. Una vez registrado el quórum deliberatorio[64],
mediante votación nominal fue aprobada la proposición final con
que termina el informe de ponencia favorable con un resultado de 76 votos por
el sí y 8 por el no. Luego fue aprobada la omisión de la lectura de las
disposiciones, así como la votación del bloque del articulado, el título del
proyecto de ley y que sea ley de la República, con un resultado de 76 votos por
el sí y 10 por el no[65]. Así puede verificarse:
“La
Presidencia somete a consideración de la plenaria la proposición positiva con
que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley número 02 de 2018
Senado, 040 de 2018 Cámara y, cerrada su discusión abre la votación e indica a
la Secretaría abrir el registro electrónico para proceder en forma nominal. La
Presidencia cierra la votación e indica a la Secretaría cerrar el registro
electrónico, e informar el resultado de la votación. Por Secretaría se informa
el siguiente resultado: Por el SÍ: 76. Por el NO: 8. Total: 84 votos. Votación
nominal a la proposición positiva con que termina el informe de ponencia para
segundo debate al Proyecto de ley (…) por medio de la cual se aprueba el
“Acuerdo sobre los términos de la adhesión de la República de Colombia (…), y
la “Convención de la Organización (…).
Honorables
Senadores por el Sí
Agudelo
García Ana Paola
Agudelo Zapata Iván Darío
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Barreto Castillo Miguel Ángel
Benedetti Villaneda Armando (…).
Honorables Senadores por el NO
Avella Esquivel Aída Yolanda
Cepeda Castro Iván
Gallo Cubillos Julián
Gómez Gómez Pedro Leonidas (…).
En
consecuencia, ha sido aprobada la proposición positiva con que termina el
informe de ponencia del Proyecto de ley número 02 de 2018 Senado, 040 de 2018
Cámara. (…). La Presidencia somete a consideración de la plenaria
la omisión de la lectura del articulado, el articulado en bloque del proyecto,
y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado propuesto?
(…). Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley (…). Leído
este, la Presidencia lo somete a consideración de la plenaria, y cerrada su
discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación el título leído?
Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia
pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado sea
ley de la República? La Presidencia abre la votación de la omisión de la
lectura del articulado, el bloque del articulado, el título y que sea ley de la
República el Proyecto de ley (…), e indica a la Secretaría abrir el registro
electrónico para proceder en forma nominal. (…) Por Secretaría se informa el
siguiente resultado: Por el SÍ: 76. Por el NO: 10. Total: 86 votos. Votación
nominal a la omisión a la lectura del articulado, bloque del articulado, título
y que sea Ley de la República el Proyecto de ley (…).
Honorables
Senadores por el Sí
Agudelo García Ana Paola
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richar Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Barreras Montealegre Roy (…).
Honorables Senadores por el No
Avella Squivel Aída Yolanda
Cepeda Castro Iván
Gallo Cubillos Julián
Gómez Gómez Pedro Leonidas
Lobo Silva Griselda (…).
En consecuencia, ha sido aprobada la omisión de la
lectura del articulado, el bloque del articulado, el título y que sea ley de la
República del Proyecto de ley número 02 de 2018 Senado, 040 de 2018, Cámara.” [66]
Del
trámite legislativo y las certificaciones del secretario general del Senado[67]
la Corte halla que el requisito del anuncio previo a la votación se
cumplió satisfactoriamente, por cuanto se realizó i) en sesión distinta y
previa (07 noviembre) a la discusión y votación (13 de noviembre) conforme al consecutivo
de actas (25 y 26) y ii) la fecha resultó determinable (convocatoria para la
próxima sesión plenaria), como lo ha validado esta Corporación, que se cumplió efectivamente
el 13 de noviembre.
De
igual manera, se observó el quórum deliberatorio (99 senadores), la
votación fue nominal (lo exigió el presidente de la plenaria y de esta manera se
cumplió), siendo aprobado el informe de ponencia así como el proyecto de ley con
la mayoría requerida (con 76 votos). Adicionalmente,
se observó el término que debe mediar entre el primero y el segundo debate[68]
cuando existe mensaje de urgencia[69], toda vez que el
primer debate se dio el 16 de octubre de 2018 mientras que el inicio del
segundo fue el 13 de noviembre de 2018, por lo que transcurrieron más de 8
días.
Plenaria de la Cámara
Publicación del informe de ponencia
10. El informe de ponencia positivo sobre el proyecto de ley 040 de
2018 Cámara y 02 de 2018 Senado, para segundo debate ante la plenaria de la
Cámara fue presentado por los representantes Juan David Vélez, César Eugenio
Martínez, Milene Jarava y Astrid Sánchez Montes de OCA, que se publicó en la
Gaceta del Congreso 917 de 30 de octubre de 2018, Cámara.
Anuncio previo
y discusión y votación
11. En el Acta 24
de 31 de octubre de 2018 se registra el aviso previo a la votación en la
plenaria de la Cámara, como se aprecia a continuación:
“Por
instrucción del señor Presidente se anuncian los siguientes proyectos para la
sesión plenaria del día martes 6 de noviembre del 2018 a las tres de la tarde o
para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o
actos legislativos.
(…)
Proyecto
de ley número 040 de 2018 Cámara, 02 de 2018 Senado”.[70]
Según el Acta 025 de 06 de noviembre de 2018[71]
se dio la discusión y votación del proyecto de ley 040 de 2018 Cámara y 02 de 2018 Senado. Una vez registrado el quórum deliberatorio[72],
mediante votación nominal fue aprobada la proposición final con
que termina el informe de ponencia favorable con un resultado de 104 votos por
el sí y 10 por el no. Luego se procedió a la votación de artículo por artículo
con el siguiente resultado: artículo 1º con 102 por el si y 7 por el no;
artículo 2º con 117 por el si y 15 por el no; y 3º con 130 por el si y 14 por
el no. En cuanto al título y la pregunta para que continúe el proyecto de ley
por el si 123 votos y por el no 14. Así puede observarse:
“Dirección
de Presidencia, (…): Muy bien, (…), ya se terminó las intervenciones de los que
estaban inscritos, abra el registro señor Secretario para la votación de la
proposición con que termina el Informe de Ponencia, (…). Secretario General,
(…): Se abre el registro por orden de la Presidencia para votar el Informe de
Ponencia que busca darle Segundo Debate a este Proyecto de ley número 040 de
2018 Cámara, 02 de 2018 Senado. Édward Rodríguez Vota Sí, Inti Asprilla vota
Sí, Córdoba vota Sí, Carlos Ardila vota Sí, Gabriel Santos vota Sí, Espinel
vota Sí, Irma Herrera vota Sí, Juan David Vélez vota Sí, (…): Muy bien,
Secretario cierre registro y anuncie resultado. Secretario General, (…), la
votación final es como sigue: Por el Sí: 88 votos electrónicos y 16 manuales
para un total de 104 votos. Por el No: 10 votos electrónicos ninguno manual,
para un total por el No de 10 votos, 104 votos por el Sí y por el No 10 votos
electrónicos.
Resultados
individuales
Yes
Hernán
Humberto Garzón Rodríguez Partido Cent
Fabián
Díaz Plata Partido Coali
Erwin
Arias Betancur Partido Cam
Aquileo
Medina Arteaga Partido Cam
Elizabeth
Jay-Pang Díaz Partido Liber
Teresa
de Jesús Enríquez Rosero Partido de la
Jairo
Giovany Cristancho Tarache Partido Cent
Norma
Hurtado Sánchez Partido de la (…).
No
Carlos
Germán Navas Talero Partido Polo
Ángela
María Robledo Gómez Coalición list
Adriana
Gómez Millán Partido Liber
Jairo
Renaldo Cala Suárez Partido FAR
Neyla
Ruiz Correa Partido Alian (…).
No
votado
Christian
Muñir Garcés Aljure Partido Cent
Álvaro
Henry Monedero Rivera Partido Liber
Jorge
Méndez Hernández Partido Cam
Registro
Manual para Votaciones (…)
Voto
Sí
Édward
David Rodríguez Rodríguez Bogotá, D. C. Centro Democrático X
Inti
Raul Asprilla Reyes Bogotá, D. C. Alianza Verde X
Nilton
Córdoba Manyoma Chocó Partido Liberal X
Carlos
Adolfo Ardila Espinosa Putumayo Partido Liberal X (…).
Dirección
de Presidencia, (…): Secretario
General, (…): Señor Presidente, ha sido aprobado el informe con que termina la
ponencia. Dirección de Presidencia, (…): Cuántos artículos, señor Secretario.
Secretario General, (…): Señor Presidente, este proyecto tiene 3 artículos sin
ninguna proposición modificatoria. Dirección de Presidencia, (…): Sometemos
entonces en bloque los 3 artículos, se abre la discusión de los 3 artículos, (…).
Intervención del honorable Representante Jorge Alberto Gómez Gallego: (…), en
nombre de uno de los partidos de oposición solicito que se vote artículo por
artículo porque hay gente que va a votar unos artículos positivos y otros
negativos, entonces solicito muy respetuosamente votación artículo por
artículo. Dirección de Presidencia, (…): Bueno, muy bien, no hay ningún
problema, son tres artículos, entonces en consideración el artículo 1°, es un
tratado, son tres artículos, realmente son muy poquitos en consideración el
artículo 1°, les pido el favor que votemos rápidamente los artículos y va ser
voto nominal (…). Secretario General, (…): Se abre el registro por orden de la
Presidencia para votar el artículo 1° (…). Secretario General (…): Se ha
cerrado el registro por orden de la Presidencia y la votación final es como
sigue: Por el Sí: 97 votos electrónicos y 5 manuales para un total por el Sí de
102 votos, por el No: 7 votos electrónicos, ninguno manual para un total por el
no de 7 votos, ha sido aprobado el artículo.
Resultados
individuales
Yes
Fabián
Díaz Plata Partido Coali
Erwin
Arias Betancur Partido Cam
Julio
César Triana Quintero Partido Cam
Aquileo
Medina Arteaga Partido Cam
José
Gustavo Padilla Orozco Partido Cons
Diela
Liliana Benavides Solarte Partido Cons
Elizabeth
Jay-Pang Díaz Partido Liber
Carlos
Julio Bonilla Soto Partido Liber
Teresa
de Jesús Enríquez Rosero Partido de la (…).
No
Ángela
María Robledo Gómez Coalición list
Jairo
Renaldo Cala Suárez Partido FAR
Neyla
Ruiz Correa Partido Alian
Abel
David Jaramillo Largo Partido MAI (…).
No
votado
Jorge
Enrique Burgos Lugo Partido de la
Mónica
Liliana Valencia Montaña Partido de la
Ómar
de Jesús Restrepo Correa Partido FAR.
Registro
Manual para Votaciones (…)
Voto
Sí
Juan
David Vélez Trujillo Consulados Centro Democrático X
Irma
Luz Herrera Rodríguez Bogotá, D. C. Partido MIRA X
Jairo
Giovany Cristancho Tarache Casanare Centro Democrático X (…).
Dirección
de Presidencia, (…):
Muy
bien, entonces leamos el segundo artículo, señor Secretario. Jefe de Relatoría,
(…): Por orden de la Presidencia
se cierra el registro, la votación final es como sigue: Por el Sí: 108 votos
electrónicos y 9 manuales para un total por el sí de 117 votos, por el No: 14
votos electrónicos y 1 manual para un total por el No de 15 votos, ha sido
aprobado el artículo 2°, señor Presidente.
Yes
Hernán
Humberto Garzón Rodríguez Partido Cent
Erwin
Arias Betancur Partido Cam
Julio
César Triana Quintero Partido Cam
Aquileo
Medina Arteaga Partido Cam
Yamil
Hernando Arana Padauí Partido Cons
Diela
Liliana Benavides Solarte Partido Cons (…).
No
Fabián
Díaz Plata Partido Coali
Carlos
Germán Navas Talero Partido Polo
Ángela
María Robledo Gómez Coalición list
Adriana
Gómez Millán Partido Liber (…)..
No
votado
José
Gustavo Padilla Orozco Partido Cons
Registro
Manual para Votaciones
(…)
Votó
Sí
Juan
David Vélez Trujillo Consulados Centro Democrático X
Héctor
Ángel Ortiz Núñez Boyacá Centro Democrático X
César
Eugenio Martínez Restrepo Antioquia Centro Democrático X (…).
No
Carlos
Germán Navas Talero Bogotá, D. C. Polo Democrático X (…)
Dirección
de Presidencia (…): (…), favor leer el artículo 3º señor Secretario para
someterlo a la votación, es la vigencia ya lo único que queda es esta parte del
3 artículo que es la vigencia de este proyecto de ley. Jefe de Relatoría (…)
Artículo 3°: La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación, está
leído el artículo 3° (…). Estamos en el artículo 3° que es la vigencia, les
pido el favor que se refieran a la vigencia, sigue la discusión, anuncio que se
va cerrar queda cerrado, abra el registro para la votación señor Secretario.
Secretario
General (…): Se abre el registro para votar el artículo 3° de este proyecto,
señores de cabina habilitar el sistema, señores Representantes pueden votar.
Juan David Vélez vota Sí, Juan Espinal vota Sí, Buenaventura León vota Sí,
Edgar Gómez Román vota Sí, Óscar Tulio Lizcano vota Sí (…).
Listo
señor Secretario cierre el registro y anuncie el resultado. Jefe de Relatoría
(…): Armando Zabaraín vota Sí, Óscar Darío Pérez vota Sí. Secretario General
(…): Nicolás Echeverry vota Sí, Betancourt vota Sí. Jefe de Relatoría (…): Hay
decisión ya señor Presidente, se retira el voto manual del doctor Óscar Darío
Pérez porque lo hizo electrónicamente, Alfredo Deluque vota Sí. Dirección de
Presidencia Atilano Alonso Giraldo Arboleda: Cierre el registro y anuncie el
resultado señor Secretario. Secretario General (…): Se cierra el registro la
votación es como sigue: Por el Sí: 119 votos electrónicos y 11 manuales para un
total de 130 votos por el Sí, por el No: 14 votos electrónicos y ninguno manual
para un total por el no de 14 votos, ha sido aprobado el artículo 3 de este
proyecto.
(…)
Yes
Hernán
Humberto Garzón Rodríguez Partido Cent
Erwin
Arias Betancur Partido Cam
Julio
César Triana Quintero Partido Cam
Aquileo
Medina Arteaga Partido Cam
José
Gustavo Padilla Orozco Partido Cons
Yamil
Hernando Arana Padauí Partido Cons
Diela
Liliana Benavides Solarte Partido Cons (…)
No
Fabián
Díaz Plata Partido Coali
Carlos
Germán Navas Talero Partido Polo
Ángela
María Robledo Gómez Coalición list
Adriana
Gómez Millán Partido Liber (…).
Registro
Manual para Votaciones
(…)
Nombre
Circunscripción Partido
Votó
Sí
Juan
David Vélez Trujillo Consulados Centro Democrático X
Juan
Fernando Espinal Ramírez Antioquia Centro Democrático X (…).
Dirección
de Presidencia Atilano Alonso (…): Muy bien secretario título y la pregunta
para que continúe este proyecto su trámite. Secretario General (…): Título:
“por medio de la cual se aprueba el acuerdo sobre los términos de la adhesión
de la República de Colombia a la Convención de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos, suscrito en París el 30 de mayo de 2018
y la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico hecha en París el 14 de diciembre de 1960” Y la pregunta, ¿quiere la
plenaria que este proyecto sea ley de la República? (…) Secretario General, (…): Se abre el registro para
votar el título y la pregunta, señores de cabina habilitar el sistema, señores
Representantes pueden votar, (…) Secretario General, (…): Se cierra el
registro, la votación es como sigue: Por el SÍ: 116 votos electrónicos y 7
manuales, para un total por el SÍ 123 votos. Por el NO: 13 votos electrónicos y
1 manual, para un total por el NO de 14 votos. Ha sido aprobado el título y la
pregunta sobre este Proyecto de ley número 040 de 2018 Cámara, 02 de 2018
Senado. (…)
Yes
Hernán
Humberto Garzón Rodríguez Partido Cent
Erwin
Arias Betancur Partido Cam
Julio
César Triana Quintero Partido Cam
Aquileo
Medina Arteaga Partido Cam
José
Gustavo Padilla Orozco Partido Cons
Yamil
Hernando Arana Padauí Partido Cons (…).
No
Fabián
Díaz Plata Partido Coali
Carlos
Germán Navas Talero Partido Polo
Ángela
María Robledo Gómez Coalición List
Adriana
Gómez Millán Partido (…).
Registro
manual para votaciones
(…)
Votó
SÍ
Juan
David Vélez Trujillo Consulados Centro Democrático x
Bayardo
Gilberto Betancourt Pérez Nariño Cambio Radical x
Hernán
Gustavo Estupiñán Calvache Nariño Partido Liberal x (…).
No
María
José Pizarro Rodríguez Bogotá, D. C. Lista de la Decencia x
(…)
Dirección
de Presidencia, Atilano Alonso Giraldo Arboleda: Siguiente punto del orden del
día, cerramos ya este capítulo de este proyecto de ley que fue aprobado.
Siguiente punto del orden día señor Secretario”[73].
Del
trámite legislativo y las certificaciones del secretario general de la Cámara[74] la Corte encuentra
que el requisito del anuncio previo a la votación se cumplió
satisfactoriamente, por cuanto se realizó i) en sesión distinta y previa (31 octubre)
a la discusión y votación (06 de noviembre) conforme al consecutivo de actas (24
y 25) y ii) la fecha resultó determinada (convocatoria para el 06 de noviembre),
como lo ha sostenido esta Corporación, que se verificó en la fecha programada. De
igual manera, se observó el quórum deliberatorio (163 representantes),
la votación fue nominal (así se observó), siendo aprobado el informe de
ponencia así como el proyecto de ley (artículo por artículo) con la mayoría
requerida.
Adicionalmente, se cumplió el término que debe mediar entre el
primero y el segundo debate cuando media mensaje de urgencia, toda
vez que el primer debate se dio el 16 de octubre de 2018 mientras que el inicio
del segundo fue el 06 de noviembre de 2018, por lo que transcurrieron más de 8
días.
Conclusión
del trámite legislativo
12.
Del recuento legislativo se ha podido comprobar por la Corte que se cumplieron
satisfactoriamente los requisitos formales en la aprobación de la Ley 1950 de
2019.
Así
pudo establecerse que Colombia se adhirió a la convención de la OCDE y el
acuerdo sobre los términos de la adhesión fue suscrito por el entonces
presidente de la República, instrumentos internacionales a los cuales se les
impartió aprobación ejecutiva y se ordenó someter a consideración del Congreso
de la República. Además, no se halló la necesidad de consultar previamente a
los pueblos étnicos al
dirigirse en principio a la sociedad en general y no contener regulaciones que
incidan de manera directa y específica en la identidad, integridad, proyecto de
vida y subsistencia de tales comunidades. Se precisó que aun cuando se trata de
normas abstractas a las cuales se adhiere el país y de compromisos y desafíos sujetos
a condiciones y verificaciones de cumplimiento, al poder materializarse en
actos normativos como leyes y normas reglamentarias, deban estar precedidos del
deber de consulta previa, libre e informada siempre que comprometa la
afectación directa y bajo el nivel de particularidad exigido constitucional y
convencionalmente. Finalmente, se advirtió que se cuenta con las acciones,
mecanismos y jurisdicciones correspondientes para la garantía de los derechos
que se estimen amenazados o violados.
Sometido el proyecto de ley 02 de
2018 Senado y 040 de 2018 Cámara a la aprobación del Congreso, pudo verificarse
que satisfizo los requerimientos constitucionales y orgánicos en torno a la
presentación y publicación, la iniciación del trámite y la publicación de los
informes de ponencia, que dada la solicitud de trámite de urgencia presentada
por el Gobierno el primer debate se surtió de manera conjunta por las
comisiones segundas de Senado y Cámara. Así mismo, el requisito del anuncio
previo a la votación se cumplió satisfactoriamente por cuanto se verificó en
sesiones distintas y previas (02 octubre Senado y 09 octubre Cámara, comisiones
segundas) a la discusión y votación conjunta (16 octubre), y los términos
empleados fueron los adecuados al resultar determinable la fecha de la
discusión y votación. También el Tribunal comprobó la
observancia del quórum deliberatorio y decisorio (13 senadores y 14
representantes, transcurso de la sesión), al igual que la votación nominal y
pública, siendo aprobado el informe de ponencia así como el proyecto de ley con
las mayorías requeridas (9 a 2 Senado y 11 a 2 Cámara), además de la
publicación del texto aprobado.
El segundo
debate en plenarias de Senado y Cámara también atendió los lineamientos
superiores y orgánicos. En la plenaria del Senado se publicó el informe de
ponencia y el requisito del anuncio previo a la votación se dio
satisfactoriamente por cuanto se realizó en sesión distinta y previa (07
noviembre) a la discusión y votación (13 noviembre), y la fecha resultó
determinable. Igualmente, se observó el quórum deliberatorio (99
senadores), la votación fue nominal, siendo aprobado el informe de ponencia así
como el proyecto de ley con la mayoría requerida (76 votos). También se cumplió
el término que debe mediar entre el primero y segundo debate (8 días) cuando existe
mensaje de urgencia.
En la plenaria
de la Cámara se publicó el informe de ponencia y el requisito del anuncio
previo a la votación se dio satisfactoriamente por cuanto se realizó en sesión
distinta y previa (31 de octubre) a la discusión y votación (06 noviembre), y
la fecha resultó determinada. Así mismo, se observó el quórum
deliberatorio (163 representantes), la votación fue nominal, siendo aprobado el
informe de ponencia así como el proyecto de ley (artículo por artículo) con la
mayoría requerida (art. 1º: 102 votos; art. 2º: 117 votos; y art. 3º: 130 votos).
También se cumplió el término que debe mediar entre el primero y segundo debate
(8 días) cuando hay mensaje de urgencia.
De la
misma manera, el trámite legislativo en su conjunto se cumplió en menos de dos
legislaturas con lo cual se observó el artículo 162 de la Constitución. Además,
el proyecto de ley aprobatorio del acuerdo sobre los términos de la
adhesión a la convención de la OCDE y la convención de la OCDE, fueron
sancionados por el Presidente de la República el 08 de enero de 2019, que se
convirtió en la Ley 1950. El 16 de enero de 2019 fue recibido
en la Secretaría General de la Corte Constitucional, proveniente de la
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, fotocopia autentica de
la ley referida y del texto de los instrumentos internacionales, por lo
que se cumplió oportunamente la remisión dentro de los 6 días siguientes a la
sanción de la ley, atendiendo lo dispuesto en el artículo 241.10 de la
Constitución[75].
Verificado, entonces, por la
Corte el cumplimiento del procedimiento legislativo que dio paso a la
aprobación de la Ley 1950 de 2019 al no hallar vicio de procedimiento alguno,
procede a examinar si dicha ley y los instrumentos en ella contenidos se ajustan,
desde el punto de vista material, a la Constitución Política (arts. 9º, 226 y
227, entre otros) y a los tratados internacionales de derechos humanos (art. 93
superior).
Revisión material de
constitucionalidad
Alcance del control judicial
de constitucionalidad
13. Corresponde a la Corte
resolver sobre la Ley 1950 de 2019, aprobatoria del acuerdo sobre los términos
de la adhesión de Colombia a la OCDE (2018) y la convención de tal organización
(1960). El primer documento comprende la Declaración del Gobierno referente a
la aceptación de Colombia de las obligaciones de membresía de la OCDE, los anexos
y la decisión del Consejo de esa organización de invitar a Colombia para
adherir a la convención, mientras que el segundo documento lo compone un preámbulo
y 21 artículos.
El examen de fondo que le compete
realizar a esta Corporación consiste en confrontar dichos instrumentos
internacionales de orden económico y comercial, y su ley aprobatoria, con “la
totalidad de las normas previstas en el ordenamiento superior”[76]
y los tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad en
sentido estricto[77].
Como lo expuso recientemente este
Tribunal[78], la Constitución hizo
explícitos el deber del Estado de promover la internacionalización de las
relaciones económicas, sociales, políticas y ecológicas sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional, así como la integración económica, social
y política con las demás naciones, particularmente con los países de
América Latina y del Caribe, mediante tratados sobre bases de equidad, igualdad
y reciprocidad[79].
También estableció que las relaciones exteriores del Estado han de
fundamentarse en la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y
el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por
Colombia[80].
Al Presidente
de la República como jefe de Estado le atribuyó la dirección de las relaciones
internacionales y la celebración con otros Estados y entidades de derecho
internacional de convenios[81]
y al Congreso de la República la aprobación o improbación de los tratados que
el Gobierno celebre para la promoción o consolidación de la integración
económica[82].
De esta manera, les asiste a tales instancias políticas un margen de
discrecionalidad para determinar la conveniencia y oportunidad de
suscribir esos instrumentos internacionales[83]. Además, al
estar la dirección general de la economía a cargo del Estado[84],
este debe posibilitar el ejercicio de las libertades económicas en el marco de
la protección del interés general[85].
En la sentencia C-157 de 2016[86]
se manifestó que la Corte no analiza los
contenidos detallados de la ponderación que realiza el Presidente ni el
Congreso de la República, pero sí hace una constatación de la existencia
y plausibilidad del estudio que compromete la voluntad del Estado en el
concierto internacional. Ello fue reafirmado en la sentencia C-154 de 2019 al
señalar que “carece de competencia para conocer aspectos
concernientes a la conveniencia de la suscripción de un tratado de libre
comercio, al haber sido dispuesta constitucionalmente su observancia en cabeza
del Presidente de la República y del Congreso de la República, por lo que la
función de la Corte se limita a exponer que haya sido considerada”.
De este modo, la apertura
económica y comercial esta provista de un cierto margen de maniobra -conveniencia-,
sin que por ello se entienda que carece de límites establecidos en la
Constitución (arts. 9º, 226 y 227 C. Pol., entre otros) y en los tratados
internacionales de derechos humanos, inclusive los de índole humanitarios.
Es una obligación del Estado garantizar
el cumplimiento de unos estándares básicos constitucionales que aseguren la vigencia
efectiva de los derechos fundamentales: i) para alcanzar de manera
transparente un comercio justo y equitativo; ii) que el intercambio económico y
comercial se desenvuelva en un plano de la igualdad real, responda a las particularidades
de cada Estado y constituya un medio para lograr el bienestar general (fin
esencial-social del Estado); iii) que se desenvuelva bajo el respeto y la
promoción de los derechos civiles y políticos, así como económicos, sociales,
culturales y ambientales (DESCA); iv) que no se desprotejan los sectores
sensibles y vulnerables de la economía y de la sociedad, los derechos laborales
y de la seguridad social, la alimentación, los derechos de los consumidores, la
salud pública, la preservación y restablecimiento del ambiente sano; y se
combata la pobreza extrema y el hambre, entre otros[87].
Los acuerdos y convenios de
integración económica y comercial, y del derecho comunitario[88] por regla general no
despliegan una jerarquía normativa superior a las leyes ordinarias, toda
vez que su objeto dada la especialidad no está en regular en principio los derechos
fundamentales, sino en constituirse en una herramienta más que facilite la
promoción e integración con las demás naciones y las organizaciones
internacionales, en la pretensión del desarrollo de las economías y la
propensión del beneficio del interés general[89].
No debe olvidarse que la Corte ha sostenido según la estructura de la Carta
Política, que dentro de la parte dogmática encontramos no solo derechos
fundamentales, sino también valores (fines) y principios (bases de la
organización política)[90].
Ahora bien, la Corte ha validado
constitucionalmente acuerdos y convenios con las demás naciones del
mundo, además de compromisos adquiridos con organizaciones internacionales.
De esta forma, Colombia hace parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)[91], que es una
organización internacional que cuenta con diversos órganos e instituciones que
integran el Sistema Andino de Integración (SAI), con proyección hacia una
integración sudamericana y latinoamericana[92].
De igual modo, el país hace parte
de organizaciones regionales y globales en materia económica y comercial también
avalados en su constitucionalidad: i) Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias
Comerciales entre países en desarrollo (C-564/92); ii) Acuerdo que establece la
Organización Mundial del Comercio OMC, sus acuerdos multilaterales (C-137/95);
iii) Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino
(C-231/97); iv) Cuarto Protocolo Anexo al Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios con la lista de compromisos específicos (C-369/02);
v) Convenio marco relativo a la ejecución de la ayuda financiera y
técnica y de la cooperación económica en la Colombia en virtud del reglamento
“ALA” (C-280/04); vi) Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena, Compromiso
de la Comunidad Andina por la Democracia (C-644/04); vii) Convenio del
Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria
enmendado, y el Convenio de Administración del Programa Cooperativo para el
Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria enmendado (C-567/10); viii) Acuerdo
de diálogo político y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus países miembros Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (C-645/10); ix) Acuerdo de Cooperación y
Régimen de Privilegios e Inmunidades entre la Organización Internacional para
las Migraciones y el Gobierno de Colombia (C-788/11); x) acuerdo comercial
entre Colombia y el Perú, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra
(C-335/14); xi) Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico (C-163/15 y C-620/15);
xii) Acuerdo entre Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte
sobre Cooperación y Seguridad de Información (C-144/18).
En suma, el control de
constitucionalidad a aplicar sobre los instrumentos internacionales bajo
revisión constitucional, consiste en confrontar sus
disposiciones y el de su ley aprobatoria, con la totalidad de las disposiciones
de la Constitución[93].
Partiendo de la naturaleza abstracta y objetiva del juicio a realizar, ha
sostenido este Tribunal que en algunas oportunidades no es posible avizorar
todas y cada una de las consecuencias que se generan por la aprobación de los convenios
y acuerdos económicos y comerciales celebrados, por lo que será hasta el
momento del desarrollo o ejecución de tales instrumentos internacionales, en
que podrán los ciudadanos a través de las acciones constitucionales y legales,
por los mecanismos establecidos y ante las autoridades administrativas o
judiciales respectivas, resolver las posibles dificultades o litis que se generen,
para la garantía y vigencia cierta y efectiva de la Carta Política[94].
La OCDE
14. La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)[95] es un foro único en que
los gobiernos de las hoy 36 democracias y economías de mercado[96],
laboran juntos para enfrentar los desafíos económicos, sociales y de gobernanza
conexos a la globalización, y para aprovechar sus oportunidades[97].
Constituye un marco para que los gobiernos comparen experiencias de políticas,
escudriñen respuestas a problemas comunes, identifiquen las buenas prácticas y
coordinen políticas públicas nacionales e internacionales. Tal foro en el que
el apremio de sus integrantes contribuye valiosamente a la mejora de políticas,
prepara instrumentos reconocidos a nivel internacional, adopta decisiones y
realiza recomendaciones en sectores en que es necesario el acuerdo multilateral
para que cada Estado avance en una economía globalizada[98].
Los intercambios entre los
gobiernos de la OCDE se apoyan en la información y el análisis que proporciona
un secretariado en París, el cual acopia datos, mira tendencias, examina y hace
previsiones respecto a los progresos económicos, etc. Así mismo, investiga
cambios sociales o la evolución de los modelos en el comercio, el medio
ambiente, la agricultura, la tecnología, el sistema tributario, etc. Entre los
objetivos está ayudar a los gobiernos a promover la prosperidad y a combatir la
pobreza a través del crecimiento económico, la estabilidad financiera, el
comercio y la inversión, la tecnología, la innovación, el estímulo empresarial
y la cooperación para el desarrollo[99].
Procura que se tengan en cuenta
las implicaciones ambientales del desarrollo social y económico. Otros
propósitos comprenden la creación de empleos, la equidad social y lograr una
gobernanza transparente y efectiva. Encabeza los esfuerzos para comprender los
nuevos progresos y preocupaciones, y colaborar a los gobiernos en la respuesta
a éstos, que incluye ajustes comerciales y estructurales, seguridad en línea, y
los desafíos sobre la reducción de la pobreza. La organización ha sido
considerada una de las más confiables fuentes de información estadística,
económica y social, cuyas bases de datos abarcan distintos campos: informes
nacionales, indicadores económicos, comercio, migración, salud, medio ambiente,
energía, etc., cuyas investigaciones son objeto de publicación y estudio[100].
La OCDE surgió de la Organización
Europea para la Cooperación Económica (OECE), la cual se creó en 1948 con el
apoyo de Estados Unidos y Canadá para coordinar el Plan Marshall y contribuir a
la reconstrucción de las economías europeas después de la segunda guerra
mundial[101]. Esta organización
remplazó a la OECE en 1961 y a partir de ese momento su cometido ha sido apoyar
a los gobiernos a forjar un crecimiento económico sostenible, empleos y niveles
de vida mejorados en los países miembros, preservando la estabilidad financiera
y beneficiando el desarrollo de la economía mundial[102].
La doctrina especializada[103]
señala que la sociedad contemporánea se define esencialmente por su carácter
globalizador, por lo que las políticas nacionales aisladas ya no responden a un
mundo interconectado, principalmente debido a la proliferación de los
organismos que realizan propuestas de actuación mancomunadas.
Entonces, instituciones
financieras como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y las transnacionales
como la ONU, la OTAN, la UE, la OMC y la OCDE, entre otros, establecen normas y
reglas de juego en un marco cada vez más globalizado, cuyo desafío para la
democracia está en los Estados nacionales, porque si los gobiernos son fuertes
los organismos también lo serán[104]. En el ámbito
internacional, importante en los procesos democráticos globalizadores, se
salvaguardan valores materiales que orientan la colaboración entre todos los
Estados y que habrán de realizarse, como los derechos a igualdad, a la
dignidad, a la paz, a la justicia, a la tolerancia y al progreso económico y
social, para beneficio del interés común y la defensa de los pueblos, que deben
mantener unas relaciones amistosas para que la cooperación internacional sea
capaz de resolver problemas internacionales de orden político, económico y
social, incluso humanitario, así como la promoción del respeto y el fomento de
los derechos humanos[105].
Examen general de la
convención de la OCDE y del acuerdo sobre los términos de la adhesión, y de la
ley aprobatoria
15. La ley aprobatoria
consta de tres artículos referentes a: 1) la aprobación de los instrumentos
internacionales, 2) los efectos que se surtirán a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional[106] y 3) la vigencia desde
la fecha de publicación. En primer lugar, para la Corte tales disposiciones son
compatibles con la Constitución conforme a las atribuciones conferidas al
Congreso de la República (art. 150.16 superior).
16. Por su
parte, la convención de la OCDE (1960) consta del preámbulo que expone
la teleología perseguida por los miembros fundadores de la organización[107]
y 21 artículos[108]. Además, el acuerdo sobre los términos de la adhesión (2018) se
compone de i) la Declaración del Gobierno referente a la aceptación de Colombia
de las obligaciones de membresía de la OCDE[109] junto con sus anexos[110]
y ii) la Decisión del Consejo de esa organización de invitar a Colombia para
adherir a la convención[111].
Observados los mismos debe la
Corte empezar por señalar que la validez constitucional de instrumentos
internacionales similares ha sido advertida por este Tribunal. En la
sentencia C-417 de 2012 se declaró la exequibilidad de la Ley 1479 de 2011 que
aprueba la Decisión del Consejo de la OCDE que establece un Centro de
Desarrollo (1962) y el acuerdo mediante canje de notas con la secretaría
general de esa organización para la vinculación de Colombia como miembro del
Centro de Desarrollo (2008).
En tal decisión la Corte a la luz
de los postulados constitucionales (arts. 9º, 226 y 227 C. Pol.) observó que “no
existe ninguna contrariedad entre los principios y propósitos superiores que
cimientan las relaciones exteriores del Estado y los que guían la existencia y
actividades del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo -OCDE-. En efecto, en nada afecta la soberanía la vinculación de
Colombia a ese Centro, que ha sido convenida de manera libre y con total
respeto del principio de autodeterminación y de los principios del derecho
internacional”.
Como fundamento respecto a los
objetivos del Centro de Desarrollo se argumentó que en la medida que “comportan
la aplicación de conocimientos y experiencias de los países participantes a
aquellos países o regiones en proceso de desarrollo, lejos de contradecir la
Constitución, contribuyen a realizar sus mandatos, porque la colaboración o
ayuda que se reciba tratándose de problemas económicos o de la formulación de
políticas económicas, se inscribe dentro de la finalidad de internacionalizar
las relaciones económicas y responden a las bases de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional, en los términos del artículo 226 superior”.
Igualmente se expuso que la
integración económica con otras naciones no entra en contradicción con las
finalidades del Centro, porque “buscan aplicar los conocimientos y las
experiencias acumulados por otros países en el proceso de su desarrollo a
países que, como Colombia, todavía deben superar obstáculos para lograr un
crecimiento económico adecuado, lo cual redunda en beneficio de la integración
latinoamericana y del Caribe postulada en los artículos 9 y 227 de la Carta,
por cuanto los países de esta región tienden a compartir una situación semejante
en el estadio de desarrollo económico”. Por último, en cuanto hace a los
gastos del Centro y a la búsqueda de recursos se indicó que “nada hay que
contradiga la Constitución, debiéndose advertir que, (…), Colombia asume las
mismas condiciones que asumen los restantes miembros del Centro y tiene los
mismos beneficios y cargas, de manera que existe ´mutua correspondencia´ y su
participación ´no genera condiciones desfavorables para ninguna de las
Partes´”.
En una determinación posterior,
C-032 de 2014, al estudiar la Convención sobre asistencia administrativa mutua
en materia fiscal (2011) y aprobada por el Consejo de Europa y los países
miembros de la OCDE, esta Corporación encontró que se orienta a propósitos
constitucionalmente admisibles en el ordenamiento colombiano. Afirmó que dicho
instrumento es “expresión de la cooperación internacional
institucionalizada, la cual, como lo ha señalado Pastor Ridruejo pretende, en
términos generales, “… la satisfacción de intereses comunes a los Estados…”[112]. Esta Corporación ha estimado que dicha actitud de los Estados en el
concierto internacional es de recibo en nuestra normativa constitucional. Así
por ejemplo, desde la sentencia C- 401 de 1995 (…) se dijo: “(…) no en vano en
la Constitución de 1991 se fijaron rumbos para una política integracionista por
parte de Colombia, con el soporte de la amplia colaboración internacional. Pero
esta debe ser integral, es decir, no limitarse a un solo aspecto, sino
contemplar la diversidad de asuntos que en la vida de las naciones se derivan
del devenir económico, social… y de lo que constituye la naturaleza de las
relaciones del Estado (con) los demás del mundo contemporáneo (…)”.
Luego de destacar
la línea de la Corte en materia de conveniencia de la cooperación[113], anotó que no resulta nuevo el conocimiento de instrumentos
internacionales que acerquen a Colombia a la OCDE[114], organización cuyos antecedentes se remontan a la OECE creada en
1948 y determinante en la reconstrucción de la Europa de la segunda posguerra.
Atendiendo el preámbulo y el artículo 1 de la convención de la OCDE (1961),
expresó que los fines están dados principalmente en “contribuir
al desarrollo pacífico y armonioso de las relaciones entre los pueblos,
[en]frentar problemas a escala mundial y atender el hecho de la creciente
interdependencia de las economías de los distintos países. Entre las
finalidades específicas, (…), se destacan la que se orienta a ´contribuir a una
sana expansión económica de los países miembros y de los países no miembros en
situación de infradesarrollo económico´, así como la que pretende contribuir a
´la expansión del comercio internacional sobre una base multilateral no
discriminatoria´[115]”.
Tratándose
del concepto de “políticas públicas” la Corte ha referido a su
constitucionalización en varias disposiciones y en relación con diversos
ámbitos de la actividad estatal[116]. Ha expuesto que en el
Estatuto Fundamental se abordan de manera explícita diferentes etapas de una
política pública, a saber, “del diseño, de la formulación, de la ejecución y
de la evaluación, (…) cada una con un significado técnico[117]”.
Especialmente indicó: “el diseño de una política es la etapa central y, en
ocasiones más técnica, de la toma de decisiones públicas[118].
Diseñar una política es establecer sus elementos constitutivos, definir la
relación entre ellos, ordenar prioridades, articular sus componentes de una
manera inteligible para sus destinatarios, programar de qué forma, por qué
medios, y a qué ritmo se alcanzarán las metas trazadas[119]”.
Indicó que puede ser plasmada en un documento político o en un instrumento
jurídico, evento último en que tiene “la naturaleza de un acto
administrativo o de una ley”, pudiendo también concretarse en normas de
rango superior o inferior a los mencionados, aunque generalmente se emplean
estos dos actos jurídicos[120].
Adicionalmente, la Corte en las
sentencias C-690 de 2003 y C-295 de 2012 ha examinado la validez de normas
legales que han tenido como fuente de aprobación remisiones a las guías[121]
y modelos[122] de la OCDE.
De manera similar, la sentencia
C-285 de 2009[123] aunque no se ocupó
concretamente de la OCDE comprendió algunos temas relacionados con el asunto sub-judice,
como fue la institucionalización de un Consejo cuyo objetivo era el
mejoramiento de los niveles de desarrollo económico y social de los territorios
de los países miembros. En esa oportunidad la adhesión a los acuerdos y
participación junto con los países fundadores fueron declarados congruentes con
la Constitución[124], al perseguir mejoras
en la productividad y competitividad de las economías al asumir los compromisos
internacionales[125], dentro de un marco de
reciprocidad, cooperación y mutua conveniencia. Aunque resultaban
particularmente “breves y lacónicos” los compromisos adquiridos, este
Tribunal consideró que la extensión de los mismos “dependería en buena
medida de las decisiones operativas que posteriormente se adopten por parte de
los órganos competentes dentro de cada una de tales instancias”.
Bajo ese contexto, la sentencia
C-369 de 2002[126] había puesto de
presente que algunas de sus cláusulas eran autoejecutables, mientras que otras
tenían una naturaleza programática por lo que requerían concreciones legales
ulteriores para poder ser cumplidas, lo cual para este Tribunal “no suscita ningún problema constitucional, puesto que (…) puede el
Congreso aprobar tratados que contengan compromisos programáticos, que
necesiten de desarrollos normativos posteriores para poder ser cumplidos”.
De este modo, puede acaecer que algunas
disposiciones consignadas en tratados internacionales para poder desplegar
todos sus efectos en el ordenamiento interno de un Estado requieren de un
desarrollo normativo o su materialización (por ej. a través de leyes y
decretos). En esa medida, al concurrir el respeto por las competencias
judiciales de los restantes órganos de la jurisdicción nacional, la ciudadanía podrá
ejercer las acciones constitucionales y legales que encuentre necesarias para
la defensa del orden jurídico constitucional. Incluso ha sostenido la Corte que
en principio los aspectos técnicos y operativos no generan infracción a
disposición constitucional alguna, salvo tuvieran claras implicaciones o consecuencias
constitucionales[127].
En suma, la Corte ha validado
constitucionalmente convenios y acuerdos económicos y comerciales con las demás
naciones del mundo y con organizaciones internacionales. Juicio de
constitucionalidad que no puede realizarse i) al margen de las actuales
dimensiones de un mundo globalizado, ii) las expectativas válidas de
profundización bajo la mutua cooperación, iii) el grado de desarrollo de las
economías y iv) la promoción del interés general.
17. Ingresando al asunto
sub-examine, la Corte halla que el Gobierno nacional y el Congreso de la
República aportaron razones suficientes que justifican la adhesión a la
convención de la OCDE y al acuerdo sobre los términos de la adhesión, por
lo que en términos generales resultan válidos a la luz de la Constitución.
En la exposición de motivos al
proyecto de ley 02 de 2018 Senado, el Gobierno nacional señalo que la OCDE
tiene como principales objetivos el promover políticas destinadas a:
“a) Realizar
la más fuerte expansión de la economía y del empleo y de un aumento del nivel
de vida en los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera; b)
contribuir a una sana expansión económica en los Estados miembros y en los no
miembros en vías de desarrollo económico y; c) contribuir a la expansión del
comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria, conforme a
las obligaciones internacionales.
La misión de
la OCDE consiste en promover políticas que fomentan el bienestar económico y
social, el aumento de empleos y la calidad de vida de los pueblos alrededor del
mundo. Actualmente 36 Estados son miembros de esta organización, los cuales
forman una comunidad de naciones comprometida con los valores que giran en
torno a la democracia basada en el Estado de derecho, los derechos humanos y
una economía de mercado abierta y transparente. En este orden de ideas, esta
organización se ha convertido en un foro en el que los Gobiernos trabajan
juntos, intercambiando experiencias, buscando soluciones a problemas comunes e
identificando las mejores prácticas para promover políticas a partir de las
cuales se pueda brindar una mejor vida a los pueblos.
Así las
cosas, es una organización que trabaja con los Estados para entender las causas
de los cambios climáticos, económicos, sociales y ambientales; mide la
productividad y los flujos globales del comercio y la inversión; analiza y
compara datos para pronosticar futuras tendencias y; establece estándares
internacionales en diferentes materias, con miras a promover políticas que
impulsen el desarrollo sostenible a nivel mundial. En este sentido, es una
institución comprometida con el establecimiento de una economía de mercado
basada en instituciones democráticas, y centrada en el bienestar de los
ciudadanos.
Por más de
50 años la OCDE ha impulsado estándares globales, acuerdos y recomendaciones en
áreas tales como: la gobernanza y la lucha contra el soborno y la corrupción,
la responsabilidad corporativa, el desarrollo, la inversión internacional, los
impuestos y el medio ambiente, entre otros. En esta organización, la
cooperación, el diálogo, el consenso y la revisión son herramientas que hacen
que la OCDE continúe impulsando políticas, con miras a una economía y sociedad
más fuerte, transparente y justa”[128].
Al referir al contenido de las
disposiciones previstas en la convención y los términos de la adhesión a la
OCDE, expuso:
“Para
cumplir con sus objetivos, actualmente esta organización está enfocada en
ayudar a los gobiernos de los Estados Miembros y demás, en cuatro áreas: 1. La
necesidad de los Gobiernos de restaurar la confianza en los mercados y las
instituciones y compañías que los hacen funcionar. Esto requerirá reforzar la
regulación y un Gobierno más efectivo en todos los niveles de la vida política
y económica. 2. La obligación de los Gobiernos de restablecer las finanzas
públicas sanas como base de un crecimiento económico sostenible. 3. La revisión
de medios para promover y apoyar nuevos recursos para el crecimiento a través
de la innovación, estrategias amigables con el medio ambiente y desarrollo de
economías emergentes. 4. Con miras a fortalecer la innovación y el crecimiento,
la OCDE necesita asegurar que las personas de todas las edades puedan
desarrollar habilidades para trabajar productiva y satisfactoriamente en los
trabajos del mañana. En resumen, la OCDE es una organización determinada a
continuar ayudando a los países en desarrollo a establecer políticas públicas
para promover el desarrollo económico, el bienestar de los mercados laborales,
impulsar la inversión y el comercio, fomentar el desarrollo sostenible,
incrementar los niveles de vida y el funcionamiento de los mercados”[129].
De otra parte, en los informes de
ponencia ante las comisiones[130] y las plenarias del
Senado de la República[131] y la Cámara de
Representantes[132] sobre el proyecto de
ley aprobatoria de los instrumentos internacionales, fueron acogidas plenamente
las motivaciones utilizadas por el Gobierno nacional.
18. De otro lado, las
intervenciones ciudadanas[133], el concepto técnico de
EAFIT [134] y el concepto del Ministerio
Público acompañaron la exequibilidad de los instrumentos internacionales. Por
ejemplo, el concepto técnico expuso que los beneficios que alcanza el país por
el ingreso a la OCDE son: a) el acceso a un foro de discusión de políticas
públicas; b) la comparación documentada con el desempeño de otros países; c) la
confianza de inversionistas y el sector financiero; d) la capacidad de influir
internacionalmente en política públicas; y e) el acceso a un centro de
pensamiento de altísimo nivel.
19. Esta Corporación así también
lo verifica, por cuanto la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos OCDE tiene como misión: i) ofrecer un
foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir
experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes; ii) trabajar para
entender qué es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental; iii)
medir la productividad y los flujos globales del comercio e inversión; iv)
analizar y comparar datos para realizar pronósticos de tendencias; y v) fijar
estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas
públicas.
A nivel de
colaboración global los países en proceso de adhesión son la Federación Rusa
(en pausa) y Colombia y a nivel de países clave se menciona a Brasil, China,
India, Indonesia, Sudáfrica. Además, colaboran con otras 60 naciones[135].
En América Latina los países miembros son Chile y México. En Adhesión Colombia
y Costa Rica y como socio clave Brasil. Como miembros del Centro de Desarrollo
de la OCDE se observan a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Existen otras formas
de participación: en órganos de la OCDE y encuestas internacionales, en
actividades y redes regionales de la OCDE-LAC, adhesión a instrumentos de la
OCDE e informes y estudios de país[136].
El
presupuesto de la OCDE es financiado por los países
miembros. Las aportaciones nacionales se basan en una fórmula que toma en
cuenta el tamaño de la economía de cada miembro de la organización.
Estados Unidos es el mayor contribuyente, proporciona aproximadamente el 21%
del presupuesto, seguido por Japón. Los países también pueden hacer
aportaciones voluntarias para apoyar financieramente productos del programa de
trabajo de la OCDE. El tamaño del presupuesto de la organización y el programa
de trabajo lo determinan sus países miembros cada dos años. La planeación, el
presupuesto y la administración se organizan, sin excepción, conforme a un
sistema que se basa en los resultados. La auditoría externa de las cuentas y la
gestión financiera es realizada por una institución de auditoría superior de
uno de los países de la OCDE designada por el Consejo. A diferencia del Banco
Mundial o del Fondo Monetario Internacional, la organización no otorga
subsidios ni hace préstamos[137].
En cuanto al proceso de acceso
de Colombia a la OCDE[138] el
Gobierno del entonces Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón
(2010-2014-2018) promovió el ingreso al reconocer una instancia en donde se
instauran parámetros de buen gobierno que fomenta la implementación de buenas
prácticas para consolidar el desarrollo económico y social de los países.
En enero de 2011
el país manifestó su interés de ingresar y comenzó un trabajo preliminar con 10
de los 250 Comités y Grupos de Trabajo que hacen parte de la organización. Esta
etapa constituyó el primer acercamiento a partir de la cual la OCDE inició el
proceso de revisión de políticas para emitir recomendaciones encaminadas a
mejorar el desarrollo de las políticas públicas del país. En mayo de 2013 el
Consejo de dicha organización adoptó la decisión de abrir formalmente la
discusión de acceso para Colombia. En septiembre siguiente, hizo entrega
oficial de la Hoja de Ruta que establece los términos y condiciones del proceso
de acceso e identifica los 23 Comités y los más de 200 estándares bajo los
cuales el país será evaluado.
Así el Gobierno
nacional comenzó a preparar el “Initial Memorandum”, que contempló una
revisión preliminar de la situación actual del país frente a los estándares de
la OCDE. En marzo de 2014 el Estado colombiano presentó oficialmente
ese documento base para la evaluación de cada uno de los 23 Comités que revisan
las políticas públicas del país. Dicha valoración se ha desarrollado de manera
progresiva desde el 2014 y tiene varias etapas que varían de Comité a Comité.
En algunos casos envían cuestionarios técnicos, en otros realizan misiones de
expertos al país o efectúan los dos procedimientos. En todos se emite un
documento confidencial para los representantes de los países miembros en los
Comités. Culminada esta etapa Colombia participa en las sesiones de acceso de
los Comités, presentando los avances logrados en las materias e igualmente
siendo evaluado. El Comité puede dar visto bueno al proceso o recomendaciones
adicionales para que en la próxima sesión el país vuelva a sustentar. Una vez
se obtenga el visto bueno de todos los comités, el Consejo rector de la OCDE
toma la decisión, por consenso, de aceptar a Colombia como parte de la OCDE. El
proceso culmina con la firma de la convención de la organización, su aprobación
por el Congreso de la República y la revisión constitucional.
La Hoja de Ruta
es el documento donde se establecen los términos, condiciones y procedimientos
para el proceso de acceso de Colombia a la OCDE, con el objetivo de brindar las
herramientas al Consejo de la organización para tomar la decisión final de
invitar al país a ser parte de ella. Durante el trámite de acceso y por
diferentes circunstancias que se puedan presentar el Consejo puede introducir
cambios en la Hoja de Ruta.
Así mismo, el listado de los 23 Comités que dan la opinión formal sobre
el acceso de Colombia a la OCDE son: Comité de Agricultura; Comité de Asuntos Fiscales; Comité de Comercio; Comité de Competencia; Comité de Economía y Desarrollo; Comité de Educación; Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales; Comité de Estadística; Comité de Gobernanza
Pública; Comité de Gobierno
Corporativo; Comité de Inversión; Comité de Mercados
Financieros; Comité de Pesca; Comité de Política Ambiental;
Grupo de Trabajo en Desechos; Comité de Política
Científica y Tecnológica; Comité de Política del Consumidor; Comité de Política
Regulatoria; Comité de Política de Desarrollo
Territorial; Comité de Política y Economía
Digital; Comité de Químicos; Comité de Salud; y Comité de Seguros y Pensiones Privadas. También hacen parte los siguientes grupos: Grupo de Trabajo de Créditos a la Exportación y Grupo de Trabajo sobre
Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales.
A nivel de estudios realizados
sobre Colombia (OCDE), desde el inicio del proceso se aprecian distintos documentos
de interés: i) revisión de la OCDE de las políticas agrícolas, 2015, evaluación
y recomendaciones de políticas; ii) segundo reporte de implementación OECD,
evaluación antisoborno, octubre 2015; iii) revisiones de la OCDE de la política
de innovación: Colombia 2014; iv) revisiones de políticas nacionales de
educación: educación terciaria en Colombia 2012; v) revisión de políticas
nacionales de educación, la educación en Colombia, 2016; vi) revisiones de la
OCDE sobre el mercado laboral y las políticas sociales: 2016; vii) serie
“mejores políticas” Colombia políticas prioritarias para un desarrollo
inclusivo, enero 1015; viii) estudios de la OCDE sobre gobernanza pública,
estudio de la OCDE sobre integridad en Colombia invirtiendo en integridad
pública para afianzar la paz y el desarrollo, 2017; ix) estudios económicos de
la OCDE Colombia, enero 2015 y mayo 2017, visión general; x) revisiones
territoriales de la OCDE: Colombia 2014; xi) revisiones de la OCDE de sistemas
de salud: Colombia 2016; xii) estudio de la OCDE sobre la política regulatoria
en Colombia, 2013, 2014; xiii) encuestas económicas de la OCDE: Colombia, 2013,
2015; xiv) revisión de la OCDE de la Política y Regulación de
Telecomunicaciones en Colombia, 2014; impulsando el desempeño en el regulador
de comunicaciones de Colombia, 2015; xv) OCDE evaluaciones del desempeño
ambiental: Colombia 2014; evaluaciones del desempeño ambiental: Colombia 2014;
xvi) revisiones de políticas de inversión de la OCDE: Colombia 2012; xvii)
revisión de la OCDE sobre el gobierno corporativo de las empresas estatales en
Colombia, 2015; xviii) hacia una contratación pública eficiente en Colombia, haciendo
la diferencia, 2016; xix) Colombia: La implementación del buen gobierno, 2012;
xx) revisiones de la OCDE sobre el mercado laboral y las políticas sociales:
Colombia 2016; entre otros.
Por lo tanto, el
acuerdo contiene los términos de la adhesión de Colombia a la convención de la
OCDE que se ha cumplido paulatinamente en diversas etapas: interés en ingresar
2011; decisión del Consejo de la OCDE de abrir la discusión 2013;
establecimiento de Hoja de Ruta (términos y condiciones, y 23 comités de
evaluación) 2013; Memorando Inicial (2014); evaluaciones progresivas e
introducción de cambios en Hoja de Ruta, acompañado de estudios realizados
sobre Colombia por la OCDE (2014 a la fecha).
20. De esta forma, para la Corte en
términos generales la convención de la OCDE y el acuerdo sobre los términos de la adhesión son válidos
conforme al estatuto fundamental al pretender: i) promover políticas para el
más alto crecimiento sostenible y bienestar económico y social de los pueblos
(bienestar general) a través de consultas mutuas (foros) y la cooperación
(trabajo conjunto compartiendo experiencias y buscando soluciones), empleando
al máximo sus capacidades, ii) proveer los mejores esfuerzos de cooperación
para asistir las economías en vía de desarrollo, e iii) intensificar el
comercio mundial para un mejor auge de las economías y mejora de las relaciones
internacionales. Particularmente, la Decisión del Consejo de invitar a
Colombia a adherirse a la convención de la OCDE, no representa para este
Tribunal obligación alguna más que una determinación adoptada por la
organización para que Colombia haga parte de la misma.
Entonces, la convención de la
OCDE y el acuerdo sobre los términos de la adhesión cumplen
los parámetros constitucionales, al contribuir a la
materialización de la parte dogmática (valores, principios y derechos) y la
orgánica (estructura del Estado y competencias) de la Constitución.
Específicamente, armonizan con: (i) los fines esenciales y sociales del
Estado (arts. 1º y 2º); (ii) la internacionalización de las relaciones
económicas y comerciales bajo los principios de equidad, igualdad y
reciprocidad (arts. 226 y 227); (iii) la soberanía nacional y la
autodeterminación de los pueblos (art. 9); iv) la protección de quienes
por su condición económica, física o situación de discapacidad se encuentren en
circunstancias de debilidad manifiesta (art. 13); v) los principios
fundamentales de la relación laboral (art. 53); vi) la garantía y conservación
del medio ambiente sano (art. 79); vii) la educación pública (art. 67), viii)
la salud pública (arts. 49 y 366); ix) el bien común, el
desarrollo, el mejoramiento de la calidad de vida y la distribución equitativa
de oportunidades (arts. 333 y 334); (x) la búsqueda del bienestar general, la
solución de necesidades insatisfechas en salud, la educación, el saneamiento
ambiental (art. 366); (xi) la separación de poderes y las competencias de los
órganos del Estado (art. 113); xii) la libertad económica bajo el límite
del interés público (art. 333); xiii) el respeto por las competencias de la
banca central (arts. 371 y ss); xiv) los lineamientos del plan nacional de
desarrollo (arts. 339 y ss); xv) la autonomía territorial (art. 1º), entre
otros.
21. Por
último, según se ha explicado el Gobierno nacional y el Congreso de la
República disponen de un margen de maniobra y autonomía en los compromisos
internacionales que adquieren para desarrollar procesos de integración
económica y comercial. Al ejecutivo y al legislador competen de primera mano la
valoración de los criterios de utilidad, oportunidad práctica y efectividad,
más aún cuando se desenvuelven en i) una convención de una organización como
la OCDE que entre sus objetivos está el propiciar foros de discusión técnica
(cooperación) sobre la mejor política pública a adoptar para una buena
gobernanza (soluciones comunes), así como en ii) un acuerdo sobre los
términos de adhesión (compromisos sujetos a valoración y reservas)[139] que finalmente pueden ser
materializados en actos normativos (leyes y decretos administrativos), que ante
su disconformidad podrán ser impugnados a través de acciones, empleando los mecanismos
constitucional y legalmente establecidos, y ejerciéndolos antes las respectivas
jurisdicciones previstas en el ordenamiento jurídico.
De ahí que la Corte constata que
el Gobierno nacional y el Congreso de la República justificaron suficientemente
y debatieron extensamente la conveniencia de la aprobación a
través del proyecto de ley de la convención de la OCDE y el acuerdo sobre los
términos de la adhesión[140]. En la exposición de
motivos al proyecto de ley 02 de 2018 Senado, el Gobierno nacional expuso como
beneficios de la adhesión:
“II.
BENEFICIOS DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA A LA ORGANIZACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
Con miras a
fortalecer su compromiso con economías emergentes, cuyo peso internacional
continúa en constante crecimiento y desarrollar nuevas formas de asociación y
colaboración para impulsar el bienestar de todos los ciudadanos, el 29 de mayo
de 2013 el Consejo de la OCDE adoptó la decisión de iniciar discusiones sobre
la adhesión de la República de Colombia a la organización. A su vez, la
decisión de iniciar el proceso de adhesión a este organismo por parte del
Gobierno de Colombia obedece al reconocimiento de que la OCDE es considerada
como un centro de pensamiento de políticas públicas del más alto nivel, donde
se establecen las mejores prácticas en distintas dimensiones tales como salud,
educación, empleo, comercio, asuntos fiscales, entre otras.
Al respecto,
en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 se estableció el ingreso a esta
organización como una estrategia fundamental para el posicionamiento de Colombia
a nivel mundial, por medio de la cual se le permitirá al país beneficiarse de
los trabajos y experiencias en formulación de política pública de las economías
líderes del mundo. Así las cosas, la vinculación del Estado colombiano a la
OCDE beneficiará al país en la implementación de mejores prácticas y reformas
en la estructura del Estado, con miras a obtener mayor eficiencia en el
cumplimiento de sus objetivos, en materia de reducción de pobreza, aumento de
seguridad y prosperidad económica y social a largo plazo, entre otros8.
Asimismo, ser miembro de la OCDE significa para Colombia:
• Tener un
sello de garantía, pues los países que hacen parte de la OCDE son reconocidos
por tener políticas serias, responsables, transparentes y justas. En este
sentido, pertenecer a la OCDE es indicativo de un país que tiene serias
intenciones de hacer las cosas bien, de mejorar continuamente sus
instituciones, de invertir bien sus recursos y de cumplir estándares exigentes.
Este sello de garantía es muy valioso para los inversionistas extranjeros, los
socios comerciales y la comunidad internacional en general.
• Imponer y
exigir los más altos estándares sociales y ambientales a los inversionistas
nacionales y extranjeros. La presencia de estándares comunes también busca
facilitar los flujos de comercio e inversión.
• Evaluarse
continuamente y compararse con los mejores.
• Compartir
nuestras experiencias exitosas en los diferentes foros de la organización. Con
esto se logra que Colombia sea reconocida internacionalmente por temas en los
cuales se ha destacado y ha superado retos importantes. Por ejemplo, la
política fiscal, el manejo de los ingresos de recursos naturales, la lucha
contra la pobreza, las políticas de penetración de las tecnologías de
información y comunicaciones, el sistema de compras públicas, entre otros.
• Incidir en
la agenda global y en las decisiones que se tomen en todos aquellos espacios en
los que se exige una respuesta cooperativa y coordinada por parte de un número
plural de países (por ejemplo, la OCDE es muy activa en la lucha contra los
paraísos fiscales, en la coordinación de políticas comerciales y financieras, o
en la coordinación de políticas ambientales).
• Tener
acceso a una valiosa fuente de datos estadísticos, económicos y sociales
comparables a nivel internacional, permitiendo un mejor análisis para el diseño
y evaluación de nuestras políticas públicas. Esto obliga al Estado a mejorar la
calidad y transparencia de sus estadísticas, lo cual es central para la
evaluación de las políticas y la presentación de los resultados.
• Acceder a
un centro de pensamiento privilegiado con expertos de primer nivel, disponibles
para discutir y revisar temas de política pública, y con quienes se puede
contratar, si es necesario, una asesoría especializada, que parte de un
conocimiento amplio sobre el país y de una amplia gama de experiencias
internacionales. Esta asesoría, por lo demás, tiene la ventaja de no estar
atada a ninguna operación de crédito o de comercio.
•
Participación de funcionarios y técnicos colombianos en los distintos comités,
lo que ofrece la oportunidad de aprender de las experiencias de otros países,
conectarse con sus pares, al tiempo que los obliga a una autoevaluación
permanente de sus instituciones y sus políticas. En este orden de ideas, el
acceso de Colombia a la OCDE muestra el compromiso del país de convertirse en
un país responsable, en el que, a partir de reformas estructurales motivadas
por las buenas prácticas y experiencias de los demás estados miembros, pueda
lograr un crecimiento no solo económico sino también de desarrollo humano”[141].
El Congreso de la República en los
debates generados ratificó en términos similares la conveniencia de la adhesión
de Colombia a la convención la OCDE y al acuerdo sobre los términos de la misma[142].
Además, el 23 de octubre de 2018 se realizó una audiencia pública en el
recinto de la comisión segunda de la Cámara de Representantes, que tuvo como
objetivo dar una discusión abierta sobre el proyecto de ley para lo cual contó
con la participación de congresistas, delegados del Gobierno nacional, miembros
de la comunidad académica y civil[143].
Examen específico del convenio
de la OCDE y del acuerdo sobre los términos de la adhesión
La convención de la organización
para la cooperación y desarrollo económicos OCDE. Consta de un preámbulo y
21 artículos. El análisis de constitucionalidad atenderá la afinidad temática
entre las disposiciones, por lo que se efectuará de la siguiente forma:
preámbulo; artículo I; artículo II; artículo III; artículos IV a VI; artículos
VII a XI; artículos XII, XVI y XIX; artículo XX; artículos XIII a XV, XVII,
XVIII y XXI.
“PREÁMBULO
LOS
GOBIERNOS de la República de Austria, del Reino de Bélgica, de Canadá, del
Reino de Dinamarca, de la República Francesa, de la República Federal Alemana,
del Reino de Grecia, de la República de Islandia, Irlanda, de la República
Italiana, del Gran Ducado de Luxemburgo, del Reino de los Países Bajos, del
Reino de Noruega, de la República Portuguesa, España, del Reino de Suecia, de
la Confederación Helvética, de la República Turca, del Reino Unido de la Gran
Bretaña y Norte de Irlanda, y de los Estados Unidos de América;
CONSIDERANDO
que la fortaleza y la prosperidad de la economía son esenciales para alcanzar
los objetivos de las Naciones Unidas, salvaguardar las libertades individuales
y aumentar el bienestar general;
ESTIMANDO
que pueden impulsar más eficazmente esos objetivos a través del fortalecimiento
de la tradición de cooperación que se ha desarrollado entre ellos;
RECONOCIENDO
que la recuperación y el progreso económico de Europa, para los que su
colaboración en el seno de la Organización Europea de Cooperación Económica ha
aportado una contribución muy importante, han abierto nuevas perspectivas para
reforzar esta tradición y aplicarla a nuevas tareas y objetivos más amplios;
CONVENCIDOS
de que una cooperación más amplia constituirá una contribución esencial en las
relaciones pacíficas y armoniosas entre los pueblos;
RECONOCIENDO
la creciente interdependencia de sus economías;
DECIDIDOS a
desarrollar al máximo y a utilizar más eficazmente sus capacidades y sus
posibilidades, a través de consultas mutuas y de la cooperación, para promover
el más alto crecimiento sostenible de sus economías y aumentar el bienestar
económico y social de sus pueblos;
ESTIMANDO
que las naciones económicamente más desarrolladas, utilizando sus mejores
esfuerzos, deben cooperar para asistir a los países en proceso de desarrollo
económico;
RECONOCIENDO
que la intensificación de la expansión del comercio mundial constituye uno de
los factores más importantes para favorecer el auge de las economías de los
distintos países y para mejorar las relaciones económicas internacionales;
DECIDIDOS a
perseguir estos fines de una manera consistente con sus obligaciones respecto a
otras organizaciones o instituciones en las que participan u otros acuerdos de
los que son parte;
HAN POR LO
TANTO ACORDADO sobre las siguientes disposiciones para la reconstitución de la
Organización Europea de Cooperación Económica, en la Organización de
Cooperación y de Desarrollo Económicos”.
22. La Corte halla que el
preámbulo de la convención de la organización para la cooperación y desarrollo
económicos se ajusta a la Constitución. Como se ha observado, la Ley 1950 de
2019 aprueba la convención de la OCDE a través del mecanismo de la adhesión.
La Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados de 1969[144],
establece que el preámbulo forma parte del contexto necesario para la
interpretación de las cláusulas convencionales. La jurisprudencia
constitucional ha evidenciado que contiene la base axiológica que soporta el
entramado normativo subsiguiente, los principios que conducen la interpretación
de sus disposiciones y los fines prestablecidos, por lo que tiene efecto
vinculante para los Estados que se adhieren[145].
Observada la exposición de motivos[146]
y los informes de ponencia en comisiones[147] y plenarias del Senado[148]
y la Cámara[149], se hizo expreso que en
el preámbulo “se reconoce la fortaleza y la prosperidad económica como fines
esenciales para salvaguardar las libertades individuales y el bienestar
general, los cuales pueden ser impulsados eficazmente a través de la
cooperación entre los Estados, mediante la asistencia de las naciones
desarrolladas a las que se encuentren en desarrollo y la expansión del comercio
mundial, y de esta forma, contribuir a las relaciones pacíficas y armoniosas
entre los pueblos”.
La doctrina especializada informa
que la globalización es un proceso de intensificación de las interconexiones
entre los distintos sectores en el escenario mundial, que ha repercutido en las
potestades del Estado, así como en la visión tradicional de la democracia y del
papel de las Constituciones. Algunos organismos internacionales han tomado un
protagonismo como la OCDE que a través de sus objetivos, funciones y decisiones
incide en la definición de políticas públicas. De ahí que el mayor desafío bajo
la globalización es fortalecer la democracia en los Estados nacionales[150].
Así mismo, llama la atención de
situar la cooperación internacional hacia un abordaje integral que
promueva el desarrollo económico, la inclusión social, la sostenibilidad
ambiental, etc., y a la vez acoja un enfoque de derechos fundamentado en el
papel y las obligaciones de los Estados de garantizar el desarrollo humano a
través de políticas sociales efectivas. Ello exige una institucionalidad capacitada
para ejercer una gobernabilidad eficaz de una agenda global que se caracterice
por resolver asuntos como la lucha contra la pobreza, la promoción de la igualdad
(real y efectiva), la regulación del comercio y las inversiones, el
calentamiento global y la gestión de los flujos migratorios, entre otros[151].
También la doctrina se ha
preocupado en el mundo actual por evidenciar, en la relación ciudadano y poder
público, el principio y el derecho al buen gobierno y a la buena
administración. Pasar de la retórica a la promoción de los derechos y
libertades ciudadanas es la principal consigna de los poderes públicos[152].
En palabras de la Corte[153] la creación
de herramientas legales que impriman transparencia “apuntaría a la
realización de los principios constitucionales que orientan la función
administrativa (CP art. 209), pues se trata de una estrategia indispensable en
la lucha contra la corrupción administrativa la cual ha sido reconocida como un
fenómeno que socava la legitimidad de las instituciones públicas,
atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, como contra el
desarrollo integral de los pueblos, y que en el concierto internacional ha dado
lugar a que las naciones se hayan comprometido a efectuar todos los esfuerzos
en el ámbito interno para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la
corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción
específicamente vinculados con tal ejercicio”[154].
La lucha contra la corrupción es
un propósito que trasciende las fronteras nacionales para convertirse en un
propósito universal[155], de ahí que en la
sentencia C-335 de 2014 se hubiere sostenido que: “la relación del principio
de transparencia con los cometidos que guían la función administrativa y con
derechos constitucionales como el de petición, el debido proceso o el derecho a
la defensa es innegable y coadyuva la constitucionalidad de un título usual en
tratados de esta índole y que, según lo expuso la Corte (…), ´se limita a
establecer ciertos mecanismos y procedimientos que tienen como fin principal
asegurar que las reglas de juego del comercio (…) sean conocidas por todos los
operadores económicos del mercado´, a fin de garantizar que ´los compromisos
asumidos por las partes no se vean desvirtuados en la práctica por la presencia
de procedimientos administrativos oscuros y contrarios al mandato de
transparencia´”[156].
De este modo, el preámbulo de la
convención de la OCDE al instituir la ideología que sirvió de fundamento y los
derroteros que iluminan los contenidos normativos de sus disposiciones, se
inscribe dentro de la preceptiva constitucional al promover la integración
económica, social y política (preámbulo y arts. 226 y 227), en correspondencia
con el respeto de la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y
los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (art. 9º).
También cumple los fines esenciales (art. 2º)[157]
y sociales del Estado (arts. 1º y 365 y ss)[158], la búsqueda de un
orden político, económico y social justo (preámbulo), la libertad económica e
iniciativa privada dentro de los límites del bien común (art. 333), la
protección especial a aquellas personas que por su condición económica, física
o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta (art. 13), los
principios de la función administrativa al servicio de los intereses generales
(art. 209), la autonomía y las atribuciones de los entes territoriales (arts.
1º y 285 y ss), la seguridad alimentaria (art. 65), la salud pública (arts. 49
y 366), los principios fundamentales de la relación laboral (art. 53), la
protección y conservación del ambiente sano (art. 79), la educación pública
(art. 67), la autonomía y funciones de los poderes y órganos del Estado (arts.
113 y ss), la autonomía y competencias de la banca central (arts. 371 y ss), el
plan nacional de desarrollo (arts. 339 y ss), entre otros.
“Artículo I
La
Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos (llamada en adelante la
Organización) tiene como objetivos el promover políticas destinadas a:
a) realizar
la más fuerte expansión posible de la economía y del empleo y a un aumento del
nivel de vida en los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera y a
contribuir así al desarrollo de la economía mundial;
b)
contribuir a una sana expansión económica en los países miembros y en los no
miembros en vías de desarrollo económico;
c)
contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no
discriminatoria, conforme a las obligaciones internacionales”.
23. Esta Corporación encuentra
que los objetivos de la convención de la OCDE armonizan plenamente con el
ordenamiento constitucional. Como se recoge en la exposición de motivos y en los
informes de ponencia en Senado y Cámara[159], esta disposición
reconoce la interdependencia de las economías y persigue emplear al máximo las
capacidades de los Estados para impulsar el crecimiento sostenible e
incrementar el bienestar económico y social de los pueblos. La misión de la
organización está dada en promover políticas que fomenten el bienestar
económico y social, el aumento de empleos y la calidad de vida, comprometida
con valores que giran en torno a la democracia, los derechos humanos y una
economía abierta y transparente. Constituye un foro en el que los gobiernos
trabajan juntos, intercambiando experiencias, pretendiendo soluciones a
problemas comunes e identificando las mejores prácticas, para enfrentar los desafíos económicos y sociales de la
globalización y al mismo tiempo aprovechar sus oportunidades[160].
En conjunto con los Estados dicha
organización busca entender las causas de los cambios políticos, económicos,
sociales y ambientales, midiendo la productividad y los flujos globales del
comercio y la inversión, estudiando y comparando datos para pronosticar
tendencias, y estableciendo estándares internacionales en diversas materias,
para incentivar políticas que generen un desarrollo sostenible a nivel mundial.
Además, tiene por objeto ampliar el comercio mundial sobre una base
multilateral y no discriminatoria. Los países no miembros en vía de desarrollo están
invitados a sumarse. La OCDE ha ampliado cada vez más su trabajo más allá de
los 36 países miembros, para poner sus estudios analíticos y experiencia
adquirida al servicio de más de 100 países en desarrollo y economías de mercado
emergentes[161].
La relevancia actual de la organización
ha rebasado los objetivos iniciales de su creación, ya que la misión está dada
en promover políticas que mejoren el bienestar económico y social en todo el
mundo. Tal organización ofrece a los gobiernos un foro en el que trabajen
juntos, compartan experiencias y busquen soluciones a problemas comunes. En su vis
expansiva constituye uno de los foros más influyentes en el análisis de
políticas públicas, elaboración de estándares e identificación de buenas
prácticas en muy diversos ámbitos como empleo, educación, transporte, igualdad
de género, investigación, sanidad, defensa de consumidores, medioambiente,
agricultura, energía, política industrial, gobernabilidad y servicios públicos,
ciencia y tecnología, fiscalidad, o la lucha contra la corrupción. Con ello, ha
trascendido su finalidad, puramente económica, hacia el ejercicio de influencia
política y social[162].
Estos propósitos generales de la
convención a la cual se adhiere Colombia se encauzan dentro de los lineamientos
constitucionales, particularmente la integración económica, social y política y
responden a las bases de equidad, reciprocidad e igualdad, el respeto de la
soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y los principios del
derecho internacional aceptados por Colombia, el cumplimiento de los fines
esenciales y sociales del Estado[163], la observancia de los
principios de la función administrativa[164], el fomento del empleo[165],
la igualdad real y efectiva[166], la libertad económica
e iniciativa privada dentro de los límites del bien común, entre otros.
“Artículo II
En la
persecución de esos objetivos, los miembros convienen que tanto en forma
individual, como conjunta:
a)
promoverán la utilización eficiente de sus recursos económicos;
b) en el
terreno científico y técnico, promoverán el desarrollo de sus recursos,
fomentarán la investigación y favorecerán la formación profesional;
c)
perseguirán políticas diseñadas para lograr el crecimiento económico y la
estabilidad financiera interna y externa y para evitar que aparezcan
situaciones que pudieran poner en peligro su economía o la de otros países;
d)
continuarán los esfuerzos por reducir o suprimir los obstáculos a los
intercambios de bienes y de servicios y a los pagos corrientes y por mantener y
extender la liberalización de los movimientos de capital;
e)
contribuirán al desarrollo económico tanto de los países miembros como de los
no miembros en vías de desarrollo económico, a través de tos medios apropiados,
en particular a través de la afluencia de capitales a esos países, considerando
la importancia que tiene para sus economías la asistencia técnica y el asegurar
una ampliación de los mercados ofrecidos a sus productos de exportación”.
24.  Para este Tribunal el
presente artículo se aviene a la Carta Política. En la consecución de los
objetivos del artículo I de la convención de la OCDE, esta disposición prevé compromisos
que los miembros acuerdan de manera independiente o mancomunada para fomentar
el empleo eficiente de los recursos económicos; impulsar en los campos
científico y técnico el desarrollo, la investigación y la formación profesional;
perseguir políticas económicas y financieras responsables y estables; superar
los obstáculos a los intercambios de bienes y de servicios, y a los pagos
corrientes, y mantener y extender la liberalización de los movimientos de
capital; contribuir al desarrollo económico mundial (países miembros y no
miembros en vías de desarrollo).
En la exposición de motivos y en
los informes de ponencia en Senado y Cámara[167] se observa que para
cumplir con los objetivos, actualmente dicha organización está enfocada en
ayudar a los gobiernos de los países miembros y demás, en cuatro áreas: 1) la
necesidad de los gobiernos de restaurar la confianza en los mercados y las
instituciones y compañías que los hacen funcionar, que requerirá reforzar la
regulación y un Gobierno más efectivo en los niveles de la vida política y
económica; 2) la obligación de los gobiernos de restablecer las finanzas
públicas sanas como base de un crecimiento económico sostenible; 3) la revisión
de medios para promover y apoyar nuevos recursos para el crecimiento a través
de la innovación, estrategias amigables con el medio ambiente y desarrollo de
economías emergentes; y 4) con miras a fortalecer la innovación y el
crecimiento, la organización necesita asegurar que las personas de todas las
edades puedan desarrollar habilidades para trabajar productiva y
satisfactoriamente en los trabajos del mañana[168].
Para lograr los objetivos
previstos en la convención de la organización es menester llevar a cabo ajustes
económicos y comerciales de orden estructural, que sin duda comprometen diversos
ámbitos de la vida institucional y en comunidad, para así enfrentar de la
manera más adecuada los desafíos ante un mundo en desarrollo. De esta manera,
los compromisos adquiridos para alcanzar los objetivos de la OCDE armonizan con
la Constitución, al impulsar la integración económica, social y política sobre
las bases de equidad, reciprocidad e igualdad (preámbulo y arts. 226 y 227), fundamentar
las relaciones exteriores del Estado en la soberanía nacional, la
autodeterminación de los pueblos y los principios del derecho internacional
aceptados por Colombia (art. 9º), cumplir los fines esenciales y sociales del
Estado (arts. 1º, 2º y 365 y ss), atender que la dirección general de la
economía está a cargo del Estado (art. 334), el fortalecer la investigación
científica y facilitar el acceso a la educación superior (art. 69), respetar la
autonomía y funciones de la banca central (art. 371 y ss.), entre otros.
“Artículo
III
Con el fin
de alcanzar los objetivos establecidos en el artículo I y de cumplir los
compromisos enumerados en el artículo II, los miembros convienen:
a)
mantenerse informados mutuamente y proporcionar a la Organización la
información necesaria para el cumplimiento de sus funciones;
b)
consultarse continuamente, efectuar estudios y participar en proyectos
aceptados de común acuerdo;
c) cooperar
estrechamente y cuando sea apropiado llevar a cabo acciones coordinadas”.
25. Durante más de 50 años la
OCDE ha sido una de las mayores fuentes de información estadística política,
económica y social. Las bases de datos comprenden ámbitos diferentes como informes
nacionales, indicadores económicos, comercio, empleo, migración, educación,
energía, salud, medio ambiente, etc. También hace público gran parte de las
investigaciones y análisis que realiza[169]. Para la Corte esta
disposición no ofrece ningún reparo de constitucionalidad al limitarse a
establecer los mecanismos que convienen los miembros de la OCDE para la
persecución de objetivos enunciados en el artículo I y los compromisos del
artículo II, a saber: mantenerse informados; consultarse permanentemente,
realizar estudios y participar en proyectos; y cooperar fuertemente y llevar a
cabo acciones coordinadas cuando sea adecuado (preámbulo y arts. 1º, 2º, 9º,
226, 227 C. Pol.).
“Artículo IV
Son miembros
de la organización las partes contratantes de la presente convención.
Artículo V
Con el fin
de alcanzar sus objetivos la organización puede:
a) tomar
decisiones que, salvo dispuesto de otra forma, serán obligatorias para todos
los miembros;
b) hacer
recomendaciones a los miembros;
c) concluir
acuerdos con sus miembros, con Estados no miembros y con organizaciones
internacionales”.
Artículo VI
1. Las
decisiones se toman y las recomendaciones se hacen por acuerdo mutuo de todos
los miembros, salvo que la organización decida por unanimidad otra cosa para
casos especiales.
2. Cada
miembro dispone de un voto. Si un miembro se abstiene de votar una decisión o
una recomendación, tal abstención no será obstáculo para la validez de dicha
decisión o recomendación, que será aplicable a los demás miembros, pero no al
miembro que se abstiene.
3. Ninguna
decisión será obligatoria para miembro alguno hasta que no haya sido
incorporada a su ordenamiento jurídico conforme a las disposiciones de su
procedimiento constitucional. Los otros miembros podrán acordar que tal
decisión se aplique provisionalmente a ellos”.
26. La Corte halla que tales
disposiciones (IV, V y VI) relativas a quienes son miembros de la OCDE, el tipo
de decisiones a adoptar y la forma de vinculatoriedad se encuentran en
consonancia con el estatuto superior. La organización realiza su trabajo a
través de tres tipos de actuaciones[170] como son: a) la
elaboración de análisis y estudios sobre las políticas públicas de los países
miembros a partir de datos comparables para ser contrastados de manera
multidisciplinaria; b) los exámenes de pares o informes tipo auditoría externa;
y c) en menor medida actividad normativa conocidos como los actos de la OCDE[171].
Entonces, la organización puede
establecer compromisos vinculantes para los Estados miembros en ciertas
materias por medio de convenios. De igual modo, adopta directrices, recomendaciones
o declaraciones no vinculantes, que constituyen un acervo de buenas prácticas y
estándares. Las decisiones son vinculantes para todos los miembros que no se
abstengan al momento de adoptarse. Las recomendaciones no son vinculantes pero
tienen una importante fuerza moral al representar la voluntad política de los
miembros. Las declaraciones contienen compromisos de política relativamente
específicos que los gobiernos suscriben. Los arreglos son instrumentos
negociados adoptados en el marco de la organización por algunos países
miembros. Los acuerdos internacionales celebrados en el marco de la OCDE son
jurídicamente vinculantes para los Estados parte de los mismos[172].
Por último, se establecen los
sistemas de adopción de las decisiones en la convención, esto es: i) las
decisiones se toman y las recomendaciones se hacen por acuerdo mutuo de los
miembros; ii) cada miembro dispone de un voto, además la abstención no implica
un impedimento para la validez de una decisión, que no será aplicada al miembro
que se abstuviera; y iii) ninguna decisión será obligatoria para un miembro
hasta que no haya sido incorporada al ordenamiento jurídico conforme a su
legislación interna.
Además, el concepto técnico emitido
por EAFIT en el presente asunto avala la exequibilidad de estas disposiciones.
Explica que los actos jurídicos de la organización podrán
adoptar la forma de decisiones del Consejo, recomendaciones, acuerdos,
convenciones, declaraciones o entendimientos. Permiten una gran flexibilidad a los
miembros, ya que los Estados pueden abstenerse de participar en una votación,
por lo que no le será oponible. Afirma que si el país acuerda acoger la medida,
el Gobierno determina cómo y cuándo implementarla en la legislación interna.
Anota que las recomendaciones en principio no son vinculantes para quienes las
adoptan aunque en la práctica se ha desarrollado una fuerza moral frente a
estas, como se había explicado. Adicionalmente, dadas las características
comunes en las formas de gobierno e ideologías, se permite las discusiones y
consensos que en otros foros serían de gran complejidad. Los actos jurídicos de
la organización se caracterizan por su gran flexibilidad en cuanto permiten
aproximaciones nacionales diferentes o eventuales excepciones por los miembros.
En consecuencia, esta Corporación
encuentra que las disposiciones examinadas compatibilizan con la Carta
Política, al constituir dispositivos que permiten la operatividad de la OCDE
para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos asignados convencionalmente.
En esta medida, responde a la promoción de la integración económica, social y
política y se inscribe en los principios de equidad, reciprocidad e igualdad
que guían las relaciones internacionales, respeta la soberanía nacional, la
autodeterminación de los pueblos y los principios del derecho internacional,
observa los principios de la función administrativa, garantiza el debido
proceso (art. 29), entre otros.
“Artículo
VII
Un Consejo,
compuesto por todos los miembros, es el órgano del que emanan todos los actos
de la organización. El Consejo puede reunirse a nivel de Ministros o de
Representantes Permanentes.
Artículo
VIII
El Consejo
designará anualmente a un Presidente, mismo que presidirá en las reuniones a
nivel ministerial, y a dos Vicepresidentes. El Presidente podrá ser designado
para desempeñar el cargo por otro año más consecutivo.
Artículo IX
El Consejo
podrá constituir un Comité Ejecutivo y los órganos subsidiarios que sean
necesarios para alcanzar los objetivos de la organización.
Artículo X
1. Un
Secretario General responsable ante el Consejo será nombrado por éste, para un
periodo de cinco años. Estará asistido por uno o varios secretarios generales
suplentes o adjuntos nombrados por el Consejo, a propuesta del Secretario
General.
2. El
Secretario General presidirá las reuniones del Consejo a nivel de
Representantes Permanentes. Auxiliará al Consejo en la forma que sea necesaria
y podrá someter propuestas al Consejo o a cualquier otro órgano de la
Organización.
Artículo XI
1. El
Secretario General nombrará al personal necesario para el funcionamiento de la organización
conforme a los planes de organización aprobados por el Consejo.
2.
Considerando el carácter internacional de la organización, el Secretario
General, los Secretarios Generales Adjuntos y el personal no solicitarán ni
recibirán instrucciones de ningún miembro de la organización, ni de ningún
gobierno o autoridad fuera de la organización”.
27. La finalidad de
estas disposiciones está dada en establecer unas instancias que conforman la
institucionalidad del instrumento internacional, lo cual resulta armónico con
el ordenamiento constitucional al perseguir garantizar la correcta aplicación
de sus disposiciones.
En el Consejo de la
OCDE radica la responsabilidad en la toma de decisiones de la organización, que
se compone de un representante por cada país miembro[173],
más un representante de la Comisión Europea[174]. Se reúne
con regularidad en el nivel de representantes permanentes y las decisiones se adoptan
por consenso. Además, una vez al año se reúne en el nivel ministerial para
abordar asuntos relevantes y establecer prioridades con la finalidad de llevar
a cabo los trabajos de la OCDE, de los cuales se encarga el secretariado de la organización.
Debe anotarse que los
representantes de los 36 Estados miembros se reúnen en comités especializados
para debatir sus ideas y revisar los progresos en áreas específicas de política
pública, por ejemplo, economía, comercio, ciencia, empleo, educación o mercados
financieros. Hay más 200 comités, grupos de trabajo y de expertos. Cada año un gran número de representantes de alto
nivel de administraciones nacionales participan en las reuniones del comité de
la OCDE con el propósito de solicitar, revisar y contribuir al trabajo bajo la
supervisión de la secretaría de la organización. Cuando regresan a sus
países, los funcionarios tienen acceso en línea a los documentos de la organización
y pueden intercambiar información gracias a una red especial[175].
El secretario general está al
frente de la organización, constituye el jefe del secretariado, preside las
reuniones del Consejo y asume la representación exterior de la OCDE. El
secretariado lo integra un gran número de personas que trabajan para apoyar las
actividades de los comités, haciendo parte economistas, abogados, científicos y
otros profesionales, distribuidos principalmente en una docena de directorados
fundamentales que efectúan todo tipo de investigaciones y de análisis. No
existe un sistema de cuotas para la representación nacional, sino una política
de igual oportunidad para emplear a quienes están altamente calificados con una
variedad de habilidades. Los intercambios entre los gobiernos de la organización
se basan en la información y el análisis que proporciona el secretariado en
París, que reúne datos, observa tendencias, analiza y hace previsiones respecto
a los progresos económicos. También investiga cambios sociales o la evolución
de modelos en el comercio, el medio ambiente, la agricultura, la tecnología, el
sistema tributario, etc. Cada vez más el trabajo de la OCDE cubre más asuntos[176].
En conclusión, a través de las
funciones asignadas al Consejo y al secretario general de la OCDE se busca
implementar de manera efectiva la convención objeto de revisión, en la
pretensión de fortalecer la efectividad de las normas convencionales y asegurar
mecanismos de cooperación internacional que faciliten el entendimiento entre
los Estados miembros para la consecución de los objetivos comunes. Al
representar los aspectos institucionales del instrumento internacional pretende
fortalecer y llevar a buen término la integración económica y comercial. Por lo
tanto, este Tribunal declarará ajustado a la Constitución los artículos VII,
VIII, IX, X y XI de la convención de la organización (preámbulo y arts. 9º, 29,
209, 226 y 227 superiores).
“Artículo
XII
La organización
puede en las condiciones y términos que determine el Consejo:
a) dirigir
comunicados a Estados no miembros y organizaciones;
b)
establecer y mantener relaciones con Estados no miembros y organizaciones;
c) invitar a
gobiernos no miembros y a organizaciones a participar en actividades de la organización”.
“Artículo
XVI
El Consejo
podrá decidir invitar a cualquier gobierno que esté preparado para asumir las
obligaciones de miembro, a adherirse a la presente Convención. Esta decisión
debe ser tomada por unanimidad.
No obstante,
el Consejo puede admitir por unanimidad en un caso particular, la posibilidad
de abstención, bien entendido que a pesar de las disposiciones del artículo VI,
la decisión se aplica entonces a todos los miembros. La adhesión tiene efecto
desde el momento en que se deposita el instrumento de ratificación cerca del
gobierno depositario”.
“Artículo
XIX
La capacidad
jurídica de la organización y los privilegios, exenciones e inmunidades de la organización,
de sus funcionarios y de los representantes de sus miembros cerca de la misma
se regirán por lo establecido en el Protocolo adicional número 2 a esta
Convención”.
28. Estas disposiciones resultan
conformes a la Constitución. El artículo XII faculta a la organización para
dirigir comunicados, establecer y mantener relaciones, y hacer invitaciones de
participación en actividades de la organización a Estados no miembros y otras
organizaciones. Con el paso del tiempo la OCDE ha ampliado su trabajo al
interior y más allá de los Estados que la integran para poner sus conocimientos
analíticos y la experiencia a disposición de más de 100 países en desarrollo y
economías de mercado emergentes. Han surgido estudios sobre asuntos como el desarrollo
sostenible que considera factores ambientales, sociales y económicos; ha
extendido la relación con la sociedad civil, comprendiendo una amplia gama de
organizaciones no gubernamentales, centros de estudio e instituciones
académicas; ha invitado al público a opinar sobre sus trabajos; ha reformado su
gestión abordando puntos como la repartición de la carga presupuestaria y las
reglas sobre la toma de decisiones; entre otros, los cuales pretenden hacer de
la organización un instrumento de cooperación internacional más eficaz[177].
El foro anual de
la OCDE reúne a todos los interesados, incluidos los ministros de gobierno,
representantes de organismos internacionales y directivos de empresas,
sindicatos gremiales, etc. La organización sostiene múltiples relaciones
con otros organismos e instituciones internacionales como la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y otros órganos de las
Naciones Unidas, además de ser un socio activo del Grupo de los 20. También
tiene una relación antigua con el Consejo de Europa y la Asamblea Parlamentaria
de la OTAN[178].
Por su parte, el artículo XVI
otorga la potestad al Consejo de invitar a terceros países a adherirse a la convención
y sujeta tal decisión a la unanimidad de sus miembros. Sin perjuicio de lo
anterior se habilita la posibilidad de abstención y se precisa que la adhesión
surtirá efectos una vez haya sido depositado el instrumento de ratificación.
Adicionalmente, el artículo XIX determina que la capacidad jurídica de la OCDE
y los privilegios, exenciones e inmunidades de la organización, los
funcionarios y los representantes de sus miembros, se regirán por el Protocolo
adicional número 2 de la Convención[179].
De este modo, no se expone contrario
al ordenamiento superior el que la organización tenga un carácter abierto y
permita la participación de terceros países en sus comités, grupos de trabajo y
foros, que resulta reglada y se cumple bajo tres categorías: invitados,
participantes y asociados, según el grado de menor a mayor implicación y con el
pago de cuotas en los dos últimos casos. Igualmente, la OCDE mantiene una
relación más estrecha y privilegiada con los denominados socios claves
(Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica) que participan incluso en las
Reuniones Ministeriales[180]. Menos el contemplar la
capacidad jurídica de la organización y los privilegios, exenciones e inmunidades
que se reconocen, como parte de la gestión y ejercicio cabal de las
atribuciones[181].  De esta forma, la
Corte halla que se busca impulsar la integración económica, social y política
sobre las bases de equidad, reciprocidad e igualdad (preámbulo y arts. 226 y
227), fundamentar las relaciones exteriores del Estado en la soberanía
nacional, la autodeterminación de los pueblos y los principios del derecho
internacional aceptados por Colombia (art. 9º), cumplir los principios de la
función administrativa (art. 209), garantizar el debido proceso (art. 29),
entre otros.
“Artículo XX
1.
Anualmente, conforme al Reglamento Financiero adoptado por el Consejo, el
Secretario General someterá a la aprobación del mismo un presupuesto anual, las
cuentas y cualquier presupuesto anexo solicitado por el Consejo.
2. Los
gastos generales de la organización, aprobados por el Consejo, se distribuirán
conforme a una escala que será fijada por el Consejo. Los demás gastos estarán
financiados conforme a las bases fijadas por el Consejo”.
29. La OCDE es financiada por sus
países miembros. Las contribuciones de los países al presupuesto anual se
calculan de acuerdo con el tamaño de la economía, es decir, en una formula
relacionada con el PIB de cada país miembro. Estados Unidos es el mayor
contribuyente, pues aporta cerca del 25% del presupuesto, y le sigue Japón. Con
la aprobación del Consejo los Estados pueden hacer contribuciones por separado
a programas específicos que no estén cubiertos por el financiamiento principal.
El Consejo determina el monto del presupuesto de la OCDE y el programa de
trabajo. A diferencia del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional la organización
no concede financiamientos[182].
De esta manera, el artículo XX
expone que el secretario general deberá someter a la aprobación del Consejo el
presupuesto anual, las cuentas y cualquier presupuesto anexo. También faculta
al Consejo de fijar la escala de distribución de gastos generales de la
organización. Ello para la Corte responde a los lineamientos constitucionales,
al permitir a la organización contar los recursos y la sostenibilidad
indispensable para llevar a feliz término los objetivos de la organización y
con ello la expectativa de mejoramiento de la economía nacional. Por lo tanto,
la Corte procederá a declarar la exequibilidad de esta disposición (preámbulo y
arts. 9, 209, 226, 227, 333[183], 334[184],
339[185], 345[186],
371[187] C. Pol.).
“Artículo
XIII
La
representación en la organización de las Comunidades Europeas, creada por los
Tratados de París y Roma de 28 de abril de 1931 y 25 de marzo de 1957,
respectivamente, será conforme a lo establecido en el Protocolo adicional
número 1 a esta Convención.
Artículo XIV
1. La
presente convención será ratificada o aprobada por los signatarios de
conformidad con sus respectivos requisitos constitucionales.
2. Los
instrumentos de ratificación o de aprobación serán depositados cerca del
Gobierno de la República Francesa, designado gobierno depositario.
3. La
presente Convención entrará en vigor;
a) antes del
30 de septiembre de 1961, tan pronto como los instrumentos de ratificación o de
aprobación hayan sido depositados por todos los firmantes;
b) el 30 de
septiembre de 1961, si en esa fecha quince signatarios o más han depositado
tales instrumentos, respecto de esos signatarios, y posteriormente respecto de
cualquier otro signatario, a partir de la fecha de depósito de su instrumento
de ratificación o de aprobación;
c) después
del 30 de septiembre de 1961, pero no más tarde de dos años después de la firma
de la presente Convención, en el momento del depósito de los instrumentos
respectivos por quince signatarios, respecto de éstos; y posteriormente
respecto de cualquier otro signatario, a partir de la fecha de depósito de su
instrumento de ratificación o de aprobación.
4. Los
signatarios que no hayan depositado su instrumento de ratificación o de
aprobación en el momento de la entrada en vigor de la Convención podrán
participar en las actividades de la Organización, en las condiciones
establecidas por acuerdo entre la Organización y dichos signatarios.
Artículo XV
Al entrar en
vigor esta Convención, la reconstitución de la Organización Europea de
Cooperación Económica tendrá efecto y sus objetivos, órganos, poderes y nombre
serán desde ese momento los que se prevén en la presente Convención. La
personalidad jurídica que posee la Organización Europea de Cooperación
Económica continuará en la Organización, pero las decisiones, recomendaciones y
resoluciones de la Organización Europea de Cooperación Económica requieren la aprobación
del Consejo para ser aplicables después de la entrada en vigor de la presente
Convención”.
Artículo
XVII
Toda Parte
Contratante podrá denunciar la presente Convención mediante aviso previo al
gobierno depositario con doce meses de antelación.
Artículo
XVIII
La sede de
la Organización estará en París, salvo que el Consejo decida otra cosa”.
Artículo XXI
El Gobierno
depositario comunicará inmediatamente a las Partes Contratantes y al Secretario
General de la Organización, la recepción de los instrumentos de ratificación,
aprobación, adhesión o denuncia”.
EN FE DE LO
CUAL, los Plenipotenciarios que suscriben, debidamente acreditados, firman la
presente Convención. HECHA en París el 14 de diciembre de 1960 en francés y en
inglés, haciendo de los dos textos en un solo ejemplar que será depositado
cerca del Gobierno depositario, que expedirá una copia certificada a todos los
firmantes”.
30. Para la Corte ningún reparo
de constitucionalidad merecen las disposiciones convencionales transcritas,
toda vez que se limitan a sujetar la representación en la Organización de las
Comunidades Europeas a lo establecido en el protocolo adicional 1 de esta
Convención (XIII)[188]; establecer el
compromiso de las partes signatarias a ratificar o aprobar la convención, designa
como depositario al Gobierno de la República francesa, regula las disposiciones
de entrada en vigor de la convención y dispone la capacidad de participación
que gozan los Estados signatarios que aún no han ratificado o aprobado la convención
(XIV); estipular que, una vez entra en vigor la convención se haga efectiva la
reconstitución de la Organización Europea de Cooperación Económica,
conservándose de la misma la personalidad jurídica para la organización, además
sujeta la aprobación de los instrumentos de recomendación y resolución al consejo
para hacer efectiva su aplicación (XV); facultar a las partes para denunciar la
convención (XVII); establecer la ciudad de París como sede de la organización
(XVIII); y consagrar la obligación del depositario de comunicar a las partes y
al secretario general la recepción de cualquier instrumento de ratificación,
aprobación, adhesión o denuncia (XXI).
Por las razones anteriores, la
convención bajo revisión constitucional constituye uno de los últimos pasos
para que Colombia pueda ser miembro de pleno derecho de la OCDE, tras el
proceso complejo y prolongado, por los requisitos a cumplir y las aptitudes a
demostrar. El acuerdo es otra herramienta tipo de cualquier organización
internacional, al limitarse a consagrar las estipulaciones propias de la
estructura orgánica, detallar su funcionamiento, regular las facultades y
obligaciones de los Estados miembros.
El ingreso a la organización
parte del reconocimiento y el tratamiento que conforme a sus normas
convencionales deben merecer economías en vía de desarrollo como la colombiana,
por lo que las obligaciones que adquiere deben resultar proporcionales a las
particularidades como lo establecen las normas de la OCDE. Es claro que ninguna
disposición internacional será vinculante para Colombia sin que se hubiere
otorgado el visto bueno y, de ser indispensable, haber contado con la previa
incorporación al ordenamiento jurídico nacional.
En esa medida, no se está ante un
organismo supraconstitucional, por lo que no hay sesión de la soberanía
nacional (art. 9º superior). La generalidad en que está redactada implica que
debe ser leída en los a la luz de lo previsto en el acuerdo sobre los términos
de la adhesión. Este Tribunal declarará la exequibilidad de tales disposiciones
de la convención de la OCDE (preámbulo y arts. 9º, 209, 226 y 227 superiores).
El acuerdo sobre los términos
de la adhesión de Colombia a la convención de la OCDE. Este instrumento (Anexo
final) consta de i) una declaración del Gobierno referente a la
aceptación de las obligaciones de membresía de la organización con 7 anexos, y ii)
una decisión del Consejo de invitar a Colombia a adherir a la convención
de la OCDE.
31. La declaración está
compuesta por un preámbulo[189] que proclama en
términos generales seis declaraciones:
A.
Declaración general de aceptación: Colombia asume todas las
obligaciones que emanan de la membresía de la organización, incluidas la
aceptación de los objetivos de la organización[190];
los compromisos de los artículos 2[191] y 3[192]
de la convención; los protocolos suplementarios 1[193]
y 2[194] de la convención; las
decisiones, resoluciones, reglas, reglamentos y conclusiones de la organización,
así como costos relacionados con la evaluación de informes de progreso
post-adhesión, otros aspectos financieros y presupuestales, asuntos de
personal, aspectos procedimentales; estados financieros; métodos de trabajo;
los instrumentos jurídicos sustantivos de la organización con las observaciones
de los Anexos 1 a 5; etc.
B.
Declaración relacionada con el régimen de patentes: Colombia hace
una declaración relacionada con su régimen de patentes (Anexo 6).
C.
Acuerdo sobre privilegios e inmunidades de la organización: conforme
al artículo 23 del acuerdo sobre privilegios, inmunidades y facilidades,
Colombia informará a la organización la finalización de los requisitos internos
para la entrada en vigor.
D.
Participación en actividades y órganos de la OCDE a título
facultativo: una vez sea miembro Colombia desea participar en ciertas
actividades y órganos opcionales (Anexo 7);
E.
Terminación de acuerdos anteriores con la organización: a partir
de la fecha de adhesión se consideran terminados los acuerdos anteriores con la
OCDE con su participación como no miembro en algunos órganos y participará en
esos órganos;
F.
Entrega de informes a los comités OCDE tras la adhesión: acuerda
entregar informes de progreso a comités OCDE seleccionados. Colombia acuerda
contribuir con recursos para apoyar la evaluación de informes de progreso post-adhesión
incluidos por el Consejo en su decisión de invitar al país.
Los anexos que acompañan esta
Declaración conciernen a:
Anexo 1: observaciones
específicas sobre la aceptación jurídica de instrumentos jurídicos de la OCDE,
que comprende: productos químicos (plazos de implementación), medio ambiente
(plazos de implementación), residuos (plazos de implementación y observación),
asuntos fiscales (plazos de implementación, reservas, observaciones y
notificaciones), seguros y pensiones privadas (plazo de implementación),
inversión y empresas multinacionales (reservas y excepciones), construcción
naval y transporte marítimo (observaciones), turismo (reservas y
observaciones).
Anexo 2: lista de reservas
al código de realización de los movimientos de capital, que comprende diez
listas sobre i) inversión directa, ii) operaciones en bienes inmuebles, iii)
operaciones en valores en mercados de capitales, iv) operaciones en los
mercados monetarios, v) otras operaciones en instrumentos negociables y
créditos no titulizados, vi) operaciones en valores de inversión colectiva,
vii) créditos financieros y préstamos, viii) operaciones de cuentas de
depósito, ix) operaciones por parte de residentes de cuentas con instituciones
financieras no residentes y x) operaciones en divisas.
Anexo 3: lista de reservas
al código de liberalización de las operaciones corrientes invisibles, que
involucra dieciséis ítems sobre i) fletes de navegación interior, ii)
transporte por carretera, iii) seguros relacionados con bienes en comercio
internacional, iv) seguro de vida, v) todos los demás seguros, vi) condiciones
para el establecimiento y operación de sucursales y agencias de aseguradoras
extranjeras, vii) entidades que brindan otros servicios de seguros, viii)
pensiones privadas, ix) servicios de pago, x) servicios de banca e inversión, xi)
servicios de liquidación, compensación y custodia y depositario, xii) gestión
de activos, xiii) servicios de asesoramiento y agencia, xiv) condiciones para
el establecimiento y funcionamiento de sucursales, agencias, etc. de
inversionistas no residentes en el sector de servicios bancarios y financieros,
xv) exportación, importación, distribución y uso de películas impresas y otras
grabaciones, cualquiera que sea el medio de reproducción, para exhibiciones
privadas o de cine, o para transmisiones de televisión, xvi) servicios
profesionales (incluidos servicios de contadores, artistas, consultores,
doctores, ingenieros, expertos, abogados, etc.)
Anexo 4: declaración sobre
las salvaguardas en la legislación colombiana relativa a los desequilibrios
derivados de los flujos de capital y el tratamiento de mecanismos de requisito
de reserva no remunerada de conformidad con los códigos de liberalización. Consta
de quince puntos sobre el mecanismo de requisito de reserva no remunerado (i),
mantener la flexibilidad de reintroducirlas si las circunstancias lo justifican
(ii), facultades del Banco de la República y flexibilidad de reactivar el
mecanismo URR (iii), medidas de liberalización y notificación e información a
los miembros (iv), no reintroducir restricciones para las operaciones cubiertas
(v), ejercicio de facultades de conformidad con las disposiciones de
salvaguardia de los códigos de liberalización de la OCDE (vi), estructura
institucional para la reintroducción del URR (vii), coordinación entre actores
para evitar arbitrajes regulatorios y para que la medida sea simétrica (viii),
no se cuenta con controles cambiarios generales (ix), respeto de los códigos
(x), derechos bajos los códigos (xi) utilización de URR en tiempos de aumentos
de capital de manera preventiva y no solo correctiva (xii), derecho a
establecer el URR (xiii), apreciación tareas asignadas al comité de inversiones
(xiv) y tratamiento apropiado de una amplia clase de medidas (macro prudenciales).
Anexo a la declaración
sobre operaciones de divisas bajo la jurisdicción Banco de la República que lo
componen tres numerales sobre i) las facultades constitucionales del banco, ii)
la sujeción al nuevo estatuto cambiario (Ley 9 de 1991) de acuerdo con la distribución
de poderes (Ley 31 de 1992) y iii) regulación de los flujos asociados con
operaciones cambiarias, incluida la imposición de controles o restricciones
sobre dichas operaciones, y adopción de medidas (regular ingresos y salidas de
divisas, sistemas de negociación de moneda extranjera y sistemas de pago de
alto valor y actividades asociadas).
Anexo 5: lista de
excepciones para el trato nacional de acuerdo con la tercera decisión revisada
del consejo sobre trato nacional [C(91)147 y sus enmiendas]. Prevé dos ítems:
A. excepciones a nivel nacional (inversiones por empresas ya establecidas
controladas por extranjeros, ayudas y subsidios oficiales, obligaciones
tributarias, adquisición estatal, acceso a financiación local) y B. Excepciones
a las subdivisiones territoriales (ninguna).
Anexo 6: declaración de
Colombia al régimen de patentes concerniente a la sujeción a la Decisión Andina
486 aplicable al régimen de patentes.
Anexo 7: lista de
actividades y entidades opcionales en las que Colombia desea participar, la
cual identifica al Centro de Desarrollo, al Programa para Encuesta
Internacional de Enseñanza y Aprendizaje, al Foro Mundial sobre Transparencia
de Intercambio de Información con fines Fiscales y al Programa para la
Evaluación Internacional de Alumnos.
Por su parte, la Decisión
del Consejo de invitar a Colombia para adherir a la convención de la OCDE está
conformada de un preámbulo[195] y la decisión de i)
adherir a la convención en los términos de la declaración del Gobierno y
aquellos dispuestos a continuación, ii) Colombia debe proveer su posición
respecto de cada instrumento legal de la organización (3 meses siguientes),
iii) acuerdos previos sobre participación en los organismos de la OCDE en
calidad de no miembro, deben darse por terminados desde la adhesión, porque
ahora Colombia participará en condición de miembro de la organización; iv)
proveer informes de progreso a los organismos OCDE tras adhesión, al comité de
política ambiental (finales 2018 o 2020), comité de productos químicos (2021),
comité de gobernanza pública, comité de política regulatoria (informe inicial 2
años posteriores y de ser requerido un segundo reporte dentro de los 5 años),
comité de empleo, trabajo y asuntos sociales (informe anual, informe preparados
por la secretaria 2, 4, 6 y 8 años), comité de comercio (2 años y de ser
requerido subsecuentemente), comité de pesca (2 años); v) aportar recursos
financieros para respaldar evaluación de informes de progreso post-adhesión
mencionados. Un resumen anual del progreso posterior a la adhesión debe
prepararse por el secretario general y hacerse público junto con los reportes
preparados por las autoridades colombianas y el secretariado del ELSAC; y vi)
designación de autoridad como punto de contacto, responsable del reportaje
post-adhesión[196].
32. Según lo descrito, la
Corte encuentra que el acuerdo sobre los términos de la adhesión de Colombia a
la convención de la OCDE compatibiliza con la Constitución. Este
instrumento se circunscribe a expresar las condiciones en que se cumplirá la
adhesión del país a la convención de la OCDE. Ello significa que además de
aceptar los objetivos y compromisos de la organización, también hizo
explícitos algunas observaciones, reservas, excepciones, declaraciones,
acompañados de tiempos de implementación y listados, sobre varios
instrumentos jurídicos sustantivos de la OCDE.
Como lo expuso el Departamento
Nacional de Planeación y los ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda,
Comercio, Trabajo, Educación y Justicia, atendiendo el interés de Colombia por
hacer parte de la OCDE recibió un estudio que desde la perspectiva
internacional muestra al país en el diseño y la implementación de la Política
de Desarrollo Productivo (CONPES 3866 de 2016). Tal organización realizó tres
misiones al país sosteniendo reuniones con directivos del sector público,
gremios y asociaciones, identificando retos y oportunidades en los que se puede
reforzar la Política de Desarrollo Productivo. Se recogieron insumos para las
recomendaciones sobre cómo se puede hacer mayor énfasis en las oportunidades
como la transformación digital. El aprovechamiento del potencial productivo de
las regiones se indicó que involucra el mitigar la excesiva producción
normativa y desarrollar una infraestructura eficiente para mejorar la
productividad y competitividad. Todo lo cual conjuga, se expuso, con el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.
Como impactos y efectos para
la economía se manifestó que: a) permite acceder a la Cooperación
Internacional Tributaria, incluyendo intercambio automático de información,
acuerdos de doble tributación, etc., contribuyendo al fortalecimiento de la
institucionalidad tributaria del país; b) genera respaldo y credibilidad que
repercute en el flujo de capitales hacia el país, y la promoción de inversión
nacional y extranjera; c) en materia de buenas prácticas permite acceder a
recomendaciones de política basadas en evidencias e intercambiar con los países
miembros conocimiento especializado sobre seguimiento y evaluación de políticas
públicas; d) facilita compartir experiencias exitosas de programas y políticas
implementadas, generando visibilidad y reconocimiento al país; e) fortalece la
capacidad de incidencia en la agenda global; f) permite hacer parte de procesos
de evaluación continua y comparación a partir de estándares internacionales; y
g) tener acceso a una fuente valiosa de datos estadísticos, económicos y
sociales, fundamentales para los procesos de planeación, seguimiento y
evaluación de políticas públicas[197].
Entonces, se sostuvo que el
ingreso tiene un impacto consistente en que el país empieza a acoger prácticas
responsables en muchos frentes y mejores políticas públicas, progresando en un
importante número de variables económicas, visibilizando internacionalmente al
país, abriendo nuevas oportunidades de inversión, favoreciendo el
posicionamiento y la participación de Colombia. Los efectos, adujeron, se
empezaron a materializar desde la implementación de la Hoja de Ruta establecida
para el proceso de aceptación y adhesión a la organización. Señalaron la
adopción de 51 medidas de política pública que significaron cambios importantes
para el país, entre ellas, leyes, decretos y documentos Conpes. El Gobierno nacional
sancionó las leyes de antisoborno y conglomerados financieros, firmó la
Convención sobre Asistencia Mutua en temas tributarios para que la DIAN
intercambie información con más de 90 países, facilitaron medidas para promover
la competencia y productividad, crearon el impuesto al carbono y a la
utilización de bolsas plásticas, fortalecieron normas contra la contratación
ilegal y de promoción de la formalidad, etc.[198].
Entre los desafíos están
recaudar más ingresos fiscales en el mediano plazo, financiar mayor número de
programas de infraestructura a nivel regional, simplificar los procedimientos
de registro de empresa, ejecutar el programa de concesiones viales 4G, reducir
los impuestos y contribuciones sobre salarios, expandir la educación de la
primera infancia, aumentar la tasa de escolarización de los niños en las
regiones menos desarrolladas, entre otros. Igualmente indicaron que la promoción
efectiva del uso de buenas prácticas públicas en materia social, política y
económica, está dada en la implementación de las recomendaciones de la
organización para mejorar las prácticas y políticas públicas, como las mejoras
en el trabajo digno, la transparencia, la gobernanza y la gobernabilidad
democrática, la estabilidad financiera, la tutela del medio ambiente, el
desarrollo humano, el crecimiento inclusivo, la lucha contra la corrupción y el
soborno internacional, entre otros[199].
Precisaron que la organización
evalúa al país periódicamente, lo compara con los mejores estándares
internacionales y permite el acceso a mecanismos de revisión para mejorar
continuamente las políticas públicas. Entre otras mejoras se resaltan:
i) la superfinanciera no tenía la facultad de vigilar a los conglomerados
financieros al no corresponder a entidades financieras; ii) los decretos y
resoluciones del ejecutivo deben tener un periodo mínimo de consulta pública y
requisitos de estudio de impacto y de alternativas; iii) Colombia no tenía un
sistema adecuado de medición ambiental; iv) el país ahora conoce cuántas
empresas con capital público tiene y el Gobierno ahora las monitorea; v) la
DIAN al presente comparte información tributaria de manera automática con
entidades homólogas, cerrando la puerta a grandes evasores; vi) el DANE es
quizás la entidad que más se ha transformado, etc.[200].
En
términos generales, tratándose de la educación la OCDE identificó
desafíos en el país, en primera infancia, preescolar y básica, educación media
y superior, comprometiéndose el Gobierno a avanzar hacia una educación de
calidad con estándares internacionales; en medio ambiente se dieron
compromisos post-acceso recogidos en instrumentos para las buenas prácticas,
que se deben reportar anualmente e implementar en un periodo máximo de 8 años,
que van algunos hasta el 2020; en política regulatoria se busca dar
asistencia a quienes establezcan acciones para una mayor transparencia y una
mejor gobernanza que implican obligaciones específicas; en trabajo, empleo y
asuntos sociales se han implementado medidas regulatorias y cambios
institucionales hacia un mejor entorno para las condiciones laborales y el
diálogo social[201]; en justicia la
efectividad de las instituciones, la transparencia y rendición de cuentas, los
marcos institucionales de integridad y anticorrupción, la capacidad
administrativa a nivel subnacional, un enfoque territorial, sistémico,
participativo, diferencial y con énfasis en lo rural. El Gobierno conserva su
autonomía para determinar la forma de implementación de la Política de Mejora
Normativa en el país y los casos en los cuáles no aplica[202];
y en comercio el contar con el Análisis de Impacto Normativo (Dcto.
471/14), modernización sistema de compras públicas, ley derechos de autor,
desarrollo de capacidad regulatoria e institucionalidad (Ley 1915/18), en otros[203].
También se identificaron otros retos:
i) costos directos por la participación en los órganos de la organización
siendo necesario asegurar la sostenibilidad financiera; ii) los compromisos
post-acceso tienen costos asociados que deben financiarse por el Estado; iii)
el ingreso podría incidir en el cierre de oportunidades de cooperación concesional,
porque algunos esquemas excluyen a países OCDE; iv) Colombia deberá pagar una
contribución anual estimada de 2.619.000 EUR. Como contribución por ser nuevo
miembro deberá pagarse 1.000.000 EUR durante los primeros cuatro años. Por
presupuestos anexos (fondo de pensiones, fondo de inversiones y fondo de
publicaciones) es necesario pagar 446.000 EUR al año. El pago por la
participación en los comités con compromisos post-acceso asciende
aproximadamente a 250.000 EUR anuales durante ocho años; y v) según lo
estipulado en el acuerdo de adhesión deberá asumir los costos de los siguientes
órganos y programas con membresía independiente: • Centro de Desarrollo:
aproximadamente 35.000 EUR anuales. • BEPS (Base Erosion Profit Shifting):
aproximadamente 52.000 EUR anuales. • Global Forum on Tax Transparency:
aproximadamehte 23.000 EUR anuales. • TALIS (Teaching and Leaming
International Survey): aproximadamente 38.000 EUR anuales. • PISA (Programme
for International Students Assessment): 151.000 EUR anuales[204].
Adicionalmente, indicaron que la
adhesión del país, como ocurre con los demás compromisos internacionales en el
ámbito multilateral, tiene como base y principio la equidad, reciprocidad,
igualdad, conveniencia nacional y autodeterminación de los pueblos, porque
el objetivo final está dado en modernizar la administración pública para que
pueda responder a las necesidades y retos del mundo moderno y que se traduzca
en un desarrollo económico y social sostenible e incluyente para un mejor
bienestar de la población. Es coherente una política exterior en perspectiva
global, articulada con las tareas y desafíos de perfeccionar las instituciones,
promover el desarrollo de la economía y extender los beneficios del progreso
social. La OCDE no tiene un sistema de multas, retaliaciones o sanciones, los
países se sujetan a una revisión de pares, quienes identifican fortalezas y
proponen áreas de mejora sobre el cumplimiento de ciertos estándares para
cumplir con mejores prácticas.
33. De
otro lado, el Banco de la República consideró que los anexos bajo examen no
contrarían las disposiciones constitucionales (arts. 371, 372 y 373). Concretamente
sobre el Anexo 4[205] expuso que el país ha
establecido medidas que permiten suavizar los flujos de capitales a través del
establecimiento de un depósito al endeudamiento externo que equipara el costo
financiero de endeudarse en monedas extranjera y legal, equivalente a un porcentaje
de los créditos externos que debe congelar en el Banco por un tiempo
determinado. Dicho depósito es un mecanismo de requisito de reserva no
remunerado (URR) que persigue eliminar los incentivos financieros para
contratar obligaciones en el exterior, y así combatir la apreciación de la tasa
de cambio[206]. Pese a que el depósito
ha estado inactivo desde el 2008 indicó que es necesario conservar la
flexibilidad de reintroducir este mecanismo si las circunstancias lo
justifican. De este modo, la declaración del anexo preserva la soberanía
nacional y la autonomía de la Junta Directiva del Banco. En cuanto al Anexo
sobre la declaración operaciones de divisas bajo la jurisdicción del Banco informa
que determina las competencias en asuntos cambiarios y contiene los rasgos
esenciales de la normativa cambiaria[207]. Las medidas y
funciones a las que hace referencia al anexo corresponden a las competencias
constitucionales y legales del BR y, por ende, se ajustan a la Constitución.
34. El concepto técnico emitido
por la Universidad EAFIT refuerza la constitucionalidad de los instrumentos
internacionales (especialmente el acuerdo sobre los términos de la adhesión) y
la ley aprobatoria. Luego de señalar que la OCDE tiene una estrategia de
estandarización que busca homogeneizar las prácticas a nivel internacional para
alcanzar a reducir los costos de transacción y optimizar el comercio global,
así como referir a la revisión detallada de las políticas públicas por 23
comités, a la implementación por el Gobierno de 51 medidas de política a través
de leyes, resoluciones, decretos y documentos Conpes, a que se
compromete a brindar el mismo tratamiento a las inversiones nacional y
extranjera, y a promover el buen gobierno, expuso que el impacto del ingreso
de Colombia a la organización es altamente positivo, al propender por el
mejoramiento de las condiciones de vida y verificando los avances alcanzados en
bienestar económico en el marco de las buenas prácticas. Explica que se albergan
desafíos en políticas públicas como herramientas al servicio de la comunidad,
particularmente la más vulnerable que exige una serie de reformas que se vienen
implementando en los últimos años dadas las recomendaciones de la OCDE[208].
Además de la contribución
monetaria al fondo de la agremiación que estima moderada, conceptúa que la
OCDE no impone normas, sino que es un aliado con el cual se puede discutir las
políticas para lograr los mejores acuerdos para el mejoramiento de las
condiciones económicas y sociales del país. Determina que las bases de
equidad, reciprocidad, igualdad, conveniencia nacional y autodeterminación de
los pueblos deben comprenderse de cara a las dinámicas propias de la
gobernanza global multinivel. Tal organización pretende contribuir al diseño de
políticas públicas efectivas en las que la equidad, la eficiencia y la sostenibilidad
direccionen la evolución de las sociedades. Al no existir mecanismos
coercitivos que establezcan medidas se defiende la autodeterminación y se brindan
herramientas para el diseño de políticas públicas efectivas, en las que se contengan
las mejores prácticas identificadas en la experiencia de los países miembros.
A nivel de actos normativos
asociados a la OCDE y de compromisos post-acceso se identifica: 1) comité
de política ambiental: leyes 1715 y 1753/14, Conpes 3874/16; compromisos:
ampliación del licenciamiento ambiental a otro tipo de proyectos, mecanismo de
participación en el licenciamiento ambiental y fortalecimiento del sistema de
información ambiental. 2) Comité de químicos: Conpes 3868/16;
compromisos: complementar el marco regulatorio, fortalecer la institucionalidad
y gestión de información. 3) Comité de comercio: ley 1816/16, decreto
1514/16; compromiso: seguimiento a recomendaciones. 4) Comité de empleo y
asuntos sociales: decretos 17 y 36/16; compromiso: informe de actuación
anual. 5) Comité de gobernanza pública: decretos 1510/13 y 1817/15,
Conpes 3816/14; compromisos: plan decenal de justicia, sistema de información
de justicia, capacidad sub-nacional de acceso a la justicia, fortalecimiento de
regulación en temas de transparencia e integridad. 6) Comité de política
regulatoria: ley 1682/13; primer reporte 2 años después del acceso y
segundo reporte 6 años después. 7) Comité de gobierno corporativo:
Conpes 3851/15. 8) Cohecho en transacciones internacionales: leyes
1573/12 y 1778/16. 9) Comité de asuntos fiscales: leyes 1607/12 y
1661/13, decretos 4927/11, 1703/12, 1755/13. 10) Comité de seguridad social
y pensiones privadas: decreto 2031/15. 11) Comité de mercados
financieros: leyes 1607 y 1762/15. 12) Comité de desarrollo regional:
Ley 1753/14. 13) Comité de estadísticas: Ley 1753/14 y decreto 1743/16.
14) Comité de política digital: Ley 1753/14, Conpes 3854/16. 15) Comité
de política del consumidor: Ley 1480/11 y decretos 1400/12, 1844/13, 539 y
1471/14. 16)
35. Así mismo, la Corte comparte
el concepto de exequibilidad de la Procuraduría General, al destacar
que se limita a contener condiciones específicas bajo las cuales se adhiere el
país a la organización. Sostuvo que las observaciones efectuadas atienden a
la soberanía respecto a las características legales, sociales y económicas del
Estado, en los términos descritos por la Constitución. Las estipulaciones
vertidas en el anexo 4 y en el anexo señala que obedecieron a la
necesidad de mantener la flexibilidad en la utilización de medidas para
desestimular la entrada al país de capitales considerados inestables y de
conservar la potestad de la banca central de imponer restricciones sobre pagos
y transferencias corrientes y de movimientos de capital.
También se participa de la
afirmación consistente en que las reservas y declaraciones regulan aspectos
operacionales de la organización, delimitando el objeto, naturaleza de las
decisiones, formas para la consecución de objetivos, y garantizando con ello la
aplicación de la normatividad interna y la prevalencia del ordenamiento
superior. Como lo sostuvo el Ministerio Público, no existe reparo
constitucional alguno al corresponder a cláusulas generales y necesarias
para lograr un entendimiento entre los Estados miembros, garantizando la
participación y la cooperación internacional de manera clara y específica, lo
cual confiere seguridad jurídica y estabilidad a lo acordado. Tanto el acuerdo
como la convención se indicó que tienen fundamento en la reciprocidad y la
equidad entre los Estados miembros, además de contener disposiciones que
desarrollan y materializan fines superiores para el desarrollo económico, el
medio ambiente y la prosperidad general (arts. 9º, 226 y 227 C. Pol.).
36. De conformidad con lo
señalado, para la Corte el acuerdo sobre los términos de la adhesión de
Colombia a la OCDE determina con precisión los compromisos que en materia de
políticas públicas (buena gobernanza) se adquieren en el país. Al hacerse
explícito una serie de observaciones, reservas, excepciones, declaraciones,
acompañados de tiempos de implementación y listados, para la aceptación de
algunos instrumentos jurídicos de la organización, se busca hacer congruente
las responsabilidades y futura materialización con el ordenamiento
constitucional. Así, por ejemplo, los plazos de implementación responden
al tamaño de la economía colombiana, nivel de desarrollo y crecimiento
económico[209].
La
jurisprudencia constitucional ha determinado que con este tipo de cláusulas
“los Estados partes preservan
su capacidad para salvaguardar los derechos laborales, el medio ambiente, la
salud pública, el bienestar público, la propiedad intelectual, entre otros
intereses principalísimos que pudieran verse comprometidos (…)”[210].
De igual modo, ha sostenido este Tribunal que “las ´medidas de
salvaguardia y defensa comercial´ (…) sirven para prevenir el daño o remediarlo ´cuando quiera que se presente una situación de
desorganización del mercado que amenace con causar un perjuicio grave a los
productores nacionales de una mercancía o servicio similar al importado o que
haga competencia con éstos´”.[211]
Coherencia que pretende
alcanzarse sin anular las potestades del Gobierno nacional y del Congreso de la
República para la salvaguarda de intereses esenciales para el país como
el orden público, la seguridad nacional, la estabilidad macroeconómica y la
defensa efectiva de los derechos humanos, como fundamento de la soberanía
nacional, la autodeterminación de los pueblos y los principios de equidad,
reciprocidad e igualdad que dirigen las relaciones internacionales, además de
los fines esenciales y sociales del Estado (preámbulo, arts. 1º, 2º, 9º, 226,
227, 334, 371, 372 C. Pol.) [212].
La Corte no halla pérdida de
soberanía económica al preservar el Banco de la República y su Junta
Directiva las competencias previstas en los artículos 371, 372 y 373 de la
Constitución. No se encuentra limitada inconstitucionalmente ninguna de las
atribuciones de la autoridad monetaria, cambiaria o crediticia, al dejarse a
salvo la necesaria discrecionalidad con que debe contar tal autoridad para
actuar en cualquier momento, es decir, cuando lo encuentre aconsejable para la
garantía del orden y estabilidad económica del país[213].
De igual manera, no merece
reproche alguno de constitucionalidad el Anexo 5[214]
contentivo de la lista de algunas excepciones para el trato nacional de acuerdo
con la tercera decisión revisada del Consejo, al limitarse a determinar
excepciones a nivel nacional en cuanto a inversiones por empresas establecidas
y controladas por extranjeros en materia de industria pesquera, tierra,
transmisión por radio y televisión, y servicios privados de seguridad y
vigilancia. No encuentra esta Corporación necesaria ningún tipo de precisión
sobre este punto, al no desprenderse que se comprometa el mandato de igualdad
de trato al inversionista y a los inversionistas nacionales, menos la prohibición
de discriminación[215].
En torno al Anexo 6
consistente en la declaración relacionada con el régimen de patentes, la Corte
también dispondrá su constitucionalidad siguiendo los lineamientos de la
jurisprudencia constitucional[216]. De otra parte, sobre los derechos de autor en reciente sentencia C-069 de
2019 se aludió a las directrices que
rigen su ejercicio (arts. 61, 150 y 334 de la C. Pol.), los derechos que se
interrelacionan, la prohibición de crear condiciones irrazonables o
desproporcionadas respecto del ejercicio y los mandatos derivados del derecho
comunitario, sin perjuicio de la aplicación de otros tratados internacionales
que sean vinculantes en el ámbito interno[217].
Adicionalmente, esta
Corporación ha considerado ajustado a la Carta Política que el Estado
colombiano introduzca en convenios o acuerdos cláusulas a través de los
cuales se adquieran compromisos financieros, esto es, pueda obligarse a
realizar una erogación presupuestal a favor de un organismo internacional para
ser ejecutado por el mismo dentro del marco de sus objetivos y funciones[218].
Respecto a algunas inquietudes
generadas en el trámite de intervención ciudadana[219]
debe señalarse, conforme a lo expresado a lo largo de esta decisión, que tanto
la convención de la OCDE como el acuerdo sobre los términos de la adhesión
constituyen herramientas que propenden por el mejoramiento de la economía
nacional y con ello el bienestar general, como una opción y expectativa
válida de crecimiento e incorporación de la manera más adecuada a un mercado de
competencia. Así mismo, los objetivos de la convención de la organización
se centran más en la cooperación entre los países miembros para estar mejor
preparados respecto a los retos que impone una economía globalizada, sin
que se desconozca el tratamiento que se debe brindar a países en vía de
desarrollo y la posibilidad de establecer los términos de la adhesión a la
convención. También hay coincidencia en los objetivos de bienestar social,
económico y político, aunque pudieran avizorarse de manera paulatina o
progresiva. Los costos generados por el ingreso a la organización deben
observarse a partir de los beneficios y la proyección que podrían obtenerse a
mediano y largo plazo.
Adicionalmente, siendo el control
de constitucionalidad abstracto y tratándose en esta ocasión de compromisos
delimitados por las condiciones de adhesión, el juicio judicial enfrenta mayores
límites por la inexistencia de elementos de juicio sobre los efectos concretos,
que podrán determinarse al materializarse o aplicarse el instrumento
internacional. En determinadas ocasiones se dificulta anticipar la
multiplicidad de complejidades que pueden derivarse del desarrollo del acuerdo,
por lo que corresponde acudir ante las distintas autoridades en el marco de sus
competencias, a través de las acciones (legales y constitucionales) y los
mecanismos instituidos para la defensa del orden constitucional. Por lo tanto,
no se impide que en el futuro se adopten decisiones judiciales, producto
incluso de las acciones de tutela y de inconstitucionalidad, así como de acciones
populares o de grupos, proferidas igualmente por las jurisdicciones ordinarias
o contenciosa administrativa, que se originen en la aplicación del presente
instrumento internacional por la violación de los derechos constitucionales[220].
En relación con
la aceptación de la Declaración final de adhesión, específicamente el iv) del
artículo 1º de la Declaración general de aceptación (A)[221], debe
señalarse que se alude esencialmente a obligaciones de tipo procedimental para la
mejor observancia de los fines de la organización, además que, como lo expone
el concepto técnico de EAFIT, los instrumentos legales en principio no son
legalmente vinculantes al centrarse en la expectativa de que los adherentes
harán todo lo posible para adoptar, por ejemplo, la recomendación, además que
en el numeral 3 del artículo VI de la convención de la OCDE se expresa que ninguna
decisión será obligatoria para los miembros hasta que no haya sido incorporada
al ordenamiento jurídico conforme a las decisiones de su procedimiento
constitucional.
En cuanto a los anexos,
las observaciones específicas a la normativa, las listas de reservas a la
liberalización, las declaraciones sobre salvaguardas por desequilibrios, la
lista de excepciones para el trato nacional, la declaración sobre patentes y el
listado de actividades y entidades opcionales para participar, varias de las
cuales se sujetan a la verificación por comités y al cumplimiento progresivo
(incluso post-adhesión), otras constituyen aspectos operativos y técnicos, y cuyos
contenidos tienen un alto grado de generalidad, no exponen para esta
Corporación consecuencias inconstitucionales, máxime cuando algunas piezas
normativas o sectores podrán ser agotados en cuanto a la definición de sus
términos ante las instancias administrativas y judiciales, al hacer parte de las
expectativas válidas de integración y profundización económica y comercial, así
como del grado de desarrollo de la economía[222].
En suma, el acuerdo sobre los
términos de la adhesión armoniza con la preceptiva constitucional al promover
la integración económica, social y política (preámbulo y arts. 226 y 227); el
respeto de la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y los
principios del derecho internacional aceptados por Colombia (art. 9º); la
búsqueda de un orden político, económico y social justo (preámbulo); los fines
esenciales (art. 2º) y sociales del Estado (arts. 1º y 365 y ss); la libertad
económica e iniciativa privada dentro de los límites del bien común (art. 333);
la protección especial a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta (art.
13); los principios de la función administrativa al servicio de los intereses
generales (art. 209); la autonomía y las atribuciones de los entes
territoriales (arts. 1º y 285 y ss); la seguridad alimentaria (art. 65); la
salud pública (arts. 49 y 366); los principios fundamentales de la relación
laboral (art. 53); la protección y conservación del ambiente sano (art. 79); la
educación pública (art. 67); la autonomía y funciones de los poderes y órganos
del Estado (arts. 113 y ss); la autonomía y competencias de la banca central
(arts. 371 y ss); los objetivos del plan nacional de desarrollo (arts. 339 y
ss); entre otros.
V.      DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Plena de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLES
el “Acuerdo sobre los términos de la adhesión de la República de Colombia a
la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos” suscrito en París el 30 de mayo de 2018, y la “Convención de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos” hecha en
París el 14 de diciembre de 1960, así como la Ley 1950 de 08 de enero de 2019
por medio de la cual se aprueban tales instrumentos internacionales.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, cúmplase y archívese el expediente.
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL
PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO
RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
Con
aclaración de voto
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
Anexo inicial
Intervenciones, conceptos técnicos y Procuraduría
Ministerio de ambiente
1. Los instrumentos
internacionales y la ley se ajustan a la Constitución tanto formal como
materialmente. El ingreso de Colombia a la OCDE trae ventajas, como el que sus
miembros tienen condiciones más favorables ante los organismos de financiación,
cuentan con asesoría de expertos internacionales en políticas públicas, impulsan
el mejoramiento de las políticas empresariales fiscales y regulatorias, así
como ambientales, y disponen de la cooperación internacional para evitar la
evasión fiscal. Los países integrantes comparten prácticas y estándares que
redundan en una mayor atracción de la inversión extranjera y la generación de
empleo, cuentan con mayores recursos para proyectos sociales y disponen de la
estabilidad necesaria para garantizar nuevas inversiones. Presenta tres
categorías de beneficios: mejores políticas públicas, mayor confianza e
inversión en la economía nacional, y buen posicionamiento e influencia
internacional en pro de la prosperidad.
Ministerio de Relaciones Exteriores
2. El acuerdo, el convenio y la
ley cumplen los requisitos formales y sustanciales. La OCDE es una institución
comprometida con el establecimiento de una economía de mercado basada en
instituciones democráticas y centrada en el bienestar de los ciudadanos. Por
más de 50 años ha impulsado estándares globales, acuerdos y recomendaciones en
áreas como la gobernanza, la lucha contra el soborno, la corrupción, la
responsabilidad corporativa, el desarrollo, la inversión internacional, los
impuestos y el medio ambiente, etc.
Ingresar al foro más importante
de buenas prácticas gubernamentales permite a los Estados miembros: i) tener un
sello de garantía al reconocer que tienen políticas serias, responsables,
transparentes y justas; ii) imponer y exigir los más altos estándares sociales
y ambientales a los inversionistas nacionales y extranjeros, además la
presencia de patrones comunes facilita los flujos de comercio e inversión; iii)
evaluarse continuamente y compararse con los mejores; iv) incidir en la agenda
global y en decisiones que exijan una respuesta cooperativa y coordinada (lucha
contra paraísos fiscales y coordinación de políticas financieras, comerciales y
ambientales); v) disponer de una fuente de datos estadísticos, económicos y
sociales a nivel internacional, para un mejor análisis del diseño y evaluación
de políticas públicas; vi) acceder al centro de pensamiento privilegiado con
expertos de primer nivel para asuntos de política pública; y vii) participación
de funcionarios y técnicos colombianos en los distintos comités para aprender
las experiencias de otros países y autoevaluarse.
Los instrumentos bajo revisión
constitucional constituyen unos de los últimos pasos para que Colombia pueda
ingresar como miembro de pleno derecho de la OCDE, ha estado precedido de un
proceso prolongado y dificultoso atendiendo los requisitos a cumplir y las
cualidades a demostrar[223]. El acuerdo es un
instrumento internacional tipo de cualquier organización internacional, al
regular la estructura orgánica, detallar su funcionamiento y regular los
derechos y obligaciones de los Estados parte. Ninguna norma internacional será
vinculante para Colombia sin que haya dado el visto bueno y, de ser necesario,
sin haberse incorporado debidamente la norma de relevancia al ordenamiento
interno. No constituye una sesión de soberanía que permita colegir la
constitución de un organismo, ya que las decisiones en el seno de la
organización tienen efectos entre los Estados parte, tratándose de un poder
reglamentario interno que implica que no ingresará directamente a los
ordenamientos nacionales, sino que deberán ser incorporados en ellos.
La convención es de carácter
general al no detallar con claridad el complejo ordenamiento jurídico que
regula a la organización, ni da cuenta del entramado de instrumentos
desarrollado en su marco, por lo que las obligaciones deben ser leídas a la luz
del contenido del acuerdo sobre los términos de la adhesión. La referencia a
los instrumentos legales concierne a todos aquellos instrumentos adoptados por
la organización que componen el derecho interno como las regulaciones
financieras, de personas, de procedimientos y de gobernanza. Los instrumentos
legales sustantivos corresponden a los que constan en la base de datos legal
como las decisiones, recomendaciones, declaraciones, entendimientos y acuerdos.
No soporta su trabajo en la
supranacionalidad al no corresponder a un mecanismo diseñado para imponer
regulaciones sobre sus miembros. Respecto de las “decisiones” previstas en el
artículo V de la convención si bien es cierto tienen un carácter jurídico
especial, el régimen jurídico es más complejo, dado que a) antes de adoptarse
se votan favorablemente de manera unánime, b) usualmente reflejan acuerdos
entre los miembros sobre material que conviene ajustar internamente en el
ordenamiento de los Estados (de todas maneras requiere un tiempo prudencial
para los ajustes), implicando compromisos de emprender acciones más no
necesariamente de resultados; y c) ninguna decisión será obligatoria para
miembro alguno hasta que no haya sido incorporada en el ordenamiento jurídico
conforme a las disposiciones de su procedimiento constitucional.
Ministerio de Justicia
3. Los instrumentos
internacionales y la ley aprobatoria resultan exequibles formal y
materialmente. Dentro del Comité de Gobernanza Pública de la organización se
identificaron cuatro áreas prioritarias en que Colombia debe trabajar para
avanzar hacia los estándares y lineamientos de buenas prácticas, a saber: la
efectividad y eficiencia de las instituciones de justicia, la transparencia y
rendición de cuentas, los marcos institucionales de integridad y anticorrupción,
y la capacidad administrativa a nivel subnacional. El Ministerio de Justicia se
ha encargado de hacer seguimiento, en conjunto con la Fiscalía General y el
Departamento Nacional de Planeación, a los compromisos y metas alcanzados en
relación con la efectividad y eficiencia de las instituciones de justicia,
mientras que los otros tres componentes han sido liderados por el Departamento
Nacional de Planeación, la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la
República, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Agencia
Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.
El primer componente también
garantiza la separación de poderes y el buen funcionamiento de las
instituciones del Estado. El Objetivo 16 sobre paz, justicia e instituciones
fuertes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas ha
sido resaltado por el Comité de Gobernanza Pública para que los Estados se
comprometan con el acceso efectivos a la justicia y a las instituciones. Los
lineamientos de la OCDE buscan construir estrategias y políticas dirigidas a
fortalecer y aumentar el acceso a la justicia a nivel local, que deben
acompañarse por una planeación a mediano y largo plazo, y reformas legales o
administrativas que garanticen la sostenibilidad de la planeación. Hay una hoja
de ruta que busca atender la mayoría de los retos identificados, que se basa en
cuatro líneas principales: 1) formulación e implementación del Plan Decenal del
Sistema de Justicia (2017-2027), 2) impulso de reformas administrativas y
regulatorias (sostenibilidad), 3) mejoramiento de acceso a la justicia y
capacidad administrativa a nivel local y 4) desarrollo y mejora de sistemas de
información.
Para construir paz el acceso a la
justicia se debe consolidar con un enfoque territorial, sistémico,
participativo, diferencial y con énfasis en la ruralidad. El fortalecimiento de
la justicia local presenta distintas etapas (corto, mediano y largo plazo) que
se acompaña del fortalecimiento y desarrollo de sistemas de información en
justicia. Se establecen compromisos relacionados con siete reformas
administrativas y legales para fortalecer el sistema de justicia, y asegurar
normativamente la sostenibilidad de los proyectos de justicia local. Para
garantizar la ejecución de las políticas se adquirieron compromisos
relacionados con el desarrollo de cinco sistemas de información que deben
evolucionar a medida que se avanza en el desarrollo de la estrategia, y parte
de estudios técnicos y parámetros fijados por la jurisprudencia constitucional
para brindar soluciones estructurales y no solo responder a coyunturas
mediáticas.
El cumplimiento de las metas será
evaluado por el Comité de Gobernanza Pública durante cinco años en los que
Colombia deberá presentar en forma anual un reporte sobre los avances y
acciones realizadas en el marco de los compromisos generales. El periodo de
revisión denominado post-acceso empezará a llevarse a cabo un año después de
que Colombia pase a ser un Estado miembro de la OCDE tras la finalización del
proceso de adhesión.
Ministerio del Trabajo
4. Son exequibles los
instrumentos internacionales y la ley aprobatoria. La adhesión a la convención
de la OCDE brinda la oportunidad a Colombia de trabajar conjuntamente con otros
gobiernos para compartir experiencias y buscar soluciones a problemas comunes,
contar con políticas más relevantes y transparentes, imponer y exigir los más
altos estándares sociales y ambientales a los inversionistas nacionales y
extranjeros, evaluarse continuamente y mantener altos estándares
internacionales para el ejercicio de los derechos laborales. El Estado ha
establecido mecanismos importantes para cumplir con las recomendaciones del
Comité de Trabajo, Empleo y Asuntos Sociales -ELSAC-. Se han implementado
medidas regulatorias, cambios institucionales estructurales y asignaciones
presupuestarias correspondientes, por lo que el camino hacia un mejor entorno
para las condiciones laborales y el diálogo social está cubierto a largo plazo.
Adicionalmente, es necesario que existan cambios en el comportamiento y las
prácticas que llevarán más tiempos para mostrar resultados más visibles sobre
las relaciones laborales.
El país ha mostrado un progreso
significativo en cuatro áreas recomendadas por el referido Comité. El
fortalecimiento institucional del Ministerio de Trabajo ha resultado en una
mayor capacidad para cumplir la normatividad tanto en materia de inspección
laboral como de capacidad sancionatoria, estando asegurada la sostenibilidad de
las reformas a través de cambios normativos y decisiones presupuestales. El
diálogo social ha mejorado como resultado de los cambios regulatorios que han
reformado el marco para el desarrollo de la negociación colectiva en los
sectores público y privado, también se ha hecho evidente la capacidad
sancionatoria a las violaciones del derecho a la libertad de asociación. Las
investigaciones de delitos relacionados con el ámbito laboral por violencia y
transgresión de normas penales con incidencia en lo laboral, han mejorado
significativamente impulsadas por la Fiscalía General. Continuar trabajando
cerca de la organización asegurará el progreso constante y la búsqueda de
mejores condiciones para los trabajadores y una sociedad pacífica.
ELSAC de la OCDE recomendó al
país por Opinión Formal de 21 de marzo de 2018, mostrar avances en las áreas de
informalidad y subcontratación laboral, cumplimiento de normas laborales,
negociación colectiva y violencia contra sindicalistas, adoptando entre los
planes y acciones la “visión cero” para violencia y homicidios en contra de
sindicalistas. La organización expuso conocer las inquietudes sobre el
bienestar de los niños indígenas Wayuu, esperando que el programa de trabajo
del Comité resulte útil en este punto. Dio recomendaciones en cada una de las
áreas, que implican obligaciones específicas y/o medidas de política pública
que debe adoptar Colombia, como son:
i)
informalidad y subcontratación laboral. Diseñar e implementar un sistema
de afiliación único para los diferentes sistemas de seguridad social (salud, pensiones,
subsidio familiar y seguro de accidentes). Mejorar el vínculo trabajadores y
empleadores en lo que deben contribuir al seguro social, beneficios y servicios
que reciben en regreso. Fortalecer el marco jurídico para prohibir toda forma
de subcontratación abusiva, mediante cooperativas, contratos sindicales y
sociedades anónimas simplificadas;
ii)
cumplimiento de normas laborales: todas las recomendaciones se están
llevando a cabo y no implican modificaciones de política pública;
iii)
Negociación colectiva: elaborar un marco constructivo para el diálogo
social, mediante a) promoción de un sistema de dos niveles de negociación
sectorial y a nivel de empresas, elaborando regulaciones sobre lo sectorial en
el Código del Trabajo; b) eliminar la opción de negociar pactos colectivos; c)
extensión de acuerdos colectivos automáticamente a todos los empleados de una
empresa; d) requerir a múltiples sindicatos en la misma empresa a formar un
equipo de negociación para asegurar un acuerdo colectivo único; e) derecho de
huelga a las organizaciones sindicales de más alto nivel; f) asegurar que todos
los trabajadores, independiente del status legal bajo el cual desarrollen sus
actividades, se puedan unir a sindicatos en la práctica; y g) recolección
sistemática de datos sobre negociación colectiva para monitorear su evolución.
Colombia debe reflexionar sobre alternativas a la prohibición total de huelgas
en servicios esenciales (condicionadas a un servicio mínimo) y considerar la
reintroducción de la mediación en el proceso colectivo de resolución de
disputas. Bajo un mejor diálogo social y una negociación colectiva reforzada
Colombia debe considerar un ajuste gradual en el muy alto salario mínimo para
devolverlo a su rol original en lugar de norma salarial;
iv)
Violencia contra sindicalistas: evaluar la efectividad de la fase de
conciliación obligatoria, como es requerida en los procesos penales y examinar
de manera crítica e independiente el rol del escuadrón móvil antidisturbios (ESMAD)
y posible uso excesivo de la fuerza. Tomar medidas sobre casos serios y
urgentes en el Comité de Libertad de Asociación de la OIT sobre violencia
contra sindicalistas.
Las
autoridades nacionales deben presentar un informe anual de progreso de las
cuatro áreas mencionadas, que debe ser distribuido a los actores sociales para
comentarios. Cada informe debe proporcionar series de tiempo para todas las
estadísticas solicitadas, tomando como punto de partida el 2017, detallando la
estructura en la presentación de la información.
Banco
de la República
5.  Es
exequible la ley al no contrariar el ordenamiento constitucional que rige al
Banco de la República. Respecto al Anexo 4 sobre salvaguardas relativas a los
desequilibrios derivados de los flujos de capital y el tratamiento del
mecanismo de requisito de reserva no remunerada de conformidad con los códigos
de liberalización, Colombia no cuenta con controles cambiarios generales pero
sí ha establecido medidas que permiten suavizar los flujos de capitales a
través del establecimiento de un depósito al endeudamiento externo que permiten
equiparar el costo financiero de endeudarse en monda extranjera y en moneda
legal, el cual es equivalente a un porcentaje de los créditos externos que debe
congelar en el Banco por un tiempo determinado. Tal depósito es un mecanismo de
requisito de reserva no remunerado (URR) que busca eliminar los incentivos
financieros para contratar obligaciones en el exterior, para así combatir la
apreciación de la tasa de cambio[224]. Pese a que el depósito
ha estado inactivo desde 2008 es necesario conservar la flexibilidad de
reintroducir este mecanismo si las circunstancias lo justifican. Por lo tanto,
la declaración del anexo conserva la soberanía económica de Colombia y preserva
la autonomía de la Junta Directiva del BR. De todas maneras los controles de
capitales impuestos históricamente por el Banco han sido concebidos como
medidas temporales y no discriminatorias, por lo que respecta las facultades
constitucionales del BR y los principios de derecho internacional.
En cuanto
al Anexo sobre la declaración operaciones de divisas bajo la jurisdicción del
Banco detalla las competencias en asuntos cambiarios y contiene los rasgos
esenciales de la normativa cambiaria[225]. Las medidas y
funciones a las que hace referencia al anexo corresponden a las competencias
constitucionales y legales del BR y, por ende, se ajustan a la Constitución.
Departamento Nacional de Planeación
6. Es exequible la ley
aprobatoria de los instrumentos internacionales. Luego de referir al estudio
realizado por la OCDE que muestra el estado del país en el diseño e
implementación de la Política de Desarrollo Productivo , además de los impactos
y efectos, así como los desafíos para la economía, aludió a las obligaciones
específicas que adquiere y/o medidas de política pública que debe adoptar
Colombia (informes de progreso) que impliquen cambios sustantivos (posibles
áreas de reforma), especialmente en materia de educación, medio ambiente,
trabajo y seguridad social (salud y pensiones), transparencia, buena gobernanza„
inclusión social, posconflicto, protección de la economía, programas sociales,
sistema tributario, competencias de la Junta Directiva del Banco de la
República, etc.
Educación. La OCDE
identificó varios desafíos del sistema educativo del país: 1. Primera Infancia:
mejorar los beneficios educativos de la Educación Inicial y atención integral a
la primera infancia en Colombia. (ECEC-siglas en inglés); garantizar acceso
universal de la ECEC y una transacción exitosa al colegio; y fortalecer la
estructura de todo el sistema ECEC. 2. Preescolar y básica: enfocarse en el
aprendizaje de los estudiantes; fomentar la excelencia y el liderazgo docente;
mejorar las instituciones educativas para que los estudiantes tengan igualdad
de oportunidades de aprendizaje. 3. Educación Media: mejorar la calidad y la
pertinencia de la educación media; aumentar las tasas de matrícula y de
terminación, especialmente para la población vulnerable; y construir sinergias
para mejorar la calidad. 4. Educación Superior: ampliar el acceso y mejorar la
equidad; garantizar calidad y pertenencia; y fortalecer la gestión y la
financiación. Como miembros del Comité de Políticas Educativas de la organización,
el Ministerio de Educación se comprometió a lo siguiente: acoger las
recomendaciones del Comité al Ministerio para avanzar en la búsqueda de una
educación de calidad con estándares internacionales; y participar en las dos sesiones
anuales del comité en la sede de la organización.
Medio Ambiente. El comité
de política ambiental tiene compromisos post-acceso en 11 instrumentos. Dichos
compromisos se deben reportar anualmente e implementar en un periodo máximo de
ocho años. Las recomendaciones del comité de ambiente con compromisos
post-acceso son: 1) continuar con las acciones para acoger el instrumento legal
sobre indicadores e información ambiental; 2) continuar con las acciones para
acoger el instrumento legal de información ambiental. Incluyen el
establecimiento de mecanismos de intercambio de información para al menos
cuatro subsistemas dentro del SIAC, la mejora del portal del SIAC para aumentar
la cantidad de información disponible para el público (2020); 3) continuar con
las acciones para acoger el instrumento legal sobre la productividad de los
recursos. Para 2020 Colombia planea definir indicadores de productividad a
nivel nacional; 4) continuar con las acciones para acoger el instrumento legal
sobre flujos de materiales y productividad de los recursos. Para 2020 se planea
diseñar un marco analítico para informar las decisiones políticas sobre flujos
de materiales y productividad; 5)  continuar con las acciones para acoger el
instrumento sobre buenas prácticas para la gestión pública del gasto ambiental.
Colombia preparará procedimientos estándar para la evaluación del desempeño de
los fondos para las CAR por medio del PGN y modificará los indicadores de las
autoridades ambientales regionales para que estén orientados al desempeño; 6)
continuar con las acciones para acoger el instrumento legal sobre la evaluación
de proyectos con un impacto significativo en el ambiente. Colombia prevé
modificar los términos de referencia de la Evaluación de Impacto Ambiental
(EIA) para garantizar que se presenten y consideren diferentes alternativas,
que se evalúen los posibles impactos de la contaminación transfronteriza y que
se informe a los países vecinos; 7) continuar con las acciones para acoger el
instrumento legal de la política de gestión integral de desechos, desarrollo de
nuevos estándares para la gestión ambientalmente racional en las instalaciones
de gestión de residuos y procedimientos operativos para fomentar la
recuperación de residuos en los municipios; capacitación y asistencia de las
autoridades municipales y regionales; 8) continuar con las acciones para acoger
el instrumento legal sobre reutilización y reciclado de envases de bebidas; 9)
continuar con las acciones para acoger el instrumento legal sobre la
recuperación de papel desperdiciado; 10) continuar con las acciones para acoger
el instrumento legal sobre la gestión ambientalmente racional de los residuos;
11) continuar con las acciones para acoger la decisión del Consejo sobre
Control de movimientos transfronterizos de residuos destinados a operaciones de
recuperación.
Política Regulatoria.
A. Contexto acceso al Comité de
Política Regulatoria. Busca brindar asistencia a los países miembros y no
miembros en establecer instituciones, estrategias y accione encaminadas a una
buena gobernanza. Se encarga de dar recomendaciones para mejorar la calidad de
regulaciones, para que los Estados logren sus objetivos económicos y sociales,
y así lograr mejorar la vida de los ciudadanos y las empresas. La OCDE realizó
en el 2014 el estudio sobre la política regulatoria en Colombia: “Más allá de
la simplificación administrativa”, señalando que "si bien en los últimos
años Colombia también ha avanzado en la implementación de diversos aspectos de
mejora regulatoria, carece de una política de gobierno completo que sustente la
calidad regulatoria". Bajo este contexto, por medio del documento CONPES
3816 de 2014 “Mejora Normativa: Análisis de Impacto” determinó que era
necesario establecer una política integral de Mejora Regulatoria para generar
un cambio en la manera en la que se expiden las normas de la rama ejecutiva a
nivel nacional, para que sean más eficientes y transparentes. Las bases del
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 estableció el “Pacto por el
emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica,
incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos”; específicamente
en la sección_D: Estado simple: menos trámites, regulación clara y más
competencia diferentes estrategias y acciones para implementar la política de
Mejora Normativa del país.
B. Obligaciones específicas. Las
recomendaciones realizadas por la OCDE para dar mayor transparencia y buena
gobernanza en materia de la política regulatoria:
1. Consulta regulatoria.
En el documento “Recomendación sobre política y gobernanza Regulatoria 2012”
señalo que la política regulatoria debe “adherirse a los principios de gobierno
abierto, considerando la transparencia y participación en el proceso
regulatorio a fin de asegurar que la regulación se encuentre al servicio del
interés público y esté informada de las necesidades legítimas de aquellos a
quienes concierne y afecta” (OECD, 2012). Se efectuaron las siguientes
recomendaciones:
1.1.
Hacer la consulta reguladora obligatoria para todas las
instituciones de la administración nacional. Los avances del Gobierno son
los siguientes en materia de consulta pública (num. 8, art. 8, Ley 1437 de 2011[226]):
i) Decretos: se expidió el 270 de 2017, que se compiló al decreto único
reglamentario de presidencia  (1081 de 2015). Estableció como obligatorio el
proceso de consulta pública de mínimo 15 días para los proyectos de regulación
que firma el presidente y la consulta pública de 30 días para la Agenda
Regulatoria; ii) Resoluciones: el Decreto 270 establece que las entidades de la
rama ejecutiva a nivel nacional deberán fijar un término de consulta previa
para las resoluciones que expidan, de manera razonable y proporcionada,
atendiendo entre otros el interés general; iii) Reglamentos técnicos: el
Decreto 1074 de 2015 instituye que para la expedición se debe hacer consulta
púbica nacional del anteproyecto de 30 días calendario, junto con el análisis
del impacto normativo, y posteriormente la consulta internacional de 90 días
calendario; iv) Comisiones de Regulación: el Decreto 2696 de 2004 determina que
se harán público en la página Web, con antelación no inferior a 30 días, todos
los proyectos de resoluciones generales, recibiendo observaciones y comentarios
a partir de la publicación de los decretos; y v) Agenda Regulatoria: el Decreto
270 estableció que las entidades cabeza del sector elaborar y publicar las
agendas regulatorias con la lista de temas normativos que elaborarán o
revisarán durante la vigencia. Debe publicarse por 30 días para recibir
comentarios del público. Ello ya estaba contemplado en el Decreto 2696 de 2004.
1.2.
La obligación de realizar consulta pública debería ser reforzada
al establecer lineamientos claros para la recepción de comentarios y asegurar
que la consulta pública no está solo basada en el borrador de propuesta
regulatoria en sí misma, sino en los documentos de soportes asociados, como del
Análisis del Impacto Normativo. i) Lineamientos: Decreto 270 contempló para
la recepción de comentarios y obligatoriedad de dar respuesta por el Gobierno;
ii) consulta pública no solo del proyecto de norma: Decreto 1595 de 2015 señala
que la consulta de los reglamentos técnicos nacionales será de 30 días, de los
cuales mínimo 10 serán del proyecto de norma, mientras los demás corresponden
al problema definido en el análisis de impacto normativo y al informe de
resultados; y iii) consulta pública: el DNP pondrá en marcha el Sistema Único
de Consulta Pública (SUCOP) para la publicidad y participación de los
ciudadanos en la Agenda Regulatoria, y en los proyectos de regulación de la
rama ejecutiva nacional. Garantizará espacios de consulta y participación de
los sujetos regulados y demás actores en la realización del AIN.
1.3.
Involucrar la consulta pública en las etapas tempranas para el
proceso de elaboración de normas. Las normas de consulta pública sobre
decretos, resoluciones, reglamentos técnicos y comisiones de regulación indican
que se debe hacer una consulta pública previo a la expedición del proyecto de
norma; y el Decreto 1595 de 2015 señala que se debe realizar consulta pública
al problema definido en el análisis de impacto normativo y al informe de
resultados del AIN, lo que evidencia una consulta pública desde la etapa
temprana. 1.1.1 Incorporar el principio de proporcionalidad. Se pretende
asegurar que la consulta regulatoria sea más exhaustiva para aquellas
regulaciones con alto impacto. 1.1.2 Establecer una estrategia de generación de
capacidades permanente y sistemática para sostener los esfuerzos actuales de la
reforma regulatoria. i) El DNP desde 2015 ha realizado capacitaciones sobre la política
de mejora regulatoria y el proceso de consulta pública, a más de 1000
funcionarios de entidades del Gobierno nacional y territorial. ii)  Desde 2018
el DNP puso a disposición de funcionarios públicos el Curso Virtual dé Mejora
regulatoria Análisis de Impacto Normativo.
2.
Análisis de Impacto Normativo. El AIR ex ante proporciona un
marco que estudia las posibles consecuencias de las diferentes opciones de
política pública sobre un amplio conjunto de temas, como el desarrollo
económico, el bienestar social y la sostenibilidad ambiental. i) Institucionalidad.
Se expidió el Decreto 1299 de 2018 que incluye la Política de Mejora Normativa dentro
de las políticas de gestión y desempeño institucional del Consejo para la
Gestión y el Desempeño Institucional (Decreto 1083 de 2015). Permite una
adecuada coordinación entre las entidades competentes y proponer lineamientos a
la rama ejecutiva para la efectiva implementación de la Política de Mejora
Regulatoria. ii) Implementación del AIN. El Decreto 1595 de 2015
establece que previo a la elaboración, expedición y revisión de un reglamento
técnico, la entidad reguladora deberá realizar un análisis de impacto
normativo. iii) Para la extensión de la aplicación del AIN el Gobierno nacional
reglamentará la obligatoriedad de realizarlo para la expedición de normas de
alto impacto de la rama Ejecutiva a nivel nacional, y los casos en los cuales
se exceptúa su aplicación. iv) La implementación del AIN considerará de manera
especial las normas que generen impacto sobre las micro, pequeñas y medianas
empresas (MiPymes), formalización y emprendimiento, bajo el principio de
proporcionalidad.
3. Sobre
la gobernanza de los órganos reguladores. 3.1 Revisar y reformar la gobernanza
de las superintendencias. El Gobierno nacional modificó el Decreto Único
Reglamentario de la Función Pública 1083 de 2015, adicionando un capítulo sobre
el nombramiento y remoción de los Superintendentes de industria y comercio,
financiero y de sociedades. Con esta modificación cuentan con criterios claros
sobre el tiempo de ejercicio, el nombramiento y el despido. Sin embargo, podría
revisarse la posibilidad de establecer mecanismos que fortalezcan la autonomía
de las Comisiones y Superintendencias. 3.2 Para el caso de las comisiones de
regulación, revisar y reformar el proceso de nombramiento y despido, toma de
decisiones, y el sustento de sus decisiones basadas en evidencia. CRC: el
artículo 207 de la Ley 1753 DE 2015, que modifica Ley 1341 de 2009 (CRC),
permitió que la Comisión sesione sin presencia del Ministerio TIC y tomar
decisiones por mayoría simple. Se requieren materializar acciones para brindar
mayor autonomía técnica y modernizar a las Comisiones de regulación.
Trabajo,
Empleo y Asuntos Sociales. Este punto se prescinde de desarrollar al
reiterar la intervención del Ministerio del Trabajo en este asunto (punto 4).
Salvaguardias,
reservas, excepciones y plazos de implementación. En cuanto al comité de
política regulatoria no se tiene ninguna salvaguardia, reservas, excepciones y
plazos de implementación para cumplir las obligaciones específicas en cuanto a
las recomendaciones de la OCDE. El Gobierno nacional cuenta con plena autonomía
para determinar la forma de implementación de la Política de Mejora Normativa
en el país y los casos en los cuáles no aplica, para dar cumplimiento a las
obligaciones específicas contraídas en el marco del Comité de Política
Regulatoria. Colombia ha empezado a ser parte de las mediciones de los
indicadores de política regulatoria con los cuales se compara los avances de
los países. La primera medición fue publicada en el 2018. En cuanto al comité
de trabajo, empleo y asuntos sociales la OCDE ha solicitado informes: uno anual
de las autoridades colombianas sobre el progreso de las cuatro áreas. En
febrero de cada año el informe debe estar disponible al público (Web del
Ministerio y de la OCDE), debiendo ser distribuido a los actores sociales y
seguir una estructura que se precisa. Colombia cuenta con una infraestructura
institucional sólida y un tejido empresarial dinámico que le permiten continuar
posicionándose como un país atractivo a la inversión con potencial de diversificación
y sofisticación de su estructura productiva. Así puede recurrir tanto a sus
capacidades de planeación establecidas como a un conjunto de instituciones del
sector privado para movilizar inversiones en favor de la innovación, la
productividad y la competitividad.
Asociación
Nacional de Comercio Exterior ANADEX
7. Son
exequibles los instrumentos internacionales y la ley aprobatoria. Cumplidos los
presupuestos de trámite por la Ley 1950 de 2019, el acuerdo desarrolla los
mandatos constitucionales al promover la internacionalización de las relaciones
políticas, económicas y sociales bajo los principios de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional, además de constituir un instrumento idóneo para el
cumplimiento de los fines esenciales del Estado social de derecho y respeta la
soberanía nacional. La adhesión de Colombia a la OCDE es relevante para mejorar
las políticas públicas, fomentar mayor confianza e incrementar la inversión
extranjera directa al país.
El nuevo
contexto internacional y los retos que enfrenta la región imponen nuevas
perspectivas de mejora centradas en intereses comunes y actividades de
cooperación. Colombia durante los últimos años se ha esforzado por lograr
avances importantes en los ámbitos económico y social, pero también se enfrenta
a desafíos estructurales asociados a los altos índices de desigualdad, poca
productividad y lento crecimiento económico. Por ello es lógico pensar que el
ingreso a la organización puede repercutir favorablemente en el desarrollo de
la economía nacional, pues actualmente asocia a los principales países
desarrollados y promueve efectivamente el uso de buenas prácticas públicas.
El DANE
informa que los miembros actuales de la OCDE concentran el 75% de la inversión
extranjera directa a nivel global y el 60% del comercio y PIB mundial. A
diferencia de economías de la región como México y Brasil, el PIB per cápita
del país ha incrementado de manera progresiva durante los últimos años. Desde
el 2000 las políticas macroeconómicas y sociales han respaldado el crecimiento
del PIB y mejorado la calidad de los colombianos. Sin embargo, los índices de
disparidad con los países integrantes de la organización son notables,
reflejando las grandes diferencias en el desarrollo e ingresos económicos de
sus habitantes[227]. Ello supone que los
ingresos, educación y esperanza de vida aun son deficientes y generan
inconformidad.
Es
evidente el rezago en temas fundamentales como la educación, el ingreso per
cápita y la esperanza de vida, que se explica en términos generales por la baja
productividad, la gran desigualdad de los ingresos y el alto grado de
informalidad que disminuye el bienestar de la población[228].
Análisis reciente de las OCDE exponen que la productividad del país va ligada
con la integración de las cadenas globales de valor en los movimientos
internacionales, al considerarse un elemento clave para eliminar costos
innecesarios e incrementar los índices de competitividad a nivel mundial.
La
participación de Colombia referente a las CGV es la más baja ente los países de
la OCDE, constituyendo una barrera para la exportación a países con estándares
de calidad altos y los costos estimados[229]. Se evidencia el
contraste existente entre nuestro país y las demás economías, pues los costos
que generan las exportaciones o importaciones de un contenedor en Colombia son
muy elevados y nos disminuye las ventajas competitivas en el mercado
internacional[230]. De conformidad con el
profesor José Ignacio López[231] la adhesión a la
organización tiene un efecto significativo y positivo en los flujos
comerciales. El proceso de admisión por sí mismo es favorable en términos de
adopción de buenas prácticas públicas. Evidencia que no puede ignorarse sugiere
que México y Chile se beneficiaron con un incremento relevante de la inversión
extranjera directa y menores tasas de interés en los mercados internacionales
desde su entrada a la OCDE.
Como principales
ventajas para Colombia por el ingreso a esa organización señala: i) políticas
públicas: puede tomar como punto de partida la experiencia de algunos
países con buenos resultados, no solo para tener ideas del camino a elegir sino
por alertar sobre las rutas a evitar, además que genera incentivos para
formular mejores políticas locales; ii) inversión extranjera: ser parte
de tal estructura se constituye en un sello diferenciador para la inversión
extranjera, que permitirá incrementar la confianza de los inversionistas
externos y fortalecerá la decisión de invertir en nuestra economía; iii) influencia
internacional: de lograrse los puntos anteriores el país logrará un mejor
posicionamiento e influencia a nivel internacional, pudiendo acceder a mejores
condiciones e instrumentos financieros internacionales. A la vez, la mejora en
el ambiente inversionista y el acceso a nuevas fuentes de financiación contribuirán
al fortalecimiento de la economía y permitirán seguir avanzando en reducción
del desempleo, pobreza e inequidad. La mejora en el ambiente inversionista, el
desarrollo de mejores medidas públicas y el acceso a nuevas fuentes de
financiación, contribuirán al fortalecimiento de la economía y permitirán
seguir avanzando en términos de progresividad regional. Ejemplos como México y
Chile advierten beneficios en el acceso internacional de capitales, con menores
tasas de interés y un aumento en la inversión extranjera directa; iv) evaluación
y asesoría: la organización monitorea los datos económicos de los miembros
y los provee de estadísticas confiables y comparables para fijarse objetivos y
progresar, y sirve como foro de discusión y análisis de diferentes temáticas,
realizando informes específicos según petición de los países.
El país
debe concentrarse en incrementar la productividad laboral y mejorar los
indicadores sociales, así como reducir la carga regulatoria, los trámites para
emprender y las barreras al comercio, sin dejar de lado los retos para mejorar
los vínculos en educación para el trabajo, reducir la informalidad, incrementar
la cobertura del sistema pensional y reducir su regresividad. Por el proceso de
acceso a los 23 comités de la OCDE, Colombia ha implementado más de 51 medidas
de política pública que implicaron cambios sustantivos para el país a través de
leyes, resoluciones, decretos y documentos CONPES, como las leyes antisoborno,
conglomerados financieros y derechos de autor. Los informes económicos del
organismo arrojan una radiografía del país que permite adoptar decisiones
asertivas para el crecimiento. De igual modo, el estudio sobre “invirtiendo en
integridad pública para afianzar la paz y el desarrollo”, presentar
recomendaciones para la creación de un sistema coherente y completo de
integridad pública, esencial para salvaguardar la participación inclusiva en el
avance socioeconómico. Incorporar la integridad en las políticas postconflicto
y crear sólidos mecanismos de coordinación con las instituciones involucradas
con el avance de la integridad, son iniciativas que contribuirán a lograr una
paz sostenible.
El Estado
contará con información de mejor calidad, asesoría de primer nivel y estudios
rigurosos y frecuentes sobre los avances de la nación. Será evaluado
periódicamente, se comparará con los mejores estándares internacionales y
accederá a mecanismos de revisión para mejorar las políticas públicas. La
adhesión a la OCDE es consistente con la política de inserción internacional y
de profundización de las relaciones comerciales del país con los mercados
internacionales, por lo que debe aprobarse en la medida en que desarrollos los
preceptos constitucionales, y constituye un mecanismo de articulación
económica, de cooperación e integración entre las partes, que persigue impulsar
un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías
participantes, mediante la búsqueda progresiva de la libre circulación de bienes,
que repercutirá de manera positiva en la creación de nuevos empleos
productivos, disminuir la pobreza, promover el crecimiento económico,
insertarnos en las cadenas globales de valor, aumentar el bienestar de la
población, mejorar las políticas públicas, promover la confianza e inversión en
la economía nacional y mejorar el posicionamiento e influencia internacional de
Colombia.
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI
8. Son
exequibles tanto formal como materialmente. Evidencia el cumplimiento de los
requisitos en cuanto a la suscripción del acuerdo, así como del trámite en
comisiones conjuntas y plenarias del Senado y la Cámara observado, estimando
conveniente para el país el contenido del acuerdo y la convención. Resultan
acordes con la Constitución al propender por la implementación de mejores
prácticas y reformas en la estructura estatal para la obtención de una mayor
eficiencia en el cumplimiento de los objetivos, en reducción de pobreza,
aumento de seguridad y prosperidad económica y social a largo plazo, etc.
Cedetrabajo
9. La OCDE
ha tenido en el centro de su política la promoción de la apertura comercial,
planteando beneficios económicos, también en los acuerdos de paz que
presuntamente impulsará más el crecimiento y el bienestar. Tales políticas han
conducido a una dependencia de la exportación de productos básicos, a un
decaimiento del aparato productivo nacional y a un deterioro del mercado
laboral, sin que se haya conseguido el prometido acceso a los mercados
internacionales, ni el incremento de los flujos de inversiones. Los temas
laborales y las políticas sociales fueron los más controvertidos durante los
cuatro años del proceso de evaluación, esencialmente por los altos niveles de
informalidad laboral[232], los altos costos y la
poca cobertura del sistema pensional, y por las prácticas antisindicales y la
ineficacia de la protección del Estado a los derechos laborales de los más de
22 millones de trabajadores del país. Las buenas prácticas de la organización
son modificaciones de política pública, no estándares que impliquen un
seguimiento a indicadores específicos, y tienden a profundizar decisiones
políticas y económicas que no han servido a Colombia para tener altos niveles
de desarrollo, menos para fortalecer el aparato productivo nacional[233].
Colombia
tiene niveles de desigualdad medida tanto por distribución de ingresos como de
la tierra, más alto que cualquier país miembro de la OCDE y para ingresos es el
segundo de América Latina. Una de las áreas más importantes para reducir tal
efecto y aumentar la productividad y las oportunidades de vida es el acceso a
un sistema educativo de calidad de acuerdo con tal organización. Sin embargo,
más allá de la reciente expansión de la cobertura educativa y los inicios de
una estrategia de modernización, existen enormes brechas en cuanto a calidad y
cobertura con los estándares promedio de los países miembros[234].
El retraso del país respecto a los estándares internacionales parece medido no
en años sino en siglos[235]. La inversión en
ciencia, innovación y desarrollo del sector privado es escandalosamente baja.
¿Cómo se puede pensar que Colombia estará al nivel próximamente para competir
con los demás miembros de la OCDE que llevan años promoviendo mejores
oportunidades o invirtiendo más presupuesto?
No se
asocia la política de atraer grandes cantidades de IED con el impacto sobre la
estructura productiva del país. En la última década Colombia se ha convertido
en una economía reprimarizada[236], cuya principal
actividad ha sido la minera (petróleo, carbón y oro). Ello reflejado en los
últimos periodos de gobierno ha generado fuertes síntomas de la enfermedad
holandesa[237]. La estrategia de la
locomotora minera se hizo sin pensar en la generación de empleo. Si bien se ha
hablado de las ventajas de adherirse a la OCDE, poco se ha mencionado los altos
costos explícitos e implícitos[238]. El Gobierno y la
organización responderían que deben ser apreciados como inversiones, apertura a
la modernización política del Estado y de la economía del país, pero sin
ninguna veeduría establecida, además de cómo puede la ciudadanía asegurarse que
sean necesarios y utilizados de la mejor manera. Existe preocupación sobre la
volatilidad financiera que podría sufrir el país al ingresar a tal
organización, particularmente desde la perspectiva teórica de los
estructuralistas, incluso los cepalistas, quienes argüían que las condiciones
básicas para conformar una asociación de tipo institucional y económica es que
hubiere un nivel de desarrollo, competitividad y productividad similar, lo que
no ocurre respecto a los demás países de la OCDE[239].
Las
centrales sindicales de Colombia han denunciado la violación sistemática de las
libertades de asociación, la creciente tercerización y la impunidad en casos de
violencia sindical. Tiene un 90% de impunidad en homicidios a sindicalistas. De
culminar el trámite para entrar a la OCDE el país no solo tendrá el rendimiento
más rezagado sino que profundizará todas las prácticas que nos han mantenido en
el atraso hasta hoy. La continuidad de la corrupción sin que se adopten reales
medidas para combatirla, un presupuesto que mantiene la estructura de los
anteriores y no soluciona las graves falencias educativas, de ciencia y de
tecnología, la pérdida de dinamismo de la inversión extranjera, el deterioro de
las organizaciones multilaterales y el desconocimiento de los acuerdos
bilaterales por Estados Unidos, muestran que el ingreso a la organización no
tiene mayor impacto en las políticas públicas y tiene más costos que
beneficios.
Departamento Nacional de Planeación y ministerios de Relaciones
Exteriores, Hacienda y Comercio: concepto técnico y soportes documentales[240]
10. En
primer lugar, refirió a los impactos, efectos y desafíos para la economía
colombiana por el ingreso a la OCDE, así como a la promoción efectiva del uso
de buenas prácticas públicas en materia social, política y económica. Luego
aludió a las obligaciones específicas que adquiere y/o medidas de política
pública debe adoptar Colombia (informes de progreso) que impliquen cambios
sustantivos (posibles áreas de reforma), especialmente en materia de educación,
medio ambiente, trabajo y seguridad social (salud y pensiones), transparencia,
buena gobernanza, inclusión social, posconflicto, protección de la economía,
programas sociales, sistema tributario, competencias de la Junta Directiva del
Banco de la República, etc. Específicamente, adujo en el ámbito del comercio:
i) implementación del Análisis de Impacto Normativo -AIN (Decreto 1471 de 2014);
ii) modernización del sistema de compras públicas, garantizando la no
discriminación de empresas internacionales; iii) ley de licores: revisar
aplicación de los derechos de explotación que no sean discriminatorios y
aplicación homogénea en todo el territorio (Ley 1816 de 2016); iv) terminación_de
la política de 1*1 para el ingreso de camiones de más de 10.5 mts. (dic. 2018)
y reporte sobre el esquema de transición (CCM's); v) propiedad intelectual: ley
de derechos de autor, desarrollo de capacidad regulatoria e institucionalidad
(Ley 1915 de 2018); vi) mantener la estricta separación entre permiso de
entrada de medicamentos (evaluación tecnológica) y consideraciones de precio (art.
72 del PND 2014-2018); vii) procedimientos nuevos y en curso en materia de Declaraciones
Públicas de Interés de medicamentos o componentes activos de medicamentos; e
viii) implementación del tratado de Facilitación del Comercio y del Estatuto
Aduanero.
11. Salvaguardias, reservas,
excepciones y plazos de implementación respecto de cada una de las obligaciones
contraídas. No obstante las recomendaciones y compromisos producto de la
revisión de los distintos comités de la organización que evaluaron las
políticas públicas de Colombia de acuerdo con lo estipulado en la Hoja de Ruta
para el proceso de acceso y en los cuales el país ha venido trabajando y
presentando informes de avance, Colombia explícitamente manifestó una serie de
reservas con sus respectivos plazos para la aceptación de algunos instrumentos
jurídicos de la OCDE las cuales hacen parte del Anexo 1 del Acuerdo de los
Términos de Adhesión.
12. En materia de integración
e internacionalización de relaciones económicas, sociales, políticas y
ecológicas ¿se atienden las bases de equidad, reciprocidad, igualdad y
conveniencia nacional y autodeterminación de los pueblos? La OCDE es un
organismo multilateral cuya finalidad es promover políticas que mejoren el
bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo; brinda un
foro donde los gobiernos pueden trabajar conjuntamente para compartir
experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes, y trabaja para
entender qué es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental; mide la
productividad y los flujos globales del comercio e inversión; y analiza y
compara datos para realizar pronósticos de tendencias y fija estándares
internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas.
La adhesión de Colombia, como
acaece con los demás acuerdos y compromisos en el ámbito multilateral, p. ej. sistema
de Naciones Unidas, tiene como base y principio la equidad, reciprocidad,
igualdad, conveniencia nacional y autodeterminación de los pueblos, siendo el
objetivo final modernizar la administración pública para que pueda responder a
las necesidades y retos del país, que se traduzcan en un desarrollo económico y
social sostenible e incluyente para un mejor bienestar de la población. Es
coherente con los lineamientos que pretenden desarrollar una política exterior
con perspectiva global, pero profundamente articulada con las tareas y desafíos
que impone el deber de perfeccionar las instituciones, promover el desarrollo
de la economía a través de la generación de nueva riqueza, y extender los beneficios
y oportunidades del progreso social. Bajo el principio de construir sobre lo
construido del Gobierno nacional, Colombia aprovechará el ingreso a la organización
para impulsar procesos de perfeccionamiento institucional que potencien nuestra
competitividad y nuestra productividad. La adhesión a la organización no
implica la firma de un TLC, ni impone un modelo económico, tributario o
pensional.
Emite recomendaciones para
alcanzar mejores estándares basados en las experiencias exitosas de otros
países. Esto se traduce en parámetros orientadores, bajo los cuales los países
miembros pueden formular sus políticas públicas. La OCDE no tiene un sistema de
multas, retaliaciones o sanciones (p. ej. la OMC), únicamente los países se
sujetan a una revisión de pares quienes identifican fortalezas y proponen áreas
de mejora sobre el cumplimiento de ciertos estándares que podría adoptar el
país evaluado para cumplir con mejores prácticas. Las recomendaciones de los
diversos comités de la organización no son vinculantes y su no cumplimiento no
conlleva a ningún tipo de sanción. No obstante, es innegable que lograr los
beneficios de seguir con las buenas prácticas que son sugeridas a Colombia es
un escenario deseable y que corresponderá a una evaluación completa caso por
caso. La OCDE no es un foro de negociación (como se hace en un TLC) sino de
discusión y concertación sobre mejores prácticas; en él se identifica una
problemática común, los miembros intercambian experiencias locales positivas,
negativas e identifican retos para atajar la problemática, se acuerdan recomendaciones
y se adoptan de manera voluntaria tras un pacto de alta voluntad política.
Universidad
EAFIT: concepto técnico
13. Tras un largo proceso que
inició el enero de 2011 con la manifestación de interés del presidente de la
República de ingresar a la organización, fue aceptado como miembro número 37.
La OCDE nació el 30 de septiembre de 1961, creada como un foro único en la que
gobiernos de 36 democracias de mercado trabajan de manera conjunta para abordar
los desafíos económicos, sociales y de gobernanza que surgen en la
globalización. Se fundamenta como una organización internacional de
cooperación, donde los gobiernos pueden compartir y aprender de políticas
públicas para el bienestar económico y social dentro de la sociedad
internacional.
Tal entidad tiene una estrategia
de estandarización que busca homogeneizar las prácticas a nivel internacional para
alcanzar reducir los costos de transacción y optimizar el comercio global.
Otorga un espacio de integración en un marco global y parámetros específicos para
analizar distintos fenómenos como el económico, ambiental, educativo,
financiero, que repercuten indirectamente en el ámbito socio político. Debido a
su funcionamiento tiene la capacidad para generar y reproducir un sentido de
identidad y comunidad entre sus miembros mediante la propagación de un conjunto
de valores, perspectivas, expectativas y discursos sobre su lugar y el de la
organización en la política global. Concretamente la adhesión refleja el deseo
del país de establecerse como miembro de una comunidad de naciones
comprometidas con instituciones democráticas y orientadas al mercado. El
proceso terminaría en 2016-2017, e incluía una revisión detallada de políticas por
23 comités, que evaluaron las mismas y establecieron una serie de
recomendaciones, que debieron ser atendidas (o incorporadas en un programa
futuro de trabajo) para completar el proceso de aprobación del ingreso a la
organización.
Comités que
evaluaron a Colombia. Ingreso a la OCDE
Comité de Agricultura
Comité de Política Ambiental
Comité de Asuntos Fiscales
Comité de Política Científica y
Tecnológica
Comité de Comercio
Comité de Política del Consumidor
Comité de Competencia
Comité de Política Regulatoria
Comité de Economía y Desarrollo
Comité de Política de
Desarrollo Territorial
Comité de Educación
Comité de Política y Economía
Digital
Comité de Empleo, Trabajo y
Asuntos Sociales
Comité de Químicos
Comité de Estadística
Comité de Salud
Comité de Gobernanza Pública
Comité de Seguros y Pensiones
Privadas
Comité de Gobierno Corporativo
Comité de Inversión
Comité de Pesca
Comité de Mercados Financieros
Grupo de Trabajo sobre Cohecho
en Transacciones Comerciales Internacionales
En tal proceso el Gobierno
implementó 51 medidas de política pública (leyes, resoluciones, decretos y
documentos Conpes), que aportaron significativas mejoras, entre ellas: i) leyes
antisoborno y de regulación y supervisión de conglomerados financieros; ii)
elección más transparente de los superintendentes; iii) firma de la Convención
sobre Asistencia Mutua en temas tributarios, intercambiando información con más
de 90 países y confrontando información con una casi centena para evitar la
evasión fiscal; iv) leyes para fomentar la competencia y productividad: ley de
derechos de autor, implementación de política de mejora regulatoria (contempla
evaluación de impacto para implementar cualquier regulación) y realización del
censo agropecuario; v) en materia ambiental: impuesto al carbono y a la
utilización de bolsas plásticas. Regulación del uso de sustancias químicas.
Política nacional para el manejo y aprovechamiento de desechos; vi) laboral:
normas contra la contratación ilegal y de promoción de la formalidad; y
protección de sindicalistas. Fortalecimiento del Ministerio de Trabajo. Mayor
supervisión; vii) cambio en el Gobierno corporativo, retirando los ministros de
las juntas directivas de las empresas de capital mixto; viii) estructuración de
agencia de compras estatales. Colombia compra eficiente; ix) Colombia es el
número 43 en adherirse a la Declaración sobre Inversión Extranjera y Empresas
Multinacionales y sus respectivas Decisiones. El país se compromete a otorgarle
el mismo trato a la inversión nacional y extranjera y a promover el buen
gobierno. A cambio el país recibe un trato justo a la inversión nacional por
los países adherentes. Conforme a tales antecedentes y considerando que el
Gobierno de Colombia está preparado para asumir las obligaciones de los
miembros de la organización, el Consejo de la OCDE lo invitó a acceder a la
organización, solicitándole algunos reportes adicionales en lo relativo a los
compromisos por cumplir en siete de los comités.
14. Impactos, efectos y
desafíos del ingreso a la OCDE. El impacto del ingreso de Colombia a la
organización es altamente positivo en cuanto la retórica que normalmente se
encuentra en todas y cada uno de los documentos y presentaciones públicas que
pretenden el mejoramiento de las condiciones de vida, debe traducirse en hechos
concretos que, además de ser medibles, a la luz de pares internacionales que
han avanzado exitosamente en los procesos de desarrollo, se convierten en una
realidad.  De tal manera que los objetivos de desarrollo que se plasman en los
planes de desarrollo nacional y regional, a partir de diagnósticos previamente
determinados, se deberán cumplir, porque ahora con el ingreso al mencionado
club habrá revisiones periódicas por los diferentes comités que la conforman
(24), de los compromisos adquiridos por los gobernantes de turno y de los
instrumentos empleados, en aras de verificar los avances alcanzados en
prosperidad económica y su esparcimiento entre todo el colectivo, en el marco
de las buenas prácticas que contempla tal organización. Lo anterior alberga
serios desafíos en materia de políticas públicas que propenden por el bienestar
de toda la población, específicamente la más vulnerable, aunque ya se registran
avances, pues esta admisión requirió de una serie de reformas implementadas en los
cinco años previos, acatando las recomendaciones de la OCDE. Entre los avances
registrados se encuentran:
La suscripción de la Declaración
de Inversión de la OCDE que acarrea trato igualitario para la inversión interna
y externa, la lucha frontal contra la evasión y la elusión mediante el
intercambio de información con la OCDE y los convenios con los paraísos
fiscales, la mayor protección laboral a través del derecho de sindicalización y
asociación de los trabajadores, y la lucha contra las nóminas paralelas que se
gestan en las cooperativas de trabajo asociado, la flexibilización laboral vía
reducción del 13.5% de los sobrecostos de la mano de obra que representan las
contribuciones al Sena, a la salud, al ICBF, además de los avances en el frente
de regulación (fortalecimiento de superintendencias y regulación
anticorrupción. Los beneficios que obtiene el país al acceder se contextualizan
en el fortalecimiento internacional del país, haciendo parte de un grupo de
naciones exitosas en el diseño e implementación de las políticas públicas y
sociales, dado que esta institución evalúa permanentemente las políticas
implementadas por los países que la conforman y los resultados obtenidos
conforma a altos estándares, permite el acceso a mecanismos de revisión y avance
de la gestión pública para que los países converjan en los estándares y así
mejoren los niveles de vida de la población, también aprovechando el centro de
pensamiento al producirse mediciones que son claves para el diseño de las
políticas públicas.
Entre los retos que debe
enfrentar el país para responder a los estándares de la OCDE en cuanto a
progreso socio económico, cabe resaltar la necesidades de atacar la alta
informalidad que caracteriza al mercado laboral del país (cifra cercana 47%),
la inaudita regresividad del régimen pensional de prima media por intermedio de
los altos subsidios que reciben los aportantes con mayores recursos, la
deshonrosa inequidad de la sociedad colombiana (Gini cercano al 0.508), la baja
productividad en gran parte del aparato productivo del país, coadyuvando a la
reducción del producto potencial de registros. Inquieta el depender de los
ingresos minero energéticos para la generación de recursos externos que se
puedan emplear en el incremento de la capacidad productiva del país y de la
mejor utilización, evidenciando la inoperancia de las políticas en busca de una
diversificación de la canasta exportadora hacia productos de mayor complejidad
y valor agregado, que faciliten el paso de una renta externa incierta y perecible
hacia la renta permanente que se desprende de la exportación de bienes y
servicios de mayor complejidad. La teoría y la evidencia empírica registran
avances en la productividad de los países cuando gran parte de los ingresos se
canalizan hacia la inversión en infraestructura y educación, casos en que la
productividad total de los factores se incrementa generando incrementos en los
ingresos.
Es de esperarse que el ingreso a
la organización obligue moral y materialmente a las autoridades a cumplir las promesas
que plasmen en tales documentos. Esta implicación se desprende del hecho de que
la organización la conforman un grupo de 37 países que acuden a la cooperación
(trabajo conjunto, comparten experiencias y buscan soluciones a problemas
comunes) como herramienta fundamental. Es imperioso enfrentar cambios en la
formulación de indicadores para medir asuntos como el crecimiento económico, la
inflación y el mercado laboral. Implica la adopción de métricas que permitan
ser comparativas con el resto de países miembros, requiriendo capacitación del
personal que maneja los grandes agregados del país y ajustes a los sistemas que
realizan los registros, aunque ya se registran avances por el DANE. Como sucede
en cualquier toma de decisiones, siempre se incurre en costos. Además de la
contribución monetaria al fondo de la agremiación que se puede entender
moderada, se debe considerar el grado de imposición de acciones de política que
pudiesen ir en contraposición de los intereses del país, lo cual se descarta de
plano dado que la OCDE no impone normas como acaece con los organismos
multilaterales oferentes de recursos financieros (Banco Mundial, Fondo
Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo, o las evaluadoras
de riesgos y los fondos de inversión). La organización es un aliado con el que
se puede discutir las políticas para lograr los mejores acuerdos en dirección
al mejoramiento de las condiciones de vida del país.
Los beneficios fundamentales que
alcanza el país por el ingreso a la OECD pueden clasificarse en cinco grandes
categorías: a) beneficios derivados del acceso a un excelente foro de discusión
de políticas públicas[241]; b) efectos de la
comparación documentada con el desempeño de otros países[242];
c) mayor confianza de inversionistas y sector financiero, afectando
positivamente los flujos de capital y los intereses por los créditos[243];
d) mayor capacidad de influir internacionalmente en política públicas[244];
y e) acceso discrecional a un centro de pensamiento de altísimo nivel que reúne
expertos en todo tipo de políticas públicas[245].
15. La promoción efectiva del
uso de buenas prácticas públicas en materia social, política y económica. Las
buenas prácticas se pueden concebir como el alcance de los objetivos de
desarrollo económico con un criterio de responsabilidad y disciplina fiscal. Una
de las principales falencias del país es el tener una estructura tributaria
compleja. Gran parte del déficit que caracteriza las finanzas públicas se gesta
en la baja capacidad de recaudo debido en gran parte por la inoperancia de la
DIAN, considerada por la OCDE como una de las menos capacitada de la región. De
ahí que uno de los primeros retos se centra en el aumento del recaudo soportado
en una reforma tributaria integral, que contemple una mayor simplicidad del asunto,
la abolición de la tributación preferencial, la revisión de contratos de
estabilidad tributaria y la eliminación de los tratamientos especiales en IVA
(Anif, 2018). Además, al incentivar las buenas prácticas se promueve el
bienestar social, el progreso económico y el adecuado funcionamiento del
sistema político del país. La aplicación de los principios de la Mejora
Normativa a la gestión regulatoria es un buen ejemplo del enfoque que la OCDE
impulsa sobre la forma como se establecen buenas prácticas en la gestión
pública.
16. Sobre la política pública
educativa. Los distintos sectores de política pública han sido evaluados al
detalle por los diferentes comités de la OCDE, generándose varios documentos de
recomendaciones a propósito de los retos que convocan a Colombia desde los
criterios de medición definidos por tal organización. La política educativa es
un sector que reviste especial importancia para el desarrollo del país. La
revisión de los informes se realizó teniendo en cuenta cuatro criterios básicos
de política educativa: universalidad, calidad, equidad y eficiencia. Tales
criterios se analizaron para cada nivel de educación: inicial, básica (primaria
y secundaria), media y superior. Es vital entender la política educativa como
un asunto sistémico e integral. Las medidas que se adopten para fortalecer la
educación inicial tendrán repercusiones que alcanzan el nivel de educación
superior, lo cual aplica para los demás niveles en relación con los
subsiguientes. Las apuestas que empresa el país a partir de las recomendaciones
de la organización tendrán que estar alineadas entre los diferentes niveles,
igualmente tendrán en cuenta la interacción de múltiples actores de diferentes
sectores y niveles de la administración pública[246].
Luego de aludir a la educación inicial, básica, media
y superior y las recomendaciones de la OCDE sobre ellas concluye que la falta
de armonización del sistema parecer ser uno de los asuntos más complejos, por
lo que la adopción del convenio de la organización implicará una revisión
rigurosa de los esquemas de gestión y de los mecanismos de gobernanza al
interior del sistema educativo colombiano. Respecto a la legislación dicha
organización afirma en sus informes que las disposiciones en Colombia no
responden a las nuevas complejidades del contexto. Uno de los puntos a tener en
cuenta es la actualización normativa, bajo el proceso previo de concertación,
construcción de un proyecto educativo común que convoque a todos los actores.
La eventual reforma tendrá alcance disímil a partir del nivel de desarrollo de
las diferentes entidades territoriales. El alto nivel de autonomía de las que
tienen mayores capacidades y la falta de recursos financieros y técnicos de las
que aún no pueden ocuparse de la prestación del servicio, hacen necesario la
integración de este tipo de variables para evitar un resultado que solamente se
aplique en unos contextos en detrimento de otros.
17. Obligaciones específicas adquiridas y/o medidas
de política pública a adoptar (informes de progreso) que impliquen cambios
sustantivos (posible área de reforma), especialmente en educación, medio
ambiente, trabajo y seguridad social (salud y pensiones), transparencia, buena
gobernanza, inclusión social, posconflicto, protección de la economía,
programas sociales, sistema tributario, competencias de la Junta Directiva del
Banco de la República. Uno de los efectos que puede emanar de un tratado es
la obligación de crear órganos internacionales como la OCDE, que pueden estar
dotados de la facultad de crear nuevas normas vinculantes. Si dicha facultad es
ejercida (recomendaciones del Consejo), la fuente de validez de los nuevos
instrumentos normativos será el tratado original.
Los actos jurídicos de la OCDE podrán adoptar la forma
de decisiones del Consejo, recomendaciones, acuerdos, convenciones,
declaraciones o entendimientos. Las determinaciones del Consejo
conformado por representantes de cada Estado y máximo ejecutor de la
organización son vinculantes para los Estados. Si bien no son tratados
internacionales tratadistas como Philippe Sands y Pierre Klein (2001) sostienen
que las decisiones del Consejo tienen igual fuerza que los últimos. Sin
embargo, distinto a las convenciones internacionales estos instrumentos
jurídicos permiten una gran flexibilidad a los miembros, ya que los Estados
pueden abstenerse de participar en una votación, por lo que no le será
oponible. Si el país acuerda acoger la medida el Gobierno nacional determina
cómo y cuándo implementarla en la legislación interna. Las recomendaciones de
la OCDE en principio no son jurídicamente vinculantes para quienes las adoptan
pero en la práctica se ha desarrollado una fuerza moral frente a estas
(Woodward, 2009). Se consideran como la formalización de la voluntad de los
miembros, por lo que se espera que el Estado haga lo posible por adoptarlas.
También es habitual que los miembros se abstengan frente a las recomendaciones
que no pretendan implementar. Los acuerdos o convenciones crean obligaciones
legales para los signatarios siendo adoptados por el Consejo de la
organización, que a diferencia de las simples decisiones tienen vocación de
vincular a los Estados no miembros de la misma. Las declaraciones (totalidad de
los Estados miembros) o entendimientos (acto de uno solo de ellos) se
caracterizan por su informalidad y no ser vinculantes para los miembros, que
estarán sujetos a monitoreos constantes. En cuanto al monitoreo y la
implementación de las diferentes disposiciones no se poseen por la organización
medios independientes de la labor que ejecutan los miembros. Adicionalmente,
dadas las características comunes en las formas de gobierno e ideologías de los
Estados parte de la organización, se permite las discusiones y sobre todo
consensos que en otros foros internacionales serían de gran complejidad. Los
actos jurídicos de la organización se caracterizan por su gran flexibilidad en
cuanto permiten aproximaciones nacionales diferentes o eventuales excepciones
por los miembros. Refiere a los nuevos tipos de obligaciones (recomendaciones
OCDE e indicadores).
Concluye que las medidas de política que implica el
ingreso del país deben girar en torno al tema educativo donde más que trabajar
en términos de cobertura se debe actuar en elevar su calidad, pues la métrica
se hará con base en los indicadores que en la materia caracterizan a los países
de la OCDE. La educación enfocada en la formación para el trabajo, recobra
papel protagónico como medida que conduce tanto a propender por el acceso a
empleos dignos de buena remuneración que estudien el desempleo y la
informalidad, como a enfrentar crecimientos en la participación laboral
soportados en personas con escasa calificación. En materia de medio ambiente el
reto de mayor importancia se encuentra en la manera como el aparato productivo
puede llevar a cabo su tarea en condiciones amigables y de sostenibilidad
ambiental, de manea que el crecimiento económico que se requiere como condición
previa para el desarrollo, además de sostenible sea sustentable a través de los
años, pues es conocido que la ampliación de la frontera agrícola al igual que
la movilidad rural pueden atentar contra la sustentabilidad ambiental, cuestión
a la que no escapa la explotación minera de la que dependen en gran medida los
ingresos externos del país. En el ámbito pensional y laboral se debe agilizar
la reforma pensional estructural que combata la regresividad que caracteriza el
régimen de prima media, mientras que en el campo laboral es primordial
continuar el proceso de flexibilización de este mercado, reduciendo aún más las
contribuciones a las cajas de compensación familiares, además de enfrentar las
nóminas paralelas que se generan mediante las cooperativas de trabajo asociado.
Respecto a la gobernanza estatal las mejores prácticas
del gobierno corporativo de las empresas públicas han representado avances
significativos al retirar los ministros de gobierno de juntas directivas de
empresas con capital mixto, y mediante fortalecimiento de las
superintendencias; la tarea pendiente es la efectiva aplicación de la
normatividad vigente para los actos de corrupción, además del requerimiento de
una reforma a la justicia. En cuanto a la legislación laboral se han efectuado
cambios legales para evitar los abusos en materia de tercerización de los
contratos laborales (Decreto 583 de 2016), regular los contratos sindicales
(Decreto 36 de 2016) y promover la negociación colectiva (Decreto 17 de 2016).
Se espera que las discusiones en materia de salario mínimo contribuyan a
evaluar los efectos que sobre el empleo y la pobreza ha tenido la estrategia
llevada por el país, pues las cifras de la OCDE muestran que frente al salario
medio y al salario mediano el país supera con creces las cifras de los países
miembros de la organización. Esperar los aportes que pueda hacer al país en
cuanto a la reforma pensional. En los asuntos de comercio y propiedad
intelectual los escasos avances que se tienen implican la necesidad de trabajar
en ámbitos como la chatarrización, los farmacéuticos donde se logró defender el
control de precios por el Ministerio de Salud a medicinas contra la
leucemia-cáncer y la propiedad de los derechos de autor. La agenda es exigente
pero cabe anotar que la organización no impone ningún tipo de medidas. Es un
foro de discusión que permite afinar los instrumentos públicos para hacerlos
adecuados.
18. Consistencia con los
principios esenciales de equidad, reciprocidad, igualdad, conveniencia nacional
y autodeterminación. El marco conceptual del Derecho de los Tratados es
afectado por el desarrollo progresivo del orden internacional contemporáneo.
Dicha dinámica genera una constante ampliación del espectro de regulación del
derecho internacional y nuevos instrumentos normativos reguladores por fuera de
las fuentes tradicionales. En el presente instrumento se refleja el surgimiento
de una nueva modalidad de regulación, dejando atrás la división clásica de
monismo y dualismo (von Bogdandy, 2008). Las bases de equidad, reciprocidad,
igualdad, conveniencia nacional y autodeterminación de los pueblos deben
comprenderse de cara a las dinámicas propias de la gobernanza global
multinivel. Es necesario estudiar dos componentes de análisis en el marco
jurídico internacional contemporáneo que brindan contenidos a los elementos
contemplados en la Constitución: en primer lugar, los mandatos de integración y
la dimensión externa de las cláusulas constitucionales. En segundo lugar, el
pluralismo que integra como elemento de análisis el efecto directo y la
interpretación consistente. El Estado colombiano integra los principios
constitucionales mencionados en el marco de la negociación del ingreso a la
OCDE, desde una perspectiva que responded a un modelo cosmopolita de soberanía
internacional laboral (Held, 2002). De este modo, la integración en el orden
interno requerirá de procedimientos internos, como aquellos que von Bogdandy
identifica como efecto directo e interpretación consistente a partir de una
perspectiva pluralista. Este es el segundo punto que se desarrolla en esta
sección, von Bogdandy considera superada en el contexto jurídico actual la
clásica dicotomía monismo dualismo. Esta transformación respetando las
particularidades de los Estados.
En consecuencia, el efecto
directo y la interpretación consistente son procesos que deben abordar los
tribunales constitucionales para el análisis de los instrumentos que emplea el
Estado, en la gestión no solo de los asuntos de naturaleza constitucional, sino
de toda aquella regulación internacional que se traduzca en lo doméstico, por
intermedio de diferentes herramientas normativas. El efecto directo busca la
incorporación de las normas y los estándares internacionales a través del
derecho interno, lo cual se presente de forma precisa en el marco de los
compromisos adquiridos por el Estado en la OCDE. Ello implica una incorporación
progresiva. El Estado cuenta con los recursos jurídicos internacionales para
informar a la organización de las particularidades contextuales para la
implementación de ciertos estándares. Los recursos suponen adecuar la
implementación de las normas internacionales a las capacidades institucionales
del Estado. Este concepto se refleja en el actuar de una organización
internacional de contenido técnico como la OCDE. Los principios esenciales de
la política pública se mantienen incólumes. Tal organización comparte esos
principios y pretende contribuir al diseño de políticas públicas efectivas en
las que la equidad, eficiencia y sostenibilidad guíen la evolución de las
sociedades. Dado que no existen mecanismos coercitivos que impongan medidas, se
preserva también la autodeterminación y se brindan más bien herramientas para
el diseño de políticas públicas efectivas, en las que se plasmen las mejores
prácticas identificadas en la experiencia de los países miembros[247].
Universidad del Valle
19. Es positivo el ingreso de
Colombia a la OCDE. Tiene un impacto de visibilidad internacional y aunque
sujetarse a manuales de buenas prácticas no da garantías absolutas de
cumplimiento por los gobiernos al adoptarse como políticas de Estado aumenta la
capacidad de presión de la sociedad civil. Puede tener efectos positivos en
inversión extranjera, derechos laborales, derechos civiles, educación, salud,
igualdad, ambiente sano, entre otros, fortaleciendo el multilateralismo
civilizado y la democracia.
Universidad del Rosario
20. El ingreso de Colombia no
solo representa una oportunidad de integración económica, política y social,
sino también ventajas, a saber: sello de calidad para la inversión extranjera,
alineación de estándares hacia las mejores prácticas (fortalecimiento institucional,
educación de calidad, mercados financieros desarrollados, instrumentos de
cooperación internacional) y centro de entrenamiento.
Universidad de Caldas
21. Es exequible la ley
aprobatoria de los instrumentos internacionales. Luego referir a la competencia
del Presidente de la República para dirigir las relaciones internacionales y la
sujeción de los principios de la organización a los previstos en la
Constitución, concluye que el examen a realizar es abstracto, no solo de confrontación
sino de identificación de las disposiciones hermenéuticas propias de la
adecuación entre la ley aprobatoria del acuerdo y de la convención, y la
Constitución. Ello respecto de los contenidos de las evaluaciones, no porque no
puedan ser indagadas o tenidas en cuenta, sino porque la Corte no puede
anticipar de la mera lectura de una norma jurídica y de la verificación de
adecuación ante la Constitución, si producirán efectos en el corto, mediano y
largo plazo. De presentarse una consecuencia negativa, siempre que no se derive
de la lectura de la interpretación y de la confrontación de la norma,
corresponde su control a través del ejercicio democrático (vías representación
y popular), existiendo el ejercicio político que revise la situación[248].
El juez no puede tener la tentación de ingresar a este plano de evaluación al
ser especulativo y lejano de lo objetivo. El Gobierno dispone de varios
mecanismos para desarrollar los puntos del acuerdo. Finalmente, el ciudadano
puede objetar la aplicación de un criterio general fruto del instrumento
internacional, mediante mecanismos como la acción de tutela.
Instituto
Colombiano de Derecho Tributario – Instituto Colombiano de Derecho Aduanero
22. No hay razones para declarar
la inconstitucionalidad. El acuerdo sobre los términos de la adhesión busca
definir y determinar la hoja de ruta que requiere seguir el Estado para ser
aceptado como miembro. Se consignan las obligaciones actuales y futuras que
Colombia se compromete a cumplir en el marco de la membresía de la
organización, así como la aceptación expresa del articulado general de la
convención, los protocolos suplementarios 1 y 2, las decisiones, resoluciones,
reglas y conclusiones de la organización, los informes de progreso
post-adhesión, los aspectos procedimentales, los métodos de trabajo, los
estados financieros y los instrumentos jurídicos vigentes de la organización.
El apoyo a las economías emergentes de diferentes naciones y la consolidación
de relaciones económicas internacionales resultan fundamentales. Colombia al
definir las reservas en asuntos fiscales está aplicando el principio de
soberanía y libertad en la construcción de legislación nacional dispuesto en la
Constitución. La misión y visión de la OCDE están alineadas con la obligación
del Estado (art. 334 superior) de direccionar la economía para conseguir el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la competitividad y la
productividad, la distribución equitativa de oportunidades, la obtención de
mayores beneficios derivados del desarrollo y la preservación del ambiente
sano. Comparte el interés por generar nuevos empleos bajo condiciones de
formalidad y normas laborales internacionales.
Procuraduría
General de la Nación
23. Declarar exequible formal y
materialmente la ley aprobatoria del acuerdo y la convención. En cuanto al análisis
formal, refiere a la etapa pre y parlamentaria, al trámite en el Senado y
en la Cámara, concluyendo que el Congreso observó el procedimiento
constitucional y legal en cuanto a las publicaciones, inicio de trámite,
sesiones conjuntas y plenarias, anuncio previo, discusión y aprobación,
votación nominal y pública, quórum decisorio y deliberatorio, legislatura,
sanción y remisión a la Corte.
Respecto al examen material
resalta la importancia de la cooperación y del fortalecimiento de lazos con la
comunidad global y la integración internacional, materializando derechos y
prerrogativas propias del Estado social de derecho y acatando los artículos 9º,
226 y 227 de la Constitución. La OCDE es una herramienta clave para la
identificación de problemáticas, su análisis y la promoción de políticas
transversales para su resolución, por medio de la implementación de modelos de
economías de mercado, fijación de estándares internacionales sobre políticas
públicas, cambio climático, social y ambiental, pronósticos de las tendencias
en esas materiales, mecanismos para el desarrollo y utilización eficiente de
recursos económicos, y reducción y supresión de obstáculos a la
comercialización, entre otros.
Con la ley se pretende
materializar varios objetivos de integración e internacionalización. El acuerdo
contiene condiciones específicas bajo las cuales se adhiere a la organización y
los compromisos que se adquieren a través de este procedimiento. Refiere a los
artículos de la convención y las declaraciones del Gobierno colombiano sobre la
misma, así como las observaciones específicas sobre la aceptación de los
instrumentos jurídicos de la OCDE como los plazos de implementación de las
disposiciones sobre productos químicos, medio ambiente, residuos, asuntos
fiscales, seguros y pensiones privadas, inversión y empresas multinacionales, y
construcción naval y transporte marítimo. Observaciones realizadas sobre la
base de la soberanía del Estado y el reconocimiento de las características
particulares legales, sociales y económicas del Estado, según la Constitución.
También se consignaron algunas reservas al acuerdo encaminadas a cumplir las
obligaciones adquiridas en el marco del ordenamiento jurídico, como las reservas
al código de liberación de los movimientos de capital y el código de
liberalización de las operaciones corrientes invisibles.
Se realización declaraciones
sobre las salvaguardas en la legislación colombiana relativa a los
desequilibrios derivados de los flujos de capital y el tratamiento del
mecanismo de requisito de reserva no remunerada conforme a los códigos de
liberalización y sobre operaciones de divisas bajo la jurisdicción del Banco de
la República. Ello con el fin de mantener la flexibilidad en la utilización de
medidas para desestimular la entrada al país de capitales considerados
inestables y de conservar la potestad de la banca central de imponer
restricciones sobre pagos y transferencias corrientes y de movimientos de
capital. Las disposiciones de la convención son respetuosas de la Constitución
al constituir herramientas para la consecución de los fines del Estado y los
deberes de integración e internacionalización en materia económica, social y
política. Los artículos, las reservas y declaraciones regulan aspectos
operacionales de la organización, delimitando el objeto, la naturaleza de las
decisiones, las formas para la consecución de objetivos, garantizando la
aplicación de la normatividad interna y reconociendo la prevalencia del ordenamiento
superior y la soberanía nacional.
No existe reparo constitucional
alguno de las disposiciones bajo examen, al corresponder a cláusulas generales
y necesarias para lograr un entendimiento entre los Estados miembros,
garantizando la participación y la cooperación internacional de forma clara y
específica, todo lo cual otorga seguridad jurídica y estabilidad a lo acordado.
Tanto el acuerdo como la convención hallan fundamento en la reciprocidad y la
equidad entre los Estados parte, incluyen disposiciones que desarrollan y
materializan fines superiores para el desarrollo económico, el medio ambiente y
la prosperidad general.
[1] “A nivel de documentación y conceptos técnicos. 1.
Solicitar a los ministerios de Relaciones Exteriores, de Comercio, Industria y
Turismo, y de Hacienda y Crédito Público, que en el término de diez (10) días,
contados a partir del día siguiente al recibo de la comunicación del presente
auto, allegue de manera precisa y ordenada los soportes documentales y técnicos
en cuanto a las previsiones contenidas en el Acuerdo sobre los términos de la
adhesión, esto es, a) la declaración del Gobierno de la República de Colombia
referente a la aceptación de las obligaciones de membresía de la Organización
para la Cooperación y el desarrollo económicos (A-F); b) los anexos (1-7); y c)
decisión del Consejo de invitar a la República de Colombia para adherir a la
Convención de la OCDE. 2. Solicitar a las universidades Nacional de
Colombia, EAFIT (Medellín) y de los Andes un concepto técnico respecto a
los instrumentos internacionales bajo revisión constitucional, en orden a
determinar principalmente: ¿Qué impacto, efectos y desafíos tiene para la
economía colombiana el ingreso a la OCDE? ¿En qué está dada principalmente la
promoción efectiva del uso de buenas prácticas públicas en materia social,
política y económica? ¿Qué obligaciones específicas adquiere y/o medidas de
política pública debe adoptar Colombia (informes de progreso) que impliquen
cambios sustantivos (posibles áreas de reforma), especialmente en materia de
educación, medio ambiente, trabajo y seguridad social (salud y pensiones),
transparencia, buena gobernanza, inclusión social, posconflicto, protección de
la economía, programas sociales, sistema tributario, competencias de la Junta
Directiva del Banco de la República, etc. ¿Cuáles salvaguardias, reservas,
excepciones y plazos de implementación se establecen respecto de cada una de
las obligaciones contraídas? En materia de integración e internacionalización
de relaciones económicas, sociales, políticas y ecológicas ¿se atienden las
bases de equidad, reciprocidad, igualdad, conveniencia nacional y
autodeterminación de los pueblos?”.
[2] Publicada
en el Diario Oficial número 50.830 de 08 de enero de 2019.
[3] 25 de
febrero de 2019, apoderado judicial Jorge Enrique Cortes Piñeros.
[4] 26 de
febrero de 2019, directora de asuntos jurídicos internacionales Alejandra
Valencia Gartner.
[5] 27 de
febrero de 2019, director de desarrollo del derecho y del ordenamiento jurídico
Néstor Santiago Arévalo Barrero.
[6] 01 de marzo de 2019, jefe oficina asesora jurídica
Alfredo José Delgado Dávila.
[7] 17 de junio de 2019, secretario de la junta directiva
Alberto Boada Ortiz.
[8] 18 de junio de 2019, apoderado judicial Luis Carlos
Vergel Hernández.
[9] 17 de junio de 2019, presidente ejecutivo Javier Díaz
Molina.
[10] 18 de junio de 2019, vicepresidente de asuntos
jurídicos Alberto Echavarría Saldarriaga.
[11] 17 de junio de 2019, director Mario Alejandro
Valencia.
[12] 25 y
26 de febrero de 2019, dirección de asuntos jurídicos internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores Alejandra Valencia Gartner. 03 de abril de
2019, Ministro de Comercio José Manuel Restrepo Abondano.
[13] 04 de
marzo de 2019, escuela de economía y finanzas; centro de análisis político,
departamento de gobierno y ciencias políticas; y escuela de derecho, Jesús
Botero, Hugo López y Humberto López, Valeria Mira Montoya & Carlos Andrés
Olaya Mesa, Paulina Arango, Laura Aristizabal, Sofía Jaramillo, Carolina
Jiménez, Sara Roldan Concha & José Alberto Toro Valencia.
[14] 19 de junio de 2019, rector Edgar Varela  Barrios.
Acompaña informe del decano de la facultad de ciencias sociales y económicas
Pedro Quintín Q.
[15] Según
informe de la secretaría general de la Corte el término de intervención se
venció el 18 de junio de 2019.
[16] 21 de junio de 2019, decano de la facultad de economía
Carlos Eduardo Sepúlveda Rico
[17] Según
informe de la secretaría general de la Corte el término de intervención se
venció el 18 de junio de 2019.
[18] 02 de julio de 2019, docentes del programa de derecho
y de la clínica socio-jurídica de interés público Paulo Bernardo Arboleda
Ramírez y Milton Cesar Jiménez.
[19] Según
informe de la secretaría general de la Corte el término de intervención se
venció el 18 de junio de 2019.
[20] 12 de julio de 2019, presidenta Ruth Yamile Salcedo
Younes.
[21] Según
informe de la secretaría general de la Corte el término de intervención se
venció el 18 de junio de 2019.
[22] Sentencias
C-275 de 2019, C-254 de 2019, C-048 de 2018 y C-047 de 2017.
[23] Cfr. Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969. Aprobada por la Ley 32 de
1985.
[24] Artículos 150.14 de la Constitución y 217 de la Ley 5ª
de 1992 (C-227/93).
[25] Artículo 204 de la Ley 5ª de 1992.
[26] Articulo
241.10 superior.
[27] Sentencia C-620 de 2015.
[28] Comunicación
de 25 de febrero de 2019.
[29] Adoptada
el 14 de diciembre de 1960.
[30] Artículo
XVI.
[31] Ibídem.
Cfr. sentencias C-099 de 2019 y C-036 de 2014.
[32] Artículos 1º, 2º, 7º, 70 y 330 parág. de la
Constitución y artículo 6º del Convenio 169 de 1989 de la OIT (aprobado por la
Ley 21 de 1991).
[33] En la sentencia C-184 de
2016 se sostuvo: “La Sala reitera las reglas jurisprudenciales sobre el
ejercicio del derecho a la consulta previa frente a tratados internacionales,
que establecen que (i) las leyes aprobatorias de tratados deben ser objeto de
consulta previa cuando el texto afecte de forma directa a las comunidades
étnicas; (ii) las medidas legislativas o administrativas que se adopten en el
desarrollo del tratado que involucren directamente a una población étnica,
deben someterse al proceso de consulta antes de que se presente la norma para
su aprobación en el Congreso de la República; y (iii) prima facie no es
necesario someter el instrumento internacional a dicho procedimiento, si éste
se refiere a creación de zonas de libre comercio, sin embargo se debe hacer
consulta cuando las medidas que se tomen en desarrollo del tratado afecten de
forma directa a una comunidad étnica”. Cfr.
sentencias C-275 de 2019, C-048 de 2018, C-157 de 2016, C-620 de 2015, C-196 de 2012, C-187 de
2011, C-941 de 2010, C-615 de 2009, C-750 de 2008, entre otras.
[34] Centro de intercambio de buenas prácticas en políticas
públicas.
[35] Declaraciones (obligaciones de membresía, salvaguardias,
operaciones de divisas, régimen de patentes), observaciones específicas
(aceptación de instrumentos jurídicos) y listas (reservas, excepciones,
actividades y entidades opcionales).
[36] En la
pretensión de una relación de beneficio mutuo económico, social y político.
[37] Sentencia C-184 de 2016 y C-620 de 2015.
[38] Artículo
154 de la Constitución.
[39] Artículo
157 de la Constitución. Artículo 156 Ley 5ª de 1992.
[40] Ibídem.
[41] Ibídem.
Artículo 157 Ley 5ª de 1992.
[42] Artículos
163 de la Constitución y 191 de la Ley 5ª de 1992.
[43] Viceministra
de Relaciones Exteriores encargada de las funciones del Despacho Patti Londoño
Jaramillo, Ministro de Hacienda y Crédito Público Mauricio Cárdenas Santamaría
y Ministra de Comercio, Industria y Turismo María Lorena Gutiérrez Botero.
[44] Acompañada por oficio del Ministerio de Relaciones
Exteriores de 25 de febrero de 2019.
[45] 21 de
julio de 2018.
[46] Artículo 160 de la Constitución.
[47] Artículos 133, 145, 146, 157 y 163 de la Constitución. Artículo 191 de la Ley 5ª de 1992.
[48] Gaceta
del Congreso 143 de 20 de marzo de 2019, Senado.
[49] Gaceta
del Congreso 45 de 08 de febrero de 2019, Cámara.
[50] Gaceta
del Congreso 103 de 05 de marzo de 2019.
[51] Inicialmente 4 senadores y 10 representantes. Durante
el transcurso de la sesión se hicieron presentes 13 senadores (de 13 en total) y 14 representantes (de
18 en total), 4 presentaron excusas.
[52] Gaceta
del Congreso 103 de 05 de marzo de 2019.
[53] Comunicación del 28 de marzo de 2019.
[54] Comunicación
del 26 de febrero de 2019.
[55] Senado.
[56] Cámara.
[57] En la
Gaceta del Congreso 917 de 30 de octubre de 2018 se recoge que los anuncios
previos a la discusión y votación correspondieron a las sesiones de los días 2
y 9 de octubre de 2018, concernientes a las actas 8 y 7 de Senado y Cámara,
respectivamente.
[58] En cuanto a la validez de la expresión “próxima
sesión”, empleada para el anuncio previo a la votación, puede consultarse
las sentencias C-540 de 2012, C-228 de 2009, C-276 de 2006 y C-1040 de 2005. En
la última decisión se sostuvo: “la expresión ´en la próxima sesión´ ha sido
admitida por la Corte, como una de las frases que se puede utilizar para
acreditar el cumplimiento del requisito del aviso previsto en el último inciso
del artículo 160 Superior, pues se trata de una fecha que resulta determinable
teniendo en cuenta las disposiciones del Reglamento del Congreso que
expresamente determinan en qué días se surte de ordinario las sesiones y
quiénes pueden convocar para su práctica”.
[59] No
menos de una cuarta parte de los miembros, artículo 145 superior.
[60] Así se
recoge en la Gaceta del Congreso 917 de 30 de octubre de 2018.
[61] No
firma.
[62] Gaceta
del Congreso 489 de 10 de junio de 2019, Senado.
[63] Gaceta
del Congreso 490 de 10 de junio de 2019, Senado.
[64] Se hicieron presentes 99 senadores y 7 con excusa. Por secretaría se informó
que se había registrado quórum deliberatorio.
[65] Gaceta del Congreso 490 de 10 de junio de
2019, Senado.
[66] Ibídem.
[67] Comunicaciones
del 01, 13 y 22 de mayo de 2019.
[68] Artículo
160 superior.
[69] En la
sentencia C-446 de 2009 se sostuvo: “(…) No
obstante, cuando se ha presentado mensaje de urgencia del Presidente de la
República, el trámite ordinario del proceso legislativo se altera, y en lo que
tiene que ver con la exigencia constitucional del término entre debates, la
Corte ha señalado que en estos casos sólo debe respetarse el lapso de ocho (8)
días mínimo entre el primer debate (sesión conjunta de comisiones) y el segundo
debate (plenarias de las cámaras), teniendo en cuenta que el término de 15 días
entre cámaras no es imperativo, cuando se ha dado un debate conjunto de las
comisiones con anterioridad”.
[70] Gaceta
del Congreso 482 de 07 de junio de 2019, Cámara.
[71] Gaceta
del Congreso 367 de 21 de mayo de 2019, Cámara.
[72] Se hicieron presentes 163 representantes y 6 con excusa.
[73] Gaceta
del Congreso 367 de 21 de mayo de 2019, Cámara.
[74] Comunicaciones
del 25 de febrero, 02 de abril y 22 y 23 de mayo de 2019.
[75] Sentencia
C-376 de 2009.
[76] Sentencia C-864 de 2006 (Mercosur y Comunidad Andina).
Cfr. sentencias C-252 (Francia) y C-254 de 2019 (Israel).
[77] Artículo
93 superior. Comprende los tratados internacionales de derechos humanos y del
derecho internacional humanitario, así como las disposiciones de jus cogens
(Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969).
[78] Sentencias
C-252 y C-254 de 2019.
[79] Preámbulo y artículos 226 y 227 superiores.
[80] Artículo
9º superior.
[81] Artículo
189.2 superior.
[82] Artículo
150.16 superior.
[83] Sentencias
C-154 de 2019.
[84] Artículo
334 superior.
[85] Sentencia
C-615 de 2002.
[86] Celebrado con Costa Rica.
[87] Sentencias
C-254 de 2019, C-051 de 2012, C-941 de 2010 (Estados AELC) y C-031 de 2009
(Chile).
[88] Sentencia
C-269 de 2014 (Pacto de Bogotá).
[89] Sentencias
C-620 de 2015 (protocolo Alianza del Pacífico), C-051 de 2012, C-941 de 2010 y
C-750 de 2008 (Estados Unidos). Ello sin
desconocer la fuerza normativa que revisten los TLC en virtud del principio pacta
sunt servanda (art. 26, Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, 1969), según el cual
todo convenio internacional en vigor obliga y debe ser cumplido por las partes
de buena fe.
[90] Sentencia C-1287 de 2001.
[91] Los países asociados son Argentina, Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay. El país observador es España.
[92] Cfr. http://www.comunidadandina.org. A nivel de América Latina y del Caribe, pueden
citarse principalmente: i) Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación
Económica entre Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (entonces miembros de la
CAN) y la República Federativa del Brasil (C-334 de 2002); Acuerdo de Alcance Parcial  de
Complementación Económica 48  entre Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela
(entonces miembros de la CAN) y la República Argentina y (C-581 de 2002); iii) Acuerdo de Complementación Económica entre de Colombia,
Ecuador y Venezuela (entonces miembros de la CAN) y Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay (Estados del MERCOSUR), C-864 de 2006; iv) tratado de Libre Comercio
celebrado entre Colombia y El Salvador, Guatemala y Honduras (C-446 de 2009);
v) Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico: Chile,
México, Perú y Colombia (C-620 de 2015); vi) tratado de libre
comercio entre Colombia y la República de Costa Rica (C-157 de 2016); y vii) Acuerdo de
alcance parcial de naturaleza comercial entre Colombia y la República
Bolivariana de Venezuela (C-210 de 2016).
[93] Sentencias
C-031 y C-466 de 2009.
[94] Sentencias
C-446 de 2009, C-031 de 2009 y C-620 de 2015.
[95] http://www.oecd.org/centrodemexico/46440894.pdf
[96] Miembros actuales: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile,
República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia,
Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea, Lituania, Luxemburgo,
Letonia, México, Países Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Polonia, Portugal,
República Eslovaca, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y
Estados Unidos. Los Estados pertenecientes
a la organización abarcan desde América del Norte y del Sur hasta Europa y el
Pacífico Asiático, incluyendo los países más desarrollados y emergentes. Cfr. https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/miembros-y-socios-ocde.htm
[97] www.oecd.org/about
[98] http://www.oecd.org/centrodemexico/46440894.pdf
[99] Ibídem.
[100] Ibídem.
[101] www.oecd.org/history. En 1960 cuando 18 países europeos, además de Estados
Unidos y Canadá, se unieron para crear una organización dedicada al desarrollo
económico. Ver, https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/miembros-y-socios-ocde.htm
[102] http://www.oecd.org/centrodemexico/46440894.pdf. Las
raíces de la organización se remontan a los escombros de Europa después de la
segunda guerra mundial. Resueltos a evitar los errores de sus predecesores en
la secuela de la primera guerra mundial, los líderes europeos se percataron de
que la mejor manera de asegurar una paz duradera era fomentar la cooperación y
la reconstrucción, en vez de castigar a los vencidos. En 1948 al crearse la
OCDE hizo que los gobiernos reconocieran la interdependencia de sus economías,
se preparó el terreno para una nueva era de cooperación que habría de cambiar
la faz de Europa. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) nació oficialmente el 30 de septiembre de 1961, cuando la
Convención entró en vigor. Brasil, la India y la República Popular China han
surgido como nuevos gigantes económicos. Estos tres países, junto con Indonesia
y Sudáfrica son socios fundamentales de la Organización y colaboran con su trabajo
de manera constante e integral. Junto con ellos, la OCDE congrega a 39 países
que representan el 80% del comercio mundial y las inversiones; lo que le otorga
un papel fundamental para abordar los desafíos que enfrenta la economía
mundial. https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/historia-ocde.htm
[103] Juan Manuel Goig Martínez. La OCDE en la definición de
políticas económicas en España. Doi: 10.18543/ed-64(1)-2016 pp. 165-205. http://revista-estudios.revistas.deusto.es/article/view/1183/1418
[104] El
autor cita a Rodrik, D. La paradoja de la globalización. Democracia y futuro de
la economía mundial. New York: W.W. Norton & Company. Antoni Bosh,
Barcelona, 2011. Este señala para que la globalización produzca beneficios
económicos en la sociedad en general, necesita de democracias nacionales
fuertes.
[105] Op.
cit. La OCDE en la definición de políticas económicas en España.
[106] Artículo
1º de la Ley 7ª de 1944.
[107] Están dados concretamente: 1) a través de consultas
mutuas y la cooperación, desarrollando al máximo y utilizando más eficazmente
sus capacidades y posibilidades, promover el más alto crecimiento sostenible de
las economías y aumentar el bienestar económico y social de sus pueblos; 2)
impulsar de manera más eficaz los objetivos a través del fortalecimiento de la
tradición de cooperación entre los integrantes, además que una cooperación más
amplia contribuye a las relaciones pacíficas y armoniosas entre los pueblos; 3)
el fortalecimiento y la prosperidad de la economía son esenciales para alcanzar
los objetivos de las Naciones Unidas, salvaguardar las libertades individuales
y aumentar el bienestar general; 4) las naciones económicamente más
desarrolladas, empleando sus mejores esfuerzos, deben cooperar para asistir a
los países en proceso de desarrollo económico; 5) la intensificación de la
expansión del comercio mundial constituye uno de los factores más importantes
para favorecer el auge de las economías de los distintos países y mejorar las
relaciones económicas internacionales, además de la creciente interdependencia
de sus economías; y 6) consistencia con sus obligaciones respecto a otras
organizaciones o instituciones en las que participan u otros acuerdos de los
que son parte.
[108] Conciernen
a: 1) objetivos: promover políticas para: a) la más fuerte expansión de la
economía y el empleo, aumento del nivel de vida en los países miembros,
estabilidad financiera y desarrollo de la economía mundial, b) contribuir a una
sana expansión en los países miembros y no miembros en vías de desarrollo, y c)
apoyar la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no
discriminatoria; 2) para la persecución de tales objetivos los miembros
convienen individual y conjuntamente unos compromisos como: a) promover la
utilización eficiente de recursos económicos, b) en el terreno científico y
técnico promueven el desarrollo, fomentan la investigación y favorecen la
formación, c) persiguen políticas diseñadas para lograr el crecimiento
económico y la estabilidad financiera, d) continuar esfuerzos por reducir o
suprimir obstáculos a los intercambios de bienes y de servicios, y e)
contribuir al desarrollo económico de los países miembros y no miembros en vía
de desarrollo; 3) convienen: a) mantenerse informados y proporcionar la
información necesaria, b) consultarse continuamente, efectuar estudios y
participar en proyectos, y c) cooperar estrechamente y llevar a cabo acciones
coordinadas; 4) quienes son miembros de la organización; 5) para alcanzar los
objetivos, puede a) tomar decisiones que, salvo dispuesto de otra forma, serán
obligatorias, b) hacer recomendaciones a sus miembros y c) concluir acuerdos;
6) las decisiones se toman y las recomendaciones se hacen por acuerdos mutuos
de los miembros por regla general, cada uno dispone de un voto, cuya abstención
no es obstáculo para la validez de la decisión o recomendación, que no le será
aplicable y ninguna decisión será obligatoria hasta que no haya sido
incorporada en el ordenamiento jurídico conforme al procedimiento
constitucional; 7) el consejo compuesto por todos sus miembros es el órgano del
que emanan todos los actos; 8) el Consejo designa un presidente y dos
vicepresidentes; 9) el Consejo podrá constituir un comité ejecutivos y los
órganos subsidiario; 10) el Consejo nombre un secretario general; 11) el
secretario general nombrará el personal necesario; 12) la organización puede
conforme al Consejo dirigir comunicados, establecer y mantener relaciones e
invitar a gobiernos no miembros y a organizaciones a participar en actividades;
13) forma de representación en la organización de las comunidades europeas; 14)
manera de ratificación o aprobación de la convención; 15) efectos por entrada
en vigencia de la convención sobre la reconstitución de la organización europea
de cooperación económica; 16) el Consejo puede decidir invitar a cualquier
gobierno para asumir obligaciones de miembro, a adherirse a la convención,
decisión que se adopta por unanimidad; 17) posibilidad de denuncia de la
convención; 18) sede de la organización en París; 19) capacidad jurídica y
privilegios, exenciones e inmunidades; 20) anualmente se somete a aprobación
del Consejo la aprobación del presupuesto anual, cuentas y anexos, y los gastos
generales de la organización aprobados se distribuyen conforme a una escala fijada
por el Consejo, mientras que los demás gastos se financian conforme a las bases
fijadas por el Consejo; y 21) comunicación por el Gobierno de la recepción de
los instrumentos de ratificación, aprobación, adhesión o denuncia.
[109] El preámbulo de la Declaración sobre la aceptación
de las obligaciones de membresía de la organización expone como fundamento:
1) la convención de la OCDE (1960) y los protocolos suplementarios 1 y 2; ii)
el artículo 16 de la convención de la organización que establece que el Consejo
podrá decidir invitar a
cualquier Gobierno preparado para asumir las obligaciones de membresía para
adherirse; 3) la Resolución del Consejo sobre el Fortalecimiento del Alcance
Global de la OCDE de 29 de mayo de 2013, mediante la cual decidió abrir discusiones
de adhesión con Colombia; y 4) la Hoja de Ruta para la adhesión a la convención
adoptada por el Consejo el 19 de septiembre de 2013 que estableció los
términos, condiciones y proceso para la adhesión de Colombia a la organización.
De esta manera, proclama en términos generales: 1) declaración general
de aceptación: Colombia asume mediante el depósito del instrumento de adhesión
todas las obligaciones de la membresía de la organización, incluidas la
aceptación de i) los objetivos y el informe del comité preparatorio, ii) los
compromisos de los artículos 2 y 3 de la convención y los protocolos
suplementarios números 1 y 2, iii) las decisiones, resoluciones, reglas,
reglamentos y conclusiones adoptados por la organización y relacionados con la
gestión y funcionamiento, incluso los de gobernabilidad de la organización, los
aportes económicos de los miembros, costos relaciones con la evaluación de
informes de progreso post-adhesión, otros aspectos financieros y
presupuestales, personal, procedimientos, etc., iv) estados financieros, v)
métodos de trabajo e vi) instrumentos jurídicos sustantivos; 2) declaración
relacionada con el régimen de patentes: Colombia hace una declaración según el
anexo 6; 3) acuerdo sobre privilegios e inmunidades de la organización:
conforme al artículo 23 del acuerdo con la OCDE sobre privilegios, inmunidades
y facilidades (2014), Colombia informará la finalización de los requisitos
internos para la entrada en vigor del acuerdo, aceptando que tal acuerdo entre
en vigor en el momento que deposite el instrumento de adhesión a la convención;
4) participación en actividades y órganos de la OCDE a título facultativo: una
vez sea miembro, Colombia dese participar en ciertas actividades y órganos
opcionales, según el anexo 7; 5) terminación de acuerdos anteriores con la
organización: Colombia observa que a partir de la adhesión se consideran
terminados los acuerdos anteriores con la OCDE como no miembro en algunos
órganos; y 6) luego de la adhesión Colombia acuerda entregar informes de progreso
a comités OCDE seleccionados, según se establece en la Decisión del Consejo de
la organización para invitar al país a adherirse. El país acuerda contribuir
con recursos para apoyar la evaluación de informes de progreso post-adhesión
incluidos por el Consejo en la decisión de invitar a Colombia a adherirse a la
convención, además de acordar la publicación de un resumen anual de progreso
post-adhesión.
[110] Aluden a: 1: observaciones específicas sobre la aceptación de instrumentos jurídicos
de la OCDE respecto a productos químicos (plazos de implementación), medio
ambiente (plazos de implementación), residuos (plazos de
implementación-observación), asuntos fiscales (plazos de
implementación-reservas-observaciones-notificaciones-reservas), seguros y
pensiones privadas (plazo de implementación), inversión y empresas
multinacionales (reservas-excepciones), construcción naval y transporte
marítimo (observaciones), turismo (reservas-observaciones); 2: lista de
reservas al código de liberalización de los movimientos de capital[110];
3: lista de reservas al código de liberalización de las operaciones corrientes
invisibles[110];
4: declaración sobre las salvaguardas en la legislación colombiana relativa a
los desequilibrios derivados de los flujos de capital y el tratamiento del
mecanismo de requisitos de reserva no remunerada de conformidad con los códigos
de liberalización; Anexo a la declaración sobre las operaciones de divisas bajo
la jurisdicción del Banco de la República; 5: lista de excepciones para el
trato nacional de acuerdo con la tercera decisión revisada del Consejo sobre
trato nacional; 6: declaración referente al régimen de patentes; y 7: lista de
actividades y entidades en las que Colombia desea participar.
[111] Establece
en el preámbulo: 1) la convención de la organización, particularmente los
artículos 5 a)[111] y 16; 2) la Resolución del
Consejo de 29 de mayo de 2013 por medio de la cual decidió iniciar discusiones
sobre la adhesión de Colombia; 3) la Hoja de Ruta para la adhesión a la
convención adoptada por el Consejo el 19 de septiembre de 2013, la cual establece
los términos, condiciones y el procedimiento para la adhesión; 4) el Reporte
del Secretario General sobre la adhesión; 5) Declaración del Gobierno de fecha
30 de mayo de 2018 relativa a la aceptación de las obligaciones de membresía de
la organización; 6) los dictámenes formales emitidos por los comités
sustantivos de la OCDE listados en la Hoja de Ruta para la adhesión; 7) la nota
del secretario general sobre la posición de Colombia con respecto a
instrumentos legales no revisados por los comités sustantivos de la OCDE; 8)
acuerdo entre Colombia y la organización sobre privilegios, inmunidades y
facilidades otorgados a la organización (20 de junio de 2014); y 9) que el
Gobierno está preparado para asumir las obligaciones de membresía de la
organización. Determina lo siguiente: 1) Colombia es invitada a adherir a la
convención en los términos propuestos en la declaración del Gobierno y en
aquellos dispuestos a continuación; 2) el país deberá proveer su posición
respecto de cada instrumento legal de la organización, adoptados entre la fecha
de esta decisión y la de adhesión de Colombia a la convención, dentro de los
tres meses siguientes a la adoptación de dicho instrumento; 3) los acuerdos
previos sobre la participación de Colombia en los organismos de la OCDE, en
calidad de no miembro, deberán darse por terminados desde la fecha de adhesión
a la convención. A partir de esa fecha, Colombia participará en aquellos
organismos de la organización en su condición de miembro de la organización; 4)
Colombia deberá proveer informes de progreso a los organismos de la OCDE tras
su adhesión a la convención, según se detalla a continuación: comité de
política ambiental (2018 o 2020, comité de productos químicos (2021), comité de
gobernanza pública: anual por un periodos de 5 años tras la adhesión), comité
de política regulatoria (informe inicial dentro de 2 años posteriores a
adhesión), comité de empleo, trabajo y asuntos sociales (anual, acompañado por
informe de secretaría 2, 4, 6 y 8 años tras adhesión ), comité de comercio (2
años tras adhesión y según sea requerido) y comité de pesca (un informe dentro
de los 2 años siguientes a adhesión); 5) Colombia deberá aportar recursos
financieros para respaldar evaluación de los informes de progreso
post-adhesión; y 6) Colombia deberá designar una autoridad como punto de
contacto, responsable del reportaje post-adhesión.
[112] Pastor Ridruejo J.A., Curso de Derecho
Internacional Público y Organizaciones Internacionales, Ed. Tecnos 13ª.
Ed., Madrid, 2009, p. 662
[113] Sentencias
C-578 de 2002, C-354 de 2003 y C-1034 de 2003.
[114] Sentencia
C-417 de 2012.
[115] Diez De Velasco
M. Las Organizaciones Internacionales, Ed. Tecnos, 15ª. Ed; Madrid, 2008 p.
545.
[116] Sentencia
C-646 de 2001. A nivel de ejemplos se mencionó: “La Constitución se refiere a: (a) ´la política
exterior de Colombia (que) se orientará hacia la integración latinoamericana y
del Caribe´ (art. 9); (b) a las ´políticas para la prestación de servicios de
salud por entidades privadas´ (art. 29 inciso 2 y art. 49); (c) a ´una política
de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que
requieran" (art. 47); (d) a las "políticas salariales y laborales´
(art. 56, inciso 2); (e) a la ´política ... en materia de televisión´ (art.
77); (f) a la ´política comercial´ (art. 150 # 19 literal c); (g) a las ´las
políticas atinentes al despacho (de los Ministros)´, (art. 208); (h) a las
´políticas para ... (la) enseñanza de los derechos humanos´ (art. 282 # 2); (i)
a ´las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social
dentro (del) territorio (indígena), (art. 330 # 2); (j) a que ´los desacuerdos
con el contenido de la parte general (del Plan Nacional de Desarrollo), si los
hubiere, no serán obstáculo para que el gobierno ejecute las políticas
propuestas en lo que sea de su competencia" (art. 341 inciso 2); (k) a los
´sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración pública,
tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de inversión´ (art.
343); (l) a las ´políticas generales de administración y control de eficiencia
de los servicios públicos domiciliarios´ (art. 370 y art. 48 transitorio); (m)
a la "política económica general´ (art. 371 inc. 2); (n) a las ´políticas
a ... cargo´ del Banco de la República (art. 371 inc. 3); (ñ) a las ´políticas
económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno´ (art. 339);
(o) a la ´política de reconciliación´ (art. 30 transitorio) y (p) a la ´política
del Estado en materia criminal´ (art. 251, #3)”.
[117] R. Goodin and H.-D Klingemann. A New Handbook of
Political Science. Oxford University Press., Oxford 1998. Y Y. Papadopoulos. Complexité Sociale et Politiques Publiques. Montchrestien, París, 1995.
[118] R. Neustadt y E May. Thinking in Time: The Uses of History for Decision
Makers. Free Press, New York, 1986. E Bardach. The Implementation Game. MIT
Press, Cambridge, 1977.
[119] "Las políticas incluyen tanto los fines como los
medios para alcanzarlos", según la clásica afirmación de J. Pressman y A.
Wildavsky. Implementation.
University of California Press, Berkeley, 1973, p. XVIII; A. Wildavski,
Speaking Truth To Power: The Art and Craft of Policy Analysis. Transaction, New
Brunswick, 1987; Charles O. Jones An Introduction to the Study of Public
Policy. Wadsworth, California, 1970.
[120] Sentencia
C-646 de 2001.
[121] Controversia constitucional giraba en torno al
principio de legalidad en materia tributaria y la remisión que para la
determinación de algunos de los elementos del impuesto de renta se hace al
Gobierno nacional y a la OCDE.  La Corte señaló que dicha organización tiene
entre sus objetivos constituirse en un foro de consulta y coordinación entre
gobiernos en materias relacionadas con el crecimiento de la economía y el
empleo así como el mejoramiento sostenido de los niveles de vida, en un
contexto de promoción del desarrollo de la economía mundial y la expansión del
comercio internacional.
[122] Convenio
entre Canadá y Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio y su
Protocolo, Lima, 2008.
[123] Revisión
de la Ley 1222 de 2008, aprobatoria del Acta que Institucionaliza el Mecanismo
del Plan Puebla – Panamá (2004), el Memorando de Entendimiento para la
Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (2005,
entre otros.
[124] Artículos 9º, 226 y 227 de la Constitución.
[125] Artículos 2º, 58, 80, 333, 334 y 365 superiores.
[126] Examinó
el cuarto protocolo anexo al acuerdo general sobre el comercio de servicios con la lista de compromisos específicos de Colombia
anexa (1997).
[127] Sentencias
C-620 de 2015, C-864 de 2006, C-369 de 2002 (cuarto protocolo anexo al Acuerdo General sobre Comercio de Servicios) y C-178 de 1995.
[128] Gaceta
del Congreso 540 de 24 de julio de 2018.
[129] Ibídem.
[130] Ponencia
primer debate Senado, Gaceta del Congreso 651 de 05 de septiembre de 2018.
Ponencia primer debate Cámara, Gaceta del Congreso 696 de 14 de septiembre de
2018.
[131] Ponencia,
Gaceta del Congreso 916 de 30 de octubre de 2018.
[132] Ponencia,
Gaceta del Congreso 917 de 30 de octubre de 2018.
[133] Ministerio
de Ambiente, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia,
Ministerio del Trabajo, Banco de la República, Departamento Nacional de
Planeación, Analdex y Andi.
[134] EAFIT.
[135] Cfr. https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/
[136] Ibídem.
Entre los valores base de la OCDE se identifican: a) objetividad:
análisis y recomendaciones son independientes y se basan en evidencias; b) apertura:
al debate y una visión común de los apremiantes problemas globales; c) audacia:
cuestión las ideas preconcebidas, comenzando por las propias; d) vanguardismo: identifican
y atienden los retos emergentes y a largo plazo; y e) ética: se basa en la
confianza, integridad y transparencia.
[137] https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/
[138] Cfr. http://www.colombiaenlaocde.gov.co/Paginas/Comites-que-evaluan-a-Colombia.aspx
[139] Declaraciones (obligaciones de membresía, salvaguardias,
operaciones de divisas, régimen de patentes), observaciones específicas
(aceptación de instrumentos jurídicos) y listas (reservas, excepciones,
actividades y entidades opcionales).
[140] Cfr.
sentencias C-252 y 254 de 2019.
[141] Gaceta
del Congreso 540 de 24 de julio de 2018.
[142] Comisiones
conjuntas: acta 01 de 16 de octubre de 2018, Gaceta del Congreso 103 de 05 de
marzo de 2018. Plenaria del Senado: acta 26 de 13 de noviembre de 2018, Gaceta
del Congreso 490 de 10 de junio de 2019. Plenaria
de la Cámara: acta 25 de 06 de
noviembre de 2018, Gaceta del Congreso 367 de 21 de mayo de 2019.
[143] Gaceta
del Congreso 917 de 30 de octubre de 2018.
[144] Sección Tercera, artículo 31, numerales 1 y 2.
[145] Sentencias
C-254 de 2019, C-184 de 2016, C-157 de 2016, C-620 de 2015, C-335 de 2014,
C-941 de 2010 y C-446 de 2009.
[146] Gaceta
del Congreso 540 de 24 de julio de 2018.
[147] Ponencia
primer debate Senado, Gaceta del Congreso 651 de 05 de septiembre de 2018.
Ponencia primer debate Cámara, Gaceta del Congreso 696 de 14 de septiembre de
2018.
[148] Ponencia,
Gaceta del Congreso 916 de 30 de octubre de 2018.
[149] Ponencia,
Gaceta del Congreso 917 de 30 de octubre de 2018.
[150] La OCDE en la era de la globalización: desarrollo e
influencia. The OECD in the age of the globalization: development and
influence. Juan Manuel Goig Martínez. Revista de Derecho UNED, núm. 19,
2016.
[151] Cooperación
internacional para el desarrollo: gobierno, economía y sociedad. Evolución de
las políticas y escenarios futuros. Carlo Tassara. Universidad de La Salle.
2016. Prólogo de José Antonio Ocampo. Presidente del Comité de Políticas de
Desarrollo de la ONU. Anota lo siguiente: “parece ser que el mundo en el que
vivimos está enfrentado lo que algunos definen como la ´paradoja de la
soberanía´: ningún país puede abordar por sí solo los problemas antes
mencionados, pero ninguno confía lo suficiente en los otros como para aceptar
una coordinación efectiva que limitaría en cierta medida su soberanía
convencional”.
[152] Derecho
constitucional. El ciudadano y el poder público: el principio y el derecho al
buen gobierno y a la buena administración. Jaime Rodríguez-Arana. Catedrático
de Derecho Administrativo, Universidad de La Coruña. Prólogo de Raúl Canosa
USERA. Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad Complutense de
Madrid. 2012.
[153] Sentencia
C-620 de 2015.
[154] Sentencia C-887 de 2002.
[155] Sentencia
C-750 de 2008.
[156] Sentencia C-446 de 2009.
[157] Servir a la comunidad, promover la prosperidad general
y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes constitucionales.
[158] Estado
social de derecho y fines sociales del Estado.
[159] Gacetas
del Congreso 540, 651 y 696 de 2018.
[160] Ibídem. Cfr.
http://www.oecd.org/centrodemexico/46440894.pdf
[161] Ibídem.
[162] Op. cit. La OCDE en la era de la globalización:
desarrollo e influencia.. Juan Manuel Goig Martínez.
[163] Artículo 2º C. Pol.: son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación. Art. 366 C. Pol.: El bienestar general
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades
sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de
las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental y agua
potable. En los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra
asignación.
[164] Artículo 209 C. Pol. La función administrativa está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
[165] Artículo 54 C. Pol. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las
personas en edad de trabajar y garantizar a las personas en situación de
discapacidad el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.
[166] Artículo 13 C. Pol.
[167] Gacetas
del Congreso 540, 651 y 696 de 2018.
[168] Organization for the Economic Cooperation and
Development OECD 50TH Better Policies for Better Lives OECD 50th Anniversary
Vision Statement.
[169] http://www.oecd.org/centrodemexico/46440894.pdf
[170] Desarrolladas
por más de 200 comités y grupos de trabajo de las diversas materias, con el
apoyo del secretariado organizado en direcciones temáticas.
[171] Op. cit. La OCDE en la era de la globalización:
desarrollo e influencia. Juan Manuel Goig Martínez. Cfr. https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde
[172] Ibídem.
[173] www.oecd. org/membercountries
[174] www.oecd.org/eu
[175] https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde
[176] https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde
[177] http://www.oecd.org/centrodemexico/46440894.pdf.
[178] https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/miembros-y-socios-ocde.htm
[179] “La Organización tendrá capacidad legal y la
Organización, sus funcionarios y representantes ante los Miembros tendrán
derecho a privilegios, exenciones e inmunidades de la siguiente manera: (a) en
el territorio de las Partes Contratantes del Convenio de Cooperación Económica
Europea del 16 de abril de 1948, la capacidad jurídica, los privilegios, las
exenciones y las inmunidades previstas en el Protocolo Suplementario No. 1 de
dicho Convenio; (b) en Canadá, la capacidad legal, los privilegios, las exenciones
y las inmunidades previstas en cualquier acuerdo o acuerdo sobre capacidad
legal, privilegios, exenciones e inmunidades celebrados entre el Gobierno de
Canadá y la Organización; (c) en los Estados Unidos, la capacidad legal,
privilegios, exenciones e inmunidades bajo la Ley de Inmunidades de
Organizaciones Internacionales prevista en la Orden Ejecutiva No. 10133 del 27
de junio de 1950; y (d) en otros lugares, la capacidad jurídica, los
privilegios, las exenciones y las inmunidades previstas en cualquier acuerdo o
acuerdo sobre capacidad jurídica, privilegios, exenciones e inmunidades
celebrados entre el Gobierno interesado y la Organización”. París, 14 de diciembre
de 1960. Cfr. http://www.oecd.org/general/supplementaryprotocolno2totheconventionontheoecd.htm
[180] Op. cit. La OCDE en la era de la globalización:
desarrollo e influencia. Juan Manuel Goig Martínez.
[181] En la
sentencia C-285 de 2009 (convenio de adhesión al plan puebla Panamá) se llegó a
considerar incluso frente a privilegios de mayor participación que no hay lugar
a la inexequibilidad, toda vez que: “se apoya en la apreciación de varias
situaciones que delimitan el contexto dentro del cual el Estado colombiano se
dispone a participar de estas iniciativas, entre ellas, las especiales
relaciones que históricamente han existido entre los Estados que en su momento
originaron estas iniciativas y el desarrollo que aquéllas han tenido con
anterioridad al propósito de adhesión expresado por el Gobierno de Colombia.
(…). Finalmente, (…) reconoce y asegura en lo esencial la igualdad de derechos
y obligaciones que deberá existir entre Colombia y los otros países miembros de
estos organismos, en especial la posibilidad de participar con voz y voto en la
totalidad de las decisiones que en el futuro se adopten, e incluso la de
promover modificaciones a los documentos constitutivos, considera la Corte que
las ya comentadas limitaciones no tienen entidad suficiente para comprometer la
exequibilidad de estos acuerdos (…)”.
[182] http://www.oecd.org/centrodemexico/46440894.pdf.  https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde.
Cfr.http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OCDE/es/quees2/Estructurafuncionamiento/Paginas/organosdireccion.aspx
[183] Libertad
económica e iniciativa privada.
[184] Dirección
general de la economía a cargo del Estado.
[185] Planes
de desarrollo.
[186] Presupuesto.
[187] Banca
central.
[188] Protocolo complementario n. ° 1 del Convenio de
cooperación económica europea sobre la capacidad jurídica, los privilegios y
las inmunidades de la Organización. PARÍS, 16 de abril de 1948.
[189] Recoge
el fundamento normativo, esto es, el artículo 16 de la convención de la OCDE,
la Resolución del Consejo sobre el Fortalecimiento del Alcance Global de la
organización y la Hoja de Ruta para la adhesión de Colombia.
[190] Artículo
1º de la convención.
[191] Procedimiento
que se conviene para alcanzar objetivos.
[192] Aspectos
que se convienen para alcanzar objetivos.
[193] Protocolo complementario n. ° 1 del Convenio de cooperación
económica europea sobre la capacidad jurídica, los privilegios y las
inmunidades de la Organización.
[194] Protocolo Suplementario No. 2 del Convenio sobre la OCDE.
[195] Como se había explicado contiene el fundamento normativo para la decisión, esto
es, la convención de la OCDE, la Resolución del Consejo para el Fortalecimiento
de Alcance Global de la OCDE, reporte del secretario general sobre la adhesión
de Colombia, declaración de Colombia relativa a la aceptación de las
obligaciones de membresía de la organización 2018, dictámenes formales emitidos
por los comités sustantivos de la OCDE listados en la Hoja de Ruta para la
adhesión, nota del secretario general sobre la posición de Colombia respecto a
instrumentos legales no revisados por los comités y acuerdo con la OCDE sobre
privilegios, inmunidades y facilidades de la organización.
[196] Cfr.
Gaceta del Congreso 540 de 24 de julio de 2018.
[197] Intervenciones y conceptos del DNP y los Ministerios
de Relaciones Exteriores, Hacienda, Comercio, Trabajo, Educación y Justicia.
[198] Ibídem.
[199] Ibídem.
[200] Ibídem.
[201] Mostrar
avances en las áreas de informalidad y subcontratación laboral, cumplimiento de
normas laborales, negociación colectiva, violencia contra sindicalistas
adoptando la visión cero.
[202] Intervenciones y conceptos del DNP y los Ministerios
de Relaciones Exteriores, Hacienda, Comercio, Trabajo, Educación y Justicia.
[203] Ibídem.
[204] Ibídem.
[205] Salvaguardas relativas a los desequilibrios derivados
de los flujos de capital y el tratamiento del mecanismo de requisito de reserva
no remunerada de conformidad con los códigos de liberalización.
[206] La
normativa cambiaria exige el depósito al endeudamiento externo (art. 47,
Resolución Externa 1 de 2018) como requisito previo para el desembolso y la
canalización de algunos créditos externos y para los giros de inversiones no
perfeccionadas.
[207] Alude:
i) a la regulación de ingresos y salidas de divisas en relación con operaciones
cambiarias realizadas por residentes en el país o en el exterior, y por no
residentes en Colombia; ii) de conformidad con la Ley 964 de 2005 el Banco
además regula los sistemas de negociación de moneda extranjera o sus derivados
y los proveedores autorizados de estos servicios, los sistemas de compensación
y liquidación para cambio de divisas o sus derivados y sus operadores,
incluidas las cámaras centrales de compensación de contrapartes y proveedores
de estos servicios; y iii) según la Ley 795 de 2003 tiene la autoridad para
regular sistemas de pago de alto valor y las actividades asociadas con dichos
servicios.
[208] Registra como avance la suscripción de la Declaración
de Inversión de la OCDE que conlleva trato igualitario para la inversión
interna y externa, la lucha contra la evasión y la elusión, la mayor protección
laboral a través de la sindicalización y asociación de los trabajadores, la
lucha contra las nóminas paralelas en las cooperativas de trabajo asociado,
entre otras. Como retos resalta la necesidad de atacar la alta informalidad que
caracteriza al mercado laboral, la regresividad del régimen pensional de la
prima media por los altos subsidios que reciben los aportantes con mayores
recursos. Inquieta depender de los ingresos mineros energéticos para la
generación de recursos externos.
[209] Cfr.
sentencia C-446 de 2009.
[210] Sentencia
C-750 de 2008.
[211] Sentencia C-184 de 2016 y C-608 de 2010.
[212] Sentencias
C-620 de 2015, C-608 de 2010, C-446 de 2009, C-750 de 2008, C-294 de 2002 y
C-379 de 1996.
[213] Cfr.
sentencia C-620 de 2015.
[214] Cfr.
Anexo 1.
[215] Cfr. sentencias C-252 y 254 de 2019.
[216] Cfr.
sentencia C-234 de 2019, C-256 de 2014, C-851 de 2013 y C-221 de 2013, entre
otras.
[217] Se
sostuvo que en lo concerniente a las limitaciones que se impongan al disfrute
de los derechos de autor las mismas deben ser: (i) legales y taxativas; (ii) su
aplicación no debe atentar contra la normal explotación de la obra; (iii) ni
causarle al titular del derecho un perjuicio injustificado en sus legítimos
derechos e intereses. En
cuanto a los componentes de los derechos de autor se adujo que se han
reconocido en el ordenamiento jurídico dos dimensiones: los derechos morales y
los derechos patrimoniales. Tratándose de
los derechos morales han sido calificados como derechos humanos en el artículo
27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por la jurisprudencia
constitucional.
[218] Sentencias C-820 de 2004, C-203 de 1995 y C-390 de
1994.
[219] Cedetrabajo.
[220] Sentencia
C-184 de 2016.
[221] A. Declaración general de aceptación. 1. La República
de Colombia asumirá, mediante el depósito de su instrumentos de adhesión a la
Convención, todas las obligaciones que emanan de la membresía a la
organización, incluidas, entre otras, la aceptación de: (…) iv) todas las
decisiones, resoluciones, reglas, reglamentos y conclusiones adoptados por la
organización y relacionados con su gestión y funcionamiento, incluso los
inherentes a la gobernabilidad de la organización, los aportes económicos de los
miembros incluidas a actividades y órganos opcionales, así como costos
relacionados con la evaluación de informes de progreso post-adhesión, otros
aspectos financieros y presupuestales, asuntos de personal (incluyendo los
fallos del Tribunal Administrativo), aspectos procedimentales, relaciones con
no miembros y clasificación de información.
[222] Sentencias C-941 de 2010, C-864 de 2006, C-369 de 2002
y C-178 de 1995.
[223] Inició en enero de 2011 al expresarse el interés del
Estado de ser parte de la organización. Hasta mediados de 2013 se desarrolló un
periodo de preparación en el que el Gobierno realizó trabajos informales con 10
comités. Ello llevó a que el Consejo de la OCDE en pleno decidiera extender una
invitación oficial al Estado para que iniciara el trámite formal de adhesión.
Esta etapa se desarrolló con la hoja de ruta adoptada el 19 de diciembre de
2013 que detalla los términos, condiciones y procedimientos, traducida a
obtener el visto bueno de los 23 comités de trabajo. Desde abril de 2014 hasta
mayo de 2018 se trabajó de la mano con dichos comités con la finalidad de
ajustar las políticas públicas a los estándares de la organización, siendo
obtenido el aval de manera progresiva. La evaluación comprendió visitas de
expertos del secretariado y de funcionarios de Estados miembros de la OCDE a
Colombia, efectuando recomendaciones concretas de política pública no
vinculante. Del Gobierno funcionarios del más alto nivel asistieron a las
reuniones de los comités y grupos de trabajo. Lo valorado en cada comité fue la
voluntad y la capacidad de las entidades estatales de cumplir las
recomendaciones y los instrumentos legales del Memorando Inicial (Gobierno
expresó si aceptaba, no aceptaba, aceptaba con reserva o aceptaba solicitando
un término para la implementación). En mayo de 2018 se obtuvo la última opinión
formal favorable para continuar el trámite. Tras la recomendación del último
comité el secretario de la organización presentó un reporte al Consejo que
detalla el trabajo adelantado por Colombia durante los últimos años,
proponiendo oficialmente invitar al país que estuvo acompañado de un documento
adicional elaborado por el Estado que se denominó la Declaración Final, que
consigna la posición frente a todos los documentos legales u otra obligación
internacional. Así el Consejo se reunió para concluir con el visto a la
membrecía de Colombia, que se materializó mediante la Decisión Final en la que
se extiende formalmente una invitación para hacerse parte. De esta manera, el
ingreso se perfeccionará una vez se deposite el instrumento de ratificación del
acuerdo sobre los términos de la adhesión y la adhesión a la convención.
[224] La
normativa cambiaria exige el depósito al endeudamiento externo (art. 47,
Resolución Externa 1 de 2018) como requisito previo para el desembolso y la
canalización de algunos créditos externos y para los giros de inversiones no
perfeccionadas.
[225] Refiere:
i) a la regulación de ingresos y salidas de divisas en relación con operaciones
cambiarias realizadas por residentes en el país o en el exterior, y por no
residentes en Colombia; ii) de conformidad con la Ley 964 de 2005 el Banco
además regula los sistemas de negociación de moneda extranjera o sus derivados
y los proveedores autorizados de estos servicios, los sistemas de compensación y
liquidación para cambio de divisas o sus derivados y sus operadores, incluidas
las cámaras centrales de compensación de contrapartes y proveedores de estos
servicios; y iii) según la Ley 795 de 2003 tiene la autoridad para regular
sistemas de pago de alto valor y las actividades asociadas con dichos
servicios.
[226] Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
[227] Gráfico
1. PIB por persona empleada como % de los Estados. Fuente OECD/UN/UNIDO 2019, Production
Transformation Policy Review of Colombia: Unleashing Productivity, OECD
Development Pathways, OECD Publishing, París.
[228] Gráfica
2. El bienestar mejora, pero continúa bajo en relación con la OCDE.
[229] Gráfica
3. Participación del encadenamiento hacia atrás en CGV es muy baja.
[230] Grafico
4. Costos para la exportación e importación de un contenedor.
[231] Facultad
de Economía de la Universidad de los Andes.
[232] Los
cuales fomentan, de acuerdo con la OCDE, más pobreza, más desigualdad y una
baja productividad. OECD 2016. Reviews of labour market and social policies.
Colombia. Publishing: París.
[233] Ejemplifica
el proceso de apertura en el país en los últimos años y avances en gobierno
corporativo que resalta lo ocurrido con empresas estatales como Ecopetrol, ISA
e ISAGEN, las privatizaciones o debilitamiento de la influencia del ejecutivo
en las mismas.
[234] Cita
la Prueba Pisa donde el país quedó en el puesto 61 de 65 países. Según la OCDE
la duración de la vida escolar para estudiantes de las familias más pobres es
tan solo de seis años, frente a los 12 años para los estudiantes de las
familias más ricas.
[235] Reporte
Mundial de la Ciencia, 2015. UNESCO.
[236] Bonilla,
Ricardo. 2011. Apertura y reprimarización de la economía colombiana: un paraíso
a corto plazo. Nueva Sociedad No. 231, enero-febrero.
[237] Revaluación
del peso colombiano, aumento significativo de las importaciones y una pérdida
notable de la actividad industrial).
[238] Ingreso
es de cerca de 5 millones de euros anuales y para implementar las
recomendaciones de 23 comités cerca de 20 billones de pesos anuales por los
próximos 15 años.
[239] Las
malas experiencias se han vivido en México y Corea del Sur. Entrevista con el
economista estadounidense, Jan Kregel: portafolio. 2014. Ingreso de Colombia a
la OCDE es un gran error. 22 de agosto.
[240] Al
recoger en buena medida lo expuesto por el DNP en el presente asunto, la Corte
se limitará a reseñar el concepto en los apartes que resulten adicionales a la
intervención realizada.
[241] En
foros como la OCDE los países más desarrollados y un conjunto selecto de países
emergentes discuten sus políticas, comparten experiencias, evalúan resultados y
proponen nuevas experiencias para la promoción del bienestar de los ciudadanos.
Contribuye a mejorar sustancialmente la calidad de la política pública,
sometiéndola a la discusión pública de un grupo importante de países
caracterizado por aplicar las mejores prácticas de gobernanza pública.
[242] El
poder de la disputa competitiva entre agentes económicos está en la base de la
eficiencia de los mercados. El benchmarking entre agentes es una fuerza
poderosa a nivel de los países. Someterse al escrutinio de pares ilustrados que
comparten problemáticas y experiencias es un recurso valioso. Medido, comparado
y evaluado, el país se referenciará con los mejores estándares internacionales
y accederá a mecanismos de revisión para mejorar continuamente sus políticas
públicas. Se tendrán mecanismos de control de calidad sobre las políticas
públicas. La presión evaluativa obligará también a las diversas instancias del
Estado a integrarse y articularse. La OCDE propende por el análisis de impacto
en las etapas tempranas del proceso de emisión de normatividad (Conpes 3816 de
2014 sobre Mejora Normativa, análisis de impacto). Conduce a una mejor
capacidad de gestión de la regulación y de la normatividad, mejorando la
capacidad de incidir en el bienestar de la sociedad.
[243] El
sello OECD: mayor confianza de los inversionistas y del sector financiero
afectando positivamente los flujos de capitales y los intereses que pagamos por
los créditos. Los miembros actuales concentran el 75% de la inversión
extranjera directa a nivel global y el 60% del comercio y PIB mundial. Colombia
podrá acceder a mejores condiciones e instrumentos financieros internacionales.
[244] La
presencia del país en la organización dará mayor trascendencia a sus
intervenciones internacionales. Podrá divulgar mejor las fortalezas que ha
desarrollado o desarrolle en el futuro (uso del Big data para el cálculo de la
inflación regulatoria o las políticas públicas inteligentes).
[245] Dos
estudios recientes contribuyen a un mejor entendimiento de los retos del país y
conducen a un mejor diseño de políticas públicas (documento Production
Transformation Policy Review of Colombia. Unleashing Productivity, febrero
2019).
[246] El
concepto desarrolla a 7 folios lo correspondiente a la educación inicial, la
educación básica, la educación media y la educación superior.
[247] Se
acompañan como anexos cuadros que identifican los comités, instrumentos
evaluados, destacados y pendientes, legislación asociada a OECD y compromisos
post-acceso.
[248] La
exigencia de incrementar la oferta educativa no significa que el único medio
para cumplir sea la educación privada, también está el fortalecer la educación
pública. La democracia y la participación activa se constituyen en centros de
presión y negociación (presión democrática al Gobierno terminó incrementando el
presupuesto para la educación pública). En el campo de los medicamentos y
propiedad intelectual permitirán eliminar la discrecionalidad de funcionarios y
profesionales de la salud.