C-387-15
Sentencia C-387/15
CODIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO-Permiso hasta de setenta y dos horas para los
internos
LEGITIMACION DE PERSONA CONDENADA PARA
FORMULAR ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD-Jurisprudencia constitucional/PERSONA CONDENADA A
PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD Y A LA ACCESORIA DE INTERDICCION PARA EL
EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS-Legitimación para
interponer acción pública de inconstitucionalidad
La Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante
autos 241 y 242 de 2015, modificó su jurisprudencia previa para señalar que la
pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas no
priva a los condenados del derecho a interponer la acción pública de
inconstitucionalidad.  Las razones para fijar este nuevo precedente fueron
sintetizadas en los siguientes términos: “(i) La Constitución sólo exige
ostentar la calidad de ciudadano para ejercer el derecho a instaurar acciones
de inconstitucionalidad. (ii) Si bien este es un derecho político, es también
fruto del derecho fundamental a acceder a la administración de justicia, que en
el marco político es además universal. Dado que el acceso a la justicia es
esencial para garantizar el goce efectivo de los demás derechos y libertades, y
para definir los límites de las instituciones estatales, la suspensión parcial
del derecho a interponer acciones públicas no es sólo la restricción de un
derecho político, sino la reducción de la efectividad de todos los demás
derechos constitucionales, lo cual es inadmisible. (iii) Es necesario ser
coherente con el desarrollo institucional de la acción pública de
inconstitucionalidad, y esto supone no detener la ampliación del grupo de
ciudadanos colombianos titulares de ese derecho fundamental, aunque es preciso
aclarar que no se trata de ampliar el catálogo de derechos de las personas
condenadas, sino de garantizar su acceso a la justicia constitucional. (iv) Es
necesario actualizar el entendimiento de la Constitución para comunicarlo con
la realidad penitenciaria y el derecho internacional de los derechos humanos.”
VIGENCIA DE NORMA ACUSADA-Jurisprudencia constitucional/DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-No concebida para juicio de vigencia de normas/VIGENCIA
DE NORMA ACUSADA-Presupuestos que deben verificarse para proferir una
decisión de fondo
En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha
sostenido que la acción pública de inconstitucionalidad no es el escenario para
dirimir controversias en torno a la vigencia de las normas, pues aquella se
orienta a establecer si el procedimiento de expedición o el contenido de la
norma demandada se ajustan a lo previsto en la Constitución. Sin embargo,
también ha señalado que la pregunta por la vigencia de las normas acusadas
cobra sentido en sede de control abstracto para efectos de establecer si se cumple
con uno de los presupuestos que deben verificarse para proferir una decisión de
fondo. A este respecto, la Corte ha sostenido que: (i) cuando no existen dudas
sobre la pérdida de vigencia de la norma acusada, sea porque ha operado su
derogatoria o porque se trata de una norma de efectos temporales una vez que ha vencido su
término de vigencia, la Corte debe inhibirse, salvo que el contenido normativo
acusado siga produciendo efectos; (ii) cuando,
por el contrario, la vigencia de una disposición es dudosa, pues existe
incertidumbre acerca de su derogatoria tácita o de su pérdida de vigencia, la
Corte debe pronunciarse de fondo, pues la norma acusada podría estar
produciendo efectos.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos/CONCEPTO DE VIOLACION EN
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Jurisprudencia constitucional/ CONCEPTO
DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Exigencias argumentativas
TRATAMIENTO PENITENCIARIO Y CONCESION DE
BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS-Competencia
del juez ordinario y de manera excepcional, en el juez de tutela cuando el
mecanismo ordinario de defensa judicial no haya sido efectivo y se demuestre la
afectación de derechos fundamentales
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA NORMA
SOBRE BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Inhibición para decidir de fondo por ineptitud
sustantiva de la demanda
Referencia: Expediente D-10536
Actor: Edgar Eduardo Acero Acosta
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 147
numeral 5º de la Ley 65 de 1993 “Por la cual se expide el Código
Penitenciario y Carcelario”.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C.,
veinticuatro (24) de junio de dos mil quince (2015).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos de
trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
1. El señor Edgar Eduardo Acero Acosta, instauró acción pública de
inconstitucionalidad contra el artículo 147 numeral 5º de la Ley 65 de 1993 “Por
la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”, modificado por el
artículo 29  de la Ley 504 de 1999.[1]
El actor sostiene que la norma acusada, pese a haber perdido vigencia, sigue
siendo aplicada en algunos distritos judiciales para imponer a las personas
condenadas por los Jueces Penales del Circuito Especializados mayores
exigencias para acceder al permiso hasta de setenta y dos (72) horas,
consagrado en el Código Penitenciario y Carcelario, en relación con las
requeridas a otros condenados, lo que a su juicio constituye una vulneración de
los derechos a la igualdad (art. 13 CP), al debido proceso y la favorabilidad
(art. 29 CP).
2. Mediante auto del trece (13) de enero de dos mil quince (2015) se admitió la demanda y se
dispuso comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al
Presidente del Congreso, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, a la Defensoría del Pueblo, a la
Facultad de Derecho de las Universidades de Antioquia, Universidad Nacional de
Colombia, al Consultorio Jurídico de la Universidad Eafit, a la Relatoría de
Prisiones y al Grupo de Derecho e Interés Público – GDIP – de la Universidad de
los Andes, y al Proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán. Asimismo,
se ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación y fijar en lista
la norma acusada para efectos de la intervención ciudadana, según lo estipulado en el artículo 7o del
Decreto 2067 de 1991.
En la misma providencia se hizo la salvedad de que el actor de esta
demanda se encuentra privado de la libertad en virtud de una sentencia
condenatoria, lo que comporta una limitación de sus derechos políticos. No
obstante, se admitió a trámite con el fin de que sea la Sala Plena de la Corte
Constitucional quien se pronuncie de fondo sobre este asunto.
3. Cumplidos los trámites constitucionales y legales, propios de los
procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir
acerca de la demanda en referencia.
II.
NORMA DEMANDADA
4. El texto demandado
se transcribe a continuación:
“LEY 65 DE 1993
(agosto 19)
Diario Oficial No. 40.999, de 20 de Agosto de
1993.
Por la cual se expide el Código Penitenciario
y Carcelario.
EL CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA:
ARTÍCULO 147. PERMISO HASTA DE SETENTA Y DOS
HORAS. La Dirección del Instituto Penitenciario y
Carcelario podrá conceder permisos con la regularidad que se establecerá al
respecto, hasta de setenta y dos horas, para salir del establecimiento, sin
vigilancia, a los condenados que reúnan los siguientes requisitos:
1. Estar en la fase de mediana seguridad.
2. Haber descontado una tercera parte de la
pena impuesta.
3. No tener requerimientos de ninguna
autoridad judicial.
4. No registrar fuga ni tentativa de ella,
durante el desarrollo del proceso ni la ejecución de la sentencia condenatoria.
5. <Numeral modificado por el
artículo 29  de la Ley 504 de 1999. El nuevo
texto es el siguiente:> Haber descontado el setenta por ciento (70%) de la
pena impuesta, tratándose de condenados por los delitos de competencia de los
Jueces Penales de Circuito Especializados.
6. Haber trabajado, estudiado o enseñado
durante la reclusión y observado buena conducta, certificada por el Consejo de
Disciplina.
Quien observare mala conducta durante uno de
esos permisos o retardare su presentación al establecimiento sin justificación,
se hará acreedor a la suspensión de dichos permisos hasta por seis meses; pero
si reincide, cometiere un delito o una contravención especial de policía, se le
cancelarán definitivamente los permisos de este género.
III.
DEMANDA
5. El actor estructura su demanda de inconstitucionalidad sobre las
siguientes premisas:
5.1. Sostiene que, si bien la Corte en sentencia C-392
de 2000[2]
declaró exequible el artículo 29 de la Ley 504 de 1999[3], por medio del
cual se modificó el precepto demandado, en el presente caso no ha operado el
fenómeno de la cosa juzgada. Afirma que, de acuerdo con lo señalado con la
jurisprudencia constitucional, la Corte está habilitada para volver a
pronunciarse sobre una norma declarada exequible en el pasado, cuando se
presentan “variaciones en el contexto de la aplicación de la disposición, lo
que impide hablar de identidad de contenidos normativos”.[4]  Sostiene que
ello ocurre en este caso, por cuanto “se presenta un cambio y además una
variación total en el contexto de aplicación, por la pérdida de vigencia del
artículo 29 de la Ley 504 de 1999”[5].
5.2. Para fundamentar esta última afirmación, recurre
a lo dicho por el Tribunal Superior de Ibagué en sentencia del 27 de septiembre
de 2010[6],
donde se afirma que: “el artículo 29 de la Ley 504, no se encuentra vigente
al igual que sus demás disposiciones, tal y como lo consagran los artículos 49
y 53 de la misma Ley 504. Se dijo por el legislador en estos últimos artículos,
que esa normatividad tendría un ámbito de aplicación de 8 años, los que se
contaron a partir del 1 de julio de 1999 para finalizar el primero de julio de
2007, de tal forma que para esta fecha ya no tiene vigencia”[7].
5.3. Debido a lo anterior, el actor considera que el
numeral 5 del artículo 147 de la Ley 65 de 1993 estaría “en blanco” y, a pesar
de ello, se le sigue dado aplicación en varias jurisdicciones lo que trae como
consecuencia la vulneración de los principios de igualdad, debido proceso y
favorabilidad. Ello por cuanto algunos jueces interpretan que la mencionada
norma sigue vigente, de tal suerte que a los condenados por los Juzgados
Penales del Circuito Especializados se les exige, entre otros requisitos, haber
descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta como condición para
acceder al beneficio administrativo de permiso hasta por setenta y dos (72)
horas, sin que opere la misma exigencia para las personas condenadas por las
demás autoridades de la jurisdicción penal.
5.4. El demandante cita un documento publicado por la
Defensoría Pública[8]
en el cual se sostiene que “[e]s así como desde la Defensoría del Pueblo
Regional Quindío, los defensores públicos […]nos dimos a la tarea de
lograr, en clara aplicación de los derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso y favorabilidad, que a aquellas personas condenadas por Justicia
especializada se le diera el mismo trato frente a los condenados por Justicia
ordinaria// A través del mecanismo constitucional de la tutela y en doble
instancia, se logró abrir el camino, para que aquellos internos que han sido
condenados por la Justicia especializada, puedan acceder en igualdad de
condiciones al otorgamiento de los beneficios administrativos, como el de hasta
las 72 horas. En dicha labor defensorial se pudo obtener que hoy los Jueces de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad con jurisdicción en el departamento
del Quindío, hayan aceptado la tesis tanto de la Defensoría como del Tribunal
Superior –sala Penal del Quindío, y se apruebe u otorgue el BENEFICIO ADMINISTRATIVO
DE HASTA 72 HORAS, cuando han reunido no el 70% de su condena, como lo señala
el artículo 29 de la Ley 504 de 1999, que modificó el artículo 147 de la Ley 65
de 1993, sino la tercera (1/3) parte de la misma”[9].
Considera el accionante que de lo anteriormente
expuesto y ante la falta de vigencia del artículo “las personas que hayan
sido condenadas por la justicia especializada y, que no estén condenadas por
las leyes 1098, 1121 de 2006, 1142 de 2007 y 1474 de 2011, podrían tener
derecho a acceder al permiso de hasta 72 horas, cumpliendo la 1/3 parte de la
pena y los demás requisitos, sin tener en cuenta el numeral 5° del artículo 147
de la Ley 65, por cuanto al perder la vigencia el 1° de julio de 2007, se
encuentra en blanco”[10].
5.5. El actor cita pronunciamientos de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial de Tunja[11],
Valledupar[12],
Ibagué[13]
en los cuales se concede el permiso de hasta por setenta y dos (72) horas a los
condenados por la Justicia Especializada sin exigir que hayan purgado el 70% de
la condena, por entender que la norma que así lo exigía ya no está vigente. A
la vez señala que en los Distritos Judiciales de La Dorada y de Caldas los
jueces mantienen una interpretación contraria para negar a estas personas dicho
beneficio administrativo. A su juicio, esta situación vulnera el derecho a la
igualdad, la favorabilidad y el debido proceso, y la concepción misma del
estado social y democrático de derecho en donde debe darse prevalencia a los
derechos fundamentales y garantizar “la uniformidad de la ley para toda la
comunidad nacional”. Para el accionante, la ley estaría operando de forma
diferente en cada distrito judicial.
Por todo lo anterior, el demandante solicita “declarar
la inexequibilidad del numeral 5º del artículo 147 de la Ley 65 de 1993,  por
la pérdida de vigencia, conforme a los artículos 49 y 53 de la Ley 504 de 1999”.
IV.
INTERVENCIONES
Defensoría del Pueblo
6.
El Defensor Delegado para Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría
del Pueblo, interviene en representación de esta entidad para sustentar las
siguientes tesis: (i) la legitimidad del actor para iniciar la acción pública
de inconstitucionalidad; (ii) la necesidad de proferir un fallo inhibitorio,
por cuanto la demanda no reúne los requisitos mínimos de admisibilidad exigidos
por la jurisprudencia constitucional; (iii) en caso de encontrar mérito para
pronunciarse de fondo, la Corte deberá estarse a lo resuelto en la sentencia
C-394 de 1995, respecto del numeral 5 del artículo 147 de la Ley 65 de 1993.
[14]
7.
El Defensor Delegado aboga por que se admita la legitimidad del actor para
interponer la acción pública de inconstitucionalidad. En primer lugar, recuerda
que la acción pública de inconstitucionalidad constituye un derecho político de
aplicación inmediata. En segundo lugar, si bien la jurisprudencia
constitucional ha señalado que sólo son titulares de tal derecho los ciudadanos
en ejercicio, entender que la pena de restricción de los derechos políticos,
impuesta como accesoria a pena privativa de libertad, comporta la restricción
del derecho a interponer esta acción pública implica una afectación
desproporcionada de este derecho político. Argumenta que esta pena accesoria “en
nada guarda relación con las conductas punibles por las cuales las personas son
condenadas, ni persigue per se una finalidad legítima, por el contrario, es
innecesaria”.  Señala que, como resultado de tal interpretación, se impone
a las personas reclusas una carga que no tienen el deber jurídico de soportar,
por cuanto deben acudir a terceros para demandar la constitucionalidad de
normas y, con ello, cuestionar la validez de normas de preceptos legales que
estiman contrarios a la Carta Política y cuya aplicación puede afectarles de
manera directa. En apoyo de este argumento, cita el salvamento de voto del
Magistrado Humberto Sierra Porto a la sentencia C-426 de 2008.[15]
8. Ahora
bien, en lo que atañe a la aptitud de la demanda, el Delegado de la Defensoría
del Pueblo concluye que el escrito de acusación no reúne los requisitos
suficientes para que la Corte emita un pronunciamiento de fondo, debido a la
falta de certeza del cargo planteado, el cual no recae sobre una proposición
jurídica real y existente. Al respecto señala que “al transcribir la norma
demandada, el accionante resalta el numeral quinto del texto que corresponde a
la modificación introducida por el artículo 29 de la Ley 504 de 1999 – cuya
vigencia expiró – y no al original del artículo 147 de la Ley 65 de 1993 que se
encuentra en vigor”.[16] Por lo anterior, concluye que “el objeto
de la demanda es una norma que no se encuentra vigente, pese a que de forma
equívoca algunos despachos judiciales continúan dándole aplicación”.
Para sustentar esta afirmación, el interviniente se
refiere a la cronología de vigencia de la norma acusada. Explica que, en su
redacción original, el numeral 5º del artículo 147 de la Ley 65 de 1993
establecía, entre los requisitos para acceder al permiso de hasta setenta y dos
(72) horas: “5. No estar condenado por delitos de competencia de jueces
regionales”. La Corte declaró la exequibilidad de este contenido normativo
en sentencia C-394 de 1995[17],
respecto del cargo formulado por violación del principio de igualdad.
Con posterioridad, el artículo 29 de la Ley 504 de
1999[18]
modificó el citado numeral quinto del artículo 147, de manera que el nuevo
texto de la norma era el siguiente: “5. Haber descontado el setenta por
ciento (70%) de la pena impuesta, tratándose de condenados por delitos de
competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados”. Sin embargo,
la ley que incluía este contenido normativo establecía en su artículo 49 que
sus normas tendrían “una vigencia máxima de 8 años”, término que
concluyó en julio de 2007, con lo cual es claro que, a partir de entonces, las
modificaciones al ordenamiento jurídico establecidas en virtud de las normas de
la Ley 504 de 1999 quedarían sin efectos.  Durante el término en que tuvo
vigencia, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 29 de la Ley 504 de
1999 en sentencia C-392 de 2000[19],
respecto del cargo por infracción de los artículos 13 y 29 superiores. Asimismo,
en las sentencias C-708 de 2002[20]
y C-426 de 2008[21]
se declaró inhibida para fallar las demandas interpuestas contra el numeral 5º
del artículo 147 de la Ley 65 de 1993, por entender que este había sido
derogado por el artículo 29 de la Ley 504 de 1999 el cual, se dijo en estas
providencias, introdujo una regulación legal posterior y más favorable de la
establecida en la redacción original del numeral 5º del artículo 147 de la Ley
65 de 1993.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la
Defensoría del Pueblo disiente de la apreciación del accionante cuando señala
que dicho numeral 5º se encuentra en blanco. Sostiene esta entidad que, en
contra de lo afirmado por el actor, el texto original no ha perdido su
vigencia, dado que la norma posterior que lo modificó de manera transitoria
dejó de tener efectos, con lo cual la norma objeto de modificación recupera su
vigencia. Sobre este punto, precisa que resulta problemático sostener que en
virtud del principio de favorabilidad se continúe dando aplicación a una
disposición normativa cuya vigencia, por mandato del legislador, era solamente
temporal. Lo anterior no desconoce la necesidad de requerir al Congreso para
actualizar el numeral 5º de la norma acusada, actualmente en vigencia. En todo
caso, concluye que el cargo formulado en la demanda no reúne los requisitos
mínimos de admisibilidad requeridos para emitir un pronunciamiento de fondo en
este asunto, razón por la cual pide a la Corte declararse inhibida.
9. De manera subsidiaria, en caso de que se estime
apta la demanda, el interviniente solicita a este Tribunal estarse a lo
resuelto en la sentencia C-394 de 1995, que declaró exequible el numeral 5º del
artículo 147 del Código Penitenciario, en su redacción original, por un cargo
idéntico al que pretende formular en este caso el demandante. [22]
Intervención del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC
10. El apoderado de esta entidad[23] pide a la
Corte declarar la constitucionalidad del artículo 147 numeral 5º de la Ley 65
de 1993 y, como consecuencia de ello, se haga efectivo el carácter erga omnes
de la sentencia de constitucionalidad en los términos del artículo 1º del
Decreto 2067 de 1991.
El interviniente estructura su concepto a partir de la
respuesta a cuatro (4) problemas jurídicos que identifica en esta controversia.
Ellos son:
11. “¿El numeral 5 del artículo 147 de la Ley 65 de
1993 viola los preceptos fundamentales establecidos en la Constitución de
igualdad, el debido proceso y la favorabilidad?” El apoderado del INPEC
sostiene que la respuesta a esta cuestión es negativa. Para ello plantea, en
primer lugar, que si bien la norma demandada establece un tratamiento
diferenciado, no por ello se vulnera el principio de igualdad, pues este se
fundamenta en una circunstancia objetiva – haber sido condenado por los jueces
penales del circuito especializados. En segundo lugar, sostiene que no hay
vulneración del derecho al debido proceso por parte de la norma acusada, por cuanto
el trámite del permiso de hasta setenta y dos horas se surte ante la autoridad
competente, con el lleno de los requisitos y el respeto de las garantías
procesales previamente establecidas. Para fundamentar lo anterior, el
interviniente analiza el contenido de la Resolución 7302 de 2005 expedida por
el INPEC[24],
de la que adjunta copia. En tercer lugar, afirma que no se vulnera el principio
de favorabilidad, pues ello presupone la existencia de una norma que concediera
un mayor beneficio al preceptuado en la regulación objeto de controversia,
situación que no se presenta en este caso, por cuanto “no existe instrumento
de orden jurídico que regule de una manera más favorable lo preceptuado en
estas normas de orden jurídico”.[25]
12. El segundo problema jurídico que se plantea el
interviniente es el siguiente: ¿Se presenta una verdadera calidad procesal
del actor frente a la acción pública de inconstitucionalidad establecida en los
términos del Decreto 2067 de 1991? Para esta cuestión, propone una
respuesta negativa. Con fundamento en lo establecido en la sentencia C-536 de
1998[26],
sostiene que las personas condenadas a la pena de interdicción de derechos y
funciones públicas no están habilitados para interponer acción pública de
inconstitucionalidad. Expone que, en la actualidad, el demandante cumple una
condena penal de 39 años, 3 meses y 5 días de prisión, circunstancia que genera
su falta de legitimidad por activa para interponer la presente acción.
13. En tercer lugar, se pregunta: “¿El artículo 147
de la Ley 65 de 1993 genera vacíos a nivel procesal en cuanto al régimen
penitenciario de los internos por la presunta temporalidad de la norma aducida
por el actor?” El apoderado del INPEC sostiene que no se presenta tal vacío
procesal. Para ello cita dos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia[27]
en los que se da aplicación a lo previsto en el artículo 29 de la Ley 504 de
1999, al decidir sobre la concesión del permiso de hasta por setenta y dos
horas para personas condenadas por los Jueces Penales del Circuito
Especializados.
14. Por último, el interviniente cuestiona si “¿se
presenta una inconstitucionalidad real de la norma demandada por el actor?”
De nuevo, propone una respuesta negativa a este interrogante, por cuanto la
norma acusada ya fue previamente analizada por la Corte Constitucional, quien
declaró su exequibilidad en la sentencia C-426 de 2008[28], la cual cita en extenso.
Intervención del Ministerio de Justicia y del
Derecho
15. El Director de la Dirección del Desarrollo del
Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho[29]
solicita a la Corte Constitucional reiterar la existencia del fenómeno de cosa
juzgada constitucional frente a los cargos formulados contra el numeral 5º del
artículo 147 de la Ley 65 de 1993 o, en su defecto, declararlo exequible.
16. A manera de cuestión preliminar, el interviniente
se refiere a la vigencia del artículo 29 de la Ley 504 de 1999. Sostiene que,
en su concepto, la disposición acusada se encuentra plenamente vigente, como lo
demostraría la reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, en sede de tutela, en las cuales se afirma que la
ampliación indefinida de la vigencia de la Justicia Penal Especializada,
operada en virtud del artículo 46 de la Ley 1142 de 2007, implica a su vez que,
para las personas condenadas por estas autoridades, se mantenga vigente el
requisito establecido en la norma objeto de controversia.[30]
17. A continuación, el apoderado del Ministerio de
Justicia sostiene que en el presente caso opera el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional, según lo ha establecido este Tribunal en las sentencias C-708
de 2002[31]
y C-426 de 2008[32],
donde ha decidido estarse a lo resuelto en la sentencia C-392 de 2000[33],
en relación con el cargo por violación del derecho a la igualdad.
18. Por último, argumenta que la disposición acusada
no vulnera los preceptos constitucionales que garantizan la igualdad y el
debido proceso, por cuanto fue expedida dentro del margen de libre
configuración legislativa que le asiste al legislador, quien dentro de la misma
puede establecer condiciones más exigentes para el acceso a beneficios
administrativos para aquellas personas que han sido condenadas por los delitos
más graves. Al respecto considera que “es apenas lógico y justo que a mayor
daño a los bienes jurídicos tutelados existan consecuencias jurídicas más
fuertes”[34].
Intervención de la Universidad Manuela Beltrán
19. El Director del Área Forense e Investigación
Criminal de la Universidad Manuela Beltrán[35]
solicita a la Corte declararse inhibida para efectuar un pronunciamiento de
fondo, por cuanto la norma demandada perdió su vigencia desde el 1 de julio de
2007; en su defecto, pide a este Tribunal estarse a lo resuelto en las
sentencias C-392 de 2000, C-708 de 2002 y C-426 de 2008, en los cuales se
declaró la exequibilidad de la norma demandada por existir cosa juzgada
constitucional absoluta.
20. El interviniente recuerda que la finalidad de la
acción pública de inconstitucionalidad es efectuar control abstracto de la
constitucionalidad de las normas, teniendo en cuenta el contenido objetivo de
la disposición examinada y, en ningún caso, su aplicación concreta. Sobre esta
base sostiene: “(n)o es posible entonces, que a través de esta acción se
planteen vulneraciones o abusos en casos jurídicos particulares, pues la carga
argumentativa del demandante se basará en la confrontación en abstracto de la
norma demandada y el texto constitucional”.[36]
21. En segundo lugar, sostiene que el artículo 29 de
la Ley 504 de 1999 estuvo vigente entre el 1 de julio de 1999 y el 1 de julio
de 2007, fecha en la cual perdió su vigencia según lo dispuesto en los
artículos 49 y 53 de la misma ley.  Por tal motivo, dicha norma no puede ser
objeto de control de constitucionalidad por parte de la Corte, en tanto no
cabría pronunciarse sobre la inexequibilidad y, por tanto, la expulsión del
ordenamiento, de una norma que ya no existe.
22. Por último, sostiene que, si se desestima el
anterior argumento, debe considerarse la existencia de cosa juzgada
constitucional absoluta en relación con el numeral 5º del artículo 147 de la
Ley 65 de 1993, modificado por la Ley 504 de 1999, de acuerdo con lo
establecido en las sentencias C-392 de 2000[37],
C-708 de 2002[38]
y C-426 de 2008.[39]
Intervención ciudadana
23. Dentro del término de fijación en lista, la señora
María Victoria Rueda Donado presentó un escrito en el que coadyuva las
pretensiones de la demanda.[40]
Señala, en primer lugar, que comparte el criterio del demandante en torno a la
inexistencia de cosa juzgada constitucional. Afirma que si bien en diversas
oportunidades la Corte se ha pronunciado sobre el numeral 5º del artículo 147
de la Ley 65 de 1993, modificado por la Ley 504 de 1999[41], ello no obsta
para que este Tribunal conozca de la demanda que hoy se presenta, toda vez que
“existe una variación en el contexto de la aplicación de las disposiciones
lo que impide hablar de identidad de contenidos normativos”.[42]
En respaldo de esta afirmación, la demandante examina
las decisiones en las que este Tribunal se ha pronunciado sobre el contenido normativo
objeto de controversia. Sostiene que en la sentencia C-392 de 2000[43]
se resolvió una demanda formulada contra la totalidad de la Ley 504 de 1999, la
cual se acusaba de infringir la reserva de ley estatutaria por cuanto la
decisión de prolongar la vigencia de la denominada Justicia Regional era un
asunto que competía en exclusiva al legislador estatutario. A juicio de la interviniente,
en esta sentencia la Corte no analizó la vulneración de los derechos a la
igualdad, favorabilidad y debido proceso de la disposición hoy acusada, por lo
cual no opera el fenómeno de cosa juzgada respecto de la controversia que se
plantea en esta oportunidad. Luego se refiere a las sentencias C-708 de 2002[44]
y C-426 de 2008[45],
en las cuales la Corte se declaró inhibida para fallar y determinó estarse a lo
resuelto en la sentencia C-392 de 2000.  La interviniente afirma que “el
problema original se traslada a esta decisión porque como se explicó en la
sentencia primigenia – C-392 de 2000 – no se hizo una comparación real y de
fondo con los preceptos constitucionales vulnerados”.[46]
Para apoyar esta conclusión, la interviniente cita el
salvamento de voto a la sentencia C-426 de 2008 suscrito por el magistrado
Humberto Sierra Porto, donde se afirma que en realidad no existía cosa juzgada
sobre el numeral 5º del artículo 147 de la Ley 65 de 1993, luego de su
modificación por el artículo 29 de la ley 504 de 1999, toda vez que en la parte
motiva de la sentencia C-393 de 2000 “no se hizo un examen específico de la
vulneración de ninguna norma constitucional, razón por la cual incluso puede
sostenerse que respecto del precepto en cuestión se configura cosa juzgada
aparente”.[47]
Sobre este aspecto la interviniente concluye que “es
claro que el numeral 5º del artículo 147 de la ley 65 de 1993 hasta la fecha no
ha sido objeto de examen de constitucionalidad respecto del cargo de
vulneración del principio de igualdad[48]”,
por lo cual procede una decisión de fondo sobre este asunto.
24. En segundo lugar, la ciudadana sostiene que la
Corte no puede declararse inhibida para pronunciarse de fondo respecto de la
presente demanda, por cuanto la norma acusada, si bien ha perdido su vigencia,
sigue produciendo efectos en el mundo jurídico. Al respecto cita la doctrina
contenida en la sentencia C-1067 de 2008[49]
y C-302 de 2012[50]
sobre la competencia de este Tribunal para conocer de demandas formuladas
contra normas que han perdido su vigencia pero no su eficacia. Para demostrar
que la norma demandada sigue produciendo efectos luego de su pérdida de
vigencia, se refiere a dos sentencias de tutela proferidas por la Corte Suprema
de Justicia[51],
en los que se negó a dos personas privadas de la libertad el permiso de hasta
por 72 horas.
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
25. El
Procurador General de la Nación, mediante concepto No 5884,[52]
solicitó a la Corte Constitucional declararse inhibida para proferir un
pronunciamiento de fondo por falta de legitimación activa del demandante para
promover acción de inconstitucionalidad y, subsidiariamente, por ineptitud
sustantiva de la demanda.
26.
En respaldo de la pretensión principal, sostiene que, de acuerdo a lo previsto
en la jurisprudencia constitucional, el derecho a interponer acciones públicas
en defensa de la Constitución y la ley, establecido en el artículo 40.6
superior, se reserva a los ciudadanos que se encuentren en ejercicio de sus
derechos políticos. Señala además que, conforme a lo previsto en los artículos
35, 43 y 52 del Código Penal, las personas condenadas a pena de prisión
soportan, como pena accesoria, la inhabilitación para el ejercicio de derechos
y funciones públicas; esta última comporta la suspensión no sólo del derecho a
elegir y ser elegidos, sino “del ejercicio de cualquier otro derecho
político”. En consecuencia, una persona que actualmente se encuentra
condenada a pena de prisión, como ocurre con el demandante, carece de
legitimación por activa para interponer la acción pública de
inconstitucionalidad.
27. Para
fundamentar su pretensión subsidiaria, la Vista Fiscal señala que la demanda no
cumple con los requisitos de claridad, especificidad y suficiencia. Sostiene
que el escrito de acusación “no define con claridad cómo la disposición
acusada desconoce los artículos 13 y 29 constitucionales y, en consecuencia, no
se encuentra formulado ningún cargo de inconstitucionalidad en contra de la
misma”.[53] Antes bien, el reproche del actor se
orienta a poner de manifiesto la actuación de algunas autoridades judiciales
que no dan aplicación uniforme al beneficio contenido en el artículo 147 del
Código Penitenciario, “en tanto que considera que ese proceder,
probablemente con razón, contraría al derecho fundamental a la igualdad y al
derecho fundamental al debido proceso”. Recuerda que el objeto de la acción
pública de inconstitucionalidad es activar la jurisdicción para que efectúe el
control abstracto de las leyes, no para procurar el amparo directo de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, pues la vía procesal para el efecto
es la acción de tutela.
Por tanto, concluye que las razones aducidas en la
demanda, al no dirigir ningún reproche concreto de inconstitucionalidad de las
normas demandadas, carecen de los elementos mínimos que facultan a la Corte
para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la controversia planteada.
VI.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 numeral 5º de la Constitución
Política, la Corte es competente para conocer de la presente demanda.
Cuestiones preliminares
2.
Los intervinientes han expuesto varios argumentos por los cuales la Corte debe
abstenerse de conocer del fondo de la controversia planteada por el señor Acero
Acosta y, en su lugar, proferir un fallo inhibitorio. En primer lugar, se exponen
dudas en torno a la legitimación del demandante, por tratarse de una persona
condenada a pena privativa de libertad y a la accesoria de interdicción para el
ejercicio de derechos y funciones públicas, lo que le privaría del derecho a
interponer la acción pública de inconstitucionalidad. En segundo lugar, se ha
cuestionado la vigencia del contenido normativo objeto de acusación. En tercer
lugar, algunos intervinientes han manifestado reparos en torno a la aptitud de
la demanda. Por último, a excepción de la Defensoría del Pueblo y de la
ciudadana María Victoria Rueda, los demás intervinientes sostienen que se
presenta cosa juzgada constitucional, por cuanto la norma demandada ya fue
examinada por la Corte y declarada exequible en la sentencia C-392 de 2000.[54]
La Sala examinará, en
el orden expuesto, las cuestiones que han de ser consideradas a fin de
verificar si se reúnen los presupuestos que la habilitan para proferir una
decisión de fondo.
Primera cuestión preliminar. Legitimación del demandante para interponer acción
pública de inconstitucionalidad
3. En el auto del trece
(13) de enero de dos mil quince (2015), por el cual se admitió la presente
demanda, se hizo la salvedad de
que el accionante se encuentra privado de la libertad en virtud de una sentencia
condenatoria, lo que comporta la pena accesoria de inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas.  Tanto la Vista Fiscal como el
apoderado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario sustentaron la
necesidad de proferir un fallo inhibitorio, ante la carencia de legitimación
para actuar del señor Acero Acosta.
Sin embargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante autos
241[55]
y 242[56]
de 2015, modificó su jurisprudencia previa para señalar que la pena de
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas no priva a
los condenados del derecho a interponer la acción pública de
inconstitucionalidad.  Las razones para fijar este nuevo precedente fueron
sintetizadas en los siguientes términos:
“(i) La Constitución sólo exige
ostentar la calidad de ciudadano para ejercer el derecho a instaurar acciones
de inconstitucionalidad. (ii) Si bien este es un derecho político, es también
fruto del derecho fundamental a acceder a la administración de justicia, que en
el marco político es además universal. Dado que el acceso a la justicia es
esencial para garantizar el goce efectivo de los demás derechos y libertades, y
para definir los límites de las instituciones estatales, la suspensión parcial
del derecho a interponer acciones públicas no es sólo la restricción de un
derecho político, sino la reducción de la efectividad de todos los demás
derechos constitucionales, lo cual es inadmisible. (iii) Es necesario ser
coherente con el desarrollo institucional de la acción pública de
inconstitucionalidad, y esto supone no detener la ampliación del grupo de
ciudadanos colombianos titulares de ese derecho fundamental, aunque es preciso
aclarar que no se trata de ampliar el catálogo de derechos de las personas
condenadas, sino de garantizar su acceso a la justicia constitucional. (iv) Es
necesario actualizar el entendimiento de la Constitución para comunicarlo con
la realidad penitenciaria y el derecho internacional de los derechos humanos.”
4. Conforme a la regla de decisión fijada en las providencias antes
mencionadas, la Sala Plena reconoce la legitimación del ciudadano Edgar Eduardo
Acero Acosta para interponer esta acción de constitucionalidad.
Segunda cuestión sustantiva. Vigencia de la
norma acusada
5. La Sala advierte que en este debate se han
planteado tres posturas divergentes en torno a la vigencia de la norma sobre la
que recae la acusación y, ligada a esta, sobre la competencia de la Corte para
enjuiciar su constitucionalidad. En este aspecto se discute si la norma acusada,
que exige a los condenados por los Jueces Penales del Circuito Especializado
cumplir el 70% de la pena para acceder al permiso de hasta por setenta y dos
horas previsto en el artículo 147 del Código Penitenciario, se encuentra
vigente; de no estarlo, si continúa produciendo efectos que ameriten un
pronunciamiento de este Tribunal.
5.1. La primera interpretación, sostenida por el
demandante y una de las intervinientes,[57]
plantea que la norma acusada no se encuentra vigente, pues fue introducida en
virtud de la modificación efectuada por el artículo 29 de la Ley 504 de 1999.[58]
Conforme al artículo 49 de dicha ley, todas sus disposiciones (entre ellas su
artículo 29), tendrían una vigencia temporal de ocho (8) años; término que,
según el actor culminó el 1 de julio de 2007.[59]
De acuerdo con esta interpretación, la pérdida de vigencia del artículo 29 de
la Ley 504 de 1999 implica que ya no es exigible a los condenados por la
Justicia Especializada el requisito de descontar el 70% de la pena como
condición para acceder al permiso de hasta setenta y dos (72) horas. No
obstante, se pide a la Corte emitir un pronunciamiento de fondo sobre este
contenido normativo pues, pese a no estar vigente, continúa siendo aplicado por
los Jueces de Ejecución de Penas de algunos distritos judiciales, lo que se
traduce en un trato desigual injustificado para las personas condenadas por los
Jueces Penales del Circuito Especializado.
5.2. La segunda interpretación, sostenida por el Delegado para Asuntos Constitucionales y
Legales de la Defensoría del Pueblo y el Director del Área Forense e
Investigación Criminal de la Universidad Manuela Beltrán, coincide con la
anterior en señalar que la norma acusada ha
perdido vigencia. Sin embargo, en razón de ello, argumentan que la Corte debe
inhibirse para fallar sobre el fondo de esta controversia. Conforme a la
posición planteada por la Defensoría del Pueblo, la pérdida de vigencia del
artículo 29 de la Ley 504 de 1999 implicó que de nuevo cobrara efectos el texto
original del numeral 5º del artículo 147 del Código Penitenciario y Carcelario,[60] con lo cual la demanda formulada por el
ciudadano Acero Acosta no recae sobre una proposición jurídica real y existente.
5.3. La tercera interpretación,
planteada por el apoderado del Ministerio de Justicia, afirma que la
modificación introducida al numeral 5º del artículo 147 del Código
Penitenciario en virtud del artículo
29 de la Ley 504 de 1999 no ha perdido vigencia.  Sustenta su tesis en
reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia que, en sede de tutela, ha sostenido que la ampliación indefinida de
la vigencia de la Justicia Penal Especializada, operada en virtud del artículo
46 de la Ley 1142 de 2007, implica a su vez que, para las personas condenadas por
estas autoridades, se mantenga vigente el requisito establecido en la norma
objeto de controversia.
6. En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional
ha sostenido que la acción pública de inconstitucionalidad no es el escenario
para dirimir controversias en torno a la vigencia de las normas, pues aquella
se orienta a establecer si el procedimiento de expedición o el contenido de la
norma demandada se ajustan a lo previsto en la Constitución. Sin embargo,
también ha señalado que la pregunta por la vigencia de las normas acusadas
cobra sentido en sede de control abstracto para efectos de establecer si se
cumple con uno de los presupuestos que deben verificarse para proferir una
decisión de fondo. A este respecto, la Corte ha sostenido que: (i) cuando no
existen dudas sobre la pérdida de vigencia de la norma acusada, sea porque ha
operado su derogatoria o porque se trata de una norma de efectos temporales una vez que ha vencido su
término de vigencia, la Corte debe inhibirse, salvo que el contenido normativo
acusado siga produciendo efectos; (ii) cuando,
por el contrario, la vigencia de una disposición es dudosa, pues existe
incertidumbre acerca de su derogatoria tácita o de su pérdida de vigencia, la
Corte debe pronunciarse de fondo, pues la norma acusada podría estar
produciendo efectos.[61]
En relación con la competencia de
este Tribunal para pronunciarse sobre normas de efectos temporales, una vez estos
han concluido, la Corte ha señalado que “cuando se
trata de pronunciarse sobre la constitucionalidad de una norma de efectos
temporales, una vez que ha vencido su término de vigencia, no hay lugar a
emitir un fallo de fondo dado que tal decisión sería inocua tanto si se declara
la exequibilidad de tales disposiciones, como si se afirma su inexequibilidad.
Lo primero, por cuanto, ante el vencimiento del término de vigencia de la ley,
ésta, de todas maneras, sería inaplicable pese a su conformidad con el Estatuto
Superior. Lo segundo, por cuanto la expulsión de esas normas del ordenamiento
jurídico no puede conducir al desconocimiento de las situaciones jurídicas
consolidadas bajo su vigencia.”[62]
7. En el presente caso se plantean dudas en torno a la vigencia de la
norma demandada. El demandante y tres de los intervinientes sostienen que la
modificación que el artículo 29 de la Ley 504 de 1999 introdujo al numeral 5º
del artículo 147 del Código Penitenciario no se encuentra vigente, por cuanto
aquella norma estaba contenida en una ley que de manera expresa limitó sus
efectos temporales por un término de ocho (8) años, que cesaron el 1 de julio
de 2007.  Por su parte, el apoderado del Ministerio de Justicia ha planteado
una tesis, respaldada con jurisprudencia de tutela proferida por la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia, según la cual las normas que regulan la
Justicia Penal Especializada (entre las que se encuentra el precepto acusado)
mantuvieron su vigencia, comoquiera que el artículo 46 de la Ley 1142 de 2007
amplió con carácter indefinido las normas incluidas en el capítulo IV
Transitorio de la Ley 600 de 2000, es decir, las que regulan la justicia penal
especializada. [63]
Conforme a tal entendimiento:
“(E)l
lapso de vigencia de la justicia penal especializada establecido en el artículo
49 de la Ley 504 de 1999[64],
fue modificado por las Leyes 600 de 2000 –capítulo transitorio-, 906 de 2004 y
1142 de 2007 –artículo 46-, las cuales extendieron -antes del vencimiento de
los 8 años señalados en aquella disposición- la permanencia de la mencionada
especialidad.
En este sentido, el numeral 5º del artículo 147 del
Código Penitenciario y Carcelario -modificado por el artículo 29 de la Ley 504
de 1999- se encuentra vigente y así será, mientras perdure la justicia penal
especializada, a no ser que el Legislador en ejercicio de su facultad
normativa, disponga regular de forma diferente el asunto relacionado con el
permiso administrativo de hasta 72 horas, lo cual por el momento no ha
ocurrido.”[65]
8. No corresponde a la Sala mediar en esta discusión,
sino tan solo limitarse a constatar que, en virtud de la interpretación acogida
por la Corte Suprema de Justicia en algunas sentencias de tutela, se ha
entendido que la norma acusada mantiene su vigencia y, por tanto, continúa
produciendo efectos. En ese orden de ideas, se verifica el segundo de los
presupuestos que habilitan a este Tribunal para pronunciarse sobre el fondo de
la controversia planteada. Con todo, aún resta examinar si concurren los demás
requisitos para el efecto.
Tercera cuestión sustantiva. Aptitud de la
demanda
9. El
artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 establece que las demandas que presenten
los ciudadanos en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad
deberán contener: (i) el señalamiento y transcripción de las normas acusadas;
(ii) la indicación de las normas constitucionales que se consideran infringidas
y de (iii) las razones por las cuales se estiman violadas. Adicionalmente,
deberá indicarse (iv) la razón por la cual la Corte es competente para conocer
de la demanda y, cuando la norma se impugne por vicios de forma (iv) el señalamiento
del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado
y la forma en que fue quebrantado.
El tercero de los requisitos
antes indicados, conocido como concepto de violación, requiere que el
demandante despliegue una labor argumentativa que permita a la Corte fijar de
manera adecuada los cargos respecto de los cuales debe pronunciarse para, de
este modo, respetar el carácter rogado del control de constitucionalidad.  A
partir de la sentencia C-1052 de 2001[66],
este Tribunal ha consolidado una doctrina según la cual toda demanda debe
satisfacer unos mínimos argumentativos en términos de claridad, certeza,
especificidad, pertinencia y suficiencia. En este orden de ideas, se cumple con
la exigencia de claridad cuando existe un hilo conductor de la
argumentación que permite comprender el contenido de la demanda y las
justificaciones en las cuales se soporta; hay certeza cuando la demanda
recae sobre una proposición jurídica real y existente y no en una que el actor
deduce de manera subjetiva, valga decir, cuando existe una verdadera
confrontación entre la norma legal y la norma constitucional; hay especificidad
cuando se define o se muestra cómo la norma demandada vulnera la Carta
Política; hay pertinencia cuando se emplean argumentos de naturaleza
estrictamente constitucional y no de estirpe legal, doctrinal o de mera
conveniencia; y hay suficiencia cuando la demanda es capaz de despertar
siquiera una duda mínima sobre la exequibilidad de la norma demandada.
10. En relación con el requisito de
especificidad, la jurisprudencia ha establecido que para satisfacerlo es
preciso que el cargo formulado establezca una confrontación entre el contenido
de la norma acusada y el de las disposiciones constitucionales que se estiman
infringidas, y que el actor sustente por qué existe oposición entre una y
otras. Ello no ocurre cuando el demandante omite referirse a la
incompatibilidad que se plantea en abstracto entre la norma acusada y los
preceptos superiores, y en cambio cuestiona los problemas de constitucionalidad
que plantea su aplicación en casos concretos.
Aun antes de sistematizar en la sentencia C-1052 de 2001 las exigencias
argumentativas mínimas que debe reunir el concepto de violación, la Corte
descartó la aptitud de demandas que no acusaban la constitucionalidad en
abstracto de normas, sino su aplicación a casos concretos. Así, en la sentencia
C-357 de 1997[67] sostuvo que “(l)os cargos que
se formulen por un ciudadano contra una norma integrante del orden jurídico,
para pedir a esta Corte que la declare inconstitucional, no pueden fundarse,
entonces, en sus desarrollos específicos, ni referirse a su ejecución práctica
o a los abusos que puedan cometerse por los operadores jurídicos en casos
concretos. Puesto que el juicio de constitucionalidad implica la confrontación
en abstracto entre el contenido de la disposición acusada y la preceptiva
fundamental, las demandas que busquen su inexequibilidad deben aludir a ella en
los mismos términos”. En la sentencia C-447 de 1997[68] señaló que “no
existe materialmente cargo, si el demandante en realidad no está acusando el
contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver
un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la
disposición en un caso específico”. En la sentencia
C-048 de 2004[69] reiteró que “no se puede pretender […] que
en cualquier caso de indebida aplicación de las normas jurídicas por parte de
los funcionarios judiciales, sea el órgano encargado de la guarda y supremacía
de la Constitución, en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad,
quien dirima asuntos particulares y concretos, pues ello conlleva la
desnaturalización de esta acción pública”. En la sentencia C-1006 de
2008[70]
reafirmó que “los cargos no pueden fundarse en los desarrollos específicos
de la norma acusada, ni referirse a su ejecución práctica o a los abusos que
puedan cometer los operadores jurídicos en su aplicación”.
11. En el presente caso, tanto la
Vista Fiscal como el Director del
Área Forense e Investigación Criminal de la Universidad Manuela Beltrán consideran
que el escrito de acusación, en lugar de mostrar de qué manera el contenido de
la norma acusada desconoce los artículos 13 y 29 de la Constitución, se orienta
a censurar la actuación de algunas algunas
autoridades judiciales que no dan aplicación uniforme al beneficio contenido en
el artículo 147 del Código Penitenciario.  Ambos intervinientes
concluyen que las razones aducidas en la demanda, al no dirigir ningún reproche
específico de inconstitucionalidad de las normas demandadas, carecen de los
elementos mínimos que facultan a la Corte para emitir un pronunciamiento de
fondo sobre la controversia planteada.
12.
La Sala comparte la posición planteada por estos intervinientes.  Si bien
advierte que el demandante plantea un problema que reviste relevancia
constitucional, en tanto pone de manifiesto la disparidad interpretativa que ha
surgido en torno a la aplicación de la norma acusada, y sus efectos en
decisiones judiciales que deciden de manera diferente peticiones presentadas
por condenados que se encuentran en similar situación, el control abstracto de
constitucionalidad no es el escenario adecuado para plantear esta controversia.
El
demandante no plantea ningún argumento orientado a sustentar por qué, considerada
en abstracto, la norma que exige a los condenados por los Jueces Penales del
Circuito Especializado cumplir con un 70% de la pena antes de acceder al
permiso de hasta setenta y dos (72) horas, vulnera los principios
constitucionales de igualdad, debido proceso y favorabilidad. El ciudadano
Acero Acosta encamina su escrito de acusación a sostener: (i) la inexistencia
de cosa juzgada constitucional en el presente caso; (ii) la pérdida de vigencia del artículo 29 de la Ley 504
de 1999; (iii) la disparidad de interpretaciones que, sobre esto último, se
presenta entre los Jueces de Ejecución de Penas y los Tribunales Superiores de
distintos distritos judiciales; (iv) la vulneración de los principios de
igualdad, favorabilidad y debido proceso para los condenados a quienes se les
niega el permiso de las setenta y dos horas con fundamento en la aplicación del
artículo 29 de la Ley 504 de 1999, en relación con el tratamiento dispensado a
otros condenados a quienes, en su misma situación, les ha sido concedido esta
beneficio, por entender que el requisito previsto en aquella norma ha perdido
vigencia.
No es el control
abstracto de constitucionalidad la sede para conocer de la presunta vulneración
de los derechos fundamentales que expone el accionante. La competencia recae en
el juez ordinario, que conoce de los recursos de apelación en contra de las
decisiones que fundamenten la negativa a otorgar el citado beneficio
administrativo. También, de manera excepcional, en el juez de tutela cuando el
mecanismo ordinario de defensa judicial no haya sido efectivo y se demuestre la
afectación de derechos fundamentales en el caso concreto.
13. En ese orden de ideas, los cargos formulados no
satisfacen el requisito de especificidad y, por tanto, no habilitan a la Corte
para pronunciarse sobre el fondo de la controversia. Por tanto, se impone
proferir un fallo inhibitorio, por ineptitud sustantiva de la demanda.  En
consecuencia, al carecer de competencia para asomarse al fondo de la acusación
planteada, no procede examinar si, como lo sostienen algunos intervinientes, sobre
la misma existe cosa juzgada.
Conclusiones
14. La Sala Plena es convocada a pronunciarse sobre la
acción pública de inconstitucionalidad propuesta contra el artículo 147 numeral
5º de la Ley 65 de 1993 “Por la cual se expide el Código Penitenciario y
Carcelario”, modificado por el artículo 29  de la Ley 504 de 1999.[71]
La norma acusada establece que las personas condenadas por los Jueces Penales
del Circuito Especializados sólo pueden acceder al permiso de hasta setenta y
dos (72) horas cuando, además de cumplir con los restantes requisitos, hayan
cumplido el 70% de la pena impuesta. El demandante sostiene que la norma
acusada, pese a haber perdido vigencia, sigue siendo aplicada en algunos
distritos judiciales para imponer a las personas condenadas por los Jueces
Penales del Circuito Especializados mayores exigencias para acceder al permiso
hasta de setenta y dos (72) horas, consagrado en el Código Penitenciario y
Carcelario, en relación con las requeridas a otros condenados, lo que a su
juicio constituye una vulneración de los derechos a la igualdad (art. 13 CP),
al debido proceso y la favorabilidad (art. 29 CP).
15. El demandante se encuentra privado de la libertad
en cumplimiento de una sentencia penal ejecutoriada en la que, además de la
pena de prisión, se le impuso la condena accesoria de inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas. La Corte Constitucional, atendiendo
al precedente fijado por la Sala Plena en los autos 241 y 242 de 2015, admitió
su legitimación para actuar, por entender que la única condición exigida por la
Carta para ejercer el derecho a instaurar acciones de inexequibilidad es la
ciudadanía, y no además la ciudadanía en ejercicio.
16. De otro lado, aunque existe
controversia en torno a la vigencia de la norma demandada, se constató que la
Corte Suprema de Justicia en algunas sentencias de tutela ha entendido que la modificación
introducida al artículo 147 numeral 5º del Código Penitenciario en virtud de lo
dispuesto por el artículo 29  de la Ley 504 de
1999 mantiene su vigencia, comoquiera que el artículo 46 de la Ley 1142 de 2007
amplió con carácter indefinido las normas incluidas en el capítulo IV
Transitorio de la Ley 600 de 2000, es decir, las que regulan la justicia penal
especializada. En atención a esta interpretación, la norma demandada continúa
produciendo efectos lo que, en principio, habilita este Tribunal para
pronunciarse sobre su constitucionalidad.
17. Sin embargo, al examinar la
aptitud de la demanda, la Sala Plena concluyó que esta no reunía los requisitos
mínimos que hicieran posible a la Corte emitir una decisión de fondo.  En
particular, la Sala consideró que los cargos planteados carecían de especificidad
por cuanto no formulaban ningún argumento orientado a sustentar por qué, considerada en abstracto, la norma que
exige a los condenados por los Jueces Penales del Circuito Especializado
cumplir con un 70% de la pena antes de acceder al permiso de hasta setenta y
dos (72) horas, vulnera los principios constitucionales de igualdad, debido
proceso y favorabilidad. En lugar de ello, el demandante concentró sus
esfuerzos argumentativos en demostrar la existencia de interpretaciones
divergentes en torno a la vigencia de la norma acusada y en sostener que, en
razón de tal disparidad de criterios, algunas personas condenadas por los
Jueces Penales del Circuito Especializado han sido objeto de un tratamiento
contrario a los principios de igualdad, favorabilidad y debido proceso. Por
lo anterior, la Corte se declaró inhibida para pronunciarse de fondo, por
ineptitud sustantiva de la demanda.
VII. DECISION
En
mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 147 numeral 5º de la Ley 65 de 1993 “Por la cual se expide
el Código Penitenciario y Carcelario”, modificado por el artículo 29 de la Ley 504 de 1999, por ineptitud
sustantiva de la demanda.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese,
cúmplase y archívese el expediente.
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Presidenta
MYRIAM AVILA ROLDAN
Magistrada (E)
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con aclaración de
voto
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
Con aclaración de
voto
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SACHICA MENDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA C-387/15
ACLARACION DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA C-387 DE 2015
DERECHO DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD-Legitimación para interponer demanda de
inconstitucionalidad (Aclaración de voto)
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Es necesario considerar el concepto de la acción y la
interpretación sistemática de la Carta Política para entender la noción de
ciudadanía que faculta a los sujetos a interponerla (Aclaración de voto)
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Derecho político (Aclaración de voto)/ACCION
PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Finalidad objetiva (Aclaración de voto)
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD Y PRINCIPIO
DEMOCRATICO-Presentación por
ciudadano (Aclaración de voto)
CIUDADANIA-No
puede ser confundida con nacionalidad (Aclaración de voto)/CIUDADANIA-Atributo
fundamental para el ejercicio de derechos políticos (Aclaración de voto)
CIUDADANIA-Atributo
que puede ser suspendido temporalmente por decisión judicial (Aclaración de
voto)
CIUDADANIA Y PRINCIPIO DEMOCRATICO-Relación hace que interdicción de derechos políticos
sea admisible y genere que posibilidad de demandar en acción pública de
inconstitucionalidad sea restringido temporalmente (Aclaración de voto)
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Interpretación sistemática de la Constitución muestra
razones para que sujetos condenados penalmente con interdicción de derechos
civiles y políticos no la puedan interponer (Aclaración de voto)
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL-No se agota en la acción pública por cuanto existen
varias acciones constitucionales para la defensa de derechos subjetivos
(Aclaración de voto)/ACCION DE TUTELA-No tiene ninguna restricción de
acceso a la justicia por ser mecanismo por excelencia para la defensa de
derechos (Aclaración de voto)
DERECHOS FUNDAMENTALES-No son absolutos y tienen límites (Aclaración de voto)
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Cambio de jurisprudencia no considera análisis acerca
de la racionalidad de las restricciones por cuanto decisión parte de una idea
errada (Aclaración de voto)
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-No es absoluto (Aclaración de voto)
LEGITIMACION PARA INTERPONER ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-No parece equitativo
ni justo que quien ha decidido romper las reglas de la legalidad y la
democracia no pueda ser destinatario de una restricción temporal en el
ejercicio de un derecho político (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente D-10536
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 147 numeral 5º de la Ley 65 de 1993 “Por la cual se expide el
Código Penitenciario y Carcelario”.
Magistrada Ponente:
María Victoria Calle Correa
1. Con el acostumbrado respeto, me aparto de la posición mayoritaria de
la Corte que consideró que las personas condenadas penalmente que han recibido
como pena principal o accesoria la interdicción de sus derechos políticos,
pueden ejercer la acción pública de inconstitucionalidad.
Los Autos 241 y 242 de 2015, que cambiaron la jurisprudencia vigente y
que la sentencia acoge plenamente, consideran que los ciudadanos condenados a
pena privativa de libertad que tienen suspendidos sus derechos políticos, como
pena principal o accesoria, tienen legitimidad para instaurar acciones públicas
de inconstitucionalidad, por las siguientes razones:
a.
La Constitución no hace distinciones frente a
ciudadanos. Autoriza que todos los ciudadanos puedan interponer la acción
pública de inconstitucionalidad (Art. 40-6)
b.
El entendimiento de la Constitución debe actualizarse.
Existe un derecho fundamental a acceder a la administración de justicia
constitucional, que no puede ser restringido por el derecho penal de orden
legal.
c.
No se puede hacer una lectura limitada de estos
derechos. Se debe dar una ampliación progresiva del grupo de ciudadanos
titulares del derecho a demandar en acción pública.
d.
Es preciso actualizar el entendimiento de la
Constitución a la situación carcelaria del país.
2.
En mi opinión, los argumentos de la mayoría dejaron de considerar varios
elementos constitucionales importantes para analizar la situación y estudiar el
cambio de jurisprudencia sobre la legitimación para interponer la acción
pública de inconstitucionalidad. Como consecuencia, se ha presentado una
transformación de criterio que no es coherente en términos conceptuales ni
sistémicos. En efecto, la
posición mayoritaria resulta extra-inclusiva y genera confusiones sobre varios
temas: la noción de la acción pública de inconstitucionalidad, la
interpretación sistemática de la Carta Política, el entendimiento del concepto
de ciudadanía y de los derechos políticos, así como la comprensión de los
mecanismos de protección de los derechos fundamentales.
Sostengo
que la tesis más adecuada es que los sujetos condenados penalmente que también
sean destinatarios de penas principales o accesorias de interdicción de derechos
civiles y políticos, no deberían estar habilitados para interponer
acciones públicas de inconstitucionalidad por razones relacionadas con (i) el
principio democrático y la noción de ciudadanía desde una interpretación
sistemática de la Constitución; (ii) la naturaleza de la acción pública de
inconstitucionalidad y el derecho de acceder a la administración de justicia; y
(iii) la comprensión integral de las potencialidades y límites de la acción
pública.
Voy a sustentar mis afirmaciones a través
del análisis de los argumentos acogidos por la mayoría, metodología que me
permitirá mostrar las imprecisiones y contradicciones que generan.
3.
Frente al primer argumento, que afirma que la Constitución no hizo distinciones
entre los ciudadanos para efectos de determinar la facultad de interponer la
acción pública de inconstitucionalidad, es necesario considerar el concepto
de la acción -como forma de activar el control judicial de
constitucionalidad- y la interpretación sistemática de la Carta Política
para entender la noción de ciudadanía que faculta a los sujetos a interponer la
acción pública.
4. La acción pública de
inconstitucionalidad, es un derecho político y por ende una conquista
democrática. Su finalidad
es la defensa del orden constitucional objetivo. Es un mecanismo que busca
garantizar la integridad y la supremacía constitucionales. Tales propósitos
implican que este instrumento no tiene como fin directo la defensa de derechos
subjetivos, aunque esta pueda ser una consecuencia derivada de su ejercicio,
resultado que puede ser más notorio en Estados con carencias institucionales
fuertes. Por lo tanto, ya que se trata de una finalidad objetiva, no existiría
un perjuicio para los derechos fundamentales de los ciudadanos que no puedan
ejercerla de manera temporal, como resultado, por ejemplo, de la interdicción
de derechos políticos impuesta como pena principal o accesoria.
5. Esta comprensión de la finalidad y
naturaleza de la acción ha generado que en muchas partes del mundo sea
cualificada: requiere de un número amplio de ciudadanos, de congresistas o de
miembros de un partido para su presentación. No obstante, el régimen colombiano
es más abierto y sólo exige que quien acuda a la figura, lo haga en calidad de
ciudadano. La razón de ser de ese requerimiento, obedece a varias
características ligadas con el principio democrático: (i) la acción de
inconstitucionalidad faculta a quienes forman parte del juego democrático, a
refutar e incluso desvirtuar por completo, la labor de sus representantes elegidos
popularmente para legislar; (ii) se erige como un canal institucional para
realizar este control; y (iii) pretende asegurar la integridad y la supremacía
de la Constitución. El control de las leyes en una democracia constitucional,
que implica paralelamente el escrutinio de la labor de los representantes
elegidos por voto popular, corresponde entonces, a quienes forman parte de ese
juego democrático, que no son otros que los ciudadanos.
6. Ahora bien, la ciudadanía no puede ser
confundida con la nacionalidad (art 96 CP). La ciudadanía, tal y como lo
reconocen la Filosofía Política, el Derecho Internacional, la Constitución y la
Ley, suele ser un atributo fundamental para el ejercicio de los derechos
políticos, en la medida en que precisamente es ella, la que da cuenta de que
una persona forma parte de una comunidad política. Por esa razón, la ciudadanía
puede ser sometida a requisitos y limitaciones, generales o específicos, como
por ejemplo a condiciones de edad para sufragar o de pertenencia a un determinado
país, lo que ofrecería limitaciones para la toma de ciertas decisiones
democráticas, por ejemplo, a los extranjeros. Por lo tanto, no se trata de un
conjunto de potestades ilimitado o en cabeza de todos los sujetos que se
encuentran en el territorio de un Estado.
De hecho, la propia Constitución ha determinado que la
ciudadanía es un atributo que puede ser suspendido temporalmente en virtud de
decisión judicial (art. 98 CP). Efectivamente, quienes han sido condenados
penalmente, resultan generalmente sometidos a penas accesorias de interdicción
de sus derechos políticos aquí y en otros países del mundo, tradicionalmente
durante el tiempo de cumplimiento de la pena. Desde una perspectiva ligada, en
general, a la teoría política, se considera que estas medidas tienen un sentido
porque sus destinatarios son personas que al cometer delitos graves
desconocieron las reglas democráticas de su comunidad y, bajo ese supuesto,
sólo pueden formar parte del juego democrático nuevamente, una vez hayan
cumplido con las sanciones correspondientes.
De acuerdo con esta perspectiva, el concepto de
ciudadanía y su relación con el principio democrático hacen que la interdicción
de derechos políticos sea admisible y genere que el ejercicio de uno de ellos
-la posibilidad de demandar en acción pública de inconstitucionalidad una
norma- pueda ser restringido temporalmente, sin que ello sea antidemocrático o
violatorio de la potestad de ser ciudadano. Por el contrario, se trata de la
aplicación de una regla que establece una sanción limitada ante la conducta de
un sujeto que ha roto las reglas del sistema democrático.
7.
Por otra parte, la interpretación sistemática de la Constitución -y no
sólo del artículo de la acción pública tomado de manera aislada- muestra buenas
razones para que los sujetos condenados penalmente con interdicción de derechos
civiles y políticos no puedan interponer acciones públicas de
inconstitucionalidad: la calidad de ciudadano implica deberes (art. 95 CP) y
por eso la ciudadanía se puede suspender por decisión judicial (art. 98 CP).
Además, frente al argumento según el cual la Constitución no estableció
expresamente en el artículo 40.6 de la Carta, que los legitimados para
interponer la acción debían ser ciudadanos en ejercicio, al revisar la Constitución
puede verse que ésta sólo habla de ciudadanos en ejercicio cuando establece la
ciudadanía como un requisito para acceder a ciertos cargos públicos (artículos
98, 172, 177, 191, 232 CP, entre otros). De tal suerte, el argumento literal no
es muy fuerte para adelantar un ejercicio hermenéutico completo, mientras que
el argumento sistemático revela elementos que sí apoyan la posibilidad legítima
de establecer ciertas limitaciones al ejercicio de la ciudadanía, entre ellas
frente a la posibilidad de presentar la acción de inconstitucionalidad.
8. Como lo reconocen los autos 241 y 242
de 2015, en los que se fundamenta la decisión de la referencia[72], la
jurisprudencia constitucional había sostenido hasta ahora que, quienes estén
condenados, por sentencia en firme, a sanciones principales o accesorias que
incluyan la interdicción de derechos civiles u políticos carecen de
legitimación para interponer acciones públicas de inconstitucionalidad. Esa
tesis se ha fundado, en que:
(i)   Toda pena de
prisión lleva como accesoria una de inhabilitación para ejercer derechos y
funciones públicas, en virtud de la ley penal.
(ii)El derecho a instaurar acciones públicas de
inconstitucionalidad tiene la connotación de un derecho político, susceptible
de ejercerse únicamente por quienes hayan alcanzado la ciudadanía y además estén en el
ejercicio de ella.
(iii)
Los derechos políticos se reservan a los nacionales, aunque la ley
podría concederles a los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto
en determinadas elecciones y consultas populares (CP art. 100).
(iv)
La sola titularidad de estos derechos por parte de los
nacionales no los habilita automáticamente para ejercerlos, ya que necesitan
también adquirir la ciudadanía, lo cual se logra con la mayoría de edad y se
acredita con la cédula.
(v) La ciudadanía
puede perderse de hecho cuando se renuncia a la nacionalidad, y "su
ejercicio [el de la ciudadanía] se puede
suspender en virtud de decisión judicial en los casos que determine la ley” (CP art 98).
(vi)
La ley ha dispuesto que en ciertos casos se puede
suspender el ejercicio de la ciudadanía, a causa de la comisión de un delito
sancionado con pena (principal o accesoria) de inhabilitación para ejercer
derechos y funciones públicas,
(vii)
Si se suspende el ejercicio de la ciudadanía en virtud
de una sentencia penal que imponga una condena de esa naturaleza, se pierde
también legitimidad para interponer acciones públicas, por tratarse de un
derecho político.
9. Considero que en este momento no
existe un cambio constitucional que favorezca una interpretación de los derechos políticos de los
colombianos o del concepto de ciudadanía, diferente a
la sostenida hasta ahora por la Corte. Los autos 241 y 242 de 2015, así como la
providencia en referencia, insisten en que la Carta no hizo ninguna distinción
en el artículo 40 entre ciudadanos, pero llegar a esa conclusión supone
desconocer la Carta y su análisis sistemático, porque el artículo 95 regula los
deberes del ciudadano y el 98 preceptúa los límites a la ciudadanía. Una
lectura parcial de la Carta, sí supondría que la interpretación de la Corte
-que se ha revaluado en esta ocasión- estaba errada. Con todo, ahora se
fundamenta el cambio jurisprudencial en un solo artículo constitucional, pero
antes se hizo una interpretación sistemática cuyas fuentes no han sido
reformadas.
10. Con respecto
al segundo argumento, es discutible la existencia de un derecho fundamental
de acceso a la justicia constitucional que se materialice de manera esencial en
la acción pública de inconstitucionalidad y, aunque existiera, podría ser
limitado dentro de ciertos estándares. En efecto, los requerimientos para el
acceso a la administración de justicia, en general, y a la constitucional, en
particular, no son, per se, inconstitucionales o desproporcionados. Por
otra parte, la justicia constitucional no se agota en la acción pública,
existen varias acciones constitucionales para la defensa de derechos
subjetivos. El mecanismo por excelencia es la acción de tutela, que justamente
por esa razón no tiene ninguna restricción de acceso. No es válido reducir la
justicia constitucional a una sola acción que ni siquiera pretende, de manera
directa, proteger derechos subjetivos. Por lo tanto, no hay un sustento
plausible que fundamente la obligación de que el ordenamiento garantice que cualquier
ciudadano pueda acceder, sin ningún límite o requisito, a la justicia
constitucional por medio de la acción pública de inconstitucionalidad. Sostener
lo contrario llevaría al absurdo de considerar inconstitucional el diseño de
otras acciones, como la acción de nulidad por inconstitucionalidad y de otros
mecanismos constitucionales de defensa de derechos que establecen límites y
requisitos propios.
11. Además de la posición reduccionista que
asimila la justicia constitucional a la acción pública de inconstitucionalidad
y de la falta de consideración de la posibilidad de establecer límites y
requisitos razonables a la misma, la sentencia
genera una diferenciación indebida en el ejercicio de los derechos políticos al
señalar que existe un derecho fundamental a acceder a la justicia
constitucional, a través de la acción de inconstitucionalidad, para dejar de
lado una reflexión paralela sobre los demás derechos políticos de los reclusos,
como son el derechos a elegir, a ser elegido y a acceder a cargos públicos. Si
el tema de la suspensión de la ciudadanía no es relevante para analizar la
legitimación para presentar una acción de inconstitucionalidad ¿Por qué habría
de serlo para elegir y ser elegido? ¿Acaso no hay también un derecho
fundamental a elegir y ser elegido? ¿Por qué ese derecho sí puede ser limitado?
La argumentación del cambio de jurisprudencia no responde a ninguna de estas
preguntas.
En consecuencia,
la postura es incoherente. En efecto, no hace un análisis que considere la
premisa fundamental según la cual los derechos fundamentales no son
absolutos y tienen límites. Por tanto, no considera el análisis acerca de
la racionalidad de esas restricciones, elemento fundamental para
elaborar y aplicar una teoría que pretende cambiar la comprensión de un
derecho. Una lectura sistemática de la Carta desde criterios de razonabilidad
constitucional justifica que quienes se encuentren inhabilitados para ejercer
derechos y funciones públicas, no puedan votar, no puedan ser elegidos y
tampoco puedan   imponer acciones de inconstitucionalidad. En efecto, se trata
de sujetos que tienen restringido, en general, el ejercicio de sus derechos
políticos, sin que ello afecte un supuesto derecho de acceso a la justicia
constitucional, pues existen otras acciones que pueden proteger de mejor manera
sus derechos fundamentales, por ejemplo la acción de tutela.
12. Si bien es
interesante que la mayoría aluda a un supuesto derecho fundamental de acceso a
la justicia constitucional y, con base en ello concluya que no puede haber
restricciones de orden legal, como la penal, para presentar la acción de
inconstitucionalidad, se trata de una teoría que desconoce la literalidad de la
Carta y otros argumentos constitucionales relevantes, por eso se trata de una
tesis de la que se pueden derivar consecuencias absurdas. En efecto, el
artículo 98 de la Carta, autoriza suspender la ciudadanía por decisión
judicial, con base en la ley. La posición de la Sala supondría que de ninguna
forma podría limitarse, en virtud de la ley, el acceso a la acción de
inconstitucionalidad porque habría un derecho fundamental a poder presentar
esas acciones en defensa objetiva de la Constitución. Si eso es así, los
menores de edad podrían interponer la acción de inconstitucionalidad también,
sin restricciones, porque el mismo argumento opera para ellos y un derecho
fundamental es un derecho exigible por cualquier persona sin importar su edad,
porque es un atributo intrínseco.
En mi opinión, la
providencia parte de una idea errada del derecho de acceso a la justicia. En
efecto, éste tiene límites y restricciones -el procedimiento, los distintos
mecanismos de defensa, entre otros- que no implican un obstáculo a su
ejercicio. El acceso a la justicia, como otros derechos, no es absoluto. Por lo
tanto, restringir el ejercicio de derechos políticos, y por ende la posibilidad
de presentar la acción de inconstitucionalidad, no es un límite irracional al
acceso a la justicia, aunque se trate de la justicia constitucional.
13. Si el
argumento mayoritario se refiere al eventual impacto positivo de la acción
pública de inconstitucionalidad en los derechos de los sujetos condenados
penalmente, el análisis de la naturaleza de la acción no parece soportar una
conclusión como la sostenida por la mayoría, que considera que la acción puede
mejorar las condiciones de esta población que, como ha reconocido esta Corte en
sede de tutela, afronta un estado de cosas inconstitucional desde hace varios
años. Si la acción protectora de derechos por antonomasia, la tutela, no ha logrado
superar la situación ¿por qué habría de hacerlo una acción que no fue diseñada
para defender derechos subjetivos? Al parecer, la argumentación de la sentencia
pretende darle a la acción un alcance que no tiene, dados sus límites como
instrumento de defensa objetiva del ordenamiento.
14.
El tercer argumento mayoritario según el cual la Corte debe seguir una supuesta
inercia de ampliación progresiva en el constitucionalismo colombiano por
medio de la eliminación de restricciones en ciertas acciones constitucionales,
no es tan claro en términos políticos y filosóficos, pues tales límites
encuentran justificaciones que no son soslayables en un esquema democrático. Es
importante analizar los fundamentos de la pena de interdicción de derechos
políticos como parte de la dinámica de la democracia.
Las personas privadas de la libertad y
sometidas a penas de interdicción de derechos políticos, en principio, no
pueden votar, no pueden desempeñar cargos de elección popular, no pueden
posesionarse en cargos públicos, ni podían -conforme a la jurisprudencia
constitucional tradicional- controvertir en sede judicial, el mandato de los
representantes de los ciudadanos mediante la acción de inconstitucionalidad,
hasta que cumplan con sus obligaciones penales. Estas previsiones
constitucionales no carecen de sentido, por el contrario se soportan en el
principio democrático, en la naturaleza de la acción pública de
inconstitucionalidad y corresponden al establecimiento de límites razonables y
proporcionados.
15. El supuesto
“valor epistémico” –como lo llama la sentencia- de la “ampliación” de la
legitimación para interponer la acción pública de inconstitucionalidad
contradice la información que arroja cualquier ejercicio de Derecho
Constitucional Comparado. Efectivamente, son muy pocos los países que cuentan
con acción pública, casi todos la han instaurado de manera muy reciente, y los
Estados que cuentan con la acción desde hace décadas, no parecen haber visto
afectada la protección de los derechos de individuos en general o de los
condenados en particular, por la falta de una acción de inconstitucionalidad
que sea pública (ver por ejemplo Alemania, España, México, entre otros).
Por
otra parte, la eventual mayor cantidad de legitimados para demandar no mejora
la institución de la acción pública ni cualifica el control abstracto. Esta
conclusión también se apoya en el Derecho Comparado, pues muchos países con
altas exigencias para presentar la acción, también tienen mayores índices de
protección de derechos pues ésta depende de múltiples factores y no parece
particularmente relevante el carácter público de la acción de
inconstitucionalidad. Con base en la evidencia, mal podríamos concluir, sin
mayor análisis, que dar legitimación a más personas para que interpongan la acción
generará un cambio real en materia de protección de derechos. Es poco acertado
confiar a la acción pública de inconstitucionalidad la transformación
estructural frente a carencia de derechos.
16. Con respecto al cuarto argumento mayoritario, que
defiende la tesis de la necesidad de actualizar el entendimiento de la
Constitución debido a la situación carcelaria del país, creo que se trata de
una tesis que parte de una premisa errada. En efecto, no es cierto que
si se restringe -para el caso de los condenados- el derecho de acceso a la
acción de inconstitucionalidad, se limita " la efectividad de
todos los demás derechos y libertades e incluso la vigencia del Estado
Constitucional"[73]. Esta afirmación
confunde
la naturaleza de la acción de inconstitucionalidad con la acción de tutela, tal
como lo expliqué previamente. En efecto, las personas privadas de la libertad
son titulares de derechos fundamentales y no están excluidas de la protección
del Estado. Las deficiencias de las instituciones en materia carcelaria no
implican que los presos condenados carezcan de derechos fundamentales y que la
única acción pertinente para su defensa sea
la acción de inconstitucionalidad. De hecho, puede ser la acción menos adecuada
para la protección y salvaguarda celera de los derechos fundamentales de la
población carcelaria condenada, si se tiene en cuenta su naturaleza y
finalidad.
Llegar a la conclusión a la que arriba la
sentencia, supone que la acción de inconstitucionalidad tiene un rol
fundamental para superar la crisis de la situación carcelaria en Colombia, y
parte de la idea de que es mucho más pertinente que la acción de tutela, que
está dirigida precisamente a la protección inmediata de los derechos
fundamentales. Esta afirmación es equivocada, pues la acción no fue diseñada
para proteger derechos fundamentales ni tampoco para transformar deficiencias
estructurales en la protección de estos derechos. Es imperativo reconocer los
objetivos y los límites de cada acción para evitar la generación de falsas
expectativas y de nuevos vacíos institucionales que, a la larga, perjudican la
vigencia real del Estado Social de Derecho (art. 1 CP).
17. Por otra parte, el “principio
evolutivo” que propone la sentencia parte de una idea inexacta acerca de una
supuesta evolución en la protección de derechos que garantiza la Carta
Política. La Constitución ha previsto, desde que fue expedida, que todos los
ciudadanos tienen acceso a los derechos derivados de su condición en los
términos fijados por ella y por la ley. La idea de que se avanza porque ahora
incluimos a los sujetos condenados penalmente para que ejerzan la acción
pública de inconstitucionalidad es, al menos, dudosa. La valoración de una
supuesta evolución o avance no aparece sustentada en la sentencia de la cual
discrepo. De hecho, la nueva posición de la Corte sobre la legitimación para
interponer la acción pública puede tener una consecuencia opuesta en materia de
derechos. En efecto, no parece equitativo ni justo que quien ha decidido
romper las reglas de la legalidad y de la democracia no pueda ser destinatario
de una restricción temporal en el ejercicio de un derecho político, límite
razonable que no afecta de manera sustancial sus derechos fundamentales.
Permitir que cuente con este derecho, en cambio, envía un mensaje erróneo a la
sociedad acerca de la razonabilidad de las limitaciones a quienes han sido
condenados penalmente. El argumento de la Corte supondría, en
general, la ilegitimidad de ciertas penas.
18. Aunque estoy de acuerdo con que la
situación material de los reclusos es gravísima y exige cambios importantes, la
sentencia es poco realista cuando supone que esas grandes transformaciones
surgen de la acción pública de inconstitucionalidad. De hecho, la actual
posición de la mayoría en la Sala Plena genera un riesgo enorme al crear falsas
expectativas en sujetos que padecen violaciones constantes a sus derechos
fundamentales y, paralelamente, causa incongruencias en la percepción de los
derechos políticos y la posibilidad de limitarlos.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
ACLARACIÓN DE
VOTO DEL MAGISTRADO GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO A LA SENTENCIA C-387/15
LEGITIMACION DE PERSONAS CONDENADAS PARA
INTERPONER ACCIONES PUBLICAS DE INCONSTITUCIONALIDAD-Ejercicio del derecho constitucional de
acceso a la administración de justicia
(Aclaración de voto)
LEGITIMACION DE PERSONAS CONDENADAS PARA
INTERPONER ACCIONES PUBLICAS DE INCONSTITUCIONALIDAD-Reitera
aclaración de voto de los autos 241 de 2015 y 242 de 2015 (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente
D-10536. Actor: Edgar Eduardo Acero Acosta. Demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 147 numeral 5o de la Ley 65 de 1993 "Por la cual
se expide el Código Penitenciario y Carcelario"'.
Magistrado
Ponente:
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Con el respeto acostumbrado, debo
expresar que comparto la decisión que la Corte adoptó en la sentencia C-387 de
2015, en la que la Sala se inhibió para fallar. Sin embargo, estimo necesario
aclarar mi voto, habida cuenta que, en su momento, me aparté de lo decidido en
los Autos 241 y 242 de 10 de junio de 2015.
En efecto, en aquella oportunidad,
precisé que, en mi concepto, el replanteamiento de la jurisprudencia sobre la
legitimación de una persona condenada a la pena accesoria de interdicción de
derechos y funciones públicas, para instaurar acciones de inconstitucionalidad
debió desarrollarse específicamente bajo la dinámica de fortalecimiento del
ejercicio del derecho constitucional de acceso a la administración de justicia,
de manera que, se conserven los parámetros conceptuales respecto a las
características y diferencias entre las acciones constitucionales de interés
particular y las acciones constitucionales en defensa de la constitución y la
ley. Razones que, en los autos que hoy fundamentan la decisión de la Sala
quedaron plasmadas, en el siguiente tenor:
"Comparto la
decisión de mayoría de permitir en este caso la posibilidad de que los
condenados a la pena de prisión puedan presentar demandas en ejercicio de
acciones públicas, como la de inconstitucionalidad, según lo que hasta hoy se
ha entendido, contra las normas que son pasibles de cuestionarse por esa vía,
pero no, como adelante explico, bajo la perspectiva de que ese replanteamiento
jurisprudencial de esta Corte se sustente en la ampliación progresiva,
innovadora y aperturista de los denominados "derechos políticos".
Ello es así por cuanto en el horizonte en el que se proyecta semejante
orientación, según algunas de las motivaciones que al efecto se ofrecen, no es
posible vislumbrar hasta dónde llegarían los límites de ese desarrollo. Esto
es, si por virtud de un entendimiento análogo, con implicaciones concatenadas,
asociadas o consecuentes, estas personas también podrían ejercer el sufragio,
participar en consultas populares, asumir ciertos destinos públicos o
constituir partidos, movimientos o agrupaciones políticas, etc.
A mi juicio
resultaba mucho menos escabroso asumir el replanteamiento jurisprudencial bajo
el exclusivo enfoque de que el nuevo paradigma, en este caso, estaba incurso en
la dinámica de fortalecimiento del ejercicio del derecho constitucional de
acceso a la administración de justicia, básicamente bajo la consideración de
que el actuar del demandante se asemeja muchísimo, al punto de resultar en
extremo difícil establecer diferencias, a una de las acciones que, por
exclusión del texto del artículo 40, numeral 6, constitucional, sí pueden
ejercer, en interés particular personas condenadas a prisión, las cuales no
tienen vedada esa posibilidad, al menos jurídicamente, por cuanto no hacen
parte de las manifestaciones propias de lo que hasta ahora se ha entendido como
derechos políticos en este campo, esto es, interponer acciones públicas en
defensa de la constitución de la ley y no en pos de beneficios personales.
En efecto, en esta oportunidad se presume
que lo que el demandante básicamente pretende es beneficiarse de los efectos de
la declaratoria de inexequibilidad del artículo 31 (parcial) de la Ley 599 de
2000, en cuanto establece que la pena imponible para los casos de concurso de
conductas punibles debe ser la más grave según su naturaleza -cuya redacción
encuentro confusa- o incompleta cuando plantea que la pena en estos casos será
"aumentada hasta en otro tanto"
De manera que, bajo la perspectiva
indicada, no actuaría movido o inspirado por hacer prevalecer un interés
público o general derivado de la constitución o de la ley, sino en procura de
que el resultado de su accionar repercuta en su propio beneficio, atendiendo
las circunstancias de la condena que le fue impuesta. Así pues, el que el
producto de su gestión ante el aparato jurisdiccional constitucional
eventualmente involucre a otras personas no es, evidentemente, el propósito que
lo guía sino las ventajas particulares que podría deducir a su favor si esta
Corporación le brinda alcance a sus pretensiones.
De manera que si las acciones judiciales
con fines personales o particulares no están catalogadas como expresiones de
los derechos políticos al estar excluidas de las regulaciones del inciso 6 del
artículo 42 constitucional en la medida en que no son públicas o, mejor,
acentuadamente, no tienden a satisfacer intereses públicos y, por ende, con
consideradas posibilidades inherentes al ejercicio del derecho de acceso a la
administración de justicia, a las que aun los condenados a prisión pueden
acudir, no veo la razón por la cual en esta oportunidad, atendiendo la
situación y la motivación del demandante, ya expresada, no pueda enjuiciar
parcialmente una ley, en el aspecto que lo compromete, a objeto de lograr,
básicamente un beneficio enteramente personal.
Es, desde la perspectiva aquí explicada
que, en este caso, me sumo a la decisión de mayoría, debido a que, claramente,
el actor no propugna por privilegiar o enaltecer una finalidad general o
pública sino que actúa en pos de satisfacer sus propios intereses, a través del
medio idóneo que el sistema de control constitucional nuestro le ofrece,
perspectiva bajo la cual habría razones para excluir su accionar del ámbito de
los derechos políticos para enmarcarlo en un ejercicio permitido del derecho de
acceso a la administración de justicia, en virtud del cual bien podía promover
todas las acciones inherentes a la defensa de sus derechos subjetivos, de rango
legal o constitucional, a través de la acción de tutela o de la acción judicial
pertinente.
El criterio que
me asiste frente al caso dilucidado, si bien admite los obvios cuestionamientos
que suelen gravitar en torno a temas tan polémicos como los jurídicos, casi
todos instituidos, como se sabe, de un alto nivel de conceptualidad (el cambio
de paradigma en este asunto es prueba fidedigna de ello) bajo la perspectiva
que me he permitido plantear, tendría el mérito de superar la frágil dicotomía
consistente en que la denominada labor de control abstracto que desarrolla la
Corte es considerada producto del ejercicio de "derechos políticos",
en tanto que sus competencias en materia de control concreto, no guardaría
relación con tales derechos sino que, por el contrario, constituirían meras
expresiones del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia
al cual pueden acudir todas las personas, incluidas las condenadas a prisión.
De modo que, así entendidas las cosas, unas competencias, las primeras, serían
fruto del ejercicio de acciones ligadas a los derechos políticos, en tanto que,
las segundas, estarían desprovistas de dicho nexo.
Resulta empero que esa distinción en el
actual estadio de la realidad que caracteriza el control constitucional en las
modalidades indicadas resulta problemática por cuando, como hemos visto, en no
pocos asuntos, el interés que persigue el demandante con su accionar no siempre
se identifica con el que sería el propio de la acción que ejercita, lo cual
dificulta establecer si la finalidad que su proceder judicial persigue es
marcadamente político o si nada tiene que ver con ese tema sino, propiamente
con los derechos subjetivos que le asisten, como al parecer sucede en este
caso.
En efecto, no se puede perder de vista
que el control de constitucionalidad de las leyes, de vieja raigambre en la
tradición jurídica colombiana, y la revisión de las decisiones judiciales
relativas a los derechos fundamentales, creada en la nueva Constitución,
conforman, básicamente, las dos ramas que sirven de soporte a la jurisdicción
ejercida por la Corte Constitucional y la relación existente entre esos dos
ámbitos competenciales es reveladora del entendimiento que la misma Corte tiene
del alcance e intensidad de sus poderes.
En este orden de ideas, no es aventurado
afirmar que, en un principio, se impuso una especie de separación entre los dos
ejercicios competenciales, de manera que en una parte se encontraba el control
denominado normativo de carácter abstracto y eminentemente objetivo, propicio a
la garantía de la juridicidad, mientras que en la otra estaba un control
concreto y subjetivo, instado mediante la acción de tutela por los directamente
interesados en la situación particular que le servía de base.
La conciencia acerca de la aludida
separación llevaba a interrogar si, en sede de revisión de las decisiones
referentes a la acción de tutela, procedía variar los criterios doctrinales
sentados en sede de control de constitucionalidad de las leyes, y antes de que
la Corte pudiera intentar alguna respuesta teórica, los hechos fueron desvirtuando
la rígida separación entre el control abstracto y el concreto.
En efecto, habiéndose pensado
inicialmente que el uso progresivo de la acción de tutela iba a tener como
consecuencia inevitable la notoria y decisiva disminución de las demandas
mediante acción pública de inconstitucionalidad y la consiguiente pérdida de
importancia de este mecanismo, en la práctica sucedió que el incremento de las
solicitudes de amparo no produjo la disminución y menos aún la desaparición de
la acción pública, sino su adaptación a las nuevas circunstancias y al tipo de
Constitución adoptado en 1991.
Así, quienes demandaron en acción pública
de inconstitucionalidad no siempre le plantearon a la Corte cuestiones
teóricas, ni solo dedujeron pretensiones en exclusivo interés de la legalidad
constitucional, al punto que la Corte debió admitir que si la solicitud de
inconstitucionalidad había sido bien formulada, debía impartírsele trámite a la
respectiva acción y adelantar el juicio de inconstitucionalidad requerido, con
independencia de que lo que llegara a resolverse reportara, como efecto
colateral, la protección de algún interés personal del demandante o le hiciera
acreedor de un beneficio derivado de la expulsión del ordenamiento jurídico del
precepto legal demandado.
Poco a poco el cumplimiento del control
judicial de la constitucionalidad de las leyes fue penetrando en asuntos
concretos, mas no a causa de un propósito de extensión de sus poderes que
hubiera abrigado la Corte Constitucional, sino como resultado del carácter
normativo de una constitución que, además de incorporar una extensa carga de
derechos, asimiló el llamado "proceso de especificación"[74], que
hizo titular de derechos al ser humano situado en condiciones específicas de su
existencia, ya en razón de su pertenencia a determinados grupos, de las
condiciones inherentes a las sucesivas etapas de la vida o a la vulnerabilidad
impuesta por variados factores, para citar solo algunos casos.
A la mayor concreción de algunas
cláusulas constitucionales se sumó la proveniente de ciertas leyes reguladoras
de asuntos atinentes al interés especial de las gentes, pues a despecho de los
tradicionales rasgos de generalidad e impersonalidad que siempre caracterizaron
a las leyes, el legislador tuvo que abordar situaciones cercanas al diario
acontecer, para desarrollar la constitución, dar respuesta a algún interés
importante, proteger a minorías discriminadas u ofrecer instrumentos destinados
a sortear alguna crisis desatada por un desastre natural, de manera que en
muchas ocasiones la ley demandada introdujo en el control de constitucionalidad
aspectos concretos de la realidad.
A instancias ciudadanas, por ejemplo, con
determinados requerimientos, la Corte ha aceptado conocer de demandas en contra
de interpretaciones judiciales de leyes, lo que la ha conducido a hacer valer
la condición normativa de la Constitución y a aclarar que la separación entre
la jurisdicción constitucional y la ordinaria no puede ser tan tajante,
existiendo una constitución que permea todo el ordenamiento jurídico, y que la
autonomía e independencia de los jueces no ha de servir de mampara a la
interpretación inconstitucional de la ley.
Lo abstracto del control de
constitucionalidad de la ley queda reducido entonces a la sencilla constatación
de que la demanda de inconstitucionalidad se propone en vía principal, sin que
tenga su origen en algún pleito o litigio en trámite ante los jueces y no
implica, por ende, que el juicio que recae sobre la ley deba ser depurado de
todo elemento concreto o subjetivo y sacado de su contexto, cuya consideración
viene exigida por la Constitución que sirve de fundamento a la incorporación
jurisprudencial de doctrinas como la del derecho viviente que toma la ley en la
manera como en la práctica ha vivido y ha sido interpretada para su aplicación
por los jueces y también por los doctrinantes.
La jurisdicción constitucional y la
ordinaria interactúan y ello significa que la constitucionalidad y la legalidad
se mezclan de tal modo que los jueces tienen a su alcance la constitución y que
la Corte Constitucional se ve obligada a interpretar la ley para efectos de
decidir sobre la constitucionalidad de sus contenidos materiales, de donde se
deduce que no cabe la separación radical, entre los asuntos de
constitucionalidad y los de legalidad que permita sostener, como todavía
pretenden ciertos sectores, que a la Corte le corresponde la Constitución y a
los jueces la ley, sin ninguna posibilidad de relación.
El panorama que
hasta aquí brevemente se ha trazado incide de manera decisiva sobre la tesis
que, conforme ha sido advertido, inicialmente predicó la separación de las
competencias atribuidas a la Corte Constitucional para ejercer el control
normativo, de la atribución para adelantar la revisión de las decisiones
judiciales relativas a la acción de tutela de los derechos constitucionales
fundamentales, pues lejos de haberse consolidado la mentada dicotomía, el vigor
de la acción pública de inconstitucionalidad surge también de su interactuación
con el cumplimiento de la función revisora sobre las decisiones referentes a
los derechos fundamentales.
Tal interrelación es posible gracias a
que los derechos fundamentales no constituyen materia exclusiva de la acción de
tutela y por completo extraña al control de constitucionalidad de tipo
normativo, dado que, por ejemplo, a la Corte le corresponde el examen previo de
las leyes estatutarias de derechos fundamentales, o debido a que derechos como
el debido proceso pueden ser afectados por los códigos que lo desarrollan o en
razón de que la violación de la igualdad puede estar configurada en el
contenido de la ley.
Así pues, la
acción pública de inconstitucionalidad y la revisión de las decisiones
referentes a la acción de tutela de los derechos constitucionales fundamentales
se complementan, pues, al fin y al cabo, la Carta es una sola y no existe una
constitución para efectos del control normativo y otra utilizable únicamente
para resolver todo lo que tenga que ver con la acción de tutela, lo que, por
supuesto, implica una relación entre la Corte Constitucional y los jueces que
trasciende el ámbito de la tutela, al igual que existe una relación entre la
constitución y la ley que no se limita al control normativo de
constitucionalidad, puesto que también se percibe en el caso del amparo de los
derechos fundamentales, trátese de las decisiones que adoptan los jueces o de
su revisión por la Corte Constitucional.
Me reafirmo entonces en la idea de que el
demandante en este caso no actúa dentro del ámbito de los derechos políticos
caracterizados por su naturaleza pública o general sino, en, últimas en defensa
de sus derechos subjetivos, lo cual le brinda la posibilidad de acceder a la
administración de justicia en los mismos términos en que puede hacerlo frente a
todas las demás acciones de la misma índole y que no son consideradas
expresiones de los derechos políticos".
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1] “Por la cual se
derogan y modifican algunas disposiciones del Decreto 2700 de 1991, y de los
Decretos-leyes 2790 de 1990, 2271 de 1991, 2376 de 1991, Ley 65 de 1993, Ley
333 de 1996 y Ley 282 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.
[2] MP. Antonio Barrera Carbonell.
[3] “Por la cual se
derogan y modifican algunas disposiciones del Decreto 2700 de 1991, y de los
Decretos-leyes 2790 de 1990, 2271 de 1991, 2376 de 1991, Ley 65 de 1993, Ley
333 de 1996 y Ley 282 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.
[4] Para fundamentar esta tesis, el actor cita la sentencia C-283
de 2011 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[5] Folio 3.
[6] Radicado 2005-00022-01.
[7] Folio 4.
[8] Documento de la Defensoría del Pueblo de mayo de 2009 anexo a
la demanda en folios 39 y 40.
[9] Folio 39, citado por el accionante a folio 7.
[10] Folio 19.
[11] Sentencia del primero (1º) de febrero de dos mil doce (2012) y
auto interlocutorio No. 042 del veintitrés (23) de mayo de dos mil doce (2012),
ambos con ponencia del magistrado José Alberto Pabón Ordóñez.
[12] Sentencia del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad del Distrito Judicial de Valledupar, proferida el seis (6) de julio
de dos mil once (2011), dentro del proceso No. 09-23008.
[13] Para ello anexa la providencia de la Sala Penal del Distrito
Judicial de Ibagué, del veintisiete (27) de septiembre de dos mil diez (2010),
Radicado 2005-00022-01, MP. Juan Carlos Arias López.
[14] El escrito presentado por Luis Manuel Castro Novoa, Defensor
Delegado para Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo,
obra a folios 108 a 117.
[15] MP. Clara Inés Vargas Hernández, AV. Manuel José Cepeda Espinosa, SV.
Humberto Sierra Porto.
[16] Folio 113.
[17] MP. Vladimiro Naranjo Mesa. SV. Alejandro Martínez Caballero.
[18] “Por la cual se
derogan y modifican algunas disposiciones del Decreto 2700 de 1991, y de los
Decretos-leyes 2790 de 1990, 2271 de 1991, 2376 de 1991, Ley 65 de 1993, Ley
333 de 1996 y Ley 282 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.
[19] MP. Antonio Barrera Carbonell.
[20] MP. Jaime Córdoba Triviño, SV. Álvaro Tafur Galvis, SV. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[21] MP. Clara Inés Vargas Hernández, AV. Manuel José Cepeda Espinosa, SV.
Humberto Sierra Porto.
[22] MP. Vladimiro Naranjo Mesa. SV. Alejandro Martínez Caballero.
[23] Abogado Felipe Hernández (Folios 144 a 154).
[24] “Por medio de la cual se revocan las
Resoluciones 4105 del 25 de septiembre de 1997 y número 5964 del 9 de diciembre
de 1998 y se expiden pautas para la atención integral y el Tratamiento
Penitenciario”.
[25] Folio 149.
[26] MP. José Gregorio Hernández Galindo.
[27] Tales son las decisiones proferidas por la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 12 de agosto de 1999 (Rad. 15640,
MP. Edgar Lombana Trujillo) y el 28 de julio de 1999 (Rad. 12713, MP. Carlos E.
Mejía Escobar).
[28] MP. Clara Inés Vargas Hernández, AV. Manuel José Cepeda Espinosa, SV.
Humberto Sierra Porto.
[29] Abogado Fernando Arévalo Carrascal (Folios
177 a 187).
[30] Al respecto cita las siguientes sentencias
de tutela proferidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia: T-48606 del 17 de junio de 2010 (MP. Jorge Luis Quintero Milanés);
T-53487 del 6 de abril de 2011 (MP. Alfredo Gómez Quintero); T-58034 del 17 de
enero de 2012 (MP. Augusto Ibáñez Guzmán); T-64844 del 12 de febrero de 2013
(MP. José Leonidas Bustos Martínez).
[31] MP. Jaime Córdoba Triviño, SV. Álvaro Tafur Galvis, SV. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[32] MP. Clara Inés Vargas Hernández, AV. Manuel José Cepeda Espinosa, SV.
Humberto Sierra Porto.
[33] MP. Antonio Barrera Carbonell.
[34] Folio 187.
[35] Abogado Jesús Eduardo Lizcano Bejarano (Folios 130 a 143).
[36] Folio 134.
[37] MP. Antonio Barrera Carbonell.
[38] MP. Jaime Córdoba Triviño, SV. Álvaro Tafur Galvis, SV. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[39] MP. Clara Inés Vargas Hernández, AV. Manuel José Cepeda Espinosa, SV.
Humberto Sierra Porto.
[40] El escrito de intervención obra a folios 118
a 129.
[41] “Por la cual se
derogan y modifican algunas disposiciones del Decreto 2700 de 1991, y de los
Decretos-leyes 2790 de 1990, 2271 de 1991, 2376 de 1991, Ley 65 de 1993, Ley
333 de 1996 y Ley 282 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.
[42] Folio 119. En respaldo de esta tesis cita la
sentencia C-283 de 2011 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[43] MP. Antonio Barrera Carbonell.
[44] MP. Jaime Córdoba Triviño, SV. Álvaro Tafur Galvis, SV. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[45] MP. Clara Inés Vargas Hernández, AV. Manuel José Cepeda Espinosa, SV.
Humberto Sierra Porto.
[46] Folio 122.
[47] Folio 125.
[48] Folio 126.
[49] MP. Marco Gerardo Monroy Cabra, AV. Jaime
Araujo Rentería.
[50] MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, SV. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[51] Menciona las sentencias identificadas bajo
los radicados T-53487 y T-58034.
[52] Folios 194 a 203.
[53] Folio 200.
[54] MP. Antonio Barrera Carbonell.
[55] MP. María Victoria Calle Correa, AV. Luis Guillermo Guerrero
Pérez, AV. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[56] MP. María Victoria Calle Correa, AV. Luis Guillermo Guerrero
Pérez, AV. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[57] Ciudadana María Victoria Rueda Donado.
[58] “Por la cual se
derogan y modifican algunas disposiciones del Decreto 2700 de 1991, y de los
Decretos-leyes 2790 de 1990, 2271 de 1991, 2376 de 1991, Ley 65 de 1993, Ley
333 de 1996 y Ley 282 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.
[59] La Ley 504 de 1999 establece en su artículo 49: “Las normas incluidas en la presente
ley tendrán una vigencia máxima de ocho (8) años. A mitad de tal período, el
Congreso de la República hará una revisión de su funcionamiento y si lo
considera necesario, le hará las modificaciones que considere necesarias”.
Entretanto, el artículo 53 señala el 1o. de julio de 1999 como fecha de entrada
en vigor de dicha ley.
[60] En su redacción inicial el numeral 5º del
artículo 147 de la Ley 65 de 1993 establece, como condición para acceder al
permiso de hasta setenta y dos (72) horas: “5.
No estar condenado por delitos de competencia de jueces regionales.”
[61] Tal ha sido el criterio sostenido,
entre otras, en las sentencias Sentencia C-037 de 2000 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa, AV.
Eduardo Cifuentes Muñoz), donde la Corte se pronunció sobre el fondo de las
acusaciones formuladas contra el artículo 240 de
la Ley 4ª de 1913 y el artículo 12 de la Ley 153 de 1887. En la sentencia C-419 de 2002 (MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra) la Corte admitió su competencia para pronunciarse sobre la
constitucionalidad del artículo 1º del Decreto Extraordinario No. 84 de
1990 (“Por el cual se organiza una Unidad Administrativa Especial en el
Ministerio de Defensa Nacional”), sobre cuya vigencia existían dudas,
aunque al final profirió fallo inhibitorio por ineptitud sustantiva de la
demanda. En la sentencia C-992 de 2004 (MP. Humberto Sierra Porto), ante las
dudas planteadas en torno a la derogatoria del literal b) del artículo 7 de la ley 56 de 1981 (“Por la cual se dictan normas sobre obras públicas de
generación eléctrica, y acueductos, sistema de regadío y otras y se regulan las
exploraciones y servidumbres de los bienes afectados por tales obras”), la Corte optó por pronunciarse de fondo,
declarando exequible la disposición demandada. En la sentencia C-1026 de 2004 (MP. Humberto Sierra Porto) la Corte
declaró inexequible la expresión “legítimos” contenida en el artículo 253 del
Código Civil, luego de establecer que, dada la existencia de dudas acerca de la
derogatoria del aparte demandado, procede pronunciarse de fondo.  En la
sentencia C-397
de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), tras concluir que la norma demandada
no se encontraba vigente ni produciendo efectos, la Corte se inhibió de proferir
una decisión de fondo sobre la constitucionalidad del inciso primero del
artículo 3 de la Ley 53 de 1945 (“por la cual se adicionan y reforman las Leyes
1º de 1932, 206 de 1938, 63 de 1940, 49 de 1943 y 6ª de 1945, sobre
prestaciones sociales a los trabajadores de ferrocarriles y salinas de la
Nación”). Recientemente, en la sentencia C-094 de 2015 (MP. Luis Ernesto Vargas
Silva), la Corte declaró la inexequibilidad del Decreto 1111 de 1952, “Por el cual
se provee a la conservación y mejor aprovechamiento de las aguas del Lago
de Tota y se reconoce el carácter de utilidad pública a unas obras”.
Aunque la norma acusada no se encontraba vigente, la Corte concluyó que se
encontraba produciendo efectos, por lo que resultaba viable emitir un
pronunciamiento de fondo.
[62] Sentencia 1114 de 2003 (MP. Jaime Córdoba Triviño),
criterio reiterado en la sentencia C-426 de 2009
(MP. María Victoria Calle Correa) donde la Corte se inhibió de emitir un
pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del artículo 57 de la ley
1111 de 2006, luego de observar que la misma norma establecía un término
específico de vigencia vencido el 28 de junio de 2007, razón por la cual se
presenta carencia de objeto sobre el cual pronunciarse.
[63] Al respecto cita las siguientes sentencias
de tutela proferidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia: T-48606 del 17 de junio de 2010 (MP. Jorge Luis Quintero Milanés);
T-53487 del 6 de abril de 2011 (MP. Alfredo Gómez Quintero); T-58034 del 17 de
enero de 2012 (MP. Augusto Ibáñez Guzmán); T-64844 del 12 de febrero de 2013
(MP. José Leonidas Bustos Martínez).
[64] “Las normas incluidas en la presente ley tendrán una vigencia máxima
de ocho (8) años. A mitad de tal período, el Congreso de la República hará una
revisión de su funcionamiento y si lo considera necesario, le hará las
modificaciones que considere necesarias”.
[65] Corte Suprema de Justicia. Sentencia de tutela del 14 de octubre de
2014. Rad. 76256. (MP. José Leonidas Bustos Martínez).
[66] MP. Manuel José Cepeda Espinosa. En ella la Corte se declaró inhibida
para pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 51 de la Ley 617 de
2000, por ineptitud sustantiva de la demanda.
[67] MP. José Gregorio Hernández Galindo.
[68] MP. Alejandro Martínez Caballero.
[69] MP. Alfredo Beltrán Sierra.
[70] MP. Mauricio González Cuervo.
[71] “Por la cual se
derogan y modifican algunas disposiciones del Decreto 2700 de 1991, y de los
Decretos-leyes 2790 de 1990, 2271 de 1991, 2376 de 1991, Ley 65 de 1993, Ley
333 de 1996 y Ley 282 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.
[72] No participé en la discusión y aprobación de estos autos por
encontrarme en comisión de servicios.
[73] A-241 de 2015, MP María Victoria Calle Correa.
[74] Por
su parte, el proceso de especificación supone el reconocimiento de derechos a
sujetos y colectivos concretos (específicos) que se encuentran en situaciones
especiales, implicando por tanto una idea de igualdad material. N. Bobbio se
refiere a él como, "el paso gradual, pero cada vez más acentuado, hacia
una ulterior determinación de los sujetos titulares de derechos". La
especificación se ha ido produciendo bien respecto al género (reconocimiento de
diferencias específicas de la mujer respecto al hombre), bien respecto a la
edad (derechos de la infancia, de la ancianidad), bien respecto a ciertos
estados de la existencia humana (derechos de los enfermos, de las personas con discapacidad,
etc.) BOBBIO, N., "Derechos del hombre y filosofía de la historia",
en El tiempo de los derechos, traducción de R. de Asís, Sistema, Madrid, 1991,
pp. 109 y ss.