C-536-08
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-536/08
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración
COSA JUZGADA ABSOLUTA Y COSA JUZGADA
RELATIVA-Distinción
La cosa juzgada constitucional absoluta comprende
todos los posibles motivos o razones de inconstitucionalidad, y la excepción,
que como tal debe ser expresamente señalada en la Sentencia, bien sea en su
parte resolutiva o en su parte motiva, es la cosa juzgada relativa, que se
refiere únicamente a uno o más motivos determinados de inconstitucionalidad,
que deja abierta la posibilidad de nuevas demandas contra la misma disposición,
por otros motivos o razones.
DEBIDO PROCESO EN LEGALIZACION DE LA
CAPTURA SIN PRESENCIA DEL DETENIDO-Reduce la eficacia del derecho a la defensa del capturado pero
mantiene su derecho a la defensa técnica y el derecho al control de legalidad
de la medida/LEGALIZACION DE LA CAPTURA SIN PRESENCIA DEL DETENIDO-Procedencia
en situaciones excepcionales
LEGALIZACION DE CAPTURA DE MANERA FORMAL-Improcedencia/LEGALIZACION DE CAPTURA
CON BASE EN CONSTANCIA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Improcedente por
afectación del derecho a la defensa material del capturado
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS-Garantía del derecho a la defensa
El principio de igualdad de armas constituye un
elemento esencial de la garantía del derecho de defensa, de contradicción, y
más ampliamente del principio de juicio justo, y hace relación a un mandato
según el cual, cada parte del proceso penal debe poder presentar su caso bajo
unas condiciones y garantías judiciales, que permitan equilibrar los medios y
posibilidades de actuación procesal, dentro de las cuales se presente como
esencial las facultades en cuanto al material probatorio a recabar, de tal
manera que no se genere una posición sustancialmente desventajosa de una de las
partes frente a la otra parte procesal, como la que de hecho se presenta entre
el ente acusador y el acusado, a favor del primero y detrimento del segundo. El
principio de igualdad de armas o igualdad de medios, supone entonces que la
carga probatoria del acusador es proporcional a sus medios y que las reglas de
ejercicio del principio contradictorio en virtud de esa carga, buscan equiparar
la participación en el proceso penal, tanto optimizando lo más posible las
garantías de la defensa, como incrementando la exigencia del cumplimiento de la
labor probatoria del acusador. Para esta Corte el derecho de defensa en materia
penal encuentra uno de sus más importantes y esenciales expresiones en el
principio de igualdad de armas, en procura de garantizar la protección de los
imputados frente a aquellas situaciones que desequilibran su actuación en el
proceso.
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS-Concepto
Con el principio de igualdad de armas, se quiere
indicar que “(…) en el marco del proceso penal, las partes enfrentadas, esto
es, la Fiscalía y la defensa, deben estar en posibilidad de acudir ante el juez
con las mismas herramientas de persuasión, los mismos elementos de convicción,
sin privilegios ni desventajas, a fin de convencerlo de sus pretensiones
procesales. Este constituye una de las características fundamentales de los
sistemas penales de tendencia acusatoria, pues la estructura de los mismos,
contrario a lo que ocurre con los modelos de corte inquisitivo, es adversarial,
lo que significa que en el escenario del proceso penal, los actores son
contendores que se enfrentan ante un juez imparcial en un debate al que ambos
deben entrar con las mismas herramientas de ataque y protección.
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS-Característica fundamental de los sistemas
penales de tendencia acusatoria/PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS EN EL SISTEMA
PENAL ACUSATORIO-Recaudo de material probatorio desde la etapa de
investigación
La Corte ha resaltado la circunstancia de que desde el
punto de vista metodológico, el principio de igualdad de armas responde a la
lógica que impone la metodología de investigación de los sistemas penales de
tendencia acusatoria, ya que en este sistema ambas partes procesales, tanto la
Fiscalía como al imputado o acusado, le es dable recaudar material probatorio
durante la etapa de investigación, así como solicitar y controvertir pruebas en
la etapa de juicio, lo cual pone en evidencia el papel diligente y activo que
se le otorga al imputado y acusado en materia probatoria durante las diferentes
etapas del proceso penal.
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS EN EL
SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Posibilita
el ejercicio de facultades de la defensa en el recaudo, solicitud y
contradicción de pruebas en las etapas de investigación y de juicio
Dada la finalidad constitucional del derecho de
defensa y del principio de igualdad de armas, el cual busca mantener el equilibrio
de la contienda y de garantizar la vigencia del plano de igualdades en el
debate, la defensa debe estar en posibilidad de ejercer las facultades que le
han sido otorgadas por la misma ley para el recaudo, solicitud y contradicción
de pruebas, tanto en la etapa de investigación como en la etapa de juicio, y
ello sin ninguna limitante por parte de su contraparte, esto es, del ente
acusador, sino con las limitantes propias del Estado de Derecho respecto de la
afectación de terceros y la afectación de derechos fundamentales, control que
le corresponde ejercer a un juez de la República, en la etapa de investigación
al juez de control de garantías y en la etapa de juicio al juez de
conocimiento.
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS EN EL
SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Posibilita
al imputado y su defensa escoger la entidad que conceptúe respecto del material
probatorio recaudado en la etapa de investigación
El principio de igualdad de armas tiene aplicación
también en relación con la posibilidad para el imputado y su defensa de escoger
la entidad de carácter técnico científico que deba conceptuar respecto del
material probatorio recaudado por el imputado y su defensor durante la etapa de
investigación, y no estar sujeto a una entidad que depende de su contraparte,
esto es, del ente acusador.
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS EN EL
SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Se
vulnera al exigirse constancia expedida exclusivamente por la Fiscalía sobre la
calidad de imputado o defensor
En aras de garantizar los derechos fundamentales del
imputado o su defensor dentro de la etapa de investigación dentro del proceso
penal y en materia probatoria, esta Sala considera que no puede ser en forma
exclusiva la Fiscalía quien tenga la facultad de otorgar la constancia de que
trata la disposición sub examine, por cuanto como ya se anotó, al ser la
Fiscalía la contraparte dentro del proceso penal y al ser el otorgamiento de la
constancia sobre la calidad de imputado o defensor una facultad exclusiva de
esta autoridad, se vulnera la igualdad de armas y el equilibrio entre las
partes dentro del proceso penal, y de contera el derecho de defensa. Por esta
razón, la Sala encuentra que en armonía con el principio constitucional de
igualdad de armas y el derecho de defensa, la constancia en cuestión debe poder
ser expedida por cualquier autoridad que pueda dar fé, expedir constancia o
certificar la calidad de imputado o defensor de que trata la norma. Así el
imputado o defensor, deben poder obtener dicha constancia del juez de control
de garantías, del mismo fiscal, si así lo deciden libremente y lo consideran
conveniente, o de otras autoridades, como por ejemplo, de la Defensoría
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS EN EL
SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Se
vulnera al exigirse certificado expedido exclusivamente por la Fiscalía
respecto de la utilización de la información para efectos judiciales
La Corte considera inexequible la radicación de dicha
competencia en forma exclusiva en cabeza de la Fiscalía por ser violatorio del
principio de igualdad de armas dentro del proceso penal, ya que le otorga un
poder de certificación al ente acusador respecto del defensor y la finalidad de
su actividad probatoria, lo cual afecta claramente la igualdad de las partes
dentro del proceso de investigación, condicionando la actividad y diligencia
del defensor en el recaudo de material probatorio a la obtención de dicha
certificación, por parte precisamente del ente acusador, lo cual rompe el equilibrio
que debe reinar dentro del proceso penal. Si bien la Sala no encuentra objeción
constitucional alguna frente a la exigencia de certificación que debe ser
aportada por el defensor, en relación con que la información requerida por él
será utilizada para efectos judiciales, ya que ello cumple con la finalidad
constitucional legítima de garantizar la no afectación de intereses y derechos
fundamentales de terceros, desde el punto de vista constitucional, pueden
expedir dicha certificación cualquier autoridad competente para poder
certificar sobre el objetivo y la finalidad del material probatorio que busque
recabar la defensa, entre ellas y sólo a título de ejemplo, el juez de
garantías, la Fiscalía, la Defensoría, etc., lo cual garantiza el principio de
igualdad de armas y el derecho de defensa.
PRINCIPIO DE INMEDIACION DE LA PRUEBA-Aplicación en el sistema penal acusatorio
en las etapas de investigación y de juicio/PRINCIPIO DE CONTRADICCION DE LA
PRUEBA-Aplicación en el sistema penal acusatorio en las etapas de
investigación y de juicio
La jurisprudencia de esta Corte ha establecido en
materia probatoria y bajo el nuevo sistema procesal penal con tendencia
acusatoria, que si bien la etapa del juicio tiene preponderancia frente a la
fase de investigación, por cuanto en ella se practicarán las pruebas que
servirán de fundamento para la sentencia, de conformidad con los principios de
inmediación y de contradicción, siendo por ello esta etapa de juicio el eje del
proceso penal, la fase de investigación tiene también en el nuevo esquema
acusatorio una importancia fundamental como fase de preparación para el juicio
tanto por parte de la Fiscalía como por parte del imputado y su defensa, para
que en la etapa de juicio se practiquen y valoren en forma pública y con
participación del imputado el material probatorio que se hubiere recaudado en
la etapa de investigación, conforme a los principios de concentración,
inmediación y contradicción de la prueba.
INVESTIGACION PREVIA-Actividad probatoria por parte del
imputado y su defensor rodeada de garantías/INVESTIGACION PREVIA-Interrogantes
penales que se deciden en esta etapa/INVESTIGACION PREVIA-Derecho y
facultad del imputado y la defensa para recaudar material probatorio y
esclarecer interrogantes que se plantean
Es especialmente relevante el tema de la actividad
probatoria del imputado dentro de la investigación previa, respecto de lo cual
esta Corporación se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de garantizar
el pleno ejercicio del derecho de defensa y de contradicción, y con ello la
igualdad de armas, en relación con la actividad probatoria que se desarrolla
dentro de la etapa preliminar por parte del imputado y su defensor. La Corte se
ha pronunciado respecto de la importancia de garantizar el derecho de defensa
del imputado en general y específicamente durante la etapa de investigación
previa en relación con el material probatorio a ser recabado. En este sentido
esta Corporación ha sostenido que la investigación previa es una etapa
preprocesal en donde el Estado debe determinar si una conducta ha ocurrido, si
está tipificada en la ley penal, si se configura una causal de ausencia de
responsabilidad y si la acción penal es procedente, así como la identificación
del autor o autores del hecho, etapa durante la cual, dentro del marco del
actual sistema acusatorio, no sólo el ente acusador sino también el imputado y
la defensa tienen el derecho y la facultad de recaudar el material probatorio
que permitan esclarecer estos interrogantes penales. Por las razones
anteriores, la etapa de investigación previa reviste especial importancia tanto
para el sistema punitivo como para el imputado, razón por la cual durante esta
etapa debe protegerse y garantizarse plenamente el derecho de defensa y sus
principios, entre ellos la igualdad de armas. En armonía con lo expuesto, es
dable afirmar que la Corte ha entendido que el debido proceso y el derecho de
defensa, deben garantizarse plenamente en la fase de investigación previa al
imputado y su defensa, frente al gran poder que en este sentido tiene el ente
acusador, ya que si esta etapa se desarrolla sin la participación activa del
imputado y su defensa en relación con las facultades que le son atribuidas respecto
del recaudo de material probatorio, el derecho de defensa y la igualdad de
armas que no se garantizaron durante esta etapa decisiva, terminará afectando
también y de manera directa el resto de etapas dentro del proceso penal.
SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Cambios estructurales en la actividad
probatoria que el sistema ha propiciado
El actual sistema penal acusatorio, introdujo cambios
estructurales fundamentales respecto de la actividad probatoria por parte de la
Fiscalía, del imputado, del acusado, del defensor y del juez, cambios que esta
Corporación en materia probatoria ha encontrado como los más relevantes, los
referidos a que: (i) Tanto la Fiscalía como al imputado están facultados para
el recaudo de material probatorio, relativo a evidencia física e información
que permita esclarecer los elementos del delito, material que será decisivo
para el posterior desarrollo del proceso penal, especialmente para el momento
de la acusación y el descubrimiento de las pruebas de cargo por parte de la
Fiscalía, como para que el imputado y su defensa hagan valer durante el juicio
oral el material probatorio por ellos aportado; (ii) Es fundamental distinguir
los actos de investigación y los actos de prueba. Los primeros tienen como
finalidad recaudar y obtener las evidencias o los elementos materiales
probatorios que serán utilizados en el juicio oral para verificar las
proposiciones de las partes y el Ministerio Público y, para justificar, con
grado de probabilidad, las decisiones que corresponden al juez de control de
garantía en las etapas preliminares del procedimiento. Los segundos, los actos
de prueba, son aquellas actuaciones que realizan las partes ante el juez de
conocimiento con el objeto de incorporar los actos de investigación al proceso
y convertirlas en pruebas dirigidas a obtener la verdad de lo sucedido y
verificar sus proposiciones de hecho.
Referencia: expediente D-6907
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículos 268
(parcial) de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal” y los parágrafos 1° y 3° del
artículo 18 y el numeral 9° del artículo 47 de la Ley 1142 de 2007 “por
medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y
600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad
delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”
Demandante: Alfonso Daza González
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá, D. C.,
veintiocho de mayo de dos mil ocho (2008)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
El ciudadano Alfonso Daza González, en ejercicio de la
acción pública de inconstitucionalidad, presentó demanda contra los artículos
239, 240, 241, 242, 243, 268 (parcial) y 445 de la Ley 906 de 2004 “por
la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”
y los parágrafos 1° y 3° del artículo 18 y el numeral 9° del artículo 47 de la
Ley 1142 de 2007 “por medio de la cual se reforman parcialmente las
Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la
prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la
convivencia y seguridad ciudadana”.
El veintiuno (21) de agosto de dos mil siete (2007) se
inadmitió la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra los artículos
239, 240, 241, 242, 243 y 445 de la Ley 906 de 2004, comoquiera que la
pretensión del accionante era improcedente a la luz del artículo 241 de la
Constitución y el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, ya que estaba dirigida
a un supuesto que no establece la normatividad reseñada, cual es la
declaratoria de constitucionalidad condicionada de los artículos demandados. En
este proveído se le concedió al demandante el término de tres días para que
corrigiera los yerros mencionados, so pena de rechazo.
En ese mismo auto, por reunir los requisitos establecidos en
el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, se admitió la demanda de
inconstitucionalidad formulada en contra del artículo 268 (parcial) de la Ley
906 de 2004, de los parágrafos 1° y 3° del artículo 18 y el numeral 9° del
artículo 47 de la Ley 1142 de 2007.
El tres (3) de septiembre de dos mil siete (2007) se rechazó
la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 239, 240, 241, 242, 243 y
445 de la Ley 906 de 2004, debido a que el accionante no subsanó las faltas
anotadas en el proveído inadmisorio señalado.
Mediante auto de diecisiete (17) de septiembre de dos mil
siete (2007), se dispuso fijar en lista el presente proceso en la Secretaria
General de la Corte por el término de (10) días para efectos de permitir la
intervención ciudadana, correr traslado del expediente al Procurador General de
la Nación para que emita el concepto a que de lugar, comunicar la iniciación de
este trámite al Presidente del Congreso de la República y al Ministerio del
Interior y de Justicia con el fin de que, si lo consideran conveniente,
intervengan indicando razones que a su juicio justifican la declaratoria de
constitucionalidad o inconstitucionalidad y finalmente, invitar a participar en
este proceso al Fiscal General de la Nación, al Defensor del Pueblo, al
Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a la Universidad Santo Tomás, a la
Universidad Externado de Colombia, a la Universidad del Norte, a la Universidad
del Atlántico y a la Universidad Popular del Cesar, para que emitan su opinión
especializada sobre la disposición que es materia de acusación.
El veintiocho (28) de septiembre de dos mil
siete (2007) el Procurador y Viceprocurador General de la Nación manifestaron
impedimento ante esta Corporación para emitir concepto en el asunto de la
referencia, toda vez que intervinieron en la expedición de las normas objeto de
análisis constitucional.
Por auto de diecisiete (17) de octubre de
dos mil siete (2007) la Sala Plena de esta Corporación, con salvamento de voto del
Magistrado Jaime Araújo Rentería, acepto el impedimento declarado por los
aludidos funcionarios y ordenó correr traslado al Procurador General de la
Nación a fin de que designe al funcionario que debe rendir el concepto correspondiente.
Surtido los trámites constitucionales y legales propios de
los procesos de acción pública de inconstitucionalidad, esta Corte procede a
decidir acerca de la demanda de la referencia.
II. NORMAS DEMANDADAS
Trascripción de las disposiciones normativas
demandadas, acorde con su publicación en el Diario Oficial No. 45.658 de 1 de septiembre de 2004 y No. 46.673 de 28 de
junio de 2007, respectivamente.
LEY NÚMERO 906 DE 2004
(Agosto 31)
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal
(…)
ARTÍCULO 268. FACULTADES
DEL IMPUTADO. El imputado
o su defensor, durante la investigación, podrán buscar, identificar empíricamente,
recoger y embalar los elementos materiales probatorios y evidencia física. Con
la solicitud para que sean examinados y la constancia de la Fiscalía de que es
imputado o defensor de este, los trasladarán al respectivo laboratorio del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde los entregarán
bajo recibo.
LEY NÚMERO 1142 DE 2007
(Junio 28)
Por medio de la cual se reforman parcialmente las
Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se
adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de
especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
(…)
ARTÍCULO 18. El artículo 289 de la Ley 906 de 2004 quedará así:
Formalidades. La formulación de la imputación se cumplirá con la
presencia del imputado o su defensor, ya sea de confianza o, a falta de este,
el que fuere designado por el sistema nacional de defensoría pública.
PARÁGRAFO 1o. Ante el juez de control de
garantías, el fiscal podrá legalizar la captura, formular imputación, solicitar
imposición de medida de aseguramiento y hacer las solicitudes que considere
procedentes, con la sola presencia del defensor de confianza o designado por el
sistema nacional de defensoría pública, cuando el capturado haya entrado en estado
de inconsciencia después de la privación de la libertad o se encuentre en un
estado de salud que le impida ejercer su defensa material. En este caso, la
posibilidad de allanarse a la imputación se mantendrá hasta cuando la persona
haya recobrado la consciencia, con el mismo descuento punitivo indicado en el
inciso 1o del artículo 351 de este código.
PARÁGRAFO 2o. Cuando el capturado se
encuentre recluido en clínica u hospital, pero consciente y en estado de salud
que le permita ejercer su defensa material, el juez de control de garantías, a
solicitud del fiscal, se trasladará hasta ese lugar para los efectos de la
legalización de captura, la formulación de la imputación y la respuesta a las
demás solicitudes de las partes.
PARÁGRAFO 3o. En aquellos eventos en los cuales por
las distancias, la dificultad en las vías de acceso, los desplazamientos y el
orden público, no sea posible dentro del término de las treinta y seis (36)
horas siguientes a la captura, trasladar a la persona aprehendida ante el juez
de control de garantías, dentro del mismo término, deberá legalizarse su
captura con la constancia que haga la Fiscalía General de la Nación respecto de
los motivos por los cuales se imposibilitó el traslado y el compromiso de
presentarlo tan pronto sean superadas las dificultades. El fiscal asumirá las
responsabilidades penales y disciplinarias que correspondan en caso de faltar a
la verdad. A esta audiencia asistirá el defensor de confianza o en su defecto
el que sea designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública y el
Ministerio Público. La Fiscalía podrá formular imputación y solicitar medida de
aseguramiento. La persona aprehendida tendrá la posibilidad de allanarse a la
imputación hasta cuando sea posible para la Fiscalía presentarlo físicamente
ante el juez, con el mismo descuento punitivo indicado en el inciso 1o del
artículo 351de este código
(…)
ARTÍCULO 47. El artículo 125 de la Ley 906 de 2004, Código de
Procedimiento Penal quedará así:
Artículo 125 Deberes y atribuciones
especiales. En especial la defensa tendrá los siguientes deberes y
atribuciones:
1. Asistir personalmente al imputado desde
su captura, a partir de la cual deberá garantizársele la oportunidad de
mantener comunicación privada con él.
2. Disponer de tiempo y medios razonables
para la preparación de la defensa, incluida la posibilidad excepcional de
obtener prórrogas justificadas para la celebración del juicio oral.
3. En el evento de una acusación, conocer
en su oportunidad todos los elementos probatorios, evidencia física e
informaciones de que tenga noticia la Fiscalía General de la Nación, incluidos
los que sean favorables al procesado.
4. Controvertir las pruebas, aunque sean
practicadas en forma anticipada al juicio oral.
5. Interrogar y contrainterrogar en
audiencia pública a los testigos y peritos.
6. Solicitar al juez la comparecencia, aun
por medios coercitivos, de los testigos y peritos que puedan arrojar luz sobre
los hechos materia de debate en el juicio oral.
7. Interponer y sustentar, si lo estimare
conveniente, las nulidades, los recursos ordinarios y extraordinarios y la
acción de revisión.
8. No ser obligado a presentar prueba de
descargo o contraprueba, ni a intervenir activamente durante el juicio oral.
9. Buscar, identificar empíricamente,
recoger y embalar elementos materiales probatorios y evidencia física; realizar
entrevistas y valoraciones que requieran conocimientos especializados por medio
de los técnicos e investigadores autorizados por la ley. Para tales efectos las
entidades públicas y privadas, además de los particulares, prestarán la
colaboración que requieran, sin que puedan oponer reserva, siempre que se
acredite por parte del defensor certificado por la Fiscalía General de la
Nación, que la información será utilizada para efectos judiciales.
10. Abstenerse de revelar información
relacionada con el proceso y su cliente, conforme a la ley.
III. DEMANDA
El demandante consideró que, en general, las
normas demandadas vulneran el preámbulo de la Constitución Política en “cuanto
estipula que es uno de los objetivos de la Carta garantizar las condiciones
necesarias para asegurar a sus integrantes la vida, la justicia y la igualdad,
entre otros derechos”.
Alegó el accionante que el artículo 268
(parcial) de la Ley 906 de 2004 y el numeral 9° del artículo 47 de la Ley 1142
de 2007 contraría el Acto Legislativo 03 de 2002, toda vez que “desconoce la
igualdad de armas que debe existir entre la parte acusadora y defensora en el
sistema acusatorio”.
Al respecto, manifestó que la Fiscalía
General de la Nación no tiene facultad constitucional para que dé constancia de
quién es el imputado o el defensor de éste, ni para cerificar al defensor, y
que la disposición legal que así lo establece  desconoce el principio de
igualdad de armas.
Arguyó además, que el imputado o defensor
pueden llevar los elementos materiales probatorios y evidencia física
encontrada, identificada empíricamente, recogida o embalada, a cualquier
laboratorio sea público o privado, y no exclusivamente a los del Estado -Instituto
Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses-, pues dicha exigencia rompe
con el principio de igualdad de armas.
Señaló, asimismo, que el parágrafo 1° del
artículo 18 de la Ley 1142 de 2007 vulnera el inciso 4° del artículo 29 de la
Constitución Política, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(artículo 14° numerales 1° y 3° literales a y d), y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (artículo 8° numerales 1° y 2° literales b y d), al no “permitirle
al imputado estar presente en la legalización de su captura, la formulación de
su imputación y la solicitud de medida de aseguramiento” negándole de este
modo el derecho a ejercer su defensa de manera personal o mediante un abogado
de su confianza.
Adujo que el parágrafo 3° de la Ley 1142 de
2007 transgrede, además de las disposiciones superiores señaladas anteriormente,
el inciso 3° del numeral 1° del artículo 250 y el artículo 30 de la
Constitución Política, pues el capturado no queda a disposición del Juez con
Funciones de Control de Garantías para que éste legalice la captura, es decir, “permite
que se legalice la captura del capturado sin el capturado”, desconoce el
término máximo treinta y seis horas para la realización de ese trámite judicial
haciendo inoperante la acción de habeas corpus y le niega al capturado
el derecho a conocer la imputación y ejercer el derecho de defensa, acerca de
los motivos y procedimientos relacionados con la captura, de manera personal o
mediante una abogado de confianza.
Por lo expuesto, solicita que las normas
acusadas sean declaradas inexequibles.
IV. INTERVENCIONES
1. Ministerio del Interior y de Justicia
El Ministerio del Interior y de Justicia,
mediante apoderada judicial, solicitó que esta Corte se declare inhibida para
emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustancial de la demanda.
Sin embargo, arguyó que si la Corte decide
aplicar el principio “pro acciones”, se declare la constitucionalidad de
las normas demandadas por las razones que a continuación se presentan.
1.1  El parágrafo 1° y 3° del artículo 18
del la Ley 1142 de 2007 debe ser interpretado no de manera aislada, sino de
forma armónica que permita rescatar la unidad lógico jurídica de la ley, lo que
a su vez facilita la interpretación teleológica de las normas legales.
1.2 El artículo 268 de la Ley 906 de 2004 y
el numeral 9° del artículo 47 de la Ley 1142 de 2007 no vulneran el principio
de igualdad de armas.
El principio de igualdad de armas,
referente a la “igualdad de oportunidades para recoger evidencias, y
potestades similares”, debe armonizarse con el deber estatal de proteger los
derechos fundamentales, la facultad de limitarlos sin perjuicio del respeto por
el núcleo esencial y la carga de evitar que terceros incidan directa o
indirectamente en el goce de éstos por parte de los asociados.
Este principio busca lograr una igualdad
relativa entre las partes, de allí que “no todas las potestades que se
reconocen a una de las partes son trasladables a la otra”, pues la defensa
y la víctima carecen de competencia para ordenar la adopción de medidas que
limiten derechos fundamentales, pero pueden acudir al Juez con función de
Control de Garantía para solicitar “bajo parámetros de estricta
proporcionalidad, la adopción de algunas medidas que limiten los derechos
fundamentales de terceros”, lo que asegura un medio idóneo para lograr la
igualdad de oportunidades en la recolección de evidencia o medios de prueba y a
la vez se garantiza un medio de control para la conducta de los particulares.
Por otra parte, adujo que se conserva el
principio de investigación integral que incluye la obligación para el Fiscal de
aportar al juicio las pruebas que encuentre sea favorable o desfavorable a su
pretensión de acusación, buscando con ello fortalecer la defensa y establecer
equilibrio con la acusación.
Finalmente, manifiestó que es una “potestad
facultativa” que los elementos materiales probatorios y de evidencia física
sean llevados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
2. Intervención del ciudadano Nicolás
Zapata Tobón.
Afirmó el ciudadano, miembro del
Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes, que la interpretación del
demandante del parágrafo 1 ° del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007 es errónea,
pues no se le están violando los derechos al capturado, mucho menos cuando el
proceso de legalización de la captura se lleva a cabo en presencia de su
defensor, sea de confianza o de oficio.
Respecto del parágrafo 3° del artículo 18
de la Ley 1142 de 2007, expuso el interviniente que la legalización de la
captura sin el capturado, no vulnera los derechos de éste, ya que “la
legalización se hace ante la defensa y se evalúan todos los parámetros
contenidos en la ley” y manifestó, por otra parte, que la prolongación del
término para la legalización de la captura desconoce el derecho fundamental de habeas
corpus que establece la Carta Política.
Por último, consideró que el artículo 268
de la Ley 906 de 2004 y el numeral 9° del artículo 47 de la Ley 1142 de 2007, desconoce
la igualdad de los sujetos procesales, pues “la Fiscalía adquiere cierta
ventaja sobre la defensa, ya que conoce sus elementos probatorios y al mismo
tiempo los condiciona, algo que procesalmente no es válido”.
3.  Intervenciones Extemporáneas
Las intervenciones del Fiscal General de la Nación,
del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, del decano de la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Popular del Cesar, y
del Director de Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás,  no serán
tenidas en cuenta dentro de este proceso de constitucionalidad por cuanto
fueron presentadas de manera extemporánea, como se evidencia en informes de la
Secretaría General de esta Corporación (Fls. 90, 127, 136 y 154 Cuaderno Ppal).
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
El Procurador General de la Nación, una vez
aceptado por la Sala Plena de esta Corporación, con salvamento de voto del
Magistrado Jaime Araújo Rentería, el impedimento manifestado para emitir
concepto en este proceso, nombró a la doctora Carmen Isaza Delgado para que
conceptúe acerca de la constitucionalidad de las normas demandadas.
La Procuraduría General de la Nación,
mediante concepto número 4466 de cinco (5) de febrero de dos mil ocho (2008),
solicitó a la Corte declarar la exequibilidad del artículo 47 de la Ley 1142 de
2007 y el artículo 268 de la Ley 906 de 2004, y declarar la inexequibilidad de
los parágrafos 1° y 3° del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007 o “estarse a
lo que se resuelva en relación con el expediente D-6948, que se encuentra en
trámite ante la Corte constitucional”.
Respecto del artículo 268 (parcial) de la
Ley 906 de 2004 y el numeral 9° del artículo 47 de la Ley 1142 de 2007, consideró
el Ministerio Público que con la implementación del sistema penal acusatorio la
labor investigativa fue ampliada a la defensa con los mismo limites impuestos a
la Fiscalía como lo es la necesaria intervención del juez para la limitación de
los derechos fundamentales de las personas que intervienen en el proceso, conservando
la Fiscalía la obligación de informar al juez de conocimiento todos los
elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia, incluido los que
sean favorables al procesado.
Adujo que el accionante incurre en error al
confundir el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con la
parte acusadora, pues aquella institución cuenta con personería jurídica y
autonomía en el ejercicio de sus funciones, cuya labor primordial es la de
prestar auxilio técnico a la administración de justicia, circunstancias que no
se pueden desconocerse por estar adscrita a la Fiscalía General de la Nación.
Así, afirmó que poner a disposición de la
defensa los servicios técnicos y científicos del Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, fortalece sus posibilidades y le otorga las mismas
condiciones que tienen las autoridades públicas.
Con respecto a la certificación de la
Fiscalía como requisito de actuación de la defensa ante terceros y ante el
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, señaló que dicho acto es
declarativo y obligatorio por parte del Fiscal, ya que éste no posee
discrecionalidad para emitirlo.
Expuso además, que la emisión de la
certificación la realiza la Fiscalía en tanto autoridad pública y no como parte
acusadora en un determinado proceso, que dicha función no ofrece ninguna
ventaja de la Fiscalía sobre la defensa y por el contrario contribuyen a
realizar el principio de igualdad de las partes en el proceso penal y a
facilitar la actuación de la defensa, pues sirve para demostrar esa calidad
ante autoridades públicas y particulares y exigir de ellos la colaboración que
ordena la ley, por lo que solicita que esas disposiciones normativas sean
declaradas constitucionales.
La inexequibilidad de los parágrafos 1° y 3°
del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007, la determino el Ministerio Público con
base en las siguientes consideraciones:
Partiendo del supuesto de que la calidad de
parte en el proceso como imputado se adquiere desde la formulación de
imputación o desde la captura, si ello ocurriere primero, (artículo 126 de la
Ley 906 de 2004) es a partir de ese momento en que se debe garantizar el
derecho a la defensa técnica y material del procesado (artículo 29 de la
Constitución Política y ordinal d) del numeral 3° del artículo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Así, se trasgrede el derecho a la defensa “cuando
se permite avanzar en el curso del proceso, formular cargos e incluso afectar
con medidas restrictivas de derechos fundamentales a una persona… que está en
incapacidad de ejercer su derecho a la defensa material,… una parte procesal
que tampoco puede controvertir ante el juez de control de garantías los
fundamentos que para respaldar sus peticiones presente la otra parte, la
fiscalía”, ello implica además la vulneración del principio de dignidad
humana, pues se ignora que el imputado es un sujeto de derechos que deben ser
garantizados dentro de la actuación penal y no un simple destinatario del poder
punitivo.
Asimismo, adujo, que en una situación de
hecho, al caer el imputado en un estado de inconsciencia no pude lograr la
comunicación con su defensor para que éste pueda diseñar la estrategia e iniciar
la búsqueda de elementos materiales probatorios o evidencia física a favor de
su prohijado, dicha imposibilidad vulnera el ejercicio del derecho a la defensa
del capturado.
Arguyó que la norma es indeterminada, pues
la expresión “‘o se encuentre en un estado de salud que le impida ejercer su
defensa material’, deja un espacio muy amplio al funcionario judicial para
establecer cuándo es imperiosa la presencia del procesado privado de la
libertad para formularle la imputación”, situación que vulnera el principio
de legalidad procesal y consecuentemente el derecho a la defensa.
Afirmó que la prolongación de la captura
más allá de las treinta y seis horas debido a la imposibilidad de traslado del
aprehendido en razón a la distancia, vías de acceso difíciles, el orden público
y el reemplazo de la audiencia preliminar ante el juez de garantías por una
constancia expedida por el Fiscal en una audiencia en la cual debe asistir el
defensor y el Ministerio Público, vulnera el inciso 2° del artículo 28 de la
Constitución Política, toda vez que éste no establece ninguna excepción al mencionado
término previsto para que el capturado sea puesto a disposición del juez a fin
de que éste emita la decisión que corresponda.
En este mismo sentido, señaló que el Acto Legislativo
03 de 2002 no le atribuye al Fiscal alguna función judicial como lo es la
legalización de la captura y mucho menos permite que dicha actuación se surta
por una simple constancia que informe las dificultades de traslado del
aprehendido.
Finalmente, expresó que existe vaguedad y
ambigüedad en las normas estudiadas, pues “ciertamente cualquier situación
puede ser considerada por el funcionario como una dificultad en el traslado del
capturado que lo exime del cumplimiento del lapso constitucional fijado para
colocarlo a disposición del juez…de este modo, la norma facilita al funcionario
evadir el control judicial ante cualquier obstáculo de tal forma que lo
excepcional puede convertirse en lo general”, además, dijo que resulta
curioso que el fundamento de la norma sea la dificultad de traslado del
capturado hasta el juez de control de garantías, pues como sí puede asistir el
defensor público y el representante del Ministerio Público y no el Juez  con
función de Control de Garantías, cuando éste existe según la Ley 1142 de 2007
en todos los municipios.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 241
numeral 4º de la Constitución Política, esta Corte es competente para conocer y
decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia puesto que las
disposiciones demandadas forman parte de una Ley de la República.
2. El asunto bajo revisión
2.1 La demanda de inconstitucionalidad presentada
dentro del presente proceso, se dirige contra el artículo 268 (parcial) de la
Ley 906 de 2004, así como contra el parágrafo 1º y 3º del artículo 18 de la Ley
1142 del 2007 y el numeral 9º (parcial) del artículo 47 de la Ley 1142 del 2007,
por considerar que dichas disposiciones son violatorias del Preámbulo y de los
artículos 29, 30, inc. 3º del numeral 1º del artículo 250 de la Constitución
Nacional, del Acto Legislativo 03 de 2002, y del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos –art. 14- y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos –art.8-.
Los cargos del actor se pueden agrupar de la siguiente
manera:
(i) En primer lugar, en criterio del actor las
expresiones demandadas del artículo 268 de la Ley 906 del 2004 y del numeral 9º
del artículo 47 de la Ley, las cuales prevén la constancia de la Fiscalía de
que es imputado o defensor –art.268 Ley 906 del 2004- así como certificado de
la Fiscalía General de la Nación de que la información será utilizada para
efectos judiciales –num. 9 art. 47 Ley 1142 del 2007- son vulneratorias del
Acto Legislativo 03 de 2002 al desconocer la igualdad de armas que debe existir
entre la parte acusadora y defensora en el sistema acusatorio, por cuanto la
Fiscalía General de la Nación no tiene facultad constitucional para otorgar
constancia de quién es el imputado o el defensor de éste, ni para certificar al
defensor, desequilibrando tal disposición la igualdad de armas que debe existir
dentro del proceso penal en el sistema acusatorio.
Así mismo, sostiene el actor que el artículo 268
contraría adicionalmente el principio de igualdad de armas, por cuanto el
imputado debe poder llevar los materiales probatorios y evidencia física
encontrada, identificada empíricamente, recogida o embalada, a cualquier
laboratorio sea público o privado, y no exclusivamente a los del Estado, esto
es, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por cuanto
esta exigencia rompe con el principio de igualdad de armas.
(ii) En segundo lugar, considera el
demandante que el parágrafo 1° del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007 vulnera
el inciso 4° del artículo 29 de la Constitución Política, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14° numerales 1° y 3°
literales a y d), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8°
numerales 1° y 2° literales b y d), ya que no le permite al imputado estar
presente en la legalización de su captura, la formulación de su imputación y la
solicitud de medida de aseguramiento, lo cual afecta de manera directa su
derecho de defensa de manera personal o mediante un abogado de su confianza.
(iii) En tercer lugar, afirma el actor que
el parágrafo 3° de la Ley 1142 de 2007 vulnera así mismo las normas de orden
constitucional del inciso 3° del numeral 1° del artículo 250 y del artículo 30
de la Constitución Política, ya que el capturado no se pone a disposición del
Juez con Funciones de Control de Garantías dentro del término establecido para
ello por la Carta Política, con el fin de que sea el Juez de Control de
Garantías el que legalice la captura, lo cual a su entender tiene una doble
connotación inconstitucional: de un lado permite que se legalice la captura sin
el capturado, de otro lado, desconoce el término máximo de treinta y seis horas
para la realización de ese trámite judicial haciendo inoperante la acción de habeas
corpus y negándole al capturado el derecho a conocer la imputación y a ejercer
el legítimo derecho de defensa de manera personal o mediante una abogado de
confianza; y finalmente, permite que sea la Fiscalía la que legalice la captura.
2.2 En su intervención el Ministerio del
Interior y de Justicia solicita a esta Corte de manera principal que se declare
inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustancial de la
demanda; y de manera subsidiaria, que en caso que decida pronunciarse de fondo
declare la constitucionalidad de las normas demandadas.
En favor de la constitucionalidad del
artículo 268 de la Ley 906 de 2004 y el numeral 9° del artículo 47 de la Ley
1142 de 2007, adujo que no vulneran el principio de igualdad de armas, el cual
debe armonizarse también con el deber estatal de proteger los derechos
fundamentales, la facultad de limitarlos sin perjuicio del respeto por el
núcleo esencial y la carga de evitar que terceros incidan directa o indirectamente
en el goce de éstos por parte de los asociados.
Así mismo, que estas disposiciones no se
encuentran en armonía con el principio de investigación integral que incluye la
obligación para el Fiscal de aportar al juicio las pruebas que encuentre sea
favorable o desfavorable a su pretensión de acusación, buscando con ello
fortalecer la defensa y establecer equilibrio con la acusación.
En relación con el aparte demandado del
artículo 268 de la Ley 906 del 2004 sobre el traslado de pruebas al laboratorio
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sostuvo que esta
disposición contiene una “potestad facultativa” de que los elementos
materiales probatorios y de evidencia física sean llevados al Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Finalmente, con respecto al parágrafo 1° y
3° del artículo 18 del la Ley 1142 de 2007 sostuvo el Ministerio que dichos
parágrafos deben ser interpretados no de manera aislada, sino de forma
armónica, de tal manera que se permita rescatar la unidad lógico jurídica de la
ley, lo que a su vez facilita la interpretación teleológica de las normas
legales.
2.3 En su intervención el ciudadano Nicolás
Zapata Tobón, miembro del Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes,
propugnó por la inconstitucionalidad de los apartes demandados del artículo 268
de la Ley 906 del 2004 y del numeral 9º del artículo 47 de la Ley 1142 de 2007,
defendió la constitucionalidad del parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142
de 2007, y sostuvo la inconstitucionalidad del parágrafo 3 del artículo 18 de
la Ley 1142 de 2007.
En relación con el artículo 268 (parcial)
de la Ley 906 de 2004 y el numeral 9° (parcial) del artículo 47 de la Ley 1142
de 2007, consideró que desconoce la igualdad de los sujetos procesales, ya que
la Fiscalía adquiere ventaja sobre la defensa ya que conoce sus elementos
probatorios y al mismo tiempo los condiciona lo cual no es a su juicio válido.
De otra parte, con respecto al parágrafo 1
° del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007 afirmó que el actor hace una
interpretación errónea, ya que con esta disposición no se le están violando los
derechos al capturado, mucho menos cuando el proceso de legalización de la
captura se lleva a cabo en presencia de su defensor, sea de confianza o de oficio.
Finalmente, con relación al parágrafo 3°
del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007, expuso el interviniente que si bien la
legalización de la captura sin el capturado no vulnera los derechos de éste, ya
que la legalización se hace ante la defensa, la prolongación del término para
la legalización de la captura sí desconoce el derecho fundamental de habeas
corpus que establece la Carta Política.
2.4 En su concepto, la Procuradora Auxiliar
para Asuntos Constitucionales, solicitó a la Corte declarar la exequibilidad
del numeral 9 (parcial) del artículo 47 de la Ley 1142 de 2007 y el artículo
268 (parcial) de la Ley 906 de 2004, y declarar la inexequibilidad de los
parágrafos 1° y 3° del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007 o “estarse a lo
que se resuelva en relación con el expediente D-6948, que se encuentra en
trámite ante la Corte constitucional”.
Con relación al artículo 268 (parcial) de
la Ley 906 de 2004 y el numeral 9° (parcial) del artículo 47 de la Ley 1142 de
2007, consideró el Ministerio Público que con la implementación del sistema
penal acusatorio la labor investigativa fue ampliada a la defensa con los mismos
límites impuestos a la Fiscalía como lo es la necesaria intervención del juez
para la limitación de los derechos fundamentales de las personas que
intervienen en el proceso, conservando la Fiscalía la obligación de informar al
juez de conocimiento todos los elementos probatorios e informaciones de que
tenga noticia, incluido los que sean favorables al procesado.
Adujo además el Ministerio que la
certificación de la Fiscalía como requisito de actuación de la defensa ante
terceros y ante el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, constituye
un acto declarativo y obligatorio por parte del Fiscal, ya que éste no posee
discrecionalidad para emitirlo.
Expuso además, que la emisión de la
certificación la realiza la Fiscalía en tanto autoridad pública y no como parte
acusadora en un determinado proceso, que dicha función no ofrece ninguna
ventaja de la Fiscalía sobre la defensa y por el contrario contribuyen a
realizar el principio de igualdad de las partes en el proceso penal y a
facilitar la actuación de la defensa, pues sirve para demostrar esa calidad
ante autoridades públicas y particulares y exigir de ellos la colaboración que
ordena la ley, por lo que solicita que esas disposiciones normativas sean
declaradas constitucionales.
Frente a la disposición contenida en el
artículo 268 de la Ley 906 de 2004 sobre el traslado de las pruebas al
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sostuvo el Ministerio
Público que el accionante incurre en un error, ya que confunde el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con la parte acusadora, pues
aquella institución cuenta con personería jurídica y autonomía en el ejercicio
de sus funciones, cuya labor primordial es la de prestar auxilio técnico a la
administración de justicia, circunstancias que no pueden desconocerse por estar
adscrita a la Fiscalía General de la Nación.
Como fundamento de la solicitud de inexequibilidad
de los parágrafos 1° y 3° del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007, expuso el Ministerio
Público que en lo que respecta al parágrafo 1º mencionado, éste trasgrede el
derecho de defensa ya que permite avanzar en el curso del proceso penal,
formular cargos e incluso afectar con medidas restrictivas de derechos
fundamentales a una persona, que se encuentra en incapacidad de ejercer su
derecho de defensa, lo que no sólo vulnera ese derecho sino también el de
dignidad humana, ya que se ignora que el imputado es un sujeto de derechos, los
cuales deben ser garantizados, y no un simple destinatario del poder punitivo.
Así mismo, para el Ministerio la expresión ‘o se encuentre en un estado de
salud que le impida ejercer su defensa material’ contenida en el parágrafo
1º de la Ley 1142 del 2007, es una expresión que deja un espacio muy amplio de interpretación
y valoración por parte del juez, lo cual termina vulnerando el principio de
legalidad procesal y consecuentemente el derecho a la defensa.
En relación con el parágrafo 3º de la Ley
1142 del 2007, afirmó el Ministerio Público que la prolongación de la captura
más allá de las treinta y seis horas debido a la imposibilidad de traslado del
aprehendido en razón a la distancia, vías de acceso difíciles, el orden público
y el reemplazo de la audiencia preliminar ante el juez de garantías por una
constancia expedida por el Fiscal en una audiencia en la cual debe asistir el
defensor y el Ministerio Público, vulnera el inciso 2° del artículo 28 de la
Constitución Política, toda vez que éste no establece ninguna excepción al
mencionado término previsto para que el capturado sea puesto a disposición del
juez a fin de que éste emita la decisión que corresponda.
En este mismo sentido, señaló que el Acto
Legislativo 03 de 2002 no le atribuye al Fiscal alguna función judicial como lo
es la legalización de la captura y mucho menos permite que dicha actuación se
surta por una simple constancia que informe las dificultades de traslado del
aprehendido.
Finalmente, el parágrafo demandado contiene
para el Ministerio Público una disposición vaga y ambigua que da pie a que el
funcionario pueda acudir ante cualquier situación a estas disposiciones para
justificar el incumplimiento del lapso constitucional fijado para poner el
capturado a disposición de un juez de control de garantías, además de que en
criterio de la Procuraduría dicha disposición no encuentra justificación
fáctica ya que la figura del juez de control de garantías existe según la Ley
1142 de 2007 en todos los municipios del país.
3.  Los problemas jurídicos y el esquema de resolución
Corresponde a la Corte establecer, en primer lugar, si
los artículos 268 (parcial) de la Ley 906 de 2004 y el numeral 9 (parcial) del
artículo 47 de la Ley 1142 del 2007 violan el Acto Legislativo 03 del 2002 en
relación con el sistema acusatorio y el principio de igualdad de armas entre
las partes procesales dentro de un proceso penal.
En segundo lugar, corresponde a esta Corporación
establecer si el parágrafo 1º  del artículo 18 de la Ley 1142 del 2007 es vulneratorio
del artículo 29 de la Constitución Nacional, así como de las disposiciones
consagradas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
por violación del derecho de defensa.
En tercer lugar, debe esta Corte determinar si el
parágrafo 3º del artículo 18 de la Ley 1142 del 2007 vulnera los artículos 28, 30,
el inciso 3º del numeral 1º del artículo 250 de la Constitución Nacional, sobre
la libertad y el control posterior por parte del juez de control de garantías,
así como el habeas corpus.
En aras de resolver los problemas jurídicos que se
plantean en este caso, la Corte se referirá en primer término, a la
configuración de cosa juzgada constitucional en relación con el parágrafo 1º y
3º del artículo 18 de la Ley 1142 del 2007 modificatorio del artículo 289 de la
Ley 906 del 2004.
En segundo término, la Corte se referirá a las disposiciones
demandadas del artículo 268 de la Ley 906 del 2004 y del numeral 9 del artículo
47 de la Ley 1142 del 2007, para lo cual seguirá el siguiente orden analítico:
(i) en primer lugar, analizará la Sala el principio de igualdad de armas; (ii)
En segundo lugar, las facultades de recaudo de pruebas de las partes,
especialmente por parte de la defensa, durante la etapa de investigación,
dentro del esquema penal acusatorio; (iii) en tercer lugar, se referirá la
Corte a la autorización del juez de control de garantías para las medidas en
materia probatoria que afecten derechos fundamentales; (iv) en cuarto lugar,
analizará la Corte en concreto las disposiciones demandadas.
Antes de entrar a resolver los problemas planteados,
debe esta Corte establecer si existe cosa juzgada constitucional en relación
con los parágrafos 1º y 3º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007.
1. Cosa juzgada constitucional en relación con los
parágrafos 1º y 3º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007.
1.1 Cosa Juzgada Constitucional.
De conformidad con lo dispuesto en el Art.
241 Constitucional, a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la
integridad y supremacía de la Constitución, en los términos del mismo artículo.
Con fundamento en el principio de seguridad
jurídica, las decisiones que en ejercicio de dicha función general adopta la
Corte tienen carácter definitivo e inmutable, en virtud de la institución de la
Cosa Juzgada Constitucional consagrada en el Art. 243 de la Constitución, según
el cual:
“Los fallos que  la Corte dicte en
ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional”.
En el mismo sentido, el Art. 22 del Decreto
2067 de 1991, señala que la Corte Constitucional debe confrontar las
disposiciones sometidas a control con la totalidad de los preceptos de la
Constitución, especialmente los del título II, y que la misma podrá fundar una
declaración de inconstitucionalidad en la violación de cualquiera norma
constitucional, así esta no hubiere sido invocada en el curso del proceso.
Esta regla es reiterada en el Art. 46 de la
ley 270 de 1996, en virtud del cual “en desarrollo del artículo 241 de la
Constitución Política, la Corte Constitucional deberá confrontar las
disposiciones sometidas a su control con la totalidad de los preceptos de la
Constitución. “[1]
En este orden de ideas, la regla general es
la cosa juzgada constitucional absoluta, que comprende todos los posibles
motivos o razones de inconstitucionalidad, y que la excepción, que como tal
debe ser expresamente señalada en la Sentencia, bien sea en su parte resolutiva
o bien sea en su parte motiva, es la cosa juzgada relativa, que se refiere
únicamente a uno o más motivos determinados de inconstitucionalidad y, por
consiguiente, deja abierta la posibilidad de nuevas demandas contra la misma
disposición, por otros motivos o razones.
Ahora bien, respecto a la diferencia entre
Cosa Juzgada Absoluta y Cosa Juzgada Relativa, esta Corporación ha establecido:
“Los conceptos
de cosa juzgada absoluta y relativa han sido desarrollados por la
jurisprudencia constitucional, indicando que en principio debe entenderse que
toda sentencia de constitucionalidad hace tránsito a cosa juzgada absoluta
salvo que la propia Corporación, bien de manera explicita en la parte
resolutiva, o bien de manera implícita en la parte motiva, restrinja el alcance
de su decisión a los cargos analizados en la sentencia.” [2] ( negrillas fuera de texto)
En consecuencia, la restricción a
los alcances de las decisiones de la Corte Constitucional se pueden presentar
de manera implícita en la parte motiva de la Sentencia o de manera explícita
en su parte resolutiva.  Ha dicho esta Corporación al respecto:
“La
cosa juzgada relativa se presenta de dos maneras: Explícita, cuando “...la
disposición es declarada exequible pero, por diversas razones, la Corte ha
limitado su escrutinio a los cargos del actor, y autoriza entonces que la
constitucionalidad de esa misma norma puede ser nuevamente reexaminada en el
futuro..”, es decir, es la propia Corte quien en la parte resolutiva de la
sentencia limita el alcance de la cosa juzgada “...mientras la
Corte Constitucional no señale que los efectos de una determinada providencia
son de cosa juzgada relativa, se entenderá que las sentencias que profiera
hacen tránsito a cosa juzgada absoluta...”. Implícita, se presenta cuando la
Corte restringe en la parte motiva el alcance de la cosa juzgada, aunque en la
parte resolutiva no se indique dicha limitación, “...en tal evento, no existe
en realidad una contradicción entre la parte resolutiva y la argumentación sino
una cosa juzgada relativa implícita, pues la Corte declara exequible la norma,
pero bajo el entendido que sólo se ha analizado determinados cargos...”. Así
mismo, se configura esta modalidad de cosa juzgada relativa, cuando la corte al
examinar la norma constitucional se ha limitado a cotejarla frente a una o
algunas normas constitucionales, sin extender el examen a la totalidad de la
Constitución o de las normas que integran parámetros de constitucionalidad,
igualmente opera cuando la Corte evalúa un único aspecto de constitucionalidad;
así sostuvo  que se presenta cuando: “... el análisis de la Corte está claramente
referido sólo a una norma de la Constitución o a un solo aspecto de
constitucionalidad, sin ninguna referencia a otros que pueden ser relevantes
para definir si la Carta Política fue respetada o vulnerada..”. [3] ( negrilla fuera de texto ).
En este sentido, es claro que concierne al juez
constitucional efectuar un análisis minucioso respecto de la norma acusada con
el fin de poder establecer si sobre ella recae el fenómeno jurídico de la Cosa
juzgada constitucional.
No obstante
compete igualmente al juez constitucional determinar que no acaezcan los
supuestos señalados en el inciso 2° del artículo 243 constitucional que indica
que “… Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto
jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la
Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la
norma ordinaria y la Constitución.”
1.2 Cosa Juzgada en relación con los parágrafos 1º y
3º del artículo 18 de la Ley 1142 del 2007
En reciente fallo de esta Corte –Sentencia C-425 del
2008, Expediente D-6948-, esta Corporación estudió la constitucionalidad de los
parágrafos 1º y 3º del artículo 18 de la Ley 1142 del 2007, por los mismos
cargos de inconstitucionalidad que se presentan en esta oportunidad,
resolviendo la Corte declarar inexequibles las expresiones “…formular
imputación, solicitar imposición de medida de aseguramiento y hacer las
solicitudes que considere procedentes…” y “En este caso …”
contenidas en el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007 y exequible
el resto del parágrafo 1º, en el entendido de que esta hipótesis, se interrumpe
la prescripción. Así mismo, decidió la Corte en la sentencia C-425 del 2008,
declarar inexequible la totalidad del parágrafo 3º del artículo 18 de la
ley 1142 de 2007 [4].
De conformidad con lo anterior, es claro para la Sala
que respecto de los parágrafos 1º y 3º del artículo 18 de la Ley 1142 se
configura cosa juzgada constitucional, razón por la cual la Corte no entrará a
estudiar nuevamente estas disposiciones demandadas, y su análisis de
constitucionalidad se circunscribirá al aparte demando del artículo 268 de la
Ley 906 del 2004 y a la expresión demandada del numeral 9 del artículo 47 de la
Ley 1142 del 2007.
2. Artículo 268 (parcial) de la Ley 906 del
2004 y numeral 9 del artículo 47 de la Ley 1142 del 2007
2.1 El principio de Igualdad de Armas
2.1.1 El principio de igualdad de armas (equality
of arms en la tradición anglosajona y Waffengleichheit en la
tradición europea continental) constituye entonces un elemento esencial de la
garantía del derecho de defensa, de contradicción, y más ampliamente del
principio de juicio justo, y  hace relación a un mandato según el cual, cada
parte del proceso penal debe poder presentar su caso bajo unas condiciones y
garantías judiciales, que permitan equilibrar los medios y posibilidades de
actuación procesal, dentro de las cuales se presente como esencial las
facultades en cuanto al material probatorio a recabar, de tal manera que
no se genere una posición sustancialmente desventajosa de una de las partes frente
a la otra parte procesal, como la que de hecho se presenta entre el ente acusador
y el acusado, a favor del primero y detrimento del segundo.
En efecto este principio aboga por no sólo por
la posibilidad de controvertir frente a la otra parte en igualdad de
condiciones, sino también en procurar la participación del acusado en el
proceso, tema que ocupará a la Corte en el próximo acápite de esta
decisión, en condiciones que enmienden el desequilibrio entre los medios
de que dispone éste y de los que dispone el fiscal o acusador, los cuales son
claramente superiores. El principio de igualdad de armas o igualdad de
medios, supone entonces que la carga probatoria del acusador es
proporcional a sus medios y que las reglas de ejercicio del principio
contradictorio en virtud de esa carga, buscan equiparar la participación en el
proceso penal, tanto optimizando lo más posible las garantías de la defensa,
como incrementando la exigencia del cumplimiento de la labor probatoria del
acusador.
Ahora bien, este principio tiene una
aplicación importantísima relativa al pleno ejercicio de la defensa penal, la
cual incluye el contar necesariamente con un abogado, un intérprete, o con la
posibilidad de ser oído en defensa propia si fuere el caso, así como con el
tiempo y medios razonables para interactuar con quien va a obrar como
representante y, para ejercer las facultades en cuanto al recaudo de material probatorio
dentro del proceso penal, la solicitud de las pruebas que considere pertinentes
y la interacción frente a las pruebas que presente el ente acusador.
De este modo, el principio de igualdad de
medios o de armas implica, para el caso que nos ocupa, que el imputado dentro
del proceso penal pueda ejercer las facultades en materia probatoria y desde la
etapa de investigación previa que la ley le otorga, y ello sin encontrarse
limitado o condicionado en dicho ejercicio por el ente acusador, el cual como
se anotó tiene superioridad de medios en materia de investigación, sino que
cualquier límite en dicho ejercicio y ello en aras de garantizar derechos
fundamentales, debe venir impuesto por un juez.
Esta garantía en el ejercicio de los medios
de defensa desde la etapa de investigación previa, busca no sólo favorecer al
acusado, sino que también protege aquellas garantías que permiten tender hacia
la equiparación de medios, respecto de los medios con los que cuenta el
acusador, dado el hecho de que la Fiscalía como ente estatal acusador, cuenta
dentro del proceso penal con superioridad de medios para investigar, acusar o
no acusar, precisamente por lo cual, el sistema penal debe buscar la nivelación
de este ente con los acusados, como maximización del valor de la justicia en
los procesos penales.
En resumen, para esta Corte el derecho de
defensa en materia penal encuentra uno de sus más importantes y esenciales
expresiones en el principio de igualdad de armas, en procura de garantizar la
protección de los imputados frente a aquellas situaciones que desequilibran su
actuación en el proceso.
A partir de ello, la protección  principio
de defensa y contradicción debe garantizarse, de tal manera que se permita en
el desarrollo del proceso penal, tomar medidas para equiparar en el mayor grado
que se pueda, las posibilidades para que el imputado, el acusado y su defensa
presenten el caso desde una posición que no sea manifiestamente desventajosa
frente a la Fiscalía, en este caso en relación con la facultad de recaudo de
material probatorio en la etapa de investigación. Con ello se proyecta la
satisfacción del principio de igualdad de medios o igualdad de armas,
cuyo desarrollo implica una ampliación tanto de las garantías para preparar una
defensa técnica estratégica, como de la carga de la Fiscalía para sustentar
probatoriamente la acusación.
Al tenor de estas consideraciones, la jurisprudencia
de esta Corte Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial cuya
orientación ha sido precisamente buscar la equiparación entre acusador y
acusado, tanto en cuanto a las facultades en materia probatoria, tema que nos
ocupa en este acápite, como también en relación con la situación específica de
los deberes de los funcionarios judiciales para lograr la comparecencia del
imputado al proceso, tema que ocupará a esta Corte en el acápite siguiente.
2.1.2 En concordancia con lo anterior, la
jurisprudencia de esta Corte[5] ha estudiado el principio
de igualdad de armas en relación con el sistema probatorio de corte acusatorio.
La Corte se refirió a la definición y concepto del principio
de igualdad de armas, afirmando que con este principio se quiere indicar que “(…)
en el marco del proceso penal, las partes enfrentadas, esto es, la Fiscalía y
la defensa, deben estar en posibilidad de acudir ante el juez con las mismas
herramientas de persuasión, los mismos elementos de convicción, sin privilegios
ni desventajas, a fin de convencerlo de sus pretensiones procesales. El
Tribunal de Defensa de la Competencia Español (Resolución
240), ha establecido, por ejemplo, que el principio de igualdad de
armas “exige que se conceda el mismo tratamiento a las partes que intervengan en
el expediente".
En la Convención Europea de Derechos Humanos, el
principio de igualdad de armas se hace derivar del artículo 6.1, contentivo del
principio jurídico conocido bajo el brocardo “audiatur et altera pars” y que
literalmente significa, escuchar también a la otra parte. Dice al respecto la
Convención Europea:
Artículo 6 . Derecho a un proceso
equitativo. 1.  Toda  persona  tiene  derecho  a  que  su  causa  sea  oída
equitativa, públicamente  y  dentro  de  un  plazo  razonable,  por  un  tribunal
independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios
sobre  sus  derechos  y  obligaciones  de  carácter  civil  o  sobre  el
fundamento  de  cualquier  acusación  en  materia  penal  dirigida  contra
ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a  la
sala  de audiencia  puede  ser  prohibido  a  la  prensa  y  al  público
durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden
público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los
intereses de los menores o la protección de la vida privada de  las  partes
en  el  proceso  así  lo  exijan  o  en  la medida  en  que  será considerado
estrictamente  necesario  por  el  tribunal,  cuando  en circunstancias  especiales
la  publicidad  pudiera  ser  perjudicial  para  los intereses de la justicia.”
En oportunidad la Corte expresó:
“En efecto, la aplicación del principio de
igualdad de armas en el proceso penal hace parte del núcleo esencial de los
derechos al debido proceso y de igualdad de trato jurídico para acceder a la
justicia (artículos 29, 13 y 229 de la Constitución), según el cual las partes
deben contar con medios procesales homogéneos de acusación y defensa, de tal
manera que se impida el desequilibrio entre las partes y, por el contrario, se
garantice el uso de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e
impugnación. Ahora, la desigualdad institucional, evidente en el sistema penal
acusatorio (el aparato estatal investigativo, por regla general, tiene mayor
fortaleza económica, orgánica y funcional, que la defensa a cargo de los
particulares), supone la necesaria intervención legislativa para superarla y
propiciar la igualdad de trato y de oportunidades de defensa. Por ello, el
fortalecimiento y real aplicación de principios procesales tales como la
presunción de inocencia, el in dubio pro reo, las prohibiciones de doble
incriminación y de autoacusación, entre otros, colocan al juez en una posición
clara frente al vacío probatorio: la pasividad probatoria como instrumento de
equiparación de armas entre las partes.”[6]
2.1.3. En relación con el nuevo sistema acusatorio, la
jurisprudencia de esta Corte ha concluido que la igualdad de armas es una
característica esencial de los sistemas penales de tendencia acusatoria, en
cuanto éstos sistemas tienen una configuración estrictamente adversarial, esto
es, que tanto el ente acusador como el acusado se deben enfrentar en igualdad
de condiciones en materia de acusación y defensa, ante un juez imparcial que
debe valorar el acerbo probatorio para fallar.  Así lo ha expresado la Corte:
“(E)l principio de igualdad de armas
constituye una de las características fundamentales de los sistemas penales de
tendencia acusatoria, pues la estructura de los mismos, contrario a lo que
ocurre con los modelos de corte inquisitivo, es adversarial, lo que significa
que en el escenario del proceso penal, los actores son contendores que se
enfrentan ante un juez imparcial en un debate al que ambos deben entrar con las
mismas herramientas de ataque y protección.”[7]
En este mismo sentido, la Corte ha resaltado la
circunstancia de que desde el punto de vista metodológico, el principio de
igualdad de armas responde a la lógica que impone la metodología de
investigación de los sistemas penales de tendencia acusatoria, ya que en este
sistema ambas partes procesales, tanto la Fiscalía como al imputado o acusado,
le es dable recaudar material probatorio durante la etapa de investigación, así
como solicitar y controvertir pruebas en la etapa de juicio, lo cual pone en
evidencia el papel diligente y activo que se le otorga al imputado y acusado en
materia probatoria durante las diferentes etapas del proceso penal. A este
respecto, esta Corporación ha expresado:
“En efecto, a diferencia del sistema de
tendencia inquisitiva adoptado por la Constitución de 1991, y que aún rige en
buena parte del país, en el que la Fiscalía ejercía -a un tiempo- función
acusatoria y funciones jurisdiccionales, en el nuevo sistema procesal penal el
rol del ente de investigación se ejerce con decidido énfasis acusatorio,
gracias a lo cual, pese a que su participación en las diligencias procesales no
renuncia definitivamente a la realización de la justicia material, el papel del
fiscal se enfoca en la búsqueda de evidencias destinadas a desvirtuar la
presunción de inocencia del procesado, lo cual constituye el distintivo del
método adversarial.
Por ello, al haberse transformado su objeto
institucional y al habérsele dado a la Fiscalía la función de actuar
eminentemente como ente de acusación, se entiende que el organismo público no
esté obligado a recaudar evidencias que pudieran liberar de responsabilidad
penal al imputado. La investigación adelantada por la Fiscalía se enfoca
primordialmente a desmontar la presunción de inocencia que ampara al individuo
objeto de investigación, lo que no significa que, de hallarse evidencia que
resulte favorable a los intereses del mismo, ésta deba ser puesta a disposición
de la defensa[8]. En suma,
mientras el sistema procesal penal derogado obliga al ente de investigación a
recaudar pruebas favorables al procesado, el segundo lo obliga a ponerlas a
disposición de la defensa en caso de encontrarlas, lo cual significa un
evidente y sensible cambio en el énfasis de dicho compromiso.
De igual manera, el nuevo sistema impone
a la defensa una actitud diligente en la recolección de los elementos de
convicción a su alcance, pues ante el decaimiento del deber de recolección
de pruebas exculpatorias a cargo de la Fiscalía, fruto de la índole adversativa
del proceso penal, la defensa está en el deber de recaudar por cuenta propia
el material probatorio de descargo. El nuevo modelo supera de este modo
la presencia pasiva del procesado penal, comprometiéndolo con la investigación
de lo que le resulte favorable, sin disminuir por ello la plena vigencia de la
presunción de inocencia.
Ahora bien, como el cambio de metodología
de la investigación penal implica que, en el nuevo sistema, la Fiscalía no está
obligada a recaudar material probatorio que pudiera ser favorable a la defensa,
sino que su tarea se limita a encontrar las pruebas de cargo que desvirtuarían
la presunción de inocencia del acusado (aunque, de encontrar pruebas
exculpatorias, está en la obligación de entregarlas a la defensa), se hace
indispensable que la defensa tenga acceso al conocimiento del acervo que se
hará valer en su contra.” (resaltado
por la Corte)
2.1.4 De las anteriores consideraciones, esta Sala
concluye que dada la finalidad constitucional del derecho de defensa y del
principio de igualdad de armas, el cual busca mantener el equilibrio de la
contienda y de garantizar la vigencia del plano de igualdades en el debate, la
defensa  debe estar en posibilidad de ejercer las facultades que le han sido
otorgadas por la misma ley para el recaudo, solicitud y contradicción de
pruebas, tanto en la etapa de investigación como en la etapa de juicio, y ello
sin ninguna limitante por parte de su contraparte, esto es, del ente acusador,
sino con las limitantes propias del Estado de Derecho respecto de la afectación
de terceros y la afectación de derechos fundamentales, control que le
corresponde ejercer a un juez de la República, en la etapa de investigación al
juez de control de garantías y en la etapa de juicio al juez de conocimiento.
Así mismo, concluye esta Sala que el principio de
igualdad de armas tiene aplicación también en relación con la posibilidad para
el imputado y su defensa de escoger la entidad de carácter técnico científico
que deba conceptuar respecto del material probatorio recaudado por el imputado
y su defensor durante la etapa de investigación, y no estar sujeto a una
entidad que depende de su contraparte, esto es, del ente acusador.
2.2 Las facultades del imputado en materia
probatoria y el actual paradigma constitucional de tendencia acusatoria
2.2.1 En relación con las facultades del
imputado dentro del actual paradigma constitucional de tendencia acusatoria se
ha pronunciado esta Corporación en numerosa jurisprudencia[9],
en la cual se sostiene que el poder de prueba dentro del actual esquema
acusatorio se radica tanto en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, como en
cabeza del acusado y del Juez. Se afirma que en el nuevo sistema acusatorio -numeral
4 y el último inciso del artículo 250 de la Carta- se introdujeron
modificaciones importantes en materia probatoria, dentro de las cuales se
encuentra el alcance de los principios de inmediación y de contradicción,
ya que las pruebas se han de practicar dentro de la etapa de juzgamiento ante
el juez y los jurados y, además, ofreciendo tanto a la Fiscalía como a la
defensa el derecho de contradicción.
Así mismo, ha insistido esta Corporación
que el poder de contradicción, constituye un aspecto esencial del
derecho de defensa por parte del acusado, derecho que mantiene
plenamente su status de garantía fundamental de la persona, y se materializa
con la sujeción constitucional de la etapa de juzgamiento a los principios de oralidad
y contradicción.
2.2.2 En la jurisprudencia de la Corte se
destaca la función que asigna el numeral 3 del artículo 250 constitucional a la
Fiscalía, la cual no se encontraba prevista en la Carta de 1991, relativa a “asegurar
los elementos materiales probatorios”,  para lo cual deberá garantizar
la cadena de custodia mientras se ejerce la contradicción de tales pruebas.
Asimismo, se pone de relieve el que el sistema acusatorio establece una regla
general no prevista en el esquema de funciones original de 1991, el que en caso
de requerirse medidas adicionales para asegurar elementos materiales
probatorios, que impliquen afectación de derechos fundamentales, se deberá
contar con autorización judicial por parte del juez que ejerza la función de
control de garantías.
Así mismo la jurisprudencia de esta Corte ha
establecido en materia probatoria y bajo el nuevo sistema procesal penal con
tendencia acusatoria, que si bien la etapa del juicio tiene preponderancia
frente a la fase de investigación, por cuanto en ella se practicarán las
pruebas que servirán de fundamento para la sentencia, de conformidad con los
principios de inmediación y de contradicción, siendo por ello esta etapa de
juicio el eje del proceso penal, la fase de investigación tiene también en el
nuevo esquema acusatorio una importancia fundamental como fase de preparación
para el juicio tanto por parte de la Fiscalía como por parte del imputado y su
defensa, para que en la etapa de juicio se practiquen y valoren en forma
pública y con participación del imputado el material probatorio que se hubiere
recaudado en la etapa de investigación, conforme a los principios de
concentración, inmediación y contradicción de la prueba[10].
Asi también, en la Sentencia C-591 de 2005, la Corte
al analizar la constitucionalidad de los artículos 16 (inmediación probatoria),
154 (práctica de una prueba anticipada) y 284 (prueba anticipada) de la Ley 906
de 2004, expuso que en el nuevo sistema acusatorio se abandona el principio de
permanencia de la prueba conforme al cual las practicadas por la Fiscalía desde
la indagación preliminar tenían validez para dictar una sentencia, por los de
concentración, inmediación y contradicción de la prueba según los cuales las
pruebas se practican en el curso del juicio oral, público y con todas las
garantías. Igualmente, se señala en dicha providencia, que durante la etapa
de indagación como en el curso de la investigación, realmente no se practican
pruebas sino que se recaudan evidencias o elementos materiales probatorios,
tanto por la fiscalía como por el imputado, y es solamente en el curso de
la audiencia de formulación de acusación, donde el fiscal deberá descubrir las
pruebas de cargo a fin de que sean practicadas en la etapa del juicio. Veamos
lo señalado en dicha decisión:
“En efecto, durante la etapa preprocesal
de indagación, al igual que en el curso de la investigación, no se practican
realmente “pruebas”, salvo las anticipadas de manera excepcional, sino que se
recaudan, tanto por la Fiscalía como por el indiciado o imputado, elementos
materiales probatorios, evidencia física e información, tales como las huellas,
los rastros, las armas, los efectos provenientes del delito, y los mensajes de
datos, entre otros. En el escrito de acusación, el cual se presenta ante el
juez de conocimiento en el curso de una audiencia de formulación de acusación,
el fiscal deberá descubrir las pruebas de cargo, incluyendo los elementos
favorables al acusado. A su vez, podrá solicitarle al juez que ordene a la defensa
entregarle copia de los elementos materiales de convicción, de las
declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en el
juicio. Posteriormente, en el curso de la audiencia preparatoria, la Fiscalía y
la defensa deberán enunciarle al juez de conocimiento la totalidad de las
pruebas que harán valer en el juicio oral,  pudiendo solicitársele la
aplicación de la regla de exclusión. Finalmente, en virtud del principio de
inmediación de la prueba en el juicio oral, se practicarán las pruebas que
servirán para fundamentar una sentencia”.
2.2.3 En relación con el momento en el cual es
procedente el descubrimiento de las pruebas, como soporte de la acusación, a
fin de que ellas sean practicadas en el juicio según la configuración del nuevo
sistema procesal penal, en la sentencia C-1194 de 2005[11]
la Corte consideró que el propósito central de la diligencia de descubrimiento
es que la defensa conozca el material probatorio que el fiscal utilizará en el
juicio, así como que inversamente la Fiscal conozca los elementos de convicción
y el material probatorio recaudado por la defensa y que pretende hacer valer en
el juicio.
2.2.4 Así también, la jurisprudencia de
esta Corte se ha pronunciado en relación con el tema de las pruebas
anticipadas, afirmando que la práctica de pruebas anticipadas en circunstancias
excepcionales no vulnera el principio de inmediación de la prueba en un
sistema acusatorio, y que las pruebas anticipadas deben cumplir así mismo con
el principio de legalidad, de publicidad y de contradicción.[12]
En relación con la procedencia de pruebas anticipadas
ha expresado también esta Corporación que es al juez de control de garantías a
quien le corresponde corroborar que efectivamente exista una situación
excepcional y urgente que justifique la práctica de una prueba anticipada,
situación que de no presentarse dará lugar a la negación de la solicitud
respecto de prueba anticipada. Así mismo, ha establecido esta Corte que en todo
caso esta prueba anticipada podrá ser repetida durante el juicio oral.
2.2.5 También se ha pronunciado esta
Corporación[13], sobre la función del
juez de conocimiento en materia probatoria dentro del actual sistema de
tendencia acusatoria, y su rol pasivo en esta materia, de conformidad con el
artículo 361 del CPP, caracterización del juez dentro del sistema acusatorio
que esta Corte ha considerado como una garantía adicional para el acusado.
2.2.6 Para efectos del presente estudio de
constitucionalidad es especialmente relevante el tema de la actividad
probatoria del imputado dentro de la investigación previa, respecto de lo cual
esta Corporación se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de garantizar
el pleno ejercicio del derecho de defensa y de contradicción, y con ello la
igualdad de armas, en relación con la actividad probatoria que se desarrolla
dentro de la etapa preliminar por parte del imputado y su defensor.
En este orden de ideas, esta Corte en
reiterada jurisprudencia se ha pronunciado respecto de la importancia de
garantizar el derecho de defensa del imputado en general y específicamente
durante la etapa de investigación previa en relación con el material probatorio
a ser recabado [14].  En este sentido esta
Corporación ha sostenido que la investigación previa es una etapa preprocesal
en donde el Estado debe determinar si una conducta ha ocurrido, si está
tipificada en la ley penal, si se configura una causal de ausencia de
responsabilidad y si la acción penal es procedente, así como la identificación
del autor o autores del hecho, etapa durante la cual, dentro del marco del
actual sistema acusatorio, no sólo el ente acusador sino también el imputado y
la defensa tienen el derecho y la facultad de recaudar el material probatorio
que permitan esclarecer estos interrogantes penales. Por las razones
anteriores, la etapa de investigación previa reviste especial importancia tanto
para el sistema punitivo como para el imputado, razón por la cual durante esta
etapa debe protegerse y garantizarse plenamente el derecho de defensa y sus
principios, entre ellos la igualdad de armas.
En este sentido esta Corte ha expresado:
“Esta fase [de investigación previa] reviste
importancia capital no sólo para el cumplimiento de los fines del Estado, sino
también para el imputado, porque dependiendo de las actividades desarrolladas
en esta etapa puede luego convertirse en sindicado y desde entonces su libertad
personal, al igual que otros derechos, resultar seriamente afectados.  Por lo
mismo, la actividad estatal en la búsqueda de la verdad debe armonizarse con el
ejercicio de sus derechos al debido proceso y a la defensa, pues de lo
contrario probablemente carecerán de eficacia material durante las etapas
subsiguientes”.[15]
En armonía con lo expuesto, es dable
afirmar que la Corte ha entendido que el debido proceso y el derecho de
defensa, deben garantizarse plenamente en la fase de investigación previa al
imputado y su defensa, frente al gran poder que en este sentido tiene el ente acusador,
ya que si esta etapa se desarrolla sin la participación activa del imputado y
su defensa en relación con las facultades que le son atribuidas respecto del
recaudo de material probatorio, el derecho de defensa y la igualdad de armas
que no se garantizaron durante esta etapa decisiva, terminará afectando también
y de manera directa el resto de etapas dentro del proceso penal.
A este respecto ha dicho la Corte:
“En efecto, el ente acusador tiene a su
alcance amplios poderes que en en ciertos eventos podrían definir radicalmente
el curso del proceso.  Por ejemplo, si gran parte del material probatorio es
recopilado durante la investigación previa sin la participación del imputado o
de su defensor, o sin la posibilidad de controvertirlo oportunamente, o de
solicitar la práctica imperiosa de algunas pruebas a favor del imputado, el
derecho de defensa difícilmente podrá consolidarse durante el sumario y menos
aún en la etapa del juicio, por cuanto durante la fase preprocesal aquel no
revistió las suficientes garantías y solamente fue satisfecho de manera
precaria.”[16]
Por consiguiente, es claro para esta Sala
que el pleno ejercicio del derecho de defensa y la igualdad de armas,
especialmente en lo que respecta a las facultades del imputado y su defensa
dentro de la investigación previa, son esenciales  para el direccionamiento,
desarrollo y posterior culminación del proceso penal, y con ello también para
la suerte final del procesado.
Así dentro del nuevo sistema acusatorio y la vigencia
de la Ley 906 del 2004 ha sostenido esta Corte que si bien dentro de esta etapa
no se realizan estrictamente “pruebas”, excepción hecho de las mencionadas
“pruebas anticipadas”, debe garantizarse plenamente el recaudo de material
probatorio tanto por parte de la Fiscalía y especialmente por parte del
imputado y su defensa.
2.2.7 De todo lo anterior, la Sala concluye dentro del
marco de actual sistema penal acusatorio, se introdujeron cambios estructurales
fundamentales respecto de la actividad probatoria por parte de la Fiscalía, del
imputado, del acusado, del defensor y del juez, cambios que esta Corporación ha
encontrado como de los más relevantes dentro de las modificaciones introducidas
por el nuevo esquema penal[17]. En materia probatoria, pertinente
para el presente proceso de constitucionalidad, estos elementos se refieren a
que:
(i) Tanto la Fiscalía como al imputado están
facultados dentro del actual sistema penal de tendencia acusatoria para el recaudo
de material probatorio, relativo a evidencia física e información que permita
esclarecer los elementos del delito, material que será decisivo para el
posterior desarrollo del proceso penal, especialmente para el momento de la
acusación y el descubrimiento de las pruebas de cargo por parte de la Fiscalía,
como para que el imputado y su defensa hagan valer durante el juicio oral el
material probatorio por ellos aportado.
(ii) Es fundamental distinguir los actos de
investigación y los actos de prueba. Los primeros tienen como finalidad recaudar
y obtener las evidencias o los elementos materiales probatorios que serán
utilizados en el juicio oral para verificar las proposiciones de las partes y
el Ministerio Público y, para justificar, con grado de probabilidad, las
decisiones que corresponden al juez de control de garantía en las etapas
preliminares del procedimiento. En otras palabras, los actos de investigación
se adelantan por la Fiscalía, la Defensa, el Ministerio Público y la víctima
con el control y vigilancia del juez de control de garantías. Los segundos, los
actos de prueba, son aquellas actuaciones que realizan las partes ante el juez
de conocimiento con el objeto de incorporar los actos de investigación al
proceso y convertirlas en pruebas dirigidas a obtener la verdad de lo sucedido
y verificar sus proposiciones de hecho.
Con fundamentos en las anteriores consideraciones,
pasa la Sala a determinar la constitucionalidad de las expresiones acusadas a
partir del análisis de los cargos de la demanda.
2.3 Análisis concreto de las expresiones
demandadas
2.3.1 El artículo 268 (parcial) de la Ley
906 del 2004
El artículo 268 de la Ley 906 del 2004, es
la disposición del Código de Procedimiento Penal mediante la cual se faculta al
imputado o a su defensor, durante la etapa de la investigación, para buscar,
identificar empíricamente, recoger y embalar los elementos probatorios y
evidencia física, esto es, para recaudar material o elementos probatorios, que
posteriormente se harán valer durante la etapa de juicio.
Con esta disposición, como quedó expuesto
en la parte considerativa de este aparte, se pone en evidencia el papel activo
del imputado y su defensa en materia probatoria dentro del actual paradigma
acusatorio, ya desde la etapa de la investigación, facultades que revisten una
especial importancia dentro del proceso penal, por cuanto no sólo son expresión
del pleno ejercicio del derecho de defensa y de contradicción, y muy
especialmente del principio de igualdad de armas, sino que desde esta temprana
etapa se determina la orientación posterior que tomará el proceso penal en la
etapa de juicio, y con ello también la suerte del procesado.
Ahora bien, la expresión demandada “(c)on
la solicitud para que sean examinados y la constancia de la Fiscalía de que es
imputado o defensor de este, los trasladarán al respectivo laboratorio del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde los entregarán
bajo recibo” contenida en el artículo 268 de la Ley 906 del 2004, fue
demandada en el presente proceso de constitucionalidad por violar el Acto
Legislativo 03 de 2002 en cuanto desconoce la igualdad de armas, y ello en dos
sentidos:
(i) En primer lugar, por cuanto la
exigencia de una constancia por parte de la Fiscalía, referente a
la calidad de imputado o defensor de éste, para que proceda el traslado de los
materiales probatorios, que han buscado, identificado, recogido y embalado el
imputado o su defensor, vulnera la igualdad de armas al exigir al imputado una
constancia precisamente de su contraparte, esto es, del ente acusador, lo cual
desequilibra la igualdad de las partes procesales dentro del esquema
acusatorio.
(ii) En segundo lugar, la segunda parte del
artículo 268 de la Ley 906 del 2004 es demandada por vulnerar el principio de
igualdad de armas, por cuanto dispone que el imputado realice el traslado del
material probatorio recaudado para que sea examinado a una entidad pública, el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que se encuentra
adscrita a la Fiscalía General de la Nación, lo cual rompería nuevamente el
equilibrio entre la parte acusadora, y el imputado durante la etapa de
investigación.
Entra la Sala a continuación a pronunciarse
sobre estos cargos.
2.3.1.1 La inexequibilidad de que la constancia
sobre la calidad de imputado o de defensor sea otorgada exclusivamente por parte
de la Fiscalía
De conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia, encuentra la Sala que
efectivamente la exigencia al imputado o su defensor de una constancia por
parte de la Fiscalía, su contraparte, en la que se constate la calidad de
imputado o defensor, para que pueda proceder el traslado del material
probatorio recaudado al laboratorio respectivo, es violatoria del principio de
igualdad de armas, en cuanto se rompe el equilibrio que debe preservar el
sistema acusatorio entre el ente acusador y el acusado, o imputado en este
caso.
Esta disposición es violatoria del
principio de igualdad de armas, fundamental dentro del sistema acusatorio, en
razón de que se exige al imputado o su defensor, una constancia de su calidad
de tal, precisamente por parte de su contraparte dentro del proceso penal, la
cual por lo demás, y como quedó expuesto, se encuentra en una situación
especialmente favorable respecto de los medios para el recaudo de material
probatorio. En efecto, esta exigencia de constancia por parte de la Fiscalía
sobre la calidad de imputado o defensor, es gravosa para el imputado o su
defensor y afecta, en criterio de la Corte, las facultades otorgadas a éstos
durante la etapa de la investigación para el recaudo de material probatorio.
Ahora bien, en aras de garantizar los
derechos fundamentales del imputado o su defensor dentro de la etapa de
investigación dentro del proceso penal y en materia probatoria, esta Sala
considera que no puede ser en forma exclusiva la Fiscalía quien tenga la
facultad de otorgar la constancia de que trata la disposición sub examine,
por cuanto como ya se anotó, al ser la Fiscalía la contraparte dentro del
proceso penal y al ser el otorgamiento de la constancia sobre la calidad de
imputado o defensor una facultad exclusiva de esta autoridad, se vulnera la
igualdad de armas y el equilibrio entre las partes dentro del proceso penal, y
de contera el derecho de defensa. Por esta razón, la Sala encuentra que en
armonía con el principio constitucional de igualdad de armas y el derecho de
defensa, la constancia en cuestión debe poder ser expedida por cualquier
autoridad que pueda dar fé, expedir constancia o certificar la calidad de
imputado o defensor de que trata la norma. Así el imputado o defensor, deben
poder obtener dicha constancia del juez de control de garantías, del mismo
fiscal, si así lo deciden libremente y lo consideran conveniente, o de otras
autoridades, como por ejemplo, de la Defensoría.
En este sentido, dentro del marco
constitucional expuesto en la parte considerativa de este aparte y en armonía
con el paradigma penal acusatorio estudiado, considera la Corte que en aras de
preservar el principio de igualdad y al mismo tiempo los derechos fundamentales
que puedan resultar afectados a raíz de la actividad probatoria del imputado o
su defensor, se encuentra ajustada a la constitución la exigencia de constancia
respecto de la calidad de imputado o defensor, pero que al mismo tiempo pueden
ser varias las autoridades competentes, desde el punto de vista constitucional,
para emitir la constancia de que trata la segunda parte del artículo 268 de la
Ley 906 del 2004, ya que no puede ser sólo el Fiscal, en forma exclusiva, el
que en su calidad de contraparte del imputado y su defensor, tenga la
competencia para expedir dicha constancia. Así pueden expedir tal constancia, a
título de ejemplo, el juez de control de garantías, a quien por lo demás el
Constituyente derivado le ha confiado la guarda de los derechos y las
libertades dentro de la etapa de investigación durante el proceso penal, o
también la Defensoría, quien puede expedir constancia tanto respecto de sus
defensores públicos o de oficio, como también respecto de los defensores de los
imputados o del propio imputado, o cualquier otra autoridad competente para
ello, o también la misma Fiscalía.
En este orden de ideas, en criterio de esta
Sala el imputado o su defensor podrán obtener la constancia de que trata el
artículo 268 de la Ley 906 del 2004 de cualquier autoridad pública que pueda
dar fé, expedir constancia o certificar sobre la calidad de imputado o
defensor, esto es, podrán acudir por ejemplo, ante el juez de garantías, o ante
la Fiscalía, esto último de manera facultativa y si lo consideran conveniente,
o ante la Defensoría, entre otras autoridades. Por lo tanto, el imputado o su
defensor quedan en libertad de acudir ante la autoridad que consideren les
brinde mayores garantías o ante quien les quede más expedito, o ante quien
consideren más conveniente, con el fin de obtener la constancia sobre su
calidad de imputado o defensor. De esta forma, se abre para el imputado o su
defensor un abanico de posibilidades para obtener dicha constancia, ya que
pueden recibirla de parte del juez, del fiscal, de la Defensoría, entre otros, no
quedando dicha facultad exclusivamente en manos de la Fiscalía, lo cual
facilita y garantiza el derecho de defensa y por consiguiente la igualdad de
armas entre las partes dentro del proceso penal.
De conformidad con lo anterior, esta Sala reitera
que no encuentra reparo alguno de constitucionalidad en relación con la
exigencia de una constancia respecto de la calidad de imputado o defensor,
dentro de la etapa de investigación, para que éstos puedan ejercer plenamente
las facultades que la ley les otorga en relación con el recaudo de elementos o
material probatorio, ya que esta Corporación entiende que este control es
necesario en aras de garantizar derechos fundamentales de terceros. El reparo
de inconstitucionalidad que encuentra esta Corte se centra entonces en que la
ley está autorizando para expedir dicha constancia en forma exclusiva a la
Fiscalía, cuando de conformidad con el marco constitucional y el paradigma
penal acusatorio, cualquier autoridad competente para dar fé, constatar o
certificar la calidad de imputado o defensor dentro del proceso penal, tales
como el juez de control de garantías, la Fiscalía misma, la Defensoría, o
cualquier otra autoridad competente para ello, puede expedir la constancia de
que trata el aparte demandado del artículo 268 de la Ley 906 del 2004.
Por consiguiente, la Sala declarará la
inexequibilidad solamente de la expresión “de la Fiscalía” en aras de restablecer
el orden constitucional quebrantado, y declarará exequible el resto del aparte
demandado. Para esta Corte es claro que el efecto de la presente declaratoria
de inexequibilidad es que cualquier autoridad competente para dar fe, constatar
o certificar la calidad de imputado o defensor dentro del proceso penal, queda
facultada para expedir dicha constancia y, que en forma consecuente, tanto el
imputado como su defensor podrán acudir ante cualesquiera de estas autoridades
para obtener la constancia en cuestión.
2.3.1.2 La inexequibilidad de la obligación
de trasladar el material probatorio recaudado para ser examinado exclusivamente
al laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
En relación con la obligación prevista en
la segunda parte del artículo 268 de la Ley 906 del 2004, relativa al traslado
del material probatorio recaudado por el imputado o su defensor al laboratorio
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para ser
examinado, la Sala realizará (i) en primer lugar, una aclaración previa en
relación con la inexistencia de cosa juzgada respecto de este artículo; y (ii)
en segundo lugar, entrará a pronunciarse de fondo sobre la exequibilidad de
esta obligación contenida en la disposición acusada.
(i) Inexistencia de cosa juzgada
constitucional: En la
sentencia C-980 del 2005 esta Corporación conoció de una demanda presentada en
esa oportunidad contra los artículos 268, 269 y 270 de la Ley 906 del 2004. En
relación con el artículo 268 de la Ley 906 del 2004, que hoy nos ocupa
nuevamente, los cargos presentados en esa ocasión se enfilaron específicamente en
contra de la disposición referida al traslado del material probatorio y
evidencia física recabada por el imputado y el defensor al Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por vulnerar los principios de igualdad
de armas y de no autoincriminación. Esta Corporación en esa oportunidad, halló
que no se configuraban los requisitos constitucionales de claridad, certeza,
pertinencia y suficiencia, exigidos por esta Corte para la existencia real de
un cargo de constitucionalidad, razón por la cual falló declarándose inhibida
para emitir pronunciamiento de fondo respecto de los artículos 268, 269 y 270
de la Ley 906 de 2004, por haberse presentado ineptitud sustancial de la
demanda.
Por consiguiente, al no configurarse cosa
juzgada constitucional entrará esta Corporación a estudiar de fondo los cargos
presentados contra el artículo 268 de la Ley 906 del 2004, en relación con la
disposición que se refiere al traslado del material probatorio y evidencia
física recaudado por el imputado y el defensor al Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses.
(ii) Análisis de fondo
En relación con la disposición relativa al
traslado del material probatorio recaudado por el imputado y su defensor
durante la etapa de investigación, encuentra la Corte que existen dos
interpretaciones respecto de esta disposición:
a) Una primera interpretación, afirma que esta
norma hace referencia no a una obligación sino más bien a una facultad
concedida al imputado y a su defensor, para trasladar los elementos materiales
probatorios y evidencia física recaudados durante la etapa de investigación al
respectivo laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, con el fin de que sean examinados. Esta interpretación se expone, por
ejemplo, en la intervención del Ministerio del Interior y de Justicia.
De conformidad con esta interpretación y de
acuerdo con el título mismo que presenta el artículo 268 de la Ley 906 del
2003, esta disposición regula una “potestad facultativa” relativa a que
los elementos probatorios de evidencia física podrán ser llevados por el
imputado o su defensor al laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, para su respectivo examen. Por consiguiente, dicha
facultad en cuanto tal, no implica una vulneración del principio de igualdad de
armas.
(b) Una segunda interpretación, sostiene
que la disposición contenida en el artículo 268 de la Ley 906 del 2004, no
prevé una facultad sino una obligación para el imputado o su defensor,
de llevar necesariamente el material probatorio y evidencia física recaudada
durante la etapa de investigación, de manera exclusiva al laboratorio del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que sean
examinados.
De acuerdo con esta interpretación, el
obligar al imputado o su defensor a trasladar el material probatorio por ellos
recaudado únicamente al laboratorio de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no
pudiendo la defensa llevar dicho material a cualquier otro laboratorio público
o privado para su respectivo examen, es violatoria del principio de igualdad de
armas dentro del proceso penal, por el simple hecho de que la entidad pública a
la cual se ordena el traslado es una entidad adscrita al ente acusador.
Esta interpretación se apoya en el tenor
literal del verbo rector de la disposición acusada, según el cual el imputado o
su defensor luego de recaudar los elementos materiales probatorios y evidencia
física y, previa una solicitud para que sean examinados, “los trasladarán”
al respectivo laboratorio del Instituto en mención. En este sentido, esta
norma no contendría una facultad, a pesar de encontrarse contenida en un
artículo sobre las facultades del imputado, por cuanto no se utiliza la
expresión verbal “podrán ser trasladados” sino que contiene una
formulación imperativa a través de la expresión verbal “los trasladarán”,
la cual indica una obligación a llevar a cabo por el imputado o su defensor.
Por consiguiente, las facultades de que
trata el artículo bajo estudio se circunscribirían así a la posibilidad de que
el imputado o su defensor pueden durante la etapa de investigación recabar los
elementos materiales probatorios y evidencia física, y no a la facultad para
llevarlos al laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses o a cualquier otro laboratorio de entidad pública o privada.
Teniendo en cuenta estas dos
interpretaciones posibles de la norma demandada, esta Corte considera que la
interpretación según la cual la disposición contenida en el artículo 268 de la
Ley 906 del 2004, que ordena el traslado de los elementos y material probatorio
recaudado por la defensa durante la etapa de investigación al Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, corresponde a una obligación
por parte del imputado o del defensor y sólo respecto de dicha entidad pública,
es violatoria del principio de igualdad de armas dentro del proceso penal.
De conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de este aparte respecto de la igualdad de armas, la
Sala considera que la interpretación de la expresión acusada como una obligación
vulnera desde el punto de vista constitucional el principio de “igualdad de
armas” fundamental dentro del nuevo sistema procesal penal de tendencia
acusatoria, instituido a través del Acto Legislativo No. 03 de 2002 y
desarrollado en la Ley 906 de 2004, de acuerdo con el cual se debe garantizar a
la defensa, integrada por el imputado y su apoderado, la participación activa
en la conformación del material probatorio del proceso, así como su examen y
valoración en las mismas condiciones que lo hace el ente acusador.
Esta conclusión de la Corte, cuenta no sólo
con un fundamento constitucional sino que adicionalmente la misma Ley 906 del
2004, en otra disposición como el artículo 204, para el caso de la indagación e
investigación, le reconocen de manera expresa tanto a la defensa como a la
Fiscalía la facultad para acceder a los medios técnicos y científicos
con que cuenta el Estado en procura de la valoración y peritazgo del material
probatorio recaudado durante la investigación, pero también les reconoce la
posibilidad de acudir a laboratorios privados nacionales o extranjeros o a los
de universidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, así como a los
laboratorios forenses de los organismos de policía judicial. Así mismo, el
artículo 413 de la Ley 906 del 2004 le reconoce a las partes, tanto al imputado
o su defensor como a la Fiscalía, durante la etapa de juicio, la facultad para
presentar informes de peritos de su confianza y solicitar que estos sean
citados a interrogatorio en el juicio oral y público.
De conformidad con lo anterior, la Corte
declarará la exequibilidad condicionada de la expresión “los trasladarán al
respectivo laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses” en el entendido de que el imputado o su defensor también podrán
trasladar los elementos materiales probatorios y evidencia física a cualquier
otro laboratorio público o privado, nacional o extranjero, para su respectivo
examen.
2.3.1.3 La inexequibilidad de que sea
exclusivamente la Fiscalía General de la Nación la que expida el certificado
respecto de la utilización de la información para efectos judiciales de que
trata el numeral 9 del artículo 47 de la Ley 1142 de 2007
El numeral 9 del artículo 47 de la Ley 1142
de 2007, mediante el cual se modifica el artículo 125 de la Ley 906 del 2004,
hace referencia también a las facultades de la defensa en materia probatoria, y
en su numeral 9 incluye entre ellas, la facultad para buscar, identificar
empíricamente, recoger y embalar elementos materiales probatorios y evidencia
física, la de realizar entrevistas y valoraciones que requieran conocimientos
especializados por medio de los técnicos e investigadores autorizados por la
ley.
Dispone la norma que para tales efectos,
las entidades públicas y privadas, además de los particulares, prestarán la
colaboración que requiera la defensa, sin que puedan oponer reserva, y
condiciona dicha colaboración a que se acredite por parte del defensor mediante
certificado de la Fiscalía General de la Nación, que la información será
utilizada para efectos judiciales. El hecho de que la facultad de expedir el certificado
sobre la finalidad de la información requerida por parte de la defensa, de que
trata la disposición demandada, se encuentra radicada en forma exclusiva en
cabeza de la Fiscalía General de la Nación, es lo se que demanda dentro de este
proceso.
Considera la Corte, que los mismos
argumentos expuestos en el aparte anterior (2.4.1.1), donde se estudió la
inexequibilidad de la constancia expedida por la Fiscalía sobre la
calidad de imputado o defensor contenida en el artículo 268 de la Ley 906 del
2004, respecto de la cual se evidenció la necesidad de que conforme con la
Constitución y el paradigma penal acusatorio vigente, dicha constancia pueda ser
expedida por cualquier autoridad competente para dar fé, expedir constancia o
certificar sobre tal calidad, tales como el juez de control de garantías, la
Fiscalía, la Defensoría -a título de ejemplo-, o cualquier otra autoridad
competente para ello; sirven ahora a la Sala para evidenciar igualmente que es
inconstitucional que el legislador le haya otorgado exclusivamente a la
Fiscalía la competencia para otorgar un certificado que debe aportar el
defensor para poder obtener la colaboración requerida de las entidades públicas
y privadas, así como de los particulares, en aras de poder recaudar los
elementos materiales probatorios y evidencia física que considere necesarios
para desarrollar su defensa.
La Corte considera inexequible la
radicación de dicha competencia en forma exclusiva en cabeza de la Fiscalía por
ser violatorio del principio de igualdad de armas dentro del proceso penal, ya
que le otorga un poder de certificación al ente acusador respecto del defensor
y la finalidad de su actividad probatoria, lo cual afecta claramente la
igualdad de las partes dentro del proceso de investigación, condicionando la
actividad y diligencia del defensor en el recaudo de material probatorio a la
obtención de dicha certificación, por parte precisamente del ente acusador, lo
cual rompe el equilibrio que debe reinar dentro del proceso penal.
En este sentido, esta Sala reitera también en
este caso, que el defensor podrá obtener el certificado de que trata la
expresión demandada del numeral 9 del artículo 47 de la Ley 1142 del 2007 de
cualquier autoridad pública que pueda dar fé, o certificar en relación con que
la información solicitada por el defensor será utilizada para efectos
judiciales. Esto significa, que el defensor podrá acudir, por ejemplo, ante el
juez de garantías, o ante la Fiscalía, esto último de manera facultativa y si
lo considera conveniente, o ante la Defensoría quien podrá otorgarla a sus
propios defensores públicos, al defensor del imputado o al propio imputado,
entre otras autoridades, para obtener la certificación en cuestión. Así, el
defensor queda en libertad de dirigirse ante la autoridad que considere le brinde
mayores garantías o ante quien le quede más expedito, o ante quien considere
más conveniente hacerlo, con el fin de obtener la certificación respecto de que
la información solicitada por él a las entidades públicas y privadas, o a los
particulares, será utilizada para efectos judiciales. De esta forma, se abre
para el defensor un abanico de posibilidades para obtener dicho certificado, ya
que puede obtenerlo de parte del juez, del fiscal, de la Defensoría, o de
cualquier otra autoridad facultada para ello, no quedando la competencia de
expedir dicha certificación exclusivamente en manos de la Fiscalía, lo cual
facilita y garantiza el derecho de defensa y por consiguiente la igualdad de
armas entre las partes dentro del proceso penal.
Por estas razones, si bien esta Sala no encuentra
objeción constitucional alguna frente a la exigencia de certificación que debe
ser aportada por el defensor, en relación con que la información requerida por
él será utilizada para efectos judiciales, ya que ello cumple con la finalidad
constitucional legítima de garantizar la no afectación de intereses y derechos
fundamentales de terceros, desde el punto de vista constitucional, pueden
expedir dicha certificación cualquier autoridad competente para poder
certificar sobre el objetivo y la finalidad del material probatorio que busque
recabar la defensa, entre ellas y sólo a título de ejemplo, el juez de
garantías, la Fiscalía, la Defensoría, etc., lo cual garantiza el principio de
igualdad de armas y el derecho de defensa.
Así las cosas, esta Corte declarará la
inexequibilidad solamente de la expresión “por la Fiscalía General de la
Nación”, en aras de restablecer el orden constitucional quebrantado, y
declarará exequible el resto de la expresión demandada. Para esta Corte es
claro que el efecto de la presente declaratoria de inexequibilidad es que
cualquier autoridad competente para dar fé o certificar respecto de la
finalidad judicial del material probatorio que busque recabar la defensa, queda
facultada para expedir dicha certificación y, que en forma consecuente, el
defensor podrá acudir ante cualesquiera de estas autoridades para obtener el
certificado en cuestión.
2.4 Síntesis
(i) En primer lugar, la Sala considera que las expresiones
demandadas “de la Fiscalía” del artículo 268 de la Ley 906 del 2004 y “por
la Fiscalía General de la Nación” del numeral 9 del artículo 47 de la Ley
1142 del 2007, son inconstitucionales por vulneración del principio de igualdad
de armas como parte integrante del derecho de defensa, por cuanto dejan en
forma exclusiva en cabeza de la Fiscalía General de la Nación la competencia
para otorgar constancia respecto de la calidad de imputado o defensor dentro
del proceso penal –art. 268 Ley 906 del 2004-; y en cabeza de esta misma
entidad, la competencia de expedir certificación en relación con que la
información buscada, recogida o recabada por la defensa, será utilizada para
efectos judiciales –numeral 9 del artículo 47 de la Ley 1142 del 2007.
En criterio de la Corte estas disposiciones
vulneran el principio de igualdad de armas y con ello el derecho de defensa,
por cuanto la constancia y certificación de que tratan tanto el artículo
268 de la Ley 906 del 2004 como el numeral 9 del artículo 47 de la Ley 1142 del
2007, radica en forma exclusiva en cabeza de la Fiscalía y no de otras
autoridades competentes para ello, como el juez de control de garantías, la
Defensoría, la propia Fiscalía, o cualquiera otra autoridad facultada para ello.
Ahora bien, evidencia la Sala que si bien
la demanda contra el artículo 268 de la Ley 906 del 2004 se presenta contra la
totalidad del aparte “(c)on la solicitud para que sean examinados y la
constancia de la Fiscalía de que es imputado o defensor de este, los
trasladarán al respectivo laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, donde los entregarán bajo recibo” contenido en el
artículo 268 de la Ley 906 de 2004, los cargos se enervan en primer lugar en
contra de que sea la Fiscalía propiamente dicha la entidad encargada de otorgar
constancia respecto de la calidad de imputado o de defensor, ya que ello
vulnera la igualdad de armas dentro del proceso, y no contra la exigencia misma
de la constancia. Tampoco encuentra la Corte  reparo alguno respecto de la exigencia
de la constancia, sino en relación con la autoridad que la ley consideró
competente de manera exclusiva para otorgarla, razón por la cual la Sala
declarará la inexequibilidad sólo respecto de esta expresión “de la Fiscalía”,
en aras de reparar la inconstitucionalidad y ajustar la disposición al orden
constitucional, y declarará la exequibilidad del resto de lo demandado.
Observa así mismo la Sala, que lo
argumentado anteriormente respecto de inexequibilidad de que sea la Fiscalía la
competente para otorgar la constancia de que trata el artículo 268 de la
Ley 906 del 2004, también es válido en el caso de la certificación, de que
trata el numeral 9 del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007.
En este caso se demanda la expresión “siempre
que se acredite por parte del defensor certificado por la Fiscalía General de
la Nación, que la información será utilizada para efectos judiciales”, sin
embargo los cargos se encuentran encaminados únicamente contra la consagración
de que sea la Fiscalía General de la Nación la entidad competente para otorgar
certificado al defensor en el sentido que ésta será utilizada para efectos
judiciales. Así tampoco, encuentra la Corte reparo constitucional alguno
respecto de la exigencia de dicha certificación por cuanto ella cumple un fin
constitucional de protección de los derechos fundamentales de terceros.
Considera por tanto la Corte, que en este último caso lo procedente es declarar
la inconstitucionalidad sólo de la expresión “por la Fiscalía General de la
Nación”, por las razones expuestas anteriormente, con lo cual se subsana la
inconstitucional encontrada y se restablece el orden jurídico superior, y
declarar la exequibilidad del resto de lo demandado.
(ii) En segundo lugar, la Sala encuentra que la expresión “los
trasladarán al respectivo laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses” contenida en el artículo 268 de la Ley 906 del 2004
puede ser interpretada en el sentido de una obligación por parte del imputado
de trasladar las pruebas recolectadas exclusivamente al laboratorio del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Así mismo, considera la Sala que esta interpretación
de la disposición contenida en el artículo 268 de la Ley 906 del 2004, según la
cual el imputado o su defensor deben obligatoriamente trasladar los elementos
materiales probatorios y evidencia física recaudada durante la etapa de
investigación al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para
su respectiva valoración y examen, viola la igualdad de armas dentro del
proceso penal, por cuanto limita la actividad probatoria de éste respecto de la
valoración exclusiva del material probatorio recaudado por parte de una entidad
adscrita al ente acusador.
Finalmente, observa la Corte que los cargos
de la demandada en contra del artículo 268 de la Ley 906 del 2004 se dirigen en
contra de que sea una obligación trasladar de manera exclusiva al laboratorio
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses los elementos
materiales probatorios recabados por el imputado o su defensor, razón por la
cual considera la Sala que lo procedente en este caso es excluir dicha
interpretación y en aras del principio de “conservación del derecho”
declarar la exequibilidad condicionada de la expresión “los trasladarán al
respectivo laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses” en el entendido de que el imputado o su defensor también podrán
trasladar los elementos materiales probatorios y evidencia física a cualquier
otro laboratorio público o privado, nacional o extranjero, para su respectivo
examen, y restablecer así el orden superior.
3. Conclusión
Esta Corte resolverá estarse a lo
resuelto en la sentencia C- 425 del 2008 en relación con el parágrafo 1º
del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007, en cuanto declaró la inexequibilidad
de las expresiones “… formular imputación, solicitar imposición de medida de
aseguramiento y hacer las solicitudes que considere procedentes …” y “En
este caso …” contenidas en el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142
de 2007, y la exequibilidad del resto del parágrafo 1º, en el entendido
de que en esta hipótesis, se interrumpe la prescripción. [18]
Así mismo, esta Corte resolverá estarse
a lo resuelto en la sentencia C-425 del 2008 en cuanto declaró la inexequibilidad
del parágrafo 3º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007.
Por ser vulneratorias del principio de
igualdad de armas instituido por el Acto Legislativo 01 del 2003, esta Corte
declarará en primer lugar la inexequibilidad de la expresión “de la
Fiscalía” contenida en el artículo 268 de la Ley 906 del 2004, con el fin
de restablecer el orden constitucional vulnerado, y la exequibilidad del resto
de lo demandado.
Así mismo esta Corporación declarará la exequibilidad
condicionada de la expresión “los trasladarán al respectivo laboratorio
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses” contenida en
el artículo 268 de la Ley 906 del 2004, en el entendido de que el imputado o su
defensor también podrán trasladar los elementos materiales probatorios y
evidencia física a cualquier otro laboratorio público o privado, nacional o
extranjero, para su respectivo examen.
Por ser vulneratoria del principio de
igualdad de armas instituido mediante el Acto Legislativo 01 del 2003 procederá
esta Corte a declarar la inexequibilidad de la expresión “por la
Fiscalía General de la Nacional” contenida en el numeral 9 del artículo 47 de
la Ley 1142 del 2007 y la exequibilidad del resto de lo demandado.
VII.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
Primero.    ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-
425 del 2008 en relación con el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 de
2007, en cuanto declaró la inexequibilidad de las expresiones “…
formular imputación, solicitar imposición de medida de aseguramiento y hacer
las solicitudes que considere procedentes …” y “En este caso …”
contenidas en el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007, y la exequibilidad
del resto del parágrafo 1º, en el entendido de que en esta hipótesis, se
interrumpe la prescripción.[19]
Segundo. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-425
del 2008 en cuanto declaró la inexequibilidad del parágrafo 3º del
artículo 18 de la Ley 1142 de 2007.
Tercero. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “de la
Fiscalía” contenida en el artículo 268 de la Ley 906 de 2004, y declarar EXEQUIBLE
la expresión “los trasladarán al respectivo laboratorio del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses” contenida en el artículo
268 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que el imputado o su defensor
también podrán trasladar los elementos materiales probatorios y evidencia
física a cualquier otro laboratorio público o privado, nacional o extranjero,
para su respectivo examen. Declarar EXEQUIBLE el resto de lo demandado.
Cuarto. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “ por la
Fiscalía General de la Nación” contenida en el numeral 9 del artículo 47 de
la Ley 1142 de 2007 y EXEQUIBLE el resto de lo demandado.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Presidente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
Con aclaración de voto
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
Ausente en comisión
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente en comisión
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Con aclaración de voto
CLARA INES VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrado
MARTHA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
ACLARACION DE VOTO A
LA SENTENCIA C-536 DE 2008 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
DERECHO DE DEFENSA-Vulneración (Aclaración de voto)
El parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley
1142 de 2007 ha debido ser declarado inexequible en su totalidad, por las
mismas razones que condujeron a tal declaratoria respecto de las expresiones
mencionadas de dicho parágrafo, por cuanto se vulnera el derecho de defensa
Referencia: expediente
D-6907
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 268 (parcial) de la Ley 906 de 2004,
“por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” y los parágrafos 1º y
3º del artículo 18 y el numeral 9º del artículo 47 de la Ley 1142 de 2007 “por
medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y
600 de 2000 y se adoptan medidas para prevención y represión de la actividad
delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”
Magistrado Ponente:
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Con
el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corte, me permito aclarar mi
voto a lo resuelto en el ordinal primero de este fallo, mediante el cual se
decide estarse a lo resuelto en la sentencia C-425 del 2008 en relación con el
parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007, en cuanto declaró la
inexequibilidad de las expresiones “…formular imputación, solicitar
imposición de medida de aseguramiento y hacer las solicitudes que considere
procedentes …” y “En este caso …” contenidas en el parágrafo 1º del
artículo 18 de la Ley 1142 de 2007, y la exequibilidad del resto del parágrafo
1º, en el entendido de que en esta hipótesis, se interrumpe la prescripción; en
razón a que en su momento el suscrito magistrado se apartó de la decisión de
exequibilidad de parte del parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007
adoptada en la sentencia C-425 del 2008.
En
concepto del suscrito magistrado, el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley
1142 de 2007 ha debido ser declarado inexequible en su totalidad, por las
mismas razones que condujeron a tal declaratoria respecto de las expresiones
mencionadas de dicho parágrafo, por cuanto se vulnera el derecho de defensa
–art. 29 CN-.
Con
fundamento en lo expuesto, aclaro mi voto a la presente sentencia.
Fecha ut supra.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1] La Sentencia de
Constitucionalidad de esta norma , es la C- 037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa.
[2] Sentencia C- 548 de 2002
Corte Constitucional.
[3] Sentencia C- 774 de 2001
Corte Constitucional
[4] Con
Salvamento Parcial de Voto del Magistrado Jaime Araújo Rentería en relación con
el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 que en su concepto ha debido ser
declarado inexequible en su totalidad.
[5]
Ver Sentencia C-1194 del 2005, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, en donde se
estudió el principio de igualdad de armas en aras de resolver un
cuestionamiento constitucional frente al descubrimiento de la prueba en el
nuevo modelo acusatorio. En esta decisión la Corte declaró al exequibilidad del
artículo 356 del C.P.P.
[6] Sentencia C-396 del 2007, M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
[7] Sentencia C-1194 del 2005,
M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[8] Así, por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal
Supremo de Puerto Rico, tomando asiento en la doctrina adoptada en el caso
Brady Vs Maryland, y en aplicación de los rudimentos del sistema acusatorio
norteamericano y del principio del fair trial, prescribe que el ente acusador
está en la obligación de transmitir a la defensa cualquier evidencie
exculpatoria de que tenga conocimiento, aún sin que medie solicitud expresa al
respecto. Sobre dicho particular, el Tribunal citado asegura, tras citar fallos
pertinentes al caso, que: “De la jurisprudencia citada se colige que el
ministerio fiscal tiene la obligación legal de revelarle a un imputado de
delito cualquier tipo de evidencia exculpatoria que tenga en su poder o
cualquier vicio de falsedad que pueda afectar su prueba.[8][15]
Esta obligación ha sido recogida en el Inciso (b) de la Regla 95 de las de
Procedimiento Criminal, ante, al disponerse que “[e]l Ministerio Fiscal
revelará toda aquella evidencia exculpatoria del acusado que tenga en su
poder.” (…) Es importante recalcar que esta obligación no depende de que exista
o no una previa solicitud por parte de la defensa o que se trate de una
solicitud específica o general. Si el ministerio fiscal tiene en su poder
prueba exculpatoria, o evidencia relevante a la inocencia o castigo del
acusado, tendrá que entregarla a la defensa pues, al no hacerlo, incurre en una
violación al debido proceso de ley;[8][16] ello independientemente de la
buena o mala fe que haya tenido el ministerio público al así actuar. Brady v. Maryland, ante; Giles v. Maryland,
386 U.S. 66 (1967); Moore v. Illinois, 408 U.S. 786 (1972); U.S. v. Agurs,
ante. Ciertamente, no es la
intención del fiscal lo que cuenta para determinar si se ha ofendido el debido
proceso de ley, sino la posibilidad de daño al acusado. Pueblo v. Hernández
García, ante, a las págs. 508-09 (citando a Giglio v. United States, ante. (…)
Dicho de otra forma, el ministerio fiscal tiene el deber de revelar cualquier indicio
de falso testimonio y de descubrir evidencia exculpatoria cuando tal falsedad o
carácter exculpatorio es, o debió ser, conocida por éste. Véase: Ernesto L.
Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. II,
ante, a la pág. 32. Ello, naturalmente, sin necesidad de una previa solicitud
por parte de la defensa y sin importar si las Reglas de Procedimiento Criminal
proveen o no para tal descubrimiento en la etapa específica de los
procedimientos en que se encuentren. El no hacerlo podría acarrear la
revocación de la convicción y la celebración de un nuevo juicio. Ello dependerá
de la relevancia y materialidad de la evidencia suprimida; esto es, si la
supresión de la evidencia de que se trata socava la confianza en el resultado del
juicio. Esto deberá ser analizado a base de un estándar de “probabilidad
razonable”.[8][17] Kyles v. Whitley,
514 U.S. 419, 434 (1995); United States v. Bagley, 473 U.S. 667, 678 (1985)”
2003 DTS 157 PUEBLO V. ARZUAGA RIVERA 2003TSPR157, en el Tribunal Supremo de
Puerto Rico el Pueblo de Puerto Rico Recurrido v. Víctor Arzuaga Rivera, Félix
de Jesús Mendoza
[9] Ver sentencias C-783-03,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-591 del 2005, M.P.: Clara Inés Vargas
Hernández, C-1260 del 2005, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, y C-396 del 2007,
M.P.: Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
[10] Ver sentencias C-830 del 2003 y C-1260 del 2005.
[11] M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra
[12] Ver sentencias C-
830 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentaría, C- 798 de 2003, M.P. Jaime Córdoba
Treviño, C-591 del 2005, M.P.: Clara Inés Vargas, y C-1154 del 2005,
M.P.:Manuel José Cepeda Espinosa.
[13] Ver sentencia C-396 del 2007,
M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
[14] Ver Sentencia C-1291 del
2001, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, y C-033 del 2003, M.P. Eduardo
Montealegre Lynnett, ambas sobre disposiciones de la Ley 600 del 2000.
[15] Sentencia C-033 del 2003,
M.P.: Eduardo Montealegre Lynnett.
[16] Sentencia C-033 del 2003,
M.P.: Eduardo Montealegre Lynnett.
[17]
Ver sentencia C-396 del 2007, M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
[18] Con
Salvamento Parcial de Voto del Magistrado Jaime Araújo Rentería en relación con
el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 que en su concepto ha debido ser
declarado inexequible en su totalidad.
[19] Con
Salvamento Parcial de Voto del Magistrado Jaime Araújo Rentería en relación con
el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 que en su concepto ha debido ser
declarado inexequible en su totalidad.