T-616-10
Sentencia T-616/10
Sentencia T-616/10
ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR PROTECCION DEL DERECHO
AL AGUA-Procedencia excepcional
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Alcance e interpretación del contenido
DERECHO AL AGUA-Corte
Constitucional ha protegido por vía de tutela diferentes aspectos
La
Corte Constitucional ha protegido por vía de tutela diferentes aspectos del
derecho al agua relacionados con la garantía mínima de la (i) disponibilidad,
(ii) calidad, (iii) acceso y (iv) no discriminación en la distribución, en
consonancia con la obligación de emplear el máximo de los recursos que se
dispongan para hacer efectivo el derecho al agua a todos sus habitantes.
DERECHO AL AGUA-Casos
en que este derecho adquiere el carácter de fundamental
En las dos situaciones sometidas a estudio por parte
de la Corte, el derecho al agua adquiere sin dudarlo el carácter de
fundamental. En efecto, el agua que solicitan los actores está destinada al
consumo en las viviendas en las que residen los accionantes, y lo que pretenden
garantizar es la posibilidad de obtener la cantidad suficiente para el consumo,
la higiene personal y doméstica, y la preparación de alimentos. Toda vez que la
carencia del agua para estos usos pone en grave peligro la realización de la
dignidad, la vida y la salud de los accionantes, su protección es urgente y la
vía más idónea para hacerlo es la acción de tutela.
DERECHO AL AGUA POTABLE/ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA PRESTADORA DEL
SERVICIO DE ACUEDUCTO-Vulneración de derechos fundamentales
La carencia de agua para consumo humano alegada en los
dos casos es una situación que pone en riesgo la vida, la salud y la dignidad
de las personas afectadas y, frente a ella, la acción de tutela es el mecanismo
más idóneo y eficaz para su protección. En razón de esto, contrario a la
decisión adoptada por los jueces que resolvieron las tutelas, considera esta
Sala que las acciones que se revisan en los dos expedientes son procedentes.
Verificado el requisito de procedibilidad, corresponde a la Sala entrar a
estudiar de fondo la vulneración de los derechos invocados en los casos
sometidos a su revisión, de manera independiente. La entidad accionada vulneró
el derecho fundamental del accionante al agua negándose, en diferentes
oportunidades y con diferentes argumentos, a conectar el lugar de residencia al
sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad. Por esta vía, puso en
peligro constante la dignidad humana del actor y de su familia, pues les
impidió gozar de las condiciones mínimas materiales de existencia para llevar a
cabo sus proyectos vitales dentro de la sociedad. En atención a ello, la Sala
revocará la decisión adoptada por el Juez con Función de Conocimiento de
Medellín y, en su lugar, tutelará los derechos del peticionario a la vida
digna, a la salud y al agua.
ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA PRESTADORA DEL
SERVICIO DE ACUEDUCTO-Abastecimiento
de agua continuo, suficiente e ininterrumpido para usos personales y domésticos
La entidad prestadora del servicio público vulneró el
derecho al agua de los accionantes del barrio Nueva Granada por cuanto la
programación para el suministro mediante las redes de acueducto no garantiza la
cantidad mínima esencial de agua que requieren para la realización de sus
actividades diarias, ni se han previsto otras formas de distribución que
garanticen el contenido mínimo del derecho, tales como carro tanques o sistemas
individuales o colectivos de almacenamiento. Esta carencia impide que las
personas del barrio Nueva Granada cuenten con las condiciones mínimas de
existencia digna que les permitan llevar a cabo sus planes de vida dentro del
Estado Social de Derecho. De acuerdo con las consideraciones sobre el derecho
al agua hechas previamente, esto es apenas parcialmente cierto. El
abastecimiento de agua continuo, suficiente e ininterrumpido para los usos
personales y domésticos de cada persona constituye un aspecto del derecho que
puede requerir de inversiones públicas de gran magnitud, dependientes del
debate público y a la ejecución presupuestal. Frente a este hecho, son
admisibles para la Sala los argumentos expuestos por las entidades accionadas.
Pero es preciso que no se considere la garantía plena del derecho como una
simple aspiración, sino que se adopten planes específicos creados para el
efecto, que cuenten con indicadores de impacto y ejecución, que permitan
verificar el nivel de avance en el goce del derecho al agua y que lleven
efectivamente hacia su plena realización. Las entidades deben adoptar todas las
medidas tendientes a salvaguardar el mínimo componente del derecho al agua y,
respecto del goce pleno del mismo, tienen la obligación constitucional de
avanzar constantemente, mediante el diseño de políticas públicas específicas y
la utilización del máximo de recursos posibles, en el mejoramiento de la
prestación del servicio de acueducto hasta que se responda de manera eficiente
a todos los componentes del derecho.
ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA PRESTADORA DEL
SERVICIO DE ACUEDUCTO-Ni la empresa,
ni la Alcaldía han desplegado actividades tendientes a impedir la manipulación
fraudulenta de tubos y válvulas
Ni la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado, entidad
municipal creada para la prestación del servicio de acueducto, ni la Alcaldía
de Buenaventura, en tanto primera autoridad administrativa del distrito, han
desplegado actividades tendientes a impedir la manipulación fraudulenta de los
tubos y válvulas. Esta omisión frente a la garantía del derecho al agua implica
la vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes. Para la Sala,
no es aceptable que la Alcaldía Municipal sostenga que es exclusivamente a
Hidropacífico a quien le corresponde “resolverle las necesidades en cuanto al
suministro de agua potable de la comunidad”, pues es la administración de
Buenaventura, y no un operador privado, quien tiene las competencias
constitucionales para adoptar medidas tales como la expedición de decretos
distritales, presentación de acuerdos, empleo de la fuerza pública, entre
otros, para evitar el desperdicio de agua ocasionada en los barrios de
invasión. Del mismo modo, tampoco podía la Sociedad de Acueducto y
Alcantarillado de Buenaventura excusarse válidamente señalando que ella ha
ejecutado un presupuesto considerable para el mejoramiento en la prestación del
servicio, pero que como Hidropacífico es quien está a cargo de la operación y
mantenimiento de las redes, en nada se ve obligada frente a la intervención
indebida del tubo matriz. Por el contrario, ya que en el contrato de operación
de la infraestructura de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado
de Buenaventura se estipuló como obligación “contratar las obras incluidas en
el programa de obras aprobado (…)”, es ella la competente para aprobar la
financiación de la ampliación de las redes para los nuevos asentamientos, o
contratar otro tipo de obras que lleven al barrio Nueva Granada a tener un
servicio de agua potable suficiente para sus necesidades.
DERECHO AL AGUA-Vulneración
por las entidades demandadas por cuanto no garantizaron la disponibilidad
mínima del agua de acuerdo con sus competencias
Las entidades accionadas vulneraron el derecho al agua
de los demandantes en tutela, por cuanto no garantizaron la disponibilidad
mínima del agua de acuerdo con sus competencias constitucionales, legales y
contractuales. De manera específica la Sala encontró: (i) que Hidropacífico no
ha programado un suministro mínimo de agua para las viviendas de los
accionantes, ya que este no se realiza con una frecuencia diaria, y no se
tienen contemplados otros sistemas de provisión diaria tales como el uso de
carro tanques o de sistemas de almacenamiento individuales o colectivos; (ii)
que mientras se llevaron a cabo los primeros arreglos para solucionar la
carencia total de agua en algunas de las viviendas, Hidropacífico no garantizó
el suministro mínimo diario de agua a los afectados, y no se ha previsto
ninguna medida con este fin pese a que las obras de mejoramiento no han llegado
a su fin; y (iii) que la Alcaldía y la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado
de Buenaventura no han implementado ninguna disposición tendiente a impedir las
intervenciones fraudulentas de los elementos propios del acueducto de
Buenaventura, tales como tubos matrices y válvulas, que fueron identificadas en
los barrios, no se ha implementado la política pública tendiente a garantizar
el suministro independiente para los barrios. Asimismo, que Hidropacífico no
cuenta con información suficiente que permita medir la ejecución e impacto de
las decisiones adoptadas por él para solucionar el desperdicio de agua
originado en las injerencias indebidas.
Referencia:
expedientes T-2.456.550 y T-2.456.678
Acciones de tutela instauradas por Hernán Galeano
Díaz contra Empresas Públicas de Medellín E.S.P,  y Marco Gómez Otero y otros
contra Hidropacífico S.A E.S.P, la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de
Buenaventura, y la Alcaldía de Buenaventura (Valle).
Magistrado
Ponente:
Dr. LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Bogotá,
DC., el cinco (05) de agosto de dos mil diez (2010).
La
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis
Ernesto Vargas Silva en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro
del trámite de revisión de los fallos dictados por el Juzgado 23 Penal
Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín (Expediente T-2.456.550) y
el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Buenaventura (Expediente T-2.456.678).
I.
ANTECEDENTES
Acumulación de procesos.
Mediante
auto del 20 de noviembre de 2009, la Sala de Selección Número Once escogió para
su revisión y acumuló entre si los expedientes T-2.456.550 y T-2.456.678 para
que fuesen fallados en una sola sentencia, tras considerar que presentan unidad
de materia. De la misma manera, dispuso su reparto a este despacho.
Expediente T-2.456.550
De los hechos y la demanda.
1.
Hernán Galeano Díaz presentó
acción de tutela contra Empresas Públicas de Medellín E.S.P (En adelante, EPM),
tras considerar que esta entidad vulneró sus derechos fundamentales a la vida
digna, a la salud, y al agua, con base en los siguientes hechos:
1.1
Desde octubre de 2007 habita en un inmueble ubicado en el Barrio Caicedo de la
ciudad de Medellín. Allí convive con su esposa y tres hijos.
1.2
Señala que este inmueble no cuenta con servicio de acueducto y alcantarillado.
Por esta razón, debe comprar a una vecina el agua que necesita para satisfacer
sus necesidades básicas.
1.3
Afirma que en diversas oportunidades ha solicitado a la entidad accionada la
instalación del servicio público de acueducto para su lugar de residencia,
obteniendo en todas una respuesta negativa, ya que “frente al inmueble no se
encuentran instaladas las redes locales de acueducto y alcantarillado operadas
por EPM para poder prestar los servicios”.
1.4
A juicio del accionante, esta situación vulnera sus derechos fundamentales a la
vida digna y a la salud, y lo priva injustificadamente del derecho al agua. Por
tanto, solicita al juez que ordene la conexión y prestación inmediata del
servicio de agua y alcantarillado en su vivienda.
1.5
La demanda de tutela fue admitida por el Juzgado Veintitrés Penal Municipal con
Funciones de Conocimiento de Medellín el 15 de septiembre de 2009.
Intervención de
la parte demandada.
2.
Jeny Elisa Mejía Cuartas, apoderada de EPM E.S.P, solicitó que se negara el
amparo impetrado, atendiendo a los siguientes argumentos:
2.1 La acción de tutela es improcedente puesto que el
actor cuenta con otros medios de defensa judicial y no demostró la inminencia
de un perjuicio irremediable.
2.2 El señor Hernán Galeano Díaz nunca ha solicitado
personalmente la conexión de su vivienda a los servicios de acueducto y
alcantarillado. El 12 de mayo de 2009, el señor Jordy Julián Galeano Giraldo
presentó ante EPM solicitud de instalación de los servicios de acueducto en la
dirección señalada por el accionante. Esta petición fue resuelta negativamente
el 19 de mayo de 2009 debido a que el inmueble no tiene redes de acueducto al
frente del inmueble. En el mismo sentido se respondió una solicitud elevada por
Blanca Nubia Giraldo de los Ríos el 7 de junio de 2009.
2.3 De acuerdo con el Decreto 302 de 2000, “son los
usuarios del servicio quienes deben construir las redes de acueducto y
alcantarillado que requieran, aunque éstas también pueden ser construidas por
las entidades de servicios públicos para ser cobradas a los beneficiarios”.
El solicitante cuenta entonces con dos opciones “I. Construir las redes de
acueducto y alcantarillado por la vía, bien sea por parte del solicitante o de
los beneficiarios, esto con el fin de que sean conectadas todas las viviendas a
ella (…) y II. Empresas Públicas de Medellín E.S.P puede estudiar la
construcción de las redes de acueducto y/o alcantarillado para sectores de
estratos 1, 2 y 3, diligenciando los siguientes documentos: 1. Solicitud de
acueducto y alcantarillado Programa de Habilitación Vivienda, formato NO. 2, el
cual se anexa. 2. Concepto favorable de la Secretaría de Planeación del
Municipio, para la habilitación del sector con redes de acueducto y
alcantarillado. 3. Lista con los nombres, número de cédula de ciudadanía,
dirección de los solicitantes y número telefónico de cada vivienda. 4. Plano en
el cual se señale la localización exacta del sector”.
Del fallo
de tutela.
3. En sentencia del 24 de septiembre de 2009, el
Juzgado 23 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Medellín negó el
amparo invocado por el accionante. Consideró que la respuesta otorgada por EPM
se ajusta en todo a la normatividad sobre servicios públicos domiciliarios y a
las exigencias mínimas del contrato de servicio de acueducto y alcantarillado.
Asimismo resaltó que el actor no ha cumplido con las cargas mínimas que le corresponden
como usuario, pues nunca ha solicitado personalmente la conexión del servicio,
y no ha realizado las obras sugeridas por la entidad demandada. Finalmente,
señaló que la tutela no era procedente como mecanismo transitorio puesto que en
el expediente no se encuentran elementos de juicio suficientes para concluir
que de no concederse el amparo puede consumarse un perjuicio irremediable.
4. La demanda no fue objeto de impugnación.
Pruebas ordenadas por la Sala de Revisión.
5. Mediante auto proveído el 3 de febrero de 2010, el
Magistrado Sustanciador ofició a EPM con el fin de que informara de manera
detallada la ubicación de las redes de acueducto respecto del inmueble; las
razones por las cuales no se ha efectuado la instalación del servicio de
acueducto al accionante; y el trámite dado a las solicitudes hechas por el
accionante o por otras personas que habiten el mismo sector. Asimismo,
comisionó al Tribunal Superior Laboral de Medellín para que practicara una
inspección judicial en el inmueble objeto de la tutela cuyo objeto era el de
esclarecer las condiciones de la vivienda del accionante, y la situación de
prestación del servicio de acueducto en los predios vecinos.
6. El 22 de febrero de 2010, Jeny Elisa Mejía Cuartas,
apoderada de EPM E.S.P, dio respuesta a la solicitud de la Corte. En primer
lugar, envió un mapa de las redes de acueducto del sector en el que se
encuentra ubicado el inmueble, donde puede identificarse que las redes locales
de agua potable y de corriente natural más cercanas están ubicadas en la calle 52
A y la calle 53, y que el predio objeto de la acción constitucional no se
encuentra sobre ninguna de estas dos vías.
En cuanto a las acciones adelantadas para satisfacer
la petición del accionante, manifestó la apoderada que “además de atender
cada una de las solicitudes presentadas por los interesados en el inmueble [de
acuerdo con la información proporcionada, el 18 de diciembre de 2007, el 12 de
mayo y el primero de junio de 2009], EPM no ha hecho ningún trámite para
conectar el servicio de acueducto al inmueble”. Agregó que “de acuerdo
al pedido 14577857 del 18 de diciembre de 2007 el cual fue rechazado por falta
de redes, se le indica al señor que requiere autorización de derrame por otra
vivienda, permiso que debe tramitar el solicitante”.
Adicionalmente, afirmó que no existe ningún proyecto
programado para el 2010 que tenga como propósito extender las redes locales en
la ciudad. Solamente ha recibido el estudio de factibilidad de un proyecto
urbanístico de 180 viviendas que serían edificadas en un predio aledaño al del
accionante. EPM manifestó haber respondido al urbanizador en el sentido de
indicarle que es él quien debe construir las redes locales necesarias para
realizar las conexiones.
7. Por su parte, el 25 de febrero de 2010, la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Medellín llevó a cabo una inspección judicial
en la que estableció que el señor Hernán Galeano Díaz efectivamente habita en
la vivienda cuyo conexión al servicio de agua se solicita mediante tutela, y
que también lo hacen su cónyuge, Blanca Nubia Giraldo, su hijo de 19 años
Jordi Julián Galeano Giraldo, y otro hijo de 11 años de edad. La vivienda
pertenece al estrato 1 y consiste en una pequeña casa de material, piso de
cemento y tejas de zinc. El señor Galeano Díaz es titular de las facturas de
los servicios de energía, teléfono e Internet, y del impuesto predial
unificado, todos exhibidos durante la diligencia.
La Magistrada de este Tribunal determinó que no hay
conexión alguna del inmueble al servicio de acueducto, y que la pequeña tubería
por medio de la cual se alimenta el lavadero, el sanitario y la ducha, está
directamente conectada a la red de acueducto de la señora Rosa Angélica Viana
de Posada, vecina del accionante, quien suministra el líquido para la vivienda
durante dos horas al día por un valor de $40.000 mensuales. Durante la
diligencia la señora Viana manifestó que, en el mes de marzo de 2008, elaboró
una carta de autorización para que la tubería del acueducto del accionante
fuera extendida a través de su predio, y aportó copia del documento de
autorización. En la inspección judicial se observó la existencia de baldes con
destino a la recolección de aguas lluvia.
Finalmente, pudo establecerse que la casa del
accionante colinda por el occidente con un parqueadero, por el norte con
múltiples viviendas, y por el sur con la propiedad de la señora Viana de
Posada, inmuebles todos que gozan de la prestación continua del servicio de
acueducto.
Expediente
T- 2.456.678
De los hechos y la demanda.
1. Marco Gómez Otero, Dagoberto Valbuena, Benita
Balanta, Horacio Cárdenas, Juan E. Copete, Libardo Gómez, Marta Montaño, María
de Jesús Montaño, Fernando Hernán Naranjo, Bezabeth Olaya Paneso, Adriana
Rodríguez, y Leonor Valencia Cuero, presentaron acción de tutela contra
Hidropacífico S.A E.S.P, al considerar que esta entidad vulneró sus derechos
fundamentales a la vida digna, a la salud, y al agua, con base en los
siguientes hechos y argumentos:
1.1 Manifiestan que el servicio de acueducto prestado
en el Barrio Nueva Granada de Buenaventura es altamente deficiente puesto que:
1.1.1 El agua es suministrada a las viviendas
solamente día de por medio en el horario de 6 p.m a 12:00 a.m, aproximadamente.
1.1.2 El agua carece de suficiente presión.
1.1.3 El líquido no llega a las viviendas ubicadas en
la parte más alta del barrio, pese a lo cual la entidad continúa cobrando por
la prestación del servicio.
1.1.4 Tienen conocimiento de que el agua destinada al
Barrio Nueva Granada es aprovechada por los barrios de invasión El Milagroso y
12 de Octubre, localizados en un sector más bajo, los cuales toman el líquido
del mismo tubo matriz sin autorización.
1.2 Afirman que han solicitado ante diferentes
funcionarios de la entidad accionada la solución de estas deficiencias sin
obtener una respuesta satisfactoria.
1.3 Atendiendo a lo anterior, solicitan que se ordene
a las autoridades correspondientes tomar las medidas necesarias para asegurar
que todas las viviendas del Barrio Nueva Granada gocen de un servicio adecuado
de acueducto.
1.4 La demanda fue admitida el 22 de septiembre de
2009, por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Buenaventura (Valle).
Intervención de
las partes demandadas.
2.
César Augusto Chica Macías, actuando en nombre y representación de
Hidropacífico S.A E.S.P, solicitó al juez negar el amparo solicitado por las  siguientes
razones:
2.1
La acción de tutela es improcedente porque tiene como fin proteger un derecho
de carácter colectivo cuya defensa puede promoverse a través de la acción
popular.
2.2
La entidad accionada solamente ejecuta un contrato de operación, mantenimiento
y administración del sistema de acueducto y alcantarillado con la Sociedad de
Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura (SAAB S.A E.S.P). Este contrato no
incluye la realización de obras, que puedan ser necesarias para la superación
de las fallas del servicio, tales como la construcción de redes.
2.3
En el sector de la Comuna Número 12 de Buenaventura, a la que pertenece el
Barrio Nueva Granada, se presta el servicio de acueducto día de por medio en el
horario de 6:00 pm a 12:00 pm con presiones promedio de 7 PSI (5 m.c.a) en los
sectores más altos. No obstante, la entidad reconoce que la prestación del
servicio de acueducto en el Barrio Nueva Granada es crítico debido a la
intervención de las redes por personal no autorizado, la manipulación indebida
de válvulas, y el desperdicio de agua causado por las conexiones fraudulentas
del barrio de invasión El Milagroso. Para dar solución a las tres situaciones,
la entidad accionada definió las siguientes estrategias:
(i)
Reparación de fugas.
(ii)
Modificación y redefinición de
circuitos en la parte alta del barrio Nueva Granada (ubicado entre las carreras
73A y 73B, y entre las calles 5a y 7a). De acuerdo con lo contenido en el
escrito, estas actividades debieron concluirse en la primera semana de octubre
de 2009.
(iii)
Propuesta de inclusión del barrio
El Milagroso en el POI 2009, la cual será presentada a SAAB S.A E.S.P, que es
la entidad  encargada de contratar y ejecutar las obras de acueducto de la
ciudad.
(iv)
Extensión de redes para el sector
del barrio Eje Cafetero, con la cual se realizará la sectorización del servicio
de los lugares aledaños al antiguo distrito de carreteras y la parte alta del
barrio El Triunfo. Estas obras se encuentran incluidas dentro del contrato de
mejoramiento del servicio que adelante P&H como contratista de SAAB S.A
E.S.P.
2.4
No es conveniente que los jueces de tutela den órdenes dirigidas a solucionar
casos individuales puesto que la situación requiere de una respuesta compleja
que se está implementando a nivel municipal. Esta solución “obedece a un
estudio técnico profundo el cual se está ejecutando cabalmente”.
3.
El Juez Séptimo Civil Municipal de Buenaventura vinculó al proceso a la
Alcaldía Mayor de Buenaventura. En respuesta a la demanda, el apoderado Jaime
Arturo Murillo solicitó que se declarara que el ente territorial no ha
vulnerado los derechos del accionante, puesto que la obligación de garantizar
la calidad del servicio de acueducto a los usuarios es de Hidropacífico S.A. E.S.P.
De acuerdo con el contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado que suscribió con esta entidad, es a ella a quien
corresponde velar porque el servicio de acueducto se preste garantizando los
parámetros de eficiencia y calidad. Igualmente, es su obligación realizar la
conexión de los usuarios a la red de agua potable y alcantarillado, y conectar
el sistema de tuberías que permita el transporte de agua cruda, agua potable y
aguas residuales.
4.
El Juez Séptimo Civil Municipal de Buenaventura también vinculó al proceso a la
Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura S.A E.S.P (SAAB). Freddy
Antonio Mena Córdoba, en su calidad de gerente y representante legal de la
Sociedad, contestó la tutela. En primer lugar, recordó que la empresa ha
realizado en los últimos años un gran esfuerzo por mejorar las condiciones del
servicio de acueducto de la ciudad en lo que tiene que ver con la renovación de
las tuberías antiguas y la ampliación de la red para responder al crecimiento
acelerado del perímetro urbano. Con este fin ha invertido más de un billón de
pesos. No obstante, reconoce que el proceso no se ha completado y que es
necesario darle continuidad hasta lograr el objetivo deseado, que consiste en
brindar a todo el distrito de Buenaventura un mínimo de 12 horas continuas de
agua diariamente. Finalmente, advirtió que Hidropacífico S.A ESP es la entidad
encargada de la operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y
alcantarillado y, por ello, es ella quien determina autónomamente los horarios
de suministro del agua.
Del fallo
de tutela.
5.
En sentencia proferida el 30 de septiembre de 2009, el Juzgado Séptimo Civil
Municipal de Buenaventura declaró que la acción de tutela es improcedente toda
vez que los derechos cuya protección se invoca pueden ser protegidos por medio
de la acción popular. Además, no existen elementos para concluir la existencia
de un inminente perjuicio irremediable.
Pruebas
ordenadas por la Sala de Revisión.
6.
En auto del 3 de febrero de 2010, el Magistrado Sustanciador decretó la
práctica de pruebas en el asunto de la referencia. En primer lugar, ofició al
Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Nueva Granada para que
suministrara información sobre el número y la composición etaria de las
personas que residen en él. También ofició a Hidropacífico E.S.P, a la Sociedad
de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura y a la Alcaldía Mayor de
Buenaventura, con el propósito de que informaran a la Corte acerca de
diferentes aspectos técnicos y presupuestales de la ejecución del cronograma de
actividades para el mejoramiento del servicio de acueducto en la parte alta del
Barrio Nueva Granada, en lo correspondiente a sus competencias.
Por
último, comisionó al Juez Primero Civil del Circuito de Buenaventura para que
llevara a cabo una inspección judicial y señalara la ubicación exacta del
Barrio Nueva Granada, las condiciones de las viviendas, y los horarios y
circunstancias de prestación efectiva del servicio de acueducto.
7.
El Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Nueva Granada informó a
esta corporación la ubicación exacta de la localidad en la ciudad de
Buenaventura, y el nombre de sus habitantes. Señaló que el servicio de
acueducto prestado en la carrera 73 entre calles 4 y 7 tiene baja presión, pero
que la zona más crítica se ubica entre las calles 5ª y 7ª, y las carreras 73A y
73B, en donde el servicio de agua no es suministrado en los horarios establecidos.
8.
En escrito remitido el 17 de febrero de 2010, Luz Viviana Angulo, en
representación de Hidropacífico E.S.P, comunicó a la Corte que el servicio de
acueducto se presta día de por medio entre las 6:00 y las 11:00 pm con presiones
medias de 6 a 8 P.S.I.  Entre agosto y diciembre de 2009, la entidad llevó a
cabo las siguientes actividades para el control de pérdidas y readecuación de
circuitos en la parte alta del barrio Nueva Granada: limpieza de cajas de
válvula para controlar y redefinir circuitos de abastecimiento, reparación de
daños de red matriz de 2”, 3” y 4” PVC, y mantenimiento de válvulas para micro
sectorizar circuitos de acueducto. En cuanto a la extensión de la red de
acueducto para el sector El Milagroso, señaló que pese a que ya se llevaron a
cabo los estudios de factibilidad del proyecto, SAAB S.A E.S.P, decidió aplazar
su inclusión dentro del presupuesto para el POI del 2010.
A
este escrito se anexó copia del plan de inversiones POI 2009 del sistema de
acueducto y tratamiento de agua potable
9.
La Alcaldía Mayor de Buenaventura indicó que la Sociedad de Acueducto y
Alcantarillado del distrito proyectó y contrató en el 2007 la ejecución de
obras de mejoramiento del sistema de acueducto en toda la ciudad, con la firma
Unión Temporal P & H. Sin embargo, en los últimos dos años la Sociedad de
Acueducto no ha realizado obras respecto al problema de acueducto en los
barrios Nueva Granada, El Milagroso y 12 de Octubre.
10.
Por su parte, el Juez Primero Civil del Circuito de Buenaventura llevó a cabo
una diligencia judicial el 24 de febrero de 2010, en la cual recibieron
testimonios de varios habitantes del barrio Nueva Granada, perteneciente al
estrato 1. En ella indican que la prestación del servicio de acueducto no se
realiza en los horarios señalados por la entidad, y que han vivido períodos en
los que el servicio es suspendido entre 4 y 10 días, por lo cual deben acudir a
la recolección de aguas lluvia. No obstante, la entidad accionada cobra el
servicio de manera regular. La señora Martha Luz Murillo señala que ha
solicitado que le desconecten del servicio por cuanto el líquido no llega a su
hogar, pero Hidropacífico le ha respondido que la desconexión tiene un costo de
$150.000, que ella no está en capacidad de asumir. El Juez anexó pruebas fílmicas
y fotográficas del barrio y de la diligencia.
II.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia.
Esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para proferir
sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los
artículos 86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Problemas
jurídicos
En
el presente asunto corresponde a la Sala establecer si las entidades
accionadas  vulneraron los derechos de los accionantes a la vida digna y al
agua potable al omitir adoptar las medidas tendientes a que las personas  que
instauran la tutela, un ciudadano de Medellín y algunos habitantes de un barrio
de Buenaventura, cuenten con un suministro mínimo diario de agua potable debido
a (i) la inexistencia de redes locales de acueducto y (ii) a deficiencias
recurrentes en la prestación del servicio. No obstante, de manera previa debe la
Corte examinar si estos asuntos son susceptibles de ser discutidos en sede de
tutela, teniendo en cuenta la naturaleza del derecho al agua y la existencia de
otros medios de defensa judicial.
Con
este propósito, en primer lugar, la Sala se referirá brevemente a la
procedencia de la acción de tutela para solicitar la protección del derecho al
agua para consumo humano. En segundo lugar, analizará el contenido del derecho
fundamental al agua a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y
de la Observación General Número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales. Finalmente, llevará a cabo el análisis de los casos en concreto.
1.
Procedencia de la acción de
tutela para solicitar la protección del derecho al agua.
1.1
La Corte Constitucional ha examinado en varias ocasiones si la acción de tutela
es procedente para obtener la protección del derecho al agua teniendo en cuenta
dos situaciones. De un lado, que el agua puede ser considerado como un derecho
que no tiene la categoría de “fundamental”, en tanto que la tutela tiene como
único objeto el amparo de derechos de este tipo. De otro lado, y como
consecuencia de lo anterior, que los conflictos relacionados con el derecho al
agua pueden tramitarse mediante otras vías o recursos judiciales tales como la
acción popular, las acciones de grupo, o las acciones civiles ordinarias.
1.2
En cuanto a lo primero, la Corte ha advertido que el agua ha tenido un
tratamiento diverso en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.
Según el artículo 79 de la Carta, el agua es un derecho colectivo que forma
parte del derecho al ambiente sano. Igualmente, como lo indica el artículo 366
de la Constitución, el agua es un servicio público cuya prestación está a cargo
del Estado. En el ámbito internacional de los derechos humanos, el derecho al
agua es considerado como un derecho económico y social, derivado de los
artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales – PIDESC[1]. También hace parte del
derecho a la mujer a gozar de condiciones de vida adecuadas[2],
y de los derechos de los niños y niñas a que se combatan las enfermedades y la
malnutrición a la que pueden verse expuestos a través, entre otras cosas, del
suministro de agua potable[3].
Pero,
adicionalmente, la Corte ha sostenido que el agua constituye un verdadero derecho
fundamental cuando está destinada para el consumo humano[4].
Desde la sentencia T-578 de 1992 se sostuvo que:
“En principio, el agua constituye fuente de vida y la
falta de servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de
las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y
alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas (CP art.11), la
salubridad pública (CP arts. 365 y 366), o la salud (CP art. 49), es un derecho
constitucional fundamental”.
El agua que usan las personas es indispensable para
garantizar la vida física y la dignidad humana, entendida esta como la
posibilidad de gozar de condiciones materiales de existencia que le permitan
desarrollar un papel activo en la sociedad[5]. Además, el agua es
presupuesto del derecho a la salud[6], especialmente la de los
niños y las niñas, y es considerada necesaria para el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población, que se incrementa a partir
de la solución de las necesidades básicas insatisfechas[7].
En principio, ya que se trata de un derecho fundamental, el derecho al agua
para consumo humano es susceptible de protección a través de la acción de
tutela[8].
Así,
una persona puede verse afectada de diversas maneras por la deficiencia en la
prestación del servicio de acueducto sin que ello constituya un desconocimiento
de su derecho al agua.  Por ejemplo, si es sujeto de cobros irregulares o los
aparatos medidores no funcionan correctamente.  También puede afectarse de
manera grave y directa el interés colectivo en el agua, verbigracia, cuando no
hay continuidad en el suministro a un sector dedicado a actividades empresariales
o a labores agrícolas. Estos conflictos contrarían la finalidad del Estado
Social de Derecho y, por ello, revisten gran importancia jurídica. No obstante,
en principio no implican un desmedro a la vida, la dignidad, o la salud de las
personas. Por esta razón, frente a ellos la acción de tutela no es procedente[9].
Por
el contrario, en otras situaciones en las que la ausencia de agua le impide a
una persona recibir un tratamiento médico, o dificulta la operación normal de
una escuela primaria, o en eventos en que una obra pública impida el suministro
continuo de agua a un sector residencial de manera indefinida, la Corte ha
considerado que se vulnera o amenaza con vulnerar el derecho fundamental al
agua por cuanto el uso principal de ese líquido, es precisamente la
satisfacción de las necesidades básicas de una persona para tener una digna
existencia.
1.3
En cuanto a lo segundo, la Corte ha establecido como regla general que la
tutela es improcedente cuando existe otro medio o recurso judicial a través del
cual pueda solicitarse la protección de los derechos, excepto cuando el recurso
existente no es eficaz e idóneo, o cuando la tutela se invoca como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En lo que tiene que ver con
la aplicación de esta regla para proteger el derecho al agua como mecanismo
definitivo, la Corte ha establecido que es preciso verificar las
particularidades del caso concreto para determinar si de las deficiencias en la
prestación del servicio público de acueducto, que daría lugar a otras acciones,
se deriva una vulneración individual del derecho fundamental al agua.
Verificadas las particularidades del caso, la acción de tutela puede ser el
instrumento más idóneo para frenar la vulneración.
Cuando
el otro medio de defensa judicial disponible para superar el conflicto en torno
al derecho al agua sea una acción popular, ha dicho la Corte que debe
examinarse:
“1. Que
exista conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación o
amenaza a un derecho fundamental de tal suerte que el daño o la amenaza del
derecho fundamental sea consecuencia inmediata y directa de la perturbación del
derecho colectivo.
2. El
peticionario debe ser la persona directa o realmente afectada en su derecho
fundamental, pues la acción de tutela es de naturaleza subjetiva.
3. La
vulneración o la amenaza del derecho fundamental no deben ser hipotéticas sino
que deben aparecer expresamente probadas en el expediente.
4. La
orden judicial debe buscar el restablecimiento del derecho fundamental afectado
y no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión
resulte protegido, igualmente, un derecho de esta naturaleza."[10]
1.4
Finalmente, es posible que quien solicita el amparo muestre que, pese a que no
procede la tutela como mecanismo definitivo porque deben adelantarse
discusiones en otros escenarios judiciales debido a la complejidad material o
jurídica del caso, o porque no pertenecen al ámbito del derecho fundamental al
agua,  el amparo del derecho al agua es una medida necesaria para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable[11]. Este perjuicio se
configura cuando: (i) Es cierto e inminente. Es decir, que “su
existencia actual o potencial se infiera objetivamente a partir de una
evaluación razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones
especulativas”[12]. (ii) Es grave,
puesto que amenaza con lesionar con gran intensidad un bien que objetivamente
puede ser considerado de alta significación para el afectado. (iii) Requiere de
la adopción de medidas urgentes e impostergables, que respondan
de manera precisa y proporcional a la inminencia del daño ya que, de no
tomarse, la generación del daño es inevitable.
2.
Alcance e interpretación del
contenido del derecho fundamental al agua.
2.1
De acuerdo con los artículos 365 y 366 de la Constitución, el derecho al agua
para consumo humano debe ser garantizado por el Estado mediante la prestación
del servicio público de acueducto. Por tanto, de este puede afirmarse lo mismo
que en la sentencia T-881/02 se predicó de los servicios públicos en
general:
“Los servicios públicos al encontrarse en el marco del
Estado social de derecho, constituyen ‘aplicación concreta del principio
fundamental de solidaridad social’[13], se erigen como el
principal instrumento mediante el cual ‘el Estado realiza los fines esenciales
de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios y derechos constitucionales’[14],
y son la herramienta idónea para ‘alcanzar la justicia social y promover
condiciones de igualdad real y efectiva’[15], así como para
asegurar unas ‘condiciones mínimas de justicia material’[16]”[17].
El
servicio público de acueducto debe prestarse conforme a las exigencias que la
legislación establece para los entes territoriales, para los prestadores y para
los usuarios. Este marco normativo está contenido principalmente en la Ley 142
de 1994, normas que la modifican[18], y decretos que la
reglamentan[19]. También está
constituido por las normas relativas a la calidad del agua contenidas en el
Decreto 1575 de 2007 y 475 de 1998; el reglamento técnico del sector de agua
potable y saneamiento básico, adoptado mediante la Resolución 1096 de 2000 del
Ministerio de Desarrollo Económico; y los planes de gestión y resultados (PGR),
elaborados por los prestadores del servicio y aprobados por el Ministerio de
Desarrollo Económico, conforme lo establece el parágrafo del artículo 4 del
Decreto 475 de 1998. En términos generales, todas estas normas exigen que el
servicio de acueducto sea prestado en condiciones generales de eficiencia,
continuidad, regularidad y calidad, que pueden medirse a partir de los
criterios técnicos indicados en ellas[20], si se encuentran
definidos.
2.2
De la misma manera, para delimitar el
contenido del derecho fundamental al agua es preciso tomar en consideración que
este es un presupuesto esencial para el goce de otros derechos tales como el
derecho a la educación[21], ya que para que la
puesta en funcionamiento de un establecimiento educativo se requiere de los
servicios públicos de acueducto y alcantarillado; el derecho al ambiente sano[22];
y los derechos a la protección de la diversidad étnica y cultural[23],
teniendo en cuenta que algunas comunidades indígenas y afrocolombianas
consideran el agua como un elemento de especial significado cosmogónico.
2.3
En cuanto derecho fundamental, la Corte Constitucional ha protegido por vía de
tutela diferentes aspectos del derecho al agua relacionados con la garantía
mínima de la (i) disponibilidad, (ii) calidad, (iii) acceso y (iv) no
discriminación en la distribución, en consonancia con la obligación de emplear
el máximo de los recursos que se dispongan para hacer efectivo el derecho al
agua a todos sus habitantes.
Así,
(i) la Corte ha amparado el derecho a contar con un abastecimiento de agua
continuo y suficiente para los usos personales. Frente a este aspecto, que ha
denominado en algunas ocasiones “disponibilidad”, ha dicho que la suspensión del servicio público domiciliario de
acueducto no puede tener lugar, pese al incumplimiento en el pago de los
servicios, “si los efectos de la suspensión se concretan en un
desconocimiento desproporcionado a los derechos constitucionales de sujetos o
establecimientos especialmente protegidos o en una grave afectación en las
condiciones de vida de una comunidad”[24].
La
Corte ordenó la reconexión del servicio a una persona gravemente enferma que no
canceló oportunamente la factura, pero que requería de él para continuar
recibiendo atención médica en su hogar en condiciones dignas, al tiempo que se
decidió que era necesario acordar otra forma de pagar las cuotas en mora. Del
mismo modo lo hizo con un ciudadano que obtuvo un acuerdo de pago cuyas
condiciones no fueron respetadas por la empresa prestadora del servicio[25].
Adicionalmente,
ha señalado esta Corte que se vulnera el derecho al agua cuando no se llevan a
cabo en un plazo corto las obras públicas iniciadas, o no se adoptan las
medidas necesarias para solucionar la falta de prestación del servicio público
de acueducto en instituciones destinadas a la prestación de los servicios de
salud, de educación primaria o las penitenciarias. Para la Corte, esta
situación pone en grave riesgo la salud, la integridad física y la vida digna
de los sujetos de especial protección que se benefician de manera prioritaria
del trabajo de estas entidades, tales como las personas enfermas, las mujeres
embarazadas y los niños y niñas. En el caso de las penitenciarias, la Corte ha
advertido que la restricción del derecho a la libertad en cumplimiento de una
sentencia judicial no puede implicar una limitación desproporcionada de otros
derechos fundamentales.
En
aplicación de esta regla, la Corte ordenó adelantar las reparaciones necesarias
en las tuberías de un centro penitenciario que debido a las averías tomó la
determinación de proveer agua para las duchas y sanitarios pocos minutos
durante el día[26], y dispuso la
terminación de un acueducto adelantado en un 98% y que era indispensable para
proveer las instalaciones de una escuela veredal.[27]
En
último lugar, cabe mencionar dentro de la protección otorgada al derecho a
disponer de agua suficiente y continua, la protección que la Corte otorgó a una
comunidad que se vio afectada por la construcción de una obra pública que
pasaba por el manantial del cual se abastecían, toda vez que en el diseño de la
misma no se contempló el corte de agua que se ocasionaría. Debido a que esta
actuación de las entidades públicas impidió el flujo requerido para el consumo
personal y doméstico de la comunidad, la Corte exigió la provisión de agua en
carro-tanques y exigió la creación de un comité técnico que tomara decisiones
definitivas para garantizar la disponibilidad[28].
La Corte también ha protegido a través de la acción de
tutela (ii) el derecho a recibir el agua en condiciones químicas y físicas
aceptables. Para la Corporación, “el
comprobado suministro de agua contaminada y no apta para el consumo humano por
parte de las autoridades accionadas, constituye un factor de riesgo y de
vulneración de los derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana, la
salud y el ambiente sano”[29] de una comunidad.
Por esta razón, la Corte ha requerido a las autoridades para que adelanten
estudios técnicos, o para que tomen en un término perentorio las medidas
conducentes para garantizar el abastecimiento de agua en condiciones de
potabilidad a municipios, veredas y barrios[30].
Igualmente, la Corte ha sostenido que (iii) es
violatorio del derecho al agua que las entidades prestadoras de servicios o los
entes territoriales correspondientes no garanticen a una persona o a una
comunidad el acceso a las instalaciones necesarias y adecuadas para la
prestación del servicio de acueducto, o que impongan unos costos desproporcionados
respecto de la situación socioeconómica de las personas, como condición para
proveer la infraestructura de las redes locales o las acometidas domiciliarias.
En razón de ello, la Corte exigió a una empresa prestadora del servicio que
conectara a una persona al servicio público de acueducto, autorizando el cobro
de la instalación al usuario excepto en lo que tiene que ver con estudios
técnicos, planos y licencias que solo puede llevar a cabo la empresa[31].
En último lugar, (iv) la Corte extendió la garantía
del derecho a la no discriminación en la distribución del agua. Señaló que las
fuentes de agua deben ser empleadas de manera tal que ningún particular pueda
tener acceso a una cantidad de agua que disminuya el flujo efectivo que reciben
los demás beneficiarios de la fuente, al punto que no cuenten con el líquido
suficiente para su uso personal. En el caso estudiado, unos particulares
construyeron un embalse que recibía en la práctica un porcentaje de agua más
alto que el aprobado por las autoridades. Esto generó una reducción importante
del agua disponible para el resto de la comunidad. Pese a existir un acto
administrativo que ordenaba destruir la represa, sus propietarios se negaban a
cumplirlo. Por ello, la Corte ordenó construir un acueducto que permitiera el
acceso equitativo al servicio de agua potable, y la adecuación del sistema de
surtido del embalse, mientras se adelantaban los trámites judiciales para
obtener el cumplimiento coactivo del acto administrativo[32].
2.4
La interpretación del contenido y alcance de los componentes del derecho al
agua tutelados hasta ahora por esta Corporación debe complementarse con la
Observación General Número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, sobre el agua como derecho derivado de las garantías previstas en
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, relativas
al derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia[33],
y el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental[34].
En
efecto, tal como lo sostuvo la Corte en la sentencia C-355/06, las
observaciones y recomendaciones proferidas por los órganos autorizados para
interpretar los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por
Colombia, resultan relevantes al momento de precisar el contenido normativo de
sus disposiciones y el sentido de los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. De suerte que aunque estos documentos no se incorporen de manera
automática al bloque de constitucionalidad, sí constituyen un criterio
hermenéutico relevante y un límite para el legislador[35].
2.5
De acuerdo con el Comité, “el derecho humano al agua es el derecho de todos
a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para
el uso personal y doméstico”[36]. Su  contenido
concreto varía según las circunstancias particulares de los países y las
comunidades, no obstante los siguientes componentes deben estar presentes en
todos ellos:
a)
“La disponibilidad. El
abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los
usos personales y domésticos[37]. Esos usos
comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de
alimentos y la higiene personal y doméstica[38]. La cantidad de agua
disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la
Organización Mundial de la Salud (OMS)[39]. También es posible
que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón
de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.
b)
La calidad. El agua
necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto,
no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que
puedan constituir una amenaza para la salud de las personas[40].
Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada
uso personal o doméstico.
c)
La accesibilidad. El agua y
las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles a todos, sin
discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La
accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:
i)
Accesibilidad física. El
agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de
todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de
agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o
lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas[41]. Todos los servicios
e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente
adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el
ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante
el acceso a los servicios e instalaciones de agua.
ii)
Accesibilidad económica. El
agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los
costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua
deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de
otros derechos reconocidos en el Pacto.
iii)
No discriminación. El agua
y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y
de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la
población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.
iv)
Acceso a la información. La
accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información
sobre las cuestiones del agua[42]”[43].
2.6
Este conjunto de aspectos que garantizan el goce pleno del derecho al agua para
consumo humano genera para los Estados obligaciones de cumplimiento inmediato,
y obligaciones progresivas que están sujetas a la disponibilidad presupuestal y
la regulación interna. Las obligaciones de cumplimiento inmediato están
conformadas por deberes que propenden por el mínimo de satisfacción del
derecho. Entre ellos se encuentran:
“a) Garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima
de agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico y prevenir
las enfermedades;
b) Asegurar el derecho de acceso al agua y las
instalaciones y servicios de agua sobre una base no discriminatoria, en
especial en lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados.
c) Garantizar el acceso físico a las instalaciones o
servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y regular de agua
salubre.
d) Velar por que no se vea amenazada la seguridad
personal cuando las personas tengan que acudir a obtener el agua;
e) Velar por una distribución equitativa de todas las
instalaciones y servicios de agua disponibles;
f) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de
acción nacionales sobre el agua para toda la población; la estrategia y el plan
de acción deberán ser elaborados y periódicamente revisados en base a un
proceso participativo y transparente; deberán prever métodos, como el
establecimiento de indicadores y niveles de referencia que permitan seguir de
cerca los progresos realizados; el proceso mediante el cual se conciban la
estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos, deberán prestar
especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados;
g) Vigilar el grado de realización, o no realización,
del derecho al agua;
h) Adoptar programas de agua orientados a fines
concretos y de relativo bajo costo para proteger a los grupos vulnerables y
marginados;
i) Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar
las enfermedades asociadas al agua, en particular velando por el acceso a unos
servicios de saneamiento adecuados”[44]
Por su parte, existen otras obligaciones respecto del
derecho al agua que tienen un carácter enteramente prestacional, y requieren
para su implementación procesos legislativos, planeación económica,
apropiaciones presupuestales y planes de inversión en proyectos específicos del
sector de acueducto. Respecto de estas, denominadas por el Comité como obligaciones
progresivas, el deber del Estado consiste en “adoptar las medidas
necesarias hasta el máximo de los recursos de que disponga”[45]
y velar por la realización gradual de todos los componentes del derecho
(indicados en el numeral 2.5). En este ámbito, el derecho al agua se viola
cuando se evidencia que “el Estado no está dispuesto a utilizar el máximo de
los recursos de que disponga para hacer efectivo el derecho”[46],
o se comprueba la negligencia para adoptar estrategias de acción que lleven a
su satisfacción plena para todos los habitantes.
2.7
Del análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el derecho
al agua a la luz de la Observación General Número 15, en tanto interpretación
autorizada del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, se tiene que el derecho fundamental al agua es una garantía que se
traduce en el acceso a un servicio público de acueducto que suministre agua
para consumo humano, en condiciones de disponibilidad, calidad, accesibilidad y
no discriminación.
En
los casos en los que la vulneración o restricción del derecho ha implicado el
desconocimiento absoluto de la disponibilidad, calidad y acceso de una persona
o una comunidad al agua, la Corte ha adoptado medidas de protección inmediata
para garantizar la provisión mínima de agua. Al mismo tiempo, cuando la tutela
está dirigida a garantizar otros aspectos de la prestación eficiente del
servicio de acueducto, ha precisado que estas decisiones deben ser adoptadas
por las personas y entidades expertas en la materia, y que exigen una
planeación presupuestal que no corresponde a la esfera del juez constitucional[47].
Siguiendo
esta línea jurisprudencial, considera la Sala que el derecho al agua goza de
protección constitucional en dos niveles. El primero, está referido a los
contenidos mínimos que componen el derecho al agua, los cuales corresponden a
las obligaciones básicas señaladas en la Observación General Número 15. Si se
hace evidente la ausencia de alguno de los componentes, tomando como parámetro
inicial para determinar la calidad y la cantidad de agua mínima las normas
previstas en la legislación nacional, debe concluirse que se ha vulnerado el
derecho al agua y el juez constitucional debe adoptar las medidas que sean
necesarias para frenar la violación de manera inmediata. A la ejecución de
estas medidas no pueden oponerse las entidades alegando falta de recursos o
ausencia de disponibilidad presupuestal.
El
segundo nivel se refiere a los aspectos que exceden el contenido mínimo del
derecho, pero que hacen parte de los componentes de disponibilidad,
accesibilidad, calidad y acceso del derecho delimitados en la normatividad
nacional y la Observación General Número 15. Su eficacia depende principalmente
de la construcción de obras y la apropiación de presupuesto y, por ello, del
proceso público de debate, decisión y ejecución de políticas públicas. Esto no
puede significar el aplazamiento perpetuo del cumplimiento de las obligaciones.
Por tanto, en este ámbito el juez constitucional debe verificar si la
vulneración del derecho obedece a la falta total o parcial de inversión o a la
comprobada negligencia administrativa en su ejecución[48]
y “debe adoptar las decisiones y órdenes que aseguren que tales medidas sean
adoptadas, promoviendo a la vez la participación ciudadana”[49].
3.
Los casos en concreto.
3.1 Los peticionarios en los casos objeto de estudio,
un ciudadano de Medellín (Exp. T-2.456.550) y varios habitantes del barrio
Nueva Granada de Buenaventura (Exp. T-2.456.678), instauraron acciones de
tutela contra las empresas prestadoras del servicio de acueducto de sus
ciudades ya que, por diferentes razones, el agua no está siendo suministrada al
interior de sus hogares en las condiciones adecuadas. Ambas solicitudes fueron
absueltas por los jueces de instancia en forma negativa pues, a su juicio, los
accionantes no agotaron los mecanismos judiciales y administrativos habilitados
para obtener sus pretensiones, y no demostraron que era preciso acudir a la
acción de tutela para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
3.2 Las consideraciones hechas por los jueces de
instancia dirigidas a señalar la improcedencia de las acciones de tutela
impetradas no pueden ser de recibo en los casos sub examine. De un lado,
en las dos situaciones sometidas a estudio por parte de la Corte, el derecho al
agua adquiere sin dudarlo el carácter de fundamental. En efecto, el agua que
solicitan los actores está destinada al consumo en las viviendas en las que
residen los accionantes, y lo que pretenden garantizar es la posibilidad de
obtener la cantidad suficiente para el consumo, la higiene personal y
doméstica, y la preparación de alimentos. Toda vez que la carencia del agua
para estos usos pone en grave peligro la realización de la dignidad, la vida y
la salud de los accionantes, su protección es urgente y la vía más idónea para
hacerlo es la acción de tutela.
De otro lado, encuentra la Sala que no era válido
negar la tutela por la existencia de otros mecanismos de defensa. En el caso de
la persona que solicita la instalación de las redes de acueducto en su vivienda
(Exp. T-2.456.550), no puede afirmarse que no haya agotado el mecanismo de
solicitud formal ante EPM. Por el contrario, observa la Sala que desde el año
2007 la entidad ha recibido peticiones en el mismo sentido radicadas por el
actor, por su cónyuge y por su hijo mayor de edad que, en todos los casos, ha
sido negada.
En la misma dirección, tampoco puede argumentarse que
la tutela es improcedente porque los habitantes del Barrio Nueva Granada (Exp.
T-2.456.678) cuentan con otras acciones de orden constitucional y ordinarias. La
Sala observa que quienes instauraron la acción de tutela encuentran amenazados
de manera directa, por la falta de prestación del servicio de acueducto, sus
derechos fundamentales a obtener agua para consumo  humano, y con ello se
encuentran amenazados su derechos a la vida, la dignidad y la salud. Por esta
razón, sin perjuicio de los procesos que en defensa del interés colectivo o de
grupo pueda suscitar las deficiencias del servicio, y las afectaciones patrimoniales
derivadas de ellas, corresponde en la acción de tutela tomar las medidas que
garanticen los derechos fundamentales de los accionantes.
Precisamente con el propósito de establecer la
afectación subjetiva, la Sala solicitó una inspección judicial. A partir de
ella pudo determinar que efectivamente los peticionarios habitan en el Barrio
Nueva Granada, en las direcciones señaladas, y pudo establecer que el sector en
el que residen es el que se encuentra calificado por la Junta de Acción Comunal
y por la empresa prestadora del servicio de acueducto, Hidropacífico ESP como
el de más afectación por las dificultades en la prestación del servicio. De
este modo, la Sala concluye que los accionantes en tutela son personas directa
y realmente afectadas por la problemática que analizará posteriormente.
3.3 La carencia de agua para consumo humano alegada en
los dos casos es una situación que pone en riesgo la vida, la salud y la dignidad
de las personas afectadas y, frente a ella, la acción de tutela es el mecanismo
más idóneo y eficaz para su protección. En razón de esto, contrario a la
decisión adoptada por los jueces que resolvieron las tutelas, considera esta
Sala que las acciones que se revisan en los dos expedientes son procedentes.
Verificado el requisito de procedibilidad, corresponde a la Sala entrar a
estudiar de fondo la vulneración de los derechos invocados en los casos
sometidos a su revisión, de manera independiente.
Exp. T-2.456.550
3.4 El señor Hernán Galeano Díaz habita desde el 2007 en
un inmueble ubicado en el Barrio Caicedo de la ciudad de Medellín, junto con su
esposa y dos hijos de 19 y 11 años. El inmueble no cuenta con el servicio de
acueducto. Él y su familia han solicitado en varias ocasiones a EPM la conexión
al servicio, pero la entidad se niega aduciendo que frente al inmueble no se
encuentran instaladas las redes locales de acueducto y alcantarillado.
A partir de las pruebas obtenidas por la Sala, pudo
establecerse que el inmueble se encuentra ubicado en el estrato 1, y que se
trata de una casa de un nivel construida principalmente con cemento y tejas de
zinc. La casa origina el pago del impuesto predial unificado, y está conectada
a los servicios públicos de energía, teléfono e internet. El accionante obtiene
el agua que requiere para la batería sanitaria, el lavadero y la cocina, de una
tubería instalada a la vista que conecta con la llave de agua de la casa
contigua, propiedad de la señora Rosa Angélica Viana. Ella abre el registro
durante dos horas al día a cambio del pago de $40.000 mensuales. Aunque los
alrededores de la casa no han sido urbanizados totalmente, la propiedad del
accionante colinda con un parqueadero y con otras viviendas que reciben el
servicio de acueducto.
3.5 La situación descrita lleva a concluir a esta Sala
que el accionante no cuenta con suministro agua para el consumo, puesto que expresamente
la empresa se ha negado a conectarlo al servicio de acueducto. Ciertamente, EPM
ha respondido a los diferentes derechos de petición presentados por los
habitantes de la vivienda propiedad del accionante, que no es posible instalar
el servicio de acueducto ya que “frente al inmueble no se encuentran
instaladas las redes locales de acueducto y alcantarillado operadas por EPM
para poder prestar los servicios”. Esta situación ha impedido que el actor
tenga acceso físico a las instalaciones del servicio público de
acueducto.
Adicionalmente, la forma en que el señor Galeano se ve
obligado a obtener el agua no asegura los niveles mínimos de disponibilidad que
debe garantizar el Estado, puesto que el suministro procede de una tubería
pequeña construida por el mismo actor, que se alimenta del servicio recibido
por otra vivienda conforme a las estipulaciones de un acuerdo privado. Este
acuerdo solo contempla dos horas diarias de suministro y exige el pago de
$40.000 mensuales. Para la Sala, un abastecimiento en estas condiciones,
forzado por la conducta omisiva de la entidad accionada, es claramente
discontinuo y no permite asegurar una cantidad mínima de agua disponible.
3.6 La vulneración del derecho al agua, materializada
en la falta de acceso y disponibilidad evidentes en el expediente, son
injustificadas y no obedecen al incumplimiento de los deberes del accionante
como usuario. En el presente caso, EPM ofreció soluciones diversas a las
continuas solicitudes presentadas: (i) construir por sí mismo las redes de
acueducto y alcantarillado por la vía; (ii) en caso de pertenecer la vivienda a
los estratos 1, 2 y 3, solicitar la construcción de la red de acueducto en
conjunto con todo el barrio, anexando el concepto favorable de la secretaría de
planeación y el plano exacto de localización del sector; y (iii) obtener la
autorización de un vecino para obtener una derivación de la acometida. La Corte
encuentra que mientras las dos primeras opciones no eran susceptibles de
llevarse a cabo, la tercera fue desatendida por la entidad accionada y,
adicionalmente, el actor no contó con asesoría continua y suficiente para poder
implementar alguna de las soluciones propuestas.
La
primera de las opciones presentadas por la entidad exige al accionante incurrir
en costos desproporcionados, puesto que llevar a cabo las obras de adecuación
que permitan conectar la vivienda al servicio de acueducto y alcantarillado
supone, según la misma entidad, no solo la instalación domiciliaria de
acueducto del inmueble[50], sino la extensión y
adecuación de la red local[51]. Para ello, es necesario
adelantar estudios técnicos, probablemente intervenir la vía pública, y
realizar instalaciones especializadas. Todas estas actividades tienen altos
niveles de técnica, complejidad y costo, en la medida en que benefician no solo
al actor sino a toda una comunidad[52]. A esto se aúna el hecho
de que EPM no brindó información para conocer el costo exacto de la obra, ni la
contribución económica de la entidad. Así, se puso en cabeza del actor una
carga excesivamente gravosa, sin tener en cuenta las condiciones de la obra y
las posibilidades del solicitante. Para la Sala, esta carga atenta contra el
derecho al agua, pues establece un obstáculo insalvable para su acceso, y
contraría el postulado del artículo 365 según el cual la prestación eficiente
de los servicios públicos es inherente a la finalidad social del Estado.
La segunda alternativa brindada por la entidad, que
consiste en la solicitud colectiva de la instalación de la red para las viviendas
de estratos 1, 2 y 3,  tampoco era realizable en la práctica puesto que, tal
como se constató a través de la inspección judicial, los predios que limitan
por el occidente, por el norte y por el sur con el del accionante, están
conectados a la red de acueducto operada por EPM, de suerte que a sus viviendas
llega el agua de forma continua. Así, además de que no es comprensible para
esta Sala por qué si los predios inmediatamente contiguos al del actor tienen
acceso al servicio de acueducto, no lo tiene el del actor, este se encuentra
frente a la imposibilidad de actuar de manera colectiva para solicitar el
servicio. Por su parte, según la información aportada por EPM, el predio que
limita por el oriente con el inmueble se encuentra gestionando ante la entidad
una obra de conexión a la red de acueducto para construir un conjunto
residencial.
La opción tercera planteada por la entidad, según la
cual (iii) “se le indica al señor que requiere autorización de derrame por
otra vivienda, permiso que debe tramitar el solicitante” fue acogida por el
accionante y, sin embargo, la entidad dejó de darle trámite sin justificación
apropiada. La Sala, a través de la inspección judicial realizada por el
Tribunal Superior de Medellín, tuvo acceso a un documento del 7 de marzo de
2008, con destino a EPM, en el cual la señora Rosa Angélica Viana de Posada
autoriza que la tubería de acueducto y alcantarillado para el predio del
accionante sea extendida por el inmueble de su propiedad. No obstante, EPM no
adelantó el trámite de conexión al servicio con la autorización de derrame.
Para esta Sala, si bien es cierto que, de acuerdo con
el Decreto 302 de 2000 “son los usuarios del servicio quienes deben
construir las redes de acueducto y alcantarillado que requieran”, también
lo es que el artículo 8 de la misma norma señala que los usuarios son los “urbanizadores
y/o constructores”, quienes, en principio, planean la creación de grupos de
viviendas. Cuando ello no es así, el mismo artículo prescribe que las redes de
acueducto domiciliario “pueden ser construidas por las entidades de
servicios públicos para ser cobradas a los beneficiarios”. Esta norma debe
ser interpretada, conforme a los postulados constitucionales, en el sentido de
prever que la imposibilidad que tiene una persona para instalar por su cuenta
las redes de acueducto, en razón de la elevada complejidad de la obra o de su
altísimo costo técnico y económico, no puede constituirse en un obstáculo para
que el actor tenga acceso mínimo al agua para el consumo personal y doméstico.
Por eso, en todos los casos, debe proveerse a los
potenciales usuarios una asesoría constante y eficiente por parte de la entidad
que les permita llevar a buen término la construcción de las redes y, en los
casos específicos en que ello sea necesario, debe llevarse a cabo una
intervención que facilite el acceso al servicio, y que asigne al usuario el
cumplimiento de deberes  razonables respecto de su situación socioeconómica,
conforme lo exige el principio de solidaridad y el cumplimiento de las
finalidades sociales del Estado en el artículo 365 de la Constitución. Es
preciso reiterar que, en virtud del artículo 4 superior según la cual “la
Constitución es norma de normas”, un decreto reglamentario como el que
regula las conexiones del servicio de acueducto no puede tener como efecto la
vulneración de los derechos fundamentales.
3.7 De este modo, concluye esta Sala que la entidad
accionada vulneró el derecho fundamental del accionante al agua negándose, en
diferentes oportunidades y con diferentes argumentos, a conectar el lugar de
residencia al sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad. Por esta vía,
puso en peligro constante la dignidad humana del actor y de su familia, pues
les impidió gozar de las condiciones mínimas materiales de existencia para
llevar a cabo sus proyectos vitales dentro de la sociedad. En atención a ello, la
Sala revocará la decisión adoptada por el Juez 23 Penal Municipal con Función
de Conocimiento de Medellín y, en su lugar, tutelará los derechos del señor
Hernán Galeano Díaz a la vida digna, a la salud y al agua.
Una decisión en el mismo sentido fue adoptada en la
sentencia T-1104/05. En esa oportunidad la Corte enfatizó que:
“la negativa de la EEPPM  en el
sentido de no conectar la vivienda del actor al servicio público de acueducto
implica, no solamente una violación del derecho, sino que, al haber sido
verificada por el juez constitucional, trae de suyo una obligación de carácter
constitucional que, dado el rango superior de las normas consagradas en la
Carta (Art. 4. C. Pol.) debe en todo caso primar por sobre las disposiciones
legales, reglamentarias y de política interna que vinculan a la empresa. Así
pues, como la negativa de la EEPPM tiene origen en la aparente imposibilidad
técnica de conectar al actor a la red existente en el sector en el que se
encuentra ubicada su residencia y, por ello, resulta necesario efectuar algunas
adecuaciones y obras de carácter técnico, esta Sala ordenará al las Empresas
Públicas de Medellín “EEPPM” que conecten la vivienda del actor al servicio
público domiciliario de acueducto, realizando todas las obras y todos los
estudios técnicos que para ello sean necesarios”.
3.8 Como consecuencia de lo anterior, ordenará a las
Empresas Públicas de Medellín E.S.P que conecten la vivienda del señor Hernán
Galeano Díaz al servicio público domiciliario de acueducto en un plazo máximo
de un (1) mes contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se
advertirá a la entidad que el costo de la conexión no puede correr
exclusivamente por cuenta del actor. El señor Hernán Galeano Díaz únicamente
deberá asumir el valor correspondiente a la instalación de las tuberías desde
el punto de la red pública más cercana hacia el interior del inmueble, así como
el valor del medidor, omitiendo el pago de estudios técnicos e intervenciones
adicionales que se requieran para que el actor se conecte a la red local de
acueducto. En cualquier caso, antes de iniciar las obras correspondientes,
Empresas Públicas de Medellín deberá indicar al actor cuál es el valor que debe
asumir, para llegar a un acuerdo de pago que prevea, si es necesario, un
sistema de financiación que consulte las condiciones socioeconómicas del actor
y las tarifas vigentes.
Exp. T-2.456.678
3.9 Doce habitantes del barrio Nueva Granada de la
ciudad de  Buenaventura, instauraron acción de tutela contra Hidropacífico
E.S.P, la Alcaldía de Buenaventura y la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado
de la misma ciudad, debido a que el servicio de acueducto presenta graves
deficiencias que les impiden contar con suficiente agua al interior de sus
viviendas, y les obliga a recolectar aguas lluvia para la preparación de
alimentos, así como para el aseo personal y doméstico.
A partir de las pruebas allegadas durante el proceso
lograron probarse la mayoría de las situaciones expuestas por los accionantes,
al tiempo que se encontraron otras que merecen la atención de la Sala de
Revisión y que serán analizadas a continuación. Todas se enmarcan en la
afirmación hecha por la propia entidad accionada, Hidropacífico E.S.P, para
quien la prestación del servicio de acueducto en el barrio Nueva Granada debe
ser calificada como “crítica”[53]. A juicio de la
Sala, esta manifestación reiterada en los diferentes documentos aportados a la
Corte, es indicio de que las condiciones en las cuales se está prestando el
servicio de acueducto no obedecen integralmente los mandatos de eficiencia,
continuidad, regularidad y calidad determinadas en la legislación vigente.
De manera específica, la Sala encontró que el servicio
de acueducto en el Barrio Nueva Granada afronta diferentes problemáticas, las
cuales implican una vulneración de los derechos fundamentales de los
accionantes:
3.10 Primero, Hidropacífico E.S.P programó el
suministro de agua para la totalidad del Barrio Nueva Granada en los horarios
de 6 a 12 de la noche día de por medio. Según la entidad, esto supone un
mejoramiento en la prestación del servicio ya que antes de noviembre de 2009
los habitantes solo contaban con agua en el horario de 9 a 11 de la noche día
de por medio[54]. Sin embargo, tanto
antes como ahora, en los tiempos que se encuentran por fuera de la programación
no está contemplada ninguna forma de abastecimiento, por lo que, excepto para
quienes tienen sistemas privados de almacenamiento, la carencia de agua por
fuera de los horarios puede ser absoluta. Ello explica la ausencia de flujo de
agua durante la diligencia judicial practicada, que se llevó a cabo a las
cuatro de la tarde[55].
A juicio de esta Sala la periodicidad certificada por
Hidropacífico E.S.P no garantiza los niveles mínimos de disponibilidad
que hacen parte del derecho al agua porque no contempla que el suministro se
haga diariamente. El agua para consumo humano está destinada al desarrollo de
actividades que es imperativo llevar a cabo todos los días, tales como la
preparación de alimentos, y la evacuación de excretas humanas, so pena de la
amenaza a la vida y la salud. En esa medida, las personas tienen el derecho
mínimo a contar con esta frecuencia de la cantidad esencial mínima de agua.
El artículo 67 de la Resolución No. 1096 de 17 de
noviembre de 2000 expedida por el Ministerio de Desarrollo Económico, “por
la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico – RAS.”, indica que la cantidad mínima de agua que debe estar en
capacidad de proveer un acueducto es de 100 a 150 litros por persona al día,
dependiendo del nivel de complejidad del sistema. Esto significa que cada
persona debe disponer del número de horas de suministro que le correspondan
dentro de una distribución equitativa de los litros que provea el acueducto.
Asimismo, revela que el acueducto debe estar en la capacidad de efectuar diariamente
el suministro.
Como se dijo anteriormente, el derecho al agua es la
garantía de contar con un servicio público de acueducto que suministre agua
para consumo humano en condiciones de disponibilidad, calidad, accesibilidad y
no discriminación. Se cumplen las obligaciones básicas en materia de
disponibilidad cuando la empresa prestadora del servicio garantiza el acceso a
la cantidad mínima esencial de agua. En este caso, sin embargo, la programación
hecha por la entidad accionada no garantiza el deber mínimo en la materia
puesto que los usuarios no tienen todos los días una cantidad esencial de agua,
de modo que existen ocasiones en las cuales no cuentan con un recurso hídrico
mínimo para el cuidado de la vida y la salud.
De otro lado, no encuentra la Sala que la entidad
accionada tenga previstas formas de almacenamiento que aseguren que en los
períodos en que no hay suministro desde las redes de acueducto haya un mínimo
de agua potable disponible. La disposición de tanques en el barrio o la
provisión de agua en carro-tanques durante los días en que no está programado
el servicio, por mencionar algunos, garantizarían una cantidad mínima de agua
disponible, tal como lo argumentó la Corte en la sentencia T-381 de 2009. No
obstante, como no existen en este caso mecanismos que logren el disfrute del
mínimo de agua indispensable para los usos diarios, cuando no sea posible
llevar a cabo el suministro a través de las instalaciones domiciliarias del
acueducto, constituyen para esta Sala una vulneración del deber mínimo en
materia de disponibilidad y, con ello, un desconocimiento del derecho al agua.
Así las cosas, para esta Sala, la entidad prestadora
del servicio público vulneró el derecho al agua de los accionantes del barrio
Nueva Granada por cuanto la programación para el suministro mediante las redes
de acueducto no garantiza la cantidad mínima esencial de agua que requieren
para la realización de sus actividades diarias, ni se han previsto otras formas
de distribución que garanticen el contenido mínimo del derecho, tales como
carro tanques o sistemas individuales o colectivos de almacenamiento. Esta
carencia impide que las personas del barrio Nueva Granada cuenten con las
condiciones mínimas de existencia digna que les permitan llevar a cabo sus
planes de vida dentro del Estado Social de Derecho.
Ahora bien, puede pensarse que el goce pleno de la
disponibilidad del agua de los accionantes constituye una meta de cumplimiento
progresivo. La Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura señaló en
este sentido: “Buenaventura ha tenido un considerable avance en la
prestación del servicio de acueducto, dadas las precarias condiciones
encontradas al ingreso de esta empresa, pues se trataba de un sistema de
acueducto con una antigüedad superior a 30 años y pocas inversiones hechas para
su mantenimiento y renovación”[56].  Los
accionantes estarían frente a un escenario de limitación de los recursos, que
sujetan el mejoramiento de la prestación del servicio a decisiones públicas que
priorizan los sectores de inversión.
De acuerdo con las consideraciones sobre el derecho al
agua hechas previamente, esto es apenas parcialmente cierto. El abastecimiento
de agua continuo, suficiente e ininterrumpido para los usos personales y
domésticos de cada persona constituye un aspecto del derecho que puede requerir
de inversiones públicas de gran magnitud, dependientes del debate público y a
la ejecución presupuestal. Frente a este hecho, son admisibles para la Sala los
argumentos expuestos por las entidades accionadas. Pero es preciso que no se
considere la garantía plena del derecho como una simple aspiración, sino que se
adopten planes específicos creados para el efecto, que cuenten con indicadores
de impacto y ejecución, que permitan verificar el nivel de avance en el goce
del derecho al agua y que lleven efectivamente hacia su plena realización.
Concretamente, un aumento en la continuidad del suministro para llegar a la
meta de 12 horas diarias continuas de agua, planteada por SAAB, requiere del
diseño y ejecución de proyectos específicamente destinados para el aumento de
la frecuencia en la distribución de agua para el barrio.
Sin embargo, no puede predicarse lo mismo de la
obligación de garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua
suficiente y apta para el uso personal y doméstico. La ejecución de los deberes
de las entidades públicas y operadores especializados en este nivel no están
sujetos al debate público y la ejecución presupuestal, pues constituyen
verdaderos derechos fundamentales de las personas, sin los cuales su vida y su
salud se verían completamente expuestas. En suma, las entidades deben adoptar
todas las medidas tendientes a salvaguardar el mínimo componente del derecho al
agua y, respecto del goce pleno del mismo, tienen la obligación constitucional
de avanzar constantemente, mediante el diseño de políticas públicas específicas
y la utilización del máximo de recursos posibles, en el mejoramiento de la
prestación del servicio de acueducto hasta que se responda de manera eficiente
a todos los componentes del derecho.
3.11 Segundo, las viviendas de los accionantes que se
encuentran ubicadas en la parte más alta del barrio (entre las carreras 73 y
74B con calles 4ª a 7ª) no reciben agua ni siquiera durante los horarios
programados por la entidad prestadora del servicio. Esto fue señalado por los
accionantes en el escrito de tutela y por algunos otros habitantes del sector
cuyo testimonio fue recibido durante la inspección judicial practicada por el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura:  “hay sectores que
incluso nunca les ha llegado el agua, la presión del agua en este sector no es
la misma que llega a los otros sectores del barrio”[57].
Las afirmaciones guardan coherencia con las copias de
las órdenes de trabajo de reparación adelantadas por los funcionarios de
Hidropacífico E.S.P, en las que se describen labores como la siguiente: “(…)
se hizo empalme de tubería de 2 a 3 pulgadas diagonal a este código para
alimentar al sector que estaba sin agua”[58];
“(…)se reparó daño de red matriz de 2 pulgadas pvc, se realizaron 3 apiques
y se rectificó la tubería en el sector porque no les llegaba el agua”[59].
(Subrayas fuera del original)
Según la entidad “con estos trabajos de reparación
de fugas, revisión de elementos del sistema y modificación de circuitos (…) se
ha logrado garantizar el servicio en algunas calles intervenidas”[60]
(subrayado de la Sala). Específicamente en cuanto a la zona alta del barrio
Nueva Granada, Hidropacífico señaló que con las actividades programadas de
redefinición de los circuitos y de control de pérdidas “se espera garantizar
la prestación del servicio de acueducto en las condiciones que actualmente el
servicio lo permita, garantizando el cumplimiento del horario que a la fecha se
tiene definido para este sector de la comuna 12”[61].
El tiempo previsto para ello es el mes de agosto de 2010.
Todo lo anterior significa para la Sala que los
accionantes, residentes en la parte alta del Barrio Nueva Granada, se han visto
afectados por la falta absoluta de agua. Esto constituye una vulneración de los
contenidos mínimos del derecho.  Es violatorio del derecho al agua, a la vida y
a la dignidad humana, que los accionantes cuenten con las instalaciones para el
adecuado servicio de acueducto y, pese a ello, se vean abocados a una carencia
total de agua potable que no es anunciada y que no corresponde al
incumplimiento de sus deberes como usuarios del servicio.
No desconoce la Sala la manifestación de Hidropacífico
en el sentido de afirmar que no era posible corregir de manera inmediata los
daños que llevaron a la suspensión del suministro de agua a algunas viviendas,
y valora el hecho de que se haya adoptado un plan a mediano plazo con el fin de
restablecer el servicio. Sin embargo, la empresa no podía excusarse en ello
para dejar de garantizar el acceso de las personas afectadas a la cantidad
esencial mínima de agua. La empresa prestadora del servicio debió adelantar
actividades tales como la provisión de carro tanques de agua potable para
suministrar agua suficiente para el uso personal y doméstico de sus usuarios, o
realizar cualquier otra labor que lleve al mismo resultado. Al no hacerlo,
vulneró el derecho de los accionantes al agua, y amenazó con afectar sus
derechos a la vida, a la integridad física y a la salud.
Teniendo en cuenta las obligaciones en este punto,
hasta tanto no se ejecute la totalidad de las obras de mejoramiento del
servicio y restablecimiento pleno del suministro para la parte alta del sector
de Nueva Granada, bien sea que estas se encuentren a cargo de Hidropacífico
E.S.P o de otras entidades contratadas por la Sociedad de Acueducto y
Alcantarillado de Buenaventura, es imperativo que se implementen medidas de
contingencia que le permitan garantizar efectivamente la cantidad esencial
mínima de agua diaria, suficiente y apta para el consumo humano.
3.12 Tercero, los accionantes manifestaron que el agua
no llega a algunos sectores y carece de suficiente presión, toda vez que es
apropiada fraudulentamente por habitantes de los barrios de invasión 12 de
Octubre y El Milagroso, también de Buenaventura. La manipulación que hacen
estas personas disminuye la cantidad suministrada de agua para el barrio Nueva
Granada debido a que el tubo matriz que conduce el líquido atraviesa estos
sectores antes de llegar al lugar de destino, que se encuentra ubicado en una
de las zonas más altas de la ciudad.
Hidropacífico E.S.P aceptó la ocurrencia de estos
sucesos, identificándolos como una de las causas que se han “aunado a la
crisis en la prestación del servicio de acueducto”[62].
A ello sumó la “intervención de las redes por personal no autorizado”[63]
y la “manipulación de forma indebida de los elementos de regulación del
servicio en el sector”[64]. Como solución a
las dificultades en la prestación del servicio causadas por terceros, la
entidad propuso solicitar a la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado la
inclusión de una red para el barrio El Milagroso, dentro del POI 2009, con el
fin de que se creen líneas independientes para el suministro a cada sector, así
como programar recorridos más constantes de los funcionarios de la entidad para
evitar la manipulación fraudulenta de las redes.
Posteriormente, la misma entidad informó que la red de
acueducto para el sector El Milagroso fue incluida dentro del POI 2009, pero por
falta de fuentes la obra no fue contratada por la SAAB SA ESP”[65]
y por esto, su presentación fue aplazada e incluida nuevamente en el POI 2010.
Además, indicó que adelantó labores de limpieza de cajas de válvula, reparación
de daños de red matriz de 2”, 3”, y 4” PVC, y mantenimiento de válvulas para
micro sectorizar circuitos de acueducto. La Sociedad de Acueducto y
Alcantarillado de Buenaventura manifestó conocer la necesidad de mejorar la
prestación del servicio de agua potable, e indicó que ha hecho una inversión de
más de un billón de pesos para el efecto. No obstante, se abstuvo de hacer
menciones sobre la intervención de terceros no autorizados. Tampoco se refirió
al tema la Alcaldía de Buenaventura.
La valoración de estas pruebas hace evidente para la
Sala que una de las causas de la falta de disponibilidad de agua suficiente
para los usos de los accionantes del Barrio Nueva Granada es la injerencia
indebida de habitantes de otros barrios, cuya actividad trae como consecuencia
el menoscabo del disfrute del derecho al agua. Pero una constatación de este
orden no implica la disminución en la responsabilidad de las entidades
accionadas frente a la vulneración de los derechos de los accionantes. Es claro
para esta Sala, que en cumplimiento de la obligación que tienen las entidades
involucradas en la prestación del servicio público de acueducto de garantizar
un abastecimiento suficiente de agua, les corresponde a ellas impedir que
terceros restrinjan dicha posibilidad.
No obstante ello, ni la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado,
entidad municipal creada para la prestación del servicio de acueducto, ni la
Alcaldía de Buenaventura, en tanto primera autoridad administrativa del
distrito, han desplegado actividades tendientes a impedir la manipulación
fraudulenta de los tubos y válvulas. Esta omisión frente a la garantía del
derecho al agua implica la vulneración de los derechos fundamentales de los
accionantes. Para la Sala, no es aceptable que la Alcaldía Municipal sostenga
que es exclusivamente a Hidropacífico a quien le corresponde “resolverle las
necesidades en cuanto al suministro de agua potable de la comunidad”, pues
es la administración de Buenaventura, y no un operador privado, quien tiene las
competencias constitucionales para adoptar medidas tales como la expedición de
decretos distritales, presentación de acuerdos, empleo de la fuerza pública[66],
entre otros, para evitar el desperdicio de agua ocasionada en los barrios de
invasión.
Del mismo modo, tampoco podía la Sociedad de Acueducto
y Alcantarillado de Buenaventura excusarse válidamente señalando que ella ha
ejecutado un presupuesto considerable para el mejoramiento en la prestación del
servicio, pero que como Hidropacífico es quien está a cargo de la operación y
mantenimiento de las redes, en nada se ve obligada frente a la intervención
indebida del tubo matriz. Por el contrario, ya que en el contrato de operación
de la infraestructura de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado
de Buenaventura se estipuló como obligación “contratar las obras incluidas
en el programa de obras aprobado (…)”, es ella la competente para aprobar
la financiación de la ampliación de las redes para los nuevos asentamientos, o
contratar otro tipo de obras que lleven al barrio Nueva Granada a tener un
servicio de agua potable suficiente para sus necesidades.
En cuanto a Hidropacífico ESP cabe señalar que si bien
ha diagnosticado cuáles son las causas de la deficiente prestación del servicio
de acueducto que reciben los accionantes, y ello hace parte de las medidas
necesarias para impedir que terceros disminuyan el goce del derecho al agua, no
aportó la información solicitada tendiente a identificar cuál es el nivel
exacto de ejecución de la estrategia adoptada, si ello está conduciendo a
impedir las intervenciones fraudulentas y, en qué medida ello contribuye al
goce del derecho al agua de los habitantes del Barrio Nueva Granada,
especialmente de los accionantes. La ausencia de información que permita
identificar el impacto de las medidas adoptadas por la entidad se convierte en
un obstáculo para garantizar por vía judicial el derecho al agua de los
accionantes y, por ello, se convierte en una vulneración del mismo.
Ahora bien, en la contestación de la tutela se indica
que “no se comprende cómo HIDROPACÍFICO SA. ESP puede estar violando un
derecho fundamental cuando el hecho obedece a una causa ajena a nuestra
voluntad y que se están ejecutando por nuestra parte todos los trabajos para
contrarrestarlo”[67]. Al respecto
reitera la Sala que el goce pleno del derecho al agua exige que las entidades
prestadoras del servicio de acueducto protejan a los titulares del derecho al
agua de las injerencias indebidas de terceros que conlleven la disminución en
la cantidad de agua disponible. Por eso, cuando Hidropacífico se comprometió a
operar y mantener la infraestructura de los servicios públicos de acueducto de
la ciudad de Buenaventura, adquirió  también responsabilidades en la garantía
del derecho fundamental que involucra este servicio, en la medida de las
estipulaciones del contrato.
3.13 Concluye así la Sala que las entidades accionadas
vulneraron el derecho al agua de los demandantes en tutela, por cuanto no
garantizaron la disponibilidad mínima del agua de acuerdo con sus competencias
constitucionales, legales y contractuales. De manera específica la Sala
encontró: (i) que Hidropacífico no ha programado un suministro mínimo de agua
para las viviendas de los accionantes, ya que este no se realiza con una
frecuencia diaria, y no se tienen contemplados otros sistemas de provisión
diaria tales como el uso de carro tanques o de sistemas de almacenamiento
individuales o colectivos; (ii) que mientras se llevaron a cabo los primeros
arreglos para solucionar la carencia total de agua en algunas de las viviendas,
Hidropacífico no garantizó el suministro mínimo diario de agua a los afectados,
y no se ha previsto ninguna medida con este fin pese a que las obras de
mejoramiento no han llegado a su fin; y (iii) que la Alcaldía y la Sociedad de
Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura no han implementado ninguna
disposición tendiente a impedir las intervenciones fraudulentas de los
elementos propios del acueducto de Buenaventura, tales como tubos matrices y
válvulas, que fueron identificadas en los barrios El Milagroso y 12 de Octubre,
especialmente, no se ha implementado la política pública tendiente a garantizar
el suministro independiente para los barrios El Milagroso y Nueva Granada.
Asimismo, que Hidropacífico no cuenta con información suficiente que permita
medir la ejecución e impacto de las decisiones adoptadas por él para solucionar
el desperdicio de agua originado en las injerencias indebidas.
3.14 En atención a lo anterior, esta Sala revocará el
fallo proferido por el Juzgado Séptimo Civil Municipal, el 30 de septiembre de
2009, en el asunto de la referencia y, en su lugar, tutelará los derechos de
los accionantes al agua, a la vida, a la dignidad y a la salud. En
consecuencia, ordenará a Hidropacífico S.A E.S.P que adopte todas las medidas
presupuestales y técnicas requeridas con el fin de que, en el término máximo de
un (1) mes siguiente a la notificación de esta sentencia, se programe y se
lleve a cabo el suministro de agua potable a las viviendas de los accionantes
por lo menos una vez al día en las horas que establezca la entidad, las cuales
no pueden ser menores a la capacidad mínima de suministro del tipo de acueducto
que alimenta el Barrio Nueva Granada de la ciudad de Buenaventura. La entidad
puede hacer uso de cualquier sistema tecnológico que tenga como resultado
abastecer diariamente de agua a la comunidad, por ejemplo, suministro mediante
carro tanques o construcción de sistemas individuales o colectivos de
almacenamiento.
También ordenará a Hidropacífico S.A E.S.P que, en el
término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de
esta providencia, si no lo ha hecho, restablezca la provisión de agua potable a
las viviendas de los accionantes ubicadas en el sector alto del barrio Nueva
Granada en los horarios programados en la actualidad, sin perjuicio del
cumplimiento de la orden anterior. En último lugar, Hidropacífico S.A E.S.P
también deberá, en el plazo de un (1) mes contado a partir de la notificación
del fallo, crear un sistema de información y evaluación de la ejecución e
impacto de las medidas adoptadas para superar los daños causados por
intervenciones fraudulentas en el sistema de acueducto que distribuye el agua
al barrio Nueva Granada.
Asimismo, se ordenará a la Alcaldía de Buenaventura y
a la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de la misma ciudad que, en el
término de un (1) mes contado a partir de la notificación de la sentencia,
diseñen e implementen un plan de contingencia para impedir la intervención
fraudulenta por parte de terceros, de los tubos y válvulas del sistema de
acueducto que distribuye agua potable a los habitantes del barrio Nueva Granada
de Buenaventura. En el término de seis (6) meses contados también a partir de
la notificación del fallo, deberán diseñar un plan que contemple todas las
medidas a adoptar para solucionar de manera definitiva la apropiación
fraudulenta del agua que se realiza desde los barrios El Milagroso y 12 de
Octubre, que incluya medidas específicas tendientes a garantizar en el corto
plazo una cantidad mínima disponible de agua para los habitantes de los barrios
El Milagroso y el 12 de Octubre.
Se remitirá copia de la presente sentencia a la
Procuraduría General de la Nación y a la Superintendencia de Servicios Públicos
para que ellos ejerzan sus funciones de control y vigilancia respecto de la
situación del servicio de acueducto del barrio Nueva Granada de Buenaventura y,
de manera específica, del cumplimiento de las órdenes otorgadas en esta
sentencia.
III. DECISIÓN
Con
fundamento en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.  LEVANTAR
los términos suspendidos mediante auto del 3 de febrero de 2010 por la Sala
Novena de Revisión.
Segundo. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintitrés
Penal Municipal con Función de Conocimiento de Medellín el 24 de septiembre de
2009 y, en su lugar, TUTELAR el derecho al agua, a la vida digna y a la
salud de Hernán Galeano Díaz, dentro del proceso T-2.456.550.
Tercero.
ORDENAR a Empresas Públicas de
Medellín E.S.P que, en el plazo máximo de un (1) mes contado a partir de la
notificación de esta sentencia, conecte el inmueble en que reside el señor
Hernán Galeano Díaz al servicio público domiciliario de acueducto.
Cuarto.
ADVERTIR a Empresas Públicas de
Medellín E.S.P que el señor Hernán Galeano Díaz únicamente podrá asumir el
costo correspondiente a la instalación de las tuberías desde el punto de la red
pública más cercana hacia el interior del inmueble, así como el valor del
medidor, omitiendo el pago de estudios técnicos e intervenciones adicionales
que se requieran para que el actor pueda ser conectado a la red local de
acueducto. En cualquier caso, antes de iniciar las obras correspondientes,
Empresas Públicas de Medellín deberá indicar al actor cuál es el valor que debe
asumir el usuario, para llegar a un acuerdo de pago que prevea, de ser
necesario, un sistema de financiación.
Quinto.
REVOCAR la sentencia proferida por el
Juzgado Séptimo Civil Municipal de Buenaventura, el 30 de septiembre de 2009, y,
en su lugar, TUTELAR el derecho al agua, a la vida digna y a la salud de
Marco Gómez Otero, Dagoberto Valbuena, Benita Balanta, Horacio Cárdenas, Juan
E. Copete, Libardo Gómez, Marta Montaño, María de Jesús Montaño, Fernando
Hernán Naranjo, Bezabeth Olaya Paneso, Adriana Rodríguez, y Leonor Valencia
Cuero, dentro del proceso T-2.456.678
Sexto.
ORDENAR a Hidropacífico S.A E.S.P que
adopte todas las medidas presupuestales y técnicas requeridas con el fin de
que, a partir del término de un (1) mes siguiente a la notificación de esta
sentencia, se programe y se lleve a cabo el suministro de agua potable a las
viviendas de los accionantes por lo menos una vez al día en las horas que
establezca la entidad, las cuales no pueden ser menores a la capacidad mínima
de suministro exigida por la ley de acuerdo con el tipo de acueducto que
alimenta el Barrio Nueva Granada de la ciudad de Buenaventura. La entidad puede
hacer uso de cualquier sistema tecnológico que tenga como resultado abastecer
diariamente de agua a la comunidad, por ejemplo, suministro mediante carro
tanques o construcción de sistemas individuales o colectivos de almacenamiento
de agua.
Séptimo.
ORDENAR a Hidropacífico S.A E.S.P
que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia, si no lo ha hecho, restablezca la provisión
de agua potable a las viviendas de los accionantes ubicadas en el sector alto
del barrio Nueva Granada en los horarios programados en la actualidad, sin
perjuicio del cumplimiento de la orden establecida en el numeral sexto.
Octavo.
ORDENAR a Hidropacífico S.A E.S.P que
cree un sistema de información y evaluación de la ejecución e impacto de las
medidas adoptadas para superar los daños causados por intervenciones
fraudulentas en el sistema de acueducto que distribuye el agua al barrio Nueva
Granada, en el plazo máximo de un (1) mes contado a partir de la notificación
del fallo.
Noveno.
ORDENAR a la Alcaldía de Buenaventura
y a la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de la misma ciudad que, en el
término de un (1) mes contado a partir de la notificación de la sentencia,
diseñen e implementen un plan de contingencia para impedir la intervención
fraudulenta por parte de terceros, de los tubos y válvulas del sistema de
acueducto que distribuye agua potable a los habitantes del barrio Nueva Granada
de Buenaventura.
Décimo. ORDENAR a la Alcaldía de Buenaventura y a la Sociedad de Acueducto y
Alcantarillado de la misma ciudad que diseñen un plan que contemple todas las
medidas a adoptar para solucionar de manera definitiva la apropiación
fraudulenta del agua que se realiza desde los barrios El Milagroso y 12 de
Octubre, que incluya medidas específicas tendientes a garantizar en el corto
plazo una cantidad mínima disponible de agua para los habitantes de los barrios
El Milagroso y el 12 de Octubre. Para el cumplimiento de esta orden las
entidades cuentan con un término de seis (6) meses contados a partir de la
notificación del fallo. Este plan debe ser ejecutado antes del 31 de diciembre
de 2011.
Decimoprimero.  A través de la Secretaría General, REMITIR copia de la presente
sentencia a la Procuraduría General de la Nación y a la Superintendencia de
Servicios Públicos para lo de su competencia.
Duodécimo. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación y al Juzgado Séptimo Civil
Municipal de Buenaventura que velen por el cumplimiento de las órdenes
impartidas en los numerales sexto a décimo de esta providencia.
Decimotercero.
Por Secretaría General, LÍBRENSE
las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado Ponente
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente en comisión
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
[1] El Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  (PIDESC), fue
suscrito por Colombia el 16 de diciembre de 1966. Fue aprobado mediante la Ley
74 de 1968 y ratificado el 29 de octubre de 1969.
[2] Art. 14,
ordinal 2, literal f de la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer. Aprobada en Colombia mediante la Ley 51 de
1981.
[3] Art. 24 ordinal
2, literal c de la Convención de los Derechos del Niño. Aprobado por Colombia
mediante la Ley 12 de 1991.
[4]
De acuerdo con el artículo 30 del Decreto 1594 de 1984, “se
entiende por uso del agua para consumo humano y doméstico su empleo en
actividades tales como: a. Fabricación o procesamiento de alimentos en general
y en especial los destinados a su comercialización o distribución. b. Bebida
directa y preparación de alimentos para consumo inmediato. c. Satisfacción de
necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como higiene personal
y limpieza de elementos, materiales o utensilios (…)”.
[5] T-881/02.
[6] Art. 49 C.N.
[7] Art.
366 C.N
[8] Cfr.
Sentencias T-546/09, T-888/08, T-270/07, T-1104/05, T-1134/04, T-410/03,
T-881/02, T-413/95, T-092/95, T-523/94 y T-244/94.
[9] Cfr.
sentencias T-182/08, T-636/02, T-598/02 y T-424/98.
[10] SU-1116/01. Cfr.
sentencias T-182/08, T-045/09, T-524/98.
[11] Cfr.
sentencias T-182/08, T-037/05, T-789/02, T-598/02 y T-542/98.
[12] T-456/04
[13] Cfr.,
sentencia T-540 de 1992.
[14] Cfr.,
sentencia T-380 de 1994.
[15] Cfr.,
sentencia T-540 de 1992. Entendida también como condiciones mínimas justicia
material en la sentencia T-058 de 1997.
[16] Cfr.,
sentencia T-058 de 1997.
[17] T-881/02.
[18]
Ley 732 de 2002, Ley 689 de 2001 y Ley 632 de 2000.
[19] Decreto 990/02
y Decreto 548/95.
[20] Cfr,
T-888/08, T-881/02, T-477/01, T-058/97, T-380 /94 y T-406/93.
[21] Art. 67 C.N
[22] Art. 79 C.N
[23] Art. 7 C.N
[24]
T-546/09
[25] T-270/07. Ver
también la sentencia C-546/09. El corte del servicio de acueducto debido a la
mora en el pago de las facturas, en los eventos que no afectan el mínimo vital,
la vida y la dignidad del accionante han llevado a la Corte a dar prevalencia
al cumplimiento irrestricto de los deberes de los usuarios del servicio. Al
respecto ver, entre otras, las sentencias T-789/02, T-589/02 y T-262/03.
[26] T-1134/04,
Sobre el estado de cosas inconstitucional de los centros penitenciarios ver la
sentencia T-153/98.
[27] T-481/97
[28] T-381/09.
[29] T-410/03.
[30] Ver sentencias
T-381/09, T-888/08, T-410/03, T-092/95, y T-539/93.
[31] T-1104/05.
[32] T-244/94.
[33]
Art 11 PIDESC: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para
asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre
consentimiento. // 2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el
derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre,
adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las
medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para: / a) Mejorar
los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la
plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación
de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los
regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más
eficaces de las riquezas naturales; / b) Asegurar una distribución equitativa
de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta
los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos
alimenticios como a los que los exportan.
[34]
Art. 12 PIDESC: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental. //2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el
Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las
necesarias para:/ a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad
infantil, y el sano desarrollo de los niños;/ b) El mejoramiento en todos sus
aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;/ c) La prevención y el
tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra
índole, y la lucha contra ellas; / d) La creación de condiciones que aseguren a
todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad
[35] Al
respecto, también pueden verse las sentencias C-067/03, C-200/02, y T-1391/01.
[36] Párrafo 2
Observación General No. 15 (2002). El derecho al agua (artículos 11 y 12 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
[37]
"Continuo" significa que la periodicidad del suministro
de agua es suficiente para los usos personales  y domésticos.
[38] En
este contexto, el "consumo" se refiere al agua destinada a bebidas y
alimentos. El "saneamiento" se refiere a la evacuación de las
excretas humanas. El agua es necesaria para el saneamiento dondequiera que se
adopten medios de evacuación por el agua. La "preparación de
alimentos" incluye la higiene alimentaria y la preparación de comestibles,
ya sea que el agua se incorpore a los alimentos o entre en contacto con éstos.
La "higiene personal y doméstica" se refiere al aseo personal y a la
higiene del hogar.
[39] Véase J.
Bartram y G. Howard, "Domestic water quantity, service level and health:
what should be the goal for water and health sectors", OMS, 2002. Véase
también P.H. Gleick (1996), "Basic water requirements for human
activities: meeting basic needs", Water International, 21, págs. 83 a 92.
[40]
El Comité remite a los Estados Partes a OMS, Guías para la
calidad del agua potable, segunda edición, vols. 1 a 3 (Ginebra, 1993),
cuyo objetivo es "servir de base para la elaboración de normas nacionales
que, debidamente aplicadas, aseguren la inocuidad del agua mediante la
eliminación o la reducción a una concentración mínima de los componentes
peligrosos para la salud".
[41]
Véanse también la Observación general Nº 4 (1991), párr. 8 b), la
Observación general Nº 13 (1999), parr. 6 a), y la Observación general Nº 14
(2000), parrs. 8 a) y b). El hogar puede ser tanto una vivienda permanente o
semipermanente como un lugar de alojamiento provisional.
[42]
Véase el párrafo 48 de la presente Observación general.
[43] Parr. 12
Observación General No. 15.
[44]
Parr. 37 Observación General No. 15
[45] Parr. 41
Observación General No. 15
[46] Ibídem.
[47] Cfr.
T-771/01, T-270/96.
[48] Ver
las sentencias SU-1116/01 y T-207/95.
[49]
T-760/08.
[50] De acuerdo con el
Artículo 3 del Decreto 302 de 2000, este concepto puede definirse de la
siguiente manera: “Conjunto de tuberías, accesorios y equipos que integran el
sistema de abastecimiento de agua del inmueble, a partir del medidor. Para
edificios de propiedad horizontal o condominios, es aquel sistema de
abastecimiento de agua del inmueble a partir del medidor general o colectivo”.
[51] Art. 3 Decreto 302/00:
“3.30 Red local de acueducto. Es el conjunto de tuberías y accesorios que
conforman el sistema de suministro del servicio público de acueducto a una
comunidad y del cual se derivan las acometidas de los inmuebles”.
[52]
Sobre este mismo aspecto ver la sentencia T-1104/05.
[53] Folio 21
Cuaderno 1 Exp. T-2.456.678
[54] Folio 87
Cuaderno principal.
[55]
Folio 168 Cuaderno principal.
[56] Folio 113.
Cuaderno 1 Exp. T-2.456.678
[57] Folio 169
Cuaderno principal.
[58] Orden de trabajo
ejecutada el 3 de junio de 2009. Folio 45 Cuaderno 1 Exp. T-2.456.678
[59] Orden de trabajo
ejecutada el 24 de junio de 2009. Folio 45 Cuaderno 1 Exp. T-2.456.678
[60] Folio 28
Cuaderno 1 Exp. T-2.456.678.
[61] Folio 29
Cuaderno 1 Exp. T-2.456.678.
[62] Folio 22
Cuaderno 1 Exp. T-2.456.678.
[63]
Ibídem.
[64] Ibídem.
[65] Folio 84
Cuaderno principal.
[66]
Así lo establece el artículo 315 C.N
[67] Folio 24.
Cuaderno 1 Exp. T-2.456.678.