C-420-20
Sentencia C-420/20
Referencia: Expediente
RE-333
Control de
constitucionalidad del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, “[p]or
el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y
las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos
judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia,
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”
Magistrado ponente (E):
RICHARD S. RAMÍREZ
GRISALES
Bogotá, D.C., veinticuatro
(24) de septiembre de dos mil veinte (2020)
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
1.
El 5
de junio de 2020, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República
remitió a la Corte Constitucional copia del Decreto Legislativo 806 de 4 de
junio de 2020, “Por el cual se adoptan medidas para implementar las
tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones
judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los
usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica”.
2.
El
16 de junio de 2020, tras el reparto correspondiente, la Secretaría General de
la Corte Constitucional envió el expediente digital de la referencia al
despacho del magistrado Carlos Bernal Pulido, de acuerdo con el reparto
efectuado por la Sala Plena en sesión de la misma fecha.
3.
Mediante
auto del 19 de junio de 2020, el magistrado Carlos Bernal Pulido avocó el
conocimiento del Decreto Legislativo 806 de 2020. En esta providencia, además: (i)
ordenó practicar las pruebas decretadas; (ii) convocó a algunas
entidades públicas y organizaciones privadas para que se pronunciaran sobre la
constitucionalidad del Decreto Legislativo; (iii) dispuso la fijación en
lista para recibir intervenciones ciudadanas; y (iv) ordenó el traslado
al Procurador General de la Nación, según lo dispuesto en el artículo 38 del
Decreto 2067 de 1991.
4.
Mediante
escrito del 25 de junio de 2020, el ciudadano Danny Fernando Mera Bolaños
solicitó la nulidad parcial del resolutivo 4 del auto del 19 de junio de 2020,
y argumentó que su notificación mediante un estado electrónico no garantizaba
el principio de publicidad. Esta solicitud fue rechazada mediante Auto 230 del
8 de julio de 2020.
5.
El
10 de agosto del año en curso, el magistrado Richard S. Ramírez Grisales asumió
en encargo el despacho del Dr. Carlos Bernal Pulido.
6.
El
21 de agosto de 2020 se recibió concepto del señor Procurador General de la
Nación.
7.
Recibidas
las pruebas, resuelta la solicitud de nulidad y surtido el trámite previsto por
el Decreto 2067 de 1991, la Corte procede a decidir sobre la constitucionalidad
del Decreto Legislativo 806 de 2020.
1.
Decreto Legislativo objeto de control
8.
El
texto del Decreto Legislativo objeto de revisión en el presente proceso es el
siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO 806 DE 2020
(junio 4)
Por
el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y
las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos
judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia,
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA,
En ejercicio de las
facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el
artículo 215 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 137 de
1994, y el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, "Por el cual se declara un
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio
nacional", y
CONSIDERANDO
Que en los términos del artículo
215 de la Constitución Política, el presidente de la República, con la firma de
todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos distintos de los
previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, que perturben
o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y
ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá declarar
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Que, según la misma norma
constitucional, una vez declarado el estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica el presidente, con la firma de todos los ministros, podrá dictar
decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a
impedir la extensión de sus efectos.
Que estos decretos deberán
referirse a materias que tengan relación directa y especifica con el estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Que el 6 de marzo de 2020 el
Ministerio de Salud y de la Protección Social dio a conocer el primer caso de
brote de enfermedad por Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional.
Que el 11 de marzo de 2020 la
Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el actual brote de enfermedad
por Coronavirus - COVID-19 como una pandemia, esencialmente por la velocidad de
su propagación y la escala de trasmisión, toda vez que al 11 de marzo de 2020 a
la OMS le habían notificado cerca de 125.000 casos de contagio en 118 países y
que a lo largo de esas últimas dos semanas el número de casos notificados fuera
de la República Popular China se habla multiplicado en trece (13) veces,
mientras que el número de países afectados se habla triplicado, por lo que
instó a los países a tomar acciones urgentes.
Que mediante Resolución No. 380
del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó,
entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y cuarentena de las
personas que, a partir de la entrada en vigencia de la precitada resolución,
arribaran a Colombia desde la República Popular China, Francia, Italia y
España.
Que mediante Resolución 385 del
12 de marzo de 2020, el ministro de Salud y Protección Social, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el estado de
emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19 en todo el
territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de esta, adoptó
una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del
Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos.
Que mediante la Resolución 844 del
26 de mayo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social prorrogó la
emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19 hasta el 31 de
agosto de 2020.
Que el Ministerio de Salud y
Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 0 muertes y 3 casos confirmados
en Colombia.
Que al 17 de marzo de 2020 el
Ministerio de Salud y Protección Social había reportado que en el país se
presentaban 75 casos de personas infectadas con el Coronavirus COVID-19 y 0
fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente manera:
102 personas contagiadas al 18 de marzo de 2020; 108 personas contagiadas al
día 19 de marzo de 2020; 145 personas contagiadas al día 20 de marzo de 2020,
196 personas contagiadas al día 21 de marzo de 2020, 235 personas contagiadas
al 22 de marzo de 2020, 306 personas contagiadas al 23 de marzo de 2020; 378
personas contagiadas al día 24 de marzo de 2020; 470 personas contagiadas al
día 25 de marzo de 2020, 491 personas contagiadas al día 26 de marzo de 2020,
539 personas contagiadas al día 27 de marzo de 2020, 608 personas contagiadas
al 28 de marzo de 2020, 702 personas contagiadas al 29 de marzo de 2020; 798
personas contagiadas al día 30 de marzo de 2020; 906 personas contagiadas al
día 31 de marzo de 2020, 1.065 personas contagiadas al día 1 de abril de 2020,
1.161 personas contagiadas al día 2 de abril de 2020, 1.267 personas
contagiadas al día 3 de abril de 2020, 1.406 personas contagiadas al día 4 de
abril de 2020, 1.485 personas contagiadas al día 5 de abril de 2020, 1.579
personas contagiadas al día 6 de abril de 2020,1.780 personas contagiadas al7
de abril de 2020, 2.054 personas contagiadas al 8 de abril de 2020,2.223
personas contagiadas al 9 de abril de 2020, 2.473 personas contagiadas al día
10 de abril de 2020, 2.709 personas contagiadas al 11 de abril de 2020, 2.776
personas contagiadas al 12 de abril de 2020, 2.852 personas contagiadas al13 de
abril de 2020,2.979 personas contagiadas al 14 de abril de 2020, 3.105 personas
contagiadas al 15 de abril de 2020, 3.233 personas contagiadas al 16 de abril
de 2020, 3.439 personas contagiadas al 17 de abril de 2020,3.621 personas
contagiadas al 18 de abril de 2020, 3.792 personas contagiadas al19 de abril de
2020, 3.977 personas contagiadas al 20 de abril de 2020, 4.149 personas
contagiadas al 21 de abril de 2020, 4.356 personas contagiadas al 22 de abril
de 2020, 4.561 personas contagiadas al 23 de abril de 2020, 4.881 personas
contagiadas al 24 de abril de 2020, 5.142 personas contagiadas al25 de abril de
2020, 5.379 personas contagiadas al 26 de abril de 2020, 5.597 personas
contagiadas al 27 de abril de 2020, 5.949 personas contagiadas al 28 de abril
de 2020, 6.211 personas contagiadas al 29 de abril de 2020, 6.507 personas
contagiadas al 30 de abril de 2020, 7.006 personas contagiadas al1 de mayo de
2020, 7.285 personas contagiadas al 2 de mayo de 2020, 7.668 personas
contagiadas al 3 de mayo de 2020, 7.973 personas contagiadas al 4 de mayo de
2020, 8.613 personas contagiadas al 5 de mayo de 2020, 8.959 personas
contagiadas al 6 de mayo de 2020, 9.456 personas contagiadas al 7 de mayo de
2020,10.051 personas contagiadas al 8 de mayo de 2020, 10.495 personas
contagiadas al 9 de mayo de 2020, 11.063 personas contagiadas al 10 de mayo de
2020, 11.613 personas contagiadas al 11 de mayo de 2020, 12.272 personas
contagiadas al 12 de mayo de 2020, 12.930 personas contagiadas al 13 de mayo de
2020, 13.610 personas contagiadas al 14 de mayo de 2020, 14.216 personas
contagiadas al 15 de mayo de 2020, 14.939 personas contagiadas al 16 de mayo de
2020, 15.574 personas contagiadas al 17 de mayo de 2020, 16.295 personas
contagiadas al18 de mayo de 2020, 16.935 personas contagiadas al 19 de mayo de
2020, 17.687 personas contagiadas al 20 de mayo de 2020, 18.330 personas contagiadas
al 21 de mayo de 2020,19.131 personas contagiadas al 22 de mayo de 2020,20.177
personas contagiadas al 23 de mayo de 2020, 21.175 personas contagiadas al 24
de mayo de 2020, 21.981 personas contagiadas al 25 de mayo de 2020, 23.003
personas contagiadas al 26 de mayo de 2020, 24.104 al 27 de mayo de 2020,
25.366 personas contagiadas al 28 de mayo de 2020, 26.688 personas contagiadas
al 29 de mayo de 2020, 28.236 personas contagiadas al 30 de mayo de 2020,
29.383 personas contagiadas al 31 de mayo de 2020, 30.493 personas contagiadas
al 1 de junio de 2020, 31.833 personas contagiadas al 2 de junio de 2020,
33.354 personas contagiadas al 3 junio de 2020 y mil cuarenta y cinco (1.045)
fallecidos.
Que pese a las medidas
adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social (1) reportó el10 de mayo
de 2020 463 muertes y 11.063 casos confirmados en Colombia, distribuidos así:
Bogotá D.C. (4.155), Cundinamarca (283), Antioquia (468), Valle del Cauca
(1.331), Bolívar (679), Atlántico (970), Magdalena  (271), Cesar (72), Norte de
Santander (99), Santander (42), Cauca (47), Caldas (100), Risaralda (216),
Quindío (67), Huila (178), Tolima (130), Meta (923), Casanare (21), San Andrés
y Providencia (6), Nariño (296), Boyacá (67), Córdoba (39), Sucre (4) La
Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16) y Amazonas (527); (11) reportó el 11 de
mayo de 2020 479 muertes y 11.613 casos confirmados en Colombia, distribuidos
así: Bogotá D.C. (4.305), Cundinamarca (289), Antioquia (474), Valle del Cauca
(1,367), Bolívar (742), Atlántico (1.022). Magdalena (284). Cesar (72), Norte
de Santander (99), Santander (42), Cauca (51), Caldas (100), Risaralda (216),
Quindío (71), Huila (179), Tolima (130), Meta (927), Casanare (21), San Andrés
y Providencia (6), Nariño (306), Boyacá (77), Córdoba (39), Sucre (4) La
Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16), Amazonas (718), Putumayo (1); y (111)
reportó el 3 de junio de 2020 1.045 muertes y 33.354 casos confirmados en
Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (11.250), Cundinamarca (1.034),
Antioquia (1.260), Valle del Cauca (3.886), Bolívar (3.571), Atlántico (4.756),
Magdalena (706), Cesar (348), Norte de Santander (134), Santander (114), Cauca
(116), Caldas (156), Risaralda (262), Quindío (119), Huila (252). Tolima (274).
Meta (983), Casanare (35). San Andrés y Providencia (17), Nariño (1.346),
Boyacá (214), Córdoba (163), Sucre (47), La Guajira (65), Chocó (295), Caquetá
(24), Amazonas (1.898), Putumayo (10), Vaupés (11), Arauca (1), Guainía (6) y
Vichada (1). Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha
reportado la siguiente información: (1) en reporte número 57 de fecha 17 de
marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET [Central European Time Zone] señaló que se
encuentran confirmados 179.111 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 7.426
fallecidos. (11) en reporte número 62 de fecha 21 de marzo de 2020 a las 23:59
p.m. CET señaló que se encuentran confirmados 292.142 casos del nuevo
coronavirus COVID-19 y 12.783 fallecidos, (111) en reporte número 63 de fecha
23 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados
332.930 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 14.509 fallecidos, (IV) en el
reporte número 79 de fecha 8 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET se
encuentran confirmados 1.353.361 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 79.235
fallecidos. (V) en el reporte número 80 del 9 de abril de 2020 a las 10:00 a.m.
CET señaló que se encuentran confirmados 1.436.198 casos del nuevo coronavirus
COVID-19 y 85.521 fallecidos, (VI) en el reporte número 81 del 10 de abril de
2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.521.252 casos
del nuevo coronavirus COVID19 y 92.798 fallecidos, (VII) en el reporte número
82 del11 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran
confirmados 1.610.909 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 99.690 muertes,
(VIII) en el reporte número 83 del 12 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET
señaló que se encuentran confirmados 1.696.588 casos del nuevo coronavirus
COVID-19 y 105.952 fallecidos, (IX) en el reporte número 84 del 13 de abril de
2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.773.084 casos
del nuevo coronavirus COVID-19 y 111.652 fallecidos, (X) en el reporte número
85 del 14 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados
1.844.863 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 117.021 fallecidos, (XI) en el
reporte número 86 del 15 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se
encuentran confirmados 1.914.916 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 123.010
fallecidos, (XII) en el reporte número 87 del 16 de abril de 2020 a las 10:00
a.m. CEST [Central European Summer Time] señaló que se encuentran confirmados
1.991.562 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 130.885 fallecidos, (XIII) en
el reporte número 88 del 17 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que
se encuentran confirmados 2.074.529 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y
139.378 fallecidos, (XIV) en el reporte número 89 del 18 de abril de 2020 a las
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.160.207 casos del nuevo
coronavirus COVID-19 y 146.088 fallecidos, (XV) en el reporte número 90 del 19
de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados
2.241.778 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 152.551 fallecidos, (XVI) en
el reporte número 91 del 20 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que
se encuentran confirmados 2.314.621 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 157.847
fallecidos y (XVII) en el reporte número 92 del 21 de abril de 2020 a las 10:00
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.397.217 casos del nuevo
coronavirus COVID-19 y 162.956 fallecidos, (XVIII) en el reporte número 93 del
22 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados
2.471.136 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 169.006 fallecidos, (XIX) en
el reporte número 94 del 23 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que
se encuentran confirmados 2.544.792 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y
175.694 fallecidos, (XX) en el reporte número 95 del 24 de abril de 2020 a las
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.626.321 casos del nuevo
coronavirus COVID19 y 181.938 fallecidos, (XXI) en el reporte número 96 del 25
de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados
2.719.896 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 187.705 fallecidos, (XXII) en
el reporte número 97 del 26 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que
se encuentran confirmados 2.804.796 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y
193.710 fallecidos, (XXIII) en el reporte número 98 del 27 de abril de 2020 a
las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentren confirmados 2.878.196 casos del
nuevo coronavirus COVID-19 y 198.668 fallecidos, (XXIV) en el reporte número 99
del 28 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran
confirmados 2.954.222 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 202.597
fallecidos, (XXV) en el reporte número 100 del 29 de abril de 2020 a las 10:00
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.018.952 casos del nuevo
coronavirus COVID-19 y 207.973 fallecidos, (XXVI) en el reporte número 101 del
30 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados
3.090.445 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 217.769 fallecidos, (XXVII) en
el reporte número 102 del 1 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se
encuentran confirmados 3.175.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 224.172
fallecidos, (XXVIII) en el reporte número 103 del2 de mayo de 2020 a las
3.267.184 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 229.971 fallecidos, (XXIX) en
el reporte número 104 del 3 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se
encuentran confirmados 3.349.786 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 238.628
fallecidos, (XXX) en el reporte número 105 del 4 de mayo de 2020 a las 10:00
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.435.894 casos del nuevo
coronavirus COVID-19 y 239.604 fallecidos, (XXXI) en el reporte número 106 del
5 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados
3.517.345 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 243.401 fallecidos, (XXXII) en
el reporte número 107 del 6 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se
encuentran confirmados 3.588.773 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 247.503
fallecidos, (XXXIII) en el reporte número 108 del 7 de mayo de 2020 a las 10:00
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.672.238 casos del nuevo
coronavirus COVID-19 y 254.045 fallecidos, (XXXIV) en el reporte número 109 del
8 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados
3.759.967 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 259.474 fallecidos, (XXXV) en
el reporte número 110 del 9 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se
encuentran confirmados 3.855.788 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 265.862
fallecidos, (XXXVI) en el reporte número 111 del 10 de mayo de 2020 a las 10:00
a. m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.917.366 casos del nuevo coronavirus
COVID-19 y 274.361 fallecidos, (XXXVII) en el reporte número 112 del 11 de mayo
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.006.257
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 278.892 fallecidos, (XXXVIII) en el
reporte número 113 del 12 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se
encuentran confirmados 4.088.848 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 283.153
fallecidos, (XXXIX) en el reporte número 114 del 13 de mayo de 2020 a las 10:00
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.170.424 casos del nuevo
coronavirus COVID-19 y 287.399 fallecidos, (XL) en el reporte número 115 del 14
de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados
4.248.389 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 294.046 fallecidos, (XLI) en
el reporte número 116 del 15 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que
se encuentran confirmados 4.338.658 casos del nuevo coronavirus COVI D-19 y
297.119 fallecidos, (XLII) en el reporte número 117 del 16 de mayo de 2020 a
las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.425.485 casos del
nuevo coronavirus COVID-19 y 302.059 fallecidos, (XLIII) en el reporte número
118 del 17 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran
confirmados 4.525.497 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 307.395
fallecidos, (XLIV) en el reporte número 119 del 18 de mayo de 2020 a las 10:00
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.618.821 casos del nuevo
coronavirus COVID-19 y 311.847 fallecidos, (XLV) en el reporte número 120 del
19 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados
4.731.458 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 316.169 fallecidos, (XLVI) en
el reporte número 121 del 20 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que
se encuentran confirmados 4.789.205 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y
318.789 fallecidos, (XLVII) en el reporte número 122 del 21 de mayo de 2020 a
las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.893.186 casos del
nuevo coronavirus COVID-19 y 323.256 fallecidos, (XLVIII) en el reporte número
123 del 22 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 4.993.470 casos
del nuevo coronavirus COVID-19 y 327.738 fallecidos, (XLIX) en el reporte
número 124 del 23 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas
5.103.006 casos del nuevo coronavirus COVID19 y 333.401 fallecidos, (l) en el
reporte número 125 del 24 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas
5.204.508 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 337.687 fallecidos, (LI) en el
reporte número 126 del 25 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas
5.304.772 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 342.029 fallecidos, (LII) en
el reporte número 127 del 26 de mayo de 2020 señaló que se encuentran
confirmados 5.404.512 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 343.514
fallecidos, (LIII) en el reporte número 128 del 27 de mayo de 2020 señaló que
se encuentran confirmados 5.488.825 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y
349.095 fallecidos, (LIV) en el reporte número 129 del 28 de mayo de 2020 señaló
que se encuentran confirmados 5.593.631 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y
353.334 fallecidos, (LV) en el reporte número 130 del 29 de mayo de 2020 señaló
que se encuentran confirmados 5.701.337 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y
357.688 fallecidos, (LVI) en el reporte número 131 del 30 de mayo de 2020
señaló que se encuentran confirmados 5.817.385 casos del nuevo coronavirus
COVID-19 y 362.705 fallecidos, (LVII) en el reporte número 132 del 31 de mayo
de 2020 señaló que se encuentran confirmados 5.934.936 casos del nuevo
coronavirus COVID19 y 367.166 fallecidos, (LVIII) en el reporte número 133 del
1 de junio de 2020 señaló que se encuentran  confirmados 6.057.853 casos del nuevo coronavirus
COVID-19 y 371.166 fallecidos, (LVIX) en el reporte número 134 del 2 de junio de 2020 señaló que se
encuentran confirmados 6.194.533 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 376.320
fallecidos, (LVX) en el reporte número 135 del 3 de junio de 2020 señaló que se
encuentran confirmados 6.287.771 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 379.941
fallecidos.  Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, (I) en
reporte de fecha 10 de mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de
Greenwich-, se encuentran confirmados 4.006.257 casos,  278.892 fallecidos y
215 países, áreas o territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19; (II)
en reporte de fecha 11 de mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano
de Greenwich-, se encuentran confirmados 4.088.848 casos, 283.153 fallecidos y
215 países, áreas o territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19; y
(III) en reporte de fecha 3 de junio de 2020 a las 19:00 GMT-5, -hora del
Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 6.397.294 casos, 383.872
fallecidos y 216 países, áreas o territorios con casos del nuevo coronavirus
COVID-19".
Que mediante el
Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se declaró el Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta
(30) días calendario, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que
afecta al país por causa de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19.
Que dentro de los
considerandos del mencionado Decreto, en el acápite de "Presupuesto
fáctico" se indicó:
[...] Que el aumento
del desempleo en Colombia genera una perturbación grave y extraordinaria en el
orden económico, así como en su Producto Interno Bruto ... " " ...
Que las medidas de distanciamiento social -fundamentales para la salud pública-
están afectando especialmente a los sectores de la economía que, por su
naturaleza, deben permanecer completamente cerrados. En particular, el sector
de comercio y en el de reparación de vehículos reportó una destrucción de 1.5
millones de empleos, siendo el sector que más contribuyó a la destrucción de
empleos en las principales ciudades. Asimismo, las restricciones han afectado
la confianza de los consumidores, empresarios e inversionistas. En particular,
el índice de confianza comercial se ubicó en -31 % en este mismo periodo. Lo
anterior representa un deterioro de 58% frente a marzo de 2019, y corresponde
al peor registro histórico del indicador ...." “… Que de conformidad con
lo expuesto por la directora del Instituto Nacional de Salud, ante la Comisión
Tercera de la Cámara de Representantes, existe una limitación en los análisis
de pruebas del Covid-19, debido a la alta demanda y competencia a nivel mundial
por los reactivos y falta de mecanismos necesarios, lo que ineludiblemente
generará una ampliación del aislamiento obligatorio y por tanto la imposibilidad
de reactivar en mayor medida la economía, generando un impacto negativo
novedoso, impensable e inusitado en el desempleo a nivel nacional ... "
" ... Que debido a la necesidad de ampliar el aislamiento obligatorio han
resultado insuficientes, aunque idóneas, las medidas tomadas para ayudar a las
pequeñas y medianas empresas, lo que hace necesario tomar nuevas medidas
legislativas para evitar una destrucción masiva del empleo, el cierre total de
las empresas y el impacto negativo que ello conlleva en la economía del país y
que a futuro generarían un impacto incalculable en el sistema económico
colombiano [...]".
Que de la misma
forma, en los considerandos del Decreto 637 de 2020, en el acápite de
"Presupuesto valorativo" se señaló:
"[...] Que en
marzo de 2020, la tasa de desempleo a nivel nacional se incrementó en 1.4%
frente a febrero, siendo este el mayor incremento registrado desde febrero de
2004 y el segundo más alto registrado desde 2001. De igual manera, en marzo de
2020 se reportó una destrucción de cerca de 1,6 millones de empleos con
respecto al mes anterior, lo que corresponde al mayor incremento en dicho
indicador desde que se tienen cifras comparables. Las solicitudes de suspensión
tanto de actividades, como de contratos y despidos colectivos -con corte al 15
de abril de 2020- han aumentado 30 veces frente al registro de todo 2019, lo
que anticipa un deterioro aún mayor del mercado laboral en los próximos meses.
De hecho, las perspectivas de los analistas (al 14 de abril) sugieren un significativo
aumento en la tasa de desempleo en 2020, con proyecciones del orden del 15% al
20%. En cualquier escenario esta sería la tasa de desempleo más alta desde
2002. (Fuente: DANE, Ministerio de Trabajo). Que la evidencia empírica sugiere
que los empleados que han perdido
su empleo a través de un despida se enfrentan a peores perspectivas de
recontratación y menores salarios. Asimismo, estos impactos persisten en el
mediano plazo, y se materializan a través de tasas de desempleo mayores y más
duraderas. (Fuente: Encuesta de medición del impacto del COVID-19, Canziani
& Petrongolo 2001, Stevens 2001, Eliason & Storrie 2006)".
Que a su turno, en el acápite
de "Justificación de la declaratoria del estado de excepción" del
mencionado decreto se indicó:
"[...] Que la adopción de
medidas de rango legislativo -decretos legislativos-, autorizada por el Estado
de Emergencia, busca fortalecer las acciones dirigidas a conjurar los efectos
de la crisis, mediante la protección a los empleos, la protección de las
empresas y la prestación de los distintos servicios para los habitantes del
territorio colombiano, así como la mitigación y prevención del impacto negativo
en la economía del país. [ .. .]"; y así mismo dentro del subtítulo
"Medidas generales que se deben adoptar para conjurar la crisis y evitar
la extensión de sus efectos" se señaló" ... Que se debe permitir al
Gobierno nacional la adopción de medidas en aras de mantener y proteger el
empleo, entre otras, el establecimiento de nuevos tumos de trabajo, la adopción
de medidas que permitan contribuir al Estado en el financiamiento y pago de
parte de las obligaciones laborales a cargo de los empleadores".
Que en el marco de la
declaratoria de emergencia económica, social y ecológica que está orientada a mitigar
los efectos económicos negativos a causa de la pandemia del Coronavirus
COVID-19 es preciso tomar medidas extraordinarias, estrictas y urgentes
relacionadas con la contención del virus y su mitigación, así como medidas
orientadas a conjurar los efectos económicos asociados, disponiendo de los'
recursos financieros, humanos y logísticos para enfrentarlos.
Que para hacer frente al grave
impacto social y a la posibilidad de contagio, el Decreto 637 de 2020 dispuso
dentro de las medidas generales que se deben adoptar para conjurar la crisis y
evitar su extensión, la siguiente: "Que, con el propósito de limitar las
posibilidades de propagación del nuevo coronavirus Covid 19 y de proteger la
salud del público en general y de los servidores públicos que los atienden, se
hace necesario expedir normas de orden legal que flexibilicen la obligación de
atención personalizada al usuario se permita, incluso, la suspensión de
términos legales en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales, así
como disposiciones tendientes a generar eficiencia administrativa en el sector
público".
Que mediante los Decretos 457
del 22 de marzo de 2020,531 del8 de abril de 2020,593 del 24 de abril de 2020,
636 del 06 de mayo de 2020 y 749 del 28 de mayo de 2020, el Presidente de la
República impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada
por la pandemia del nuevo Coronavirus COV/D-19, y el mantenimiento del orden
público, dentro de las cuales se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio
de todas las personas habitantes de la República de Colombia, desde las 00:00
horas del día 25 de marzo de 2020, de manera ininterrumpida, hasta las 00:00
horas del 1 de julio de 2020.
Que, bajo el amparo del Decreto
417 de 2020, el Gobierno nacional adoptó varias medidas encaminadas a
garantizar los derechos de los usuarios de la justicia, la continuidad de los
servicios de justicia prestados por entidades del ejecutivo y de los métodos
alternativos de resolución de conflictos.
Que mediante el Decreto 469 de
23 de marzo de 2020 el Gobierno nacional dispuso que, en el marco de la
Emergencia Económica, Social y Ecológica, la Sala Plena de la Corte
Constitucional podría levantar la suspensión de los términos judiciales
ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura cuando fuere necesario para
el cumplimiento de sus funciones constitucionales.
Que mediante el Decreto 491 del
28 de marzo de 2020 el Gobierno nacional adoptó “[... ] medidas de urgencia
para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se
toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de
servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia
Económica", entre las cuales se establecieron, entre otras, medidas para
que las entidades públicas, incluidas las que tienen funciones
jurisdiccionales, puedan prestar servicios a través de las tecnologías de la
información y las comunicaciones; para que los procesos arbitrales puedan
tramitarse a través de las tecnologías de la información y las
comunicaciones; para mantener la continuidad en la prestación de los servicios
de justicia alternativa, los procesos arbitrales y los trámites de conciliación
extrajudicial, amigable composición y procedimientos de insolvencia de persona
natural no comerciante mediante el uso de tecnologías de la comunicación y la
información; también para que durante el período de aislamiento preventivo
obligatorio las autoridades que no cuenten con firma digital puedan válidamente
suscribir los actos, providencias y decisiones que adopten mediante firma
autógrafa mecánica, digitalizadas o escaneadas, según la disponibilidad de
dichos medios, y se estableció que, sin perjuicio de las disposiciones contenidas
en las normas vigentes, los órganos, corporaciones, salas, juntas o consejos
colegiados, de todas las ramas del poder público y en todos los órdenes
territoriales, podrán realizar sesiones no presenciales cuando por cualquier
medio sus miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o
sucesiva. No obstante, en dicho decreto no se establecen ni regulan medidas
procesales para el trámite de los procesos judiciales.
Que mediante el Decreto 564 de
2020, "Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de
los usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica", con el fin de garantizar los derechos de
acceso a la administración justicia, debido proceso, el derecho de defensa y el
principio de seguridad, se suspendieron todos los términos de prescripción y de
caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer
derechos, acciones, medios de controlo presentar demandas y los términos
procesales de inactividad para el desistimiento tácito previstos en el artículo
317 del Código General del Proceso en el artículo 178 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como
también (os términos de duración del proceso del artículo 121 del Código
General del Proceso.
Que el Consejo Superior de la
Judicatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 85 numerales 13, 16,
24 Y 26 de la Ley 270 de 1996 y en la Resolución No. 385 de 2020 del Ministerio
de Salud y Protección Social, mediante los Acuerdos PCSJA20-11517,
PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527,
PCSJA20-11529, PCSJA20-11532, PCSJA20­ 11546, PCSJA20-11549 y PCSJA20-11556
suspendió los términos judiciales de la mayoría de los procesos desde el16 de
marzo de 2020. Progresivamente ha levantado la suspensión en ciertos asuntos
cuya continuidad ha considerado viable en el marco de su autonomía.
Que el Consejo Superior de la
Judicatura, en los mencionados acuerdos ha establecido diferentes medidas que
pretenden privilegiar la utilización de medios virtuales para la prestación del
servicio de justicia, como:
-
Que los servidores judiciales
trabajaran preferencial mente desde sus casas mediante el uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera
excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio, fuera
necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o
administrativas.
-
Que en la recepción, gestión,
trámite, decisión y de las actuaciones judiciales y administrativas, si
corresponde, se privilegiará el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, de preferencia institucionales, en concordancia con lo previsto
en el artículo 3 del Decreto 491 de 2020.
-
Que los jueces utilizarán
preferencialmente los medios tecnológicos para todas las actuaciones,
comunicaciones, notificaciones, audiencias y diligencias, y permitirán a las
partes, abogados, terceros e intervinientes actuar en los procesos mediante los
medios tecnológicos disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades físicas
innecesarias.
-
Que los memoriales y demás
comunicaciones podrán ser enviados o recibidos por correo electrónico evitando
presentaciones o autenticaciones personales o adicionales de algún tipo.
-
Que las partes, abogados,
terceros e intervinientes en los procesos judiciales o administrativos deberán
suministrar la dirección de correo electrónico para recibir comunicaciones y
notificaciones.
Que no obstante las medidas adoptadas en materia de
justicia bajo el amparo de la emergencia declarada en el Decreto 417 de 2020
estas resultan insuficientes frente al grave impacto que en relación con la prestación del servicio de justicia ha
producido la prolongación de las medidas de aislamiento, situación que no podía
ser prevista al inicio de la emergencia sanitaria. De igual manera, persiste la
situación de riesgo de contagio, por lo que los efectos de la emergencia han
sido mucho mayores que los esperados. Así mismo, en razón de la incertidumbre
sobre la evolución de la pandemia, no es posible conocer el momento preciso en
que se podrá prestar con normalidad el servicio de justicia.
Que por las características propias de la pandemia,
los efectos de la crisis en materia sanitaria, económica y social ha
evolucionado de manera imprevisible, y, en consecuencia, bajo esa misma lógica
ha evolucionado la afectación a la prestación de los servicios del Estado y,
también, el servicio esencial de la administración de justicia.
Que dicha situación ha tenido graves consecuencias
tanto en materia de acceso a la administración de justicia, así como en
relación con los sujetos que actúan ante las autoridades judiciales. Así, los
ciudadanos se han visto limitados en sus posibilidades de acudir a la justicia
para reclamar sus derechos o dirimir controversias; de igual manera, se ha
ocasionado una grave crisis económica para los abogados litigantes y sus
trabajadores, cuando aquellos han constituido sociedades para la asistencia y
defensa legal, quienes no han podido continuar con la labor de la que derivan
su sustento y que depende del desarrollo de las etapas procesales.
Que la Organización Internacional del Trabajo, en el
comunicado de fecha de 18 de marzo de 2020 denominado el «El COVID-19 y el
mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas», afirma que: «[ ... ] El
Covid-19 tendrá una amplia repercusión en el mercado laboral. Más allá de la
inquietud que provoca a corto plazo para la salud de los trabajadores y de sus
familias, el virus y la consiguiente crisis económica repercutirán adversamente
en el mundo del trabajo en tres aspectos fundamentales, a saber: 1) la cantidad
de empleo (tanto en materia de desempleo como de subempleo); 2) la calidad del
trabajo (con respecto a los salarios y el acceso a protección social); y 3) los
efectos en los grupos específicos más vulnerables frente a las consecuencias
adversas en el mercado laboral [...].»
Que la Organización Internacional del Trabajo, en el
referido comunicado, estima «[...] un aumento sustancial del desempleo y del
subempleo como consecuencia del brote del virus. A tenor de varios casos
hipotéticos sobre los efectos del Covid-19 en el aumento del PIS a escala
mundial [...], en varias estimaciones preliminares de la OIT se señala un
aumento del desempleo mundial que oscila entre 5,3 millones (caso "más
favorable") y 24,7 millones de personas (caso "más desfavorable"),
con respecto a un valor de referencia de 188 millones de desempleados en 2019.
Con arreglo al caso hipotético de incidencia "media", podría
registrarse un aumento de 13 millones de desempleados (7,4 millones en los
países de ingresos elevados). Si bien esas estimaciones poseen un alto grado de
incertidumbre, en todos los casos se pone de relieve un aumento sustancial del
desempleo a escala mundial. A título comparativo, la crisis financiera mundial
que se produjo en 2008-9 hizo aumentar el desempleo en 22 millones de
personas.»
Que la Organización Internacional del Trabajo, en el
citado comunicado, insta a los Estados a adoptar medidas urgentes para (i)
proteger a los trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos para la
salud generadas por el coronavirus COVID-19; (ii) proteger a los trabajadores
en el lugar de trabajo; (iii) estimular la economía y el empleo, y (iv)
sostener los puestos de trabajo y los ingresos, con el propósito de respetar
los derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una
recuperación rápida y sostenida.
Que en la declaración conjunta del 27 de marzo de 2020
del presidente del Comité Monetario y Financiero Internacional y la directora
gerente del Fondo Monetario Internacional, se afirma que: «Estamos en una
situación sin precedentes en la que una pandemia mundial se ha convertido en
una crisis económica y financiera. Dada la interrupción repentina de la
actividad económica, el producto mundial se contraerá en 2020. Los países
miembros ya han tomado medidas extraordinarias para salvar vidas y salvaguardar
la actividad económica. Pero es necesario hacer más. Se debe dar prioridad al
apoyo fiscal focalizado para los hogares y las empresas vulnerables a fin de
acelerar y afianzar la recuperación en 2021.»
Que la Organización Internacional del Trabajo en el
informe denominado "Observatorio de la OIT: El COVIO 19 y el mundo del
trabajo", cuarta edición de fecha 27 de mayo de 2020, señala los
gravísimos impactos que ha sufrido el empleo por cuenta del virus COVID-19:
"la crisis sigue provocando una reducción sin
precedentes de la actividad económica y del tiempo de trabajo, y datos
recientes confirman las previsiones realizadas anteriormente en materia de
pérdida de horas de trabajo (véase el Anexo técnico 1). Se estima que en el
primer trimestre de 2020 se perdió un 4,8 por ciento de las horas de trabajo
(lo que corresponde a alrededor 135 millones de empleos a tiempo completo,
habida cuenta de una semana laboral de 48 horas, con arreglo a la referencia
actualizada a tal efecto), con respecto al cuarto trimestre de 2019. Ello
constituye una ligera revisión al alza de unos 7 millones de empleos a tiempo
completo desde que se publicó la tercera edición del Observatorio de la OIT, lo
que pone de manifiesto que en el tercer trimestre de 2020 la crisis afectó a
los mercados laborales con mayor intensidad que la prevista en particular en
los países de ingresos medianos altos o elevados de horas trabajadas. En las
Américas, se prevé que se pierda el 13,1 por ciento de las horas de trabajo a
lo largo del segundo trimestre, con respecto al nivel que existía antes de la
crisis. En Europa y Asia Central, se prevé una pérdida del 12,9 por ciento. las
estimaciones relativas a las demás regiones son levemente inferiores, pero en
todos los casos se registran valores superiores al 9,5 por ciento. América
meridional y Europa meridional y occidental son las regiones para las que se
han realizado mayores revisiones al alza en materia de pérdida de horas
trabajadas (en más de un punto porcentual) desde la publicación de la tercera
edición del Observatorio de la OIT, lo que pone de manifiesto, respectivamente,
el empeoramiento de la situación en América meridional y el hecho de que los
efectos en el mercado de trabajo de las medidas adoptas en Europa han sido más
intensos de lo previsto.".
Que igualmente, la Organización Internacional del
Trabajo en el documento "las normas de la OIT y la COVID-19
(coronavirus)" de fecha 29 de mayo de 2020 señaló entre otros aspectos;
"que los gobiernos deberían, tan pronto como sea posible o tratar de
garantizar la seguridad básica del ingreso, en particular para las personas que
hayan perdido sus puestos de trabaja o medios de vida a causa de la crisis; o
adoptar, restablecer o ampliar regímenes integrales de seguridad social y otros
mecanismos de protección social, teniendo en cuenta la legislación nacional y
los acuerdos internacionales, y o tratar de garantizar el acceso efectivo a una
atención de salud esencial y a otros servicios sociales básicos, en particular
para los grupos de población y [as personas a los que la crisis ha hecho
particularmente vulnerables"
Que el 30 de abril de 2020, el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística - DANE publicó los indicadores del
mercado laboral para el mes de marzo, el cual evidencia un impacto en el
indicador de desempleo del 12,6%, con un incremento significativo de la
inactividad en 1,53 millones de personas que pasaron de estar ocupados a estar
inactivos.
Que si bien los datos del mes de marzo mostraron un
impacto importante sobre el mercado laboral, los datos que entregó el
Departamento Nacional de Estadística - DANE el 29 de mayo de 2020, que miden el
empleo del mes de abril, hacen aún más notorio el impacto en el mercado laboral
y la capacidad de generación de ingresos de los hogares, pues la tasa de
desempleo ascendió a 19.8%, la más alta durante los últimos 20 años, con un
aumento en el número de desocupados aumentó en 1 millón 559 mil personas frente
al mismo mes de 2019, y un aumento de la población económicamente inactiva en 4
millones 313 mil personas.
Que desagregando por sectores el análisis del impacto,
se evidencia que todos los sectores redujeron el número de ocupados a excepción
al de suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos (Ver Tabla
1):
Tabla 1. Variación de
Ocupados por sector económico para el trimestre febrero-abril cifras en miles.
Fuente Departamento Nacional de Estadística DANE
Rama de actividad económica
2019
2020
Variación
Comercio
y reparación de vehículos
4.170
3.661
-509
Industrias
manufactureras
2.624
2.142
-481
Actividades
artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios
2.107
1.660
-447
Administración
pública y defensa, educación, y atención de la salud humana
2.556
2.271
-285
Construcción
1.434
1.258
-176
Agricultura,
ganadería, caza, silvicultura y pesca
3.318
3.201
-117
Alojamiento
y servicios de comida
1.591
1.481
-110
Transporte
y almacenamiento
1.581
1.485
-96
Actividades
profesionales, científicas, técnicas, y servicios administrativos
1.347
1.268
-79
Información
y comunicaciones
357
306
-51
Actividades
inmobiliarias
258
217
-41
Explotación
de minas y canteras
182
177
-5
No
informa
0
16
16
Suministro
de electricidad, gas, agua y gestión de desechos
170
246
76
Ocupados
Total Nacional
22.027
19.687
-2.340
Que a partir de este análisis,
se hace imperativo encontrar medidas que, durante las condiciones de
aislamiento social, permitan aliviar la disminución de ingresos que están
teniendo los hogares colombianos producto de la pérdida de empleos.
Que este orden. resulta
necesario tomar medidas que permitan seguir reanudando los términos procesales,
así como la posibilidad de acudir a la administración de justicia y garantizar
la continuidad, no sólo del servicio público de justicia, sino además la
reactivación de la actividad de defensa jurídica adelantada por los abogados y
de todos aquellos que dependen de ella.
Que, la Honorable Corte
Constitucional en las Sentencias C - 365 de 2000, C-326 de 2006, C-879 de 2003
y C-1149 de 2001, entre otras, ha señalado que "Una de las actividades
esenciales del funcionamiento del Estado Social de Derecho es la administración
de justicia. Su objetivo primordial consiste en preservarlos valores y
garantías establecidos en la Constitución. El artículo 229 Superior reconoce a
todas las personas el derecho a obtener tutela judicial efectiva por parte de
los jueces y tribunales que integran la administración de justicia, garantía
que entraña la posibilidad de acudir libremente a la jurisdicción siendo parte
en un proceso promoviendo la actividad jurisdiccional que concluya con una
decisión final motivada, razonable y fundada en el sistema de fuentes."
Que el Consejo Superior de la
Judicatura, por tratarse de competencias asignadas al legislador, no tiene
facultades para crear ni modificar reglas procesales especiales y su
competencia está restringida a la adopción de medidas administrativas que no
tienen el alcance de modificar, adicionar o derogar las normas procesales
vigentes de rango legal. En efecto, la Honorable Corte Constitucional ha
establecido la competencia en cabeza del legislador para el establecimiento,
modificación, adición o creación de procedimientos judiciales, en razón de la
cláusula general de competencia en materia de códigos y procedimientos
establecido en el numeral 2 del artículo 150 de la Constitución. Así, en la
Sentencia C-031 de 2019 dijo de forma expresa, reiterando números fallos
anteriores que "El Legislador puede definir las reglas mediante las cuales
se deberá adelantar cada proceso, que incluyen, entre otras cosas, la
posibilidad de (i) fijar nuevos procedimientos, (ii) determinar la naturaleza
de actuaciones judiciales, (iii) eliminar etapas procesales, (iv) establecer
las formalidades que se deben cumplir, (v) disponer el régimen de competencias que
le asiste a cada autoridad, (vi) consagrar el sistema de publicidad de las
actuaciones, (vii) establecer la forma de vinculación al proceso, (viii) fijar
los medios de convicción de la actividad 'judicial, (ix) definir los recursos
para controvertir lo decidido y, en general, (x) instituir los deberes,
obligaciones y cargas procesales de las partes. Como se observa, esta función
le otorga al legislativo la posibilidad de privilegiar determinados modelos de
procedimiento o incluso de prescindir de etapas o recursos en algunos de
ellos".
Que en ese mismo sentido el
artículo 13 del Código General del Proceso establece que "las normas
procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio
cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas
por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la
ley". Que resulta indispensable expedir normas destinadas a que los
procesos se puedan tramitar, en la mayoría de los casos, virtualmente, y con
ello garantizar el acceso a la administración de justicia, el derecho a la
salud y al trabajo de los servidores judiciales y de los usuarios.
Que por la situación de
aislamiento, decretada desde el 27 de marzo de 2020 a través de los Decretos
457,531,593,636,689,749 de 2020, se han generado conflictos sociales de
diferentes características que evidencian la necesidad de una pronta regulación
para que puedan ser resueltos por las autoridades judiciales, por ejemplo: en
materia laboral, por la suspensión de los contratos laborales, modificación de
contratos laborales, despidos injustificados; en contencioso administrativo,
asuntos relacionados con acciones populares por vulneración a derechos
colectivos o controversias contractuales por incumplimiento de contratos
estatales; en materia civil, demandas sobre contratos comerciales; y en
familia, asuntos relacionados con el derecho de sucesiones.
Que, de igual manera, resulta
necesario tomar medidas que sigan permitiendo la reanudación de la prestación
del servicio esencial de la justicia y evitar la propagación de los graves
efectos sociales y económicos que está generando su cierre parcial, teniendo en
consideración que su prestación efectiva es el vehículo para garantizar los
derechos y la seguridad jurídica. Así como el hecho que de su funcionamiento
depende la subsistencia de los abogados litigantes, sus empleados y sus
familias.
Que por lo anterior, y teniendo
en consideración que muchas de las disposiciones procesales impiden el trámite
de algunas actuaciones de manera virtual, resulta necesario crear herramientas
que lo permitan para hacer frente a la crisis. En otras, las siguientes normas
impiden la virtualidad en las actuaciones judiciales:
-
En el artículo 162 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que regula
el contenido de la demanda en los asuntos contencioso administrativos, se
establece en su numeral 7 como facultativo indicar la dirección de correo
electrónico de las partes y del apoderado del demandante.
-
El artículo 205 del Código de.
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece como
facultativo la notificación por medios electrónicos de las providencias
judiciales.
-
El artículo 201 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece el
envío a través de un mensaje de datos de la providencia notificada por estado,
si la parte suministró su dirección de correo electrónico.
-
El artículo 25 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, no establece el deber del
demandante de indicar en la demanda la dirección de correo electrónico de las
partes.
-
El Código Procesal del Trabajo
y de la Seguridad Social no regula lo relacionado con las notificaciones
electrónicas, el envío y recibo de documentos electrónicos. El artículo 74 del
Código General del Proceso, establece el deber de allegar el poder con
presentación personal.
-
El Código Procesal del Trabajo
y de la Seguridad Social, el Código General del Proceso y el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso. Administrativo, no establecen
una regulación específica para el desarrollo de las audiencias a través de
medios tecnológicos.
A pesar de que el Consejo Superior de la Judicatura
adoptó las referidas medidas administrativas para viabilizar el trámite de
ciertas actuaciones judiciales de manera virtual, lo cierto es que estas normas
limitan esa posibilidad, lo cual hace necesario y urgente la expedición de un
marco normativo que establezca reglas procesales de obligatorio cumplimiento
para las autoridades judiciales y los sujetos procesales, de modo que tales
actuaciones efectivamente se puedan llevar a cabo por medios virtuales.
Que igualmente, es importante crear disposiciones que
agilicen el trámite de los procesos judiciales y permitan la participación de
todos los sujetos procesales, contrarrestando la congestión judicial que
naturalmente incrementó la suspensión de los términos judiciales ordenada por
el Consejo Superior de la Judicatura con fundamento en la emergencia sanitaria.
Que por lo anterior, es necesario crear un marco
normativo que se compadezca con la situación actual que vive el mundo y
especialmente Colombia, que perdure durante el estado de emergencia sanitaria,
y que establezca un término de transición mientras se logra la completa
normalidad y aplicación de las normas ordinarias.
Que este marco normativo procurará que por regla
general las actuaciones judiciales se tramiten a través de medios virtuales y
excepcionalmente de manera presencial. Por lo que se debe entender que las
disposiciones de este decreto complementan las normas procesales vigentes, las
cuales seguirán siendo aplicables a las actuaciones no reguladas en este
decreto.
Que de igual manera la OCDE, en el documento
"Impact of COVID-19 on Access to Justice", recomendó diferentes
medidas para viabilizar el acceso a la administración de justicia en tiempos de
pandemia, entre estas la implementación de la tecnología en los procesos
judiciales para su agilización (ver "Lesson eight: Technology servicing
people").
Que este marco normativo debe garantizar el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia en condiciones de
igualdad, al respecto, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-426 de
2020, reiterada en la Sentencia T-421 de 2018, indicó que este derecho implica
"la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de
poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de
justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las
leyes".
Que igualmente debe proteger el derecho fundamental a
la salud de los servidores públicos y de los usuarios de la justicia, y en los
casos' en que sea necesario acudir a las instalaciones judiciales se haga con
el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad fijadas por el Ministerio
de Salud y Protección Social, el Consejo Superior de la Judicatura, los centros
de arbitraje y las Entidades Públicas con funciones jurisdiccionales. Que por
lo anterior el presente decreto tiene por objeto adoptar medidas: i) para
agilizar los procesos judiciales, en razón a que, por la larga suspensión de
términos judiciales y las medidas de aislamiento, se originaron diversos
conflictos, los cuales incrementarán la litigiosidad en todas las áreas del
derecho (laboral, civil, comercial, agrario, familia, contencioso
administrativo), a esto se debe sumar la congestión judicial que existía
previamente a la declaratoria de emergencia, situaciones que amenazan el
derecho de acceso a la administración de justicia de la ciudadanía y a alcanzar
la justicia material; ii) para el uso de las tecnologías de la información y
las comunicaciones en el trámite de los procesos judiciales ante la
jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral y familia; la
jurisdicción de lo contencioso administrativo; la jurisdicción constitucional y
disciplinaria; así como, ante las autoridades administrativas que ejerzan
funciones jurisdiccionales; y en los procesos arbitrales; con el fin de que los
procesos no se vean interrumpidos por las medidas de aislamiento y garantizar
el derecho a la salud de los usuarios de la justicia y de los servidores
judiciales. iii) para flexibilizar la atención a los usuarios de los servicios
de justicia, de modo que se agilice en la mayor medida posible la reactivación
de la justicia, lo que a su vez permitirá la reactivación de las actividades
económicas que dependen de ella, tales como la representación judicial que
ejercen los abogados litigantes y sus dependientes.
Que estas medidas se aplicarán al proceso arbitral y a
los que se tramiten ante entidades públicas con funciones jurisdiccionales, sin
perjuicio de lo ya señalado por el Decreto 491 de 2020 y por las reglas de
procedimiento previstas en sus reglamentos y leyes especiales. Que estas
medidas, se adoptarán en los procesos en curso y los que se inicien luego de la
expedición de este decreto.
Que dado que en muchos lugares del país las personas e
inclusive las autoridades judiciales no pueden acceder a las tecnologías de la
información y las comunicaciones, las medidas que se disponen en este decreto
se aplicarán solamente a los procesos en que los cuales los sujetos procesales
y la autoridades judiciales cuenten con estos medios, de lo contrario, el
servicio de justicia deberá prestarse de forma presencial, siempre que sea
posible y se ajuste a las disposiciones que sobre el particular dicten el
Ministerio de Salud, el Consejo Superior de la Judicatura, los Centros de
Arbitraje y las Entidades Públicas con funciones jurisdiccionales.
Que con el fin de que a los usuarios de la justicia se
les facilite el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones
se dispone que los municipios y personerías, y otras entidades públicas en la
medida de sus posibilidades, les presten toda su colaboración.
Que los medios tecnológicos se utilizarán para todas
las actuaciones judiciales, como presentación de la demanda, contestación de la
demanda, audiencias, notificaciones, traslados, alegatos, entre otras.
Que con el fin de agilizar el proceso y utilizar las
tecnologías de la información y las comunicaciones se establece que el
demandante al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio
electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados y del mismo modo
deberá proceder cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de
subsanación.
Que para facilitar el trámite de los traslados, se
establece que cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba
correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la
copia por correo o medio electrónico, se prescindirá del traslado por
secretaria, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles
siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a
partir del día siguiente.
Que con el fin de agilizar los procesos y facilitar el
trámite de las audiencias virtuales, se establece que a las audiencias y
diligencias, que se deban adelantar por la sala de una corporación, deben
concurrir solamente la mayoría de. los magistrados que integran la sala.
Que con este mismo fin se establece que los
emplazamientos para notificación personal se realizarán únicamente en el
registro nacional de personas emplazadas, sin necesidad de publicación en un
medio escrito, con lo cual se agilizará el trámite de esta notificación.
Que se regula la segunda instancia en materia civil y
familia para que esta se pueda tramitar, en los casos en que no se decreten
pruebas en segunda instancia, sin que tenga que adelantarse la audiencia para
la sustentación del recurso, y por el contrario la sustentación, su traslado y
sentencia se hará a través de documentos aportados por medios electrónicos.
Igualmente, en laboral se establece que la segunda instancia se pueda adelantar
sin la audiencia para alegatos de conclusión y sentencia, estas actuaciones se
podrán hacer mediante documentos electrónicos.
Que en materia contencioso administrativo se establece
la posibilidad de resolver las excepciones previas antes de la audiencia
inicial, y las que requieran la práctica de prueba se estudiarán en la
audiencia inicial, con lo cual se impedirá que el juez, como ocurre
actualmente, tenga que suspender la audiencia inicial para practicar pruebas.
Esta medida colaborara a que la virtualidad en la audiencia inicial sea más
efectiva y si el proceso termina por la configuración de una excepción previa
decidida antes de la audiencia no haya tenido que adelantarse esta.
Que para la jurisdicción de lo contencioso
administrativo se establece la posibilidad de proferir sentencia anticipada
cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar
pruebas; cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten;
cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la
conciliación, la prescripción extintiva y la falta de legitimación en la causa,
y en caso de allanamiento de conformidad con el artículo 176 de la Ley 1437 de
2011. Con esta medida los jueces administrativos podrán culminar aquellos
procesos que se encuentran en los supuestos de hecho señalados y se evitará
adelantar la audiencia inicial, de pruebas y/o la de instrucción y juzgamiento,
circunstancia que agilizará la resolución de los procesos judiciales y
procurará la justicia material.
Que es necesario dar un término prudencial para la
reanudación de los términos legales o judiciales, para que los sujetos
procesales puedan cumplir con los actos procesales que se interrumpieron o no
se pudieron realizar por la suspensión de términos judiciales, se garantice el
ejercicio de los derechos y se evite la aglomeración de personas en los
despachos judiciales una vez se levante la suspensión de términos judiciales
por parte del Consejo Superior de la Judicatura.
Que estas disposiciones garantizarán el derecho de
acceso a la administración de justicia, defensa y seguridad jurídica de las
partes y además el derecho a la salud de los servidores judiciales y de los
usuarios de justicia porque evitará situaciones en las que se torne imposible
el ejercicio de 105 derechos y el acceso a la justicia, teniendo en cuenta las
medidas de aislamiento. Adicionalmente, como quedó expuesto, las medidas que se
adoptan pretenden la flexibilización de la atención al usuario de los servicios
de justicia y la pronta reactivación de las actividades económicas que dependen
de este.
DECRETA
Artículo 1. Objeto. Este decreto tiene por
objeto implementar el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los
procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil,
laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción
constitucional y disciplinaria, así como, las actuaciones de las autoridades
administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y en los procesos
arbitrales, durante el término de vigencia del presente decreto.
Adicionalmente, este decreto pretende flexibilizar la atención a los usuarios
del servicio de justicia y contribuir a la pronta reactivación de las
actividades económicas que dependen de este.
Parágrafo. En aquellos eventos en
que los sujetos procesales o la autoridad judicial no cuenten con los medios
tecnológicos para cumplir con las medidas establecidas en el presente decreto o
no sea necesario acudir a aquellas, se deberá prestar el servicio de forma
presencial, siempre que sea posible y se ajuste a las disposiciones que sobre
el particular dicten el Ministerio de Salud y Protección Social, el Consejo
Superior de la Judicatura, los Centros de Arbitraje y las entidades con
funciones jurisdiccionales.
Los sujetos procesales y
la autoridad judicial competente deberán manifestar las razones por las cuales
no pueden realizar una actuación judicial específica a través de las
tecnologías de la información y las comunicaciones de lo cual se dejará
constancia en el expediente y se realizará de manera presencial en los términos
del inciso anterior.
Artículo 2. Uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones. Se deberán utilizar las
tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión y trámite
de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y
agilizar el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores
judiciales, como a los usuarios de este servicio público.
Se utilizarán los medios
tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y diligencias y se
permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades
presenciales o similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las
actuaciones no requerirán de firmas manuscritas o digitales, presentaciones
personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en
medios físicos.
Las autoridades
judiciales darán a conocer en su página web los canales oficiales de
comunicación e información mediante los cuales prestarán su servicio, así como
los mecanismos tecnológicos que emplearán.
En aplicación de los
convenios y tratados internacionales se prestará especial atención a las
poblaciones rurales y remotas, así como a los grupos étnicos y personas con
discapacidad que enfrentan barreras para el acceso a las tecnologías de la
información y las comunicaciones, para asegurar que se apliquen criterios de
accesibilidad y se establezca si se requiere algún ajuste razonable que
garantice el derecho a la administración de justicia en igualdad de condiciones
con las demás personas.
Parágrafo 1. Se adoptarán todas las
medidas para garantizar el debido proceso, la publicidad y el derecho de
contradicción en la aplicación de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones. Para el efecto, las autoridades judiciales procurarán la
efectiva comunicación virtual con los usuarios de la administración de justicia
y adoptarán las medidas pertinentes para que puedan conocer las decisiones y
ejercer sus derechos.
Parágrafo 2. Los municipios,
personerías y otras entidades públicas, en la medida de sus posibilidades,
facilitarán que los sujetos procesales puedan acceder en sus sedes a las
actuaciones virtuales.
Artículo 3. Deberes de
los sujetos procesales en relación con las tecnologías de la información y las
comunicaciones. Es deber de los sujetos procesales realizar sus actuaciones
y asistir a las audiencias y diligencias a través de medios tecnológicos. Para
el efecto deberán suministrar a la autoridad judicial competente, y a todos los
demás sujetos procesales, los canales digitales elegidos para los fines del
proceso o trámite y enviar a través de estos un ejemplar de todos los
memoriales o actuaciones que realicen, simultáneamente con copia incorporada al
mensaje enviado a la autoridad judicial.
Identificados los
canales digitales elegidos, desde allí se originarán todas las actuaciones y
desde estos se surtirán todas las notificaciones, mientras no se informe un
nuevo canal. Es deber de los sujetos procesales, en desarrollo de lo previsto
en el artículo 78 numeral 5 del Código General del Proceso, comunicar cualquier
cambio de dirección o medio electrónico, so pena de que las notificaciones se
sigan surtiendo válidamente en la anterior.
Todos los sujetos
procesales cumplirán los deberes constitucionales y legales para colaborar
solidariamente con la buena marcha del servicio público de administración de
justicia. La autoridad judicial competente adoptará las medidas necesarias para
garantizar su cumplimiento.
Artículo 4. Expedientes.
Cuando no se tenga acceso al expediente físico en la sede judicial, tanto la
autoridad judicial como los demás sujetos procesales colaborarán proporcionando
por cualquier medio las piezas procesales que se encuentren en su poder y se
requieran para desarrollar la actuación subsiguiente. La autoridad judicial, directamente
o a través del secretario o el funcionario que haga sus veces, coordinará el
cumplimiento de lo aquí previsto.
Las autoridades
judiciales que cuenten con herramientas tecnológicas que dispongan y
desarrollen las funcionalidades de expedientes digitales de forma híbrida
podrán utilizarlas para el cumplimiento de actividades procesales.
Artículo 5. Poderes. Los poderes especiales
para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos,
sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos
y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento.
En el poder se indicará
expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá
coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados.
Los poderes otorgados
por personas inscritas en el registro mercantil, deberán ser remitidos desde la
dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones
judiciales.
Artículo 6. Demanda. La
demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus
representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba
ser citado al proceso, so pena de su inadmisión. Asimismo, contendrá los anexos
en medio electrónico, los cuales corresponderán a los enunciados y enumerados
en la demanda.
Las demandas se
presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos, a las
direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura
disponga para efectos del reparto, cuando haya lugar a este.
De las demandas y sus
anexos no será necesario acompañar copias físicas, ni electrónicas para el
archivo del juzgado, ni para el traslado.
En cualquier
jurisdicción, incluido el proceso arbitral y las autoridades administrativas
que ejerzan funciones jurisdiccionales, salvo cuando se soliciten medidas
cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el
demandado, el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá
enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados.
Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda
presente el escrito de subsanación.  El secretario o el funcionario que haga
sus veces velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación la
autoridad judicial inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal de digital
de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma
con sus anexos.
En caso de que el
demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado,
al admitirse la demanda la notificación personal se limitará al envío del auto
admisorio al demandado.
Artículo 7. Audiencias. Las
audiencias deberán realizarse utilizando los medios tecnológicos a disposición
de las autoridades judiciales o por cualquier otro medio puesto a disposición
por una o por ambas partes y en ellas deberá facilitarse y permitirse la
presencia de todos los sujetos procesales, ya sea de manera virtual o
telefónica. No se requerirá la autorización de que trata el parágrafo 2 del
artículo 107 del Código General del Proceso.
No obstante, con
autorización del titular del despacho, cualquier empleado podrá comunicarse con
los sujetos procesales, antes de la realización de las audiencias, con el fin
de informarles sobre la herramienta tecnológica que se utilizará en ellas o para
concertar una distinta.
Parágrafo. Las audiencias y
diligencias que se deban adelantar por la sala de una corporación serán
presididas por el ponente, y a ellas deberán concurrir la mayoría de los
magistrados que integran la sala, so pena de nulidad.
Artículo 8.
Notificaciones personales. Las notificaciones que deban hacerse
personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia
respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que
suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del
envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban
entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.
El interesado afirmará
bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que
la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la
persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las
evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la
persona por notificar.
La notificación personal
se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al
envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente
al de la notificación.
Para los fines de esta
norma se podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de
los correos electrónicos o mensajes de datos.
Cuando exista
discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se
considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al
solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la
providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del
Código General del Proceso.
Parágrafo 1. Lo previsto en este
artículo se aplicará cualquiera sea la naturaleza de la actuación, incluidas
las pruebas extraprocesales o del proceso, sea este declarativo, declarativo
especial, monitorio, ejecutivo o cualquiera otro.
Parágrafo 2. La autoridad judicial,
de oficio o a petición de parte, podrá solicitar información de las direcciones
electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las Cámaras de
Comercio, superintendencias, entidades públicas o privadas, o utilizar aquellas
que estén informadas en páginas Web o en redes sociales.
Artículo 9. Notificación
por estado y traslados. Las notificaciones por estado se fijarán
virtualmente, con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos,
ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia
respectiva.
No obstante, no se
insertarán en el estado electrónico las providencias que decretan medidas
cautelares o hagan mención a menores, o cuando la autoridad judicial así lo
disponga por estar sujetas a reserva legal.
De la misma forma podrán
surtirse los traslados que deban hacerse por fuera de audiencia.
Los ejemplares de los
estados y traslados virtuales se conservarán en línea para consulta permanente
por cualquier interesado
Parágrafo. Cuando una parte
acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás
sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se
prescindirá del traslado por secretaria, el cual se entenderá realizado a los
dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término
respectivo empezará a correr a partir del día siguiente.
Artículo 10.
Emplazamiento para notificación personal. Los emplazamientos que deban
realizarse en aplicación del artículo 108 del Código General del Proceso se
harán únicamente en el registro nacional de personas emplazadas, sin necesidad
de publicación en un medio escrito.
Artículo 11.
Comunicaciones, oficios y despachos. Todas las comunicaciones, oficios y
despachos con cualquier destinatario, se surtirán por el medio técnico
disponible, como lo autoriza el artículo 111 del Código General del Proceso.
Los secretarios o los
funcionarios que hagan sus veces remitirán las comunicaciones necesarias para
dar cumplimiento a las órdenes judiciales mediante mensaje de datos, dirigidas
a cualquier entidad pública, privada o particulares, las cuales se presumen
auténticas y no podrán desconocerse siempre que provengan del correo
electrónico oficial de la autoridad judicial.
Artículo 12. Resolución
de excepciones en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De las excepciones
presentadas se correrá traslado por el término de tres (3) días en la forma
regulada en el artículo 110 del Código General del Proceso, o el que lo
sustituya. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre ellas
y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en las excepciones previas.
Las excepciones previas
se formularán y decidirán según lo regulado en los articulas 100, 101 Y 102 del
Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se
refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juzgador las
decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las
practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron
pruebas y estén pendientes de decisión.
Las excepciones de cosa
juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la
causa y prescripción extintiva, se tramitarán y decidirán en los términos
señalados anteriormente.
La providencia que
resuelva las excepciones mencionadas deberá ser adoptada en primera instancia
por el juez. subsección, sección o sala de conocimiento. Contra esta decisión
procederá el recurso apelación, el cual será resuelto por la subsección,
sección o sala del tribunal o Consejo de Estado. Cuando esta decisión se
profiera en única instancia por los tribunales y Consejo de Estado se decidirá
por el magistrado ponente y será suplicable.
Artículo 13. Sentencia
anticipada en lo contencioso administrativo. El juzgador deberá
dictar sentencia anticipada:
1. Antes de la audiencia
inicial, cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario
practicar pruebas, caso en el cual correrá traslado para alegar por escrito, en
la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011 y
la sentencia se proferirá por escrito.
2. En cualquier estado
del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten,
sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se
presenta en el transcurso de una audiencia. se dará traslado para alegar dentro
de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus
alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes
al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la
solicitud cuando advierta fraude o colusión. Si en el proceso intervienen
litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con
estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán
desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra
decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.
3. En la segunda etapa
del proceso prevista en el artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, cuando
encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la conciliación, la
caducidad, la prescripción extintiva y la falta de legitimación en la causa. La
sentencia se dictará oralmente en audiencia o se proferirá por escrito. En este
caso no se correrá traslado para alegar.
4. En caso de
allanamiento de conformidad con el artículo 176 de la Ley 1437 de 2011.
Artículo 14. Apelación
de sentencias en materia civil y familia. El recurso de apelación contra
sentencia en los procesos civiles y de familia, se tramitará así:
Sin perjuicio de la
facultad oficiosa de decretar pruebas, dentro del término de ejecutoria del
auto que admite la apelación, las partes podrán pedir la práctica de pruebas y
el juez las decretará únicamente en los casos señalado en el artículo 327 del
Código General del Proceso. El juez se pronunciará dentro de los cinco (5) días
siguientes.
Ejecutoriado el auto que
admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá
sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes. De
la sustentación se correrá traslado a la parte contraria por el término de
cinco (5) días. Vencido el término de traslado se proferirá sentencia escrita
que se notificará por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se
declarará desierto.
Si se decretan pruebas,
el juez fijará fecha y hora para la realización de la audiencia en la que se
practicarán, se escucharán alegatos y se dictará sentencia. La sentencia se
dictará en los términos establecidos en el Código General del Proceso.
Artículo 15. Apelación
en materia laboral. El recurso de apelación contra las sentencias y autos
dictados en materia laboral se tramitará así:
1. Ejecutoriado el auto
que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará
traslado a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días
cada una, iniciando con la apelante. Surtidos los traslados correspondientes,
se proferirá sentencia escrita.
Si se decretan pruebas,
se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere
el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En
ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.
2. Cuando se trate de
apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por
el término de cinco (5) días y se resolverá el recurso por escrito.
Artículo 16. Vigencia y
derogatoria. El presente decreto legislativo rige a partir de su
publicación y estará vigente durante los dos (2) años siguientes a partir de su
expedición.
[siguen firmas del
Presidente de la República y los 18 ministros del despacho]
2.
Intervenciones
9.
En
el trámite de este proceso, la Corte recibió 60 escritos ciudadanos, 9 de ellos
corresponden a solicitudes de nulidad o información, 3 contienen análisis de
constitucionalidad del Decreto Legislativo pero no formulan una solicitud
expresa de decisión, y en los 48 restantes se formularon 54 solicitudes en
relación con la constitucionalidad del Decreto Legislativo sub examine[1]. El
siguiente cuadro sintetiza el número de solicitudes formuladas:
Número de
intervenciones
Solicitud
12
Exequibilidad
del Decreto Legislativo en su integridad
8
Inexequibilidad
del Decreto Legislativo en su integridad
17
Inexequibilidad
parcial
1
Exequibilidad
condicionada del Decreto Legislativo en su integridad
16
Exequibilidad
condicionada de ciertos contenidos del Decreto Legislativo
10.
Solicitudes
de exequibilidad. 12 intervinientes sostuvieron que el Decreto Legislativo
806 de 2020 cumple todos los requisitos formales y materiales exigidos por la
jurisprudencia constitucional[2].
En términos generales, estas solicitudes se fundamentan en los siguientes
argumentos, que explican la satisfacción de estas exigencias formales y
sustanciales:
Argumentos comunes a
las solicitudes de exequibilidad
(i)
El
Decreto Legislativo permite el acceso a la administración de justicia. Las medidas permiten
prestar el servicio esencial de administración de justicia y garantizar su
acceso mediante tecnologías de la información porque la virtualidad permite
que un alto porcentaje de la población pueda acceder a la justicia, sin poner
en riesgo la salud de usuarios y servidores públicos.
(ii) El Decreto Legislativo
806 de 2020 es razonable y proporcionado. Las medidas son razonables porque
están dirigidas a garantizar la flexibilidad y celeridad en los trámites, así
como reactivar el sector económico que depende del servicio público de
administración de justicia. Además, son proporcionadas en tanto protegen el
contenido ius fundamental del derecho de acceso a la justicia, en la
misma medida en que alcanzan los fines constitucionales para los que fueron
creadas. Así, el Decreto es acorde con la gravedad de los hechos que pretende
conjurar.
(iii)
El
Decreto Legislativo no es discriminatorio. En los casos en que no se cuente
con los medios digitales o no sea necesario acceder a ellos, el servicio de
administración de justicia se prestará de manera presencial. Además, el
Decreto permite a las autoridades adoptar medidas razonables sobre los
sujetos de especial protección constitucional, a fin de que puedan acceder
mediante las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante
TIC) al proceso, en igualdad de condiciones materiales.
(iv)
Las
medidas del Decreto Legislativo son necesarias. Las competencias del
Consejo Superior de la Judicatura (en adelante CSDJ) son insuficientes para
lograr la correcta administración de justicia en la actualidad, ya que le
está vedado modificar, adicionar o derogar normas procesales especiales.
(v)  El Presidente de la
República no excedió sus facultades extraordinarias con la expedición del
Decreto Legislativo 806 de 2020.
11.
Solicitudes
de inexequibilidad. 8 intervinientes sostuvieron que el Decreto Legislativo 806
de 2020 es contrario a la Constitución Política[3].
Por tanto, solicitaron a la Corte que declare su inexequibilidad, con fundamento
en los siguientes argumentos particulares:
Argumentos comunes a
las solicitudes de inexequibilidad
(i)
El
Decreto no cumple con el juicio de finalidad. La medida no resiste el juicio de
identidad de los hechos constitutivos del estado de emergencia y menos aún el
juicio de sobreviniencia de los hechos a conjurar, pues ellos no
tienen origen en las consecuencias directas de la pandemia, sino en un
problema crónico y estructural de la justicia.
(ii) El Gobierno excedió el
uso de sus atribuciones. El Gobierno nacional se extralimitó al introducir
modificaciones al Código General del Proceso (en adelante CGP) y al Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA) en los temas de notificación personal, recurso de apelación en materia
civil y laboral, trámite de excepciones previas y sentencia anticipada.
(iii)
El
Decreto Legislativo es discriminatorio. La norma diferencia los servicios
que se ofrecen al usuario de la administración de justicia, según que tenga o
no acceso a las TIC. Este trato diferenciado supone un menoscabo a los
derechos a la igualdad, al debido proceso, a la defensa y contradicción, a la
igualdad procesal y al principio de publicidad.
(iv)
El
Decreto Legislativo lesiona los principios de oralidad e inmediación. A pesar de que la oralidad
pretende resolver la congestión judicial y garantizar el principio de inmediación
–que supone que tanto el juez como las partes, pueden tener acceso y
conocimiento a la práctica de pruebas–, la norma estatuye algunos
procedimientos escritos, sin someter la medida a una discusión democrática y
de justicia social.
12.
Solicitudes
de inexequibilidad parcial. 17 intervinientes sostuvieron que, en términos generales,
el Decreto Legislativo 806 de 2020 cumple todos los requisitos formales y
materiales exigidos por la jurisprudencia constitucional. Sin embargo,
formularon las siguientes solicitudes de inexequibilidad parcial:
Interviniente
Contenido normativo
cuya inexequibilidad se solicita
Juan
Carlos Garzón Martínez - magistrado de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa
Solicita la inexequibilidad de los
artículos 12º y 13º, por cuanto, en su criterio, estas disposiciones no
cumplen con los juicios de conexidad, finalidad, necesidad jurídica y
proporcionalidad. Esto, por lo siguientes motivos: (i)
las medidas no guardan conexidad con los fines propuestos por
el Decreto Legislativo 806 de 2020, a saber, de agilizar y flexibilizar la
justicia, ni con las medidas anunciadas en el Decreto 637 de 2020; (ii)
la congestión judicial no fue generada por la COVID-19, ya que se trata de una
problemática estructural del sistema judicial; (iii) las medidas no
son proporcionales, por cuanto desconocen el marco normativo eficaz de la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa, sin lograr la finalidad propuesta
por del decreto legislativo; y (iv) el Gobierno no justificó la
necesidad de modificar las normas ordinarias sobre estas materias, las cuales
son acordes con la virtualidad.
Colegio
de Abogados Litigantes
Solicita que se declare la
inconstitucionalidad de[4]:
(i)
Los
artículos 2º y 3º, habida cuenta de que ni el expediente digital ni la sede
electrónica se encuentran implementados.
(ii)
El
artículo 4º, en tanto: (a) no son claras las razones que impiden el
acceso a los expedientes físicos, al estar los juzgados funcionando bajo las
indicaciones y protocolos del Consejo Superior de la Judicatura; y (b)
la disposición usa de manera equivocada el concepto de “expediente
híbrido”, puesto que, para hablar de este tipo de expediente, es
necesario que existan expedientes digitales en los términos descritos por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –en adelante, MinTIC–.
(iii)
El
artículo 6º, dado que altera las etapas procesales, en tanto le da un término
desproporcionado a la contraparte para conocer la demanda antes de su
admisión. Teniendo en cuenta que un despacho judicial puede tardar entre 1 y
4 meses en admitir la demanda, la medida viola el debido proceso y el
principio de igualdad procesal.
(iv)
El
artículo 7º, por cuanto viola el principio de inmediación, al no diferenciar
entre los tipos de audiencia y la forma en que cada una deberá desarrollarse
para garantizarlo. Además, omite regular las audiencias presenciales,
derivadas de las excepciones dispuestas en los artículos 1º y 2º.
(v)
El
artículo 8º, dado que: (a) omite regular el derecho del demandado de
escoger y autorizar el canal o medio en el que quiere ser notificado; (b)
su parágrafo 5 viola el principio de contradicción, al permitir que una
simple manifestación juramentada pueda derribar el acto procesal que activa
los derechos de defensa y debido proceso e incluso la celeridad procesal; y
(c) extraer información de las redes sociales no ofrece seguridad alguna
en la notificación, a menos que el titular acepte ser notificado de esta
forma.
(vi)
El
artículo 9º, dado que vulnera el principio de publicidad, al poner la carga
de su garantía sobre las partes y no sobre las autoridades.
(vii)
El
artículo 10º, por suponer una barrera de acceso a la administración de
justicia para quienes no poseen medios tecnológicos e incluso para quienes
teniendo acceso se ven excluidos de la protección de las garantías del debido
proceso.
Ómar Alfonso Cárdenas Caicedo -
Universidad de Nariño
Solicitó la inexequibilidad de los
artículos 4º, 8º, 10º, 12º, 14º, 15º y 16º. Esto, habida cuenta de que, en su
concepto: (i) el artículo 4º traslada a las partes la carga de
integrar el expediente, libera a las autoridades de su responsabilidad de
aportar seguridad jurídica al proceso, y libra al Estado del deber de
suministrar recursos a la justicia; (ii) el artículo 8º impide el
acceso general a la justicia, y regula solo los casos de ciudadanos que
tienen acceso a las TIC; (iii) el artículo 10º restringe el derecho de
defensa en conexidad con el debido proceso; (iv) los artículos 12º,
14º y 15º contravienen el principio de oralidad; y (v) la vigencia
prevista en el artículo 16º es caprichosa y no guarda relación de
proporcionalidad con la finalidad de resolver la crisis mediante mecanismos
eficientes.
Andrés
Alberto Guzmán Caballero
Solicita la
inexequibilidad del artículo 5º, por cuanto vulnera los principios y
garantías del debido proceso, al desconocer la regulación de firmas
electrónicas prevista en el Decreto 2364 de 2012. Por tanto, considera que el
término que debe quedar consignado en la disposición es el de “firma
electrónica”, y no el de “antefirma”.
Julio Daniel Lozano Bobadilla
Solicita la inexequibilidad de los
incisos 4 y 5 del artículo 6º, dado que previenen a la contraparte y le
otorgan un término extraprocesal, inoportuno y anticipado para preparar la
defensa. De manera subsidiaria, solicita que se declare su exequibilidad
condicionada, en el entendido que el envío de la copia de la demanda se puede
hacer de manera voluntaria antes del auto admisorio, sin que esto se
considere como un requisito de procedibilidad.
Luis Felipe Vivares Porras,
Coordinador del área de Derecho Procesal de la Universidad Pontificia
Bolivariana de Medellín.
Como solicitud subsidiaria a la
declaratoria de inexequibilidad de la totalidad del decreto, solicita que se declaren
inexequibles las siguientes disposiciones: (i) los artículos 1º y 16º,
por motivación insuficiente, en relación con el término de 2 años de
vigencia.; (ii) el artículo 4º, por cuanto no supera el juicio de
necesidad. (iii) el numeral 3 del artículo 13º por incumplir el juicio
de necesidad.
En caso de que la Corte concluya
que estas medidas son exequibles, solicita la declaratoria de exequibilidad
condicionada así: (i) el artículo 1º debe ser condicionado  a una
interpretación restrictiva y vinculante, en relación con el ámbito de
vigencia temporal del Decreto Legislativo 806 de 2020; (ii) en
relación con el artículo 4° solicitan que su exequibilidad se condicione en
el entendido que en aquellos casos en los que el expediente físico no esté
disponible, se deberá proceder a su reconstrucción según las normas
procesales vigentes; (iii) por último, solicitan que la expresión “En
este caso no se correrá traslado para alegar”, contenida en el numeral 3
del artículo 13°, sea declarada inexequible por ser violatoria del derecho al
debido proceso.
Miguel Enrique Rojas Gómez -
Director de la Escuela de Actualización Jurídica –ESAJU
Solicita se declare la
inexequibilidad del parágrafo 3 del artículo 8º, ya que la disposición
lesiona las garantías judiciales de las partes, por cuanto el derecho de
defensa del convocado se vulnera cuando el método de notificación personal
utilizado no es apto para llevar la información directamente al notificado, o
no asegura, en condiciones empíricamente normales, que se entere de su contenido.
A su juicio, las disposiciones ordinarias son más garantistas para las
partes, dado que previenen cualquier dificultad que el individuo pueda tener
con la recepción de la comunicación y, por ello, contemplan el envío de dos
mensajes de datos sucesivos (invitación y aviso), con un intervalo suficiente
(mínimo de cinco días).
Camilo Sánchez, Presidente de ANDESCO
y José Manzur, Director Ejecutivo de ASOCODIS[5]
Solicitan que se declare la
inexequibilidad de la expresión “o utilizar aquellas que estén informadas
en páginas Web o en redes sociales” contenida en el parágrafo 2 del
artículo 8º. Esto, habida cuenta de que la medida amplía de forma
indiscriminada las posibilidades de efectuar la notificación por vía
electrónica, lo que lesiona los artículos 29 y 229 de la Constitución
Política y, por consiguiente, los derechos a la defensa y a la contradicción,
así como los principios de publicidad y seguridad jurídica.
Centro de Estudios de Derecho
Procesal – CEDEP[6]
Solicita la inexequibilidad de la
expresión “cada una” contenida en el artículo 15º del Decreto
Legislativo 806 de 2020. Esto, por cuanto considera que el hecho de aceptar
que el término de 5 días para presentar alegaciones se otorgue en materia de
sentencias de forma separada a cada parte, tendría la vocación de vulnerar el
artículo 229 de la Constitución, “en la medida en que estaría alargando
injustificadamente la vida de los juicios en segunda instancia”.
Teresa Vargas Osorno y Jhon
Caballero
Martínez -Universidad Externado de
Colombia-
Solicitan la inexequibilidad del
parágrafo 2 del artículo 8º, en el entendido que la expresión “o utilizar
aquellas que estén informadas en páginas Web o en redes sociales”, en su
opinión, “resulta contraria al artículo 15 de la Constitución Política y
no supera los juicios de motivación suficiente y proporcionalidad”.
Ramiro Bejarano Guzmán y Néstor
Iván Ozuna Patiño -Universidad Externado de Colombia-
Solicitan se declare la
inexequibilidad parcial del artículo 6º, dado que, a su juicio, el requisito
de adjuntar los canales digitales para efectos de la notificación de
testigos, peritos y terceros en el proceso, nunca se ha exigido como
requisito de admisibilidad de la demanda y supone un límite al acceso a la
justicia. Además, mencionan que esta exigencia nada tiene que ver con la
finalidad de la emergencia bajo la cual se expidió el Decreto Legislativo 806
de 2020.
Unión Colegiada de Notariado
Solicita la inexequibilidad de los
artículos 2º y 5º, ya que no hay relación de conexidad entre la emergencia
económica, los propósitos del Decreto Legislativo 806 de 2020 y su vigencia
por dos años. A su juicio, las disposiciones no eran necesarias como medidas
de emergencia, dado que no la evitan, ni mitigan sus efectos perversos, no
tienen utilidad alguna y, en cambio, sí afectan la seguridad jurídica de los
colombianos y los estándares de protección de los derechos. Por último,
considera que la supresión de la presentación personal de poderes y de la
autenticación de firmas de documentos no tiene relación con las causas de la
declaratoria de la emergencia.
Corporación “Lo Social”
Solicita la inexequibilidad del
artículo 15º, habida cuenta de que: (i) la oralidad en segunda
instancia es un asunto histórico y de la esencia social de los procesos
laborales, por lo que su modificación solo puede efectuarse en el trámite de
leyes estatutarias u ordinarias; (ii) la medida no está directa y
específicamente encaminada a superar la emergencia actual, ya que las
audiencias en oralidad pueden continuar mediante la aplicación de las nuevas
tecnologías; y (iii) sustituir la audiencia en la segunda instancia
por la presentación de un memorial cercena la humanización del proceso y hace
ineficaz la oralidad practicada en primera instancia.
Senadora Angélica Lozano Correa
Solicita la declaratoria de
inexequibilidad del inciso primero del artículo 12º y de los artículos 14º y
15º, en tanto que no superan los juicios de conexidad y necesidad. Esto, en
atención a que: (i) el artículo 12º no mitiga ni flexibiliza la
congestión judicial, sino que implica un uso innecesario de las facultades
legislativas; y (ii) los artículos 14º y 15º cambian de manera
sustancial el trámite de apelación, puesto que pasa de ser oral y en audiencia,
a ser escritural. Esto modifica el modelo de justicia y carece de conexidad.
Marcel Silva Romero y Gabriela
Morales Orozco
Solicitan la inexequibilidad del
artículo 15º ya que: (i) carece de necesidad fáctica. Suprimir la
oralidad en la apelación del proceso laboral no contribuye en ninguna medida
a superar la pandemia y sus efectos negativos sobre la administración de
justicia; (ii) carece de conexidad material y finalidad. La supresión
de la segunda instancia no aporta nada a la prevención del contagio; y (iii)
la medida elimina la oralidad como “instrumento que permite la
inmediación, la concentración, la celeridad, la libre apreciación probatoria
y la mayor intervención del juez en los procesos”.
Julio Alberto Tarazona Navas y
Jairo Enrique Herrera Pérez
Solicitan la inexequibilidad
parcial de los artículos 7º y 16º del Decreto 806 del 2020 ya que: (i)
al permitir los juicios telefónicos, el artículo 7º viola la justicia y con
ello las garantías judiciales al debido proceso, particularmente el derecho
de contradicción. Esto, ya que, a su juicio, es imposible establecer el lugar
donde se encuentra el testigo o si está acompañado de personas que puedan incidir
en su respuesta. Además, considera que la norma debió abrir la posibilidad de
concertar las audiencias; y (ii) el artículo 16º vulnera el principio
de inmediación, al disponer que el juicio oral sea totalmente virtual por dos
años.
13.
Solicitudes
de exequibilidad condicionada de la totalidad del Decreto Legislativo. Un (1) interviniente
sostuvo que, en términos generales, el Decreto Legislativo 806 de 2020 cumple
todos los requisitos formales y materiales exigidos por la jurisprudencia
constitucional[7].
Sin embargo, solicitó el siguiente condicionamiento general:
Interviniente
Condicionamiento
Carlos Darío Barrera Tapia
Que la Corte Constitucional “se
sirva declarar la constitucionalidad condicionada del Decreto Legislativo No.
806 de 2020, de modo que los recursos interpuestos, las notificaciones que
habían empezado a surtirse y los términos judiciales que habían empezado a
correr, se rijan por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos,
comenzaron a surtirse las notificaciones y empezaron a correr los términos,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40 de la Ley 153 de 1887,
modificado por el Artículo 624 del Código General del Proceso”.
14.
Solicitudes
de exequibilidad condicionada de ciertos contenidos normativos del Decreto
Legislativo.
16 intervinientes sostuvieron que, en términos generales, el Decreto
Legislativo 806 de 2020 cumple con los requisitos formales y materiales
exigidos por la jurisprudencia constitucional. Sin embargo, solicitaron los
siguientes condicionamientos frente a ciertos contenidos normativos:
Interviniente
Arts.
Condicionamiento
Nury Alejandra Rodríguez Bello y
José Miguel Rueda Vásquez –practicante y profesor de Derecho de la  Universidad
de la Sabana–
1º,
2º, 3º, 5º, 7º y 8º
Solicitan que la Corte en el
análisis del artículo 1º aclare: “(a) el término de vigencia y la
aplicación de este Decreto durante este término, para que después no sea este
Decreto un impedimento para el acceso a la justicia; (b) en caso de que el
proceso implique aglomeraciones cual será el proceder del despacho para
evitar más congestión judicial y la obligatoriedad de la comunicación a las
partes procesales para determinar la posibilidad de que el proceso sea
virtual o no, garantizando el acceso a la justicia”.
Solicitan que se condicionen los
siguientes artículos: en primer lugar, el artículo 2º, en el entendido que
“para procurar la efectiva comunicación virtual es deber de los funcionarios
judiciales comunicarse con los sujetos procesales”. En segundo lugar, el
artículo 3º, en el entendido que: “los sujetos procesales deben adelantar
todas las actuaciones que les sea posible de acuerdo con los medios con los
que cuentan, más no que están obligados a contar con estos medios, pues
implicaría obligarlos a lo imposible”. En tercer lugar, el artículo 5º en
el entendido que: “la Corte aclare las formalidades que debe tener la
firma para que se entienda válida. Teniendo en cuenta que de presentarse una
controversia legal frente a la firma será necesario acudir a un perito para
que este compruebe la autenticidad, confiabilidad y propiabilidad (sic)”. Por
último, el artículo 7º en el entendido que la Corte clarifique cuál es el
procedimiento para realizar las audiencias de los usuarios cobijados bajo las
excepciones de los artículos 1º y 2º del Decreto.
Danny Fernando Mera Bolaños
2º,
6º y 7º
Solicita que se condicione la
exequibilidad del artículo 2º, en el entendido que la mezcla de actuaciones
procesales con los actos de comunicación que efectúa la disposición “es
errónea y debe delimitarse, con la única finalidad de evitar la duda de la
norma”. Además, solicita que se condicione la exequibilidad del artículo
6º, en el entendido que “requiere necesariamente para proteger la
integridad del mensaje de datos un protocolo de descubrimiento probatorio
electrónico E Discovery”. Por último, solicita que se condicione la
exequibilidad del artículo 7º, a que se cuente “necesariamente [con] un
protocolo de audiencia electrónica”.
Nelson Rueda Rodríguez
16º
Solicita que se condicione la
vigencia del Decreto Legislativo a un año.
Comisión Colombiana de Juristas –CCJ,
suscrito por Gustavo Gallón Giraldo, Julián González Escallón y Enith Bula
Beleño–
3º,
4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 13º y 15º
Solicitan que la Corte “declare
la exequibilidad condicionada de los artículos 3º, 6º, 8º y 9º del Decreto
806 de 2020, a fin de que se establezca un sistema de notificaciones
digitales para la administración de justicia en el entendido de que: [i] los
circuitos judiciales que se correspondan con el territorio de las ciudades
capitales utilicen de forma inmediata este sistema de notificaciones
digitales y [ii] los circuitos judiciales que no correspondan en su
territorio con el de las ciudades capitales tengan un plazo para poner en
marcha el sistema de notificaciones digitales. En ese plazo se deberán
adelantar todas las gestiones para mitigar la brecha digital en coordinación
con las entidades descentralizadas”.
Que se declare “la exequibilidad
condicionada del artículo 4 […] en el entendido de que se establezcan plazos
diferenciales para la digitalización de los expedientes que tengan en cuenta
las siguientes variables: [i] El volumen de trabajo que presenta cada juzgado
y tribunal de acuerdo a las estadísticas presentadas al Consejo Superior de
la Judicatura para el año 2019 en el mismo periodo. [y ii] La dificultad que
tienen los usuarios de los despachos para aportar documentos en medios
magnéticos”.
Que se declare “la exequibilidad
condicionada del artículo 5 […], en el entendido de que: [i. cuando] el poder
se otorgue a una persona natural, el mensaje de datos que lo otorga deberá
integrar la tarjeta profesional del apoderado y el documento de
identificación del poderdante que deberán validarse por la autoridad judicial
para surtir efectos. [y ii] En caso de que el poder se otorgue a una persona
jurídica, el mensaje de datos que lo otorga deberá integrar el NIT de la
persona jurídica, el certificado de existencia y representación legal, en
conjunto con los mismos requisitos para personas naturales”.
Que se declare “la exequibilidad
condicionada de la expresión herramientas tecnológicas contenida en el
artículo 7 […] entendiendo por ésta, aquella plataforma previamente
identificada y avalada por el Consejo Superior de la Judicatura en un acuerdo
para la celebración de audiencias virtuales”.
Que se declare “la exequibilidad
condicionada del numeral 1 del artículo 13 […], en el entendido de que la
aplicación de la figura de la sentencia anticipada por escrito esté
condicionada al acuerdo previo de las partes en los casos de pleno derecho o
cuando no exista la necesidad de practicar pruebas, o que se pueda convenir
del mismo modo una sentencia oral”.
Que se declare “la exequibilidad
condicionada del artículo 15º […] en el entendido de que la vigencia de la
norma se reduce a un año a partir de su expedición”.
Ómar Alfonso Cárdenas – profesor de
la Facultad de Derecho Universidad de Nariño
2º,
6º, 8º y 9º
Que se declare exequible de forma
condicionada el inciso 4 del artículo 2º, “en el entendido de que los
ajustes razonables a que hace referencia la norma, se hagan también frente a
personas que, a pesar de contar con acceso a medios digitales, manifiesten
ante el juez tener dificultades para el manejo de las plataformas usadas, por
razones de salud, educativas, sociales, culturales, entre otras”.
Que se declare la exequibilidad de
forma condicionada del “inciso primero del artículo 6 […], en el sentido
de que la misma obligación recae en la parte demandada, y que en caso de que
se informe que un testigo, perito y cualquier tercero que deba ser citado al
proceso no cuenta con canal de comunicación digital, no se configurará la
causal de inadmisión”.
Que se declare exequible de forma
condicionada “el último inciso del artículo 8 […] en el sentido que la
parte que hace la manifestación bajo la gravedad del juramento, no la releva
de la obligación de probar los supuestos de hecho sobre los cuales soporta la
causal de nulidad invocada”.
Que se declare exequible de
forma condicionada “el artículo 9 […], en el entendido que la publicación
de estados electrónicos se realizará en la plataforma o página Web oficial de
la Rama Judicial, siendo la única válida para efectos procesales”.
Álvaro Namén Vargas – Presidente
del Consejo de Estado
1º
(par.) y 10º
Que se condicione “el parágrafo
[1 del artículo 1º] de modo que se entienda que la aludida prestación
presencial del servicio de justicia únicamente se hará en la medida en que
todas las personas que intervienen en él, no solo los funcionarios
judiciales, cuenten con las medidas de bioseguridad requeridas".
Que se condicione el artículo 10º “en
el entendido en que ‘en todo caso, deberá realizarse el emplazamiento
ordenado en el artículo 108 del Código General del Proceso, para lo cual se
podrá hacer uso de los equivalentes funcionales dispuestos en el ordenamiento
jurídico’”.
Hernán D. Velásquez Gómez
2º,
3º, 6º, 7º y 9º
Que los artículos 2º, 3º, y 7º “deben
mantenerse vigentes con el entendimiento […], que las audiencias y
diligencias virtuales solo son constitucionalmente admisibles en casos
excepcionales como la enfermedad del declarante, la lejanía de la sede del
despacho judicial, el peligro para la vida del declarante, nunca como algo
normal, cotidiano”.
Que el inciso 1 del artículo 6º “debe
condicionarse en el sentido de que la inadmisión solo procede cuando el
testigo y el tercero tienen medios para ser notificados digitalmente y este
hecho sea conocido por el demandante”.
Que el artículo 9º “debe declararse
constitucional condicionado a que en el traslado se inserte el documento del
cual se está corriendo dicho traslado”.
Integrantes del Centro de Estudios
de Derecho Procesal (CEDEP)[8]
9º
y 15º
Que se condicione el artículo 9º “a
determinar de forma precisa el alcance del término ‘sujetos procesales’ o
indicarse de forma inequívoca que comprende la totalidad de sujetos que
intervienen en cualquier calidad dentro de la litis, lo anterior con el
propósito de evitar el amplio margen de discrecionalidad al momento de
interpretar y aplicar la norma".
Que se declare la exequibilidad
condicionada del numeral 2 del artículo 15º “en el entendido de que el
trámite del recurso de apelación contemplado se aplicará para los autos
notificados e impugnados en estrados como por fuera de audiencia”.
Carlos Orlando Velásquez Murcia[9]
15º
Que la Corte module o condicione el “artículo
15, fijando unos términos razonables para la intervención de los apoderados
judiciales con sus alegatos de conclusión”.
Hugo Alexander Ríos Garay
–Presidente de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá
15º
Que el numeral 1 del
artículo 15º debe ser “condicionado a que el término que tienen las partes
e intervinientes para presentar alegaciones en segunda instancia, tratándose
de sentencias, corresponde a un término común de cinco (5) días”.
Carlos Andrés Echeverry Valencia
12º
Que se condicione el artículo 12º
“para que el operador jurídico interprete sistemáticamente las disposiciones
procesales en consonancia con el sistema de fuentes en el derecho procesal,
atendiendo al objeto y finalidad de la jurisdicción contenciosa
administrativa en la Ley 1437 de 2011”.
Daniel Alejandro Castaño Parra
2º,
3º, 4º, 6º, 7º, 8º y 9º
Que declare la exequibilidad
condicionada de los artículos 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º, y 9º del Decreto “bajo
el entendido que las herramientas digitales y sistemas de información
utilizados por los despachos judiciales y los sujetos procesales para la
gestión y desarrollo de las actuaciones judiciales y actos jurisdiccionales
por mensaje de datos y/o cualquier otra tecnología para el envío, recepción,
almacenamiento y consulta de información deben cumplir con un protocolo
técnico estable, coherente, intuitivo, interoperativo y único para toda la
Rama Judicial de la República de Colombia que garantice la autenticidad,
integridad, no repudio, trazabilidad, equivalencia funcional y posterior
consulta de todas las actuaciones judiciales digitales, al tiempo que deben
garantizar la seguridad y privacidad de la información”.
Juan Carlos Garzón Martínez – magistrado
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
12º
y 13º
De manera subsidiaria a la
declaratoria de inexequibilidad de los artículos 12º y 13º, solicita que la
Corte “profiera una sentencia modulativa, en el sentido que es
constitucional, pero no surte efectos, no aplica, para la notificación de la
demanda en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa”.
Ramiro Bejarano y Néstor Ozuna -
Universidad Externado de Colombia-
6º
En subsidio de la declaratoria de
inexequibilidad del artículo 6º, solicitan “que se declare exequible la
disposición pero condicionándola a que tal exigencia solo debe predicarse
respecto de quienes son partes, representantes y apoderados”.
Teresa Genoveva Vargas Osorno Y
Jhon Aldemar Caballero
Martínez - Universidad Externado de
Colombia-
1º,
2º y 3º
Solicitan que se condicione: (i)
el artículo 1º, “en el entendido que el Código General del Proceso ya
ha implementado el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en las actuaciones judiciales, y en tal sentido, se exhorte al
CSDJ a implementar en un término razonado por la Corte, las medidas
necesarias para poner en marcha el Plan de Justicia Digital”; (ii)
el artículo 2º, “en el entendido que la expresión ‘autoridades judiciales’
hace referencia al CSDJ como órgano establecido por el artículo 103 del
Código General del Proceso”; y (iii) el artículo 3º, “en tanto
que el uso de medios tecnológicos debe ajustarse al principio de legalidad y
a los Acuerdos Marco de Precios para la Adquisición o Suministro de Bienes y
Servicios de características técnicas uniformes y de común utilización en la
administración pública”.
Luis Felipe Vivares Porras,
Coordinador del área de Derecho Procesal de la Universidad Pontificia
Bolivariana de Medellín
7º,
8º y 10º
Solicita que: (i) se
condicione el artículo 7º, de tal forma que se indique que habrá de
utilizarse tecnologías y dispositivos que garanticen la identificación e
individualización de todos los sujetos del proceso; (ii) se restrinja
la interpretación del artículo 8º, a que la notificación personal será
posible por medio de mensaje de datos o correo electrónico, solamente cuando
el sujeto a notificar haya certificado que ese es el medio que prefiere; y (iii)
se interprete el artículo 10º, en el sentido de que el emplazamiento se
entenderá efectuado si existe certeza de su conocimiento por parte del sujeto
emplazado y que, en todo caso, podrá seguirse el procedimiento establecido en
las normas procesales vigentes para efectuar emplazamientos por vías distintas
a la virtual.
15.
Intervenciones
ciudadanas sin solicitud. 3 intervinientes presentaron escritos sin formular
solicitud alguna[10].
3.
Concepto del Procurador General de la Nación
16.
El
21 de agosto de 2020, el Procurador General de la Nación solicitó la
declaratoria de exequibilidad parcial del Decreto Legislativo 806 de 2020. Para
el análisis de las exigencias materiales de constitucionalidad, dividió las
medidas en 2 grupos: (i) un primer grupo relativo a las medidas que
permiten el uso de las TIC en los procesos judiciales, integrado por los
artículos 2º, 3º, 4º (parcial), 5º, 6º (parcial), 7º (parcial), 8º (parcial) y
11º; y (ii) un segundo grupo compuesto por medidas dirigidas a dotar de
agilidad a los procesos judiciales, evitar la presencialidad en los despachos y
reducir la congestión judicial, integrado por los artículos 4º, 6º, 7º y 8º
(parciales), y los artículos 9º, 10º, 12º, 13º, 14º y 15º. El análisis de los
artículos 1º y 16º fue excluido de esta división.
17.
El
Procurador solicitó declarar exequible el primer grupo de medidas. Consideró
que estos artículos cumplen con los juicios de conexidad, finalidad y
motivación suficiente, en tanto permitir el uso de las TIC en los procesos
judiciales garantiza la operación de la justicia, al tiempo que protege la
salud y la vida, en época de pandemia. Además, las medidas cumplen con el
juicio de no contradicción específica, dado que no afectan las prohibiciones
particulares para los estados de emergencia, ni contienen regulaciones que
implican desmejoras en los derechos sociales de los trabajadores. El Ministerio
Público también concluyó que las medidas satisfacen los juicios de ausencia de
arbitrariedad e intangibilidad, dado que no afectan el núcleo esencial de los
derechos, ni imponen restricciones a aquellos que son intangibles. Por el
contrario, preservan los derechos a la vida, a la salud, al debido proceso y al
acceso a la justicia.
18.
Solicitó
la declaratoria de exequibilidad condicionada de: (i) el artículo 5º, a
fin de que se entienda que la expresión “con la sola antefirma” alude a “la
sola firma electrónica”, pues, a su juicio, es esta última la que garantiza
de mejor manera los derechos de los ciudadanos en el contexto de
excepcionalidad; y (ii) el artículo 8º, en el entendido que “las
notificaciones personales quedarán surtidas a partir de la fecha y hora en que
quien deba ser notificado acceda al respectivo mensaje de datos”, pues la
medida reduce la actuación al envío del mensaje a una dirección que es incierta
en cuanto a su destinatario.
19.
Por
último, solicitó la declaratoria de inexequibilidad de las medidas
identificadas en el segundo grupo –respecto de algunas, de manera parcial–. En
relación con el artículo 4°, consideró que la medida carece de motivación
suficiente por cuanto el CSDJ indicó que las condiciones generales están dadas
para tener acceso a los expedientes, bien sea en soporte físico en la sede judicial
o fuera de ella, o bien de manera digitalizada. En relación con el artículo
16º, indicó que debía declararse su exequibilidad condicionada, en el entendido
que “estará vigente durante el término de la emergencia” y, de manera
consecuente, que debía declararse la inexequibilidad de la siguiente expresión
del artículo en cita: “durante los dos (2) años siguientes a partir de su
expedición”. Finalmente, en relación con los artículos restantes de este
segundo grupo de disposiciones –6º, 7º y 8º (parciales), y 9º, 10º, 12º, 13º,
14º y 15º– consideró que carecen de conexidad material, y no satisfacen los
juicios de no contradicción específica y motivación suficiente.
II.
CONSIDERACIONES
4.
Competencia
20.
La
Corte Constitucional es competente para decidir acerca de la constitucionalidad
del Decreto Legislativo 806 de 2020, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 215 y 241.7 de la Constitución Política, 55 de la Ley Estatutaria de
los Estados de Excepción (en adelante, LEEE), así como 36 a 38 del Decreto 2067
de 1991.
5.
Cuestiones previas
21.
El 1
de septiembre de 2020, la Secretaría General de la Corte recibió un escrito
anónimo mediante el cual se solicita la “suspensión inmediata de los
términos para registrar y aprobar el fallo en el expediente RE0000333
(Constitucionalidad del Decreto Legislativo 806 de 2020), hasta que se haga el
respectivo nombramiento de Magistrado de periodo individual por el Congreso de
la República a partir de las ternas enviadas a dicha institución por mandato de
la Constitución Política y se materialice la posesión del aludido funcionario
en la plaza vacante de Magistratura del despacho en el que se encuentra el
expediente en mención”.
22.
La
Sala observa que la causal invocada para la suspensión no se encuentra dentro
de las previstas en el artículo 48 del Decreto 2067 de 1991. En consecuencia,
rechazará la solicitud por improcedente. Por lo demás, es preciso indicar que
el magistrado
que actúa en calidad de ponente fue elegido por la Sala Plena de la Corte en
ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 44 de la Ley 270 de 1996
para proveer el cargo de Magistrado (e), y debidamente posesionado ante el
Presidente de la República, en tanto el Senado de la República adelanta el
proceso necesario para suplir la vacante de forma permanente.
6.
Problema jurídico y metodología de la decisión
23.
Le corresponde
a la Corte decidir si el Decreto Legislativo 806
de 2020 cumple los requisitos formales y materiales previstos por la Constitución
Política, la LEEE y la jurisprudencia constitucional.
24.
Para
resolver este problema jurídico, la Sala Plena seguirá la siguiente
metodología. Primero, presentará la caracterización general de los estados de
excepción, en particular, del estado de emergencia económica, social y
ecológica. Segundo, reiterará la jurisprudencia constitucional sobre el alcance
del control de constitucionalidad en relación con los decretos legislativos de
desarrollo. Tercero, se referirá al estado de emergencia económica, social y
ecológica declarado mediante el Decreto 637 de 2020. Cuarto, resumirá las
acciones adoptadas en el curso de la emergencia sanitaria en relación con la
prestación del servicio de administración de justicia. Quinto, explicará el
contenido y alcance de las medidas adoptadas mediante el Decreto Legislativo
806 de 2020. Sexto, examinará el cumplimiento de los requisitos formales del
Decreto Legislativo sub examine. Finalmente, analizará si las medidas
adoptadas por la norma objeto de control cumplen con los requisitos materiales
de constitucionalidad.
7.
Caracterización general de los estados de
excepción, en particular, del Estado de emergencia económica, social y
ecológica
25.
La
Corte Constitucional ha definido la naturaleza y el alcance del estado de
emergencia económica, social y ecológica, previsto por el artículo 215 de la Constitución
Política. La jurisprudencia constitucional ha precisado las fuentes, criterios
y estándares que se deben tener en cuenta en el marco del control de
constitucionalidad de los decretos legislativos que dicta el Presidente de la
República. Con el propósito de aplicarlo en el control de constitucionalidad
del Decreto Legislativo 806 de 2020, a continuación, se reitera el precedente
sobre la materia.
26.
Los
artículos 212 a 215 de la Constitución Política regulan los tres tipos de
estados de excepción que puede declarar el Presidente de la República, con la
firma de todos los ministros: (i) Guerra Exterior, (ii) Conmoción
Interior y (iii) Emergencia Económica, Social y Ecológica. La regulación
constitucional y estatutaria de los estados de excepción se fundamenta en su carácter
reglado, excepcional y limitado. La Constitución prevé un
complejo sistema de controles con las finalidades de garantizar “el carácter
excepcionalísimo de las medidas de emergencia en Colombia”[11] y que “el
uso de estas herramientas sea una potestad reglada, […] sometida a las
disposiciones constitucionales, legales y del bloque de constitucionalidad”[12].
La naturaleza reglada, excepcional y limitada, de los estados de
excepción se garantiza por medio de su estricta regulación en la Constitución y
en la LEEE[13],
así como mediante sus especiales dispositivos de control político y judicial[14].
27.
La
Constitución Política dispone un complejo sistema de controles políticos
específicos para los estados de excepción, tales como (i) la
autorización del Senado para la declaratoria del Estado de Guerra Exterior; (ii)
el concepto favorable del Senado para la segunda prórroga del Estado de
Conmoción Interior; (iii) las reuniones del Congreso por derecho propio;
(iv) los informes que debe presentar el Gobierno Nacional al Congreso de
la República sobre su declaratoria y evolución; y, finalmente, (v) la
competencia del Congreso para declarar la responsabilidad política del
Presidente y de los ministros por la declaratoria del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica, sin la ocurrencia de los supuestos contemplados
en los preceptos constitucionales, o por el abuso en el ejercicio de las
facultades excepcionales.
28.
La
Constitución también prevé el control judicial, constitucional, automático e
integral de los decretos legislativos expedidos en el marco de los estados de
excepción, según lo dispuesto por sus artículos 212 a 215. Este control también
está regulado por los artículos 55 de la LEEE y 36 a 38 del Decreto 2067 de
1991.
29.
A la
luz del artículo 215 de la Constitución, el Estado de Emergencia podrá ser
declarado por el Presidente de la República y todos los ministros siempre que
sobrevengan hechos distintos a los previstos por los artículos 212 y 213 ibidem
que: (i) perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el
orden económico, social y ecológico del país, o que (ii) constituyan
grave calamidad pública[15].
30.
El
artículo 215 en cita prescribe, además, que el Estado de emergencia económica,
social y ecológica, solo puede declararse “por períodos hasta de treinta
días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año
calendario”. La misma disposición prevé que, en el marco del Estado de
Emergencia, los decretos legislativos tendrán fuerza de ley y deberán ser (i)
motivados, (ii) firmados por el Presidente y todos los ministros,
así como (iii) destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a
impedir la extensión de sus efectos. Asimismo, tales decretos (iv) deben
referirse a materias que tengan relación directa y específica con el Estado de
Emergencia y (v) podrán, de forma transitoria, crear nuevos tributos o
modificar los existentes, los cuales dejarán de regir al término de la
siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les
otorgue carácter permanente.
31.
Por
último, el referido artículo 215 prevé que el decreto que declare el Estado de emergencia
debe indicar el término dentro del cual el Presidente ejercerá las facultades
extraordinarias y convocar al Congreso, si este no se hallare en
funcionamiento, para que se reúna dentro de los diez días siguientes al
vencimiento de dicho término. Este mismo artículo instituye que, en el marco
del Estado de emergencia, el Congreso: (i) examinará, hasta por un lapso
de treinta días, prorrogable por acuerdo de las dos cámaras, el informe
motivado que presente el Gobierno sobre las causas que determinaron el Estado
de emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre la
conveniencia y la oportunidad de las mismas; (ii) podrá derogar,
modificar o adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas
materias que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno, así como ejercer
sus atribuciones constitucionales, y (iii) se reunirá por derecho
propio, si no fuere convocado por el Gobierno Nacional.
8.
Alcance del control de constitucionalidad en
relación con los decretos legislativos de desarrollo
32.
En
el Estado constitucional democrático los estados de excepción no pueden ser
omnímodos ni arbitrarios. El ordenamiento constitucional prevé una serie de
requisitos que deben cumplirse tanto en los decretos legislativos que declaran
el Estado de excepción, como en aquellos que prevén las medidas legales
extraordinarias para conjurar la crisis. La Corte debe analizar el
cumplimiento de tales requisitos para verificar la compatibilidad de aquellos con
la Constitución.
33.
La
Corte ha señalado que los requisitos mencionados se encuentran en tres fuentes
normativas concretas, las cuales constituyen parámetro de constitucionalidad: (i)
las disposiciones de la Constitución Política que regulan los estados de
excepción (arts. 212 a 215); (ii) la regulación prevista por la LEEE, y (iii)
las normas de derecho internacional de los derechos humanos que prevén
tanto los requisitos de declaratoria, como las garantías que no pueden ser
suspendidas en esas situaciones excepcionales (derechos intangibles)
(arts. 93.1 y 214 de la Constitución). La existencia de un régimen jurídico con
sujeción al cual se deben ejercer las competencias en el marco de un Estado de
excepción concreta el principio de legalidad que, como lo ha indicado esta Corte,
implica que: (i) el Gobierno debe actuar con sujeción a las normas
nacionales que rigen los estados de excepción y (ii) las suspensiones
extraordinarias de los derechos y libertades que tengan lugar en razón de la
crisis no deben ser incompatibles con las obligaciones del Estado y, en
particular, con aquellas derivadas del derecho internacional humanitario y del
derecho internacional de los derechos humanos.
34.
La
jurisprudencia de esta Corte ha señalado que el control de constitucionalidad
de los decretos expedidos al amparo del Estado de emergencia tiene dos facetas:
una formal y otra material. Este escrutinio tiene por objeto
asegurar que todos los límites previstos para el ejercicio de las facultades de
excepción sean debidamente respetados por el Gobierno Nacional.
35.
El examen
formal del decreto implica que la Corte verifique, en su orden, el
cumplimiento de tres requisitos básicos: (i) la suscripción por el
Presidente de la República y por todos sus ministros; (ii) la expedición
en desarrollo del Estado de excepción y durante el término de su vigencia, y (iii)
la existencia de motivación. Asimismo, en los casos en los cuales se
hubiere declarado el Estado de emergencia en solo una parte del territorio, la
Corte debe examinar que los decretos legislativos no la excedan.
36.
El examen
material comprende varios escrutinios que, como lo ha señalado la Corte,
son expresión de los principios que guían los Estados de excepción. En
particular, ha sostenido que los decretos legislativos deben superar los
siguientes juicios de constitucionalidad: (i) finalidad, (ii)
conexidad material, (iii) motivación suficiente, (iv) ausencia
de arbitrariedad, (v) intangibilidad, (vi) no
contradicción específica, (vii) incompatibilidad, (viii)
necesidad, (ix) proporcionalidad y (x) no discriminación.
El contenido de estos juicios se presentará en la sección correspondiente al
examen material de las medidas adoptadas mediante el Decreto Legislativo 806 de
2020.
9.
El Estado de emergencia económica, social y
ecológica declarado mediante el Decreto 637 de 2020 y su relación con el
Decreto Legislativo sub examine
37.
Declaratoria
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Mediante el Decreto
637 del 6 de mayo de 2020, el Presidente de la República y los ministros del
despacho declararon el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Asimismo, dispusieron que el Gobierno Nacional adoptaría, mediante decretos
legislativos: (i) las medidas anunciadas en su parte considerativa, y (ii)
“todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e
impedir la extensión de sus efectos, así mismo dispondrá de las operaciones
presupuestales necesarias para llevarlas a cabo”[16].
38.
Fundamentos
de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. El Presidente de la
República y los ministros del despacho fundamentaron la declaratoria del Estado
de emergencia económica, social y ecológica en presupuestos fácticos y
valorativos. Los presupuestos fácticos se refieren a razones de salud pública y
de estabilidad económica. Las primeras se sintetizan en: (i) la
existencia de la pandemia global de la COVID-19 y (ii) que el
comportamiento de este virus y sus proyecciones epidemiológicas son altamente
inciertas, razón por la cual no es posible prever, con precisión, cuánto durará
el distanciamiento social necesario para proteger la vida y la salud de las
personas que se encuentren en el territorio nacional. Por su parte, las razones
económicas se sintetizan en: (i) la caída sustancial del crecimiento
económico, (ii) la caída sustancial de la actividad comercial e industrial y
sus efectos y (iii) la disminución de los ingresos del Estado y el
aumento de los gastos requeridos para la atención de sus fines esenciales y
sociales.
39.
En
particular, para el análisis del Decreto Legislativo sub examine
resultan relevantes las razones de la declaratoria del Estado de emergencia relacionadas
con la necesidad de dar continuidad a la prestación de los servicios públicos
en condiciones seguras, entre las que sobresalen que: (i) “con el objeto
de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos será
necesario adoptar medidas para hacerla más eficiente y garantizar la
sostenibilidad de los procedimientos” y (ii) “con el propósito de
limitar las posibilidades de propagación del nuevo coronavirus Covid 19 y de
proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que los
atienden, se hace necesario expedir normas de orden legal que flexibilicen la
obligación de atención personalizada al usuario”.
40.
En
relación con los presupuestos valorativos, entre otros, el Gobierno Nacional
sostuvo que: (i) luego del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
declarado mediante el Decreto 417 de 2020 “los efectos [de la
pandemia] a la fecha han sido mucho más gravosos de lo que inicialmente
se podía prever”; (ii) que la pandemia ha tenido graves efectos en
el empleo y ha generado “una recesión económica pormenorizada y generalizada
a todos los colombianos en mayor o menor medida”; y (iii) “que
los efectos graves e inesperados de esta crisis, que empeora constantemente,
han lesionado de tal manera a todos los trabajadores de Colombia y a la capacidad
productiva del país que es incapaz de generar las condiciones para mantener el
empleo y todo de lo que ello deriva”. Por lo anterior, el Gobierno Nacional
insistió en la importancia de “que se adopten prontas medidas para conjurar
la crisis y evitar la extensión de sus efectos”.
41.
Declaratoria
de exequibilidad del Decreto 637 de 2020. Mediante la sentencia C-320 de 2020,
la Corte Constitucional declaró exequible el Decreto 637 de 2020. Además de
constatar el cumplimiento de los requisitos formales para la declaratoria del Estado
de emergencia, concluyó que había superado los juicios de: (i) realidad,
habida cuenta de que “la proyección del COVID-19 [… es] un asunto altamente
incierto”; (ii) identidad, por cuanto “dichos hechos corresponden a un estado de
emergencia económica, social y ecológica o grave calamidad pública, […]
y no a otro tipo de estado de excepción, como los previstos en los artículos
212 y 213 ibídem”; y (iii) sobreviniencia, porque “la crisis
generada por la pandemia COVID-19 tiene unas circunstancias que no pueden
enmarcarse dentro de […] las causas naturales y no naturales que generaron
todas las crisis anteriores en vigencia de la Constitución”.
42.
En
cuanto al presupuesto valorativo, la Corte resaltó que, con relación al
primer Estado de emergencia[17],
los antecedentes del Decreto 637 de 2020 evidencian que, por un lado, los hechos se han
agravado de manera rápida e inusitada[18],
y, por otro lado, a que han surgido nuevos hechos que no podían preverse al momento de la
primera declaratoria. Por lo tanto, la Corte concluyó que la valoración que
hizo el Gobierno para la expedición del Decreto 637 de 2020 no fue arbitraria
ni obedeció a un error manifiesto de apreciación, toda vez que, la gravedad de
la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 era aún mayor en todos los
ámbitos.
10.
Acciones adoptadas en el curso de la emergencia
sanitaria en relación con la prestación del servicio público de administración
de justicia
43.
En el marco de la emergencia
sanitaria declarada por el Ministro de Salud y Protección Social[19], en ejercicio de sus
funciones legales y en atención a los aislamientos ordenados para evitar la
propagación del virus[20],
el CSDJ adoptó múltiples medidas con el propósito de “controlar, prevenir y
mitigar la emergencia”[21],
“proteger la salud de los servidores judiciales, abogados y usuarios de la
Rama Judicial”[22]
y asegurar “la prestación del servicio mediante la adopción de protocolos de
bioseguridad y el uso de tecnologías y herramientas telemáticas”[23]. A continuación, se expondrán
de manera sucinta las decisiones del CSDJ, con el objetivo de contextualizar
las medidas del Decreto Legislativo sub examine.
44.
Suspensión
de términos. El
15[24] y el 16[25] de marzo de 2020, el
CSDJ ordenó la suspensión de términos judiciales en todo el país[26]. Esta fue
sucesivamente prorrogada[27],
conforme al desarrollo de la pandemia y a las medidas de aislamiento ordenadas
por el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales. La suspensión, en
general, se mantuvo hasta el 1 de julio de 2020.
45.
Excepciones
a la suspensión de términos. El CSDJ exceptuó de la suspensión de términos: (i) las
acciones de tutela, (ii) los habeas corpus, (iii) los
procesos penales de los juzgados de conocimiento que tuvieran pendientes
audiencias con personas privadas de la libertad y (iv) la función de
control de garantías[28].
Posteriormente, esas excepciones fueron ampliadas a otros procesos y
actuaciones como: (v) los procesos que adelanta la Corte Constitucional
para la revisión de la constitucionalidad de los decretos de desarrollo
proferidos por el Presidente de la República en desarrollo de los Estados de
emergencia social, económica y ecológica[29];
(vi) los procesos que adelante el Consejo de Estado para la revisión de
los decretos ordinarios expedidos en el marco del Estado de excepción[30]; (vii) otros
múltiples asuntos y actuaciones en materia penal relacionados con las
funciones de control de garantías[31],
de conocimiento[32]
y de ejecución de penas[33],
y (viii) los procesos y actuaciones en materia civil[34], de lo contencioso administrativo[35], de familia[36], laboral[37] y disciplinaria[38].
46.
Trabajo
en casa, asistencia a sedes judiciales y medidas de bioseguridad. El CSDJ ordenó a los
servidores de la Rama Judicial trabajar preferentemente en casa mediante el uso
de TIC[39],
con el objeto de continuar tramitando los procesos y actuaciones judiciales y
reducir el riesgo de contagio de la COVID-19. Asimismo, dispuso que la
prestación del servicio de administración de justicia de manera presencial
sería excepcional, para lo cual se implementarían medidas de bioseguridad. Para
el efecto, solo “podrán asistir como máximo el 20 % de los servidores
judiciales por cada despacho, secretaría, oficina, centro o dependencia en
general”[40]
y los Consejos Seccionales de la Judicatura deberán definir “horarios y
turnos de trabajo y de atención al público en cada uno de los distritos durante
la emergencia”[41].
Medidas ordenadas por el
CSDJ para la prestación del servicio durante la pandemia
Suspensión de términos judiciales.
Salvo las excepciones dispuestas en
los Acuerdos, los términos judiciales fueron suspendidos entre el 16
de marzo de 2020 y el 1 de julio de 2020.
Trabajo en casa y uso de las TIC
como regla general para el trámite de los procesos judiciales.
(i)
Regla
general de uso de TIC. Sin que hubiese supuesto modificaciones de orden legal o
modificaciones a los procesos existentes, se dispuesto que, por regla general, los
jueces y demás funcionarios judiciales utilizaran medios tecnológicos para realizar
sus actuaciones.
(ii)
Deberes
a cargo de los sujetos procesales y los abogados. Son deberes de (a) los sujetos procesales,
suministrar su dirección de correo electrónico y (b) de los abogados,
registrar y/o actualizar su cuenta de correo electrónico en el Registro
Nacional de Abogados.
(iii) Deberes a cargo de los
servidores judiciales. Sin que hubiesen supuesto modificaciones de orden legal, o
de variación de los procesos existentes, los servidores judiciales deberán: (a)
publicar en la página Web los canales de comunicación electrónica; (b)
publicar en el portal Web las notificaciones, comunicaciones y traslados,
y (c) actualizar los sistemas institucionales de información.
(iv)  Estrategias para el uso
efectivo y la implementación de TIC en los procesos judiciales. El CSDJ indicó que, (a)
diseñará el Plan de Digitalización de la Rama Judicial, (b)
prestará apoyo técnico, (c) hará capacitaciones a nivel nacional y
(d) implementará aplicativos para las tutelas y habeas corpus. Además,
indicó que había adquirido herramientas tecnológicas para el uso en los
despachos judicial.
Medidas de bioseguridad para la
prestación presencial del servicio
(i)
Solo
podrán asistir como máximo el 20 % de los servidores judiciales a las sedes
judiciales y habrá horarios y turnos de trabajo.
(ii)
Se
implementarán condiciones y protocolos de bioseguridad para el ingreso y
permanencia en las sedes judiciales, tanto de los servidores judiciales como
de los usuarios.
11.
Contenido y alcance de las medidas adoptadas
mediante el Decreto Legislativo 806 de 2020
47.
En el
marco del Estado de emergencia declarado mediante el Decreto 637 de 2020, el
Presidente de la República expidió el Decreto Legislativo 806 de 2020 “Por
el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y
las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos
judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia”.
48.
La emergencia económica
causada por la COVID-19 ha impactado gravemente la adecuada prestación del
servicio público de administración de justicia en Colombia y en el mundo. En
efecto, la OCDE reconoció que la pandemia ha afectado “la posibilidad de las
personas de acudir a la administración de justicia y recibir una respuesta
idónea y efectiva en un tiempo razonable”[42].
En Colombia, la pandemia ha (i) puesto en riesgo sanitario a los
servidores públicos de la Rama Judicial; (ii) limitado el goce y
ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia; (iii)
afectado la actividad económica y el derecho al trabajo de los abogados e
individuos cuyo sustento depende del funcionamiento de la administración de
justicia[43];
y (iv) agravado la congestión judicial.
49.
El
Decreto Legislativo 806 de 2020 fue expedido con el objeto de atender estas
problemáticas. Para el efecto, previó 16 artículos que pueden clasificarse en dos ejes
temáticos. El primer eje temático (arts. 1° - 4º) prevé las finalidades
específicas del Decreto sub examine, las reglas generales para la
implementación de las TIC en los procesos judiciales y los deberes de los
sujetos procesales y autoridades judiciales en relación con el uso de estas
tecnologías. El segundo eje temático (arts. 5° - 15°) instituye
modificaciones a los estatutos procesales ordinarios, en particular, a la
práctica y trámite de diversos actos procesales y actuaciones judiciales. A
continuación, la Corte describirá el alcance de cada una de estas medidas.
11.1
Primer eje temático – objeto
del Decreto, reglas generales para la implementación de las TIC y deberes
procesales (arts. 1º, 2º, 3º y 4º)
50.
Los
artículos 1°, 2º, 3º y 4º del Decreto 806 de 2020 prevén (i) el objeto
general de las medidas que integran el Decreto sub examine (art. 1°); (ii)
las reglas generales para la implementación de las TIC en los procesos
judiciales (arts. 1º y 2º); y (iii) los deberes
de los sujetos procesales y autoridades judiciales en relación con el uso de
estas tecnologías (arts. 3º y 4º). La duración de este grupo de medidas
está limitada, a su vez, por la vigencia del decreto, en los términos de su
artículo 16º.
i.
Objeto del Decreto
Legislativo (art. 1º)
51.
El artículo 1º regula las tres
finalidades específicas y transitorias que persigue el Decreto Legislativo sub
examine: (i) implementar el “uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales” (ii)
agilizar los procesos judiciales “ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral,
familia, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción
constitucional y disciplinaria, así como, las actuaciones de las autoridades
administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y en los procesos
arbitrales”;
y (iii) flexibilizar la atención presencial a los usuarios del servicio
de justicia para “contribuir a la pronta reactivación de las actividades
económicas que dependen de este”.
ii.
Reglas generales en la
implementación de las TIC (arts. 1º y 2º)
52.
Los
artículos 1° y 2º introducen cambios transitorios a la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia (LEAJ), CGP y CPACA respecto del uso de las TIC en
las actuaciones judiciales. Estas leyes disponen que, por regla general, los
procesos judiciales deben tramitarse de forma presencial. De la misma
forma, (i) habilitan el uso de las TIC en el trámite de estos
procesos; pero (ii) condicionan su uso a (a) la “plena
implementación del Plan de Justicia Digital”[44] por parte del CSDJ; (b)
la adopción de mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad de los
documentos[45]
o (c) la autorización previa del juez en la actuación judicial
respectiva[46].
53.
De
manera provisional, el Decreto Legislativo sub examine invierte la regla general
ordinaria descrita, de forma que el uso de TIC en el trámite de los procesos
judiciales es un deber general de los sujetos procesales y de las autoridades
judiciales y no una mera facultad, todo, durante el periodo de vigencia
limitado del decreto. Así, durante el término de vigencia del decreto (art. 16º),
prescribe que en todas las jurisdicciones[47]
las autoridades judiciales y los sujetos procesales “deberán utilizar las
tecnologías de la información y de las comunicaciones” en “todas las
actuaciones, audiencias y diligencias” de los “procesos judiciales y
actuaciones en curso” (art. 2º). Excepcionalmente, permite que los procesos
judiciales se tramiten de forma presencial si (i) los sujetos
procesales y la autoridad judicial “no [cuentan] con los medios tecnológicos
para cumplir con las medidas” o “no [es] necesario acudir
a aquellas” (parágrafo del art. 1º); y (ii) siempre que la
prestación del servicio se ajuste a las medidas sanitarias respectivas (parágrafo
del art. 1º)[48].
54.
De
otro lado, con la misma vocación temporal, el Decreto establece dos mandatos
generales para la implementación de las TIC en los procesos judiciales.
Primero, ordena adoptar “todas las medidas para garantizar el debido
proceso, la publicidad y el derecho de contradicción” en aquellos eventos en
que los procesos judiciales se tramiten de manera virtual (inciso 1 del art. 2º).
Para esto, exige a las autoridades judiciales (i) permitir a los sujetos
procesales actuar “a través de los medios digitales disponibles, evitando
exigir y cumplir formalidades presenciales o similares, que no sean
estrictamente necesarias” (inciso 2 del art. 2º)[49]; (ii) procurar
la “efectiva comunicación virtual con los usuarios de la administración de
justicia”[50]
y (iii) adoptar las medidas adecuadas “para que [los usuarios
de la administración de justicia] puedan conocer las decisiones y ejercer sus
derechos” (parágrafo 1 del art. 2º).
55.
Segundo,
prevé un mandato de protección efectiva, tendiente a garantizar los derechos al
debido proceso y el acceso a la administración de justicia de aquellas
poblaciones sujetas de especial protección constitucional, que tramitarán sus
procesos mediante el uso de TIC. Así, dispone que en su implementación las
autoridades públicas deberán prestar “especial atención” a la situación
de “las poblaciones rurales y remotas, así como a los grupos étnicos y
personas con discapacidad que enfrentan barreras para el acceso a las
tecnologías de la información y las comunicaciones” (inciso 4 del art. 2º).
Para esto, ordena que se apliquen “criterios de accesibilidad” y se
establezca si se requiere “algún ajuste razonable que garantice el derecho [de
estas poblaciones] a la administración de justicia en igualdad de condiciones
con las demás personas” (inciso 4 del art. 2º). Además, exige a los
municipios, personerías y otras entidades públicas que, en la medida de sus
posibilidades, faciliten “que los sujetos procesales puedan acceder en sus
sedes a las actuaciones virtuales” (parágrafo 2 del art. 2º).
iii.
Deberes de los sujetos
procesales y de las autoridades judiciales en la implementación de las TIC
(arts. 3º y 4º)
56.
De
manera transitoria, los artículos 3° y 4º imponen a los sujetos procesales y a las
autoridades judiciales 4 deberes generales en relación con el uso e
implementación de las TIC en el trámite de los procesos judiciales: (i) ejecutar
todas las actuaciones procesales “a través de medios tecnológicos”;
(ii) informar al juez y a los demás intervinientes del proceso sobre “los
canales digitales” elegidos para el trámite de las actuaciones procesales[51]; (iii) enviar
un ejemplar de “todos los memoriales o actuaciones que realicen”; y (iv)
proporcionar “por cualquier medio las piezas procesales que se encuentren en
su poder y se requieran para desarrollar la actuación subsiguiente”.
57.
El
siguiente cuadro sintetiza las medidas temporales del primer eje temático:
Medidas transitorias del
primer eje temático del Decreto Legislativo 806 de 2020
Artículo
1º
Finalidades específicas del
Decreto:
(i)
Implementar
el deber general de hacer uso de las TIC en las actuaciones judiciales;
(ii)
Agilizar
el trámite
de los procesos judiciales con el objetivo de contrarrestar el agravamiento
de la congestión judicial por la suspensión de términos y el incremento en la
conflictividad como resultado de la pandemia; y
(iii) Flexibilizar la atención presencial a los usuarios del
servicio de justicia para contribuir a la pronta reactivación de las
actividades económicas que dependen de este.
Artículos
1º y 2º
(i)
Reglas para la implementación de las TIC: los procesos judiciales deben
tramitarse de manera virtual mediante el uso de las TIC. El uso de las TIC
es un deber y no una facultad. Las actuaciones que se surtan por medios
virtuales se presumen auténticas. Durante la vigencia del decreto, el trámite
presencial se permite de manera excepcional.
(ii)
Mandatos generales para la implementación de las TIC. El Decreto prevé dos
mandatos o deberes generales: (a) adoptar todas las medidas para
garantizar el debido proceso cuando los procesos judiciales se tramiten de
manera virtual; (b) garantizar el derecho de acceso a la justicia de
aquellos individuos que aunque no tienen acceso a TIC, requieren condiciones
especiales que garanticen su acceso real, y no solo formal, a la
administración de justicia.
Artículos
3º y 4º
Deberes
de los sujetos procesales y de las autoridades judiciales:
(i)     Participar en las
actuaciones judiciales de manera virtual;
(ii)
Informar
al juez y a los demás intervinientes del proceso sobre “los canales
digitales” elegidos para efectos del proceso;
(iii)Enviar en formato digital los memoriales o actuaciones que
se realicen;
(iv) Proporcionar las piezas procesales
cuando no se tenga acceso al expediente.
11.2
Segundo eje temático – implementación de las
TIC y flexibilización de actuaciones judiciales y actos procesales (arts. 5º a
15º)
58.
Los
artículos 5° a 15º implementan medidas provisionales, tendientes
a lograr el efectivo uso de las TIC y a agilizar el trámite de
los procesos judiciales. Para ello, modifica de
manera transitoria y parcial: (i) el otorgamiento de poderes (art. 5º), (ii)
la presentación de la demanda (art. 6º), (iii) el trámite de las
audiencias (art. 7º); y (iv) los actos de notificación de providencias y
comunicación de oficios (arts. 8º, 9, 10º y 11º); (v) el trámite de las
excepciones previas y de la sentencia anticipada en los procesos ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo (arts. 12º y 13º); y (vi)
el trámite de la segunda instancia en los procesos civiles, de familia y
laboral (arts. 14º y 15º).
59.
Las medidas
previstas en estos artículos pueden clasificarse en dos grupos, en función de
las finalidades transitorias que persiguen. El primer grupo está
compuesto por aquellas medidas que implementan el uso obligatorio y preferente
de las TIC en el trámite de estos actos procesales y actuaciones judiciales con
el objeto de: (i) “evitar la presencialidad en los despachos
judiciales”[52] y, de esa forma, prevenir el contagio; y (ii)
reactivar las actividades económicas que dependen del funcionamiento de la Rama
Judicial. El segundo grupo, por su parte, se integra por aquellas
medidas que pretenden agilizar los procesos judiciales con el objeto de reducir
la congestión judicial que causó la pandemia y que “se incrementará una vez
se levanten la suspensión de términos judiciales”[53], y que serán exigibles
durante la vigencia provisional del decreto. Como a continuación se indica,
cada uno de los artículos que integra este segundo eje temático (arts. 5º a 15º)
prevé medidas relacionadas con ambos grupos de finalidades[54].
i.
Modificaciones
transitorias a las reglas ordinarias de otorgamiento de poderes especiales para
procesos judiciales (art. 5º)
60.
El
artículo 74 del CGP prescribe que los poderes especiales para procesos
judiciales “deberá[n] ser presentado[s] personalmente por el
poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario”. Adicionalmente,
dispone que “Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma
digital” (inciso 5).
61.
De
manera temporal,
el artículo 5º del Decreto sub examine establece que los poderes
especiales “se presumirán auténticos” y, por tanto, no requerirán de “ninguna
presentación personal o reconocimiento” (inciso 1 del art. 5º). Asimismo,
prescribe que estos podrán otorgarse “mediante mensaje de datos, sin
firma manuscrita o digital, con la sola antefirma” (inciso 1 del art.
5º, resalto fuera del texto original). De otro lado, para garantizar un mínimo
razonable de integridad y autenticidad prescribe que (i) en esos casos,
el poderdante deberá indicar expresamente “la dirección de correo
electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro
Nacional de Abogados” (inciso 2 del art. 5º); y (ii) los poderes
otorgados por personas inscritas en el registro mercantil “deberán ser
remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir
notificaciones judiciales” (inciso 3 del art. 5º).
ii.
Modificaciones provisionales
al trámite ordinario de la presentación de la demanda (art. 6º)
62.
El
artículo 89 del CGP exige que la demanda sea presentada físicamente “ante el secretario del
despacho judicial” junto con las copias físicas para el archivo del juzgado y el
traslado a las personas que corresponda[55].
Únicamente en aquellos despachos en donde se haya implementado el Plan de
Justicia Digital “no será necesario presentar copia física de la demanda”.
El demandante debe adjuntar la demanda “como mensaje de datos para el archivo
del juzgado y el traslado de los demandados”, salvo cuando el juez lo excuse del
cumplimiento de ese requisito en virtud de “las circunstancias particulares del
caso” (parágrafo del artículo en cita).
63.
El
artículo 6º del Decreto sub examine introduce tres modificaciones transitorias al régimen
de presentación de la demanda. Primero, elimina la presentación física de la
demanda y sus anexos (inciso 2 del art. 6º)[56].
Segundo, elimina la obligación de presentar copias físicas y electrónicas de la
demanda y de sus anexos (inciso 3 del art. 6º). Tercero, establece dos obligaciones
en cabeza del demandante cuyo incumplimiento da lugar a la inadmisión de la
demanda. De un lado, (i) exige que indique “el canal digital donde deben ser
notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos
y cualquier tercero que deba ser citado al proceso” (inciso 1 del art. 6º). De otro, (ii) al presentar la demanda o
el escrito que la subsana, debe enviar a los demandados una copia “por medio electrónico”. En estos eventos, “al admitirse la demanda la
notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado” (inciso 5 del art. 6º).
Si el demandante no conoce el canal digital de la parte demandada, al presentar
la demandada deberá acreditar “el envío físico de la misma con sus anexos” (inciso 4 del art. 6º).
iii.
Modificaciones
temporales al trámite de las audiencias judiciales (art. 7º)
64.
El artículo 7° del Decreto Legislativo sub examine implementa
modificaciones transitorias a la regulación de audiencias prevista en el CGP[57],
CPACA[58]
y Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social –en adelante CPTSS–[59].
Estas normas ordinares prescriben que, por regla general, las audiencias
judiciales (i) deben tramitarse de forma presencial y (ii)
requieren la presencia de todos los sujetos procesales y las autoridades
judiciales. En particular, el parágrafo 1 del artículo 107 del CGP dispone que
solo en aquellos eventos en que el juez dé su autorización, de manera
excepcional y por una causa justificada, los sujetos procesales pueden asistir
a las audiencias mediante videoconferencia, teleconferencia o
cualquier otro medio técnico. De otro lado, los artículos 36 y 107 ibidem
señalan que a las audiencias y diligencias que realicen los jueces colegiados
“deberán concurrir todos los magistrados que integran la Sala, so pena
de nulidad” (resalto fuera del texto original), salvo que “la ausencia
obedezca a un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito”, de lo
cual deberá dejarse constancia expresa en el acta de la audiencia.
65.
El artículo 7º del Decreto sub examine introduce tres cambios
provisionales al trámite ordinario de las audiencias judiciales: (i)
dispone que los jueces y autoridades procesales deberán, por regla general,
usar las TIC para el desarrollo de las audiencias de los respectivos procesos
(inciso 1 del art. 7º)[60];
(ii) permite a los jueces colegiados adelantar las audiencias con la presencia
de la mayoría de los miembros que integran la Sala y (iii) elimina
la exigencia de acreditar un evento de fuerza mayor para que uno de los integrantes
del cuerpo colegiado pueda excusarse.
iv.
Modificaciones temporales
al trámite ordinario de notificación personal (art. 8º)
66.
El
artículo 8º del Decreto Legislativo sub examine introduce modificaciones
transitorias al régimen ordinario de la notificación personal de providencias
judiciales, previsto por el CGP[61]
y CPACA[62].
67.
Régimen
ordinario de la notificación personal. La notificación personal tiene el
propósito de informar a los sujetos procesales, de forma directa y personal,
de las providencias judiciales[63]
o de la existencia de un proceso judicial[64]
mediante el envío de comunicaciones a sus direcciones físicas o electrónicas[65]. El artículo 291 del
CGP regula la forma en que la notificación personal debe practicarse. Así, su numeral
3 dispone que la parte interesada remitirá, por medio de servicio postal
autorizado, una comunicación de citación para notificación a quien deba ser
notificado[66].
En el caso de las personas naturales, la comunicación debe ser enviada “a cualquiera
de las direcciones que le hubieren sido informadas al juez de conocimiento”
o al correo electrónico cuando se conozca[67].
En el caso de las personas jurídicas de derecho privado o de las personas
naturales comerciantes, la “comunicación deberá remitirse a la dirección [física
o de correo electrónico] que aparezca registrada en la Cámara de Comercio […] correspondiente”
(inciso 2, numeral 3, del art. 291 del CGP). Después de que la comunicación
es enviada, si la persona a notificar comparece al juzgado, “se le pondrá en
conocimiento la providencia previa su identificación” (numeral 5 del art.
291 del CGP). Si la comunicación es devuelta con la anotación de que la
dirección no existe o que la persona no reside o no trabaja en el lugar, “se
procederá a su emplazamiento” a petición del interesado (numeral 4
art. 291 del CGP). Finalmente, si la comunicación es entregada, pero la persona
no comparece a notificarse dentro de la oportunidad señalada, “el
interesado procederá a practicar la notificación por aviso”. Al respecto,
el artículo 292 del CGP señala que el interesado deberá enviar un aviso al
sujeto a notificar[68],
por medio del servicio postal autorizado a la misma dirección a la que envió la
citación, mediante el cual se le informará sobre los datos generales del
proceso y de la providencia a notificar (inciso 1 del art. 292 del CGP[69]).
68.
La
notificación del auto admisorio y el mandamiento de pago a las personas jurídicas
de derecho público debe efectuarse mediante mensaje dirigido al buzón
electrónico para notificaciones judiciales dispuesto por la entidad para el
efecto[70].
69.
Modificaciones
transitorias al régimen ordinario de notificaciones personales. El artículo 8º del
Decreto sub examine introduce tres modificaciones transitorias al
régimen de notificación personal de providencias. Primero, permite que la
notificación personal se haga directamente mediante un mensaje de datos
y elimina transitoriamente (i) el envío de la citación para notificación
y (ii) la notificación por aviso (inciso 1 del art. 8º).
70.
Segundo, modifica las direcciones
a las cuales puede ser enviado el mensaje de datos para efectos de la
notificación personal. El mensaje de datos debe ser enviado “a la dirección
electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la
notificación” (inciso 1 del art. 8º), quien debe:
(i) afirmar bajo la gravedad de juramento “que la dirección
electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a
notificar”, (ii) “informar la forma como la obtuvo” y (iii)
presentar “las evidencias correspondientes”[71] (inciso 1 del art.
8º). Asimismo, prescribe que la autoridad judicial podrá solicitar “información
de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en
las Cámaras de Comercio, superintendencias, entidades públicas o privadas, o
utilizar aquellas que estén informadas en páginas Web o en redes sociales”
(parágrafo 2 del art. 8º). Por último, el Decreto establece que la notificación
personal se entenderá surtida “una vez transcurridos dos días hábiles
siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del
día siguiente al de la notificación” (inciso 2 del art. 8º).
71.
Tercero, el Decreto establece dos
medidas tendientes a garantizar el debido proceso y, en particular, a que la
persona a notificar reciba la providencia respectiva. De un lado, (i)
instituye que para efectos de verificar el recibo del mensaje de datos “se
podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los
correos electrónicos o mensajes de datos” (inciso 3 del art. 8º). De otro
lado, (ii) permite que la parte que se considere afectada por esta forma
de notificación solicite la nulidad de lo actuado[72], para lo cual debe
manifestar “bajo la gravedad del juramento […] que no se enteró de la
providencia” (inciso 5 del art. 8º). Por último, precisa que lo previsto en
este artículo se aplica a cualquier actuación o proceso (parágrafo 1 del art.
8º)[73].
v.
Modificaciones provisionales
a la notificación por estado y los traslados (art. 9º)
72.
La
notificación por estado es un mecanismo residual[74] de notificación
regulado en los artículos 295 del CGP y 201 del CPACA. Por regla general, el
estado debe fijarse físicamente “en un lugar visible de la Secretaría”[75] con “la firma del
Secretario”[76]
(art. 295 del CGP). Cuando “se cuente con los recursos técnicos los estados
se publicarán por mensaje de datos, caso en el cual no deberán imprimirse ni
firmarse por el Secretario” (ibidem)[77]. El artículo
110 del CGP regula la forma en que deben hacerse los traslados; prevé que (i)
los traslados fuera de audiencia deberán surtirse “en secretaría”[78] y (ii) por el
sistema de fijación en lista[79].
73.
El
artículo 9º del Decreto Legislativo sub examine introduce modificaciones
transitorias al régimen ordinario de notificaciones por estado y al trámite de
los traslados. Por regla general, durante el periodo de su vigencia, dispone
que las notificaciones por estado “se fijarán virtualmente”, con
inserción de la providencia (inciso 1 del art. 9º), salvo que se trate de “providencias
que decretan medidas cautelares o hagan mención a menores, o cuando la
autoridad judicial así lo disponga por estar sujetas a reserva legal”
(inciso 2 del art. 9º). También dispone que no es necesario imprimir ni firmar
los estados y tampoco “dejar constancia con firma al pie de la
providencia respectiva” (inciso 1 del art. 9º). Finalmente, prevé que los
estados virtuales deben conservarse “en línea para consulta permanente por
cualquier interesado” (inciso 4 del art. 9º).
74.
En
relación con los traslados, el artículo 9º del Decreto Legislativo sub
examine prescribe que aquellos que deban hacerse por “fuera de audiencia”
se surtirán de la misma forma que los estados. En este sentido, dispone que deben
(i) fijarse de manera virtual y (ii) conservarse en línea para su
revisión por cualquier interesado. Cuando una parte acredite haber enviado, por
un canal digital, copia del escrito del cual deba correrse traslado a los demás
sujetos procesales (i) “se prescindirá del traslado por secretaría”,
(ii) el traslado “se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles
siguientes al del envío del mensaje” y (iii) el término “empezará
a correr a partir del día siguiente” (parágrafo del art. 9º).
vi.
Modificación temporal de
la notificación por emplazamiento (art. 10º)
75.
El
artículo 108 del CGP exige que el emplazamiento a personas determinadas o
indeterminadas, con fines de notificación, se publique “por una sola vez en
un medio escrito de amplia circulación nacional o local, o en cualquier medio
masivo de comunicación”.
76.
El
artículo 10º del Decreto sub examine elimina la obligación de publicar los edictos emplazatorios
en un medio masivo y exige hacerlos “únicamente en el registro nacional de
personas emplazadas”.
vii.
Modificación transitoria
al trámite de envío de comunicaciones oficios y despachos (art. 11º)
77.
El
artículo 111 del CGP dispone que las autoridades judiciales “podrán”
remitir comunicaciones, oficios y despachos por “mensajes de datos” y
comunicarse con los sujetos procesales por “cualquier medio técnico”[80].
78.
Durante
la vigencia del Decreto Legislativo sub examine, su artículo 11º: (i) obliga a los
secretarios o funcionarios que hagan sus veces a remitir “comunicaciones,
oficios y despachos a cualquier destinatario […] mediante mensaje de
datos”[81]
y (ii) establece una presunción de autenticidad de las comunicaciones,
oficios y despachos que se surtan virtualmente “siempre que provengan del
correo electrónico oficial de la autoridad judicial”, por lo que el
secretario ya no tendrá que firmarlas.
viii.
Modificaciones provisionales
al trámite de las excepciones previas y mixtas ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo (art. 12º)
79.
El
artículo 180 del CPACA regula el trámite de las excepciones previas[82] y mixtas[83] en el proceso
contencioso administrativo. Dispone que vencido el término del traslado de la
demanda o de la de reconvención, el juez convocará a una audiencia inicial en
la que, entre otras, “resolverá sobre las excepciones” (inciso 6 del art.
180 del CPACA). Si la resolución sobre estas excepciones requiere la práctica
de pruebas “suspenderá la audiencia, hasta por el término de diez (10) días,
con el fin de recaudarlas”[84].
En caso que alguna de las excepciones prospere, el juez dará por terminado el
proceso[85].
80.
El
artículo 12º del Decreto Legislativo 806 de 2020 dispone que las excepciones
previas y mixtas se “decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y
102 del Código General del Proceso” (inciso 1 del art. 12º). Por tanto, la
disposición introduce tres cambios transitorios en la forma en que estas
excepciones se tramitan y deciden: (i) las excepciones previas y mixtas
se deben decidir antes de la audiencia inicial, de no requerirse la
práctica de pruebas[86];
(ii) estas excepciones deben resolverse, por regla general, con las
pruebas documentales aportadas por las partes[87]
y, (iii) de requerirse la práctica de pruebas, no es posible suspender
la audiencia inicial con el fin de recaudarlas, ya que el juez ha debido decretarlas
“en el auto que cita a la audiencia inicial”, y practicarlas “en
el curso” de esta (inciso 2 del art. 12º).
ix.
Implementación transitoria
de la sentencia anticipada en lo contencioso administrativo (art. 13º)
81.
El
CPACA no prevé la figura de la sentencia anticipada. Únicamente permite (i)
dictar sentencia antes de la audiencia inicial “en el evento de allanamiento”[88] y (ii) dictar
sentencia “dentro la audiencia inicial”, cuando el proceso verse sobre
asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas[89].
82.
El
artículo 13º del Decreto sub examine instituye una regulación integral,
sistemática y transitoria de la sentencia anticipada en el proceso contencioso
administrativo. Al respecto, prevé que el juez “deberá dictar sentencia
anticipada” en cuatro eventos (i) antes de la audiencia inicial,
cuando se trate de asuntos “de puro derecho o no fuere necesario practicar
pruebas”[90];
(ii) en cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados
“de común acuerdo lo soliciten” (numeral 2 del art. 13º); (iii)
en la segunda etapa del proceso –después de la audiencia inicial y hasta la
culminación de la audiencia de pruebas[91]–,
cuando el juez encuentre probada “la cosa juzgada, la transacción, la
conciliación, la caducidad, la prescripción extintiva y la falta de
legitimación en la causa” (numeral 2 del art. 13º)[92]; y (iv) en caso
de allanamiento .
x.
Modificaciones temporales
al trámite de apelación en los procesos civiles y de familia (art. 14º)
83.
El
artículo 327 del CGP –aplicable a los procesos civiles y de familia– dispone
que una vez admitido el recurso de apelación la sustentación y los
alegatos se oirán en la audiencia de sustentación y fallo. El juez, a
petición de parte o de oficio, podrá decretar pruebas[93]. Una vez ejecutoriado
el auto que admite la apelación, “el juez convocará a la audiencia de
sustentación y fallo”, en la que, de ser caso, practicará las pruebas, oirá
los alegatos de las partes y dictará sentencia.
84.
El
artículo 14º del Decreto Legislativo sub examine introduce tres cambios provisionales
al trámite del recurso de apelación en los casos en los que no sea necesario
practicar pruebas para resolverlo: (i) dispone que la sustentación y el
traslado se harán por escrito; (ii) elimina el deber de realizar la
audiencia de sustentación y fallo a la que se refiere el artículo 327 del CGP y
(iii) prescribe que el juez deberá proferir sentencia escrita.
xi.
Modificaciones transitorias
al recurso de apelación de autos y sentencias en materia laboral (art. 15º)
85.
Los
artículos 82 y 83 del CPTSS disponen que la apelación de autos y sentencias, y
el grado jurisdiccional de consulta deben resolverse oralmente en
audiencia, después de practicar las pruebas y oír las alegaciones de las partes[94].
86.
El
artículo 15º del Decreto Legislativo sub examine dispone de manera
transitoria que, en aquellos casos en los que no sea necesario practicar
pruebas para resolver los recursos, no deberá realizarse la audiencia a la que
se refiere el artículo 83 del CPTSS. En estos eventos, (i) las partes
deberán presentar sus alegatos por escrito y (ii) el juez proferirá la
sentencia o el auto también por escrito, y no en audiencia (incisos
1 y 3 del art. 15º).
87.
El
siguiente cuadro sintetiza las modificaciones transitorias introducidas por los
artículos 5º a 15º del Decreto Legislativo 806 de 2020 a las actuaciones
judiciales relacionadas con la práctica y trámite de actos procesales y
actuaciones judiciales:
Medidas temporales del segundo
eje temático del Decreto Legislativo 806 de 2020
Artículo
5°
Implementa
3 cambios a la forma en que se otorgan poderes especiales:
(i)
Establece
una presunción de autenticidad;
(ii)
Elimina
el requisito de presentación personal;
(i)
Los
poderes conferidos mediante mensaje de datos no requieren firma digital.
Artículo
6º.
Implementa
3 cambios para la presentación de la demanda:
(i)
Prescribe
que la demanda y sus anexos se presentarán mediante mensaje de datos. Elimina
la presentación física;
(ii)
Elimina
la obligación en cabeza del demandante de presentar copias físicas y
electrónicas de la demanda de y sus anexos;
(iii)      Prevé 2 deberes
procesales en cabeza del demandante, cuyo incumplimiento da lugar a la
inadmisión de la demanda: (a) indicar el canal digital donde deben ser notificadas las
partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier
tercero que deba ser citado al proceso; y (b) enviar copia de la demanda y sus
anexos a la demandada por medio electrónico.
Artículo
7º
Implementa
3 cambios al trámite de las audiencias judiciales:
(i)
Dispone
que los jueces y autoridades deberán, por regla general, usar las TIC para el
desarrollo de las audiencias de los respectivos procesos;
(ii)
Permite
a los jueces colegiados adelantar las audiencias con la presencia de la mayoría
de los miembros que integran la sala;
(iii)      Elimina la exigencia de
acreditar la existencia de un evento de fuerza mayor para que uno de los
miembros del cuerpo colegiado pueda excusarse.
Artículos
8º, 9º y 10º.
Implementan modificaciones a la
práctica de la notificación personal, por estado y por emplazamiento:
(i)
Notificación
personal. El
art. 8º: (a) permite que la notificación se haga directamente
mediante un mensaje de datos; (b) elimina de manera transitoria el
envío de la comunicación de citación para notificación y el trámite de la
notificación por aviso; (c) prescribe que el mensaje de datos para
fines de notificación personal debe ser enviado “a la dirección
electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la
notificación” y (d) permite que la parte que se considere afectada
por este sistema de notificación solicite la nulidad de lo actuado, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del CGP.
(ii)
Notificación
por estado y traslados. El art. 9º prevé que: (i) las notificaciones por
estado “se fijarán virtualmente”; (ii) no será necesario
imprimir ni firmar los estados y (iii) los traslados se surtirán de la
misma forma que los estados.
(iii)      Notificación por
emplazamiento.
El art. 10º elimina la posibilidad de que los edictos emplazatorios sean
publicados en un medio masivo escrito, por lo que “se harán
únicamente en el registro nacional de personas emplazadas”.
Artículo
11°
Implementa 2 cambios en el régimen
del envío de comunicaciones por medios técnicos:
(i)
Hace
imperativo (y no meramente facultativo) el uso de las TIC para la remisión de
comunicaciones, oficios y despachos por parte de los funcionarios judiciales;
y
(ii)
Presume
su autenticidad.
Artículo
12º
Implementa 2 cambios en el trámite
de las excepciones previas y mixtas en el CPACA:
(i)      Las excepciones previas
y mixtas se deben decidir antes de la audiencia inicial, con las
pruebas aportadas por las partes.
(ii)
No
es posible suspender la audiencia inicial con el fin de recaudar pruebas
adicionales para resolver estas excepciones. De requerirse la práctica de
pruebas adicionales, “el juzgador las decretará en el auto que cita a la
audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará”.
Artículo
13º
Instituye una regulación integral,
sistemática y transitoria de la sentencia anticipada en el proceso
contencioso administrativo. Ello implica que:
(i)      Es posible que el juez o
magistrado ponente adopte una “decisión por escrito, sin llevar a cabo ni
siquiera la audiencia inicial”.
(ii)
El
juzgador podrá dictar sentencia anticipada, además de los eventos reguladas
en el CPACA, (i) antes de la audiencia inicial, cuando se trate de
asuntos “de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas” y (ii)
en cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados “de
común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del
juez”.
Artículo
14º
Implementa
2 cambios en el trámite del recurso de apelación en materia civil y de
familia, en aquellos casos en los que no es necesario practicar pruebas:
(i)      Permite que el recurso
de apelación y la sentencia se tramiten por escrito; y
(ii)
Elimina
la realización de la audiencia de sustentación y fallo a la que se refiere el
art. 327 del CGP.
Artículo
15º
Implementa 2 cambios en el trámite
del recurso de apelación y consulta en materia laboral, en aquellos eventos
en los que no es necesario practicar pruebas:
(i)      No es necesario
realizar la audiencia de que trata el artículo 83 del CPTSS y, por lo tanto;
(ii)
Los
alegatos y la sentencia que resuelva el recurso se deben tramitar por escrito.
88.
Finalmente,
el artículo 16º dispone que el Decreto “estará vigente durante los dos (2)
años siguientes a partir de su expedición”. Por tanto, cualifica el
carácter transitorio de la totalidad de las medidas que implementa el Decreto
Legislativo sub examine.
12.
Examen formal del Decreto Legislativo 806 de
2020
89.
El Decreto
Legislativo 806 de 2020 cumple los requisitos formales exigidos para su
expedición. La Sala
Plena constata que el Decreto Legislativo sub examine satisface los
requisitos formales previstos por la Constitución Política y por
la LEEE para su expedición. En concreto, fue expedido por el Presidente de la
República con la firma de todos los ministros[95].
Además, fue proferido en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto
637 de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica en todo el territorio nacional” y durante su vigencia[96]. La Sala
también observa que el Decreto Legislativo sub judice cuenta con la
correspondiente motivación. Esto, por cuanto, en sus considerandos, el Gobierno
Nacional expuso las razones fácticas y jurídicas que
justifican la adopción de medidas transitorias para implementar el uso de las
TIC en el trámite de los procesos judiciales, para estipular ciertos deberes de los
sujetos procesales y autoridades judiciales en relación con el uso de estas
tecnologías y para modificar, con el mismo carácter temporal, los estatutos
procesales ordinarios en cuanto a la práctica y trámite de diversos actos
procesales y actuaciones judiciales. Por último, los efectos del Decreto Legislativo 806 se
extienden a todo el territorio nacional, de manera análoga al ámbito de cobertura
territorial del Decreto 637 de 2020.
13.
Examen material del Decreto Legislativo 806 de
2020
90.
El
examen material de la constitucionalidad de los decretos legislativos debe
llevarse a cabo a partir los juicios de (i) finalidad, (ii)
conexidad, (iii) motivación suficiente, (iv) incompatibilidad, (v)
necesidad, (vi) no discriminación, (vii) no contradicción
específica, (viii) proporcionalidad (ix) ausencia de
arbitrariedad e (x) intangibilidad.
91.
A
continuación, la Corte valorará si la totalidad de las medidas contenidas en el
Decreto Legislativo sub examine satisface cada uno de estos juicios. Sin
perjuicio de lo anterior, dada la extensión y especificidad de las medidas
adoptadas mediante este instrumento, en el análisis de los primeros cinco
juicios (finalidad, conexidad, motivación suficiente, incompatibilidad y
necesidad), la Sala examinará cada medida en el entendido que el Gobierno tiene
la carga de demostrar que en su adopción se ciñó estrictamente al margen que
conceden la Constitución y la LEEE para el ejercicio de la función legislativa
excepcional. En contraste, para el análisis de los siguientes cinco juicios (no
discriminación, no contradicción específica, proporcionalidad, ausencia de
arbitrariedad e intangibilidad) la Corte abordará problemas jurídicos puntuales
identificados por la Sala o propuestos por los intervinientes en relación con
medidas específicas, dado que estas regulan materias para las cuales la
Constitución reconoce un amplio margen de configuración al Legislador.
13.1   Juicio
de finalidad
i.
El juicio de finalidad
en la jurisprudencia constitucional
92.
El
artículo 10 de la LEEE[97]
prevé el juicio de finalidad[98].
De conformidad con este, toda medida contenida en los decretos legislativos de
desarrollo debe estar directa y específicamente encaminada a
enervar las causas de la perturbación o impedir la extensión o agravación de
sus efectos. La exigencia de finalidad requiere que las normas de excepción
estén dirigidas a solucionar problemáticas que tengan “una correspondencia
de causalidad inmediata y concreta con el asunto por el cual se declaró la
emergencia”[99].
Por ello, en principio, no pueden estar destinadas a (i) intervenir en
una “realidad anterior […] mucho más extensa que la que pueda
predicarse de los efectos colaterales”[100]
de la emergencia; (ii) mitigar un efecto colateral de la crisis que sea
“eventual”[101]
o “remoto, distante en el tiempo”[102];
o (iii) atender una “situación estructural previamente conocida”[103].
93.
No
obstante, la
Corte ha reconocido que es posible que una medida adoptada al amparo del estado
de emergencia atienda la dimensión estructural y la dimensión extraordinaria de
un mismo problema, “cuando la respuesta prevista para atender la coyuntura
aporta, al mismo tiempo, una solución definitiva”[104]. Así, el Gobierno
Nacional, como legislador extraordinario, está facultado para expedir medidas
de excepción que estén destinadas a mitigar la agravación extraordinaria
de una problemática estructural preexistente[105].
Esto, dado que “la agravación rápida e inusitada de un fenómeno ya existente
puede tener el carácter de sobreviniente y extraordinario, por ocurrir de
manera inopinada y anormal”[106].
En estos eventos, la Corte debe realizar una “constatación fáctica”[107] de la existencia del agravamiento
de la problemática estructural, como consecuencia del Estado de emergencia, de
tal forma que las medidas estén orientadas a conjurar la crisis y a impedir la
extensión de sus efectos[108]
–más que a resolver la crisis estructural– así la adopción de aquellas tenga
incidencia en esta[109].
Para ello, debe verificar que la evidencia aportada por el Gobierno o el “análisis
del contexto de la emergencia”[110]
demuestren, por lo menos de forma “sumaria”[111], que la emergencia
efectivamente generó la agravación de una problemática estructural que debe ser
atendida de forma urgente. Posteriormente, la Corte debe confirmar que la norma
de excepción esté exclusivamente[112]
encaminada a mitigar dicha agravación y, en este sentido, no tiene “un
alcance más amplio que el propio de los factores de la crisis”[113].
Por lo tanto, “las facultades propias del estado de
emergencia sólo pueden proyectarse en el ámbito de lo estructural, cuando se
acredite que ello es una condición necesaria de la atención inmediata de la
crisis. En caso contrario, esas proyecciones en el tiempo de los efectos de
la crisis deben atenderse empleando para ello los instrumentos ordinarios con
los que cuenta el Estado”[114].
ii.
Delimitación del asunto
objeto de revisión, problema jurídico y metodología de solución
94.
Algunos
intervinientes y el Procurador General de la Nación consideran que el Decreto
806 de 2020 no satisface el juicio de finalidad con fundamento en dos
argumentos generales[115].
De un lado, señalan que el Decreto Legislativo no está directamente encaminado
a enervar las causas de la perturbación. Por el contrario, busca solucionar
problemáticas estructurales del servicio de administración de justicia que eran
preexistentes a la declaratoria de emergencia, a saber: (i) la
congestión judicial y (ii) la implementación incompleta de las TIC por
parte del CSDJ[116]. De otro lado, sostienen que el Decreto Legislativo tiene
una vigencia de 2 años, que es superior al término de la emergencia sanitaria y
que, en particular, no está atado a la vigencia de las medidas de aislamiento[117].
95.
Le
corresponde a la Sala Plena resolver si el Decreto Legislativo 806 de 2020
satisface el juicio de finalidad, a pesar de que (i) adopta medidas
relacionadas con problemáticas estructurales de la administración de justicia
anteriores a la crisis y (ii) tiene un término de vigencia superior al
de la emergencia sanitaria.
(a) El Decreto 806 de 2020 supera el juicio de finalidad
96.
El
Decreto 806 de 2020 supera el juicio de finalidad porque implementa medidas temporales
que están directamente encaminadas a enervar las causas de la perturbación y a
impedir la agravación de sus efectos, específicamente, en la prestación
del servicio esencial de administración de justicia (apartes b y c infra).
De otro lado, instituye modificaciones transitorias a los estatutos procesales
que no tienen vocación de permanencia y no están dirigidas a implementar
soluciones generales y definitivas a la problemática estructural de la
congestión judicial. Por el contrario, el Decreto tiene una vigencia de 2 años,
que corresponde al tiempo en que el Gobierno Nacional razonablemente ha
previsto que las afectaciones extraordinarias a la prestación del
servicio de administración de justicia causadas por la pandemia se mantendrán (aparte
d infra).
(b) Las medidas del primer eje temático satisfacen el
juicio de finalidad
97.
Las
medidas del primer eje temático (arts. 1º – 4º) satisfacen el juicio de
finalidad porque están específica y directamente encaminadas a satisfacer dos
de las causas que dieron lugar a la declaratoria de emergencia, a saber: (i)
el incremento acelerado del contagio por la COVID-19 y (ii) los efectos
adversos que las medidas adoptadas para contener la pandemia, principalmente la
de aislamiento, han generado en la mayoría de los servicios públicos y en
algunas industrias y sectores económicos.
98.
La
Corte constata que el volumen de ciudadanos que acuden a la administración de
justicia para adelantar procesos judiciales de forma presencial genera un alto
riesgo de contagio para los usuarios y los servidores públicos de la Rama Judicial[118]. En este sentido, las
medidas que implementan el uso obligatorio y preferente de las TIC en el
trámite de los procesos judiciales están encaminadas a “reducir la presencia
física de funcionarios y sujetos procesales”[119] en los despachos,
para prevenir el contagio y garantizar el derecho a la salud. De la misma
forma, estas medidas pretenden contribuir a la reactivación del servicio público
de administración de justicia y de las actividades económicas asociadas al
mismo. En efecto, la pandemia y, en particular, las medidas de aislamiento
preventivo obligatorio y la suspensión de términos judiciales ordenada por el
CSDJ impidieron desarrollar la “actividad de defensa jurídica adelantada por
los abogados y sus dependientes”[120].
En estos términos, el establecimiento del deber de uso de las TIC en los
procesos judiciales está encaminado a garantizar la continuidad en la prestación
del servicio público de administración de justicia durante la pandemia, y de
esta forma contribuir a la “reactivación de las actividades económicas que
dependen de [su] funcionamiento”[121].
(c)  Las medidas del segundo eje temático satisfacen el
juicio de finalidad.
99.
Algunos
intervinientes y el Procurador General de la Nación consideran que las medidas
del segundo eje temático, especialmente, aquellas que están encaminadas a
agilizar los procesos judiciales y a mitigar la congestión judicial no
satisfacen el juicio de finalidad[122].
Al respecto, argumentan que (i) si el Decreto permite que los actos
procesales se tramiten virtualmente, estas medidas no contribuyen a prevenir el
contagio; (ii) la congestión judicial es un problema estructural
anterior a la pandemia y (iii) no existe evidencia alguna de que la
pandemia haya agravado la congestión judicial. Por lo tanto, concluyen que el
Gobierno no estaba facultado para expedir normas de excepción que modificaran
los estatutos procesales con el objeto de agilizar los procesos.
100.
La
Corte discrepa de la argumentación de los intervinientes por dos razones: (i)
existen elementos de juicio suficientes que permiten concluir que la pandemia
efectivamente agravó de forma extraordinaria la congestión judicial y (ii)
las medidas del segundo eje temático están directamente encaminadas a mitigar
esta agravación y prevenir el contagio de usuarios y funcionarios de la
administración de justicia. Por lo tanto, satisfacen el juicio de finalidad.
Estas dos tesis se fundamentan en las razones que siguen.
101.
Existen
elementos de juicio suficientes que permiten concluir que la pandemia
efectivamente agravó de forma extraordinaria la congestión judicial. La Sala reconoce que la
congestión judicial es una problemática estructural y endémica de la administración
de justicia. De la misma forma, advierte que el CSDJ informó que para el
mes de julio de 2020 no contaba con información estadística que le permitiera
valorar “la carga de procesos que se generó o que se incrementó como
consecuencia de la suspensión de términos y la cantidad de procesos que se
resolvieron”[123].
Sin embargo, un análisis del contexto de la emergencia, así como de la
información remitida por el Gobierno y los intervinientes, permite inferir
razonablemente que la pandemia, y las medidas para contenerla, sí agravaron de
forma extraordinaria la congestión judicial. Esto, porque (i) generaron un represamiento de demandas, solicitudes,
actuaciones y trámites; (ii) redujeron la eficiencia administrativa en
el trámite de los procesos y (iii) incrementaron la conflictividad
social.
102.
Primero,
la pandemia, la emergencia sanitaria y la suspensión de términos generaron un “represamiento
de los procesos judiciales”[124].
De acuerdo con la información remitida por la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y otros intervinientes, a pesar de los esfuerzos del CSDJ
por reactivar el servicio, la suspensión de términos generó un represamiento de
los procesos judiciales por las siguientes razones: (i) entre el 15 de
marzo[125]
y el 11 de abril de 2020 se produjo una interrupción abrupta y generalizada del
servicio de administración de justicia; (ii) durante este periodo muchos
ciudadanos no pudieron presentar demandas judiciales y (iii) a pesar del
levantamiento progresivo de la suspensión de términos en algunos procesos[126], muy pocas “actuaciones
[presenciales] pudieron adelantarse”[127]. Por ello, al 1 de
julio de 2020[128],
momento en que la suspensión de términos se levantó, existía “una gran
cantidad de procesos, solicitudes, denuncias, etc., que se encontraban
represadas como consecuencia del aislamiento”[129].
103.
Segundo,
la pandemia ha afectado la eficiencia administrativa en el trámite de los
procesos. De un lado, estas medidas afectan la celeridad de las actuaciones
judiciales presenciales. En efecto, el CSDJ informó que después de que
la suspensión de términos se levantó, ordenó que para prestar los servicios que
exijan presencialidad en las sedes judiciales, únicamente podrían asistir “como
máximo el 20% de los servidores judiciales por cada despacho”[130].
Naturalmente, el menor número de funcionarios que pueden atender actuaciones presenciales
reduce la celeridad en el trámite de los procesos.
104.
De
otro lado, a pesar de que el CSDJ ha tomado medidas tendientes a lograr la
implementación de las TIC, esta no es inmediata. Por el contrario, requiere de
un proceso de adaptación progresiva de parte de la administración, los usuarios
y funcionarios judiciales. En efecto, el CSDJ informó que al inicio de la
emergencia solo 16.500 usuarios contaban con correo institucional, y tomó 3
meses pasar a una cobertura de 31.500 usuarios; asimismo, reportó que no todos
los despachos cuentan con el expediente digital, lo cual dificulta el
trabajo remoto desde casa[131].
Por ello, a partir del 11 de abril de 2020 se implementó el “Plan de
digitalización de expedientes”, el cual se encuentra en la fase 2 de
implementación[132].
Asimismo, el CSDJ advirtió que algunos despachos presentan problemas de
conectividad en tanto “no hacen parte de la red WAN de la Rama Judicial”[133]. Naturalmente, estas
dificultades van a reducir la eficiencia y celeridad en la resolución de los
procesos que deban tramitarse de manera virtual.
105.
Tercero,
la pandemia y las medidas sanitarias de aislamiento aumentaron sustancialmente
los conflictos sociales; por tanto, es razonable inferir que en el corto
plazo se producirá un incremento en la litigiosidad y demanda de justicia,
en cada una de las jurisdicciones y especialidades. En particular, el Gobierno
informó que (i) en materia laboral, la pandemia generó múltiples
conflictos relacionados con “la suspensión y modificación de contratos
laborales y despidos injustificados”[134];
(ii) en lo contencioso administrativo, se prevé una mayor litigiosidad
asociada “con acciones populares por vulneración a derechos colectivos o
controversias contractuales por incumplimiento de contratos estatales”[135]; (iii) en
materia civil, se estima que se radicarán numerosas demandas “sobre
cumplimiento de contratos comerciales; y […] asuntos relacionados con el
derecho de sucesiones”[136];
y (iv) en materia de familia, el confinamiento incrementó la violencia
intrafamiliar[137],
lo que requiere de una respuesta inmediata de parte de los jueces de esta especialidad.
106.
En
estos términos, la Corte considera que existen elementos de juicio suficientes
que permiten concluir que la pandemia agravó y agravará significativamente
la problemática estructural de la congestión judicial. Por lo tanto, el
Gobierno nacional estaba facultado para expedir disposiciones excepcionales que
tuvieran como finalidad atender esta agravación. Además, era razonable que
adoptara medidas para anticiparse al aumento de la congestión judicial y
reducir su impacto.
107.
Las
medidas del segundo eje temático están directamente encaminadas a prevenir el
contagio por COVID-19 de usuarios y funcionarios de la administración de
justicia
y mitigar la agravación de la congestión judicial causada por la
pandemia. El segundo eje temático contiene dos grupos de medidas. El primer
grupo está compuesto por aquellas que implementan el uso obligatorio y
preferente de las TIC en la práctica y trámite de actos procesales y
actuaciones judiciales. Hacen parte del segundo grupo las medidas que
tienen como finalidad simplificar el trámite de estos actos procesales y
actuaciones judiciales, con el objeto de agilizar los procesos y, de esta forma,
mitigar la congestión judicial. A diferencia de lo que afirman los
intervinientes, la Corte considera que ambos grupos de medidas satisfacen el
juicio de finalidad.
108.
De un
lado, las medidas del primer grupo satisfacen el juicio de finalidad porque, se
reitera, la implementación del uso obligatorio y preferente de las TIC en la
práctica y trámite de estos actos procesales y actuaciones judiciales está
directamente encaminada a: (i) “evitar la presencialidad en los
despachos judiciales”[138]
y de esa forma prevenir el contagio; y (ii) reactivar la actividad
económica de las actividades que dependen del funcionamiento de la Rama Judicial.
En efecto, los artículos 5º a 11º eliminan los siguientes requisitos con el
objeto de reducir la presencialidad en el trámite de los procesos judiciales: (a)
la presentación personal para otorgar el poder especial, (b) la
presentación física de la demanda, (c) el envío físico de la citación
para notificación y el aviso, (d) la fijación de los estados en medio
físico y con la firma del secretario, (e) la realización de audiencias presenciales
o virtuales con todos los miembros del cuerpo colegiado y (f) el
envío físico de comunicaciones, oficios y despachos. Asimismo, los artículos
12° y 13º permiten terminar los procesos que se tramitan ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo antes de la celebración de la primera
audiencia. Finalmente, los artículos 14º y 15º disponen que la segunda
instancia de los procesos laborales se podrá resolver por escrito, sin
necesidad de llevar a cabo la audiencia de sustentación y fallo. En estos
términos, la Corte constata que estas medidas buscan evitar el desplazamiento
de los usuarios y funcionarios de la administración de justicia a los despachos
judiciales y notarías y, de esta forma, proteger su salud.
109.
De
otro lado, las medidas del segundo grupo satisfacen el juicio de finalidad porque
buscan simplificar y agilizar el trámite de los procesos y, de esta forma,
están directamente encaminadas a reducir la agravación de la congestión
judicial que causó la pandemia. Para la Sala, la mitigación de la agravación de
la congestión judicial es una finalidad legítima e independiente a la
prevención del contagio, que razonablemente se logra con la implementación de
las medidas de este segundo grupo de disposiciones. Por lo tanto, aun en
aquellos eventos en que el proceso se tramita de manera virtual, este grupo de
medidas satisface el juicio de finalidad.
110.
Con
fundamento en estas consideraciones, la Corte concluye que el Decreto 806 de
2020 satisface el juicio de finalidad.
(d) Las medidas previstas en el Decreto no
tienen vocación de permanencia y no buscan adoptar soluciones generales a
problemáticas estructurales de la administración de justicia
111.
El
artículo 16º dispone que el Decreto “estará vigente durante los dos (2) años
siguientes a partir de su expedición”, es decir, hasta el 4 de junio de
2022. Algunos intervinientes consideran que el término de vigencia del Decreto
Legislativo desconoce la exigencia de finalidad, en tanto es superior al de la
emergencia sanitaria y no está atado a la vigencia de las medidas de
aislamiento[139].
En su criterio, no es posible que una norma de excepción modifique normas
procesales ordinarias “con larga data, pues el diseño constitucional
claramente indica que la temporalidad se condiciona a que las normas especiales
que se expiden, […] solo deben tener vigencia y aplicación para conjurar la
crisis e impedir la extensión de sus efectos”[140].
112.
La
Corte discrepa de la posición de los intervinientes. La Sala advierte que no es
posible prever con exactitud el tiempo durante el cual la pandemia y las
medidas para contenerla van a afectar la prestación del servicio de
administración de justicia o en qué medida impactarán la congestión judicial
que antes existía. En efecto, en la sentencia C-307 de 2020 esta Corte reconoció
que el comportamiento del virus es altamente incierto, por lo que no es posible
determinar con certeza (i) su efecto epidemiológico y (ii)
consecuentemente, el tiempo durante el cual se van a mantener las medidas
sanitarias. En particular, es posible que un incremento en la cifra de
contagios en los próximos años pueda obligar a nuevos confinamientos. Además,
no es posible precisar con exactitud milimétrica en qué porcentaje habrá
aumentado la congestión judicial como consecuencia de las medidas de
aislamiento social, ni en cuánto se incrementará, aún más, como consecuencia de
la situación de esta “nueva normalidad”. En este escenario de
incertidumbre, la Corte considera que el término de vigencia de dos años del
Decreto sub examine es razonable y satisface el juicio de finalidad por
tres razones.
113.
Primero,
el término de dos años de vigencia del Decreto demuestra que sus medidas no
tienen vocación de permanencia y no pretenden adoptar soluciones definitivas a (i)
la congestión judicial y (ii) a la falta de implementación del Plan de
Justicia Digital. Por el contrario, están directamente encaminadas a atender
transitoriamente las afectaciones extraordinarias que la pandemia ha causado en
la prestación del servicio público de administración de justicia[141].
114.
Segundo,
el término de vigencia del Decreto está atado al tiempo durante el cual el
Gobierno ha estimado de manera razonable que las afectaciones a la
administración de justicia se pueden mantener. En efecto, el Ministerio de
Justicia informó que se espera que en los próximos dos años la enfermedad “sea
superada o existan muy bajos niveles de contagio”[142]. Las
afectaciones de la administración de justicia dependen en gran medida de los
niveles de contagio y de las medidas que se han adoptado y se adopten para
contener un eventual incremento. En efecto, el elevado contagio pone en riesgo
sanitario a los funcionarios y usuarios de la administración de justicia y las
medidas de confinamiento dificultan la prestación del servicio y agravan la
congestión judicial. En estos términos, la Corte encuentra que es “prudencial”[143]
y “razonable”[144]
que el Gobierno haya fijado la vigencia de las medidas del Decreto Legislativo
en función del tiempo en el que se espera que la pandemia se haya superado o
existan bajos niveles de contagio. Esta valoración es acorde con una visión
protectora del derecho a la salud de los usuarios y de los funcionarios de la
administración de justicia, contribuye a que la justicia pueda “seguir
funciona[ndo]”, garantiza el derecho de acceso a la administración
de justicia y permite que “la actividad económica de quienes dependen de [ella]”[145]
se mantenga activa.
115.
Tercero,
el término de vigencia otorga seguridad jurídica a los servidores, usuarios y
litigantes, quienes sabrán que “los procesos se adelantarán con fundamento
en unas reglas de procedimiento prestablecidas que no serán cambiadas de forma
súbita”[146].
En este sentido, la Corte encuentra razonable y proporcionado que el tiempo
de vigencia de las medidas no esté atado al de la emergencia sanitaria, pues
ello supondría que las reglas para tramitar los procesos podrían cambiar
repentinamente cada vez que sea necesario decretar un nuevo confinamiento, sin
un horizonte temporal claro para la vigencia de medidas procesales, que exigen
un alto estándar de certeza. Lo anterior, dificultaría el trámite de los procesos
y podría vulnerar el derecho al debido proceso de los sujetos procesales.
116.
En
síntesis, la Corte concluye que el Decreto 806 de 2020 satisface el juicio de
finalidad porque adopta medidas que no tienen vocación de permanencia y no
pretenden adoptar soluciones definitivas a la congestión judicial y a la
deficiente implementación de las TIC en los procesos judiciales. Por el
contrario, las medidas excepcionales tienen una aplicación transitoria y
están encaminadas directa y específicamente a: (i) prevenir el contagio
por COVID-19 de los usuarios y funcionarios de la administración de justicia,
mientras el riesgo sanitario se mantenga; (ii) garantizar la continuidad
del servicio de administración de justicia, y de esta forma reactivar la
actividad económica de abogados y litigantes y (iii) mitigar la
agravación extraordinaria de la congestión judicial que han causado las
medidas para contener la pandemia y superar la crisis.
13.2   Juicio de conexidad material
i.
El juicio de conexidad
material en la jurisprudencia constitucional
117.
El
juicio de conexidad material está previsto por los artículos 215 de la Constitución
Política[147]
y 47 de la LEEE[148].
A partir de este juicio se valora si las medidas adoptadas en el decreto
legislativo guardan relación con las causas que dieron lugar a la declaratoria
del estado de excepción. La conexidad debe ser evaluada desde dos puntos de
vista: (ii) externo, es decir, el vínculo entre las medidas de
excepción y los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de
emergencia[149];
y (ii) interno, esto es, la relación entre las medidas adoptadas
y las consideraciones expresadas por el Gobierno Nacional para motivar el
decreto de desarrollo correspondiente[150].
ii.
Delimitación del objeto
de revisión
118.
Algunos
intervinientes y el Procurador General de la Nación consideran que las medidas
del segundo eje temático encaminadas a agilizar los procesos y mitigar
la congestión judicial no satisfacen el juicio de conexidad material externa. Lo
anterior, en tanto estas normas (i) implican “verdaderas
modificaciones a etapas procesales fijadas en la legislación, o a los aspectos
centrales que las constituyen”[151];
y (ii) no tienen ningún vínculo con la emergencia, ya que la congestión
judicial es una situación prexistente y, por lo tanto, la finalidad de estas
medidas “remite a hechos que no se originan en la pandemia”[152]. En este sentido,
solicitan declarar la “inexequibilidad de los artículos 6 (incisos 3, 4 y
5), 7 (parágrafo), 8 (incisos 3 y 5, y parágrafo 1), 9, 10, y 12 a 15”[153].
119.
En
este apartado le corresponde a la Sala Plena resolver si el Decreto Legislativo
806 de 2020 satisface el juicio de conexidad material, a pesar de que algunas
de sus medidas introducen modificaciones a los estatutos procesales ordinarios,
con el objeto de agilizar los procesos y mitigar la congestión judicial.
120.
De
manera preliminar, advierte
la Sala que los argumentos de los intervinientes tendientes a demostrar que las
medidas para agilizar los procesos son inconstitucionales, en tanto la
congestión judicial es una problemática estructural anterior a la pandemia,
fueron resueltos al analizar el juicio de finalidad. De otra parte, los
cuestionamientos puntuales acerca de la utilidad de algunas de las medidas del segundo
eje temático serán analizadas, en detalle, al valorar la necesidad fáctica
y jurídica de cada uno de los artículos del decreto (sección 13.5 infra).
Por lo tanto, a continuación, la Corte se limitará a verificar si las medidas
previstas en cada uno de los ejes temáticos en los que se han dividido, para
efectos metodológicos, las disposiciones del decreto, tienen una relación
directa con las causas que motivaron la declaratoria de emergencia (conexidad
externa) y la parte motiva del Decreto sub examine (conexidad
interna).
iii.
El Decreto Legislativo 806
de 2020 satisface el juicio de conexidad
121.
El
Decreto Legislativo 806 de 2020 satisface el juicio de conexidad material externa
e interna en tanto las medidas de excepción previstas en la parte
resolutiva están directamente relacionadas con su parte motiva y con las causas
que dieron lugar a expedir el Decreto 637 de 2020.
122.
En el
Decreto 637 de 2020 el Gobierno Nacional indicó que las medidas de
distanciamiento social y confinamiento, necesarias para superar la pandemia,
han tenido una “duración e impactos económicos y sociales mayores a lo
inicialmente previsto”. De la misma forma, se sostuvo que han generado
una “disminución significativa en la actividad económica del país”
y están afectando “especialmente a los sectores de la economía
que, por su naturaleza, deben permanecer completamente cerrados”. Así,
anunció que “con el propósito de limitar las posibilidades de propagación
del nuevo coronavirus Covid 19 y de proteger la salud del público en general y
de los servidores públicos que los atienden” era necesario tomar medidas
legales que permitieran flexibilizar “la obligación de atención
personalizada” y garantizar “la continuidad en la prestación de los
servicios públicos”. Igualmente, señaló que dadas las afectaciones
sanitarias y económicas que la pandemia ha causado a los servicios públicos,
era necesario tomar medidas que (i) generaran “eficiencia
administrativa en el sector público” y (ii) permitieran “establecer
mecanismos de priorización, ajuste y racionalización de los trámites y procesos”.
123.
El
Decreto Legislativo 806 de 2020 busca materializar las medidas tendientes a
flexibilizar la atención personalizada y eficiencia administrativa, anunciadas
en el Decreto 637 de 2020, específicamente relacionadas con la prestación del
servicio público de administración de justicia. En este sentido, en los
considerandos del Decreto 806 de 2020, el Gobierno hizo referencia específica a
la necesidad de reanudar “la prestación del servicio esencial de la justicia”[154]
con el propósito de “evitar la propagación de los graves efectos sociales y
económicos que está generando su cierre parcial”[155].
Igualmente, indicó que se requería flexibilizar la atención “presencial”
a los usuarios de los servicios de justicia[156],
garantizar el derecho a la salud[157]
y al trabajo[158],
tanto de “los usuarios de la justicia [como] de los
servidores judiciales”[159],
y reactivar las actividades económicas “que dependen [de su
funcionamiento], tales como la representación judicial que ejercen los abogados
litigantes y sus dependientes”[160].
A dichos efectos, afirmó que debía crearse un marco normativo[161]
que implementara el “uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en el trámite de los procesos judiciales”[162], como regla
general[163].
Igualmente, el Gobierno indicó que (i) “muchas de las disposiciones
procesales impiden el trámite de algunas actuaciones de manera virtual”[164]
y (ii) por tanto, era necesario y urgente “crear disposiciones
que agilicen el trámite de los procesos judiciales y permitan la participación
de todos los sujetos procesales, contrarrestando la congestión judicial”[165].
124.
Las
medidas previstas en la parte resolutiva del Decreto sub examine tienen
un vínculo directo con las consideraciones del Decreto 637 de 2020 (conexidad
externa) y la parte motiva del Decreto Legislativo 806 de 2020 (conexidad
interna). En efecto, las medidas previstas en el primer eje temático
que implementan el uso obligatorio de las TIC en el trámite de los procesos
judiciales desarrollan el mandato de flexibilización de atención personalizada
a los usuarios del servicio público de administración de justicia. Asimismo,
tienen una relación directa con la reactivación económica, en tanto permiten
que los abogados y litigantes puedan retomar su actividad de defensa judicial
sin necesidad de exponerse al contagio por COVID-19. Este efecto económico
positivo no se restringe únicamente al sector de abogados litigantes, ya que la
operación normal del servicio de administración de justicia contribuye al
crecimiento económico y puede ser una herramienta clave en la recuperación de
la crisis[166]. Por su parte, las
medidas del segundo eje temático, que buscan simplificar el trámite de
algunas actuaciones judiciales, están directamente relacionadas con la
necesidad de lograr eficiencia administrativa, racionalizar los procesos y, en
particular, mitigar el agravamiento de la congestión judicial en el país como consecuencia
de la pandemia.
125.
El
siguiente cuadro sintetiza la relación de conexidad que las medidas del segundo
eje temático tienen con las finalidades específicas del Decreto Legislativo
806 de 2020 y las causas que dieron lugar a la declaratoria de la emergencia,
mediante el Decreto 637 de 2020.
Artículo
Medida
Finalidades
del Decreto 806 de 2020
Causa
o efecto de la emergencia que la medida pretende enervar o mitigar
Art.
5º
Los
poderes especiales podrán conferirse mediante mensaje de datos, con la sola
antefirma.
Implementar
el uso de TIC.
Reducir
el riesgo de contagio.
Los
poderes especiales se presumen auténticos.
Agilizar
trámites para mitigar congestión.
Racionalizar
trámites y procesos.
Art.
6º
La
demanda y anexos se presentarán mediante mensaje de datos. Se elimina la
presentación física.
Implementar
el uso de TIC.
Reducir
el riesgo de contagio.
Flexibilizar
la obligación de atención personalizada.
El
demandante tiene la obligación de indicar el canal digital donde deben ser
notificadas las partes, representantes y apoderados, testigos, peritos y
cualquier tercero.
Agilizar
el trámite de la presentación de la demanda y la posterior notificación del
auto admisorio al demandado para mitigar agravamiento de congestión.
Racionalizar
trámites y procesos.
El
demandante tiene la obligación de enviar, por medio electrónico, copia de la
demanda y sus anexos a la parte demandada
Flexibilizar
la obligación de atención personalizada.
Art.
7º
Las
audiencias deberán hacerse, por regla general, mediante el uso de TIC.
Implementar
el uso de TIC.
Reducir
el riesgo de contagio.
Flexibilizar
la obligación de atención personalizada.
Los
jueces colegiados podrán adelantar las audiencias con la presencia de la
mayoría de los miembros que integran la Sala.
Agilizar
el trámite de audiencias para mitigar agravamiento de congestión.
Racionalizar
trámites y procesos.
Art.
8º
La
notificación personal se hará directamente mediante un mensaje de
datos.
Implementar
el uso de TIC.
Reducir
el riesgo de contagio.
Flexibilizar
la obligación de atención personalizada.
Elimina
transitoriamente el envío de la comunicación de citación para notificación y
el trámite de notificación por aviso.
Agilizar
el trámite de la notificación personal, para mitigar el agravamiento de la
congestión.
Racionalizar
trámites y procesos.
El
mensaje de datos para la notificación personal deberá ser enviado a la
dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice
la notificación.
Implementar
el uso de TIC.
Reducir
el riesgo de contagio.
Art.
9º
Las
notificaciones por estado y los traslados se fijarán virtualmente.
Implementar
el uso de TIC.
Reducir
el riesgo de contagio.
Flexibilizar
la obligación de atención personalizada.
No
será necesario imprimir o firmar los estados y traslados.
Agilizar
el trámite para mitigar el agravamiento de la congestión.
Racionalizar
trámites y procesos.
Art.
10º
Los
edictos emplazatorios no tendrán que publicarse en un medio masivo escrito, por lo que se harán únicamente en
el registro nacional de personas emplazadas.
Implementar
el uso de TIC.
Reducir el riesgo de contagio.
Agilizar
el trámite para mitigar el agravamiento de la congestión.
Racionalizar trámites y procesos.
Art.
11º
Es
imperativo el uso de las TIC para la remisión de comunicaciones, oficios y
despachos
Implementar
el uso de TIC.
Reducir el riesgo de contagio.
Agilizar
el envío de las comunicaciones para mitigar el agravamiento de la congestión.
Flexibilizar obligación de atención
personalizada.
Art.
12º
Las
excepciones previas y mixtas se decidirán antes de la audiencia
inicial con las pruebas documentales aportadas por las partes.
Reducir
audiencias en procesos presenciales.
Agilizar
el trámite y la resolución de las excepciones previas para mitigar el agravamiento
de la congestión.
Reducir el riesgo de contagio.
Racionalizar
trámites y procesos.
Flexibilizar
la obligación de atención personalizada.
En
los casos en los que haya que practicar pruebas no será posible suspender la
audiencia inicial con el fin de recaudarlas, pues estas se deben decretar en
el auto que cita a la audiencia y practicarse en la misma.
Art.
13º
Es
posible que el juez dicte sentencia anticipada cuando se configure cualquiera
de las 4 causales, lo que implica la adopción de una “decisión por
escrito, sin llevar a cabo ni siquiera la audiencia inicial”.
Reducir
audiencias en procesos presenciales.
Agilizar
las decisiones de fondo para mitigar el agravamiento de la congestión.
Reducir el riesgo de contagio.
Racionalizar
trámites y procesos.
Flexibilizar
la obligación de atención personalizada.
Art.
14º
En
aquellos casos en los que no se decretan pruebas, el recurso de apelación, la
sustentación y la sentencia se tramitarán por escrito, sin la
realización de la audiencia de sustentación y fallo.
Reducir
audiencias en procesos presenciales.
Agilizar
el trámite de la segunda instancia para mitigar el agravamiento de la congestión.
Reducir el riesgo de contagio.
Racionalizar
trámites y procesos.
Flexibilizar
la obligación de atención personalizada.
Art.
15º
En
aquellos casos en los que no se decretan pruebas, no será necesario realizar
la audiencia de la que trata el artículo 83 del CPTSS; por tanto, los
alegatos y la sentencia se tramitarán por escrito.
Reducir
audiencias en procesos presenciales.
Agilizar
el trámite de la segunda instancia para mitigar el agravamiento de la congestión.
Reducir el riesgo de contagio.
Racionalizar
trámites y procesos.
Flexibilizar
la obligación de atención personalizada.
126.
En el
caso sub judice, el juicio de conexidad material exige que las
modificaciones a los estatutos procesales, con el propósito de contribuir a
agilizar los procesos, sean únicamente aquellas directamente
relacionadas con la afectación que la emergencia haya causado a la prestación
del servicio de administración de justicia. En este caso, a diferencia de lo
que afirman los intervinientes, la Sala Plena considera que todas las
modificaciones a los estatutos procesales previstas en el segundo eje
temático guardan una relación directa con las causas que dieron lugar a
declarar la emergencia y buscan mitigar la agravación de sus efectos en la
prestación del servicio público de administración de justicia. En efecto, los
artículos 5º a 15º del Decreto sub examine únicamente eliminan etapas
procesales o requisitos formales que ralentizaban el trámite de los procesos o
que suponían la realización de trámites presenciales y, por tanto, implicaban
un riesgo de contagio o un agravamiento de la congestión judicial. Por ello,
satisfacen el juicio de conexidad material.
127.
Con
fundamento en estas consideraciones, la Corte concluye que el Decreto 806 de
2020 satisface el juicio de conexidad material.
13.3   Juicio
de motivación suficiente
i.
El juicio de motivación
suficiente en la jurisprudencia constitucional
128.
En el
juicio de motivación suficiente[167],
la Corte determina si, el decreto sub examine contiene consideraciones y
el Presidente ha presentado razones suficientes para justificar las medidas
adoptadas[168].
La motivación es exigible frente a cualquier tipo de medida[169]. Sin
embargo, la jurisprudencia constitucional ha precisado que existen tres niveles
de intensidad en el juicio de motivación suficiente, que se determinan según el
contenido de la medida objeto de análisis[170].
Primero, el juicio de intensidad estricta, que se aplica para las
medidas que limitan derechos constitucionales[171]; este exige
que Gobierno Nacional explique de manera detallada las razones que justifican la
limitación. Segundo, el juicio de intensidad intermedia, aplicable
cuando “la medida adoptada no limita derechos”[172]; se
satisface si el Gobierno Nacional “expresa al menos un motivo que la
justifique”[173].
Tercero, el juicio de intensidad leve, para aquellas
medidas meramente instrumentales y operativas; exige que el Gobierno enuncie
los fundamentos constitucionales o legales que sustentan la adopción de la
medida.
ii.
El Decreto 806 de 2020
satisface el juicio de motivación suficiente
129.
Para
valorar la suficiencia de la motivación de las medidas previstas en el Decreto
806 de 2020 se debe aplicar un juicio de intensidad intermedia, en tanto
las medidas que prevé regulan procedimientos y, en términos generales, no
limitan, prima facie, el derecho de acceso a la administración de
justicia (ver sección 13.7 infra). Por el contrario, instituyen reglas
generales y deberes procesales tendientes a establecer un marco normativo que
permite mayor agilidad y efectividad en la implementación de las TIC en los
procesos judiciales. En consonancia con lo dicho, el Gobierno justificó de
manera suficiente y razonable estas medidas porque las consideraciones del
Decreto Legislativo 806 de 2020, así como el informe allegado en respuesta al
auto de pruebas, dan cuenta de las razones que las justifican, además de que
permitieron un diálogo constitucional, producto del cual se recibieron un alto
número de intervenciones cualificadas (cfr., epígrafe 2 infra).
130.
En
efecto, en las consideraciones del Decreto sub examine, el Gobierno
expuso que, a la fecha de expedición de este, “persist[ía] la
situación de riesgo de contagio”[174] por COVID-19. De la misma forma, adujo que la
prolongación de las medidas de aislamiento y la suspensión de términos
judiciales para prevenirlo han causado: (i) una limitación de las posibilidades
de los ciudadanos “de acudir a la justicia para reclamar sus derechos o
dirimir controversias”[175] y (ii) “una grave crisis económica para los
abogados litigantes y sus trabajadores”, quienes, por varios meses, no
pudieron ejecutar “la labor de la que derivan su sustento y que
depende del desarrollo de las etapas procesales”[176].
131.
En
estos términos, el Gobierno manifestó que las medidas del primer eje
temático, que ordenan la implementación obligatoria y preferente de las TIC
en el trámite de los procesos judiciales, tenían por objeto responder a estas
afectaciones. En particular, las consideraciones del Decreto sub examine
indican que,
con el propósito de “limitar las posibilidades de propagación” del virus
y “proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que
los atienden”[177]
era necesario y urgente expedir normas “que flexibili[zaran]
la obligación de atención personalizada al usuario”[178]. Al respecto,
el Gobierno señaló que se necesitaba de un marco normativo aplicable al
servicio esencial de administración de justicia que permitiera que, “por
regla general las actuaciones judiciales se tramit[aran] a través de
medios virtuales y excepcionalmente de manera presencial”[179]. Asimismo,
argumentó que la virtualidad evita que “los procesos se vean interrumpidos
por las medidas de aislamiento”[180],
por lo que garantiza “el acceso a la administración de justicia”. Además,
protege el “derecho a la salud y al trabajo de los servidores judiciales,
litigante[s] y de los usuarios”[181]
porque evita la atención personalizada y presencial, y reduce el riesgo de
contagio por COVID-19[182].
132.
De
otro lado, el Gobierno expuso las razones por las que era necesario permitir
que, por excepción, los procesos se adelantaran de manera presencial. Sobre
este punto, los considerandos del Decreto dan cuenta de que en muchos lugares
del país “las personas e inclusive las autoridades judiciales no pueden
acceder a las tecnologías de la información y las comunicaciones”[183]. Así, el
Gobierno indicó que, con el objeto de garantizar el debido proceso de esta población,
estas medidas solo podrían aplicarse “a los procesos en […] los cuales los
sujetos procesales y la[s] autoridades judiciales cuenten con estos
medios”[184].
En aquellos procesos en los que no fuera posible usar las TIC, los procesos
debían tramitarse (i) mediante “las normas procesales
vigentes, las cuales seguirán siendo aplicables”[185] y (ii) con
“todas las medidas de bioseguridad fijadas por el Ministerio de Salud y
Protección Social, el Consejo Superior de la Judicatura, los centros de
arbitraje y las Entidades Públicas con funciones jurisdiccionales”[186]. Finalmente, la
Secretaría Jurídica de la Presidencia y el Ministerio de Justicia afirmaron que
los deberes procesales (arts. 3º y 4º) de los sujetos procesales se
justificaban, en tanto tenían por objeto “viabilizar la virtualidad en los
procesos judiciales”[187].
133.
Asimismo,
el Gobierno expuso las razones por las cuales consideró que era necesario
adoptar las medidas del segundo eje temático, es decir, modificar el
trámite ordinario de algunos actos procesales y actuaciones judiciales con el
objeto de lograr la efectiva implementación de las TIC. Al respecto, el
Gobierno sostuvo que “muchas de las disposiciones procesales impiden el
trámite de algunas actuaciones de manera virtual”[188]. Los considerandos
del decreto legislativo dan cuenta de que, a pesar de que el CSDJ ha tomado
medidas administrativas para “viabilizar el trámite de ciertas actuaciones
judiciales de manera virtual”[189],
las normas procesales de rango de ley “limitan esa posibilidad”[190]. En consecuencia,
el Gobierno expuso que consideró necesario y urgente expedir normas procesales
“de obligatorio cumplimiento para las autoridades judiciales y los sujetos
procesales”[191],
de modo que “los medios tecnológicos se [usen] para todas las
actuaciones judiciales, como presentación de la demanda, contestación de la
demanda, audiencias, notificaciones, traslados, alegatos, entre otras”[192].
134.
Por
otra parte, el Gobierno presentó las razones las cuales era necesario
introducir modificaciones tendientes a agilizar los procesos y mitigar la
congestión judicial. De un lado, los considerandos del Decreto dan
cuenta de que “es importante crear disposiciones que agilicen el
trámite de los procesos judiciales y permitan la participación de todos los
sujetos procesales, contrarrestando la congestión judicial que naturalmente
incrementó la suspensión de los términos judiciales ordenada por el Consejo
Superior de la Judicatura con fundamento en la emergencia sanitaria”. De
otro lado, se reitera que el Gobierno complementó este punto en los informes de
pruebas allegados al proceso de constitucionalidad, en los que explicó que la
pandemia había agravado la congestión judicial porque (i) generó un
represamiento de demandas, solicitudes, actuaciones y trámites; (ii)
redujo la eficiencia administrativa en el trámite de los procesos y (iii)
incrementó la conflictividad social.
135.
Finalmente,
el Gobierno expuso razones específicas para justificar la adopción de cada una
de las medidas individualmente consideradas. Estas justificaciones serán
abordadas de forma detallada en el juicio de necesidad, en el que la Corte
analizará, en detalle, el contenido jurídico, utilidad e idoneidad de cada una
de las medidas del segundo eje temático (cfr., sección 13.5 infra).
136.
Por las razones expuestas, la Sala Plena concluye que el
Decreto 806 de 2020 satisface el juicio de motivación suficiente.
13.4   Juicio
de incompatibilidad
137.
El
juicio de incompatibilidad[193]
está previsto por el artículo 12 de la LEEE. Por medio de este juicio la Corte examina
que los decretos legislativos que suspendan leyes expresen las razones por las
cuales son irreconciliables con el correspondiente estado de excepción.
138.
En el
caso sub judice, el Decreto Legislativo satisface el juicio de
incompatibilidad. Como se expuso en la sección precedente, el Gobierno expuso
las razones por las cuales consideró que las modificaciones a los estatutos
procesales eran necesarias. En particular, precisó que las normas ordinarias “impiden
el trámite de algunas actuaciones de manera virtual”[194].
139.
En
todo caso, para ampliar esta fundamentación, en la siguiente sección, al
valorar la necesidad jurídica de cada una de las medidas, la Corte explicará
las razones por las cuales las normas ordinarias eran incompatibles,
insuficientes e ineficaces para atender las afectaciones a la administración de
justicia derivadas de la situación de pandemia.
13.5   Juicio
de necesidad
i.
El juicio de necesidad
en la jurisprudencia constitucional
140.
El
juicio de necesidad[195]
está previsto por el artículo 11 de la LEEE. Por medio de este juicio, la Corte
verifica que las medidas que se adopten
en el decreto legislativo sean indispensables para lograr los fines de la
declaratoria del estado de excepción. La Corte ha señalado que, con este
juicio, debe analizarse: (i) la necesidad fáctica o idoneidad; y (ii)
la necesidad jurídica o subsidiariedad.
141.
La necesidad
fáctica o idoneidad, exige que el juez verifique fácticamente si las
medidas adoptadas contribuyen en algún grado a superar la crisis o evitar la
extensión de sus efectos, de manera tal que se evalúa si el Presidente de la
República incurrió o no en un error manifiesto respecto de la utilidad de la
medida para superar la crisis.
142.
El
juicio de necesidad jurídica, por su parte, exige constatar si la
atención de la emergencia requería la
adopción de medidas de excepción de rango legal[196]. La Corte deber
verificar la existencia de previsiones legales ordinarias suficientes y
adecuadas para lograr los objetivos de la norma de excepción. Para esto, debe
adelantar dos pasos: (a) comprobar la existencia de “reglas jurídicas
ordinarias que le [hubieran permitido] al Gobierno nacional
alcanzar la finalidad que persigue la norma de excepción”[197] y (b)
constatar la idoneidad, eficacia y suficiencia[198] de estas reglas
jurídicas “a la luz de las condiciones extraordinarias que condujeron a
declarar el Estado de Emergencia”[199].
143.
(a)
La existencia de “reglas jurídicas ordinarias”. La Corte debe verificar la
existencia de “previsiones legales ordinarias”[200] (i) sustantivas y (ii) de
competencia.
De un lado (previsiones sustantivas), debe constatar si antes de adoptar
la norma de excepción ya existía en la
legislación ordinaria una norma legal o reglamentaria que tuviera “el mismo
alcance” [201],
“contenido jurídico”[202]
o “contenido normativo”[203]
de la medida ordenada por el decreto legislativo[204]. Para ello, debe
interpretar la medida ordinaria para “evaluar cuál es su alcance en relación
con el estado de excepción de que se trate”[205]. Este
análisis implica una comparación entre todos los elementos que componen el
ámbito de aplicación de la norma ordinaria vs. aquellos que componen la
norma de excepción. De otro lado (previsiones de competencia), debe
validar si, a pesar de que no existía una norma ordinaria con el mismo alcance
de la medida excepcional, el Gobierno u otras entidades estatales eran
titulares de una facultad reglamentaria que les hubiera permitido
adoptar medidas con el mismo contenido normativo de la norma de excepción[206].
144.
(b)
La idoneidad, eficacia y suficiencia de las reglas jurídicas ordinarias. Las medidas o facultades
ordinarias deben ser idóneas, eficaces y suficientes para alcanzar la finalidad que la norma de excepción persigue.
Una regla jurídica ordinaria es idónea, eficaz y suficiente si su ejercicio “no
es incompatible con los requerimientos urgentes de la emergencia”[207]. Es decir, no genera
“un traumatismo para la atención inmediata de la emergencia y para impedir
la extensión de sus efectos”[208]
y tampoco “implica procedimientos que dificultan la adopción de medidas con
la inmediatez exigida por las circunstancias”[209] excepcionales de la
emergencia.
145.
La
Corte Constitucional ha adoptado dos estándares para evaluar si una noma de
excepción satisface el juicio de necesidad jurídica. Primero, un estándar
ordinario, por virtud del cual una norma de excepción carece de necesidad jurídica
y, por tanto, es inconstitucional, siempre que se constate que el Gobierno
Nacional (i) habría podido alcanzar su finalidad al aplicar normas
ordinarias, de rango legal o reglamentario, que ya existían en el ordenamiento
jurídico, o (ii) al adoptar nuevas disposiciones “mediante el
ejercicio de las competencias ordinarias”[210]. De acuerdo
con esta línea, el Gobierno Nacional no está facultado para reproducir el
contenido de una norma legal o reglamentaria en un decreto legislativo ni para adoptar
medidas legislativas de excepción que hubieran podido ser ordenadas mediante un
decreto reglamentario ordinario[211].
Como ejemplo de este estándar de escrutinio pueden consultarse, entre otras,
las sentencias C-155 de 2020, C-170 de 2020 y C-212 de 2020.
146.
Segundo,
un estándar menos estricto, por virtud del cual la existencia de reglas
jurídicas ordinarias que, en principio, hubieran permitido alcanzar la misma
finalidad de la norma de excepción, no implica, per se, que esta
sea innecesaria e inconstitucional. Lo anterior, en tanto el estudio de la
necesidad jurídica tiene como objeto evitar los abusos y la arbitrariedad por
parte del legislador extraordinario y no simplemente realizar un “examen
casi formal sobre la existencia de disposiciones legales que regulan una
materia”[212].
De acuerdo con esta línea, “el legislador [extraordinario] tiene
competencia para elevar a nivel legal una norma del nivel reglamentario”[213]
siempre que ello no suponga un ejercicio abusivo[214], arbitrario o irrazonable[215] de las
facultades legislativas excepcionales[216].
147.
El
ejercicio de la facultad legislativa
puede ser calificado de abusivo[217]
o arbitrario si (i) tiene como objeto “eludir el trámite
legislativo” cuando se anticipe que éste, a pesar de ser idóneo,
puede ser “engorroso, difícil o impopular”[218]; (ii) amenaza
“un pilar axiológico del constitucionalismo democrático”[219]; o (iii)
modifica sustancialmente las competencias legales o constitucionales de otras
entidades estatales o interfiere con su ejercicio[220]. De otro lado, la
valoración del Gobierno Nacional sobre la necesidad jurídica de una medida de
excepción puede ser calificada como irrazonable si, a la luz de la
información con la que contaba al momento de adoptar la medida, era claramente
evidente[221]
que las reglas jurídicas ordinarias hubieran permitido alcanzar la finalidad
que la norma de excepción perseguía.
148.
Existen
casos en los que la Corte comprueba que existe una controversia o duda legítima
en relación con (i) el contenido normativo de una medida ordinaria o el
alcance de la facultad reglamentaria del
Gobierno Nacional; y (ii) la idoneidad, eficacia y suficiencia de la
regla jurídica ordinaria como herramienta para atender la crisis y alcanzar la
finalidad que la norma de excepción persigue. En estos eventos, la Corte
aplicará el estándar de escrutinio menos estricto, y será especialmente
deferente[222]
con la valoración que el Gobierno Nacional haya realizado frente a la necesidad
jurídica de la norma de excepción. Esto, por dos razones. De un lado, porque
una situación de emergencia demanda la adopción de medidas de manera “inmediata”,
“urgente” y “célere”[223].
Es razonable que, ante la duda respecto del alcance de los medios ordinarios,
el Gobierno opte por aquella alternativa que le brinde más herramientas para
atender la crisis. En eventos de duda razonable, el estándar ordinario podría
fomentar la inactividad del legislador extraordinario lo cual sería contrario a
la atención de la emergencia. Además, porque el Gobierno Nacional se encuentra,
por regla general, en una mejor “posición epistémica”[224] para valorar el
alcance e idoneidad de las reglas jurídicas ordinarias para atender situaciones
de anormalidad institucional que demandan la adopción de medidas de alta “complejidad
y especificidad técnica”[225].
149.
En
estos términos, es posible que el
Gobierno reproduzca el contenido jurídico de otras normas ordinarias en una norma
de excepción con el objeto de (i) dar “mayor claridad” al alcance de la
regulación de una determinada materia[226]
y “concretar” o “especificar” su aplicabilidad en el contexto de
la emergencia[227].
De la misma forma, (ii) es legítimo que el Gobierno quiera “darle
carácter de obligación legal”[228]
a asuntos que aparecían regulados en otras disposiciones reglamentarias[229], pero cuya aplicación
en un estado de emergencia podría afectar en algún grado el goce o ejercicio de
derechos fundamentales[230];
por último, (iii) el Gobierno Nacional puede, mediante un decreto
legislativo, establecer instrumentos de “armonización”, “integración”,
o “articulación institucional”[231] entre las entidades
que tienen a cargo la atención de determinadas materias que se han visto
afectadas por la declaratoria de emergencia[232].
ii.
Delimitación del asunto
objeto de revisión y problema jurídico
150.
Algunos
intervinientes consideran que el Decreto Legislativo 806 de 2020 es inexequible
porque no satisface el juicio de necesidad. En criterio de los intervinientes
el CGP, la LEAJ y el CPACA contienen
disposiciones ordinarias “suficientes y adecuadas”[233] que habilitan el uso
de las TIC en los procesos judiciales y le dan validez a los actos procesales y
actuaciones judiciales que sean realizados mediante su uso. Además, señalan que
el CSDJ está facultado para implementar progresivamente la virtualidad mediante
la expedición del Plan de Justicia Digital. Por ello, consideran que para
cumplir con las finalidades que el Decreto persigue bastaba con que (i)
el CSDJ ejerciera sus facultades y aplicara “materialmente el entramado
jurídico ordinario existente”[234]
y (ii) el Gobierno garantizara “los elementos que en dichas normas se
dispusieron, [sin] necesidad de señalar y legislar temas ya previstos en
otras normas”[235].
De otro lado, argumentan que el Decreto Legislativo sustituye “el régimen
procesal vigente en materias como la civil, laboral, familia, agraria,
contencioso-administrativa y disciplinaria”[236] y que, por tanto,
debió aprobarse mediante “un debido debate democrático”[237]. Finalmente, los
intervinientes presentaron consideraciones puntuales respecto de la falta de
necesidad de algunas de las medidas.
151.
Así
las cosas, le corresponde a Sala Plena resolver si el Decreto Legislativo 806 de 2020
satisface el juicio de necesidad, a pesar de que (i) en el ordenamiento
jurídico ya existen disposiciones que habilitan el uso de las TIC en los
procesos judiciales, y (ii) las modificaciones a la legislación procesal
que el Decreto introduce habrían podido ser tramitadas y aprobadas en el
Congreso.
152.
La
Sala Plena resolverá el problema jurídico de la siguiente manera. En primer
lugar, evaluará si el Decreto Legislativo, considerado en su integridad,
satisface el juicio de necesidad. Para ello, examinará los argumentos de los
intervinientes ya referidos. Posteriormente, valorará la necesidad fáctica y
jurídica de cada una de las medidas previstas en el decreto, individualmente
consideradas.
iii.
El Decreto Legislativo
806 de 2020 satisface el juicio de necesidad
153.
El
Decreto Legislativo sub examine, considerado en su integridad, satisface
el juicio de necesidad porque las medidas que adopta son indispensables para
mitigar los impactos de la crisis en la prestación del servicio de
administración de justicia. Esta conclusión está soportada en los siguientes
tres argumentos principales.
154.
Primero,
en el ordenamiento jurídico no existían normas ordinarias que establecieran el
uso obligatorio y prevalente de las TIC en los procesos judiciales en los
mismos términos en los que lo hace el Decreto. En efecto, (i) la LEAJ, el
CGP y el CPACA establecen que, por regla general, los procesos judiciales deben
tramitarse de forma presencial. Es decir, establecen una regla general
que es inversa a la prevista en el Decreto sub examine. De otro lado, (ii)
estos estatutos procesales no establecen que el uso de las TIC sea un deber;
únicamente habilitan su uso en el trámite de estos procesos. Asimismo (iii),
estas normas condicionan el uso de las TIC a (a) la “plena
implementación del Plan de Justicia Digital”[238], por parte
del CSDJ o (b) la autorización previa del juez en la actuación
judicial respectiva, o el consentimiento de las partes. En contraste, el
Decreto Legislativo elimina estas dos condiciones. Así, permite que, por
excepción, los procesos se tramiten de manera presencial si los sujetos
procesales o la autoridad judicial no tienen acceso a los medios tecnológicos
que les permitan adelantar el proceso de forma virtual. Así, la
discrecionalidad de la autoridad judicial para usar las TIC se limita de forma
sustancial.
155.
Segundo,
las modificaciones a los estatutos procesales que el Gobierno implementa no
habrían podido ser adoptados mediante el uso de facultades ordinarias. El Decreto sub examine
introduce modificaciones a (i) las reglas de utilización de las TIC
previstas en el CGP y la LEAJ (primer eje, arts. 1º – 4º); y (ii) el
trámite de actuaciones judiciales y la práctica de actos procesales que se
encuentran regulados en el CGP, el CPACA y el CPTSS (segundo eje, arts. 5º – 15º).
El CGP, el CPACA y el CPTSS son estatutos procesales que tienen fuerza de ley;
por lo tanto, no podían haber sido modificadas por el Gobierno mediante la
expedición de un decreto reglamentario ordinario ni por el CSDJ mediante un
acuerdo[239].
156.
Tercero,
la aprobación de las medidas en el trámite legislativo ordinario no constituía
un mecanismo idóneo y eficaz. El impacto que las medidas de distanciamiento social
necesarias para contener la pandemia tiene sobre la prestación del servicio de
administración de justicia demandaba la adopción de medidas urgentes que
garantizaran de manera inmediata (i) la salud de los usuarios y funcionarios
judiciales; (ii) el derecho de acceso a la administración de justicia; (iii)
la reactivación económica de aquellas actividades que dependen del
funcionamiento de la Rama Judicial; y (iv) la agilidad en el trámite de
las actuaciones judiciales para mitigar el impacto del represamiento de
procesos que produjo la suspensión de
términos. En estas condiciones, la adopción de estas modificaciones en el
Congreso no era un mecanismo idóneo y eficaz porque la aprobación de las
medidas de excepción en el trámite legislativo (i) no estaba garantizada;
por el contrario, era hipotética y eventual y (ii) no hubiera permitido
atender los impactos a la administración de justicia de manera inmediata y
urgente, en tanto la aprobación de una ley toma, por lo menos, una legislatura.
157.
Cuarto,
los acuerdos que han sido proferidos por el CSDJ no son mecanismos idóneos,
suficientes y eficaces para lograr las finalidades del Decreto sub examine. De un lado, mediante estos
acuerdos el CSDJ no modificó al trámite de los actos procesales que el Decreto
prevé en los artículos 5º – 15º porque, como se expuso, no tenía competencia
para hacerlo. Además, estos acuerdos únicamente sugieren a las
autoridades judiciales el uso de las TIC en el trámite de los procesos
judiciales, pero no establecen su uso obligatorio y preferente.
En cualquier caso, aún si se aceptara que algunos apartes normativos del
Decreto sub examine ya aparecían en alguno de los acuerdos que el CSDJ
profirió entre abril y junio de 2020, ello no implica que aquellos sean
innecesarios y, por tanto, deban ser declarados inexequibles. Como se expuso supra[240], el Gobierno está
facultado para reproducir el contenido de un acto administrativo en un Decreto
Legislativo si ello no es arbitrario o irrazonable y contribuye a alcanzar
sistematicidad y coherencia. En este caso, era razonable que el Gobierno
incorporara en un cuerpo normativo unificado todas las normas relativas al trámite de los procesos mediante el uso de las
TIC, porque (i) ello contribuye a que la virtualidad sea implementada de
manera uniforme y sistemática, por parte de las autoridades judiciales de todas
las jurisdicciones; (ii) concreta y clarifica la forma en que las TIC
deben ser utilizadas mientras subsistan las causas que dieron lugar a declarar
la emergencia; y (iii) convierte en deberes, actuaciones que por la vía
reglamentaria eran puramente facultativas de las autoridades judiciales y las
partes.
iv.
Las medidas de
excepción previstas en el Decreto 806 de 2020 satisfacen el juicio de necesidad
(a) El artículo 3º satisface el juicio de necesidad
158.
Solicitud
de inexequibilidad. La Universidad Pontifica Bolivariana considera que el
artículo 3º no satisface el juicio de necesidad en tanto el Gobierno incurrió
en un error manifiesto al valorar la
utilidad de la medida allí prevista, pues omitió la existencia de una norma
similar contenida en el numeral 14 del artículo 78 del CGP. La Corte discrepa
de la posición del interviniente por las siguientes razones.
159.
Necesidad
fáctica. El
artículo 3º cumple con el juicio de necesidad fáctica en tanto el
establecimiento de deberes procesales para los sujetos procesales y las
autoridades judiciales es una medida idónea para alcanzar las finalidades
generales del Decreto. Esta medida contribuye efectivamente a lograr “la
implementación adecuada de la virtualidad en la justicia y promueve que todos
los sujetos interesados se formen en las tecnologías de la información”[241]. En efecto, los
deberes consistentes en (i) realizar las actuaciones y “asistir a las
audiencias y diligencias a través de medios tecnológicos”; (ii) informar
los canales digitales elegidos para los fines del proceso o trámite y (ii)
enviar por medio de ellos un ejemplar de todos los “memoriales o actuaciones”
que se realicen, facilitan el trámite virtual de las notificaciones, las
audiencias y el envío de comunicaciones, oficios, despachos y traslados.
160.
Necesidad
jurídica.
El artículo 3º es jurídicamente necesario porque su contenido sustantivo no es
idéntico al del artículo 78 del CGP. En efecto, el art. 78 del CGP (i)
no impone el deber de asistir a las audiencias y diligencias mediante medios
tecnológicos; (ii) no obliga a los sujetos a enviar copia de todas sus
actuaciones, solo de algunos memoriales; y (iii) concede 1 día para
enviar el documento, mientras que el artículo 3° sub examine obliga la
remisión del memorial o la actuación de forma simultánea al envío a la
autoridad judicial. En cualquier caso, la reproducción de una parte del
artículo 78 del CGP en el Decreto sub examine no es arbitraria ni
irrazonable y, por tanto, no desconoce la exigencia de necesidad. Por el
contrario, contribuye a alcanzar sistematicidad y coherencia en la
implementación de las TIC.
(b) El artículo 4º satisface el juicio de necesidad
161.
Solicitudes
de inexequibilidad. Algunos intervinientes consideran que el artículo 4º no
satisface el juicio de necesidad. Primero, argumentan que no es necesario
fácticamente porque el CSDJ y los
Consejos Seccionales ordenaron “el inicio de labores de los empleados y
funcionarios de la rama judicial acudiendo por turnos a las diferentes sedes
judiciales”[242].
Por lo tanto, el acceso al expediente físico está garantizado. Segundo, no es
necesario desde el punto de vista jurídico porque (i) el artículo 126
del CGP contempla “el mecanismo a seguir para la reconstrucción del
mismo”[243];
y (ii) el artículo 122 ibidem dispone que en aquellos juzgados “en
los que se encuentre implementado el Plan de Justicia Digital, el expediente
estará́ conformado íntegramente por mensajes de datos”. Por lo tanto,
consideran que, con fundamento en estas normas, el juez hubiera podido requerir
a las partes el envío de las piezas procesales que estuvieran en su poder. La
Corte discrepa de la argumentación de los intervinientes por las siguientes
razones.
162.
Necesidad
fáctica.
El artículo 4º es necesario desde el punto de vista fáctico. Este artículo
impone a los sujetos procesales el deber de proporcionar “las piezas
procesales que se encuentren en su poder y se requieran para desarrollar la
actuación subsiguiente”. La Corte observa que, aunque mediante el Acuerdo
PCSJA20-11532 del 11 de abril de 202010 se adoptó Plan de digitalización de
expedientes, este apenas se encuentra en la segunda fase de implementación[244]. Así, la Sala
constata que algunos despachos podrían no tener acceso al expediente judicial
porque (i) en virtud de circunstancias particulares derivadas o
relacionadas con la pandemia no pueden acceder al expediente físico[245]; y (ii) no
cuentan con un expediente digital en tanto el plan de digitalización no ha sido
implementado. En estos casos, la medida contribuye efectivamente a reanudar “la
prestación del servicio esencial de la [administración de justicia]”[246]
una vez la suspensión de términos fuera levantada, dado que permite (i) acceder
“al expediente por parte de las autoridades judiciales y los sujetos
procesales”[247],
(ii) “garantizar el derecho de defensa”[248] y
(iii) “continuar con el normal desarrollo de los procesos”[249].
163.
Necesidad
jurídica.
El artículo 4º satisface el juicio de necesidad jurídica porque no existe
ninguna norma ordinaria que imponga a los
sujetos procesales el deber de colaboración descrito, y sea idónea y suficiente
para atender la problemática que la medida de excepción busca solucionar. A
diferencia de lo que afirma el interviniente, los artículos 122 y 126 del CGP
regulan materias distintas a las previstas en el artículo 4º del Decreto
Legislativo sub examine y, por ello, no son idóneos para alcanzar la
finalidad de la medida de excepción. El artículo 4º impone un deber de
colaboración en el envío de las piezas procesales en aquellos casos en los que (i)
no existe expediente digital; (ii) las partes o las autoridades
requieran de alguna pieza procesal para adelantar alguna actuación; y (iii)
por alguna razón, no se tiene acceso al expediente físico. Dado que el artículo
126 del CGP regula una hipótesis de pérdida total o parcial del expediente, no
es aplicable a la situación de hecho regulada en el artículo 4º del Decreto sub
examine. Asimismo, el artículo 126 del CGP regula el expediente digital y,
por tanto, no permite atender la problemática que el artículo 4º pretende
solucionar que se deriva, precisamente, de la inexistencia de un expediente
digital.
(c)  El artículo 5º satisface el juicio de necesidad
164.
Solicitudes
de inexequibilidad. Algunos intervinientes consideran que el artículo 5º no
satisface el juicio de necesidad. De un lado, la Unión Colegiada de Notarios
argumentó que el artículo no es necesario fácticamente y no guarda relación con
la emergencia, en tanto “todas las notarías del país están en funcionamiento
en la actualidad, como quiera que el propio gobierno nacional así lo dispuso
dado que se trata de un servicio esencial”. Además, señaló que en ellas se
han dispuesto “los protocolos de bioseguridad y las medidas sanitarias que
permiten la prestación segura del servicio notarial en la actual situación de
pandemia, tanto para los usuarios como para quienes atienden las notarías”[250].
De otro lado, la Universidad Pontifica Bolivariana argumenta que la medida que
implementa no es necesaria jurídicamente porque el artículo 74 del CGP permite
otorgar poderes mediante mensajes de datos. La Corte no comparte la posición de
los intervinientes por las siguientes razones.
165.
Necesidad
fáctica.
El artículo 5º dispone que los poderes especiales para procesos judiciales
pueden ser otorgados mediante mensaje de datos y no requieren de presentación
personal ni firma digital. La Corte considera que esta medida es necesaria
desde el punto de vista fáctico por dos razones. Primero, la eliminación del
requisito de presentación personal para otorgar poderes contribuye a prevenir
el contagio por COVID-19. La Corte reconoce que las notarías están funcionando
y cuentan con protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio. Sin
embargo, la implementación de protocolos de bioseguridad únicamente mitiga,
pero no elimina, el riesgo sanitario al interior de las notarías.
Además, el desplazamiento a las notarías y las oficinas de apoyo
judicial por parte de los usuarios implica una exposición mayor al contagio de
contagio de la COVID-19. En este sentido, la eliminación de este requisito
formal “colabora con las medidas de distanciamiento social”[251] pues contribuye en
mayor grado a garantizar el derecho a la salud de los usuarios de la
administración de justicia y, en cualquier caso, reduce las aglomeraciones en
las notarías.
166.
Segundo,
la eliminación del requisito de la firma digital para otorgar poderes
especiales mediante mensaje de datos
también es una medida necesaria fácticamente. Los artículos 7 y 38 de la Ley
527 de 1999 prescriben que la firma digital puede ser certificada por
una entidad de certificación autorizada por el Gobierno. Naturalmente, el
trámite de certificación de la firma digital (i) supone un riesgo de
contagio para el poderdante; (ii) ralentiza el otorgamiento de los
poderes, ya que puede tardar entre 2-3 meses; y (iii) puede constituir
una barrera de acceso para los ciudadanos de menores recursos, si se impone
como única alternativa a la firma manuscrita y la presentación personal del
poder. En estos términos, esta disposición es idónea para alcanzar las
finalidades del Decreto porque contribuye efectivamente a prevenir el contagio
y facilitar el otorgamiento de poderes especiales y, de esta forma, ayuda a la
reactivación de las labores de abogados y litigantes.
167.
Necesidad
jurídica.
El artículo 5º es necesario desde el punto de vista jurídico, porque no existe
ninguna norma ordinaria que permita otorgar un poder especial para procesos
judiciales mediante mensaje de datos sin
necesidad de presentación personal, ni firma digital. El art. 74 del CGP
permite que los poderes especiales sean conferidos por mensaje de datos;
sin embargo, exige que estos tengan la “firma digital” de su
otorgante. De la misma forma, los artículos 7 y 39 Ley 527 de 1999 exigen la certificación
como requisito de validez de las firmas digitales. El CGP y la Ley 527 de
1999 son normas con fuerza de ley; por lo tanto, el Gobierno no habría podido
eliminar el requisito de la firma digital o su certificación, por medio de un
decreto reglamentario ordinario.
(d) El artículo 6º satisface el juicio de necesidad
168.
Necesidad
fáctica.
El artículo 6º instituye principalmente dos medidas de excepción: (i)
elimina el requisito de presentación física de la demanda “ante el
secretario del despacho” o la “oficina judicial respectiva”[252]
en todos los casos; y (ii) instituye el deber del demandante de
presentar la demanda mediante mensaje de datos e informar el “canal digital
donde deben ser notificadas las partes”. Estas medidas son necesarias desde
el punto de vista fáctico.
169.
De un
lado, la eliminación del requisito de presentación física de la demanda es una
medida idónea para superar la crisis y
contener sus efectos toda vez que (i) durante el cierre de los juzgados
y las oficinas de apoyo judicial posibilitó la reactivación del servicio de
justicia y la garantía del derecho de acceso a la administración de justicia[253]; y (ii) una
vez reabiertos los despachos y las oficinas de apoyo, la medida contribuye a
prevenir el contagio de COVID-19 pues reduce las aglomeraciones de personas en
las sedes judiciales. De otro lado, el deber de presentar la demanda por
mensaje de datos e informar “el canal digital donde deben ser
notificadas las partes” es una medida idónea para mitigar los efectos
colaterales de la crisis en la administración de justicia, porque permite “agilizar el
trámite de notificación del auto admisorio de la demanda y su contestación”[254],
dado que “la documentación anexa ya será conocida por los
interesados”[255].
170.
Necesidad
jurídica.
El artículo 6º del Decreto es necesario jurídicamente porque no existen
mecanismos ordinarios suficientes y adecuados para lograr los objetivos de la
medida excepcional. El artículo 89 del
CGP y las normas especiales que regulan la presentación de las demandas en el
CPSST y el CPACA no son idóneas ni suficientes en el marco de la emergencia por
dos razones. Primero, exigen que la demanda sea presentada de forma física
y únicamente eximen el cumplimiento de dicho deber en aquellos juzgados
donde se haya “habilitado el Plan de Justicia Digital”. Segundo, estas
disposiciones no requieren que el demandante informe el canal digital donde
deben ser notificadas las partes y, por ello, no contribuyen con el mismo grado
de idoneidad a agilizar la notificación del auto admisorio y la contestación de
la demanda. De otro lado, el artículo 89 del CGP y las normas del CPSST y el
CPACA son normas con fuerza de ley, por tanto, su modificación exigía la
expedición de una norma del mismo rango.
(e)  El artículo 7º satisface el juicio de necesidad
171.
Necesidad
fáctica.
El artículo 7º supera el juicio de necesidad fáctica por dos razones. Primero, en aquellos casos en los que las
audiencias deban realizarse de forma presencial, la norma contribuye a prevenir
el contagio porque permite que la diligencia se adelante con la mayoría de los
magistrados, lo cual reduce la aglomeración en las salas de audiencias.
Segunda, la norma también es idónea incluso en aquellos casos en los que las
audiencias se realizan por medios tecnológicos. Lo anterior, en tanto la norma
de excepción facilita la virtualidad dado que “no será necesaria la
presencia de todos los magistrados en la audiencia o diligencia virtual”[256]. Esto evita que los
problemas de conectividad de algunos magistrados frustren la
realización de una audiencia o generen “una nulidad si se realiza sin
su presencia”[257].
De la misma forma, contribuye a mitigar la congestión judicial, pues permite
que “el magistrado o magistrados que no participen de la audiencia o
diligencia puedan dedicarse a tramitar otros procesos, con lo cual se agiliza
el trámite de estos”[258].
172.
Necesidad
jurídica.
El artículo 7º satisface el juicio de necesidad jurídica porque no existe ninguna
norma ordinaria que sea idónea y suficientemente eficaz para cumplir con el
objeto de la medida de excepción. El
artículo 107 del CGP no tiene el mismo contenido jurídico del artículo 7º del
Decreto Legislativo porque no establece que el uso de las TIC para el trámite
de las audiencias sea un deber[259].
Por el contrario, el artículo 107 del CGP únicamente habilita (esto es,
regula una alternativa) que estas se tramiten de manera virtual y excepcionalmente,
siempre y cuando el juez lo autorice de manera previa, “por causa
justificada”. Además, no existe ninguna norma ordinaria que permita que las
audiencias puedan tramitarse con la mayoría de los miembros de un cuerpo
colegiado. Asimismo, la Corte reitera que el Gobierno no podía implementar esta
medida mediante un decreto reglamentario pues implicaba la reforma de estatutos
procesales.
(f)    El artículo 8º satisface el juicio de
necesidad
173.
Solicitudes
de inexequibilidad. Algunos intervinientes y el Procurador General de la Nación
sostienen que el artículo 8º carece de necesidad, conexidad y finalidad en
tanto no contribuye en ningún grado a superar las causas que dieron lugar a la declaratoria de emergencia. De un lado,
argumentan que (i) la modificación del término a partir del cual se
entiende surtida la notificación, (ii) la eliminación del trámite de
citación y aviso para notificación[260] y (iii) la
posibilidad de utilizar las direcciones o sitios “que estén informadas en
páginas Web o en redes sociales” [261], no contribuyen en
ninguna medida a superar las causas que motivaron la declaratoria de
emergencia. De otro lado, señalan que esta disposición carece de necesidad
jurídica porque el artículo 291 del CGP dispone que “Cuando se conozca la
dirección electrónica de quien deba ser notificado, la comunicación podrá
remitirse por el secretario interesado por medio de correo electrónico”. La
Corte no comparte los argumentos de los intervinientes por las siguientes
razones.
174.
Necesidad
fáctica. El
artículo 8º satisface el juicio de necesidad fáctica en tanto contribuye
efectivamente a reducir el riesgo de contagio de la COVID-19, pues evita el
desplazamiento físico de las personas a los juzgados para recibir
notificaciones personales[262].
Las medidas sanitarias tendientes a la contención del virus dificultan la
práctica de notificaciones personales,
tal como están previstas en el ordenamiento procesal ordinario[263]. Por tanto, admitir
las notificaciones personales mediante el envío de mensajes de datos es una
medida necesaria para adecuar “las actuaciones judiciales a las necesidades
de la pandemia”[264].
La eliminación de la citación y el aviso de notificación personal no solo
reduce los tiempos, costos y trámites asociados a esas actividades, sino que (i)
contribuye a “evitar la
presencialidad y la aglomeración de personas en las instalaciones de los
despachos judiciales, centros de arbitraje y entidades administrativas con
funciones jurisdiccionales”[265]
y (ii) evita el “traslado a las oficinas de correos [… y
la] exposición al virus de mensajeros, dependientes, etc.”[266].
175.
De
otro lado, el Gobierno expuso que el plazo de 2 días para tener por surtida la notificación personal es “razonable”
para que el respectivo sujeto procesal revise su bandeja de entrada y, de ser
necesario, revise el expediente[267].
Asimismo, este plazo le da al usuario el tiempo suficiente para acudir a “las
sedes de los municipios o personerías” con el propósito de “revisar
su canal digital”[268],
en caso de que no tenga acceso propio a Internet.
176.
Finalmente,
la posibilidad de notificar personalmente los sitios o direcciones “que
estén informadas en páginas Web o en redes sociales” contribuye
a facilitar la notificación de las providencias, en tanto habilita a las
autoridades judiciales a que “agote[n] todas las medidas necesarias para
encontrar la dirección electrónica del demandado”[269]
y “no se acuda directamente al emplazamiento para la notificación”[270].
En efecto, en el trámite de las notificaciones personales mediante mensaje
de datos, puede ocurrir que: (i) la parte demandante “no cuente con
la dirección electrónica de la parte demandada”[271]; (ii) la
dirección electrónica “mencionada en la demanda no corresponda a la
utilizada por el demandado”[272] o (iii) el juez “quiera
verificar [la] autenticidad”[273] de
la información que le fue suministrada. Con esos fines, el parágrafo le permite
a los jueces y magistrados “averiguar”[274] sobre la
dirección electrónica del demandando, lo que contribuye efectivamente a “garantizar
que no haya una violación al derecho de defensa del demandado”[275].
177.
Necesidad
jurídica.
El artículo 8º cumple con el juicio de necesidad jurídica, en tanto no existen mecanismos ordinarios suficientes y adecuados
para lograr los objetivos de la medida excepcional. Los artículos 291 y 292 del
CGP no contienen ninguna de las medidas que implementa el artículo 8°,
destinadas a reducir el riesgo de contagio y mitigar la congestión judicial. En
efecto, aquellas disposiciones: (i) no prevén la posibilidad de hacer
notificaciones personales por mensajes de datos a los particulares no inscritos
en el registro mercantil[276];
(ii) no prescinden de la citación para la notificación personal y
de la notificación por aviso; (iii) no imponen la obligación al
demandante de aportar la información sobre la dirección electrónica o sitio de
la persona a notificar; (iv) no fijan el plazo para tener
por surtida la notificación personal por mensaje de datos en 2 días hábiles; (v)
no facultan a la parte que se considere afectada por este sistema de
notificación a solicitar la nulidad de lo actuado de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 132 a 138 del CGP; (vi) no autorizan
a los jueces y magistrados a averiguar en entidades privadas, páginas Web y
redes sociales, sobre la dirección electrónica del demandando y (vii) no
definen mecanismos específicos para garantizar el debido proceso en el trámite
de las notificaciones personales por mensajes de datos[277]. Por tanto, los
artículos 291 y 292 del CGP no eran suficientes ni idóneos para lograr los
fines del artículo 8° del Decreto sub examine.
(g) El artículo 9º satisface el juicio de necesidad
178.
Necesidad
fáctica.
El artículo 9º cumple con el juicio de necesidad fáctica en tanto es idóneo
para reducir el número de trámites que deben realizarse de manera
presencial en los despachos. Esto, por cuanto dispone que los estados y los
traslados no tendrán que publicarse físicamente en secretaría, sino que serán
fijados de manera virtual. Asimismo, el artículo “adec[ua]
las actuaciones judiciales a las necesidades de la pandemia”[278] y reduce el número de
formalismos y ritualidades asociadas a las notificaciones por estado y
traslados, puesto que el Secretario no tendrá que (i) imprimir y firmar
los estados y listas y (ii) encargarse de gestionar todos los traslados,
ya que la parte interesada podrá correr el traslado directamente. Así, las
medidas contribuyen a “desformalizar este tipo de notificaciones y
despojarlas de ritualidades que son más propias de los estados que
tradicionalmente se fijan en un lugar visible de la secretaría del despacho
judicial respectivo”[279].
179.
Necesidad
jurídica.
El artículo 9º satisface el juicio de necesidad jurídica. Algunos de los intervinientes
señalaron que el artículo 295 del CGP[280]
permite el logro de los objetivos perseguidos por la medida excepcional. La
Sala no comparte este reproche por dos razones. Primero, el artículo 295 del
CGP condicionó la implementación de los estados por mensajes de datos a la
existencia de recursos técnicos, por lo que
la exigibilidad de la norma quedó indeterminada. Por tanto, el artículo 9° era
necesario jurídicamente para hacer imperativa la publicación de los
estados y traslados por medios virtuales. Segundo, el artículo 295° no contiene
las demás medidas del artículo 9° del Decreto Legislativo sub examine,
destinadas a reducir el riesgo de contagio por COVID-9 y mitigar la congestión
judicial. En efecto: (i) no establece que la obligación de publicar los
estados y traslados en medios virtuales sea exigible en todos los procesos de
las jurisdicciones civil, laboral, familia, contencioso administrativa[281], constitucional y
disciplinaria; (ii) no faculta a la parte interesada a hacer
directamente el traslado de sus escritos mediante el envío a la otra parte
de los mismos, por un canal digital previamente identificado al interior del
proceso; (iii) no establece el plazo de 2 días hábiles para tener
por surtido el traslado hecho directamente por la parte interesada y (iv) no
define mecanismos específicos para garantizar el debido proceso en el trámite
de las notificaciones por estado y traslados virtuales[282]. Por tanto, el
artículo 295 del CGP no era suficiente, ni idóneo para lograr los fines del
artículo 9° en cita.
(h) El artículo 10º satisface el juicio de necesidad
180.
Necesidad
fáctica. El
artículo 10º cumple con el juicio de necesidad fáctica. En efecto, la
eliminación de la obligación prevista en el artículo 108 del CGP, consistente
en publicar los edictos emplazatorios en prensa o radio, contribuye
efectivamente a “simplificar trámites, evitar desplazamientos en momentos en
que ellos no son necesarios, utilizar las nuevas tecnologías para darle
efectiva publicidad a la existencia de los procesos y dejar de lado
formalidades más propias de las actuaciones presenciales, con plena garantía
del derecho al debido proceso”[283].
181.
Necesidad
jurídica.
El artículo 10º es necesario desde el punto de vista jurídico porque el
Gobierno no contaba con medios ordinarios para eliminar la obligación de
publicar los edictos emplazatorios en un medio escrito masivo. El artículo 108
del CGP es una norma con fuerza de ley; por lo tanto, no podía haber sido
modificado mediante un decreto reglamentario y tampoco mediante un acuerdo del
CSDJ.
(i)    El artículo 11º satisface el juicio de
necesidad fáctica y jurídica
182.
Solicitudes
de inexequibilidad. Algunos intervinientes
argumentaron que el artículo 11 es innecesario en tanto el artículo 111 del CGP
prevé que “El juez también podrá comunicarse con las autoridades o con los
particulares por cualquier medio técnico de comunicación que tenga a su
disposición, de lo cual deberá dejar constancia” [284]. La
Corte discrepa de la posición de los intervinientes por las siguientes razones.
183.
Necesidad
fáctica. El
artículo 11º (i) elimina el envío
físico de comunicaciones, oficios y despachos; (ii) impone el deber a
los funcionarios judiciales de enviar estos documentos por el medio técnico
disponible; y (iii) dispone que las comunicaciones, oficios y despachos
surtidos de esta forma se presumirán auténticos. Estas medidas son necesarias
desde el punto de vista fáctico porque excluyen “el diligenciamiento físico,
cosa que en estos momentos no es posible ni recomendable”[285] y, además, facilitan
el trámite de las actuaciones judiciales.
184.
Necesidad
jurídica.
El artículo 11º satisface el juicio de necesidad jurídica porque no existe una
regla jurídica ordinaria que permita alcanzar la finalidad de la medida de
excepción. El artículo 111 del CGP no
tiene el mismo contenido jurídico del artículo 11° del Decreto sub examine
y, por ello, no es idóneo y suficiente para alcanzar los objetivos de la medida
de excepción. El artículo 111 del CGP prevé que el uso de medios técnicos con
el fin de enviar las comunicaciones, despachos y oficios es “opcional o
facultativo”[286],
mientras que el Decreto Legislativo “establece como obligatorio el envío de
tales comunicaciones por los medios técnicos y virtuales con que cuente el
Juzgado”[287].
De otro lado, el artículo 111 no prevé la presunción de autenticidad de las
comunicaciones, oficios y despachos enviadas por medios técnicos. La presunción
de autenticidad es indispensable para garantizar la efectividad de la medida en
tanto otorga certeza, seguridad jurídica y garantiza la validez y eficacia
procesal del envío de estos documentos por medio digital.
(j)    El artículo 12º satisface el juicio de
necesidad
185.
Solicitudes
de inexequibilidad. Algunos intervinientes y el Procurador General de la Nación
consideran que el artículo 12º no satisface el juicio de conexidad, necesidad
ni finalidad. Lo anterior, en tanto no contribuye en ningún grado a superar las
causas que dieron lugar a declarar la emergencia. Afirman que el artículo
introduce una modificación en los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, que no “despliega ningún tipo de garantía que permita
superar el estado de crisis sanitaria provocado por la pandemia, o garantizar
un acceso efectivo al servicio esencial a la justicia en un contexto de
aislamiento preventivo obligatorio”[288].
En particular, señalan que esta disposición no es idónea para agilizar los
procesos porque (i) por regla general, las excepciones se fundamentan en
pruebas documentales y, excepcionalmente, en testimoniales, por lo que en la
mayoría de los casos estas pueden ser resueltas en la audiencia inicial, sin
necesidad de suspenderla[289];
y (ii) el cambio del momento en el que las pruebas deben decretarse para
resolver las excepciones previas no representa “una mayor agilidad que
incida realmente en la tutela judicial efectiva”[290]. Por último,
argumentan que la medida es innecesaria desde el punto de vista jurídico, en
tanto que el término del traslado de las
excepciones que prevé es igual al previsto en el art. 175[291] del CPACA
el cual dispone que “cuando se formulen excepciones se correrá traslado
de las mismas por secretaría, sin necesidad de auto que lo ordene, por el
término de tres (3) días”. La Corte discrepa de la posición de los
intervinientes por las siguientes razones.
186.
Necesidad
fáctica. El
artículo 12º es necesario fácticamente en tanto las modificaciones que
introduce al trámite de las excepciones previas y mixtas, dispuesto en el art. 180 del CPACA, contribuyen a prevenir el
contagio y agilizan el trámite de los procesos ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
187.
Primero,
el artículo 12º del decreto sub examine contribuye efectivamente a agilizar
el trámite de las excepciones previas y mixtas pues reduce el número de
audiencias que deben ser convocadas para resolverlas. En efecto, así lo
reconoció el Consejo de Estado que conceptuó que estas medidas buscan “facilitar
enormemente el trámite de los procesos”[292],
que se surtan de manera presencial o por medios virtuales, dado que en
los casos en los que no es necesario decretar pruebas para resolver las
excepciones, “los jueces podrán decidir y terminar, en muchos casos,
los procesos por escrito, sin necesidad de la audiencia”[293]. A
diferencia de la regulación del CPACA, el artículo 12º (i) permite que
las excepciones previas y mixtas sean resueltas antes de la audiencia
inicial “con las pruebas aportadas por las partes”[294] evitando “dilaciones
injustificadas”[295].
De otro lado, (ii) prescribe que, en los casos en los que se requiera de
pruebas adicionales, estas deberán ser decretadas en el auto que cita a la
audiencia y practicadas en la audiencia inicial. Esto simplifica y agiliza el
trámite de la audiencia, pues elimina la posibilidad de que el juez la suspenda
para realizar la práctica de pruebas[296].
Asimismo, la reducción y simplificación del trámite de las audiencias
contribuye a prevenir el contagio, en tanto reduce el desplazamiento de las personas
a los despachos judiciales y las aglomeraciones de personas en las salas de
audiencias[297],
en los eventos en que el proceso deba tramitarse de manera presencial.
188.
Necesidad
jurídica.
El artículo 12º satisface el juicio de necesidad jurídica porque no existe una
norma ordinaria idónea y suficientemente eficaz que permita alcanzar la
finalidad de la medida de excepción. Como se expuso, el artículo 180 del CPACA
no es idóneo ni suficiente, pues no permite que (i) las excepciones sean
resueltas antes de la audiencia inicial
cuando no fuere necesario decretar pruebas y (ii) tampoco permite que
las pruebas necesarias para resolver estas excepciones sean decretadas en el
auto que convoca a la audiencia inicial y tengan que ser practicadas en dicha
audiencia. De otro lado, la Corte resalta que el artículo 12º tiene por objeto
establecer una regulación sistemática del trámite para resolver las
excepciones previas y mixtas en los procesos ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. En estos términos, (i) el aparte normativo que
establece el término del traslado de las excepciones es puramente instrumental
y operativo, y fue incluido por el Gobierno, precisamente, con el objeto de
establecer una regulación unificada de este trámite en un mismo texto legal;
y (ii) no es arbitrario ni irrazonable considerar que el Gobierno
hubiera fijado el mismo término del traslado de las excepciones previsto en el
CPACA.
(k)  El artículo 13º satisface el juicio de necesidad
fáctica y jurídica
189.
Necesidad
fáctica. El
artículo 13º satisface el juicio de necesidad fáctica en tanto contribuye
efectivamente a “resolver con agilidad los procesos sin necesidad de
adelantar todas las etapas consagradas en la ley”, lo cual es necesario
para “alivia[r] notablemente la congestión generada luego de una
suspensión general de términos en la que fueron muy pocas las actuaciones que
pudieron adelantarse”[298].
El Gobierno adujo que la facultad otorgada al juez administrativo para proferir
sentencia anticipada es fundamental “en la actual emergencia, en la que se
dificulta la realización de audiencias, puesto que permite prescindir de ellas,
advirtiéndose que en muchos casos resultan innecesarias”[299]. Asimismo, en los
eventos en que el proceso deba desarrollarse presencialmente, el artículo 13º
mitiga el riesgo de contagio, en tanto reduce el número de audiencias y etapas del proceso que deben adelantarse[300].
190.
Algunos
de los intervinientes argumentan que las medidas de este artículo no son
idóneas para agilizar el proceso. De un lado, sostienen que la causal tercera –que
permite dictar sentencia anticipada cuando una excepción mixta resulte probada
en la segunda etapa del proceso– dilata el proceso. Esto, porque el
juez deberá pronunciarse sobre las excepciones mixtas en la audiencia de
pruebas, aun cuando el numeral 6 del artículo 180 del CPACA exija que esas
fueran resueltas en la audiencia inicial[301].
De otro lado, señalan que las causales segunda y tercera –que permiten dictar
sentencia anticipada por acuerdo de todas las partes e intervinientes y por
allanamiento–, “es de muy dudosa ocurrencia, al interior del proceso
contencioso administrativo”. Al respecto, argumentan que (i) “Un
gran porcentaje de las controversias jurídicas tiene como causa la existencia
de un acto administrativo, que goza de presunción de legalidad y por
consiguiente exige todo un debate probatorio para desvirtuarla”; (ii)
las eventuales implicaciones desde el punto de vista de la responsabilidad
fiscal o la de repetición, desincentivan su aplicación práctica y (iii)
“desde la visión real, es claro que la figura del allanamiento no es
utilizado [sic] por las entidades públicas”[302].
191.
La
Corte no comparte los argumentos de los intervinientes. Primero, el artículo 13º
no restringe la posibilidad de dictar sentencia anticipada antes de la
audiencia de pruebas. Por el contrario, el numeral 1 del artículo 13º prevé
esta posibilidad cuando la resolución de la excepción no requiera la práctica
de pruebas. Asimismo, como se expuso, el
artículo 12º exige que, en los casos en los que sea necesario practicar
pruebas, el juez las practique en la audiencia inicial y allí resuelva la
excepción. En estos términos, el numeral 3 del artículo 13º no dilata el
proceso ni restringe la posibilidad de dictar sentencia anticipada; por el
contrario, crea una causal adicional que faculta al juez a terminar el proceso
“una vez se ha iniciado la instrucción del proceso, […] y observe[e]
que se encuentra probada alguna excepción mixta (caducidad, cosa juzgada,
transacción)”[303].
En segundo lugar, los numerales 2 y 4 del artículo 13º son medidas idóneas para
agilizar el proceso porque, con independencia de la frecuencia en que se
presente el acuerdo entre las partes o los allanamientos, en aquellos casos en
que estas situaciones se presenten, permiten que el proceso se termine de
manera anticipada.
192.
Necesidad
jurídica.
El artículo 13º cumple con el juicio de necesidad jurídica porque no existen
mecanismos ordinarios que sean suficientes y adecuados para lograr los
objetivos de la medida de excepción. El CPACA no tenía disposiciones que faculten al juez administrativo para proferir
sentencia anticipada en las condiciones que prevé la disposición de excepción: (i)
antes de la audiencia inicial y por escrito, cuando el proceso tuviere por
objeto asuntos de puro derecho o no hubiere pruebas por practicar; (ii) en
cualquier momento del proceso, cuando las partes e intervinientes lo soliciten
de común acuerdo o (iii) después de la audiencia inicial, cuando resulte
probada una excepción previa o mixta. De otro lado, el Gobierno no podía haber
adoptado estas modificaciones mediante un decreto reglamentario, pues habría
desconocido la reserva de ley.
(l)    Los artículos 14º y 15° satisfacen el
juicio de necesidad
193.
Solicitudes
de inexequibilidad. Algunos intervinientes consideran que los
artículos 14º y 15º no satisfacen los juicios de conexidad, finalidad ni
necesidad, pues suponen “un cambio sustancial en la forma de tramitación del
recurso de apelación de sentencias en materia civil y de familia, y [laboral]
pasando de un sistema oral y en audiencia a uno predominantemente escritural”[304].
En criterio de los intervinientes, el cambio en la tramitación de la segunda
instancia (de oral a escrito): (i) “nada tiene que ver con la
utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las
actuaciones judiciales”[305];
y (ii) en nada contribuye a “conjurar la crisis sanitaria actual”,
pues no era “imprescindible para el objetivo de las medidas excepcionales por
cuanto las audiencias en la apelación del proceso […] ya se habían digitalizado
en los primeros artículos”[306].
Por las razones que seguidamente se indican, la Corte no comparte la valoración
de los intervinientes.
194.
Necesidad
fáctica. Las
modificaciones al trámite del recurso de apelación y la segunda instancia en
los procesos civiles, de familia (art. 327 del CGP) y laborales (arts. 82 y 83
del CPTSS) son necesarias desde el punto de vista fáctico, en tanto contribuyen
a prevenir el contagio y mitigar la congestión judicial.
195.
De un
lado, se reitera que no todos los procesos van a tramitarse de forma virtual,
en tanto el decreto habilita el trámite presencial en algunos casos. En estos
términos, en aquellos casos en los que el proceso se tramite de manera presencial,
los artículos 14º y 15º contribuyen a prevenir el contagio, dado que previenen
la interacción social de las partes en las audiencias[307]. Además, en la
actualidad “el acceso a las sedes judiciales está restringido o prohibido”,
por lo que las medidas son necesarias para “descongestionar y agilizar el
desarrollo de la segunda instancia”[308].
Aunque la supresión de las audiencias en la segunda instancia de los procesos
que se tramitan de forma virtual no contribuye a prevenir el contagio,
en estos casos la medida es igualmente necesaria porque permite agilizar los
procesos y contribuye a mitigar la congestión judicial. Lo anterior, en tanto
evita “la realización de audiencias respecto de actuaciones que
perfectamente se [pueden] surtir por escrito”[309] como “la
sustentación, oposición y decisión de la alzada”[310], específicamente, en
los casos en que no sea necesario practicar pruebas.
196.
Necesidad
jurídica.
Los artículos 14º y 15° son necesarios desde el punto de vista jurídico porque
el Gobierno no podía modificar los artículos 327 del CGP y 82 y 83 del CPTSS
mediante un decreto reglamentario, en tanto estas normas tienen fuerza material
de ley.
197.
Con
fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte concluye que el Decreto
806 de 2020 satisface el juicio de necesidad.
13.6   Juicio
de no discriminación
i.
El juicio de no
discriminación en la jurisprudencia constitucional
198.
El juicio de no discriminación[311] tiene
fundamento en el artículo 14 de la LEEE[312].
Este juicio exige que: (i) las medidas adoptadas con ocasión de los
estados de excepción no entrañen segregación alguna, fundada en razones de
sexo, raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o
filosófica o de otras categorías sospechosas[313];
y (ii) las medidas no impongan tratos diferentes injustificados[314].
Regla que reproduce el principio de igualdad,
previsto en el artículo 13 de la Constitución[315].
199.
El principio de igualdad tiene dos dimensiones: una formal
y otra material[316].
Su dimensión formal[317] impone al Estado la
obligación de otorgar a los individuos un trato igual “ante la ley” y “en
la ley” [318],
lo que se concreta en la prohibición de discriminación[319] “basada en motivos
definidos como prohibidos por la Constitución Política”[320]. Por su parte, la dimensión
material[321] obliga al Estado a promover
las condiciones necesarias para que la igualdad sea real y efectiva[322]. Por tanto, el Estado debe
implementar políticas “destinadas a beneficiar a grupos discriminados o
marginados de manera sistemática o histórica, a través de prestaciones
concretas o cambios en el diseño institucional”[323]. Estas dimensiones exigen
que los derechos, los privilegios, los deberes y las cargas, se distribuyan de
manera justa y equitativa[324].
200.
Según la
jurisprudencia constitucional, el principio de igualdad tiene carácter
relacional[325]. Esto es, que su aplicación
presupone “una comparación entre sujetos, medidas o situaciones”[326], a partir de un
determinado criterio de comparación[327]. Las situaciones
de igualdad o desigualdad entre las personas o los supuestos “no son
nunca absolutas sino siempre parciales”[328].
De esta forma, el principio de igualdad no exige que el legislador otorgue un
trato “mecánico y matemáticamente”[329]
paritario a los individuos o que cree “una multiplicidad de regímenes
jurídicos atendiendo todas las diferencias”[330]. Por el contrario, el
legislador está facultado para “ordenar de manera similar situaciones
de hecho diferentes”[331], siempre que tales
tratamientos tengan fundamento en un criterio de comparación[332] y sean razonables en
atención a la finalidad que la norma en particular persigue[333].
201.
Del principio de
igualdad se derivan cuatro mandatos específicos aplicables a normas que otorgan
derechos[334] e imponen deberes
y cargas[335]: (i) un mandato
de trato idéntico a destinatarios que “se encuentren en
circunstancias idénticas”[336];
(ii) un mandato de trato diferente a destinatarios “cuyas
situaciones no comparten ningún elemento en común”[337]; (iii) un mandato de trato
similar a destinatarios “cuyas situaciones presentan similitudes
y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las
diferencias”[338];
y, por último, (iv) un mandato de trato diferenciado a
destinatarios que “se encuentren en una posición en parte similar y
en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias s[o]n más relevantes que
las similitudes”[339].
En consecuencia, las normas que contienen tratos idénticos, diferentes,
similares o diferenciados, entre personas o supuestos, deben
fundamentarse siempre en el principio de razonabilidad[340].
202.
El principio de igualdad
procesal. En materia
procesal, el mandato en virtud del cual toda persona puede
ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades y condiciones dentro de un
proceso se expresa en el principio de igualdad procesal[341].
En virtud de este, una norma procesal resulta discriminatoria cuando las
personas que deben tomar parte de una determinada actuación reciben un trato
distinto a quienes se encuentran en una situación similar, sin que exista
justificación constitucional aceptable[342]. En otras palabras, un trato
legal discriminatorio no se configura frente a las actuaciones procesales en sí
mismas, en tanto actos jurídicos sucesivos de distinta naturaleza, sino entre
las personas relacionadas con dichas actuaciones[343].
De modo que, una regulación procesal resultará lesiva del principio de
igualdad, cuando las partes del mismo proceso son
tratadas por la ley en forma diferente, a pesar de que deberían recibir un
trato igual por mandato constitucional[344].
203.
El
juicio integrado de igualdad. Para analizar razones de inconstitucionalidad por violación de este
principio, la jurisprudencia ha desarrollado “el juicio integrado de igualdad”[345]. Este juicio impone, en primer lugar, verificar la existencia de una
afectación prima facie al principio de igualdad[346]. Seguidamente, exige determinar
si dicha afectación prima facie se encuentra constitucionalmente
justificada, para lo cual se debe, en segundo lugar, definir la intensidad del
juicio: débil, intermedio o estricto, y, en tercer lugar, analizar la
proporcionalidad, conforme a las exigencias del juicio de proporcionalidad.
204.
Así las cosas, en
primer lugar, para determinar si existe una afectación prima facie al
principio de igualdad, se verifica si la norma afecta una posición jurídica
adscrita prima facie al principio de igualdad. Para esto: (i) se define
el criterio de comparación, “patrón de igualdad o tertium
comparationis”[347], y (ii)
se valora si, de conformidad con dicho criterio de comparación, los sujetos y
situaciones son comparables desde las perspectivas fáctica y jurídica[348]. En general, la
jurisprudencia constitucional ha determinado que existe una afectación prima
facie si la norma objeto de control prevé una carga o beneficio
diferenciado entre sujetos comparables[349].
205.
En segundo lugar, el juez constitucional debe definir la intensidad
del juicio (débil, intermedio o estricto)[350]
a partir del grado de libertad de configuración que la Constitución reconoce al
legislador[351]
en función de: (i) la materia regulada[352], (ii) los
principios constitucionales o derechos fundamentales comprometidos[353] (iii) los sujetos
perjudicados o beneficiados por la medida procesal[354] y, (iv) sin duda,
el precedente constitucional.
206.
En tercer lugar, el juez constitucional debe determinar si la
carga o beneficio diferenciado que impone la medida está justificada a partir
de la aplicación del juicio de proporcionalidad. En estos términos, el juez
debe valorar si la medida satisface las exigencias de los subprincipios de
idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto,
cuyo alcance varía según la intensidad del escrutinio: débil, intermedio o
estricto[355].
207.
En el test débil, el juez debe constatar si la medida legislativa: (i) persigue
una finalidad que no está “constitucionalmente prohibida”[356] y (ii) es “idónea
o adecuada”[357], en algún grado,
para contribuir a alcanzar la finalidad que persigue.[358] Por regla general, este juicio se
aplica a materias en las que el Legislador tiene un amplio margen de
configuración, como es el caso de aquellas relacionadas con el diseño de los
procesos judiciales.
208.
En el test intermedio[359], el juez debe valorar si la medida legislativa: (i)
persigue una finalidad “constitucionalmente importante”[360], (ii) el medio para lograrlo es efectivamente
conducente[361] y (iii) la
medida no es evidentemente desproporcionada[362]. Este juicio ha sido utilizado por la Corte de manera excepcional para valorar medidas
legislativas relacionadas con el diseño legal de los procesos judiciales, en
aquellos eventos en los que aquellas entran en fuerte tensión con ciertos derechos
constitucionales fundamentales. Cuando esta especial tensión no se presenta,
el test utilizado, por regla general, ha sido el débil. Si bien los procedimientos pertenecen
al amplio margen de configuración legislativa, el grado de escrutinio judicial
se hace más estricto cuando se alega que a partir de los efectos del trámite se
estaría ante una posible afectación de derechos constitucionales. En otras
palabras, cuando la Corte evidencia que la regulación procesal puede afectar
estos derechos, eleva el grado de intensidad del juicio, pasándose del leve
al intermedio[363].
209.
En el test estricto, el juez debe valorar si la medida legislativa: (i)
persigue una finalidad “constitucionalmente imperiosa”[364]; (ii) es idónea, en el sentido de que sea probable
que su aplicación contribuya efectivamente a alcanzar la finalidad que
persigue; (iii) es necesaria, en el sentido de que al momento de
adoptarla el legislador contaba con elementos de juicio que le permitían
concluir, con un alto grado de certeza, que era la “menos lesiva”
con el derecho fundamental comprometido “entre todas aquellas que
revisten por lo menos la misma idoneidad” y (iv) es proporcional
en sentido estricto, en el sentido de que “los beneficios de adoptar la
medida exced[e]n claramente las restricciones impuestas sobre otros principios
y valores constitucionales”[365]. Por lo general, este juicio es aplicado a
medidas que se fundamentan en criterios sospechosos de discriminación, y,
precisa la Sala, no existe un precedente acerca de la aplicación de este nivel
de escrutinio en el diseño de procesos judiciales.
ii.
El Decreto Legislativo 806 de 2020 satisface el
juicio de no discriminación
210.
Las
medidas procesales previstas por el Decreto Legislativo 806 de 2020 satisfacen,
en términos generales, el juicio de no discriminación. Esto, habida cuenta de que, ninguna de las medidas
supone una forma de discriminación fundada en criterios sospechosos, o implica
tratos diferenciados injustificados y, por tanto, no desconocen la prohibición
prevista por el artículo 13 de la Constitución Política. Así, las disposiciones
que prevén nuevos deberes para las partes en los procesos que se tramitan
mediante el uso de las TIC (primer eje temático) no suscitan dudas en materia
de igualdad pues no implican, de suyo, tratamientos diferenciados entre las
partes procesales. En el mismo sentido, las normas comprendidas en el segundo
eje temático reducen y flexibilizan actuaciones y actos procesales sin imponer tratamientos
diferenciados a las partes que en ellas intervienen. No obstante, habida cuenta
de las intervenciones recibidas, la Corte analizará tres posibles tensiones de
algunas medidas con el principio de igualdad: (a) si el artículo 1º vulnera
el principio de igualdad, al presuntamente excluir de manera injustificada de
la aplicación del Decreto a los usuarios de la administración de justicia sin
acceso a las TIC; (b) si el artículo 2º desconoce el principio de igualdad procesal, al
permitir que respecto de ciertas personas se implementen criterios de
accesibilidad y ajustes razonables para garantizar el acceso a la
administración de justicia; y (c) si el inciso 4 del artículo 6º vulnera el principio de igualdad
entre las partes procesales, dado
que, mientras los términos para la presentación de la demanda por la parte
actora permanecen iguales, los exigidos para la contestación se amplían.
211.
Para
tales efectos, la Sala, (i) precisará el contenido de la disposición examinada;
(ii)
describirá
el contenido de las intervenciones que aducen la existencia de un trato
desigual; (iii) definirá y (iv) resolverá el problema jurídico
propuesto, a partir del juicio integrado de igualdad, en los términos descritos
en el epígrafe anterior.
(a) Igualdad y acceso a las TIC como exigencia para la
prestación del servicio público de administración de justicia (art. 1º)
212.
El
Decreto Legislativo 806 de 2020 en su artículo 1º prescribe que el objeto de la
norma es implementar el uso de las TIC en las actuaciones judiciales, y
agilizar los trámites procesales. El artículo contempla dos excepciones al
trámite virtual de los procesos: cuando las autoridades judiciales o los
sujetos procesales (i) no cuenten con los medios tecnológicos, o (ii)
no se considere necesario su uso (cfr., sección 11.1 supra, en
particular, “ii. Reglas generales en la implementación de las TIC (arts. 1º y
2º)”).
213.
Algunos
de los intervinientes consideran que el artículo sub examine supone una
vulneración al derecho a acceder a la administración de justicia en condiciones
de igualdad, y a la tutela judicial efectiva. Esto por cuanto: (i) la
virtualidad no será generalizada, en razón a la precariedad del acceso a las
TIC en el país[366];
(ii) la norma genera una distinción en la prestación del servicio
público de administración de justicia, según que las personas tengan o no acceso
a las TIC[367];
(iii) la norma legisla para una minoría, dado que generalmente solo
aquellos ubicados en las cabeceras municipales o grandes ciudades, donde
también se encuentra concentrado el poder económico, tienen acceso a los medios
electrónicos[368];
y (iv) la medida genera desigualdad entre los sujetos procesales, dado
que una de las partes puede contar con las herramientas tecnológicas para
enfrentar el proceso, mientras que la otra, al no contar con un servicio de
conexión a Internet, no puede ejercer sus derechos en igualdad de condiciones[369].
214.
Habida
cuenta de lo anterior, le corresponde a la Corte decidir si el artículo 1º del
Decreto Legislativo 806 de 2020 vulnera el principio de igualdad previsto en el
artículo 13 de la Constitución al disponer, como regla general, la prestación
del servicio de administración de justicia mediante el uso de las TIC, y
admitir la prestación presencial solo cuando (i) los usuarios no tengan
acceso a las TIC o (ii) no sea necesario su uso. Para resolver este
problema, antes de aplicar el juicio de igualdad, la Corte se ocupará de
definir el alcance de la medida objeto de estudio.
215.
Alcance
de la medida.
El artículo
1° sub judice modifica, de manera transitoria, la LEAJ, el CGP y el
CPACA respecto del uso de las TIC en las actuaciones judiciales. Esto, en tanto
dispone que es deber de los sujetos procesales y de las autoridades judiciales el
uso de las TIC en el trámite de los procesos. Sin embargo, también prevé que,
de manera excepcional, los procesos judiciales se tramiten de forma presencial
en las situaciones referidas al inicio de este acápite[370], de modo que se
garantice el acceso a la administración de justicia de toda la población,
incluidos quienes no cuentan con acceso a las TIC. En consecuencia, la medida diferenciada
prevista en el artículo 1, además de disponer el uso de las TIC, también tiene
por objeto garantizar que los usuarios que deban adelantar sus procesos de forma
presencial, sigan teniendo acceso a la administración de justicia y reciban el
servicio en condiciones de bioseguridad más favorables. Corresponderá al juez,
en cada caso en concreto, como director del proceso, (i) verificar las
condiciones particulares de acceso de quienes acuden a la administración de
justicia, y, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, (ii)
determinar si el proceso debe adelantarse de manera virtual o presencial. Todo
ello a fin de maximizar la garantía de acceso a la administración de justicia
de toda la población, durante la pandemia.
216.
Sujetos
a comparar y criterio de comparación. La Sala advierte que los sujetos a
comparar, para determinar la existencia de una afectación prima facie al
principio de igualdad procesal, son: (i) los usuarios de la
administración de justicia con acceso a las TIC y (ii) los usuarios de
la administración de justicia sin acceso a estos medios tecnológicos. El
criterio de comparación relevante para determinar que se trata de sujetos
comparables es, entonces, la calidad de usuarios de la administración de
justicia. Esto, debido a que, por lo menos prima facie ambos grupos
tiene la misma necesidad e igual derecho de acceder a la justicia en
condiciones de seguridad sanitaria durante la emergencia generada por la COVID-19,
a fin de resolver las controversias que se les presenten.
217.
Afectación
prima facie del principio de igualdad. La Sala constata que el artículo 1º
del Decreto sub examine afecta prima facie el principio de
igualdad, en tanto prevé un trato diferenciado entre los sujetos
comparados, que implica la imposición de cargas procesales distintas, y la
aplicación de normas diferentes para cada grupo en el trámite de los procesos
judiciales a los que concurren en función de su acceso a las TIC. En efecto, (i)
tal como se explicó in extenso en la sección 11 supra (“Contenido y alcance de las
medidas adoptadas mediante el Decreto Legislativo 806 de 2020”), las medidas adoptadas
para la implementación de las TIC en los procesos judiciales modifican el
régimen procesal ordinario al prever alternativas que, por un lado, agilizan
los procesos judiciales al eliminar requisitos y formalidades propias del
trámite presencial de los procesos y, por otro, generan mayores cargas
procesales a las partes procesales. (ii) Dado que las medidas de
bioseguridad necesarias para la prestación presencial del servicio de justicia
limitan la capacidad instalada de los despachos judiciales al restringir la
asistencia de funcionarios a las sedes judiciales (cfr., sección 10 supra,
“Acciones
adoptadas en el curso de la emergencia sanitaria en relación con la prestación
del servicio público de administración de justicia”), la exclusión de los
usuarios sin acceso a las TIC de las medidas del decreto puede generar una
afectación a su derecho a la tutela judicial efectiva.
218.
En
este caso, la Sala aplicará un juicio de intensidad intermedia, en
consideración a que, aunque el legislador tiene una amplia libertad de
configuración en materia procesal, la afectación identificada puede comprometer
el derecho de acceso a la administración de justicia.
219.
El
artículo 1º sub judice persigue finalidades constitucionalmente importantes. La Sala observa que la
medida persigue 3 finalidades (acerca del alcance preciso de estas, se remite a
lo señalado en la sección 13.1 supra) constitucionalmente
importantes, a saber: (i) garantizar el acceso efectivo a la
administración de justicia durante la pandemia (arts. 29 y 229 de la
Constitución)[371];
(ii) garantizar el derecho al trabajo y al mínimo vital de quienes
dependen económicamente de este sector (arts. 25 y 53 de la Constitución)[372] y (iii)
proteger el derecho a la salud, tanto de usuarios como de administradores de
justicia (arts. 2, 11, y 44 de la Constitución)[373].
220.
En
consecuencia, la Sala concluye que el artículo 1º sub examine persigue,
en efecto, finalidades constitucionalmente importantes, por cuanto, todas
ellas, promueven valores, principios y derechos valorados por la
Constitución[374].
221.
El
artículo 1º del Decreto Legislativo 806 de 2020 es una medida idónea. La Sala encuentra que
disponer, como regla general, que el trámite de los procesos judiciales se
realice por medio del uso de mecanismos tecnológicos conduce de forma efectiva
a: (i) normalizar la prestación del servicio de administración de
justicia en el marco de la pandemia y (ii) reducir el riesgo de contagio
de los servidores públicos y los usuarios de este servicio. Por otro lado,
admitir que algunos procesos se tramiten de forma presencial con sujeción a
medidas de bioseguridad es efectivamente conducente para: (i) garantizar que aquellas
personas que por sus condiciones materiales no tengan acceso a las herramientas
tecnológicas, no se vean privadas de su derecho a acceder a la administración
de justicia; y (ii) reducir el riesgo
biológico al que se exponen aquellos que deben atender trámites procesales de
forma presencial. Por
lo tanto, la Corte concluye que el trato diferente que la medida otorga a los
usuarios de la administración de justicia, en consideración a si tienen o no
acceso a las TIC, es una medida efectivamente conducente para garantizar el
acceso a la justicia, reactivar este sector económico y proteger la salud de
usuarios y servidores de la justicia.
222.
El
artículo 1º del Decreto Legislativo 806 de 2020 es una medida necesaria. Contrario a lo alegado
por los intervinientes, es razonable concluir que no existe otra medida con
igual idoneidad para garantizar en la misma medida el acceso a la
administración de justicia y el derecho a la salud de funcionarios y usuarios. La
Sala observa que no existe evidencia de que los fines constitucionales
propuestos podrían ser igualmente satisfechos si el legislador hubiese optado
por eliminar en su totalidad los trámites presenciales durante el término de la
emergencia sanitaria, dejando como única vía la virtual. De hecho, según la
información aportada por el Gobierno nacional, poco menos de la mitad de la
población colombiana no tiene acceso a Internet, o se conecta mediante
tecnologías que limitan la capacidad de recibir audio y video de calidad en
tiempo real[375].
Tampoco existe evidencia que demuestre que la prestación presencial del
servicio, sin alternativas virtuales, es menos lesiva y más idónea para
garantizar la justicia, el trabajo y la salud de quienes participan del
sistema, que la medida diferenciada dispuesta en el artículo 1º.
223.
El
artículo 1º del Decreto Legislativo 806 de 2020 es una medida proporcional en
estricto sentido. La Sala Plena advierte que el grado de afectación que la
medida genera al derecho a la igualdad de los usuarios sin acceso a las TIC es
apenas leve, en comparación con el alto grado de satisfacción que
logra de los 3 fines propuestos. Esto, por cuanto, los usuarios que deben
adelantar sus procesos de forma presencial seguirán teniendo acceso a la
administración de justicia y recibirán el servicio en condiciones de
bioseguridad más favorables, dado que la afluencia de personas a las sedes
judiciales se reducirá por efecto del uso de las TIC. Si bien es cierto, la
adopción de medidas de bioseguridad puede limitar la capacidad de los despachos
para atender los procesos de forma presencial, con igual eficiencia que en
condiciones de normalidad, la Corte encuentra que, en todo caso, esa afectación
se ve compensada con el beneficio que la medida reporta para la protección de
la salud de los usuarios del servicio de administración de justicia.
224.
La
brecha tecnológica del país impide que, en la actualidad, la prestación del
servicio de justicia sea íntegramente virtual, habida cuenta de que solo el
52,7 % de la población tiene acceso a Internet. Esta cifra evidencia la
necesidad de crear medidas diferenciadas para garantizar la prestación de los
servicios esenciales del Estado, entre ellos, el servicio de administración de
justicia[376].
En estos términos, la Sala advierte que la medida diferencial prevista en el
artículo 1º del Decreto Legislativo sub examine, contrario a
limitar el acceso de los más vulnerables a obtener una decisión judicial
durante la pandemia, maximiza su protección. Esto, dado que permite que el 47,3
% restante de la población, que no cuenta con acceso a las TIC, pueda en todo
caso acudir ante una autoridad judicial a resolver sus pretensiones, bajo
estrictas medidas de bioseguridad.
225.
En
el marco de esta emergencia, la Corte ha considerado ajustadas a la
Constitución las medidas que habilitan la prestación de los servicios públicos
mediante las TIC. Habida cuenta de que la prestación por estos medios genera un
equilibrio razonable entre la obligación de las autoridades de prestar los
servicios y el deber de protección de la salud de quienes participan de él. De
allí que estos mecanismos, contrario a vulnerar derechos, autorizan, habilitan
y facilitan el ejercicio de las potestades jurídicas y el cumplimiento de las
medidas sanitarias[377].
Todo ello, sin duda, durante una vigencia limitada en el tiempo.
226.
Por
los motivos expuestos, la Sala Plena concluye que la implementación
diferenciada de las TIC en las actuaciones procesales es compatible con la
Constitución Política y con el principio de igualdad, dado que es una medida
razonable, idónea, necesaria y proporcional en estricto sentido.
(b) Igualdad, criterios de accesibilidad y ajustes
razonables para garantizar el acceso a la administración de justicia (art. 2º)
227.
El
artículo 2º del Decreto Legislativo 806 de 2020 dispone que las TIC deben
usarse en los procesos judiciales para facilitar y agilizar el acceso a la
justicia y garantizar el debido proceso, la publicidad y la contradicción.
Además, dispone que las autoridades judiciales, es decir los jueces
(individuales o colegiados) y las autoridades administrativas que ejercen
funciones jurisdiccionales a quienes aplica el Decreto Legislativo sub
examine, deben dar a conocer en su página Web los canales oficiales de
comunicación por medio de los cuales puedan prestar el servicio. También prevé
que los municipios, personerías y otras entidades públicas deben facilitar a
los sujetos procesales el acceso a las sedes virtuales de aquellos. Por último,
el inciso 4 de este artículo prevé que “En aplicación de los convenios y
tratados internacionales se prestará especial atención a las poblaciones
rurales y remotas, así como a los grupos étnicos y personas con discapacidad
que enfrentan barreras para el acceso a las tecnologías de la información y las
comunicaciones, para asegurar que se apliquen criterios de accesibilidad y se
establezca si se requiere algún ajuste razonable que garantice el derecho a la administración
de justicia en igualdad de condiciones con las demás personas”.
228.
Algunos
intervinientes consideran que el artículo 2º del Decreto Legislativo requiere
de una interpretación restrictiva, que limite el alcance de los criterios de
accesibilidad y las posibilidades de ajuste allí mencionadas. Esto, en tanto
consideran que la medida no es clara sobre quién debe efectuar tales
modificaciones al proceso. Además, indican que existen dudas acerca de si esta
potestad significa que el operador jurídico puede excepcionar la aplicación de
las normas procesales y reemplazarlas por los ajustes ad hoc que
considere necesarios, lo que podría llevar a problemas de igualdad procesal por
desconocimiento del funcionamiento del proceso[378].
229.
En
atención a estas consideraciones, la Corte deberá determinar si e l inciso 4°
del artículo 2º vulnera el principio de igualdad de armas procesales de las
partes, al otorgar a los jueces la facultad de fijar criterios de accesibilidad
y efectuar ajustes razonables al proceso, en favor de sujetos procesales que
pueden experimentar barreras de acceso. Para resolver este problema, antes de
aplicar el juicio de igualdad, la Corte se ocupará de definir el alcance de la
medida objeto de estudio.
230.
Alcance
de la medida. Los
sujetos amparados por las garantías del inciso 4 de la norma sub judice son
solo los usuarios de justicia que, de conformidad con el artículo 1º del
Decreto Legislativo, acuden a la administración de justicia por medios
virtuales, en atención a que: (i) cuentan con acceso material a las TIC
y (ii) no aportaron justificación alguna que indicara su falta de acceso
a medios tecnológicos o sobre que su uso se considerara innecesario. En otras
palabras, los sujetos receptores de las medidas previstas en el artículo 2º
son, en su generalidad, los usuarios de la administración de justicia con
acceso a las TIC[379].
Aquellos que, aunque pertenezcan a las poblaciones protegidas por el inciso 4
de este artículo y no tengan acceso a las referidas tecnologías, no están
cobijados por la medida objeto de estudio (aplicación de ajustes razonables),
sino por el tratamiento diferenciado previsto en el artículo 1° del Decreto
Legislativo sub examine, que permite el trámite presencial de los
procesos judiciales –esto es, para aquellas personas que no tienen acceso a las
TIC–.
231.
Algunos
intervinientes manifiestan que la medida no contempla la situación de personas
que también requieren la aplicación de criterios de accesibilidad diferencial
tales como las personas de la tercera edad, personas con marcapasos[380], o
aquellas que puedan tener dificultades para el manejo de las plataformas, ya
sea por razones de salud, educativas, sociales o culturales[381]. Para
valorar el alcance de estos cuestionamientos de constitucionalidad es necesario
determinar la naturaleza, contenido e idoneidad de las atribuciones otorgadas
al juez por la disposición objeto de análisis.
232.
Alcance
y contenido de los criterios de accesibilidad y ajustes razonables previstos en
el artículo 2°. Los tratados y normas internacionales disponen que la
facultad de fijar criterios y adoptar ajustes razonables en pro de la garantía
de los derechos de los más vulnerables es una medida idónea y efectiva para
alcanzar la igualdad material y el acceso a la justicia de este tipo de sujetos[382]. A igual conclusión ha
arribado la
jurisprudencia constitucional, al analizar las obligaciones del Estado respecto
de las personas en
situación de discapacidad[383]. En Colombia, el cumplimiento del
mandato de especial protección para estas personas se ha concretado con la
expedición de las leyes 324 de 1996[384], 982 de 2005[385] y 1346 de 2009[386]. Esta última prevé en su artículo 13 un
deber específico de efectuar ajustes razonables en materia de acceso a la
justicia[387]. Este mandato se materializa en el
artículo 21 de la Ley 1618 de 2013, que prevé el conjunto de deberes y obligaciones encaminadas a
garantizar el acceso a la justicia, e incluye la obligación de facilitar “los
servicios de apoyo requeridos para garantizar en igualdad de condiciones, con
las demás personas, el acceso a la Justicia” [388].
233.
El mandato de tomar las medidas necesarias[389] para que
las personas en situación de discapacidad puedan superar las barreras que dificultan el goce efectivo, en
condiciones de igualdad, del derecho de acceso a la justicia,
no es para nada novedoso. La facultad de efectuar
ajustes razonables tiene su origen Estados Unidos[390] y Canadá[391], como
herramienta jurídica útil para: (i) abordar la gestión de las normas
antidiscriminatorias, (ii) como corolario del derecho a la igualdad y no
discriminación, (iii) como mecanismo de realización del principio de
igualdad material y (iv) como mecanismo para lograr un pluralismo
integrador y la cohesión social de sociedades democráticas e interculturales[392]. El
correcto uso de estas facultades supone que las autoridades, en ejercicio de su
rol como directores del proceso, deben evaluar, en cada caso concreto, si los
criterios de accesibilidad o los ajustes razonables son efectivamente
necesarios y conducentes para asegurar el acceso a la administración de
justicia, y, además, deben evitar exigir o cumplir formalidades innecesarias
que puedan perjudicar a cualquiera de las partes.
234.
La
implementación ampliada de estas herramientas resulta acorde con las “100
Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de
vulnerabilidad”, cuyo fin es garantizar condiciones de acceso efectivo a la
justicia, sin discriminación alguna, para el pleno goce de los servicios del
sistema judicial[393].
Estas reglas de derecho blando (soft lawu), invitan al aprovechamiento
de los avances tecnológicos para mejorar las condiciones de acceso a la
justicia de las personas en situación de pobreza, las comunidades indígenas,
las personas en situación de discapacidad, entre otros[394].
235.
En consideración
de lo dicho, la Sala Plena advierte que esta herramienta, lejos de estar
diseñada de manera exclusiva para proteger a las personas en situación de discapacidad,
ha sido históricamente aplicada a favor de todos los grupos vulnerables (entre
otros, campesinos, trabajadores rurales, pueblos indígenas y comunidades
afrodescendientes, entre otros) y a las personas cuyas características físicas, psíquicas o
modos de vida difieren de la generalidad[395].
Estas medidas se han implementado siempre con el fin de lograr la adecuación
eficaz y práctica del contenido normativo y, por ende, lograra una igualdad
material[396].
236.
En
consecuencia, dado que el inciso 4 del artículo 2° sub examine impone a
las autoridades judiciales el deber de aplicar criterios de accesibilidad y
establecer ajustes razonables “en aplicación de los convenios y tratados
internacionales”, la Sala considera que la medida faculta a los jueces para
garantizar los derechos de cualquier sujeto de especial
protección constitucional, que presente una limitación en sus
condiciones materiales de igualdad [397], esté cobijado o no de
manera expresa por la lista enunciativa del artículo 2º del Decreto Legislativo
sub examine. Esto, claro está, siempre bajo el entendido de que tal
adecuación: (i) no debe significar una carga
desproporcionada para el ente que efectúa la intervención, ni para las partes[398]; (ii)
debe determinar su alcance según cada caso concreto[399]; y (iii) debe procurar el acercamiento de los servicios
del sistema de justicia a las personas que se encuentran en lugares
geográficamente lejanos o con especiales dificultades de comunicación[400].
237.
Determinado
el alcance y contenido de la disposición estudiada, la Sala aplicará el juicio integrado
de igualdad. Para el efecto, definirá los sujetos comparables y evaluará si
existe o no una afectación prima facie al citado principio. En el evento
de ser así, definirá si la medida es proporcional o no.
238.
Sujetos
comparables y criterio de comparación. Los sujetos a comparar son: (i)
los usuarios de la administración de justicia con acceso a las TIC,
pertenecientes a poblaciones rurales y remotas, grupos étnicos y personas en
situación de discapacidad, y (ii) los demás usuarios de la
administración de justicia con acceso a las TIC, que no enfrentan barreras para
acceder a estas. El criterio de comparación relevante para determinar que se
trata de sujetos comparables es, entonces, su calidad de usuarios de la justicia
con acceso a las TIC. Esto, debido a que, por lo menos prima facie,
ambos grupos acceden a la administración de justicia por medios virtuales bajo
las reglas dispuestas por el Decreto Legislativo 806 de 2020.
239.
Inexistencia
de una
afectación prima facie al principio de igualdad. La Sala constata que,
aunque el artículo 2º prevé un trato diferenciado en beneficio del primer grupo
de sujetos, este tratamiento no afecta prima facie el principio de
igualdad. La Sala advierte que el artículo 2º contiene una acción afirmativa,
del tipo promocional y facilitador, que tiene por objeto dotar a las
autoridades de herramientas para garantizar el acceso en condiciones de
igualdad a sujetos históricamente discriminados o marginados, como las
poblaciones rurales y remotas, los grupos étnicos y las personas en situación
de discapacidad[401].
De modo que, aunque la medida legislativa da lugar a un trato diferente, lejos
de afectar el principio de igualdad, esta medida: (i) concreta el
mandato constitucional de igualdad material respecto de grupos poblacionales
sensiblemente afectados (artículo 13.2 y 13.3 Superior), y (ii)
garantiza el acceso a la administración de justicia (artículos 2, 29 y 229 de
la Constitución).
240.
La
Corte encuentra que el grado de afectación que el artículo 2º genera sobre el
derecho de acceso a la administración de justicia en igualdad de condiciones de
los demás sujetos procesales es prácticamente inexistente. Esto, dado que la
medida parte de la necesidad de efectuar ajustes razonables e implementar
criterios de accesibilidad, a fin de igualar el acceso de los sujetos
procesales y lograr la participación efectiva, sin deteriorar los derechos de
la contraparte. Además, la medida satisface en un alto grado el principio de
igualdad, al tiempo que garantiza, en época de pandemia, el derecho de acceso a
la administración de justicia, pues compensa las barreras de acceso sufridas
por grupos históricamente vulnerados o marginados. Por lo que, contrario a lo manifestado
por los intervinientes, la medida procura de manera efectiva el acceso a la
justicia en condiciones de igualdad procesal, de quienes se encuentran en zonas
rurales apartadas.
241.
Por
lo demás, la Sala estima necesario precisar que, en todo caso, al hacer uso de
las facultades que le concede la disposición analizada, el juez debe obedecer a
motivos objetivos y razonables, debidamente justificados, que permitan
determinar si la medida diferencial es aceptable desde un punto de vista
jurídico[402]
y conduce, de forma efectiva, en el caso concreto, a nivelar las condiciones
de acceso que, ab initio, se identifican como asimétricas.
(c)  Igualdad y ampliación del término para contestar las
demandas (inciso 4 del art. 6º)
242.
El
artículo 6º del Decreto Legislativo sub examine prevé en su inciso 4
que, salvo cuando se soliciten medidas cautelares o se desconozca el lugar de
notificaciones del demandado, el demandante al presentar la demanda deberá
enviar simultáneamente copia de la misma y de sus anexos al demandado. Sin la
acreditación de esta remisión, la autoridad judicial inadmitirá la demanda.
243.
Algunos
intervinientes manifestaron que
la medida vulnera el principio de igualdad procesal porque afecta la
neutralidad del proceso, dado que los términos para la presentación de la
demanda por la parte actora permanecen iguales, mientras que la contraparte ve
ampliado el término (sin temporalidad definida) para ejercer su derecho de
defensa y contradicción[403]. Además, consideran que este requisito
previene a la contraparte[404] y le otorga un término
extraprocesal[405], inoportuno y
anticipado para preparar la defensa de un proceso judicial que todavía no
existe formalmente. También, señalan que la medida supone un riesgo para el demandado,
dado que este puede recibir varios documentos, sin que exista certeza sobre
cuál debe contestar y el momento en que empieza a correr el término[406]. Por estos motivos, solicitan que se
condicione el artículo en el sentido de que el envío de la copia de la demanda es
voluntario y no constituye requisito de procedibilidad[407].
244.
En
defensa de la medida, otros intervinientes manifestaron que la obligación de
remitir la demanda,
junto con
sus anexos, privilegia la buena fe, la lealtad procesal y la transparencia.
Esto, debido a que el
demandado siempre conocerá que en su contra ha sido presentada una demanda,
salvo cuando (i) se soliciten medidas cautelares previas a la
notificación del demandado o (ii) se desconozca el lugar físico o el
canal digital en donde el demandado podrá ser notificado. Asimismo, manifestaron
que la medida agiliza, simplifica y facilita las notificaciones, pues la
documentación anexa será conocida previamente por los interesados[408].
245.
Le
corresponde a la Sala decidir si el inciso 4 del artículo 6° del Decreto Legislativo
vulnera el principio de igualdad procesal entre demandante y demandado, al
disponer que en los casos en que se conozca el lugar donde recibirá
notificaciones el demandado y no se soliciten medidas cautelares, el
demandante, de manera simultánea a la presentación de la demanda, deberá enviar
copia de ella y de sus anexos a los demandados.
246.
Sujetos
comparables y criterio de comparación. Los sujetos a comparar para determinar
la existencia de una afectación prima facie en el asunto sub judice
son: (i) demandantes y (ii) demandados incursos en el trámite
previsto por el Decreto Legislativo 806 de 2020. El criterio de comparación
relevante para determinar que son sujetos comparables es su calidad de
partes procesales[409].
247.
La igualdad procesal se concreta en el derecho que tienen los
sujetos de acceder a la justicia y de recibir idéntico tratamiento por parte de
la administración, en situaciones similares. En todo caso, el legislador puede
otorgar un tratamiento diferente a supuestos que, en realidad, sean también
diversos[410]. De modo que, es factible que el legislador en el diseño
procesal que configure[411], asigne a las partes, al
juez y aún a terceros intervinientes, deberes, obligaciones y cargas procesales
de conducta[412], sin que esto suponga una
desigualdad procesal o una violación de los derechos de las partes[413].
248.
Inexistencia
de una
afectación prima facie al principio de igualdad. A juicio de la Sala, la
carga que el artículo 6 impone al demandante no supone un trato diferenciado
entre demandante y demandado que afecte la igualdad procesal de las partes o el
derecho al debido proceso pues prevé la modificación de una actuación procesal
que incumbe solo a una de las partes y no corresponde a una de aquellas etapas
del proceso en las que los términos concedidos a las partes deben ser igualados
para garantizar el equilibrio procesal. En contraste, aun con la modificación
introducida por el Decreto Legislativo, las partes tienen igual oportunidad
para: (i) defender sus pretensiones y excepciones una vez se traba el
litigio; (ii) participar en la práctica de pruebas y (iii)
interponer recursos y presentar alegaciones.
249.
La
Sala discrepa de los intervinientes que solicitan la declaratoria de
inexequibilidad, en tanto las cargas procesales que son comparadas por estos
difieren en su naturaleza. La primera se refiere al cumplimiento del término perentorio
para ejercer una determinada acción y la segunda al término otorgado por ley al
demandado para defenderse de las pretensiones que se presenten en su contra. Además,
están previstas para ejercerse en momentos procesales distintos. Sostener que se
trata de cargas equiparables, y, por tanto, que debe aplicarse una regla de
igualdad aritmética implicaría la obligación de conceder al demandado un
término de contestación similar en extensión al término de caducidad exigido al
demandante para ejercer la acción, lo cual sería, a todas luces, irrazonable.
250.
Por
otra parte, la Sala observa que la carga impuesta al demandante hace parte del
deber constitucional de colaboración con los órganos jurisdiccionales[414], el cual
puede ser válidamente determinado por el legislador, a fin de dar celeridad y
seguridad jurídica al proceso. Por lo que, contrario a generar una desigualdad
procesal entre las partes, su cumplimiento por parte del demandante supone la
materialización de los mandatos constitucionales.
251.
Además,
se advierte que: (i) el demandante tiene un término mayor para la
elaboración de la demanda, diseño de su estrategia de litigio y recopilación de
pruebas, solo limitado por el término de caducidad de la acción; por tanto,
aquel, en todos los casos, es superior al término concedido por el ordenamiento
al demandando para los mismos propósitos; (ii) el litigio realmente se
traba con la notificación del auto admisorio de la demanda, por lo que sin
importar las acciones que el demandado pueda adelantar de manera previa, la
decisión de iniciar el proceso sigue a cargo de la autoridad judicial como
rector del proceso, garante de la seguridad jurídica y de la publicidad de las
actuaciones; (iii) los elementos esenciales del proceso están
garantizados, habida cuenta de que las oportunidades procesales para exponer ante el juez las pretensiones,
las excepciones, las pruebas y ejercer el derecho de contradicción de todas
ellas siguen intactas bajo el diseño procesal que introduce la medida objeto de
estudio; y (iv) la medida examinada contribuye a la celeridad procesal,
por cuanto el conocimiento antelado de la información por parte del demandado agiliza el trámite de
notificación del auto admisorio de la demanda y su contestación.
252.
Así
las cosas, la Sala concluye que la medida del inciso 4 del artículo 6º del
Decreto Legislativo sub judice: (i) no genera un trato
diferenciado entre los sujetos procesales y, por tanto, no vulnera el principio
de igualdad procesal; (ii) materializa el deber constitucional de colaboración con los órganos
jurisdiccionales[415]
y (iii) no excede el amplio
margen de configuración que tiene el legislador para diseñar los requerimientos
para la presentación de la demanda[416].
Por lo demás,
la medida es razonable, por cuanto persigue fines constitucionalmente importantes,
como son, la de celeridad y economía procesal (art. 29 superior) y el acceso a
la administración de justicia (arts. 2, 29 y 229 de la constitución), en los
términos en que se ha indicado[417].
13.7   Juicios de no contradicción específica y proporcionalidad
253.
En
el juicio de no contradicción específica[418], la Corte
verifica que las medidas adoptadas en los decretos legislativos (i) no
contradigan, de manera específica, la Constitución o los tratados
internacionales, y (ii) no desconozcan el marco de referencia de la
actuación del Ejecutivo en el Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica, esto es, el contenido de los artículos 47, 49 y 50 de la LEEE[419].
254.
Mediante el
juicio de proporcionalidad[420],
la Corte examina si las
medidas que se adoptan en desarrollo de los estados de excepción son respuestas
equilibradas frente a la gravedad de los hechos que causaron la crisis[421]. Lo anterior no excluye la aplicación del examen de
proporcionalidad cuando sea necesario para controlar restricciones a derechos
constitucionales, por ejemplo, el derecho de acceso a la administración de
justicia o el derecho al debido proceso.
255.
La
Corte advierte que, en términos generales, las medidas del Decreto Legislativo
806 de 2020 no contradicen la Constitución Política, ni desconocen el marco de
referencia de actuación del Ejecutivo en el estado de emergencia económica,
social y ecológica declarado mediante el Decreto 637 de 2020. Por el contrario,
estas disposiciones materializan los mandatos constitucionales relacionados con
el acceso a la administración de justicia (arts. 2 y 229 de la Constitución),
el principio de publicidad y el ejercicio del derecho al debido proceso (art. 29
de la Constitución). Asimismo, en términos generales, el Decreto
Legislativo sub examine constituye una respuesta razonable y proporcionada a
las causas que suscitaron la declaratoria de emergencia, y materializan las
medidas anunciadas por el Gobierno nacional en el Decreto 637 de 2020.
256.
La
Constitución reconoce un amplio margen de libertad de configuración al
legislador ordinario y excepcional[422]
para diseñar los procedimientos judiciales, y ampliar o reducir las
instituciones procedimentales[423]. Según el precedente constitucional,
existen tres tipos de limitaciones a esta libertad legislativa[424]: (i) un primer
grupo compuesto
por las cláusulas constitucionales que determinan los propósitos de la
administración de justicia, de conformidad con las cuales son inadmisibles
normas que nieguen la función pública del poder judicial como imparcial y
autónomo, que privilegien parámetros distintos al derecho sustancial, o que
impidan el logro de una justicia oportuna. (ii) El segundo grupo de
restricciones está relacionado con la aplicación de los principios de
razonabilidad y proporcionalidad en la definición de normas procedimentales. De
ello se deriva que los procedimientos judiciales deben (a) dirigirse al logro de
propósitos constitucionales admisibles, (b) ser adecuados para cumplir con esas
finalidades y (c) no interferir la porción
fundamental de los derechos, principios y valores constitucionales. Finalmente,
(iii) el tercer grupo de
limitaciones se refiere a la vigencia de los derechos fundamentales
intermediados por el trámite judicial, especialmente el derecho al debido
proceso y el logro efectivo de sus distintos componentes, como son los
principios de legalidad, publicidad, contradicción y defensa y juez natural.
257.
Con fundamento
en las subreglas descritas, en este aparte la Sala estudiará los reproches de
constitucionalidad propuestos por los intervinientes, en orden a establecer si el
Gobierno nacional excedió los límites que la Constitución le impone a la
libertad de configuración de la que goza el legislador –aún el extraordinario– en
materia procesal.  La Sala encuentra que las intervenciones ciudadanas que formulan
análisis sobre los juicios de no contradicción y proporcionalidad acusan la
inexequibilidad de algunas medidas por: (i) desconocer la función pública del
poder judicial, al imponer nuevas cargas procesales a las partes (arts. 1º, 2º,
3º, 4º, 6º y 9º)  que, a su juicio, deben ser asumidas por la administración; (ii) modificar de forma
irrazonable y desproporcionada las reglas relativas al trámite de audiencias en
los procesos contencioso administrativo, civil, laboral y de familia (arts. 13º,
14º y 15º); (iii)
desconocer
las garantías de publicidad, defensa y contradicción, al modificar las normas
relativas a las notificaciones, traslados y emplazamientos (arts. 8º y 10º); y (iv)
prever un término de vigencia desproporcionado (art. 16)º.
258.
Para
el análisis de estos asuntos, esta sección se dividirá en cuatro partes: (i) en la primera, con
fundamento en la jurisprudencia constitucional, la Sala precisará (a) el contenido del acceso a
la administración de justicia como derecho y servicio público, (b) las reglas de
proporcionalidad para la imposición de cargas procesales a las partes, y determinará
si: (c) las cargas procesales que
este Decreto Legislativo impone a las partes para la implementación de las TIC
en los procesos judiciales desconocen aquella garantía; y (d) si la eliminación del
requisito de firma digital para la concesión de poder mediante mensajes de
datos, prevista en el artículo 5°, contraviene alguna garantía del derecho. (ii) En la
segunda parte, se analizará si las siguientes medidas superan los juicios de
que trata el presente epígrafe, en atención los cuestionamientos propuestos por
los intervinientes: (a) el artículo 7°, que modifica las reglas de las
audiencias para habilitar su trámite virtual o telefónico, (b) el
artículo 13°, que modifica las reglas para proferir sentencia anticipada en el
proceso contencioso administrativo, y (c) los artículos 14° y 15°,
mediante los cuales se elimina la audiencia de segunda instancia en los
procesos civil, de familia y laboral, cuando no hay lugar a la práctica de
pruebas. (iii) En la tercera parte, se analizará (a) el
alcance de la garantía de publicidad como límite a la libertad de configuración
del legislador en materia procesal, y se determinará: (b y c) si las
modificaciones al trámite de notificación personal previstas en el artículo 8°
son compatibles con aquella; y (d) si la modificación al emplazamiento
prevista en el artículo 10° vulnera el derecho al debido proceso y la garantía
de contradicción de las personas a emplazar. (iv) Por último, se
analizará el artículo 16° del Decreto Legislativo sub examine, que
define la vigencia de todas las medidas allí contenidas.
i.
La administración de justicia como derecho y
función pública, y la imposición de nuevas cargas procesales para la
implementación de las TIC en los procesos judiciales
(a) El derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia
259.
El
artículo 229 de la Constitución Política garantiza “el derecho de toda
persona para acceder a la administración de justicia”, con el fin de “propugnar
por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento
de sus derechos e intereses legítimos”[425]. Este derecho, también
llamado derecho a la tutela judicial efectiva, garantiza a toda persona la
potestad para acudir, en condiciones de igualdad, ante los jueces y tribunales
de justicia, y constituye “un pilar fundamental de la estructura de nuestro
actual Estado Social de Derecho”[426].
260.
De
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el
acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental, entre otras
razones, porque “forma parte del núcleo esencial del derecho al debido
proceso”[427]. Tal como lo ha señalado
esta Corte, “no es posible asegurar el
cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales
establecidas por el Legislador sin que se garantice adecuadamente”[428]. Según la jurisprudencia
constitucional, el carácter fundamental de este derecho se sustenta en su vínculo directo con
el Preámbulo y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado[429], previstos por los
artículos 1 y 2 de la Constitución.
261.
La
jurisprudencia constitucional ha precisado que el derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia comprende, entre otras, las siguientes
garantías: (i) el derecho de acción o de promoción de la actividad
jurisdiccional; (ii) el derecho a que la promoción de la actividad
jurisdiccional concluya con una decisión de fondo; (iii) el derecho a
que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de
las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a
que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones
injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso;
(v) el derecho a que en el orden jurídico subsista una gama amplia y
suficiente de mecanismos judiciales para la efectiva resolución de los
conflictos[430]; (vi) el derecho
a que se prevean mecanismos para facilitar recursos jurídicos a quienes carecen
de medios económicos y (vii) el derecho a que la oferta de justicia
cobije todo el territorio nacional[431]. Estas pueden ser
agrupadas en tres tipos de garantías así: “(i)
aquéllas que tienen que ver con el acceso efectivo de la persona al sistema
judicial”[432]; (ii)
“las garantías previstas para el desarrollo del proceso”[433]; y
(iii) finalmente “las que se vinculan con la decisión que se adoptó
dentro del proceso en cuestión o la ejecución material del fallo”[434].
262.
La
jurisprudencia constitucional también ha señalado que el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia “no se entiende agotado con el
mero diseño normativo de las condiciones de operatividad”[435], sino que debe ser
efectivo, es decir, auténtico y real[436]. Esto, ha dicho la
Corte, supone “un esfuerzo institucional para restablecer el orden jurídico
y garantizar la prevalencia del derecho sustancial (art. 228 CP)”[437], en el que “los
mecanismos de acceso, los procedimientos, las formas y todas las actividades
que constituyan atributos inescindibles del proceso”[438]deben estar orientados a
garantizar, en concreto, “la viabilidad de un orden justo”[439].
263.
La
garantía de acceso efectivo a la administración de justicia. Esta garantía supone,
además, la existencia de condiciones materiales de acceso a la administración
de justicia como servicio público esencial[440], encaminadas a asegurar
la protección y efectividad de los derechos, las garantías y las libertades de
la población. Tal como lo ha señalado esta Corte, corresponde a las
autoridades, “como titulares del poder
coercitivo del Estado y garante de todos los derechos ciudadanos, la obligación correlativa de promover e impulsar las
condiciones para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea
real y efectivo”[441]. Esto implica dotar
a la administración de justicia de los recursos y las herramientas necesarias
para que la población acuda a ella en condiciones de igualdad, con
independencia de factores como su situación económica, su ubicación geográfica,
su nivel educativo o sus condiciones de desarrollo social o tecnológico. Asimismo,
“se trata de una garantía que se extiende a dotar de infraestructura a las
juezas y jueces para que puedan acceder al ejercicio de administrar justicia y
de esta forma garantizar la eficiente prestación de este servicio público”[442]. Para
la Corte es claro que la garantía de efectividad de los derechos reconocidos en
la Constitución es posible únicamente si existe una estructura tendiente a
garantizar su satisfacción.
264.
Ahora bien, el diseño de las condiciones y la determinación
de los requisitos para el acceso a la administración de justicia le corresponde
al legislador, que, “atendiendo a las circunstancias socio-políticas del
país y a los requerimientos de justicia, goza para tales efectos de un amplio
margen de configuración tan sólo limitado ‘por la razonabilidad y
proporcionalidad de las medidas adoptadas, en cuanto éstas se encuentren
acordes con las garantías constitucionales de forma que permitan la realización
material de los derechos sustanciales”[443].
(b) La imposición de cargas para ejercer el
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia
265.
El
artículo 95.7 de la Constitución Política prescribe que el ejercicio de los
derechos y libertades reconocidos por el ordenamiento superior implica
responsabilidades. En particular, esta disposición precisa que los ciudadanos
deben “colaborar para el buen funcionamiento de la administración de
justicia”. Según la jurisprudencia constitucional, el ejercicio de
responsabilidades y, en concreto, el mandato de colaboración para el buen
funcionamiento de la administración de la justicia, “se pueden consolidar en
el ámbito procesal y sustancial”[444]. En efecto, la Corte
Constitucional, acogiendo el criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia,
ha sostenido que en el desarrollo de la relación jurídico-procesal existen
deberes, obligaciones y cargas que se imponen tanto al juez como a las partes e
incluso a los terceros que eventualmente intervengan en el proceso[445].
266.
Al
respecto, la Corte[446] ha destacado que: (i)
los deberes procesales son “aquellos imperativos establecidos por la ley en
orden a la adecuada realización del proceso”, y “su incumplimiento se
sanciona en forma diferente según quien sea la persona llamada a su observancia
y la clase de deber omitido”, v. gr. los deberes que, de manera
expresa, la ley les impone a las partes y a sus apoderados[447]; (ii) las obligaciones
procesales son “aquellas prestaciones de contenido patrimonial impuestas a
las partes con ocasión del proceso”, v. gr., las surgidas de la
condena en costas, y (iii) las cargas procesales son “aquellas
situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de
realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y
cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables”, por
ejemplo, “la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive
hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso”.
267.
La
Corte ha advertido que desconocer las responsabilidades de las partes podría
llevar “a la inmovilización del aparato encargado de administrar justicia, o
al menos a la afectación significativa de su debido funcionamiento, lo que
revertiría a la postre en un perjuicio al interés general”[448]. Ahora bien, la
posibilidad de imponer cargas procesales no implica que el Estado decline del
deber “de hacer todo lo que esté a su alcance para el correcto
funcionamiento de la administración de justicia”[449], en la
medida que esta es un servicio y una función de pública[450]. Esto, desde luego,
incluye el deber de proveer los recursos y la infraestructura necesaria para
garantizar la prestación del servicio.
268.
Límites
de los deberes, obligaciones y cargas procesales. En reiterada jurisprudencia, la
Corte ha señalado que al ejercer la libertad de configuración que le concede la
Constitución en materia de regulación procesal, el legislador no puede ignorar,
obstruir o contrariar las garantías básicas previstas por la Constitución[451]. Por tanto, para
concluir que un deber, obligación o carga procesal se ajusta al ordenamiento
superior es preciso determinar si es razonable y proporcionado[452], esto es,
si: (i) persigue una finalidad compatible con la Constitución, (ii)
es adecuado para el logro de esa finalidad y (iii) tiene una relación de
correspondencia con el fin buscado, de manera que no restrinja severamente o en
forma desproporcionada un derecho constitucional[453].
269.
En
suma, el derecho de acceso a la administración de justicia implica que toda
persona, en atención a su deber constitucional de colaborar para el buen
funcionamiento de este -que es a su vez un servicio público- asuma deberes,
obligaciones o cargas de índole procesal impuestos por el legislador, “ya
sea para asegurar la celeridad y eficacia del trámite procesal, proteger a las
mismas partes e intervinientes o bien para prevenir situaciones que impliquen
daño o perjuicio injustificado a todos o algunos de ellos”[454]. Con todo, estas
responsabilidades siempre deben atender a criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, “pues sólo la coherencia y equilibrio del
engranaje procesal permite la efectiva aplicación del concepto de justicia y,
por contera, hace posible el amparo de los intereses en conflicto”[455].
(c)  Los deberes impuestos a las partes en el
Decreto Legislativo 806 de 2020 no contradicen la Constitución, por cuanto son
proporcionales
270.
Delimitación
del asunto. Como
se expuso in extenso en la sección 13.5 (en particular, el apartado “iii.
El
Decreto Legislativo 806 de 2020 satisface el juicio de necesidad”) el Decreto 806
de 2020 implementa el uso de las TIC en las actuaciones judiciales a fin de: (i)
garantizar la prestación del servicio de administración de justicia en el
marco de la pandemia; (ii) proteger la salud y la integridad de los
servidores judiciales y los usuarios de la administración de justicia; (iii)
reactivar las actividades económicas que dependen de este servicio y (iv)
agilizar el trámite de los procesos.
271.
Las
medidas previstas en el primero y segundo eje temático, en particular los
artículos 1º,
2º, 3º, 4º, 6º y 9º, a que tantas veces se ha hecho referencia en esta
providencia, exigen la adecuación del servicio público de administración de
justicia a un escenario de virtualidad, en el que la interacción entre los
sujetos procesales está mediada por las TIC. Esto implica que dichos sujetos
deben realizar todas las actuaciones procesales por medio de canales digitales;
efectuar, por esos mismos canales, las notificaciones y traslados de sus
actuaciones procesales; asistir a las audiencias por los medios tecnológicos
que pongan a disposición las autoridades judiciales o las mismas partes y
proporcionar las piezas procesales que estén en su poder y que se requieran
para el desarrollo del proceso, cuando no se tenga acceso al expediente físico
en la sede judicial.
272.
Intervenciones
ciudadanas. Algunos
intervinientes en el proceso advirtieron que las medidas adoptadas en el
decreto sub examine para implementar el uso de las TIC en las
actuaciones judiciales no son proporcionales. Entre otras razones, los
intervinientes advierten que: (i) no todas las personas pueden acceder
en igualdad de condiciones al uso de herramientas tecnológicas[456]; (ii) los
operadores de justicia no cuentan con la infraestructura tecnológica necesaria
para prestar el servicio de manera virtual o, al menos, no pueden hacerlo en
las mismas condiciones[457]; (iii) la falta
de homogeneidad en las plataformas y herramientas tecnológicas puede afectar el
acceso a la administración de justicia en igualdad de condiciones[458] y, en últimas, (iv)
es el Estado quien debe garantizar las condiciones de acceso a la administración
de justicia[459].
273.
En
esa medida, le corresponde a la Sala determinar si el Decreto Legislativo 806
de 2020, en especial los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º y 9º, les imponen a los sujetos procesales
deberes, obligaciones o cargas que afectan de manera desproporcionada su
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. Con ese fin,
analizará si las medidas previstas en el decreto (i) buscan un fin
constitucionalmente importante, (ii) son idóneas y necesarias para
conseguir esa finalidad y (iii) son proporcionales, esto es, si los
beneficios que generan son mayores que la afectación que pueden causar al
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.
274.
Las
medidas previstas en el decreto buscan fines constitucionalmente importantes. La Sala constata que
las medidas previstas en el decreto sub examine, en particular los
artículos 1º,
2º, 3º, 4º, 6º y 9º persiguen fines constitucionalmente importantes, en tanto se
dirigen a garantizar derechos constitucionales, como el acceso a la
administración de justicia (arts. 29 y 229), la salud y la integridad física de
los funcionarios y usuarios de la administración de justicia (art. 49), y el
trabajo (art. 25) de las personas cuya actividad económica depende de la
prestación del servicio.
275.
Tal
como se expuso en la verificación de los juicios de finalidad y necesidad (al
respecto, se remite al desarrollo realizado en las secciones 13.1 y 13.5 supra),
desde la expedición de la LEAJ, la incorporación de las TIC al servicio público
de administración de justicia ha sido un derrotero desarrollado normativamente
mediante acuerdos del CSDJ y normas de los diferentes estatutos procesales.
Aunque su plena aplicación a los procesos judiciales dependía de la formulación
del Plan de Justicia Digital –que aún no se ha puesto en marcha– el CSDJ, en su
intervención en el proceso de la referencia, dio cuenta de la implementación de
varios avances tecnológicos en la administración de justicia. Por ejemplo,
aunque algunos despachos aún tienen problemas de conectividad, actualmente,
cerca del 96% de los 5.525 despachos judiciales del país cuenta con acceso a Internet,
mediante la red WAN de la Rama Judicial[460]. Por medio de esta red,
los funcionarios judiciales pueden acceder, entre otras herramientas, al correo
electrónico institucional y la firma electrónica, los sistemas de gestión de
procesos Justicia XXI y de Restitución de Tierras, la recepción de
tutelas, demandas y hábeas corpus en línea y la realización de audiencias
virtuales por medio de las plataformas institucionales RP1 Cloud y LifeSize,
así como por la plataforma Teams, incluida en la Suite Microsoft Office 365, de
uso institucional en el Rama Judicial.
276.
Pese
a estos avances, la presencialidad en las audiencias y demás comunicaciones
entre el Despacho y las Partes, y el expediente físico seguían siendo la regla
general en el trámite de los procesos judiciales, y el uso de las TIC una
posibilidad, limitada a ciertas actuaciones y procedimientos. Esta situación,
sin embargo, tuvo un giro drástico e imprevisto por cuenta de la pandemia de la
COVID-19, que obligó a adoptar el aislamiento de la mayor parte de la población
como medida preventiva y, en consecuencia, a suspender la atención presencial
en los despachos judiciales. Así, con el fin de garantizar el adecuado
funcionamiento del servicio público administración de justicia y evitar su
paralización, el decreto sub examine prevé el uso de herramientas
tecnológicas para adelantar las actuaciones judiciales de manera virtual y
remota, finalidad que, de acuerdo con las razones expuestas, resulta a todas
luces importante y legítima desde el punto de vista constitucional. En
particular, los artículos 1, 2 y 3 obligan a las partes a incorporar las TIC a sus
actuaciones para poder participar de los procesos cuando estos se tramiten de
forma virtual; el artículo 4 impone la carga de proveer copias de las piezas
procesales en el evento en que no se tenga acceso al expediente; mientras que
los artículos 6 y 9 modifican las reglas de presentación de la demanda y las notificaciones
a fin de que la interacción entre las autoridades judiciales y las partes fuera
de audiencia se pueda desarrollar mediante el uso de las TIC.
277.
Las
medidas previstas en el decreto son idóneas y necesarias. Tal como se expuso en
el juicio de necesidad (se remite a lo señalado en la sección 13.5 supra)
cada una de las medidas adoptadas en el primer y segundo eje temático del
Decreto Legislativo sub examine son idóneas para facilitar el acceso a
la administración de justicia, mediante el uso de las TIC, y permiten que los
procesos judiciales se surtan de una manera ágil y eficiente. Todo, a pesar de
las circunstancias excepcionales de aislamiento preventivo y distanciamiento
social impuestas en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el
Gobierno, para hacerle frente a la pandemia de la COVID-19. Por lo tanto,
constituyen medidas idóneas para alcanzar los fines previstos en el decreto sub
examine.
278.
En
efecto, los artículos 1º, 2º y 3º del Decreto sub examine son
efectivamente conducentes para que el uso de las TIC se convierta en la regla
general para el trámite de los procesos judiciales, en tanto: (i) la
regla de aplicación de la virtualidad o la presencialidad (art. 1º) atiende a
las condiciones materiales de acceso a las TIC de las partes y la autoridad
judicial; (ii) la eliminación de formalidades y requisitos innecesarios
para el ejercicio de actos procesales, la publicación de los canales oficiales
de comunicación con el despacho, y la implementación de ajustes razonables para
garantizar la igualdad de las partes que tramitan el proceso por medios
virtuales son medidas idónea para adecuar los actos procesales a la virtualidad
en los procesos judiciales (art. 2º); y (iii) la obligación de
proporcionar la información sobre los canales digitales mediante los cuales se
comunicarán las partes en el proceso, y la autorización general para que las
autoridades judiciales garanticen el cumplimiento del deber de solidaridad para
la prestación efectiva de la administración de justicia, conducen de manera
efectiva a asegurar la comunicación de las partes y las autoridades por medios
digitales.
279.
Por
su parte, las cargas procesales previstas en los artículos 4º, 6º y 9º imponen permiten
agilizar el trámite de los procesos en cuanto: (i) la colaboración de
las partes en la provisión de las piezas procesales cuando no se tiene contribuye
de forma efectiva a evitar la parálisis del proceso en los eventos en que no
sea posible acceder al expediente del proceso; (ii) la inclusión del
correo electrónico de notificación del demandado dentro de los requisitos de la
demanda, y su remisión al demandado previo a la admisión facilita el proceso de
notificación del auto admisorio y habilita la comunicación con las partes mediante
TIC desde el inicio del proceso; por último, (iii) la eliminación de
requisitos formales para la fijación de estados de forma electrónica y la
remisión de las actuaciones procesales a la contraparte desde su presentación
agilizan el trámite del proceso y contribuyen a la eficiencia de las
autoridades judiciales al descargarlas de labores secretariales innecesarias
cuando se hace uso de las TIC.
280.
Las
medidas previstas en el decreto son proporcionales. La Sala también
constata que las medidas previstas en el decreto sub examine son
proporcionales porque los deberes que les imponen a los sujetos procesales no
constituyen barreras para el ejercicio de su derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia ni desplazan a las autoridades judiciales en la
dirección y conducción de los procesos. En cambio, permiten que la
administración de justicia funcione de manera adecuada y articulada con el deber
de colaboración previsto en el artículo 95.7 de la Constitución.
281.
En
efecto, el uso de herramientas y canales digitales con el fin de adelantar las
actuaciones judiciales y suministrar la información y documentación necesaria
para el desarrollo del proceso, de ninguna manera entorpece el acceso al
servicio público de administración de justicia, ni implica poner en cabeza de
las partes deberes que le corresponden exclusivamente al Estado. Por el
contrario, facilita el ejercicio de ese derecho fundamental y contribuye a que
el servicio se preste de manera ágil y eficiente, en las circunstancias de
aislamiento preventivo y distanciamiento social necesarios para prevenir el
contagio de la COVID-19.
282.
En
ese sentido, la Sala constata, en primer lugar, que el deber de proporcionar
las piezas procesales que estén en poder de las partes, cuando no se tenga
acceso al expediente físico en la sede judicial (art. 4°), no es una carga
excesiva. En cambio, desarrolla el mandato constitucional de colaboración con
la administración de justicia, en la medida en que, con la ayuda de los sujetos
procesales, se garantiza la continuidad del proceso y la integridad de la
documentación e información con base en la cual se adelantan las actuaciones
judiciales. Esto ocurre, por ejemplo, cuando, por razones de salubridad
asociadas a la pandemia de la COVID-19, no es posible acceder a los expedientes
que reposan en los despachos judiciales. En un escenario como este, resulta
razonable que, si las piezas procesales requeridas para adelantar una actuación
están en poder de las partes, estas las suministren a la autoridad judicial, con
el fin de que el proceso no se interrumpa y siga su curso normal.
283.
En
segundo lugar, en principio los deberes impuestos en los artículos 6° y 9° no
obstaculizan el acceso a la administración de justicia ni implican que las
partes asuman responsabilidades propias de las autoridades judiciales. Se
trata, como en el caso anterior, de una manifestación del deber de colaboración
con la administración de justicia y del principio de economía procesal, que
busca imprimirles celeridad a las actuaciones y agilizar el trámite de los
procedimientos, mediante el uso de canales digitales que brindan inmediatez y
permiten la interacción de los sujetos procesales en las circunstancias de
aislamiento preventivo y distanciamiento social, características del Estado de
emergencia que generó la pandemia de la COVID-19. En relación con el artículo
6°, cabe anotar que según lo dispuesto en su inciso 4, si el demandante no
conoce el canal digital al que puede enviar la demanda al demandado podrá
cumplir la obligación de remisión previa de esta actuación mediante el envío
físico de los documentos, lo que garantiza que su derecho de acceso a la
administración de justicia no se vea truncado por esa circunstancia.
284.
En
contraste, la Sala observa que el artículo 6° no ofrece ningún remedio que
permita evitar la inadmisión de la demanda en aquellos eventos en que el
demandante desconozca el canal digital donde deben ser notificados los testigos, peritos o cualquier tercero que deba ser
citado al proceso.
La Sala considera que esta medida constituye una barrera de acceso a la
administración de justicia, en cuanto es una respuesta desproporcionada a los
eventos en que el demandante no conoce el canal digital de notificación de los
testigos, peritos o terceros que deban ser convocados al proceso por cuanto
impone una sanción que afecta la existencia misma del proceso, pese a que la
información requerida incide únicamente en una parte de todo el trámite
procesal y su ausencia no impide la adopción de una decisión de fondo que
resuelva el conflicto.
285.
La
Corte reconoce que, si bien la información de notificación electrónica de los
testigos, peritos y terceros reviste relevancia para el proceso, y para su
trámite mediante el uso de las TIC, el evento de su incumplimiento no afecta
los intereses que se protegen con la inadmisión de la demanda. En la sentencia
C-833 de 2002 la Corte expresó que el propósito de la inadmisión de la demanda
es “evitar un desgaste en el aparato judicial, pues en cierta medida lo que
se pretende, es garantizar el éxito del proceso, evitando un fallo inocuo, o
que la presentación de un escrito no involucre en sí mismo una controversia, es
decir que no haya una litis definida”. En este caso, la ausencia de
información sobre el canal digital de los testigos, peritos y terceros no tiene
la virtud de generar un fallo inhibitorio o de desgastar a la administración de
justicia en el trámite de un proceso sin objeto. A lo sumo, esta carencia
podría generar la imposibilidad de practicar una prueba, con las consecuencias
que de ello se derivan para la parte interesada[461]; o bien
de vincular al proceso a un tercero que, aunque pueda tener interés, no hace
parte de la relación jurídica que se traba en el proceso[462]. En
consecuencia, la imposición de una sanción como la inadmisión de la demanda, que
excede el ámbito específico del proceso al que importan los testigos, peritos y
terceros es una respuesta desproporcionada a la necesidad de tramitar los
procesos judiciales mediante el uso de las TIC y por lo mismo constituye una
barrera de acceso a la administración de justicia, en tanto impide al
demandante poner en conocimiento de la autoridad judicial un conflicto, solo
por desconocer una información que no es trascendental para la efectividad del
proceso.
286.
En
consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad condicionada del artículo 6 del Decreto Legislativo
806 de 2020, en el entendido de que en el evento en que el demandante
desconozca la dirección electrónica de los peritos, testigos o cualquier
tercero que deba ser citado al proceso, podrá indicarlo así en la demanda sin
que ello implique su inadmisión.
287.
En
tercer lugar, la posibilidad de que las audiencias se lleven a cabo por los
medios tecnológicos que pongan a disposición las partes (art. 7º) tampoco
obstaculiza el acceso a la administración de justicia ni implica poner en
cabeza de los particulares el deber que tiene el Estado de garantizar dicho
acceso. De un lado, no es una barrera de acceso porque, en todo caso, el medio
tecnológico utilizado para realizar la audiencia debe facilitar o permitir la
presencia de todos los sujetos procesales. Además, si el juez lo autoriza, es
posible concertar el uso de una herramienta distinta, que permita la
participación en la audiencia de todos los sujetos procesales, en igualdad de
condiciones. De otro lado, no implica que los particulares asuman una
responsabilidad estatal, porque llevar a cabo la audiencia mediante las
herramientas digitales que estos pongan a disposición de las autoridades
judiciales es apenas una posibilidad, a la que razonablemente se puede acudir
en las circunstancias excepcionales descritas, en desarrollo del deber de
colaboración previsto en el artículo 95.7 de la Constitución.
288.
Finalmente,
acreditar, con el soporte probatorio correspondiente, de qué manera se obtuvo
la dirección o el sitio electrónico suministrado para llevar a cabo las
notificaciones (art. 8º) es una carga procesal razonable, que tampoco obstruye
el acceso a la administración de justicia. En cambio, responde al deber
constitucional de colaborar para su buen funcionamiento y garantiza los
derechos a la intimidad y al debido proceso de la persona que debe ser
notificada. Ello es así, en la medida en que, de un lado, permite constatar que
dicha información fue obtenida con respeto de las garantías constitucionales
sobre recolección, tratamiento y circulación de datos y, del otro, garantiza
que la persona por notificar efectivamente tendrá acceso a dicha notificación.
289.
Con
todo, la Corte advierte que la garantía del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia exige que el Estado lleve a cabo esfuerzos
económicos e institucionales, con el fin de dotar a la administración de
justicia, como función pública y servicio público esencial, de la
infraestructura y las herramientas necesarias para su adecuado funcionamiento. En efecto, la Sala
reconoce que desde 2011 el Gobierno nacional[463]
y el Consejo Superior de la Judicatura[464]
han adoptado instrumentos de planeación para diseñar e implementar el Plan de
Justicia Digital. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para
cumplir los objetivos fijados en la LEAJ y el CGP en cuanto a la implementación
plena de las TIC en materia judicial. La administración de los procesos
judiciales exclusivamente por medios digitales, la implementación del expediente
digital, y la celebración de audiencias virtuales en la mayoría de los procesos
judiciales demandan la existencia de un sistema de información robusto (o de
varios sistemas interoperables) que asegure todas las calidades de
autenticidad, integridad, disponibilidad, confidencialidad, privacidad y
seguridad de los datos, y que tenga la capacidad de atender los millones de
procesos que se tramitan en el sistema de justicia, y que aumentan por miles
cada día[465].
Un sistema de información de estas características exige un compromiso
institucional perseverante y mancomunado no solo en materia de planeación,
también en materia presupuestal y de ejecución, a fin de lograr la
incorporación efectiva de las TIC al quehacer judicial. Para la Corte es claro
que una empresa de estas dimensiones no es realizable dentro de los plazos
urgentes que impone la emergencia sanitaria.
290.
Si
bien, en el marco del Estado de emergencia económica, social y ecológica
declarado con ocasión de la pandemia de la COVID-19, es razonable y
proporcional que se impongan deberes relacionados con el uso de herramientas
tecnológicas a los sujetos procesales, en condiciones normales, es el Estado el
que debe suministrar los medios necesarios para que el servicio se preste de
manera adecuada y eficiente. Tal como lo ha señalado esta Corte, “la
creación de infraestructura judicial implica la asignación de recursos técnicos
y la provisión de los elementos materiales adecuados en los puestos de trabajo
de los operadores de justicia para garantizar un acceso eficiente a la
administración de justicia”[466]. Esto implica que, en
condiciones de normalidad, la incorporación de las TIC a la prestación del
servicio de administración de justicia, por la que se ha propugnado desde que
se expidió la LEAJ, no puede depender exclusivamente de las herramientas
tecnológicas que las partes procesales tengan a su disposición. Por el
contrario, es al Estado al que le corresponde destinar recursos para dotar a la
administración de justicia de la infraestructura tecnológica necesaria para que
toda persona pueda acceder a ella y realizar sus actuaciones por medio de
herramientas y canales digitales que garanticen seguridad, integridad y
confiabilidad de la información que por medio de ellos se transmite.
291.
Las
medidas excepcionales que, de manera temporal, adopta el Decreto Legislativo 806
de 2020, con el fin de implementar el uso de las TIC en los procesos judiciales
civiles, laborales, de familia, contencioso administrativo, constitucionales y
disciplinarios, así como en las actuaciones de las autoridades administrativas
que ejercen funciones judiciales y en los procesos arbitrales, no sustituyen
los esfuerzos que, de manera mancomunada, deben adelantar el Gobierno y la Rama
Judicial para hacer realidad el Plan de Justicia Digital previsto en el Código
General del Proceso, dirigido a “formar y gestionar expedientes digitales y
el litigio en línea”. Al respecto, cabe reiterar que, como lo ha señalado
esta Corte, el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia “no
se entiende agotado con el mero diseño normativo de las condiciones de
operatividad”[467], sino que debe ser
auténtico y real.
292.
Las
medidas incluidas en el Decreto Legislativo 806 de 2020 distribuyen de forma
temporal algunas cargas procesales a las partes para facilitar el trámite del
proceso mediante el uso de TIC, mientras la administración de justicia avanza
con la implementación de los planes y proyectos necesarios para adecuar la
infraestructura judicial a las condiciones que permitirán la adopción plena de
las soluciones que ofrece la tecnología para mejorar la eficiencia de la
administración de justicia, tal como lo previó el legislador ordinario desde la
emisión de la LEAJ y el CGP.
(d)
Análisis de
constitucionalidad del artículo 5° del Decreto Legislativo 806 de 2020.
293.
El artículo 5° del Decreto Legislativo 806 de 2020 elimina la
carga procesal de la presentación personal del poder, y admite que este sea concedido
mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola
antefirma, y prevé que el poder se presumirá auténtico sin necesidad de presentación
personal o reconocimiento. Aunque esta medida no implica el incremento de las
cargas de las partes sino, por el contrario, su flexibilización, el Procurador
General de la Nación solicitó a la Corte condicionar su exequibilidad, para que
“se entienda que la expresión ‘con la sola antefirma’ alude a ‘la sola firma
electrónica’”. En su opinión, la facultad de otorgar los poderes especiales
con la sola antefirma implica una afectación desproporcionada a los derechos al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la tutela
judicial efectiva, en la medida en que se omiten los elementos que permiten “tener
certeza sobre el otorgante y la manera en que comparece”[468].
294.
La Sala
discrepa de esta postura por las siguientes razones. Primero, la Constitución
no señala, de manera específica, cada una de las formalidades con las que deben
cumplir los documentos procesales para tener validez. Por el contrario, el
artículo 83 instituye la presunción de buena fe en “todas las gestiones de
los particulares ante las autoridades públicas”[469]. En el plano procesal, este
principio implica que los jueces deben presumir la buena fe de quienes
comparecen al proceso[470] y que las partes e
intervinientes deben ejercer sus derechos conforme a la “buena fe procesal”[471]. En ese sentido, las
presunciones de autenticidad en el marco de los procesos judiciales son
constitucionalmente admisibles y no implican, en abstracto, un desconocimiento
de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia[472]. En consecuencia, aunque
el legislador en ejercicio de su libertad de configuración puede imponer
requisitos formales por razones técnicas o de conveniencia en el diseño
procesal, en el marco del control de constitucionalidad no corresponde a la
Corte valorar la conveniencia o implicaciones prácticas de una medida que al
relevar el cumplimiento de formalidades no se revela, al menos prima
facie, arbitraria o irrazonable en tanto prevé mecanismos de control para
garantizar su efectividad (cfr. infra 293).
295.
Segundo,
exigir la firma electrónica para el otorgamiento de poderes especiales
implicaría restarle efecto útil al artículo 5° del Decreto Legislativo sub
examine, que tiene el propósito de dar mayor agilidad y reducir el número
de trámites presenciales necesarios para el otorgamiento de poderes especiales.
En efecto, el trámite para la obtención de la firma electrónica simple o
certificada (i) implica la realización de trámites presenciales, lo que
supone riesgos de contagio para el poderdante[473] y (ii) ralentiza
el otorgamiento de los poderes especiales[474]. Además, tal exigencia
puede constituir una barrera de acceso para los ciudadanos de menores recursos,
toda vez que la obtención de una firma electrónica implica trámites y costos
para la contratación de servicios especializados y la adquisición de
aplicativos.
296.
Tercero,
el artículo 5° contiene medidas orientadas a identificar al otorgante y
garantizar la autenticidad e integridad del mensaje de datos mediante el cual
se confiere el poder, en tanto exige que (i) los poderes otorgados por
personas inscritas en el registro mercantil envíen el poder desde la dirección
inscrita en la respectiva Cámara de Comercio para efectos de notificaciones
judiciales[475], y que (ii) el
poderdante indique la dirección del correo electrónico del apoderado al que le
confiere el poder, la cual debe coincidir con la que este inscribió en el
Registro Nacional de Abogados[476]. En cualquier caso, las
medidas que prescribe el artículo son facultativas por lo que, los poderes
especiales se pueden seguir otorgando conforme a las normas del CGP.
297.
La
Sala concluye, entonces, que esta disposición no implica afectación alguna a
los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia; por
tanto, lo declarará exequible.
ii.
Modificaciones para el
trámite virtual de las audiencias y la agilización de procesos judiciales
especiales.
(a) Análisis de constitucionalidad del artículo
7° del Decreto Legislativo 806 de 2020
298.
Delimitación
del asunto. El artículo 7º del Decreto Legislativo sub examine
prevé que las audiencias judiciales deben realizarse
utilizando medios tecnológicos, de manera virtual o telefónica. Respecto al
medio a utilizar, la norma dispone que este será el que esté a disposición de
la autoridad judicial, o cualquier medio puesto a disposición por una o ambas
partes[477]. Además, dispone que el
medio tecnológico para la realización de la audiencia será informado por el
despacho judicial a las partes antes de su celebración[478]. Finalmente, prescribe
que las audiencias de la sala de una corporación serán
presididas por el ponente, con la asistencia de la mayoría de los integrantes
de la sala, so pena de nulidad[479].
299.
Intervenciones. Tres intervinientes
solicitaron la inexequibilidad de esta disposición, por cuanto, en su opinión,
la norma vulnera el principio de inmediación[480]. Uno de estos
intervinientes consideró que la disposición vulneraba
también el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia[481]. Por su parte, 6
intervinientes solicitaron la exequibilidad condicionada de la norma: 3 de
ellos consideraron que se debería condicionar la medida con el fin de que se
estableciera un medio tecnológico específico para llevar a cabo las audiencias[482]; 2 solicitaron que la
medida fuera condicionada en el sentido de establecer un medio
tecnológico para la realización de las audiencias que garantizara la
identificación de las partes, y 1 solicitó suprimir la posibilidad de
audiencias vía telefónica[483].
300.
Problema
jurídico y metodología. Para el análisis del cumplimiento de los juicios de no
contradicción específica y proporcionalidad, la Corte definirá si el artículo 7° del Decreto Legislativo 806 de 2020 vulnera el
derecho al debido proceso y el principio de legalidad al disponer (i) que
las audiencias judiciales deben realizarse de manera virtual o telefónica, (ii)
sin determinar de manera específica la herramienta tecnológica a utilizar
para llevarlas a cabo.
301.
Para
responder este problema jurídico, la Sala Plena agotará la siguiente metodología:
primero, explicará el alcance del principio de inmediación y su aplicación en
el caso de las audiencias virtuales o telefónicas. Segundo, examinará si la
disposición afecta prima facie alguna de las garantías del derecho al
debido proceso, o el principio de legalidad al no definir una herramienta
tecnológica específica para llevar a cabo las audiencias. En función de este
análisis se definirá la intensidad del juicio de proporcionalidad aplicable a
la disposición y resolverá el problema.
302.
El
principio de inmediación. La Corte ha señalado que el principio procesal de inmediación
“versa sobre la constatación personal del juez y las partes
del material probatorio y las acciones procedimentales en sí mismas
consideradas”[484]. La
inmediación permite el logro de más y mejores decisiones, por cuanto el juez y
las partes pueden formarse un “criterio íntimo y directo sobre los
argumentos fácticos y jurídicos relacionados con el caso”[485]. En
ese sentido, la inmediación es un fin constitucionalmente legítimo que el
legislador puede perseguir al momento de diseñar un procedimiento judicial, por
cuanto contribuye con el ideal de una justicia pronta y cumplida[486]
303.
Ahora
bien, la inmediación no implica necesariamente una proximidad física entre el
juez, las partes y las pruebas. El uso de las TIC permite garantizar el
principio de inmediación, incluso en mayor medida que la presencialidad, en
aquellos eventos en que el contacto físico entre el juez y las partes supone un
riesgo para la vida. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha
admitido que las TIC son herramientas útiles para el logro del principio de
inmediación en las actuaciones procesales por cuanto permiten al juez conocer de
viva voz las razones de las partes, aun si esto solo ocurre mediante
tecnologías de transmisión de audio, como las llamadas telefónicas[487]. Incluso, en materia
penal, la Corte Suprema de Justicia ha admitido que el juez se relacione de
manera directa con la prueba o las actuaciones de las partes mediante la
consulta de las grabaciones de audio y video de las audiencias practicadas en
el proceso cuando las circunstancias lo requieran[488].
304.
La Corte ha reconocido que la inmediación reviste especial
relevancia para materializar las garantías del derecho al debido proceso en
materia probatoria[489].
Sin embargo, esto no la convierte en un imperativo absoluto para la validez
constitucional de los diseños procesales. De hecho, la ley procesal establece
varias excepciones a la aplicación de la inmediación, como la comisión para la
práctica de pruebas, las pruebas trasladadas, las pruebas extraprocesales y las
demás excepciones que fije la Ley[490]. Mientras que la
jurisprudencia constitucional ha admitido que la inmediación sea “objeto de
atenuaciones o excepciones por razones de conveniencia o utilidad”[491].
305.
Inexistencia
de una afectación prima facie al derecho al debido proceso. La Sala encuentra que la
modificación de las reglas para el trámite de las audiencias no contraviene
ninguna garantía propia del derecho al debido proceso, por cuanto: (i)
no elimina de forma absoluta la capacidad del juez de participar en las
audiencias mediante las cuales se desarrolle el proceso; y (ii) porque la celebración de
audiencias judiciales por medio de videoconferencias o teleconferencias no
conlleva al desconocimiento de la inmediación judicial, pues esta exigencia no
está supeditada necesariamente a una aproximación física del Juez a la prueba,
en tanto las normas procedimentales[492], así como la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, han validado la inmediación
sensorial mediante contacto telefónico o videoconferencia.
306.
Por
otro lado, las eventuales dificultades prácticas que podrían presentarse para
identificar al interviniente, o los problemas técnicos que pudiera generar en
cada caso el medio tecnológico utilizado para la realización de la audiencia,
no propician necesariamente situaciones de fraude procesal, invalidez o
inutilidad de la prueba que, en abstracto afecten las garantías fundamentales
del debido proceso (art. 29 de la Constitución) o el acceso a la administración de
justicia (arts. 228 y 229 de la Constitución). La prevención o
mitigación de este tipo de riesgos excede el alcance del control abstracto de
constitucionalidad. En contraste, es el Juez, como director del proceso, quien
está investido de poderes[493] para precaver o
mitigar, en cada caso los riesgos que advierta para la validez y utilidad de la
prueba practicada mediante el uso de las TIC, para lo cual deberá ejecutar las
medidas conducentes que permitan lograr una correcta identificación e interacción de los
sujetos procesales que se contactan por vía virtual o telefónica.
307.
Por lo
demás, la Sala encuentra que la medida es razonable y proporcional en tanto es
efectivamente conducente para el logro de finalidades legítimas. En efecto, el objetivo del artículo 7º es posibilitar el trámite de las
audiencias virtuales en el contexto de la crisis sanitaria, para mitigar el riesgo de contagio
que genera la asistencia presencial a las salas de audiencias, y las habituales
aglomeraciones en las sedes judiciales. La medida comparte, entonces, las
finalidades generales que inspiran el Decreto Legislativo sub examine: (i) garantizar
el derecho de acceso a la administración de justicia, (ii) proteger el
derecho a la salud de los funcionarios e intervinientes en los procesos
judiciales y (iii) garantizar el derecho al trabajo de las personas cuya
actividad económica depende de la prestación del servicio de justicia. Todas
estas son finalidades constitucionalmente legítimas.
308.
La
obligación de adelantar las audiencias de manera virtual o telefónica, como
regla general, es una medida adecuada para lograr los fines propuestos por
cuanto: (i)
convierte
en un deber, una práctica que en las normas ordinarias es una excepción[494]; (ii) mejora la eficiencia en
el trámite de los procesos, al admitir que los funcionarios del despacho
judicial coordinen con las partes los detalles técnicos para la celebración de
aquellas; y (iii)
la
posibilidad de que cualquiera de las partes ponga a disposición el medio
tecnológico para la celebración de la audiencia contribuye a que las
dificultades técnicas que pueda enfrentar el despacho judicial no sean un
obstáculo para el acceso a la administración de justicia.
309.
La
Sala Plena concluye que el artículo 7º del decreto sub judice satisface los juicios de
no contradicción específica y proporcionalidad, al permitir la realización de
las audiencias judiciales establecidas en las normas ordinarias, sin recurrir a
la presencialidad, y sin modificar términos, etapas procesales, o el contenido
de los actos procesales.
(b) Análisis de constitucionalidad del artículo
13º del Decreto Legislativo 806 de 2020.
310.
Delimitación
del asunto.
El artículo 13º incorpora al procedimiento contencioso administrativo la
figura de la sentencia anticipada (en particular, se remite a lo indicado en la
sección 13.2, en particular, el apartado “ix. Implementación transitoria de la
sentencia anticipada en lo contencioso administrativo (art. 13º)”), específicamente
habilita esta institución jurídica en el evento de (i) asuntos de puro
derecho o cuando no fuere necesario practicar pruebas; (ii) cuando las
partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten; (iii) cuando se
prueba una excepción mixta en la segunda parte del proceso, caso en el cual no
será necesario correr traslado para alegar; y (iv) en caso de
allanamiento.
311.
Intervenciones. Dos intervinientes
solicitaron la inexequibilidad del artículo 13º. Señalaron que la eliminación
del traslado para alegar en los eventos en que se encuentre probada una
excepción mixta en la segunda etapa del proceso (numeral 3 del art. 13º) afecta
el derecho fundamental al debido proceso, e incumple los tratados
internacionales sobre el derecho de defensa y contradicción[495].
312.
Así
las cosas, la Corte debe determinar si el numeral 3 del artículo 13º del
Decreto Legislativo 806 de 2020 desconoce el derecho fundamental al
debido proceso, al disponer que la sentencia anticipada que declare probadas
las excepciones mixtas en la segunda etapa del proceso se profiera sin correr
traslado a las partes para alegar.
313.
Para
responder este problema jurídico, la Sala Plena seguirá la siguiente
metodología: primero, expondrá el precedente constitucional en relación con los
alegatos de conclusión y su relación con el derecho de contradicción; segundo,
verificará si el artículo 13º analizado vulnera el derecho de contradicción en
el trámite de las excepciones mixtas; y, por último, en función de este
análisis, definirá la intensidad del juicio de proporcionalidad aplicable a la
disposición y se resolverá el problema.
314.
El
derecho de contradicción y los alegatos de conclusión. La Corte ha estimado que
los alegatos de conclusión tienen un papel destacado para la materialización
del derecho de contradicción, en tanto permiten a cada parte proponer al juez
una versión comprensiva de lo ocurrido en el proceso[496]. Esta actuación no
solo beneficia a cada una de las partes, sino que también contribuye a
enriquecer los referentes interpretativos a disposición del juez para decidir
de fondo los asuntos puestos en su conocimiento[497]. No obstante, de ello
no se sigue que exista una prohibición absoluta para que el Legislador
restrinja las condiciones de tiempo y modo que se conceden a las partes para
alegar[498],
o bien elimine la presentación de alegatos en algunas etapas del proceso. En la
sentencia C-651 de 2011, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 442 de
la Ley 906 de 2004, que permitía al juez penal resolver una petición de
absolución perentoria, sin escuchar alegatos de las partes e intervinientes en
el proceso. En esa ocasión, la Corte concluyó que era innecesario que las
partes intervinieran con alegaciones finales, cuando de las pruebas practicadas
en el juicio oral se siguiera la ausencia palmaria, patente o manifiesta de uno
de los elementos estructurales del tipo penal objetivo, “entendidos como
aquellos que no requieren un especial proceso valorativo para su comprensión
por parte del juzgador”[499].
Asimismo, consideró que la eliminación de la fase de alegatos en este caso no
vulneraba los derechos de las víctimas, en tanto estas habrían participado de
las etapas previas a la adopción de la decisión, y contaban con otros
mecanismos procesales efectivos para oponerse a la absolución, como la
apelación de la sentencia y la interposición de recursos extraordinarios.
315.
Inexistencia
de vulneración al derecho de contradicción. La Sala encuentra que el numeral 3
del artículo 13º examinado no vulnera el derecho de contradicción de las partes
en el proceso contencioso administrativo. La lectura armónica de lo dispuesto
en los artículos 12º y 13º del Decreto Legislativo sub examine permite
concluir que la adopción de sentencia anticipada en la segunda etapa del
proceso, por encontrarse demostrada alguna excepción mixta procede cuando, en
la audiencia de pruebas, el material recaudado permite tener por probada la
ocurrencia de los fenómenos objetivos de “cosa juzgada, caducidad,
transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa”. La
autorización que se introduce en el numeral 3 no desconoce el precedente
contencioso administrativo que, de manera pacífica, ha sostenido que en
aquellos eventos en los que una excepción mixta se encuentra atada al fondo del
asunto o existan dudas fundadas sobre su configuración, el juez, como director
del proceso, y en aplicación de los principios pro actione y pro damnato
puede aplazar su decisión hasta el final del proceso, a fin de garantizar el
derecho de acceso a la administración de justicia[500]. Aun con la
modificación que introduce el Decreto Legislativo 806 de 2020, en estos eventos
el juez, en ejercicio de su autonomía, puede diferir la decisión de las
excepciones previas, de forma que se agoten todas las etapas procesales,
incluida la de alegatos de conclusión.
316.
Así,
el numeral 3 del artículo 13° del Decreto Legislativo sub examine aplica
en aquellos eventos en que la sentencia anticipada se deriva, precisamente, de
la demostración objetiva de los supuestos de hecho que fundamentan estas
excepciones, y no de un ejercicio interpretativo, comprensivo e integral de
todos los elementos jurídicos y fácticos que integran el conflicto propuesto. En
el evento previsto en la disposición que se estudia, los alegatos que podrían
presentar las partes no cumplen la importante función que el precedente
constitucional ha reconocido a los alegatos de conclusión previos a la adopción
de una sentencia de fondo, pues no están orientados a ofrecer al juez una
visión integral de todo el material probatorio y de los argumentos expuestos en
el juicio para sustentar las pretensiones o excepciones de fondo, propuestas
por las partes.
317.
Además,
el traslado para alegar no es el único mecanismo con el que cuentan las partes
para ejercer el derecho de contradicción en relación con la eventual
declaratoria de una excepción mixta. En los eventos en que la excepción haya
sido propuesta por el demandado[501], el actor puede ejercer su derecho
de contradicción al descorrer el traslado de las excepciones que se cumple en
la parte inicial del proceso[502].
Aunque los casos en los que las excepciones mixtas se declaren de oficio
estarían desprovistos de esta oportunidad, por regla general el accionante aún
contaría con la posibilidad de recurrir la sentencia. En todo caso, al ejercer
la facultad que le confiere el numeral 3° estudiado, el juez debe velar por que
se garantice el derecho de contradicción de la parte que resultará afectada,
bien porque tuvo la oportunidad de descorrer el traslado de las excepciones,
porque está habilitado para recurrir la decisión que las declara probadas, o
bien porque fue escuchada en audiencia en relación con el asunto. Por lo tanto,
corresponde al juez evaluar la pertinencia de ejercer esta facultad a la luz de
la garantía de contradicción, en los eventos en que el asunto es de única
instancia y la excepción no fue propuesta por la parte demandada. Así, la Sala
Plena concluye que la norma no lesiona o afecta prima facie el derecho
fundamental al debido proceso.
318.
Resuelto
este punto, corresponde verificar si la medida es proporcional, de acuerdo con
un juicio de intensidad leve, esto es, si persigue una finalidad que no esté
prohibida por la Constitución y es idónea para alcanzarla[503].
319.
La
norma busca un fin constitucionalmente legítimo. De acuerdo con lo expuesto en las
consideraciones del decreto sub judice, y en la intervención de la
Presidencia de la República, los objetivos específicos del artículo 13º son: (i)
evitar la celebración de audiencias que no sean necesarias para desatar la litis
previniendo aglomeraciones y riesgos de contagio de la COVID-19 y (ii)
agilizar la
resolución de los procesos judiciales, al favorecer la economía procesal y la
justicia material.
Estas finalidades son constitucionalmente legítimas, en tanto se relacionan con
mandatos constitucionales como la garantía del derecho a la salud (art. 49) y a
la administración de justicia (art. 229).
320.
Medio
idóneo para lograr el fin buscado. El régimen de sentencia anticipada
que prevé la medida estudiada es adecuado para lograr los fines propuestos, por
cuanto mejora
la eficiencia en el trámite de los procesos al permitir emitir sentencias de
manera anticipada en eventos en que no es necesario agotar la tercera etapa del
proceso prevista en el artículo 179 del CPACA. La eliminación de la audiencia
de alegatos y juzgamiento (tercera etapa del proceso) previene la aglomeración
innecesaria de personas en las salas de audiencias de los despachos judiciales
de lo contencioso administrativo en los eventos en que el proceso se tramite de
manera presencial, y agiliza el trámite del proceso en el evento de que este se
adelante mediante el uso de TIC.
321.
En
conclusión, la medida prevista en el numeral 3 del artículo 13º del decreto sub judice no vulnera el derecho al
debido proceso de las partes del proceso contencioso administrativo, y es
efectivamente conducente para el logro de finalidades constitucionalmente
legítimas.
(c)  Análisis de constitucionalidad de los
artículos 14º y 15º del Decreto Legislativo 806 de 2020.
322.
Delimitación
del asunto. Los artículos 14º y 15º modificaron los actos procesales de
la segunda instancia en las jurisdicciones laboral y civil, privilegiando lo escrito sobre lo oral
en esta etapa del proceso, en los eventos en que no procede la práctica de
pruebas. Específicamente, se dispuso que, del auto que admite la apelación –o
la consulta en materia laboral– se dará traslado a las partes para que
presenten alegatos escritos por el término de 5 días, iniciando por el
apelante. Asimismo, se dispuso que, surtidos los traslados correspondientes, se
proferirá sentencia de segunda instancia escrita. Adicionalmente, en materia
laboral se fijó el mismo trámite en el caso de la apelación de autos.
323.
Intervenciones. 7 intervinientes
solicitaron la inexequibilidad de los artículos 14º y 15º aduciendo una
afectación al principio de oralidad[504].
Por su parte, un interviniente solicitó la inexequibilidad de las normas, por
afectación del principio de inmediación[505].
Asimismo, un interviniente solicitó la inexequibilidad del artículo 15º al considerar
vulneradas prohibiciones
establecidas en la Constitución y en los tratados
internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad[506].
324.
Problema
jurídico y metodología. Para el análisis del cumplimiento de los juicios de no
contradicción específica y proporcionalidad, la Corte resolverá si los artículos 14º y 15º
del Decreto Legislativo 806 de 2020 desconocen
el derecho al debido proceso, o el derecho a la tutela judicial efectiva, al
modificar los actos procesales de la segunda instancia, en las
jurisdicciones laboral y civil, y privilegiar el trámite escritural en esta
instancia.
325.
Para
resolver el problema jurídico, primero, se definirá el alcance del principio de
oralidad en materia procesal; y a partir de estas consideraciones se
determinará si las disposiciones estudiadas afectan el derecho al debido
proceso.
326.
El
principio de oralidad en la administración de justicia. La LEAJ introdujo la
oralidad como principio de la administración de justicia[507]. La Corte
Constitucional ha señalado que “[l]a implementación de la oralidad constituye un
mecanismo razonablemente encaminado al logro de la pretendida celeridad en la
administración de justicia, favoreciendo la inmediación, acercando el juez a
las partes y generando condiciones que propicien la simplificación de los
procedimientos”. No
obstante, dada su naturaleza de
principio, la misma LEAJ admite que la ley prevea excepciones a la aplicación
de la oralidad en cada proceso judicial[508].
En tal sentido, la Corte
Constitucional ha indicado que la oralidad es un principio procesal cuyo alcance
puede ser definido por el legislador atendiendo a razones de conveniencia o
necesidad[509].
327.
Aunque la Corte
reconoce que los avances en materia de oralidad han sido relevantes para
mejorar la celeridad y simplificar los procesos judiciales[510],
discrepa del criterio expuesto por uno de los intervinientes, según el cual la
modificación del modelo oral para el trámite de los procesos laborales
desconoce tratados
internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad. No existe tratado internacional
ratificado por Colombia que contemple una regla según la cual la oralidad sea
el único mecanismo legítimo para tramitar judicialmente reclamos relacionados
con derechos laborales o sociales. Por lo demás, la Sala advierte que la
afectación del principio de inmediación de la prueba que reprochan algunos
intervinientes[511]
es apenas aparente, toda vez que los artículos 14º y 15º sub judice prescriben
que las audiencias en segunda instancia en las que se deba practicar pruebas
serán celebradas de acuerdo con las normas procedimentales ordinarias, de
manera que esta medida no sacrifica, ni siquiera en grado leve, ninguna
garantía inherente al derecho de contradicción y defensa. En este escenario, resulta
innecesario aplicar el test de proporcionalidad a las medidas estudiadas.
328.
Así
las cosas, la Sala concluye que las disposiciones examinadas no vulneran los
derechos al debido proceso o al acceso a la administración de justicia, en
tanto (i) limitan la aplicación de un principio de rango legal que no
constituye un parámetro de constitucionalidad, y (ii) no afectan en
manera alguna la inmediación de la prueba en tanto aplican a los trámites de
segunda instancia en los que no procede la práctica de pruebas.
iii.
El derecho al debido
proceso y el principio de publicidad en relación con los medios de notificación
previstos por el Decreto Legislativo 806 de 2020
(a) La garantía de publicidad
329.
La
jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho al debido proceso
aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas[512]. El
artículo 29 de la Constitución supone un límite a los poderes del Estado y
prevé garantías de protección para los derechos de los individuos, de tal forma
que las actuaciones de las autoridades públicas no sean arbitrarias, sino que,
por el contrario, se ajusten a la Constitución y a la ley[513].
330.
El
derecho al debido proceso tiene dos características básicas. Por un lado, es
una manifestación del principio de legalidad y, por el otro, un esquema estructurado
de garantías[514]
o metagarantía. Por tanto, las fases con arreglo a las cuales se
adelanta la actuación judicial o administrativa deben regirse por una serie de
garantías procesales[515],
cuyo cumplimiento tiene diversos matices –especialmente relevantes en las actuaciones administrativas–,
según el proceso de que se trate[516].
Entre aquel conjunto de garantías que integran el debido proceso es
especialmente relevante (i) el principio de publicidad[517], además
de (ii) los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, independencia e imparcialidad; (iii) los derechos de defensa[518], jurisdicción, acceso
libre e igualitario a los jueces y autoridades administrativas, decisiones
motivadas, impugnación, proceso público y cumplimiento del fallo; y (v)
las garantías procesales de tipicidad, presunción de inocencia, juez natural,
prontitud de las decisiones, doble instancia y non bis in ídem.
331.
La
Constitución prevé que la competencia para regular de manera detallada los
diversos procesos recae en el legislador[519],
quien tiene la facultad de diseñar cada estatuto para definir su ámbito de
regulación, términos, competencias, etapas, recursos, notificaciones y todos
los demás aspectos necesarios y pertinentes[520].
332.
Ahora
bien, no se encuentra ni en la Constitución ni en la jurisprudencia
constitucional referencia alguna a que exista un único medio idóneo para dar
cumplimiento al principio de publicidad. Corresponde al Legislador, en
ejercicio de su libertad de configuración, definir los tipos de comunicación
procesal a implementar, según: la materia, los actos o providencias a
comunicar, y los sujetos y la oportunidad en que se dicten[521]. En
particular, la jurisprudencia ha señalado que la incorporación de la tecnología
a los procesos debe respetar la teleología de las notificaciones como actos de
comunicación procesal, cuya finalidad es dar a conocer las decisiones, para el
ejercicio del derecho de defensa y contradicción[522]. Además, en
materia de notificaciones, la Corte ha precisado que, como medida de desarrollo
del principio de publicidad, el legislador debe asegurar mecanismos con la
eficacia suficiente para dar a conocer las decisiones a las partes e
interesados, que no restrinjan de manera ilegítima los derechos de defensa y
contradicción. Además, en algunos casos, ha señalado que el derecho a la
publicidad y, en específico, a las notificaciones, puede admitir restricciones,
dependiendo de: (i) la naturaleza del trámite y (ii) los límites
normativos, esencialmente constitucionales, que habiliten notificaciones
flexibles o den lugar a excepciones a la regla general de publicidad[523].
En particular, respecto de la notificación por correo, incluido el electrónico,
ha indicado que esta vía de notificación representa un mecanismo adecuado,
idóneo y eficaz para garantizar el principio de publicidad y el derecho al
debido proceso, en tanto se considera una manera legítima de poner en
conocimiento de los interesados la existencia de un determinado proceso o
actuación administrativa[524].
Además, porque esta vía de comunicación agiliza la administración de justicia y
favorece el principio de convivencia pacífica dispuesto en el Preámbulo de la
Constitución[525].
(b) Las modificaciones introducidas por el
Decreto Legislativo 806 de 2020 a los actos de publicidad del proceso
333.
Los
artículos 8º y 10º del Decreto Legislativo 806 de 2020 regulan aspectos
relativos a la garantía de publicidad, en tanto modifican el mecanismo para efectuar
la notificación personal del auto admisorio de la demanda, así como el trámite
del emplazamiento. La Corte procede a examinar si los referidos artículos
satisfacen los juicios de proporcionalidad y no contradicción específica. Para
ello, analizará si las medidas son proporcionales y se ajustan a la
Constitución, los tratados internacionales y al marco de actuación regulado por
la LEEE.
(c)  La notificación del auto admisorio de la
demanda mediante correo electrónico, prevista por el artículo 8º del Decreto
806 de 2020 y la regla del parágrafo del artículo 9°, y su relación con el
debido proceso y el principio de publicidad
334.
Delimitación
del asunto. El
artículo 8° del Decreto sub examine señala que las notificaciones
personales podrán efectuarse enviando la providencia mediante mensaje de datos
a la dirección electrónica o sitio suministrado por la parte interesada en que
se efectúe la notificación. También prevé que, para ello, no se exige citación
previa o aviso físico o virtual, y que los anexos que deban entregarse para un
traslado por correo electrónico deben enviarse por el mismo medio. Para el
efecto, el interesado debe afirmar bajo la gravedad de juramento que la
dirección electrónica, o sitio suministrado, corresponde al utilizado por la
persona a notificar, y deberá informar cómo obtuvo la información, y aportar
las evidencias correspondientes. En estos casos, la notificación se entenderá
realizada transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje. Para
el efecto, se permite el uso de sistemas de confirmación del recibo de correos
electrónicos o mensajes de datos[526].
Por último, el parágrafo 2 del artículo 8° prevé que la autoridad judicial
podrá solicitar información sobre las direcciones electrónicas o sitios de la
parte por notificar que estén en las Cámaras de Comercio, superintendencias,
entidades públicas o privadas, “o utilizar aquellas que estén informadas en páginas
Web o en redes sociales”.
335.
Intervenciones
ciudadanas. Algunos
intervinientes se pronunciaron sobre este artículo, y solicitaron su
inexequibilidad total o parcial. Estas intervenciones señalan que: (i) la notificación por esta
vía conculca el derecho de defensa y, por ende, el debido proceso, dado que
impide que el demandado que no cuenta con correo electrónico, o que no lo usa
con frecuencia, tenga conocimiento de un proceso en su contra[527]; (ii) el Decreto omite
regular el derecho del demandado a autorizar el medio mediante el cual quiere
ser notificado de las actuaciones del proceso[528] y (iii) la disposición viola los
principios de contradicción y celeridad procesal, dado que una simple
manifestación juramentada permite derribar el acto procesal que da inicio al
proceso, en tanto crea una nueva causal de nulidad[529].
336.
Por
otro lado, consideran que (iv) la autorización para que la información
se extraiga de redes sociales no ofrece seguridad jurídica alguna, salvo que el
titular acepte ser notificado de esta forma, por lo que se vulnera el principio
de publicidad, y los derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica[530]; (v)
la medida vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia, en
tanto que, durante la emergencia, reduce el plazo previsto en el art. 291 del CGP
a 2 días, sin justificación alguna[531];
(vi) la medida es menos garantista que el régimen ordinario, dado que
este último previene cualquier problema en la recepción de la comunicación y,
por ello, contempla el envío de 2 mensajes de datos sucesivos (citación y
aviso) con un intervalo suficiente (mínimo de 5 días)[532]; y, por último, (vii)
la
exigencia relativa a que se declare cómo se obtuvo la dirección de correo para
efectuar la notificación es desproporcionada y desconoce la presunción de buena
fe[533].
337.
En
contraste, otros intervinientes manifestaron que (i) es lógico que un
demandante pueda escoger entre múltiples canales para notificar, habida cuenta de
las diversas formas de interacción social por medios digitales que existen en
la sociedad[534];
(ii) la medida facilita el trámite de notificación que las medidas de
aislamiento habían imposibilitado[535];
(iii) la medida agiliza los procesos, pues evita las funciones
secretariales presenciales de los servidores, y permite el conocimiento de las
actuaciones en el día en que ocurren[536];
(iv) el término concedido por la medida para tener surtida la notificación
del sujeto procesal es razonable, pues le permite revisar su bandeja de entrada
en el canal digital y ejercer la defensa o cumplir la decisión[537]; (v) al
admitir que el juez consulte varias fuentes para obtener la dirección
electrónica de notificación del demandado, la medida evita que se acuda
directamente al emplazamiento en los casos en que no se conozca la dirección
electrónica o física de la parte demanda o exista duda sobre su autenticidad[538] y (vi)
la medida
adopta medios de control de intento de fraude o suplantación en el trámite[539].
338.
En
atención a estas consideraciones, le corresponde decidir a la Sala si el
artículo 8º del Decreto Legislativo 806 de 2020 vulnera la garantía de
publicidad, integrada al derecho fundamental al debido proceso, al permitir que
la notificación del auto admisorio se remita al correo electrónico o sitio
suministrado por la parte demandante o identificado mediante las consultas
autorizadas en el parágrafo del artículo.
339.
El
artículo 8º del Decreto sub examine es compatible con la Constitución
Política por cuanto no vulnera prima facie la garantía de publicidad. Tal
como se explicó en precedencia (epígrafe “(a) La garantía de publicidad” supra), la Constitución no
prevé un único modo de notificación para dar cumplimiento al principio de
publicidad. Únicamente exige que aquel que sea seleccionado por el legislador
tenga la capacidad de dar a conocer las decisiones que deban transmitirse a los
interesados para el ejercicio de sus derechos de defensa y contradicción[540].
En principio, la Corte encuentra que la notificación del auto admisorio de la
demanda mediante la remisión de un correo electrónico a la parte interesada es una
medida plausible para lograr que esta conozca la existencia de un proceso en su
contra y ejerza aquellos derechos.
340.
En
efecto, la Sala advierte que efectuar las notificaciones personales por medio del envío de
la providencia como mensaje de datos no es una novedad[541]. Así, el
proceso arbitral[542]
y el proceso contencioso administrativo[543]
prevén la notificación de la primera providencia del proceso mediante mensaje
de datos. En materia de procedimiento administrativo, el Decreto Ley 019 de
2012 también prevé este tipo de notificaciones para los actos administrativos
tributarios a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–[544]. En
particular, estas últimas disposiciones fueron declaradas exequibles por esta
Corte, al considerar que “la realización del principio de publicidad, ‘[…]
como un mandato de optimización, depende de las posibilidades fácticas y
jurídicas concurrentes”[545].
341.
Dado
que no se observa una vulneración a una garantía propia del derecho al debido
proceso, la constitucionalidad de esta medida dependerá de si es una respuesta
proporcionada a las posibilidades fácticas y jurídicas que impone la pandemia y
las medidas adoptadas para su contención. Para el efecto, la Sala aplicará un juicio
de proporcionalidad de intensidad leve (cfr., sección 13.6, en particular el
epígrafe, “i. El juicio de no discriminación en la jurisprudencia
constitucional”), dado que se trata de un asunto respecto del cual el
legislador goza de un amplio margen de configuración y se ha constatado la
inexistencia de una afectación al derecho al debido proceso.
342.
El
artículo 8º persigue una finalidad que no está constitucionalmente prohibida. En efecto, la previsión de la
notificación personal por mensaje de datos busca varias finalidades que no
están prohibidas por la Constitución, y que, además, son constitucionalmente
importantes, a saber: (i) dar celeridad a los procesos a los que se aplica
el Decreto Legislativo sub examine; (ii) proteger el derecho a la
salud de los servidores y usuarios de la administración de justicia; (iii) garantizar
la publicidad y la defensa de las partes mediante la incorporación de reglas de
garantía y control y (iv) reactivar el sector económico de la justicia,
a fin de garantizar el derecho al trabajo y al mínimo vital de quienes de allí
derivan su sustento.
343.
La medida dispuesta en el
artículo 8º del Decreto 806 de 2020 es idónea. La notificación personal mediante
mensaje de datos es una disposición efectivamente conducente para lograr los
fines propuestos porque: (i) elimina la obligación de comparecer al
despacho para notificarse, lo que reduce el riesgo para la salud y la vida de
funcionarios y sujetos procesales; (ii) prescribe un remedio procesal
para aquellos eventos en los que el interesado en la notificación no recibió el
correo; (iii) prevé condiciones para garantizar que el correo, en
efecto, es el utilizado por la persona a notificar; y (iv) permite que
el interesado, en efecto, conozca la providencia a notificar, en tanto los
correos electrónicos ofrecen seguridad y permiten probar la recepción y el
envío de aquella.
344.
Así
las cosas, primero, la Sala observa que, para la elección del medio, el
Gobierno tomó en consideración que: (i) el comportamiento del virus es
impredecible y requiere la limitación del contacto físico; (ii) la
remisión de mensajes de datos elimina la necesidad de contacto físico en los
despachos judiciales para la notificación y (iii) trasladar la carga a
la parte permite agilizar el trámite de los procesos. Por tanto, no encuentra
la Sala evidencia que permita concluir que el Gobierno incurrió en un error
manifiesto al juzgar la idoneidad de la medida para reducir el riesgo sanitario
de las partes procesales.
345.
Segundo,
la
medida previene cualquier posible limitación que esta pueda generar sobre el
contenido iusfundamental del debido proceso por cuanto prevé un remedio
procesal eficaz para proteger el derecho de defensa del notificado, que no se
enteró de la providencia. En efecto, la disposición prevé que, en este caso, la
parte interesada puede solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado. Esta
disposición, contrario a lo argumentado por los intervinientes, no crea una
causal adicional de nulidad, puesto que el numeral 8 del artículo 133 del CGP
ya prevé la nulidad por indebida notificación del auto admisorio de la demanda.
El artículo 8° examinado obliga a la parte interesada a tramitar la nulidad por
esta causal, según el procedimiento previsto en los artículos 132 a 138 del
CGP, lo cual, a su vez, garantiza los derechos de la parte accionante, que
podría verse perjudicada con la declaratoria de nulidad. Por otro lado, una lectura
razonable de la medida obliga a concluir que, para que se declare nula la
notificación del auto admisorio por la razón habilitada en el artículo 8° no
basta la sola afirmación de la parte afectada de que no se enteró de la
providencia. Es necesario que el juez valore integralmente la actuación
procesal y las pruebas que se aporten en el incidente de nulidad para
determinar si en el trámite de la notificación personal se vulneró la garantía
de publicidad de la parte notificada. En otras palabras, la Sala encuentra que
la disposición no libra a la parte de cumplir con la obligación de probar los
supuestos de hecho que soportan la causal de nulidad alegada. Por el contrario,
la medida compensa la flexibilidad introducida por la norma, con la necesidad
de proteger los derechos de defensa y contradicción de las partes, mediante la
agravación de las consecuencias jurídicas, incluso con tácitas implicaciones
penales, a fin de dotar de veracidad la información que sea aportada al
proceso. Razón por la cual, la Corte constata que este mecanismo más que
generar un sacrificio a las garantías del debido proceso, busca garantizarlas
durante la emergencia.
346.
Tercero, la medida prevé
condiciones que contribuyen a garantizar que el correo en el que se practicará
la notificación sea, en efecto, el utilizado por la persona a notificar. Así,
el inciso 5 del artículo que se estudia dispone que el interesado en la
notificación debe afirmar bajo la gravedad de juramento que la dirección
electrónica o sitio suministrado corresponde al que utiliza la persona a
notificar, para lo cual deberá indicar la manera en que obtuvo la información y
aportar evidencias. A juicio de la Sala, este cambio en el modelo de
notificación personal no es extraño ni novedoso, en tanto pretende, en virtud
del deber de colaboración con las autoridades que tienen las partes procesales,
garantizar que la dirección electrónica o sitio en el que se va a efectuar la
notificación personal sea, en efecto, una dirección utilizada por el sujeto a
notificar, a fin de realizar los principios de publicidad, celeridad y
seguridad jurídica, y de garantizar los derechos de defensa y contradicción.
347.
Además,
el parágrafo 2 autoriza al juez para verificar la información de la dirección
electrónica para notificar al demandado en redes sociales o páginas Web.
Algunos intervinientes consideran que esta autorización no ofrece seguridad
jurídica alguna, salvo que el titular acepte ser notificado de esta forma. Sin
embargo, la Sala discrepa de la interpretación de los intervinientes habida
cuenta que la medida no tiene objeto distinto al de dotar a las autoridades de herramientas
acordes con los avances tecnológicos, que faciliten la obtención de la
información, y lleven al interesado a conocer las actuaciones en su contra. De
manera que, más que presentarse como la vía principal para obtener la
información, se trata de una herramienta adicional para que el juez, como
director del proceso, pueda dar celeridad al trámite[546]. Además,
la Sala advierte que el ejercicio de esta potestad procede, prima facie,
solo frente a aquellas personas naturales que no están registradas en ninguna
base de datos pública. Por tanto, es la falta de registro oficial de los datos
de las personas a notificar, lo que faculta a la autoridad para obtener la
información por estas otras vías. En otras palabras, la facultad de
verificación de información en redes sociales y páginas Web, prevista en el
parágrafo 2 del artículo 8º, no se predica respecto de: (i) entidades
públicas u órganos de la administración, (ii) personas jurídicas, (iii)
comerciantes o personas naturales o jurídicas que estén en el registro
mercantil y (iv) abogados, pues en relación con todos ellos ya existen
bases de datos legalmente reconocidas y utilizadas para diversos fines.
348.
La
Sala considera que la medida aquí analizada es efectivamente conducente para
lograr notificar a las partes y agilizar y facilitar el trámite de los procesos
judiciales durante la emergencia, en tanto que: (i) la naturaleza
semi-privada[547]
de la información consignada en páginas Web y redes sociales, que se origina
en un acto voluntario, regido por normas principalmente de derecho privado,
es publicada a terceros sin discriminación alguna, y con el pleno conocimiento
por parte de su titular; (ii) si bien es cierto que el uso de redes sociales
o páginas Web puede, en principio, ofrecer problemas relacionadas con la
certeza o calidad de la información, garantía de su uso, o incluso casos de
confusión o error por homónimos, es al juez, como garante del proceso, al que
le corresponde, en cada caso, verificar la razonabilidad y pertinencia de usar
la información suministrada en estos canales[548].
Todo esto, teniendo especial sensibilidad con la realidad generada por la pandemia,
y con respeto del dinamismo de los procesos, las garantías procesales y las
normas de la administración de datos personales sistematizadas por la
jurisprudencia[549].
349.
Cuarto, la Sala advierte que la
disposición sub judice prevé el uso sistemas de confirmación de recibo
de los correos electrónicos o mensajes de datos. Estos instrumentos brindan
mayor seguridad al proceso y ofrecen certeza respecto del recibo de la
providencia u acto notificado. En efecto, según lo informado por el CSDJ, dentro de las herramientas
colaborativas de Microsoft Office 365 provistas a los servidores judiciales se
incluye el servicio de confirmación de entrega y lectura de mensajes. Así,
cuando se envía un correo desde la cuenta institucional de la Rama Judicial con
solicitud de confirmación de entrega, el servidor de correo de destino
responderá inmediata y automáticamente enviando un mensaje informativo al remitente
acerca de la recepción del correo. En los casos en que la dirección del correo
sea incorrecta o no exista, de manera automática, el servidor, en un periodo
máximo de 72 horas, informará sobre la imposibilidad de recepción del correo[550].
350.
El
Consejo de Estado[551],
la Corte Suprema de Justicia[552]
y la Corte Constitucional[553]
coinciden en afirmar que la notificación de las providencias judiciales y los
actos administrativos no se entiende surtida solo con el envío de la
comunicación mediante la cual se notifica (sea cual fuere el medio elegido para
el efecto) sino que resulta indispensable comprobar que el notificado recibió
efectivamente tal comunicación. Así, la garantía de publicidad de las
providencias solo podrá tenerse por satisfecha con la demostración de que la
notificación ha sido recibida con éxito por su destinatario.
351.
El
inciso 3 del artículo 8° del Decreto Legislativo 806 de 2020 prevé que “la
notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días
hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a
partir del día siguiente al de la notificación”. Una regla semejante se
contiene en el parágrafo del artículo 9°, según el cual, “Cuando una parte
acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás
sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se
prescindirá del traslado por secretaría, el cual se entenderá realizado a los
dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término
respectivo empezará a correr a partir del día siguiente”. Al ser consultado sobre
las razones que motivaron estos apartados normativos, el Gobierno nacional
informó que la medida tiene por objeto conceder un término razonable para que
los sujetos procesales puedan revisar su bandeja de entrada, partiendo del
reconocimiento de que no todas las personas tienen acceso permanente a Internet[554]. De esta respuesta no
se sigue que, al adoptar la medida, el Gobierno pretendiera desconocer el
precedente descrito relativo a la validez de la notificación a partir de su
recepción por el destinatario –en el caso de la primera disposición– o del
traslado de que trata la segunda disposición, que no de su envío.
352.
No
obstante, la Corte encuentra que, tal como fue adoptada la disposición, es
posible interpretar que el hito para calcular el inicio de los términos de
ejecutoria de la decisión notificada o del traslado no corresponde a la fecha
de recepción del mensaje en el correo electrónico de destino, sino a la fecha
de envío. Esta interpretación implicaría admitir que, aun en los eventos en que
el mensaje no haya sido efectivamente recibido en el correo de destino, la
notificación o el traslado se tendría por surtido por el solo hecho de haber
transcurrido dos días desde su envío. Una interpretación en este sentido
desconoce la garantía constitucional de publicidad y por lo mismo contradice la
Constitución.
353.
Aunque
el legislador cuenta con una amplia libertad para simplificar el régimen de
notificaciones procesales y traslados mediante la incorporación de las TIC al
quehacer judicial, es necesario precaver que en aras de esta simplificación se
admitan interpretaciones que desconozcan la teleología de las notificaciones,
esto es la garantía de publicidad integrada al derecho al debido proceso. En
consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad condicionada del inciso 3 del
artículo 8° y del parágrafo del artículo 9° del Decreto Legislativo sub
examine en el entendido de que el término de dos (02) días allí dispuesto
empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda
por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. A juicio de la
Sala, este condicionamiento (i) elimina la interpretación de la medida
que desconoce la garantía de publicidad, (ii) armoniza las disposiciones
examinadas con la regulación existente en materia de notificaciones personales
mediante correo electrónico prevista en los artículos 291 y 612 del CGP y, por
último, (iii) orienta la aplicación del remedio de nulidad previsto en
el artículo 8°, en tanto provee a los jueces mayores elementos de juicio para
valorar su ocurrencia.
(d) Análisis de la modificación al trámite de
emplazamiento prevista en el artículo 10° del Decreto Legislativo 806 de 2020
354.
Delimitación
del asunto. El
artículo 10º del Decreto Legislativo 806 de 2020 dispone que el emplazamiento
ya no requiere la publicación del edicto en un medio escrito o en cualquier
medio masivo de comunicación. Para el efecto, será suficiente el reporte de la
información del proceso en el Registro Nacional de Personas Emplazadas –en
adelante, RNPE–. Esto, con el fin de agilizar los trámites de notificación por
emplazamiento e impedir las diligencias presenciales derivadas de la publicación
en medios escritos.
355.
Algunos
intervinientes manifestaron que el artículo 10º del Decreto sub examine limita
el acceso a la administración de justicia y vulnera los derechos al debido
proceso, a la defensa y a la contradicción, en tanto que: (i) no toda la
población tiene acceso a Internet[555];
(ii) se trata de un medio especializado del que solo tienen conocimiento
los abogados litigantes[556];
y (iii) el grado de sacrificio de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia es bastante superior al
nivel de realización del fin constitucional de agilizar los procesos que se
persigue, lo que se traduce en un posible desconocimiento del juicio de
proporcionalidad[557].
356.
Otros
intervinientes señalaron que esta medida es necesaria en época de pandemia, para
abreviar trámites y facilitar el desenvolvimiento de los procesos, utilizando
para tal efecto las TIC. También, consideran que la medida garantiza la
vigencia del derecho fundamental al debido proceso, dado que permite a
cualquier persona que quiera saber si está siendo emplazada en un proceso
acceder a una base de datos pública, sin mayores formalidades[558]. Asimismo,
señalaron que la medida evita el desplazamiento a los medios de comunicación
para realizar la publicación, lo que evita costos innecesarios y protege la
salud[559].
Por último, indicaron que, dado que la cobertura de los medios escritos de
comunicación es cada vez menor, la modificación introducida por el Decreto
Legislativo sub examine actualiza este trámite a “la revolución que
ha transformado en estas dos décadas el mundo que hoy transita por una
autopista digital donde cada día lo virtual gana espacios seguros”[560].
357.
En
atención a las anteriores consideraciones, debe la Sala decidir si el artículo
10º del Decreto 806 de 2020 vulnera la garantía de publicidad, integrada al
derecho fundamental al debido proceso, al eliminar la publicación del edicto
emplazatorio en medios de comunicación masiva y prever el RNPE como único
mecanismo para el efecto.
358.
El
artículo 10º del Decreto Legislativo 806 de 2020 afecta prima facie el
principio de publicidad y el derecho de defensa del demandado a emplazar. La Sala encuentra que la
eliminación de uno de los mecanismos para dar publicidad al edicto emplazatorio
afecta prima facie la garantía de publicidad, por cuanto elimina una vía
de comunicación sin remplazarla con otro mecanismo que supla la cobertura que
podían proporcionar los medios escritos para dar a conocer los edictos
emplazatorios.
359.
No
obstante, la constatación prima facie de la reducción de la garantía no
es suficiente para desvirtuar la presunción de constitucionalidad que le asiste
a la medida examinada como enseguida se señala. Así, dada la afectación prima
facie de la garantía de publicidad, le corresponde a la Sala analizar la
proporcionalidad de la medida mediante la aplicación de un juicio de
proporcionalidad de intensidad intermedia. Aunque este es un asunto en el que
el legislador tiene amplia libertad de configuración, la afectación que se
observa compromete garantías constitucionales integradas al derecho fundamental
al debido proceso. En consecuencia, para determinar la constitucionalidad de la
medida será preciso determinar si esta persigue fines constitucionalmente
importantes y es idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto.
360.
El
artículo 10º del Decreto legislativo persigue finalidades constitucionalmente
importantes en el marco de la actual emergencia. La previsión del emplazamiento
mediante su inscripción en el RNPE tiene por objeto la satisfacción de varias
finalidades constitucionalmente importantes, a saber: (i) otorgar
celeridad a los procesos y garantizar la economía procesal[561]; (ii)
proteger el derecho a la salud de los servidores y usuarios de la
administración de justicia, evitando actividades presenciales que requieran
interacción social y supongan riesgo de contagio[562]; y (iii)
garantizar la publicidad del proceso[563],
en aquellas situaciones excepcionales en las que no se conoce la dirección
electrónica ni física de los demandados.
361.
La
medida es idónea, necesaria y proporcionada en sentido estricto. La Corte advierte que el
artículo 10º del Decreto Legislativo sub examine es una medida
proporcionada, en tanto: (i) es idónea para alcanzar la finalidad
descrita; (ii) es necesaria, dado que, para su adopción, el Gobierno nacional concluyó
de forma razonable que la publicación del edicto emplazatorio de forma
exclusiva en el RNPE era la medida menos lesiva de la garantía de publicidad
entre todas aquellas que revisten por lo menos la misma idoneidad en el
contexto actual; y (iii) afecta de manera leve la garantía de
publicidad en tanto elimina una vía de comunicación del edicto emplazatorio,
que tiene un impacto apenas marginal en la posibilidad de que los ciudadanos conozcan
la existencia de un proceso judicial en su contra.
362.
El
artículo 108 del CGP prevé el emplazamiento a personas determinadas o
indeterminadas. Esta disposición exige que, cuando exista imposibilidad de
notificar de manera personal a los sujetos procesales cuyos derechos resultan
comprometidos, se debe publicar la información del proceso en medios de
comunicación de amplia difusión, por una sola vez. A fin de asegurar que la
noticia tenga amplia propagación, el artículo precisa que la publicación debe efectuarse
el día domingo, si es por medios escritos, o entre semana si el juez dispone su
difusión por otros medios masivos de comunicación, en horarios que aseguren su
divulgación[564].
363.
La
jurisprudencia constitucional ha concluido que el emplazamiento está encaminado
a “que públicamente se llame a aquel contra quien se adelanta un proceso, a
que concurra”[565].
Por esta razón, en consideración a las posibles barreras de comunicación
existentes a nivel territorial, ha previsto que no es suficiente con que la publicación
se lleve a cabo con la fijación del edicto en la secretaría del despacho
judicial, sino que deba publicarse tanto en periódicos de circulación local,
como en radiodifusoras del lugar del domicilio del demandando. Todo ello, a fin
de evitar que el proceso se adelante sin que el demandado conozca de su
existencia[566].
364.
Por
su parte, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado
que cada una de las fases del emplazamiento tiene un valor indispensable para
el proceso. Por lo que, en conjunto, el emplazamiento tiene por objeto
incrementar la posibilidad de que, de manera efectiva, los interesados tengan
noticia del proceso y puedan ejercer sus derechos de defensa y contradicción[567].
Esta finalidad, a criterio de la Sala, fue diseñada de manera cuidadosa y
específica por el Legislador, quien puntualizó en cada caso las exigencias
encaminadas a ofrecer un margen alto de probabilidad para que el citado conozca
de la litis. Por lo que, según afirma la Sala Civil, “su estricta
observancia, […resulta], tan importante como ineludible”[568].
365.
Así las cosas, la jurisprudencia ha entendido que la
notificación por emplazamiento: (i) es de carácter excepcional; (ii)
busca obtener un equilibrio entre la necesidad de asegurar que el proceso se
adelante sin dilaciones injustificadas, en beneficio de los intereses del
demandante, sin que se desatiendan los derechos del demandando[569];
(iii) hace efectiva la asistencia del demandado al proceso; y (iv)
es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales de defensa y
contradicción del demandado o tercero interesado en el proceso. Por lo que, su
inobservancia da lugar a la posibilidad de solicitar la nulidad de lo actuado,
en un determinado proceso[570].
366.
La
medida prevista en el artículo 10° del Decreto Legislativo sub examine es
idónea.
Esto, por cuanto conduce de forma efectiva a reducir la presencialidad y el
contacto físico en el trámite de los procesos, y garantiza en una medida
razonable la publicidad del edicto emplazatorio. En Colombia, más de la mitad (52,7%)
de los hogares tiene acceso a Internet, bien sea fijo o móvil. Este es el medio
de comunicación con mayor aumento de penetración en la última década. Entre
2010 y 2016 el número de suscriptores de Internet fijo y móvil pasó de 3 a 15
millones, y la penetración del servicio aumentó de 7.3% a 32.5% en el mismo
periodo[571]. Al 2020, el total de
accesos a Internet en Colombia alcanzó los 30,9 millones, el 40% corresponde a
accesos por suscripción y el 60% restante a accesos por demanda[572].
367.
La
falta de acceso a Internet obedece a barreras materiales que afectan la
capacidad de los usuarios. Así, las personas que reportan no tener acceso a Internet
identifican diferentes razones para explicar esta situación: (i) el 50%
de las personas  manifiesta que se trata de un servicio demasiado costoso; (ii)
un 27,6% considera que no es un servicio necesario; (iii) el 7,7% señala
no tener cobertura en su lugar de residencia; y (iv) el 7% restante
considera que no tiene el conocimiento necesario para usar el servicio de
manera adecuada[573].
En tanto la razón más recurrente para explicar la falta de acceso a Internet corresponde
a un problema de costos, esta puede ser fácilmente extensible a otros medios de
comunicación que imponen costos de entrada a los usuarios, como los periódicos
que no son gratuitos.
368.
Si
bien es cierto el 100% de los hogares colombianos no tiene acceso a Internet,
ello no obliga a concluir que el emplazamiento mediante el registro en una base
de datos cargada en Internet carezca de idoneidad. Exigir que el medio de
comunicación elegido para el trámite de emplazamiento tenga una cobertura del
100% para tener por probada su idoneidad implicaría fijar un estándar de
imposible cumplimiento. No existe en Colombia un medio masivo de comunicación
que tenga una penetración del 100%. Todo lo contrario, los medios tradicionales
de comunicación han ido cediendo su espacio a Internet; prueba de ello es que,
mientras el uso de este aumenta de manera constante y en grandes proporciones,
la audiencia de medios como los periódicos escritos o la televisión ofertada se
reducen paulatinamente[574].
369.
La
medida cumple entonces la exigencia del subprincipio de idoneidad en tanto su aplicación
simplifica el trámite de notificación personal en eventos en los que procede el
emplazamiento, lo cual acelera los procesos y garantiza la economía
procesal.
Asimismo, en tanto el cargue de información en el RNPE es un trámite
exclusivamente virtual que adelantan los despachos judiciales[575], el riesgo de contagio de
los usuarios y funcionarios de la administración de justicia se reduce a cero
en este trámite, por cuanto se elimina cualquier gestión presencial para el
efecto. Por último, el grado de penetración de Internet en el país
permite estimar que la medida posibilita razonablemente el logro de la garantía
de publicidad en el caso de los emplazamientos, pues selecciona un medio al que
tiene acceso la mayoría de la población, cuya penetración crece en una
proporción mayor a la de los demás medios de comunicación. Además, la
permanencia de la publicación en el RNPE por espacio de un año, aumenta la
probabilidad de que las personas interesadas accedan a la información de los
emplazamientos. Ahora bien, lo anterior
no obsta para advertir que la materialización de los fines identificados será
mayor, en tanto el CSDJ introduzca los ajustes necesarios para que el RNPE sea
lo más accesible y amigable posible, de forma que cualquier ciudadano pueda
consultar la información que allí reposa sin enfrentar mayores obstáculos.
370.
El
artículo 10º del Decreto 806 de 2020 cumple el subprincipio de necesidad. La Corte observa que,
los elementos de juicio con los que contaba el Gobierno nacional al momento de
adoptar la medida le permitían concluir razonablemente que no había
medidas menos lesivas con los derechos comprometidos, que fueran
igualmente idóneas para lograr los fines propuestos en el actual contexto. Antes
de la expedición del Decreto Legislativo sub examine, el artículo 108 del
CGP preveía la publicación del edicto emplazatorio en un medio escrito de alta
circulación, o
“en
cualquier otro medio masivo de comunicación, a criterio del juez”.  Pues bien, el examen de
necesidad del artículo 10° impone evaluar si el Gobierno tenía elementos de
juicio para concluir que conservar la disposición ordinaria relativa al trámite
del emplazamiento era una alternativa igualmente idónea para el logro de los
fines propuestos que sacrificara en menor medida la garantía de publicidad que
se materializa con el emplazamiento.
371.
Así,
la Corte advierte que el ordenamiento jurídico ordinario no contempla otra vía
o herramienta flexible para el emplazamiento que permita reducir a cero la
presencialidad en el trámite del emplazamiento y simplifique esta actuación
procesal en la misma proporción que logra el artículo 10° examinado; y que al
mismo tiempo logre una efectividad similar a la que, en abstracto, genera el
emplazamiento mediante el registro en el RNPE. Por otro lado, no está probado
que el emplazamiento como está originalmente previsto en el CGP tenga un alto
impacto en la vinculación efectiva de las personas emplazadas al proceso. Por
el contrario, tanto los intervinientes[576]
como algunos escritos de investigación[577],
dan cuenta de que el emplazamiento mediante la publicación del edicto en medios
escritos es poco efectivo para lograr la vinculación personal de los emplazados
al proceso judicial. En efecto, según la encuesta general de medios de 2019, los
periódicos tienen en promedio un total de 4 millones de lectores, y su
audiencia ha disminuido en 28 puntos porcentuales desde 2010. Esto es
suficiente para concluir que la publicación en medios de comunicación escrito
no reviste una idoneidad mayor en cuanto a la garantía de publicidad, a la que
puede tener el emplazamiento mediante el RNPE
372.
Por
tal motivo, la Sala concluye que el legislador no contaba, al momento de
adoptar la medida, con elementos de juicio suficientes para concluir razonablemente
que existían medidas menos lesivas con las garantías del debido proceso
de los llamados a participar en el proceso, que fueran igual o más idóneas para
lograr los fines propuestos.
373.
La
medida que contempla el artículo 10º del Decreto 806 de 2020 es proporcional en
sentido estricto. La satisfacción de los principios de celeridad y economía
procesal, así como del derecho a la salud de los servidores y usuarios de la
administración de justicia es mayor que la afectación que se genera a los
derechos de defensa y contradicción de la parte emplazada.
374.
La
inclusión del emplazamiento en el RNPE es suficiente para salvaguardar el
derecho fundamental al debido proceso, en su esfera concreta de defensa y
contradicción. Esto, dado que: (i) el acceso a Internet de los hogares colombianos es
considerablemente mayor al acceso que tienen a medios escritos de comunicación
y crece de manera estable con el paso de los años; y (ii) la permanencia del
registro en el RNPE por espacio de un año aumenta razonablemente las
posibilidades de que las personas interesadas se enteren de la existencia de un
proceso en su contra y acudan a este para ejercer su defensa. Adicionalmente,
la medida reduce completamente el riesgo de contagio asociado al trámite
presencial de la publicación del emplazamiento por las partes y las autoridades
judiciales, y mejora la celeridad del proceso al simplificar esta actuación.
375.
Algunos
intervinientes señalaron que el emplazamiento únicamente mediante el RNPE
afectaba de manera intensa la garantía de publicidad. Esto, por cuanto, a
diferencia de la publicación en medios de comunicación, el nivel de cobertura
de Internet constituía una barrera de acceso cierta a esta información para
poco menos de la mitad de la población colombiana.  Al respecto, la Sala estima
que el argumento parte de un hecho no demostrado en este proceso, o en la
experiencia judicial: que los medios de comunicación utilizados
tradicionalmente para dar publicidad a los edictos emplazatorios tienen un alto
nivel de efectividad, del que carece el RNPE, de forma que su eliminación
genera una grave afectación a la garantía de publicidad que se lograba mediante
la aplicación del artículo 108 del CGP. La ausencia de prueba sobre ese hecho,
sumado a que existen indicios que permiten, de hecho, concluir lo contrario –como
se indicó supra–, permite afirmar que
la afectación a la garantía de publicidad que genera la medida examinada es
apenas leve.
376.
En atención
a lo dicho, la Sala concluye que la medida prevista en el artículo 10º del
Decreto Legislativo sub examine genera una afectación apenas leve al
derecho al debido proceso, en sus facetas de defensa, contradicción y publicidad,
mientras que materializa en gran medida los principios de celeridad y economía
procesal y del derecho a la salud de quienes participan de la administración de
justicia. Por todo lo anterior, la Sala lo declarará exequible.
iv.
Vigencia del Decreto Legislativo
806 de 2020
377.
El
artículo 16º dispone que el Decreto Legislativo sub examine “estará
vigente durante los dos (2) años siguientes a partir de su expedición”. La
Sala considera que la norma de vigencia es una medida razonable y proporcionada
para el logro de los fines que persigue el Decreto Legislativo 806 de 2020 y la
garantía del derecho al debido proceso, en tanto (i) precave eventuales
afectaciones futuras al acceso a la administración de justicia por rebrotes
generales o localizados del virus en un escenario de incertidumbre;  y (ii) el
principio de legalidad impone la obligación de dotar de certeza a los
servidores y usuarios de la administración de justicia para el trámite de los
procesos judiciales en los que intervienen.
378.
Primero,
dada la falta de certeza en relación con el comportamiento del virus, es
razonable prever la posibilidad de que un incremento en la cifra de contagios
en los próximos dos años pueda obligar a nuevos confinamientos, o a cuarentenas
localizadas por departamentos o municipios. En ese estado de cosas, el uso de
las TIC para el trámite de los procesos durante un periodo de dos años, permite
precaver nuevos traumatismos en la prestación del servicio de administración de
justicia, derivados de eventuales medidas sanitarias de aislamiento. Por lo
tanto, contribuye razonablemente a garantizar, de forma continua, los derechos
a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de todos los ciudadanos.
379.
Segundo,
la Corte ha señalado que el derecho al debido proceso comprende la garantía de
que los juicios “debe[n] basarse en las leyes preexistentes y con
observancia de las formas propias de cada litigio judicial”[578]. La materialización
de esta garantía demanda un mínimo de estabilidad jurídica en las normas que
regulan los procedimientos judiciales, a fin de que las partes y las
autoridades judiciales puedan ajustar su comportamiento a las reglas de
procedimiento y tengan algún grado de certeza y confianza en el funcionamiento
de la administración de justicia. Claramente, la sujeción de la vigencia de
normas procesales a hechos futuros e inciertos, reduce la capacidad de la
administración de justicia de satisfacer esta garantía, y puede afectar los
derechos de los usuarios del servicio.
380.
Adicionalmente,
para la Sala es evidente que la plena implementación de las TIC en los procesos
judiciales demanda un proceso de aprendizaje y apropiación cultural cuyo avance
depende de múltiples factores culturales, materiales, educativos, etc. La
eficacia de este proceso de apropiación y, por lo mismo, de la mejora en la
prestación del servicio de administración de justicia en estas condiciones,
demanda continuidad en el uso de las herramientas tecnológicas y en la
aplicación de estas disposiciones. Por lo tanto, no es irrazonable ni
desproporcionado que el Gobierno determinara para estas medidas una vigencia
que, aunque temporal, permitiera esta apropiación por parte de funcionarios y
usuarios del servicio de administración de justicia. Por lo demás, el término
de dos años del Decreto demuestra que sus medidas no implican vocación de
permanencia y no permite la adopción de soluciones definitivas a problemáticas
estructurales de la administración de justicia.
381.
En
todo caso, el artículo 215 de la Constitución Política reserva al Congreso de
la República la facultad de derogar, modificar o adicionar los decretos que
expida el Gobierno en desarrollo del estado de emergencia. Por tanto, el
Congreso podrá modificar las medidas previstas en el Decreto Legislativo sub
judice en cualquier tiempo durante su vigencia. Así, si las condiciones
sanitarias o el proceso de implementación de las TIC en la administración de
justicia demandan la modificación de las disposiciones examinadas, el Congreso
podrá ajustar la regulación. En conclusión, al regular la vigencia del Decreto
Legislativo 806 de 2020, el artículo 16 prevé una respuesta razonable y
proporcionada a una situación imprevisible, garantiza la seguridad jurídica de
los usuarios del servicio de administración de justicia y, en todo caso,
permite contar con una regulación estable mientras el Congreso adelanta el
debate democrático en el evento en que una reforma procesal sea necesaria.
13.8   Juicios de intangibilidad y ausencia de
arbitrariedad
382.
Con el juicio de ausencia
de arbitrariedad, la Corte examina si el decreto legislativo dispone
medidas que desconocen las prohibiciones para el ejercicio de las facultades
extraordinarias reconocidas en la Constitución[579], la LEEE y los tratados
internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia[580]. Por su parte, el
juicio de intangibilidad[581] implica
que la Corte verifique que las medidas adoptadas mediante el Decreto
Legislativo sub examine no vulneren el carácter “intocable” de
algunos derechos[582].
383.
Las medidas
previstas por el Decreto Legislativo 806 de 2020 satisfacen los juicios de
ausencia de arbitrariedad e intangibilidad por cuanto, (i) no suspenden o vulneran el núcleo esencial de los
derechos y libertades fundamentales (cfr., al respecto lo señalado, in
extenso, en las secciones 13.6 y 13.7 supra), (ii) no
interrumpen el normal funcionamiento de las Ramas del poder público y de los
órganos del Estado y (iii) no suprimen ni modifican los organismos y las
funciones básicas de acusación y juzgamiento[583].
Lo segundo, por cuanto el Decreto Legislativo sub judice no implica
afectación alguna a los derechos que, en virtud del derecho internacional de
los derechos humanos[584],
han sido considerados como intangibles ni a los mecanismos judiciales
indispensables para la protección de esos derechos.
384.
Lejos
de afectar los referidos derechos, la Sala ha expuesto in extenso las
razones por las cuales las medidas adoptadas en el Decreto Legislativo sub
judice tienen por finalidad la garantía de los derechos a acceder a la
administración de justicia, la igualdad, el trabajo y la salud de los usuarios
y servidores que participan del servicio de administración de justicia.
14.
Síntesis de la decisión
385.
La
Corte abordó el estudio del Decreto Legislativo 806 de 2020 mediante la
verificación de cumplimiento de los requisitos formales y materiales previstos
en la Constitución Política y la LEEE para determinar la constitucionalidad de
los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional en desarrollo del
estado de emergencia económica, social y ambiental.
386.
Para
delimitar el objeto del control constitucional, la Sala estudió el alcance de las
medidas adoptadas en el Decreto Legislativo sub judice separándolas en dos
ejes temáticos: el primero, relacionado con el objeto del decreto, y las reglas
y deberes procesales para la implementación de las TIC en el trámite de
procesos judiciales; el segundo, compuesto por las disposiciones que implementan medidas
tendientes a lograr el efectivo uso de las TIC y agilizan el
trámite de los procesos judiciales.
387.
A
partir de aquella delimitación, la Corte verificó que el Decreto satisface los
requisitos formales previstos en la Constitución y la LEEE, por cuanto está
firmado por el Presidente y todos los Ministros, fue expedido durante la
vigencia del Estado de excepción, contiene consideraciones para justificar su
emisión y tiene alcance nacional.
388.
La
Sala precisó el alcance de los juicios de finalidad, motivación suficiente,
conexidad material, incompatibilidad y necesidad y concluyó que las medidas
adoptadas en el Decreto Legislativo 806 de 2020 están directa y específicamente
relacionadas con el Estado de excepción declarado en el Decreto 637 de 2020, y
son idóneas y necesarias para (i) garantizar la prestación del servicio
de administración de justicia, (ii) proteger la salud de los servidores
y usuarios de la administración de justicia, (iii) agilizar el trámite
de procesos judiciales y reducir la congestión de los despachos judiciales y (iv)
reactivar el sector económico que depende de la prestación del servicio de
justicia.
389.
La
Corte encontró que las disposiciones del Decreto Legislativo sub judice satisfacen
el juicio de no discriminación. En particular, examinó 3 disposiciones a fin de
identificar una eventual vulneración al principio de igualdad y concluyó que: (i)
el tratamiento diferenciado previsto en el parágrafo 1 del artículo 1°
persigue una finalidad constitucional importante, consistente en garantizar el
servicio público de administración de justicia a las personas que no tienen
acceso a las TIC. Asimismo, encontró que la disposición es idónea, necesaria y
proporcional en sentido estricto para el logro de tal fin. (ii) El
artículo 2° es una medida de promoción y protección para lograr la igualdad
entre las partes que tramitan sus procesos mediante el uso de las TIC, cuando
uno de ellas requiere la aplicación de ajustes razonables por parte del juez; (iii)
el inciso 4 del artículo 6º no da lugar a un tratamiento diferenciado entre
las partes del proceso, al prever que el demandante remita una copia de la
demanda al demandado al momento de iniciar la acción.
390.
La
Sala examinó de, forma conjunta, el cumplimiento de los juicios de no
contradicción específica y proporcionalidad. Dado el amplio margen de
configuración que la Constitución le confiere al Legislador ordinario y
extraordinario para el diseño de los procesos judiciales, la Corte concluyó que,
en general, el Decreto Legislativo 806 de 2020 satisfacía estos dos juicios. No
obstante, a fin de establecer si el Gobierno nacional había excedido los
límites que la Constitución impone al ejercicio de la libertad de
configuración, la Corte examinó si las medidas adoptadas en el Decreto
Legislativo sub examine: (i) desconocen la función pública del poder judicial al imponer
nuevas cargas procesales a las partes; (ii) son irrazonables o desproporcionadas
al modificar las reglas relativas al trámite de audiencias en los procesos
contencioso administrativo, civil, laboral y de familia y (iii) desconocen las garantías
de publicidad, defensa y contradicción, al modificar las normas relativas a las
notificaciones personales y el emplazamiento. Como resultado de lo anterior, la
Sala concluyó que todas las medidas analizadas se ajustan a la Constitución y
son proporcionadas, excepto el artículo 10° mediante el cual se modificó la
regulación del emplazamiento.
391.
La
Sala concluyó que el artículo 6 del Decreto Legislativo sub judice constituye una barrera de
acceso a la administración de justicia en cuanto es una respuesta
desproporcionada a los eventos en que el demandante no conoce el canal digital
de notificación de los testigos, peritos o terceros que deban ser convocados al
proceso por cuanto impone una sanción que afecta la existencia misma del
proceso, pese a que la información requerida incide únicamente en una parte de
todo el trámite procesal y su ausencia no impide la adopción de una decisión de
fondo que resuelva el conflicto. En consecuencia, decidió declarar su
exequibilidad condicionada en el entendido de que en el evento en que el
demandante desconozca la dirección electrónica de los peritos, testigos o
cualquier tercero que deba ser citado al proceso, podrá indicarlo así en la
demanda sin que ello implique su inadmisión.
392.
Al
examinar el inciso 3 del artículo 8° y el parágrafo del artículo 9° del Decreto Legislativo 806 de 2020,
la Corte encontró que tal como fueron adoptadas las disposiciones es posible
interpretar que el hito para calcular el inicio de los términos de ejecutoria
de la decisión notificada ­­–en relación con la primera disposición– o del
traslado de que trata la segunda disposición, no correspondan a la fecha de
recepción del mensaje en el correo electrónico de destino, sino a la fecha de
envío. Esta interpretación desconoce la garantía constitucional de publicidad y
por lo mismo contradice la Constitución, en tanto implica admitir que, aun en
los eventos en que el mensaje no haya sido efectivamente recibido en el correo
de destino, la notificación o el traslado se tendría por surtido por el solo
hecho de haber transcurrido dos días desde su envío. En consecuencia, la Corte
declarará la exequibilidad condicionada del inciso 3 del artículo 8° y del parágrafo del artículo 9° del Decreto Legislativo sub
examine en el entendido de que el término de dos (02) días allí dispuesto
empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda
por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje.
393.
Por
último, la Corte evaluó la constitucionalidad del artículo 16 del Decreto
Legislativo 806 de 2020 y concluyó que se trataba de una medida razonable y
proporcionada para garantizar los fines del decreto, de cara a la
imprevisibilidad de la pandemia de la COVID-19, y la necesidad de garantizar
estabilidad en las normas procesales y seguridad jurídica a los funcionarios y
usuarios que intervienen en el trámite de los procesos judiciales. Además,
recordó que la Constitución reserva al Congreso de la República la competencia
para derogar, modificar o adicionar los decretos expedidos por el Gobierno
nacional en desarrollo del estado de emergencia económica, social y ambiental.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto,
la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. RECHAZAR por improcedente la solicitud de suspensión de términos de
este proceso por las razones expuestas en la parte motiva.
Segundo. Declarar
EXEQUIBLE de manera condicionada el artículo 6 del Decreto Legislativo
806 de 2020, en el entendido de que en el evento en que el demandante
desconozca la dirección electrónica de los peritos, testigos o cualquier
tercero que deba ser citado al proceso, podrá indicarlo así en la demanda sin
que ello implique su inadmisión.
Tercero. Declarar
EXEQUIBLE de manera condicionada el inciso 3 del artículo 8 y el parágrafo
del artículo 9 del Decreto Legislativo 806 de 2020, en el entendido de que el
término allí dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse
de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al
mensaje.
Cuarto. Declarar
EXEQUIBLES las demás disposiciones del Decreto Legislativo 806 de 2020 “Por
el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y
las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos
judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia,
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.
Comuníquese y cúmplase,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Presidente
Con salvamento parcial de voto
RICHARD S. RAMÍREZ GRISALES
Magistrado (e)
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con aclaración de voto
LUIS JAVIER MORENO ORTIZ
Magistrado (e)
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General.
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
DIANA FAJARDO RIVERA
A LA SENTENCIA C-420/20
1. Con el
respeto acostumbrado por las providencias de la Corte Constitucional, procedo a aclarar mi voto respecto de
la Sentencia C-420 de 2020.[585] La providencia estudió la
constitucionalidad del Decreto Legislativo 806 de 2020 y declaró: (i) la
exequibilidad condicionada del artículo 6, “en el entendido de que en el
evento en que el demandante desconozca la dirección electrónica de los peritos,
testigos o cualquier tercero que deba ser citado al proceso, podrá indicarlo
así en la demanda sin que ello implique su inadmisión”; (ii) la
exequibilidad condicionada del inciso 3 del artículo 8 y el parágrafo del
artículo 9, “en el entendido de que el término allí dispuesto empezará a
contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro
medio constatar el acceso del destinatario al mensaje”; y (iii) la
exequibilidad las demás disposiciones.
2. Si bien comparto la decisión adoptada en la Sentencia C-420
de 2020, aclaro mi voto respecto a tres aspectos de la providencia: (i) la
valoración que realizó la Sala Plena sobre el argumento del “aumento de la
congestión judicial” expuesto por el Gobierno nacional para justificar la
adopción de las medidas previstas en los artículos 11,[586] 12,[587] 13,[588] 14[589] y 15[590] del Decreto 806 de
2020; (ii) la aplicación de los distintos niveles del test de proporcionalidad
en algunos juicios de no discriminación y de proporcionalidad; y (iii) la no
aplicación de los parámetros para analizar la constitucionalidad de
disposiciones contenidas en decretos legislativos que modifican leyes
estatutarias.
Algunos supuestos que permiten concluir que la
pandemia agravó significativamente la congestión judicial requerían de una
mayor fundamentación
3. En el análisis del juicio de
finalidad de las medidas del segundo eje temático (artículos 11, 12, 13, 14 y 15),
la Sentencia C-420 de
2020 sostiene que existen elementos de
juicio suficientes que permiten concluir que la pandemia efectivamente agravó
de forma extraordinaria la congestión judicial, a pesar de que esta
problemática no es nueva. En concreto, se indica que (i) se generó un
represamiento de demandas, solicitudes, actuaciones y trámites, (ii) se redujo
la eficiencia administrativa en el trámite de los procesos, y (iii) se
incrementó la conflictividad social. Si bien comparto esta conclusión, la sentencia
acoge algunas de las explicaciones que el Gobierno nacional ofreció al
respecto, sin profundizar en el análisis, dando por sentado varios supuestos
que exigían una mayor fundamentación o un mínimo soporte en cifras.
4. Por ejemplo, se
indica que “la pandemia ha afectado la eficiencia administrativa en el
trámite de los procesos. (…) el CSDJ informó que después de que la suspensión
de términos se levantó, ordenó que para prestar los servicios que exijan
presencialidad en las sedes judiciales, únicamente podrían asistir ‘como máximo
el 20% de los servidores judiciales por cada despacho’. Naturalmente, el menor
número de funcionarios que pueden atender actuaciones presenciales reduce la
celeridad en el trámite de los procesos.” No obstante, no se tiene en cuenta
que el restante 80% de los funcionarios judiciales de cada despacho estuvo
trabajando de manera virtual, por lo que no puede concluirse, sin ningún otro
sustento o evidencia, que el hecho de que solo el 20% de los trabajadores de
los diferentes despachos judiciales acudieran a trabajar de manera presencial,
implica una afectación a la eficiencia administrativa en el trámite de los
procesos judiciales.
5. La sentencia también
afirma que “la pandemia y las medidas sanitarias de aislamiento aumentaron sustancialmente
los conflictos sociales; por tanto, es razonable inferir que en el corto plazo
se producirá un incremento en la litigiosidad y demanda de justicia, en cada
una de las jurisdicciones y especialidades.” Al respecto se acogen las
razones expuestas por el Gobierno nacional, quien manifiesta que, por ejemplo,
en materia laboral se incrementarán los conflictos relacionados con la
suspensión de contratos y despidos injustificados; en lo contencioso
administrativo se prevé una mayor litigiosidad asociada con acciones populares
y controversias contractuales; en materia civil se aumentarán las demandas
sobre cumplimiento de contratos comerciales y asuntos relacionados con el
derecho de sucesiones, y en materia de familia el confinamiento incrementó los
casos de violencia intrafamiliar. Si bien algunas de estas hipótesis pueden
inferirse razonablemente, ya que, por ejemplo, es evidente que con ocasión de
las medidas adoptadas para contener la pandemia por el Covid-19 se han
incrementado las controversias laborales, pues se han elevado los casos
relacionados con la suspensión temporal de contratos o la terminación
injustificada de éstos, no pasa lo mismo con otros de los supuestos planteados
por el Gobierno nacional y acogidos en la sentencia.
6. En efecto, no es
claro por qué se prevé un aumento significativo del número de acciones
populares. Al respecto no se precisa qué derechos colectivos se verán afectados
por las circunstancias de la pandemia, ni se indica de manera concreta qué
situaciones podrían ocasionar un aumento en la litigiosidad por este tipo de
acciones. En el mismo sentido, no se precisa por qué se incrementarán los
conflictos en materia de derecho de sucesiones. Si bien es cierto la pandemia
ha ocasionado un gran número de muertes, esto no implica necesariamente que las
controversias en temas de sucesiones vayan a aumentar significativamente. No es
claro que las cifras totales de personas fallecidas por cualquier causa se
vayan a incrementar durante la pandemia en comparación con años anteriores, ni
que en aquellos casos de personas fallecidas con ocasión del Covid-19 se vayan
a presentar litigios en temas de sucesiones.
7. En suma, si bien es
cierto existen elementos de juicio que permiten concluir que el problema
estructural relacionado con la gestión judicial se agravó a causa de la
pandemia, razón por la que se cumple el juicio de finalidad respecto de las
medidas del segundo eje temático, algunos de los argumentos expuestos por el
Gobierno nacional para justificar este aspecto requerían de un mayor análisis y
fundamentación. En consecuencia, la Sala no podía acoger estas hipótesis
planteadas por el Gobierno sin exigir ninguna evidencia que las soportara.
En la aplicación de los
distintos niveles de intensidad del test de proporcionalidad no se siguieron
los criterios fijados por la jurisprudencia
8. En relación con la
aplicación del test de proporcionalidad y sus distintos niveles de intensidad,
en los párrafos 206 a 209 la Sentencia C-420 de 2020 menciona los diferentes
criterios que componen cada uno de los niveles del test de proporcionalidad,
siguiendo para el efecto la línea jurisprudencial que ha venido construyendo la
Corte Constitucional;[591] sin embargo, al valorar
las diferentes medidas del Decreto Legislativo 806 de 2020 no se sigue la
metodología propuesta inicialmente.
9. En este sentido, al
abordar el juicio de no discriminación de la medida adoptada en el artículo 1º
se afirma que la intensidad del test será intermedia. No obstante, se incluye
un análisis de necesidad (párrafo 222) y de proporcionalidad en sentido
estricto (párrafo 223), los cuales no son propios de este test, dado que no se
exige verificar la necesidad de la medida y, en lugar de proporcionalidad en
sentido estricto, lo que se verifica es si la medida no es evidentemente
desproporcionada.
10. Algo similar ocurre
al estudiar el juicio de proporcionalidad, particularmente de las medidas
previstas en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º y 9º. En esta oportunidad la
sentencia nuevamente mezcla categorías utilizadas en las diferentes
intensidades del test de proporcionalidad. Al parecer, aunque no lo precisa, se
realiza un test estricto, pues se indica que se debe determinar si las medidas
afectan de manera desproporcionada el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia, y uno de los supuestos de aplicación de este nivel
del test consiste en que la medida a analizar afecte gravemente un derecho
fundamental. No obstante, en la sentencia se utilizan categorías del nivel
intermedio, como los “fines constitucionalmente importantes” de las medidas
(párrafo 274), y del nivel estricto, como la “necesidad” de las medidas
(párrafo 277) y la “proporcionalidad” de las mismas (párrafo 280).
11. De otra parte, al
realizar el juicio de proporcionalidad sobre el artículo 8º, se afirma que se
aplicará un test de intensidad leve. Sin embargo, al examinar si se satisface
la idoneidad de la medida el estándar que se utiliza es el del test intermedio,
pues se indica que la medida es “efectivamente conducente” (párrafos 343 y
348), al tiempo que en el párrafo 344 se indica que el Gobierno no incurrió en
un “error manifiesto” al juzgar la idoneidad de la medida.
12. Finalmente, al
efectuar el juicio de proporcionalidad respecto de la medida prevista en el
artículo 10º, la ponencia afirma que la intensidad del test será intermedia y,
a continuación, afirma que los pasos a analizar son: fines constitucionalmente
importantes, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto
(párrafo 359); a pesar de que el test intermedio no requiere todos los pasos
mencionados.
13. Tales
inconsistencias, en mi criterio, no constituyen una modificación de la práctica
disciplinada que la Corte ha adelantado cuando acude al juicio de
proporcionalidad como herramienta metodológica de análisis de
constitucionalidad, pues la providencia en los párrafos 206 a 209 reiteró
correctamente la línea jurisprudencial. En mi concepto, deben tomarse como
simples imprecisiones que, además, no tienen entidad suficiente para modificar
las conclusiones a las que llegó la Sala Plena respecto del estudio de los
artículos involucrados.
Se omitió el análisis de
las disposiciones que modifican la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia a la luz de los parámetros fijados por la Sentencia C-242 de 2020
14. La Sentencia C-420
de 2020 indica que los artículos 1º y 2º del Decreto Legislativo 806 de 2020
introducen cambios transitorios a la Ley 270 de 1996, “Estatutaria de
Administración de Justicia”, respecto del uso de las TIC en las actuaciones
judiciales, ya que elimina algunos requisitos para su implementación. En
concreto, en el párrafo 52 se advierte que dicha ley habilita el uso de las TIC
en el trámite de procesos judiciales, pero condicionado a la plena
implementación del Plan de Justicia Digital por parte del Consejo Superior de
la Judicatura y a la adopción de mecanismos que garanticen la autenticidad e
integridad de los documentos.[592]
15. No obstante, a pesar
de que se advierte de los cambios introducidos a la Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia, no se verifica el cumplimiento de los requisitos fijados en la
Sentencia C-242 de 2020[593] para evaluar la
constitucionalidad de normas contenidas en decretos legislativos que modifican
leyes estatutarias. Al respecto, en dicha sentencia se precisó que las
modificaciones a la legislación estatutaria (i) no pueden tener carácter
permanente; (ii) deben estar dirigidas a permitir la optimización de los
principios que subyacen a la legislación estatutaria existente, esto es, no
pueden anular la esencia de los mandatos estatutarios; y (iii) tienen que
superar un análisis de proporcionalidad en un nivel estricto.
16. Si bien comparto la
constitucionalidad de los artículos 1º y 2º del Decreto Legislativo 806 de
2020, considero que era importante seguir los parámetros fijados en la
Sentencia C-242 de 2020 para determinar la constitucionalidad de dichas normas,
pues en ellas se establecen modificaciones a una ley estatutaria. En esta
oportunidad las normas analizadas cumplen los mencionados parámetros, ya que
(i) tienen una vigencia temporal, esto es, dos años; (ii) están dirigidas a
optimizar principios que orientan la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia, como la eficiencia en la administración de justicia y el acceso
efectivo a ésta; y (iii) superan el análisis del juicio de proporcionalidad
estricto, tal como se evidencia a continuación.
17. En efecto, la
implementación temporal del uso de las TIC en las actuaciones judiciales, sin
que para ello sea necesario la plena ejecución del Plan de Justicia Digital y
la adopción de mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad de los
documentos, es una medida que persigue finalidades constitucionalmente
imperiosas, como la garantía de los derechos al acceso a la administración
de justicia y a la salud de los funcionarios y usuarios de la administración de
justicia, al tiempo que resulta efectivamente conducente para alcanzar
tales fines, pues permite el uso inmediato de las TIC en las actuaciones
judiciales. La medida también es necesaria por cuanto la plena
implementación del Plan de Justicia Digital y la adopción de mecanismos
específicos que garanticen la autenticidad e integridad de los documentos, a
fin de incorporar el uso de las TIC en la administración de justicia, son
tareas imposibles de realizar en los plazos urgentes que impone la actual
pandemia. Finalmente, la medida es proporcional en sentido estricto.
Esto por cuanto, si bien se sacrifica de manera temporal la implementación de
las TIC en la justicia a través de un sistema de información digital completo y
robusto, se pretenden garantizar de manera inmediata derechos fundamentales
como la salud de funcionarios y usuarios de la administración de justicia,
quienes se verían altamente expuestos al contagio del Covid-19 si tuvieran que
acudir de manera presencial a los distintos despachos judiciales; así como el
acceso a la administración de justicia, puesto que la medida permite garantizar
la continuidad en la prestación de los servicios judiciales, en razón a que las
medidas de aislamiento preventivo obligatorio para contener la pandemia impiden
el desplazamiento de las personas a los despachos judiciales.
En estos términos dejo plasmadas las
razones por las cuales aclaro el voto en la presente decisión.
Fecha ut supra,
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
[1] Se aclara que un solo escrito puede
contener una solicitud principal de exequibilidad o inexequibilidad, y una
solicitud subsidiaria de exequibilidad condicionada o inexequibilidad parcial.
[2] Los intervinientes que solicitaron la
exequibilidad del Decreto Legislativo son: Grégory de Jesús Torregrosa
Rebolledo; Carlos Ángel Cárdenas; el Colegio Nacional de Abogados de Colombia
–Conalbos –Santander, Colombia, Colegio de Abogados Litigantes - Colobol on
Line, Sindicato Gremial de Abogados Litigantes de Colombia “SINTRALITIGANTES DE
COLOMBIA”, intervención suscrita por los ponentes Hernando Ardila González y
otros; Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas -CCA-, escrito
suscrito por su representante: Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo; Universidad
Pontificia Bolivariana de Medellín, suscrito por Luis Felipe Vivares Porras -
Coordinador del área de Derecho Procesal; Universidad Sergio Arboleda; Cámara
de Comercio de Bogotá, mediante escrito remitido por su representante legal,
Rafael Poveda Latorre; Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE),
mediante escrito remitido por César Augusto Méndez Becerra, Director de Defensa
Jurídica Nacional; Instituto Colombiano de Derecho Procesal, mediante escrito
remitido por Jairo Parra Quijano y Ulises Canosa Suárez, en sus respectivas
calidades de Presidente y Secretario General; Superintendencia de Industria y
Comercio; y Carlos Mario Dávila.
[3] Los intervinientes que solicitaron la inexequibilidad
del Decreto Legislativo son: Evaristo Rodríguez Gómez –Sintralitigantes–; María
Sulay Mejia Salazar; Nelson Enrique Rueda Rodríguez; Academia Colombiana de
Jurisprudencia, mediante intervención suscrita por Augusto Trujillo Muñoz, en
calidad de Presidente; Carlos Adriano Tribín Montejo; César Augusto Lugue
Fandiño; Gabriel Vicente López Pinilla y Universidad de Antioquia.
[4] De manera general, consideran que el
Decreto Legislativo 806 de 2020: (i) no se refiere al ámbito de
aplicación; (ii) no cumple el requisito de motivación suficiente, dado
que no indica en sus considerandos que la virtualidad ya debía de estar
implementada; (iii) no cumple el principio de publicidad; y (iv)
vulnera los derechos al debido proceso y al ejercicio de la profesión del
Abogado litigante en condiciones dignas y de seguridad jurídica.
[5] La solicitud es presentada en
intervenciones separadas.
[6] Los miembros del CEDEP que suscriben la intervención
son: Guillermo Orlando Cáez Gómez, María Andrea Calero Tafur, Wilson Castro
Manrique, Paula Marcela Vejarano Rivera, Mateo Viveros Torres, Antony Ricardo
Palacios Vargas, Camilo Andrés Prías Gómez, Valentina Mercedes Osorio Coronado,
Ingrid Beltrán Ramírez y Mariana Pérez Cuenca.
[7] El interviniente que solicitó la
exequibilidad condicionada del Decreto Legislativo es: Carlos Darío Barrera
Tapia.
[8] Los integrantes del CEDEP que suscribieron
la intervención son: Guillermo
Orlando Cáez Gómez, María Andrea Calero Tafur, Wilson Castro Manrique, Paula
Marcela Vejarano Rivera, Mateo Viveros Torres, Antony Ricardo Palacios Vargas,
Camilo Andrés Prías Gómez, Valentina Mercedes Osorio Coronado, Ingrid Beltrán
Ramírez y Mariana Pérez Cuenca,
[9] Indicó que actuaba en calidad de: (i)
ciudadano; (ii) magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Ibagué y (iii) representante de las directivas del Colegio de Jueces
y Fiscales del Tolima.
[10] Los intervinientes que no formularon
solicitud alguna son: Julio Alberto Tarazona, Certicámara y Santiago Cardozo
Correcha.
[11] Sentencias C-466 de 2017 y C-216 de 2011.
[12] Ibidem.
[13] El carácter reglado, excepcional y
limitado se refleja en varios requerimientos: (i) la Constitución prevé
específicas causales para decretar los estados de excepción; (ii) la
regulación de los estados de conmoción interior y de emergencia económica,
social y ecológica, se fundamenta en el principio de temporalidad (precisos
términos para su duración); y (iii) la Constitución dispone limitaciones
materiales estrictas para los estados de excepción, tales como que (a)
los civiles no sean juzgados por autoridades militares (art. 213 de la CP), (b)
los derechos humanos no puedan ser limitados (art. 93 de la CP) y (c) el
derecho internacional humanitario debe ser respetado (art. 214 de la CP).
[14] El control judicial está a cargo de la
Corte Constitucional respecto de los decretos legislativos, según lo dispone el
numeral 7 del artículo 241 de la Constitución, y del Consejo de Estado, tal
como lo dispone el numeral 8 del artículo 111 de la Ley 1437 de 2011, al
prescribir que le corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado “Ejercer el control inmediato de legalidad de los
actos de carácter general dictados por autoridades nacionales con fundamento y
durante los estados de excepción”.
[15] Este último concepto ha sido definido por
la Corte Constitucional como “una desgracia o infortunio que afecta
intempestivamente a la sociedad o a un sector importante de ella”. La
calamidad pública alude a un evento o episodio traumático, derivado de causas
naturales o técnicas, que altera gravemente el orden económico, social o
ecológico, y que ocurre de manera imprevista y sobreviniente. La Corte ha
reconocido que la calamidad pública puede provenir de una causa natural, como
ha sucedido por cuenta de temblores o terremotos, avalanchas, desbordamientos
de ríos, inundaciones, etc.; o de una causa técnica, como es el caso del cierre
de una frontera internacional o “accidentes mayores tecnológicos”. La
Corte ha aclarado que el estado de excepción previsto en el artículo 215 puede
tener diferentes modalidades, según los hechos que motiven su declaratoria.
Así, se procederá a declarar la emergencia económica, cuando los hechos que dan
lugar a la declaración se encuentren relacionados con la perturbación del orden
económico; social, cuando la crisis que origina la declaración se encuentre
relacionada con el orden social; y ecológica, cuando sus efectos se proyecten
en este último ámbito. En consecuencia, también se podrán combinar las
modalidades anteriores cuando la crisis que motiva la declaratoria amenace con
perturbar estos tres órdenes de forma simultánea, quedando, a juicio del
Presidente de la República, efectuar la correspondiente valoración y plasmarla
así en la declaración del estado de excepción.
[16] Artículo 3 del Decreto Legislativo 637 de
2020.
[17] Decreto Legislativo 417 de 17 de marzo de
2020.
[18] Respecto a la agravación rápida e
inusitada de la emergencia sanitaria, la Corte indicó que esto se presenta “en buena parte debido a la incertidumbre
que existe en torno al comportamiento del virus y a su manejo y a la
prolongación de la medida de aislamiento social”.
[19] Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del
Ministerio de Salud y Protección Social. Esta fue prorrogada hasta el 31 de
agosto de 2020 por medio de la Resolución 844 del 26 de mayo. A su vez, estas
medidas, con algunas modificaciones, fueron prorrogadas hasta el 30 de
noviembre de 2020, de conformidad con la Resolución 1462 de agosto 25 de 2020.
[20] Decreto 531 del 8 de abril de 2020,
Decreto 593 del 24 de abril de 2020, Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 y
Decreto 749 del 28 de mayo de 2020.
[21] Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de
2020.
[22] Ibidem.
[23] Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de
2020.
[24] Acuerdo PCSJA20-11517 del 15 de marzo de
2020.
[25] Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de
2020.
[26] El cierre de los despachos judiciales
implica la suspensión de términos judiciales. El artículo 118 del Código
General del Proceso, prevé que, para el cómputo de términos en días no se
tomarán en cuenta los días “en que permanezca cerrado el juzgado”.
[27] Acuerdos PCSJA20-11521 del 19 de marzo de
2020, PCSJA20-11526 del 22 de marzo de 2020, PCSJA20-11532 del 11 de abril de
2020, PCSJA20-11546 del 25 de abril de 2020, PCSJA20-11549 del 7 de mayo de
2020, PCSJA20-11549 del 22 de mayo de 2020, PCSJA20-11567 del 5 de junio de
2020 y PCSJA20-11581 del 27 de junio de 2020. En relación con las actuaciones
ante la Corte Constitucional, en el parágrafo 1 del artículo 1 del último
acuerdo citado se dispuso: “Parágrafo 1. Se mantienen suspendidos los
términos en la Corte Constitucional para decidir sobre las demandas de
inconstitucionalidad y la eventual revisión de acciones de tutela hasta el 30
de julio de 2020; en consecuencia, los despachos judiciales no remitirán los
expedientes de acciones de tutela a dicha corporación”.
[28] Acuerdo PCSJA20-11517 del 15 de marzo de
2020.
[29] Acuerdo PCSJA20-11527 del 22 de marzo de
2020.
[30] Acuerdo PCSJA20-11529 del 25 de marzo de
2020.
[31] Acuerdos PCSJA20-11546 del 25 de abril de
2020, PCSJA20-11549 del 7 de mayo de 2020, PCSJA20-11556 del 22 de mayo de 2020
y PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020.
[32] Ibidem.
[33] Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de
2020.
[34] Acuerdos PCSJA20-11546 del 25 de abril de
2020, PCSJA20-11549 del 7 de mayo de 2020, PCSJA20-11556 del 22 de mayo de 2020
y PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020.
[35] Ibidem.
[36] Ibidem
[37] Ibidem.
[38] Ibidem
[39] Ibidem.
[40] Artículo 15 del Acuerdo PCSJA20-11567 del
5 de junio de 2020.
[41] Ibidem
[42] United Nations Office on Drugs and Crime.
Development Program. Guidance Note- Ensuring Access to Justice in the
Context of Covid-19. Recuperado
el 8 de agosto de 2020 de
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/access_to_justiceandruleoflaw/ensuring-access-to-justice-in-the-context-of-covid-19-/
[43] Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, escrito del 3 de agosto de 2020.
[44] La LEAJ dispone que “El Consejo
Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de
avanzada al servicio de la administración de justicia” (art. 95 de la LEAJ)
para lo cual deberá implementar el Plan de Justicia Digital. De la misma forma,
el CGP y el CPACA disponen que las autoridades judiciales “procurarán”
o “incentivarán” “el uso de las tecnologías de la información
y las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales”
(art. 103 CGP) y que “Todas las actuaciones judiciales susceptibles de
surtirse en forma escrita se podrán realizar a través de medios electrónicos”
(art. 186 del CPACA), subrayas fuera del texto original.
[45] El artículo 95 de la
LEAJ también prevé que “Los documentos emitidos por los citados medios,
cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento
original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el
cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales”. Por su
parte, los parágrafos 2 y 3 del artículo 103 del CGP disponen, respectivamente,
que “se presumen auténticos los memoriales y demás comunicaciones cruzadas
entre las autoridades judiciales y las partes o sus abogados, cuando sean
originadas desde el correo electrónico suministrado en la demanda o en
cualquier otro acto del proceso” y “la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura establecerá los sistemas que garanticen la
autenticidad e integridad del intercambio o acceso de información y
reglamentará su utilización”.
[46] El parágrafo 3 del artículo 107 del CGP
prescribe que “Las partes y demás intervinientes podrán participar en la
audiencia a través de videoconferencia, teleconferencia o por cualquier otro
medio técnico, siempre que por causa justificada el juez lo autorice”.
[47] El art. 1º del Decreto Legislativo 806 de
2020 establece que es aplicable al “trámite de los procesos judiciales ante
la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia,
jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y
disciplinaria, así como, las actuaciones de las autoridades administrativas que
ejerzan funciones jurisdiccionales y en los procesos arbitrales”.
[48] En estos eventos, los sujetos procesales y
la autoridad judicial competente deberán “manifestar las razones por las
cuales no pueden realizar una actuación judicial específica a través de las de
las tecnologías de la información y las comunicaciones de lo cual se dejará
constancia en el expediente” (inciso 2 del parágrafo del art. 1º).
[49] De la misma forma, dispone que se deberá
evitar la exigencia de “firmas manuscritas o digitales, presentaciones
personales o autenticaciones adicionales, ni incorpora[ciones] o
presenta[ciones] en medios físicos” (art. 2º).
[50] En este sentido les impone el deber de “dar
a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e información
mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos
que emplearán” (inciso 1 del art. 2º).
[51] Según informó el Ministerio de Justicia y
del Derecho, “el canal digital se refiere al medio o instrumento digital
utilizado para la transmisión de datos, el acceso a la información o a la
prestación de los servicios que ofrece una autoridad” e “incluye, entre
otros, internet, correo electrónico, sedes electrónicas, formularios
electrónicos, sistemas de mensajería electrónica”. Informe del Ministerio
de Justicia y del Derecho en respuesta al numeral 3.1. del auto de pruebas del
19 de junio de 2020, páginas 5 y 6.
[52] Intervención de la Secretaría Jurídica de
la Presidencia, escrito del 1 de julio de 2020, pág. 25.
[53] Ibidem.
[54] En este segundo eje temático es importante
precisar que los artículos 8º, 9º, 10º y 11º hacen parte de un conjunto de
disposiciones que introducen modificaciones a la práctica de la notificación de
providencias y al envío de comunicaciones, oficios y despachos.
[55] El
secretario del respectivo juzgado o despacho está obligado a verificar “la
exactitud de los anexos anunciados, y si no estuviesen conformes con el
original los devolverá para que se corrijan”.
[56] Al
respecto, instituye que “las
demandas se presentarán en forma de mensaje de
datos, lo mismo que todos sus anexos”,
por lo que deberán ser
remitidas a “las direcciones de correo electrónico que el Consejo
Superior de la Judicatura disponga para efectos del reparto”. Respecto
de esta medida, resulta relevante señalar que, de conformidad con lo dispuesto
por el parágrafo 2 del artículo 82 del CGP, la demanda podrá presentarse sin
necesidad de firma digital de que trata la Ley 527 de 1999, por lo que “bastará
que el suscriptor se identifique con su nombre y documento de identificación en
el mensaje de datos”.
[57] Artículos 36 y 107.
[58] Artículos 180, 181, 182 y 186.
[59] Artículos 77, 80 y 82.
[60] El artículo 7º del Decreto Legislativo 806 de 2020 ordena que
las
audiencias se ejecuten mediante “los medios tecnológicos a disposición de
las autoridades judiciales” o “por cualquier otro medio puesto a
disposición por una o por ambas partes”. También prescribe que el
juez deberá permitir la presencia de todos los sujetos procesales mediante el
medio tecnológico elegido para el efecto o de manera telefónica (inciso 2 del
art. 7º).
[61] Artículos 290, 291 y 292 del CGP.
[62] El artículo 200 del CPACA dispone que: “Para
la práctica de la notificación personal que deba hacerse a personas de derecho
privado que no tengan dirección electrónica para notificaciones judiciales por
no estar inscritas en el registro mercantil, se procederá de acuerdo con lo
previsto en los artículos 315 y 318 del Código de Procedimiento Civil” El Consejo de Estado, mediante el Auto
50408 del 6 de agosto de 2014, aclaró que en los procesos contencioso
administrativos que al 1 de enero de 2014 no tuvieren situaciones jurídicamente
consolidadas, se aplicarían, en los aspectos no regulados, las disposiciones
del CGP y no del Código de Procedimiento Civil –en adelante CPC–.
[63] El artículo 290 del CGP dispone que deben
notificarse de manera personal (i) al demandado o su representante o
apoderado “el auto admisorio de la demanda y la del mandamiento ejecutivo”;
(ii) a los terceros y a los funcionarios públicos el “auto que ordene
citarlos” y (iii) “las que ordene la ley para casos especiales”.
[64] Sentencia C-1264 de 2005.
[65] Sentencia C-533 de 2015.
[66] El artículo 291 del CGP prescribe que en
la citación se deberá informar “la existencia del proceso, su naturaleza y
la fecha de la providencia que debe ser notificada, previniéndolo para que
comparezca al juzgado a recibir notificación dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de su entrega en el lugar de destino”.
[67] Según lo dispuesto en el inciso 5, del
numeral 3 del artículo 291 del CGP “Se presumirá que el destinatario ha
recibido la comunicación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo”.
[68] El artículo 292 del CGP dispone que el
aviso deberá “expresar su fecha y la de la providencia que se notifica, el
juzgado que conoce del proceso, su naturaleza, el nombre de las partes y la
advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino”.
[69] Igualmente, dispone que “Cuando se
trate de auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, el aviso deberá
ir acompañado de copia informal de la providencia que se notifica”.
[70] El artículo 291 del CGP dispone que las
entidades públicas deberán ser notificadas de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 612 del CGP y 203 del CPACA El artículo 612 dispone que el auto
admisorio de la demanda y el mandamiento de pago contra las entidades públicas
y las personas privadas que ejerzan funciones propias del Estado, “se deben
notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes estos hayan
delegado la facultad de recibir notificaciones, o directamente a las personas naturales,
según el caso y al Ministerio Público, mediante mensaje dirigido al buzón
electrónico para notificaciones judiciales a que se refiere el artículo 197 de
este Código”.  De otro lado, prevé que (i) el mensaje deberá “identificar
la notificación que se realiza y contener copia de la providencia a notificar y
de la demanda” y (ii) se presumirá que el destinatario ha recibido
la notificación “cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda
por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El secretario
hará constar este hecho en el expediente”.
[71] La expresión “sitio” hace referencia a “el
WhatsApp o cualquier otro mecanismo digital o electrónico similar”.
Intervención de Ramiro Bejarano y otros, escrito del 6 de agosto de 2020, pág.
17.
[72] De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 132 a 138 del CGP.
[73] Incluidas las pruebas extraprocesales o
del proceso, sea este declarativo, declarativo especial, monitorio, ejecutivo o
cualquiera otro.
[74] Este tipo de notificación aplica a los
autos y sentencias que no deban notificarse de otra manera.
[75] La fijación del estado debe hacerse al
comenzar la primera hora hábil del respectivo día, y se desfija al finalizar la
última hora hábil del mismo.
[76] El estado debe contener (i) la
clase de proceso; (ii) los nombres de las partes e interesados; (iii)
la fecha de la providencia y (iv) la “fecha del estado y la firma del
Secretario”.
[77] El artículo 201 del CPACA dispone que los
autos que no requieran de notificación personal deberán hacerse por “anotación
en estados electrónicos”. El estado debe (i) publicarse al día
siguiente al de la fecha de auto en los medios informáticos de la Rama
Judicial, (ii) contener (a) la clase de proceso; (b) los
nombres de las partes e interesados; (c) la fecha del auto y el cuaderno
que la contiene y (d) la fecha del estado y la firma del
Secretario, y (iii) deberá permanecer publicado durante el respectivo
día. El Secretario deberá dejar su firma al pie de la providencia y “enviará
un mensaje de datos a quienes hayan suministrado su dirección electrónica”.
Por un periodo mínimo de 10 años debe conservarse “un archivo disponible
para la consulta permanente en línea por cualquier interesado”. Cada
juzgado debe disponer “del número suficiente de equipos electrónicos al
acceso del público para la consulta de los estados”.
[78] Los traslados que se hagan fuera de
audiencia deberán surtirse “por el término de tres (3) días y no requerirá[n]
auto ni constancia en el expediente”.
[79] Los traslados por el sistema de fijación
en lista deben incluirse “en una lista que se mantendrá a disposición de las
partes en la secretaría del juzgado por un (1) día y correrán desde el
siguiente”.
[80] El
artículo 111 del CGP dispone que las comunicaciones, despachos y oficios “podrán
remitirse a través de datos” y que el juez “podrá
comunicarse con las autoridades o con los particulares por cualquier medio
técnico de comunicación que tenga a su disposición, de lo cual deberá dejar
constancia” (énfasis fuera del texto original). De otro lado, prescribe que
los oficios y despachos “serán firmados únicamente por el secretario”.
[81] El término “mensaje de datos” debe
ser entendido de conformidad con el alcance prescrito en el artículo 2 de la
Ley 527 de 1999, que lo define como: “La información generada, enviada,
recibida, almacenada comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares,
como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI),
Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax”.
[82] Las excepciones previas son aquellas que
parecen previstas en el artículo 100 del CGP a saber: “Artículo
100. Excepciones previas. Salvo disposición en contrario, el
demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del término
de traslado de la demanda: || 1. Falta de jurisdicción o de competencia. || 2.
Compromiso o cláusula compromisoria. || 3. Inexistencia del demandante o del
demandado. || 4. Incapacidad o indebida representación del demandante o del
demandado. || 5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o
por indebida acumulación de pretensiones. || 6. No haberse presentado prueba de
la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes,
administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el
demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar. || 7. Habérsele
dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde. || 8.
Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto. || 9. No
comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios. || 10. No haberse
ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar. || 11. Haberse
notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue
demandada”.
[83] Las excepciones mixtas son las de
cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la
causa y prescripción extintiva.
[84] Al reanudar la audiencia inicial el juez
deberá practicar las pruebas y decidir sobre las excepciones.
[85] El proceso se dará por terminado mediante
auto que “será susceptible del recurso de apelación o del de súplica”.
[86] El numeral 2 del artículo 101 del CGP
dispone que “El juez decidirá sobre las excepciones previas que no requieran
la práctica de pruebas, antes de la audiencia inicial” (inciso 2 del art.
12º).
[87] El artículo 101 del
CGP dispone que “Al
escrito [que
contenga las excepciones] deberán acompañarse todas las pruebas que se pretenda
hacer valer y que se encuentren en poder del demandado. || El juez se abstendrá
de decretar pruebas de otra clase, salvo cuando se alegue la falta de
competencia por el domicilio de persona natural o por el lugar donde ocurrieron
hechos, o la falta de integración del litisconsorcio necesario, casos en los
cuales se podrán practicar hasta dos testimonios”.
[88] Artículo 176 del CPACA.
[89] El artículo 179 del CPACA dispone que “Cuando
se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas, el
juez prescindirá de la segunda etapa y procederá a dictar la sentencia dentro
de la audiencia inicial, dando previamente a las partes la posibilidad de
presentar alegatos de conclusión”.
[90] En este evento, el juez “correrá
traslado para alegar por escrito, en la forma prevista en el inciso final del
artículo 181 de la Ley 1437 de 2011 y la sentencia se proferirá por escrito”
(numeral 1 del art. 13º).
[91] Artículo 179.2 del CPACA.
[92] En estos eventos, la sentencia “se
dictará oralmente en audiencia o se proferirá por escrito” y “no se
correrá traslado para alegar”.
[93] El artículo 327 del CGP dispone que el
juez solo puede decretar pruebas en los siguientes casos: “1. Cuando las
partes las pidan de común acuerdo. || 2. Cuando decretadas en primera
instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. || 3.
Cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad
para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o
desvirtuarlos. || 4. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en
la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte
contraria. || 5. Si con ellas se persigue desvirtuar los documentos de que
trata el ordinal anterior”.
[94] El artículo 82 del CPTSS también dispone
que después de que se venza el término de ejecutoria del auto que admite la
apelación o consulta, el juez deberá fijar “la fecha de la audiencia para
practicar las pruebas” y que en esa audiencia “se oirán las alegaciones
de las partes y se resolverá la apelación”. Además, señala que
cuando se trate de la apelación de autos o cuando no haya pruebas que practicar
“en la audiencia se oirán los alegatos de las partes y se resolverá el
recurso”. De la misma forma, prevé que, “Si en la audiencia no
fuere posible practicar todas las pruebas”, el juez deberá citar a una
nueva audiencia que se deberá celebrar “dentro de los diez (10) días
siguientes”. Por su parte, el artículo 83 del CPTSS dispone que “Las
partes no podrán solicitar del Tribunal la práctica de pruebas no pedidas ni
decretadas en primera instancia”, salvo que “en la primera
instancia y sin culpa de la parte interesada hubieren [sido decretadas y
se hubieren] dejado de practicar”, caso en el cual podrán ser
decretadas de oficio o a solicitud de la parte interesada. Asimismo, dispone
que el juez podrá decretar de oficio las pruebas que “considere necesarias
para resolver la apelación y la consulta”.
[95] Se constata en la copia auténtica del
Decreto Legislativo 806 de 2020 remitida a la Corte Constitucional por la
Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, el 5 de junio de 2020.
Fls. 7 a 26.
[96] El artículo 1 del Decreto Legislativo 637 del 5 de mayo de
2020 dispone: “Artículo 1. Declárese el Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta
(30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto”. Por
su parte, el Decreto Legislativo 806 de 2020 se publicó en el Diario Oficial
No. 51.335, del 4 junio de 2020.
[97] Artículo 10 de la Ley 137 de 1994: “Finalidad.
Cada una de las medidas adoptadas en los decretos legislativos deberá estar
directa y específicamente encaminada a conjurar las causas de la perturbación y
a impedir la extensión de sus efectos”.
[98] Sentencias C-467 de 2017, C-466 de 2017,
C-465 de 2017, C-437 de 2017 y C-434 de 2017, entre otras.
[99] Sentencias C-241 de 2011 C-182 de 2020.
[100] Sentencia C-226 de 2009.
[101] Sentencia C-182 de 2020.
[102] Sentencia C-242 de 2011.
[103] Sentencia C-242 de 2011 y C-182 de 2020.
Ver también C-252 de 2010.
[104] Sentencia C-242 de 2011
[105] Sentencia C-226 de 2009.
[106] Sentencias C-670 de 2015, C-386 de 2017 y
C-145 de 2020, entre otras.
[107] Sentencia C-226 de 2009.
[108] Tal como lo dispone la última parte del
inciso 2 del art. 215 de la Constitución.
[109] Por tanto, el hecho de que ciertas medidas
tengan relación con determinadas problemáticas estructurales no las hace
inexequibles per se.
[110] Sentencia C-226 de 2009.
[111] Sentencia C-226 de 2009.
[112] Sentencia C-299 de 2011.
[113] Sentencia C-226 de 2009.
[114] Sentencia C-242 de 2011
[115] Además, por razones idénticas señalan que
tampoco satisface el juicio de conexidad. En este apartado, la Sala valorará de
manera conjunta ambos tipos de razones, debido a la identidad de su
fundamentación.
[116] Intervención de Juan Carlos Garzón,
escrito del 3 de julio de 2020, pág. 10. Al respecto, señaló que la congestión
judicial “no constituye una problemática generada por el COVID-19, sino que
es una problemática estructural de nuestro sistema judicial”. Asimismo,
precisó que la imposibilidad de adelantar los procesos de forma presencial no
es un efecto de la pandemia sino de un “déficit de protección y de
aplicación de las tecnologías de la información en el proceso de vieja data, y
la no existencia de programas y plataformas tecnológicas con capacidad de
soportar y registrar un reparto de demandas, estados electrónicos, audiencias
virtuales y en general en su contexto todo lo que implica un verdadero proceso
digital”. En el mismo sentido cfr., la intervención de la Corporación “Lo
Social”, pág. 5: “[a]unque en los considerandos del decreto legislativo 806
de junio 4 de 2020 se argumenta que dichas medidas tienen como propósito evitar
la congestión judicial, ella no constituye una problemática generada por el
COVID-19, sino que es una problemática estructural de nuestro sistema judicial”.
En un sentido semejante, la intervención de César Augusto Luque, escrito del 4
de agosto de 2020, pág, 14: “la propagación [de la COVID-19] es una
excusa usada para intentar sin debate alguno, con su visión particular, enfrentar
un problema estructural de manera equivocada”. Cfr., de manera semejante
las intervenciones de Nelson Enrique Rueda Rodríguez, pág. 9 y Daniel Alejandro
Castaño Parra, págs. 14 a 22.
[117] Concepto del Procurador General de la
Nación, escrito del 21 de agosto de 2020. En criterio de los intervinientes, no
es posible que una norma de excepción modifique normas procesales ordinarias “con
larga data, pues el diseño constitucional claramente indica que la temporalidad
se condiciona a que las normas especiales que se expiden, […] solo deben tener
vigencia y aplicación para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus
efectos”. Intervención de Nelson Enrique Rueda Rodríguez, pág. 6.
[118] El Gobierno Nacional informó que el “alto
volumen de usuarios de la justicia que implica el funcionamiento del aparato
judicial genera un alto riesgo de contagio, pues supone en muchos casos la
presencia física de funcionarios y sujetos procesales”. Intervención de la
Secretaría Jurídica de la Presidencia, escrito del 1 de julio de 2020, pág. 26.
[119] Intervención de la Secretaría Jurídica de
la Presidencia, escrito del 1 de julio de 2020, pág. 26.
[120] Ibidem.
[121] Intervención de la Secretaría Jurídica de
la Presidencia, escrito del 1 de julio de 2020, pág. 32.
[122] Intervención de la Senadora Angélica
Lozano, escrito del 4 de agosto, pág. 12. Al respecto, señaló que los artículos
“no se relacionan con propósitos que busquen flexibilizar el trámite
presencial del proceso judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa
o que suspenda los términos judiciales”. Por su parte, para el Procurador
General de la Nación, en lo que la Sala ha denominado el segundo grupo de
medidas, integradas por los artículos 4º, 6º, 7º y 8º (parciales), 9º, 10º y
12º a 15º del decreto sube examine, esto es, “todas las previsiones
que se encaminan a dar agilidad a los procesos judiciales”, desconocen la
exigencia de finalidad.
[123] Informe del Consejo
Superior de la Judicatura, escrito del 9 de julio de 2020, pág. 17.
[124] Intervención de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, escrito del 3 de agosto de 2020, pág. 13.
[125] El 15 de marzo de 2020, como consecuencia
de la declaratoria de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, el
CSDJ ordenó la suspensión de términos de todos los procesos judiciales “excepto
en los despachos judiciales que cumplen la función de control de garantías y
los despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencias con
persona privada de la libertad”. Acuerdo PCSJA20-11517 del 15 de marzo de
2020 del Consejo Superior de la Judicatura.
[126] Acuerdos PCSJA20-11549 del 7 de mayo de
2020, PCSJA20-11549 del 22 de mayo de 2020 y PCSJA20-11567 del 5 de junio de
2020 del Consejo Superior de la Judicatura.
[127] Intervención de Ramiro Bejarano et al.,
escrito del 3 de agosto de 2020, pág. 24.
[128] Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de
2020 del Consejo Superior de la Judicatura.
[129] Intervención de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, escrito del 3 de agosto de 2020, pág. 13.
[130] Consejo Superior de la Judicatura, informe
de pruebas del 9 de julio de 2020. Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020
del Consejo Superior de la Judicatura.
[131] Consejo Superior de la Judicatura, Informe
de pruebas del 9 de julio de 2020, pág. 6.
[132] Consejo Superior de la Judicatura, Informe
de pruebas del 9 de julio de 2020, pág. 12.
[133] Ibídem.
[134] Intervención de la
Secretaría Jurídica de la Presidencia, escrito del 1 de julio de 2020, pág. 28.
[135] Ibidem.
[136] Ibidem.
[137] Intervención de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, escrito del 3 de agosto de 2020, pág. 12.
[138] Intervención de la Secretaría Jurídica de
la Presidencia, escrito del 1 de julio de 2020, pág. 25.
[139] Concepto del Procurador General de la
Nación, escrito del 21 de agosto de 2020.
[140] Intervención de Nelson Enrique Rueda
Rodríguez, escrito del 3 de julio de 2020, pág. 6.
[141] De vieja data, la doctrina iusadministrativista
ha considerado como valores medulares del servicio público los de
continuidad y regularidad, hoy seriamente afectados por la situación de
pandemia.
[142] Informe del Ministerio de Justicia y del
Derecho del 30 de junio de 2020, en respuesta al numeral 3.1. del auto del 19
de junio de 2020. Oficio OPC-788/20, expediente RE-333, pág. 21.
[143] Secretaría Jurídica de la Presidencia,
intervención del 1 de julio de 2020, pág. 34.
[144] Secretaría Jurídica de la Presidencia, intervención
del 1 de julio de 2020, pág. 44.
[145] Informe Ministerio de Justicia y del
Derecho del 30 de junio de 2020, en respuesta al numeral 3.1. del auto del 19
de junio de 2020. Oficio OPC-788/20, expediente RE-333, págs. 22.
[146] Ibidem.
[147] Artículo 215 de la CP: “Estos decretos
deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el
estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos
tributos o modificar los existentes”.
[148] Artículo 47 de la Ley 137 de 1994: “Facultades.
En virtud de la declaración del Estado de Emergencia, el Gobierno podrá dictar
decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a
impedir la extensión de sus efectos. Los decretos deberán referirse a materias
que tengan relación directa y específica con dicho Estado”.
[149] Sentencia C-724 de 2015: “La conexidad
en el control de constitucionalidad de los Decretos legislativos dictados
con base en la declaratoria del estado de emergencia social, económica y
ecológica, se dirige entonces a verificar determinadas condiciones
particulares, relacionadas con la vinculación de los objetivos del Decreto con
los motivos que dieron lugar a la declaratoria de emergencia, y con los hechos
que la ocasionaron”. Asimismo, ver la sentencia C-701 de 2015.
[150] Sentencia C-409 de 2017: “La conexidad
interna refiere a que las medidas adoptadas estén intrínsecamente vinculadas
con las consideraciones expresadas por el Gobierno Nacional para motivar el
decreto de desarrollo correspondiente”. Asimismo, ver la sentencia C-434 de
2017.
[151] Concepto del Procurador General de la
Nación, escrito del 21 de agosto de 2020, pág. 35
[152] Ibidem.
[153] Ibidem.
[154] Considerandos 40 y 46 del Decreto
Legislativo 806 de 2020.
[155] Considerando 46 del Decreto Legislativo
806 de 2020.
[156] Considerando 55 del Decreto Legislativo
806 de 2020.
[157] Considerandos 54, 55 y 69 del Decreto
Legislativo 806 de 2020.
[158] Considerandos 29, 39, 46 y 55 del Decreto
Legislativo 806 de 2020.
[159] Considerando 55 del Decreto Legislativo
806 de 2020.
[160] Considerandos 39, 46 y 55 del Decreto
Legislativo 806 de 2020.
[161] Considerando 50 del Decreto Legislativo
806 de 2020.
[162] Considerando 55 del Decreto Legislativo
806 de 2020.
[163] Considerando 51 del Decreto Legislativo
806 de 2020.
[164] Considerando 47 del Decreto Legislativo
806 de 2020.
[165] Considerando 49 del Decreto Legislativo
806 de 2020.
[166] Haggard, Stephan, and Lydia Tiede. "The rule of law
and economic growth: where are we?." World development 39.5
(2011): 673-685; Dam, Kenneth W. “The law-growth nexus: The rule of law
and economic development”. Brookings Institution Press, 2007.
[167] Sentencias C-467 de 2017, C-466 de 2017,
C-434 de 2017, C-409 de 2017, C-241 de 2011, C-227 de 2011, C-224 de 2011 y
C-223 de 2011.
[168] Sentencia C-466 de 2017. Asimismo, ver las
sentencias C-722 de 2015 y C-194 de 2011.
[169] Sentencia C-753 de 2015.
[170] Sentencias C-254 de 2020, C-466 de 2017 y
C-753 de 2015.
[171] Esto, con fundamento en el artículo 8 de
la LEEE que prevé que los “decretos de excepción deberán señalar los motivos
por los cuales se imponen cada una de las limitaciones de los derechos
constitucionales”.
[172] Sentencia C-466 de 2017. Cfr.
Sentencia C-753 de 2015.
[173] Ibidem.
[174] Considerando 27 del Decreto Legislativo
806 de 2020.
[175] Considerando 29 del Decreto Legislativo
806 de 2020.
[176] Considerando 29 del Decreto Legislativo
806 de 2020.
[177] Considerando 19 del Decreto Legislativo
806 de 2020.
[178] Decreto 637 de 2020 y considerando 19 del
Decreto Legislativo 806 de 2020.
[179] Considerando 51 del Decreto Legislativo
806 de 2020.
[180] Considerando 55 del Decreto Legislativo
806 de 2020.
[181] Considerando 50 del Decreto Legislativo
806 de 2020.
[182] Secretaría Jurídica de la Presidencia,
intervención del 1 de julio de 2020, pág. 51.
[183] Considerando 58 del Decreto Legislativo
806 de 2020.
[184] Considerando 58 del Decreto Legislativo
806 de 2020.
[185] Considerando 51 del Decreto Legislativo
806 de 2020.
[186] Considerando 58 del Decreto Legislativo
806 de 2020.
[187] Secretaría Jurídica de la Presidencia,
intervención del 1 de julio de 2020, pág. 37.
[188] Considerando 47 del Decreto Legislativo
806 de 2020.
[189] Considerando 48 del Decreto Legislativo
806 de 2020.
[190] Considerando 48 del Decreto Legislativo
806 de 2020.
[191] Considerando 48 del Decreto Legislativo
806 de 2020.
[192] Considerando 60 del Decreto Legislativo
806 de 2020.
[193] Sentencias C-466 de 2017, C-434 de 2017,
C-136 de 2009, C-409 de 2017 y C-723 de 2015.
[194] Considerando 47 del Decreto Legislativo
806 de 2020.
[195] Sentencias C-517 de 2017, C-467 de 2017,
C-466 de 2017, C-465 de 2017, C-437 de 2017, C-409 de 2017 y C-723 de 2015.
[196] Sentencia C-242 de 2020 “[e]sta Corte
considera que el Decreto 491 de 2020 atiende a los requerimientos del juicio de
necesidad jurídica, porque las facultades ordinarias de regulación
reglamentaria con las que cuenta el Gobierno Nacional de conformidad con el
artículo 189.11 de la Constitución, no le permitían expedir las medidas
adoptadas en la parte dispositiva del acto normativo objeto de control, en
tanto que las mismas, dado su contenido, están sujetas a reserva de ley
[197] Sentencia C-155 de 2020. Ver también,
sentencia C-216 de 2011.
[198] Ibidem.
[199] Sentencia C-178 de 2020.
[200] Sentencia C-170 de 2020.
[201] Sentencia C-205 de 2020 “si bien los protocolos
de bioseguridad referidos en el decreto examinado formulan medidas sanitarias
de protección frente a la exposición al COVID-19, en estricto sentido también
comprenden directrices sobre los requerimientos propios de las actividades, las
modificaciones en la ejecución de las labores e, incluso, la adaptación de
espacios de trabajo, entre otras situaciones que escapan al alcance regulatorio
del Ministerio de Salud, debido a que las condiciones de operación de las
empresas de diferentes sectores corresponden al ente ministerial del respectivo
ramo”.
[202] Sentencia C-202 de 2020.
[203] Sentencia C-241 de 2020.
[204] Sentencia C-226 de 2009.
[205] Sentencia C-178 de 2020.
[206] Sentencia C-328 de 1999.
[207] Sentencia C-163 de 2020.
[208] Sentencia C-242 de 2011.
[209] Sentencia C-178 de 2020.
[210] Sentencia C-155 de 2020.
[211] Sentencia C-193 de 2020.
[212] Sentencia C-309 de 2020.
[213] Sentencia C-202 de 2020.
[214] Sentencia C-193 de 2011.
[215] Sentencia C-184 de 2020.
[216] La Corte Constitucional ha indicado que la
reproducción de un contenido reglamentario en un decreto legislativo puede ser
calificada de arbitraria cuando (i) afecta un derecho fundamental; (ii)
amenaza un pilar axiológico del constitucionalismo democrático; o (iii)
modifica sustancialmente las competencias legales o constitucionales de otras
entidades estatales.
[217] Sentencia C-174 de 1994. En esta decisión
la Corte precisó que la finalidad del juicio de necesidad jurídica o
subsidiariedad es “impedir que se cometan abusos o extralimitaciones en la
adopción de las medidas que, en todo caso, deben ser las estrictamente
indispensables para retornar a la normalidad”. Ver también, sentencia C-309
de 2020.
[218] Sentencia C-226 de 2009.
[219] Sentencia C-241 de 2020.
[220] Sentencia C-212 de 2020.
[221] Sentencia C-184 de 2020.
[222] Sentencia C-309.. de 2020.
[223] Sentencia C-724 de 2015.
[224] Sentencia C-241 de 2020.
[225] Sentencia C-241 de 2020.
[226] Sentencia C-202 de 2020.
[227] Sentencia C-157 de 2020. En esta decisión
la Corte sostuvo que “[l]as medidas analizadas cumplen con el juicio de
necesidad jurídica, en tanto se requieren para dar fuerza legal a las medidas
sanitarias que se habían tomado y, a la vez, autorizan legislativamente a las
autoridades sanitarias respectivas, para que las puedan seguir adoptando y las
modifiquen cuando corresponda. En efecto, el parágrafo segundo del artículo
primero establece que los pasajeros excepcionalmente admitidos ‘deberán cumplir
con las medidas sanitarias de prevención de contagio que adopte el Ministerio
de Salud y protección Social y demás autoridades competentes sobre este asunto
en particular’ sin determinar concretamente cuáles. Es pues una autorización
legal específica para el contexto de la pandemia”.
[228] Sentencia C-157 de 2020.
[229] Sentencia C-213 de 2020. Al respecto la
Corte señaló que “[e]n efecto, aunque el numeral 3º del artículo 257 de la
Constitución le atribuye al CSJ una facultad para regular trámites judiciales y
administrativos dentro de los despachos judiciales, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, dicha potestad es subordinada y subsidiaria a lo
previsto por el Legislador (C-037 de 1996 y C-507 de 2014). Igualmente, de
dicha facultad se encuentra excluida la regulación de asuntos de carácter
judicial relativos a las acciones judiciales o a las etapas del proceso, toda
vez que corresponde al resorte exclusivo y excluyente del Legislador, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 93 de la Ley 270 de 1996 que, en la
materia, reitera la reserva de ley. (…)”
[230] Sentencia C-157 de 2020 “[l]a norma
además es necesaria jurídicamente, en tanto que da condición de
obligación legal a exigencias que hasta ese momento tenían respaldo
reglamentario fundamentalmente (…) el carácter de obligación legal que adquiere
cumplir el Protocolo del Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, sólo surge a partir de estas
autorizaciones amplias que se reconocen en el texto revisado, sobre todo frente
a la limitación de derechos introducida por el decreto legislativo”.
[231] Sentencia C-178 de 2020. “[l]a
integración de un sistema destinado a concretar las finalidades del Decreto 507
de 2020 comporta una adaptación de mecanismos existentes para que puedan
coordinarse y asegurar, durante el confinamiento, el acceso de los habitantes
del territorio nacional y de los hogares más vulnerables a los productos de la
canasta básica y a los medicamentos y dispositivos médicos”.
[232] Sentencia C-178 de 2020 “130. Como se
expuso a propósito de las funciones de la Superintendencia de Industria y
Comercio, las competencias asignadas a los alcaldes no comprenden la
priorización de los casos ni la articulación con los demás alcaldes del país
con la finalidad de lograr los objetivos perseguidos mediante la implementación
de las medidas establecidas en el Decreto 507 de 2020 y la posibilidad que
tiene esta Superintendencia para asumir oficiosamente la investigación iniciada
por un alcalde carece de la prontitud indispensable en las circunstancias
especulación, acaparamiento y usura generadas por la situación crítica”.
[233] Intervención de la Universidad Pontifica
Bolivariana, escrito del 10 de julio de 2020, pág. 6
[234] Intervención de Nelson Enrique Rueda,
escrito del 3 de julio de 2020, pág. 11
[235] Intervención del Colegio Nacional de
Abogados de Colombia - Conalbos Santander, Colombia al Derecho, Colegio de
Abogados Litigantes - Colobol on Line, Sindicato Gremial de Abogados Litigantes
de Colombia, “Sintralitigantes de Colombia”, escrito del 2 de julio de 2020, pág
30.
[236] Intervención de la Universidad Pontifica
Bolivariana, escrito del 10 de julio de 2020, págs. 21-22.
[237] Ibidem. En un sentido semejante, la
intervención de Juan Carlos Garzón, escrito del 3 de julio de 2020, pág. 12. En
particular, el interviniente argumentó que actualmente se está tramitando en el
Congreso un proyecto de reforma al CPACA que contiene las modificaciones al
trámite de las excepciones previas y la sentencia anticipada que el decreto
prevé. Por tanto, el Gobierno no podía desconocer las competencias del
legislador ordinario en esta materia.
[238] Intervención de Ramiro Bejarano, Henry
Sanabria y Néstor Iván Ozuna, escrito del 3 de agosto de 2020, pág. 9.
[239] El numeral 3º del artículo 257 de la
Constitución le atribuye al CSDJ una facultad para “dictar los reglamentos”
necesarios para el eficaz funcionamiento de “los trámites judiciales y
administrativos que se adelanten en los despachos judiciales”. De la misma
forma, el artículo 95 de la LEAJ y el artículo 103 del CGP facultan a esta
entidad para “propender por la incorporación de tecnología de avanzada al
servicio de la administración de justicia” y adoptar las medidas tendientes
a garantizar que “todas las autoridades judiciales cuenten con las
condiciones técnicas necesarias para generar, archivar y comunicar mensajes de
datos”. La Corte Constitucional ha sostenido que de la facultad
reglamentaria del CSDJ “se encuentra excluida la regulación de asuntos de
carácter judicial relativos a las acciones judiciales o a las etapas del
proceso, toda vez que corresponde al resorte exclusivo y excluyente del
Legislador, de acuerdo con lo previsto en el artículo 93 de la Ley 270 de 1996
que, en la materia, reitera la reserva de ley” (Sentencia C-507 de 2014).
[240] Cfr., al inicio de este epígrafe 12.5, el
apartado relacionado con “(ii) La idoneidad, eficacia y suficiencia de las
reglas jurídicas ordinarias”.
[241] Intervención de la Secretaría Jurídica de
la Presidencia, escrito del 1 de julio de 2020, pág. 55.
[242] Intervención del Colegio Nacional de
Abogados de Colombia - Conalbos Santander, Colombia al Derecho, Colegio de
Abogados Litigantes - Colobol on Line, Sindicato Gremial de Abogados Litigantes
de Colombia, “Sintralitigantes de Colombia”, escrito del 2 de julio de 2020,
pág 16.
[243] Intervención de la Universidad Pontifica
Bolivariana, escrito del 10 de julio de 2020, pág. 28.
[244] Ibidem.
[245] Es posible que la composición del equipo
humano de un Despacho en particular impida cumplir la regla de asistencia del
20% de los funcionarios; por ejemplo, porque algunos funcionarios presenten
comorbilidades que demanden mayores cuidados para prevenir el contagio, o bien
porque el Despacho no tenga a disposición un escáner lo suficientemente
eficiente. Al respecto, el CSDJ informó que, aunque “las condiciones
generales están dadas para tener acceso a los expedientes, bien sea en soporte
físico en la sede judicial o trasladado fuera de ella, o bien, digitalizado”, en
atención a “situaciones particulares en cada distrito, sede o despacho”, eventualmente
puede ocurrir “que las autoridades judiciales no tengan acceso al expediente
físico en la sede judicial”. Consejo Superior de la Judicatura, información
sobre asuntos referidos al contenido normativo del Decreto Legislativo 806 de
2020, expediente RE-333, 9 de julio de 2020, pág. 11.
[246] Considerando 46 del Decreto Legislativo
806 de 2020.
[247] Secretaría Jurídica de la Presidencia,
intervención del 1 de julio de 2020, págs. 55 y 56.
[248] Ibidem.
[249] Ibidem.
[250] Intervención de la Unión Colegiada de
Notarios, escrito del 4 de agosto de 2020, pág. 7.
[251] Intervención de la Secretaría Jurídica de
la Presidencia, escrito del 1 de julio de 2020, pág. 55.
[252] Artículo 89 del CGP.
[253] La intervención presentada por la
Universidad Externado de Colombia da cuenta de que el requisito de presentación
personal de la demanda era de imposible cumplimiento durante el cierre de
juzgados y oficinas de apoyo judicial “circunstancia que, como es apenas
elemental, [generó] un grave obstáculo al derecho de acceso a la
administración de justicia”. Intervención de la Universidad Externado de
Colombia suscrita por los docentes Ramiro Bejarano, Néstor Iván Osuna Patiño y
Henry Sanabria Santos, escrito del 3 de agosto de 2020, pág. 14.
[254] Considerando 61 del Decreto Legislativo
806 de 2020.
[255] Secretaría Jurídica de la Presidencia,
intervención del 1 de julio de 2020, pág. 40.
[256] Informe del Ministerio de Justicia y del
Derecho en respuesta al numeral 3.1 del auto del 19 de junio de 2020,
presentado el 1 de julio de 2020, pág. 7.
[257] Intervención de la Universidad Externado
de Colombia, Ramiro Bejarano et al., escrito del 3 de agosto de 2020,
pág. 16.
[258] Informe del Ministerio de Justicia y del
Derecho en respuesta al numeral 3.1 del auto del 19 de junio de 2020,
presentado el 1 de julio de 2020, pág. 7.
[259] El artículo 107 del CGP dispone que “Las
partes y demás intervinientes podrán participar en la audiencia a través de
videoconferencia, teleconferencia o por cualquier otro medio técnico, siempre
que por causa justificada el juez lo autorice”.
[260] Intervención de la Universidad Pontifica
Bolivariana, escrito del 10 de julio de 2020, pág. 11.
[261] Intervención de la Universidad Externado
de Colombia, suscrita por Teresa Genoveva Vargas y Jhon Aldemar Caballero,
escrito del 3 de agosto de 2020, pág. 9.
[262] Intervención de la Universidad Externado
de Colombia, suscrita por Ramiro Bejarano et al., escrito del 3 de
agosto de 2020, pág. 17.
[263] Ibidem.
[264] Secretaría Jurídica de la Presidencia,
intervención del 1 de julio de 2020, pág. 57.
[265] Secretaría Jurídica de la Presidencia,
intervención del 1 de julio de 2020, pág. 38.
[266] Intervención de la Universidad de Nariño,
escrito del 8 de julio de 2020, pág. 11.
[267] Informe del Ministerio de Justicia y del
Derecho del 30 de junio de 2020 en respuesta al numeral 3.1. del auto del 19 de
junio de 2020. Oficio OPC-788/20, expediente RE-333, pág. 8.
[268] Ibidem.
[269] Informe del Ministerio de Justicia y del
Derecho del 30 de junio de 2020 en respuesta al numeral 3.1. del auto del 19 de
junio de 2020. Oficio OPC-788/20, expediente RE-333, pág. 9.
[270] Ibidem.
[271] Ibidem.
[272] Ibidem.
[273] Ibidem.
[274] Ibidem.
[275] Ibidem.
[276] Ver artículos 199 y 200 del CPACA y 291
del CGP.
[277] Por ejemplo: (i) el plazo de 2 días
para tener por surtida la notificación personal tiene el propósito de que el
respectivo sujeto procesal tenga tiempo de revisar su bandeja de entrada y, de
ser necesario, el expediente. (ii) El parágrafo le permite a los jueces
y magistrados averiguar sobre la dirección electrónica del demandando para
evitar acudir directamente al emplazamiento y, de esta manera, precaver una
posible violación al derecho de defensa del demandado. (iii) En caso de
que, a pesar de todo ello, la dirección electrónica no corresponda a la
utilizada por la persona a notificar, exige a quien pretenda hacer valer esta
circunstancia que, bajo la gravedad del juramento, indique que tal
circunstancia no es cierta, de tal forma que se proteja su derecho de defensa y
contradicción, mediante, (iv) la posibilidad de alegar la nulidad de lo
actuado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 132 a 138 del CGP.
[278] Secretaría Jurídica de la Presidencia,
intervención del 1 de julio de 2020, pág. 57.
[279] Intervención de la Universidad Externado
de Colombia, Ramiro Bejarano et al., escrito del 3 de agosto de 2020,
pág. 19.
[280] El artículo 295 del CGP dispone que “Cuando
se cuente con los recursos técnicos los estados se publicarán por mensaje de
datos, caso en el cual no deberán imprimirse ni firmarse por el Secretario.
Cuando se habiliten sistemas de información de la gestión judicial, la
notificación por estado solo podrá́ hacerse con posterioridad a la
incorporación de la información en dicho sistema”. Intervención de la
Universidad Pontifica Bolivariana, escrito del 10 de julio de 2020, págs. 6 y
8.
[281] Aunque el artículo 201 del CPACA admite la
notificación por medio de anotación en estados electrónicos, la misma
disposición prevé que los estados deben ir acompañados de la firma del
secretario. Igualmente, dispone que el Secretario debe dejar constancia de
estas notificaciones con su firma al pie de la providencia notificada.
[282] El artículo señala que: (i) no
podrán usarse estados electrónicos para notificar providencias que (a)
decreten medidas cautelares, (b) hagan mención a menores, (c) o
cuando el juez lo disponga para proteger la reserva legal, y que (ii)deberán
conservarse en línea los ejemplares de los estados y traslados virtuales para
que puedan ser consultados en cualquier momento.
[283] Intervención de la Universidad Externado
de Colombia, Ramiro Bejarano et al., escrito del 3 de agosto de 2020,
pág. 20.
[284] Intervención de la Universidad Pontifica
Bolivariana, escrito del 10 de julio de 2020, págs. 6 y 8.
[285] Intervención de la Universidad Externado
de Colombia, Ramiro Bejarano et al., escrito del 3 de agosto de 2020,
pág. 22.
[286] Ibidem.
[287] Ibidem.
[288] Intervención de la Senadora Angélica
Lozano, escrito del 4 de agosto, pág. 11.
[289] Intervención de Juan Carlos Garzón,
escrito del 3 de julio de 2020, págs. 6, 7 y 8.
[290] Ibidem, pág. 8.
[291] Intervención de la Senadora Angélica
Lozano, escrito del 4 de agosto, pág. 12.
[292] Intervención del Consejo de Estado,
escrito del 30 de julio de 2020, pág. 11.
[293] Ibidem.
[294] Intervención del Consejo de Estado, escrito
del 30 de julio de 2020, pág. 11.
[295] Secretaría Jurídica de la Presidencia,
intervención del 1 de julio de 2020, pág. 42.
[296] Secretaría Jurídica de la Presidencia,
intervención del 1 de julio de 2020, pág. 36.
[297] Secretaría Jurídica de la Presidencia,
intervención del 1 de julio de 2020, pág. 43.
[298] Intervención de la Universidad Externado
de Colombia, escrito presentado por Ramiro Bejarano, Néstor Iván Osuna Patiño,
Henry Sanabria Santos, escrito del 3 de agosto de 2020, pág. 24.
[299] Intervención del Consejo de Estado,
escrito del 30 de julio de 2020, pág. 11.
[300] Secretaría Jurídica de la Presidencia,
Intervenciónintervención del 1 de julio de 2020, pág. 43.
[301] Intervención de la Universidad Pontifica
Bolivariana, escrito del 10 de julio de 2020, págs. 12.
[302] Intervención de Juan Carlos Garzón,
escrito del 3 de julio de 2020, pág. 9.
[303] Intervención del Consejo de Estado,
escrito del 30 de julio de 2020, pág. 12.
[304] Intervención de la Senadora Angélica
Lozano, escrito del 4 de agosto, pág. 13. En igual sentido se pronunció en su
intervención Marcel Silva Romero y la Corporación “Lo Social”, escrito del 5 de
agosto de 2020, págs. 16 y 17.
[305] Ibidem.
[306] Ibidem.
[307] En su intervención, la Universidad
Externado de Colombia, por conducto de los profesores Ramiro Bejarano, Néstor
Iván Osuna Patiño, Henry Sanabria Santos señaló que estas medidas “prevé[n]
y controla[n …] que las personas apelantes y no apelantes tengan que exponerse
a las audiencias, cuando no todas sean virtuales, porque en tales eventos han
de desplazarse incrementando el riesgo de contagio”.
[308] Ibidem, pág. 24.
[309] Ibidem, pág. 26.
[310] Ibidem.
[311] Al respecto, se pueden consultar, entre
otras, las sentencias C-467 de 2017, C-466 de 2017, C-701 de 2015, C-672 de
2015, C-671 de 2015, C-227 de 2011, C-224 de 2011 y C-136 de 2009.
[312] “Artículo 14. Las medidas adoptadas con
ocasión de los Estados de Excepción, no pueden entrañar discriminación alguna,
fundada en razones de raza, lengua, religión, origen nacional o familiar,
opinión política o filosófica”.
[313] Sobre el particular, cabe resaltar que
dicho listado de categorías sospechosas no es taxativo, pues de conformidad con
el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “la
ley prohibirá toda discriminación”.
[314] En este sentido, en la sentencia C-156 de
2011, esta Sala explicó que el juicio de no discriminación pretende hacer
efectivo “el principio de igualdad ante la ley del artículo 13 de la
Constitución Política, en el sentido de establecer que todas las personas
recibirán el mismo trato y no se harán distinciones basadas en criterios de
raza, lengua, religión, origen familiar, creencias políticas o filosóficas”.
[315] El artículo 13 en su inciso 1 prevé que
todas las personas “recibirán la misma protección y trato de las autoridades
y gozarán de los mismos derechos libertades y oportunidades”. De
igual forma, prohíbe la discriminación basada en los criterios
sospechosos “de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica”. En su inciso 2 prescribe que el
Estado debe promover las condiciones para que “la igualdad sea real y
efectiva”. Por último, en su inciso 3, dispone que el Estado protegerá
especialmente a “aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta”.
[316] Sentencias C-266 de 2019 y C-125 de 2018.
[317] Art. 13.1 de la Constitución Política.
[318] Sentencia C-125 de 2018.
[319] Sentencia C-239 de 2019 y T-266 de 2019.
[320] Sentencias C-138 de 2019, C-178 de 2014 y
SU-336 de 2017.
[321] Arts. 13.2 y 13.3 de la Constitución
Política.
[322] Sentencias C-179 de 2016 y C-1125 de 2001.
[323] Sentencia C-624 de 2008.
[324] Sentencias C-505 de 1999. Reiterada en la
sentencia C-114 de 2017.
[325] Sentencias C-345 de 2019, C-266 de 2019,
C-601 de 2015, C-551 de 2015.
[326] Sentencias C-345 de 2019, C-006 de 2018 y
C-006 de 2017.
[327] La jurisprudencia constitucional ha señalado
que el carácter relacional de la igualdad implica también que, “a diferencia
de otros principios constitucionales o derechos fundamentales, no protege
ningún ámbito concreto de la esfera de la actividad humana, sino que puede ser
alegado ante cualquier trato diferenciado injustificado” (sentencias C-818
de 2010, C-250 de 2012 y C-743 de 2015).
[328] Sentencia C-1146 de 2004.
[329] Sentencia C-090 de 2001.
[330] Sentencia C-818 de 2010.
[331] Ibidem.
[332] Al respecto, ver sentencia C-663 de 2009:
“Esta Corporación ha sostenido en diferentes oportunidades que el derecho a
la igualdad es un derecho relacional, por lo que presupone necesariamente
una comparación entre dos o más regímenes que actúan como términos de
comparación. Así un determinado régimen jurídico no es discriminatorio en sí
mismo, sino únicamente en relación con otro régimen jurídico. La comparación
intrínseca al principio de igualdad no afecta, sin embargo, a todos los
elementos de los regímenes jurídicos en cuestión, sino únicamente a aquellos
aspectos que son relevantes para la finalidad de la diferenciación. Ello
implica, por tanto, que la igualdad también constituye un
concepto relativo: dos regímenes jurídicos no son semejantes o diferentes
entre sí en todos sus elementos, sino únicamente respecto al criterio utilizado
para la comparación”.
[333] Sentencia 540 de 2008 “toda
diferenciación que se haga en ella [la ley] debe atender a fines razonables y
constitucionales”.
[334] Sentencia C-520 de 2016.
[335] Sobre el principio de igualdad en las
cargas públicas cfr., las sentencias C-333 de 1996 y C-038 de 2006.
[336] Sentencias C-179 de 2016, C-551 de 2015,
C-601 de 2015 y C-1125 de 2001.
[337] Ibidem.
[338] Ibidem.
[339] Ibidem.
[340] Sentencias C-535 y C-471 de 2017. Ver también,
la sentencia C-179 de 2005.
[341] Sentencia C-078 de 2006.
[342] Ibidem.
[343] Sentencia C-561 de 2004.
[344] Ibidem.
[345] Sentencia C-345 de 2019. Como lo ha
considerado la jurisprudencia constitucional, combina las ventajas analíticas
del “juicio de proporcionalidad europeo con los niveles de escrutinio
norteamericano”. Este
juicio integrado fue originalmente formulado por la Corte Constitucional en la
sentencia C-093 de 2001 y desde entonces ha sido refinado y aplicado de manera
reiterada. El juicio integra dos metodologías de escrutinio. De un lado la “metodología
de los escrutinios de distinta intensidad”, desarrollada por la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. De otro, el
juicio de proporcionalidad aplicado por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, el Tribunal Constitucional español y el Tribunal Constitucional alemán,
el cual está compuesto por los subprincipios de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad en sentido estricto.
[346] En la sentencia C-521 de 2019, la Corte
definió la estructura del test integrado de igualdad en los siguientes
términos: “[el] juicio integrado de igualdad […]se desarrolla a través
de dos etapas, en la primera se debe determinar cuál es el criterio,
término de comparación o tertium comparationis, para lo cual se requiere
de antemano definir si desde la perspectiva fáctica y jurídica la medida analizada
configura un tratamiento desigual entre iguales o igual entre desiguales; una
vez superada esta etapa y habiendo establecido que en efecto existe un trato
diferenciado, viene la segunda etapa del examen, en el que se procede a
establecer si desde la perspectiva constitucional dicha diferenciación está
justificada o no”.
[347] Sentencia C-179 de 2016. En relación con
el criterio de comparación, en la sentencia C-109 de 2020 la Corte precisó que
el juez constitucional debe evitar (i) fijar un criterio de comparación
que, por su carácter genérico, conduzca siempre a concluir que los sujetos son
comparables, lo cual supondría una “profunda limitación del
margen de configuración del legislador”; y (ii) emplear “rasgos
que por su grado de especificidad conducen siempre a diferenciar,” lo
cual podría “afectar la vigencia del mandato de igualdad como
expresión básica de justicia”.
[348] La Corte Constitucional ha señalado que
las personas, grupos y situaciones “pueden siempre tener rasgos comunes y
siempre también rasgos diferentes” (sentencia C-109 de 2020). Por ello,
para determinar si dos grupos de sujetos o categorías son comparables “es
necesario examinar su situación a la luz de los fines de la norma”
(sentencias C-841 de 200 y C-018 de 2018). Cfr., las sentencias C-826 de
2008, reiterada en las sentencias C-002 de 2018, C-240 de 2014 y C-886 de 2010.
[349] Existe una afectación prima facie
al principio de igualdad cuando la norma en principio desconoce cualquiera de
los cuatro mandatos (trato idéntico, diferente, similar y diferenciado) que
derivan del principio de igualdad.
[350] Sentencias C-138 de 2019, C-114 y 115 de
2017 y C-104 de 2016.
[351] Ibidem.
[352] Sentencia C-748 de 2019.
[353] Sentencia C-521 de 2019.
[354] En el juicio integrado, a los
subprincipios “se les cualifica de conformidad con el nivel de intensidad”.
Sentencia C-109 de 2020.
[355] En particular, la proporcionalidad en
sentido estricto, en el juicio integrado de igualdad leve, no debe ser
valorada por el juez constitucional puesto que, al ser la deferencia hacia el legislador
mayor en esta intensidad del test, es este el que debe realizar las
ponderaciones del caso, ex ante la aprobación de la medida legislativa.
Contrario a lo que sucede al evaluar la proporcionalidad en sentido estricto,
en los eventos en los que se aplica un juicio integrado de intensidad intermedia
o estricta, ya que el margen de apreciación del Legislador disminuye. En
estos últimos supuestos, en el análisis de la proporcionalidad en sentido
estricto, el juez constitucional debe: (i) constatar que la norma que
impone un trato asimétrico no sea evidentemente desproporcionada, cuando se aplique un juicio intermedio y (ii)
verificar que la medida no sea desproporcionada, en el caso de un juicio
estricto. En este sentido, en la sentencia C-345 de 2019, la Corte
precisó que: “la proporcionalidad en sentido estricto debe estudiarse por el
juez constitucional con algunos matices, por regla general, tanto en el juicio
intermedio como en el estricto, mas no en el débil, de manera que se sigan los
pasos del test europeo, que incluye la proporcionalidad en sentido estricto,
así como la lógica de las intensidades del juicio estadounidense”.
Sentencia C-345 de 2019 (cfr., la sentencia C-838 de 2013).
[356] Sentencias C-521 de 2019, C-139 de 2019,
C-069 de 2017, C-114 de 2017 y C-104 de 2016.
[357] Ibidem.
[358] Por regla general, este juicio ha sido
aplicado a regulaciones económicas o tributarias, por tratarse de materias en
las que el legislador tiene un amplio margen de configuración normativa. En
este sentido se pronunció la Sala en la sentencia C-250 de 2003; cfr., las
sentencias C-264 de 2013 y C-409 de 1996.
[359] La Corte precisó el estándar de este juicio en la sentencia C-345
de 2019.
[360] Cfr., en particular, la sentencia C-345 de
2019, que se fundamenta, entre otras, en especial, en la sentencia C-673 de
2001, cuya jurisprudencia ha sido reiterada en las providencias C-109 de 2020,
C-521 de 2019 y C-129 de 2018.
[361]  Esta exigencia supone valorar la idoneidad de la
medida legislativa, en el sentido de que sea posible que su aplicación
contribuya de manera efectiva a alcanzar la finalidad que persigue
(cfr., la sentencia C-673 de
2001, reiterada en las sentencias C-109 de 2020, C-521 de 2019 y C-129 de 2018) y su necesidad, en el sentido de que al momento de su
adopción, el legislador contaba con elementos de juicio que le permitían
concluir de manera razonable que era la “menos lesiva” (cfr., la
sentencia C-345 de 2019) con los derechos comprometidos, “entre todas
aquellas que revisten por lo menos la misma idoneidad” (cfr., la sentencia
C-383 de 2013). De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el estudio de necesidad debe realizarse
desde la perspectiva ex ante, lo que quiere decir que el trato diferenciado
solo puede considerarse innecesario si, dados los conocimientos existentes en
la época en que fue adoptado, el legislador habría podido avizorar la
existencia de un medio igualmente idóneo y menos restrictivo al derecho a la
igualdad. Cfr., las sentencias C-093 de 2001 y C-129 de 2018. En esta última,
la Corte señaló que, en el test intermedio, el juez debe “verificar
la necesidad como la consideración de existencia y costo de
alternativas en términos de derechos, en un test intermedio puede constatarse
que existen otras alternativas, pero se satisface ese criterio si la
escogida por el legislador logra alcanzar el fin de la norma y no afecta
significativamente principios o derechos”.
[362]  Para tales efectos se debe valorar si la satisfacción de la
finalidad constitucionalmente importante que persigue la medida legislativa
puede valorarse por lo menos como equivalente a la
magnitud de la afectación que genera al principio de igualdad o de otros
derechos. En este sentido se pronunció la Sala en la sentencia C-129 de 2018, reiterada en la sentencia
C-521 de 2019. En el mismo sentido, en la sentencia C-345 de 2019, la Corte
señaló que “la proporcionalidad en sentido estricto en el juicio intermedio
supone constatar que la norma que establece un trato asimétrico no
es evidentemente desproporcionada”.
[363] Sobre
esta tendencia a aumentar la rigurosidad del juicio de proporcionalidad, por
ejemplo, la Corte en la
sentencia C-1195 de 2001 utilizó un test intermedio porque estimó que las
disposiciones examinadas (los artículos 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de la Ley 640
de 2001) imponían una restricción significativa al acceso a la administración
de justicia al imponer un plazo de tres meses dentro del cual las partes debían
acudir a una audiencia de conciliación, antes de llevar la controversia ante la
jurisdicción. En la sentencia C-372 de 2011, donde revisó la constitucionalidad
del artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, “por la cual se adoptan medidas en
materia de descongestión judicial”, implementó un test de intensidad
intermedia, teniendo en cuenta el amplio margen de configuración del legislador
para reglamentar procedimientos judiciales y, a la vez, la posible restricción
de derechos fundamentales alegados en el caso concreto. En similar sentido, en
la sentencia C-031 de 2019 la Sala
analizó la constitucionalidad del artículo 421 del CGP con base en el juicio
intermedio de proporcionalidad, habida consideración del compromiso de los
derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva sobre
el cual los demandantes sustentan su censura.
[364] Sentencia C-345 de 2019.
[365] Sentencias C-345 de 2019 y C-065 de 2005.
Ver también, las sentencias C-161 de 2016 y C-838 de 2013. En esta última, la Corte señaló
que el trato diferenciado carecerá de proporcionalidad en sentido estricto si “la
afectación que produce sobre el patrimonio jurídico de los ciudadanos es
superior al beneficio constitucional que la norma está en capacidad de lograr”.
[366] Intervención del Colegio Nacional de
Abogados de Colombia - Conalbos Santander, Colombia al Derecho, Colegio de
Abogados Litigantes - Colobol on Line, Sindicato Gremial de Abogados Litigantes
de Colombia, “SINTRALITIGANTES DE COLOMBIA”, suscrito por los ponentes:
Hernando Ardila González y otros, escrito del 2 de julio de 2020, pág.8.
[367] Intervenciones de Gabriel Vicente López
Pinilla, escrito del 16 de junio de 2020, pág. 6 y el Centro de Estudios de
Derecho Procesal –CEDEP–, escrito del 4 de agosto de 2020, pág. 17.
[368] Intervención allegada por la Universidad
de Antioquia, escrito del 4 de agosto de 2020, págs. 20 y 25. Intervenciones
ciudadanas de Gabriel Vicente López Pinilla, escrito del 16 de junio de 2020,
pág. 6 y ss.; y María Sulay Mejía Salazar, escrito del 1 de julio de 2002, pág.
1.
[369] Intervención César Augusto Lugue Fandiño,
escrito del 4 de agosto de 2020, págs. 14-15.
[370] En estos eventos, los sujetos procesales y
la autoridad judicial competente deberán “manifestar las razones por las
cuales no pueden realizar una actuación judicial específica a través de las de
las tecnologías de la información y las comunicaciones de lo cual se dejará
constancia en el expediente” (inciso 2 del parágrafo del art. 1º).
[371] El acceso a la administración de justicia
previsto en el artículo 229 superior ha sido considerado por la jurisprudencia
constitucional como un vehículo indispensable para la garantía del Estado
Social de Derecho, dado que implica la vigencia y realización de todos los
demás derechos reconocidos en la Carta. Al respecto, véase la sentencia T-1222
de 2004.
[372] La jurisprudencia constitucional ha
precisado que el trabajo debe recibir una protección especial, por constituirse
como (i) un valor fundamental del Estado y (ii) un derecho-deber
protegido y valorado por la Constitución. Esta idea se ha reiterado, entre
otras, en las sentencias C-228 de 2011 y C-789 de 2002.
[373] La jurisprudencia constitucional, entre
otras, en la sentencia T-171 de 2018, ha precisado que la salud adquiere una
connotación fundamental como derecho esencial para garantizar a las personas
una vida digna, que les permita su pleno desarrollo.
[374] Sentencia C-673 de 2001.
[375] El Gobierno nacional informó que solo 11,4
millones de personas en Colombia tienen acceso a tecnologías 4G, necesarias
para el uso de tecnologías avanzadas en materia de justicia. Oficios OPC-787/20
y OPC-788/20 del 23 de junio de 2020, presentados por la Secretaria Jurídica
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Recibidos
por la Secretaría de la Corte Constitucional el 1 de julio de 2020.
[376] Oficios OPC-787/20 y OPC-788/20 del 23 de
junio de 2020 de la Secretaria Jurídica del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República. Recibidos por la Secretaría de la Corte
Constitucional el 1 de julio de 2020.
[377] Sentencia C-242 de 2020.
[378] Intervención allegada por la Universidad
Pontificia Bolivariana de Medellín, suscrito por el Coordinador del área de
Derecho Procesal: Luis Felipe Vivares Porras, escrito del 10 de julio de 2020,
págs. 26 y 27.
[379] El artículo 2° del Decreto Legislativo 806
de 2020 prevé medidas para el uso de las TIC. Así, en su inciso 1 prescribe que
el uso de las TIC es un deber. En el inciso 2 prevé que las actuaciones
procesales se desarrollarán con el uso de estas tecnologías y ordena la
eliminación de formalidades presenciales o similares para el efecto. El tercer
inciso obliga a las autoridades judiciales a informar los canales oficiales de
comunicación que utilizarán para el trámite de los procesos mediante TIC. Por
último, los parágrafos prevén deberes para garantizar el debido proceso y el
acceso a las TIC.
[380] Intervención de la Universidad de
Antioquia, escrito del 4 de agosto de 2020, pág. 26.
[381] Intervención de María Sulay Mejía Salazar,
escrito del 1 de julio de 2020, pág. 3.
[382] Sentencia T-283 de
2013.
[383] Dentro de los instrumentos que regulan
obligaciones para Colombia respecto a las personas en situación de discapacidad
se pueden mencionar los siguientes: (i) los tratados generales, como la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales que, si bien no se refieren
explícitamente a las personas en esta situación, sus garantías les son
directamente aplicables; (ii) la Convención sobre los Derechos del Niño,
que cobija a los niños en situación de discapacidad; (iii) la Convención Interamericana para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad,
adoptada por la Asamblea General de la OEA en 1999; (iv) el Protocolo de San Salvador sobre Derechos
Económicos Sociales y Culturales –en adelante DESC–, aprobado en Colombia
mediante la Ley 319 de 1996, esta declarada exequible en la sentencia C-251 de
1997; (v) la Declaración
de los Derechos de los Impedidos, Resolución 344 de diciembre 9 de 1975, en la
que la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo referencia a la obligación
de los Estados de tomar “las medidas destinadas a permitirle lograr la mayor
autonomía posible”; (vi) la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (en adelante CDPCD) de diciembre de 2006, la cual fue
incorporada al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 1346 de 2009,
declarada exequible en la sentencia C-293 de 2010.
[384] La Ley 324 de 1996 “consagró
un conjunto de medidas a cargo del Estado para que las personas con
discapacidad auditiva logren desarrollar sus actividades en escenarios de
normalidad. Entre otras disposiciones, en el artículo 7, se prevé el deber de
garantizar y facilitar la asistencia de intérpretes idóneos, con la finalidad
de que las personas sordas puedan acceder a todos los servicios que como
ciudadanos les confiere la Constitución, entre ellos, el servicio de justicia,
al no existir una excepción sobre el particular”. Sentencia T- 662 de 2017
[385] “La Ley 982 de 2005 […] garantizar y
proveer la ayuda de intérpretes idóneos, con la adición del compromiso de
prestar el servicio de interpretación en lengua de señas u otros sistemas
similares de comunicación, cuando se formulen requerimientos judiciales […] por
parte de cualquier autoridad competente”. Sentencia T- 662 de 2017.
[386] “Por medio de la cual se aprueba la ‘Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad’, adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006”.
[387] “1. Los Estados Partes
asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad
de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y
adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de
esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración
como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la
etapa de investigación y otras etapas preliminares. 2. A fin de asegurar
que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los
Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la
administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario”
(énfasis fuera de texto).
[388] “Artículo 21. Acceso a
la justicia. El Estado garantizará el acceso a la justicia de las personas
con discapacidad, en concordancia con el artículo 13 de la Ley 1346
de 2009. Para garantizar el ejercicio efectivo de acceso a la justicia el
Ministerio de Justicia y del Derecho, en alianza con el Ministerio Público, los
organismos de control y la Rama Judicial, deberán garantizar el acceso de las
personas con discapacidad en todos los programas de acceso a la Justicia. Para
ello, adoptará entre otras, las siguientes medidas: 1. El Ministerio de
Justicia y del Derecho, y la Rama Judicial, deberá implementar programas de
formación y gestión para la atención de casos de violación a los derechos de
las personas con discapacidad, que involucren a jueces, auxiliares de justicia,
casas de justicia, centros de conciliación, comisarías de familia, personerías,
entre otros. Así mismo implementará programas de formación orientados a la
comprensión de la discapacidad y la forma de garantizar la cabal atención y
orientación a las personas con discapacidad, facilitando los servicios
de apoyo requeridos para garantizar en igualdad de condiciones con las demás
personas el acceso a la Justicia; 2. El Ministerio de Justicia y del
Derecho, o quien haga sus veces, en alianza con el Ministerio Público y las
comisarías de familia y el ICBF, deberán proponer e implementar ajustes y
reformas al sistema de interdicción judicial de manera que se desarrolle un
sistema que favorezca el ejercicio de la capacidad jurídica y la toma de
decisiones con apoyo de las personas con discapacidad, conforme al
artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad de Naciones Unidas” (énfasis fuera de texto).
[389] Según la jurisprudencia constitucional,
estas medidas pueden ir desde adecuar las instalaciones en donde se presta el
servicio, facilitar los apoyos requeridos para afianzar su autonomía y comunicación,
hasta efectuar ajustes razonables en las reglas de procedimiento. Sentencia
T-669 de 2017.
[390] Según Finsterbusch
Romero, nace en Estados Unidos, aplicada a la diversidad cultural y religiosa
por medio de la enmienda del Título VII del Civil Rights Act de 1964. En todo caso, según este autor, es solo luego de la aprobación de
la Equal Employment Opportunity Act de 1972 que, con la finalidad
de combatir la discriminación en el mercado de trabajo, se comienza a
aplicar en forma recurrente en las decisiones judiciales. La técnica, si bien
se utilizó originariamente en el campo de la discriminación religiosa, en el
que se exigió que el empleador demostrara que no podía adaptarse razonablemente
a las prácticas religiosas de sus empleados sin sufrir una carga indebida,
con posterioridad se extendió a otros ámbitos. USA National Archives.
Disponible en: http://www.archives.gov/education/lessons/civil-rights-act/. Finsterbusch Romero,
Christian. “La extensión de los ajustes razonables en el derecho de las
personas en situación de discapacidad de acuerdo al enfoque social de derechos
humanos”. Ius et Praxis [online]. 2016, vol. 22, n. 2
[citado  2020-08-31], pp.227-252. Disponible en:
<https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122016000200008&lng=es&nrm=iso>.
ISSN 0718-0012.  http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122016000200008
[391] “En el glosario del informe
Bouchard-Taylor de Canadá, se define como un acuerdo que se enmarca en el
ámbito jurídico a nivel jurisprudencial, que busca una relajación de la
aplicación de una norma o de un estatuto en favor de una persona o de un
grupo de personas en peligro de discriminación por uno de los motivos
previstos en la Carta”. Informe de la Comisión de Consulta sobre las
Prácticas de Ajustes Razonables relativas a las Diferencias Culturales.
Comúnmente conocida como la "Comisión Bouchard Taylor" (nombre
de sus copresidentes). En
idioma inglés, expresa: "An arrangement that falls under the legal
sphere, more specifically case law aimed at relaxing the application of a norm
or a statute in favor of an individual or a group of people threatened
with discrimination for one of the reasons specified in the Chart".
Disponible en: https://www.mce.gouv.qc.ca/publications/CCPARDC/rapport-final-integral-en.pdf, p. 289.
[392] Ibidem.
[393] Si bien, se trata de reglas no vinculantes,
han sido citadas en varias ocasiones por parte del Ministerio de Justicia y el
Derecho para la creación e implementación de políticas públicas de acceso a la
justicia de personas en situación de discapacidad, como por ejemplo: (i)
en la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos, 2014-2034,
y (ii) en el módulo sobre “el derecho a decidir” impartido a jueces y
juezas, a fin de que puedan estudiar y analizar los conceptos del estado del
arte legal en relación con al derecho a la capacidad legal de las personas con
discapacidad, en desarrollo del artículo 21 de la LEAJ (ver: http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/Documents/140815-estrategia_web.pdf y http://info.minjusticia.gov.co:8083/Portals/0/EL%20derecho%20a%20decidir.pdf ). Las 100 Reglas de Brasilia nacen en la
Cumbre Judicial Iberoamericana, tienen como preocupación central en el acceso a la justicia de las personas que se
encuentran en condición de vulnerabilidad. Recogen los esfuerzos y discusiones
de las principales redes iberoamericanas de operadores y servidores del sistema
judicial, como la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la
Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la Federación Iberoamericana
de Ombudsman y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados y
los principios de la “Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en
el Espacio Judicial Iberoamericano”, de Cancún, 2002, especialmente la
parte titulada “Una justicia que protege a los más débiles” (apartados
23 a 34).
[394] Las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la
Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad afirman que podrán
constituir causa de vulnerabilidad, entre otras, la edad, la discapacidad, la
pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la
migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de
libertad (regla 4), todo, dentro de los particulares contextos de desarrollo
económico y social de cada país.
[395] Finsterbusch Romero, Christian. Op.
cit.
[396] Sentencia C-570 de 2017.
[397] Sentencia C-570 de 2017.
[398] Entre otras, cfr., las sentencias T-285 de
2012, C-605 de 2012, T-036 de 2015
[399] Entre otros, ver: Sentencias T-285 de
2012, C-605 de 2012, T-036 de 2015
[400] Sentencia T-283 de 2013.
[401] Sentencia C-293 de 2010
[402] Sentencia T-1222 de 2004.
[403] Intervención ciudadana presentada por el
Colegio Nacional de Abogados, del 2 de julio de 2020, pág. 19.
[404] Intervención de la Universidad de Nariño,
suscrito por el profesor de la Facultad de Derecho Ómar Alfonso Cárdenas
Caycedo, escrito del 8 de julio de 2020. págs. 9. y 10
[405] Intervención allegada por el Colegio de
Abogados Litigantes, escrito del 30 de junio de 2020, pág. 52; e intervención
allegada por la Universidad de Nariño, suscrita por el profesor de la Facultad
de Derecho Ómar Alfonso Cárdenas Caycedo, escrito del 8 de julio de 2020, págs.
9. y 10
[406] Intervención de Julio Daniel Lozano
Bobadilla, escrito del 9 de julio de 2020, pág. 2 y ss.; y por la Universidad
de Nariño, suscrito por el profesor de la Facultad de Derecho Ómar Alfonso
Cárdenas Caycedo, escrito del 8 de julio de 2020, pág. 9 y 10.
[407] Intervención de Julio Daniel Lozano
Bobadilla, escrito del 9 de julio de 2020, pág. 2 y ss.
[408] Intervención de la Universidad del
Externado suscrita por Ramiro Bejarano et al, escrito del 3 de agosto de
2020, págs. 14 y 15; oficio OPC-787/20 y OPC-788/20 del 23 de junio de 2020 de
la Secretaria Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, recibido por la Secretaría de la Corte Constitucional el 1 de julio
de 2020.
[409] En la sentencia C-345 de 2019 la Corte
valoró la presunta desigualdad de trato entre demandantes y demandados en los
procesos indemnizatorios por infracción a los derechos patrimoniales de autor y
conexos, y por la comisión de las conductas descritas en la Ley 1915 de
2018, relacionadas con las medidas tecnológicas y la información para la
gestión de derechos. Consideró la Corte que, “Estos sujetos son comparables,
puesto que ambos son partes procesales”.
[410] Sentencia C-818 de 2010 y C-012 de 2002.
[411] Sentencia C-203 de 2011.
[412] En relación con este aspecto, en la sentencia
C-203 de 2011, la Sala Plena precisó que la ley en los diferentes trámites,
puede asignar a las partes, al juez y aún a terceros intervinientes imperativos
categóricos jurídicos. Según la Corte Suprema de Justicia, estos pueden ser:
deberes, obligaciones y cargas procesales; “los
primeros se hallan instituidos por los ordenamientos
rituales en interés de la comunidad, las obligaciones en pro
del acreedor y las últimas en razón del propio interés. || ‘Son deberes
procesales aquellos imperativos establecidos por la ley en orden a la
adecuada realización del proceso y que miran, unas veces al Juez (Art. 37 C. de
P. C.), otras a las partes y aun a los terceros (Art. 71 ib.), y su
incumplimiento se sanciona en forma diferente según quien sea la persona
llamada a su observancia y la clase de deber omitido (arts. 39, 72 y 73 ibídem
y Decreto 250 de 1970 y 196 de 1971). Se caracterizan porque emanan, precisamente,
de las normas procesales (…) || ‘Las obligaciones procesales son,
en cambio, aquellas prestaciones de contenido patrimonial impuestas a
las partes con ocasión del proceso, (…). || ‘Finalmente, las cargas
procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que
comportan o demandan una conducta de realización facultativa,
normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae
aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una
oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho
sustancial debatido en el proceso. || ‘Como se ve, las cargas procesales se
caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la facultad
de cumplirlas o no, sin que el Juez o persona alguna pueda compelerlo
coercitivamente a ello (…)”. (subraya fuera de texto original).
[413] En relación con este aspecto, en la sentencia
C-146 de 2015, la Corte indicó: “Estos límites están representados por la
prevalencia y el respeto de los valores y fundamentos […] tales como la
dignidad humana, la solidaridad, la prevalencia del interés general, la
justicia, la igualdad y el orden justo (Preámbulo art. 1º de la Constitución);
en la primacía de derechos fundamentales de la persona, entre ellos la igualdad,
el debido proceso, la defensa y el acceso a la administración de justicia (CP
arts. 5, 13, 29 y 229) o el postulado de la buena fe de las actuaciones de los
particulares (CP art. 83)”.
[414] Artículo 95.7 de la Constitución Política.
[415] Artículo 95.7 de la Constitución Política.
[416] Sentencia C-279 de 2013.
[417] En relación con este aspecto, cfr., la
sentencia C-345 de 2019.
[418] Cfr., entre otras, las sentencias C-467 de
2017, C-466 de 2017, C-437 de 2017, C-434 de 2017, C-409 de 2017 y C-723 de
2015.
[419] En particular, la Corte Constitucional ha
destacado que, por expreso mandato constitucional y legal, dentro de este marco
está prohibido que el Gobierno desmejore los derechos sociales de los
trabajadores mediante los decretos contemplados por el artículo 215 de la Constitución.
[420] Este juicio está previsto por el artículo
13 de la LEEE.
[421] Sentencias C-467 de 2017, C-466 de 2017,
C-227 de 2011, C-225 de 2011, C-911 de 2010, C-224 de 2009, C-145 de 2009 y
C-136 de 2009. Al respecto, la Corte ha precisado que el examen de
proporcionalidad implica constatar que las restricciones a derechos y garantías
constitucionales se impongan en el grado absolutamente necesario para lograr el
retorno a la normalidad.
[422] Al respecto, mediante la sentencia C-175
de 2020, la Corte Constitucional indicó: “La pregunta que surge es si, desde
un punto de vista constitucional, se debe prever algún recurso para
salvaguardar la validez de la medida. En esta discusión es relevante recordar
que la Corte Constitucional le ha reconocido un amplio margen de
configuración al legislador y, por consiguiente, también al legislador de
excepción, para diseñar procesos administrativos y judiciales, lo que
abarca el establecimiento de recursos” (énfasis fuera de texto).
[423] “El legislador es autónomo para
determinar la estructura de los procedimientos judiciales, lo cual incluye
la posibilidad de reducir las instituciones procedimentales, sin
quebrantar, por ese solo hecho, los derechos derivados de la garantía al debido
proceso, ya que ello hace parte del ejercicio de libertad configurativa
conferida por la Constitución”. Sentencia C-437 de 2013, énfasis fuera de
texto. Además, cfr., las sentencias C-728 de 2000, C-814 de 2009, C-127 de 2011
y C-401 de 2013.
[424] Sentencia C-241 de 2011, reiterada en la
sentencia C-543 de 2011.
[425] Sentencias C-426 de 2002 y C-086 de 2016.
[426] Ibidem.
[427] Sentencias C-163 de 1999 y C-1195 de 2001.
[428] Ibidem.
[429] Sentencia C-086 de 2016.
[430] Cfr., sentencia C-426 de 2002.
[431] Cfr., sentencia C-163 de 2019.
[432] Sentencia C-031 de 2019.
[433] Ibidem.
[434] Sentencia T-799 de 2011.
[435] Sentencia C-426 de 2002.
[436] Sentencias C-163
de 2019 y C-227 de 2009.
[437] Sentencia C-086 de 2016.
[438] Sentencia C-227 de 2009.
[439] Ibidem.
[440] Ley 270 de 1996, artículo 125.
[441] Sentencia C-426 de 2002.
[442] Sentencia T-421 de 2018.
[443] Cfr., las sentencias C-426 y C-428 de 2002
y C-1043 de 2000, citadas en la sentencia C-934 de 2013.
[444] Sentencias
C-662 de 2004, C-227 de 2009 y C-279 de 2013.
[445] En lo pertinente, la Corte Suprema de
Justicia precisó: “De los que la doctrina procesal ha dado en denominar
imperativos jurídicos, en el desarrollo de la relación jurídico-procesal se
distinguen los deberes, las obligaciones y las cargas procesales que imponen
tanto al Juez como a las partes y aun a los terceros que eventualmente
intervengan, la observancia de ciertas conductas o comportamientos de hondas
repercusiones en el proceso. De esos imperativos, los primeros se hallan
instituidos por los ordenamientos rituales en interés de la comunidad, las
obligaciones en pro del acreedor y las últimas en razón del propio interés”.
Sala de Casación Civil, auto del 17 de septiembre de 1985, M.P. Horacio Montoya
Gil. Gaceta Judicial TOMO CLXXX – No. 2419, Bogotá, Colombia, 1985, pág. 427.
[446] Sentencia C-1512 de 2000.
[447] Por ejemplo, el artículo 78 del CGP prevé
que, entre otros, son deberes de las partes y sus apoderados: “9. Abstenerse
de hacer anotaciones marginales o interlineadas, subrayados o dibujos de
cualquier clase en el expediente, so pena de incurrir en multa de un salario
mínimo legal mensual vigente (1 smlmv)”.
[448] Sentencia C-227 de 2009.
[449] Sentencia T-421 de 2018.
[450] Constitución Política, artículo 228.
[451] Sentencia
C-622 de 2004.
[452] Con base en esto, la Corte se ha
pronunciado sobre la constitucionalidad de diversas medidas procesales. Por
ejemplo, en la sentencia C-1104 de 2001, declaró exequible el artículo 19
(parcial) de la Ley 446 de 1998, que previó la perención del proceso civil,
ante la inacción de los accionantes para notificar la demanda a todos los
demandados o citados. Según la Corte, esta medida era razonable y proporcional,
porque (i) tenía como finalidad asegurar la eficiencia en la
administración de justicia, al dejar en manos de los jueces la resolución de
asuntos respecto de los cuales existía un real interés de las partes, y (ii)
no implicaba la pérdida del derecho sustancial de los demandados, quienes lo
podían hacer valer por fuera del proceso. En contraste, en la sentencia C-670
de 2004, la Corte declaró inexequible el inciso
3 del artículo 12 de la Ley 820 de 2003, que impedía alegar la ineficacia o
indebida notificación de la demanda de restitución de inmueble arrendado con
base en el deber de fijar como dirección de notificación la señalada en el
contrato de arrendamiento. Si bien, la Corte constató que la medida perseguía
un fin constitucionalmente legítimo, concluyó que el legislador pudo haber
optado por un medio igualmente eficaz, que ocasionara una menor afectación al
derecho al debido proceso.
[453] Sentencia C-086 de 2016.
[454] Sentencia C-1104 de 2001.
[455] Sentencia C-1512 de 2000.
[456] Intervenciones de María Sulay Mejía
Salazar, Universidad de la Sabana, Ómar Alfonso Cárdenas Caycedo, Iván Fernando
Zarama Concha, Sintralitigantes y la Comisión Colombiana de Juristas.
[457] Intervenciones de Sintralitigantes y la
Comisión Colombiana de Juristas.
[458] Intervención de la Comisión Colombiana de
Juristas.
[459] Intervenciones de María Sulay Mejía
Salazar e Iván Fernando Zarama Concha.
[460] De acuerdo con el Consejo Superior de la
Judicatura, los despachos judiciales que no hacen parte de la red WAN “deben
ser provistos de acceso a internet a través de servicios públicos locales por
parte de las distintas Direcciones Seccionales”.
[461] El artículo 213 del CGP prevé que el
decreto de la prueba testimonial depende de que la petición reúna los
requisitos del artículo 212 del mismo Código, dentro de los que se encuentra
“[expresar] el domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los
testigos”. En el mismo sentido, el artículo 217 del CGP hace responsable de
la comparecencia del testigo a la parte que haya pedido la prueba, mientras que
el artículo 218 permite prescindir del testimonio en eventos de inasistencia
del testigo. Por otra parte, el artículo 227 del CGP determina que el dictamen
pericial debe aportarse en la respectiva oportunidad para pedir pruebas, esto
es, la demanda o la contestación por regla general, mientras que el artículo
226 dispone que el dictamen pericial debe contener “[l]a dirección, el
número de teléfono, número de identificación y los demás datos que faciliten la
localización del perito”.
[462] En relación con los terceros, el CGP prevé diferentes
consecuencias en el evento en que la parte responsable de su vinculación al
proceso incumpla tal deber, por ejemplo, el artículo 65 dispone que el
llamamiento en garantía tiene los mismos requisitos de la demanda, mientras que
el 66 prevé que el llamamiento será ineficaz si no se logra su notificación
personal dentro de los 6 meses siguientes. Mientras que el artículo 67 del CGP
impone una sanción de hasta 30 smlmv a la parte que, siendo demandada en calidad
de tenedora de una cosa a nombre de otro, no informe tal situación al despacho
con indicación del sitio donde pueda ser notificado el poseedor.
[463] El plan estratégico del Ministerio de
Justicia y Derecho 2011-2014[463] incluye dentro de la estrategia “Tecnologías
de la información para una justicia eficiente” el acompañamiento para el
diseño y gestión de recursos para la implementación del plan de justicia
digital. Dentro de los documentos de seguimiento del año 2014 se reportó el
cumplimiento de la meta relativa al diseño del Plan de Justicia Digital. No
obstante, al indagar en los demás seguimientos del plan estratégico
institucional del Ministerio de justicia no se identificaron desarrollos o
avances posteriores en esta materia. Tomado de: https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Ministerio/Planeacion_gestion_y_control/politicas_planes_y_lineas_estrategicas/Seguimiento%20Plan%20Estrat%C3%A9gico%20Institucional%202011-2014%20-%20diciembre%202014.pdf
[464] Solo por citar algunos ejemplos, mediante
el Acuerdo 9269 del 27 de febrero del 2012, el CSJ aprobó el Plan Estratégico
Tecnológico de la Rama Judicial. El objetivo del Plan es propiciar la
modernización de la administración de justicia mediante el uso racional de las
nuevas tecnologías, para lograr un servicio eficiente y efectivo, en condiciones
de accesibilidad, celeridad y excelencia. Asimismo, el Acuerdo PSAA13-9857 del
6 de 2013 regula la implementación de una herramienta tecnológica para el
reporte de los procesos judiciales de restitución de tierras y dispone su
consulta obligatoria por parte de las autoridades judiciales. El plan
sectorial de desarrollo de la Rama Judicial 2019-2022 “Justicia moderna con
transparencia y equidad” contiene un pilar denominado “Modernización
tecnológica y transformación digital”. El objetivo de este pilar
estratégico es hacer más eficiente, moderno y trasparente el servicio de la
administración de justicia, teniendo como orientación el desarrollo del
expediente electrónico. Dentro del desarrollo de esta estrategia, el CSJ ha
adelantado pilotos del expediente judicial electrónico en búsqueda de la
apropiación de tecnologías y modernización de la gestión judicial.
[465] Consejo Superior de la Judicatura, Informe
de pruebas del 9 de julio de 2020, pág. 13.
[466] Sentencia T-421 de 2018.
[467] Sentencia C-426 de 2002.
[468] Concepto del Procurador General de la
Nación, escrito del 21 de agosto de 2020, págs. 38 y 39.
[469] Cfr., sentencia C- 540 de 1995.
[470] Sentencia C-1194 de 2008. La presunción de
buena fe es “simplemente legal y, por tanto, admite prueba en contrario”.
[471] Cfr., lo dicho en la sentencia T-001 de
1997. Además, el ordenamiento jurídico prevé sanciones de tipo penal y
disciplinario para quienes en un proceso judicial actúen de manera fraudulenta
y en contravía del principio de buena fe.
[472] En cualquier caso, las eventuales
afectaciones de derechos pueden ser saneadas conforme a las normas procesales
ordinarias. Al respecto, el numeral 4 del artículo 133 del CGP prevé la nulidad
procesal como mecanismo para sanear el proceso, en caso de que este avance con
una indebida representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como
su apoderado judicial carezca íntegramente de poder.
[473] En Colombia el proceso de obtención de
firmas electrónicas y de sus respectivos certificados puede implicar visitas in
situ, con el propósito de instalar softwares en los equipos de cómputo,
además de eventuales trámites presenciales para el pago del servicio o la
recolección de documentos requeridos para la emisión de la firma electrónica.
[474] En efecto, la emisión de la firma
electrónica y del respectivo certificado puede tardar meses.
[475] Esta medida permite contrastar la
información del mensaje de datos con la del registro mercantil para identificar
quién otorgó y si esa persona tenía capacidad para el efecto.
[476] Esta medida permite contrastar los datos
del apoderado y verificar la existencia del mandato.
[477] Inciso 1, artículo 7º, Decreto Legislativo
806 de 2020.
[478] Inciso 2, artículo 7º, Decreto Legislativo
806 de 2020.
[479] Parágrafo del artículo 7º del Decreto Legislativo
806 de 2020.
[480] Intervenciones del
Colegio de Abogados Litigantes, escrito del 30 de junio de 2020, pág. 55;
SINTRALITIGANTES, escrito del 2 de julio de 2020, pág. 19 y Colegio de Abogados
Litigantes, escrito del 8 de julio de 2020, pág. 10.
[481] Intervención de
SINTRALITIGANTES, escrito del 2 de julio de 2020, pág. 19.
[482] Intervenciones de la Universidad Externado, escrito del 3
de agosto de 2020, pág. 9; Danny Fernando Mera Bolaños, escrito del 3 de
julio de 2020, pág. 13 y de la Comisión Colombiana de Juristas, escrito del 6
de julio de 2020, pág. 11.
[483] Intervención de la Universidad Pontificia
Bolivariana, escrito del 10 de julio de 2020, págs. 29 y 30.
[484] Sentencia C-124 de 2011.
[485] Ibídem.
[486] Sentencia C-583 de 2016.
[487] La Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Civil, en sentencia del 30 de enero de 2019, radicación No.
11001-02-03-000-2018-03683-00 (M.P. Luis Alonso Rico Puerta) indicó sobre la
inmediación sensorial: “Esta decisión del Tribunal resulta reprochable y
alejada de los tiempos actuales, donde las TIC's constituyen un conjunto de
mecanismos eficaces para garantizar que el proceso civil siga siendo
primordialmente oral y con inmediación, como lo señalan los mandamientos 3 y 6
de la ley 1564 de 2012. Adviértase que la inmediación a la que se refiere la
segunda disposición, en casos como el de ahora, no tiene que ser física
(mediante la presencia del apoderado en la vista procesal), sino sensorial, es
decir, mediante un sistema que le permita al fallador valorar los argumentos
del apelante luego de haberlos escuchado de viva voz, lo que, por supuesto,
puede lograrse, entre otros mecanismos, mediante una llamada telefónica”.
[488] Corte Suprema de Justicia – Sala Penal, Sentencia del 30 de enero de 2008, Rad. No.
27.192.
[489] Sentencia C-371 de 2011.
[490] El artículo 6 del CGP
dispone: “Inmediación. El juez deberá practicar personalmente todas las
pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan. Solo podrá
comisionar para la realización de actos procesales cuando expresamente este
código se lo autorice. || Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido respecto
de las pruebas extraprocesales, las pruebas trasladadas y demás excepciones
previstas en la ley”, énfasis fuera de texto.
[491] Sentencia C-830 de 2016.
[492] El parágrafo 1 del
artículo 107 del CGP dispone: “Audiencias y diligencias. Las audiencias
y diligencias se sujetarán a las siguientes reglas: [..] Parágrafo primero. Las
partes y demás intervinientes podrán participar en la audiencia a través de
videoconferencia, teleconferencia o por cualquier otro medio técnico, siempre
que por causa justificada el juez lo autorice”, énfasis fuera de texto.
[493] Arts. 42, 43 y 44 del CGP.
[494] Parágrafo 1 del art. 107 del CGP.
[495] Intervención de la
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, del
10 de julio de 2020, págs. 31 y 32 y de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia, del 7 de julio de 2020, págs. 5.
[496] Sentencia C-107 de 2004, reiterada en la
sentencia C-583 de 2016.
[497] Ibidem
[498] En la sentencia C-583 de 2016, la Corte
concluyó que la restricción del tiempo concedido a las partes para presentar
alegatos de conclusión en el proceso laboral no vulneraba el derecho al debido
proceso y, además, era razonable para lograr el tránsito a la oralidad en este
tipo de procesos.
[499] Sentencia C-651 de 2011.
[500] Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, providencia del 20 de marzo de 2018, Exp. 58296.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, providencia del 30 de agosto
de 2018, Exp. 58225.
[501] El art. 13º del Decreto Legislativo 806 de
2020 dispone: “Sentencia anticipada en lo contencioso administrativo. El
juzgador deberá dictar sentencia anticipada: […] 3. En la segunda etapa
del proceso prevista en el artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, cuando
se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción; la conciliación, la
caducidad, la prescripción extintiva y la falta de legitimación en la causa. La
sentencia se dictará oralmente en audiencia o se proferirá por escrito. En
este caso no se correrá traslado para alegar”, énfasis fuera de texto.
[502] Art. 180 del CPACA, subrogado
transitoriamente por el art. 12 del Decreto Legislativo 806 de 2020.
[503] Tal como se indicó supra, la Corte
ha aplicado juicios de intensidad leve para juzgar disposiciones similares a
las que aquí ocupan la atención de la Sala, en cuanto ampliaban o restringían
el alcance de las audiencias en ciertos procedimientos. Al respecto, cfr., las
sentencias C-493 de 2016, C-583 de 2016, C-673
de 2020, C-034 de 2014 y C-086 de 2016.
[504] Intervenciones de: Gabriel Vicente López
Pinilla; SINTRALITIGANTES; Academia Colombiana de Jurisprudencia; Omar Alfonso
Cárdenas Caicedo; Corporación “Lo social” y la Senadora Angélica Lozano Correa.
[505] Intervención de Gabriel Vicente López Pinilla, del 29
de junio de 2020, pág. 13.
[506] Intervención de Corporación
“Lo social”, del 5 de agosto de 2020, pág. 13.
[507] Art. 4 de la LEAJ.
[508] El inciso 2 del artículo 4 de la LEAJ
dispone: “Las actuaciones que se realicen en
los procesos judiciales deberán ser orales con las excepciones que establezca
la ley. Esta adoptará nuevos estatutos procesales con diligencias orales y por
audiencias, en procura de la unificación de los procedimientos judiciales, y
tendrá en cuenta los nuevos avances tecnológicos”.
[509] En la sentencia C-713 de 2008 la Corte
Constitucional señaló que “el principio de la oralidad previsto en el
artículo 1º del proyecto, no constituye un referente
o parámetro de control constitucional, toda vez que la Ley Estatutaria
de Administración de Justicia –al menos en este aspecto- no hace parte del
bloque de constitucionalidad según lo ha señalado la jurisprudencia de esta
Corporación”.
[510] Sentencia C -583 de 2016
[511] Intervención de Gabriel Vicente López
Pinilla, del 29 de junio de 2020, pág. 13.
[512] Ver, entre otras las sentencias C-136 de
2016, C-341 de 2014 y C-012 de 2013.
[513] Sentencia C-641 de 2002.
[514] Sentencia C-136 de 2016.
[515] Ejemplo de ello son los procedimientos
administrativos, lo cuales, al depender del funcionamiento de la administración
como servicio al interés general, deben desarrollarse con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad. Cfr., al respecto las disposiciones que en la materia introdujo
el CPACA y lo señalado en la sentencia C-136 de 2016.
[516] En relación con esta caracterización, la
Sala precisó en la sentencia C-341 de 2014, lo siguiente: “Frente a
la exigencia de dichas garantías, esta Corporación ha señalado que esta es más
rigurosa en determinados campos del derecho, como en materia penal, en la cual
la actuación puede llegar a comprometer la libertad personal, en tanto que en
materia administrativa, su aplicación es más flexible, dada la naturaleza del
proceso que no necesariamente compromete derechos fundamentales. || En este
sentido, el cumplimiento de las garantías del debido proceso consagradas en la
Constitución, tiene diversos matices según el derecho de que se
trate ‘dado que no todo derecho es de orden penal, sino que es posible
encontrar ‘reglas y procedimientos’ de otros órdenes como el civil, el
administrativo, el policivo, el correccional, el disciplinario o el económico,
entre otros, que no son comparables o asimilables directamente al ordenamiento
penal y que comportan decisiones y sanciones de diversa categoría, matices que
deberán ser contemplados en la regulación de sus propias reglas”.
[517] El principio de publicidad, estipulado en los
artículos 29 de la Constitución Política, ha sido reconocido por la
jurisprudencia constitucional como garantía cardinal del derecho al debido
proceso. Este principio se compone, a su vez, de dos dimensiones: la primera,
relativa a la publicidad que debe existir entre las partes procesales, y la
segunda, referente a la publicidad hacia la comunidad, como forma de asegurar
la transparencia y rectitud de la administración de justicia en cada proceso o
procedimiento. La primera dimensión se concreta con el régimen de las
notificaciones procesales: los medios de publicidad que se surten al interior
de un proceso, a fin de informar a las partes de las diferentes actuaciones. El
principio de publicidad se satisface, entonces, entre otras, mediante el acto
de “noticiar”, “hacer saber o dar a conocer” a las partes,
intervinientes o eventuales interesados, acerca del inicio o finalización de un
trámite, sus fases, y el contenido de una decisión o acto procesal que
involucre sus intereses. En
este sentido, ha precisado la jurisprudencia constitucional que: “La falta
probada de notificación, en especial la de aquellos actos o providencias que
tocan con derechos de quienes participan en el proceso o actuación, repercute
necesariamente en las posibilidades de defensa de tales personas y perturba en
alto grado el curso normal de los procedimientos, dando lugar por ello, en
algunos casos, a la nulidad de lo actuado, y en otros a la ineficacia o
carencia de efectos jurídicos de los actos que han debido ser materia de la
notificación. Todo depende de las normas legales aplicables, según la clase de
trámite”. Sentencia C-136 de 2016.na
[518] De este derecho hacen parte, el derecho al
tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos
a la asistencia de un abogado, cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley
procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que
intervienen en el proceso. Sentencia C-341 de 2014.
[519] Esto, conforme al artículo 29 y los
numerales 1 y 2 del artículo 150 de la Constitución.
[520] Sentencia C-136 de 2016.
[521] Sentencias C-136 de 2016 y C-341 de 2014.
[522] En la
sentencia C-925 de 1999, la Corte indicó que, para materializar le el de
seguridad jurídica y debido proceso, era necesario que los sujetos e
interesados se enteraran de la existencia de procesos mediante la notificación
personal del auto admisorio y de la providencia respectiva: “sólo en cuanto
no sea posible cumplir con la diligencia de la notificación personal, es
pertinente recurrir a los demás actos supletivos de comunicación: al edicto
emplazatorio, cuando el interesado en informar la decisión manifieste
desconocer el lugar de habitación o de trabajo de quien debe ser notificado
personalmente (C.P.C. art. 318); o al aviso, en los casos en que este último no
es hallado en la dirección indicada en la demanda o se impida la práctica de la
diligencia de notificación personal (C.P.C. art. 320)”. Ver, en un sentido
análogo, la sentencia C-012 de 2013.
[523] En la sentencia C-1114 de 2003 la Corte
revisó la constitucionalidad de una disposición que autorizaba la comunicación
vía del correo electrónico en materia tributaria. Concluyó que la legislación
podía establecer diversas formas de comunicación, entre estas aquellas de las
TIC; en todo caso, advirtió: “tal incorporación debe realizarse sin
desconocer la teleología que anima a aquellas (las notificaciones) como actos
de comunicación procesal y que no es otra que permitirles a los interesados el
conocimiento de las decisiones de la administración con miras al ejercicio de
su derecho de defensa”. Asimismo, en la sentencia C-980 de 2010, con motivo
del examen de constitucionalidad del artículo 22 (parcial) de la Ley 1383 de
2010, que modificó el Código de Tránsito, la Corte declaró su exequibilidad, al
considerar que el Legislador podía diseñar métodos de comunicación que
fuesen compatibles con los progresos tecnológicos.
[524] Cfr., en este sentido, las sentencias C-980 de 2010 y C-012 de 2013.
[525] Sentencia
C-783 de 2004.
[526] La disposición menciona entre otras, las
pruebas extraprocesales o procesales, sea el proceso declarativo, declarativo
especial, monitorio, ejecutivo o cualquier otro.
[527] Intervenciones allegadas por César Augusto
Luque Fandiño, escrito del 4 de agosto de 2020, págs. 18-20; Ómar Alfonso
Cárdenas Caycedo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Nariño, escrito del 8 de julio de 2020, pág. 11 y Miguel Enrique Rojas Gómez,
Director de la Escuela de Actualización Jurídica –ESAJU–, escrito del 11 de
julio de 2020, págs. 4-6.
[528] Intervenciones allegadas por: el Colegio
de Abogados Litigantes, escrito del 30 de junio de 2020, págs. 54-59 y la
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, suscrito por el Coordinador del
área de Derecho Procesal, Luis Felipe Vivares Porras, escrito del 10 de julio
de 2020, págs. 2, 11, 12 y 29.
[529] Intervenciones allegadas por el Colegio de
Abogados Litigantes escrito del 30 de junio de 2020, págs. 54-59 y por Ómar
Alfonso Cárdenas Caycedo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Nariño, escrito del 8 de julio de 2020, pág. 11.
[530] Intervenciones allegadas por el Colegio de
Abogados Litigantes escrito del 30 de junio de 2020, págs. 54-59; Camilo
Sánchez Ortega, en representación de ANDESCO, escrito del 15 de julio de 2020,
págs. 1-3 y José Camilo Manzur Jattin, Director Ejecutivo de ASOCODIS, escrito del
17 de julio de 2020, págs. 3-6.
[531] Intervenciones presentadas por Nury
Alejandra Rodríguez Bello y José Miguel Rueda Vásquez de la Universidad de la
Sabana, escrito del 30 de junio de 2020, pág. 6; y la Universidad Pontificia
Bolivariana de Medellín, suscrito por el Coordinador del área de Derecho
Procesal, Luis Felipe Vivares Porras, escrito del 10 de julio de 2020, págs. 2
y 29.
[532] Intervención presentada por Miguel Enrique
Rojas Gómez, Director de la Escuela de Actualización Jurídica –ESAJU–, escrito
del 11 de julio de 2020, págs. 4-6.
[533] Intervención del el Centro de Estudios de
Derecho Procesal (CEDEP), escrito del 4 de agosto de 2020, pág. 20.
[534] Intervención de la Universidad Sergio
Arboleda, escrito del 22 de julio de 2020, págs. 11-12.
[535] Intervención de la Universidad externado
de Colombia, escrito del 3 de agosto de 2020, págs. 16-19.
[536] Oficios OPC-787/20 y OPC-788/20 del 23 de
junio de 2020 – presentados por la Secretaria Jurídica del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, recibidos por la Secretaría
de la Corte Constitucional el 1 de julio de 2020.
[537] A juicio del Ministerio, dado que no todas
las personas tienen acceso a internet, la medida le da un plazo al usuario para
revisar su canal digital, ya sea en sus aparatos electrónicos o en las sedes
judiciales de los municipios o personerías Según lo prescribe el parágrafo 2°
del artículo 2° del Decreto 806 de 2020.
[538] Según el informe del Ministerio de
Justicia y del Derecho, el Decreto Legislativo prevé medidas para garantizar la
identidad de los sujetos procesales y la autoría e integridad de los
documentos, con el fin de garantizar el derecho de defensa y debido proceso de
las partes, e impedir actos de defraudación. Así, el artículo 8° dispone que,
para efectuar la notificación personal, el interesado afirmará bajo la gravedad
del juramento que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al
utilizado por la persona a notificar e informará la forma como obtuvo la
información y allegará las evidencias correspondientes. El parágrafo 2 de la
misma disposición también habilita a la autoridad para verificar la dirección
de correo electrónica aportada por el interesado en que se efectúe la
notificación. Informe del Ministerio de Justicia y del Derecho en respuesta al
numeral 3.1 del auto del 19 de junio de 2020. Oficio OPC-788/20, expediente
RE-333, de 30 de junio de 2020.
[539] Ibidem.
[540] En la
sentencia C-925 de 1999, se precisó que, para materializar el principio de
seguridad jurídica y debido proceso, es necesario que los sujetos interesados
se enteren de la existencia de los procesos mediante la notificación personal
del auto admisorio y la providencia. En igual sentido, cfr., la sentencia C-012
de 2013.
[541] Al respecto, en la sentencia C-016 de 2013 se precisó: “La consagración de formas
electrónicas de notificación por aviso electrónico, en materia tributaria,
aduanera y cambiaria, como mecanismo subsidiario para suplir trámites de
notificación infructuosos, no resulta violatoria del debido proceso, ni,
puntualmente, del derecho de defensa. En materia de notificaciones por correo,
resulta constitucionalmente admisible la inserción del aviso en la página
electrónica de la DIAN, cuando el correo sea devuelto; pero ello no releva a la
Administración de las consecuencias, cuando la devolución del correo acontezca
por razones imputables a la entidad estatal. En consecuencia, los artículos 59,
60, 61 y 62 del Decreto Ley 019 de 2012 se encuentran ajustados al Art. 29 de
la Constitución Política”.
[542] Artículo 23 de la Ley 1563 de 2012.
[543] Artículo 199 del CPACA.
[544] Artículos 58,
59, 61 y 62 del Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública”.
[545] Sentencia C-012 de 2013.
[546] La tendencia identificada por la
jurisprudencia constitucional es que el legislador “ha reconocido al juez
ordinario un mayor rol dentro del proceso judicial, sin que tales facultades
representen, por sí mismas, una visión autoritaria del sistema procesal
colombiano”. Al respecto, tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema
de Justicia han sostenido el carácter mixto de algunos procedimientos, lo que
supone que “los jueces de la República ‘son los primeros llamados a ejercer
una función directiva en la conducción de los procesos a su cargo, para lo cual
el Legislador les ha otorgado la potestad de asegurar, por todos los medios
legítimos a su alcance, que las diferentes actuaciones se lleven a cabo”. Cfr.,
la sentencias T-074 de 2018 y C-086 de 2016. En esta última providencia, la
Corte Constitucional analizó el problema jurídico relativo a si: ¿vulnera el
derecho la tutela judicial efectiva la facultad concedida al juez para distribuir la carga de la prueba entre las partes de
acuerdo con las condiciones particulares de cada uno?
[547] Al analizar los niveles válidos de
intromisión en la intimidad, según la naturaleza del dato, la Corte ha valorado
que la clasificación de la información se da “en función de su publicidad y
la posibilidad legal de obtener acceso a la misma”. Así, ha encontrado
cuatro categorías, a saber: (i) la información pública, que se refiere a
aquella que puede ser obtenida y ofrecida sin reserva alguna y sin importar si
la misma sea información general, privada o personal; “Por vía de
ejemplo, pueden contarse los actos normativos de carácter general, los
documentos públicos en los términos del artículo 74 de la Constitución, y las
providencias judiciales debidamente ejecutoriadas; igualmente serán públicos,
los datos sobre el estado civil de las personas o sobre la conformación de la
familia. Información que puede solicitarse por cualquier persona de manera
directa y sin el deber de satisfacer requisito alguno”. (ii) La
información semi-privada, “que versa sobre información personal o
impersonal, no está comprendida por la regla general anterior, y presenta para
su acceso y conocimiento un grado mínimo de limitación”. Ejemplos de este
tipo de información son los datos relativos a las relaciones con las entidades
de la seguridad social o de los datos relativos al comportamiento financiero de
las personas. (iii) La información privada, que versa sobre información
personal, que solo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad judicial
en el cumplimiento de sus funciones. Ejemplo de esta última categoría son los
libros de los comerciantes, las historias clínicas o la información extraída a
partir de la inspección del domicilio. (iv) Finalmente, la información
reservada, que es personal y está estrechamente relacionada con los derechos
fundamentales del titular -dignidad, intimidad y libertad-, la cual no puede
siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en cumplimiento de sus
funciones. Sentencia C-640 de 2010; cfr., igualmente la sentencia T-091
de 2020.
[548] La tipología, primero, contribuye a la
delimitación entre la información que se puede publicar en desarrollo del
derecho constitucional a la información, y aquella que constitucionalmente está
prohibido publicar como consecuencia de los derechos a la intimidad y al habeas
data; segundo, porque contribuye a la delimitación e identificación tanto de
las personas como de las autoridades que se encuentran legitimadas para acceder
o utilizar dicha información. Cfr., al respecto, las sentencias T-161 de 2011,
C-640 de 2010 y T-729 de 2002.
[549] Sentencia C-274 de 2013.
[550] Consejo Superior de la Judicatura. Oficio
OPC-915/20 del 9 de julio de 2020.
[551] Consejo de Estado, Sala de Consulta y
Servicio Civil, concepto del 4 de abril de 2017, rad.
11001-03-06-000-2016-00210-00(2316).
[552] Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil y Agraria, sentencia de 11 de octubre de 2019, Rad.
0500022130002019-00115-01, STC13993-2019.
[553] Sentencias T-225 1993, C-096 de 2001,
C-1114 de 2003 y Auto 132 de 2007.
[554] Intervención de la Secretaría Jurídica de
la Presidencia, escrito del 1 de julio de 2020, pág. 84.
[555] Intervenciones allegadas por el Consejo de
Estado, Colegio Nacional de Abogados de Colombia – Conalbos, Santander,
Colombia al Derecho, Colegio de Abogados Litigantes - Colobol on Line, Sindicato
Gremial de Abogados Litigantes de Colombia - Sintralitigantes de Colombia, la Universidad de Antioquia, la Universidad
Pontificia Bolivariana de Medellín y el Centro de Estudios de Derecho Procesal
(CEDEP).
[556] Intervención alterna presentada por la
Universidad de Nariño, escrito del 8 de julio de 2020, pág. 25.
[557] Intervención allegada por la Presidencia
del Consejo de Estado, escrito del 30 de julio de 2020, págs. 10-12.
[558] Intervención de la Universidad del
Externado, escrito del 3 de agosto de 2020, págs. 20-22.
[559] Intervención de la Universidad de Nariño,
escrito del 8 de julio de 2020, pág. 14 e intervención del Instituto Colombiano
de Derecho Procesal –ICDP–, escrito del 4 de agosto de 2020, pág.14.
[560] Intervención de la Universidad del
Externado, escrito del 3 de agosto de 2020, págs. 20-22.
[561] La Corte Constitucional ha reconocido la
constitucionalidad de varias medidas y diseños procesales, en tanto buscaban la
satisfacción de los principios de economía y celeridad procesal. Cfr., al
respecto, la entencia C-512 de 2013.
[562] La jurisprudencia constitucional ha
precisado que, “el entendimiento de la persona y de la sociedad en clave del
Estado Social de Derecho debe girar en torno de su dignidad humana y no
principalmente en torno de su libertad. Es decir, se pone la libertad al
servicio de la dignidad humana como fin supremo de la persona y de la sociedad.
En ese contexto, la salud adquiere una connotación fundamental como derecho
esencial para garantizar a las personas una vida digna y de calidad que permita
su pleno desarrollo en la sociedad”. Énfasis fuera de texto. Sentencia
T-171 de 2018.
[563] La Corte consideró razonables las medidas
objeto de valoración en la sentencia C-341 de 2014 al estar encaminadas a
satisfacer el principio de publicidad en materia de notificaciones. Además,
indicó que “el principio de publicidad, visto como instrumento para la
realización del debido proceso, implica la exigencia de proferir decisiones
debidamente motivadas en los aspectos de hecho y de derecho, y el deber de ponerlas
en conocimiento de los distintos sujetos procesales con interés jurídico en
actuar, a través de los mecanismos de comunicación instituidos en la ley, con
el fin de que puedan ejercer sus derechos a la defensa y contradicción”.
[564] Art. 108 CGP.
[565] Sentencia T-1012 de 1999.
[566] Ibid.
[567] Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Civil. Sentencia del 19 de julio de 1989 (expediente n.º 354219).
[568]Ibid.
[569] Sentencia C-1038 de 2003
[570] Art. 133.8 CGP. Ver también la sentencia
T-065 de 2008.
[571] Tomado de https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-36359.html
[572] Oficios OPC-787/20 y OPC-788/20 del 23 de
junio de 2020 de la Secretaria Jurídica del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República.
[573] Ibid.
[574] Estudio General de Medios, 2019.
Asomedios. Ver https://www.larepublica.co/empresas/asi-le-fue-a-audiencias-de-los-medios-de-comunicacion-en-la-ultima-decada-2942547
[575] Acuerdo No. PSAA14-10118 del 4 de marzo
2014 del Consejo Superior de la Judicatura.
[576] Intervención de la Universidad Externado
de Colombia suscrita por los docentes Ramiro Bejarano, Néstor Iván Osuna Patiño
y Henry Sanabria Santos, escrito del 3 de agosto de 2020, pág. 14.
[577] “Según
la información recolectada sobre el número de emplazamientos realizados en los
Juzgados Civiles Municipales de Bogotá. en total, y en el último año en
proporción con las notificaciones personales de los emplazados: De los 848
emplazamientos que se realizaron durante el último año (2016-2017), solamente
16 lograron la notificación personal del emplazado. (Ver gráfico 1). Esto
significa que solamente el 1,89% de los emplazamientos adelantados en los
Juzgados Civiles Municipales de Bogotá lograron informar a las personas sobre
procesos en los que se discuten sus derechos”. Villamizar Bermúdez, Laura Isabel. El
emplazamiento en el proceso civil: su uso en los juzgados civiles municipales
de Bogotá y análisis crítico sobre su finalidad ponderadora de derechos.
Tesis de grado. Uniandes, 2017.
[578] Sentencia C-140 de 1995.
[579] Sentencias C-467 de 2017, C-466 de 2017,
C-434 de 2017, C-409 de 2017, C-241 de 2011, C-227 de 2011 y C-224 de 2011.
[580] Sentencia C-466 de 2017. Asimismo, ver las
sentencias C-723 de 2015 y C-742 de 2015.
[581] Sentencias C-517 de 2017, C-468 de 2017,
C-467 de 2017, C-466 de 2017, C-409 de 2017, C-751 de 2015, C-723 de 2015 y
C-700 de 2015, entre otras.
[582] La Corte ha sostenido que de conformidad
con el derecho internacional de los derechos humanos, se consideran derechos
intangibles el derecho a la vida y a la integridad personal; el derecho a no
ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes; el derecho al reconocimiento de la personalidad
jurídica; la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres
humanos; la prohibición de las penas de destierro, prisión perpetua y
confiscación; la libertad de conciencia; la libertad de religión; el principio
de legalidad, de favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal; el
derecho a elegir y ser elegido; el derecho a contraer matrimonio y a la
protección de la familia; los derechos del niño a la protección por parte de su
familia, de la sociedad y del Estado; el derecho a no ser condenado a prisión
por deudas; y el derecho al habeas corpus. Son igualmente intangibles
los mecanismos judiciales indispensables para la protección de esos derechos.
[583] Sentencia C-149 de 2003. Asimismo, ver las
sentencias C-467 de 2017, C-241 de 2011 y C-224 de 2009. En este sentido, el
Instituto Colombiano de Derecho Tributario manifestó que: “no encuentra que
el mismo haya desconocido una expresa prohibición constitucional. Al respecto,
el Instituto resalta que, si bien la Constitución prohíbe que en Estados de
Emergencia se establezcan medidas que desmejoren los derechos de los
trabajadores, el establecimiento de tributos, per se, no es una medida que
tenga vocación de violar dicha prohibición constitucional”, pág. 12.
[584] A saber: “el derecho a la vida y a la
integridad personal; el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a
torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho al
reconocimiento de la personalidad jurídica; la prohibición de la esclavitud, la
servidumbre y la trata de seres humanos; la prohibición de las penas de
destierro, prisión perpetua y confiscación; la libertad de conciencia; la
libertad de religión; los principios de legalidad, de favorabilidad y de
irretroactividad de la ley penal; los derechos a elegir y ser elegido; los
derechos a contraer matrimonio y a la protección de la familia; los derechos
del niño a la protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado;
el derecho a no ser condenado a prisión por deudas y el derecho al habeas
corpus”. Al respecto, la Defensoría del Pueblo concluyó que “el Decreto
568 de 2020 no implica la modificación o suspensión de norma alguna, sino que
responde a la necesidad de expedir normas nuevas dirigidas a “conjurar los
efectos de la crisis” y “aliviar las obligaciones de diferente naturaleza, como
tributarias, financieras, entre otras, que puedan verse afectadas en su
cumplimiento de manera directa por efectos de la crisis” consignada en el
Decreto 417 de 2020, mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia Social,
Económica y Ecológica”, pág. 17.
[585] M.P.
Richard S. Ramírez Grisales. SPV. Alberto Rojas Ríos.
AV. Diana Fajardo Rivera.
[586] Artículo 11. Comunicaciones, oficios y
despachos.
[587] Artículo 12. Resolución de excepciones en
la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
[588] Artículo 13. Sentencia anticipada en lo
contencioso administrativo.
[589] Artículo 14. Apelación de sentencias en
materia civil y familia.
[590] Artículo 15. Apelación en materia laboral.
[591] En la Sentencia C-345 de 2019 (M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado) se recogieron los diferentes criterios que componen cada
uno de los niveles del test de proporcionalidad. En el test débil se constata si
(i) la medida persigue una finalidad que no está constitucionalmente prohibida y
(ii) es idónea o adecuada. En el test intermedio se valora si (i) la medida persigue
una finalidad constitucionalmente importante, (ii) el medio para lograrlo es efectivamente
conducente y (iii) la medida no es evidentemente desproporcionada. En el test
estricto se verifica si (i) la medida persigue una finalidad
constitucionalmente imperiosa; (ii) además de ser efectivamente conducente para
alcanzar la finalidad propuesta, resulta necesaria, esto es, si no puede ser
reemplazada por otras menos lesivos para los derechos de los sujetos pasivos de
la norma y (iii) es proporcional en sentido estricto, en el sentido de que los
beneficios de adoptar la medida exceden claramente las restricciones impuestas
sobre otros principios y valores constitucionales.
[592] La sentencia indica que el artículo 95 de
la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia dispone que “[e]l
Consejo Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología
de avanzada al servicio de la administración de justicia” para lo cual
deberá implementar el Plan de Justicia Digital. Esta misma norma indica “[l]os
documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su soporte,
gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede
garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos
exigidos por las leyes procesales.”
[593] MM.PP. Luis Guillermo Guerrero Pérez y
Cristina Pardo Schlesinger. En esta sentencia se analizó la constitucionalidad
del Decreto Legislativo 491 de 2020, “por el cual se adoptan medidas de
urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte
de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y
se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación
de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica”.