T-364-09
SENTENCIA T- 364/09
SENTENCIA T-364/09
(Bogotá DC, mayo 22)
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES- Reiteración de jurisprudencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales especiales de procedibilidad
DEFECTO SUSTANTIVO EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LOS JUECES
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS EN MATERIA DISCIPLINARIA-Caso de Magistrado de Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura que fue sancionado/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS EN
MATERIA DISCIPLINARIA-Caso de suspensión de un mes en el ejercicio del
cargo de Magistrado por reasumir funciones en ejercicio de su competencia
después de haberle sido aceptado impedimento
No se
configura ninguna de las causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales arriba mencionadas. Encuentra la Sala que
en el caso que ocupa su atención, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, acusada, al dictar las providencias del 19
de septiembre y 12 de octubre de 2007, no vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, la defensa, la igualdad ni el trabajo del demandante,  en
cuanto se trató de una decisión judicial que se dictó dentro de un proceso
donde el accionante pudo ejercer su defensa y se fundó en una lectura del
ordenamiento legal aplicable al caso, ajena a cualquier arbitrariedad o
capricho, que se encuentra dentro del margen de interpretación que en los
asuntos de su competencia corresponde a esa entidad.
CAUSAL DE IMPEDIMENTO PREVISTA EN ARTICULO 110 DEL CODIGO DE
PROCEDIMIENTO PENAL-Desconocimiento en proceso
adelantado por Consejo Seccional de la Judicatura/ DESAPARICION DE LA CAUSAL
DE IMPEDIMENTO
Referencia: Expediente T-2.139.757
Accionante: José Erasmo Guarnizo Nieto
Accionado: Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Tema:
Derechos fundamentales vulnerados:
derecho al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y al trabajo.
Hechos vulnerantes: las sentencias proferidas dentro del proceso disciplinario el 19 de
septiembre y el 12 de diciembre de 2007 por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por medio de la cual el
accionante fue sancionado con suspensión de un mes en el ejercicio del cargo,
por reasumir sus funciones, en asuntos de su competencia, después de haberle
sido aceptado un impedimento y posteriormente haberse desestimado la existencia
del mismo, en cuanto se lo sancionó por una falta que no está contemplada como
tal en el ordenamiento jurídico, y le fue negada la reposición de esta
decisión.
Pretensión: se
declare que la Sala accionada al proferir el fallo atacado incurrió en vía de
hecho, razón por la cual debe decretarse la nulidad de ambas sentencias y, en
consecuencia ordenar al Consejo Superior de la Judicatura el pago de los
emolumentos dejados de percibir por el accionante durante el término de su
suspensión.
Fallo objeto de revisión: sentencia de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, del 1
de Octubre 2008[1],
que revoca la sentencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura del Tolima, del 28 de mayo de 2008[2].
Magistrados de la Sala Quinta de Revisión: Mauricio González Cuervo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Nilson
Pinilla Pinilla.
Magistrado Ponente: Mauricio González
Cuervo.
I.
ANTECEDENTES.
1. Demanda y pretensión[3].
1.1. Derechos
fundamentales invocados: derecho al debido
proceso, a la defensa, a la igualdad y al trabajo.
1.2. Vulneración alegada:
las sentencias proferidas dentro del proceso
disciplinario el 19 de septiembre y el 12 de diciembre de 2007 por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por medio
de las cuales el accionante fue sancionado con suspensión de un mes en el
ejercicio del cargo, por reasumir sus funciones, en asuntos de su competencia,
después de haberle sido aceptado un impedimento y posteriormente haberse
desestimado la existencia del mismo, en cuanto se lo sancionó por una falta que
no está contemplada como tal en el ordenamiento jurídico, y le fue
negada la reposición de esta decisión.
1.3.
Pretensión del accionante: se declare que la
Sala accionada al proferir el fallo atacado incurrió en vía de hecho, razón por
la cual debe decretarse la nulidad de ambas sentencias y, en consecuencia
ordenar al Consejo Superior de la Judicatura el pago de los emolumentos dejados
de percibir por el accionante durante el término de su suspensión.
1.4. Fundamento de la pretensión.
El señor José Erasmo
Guarnizo Nieto, por intermedio de apoderado, interpone acción de tutela[4]
en contra de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa, a la igualdad y al trabajo, como consecuencia de los
fallos que la accionada profirió dentro del proceso disciplinario[5]
adelantado en contra del actor, que lo sancionó con suspensión de un mes en el
ejercicio del cargo[6]; y le negó la reposición
de esta decisión[7].
Sostiene el
representante de la parte actora, que en las sentencias atacadas se presenta
una vía de hecho por defecto material o sustancial[8]
por: (i) el desconocimiento del excluyente de responsabilidad según el cual su
representado obró en estricto cumplimiento de una orden legítima emitida por
autoridad competente; (ii) violación del principio de autonomía funcional de
los jueces; (iv) se sancionó al actor sobre una norma inexistente pues el
reasumir funciones no está tipificado como falta disciplinaria.
En cuanto a que
hubo desconocimiento del excluyente de responsabilidad, manifiesta el actor que
se obró en estricto cumplimiento de una orden legítima emitida por autoridad
competente, toda vez que al realizar una síntesis en retrospectiva, inicialmente
el doctor Guarnizo se declaró impedido con base en la causal 5° del artículo 99
del Código de Procedimiento Penal, impedimento que fue aceptado por los
conjueces, quienes presentaron renuncia a su cargo pero con posterioridad
decidieron seguir ejerciendo su función. Una vez reasumieron el cargo
analizaron la causal de impedimento del demandante y cambiaron su criterio
inicial estableciendo la desaparición de los motivos que lo separaban del
conocimiento de los asuntos, se dispuso el retorno de las actuaciones al
despacho del demandante a efecto que las reasumiera, y ante eso el actor
decidió continuar con el estudio de dichos asuntos.
En este orden de ideas, considera que, el funcionario
sancionado cumplió con su deber al manifestarse impedido y, toda vez que lo
dispuesto por el cuerpo de conjueces tiene igual valor que las decisiones de
los jueces, su obrar estuvo ajustado a derecho. Adicionalmente se violó el
principio de autonomía funcional de los jueces, por cuanto el Dr Guarnizo, ya
liberado del impedimento por la decisión de la Sala de Conjueces -no por su
propia decisión- interpretó la normatividad aplicable al caso, y falló según su
criterio, que no fue precisamente favorable al abogado del que se había
predicado su amistad intima, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 734 de
2002 artículo 28 numeral 3°[9], no podía haberse
sancionado al doctor Guarnizo Nieto.
Agrega que, no
configura tipo disciplinario alguno el hecho de reasumir funciones en asuntos
de su competencia, por lo cual se configura vía de hecho al sancionar sobre una
norma inexistente, lo que contraviene flagrantemente el artículo 29 de la
Constitución Nacional, según el cual nadie puede ser condenado sino en virtud
de normas preexistentes al acto que se le imputa.
De igual manera
destaca con relación a la vulneración del derecho a la igualdad de su
poderdante, que esta se evidencia frente al caso del doctor Rodrigo Jabba
Navarro[10]; Magistrado del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el cual se calificó la falta
como leve y en consecuencia la sanción fue de amonestación, mientras que en el
proceso contra el actor se sancionó con un mes de suspensión en el ejercicio
del cargo.
Para concluir, manifiesta
que, hubo vulneración del derecho al trabajo, toda vez que el Magistrado quedó
desvinculado de su despacho de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura por el término de un mes.
Con base en lo
anterior solicita se tutelen sus derechos al debido proceso, a la igualdad y al
trabajo, se decrete la nulidad de las sentencias proferidas por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de 19 de
septiembre y 12 de diciembre de 2007, por haber incurrido en vía de hecho y, en
consecuencia, se ordene al Consejo Superior de la Judicatura el pago inmediato
de los emolumentos dejados de percibir por el doctor Guarnizo Nieto durante el
término de su suspensión.[11]
2. Respuesta
del accionado.
La Magistrada
(E) de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, doctora Martha Patricia Zea Ramos solicitó negar las pretensiones
del accionante, con base en los siguientes argumentos:
Sostiene que, el
actor no precisa el evento en el cual se configuró la vía de hecho alegada,
sino que se retoman discusiones que ya han sido agotadas al interior del
respectivo proceso disciplinario, tales como la autonomía judicial, ilicitud
sustancial y cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente,
aspectos respecto de los cuales se refiere a la argumentación expuesta por el
juez disciplinario en las providencias del 19 de septiembre y el 12 de
diciembre de 2007.
Frente al
argumento del demandante respecto de la atipicidad de la conducta, por
considerar que la falta por la que el actor fue sancionado no existe en el
ordenamiento jurídico, destaca que el llamado disciplinario que se le hizo al
Magistrado Guarnizo, encuentra su asidero jurídico en el numeral 1° del
artículo 153 de la Ley 270 de 1996[12] en consonancia con el
artículo 230 de la Constitución Política[13] y el artículo
110[14] de la Ley 600 de 2000[15],
es puntual en precisar que dicha adecuación se hizo de manera clara y precisa
desde la providencia que imputó cargos[16], y “se reafirmó
en la sentencia del 19 de septiembre de 2007 de manera motivada y razonada”,
razón por la cual no se presentó violación de los derechos al debido proceso y
de defensa del disciplinado, “sino una ajustada interpretación de las normas
aplicables al caso”.
Advierte que los
proveídos cuestionados se apoyaron en una razonada valoración de todas las
pruebas que llevó a esa Corporación a establecer los elementos de tipicidad,
antijuricidad y culpabilidad necesarios para proferir las sentencias atacadas.
Afirma que el
accionante está utilizando la tutela como “mecanismo alterno y supletivo, en
una instancia adicional”, circunstancia esta que desnaturaliza la
institución tutelar, por cuanto lo que se pretende es retornar a discusiones en
torno a su responsabilidad disciplinaria.
En este orden de
ideas, concluye que debe despacharse negativamente la pretensión tutelar
invocada por el accionante, al no existir vía de hecho alguna en las decisiones
proferidas por esa colegiatura.[17]
3.- Hechos
relevantes y medios de prueba.
3.1. El doctor
José Erasmo Guarnizo Nieto, Magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura del Tolima, basándose en la causal 5ª de impedimento
contenida en el artículo 99 del Código de Procedimiento Penal[18],
se declaró impedido para conocer de los procesos disciplinarios radicados bajo
los números 251 de 1999, 001, 040 y 041 de 2003, que cursaban en esa Sala, ya
que “en su momento consideró que se daba ese impedimento por la amistad
existente con el doctor Orlando Jimmy Bulla Obando, quien intervenía en dichos
procesos”.[19]
3.2. Mediante
decisión del 8 de mayo de 2003, la Sala Especial de Conjueces, teniendo en
cuenta que los dos magistrados integrantes de la Sala Disciplinaria se
encontraban impedidos, decidió separar al Magistrado Guarnizo Nieto, así como a
su compañero, el Dr. René Ramírez Rivera, del conocimiento de dichos procesos,
por considerar fundadas sus manifestaciones de impedimentos.[20]
3.3. El 30 de
mayo de 2003, los magistrados de la Sala Especial de Conjueces presentaron su
renuncia al cargo que venían desempeñando, por considerar que “alguien
ejerciendo incorrectamente la profesión de Abogado, presta su nombre” para
que el conocimiento de plurales asuntos disciplinarios escaparan de su juez
natural, es decir que se estaba presentando un mecanismo para separar a los
magistrados de conocimiento de algunas investigaciones disciplinarias,
sustrayéndolos de su labor funcional[21].
3.4. El 10 de
junio de 2003, en Sala Jurisdiccional Disciplinaria, por medio del Acta No. 62
se solicitó a los Conjueces reconsiderar su decisión, como efectivamente
sucedió conviniendo éstos en continuar en el ejercicio de su actividad[22].
3.5. El 11 de
julio de 2003, mediante Acta No. 077 se decidió por parte de la Sala de
Conjueces, retornar las diligencias al Despacho del Magistrado José Erasmo
Guarnizo Nieto, aduciendo que tras una nueva reflexión sobre el tema se había
encontrado que la causal que había motivado la separación del Magistrado
carecía de fundamento, por cuanto la amistad pregonada no tenia la especial
connotación de “íntima”, exigida para justificar su separación del conocimiento
del asunto[23].
En dicha acta se
observa que la Sala analizó el tema de la prohibición establecida en el
artículo 110 del Código de  Procedimiento Penal[24]
y decidió conforme a lo previsto en el artículo 153 del Código de Procedimiento
Civil[25].
3.6. Contra esa
decisión el doctor Orlando Jimmy Bulla Obando interpuso recurso de reposición
que fue denegado y recurso de apelación que, según lo afirma el demandante, “no
fue resuelto de fondo por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura”. [26]
3.7. En el fallo
disciplinario contra el actor se afirma que[27]:
En el radicado 251 de 1999 auto del 13 de
diciembre de 2002, a través del cual los  conjueces
JAIME LEGUIZAMÓN CAYCEDO y JAIME SALAZAR GRISALES aceptaron el impedimento
manifestado por el  magistrado  GUARNIZO NIETO para
conocer del asunto en razón a la amistad que lo une al doctor Jimmy Bulla
Obando, apoderado del investigado Antonio María Toro Ruiz, Juez 5º Civil del
Circuito de Ibagué.
Por auto del 15 de julio de 2003, los
citados  conjueces LEGUIZAMON- SALAZAR replantean el
impedimento manifestado por el doctor GUARNIZO NIETO, y adoptando una nueva
postura respecto del mismo estiman que la causal que motivó la aceptación de su
separación del asunto ya no subsistía, razón por la cual ordenaron el retorno
de la actuación a su conocimiento.
En el radicado 001 de 2003, los  conjueces  JORGE AUGUSTO LOZANO DELGADO y JAIME
LEGUIZAMÓN CAYCEDO por auto del 27 de junio de 2003 ordenaron “RETORNAR LAS
DILIGENCIAS al despacho del H. Magistrado  GUARNIZO NIETO para que
continúe como director del proceso, pues la causal que motivó la separación del
conocimiento de las mismas no subsiste”.
En el radicado 006 de 2003 , los  conjueces  JORGE
AUGUSTO LOZANO DELGADO y GUSTAVO SÁNCHEZ SALAZAR por auto del 24 de septiembre
de 2003 ordenaron lo mismo.
En el radicado 040 y 041 de 2003, los  conjueces
JORGE AUGUSTO LOZANO DELGADO y EUCLIDES ROA ESCOBAR por auto del 11 de julio de
2003.
Y por otro lado, que el  magistrado  JOSÉ
ERASMO GUARNIZO NIETO retornó al conocimiento de los procesos con radicado 251
de 1999, 001, 040 y 041 de 2003, en los que ya se había aceptado su impedimento
y por consiguiente había sido separado de su diligenciamiento”.
3.8. Con
fundamento en las quejas formuladas por los doctores Antonio Toro Ruiz y
Orlando Jimmy Bulla Obando, se decidió iniciar investigación disciplinaria
contra el accionante, el 16 de enero de 2004 y mediante Auto del 13 de junio de
2005[28], se formuló pliego de
cargos contra el señor José Erasmo Guarnizo Nieto[29]
“por la presunta incursión en falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto
en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 153.1
de la Ley 270 de 1996, artículo 230 de la Constitución Política y artículo 110
de la Ley 600 de 2000” y contra los conjueces Jorge Augusto Lozano Delgado,
Euclides Roa Escobar, Gustavo Sánchez Salazar y Jaime Leguizamón Caycedo. [30]
3.9. Notificado
el demandante sobre el pliego de cargos presentó su defensa y el 19 de
septiembre de 2007, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura, profirió sentencia[31] declarando al doctor
José Erasmo Guarnizo Nieto, responsable “por faltar al deber descrito en el
numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 en concordancia artículo 230
de la Constitución Política y artículo 110 de la Ley 600 de 2000, por haber
retornado al conocimiento de los radicados 251 de 1999, 001, 040 y 041 de 2003”.[32]
Por consiguiente, “se le impone sanción de SUSPENSIÓN de un (1) mes en
el ejercicio del cargo” [33].
El accionante
interpuso recurso de reposición contra esta decisión, el cual fue negado por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
mediante fallo del 12 de diciembre de 2007[34].
4. Decisiones de tutela objeto de revisión.
4.1. Sentencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima del 28 de mayo de 2008[35].
(Primera instancia)[36]
El Juez de
instancia concede el amparo de tutela en lo pertinente a la protección del
derecho fundamental al debido proceso del doctor José Erasmo Guarnizo Nieto.
Niega el amparo de los derechos fundamentales al trabajo y a la igualdad y,
declara la nulidad parcial de “lo actuado a partir de la sentencia de
septiembre 19 de 2007 en la cual se sanciono al accionante”, con base en
los siguientes argumentos:
Resalta la Sala
que se abstiene de pronunciarse en relación con la manifestación realizada por
el accionante respecto a que su actuar se encontraba amparado por el principio
democrático de la autonomía funcional, toda vez que este aspecto fue debatido y
analizado al interior del disciplinario y, “de revisarse en esta oportunidad
se estaría desnaturalizando la esencia de la acción de tutela (que no es
tercera instancia) contra sentencias judiciales por vía de hecho”.
Considera la
Sala con relación a que el accionante había actuado “en cumplimiento de
orden legítima emitida por la Sala de Conjueces, en la que se dispuso que debía
reasumir los procesos en los que se había declarado impedido toda vez que la
causal por la cual se le separó había desaparecido”, esto fue desestimado
en el respectivo proceso. “bajo la razón de tratarse de una orden carente de
legitimidad, en consecuencia al faltar dicho elemento no se estructura
mencionada excluyente de responsabilidad disciplinaria”. En este orden de
ideas, sostienen que, hubo un análisis inadecuado por parte del Consejo
Superior de la Judicatura, toda vez que, al tratar el punto de legitimidad de
la orden “involucraron la expresión “legalidad” que es un
aspecto diferente al primero, ya que al referirse a una actuación legal la
perspectiva se proyecta hacia requisitos de forma y fondo de conformidad con el
ordenamiento positivo vigente”. (Subraya y resalta el texto)
Adicionalmente
destaca que al efectuarse el análisis en el sub lite este se limitó a
determinar de manera arbitraria que “entre los Conjueces y el doctor
Guarnizo Nieto no existía una relación jerárquica ni se presentó una orden
administrativa”, dejando de lado el análisis de la obligatoriedad o fuerza
vinculante que las decisiones de los conjueces implican, igualmente se guardó
silencio frente a la naturaleza del cargo, y a las funciones que por ley le
están atribuidas, “omisión que se traduce en vías de hecho, máxime cuando se
trata de un aspecto determinante para el proceso, pues sobre la base de dicha
interpretación restrictiva mal podría desestimarse la eximente de
responsabilidad argüida por el disciplinado”.
Agrega el juez
de conocimiento que con relación al amparo del derecho a la igualdad invocado “sobre
la base de una sentencia que condenó a un funcionario en condiciones similares
(…) no adjuntó la providencia para su cotejo” además, resalta que estas
decisiones son de efectos inter partes, motivo por el cual su aplicación deviene
impertinente.
Para concluir,
destaca que la decisión adoptada fue de carácter transitorio, razón por la cual
no se vulneró el derecho al trabajo, señalando que hoy es un hecho superado ya
que el accionante se encuentra actualmente en el ejercicio de sus funciones.
4.2.
Impugnación
Mediante oficio
presentado el 4 de junio de 2008, la Magistrada (E) Martha Patricia Zea Ramos,
de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
impugna la decisión adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima[37], con base en
las siguientes consideraciones:
Sostuvo la
interviniente que, debía declararse la nulidad de la actuación de primera
instancia, toda vez que esa Sala fue notificada de la admisión de la presente
acción constitucional sólo hasta el 27 de mayo de 2008, a pesar de que se había
librado oficio –No. 1657- el 19 de mayo de 2008, resaltando que no se consignó “término
alguno para ejercer el derecho de defensa y dar respuesta a la petición de
amparo elevada” y que no obstante lo anterior, “sorpresivamente el 28 de
mayo de 2008 el seccional de instancia dicta fallo a través del cual resuelve
la instancia” y, en este orden de ideas se estaría vulnerando el debido
proceso y el derecho a la defensa del ente accionado.
No obstante lo
anterior, resalta que la acción de tutela es improcedente toda vez que en la
decisión atacada no se concreta un error con fundamento que de lugar al amparo
al debido proceso, adicionalmente destaca que la Corte Constitucional ha
señalado que “siempre que la interpretación normativa se haga dentro de los
límites de lo objetivo y lo razonable, la mera divergencia con el criterio
interpretativo de otros operadores jurídicos, e incluso de los distintos
sujetos procesales”, no puede considerarse como causal que haga procedente
la acción contra providencias judiciales.[38]
Destaca
igualmente, que el llamado disciplinario que se hizo al doctor José Erasmo
Guarnizo Nieto encuentra su sustento legal en el deber descrito en el numeral 1
del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 en concordancia con el artículo 230 de la
Constitución Política y artículo 110 de la Ley 600 de 2000, por lo que la
decisión es motivada y razonada, sin que se advierta la alegada vulneración al debido
proceso y derecho de defensa del disciplinado, sino una ajustada interpretación
de las normas aplicables al caso.
Para concluir
afirma que, la jurisdicción constitucional está siendo objeto de utilización a
manera de mecanismo alterno y supletivo, como una instancia judicial adicional,
motivo por el cual se está desnaturalizando la institución tutelar.
4.3.
Sentencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura del 1 de octubre de 2008. (Segunda instancia)[39]
El juez de
segunda instancia revocó la sentencia proferida el 28 de mayo de 2008 por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del
Tolima. (Primera instancia)[40], y en su lugar niega el
amparo solicitado por doctor José Erasmo Guarnizo Nieto.
Indicó que la
anulación del primer auto admisorio no varió las condiciones de facto ni de
derecho planteadas en la acción de tutela, “pues tal corrección del vicio
procesal se dio sobre la base de no haber admitido aún el impedimento del
accionante, pero al admitir nuevamente la acción, ningún elemento que pueda
afirmarse sorprende la defensa, menos el debido proceso, en tanto la respuesta
dada a la tutela abarca los mismos presupuestos de la inconformidad que
inicialmente se puso presente”.
Resaltó que la
acción de tutela no es una instancia adicional, ni un instrumento para
controvertir asuntos propios de otras jurisdicciones, no pudiendo en este
orden, controvertir la decisión adoptada por la jurisdicción disciplinaria, más
aun cuando no se evidencia ninguna causal de procedencia excepcional de la
acción. Destacando que el juez de primer instancia, al concluir que la Sala
accionada actuó erróneamente al no reconocerle al accionante la eximente de
responsabilidad, invadió la órbita de competencia asignada por la constitución
y la ley a esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
Afirma que
ningún vicio puede endilgarse a la decisión de la Sala Disciplinaria accionada
que pueda tener el mérito de “dar al traste con la misma y de paso quitarle
sus efectos vinculantes, pues cuando se trata de interpretar y aplicar el
ordenamiento jurídico por parte de los jueces, precisamente habilitados para
ese ejercicio en uso de la función pública de administrar justicia y para lo
cual están investidos de jurisdicción asignada por la misma Constitución
Política y, mientras no sea una actuación abusiva del juez, el debate queda circunscrito
a una diferencia de criterios”.
Destaca que la
decisión accionada es ajustada a derecho, y se encuentra conforme a las normas
que regulan los procesos disciplinarios, motivo por el cual no puede
considerarse como una vía de hecho. En este orden de ideas no puede pretenderse
que el juez constitucional entre a terciar un debate que es propio de una
instancia procesal ordinaria, siempre que por supuesto no exista demostración
inequívoca de una violación o amenaza a los derechos fundamentales del accionante.
Con base en lo anterior, se niega el amparo.
5. Actuación
en sede de Revisión.
Mediante Auto
del 5 de mayo de 2009 el Magistrado Sustanciador solicitó a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el envío de
copia del fallo dictado en el proceso contra el doctor Rodrigo Jabba Navarro
radicación No. 200303044-01/136.I.05, mencionada en la demanda por el
tutelante.
En respuesta a
la anterior comunicación, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura remitió copia de la Decisión proferida por esa
Corporación en Sala 51 del 14 de mayo de 2008 dentro del proceso 200303044 01.
Dicha
providencia resuelve el recurso de reposición instaurado por el doctor Rodrigo
Jabba Navarro, contra el fallo del 8 de octubre de 2007 por el cual esa Sala,
lo sancionó en su condición de Magistrado de la sala penal del Tribunal
Superior de Barranquilla, con amonestación escrita, como responsable de
transgredir la falta consagrada en el numeral 3° del artículo 154 de la ley 270
de 1996, en concordancia con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, en proceso
disciplinario iniciado en razón de que la sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, compulsó copias al advertir “que la prolongada dilación
que tuvo el trámite de desacato, que inició el 9 de agosto de 2000 y se impuso
sanción el 28 de abril de 2003 no se compadece con los principios de celeridad
y eficacia que gobiernan la acción constitucional….”[41]
II.
CONSIDERACIONES.
1.
Competencia.
Esta Sala es competente para revisar la providencia de
tutela antes reseñada, con base en la Constitución
Política, artículos 86 y 241 numeral 9; en el Decreto 2591 de 1991, artículos 33
a 36; y en el Auto del veintinueve de enero de 2009 de la Sala de Selección de
Tutela Número Uno de la Corte Constitucional.
2.
Planteamiento del caso y problema
jurídico.
Corresponde a
esta Sala revisar la sentencia la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, del 1 de Octubre 2008[42], que revoca
la sentencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura del Tolima, del 28 de mayo de 2008[43]
que concedió el amparo impetrado por José Erasmo Guarnizo Nieto en contra de
las providencias  proferidas el 19 de septiembre y el 12 de diciembre de 2007
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
De esta manera,
habrá de determinarse si respecto de las decisiones judiciales asumidas por la
demandada, en el trámite del proceso disciplinario  seguido en contra del
accionante, se estructuran las causales de procedibilidad de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, en concreto por la configuración de un
defecto sustantivo, atentatorio contra los derechos fundamentales al debido
proceso, la defensa, y si además se vulneraron los derechos a la igualdad y el
trabajo.
Para estudiar el
anterior problema jurídico, la Sala procederá a: (i) hacer un breve recuento
jurisprudencial sobre los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales y las causales de procedibilidad de la
misma, para lo cual sólo se explicará la causal alegada por el accionante, es
decir el defecto sustantivo. Igualmente (ii) se analizará sucintamente a la luz
de la jurisprudencia de esta Corporación (iii) la autonomía e independencia de
los jueces. Finalmente (iv) se resolverá el caso en concreto.
3. Consideraciones generales.
3.1. Requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.
La Corte ha
venido consolidando su jurisprudencia en torno a la acción de tutela contra
providencias judiciales precisando tanto los requisitos generales como los
especiales cuyo cumplimiento es necesario para la procedibilidad de la misma,
que fueron sistematizados en la Sentencia C-590 de 2005 y reiterados
posteriormente[44].
Sea lo primero
anotar que cuando se interpone una acción de tutela contra una providencia
judicial, la jurisprudencia de esta Corte ha precisado que el actor tiene una
carga adicional, en tanto debe debe señalar en forma más precisa que quienes
acuden a la tutela por otras razones, tanto los hechos que dan lugar a su
petición como los derechos fundamentales que con ellos le han sido violados,
pues “ Si no lo hace y la violación no aparece de manera evidente o
manifiesta, el juez queda relevado de estudiar en detalle el expediente
judicial y puede proceder a declarar la improcedencia de la acción. Así mismo,
cuando el actor reduce el cargo a un tipo de violación – por ejemplo  violación
de la Constitución por tratarse de una vía de hecho material – el juez, salvo
evidencia en otro sentido, puede contraer su estudio a dicho cargo, sin que
resulte necesario que verifique en detalle si no existe en el expediente respectivo
algún otro vicio o defecto que pueda comprometer la decisión judicial”[45].
Adicionalmente
ha establecido esta Corporación que el defecto debe ser superlativo o protuberante
dado el carácter excepcional de la tutela contra sentencias. Al respecto dijo la
Corte:
“De otra parte y en el entendido de que la acción de tutela es un
mecanismo excepcional que puede emplearse para rectificar aquellas decisiones
judiciales consideradas como verdaderas vías de hecho, es necesario que en
éstas sus errores sean de tal magnitud y las causales específicas de
procedibilidad se aprecien de una manera tan evidente, que puedan desvirtuar la
juridicidad del pronunciamiento judicial objeto de cuestionamiento[46]”[47].
Por otra parte,
según lo ha señalado esta Corte, la Función del juez de tutela ante una
solicitud de amparo contra una providencia judicial es la de “verificar que
la decisión impugnada respetó los principios esenciales del debido proceso
constitucional así como los derechos fundamentales de las personas concernidas.
Cualquier otra cuestión que no se relacione con las que acaban de mencionarse
escapa al juicio de constitucionalidad que debe adelantar el juez de tutela”[48].
Dijo además la
Corte que:
“no es el juez constitucional el
funcionario encargado de definir la correcta interpretación del derecho
legislado. En particular, la jurisprudencia ha reconocido que es la Corte
Suprema de Justicia la intérprete autorizada del derecho civil y comercial. En
consecuencia en casos que comporten la interpretación de una norma de tal
naturaleza el juez constitucional debe someterse al precedente establecido por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, máxima corte de la
respectiva jurisdicción, o en su defecto, a la doctrina emergente que hubiere
sido establecida por esta. En este sentido, no sobra indicar que, en todo caso,
los jueces civiles son intérpretes autorizados de las normas que integran esta
rama del derecho y el juez constitucional no puede oponerles su propia
interpretación salvo que se trate de evitar una evidente arbitrariedad o una
clara violación de los derechos fundamentales de las partes. En este caso el
juez constitucional tiene la carga de demostrar fehacientemente la existencia
de una vulneración del derecho constitucional de los derechos fundamentales
como condición previa para poder ordenar la revocatoria de la decisión judicial
impugnada”[49].
Hechas las
consideraciones anteriores la Sala reiterará su jurisprudencia respecto de la
procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias.
3.1.1. Requisitos generales.
En la Sentencia
C-590 de 2005 se fijaron como requisitos generales para la procedibilidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, cuya existencia debe ser
verificada por el juez de amparo, los siguientes: (i) Que el asunto que se
discuta implique una evidente relevancia constitucional que afecta derechos
fundamentales de las partes.; (ii) Que se hayan agotado todos los medios de
defensa judicial ordinarios o extraordinarios  excepto cuando lo que se
pretende es evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) Que se
cumpla el requisito de la inmediatez, lo que significa que la tutela debe
interponerse en un término razonable a partir del hecho que originó la vulneración[50];
(iv). Si lo que se alega es la existencia de una irregularidad procesal, debe
ser evidente que la misma tiene a) un efecto decisivo en la sentencia que se
impugna y b) afecta los derechos fundamentales del accionante la parte actora,
salvo cuando se trate de una prueba ilícita obtenida con violación de los
derechos fundamentales[51]; (v) Que el demandante
identifique tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado dentro del proceso judicial tal vulneración si
ello hubiese sido posible;  (vi). Que no se trate de fallos de tutela.
3.1.2. Causales especiales de
procedibilidad.
La Sentencia
C-590 de 2005[52] esta Corporación precisó
las causales especiales de procedibilidad de la acción de amparo contra
sentencias, especificando que cualquiera de ellas que se invoque debe estar
plenamente probada. Tales causales son:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[53]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido[54], que se
presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[55].
i.
Violación directa de la Constitución”.[56]
3.1.2.1 En
relación con los requisitos especiales de procedibilidad ha advertido esta
Corporación, que en los casos concretos la delimitación de las causales antes
mencionadas no resulta muchas veces clara, pudiendo un mismo hecho dar lugar a
varios defectos. Al respecto dijo:
“No debe olvidarse en todo caso que, como lo ha señalado la Corte, “los
conceptos de los cuales se ha valido para caracterizar los distintos defectos
carecen de fronteras definitivamente enunciadas en su jurisprudencia, pues
muchos de los defectos presentes en las decisiones judiciales “son un híbrido”
resultante de la concurrencia de varias hipótesis y en ciertas oportunidades
“resulta difícil definir las fronteras entre unos y otros”, como sucede, por
ejemplo, siempre que el desconocimiento de la ley, debido a una interpretación
caprichosa o arbitraria, da lugar al defecto sustantivo fundado en la actividad
hermenéutica antojadiza del juez, pero también a un defecto procesal que podría
consistir en “la denegación del derecho de acceso a la administración de
justicia que tal entendimiento de la normatividad genera”[57].
3.1.3. Considerando que en el caso concreto el accionante alega que las
providencias atacadas adolecen de un defecto  sustantivo, se hará referencia a
las características de este defecto.
3.2. El defecto sustantivo en la
jurisprudencia constitucional.
3.2.1. En
diferentes pronunciamientos, la Corte ha ido precisando el ámbito de lo que ha
denominado defecto sustantivo como una condición de procedibilidad de la tutela
contra las providencias judiciales[58]. Al respecto ha señalado
que se presenta, entre otras razones: (i) cuando la decisión judicial tiene
como fundamento una norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente[59],
b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada[60],
c) es inexistente[61] d) ha sido declarada
contraria a la Constitución[62], e) a pesar de que la
norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se adecúa a la
situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo,
se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el
legislador”[63] (ii)
cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma
al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de
interpretación razonable[64] o “la aplicación
final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes”[65] o cuando
en una decisión judicial “se aplica una norma jurídica de manera
manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la
hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial”[66]
(iii) cuando no toma en cuenta sentencias que han definido su alcance con
efectos erga omnes[67], (iv) la disposición
aplicada se muestra, injustificadamente regresiva[68]
o contraria a la Constitución[69] (v) cuando un poder
concedido al juez por el ordenamiento se utiliza “para un fin no previsto en
la disposición”[70] (vi) cuando
la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma,
omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso[71],
(vi) cuando se desconoce la norma aplicable al caso concreto[72],
3.2.2. Se considera también que existe un defecto
sustantivo en providencias judiciales: (vii) “con una insuficiente sustentación
o justificación de la actuación[73] que
afecte derechos fundamentales” [74];
(viii) “cuando se desconoce el precedente judicial[75] sin
ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una
decisión diferente si se hubiese acogido la jurisprudencia[76]”[77]; o (ix) “cuando el
juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una
violación manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su declaración
por alguna de las partes en el proceso[78]”[79].
3.3. La autonomía e independencia de los
jueces
3.3.1. La Corte Constitucional se ha referido en múltiples ocasiones
a la autonomía funcional de los jueces en sus decisiones.
3.3.1.2. En la Sentencia T-173 de 1993[80],
dijo la Corte:
"Las actuaciones judiciales cuya ostensible desviación del ordenamiento jurídico las
convierte -pese a su forma- en verdaderas vías de hecho, no merecen la
denominación ni tienen el carácter de providencias para los efectos de
establecer la procedencia de la acción de tutela. No es el ropaje o la
apariencia de una decisión sino su contenido lo que amerita la intangibilidad
constitucionalmente conferida a la autonomía funcional del juez. La doctrina de
la Corte ha efectuado un análisis material y ha establecido una diáfana
distinción entre las providencias judiciales -que son invulnerables a la acción
de tutela en cuanto corresponden al ejercicio autónomo de la función judicial y
respecto de las cuales existen, dentro del respectivo proceso, los medios
judiciales de defensa establecidos por el ordenamiento jurídico- y las vías de
hecho por cuyo medio, bajo la forma de una providencia judicial, quien debería
administrar justicia quebranta en realidad los principios que la inspiran y
abusa de la autonomía que la Carta Política reconoce a su función, para
vulnerar en cambio los derechos básicos de las personas. La violación flagrante
y grosera de la Constitución por parte del juez, aunque pretenda cubrirse con
el manto respetable de la resolución judicial, puede ser atacada mediante la
acción de tutela siempre y cuando se cumplan los presupuestos contemplados en
el artículo 86 de la Constitución y no exista otro medio al alcance del
afectado para la defensa de su derecho. El objeto de la acción y de la orden
judicial que puede impartirse no toca con la cuestión litigiosa que se debate
en el proceso, sino que se circunscribe al acto encubierto mediante el cual se
viola o amenaza un derecho fundamental".
3.3.1.3. Posteriormente en la Sentencia C-417 de 1993[81],
advirtió la Corte con base en los artículos 228 y 230 de la Constitución que “…la
responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados no puede abarcar el campo
funcional, esto es el que atañe a la autonomía en la interpretación y
aplicación del derecho según sus competencias. Por consiguiente, el hecho de
proferir una sentencia judicial en cumplimiento de la función de administrar
justicia no da lugar a acusación ni a proceso disciplinario alguno”.
3.3.1.4. Más adelante, en la sentencia T-094 de 1997[82]
M.P José Gregorio Hernández Galindo, precisó esta Corporación que no es
procedente la tutela contra la interpretación hecha por un juez en ejercicio de
sus funciones sobre las normas relacionadas con el proceso a su cargo, razón
por la cual “no cabe la tutela contra la interpretación que un juez, en el
ejercicio de sus funciones, haya hecho de las normas que gobiernan el proceso a
su cuidado”[83].
3.3.1.5. Mediante la sentencia T-1009 de
2000[84] puntualizó la Corte que:
Resulta contrario al principio de autonomía
judicial, - uno de los pilares y presupuestos del Estado de Derecho - que el
juez de tutela tenga la facultad de dejar sin efecto las decisiones válidamente
producidas por otros jueces, con el argumento de una disparidad de criterios en
la lectura de una norma. Por eso, ha manifestado la Corte que un desacuerdo
simple de esta categoría, no comporta por sí mismo una violación del debido
proceso, o un atropello a los derechos del afectado con la posición adoptada
por el juez, sino "una consecuencia humana del ejercicio del derecho",
[85] y no es
susceptible de tutela. (…) Se concluye de todo esto que el juez es autónomo en
su labor interpretativa, pero tiene un límite, que se deduce de las normas
constitucionales y legales a las que está sujeto:[86]
las decisiones que profiera en ejercicio de esta función deben contener un
fundamento objetivo y razonable, ya que el principio de autonomía no prohija
las actuaciones arbitrarias, ni la manipulación de las normas con propósitos
caprichosos y resultados perversos, en contra de los mandatos y propósitos
legales y justos”. [87]
3.3.1.6. En la
Sentencia SU-1185 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil[88],
que dijo que el no compartir el criterio del fallador no es razón suficiente
para calificar como vía de hecho una decisión judicial amparada por los
principios de autonomía e independencia judicial. “De hecho, las posibles diferencias de interpretación,
sustentadas en un principio de razón suficiente, no pueden ser calificadas como
vías de hecho pues, en realidad -lo ha dicho este Tribunal-, la eventual
disparidad de criterios sobre un mismo asunto no implica por ella misma un
desconocimiento grosero de la juridicidad, sino una consecuencia humana del
ejercicio del derecho”.
3.3.1.7. En la
Sentencia T-518 de 2005[89], la Corte enfatizó que
“dada la gama hermenéutica que ofrece la ley, los particulares no están
habilitados para impugnar por vía de tutela las decisiones jurisdiccionales
plenamente justificadas, pero de las que los aparta una línea interpretativa
distinta”.
En el mismo
sentido en la Sentencia T-751 de 2005[90], se reiteraron los
fallos antes citados y se concluyó que la función disciplinaria no está llamada
a sancionar a jueces y magistrados por la interpretación que hacen de las
normas jurídicas siempre que ella sea razonable o plausible “pues cae dentro
de la órbita de la autonomía e independencia judicial”
3.3.1.8. En la sentencia T-302 de 2006[91],
con base en los principios de autonomía e independencia judicial, consagrados
en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, para el ejercicio de
sus funciones, los jueces tienen, amplia libertad interpretativa para
determinar las normas aplicables al caso que les compete y el alcance de las
mismas, siempre que se mantengan dentro del límite de lo razonable, por lo cual
“la mera divergencia interpretativa con el criterio del fallador no constituye
una vía de hecho”, libertad que no es absoluta porque “encuentra límites
en el orden jurídico y en la propia institucionalidad, de lo que se sigue que
el ejercicio de la función de administrar justicia debe realizarse con sujeción
a los principios consagrados en la Constitución Política” [92].
3.3.2. En el
mismo sentido de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ha
manifestado que:
Pues si se
trata de no estar de acuerdo con las decisiones emitidas por los funcionarios
judiciales, esta Corporación de tiempo atrás ha sostenido que no hay
responsabilidad disciplinaria de los funcionarios judiciales al interpretar la
Ley cuando ésta se hace acorde a unas reglas que corresponden a condiciones
normales del campo interpretativo, como lo son los métodos que al respecto
estableció el Legislador en la Ley 153 de 1887 y la propia Constitución, y a
juicios propios del conocimiento.
También ha
expresado que cuando el juez se aparta de estas pautas y amparado en la
independencia y autonomía judicial llega hasta las vías de hecho para proferir
su propia decisión, en este caso lo que existe es una violación de la ley, de
tal suerte que no se puede confundir “discrecionalidad” con “arbitrariedad”,
pues la primera esta rodeada de juridicidad, la segunda de antijuridicidad, de
tal suerte que la arbitrariedad es una conducta antijurídica del representante
de la justicia, luego su diferencia con la discrecionalidad, es evidentemente
teleológica, ya que el acto arbitrario hace caso omiso de los fines de la Ley
para evadirlos o contrariarlos.
Así las
cosas, no se le puede deducir responsabilidad disciplinaria a un funcionario
judicial por cuanto las decisiones que éste adopte no coincidan con las
pretensiones de las partes en litigio”[93].
3.3.3. En suma,
La autonomía judicial que confiere a los jueces la Constitución Política les
otorga una amplia libertad para interpretar las normas aplicables y el alcance
de las mismas en los casos que les corresponden, por lo cual, en principio, su
responsabilidad disciplinaria no se extiende al campo funcional, la tutela no
es procedente contra la hermenéutica adoptada por un juez y el solo hecho de
que exista una discrepancia respecto de ella no configura una vía de hecho.
No obstante
también es claro que la interpretación judicial debe respetarse, siempre que
sea razonable, no implique una manipulación de las normas ajena a la finalidad
para la cual fueron expedidas y se ajuste a los principios valores y derechos
consagrados en la Carta, pues la arbitrariedad, en cualquiera de sus formas, no
tiene cabida en un Estado de derecho. Por ello, cuando la decisión judicial
traspasa los límites fijados por la Constitución y la ley, procede la acción de
amparo en los términos del artículo 86 de la Constitución[94].
Con base en las consideraciones antes expuestas, procederá la Sala a
resolver el caso de la referencia.
4. El caso concreto.
4.1. Encuentra la
Sala que en el caso de los hechos alegados y las pruebas allegadas, se puede
concluir lo siguiente:
4.1.1.  El
doctor José Erasmo Guarnizo Nieto se declaró impedido en varios casos relacionados
con el abogado Orlando Jimmy Bulla Obando, impedimento que le fue aceptado por
una sala de conjueces.
4.1.2. Con
posterioridad a la aceptación del impedimento planteado por el doctor Guarnizo
Nieto, la misma sala de conjueces consideró que la causal de “amistad íntima”
debía ser desestimada y ordenó remitir los expedientes al demandante, quien
reasumió el conocimiento de los mismos.
4.1.3. En razón
de los hechos anteriores la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura inició en contra de los conjueces y del doctor
Guarnizo Nieto un proceso disciplinario, dentro del cual se dio al demandante
la oportunidad de presentar su defensa, que culminó con el fallo del 19 de
septiembre de 2007 donde se impuso al actor la sanción de un mes de suspensión
en el ejercicio del cargo, por haber reasumido sus funciones, en asuntos de su
competencia, después de haberle sido aceptado un impedimento y posteriormente haberse
desestimado la existencia del mismo, con lo cual el juez disciplinario concluyó
que había incumplido la ley al haber desconocido lo dispuesto en el artículo
110 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000 aplicable al caso[95]).
4.1.4. Que el
demandante recurrió la decisión mencionada, recurso que fue resuelto el 12 de
diciembre de 2007 que confirmó el fallo del 19 de septiembre de 2007.
4.2. En relación
con el cumplimiento de los requisitos generales para la procedibilidad de la
acción de tutela en el caso, la solicitud de amparo interpuesta por José Erasmo
Guarnizo Nieto cumple con los requisitos establecidos en las causales generales
de procedibilidad de la acción de tutela en tanto: (i) el problema jurídico que
plantea el accionante tiene una clara relevancia constitucional, pues involucra
los derechos fundamentales al debido proceso, la defensa, la igualdad y el
trabajo; (ii)  no existen recursos judiciales adicionales a los cuales pueda
recurrir para plantear su caso, pues se trata de un procedimiento que, como lo
señala el numeral 3 del artículo 112 de la ley 270 de 1996[96],
es de única instancia;  (iii) la solicitud de amparo fue interpuesta dentro de
un término razonable; (iv)  el accionante identificó la razón por la cual
considera que las decisiones judiciales atacadas vulneran sus derechos
fundamentales –la ocurrencia de una vía de hecho por defecto sustantivo, la
imposición de una sanción diferente a la establecida para otro caso y la
imposibilidad de ejercer el cargo durante un mes en razón de la sentencia
impuesta por el juez disciplinario–; (v) las cuestiones en que se funda el
defecto sustantivo[97] fueron  alegadas dentro
del proceso  disciplinario y, (vi)  la presente acción de amparo no se dirige
contra una sentencia de tutela.
4.3. En cuanto a si se presentan las
causales específicas encuentra la Sala que:
(i) Las providencias de la justicia disciplinaria que se reprochan
fueron emitidas por la autoridad competente. En efecto, la sentencia del  19 de
septiembre de 2007 que impuso la sanción al demandante  fue proferida por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,  y la
del 12 de diciembre de 2007 expedida por el mismo organismo  confirmó la decisión
tomada.
(ii) Para tomar la decisión consignada
en las providencias cuestionadas mediante la presente acción, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,   tuvo en
cuenta  lo ordenado por el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución
Política, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 112 de
la Ley 270 de 1996.
(iii) La decisión se tomó con base en lo
previsto en el artículo 153.1 de la ley 270 de 1996, artículo 230 de la
Constitución Política y artículo 110 de la Ley 600 de 2000[98],
y no se observa una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
(iv) Al revisar la decisión, no se
advierte la presencia de un engaño que  haya provocado la toma de una decisión
que afecte derechos fundamentales.
(v) La decisión cuenta con una
motivación que, a juicio de la Sala, se encuentra dentro del margen de
razonabilidad para que se entienda justificada. En la providencia atacada se
indican claramente las disposiciones legales y los motivos que llevaron al juez
disciplinario a imponer la sanción al actor.
(vi) No se encuentra que en los fallos
materia de esta acción se hayan contrariado reglas jurisprudenciales que han
sido definidas por la jurisdicción constitucional para determinar el alcance y
contenido de la normas disciplinarias o de Procedimiento Penal. Además si bien
la jurisprudencia de esta Corte ha reiterado que el campo funcional, no es
susceptible de reproche disciplinario, ello no incluye las situaciones de clara
vulneración de la ley.
(vii) Por último, no se advierte en modo
alguno, en el actuar del Consejo Superior de la Judicatura, violación directa
de un texto constitucional.
La Sala concluye que no se configura ninguna de las causales
especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales arriba mencionadas.
4.4. No obstante
lo anterior advierte también la Sala que a partir de los hechos antes
mencionados señala el accionante que las decisiones del 19 de septiembre y el
12 de diciembre de 2007 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, adolecen de un defecto sustantivo por vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, la defensa, la igualdad y el trabajo,
asunto que habrá de analizarse.
Afirma que dicha vulneración tiene origen en (i) un defecto
sustantivo fundado en a) el desconocimiento de la autonomía judicial, b) la
inexistencia de ilicitud sustantiva de la conducta y c) de la existencia de una
causal eximente de responsabilidad (cumplimiento de una orden legítima de
autoridad competente) al igual que en (ii) la imputación de una falta no
consagrada en el ordenamiento jurídico,
Añade que se vulneró el derecho a la igualdad al aplicarse al actor
una sanción más severa que la de amonestación impuesta en otro caso y el
derecho al trabajo por la suspensión de un mes en el ejercicio del cargo.
4.5. Con relación
a la violación del derecho de defensa encuentra la sala que esta no se
presentó  en tanto El Demandado tuvo la oportunidad de defenderse durante el
trámite del proceso disciplinario adelantado en su contra por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, donde
alegó: (i) inexistencia de ilicitud sustancial de la conducta endilgada en
tanto no hubo una grave afectación del deber funcional y por el contrario el
ánimo del doctor GUARNIZO NIETO estuvo encaminado a preservar el interés de la
administración de justicia evitando las demoras que se habrían producido si
hubiese desconocido la providencia de los conjueces que ordenó el retorno de
los procesos a su Despacho; (ii) la autonomía funcional e independencia de los
jueces en virtud de la cual el accionante acogió los argumentos de los
conjueces, por cuanto no cabía otra alternativa ante el carácter definitivo del
auto proferido por éstos, cuya valoración, acertada o no, constituye la
interpretación que abarca el campo funcional, no susceptible de reproche
disciplinario, conforme a reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional;
(iii) la ausencia de culpa por parte del demandante, toda vez que en ningún
momento actuó negligentemente, en tanto “procedió a reasumir conocimiento luego
de valorar los argumentos en que se fundó la decisión de los conjueces, a los
cuales y luego de un detenido análisis se avino teniendo como finalidad
específica la continuación de los trámites, consistente en el cumplimiento del
deber superior de administrar pronta y cumplida justicia”; (iv) la existencia
de una eximente de responsabilidad, al tenor de lo dispuesto en el numeral 3
artículo 28 de la Ley 734 de 2002,  consistente en el cumplimiento de la orden
legítima de autoridad competente, emitida con las formalidades legales y por
tanto revestida de toda validez, decisión que no podía “desconocerse per se, ya
que se trataba de una providencia con todos los visos de legalidad, la que él
no podía discutir, ni recurrir, ni sobre ella plantear conflicto alguno, y aún
cuando los conjueces  jamás son superiores de los funcionarios titulares a
quienes reemplazan, en materia de impedimentos y recusaciones sus decisiones
SON DEFINITIVAS y por tanto mientras no sean invalidadas su vigencia no puede
desconocerse”; (v) el conflicto de deberes a que se vio enfrentado el
accionante, “de un lado, el artículo 110 del C.P.P. y del otro el auto
contentivo de la orden legítima emanada de los conjueces, proferida con las
formalidades legales y por tanto de obligatorio cumplimiento, y optó por el
deber que a su juicio encontró más adecuado, por ser el más importante, esto
es, el postulado superior de administrar justicia”.
Los anteriores
argumentos fueron analizados uno a uno y desestimados razonablemente por la
entidad accionada.
4.6. Respecto de
la causal específica de violación al debido proceso que alega el
accionante, esto es, un defecto sustantivo,  la Sala considera que no se
verifica. Las decisiones del  19 de septiembre de 2007 y del 12 de diciembre de
2007, que imponen al accionante una sanción disciplinaria de suspensión de un
mes en el ejercicio del cargo por haber reasumido sus funciones, en asuntos de
su competencia, después de haberle sido aceptado un impedimento y
posteriormente haberse desestimado la existencia del mismo, contienen
argumentos que en principio se encuentran, dentro del margen de interpretación
razonable de las normas que sirvieron de fundamento al fallo, en especial los
artículos 196 de la Ley 734 de 2002 , en concordancia con el artículo 153.1 de
la ley 270 de 1996 , artículo 230 de la Constitución Política y artículo 110 de
la Ley 600 de 2000
4.6.1. En
efecto, las disposiciones legales mencionadas, señalan que (i) “Constituye
falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción
correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión
en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de
intereses previstos en la Constitución, en la ley estatutaria de la administración
de justicia y demás leyes” (artículo 196 de la Ley 734 de 2002); (ii) es deber
de los funcionarios y empleados de la rama judicial el de “Respetar, cumplir y,
dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes
y los reglamentos” (numeral 1 del artículo 153 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia); (iii) “los jueces, en sus providencias, sólo están
sometidos al imperio de la ley”, (artículo 230 de la Constitución Política); (iv)
“en ningún caso se recuperará la competencia por la desaparición de la causal
de impedimento” (artículo 110 de la Ley 600 de 2000 Código de Procedimiento
Penal aplicable al caso[99]).
4.6.2. El
Consejo Superior de la judicatura fundamentó su decisión en la vulneración de
las normas citadas al concluir que se desconoció lo previsto en el artículo 110
de la Ley 600 de 2000[100], norma a su juicio lo
suficientemente clara para no requerir del intérprete la consulta de su
espíritu o la aplicación analógica de otras normas, en tanto se contaba con
norma expresa aplicable y clara.
4.6.2.1. Por una
parte, estimó respecto de la autonomía funcional e independencia de los jueces
que lo que cuestionaba ese organismo no era la interpretación de una norma sino
el desconocimiento de expresa prohibición legal consignada en el artículo 110
de la Ley 600 de 2000.
Manifestó la
citada Corporación que si bien la causal de amistad invocada, puede variar en
el tiempo y de manera que desaparezca la causal de impedimento que en algún
momento existió y llevó a que el funcionario fuera separado del conocimiento de
un asunto, por expresa prohibición del artículo 110 de la Ley 600 de 2000, la
desaparición de la causal no conlleva la recuperación de la competencia por
parte del funcionario.
4.6.2.2.
Adicionalmente, respecto del argumento de la defensa relacionado con la
existencia de una causal eximente de responsabilidad, a saber: el cumplimiento
de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales,
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria  consideró que esta no se presentaba
porque (i) no se está ante mandato emanado de una relación de jerarquía de
derecho público, en tanto el Conjuez no es en ningún momento superior
jerárquico del magistrado, a quien reemplaza en el ejercicio de sus funciones
jurisdiccionales, y (ii) no se está ante una “orden legítima”, pues el retorno
de diligencias ordenado por los  Conjueces  transgrede flagrantemente
expresa prohibición consignada en el artículo 110 del Código de Procedimiento
Penal, dado que la legitimidad de la orden no sólo deriva del lleno de los
requisitos de forma en cuanto a competencia y cumplimiento de las formalidades
previstas para su expedición, sino también de la conformidad de su contenido
con la Constitución y la ley.
4.6.2.3. La
eximente de responsabilidad consagrada en el numeral 2 del artículo 28 del
Código Disciplinario Único[101], invocada por el
accionante al señalar que se vio enfrentado a un conflicto de deberes, por un
lado, el artículo 110 del Código de Procedimiento Penal, y del otro, el auto
contentivo de la orden legítima emanada de los  Conjueces ,
cuyo cumplimiento implicaba un deber de muy alto rango, optando por el deber
que a su juicio encontró más adecuado, esto es, el postulado superior de la
administración de justicia, no fue encontrada de recibo por la accionada pues
ya que como servidor público el ejercicio de sus funciones debió ajustarse ante
todo a las previsiones de la Constitución, ley y reglamentos [46] , y en su
especial calidad de funcionario judicial sus decisiones sólo deben estar
sometidas al imperio de la ley.
Por tanto, a
juicio de la accionada, no era inevitable para el demandante reasumir el
diligenciamiento de los asuntos que le fueron remitidos por los conjueces
después de haber estimado que la causal de impedimento invocada ‘no subsistía’,
dado que tal proceder estaba expresamente prohibido por la ley, y el deber de
administrar justicia no puede considerarse de mayor importancia al de
imparcialidad involucrado en la figura de los impedimentos.
4.6.2.4. En
cuanto a la inexistencia de ilicitud sustancial alegada por el accionante
estimó la accionada que, la ilicitud sustancial no refiere a una ausencia de
daño sino a la irrelevancia de la conducta frente a los postulados que orientan
la buena marcha de la administración de justicia, circunstancia que debe ser
evaluada y analizada en cada caso concreto, y en el evento en estudio se tiene
que el actuar de los procesados afecta los principios de celeridad, eficiencia,
igualdad e imparcialidad propios de la administración de justicia, con lo cual
se vulneró ostensiblemente el buen funcionamiento de ésta en cuanto a su
independencia e imparcialidad, principios involucrados en la institución
procesal de los impedimentos y recusaciones, trasgredida en este caso.
4.6.2.5. De lo
anterior se deriva, que las razones para la existencia de un defecto fáctico
fueron debidamente debatidas en el proceso disciplinario y que las decisiones
de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
en las providencias del 19 de septiembre y 12 de diciembre de 2007,  se
encuentran dentro del margen razonable de interpretación, pues es evidente que
la existencia de la expresa y clara prohibición consagrada en el artículo 110
del Código de Procedimiento Penal, no admitía valoraciones que se apartaran de
su texto. En consecuencia, no encuentra la Sala que exista defecto sustantivo,
ni violación alguna al derecho al debido proceso.
Además, el que el demandante no comparta
las consideraciones y argumentos planteados por las autoridades disciplinarias
en sus decisiones, no es fundamento suficiente para que se deba considerar que la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
profirió decisiones por fuera de la ley.
4.7. Por otra
parte, en la acción de tutela se alega que en la sentencia acusada se vulnera
el derecho a la igualdad del accionante, por cuanto en el caso del
doctor Rodrigo Jabba Navarro[102]; Magistrado del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el cual se calificó
la falta como leve y en consecuencia la sanción fue de amonestación, mientras
que en el proceso contra el actor se sancionó con un mes de suspensión en el
ejercicio del cargo.
4.7.1. La Sala
tampoco considera que este cargo sea de recibo en contra de las providencias
atacadas, puesto que no se adjuntó el fallo a que se alude en la demanda de
tutela[103], ni se expusieron las
circunstancias que determinan que a una misma situación se hayan aplicado
criterios diferentes, ni se dijo que la otra persona se encontraba en las
mismas circunstancias del actor, todo lo cual hubiese permitido la comparación.
Al respecto,
esta Corporación ha manifestado reiteradamente, que cuando se busca la
protección del derecho a la igualdad la carga de la prueba la tiene el
demandante, quien debe establecer el criterio de comparación, con el fin de
determinar si existe un trato desigual o discriminatorio.[104]
Así las cosas no
le compete a la Sala estudiar un fallo judicial que si bien fue mencionado
dentro del proceso, no fue aportado por el demandante o expuesto al menos en
sus apartes pertinentes, como punto de comparación para establecer una
violación del derecho a la igualdad. La sola afirmación hecha en la demanda
sobre la existencia de decisiones judiciales distintas proferidas por una misma
autoridad judicial sin especificar las circunstancias que dieron lugar a la
expedición de las mismas, no constituye, en sí misma una prueba de trato
discriminatorio, por cuanto las diferencias que puedan existir entre los
fallos, pueden surgir de diferentes situaciones, que además pueden ser
legítimas, y que pueden demandar  una decisión fundada en otras consideraciones
jurídicas.
4.7.2. No
obstante, la Corte solicitó al Consejo Superior de la Judicatura remitir copia
de la Decisión proferida por esa Corporación dentro del proceso 200303044 01,
habiendo enviado copia del fallo de la Sala 51 del 14 de mayo de 2008 donde
resuelve el recurso de reposición instaurado por el doctor Rodrigo Jabba
Navarro, contra el fallo del 8 de octubre de 2007 por el cual esa Sala, lo
sancionó en su condición de Magistrado de la sala penal del Tribunal Superior
de Barranquilla, con amonestación escrita, como responsable de incurrir en la
falta consagrada en el numeral 3° del artículo 154 de la ley 270 de 1996, en
concordancia con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, en proceso
disciplinario iniciado en razón de que la sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, compulsó copias al advertir “que la prolongada dilación
que tuvo el trámite de desacato, que inició el 9 de agosto de 2000 y se impuso
sanción el 28 de abril de 2003 no se compadece con los principios de celeridad
y eficacia que gobiernan la acción constitucional….”[105]
Como puede
observarse, no es posible comparar la situación planteada en el proceso que
trae a colación el demandante y la de éste para definir a partir de allí una
violación del derecho a la igualdad.
Además, la Sala
considera que un juez no viola el derecho a la igualdad de una persona al
adoptar una decisión en un sentido, así en otras ocasiones lo haya hecho en
sentido diferente, máxime si se considera que en el caso no es posible asimilar
las circunstancias que rodearon los dos casos, pues no puede decirse de ellas
que sean iguales o similares.
4.8. Considera
el demandante vulnerado su derecho al trabajo por cuanto en virtud de la
sanción impuesta quedó desvinculado de su Despacho como Magistrado de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima por el término
de un mes.
No comparte la
Sala la apreciación del tutelante por cuanto la vulneración de este derecho
está ligada a la legalidad de las decisiones atacadas, las cuales como se vio
fueron adoptadas dentro del proceso disciplinario que garantizó la defensa del
actor y ampliamente motivadas que llevaron a la imposición de la sanción que si
bien impidió al actor ejercer su cargo por el término de un mes, ello no puede
considerarse como una violación del derecho al trabajo pues fue el resultado de
una sanción disciplinaria, impuesta por la autoridad competente, en un proceso
que se desarrolló dentro de los cauces constitucionales y legales[106].
4.9. Así
encuentra la Sala que en el caso que ocupa su atención, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, acusada, al dictar las
providencias del 19 de septiembre y 12 de octubre de 2007, no vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, la defensa, la igualdad ni el trabajo
del doctor José Erasmo Guarnizo Nieto,  en cuanto se trató de una decisión
judicial que se dictó dentro de un proceso donde el accionante pudo ejercer su
defensa y se fundó en una lectura del ordenamiento legal aplicable al caso,
ajena a cualquier arbitrariedad o capricho, que se encuentra dentro del margen
de interpretación que en los asuntos de su competencia corresponde a esa
entidad.
4.10. Por las
razones expuestas, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional
confirmará la decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, del 1 de Octubre 2008 que revocó la sentencia
proferida el 28 de mayo de 2008 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima. (Primera instancia)[107],
y en su lugar niega el amparo solicitado por doctor José Erasmo Guarnizo Nieto.
III.
DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Política.
RESUELVE:
Primero-.
CONFIRMAR la decisión de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, del 1 de Octubre 2008 que
revocó la sentencia proferida el 28 de mayo de 2008 por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima. (Primera
instancia)[108], y en su lugar niega el
amparo solicitado por doctor José Erasmo Guarnizo Nieto.
Segundo. Por Secretaría General, líbrese la
comunicación a que se refiere el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado Ponente
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Aclaración de voto.
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO
DEL MAGISTRADO
NILSON PINILLA PINILLA A LA SENTENCIA T-364 DE 2009
Referencia: expediente T-2.139.757
Acción de tutela de José Erasmo Guarnizo Nieto contra la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
Magistrado ponente:
Dr. Mauricio González Cuervo
Habiendo votado positivamente y firmado el proyecto presentado en
este caso por el señor Magistrado ponente, estimo necesario consignar por
escrito una muy sucinta aclaración sobre el sentido de mi voto en el presente
asunto.
Si bien participo de la resolución adoptada, por cuanto comparto la
percepción de que no existían razones que justificaran invalidar la
interpretación que dentro de un asunto de su competencia efectuó la Sala
accionada, debo aclarar mi voto pues siempre he disentido frente al enfoque
amplificado de la noción de “vía de hecho” y en relación con algunas de
las argumentaciones que se exponen para arribar a la decisión adoptada.
Particularmente, tal como lo he explicado con más amplitud frente a
otras decisiones[109], no comparto el
alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se reconoce por parte de la
Corte Constitucional a la acción de tutela contra decisiones judiciales, y que
en el caso de la sentencia a que me vengo refiriendo se pone de presente en la
cita que se efectúa (páginas 15 a 17) de la sentencia C-590 de junio 8 de 2005,
M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyas consideraciones discrepo parcialmente
desde cuando fue expedida.
Mi desacuerdo con dicha sentencia, que el actual fallo invoca como
parte de la fundamentación, radica en el hecho de que, en la práctica,
especialmente las llamadas “causales especiales de procedibilidad” a que dicha
providencia se refiere en su punto 25, abarcan todas las posibles situaciones
que podrían justificar la impugnación común contra una decisión judicial,
dejando así la imagen de que esta Corte estima que la acción de tutela
constituye un recurso complementario, añadible a los establecidos en el proceso
de que se trata.
Con ello, la solicitud y trámite de la acción de tutela al amparo de
tales enunciados, deviene simplemente en una (o más) nueva(s) oportunidad(es)
que se confiere(n) a quien se ha visto desfavorecido por la decisión adoptada por
el juez competente, o lo que es lo mismo, en una (o varias) instancia(s)
adicional(es), no prevista(s) en absoluto en el respectivo proceso debido,
situación que difiere, de lejos, del propósito de protección subsidiaria a los
derechos fundamentales que animó al constituyente de 1991, que vino a quedar
reflejado en el artículo 86 superior.
Además, no sobra acotar que si bien esta corporación con fundamento en
la sentencia C-590 de 2005 aduce sistematizar una línea jurisprudencial
construida y decantada a partir de las consideraciones que se dejaron
planteadas en la sentencia C-543 de 1992, ello no es exacto, ya que en realidad
ese pronunciamiento[110], de suyo sólo argüible
frente a la casación penal por ser ésta la institución regulada en el precepto
parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de 2004), se ha
interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó decidido en la
C-543 de 1992.
En efecto, mientras que en esa providencia de 1992 se consideró, con
firmeza de cosa juzgada constitucional (art. 242 Const.), que no pude ser
quebrantada, que la tutela contra decisiones judiciales atentaba contra la
seguridad jurídica y contra otros importantes valores constitucionales, como el
“principio democrático de la autonomía funcional del juez”, “la independencia y
desconcentración que caracterizan a la administración de justicia” y “la
función garantizadora del Derecho” que cumple el proceso, y en consecuencia se
declaró inexequible la preceptiva que reglamentaba tal posibilidad, en la C-590
de 2005 se presenta un amplio listado de situaciones, creyéndose que de
inferirse la materialización de alguna de ellas, de por sí está permitida la
tutela contra la decisión judicial, cual si fuera un recurso ordinario más, con
lo cual se ha desquiciado gravemente su carácter excepcionalísimo y, en la
práctica, se ha abatido la seguridad jurídica, que es también un derecho
fundamental.
Por lo anterior, dado que la decisión adoptada con mi acuerdo y
participación incluye algunas consideraciones a las que se podría otorgar
alcances de tal índole, que no comparto, aclaro el voto en el caso de la
referencia.
Con mi acostumbrado respeto,
Fecha ut supra
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
[1] Ver folios 31 a 49 del cuaderno #2 y #3.
[2] Ver folios 140 a 148 del cuaderno #1.
[3] Acción de tutela presentada el 20 de agosto  de 2008. Ver folios 1
a 23 del cuaderno #1.
[4] Interpuesta el 1 de abril de 2008.
[5] Radicado No. 11001010200020030417401.
[6] Sentencia del 19 de septiembre de 2007. Ver folio 22 a 57 del
cuaderno #1.
[7] Fallo del 12 de diciembre de 2007. Ver folios  58 a 68 del cuaderno
#1.
[8] Para ello hace referencia a las sentencias de la Corte
Constitucional T-462 de 2003 y SU-159 de 2002.
[9] Ley 734 de 2002 Código
Disciplinario Único.  Artículo 28. Causales de exclusión de la responsabilidad
disciplinaria. Está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la
conducta:
(…)
3.
En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las
formalidades legales.
[10] En la radicación No. 200303044-01/136.I.05. Ver acción de tutela
folios 1 a 20 cuaderno #1.
[11] Ver acción de tutela folios 1 a 20 del cuaderno #1.
[12] Ley 270 de 1996 ARTICULO 153.
DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los
siguientes:
1.
Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la
Constitución, las leyes y los reglamentos.
[13] Constitución
Política ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están
sometidos al imperio de la ley.
La equidad, la jurisprudencia, los principios
generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad
judicial.
[14] Ley 600 de 2000 Código Penal ARTICULO 110. DESAPARICION DE LA CAUSAL.
En ningún caso se recuperará la competencia por la desaparición de la causal de
impedimento.
[15] “en virtud a que retornó al conocimiento de asuntos en los que
ya había aceptado su impedimento y por ende se le había separado del
conocimiento de los mismos, circunstancia que se presentó en los siguientes
radicados: 251 de 1999 y 0001, 040 y 041 de 2003”.
[16] Del 13 de julio de 2005.
[17] Contestación a la acción de tutela interpuesta por el señor Jose
Guarnizo Nieto ver folios 119 a 121 y 122 a1 24 del cuaderno #1.
[18] “que señala como tal la existencia de una amistad íntima o
enemistad grave entre alguno de los sujetos procesales, denunciante o
perjudicado y el funcionario judicial”.
[19] Ver acción de tutela folios 1 a 20 del cuaderno #1 y la Sentencia
proferida dentro del proceso disciplinario adelantado en contra del accionante,
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
el 19 de septiembre de 2007, ver folio 22 a 58 del cuaderno #1. Sentencia del
12 de diciembre de 2007 por medio de la cual la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura negó la reposición que el
accionante interpusiera.
[20] Ver decisión de la Sala Especial de Conjueces –Jurisdiccional
Disciplinaria, del 11 de julio de 2003, folios 103 a 109 del cuaderno #1.
[21] Ver carta enviada por la Sala Especial de Conjueces –Jurisdiccional
Disciplinaria a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Consejo Seccional de la
Judicatura, al Dr. José Guarnizo Nieto y al Dr. René Ramírez Rivera folios 110
a 112 del cuaderno #1.
[22] Ver acción de tutela folios 1 a 20 del cuaderno #1 y la Sentencia
proferida dentro del proceso disciplinario adelantado en contra del accionante,
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
el 19 de septiembre de 2007, ver folio 22 a 58 del cuaderno #1. Sentencia del
12 de diciembre de 2007 por medio de la cual la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura negó la reposición que el
accionante interpusiera.
[23] “Una ponderada reflexión le ha permitido concluir que, en estricto
sentido, la causal no tiene fundamento pues la exigencia de íntima,
predicable de este grado de amistad para que cobre efectos de separar del
conocimiento de un proceso a un funcionario, no se da”. (…) (Resaltado
del texto) Ver decisión de la Sala Especial de Conjueces –Jurisdiccional
Disciplinaria, del 11 de julio de 2003, folios 103 a 109 del cuaderno #1.
24 Al respecto manifestó que en
repetidos fallos de esa Corporación, se había venido expresando que una nueva
reflexión invitaba también a una nueva visión del impedimento. Que en los
citados fallos,  después de analizar la forma como el Magistrado propuso el
impedimento, donde señaló que al representante judicial le  “une amistad por
espacio superior a nueve (9) año, la cual trasciende el plano de la informalidad
y ello ha permitido afianzarla”, se concluyó que “…el H. magistrado no
valora como íntima la amistad que profesa por el abogado defensor. Y no
teniendo esa categoría la causal no puede prosperar. Es decir, ‘no es tal que
pueda afectar su imparcialidad e independencia judicial’En relación con la
manifestación del Magistrado GUARNIZO NIETO, declarará infundado el impedimento
expresado por las consideraciones ya anotadas, y ordenará retornar el
expediente a su Despacho para que continúe con el con(sic) de la investigación
contra el Abogado acusado Orlando ArciniegasLagos”. Añadió luego que
“Por supuesto podría argüirse que una vez aceptado un impedimento y separado un
funcionario del conocimiento, la actuación no retorna a su despacho al
desaparecer la causal. // El planteamiento válido en principio, no lo es en el
fondo. La orientación teleológica que este postulado contiene lo es evitar que
los procesos transiten de un Despacho judicial a otro Despacho judicial,
perturbando la recta administración de Justicia y entorpeciendo el normal
desenvolvimiento de una actuación, cuando, en últimas, cada uno de dichos
funcionarios es titular de la competencia para conocer. Cuando ambos, por su
naturaleza, ostentan la condición de juez natural. No acontece lo mismo
enfrente al instituto de los conjueces. La condición de éstos es coyuntural, se
les llama para cuestiones incidentales, asumen temporalmente la función
pública. // A falta de una reglamentación expresa, es preciso interpretar
aquella que más se acerca a una solución. El Código de Procedimiento Civil
vigente al reglamentar la asignación del conocimiento de un proceso va
estableciendo cómo al interior de la jurisdicción, se va asignando el
conocimiento. Y solo en un caso extremo, sin extraer el asunto de la rama
judicial, traslada un asunto civil, a juez promiscuo o a juez de especialidad
laboral o a la penal, pero en estos casos, cuando el juez natural por su
especialidad ha desplazado competencia a otro juez pero de especialidad o
ubicación geográfica diversa, la normatividad impone el retorno de la actuación
al competente por la naturaleza del asunto cuando el impedimento desaparezca.
// Varias hipótesis confluyen a respaldar esta decisión. // 1. Aparecería
consecuente que en un evento en el cual dos Magistrados Titulares se retirasen
del servicio y reemplazados por otros dos funcionarios en quienes no concurra
la causal de impedimento, sea la Sala Especial de Conjueces, la Sala
coyuntural, la llamada a continuar conociendo de las actuaciones? // 2.
Aparecería consecuente que en un evento en el cual una persona que, v.gr., por
parentesco, o por grave enemistad, o por amistad íntima, impone a los
Funcionarios la manifestación de impedimento, opte por declinar ser sujeto
procesal, el juez natural se vea limitado para conocer de la actuación y la
competencia se desplace al juez accidental? // 3. Aparecería consecuente que en
un evento (el proceso con Radicación 3007 por ejemplo), el funcionario no asuma
el conocimiento de la actuación por amistad íntima y en la misma fecha en otro
evento (el proceso con Radicación 3042 por ejemplo), si conozca? Es decir que
para una actuación sea amigo íntimo o grave enemigo y para otra, con referencia
a la misma persona como sujeto procesal, no lo sea? O que un Funcionario (juez
natural) traslade su competencia a un Conjuez (juez accidental), porque un
sujeto procesal es pariente de su antecesor? // 4. Aparecería consecuente que
en un evento de acumulación de los varios procesos seguidos contra un mismo
disciplinado, se pudiera siquiera pensar en que un conjuez desplace del
conocimiento a un Magistrado titular? // (…) La posición de la Sala es la de
hacer prevalecer lo sustancial sobre lo accidental. El fondo sobre la forma. El
concepto fundamental del juez natural  sobre el formalismo de los impedimentos.
La precisión de que la Sala Especial de Conjueces carece de competencia para
conocer de estas diligencias. //  Y si ello es así, es decir, si la causa que
motivó la aceptación del impedimento y el desplazamiento del H. Magistrado
Guarnido Nieto, no subsiste, se impone que la actuación retorne a su
Despacho para que sea el Titular quien por competencia natural, no
coyuntural, continúe como Director de la actuación pues carece esta Sala de
Conjueces de argumentos para sustraer de su juez natural el conocimiento de
estas diligencias”. (Resaltado del texto)
[25] Artículo 153.-Modificado por el Decreto 2282 de 1989, Artículo 1. Num. 88.
Juez o magistrado que debe reemplazar al impedido o recusado. El Juez que deba separarse
del conocimiento por impedimento o recusación, será reemplazado por el del  mismo
ramo y categoría que le siga en turno, atendiendo el orden numérico, y a falta
de éste por el juez civil o promiscuo de igual categoría o de otra rama que
determine el tribunal superior del respectivo distrito. En el último caso, si
desaparece la causal invocada en contra del funcionario, volverá a éste el
conocimiento del asunto.
El magistrado o conjuez impedido o recusado será
reemplazado por el que siga en turno, o por un conjuez si no fuere posible
integrar la sala por ese medio.
[26] Ver acción de tutela folios 1 a 20 del cuaderno #1 y la Sentencia proferida dentro del proceso disciplinario adelantado
en contra del accionante, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, el 19 de septiembre de 2007, ver folio 22 a 58 del
cuaderno #1. Sentencia del 12 de diciembre de 2007 por medio de la cual la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura negó la
reposición que el accionante interpusiera.
[27] Folios 39 y 40 del cuaderno # 1
[28] Folio 23 del cuaderno # 1.
[29] Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura del Tolima.
[30] Ver acción de tutela folios 1 a 20 del cuaderno #1 y oficio enviado
por la Procuradora Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial,
ver folios 99 a 102 del cuaderno #1.
[31] En dicha providencia se manifestó: (i)
respecto a la autonomía funcional de los jueces en la interpretación de las
normas legales alegada por el actor, “no se está
cuestionando la interpretación de un texto jurídico, sino el desconocimiento de
expresa prohibición legal consignada en el artículo 110 de la Ley 600 de 2000 ,
norma que por su claridad debió ser aplicada conforme a su tenor literal sin
necesidad de consultar su espíritu o acudir a otros instrumentos
interpretativos como el de la analogía o a normas de reenvío, mecanismos que
sólo se encuentran previstos, bien para aclarar el sentido de expresiones
oscuras o bien para llenar vacíos de la ley, lo que no ocurría en este caso, en
tanto se contaba con norma expresa aplicable y clara”; (ii) respecto de estar
en el caso de cumplimiento de orden legítima de autoridad competente “no se
está ante mandato emanado de una relación de jerarquía de derecho público, en
tanto el Conjuez no es en ningún momento superior jerárquico del funcionario,
magistrado , a quien reemplaza en el ejercicio de sus funciones
jurisdiccionales, y tampoco frente a orden administrativa propiamente dicha.
// Asimismo, no se está ante una ‘orden legítima’, pues como se evidenció en el
acápite que antecede el retorno de diligencias ordenado por los  Conjueces  procesados transgrede flagrantemente expresa
prohibición consignada en el artículo 110 del Código de Procedimiento Penal, y
como se ha decantado jurisprudencial y doctrinariamente ‘ni aún frente a la
autoridad militar puede existir órdenes ilegítimas, criminales que sean de
obligatoria ejecución. Desde el momento en que el subordinado conoce la
ilicitud de la orden, su obligación será no cumplirla, pues si lo hace estaría
cometiendo acto arbitrario e injusto’ // (…) no era necesario e inevitable para
el doctor GUARNIZO NIETO el retorno al diligenciamiento de los asuntos que le
fueron remitidos por los  conjueces , después de
haber estimado que la causal de impedimento invocada ‘no subsistía’, cuando tal
proceder se encuentra expresamente prohibido, y el deber de acceso a la
administración de justicia no puede considerarse de mayor importancia al de
imparcialidad involucrado en la figura de los impedimentos”.
[32] Tras considerar que el accionante “actuó de manera negligente y
descuidada, en tanto estando en capacidad de comprender la ilicitud del retorno
de diligencias ordenado por los Conjueces de la Sala continuó diligenciando los
procesos en que ya se había aceptado su manifestación de impedimento, pudiendo
exigírsele  otro  comportamiento, ya que como se indicó en precedencia, como
servidos público y en especial como funcionario jurisdiccional  en su actuar
solo se halla sometido al imperio de la ley”.
[33] Ver folios 22 al 57 del cuaderno #1.
[34] Ver folios 58 a 68 del cuaderno #1.
[35] Mediante Auto del 16 de mayo de 2008, una vez ejecutoriado el Auto que
decretó la nulidad en el asunto, se admitió la acción de tutela instaurada por
el doctor José Erasmo Guarnizo Nieto, y se manifestó que “por cuanto ya obra
en el expediente el pronunciamiento de los accionados y los presupuestos de
hecho contenidos en el libelo demandatorio no han variado se dispone tenerlo
como prueba”.
[36] Ver folios 140 a 148 del cuaderno #1.
[37] Ver folios 140 a 148 del cuaderno #1.
[38] En este sentido se refiere a la sentencia T- 565 del 19 de julio de
2006.
[39] Ver folios 31 a 49 del cuaderno #2.
[40] Ver folios 140 a 148 del cuaderno #1.
[41] Ver Cuaderno de la Corte Constitucional.
[42] Ver folios 31 a 49 del cuaderno #2 y #3.
[43] Ver folios 140 a 148 del cuaderno #1.
[44] Ver entre otras, SU 159/02 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-1009 de
2000 M.P. Carlos Gaviria Díaz, SU-014 de 2001 M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez, T-996-03 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-1192/03[44]  M.P. Eduardo Montealegre,
T-68 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-453 de 2005 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-518 de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, C-590 de 2005 M.P.
Jaime Córdoba Triviño, T-1101 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-1222 de 2005
M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-302/06 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-950 de 2006
NM.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-639 de 2006 M.P. Jaime Córdoba Triviño,
T-955 de 2006 M.P. Jaime Araújo Rentaría, Sentencia T-1044 de 2006 M.P. Rodrigo
Escobar Gil, T-808/07 M.P. Catalina Botero Marino, T-061/07 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, T-446 de
2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-018 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-240/08
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-499/08 M.P. Mauricio González Cuervo,
T-580/08 Humberto Antonio Sierra Porto, T-831 de 2008  M.P. Mauricio González
Cuervo T-017/09 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-051/09 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa,  T-060/09 M.P. Mauricio González Cuervo, T-066 de 2009 M.P. Jaime Araujo Rentaría, T-130 de 2009
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[45] Sentencia T-1222 de 2005 M.P. Jaime
Córdoba Triviño
[46] Sentencia T-933 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, entre otras.
[47] Sentencia T-240 de 2008 M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra. Ver además Sentencias T-955
de 2006 M.P. Jaime Araújo Rentería, T- 774 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-694 de 2000 M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz, T-008 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[48] T-1222 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño. Añadió la Corte que “…ante
una acción de tutela interpuesta contra una decisión judicial por presunta
arbitrariedad en la interpretación del derecho legislado -vía de hecho
sustancial por interpretación arbitraria- el juez constitucional debe limitarse
exclusivamente a verificar que la interpretación y aplicación del derecho por parte
del funcionario judicial no obedezca a su simple voluntad o capricho o que no
viole los derechos fundamentales. En otras palabras, no puede el juez de
tutela, en  principio, definir cual es la mejor interpretación, la más adecuada
o razonable del derecho legislado, pues su función se limita simplemente a
garantizar que no exista arbitrariedad y a proteger los derechos fundamentales
y no a definir el sentido y alcance de las normas de rango legal”.
[49] T-1222 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[50] Ver entre otras la reciente Sentencia T-315 de 2005 M.P. Jaime
Córdoba Triviño
[51] M.P. Clara Inés
Vargas Hernández “La
Corte considera, que cuando el juez de conocimiento se encuentra en el juicio
con una prueba ilícita, debe en consecuencia proceder a su exclusión. Pero,
deberá siempre declarar la nulidad del proceso y excluir la prueba ilícita y
sus derivadas, cuando quiera que dicha prueba ha sido obtenida mediante
tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial. En efecto, en estos
casos, por tratarse de la obtención de una prueba con violación de los derechos
humanos, esta circunstancia por si sola hace que se rompa cualquier vinculo con
el proceso. En otras palabras, independientemente de si la prueba es
trascendental o necesaria, el solo hecho de que fue practicada bajo tortura,
desaparición forzada o ejecución extrajudicial, es decir, mediante la perpetración
de un crimen de lesa humanidad imputable a agentes del Estado, se transmite a
todo el proceso un vicio insubsanable que genera la nulidad del proceso, por
cuanto se han desconocido los fines del Estado en el curso de un proceso penal,
cual es la realización de los derechos y garantías del individuo. Además, como
queda ya comprometida la imparcialidad del juez que ha conocido del proceso,
debe proceder además a remitirlo a un juez distinto. En efecto,
tradicionalmente en derecho colombiano se ha entendido que la aplicación de la
regla de exclusión no invalida todo el proceso, sino que la prueba ilícita no
puede ser tomada en cuenta al momento de sustentar una decisión. No obstante lo
anterior, entiende la Corte que tal principio debe ser exceptuado cuando quiera
que se pretenda hacer valer en un juicio oral una prueba que ha sido obtenida
en flagrante desconocimiento de la dignidad humana”.
[52] M.P. Jaime Córdiba Triviño
[53] Sentencia T-522/01
[54] En Sentencia T-1192/03[54]  M.P. Eduardo Montealegre
Lynett se reiteró la jurisprudencia consignada en la Sentencia SU-014 de 2001
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez[54] donde “la Corte estableció que cuando actuaciones de
terceras personas inducían en error al juez, se configuraba la “vía de hecho
por consecuencia”. Con ello la Corte indicaba que la violación de los derechos
fundamentales de la persona no le eran imputables al juez, pero que la decisión
judicial resultaba inconstitucional”.En la Sentencia T-68 de 2005, M.P. Rodrigo
Escobar Gil dijo la Corte: (v) Finalmente, el defecto o vía de hecho por
consecuencia se estructura cuando la providencia judicial se soporta en
hechos o situaciones jurídicas adelantadas por autoridades distintas a quien la
profiere, y cuyo manejo irregular afecta de manera grave e injusta derechos o garantías
fundamentales. En estos casos, aun cuando la decisión se haya adoptado con
pleno acatamiento de la normatividad aplicable y dentro de una valoración
juiciosa de las pruebas, la vía de hecho se produce como consecuencia de la
negligencia de otras instancias públicas, que obligadas a colaborar con la
administración de justicia, por acción o por omisión no lo hacen en forma
diligente. Tal como lo señaló la Corte ‘si bien el criterio imperante frente a
la vía de hecho es el de que ésta se origina en una actuación judicial
arbitraria o manifiestamente contraria a derecho, puede ocurrir que tal defecto
no sea atribuible directamente al juez de la causa, sino a la acción u omisión
de otras autoridades publicas -en la mayoría de los casos administrativas- que
debiendo colaborar armónicamente en la función de administrar justicia, con su
conducta negligente inducen en error al operador jurídico y permiten que a
través de la decisión se afecten en forma grave los derechos y garantías
constitucionales de quienes intervienen en la actuación judicial.[54]”[54]
[55] Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y
T-1031/01.
[56] Ver además Sentencias T-051 de 2009 M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-060/09 M.P. Mauricio González Cuervo, T-130 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto, entre otras.
[57] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-589 de 2003. M.P. Eduardo
Montealegre Lynett.
[58] Ver al respecto, entre otras, Sentencias
T-573 de 1997. M.P. Jorge Arango Mejía,[58]
T-567 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-001 de 1999. M.P. José Gregorio
Hernández Galindo, T-377 de 2000. M.P. Alejandro Marínez Caballero, T-1009 de 2000
M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-852 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-453 de 2005
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,  T-061 de 2007 M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto, T-079 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, RenteríaT-231 de 1994 M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz,  T-001 de 1999 M.P. José Gregorio Hernández Galindo,
T-814 de 1999, MP: Antonio Barrera Carbonell.T-522 de 2001 M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa, T-842 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis, SU-159
de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M.P. Eduardo
Montealegre Lynett.,T-205 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, , T-701
de 2004 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, T-807 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas
Hernández, T-1244 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-056 de 2005 M.P.
Jaime Araújo Rentería, T-189 de 2005 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,  T-800
de 2006 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-061 de 2007 M.P Humberto Antonio Sierra
Porto , T-018 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-051 de 2009 M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa, T-060 de 2009 M.P Mauricio González Cuervo, T-066 de 2009
M.P. Jaime Araújo Rentería.
[59] Sentencia T-189 de 2005
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa en esta oportunidad concluyó la Corte que “En
efecto, en su fallo el Tribunal omitió aplicar la norma que se ajustaba al caso
y, en su lugar, empleó otra que no era pertinente.”
[60] Ver sentencia T-205 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández Aquí la
Corte concluyó la existencia de un defecto sustantivo “por cuanto el juez se
basó en una norma legal que había perdido su vigencia”.
[61] Sentencia T-800 de 2006 M.P. Jaime Araujo Rentería.
En es a oportunidad dijo la Corte “Todo lo anterior lleva a concluir a la Corte
Constitucional que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura, en su sentencia del 18 de noviembre de 2004, confirmada en el
auto por medio del cual resolvió el recurso del reposición el 11 de mayo de
2005, aplicó, en la sanción que impuso a los demandantes, una norma que no
existía, consistente en un impedimento por haber cumplido con el deber propio
de los jueces. Es decir, que verdaderamente crearon una norma, pues dictar
providencia dentro de un proceso no puede constituir, como se vio, causal de
prejuzgamiento. Por ello incurrieron en un defecto sustantivo constitutivo de
vía de hecho, violatoria del derecho fundamental al debido proceso de los
actores”.
[62] Al respecto, consultar sentencia T-522 de 2001
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En esta providencia se dijo que “incurre en una vía de hecho por razones sustanciales el funcionario
judicial que tome una decisión con base en una disposición: (1) cuyo contenido normativo es evidentemente contra­rio
a la Consti­tu­ción, porque la Corte Constitucional previamente así lo declaró
con efectos erga omnes, (2) cuyo sentido y aplicación claramente compromete
derechos fundamentales, y (3)
cuya incompatibilidad ha sido alegada por el interesado, invocando el respeto a
una sentencia de constitucionalidad de la Corte Consti­tucional que excluyó del
ordenamiento jurídico el sentido normativo único e ínsito en la norma legal
aplicada en el curso del proceso y de la cual depende la decisión”.
[63] Sentencia SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[64] T-051 de 2009 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Ver sentencias T-1101 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil dijo la Corte:” Sobre el tema relacionado con las vías
de hecho ocasionadas por interpretaciones judiciales contrarias a la
Constitución y la procedencia de la tutela para conjurarlas, la Corte tuvo
oportunidad de precisar que debe aparecer probado que la aplicación de la norma
se hizo (i) contraviniendo o haciendo caso omiso de
los postulados, principios y valores constitucionales[64], (ii)
imponiendo criterios irracionales o desproporcionados[64], (iii)
sin respetar el principio de igualdad[64],
y (iv) en desmedro de los derechos sustantivos en litigio[64]” y T-1222 de 2005 M.P. Jaime Córdoba
Triviño. Dijo la Corte en esta ocasión: “para que una interpretación
judicial se considere constitutiva de vía de hecho, es indispensable que la
misma defienda una lectura de las normas realmente contraria a su sentido
lógico, manifiestamente opuesta a los principios de derecho y salida del cauce
de la juridicidad”
[65] Sentencia T-462 de 2003 M.P. Eduardo
Montealegre Lynett. Ver además Sentencia T-001 de 1999 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo “Diferente es el caso de la ostensible aplicación indebida
de una norma, en cuya virtud se pretende lograr que los hechos quepan en ella,
aun contra toda evidencia. Allí puede darse la vía de hecho, como lo ha
admitido esta Corte, si por haberse forzado arbitrariamente el ordenamiento
jurídico se han quebrantado o se amenazan derechos constitucionales
fundamentales (Cfr., por ejemplo, la Sentencia T-765 del 9 de diciembre de
1998)”.
[66] Sentencia T-066 de 2009 M.P. Jaime Araújo Rentería. “En esta
hipótesis no se está ante un problema de interpretación normativa, sino ante
una decisión carente de fundamento jurídico, dictada según el capricho del
operador jurídico, desconociendo la ley, y trascendiendo al nivel
constitucional en tanto compromete los derechos fundamentales de la parte
afectada con tal decisión”. Ver además Sentencia T-079 de 1993, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[67] Sentencia T-814 de 1999, MP: Antonio Barrera Carbonell. Dijo la
Corte en esta oportunidad que “Considera la Sala que las razones que se aducen
en las providencias cuestionadas contradicen de manera ostensible tanto la cosa
juzgada, como la doctrina constitucional contenida en la sentencia C-157/98,
pues  la Corte al declarar inexequible el inciso segundo del art. 2  de la ley
393/97, según el cual la interpretación por el juez del no cumplimiento de la
norma por la autoridad debía ser restrictiva y aparecer evidente el
incumplimiento consideró, por el contrario, que éste debía ser deducido
razonablemente por el juez con base en el análisis de la norma y de las pruebas
incorporadas al proceso. // Igualmente, dichas Corporaciones desconocieron el
valor de la doctrina constitucional de la Corte en cuanto al sentido y alcance
interpretativo de la referida norma constitucional. // Es mas, con dicha
conducta el Tribunal y el Consejo contrariando la decisión del intérprete
autorizado de la Constitución introdujeron al texto del art. 87 una regla que
no fue diseñada por el Constituyente, restringiendo de este modo la posibilidad
que tienen las personas de acceder a la justicia a través de la acción de
cumplimiento”. En la Sentencia T-842 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis
puntualizó la Corte que “constituye vía de hecho apartarse de la cosa
juzgada constitucional”. En la Sentencia T-462 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett, la Corte explicó que “una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador, (ii) cuando a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los
intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y
finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las Sentencias con efectos erga
omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la
norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
Igualmente esta Corporación, mediante la
sentencia T-1244 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa manifestó que la
autoridad judicial (juez laboral) había incurrido en una causal de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales por
defecto sustantivo, al negar la indexación de la primera mesada pensional, al
argumentar que la norma aplicable no lo permitía, a pesar de que la
interpretación que había hecho la Corte Constitucional en varias sentencias de
constitucionalidad señalaban el sentido de la norma y la obligación de indexar.
Dijo la Corte que a partir de la sentencia SU-120 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis, la Corte
Constitucional ha sostenido que, “en principio, la primera mesada pensional
debe ser indexada”. Esta posición ha sido reafirmada a través de las sentencias
T-663 de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-1169 de 2003M.P. Clara Inés Vargas Hernández, y T-805 y
T-815 de 2004 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes. Añadió que la misma tesis se defendió
en la Sentencia C-601 de 2000 M.P. Fabio Morón Díaz.
Señaló además que “En el proceso que se
analiza, el actor solicitó que se condenara al Banco a indexar su primera
mesada pensional y al pago de los intereses moratorios sobre las mesadas
causadas a partir del 31 de julio de 1998. El Tribunal decidió concederle el
pago de los intereses moratorios, pero se negó a ordenar la indexación de la
pensión, por cuanto ello constituiría una doble sanción”. A partir de allí y
con base en la reiterada jurisprudencia concluyó la Corte que la posición del
Tribunal constituía una vía de hecho por defecto sustantivo, dado que “la
indexación y los intereses moratorios tienen un objetivo distinto. Mientras los
últimos se imponen para sancionar al deudor que ha incumplido con el pago de
sus obligaciones, la indexación persigue actualizar el valor del dinero,
pretensión plenamente justificada en una economía que sufre los efectos de la
inflación” (…)Así, pues, no le asiste razón al Juzgado cuando afirma que las
órdenes de  indexar el pago de la primera pensión y de pagar interese de mora
constituyen una doble sanción por el mismo motivo. Evidentemente, las dos
órdenes tienen un referente común, cual es el de que el pago atrasado de las
mesadas le significa al pensionado una pérdida en el valor adquisitivo de su
ingreso, pero mientras que la indexación persigue ponerle remedio a esta
situación actualizando el valor del dinero, los intereses de mora tienen por
fin lograr que el causante del hecho indemnice al afectado por los daños
inferidos.”.
Ver también, sentencias T-462 de 2003
M.P. Eduardo Montealegre Lynett “14. El defecto sustantivo como una
circunstancia que determina cierta carencia de juridicidad de las providencias
judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad judicial
respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables en un
caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación
indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del
alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes
se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.  //
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo
(i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en
cuenta por el fallador[67], (ii) cuando a
pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse
de una interpretación contraevidente[67] (interpretación
contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de
las partes[67] (irrazonable
o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las
sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada
respectiva. (…) En este sentido, concluye la Corte, la Sala Civil – Familia -
Laboral del Tribunal de Sincelejo al haber aplicado la normatividad vigente en
la materia según su propio entendido de los hechos del caso, y además, al haber
respetado la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Casación Laboral que
resultaba aplicable, ajustó su conducta tanto a la Constitución como a la ley,
lo que lleva a afirmar que no se configuró defecto sustantivo alguno que
permitiese la procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto”.
T-1060 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo
[68] Sentencia T-018 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[69] Sentencia T-086 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[70] T-231 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz. Dijo la Corte: “La vía de hecho predicable de una determinada acción
u omisión de un juez, no obstante poder ser impugnada como nulidad absoluta, es
una suerte de vicio más radical aún en cuanto que el titular del órgano se
desliga por entero del imperio de la ley. Si la jurisdicción y la
consiguiente atribución de poder a los diferentes jueces, se hace con miras a
la aplicación del derecho a las situaciones concretas y a través de los cauces
que la ley determina, una modalidad de ejercicio de esta potestad que discurra
ostensiblemente al margen de la ley, de los hechos que resulten probados o con
abierta preterición de los trámites y procedimientos establecidos, no podrá
imputarse al órgano ni sus resultados tomarse como vinculantes, habida cuenta
de la "malversación" de la competencia y de la manifiesta actuación ultra
o extra vires de su titular. // Si este comportamiento - abultadamente
deformado respecto del postulado en la norma - se traduce en la utilización de
un poder concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto en
la disposición (defecto sustantivo)…”
[71] Consultar Sentencia T-807 de 2004 M.P.
Clara Inés Vargas Hernández. Dijo allí la Corte que “un examen atento del
contenido de la referida providencia judicial evidencia que la falladora
incurrió en una vía de hecho por cuanto la decisión se apoya en una
interpretación asistemática del ordenamiento jurídico ( defecto sustantivo )…”
por cuanto “no se tuvo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato de
cuenta corriente bancaria ni la modalidad del mismo que había sido suscrito por
el accionante con la entidad crediticia, es decir, la demandada no adelantó una
necesaria interpretación sistemática entre las normas del Código Penal, que
tipifican el delito de estafa, y las disposiciones legales de carácter
comercial que regulan esta clase de contratos comerciales”.
[72] Sentencia T-056 de 2005 M.P. Jaime Araújo Rentería. Aquí la Corte
encontró que “el mismo despacho judicial provocó un defecto sustantivo en el
mismo auto al desconocer abiertamente el artículo 319 del Código de
Procedimiento Civil”. Ver además T-066 de 2009 M.P. Jaime Araújo Rentería
[73] Sentencia T-114 de 2002,  T- 1285 de 2005.
[74] Sentencia T-086 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[75] Ver la sentencias T-292 de 2006, SU-640 de 1998 y  T-462 de 2003.
[76]Ver  Sentencia T-1285 de 2005. Además, en la sentencia T-193 de
1995, esta Corporación señaló: "Es razonable exigir, en aras del
principio de igualdad en la aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios
que consideren autónomamente que deben apartarse de la línea jurisprudencial
trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de
manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de lo contrario, estarían
infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A través de los recursos que
se contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede ventilarse este evento de
infracción a la Constitución”. Sobre este tema, también puede consultarse
la sentencia T-949 de 2003.
[77] Sentencia T-086 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[78] Sobre el tema pueden consultarse además, las sentencias SU-1184 de
2001; T-1625 de 2000; T-522 de 2001;  T-047 de 2005. En la sentencia T-522 de
2001, la Corte señaló que:  “es evidente que se desconocería y contraven­dría
abiertamente la Carta Política si se aplica una disposición cuyo contenido
normativo es precisamente, y solamente, impedir que se otorguen medi­das de
aseguramiento a los sindicados porque los procesos se adelantan ante jueces
especializados”, razón por la cual el juez, al constatar su existencia, tendría
que haber aplicado la excepción de inconstitucionalidad.
[79] Sentencia
T-086 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver además Sentencia T-808 de 2007 M.P. Catalina Botero Marino
“… en cualquiera de estos casos debe estarse frente a un desconocimiento
claro y ostensible de la normatividad aplicable al caso concreto, de manera que
la desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial
sea notoria y no tenga respaldo en el margen de autonomía e independencia que la
Constitución le reconoce a los jueces (Art. 230 C.P.). Debe recordarse además,
que el amparo constitucional en estos casos no puede tener por objeto lograr
interpretaciones más favorables para quien tutela, sino exclusivamente,
proteger los derechos fundamentales de quien queda sujeto a una providencia que
se ha apartado de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico”.
[80] M.P. Hernando Herrera Vergara y Alejandro Martínez Caballero
[81] M.P José Gregorio Hernández Galindo.
[82] M.P José Gregorio Hernández Galindo.
[83] Dijo la Corte en esa ocasión: “En el ámbito de sus atribuciones, los
jueces están autorizados para interpretar las normas jurídicas en las que
fundan sus decisiones. Ello hace parte, justamente, de la autonomía que la
Constitución les garantiza. Por supuesto, al buscar el sentido de la normatividad,
aunque no coincida con el alcance que a las disposiciones correspondientes
podrían dar otros jueces, el juez de conocimiento, mientras no se aparte de
ella, la aplica en sus providencias y, por tanto, la interpretación a partir de
la cual lo haga mal puede tomarse como una vía de hecho, o como una
transgresión del ordenamiento jurídico. Si ello es así, no cabe la tutela
contra la interpretación que un juez, en el ejercicio de sus funciones, haya
hecho de las normas que gobiernan el proceso a su cuidado. Esa es la misma
razón  para  que esta Corte haya sostenido que tampoco es posible iniciar
procesos disciplinarios contra los jueces con motivo de las providencias que
profieren o a partir de las interpretaciones que en ellas acogen.”. La Corte se
refirió también a la anterior doctrina, en la sentencia SU-257 de 1997 M.P José
Gregorio Hernández Galindo, donde manifestó que: “...la Corte debe reiterar, en
guarda de la autonomía funcional de los jueces, que, "en el ámbito de sus
atribuciones (...), están autorizados para interpretar las normas en las que
fundan sus decisiones" (Cfr. Sentencia T-094 del 27 de febrero de 1997),
lo cual hace parte de la independencia que la Constitución les garantiza, por
lo cual, inclusive, "tampoco es posible iniciar procesos disciplinarios
contra los jueces con motivo de las providencias que profieren o a partir de
las interpretaciones que en ellas acogen". // Se repite que “la
responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados no puede abarcar el campo
funcional, esto es el que atañe a la autonomía en la interpretación y
aplicación del Derecho según sus competencias". "Por consiguiente, el
hecho de proferir una sentencia judicial en cumplimiento de la función de
administrar justicia no da lugar a acusación ni a proceso disciplinario
alguno" (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-417 del 4 de
octubre de 1993 M.P José Gregorio Hernández Galindo).” En la Sentencia T-625 de
1997 M.P José Gregorio Hernández Galindo se reiteró el anterior criterio así:
“De ninguna manera la jurisdicción disciplinaria puede tener el alcance ni el
sentido de última instancia respecto de las decisiones judiciales en las
distintas especialidades del Derecho, ni su papel puede constituir motivo ni
razón válida para que, a través de ella, tome para sí el nivel -que no le da la
Constitución- de supremo e incontrovertible intérprete de la normatividad legal
en todos los órdenes y en todas las ramas de la jurisdicción, arrasando las
competencias y coartando a los jueces la libertad que la Carta Política les
garantiza en el análisis de los hechos y del Derecho aplicable en los asuntos
que son sometidos a su consideración.” En el mismo sentido véanse las
Sentencias T-573 de 1997 M.P. Jorge Arango Mejía, T-625 de 1997 M.P. José
Gregorio Hernández Galindo, T-100 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández Galindo,
T-001 de 1999[83] M.P  José Gregorio
Hernández Galindo.
[84] M.P. Carlos Gaviria Díaz
[85] Sentencia Su-429/98 MP Vladimiro Naranjo Mesa. En este sentido,
también T-100/98 MP José Gregorio Hernández Galindo y T-350/98 MP Hernando
Herrera Vergara.
[86] “En efecto,
los jueces dentro de la órbita de sus competencias, son autónomos e
independientes y en sus providencias “sólo están sometidos al imperio de la ley
(art. 230 C.P.)”; la valoración probatoria y la aplicación del derecho frente
al caso concreto, son circunstancias reservadas al juez de la causa que las
ejerce dentro de la libertad de interpretación que le otorgan la Constitución y
la ley y, además, acorde con las reglas de la sana crítica”. Sentencia T-073/97 MP Vladimiro Naranjo Mesa.
[87] Ver además Sentencias T-441 de 2002 M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra donde dijo la Corte:“Ha sido criterio ampliamente
reiterado por esta Corporación el considerar que no procede tutela contra
sentencia cuando se pretende atacar la interpretación dada por el funcionario
judicial, o quien ejerce excepcionalmente funciones judiciales a la norma o
normas aplicables al caso. En efecto, la interpretación razonable de la
normatividad es una de las principales atribuciones que tiene el juez dentro de
su autonomía. Siendo la tutela contra providencias judiciales un mecanismo
excepcionalísimo que sólo procede frente a vías de hecho, no cabría, en
consecuencia,  la injerencia del juez de tutela en las competencias del juez al
tomarse la facultad de determinar cuál es la única interpretación válida o
razonable” y T-1001 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil donde señaló:“En materia
de interpretación judicial, los criterios para definir la existencia de una vía
de hecho son especialmente restrictivos, circunscritos de manera concreta a la
actuación abusiva del juez y flagrantemente contraria al derecho. El hecho de
que los sujetos procesales, los particulares y las distintas autoridades judiciales
no coincidan con la interpretación acogida por operador jurídico a quien la ley
asigna la competencia para fallar el caso concreto, o no la compartan, en
ningún caso invalida su actuación ya que se trata, en realidad, de “una vía de
derecho distinta” que, en consecuencia, no es posible acomodar dentro de
los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. De esta manera, queda a salvo, pues, el respeto por el principio
democrático de la autonomía funcional del juez que reserva para éste, tanto la
adecuada valoración probatoria como la aplicación razonable del derecho./7 De
aceptarse vía de hecho frente a interpretaciones razonables se estaría llegando
a afirmar que sería procedente dejar sin efectos una providencia judicial
simplemente porque el criterio del juez de tutela no coincide con el del
fallador accionado por supuesta vía de hecho en providencia judicial.
[88] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[89] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[90] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[91] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[92]  Sentencia T-302 de 2006 M.P. Rodrigo
Escobar Gil. En el Mismo sentido se pronunció la Corte en las Sentencias
SU-1185 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil."[L]os mandatos contenidos en
los artículos 228 y 230 del Estatuto Superior, en los que se dispone que la
administración de justicia es autónoma y que los jueces, en sus providencias,
sólo están sometidos al imperio de la Ley, deben ser armonizados y conciliados
con el artículo 1° de la Carta que propugna por la promoción y protección de la
dignidad humana, con el artículo 2° del mismo ordenamiento que le impone a
todos los órganos del Estado, incluidas las autoridades judiciales, la
obligación de garantizar los derechos, deberes y libertadas de todas las
personas residentes en Colombia, y con el artículo 13 Superior que consagra,
entre los presupuestos de aplicación material del derecho a la igualdad, la
igualdad frente a la Ley y la igualdad de protección y trato por parte de las
autoridades públicas", y T-359 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería
"Si bien los jueces cuentan con márgenes interpretativos, pudiendo escoger
entre distintas opciones la que consideren más ajustada a derecho, los
distintos ordenamientos jurídicos establecen límites que no pueden traspasar so
pena de que sus actuaciones no sean tenidas como válidas. Por ello, puede
afirmarse que si por un lado la razonabilidad en la interpretación de cuerpos
normativos está ampliamente aceptada e incluso estimulada, por el otro, la
arbitrariedad judicial es rotundamente negada. Tanto es así que han sido
diseñados mecanismos de defensa a fin de corregir los yerros protuberantes y
las actuaciones u omisiones arbitrarias de los jueces al momento de interpretar
las Leyes. Pero en ciertas ocasiones los mecanismos de defensa regulares pueden
no ser eficaces para terminar con la vulneración o conjurar la amenaza de los
derechos fundamentales en juego y, por ello, se han estimado pertinentes los
recursos judiciales especiales. Es en ese sentido en el que se ha pronunciado la
Corte Constitucional colombiana al establecer que la acción de amparo resulta
procedente cuando no exista otro medio judicial de defensa o cuando existiendo
éste, su eficacia sea realmente restringida en el caso concreto" y T-1004
de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra "Sobre este aspecto, la
jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que es improcedente, la
acción de tutela cuando se trata de controvertir la interpretación que los
jueces hacen en sus providencias de una norma o de una institución jurídica. //
La interpretación de un precepto no puede considerarse como un desbordamiento o
abuso de la función de juez (vía de hecho), por el sólo hecho de no corresponder
con aquella que se cree correcta u ofrece mayor beneficio para la parte que la
plantea (Sentencias T-094 de 1997 y T-249 de 1997, entre otras). // Se
desconocería el principio de autonomía e independencia judicial, si se
admitiese la procedencia de la acción de tutela por la interpretación o
aplicación que de un precepto o figura jurídica se hiciera en una providencia
judicial, cuando esa interpretación o aplicación responde a un razonamiento
coherente y válido del funcionario judicial"
[93] Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria,
Bogotá D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil nueve (2009). Radicación No.
110010102000200800919 00 1112 F
[94] Constitución Política ARTICULO 86. Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. // La
protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita
la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato
cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo
remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. // Esta acción
solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. // En ningún caso podrán transcurrir más de diez
días entre la solicitud de tutela y su resolución. // La ley establecerá los
casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de
la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente
el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado
de subordinación o indefensión.
[95] ARTICULO 110. DESAPARICION DE LA CAUSAL. <Para los delitos
cometidos con posterioridad al 1o. de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004,
con sujeción al proceso de implementación establecido en su Artículo 528> En
ningún caso se recuperará la competencia por la desaparición de la causal de
impedimento.
[96] Ley 270 de 1996 ARTICULO 112. FUNCIONES DE LA SALA
JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Corresponde
a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura:
(…)
3. Conocer, en única instancia, de los procesos
disciplinarios que se adelanten contra los magistrados de los Tribunales y
Consejos Seccionales de la Judicatura, el Vicefiscal, los fiscales delegados
ante la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales.
(…)
[97] El defecto sustantivo lo funda el demandante en: (i) el
desconocimiento del excluyente de responsabilidad según el cual su representado
obró en estricto cumplimiento de una orden legítima emitida por autoridad
competente; (ii) violación el principio de autonomía funcional de los jueces;
(iv) se sancionó al actor sobre una norma inexistente pues el reasumir funciones
no está tipificado como falta disciplinaria.
[98] ARTICULO 110. DESAPARICION DE LA CAUSAL. <Para los delitos
cometidos con posterioridad al 1o. de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004,
con sujeción al proceso de implementación establecido en su Artículo 528> En ningún caso se recuperará la
competencia por la desaparición de la causal de impedimento.
[99] ARTICULO 110. DESAPARICION
DE LA CAUSAL. <Para los delitos cometidos con
posterioridad al 1o. de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004, con sujeción al
proceso de implementación establecido en su Artículo 528> En ningún caso se
recuperará la competencia por la desaparición de la causal de impedimento.
[100] Pues bien, ante el vacío que en materia de impedimentos se presenta
en el Decreto 196 de 1971 , estatuto aplicable a los diversos procesos
disciplinarios objeto de la declaratoria de impedimento manifestada por el
magistrado GUARNIZO NIETO, por autorización del artículo 90 de la misma las
previsiones a aplicar son las del Código de Procedimiento Penal y encontrándose
allí expresa prohibición del siguiente tenor “en ningún caso se recuperará la
competencia por la desaparición de la causal de impedimento”, su claridad no
permite que se desatienda su tenor literal para consultar su espíritu y menos
aún a acudir a las normas de reenvío que a su turno consagra la codificación
penal en comento, artículo 23, según el cual “en aquellas materias que no se
hallen expresamente reguladas en este Código son aplicables las disposiciones
del Código de Procedimiento Civil y de otros ordenamientos procesales, siempre
que no se opongan a la naturaleza del proceso penal” y por esta vía a que se apliquen
las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, en concreto artículo 153
citado por los <<
conjueces>>
en los proveídos materia de cuestionamiento, auto del 27 de junio de 2003
radicado 001 de 2003, del 24 de septiembre de 2003 radicado 006 de 2003 y del
11 de julio del 2003 radicados 040 y 041 de 2003, en tanto como se anota al
inicio del citado artículo 23 la aplicación de la codificación procesal civil
como norma de reenvío del Código de Procedimiento Penal sólo es posible en caso
de vacío, esto es, en materias que no se hallen expresamente reguladas en éste,
pero en el caso sí existía norma expresa, clara y prohibitiva del proceder
materia de reproche.
[101] Artículo 28 del C.D.U. “está exento de responsabilidad
disciplinaria quien realice la conducta: 2. En estricto cumplimiento de un
deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado”.
[102] En la radicación No. 200303044-01/136.I.05, fallo del 12 de
diciembre de 2007. Ver acción de tutela folios 1 a 20 cuaderno #1.
[103] Radicación No. 200303044-01/136.I.05. Ver acción de tutela folios 1
a 20 cuaderno #1.
[104] Ver Sentencias T-034 de 2004 M.P. Jaime Córdoba
Triviño, “[P]ara realizar el análisis del respeto del derecho a la igualdad
en un caso concreto se debe establecer con anterioridad entre quiénes se está
dando un trato diferenciador, en qué sentido o en virtud de qué actuación se da
esa diferenciación y con base en qué criterios. El juez de tutela debe examinar
dichas circunstancias y verificar si existe o no el trato diferente y si el mismo
está o no justificado.”, y T-338 de 2003 M.P Álvaro Tafur Galvis, este
órgano colegiado indicó: “Es preciso demostrar un criterio de comparación,
como referente valorativo en relación con el cual se lleva a cabo el juicio de
igualdad. Así quien pretende alegar que está siendo objeto de un trato
discriminatorio debe enfrentar su situación particular a aquella de otras
personas que estando en igualdad de circunstancias  fácticas y bajo los mismos
parámetros legales está teniendo un trato preferente, con lo cual quedaría
demostrada la discriminación.”
[105] Ver Cuaderno de la Corte Constitucional.
[106]   Ver entre otras sentencias Sentencia T-492 del 12
de agosto de 1992 M.P. Alejandro Martínez Caballero y Fabio Moron Díaz, T-506
de 1993 M.P. Jorge Arango Mejía, T-560 de 93 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-241 de
2004 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[107] Ver folios 140 a 148 del cuaderno #1.
[108] Ver folios 140 a 148 del cuaderno #1.
[109]   Ver, entre otros, los salvamentos de voto del suscrito Magistrado
sobre las sentencias T-590, T-591, T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794
de 2007; T-402, T-417, T-436 y T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222
y A-256 de 2006 y A-045 de 2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto
ante las sentencias T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871,
T-925, T-945, T-1029, T-1263 y T-1265 de 2008 y recientemente, T-093, T-095,
T-199 y T-249 de 2009.
[110] C-590 de 2005.