T-650-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-650/12
ACCION DE
TUTELA PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACION
DESPLAZADA-Procedencia
Dada la
situación de acentuada exclusión y vulnerabilidad de las personas que han sido
víctimas del fenómeno del desplazamiento forzado interno, es preciso concluir
que el mecanismo judicial eficaz para efectos de proteger sus derechos
fundamentales, ante una eventual vulneración o amenaza, por regla general será
la acción de tutela.
ESTADO DE
COSAS INCONSTITUCIONAL EN POBLACION DESPLAZADA-Declaración en sentencia
T-025/04
Ante la
complejidad y empeoramiento de la situación de población desplazada, esta Corporación,
profiere la Sentencia T-025 de 2004 con el objeto de (i) lograr una
colaboración entre las tres ramas del poder público, tendiente a solucionar la
grave situación de violación de derechos fundamentales de la población
desplazada, (ii) tomar medidas dirigidas a superar la
insuficiencia de los recursos y las falencias en la capacidad institucional,
(iii) iniciar un seguimiento minucioso de carácter vinculante que evalúe la
materialización de las políticas públicas dispuestas por el Estado, y (iv)
abordar cada uno de los ejes de acción de mitigación de vulneración de los
derechos humanos a la que se encuentra sometida un alto porcentaje de la
población colombiana.
REGISTRO
UNICO DE VICTIMAS CONTENIDO EN LA LEY 1448 DE 2011-Requisito declarativo y
no constitutivo de la condición de víctima de desplazamiento para acceder a los
beneficios legales y a los diferentes mecanismos de protección
INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE POBLACION DESPLAZADA-Marco normativo para la inscripción y pautas
jurisprudenciales que determinan su aplicación
COMUNIDADES
ETNICAS INDIGENAS-Protección
COMUNIDADES
ETNICAS INDIGENAS-Vulneración por negativa de inscripción en el RUV de
mujer indígena y su núcleo familiar, por desconocimiento del idioma español
El
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social niega en dos ocasiones
inscripción del demandante junto con su núcleo familiar en el Registro Único de
Población Desplazada (ahora Registro Único de Víctimas), con fundamento en
que había transcurrido demasiado tiempo desde la ocurrencia de los hechos y por
existir inconsistencias entre la primera declaración y la segunda,
imposibilidad de dar a conocer su caso en debida manera por el desconocimiento
del idioma español, y ante la ignorancia del sistema de ayuda en cuestiones
humanitarias. Bajo las múltiples dificultades que le conllevó salir del
Resguardo en el año 2004 sin entender ni hablar español, se dirigió a la ciudad
de Bogotá en donde rindió la primera declaración en marzo de 2006, con el
objetivo de ser incluida en RUPD. Sin embargo, en aquella oportunidad la
solicitud le fue negada, sin tenerse en cuenta su especial condición de mujer
indígena, su imposibilidad de dar a conocer su caso en debida manera por el
desconocimiento del idioma español, y ante la ignorancia del sistema de ayuda
en cuestiones humanitarias.
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Caso en que mujer indígena ya fue
inscrita junto con su núcleo en el RUV
Referencia: expediente T-3433683
Acción de
tutela interpuesta por Nilsa Milena Neira Souza contra el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social y la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C.,
veintitrés (23) de agosto de dos mil doce (2012).
La
Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside, Nilson Pinilla
Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241, numeral 9º, de la Constitución Política, y en los artículos 33 y concordantes
del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión del fallo dictado el 14 de marzo de 2012 por la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, que revocó la
providencia proferida el 15 de febrero del mismo año por el Juzgado Cuarenta
Civil del Circuito de la misma ciudad, en la acción de tutela instaurada por la
señora Nilsa Milena Neira Souza contra
el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social.
I.
ANTECEDENTES
La señora Nilsa
Milena Neira Souza interpone acción de tutela en contra del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, al considerar que dicha entidad le
está vulnerando tanto a ella como a sus cuatro hijos sus derechos fundamentales
a la vida digna, igualdad, debido proceso y presunción de buena fe, al negarle
la inscripción de su calidad de víctima en el Registro Único de Población
Desplazada (ahora Registro Único de Víctimas).
A continuación se reseñan los hechos relevantes referidos por
la peticionaria en su escrito de tutela:
1.
Hechos relevantes
1.1.
La señora Nilsa Milena Neira Souza nació en el municipio de Mitú-(Vaupés)
como integrante del Resguardo Indígena de Acaricuara, dentro del cual su padre
pertenecía a la tribu Tukano y su progenitora a la tribu Tuyuca.
1.2.
De acuerdo con lo afirmado por la accionante, la zona en la cual se
encuentra ubicado el Resguardo Acaricuara ha estado desde hace tiempo hasta la
actualidad bajo el constreñimiento del Frente 57 de las FARC.
1.3.
Comenta que desde los 14 años hasta el momento de su desplazamiento fue
accedida carnalmente y amenazada junto con su comunidad por los actores al
margen de la ley presentes en la zona.
1.4.
Expresa que por miedo, ignorancia, vulnerabilidad y vergüenza nunca
denunció los vejámenes a los que fue sometida por sus agresores. No obstante, se
vio finalmente obligada a desplazarse, debido al reclutamiento de menores de
edad que se estaba llevando a cabo dentro de su resguardo.
1.5.
La actora informa que tuvo que trasladarse en principio hacia la ciudad
de Villavicencio y con posterioridad a la ciudad de Bogotá, en donde realizó su
primera declaración el 6 de marzo de 2006, para ser incluida en el RUPD[1]. Dicha
solicitud fue resuelta en aquel entonces por Acción Social de manera negativa,
bajo el argumento de haber transcurrido demasiado tiempo desde la ocurrencia de
los hechos.
1.6.
Refiere que ante la falta de oportunidades en la ciudad de Bogotá, la
imposibilidad de brindarle a sus cuatro hijos una subsistencia en condiciones
dignas y el miedo que le producía haber declarado su situación por las
consecuencias que ello podría acarrear a su familia en el resguardo, nuevamente
se trasladó a la ciudad de Villavicencio, en donde con ayuda de la Defensoría
del Pueblo (Regional Meta) rindió por segunda vez su declaración con el fin de
ser incluida en el RUPD[2].
1.7.
No obstante lo anterior, mediante Resolución núm. 201150001001402 del 1
de noviembre de 2011, dicha solicitud fue nuevamente negada por la entidad
encargada para ese entonces de realizar el registro de la población desplazada,
bajo el argumento de que la información suministrada no concordaba
con la realidad toda vez que, según el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, al cotejarse la segunda declaración con la solicitud de
inclusión realizada con anterioridad por la peticionaria, se evidenciaban inconsistencias
en la narración de los hechos[3].
1.8.
Ante la renuencia por parte del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, la peticionaria interpuso los recursos de reposición y
apelación alegando su imposibilidad de narrar claramente los hechos que dieron
origen al desplazamiento, en razón a que no domina el español y como
consecuencia del dolor que le causa recordar las agresiones y abusos a los
cuales fue sometida.
1.9.
El ahora Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, al dar
respuesta al recurso de reposición elevado por la peticionaria, confirmó la
decisión inicial negando la inscripción de la accionante y su núcleo familiar
en el RUPD[4].
1.10.    Con fundamento
en lo anterior, la señora Nilsa Milena Neira Souza, en su especial condición de
mujer indígena y desplazada, interpone acción de tutela en contra del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, al considerar que dicha entidad le
está vulnerando, tanto a ella como a sus cuatro hijos, sus derechos
fundamentales a la vida digna, igualdad, debido proceso y presunción de buena
fe, en virtud de que se le negó la inscripción de su calidad de víctima, en el
Registro Único de Población Desplazada (ahora Registro Único de Víctimas).
2.  Respuesta
de la entidad demandada
Durante el
término previsto para la contestación de la acción de amparo, el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social guardó silencio. No obstante, con
posterioridad se pronunció en la impugnación de la tutela tal y como se
reseñará en el correspondiente acápite.
3. Decisión
objeto de Revisión
3.1.
Decisión de Primera Instancia
El Juzgado Cuarenta Civil del
Circuito de Bogotá, mediante providencia del 15 de febrero de 2012, concede la solicitud
de amparo y ordena al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
realizar una nueva evaluación encaminada a determinar si realmente la
accionante puede considerarse víctima de acuerdo con la normativa vigente, e
igualmente si le asiste el derecho a ser inscrita como desplazada.
Impugnación
Inconforme
con la sentencia proferida por el juez de primera instancia, el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, mediante escrito radicado el 29 de
febrero de 2012, impugna la decisión indicando que no es el competente para
conocer sobre la solicitud impetrada por la accionante toda vez que la
encargada de desempeñar dichas funciones es la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Razón por la cual
solicita que se revoque la acción de tutela y se vincule a la mencionada Unidad.
3.2.
Decisión de Segunda Instancia
La Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante proveído
del 14 de marzo de 2012, revoca la sentencia proferida por el a quo, y en
consecuencia niega el amparo aduciendo que no hay lugar a la inscripción, en la
medida en que la información presentada por la solicitante “no es verídica
en tanto existe una contradicción entre las dos declaraciones de desplazamiento
forzado rendidas ante las diferentes entidades encargadas de recepcionar la
información”.
4.
Pruebas
A
continuación se relacionan las pruebas que reposan en el expediente:
·
Copia de Registro Civil de nacimiento NUIP núm.1122510401 del
menor Stiven Alejandro Pinzón Neira, en el que consta como fecha de nacimiento
el día 9 de noviembre de 2005 y aparecen como sus padres Nilsa Milena Neira
Souza y Rey Fabio Pinzón Piñeros[5].
[6]
·
Copia de Registro Civil de nacimiento NUIP núm.1122521858 del
menor Wilder Emiliano Pinzón Neira, en el que consta como fecha de nacimiento
el día 15 de octubre de 2009 y aparecen como sus padres Nilsa Milena Neira
Souza y Rey Fabio Pinzón Piñeros. [7]
·
Copia de Registro Civil de nacimiento NUIP núm.1122516898 del
menor Breyder Camilo Pinzón Neira, en el que consta como fecha de nacimiento el
día 6 de noviembre de 2007 y aparecen como sus padres Nilsa Milena Neira Souza
y Rey Fabio Pinzón Piñeros. [8]
·
Copia de Registro Civil de nacimiento NUIP núm.1206963093 de la
menor Laura Sofía Pinzón Neira, en el que consta como fecha de nacimiento el
día 1 de julio de 2011 y aparecen como sus padres Nilsa Milena Neira Souza y
Rey Fabio Pinzón Piñeros. [9]
·
Copia de la Resolución núm. 201150001001402 del 1° de noviembre
de 2011, “Por la cual se decide sobre una inscripción en el Registro Único
de Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional –Acción Social-”. [10]
·
Copia de la Resolución núm. 201150001001402R del 6 de diciembre
de 2011, “Por la cual se decide sobre el recurso de Reposición interpuesto
contra la Resolución No. 201150001001402 de fecha 01 de noviembre de 2011 de No
inscripción en el Registro Único de Población Desplazada de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción
Social-, hoy Registro Único de Víctimas del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social”, en la cual se confirma la decisión proferida mediante la
Resolución núm. 201150001001402 emitida por la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción Social-, hoy Registro
Único de Víctimas del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.[11]
·
Oficio expedido el 3 de octubre de 2011, por la Defensoría del
Pueblo Regional Meta, en el cual se certifica que la señora Nilsa Milena Neira
Souza y sus hijos: Stiven Alejandro Pinzón Neira, Breyder Camilo Pinzón Neira,
Wilder Emiliano Pinzón Neira y Laura Sofía Pinzón Neira, se declararon víctimas
del desplazamiento forzado ante el Ministerio Público en la ciudad de
Villavicencio, como núcleo familiar.[12]
·
Copia del Informe de seguimiento ante la Corte Constitucional de la
Sentencia T-025 de 2004, remitido por el departamento del Vaupés.
·
Copia del Plan Integral Único –PIU del departamento del Vaupés.
·
Auto-diagnóstico Sociolingüístico de la lengua Tukano y la
Comunidad Tukano. Ministerio de Cultura. Programa de protección a la identidad
Etno-lingüística. [13]
·
Informe de Riesgo de Alertas Tempranas SAT del Departamento del
Vaupés de octubre de 2004, remitido por la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas.[14]
·
Informe Observatorio de la Vicepresidencia de la República. [15]
·
Oficio firmado por un líder Tukano, miembro del la Organización
de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) perteneciente a la
etnia, remitiendo el primer texto de la historia Tukano, un informe-denuncia
sobre la grave situación de violaciones de derechos humanos que vive esta
población y sobre el proceso de extinción étnica que están afrontando.[16]
II.
ACTUACIONES SURTIDAS EN SEDE DE REVISIÓN
De acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Magistrado Sustanciador, mediante
Auto del diez (10) de agosto de dos mil doce (2012), dispuso la vinculación de la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas y ordenó la práctica de algunas pruebas tal como se indica a
continuación:
“ORDENAR
a la Secretaría General de esta Corporación que ponga en conocimiento de la
Unidad Administrativa Especial para la Atención Víctimas[17] el
contenido del expediente de tutela T-3433683 para que, en el término de 48 horas,
contadas a partir de la notificación del presente Auto:
-
Se pronuncie acerca de la acción de tutela interpuesta por la señora
Nilsa Milena Neira Souza[18]
y allegue las pruebas que estime conveniente.
-
Manifieste a este Despacho si a la fecha la señora Nilsa
Milena Neira Souza[19]
ya fue incluida junto con su núcleo familiar dentro del Registro Único de
Población Desplazada (ahora Registro Único de Víctimas). En caso afirmativo,
indique desde cuando y qué ayudas ha recibido. En caso contrario, es
decir, en el evento en que no esté inscrita, explique las razones por las
cuales no lo ha hecho.
-
Remita un informe sobre el área de la cual fue desplazada la
peticionaria indicando la situación del conflicto (desde su origen hasta la
actualidad) y haciendo especial énfasis en los efectos que dicha situación ha
generado en el Resguardo Indígena de Acaricuara.”
De acuerdo
con el oficio remitido por la Secretaría General de esta corporación el 17 de
agosto del año en curso, se allegó a este Despacho la respuesta emitida por la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que será objeto
de análisis con posterioridad.
III.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1.
Competencia
Esta Corte es competente para conocer el fallo materia
de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Planteamiento del problema jurídico
Conforme
a la situación fáctica planteada, corresponde a esta Sala de Revisión determinar
si en su momento el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social[20] y en la
actualidad la Unidad de Atención a Víctimas[21],
vulneran los derechos fundamentales a la vida digna, igualdad, debido proceso y
presunción de buena fe de la peticionaria y su núcleo familiar, al haber negado
la inscripción como víctimas del desplazamiento forzado en el Registro Único de
Población Desplazada –RUPD- aduciendo que la declaración de la misma se
encuadra dentro de las causales 1 y 3 previstas en el artículo 11 del Decreto
2569 del 2000[22],
sin tener en cuenta que la solicitante es madre de cuatro menores de edad,
pertenece a una etnia indígena y no entiende ni habla correctamente el idioma
español.
Para
resolver el anterior problema jurídico la Sala abordará los siguientes asuntos:
(i) la acción de tutela como mecanismo judicial idóneo para amparar los
derechos fundamentales de la población en situación de desplazamiento forzado
(ii) generalidades sobre el desplazamiento interno y la declaratoria del “Estado
de cosas inconstitucional”; (iii) la
inscripción en el Registro Único de Población Desplazada ahora Registro Único
de Víctimas; (iv) directrices jurisprudenciales a seguir, en los eventos en los
que se niega la inscripción en el RUPD (ahora RUV); (v) el pueblo Ye’pamahsa o
Tukano como etnia indígena en peligro de extinción por el conflicto armado;
(vi) la protección constitucional a las comunidades étnicas avocadas a la
extinción cultural y física; y finalmente (vii) se realizará el análisis del
caso concreto.
3. La acción de tutela
como mecanismo judicial idóneo para amparar los derechos fundamentales de la
población en situación de desplazamiento forzado.
3.1. En variados pronunciamientos
sobre la materia se ha establecido que la acción de tutela se configura como el
mecanismo judicial idóneo para solicitar el amparo de los derechos
fundamentales de la población en situación de desplazamiento.[23]
Se ha llegado a tal apreciación
por el hecho de predicarse la titularidad de una especial protección
constitucional teniendo en cuenta: (i) las circunstancias particulares
de vulnerabilidad, (ii) el estado de indefensión y debilidad manifiesta
en que se encuentren y (iii) ante la necesidad de brindar una protección
urgente e inmediata en procura de que les sean garantizadas unas condiciones
mínimas de subsistencia y dignidad.
3.2. La Corte ha señalado que
resulta contrario a los postulados del Estado Social de Derecho exigir el
agotamiento previo de acciones y recursos al interior de la jurisdicción
ordinaria como condición para la procedencia del mecanismo de amparo
constitucional teniendo en cuenta la preocupante situación de vulnerabilidad a
la que de manera permanente estas personas se ven expuestas[24]. Sobre el particular
esta Corporación, en Sentencia T-1135 de 2008, señaló lo siguiente:
“Debe
quedar claro que, debido a la gravedad y a la extrema urgencia a la que se ven
sometidas las personas desplazadas, no se les puede someter al trámite de las
acciones judiciales para cuestionar los actos administrativos de la Red, ni a
la interposición de interminables solicitudes a la coordinadora del Sistema.
Aquello constituye la imposición de cargas inaguantables, teniendo en cuenta
las condiciones de los connacionales desplazados, y son factores que justifican
la procedencia de la acción de tutela. En este contexto, se ha admitido que
cuando quiera que en una situación de desplazamiento forzado una entidad omita
ejercer sus deberes de protección para con todos aquellos que soporten tal
condición, la tutela es un mecanismo idóneo para la protección de los derechos
conculcados.”
3.3. En
consecuencia, dada la situación de acentuada exclusión y vulnerabilidad de las
personas que han sido víctimas del fenómeno del desplazamiento forzado interno,
es preciso concluir que el mecanismo judicial eficaz para efectos de proteger
sus derechos fundamentales, ante una eventual vulneración o amenaza, por regla
general será la acción de tutela.
4. Generalidades sobre el desplazamiento
interno y la declaratoria del “Estado de cosas inconstitucional”.
4.1. Con la intensificación del
conflicto interno a partir de la década del ochenta, tanto en áreas rurales
como urbanas[25],
Colombia empezó a padecer uno de los más grandes flagelos sociales de la
historia, consistente en el desplazamiento de cientos de personas obligadas a
abandonar sus comunidades, hogares y empleos, debido a las constantes amenazas
y masacres provenientes de grupos al margen de la ley.
En sus inicios, el problema del
desplazamiento no fue contrarrestado a través de una política pública adecuada
y generalizada, sino que fue solo a partir de la promulgación de la
Constitución Política de 1991, que en virtud de los principios constitucionales
de solidaridad y dignidad humana característicos del Estado Social de Derecho,
el Estado Colombiano asume la obligación de adoptar medidas tendientes a
solucionar las graves consecuencias sociales que dicha situación acarreaba.
4.2. Es por ello que en 1997 el
Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) concluye que es
necesario establecer algunos lineamientos que mitiguen las múltiples falencias
en materia de administración y organización de las políticas de desplazamiento.
Expide para ello el Documento CONPES 2924[26],
que con posterioridad fue acogido por la Ley 387 de 1997[27]
y esta a su vez reglamentada por el Decreto 2569 de 2000. Dicho documento es
elaborado, al igual que la normatividad, como respuesta a (i) la
magnitud del problema de desplazamiento, (ii) la proliferación de
políticas públicas que trataban aisladamente algunas aristas del problema sin
obtener verdaderos resultados, (iii) la falta de una visión compleja de
la situación por parte del Estado y (iv) el recrudecimiento del
conflicto armado.
4.3. No
obstante lo anterior, ante la complejidad y empeoramiento de la situación[28], esta Corporación,
profiere la Sentencia T-025 de 2004 con el objeto de (i) lograr una
colaboración entre las tres ramas del poder público, tendiente a solucionar la
grave situación de violación de derechos fundamentales de la población
desplazada, (ii) tomar medidas dirigidas a superar la insuficiencia de los recursos
y las falencias en la capacidad institucional, (iii) iniciar un seguimiento
minucioso de carácter vinculante que evalúe la materialización de las políticas
públicas dispuestas por el Estado, y (iv) abordar cada uno de los ejes de
acción de mitigación de vulneración de los derechos humanos a la que se
encuentra sometida un alto porcentaje de la población colombiana.
5. De la inscripción en el Registro Único de
Población Desplazada ahora Registro Único de Víctimas. Reiteración de
jurisprudencia. [29]
4.1. Como se mencionó en el
acápite anterior, el esquema de atención a la población desplazada se
encontraba soportada, en principio, solamente en la Ley 387 de 1997 y los Decretos
2569 del 2000 y 2467 de 2005[30].
No obstante, con posterioridad el gobierno nacional, en aras de complementar y mejorar
el manejo de la política pública de desplazamiento forzado, con el fin de
evitar la duplicidad de funciones y con el objeto de lograr la continuidad en
la garantía de los derechos fundamentales de las víctimas, expidió la Ley 1448
de 2011[31]
(con sus correspondientes Decretos Reglamentarios), en la cual se fijan (i)
nuevas políticas, (ii) planes generales, (iii) programas y
proyectos para la asistencia, atención y reparación a las víctimas de la
violencia, la inclusión social, la atención a grupos vulnerables y la
reintegración social y económica de esta población.[32]
Fue así como se creó el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social,[33]
y el Registro Único de Víctimas, previéndose que este último estaría a
cargo de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas[34].
5.2. No obstante, se debe aclarar
que el Registro Único de Víctimas se encuentra soportado en el RUPD, que era en
el que se venía consignando la información referente a la población en
situación de desplazamiento con anterioridad a la expedición de la mencionada
Ley 1448 de 2011. Al respecto, en la Sentencia T- 441 de 2012, se expresó lo
siguiente:
“18.-Para
efectos del funcionamiento de la ley se creó el Registro Único de Víctimas y se
previó que el mismo estaría a cargo de la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y que encontraría su soporte
precisamente en el RUPD que actualmente maneja Acción Social.
19.-Pues bien,
el artículo 154 de la Ley 1448 de 2011 estableció que ese RUPD “ser[ía]
trasladado a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas dentro
de un (1) año contado a partir de la promulgación de la presente Ley.” Así
mismo, en el parágrafo, esta disposición establece que Acción Social deberá
operar los registros que están actualmente a su cargo, incluido el RUPD, hasta
tanto no se logre la total interoperabilidad de los mismos y entre en funcionamiento
el Registro Único de Víctimas a fin de garantizar la integridad de la
información.”
5.3. Esta corporación en numerosos
pronunciamientos ha hecho especial énfasis en la importancia constitucional del
registro de la población desplazada, señalando que constituye un medio adecuado
para la focalización e individualización de los destinatarios de la política
pública en materia de desplazamiento.[35]
En tal sentido se ha destacado la relevancia que tiene el uso adecuado de esta
herramienta y la importancia que reviste un registro eficiente, toda vez que de
ello depende la identificación de la población víctima del conflicto y su
efectivo acceso a las ayudas del gobierno.[36]
Con todo, ello no significa que
sea el registro el que confiere la calidad de víctima, ya que según lo ha
sostenido la jurisprudencia, tal estatus se adquiere por dos situaciones a
saber: (i) ante la coacción que hace necesario el traslado y (ii)
la permanencia dentro de las fronteras de la propia nación[37].[38]
Es por ello que ante la
concurrencia de los hechos mencionados, una persona tiene el derecho
fundamental a ser reconocida como desplazada o como víctima[39], de manera que se le
garantice el acceso a los derechos que de tal reconocimiento se derivan.[40] Esto quiere
decir que la situación “de desplazamiento interno”, no es algo que
dependa de una decisión administrativa adoptada por el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social- Unidad de Atención a Víctimas o
quien hiciere sus veces[41];
sino que la actuación de esta última se limita a constatar la existencia de los
hechos que configuran tal situación de desplazamiento.[42].
5.4. De acuerdo con la
normatividad referida a lo largo de la presente providencia[43], la inscripción en el
RUPD se realiza de la siguiente manera:
(i)
La persona que alega estar en condición de desplazamiento debe
rendir la correspondiente declaración ante el Ministerio Público como
autoridad receptora.[44]
(ii)
Luego de rendida la declaración, dicha información se remite en
forma inmediata por la autoridad receptora a la Dirección General para los
Derechos Humanos del Ministerio del Interior o a la sede de la entidad en la
que se haya delegado la inscripción (en la actualidad corresponde dicha función
a la Unidad de Atención a Víctimas, de acuerdo con lo preceptuado en el
artículo 3° de la Ley 1148 de 2011[45]
y lo reglamentado en el artículo 17 del Decreto 4800 de 2011).
(iii)
Posteriormente, la autoridad encargada de la inscripción debe
realizar una valoración de la declaración y determinar si procede o no la
inscripción en la mencionada base de datos, de acuerdo con las causales
establecidas en el artículo 11 del Decreto Reglamentario 2569 de 2000[46] y lo
preceptuado en los artículos 19 a 41 del Decreto 4800 de 2011. En esta etapa
final pueden darse dos situaciones, que se verifiquen los hechos y se ordene la
inscripción en el registro único de población desplazada, o que se niegue la
inscripción bajo los presupuestos del ya mencionado artículo 11 del Decreto
Reglamentario 2569 de 2000, caso en el cual la entidad encargada deberá expedir
un acto en el que se informe al solicitante las razones de la decisión y los
recursos que contra dicho acto proceden.[47]
6. Directrices
jurisprudenciales a seguir en los eventos en los que se niega la inscripción
por parte de los funcionarios encargados del registro[48].
Teniendo en cuenta que de acuerdo
con la jurisprudencia proferida por esta corporación, en materia de
desplazamiento forzado, como regla general se insiste en que las disposiciones
legales, deben interpretarse y aplicarse a la luz de:
- “Las normas de
derecho internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad sobre el
tema de desplazamiento forzado, [y]en particular, [teniendo en
cuenta lo contenido en ]el artículo 17 del Protocolo Adicional de los
Convenios de Ginebra de 1949 y los Principios Rectores de los Desplazamientos
Internos, consagrados en el Informe del Representante Especial del Secretario
General de Naciones Unidas para el Tema de los Desplazamientos Internos de
Personas”[49];
- El principio de
favorabilidad;
- El principio de
buena fe y el derecho a la confianza legítima;
- El principio de
prevalencia del derecho sustancial[50];
- El principio de
participación conjunta[51];
- El derecho a un
trato digno[52];
y
- El Habeas data.[53]
En esa medida, se ha establecido
que corresponde: “(1) En primer lugar,[a] los servidores públicos [el
deber de] informar de manera pronta, completa y oportuna a quien pueda
encontrarse en situación de desplazamiento forzado, sobre la totalidad de sus
derechos y el trámite que deben surtir para exigirlos[54].[De
igual modo] (2) En segundo término, [le asiste la obligación a] los
funcionarios que reciben la declaración y diligencian el registro [de
exigir solamente] al solicitante, el cumplimiento de los trámites y
requisitos expresamente previstos en la ley para tal fin[55]. (3) En
tercer lugar, en virtud del principio de buena fe, deben tenerse como ciertas, prima
facie, las declaraciones y pruebas aportadas por el declarante[56]. En este
sentido, si el funcionario considera que la declaración o la prueba falta a la
verdad, debe demostrar que ello es así[57];
los indicios deben tenerse como prueba válida[58];
y las contradicciones de la declaración no son prueba suficiente de que el
solicitante falte a la verdad. (4) La declaración sobre los hechos
constitutivos de desplazamiento deben analizarse de tal forma que se tengan en
cuenta las condiciones particulares de los desplazados así como el principio de
favorabilidad[59].
(5) Finalmente, la Corte ha sostenido que en algunos eventos exigir que la
declaración haya sido rendida dentro del término de un año definido en las
normas vigentes puede resultar irrazonable o desproporcionado, en atención a
las razones que condujeron a la tardanza y a la situación que dio lugar el
desplazamiento y en la cual se encuentra la persona afectada”. [60]
Con fundamento en lo anterior, a
continuación se hará mención a las diferentes causales de “no inscripción”
y las reglas jurisprudenciales bajo las cuales deben actuar los funcionarios al
momento de recibir las declaraciones:
-
Primera causal: “Cuando la declaración resulte contraria a la
verdad”. Al respecto la Corte ha considerado imprescindible la aplicación
de dos pautas[61]:
(i)
Aplicación de la presunción de buena fé e inversión de la carga de la
prueba: Esta directriz conlleva  que los funcionarios encargados de
recibir las declaraciones tomen como ciertos los hechos relatados por el
declarante. En consecuencia, ello indica que si se estima que el relato o las
pruebas son contrarios a la verdad, debe ser demostrado por la autoridad, en
razón a que la presunción de la buena fe supone una inversión de la carga de la
prueba. En estos casos, corresponde a la autoridad demostrar que los hechos
esenciales de la narración no son ciertos y que por tal razón, el solicitante
no se encuentra en circunstancia de desplazamiento interno.[62]
(ii)
Si el funcionario competente advierte una incompatibilidad entre los
enunciados de la declaración, para poder rechazar la inclusión en el RUPD,
tiene que tratarse de una incompatibilidad referida al hecho mismo del
desplazamiento y no a otros hechos accidentales o accesorios[63]. Esta regla
constitucional se fundamenta en la idea según la cual, en algunos casos, las
personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado se ven
obligadas a no revelar de manera exacta y detallada todas las circunstancias
por las cuales ocurrió el desarraigo, al considerar que al informar su
situación con detalle les podría aparejar un mayor riesgo para su vida o su
integridad, ocasionándoles dificultades adicionales y exorbitantes para acceder
a la ayuda que necesitan de manera urgente.
Generalmente
estas situaciones se configuran en casos de extrema necesidad, en los cuales las
víctimas del desplazamiento incurren en contradicciones, imprecisiones o
ficciones menores que no tienen como propósito hacer fraude al derecho, al
Estado o a terceros, sino que lo que pretenden básicamente es superar los obstáculos
impuestos por las autoridades, u ocultar cierta información por dignidad, vergüenza
o miedo.
-
Segunda causal “La entidad en la que se haya delegado la
inscripción, no efectuará la inscripción en el registro de quien solicita la
condición de desplazado en los siguientes casos: (…) (2) Cuando existan razones
objetivas y fundadas para concluir que de la misma no se deduce la existencia
de las circunstancias de hecho previstas en el artículo 1° de la Ley 387 de 1997”. Sobre esta causal la Corte ha indicado lo siguiente:
(i)
En aquellos eventos en los que se deba valorar si existen razones
objetivas y fundadas para considerar si se debe inscribir o no a una persona
que manifiesta haber sido desplazada, basta siquiera una prueba sumaria de la
ocurrencia de los hechos para determinar que se encuentra en situación de
desplazamiento.
(ii)
No es válido que la entidad encargada de realizar el registro en el RUPD
(RUV) niegue la solicitud bajo el mero argumento de no tener conocimiento al
respecto. Por tanto, es necesaria la demostración contundente de que no existen
los presupuestos que dieron origen a la migración del declarante. Esta
directriz surge con fundamento en que los hechos generadores del desplazamiento
pueden ir desde la notoriedad nacional hasta la extrema reserva de ámbitos
privados[64].
(iii)
En virtud del principio de favorabilidad, los enunciados legales o
reglamentarios deben interpretarse de la manera que mejor convenga a las
personas obligadas a huir de su lugar habitual de trabajo o residencia.
Respecto del
desarrollo de las directrices de esta causal, la sentencia T-265 de 2010
precisó lo siguiente:
“7. Para el
acceso de la persona desplazada al Registro Único, el Decreto 2569 del 2000
dispuso criterios para la recepción y evaluación de la declaración realizada
por la persona que dice ser desplazada por la violencia a efectos de ser
inscrita en dicha calidad. Entre estos criterios el artículo 11 de la mencionada
norma señaló las siguientes causales de  no inscripción[65].// 8.
Respecto de la 2ª causal de rechazo esta Corte ha dicho que “(i) A la hora de
valorar si existen razones objetivas y fundadas para considerar que no se trata
de una persona que hubiere sido desplazada, la entidad competente debe tomar en
consideración el principio de buena fe. En consecuencia, no hace falta que la
persona aporte plena prueba sobre su dicho. Basta una prueba siquiera sumaria
de la ocurrencia de los hechos para determinar que una persona sí se encuentra
en situación de desplazamiento. (ii) Adicionalmente, también por la aplicación
del principio de buena fe, el desconocimiento por parte de la autoridad de los
hechos ocurridos no es prueba suficiente de la no ocurrencia del acontecimiento
narrado por el solicitante. En efecto, los hechos generadores del
desplazamiento pueden ir desde la notoriedad nacional, hasta la extrema reserva
de ámbitos privados[66].
(iii) En virtud del principio de favorabilidad, los enunciados legales o
reglamentarios deben interpretarse de la manera que mejor convenga a las
personas obligadas a huir de su lugar habitual de trabajo o residencia”[67].//
9. De lo expuesto, se ha de resaltar que la buena fe constituye un elemento
primordial en los principios que debe conducir la interpretación de las normas
acerca del desplazamiento. Es un criterio que debe guiar el actuar de los
operadores jurídicos y, asimismo, es un elemento que se ha de tener en cuenta
al momento de considerar si existen razones objetivas y fundadas para concluir
que de la declaración de quien dice ser desplazado no se deduce el supuesto
descrito en el artículo 1° de la Ley 387 de 1997. // En virtud del principio de
buena fe, esta Corte ha dicho que prima facie se tiene como ciertas las
declaraciones y las pruebas aportadas por el declarante. Así si se considera
que la declaración o la prueba son contrarias a la verdad, ello se debe demostrar,
invirtiéndose la carga de la prueba y por ende correspondiéndoles a las
autoridades probar que la persona no tiene calidad de desplazado. Empero cuando
existe solamente la afirmación de la accionante de su calidad de desplazada y
ésta se contrapone a las razones de la entidad accionada que justifican la
ausencia de dicha situación en la demandante, se hace necesario un elemento de
juicio adicional que permita inferir que quien dice ser desplazado por la
violencia efectivamente lo es y, así poder trasladar la carga de la prueba a la
entidad demandada en virtud del principio de la buena fe[68]. // 10.
Respecto de la prueba de la condición de desplazado, esta Corte ha señalado que
la situación de desplazamiento es de muy difícil prueba y por ende no puede
tener un manejo probatorio estricto, debido a la situación de vulnerabilidad en
que se encuentra[69]”.
-  Tercera causal: “negar
la inclusión cuando la declaración de desplazamiento haya tenido lugar un año
después de ocurrido”.
Al respecto se
debe aclarar que el término de un año a que hace alusión esta causal, no se
debe contar como literalmente se indica, es decir, a partir de la ocurrencia de
los hechos. Por el contrario, lo que se debe tener en cuenta es que en cada
caso particular se tiene que verificar si la persona que fue objeto de
desplazamiento forzado estuvo en incapacidad de declarar ya sea por fuerza
mayor o caso fortuito.
Lo anterior en
atención a lo preceptuado por esta Corporación en la Sentencia C-047 de 2001 que
declaró la “exequibilidad condicionada” del artículo 16 de la Ley 418 de
1997, en el entendido de que el término de un año fijado por el Legislador para
acceder a la ayuda humanitaria comienza a contarse a partir del momento en que
cesa la fuerza mayor o el caso fortuito que impidieron presentar oportunamente
la solicitud.[70]
Ello con
fundamento en que las personas en situación de desplazamiento forzado merecen
un trato especial por parte del Estado, dada la extrema situación de
vulnerabilidad por la que atraviesan, las cargas desproporcionadas o
exorbitantes que han debido soportar y el injusto abandono al que han sido
sometidas.
En aplicación de las directrices
antedichas, la Corte ha ordenado, dependiendo del grado de certeza en cada caso
concreto, ya sea el registro de una persona en el Registro Único de Población
Desplazada (ahora RUV) o la revisión institucional de la decisión de negar el
registro, en aquellos eventos en los cuales se ha verificado que Acción Social
(ahora Departamento para la Prosperidad y la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas) (i). efectúa una interpretación de
las normas aplicables contrariando los principios de favorabilidad y buena fe; (ii)
exige requisitos formales irrazonables o desproporcionados o ha impuesto
barreras de acceso al registro que no se encuentran en las normas aplicables; (iii)
profiere una decisión que carece de suficiente motivación; (iv) niega la
inscripción por causas imputables a la administración y ajenas al solicitante;
y finalmente, cuando (v) impide que la persona pueda exponer las razones
por las cuales considera que se encuentra en circunstancia de desplazamiento
forzado o que ejerza los recursos arbitrados por el ordenamiento para
controvertir la decisión administrativa que le niega la inscripción en el
Registro.
7. El
pueblo Ye’pamahsa o Tukano como etnia indígena en peligro de
extinción.[71]
7.1. El pueblo Ye’pámahsa  - que significa hijos del dios Yé’pá
“tierra” -mahsa “gentes” ahora conocido como pueblo Tukano[72], se
encuentra ubicado en Colombia, principalmente en los departamentos del Vaupés
(en la zona del Papurí), el Guaviare y Guainía. Esta comunidad concibe al mundo
como una interrelación recíproca de todos los seres vivientes; plantea dentro
de su identidad cultural el respeto por los bienes ajenos y vive principalmente
de la caza, la pesca y el cultivo de tubérculos.
7.2. De acuerdo con la información
recolectada en el Auto-diagnóstico Sociolingüístico realizado entre el
Ministerio de Cultura y los integrantes de la etnia Tukano, la población
ye’pámahsa es de tan solo 2.104 habitantes dispersos en los departamentos
de Vaupés, Guaviare y Guainia, principalmente en los municipios de Mitú[73], San José[74], El Retorno[75], Miraflores[76] e Inírida[77] y el
corregimiento departamental de Yavaraté[78].
7.3. El pueblo Tukano a lo largo de la historia ha sido de los más
golpeados por transculturalización impuesta desde los tiempos de la
colonización por los occidentales, y se encuentra seriamente disminuido debido
a factores adicionales como: los señalamientos de sus integrantes como
estafetas o informantes, el desplazamiento forzado ocasionado por los grupos al
margen de la ley, el reclutamiento de menores de edad al interior de los
resguardos, la contaminación de los ríos, las fumigaciones de cultivos ilícitos,
la presencia de los grupos armados al interior de los resguardos, la violación
de sus mujeres niños y niñas, la falta de alimentos, el confinamiento, la
ruptura del tejido social de sus clanes, la imposición de la educación
occidental, el ingreso de la economía de mercado (en la bonanza cauchera,
cocalera y “tigrillera”[79]),
la imposibilidad de asegurarse su sustento ante lo complicado que les resulta conseguir
sus alimentos, y el limitado acceso a los recursos naturales por el constante
conflicto entre los grupos al margen de la ley, entre otros.[80]
7.4. Es por ello por lo que esta población ha mostrado un proceso de
extinción étnica bastante acelerado durante los últimos diez años; tanto así
que al comparar el número de integrantes de esta etnia con anterioridad a la
toma armada de Mitú en noviembre de 1998[81]
al día de hoy, se observa una disminución de aproximadamente el 50% de la
población tukana,[82]
sin que se hayan tomado medidas por parte del gobierno nacional con el fin de
mitigar el exterminio inminente de este grupo étnico.[83]
7.5. En esa medida, se hace urgente que la etnia sea protegida e incluida
dentro de las comunidades indígenas priorizadas dentro del Plan Integral del
Gobierno, con el fin de evitar el exterminio cultural y físico al que se
encuentran avocados.
8. Protección a las comunidades étnicas avocadas a la extinción
cultural y física.
8.1. La Corte Constitucional, en el marco del proceso de seguimiento de
la sentencia T-025 de 2004, con apoyo de distintas comunidades indígenas del país
y la información allegada por las numerosas organizaciones defensoras de los derechos
humanos de estas poblaciones, dictó el Auto 004 de 2009, en cual se advierte el
riesgo inminente de exterminio cultural y físico de diferentes comunidades
indígenas, en razón al desplazamiento forzado, la muerte natural o violenta de
sus integrantes y el conflicto armado interno.
8.2. En dicha providencia esta corporación advierte sobre la grave
situación de las comunidades indígenas[84],
sus consecuencias[85]
y la precaria respuesta estatal que se ha tenido, muchas veces, ante el
desconocimiento de la verdadera situación de los miembros de dichas etnias. Con
fundamento en ello, se señaló que es deber del Estado brindar una protección
especial y prevalente a estas comunidades conforme a los postulados
constitucionales básicos que rigen el Estado Social de Derecho, fundado en el
respeto de la diversidad étnica y cultural, tanto en situaciones de normalidad
como en el marco del conflicto interno armado que persiste.
9.  Análisis
del caso concreto
9.1. La
señora Nilsa Milena Neira Souza, en su condición de desplazada, indígena
perteneciente a la etnia Tukano, y madre de cuatro menores de edad, interpuso acción
de tutela en contra del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
con el fin de obtener la inscripción junto con su núcleo familiar en el Registro
Único de Población Desplazada (ahora Registro Único de Víctimas), debido a que
en dos ocasiones se le negó. La primera vez con fundamento en que había
transcurrido demasiado tiempo desde la ocurrencia de los hechos y en la segunda
oportunidad bajo el argumento de existir inconsistencias entre la primera
declaración y la segunda.
La
peticionaria señala que vivía con su familia dentro del Resguardo Indígena de
Acaricuara en Vaupés y durante un largo periodo de tiempo fue accedida
carnalmente y amenazada junto con su comunidad, cuando aún era una niña. Razón
por la cual, ante el inminente reclutamiento al que sería sometida y las
atrocidades que se cometían en su contra, tuvo que desplazarse lejos de su
familia y su cultura.
Bajo las
múltiples dificultades que le conllevó salir del Resguardo en el año 2004 sin entender
ni hablar español, se dirigió a la ciudad de Bogotá en donde rindió la primera
declaración en marzo de 2006, con el objetivo de ser incluida en RUPD. Sin
embargo, en aquella oportunidad la solicitud le fue negada, sin tenerse en
cuenta su especial condición de mujer indígena, su imposibilidad de dar a
conocer su caso en debida manera por el desconocimiento del idioma español, y
ante la ignorancia del sistema de ayuda en cuestiones humanitarias.
No obstante,
el 10 de octubre de 2011 rindió nuevamente su declaración con el fin de ser
incluida en el RUPD; encontrándose nuevamente con la negativa de la entidad
encargada, quien no dio otro argumento mas que el de manifestar que  “al
compararse con la primera solicitud se evidenciaron inconsistencias en el
relato”. [86]
Durante el
proceso de tutela, en primera instancia el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito
de Bogotá concede el derecho y ordena realizar una nueva evaluación de la
declaración, mientras que en segunda instancia la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, revoca la decisión de primera
instancia indicando que existen contradicciones en el relato de los hechos.
9.2. En Sede
de Revisión, esta corporación vincula a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral de Víctimas, solicitándole información, en lo
concerniente al caso concreto de la peticionaria y sobre la situación de orden
público del lugar específico del desplazamiento.
Al respecto,
mediante oficio allegado a este despacho el 16 de agosto del año en curso, la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de
Victimas, informa que la peticionaria ya fue inscrita junto con sus cuatro
hijos desde el 14 de marzo[87]
y además indica que el Resguardo de Acaricuara hace parte del municipio de Mitú
y alberga alrededor de 7 etnias pertenecientes en su mayoría a la familia
lingüística Tukano; que actualmente se encuentran en un grado considerable de
vulnerabilidad, debido a que no existe un plan concreto de seguridad alimentaria
para dicha población, pese a que cuenta con programas de huertas caseras y
chagras en el municipio de Mitú y sus alrededores.
Adicionalmente,
comenta que el sector en el que está ubicado dicho corregimiento, desde tiempos
históricos se ha visto afectado por la presencia de las FARC, las AUC, la
siembra de minas antipersona, el reclutamiento forzado y la fumigación
indiscriminada de cultivos, que afecta gravemente la seguridad alimentaria de
los habitantes de la zona. Al respecto la mencionada Unidad expresó:
“Acaricuara
hace parte del municipio de Mitú, corresponde a un corregimiento y a un
resguardo indígena, alberga a 7 etnias pertenecientes en su mayoría a la
familia lingüística Tucano, esta población presenta un grado considerable de
vulnerabilidad tomando en cuenta además que no existe un plan concreto de
seguridad alimentaria, para esta población especial, a pesar de existir un
programa de huertas caseras y chagras en el municipio de Mitú y sus
alrededores. // El municipio se ha visto afectado por la presencia histórica de
las FARC, como consecuencia de este hecho se presentaron 21 acciones armadas
entre 1998 y 2006, cuatro de las cuales se desarrollaron en las áreas rurales
aledañas, de igual manera, en este mismo lapso se registran 16 combates;
situación que pueden relacionarse con las tasas de homicidios que alcanzaron
picos históricos en el municipio, así: 33 eventos en 1993, 27 en 1994, 30 en
1998 y 13 en 2005. El corregimiento, por su parte, ha presentado en repetidas
ocasiones alteraciones electorales, por causa de este grupo armado al margen de
la ley, y también es reconocido como corredor de movilidad del frente 1 de las
FARC; adicionalmente también hacen presencia en la región grupos de
autodefensas cuyo accionar pueden comprobarse a partir de 2006, dado el dominio
histórico de las FARC en la región, sin embargo, tomando en cuenta el caso
particular, en el año 2005 no se reportan desplazamientos desde el resguardo.//
No obstante las comunidades indígenas, manifiestan que en el departamento se
presentan de forma permanente enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla.
También se han dado alertas sobre posibles combates entre AUC y FARC en 2005 y
2006 (por el control de tráfico de armas y de drogas), la siembra de minas
anti-persona y el reclutamiento forzado. Existe además un informe de Riesgo
emitido por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del 1 de octubre
de 2004, que señala la situación de riesgo de aproximadamente 20.000 indígenas de
distintas comunidades ubicadas en los municipios de Mitú y Carurú. Sumado a
esto, se evidencia una afectación en los cultivos de Pancoger, como
consecuencia de las fumigaciones.”
9.3. Concomitantemente
al envío de la información por parte de la Unidad de Víctimas, varios líderes
indígenas de la Comunidad Tukano, que tuvieron conocimiento del hecho, empezaron
a allegar información valiosa que complementa y corrobora la violación de
derechos a la que se encuentran expuestos, resaltando en sus escritos las
precarias condiciones de supervivencia de su comunidad al igual que la de otras
etnias que habitan el Resguardo.[88]
9.4. Es por
ello que si bien en el presente caso se evidencia que la peticionaria ya fue
inscrita como víctima junto con su núcleo familiar, también lo es que al igual
que su comunidad -la etnia Tukano-, son ejemplos de lo poco efectiva que ha
sido la política en materia de desplazamiento, ya que durante 9 años la
peticionaria[89]
estuvo luchando por acceder a la ayuda brindada por el gobierno sin que a la
fecha, se le haya dado una respuesta que verdaderamente de una protección
especial y prevalente de su condición, conforme a los postulados
constitucionales básicos que rigen el Estado Social de Derecho, y que se fundan
en el respeto de la diversidad étnica, cultural, y de género.
Lo anterior
por cuanto es solo a partir de la presentación de una acción de tutela que
deciden revalorar la situación de la peticionaria pese a tener información
precisa sobre la situación del lugar del que fue expulsada la accionante.
9.5. De
igual manera, es incomprensible para esta Sala cómo, a pesar de tenerse
información sobre la nefasta situación de las distintas etnias dentro del
resguardo Acaricuara, (i) no se han priorizado en la agenda de atención,
(ii) no se ha ideado un plan de salvaguarda acorde con su condición, (iii)
ni se han tomado medidas para mitigar la grave vulneración de derechos humanos
de estas personas.
Por esta
razón es claro, de una parte, que si bien a la peticionaria ya se le incluyó en
el RUV, ello no obsta para que adicionalmente se le brinde un acompañamiento
por personal especializado e interculturalmente sensibilizado con el pueblo
Tukano, para que sea incluida dentro de la ayuda prevista por la Ley 1148 de
2011.
De igual
manera, teniendo en cuenta que, como se indicó en acápites anteriores, la
accionante pertenece a la étnia Tukano, y que varios líderes pertenecientes a
esta comunidad han informado a esta Sala sobre las graves condiciones de
violación de derechos humanos a la que se encuentran expuestos, sin que se haya
asumido el problema por parte del Estado, se ordenará al Departamento para la
Prosperidad Social y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, que remita a la Sala de seguimiento de la
Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, toda la información que
tenga sobre la zona en la que se encuentra asentada esta comunidad, con el fin
de que se informe sobre la situación de las etnias en grave peligro de
exterminio, para que sean incluidas dentro de los lineamientos previstos en
Auto 004 de 2009.[90]
De la misma
forma, se advertirá a la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del
Ministerio del Interior, sobre los peligros de la comunidad indígena analizada
en la presente providencia con el fin de que se tomen las medidas pertinentes.
De otra
parte, dado que el presente caso por sus particularidades, contenido y
denuncias del pueblo Tukano, puede ser de gran relevancia para las decisiones y
medidas que en materia de desplazamiento se están tomando por la Sala de
Seguimiento de la T-025 de 2004 en colaboración con el Gobierno Nacional, se
ordenará la remisión de la copia de todo el proceso y la información allegada a
este Despacho, con el fin de que se incluya igualmente dentro de las medidas a
tomar en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional.
Por
tanto, la Sala procederá a revocar la sentencia proferida por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y en consecuencia serán
protegidos los derechos invocados por la peticionaria, declarando hecho
superado su inscripción y la de sus cuatro hijos menores de edad en el Registro
Único de Víctimas, pero librando las órdenes a las que anteriormente se hizo
mención.
III.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política.
RESUELVE
Primero.- REVOCAR el
fallo proferido el 14 de marzo de 2012 por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala Civil, que revocó el emitido por el Juzgado cuarenta
Civil del Circuito de Bogotá el 15 de febrero de 2012, dentro de la acción de tutela interpuesta por la señora Nilsa Milena Neira Souza en contra del Departamento para la Prosperidad Social y la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas.
Segundo.- DECLARAR
la carencia actual
de objeto por hecho superado, en lo referente a la inscripción en el RUPD ahora
RUV, toda vez que mediante oficio allegado a este Despacho el pasado el
16 de agosto, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral de Victimas informó que la peticionaria ya fue inscrita junto con sus
cuatro hijos en el Registro.
Tercero.- ORDENAR al Departamento para la Prosperidad
Social y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, que, en el término de
cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de esta
providencia, realice un acompañamiento con personal especializado e
interculturalmente sensibilizado con el pueblo Tukano, a la señora Nilsa Milena
Neira Souza para indicarle la manera como debe reclamar sus derechos por ser víctima
del conflicto armado interno, en el marco de lo regulado por la Ley 1448 de
2011, teniendo en cuenta las situaciones de abuso a la que fue sometida y su
condición de mujer, desplazada, indígena y madre de cuatro menores de edad.
Cuarto.- ORDENAR al
Departamento para la Prosperidad Social y la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que,
en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la
notificación de esta providencia, remita a la Sala de seguimiento de la
Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, toda la información que
tenga sobre la zona en la que se encuentra asentada la comunidad Tukano, con el
fin de que se informe sobre la situación de esta comunidad étnica así como de
las demás que en la zona se encuentren en grave peligro de exterminio, para que
sean incluidas dentro de los lineamientos de priorización previstos en Auto 004
de 2009.
Quinto.- CONMINAR al
Departamento para la Prosperidad Social y la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para que en adelante
suministre la atención humanitaria de emergencia a la accionante y su núcleo
familiar, hasta cuando cese la condición de persona desplazada por la
violencia, esto es, hasta cuando la señora Nilsa
Milena Neira Souza y su familia regresen a su comunidad o accedan a
programas que garanticen la satisfacción de sus necesidades básicas a través de
sus propios medios o de los programas que para tal efecto señale el Gobierno
Nacional y las autoridades territoriales.
Sexto.-
ORDENAR que por Secretaría General de esta Corporación se remita a la Sala
de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 de esta Corporación, copia de todo
el proceso y la información allegada a este Despacho sobre la grave situación
de vulneración de derechos humanos padecida por la Etnia Tukano, con el fin de
que se incluya el caso de la señora Nilsa Milena Neira Souza dentro del marco
de seguimiento de la superación del estado de cosas inconstitucional por sus
particularidades; e igualmente se incorpore a la comunidad Tukano como etnia en
peligro de exterminio, de acuerdo  con lo contenido en las directrices
previstas en el Auto 004 de 2009.
Séptimo.-
ADVERTIR a la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del
Ministerio del Interior, sobre los peligros de la comunidad indígena analizada
en la presente providencia con el fin de que se tomen las medidas pertinentes.
LÍBRESE
la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1]
Cuando tenía 19 años de edad.
[2]
Esta segunda declaración fue rendida por la peticionaria el el 10 de octubre de
2011.
[3]
Resolución núm. 201150001001402 del 1 de noviembre de 2011: “Una vez
valorada la declaración rendida por la señora NILSA MILENA NEIRA SOUZA se
encontró que no es viable jurídicamente efectuar la inscripción del solicitante
junto con los miembros de su hogar en el Registro Único de Población
Desplazada, por cuanto: La declaración resulta contraria a la verdad, de
acuerdo con lo señalado en el numeral 1 del artículo 11 del Decreto 2569 de
2000. // 4. Como motivación de lo anterior se expone lo siguiente: La señora
NILSA MILENA NEIRA SOUZA con cédula de ciudadanía número 1032406415 manifiesta
que se vio obligada a desplazarse desde el resguardo indígena Acaricuara, zona
rural de Mitú- Vaupés- lugar en el que indicó haber residido por un periodo de
dieciséis (16) años hasta el 1° de septiembre de 2003, debido al temor  por la
presencia de actores armados al margen de la ley en la región y las presuntas
amenazas de reclutamiento forzoso en su contra. // Frente a lo anterior, al
consultarse la base de datos del Registro Único de Población Desplazada (RUPD),
se logró advertir que la deponente y el menor STIVEN ALEJANDRO PINZÓN NEIRA
(hijo de la deponente) se encuentran vinculados en un evento de desplazamiento
anterior con código 437577. Dicho desplazamiento fue declarado en la ciudad de
Bogotá  D.C. el 6 de marzo de 2006 y en dicha ocasión se alegó desplazamiento
desde el resguardo indígena Acaricuara, zona rural de Mitú- Vaupés por un
periodo de dieciséis años(16) hasta 1 de septiembre de 2003, momento en el que
se trasladó a la ciudad de Villavicencio – Meta, tiempo en el cual, según
declaración anterior presentada bajo juramento, se encontró que su lugar de
residencia fue durante diecinueve (19) años y hasta el 30 de julio de 2005 el
mencionado resguardo indígena, de esta manera, la información suministrada no
guarda relación respecto al tiempo y lugar de residencia manifestado. En
adición a lo anterior, analizando la actual declaración, se logra identificar
que se trata de un suceso previo a la ocurrencia de los acontecimientos de la
declaración anterior hecha por la deponente; lo cual contradice el espíritu y
objetivo de las declaraciones que el Ministerio Público toma a la Población en presunta situación de desplazamiento ya que estas deben ser libres y
espontáneas, gracias a la  indagaciones y cuestionamientos que sobre el evento
se llevan a cabo, permiten poner en evidencia todos los elementos espacio
temporales y de contexto necesarios para desarrollar con efectividad el proceso
de valoración del caso. Tal situación de omisión de un presunto anterior
desplazamiento le resta credibilidad a los hechos actualmente expuestos, por
cuanto bien pudieron haber sido manifestados en la primera oportunidad que
declaró. // De esta manera, se infiere que la declarante no se encontraba
residiendo en el lugar de expulsión manifestado durante el tiempo en que
declaró se produjeron los hechos que ocasionaron su presunto desplazamiento, en
consecuencia, no se concede su inclusión en el Registro Único de Población
Desplazada -RUPD-, debido a que su declaración incurre en falta a la verdad. Es
necesario recordar que las declaraciones que se realizan tanto en una actuación
judicial como administrativa se encuentran bajo la gravedad de juramento y esto
podría acarrear un falso testimonio según lo expuesto en el Art.442 del Código
Penal. ”.
[4]
Mediante la resolución núm. 201150001001402R expedida el 6 de diciembre de
2011.
[5]
Se debe aclarar que de los documentos obrantes en el expediente, se deduce que
el padre de los menores hijos de la peticionaria, no es indígena ni desplazado.
[6]
Folio 2 del cuaderno de primera instancia.
[7]
Folio 3 del cuaderno de primera instancia.
[8]
Folio 4 del cuaderno de primera instancia.
[9]
Folio 5 del cuaderno de primera instancia.
[10]
Folio 11 del cuaderno de primera instancia.
[11]
Folio 9 del cuaderno de primera instancia.
[12]
Folio 10 del cuaderno de primera instancia.
[13]
Anexo 1.
[14]
Cuaderno de revisión folios 15 a 56.
[15]
Cuaderno de revisión folios 15 a 56.
[16]
Anexo 1.
[17]
Se encuentra ubicada en la calle 6 número 7-54 oficina 209.
[18]
Identificada con cédula de ciudadanía núm.1.032.406.415.
[19]
Identificada con cédula de ciudadanía núm.1.032.406.415.
[20] Como entidad encargada
de aprobar la inscripción de un declarante en el Registro Único de Población
Desplazada.
[21] Se hace necesario
aclarar, que de acuerdo a lo previsto en la Ley 1448 de 2011, a partir de enero de 2012, la entidad competente en valorar la información de las
declaraciones realizadas por las personas que se consideran en condiciones de
desplazamiento, es la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, tal como lo disponen los artículos 154 y 155
de la mencionada norma.
[22] Decreto
2569 del 2000 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997, y se dictan otras disposiciones”. “Artículo 11. De la no inscripción. La
entidad en la que se haya delegado la inscripción, no efectuará la inscripción
en el registro de quien solicita la condición de desplazado, en los siguientes
casos: 1. Cuando la declaración resulte contraria a la verdad. 2. Cuando
existan razones objetivas y fundadas para concluir que de la misma no se deduce
la existencia de las circunstancias de hecho previstas en el artículo 1° de la Ley 387 de 1997. 3. Cuando el interesado efectúe la declaración y solicite la inscripción en
el Registro después de un (1) año de acaecidas las circunstancias descritas en
el artículo 1° de la Ley 387 de 1997. En tales eventos, se expedirá un acto en
el que se señalen las razones que asisten a dicha entidad para tal
determinación, el cual deberá ser notificado al afectado. Contra dicho acto
proceden los recursos de Ley y la decisión que los resuelva agota la vía
gubernativa.”
[23] Sentencia T-441 de 2012: “En reiterada
jurisprudencia de esta Corporación se ha dispuesto que la acción de tutela es
el mecanismo judicial adecuado para la protección de los derechos fundamentales
de la población desplazada. Concretamente, este Tribunal ha entendido que si
bien debido a la naturaleza jurídica de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social – hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, las actuaciones de esta entidad pueden ser controvertidas por otros
medios de defensa judicial, tratándose de personas en situación de
desplazamiento forzado tales medios no resultan idóneos y eficaces
debido a las circunstancias particulares en que se encuentran”.
[24] Ver, entre otras, las
Sentencias, SU-150 de 2000, T-025 de 2004 Anexo 4, T-740 de 2004, T-175 de
2005, T-1094 de 2004, T-563 de 2005, T-1076 de 2005, T-882 de 2005, T-1144 de
2005, T-086 de 2006, T-468 de 2006 y T-821 de 2007.
[25] Al respecto se puede consultar la Sentencia C-250 de 2012 que declaró exequible, las expresiones “a partir del 1º de enero
de 1985” y “entre el primero de enero de 1991 y el término de vigencia
de la ley”,  previstas en el artículo 3º de Ley 1448 de 2011 con
fundamento en que (i) la mayoría de los estudios sobre conflicto armado
señalan que a partir de 1990 la expulsión y el despojo de tierras se convierte
en un mecanismo empleado regularmente por las organizaciones paramilitares
contra la población civil;  (ii) los registros de casos de despojo y
expulsión datan de los años noventa, de manera tal que sobre las fechas
anteriores no hay certeza y se dificulta aplicar la medida de restitución tal
como parece regulada en la Ley 1448 de 2011; (iii) de
conformidad con las estadísticas del INCODER la mayor parte de los casos de
despojo registrados están comprendidos entre 1997 y el año 2008 ; los casos
anteriores a 1991 corresponden solamente al 3% de los registrados entre 1991 y
2010; (iv) hay un incremento en las solicitudes de protección
de predios a partir de 2005 y con anterioridad a esa fecha este mecanismo era
utilizado solo de manera esporádica. De esta manera, el 1º de enero de 1991 no
es una fecha que resulte manifiestamente arbitraria y por lo tanto ha de
respetarse el margen de configuración del Legislador.
[26] El Documento Conpes 2924 de 1997 estableció
lo siguiente: “(…)se crea en
primer lugar, un Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, que estará constituido por las entidades públicas y
privadas del orden nacional y territorial que realizan planes, programas,
proyectos y acciones específicas de atención a la población desplazada. La responsabilidad
de este sistema será la de ejecutar en forma coordinada y articulada, a través
de las entidades que lo conforman, el Programa contenido en el documento CONPES
No. 2804, y las acciones contenidas en el Plan Nacional de Atención a la Población Desplazada, documento que recoge los protocolos de atención y las responsabilidades
y presupuestos de las entidades involucradas en la política.”
[27] La Ley 387 de
1997 fue complementada con la Ley 418 de 1997 por la cual se consagran unos instrumentos para la
búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras
disposiciones
norma que por su parte fue
prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006.
[28] Es decir, ante  el
incremento desmesurado de las acciones de tutela reclamando la ayuda
humanitaria, la imposibilidad de brindar una solución estructural al
problema de desplazamiento, la omisión de las autoridades en adoptar los
correctivos tendientes a mejorar el Sistema y garantizar los derechos de la
población afectada, la falta de recursos y capacidad institucional para atender
las contingencias de emergencia y, la vulneración repetida y constante de los derechos
fundamentales ahora no solo por parte de los actores al margen de la ley sino
incluso por parte de los miembros de la fuerza pública.
[29] Al
respecto, confrontar las Sentencias, T-327
de 2001, T-098 de 2002, T-419 de 2003, T-985 de 2003,T- 025 de 2004, T-740 de
2004, T-813 de 2004, T-1094 de 2004, T-1144 de 2005 T-086 de 2006, T- 496 de 2007
y T-821 de 2007, entre otras.
[30] Decreto mediante el cual
se fusionó a la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional ACCI y a la Red de Solidaridad Social RSS, creando la denominada Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social- como entidad encargada de la Coordinación Sistema Nacional de Información y Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia.
[31] “Mediante la cual se dictan medidas
de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno.”. Los Decretos que la reglamentan son los siguientes: Decreto 4155 de
2011 “Por el cual se transforma la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) en Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión Social y
Reconciliación, y se fija su objetivo y estructura”; Decreto 4633 de
2011 “Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención reparación
integral, y restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes
a los pueblos indígenas.” Publicado en el Diario Oficial 48278 de diciembre
9 de 2011; Decreto 4634 de 2011 “Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención,
reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al
pueblo Rrom o Gitano.”;
publicado en el Diario Oficial No. 48.278 de 9 de diciembre de 2011; Decreto 4158 de 2011, publicado en el
Diario Oficial No. 48.242 de 3 de noviembre de 2011, “Por el cual se
determina la adscripción del Centro de Memoria Histórica y se fijan otras
disposiciones”; Decreto 4157 de 2011, “Por el cual se determina
la adscripción de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas”;
publicado en el Diario Oficial No. 48.242 de 3 de noviembre de 2011; Decreto
4635 de 2011 “Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención,
reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.” Publicado en el Diario Oficial 48278 de diciembre 9
de 2011.
[32] Al respecto la Sentencia C-250 de 2012 sobre la estructura general de la Ley 1448 de 2011, indicó lo siguiente: “La Corte coincide con los intervinientes en la calificación de la Ley 1448 de 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras
disposiciones”, como una ley de justicia transicional. Esta percepción tiene
fundamento tanto en su título como en su contenido normativo, pues desde el
primer artículo se señala que tiene como propósito definir, dentro de lo que
denomina como un marco de justicia transicional, acciones concretas tanto de
naturaleza judicial como administrativa, al igual que acciones de naturaleza
social y económica, dirigidas a individuos como a colectivos, y destinadas a
las víctimas de infracciones al DIH y de violaciones graves y manifiestas a las
normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto
armado interno (Art. l). La misma disposición señala que se tratará de medidas
que harían posible para estas víctimas, el goce efectivo de su derechos a la
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, para así
reconocer su condición de víctimas, su derecho a la dignidad humana y la
materialización de sus derechos constitucionales (Art. l).// El artículo
segundo alude las cuestiones de las que se ocupará la ley, entre las que se
incluyen: (a) la regulación de los derechos a la ayuda humanitaria, atención,
asistencia y reparación, referidos a las personas que individual o
colectivamente hayan sufrido un daño como consecuencia de infracciones al DIH o
de graves violaciones a los derechos humanos, ocurridas con ocasión de
conflicto armado interno y que sean reconocidas como víctimas por la misma ley,
y (b) el establecimiento de herramientas para que éstas [las víctimas
reconocidas por la misma ley] reivindiquen su dignidad y asuman su plena
ciudadanía, esto es, el establecimiento de los que deberían ser recursos o
mecanismos para exigir los derechos referidos (art. 2).// La Ley 1448 de 2011 ésta está dividida en ocho (8) títulos que comprenden los siguientes
tópicos: (i) disposiciones generales, que se refiere al objeto, ámbito,
definición de víctima y principios (arts. 1 a 34); (ii) derechos de las víctimas dentro de los procesos judiciales (arts. 35 a 46); (lii) ayuda humanitaria, atención y asistencia, donde se incluye un capítulo especial sobre normas de
atención a las víctimas del desplazamiento forzado (arts. 47 a 68); (iv) reparación de las víctimas, que incluye capítulos específicos sobre: medidas de
restitución, restitución de tierras incluido el procedimiento de restitución,
establecimiento de competencia para que jueces conozcan de los procesos de
restitución, e institucionalidad a cargo de la restitución; establecimiento de
la indemnización por vía administrativa; medias de rehabilitación; medidas de
satisfacción; garantías de lo repetición y definición de la existencia de la
reparación colectiva (arts. 69 a 152); (v) institucionalidad para la atención y
la reparación a las víctimas, donde entre otros temas, se establece el registro
único de víctimas (arts. 153 a 180); (vii) protección integral a los niños,
niñas y adolescentes (arts. 181 a 191); (viii) [sic] participación de las
víctimas (arts.192 a 194); y (ix) [sic] disposiciones finales (arts. 195 a 208).//De la lectura de la Ley 1448 de 2011 se desprende que el concepto de reparación
consagrado en esta norma comprende las medidas de restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones
individual, colectiva, material, moral y simbólica. Adicionalmente, la Ley desarrolla el marco legal de las mismas y encomienda al Gobierno Nacional su implementación
mediante el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, e
igualmente le atribuye facultades para la expedición de normas que protejan y
garanticen los derechos y costumbres de los grupos étnicos,  y hace constantes
alusiones a la inclusión de las víctimas en el proceso de diseño y seguimiento
de las medidas de reparación integral contenidas en dichos instrumentos.// La Ley contempla la satisfacción de reclamos individuales, pero también de carácter colectivo,
pues las víctimas reconocidas por el artículo 3 son tanto los individuos como
los grupos o comunidades que comparten una identidad o proyecto de vida común.
Para garantizar sus derechos a la verdad[32],
la justicia, la reparación y las garantías de no repetición que se  deberá
implementar un programa masivo de reparaciones con enfoque diferencial. Esto
último garantiza que se tendrán en cuenta las diferencias entre víctimas al
igual que la diferencia de daños sufridos por ellas en razón de su edad, género,
orientación sexual y situación de discapacidad.”
[33] Decreto
4155 de 2011.
[34]
Decreto 4800 de 2011.
[35] En la sentencia T-025 del 2004, en la cual se
incluyó al registro de la población desplazada como uno de los Principios
Rectores del Desplazamiento Forzado Interno, y como un elemento definitivo para
la interpretación y la definición del alcance de los derechos fundamentales de
los desplazados.
[36] Respecto a este punto es
necesario aclarar que el funcionamiento del Registro Único de la Población Desplazada (que a partir de la expedición de la 1448 de 2011 se denomina Registro
Único de Víctimas), representa un problema cuya solución no es sencilla. De una
parte, los organismos estatales responsables de la atención a la población
desplazada deben contar con un instrumento que identifique a las personas a
quienes se dirige la ayuda y al mismo tiempo debe optar por mecanismos de
control que eviten que de la atención estatal con recursos escasos, beneficie a
personas que en realidad no se encuentran en condición de desplazamiento.
No obstante, lo que ha establecido esta
corporación, es que es deber del Estado aplicar los controles mencionados sin
que se ocasione el desmedro de los derechos fundamentales de las personas
desplazadas, que dadas las condiciones de vulnerabilidad en las que se
encuentran, pueden no contar con la capacidad de probar que en realidad son
víctimas del fenómeno de desplazamiento forzado.
[37] Corte Constitucional,
Sentencia T-468 de 2006: “Sea cual fuere la descripción que se adopte sobre
desplazados internos, todas contienen dos elementos cruciales: la coacción que
hace necesario el traslado y la permanencia dentro de las fronteras de la
propia nación. Si  estas dos condiciones se dan, como ocurre en el caso motivo de
esta tutela, no hay la menor duda de que se está ante un problema de
desplazados”.
[38] Decreto 4800 de 2011 artículo 22. :
“Territorialidad. De conformidad con lo establecido en el artículo 3°
de la Ley 1448 de 2011, para efectos de acceder al Registro Único de Víctimas y
a las medidas de reparación, los actos que constituyen hechos victimizantes
deberán haber ocurrido dentro de los límites del territorio nacional.”.
[39] De igual manera, a ello se suma lo
establecido en el artículo 3° de la Ley 1148 de 2011, que define claramente el
concepto de víctima, complementando aún más el criterio a tener en cuenta a al
hora de definir si una persona se encuadra dentro de esta situación para poder
acceder a los beneficios dispuestos por el Estado Colombiano. A continuación se
transcribe el significado de desplazado según la Ley 387 de 1997 y el concepto de víctima previsto en la
Ley 1148 de 2011 que lo complementa: “ARTICULO 1o. DEL
DESPLAZADO. Es
desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio
nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas
habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad
personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión
de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno,
disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas
de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u
otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar
o alteren drásticamente el orden público.”//“ARTÍCULO 3o. VÍCTIMAS. Se
consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que
individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir
del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho
Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas
internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado
interno.// También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente,
parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero
civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o
estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el
segundo grado de consanguinidad ascendente.// De la misma forma, se consideran
víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la
víctima en peligro o para prevenir la victimización.// La condición de víctima
se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o
condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda
existir entre el autor y la víctima.// PARÁGRAFO 1o. Cuando los
miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de
satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley.// PARÁGRAFO
2o. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley
no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas
o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al
margen de la ley siendo menores de edad.// Para los efectos de la presente ley,
el o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes de los
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley serán considerados
como víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del
presente artículo, pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los
miembros de dichos grupos.// PARÁGRAFO 3o. Para los efectos de la
definición contenida en el presente artículo, no serán considerados como
víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de
actos de delincuencia común.//PARÁGRAFO 4o. Las personas que hayan sido
víctimas por hechos ocurridos antes del 1o de enero de 1985 tienen derecho a la
verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición
previstas en la presente ley, como parte del conglomerado social y sin
necesidad de que sean individualizadas.//PARÁGRAFO 5°.La definición de
víctima contemplada en el presente artículo, en ningún caso podrá interpretarse
o presumir reconocimiento alguno de carácter político sobre los grupos
terroristas y/o armados ilegales, que hayan ocasionado el daño al que se
refiere como hecho victimizante la presente ley, en el marco del Derecho
Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, de manera particular de lo
establecido por el artículo tercero (3°) común a los Convenios de Ginebra de
1949. El ejercicio de las competencias y funciones que le corresponden en
virtud de la Constitución, la ley y los reglamentos a las Fuerzas Armadas de
combatir otros actores criminales, no se afectará en absoluto por las
disposiciones contenidas en la presente ley.”.
[40]Corte Constitucional, Sentencia T-227 de 1997:
“La condición de desplazado se adquiere pues, al estar en cualquier
situación, derivada del conflicto armado interno, contraria a los derechos de
las personas a permanecer pacíficamente y sin apremio alguno, en el lugar
escogido para establecer sus raíces familiares, culturales, sociales y/o
económicas. De lo que además se derive la necesidad de trasladarse para
preservar no sólo la vida sino la tranquilidad y la armonía propias del
desarrollo de la convivencia en un Estado Constitucional de Derecho.” .
[41] En todo caso la Corte ha resaltado de manera reiterada la importante misión de Acción Social- (ahora
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social- Unidad de Atención a Víctimas o quien hiciere sus veces) y la relevancia
del RUPD como instrumento para una adecuada planeación y ejecución de políticas
públicas en materia de desplazamiento forzado. En efecto, en criterio de la Corporación, la existencia y el adecuado diligenciamiento del RUPD responde a fines
constitucionalmente relevantes, ya que es un mecanismo adecuado para la
canalización de la ayuda humanitaria de emergencia y para el diseño y ejecución
ordenada de políticas públicas en la materia. No obstante, la Corte también ha puesto de presente las limitaciones y dificultades que, desde la perspectiva
de la protección de los derechos fundamentales, encuentra el mecanismo del
registro, tal como opera actualmente. Al respecto se pueden confrontar las
sentencias T-025 de 2005, T-468 de 2006, T-328 de 2007, T-156 de 2008, T-169 de
2010, T.874 de 2011, T-129 de 2012, entre otras.
[42] En la Sentencia T-1144 de 2005 se expresó: “Como se aprecia, la Ley 387 de 1997 y el Decreto 2569 de 2000, a partir de un fenómeno migratorio interno en situaciones de
conflicto, claramente determinado y particularmente definido por los Principios
Rectores de la ONU sobre Desplazamientos Internos y el artículo 17 del
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949,
establecen las pautas para que las autoridades del Sistema Nacional de Atención
a la Población Desplazada, previo conocimiento de las situaciones particulares
de desplazamiento, evalúen los requerimientos específicos de alojamiento,
salud, educación, alimentación, recreación y trabajo de los afectados. // Por
lo anterior esta Corporación, en
su jurisprudencia ha considerado que la declaración sostenida por los
afectados, a que alude el artículo 32 de la Ley 387 de 1997, seguida de su apreciación a cargo de las autoridades del Sistema con miras a la inscripción en
el Registro Nacional de la Población Desplazada, no genera situaciones de desplazamiento o de permanencia, ni concluye la labor de las autoridades al respecto,
sino que da inicio a una relación de seguimiento y acompañamiento permanente,
dirigida a contrarrestar el fenómeno mediante la adopción de medidas
preventivas y correctivas mínimas, que propende por la estabilidad del afectado
y de su familia.”.
[43] Ley 387 de 1997, Decreto
2569 de 2000, Ley 1448 de 2011, y específicamente el Decreto 4800 de 2011.
[44] Según el artículo 6º del
Decreto 2569 de 2000, la declaración de desplazado por quien alega su condición
como tal, deberá contener los siguientes datos:
“1. Hechos y
circunstancias que han determinado en el declarante la condición de desplazado.
2. Lugar del cual se ha
visto impelido a desplazarse.
3. Profesión u oficio.
4. Actividad económica
que realizaba y bienes y recursos patrimoniales que poseía antes del
desplazamiento.
5. Razones para escoger
el lugar actual de asentamiento”.
[45] “ARTÍCULO 3o.
VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley,
aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por
hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de
infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y
manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con
ocasión del conflicto armado interno.// También son víctimas el cónyuge,
compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer
grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se
le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los
que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.// De la
misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al
intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la
victimización. //La condición de víctima se adquiere con independencia de que
se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible
y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la
víctima.//PARÁGRAFO 1o. Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de
satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente
ley.//PARÁGRAFO 2o. Los miembros de los grupos armados organizados al
margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que
los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado
organizado al margen de la ley siendo menores de edad.// Para los efectos de la
presente ley, el o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los
parientes de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley
serán considerados como víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos
en los términos del presente artículo, pero no como víctimas indirectas por el
daño sufrido por los miembros de dichos grupos.//PARÁGRAFO 3o. Para los
efectos de la definición contenida en el presente artículo, no serán
considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como
consecuencia de actos de delincuencia común.// PARÁGRAFO 4o. Las personas
que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1o de enero de 1985
tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías
de no repetición previstas en la presente ley, como parte del conglomerado
social y sin necesidad de que sean individualizadas.// PARÁGRAFO 5o. La
definición de víctima contemplada en el presente artículo, en ningún caso podrá
interpretarse o presumir reconocimiento alguno de carácter político sobre los grupos
terroristas y/o armados ilegales, que hayan ocasionado el daño al que se
refiere como hecho victimizante la presente ley, en el marco del Derecho
Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, de manera particular de lo
establecido por el artículo tercero (3o) común a los Convenios de Ginebra de
1949. El ejercicio de las competencias y funciones que le corresponden en
virtud de la Constitución, la ley y los reglamentos a las Fuerzas Armadas de
combatir otros actores criminales, no se afectará en absoluto por las
disposiciones contenidas en la presente ley.”
[46] “Artículo 11. De la no inscripción. La entidad
en la que se haya delegado la inscripción, no efectuará la inscripción en el
registro de quien solicita la condición de desplazado en los siguientes casos:
Cuando
la declaración resulte contraria a la verdad.
Cuando
existan razones objetivas y fundadas para concluir que de la misma no se deduce
la existencia de las circunstancias de hecho previstas en el artículo 1° de la Ley 387 de 1997.
Cuando
el interesado efectúe la declaración y solicite la inscripción en el Registro
después de un (1) año de acaecidas las circunstancias descritas en el artículo
1° de la Ley 387 de 1997.
En tales eventos, se
expedirá un acto en el que se señalen las razones que asisten a dicha entidad
para tal determinación, el cual deberá ser notificado al afectado. Contra dicho
acto proceden los recursos de Ley y la decisión que los resuelva agota vía
gubernativa.”
[47] Corte Constitucional,
Sentencias T-563 de 2005 y T-496 de 2007, entre otras.
[48] Estas
directrices fueron analizadas bajo criterios uniformes como a contención se
expone, en las siguientes sentencias: T-1094 de 2004, T-468 de 2006, T-821 de
2007, T-156 de 2008, T-605 de 2008, T-721 de 2008, T-044 de 2010, T-085 de
2010, T-099 de 2010, T-169 de 2010, T-211 de 2010, T-447 de 2010, T-582 de
2011, T-853 de 2011, T-856 de 2011, T-874 de 2011, T-129 de 2012, T-441 de 2012
entre muchas otras.
[49] Naciones Unidas, Doc.
E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998. Informe del Representante Especial
del Secretario General de Naciones Unidas para el tema de los Desplazamientos
Internos de Personas, Sr. Francis Deng.
[50] Corte Constitucional,
Sentencia T-025 de 2004.
[51] Adicionado por la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011 artículo 19.
[52] Adicionado por la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011 artículo 19.
[53] Adicionado por la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011 artículo 19.
[54] Ver sentencias T-563-05 y T-645-03.
[55]Corte Constitucional,
Sentencia T-1076 de 2005.
[56] Así, en la Sentencia T-563 de 2005 la Corte señaló: “si una persona desplazada afirma haber realizado
una declaración sobre los hechos que dieron lugar a su traslado y aporta
certificación al respecto proveniente de una de las autoridades previstas en la
ley 387 de 1997 para realizar tal labor, la Red de Solidaridad debe presumir que el documento es verdadero y debe dar trámite a la solicitud de
inscripción”.
[57] Corte Constitucional, Sentencia T-327 de 2001.
[58] Ibídem: “Uno de los elementos que pueden
conformar el conjunto probatorio de un desplazamiento forzado son los indicios
y especialmente el hecho de que la persona haya abandonado sus bienes y
comunidad. Es contrario al principio de celeridad y eficacia de la
administración el buscar llegar a la certeza de la ocurrencia de los hechos,
como si se tratara de la tarea de un juez dentro de un proceso, ya que al hacer
esto se está persiguiendo un objetivo en muchas ocasiones imposible o en
extremo complejo, como se ha expresado anteriormente, la aplicación del
principio de buena fe facilita la tarea del funcionario de la administración y
le permite la atención de un número mayor de desplazados.”
[59] Ibidem.
[60] En la sentencia C-047-01 la Corte declaró exequible el plazo de un año para solicitar la ayuda
humanitaria, bajo el entendido de que el término comience a contarse a partir
del momento en que cese la fuerza mayor o el caso fortuito que impidieron
presentar oportunamente la solicitud.
[61] Corte Constitucional,
Sentencia T-328 de 2007.
[62] En la Sentencia T-327 de 2001, la Corte ordenó la inscripción en el RUPD de una persona en
situación de desplazamiento por grupos paramilitares, a quien se le había
negado la inclusión en tres oportunidades por no aportar pruebas de su condición
e incurrir en versiones contradictorias. Entre las consideraciones que hizo
este Tribunal en aquella oportunidad se encuentra esta: “En virtud de la
aplicación del artículo 83 de la Carta Política, debe presumirse la buena fe en la actuación de los particulares. En el caso de los desplazados, se debe presumir
la buena fe al estudiar su inclusión en el Registro Nacional de Desplazados
para recibir la ayuda del Gobierno (…) Al presumirse la buena fe, se invierte
la carga de la prueba y, por ende, son las autoridades las que deben probar
plenamente que la persona respectiva no tiene la calidad de desplazado.”.
[63] En la Sentencia T-1094 de 2004, la Corte ordenó reevaluar una declaración de desplazamiento de una
persona, a quien se le había denegado su inclusión en el RUPD por hallar en
ella inconsistencias. La Corte encontró, igualmente, que las inconsistencias
existían. Sin embargo, de ellas no se derivaba necesariamente la conclusión de
que el señor no era desplazado, puesto que las supuestas inconsistencias
versaban sobre accidentes o circunstancias diferentes al hecho generador del
desplazamiento.
[64] Corte Constitucional,
Sentencia T-327 de 2001.
[65] “Artículo 11. De la no inscripción. La
entidad en la que se haya delegado la inscripción, no efectuará la inscripción
en el registro de quien solicita la condición de desplazado, en los siguientes
casos: 1. Cuando la declaración resulte contraria a la verdad. 2. Cuando
existan razones objetivas y fundadas para concluir que de la misma no se deduce
la existencia de las circunstancias de hecho previstas en el artículo 1° de la Ley 387 de 1997. 3. Cuando el interesado efectúe la declaración y solicite la inscripción
en el Registro después de un (1) año de acaecidas las circunstancias descritas
en el artículo 1° de la Ley 387 de 1997. En tales eventos, se expedirá un acto
en el que se señalen las razones que asisten a dicha entidad para tal
determinación, el cual deberá ser notificado al afectado. Contra dicho acto
proceden los recursos de Ley y la decisión que los resuelva agota la vía
gubernativa” (Resalta la Sala).
[66] Corte Constitucional, Sentencia
T-327 de 2001.
[67] T-821-07, T-042-09.
[68] En este sentido se ha de
ver que esta Corporación en sentencia de tutela T-397-09 negó la solicitud de
inscripción en el Registro Único de la Población Desplazada cuando sólo existe el dicho del accionante de su calidad de desplazado y la afirmación de la entidad accionada de
que ésta persona no lo es.
[69] T-397-09 reitera la
sentencia T-468-06.
[70] Sentencias T-327 de
2001, T-268 de 2003, T-1094 de 2004, T-882 de 2005, T-1145 de 2005, T-620 de
2006, T-328 de 2007.
[71] Este acápite se elabora
con fundamento en los documentos allegados por líderes de la etnia Tukano  que
a continuación se referencian: (i) Auto-diagnóstico Sociolingüistico de la
lengua Tukano y la Comunidad Tukano. Ministerio de Cultura. Programa de
protección a la identidad Etno-lingüística; (ii) Primer texto de
historia Tukano 2001, informantes: Albino Guerrero, Siriaco Casas, Benedicto
Guerrero, Manuel Trujillo. Y algunos informes de reclutamiento allegados por
líderes de la comunidad Tukano, cuyos nombres no se mencionan ante las
implicaciones que ello podría acarrear en materia de seguridad.
[72] Primera Historia del
Pueblo Tukano 2001: “En los tiempos remotos, el grupo hoy llamado Tukano es
denominado ye’pámahsa; dado que éste nombre no es muy conocido, mucha gente de
diferentes grupos tuvieron muchas tergiversaciones con decir ¨gente de la
tierra. Porque no han ido a más allá del contexto del conocimiento de la
historia. Ye’pámahsa, reciben ese nombre por que fueron seguidores del ser
mitológico Ye´pá, así como los cristianos a Jesucristo. Lo mismo ocurre con los
pertenecientes de éste grupo y en la actualidad se autodenominan “Dahsea”
tukanos. Veamos que este nombre surge también de una historia. // La historia
tukano se origina así: Cuando sus padres se ausentaban para ir a sus chagras,
los adolescentes ye’pámahsa, salían de sus celdas a celdas de la maloca
comiendo lo que había quedado en la quiñapira o en la olla. Entonces unas
ancianas que se quedaron en el cuidado de estos jóvenes, dijeron Estos muchachos
parecen Tucanes que andan en manada buscando comida¨, desde éste momento le
siguieron llamando Tukanos ”
[73]
Pertenece al departamento del Vaupés
[74] Pertenece al
departamento del Guaviare
[75] Pertenece al
departamento del Guaviare
[76] Pertenece al
departamento del Guaviare
[77] Pertenece al
departamento del Guainía.
[78] Pertenece al
departamento del Vaupés
[79] Expresión utilizada por
los Tukano, que significa caza y venta de pieles de tigrillo.
[80]
Tomado del documento : “Primer texto de historia Tukano 2001” (folio 21 del anexo 1) y los informes allegados por los lideres de la comunidad.
[81] La toma guerrillera de
Mitú también conocida como “la Operación Marquetalia” sucedió el 1° de noviembre de 1998, cuando aproximadamente 1500
guerrilleros de las FARC en horas de la madrugada sitiaron y lanzaron una
ofensiva militar que duró alrededor de 12 horas, contra la población de Mitú,
que para aquel entonces tenia aproximadamente 15.000 habitantes y solo 120
uniformados para defenderla.
[82] Folios 36 a 55 del cuaderno de revisión y Anexo 1. Esta información fue corroborada tanto en el Diagnóstico
Departamental del Vaupés, remitido por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas como en las diferentes denuncias allegadas a la Corte por parte de los líderes indígenas de la étnia Tukano.
[83] Tomado del documento Auto-diagnóstico
Sociolingüístico de la lengua Tukano y la Comunidad Tukano. Presentado por el Ministerio de Cultura dentro del Programa de protección a
la identidad Etno-lingüística, que a su vez se fundamenta en información
recolectada de fuentes como el Sisben y el Sistema Nacional de Participación de
Resguardos. Folio 123 del Anexo 1. Adicionalmente esta información fue
corroborada por los líderes indígenas de la comunidad Tukano que allegaron
sendos escritos denunciando la grave situación en la que se encuentran junto
con otras etnias en los departamentos del Vaupés, Guaviare y Guainía.
[84] Situaciones
tales como:(i) los señalamientos, (ii) el asesinato
selectivo de líderes, autoridades tradicionales y miembros prominentes
indígenas, (iii) las amenazas hostigamientos y persecuciones de
individuos, familias y comunidades por las guerrillas y los grupos
paramilitares; (iv) controles sobre la movilidad de personas, alimentos,
medicamentos, combustibles, bienes y servicios básicos y ayuda humanitaria de
emergencia, por parte de actores ilegales y , en ocasiones , por miembros de la
fuerza pública, (v) confinamientos de familias y comunidades enteras, por la
presencia de minas antipersonal, (vi) Controles de comportamiento y de las
pautas culturales propias por parte de los grupos armados ilegales; (vii)
reclutamiento forzado de menores, jóvenes y miembros de la comunidad por actores
armados irregulares, con las gravísimas repercusiones que ello conlleva tanto
para la vida como para la integridad personal propia y de las familias y
comunidades de origen; (viii) apropiación y hurto de vienes de subsistencia de
las comunidades indígenas por parte de los actores armados ilegales y en
algunos casos por la Fuerza Pública; (ix) homicidio, amenaza y hostigamiento de
maestros, promotores de salud y defensores de los derechos de los indígenas,
(x) el despojo territorial por parte de actores con intereses económicos sobre
las tierras o lo recursos naturales; (xi) el desarrollo de actividades
económicas lícitas o ilícitas en territorios indígenas, (xii) la fumigación de
de cultivos ilícitos sin el lleno de los requisitos de consulta previa
contaminando ocasionando problemas de salud por la contaminación de los
alimentos y en general del ambiente.
[85] Tales como: el
desplazamiento masivo o individual hacia las cabeceras municipales o las
ciudades principales, el rompimiento del tejido social, la pérdida de
costumbres, en especial el impacto sobre las generaciones de jóvenes de los
pueblos desplazados; la desaparición de líderes, la pérdida de confianza en el
gobierno, la ausencia de capacidades y competencias culturales para afrontar la
vida urbana en condiciones extremas de miseria y desprotección, la exposición a
riesgos como la violencia sexual, redes de comercios ilícitos, mendicidad, la
explotación laboral, la imposibilidad de comunicarse, entre muchos otros.
[86] Respuesta
dada por Acción Social.
[87] Folio 17 del cuaderno de
revisión “Es de anotar que para acceder a los diferentes beneficios
gubernamentales que otorga la Ley 1448 de 2011 y sus Decretos Reglamentarios,
la población debe estar inscrita en el Registro Único de Victimas- RUV. // Una
vez verificado el mismo, se constató que NILSA MILENA NEIRA SOUZA se encuentra
INCLUIDA DESDE EL DÍA 14 DE MARZO DE 2012 con el código núm. 1231847 de
conformidad con lo establecido por el Art. 154 de la referida ley”.
[88] Anexo 1: (i) Auto-diagnóstico
Sociolingüistico de la lengua Tukano y la Comunidad Tukano. Ministerio de Cultura. Programa de protección a la identidad
Etno-lingüística; (ii) Primer texto de historia Tukano 2001,
informantes: Albino Guerrero, Siriaco Casas, Benedicto Guerrero, Manuel
Trujillo. Informes de reclutamiento allegados por líderes de la comunidad
Tukano.
[89] En grave estado de
vulnerabilidad por ser mujer, desplazada, indígena, madre de cuatro menores de
edad, abusada y maltratada.
[90] Proferido con el objeto
de lograr la protección de los derechos fundamentales de las personas y los
pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de
desplazamiento forzado, en el marco de la superación del estado de cosas
inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 después de la sesión
pública de información técnica realizada el 21 de septiembre de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión.