C-283-11
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL
NOTA DE RELATORIA: Mediante auto de fecha 27 de
junio de 2019 la Magistrada Cristina Pardo Schlesinger ordenó corregir en la
presente sentencia el nombre del demandante, en el sentido de indicar que es
Martín Alonso Álvarez Bermúdez y no Martín Alfonso Álvarez Bermúdez, como
aparece en ella.
Sentencia C-283/11
PORCION CONYUGAL-Exclusión de reconocimiento a compañero o compañera permanente
supérstite al igual que a la pareja del mismo sexo resulta discriminatoria/PORCION
CONYUGAL-Extensión de reconocimiento a compañero(a) permanente/PORCION
CONYUGAL-Extensión de reconocimiento a pareja del mismos sexo
Para
la Sala no existe ninguna razón objetiva ni razonable que justifique que para
acceder a lo que la legislación civil denomina “porción conyugal”, el requisito
esencial sea el vínculo matrimonial, hecho que posiblemente se justificaba para
la época en que fue expedida la norma, época en que el contrato de matrimonio
era el único reconocido. Pero hoy,
la libertad de autodeterminación reconocida a todos los individuos y que
expresamente nuestra Constitución reconoce, permite sostener que la diferencia
de trato en lo que hace al reconocimiento de esta garantía patrimonial para el
supérstite sea cónyuge o compañero y/o compañera permanente, resulta contraria al
artículo 13 constitucional, donde la diferencia de trato proviene de la
naturaleza del vínculo con que dos personas han decidido compartir y hacer
realizable su proyecto de vida. De igual manera, analizada la finalidad que persigue esta garantía patrimonial, no
hay razón que permita afirmar válidamente que ella sólo pueda tener como
destinatario a quien tenga un contrato matrimonial, ya que esta figura tiene su
fundamento no en el contrato de matrimonio sino en la necesidad de proteger al
miembro de la relación que después de una convivencia fundada en el apoyo y las
renuncias mutuas, queda con un patrimonio inferior al de aquel que falleció y
que le permite optar por participar en él.
COSA JUZGADA EN PORCION CONYUGAL-Inexistencia/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Inexistencia
por cambios en el contexto de aplicación de la disposición/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL Y NUEVO JUICIO DE
CONSTITUCIONALIDAD-Procedencia
por cambios en el contexto normativo
Si bien mediante sentencia C-174 de 1996 esta
Corporación declaró la exequibilidad, sin ningún condicionamiento, de algunos
de los artículos que son ahora nuevamente objeto de demanda, no puede afirmarse
que haya operado la cosa juzgada constitucional, en primer lugar, por cuanto la
decisión adoptada se basó
exclusivamente en una comparación de la forma cómo surgen a la vida jurídica
las instituciones del matrimonio y la unión marital de hecho y las normas a las
que se sujetan, pero en ella se omitió un análisis finalístico de la
institución de la “porción conyugal” en estos dos escenarios; y en segundo
lugar, por lo que tiene
que ver con lo que la jurisprudencia ha denominado cambio del contexto
normativo, concepto que hace referencia a los cambios que se presentan en la
sociedad de los cuales debe ser consciente el juez constitucional para efectuar
un nuevo análisis sobre  normas que fueron consideradas exequibles en un tiempo
pero que a la luz de la nueva realidad pueden no serlo. Es así que entre la
declaración de exequibilidad de las normas del código civil relativas a la
porción conyugal, esta Corporación ha proferido un sinnúmero de providencias
que han tenido como fin principal extender algunos de los derechos, las
garantías y los beneficios que la legislación civil reconoce de tiempo atrás a
los cónyuges a las compañeras y compañeros permanentes, bajo el supuesto que si
bien las dos uniones son diferentes en cuanto a la forma que nacen a la vida
jurídica, ello no obsta para reconocer que ellas  tienen unas similitudes que
obligan al legislador a  dar un trato por lo menos similar a una y otra, en
aquellos aspectos que se derivan de la relación de pareja, de la relación con
sus hijos y frente a los aspectos patrimoniales, entre otros. En este orden de ideas, se considera que, en el
presente caso, (i) en
tanto el fallo anterior no efectuó el análisis propuesto ahora por el
demandante y (ii) el contexto normativo ha variado, es posible  afirmar que no
ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Finalidad/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Características
COSA JUZGADA RELATIVA-Concepto/COSA JUZGADA RELATIVA EXPLICITA-Concepto/COSA
JUZGADA RELATIVA IMPLICITA-Concepto
COSA JUZGADA APARENTE-Concepto
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Inexistencia en normas del Código Civil sobre porción
conyugal/INCONSTITUCIONALIDAD SOBREVIVIENTE-Configuración
En
razón a que para el momento en que se dictó la regulación sobre porción
conyugal no existía el deber para el legislador de desarrollar el artículo 13
constitucional, no se está ante una omisión legislativa; como tampoco se puede afirmar que se profirió  una
regulación incompleta o insuficiente, pues  no existiendo la obligación por
parte del legislador de regular una consecuencia jurídica en relación con los
compañeros permanentes, quienes no eran reconocidos constitucionalmente como
sujetos de una protección similar a la de los miembros de un contrato
matrimonial; se trata, más bien, de una inconstitucionalidad sobreviviente en
relación con lo normado en los artículos 5, 13 y 42 de la
Carta, que obliga a esta Corporación a un pronunciamiento que elimine dicho
tratamiento discriminatorio. Ha sido en razón de los cambios sociales, culturales y políticos que hicieron
necesaria la inclusión en la
Constitución de 1991 de un reconocimiento y protección expresa de las uniones
maritales de hecho, que ha conllevado a que la
Corte Constitucional reconozca para éstas una serie de efectos jurídicos que
el legislador sólo confirió  a las uniones surgidas del matrimonio.
SENTENCIA INTEGRADORA-Procedencia
PORCION CONYUGAL-Definición/PORCION CONYUGAL-Naturaleza jurídica/PORCION
CONYUGAL-Características
La
porción conyugal está definida como aquella
parte del patrimonio de una persona difunta que la ley asigna al cónyuge
sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua subsistencia,
asignación que no es a título de heredero, pues su condición jurídica es
diversa de la de éste, y que más que una prestación de carácter alimenticio
basada en un criterio de necesidad, es una figura de naturaleza compensatoria, para afectar el patrimonio del causante a
través de una asignación forzosa que le permite al supérstite contar con un
patrimonio adecuado teniendo como referente el patrimonio del cónyuge
fallecido. Es una especie de
crédito a cargo de la sucesión. Son características de la porción conyugal: (i)
tiene como beneficiario al cónyuge sobreviviente, independientemente del sexo;
(ii) no está sujeta a un monto determinado, toda vez que depende del patrimonio
del cónyuge fallecido; (iii) lo que se recibe por este concepto pasa a
incorporar el patrimonio del sujeto a favor de quien se reconoce; (iv) no está
atada a la inexistencia de patrimonio del sobreviviente; sólo se requiere que
lo que éste pueda percibir por otros conceptos sea o resulte inferior a la
porción conyugal para que nazca del derecho a percibirla; (v) Este derecho se
concreta al tiempo en que se abre la sucesión. Por tanto, si el cónyuge
sobreviviente no tiene bienes en ese momento, o los que posee son de inferior
valor, adquiere el derecho a la porción, sin importar que posteriormente
adquiera otros. Por el contrario, si posee bienes de mayor valor y después los
pierde o su valor disminuye, no tendrá derecho a dicha porción, tal como se
desprende de una lectura de los artículos 1232 y 1233 del Código Civil.
PORCION CONYUGAL-Objeto/PORCION
CONYUGAL-Determinación
Cuando el cónyuge opta por la denominada porción
conyugal, en los términos del artículo 1236 del Código Civil, el cónyuge
sobreviviente recibe “…la cuarta parte de los bienes de la persona difunta, en
todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes, pues habiendo
descendientes, el viudo o viuda será contado entre los hijos, y recibirá como
porción conyugal la legítima rigurosa de un hijo; es decir, si hay hijos, el
cónyuge sobreviviente recibe por concepto de porción conyugal lo mismo que
recibiría uno de ellos, si no hay descendientes, recibe la cuarta parte de la
masa herencial.
PORCION CONYUGAL COMPLEMENTARIA-Concepto/PORCION CONYUGAL COMPLEMENTARIA-Determinación
La legislación civil le permite al Cónyuge optar por
lo que el artículo 1236 denomina porción conyugal complementaria, que consiste
en que “Si el cónyuge sobreviviente tuviere bienes, pero no de tanto valor como
la porción conyugal, sólo tendrá derecho al complemento, a título de porción
conyugal. Se imputará por tanto a la porción conyugal todo lo que el cónyuge
sobreviviente tuviere derecho a percibir a cualquier otro título en la sucesión
del difunto, incluso su mitad de gananciales, si no la renunciare.”
SUCESION INTESTADA-Ordenes hereditarios y repartición
UNIONES MATRIMONIALES Y SOCIEDADES O UNIONES
MARITALES DE HECHO-Diferencias
PORCION CONYUGAL DE COMPAÑERA O COMPAÑERO
PERMANENTE-Exigencia de dos
años de convivencia para aplicación de garantía patrimonial
PORCION CONYUGAL-Extensión de protección patrimonial a parejas del
mismo sexo/PORCION CONYUGAL-Extensión de garantía patrimonial a pareja
homosexual
La Corte mediante
sentencia C-075 de 2007 reconoció la existencia de las parejas del mismos sexo
y resolvió la pregunta de si el régimen jurídico reconocido por el legislador y
la jurisprudencia constitucional a las uniones maritales de hecho podía ser
extendido a las parejas del mismo sexo, señalando que negar a éstas el régimen
de protección patrimonial que se le otorga a las uniones maritales era contrario
a la dignidad y al derecho al libre desarrollo de la personalidad de éstas y generan
una discriminación prohibida expresamente por la
Constitución. En esta sentencia la Corte precisó que: “El régimen de la
Ley 54 de 1990, tal como fue modificado por la
Ley 979 de 2005, en la medida en que se aplica exclusivamente a las parejas
heterosexuales y excluye de su ámbito a las pareja homosexuales, resulta
discriminatorio, y decidió, en consecuencia, declarar la exequibilidad de la
Ley 54 de 1990, tal como fue modificada por la
Ley 979 de 2005, en el entendido que el régimen de protección allí previsto
también se aplica a las parejas homosexuales. Quiere esto decir que la pareja
homosexual que cumpla con las condiciones previstas en la ley para las uniones
maritales de hecho, esto es la comunidad de vida permanente y singular,
mantenida por un periodo de al menos dos años, accede al régimen de protección
allí dispuesto, de manera que queda amparada por la presunción de sociedad
patrimonial y sus integrantes pueden, de manera individual o conjunta, acudir a
los medios previstos en la ley para establecerla cuando así lo consideren
adecuado”.- Reconoció asimismo la Corte que las parejas del mismo sexo que
tenían una cohabitación cuyo fin era la realización de un proyecto de vida
común fundada en la solidaridad y en el apoyo mutuo, no encontraban protección
jurídica ante la finalización de la relación o frente a la muerte de uno de los
compañeros, desprotección generada por un criterio sospechoso de discriminación
como lo es la orientación sexual, que está proscrito por la jurisprudencia
constitucional y las normas que conforman el bloque de constitucionalidad y que
en el caso de las  parejas del mismo sexo resultaba lesivo no sólo del  derecho
al libre desarrollo de la personalidad sino de su dignidad y autonomía, razón
por la que se requería un mínimo de protección, mediante el reconocimiento
jurídico de una situación que, en este caso, se traducía en otorgarle a este
grupo el mismo régimen patrimonial de la unión marital de hecho, en la medida
en que no existe una regulación que permita afirmar su no discriminación.
PORCION CONYUGAL DE PAREJA HOMOSEXUAL-Requisito de dos años de convivencia para
aplicación de garantía patrimonial
EXHORTACION AL CONGRESO-Regulación sobre materias relacionadas con las
uniones maritales de hecho y las parejas del mismo sexo
Si bien ante la ausencia de una normativa que permita
prodigar una protección a un grupo determinado el juez constitucional puede
extender uno existente, como en efecto lo hizo en el caso de las uniones
maritales de hecho frente a las parejas del mismo sexo, es al legislador al que
corresponde regular las consecuencias jurídicas de ciertos hechos y fenómenos sociales,
dado que es el Congreso de la
República el escenario natural, en donde hay un sustrato de representación democrática y en el que
previa la deliberación amplia y prolija se legisle sobre las materias
relacionadas con las uniones maritales de hecho y las parejas del mismo sexo,
definiendo asuntos axiales  a
estas relaciones como, por ejemplo, la forma jurídica que puede tener su
vínculo y los derechos que de él se pueden derivar, cuestiones éstas que
implican el análisis de algunas
instituciones de nuestro ordenamiento civil.
Referencia:
expediente D-8112
Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 1016-5. 1045, 1054, 1226, 1230, 1231, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237,
1238, 1243, 1248, 1249, 1251 y 1278 del Código Civil.
Actor: Martín Alonso Álvarez Bermúdez.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil once
(2011).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional,
conformada por los magistrados Juan Carlos Henao Pérez, quien la preside, María
Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, Humberto Antonio
Sierra Porto, Nilson Pinilla Pinilla  y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio
de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes:
1.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano
Martín Alonso Álvarez Bermúdez demandó la constitucionalidad de las expresiones
“porción conyugal”, “cónyuge” y “viudo o viuda” contenidas en los artículos
1016, numeral 5;  1045;  1054;  1226;  1230;  1231;  1232;  1234;  1235;  1236;
1237;  1238;  1243;  1248;  1249;  1251 y 1278 del Código Civil, por
considerarlas contrarias al preámbulo y a los  artículos 1, 2, 5, 13, 16, 18 y
42 de la Constitución Política de 1991.
Mediante auto del dieciocho (18) de mayo de dos mil diez (2010), el
Despacho del Magistrado sustanciador rechazó la demanda presentada frente a los
artículos 1016, numeral 5; 1045, modificado por la
Ley 29 de 1982, artículo 4º; 1046, modificado por la
Ley 29 de 1982, artículo 5º; 1054, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236,
1237 y 1238 del Código Civil, por haber operado el fenómeno de cosa juzgada en
relación con la sentencia C-174 de 1996 y la admitió contra las expresiones
“porción conyugal” y “cónyuge” contenidas en los artículos 1226, 1243, 1248,
1249, 1251 y 1278 del Código Civil, frente a los cuales la
Corte no había emitido pronunciamiento alguno.
El  actor interpuso el recurso de súplica contra el auto de rechazo,
recurso que  por auto del veinticinco (25) de mayo de dos mil diez (2010) fue
analizado por  la Sala Plena, que concluyó que no había operado el fenómeno de
la cosa juzgada constitucional, al considerar que si bien en ella se plantea el
estudio del mismo contenido normativo sobre el que se pronunció la
Corte en la sentencia C-174 de 1996 “no se verifica el requisito referente
a la identidad de razones”. En este sentido, la
Sala sostuvo que el actor presentó argumentos diferentes a la vulneración del
derecho a la igualdad y a la libertad de conciencia.
2.
LA DEMANDA
2.1. NORMA
DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto de las normas demandadas:
“ARTÍCULO 1016. En toda sucesión por causa de muerte, para
llevar a efecto las disposiciones del difunto o de la ley, se deducirán del
acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado, incluso los créditos
hereditarios:
(…)
5o.) La porción conyugal a que hubiere lugar, en todos los
órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes. El resto es el acervo
líquido de que dispone el testador o la ley.
ARTÍCULO 1045. <Artículo subrogado por el artículo
4o. de la Ley 29 de 1982. El nuevo texto es el siguiente:>
Los hijos legítimos, adoptivos y
extramatrimoniales, excluyen a todos los otros herederos y recibirán entre
ellos iguales cuotas, sin perjuicio de la porción
conyugal.
ARTÍCULO 1054. En la
sucesión abintestato de un extranjero que fallezca dentro o fuera del
territorio, tendrán los miembros de él, a título de herencia, de porción
conyugal o de alimentos, los mismos derechos que según las
leyes vigentes en el territorio les corresponderían sobre la sucesión intestada
de un miembro del territorio.
Los miembros del territorio
interesados podrán pedir que se les adjudique en los bienes del extranjero,
existentes en el territorio todo lo que les corresponda en la sucesión del
extranjero.
Esto mismo se aplicará, en caso
necesario, a la sucesión de un miembro del territorio que deja bienes en un
país extranjero.
ARTÍCULO 1226. Asignaciones forzosas son las que el
testador está obligado a hacer, y que se suplen cuando no las ha hecho, aun con
perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas.
Asignaciones forzosas son:
1o.) Los alimentos que se deben
por la ley a ciertas personas.
2o.) La porción conyugal.
3o.) Las legítimas.
4o.) La cuarta de mejoras en la
sucesión de los descendientes.
ARTÍCULO 1230. La porción conyugal es aquélla parte del patrimonio de
una persona difunta que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo
necesario para su congrua subsistencia.
ARTICULO 1231. Tendrá derecho a la porción conyugal aun el cónyuge divorciado, a menos que por culpa suya
haya dado ocasión al divorcio.
ARTICULO 1232.  El derecho se entenderá existir al
tiempo del fallecimiento del otro cónyuge,
y no caducará en todo o parte por la adquisición de bienes que posteriormente
hiciere el cónyuge sobreviviente.
ARTICULO 1233. El cónyuge sobreviviente que al tiempo de
fallecer el otro cónyuge no tuvo derecho a porción conyugal, no lo
adquirirá después por el hecho de caer en pobreza.
ARTICULO 1234. Si el cónyuge sobreviviente tuviere bienes, pero no
de tanto valor como la porción
conyugal, sólo tendrá derecho al complemento, a título de porción
conyugal.
Se imputará por tanto a la porción conyugal  todo lo que el cónyuge sobreviviente tuviere derecho
a percibir a cualquier otro título en la sucesión del difunto, incluso su mitad
de gananciales, si no la renunciare.
ARTICULO 1235.  El cónyuge
sobreviviente podrá, a su arbitrio, retener lo que posea o se le deba,
renunciando la porción
conyugal, o pedir la porción conyugal, abandonando sus otros bienes y
derechos.
ARTICULO 1236. La porción conyugal es la cuarta
parte de los bienes de la persona difunta, en todos los órdenes de sucesión,
menos en el de los descendientes.
Habiendo tales descendientes, el viudo o viuda
será contado entre los hijos, y recibirá como porción
conyugal la legítima
rigurosa de un hijo.
ARTICULO 1237.  Si el cónyuge
sobreviviente hubiere de percibir en la sucesión del difunto, a título de
donación, herencia o legado, más de lo que corresponde a título de porción conyugal, el
sobrante se imputará a la parte de los bienes de que el difunto pudo disponer a
su arbitrio.
ARTICULO 1238.  El cónyuge a quien por cuenta de su porción conyugal haya cabido a título universal
alguna parte en la sucesión del difunto, será responsable a prorrata de esta parte,
como los herederos en sus respectivas cuotas.
Si se imputare a dicha porción la
mitad de gananciales, subsistirá en ésta la responsabilidad especial que le es
propia, según lo prevenido en el título de
la sociedad conyugal.
En lo demás que el viudo o
viuda perciba, a título de porción
conyugal, sólo tendrá la responsabilidad subsidiaria de los legatarios.
ARTICULO 1243. Para computar las cuartas de que habla el
artículo precedente, se acumularán imaginariamente al acervo líquido todas las
donaciones revocables e irrevocables, hechas en razón de legítimas o de
mejoras, según el valor que hayan tenido las cosas donadas al tiempo de la
entrega, y las deducciones que, según el artículo 1234, se hagan a la porción
conyugal.
Las cuartas antedichas se refieren a este
acervo imaginario.
ARTICULO 1248. Si un legitimario no lleva el todo o parte de
su legítima, por incapacidad, indignidad o desheredación, o porque la ha
repudiado, y no tiene descendencia con derecho de representarle, dicho todo o
parte se agregará a la mitad legitimaria, y contribuirá a formar las legítimas
rigurosas de los otros, y la porción conyugal, en el caso del
artículo 1236, inciso 2o.
Volverán de la misma manera a la mitad
legitimaria las deducciones que según el artículo 1234 se hagan a la porción conyugal
en el caso antedicho.
ARTICULO 1249. Acrece a las legítimas rigurosas toda aquella
porción de los bienes de que el testador ha podido disponer a titulo de
mejoras, o con absoluta libertad, y no ha dispuesto y si lo ha hecho ha quedado
sin efecto la disposición.
Aumentadas así las legítimas rigurosas se
llaman legítimas efectivas.
Este acrecimiento no aprovecha al cónyuge
sobreviviente, en el caso del artículo 1236,
inciso 2o.
ARTICULO 1251. Si lo que se
ha dado o se da en razón de legítimas, excediere a la mitad del acervo
imaginario, se imputará a la cuarta de mejoras, sin perjuicio de dividirse por
partes iguales entre los legitimarios; pero con exclusión del cónyuge
sobreviviente, en el caso del artículo 1236, inciso 2o.
ARTICULO 1278. El cónyuge
sobreviviente tendrá acción de reforma para la integración de su porción
conyugal, según las reglas precedentes.”
2.2. ANÁLISIS DE LA
DEMANDA
2.2.1. En términos del ciudadano Martín Alonso
Álvarez Bermúdez, los preceptos parcialmente acusados contienen un  beneficio exclusivo para quien tiene la
calidad de cónyuge, excluyendo a los compañeros permanentes y a las parejas del
mismo sexo, quienes desarrollan proyectos de vida estables y continuos que,
como tal, tienen derecho a que lo que la legislación civil ha estructurado como
una forma de protección para el cónyuge sea igualmente otorgado a quien ostenta
la calidad de compañero o compañera permanente, pues  constituyen familia.
Sobre el particular se afirma en la demanda:
“ Con la presente acción de inconstitucionalidad
y partiendo del hecho que de las uniones tanto por vínculos jurídicos como
naturales dan origen a la familia y especialmente por las equivalencias
sustanciales entre estos dos tipos de relación familiar, se pretende que la
Corte estudie las normas acusadas porque con ellas además de establecerse una
desprotección injustificada en derechos sucesorales para con los compañeros
permanentes de parejas heterosexuales, también se está dando igual
desprotección para con los miembros de las parejas homosexuales.
“Y es que el déficit de protección en los
compañeros permanentes de parejas heterosexuales que se hace extensivo para con
las parejas del mismo sexo, no genera garantías patrimoniales para cuando uno
de los miembros de la unión fallece, pues al compañero permanente supérstite se
le impide injustamente asegurar su continuidad de vida de forma digna, en tanto
no se le garantiza su mínimo vital futuro.
“…Para el caso que nos ocupa, vemos que la
formación de la una familia en el país proviene principalmente de la unión
marital de hecho y para no ir muy lejos, basta pensar por unos instantes en
nuestras propias familias, la de los amigos y vecinos, para darnos cuenta que
es así; en esa medida y amparados en la
Constitución Política de Colombia, las comunidades de vida permanentes y
singulares distintas al matrimonio requieren con base en la igualdad familiar
criterios análogos de protección, como lo es la porción “conyugal””[1]
En ese sentido, indica que las normas
acusadas violan el Preámbulo y los artículos 1, 2, 5, 13, 16, 18 y 42 de la
Constitución Política,  porque  las parejas constituidas tanto por vínculos
jurídicos como de hecho conforman una familia y deben tener un tratamiento
igual en cuanto a la porción conyugal.
En consecuencia, el demandante solicita
analizar nuevamente la constitucionalidad de los preceptos referentes a la
porción conyugal, los cuales fueron declarados exequibles en la sentencia  C-174
de 1996, pero que, en razón de los cambios normativos y jurisprudenciales que
se han producido desde que esa providencia fue proferida, obligan a un nuevo
estudio de constitucionalidad, toda vez que las razones expuestas en dicho
fallo resultan “anacrónicas”. En esa oportunidad, señala el ciudadano
Álvarez Bermúdez, la Corte Constitucional se limitó a analizar las diferencias
entre el matrimonio y la unión marital de hecho para sugerir que de ellas se
derivaban efectos jurídicos como el del estado civil, que como tal, debía ser reglado
por el legislador, quien en términos del fallo era el llamado a determinar si
las uniones maritales de hecho podían ser titulares de beneficios como el de la
porción conyugal. Sin embargo, el fallo olvidó que las dos uniones tienen similitudes
esenciales en sus efectos, como la comunidad de vida, la ayuda, el socorro
mutuo, la singularidad  marital, la sociedad de bienes y el cambio del estado
civil, entre otros, que obligaban a determinar si la exclusión de los
compañeros o compañeras permanentes de un beneficio patrimonial como la
“porción conyugal” se ajustaba a la
Constitución.
Para el actor, la
Corte no tuvo en cuenta que los preceptos analizados en la sentencia C-174 de
1996 eran del año 1873 y que tenían como fundamento las necesidades y las costumbres
religiosas de esa época, en donde el matrimonio era considerado la forma ideal
para formar una familia, razón por la que se le privilegiaba frente a otros
tipos de unión. Por tanto, se desconoció la situación actual de la familia
colombiana a partir de la Constitución de 1991 y el creciente desarrollo a
nivel social, cultural y económico. En ese orden, el ciudadano Álvarez Bermúdez
solicita a la Corte Constitucional un nuevo pronunciamiento porque la sentencia
C-174 de 1996 resulta “anacrónica e inadecuada”, al tiempo que permite mantener
una serie de normas contrarias a la
Constitución en detrimento de uno de los miembros de la familia.
2.2.2. En la sentencia C-174 de 1996 no existió el menor análisis sobre el  tema
de la “porción conyugal” en relación con las uniones maritales de hecho,
pese a que fue solicitado expresamente por el demandante en el escrito que dio
origen a dicho fallo. Señala que la Corte identificó las diferencias entre las
dos instituciones pero no las equivalencias, hecho que impidió un análisis
completo y sustentado de la exequibilidad que en ese momento se declaró. Para
sustentar su aserto, cita las aclaraciones de voto que efectuaron 4 magistrados
a la sentencia en comento, quienes expresaron:
“Pese a que la jurisprudencia de la
Corte ha sido clara al definir los elementos de juicio de igualdad, la
sentencia de cuya parte considerativa nos apartamos, se limitó a considerar las
diferencias relevantes entre el matrimonio y la unión marital de hecho, sin
atender a las equivalencias sustanciales entre estas dos instituciones,
elemento necesario para estudiar el cargo de inexequibilidad planteado por el
actor” [2].
Bajo esta premisa, el actor señala que la
Corte no efectuó un juicio  de constitucionalidad suficiente para determinar
porqué se ajustaba a la Constitución la exclusión de la porción conyugal para
las sociedades de hecho y las parejas del mismo sexo. Sostiene que la falta de
herramientas jurídicas que permitan a los compañeros permanentes reclamar
dentro del trámite de la sucesión la porción conyugal, se traduce en la falta
de posibilidades para acceder al patrimonio del compañero permanente fallecido,
el cual fue ayudado en parte a mantener o conformar durante el tiempo de la
unión marital de hecho. En ese orden, las normas acusadas son lesivas de los
derechos del  compañero supérstite, pues lo dejan en un estado de abandono,
cuando lo lógico sería brindarle un mínimo de seguridad económica para la
continuidad de su proyecto de vida en condiciones decorosas.
En consecuencia, se solicita a la
Corte Constitucional analizar nuevamente las expresiones acusadas y efectuar  un
test estricto de igualdad en el que se determine que tanto el matrimonio como
la unión marital de hecho requieren de criterios análogos de protección, que
permita al compañero permanente supérstite acceder al patrimonio de su pareja
fallecida por medio de la porción conyugal, así como lo pueden hacer los
cónyuges.
En ese sentido, señala que las expresiones
acusadas desconocen, entre otros, los siguientes derechos constitucionales:
2.2.2.1.  Principio de igualdad
consagrado en el artículo
13 de la Constitución Política: las normas acusadas resultan discriminatorias al reconocer porción
conyugal a los cónyuges y no a los compañeros permanentes que dentro de las
uniones maritales de hecho también tienen la voluntad y capacidad de constituir
familia, y como tal tienen derecho a que se les reconozca los derechos
reconocidos a los miembros de las personas unidas por un vinculo matrimonial. Por
tanto, las parejas heterosexuales como homosexuales deben ser beneficiarias de
la denominada “porción conyugal” para hacer realizable el principio de la
igualdad.
2.2.2.2. Derecho al libre desarrollo de la
personalidad y la libertad de conciencia, consagrados en los artículos 16 y 18
de la Constitución: las normas demandadas privilegian las uniones surgidas
del vínculo matrimonial frente a las que surgen de vínculos naturales, en
detrimento de la autonomía personal y la libertad de conciencia,  en la medida
que el legislador no protege un determinado proyecto de vida, pues los
beneficios sólo los recibe quien contrae  matrimonio, lo cual impide a las
personas elegir voluntariamente el modo de vida familiar que se pretende llevar
de acuerdo con las preferencias e inclinaciones de las personas.
2.2.2.3. Derecho a la
igualdad entre familias surgidas de vínculos jurídicos y naturales, consagrada
en los  artículos 5 y  42 de la Constitución: el Estado debe amparar a la familia como institución
básica de la sociedad y claramente no logra tal cometido con la presencia de
reglas jurídicas discriminatorias como la exclusividad para el cónyuge de la
porción conyugal excluyendo al compañero permanente supérstite.
Para el demandante no existe ninguna razón
objetiva que permita sostener que es válida la distinción entre las uniones
maritales de hecho y los matrimonios para la obtención de la porción conyugal   “porque
un compañero permanente no puede participar de la porción “conyugal” dentro del
patrimonio de su pareja fallecida, indefectiblemente se le está imponiendo una
situación intolerable de desprotección económica frente a esa precisa
obligación constitucional de brindarse protección integral a las familias
válidamente conformadas en el país, esto es, a las constituidas por vínculos
naturales o jurídicos”. En este mismo sentido concluye que “las normas
demandadas referentes a porción conyugal  en aplicación exclusiva de las
personas vinculadas por medio de matrimonio son inconstitucionales al no
establecer, como es obvio, por la fecha de expedición de las mismas (1873)
dicho derecho o criterios análogos de protección para con los integrantes de
las uniones maritales de hecho de parejas heterosexuales y del mismo sexo”.
2.2.2.4. Desconocimiento del derecho a una vida
digna y los fines del Estado Social de Derecho, preámbulo y artículos 1 y 2 de la
Constitución:  En cuanto a la vulneración del Preámbulo de la
Constitución Política, señala: “… se encuentra que las normas demandadas
referentes a la porción conyugal no son consecuentes con el preámbulo de la
Constitución pues un compañero permanente supérstite al no tener el respaldo
patrimonial del compañero fallecido –en la mayoría de los casos para las
mujeres- no cuenta con la posibilidad de continuar disfrutando de una vida
decorosamente pues el concepto Constitucional de “asegurar a sus integrantes la
vida” no debe ser entendido como el hecho simple de vivir, no, asegurar a sus
integrantes la vida involucra las acciones que debe tomar el Estado para
garantizar una vida en condiciones sociales, culturales, educativas, políticas,
económicas y demás, de forma digna”. En conclusión, considera que la forma
de asegurar la vida de los compañeros supérstites, heterosexuales u
homosexuales, es el derecho a la porción conyugal, equiparándolos a la
condición de quienes tienen la calidad de cónyuges.
Desconocer el derecho a la porción conyugal
a los compañeros permanente,  es limitar o anular el derecho a continuar una vida
dentro de “un marco o serie de condiciones materiales y espirituales
decorosas contrariando por demás los principios de amor y solidaridad”.
2.3. INTERVENCIONES
2.3.1. Intervención de la
Alcaldía de Bogotá–Secretaría Distrital de  Planeación.
La ciudadana Carolina Giraldo Botero, en representación
de la entidad referida, intervino en tiempo para solicitar la declaración de inexequibilidad de las expresiones acusadas,
por las siguientes razones:
La exclusión de las parejas en unión marital de hecho
de la porción conyugal entra en tensión con la finalidad de protección de los
vínculos de solidaridad y afecto entre las parejas. Resalta que frente al
derecho a la igualdad y no discriminación entre los miembros del vínculo que
surge del matrimonio y el de la unión marital de hecho, la
Corte Constitucional se pronunció en la sentencia C-477 de 1999, en donde se señaló
que las uniones maritales surgidas de vínculos naturales y la formada por
vínculos jurídicos, no abarca únicamente el núcleo familiar sino a cada uno de
los miembros que la componen, quienes tienen derecho a ser tratados en igual
forma con todos los beneficios que el legislador le reconoce a los cónyuges.
Concluye su intervención indicando que: “las normas
acusadas resultan inconstitucionales, no sólo por el déficit de protección que
representa, sino en atención al tratamiento diferenciado en término de las
obligaciones impuestas al matrimonio frente a las uniones maritales de hecho,
más cuando ya se han garantizado otros derechos basados en el principio de
solidaridad, como la obligación legal de prestar alimentos a los compañeros
permanentes, también aplicado a parejas del mismo sexo”.
2.3.2. Intervención del Ministerio del Interior y de
Justicia.
La ciudadana Ana Beatriz Casteblanco
Burgos, en representación de la mencionada entidad, solicita la exequibilidad condicionada
de las normas demandadas, así:
Señala el Ministerio que para un mejor
análisis de constitucionalidad de las normas demandadas resulta apropiado tener
en consideración la naturaleza jurídica del carácter alimentario que le señaló la
Corte Suprema de Justicia a la porción conyugal en sentencia del 21 de marzo
de 1969[3]
y, concordante con esto, lo dicho por la
Cote Constitucional en las sentencias C-1033 de 2002[4] y C-029 de 2009[5].
En ese sentido, indica que en la sentencia
C-1033 de 2002 se identificó un evidente quebrantamiento del principio de
igualdad al señalar que “”el precepto impugnado [Num. 1 Art. 411 del C.
Civil] otorga la calidad de sujeto pasivo de la obligación alimentaria al
cónyuge. Sin embargo, no establece, como es obvio por la fecha en que se
instituyó dicha normativa [1873], el mismo derecho para quienes son
integrantes de una familia conformada por vínculos naturales, es decir, para
los compañeros permanentes, lo cual resulta inconstitucional por cuanto la
Carta Política consagra la igualdad de derechos y deberes entre parejas o
familias conformadas por vínculos jurídicos y las fundadas en vínculos
naturales”.
Por otro lado, destaca lo expresado por la
Corte en la sentencia C-029 de 2009, acerca del derecho de alimentos para los
miembros de las parejas del mismo sexo, para señalar que “dada la similitud
entre los conceptos jurídicos de “alimentos” y de “porción conyugal”, son
válidos para determinar el derecho a la porción conyugal entre compañeros
permanentes, tanto de parejas heterosexuales como de parejas del mismo sexo,
los mismos argumentos que tuvo la Corte para, por vía integración de la
Ley con la Constitución”.
Por tanto, solicita declarar la exequibilidad de las
normas demandadas en el entendido de que las expresiones “cónyuge” y “porción
conyugal” comprenda también a los compañeros permanentes que prueben tener
constituida una unión marital de hecho y a los integrantes del mismo sexo
acogidos al régimen de la Ley 54 de 1990.
2.3.3. Intervención de la
Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario.
Actuando en representación y como miembro del cuerpo
docente de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, el
ciudadano Juan Enrique Medina Pabón, intervino oportunamente dentro del proceso
y solicitó declarar exequibles las normas acusadas por las  siguientes razones:
Señala que de prosperar la acción de
inconstitucionalidad y los compañeros permanentes adquirieran el derecho a
reclamar la porción conyugal al igual que el cónyuge, faltaría por definir si este
beneficio se haría extensible a otros asuntos sucesorales, por cuanto los
cónyuges son herederos (en el segundo orden concurrente con los ascendientes, o
el tercer orden junto con los hermanos del difunto), lo cual llevaría a una
incongruencia a nivel legislativo, “presentándose el fenómeno de que
quedaran vigentes normas de idéntica naturaleza y contenido de otras que,
examinadas, se estimaron que contradecían el espíritu de la
Constitución y algunos jueces se inclinarían por servirse de la excepción de
inconstitucionalidad para incluir a los compañeros permanentes como herederos y
otro no lo harían, alegando la exequibilidad putativa de la norma” . En
este sentido, sugiere integrar al presente estudio los demás artículos que
aluden a los cónyuges o inhibirse de pronunciarse por falta de integración de
la proposición normativa acusada.
En cuanto a las similitudes entre el cónyuge y el compañero
permanente, señala que a la luz del inciso 1º del artículo 42 de la
Constitución, estos términos son equiparables. Sin embargo, sostiene que el Constituyente
no se percató que “una situación fáctica puede ser muy parecida a una
situación jurídica, pero no es lo mismo y por eso el tratamiento idéntico sólo
es dable en el evento de que la situación fáctica y jurídica compartan todos
los factores de idéntica manera”. En efecto, manifiesta que “el
matrimonio es una unión personal entre dos individuos (ya no me atrevo a
señalar su sexo), como fruto de un acto jurídico público y formal, en que se
puede reconocer que las partes aceptan que van a recibir las ventajas de la
ley, pero que también van a asumir cargas, mientras que en la unión marital de
hecho no hay tal vínculo jurídico y por eso ventajas y cargas quedan
supeditadas a la permanencia de dos elementos: convivencia y el ánimo” por
lo que, suprimiendo uno de ellos se extingue la relación de hecho. En estricto
sentido, los cónyuges tienen una situación jurídica consolidada mientras que los
compañeros permanentes no, por tanto, se encuentran en  diferente posición, y
como tal no existe la posibilidad de imponer y exigir deberes mutuos. Concluye
que “los compañeros permanentes al proceder de hecho quedan en situación de
hecho y no se pueden afectar el entorno jurídico con derechos (o cargas),
porque las situaciones de facto, son aceptadas, pero no son oponibles.”
El permitir que los compañeros permanentes reclamen la
porción conyugal sería necesariamente una desventaja para los otros herederos y
advierte: “el demandante olvida plantear en su “test” que para dar a unos,
es necesario quitar a otros y ciertamente en lo que pide a la
Corte, los compañeros permanentes quedan con ventaja, pero los herederos la
pierden y ahí radica el quid del asunto, para ganar cosas o sentirse contento,
no se necesita una justificación o validación”.
Finalmente, estima que sobre el presente asunto existe
cosa juzgada constitucional en todas las normas que se refieren a la porción
conyugal y debe ser el legislador el que le reconozca a los compañeros los
beneficios que se le da a los cónyuges.
2.3.4. Intervención de la
Pontificia Universidad Javeriana.
El ciudadano Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, en
representación de la mencionada institución, interviene para solicitar que las
normas demandadas sean declaradas exequibles pero condicionadas a que las
expresiones “porción conyugal”, “cónyuge”, “viudo o viuda” y sociedad conyugal;
hagan también referencia a los compañeros permanentes y a las parejas del mismo
sexo, lo cual sustenta en las siguientes razones:
Coincide con el criterio del demandante cuando señala
que hacer una diferenciación entre los cónyuges y los compañeros permanentes en
el tema de la porción conyugal resulta  contraria a derecho, por cuanto de
tiempo atrás, la Corte Constitucional ha reconocido la igualdad de derechos y
obligaciones entre los miembros de la familia independientemente del vínculo
que le haya dado origen. En ese orden, desde 1994  se viene reconociendo que  tanto
el esposo o esposa en el matrimonio o el compañero  o compañera en la unión de
hecho, gozan de la misma importancia y de iguales derechos, que  excluyen los
privilegios y discriminaciones originadas en el tipo de vínculo contractual.
En cuanto a la extensión del derecho a la porción
conyugal a las parejas del mismo sexo, reconoce que existen diferencias entre
el matrimonio y la unión de hecho, pero señala que esas diferencias no se
refieren a las obligaciones y derechos que tienen las parejas en sí mismas
consideradas. Por tanto, la especial protección que la
Constitución le reconoce a la familia en sus distintas maneras de formarse, y
la falta de regulación y protección brindada por el legislador, hacen necesaria
la extensión de la figura de la porción conyugal a  los compañeros permanentes
y a las parejas homosexuales.
No obstante, considera que la problemática se torna
compleja cuando existe concurrencia entre la unión de hecho y el matrimonio. En
este sentido, resaltan que la Corte Suprema de Justicia ha admitido la
posibilidad de que concurran los  estados civiles  de compañero permanente con
el de cónyuge, más no el de sociedad conyugal con la sociedad patrimonial[6],
hecho que obligará a que se interprete la ley para que este derecho se
comparta, tal como la jurisprudencia lo ha admitido  frente a la pensión de
sobrevivientes y a los alimentos  entre el cónyuge y el compañero permanente
“… hasta tanto el legislador no decida considerar la simple separación de
cuerpos por la vía de hecho como causal de pérdida del derecho a la porción
conyugal”.
2.4. CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la
Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, dentro del término legalmente previsto,
solicitó declarar la existencia de cosa juzgada constitucional. El concepto se
puede resumir así:
2.4.1. El objetivo principal del demandante es
controvertir la sentencia C-174 de 1996 por considerarla anacrónica. En este
sentido, sostiene que el actor no demuestra ni en forma sumaria que, en los 14
años que han transcurrido desde que se profirió el mencionado fallo, el país haya
sufrido cambios económicos, sociales y políticos que permitan afirmar que el
fallo es anacrónico. Aunado a lo anterior, el actor supone una identidad entre
cónyuges, compañeros permanentes y/o parejas homosexuales, pero no la demuestra.
Sobre el particular se afirma en el concepto del Ministerio Público:
“Por lo tanto, no hay evidencia del
anacronismo que se predica de la mencionada sentencia, valga decir, de los
profundos cambios sociales que se enuncian, no hay razón suficiente para
desconocer lo decidido por la Corte en la
Sentencia C-174 de 1996. Así, el cambio social enunciado, más que el
fundamento o motivo de la demanda sub examine, en su propósito u objetivo…
“…el cambio sustancial en la identidad y
configuración de la familia, núcleos esencial de la sociedad, cuya seguridad y
estabilidad el Estado debe proteger, ocurría si se admitieran los argumentos
del actor y se dispusiera, por tanto, que el matrimonio, la unión marital de
hecho o la unión de las personas del mismo sexo son idénticas o iguales, aún en
contra de lo establecido en el artículo 42 de la
Carta, en donde incluso se estableció una reserva constitucional respecto a la
definición y naturaleza del matrimonio y se dispuso que, en todo caso,  la
familia (i) es una institución jurídica, (ii) es una relación familiar, (iii)
es una relación jurídica, iv)se constituye mediante un vinculo jurídico único y
mutuo, (v) es un derecho fundamental, (vi) vincula o une jurídicamente a un
hombre y una mujer, y (vii) está abierto a la procreación  y a la educación de
los hijos, así como a la realización de los cónyuges”
“Hacer caso omiso de esta definición y
reserva constitucional, por lo tanto, equivaldría a decir que en Colombia sólo
existe una forma de constituir familia la que se da a través de la cohabitación
y comunidad de vida permanente, la fidelidad y singularidad marital, el socorro
y a la ayuda mutua, la procreación y la sociedad conyugal- y a la que
simplemente se le puede llamar de distintas maneras.”
“De otro lado, es claro que lo que pretende
eliminar el actor con su demanda es una consecuencia evidente que hace
distintos el matrimonio y la unión marital de hecho: la relación conyugal, con
el conjunto de derechos y de obligaciones que de ella se derivan.”[7]
2.4.2. Lo que la
Corte Constitucional expresó en la sentencia de 1996 sigue siendo cierto,
válido y actual en cuanto a la distinción entre el matrimonio y la unión
marital de hecho, pues si bien son igualmente protegidas por la
Constitución, difieren en su conformación y efectos jurídicos. En este orden
de ideas, la sentencia señala que ante una regulación idéntica, se desconocería
las diferencias existentes entre las dos instituciones, implicaría la extinción
de una de las dos.
Si bien la
Corte ha extendido a las uniones de hecho los derechos y beneficios que el
legislador originalmente reconoció y concedió a los cónyuges, también ha
reconocido y reiterado que una y otra no son idénticas ni deben recibir el
mismo trato.
2.4.3. Se afirma que la demanda no cumple los
requisitos de admisibilidad porque  “si bien la vulneración del derecho a la
igualdad de las parejas homosexuales por parte de las expresiones demandadas es
un asunto sobre el cual no se pronunció la
Corte Constitucional en la Sentencia C-174 de 1996, este cargo no cumple con
las exigencias en la Ley y decantadas en la jurisprudencia.”. En efecto, al
solicitar el actor que se emita una decisión condicionada, lo hace señalando
cuál debe ser el sentido de su condicionamiento y requiere que se profiera una
sentencia integradora que extienda  a las parejas homosexuales el beneficio de
la porción conyugal, cuando el cargo real es una omisión legislativa relativa
que no cumple los requisitos exigidos por la jurisprudencia para tal efecto.
2.4.4. En relación con la violación de la libertad
de conciencia, señala que la Corte no debe pronunciarse, pues la demanda no
cumple los requisitos mínimos para ser estudiada, por cuanto este tema fue analizado
en la Sentencia C-174 de 1996 sobre lo cual existe cosa juzgada constitucional,
lo mismo ocurre con la violación del derecho a la igualdad de las parejas
homosexuales. Expresa, además, que las normas demandadas ni siquiera se
refieren a las parejas del mismo sexo ni a los compañeros permanentes, sino que
hace alusión simplemente a los cónyuges, por lo que la
Corte no puede extender a éstos los efectos de una figura como lo es la
porción conyugal. Y afirma:
“De otra parte, debe decirse que la
libertad de conciencia no supone la imposibilidad de que el legislador o el
Constituyente dicten órdenes, impongan obligaciones o regulen instituciones de
una manera que resulte o pueda resultar contraria a las convicciones morales y
éticas de algunos o algunos ciudadanos. Esto, pues la validez o la efectividad
de las normas no está sometida ni depende de la aceptación de todos y cada uno
de sus destinatarios, ni de “sus emociones, sentimientos y proyecciones de una
vida en comunidad” como lo entiende el actor”[8]
2.4.5. Frente  a la supuesta vulneración del
Preámbulo y de lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 5 de la
Constitución, el Jefe del Ministerio Público “observa que estos son
argumentos secundarios o derivados que hace el accionante, en tanto que
dependen o se derivan también de lo que considera una discriminación o una
violación del derecho-principio a la igualdad, asunto sobre el que ya existe
precedente y sobre el cual no puede pronunciarse de nuevo la
Corte Constitucional”.
2.4.6. Finalmente, señala que “con relación a
las expresiones relativas a los cónyuges y a la porción conyugal contenidas en
los artículos 1226, 1243, 1248, 1249, 1251 y 1278 del Código Civil, los cuales
no fueron objeto de demanda ni de la
Sentencia C-174 de 1996, el Ministerio Público considera que se ha configurado
cosa juzgada material, en tanto se trata precisamente las mismas expresiones
demandadas en los artículos que sí fueron objeto del control constitucional que
se hizo en esa providencia y se formulan contra ellas exactamente los mismos
cargos”
Por lo anterior,  solicita a la
Corte “declararse inhibida para pronunciarse respecto de los artículos
1016.5, 1045, 1054, 1226, 1230, 1231, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1243,
1248, 1249, 1251 y 1278 del Código Civil, por ineptitud sustancia de la demanda
y, en lo pertinente, estarse a lo resuelto en la
Sentencia C-174 de 1996.”
3. CONSIDERACIONES
3.1. COMPETENCIA
Conforme al artículo 241 ordinal 5º de la
Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de las
disposiciones demandadas, ya que hacen parte de un decreto-ley y fue  demandada
por un ciudadano en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad.
3.2. ASUNTO PREVIO: AUSENCIA
DE COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SOBRE PORCIÓN
CONYUGAL.
3.2.1. La ratio decidendi de
la sentencia C-174 de 1996
3.2.1.1. En la sentencia C-174 de 1996[9]
la Corte examinó una demanda de inconstitucionalidad contra algunos de los
mismos preceptos objeto de acusación por el ciudadano Álvarez Bermúdez,
exactamente contra los artículos 1016, numeral 5; 1025, numeral 2; 1045,
modificado por la Ley 29 de 1982, artículo 4o.; 1054; 1230; 1231; 1232; 1234;
1235; 1236; 1237 y 1238, los cuales emplean las expresiones “porción
conyugal”, “cónyuge” o “viudo o viuda” y los declaró exequibles sin
ninguna clase de condicionamiento.
3.2.1.2. En esa oportunidad, el demandante solicitó hacer
“extensivos a los compañeros permanentes los derechos de los cónyuges en
relación con la vocación hereditaria, el optar por porción conyugal y el
solicitar alimentos” (i) como una forma de proteger los derechos
constitucionales fundamentales a la igualdad y  a la libertad de conciencia,
toda vez que el  origen familiar no puede ser un motivo de discriminación, y (ii)
porque las normas acusadas se convertían en una especie de constreñimiento
para contraer matrimonio con el fin de poder acceder a los beneficios
reconocidos a esa forma de unión.
3.2.1.3. En la providencia antedicha la
Corte resolvió los cuestionamientos con los siguientes argumentos:
3.2.1.3.1. El matrimonio es diferente de la unión
libre, y, por lo mismo, difieren entre sí las situaciones jurídicas de los
cónyuges y de los compañeros permanentes. En consecuencia, se precisa que “El
juez constitucional no puede crear una igualdad entre quienes la propia
Constitución consideró diferentes, es decir, entre los cónyuges y los
compañeros permanentes”[10].
3.2.1.3.2. No se puede sostener que entre los
compañeros permanentes exista una relación idéntica a la de los esposos,
“pues equivale a pretender que pueda celebrarse un verdadero matrimonio a
espaldas del Estado, y que, al mismo tiempo, pueda éste imponerle
reglamentaciones que irían en contra de su rasgo esencial, que no es otro que
el de ser una unión libre", tal como se señaló en la sentencia C-239
de 1994[11].
3.2.1.3.3. Le corresponde al legislador establecer lo
relativo al estado civil de las personas. En consecuencia, no le es dado a la
Corte Constitucional mediante un pronunciamiento modificar el estado civil de
las personas. Igualmente, en aplicación del principio democrático señaló que
debe ser el legislador el que avance hacia la igualdad entre el tratamiento
jurídico de los cónyuges y el de los compañeros permanentes.
3.2.1.3.4. En cuanto al tema sucesorio, específicamente
indicó  en aplicación de una sentencia anterior, la
C-352 de 1995[12],
que era competencia del legislador y no de la
Corte Constitucional su regulación,  razón por la que se “usurparía una
competencia propia del Congreso de la
República si, so pretexto de aplicar una norma constitucional, llamara a
heredar en la sucesión intestada a alguien a quien la ley no ha llamado. Dicho
en otras palabras, en esa hipótesis la Corte legislaría, lo que no le está
permitido".
3.2.1.4. Los planteamientos anteriores fueron
suficientes para que la mayoría de los miembros de la
Sala declararan la exequibilidad de las expresiones “porción conyugal”,
“cónyuge” y  “viudo o viuda” que utilizó el legislador en
los distintos preceptos acusados.
3.2.2. El fenómeno de la
cosa juzgada constitucional
3.2.2.1. Esta Corporación ha señalado que las
providencias que dicta en ejercicio de su función constitucional deben hacer
tránsito a cosa juzgada, para significar que la decisión es inmutable,
vinculante y definitiva. En consecuencia, la cosa juzgada cumple al menos dos
funciones: una negativa, que consiste en prohibir a los funcionarios judiciales
conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y una función positiva, que es
dotar de seguridad a las relaciones jurídicas.[13]
3.2.2.2. En el marco del control de constitucionalidad,
la cosa juzgada que se regula en el artículo 243 de la
Constitución no es ajena a las anteriores características, pues se busca
garantizar la seguridad jurídica y mantener  la confianza legítima, por cuanto,
en principio, una norma que ha sido declarada exequible no se puede  volver a examinar y  una que ha sido expulsada del ordenamiento
jurídico mediante un fallo de inexequibilidad no puede   dar origen a un nuevo
pronunciamiento porque no existe
objeto sobre el cual pronunciarse.
3.2.2.3. Cuando se afirma que la declaración de
exequibilidad, en principio, impide un nuevo pronunciamiento de la
Corte, significa que  no siempre que un precepto ha sido estudiado por la
Corte se configura la cosa juzgada constitucional, porque para ello se
requiere que el análisis efectuado por la
Corporación cumpla unas  determinadas características  identificadas por esta
Corporación[14],
así: (i) identidad en el contenido normativo, es decir, que lo demandado
y analizado por la Corte en oportunidad anterior corresponda exactamente a lo
que se pretende acusar en una nueva demanda. Esa identidad no sólo debe
responder al aspecto formal, es decir, la misma literalidad del precepto sino
al contexto en el que fueron analizadas las normas, a partir de lo que
se ha  denominado la Constitución Viviente[15] y (ii)
sobre cargos idénticos a los analizados en la providencia de la que se pretende
afirmar la cosa juzgada, es decir, exige una confrontación de la argumentación
empleada por la Corte para resolver la acusación y la que se presenta en la
nueva demanda para fundamentar la presunta vulneración de la
Carta. Estos dos requisitos deben concurrir; cuando ello no ocurre, no hay
cosa juzgada constitucional.
En ese orden, cuando la identidad  de cargos no se
presenta, no se puede afirmar la existencia de la cosa juzgada constitucional,
y es lo que la  doctrina constitucional ha identificado como cosa juzgada
relativa y la cosa juzgada aparente.
La cosa juzgada relativa se presenta cuando una
declaración de exequibilidad se circunscribe exclusivamente a los cargos
analizados en la respectiva sentencia, razón por la cual en el futuro pueden
analizarse nuevas demandas por cargos distintos contra la misma disposición e,
incluso, contra el mismo contenido normativo[16].
No siempre esta limitación se hace explícita en la parte resolutiva del fallo,
como ocurre en el caso de la cosa juzgada relativa explícita. Puede
ocurrir que por errores de técnica, la Corte no límite el alcance de su
declaración de manera expresa, pero tal restricción se desprende de la ratio
decidendi de la respectiva providencia. Esta hipótesis ha sido categorizada
por la Corte bajo el nombre de la cosa juzgada relativa implícita.[17]
Lo anterior significa que se presentan eventos en
donde la controversia constitucional parece similar a una ya resuelta, pero un
análisis detallado de la providencia frente a la cual se sostiene la cosa
juzgada  y la nueva demanda,  obligan a un nuevo pronunciamiento del juez
constitucional.
Los casos que la
Corte ha empleado la expresión cosa juzgada aparente se refieren a
eventos en los que pese a que la Corte ha declarado exequible sin
condicionamiento una disposición en una sentencia previa, en realidad en ese
fallo no se examinó la constitucionalidad de la respectiva disposición, de modo
que la Corte puede volver a ocuparse de su examen constitucional.[18]
No abocar conocimiento, como se indicó en la sentencia C-397 de 1995, “(…) implicara simplemente tener por fallado lo que en
realidad no se falló, implicaría desconocimiento de la verdad procesal,
voluntaria renuncia de la Corte a su deber de velar por la prevalencia del
derecho sustancial sobre aspectos puramente formales (artículo 228
C.P.), y, por contera, inexplicable elusión de la responsabilidad primordial
que le ha sido confiada por el Constituyente (artículo 241
C.P.).”[19]
Por último, existen casos en los que aunque se
presentan demandas  previamente examinadas por la
Corte, con cargos idénticos a los examinados, tanto desde el punto de vista
del concepto de violación como de los contenidos constitucionales considerados
vulnerados, se ha concluido que no existe cosa juzgada en estricto sentido,
toda vez que un cambio en el contexto de la aplicación de la disposición,
impide hablar de identidad de contenidos normativos.[20]
3.2.3. Inexistencia de cosa juzgada en el presente
caso
En la sentencia C-174 de
1996 esta Corporación declaró la exequibilidad sin ningún condicionamiento
de algunos de los artículos que son nuevamente objeto la demanda de la
referencia. Sin embargo, bajo el hilo conductor antes expuesto, no puede
afirmarse que ha operado la cosa juzgada constitucional como lo afirma el
Ministerio Público por dos razones fundamentales.
3.2.3.1. La primera se relaciona con que la decisión adoptada en la sentencia C-174 de 1996
se basó exclusivamente en una comparación de la forma cómo surgen a la vida
jurídica las instituciones del matrimonio y la unión marital y las normas a las
que se sujetan, pero en ella se omitió un análisis finalístico de la
institución de la “porción conyugal” en estos dos escenarios. En efecto,
en la referida sentencia se pretendió desvirtuar el cargo por violación al
principio de igualdad señalando que las dos figuras que el actor pretendía
comparar no eran iguales en términos de cómo surgen a la vida jurídica y las
reglas que las regulan, por tanto, la Corte concluyó que no era posible hacer
un juicio de igualdad.
En ese orden, la mayoría de la
Sala mostró las diferencias de una y otra
unión, para considerar que correspondía al legislador, en ejercicio de su
libertad de configuración, ampliar a las uniones de hecho los derechos, beneficios
y prerrogativas de los matrimonios. Así las cosas, se aceptó expresamente que
pese a que el matrimonio y la unión de hecho pueden dar origen a la familia, en
los términos del artículo 42 constitucional, son diferentes, por cuanto
el matrimonio tiene como sustento unas formas jurídicas que lo distinguen de la
unión de hecho y que generan consecuencias diferentes.
Como se puede observar, la
Corte no analizó en la sentencia C-174 de 1996 si la diferencia de trato que
existe entre las uniones maritales de hecho y el matrimonio frente a la figura
denominada por la legislación civil como “porción conyugal” es
una consecuencia directa de las formalidades jurídicas que requiere el
matrimonio para su nacimiento a la vida jurídica y si por ello la distinción para
su otorgamiento resultaba objetiva y razonable. No se estudió la naturaleza
jurídica de la porción conyugal y las razones por las cuales la misma podía o
no podía ser objeto de reconocimiento para el compañero o compañera supérstite.
3.2.3.2. La segunda razón tiene que ver con lo que la jurisprudencia ha
denominado cambio del contexto normativo. Este concepto hace referencia a que
si bien el juez constitucional está obligado a respetar y estarse a lo que en
su momento se resolvió sobre un determinado tema, también debe ser consciente
de que en la sociedad se presentan cambios culturales, políticos, normativos
que, en un momento determinado, lo deben llevar a efectuar un nuevo análisis
sobre  normas que fueron consideradas exequibles en un tiempo pero que a la luz
de la nueva realidad pueden no serlo[21].
Este argumento fue expuesto por el ciudadano Martín Alonso tanto en su escrito
de demanda como en el que sustentó la impugnación contra el auto de rechazo,
para señalar que desde el año 1996 a la fecha han transcurrido quince años en
los que la jurisprudencia constitucional y la civil han extendido una serie de
derechos, beneficios y prerrogativas a los compañeros y compañeras permanentes
que obligan al juez constitucional a reconsiderar las razones que tuvo en la
sentencia C-174 de 1996 para declarar de forma pura y simple la
constitucionalidad de los preceptos relativos a la porción conyugal.
Efectivamente, entre la declaración de exequibilidad
de las normas del código civil relativas a la porción conyugal, esta
Corporación ha proferido un sinnúmero de providencias que han tenido como fin
principal extender algunos de los derechos, las garantías y los beneficios que
la legislación civil reconoce de tiempo atrás a los cónyuges a las compañeras y
compañeros permanentes, bajo el supuesto que si bien las dos uniones son
diferentes en cuanto a la forma que nacen a la vida jurídica, ello no obsta
para reconocer que ellas  tienen unas similitudes que obligan al legislador a  dar
un trato por lo menos similar a una y otra, en aquellos aspectos que se derivan
de la relación de pareja, de la relación con sus hijos y frente a los aspectos
patrimoniales, entre otros.
3.2.3.3. En este orden de ideas, se considera que, en el
presente caso (i) en tanto
el fallo anterior no efectuó el análisis propuesto ahora por el demandante y (ii)
el contexto normativo ha variado, es posible  afirmar que no ha operado el
fenómeno de la cosa juzgada constitucional. En otros términos, no se cumplen
dos de los requisitos para la existencia de la cosa juzgada, porque  no existe
identidad en la argumentación empleada por la
Corte para resolver la acusación y la que ahora se presenta en la demanda
objeto de análisis. Este hecho lo evidenció la Sala Plena al resolver el
recurso de súplica que presentó el ciudadano Martín Alonso contra el auto de
rechazo que profirió el Magistrado Sustanciador[22].
Las dos razones expuestas
obligan en el presente caso a efectuar un nuevo análisis de constitucionalidad
de los preceptos acusados.
3.3.  PROBLEMA
JURÍDICO
Le corresponde a la
Corte determinar si resultan contrarias al principio de igualdad, consagrado
en los artículos 5, 13 y 42 de la
Constitución, las normas del código civil que reconocen a favor de los
cónyuges sobrevivientes la posibilidad de reclamar la “porción conyugal”,
facultad que no se reconoce a los compañeros o compañeras permanentes.
Para responder el anterior problema
jurídico, la Sala debe analizar, primero, la naturaleza jurídica de la “porción
conyugal”, segundo, si esa  naturaleza permite su reconocimiento a
los compañeros y compañeras y tercero, si las parejas del mismo sexo
pueden tener derecho a ella, en los términos en  que lo plantea la demanda.
3.4. NATURALEZA
JURÍDICA DE LA DENOMINADA PORCIÓN CONYUGAL.
El artículo 1230 del Código Civil define  la porción
conyugal  como aquella “parte del
patrimonio de una persona difunta que la ley asigna al cónyuge sobreviviente
que carece de lo necesario para su congrua subsistencia.”
A partir de esta definición, algunos
doctrinantes la reconocen como una pensión alimentaria instituida por el
legislador a favor del cónyuge sobreviviente[23]
o como una pensión indemnizatoria en relación con el patrimonio
adquirido por el cónyuge fallecido[24].
Estos autores seguramente siguieron las
consideraciones de la Corte Suprema de Justicia que en una providencia del año
1954, sobre la naturaleza jurídica de la porción conyugal señaló:
“La porción conyugal es una
prestación sui generis de carácter alimentario   o indemnizatorio, establecida
por efecto de la ley a favor de viudo o viuda que carece de lo necesario para
atender a su congrua subsistencia y que grava la sucesión del cónyuge muerto”[25] (subraya y
negrilla fuera de texto).
En esa misma providencia la
Corte Suprema precisó que:
“La institución jurídica de la
porción conyugal concebida por el Dr Andrés Bello y consagrada en el código
chileno, es considerada como una consecuencia del contrato matrimonial que
impone el deber de auxilio mutuo entre los cónyuges. El legislador se preocupó
por la suerte material de los cónyuges no solo durante la vida de éstos, sino
cuando la muerte de uno de ellos, disuelta la sociedad conyugal, se hace más
precaria la condición del sobreviviente, pudiendo carecer de los medios
económicos suficientes para conservar la situación de que había venido
disfrutando. El legislador, previendo este evento y considerando los principios
fundamentales de la institución matrimonial, quiso prolongar los efectos
tutelares de ella mas allá de la vida de los contrayentes.
“Por eso reconoció al cónyuge
sobreviviente el derecho a percibir una parte del patrimonio del cónyuge finado
para asegurar adecuadamente en lo posible la subsistencia y bienestar de aquel.
En rigor a la verdad lo que recibe el cónyuge sobreviviente no es a título de
heredero. Su condición jurídica es diversa de la de éste. La porción no es
asignación hereditaria, sino una especie de crédito a cargo de la sucesión, la
cual se deduce como baja general
del acervo bruto herencial en todos los órdenes de sucesión menos en el de los
descendientes legítimos”[26]
Los autores que le atribuyen naturaleza indemnizatoria
señalan que la porción conyugal, más que una prestación alimenticia, idea que
surge cuando el precepto que la contempla se refiere a la congrua subsistencia,
está signada por un concepto más amplio de los simples alimentos, dado que lo
que da origen al derecho no es que el cónyuge sobreviviente no tengan bienes
para lograr su subsistencia, sino que los que tiene no resultan en la misma
porción que los que tendría si optara por concurrir a la sucesión[27]. Es como lo
señala el profesor Valencia Zea, una legítima de propiedad, tal como sucede en
legislaciones como la alemana, la argentina y la suiza[28].
La porción conyugal que tiene su origen en la figura
del derecho romano y la prevista por legislación española denominada  la  “cuarta
marital”, se diferencia de ésta por cuanto la cuarta marital sólo se le
reconocía a  la viuda pobre y no al viudo, es decir, era una garantía
exclusiva para la mujer, que le permitía percibir un monto determinado del
patrimonio del causante -hasta cien libras oro-, y cuyo fundamento era la
congrua subsistencia de “la cónyuge pobre” como la denominaban, quien
por demás sólo adquiría el usufructo de los bienes y no la propiedad, evento que
sólo ocurría si no había hijos, por cuanto la nuda propiedad era para éstos. Es
decir, la cuarta marital era de naturaleza netamente alimenticia.
La porción conyugal que Andrés Bello contempló, a
diferencia de la “cuarta marital” brevemente presentada, (i) tiene como
beneficiario al cónyuge sobreviviente, independientemente del sexo; (ii)
no está sujeta a un monto determinado, por cuanto ella depende del patrimonio
del cónyuge fallecido; (iii) lo que se recibe por este concepto pasa a
incorporar el patrimonio del sujeto a favor de quien se reconoce; (iv)
no está atada a la inexistencia de patrimonio del sobreviviente; sólo se
requiere que lo que éste pueda percibir por otros conceptos sea o resulte
inferior a la porción conyugal para que nazca del derecho a percibirla; (v) Este
derecho se concreta al tiempo en que se abre la sucesión. Por tanto, si el
cónyuge sobreviviente no tiene bienes en ese momento, o los que posee son de
inferior valor, adquiere el derecho a la porción, sin importar que
posteriormente adquiera otros. Por el contrario, si posee bienes de mayor valor
y después los pierde o su valor disminuye, no tendrá derecho a dicha porción,
tal como se desprende de una lectura de los artículos 1232 y 1233 del Código
Civil.
En ese orden, la
Sala considera que más que una prestación de carácter alimenticio basada en un
criterio de necesidad, el legislador creó una figura de naturaleza
compensatoria para afectar el patrimonio del causante a través de una
asignación forzosa que le permite al supérstite contar con un patrimonio
adecuado teniendo como referente el patrimonio del cónyuge fallecido.
El legislador de la época, tal como lo señaló la
Corte Suprema de Justicia en la providencia de 1954, diseñó esta figura para
garantizar que después de la muerte de uno de los consortes, el que le
sobreviva cuente con  una garantía patrimonial cuyo parámetro lo constituye el patrimonio
del cónyuge fallecido.
En ese sentido, esta Corporación no duda en señalar
que esta protección  patrimonial que creó el legislador de 1873, modernamente
sirve para equilibrar y compensar las cargas propias de la decisión de
compartir una vida en común, dado que no siempre los miembros de la pareja
tienen las mismas oportunidades para acrecentar el patrimonio común, pues no en
pocos casos se producen renuncias o se asumen labores, tareas, que no se
reflejan pecuniariamente, v.gr. el miembro de la pareja que se queda en casa o
el que decide renunciar a su trabajo o estudio para acompañar al otro en su
proyecto laboral o académico.  Esas renuncias,  trabajos, tareas, oficios  que
no son cuantificados al momento de la disolución de la sociedad conyugal y que
deben serlo tal como esta Corporación lo determinó en la sentencia T-494 de
1992[29],
pueden ser suplidas mediante la llamada porción conyugal, en la que el cónyuge
pese a no tener la calidad de heredero, tiene, mediante la asignación forzosa
que hizo el legislador, la facultad de optar por una parte o cuota de la masa
herencial.
Esa  garantía se deriva, sin lugar a dudas, de
la decisión autónoma de los individuos de formar una vida en común, basados,
entre otras, en el apoyo mutuo; la solidaridad y el socorro que, para la época
en que se expidió el Código Civil, se repite, 1873, sólo era predicable del
único vinculo reconocido: el matrimonio.
Es necesario recordar que cuando el cónyuge opta por
la denominada porción conyugal no adquiere la calidad de heredero, pero sí
afecta el reparto de la masa herencial, por cuanto el legislador decidió que,
en este caso y en los términos del artículo 1236 del Código Civil, el cónyuge
sobreviviente recibe “…la cuarta parte de los bienes de la persona
difunta, en todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes. Habiendo
tales descendientes, el viudo o viuda será contado entre los hijos, y recibirá
como porción conyugal la legítima rigurosa de un hijo.”
En ese orden de ideas, si hay hijos, el cónyuge
sobreviviente recibe por concepto de porción conyugal lo mismo que recibiría
uno de ellos, si no hay descendientes, recibe la cuarta parte de la masa
herencial, es decir, al entrar el cónyuge sobreviviente y optar por la porción
conyugal, se altera el monto que han de recibir todos los órdenes
sucesorales, como acertadamente lo hace ver uno de los intervinientes.
Es importante recordar que los órdenes sucesorales son
cinco: el primero compuesto por los descendientes; el  segundo
por los ascendientes próximos y el cónyuge, quienes heredan por cabeza; el
tercero por los hermanos y el cónyuge, en este caso se hereda por
mitades, la mitad para los hermanos y la otra mitad para el cónyuge; el
cuarto por  los hijos de los hermanos, quienes entran en la sucesión a
falta de todos los órdenes anteriores, y el quinto, que lo ostenta el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien sólo entra en ausencia de
todos los anteriores, artículos 1040 y siguientes del Código Civil.
Teniendo en cuenta lo anterior, es decir, que el
cónyuge está en el tercer y cuarto orden sucesoral, la legislación civil le
permite optar por lo que el artículo 1236 denomina porción conyugal
complementaria, que consiste en que “Si el cónyuge
sobreviviente tuviere bienes, pero no de tanto valor como la porción conyugal,
sólo tendrá derecho al complemento, a título de porción conyugal. Se imputará
por tanto a la porción conyugal todo lo que el cónyuge sobreviviente tuviere
derecho a percibir a cualquier otro título en la sucesión del difunto,
incluso su mitad de gananciales, si no la renunciare.” (negrilla fuera de
texto)
Señaladas las características de la figura de la
porción conyugal, corresponde a la
Corte establecer si ésta se puede extender a las uniones maritales de hecho,
so pena de una vulneración del derecho a la igualdad, en los términos  de los
artículos 5, 13 y 42 de la Constitución.
3.5. LAS UNIONES
MATRIMONIALES Y LAS SOCIEDADES O UNIONES MARITALES DE HECHO.
3.5.1. La  jurisprudencia de esta Corporación
reiteradamente ha señalado que la discriminación se presenta cuando la
diferencia de trato se hace sin fundamento constitucional que tenga un carácter
objetivo y razonable, razonabilidad que se predica de la finalidad y efectos
del tratamiento diferenciado.
Por tanto, la disposición que crea el trato
diferencial no sólo debe tener un fundamento constitucional legítimo, sino que su
aplicación no puede vulnerar los intereses jurídicos de otras personas. En el
evento en que ello ocurra, debe serlo en forma mínima.
En consecuencia, el juez constitucional debe  efectuar
un test estricto de constitucionalidad de las medidas que introduzcan tratos
diferenciados, en donde lo primero que debe examinar es que los supuestos de
hecho que sean objeto de comparación sean comparables, por cuanto no se puede
exigir un trato igual para extremos que no son objeto de equiparación,
argumento en que se sustentó esta Corte para indicar en la sentencia C-174
de 1996, que el matrimonio y las uniones maritales no son susceptibles de
ser comparadas por tratarse de fenómenos o instituciones diferentes.
3.5.2. Efectivamente, la jurisprudencia constitucional de
forma unánime y constante ha señalado que el matrimonio y las uniones maritales
de hecho no son iguales[30].
En  una interpretación de los artículos
5, 13 y 42 de la Constitución, esta Corporación ha realizado diversos análisis
sobre la institución del matrimonio y la unión marital de hecho, para afirmar que
el matrimonio y la unión marital ostentan una naturaleza jurídica distinta, que
justifica que el legislador otorgue tratamiento diverso a una y otra. Así,
desde sus primeros pronunciamientos, ha sostenido que la naturaleza de las instituciones
hace compleja hacer una equiparación de derechos y obligaciones.  Se ha
señalado por ejemplo que:
"[el] establecimiento de los mismos
derechos y obligaciones que existen entre los cónyuges, hay un abismo. Basta
pensar, por ejemplo, que la sola voluntad de uno de sus miembros, es suficiente
para poner término a la unión marital de hecho, lo que no ocurre con el
matrimonio.
"En síntesis: sostener que entre los compañeros
permanentes existe una relación idéntica a la que une a los esposos, es afirmación
que no resiste el menor análisis, pues equivale a pretender que pueda
celebrarse un verdadero matrimonio a espaldas del Estado, y que, al mismo
tiempo, pueda éste imponerle reglamentaciones que irían en contra de su rasgo
esencial, que no es otro que el de ser una unión libre".[31]
De la misma manera, en la sentencia C-114 de 1996[32], con ocasión de la constitucionalidad del
término de prescripción de la sociedad patrimonial, la
Corte reiteró esta posición y señaló:
“Por sus mismas
características, y especialmente por haberse originado en una unión libre, es
razonable que la acción encaminada a demostrar la existencia y disolución de la
sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, prescriba en un término
relativamente breve, contado a partir de la separación física y definitiva de
los compañeros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o ambos
compañeros. Por eso, el término de un año, fijado por el artículo 8° de la ley
54, no parece insuficiente. Con mayor razón, si se tiene en cuenta que el
término se interrumpe con la sola presentación de la demanda.”
Posteriormente,
en la sentencia C-014 de 1998[33] analizó
si el establecimiento de un régimen de bienes para la constitución de la
sociedad patrimonial desconocía el derecho a la igualdad frente a la sociedad
conyugal conformada por el matrimonio. La
Corporación siguió la postura defendida en otras oportunidades y señaló que a
pesar que tanto el matrimonio como la unión marital de hecho son dos formas de
conformar familia, ello no se traduce en su equiparación:
“La actora parte de la base de que, en materia
patrimonial, la sociedad conyugal y la unión de hecho deben ser reguladas en
forma idéntica, con el objeto de no vulnerar el principio de igualdad. Sin
embargo, este punto de partida es equivocado. El matrimonio y la unión de hecho
comparten la característica esencial de ser instituciones creadoras de la
institución familiar. Como tales es claro que las dos figuras merecen una misma
protección constitucional. Sin embargo, ese idéntico trato no puede aplicarse
enteramente a los asuntos relacionados con los derechos patrimoniales que se
derivan de las sociedades conyugal y patrimonial. Tanto las condiciones en que
surgen las dos sociedades como las pruebas por aportar acerca de su existencia son
diferentes y ello puede generar consecuencias distintas en este campo, siempre
y cuando, como se ha expresado reiteradamente por esta Corporación, las
diferencias sean razonables, es decir, se puedan sustentar con una razón
objetiva.”
Dentro de este recuento jurisprudencial es
pertinente reseñar la sentencia C-533 de 2000[34] en la que
se planteó el siguiente interrogante: ¿Cuál es la diferencia esencial entre
el matrimonio y la unión marital de hecho, si las dos dan origen a una familia,
si ambas suponen la cohabitación entre el hombre y la mujer, e incluso, si las
dos dan origen hoy en día a la conformación de un régimen de bienes comunes
entre la pareja?
La respuesta en dicha oportunidad fue la siguiente:
“Las diferencias son muchas, pero una de ellas
es esencial y la constituye el consentimiento que dan los cónyuges en el
matrimonio al hecho de que la unión que entre ellos surge sea una unión
jurídica, es decir, una unión que en lo sucesivo tenga el carácter de
deuda recíproca. La unión que emana del consentimiento otorgado por ambos
cónyuges, hace nacer entre ellos una serie de obligaciones que no es del caso
analizar ahora detalladamente, las cuales son exigibles por cada uno de ellos
respecto del otro, y que no terminan sino por la disolución del matrimonio por
divorcio o muerte o por su declaración de nulidad. Entre ellas, las más
relevantes son las que se refieren a la comunidad de vida y a la fidelidad
mutua. Algunas de las obligaciones derivadas de este vínculo jurídico
comprometen a los cónyuges incluso después del divorcio, como las que
conciernen a la obligación alimentaria a favor del cónyuge inocente.”[35]
(negrilla fuera de texto)
“Así, este consentimiento respecto de un vínculo que es
jurídico, es lo que resulta esencial al matrimonio. Por lo tanto,
sin consentimiento no hay matrimonio y el principio formal del mismo es el
vínculo jurídico. En este sentido el artículo 115 del Código Civil expresa que
“(E)l contrato de matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo
consentimiento de los contrayentes...”. El matrimonio no es pues la mera
comunidad de vida que surge del pacto conyugal; Ésta es el desarrollo vital del
matrimonio, pero no es lo esencial en él. La esencia del matrimonio es la unión
jurídica producida por el consentimiento de los cónyuges.
“De lo
anterior se deducen conclusiones evidentes: en primer lugar, que el
matrimonio no es la mera unión de hecho, ni la cohabitación entre los cónyuges.
Los casados no son simplemente dos personas que viven juntas. Son más bien
personas jurídicamente vinculadas.  La unión libre, en cambio, sí se produce
por el solo hecho de la convivencia y en ella los  compañeros nada se deben en
el plano de la vida en común, y son libres en la determinación de continuar en
ella o de terminarla o de guardar fidelidad a su pareja. En el matrimonio, en
cambio, las obligaciones que surgen del pacto conyugal, a pesar de que pueden
llegar a extinguirse por divorcio y éste a su vez puede darse por voluntad de
los cónyuges[36],
es menester lograr la declaración judicial del divorcio para que se produzca la
disolución del vínculo jurídico a que se ha hecho referencia. (Subrayas y
resaltado de la Corte)
En
la sentencia C-821 de 2005[37]
se analizó si las causas de disolución del matrimonio también eran extensivas a
las de la unión marital de hecho. En esta decisión nuevamente se reitera la
diferencia existente entre estas dos instituciones y se concluyó:
“No considera la
Corte que el legislador haya contrariado la
Constitución Política al establecer como causal de divorcio “Las relaciones
sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges”. La fidelidad, es
considerada uno de los pilares fundamentales sobre los que se edifica y
consolida la estructura del matrimonio. No puede afirmarse, como lo hace el
actor, que la disposición acusada afecta la institución familiar, el principio
de dignidad y los derechos a la igualdad, intimidad y libre desarrollo de la
personalidad. Por el contrario, según ha quedado visto, el objetivo de la norma
es precisamente la protección del bien jurídico de la familia y los principios
y derechos invocados en cabeza de los cónyuges. De acuerdo con la naturaleza
jurídica del matrimonio, la infidelidad deteriora la relación afectiva y es
causa de la inestabilidad familiar, razón por la cual, a través de la causal de
divorcio invocada, se busca proteger esos intereses jurídicos. Si bien la
causal de divorcio acusada impone una limitación a los derechos al libre
desarrollo a la personalidad y autonomía de la voluntad, en cuanto puede
conllevar una restricción a la libertad sexual de los cónyuges, la misma
resulta constitucionalmente legítima si se considera, que deviene de un
compromiso adquirido por los cónyuges en forma libre y voluntaria, y que su
objetivo es tutelar un bien jurídico de interés general -la institución
familiar- y proteger derechos de terceros -los del cónyuge afectado.
Finalmente, descarta la Corte que la medida acusada resulte discriminatoria por
el hecho de limitar su ámbito de aplicación al matrimonio y no extenderse a la
unión marital de hecho. Aun cuando la
Carta Política legitima los distintos origenes que puede tener la familia,
dicho estatuto no está reconociendo al matrimonio y a la unión marital de hecho
como instituciones equivalentes, amparadas por una misma situación jurídica
frente a sus efectos y características.”
Conforme
con los pronunciamientos anteriores, puede concluirse sin vacilación alguna que
la sola cohabitación no puede dar lugar al matrimonio, como sí puede dar
origen  a la unión marital, toda vez que la convivencia en un período
determinado permite afirmar su existencia.
Sin embargo, el hecho de no tratarse de vínculos
iguales no ha impedido al juez constitucional extender algunos de los derechos,
de las garantías y de las cargas que el legislador ha reconocido a los miembros
de una de ellas –el matrimonio- a la otra –unión marital de hecho-, en especial
en lo que hace al ámbito patrimonial, en razón de la desprotección en que se
encontraba esta última y que llevó, entre otras, al Constituyente de 1991
a reconocerla expresamente en el artículo 42 de la
Constitución,  reconocimiento que  obliga al Estado y a la sociedad a
brindarle toda su protección.
Por tanto, se ha considerado que cada vez que
se pretenda un tratamiento igual entre una y otra unión, debe demostrarse
que se está ante una situación equiparable y que, por tanto, un trato distinto
es discriminatorio. En efecto, se ha sostenido que de una interpretación de
los  artículos 5 y 13 de la
Constitución Política, se desprende para el legislador la obligación de dar un
tratamiento idéntico al matrimonio y a la unión marital de hecho, cuando se
trate de proteger a sus integrantes. Sobre este particular se afirmó:
“El esposo o esposa en el caso del matrimonio y el
compañero o compañera permanente, si se trata de unión de hecho, gozan de la
misma importancia y de iguales derechos, por lo cual están excluidos los
privilegios y las discriminaciones que se originen en el tipo de vínculo
contractual.
“Todas las
prerrogativas, ventajas o prestaciones y también las cargas y responsabilidades
que el sistema jurídico establezca a favor de las personas unidas en matrimonio
son aplicables, en pie de igualdad, a las que conviven sin necesidad de dicho
vínculo formal. De lo contrario, al generar distinciones que la preceptiva
constitucional no justifica, se desconoce la norma que equipara las dos formas
de unión y se quebranta el principio de igualdad ante la ley que prescribe el
mismo trato a situaciones idénticas.”[38]
En consecuencia, el análisis que le
corresponde a esta Corporación cuando se afirma el trato diverso entre los
miembros de una y otra unión debe tener en cuenta la finalidad y objeto de la
norma o situación fáctica sometida a consideración y constatar si con ella
efectivamente existe discriminación entre cónyuges y compañeros permanentes,
sin soslayar las diferencias entre el matrimonio y la unión marital de hecho, pues
mientras el matrimonio es un contrato
solemne en los términos de la legislación civil, la unión marital de hecho
resulta de un acuerdo de voluntades que no requiere de ninguna solemnidad y,
como tal, el legislador ha previsto unos tiempos y unas formas para su efectivo
reconocimiento.
En consecuencia, la equiparación de trato
entre cónyuges y los miembros de la unión marital no tiene como fundamento el
que uno y  otro vínculo sean iguales, sino el hecho que, como sujetos que han
optado por una convivencia de ayuda, socorro y apoyo mutuos,  deben ser
tratados de la misma forma. Razón que ha
llevado a la Corte a extender algunos de los derechos que surgen del
matrimonio a las uniones de hecho, como se explica a continuación.
3.5.3. Específicamente en el tema patrimonial, una de las
primeras providencias que emitió esta Corporación en relación con la extensión
de los derechos patrimoniales del matrimonio a las uniones maritales de hecho
fue la sentencia C-096 de 1998, en la que se señaló: “Los derechos patrimoniales que la ley reconoce a quienes
conforman la unión marital de hecho, responde a una concepción de equidad en la
distribución de los beneficios y cargas que de ella se derivan. A cada miembro
se reconoce lo que en justicia le pertenece”. Es decir, se requería una protección patrimonial similar a
la que surge de la sociedad conyugal.
En lo atinente al derecho a la adopción del hijo del cónyuge, la extensión se llevó a cabo en la sentencia C-
477 de 1999[39],
en la que la Corte declaró exequibles los artículos 89 salvo el inciso segundo, 91, 95 y 98 del decreto 2737
de 1989 -anterior Código del Menor-, bajo el entendido que dichas normas también
son aplicables a los compañeros permanentes que deseen adoptar el hijo de su
pareja. Teniendo en cuenta las
finalidades de la adopción, la Corte concluyó, de un lado, que no existían
motivos para la diferenciación, especialmente después de la adopción de la
Constitución de 1991, y de otro, que la diferenciación vulneraba los derechos
de los niños a tener una familia. La Corte expresó:
“la no inclusión de los compañeros permanentes como sujetos
destinatarios de las normas demandadas, también restringe el derecho
fundamental de los niños de tener una familia cualquiera que sea su origen, y
unos padres que velen por ellos y les brinden todas las condiciones necesarias
para lograr su bienestar emocional, intelectual y social, y priva a los
interesados en adoptarlos de tener un hogar con hijos a quienes brindarle su
cuidado y amor. Tal discriminación tampoco se compadece con el deber que tiene
el Estado de brindar especial protección a las personas que se encuentran en
situación de debilidad manifiesta (artículo 13
C.N), ocasionada en este caso por la situación de abandono en que se encuentra
el niño, ni atiende a la obligación de aquél de diseñar una política de
adopciones que se ajuste en todo al interés superior del menor y a los
principios, valores y derechos reconocidos en la
Constitución.”
En la sentencia C-1033 de 2002[40] se declaró la
exequibilidad del artículo 411, numeral 1 del Código Civil, relativa a los
alimentos, bajo el entendido que la obligación alimentaria no sólo se le debe
al cónyuge sino también al compañero o compañera permanente, por cuanto esta obligación se fundamenta en el principio de solidaridad y
la unión marital de hecho, que al igual que el matrimonio, está cimentada en la
ayuda y socorro mutuos de quienes integran esas relaciones y constituyen
familia. Por esto, no era razonable ni proporcional brindar un
tratamiento desigual en materia de alimentos a los compañeros permanentes
frente a quienes celebraron un contrato de matrimonio, por el simple hecho del
origen del vínculo.
En la sentencia C-521 de 2007[41] se estableció
que era contrario al principio de igualdad que el régimen de salud estableciera
el requisito de la convivencia de por lo menos dos años para lograr la
afiliación como beneficiario del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
mientras que para el cónyuge no se hiciera esa exigencia. En consecuencia, se
declaró inexequible el requisito del término para que un compañero o compañera
permanente pudiera ser afiliado al sistema de seguridad social como beneficiario.
Este juicio se reiteró en la
providencia T-932 de 2008[42],
en la que se señaló que no podía existir  una diferencia de trato para el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes entre cónyuges y compañeros y
compañeras permanentes, con fundamento en que una norma preconstitucional
hiciera referencia única y exclusivamente al cónyuge.
En reciente pronunciamiento, sentencia C-100
de 2011[43],
se indicó que los lazos de amor, respeto, comprensión, solidaridad que unen a
los cónyuges y compañeros permanentes resultan en muchos casos ser más fuertes
y sólidos  que los que existen entre los consanguíneos, razón por la que no se
justifica su exclusión cuando lo que se busca favorecer es,  entre otros, a uno
o unos de sus integrantes, hecho que en determinados casos genera una desigualdad negativa que la
Corte está obligada a evidenciar.
3.5.4 En aplicación de la regla de no discriminación que
esta Corporación ha formulado frente a los miembros de una y otra unión
-cónyuges, compañeros e hijos de una y otra relación-, la
Sala encuentra que no existe ninguna razón objetiva ni razonable que
permita aseverar que en el presente caso el compañero o compañera permanente
supérstite no pueda ostentar el derecho a optar a la figura que la legislación
civil denominó “porción conyugal”, pues analizada la finalidad que
persigue la garantía patrimonial que se contempla en el artículo 1230 del
Código Civil, no hay razón que permita afirmar válidamente que ella sólo pueda
tener como destinatarios a quien tenga un contrato matrimonial.
Para esta Corporación, si el fin de la
denominada “porción conyugal” es garantizar al cónyuge supérstite gozar
de parte del patrimonio de la persona con la que convivió con vocación de
permanencia, a quien apoyó y a quien cuidó, si el patrimonio con que cuenta
después de disuelta la sociedad conyugal resulta menor al que le correspondería
por “porción conyugal”, como una forma de compensar y equilibrar las cargas propias de la decisión
de compartir una vida en común,
no existe una razón válida para sostener
que esa protección patrimonial no pueda ser reconocida también al compañero o
compañera permanente supérstite, quien sin haber solemnizado su relación
mediante el contrato matrimonial, actuó  con la convicción y en la libertad de
compartir un proyecto de vida, con solidaridad y prodigando cuidados y apoyos
que no tienen en la relación marital su razón de ser.
En otros términos, esta figura no tiene
su fundamento en el contrato de matrimonio sino en la necesidad de proteger al
miembro de la relación que después de una convivencia fundada en el apoyo y las
renuncias mutuas, queda con un patrimonio inferior al de aquel que falleció y
que le permite optar por participar en él.
3.5.5. En este caso no estamos ante una omisión
legislativa, como lo señala el Ministerio Público, dado que para el momento en
que se dictó la regulación objeto de acusación no existía el deber para el
legislador de desarrollar el artículo 13 constitucional, como tampoco se puede afirmar que se profirió  una
regulación incompleta o insuficiente, pues se repite, no existía la obligación
por parte del legislador de regular una consecuencia jurídica[44] en relación
con los compañeros permanentes, quienes no eran reconocidos constitucionalmente
como sujetos de una protección similar a la de los miembros de un contrato
matrimonial; se trata, más bien, de una inconstitucionalidad sobreviviente en
relación con lo normado en los artículos 5, 13 y 42 de la
Carta, que obliga a esta Corporación a un pronunciamiento que elimine dicho
tratamiento discriminatorio.
En ese orden, se
debe reconocer que los tratos disímiles entre una y otra unión generados por
disposiciones carentes de una razón objetiva, como las que son objeto de
análisis en esta ocasión, deben ser declarados contrarios a la
Constitución por desconocer el principio de igualdad, específicamente en razón
de la existencia de un vínculo jurídico.
3.5.6 En ese sentido, la
Sala no encuentra ninguna razón objetiva y razonable que justifique que para
acceder a lo que la legislación denomina “porción conyugal”, el
requisito esencial sea el vínculo matrimonial, hecho que posiblemente  se
justificaba para la época en que fue expedida la norma, porque el único que era
reconocido en ese momento era el contrato de matrimonio. Sin embargo, hoy, la
libertad de autodeterminación que se ha reconocido a todos los individuos y que
expresamente nuestra Constitución reconoce, artículo 16, permite sostener que
la diferencia de trato entre una y otra relación, en lo que hace al
reconocimiento de esta garantía patrimonial para el supérstite sea cónyuge o
compañero y/o compañera permanente, resulta contraria al artículo 13
constitucional, donde la diferencia de trato proviene de la naturaleza del
vínculo con que dos personas han decido compartir y hacer realizable su
proyecto de vida.
Es evidente que las normas acusadas en
razón de la época en que fueron expedidas, año 1873, confieren un tratamiento diverso
en materia de derechos patrimoniales a los miembros de las uniones maritales de
hecho y a quienes están vinculados por matrimonio. Para el momento histórico en
que éstas fueron expedidas sólo se reconocían efectos jurídicos al vinculo
matrimonial. Sin embargo, en razón de los cambios sociales, culturales y
políticos que hicieron necesaria la inclusión en la
Constitución de 1991 de un reconocimiento y protección expresa de las uniones
maritales de hecho, ha sido necesario,  con el pasar  de los años,  que la
Corte Constitucional reconozca para éstas una serie de efectos jurídicos que
el legislador sólo confirió  a las uniones surgidas del matrimonio.
En ese sentido, resulta igualmente
importante señalar que, a diferencia de lo que sostuvo esta Corporación en la
sentencia C-174 de 1996,  en relación con el estado civil para las uniones
maritales de hecho,  la Corte Suprema de Justicia, a través de un auto
proferido en el año 2008, expresamente dijo rectificar su posición en relación
con las uniones maritales de hecho y señaló expresamente que éstas sí
constituyen un estado civil, al señalar “…aun sin que se haya expedido la
ley que haga la asignación que en tales antecedentes se echo de menos [se hace
referencia a la Ley 54 de 1990], normativamente se han introducido cambios que
tienden a darle a la unión marital de hecho un tratamiento jurídico equiparable
o semejante al del matrimonio y a todo lo que gira a su alrededor de
esas situaciones, cuestiones todas que sin lugar a dudas permiten subsumir
a aquella en la definición del artículo 1 del Decreto 1260 de 1970 [relativa
al estado civil].”[45]
Así mismo, en sentencia de octubre de
2005, esa Corporación también señaló que la
Ley 54 de 1990 más que definir las uniones maritales de hecho, buscó dotarlas
de todos los efectos civiles pese a que no los señaló  y “reconocer que
existe una relación jurídica específica que genera consecuencias jurídicas
determinables para cada uno de los compañeros permanentes”[46] ,de lo
cual se deriva que los integrantes de estas uniones sean merecedores de los
mismos  derechos y obligaciones que tienen los cónyuges.
Por tanto, en este
caso, se debe aceptar que el compañero o compañera permanente supérstite tiene
el derecho a ser tenido en cuenta en la masa herencial de su compañero como
ocurre con el o la cónyuge supérstite cuando opte por la denominada “porción
conyugal” dentro de las asignaciones forzosas que regulan los artículos
1226 y 1230 del Código Civil, y que incumben tanto a las sucesiones testadas
como a las intestadas, pues como asignación forzosa que es, su observancia es
obligatoria,  incluso en contra de la voluntad del testador, sin que ello
implique que adquiera la calidad de heredero.
La naturaleza y
finalidad de la denominada “porción conyugal” le permiten a esta
Corporación aseverar que la extensión de este beneficio a las uniones maritales
de hecho no desnaturaliza la institución jurídica del matrimonio ni afecta su
esencia, pero no admitirla, es mantener una distinción discriminatoria entre
una unión y la otra y afirmar  que un compañero o compañera permanente  debe
acudir  a vías tales como el testamento o las donaciones, por señalar sólo
algunas instituciones jurídicas, a las cuales no están sometidas las parejas
unidas por el vínculo del matrimonio, para lograr esa protección, pese a que la
finalidad de la “porción conyugal” es la de ser una garantía  para la
pareja sobreviviente, sin que la naturaleza jurídica del vínculo que originó la
vida en comunidad sea la causa de ese beneficio,  razón por la cual admitir un
trato diverso entre las uniones de hecho y el vínculo matrimonial en este caso
no tiene ninguna justificación.
Por tanto, no se
puede aceptar la interpretación según la cual la denominada “porción
conyugal” sólo es para quien tenga un vínculo matrimonial, pues no existe
un sustento para esa posición, y admitirla es carente de razonabilidad y al no
atender un fin legítimo resulta contraria al espíritu igualitario por el que
optó la Constitución.
Lo expuesto, necesariamente parecería
implicar que las expresiones acusadas fueran expulsadas del ordenamiento
jurídico mediante la declaración de inexequibilidad. No obstante, una decisión
de esa naturaleza haría carente de sentido los preceptos en donde tales
locuciones se encuentran y produciría problemas de interpretación y aplicación
para los diversos operadores jurídicos, generándose un efecto no querido ni por
el demandante ni la Corte, razón por la cual se impone proferir una sentencia
integradora, a partir de la cual se entienda que  las expresiones “porción
conyugal”, “cónyuge supérstite”,  “cónyuge”,  “viudo o viuda” que figuran
en los preceptos acusados incluyen al compañero o compañera permanente y, en
consecuencia, la figura jurídica denominada “porción conyugal”, definida
en el artículo 1230 del Código Civil, debe ser reconocida igualmente a éstos. En ese orden de ideas, se declararán exequibles los artículos 1016-5; 1045: 1054;
1226; 1230; 1231; 1232; 1234; 1235;
1236; 1237; 1238; 1243;1248; 1249; 1251 y 1278 del Código Civil, siempre y
cuando se entienda que a la porción conyugal  en ellos regulada también
tienen derecho el compañero o compañera permanente.
Se advierte que para tener el derecho a
la denominada “porción conyugal” se debe demostrar por los medios
probatorios idóneos la condición de compañero o compañera supérstite, es decir,
los dos años de convivencia que exige la Ley 50 de 1994, tal como fue
modificada por la Ley 979 de 2005.
3.6.  LAS  PAREJAS DEL MISMO SEXO:
EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS QUE HASTA HOY SON PREDICABLES DE LAS UNIONES
HETEROSEXUALES Y EL PRINCIPIO DEMOCRATICO.
3.6.1. El demandante Álvarez Bermúdez solicita
extender el beneficio de la porción conyugal a las parejas del mismo sexo,
teniendo como referencia múltiples decisiones de este Tribunal en las que a
partir del principio de la dignidad humana y los derechos a la libre autodeterminación, el libre desarrollo de la personalidad
y no discriminación por razones sexuales, ha reconocido a estas parejas un
trato igual al que se le otorga a las uniones heterosexuales. Afirma el
ciudadano Álvarez Bermúdez “atendiendo
las sentencias referenciadas, podemos concluir que en Colombia las parejas
homosexuales tienen iguales derechos y garantías que los miembros de las
uniones maritales de hecho[47]”
(negrilla fuera de texto)
3.6.2. La pregunta de si el régimen jurídico reconocido por
el legislador y la jurisprudencia constitucional a las uniones maritales de
hecho puede ser extendido a las parejas del mismo sexo, fue abordada y resuelta
por esta Corporación en la sentencia C-075 de 2007[48]. En dicho fallo la
Corte reconoció la existencia jurídica de estas últimas y señaló que negar a
éstas el régimen de protección patrimonial[49]
que se le otorga a las uniones maritales era contrario a la dignidad y al
derecho al libre desarrollo de la personalidad de éstas, generando una
discriminación prohibida expresamente por la
Constitución. En ese sentido se consideró que:
“El régimen de la
Ley 54 de 1990, tal como fue modificado por la
Ley 979 de 2005, en la medida en que se aplica exclusivamente a las parejas
heterosexuales y excluye de su ámbito a las pareja homosexuales, resulta
discriminatorio. Así, no obstante las diferencias objetivas que existen entre
los dos tipos de pareja, y las específicas consideraciones que llevaron al
legislador del año 1990 a establecer este régimen de protección, fundadas en la
necesidad de proteger a la mujer y a la familia, no es menos cierto que hoy por
hoy puede advertirse que la parejas homosexuales presentan requerimientos
análogos de protección y que no existen razones objetivas que justifiquen un
tratamiento diferenciado. A la luz de los anteriores criterios y sin desconocer
el ámbito de configuración del legislador para la adopción, en proceso
democrático y participativo, de las modalidades de protección que resulten más
adecuadas para los requerimientos de los distintos grupos sociales, encuentra la
Corte que es contrario a la Constitución que se prevea un régimen legal de
protección exclusivamente para las parejas heterosexuales y por consiguiente se
declarará la exequibilidad de la Ley 54 de 1990, tal como fue modificada por la
Ley 979 de 2005, en el entendido que el régimen de protección allí previsto
también se aplica a las parejas homosexuales. Quiere esto decir que la pareja
homosexual que cumpla con las condiciones previstas en la ley para las uniones
maritales de hecho, esto es la comunidad de vida permanente y singular,
mantenida por un periodo de al menos dos años, accede al régimen de protección
allí dispuesto, de manera que queda amparada por la presunción de sociedad
patrimonial y sus integrantes pueden, de manera individual o conjunta, acudir a
los medios previstos en la ley para establecerla cuando así lo consideren
adecuado” (negrilla fuera de texto).
La Sala reconoció en dicha
providencia que las parejas del mismo sexo que tenían una cohabitación cuyo fin
era la realización de un proyecto de vida común fundada en la solidaridad y en
el apoyo mutuo, no encontraban protección jurídica ante la finalización de la
relación o frente a la muerte de uno de los compañeros, desprotección generada
por un criterio sospechoso de discriminación como lo es la orientación sexual,
que está proscrito por la jurisprudencia constitucional y las normas que
conforman el bloque de constitucionalidad y que en el caso de las  parejas del
mismo sexo resultaba lesivo no sólo del  derecho al libre desarrollo de la
personalidad sino de su dignidad y autonomía, razón por la que se requería un
mínimo de protección, mediante el reconocimiento jurídico de una situación que,
en este caso, se traducía en otorgarle a este grupo el mismo régimen
patrimonial de la unión marital de hecho, en la medida en que no existe una
regulación que permita afirmar su no discriminación.
Es decir, la
Corporación reconoció que existe una ausencia o un  déficit  de protección
frente a este grupo de personas que requiere de regulaciones legislativas, pero
mientras ellas se producen el juez constitucional, en ejercicio de su función
de guardián de la Constitución y garante de los derechos fundamentales, en
donde la igualdad material y el respeto por la libre determinación son
fundamentales a la concepción misma del Estado Social de Derecho, debe buscar
la forma de hacerlas efectivas apelando a las instituciones que legislador ya
ha regulado y que puedan servir para ofrecer una protección adecuada a esos
grupos discriminados, mientras el legislador en ejercicio del principio
democrático introduce la normativa correspondiente.
Se admite, entonces, que corresponde al legislador y
no al juez constitucional regular las consecuencias jurídicas de ciertos hechos
y fenómenos sociales. No obstante, ante la ausencia de una normativa que
permita prodigar una protección a un grupo determinado el juez constitucional
puede extender uno existente, como en efecto lo hizo en el caso de las uniones
maritales de hecho frente a las parejas del mismo sexo. En ese orden se indicó:
“No hay razón que justifique someter a las parejas
homosexuales a un régimen que resulta incompatible con una opción vital a la
que han accedido en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la
personalidad, ni resulta de recibo que la decisión legislativa de establecer un
régimen para regular la situación patrimonial entre compañeros permanentes, sea
indiferente ante los eventos de desprotección a los que puede dar lugar
tratándose de parejas homosexuales.”
Bajo esa lógica, se declaró la
exequibilidad de la Ley 54 de 1990, tal como fue modificada por la
Ley 979 de 2005, en el entendido que el régimen de protección patrimonial en
ella contenido debía aplicarse  también a las parejas del mismo sexo y cuyo
objetivo era solventar el déficit de protección al que están sometidas estas
últimas frente a los efectos patrimoniales de su relación.
3.6.3.
Siguiendo esa línea de protección, en la
sentencia C-811 de 2007 la Corte con fundamento en la sentencia C-075 de
2007, señaló que la imposibilidad de vincular al régimen contributivo como
beneficiario a la pareja del mismo sexo, constituía una vulneración de los
derechos a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad,
autodeterminación sexual, y una  discriminación por razón de la orientación
sexual del individuo[50].
En la sentencia C-336 de
2008[51]
se consideró contrario a los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a
la autonomía desde la perspectiva de la orientación sexual y al principio a la
igualdad, negar la pensión de sobrevivientes a un miembro de la pareja del
mismo sexo. Al tiempo que precisó que en estos casos las parejas podrían acudir
“ante un notario para expresar la voluntad de conformar una pareja singular
y permanente, que permita predicar la existencia de una relación afectiva y
económica responsable, de la cual posteriormente pueden derivar prestaciones de
una entidad tan noble y altruista como la correspondiente a la pensión de
sobrevivientes”.
En otra providencia, la
C-798 de 2008, la Corte estimó que en la descripción del tipo de
inasistencia alimentaria contenida en el artículo
1° de la Ley 1181 de 2007 era  exequible
bajo el entendido que en ese mismo tipo penal también podían incurrir los
integrantes de las parejas del mismo sexo.
Finalmente, en sentencia C-029
de 2009, la Corte extendió, en varios aspectos, el reconocimiento que la
legislación civil, penal, administrativa, entre otras codificaciones, hizo a la
unión marital de hecho a las parejas del mismo sexo. Se dijo en esa
oportunidad:
“…no existe un fundamento razonable y objetivo
suficiente para explicar el trato desigual al que vienen siendo sometidas las
personas que en ejercicio de sus derechos al libre desarrollo de la
personalidad y a la libertad de opción sexual, han decidido conformar una
pareja con una persona de su mismo género”.
3.6.4. Las providencias referenciadas parten del
reconocimiento de la dignidad, del libre desarrollo de la personalidad a partir
de la autonomía de los individuos y de la igualdad que expresamente prohíbe la
discriminación por razón de la orientación sexual. Por tanto, la
Sala debe reiterar en este caso su jurisprudencia sobre la protección y
derechos de las parejas del mismo sexo, en el campo patrimonial, razón por la
que debe concluir que la posibilidad de obtener lo que el código civil define
como “porción conyugal” no puede estar condicionada por la orientación
sexual de quienes deciden como una opción de vida convivir en pareja y hacer un
proyecto de vida en común con una vocación de permanencia y de forma singular,
en la medida en que la finalidad de esta figura es, como ya se indicó en otros
apartes de esta providencia, equilibrar
y compensar las cargas propias de la decisión de compartir una vida en común. Extender la garantía de la “porción conyugal” a
estas parejas, es una forma de proteger los derechos al libre desarrollo de la
personalidad, la autodeterminación sexual y el principio de no discriminación
de estas uniones, que al igual que las heterosexuales no cuentan con una
protección efectiva en lo que al tema patrimonial se refiere.
Por tanto, ha de entenderse que el
miembro supérstite de la pareja del  mismo sexo tendrá derecho a ser llamado o
llamada como titular de la “porción conyugal” dentro de la sucesión de
su compañero o compañera, en los términos y condiciones en que esta figura
está  regulada en los preceptos acusados.
.
3.7. Es
importante insistir en que la decisión de reconocer esos derechos a las parejas
del mismo sexo no debería ser labor del juez constitucional, porque el
escenario natural y propicio para ese efecto es el Congreso de la
República, en donde hay un sustrato de representación democrática, pues allí
tienen asiento los distintos grupos que conforman nuestra sociedad, elegidos
por la voluntad popular y que permite una deliberación amplia y prolija sobre
un asunto tan trascendental como el de los derechos de las parejas del mismo
sexo, representación democrática que presenta un déficit en tratándose de esta
Corporación, porque si bien sus miembros son electos por el Senado de la
República de sendas ternas que conforman el Presidente de la
República, el Consejo de Estado y la
Corte Suprema de Justicia, no puede compararse con la que tiene el Congreso de
la República ni mucho menos con su función deliberativa.
En este contexto, cobra
importancia la tesis de Habermas y Elster sobre la democracia deliberativa, según
la cual en las instituciones políticas debe permitirse la acción comunicativa a
través de una deliberación  racional, toda vez que se permite a todos los interesados
formular los  mejores argumentos en procura de una decisión seguramente más
justa.
No obstante, sin desconocer que
constitucionalmente le corresponde al Congreso de la
República abordar y regular estos temas, máxime cuando se trata de asuntos que
generan tanta sensibilidad en diversos sectores de la sociedad, como es el caso
de las regulaciones relacionadas con las parejas del mismo sexo, en donde el
juez constitucional ha venido evidenciado un déficit de protección y en aras de
lograr la prevalencia del derecho a la igualdad y no discriminación, la
Sala ha tenido que adoptar decisiones que buscan no sólo la protección de lo
que se ha denominado grupos históricamente desprotegidos y discriminados, en
este caso por su orientación sexual, sino la protección de su libertad de autodeterminación
ante la ausencia de regulaciones por parte del órgano de representación
popular, hecho que hace primordial que el legislador abra el debate, legisle y
determine los derechos que deben ser reconocidos en el marco del Estado Social
de Derecho que nos rige.
En este punto es importante traer a
colación la posición de NINO[52]
y que respaldan otros autores[53],
según la cual en una sociedad pluralista como la actual, la única forma de
lograr consensos moralmente aceptables es la discusión pública que se lleva en
el Parlamento. En estos términos, es la participación de los afectados en la
deliberación colectiva y en la toma de decisiones, así como la aplicación de la
regla de la mayoría, la que permite garantizar que éstas sean razonables y
acordes con el querer mayoritario.
En este mismo sentido, Jeremy
Waldron[54]
considera  que cuando la comunidad política está dividida acerca de cuáles son
los derechos morales de los que son titulares los individuos, cómo hay que
interpretarlos, y cómo deben conciliarse sus exigencias contrapuestas, es
inevitable que esa comunidad recurra a algún procedimiento para zanjar los
efectos prácticos de esa controversia. El procedimiento más recomendable desde
el punto de vista de una teoría liberal que propugne los valores de la
autonomía y la igualdad de las personas, es el procedimiento democrático, en
cabeza del Parlamento. Un procedimiento en el que todos los ciudadanos
participan con su voz y con su voto, bien directamente, bien a través de
representantes, y en el que se decide por mayoría.
Por tanto, se impone que el legislador
asuma su función constitucional y con la participación de toda la sociedad
debata y defina asuntos axiales a estas relaciones como, por ejemplo, la forma
jurídica que puede tener su vínculo y los derechos que de él se pueden derivar.
Abordar esas cuestiones implica que el
órgano de representación analice si
algunas instituciones de nuestro ordenamiento civil son o no aplicables a esas
uniones o si deben sufrir modificaciones que permitan una regulación acorde con
las nuevas realidades, tales como el parentesco (artículos 50 y siguientes del Código Civil); la afinidad
(artículo 47 del Código Civil); el matrimonio (artículo 113 y siguientes del
Código Civil); el divorcio (artículos 154 y siguientes del Código Civil); la
separación de cuerpos (artículos 164 y siguientes del Código Civil); la
separación de bienes (artículos 197 y siguientes del Código Civil); las
obligaciones y derechos entre los compañeros (artículos 176 y siguientes del
Código Civil); segundas nupcias (artículos 164 y siguientes del Código Civil);
sociedad conyugal (artículo 180 del Código Civil); el estado civil (artículo
123 del Decreto 1260 de 1970), entre otros.
3.8. Para hacer
posible que la discusión a la que se ha hecho referencia se dé efectivamente,
se exhortará al Congreso de la
República para que
legisle de manera sistemática y ordenada sobre las materias relacionadas con
las uniones maritales de hecho y las parejas del mismo sexo.
4.      DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y
por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-  Declarar EXEQUIBLES los artículos
1016-5, 1045, 1054, 1226, 1230, 1231, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1243,
1248, 1249, 1251 y 1278 del Código Civil, siempre y cuando se entienda que a la
porción conyugal  en ellos regulada, también tienen derecho el compañero o
compañera permanente y la pareja del mismo sexo.
Segundo.- EXHORTAR al Congreso para que
legisle de manera sistemática y ordenada sobre las materias relacionadas con
las uniones maritales de hecho y las parejas del mismo sexo.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con salvamento de voto
JORGE IVAN PALACIO
PALACIO
Magistrado
NILSON ELIAS PINILLA PINILLA
Magistrado
Con aclaración de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE
VOTO DEL MAGISTRADO GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA
C-283/11
Referencia: Expediente D-8112
Asunto:
Demanda
de inconstitucionalidad contra los artículos 1016-5,1045, 1054,1226, 1230,
1231, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1243, 1248, 1249, 1251 y 1278 del
Código Civil.
Magistrado Ponente:
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Con el debido respeto por las decisiones
de la Corte, expreso mi disentimiento respecto a la decisión mayoritaria en el
asunto de la referencia.
A mi juicio, el demandante, al formular
los cargos en contra de los artículos 1016-5,1045, 1054,1226, 1230, 1231, 1232,
1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1243, 1248, 1249, 1251 y 1278 del Código Civil,
no tuvo en cuenta las demás normas que igualmente regulan el régimen sucesoral,
razón por la cual resultaba menester efectuar una adecuada integración
normativa, pues la decisión de inexequibilidad que éste plantea, impacta a
dicha amplia regulación en su conjunto.
Es evidente que faltó carga
argumentativa, ya que, para analizar las normas demandadas con la claridad
requerida, resultaba imprescindible incluir otras disposiciones que no fueron
acusadas, pero que integran la legislación del derecho sucesoral; en estos
casos es necesario proceder a completar lo que se ha dado en llamar la
proposición jurídica y si ello no sucede, la decisión que debe adoptarse es la
de la inhibición.
Por las mismas razones, comparto los
argumentos expuestos por uno de los intervinientes  dentro  del  proceso,
según  los  cuales  de  prosperar la inexequibilidad de los preceptos
demandados, se debió tener en cuenta el fundamento que se transcribe:
"{Si}/as compañeros
permanentes adquirieran el derecho a reclamar la porción conyugal al igual que
el cónyuge, faltaría por definir si este beneficio se haría extensible a
otros asuntos sucesorales, por cuanto los cónyuges son herederos (en el segundo
orden concurrente con los ascendientes, o el tercer orden junto con los
hermanos del difunto), lo cual llevaría a una incongruencia a nivel
legislativo, 'presentándose el fenómeno de que quedaran vigentes normas de
idéntica naturaleza y contenido de otras que, examinadas, se estimaron que
contradecían el espíritu de la Constitución y algunos jueces se inclinarían
por servirse de la excepción de inconstitucionalidad para incluir a los
compañeros permanentes como herederos y otro no lo harían, alegando la
exequibilidad putativa de la norma " (Subraya y
palabra en corchetes fuera del texto).
En ese orden de ideas, la decisión
adoptada por la Corte de "declarar exequibles los artículos
1016-5, 1045, 1054, 1226, 1230, 1231, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1243,
1248, 1249, 1251 y 1278 del Código Civil, siempre y cuando se entienda que a la
porción conyugal en ellos regulada, también tienen derecho el compañero o
compañera permanente y la pareja del mismo sexo", desconoce lo
manifestado por esta corporación respecto a que el control constitucional no es
oficioso, así como lo dicho sobre el deber del demandante de integrar las
proposiciones normativas completas, con una carga de argumentación suficiente,
que le permitan a la corporación un estudio global sobre la normatividad
respectiva y tomar una decisión sobre el conglomerado de la misma.
Estimo que no era posible subsanar la
falencia advertida en la presente demanda, en cuanto no se integró la
proposición jurídica completa. De manera que lo adecuado ha debido ser la
inhibición para proferir un pronunciamiento de fondo sobre los artículos
acusados.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1] Escrito de demanda, Págs. 25 y 26.
[2] Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández
Galindo y Alejandro Martínez Caballero.
[3] Expresa el citado fallo: “Por esto reconoció al cónyuge
sobreviviente del derecho a percibir un aparte del patrimonio del cónyuge
finado para asegurar adecuadamente en lo posible la subsistencia y bienestar de
aquél. En rigor de verdad, lo que el cónyuge sobreviviente recibe por porción
conyugal no es a título de heredero. Su condición jurídica es diversa de la de
éste. La porción no es asignación hereditaria, sino una especie de crédito a
cargo de la sucesión, la cual se deduce como baja del acervo bruto herencial en
todos los órdenes de sucesión menos en el de los descendientes legítimos
(Código Civil, art. 1016, ord. 5).”
[4] En esta sentencia se declaró exequible el numeral 1º del
artículo 411 del Código Civil, siempre y cuando se entienda que esta
disposición es aplicable a los compañeros permanentes que forman una unión
marital de hecho.
[5] En esta providencia la
Corte Constitucional declaró la exequiblidad de la expresión “cónyuge”
contenida en el numeral primero del artículo 411 del Código Civil, en el
entendido de que también comprende, en igualdad de condiciones, a los
integrantes de las parejas del mismo sexo que se hayan acogido al régimen de la
Ley 54 de 1990 y demás normas que lo modifiquen.
[6] Corte Suprema de Justicia, Sentencia de Casación de Septiembre
4 de 2006.
[7] Concepto del Procurador Pág. 11 y 12, visibles a folios 247 y 248 del
expediente.
[8] Ibidem, Pág 15.
[9]  M.P. Jorge Arango Mejía.
[10]  Cfr. Sentencia C-174 de 1996.
M.P. Jorge Arango Mejía.
[11]  M.P. Jorge Arango Mejía.
[12] M.P. doctor Jorge Arango Mejía.
[13] Ver sentencia C-004 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[14] Ver sentencia C-228 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[15] Cfr. Sentencia C-774 de 2001. Sobre el concepto e importancia de la
Constitución Viviente se puede consultar, entre otros,  el artículo de Gustavo
Zagreblsky “Jueces Constitucionales” en Teoría del Neoconstitucionalismo:
Ensayos escogidos. Editorial Trotta. S.A. 2007, págs 97-99.
[16] Ver sentencia C-976 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[17] Ver, entre otras, las sentencias C-430 de 2009,
M.P. Juan Carlos Henao Pérez, y C-729 de 2009,
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[18] Ver, entre otras, las sentencias C-397 de 1995; C-700 de 2000,
M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-157 de 2002,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[19] El la sentencia C-397 de 1995, la
Corte explicó: “Claro está, para que esa contradicción se configure, es
indispensable que en la materia objeto de la misma se pueda hablar de una
‘parte motiva’, es decir, que se haya dicho algo en los considerandos
susceptible de ser confrontado con lo que se manifiesta en la parte resolutiva
del proveído. De tal modo que el presupuesto normativo no existe cuando de
parte de la Corte ha habido total silencio en lo referente a resoluciones que
sólo constan en el segmento resolutorio de la providencia.”
[20] Ejemplos de esta hipótesis se pueden encontrar
en sentencias como la C-096 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[21] Cfr. Sentencias C-447 de 1997 y C-774 de 2001, en esta última
expresamente se señaló: “es necesario advertir, que de manera
excepcional, resulta posible que el juez constitucional se pronuncie de fondo
sobre normas que habían sido objeto de decisión de exequibilidad previa. El
carácter dinámico de la Constitución, que resulta de su permanente tensión con
la realidad, puede conducir a que en determinados casos resulte imperativo que
el juez constitucional deba modificar su interpretación de los principios
jurídicos para ajustarlos a las necesidades concretas de la vida colectiva -
aún cuando no haya habido cambios formales en el texto fundamental -, lo que
incide necesariamente en el juicio de constitucionalidad de las normas
jurídicas. El concepto de “Constitución viviente” puede significar que en un
momento dado, a la luz de los cambios económicos, sociales, políticos, e
incluso ideológicos y culturales de una comunidad, no resulte sostenible, a la
luz de la Constitución, - que es expresión, precisamente, en sus contenidos
normativos y valorativos, de esas realidades -, un pronunciamiento que la
Corte haya hecho en el pasado, con fundamento en significaciones
constitucionales materialmente diferentes a aquellas que ahora deben regir el
juicio de Constitucionalidad de una determinada norma. En estos casos, no se
puede considerar que el fallo vulnera la cosa juzgada, ya que el nuevo análisis
parte de un marco o perspectiva distinta, que en lugar de ser contradictorio
conduce a precisar los valores y principios constitucionales y permiten aclarar
o complementar el alcance y sentido de una institución jurídica.
[22] Auto 237 de 2010. Magistrado Sustanciador. Humberto Sierra Porto.
[23] Cfr. Fernando Vélez, citado por Suárez Franco Roberto en su libro de
Sucesiones Tercera Edición. Pág. 291.
[24] Cfr. Hernando Carrizosa Pardo, citado por Suarez Franco Roberto en su
libro de Sucesiones Tercera Edición. Pág. 291.
[25] Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Sentencia del 21 de
octubre de 1954. Gaceta Judicial 2147, t. LXXVIII, pág. 903.
[26] Ibidem, pág. 904 y s.s
[27] Somarria Undurraga. Manuel Evolución del Código Civil Chileno. Bogotá.
Editorial Temis, 1973, págs. 266 y 267. Luís Claro Solar entre otros.
[28] Valencia Zea, Arturo. Derecho Civil Sucesiones. Tomo VI. Editorial
Temis. 1992.
[29] En este fallo, esta Corporación determinó que “El
sentenciador parece creer que los únicos aportes a una sociedad de hecho deben
ser dinero o bienes relevantes en el mercado, con lo cual descarta de plano el
denominado aporte de industria.  Seguramente por eso se abstuvo de
considerar por un momento siquiera si el trabajo doméstico de la concubina tuvo
o no significación económica suficiente para reconocerle, con todas sus
consecuencias, la calidad de socio.  El desconocimiento del trabajo
doméstico de la peticionaria involucrado en la amenaza de despojo, sin debido
proceso, del inmueble en que ella habita hoy  adquirido y mejorado
progresivamente, durante la unión de hecho y como fruto del esfuerzo conjunto
de los concubinos, viola abiertamente los derechos constitucionales de
igualdad, debido proceso y no discriminación en contra de la mujer”,. MP. Ciro
Angarita Barón.
[30] Cfr. Sentencias
C-174 de 1996, C-098 de 1996 y C-533 de 2000, entre otras.
[31] Sentencia C-239 de 1994. M. P. Jorge Arango Mejía
[32] M.P. Jorge Arango Mejía
[33] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[34] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[35] Cfr. Código Civil artículo 411 numeral
4°.
[36] Cfr. Código Civil art. 154 numerales
8° y 9°.
[37] M.P. Rodrigo Escobar Gil
[38] Cfr. Sentencia C-477 de 1999.
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[39] M.P. Carlos Gaviria.
[40] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[41] M.P. Clara Inés Vargas.
[42] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[43] M.P. María Victoria
Calle. En ese oportunidad se analizó una norma del Código Penal que excluía al
cónyuge y al compañero o compañera permanente entre las lista de familiares que
podía dar origen a la agravación de la pena por el delito de desaparición
forzada. Según se lee en el comunicado del pasado 23 de febrero “La Corte advirtió que al no encontrarse dentro de
esa lista, de conformidad con las definiciones del Código Civil, el o la
cónyuge ni el compañero o compañera permanente,  el legislador incurrió en
una omisión relativa contraria al derecho a la igualdad, por cuanto debían
recibir la misma protección de los parientes incluidos en la disposición legal,
atendiendo a la relación de cercanía, amor y cuidado y los vínculos jurídicos
que los unen como familia con la víctima indirecta y el hecho de que su
desaparición  forzada podría generar el mismo efecto nocivo que la norma
quiere prevenir, esto es, ataques indirectos contra ciertas personas, por razón
de la función que cumplen o su pertenencia a ciertos grupos marginados o
discriminados. De hecho, en el caso del o la cónyuge y del compañero o
compañera permanente, resulta inexplicable su exclusión dado que los lazos que
los unen pueden ser incluso más fuertes que los que los vinculan con algunos de
los parientes expresamente incluidos.”
[44] Cfr. sentencia C-1011 de 2008.
[45] Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala Civil.
Auto del 18 de junio de 2008. Expediente C-0500131100062004-00205-01.
M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar.
[46] Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala Civil.
Sentencia 268 de octubre de 2005, expediente 2000-00591-01.
[47] Demanda Pág. 57.
[48] M.P. Rodrigo Escobar
[49] Sobre si la
Corte reconoció sólo efectos patrimoniales y no todos los efectos civiles a
estas uniones, se pueden consultar las aclaraciones y salvamentos de voto a la
decisión en comento.
[50] En la sentencia T-856 de 2007 se aplica por
primera vez ese precedente en un caso concreto y se dejan de lado las
posiciones en contra que sobre el particular había tenido la
Corporación.
[51] M.P Clara Inés Vargas.
[52] Cfr. Carlos Nino. Fundamentos de Derecho Constitucional. Editorial
Astrea. 1992.
[53] Esta posición es defendida entre otros por autores como Ferreres
Comella,  Ignacio de Otto, Javier Pérez Royo y Manuel Aragón, quienes asumen
que hay un “indubio pro legislatore”, en el sentido que es a éste y no al juez
constitucional a quien le corresponde decidir sobre  aquellos asuntos como el
que aquí se analiza.
[54] Jeremy Waldron, citado por Victor Ferreres Comella en “Justicia
constitucional y Democracia”. Centro de Estudios Constitucionales. 2 edición.
2007, pag175.