C-022-21
Sentencia
C-022/21
Referencia: Expediente D-13.743
Demanda de inconstitucionalidad contra
la Ley 1996 de 2019 "Por medio de la cual se establece el régimen para
el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de
edad".
Magistrada
Sustanciadora
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá, D.C., cuatro (4) de
febrero de dos mi veintiuno (2021).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los
requisitos y trámites establecidos, en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
1.
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad establecida en los artículos 241 y 242 de la Constitución
Política, el ciudadano Edier Esteban Manco Pineda demandó la Ley 1996 de 2019 "Por
medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad
legal de las personas con discapacidad mayores de edad". La demanda fue radicada con el número D-13.743.
2.
La Sala Plena en
sesión del veintisiete (27) de mayo de dos mil veinte (2020), previo sorteo de
rigor remitió el asunto al Despacho de la suscrita Magistrada para impartir el
trámite correspondiente.[1]
3.
Mediante auto del 12 de junio de
2010, teniendo en cuenta lo establecido por la Sala Plena en el Auto 121 de
2020, la magistrada admitió el cargo formulado por el actor contra la
integralidad de la Ley 1996 de 2019 por desconocer presuntamente los
artículos 152 y 153 de la Constitución Política.
En este mismo auto el despacho
procedió a: (i) comunicar el presente proceso a la Presidencia de la
República, al Presidente del Senado, al Presidente de la Cámara de
Representantes del Congreso de la República, al Ministerio de Justicia y del
Derecho y al Ministerio de Salud y Protección Social, para que en el término
establecido en el artículo 11 del Decreto 2067 de 1991, expresaran lo que
estimaran conveniente; (ii) fijar en lista la norma acusada, por el
término de diez (10) días, con el fin de otorgar la oportunidad a todos los
ciudadanos de impugnarla o defenderla, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 7 del Decreto 2067 de 1991; (iii) invitar a la Defensoría
del Pueblo –Delegadas para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad e
Infancia, la Juventud y Adulto Mayor-, a PAIIS –
Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social,  a la Fundación
Saldarriaga Concha, al Instituto Nacional de Sordos – INSOR, al Instituto
Nacional para Ciegos – INCI, a las Facultades de Derecho de la Pontificia
Universidad Javeriana, Universidad Libre, la Universidad de Los Andes, la
Universidad del Rosario –Grupo de Acciones Públicas-, la Icesi de Cali –Grupo
de Acciones Públicas-, la Universidad del Norte, la Universidad de Antioquia,
la Universidad de Caldas y la Universidad del Cauca, para que, si
lo estimaban conveniente, intervinieran en
este proceso de constitucionalidad dentro del término de fijación en lista; y
finalmente, (vi) dar traslado de la presente demanda al señor Procurador
General de la Nación para que rindiera el concepto de su cargo en los términos
que le concede la ley (art. 7o. Decreto 2067 de 1991).
4.       A
continuación se transcribirá la norma cuyo cargo fue admitido por el despacho
sustanciador.
II.
NORMA DEMANDADA
LEY 1996 DE 2019
(agosto 26)
Diario Oficial No. 51.057 de 26 de agosto 2019
RAMA LEGISLATIVA – PODER PÚBLICO
Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de
la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 1o. OBJETO. La
presente ley tiene por objeto establecer medidas específicas para la garantía
del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad,
mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el
ejercicio de la misma.
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ARTÍCULO 2o. INTERPRETACIÓN NORMATIVA. La
presente ley debe interpretarse conforme a la Convención de Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los demás pactos,
convenios y convenciones internacionales sobre derechos humanos aprobados por
Colombia que integren el bloque de constitucionalidad y la Constitución
colombiana.
No
podrá restringirse o menoscabar ninguno de los derechos reconocidos y vigentes
en la legislación interna o en instrumentos internacionales, aduciendo que la
presente ley no los reconoce o los reconoce en menor grado.
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ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES. Para
efectos de la presente ley, se utilizarán las siguientes definiciones:
1.
Actos jurídicos. Es toda manifestación de la voluntad y preferencias de una
persona encaminada a producir efectos jurídicos.
2.
Actos jurídicos con apoyos. Son aquellos actos jurídicos que se realizan por la
persona titular del acto utilizando algún tipo de apoyo formal.
3.
Titular del acto jurídico. Es la persona, mayor de edad, cuya voluntad y
preferencias se manifiestan en un acto jurídico determinado.
4.
Apoyos. Los apoyos de los que trata la presente ley son tipos de asistencia que
se prestan a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su
capacidad legal. Esto puede incluir la asistencia en la comunicación, la
asistencia para la comprensión de actos jurídicos y sus consecuencias, y la
asistencia en la manifestación de la voluntad y preferencias personales.
5.
Apoyos formales. Son aquellos apoyos reconocidos por la presente ley, que han
sido formalizados por alguno de los procedimientos contemplados en la legislación
nacional, por medio de los cuales se facilita y garantiza el proceso de toma de
decisiones o el reconocimiento de una voluntad expresada de manera anticipada,
por parte del titular del acto jurídico determinado.
6.
Ajustes razonables. Son aquellas modificaciones y adaptaciones que no impongan
una carga desproporcionada o Indebida, cuando se requieran en un caso
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o
ejercicio, en igualdad de condiciones que las demás, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales.
7.
Valoración de apoyos. Es el proceso que se realiza, con base en estándares
técnicos, que tiene como finalidad determinar cuáles son los apoyos formales
que requiere una persona para tomar decisiones relacionadas con el ejercicio de
su capacidad legal.
8.
Comunicación. El concepto de comunicación se utilizará en la presente ley para
incluir sus distintas formas, incluyendo pero no limitado a, la lengua de señas
colombiana, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los
macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje
escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz
digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de
comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de
fácil acceso.
9.
Conflicto de interés. Situación en la cual un interés laboral, personal,
profesional, familiar o de negocios de una persona, puede llegar a afectar el
desempeño y/o las decisiones imparciales y objetivas de sus funciones.
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ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS. Los
siguientes principios guiarán la aplicación y la interpretación de la presente
ley, en concordancia con los demás principios establecidos en la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el fin de garantizar
la efectiva realización del derecho a la capacidad legal de las personas con
discapacidad.
1.
Dignidad. En todas las actuaciones se observará el respeto por la dignidad
inherente a la persona con discapacidad como ser humano.
2.
Autonomía. En todas las actuaciones se respetará el derecho de las personas a
autodeterminarse, a tomar sus propias decisiones, a equivocarse, a su
independencia y al libre desarrollo de la personalidad conforme a la voluntad,
deseos y preferencias propias, siempre y cuando estos, no sean contrarios a la
Constitución, a la ley, y a los reglamentos internos que rigen las entidades
públicas y privadas.
3.
Primacía de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico.
Los apoyos utilizados para celebrar un acto jurídico deberán siempre responder
a la voluntad y preferencias de la persona titular del mismo. En los casos en
los que, aun después de haber agotado todos los ajustes razonables disponibles,
no sea posible establecer la voluntad y preferencias de la persona de forma
inequívoca, se usará el criterio de la mejor interpretación de la voluntad, el
cual se establecerá con base en la trayectoria de vida de la persona, previas
manifestaciones de la voluntad y preferencias en otros contextos, información
con la que cuenten personas de confianza, la consideración de sus preferencias,
gustos e historia conocida, nuevas tecnologías disponibles en el tiempo, y
cualquier otra consideración pertinente para el caso concreto.
4.
No discriminación. En todas las actuaciones se observará un trato igualitario a
todas las personas sin discriminación por ningún motivo, incluyendo raza,
etnia, religión, credo, orientación sexual, género e identidad de género o
discapacidad.
5.
Accesibilidad. En todas las actuaciones, se identificarán y eliminarán aquellos
obstáculos y barreras que imposibiliten o dificulten el acceso a uno o varios
de los servicios y derechos consagrados en la presente ley.
6.
Igualdad de oportunidades. En todas las actuaciones se deberá buscar la
remoción de obstáculos o barreras que generen desigualdades de hecho que se
opongan al pleno disfrute de los derechos de las personas con discapacidad.
7.
Celeridad. Las personas que solicitan apoyos formales para tomar decisiones
jurídicamente vinculantes, tienen derecho a acceder a estos sin dilaciones
injustificadas, por lo que los trámites previstos en la presente ley deberán
tener una duración razonable y se observarán los términos procesales con
diligencia.
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ARTÍCULO 5o. CRITERIOS PARA ESTABLECER
SALVAGUARDIAS. Las
salvaguardias son todas aquellas medidas adecuadas y efectivas relativas al
ejercicio de la capacidad legal, usadas para impedir abusos y garantizar la
primacía de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico,
de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos.
Todas estas deberán regirse por los siguientes criterios:
1.
Necesidad. Habrá lugar a los apoyos solo en los casos en que la persona titular
del acto jurídico los solicite o, en los que, aun después de haber agotado todos
los ajustes razonables disponibles y medidas de apoyo, no sea posible
establecer de forma inequívoca la voluntad y preferencias de la persona titular
del acto jurídico.
2.
Correspondencia. Los apoyos que se presten para tomar decisiones deben
corresponder a las circunstancias específicas de cada persona.
3.
Duración. Los apoyos utilizados para celebrar un determinado acto jurídico
deberán ser instituidos por períodos de tiempo definidos y podrán ser
prorrogados dependiendo de las necesidades de la persona titular del mismo.
Ningún apoyo podrá establecerse por períodos superiores a los establecidos en
la presente ley.
4.
Imparcialidad. La persona o personas que presten apoyo para la realización de
actos jurídicos deben, en el ejercicio de sus funciones como apoyo, obrar de
manera ecuánime en relación con dichos actos. Ello implica, entre otras cosas,
que las personas que prestan apoyo deben actuar en congruencia con lo
establecido en el numeral 2 del artículo 4o de la presente ley, respetando siempre la
voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, con
independencia de si quien presta apoyo considera que debería actuar de otra
manera, respetando también el derecho a tomar riesgos y cometer errores. Así
mismo, las personas que prestan el apoyo no podrán influenciar indebidamente la
decisión. Se considera que hay influencia indebida cuando la calidad de la
interacción entre la persona que presta el apoyo y la que lo recibe presenta
señales de miedo, agresión, amenaza, engaño o manipulación.
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ARTÍCULO
6o. PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD. Todas las personas con
discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en
igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan
o no apoyos para la realización de actos jurídicos.
En
ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la
restricción de la capacidad de ejercicio de una persona.
La
presunción aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de las
personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral.
PARÁGRAFO. El
reconocimiento de la capacidad legal plena previsto en el presente artículo
aplicará, para las personas bajo medidas de interdicción o inhabilitación
anteriores a la promulgación de la presente ley, una vez se hayan surtido los
trámites señalados en el artículo 56 de la misma.
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ARTÍCULO 7o. NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES. Las
personas con discapacidad que no hayan alcanzado la mayoría de edad tendrán
derecho a los mismos apoyos consagrados en la presente ley para aquellos actos
jurídicos que la ley les permita realizar de manera autónoma y de conformidad
con el principio de autonomía progresiva, o en aquellos casos en los que debe
tenerse en cuenta la voluntad y preferencias del menor para el ejercicio digno
de la patria potestad.
CAPÍTULO II.
MECANISMOS PARA EL EJERCICIO DE LA
CAPACIDAD LEGAL Y PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS.
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ARTÍCULO 8o. AJUSTES RAZONABLES EN EL
EJERCICIO DE LA CAPACIDAD LEGAL. Todas las personas con
discapacidad, mayores de edad, tienen derecho a realizar actos jurídicos de
manera independiente y a contar con las modificaciones y adaptaciones
necesarias para realizar los mismos. La capacidad de realizar actos jurídicos
de manera independiente se presume.
La
necesidad de ajustes razonables para la comunicación y comprensión de la
información, no desestima la presunción de la capacidad para realizar actos
jurídicos de manera independiente.
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ARTÍCULO 9o. MECANISMOS PARA ESTABLECER
APOYOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS. Todas las
personas con discapacidad, mayores de edad, tienen derecho a realizar actos
jurídicos de manera independiente y a contar con apoyos para la realización de
los mismos.
Los
apoyos para la realización de actos jurídicos podrán ser establecidos por medio
de dos mecanismos:
1.
A través de la celebración de un acuerdo de apoyos entre la persona titular del
acto jurídico y las personas naturales mayores de edad o personas jurídicas que
prestarán apoyo en la celebración del mismo;
2.
A través de un proceso de jurisdicción voluntaria o verbal sumario, según sea
el caso, para la designación de apoyos, denominado proceso de adjudicación
judicial de apoyos.
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ARTÍCULO 10. DETERMINACIÓN DE LOS
APOYOS. La
naturaleza de los apoyos que la persona titular del acto jurídico desee
utilizar podrá establecerse mediante la declaración de voluntad de la persona
sobre sus necesidades de apoyo o a través de la realización de una valoración
de apoyos.
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ARTÍCULO 11. VALORACIÓN DE APOYOS. La
valoración de apoyos podrá ser realizada por entes públicos o privados, siempre
y cuando sigan los lineamientos y protocolos establecidos para este fin por el
ente rector de la Política Nacional de Discapacidad. Cualquier persona podrá
solicitar de manera gratuita el servicio de valoración de apoyos ante los entes
públicos que presten dicho servicio. En todo caso, el servicio de valoración de
apoyos deberán prestarlo, como mínimo, la Defensoría del Pueblo, la Personería,
los entes territoriales a través de las gobernaciones y de las alcaldías en el
caso de los distritos.
Los
entes públicos o privados solo serán responsables de prestar los servicios de
valoración de apoyos, y no serán responsables de proveer los apoyos derivados
de la valoración, ni deberán considerarse responsables por las decisiones que
las personas tomen, a partir de la o las valoraciones realizadas.
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ARTÍCULO 12. LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS
PARA LA REALIZACIÓN DE VALORACIÓN DE APOYOS. El Gobierno nacional, a
través del ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad, en un plazo no
superior a un (1) año contado a partir de la promulgación de la presente ley, y
previo concepto del Consejo Nacional de Discapacidad, expedirá los lineamientos
y el protocolo nacional para la realización de la valoración de apoyos,
referida en el artículo 11, los cuales deben actualizarse periódicamente.
Adicionalmente, aprobará y ejecutará un plan de capacitación sobre los mismos,
previo concepto del Consejo Nacional de Discapacidad, dirigido a las entidades
públicas encargadas de realizar valoraciones de apoyos.
PARÁGRAFO. Para la
construcción de estos lineamientos se contará con la participación de las
entidades a las que se refiere el artículo 11 de la presente ley y se garantizará la
participación de las organizaciones de y para personas con discapacidad.
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ARTÍCULO 13. REGLAMENTACIÓN DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VALORACIÓN DE APOYOS. El ente
rector del Sistema Nacional de Discapacidad, en un plazo no superior a
dieciocho (18) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley, y
previo concepto del Consejo Nacional de Discapacidad, reglamentará la prestación
de servicios de valoración de apoyos que realicen las entidades públicas y
privadas.
La
elaboración de la reglamentación deberá contar con la participación de las
entidades públicas que prestarán los servicios de valoración, así como de las
organizaciones de y para personas con discapacidad.
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ARTÍCULO 14. DEFENSOR PERSONAL. En los
casos en que la persona con discapacidad necesite apoyos, pero no tenga personas
de confianza a quién designar con este fin, el juez de familia designará un
defensor personal, de la Defensoría del Pueblo, que preste los apoyos
requeridos para la realización de los actos jurídicos que designe el titular.
CAPÍTULO III.
ACUERDOS DE APOYO PARA LA CELEBRACIÓN DE
ACTOS JURÍDICOS.
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ARTÍCULO 15. ACUERDOS DE APOYO. Los
acuerdos de apoyo son un mecanismo de apoyo formal por medio del cual una
persona, mayor de edad, formaliza la designación de la o las personas,
naturales o jurídicas, que le asistirán en la toma de decisiones respecto a uno
o más actos jurídicos determinados.
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ARTÍCULO 16. ACUERDOS DE APOYO POR
ESCRITURA PÚBLICA ANTE NOTARIO. Los acuerdos de apoyo deberán
constar en escritura pública suscrita por la persona titular del acto jurídico
y la o las personas naturales mayores de edad o jurídicas que actúen como
apoyos, conforme a las reglas contenidas en el Decreto número 960 de 1970 y aquellas normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan.
Previo
a la suscripción del acuerdo, el notario deberá entrevistarse por separado con
la persona titular del acto jurídico y verificar que el contenido del acuerdo
de apoyo se ajuste a su voluntad, preferencias y a la ley.
Es
obligación del notario garantizar la disponibilidad de los ajustes razonables
que puedan requerirse para la comunicación de la información relevante, así
como para satisfacer las demás necesidades particulares que la persona requiera
para permitir su accesibilidad.
Con
anterioridad a la suscripción del acuerdo, el notario deberá poner de presente
a la o las personas de apoyo las obligaciones legales que adquieren con la
persona titular del acto jurídico y dejar constancia de haberlo hecho.
PARÁGRAFO
1o. La
autorización de la escritura pública que contenga los acuerdos de apoyo
causará, por concepto de derechos notariales, la tarifa fijada para los actos
sin cuantía.
PARÁGRAFO
2o. El
Ministerio de Justicia y del Derecho, en un plazo no superior a un (1) año
contado a partir de la promulgación de la presente ley, diseñará e implementará
un plan de formación a notarías sobre el contenido de la presente ley y sus
obligaciones específicas en relación con los acuerdos de apoyo. Cumplido el
anterior plazo, el presente artículo entrará en vigencia.
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ARTÍCULO 17. ACUERDOS DE APOYO ANTE
CONCILIADORES EXTRAJUDICIALES EN DERECHO. Los acuerdos de apoyo
podrán realizarse ante los conciliadores extrajudiciales en derecho inscritos
en los centros de conciliación. Durante la conciliación, el conciliador deberá
entrevistarse por separado con la persona titular del acto y verificar que es
su voluntad suscribir el acuerdo de apoyos.
Es
obligación del centro de conciliación garantizar la disponibilidad de los
ajustes razonables que puedan requerirse para la comunicación de la información
relevante, así como para satisfacer las demás necesidades particulares que la
persona requiera para permitir su accesibilidad.
Durante
el trámite, el conciliador deberá poner de presente a la o las personas de
apoyo las obligaciones legales que adquieren con la persona titular del acto
jurídico y dejar constancia de haberlo hecho.
PARÁGRAFO. El
Ministerio de Justicia y del Derecho, en un plazo no superior a un (1) año
contado a partir de la promulgación de la presente ley, diseñará e implementará
un plan de formación a conciliadores extrajudiciales en derecho sobre el
contenido de la presente ley y sus obligaciones específicas en relación con los
acuerdos de apoyo. Cumplido el anterior plazo, el presente artículo entrará en
vigencia.
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ARTÍCULO 18. DURACIÓN DE LOS ACUERDOS DE
APOYO. Ningún
acuerdo de apoyo puede extenderse por un período superior a cinco (5) años,
pasados los cuales se deberá agotar de nuevo alguno de los procedimientos
previstos en la presente ley.
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ARTÍCULO 19. ACUERDOS DE APOYO COMO
REQUISITO DE VALIDEZ PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS. La persona
titular del acto jurídico que cuente con un acuerdo de apoyos vigente para la
celebración de determinados actos jurídicos, deberá utilizarlos, al momento de
la celebración de dichos actos jurídicos, como requisito de validez de los mismos.
En
consecuencia, si la persona titular del acto jurídico lleva a cabo los actos
jurídicos especificados por el acuerdo de apoyos, sin hacer uso de los apoyos
allí estipulados, ello será causal de nulidad relativa, conforme a las reglas
generales del régimen civil.
PARÁGRAFO. Lo
dispuesto en el presente artículo no puede interpretarse como una obligación
para la persona titular del acto jurídico, de actuar de acuerdo al criterio de
la persona o personas que prestan el apoyo. En concordancia con lo establecido
en el numeral 3 del artículo 4o de la presente ley, los apoyos deben respetar
siempre la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, así
como su derecho a tomar riesgos y a cometer errores.
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ARTÍCULO 20. TERMINACIÓN Y MODIFICACIÓN
DEL ACUERDO DE APOYOS. La persona titular del acto puede terminar de
manera unilateral un acuerdo de apoyos previamente celebrado en cualquier
momento, por medio de escritura pública o ante los conciliadores
extrajudiciales en derecho, dependiendo de la forma en que se haya formalizado
el acuerdo.
El
acuerdo de apoyo puede ser modificado por mutuo acuerdo entre las partes en
cualquier momento, por medio de escritura pública o ante los conciliadores
extrajudiciales en derecho y ante los servidores públicos a los que se refiere
el artículo 17 de la presente ley, dependiendo de la forma en
que se haya formalizado el acuerdo.
La
persona designada como apoyo deberá comunicar al titular del acto jurídico
todas aquellas circunstancias que puedan dar lugar a la modificación o
terminación del apoyo, o que le impidan cumplir con sus funciones.
PARÁGRAFO
1o. La
muerte de la persona titular del acto jurídico dará lugar a la terminación del
acuerdo de apoyos.
PARÁGRAFO
2o. La
muerte de la persona de apoyo dará lugar a la terminación del acuerdo de apoyos
o a su modificación cuando hubiese más de una persona de apoyo.
CAPÍTULO IV.
DIRECTIVAS ANTICIPADAS.
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ARTÍCULO 21. DIRECTIVAS ANTICIPADAS. Las
directivas anticipadas son una herramienta por medio de la cual una persona,
mayor de edad puede establecer la expresión fidedigna de voluntad y
preferencias en decisiones relativas a uno o varios actos jurídicos, con
antelación a los mismos. Estas decisiones pueden versar sobre asuntos de salud,
financieros o personales, entre otros actos encaminados a tener efectos
jurídicos.
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ARTÍCULO 22. SUSCRIPCIÓN DE LA DIRECTIVA
ANTICIPADA. La
directiva anticipada deberá suscribirse mediante escritura pública ante notario
o mediante acta de conciliación ante conciliadores extrajudiciales en derecho,
siguiendo el trámite señalado en los artículos 16 o 17 de la presente ley, según el caso, para ser
válida.
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ARTÍCULO 23. CONTENIDO DE LAS DIRECTIVAS
ANTICIPADAS. Las
directivas anticipadas deberán constar por escrito y contener, como mínimo, los
siguientes aspectos:
1.
Ciudad y fecha de expedición del documento.
2.
Identificación de la persona titular del acto jurídico que realiza la directiva
y, en caso de estar realizándola con personas de apoyo, la identificación de
las mismas.
3.
Si hay personas de apoyo colaborando con la creación del documento, se deberá
dejar constancia de haber discutido con el titular del acto jurídico las
consecuencias o implicaciones de los actos incluidos en las directivas para su
vida.
4.
La manifestación de voluntad de la persona titular del acto jurídico en la que
señale las decisiones anticipadas que busca formalizar.
5.
Firma de la persona titular del acto jurídico.
6.
Firma de la persona de apoyo o personas de apoyo designadas en la directiva
anticipada.
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ARTÍCULO 24. AJUSTES RAZONABLES
RELACIONADOS CON LAS DIRECTIVAS ANTICIPADAS. En caso de que la persona
titular del acto jurídico requiera ajustes razonables para la suscripción de la
directiva anticipada, será obligación del notario o del conciliador
extrajudicial en derecho, según sea el caso, realizar los ajustes razonables
necesarios.
PARÁGRAFO. Las
declaraciones de la o las directivas anticipadas podrán ser expresadas mediante
cualquier forma de comunicación, y podrá realizarse a través de videos o audios
y otros medios tecnológicos, así como a través de lenguajes alternativos de
comunicación que permitan establecer con claridad tanto el contenido de la
declaración como la autoría, siempre y cuando se realicen en presencia de
notario o conciliador extrajudicial en derecho y contengan los elementos de que
trata el artículo 23 de la presente ley. De ello se dejará la
respectiva constancia en un acta o se elevará a escritura pública, según sea el
caso, que sustenta la expresión de la directiva anticipada mediante esta clase
de medios. El documento que se levante cumplirá el requisito de constar por
escrito al que se refiere el artículo 23 de la presente ley.
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ARTÍCULO 25. PERSONAS DE APOYO EN
DIRECTIVAS ANTICIPADAS. Aquellas personas distintas a la persona
titular del acto que adquieran obligaciones de hacer en cumplimiento de la
voluntad y preferencias expresadas por medio de una directiva anticipada, y que
suscriban la misma, se entenderán como personas de apoyo y estarán sujetas a
las reglas de responsabilidad establecidas para estos efectos en la presente
ley.
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ARTÍCULO 26. OBLIGATORIEDAD DE LAS
DECISIONES EXPRESADAS POR MEDIO DE UNA DIRECTIVA ANTICIPADA. Las
decisiones expresadas con anterioridad al acto jurídico por medio de una
directiva anticipada son de obligatorio cumplimiento para las personas de apoyo
designadas a través de la directiva anticipada y que hayan asumido dicho cargo
conforme a las reglas del artículo 46 de la presente ley.
Las
decisiones expresadas a través de una directiva anticipada serán de obligatorio
cumplimiento para el tercero, siempre y cuando se trate de obligaciones de no
hacer que no sean contrarias a la ley, o cuando verse sobre procedimientos
médicos.
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ARTÍCULO 27. PREVALENCIA DE LA VOLUNTAD
POSTERIOR DE LA PERSONA TITULAR DEL ACTO. En todo caso, la
suscripción de una directiva anticipada no invalida la voluntad y preferencias
expresadas por la persona titular del acto con posterioridad a la suscripción
de la misma, salvo en aquellos casos en que en ella se estipule una cláusula de
voluntad perenne, la cual solo podrá ser anulada por los procedimientos
establecidos en el artículo 28 de la presente ley.
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ARTÍCULO 28. CLÁUSULA DE VOLUNTAD
PERENNE. La
persona titular del acto jurídico que realice una directiva anticipada podrá
incluir en la misma una cláusula de voluntad perenne, por medio de la cual
invalida de manera anticipada las declaraciones de voluntad y preferencias que
exprese con posterioridad a la suscripción de la directiva anticipada, siempre
que contradigan las decisiones establecidas en esta. Dicha cláusula podrá ser
modificada, sustituida o revocada conforme a las reglas establecidas en el
artículo 31 de la presente ley.
PARÁGRAFO. Este tipo
de cláusulas solo podrán ser obviadas en decisiones de salud.
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ARTÍCULO 29. PUBLICIDAD DE LA DIRECTIVA
ANTICIPADA. Cualquier
persona podrá allegar una copia u original de la directiva anticipada con el
fin de que sea tenida en cuenta por terceros con el fin de garantizar el
cumplimiento de las decisiones expresadas de manera anticipada en la misma.
Igualmente, podrá informar sobre la existencia de una directiva anticipada para
que los familiares o personas de apoyo puedan realizar los trámites pertinentes
y aportar copia u original de la misma ante terceros, de tal manera que se
garantice la voluntad y preferencias expresadas por la persona titular del acto
jurídico.
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ARTÍCULO 30. INCORPORACIÓN DE LA
DIRECTIVA ANTICIPADA EN LA HISTORIA CLÍNICA. Cuando la persona titular
del acto jurídico que suscriba una directiva anticipada lo desee, podrá
solicitar que se incorpore en la historia clínica una copia de la escritura
pública o acta de conciliación mediante la cual se constituyó la directiva
anticipada, como anexo de la historia clínica, con el fin de garantizar el
respeto de las decisiones establecidas en la misma, siempre que las decisiones
allí contenidas tengan relación con la atención en salud que decide o no
recibir.
PARÁGRAFO. El
Ministerio de Salud y Protección Social, o quien haga sus veces, reglamentará
el proceso de incorporación de las directivas anticipadas en la historia
clínica de las personas con discapacidad en un plazo no superior a un (1) año
contado a partir de la promulgación de la presente ley.
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ARTÍCULO 31. MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN Y
REVOCACIÓN. El
documento de directiva anticipada puede ser modificado, sustituido o revocado
en cualquier momento por quien lo suscribió, mediante el mismo trámite surtido
para su creación, señalando explícitamente la voluntad de modificar, sustituir
o revocar la directiva anticipada, según sea el caso, en los siguientes
términos:
1.
Modificación: El documento de directiva anticipada se entenderá modificado cuando
se cambie de manera parcial el contenido de este.
2.
Sustitución: El documento de directiva anticipada se entenderá sustituido
cuando se le prive de efectos al contenido original, otorgando efectos
jurídicos a uno nuevo en su lugar.
3.
Revocación: El documento de directiva anticipada se entenderá revocado cuando
la persona titular del acto manifieste su voluntad de dejar sin efectos del
contenido del mismo de manera definitiva.
CAPÍTULO V.
ADJUDICACIÓN JUDICIAL DE APOYOS.
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ARTÍCULO 32. ADJUDICACIÓN JUDICIAL DE
APOYOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS. Es el
proceso judicial por medio del cual se designan apoyos formales a una persona
con discapacidad, mayor de edad, para el ejercicio de su capacidad legal frente
a uno o varios actos jurídicos concretos.
La
adjudicación judicial de apoyos se adelantará por medio del procedimiento de
jurisdicción voluntaria, cuando sea promovido por la persona titular del acto
jurídico, de acuerdo con las reglas señaladas en el artículo 37 de la presente ley, ante el juez de familia
del domicilio de la persona titular del acto.
Excepcionalmente,
la adjudicación judicial de apoyos se tramitará por medio de un proceso verbal
sumario cuando sea promovido por persona distinta al titular del acto jurídico,
conforme a los requisitos señalados en el artículo 38 de la presente ley.
PARÁGRAFO. El Consejo
Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla, en un plazo no superior a un (1) año contado a partir de la expedición
de los lineamientos de valoración señalados en el artículo 12, diseñará e implementará un plan de formación a
jueces y juezas de familia sobre el contenido de la presente ley, sus
obligaciones específicas en relación con procesos de adjudicación judicial de
apoyos y sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
ARTÍCULO
33. VALORACIÓN DE APOYOS. En todo proceso de adjudicación judicial de
apoyos se contará con una valoración de apoyos sobre la persona titular del
acto jurídico. La valoración de apoyos deberá acreditar el nivel y grados de
apoyos que la persona requiere para decisiones determinadas y en un ámbito
específico al igual que las personas que conforman su red de apoyo y quiénes
podrán asistir en aquellas decisiones.
PARÁGRAFO. El Consejo
Superior de la Judicatura, en un plazo no superior a un (1) año a partir de la
expedición de los lineamientos de valoración señalados en el artículo 12,
diseñará e implementará un plan de formación al personal dispuesto para
conformar el equipo interdisciplinario de los juzgados de familia con el fin de
asesorar al juez respecto de la valoración de apoyos que se allegue al proceso
y velar por el cumplimiento de la Convención en la decisión final.
ARTÍCULO 34. CRITERIOS GENERALES PARA LA
ACTUACIÓN JUDICIAL. En
el proceso de adjudicación de apoyos, el juez de familia deberá tener presente,
además de lo dispuesto en la presente ley, los siguientes criterios:
1.
En los procesos de adjudicación judicial de apoyos se deberá tener en cuenta y
favorecer la voluntad y preferencias de la persona titular del acto frente al
tipo y la intensidad del apoyo para la celebración del mismo. La participación
de la persona en el proceso de adjudicación es indispensable, so pena de
nulidad del proceso, salvo las excepciones previstas en el artículo 38 de la ley.
2.
Se deberá tener en cuenta la relación de confianza entre la persona titular del
acto y la o las personas que serán designadas para prestar apoyo en la celebración
de los mismos.
3.
Se podrán adjudicar distintas personas de apoyo para distintos actos jurídicos
en el mismo proceso.
4.
La valoración de apoyos que se haga en el proceso deberá ser llevada a cabo de
acuerdo a las normas técnicas establecidas para ello.
5.
En todas las etapas de los procesos de adjudicación judicial de apoyos,
incluida la de presentación de la demanda, se deberá garantizar la
disponibilidad de los ajustes razonables que puedan requerirse para la
comunicación de la información relevante, así como para satisfacer las demás
necesidades particulares que la persona requiera para permitir su
accesibilidad.
ARTÍCULO 35. COMPETENCIA DE LOS JUECES
DE FAMILIA EN PRIMERA INSTANCIA EN LA ADJUDICACIÓN JUDICIAL DE APOYOS. Modifíquese
el numeral 7 contenido en el artículo 22 de la Ley 1564 de 2012, quedará así.
“Artículo 22. Competencia de
los jueces de familia en primera instancia. Los jueces de familia conocen, en
primera instancia, de los siguientes asuntos:
7.
De la adjudicación, modificación y terminación de apoyos adjudicados
judicialmente”.
ARTÍCULO 36. ADJUDICACIÓN DE APOYOS
SUJETO A TRÁMITE DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. Modifíquese el numeral 6
del artículo 577 de la Ley 1564 de 2012, así:
“Artículo 577. Asuntos sujetos
a su trámite. Se sujetarán al procedimiento de jurisdicción voluntaria los
siguientes casos:
6.
La adjudicación, modificación o terminación de apoyos en la toma de decisiones
promovido por la persona titular del acto jurídico”.
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ARTÍCULO 37. ADJUDICACIÓN DE APOYOS EN
LA TOMA DE DECISIONES PROMOVIDO POR LA PERSONA TITULAR DEL ACTO JURÍDICO. El
artículo 586 de la Ley 1564 de 2012 quedará así:
“Artículo 586. Adjudicación de apoyos en la toma de decisiones
promovido por la persona titular del acto jurídico. Para la adjudicación de
apoyos promovida por la persona titular del acto jurídico, se observarán las
siguientes reglas:
1.
En la demanda que eleve la persona titular del acto jurídico deberá constar su
voluntad expresa de solicitar apoyos en la toma de decisiones para la
celebración de uno o más actos jurídicos en concreto.
2.
En la demanda se podrá anexar la valoración de apoyos realizada al titular del
acto jurídico por parte de una entidad pública o privada.
3.
En caso de que la persona no anexe una valoración de apoyos o cuando el juez
considere que el informe de valoración de apoyos aportado por la persona
titular del acto jurídico es insuficiente para establecer apoyos para la
realización del acto o actos jurídicos para los que se inició el proceso, el
Juez podrá solicitar una nueva valoración de apoyos u oficiar a los entes
públicos encargados de realizarlas, en concordancia con el artículo 11 de la presente ley.
4.
En todo caso, como mínimo, el informe de valoración de apoyos deberá consignar:
a)
Los apoyos que la persona requiere para la comunicación y la toma de decisiones
en los aspectos que la persona considere relevantes.
b)
Los ajustes procesales y razonables que la persona requiera para participar
activamente del proceso.
c)
Las sugerencias frente a mecanismos que permitan desarrollar las capacidades de
la persona en relación con la toma de decisiones para alcanzar mayor autonomía
en las mismas.
d)
Las personas que pueden actuar como apoyo en la toma de decisiones de la
persona, para cada aspecto relevante de su vida, y en especial, para la
realización de los actos jurídicos por los cuales se inició el proceso.
e)
Un informe general sobre el proyecto de vida de la persona.
5.
En el auto admisorio de la demanda se ordenará notificar a las personas que
hayan sido identificadas como personas de apoyo en la demanda.
6.
Recibido el Informe de valoración de apoyos, el Juez, dentro de los cinco (5)
días siguientes, correrá traslado del mismo, por un término de diez (10) días a
las personas involucradas en el proceso y al Ministerio Público.
7.
Una vez corrido el traslado, el Juez decretará las pruebas que considere
necesarias y convocará a audiencia para escuchar a la persona titular del acto
jurídico, a las personas citadas en el auto admisorio y para practicar las
demás pruebas decretadas, en concordancia con el artículo 34 de la presente ley.
8.
Vencido el término probatorio, se dictará sentencia en la que deberá constar:
a)
El acto o actos jurídicos delimitados por la sentencia que requieren el apoyo
solicitado.
b)
La individualización de la o las personas designadas como apoyo.
c)
La delimitación de las funciones de la o las personas designadas como apoyo.
d)
Los programas de acompañamiento a las familias cuando sean pertinentes y las
demás medidas que se consideren necesarias para asegurar la autonomía y respeto
a la voluntad y preferencias de la persona.
e)
En ningún caso el Juez podrá pronunciarse sobre la necesidad de apoyos para la
realización de actos jurídicos sobre los que no verse el proceso.
f)
Las salvaguardias destinadas a evitar y asegurar que no existan los conflictos
de interés o influencia indebida del apoyo sobre la persona.
9.
Se reconocerá la función de apoyo de las personas designadas para ello. Si la
persona designada como apoyo presenta dentro de los siguientes cinco (5) días
excusa, se niega a ser designado como apoyo, o alega inhabilidad, se tramitará
incidente para decidir sobre el mismo”.
ARTÍCULO 38. ADJUDICACIÓN DE APOYOS PARA
LA TOMA DE DECISIONES PROMOVIDA POR PERSONA DISTINTA AL TITULAR DEL ACTO
JURÍDICO. El
artículo 396 de la Ley 1564 de 2012 quedará así:
“Artículo 396. En el proceso de adjudicación de
apoyos para la toma de decisiones promovido por persona distinta al titular del
acto jurídico se observarán las siguientes reglas:
1.
La demanda solo podrá interponerse en beneficio exclusivo de la persona con
discapacidad. Esto se demostrará mediante la prueba de las circunstancias que
justifican la interposición de la demanda, es decir que a) la persona titular
del acto jurídico se encuentra absolutamente imposibilitada para manifestar su
voluntad y preferencias por cualquier medio, modo y formato de comunicación
posible, y b) que la persona con discapacidad se encuentre imposibilitada de
ejercer su capacidad legal y esto conlleve a la vulneración o amenaza de sus
derechos por parte de un tercero.
2.
En la demanda se podrá anexar la valoración de apoyos realizada al titular del
acto jurídico por parte de una entidad pública o privada.
3.
En caso de que la persona no anexe una valoración de apoyos o cuando el juez
considere que el informe de valoración de apoyos aportado por el demandante es
insuficiente para establecer apoyos para la realización del acto o actos
jurídicos para los que se inició el proceso, el Juez podrá solicitar una nueva
valoración de apoyos u oficiar a los entes públicos encargados de realizarlas,
en concordancia con el artículo 11 de la presente ley.
4.
El informe de valoración de apoyos deberá consignar, como mínimo:
a)
La verificación que permita concluir que la persona titular del acto jurídico
se encuentra imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias por
cualquier medio, modo y formato de comunicación posible.
b)
Las sugerencias frente a mecanismos que permitan desarrollar las capacidades de
la persona en relación con la toma de decisiones para alcanzar mayor autonomía
en las mismas.
c)
Las personas que pueden actuar como apoyo en la toma de decisiones de la
persona frente al acto o actos jurídicos concretos que son objeto del proceso.
d)
Un informe general sobre la mejor interpretación de la voluntad y preferencias
de la persona titular del acto jurídico que deberá tener en consideración,
entre otros aspectos, el proyecto de vida de la persona, sus actitudes,
argumentos, actuaciones anteriores, opiniones, creencias y las formas de
comunicación verbales y no verbales de la persona titular del acto jurídico.
5.
Antes de la audiencia inicial, se ordenará notificar a las personas
identificadas en la demanda y en el informe de valoración de apoyos como
personas de apoyo.
6.
Recibido el informe de valoración de apoyos, el Juez, dentro de los cinco (5)
días siguientes, correrá traslado del mismo, por un término de diez (10) días a
las personas involucradas en el proceso y al Ministerio Público.
7.
Una vez corrido el traslado, el Juez decretará las pruebas que considere
necesarias y convocará a audiencia para practicar las demás pruebas decretadas,
en concordancia con el artículo 34 de la presente ley.
8.
Vencido el término probatorio, se dictará sentencia en la que deberá constar:
a)
El acto o actos jurídicos delimitados que requieren el apoyo solicitado. En
ningún caso el Juez podrá pronunciarse sobre la necesidad de apoyos para la
realización de actos jurídicos sobre los que no verse el proceso.
b)
La individualización de la o las personas designadas como apoyo.
c)
Las salvaguardias destinadas a evitar y asegurar que no existan los conflictos
de interés o influencia indebida del apoyo sobre la persona.
d)
La delimitación de las funciones y la naturaleza del rol de apoyo.
e)
La duración de los apoyos a prestarse de la o las personas que han sido
designadas como tal.
f)
Los programas de acompañamiento a las familias cuando sean pertinentes y las
demás medidas que se consideren necesarias para asegurar la autonomía y respeto
a la voluntad y preferencias de la persona.
9.
Se reconocerá la función de apoyo de las personas designadas para ello. Si la
persona designada como apoyo presenta dentro de los siguientes cinco (5) días
excusa, se niega a aceptar sus obligaciones o alega inhabilidad, se tramitará
incidente para decidir sobre el mismo”.
ARTÍCULO 39. VALIDEZ DE LOS ACTOS
ESTABLECIDOS EN LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN DE APOYOS. La persona
titular del acto jurídico que tenga una sentencia de adjudicación de apoyos
ejecutoriada para la celebración de determinados actos jurídicos deberá
utilizar los apoyos allí estipulados en el momento de la celebración de dichos
actos jurídicos como requisito de validez de los mismos.
En
consecuencia, si la persona titular del acto jurídico lleva a cabo los actos
jurídicos especificados en la sentencia de adjudicación de apoyos sin utilizar
los apoyos allí estipulados, dichos actos jurídicos serán sancionables con
nulidad relativa.
PARÁGRAFO. Lo
dispuesto en el presente artículo no puede interpretarse como una obligación
para la persona titular del acto jurídico, de actuar de acuerdo al criterio de
la persona o personas que prestan el apoyo. En concordancia con lo establecido
en los numerales 2 y 3 del artículo 4o de la presente ley, los apoyos deben respetar
siempre la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, así
como su derecho a tomar riesgos y a cometer errores.
ARTÍCULO
40. PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. El Ministerio Público
tendrá la obligación de velar por los derechos de las personas con discapacidad
en el curso de los procesos de adjudicación judicial de apoyos y supervisará el
efectivo cumplimiento de la sentencia de adjudicación de apoyos.
ARTÍCULO 41. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE
LOS APOYOS ADJUDICADOS JUDICIALMENTE. Al término de cada año desde la
ejecutoria de la sentencia de adjudicación de apoyos, la persona o personas de
apoyo deberán realizar un balance en el cual se exhibirá a la persona titular
de los actos ejecutados y al Juez:
1.
El tipo de apoyo que prestó en los actos jurídicos en los cuales tuvo
injerencia.
2.
Las razones que motivaron la forma en que prestó el apoyo, con especial énfasis
en cómo estas representaban la voluntad y preferencias de la persona.
3.
La persistencia de una relación de confianza entre la persona de apoyo y el
titular del acto jurídico.
PARÁGRAFO. Quienes
estén interesados en ser citados a participar de la gestión de apoyos deberán
informar al Juez a más tardar diez (10) días hábiles antes del cierre del año
del que trata el inciso anterior, a efectos de que el Juez les comunique la
fecha de la audiencia. El no solicitar oportunamente la convocatoria, releva al
Juez de la carga de citar al o a las personas interesadas, lo que no impide su
participación en la audiencia.
ARTÍCULO
42. MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN DE LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN JUDICIAL DE
APOYOS. El
artículo 587 de la Ley 1564 de 2012 quedará así:
“Artículo 587. Modificación y
terminación de la adjudicación de apoyos. En cualquier momento, podrán
solicitar la modificación o terminación de los apoyos adjudicados:
a.
La persona titular del acto jurídico;
b.
La persona distinta que haya promovido el proceso de adjudicación judicial y
que demuestre interés legítimo podrá solicitar;
c.
La persona designada como apoyo, cuando medie justa causa;
d.
El juez de oficio.
El
Juez deberá notificar de ello a las personas designadas como apoyo y a la
persona titular del acto, si es del caso, y correrá traslado de la solicitud
por diez (10) días para que estas se pronuncien al respecto.
En
caso de no presentarse oposición, el Juez modificará o terminará la
adjudicación de apoyos, conforme a la solicitud”.
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ARTÍCULO 43. UNIDAD DE ACTUACIONES Y
EXPEDIENTES. Cualquier
actuación judicial relacionada con personas a quienes se les haya adjudicado
apoyos será de competencia del Juez que haya conocido del proceso de
adjudicación de apoyos.
Cada
despacho contará con un archivo de expedientes inactivos sobre las personas a
quienes se les haya adjudicado apoyos en la toma de decisiones del cual se
pueden retomar las diligencias, cuando estas se requieran. En el evento de
requerirse el envío al archivo general, estos expedientes se conservarán en una
sección especial que permita su desarchivo a requerimiento del juzgado.
PARÁGRAFO. El
expediente de quienes hayan terminado la adjudicación de apoyos, que no haya
tenido movimiento en un lapso superior a dos (2) años, podrá ser remitido al
archivo general. Un nuevo proceso de adjudicación de apoyos con posterioridad
hará necesario abrir un nuevo expediente.
También
será causa de archivo general la muerte de la persona.
CAPÍTULO VI.
PERSONAS DE APOYO.
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ARTÍCULO 44. REQUISITOS PARA SER PERSONA
DE APOYO. Para
asumir el cargo de persona de apoyo se requiere:
1.
Ser una persona natural mayor de edad o una persona jurídica.
2.
Cuando la designación derive de un acuerdo de apoyos o una directiva
anticipada, la simple suscripción y el agotamiento de las formalidades del
mismo, cuando sean del caso, implicará que el cargo de persona de apoyo ha sido
asumido.
3.
Cuando la designación derive de un proceso de adjudicación de apoyos, la
posesión se hará ante el juez que hace la designación.
ARTÍCULO 45. INHABILIDADES PARA SER
PERSONA DE APOYO. Son
causales de inhabilidad para asumir el cargo de persona de apoyo las
siguientes:
1.
La existencia de un litigio pendiente entre la persona titular del acto
jurídico y la persona designada como apoyo.
2.
La existencia de conflictos de interés entre la persona titular del acto
jurídico y la persona designada como apoyo.
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ARTÍCULO 46. OBLIGACIONES DE LAS
PERSONAS DE APOYO. Las
personas de apoyo tienen las siguientes obligaciones:
1.
Guiar sus actuaciones como apoyo conforme a la voluntad y preferencias de la
persona titular del acto.
2.
Actuar de manera diligente, honesta y de buena fe conforme a los principios de
la presente Ley.
3.
Mantener y conservar una relación de confianza con la persona a quien presta
apoyo.
4.
Mantener la confidencialidad de la información personal de la persona a quien
presta apoyo.
5.
Las demás que le sean asignadas judicialmente o acordadas entre la persona
titular del acto y la persona de apoyo.
6.
Comunicar al juez y al titular del acto jurídico todas aquellas circunstancias
que puedan dar lugar a la modificación o terminación del apoyo, o que le
impidan cumplir con sus funciones.
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ARTÍCULO 47. ACCIONES DE LAS PERSONAS DE
APOYO. Entre
las acciones que pueden adelantar las personas de apoyo para la celebración de
actos jurídicos están los siguientes, sin perjuicio de que se establezcan otros
adicionales según las necesidades y preferencias de cada persona:
1.
Facilitar la manifestación de la voluntad y preferencias de la o el titular del
acto jurídico para la realización del mismo, habiendo discutido con la persona
las consecuencias o implicaciones de sus actos.
2.
Facilitar la comprensión de un determinado acto jurídico a su titular.
3.
Representar a la persona en determinado acto jurídico.
4.
Interpretar de la mejor manera la voluntad y las preferencias de la persona
titular del acto jurídico, en los casos en que esta se encuentre absolutamente
imposibilitada para interactuar con su entorno por cualquier medio.
5.
Honrar la voluntad y las preferencias de la o el titular del acto jurídico,
establecida a través de una directiva anticipada.
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ARTÍCULO 48. REPRESENTACIÓN DE LA
PERSONA TITULAR DEL ACTO. La persona de apoyo representará a la persona
titular del acto solo en aquellos casos en donde exista un mandato expreso de
la persona titular para efectuar uno o varios actos jurídicos en su nombre y
representación.
En
los casos en que no haya este mandato expreso y se hayan adjudicado apoyos por
vía judicial, la persona de apoyo deberá solicitar autorización del juez para
actuar en representación de la persona titular del acto, siempre que se cumpla
con los siguientes requisitos:
1.
Que el titular del acto se encuentre absolutamente imposibilitado para
manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio, modo y formato de
comunicación posible; y,
2.
Que la persona de apoyo demuestre que el acto jurídico a celebrar refleja la
mejor interpretación de la voluntad y preferencias de la persona titular del
acto.
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ARTÍCULO 49. FORMAS DE APOYO QUE NO
IMPLICAN REPRESENTACIÓN. Las personas de apoyo podrán llevar a cabo las
siguientes acciones, siempre y cuando estén contempladas en el acuerdo de
apoyos, en la directiva anticipada o en la sentencia de adjudicación de apoyos,
sin que las mismas impliquen actos de representación:
1.
Asistir y hacer recomendaciones a la persona titular del acto en relación con
el acto jurídico a celebrar.
2.
Interpretar la expresión de voluntad y preferencias de la persona titular del
acto jurídico en la realización del mismo.
3.
Cualquier otra forma de apoyo que se establezca por medio del acuerdo de
apoyos, la directiva anticipada o en la sentencia de adjudicación de apoyos.
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ARTÍCULO 50. RESPONSABILIDAD DE LAS
PERSONAS DE APOYO. La
responsabilidad de las personas de apoyo, frente a sus funciones como apoyo,
será individual solo cuando en su actuar hayan contravenido los mandatos de la
presente ley, las demás normas civiles y comerciales vigentes en Colombia, o
hayan ido en contravía manifiesta de las indicaciones convenidas en los
acuerdos de apoyo, las directivas anticipadas o la sentencia de apoyos, y por
ello se hayan causado daños al titular del acto jurídico o frente a terceros.
Las
personas de apoyo no serán responsables por los daños personales o financieros
de la persona titular del acto jurídico siempre y cuando hayan actuado conforme
a la voluntad y preferencias de la persona.
CAPÍTULO VII.
ACTOS JURÍDICOS SUJETOS A REGISTRO.
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ARTÍCULO 51. ACTOS JURÍDICOS QUE
INVOLUCREN BIENES SUJETOS A REGISTRO. Para efectos de publicidad a
terceros, los actos jurídicos que involucren bienes sujetos a registro deberán
contar con una anotación de que el acto en cuestión fue realizado utilizando
apoyos, independientemente del mecanismo para la celebración de apoyos que se
utilice.
CAPÍTULO VIII.
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.
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ARTÍCULO 52. VIGENCIA. Las
disposiciones establecidas en esta ley entrarán en vigencia desde su
promulgación, con excepción de aquellos artículos que establezcan un plazo para
su implementación y los artículos contenidos en el Capítulo V de la presente
ley, los cuales entrarán en vigencia veinticuatro (24) meses después de la
promulgación de la presente ley.
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ARTÍCULO
53. PROHIBICIÓN DE INTERDICCIÓN. Queda prohibido iniciar procesos
de interdicción o inhabilitación, o solicitar la sentencia de interdicción o
inhabilitación para dar inicio a cualquier trámite público o privado a partir
de la promulgación de la presente ley.
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ARTÍCULO 54. PROCESO DE ADJUDICACIÓN
JUDICIAL DE APOYOS TRANSITORIO. Hasta tanto entren en vigencia los
artículos contenidos en el Capítulo V de la presente ley, el juez de familia
del domicilio de la persona titular del acto jurídico puede determinar de
manera excepcional los apoyos necesarios para una persona mayor de edad cuando
se encuentre absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad y
preferencias por cualquier medio, siempre que sea necesario para garantizar el
ejercicio y la protección de los derechos de la persona titular del acto.
El
proceso de adjudicación judicial de apoyos transitorio será promovido por una
persona con interés legítimo y que acredite una relación de confianza con la
persona titular del acto.
El
juez, por medio de un proceso verbal sumario, determinará la persona o personas
de apoyo que asistirán a la persona titular del acto jurídico, teniendo en
cuenta la relación de confianza, amistad, parentesco o convivencia entre estos
y la persona titular. La sentencia de adjudicación de apoyos fijará el alcance
de los apoyos teniendo en cuenta las normas establecidas en la presente ley, al
igual que el plazo del mismo, el cual no podrá superar la fecha final del
periodo de transición.
La
persona titular del acto jurídico podrá oponerse a la adjudicación judicial de
apoyos en cualquier momento del proceso.
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ARTÍCULO 55. PROCESOS DE INTERDICCIÓN O
INHABILITACIÓN EN CURSO. Aquellos procesos de interdicción o
inhabilitación que se hayan iniciado con anterioridad a la promulgación de la presente
ley deberán ser suspendidos de forma inmediata. El juez podrá decretar, de
manera excepcional, el levantamiento de la suspensión y la aplicación de
medidas cautelares, nominadas o innominadas, cuando lo considere pertinente
para garantizar la protección y disfrute de los derechos patrimoniales de la
persona con discapacidad.
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ARTÍCULO 56. PROCESO DE REVISIÓN DE
INTERDICCIÓN O INHABILITACIÓN. En un plazo no superior a treinta
y seis (36) meses contados a partir de la entrada en vigencia del Capítulo V de
la presente ley, los jueces de familia que hayan adelantado procesos de
interdicción o inhabilitación deberán citar de oficio a las personas que cuenten
con sentencia de interdicción o inhabilitación anterior a la promulgación de la
presente ley, al igual que a las personas designadas como curadores o
consejeros, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de
la adjudicación judicial de apoyos.
En
este mismo plazo, las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación
podrán solicitar la revisión de su situación jurídica directamente ante el juez
de familia que adelantó el proceso de Interdicción o inhabilitación. Recibida
la solicitud, el juez citará a la persona bajo medida de interdicción o
inhabilitación, al igual que a las personas designadas como curadores o
consejeros, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de
la adjudicación judicial de apoyos.
En
ambos casos, el juez de familia determinará si las personas bajo medida de
interdicción o inhabilitación requieren la adjudicación judicial de apoyos, de
acuerdo a:
1.
La voluntad y preferencias de las personas bajo medida de interdicción o
inhabilitación, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 de la
presente ley. Por lo anterior, la participación de estas personas en el proceso
de adjudicación judicial de apoyos es indispensable so pena de la nulidad del
proceso, salvo las excepciones previstas en la presente ley.
2.
El informe de valoración de apoyos, que deberá ser aportado al juzgado por
cualquiera de los citados a comparecer según lo dispuesto en el presente
artículo, en el plazo que el juez disponga, y en todo caso, antes de la fecha
señalada para comparecer ante el juzgado. En caso de que los citados a
comparecer aporten más de un informe de valoración de apoyos, el juez deberá
tener en consideración el informe más favorable para la autonomía e
independencia de la persona, de acuerdo a la primacía de su voluntad y
preferencias, así como las demás condiciones establecidas en el artículo 13 de la presente ley.
El
informe de valoración de apoyos deberá consignar, como mínimo:
a)
La verificación que permita concluir, cuando sea el caso, que aún después de
haber agotado todos los ajustes razonables y apoyos técnicos disponibles, la
persona bajo medida de interdicción o inhabilitación se encuentra
imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio
posible.
b)
Los apoyos que la persona requiere para la comunicación y la toma de decisiones
en su vida diaria; o en lo relacionado al manejo financiero, salud y demás
aspectos relevantes, en caso de que la persona se encuentre imposibilitada para
manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio.
c)
Los ajustes que la persona requiera para participar activamente en el proceso.
d)
Las sugerencias frente a mecanismos que permitan desarrollar las capacidades de
la persona en relación con la toma de decisiones para alcanzar mayor autonomía
e independencia en las mismas.
e)
Las personas que han fungido o pueden fungir como apoyo en la toma de
decisiones de la persona, para cada aspecto relevante de su vida.
f)
Un informe sobre el proyecto de vida de la persona.
g)
La aprobación de la valoración de apoyos por parte de la persona bajo medida de
interdicción o inhabilidad. En aquellos casos en que la persona bajo medida de
interdicción o inhabilidad se encuentre imposibilitada para manifestar su
voluntad y preferencias por cualquier medio posible, le corresponderá al juez
aprobar dicha valoración de apoyos.
3.
La relación de confianza entre las personas bajo medida de interdicción o
inhabilidad y la o las personas que serán designadas para prestar apoyo en la
celebración de actos jurídicos.
4.
Las demás pruebas que el juez estime conveniente decretar.
5.
Una vez vencido el término para la práctica de pruebas, el juez escuchará a los
citados y verificará si tienen alguna objeción. Posteriormente, el juez
procederá a dictar sentencia de adjudicación judicial de apoyos, la cual
deberá:
a)
Hacer claridad frente a la adjudicación de apoyos en relación con los distintos
tipos de actos jurídicos.
b)
Designar la o las personas de apoyo y sus respectivas funciones para asegurar
el respeto a la voluntad y preferencias de la persona.
c)
Oficiar a la Oficina de Registro del Estado Civil para que anule la sentencia
de interdicción o inhabilitación del registro civil.
d)
Emitir sentencia en lectura fácil para la persona con discapacidad inmersa en
el proceso, explicando lo resuelto.
e)
Ordenar la notificación al público por aviso que se insertará una vez por lo
menos en un diario de amplia circulación nacional, señalado por el juez.
f)
Ordenar los programas de acompañamiento a las familias, en el caso de que
resulten pertinentes.
g)
Disponer las demás medidas que el juez considere necesarias para asegurar la
autonomía y respeto a la voluntad y preferencias de la persona, en particular
aquellas relacionadas con el manejo de patrimonio que se hubiesen establecido
en la sentencia de interdicción sujeta a revisión.
PARÁGRAFO
1o. En
caso de que el juez considere que las personas bajo medida de interdicción o
inhabilitación no requieren de la adjudicación judicial de apoyos, la sentencia
deberá consignar esta determinación y los motivos que la fundamentan. Asimismo,
oficiará a la Oficina de Registro del Estado civil para que anule la sentencia
de interdicción o inhabilitación del registro civil correspondiente. Una vez la
sentencia se encuentre en firme, las personas quedarán habilitadas para acceder
a cualquiera de los mecanismos de apoyo contemplados en la presente ley.
PARÁGRAFO
2o. Las
personas bajo medida de interdicción o inhabilitación anterior a la
promulgación de la presente Ley, se entenderán como personas con capacidad
legal plena cuando la sentencia del proceso de revisión de la interdicción o de
la inhabilitación quede ejecutoriada.
CAPÍTULO IX.
DEROGATORIAS, MODIFICACIONES Y
DISPOSICIONES FINALES.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019_pr001.html
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ARTÍCULO 57. modifíquese
el artículo 1504 del Código Civil, que quedará así:
“Artículo 1504. Incapacidad
absoluta y relativa. Son absolutamente incapaces los impúberes. Sus actos no
producen ni aún obligaciones naturales, y no admiten caución. Son también
incapaces los menores púberes. Pero la incapacidad de estas personas no es
absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo
ciertos respectos determinados por las leyes. Además de estas incapacidades hay
otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a
ciertas personas para ejecutar ciertos actos”.
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ARTÍCULO 58. Modifíquese
el artículo 784 del Código Civil, que quedará así:
“Artículo 784. Incapaces
poseedores. Los que no pueden administrar libremente lo suyo no necesitan de
autorización alguna para adquirir la posesión de una cosa mueble, con tal que
concurran en ello la voluntad y la aprehensión material o legal; pero no pueden
ejercer los derechos de poseedores, sino con la autorización que competa. Los
infantes son incapaces de adquirir por su voluntad la posesión, sea para sí
mismos, o para otros”.
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ARTÍCULO 59. Modifíquese
el ordinal 2 contenido en el artículo 62 del Código Civil, que quedará así:
“2. Por el tutor o
curador que ejerciere la guarda sobre menores de edad no sometidos a patria
potestad”.
Modifíquese
el inciso 1 del artículo 68 de la Ley 1564 de 2012, que quedará así:
“Artículo 68. Sucesión
procesal. Fallecido un litigante o declarado ausente, el proceso continuará con
el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el
correspondiente curador”.
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ARTÍCULO 60. Modifíquese
el artículo 2346 del Código Civil, que quedará así:
“Artículo 2346. Responsabilidad
por daños causados por impúberes. Los menores de 12 años no son capaces de
cometer delito o culpa; pero de los daños por ellos causados serán responsables
las personas a cuyo cargo estén dichos menores, si a tales personas pudieren
imputárseles negligencia”.
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ARTÍCULO 61. DEROGATORIAS. Quedan
derogados los numerales 5 y 6 contenidos en el artículo 22 de la Ley 1564 de 2012; el ordinal 3 del
artículo 127, el ordinal 2 del artículo 1061 y el ordinal 3 del artículo 1068
de la Ley 57 de 1887; los artículos 1o a 48, 50 a 52, 55, 64 y 90 de la Ley 1306 de 2009, el artículo 6o de la Ley 1412 de 2010; el inciso 1 del
artículo 210 del Código General del Proceso; el parágrafo 1
del artículo 36 de la Ley 1098 de 2006 y las demás normas que
sean contrarias a esta ley.
ARTÍCULO
62. El
Gobierno nacional, en un plazo máximo de cuatro (4) meses contados a partir de
la vigencia de la presente ley, deberá emitir los decretos reglamentarios con
el fin de cumplir las medidas ordenadas en el artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 que permitan garantizar
el derecho al trabajo de las personas con discapacidad.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019_pr001.html
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ARTÍCULO 63. VIGENCIA. La
presente ley rige a partir de su promulgación”.
III.
DEMANDA
5.       El ciudadano Edier Esteban Manco Pineda afirma que la Ley 1996 de 2019 es
inconstitucional al no haber sido aprobada como ley estatutaria conforme a los
artículos 14, 152 y 153 de la Constitución Política. Desarrolla los siguientes
argumentos.
5.1.    El ciudadano argumenta que la Ley 1996 de
2019 regula integralmente derechos fundamentales de sujetos de especial
protección constitucional, y en ese orden, debió ser tramitada por el
legislador como una Ley Estatutaria, observándose para ello todos los requisitos
dispuestos en los artículos 152 y 153 de la Constitución Política. Afirma que
la ley atacada fue tramitada y aprobada como ley ordinaria sin respetarse los
dispuesto en el literal a) del artículo 152. Manifiesta que el derecho
fundamental al reconocimiento a la personalidad jurídica, concretamente, el ejercicio
de la capacidad jurídica de las personas en condiciones de discapacidad es un
contenido que debe regularse a través de una ley estatutaria, con el objeto de
que cumpla con garantías de mayor rigor constitucional, como lo son la
aprobación con mayoría absoluta de los miembros del Congreso y el control
automático de la Corte Constitucional.
5.2.    El actor expresa que cada uno de los
títulos dispuestos en la Ley 1996 de 2019 demuestra con claridad que se trata
de la regulación del ejercicio de un derecho fundamental (capacidad jurídica de
las personas con discapacidad) y de la regulación de los mecanismos y
procedimientos a través de los cuales se puede ejercer el derecho a la
personalidad jurídica. En palabras del demandante, la Ley 1996 “(…) detalla, con precisión, cada uno de los aspectos básicos del o de los mismo, desde lo más
simple, hasta lo más detallado, desde los
principios, la forma de ejercer la personalidad y/o capacidad jurídica, hasta los procedimientos para su protección. Incluso
es una ley que modifica
desde el artículo 61 lo
relativo a la interdicción del Código General del Proceso”.[2]
5.3.    El actor solicita a la Corte declarar la
inexequibilidad la totalidad de la Ley
1996 de 2019 por no haber sido aprobada por el procedimiento adecuado dispuesto
en la Constitución Política.
IV.
INTERVENCIONES
6.
En el proceso de la referencia se recibieron 19 intervenciones de
distintas entidades, tanto estatales, privadas e internacionales en calidad de amicus
curiae, así como de ciudadanos independientes. Para su consulta detallada
se pueden revisar en el Anexo I a esta sentencia.
Interviniente
Argumentos
Solicitud
Ministerio de Educación Nacional – Instituto Nacional para
Sordos
Falta de especificidad y suficiencia.
No se identificaron los contenidos de la Ley ni las razones por
las cuales deben tramitarse por ley estatutaria.
La Ley no se refiere al núcleo fundamental del derecho a la
capacidad legal.
Inhibición
Exequible
Ministerio de Salud y Protección Social
Ausencia de razones claras, ciertas, pertinentes y suficientes.
No se regula de forma absoluta, integral o completa del derecho
fundamental a la personalidad jurídica
Inhibición
Exequible
Defensoría del Pueblo
Ausencia de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y
suficiencia.
Las materias que regula la ley no hacen parte del núcleo
esencial del derecho a la personalidad jurídica, sino solo un atributo
concreto frente a una población específica.
Inhibición
Exequible
Ministerio de Justicia
No regula de forma integral un derecho fundamental, solo
establece los mecanismos que facilitan su ejercicio.
Exequible
Laboratorio de Derechos Económicos Sociales y Culturales
No expone razones suficientes.
La Ley regula las acciones afirmativas, los ajustes razonables y
los apoyos necesario para permitir el ejercicio del derecho a la capacidad
jurídica. (C-035 de 2015).
Exequible
Inexequibilidad diferida
Cristián Fernando Aponte
La norma acusada no regula ni trata aspectos sobre
el núcleo esencial del derecho fundamental a la personalidad jurídica
contenido en el artículo 14 constitucional, más bien, entiéndase que la
capacidad legal que regula la ley es uno de los atributos de la personalidad
jurídica, y para el caso particular, trata sobre las personas en situación de
discapacidad que son mayores de edad
Exequible
María Alejandra Suárez Saldarriaga
La Ley regula un aspecto esencial para el ejercicio de la
capacidad legal y establece de manera exhaustiva los
procedimientos, recursos, medios, asistencia, instrumentos judiciales y extra
judiciales para proteger el derecho fundamental del ejercicio de la capacidad
legal
Inexequible
Instituto JO Clemente de Brasil
Desarrolla argumentos generales sobre el contenido de la Ley
1996 de 2019. No se refiere al cargo sobre reserva de ley estatutaria.
Exequible
Secretaria
General del Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental de Argentina
Desarrolla argumentos generales sobre el contenido de la Ley
1996 de 2019. No se refiere al cargo sobre reserva de ley estatutaria.
Exequible
Universidad
Autónoma de Bucaramanga – Clínica Jurídica e Interés Público y Derechos
Humanos
La Ley no afecta los elementos esenciales y estructurales del
derecho fundamental a la personalidad jurídica.
Inhibición
Exequible
Programa
de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social - PAIIS
La demanda no desarrolla el contenido del derecho fundamental ni
los requisitos jurisprudenciales sobre la reserva de ley estatutaria.
La ley siguió el trámite legislativo adecuado porque no pretendía
regular exhaustivamente el derecho fundamental a la personalidad jurídica. El
objeto de la ley es armonizar la ley interna con los estándares
internacionales CDPD
Inhibición
Exequible
Red
Vallecaucana de Organizaciones de y para personas con discapacidad – Redis Valle
La Ley 1996 de 2019 no regula de manera detallada y general un
derecho fundamental.
Exequible
Grupo
de Acciones Públicas – Universidad Icesi
Ausencia de especificidad y suficiencia del cargo formulado.
Declarar inconstitucional la totalidad de la Ley 1996 de 2019,
es una medida regresiva.
Los contenidos de la ley no cumplen con los requisitos para la
reserva de ley estatutaria.
Inhibición
Exequible
Fundación
MEEM
Desarrolla argumentos generales sobre el contenido de la Ley
1996 de 2019.
Exequible
Grupo de Acciones Públicas – Universidad del Rosario
Ausencia de suficiencia y especificidad.
La Ley no restringe un derecho, ni tampoco lo regula
exhaustivamente.
Inhibición
Exequible
Federación
de Discapacidad del Valle
Desarrolla argumentos generales sobre el contenido de la Ley
1996 de 2019. No regula el núcleo de un derecho fundamental.
Exequible.
Clínica
Jurídica de Derechos Humanos e Interés Público – Universidad de Ibagué
La Ley 1996 no regula asuntos estructurales, ni tampoco de forma
detallada y completa un derecho fundamental.
Exequible
Instituto
Colombiano de Derecho Procesal
Ausencia de razones ciertas, pertinentes, específicas y
suficientes de la demanda.
Las modificaciones de los códigos con competencia del legislador
ordinario. La reserva de ley estatutaria es restrictiva.  La Ley 1996 no
regula el núcleo esencial del derecho a la personalidad jurídica.
Inhibición
Exequible
Juanita
Goebertus – Representante a la Cámara
Ausencia de especificidad y suficiencia del cargo presentado en
la demanda.
La Ley 1996 establece unos
mecanismos para levantar las barreras que pueden enfrentar las personas con
discapacidad para ejercer su derecho a la capacidad legal, en ese orden de
ideas, no regula de manera exhaustiva el ejercicio del derecho a la
personalidad jurídica.
Inhibición
Exequible
V.     CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
7.       El Ministerio Público solicitó a la Corte
Constitucional declararse inhibida para fallar de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda. Asimismo, pidió que,
en caso de proferir una sentencia de fondo, se declare exequible la Ley 1996 de
2019.
Por
un lado, manifestó que la demanda no cumplió con los requisitos de
especificidad y suficiencia, puesto que se basó en la formulación de un cargo
genérico de inconstitucionalidad, sin exponer las razones específicas por las
cuales cada norma en concreto, específicamente, su contenido material, debía
tramitarse como ley estatutaria.
Por
otro lado, consideró que tampoco se satisficieron los requisitos de claridad,
certeza y pertinencia, al haber asumido que la Ley 1996 de 2019 reguló de
manera integral, completa y sistemática el derecho fundamental consagrado en el
artículo 14 de la Constitución Política. A su parecer, se aludió
indistintamente al “derecho fundamental a la capacidad jurídica”, como
uno de los atributos de la personalidad, y al “derecho fundamental de la
autonomía personal, personalidad jurídica y/o capacidad plena”, sin haber
logrado explicar de manera clara y comprensible el concepto de violación
propuesto.
Por
el contrario, en su opinión, el objeto de la ley demandada es limitado, pues
con aquella normatividad se buscó “establecer un régimen para el ejercicio
de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad, que sea
armónico con los distintos marcos normativos elaborados a partir de una
comprensión específica de la discapacidad con fundamento en la cual se exige,
de tiempo atrás, una regulación consistente”[3].
Explicó
que, de admitirse que la Ley 1996 de 2019 regula un derecho fundamental, se
debería tener en cuenta que lo habría hecho de manera restringida, al no haber
incorporado los distintos aspectos fijados en todas las disposiciones
aplicables; “[e]ntre ellas, la CDPD y su ley aprobatoria (Ley 1346 de 2009),
sin mencionar las normas relativas al reconocimiento de la personalidad y de la
capacidad jurídica”[4].
Con
fundamento en lo anterior, consideró que la Corte Constitucional debía
declararse inhibida para pronunciarse de fondo.
Ahora
bien, en caso de que la Corte decidiera entrar a estudiar el tema de fondo,
aseveró que el problema jurídico a estudiar debía ser el siguiente: “¿El
trámite y la expedición de la Ley 1996 de 2019, ‘Por medio de la cual se
establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas
con discapacidad mayores de edad’, desconoció los artículos 14, 152, y 153 de
la Constitución Política, porque se aprobó como una ley ordinaria y no como una
ley estatutaria?”[5].
Al respecto, afirmó que, al aplicar el criterio de interpretación restrictivo,
se ponía en evidencia que el trámite y la expedición de la Ley 1996 de 2019 no
desconocieron los artículos 14, 152 y 153 de la Constitución Política; sino
que, por el contrario, observó la regla general que se mantiene en favor del
Legislador ordinario.
VI. COMPETENCIA
1.  La Corte
Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en virtud del
numeral 4º del artículo 241 de la Carta Política.
Cuestiones previas
2.       El demandante presentó solo un cargo dirigido contra la Ley 1996
de 2019, según el cual la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y
los mecanismos de apoyo a través de los cuales se regula su ejercicio, es una
materia que debe ser regulada por una ley estatutaria (art. 152 y 153 de la
CP), en virtud de que se trata de un asunto integral y esencial de un derecho
fundamental.
3.       La mayoría de los intervinientes solicitaron a la Corte que se
declare inhibida para fallar por ausencia de cumplimiento de los requisitos
para la presentación de la demanda. Concretamente, insistieron que el cargo
formulado por el actor no cumple con los requisitos de suficiencia y
especificidad ya que, (i) los argumentos son abstractos y generales y no
desarrolla el contenido de del derecho fundamental a la personalidad jurídica
(art. 14 CP), (ii) no explica y desarrolla cuáles de los requisitos de la
jurisprudencia relacionados con la reserva de ley estatutaria que fueron
desconocidos por el legislador y (iii) se limita a afirmar que la Ley 1996 de
2019 regula todo lo concerniente al ejercicio de la capacidad jurídica de las
personas en condiciones de discapacidad, pero no explica cuál es su núcleo
esencial y la regulación estructural que se hace.
Subsidiariamente, pidieron a
la Corte que la Ley 1996 de 2019 sea declarada constitucional, en la medida en
que la norma no regula de manera completa y detallada el derecho fundamental a
la personalidad jurídica, ni tampoco restringe o limita el ejercicio del
derecho a la capacidad jurídica, sino todo lo contrario, su pretensión es
eliminar obstáculos para que las personas con discapacidad puedan participar de
la realización de actos jurídicos de forma directa e independiente.
3.1. La minoría de las
intervenciones coadyuvaron a los planteamientos del ciudadano demandante.
4.       Con sustento en lo anterior, la Sala Plena procederá primero a
evaluar la aptitud de la demanda y el cargo formulado por el ciudadano, toda
vez que la mayoría de los intervinientes presentaron preocupaciones sobre la
ausencia de razones claras, ciertas, suficientes, específicas y pertinentes.
Una vez agotado este análisis preliminar, la Sala desarrollará unas
consideraciones generales relacionadas con el concepto y alcance de la cláusula
constitucional sobre la reserva de ley estatutaria, con el fin de analizar el
cargo de inconstitucionalidad propuesto.
Aptitud del cargo formulado
en la demanda relacionado con la reserva de ley estatutaria. Reiteración
jurisprudencial.
5.  El
artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 establece los requisitos que deben observarse
en la formulación de una demanda de inconstitucionalidad.[6]
Concretamente las acciones de constitucionalidad requieren tres elementos
fundamentales: “(1) debe referir con precisión el objeto demandado, (2)
el concepto de la violación y (3) la razón por la cual la Corte es
competente para conocer del asunto” (art. 2, Decreto 2067 de 1991).[7]
El primero de estos elementos (el
objeto demandado) exige el deber del ciudadano de indicar inequívocamente
la norma o apartes de la norma que a su juicio considera son contrarios al
ordenamiento constitucional.[8] Este requisito incluye revisar, por
ejemplo, la vigencia de la norma que se ataca, la eventual presencia de una
cosa juzgada y la necesidad de identificar una proposición jurídica completa o
realizar la integración de la unidad normativa de ser procedente. Estos dos
últimos asuntos serán analizados por esta providencia más adelante.
El segundo de estos elementos (el
concepto de la violación), debe observar, a su vez, tres condiciones
mínimas: (i) “el señalamiento de las normas constitucionales que consideren
infringidas “(art. 2, num.2, Decreto 2067 de 1991); (ii) “la exposición
del contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las
normas demandadas”[9] y (iii) exponer las razones
por las cuales las disposiciones normativas demandadas violan la Constitución,
las cuales deberán ser, al menos, “claras, ciertas, específicas, pertinentes
y suficientes”.[10]
Dichas características, que debe reunir
el concepto de violación, formulado por quien demanda la norma, fueron
definidas por la Corte. En cuanto al requisito de la claridad, indicó
esta Corporación, que el mismo se refiere a la existencia de un hilo conductor
en la argumentación, que permita al lector la comprensión del contenido en su
demanda.[11] La
condición de certeza, por su lado, exige al actor presentar
cargos contra una proposición jurídica real, existente y que tenga conexión con
el texto de la norma acusada, y no una simple deducción del demandante.[12] La
exigencia de especificidad hace alusión a que el demandante debe
formular, al menos, un cargo constitucional concreto y directamente relacionado
con las disposiciones que se acusan, pues exponer motivos vagos o
indeterminados impediría un juicio de constitucionalidad.[13] En cuanto a la
pertinencia, la Corte ha establecido que la misma se relaciona con la
existencia de reproches basados en la confrontación del contenido de una norma
superior con aquel de la disposición demandada, por lo cual no puede tratarse
de argumentos de orden legal o doctrinario, o de puntos de vista subjetivos del
accionante.[14] Con respecto a la suficiencia, ésta
guarda relación con la exposición de los elementos de juicio necesarios para
llevar a cabo un juicio de constitucionalidad y con el empleo de argumentos que
despierten una duda mínima sobre la constitucionalidad de la disposición
atacada, logrando así que la demanda tenga un alcance persuasivo.[15]
6.  La Sala Plena considera que la demanda es apta para
ser estudiada de fondo, toda vez que, a diferencia de lo que afirman varios de
los intervinientes, se cumple todos los requisitos exigidos por el Decreto 2067
de 1991 y la jurisprudencia, como se expondrá a continuación.
6.1.    En primer lugar, el demandante identificó
con claridad el objeto de la demanda, al señalar que la Ley 1996 de 2019 debió
ser tramitada conforme a los requisitos constitucionales dispuestos para las
leyes estatutarias, en razón a que “(…) regula de manera exhaustiva el
derecho fundamental a la capacidad jurídica y sus mecanismos de protección de
las personas en situación de discapacidad mayores de edad por una ley
ordinaria”.[16]
Igualmente precisó los contenidos constitucionales que considera vulnerados, y
que, según el demandante, se trata de contenidos que deben ser regulados a
través de una ley de mayor jerarquía como lo son las leyes estatutarias. Sobre
este punto desarrolla el derecho fundamental a la personalidad jurídica
establecido en el artículo 14 de la Constitución.
6.2.
En segundo lugar, aunado
a lo anterior, el actor señaló las normas constitucionales que considera
infringidas: el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, artículo
14 y las materias y el trámite legislativo de las leyes estatutarias, artículos
152 y 153, respectivamente).
6.3.
En tercer lugar, el
ciudadano presentó los contenidos normativos de las disposiciones
constitucionales, así como expuso razones por las cuales la Ley 1996 de 2019
desconoce la Constitución Política al no haberse tramitado bajo los
lineamientos de una ley estatutaria.
6.4.
En línea con lo
anterior, la demanda expone razones claras y ciertas. En efecto, el demandante desarrolló una argumentación
comprensible sobre lo que él estima contrario a la Constitución. Al respecto,
argumentó que la Ley 1996 de 2019 debió obedecer a los procedimientos
especiales de una ley estatutaria en la medida en que regula todo lo
relacionado con el contenido y alcance del derecho fundamental a la capacidad
jurídica de las personas en condiciones de discapacidad. De tal forma, según el
demandante, al establecerse todo lo concerniente al núcleo esencial del
ejercicio de un derecho, la Ley 1996 debía haber sido tramitada y aprobada con
las reglas especiales de una ley estatutaria. Con base en lo anterior, se evidencia que el demandante desarrolla una
argumentación clara, en la medida en que tienen un hilo conductor y explica
tanto los contenidos de la Constitución que considera vulnerados, como los
contenidos de la Ley 1996, para demostrar que debió haber sido aprobada a
través de un trámite de ley estatutaria. Así, también, los cargos con ciertos,
en razón a que el actor demanda una norma vigente y concreta sobre la cual
expone una vulneración constitucional específica.
6.5.
Del mismo modo, las razones que expone el demandante generan una mínima
duda sobre la constitucionalidad de la Ley 1996 de 2019, y por tanto, el cargo
cuenta con razones específicas y suficientes. La Sala Plena encuentra que los
argumentos expuestos por el ciudadano para fundamentar el cargo sobre el
desconocimiento de la ley estatutaria cumplen con los requisitos de
especificidad y suficiencia, toda vez que, por una parte, el ciudadano formuló un cargo concreto
contra una norma de rango legal que se encuentra vigente y lo contrastó con el
contenido constitucional. Por otra parte, en el escrito de la demanda el actor
describe algunos de los contenidos objeto de regulación de la Ley 1996 de 2019
para demostrar que “regula
de manera completa y exhaustiva el derecho fundamental a la
autonomía personal, personalidad jurídica y/o
a la capacidad plena, mediante una ley ordinaria, es decir, una ley que no es
la adecuada constitucionalmente para contener
el peso del o los derechos
fundamentales antes
citados y los mecanismos para su protección”.[17]
Adicionalmente, el
demandante explicó por qué el ejercicio de la capacidad jurídica de las
personas en condiciones de discapacidad, a su juicio, debió ser regulado a
través de una ley de rango estatutario.
Es cierto, como
lo argumentaron algunos intervinientes, que el ciudadano no propuso un artículo
concreto, sino planteó el cargo de desconocimiento de la reserva de ley
estatutaria sobre todo del cuerpo normativo. Esto no es razón suficiente para
inadmitir el cargo, dado que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
admitido y estudiado de fondo demandas presentadas contra la integralidad de
leyes por el mismo cargo que hoy se formula.
Al respecto, la Corte ha estudiado de
fondo varias demandas que se han presentado de forma global contra una ley por
considerarse violatoria de la reserva de ley estatutaria (C-145 de 1994, C-055
de 1995, C-247 de 1995, C-374 de 1997, C-193 de 1994, C-035 de 2015). Por
ejemplo, en la sentencia C-035 de 2015[18],
los demandantes plantearon un cargo de reserva de ley estatutaria contra toda la
Ley 1680 de 2013 “Por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja
visión, el acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a
las tecnologías de la información y de las comunicaciones”.[19] Consideraron que los
asuntos que regula tienen una relación directa e inescindible con el derecho a
la igualdad del artículo 13 de la Constitución. En aquella oportunidad, la Sala
Plena señaló que el cargo específico y suficiente y analizó de fondo el cargo
contra toda la ley.[20] Como
puede verse aquella normativa regulaba un asunto específico -acceso a la información
y comunicación de las personas con discapacidad visual- y no diferentes
materias.
La Corte también recordó en esta
providencia que el principio pro actione implica que “(…) el examen
de los requisitos adjetivos de la demanda de constitucionalidad no debe ser
sometido a un escrutinio excesivamente riguroso y que debe preferirse una
decisión de fondo antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la
efectividad de los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso
judicial efectivo ante la Corte. Este principio tiene en cuenta que la acción
de inconstitucionalidad es de carácter público, es decir abierta a todos los
ciudadanos, por lo que no exige acreditar la condición de abogado; en tal
medida, ‘el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la
demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que
haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse
a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo.”[21]
De manera que la presentación “global”
de la demanda por el cargo por presunto desconocimiento de la cláusula del
artículo 152 de la Constitución, no es razón suficiente para inadmitir este
tipo de reclamos. Además, la Ley 1996 de 2019 regula contenidos todos
relacionados con el derecho a la capacidad jurídica, de manera que no se trata
de un cuerpo normativo con asuntos de diferente naturaleza o temáticas, sobre
los cuales se deba exigir al ciudadano precisar cuáles son aquellos que alega
como derechos fundamentales, por ejemplo. La Corte en sentencia C-260 de 2016, [22] o más reciente en la sentencia C-465 de
2020,[23] resolvió
inhibirse ante demandas de inconstitucionalidad que formularon como cargos la
violación de la reserva de ley estatutaria contra la integralidad de leyes (Ley
1765 de 2015 y Ley 1098 de 2006, respectivamente) que regulan asuntos de todo
tipo y desde distintas perspectivas. En estos casos, es claro que el actor
tiene una carga adicional y es precisar qué normas específicamente cumplen con
las condiciones para ser consideradas bajo reserva de ley estatutaria según las
relaciones con el derecho fundamental.
De esa forma, lo que se debe examinar
son las razones que expone el demandante sobre el y los contenidos de la misma
ley que ataca y su relación con las materias que deben aprobarse bajo los
lineamientos más rigurosos que exige una ley estatutaria.
6.6.
Finalmente, la Sala Plena considera que la
demanda también expone razones pertinentes para sustentar el cargo, pues el reproche se sustenta en el contenido de normas de
carácter superior, como los son los artículos 14, 152 y 153 de la Constitución,
invoca jurisprudencia
constitucional sobre el contenido del derecho a la personalidad jurídica, y
todo ello, lo contrasta con la Ley 1996. De esa forma, se evidencia que el
ciudadano no acude a opiniones personales o doctrinales abstractas, sino
argumentos de naturaleza constitucional.
6.7.
En cuanto a los
argumentos de algunos intervinientes que afirmaron que el actor había omitido
explicar los requisitos que se exigen jurisprudencialmente para establecer si
una ley que regula materias de derechos fundamentales, debe ser tramitada como
ley estatutaria,[24]
la Sala estima que el actor sí mencionó dentro de sus argumentos al menos dos
de estos requisitos, como lo son, la intervención del núcleo esencial de un
derecho fundamental y la regulación “integral y exhaustiva” del derecho
a la capacidad jurídica de las personas en condiciones de discapacidad.
Ahora bien, exigirle al ciudadano
realizar el juicio riguroso sobre la procedencia de la reserva de ley
estatutaria es una carga que no le corresponde, y en cambio, en el escrito de
la demanda se advierten razones que la Sala estima suficientes para generar una
mínima duda sobre la presunta inconstitucionalidad de la Ley 1996 de 2019 por
el cargo formulado. Recuérdese que la acción de inconstitucionalidad es de
naturaleza pública y que el principio pro actione exige al juez
constitucional no someter a un “escrutinio excesivamente riguroso” el
examen de los requisitos de la demanda y preferir “una decisión de fondo
antes que una inhibitoria”,[25] de tal
forma que se garantice la participación ciudadana en asuntos constitucionales,
así como el acceso a un recurso judicial efectivo.
6.8.
Con todo lo anterior,
se observa que la demanda cumple con los requisitos mínimos para ser admitida y
analizada de fondo por la Corte Constitucional.
VII.
Problemas jurídicos y consideraciones de la Corte
7.       Una vez establecida la aptitud de la
demanda objeto de análisis, la Sala procederá a establecer si la Ley 1996 de
2019 fue tramitada en desconocimiento de la reserva de ley estatutaria
dispuesta en los artículos 152 y 153 de la Constitución Política, en tanto,
según el actor, regula integralmente un derecho fundamental, como lo es el
ejercicio de la capacidad jurídica de las personas mayores de edad en
condiciones de discapacidad. Para dar respuesta a este interrogante, se
estudiará la jurisprudencia constitucional que ha desarrollado el concepto y
alcance de la reserva de ley estatutaria, y luego, desde el análisis del
derecho fundamental objeto de regulación, establecer si se cumple con los
requisitos jurisprudenciales de la reserva de ley estatutaria.
Cláusula de reserva de leyes
estatutarias en materia de derechos fundamentales (literal a del artículo 152
CP). Reiteración jurisprudencial.
8.       La jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha desarrollado una jurisprudencia constante y pacífica
relacionada con el contenido y alcance de la reserva de ley estatutaria.[26] El constituyente consagró un sistema
normativo jerárquico que supone varias categorías de leyes que se distinguen
del tipo de materias que regulan y del trámite legislativo que debe agotarse.[27] En el caso de las leyes estatutarias,
se eligieron materias que son de relevancia constitucional, cuya estabilidad es
trascendental,[28] y sobre las cuales se requiere un
debate democrático más exigente, y por tanto, se contempló un trámite de
aprobación riguroso.[29] En palabras de la Corte:
“La Constitución Política de 1991 introdujo la
modalidad de las leyes estatutarias para regular algunas materias respecto de
las cuales quiso el Constituyente dar cabida al establecimiento de conjuntos
normativos armónicos e integrales, caracterizados por una mayor estabilidad que
la de las leyes ordinarias, por un nivel superior respecto de éstas, por una
más exigente tramitación y por la certeza inicial y plena acerca de su
constitucionalidad.
La propia Carta ha diferenciado esta clase de leyes
no solamente por los especiales asuntos de los cuales se ocupan y por su
jerarquía, sino por el trámite agravado que su aprobación, modificación o
derogación demandan (…)”[30]
9.
El
artículo 152 de la Constitución establece que “mediante leyes estatutarias,
el Congreso regulará las siguientes materias: a) derechos
y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su
protección; b) administración de justicia; c) organización y régimen de los
partidos y movimientos políticos; estatuto de la oposición y funciones
electorales; d) instituciones y mecanismos de participación ciudadana; e)
estados de excepción; f) la igualdad electoral entre los candidatos a la
Presidencia de la República que reúnan los requisitos que determine la ley (…)”.[31]
En la misma línea, el artículo 153 establece los requisitos mínimos para el
trámite y la aprobación de este tipo de leyes: (i) “la aprobación,
modificación o derogación (…) exigirá la mayoría absoluta de los miembros del
Congreso”; (ii) “deberá efectuarse dentro de una sola legislatura” y
(iii) el trámite comprende la revisión previa de la Corte Constitucional.[32]
10.
En
lo relacionado con el literal (a) del artículo 152, es decir, los “derechos
y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su
protección”, la Corte ha establecido que es una norma de interpretación
restrictiva y de aplicación excepcional, toda vez que no puede vaciarse la
facultad del legislador ordinario.[33]
Al recordar las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, la Corte
recordó que “las leyes estatutarias sobre derechos
fundamentales tienen por objeto desarrollarlos y complementarlos. Esto no supone
que toda regulación en la cual se toquen aspectos relativos a un derecho
fundamental deba hacerse por vía de ley estatutaria”.[34]
Del mismo modo, ha señalado que este tipo de leyes no fueron creadas en el
ordenamiento “con el fin de regular en forma exhaustiva y casuística todo
evento ligado a los derechos fundamentales”.[35]
11.
Conforme
a lo anterior, la Corte empezó a desarrollar ciertos criterios que muestran
cuándo una materia relacionada con derechos fundamentales debe ser regulada a
través de una ley estatutaria, so pena de ser inconstitucional por un vicio de
competencia.[36]
Afirmó que los asuntos objeto de regulación estatutaria no dependen de la
denominación que le dé el legislador al cuerpo normativo, sino a su contenido
material. Señaló que la exigencia del trámite de ley estatutaria “debe
entenderse limitada a los contenidos más cercanos al núcleo esencial de ese
derecho”,
pues en realidad “toda la legislación de manera más o menos lejana, se
encuentra vinculada con los derechos fundamentales”.[37]
De esa forma, la interpretación de cuándo una materia debe ser regulada vía ley
estatutaria debe ser restrictiva y excepcional:
“(…)
en razón a la amplitud de temas que recoge la reserva de ley estatutaria, la
jurisprudencia ha sido uniforme en establecer que la misma debe
interpretarse de forma restrictiva. De lo contrario, se vaciaría de competencia
al Legislador ordinario. Este criterio cobra particular relevancia en el ámbito
de la regulación de los derechos y deberes fundamentales, pues es evidente que
toda norma se refiere directa o indirectamente al ejercicio o restricción de un
derecho fundamental. Así, este Tribunal ha enfatizado en que no todo evento ligado a los derechos fundamentales debe ser
tramitado mediante ley estatutaria. Igualmente, que la identificación del
trámite al que está sujeta la norma se hace a partir del contenido material de
las disposiciones y no de su identificación formal”.[38]
12.
Así,
por ejemplo, la Corte aseguró que si una norma legal “contiene cláusulas que afecten, restrinjan, limiten o condicionen el
núcleo esencial de derechos fundamentales, el trámite de ley estatutaria no
puede evadirse”.[39] En
el caso de las materias que se regulan a través de Códigos, se ha señalado que,
sin duda, varios de ellos regulan asuntos de derechos fundamentales, tales como
el Código Penal, el Código Civil, el Código de la Infancia y la adolescencia;
sin embargo, la misma Carta autoriza al Congreso para expedir por vía ordinaria
toda clase de estatutos que, por regla general, son leyes ordinarias.[40] De ese modo, tan solo deberán
regularse por ley estatutaria aquellas disposiciones que afecten el núcleo
esencial de un derecho fundamental, como pasó en la sentencia C-620 de 2001,[41] en la cual la Corte resolvió que
la acción de habeas corpus debía ser tramitada a través de una ley estatutaria,
por tanto, declaró inconstitucional las disposiciones de la Ley 600 de 2000 que
la regulaban, y lo demás lo dejó incólume.[42]
13.
Sobre
el concepto del “núcleo esencial” de un derecho fundamental, la Corte lo
ha entendido como “(…) aquellas facultades o posibilidades de
actuación necesarias para que el derecho sea reconocible como pertinente al
tipo descrito, sin las cuales el derecho se desnaturalizaría. Igualmente, se ha
dicho que el núcleo esencial se refiere a los intereses jurídicamente
protegidos como núcleo y médula del derecho. Se puede entonces hablar de una
esencialidad del contenido del derecho, para hacer referencia a aquella parte
del contenido del mismo que es absolutamente necesaria para que los intereses
jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta
y efectivamente protegidos. De ese modo, se rebasa o se desconoce el contenido
esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen
impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la
necesaria protección”.[43]
La Corte también ha establecido que se
desarrollan aspectos importantes del núcleo esencial de un derecho fundamental
cuando se desarrollan los principios básicos que rigen su ejercicio y “la
definición de las prerrogativas básicas que se desprenden del derecho para los
titulares y que se convierten en obligaciones para los sujetos pasivos”.[44]
14.
De
esa forma, cuando el legislador asume la tarea de regular de manera “integral,
estructural o completa (…) un
tema de aquellos que menciona el artículo 152 superior, debe hacerlo
mediante ley estatutaria, aunque dentro de esta regulación
general haya disposiciones particulares que por su contenido material no tengan
el significado de comprometer el núcleo esencial de derechos cuya regulación se
defiere a este especial proceso de expedición legal. Es decir, conforme
con el aforismo latino que indica que quien puede lo más puede lo menos, una
ley estatutaria que de manera integral pretende regular un asunto de los que
enumera la precitada norma constitucional, puede contener normas cuya
expedición no estaba reservada a este trámite, pero en cambio, a la inversa,
una ley ordinaria no puede contener normas particulares reservadas por la
Constitución a las leyes estatutarias.”[45]
15.
La
Corte ha aclarado que aquel requisito de integralidad y sistematicidad de la
regulación del derecho fundamental que cumplen las leyes estatutarias implica
que “debe referirse a los elementos estructurales del derecho, es decir,
(…) (i) a las prerrogativas que se derivan del derecho y que se
convierten en obligaciones para los sujetos pasivos, (ii) a los
principios que guían su ejercicio –cuando haya lugar, y (iii) a
las excepciones a su régimen de protección y otras limitaciones de orden
general”.[46]
16.
En
ese orden de ideas, la Corte ha advertido que las leyes estatutarias tienen una
doble función (a) asegurar que el legislador “integre, perfeccione, regule y
complemente normas sobre derechos fundamentales, que apunten a su adecuado goce
y disfrute”[47]
y (b) “establecer una garantía constitucional a favor de los ciudadanos
frente a los eventuales límites que, exclusivamente en virtud del principio de
proporcionalidad, pueda establecer el legislador”.[48]
17.
Con
fundamento en el desarrollo jurisprudencial, mediante sentencia C-646 de 2001[49]
la Corte recogió las reglas jurisprudenciales que desarrollaron los criterios para determinar si un asunto está o no
sometido a la reserva de ley estatutaria, en lo relativo al literal (a) del
artículo 152, y que se han reiterado hasta la jurisprudencia más reciente
(véase, por ejemplo sentencias C-035 de 2015, C-818 de 2011, C-370 de 2019,
C-127 de 2020): (i) que se trate de un derecho de naturaleza
fundamental, (ii) que la regulación sea integral, completa y
sistemática, (iii) que las disposiciones regulen de forma directa el núcleo
esencial del derecho fundamental, los aspectos inherentes al mismo, sus
principios y estructura,[50]
(iv) que la regulación desarrolle elementos estructurales que impliquen
una afectación al derecho, como límites, restricciones, excepciones y
prohibiciones que interfieran el núcleo esencial del derecho y (v) la
reserva también aplica cuando se “trate de un mecanismo constitucional
necesario e indispensable para la defensa y protección de un derecho
fundamental”.[51]
De
manera que es necesario que en cada derecho fundamental se realice un ejercicio
de interpretación de sus contenidos para delimitar cuáles deben ser regulados
por este tipo de ley especial y cuáles podrían estar a cargo del legislador
ordinario.
18.
En
lo relacionado con “los procedimientos y recursos para su protección” (literal
a, art. 152 CP), la Corte ha establecido que se trata de herramientas para
hacer efectivos los derechos fundamentales, de tal modo no hacen parte de la
estructura esencial del derecho, y en consecuencia, “pueden o no ser
desarrollados en una misma ley estatutaria”.[52]
La regulación estatutaria de los mecanismos de protección de los derechos
fundamentales solo se activa cuando éstos sirven para la protección directa de
ellos y son necesarios e indispensables para su realización efectiva.[53]
De tal modo, al tratarse de mecanismos judiciales, solo aquellos que son
reforzados y están dirigidos a la protección directa e inmediata.[54]
19.  En conclusión,
las leyes expedidas por el Congreso de la República, en su gran mayoría, se
relacionan con la garantía y respeto de los derechos fundamentales reconocidos
en la Carta Política. Esto es apenas un cumplimiento de las obligaciones
constitucionales dentro del Estado Social de Derecho. Sin embargo, no todas las
leyes que tengan estos contenidos deben ser tramitadas a través del proceso
legislativo cualificado de las leyes estatutarias acorde con el literal (a) del
artículo 152 de la CP. La jurisprudencia constitucional ha establecido con
claridad unos requisitos necesarios que deben estudiarse al momento de evaluar
cuándo una ley o materia debe ser regulada a través de ley estatutaria. El juez
constitucional deberá analizar cada caso y establecer si hay una afectación al
núcleo esencial del derecho fundamental objeto de regulación, así como, si se
pretende regular de forma integral su alcance, contenidos y principios para
hacer posible su ejercicio real y efectivo.
ANÁLISIS DEL CARGO
El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica
20.  El Título II “De los Derechos, las
garantías y los deberes”, en el Capítulo 1 “De los derechos fundamentales”, se
encuentra consagrado el artículo 14 de la Constitución Política el cual dispone
“[t]oda persona tiene derecho al reconocimiento de la personalidad
jurídica”. La Corte desde muy temprano tuvo la oportunidad de iniciar la
interpretación constitucional de esta disposición. En la sentencia T-485 de
1992[55]
dijo que el derecho a la personalidad jurídica “(…) presupone toda una
normatividad jurídica, según la cual todo hombre por el hecho de serlo tiene
derecho a ser reconocido como sujeto de derechos, con dos contenidos
adicionales: titularidad de derechos asistenciales y repudio de ideologías
devaluadoras de la personalidad, que lo reduzcan a la simple condición de cosa.
(…) Debe en consecuencia resaltarse que este derecho, confirmatorio del valor
de la sociedad civil regimentada por el derecho, es una formulación política
básica, que promueve la libertad de la persona humana; y que proscribe toda
manifestación racista o totalitaria frente a la libertad del hombre. (…) Este
derecho fundamental a la personalidad jurídica que consagró el Constituyente de
1991 es más una declaración de principio, que acoge a la persona en lugar del
individuo, como uno de los fundamentos esenciales del nuevo ordenamiento
normativo”.[56]
21.  En el mismo sentido, en la sentencia
C-109 de 1995[57]
la Corte señaló que este derecho fundamental no implica solo la capacidad de
toda persona para participar en el tráfico jurídico y ser titular de derechos y
obligaciones, sino también “comprende la posibilidad que todo ser humano
tiene de ostentar determinados atributos que constituyen su esencia, por lo que
este derecho fundamental comprende también las características propias de la
persona”.[58] Los atributos de la personalidad
jurídica permiten a toda persona actuar en sociedad de acuerdo al proyecto de
vida elegido, así como conocer su historia e identidad en la comunidad donde se
desarrolla. Los atributos son el nombre, el domicilio, el estado civil, el
patrimonio, la nacionalidad y la capacidad. Según la Corte “No puede haber personas a quienes se les
niegue la personalidad jurídica, ya que ello equivaldría a privarles de
capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones”.[59]
22.  En cuanto a la capacidad jurídica,
concretamente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que se trata de “la
aptitud legal para adquirir derechos y ejercerlos”, lo que implica garantizar
la participación de una persona en la sociedad a través de la realización de
actos jurídicos que generen efectos para sí o terceros involucrados. En
palabras de la Corte, al tratarse de un asunto financiero, sostuvo:
“En el campo de las relaciones jurídicas que se traban entre
los particulares, tiene especial relevancia el artículo 14 de la Constitución,
el cual consagra el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica como
una verdadera garantía de la persona natural para que goce de la capacidad
jurídica o de la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, no
sólo de contenido extrapatrimonial sino también de carácter económico, lo
que implica una integración potencial a la vida negocial y al tráfico jurídico
de una sociedad. Así pues, esta Corporación ha dicho que "el Estado no
entrega una dádiva ni entrega un privilegio a la persona cuando le reconoce
como sujeto de derecho, con las consecuencias jurídicas que ello
comporta", pues es indudable que al individuo le debe ser posible
participar en la vida social y económica no sólo a la hora de concretar sino de
configurar algunos aspectos básicos del régimen económico. En este orden de
ideas, no puede haber personas a quienes se les niegue la personalidad jurídica,
ya que ello equivaldría a privarles de la capacidad de ejercer derechos y
contraer obligaciones (…) Por consiguiente, todas las personas tienen vocación
para ejercer su capacidad jurídica en cualquier actividad lícita, lo que
incluye la actividad bancaria”.[60]
23.  Como lo explica de manera precisa la
sentencia C-182 de 2016[61] la capacidad jurídica
tiene dos acepciones: la de goce y la de ejercicio. La primera hace referencia
a ser titular de un derecho, a disfrutar de él; mientras que la segunda,
implica practicar el derecho, utilizarlo o realizar actos jurídicos que
permitan su disfrute. La Corte concluyó en esta oportunidad que la capacidad de
goce es “(i) es una cualidad, no un derecho ni un estatus; (ii) actúa como
centro unificador y centralizador de las diversas relaciones jurídicas que
conciernen al individuo; (iii) es general y abstracta, ya que representa la
posibilidad de ser titular de derechos aunque no se llegue a ejercer alguno;
(iv) está fuera de la voluntad humana y del comercio, porque no puede ser
objeto de contratos o negocios jurídicos”.[62] La capacidad de ejercicio, por su parte, “habilita a la persona para ejercer directamente
la titularidad de sus derechos, sin que medie una voluntad de un tercero o sin
que se requiera la autorización de la ley para ello. En palabras más concretas,
la capacidad de ejercicio es la aptitud que tiene una persona para ejercer
autónoma e independientemente sus derechos. || Así pues, la capacidad jurídica,
o sea, la capacidad para ser titular de derechos subjetivos
patrimoniales, la tiene toda persona sin necesidad de estar dotada de
voluntad reflexiva; en cambio, la capacidad de obrar está supeditada a la
existencia de esa voluntad”.[63]
24.  En términos de la legislación civil,
para la existencia y validez de un acto jurídico, se requiere de la capacidad
legal de una persona, no solo la de goce, sino también la de ejercicio.  El
Código Civil establece que “para que una persona se obligue a otra por un
acto o declaración de voluntad, es necesario: 1) que sea legalmente capaz (…)
la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin
el ministerio o la autorización de otra” (art. 1502). Luego, se reconoce
que toda persona es legalmente capaz, “excepto aquellas que la ley declara
incapaces” (art. 1503).
25.  Una vez definido el contenido y
alcance del derecho fundamental a la personalidad jurídica establecido en el
artículo 14 de la Constitución Política, y específicamente el atributo de la
capacidad, se procederá a describir la Ley 1996 de 2019 para ver su relación
con su núcleo esencial y poder determinar si aquella debía ser tramitada y
aprobada conforme los lineamientos de una ley estatutaria.
La
Ley 1996 de 2019 “por medio de la cual se establece el régimen para el
ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de
edad”
26.
Continuando las ideas
anteriores, el artículo 1504 del Código Civil establecía: “Son absolutamente
incapaces las personas con discapacidad mental, los impúberes y
sordomudos que no pueden darse a entender. || Sus actos no producen ni aún
obligaciones naturales, y no admiten caución. || Son también incapaces los
menores adultos que no han obtenido habilitación de edad y los disipadores
que se hallen bajo interdicción. Pero la incapacidad de estas personas no
es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo
ciertos respectos determinados por las leyes. || Además de estas incapacidades
hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a
ciertas personas para ejecutar ciertos actos”. (Los apartes subrayados fueron
derogados por el artículo 57 de la Ley 1996 de 2019.)
Esta
disposición consagra la “incapacidad legal”, la cual “consiste
fundamentalmente en la restricción de la posibilidad de intervenir en el
comercio jurídico (…) es de carácter excepcional, porque la regla general en
materia civil es la de que toda persona es hábil para ejercer sus derechos y
para realizar cualesquier actos jurídico lícito”.[64] Para
casos de incapacidad legal absoluta el Código Civil y la Ley 1306 de 2009
prohibieron la ejecución de todo acto jurídico y previeron la necesidad de
actuar siempre a través de un representante legal, denominado “guardador”, el
cual era designado a través de un proceso de interdicción.
27.
Las
personas con discapacidad mental eran consideradas incapaces absolutos, la
declaración de interdicción de una persona se hacía a través de un proceso de
jurisdicción voluntaria regulado por el Código General del Proceso (arts. 577
al 586) y la Ley 1306 de 2009 “Por la cual se dictan normas para la
protección de las personas con discapacidad mental y se establece el régimen de
la representación legal de incapaces emancipados”. Esta Ley estableció todo
el régimen de guardas a favor de las personas con discapacidad mental. Este
nuevo régimen, a diferencia de lo que se establecía en el texto original del
Código Civil, desde una perspectiva de la dignidad humana y la igualdad,
reconoció que las personas con discapacidad mental eran sujetos de derechos y
obligaciones.
28.  En el mismo año
de la Ley 1306, el Congreso aprobó la Convención de Naciones Unidas para los
derechos de las personas con discapacidad a través de la Ley 1346 de 2009, la
cual establece en su artículo 12 que las personas con discapacidad tienen
derecho a la capacidad jurídica en igualdad de condiciones.
29.
Posteriormente,
la Ley Estatutaria 1618 de 2013 “Por medio de la cual se establecen las
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad”, dispuso en su artículo 21: “El Ministerio de
Justicia y del Derecho, o quien haga sus veces, en alianza con el Ministerio
Público y las comisarías de familia y el ICBF, deberán proponer e implementar
ajustes y reformas al sistema de interdicción judicial de manera que se
desarrolle un sistema que favorezca el ejercicio de la capacidad jurídica y la
toma de decisiones con apoyo de las personas con discapacidad, conforme al
artículo 12 de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones
Unidas”.
30.
La
Ley 1996 de 2019 derogó expresamente los artículos 1° al 48, 50 al 52, 55, 64 y
90 de la Ley 1306 de 2009. Es decir, todo lo referente a la guarda e
interdicción de las personas entendidas como incapaces absolutos o relativos
por presentar alguna discapacidad mental. Dentro de esta nueva normativa, los
cambios más relevantes son los siguientes: (i) elimina del ordenamiento civil
la incapacidad legal absoluta por discapacidad mental, dejando solo a los
impúberes como sujetos incapaces absolutos; (ii) deroga el régimen de guardas e
interdicción para las personas en condiciones de discapacidad mental, cognitiva
o intelectual; (iii) presume la capacidad de goce y ejercicio para todas las
personas con discapacidad; (iv) establece dos mecanismos que facilitan a las
personas con discapacidad manifestar su voluntad y preferencias en el momento
de tomar decisión con efectos jurídicos: (a) acuerdos de apoyos y (b)
adjudicación judicial de apoyos; y (v) regula las directivas anticipadas, como
una herramienta para las personas mayores de edad en las que se manifiesta la
voluntad de actos jurídicos con antelación a los mismos.
31.
Los
antecedentes legislativos de esta Ley[65] demuestran que
este nuevo régimen de apoyos es el cumplimiento de las obligaciones
internacionales asumidas por el Estado establecidas en el artículo 12 de la
Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la interpretación
realizada por el Comité del tratado a través de la Observación General No. 1
(2014) y la recomendación realizada concretamente a Colombia, mediante informe
del año 2016 del mismo organismo internacional.[66] En
el contexto del proyecto de ley y su exposición de motivos, se puso de presente
que la capacidad de ejercicio ha sido históricamente restringida a la población
con discapacidad y que “la herencia de instituciones del derecho romano
clásico, como la figura de interdicción, se han configurado como impedimentos
para el reconocimiento del derecho al ejercicio de su capacidad jurídica, pues
se desarrollan desde una perspectiva médico-rehabilitador, que solo se limita a
señalar las carencias y lo necesario desde el ámbito médico para reconocerles
como personas “normales”.[67]
32.
En
virtud del estándar internacional mencionado y la Ley Estatutaria 1618, el
legislador asumió la obligación de reemplazar el actual régimen de sustitución
de la voluntad (la interdicción), por un sistema de toma de decisiones con
apoyos, que fue finalmente materializado con la Ley 1996 de 2019. En palabras
del legislador:
“Por
lo anterior, el proyecto responde tanto a las necesidades de personas con
discapacidad que requieran apoyos leves, como a las de quienes requieran apoyos
más intensos. En el primer caso, los apoyos leves pueden ser previstos por las
mismas personas con discapacidad y sus redes de apoyo a través de los acuerdos
de apoyo o en su defecto de las directivas anticipadas. En el caso de los
apoyos más intensos, estos pueden ser solicitados incluso por una tercera
persona con interés legítimo, y pueden llegar al punto de requerir que una
persona de confianza interprete de la mejor manera la voluntad y las
preferencias de la persona con discapacidad a través de un proceso judicial.
Así, el proyecto responde a una realidad compleja en donde las personas con
discapacidad pueden requerir apoyos distintos, dejando atrás la dicotomía entre
personas con capacidad plena y “personas con discapacidad mental absoluta”. (…)
Este
proyecto permite, con las medidas que implementa, que la persona con
discapacidad pueda tomar decisiones y controle su propia vida y que la
participación de terceros sea facilitando y apoyando la toma de decisiones, y
no sustituyéndola. En este sentido, los dos mecanismos de realización de apoyos,
así como la herramienta de las directivas anticipadas, permiten que la toma de
decisiones con apoyos sea aplicable a personas que requieren distintos niveles
de apoyos”.[68]
33.
Conforme a lo anterior,
a manera descriptiva, la Ley 1996 de 2019 se compone de nueve (9) capítulos. El
Capítulo I establece todas las disposiciones generales referentes al objeto, la
interpretación normativa, las definiciones, los principios, los criterios para
establecer salvaguardias y la presunción de capacidad. El Capítulo II consagra
los mecanismos para el ejercicio de la capacidad legal y para la realización de
actos jurídicos, en los que vale la pena mencionar, (i) los acuerdos de apoyos
y (ii) la adjudicación judicial de apoyos a través de un proceso de
jurisdicción voluntaria (cuando lo solicita directamente el titular del acto
jurídico), o a través de un proceso verbal sumario (cuando lo inicia una
persona distinta al titular del acto jurídico). En este capítulo también se
desarrollan los artículos que establecen cómo deben determinarse y realizarse
la valoración de los apoyos. El Capítulo III desarrolla todo lo concerniente a
los acuerdos de apoyos para la celebración de actos jurídicos (la designación,
la duración, su modificación y terminación). El Capítulo IV define y desarrolla
las Directivas Anticipadas. El Capítulo V regula todo lo referente a la
adjudicación judicial de apoyos, artículos que modifican disposiciones del
Código General del Proceso, principalmente. El Capítulo VI consagra las
disposiciones sobre las personas que funge como apoyo; los requisitos,
obligaciones inhabilidades, representación, responsabilidades, entre otros. El
Capítulo VII establece un único artículo en el que contempla que los actos
jurídicos que involucren bienes sujetos a registro deben contar con una
anotación de que el acto en cuestión fue realizado utilizando apoyos. El
Capítulo VIII establece el régimen de transición en relación con los procesos y
declaraciones de interdicción vigentes al momento de la promulgación de la Ley
1996 de 2019. Finalmente, el Capítulo IX consagra las derogatorias,
modificaciones y las disposiciones finales.
La
expedición y aprobación de la Ley 1996 de 2019 no desconoció la reserva de ley
estatutaria del literal a) del artículo 152 de la Constitución Política toda
vez que no regula de forma integral y exhaustiva el núcleo esencial de un
derecho fundamental
34.  El demandante interpuso acción pública de
inconstitucionalidad contra la Ley 1996 de 2019 por considerar que desconoció
los artículos 14, 152 y 153 de la Constitución. Argumentó que el derecho a la
personalidad jurídica es un derecho de naturaleza fundamental, y en esa medida,
la Ley debía haber sido tramitada y aprobada con mayorías calificadas y acorde
con los lineamientos que deben observarse para las leyes estatutarias. Sostuvo
que este cuerpo normativo regula exhaustivamente el ejercicio de la capacidad
legal de las personas con discapacidad, y por lo mismo, no podía ser aprobado a
través de una ley ordinaria.
35.  Como fue expuesto en las consideraciones de esta
providencia, la jurisprudencia constitucional de forma pacífica y reiterada ha
establecido que el alcance de la reserva de ley estatutaria debe ser
restrictivo y excepcional, y en ese orden de ideas, no toda regulación que
trate materias de derechos fundamentales debe ser regulada por medio de una ley
estatutaria. De esa forma, tratándose del literal a) del artículo 152, la Corte
ha señalado que los criterios para determinar si un asunto está o no sometido a
la reserva de ley estatutaria son los siguientes: (i) que se trate de un
derecho de naturaleza fundamental, (ii) que la regulación sea integral,
completa y sistemática, (iii) que las disposiciones regulen de forma
directa el núcleo esencial del derecho fundamental, los aspectos inherentes al
mismo, sus principios y estructura,[69] (iv) que la regulación desarrolle
elementos estructurales que impliquen una afectación al derecho, como límites,
restricciones, excepciones y prohibiciones que interfieran el núcleo esencial
del derecho y (v) la reserva también aplica cuando se “trate de
un mecanismo constitucional necesario e indispensable para la defensa y
protección de un derecho fundamental”.[70]
36.  La Sala Plena realizará la evaluación de la Ley 1996
de 2019 a la luz de cada uno de los criterios jurisprudenciales mencionados. Cabe
advertir que este análisis se hará de forma global, en razón a que el
demandante no dirigió su cargo a algún artículo o capítulo concreto.
36.1. Sin duda el reconocimiento de la
personalidad jurídica es un derecho de naturaleza fundamental, consagrado en el
artículo 14 de la Constitución. Del mismo modo, la jurisprudencia lo ha
interpretado con la misma calidad iusfundamental, al contar con la
funcionalidad de materializar la dignidad humana.[71] No obstante lo anterior, el contenido de
este derecho fundamental incluye igualmente el reconocimiento de los atributos
de la personalidad, estos son, el nombre, el domicilio, el estado civil, la
nacionalidad, el patrimonio y la capacidad. La Sala observa que la Ley 1996 de
2019 se concentra únicamente en regular lo referente al ejercicio de la
capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad, y no hace
ninguna regulación concreta a los demás atributos de la personalidad. En efecto,
el objeto de la Ley 1996 es el de “establecer medidas específicas para la
garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con
discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse
para el ejercicio de la misma” (artículo 1°). Es decir, su cobertura se
dirige a regular uno de los atributos de la personalidad a favor de un sector
de la población, como sujeto de especial protección. Cabe recordar en este
punto, que las leyes estatutarias no fueron creadas en el ordenamiento “con
el fin de regular en forma exhaustiva y casuística todo evento ligado a los
derechos fundamentales”, y en consecuencia, su interpretación y alcance
debe ser restrictiva y excepcional.[72]
36.2.
El objeto de la regulación de la Ley 1996, no es directamente el derecho
fundamental, sino las herramientas a través de las cuales se pretende asegurar
su ejercicio para una población específica. El propósito de esta Ley es el de
establecer los mecanismos con los que se reemplaza del todo la figura de la
interdicción civil, y se garantiza el ejercicio pleno de la capacidad jurídica
de las personas con discapacidad. En efecto, la voluntad del legislador fue la
de “propender a eliminar las barreras que generan discriminación y
marginalización, y asegurar los apoyos requeridos para que todas las personas
con discapacidad puedan ejercer todos sus derechos, sin distinción alguna”.[73] Así,
a pesar de que la materia de regulación está relacionada con derechos
fundamentales, su objeto es la creación de herramientas para su efectivo
ejercicio. Incluso, la principal modificación proviene del artículo 1504 del
Código Civil, al eliminar del todo como “incapacidad legal”, la discapacidad, y
en consecuencia, prohibir la interdicción.
36.3.
La Ley 1996 de 2019 no tiene como finalidad afectar el núcleo esencial de un
derecho fundamental, pues su materia de regulación se centra en “establecer
medidas específicas para garantizar el derecho a la capacidad jurídica plena de
las personas con discapacidad, al tiempo que determina el acceso a los apoyos
que puedan requerirse para el ejercicio de esta”.[74] En
virtud de esto, lo que hace la misma ley es adaptar o armonizar la ley civil a
los estándares del modelo social de la discapacidad, y en consecuencia, prohíbe
la interdicción e inhabilitación por discapacidad, crea el régimen de toma de
decisiones con apoyos y modifica el Código Civil, el Código General del Proceso
y la Ley de guardas (Ley 1609 de 2009), en lo pertinente. Con todo, se observa
que se trata de establecer mecanismos para asegurar el ejercicio de la
capacidad legal, materia que siempre ha sido regulada mediante leyes
ordinarias.
36.4. La Ley 1996 de 2019 no desarrolla
elementos estructurales que impliquen límites, restricciones o excepciones que
interfieran en el núcleo esencial del derecho fundamental, pues, por el
contrario, lo que pretende la normativa es eliminar los obstáculos existentes y
garantizar el ejercicio de la capacidad a través de mecanismos o herramientas
acordes con los estándares internacionales de la discapacidad. Nótese que el
núcleo esencial del derecho fundamental se encuentra reconocido a través de la
Ley 1346 de 2009 (aprobatoria de la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad) y Ley Estatutaria 1618 de 2013. De tal forma, la
regulación no desarrolla elementos estructurales que interfieran en el núcleo
esencial del derecho fundamental de la personalidad jurídica.
36.5. La Ley 1996 de 2019, como ya fue
mencionado antes, se concentra en establecer un régimen de toma de decisiones
con apoyo a favor de las personas con discapacidad mayores de edad. Es decir,
el alcance de la regulación es limitado y dirigido a un sector de la población
y a una faceta concreta del derecho a la personalidad jurídica (la capacidad).
Por ende, la Sala estima que no se trata de una regulación completa, exhaustiva
e integral.
En este punto cabe
recordar que en la sentencia C-035 de 2015, al estudiar una demanda de
inconstitucionalidad contra la Ley 1680 de 2013[75] afirmó que no estaba
sometida a reserva de ley estatutaria porque “no se trata de una regulación
integral del derecho a la igualdad material y efectiva de las personas con
discapacidad visual (…) lo cierto es que se trata de una ley que desarrolla
la faceta de accesibilidad y eliminación de barreras dentro de un marco
previamente definido por la Ley Estatutaria 1618 de 2013, que sí contiene un
desarrollo sistemático e integral de los derechos de las personas con
discapacidad, con el propósito explícito de armonizar la legislación
interna con los principios y reglas de la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad del año 2006”.[76]
Bajo esta misma línea
argumentativa, la Sala Plena considera que la Ley 1996 de 2019 materializa el
cumplimiento de una obligación internacional del Estado correspondiente a crear
los mecanismos adecuados y necesarios para garantizar la participación de las
personas con discapacidad en el tráfico jurídico en igualdad de condiciones.
Así, la Ley 1996 de 2019 desarrolla una faceta establecida en el artículo 21 de
la Ley Estatutaria 1618 de 2013.
37.  Con fundamento en todo lo anterior, la
Sala Plena encuentra que la Ley 1996 de 2019 no desconoce los mandatos
constitucionales dispuestos en los artículos 14, 152 y 153 de la Constitución,
relacionados con las materias que requieren para su regulación de reserva de
ley estatutaria.
Conclusiones
38.  En esta providencia la
Sala Plena analizó si de forma general la Ley 1996 de 2019 “Por medio de la cual se establece el
régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con
discapacidad mayores de edad” era contraria a lo dispuesto en los artículos 152 y
153 de la Constitución Política al haber sido expedida y aprobada como ley
ordinaria, a pesar de regular el ejercicio de la capacidad legal de las
personas con discapacidad.
39.  La Corte Constitucional recordó la
jurisprudencia relativa a las condiciones que deben cumplirse para establecer
si una materia debe ser sujeta al trámite y aprobación estatutaria. Advirtió
que su interpretación es excepcional y restrictiva. En lo correspondiente al
literal a) del artículo 152, la jurisprudencia ha establecido cinco
criterios que deben analizarse para esta determinación, entre los cuales se
debe definir si (i) se trata de un derecho de naturaleza fundamental, (ii) si
la regulación es integral, completa y sistemática, (iii) las disposiciones
regulan de forma directa el núcleo esencial del derecho fundamental, los
aspectos inherentes al mismo, sus principios y estructura,  (iv) la regulación
desarrolla elementos estructurales que implican una afectación al derecho, como
límites, restricciones, excepciones y prohibiciones que interfieran el núcleo
esencial del derecho y (v) se trata de un mecanismo constitucional necesario e
indispensable para la defensa y protección de un derecho fundamental.
40.  En esta oportunidad, la Sala Plena encontró
que la Ley 1996 de 2019 a pesar de que regula una de las aristas del derecho
fundamental a la personalidad jurídica, como lo es la capacidad de goce y
ejercicio, incorpora medidas y mecanismos dirigidos a favor de las personas con
discapacidad para el ejercicio de aquel derecho. Para lograrlo, elimina
barreras legales como la interdicción y las reemplaza por un sistema de apoyos
que permite a las personas con discapacidad tomar decisiones bajo su voluntad y
preferencias. Con lo anterior, la Corte concluyó que en la regulación de la Ley
1996 de 2019 no se afecta el núcleo esencial del derecho fundamental a la
personalidad jurídica, y por tanto, el legislador no desconoció el mandato
constitucional de los artículos 152 y 153 de la Constitución.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO: Declarar la EXEQUIBILIDAD
de la Ley 1996 de 2019 “Por medio de la cual se establece el régimen para el
ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de
edad” por el cargo de reserva de ley estatutaria sobre la integralidad de
la Ley.
Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Presidente
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con aclaración de voto
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA
ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
Con aclaración de voto
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ANEXO I – INTERVENCIONES
1.     Federación de
Discapacidad del Valle – FEDISVALLE – y Fundación MEEM – Soluciones Integrales
María
Eugenia Escobar Mafla, presidente de la organización Federación de Discapacidad
del Valle – FEDESVALLE – y de la Fundación MEEM – Soluciones integrales,
intervino en el presente proceso con el objetivo de solicitar que se declarara
exequible la Ley 1996 de 2019, sustentando su solicitud con base en los
siguientes presupuestos.
Resaltó
que, en su opinión, la Ley 1996 de 2019 se encuentra ajustada a las
obligaciones internacionales previstas en la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad – CDPD –, habida cuenta que esta norma jurídica
se encuentra fundamentada en la garantía del pleno ejercicio de los derechos de
las personas con discapacidad sin ningún tipo de discriminación.
Indicó
que las personas con discapacidad merecen unas condiciones de vida dignas y una
igualdad de oportunidades en todos los aspectos y que la discriminación contra
este grupo de personas, que se haga debido a su discapacidad, constituye una
vulneración a su dignidad y al valor inherente del ser humano.
Señaló
que “las personas en situación de discapacidad tienen una protección
constitucional reforzada, de conformidad con los artículos 13 y 47 de la Carta,
y a la luz de la Convención – entre otros instrumentos internacionales - ,
razón por la cual el Estado tiene el compromiso de adelantar acciones efectivas
para promover el ejercicio pleno de sus derechos para evitar conductas,
actitudes o tratos, conscientes o inconscientes, dirigidos a restringir
derechos, libertades u oportunidades, sin justificación objetiva y razonable, u
omisiones injustificadas en el trato especial a que tienen derecho estos sujetos
y que tienen como consecuencia directa la exclusión de un beneficio, ventaja u
oportunidad”[77].
Agregó
que la Corte Constitucional ha precisado, a través de su jurisprudencia, que
las personas con discapacidad son sujetos plenos de derechos y beneficiarios de
una especial protección constitucional y que la discapacidad debe ser afrontada
desde una perspectiva holística, en el sentido de brindar a este grupo de
personas las herramientas y apoyos necesarios para enfrentar las barreras
físicas o sociales que limita sus posibilidades para desenvolverse y, así,
superar dicha condición. Estimó que la anterior postura de la Corte
Constitucional implica abandonar la visión de la discapacidad como una
enfermedad.
Ahora
bien, en relación con el argumento presentado por el demandante, consistente en
que las normas acusadas resultan ser contrarias al artículo 151 de la
Constitución Política de 1991, la interviniente estimó que “[d]e la
exposición de motivos de la Ley 1996 de 2019, se puede observar que fue
originada por algunos Representantes a la Cámara, el defensor del pueblo y
otras firmas, en donde se tomó como premisa fundamental que la capacidad
jurídica es la aptitud de una persona para adoptar decisiones jurídicamente
válidas  entablar relaciones contractuales vinculantes. La capacidad jurídica
convierte a una persona en sujeto de Derecho y titular de derechos y
obligaciones. La capacidad jurídica es especialmente importante ya que afecta a
todos los ámbitos vitales, desde la elección del domicilio, la decisión de
contraer matrimonio o no y con quién, hasta la firma de un contrato de trabajo
o la posibilidad de ejercer el derecho a voto. Esto indica, que, en el trámite
del proyecto de ley, tanto en Senado como en cámara se estableció el concepto
de capacidad jurídica como una aserción que permite la garantía de otros
derechos para las personas con discapacidad. Por consiguiente, se puede
concluir que se reconoció la obligación de crear salvaguardias o apoyos que
permitan generar igualdad de derechos y oportunidades a este grupo población”[78].
Agregó que la Ley 1996 de 2019 no tuvo
un trámite especial ni una mayoría absoluta para ser aprobada, trámite que
correspondería a las leyes ordinarias por no haberse previsto un trámite
especial para estas. Adicionalmente, indicó que la referida ley no reglamenta
el Congreso y sus Cámaras, así como tampoco las normas sobre preparación,
aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, el
plan general de desarrollo, y la asignación de competencias normativas a las
entidades territoriales; lo cual desvirtúa, a su parecer, el argumento
presentado por el accionante.
Finalmente, aseveró que mediante la Ley
1996 de 2019 tampoco se regularon temas relacionados con los derechos y deberes
fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su
protección, la administración de justicia, la organización y régimen de los
partidos y movimientos políticos, el estatuto de la oposición y funciones
electorales, las instituciones y mecanismos de participación ciudadana, y los
estados de excepción; temáticas que deberían desarrollarse a través de la ley
estatutaria, la cual no sólo tiene un trámite especial, sino que, también,
tiene un control previo de constitucionalidad ejercido por la Corte
Constitucional anterior a la sanción presidencial. Con base en lo anterior,
consideró que la Ley 1996 de 2019 no vulnera el artículo 152 de la Constitución
Política.
2.     Grupo de
Acciones Públicas de la Universidad del Rosario
Paula
Marcela Iregui Parra, en calidad de supervisora del Grupo de Acciones Públicas
de la Universidad del Rosario, Mery Cecilia Diez Vargas, directora de la
Especialización en Derecho de Familia de la misma universidad, y María José
Motta, Ingrid Liliana Palacios Ríos y Martín Perilla, como miembros activos del
referido Grupo de Acciones Públicas, presentaron un escrito con la intención de
intervenir en el presente proceso, para solicitar a la Corte Constitucional que
se declarara inhibida para pronunciarse por ineptitud de la demanda o que,
subsidiariamente, se declarara exequible la totalidad de la Ley 1996 de 2019.
En primera medida, adujeron que la
demanda no había cumplido con la carga argumentativa de los requisitos de
suficiencia y especificidad, requeridos en un proceso de constitucionalidad de
una ley, y mucho menos para que le sea aplicado el principio pro actione.
Al respecto, señalaron que para
argumentar la falta de suficiencia de la demanda iban a tener en consideración
las reglas jurisprudenciales sobre la aplicación de ley estatutaria de las que
ha hablado la Corte Constitucional, para explicar por qué en el caso en
concreto no se está frente a un supuesto de ley que debería ser tramitado por
la ley estatutaria, sino que, por el contrario, es un caso que, si bien versa
sobre derechos fundamentales, debe estar regulado por ley ordinaria, so pena de
vaciar la autoridad del legislador ordinario.
En
este sentido, afirmaron que el accionante falló al no haber dado ninguna razón
para activar esta excepción, ya que solamente afirmó que la norma regula un
derecho, lo cual no es razón suficiente para que el trámite deba ser diferente.
De
otra parte, en relación con el segundo criterio que ha dado la Corte, el cual
se refiere a que la ley estatutaria se definirá por su contenido material y no
solamente por su nombre formal, se ha definido que las acciones que pretendan
la declaración de inconstitucionalidad de una norma deben explicar una
contradicción manifiesta con la Constitución. En su opinión, el accionante
solamente afirmó que la personalidad jurídica es un derecho, pero no se refirió
en ningún momento al contenido de la norma, ni a las razones por las que el
asunto a regular en particular necesita un trámite estatutario.
Agregaron
que, respecto del tercer criterio establecido por la Corte, tampoco hubo una
explicación por parte del accionante que permitiera determinar que la Ley 1996
de 2019 regula el núcleo esencial de un derecho; contrario sensu,
únicamente citó el artículo 14 de la Carta Política mediante el cual se
consagró que la personalidad jurídica es un derecho, sin que esto signifique
necesariamente que cualquier norma que esté relacionada con la capacidad deba
ser estatutaria ni regular el núcleo del derecho.
Indicaron
que el cuarto criterio señala que las regulaciones integrales de los derechos
fundamentales deben tener trámite estatutario; sobre lo cual, en su opinión,
hubo una gran ausencia en la acción, pues esta no explicó las razones para
afirmar que la ley demandada contiene una regulación integral de la personalidad
jurídica y no solamente el establecimiento de ciertos mecanismos para el
ejercicio de un derecho consagrado y desarrollado en otras normas.
Finalmente,
resalaron que el accionante omitió explicar cuáles son los elementos
estructurales que regula la ley para que se deba entender estatutaria; razón
por la cual, la argumentación del demandante se circunscribió a indicar el
nombre de la norma, sin hacer un análisis en lo referente al contenido y, mucho
menos, en lo que respecta al derecho fundamental que consideró que desarrolló
la misma, y que venía siendo desarrollada por la Ley 1306 de 2009 que fue
tramitada también como ley ordinaria.
En
este sentido, la acción no cumplió con el requisito de suficiencia, pues no
solamente desconoció los criterios que la Corte ha dado para el análisis del
trámite estatutario, sino que afirmó que se presuntamente se vulnera el
artículo 152 de la Constitución. No obstante, no explicó de ninguna forma la
relación directa entre la norma y el derecho fundamental de personalidad jurídica,
ni tampoco las razones por las que el núcleo fundamental del derecho se
desarrolla íntegra o estructuralmente en la Ley 1996; pues, como ha explicado
la Corte, no cualquier regulación de un derecho debe tener un trámite
estatutario.
Aseveraron
que tampoco se logró demostrar que el enunciado exhiba un problema de validez
constitucional y la manera en que la inexequibilidad de la ley le es atribuible
como consecuencia jurídica; por consiguiente, debió entenderse que no se
cumplió el requisito de especificidad. Consideraron que el actor “debió
haber tomado en consideración aquellos requisitos o criterios bajo los cuales,
la reserva de ley estatutaria debe ser aplicada, por excepción a leyes que
versen sobre derechos fundamentales, pues como se indicó, toda ley o norma
desarrollará en mayor o menor medida un derecho de esa naturaleza. Y en ese
sentido, si se entendiera que cualquier desarrollo de un derecho fundamental
debe ser regulado mediante ley estatutaria, solamente el legislador estatutario
tendría la competencia para expedir leyes, dejando vacía la competencia del
legislador ordinario para expedir las mismas”[79].
Por
ello, reiteraron que el accionante no desarrolló ningún argumento que
permitiera concluir que la Ley acusada cumple con todos los criterios
jurisprudenciales respecto de cuándo debe aplicarse la ley estatutaria para
derechos fundamentales; en otras palabras, planteó dos cargos sobre la
violación de los artículos 152 y 153 sin brindar ningún tipo de argumentación
que permitiera verificar dicha vulneración, pues, por el contrario, sólo se
limitó a transcribir el enunciado literal de los artículos mencionados, sin
hacer un análisis sobre la interpretación y alcance que la Corte ha dado al
artículo 152.
De
la misma manera, el accionante indicó que la Ley 1996 de 2019 vulnera el
artículo 14 de la Constitución Política, a través del cual se estableció el
derecho fundamental a la personalidad jurídica. No obstante, no expuso las
razones o argumentos que permitieran entender por qué dicha ley vulnera aquel
derecho, y tampoco indicó cuál o cuáles de los artículos que desarrollan de
manera exhaustiva el derecho. “De hecho, a pesar de las acusaciones del
accionante, el contenido de dicha ley se limita a desarrollar herramientas que
le permitan a las personas con discapacidad mayores de edad, ejercer su derecho
a la capacidad jurídica con apoyo, cuando lo requieran”[80].
Por
último, afirmaron que la aplicación del principio pro actione no es
procedente en una acción de inconstitucionalidad que no ha cumplido con los
requisitos mínimos exigidos y, por ende, bajo ningún motivo, la Corte podría “llenar
de contenido las razones planteadas por el demandante cuando estas no son
suficientes ni específicas”[81].
A
propósito, adujeron que la Ley demandada no debió tramitarse mediante ley
estatutaria, en tanto la norma en cuestión no regula de manera integral,
estructural y completa todos los aspectos sobre el derecho fundamental a la
personalidad jurídica. A contrarios sensu, establece disposiciones
puntuales y detalladas sobre las formas de acceso a la solicitud y obtención de
apoyos formales, para las personas con discapacidad que así lo soliciten o
requieran. Es decir, se trata de una normativa dispuesta para un grupo
población específico y sobre un tema concreto que son los mecanismos para el
ejercicio de su capacidad jurídica.
Indicaron
que resultaba importante reforzar que, como lo ha expuesto de manera reiterada
la jurisprudencia, no todas las normas que regulen derechos deben ser
estatutarias, puesto que el carácter estatutario de las leyes es excepcional en
el ordenamiento jurídico colombiano. De hecho, expusieron que, en un análisis
inicial de las normas que regulan la situación de las personas con
discapacidad, podría pensarse que, al igual que la Ley 1618 de 2013, la Ley
1996 de 2019 debe ser una ley estatutaria. No obstante, afirmaron que esa
conclusión sería errada por cuanto que la naturaleza de estas leyes es disímil.
Concluyeron que, “mientras el principal objeto de la Ley 1996 de 2019 es
determinar la forma en que el ordenamiento entenderá la capacidad de las
personas con discapacidad y su manera de ejercerla, lo cual no hace parte del
núcleo esencial de los derechos, la Ley 1618 de 2013 sí regula y plasma de
manera específica una amplia gama de derechos en cabeza de estas personas, lo
cual justifica que se haya tramitado mediante reserva estatutaria a diferencia
de lo que ocurre con la ley objeto de análisis en esta intervención”[82].
Para
concluir su intervención, expusieron que, respecto a las razones que dieron
paso a la modificación plasmada en la Ley 1996 de 2019, consideraron que esta
obedeció a un cambio de paradigma de la discapacidad de un modelo
médico-rehabilitador a un modelo social, el cual dota a las personas con
discapacidad de autonomía y reconoce su derecho a la autodeterminación en la
toma de decisiones que los afecten o involucren. Manifestaron que el cambio de
normatividad se dio a la luz de las obligaciones internacionales del Estado
colombiano contenidas en la Convención sobre los Derechos de Personas con
Discapacidad – CDPD –, un tratado internacional de derechos humanos que puede
considerarse como el parámetro constitucional prevalente al ser parte del
ordenamiento jurídico colombiano, a través del bloque de constitucionalidad.
Resaltaron
que la CDPD “supera el enfoque de salud para abordar el tratamiento de la
discapacidad desde el enfoque de derechos. Esto implica, dejar de considerar la
persona con discapacidad como objeto de medidas asistenciales, de beneficencia
o caridad y reconoce su condición de sujeto de derechos”[83].
En su opinión, la Ley 1996 de 2019 “hace un reconocimiento expreso de este
enfoque de derechos toda vez que tiene como principales fundamentos el respeto
de la dignidad inherente de las personas con discapacidad, la autonomía individual
y el igual reconocimiento como persona ante la ley. Al mismo tiempo que
reconoce a la persona con discapacidad como actor facultado para realizar actos
jurídicos y crear relaciones jurídicas al considerarlas como titular de
derechos y con capacidad de ejercer esos derechos”[84].
3.     Grupo de
Acciones Públicas de la Universidad Icesi
Paula
Andrea Cerón Arboleda, Manuel Alejandro Guevara Bocanegra, Dayana Holguín Lenis
y Anny Pejendino Ortega, docente y estudiantes del Grupo de Acciones Públicas de
la Universidad Icesi, intervinieron para solicitar que la Corte Constitucional
se declarara inhibida por ineptitud sustantiva de la demanda o,
subsidiariamente, se declarara la exequibilidad de la norma acusada, con base
en los siguientes argumentos.
En
la primera parte de su escrito, afirmaron que “la solicitud de ‘declarar
inexequible en su totalidad’ la ley 1996 de 2019, es un retroceso en el sistema
jurídico Colombiano frente a los derechos fundamentales reconocidos tanto en la
Constitución Política de la República de Colombia de 1991 como en el derecho
internacional, pues sería retrotraer los derechos de las personas con
discapacidad, afianzando dichos estereotipos de asistencialidad de las personas
con discapacidad, y de necesidad de limitar la autonomía de la voluntad de ésta
población, evidenciando la concepción de la discapacidad como un problema que
se debe solucionar anulando a la PCD y no como las barreras que la sociedad ha
impuesto. Además, el sistema jurídico colombiano se ha caracterizado por la
prevalencia de lo sustancial ante lo procesal, conforme a lo cual, sería
totalmente arbitrario declarar la inexequibilidad de la ley 1996/19
argumentando un error de procedibilidad sin tener en cuenta el grave conflicto
de derechos y principios que esto implicaría en el ordenamiento jurídico
colombiano”[85].
Por
otro lado, indicaron que la presente acción pública de inconstitucionalidad no
desarrolló con claridad las normas constitucionales que se consideran
vulneradas y supuso que la Ley 1996 de 2019 viola todos los principios
fundamentales de la Constitución Política y los valores que en ella se expresan
como pilares fundamentales de la construcción de una sociedad que vela por el
bienestar de sus ciudadanos, considerando que la ley debió realizarse mediante
una ley estatutaria, no por una ley ordinaria.
Sin
embargo, en su opinión, no se tuvo en cuenta que la Ley 1996 de 2019 contempla
los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad – CDPD –, internalizado en el orden jurídico para dar
cumplimiento a los Tratados Internacionales ratificados por Colombia y
recomendaciones del Comité de personas con discapacidad de la Organización de
las Naciones Unidas.
A
propósito, manifestaron que el demandante expuso que la Ley vulnera el artículo
152 y 153 de la Constitución Política. No obstante, aseveraron que no estaban
de acuerdo con dicha posición, por lo siguiente:
“En
primer lugar, la Ley 1996 no recorta o limita derechos fundamentales, por el
contrario, otorga y protege los derechos consagrados en la CDPD en la medida en
que estima la asignación de personas de apoyos, las cuales deberán operar con
el consentimiento y voluntad de las personas con discapacidad, en caso de que
la persona lo requiera. Por lo que, esta ley no afecta los derechos de las
personas con discapacidad, en contraste a esto, garantiza a las personas el
reconocimiento de su capacidad jurídica como un derecho fundamental y los
mecanismos para hacerlo valer, de forma que no sufran de discriminación.
En
segundo lugar, la Ley no ha aumentado sustancialmente los requisitos exigidos
para acceder al respectivo derecho. Lo único que se hizo fue sustituir el
régimen de capacidad legal y eliminar la interdicción para sustituirla por la
figura de los apoyos (persona de apoyo), quienes pueden habilitarse por la
persona con discapacidad de forma voluntaria ante un notario o por medio de
demanda judicial; estas personas de apoyo solo serán obligatorias cuando haya
imposibilidad absoluta por la persona con discapacidad de manifestar o expresar
su voluntad, o cuando la persona de apoyo demuestre que es el mejor actuar para
esta persona”[86].
Con
base en lo anterior, afirmaron que el Estado colombiano tiene el deber de
cumplir su obligación con la CDPD y, para ello, debe tomar las medidas que allí
se mencionan para la protección de estos derechos. Agregaron que, para el 2013,
el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad dio respuesta a
los exámenes presentados por el Estado sobre la situación de los derechos de
esta población. Destacaron que dicho Comité encontró que el Estado estaba
incumpliendo la CDPD por mantener vigente en la legislación la clasificación de
las personas en capaces, incapaces relativos e incapaces absolutos, y por
contemplar regímenes de voluntad sustituta en el caso de personas declaradas
incapaces. Ello, por cuanto lo anterior terminaba negando el reconocimiento de
la capacidad jurídica y los derechos a la igualdad y a la dignidad humana de
las personas con discapacidad establecidos en la CDPD.
Explicaron
que la anterior crítica se dio por la modificación del Código Civil por medio
de la Ley 1306 de 2009, la cual reguló las medidas de interdicción e
inhabilitación judicial para personas con discapacidad mental absoluta o
relativa. Especificaron que en dicha Ley se estableció que las personas
consideradas legalmente interdictas, eran aquellas incapaces para celebrar
actos negociables jurídicamente relevantes y, por ende, debían actuar por medio
de un curador o representante, de manera que cualquier actuación realizada por
personas declaradas interdictas debía considerarse nula.
Explicaron
que la anterior situación hizo necesaria la adopción de una nueva ley de
capacidad legal que tuviera en cuenta los principios de la Convención. Lo
anterior, toda vez que, el artículo 21.2 de la Ley estatutaria 1618 de 2013 no
especificaba cómo se iba a garantizar el ejercicio de la capacidad legal a las
personas con discapacidad. Por el contrario, en este artículo sólo se afirma
que las entidades del gobierno deben proponer e implementar ajustes y reformas
al sistema de Interdicción judicial para favorecer el ejercicio de la capacidad
jurídica y la toma de decisiones con apoyo de las personas con discapacidad,
conforme al artículo 12 de la CDPD. Aun así, el Comité encontró que las mismas
entidades del gobierno realizan asesorías a familias sobre cómo iniciar
procesos de interdicción; hecho que, en su opinión, vulnera totalmente los
derechos de las personas con discapacidad a tomar libremente sus decisiones.
Ahora bien, en relación con las
subreglas sobre Reserva Estatuaria, refirieron que el artículo 152 de la
Constitución Política, el cual da lugar a los debates sobre la reserva de ley
estatutaria, es el punto de partida para abordar esta cuestión. Indicaron que,
al hacer la revisión de la línea jurisprudencial citada por la Corte, era
posible identificar la Sentencia C- 226 de 1994, mediante la cual se especificó
que las leyes estatutarias están encargadas de regular únicamente los elementos
estructurales esenciales de los derechos fundamentales y de los mecanismos para
su protección, pero no tienen como objeto regular en detalle cada variante de
manifestación de los mencionados derechos o todo aquellos aspectos que tengan
que ver con su ejercicio, porque ello conduciría a una petrificación del
ordenamiento jurídico.
Teniendo
en cuenta lo anterior, adujeron que es posible identificar que “la Ley 1996
de 2019, si bien busca mejorar la calidad de vida de la población con
discapacidad, al transformar la interdicción por acuerdos de apoyo, estos
cambios no afectan a los elementos estructurales esenciales de los derechos
fundamentales, toda vez que su capacidad jurídica y autonomía, en ningún
momento se ve afectada o aminorada”[87]. Agregaron que
se debe recordar que la Corte ha sostenido que se debe dar una interpretación
restrictiva y no extensiva de la aplicación de este tipo de leyes cuando de
derechos fundamentales se trate. En efecto, no toda norma que verse
sobre derechos fundamentales ya sea que los permita, proteja, limite o
restringa, debe ser emitida mediante una ley estatutaria, pues en tal
caso dejaría de ser una excepción para tratarse de la regla general en la
expedición de leyes y normas. Por esa razón, las normas que sancionan la
violación de derechos fundamentales, como las normas penales, no tienen esta
categoría.
Reforzando
el argumento anterior, aseveraron que se puede observar que la Corte
Constitucional, por medio de la Sentencia C-408 de 1994, estableció que “la
exigencia de que se realice mediante dicha regulación mediante una ley
estatutaria, debe entenderse limitada a los contenidos más cercanos al núcleo
esencial de ese derecho, ya que se dejaría, según interpretación contraria, a
la ley ordinaria, regla general legislativa, sin la posibilidad de existir;
toda vez que, se repite, de algún modo, toda la legislación de manera más o
menos lejana, se encuentra vinculada con los derechos fundamentales”[88].
Con
fundamento en todo lo anterior, concluyeron que la demanda no cumplió con los
requisitos de especificidad y suficiencia y que, por tanto, la Corte
Constitucional no podía emitir un pronunciamiento de fondo.
4.     Instituto
Colombiano de Derecho Procesal
La
señora Liliana Patricia Rojas Rojas, en calidad de miembro del Instituto
Colombiano de Derecho Procesal, presentó una intervención con la finalidad de
solicitar a la Corte Constitucional que se declarara inhibida para pronunciarse
o que, en subsidio, declarara la exequibilidad de la Ley 1996 de 2019.
Como
fundamento de su solicitud, afirmó que la demanda careció de argumentos
certeros y contundentes que desvirtuaran la exequibilidad de la referida ley
por dos razones fundamentalmente: (i) la ineptitud de la demanda; y (ii) la no
existencia de la reserva estatutaria.
Respecto
de la primera razón, señaló que la demanda no dio cumplimiento a las
condiciones exigidas a través del numeral 3 del artículo 2 del Decreto 2067 de
1991, por cuanto: (i) no cumplió el requisito de especificidad y suficiencia,
al no haber expresado en la demanda las razones que la Corte debía tener en
cuenta para entender cuáles son los supuestos contenidos normativos que
debieron ser tramitados bajo el procedimiento de ley estatutaria, por haber
realizado consideraciones subjetivas sin explicar cuál es el sentido y alcance
de la violación formal que ameritaría la expulsión de la ley del ordenamiento
jurídico colombiano; y (ii) no satisfizo el requisito de certeza y pertinencia,
toda vez que, los argumentos del accionante partieron de una premisa errada, al
haber entendido que las leyes ordinarias no pueden regular de “manera
completa y exhaustiva el derecho fundamental a la autonomía personal,
personalidad jurídica”, porque tampoco desarrolló los lineamientos
jurisprudenciales de la Corte Constitucional en materia de reserva de ley
estatutaria, y “la demanda no permitió entender cuáles eran las cuestiones
constitucionales, es decir, que tengan por objeto preservar la vigencia de la
Constitución Política y de esa forma, amerite un pronunciamiento de la Corte
Constitucional”[89].
Agregaron
que no existió un vicio en el proceso de formación de la ley, habida
consideración que, el poder legislativo ejerció su competencia, reconocida a
través del artículo 150 de la Constitución Política, al expedir la Ley 1996 de
2019, así como también al modificar diversas disposiciones del Código Civil y
del Código General del Proceso y al derogar varias disposiciones de la Ley 1306
de 2009, “siguiendo la suerte del mismo trámite ordinario con que crearon
las normas legales primigenias”[90].
Estimaron que la ley bajo estudio no
pretendió regular de forma integral, sistemática y completa, en otras palabras,
no reguló de manera general los atributos de la personalidad jurídica, como lo
son el nombre, el domicilio, la capacidad, la nacionalidad y el estado civil;
por el contrario, su objetivo principal fue el de “establecer medidas
específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal de las personas
con discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan
requerirse para el ejercicio de la misma”[91], tal y como se
estableció en su artículo 1.
Sostuvo
que “[a] diferencia de lo que sostiene el demandante, mediante el trámite de
ley estatutaria no es posible regular de forma exhaustiva y casuística todo
evento ligado a los derechos fundamentales. Por el contrario, le corresponde al
poder legislativo mediante trámite ordinario determinar cuáles son las
diferentes condiciones en que se garantizará el ejercicio de la capacidad
jurídica de las personas con discapacidad como sujetos de especial protección y
en consecuencia, enriquecer el contenido de este derecho con base en los
desarrollos del bloque de constitucionalidad a la luz del art. 4 de
constitucional (Sentencia C-6464/01, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)”[92].
Resaltó
que, inclusive, ya se había expedido la Ley Estatutaria 1618 de 2013 con
anterioridad, “por medio de la cual se establecen las disposiciones para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”,
derechos dentro de los cuales ya se encontraban los del reconocimiento de la
plena capacidad legal y acceso al sistema de apoyos, de conformidad con el
artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad – CDPD –. Así, afirmó que lo que la Ley 1996 de 2019 hizo fue
desarrollar los derechos y deberes derivados de la capacidad legal reconocida
mediante la Ley Estatutaria 1618 de 2013.
Para
concluir su intervención, manifestó que “la ley 1996 de 2019 tampoco generó
restricciones que puedan afectar la estructura general del derecho, al
contrario, bajo el modelo social de los derechos de personas con discapacidad
en la ley se adoptaron una serie de medidas pertinentes para garantizar el
acceso efectivo a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar
en el ejercicio de su capacidad jurídica para expresar su voluntad y
preferencias, así como el deber de implementar salvaguardias adecuadas y
efectivas para impedir los abusos de conformidad con bloque de
constitucionalidad”[93].
5.     Instituto Jô
Clemente
Las
señoras Daniela Machado Mendes, Deisiana Campos Paes y Stella Camlot Reicher, presentaron
una intervención en representación del Instituto Jô Clemente, una organización
sin fines de lucro de la sociedad civil que, desde 1961, “se ha dedicado a
la inclusión, defensa y garantía de los derechos de las personas con
discapacidad, la prevención y promoción de su salud y el desarrollo de
habilidades y potencial que favorecen la educación y el empleo con apoyo para
personas con discapacidad intelectual”[94]. A
través de su escrito hicieron aportes importantes para el estudio del presente
caso, los cuales se resumirán a continuación.
En
primera medida, manifestaron que al realizar un monitoreo sobre lo que sucedía
con las personas con discapacidad al ser sometidas a un régimen de
interdicción, encontraron que ésta figura no protege ni garantiza los derechos
de este grupo de personas, sino, por el contrario, sirve como herramienta para
vulnerar sus derechos fundamentales. De hecho, comprobaron que en más del 90%
de los casos, las personas con discapacidad nunca hicieron uso de la
interdicción para ningún propósito, excepto para los eventos en los que se
buscaba consolidar un beneficio a nivel de salud o de seguridad social.
Manifestaron que “[s]us relatos apuntan, por el contrario, a casos de abuso
financiero, limitaciones al derecho de ir y venir; prohibición de acceso al
trabajo; imposición de tratamientos involuntarios; esterilización no
consentidas; así como casos de violencia y abuso por parte de curadores”[95].
Agregaron
que su organización comenzó un proyecto denominado “Capacidad legal y toma
de decisiones con apoyo – Rompiendo paradigmas”, con el apoyo de la Open
Society Foundation, inspirada en iniciativas similares realizadas en Colombia e
Israel, a través de la cual se ha demostrado que las personas con discapacidad
pueden tomar sus decisiones, incluso si necesitan apoyo. Aclararon que el
cambio de paradigma implica la implementación de nuevas prácticas sociales y
legales que favorezcan el ejercicio de la capacidad legal y la toma de
decisiones con apoyo de las personas con discapacidad.
Para
explicar aún más su postura, expusieron lo siguiente: “Imaginemos la
situación de dos personas con discapacidad intelectual. La primera tiene apoyo
de su familia en todas las áreas de la vida, asiste escolar regular, tiene
amigos y una vida independiente; la segunda nunca tuvo soporte, nunca asistió a
la escuela y su círculo de relaciones se limita a sus padres. ¿El hecho de que
tengan vidas y condiciones diferentes justifica que solo se garanticen los
derechos de una de ellas? ¿Qué nos hace pensar que una puede ser ‘más capaz’ de
ejercer derechos que la otra? || Esta nueva forma de entender la discapacidad
se traduce en la siguiente ecuación: la discapacidad será tanto más notable y
limitante cuanto menor acceso a los soportes y apoyos necesarios para el
ejercicio de sus derechos. Esto se debe a que, como señala el Informe Mundial sobre
Discapacidad, ‘(…) las habilidades de las personas dependen de las condiciones
externas, que pueden ser modificadas por la acción del gobierno’ (…) las
habilidades de las personas con discapacidad se pueden ampliar, sus (sic) se
puede mejorar el bienestar, la capacidad de actuar la libertad, y sus derechos
humanos pueden convertirse en una realidad”[96].
De
hecho, en su opinión, bajo los términos de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad – CDPD –, la Ley 1996 de 2019 y la ley brasileña
de inclusión, el derecho a ejercer la capacidad legal no puede limitarse bajo
el argumento de falta de capacidad mental, de discernimiento o debido al grado
o la gravedad de la discapacidad, bajo pena de constituir discriminación por motivos
de discapacidad. Por el contrario, aseveraron que es esencial garantizar que
todas las personas con discapacidad puedan ejercer este derecho, incluido el
acceso a la asistencia que eventualmente puedan necesitar.
En
síntesis, indicaron que la Ley 1996 de 2019, al establecer el marco para el
ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad, concretó a
nivel nacional los lineamentos de la CDPD, sirviendo como un verdadero ejemplo
para que otros países desenvuelvan y/o mejoren su legislación para garantizar a
las personas con discapacidad su derecho a la capacidad legal y toma de
decisiones con apoyo; teniendo en consideración que: (i) “las personas con
discapacidad tienen derecho a ser protagonistas en sus vidas y a tomar sus
decisiones”; (ii) “la práctica muestra que las restricciones al
ejercicio de la capacidad legal, entre las cuales incluimos la interdicción,
violan los derechos fundamentales (igualdad, libertad, autodeterminación) y
evitan que las personas con discapacidad disfruten de otros derechos
fundamentales”; (iii) “la interdicción, como hemos visto, no protege a
las personas con discapacidad, ni previene situaciones de explotación, abuso y
violencia, y que, por el contrario, para evitar tales situaciones, es necesario
garantizar que las personas con discapacidad ejerzan su capacidad legal”;
(iv) “la realidad cambiante requiere que los países adopten legislación,
prácticas sociales y legales que favorezcan el ejercicio de la capacidad legal
y la toma de decisiones con apoyo por personas con discapacidad”; y (v) “en
Colombia, bajo los términos de la CDPD y la Ley 1996/2019, este paso ya se ha
dado, con la legislación vigente garantizada a todas las personas con
discapacidad, sin distinción, el derecho a la capacidad legal y el acceso a los
medios para su ejercicio”[97].
6.     Intervenciones
ciudadanas
6.1.    Juanita María
Goebertus Estrada,
Representante a la Cámara por Bogotá, presentó un escrito ante la Corte
Constitucional, para solicitar que se declarara inhibida para pronunciarse por
ineptitud sustantiva de la demanda o, de manera subsidiaria, rechazara las
pretensiones del demandante, con base en los siguientes argumentos.
Afirmó
que la demanda no cumplió con los requisitos de especificidad y suficiencia,
habida consideración que el demandante: (i) hizo afirmaciones genéricas y no
aportó razones que dieran cuenta de cómo sus acusaciones están presentes en la
ley demandada y cómo, de manera clara y concreta, los contenidos de la Ley 1996
de 2019 cumplen con los requisitos desarrollados por la jurisprudencia
constitucional frente a la reserva de ley estatutaria; (ii) no fue claro al
justificar porqué se viola el artículo 14 de la Constitución Política y
confundió un supuesto vicio procedimental con un vicio sustantivo, por cuanto
la norma que ataca se refiere al derecho contenido en el artículo 14 de la
Carta Política; (iii) “acudió exclusivamente al texto de los artículos 152 y
153 de la Constitución Política, sin tener en cuenta que la Corte
Constitucional ha desarrollado unas reglas de interpretación de la reserva de
ley estatutaria, con el fin de armonizar las disposiciones constitucionales de
protección de derechos fundamentales y competencias legislativas del Congreso”[98];
y (iv) presentó razones abstractas e insuficientes que tuvieron como fundamento
“el título de la ley y el título de algunos capítulos de la Ley sin que eso
represente mayor claridad o suficiencia frente a los problemas de
inconstitucionalidad que señala. En este caso, la aplicación del principio
pro-actione, como lo solicita el demandante, no puede suplir la falta de
claridad y suficiencia en los argumentos, especialmente teniendo en cuenta que
también está en juego el principio de conservación del derecho. Así, es inadmisible
que el ciudadano solicite que la Corte resuelva los evidentes problemas de
argumentación de la demanda”[99].
Igualmente,
señaló que, si bien los elementos desarrollados en la Ley 1996 de 2019 son
fundamentales para remover ciertas barreras que enfrenan las personas con
discapacidad y desarrollan en mayor detalle los mandatos de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad – CDPD –, la referida ley no se
refiere al núcleo fundamental del derecho a la capacidad legal. En efecto, “la
regulación contenida en la Ley 1996 de 2019 es más detallada que lo estipulado
en la CDPD. La Ley acusada se refiere en particular a la manera como se deben
establecer los apoyos y las directivas anticipadas para que las personas con
discapacidad puedan tomar sus decisiones y reforma el sistema jurídico
ordinario que no fue creado teniendo en mente el modelo social de la
discapacidad. En consecuencia, la Ley 1996 de 2019 no es de carácter
estatutario, más aún si se tienen en cuenta las reglas interpretativas
desarrolladas por la Corte Constitucional”[100].}
Por
último, señaló que “[d]el análisis sustantivo de la Ley 1996 se evidencia el
desarrollo de un componente del amplio margen de regulación del derecho a la
capacidad legal, que tiene que ver con la forma de establecer los sistemas de
apoyo t de directivas anticipadas y todo lo relacionado a ellos, como las
obligaciones de terceros. Por lo tanto, estos aspectos son de competencia del
legislador ordinario teniendo en cuenta tanto el contenido material de la ley,
como la interpretación restrictiva de la reserva de ley estatutaria”[101].
6.2.
María
Alejandra Suarez Saldarriaga presentó su intervención para
solicitarle a la Corte Constitucional que declarara inexequible la Ley 1996 de
2019, toda vez que: (i) en virtud de los artículos 152 y 153 de la Constitución
Política, cuando el contenido del proyecto de una ley se encuentre relacionado
con un derecho fundamental y los procedimientos y recursos para su protección,
el mismo debería ser impulsado mediante el trámite especial de ley estatutaria,
punto en el cual resaltó que la ley bajo estudio regula aspectos esenciales de
del régimen de capacidad legal; (ii) la ley acusada regula aspectos esenciales,
como la presunción de capacidad, y regula el medio y/o mecanismo para su
protección, en otras palabras, los instrumentos jurídicos por medio de los
cuales la ley protege el derecho a la capacidad legal de las personas con discapacidad;
por tanto, (iii) en su opinión, la ley acusada debió ser tramitada como ley
estatutaria y no ordinaria.
6.3.
El ciudadano Cristian Fernanda Cuervo Aponte
presentó un escrito de intervención, mediante el cual solicitó a la Corte
Constitucional declarar exequible la Ley 1996 de 2019. Fundamentó su solicitud
con base en los siguientes argumentos.
Por
un lado, de manera general, señaló que el accionante no cumplió con los
requisitos establecidos en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 para
presentar una acción de inconstitucionalidad, entre estos destacada el de
especificidad y suficiencia, por no haber cumplido con la carga argumentativa
exigida. Adicionalmente, afirmó que el demandante desconoció los parámetros
definidos por la Corte Constitucional para determinar qué supuestos hacen
viable la reserva legal estatutaria. De ahí aseveró que la Corte debía
declararse inhibida para pronunciarse de fondo o, subsidiariamente, declarar
exequible la norma demandada.
El
interviniente manifestó su intención de coadyuvar la tesis presentada por otros
intervinientes que solicitaron declarar exequible los artículos acusados. Ello,
toda vez que en su opinión no se cumplen los requisitos previstos para tramitar
una ley estatutaria. Lo anterior, por cuanto la norma acusada no regula ni
trata aspectos que tengan que ver con el núcleo esencial del derecho a la
personalidad jurídica; por el contrario, sólo regula lo relativo a las personas
con discapacidad mayores de edad. A su parecer, “la intención del Legislador
al expedir la norma acusada, fue ampliar el espectro y proteger a cabalidad los
derechos de las personas en situación de discapacidad que son mayores de edad,
esto pues, atendiendo a convenciones e instancias internacionales, se cambia de
un modelo rehabilitador a uno social que proteja los derechos de las personas
mayores de edad que se encuentran en situación de discapacidad, siendo así,
fueron establecidas herramientas y mecanismos para determinar la celebración de
actos y negocios jurídicos a través de los denominados apoyos, en ese orden de
ideas, se elimina la interdicción y se brinda el reconocimiento que le asiste a
estos sujetos de especial protección constitucional, en el entendido de que no
pueden ser desprovistos de su capacidad legal como atributo de la personalidad
jurídica”[102].
No
obstante lo anterior, indicó que “la Corte no debería proferir un fallo
inhibitorio, habida cuenta que sería una contradicción evidente y contravendría
la lógica judicial, esto pues, si en un primer momento realizó el estudio de la
demanda, donde determinó que fueron cumplidos los requisitos para su admisión
y, por consiguiente, emitió el auto que da cuenta de ello, sería incoherente e
irrazonable que posteriormente viniera a determinar una ineptitud sustantiva de
la demanda, esto pues, haría nugatoria toda expectativa para el accionante de
encontrar una respuesta efectiva al debate constitucional que presentó, por lo
tanto, entiéndase que no estoy defendiendo la tesis del actor, en el sentido de
que se declare la inexequibilidad de la norma en su totalidad, lo que pongo de
presente ante ustedes es el estudio y debate de la demanda que llegó a su
despacho y, por ende, solicito respetuosamente que profieran una decisión de
fondo, ya que, en un primer momento la Magistrada Sustanciadora dispuso su
admisión”[103].
7.     Secretaría
General del Órgano de Revisión Nacional de la Ley de Salud Mental Argentina
María
Graciela Iglesias, en calidad de Secretaria Ejecutiva del Órgano de Revisión
Nacional de la Ley de Salud Mental No. 26657 de Argentina, presentó una
intervención con el objetivo de compartir su opinión frente al tema bajo
estudio. Así, expuso los siguiente.
Aseveró
que la Ley 1996 de 2019 se ajusta a los estándares internacionales en materia
de capacidad legal, pudiéndose considerarse a la referida ley como una
construcción normativa “del más puro corte Convencional” en los términos
de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad – CDPD –.
Indicó
que era imprescindible mencionar la Observación General del Comité para la
Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad, mediante la cual se interpretó el artículo 12 de la CDPD. Explicó
que una de las implicaciones más relevantes derivada de la noción de
discapacidad acogida en dicho artículo es que el análisis de la capacidad
jurídica, y las posibles medidas a adoptar en este ámbito, no deben partir de
un enfoque médico centrado exclusivamente en los rasgos de las personas, en las
deficiencias, sino de un enfoque social que tenga en cuenta la situación en la
que se encuentra la persona y la importancia de los factores relacionados con
el entorno.
En
su opinión, esta apreciación es importante porque las legislaciones nacionales
a la hora de justificar las limitaciones que muchas de ellas permiten imponer a
la capacidad jurídica se centran exclusivamente en la deficiencia (deficiencia
física, sensorial o mental, enfermedades, trastornos) y, en consonancia con lo anterior,
para su adopción se requiere contar con un dictamen médico (sin que se entre a
analizar la situación social de la persona).
En
todo caso, aclaró que el hecho de que las legislaciones nacionales no empleen
el término discapacidad, sino términos técnicos o médicos como “demencia”,
“deficiencia”, “anomalía”, entre otros, no puede ser una excusa para no aplicar
la CDPD.
Citó
un pronunciamiento de la Sociedad Civil Colombia en la que manifestó que: “El
apoyo en la toma de decisiones y la regulación de la capacidad jurídica no debe
versar en función, como lo hace la Ley 1306 de 2009, de la severidad de la
patología o del deterioro de la salud. Por el contrario debe ser las
capacidades concretas, los niveles de discernimiento y las posibilidades reales
de la persona, entre otros, a los que el juez debe acceder, no sólo por medio
de los profesionales de la medicina, sino de familiares, amigos y en general
por medio de las redes sociales de la persona con discapacidad, para proveer
los criterios para el apoyo en la toma de decisiones en cada caso concreto,
esta protección debe dar cuenta de la diversidad y de la amplitud de
necesidades de la persona (...)”[104].
Para
concluir, adujo que “[e]l análisis anterior encuentra una causal de
justificación expresa para sentar la operatividad de la obligación del Estado
en el reconocimiento de la capacidad jurídica plena, universal. La toma de
decisiones con apoyo y el valor de las preferencias no impide, condiciona o
restringe ese reconocimiento. || El respeto a la diversidad humana, a la no
discriminación por motivo de discapacidad, al valor de ser persona con derecho
al desarrollo de su personalidad jurídica transciende concepto de protección y
bienestar tutelar. Alientan la vida independiente, los apoyos para la vida y
simplifican métodos y contextos formales que se oponen como barreras a su
reconocimiento e implementación. || La ley una misma ley puede contar con
vertientes distintas, pero cuando su contenido implica el cumplimiento de la
responsabilidad del estado, este tiene el deber de convalidarlo”[105].
8.     Universidad de
los Andes – Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS)
Juliana
Bustamante Reyes, Directora del Programa de Acción por la Igualdad y la
Inclusión Social (PAIIS) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los
Andes, Federico Isaza Piedrahita, asesor jurídico, Luis Enrique Penagos y Sofía
Forero Alba, estudiantes de la referida universidad, intervinieron dentro del
presente proceso, con la finalidad de solicitar que la Corte Constitucional se
declarara inhibida para hacer un examen de constitucionalidad, por ineptitud de
la demanda o que, de lo contrario, se declarara la exequibilidad de la Ley 1996
de 2019 y se instara a las entidades del Estado correspondientes a asegurar su
cabal cumplimiento. Lo anterior, toda vez que, en su opinión, “se siguió el
trámite legislativo adecuado al consistir en la regulación de un solo aspecto
del derecho fundamental a la personalidad jurídica que, además, materializa
obligaciones asumidas por el Estado colombiano para reconocer a las personas
con discapacidad como sujetos de derecho en igualdad de condiciones”[106].
En
primer lugar, mencionaron que la Ley 1996 de 2019: (i) adopta el modelo social
de la discapacidad, representando un cambio de paradigma frente a la manera en
que se ha entendido históricamente a una población discriminada y en la manera
en que se les ha reconocido como verdaderos sujetos de derechos; (ii)
materializa el derecho a la igualdad ante la ley contenido en el artículo 12 de
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – CDPD –,
cuyo contenido más importante es la capacidad jurídica, con el fin de que todas
las personas con discapacidad tengan la posibilidad de ejercer todos los
derechos reconocidos en la Constitución Política y demás normas en igualdad de
condiciones; (iii) reemplaza el régimen jurídico que permitía la sustitución en
la toma de decisiones, y establece una serie de garantías y mecanismos mediante
los cuales las personas con discapacidad puedan adoptar decisiones basadas en
el apoyo, que respetan y reconocen sus derechos, su voluntad y sus
preferencias; y (iv) al eliminar la figura de la interdicción, no sólo se
adecúa a los estándares y deberes internacionales a los que se ha comprometido
Colombia, sino que también cumple con obligaciones contenidas en la
normatividad interna, como aquella que se encuentra consagrada en el artículo
21 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013.
Por
otro lado, resaltaron la poca rigurosidad con que el demandante argumentó los
requisitos mínimos necesarios para la admisión de la acción pública de
inconstitucionalidad. Afirmaron que la jurisprudencia constitucional ha exigido
que el accionante debe identificar en la demanda el objeto acusado, desarrollar
el concepto de la violación e indicar la razón por la cual la Corte es
competente para conocerla. Destacaron que, particularmente, el segundo
requisito exige, entre otros, “que las razones presentadas por el actor sean
claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”[107].
En este punto en particular, consideraron que, a pesar de que el auto admisorio
dio por cumplidos estos elementos, en su opinión, a la demanda le faltó el
rigor argumentativo, requerido para que la Corte pueda iniciar un estudio de
constitucionalidad al respecto.
En
efecto, estimaron que la demanda bajo estudio no evidenció un examen juicioso
de la jurisprudencia constitucional, la doctrina y los estándares aplicables,
tanto en materia del derecho fundamental a la personalidad jurídica como de la
reserva de ley estatutaria. De ahí que afirmaran que la Corte debía declararse
inhibida ante la falta de argumentación realizada por el demandante. No
obstante, manifestaron que en caso de que se decidiera estudiar la
constitucionalidad de las disposiciones demandadas, sugerían tener en cuenta
los siguientes elementos.
A
propósito, estimaron que la Ley 1996 de 2019 no regula el derecho fundamental a
la personalidad jurídica de manera exhaustiva, habida cuenta que su objetivo se
circunscribe a establecer el régimen de capacidad legal de las personas con
discapacidad mayores de edad. Expusieron que la capacidad es sólo un elemento
de la personalidad jurídica y, por consiguiente, no constituye su totalidad.
Adujeron que el artículo 14 de la Constitución Política consagró que “[t]oda
persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”. En
este sentido, consideraron que la jurisprudencia constitucional ha sido
consistente desde sus inicios al disponer que la personalidad jurídica es una
parte sustancial de la idea de persona en los estados constitucionales
modernos.
De hecho, citaron la sentencia C-109 de
1995, en la que se definió el alcance y contenido de la personalidad jurídica.
En dicha ocasión, la Corte mencionó que la personalidad jurídica no sólo
consiste en la capacidad de una persona de “ser titular de derechos y
obligaciones, sino que comprende, además, la posibilidad de que todo ser humano
posea [...] determinados atributos que constituyen la esencia de su
personalidad jurídica e individualidad como sujeto de derecho. Son los llamados
atributos de la personalidad”[108]. Aclararon que
dichos atributos son: nombre, nacionalidad, domicilio, estado civil, capacidad
y patrimonio. Opinaron que la Corte fue consistente con esta interpretación del
alcance del derecho, lo que se evidenció en la Sentencia SU-696 de 2015,
mediante la cual se reconoció que “el derecho a la personalidad jurídica no
solo comprende la posibilidad que tienen los individuos de ingresar al tráfico
jurídico sino que también incluye todas las características individuales
asociadas a su condición de persona”[109].
Teniendo en cuenta lo anterior,
indicaron que otra de las razones por las cuales el trámite legislativo no
debía necesariamente hacerse conforme a lo estipulado para las leyes
estatutarias, es que la Ley 1996 de 2019 no pretendió regular la dimensión de
la capacidad, perteneciente al derecho al reconocimiento de la personalidad
jurídica, de toda la ciudadanía en general, sino solamente lo que refiere a una
población específica, que además es sujeto de especial protección
constitucional: las personas con discapacidad. Señalaron que, en desarrollo de
la reserva de ley estatutaria, la Corte Constitucional ha establecido en su
jurisprudencia que “no toda norma atinente a los derechos fundamentales y a
sus mecanismos de protección debe ser objeto del exigente trámite de leyes
estatutarias, pues una tesis extrema al respecto vaciaría la competencia del
legislador ordinario”[110].
Aunado a lo anterior, y como sustento
adicional para desvirtuar la solicitud del demandante, consideraron que era
importante remitirse a las deliberaciones llevadas a cabo por el Congreso de la
República dentro del trámite legislativo de la ley demandada, toda vez que, en
estas se pueden identificar con mayor claridad los propósitos e intereses del
legislador al momento de expedir la ley. Así, en el Informe de ponencia para primer
debate del Proyecto de ley número 236 de 2019 Senado, 027 de 2017 Cámara13, se
argumentó que “[e]l proyecto de ley pretende garantizar el derecho al
ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en
Colombia, en armonía con los artículos 5° y 12 de la Convención de Naciones
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. También quedó
expuesto en el mencionado informe que la Ley 1996 de 2019 busca “materializar
las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos frente a una
población históricamente discriminada y segregada como son las personas con
discapacidad”.
Conforme
a lo anterior, concluyeron que era claro que el interés del legislador en el
caso concreto no era modificar o regular de manera específica el derecho a la
capacidad jurídica consagrado en nuestra Constitución, sino armonizar su
ejercicio en virtud de deberes específicos adquiridos en el ámbito
internacional para proteger efectivamente los derechos de las personas en
situación de discapacidad. “Los esfuerzos adelantados por el Congreso de la
República en ningún momento buscaron modificar el derecho fundamental a la
capacidad jurídica —lo cual implicaría incluir, como ya lo ha sostenido la
Corte Constitucional, ‘disposiciones que de alguna manera tocan su núcleo
esencial o mediante las cuales se regula en forma ‘íntegra, estructural o
completa’ el derecho correspondiente’— sino eliminar las barreras en el goce de
derechos constitucionales que perpetúan la discriminación y marginalización de
las personas con discapacidad”[111].
9.     Red Vallecaucana
de Organizaciones de Personas con Discapacidad
Ana
Bolena Rodríguez, miembro fundador de la Red Vallecaucana de Organizaciones de
Personas con Discapacidad, intervino en el presente proceso, para solicitar que
se declarara exequible la Ley 1996 de 2019 y se instara a las entidades del
Estado correspondientes a que aseguren su cabal cumplimiento.
Comenzando
su intervención, manifestó que, debido a su especial interés en el tema y por
la experiencia de la organización, al decidir el presente proceso, la Corte
debía tener en cuenta lo siguiente.
Por
un lado, indicó que la Corte debía aplicar en este caso el principio de
progresividad de la Ley 1996 de 2019, por cuanto ésta reconoce y garantiza el
ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, según lo
establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad – CDPD –; convención firmada y ratificada por Colombia en el 2009.
Aseveró
que, en su opinión, no se debería poder reversar esta Ley por una cuestión de
procedimiento realizado por Ley Estatutaria, ya que, por un lado, “aquella
no cumple con los aspectos para reversar una ley, y, por otra parte, porque lo
importante de la Ley es la cuestión de fondo que se garantiza con ésta y no la
forma por la que fue emitida – como ley ordinaria”[112].
Agregó
que las disposiciones acusadas no están ligadas al desarrollo de elementos que
hagan parte del núcleo fundamental del derecho a la capacidad legal, sino, por
el contrario, sólo evidencian la capacidad legal de un grupo específico que es
la población con discapacidad. Asimismo, aseveró que el hecho de que se trate
de una regulación de derechos de sujetos de especial protección constitucional
no genera que se vuelva un trámite estatutario.
10.
Clínica
Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la UNAB
Diana
Carolina Pinzón Mejía, en calidad de Coordinadora de la Clínica Jurídica
de Interés Público y Derechos Humanos de la UNAB, y Karol Julieth Colmenares
Abril, en calidad de Judicante de la referida Clínica, presentaron una
intervención, con la intención de solicitar que la Corte Constitucional se
declarara inhibida para pronunciarse o que, subsidiariamente, se declarara la
exequibilidad de la Ley 1996 de 2019, por encontrarse, en su opinión, ajustada
a la Carta Política y por ceñirse a los objetivos y principios constitucionales
que regulan la materia.
Manifestaron
que la
Ley 1996 de 2019 fue analizada y estructurada conforme a la Constitución
Política y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad –
CDPD – (convención que hace parte del Bloque de Constitucionalidad).
Afirmaron
que no es posible seguir limitando de sus propios actos y toma decisiones a las
personas con discapacidad, por considerar que no cuentan una garantía o
protección constitucional. Por consiguiente, consideraron que esta norma
representa un cambio real y efectivo de reconocimiento derechos a este grupo
poblacional, pues, en su opinión, “la discapacidad es un concepto cambiante
y así como en la sociedad hay que entrar a reconocer los derechos de
poblaciones tradicionalmente marginadas, es el momento de reconocer el error de
anular a las personas a través de figuras nefastas como la interdicción. La
autonomía, dignidad, primacía de la voluntad y preferencias, la no
discriminación, el derecho a la accesibilidad entendido como la eliminación de
barreras y la igualdad de oportunidades, son los pilares fundantes de esta
norma que reconoce en igualdad de derechos y oportunidades a las personas con
discapacidad, tal como se contempla a nivel internacional en la Convención de
los Derechos de las Personas con Discapacidad”[113].
Consideraron
importante señalar que la Ley 1996 de 2019 no sólo da un paso adelante en el
reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, con la
abolición de la interdicción como supuesto medio de protección, toda vez que
establece medidas específicas de garantía y acceso a apoyos que permiten
respetar a través de asistencia y reconocimiento de la primacía de la voluntad.
Estas salvaguardas, en todo caso, son medidas para impedir abusos y se dan bajo
los criterios de necesidad, correspondencia, duración e imparcialidad. Así
mismo, a través de la ley se determinan procedimientos claros que incluyen
procesos judiciales, acuerdos de apoyo y directivas anticipadas.
En
síntesis, consideraron que la Ley 1996 de 2019, si bien busca mejorar la
calidad de vida de la población con discapacidad, al transformar la
interdicción por acuerdos de apoyo, estos cambios no afectan a los elementos
estructurales esenciales de los derechos fundamentales, por cuanto su capacidad
jurídica y autonomía en ningún momento se ven afectados o aminorados.
Por
último, adujeron que “la Corte ha establecido que se debe dar una
interpretación restrictiva y no extensiva de la aplicación de este tipo de
leyes cuando de derechos fundamentales se trate, por lo tanto en este caso no
se aplica la reserva estatutaria”[114].
11.
Universidad
de Ibagué
Marly
Isabel Cuellar Mora, en calidad de Coordinadora de la Clínica Jurídica de
Derechos Humanos e Interés Público del Consultorio Jurídico y Centro de
Conciliación del Programa de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad de Ibagué, intervino con la finalidad de solicitar
a la Corte Constitucional que declarara exequible la Ley 1996 de 2019.
Opinó
que el cargo presentado por el demandante era insuficiente, como quiera que el
mismo resultó vago e indeterminado, pues a pesar de que se señaló que la Ley
1996 del 2019 debió tener trámite de ley estatutaria, no se realizó un análisis
detallado en el que se identificara  la manera en que la ley acusada vulnera la
Constitución Política; ni siquiera hizo un análisis del derecho fundamental a
que se refiere el numeral 1del artículo 153 de la Carta Política, sino que se
limitó a expresar de forma genérica algunos “derechos”, sin la
suficiencia requerida que le permitiera a la Corte Constitucional “realizar
un estudio de fondo acerca de la exequibilidad de los derechos fundamentales
censurados y se limitó al hecho de afirmar la existencia”[115].
Para
finalizar, indicó que declarar la inexequibilidad de la Ley 1996 de 2019
implicaría un retroceso en la garantía de derechos de las personas con
discapacidad en Colombia, puesto que reconocer la capacidad legal de las
personas con discapacidad ha sido un avance significativo en la lucha por la igualdad
en el ejercicio de sus derechos.
12.
Defensoría del Pueblo
Mariana
Medina Barragán, en calidad de Defensora Delegada para los Asuntos
Constitucionales y Legales, presentó una intervención con el objetivo dar un
concepto técnico dentro del presente proceso y solicitar que la Corte
Constitucional se declarara inhibida para pronunciarse de fondo por ineptitud
de la demanda o, subsidiariamente, declarara exequible la normatividad bajo
estudio.
Por
un lado, manifestó que las alegaciones del demandante se circunscribieron a
indicar que la Ley 1996 de 2019 violó lo consagrado en los artículos 14, 152 y
153 de la Constitución Política, por cuanto “regula de manera completa y
exhaustiva el derecho fundamental a la autonomía personal, personalidad
jurídica y/o a la capacidad plena”[116],
y debió tramitarse como ley estatutaria. Al respecto, aseveró que las razones
dadas por el demandante no fueron claras, puesto que se confundió y asimiló los
conceptos de autonomía personal, personalidad jurídica y capacidad plena, como
derechos reconocidos en el artículo 14 de la Constitución; confusión que, en su
opinión, no se justificaba en la medida en que el demandante es un abogado, con
estudios en derecho público, y, por ello, consideró que “es de esperarse que
su argumentación no se presente a equívocos”[117].
Por
otro lado, explicó que la falta de exactitud y claridad sobre el contenido del
referido artículo 14 impactó en el cumplimiento del requisito de certeza; toda
vez que la argumentación de dicho cargo se basó en la interpretación “caprichosa”
que le dio el demandante, según la cual la Ley bajo estudio reguló de manera
exhaustiva el derecho fundamental señalado por él. Aseveró que aquella
interpretación era errónea, habida consideración que la ley sólo reguló “un
aspecto particular del derecho a la personalidad jurídica respecto de una
población en particular, como son las personas mayores de edad con discapacidad
y que pueden necesitar alguna clase de salvaguardia”[118].
Igualmente,
adujo que no se cumplió el requisito de especificidad en relación con la
violación de los artículos 152 y 153 de la Constitución Política, relativo a si
la ley debió tramitarse como estatutaria o como ley ordinaria. Ello, debido a
que el demandante tenía la carga de analizar si la ley objetada cumplía o no
con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la materia.
A
continuación, estimó que “sobre el requisito de pertinencia según el cual la
demanda debe plantear un problema de constitucionalidad y no de conveniencia
para el actor de la acción, esta entidad considera importante destacar que la
acción presentada por señor Edier Esteban Manco se suma a varias presentadas
por este actor en contra de la misma norma. En los procesos iniciados por esas
demandas, la Defensoría del Pueblo ha intervenido con el objetivo de defender
la constitucionalidad de los apartes cuestionados (…) sobre el requisito de
suficiencia y la necesidad de que se genere una duda mínima sobre la
constitucionalidad de la norma, para la Defensoría del Pueblo considera que el
cumplimiento de este requisito es la consecuencia natural de la observancia de
los demás, pues al esgrimir razonamientos que sean claros, ciertos, específicos
y pertinentes, es posible decantar hacia una duda sobre la concordancia entre
la norma acusada y la Constitución. Por ello, al no cumplirse con los demás
requisitos este se tiene por no agotado”[119].
Ahora
bien, en relación con la reserva de ley en materia de leyes estatutarias, la
interviniente indicó que, “[a]l contrastar el contenido de la ley, con los
criterios decantados por la Corte Constitucional para determinar e qué casos
opera la reserva de ley estatutaria, se puede afirmar que la ley no regula el
núcleo esencial del derecho a la personalidad jurídica, sino sólo un atributo
relacionado con la capacidad legal de un grupo poblacional en particular.
Asimismo, de considerarse la capacidad legal como un derecho autónomo, tampoco
establece el núcleo esencial de esta, sino su ejercicio respecto de las
personas mayores de edad con discapacidad”[120].
13.
Ministerio
de Salud y Protección Social
La
señora Luz Dary Moreno Rodríguez, actuando en nombre y representación del
Ministerio de Salud y Protección Social, presentó un memorial de intervención
con la finalidad de solicitar a la Corte Constitucional que se declarara
inhibida para pronunciarse de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda.
Subsidiariamente, solicitó que se declarara exequible la totalidad de la Ley
1996 de 2019. Lo anterior, con base en los siguientes argumentos.
Para
comenzar su intervención, afirmó que, contrario a lo manifestado por el
demandante, la Ley acusada no regula de forma absoluta el derecho fundamental a
la personalidad jurídica de las personas con discapacidad mayores de edad.
Ello, por cuanto “su objeto se circunscribe a ‘(…) establecer medidas
específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal plena de
las personas con discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apoyos que
puedan requerirse para el ejercicio de la misma’ (…)”[121].
En
su opinión, la ley demandada se profirió con el objetivo de eliminar las
barreras jurídicas que imposibilitaban el acceso de esta población a un trato
igualitario frente al goce de sus capacidades legales, asegurándoles
herramientas de apoyo para la toma de sus decisiones. Así, concluyó que, con
fundamento en ello, se eliminó la interdicción y se estableció la presunción de
capacidad.
A
propósito, respecto de la reserva de las leyes estatutarias, indicó que “basta
señalar que la Ley 1996 de 2019 no regula en forma ‘integral, estructural o
completa’, un asunto referente a aquellos incluidos en el literal a) del
artículo 152 de la Constitución, por el contrario, se relaciona con la
capacidad jurídica, atributo de la personalidad jurídica, de un segmento de la
población, esto es, las personas con discapacidad mayores de edad. Como lo
manifiesta el propio demandante, la aludida ley aborda de manera general y
específica los aspectos conceptuales y procedimentales relacionados con la
garantía del derecho al ejercicio de la capacidad legal de este grupo de
personas, incluyendo el establecimiento de mecanismos para su ejercicio y para
la realización de actos jurídicos, los acuerdos de apoyo para la celebración de
los mismos, las directrices anticipadas, la adjudicación judicial de apoyos,
las personas de apoyo y el régimen de transición, el cual incluye la
prohibición de las medidas de interdicción. (…) En consecuencia, el único
argumento esbozado por el actor, según el cual, ‘(...) la misma fue aprobada
mediante el procedimiento legislativo de una ley ordinaria, cuando, por la
esencia y/o contenido mismo de la norma atacada, debió ser tramitada por el
procedimiento de una ley estatutaria (...)’, carece de validez, teniendo en
cuenta que, no todos los aspectos relacionados con un derecho fundamental o su
ejercicio, se encuentran sujetos al trámite de una ley estatutaria. La Ley 1996
de 2019 establece medidas pertinentes, factibles y concretas a fin de
garantizar el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad
mayores de edad, asignando responsabilidades y prohibiendo la implementación de
una medida -interdicción- violatoria de los derechos y la dignidad humana,
situación totalmente ajena a pretender o definir desde su esencia, el derecho
fundamental a la personalidad jurídica de las personas en situación de
discapacidad mayores de edad”[122].
Por
último, concluyó que el argumento presentado por el demandante no cumplió con
los requisitos de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia, habida cuenta
que se limitó a afirmar que la Ley 1996 de 2019 debió tramitarse bajo los
presupuestos de los artículos 152 y 153 de la Constitución Política, esto es,
mediante ley estatutaria, sin expresar mayor sustento que el hecho de regular
un derecho fundamental.
14.
Ministerio
de Justicia y del Derecho
Olivia
Inés Reina Castillo, en calidad de Directora de Desarrollo del Derecho y del
Ordenamiento Jurídico, procedió a intervenir dentro del presente proceso para
solicitar a la Corte Constitucional que se declarara exequible la Ley 1996 de
2019, bajo las siguientes consideraciones.
Opinó
que la Ley 1996 de 2019 se tramitó por el procedimiento legislativo correcto,
conforme a los temas y dimensiones de la capacidad legal para las personas
mayores de edad en condición de discapacidad que reguló. Explicó que los temas
abordados por la ley demandada no implicaban una regulación integral o
estructural del derecho a la capacidad legal como tal. Por el contrario,
solamente se establecieron unas medidas e instrumentos específicos dirigidas a
un grupo en particular para el ejercicio de este derecho.
Por
otro lado, indicó que la Ley 1996 no estableció restricciones al goce de esta
garantía, sino que buscó adaptar el ordenamiento jurídico colombiano, en
materia de garantía y reconocimiento de la capacidad de una población de
especial protección constitucional, al cumplimiento de las obligaciones
internacionales del Estado Colombiano en el marco de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad – CDPD –. Por ello, consideró que las
normas cuestionada no debían ser tramitada bajo las exigencias de los artículos
152 y 153 de la Constitución Política para las leyes estatutarias, atendiendo
el contenido de aquélla y la jurisprudencia constitucional en la materia.
De
hecho, explicó que, “[d]e la revisión exhaustiva de los contenidos de la Ley
1996 de 2019, se puede concluir a primera vista, que aun cuando realiza cambios
significativos al régimen de capacidad jurídica, contenido en la legislación
civil y procesal, no está regulando en sí mismo el derecho a la capacidad
legal, pues está determinando herramientas e instrumentos para el ejercicio de
este derecho con destino a una población en específico, que tradicionalmente
tenía restricciones para el ejercicio de su derecho a decidir. || En efecto, no
está regulando estructuralmente el derecho, sino que viene a establecer parámetros
para la garantía frente a los mayores de edad en condición de discapacidad, no
para toda la población y finalmente no está creando limitaciones al ejercicio
de este derecho sino adaptando la normatividad a parámetros internacionales y
al modelo social de discapacidad en aras de la garantía de la igualdad y el
respeto de los derechos Humanos de una población de especial protección
constitucional” [123].
Aclaró
que, a pesar de que la Ley 1996 de 2019 aborda uno de los atributos de la
personalidad jurídica, reconocida como garantía fundamental, esto es, la
capacidad jurídica, ello no implica que la ley haya tenido que ser tramitadas
por ley estatutaria; pues, no cumple los demás criterios materiales que ha
dispuesto la corte para la aplicación de la cláusula contenida en el artículo
152 constitucional.
Resaltó
que la reserva de ley estatutaria en materia de derechos fundamentales es
excepcional, en tanto que la regla general aplica a favor del legislador
ordinario. En este sentido, advirtió que, “aunque la norma cuestionada
modifica el régimen de capacidad legal de las personas con discapacidad, las
normas que antes lo regulaban se encontraban contenidas en Códigos y leyes
ordinarias, por lo cual las modificaciones introducidas por la nueva ley
respetan el criterio de jerarquía normativa”[124].
En
concreto, señaló que la Ley 1996 de 2020 definió “cómo se deben establecer
los apoyos y las directivas anticipadas para que las personas con discapacidad
puedan tomar sus decisiones y reforma algunos contenidos del Código civil y de
procedimiento para adaptar el sistema jurídico al modelo social de la
discapacidad, conforme a las obligaciones internacionales derivadas de la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, si bien genera la presunción de capacidad legal de todas las
personas en condición de Discapacidad en ningún momento está regulando en sí
misma la Capacidad legal como atributo de la Personalidad Jurídica, pues la ley
simplemente está creando unas figuras que permiten que las personas con
discapacidad adopten decisiones sin necesidad de que su consentimiento sea
suplantado”[125].
Igualmente,
afirmó que la Ley 1996 de 2019, no reguló de manera integral, estructural o
completa de la capacidad legal. Ello, toda vez que: (i) la ley se enfocó en un
grupo poblacional especifico; y, (ii) no reguló el ejercicio del derecho para
toda la población. Indicó que debía tenerse en cuenta que la regulación
estructural de esta garantía para la población en condición de discapacidad
está contemplada en la Ley Estatutaria 1618 de 2013 y en el artículo 12 de la
CDPD.
En
síntesis, en su opinión, “lo que hizo la Ley 1996 fue actualizar el régimen
legal de capacidad consagrado en el Código Civil que había sido el mismo desde
su promulgación en 1887, hasta la entrada en vigencia de la Ley 1306 del 2009,
normas que seguían perpetuando instituciones que negaban la capacidad y la
autonomía de las personas en condición de discapacidad y que avalaban la
interdicción como medida preventiva para inhabilitar la participación libre de
una persona en condición de discapacidad en el tráfico jurídico”[126].
Adicionalmente,
opinó que la Ley 1996 de 2019 “garantiza el respeto de la dignidad humana,
la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones,
la independencia de las personas y finalmente, el derecho a la no
discriminación; dichos principios y derechos vienen recogidos en la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero únicamente para
desarrollar una de las obligaciones del Estado frente a las múltiples facetas
de los derechos de las personas con discapacidad. Se encarga de desarrollar
parte de las obligaciones contenidas en el articulo 12 de la CDPD que busca
garantizar el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con
discapacidad y para ello indica que los estados tienen el deber de garantizar
el acceso a las personas en situación de discapacidad a apoyos en la toma de
decisiones y a esquemas de salvaguardias que les permita ejercer plenamente su
capacidad jurídica, bajo el postulado de “Nada sobre nosotros sin nosotros”. En
efecto, establece los mecanismos y sistemas de apoyo para la toma de decisiones
de las personas en situación de discapacidad y favorece así el ejercicio de su
capacidad legal, objetivo preciso y alejado del carácter de sistematicidad que
corresponde a las leyes estatutarias”[127].
Adujo
que la ley demandada limitó, restringió, prohibió o estableció excepciones para
el ejercicio de la capacidad legal. A contrario sensu, consagró la presunción
de la capacidad de todas las personas sin distinción, estableciendo que en
ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para restringir
el ejercicio legal y el derecho a decidir de una persona. Por consiguiente,
concluyó que es una norma que “de forma concreta, persigue eliminar barreras
para que las personas mayores de edad en condición de discapacidad puedan
ejercer su derecho a tomar decisiones y que esas decisiones sean respetadas en
la celebración de actos jurídicos. Esta Ley cumple un papel determinante en la
actualización del contenido de los derechos fundamentales”[128].
En
definitiva, llegó a la conclusión de que la Ley 1996 de 2019 no cumple varios
de los criterios jurisprudenciales para la aplicación de la cláusula de reserva
legislativa. “Considerar como lo hace erróneamente el accionante, que
cualquier norma que desarrolle en detalle cada variante de manifestación de los
derecho fundamentales o cualquiera de los aspectos procesales que tengan que
ver con su ejercicio, debería tramitarse como estatutaria, conduciría a un
desconocimiento total de las competencias del legislador ordinario que
derivaría en lo que la jurisprudencia denomina “petrificación del ordenamiento
jurídico“, en este caso, es claro que la regulación puntual y detallada de los
mecanismos y herramientas para facilitar el ejercicio de la capacidad legal de
las personas mayores de edad en condición de discapacidad le corresponde al
legislador ordinario”[129].
15.
Instituto
Nacional para Sordos - INSOR
El
señor Luis Hernán Cuéllar Durán, en calidad de Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica del Instituto Nacional para Sordos – INSOR –, presentó una
intervención con el objetivo de solicitar a la Corte Constitucional que se
declarara inhibida para pronunciarse de fondo por ineptitud sustantiva de la
demanda o, en su defecto, declarar exequible la Ley 1996 de 2019. Para
sustentar su petición expuso los siguientes argumentos.
Para
comenzar, estimó que el demandante no cumplió con los requisitos de
especificidad y suficiencia, al no haber expuesto las razones concretas por las
cuales consideró que los contenidos de la ley bajo estudio debieron ser
tramitados bajo el procedimiento de una ley estatutaria. De hecho, consideró
que el actor no analizó los requisitos desarrollados por la jurisprudencia
constitucional relativos a la reserva de la ley estatutaria. Agregó que omitió
identificar los artículos específicos que, en su opinión, debieron ser
tramitados conforme a lo dispuesto en los artículos 152 y 153 de la
Constitución Política. Puntualmente, no precisó qué artículos son los que
presuntamente regulan en sí mismo el derecho fundamental de la personalidad
jurídica, su núcleo o estructura esencial.
Afirmó
que “[l]a regulación de la capacidad legal de las personas con discapacidad
establecida en la Ley 1996 no se refiere al núcleo fundamental del derecho a la
capacidad legal, porque éste se encuentra definido en las Leyes 1346 y 1618; en
tanto, la Ley 1996 representa la configuración más detallada de la consagración
legal del derecho a la capacidad jurídica. || De la revisión integral del texto
acusado, se observa que el objeto de la ley es regular variantes de la garantía
de los derechos a la capacidad legal y aspectos que tengan que ver con su
ejercicio (Art. 1°) (…) De manera tal que la Ley 1996 no tiene como objeto
regular de forma integral, sistemática y completa el derecho a la personalidad
jurídica establecido en el Art. 14 Superior.”[130].
16.
Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –
DescLAB
El
señor Álvaro Fabián Carreño Ordóñez, en calidad de Investigador Senior de
DescLAB, presentó una intervención con el objetivo de solicitar a la Corte
Constitucional que declarara exequible la Ley 1996 de 2019, con fundamento en
las siguientes consideraciones.
En
primera medida, afirmó que el demandante omitió mencionar el contenido y
mandato, relativo a reformar el derecho al igual reconocimiento ante la ley,
establecido en el artículo 12 de la CDPD. Tanto así que el demandante argumentó
que la Ley 1996 de 2019 desarrolló “todo el contenido del derecho
fundamental de la autonomía personal, personalidad jurídica y/o capacidad plena
de las personas en situación de discapacidad mayores de edad”[131],
sin explicar cuáles son los supuestos elementos presentes en la ley estudiada
que “otorgan ‘todo el contenido’ de los derechos a la autonomía personal, a
la personalidad jurídica y a la capacidad plena, el accionante desconoce que el
contenido esencial de dichos derechos ya se encontraba en la Declaración de los
Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y,
específicamente para las personas con discapacidad, en la CDPD”[132].
Consideró
que el demandante se equivocó al afirmar que la Ley 1996 de 2019 reguló de
manera exhaustiva el derecho fundamental a la capacidad jurídica y sus
mecanismos de protección de las personas en situación de discapacidad mayores
de edad. Adujo que no se refirió a ninguna de las figuras desarrolladas por la
ley demandada, así como tampoco expuso las razones por las que consideró que
hace una regulación exhaustiva. Adicionalmente, omitió mencionar los
antecedentes normativos que llevaron a que se desarrollaran los apoyos
establecidos en la Ley 1996 de 2019.
A
propósito, aclaró que lo que el actor llama “mecanismos de protección”,
son acciones afirmativas, ajustes razonables y apoyos que ya estaban
contemplados como mandato para el Estado colombiano desde la CDPD y en la Ley
Estatutaria 1618 de 2013.
Por
otra parte, indicó que la Ley 1996 de 2019 no restringió, amplió o modificó el
derecho en su núcleo esencial. En su opinión, el Legislador utilizó la ley
ordinaria, puesto que las normas con jerarquía superior, como la CDPD y la Ley
Estatutaria 1618 de 2013, ya habían dado desarrollado a ese núcleo esencial.
Verbigracia, estas normas habían desarrollado ampliamente el derecho al igual
reconocimiento ante la ley y, por tanto, la Ley 1996 de 2019 desarrolló las
obligaciones del Estado para garantizar ese derecho.
Con
fundamento en todo lo anterior, concluyó que el hecho de que una ley regule la
posibilidad de materializar un derecho fundamental no implica necesariamente
que su trámite deba ser el reservado para las leyes estatutarias. “Por lo tanto,
el principio general es que el procedimiento establecido para las leyes
estatutarias se debe aplicar cuando se pretenda regular el núcleo esencial, el
contenido, los procedimientos y los recursos para su protección. Frente a estos
criterios que establecieron los artículos 152 y 153, la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado ampliamente las reglas que deben orientar el
trámite de leyes estatutarias[133]”.
A
su parecer, a través de la Ley 1996 de 2019, el Legislador no convirtió el
derecho consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política en otro, pues
no le quitó su esencia fundamental, ni mucho menos desnaturalizó su ejercicio o
modificó su espectro de protección.
Señaló
que, en la demanda, el actor citó los títulos de la Ley 1996 de 2019 sin
profundizar en su contenido y sin argumentar de fondo el por qué la ley
demandada debió tramitarse como estatutaria. De hecho, aseveró que el
demandante sólo mencionó los nombres de los títulos y los capítulos, sin explicar
por qué se modificó presuntamente el núcleo esencial del derecho al igual
reconocimiento ante la ley.
Estimó
que “[l]a Ley 1996 de 2019 tiene por objeto desarrollar el régimen de
capacidad legal de las personas con discapacidad. Entonces, establece la toma
de decisiones y la manifestación de voluntad a través de los acuerdos de apoyo,
la adjudicación judicial de apoyos y las directivas anticipadas. Estos
mecanismos no están modificando el derecho, no están restringiendo o ampliando
su contenido esencial, le están dando un desarrollo práctico a los mandatos y
elementos estructurales que se establecieron los artículos 14 y 13 de la
Constitución, en el artículo 12 de la CDPD26 y el artículo 21 de la Ley
Estatutaria 1618”[134].
Finalmente,
puso de presente que “la posibilidad de declarar la inexequibilidad de esta
ley, implicaría remover del ordenamiento jurídico las herramientas que
favorecen el goce efectivo del derecho al igual reconocimiento ante la ley, el
ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad para las personas
con discapacidad y que desarrollan obligaciones internacionales de derechos
humanos. Es decir, podríamos estar ante una posible violación al principio
progresividad y no regresividad de los derechos humanos”[135].
Por consiguiente, solicitó a la Corte Constitucional que, en caso de
decidir extraer del ordenamiento jurídico colombiano los mecanismos
establecidos en la Ley 1996 de 2019, se declare una inexequibilidad diferida;
pues, de lo contrario, “se estaría generando una situación constitucional
que afecta el goce efectivo del derecho fundamental al igual reconocimiento
ante la ley y el ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad.
Entonces, si la Corte decide que procede la reserva estatutaria en uno, en
varios artículos o en toda la Ley, solicitamos que se mantenga la protección
que otorga la Ley 1996 de 2019 mientras se tramita de nuevo su contenido bajo
los procedimientos establecidos en los artículos 152 y 153 de la Constitución,
y teniendo en cuenta los criterios establecidos para estos casos en la
Sentencia C-951 de 201432”[136].
ACLARACION DE VOTO DE LA MAGISTRADA
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
A LA SENTENCIA C-022/21
Expediente: D-13.743
Magistrada Ponente:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Con el acostumbrado respeto por
las decisiones de la Sala, presento Aclaración de Voto a la sentencia proferida
el 4 de febrero de 2021, que declaró la exequibilidad de la Ley 1996 de 2019 "Por
medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad
legal de las personas con discapacidad mayores de edad", por el cargo
de desconocimiento de la reserva de ley estatutaria.
Si bien comparto tal
determinación, encuentro necesario aclarar mi voto en relación con la
fundamentación del fallo respecto del análisis de aptitud del cargo formulado
en la demanda. Esto por cuanto considero que el examen del concepto de la
violación relacionado con la vulneración de la reserva de ley estatutaria -en
razón a la aplicación restrictiva y excepcional de dicha figura-, suponía para
el demandante la exigencia de precisar las razones por las cuales consideraba
que la norma cuestionada intervino el núcleo esencial del derecho fundamental a
la capacidad jurídica, lo que conducía a agotar el procedimiento legislativo
estatutario.
No bastaba entonces con la
afirmación abstracta y genérica según la cual, por la esencia y contenido mismo
de la norma, esta debió ser tramitada por el procedimiento de una ley
estatutaria. En estos casos la carga argumentativa del accionante implica hacer
explícitas las razones de oposición, que estima fundadas, entre la Constitución
y la norma demandada.
Fecha ut supra
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
A LA SENTENCIA C-022/21
Referencia:
Expediente D-13743
Demanda
de inconstitucionalidad contra la Ley 1996 de 2019 “Por medio de la cual se
establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas
con discapacidad mayores de edad”
Magistrada
Ponente:
Cristina
Pardo Schlesinger
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de esta corporación, me permito aclarar mi voto frente al examen
realizado respecto de la aptitud de la demanda en la sentencia C-022 de 2021.
En dicha sentencia, la Sala Plena resolvió declarar la “EXEQUIBILIDAD de
la Ley 1996 de 2019 ‘Por medio de la cual se establece el régimen para el
ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de
edad’, por el cargo de reserva de ley estatutaria sobre la integralidad de la
ley”. Aun cuando comparto la decisión de exequibilidad sobre la disposición
demandada, teniendo en cuenta la forma como se justificó la idoneidad o aptitud
de la acusación propuesta para provocar el citado pronunciamiento, considero
necesario precisar los siguientes aspectos.
1.
Anotaciones sobre las reglas jurisprudenciales,
relacionadas con la aptitud del cargo de reserva de ley estatutaria sobre la
integralidad de la ley. Si bien es
cierto que la Corte ha admitido la formulación de cargos globales, cuando se
trata del estudio de la reserva de ley estatutaria; no es menos cierto que en
su jurisprudencia también ha venido requiriendo de una mayor especificidad en
la acusación, con miras a garantizar que el control que activa la toma de una
decisión, se origine de una demanda ciudadana y no de una labor de oficio por
parte de esta corporación.
2.
Es así como, ha señalado este tribunal que una
acusación global, que supondría que no se precisa la razón por la que cada
precepto de una ley requiere de su aprobación por vía estatutaria, demanda:
(i)
No solo que la regulación se pueda identificar en
una sola materia, con un centro normativo único de regulación;
(ii)
Sino que, además, se confronte, en realidad, lo
regulado en la ley frente al texto constitucional, explicando, en el caso de la
reserva por tratarse de derechos fundamentales, cuál es, precisamente, (a) el
derecho comprometido o afectado; (b) por qué se requiere acudir a la reserva
estatutaria; y (c) por qué no es válida la regulación expedida por el
legislador ordinario. Aun cuando la Corte ha admitido la naturaleza global de
un cargo, siempre ha descartado tomar decisiones de fondo, cuando la acusación
es vaga, abstracta, indirecta e indeterminada, ya que ello desconoce las
razones de especificidad y suficiencia para activar el control.
3.
Recientemente, en la sentencia C-465 de 2020,
este tribunal se inhibió de adoptar una decisión de fondo respecto del Código
de la Infancia y la Adolescencia, por considerar que “el ciudadano planteó
un cargo global y vago en contra de la Ley 1098 de 2006, por cuanto jamás concretó
la censura particular que advertía un desconocimiento de la reserva de ley
estatutaria en materia de derechos fundamentales y de administración de
justicia. El actor solo enunció el tratamiento de los derechos en el estatuto
mencionado, como la vida, la salud, entre otros, empero no explicó como invadía
la competencia del legislador estatutario. También, indicó que la demanda posee
tal generalidad que ataca toda la ley, sin advertir que hay materias que
carecen de relación con la libertad, la salud o la educación de los niños,
niñas y adolescentes”[137].
4.
Esta posición adoptada por la Corte, también se
refleja en el estudio realizado en la sentencia C-370 de 2019, en la que, al
examinar la regulación sobre la objeción de conciencia en el servicio militar
obligatorio, se destacó que la demanda “(…) únicamente procedía respecto de
las normas que regulan la procedencia, el trámite de reconocimiento y el
ejercicio del derecho a la objeción de conciencia”, excluyendo “(…) el
examen de otras hipótesis que, según la jurisprudencia, obligan a seguir el
trámite de ley estatutaria, como es el caso de la regulación del núcleo
esencial de un derecho fundamental, pues sobre ello la demanda no presenta
argumentos”.
5.
Las mencionadas reglas jurisprudenciales,
relacionadas con la aptitud del cargo de reserva de ley estatutaria sobre la
integralidad de la ley, no se cumplen en el caso objeto de estudio en esta
ocasión. Visto lo anterior, si
se toma como base la acusación que en realidad formuló el actor en el caso del
cual me permito aclarar el voto[138], no cabe duda de que
existían suficientes razones para adoptar una decisión inhibitoria:
(i)
Primero, porque la acusación era vaga,
indeterminada y carente de desarrollo argumentativo. Solo se afirmaba que la
ley impugnada consagra el “régimen para el ejercicio de la capacidad” y
se aludía, en general, a su estructura normativa, siguiendo la nominación en la
que se divide la ley, sin explicación alguna.
(ii)
Segundo, porque no se especificaba en realidad
cuál era el derecho fundamental que exigía la regulación estatutaria;
indistintamente se invocaban por el accionante los conceptos de “autonomía
personal”, “personalidad jurídica” y “capacidad plena” de las
personas con discapacidad. Tales figuras no son lo mismo, ni tampoco tienen un
alcance jurídico idéntico.
(iii)
Tercero, no se explicaba el contenido
constitucional de ninguno de los derechos citados y, peor aún, el por qué, por
lo menos, en el caso de la capacidad plena, se trataba de un derecho
fundamental diferenciable de la personalidad jurídica.
(iv)
Cuarto, en ningún momento se daban razones para
entender por qué se trataba de una regulación que afectaba el núcleo esencial
de un derecho fundamental. Tan solo se afirmó lo siguiente: “Se puede observar entonces que la regulación de este derecho
no es accidental, superflua, ni mucho menos no desarrolla el contenido no
esencial de este o estos derechos fundamentales, por el contrario, detalla, con
precisión, cada uno de los aspectos básicos del o de los mismos, desde lo más
simple, hasta lo más detallado, desde los principios, la forma de ejercer la
personalidad y/o capacidad jurídica, hasta los procedimientos para su
protección.”
(v)
Y, quinto, si bien se aludía a que se trata de
una regulación completa y exhaustiva, tal referencia solo se exponía a partir
de la nominación de la ley y de los cambios que introduce, pero dentro de la
misma vaguedad e indeterminación ya señalada.
6.
De esta manera, no basta con acreditar una unidad
de regulación para concluir que una demanda es apta, como se señala en el
proyecto, cuando la misma no brinda ningún soporte argumentativo para que la
Corte active su control. En este sentido, en un contexto de justicia rogada, no
le es dado realizar un examen oficioso de las normas demandadas, ante la
ausencia de una acusación ciudadana concreta, ya que extralimitaría sus
funciones constitucionales.
7.
Es de destacar que el principio pro actione no permite un
pronunciamiento de fondo de este tribunal, ante una demanda carente de
especificidad, pertinencia y suficiencia.
Cabe resaltar que tal requisito busca “preservar el carácter
limitado de las funciones atribuidas a la Corte Constitucional, “en los
estrictos y precisos términos” del artículo 241 de la Constitución. Es por esta
razón y en atención del carácter público de la acción de inconstitucionalidad,
así como la efectividad del derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia y el mandato de prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas, que el análisis de la aptitud de la demanda debe guiarse por el
principio pro actione, según el cual, la labor de los jueces no debe ser la de
impedir el acceso a la justicia, sino administrarla adecuadamente, en cuanto la
demanda lo permita”[139], lo cual no ocurre en el
presente caso.
En los términos
anteriores, dejo consignada mi aclaración de voto respecto de la decisión
adoptada por la Sala Plena en la sentencia C-022 de 2021.
Fecha ut supra.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
[1] Fue
remitido al despacho el 29 de mayo de 2020 por la Secretaría General.
[2]
Demanda, folio 18.
[3] Pg.
7.
[4] Pg.
7.
[5] Pg.
8.
[6]
Decreto 2067 de 1991. “Artículo 2º. Las demandas en las acciones públicas de
inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1.
El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su
transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación
oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se
consideren infringidas; 3. Los razones por las cuales dichos textos se estiman
violados; 4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la
Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue
quebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de
la demanda”.
[7]
Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa). Los criterios recogidos y fijados en esta sentencia han sido
reiterados en muchas decisiones posteriores de la Sala Plena. Entre otras, ver
por ejemplo: Sentencia C-874 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil), Sentencia C-371
de 2004 (MP Jaime Córdoba Triviño), Auto 033 de 2005 (MP Álvaro Tafur Galvis),
Auto 031 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Gutiérrez), Auto 267 de 2007 (MP Marco Gerardo
Monroy Cabra), Auto 091 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), Auto 112 de
2009 (MP Clara Elena Reales Gutiérrez), Sentencia C-942 de 2010 (MP Juan Carlos
Henao Pérez), Auto 070 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), Sentencia
C-243 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV Nilson Elías Pinilla Pinilla y
Humberto Antonio Sierra Porto), Auto 105 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), Auto 243 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo), Auto 145 de 2014 (MP
Alberto Rojas Ríos), Auto 324 de 2014 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), Auto
367 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), Auto 527 de 2015 (MP María
Victoria Calle Correa), Sentencia C-088 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio), Sentencia C-246 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SPV Luis
Guillermo Guerrero Pérez; AV Alejandro Linares Cantillo; AV Hernán Leandro
Correa Cardozo (e); AV Antonio José Lizarazo Ocampo; AV Gloria Stella Ortiz
Delgado; AV Aquiles Arrieta Gómez (e)); C-539 de 2019 (MP José Fernando Reyes
Cuartas; AV Antonio José Lizarazo Ocampo; AV Alberto Rojas Ríos). En todas
estas providencias se citan y emplean los criterios establecidos en la
sentencia C-1052 de 2001 para resolver los asuntos tratados en cada uno de
aquellos procesos.
[8]
Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[9]
Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
[10] Corte
Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). Al
respecto, ver el apartado (3.4.2) de las consideraciones de la sentencia.
[11]
Corte Constitucional, Sentencia C-382 de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), en la cual la Corte puntualizó que no se cumple con el requisito de
claridad al no explicarse por qué el precepto acusado infringe la norma
superior, y Sentencia C- 227 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub),
providencia en la cual se explicó que se presenta falta de claridad al existir
en la demanda consideraciones que pueden ser contradictoras.
[12] Corte Constitucional,
Sentencia C-913 de 2004
(MP Manuel José Cepeda Espinosa), en la que se aclaró que no se observó el
requisito de certeza, por cuanto la demanda no recae sobre una proposición
jurídica real y existente, sino en una deducida por quien plantea la demanda, o
que está contenida en una norma jurídica que no fue demandada; sentencia C-1154 de 2005, (MP
Manuel José Cepeda Espinosa), en la cual se señala que se presenta falta de
certeza cuando el cargo no se predica del texto acusado; y Sentencia C-619 de
2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), en la que se indica que la demanda
carece de tal requisito al fundarse en
una proposición normativa que no está contenida en la expresión demandada.
[13] Corte Constitucional,
Sentencia C-555 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández), en la cual se afirmó
que no se cumplió con el requisito de especificidad porque los fundamentos fueron formulados a partir de
apreciaciones subjetivas o propias del pensamiento e ideología que el actor
tiene sobre el alcance de la manipulación genética y su incidencia en la
humanidad y Sentencia C-614 de 2013 (MP Mauricio González Cuervo), en la que se
concluyó que no se trataba de razones específicas porque la argumentación se
limitó a citar algunas sentencias de la Corte acompañadas de motivos de orden
legal y de mera conveniencia.
[14] Corte Constitucional, Sentencia C-259 de 2008 (MP
Jaime Araújo Rentería), en la cual se señala que la demanda carece de pertinencia por cuanto se funda
simplemente en conjeturas
relacionadas con los provechos o las ventajas de la norma en cuestión y
Sentencia C-229 de 2015, (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en la que se
consideró que la acción pública de inconstitucionalidad en razón de su objeto,
no es un mecanismo encaminado a resolver situaciones particulares, ni a revivir
disposiciones que resulten deseables para quien formula una demanda.
[15]
Corte Constitucional,  Sentencia C-048 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra),
en la que esta Corporación señaló que las razones expuestas en la demanda no
eran suficientes al no haberse estructurado una argumentación completa que
explicara con todos los elementos necesarios, por qué la norma acusada es
contraria al precepto constitucional supuestamente vulnerado, y  Sentencia
C-819 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en la cual se afirmó que la
acusación carecía de suficiencia al no contener los elementos fácticos
necesarios para generar una sospecha o duda mínima sobre la constitucionalidad
del precepto impugnado.
[16]
Expediente D-13.743. Escrito de la demanda de inconstitucionalidad, folio 17.
[17] Expediente D-13.743. Escrito de
la demanda de inconstitucionalidad, folio 17.
[18]
Corte Constitucional, sentencia C-035 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa).
[19] Ver
fundamento Número 3 del título de consideraciones de la sentencia.
[20] La
Corte afirmó: “es específico, pues no se envuelve en discusiones vagas o
excesivamente abstractas, sino que, de forma concreta plantea una oposición
entre la ley 1680 de 2012 y un mandato constitucional contenido en el artículo
152 de la Carta; es pertinente porque consigue construir un problema
de naturaleza constitucional, y no uno puramente legal, o de conveniencia
política; y es suficiente porque genera una duda inicial o una
pregunta lo suficientemente seria acerca de la constitucionalidad de la ley”. Corte Constitucional, sentencia C-035 de 2015.
[21]
Corte Constitucional, sentencia C-035 de 2015.
[22] Como
ocurrió, por ejemplo, en la sentencia C-260 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva; SV Alberto Rojas Ríos; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), en la cual la
Corte Constitucional se declaró inhibida para fallar por cuanto no se
expusieron razones específicas y suficientes, pues en la demanda se formulaba
un cargo general contra una ley de noventa y tres artículos que regulaba
diferentes materias (Ley 1765 de 2015).
[23]
Corte Constitucional, sentencia C-465 de 2020 (MP Alberto Rojas Ríos).
[24]
Entiéndanse “Las reglas jurisprudenciales vigentes que establecen el alcance de
la reserva de ley estatutaria son las siguientes: (i) se rige por criterios
restrictivos; (ii) la regulación de derechos y deberes fundamentales está
sujeta a reserva de ley estatutaria. No obstante, no todo evento ligado a los
derechos fundamentales debe ser tramitado mediante este tipo de ley; (iii) la
regulación estatutaria u ordinaria no se define por la denominación adoptada
por el Legislador, sino por su contenido material; (iv) las disposiciones
objeto de trámite cualificado son aquellas que regulan el núcleo esencial del
derecho o deber fundamental, aspectos inherentes al mismo, la estructura
general y sus principios reguladores o la normativa que lo regula de forma
integral, completa y sistemática. Igualmente, la reserva también aplica cuando
se “trate de un mecanismo constitucional necesario e indispensable para la
defensa y protección de un derecho fundamental”. (v) Los elementos
estructurales se refieren a aquellos más cercanos a su núcleo esencial, es
decir, los aspectos inherentes al ejercicio del derecho que consagren límites,
restricciones, excepciones y prohibiciones que afecten dicho núcleo esencial
delimitado por la Constitución; y (vi) la regulación integral es aquella cuyo
objeto directo es desarrollar el régimen de derechos fundamentales, no materias
relacionadas, y que tenga la pretensión de ser una regulación integral,
completa y sistemática”. Cfr. C-370 de 2019 (MP
Gloria Stella Ortiz Delgado; SV José Fernando Reyes Cuartas).
[25]
Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-511 de 2013 (MP Nilson Pinilla
Pinilla; SV Jorge Iván Palacio Palacio; SV María Victoria Calle Correa; SV
Alberto Rojas Ríos; SV Luis Ernesto Vargas Silva).
[26] Las
reglas de esta consideración fueron tomadas en su mayor parte de las siguientes
sentencias: Corte Constitucional de Colombia, sentencias C-013 de 1993 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz); C-145 de 1994 (MP
Alejandro Martínez Caballero); C-226 de 1994 (MP Alejandro Martínez
Caballero); C-408 de 1994 (MP Fabio Morón Díaz); C-055 de 1995 (MP Alejandro
Martínez Caballero); C-374 de 1997 (MP José Gregorio Hernández Galindo); C-448 de 1997 (MP Alejandro Martínez Caballero); C-114
de 1999 (MP Fabio Morón Díaz), C-662 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz), C-620
de 2001 (MP Jaime Araujo Rentería); C-646 de 2001 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa); C-687 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett; SV
Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Araujo Rentería); C-229 de 2003 (MP Rodrigo
Escobar Gil); C-910 de 2004 (MP Rodrigo Escober Gil; SPV Jaime Araujo
Rentería); C-193 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa); C-877 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño; SV Jaime Araujo
Rentería; SV Alfredo Beltrán Sierra; AV Humberto Antonio Sierra Porto);
C-981 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Jaime Araujo Rentería); C-319
de 2006 (MP Álvaro Tafur Galvis; SV Jaime Araujo Rentería; SV Humberto Antonio
Sierra Porto); C-756 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra); C-1063 de 2008
(MP Manuel José Cepeda Espinosa); C-942 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; AV María Victoria Calle Correa); C-913 de 2010 (MP Nilson Pinilla
Pinilla; SV Mauricio González Cuervo), Sentencia C-748 de 2011 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub; SV y AV María Victoria Calle Correa; SPV Mauricio González
Cuervo; SV y AV Jorge Iván Palacio Palacio; SV y AV Luis Ernesto Vargas Silva),
C-818 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SPV María Victoria Calle
Correa; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), C-902 de 2011 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio; AV Luis Ernesto Vargas Silva), C-862 de 2012 (MP Alexei Julio
Estrada (e); APV y SPV María Victoria Calle Correa; AV Jorge Iván Palacio
Palacio; AV Nilson Pinilla Pinilla); C-511 de 2013 (MP Nilson Pinilla Pinilla;
SV Jorge Iván Palacio Palacio; SV María Victoria Calle Correa; SV Alberto Rojas
Ríos; SV Luis Ernesto Vargas Silva); C-035 de 2015 (MP María Victoria Calle
Correa); C-385 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos; AV María Victoria Calle Correa;
AV Mauricio González Cuervo);  C-260 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; SV
Alberto Rojas Ríos; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), C-007 de 2018 (MP Gloria
Stella Ortiz Delgado), C-204 de 2019 (MP Alejandro
Linares Cantillo; SV Carlos Bernal Pulido; SPV Antonio José Lizarazo Ocampo),
C-370 de 2019 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SV José Fernando Reyes Cuartas);
C-015 de 2020 (MP Alberto Rojas Ríos; AV Antonio José Lizarazo Ocampo), C-127
de 2020 (MP Cristina Pardo Schlesinger; AV Alejandro Linares Cantillo).
[27]
Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-408 de 1994 (MP Fabio Morón
Díaz).
[28]
Corte Constitucional de Colombia, sentencias C-226 de 1994 (MP Alejandro
Martínez Caballero), C-425 de 1994 (MP José
Gregorio Hernández Galindo), C-055 de 1995 (MP Alejandro Martínez
Caballero), C-981 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Jaime Araujo
Rentería).
[29]
Corte Constitucional de Colombia, sentencias C-877 de 2005 (MP Jaime Córdoba
Triviño; SV Jaime Araujo Rentería; SV Alfredo Beltrán Sierra; AV Humberto
Antonio Sierra Porto), C-981 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Jaime
Araujo Rentería), Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-748 de 2011 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV y AV María Victoria Calle Correa; SPV
Mauricio González Cuervo; SV y AV Jorge Iván Palacio Palacio; SV y AV Luis
Ernesto Vargas Silva).
[30]
Corte Constitucional de Colombia, sentencias C-425 de 1994 (MP José Gregorio
Hernández Galindo), C-877 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño; SV Jaime Araujo
Rentería; SV Alfredo Beltrán Sierra; AV Humberto Antonio Sierra Porto), entre
otras.
[31]
Constitución Política de Colombia, artículo 152.
[32]
Constitución Política de Colombia, artículo 153.
[33] “En materia de derechos
fundamentales debe efectuarse "una interpretación restrictiva de la
reserva de ley estatutaria porque una interpretación extensiva convertiría la
excepción -las leyes estatutarias basadas en mayorías cualificadas y
procedimientos más rígidos- en regla, en detrimento del principio de mayoría
simple que es el consagrado por la Constitución".  Esto significa que
las leyes estatutarias están encargadas de regular únicamente los elementos
estructurales esenciales de los derechos fundamentales y |de los mecanismos
para su protección, pero no tienen como objeto regular en detalle cada variante
de manifestación de los mencionados derechos o todos aquellos aspectos que
tengan que ver con su ejercicio, porque ello conduciría a una petrificación del
ordenamiento jurídico.” Sentencia C-226 de 1994 (MP Alejandro Martínez
Caballero). Entre otras, sentencias C-425 de 1994 (MP José Gregorio Hernández
Galindo), C-620 de 2001 (MP Jaime Araujo Rentería), C-511 de 2013 (MP Nilson
Pinilla Pinilla; SV Jorge Iván Palacio Palacio; SV María Victoria Calle Correa;
SV Alberto Rojas Ríos; SV Luis Ernesto Vargas Silva), C-035 de 2015 (MP María
Victoria Calle Correa); C-385 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos; AV María Victoria
Calle Correa; AV Mauricio González Cuervo);  C-260 de 2016 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva; SV Alberto Rojas Ríos; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), C-007
de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[34]
Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-013 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz).
[35]
Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-013 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz).
[36]
Corte Constitucional de Colombia, sentencias C-448 de 1997 (MP Alejandro
Martínez Caballero), C-877 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño; SV Jaime Araujo
Rentería; SV Alfredo Beltrán Sierra; AV Humberto Antonio Sierra Porto).
[37] Corte Constitucional de
Colombia, sentencias C-408 de 1994 (MP Fabio Morón Díaz), C-687 de 2002 (MP
Eduardo Montealegre Lynett), C-229 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil), C-910 de
2004 (MP Rodrigo Escober Gil; SPV Jaime Araujo Rentería), C-981 de 2005 (MP
Clara Inés Vargas Hernández; SV Jaime Araujo Rentería).
[38]
Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2019 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado;
SV José Fernando Reyes Cuartas).
[39]
Corte Constitucional de Colombia, sentencias C-374 de 1997 (MP José Gregorio
Hernández Galindo), C-319 de 2006 (MP Álvaro Tafur Galvis; SV Jaime Araujo
Rentería; SV Humberto Antonio Sierra Porto).
[40]
Corte Constitucional de Colombia, sentencias C-013 de 1993 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz), C-114 de 1999 (MP Fabio Morón
Díaz) y C-662 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz), C-646 de 2001 (MP Manuel
José Cepeda Espinosa).
[41]
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-620 de 2001 (MP Jaime Araujo
Rentería).
[42] Esta
posición la explicó más claro la Corte en una sentencia posterior, en la que
señaló que, “La inclusión de asuntos sometidos a la reserva de ley estatutaria
dentro de una ley ordinaria, no obliga a que la totalidad de la ley deba ser
tramitada por el mismo procedimiento excepcional. En este caso, sólo aquellos
asuntos que afecten el núcleo esencial de derechos fundamentales, bien sea
porque restringen o limitan su ejercicio o su garantía, deben ser tramitados
como ley estatutaria, pero los demás asuntos no cobijados por este criterio
material pueden recibir el trámite de una ley ordinaria. Lo anterior no implica
un desmembramiento de una ley que regule integralmente una materia, ni afecta
el carácter sistemático que caracteriza, por ejemplo, a los códigos. El
legislador puede escoger la alternativa que, cumpliendo con las exigencias
constitucionales, sea la más aconsejable para la adecuada regulación de la
materia correspondiente. Por ejemplo, puede optar por una única ley que reciba
el trámite de ley estatutaria en aquellas materias que así lo requieren.
También puede tramitar en un cuerpo normativo separado aquellas materias que
requieren trámite especial”. Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-193
de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[43] Corte Constitucional
de Colombia, sentencia C-620 de 2001 (MP Jaime Araujo Rentería). En las
sentencias C-756 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra); C-1063 de 2008 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa) y C-942 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub;
AV María Victoria Calle Correa) se resolvió la inconstitucionalidad de varios
artículos de la Ley 1164 de 2007, por no cumplirse con la reserva de ley
estatutaria. La norma establecía un “proceso de recertificación de talento
humano en salud” que debían acreditar los profesionales d la salud para
continuar ejerciendo su profesión. La Corte consideró que se trataba de una
violación al núcleo esencial del derecho fundamental a ejercer profesión u
oficio: “se entiende que los títulos de
idoneidad o los certificaciones que limitan el ejercicio profesional por ser
posteriores al reconocimiento profesional y estar dirigidos a comprobar la
idoneidad del desempeño profesional como requisito fundamental para continuar
con su ejercicio, tienen un impacto en la restricción del derecho mucho mayor
que los títulos que autorizan el ejercicio profesional y, por ello, hacen parte
del núcleo esencial del derecho, no solamente porque el Estado ha generado
confianza sobre la idoneidad del profesional con el título que le confirió,
sino también porque el titular del derecho enfocó su vida laboral, económica y
social, alrededor de la disciplina que escogió como instrumento para su
desarrollo personal y familiar”. Cfr. C-942 de 2009 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub; AV María Victoria Calle Correa)
[44] Corte Constitucional de
Colombia, sentencia C-748 de 2011 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV y AV María Victoria Calle Correa; SPV
Mauricio González Cuervo; SV y AV Jorge Iván Palacio Palacio; SV y AV Luis
Ernesto Vargas Silva).
[45]
Corte Constitucional de Colombia, sentencias C-620 de 2001 (MP Jaime Araujo
Rentería). Reiterado, entre otras, en las sentencias C-229 de 2003 (MP Rodrigo
Escobar Gil), C-910 de 2004 (MP Rodrigo Escober Gil; SPV Jaime Araujo
Rentería); Sentencia C-748 de 2011 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub; SV y AV María Victoria Calle Correa; SPV Mauricio González
Cuervo; SV y AV Jorge Iván Palacio Palacio; SV y AV Luis Ernesto Vargas Silva)
[46]
Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-818 de 2011 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub; SPV María Victoria Calle Correa; SPV Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo). Ver por ejemplo la sentencia C-862 de 2012 mediante la cual se
resolvió declarar la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria
relacionado con el Estatuto de la Juventud. La Corte encontró que algunas de
las disposiciones del proyecto de ley tenían naturaleza estatutaria y otras no.
Principalmente, las relativas a los mecanismos de participación.
[47] Corte
Constitucional de Colombia, sentencia C-687 de 2002 (MP Eduardo Montealegre
Lynett).
[48] Corte Constitucional
de Colombia, sentencia C-687 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett). En el
mismo sentido lo precisó la Corte: “De las
funciones que cumple la ley respecto a los derechos fundamentales, la Sentencia
C-791 de 2011 establece  tres subreglas para la determinación de la
reserva estatutaria: (i) cuando la ley actualiza o configura el
contenido de los elementos estructurales de un derecho fundamental debe ser
expedida mediante el procedimiento legislativo más exigente, (ii) igual
exigencia se predica cuando se regula o precisa los aspectos inherentes a
su ejercicio y los elementos  que hacen parte de su ámbito
constitucionalmente protegido y (ii) por el contrario, cuando la ley tenga
como cometido armonizar o ponderar derechos, que sin duda es su función más
común, deberá ser tramitada por procedimientos ordinarios.” Cfr. sentencia
C-818 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SPV María Victoria Calle
Correa; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[49]
Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-646 de 2001 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa).
[50]
Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-015 de 2020 (MP Alberto Rojas
Ríos; AV Antonio José Lizarazo Ocampo).
[51] Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-646
de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
Condiciones reiteradas, entre otras, en las sentencias C-818 de 2011 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SPV María Victoria Calle Correa; SPV Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo), C-902 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio; AV Luis
Ernesto Vargas Silva), C-511 de 2013 (MP Nilson Pinilla Pinilla; SV Jorge Iván
Palacio Palacio; SV María Victoria Calle Correa; SV Alberto Rojas Ríos; SV Luis
Ernesto Vargas Silva), C-035 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa); C-385 de
2015 (MP Alberto Rojas Ríos; AV María Victoria Calle Correa; AV Mauricio
González Cuervo);  C-260 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; SV Alberto
Rojas Ríos; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), C-007 de 2018 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado), C-204 de 2019 (MP Alejandro Linares Cantillo; SV Carlos Bernal
Pulido; SPV Antonio José Lizarazo Ocampo), C-370 de 2019 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado; SV José Fernando Reyes Cuartas), C-015 de 2020 (MP Alberto Rojas
Ríos; AV Antonio José Lizarazo Ocampo), C-127 de 2020 (MP Cristina Pardo
Schlesinger; AV Alejandro Linares Cantillo).
[52]
Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-748 de 2011 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub; SV y AV María Victoria Calle Correa; SPV Mauricio González
Cuervo; SV y AV Jorge Iván Palacio Palacio; SV y AV Luis Ernesto Vargas Silva).
[53]
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-748 de 2011 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub; SV y AV María Victoria Calle Correa; SPV Mauricio González
Cuervo; SV y AV Jorge Iván Palacio Palacio; SV y AV Luis Ernesto Vargas Silva).
[54]
Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-748 de 2011 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub; SV y AV María Victoria Calle Correa; SPV Mauricio González
Cuervo; SV y AV Jorge Iván Palacio Palacio; SV y AV Luis Ernesto Vargas Silva).
En lo referente a los diferentes mecanismos de protección de los derechos fundamentales
pueden verse la sentencia C-372 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV
María Victoria Calle Correa; SV Humberto Antonio Sierra Porto).
[55]
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-485 de 1992 (MP Fabio Morón
Díaz).
[56]
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-485 de 1992 (MP Fabio Morón
Díaz).
[57]
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-109 de 1995 (MP Alejandro
Martínez Caballero; SV José Gregorio Hernández Galindo; SV Hernando Herrera
Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa).
[58]
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-109 de 1995 (MP Alejandro
Martínez Caballero; SV José Gregorio Hernández Galindo; SV Hernando Herrera
Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa).
[59]
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-109 de 1995 (MP Alejandro
Martínez Caballero; SV José Gregorio Hernández Galindo; SV Hernando Herrera
Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa). Las reglas jurisprudenciales citadas en este
aparte, así como en la nota anterior, son reiteradas en las sentencias C-243 de
2001 (MP Rodrigo Escobar Gil), SU-696 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado;
SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[60]
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-166 de 1999 (MP Alejandro
Martínez Caballero).
[61]
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-182 de 2016 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado; AV María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero
Pérez; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Luis Ernesto Vargas Silva).
[62]
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-182 de 2016 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado; AV María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero
Pérez; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Luis Ernesto Vargas Silva).
[63]
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-182 de 2016 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado; AV María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez;
SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Luis Ernesto Vargas Silva).
[64]
Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. “Teoría general del
contrato y del negocio jurídico”. Ed. Temis (2019). Pág. 87.
[65]
Congreso de la República de Colombia. Gaceta No. 322. Informe de ponencia para
primer debate del proyecto de ley número 236 de 2019 Senado, 027 de 2017
Cámara. 7 de mayo de 2019. Páginas 18 – 23.
[66] “El
Comité recomienda al Estado parte que adopte un plan para la revisión y modificación
de toda la legislación, que incluya la derogación inmediata de disposiciones
que restrinjan el pleno reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas
con discapacidad, incluyendo la ley 1306 (2009), No. 1412 (2010) del Código
Civil, el Código Penal y leyes adjetivas”. ONU. Comité sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad. Observaciones finales sobre el Informe Inicial a
Colombia. 31 de agosto de 2016.
[67]
Congreso de la República de Colombia. Gaceta No. 322. Informe de ponencia para
primer debate del proyecto de ley número 236 de 2019 Senado, 027 de 2017
Cámara. 7 de mayo de 2019. Página 21.
[68]
Congreso de la República de Colombia. Gaceta No. 322. Informe de ponencia para
primer debate del proyecto de ley número 236 de 2019 Senado, 027 de 2017
Cámara. 7 de mayo de 2019. Página 18 (primer párrafo citado) y 22 (segundo
párrafo citado).
[69]
Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-015 de 2020 (MP Alberto Rojas
Ríos; AV Antonio José Lizarazo Ocampo).
[70] Corte Constitucional
de Colombia, sentencia C-646 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). Condiciones reiteradas, entre otras, en las
sentencias C-818 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SPV María
Victoria Calle Correa; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), C-902 de 2011 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio; AV Luis Ernesto Vargas Silva), C-511 de 2013 (MP
Nilson Pinilla Pinilla; SV Jorge Iván Palacio Palacio; SV María Victoria Calle
Correa; SV Alberto Rojas Ríos; SV Luis Ernesto Vargas Silva), C-035 de 2015 (MP
María Victoria Calle Correa); C-385 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos; AV María
Victoria Calle Correa; AV Mauricio González Cuervo);  C-260 de 2016 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva; SV Alberto Rojas Ríos; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub),
C-007 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), C-204 de 2019 (MP Alejandro
Linares Cantillo; SV Carlos Bernal Pulido; SPV Antonio José Lizarazo Ocampo),
C-370 de 2019 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SV José Fernando Reyes Cuartas),
C-015 de 2020 (MP Alberto Rojas Ríos; AV Antonio José Lizarazo Ocampo), C-127
de 2020 (MP Cristina Pardo Schlesinger; AV Alejandro Linares Cantillo).
[71]
Según la Corte Constitucional “será fundamental todo derecho constitucional que
funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un
derecho subjetivo”. Sentencias T-227 de 2003, citada en la sentencia C-370 de
2019 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[72]
Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-013 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz).
[73]
Congreso de la República de Colombia. Gaceta No. 322. Informe de ponencia para
primer debate del proyecto de ley número 236 de 2019 Senado, 027 de 2017
Cámara. 7 de mayo de 2019. Página 21.
[74]
Congreso de la República de Colombia. Gaceta No. 322. Informe de ponencia para
primer debate del proyecto de ley número 236 de 2019 Senado, 027 de 2017
Cámara. 7 de mayo de 2019. Página 22.
[75] Por medio de la cual
se garantiza a las personas ciegas y con baja
visión, el acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a
las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
[76] Corte Constitucional
de Colombia. Sentencia C-035 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa). La Corte
precisó también: “Un aspecto muy relevante para
la solución de este problema jurídico es la diversidad intrínseca a la
diversidad funcional, es decir el innumerable conjunto de condiciones que
pueden llevar a dificultades de integración social. Sería imposible, desde ese
punto de vista, que mediante una ley estatutaria se abordaran todos los
aspectos de los derechos de las personas con discapacidad, lo que explica y
justifica que, después de incorporar al orden interno la CDPCD y de aprobar una
ley estatutaria que siente los principios y elementos estructurales para el
goce efectivo de sus derechos, el Legislador ordinario asuma la tarea de
ocuparse de cada una de estas obligaciones, como ocurre con la Ley 1680 de
2013.”
[77] Pg. 7.
[78] Págs. 16 y 17.
[79] Pg. 7.
[80] Pg. 8.
[81] Pg. 9.
[82] Pg. 14.
[83] Pg. 19.
[84] Pg. 19.
[85] Pg.
9.
[86] Pg.
17.
[87] Pg.
39.
[88] Pg.
40.
[89] Pg.
4.
[90] Pg.
5.
[91] Pg.
6.
[92] Pg.
7.
[93] Pg.
7.
[94] Pg.
3.
[95] Pg.
3.
[96] Pg.
6.
[97] Pg.
11.
[98] Pg.
4.
[99] Pg.
4.
[100] Pg.
7.
[101] Pg.
11.
[102] Pg. 3.
[103] Pg. 2.
[104] Pg.
9.
[105] Pg.
11.
[106] Pg.
8.
[107] Pg.
4.
[108] Pg.
4.
[109] Pg.
5.
[110] Pg.
6.
[111] Pg.
7.
[112] Pg.
3.
[113] Pg.
3.
[114] Pg.
6.
[115] Pg.
6.
[116] Pg.
7.
[117] Pg.
8.
[118] Pg.
8.
[119]
Págs. 8 y 9.
[120] Pg.
11.
[121] Pg.
4.
[122]
Págs. 7 y 8.
[123]
Págs. 8 y 9.
[124] Pg.
11.
[125] Pg.
11.
[126] Pg.
12.
[127] Pg.
12.
[128] Pg.
13.
[129] Pg.
14.
[130] Pg.
4.
[131] Pg.
6.
[132]
Págs. 6 y 7.
[133] Pg.
11.
[134] Pg.
13.
[135] Pg.
17.
[136] Pg.
17.
[137] Según comunicado No. 45 del 28 de octubre de 2020.
[138] “La
ley 1996 de 2019 regula, como su título lo indica, “el régimen para el
ejercicio de la capacidad” esto es, todo el contenido del derecho fundamental
de la autonomía personal, personalidad jurídica y/o capacidad plena de las
personas en situación de discapacidad mayores de edad, iniciando desde lo más
básico como las disposiciones generales como la interpretación normativa,
principios, “salvaguardias”, la declaración de presunción de capacidad
establecido en el artículo 6, aún sin apoyo alguno, los mecanismos y/o
procedimientos para la protección de la capacidad plena, establecidos en título
II de la ley atacada, sean judiciales y/o administrativos, acuerdos de apoyos,
directivas anticipadas, adjudicación judicial de apoyos establecido en el
título V, personas de apoyo, actos jurídicos sujetos a registro, y régimen de
transición. // En este orden de ideas la ley 1996 de 2019 regula de manera
completa y exhaustiva el derecho fundamental a la autonomía personal,
personalidad jurídica y/o a la capacidad plena, mediante una ley ordinaria, es
decir, una ley que no es la adecuada constitucionalmente para contener el peso
del o los derechos fundamentales antes citados y los mecanismos para su
protección. // Se puede observar entonces que la regulación de este derecho no
es accidental, superflua, ni mucho menos no desarrolla el contenido no esencial
de este o estos derechos fundamentales, por el contrario, detalla, con
precisión, cada uno de los aspectos básicos del o de los mismo, desde lo más
simple, hasta lo más detallado, desde los principios, la forma de ejercer la
personalidad y/o capacidad jurídica, hasta los procedimientos para su
protección. Incluso es una ley que modifica desde el artículo 61 lo relativo a
la interdicción del Código General del Proceso.”
[139] Corte
Constitucional, sentencia C-202 de 2019.