T-009-06
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-009/06
DERECHO AL MINIMO VITAL-Vulneración por no pago oportuno de salarios a trabajadora de entidad
hospitalaria
Referencia: expediente: T-1214727
Accionante: María Isabel Suárez Merchán
Procedencia: Juzgado Treinta y Uno Civil
del Circuito de Bogotá
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá,
D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil seis (2006)
La Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados doctores Humberto Antonio Sierra
Porto, Álvaro Tafur Galvis y Marco Gerardo Monroy Cabra, quienpati
la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión de la tutela
T-1’214.727, en la acción instaurada por la señora María Isabel Suárez Merchán
contra la Fundación Clínica de Maternidad David Restrepo. Los fallos fueron
proferidos por el Juzgado Treinta y Ocho Civil Municipal de Bogotá, el 15 de
julio de 2005, y el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogotá, el 05
de septiembre de 2005.
I. ANTECEDENTES
1.    HECHOS
- Afirma la señora María Isabel Suárez
Merchán que se encuentra vinculada laboralmente a la accionada mediante
contrato a término indefinido, en el cargo de auxiliar de servicios generales,
desde 1995, con un salario de $630.000,oo. Actualmente, indica, está afiliada
al Sindicato de trabajadores de la accionada.
- Manifiesta que la Fundación Clínica de
Maternidad David Restrepo le está adeudando la suma equivalente a 6 quincenas,
correspondientes a los meses de marzo a mayo de 2005.
- Con el salario que percibe, subsiste ella
como madre cabeza de familia y sus tres hijas. Afirma que no tiene otro ingreso
económico con el que pueda suplir sus gastos se ha visto en la necesidad de
realizar préstamos. Expresa que en la actualidad está en deuda con el Banco AV
Villas, entidad con la cual tiene un crédito hipotecario (6 cuotas atrasadas).
- Agrega que se encuentra en estado de
indefensión ante la entidad demandada quien pese a que ha cumplido con sus
obligaciones laborales no le ha cancelado lo correspondiente al trabajo
desempeñado por ella.
­- La accionante considera que la
entidad demandada le está vulnerando sus derechos al trabajo digno, a la vida,
a la salud y al Mínimo Vital, tanto de ella como de su familia.
- Solicita que se ordene a la Fundación
Clínica de Maternidad David Restrepo que le cancele las quincenas
correspondientes a los meses de marzo a mayo del 2005 y las primas de mitad de
año del 2004 y la prima de navidad.
2.    CONTESTACIÓN DE LA
ENTIDAD DEMANDADA
- El 8 de julio de 2005, la apoderada de la
Fundación Clínica de Maternidad David Restrepo, ejerciendo el derecho a la
defensa, manifestó sobre los hechos lo siguiente:
“AL HECHO 1. Es cierto que la accionante
se encuentra laborando actualmente al servicio de la Fundación y que según el
último pago de salario registrado el pasado 1 de julio de 2005, su salario
básico corresponde a $466.800, más auxilio de transporte.
AL HECHO 2. No es cierto como está
redactado, actualmente se vienen pagado cumplida y oportunamente los salarios
de la trabajadora, debido a una crisis que sufrió la Clínica por razones ajenas
a su voluntad, que se explicarán más adelante, existe una deuda a corte mes de
abril de 2005,  la cual se encuentra en proceso de negociación con el
sindicato, en aras de establecer un plazo razonable para su pago, según escrito
que se anexa a la presente contestación. Se han cancelado cumplidamente los
aportes destinados a la seguridad social, para garantizar a la actora y los
demás trabajadores el amparo de los riesgos de invalidez, vejez y muerte, y así
se ha procedido al pago de los correspondientes aportes parafiscales para que
mensualmente la Caja de Compensación reconozca lo correspondiente al subsidio
familiar, prestación económica que la actora también ha recibido cumplidamente.
AL HECHO 2. Es cierto que existe una deuda
laboral para con la accionante, obligación que está siendo objeto de
negociación con el Sindicato para ser satisfecha con los trabajadores, de una
manera que le permita a la Clínica continuar funcionando. Es de aclarar que a
la fecha la Clínica viene pagando oportunamente los salarios a la actora y que
la deuda que existe con todos los trabajadores de la Fundación, está siendo
sometida a un proceso de negociación con la asociación sindical de la entidad,
en aras de darle viabilidad y evitar un cierre inminente de sus instalaciones.
AL HECHO 3. Es un hecho que no puede
aceptar mi representada porque atañe directamente a la actora. Sin embargo,
consideramos oportuno anotar que, como se demostrará a lo largo del presente
escrito, a pesar de la crisis por la que atraviesa la Clínica, se han
priorizado los pagos de los trabajadores y en la medida de lo posible se ha
podido garantizar a cada uno de ellos, el amparo de los riesgos de vejez,
invalidez y muerte, la prestación del servicio de salud, el reconocimiento del
subsidio familiar respectivo y actualmente el pago quincenal oportuno de los
salarios. Las sumas adeudadas con ocasión de la situación de crisis que originó
en la fundación las declaraciones públicas efectuadas de manera irresponsable
en el segundo semestre del año de 2004 por el entonces secretario de salud,
constituyen una deuda que la Clínica está sometiendo a negociación con sus
trabajadores, considerando por acuerdo expreso con el Sindicato de la entidad,
los estados financieros de la misma.
AL HECHO 5. No me consta. Lo que si puede
demostrar la Clínica es que el trabajador ha recibido por parte de la Fundación
pagos continuos de salarios atrasados, avances a las cesantías, intereses a las
cesantías, auxilio extralegal convencional de calzado y subsidio familiar y que
estos esfuerzos se han llevado a cabo, precisamente para evitar que los
trabajadores lleguen al estado total de indefensión, que pretende hacer valer
el actor.
(...)
En el año 2.004 se presentaron hechos
ajenos a la voluntad de la entidad que le ocasionaron graves perjuicios y
originaron la mora en el pago de salarios frente a todos sus trabajadores, sin
discriminación alguna, pero a la fecha se ha logrado normalizar el pago de
salarios, hechos que se demuestra con los comprobantes de pago del mes de junio
que se anexan al presente escrito y se ha procedido a negociar con el sindicato
de trabajadores, el pago de la suma fija que se adeuda a los trabajadores
dentro de un plazo razonable, considerando los estados financieros de la
entidad y el ánimo común de lograr su viabilidad futura y su mantenimiento como
una fuente importante de empleo.
A raíz de los hechos antes relatados, la
entidad empezó desde el mes de julio de 2004 a registrar descenso en la
ocupación de la capacidad instalada de la Clínica, déficit operacional que,
como lo certifica la revisoría fiscal de la institución, a diciembre de 2004
ascendió a $603.8 millones, generando el menoscabo el patrimonio institucional.
En virtud de lo anterior, es de fuerza
concluir que la entidad que represento, nunca ha pretendido “RETENER
ILEGALMENTE LOS SALARIOS DE LA ACCIONANTE Y MUCHO MENOS ATENTAR CONTRA SUS
GARANTIAS FUNDAMENTALES” y que si se ha registrado mora en le pago de los
salarios, la misma no ha sido generada por hechos atribuibles a la voluntad de
la Institución, que lo único que ha hecho desde el mes de julio de 2004, con la
colaboración de la mayoría de sus trabajadores es tratar de superar la crisis,
para evitar un cierre inminente.
(...)
Sin perjuicio de la deuda laboral insoluta
que existe con la trabajadora, la cual nunca se ha negado por parte de la
Clínica, se han venido pagando cumplidamente los aportes a la seguridad social
para garantizar el amparo de los riesgos derivados de la salud, la muerte y/o
la invalidez del actor. Se han pagado oportunamente los aportes parafiscales,
para garantizarles el acceso a los servicios y beneficios ofrecidos por la Caja
de Compensación familiar a la que se encuentra afiliado, y de la cual percibe
subsidio familiar por sus hijos. Se han venido pagando paulatinamente los
salarios que se le adeudan y a la fecha se logró normalizar el pago de salarios
y por acuerdo expreso con el sindicato, en el mes de junio las quincenas
respectivas fueron canceladas a todos los trabajadores, incluyendo a la demandante
dentro de las fechas fijadas para tal efecto en los respectivos contratos de
trabajo.
La última quincena de junio, se pagó a la
trabajadora el 1 de julio de 2.005, tal como consta en el comprobante de pago
anexado al presente escrito.
Es evidente entonces que no existe por
parte de la Clínica la intención de generar una desprotección de la trabajadora
y que si ha habido mora en el pago de algunas acreencias laborales, ello ha
obedecido a circunstancias de fuerza mayor ajenas a nuestra voluntad, hecho al
que se aúna que en la actualidad y desde el mes de junio de 2.005, se ha
normalizado el pago oportuno de salarios a los trabajadores, tal como consta en
los comprobantes de pago suscritos por la trabajadora que se adjuntan al
presente escrito.”
3.    PRUEBAS
En el expediente obran las siguientes
pruebas:
- Constancia del 20 de junio de 2005,
emitida por el director y representante legal de la Fundación Clínica David
Restrepo en que manifiesta lo siguiente:
“Que a la
señora MARIA ISABEL SUÁREZ MERCHÁN, identificada con la cédula de ciudadanía
número 51.910.346 de Bogotá, no se le ha cancelado el sueldo correspondiente a
los meses de marzo, abril y mayo del presente año.”
- Documento dirigido al Representante
legal de la Fundación Clínica de Maternidad David Restrepo, del 21 de julio de
2005, en el cual se dijo:
“Como
quiera el pasado 10 de junio firmamos un acuerdo, entre otro temas iniciar el
pago oportuno de las quincenas a partir del primero de junio de 2005 a donde a
la fecha se concluye que la quincena del 15 de junio fue cancelada el 17 de
junio y la quincena causada el 30 de junio fue cancelada el día 2 de julio. Al
día de hoy no ha sido cancelada la primera quincena del mes de julio de 2005.
Los aportes
parafiscales correspondientes al mes de junio de 2005, hasta la fecha no han
sido cancelados a los trabajadores. Con sorpresa nos damos cuenta que el
segundo punto del acuerdo no se ha cumplido.
En el
acuerdo mencionado hemos realizado reuniones con la gerencia, en los días 24 y
29 de junio de 2005 y el 8 de julio de 2005, y después amplios y sufrientes
diálogos hemos concluido que la posición de usted como gerente es de no llegar
a ningún tipo de acuerdo para cancelar los valores adeudados por salarios y
otras prestaciones correspondientes, desde el primero de marzo al 31 de Mayo de
2005. Incluyendo la Prima de Diciembre de 2004 de algunos trabajadores y la
prima de junio de 2005 de todos los trabajadores.
Con la
actitud que asumió la Junta Directiva y usted como gerente, no nos da la
Posibilidad de buscar un acuerdo (acreencias laborales) firmado el 10 de junio
de 2005. En lo referente al pago de salarios hasta el día de hoy no ha tenido
solución; luego los trabajadores quedan en plena disposición para seguir las
acciones que a bien tengan para defender sus derechos.
Ratificamos
ante esa gerencia, ante la Junta Directiva y ante los trabajadores, que
seguimos en disposición de buscar alternativas que concuerden con las
necesidades de cada uno de los trabajadores.”
- Escrito dirigido a los Directivos de
SINTRADAVID RESTREPO, el 22 de julio de 2005, en donde se afirmó que:
“... me
permito manifestar que nunca los he autorizado para que en mi nombre y
representación como afiliada a SINTRADAVID RESTREPO, adelanten posibles acuerdos
con la empleadora respecto del pago de mis salarios atrasados, este derecho
económico e individual en mi condición de trabajadora de la fundación Clínica
de Maternidad David Restrepo solo me corresponde a mi personalmente y solo si
delego su reclamación debe ser en forma legal y reglamentaria.
La ley 50
del 90, no autoriza a las organizaciones sindicales para representar en las
reclamaciones económicas de carácter individual a sus afiliados.
En
consecuencia les solicito se abstengan de firmar en mi nombre documentos que ni
tan siquiera conozco, igualmente les informo que la empleadora sigue debiendo
mis salarios atrasados, pero ha mentido ante una instancia judicial, en el
entendido de manifestar estar al día con mis salarios y los de los restantes
trabajadores de la Clínica y que sigue adelantando conversaciones con el
Sindicato.”
- Escrito de 16 de agosto de 2005,
mediante el cual, la señora María Isabel Suárez Merchán reitera al Juez 31
Civil Municipal de Bogotá que:
“...me
permito solicitar al despacho que estoy expuesta a un perjuicio irremediable si
no se me cancelan por parte de la accionada los salarios y prestaciones debidas
por que no tengo ningún otro medio para subsistir junto con mis hijos menores
de edad.”
- Carnés de Famisanar donde aparecen las
menores Paola Alexandra, Ingrid Tatiana Baquero Suárez  y Maria Ximena Castro
Suárez como beneficiarias.
- Copia de la Cédula de Ciudadanía Nº
51.910.346 de la señora María Isabel Suárez Merchán, en donde consta que tiene
38 años de edad.
- Acta de Declaración Juramentada Nº
3444 del 20 de junio de 2005, presentada en la Notaria Trece del Circuito de
Bogotá. En la declaración la accionante manifestó:
“PRIMERO- Que mis generales de ley son los
anteriores.
SEGUNDO- Que estoy física y mentalmente
capacitado (a) para rendir esta declaración la cual es cierta.
TERCERO- Manifiesto bajo la gravedad de
juramento que, soy MADRE CABEZA DE FAMILIA, tengo a mi cargo y protección a mis
hijos de nombres PAOLA ALEXANDRA, INGRID TATIANA BAQUERO SUÁREZ (quien es
discapacitada), y MARIA XIMENA CASTRO SUAREZ, de 16, 13 y 2 años de edad,
respectivamente, quiénes están dependiendo económicamente de mi y vivimos todos
y de manera permanente bajo un mismo techo, no cuento con el apoyo económico
por parte del padre de mis hijos.”
- Registros de Nacimiento Nº 17314684,
Nº 34720964 y Nº 13431324 de las menores Paola Alexandra, Ingrid Tatiana
Baquero Suárez y María Ximena Castro Suárez.
- Copia de un contrato de compraventa con
pacto de retroventa Nº 75749 con fecha de 16 de septiembre de 2005, donde la
accionante vendió “un equipo de sonido con control modelo SC AK20 usado
rayado CD fallando”, por un valor de “$210.000,oo”.
- Recibos de pago con aviso de vencimiento
de cartera por valor de $337.672,oo pesos del Banco AV Villas, Crédito Nº
547664290, con fecha de corte 27 de mayo de 2005.
- Copia de la Convención Colectiva de
Trabajo que se suscribe entre la Fundación Clínica de Maternidad David Restrepo
y el Sindicato de la Empresa de la misma 2004-2005.
II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
El 15 de julio de 2005, el Juzgado
Treinta y Ocho Civil Municipal de Bogotá negó la acción de tutela. Este juzgado
argumentó que la accionada, ante una crisis económica sufrida, se vio obligada
a suspender el pago de los salarios reclamados por la accionante, todo ello en
procura de garantizar el empleo de los trabajadores de la Clínica. Si no se
hubiera manejado de esta manera, la entidad habría terminado en una liquidación
obligatoria.
Sostuvo el Juez de primer grado que la
Fundación Clínica David Restrepo no actuó caprichosamente o con la intención de
vulnerar los derechos de los trabajadores. Expresa que actuó en procura de que
sus empleados recibieran sus aportes parafiscales y a la Seguridad Social.
Además, que ha tratado de pagar los salarios adeudados para lo cual, realizó un
acuerdo con el Sindicato de Trabajadores con el fin de lograr un plazo para
pagar las deudas que tiene con sus trabajadores.
Añadió que la protección del pago de
salarios no puede prosperar por cuanto no existe vulneración a un derecho
cierto. Igualmente, que el no pago del salario no afecta el mínimo vital de la
accionante, ya que, a la fecha, se le habían cancelado los meses de junio y
julio, encontrando así, que la situación estaba superada.
El 26 de julio de 2005, la señora María
Isabel Suárez Merchán impugnó el fallo del a-quo. La accionante,
luego de realizar un resumen del fallo en mención, agregó lo siguiente:
“... ruego
se me amparen los derechos constitucionales solicitados en la Demanda de tutela
referenciada, por las circunstancias allí relacionadas que actualmente están
aún mas agravadas, ya que mi crédito de vivienda entró en ejecución por morosa,
la accionada no ha pagado a la presente fecha los aportes a salud, lo que
significa que mi hija con grave discapacidad motora y neurológica quedará sin
ninguna protección médica y materialmente no poseo un solo peso para
suministrarle a mis hijos alimentos, como tampoco para sufragar los gastos de
transporte hasta la clínica, donde la accionada si me exige total y completo
cumplimiento respecto de mi hora de llegada al trabajo.
El presente
amparo constitucional debe prosperar a la luz del art. 86 de la Carta, la doctrina
constitucional y como mecanismo transitorio (residual), estando probado
plenamente el peligro irremediable a que estamos expuestos mis hijos y yo.”
El 29 de agosto de 2005, la señora Suárez
Merchán solicitó dentro de la impugnación que presentó ante el Juzgado
Treinta y Uno Civil del Circuito, lo siguiente:
“Atentamente me permito manifestar a su
despacho dentro de la impugnación que cursa en su despacho en la acción de
tutela referenciada para que se revoque en su totalidad el fallo del ad quo y
se me conceda el amparo constitucional solicitado en la defensa de mis derechos
fundamentales al trabajo en condiciones dignas y el mínimo vital, conexo con la
vida, siendo que a la fecha la accionada me sigue adeudando los salarios
correspondientes a siete (7) quincenas a la presente fecha correspondientes a
los meses mayo, junio, julio y primera de agosto del año 2005, además
actualmente la accionada no ha realizado los aportes indispensables para que la
Caja de Compensación Familiar me cancele los subsidios familiares
correspondientes a mis hijos menores de edad, ya relacionados en el libelo de
tutela, durante los meses de julio y agosto del año en curso.
Anexo nuevamente comprobantes de pago por
valor de $262.941,oo cada uno, con los cuales me canceló dos (2) quincenas del
mes de marzo del año 2005 y de ninguna forma correspondientes a los meses de
junio y julio del presente año, lo que realmente demuestran estos recibos es la
cancelación de forma atrasada en el mes de junio del 05, de las quincenas del mes
de marzo de 2005 y de ninguna forma prueban que la accionada me canceló el mes
de junio y julio del año 2005, como pretendió hacerle aparecer la accionada en
la primera instancia.
De esta forma se demuestra que la accionada
ha incurrido de manera reiterada en una posible manera fraudulenta frente a los
jueces de tutela al haber manifestado al hecho 1 del texto de la tutela que mis
salarios los ha pagado cumplida y oportunamente, así mismo respecto de los
pagos efectuados a la Caja de Compensación Familiar, a lo cual reitero
nuevamente que esta afirmación es falsa.
Es falso que mis salarios los haya pagado
la accionada cumplidamente, tal como se probó plenamente con la comunicación
que SINTRADAVID envió a la accionada precisamente respecto del incumplimiento
de esta acerca de los salarios de los trabajadores de la Clínica y que se
aportó en la primera instancia.
Con estas manifestaciones falsas logró que
el ad quo me negara el amparo constitucional impetrado para proteger los
derechos fundamentales que se ruega a su despacho despachar favorablemente.
En consecuencia actualmente la accionada me
debe las siete (7) quincenas ya mencionadas y las primas de diciembre de 2004 y
junio de 2005, y el falso que haya dado cumplimiento al acuerdo suscrito con
SINTRADAVID RESTREPO, tal como ya se demostró en la primera instancia mediante
el oficio dirigido por este sindicato a la accionada. Y es que la accionada no
dio cumplimiento al acuerdo que precisamente presentó ante el ad quo para
supuestamente demostrar que estaba al día con mis salarios y que igualmente los
había pagado de manera pronta, oportuna y cumplidamente.”
El 5 de septiembre de 2005, el Juez Treinta
y Uno Civil del Circuito de Bogotá, confirmó el fallo del a-quo,
fundamentando su decisión así:
“Para decidir, diremos que el solo
enunciado de los hechos y las pretensiones contenidos en el libelo
introductorio permiten afirmar que el objetivo de la actora es lograr el cobro
de dineros por concepto de salarios y prestaciones sociales pretensiones que tienen
su trámite propio.
(...)
Por otra parte, diremos que el accionante
podrá acudir ante las autoridades correspondientes para defender sus derechos.
Igualmente tendrá oportunidad de acudir a los entes del Estado que ejercen
control y vigilancia sobre la accionada para reclamar sus derechos.”
III. CONSIDERACIONES  Y FUNDAMENTOS
A. Competencia.
Esta Corte es competente para revisar el
presente fallo de tutela, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y
241 de la Constitución Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las demás
disposiciones pertinentes.
B. TEMAS JURIDICOS
1. Problema Jurídico
Corresponde
a la Sala analizar si la Fundación Clínica de Maternidad David Restrepo con el
no pago de los salarios y otras prestaciones a la señora María Isabel Suárez
Merchán, le está vulnerando sus derechos fundamentales a un trabajo digno y al
mínimo vital.
2. Fundamentos Jurídicos
2.1. Derecho a recibir oportunamente el salario.
Vulneración del mínimo vital.
Esta Corporación ha señalado que el salario
percibido por un trabajador se constituye en el elemento necesario para su
subsistencia, en tanto dicha fuente de recursos económicos sirve para asumir
las necesidades básicas familiares y personales. El no pago del salario de
manera oportuna y completa, vulnera de manera directa el mínimo vital del
trabajador y de su familia y por consiguiente, le causa un perjuicio
irremediable.
Igualmente, se ha señalado que si el
empleador argumentare dificultades de orden  económico o financiero para
justificar el no pago de las obligaciones laborales contraídas con sus
trabajadores, éstas no son de recibo, por cuanto no son ni el trabajador ni su
familia, los que deben soportar las consecuencias negativas de las anomalías
administrativas o financieras que su empleador pretenda alegar.
En cuanto al pago de salarios atrasados por vía de
tutela, la Corte ha indicado lo siguiente:
“Jurisprudencialmente, esta Corporación ha
señalado que en sentido general la tutela no procede para obtener el pago de
acreencias laborales, ante la existencia de otros medios de defensa judicial.
Sin embargo, de manera excepcional es viable, cuando el pago oportuno de los
salarios se convierte en la única fuente de ingresos para llevar una vida en
condiciones dignas y justas, constituyéndose el mencionado pago en un derecho
fundamental de aplicación inmediata destinado a suplir el mínimo vital de las
personas, en aras de evitar un perjuicio irremediable
Por lo tanto, se  ha dicho que cuando el cese
del pago de salarios se prolonga en el tiempo, el empleador no pone solo al
empleado sino a la familia que depende de él en una situación de indefensión
que hace necesaria la intervención rápida y eficaz del Juez de tutela, así éste
cuente con otro mecanismo de defensa judicial en la vía laboral, ya que otros
derechos empiezan a verse afectados por dicha omisión, situación que justifica
la  procedencia excepcional de la acción de tutela, porque el trabajador tiene
derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, y a la remuneración por
trabajo ejecutado.[1]”
De lo anterior, se concluye que la
acción de tutela es el mecanismo idóneo para el cobro de acreencias laborales
cuando por la falta de pago se vulnera el mínimo vital de los trabajadores.
2.2. Prueba de la
afectación del mínimo vital cuando hay prolongación en el no pago de los
salarios
Para que prospere la
tutela es necesario acreditar y demostrar la vulneración al mínimo vital. Con
relación a lo anterior, la Sentencia T-660/04[2] expresa que el no pago
prolongado de los salarios hace presumir la afectación al mínimo vital. En esta
sentencia la Corte sostuvo lo siguiente:
“Precisamente la Corte
Constitucional, en relación con el incumplimiento en el pago de salarios y la
consecuente vulneración del derecho fundamental al mínimo vital, señaló las
siguientes hipótesis fácticas mínimas que gobiernan su reconocimiento por el
juez de tutela[3]:
1)Que exista
un incumplimiento en el pago del salario al trabajador que por su parte ha
cumplido con sus obligaciones laborales;
2) Que dicho
incumplimiento comprometa el mínimo vital de la persona.
Esto se
presume cuando:
a) el
incumplimiento es prolongado o indefinido[4].
La no satisfacción de este requisito lleva a que no se pueda presumir la
afectación del mínimo vital, la cual deberá ser probada plenamente por el
demandante para que proceda la acción de tutela.
b) el
incumplimiento es superior a dos meses,[5]
salvo que la persona reciba como contraprestación a su trabajo un salario
mínimo.[6]
3) La
presunción de afectación del mínimo vital debe ser desvirtuada por el demandado
o por el juez, mientras que al demandante le basta alegar y probar
siquiera sumariamente[7]
que el incumplimiento salarial lo coloca en situación crítica,[8] dada la
carencia de otros ingresos o recursos diferentes al salario que le permitan
asegurar su subsistencia.[9]
4) Argumentos
económicos, presupuestales o financieros no son razones que justifiquen el
incumplimiento en el pago de los salarios adeudados al trabajador.[10] Lo
anterior no obsta para que dichos factores sean tenidos en cuenta al momento de
impartir la orden por parte del juez de tutela tendiente a que se consigan los
recursos necesarios para hacer efectivo el pago.”(subrayas y negrillas fuera de
texto)
Por lo tanto, en los casos que al
trabajador se le adeuden más de 2 salarios atrasados, la Corte ha manifestado
que ha de presumirse que éste está afectando su mínimo vital y el de su familia
y, por ende, corresponderá a la entidad encargada de pagar esta prestación
desvirtuar tal  presunción.[11]
CASO CONCRETO
A la señora María Isabel Suárez Merchán se le adeudan, por parte de la entidad
demandada, los salarios de los meses de marzo, abril y mayo de 2005, las primas
de mitad y fin de año correspondientes al 2004.
La accionante es madre cabeza de familia,
tiene tres (3) hijas, una de las cuales es discapacitada de nacimiento. Afirma que se encuentra
atravesando una situación de necesidad económica por lo cual solicita se le
proteja el derecho al mínimo vital, tanto de ella como de su familia.
Como madre cabeza de familia afirmó que no
cuenta con otro recurso
económico sino el sueldo con el cual cubre los siguientes gastos: alimentación,
educación, vestuario, servicios públicos y, lo más importante, el tratamiento
que requiere su hija discapacitada.
De lo manifestado y allegado al expediente
por la accionante está probado
lo siguiente: a) Que trabaja para la Fundación Clínica de Maternidad David
Restrepo, b) Que es madre cabeza de familia, c) Que tiene una hija
discapacitada, d) Que a la fecha de interponer la tutela, se le adeudan los
salarios de los meses de
marzo, abril y mayo de 2005 y las primas de mitad y fin de año de 2004.
Por su parte, la entidad demandada
manifestó que ha venido cumpliendo oportunamente con el pago de los salarios a
sus trabajadores desde el mes de junio, pero esta afirmación no es cierta para la accionante. En el
anexo que realizó en la impugnación, manifestó y allegó copia de los recibos de
pago con los cuales afirma que no se le canceló el mes de junio sino el mes de
marzo, razón por la cual, la entidad le está vulnerando sus derecho invocados en esta tutela.
Está demostrado en el expediente existe
prueba de que el mes de junio se canceló a la accionante. Al contrario, no se
probó que lo cancelado hubiese sido el mes de marzo. Igualmente, no está
probado que se hayan pagado
los meses de abril y mayo –con lo cual se adeudarían 3 meses- lo cual hace
presumir la afectación al mínimo vital.
De lo anterior, la Sala concluye que se
está vulnerando el derecho fundamental al mínimo vital de la señora María
Isabel Suárez Merchán y su
familia, razón por la cual se ordenará a la Fundación Clínica de Maternidad
David Restrepo, en caso que
aún no se hayan cancelado, que en el termino de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación de la presente providencia, le cancele los
salarios correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo del 2005. Se
recuerda, que para el reclamo de las prestaciones que no constituyen salario
puede acudir a la jurisdicción  laboral[12].
En consecuencia, se revocará la decisión
adoptada por el Juzgado Treinta y Ocho Civil Municipal de Bogotá y el Juzgado
Treinta y Uno Civil del Circuito ambos de Bogotá, y, en su lugar, se concederá
la tutela por violación de su derecho fundamental al mínimo vital.
IV.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
PRIMERO. REVOCAR las sentencias proferidas el quince (15)
de julio de dos mil cinco (2005) por el Juzgado Treinta y Ocho civil Municipal
de Bogotá y el cinco (05) de septiembre de dos mil cinco (2005) por el Juzgado
Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogotá que negaron la tutela invocada por
la señora María Isabel Suárez Merchán en contra de la Fundación Clínica de
Maternidad David Restrepo.
SEGUNDO: CONCEDER la tutela al derecho fundamental del
mínimo vital de la señora María Isabel Suárez Merchán, con el propósito de
evitar un perjuicio irremediable y, en consecuencia, ordenar a la Fundación
Clínica de Maternidad David Restrepo que, en caso que aún no se hayan
cancelado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación del presente fallo, le cancele los salarios correspondientes a los
meses de marzo, abril y mayo del 2005.
TERCERO: LÍBRESE por Secretaría las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ÁLVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
Sentencia T-626 de 2004.
[2]
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[3]
Corte Constitucional,  Sentencia T-148 de 2002. M.P : Manuel José Cepeda
Espinosa.
[4]Corte
Constitucional, Sentencia T-725 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería: “Sobre la
afectación del mínimo vital  o de subsistencia ha dicho la Corte, en
reiterada jurisprudencia, que éste se presume afectado, cuando la suspensión
en el pago  del salario se prolonga indefinidamente en el tiempo, de
tal suerte que se coloca al trabajador y a su familia en una situación
económica crítica que afecta sus derechos fundamentales y que hace necesaria la
intervención rápida y eficaz del juez de tutela para restablecer su goce,
correspondiéndole al demandado la demostración de que el peticionario de la
tutela cuenta con otros ingresos o recursos, con los cuales pueda atender sus
necesidades primarias vitales y las de su familia” (subrayas fuera de
texto).
[5]
Corte Constitucional, Sentencia T-795 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa: “(L)a Corte ha establecido una presunción de afectación del mínimo
vital cuando la suspensión en el pago del salario es prolongada o
indefinida, salvo que se trate del incumplimiento de hasta dos
salarios mínimos mensuales” (subrayas fuera de texto).
[6]
Corte Constitucional, Sentencias T-241 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo y T-1026 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[7]
Corte Constitucional, Sentencia T-795 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa: “(L)a Corte ha precisado que si se afirma que el derecho al mínimo
vital  está siendo vulnerado y ello se demuestra indiciariamente,
corresponde al juez de tutela determinar si en efecto se configura dicha
vulneración. Ello se desprende de la especial función asignada al juez de
garantizar los derechos fundamentales.”
[8]
“La acción de tutela procede sólo para proteger el mínimo vital  del
accionante, esto es, “para evitar que el trabajador sufra una situación crítica
económica y psicológica”, sentencias SU-342 de 1995, T-019 de
1997, T-081 de 1997, T-261 de 1997.
[9]
Corte Constitucional, Sentencia T-683 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra:
“En efecto, si hay elementos de juicio que indican que el trabajador tiene
otros ingresos que le permiten subsistir dignamente sin el salario, la tutela
no puede prosperar.” (subrayas fuera de texto)
[10]
Corte Constitucional, Sentencia T-035 de 2001, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[11]
Consultar la Sentencia T- 468 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[12]
Ver entre otras, las siguientes Sentencias T-083/05, T-944/04 y T-902 de 2004.
“MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Pago de prestaciones económicas sin
afectación de derechos fundamentales. El incumplimiento prolongado por parte
del Hospital de Caldas E.S.E. en el pago de los salarios correspondientes al
año 2004 a la accionante no tiene excusa.  Tal actuación ha suscitado la clara
vulneración de su derecho fundamental al mínimo vital, máxime si se tiene en
cuenta que es madre cabeza de familia y no cuenta con otros recursos para
garantizar su subsistencia y la de su familia. Ahora bien, en relación con
las demás prestaciones que reclama correspondientes al año 2003, no
encuentra la Sala que exista una relación entre el incumplimiento y la
afectación al mínimo vital, diferente a lo que sucede con el no pago de
salarios. Además, la accionante no reclamó oportunamente el pago de tales
acreencias, razón por la cual deberá acudir a los medios judiciales ordinarios.