T-072-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-072/08
ACCION DE
TUTELA-Procedencia excepcional para reconocimiento
y pago de acreencias laborales y pensionales
DERECHO DE
PETICION-Solicitud reconocimiento pensión de vejez
por cumplir la demandante con las mil semanas de cotización
ACCION DE
TUTELA-No se reconoce pensión de vejez por cuanto
la peticionaria no cumple con las mil semanas de cotización y no realizó
simultáneamente aportes a salud
DEBIDO
PROCESO-Los aportes efectuados como independiente
no requieren simultáneamente aportes a salud
El argumento expuesto por la entidad
accionada, según el cual, los aportes efectuados a partir del mes de marzo de
2003 al Sistema General de Pensiones no fueron tenidos en cuenta porque no
realizó simultáneamente aportes a salud en calidad de cotizante, no resulta aceptable,
toda vez que ni la Constitución ni la Ley establecen este requisito. En las
normas citadas no se ordena que las cotizaciones realizadas por una persona al
Sistema General de Pensiones en calidad de independiente no sean tenidas en
cuenta por el hecho de no haber cotizado dicha persona al Sistema de Salud. La
referida norma se aplica a una hipótesis diferente: cuando una persona que esté
cotizando como dependiente deba realizar cotizaciones adicionales como
independiente o por prestación de servicios. Dicha situación no se presenta en
este caso, ya que la accionante cotizó al Sistema General de Pensiones en
calidad de independiente, únicamente. Por lo tanto, se tiene que en el presente
caso la entidad accionada no sólo estableció requisitos adicionales a los
consagrados en la Constitución y la Ley para estudiar el reconocimiento y pago
de la pensión de jubilación de la actora, sino que además impuso una
consecuencia demasiado onerosa que tampoco está prevista en las normas
vigentes. Esto vulnera el derecho al debido proceso, ya que desconoce el
principio de legalidad, que es uno de los elementos constitutivos de este
derecho.
DEBIDO
PROCESO Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD-Vulneración por
cuanto la entidad exigió requisitos adicionales a la actora para el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez
DERECHO DE
PETICION-Respuesta de fondo por el ISS sobre la
pensión de vejez de la actora teniendo en cuenta los aportes realizados y sin
exigir requisitos adicionales
Referencia: expediente
T-1760527
Acción de
tutela instaurada por Leonor Rojas Durán contra el Instituto de Seguros
Sociales
Magistrado
Ponente:
Dr. MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de enero de
dos mil ocho (2008).
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados, Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Que pone fin al proceso de revisión de los
fallos proferidos por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasugá, el
28 de agosto de 2007, y por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca, el 2 de octubre de 2007.
I.
ANTECEDENTES
Leonor Rojas Duran, quien tiene 67 años[1],
interpuso demanda de tutela contra el Instituto de Seguros Sociales para que se
protegieran sus derechos a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital,
al debido proceso y al respeto por sus derechos adquiridos.
La demandante considera que sus derechos
fueron vulnerados porque el Instituto de Seguros Sociales se niega a
reconocerle la pensión de vejez aduciendo que no cumple con las semanas mínimas
de cotización al sistema, a pesar de que, según la actora, ya completó las
1.000 semanas exigidas de aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones
por la Ley 100 de 1993.
La accionante elevó solicitud de
reconocimiento de pensión de vejez el día 5 de marzo de 2003. El ISS resolvió
su solicitud el 26 de octubre de 2004, en donde decidió negar la pensión de
vejez y jubilación de la actora, argumentando que si bien la actora es
beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, sólo acreditaba 998 semanas cotizadas y no las 1.000 mínimas exigidas.
Igualmente, señaló el ISS, que la accionante no acreditó el cumplimiento de los
requisitos previstos en las demás normatividades aplicables[2].
Contra la anterior resolución la accionante
solicitó el desarchivo del expediente el 19 de agosto de 2004, a fin de que se hiciera
un nuevo estudio de su solicitud prestacional y se revisaran los periodos de
cotización y la documentación que los acreditaba. El 13 de marzo de 2007 el ISS
resolvió la petición y decidió confirmar la Resolución 034068 del 26 de octubre
de 2004, en donde nuevamente consideró que no cumplía con el requisito de las
semanas mínimas cotizadas al Sistema de Seguridad Social en Pensiones. Agregó
también que: “respecto de los aportes efectuados a partir de marzo de 2003,
para el Sistema General de Pensiones, en calidad de independiente no serán
tenidos en cuenta, ya que no presenta aportes a salud en calidad de cotizante,
conforme a lo establecido en el Art. 3 del Decreto 510 de 2003, reglamentario
del Art. 5 de la Ley 797 de 2003, en concordancia con el concepto DJN US 3038
de fecha 11 de Marzo de 2004, emitido por la Dirección Jurídica Nacional del
ISS”[3].
Contra la anterior resolución no procedía
recurso alguno, por lo que la accionante interpuso acción de tutela el 10 de
agosto de 2007, en donde indica que: “como lo demuestro con algunos recibos
de pago, he efectuado aportes al Sistema General de Salud, como independiente,
de por lo menos las dos semanas que me harían falta para completar las 1.000
semanas de aportes al Sistema General de Pensiones; Es decir, que en esta fecha
cumplo a cabalidad los requisitos legales para acceder a mi pensión de vejez;
es así como que tengo 67 años de edad y más de 1.000 semanas cotizadas al
Régimen de Prima Media administrado por el Instituto de los Seguros Sociales”.
El proceso correspondió en primera
instancia al Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasugá quien denegó el
amparo mediante sentencia proferida el 28 de agosto de 2007. El Juzgado
consideró que la actora tenía otros medios judiciales de defensa, como la
acción de nulidad ante la jurisdicción contencioso administrativa o la acción
ordinaria laboral ante la jurisdicción laboral. La anterior decisión fue
impugnada por la accionante bajo los argumentos expuestos en la demanda de tutela.
La Sala Laboral del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante providencia del 2 de octubre de
2007, confirmó el fallo de instancia por considerar que el juez de tutela no
era competente para analizar la legalidad de las actuaciones de la
administración, asunto que compete a la jurisdicción laboral. Agregó que no se
había acreditado la presencia de un perjuicio irremediable o la vulneración del
mínimo vital de la actora.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.     Competencia
La Corte Constitucional es competente para revisar la decisión
judicial reseñada, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.     Problema jurídico
Corresponde a la Sala Segunda de Revisión
resolver la siguiente pregunta: ¿Vulneró la entidad accionada el derecho
fundamental al debido proceso de la accionante, al considerar que no cumplía
con el requisito de haber cotizado 1.000 semanas al Sistema General de
Pensiones sin tener en cuenta las semanas que fueron cotizadas como
independiente durante un lapso en el cual no realizó aportes al Sistema de
Seguridad Social en Salud?
3.     Las condiciones constitucionales para la procedencia excepcional de
la acción de tutela para el reconocimiento y cobro de acreencias laborales y
pensionales
La Corte ha señalado de manera reiterada
que, por regla general, la tutela no procede para ordenar el reconocimiento de
pensiones. Generalmente, para estos propósitos existen medios ordinarios
idóneos para resolver dichas pretensiones, no se evidencia la vulneración de un
derecho fundamental,[4] o la
acción no se ha interpuesto para evitar un perjuicio irremediable.[5]
Para esta Corporación, dado el carácter excepcional de este mecanismo
constitucional de protección de los derechos,[6] la
acción de tutela no puede desplazar ni sustituir los mecanismos ordinarios
establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.[7]
Para determinar si la acción de tutela es
procedente, la Corte Constitucional ha señalado dos aspectos distintos. En
primer lugar, si la tutela se presenta como mecanismo principal, es preciso
examinar que no exista otro medio judicial. Si no existe otro medio, o aún si
existe pero éste no resulta idóneo en el caso concreto, la tutela procede como
mecanismo principal de amparo de los derechos fundamentales. Adicionalmente, en
relación con la existencia del otro medio de defensa judicial, la
jurisprudencia de la Corte ha señalado que no existe la obligación de iniciar
el proceso ordinario antes de acudir a la acción de tutela. Basta que dicha
posibilidad esté abierta al interponer la demanda de tutela, pues si el
accionante ha dejado vencer la oportunidad para iniciar el trámite del proceso
ordinario, la tutela no procede como mecanismo transitorio.[8]
En segundo lugar, cuando la tutela se
interpone como mecanismo transitorio, habida cuenta de la existencia de un
medio judicial ordinario idóneo, es preciso demostrar que ésta es necesaria
para evitar un perjuicio irremediable. Dicho perjuicio se caracteriza, según la
jurisprudencia, por lo siguiente: (i) por ser inminente, es decir, que
se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser
grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico
de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se
requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv)
porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea
adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.[9]
Cuando lo que se alega como perjuicio
irremediable es la afectación del mínimo vital, la Corte ha establecido, en
esencia, dos presunciones de afectación al mínimo vital.[10]
De un lado, cuando se dé un incumplimiento prolongado o indefinido de las
prestaciones, estimándose el término de más de dos meses como suficiente para
tal efecto;[11] y, de otro, un
incumplimiento aún inferior a dos meses, si la prestación es menor a dos
salarios mínimos.[12] Si no se dan las
condiciones reunidas en estas hipótesis, aunque no se presuma su afectación,
todavía puede considerarse vulnerado el derecho al mínimo vital cuando el actor
pruebe así sea sumariamente, que su subsistencia digna se ve conculcada por el
incumplimiento. No obstante, en general quien
alega una vulneración de este derecho como consecuencia de la falta de pago de
alguna acreencia laboral o pensional, debe acompañar su afirmación de alguna
prueba, al menos sumaria, pues la informalidad de la acción de tutela no
exonera al actor de probar, aunque sea de manera sumaria, los hechos en los que
basa sus pretensiones.[13]
En ese
evento, la Corte analiza las circunstancias concretas
en cada caso,[14]
teniendo en cuenta, por ejemplo, la calidad de la persona que alega la
vulneración del mínimo vital, el tiempo durante el cual se ha afectado
supuestamente ese derecho, el tipo de pago reclamado y el tiempo que deberá
esperar para que sea resuelta la acción ordinaria a través de la cual puede
reclamar el pago de sus acreencias laborales o pensionales.[15]
4. Caso Concreto
Dado que el asunto bajo revisión se refiere
al reconocimiento de la pensión de jubilación, la resolución de esta
controversia le corresponde a la jurisdicción laboral, ya sea mediante el
proceso laboral ordinario o mediante la acción contencioso administrativa de
nulidad y restablecimiento del derecho, según corresponda. Por lo cual, en
principio, no procede la acción de tutela como mecanismo principal.
En cuanto a la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio, encuentra la Sala Segunda de Revisión que aun cuando la demandante
no alega tal perjuicio, existen indicios que permiten concluir que la falta de
reconocimiento de la pensión de jubilación afecta su mínimo vital, toda vez que
la actora es una persona de la tercera edad, tiene 67 años, las cotizaciones a
los sistemas de salud y pensiones se realizaron sobre la base de un salario
mínimo legal vigente y la entidad accionada no desvirtuó esta situación.
Ahora bien, aunque no es procedente reconocer
la pensión de vejez reclamada a través de esta tutela, es preciso señalar que
la entidad accionada vulneró el derecho al debido proceso de la demandante. Se
tiene que la entidad accionada niega la pensión de la actora mediante
resolución del 26 de octubre de 2004, bajo el argumento de que no cumple el
requisito de las 1000 semanas cotizadas, pues sólo acredita el pago de 998
semanas. Posteriormente, la actora solicitó el desarchivo del expediente a fin
de que se hiciera un nuevo estudio de su solicitud pensional y el ISS, mediante
resolución del 13 de marzo de 2007, niega nuevamente su petición por no cumplir
con las cotizaciones mínimas requeridas, y añade que los aportes efectuados a
partir del mes de marzo de 2003 al Sistema General de Pensiones como
independiente, no serán tenidos en cuenta, en razón a que no presenta aportes a
salud en calidad de cotizante durante el mismo lapso. Observa esta Sala que si
bien el ISS contestó la petición elevada por la actora, dicha respuesta vulnera
el derecho al debido proceso de la actora.
En primer lugar, esta última respuesta de
la entidad accionada no fue contestada de manera oportuna, pues la accionante
elevó la petición el 19 de agosto de 2004 y la respuesta del ISS se produjo el
13 de marzo de 2007, es decir, 2 años y siete meses después.
En segundo lugar, el argumento expuesto por
la entidad accionada, según el cual, los aportes efectuados a partir del mes de
marzo de 2003 al Sistema General de Pensiones no fueron tenidos en cuenta
porque no realizó simultáneamente aportes a salud en calidad de cotizante, no
resulta aceptable, toda vez que ni la Constitución ni la Ley establecen este
requisito. Para fundamentar su argumento, el ISS invoca el artículo 3 del
Decreto 510 de 2003, reglamentario del artículo 5 de la Ley 797 de 2003. Estas
normas dicen:
Decreto 510 de 2003. Artículo 3. La base de cotización del Sistema General
de Pensiones será como mínimo en todos los casos de un salario mínimo legal
mensual vigente, y máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes,
límite este que le es aplicable al Sistema de Seguridad Social en Salud. Este
límite se aplicará a las cotizaciones cuyo pago debe efectuarse a partir del
mes de marzo.
La base de cotización para el Sistema General de
Pensiones deberá ser la misma que la base de la cotización del Sistema General
de Seguridad Social en Salud, salvo que el afiliado cotice para el Sistema
General de Pensiones sobre una base inferior a la mínima establecida para el
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
PARÁGRAFO. Cuando una persona dependiente deba
realizar cotizaciones adicionales como independiente o por prestación de
servicios, para los efectos del parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 797
de 2003, que modifica el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, deberá informar en
los formatos que para tal efecto establezca la Superintendencia Bancaria, el
ingreso que efectivamente perciba, manifestando la fuente de sus recursos.
Con el propósito de que estos ingresos se acumulen
para la liquidación de la pensión, sobre los mismos debieron haberse realizado
los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud. De ser diferente la base
de cotización, los aportes que excedan los realizados al Sistema de Seguridad
Social en Salud, no se tendrán en cuenta para la liquidación de la pensión y le
serán devueltos al afiliado con la fórmula que se utiliza para el cálculo de la
indemnización sustitutiva o la devolución de saldos.
Ley 797 de 2003. Artículo 5. El inciso 4 y parágrafo del artículo 18 de la Ley 100
de 1993 quedarán así:
Artículo 18. Base de Cotización. La base para
calcular las cotizaciones a que hace referencia el artículo anterior, será el
salario mensual.
El salario base de cotización para los trabajadores
particulares, será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código
Sustantivo del Trabajo.
El salario mensual base de cotización para los
servidores del sector público, será el que señale el Gobierno, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 4a. de 1992.
El límite de la base de cotización será de veinticinco
(25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para trabajadores del sector
público y privado. Cuando se devenguen mensualmente más de veinticinco (25)
salarios mínimos legales mensuales vigentes la base de cotización será
reglamentada por el gobierno nacional y podrá ser hasta de 45 salarios mínimos
legales mensuales para garantizar pensiones hasta de veinticinco (25) salarios
mínimos legales.
Las cotizaciones de los trabajadores cuya remuneración
se pacte bajo la modalidad de salario integral, se calculará sobre el 70% de
dicho salario.
En todo caso, el monto de la cotización mantendrá
siempre una relación directa y proporcional al monto de la pensión.
PARÁGRAFO 1o. En aquellos casos en los cuales el
afiliado perciba salario de dos o más empleadores, o ingresos como trabajador
independiente o por prestación de servicios como contratista, en un mismo período
de tiempo, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma
proporcional al salario, o ingreso devengado de cada uno de ellos, y estas se
acumularán para todos los efectos de esta ley sin exceder el tope legal. Para
estos efectos, será necesario que las cotizaciones al sistema de salud se hagan
sobre la misma base.
En ningún caso el ingreso base de cotización podrá ser
inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Las personas que perciban
ingresos inferiores al salario mínimo legal mensual vigente, podrán ser
beneficiarias del Fondo de Solidaridad Pensional, a efectos de que éste le
complete la cotización que les haga falta y hasta un salario mínimo legal
mensual vigente, de acuerdo con lo previsto en la presente ley.
En las normas citadas no se ordena que las
cotizaciones realizadas por una persona al Sistema General de Pensiones en
calidad de independiente no sean tenidas en cuenta por el hecho de no haber
cotizado dicha persona al Sistema de Salud. La referida norma se aplica a una
hipótesis diferente: cuando una persona que esté cotizando como dependiente
deba realizar cotizaciones adicionales como independiente o por prestación de
servicios. Dicha situación no se presenta en este caso, ya que la accionante
cotizó al Sistema General de Pensiones en calidad de independiente, únicamente.
La norma invocada también busca que la base de cotización para pensiones y para
aportes en salud sea semejante. Cuando no lo sea, la consecuencia prevista en
la norma no es la pérdida del derecho, sino que el excedente, sólo este, no sea
contabilizado para determinar la pensión y le sea devuelto al cotizante.
Por lo tanto, se tiene que en el presente
caso la entidad accionada no sólo estableció requisitos adicionales a los
consagrados en la Constitución y la Ley para estudiar el reconocimiento y pago
de la pensión de jubilación de la actora, sino que además impuso una
consecuencia demasiado onerosa que tampoco está prevista en las normas
vigentes. Esto vulnera el derecho al debido proceso, ya que desconoce el
principio de legalidad, que es uno de los elementos constitutivos de este
derecho.
En sentencia T-433 de 2002, MP Rodrigo
Escobar Gil, al analizar un problema jurídico atinente al principio de
legalidad y el debido proceso en materia pensional,[16]
se sostuvo que: “(…)el principio de legalidad circunscribe el ejercicio del
poder público al ordenamiento jurídico que lo rige, “de manera que los actos de
las autoridades, las decisiones que profieran y las gestiones que realicen,
estén en todo momento subordinadas a lo preceptuado y regulado previamente en la
Constitución y las leyes.”[17]
La Corte ha sostenido que este principio puede concretarse en dos aspectos, a
saber: que exista una ley previa que prevea la hipótesis o situación de que se
trate, y que tal tipificación sea precisa en la determinación y consecuencia de
dicha situación o conducta, aspectos que buscan limitar al máximo la facultad
discrecional de la administración en ejercicio de sus prerrogativas”[18]…
En consecuencia, la exigencia de requisitos adicionales no contemplados en la
ley, so pretexto de aplicar una interpretación jurisprudencial de la norma, es
violatoria del derecho al debido proceso de la demandante, por desconocimiento
del principio de legalidad”.
Por otra parte, en el expediente obran
copias de las cotizaciones realizadas por la actora, y recibidas por el ISS, al
Sistema General de Pensiones con posterioridad al 26 de octubre de 2004,[19]
fecha en la cual el ISS le negó por primera vez la pensión de vejez y en donde
se reconoció que la señora Leonor Rojas acreditaba 998 semanas de cotización,
lo que evidencia que la accionante ha cotizado más de 1000 semanas al Sistema
General de Pensiones, si se contabilizan las semanas en que cotizó como
independiente.
De otro lado,
el argumento esgrimido por el ISS según el cual la accionante no presenta
aportes a salud desde el mes de marzo de 2003, además de ser un requisito no
previsto ni en la Constitución ni en la Ley, desconoce el material probatorio
que obra en el expediente, pues en dos copias de las liquidaciones mensuales al
Sistema de Seguridad Social Integral se aprecia que la actora realizó cotizaciones
al Sistema General de Seguridad Social en Salud con posterioridad al mes de
marzo de 2003, por lo menos correspondientes a dos meses, es decir, a más de
las dos semanas que el ISS alega le faltan, de tal forma que durante tales
meses cotizó simultáneamente a salud y a pensiones.[20]
En
consecuencia, esta Sala revocará el fallo de instancia, y en su lugar,
concederá la tutela protegiendo el derecho al debido proceso de la accionante,
y por tanto, ordenará al Instituto de Seguros Sociales, Seccional Cundinamarca
y Distrito Capital, que en el término de 48 horas siguientes a la notificación
de la presente providencia, le dé una respuesta de fondo a la solicitud de la
señora Leonor Rojas Duran sobre su pensión de vejez, teniendo en cuenta todos
los aportes realizados al Sistema General de Pensiones, sin exigir requisitos
adicionales no previstos en la Constitución o en la Ley.
III.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia del dos (2) de octubre de dos mil siete
(2007), proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca – Sala Laboral, y en su lugar CONCEDER la tutela al derecho
fundamental al debido proceso de la señora Leonor Rojas Durán.
Segundo.- ORDENAR al representante legal del Instituto de Seguro Social, Seccional
Cundinamarca y Distrito Capital que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia,
adopte una decisión de fondo sobre la existencia en cabeza de la señora Rojas
Durán del derecho a la pensión, plasme dicha determinación en un acto sujeto a
los recursos de ley, y comunique oportunamente su decisión a la señora Rojas
Durán, teniendo en cuenta todos los aportes realizados al Sistema General de
Pensiones incluidos los efectuados a partir de marzo de 2003, sin exigir
requisitos adicionales que no están previstos en la Constitución o en la Ley.
Tercero.- LIBRESE por Secretaría la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
fines allí establecidos.
Notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
Ponente
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] La accionante nació el 23 de julio de 1940.
[2] A folio 13 y 14 del expediente obra la resolución 034068 del 26 de
octubre de 2004 mediante la cual se le negó la pensión a la actora. De dicha
resolución se colige que la actora cotizó un total de 3629 días mientras
trabajó para el Departamento del Caquetá (01-01-71 a 28-02-72), la Gobernación
del Caquetá (01-02-76 a 01-02-80) y el Comité Colombiano de Coordinación
Misional (01-01-63 a 31-12-63 y 03-03-72 a 31-01-76).
[3] A folio 15, 16 y 17 obra la resolución 010085 del 13 de marzo de
2007 que confirmó la decisión de la resolución 034068 del 26 de octubre de
2004.
[4] En la sentencia T-043 de 2007. MP. Jaime Córdoba Triviño, la
Corte reiteró que “de manera general, la acción de tutela
resulta improcedente para el reconocimiento de pensiones. No obstante lo
anterior, el amparo constitucional será viable excepcionalmente, cuando en el
caso sujeto a examen concurran las siguientes tres condiciones: (i) que la
negativa al reconocimiento de la pensión de invalidez, jubilación o vejez se
origine en actos que en razón a su contradicción con preceptos superiores
puedan, prima facie, desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre las
actuaciones de la administración pública; (ii) que esa negativa de
reconocimiento de la prestación vulnere o amenace un derecho fundamental; y
(iii) que la acción de tutela resulte necesaria para evitar la consumación de
un perjuicio ius fundamental irremediable”.
[5] Ver entre otras, las sentencias T-100 de 1994. MP. Carlos Gaviria Díaz, T-1338 de
2001. MP. Jaime Córdoba Triviño y SU-995 de 1999, MP. Carlos Gaviria Díaz,
T-859 de 2004, MP: Clara Inés Vargas Hernández, T-043 de 2007. MP. Jaime
Córdoba Triviño.
[6] Artículo 86. Constitución Política. “(…) Esta acción solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable (…)”.
[7] Corte Constitucional, Sentencia T-106 de
1993, MP. Antonio Barrera
Carbonell. La Corte afirmó que la posibilidad de acudir a la acción de tutela
“(...)sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que aquél ofrece
para la realización de los derechos, no exista alguno que resulte idóneo para
proteger instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es objeto de
amenaza por virtud de una conducta positiva o negativa de una autoridad pública
o de particulares en los casos señalados por la ley, a través de una valoración
que siempre se hace en concreto, tomando en consideración las circunstancias
del caso y la situación de la persona, eventualmente afectada con la acción u
omisión.” Ver también, la sentencia T-480 de 1993, MP: José Gregorio Hernández
Galindo.
[8] Ver, entre otras, las sentencias T-871 de
1999, T-812 de 2000.
[9] Esta doctrina ha sido reiterada en las
sentencias de la Corte Constitucional, T-225 de 1993, MP. Vladimiro Naranjo
Mesa, SU-544 de 2001, MP: Eduardo Montealegre Lynett, T-1316 de 2001, MP (E):
Rodrigo Uprimny Yepes, T-983-01, MP: Álvaro Tafur Galvis, entre otras.
[10] Cfr. Sentencias T-259 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-818
de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-370 de 2001, M.P. Jaime Córdoba
Triviño, T-725 de 2001 y T-148 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-326
de 2004, M.P Clara Inés Vargas Hernández, T-133 de 2005 y T-809 de 2006, M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-404 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[11] Sentencias T-362 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-148
de 2002, T-133 de 2005 y T-896 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[12] Sentencia T-795 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[13] Corte Constitucional, Sentencia SU-995 de
1999, MP: Carlos Gaviria Díaz, T-1088 de 2000, MP: Alejandro Martínez
Caballero.
[14] Ver por ejemplo la sentencia T-043 de 2007, MP: Jaime Córdoba
Triviño.
[15] Sobre las características que debe tener el perjuicio irremediable,
ver entre muchas otras, las sentencias T-1316 de 2001, MP (E): Rodrigo Uprimny
Yepes, T-225 de 1993, MP: Vladimiro Naranjo Mesa.
[16] Si bien en este
caso no se estudió una situación fáctica idéntica a la analizada en esta
ocasión, la controversia también versaba sobre la exigencia de requisitos
adicionales para continuar con el pago de una sustitución pensional. En aquella
oportunidad los hechos fueron los siguientes: El 16 de septiembre de 1999, el
Seguro Social reconoció la sustitución pensional a favor de Zunilda Saumeth, a
raíz de la muerte de su padre. En mayo de 2000, la peticionaria quedó por fuera
del programa de Ingeniería de Sistemas por bajo rendimiento académico, razón
por la cual se cambió al programa de Ingeniería de Procesos de la Universidad
San Buenaventura de Medellín en junio del mismo año. El 5 de septiembre de
2000, la entidad demandada decidió suspender definitivamente el pago de la
pensión, por considerar que ésta “no es incondicional ni vitalicia, pues en el
caso concreto de la sustitución por razón de estudios, la condición para su
disfrute no es otra que la regularidad, seriedad y éxito de ellos.” En criterio
del Seguro Social, la peticionaria no cumplió con tales requisitos al haberse
desvinculado de la Universidad del Norte por bajo rendimiento académico. En
esta oportunidad, la Corte analizó si la interpretación de los requisitos
cualificándolos con características no consagradas explícitamente en la ley
vulnera el derecho al debido proceso de la demandante. La Corte ordenó al ISS
revocar la Resolución No. 01016 de 1999 por medio de la cual suspendió
definitivamente la pensión sustitutiva a Zunilda Saumeth Cifuentes.  En su
lugar, restablecer el pago de las mesadas pensionales a la demandante, y
abstenerse de suspenderla nuevamente, hasta tanto se configure alguna de las
causales expresamente establecidas en la ley, por las cuales se extinga el
derecho en mención.
[17] Sentencia C-1144 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[18] Sentencia C-564 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[19] Folios 2 a 12 del expediente.
[20] Folios 8 y 10 del expediente.