C-184-98
Sentencia C-184/98
Sentencia C-184/98
COLONIAS AGRICOLAS-Constitucionalidad
No
existe razón que haga pensar que las normas en los apartes acusados violan el
ordenamiento constitucional estableciendo tratos preferenciales o penas
ilegales entre los condenados; bien porque de lo que tratan las normas
comentadas es de un lugar de reclusión -y no de una sanción-, instituido para
procurar los loables fines de prevención, corrección y resocialización de
ciertas personas de acuerdo con sus capacidades o condiciones; bien porque en
todos los casos, la internación en las colonias también debe ser el resultado
de un proceso en que tienen que aplicarse los principios de legalidad, y
respeto a la dignidad humana que orientan el juicio penal, y las garantías de
igualdad y trato considerado que sustentan el sistema carcelario.
ESPACIO
PENITENCIARIO-Demarcación
de terrenos
La
demarcación a que hace referencia el precepto normativo, constituye una
disposición legal cuyo objetivo principal es el de garantizar ciertas
condiciones mínimas de seguridad en las zonas aledañas a los centros
penitenciarios, todo en aras de la conservación del orden público. La referida
demarcación no constituye una violación de la garantía constitucional a la
propiedad o de cualquier otro derecho real reconocido por las leyes.
GUARDIA
PENITENCIARIO-Deber
de evitar conversaciones
No
puede entenderse que la norma prohiba la libertad de expresión en general,
viole indiscriminadamente el derecho a la intimidad, o autorice a los
guardianes para censurar arbitrariamente las manifestaciones de los internos.
Simplemente los inviste con la autoridad necesaria para prever actos que
atenten  contra el régimen carcelario y el cabal cumplimiento de la pena,
llamando la atención sobre conductas potencialmente peligrosas y que pueden
constituirse en el germen de una infracción del estatuto penitenciario.
Entendida así, la restricción resulta proporcionada, incluso necesaria – parece
redundante decirlo -, pues nada más saludable para la seguridad carcelaria que
la supervisión y control de las relaciones de la población carcelaria que sale
del penal a trabajar con personal extraño.
GUARDIA
PENITENCIARIO-Responsabilidad
por negligencia
El contenido de
la disposición ahora estudiada, es la descripción de una omisión. La
responsabilidad que se predica de los guardianes surge del incumplimiento del
deber de vigilancia que la ley impone. El precepto hace derivar dicha
responsabilidad de la inadecuada custodia que se ejerce sobre los reclusos,
esto es, de la negligencia en el ejercicio de un deber que como consecuencia
permite que los detenidos causen daño a los bienes o instalaciones de la
institución. El origen del reproche estatal está claramente señalado en la
norma al referirse "a las fallas en el servicio de vigilancia" y la
base de la imputabilidad se precisa cuando tal imputación se hace a título de
"dolo o culpa". No es cierto que la disposición consagre una
modalidad de responsabilidad objetiva. Debe recordarse que el fundamento del
reproche legal al formular el juicio de responsabilidad descansa sobre las
nociones de imputabilidad y culpabilidad, es decir, de la posibilidad de
atribuir o asignar la responsabilidad no de manera caprichosa y arbitraria, o
por la sola ocurrencia de un hecho, sino con base en la apreciación de la
conducta humana, del proceder e intención de las personas. De ahí que la referencia
que hace la norma demandada al dolo o culpa como títulos de imputabilidad de la
acción sancionada sea de capital importancia, pues se constituyen en la guía de
las autoridades judiciales al evaluar los comportamientos. Dicho sea de paso,
que la referencia a la autoridad competente para decidir los juicios de
responsabilidad que trae el artículo 46 de la ley 65 de 1993, es garantía para
los imputados del debido proceso que se debe aplicar para poder imponer las
sanciones correspondientes.
INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO Y CARCELARIO-A la Dirección General le corresponde determinar estudios
en cárceles
Resulta
infundado afirmar que la disposición demandada viole competencias propias de
otras entidades, interfiriendo por esta vía con la estructura estatal señalada
en la Constitución. Debe tenerse en cuenta que la actividad desarrollada por el
Estado en sus múltiples manifestaciones es altamente compleja, y exige, con el
propósito de lograr los objetivos que se ha trazado, del apoyo de múltiples
entidades (públicas y privadas), que en razón al conocimiento  y manejo que
tienen de muchos campos de la actividad estatal se convierten en inmejorables
colaboradores del gobierno central. Las leyes entonces, se entrelazan
delicadamente para colaborar, cada una desde el ámbito de su competencia, con
fines generales constitucionalmente impulsados. Es legítimo y deseable que en
un caso como el estudiado, en el que se pretende prestar el servicio de
educación en los centros de reclusión de la mejor manera posible, como parte de
un sistema de rehabilitación carcelaria eficaz, el Gobierno apele a la
experiencia y consejo de la entidad encargada de la administración y control de
estos establecimientos -el INPEC-, para determinar los estudios que deban
organizarse en cada centro de reclusión con la intención de que sean válidos
para la redención de la pena.  No sobra advertir, que todos los programas de
educación superior que se ofrezcan en los centros carcelarios deben ser
-además-, previamente autorizados por el ICFES y cumplir con los señalamientos
de la Ley General de Educación.
LIBERTAD DEL
INTERNO
No se está en
frente de un precepto arbitrariamente establecido, ni de vigencia ordinaria,
porque su aplicación se origina en las graves circunstancias que amenazan el
orden interno de la institución. Su empleo no puede ser injustificado por
cuanto siempre debe existir una motivación que aconseje la limitación del
derecho a la información. Es además, un recurso temporal pues, desaparecidos
los hechos que alteraron el orden del plantel, deberán restablecerse las
libertades que de manera preventiva se suspendieron. Así entendida, se trata de
una norma constitucional.
ESTABLECIMIENTO
CARCELARIO-Material
pornográfico
Resulta extraño
que la ley pretenda limitar actividades que dependen de la libre opción de cada
individuo, es decir,  del ejercicio de sus gustos y aficiones, y de las cuales
no se deriva perjuicio o atentado contra los derechos ajenos.   Como ya ha
tenido oportunidad de sostenerlo la Corte: el establecimiento de un régimen
disciplinario que busque el orden en los recintos carcelarios, "no implica
que el recluso no pueda poseer material pornográfico -o de cualquier otro
tipo-, porque cada persona es libre de escoger sus lecturas y pasatiempos
mientras no afecte los derechos de los demás." Junto al reconocimiento que
hace esta Corporación de la libertad que los internos tienen para poseer
material pornográfico, hay que advertir que el ingreso o circulación de este tipo
de documentos debe cumplir con los requisitos legal y reglamentariamente
exigidos para el ingreso y circulación de cualquier otro tipo de material cuya
tenencia sea permitida. Con esta aclaración se busca prevenir el surgimiento de
mecanismos clandestinos de comercialización de este tipo de material y reiterar
la prohibición legal aplicada a los guardianes de las instituciones carcelarias
en el sentido de actuar como divulgadores de pornografía, y en general, como
comercializadores de cualquier tipo de sustancia lícita o ilegal. Las razones
que asisten a la Corte para hacer este pronunciamiento son elementales: de un
lado, es contrario a la naturaleza de estos funcionarios públicos servir de
intermediarios entre el mundo exterior y el centro de reclusión para la
provisión de bienes de cualquier naturaleza, y por otra parte, todas las
instituciones carcelarias deben establecer con claridad la forma de ingresar
bienes y prestar servicios permitidos por la ley y los reglamentos. El
parágrafo del artículo 110 de la Ley 65 de 1993 será declarado inexequible por
las razones expresadas y con las aclaraciones hechas, pues viola reglas
constitucionales que garantizan la libertad de información, de expresión y el
libre desarrollo de la personalidad.
REGLAMENTO
DISCIPLINARIO PARA INTERNOS
Se declararán
constitucionales las normas demandadas del reglamento disciplinario para
internos, en el entendido de que el pronunciamiento de la Corte se limita
analizar las razones genéricas presentadas por el demandante que controvierten
la constitucionalidad de ciertos preceptos. En general, las conductas señaladas
en el artículo como constitutivas de faltas parecen razonables y por lo tanto,
las acusaciones globales presentadas contra el artículo 121 de la Ley 65 de
1993 no han de prosperar. No obstante, la Corte debe precisar con énfasis que
la valoración de las faltas debe hacerse con suma ponderación y ecuanimidad
para que no haya lugar a reproches arbitrarios que se pretendan justificar tras
la invocación  de la ley.
INTERNOS-Inconstitucionalidad
de falta leve por descanso en el día en la cama
Por otro lado,
-y en estricta aplicación del principio de legalidad que anima la actividad
judicial-, es necesario decir que una de las conductas demandadas a las que se
refiere el artículo que se estudia, contenida en el numeral 7, resulta
manifiestamente contraria a la Constitución. No tiene justificación, bajo
ningún punto de vista, que el descanso en la cama por parte de los internos
durante el día, mientras ello no signifique el incumplimiento de uno de los
deberes asignados -v.g. estudio, trabajo, etc.- pueda constituir una falta
disciplinaria. Existe un ámbito de intimidad y de libertad que el legislador no
puede desconocer con el pretexto de ordenar la vida en comunidad de los reclusos.
Con esta precisa advertencia, este numeral se declarará inconstitucional.
COMISO EN
CARCELES
Corresponde a la
autoridad que destina los bienes decomisados velar por la conservación de los
mismos teniendo en cuenta, claro está, si se trata de bienes fungibles o no,
perecederos o no, todo con el objeto de determinar la destinación de las cosas,
bien sea para su uso, consumo o depósito. Debe quedar claro entonces, que la
norma por el hecho de constituir una sanción disciplinaria, no puede
convertirse en un mecanismo que viole arbitrariamente los derechos de propiedad
o posesión de los internos, siendo claro que cuando la naturaleza de los bienes
lo permita, estos deben ser devueltos a los reclusos tan pronto recuperen su
libertad.
SANCIONES A
INTERNO/AISLAMIENTO DEL INTERNO
En cumplimiento
de su facultad sancionadora, las autoridades carcelarias deben respetar ciertas
limitaciones. La aplicación de cualquier clase de sanción no puede ser
arbitraria, ni desconsiderar  garantías mínimas protegidas por la Constitución.
Estas premisas deben verificarse con mayor rigor en el caso de una sanción tan
intensa como el aislamiento, quedando claro que con su utilización "no hay
violación de los derechos fundamentales de los reclusos, por cuanto si llegara
a existir posibilidad de lesión, el médico del establecimiento constatará tal
inminencia y obviamente no aplica la sanción." Por eso es menester revisar
detenidamente las condiciones en las que se cumple la citada medida y advertir
que no obstante constituir una sanción disciplinaria válida, al emplearse
también deben respetarse los derechos de los internos. Por eso, considera la
Corte que resulta ostensiblemente inconstitucional la forma como el artículo
123 de la Ley 65 de 1993 regula la aplicación del aislamiento sancionatorio
permitiendo solamente "dos horas de sol diarias" a los reclusos
sometidos a esta consecuencia disciplinaria.
DERECHOS DEL
INTERNO-Inconstitucionalidad
de dos horas de sol diarias
La especial
condición en la que se encuentran las personas recluidas en cárceles y
penitenciarías, y la existencia de un preciso régimen de disciplina que
pretenda regular la convivencia de los internos, no puede convertirse, en
ningún caso, en justificación para desconocer derechos fundamentales que
guardan estrecha relación con la vida y la dignidad de las personas y que son
plenamente reconocidos a detenidos y condenados.
FALTA
DISCIPLINARIA DEL INTERNO-En calificación no pueden apreciarse
situaciones análogas
Resulta extraña
la inclusión de una fórmula que de manera imprecisa establece un criterio de
apreciación que abre la posibilidad al análisis caprichoso, infundado y difuso
del comportamiento de los internos. La apreciación analógica de las
circunstancias a la que se refiere la norma para efectos de la calificación de
la falta es un recurso que rompe con el principio de legalidad referido y que
además de atentar contra la seguridad jurídica, tan deseada en estos campos del
derecho, puede ser el origen de desigualdades, tratos discriminatorios y decisiones
injustificadas. La Corte acepta la petición y  comparte el argumento del señor
Procurador en el sentido de declarar la inexequibilidad de la expresión
"situaciones análogas" contenidas en el mismo artículo 127. El
delicado proceso de valoración de las faltas para efectos de su calificación,
no puede confiarse a la apreciación de situaciones análogas a las claramente
establecidas en el artículo. Permitirlo es abrir, sin ninguna duda, espacio
para la arbitrariedad, la apreciación subjetiva, el capricho del funcionario de
turno, o a la intriga y la presión; y fragmentaría penosamente importantes
principios del procedimiento penal -e.g. la legalidad, la dosimetría de la
sanción, etc.-.
SANCION
DISCIPLINARIA A INTERNO-Procedencia de recurso
El proceso
disciplinario establecido en el Código Penitenciario, busca consagrar
claramente el camino a seguir en caso de cometer una falla que viole el régimen
de comportamiento establecido para los internos. Se trata de una metodología
que se aplica sin distinciones, a la totalidad de la población carcelaria
preservando así el principio de igualdad propio de las investigaciones
disciplinarias y estableciendo una serie de garantías que no se agotan en el
texto del artículo 135 demandado, pues consagra otros principios relacionados
con la debida investigación de los hechos, la fundamentación de las sanciones y
la posibilidad de revocar o suspender provisionalmente los castigos impuestos
que tienen como único propósito proteger a los internos y asegurarles un proceso
justo y legal.
SANCION
DISCIPLINARIA A INTERNO-No procede suspensión si son reincidentes
Uno de los
elementos de apreciación para la calificación de las faltas es la revisión de
la buena conducta anterior, del interno que se juzga, en el establecimiento.
Con ello se busca adoptar una decisión que sea proporcional con la conducta y
el comportamiento demostrado por cada cual. Sería injusta y abiertamente
discriminatoria una norma disciplinaria que se aplicara sin tomar en
consideración las específicas circunstancias objetivas y subjetivas que rodean
el acto que se reprocha, y que para el caso de la reincidencia, tal como lo
señala el artículo 128 de la Ley 65 de 1993, se limita al análisis del
comportamiento del recluso durante los meses anteriores al momento en el que se
somete a alguna de las sanciones establecidas.
REINCIDENCIA-Naturaleza
La reincidencia
es una figura jurídica de gran significado sociológico.  Se sabe que una de las
funciones de la pena es la de disuadir a las personas en general, de cometer un
acto prohibido. Para quienes ya han sido objetos de sanción se espera que esa
función disuasiva sea ejercida por la misma experiencia de la pena. El
reincidente demuestra una voluntad -que la ley no supone-, de quebrantar
repetidamente la ley dejando sin efecto el mensaje o propósito persuasivo del
reproche jurídico. Este indicador de la conducta humana es tomado en cuenta por
el legislador en múltiples ocasiones para calificar el comportamiento de los
infractores y determinar el tratamiento correccional a seguir. Por esta vía se
busca desestimular conductas socialmente censurables, cuya reiteración hace que
su autor no sea considerado para asumir nuevas responsabilidades o recibir
beneficios. No se trata de una forma de revivir el peligrosismo en materia
penal, en buena hora superado, puesto que la valoración del comportamiento del
reincidente disciplinario se basa en el análisis objetivo de su conducta, que
para el caso en estudio tiene además un límite temporal de aplicación (3 o 6
meses siguientes a la imposición de una pena); nada tiene que ver aquí la
consideración de una supuesta inclinación natural, o disposición fisiológica
para delinquir. Tampoco se atenta contra el orden constitucional al señalar por
vía legal la vigencia de la figura de la reincidencia. "Dado que la Carta
Política no contiene disposición alguna sobre la reincidencia, bien puede
incluirse o no esta figura jurídica en los distintos estatutos sancionatorios,
sin contrariar la Ley Suprema, pues, en esa materia, la Carta no se encuentra
matriculada en ningún sistema doctrinal."
POLITICA CRIMINAL Y
CARCELARIA-Fijación
No es contrario
a la Constitución que la labor de formulación de la política criminal y
carcelaria, en la que necesariamente debe tener injerencia el Presidente de la
República, sea asesorada, planeada y desarrollada concurrentemente por
distintos estamentos, como el Consejo Nacional de Política Penitenciaria y
Carcelaria, conocedores de la problemática del sector y cercanos a su manejo y
tratamiento. De esta forma, precisamente se pueden poner en práctica con
eficiencia y celeridad las políticas y estrategias decididas por la cabeza de
la rama ejecutiva, en lo que a ella corresponde, para la preparación y
elaboración de proyectos de ley en materia criminal y para la ejecución de las
grandes políticas trazadas por el legislador.
Referencia: Expediente D-1821
Demanda de inconstitucionalidad
contra los artículos 20 parcial; 28, 31, 44, 46, 64, 85, 94 parciales; 95; 110,
121, 122, 123, 126, 127, 135, 137 y 165 parciales; 167; y 170 parcial de la ley
65 de 1993 “Código Penitenciario y Carcelario”
Actor: Marco Fidel
Gómez Valle
Magistrado Ponente:
Dr. CARLOS GAVIRIA
DIAZ
Santafé de Bogotá
D.C., seis (6) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998).
I.       ANTECEDENTES.
Ejerciendo la
acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Marco Fidel Gómez Valle
presenta demanda contra los artículos 20 parcial; 28, 31, 44, 46, 64, 85 y 94
parciales; 95; 110, 121, 122, 123, 126, 127, 135, 137 y 165 parciales; 167; y
170 parcial de la ley 65 de 1993 “Código Penitenciario y Carcelario”, por
infringir distintos preceptos del Estatuto Superior.
Al respecto,
cabe anotar que el inciso final del artículo 64 y el numeral 3° de la segunda
parte del artículo 123, fueron ya objeto de discusión por parte de esta
Corporación, que mediante sentencia C-394 de 1995 decidió declararlos exequibles.
En consecuencia, y respetando  el principio de cosa juzgada en materia
constitucional, el Magistrado Ponente mediante auto del treinta (30) de
septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997) rechazó la demanda en
contra de las citadas normas.  El fallo de constitucionalidad que procede a
emitir la Corte, versará entonces, sobre el resto de normas acusadas.
Cumplidos los
trámites señalados en la Constitución y la Ley y oído el concepto del
Ministerio Público, procede la Corte a decidir.
II.      METODOLOGÍA
ADOPTADA EN EL PRESENTE FALLO
En consideración
al número de artículos demandados, y con el propósito de facilitar el análisis
de cada uno de ellos, procede la Corte a transcribir cada una de las normas
demandadas, luego se presentará un resumen de las tachas de inconstitucionalidad
alegadas, y de los argumentos expresados tanto por los ciudadanos
intervinientes, como por el Procurador General de la Nación. Finalmente se
expondrán las argumentaciones de la Corporación.
1.  Anotación
preliminar: Presentación de la ley demandada
Las normas
demandadas, objeto del presente fallo, hacen parte de la Ley 65 de 1993, “Por
la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”. El estatuto regula
“el cumplimiento de las medidas de aseguramiento, la ejecución de las penas
privativas de la libertad personal y de las medidas de seguridad.”[1] Con tal propósito,
establece una serie de disposiciones que trazan la organización del sistema
carcelario y penitenciario (Título II), regulan el desarrollo de actividades
laborales y de educación (Títulos VII y VIII), organizan el servicio de sanidad
de las cárceles (Título IX), establecen el reglamento disciplinario para los
internos (Título XI) y consagran los mecanismos de administración del personal
penitenciario (Título IV), entre muchas otras normas, todas relacionadas con el
adecuado funcionamiento de los centros de reclusión y con el cumplimiento de su
finalidad.
La expedición de
este cuerpo normativo se inspira en el compromiso estatal de afrontar la
criminalidad de manera integral, “dándole importancia al sistema carcelario y
penitenciario para que sea actual, operativo y eficaz, y permita que las disposiciones
se cumplan en pro de las medidas de aseguramiento y de la resocialización, de
manera que el infractor reciba los beneficios de la redención y la sociedad los
de un hombre que sea útil.”[2]
Se procede al
estudio de los cargos y a la presentación de la fundamentación jurídica que
sobre cada tema hace la Corte.
2.  Sobre
las Colonias Agrícolas
2.1. Texto de
las normas demandadas:
Artículo. 20.-Clasificación.
Los establecimientos de reclusión pueden ser cárceles, penitenciarías, cárceles
y penitenciarías especiales, reclusiones de mujeres, cárceles para miembros de
la Fuerza Pública, colonias, casa-cárceles, establecimientos de
reclusión que se creen en el sistema penitenciario y carcelario.
Artículo. 28.-Colonias
Agrícolas. Son establecimientos para purgar la pena, preferencialmente para
condenados de extracción campesina o para propiciar la enseñanza agropecuaria.
Cuando la
extensión de las tierras lo permitan podrán crearse en ellas constelaciones
agrícolas, conformadas por varias unidades o campamentos, con organizaciones
especiales.
Artículo 85.-Equipo
Laboral. El INPEC procurará que en la planta de personal de las penitenciarías,
colonias y cárceles de distrito judicial, figure el número de personal
técnico indicado para el desarrollo de las labores de tales establecimientos.
Estos funcionarios para posesionarse deberán acreditar sus títulos debidamente
reconocidos.
Artículo 94.-Educación.
(…)
En las
penitenciarías cárceles y colonias del distrito judicial, se organizarán
bibliotecas. Igualmente en el resto de los centros de reclusión se promoverá y
estimulará entre los internos, por los medios más indicados, el ejercicio de la
lectura.
Artículo 165.- Unidades
Administrativas Especiales. Las penitenciarías y las colonias agrícolas
serán unidades administrativas especiales.  Contarán con una junta directiva
integrada por el Director General del INPEC o su delegado,  por dos delegados
del Ministerio de Justicia y del Derecho, por el Gobernador o su delegado en
cuya jurisdicción esté la sede de la penitenciaría o la colonia y por un
delegado de la Sociedad de Economía Mixta “Renacimiento”.  El Director de cada
centro hará las veces de secretario.  Estas unidades administrativas especiales
gozarán de personería jurídica, pero dependerán para todos los efectos de la
Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
Se subraya lo
demandado.
2.2.    Argumentos
de la demanda
Considera el
demandante que debe declararse inexequible la palabra “colonias” y la expresión
“colonias  agrícolas” contenidas en los artículos 20, 28, 85, 94 y 165 de la
Ley 65 de 1993 pues, “el artículo 42 del Código Penal, suprimió las penas
accesorias de relegación a colonia agrícola penal.  Mantener vigente las
colonias agrícolas contraviene no sólo el artículo 13 de la Constitución, sino
también los artículos 28 y 29, pues “permite tratos diferenciales y penas
diferentes a las establecidas en la ley preexistente”.
2.3.    Intervenciones
Mediante
apoderada la ciudadana Almabeatríz Rengifo, Ministra de Justicia y del Derecho,
y la ciudadana Maritza Hidalgo, Directora del INPEC, intervienen en el presente
proceso para pedir a la Corte que se declaren EXEQUIBLES las normas
demandadas.  Las razones que respaldan la petición en sus respectivos alegatos
se pueden sintetizar así:
Al demandar la
inexequibilidad parcial de los artículos 20, 28, 85, 94 y 165 de la ley 65 de
1993, el accionante confunde “la pena con el establecimiento de reclusión donde
ésta se cumple.” Y añaden: “Llamársele a un Penal ´Colonia Agrícola´, en manera
alguna implica que en ellos se ejecute la extinta punición de Relegación a Colonia
Agrícola Penal, como erróneamente lo cree el libelista.” Se trata simplemente
de una modalidad en el cumplimiento de la condena impuesta, buscando un
mecanismo idóneo de reinserción a delincuentes de origen campesino, o con
inclinaciones laborales.
2.4.    Concepto
del Ministerio Público
El Procurador
General de la Nación emitió el concepto de rigor, en el que solicita a la Corte
declarar EXEQUIBLES las expresiones demandadas de los artículos 20, 28, 85, 94
y 165 de la Ley 65 de 1993.  Sustenta su petición afirmando que las colonias
agrícolas fueron instituidas por el legislador como establecimientos para
purgar la pena. Esta determinación resulta válida a la luz de la Carta
Política, por cuanto el Congreso al expedir el Código Penitenciario y
Carcelario, pretendió regular el cumplimiento de las medidas de aseguramiento y
la ejecución de las penas privativas de la libertad personal, entre otras,
creando para estos efectos dichos lugares. “La existencia de estos
establecimientos es conveniente, toda vez que los detenidos en centros de
reclusión están obligados a trabajar.  Una opción es realizar tareas agrícolas,
artesanales o de similar naturaleza, las cuales se pueden adelantar en una
colonia.” Se trata, en últimas, de establecimientos que permiten a los condenados
de extracción campesina o con vocación agrícola adelantar tareas relacionadas
con el agro. El trabajo en una colonia agrícola no significa pena accesoria.
2.5.    Consideraciones
de la Corte
En primer lugar,
entra a determinar la Corte si las referencias que hace la Ley 65 de 1993, a
los términos “colonia” y “colonia agrícola” hacen alusión a la pena de “relegación
a colonia agrícola”, como lo expresa el actor, o si por el contrario
designan un asunto diferente.
La “relegación a
colonia agrícola” era sin duda, una sanción específica,[3] reservada por el
ordenamiento penal para ciertos actos considerados por su naturaleza como
delitos menores. Estas conductas –e.g. ejercicio de la mendicidad contando con
medios de subsistencia; o valiéndose de menores de edad, etc.-, por virtud del
Decreto 522 de 1971 dejaron de ser parte del Libro III del antiguo Código
Penal, para pasar bajo la denominación de “contravenciones especiales” al
Decreto 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía)[4].
Ni en el nuevo
Código Penal –Decreto 100 de 1980-, al tratar el asunto de las penas –Título
IV, Capítulo I-, ni en las sucesivas regulaciones sobre contravenciones
especiales establecidas con posterioridad a 1980,[5] se hace alusión a
conductas sancionadas con pena de relegación a colonia agrícola.
Sobre el
particular dijo la Corte: “Es tan evidente la inexistencia de dicha sanción
(relegación a colonia agrícola), que el Constituyente en el artículo 28
transitorio de la Carta confirió competencia a las autoridades de policía,
hasta que se la atribuyera a las autoridades judiciales, para conocer ´de los
hechos punibles sancionables actualmente con pena de arresto’, por tratarse de
una sanción restrictiva de la libertad que en adelante y por mandato del mismo
artículo, sólo podría ser aplicada por los jueces, y en ningún momento se hizo
referencia a la relegación a colonia agrícola que también era una sanción
privativa de la libertad”.[6]
En conclusión,
la sanción denominada “relegación a colonia agrícola” ha desaparecido de
nuestra legislación.[7]
¿A qué se
refiere entonces, la Ley 65 de 1993 cuando menciona a las colonias agrícolas?
El Código
Penitenciario al referirse a las colonias, las define como “establecimientos
para purgar la pena, preferencialmente para condenados de extracción campesina
o para propiciar la enseñanza agropecuaria”.[8]
Debe quedar
claro pues, que de lo que hablan las disposiciones citadas al utilizar  dichas
expresiones, es de un lugar de reclusión y no de una forma de sanción que, como
ha quedado dicho, ya no existe en el panorama jurídico nacional.
Ahora bien: la
clasificación de los establecimientos de reclusión contenida en el título II de
la Ley 65 de 1993, está orientada por un sentido y un propósito claramente
determinados.  La función de la pena es preventiva, represiva y resocializadora.
En la política criminal los centros de reclusión juegan un papel de
significativa trascendencia: no se trata de meras edificaciones que empleando
medidas de seguridad más o menos rigurosas, confinan en su interior a quienes
han delinquido con el único interés de castigarlos privándolos de la
libertad. No se trata simplemente de una expiación, sino de un proceso
de reamoldamiento del recluso a las condiciones de la vida social, esto es, a
un ambiente en el que se respeten los derechos de los demás y en el que se
contribuya a la comunidad en la medida de las inclinaciones, los gustos, las
oportunidades y los talentos de cada cual.
Con ese objetivo
a la vista, la ley ha consagrado múltiples recursos para otorgar a los internos
la oportunidad de rehabilitarse mediante el desarrollo de actividades
productivas en los ambientes y con las herramientas necesarias para tal fin. Aparecen
entonces, disposiciones sobre el trabajo y la educación como formas de redimir
la pena, claros  ejemplos del compromiso resocializador del Estado al fijar su
política criminal.  Así mismo, es dentro del marco de esta intención
reformadora en el que se concibe la existencia de las colonias como centros de
reclusión.  Se trata de lugares expresamente dedicados a la formación agrícola,
en los que personas con vocación para el trabajo en el campo, bien por su
extracción, bien por sus capacidades, cumplen su condena y al mismo tiempo se
preparan para su regreso a la vida en comunidad.
Más aun, la
existencia de este tipo de centros de reclusión cumple con una tarea
resocializadora de alto significado para la Corte. Se pretende, en lo posible,
que ciertos infractores de la ley –usualmente de origen campesino-, que son
internados en las colonias agrícolas cumplan en primer lugar, con el castigo
impuesto por los jueces de la República de manera útil, pero al mismo tiempo,
sigan vinculados al ambiente cultural y social en el que se desenvuelven. Por
esta vía, se pretende evitar las indeseables influencias que pueden originarse
de su reclusión en un centro carcelario urbano que ciertamente les resultaría
hostil y extraño. Obviamente, en cada caso tendrá que mediar la necesaria
valoración del funcionario competente, para decidir de acuerdo con las
condiciones del interno cuál es el lugar adecuado y recomendable para cumplir
con su condena.
Resulta
pertinente preguntar: ¿la existencia de este tipo de establecimientos viola la
Constitución?
Con la puesta en
funcionamiento de colonias agrícolas que cumplan los fines punitivos ya
reseñados, y más claramente: con el específico señalamiento de las condiciones
de trabajo y las características de los condenados que podrían ser remitidos a
estos lugares, no se discrimina a la población carcelaria, ni se viola el
derecho a la igualdad –artículo 13 de la Constitución-, que inclusive en su
especial circunstancia de reclusión, les reconoce y garantiza la Carta
Fundamental a todos los internos. Simplemente se trata del cumplimiento, en la
forma más adecuada, de los objetivos de reeducación que aparecen en la base de
todo el sistema carcelario y de la tarea de protección social que se impone a
las autoridades en el cumplimiento de sus funciones.
No existe, pues,
razón que haga pensar que las normas en los apartes acusados violan el
ordenamiento constitucional estableciendo tratos preferenciales o penas
ilegales entre los condenados; bien porque de lo que tratan las normas
comentadas es de un lugar de reclusión –y no de una sanción-, instituido para
procurar los loables fines de prevención, corrección y resocialización de
ciertas personas de acuerdo con sus capacidades o condiciones; bien porque en
todos los casos, la internación en las colonias también debe ser el resultado
de un proceso en que tienen que aplicarse los principios de legalidad, y
respeto a la dignidad humana que orientan el juicio penal, y las garantías de
igualdad y trato considerado que sustentan el sistema carcelario.[9]  Las normas parcialmente
demandadas serán declaradas exequibles.
3.  Del
espacio penitenciario y carcelario
3.1.    Norma
demandada:
Artículo. 31-Vigilancia
interna y externa. La vigilancia de los centros de reclusión estará a cargo del
Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional.  La vigilancia externa
estará a cargo de la Fuerza Pública y de los organismos de seguridad.
Cuando no exista
fuerza para este fin, la vigilancia externa la asumirá el Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria Nacional.
Parágrafo 1. La
Fuerza Pública, previo requerimiento o autorización del Ministerio de Justicia
y del Derecho o el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario o, en caso urgente, del director del establecimiento donde ocurran
los hechos, podrá ingresar a las instalaciones y dependencias para prevenir o
conjurar graves alteraciones de orden público.
Podrá también el
director de cada centro de reclusión solicitar el concurso de la Fuerza
Pública, para que ésta se encargue de la vigilancia de dicho centro en las
ocasiones en que el cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional
celebre su día clásico o cuando por circunstancias excepcionales de orden
interno o de seguridad deba reforzarse la vigilancia del centro de reclusión.
La asistencia de la Fuerza Pública será transitoria.
Parágrafo 2. El
espacio penitenciario y carcelario comprende la planta física del respectivo
centro de reclusión, los terrenos de su propiedad o posesión que la
circundan y por aquellos que le sean demarcados de acuerdo con resolución del
director del centro de reclusión respectivo.
Se subraya lo
demandado.
3.2.    Argumento
de la demanda
En criterio del
actor, el aparte subrayado del parágrafo 2 del artículo 31 de la misma ley 65
de 1993, “debe ser declarado inexequible porque viola el artículo 58 de la
Carta Magna” pues el director del centro de reclusión no es el funcionario
competente para demarcar espacios aledaños a establecimientos carcelarios “que
podrían cumplir una función social y que ante el interés general podrían ser
expropiados”. Esa competencia debe radicar en el Departamento Nacional de
Planeación, o en la entidad seccional de planeación correspondiente, con
asesoría o colaboración del director de un centro carcelario, si así lo estimaran
los funcionarios competentes.
3.3.    Intervenciones
La Ministra de
Justicia y la Directora del INPEC coinciden en que el parágrafo 2 del artículo
31, en lo acusado, no usurpa competencias del Departamento Nacional de
Planeación, “ya que la demarcación a la que hace referencia el precepto
normativo, no implica desconocimiento al debido proceso ni a la defensa en el
caso de que el acto administrativo afecte derechos de terceros”.
3.4.    Concepto
del Ministerio Público
Dice el
Procurador que no es posible afirmar que normas que establecen mecanismos de
expropiación en beneficio de intereses colectivos atenten contra derechos
constitucionalmente protegidos, pues el reconocimiento de la propiedad privada
en la Constitución no se convierte en garantía absoluta, “por cuanto la misma
norma señala que la propiedad es función social, situación que impone
obligaciones.”  En ese orden de ideas, “al disponer el legislador qué comprende
el espacio penitenciario y carcelario, no está revistiendo al director del mismo
para que de manera arbitraria ´demarque´ terrenos, afectando derechos de
terceros, sino que ello debe hacerse con arreglo a las leyes civiles enmarcadas
por la Constitución”.
3.5.    Consideraciones
de la Corte
La demarcación a
que hace referencia el precepto normativo, constituye una disposición legal
cuyo objetivo principal es el de garantizar ciertas condiciones mínimas de
seguridad en las zonas aledañas a los centros penitenciarios, todo en aras de
la conservación del orden público. “Se ha visto cómo el crimen organizado,
desde las cárceles, fortifica su acción delictiva, valiéndose del vecindario,
el cual llega a convertirse en epicentro de operaciones delictivas. Es pues un
principio de seguridad nacional –y de protección ciudadana-, el que exige una actividad
rigurosa de control sobre el vecindario de los establecimientos carcelarios,
donde debe haber condiciones especiales de orden público que justifican
restricciones sólo limitadas por los derechos fundamentales en su núcleo
esencial”.[10]
Se tiene pues,
que la facultad atribuida a los directores de los centros de reclusión del país
para señalar el área de influencia del recinto penitenciario o carcelario a
ellos confiado, responde al cumplimiento de una función de gobierno interno,[11] es
decir, al ejercicio de su cargo, con el que se pretende únicamente lograr una
mejor custodia de la institución, realizando labores de control que se traducen
en el adecuado conocimiento del sector aledaño a la cárcel, y en la
delimitación de un campo de acción externo a las instalaciones penitenciaras,
al que ha de prolongarse la vigilancia y la conservación del orden.
Se repite con
énfasis: con la demarcación del espacio carcelario el director del centro de
reclusión no hace nada distinto que ejercer una de las funciones que la ley le
atribuye, cumpliendo de ese modo con los preceptos consagrados por la
Constitución al disponer la organización y estructura del Estado –Cfr. Artículo
121 C.P.-.
Vista la íntima
relación que hay entre la labor asignada a los directores de las cárceles por
la norma que se estudia –vigilancia interna y externa-, y la competencia
funcional de control y mantenimiento de la seguridad en los centros carcelarios
que en general asigna la ley a estos agentes estatales, no es posible afirmar
que con la delimitación del espacio carcelario se usurpen labores conferidas a
otros funcionarios –e.g. el Director de Planeación Nacional-.
Tampoco es
correcto pensar que la tarea de demarcación de un espacio penitenciario de
influencia, pueda tener efectos jurídicos y finalidades distintas a las de protección
y prevención a que expresamente se refiere la ley. Dicho sin ambages: la
resolución expedida por el director del centro de reclusión, no es una forma de
expropiación, ni constituye una modalidad de interferencia de los derechos
adquiridos de persona alguna.
En este orden de
ideas, la referida demarcación, no constituye una violación de la garantía
constitucional a la propiedad –artículo 58 C.P.- o de cualquier otro derecho
real reconocido por las leyes.
Nada debe temer
el actor, ni los vecinos de un establecimiento carcelario, porque –a guisa de
ejemplo-, en el hipotético caso de que por razones de utilidad pública e
interés social, sea necesaria la adquisición de los inmuebles aledaños a los
establecimientos de reclusión para garantizar la seguridad del establecimiento,
de los reclusos y de la población vecina, nuestro ordenamiento jurídico ha
establecido mecanismos de reparación tanto judiciales como administrativos
cuando los derechos de los ciudadanos resultan afectados por la actuación estatal.
En ese evento, será necesario que el Gobierno Nacional a través de los
funcionarios competentes –que en ningún caso son los directores de las
cárceles-, cumpla con el proceso de expropiación por vía administrativa, previa
indemnización, la cual estará sujeta a posterior acción contencioso
administrativa, incluso respecto del precio.[12]
En síntesis, la
norma parcialmente demandada, a diferencia de lo que propone el accionante,
cumple concretas finalidades de protección, no interfiere con competencias
asignadas a otras entidades estatales y respeta celosamente los derechos
adquiridos de terceros.
4.  Sobre
los deberes de los guardianes
4.1. Norma
acusada:
Artículo. 44.-Deberes
de los Guardianes.  Los miembros del cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria Nacional tienen los siguientes deberes especiales, además de los
que señalen su estatuto y los reglamentos general e interno:
(…)
e) Custodiar a
los condenados o detenidos que vayan a trabajar fuera del establecimiento y
emplear todas las precauciones posibles para impedir violencias, evasiones y conversaciones
o relaciones de ellos con los extraños, exceptuando los casos previstos en
el Código de Procedimiento Penal.
Se subraya lo
demandado.
4.2.    Argumentos
de la demanda
Sobre el literal
e) del artículo 44 de la Ley 65 de 1993, considera el actor que “se debe
declarar la inexequibilidad del impedimento que se da a los condenados y a los
detenidos para entablar conversaciones o relaciones con extraños”, pues: “El
derecho a la intimidad protege el ámbito de lo privado de una persona, y en
nada perjudica a los guardianes, directivos de los centros carcelarios, o al
mismo Estado… que una persona que se encuentra privada de la libertad, decida
espontáneamente relacionarse con otros miembros de la comunidad carcelaria.
Una prohibición de este tipo “altera la dignidad y honra del individuo y no
garantiza sus derechos de manera razonable y equitativa”.
4.3.    Intervenciones
Sobre el literal
e) del artículo 44 materia de acusación parcial, que prohibe a los detenidos y
condenados establecer conversaciones o relaciones con extraños, dicen los
intervinientes: “se entiende claramente en el sentido de llevar a cabo
entrevistas no autorizadas; es decir, violando el régimen de visitas que
establece la Ley 65 de 1993… se busca con esto prevenir la ocurrencia de hechos
punibles al interior de los establecimientos carcelarios”.
4.4.    Concepto
del Ministerio Público
No es posible
afirmar que la garantía constitucional de la intimidad deba entenderse de
manera absoluta.  “La situación del interno es especial al hallarse privado de
la libertad, como consecuencia de la comisión de un hecho punible. Su
permanencia en el centro de reclusión lo obliga a someterse al régimen
carcelario previsto en la ley y en los reglamentos.  Por ello se suspenden, se
restringen o limitan algunos derechos, como el de la intimidad -sin que se
impida el libre desarrollo de la personalidad, derecho consagrado en el
artículo 16 Superior-, y la decisión se mantiene durante el tiempo de privación
de la libertad para evitar evasiones o fugas.” Con esta interpretación
condicionada, el señor Procurador considera que el texto demandado, es
constitucional.
4.5.    Consideraciones
de la Corte
No cabe duda, de
que la eficacia de las sanciones penales como instrumentos represivos y
reformadores en la lucha y control de la criminalidad, depende de su efectivo
cumplimiento. Compete a los funcionarios del sistema carcelario velar porque
las sanciones decretadas por los jueces se acaten y logren su finalidad. Por
eso, buena parte del éxito de las políticas en materia carcelaria y
penitenciaria está relacionado con labores de prevención, diseñadas para
detectar posibles fallas del sistema y actuar defendiendo el interés social y
la seguridad ciudadana.
Es por
consideración a esta vocación preventiva que resulta lógico y recomendable que
en determinadas circunstancias se extremen los mecanismos de seguridad para
precaver cualquier evento que ponga en peligro la integridad del régimen
carcelario. En eventos como esos, que la ley debe señalar con claridad, ciertas
restricciones a los derechos de los internos resultan justificadas. Se trata
precisamente de una de las consecuencias del status especial al que se
someten  los reclusos.
La Corte ya ha
tenido la oportunidad de expresar su opinión respecto del asunto de las limitaciones
de los derechos de los internos:
“Las
limitaciones en el ejercicio de ciertos derechos fundamentales –reconocidos a
los internos- se presentan dadas las circunstancias especiales de seguridad y
salubridad que se deben mantener en la cárcel, para garantizar el cumplimiento
de las penas y las medidas de seguridad, así como para la propia protección de
los reclusos y de derechos de terceros. Las autoridades carcelarias no pueden,
en ningún caso, efectuar conductas que sean lesivas de aquellos derechos
constitucionales que las personas recluidas conservan en forma plena. Así por
ejemplo, la dignidad de los presos debe ser respetada y no se les puede aplicar
torturas o penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. De otro lado,
cuando sea necesario limitar un derecho, la autoridad carcelaria o
penitenciaria tiene la obligación de tomar medidas proporcionales al fin
perseguido, el cual obviamente tiene que ser constitucionalmente legítimo”.[13]
La fracción
demandada de la norma que se debate constituye un buen ejemplo de aquellos
casos en donde derechos de los internos son limitados con el propósito de
garantizar la efectividad de la pena, previniendo situaciones que pueden ser el
origen de fugas, daño a bienes ajenos o violencia en general.
Corresponde
establecer si la limitación del derecho de expresión –y conexos-, de los
condenados que salen del centro carcelario a trabajar, al prohibírseles
relacionarse o conversar con extraños, es proporcionada con el fin que persigue
la norma. Veamos:
a.     La
finalidad que persigue la norma que contiene la supuesta limitación es el
cumplimiento de la pena a través de la eficaz vigilancia y custodia de los
reclusos en las diferentes actividades que desarrollan.
b.     Los
mecanismos que se describen para alcanzar esta finalidad guardan relación
directa con el control de circunstancias efectiva o potencialmente peligrosas
para el cumplimiento de la pena, a saber: violencia, evasiones, conversaciones
o relaciones con extraños.
c.      La
específica limitación es de naturaleza preventiva y se aplica para cumplir la
finalidad de la norma.
d.     La
misma norma hace referencia a circunstancias bajo las cuales no podrá aplicarse
la limitación, esto es, a aquellos casos en donde las conversaciones con
personal extraño están autorizadas por la ley. Y la razón para esto surge con
claridad: no es posible para el legislador anticipar el panorama de relaciones
que un interno puede y debe entablar durante el desarrollo de su actividad
laboral por fuera del centro de reclusión. Este tipo de actividades obligan eventualmente
a establecer contacto con personal ajeno a la institución que eventualmente se
relaciona con ella.
No puede
entenderse, por tanto, que la norma prohiba la libertad de expresión en
general, viole indiscriminadamente el derecho a la intimidad, o autorice a los
guardianes para censurar arbitrariamente las manifestaciones de los internos.
Simplemente los inviste con la autoridad necesaria para prever actos que
atenten  contra el régimen carcelario y el cabal cumplimiento de la pena,
llamando la atención sobre conductas potencialmente peligrosas y que pueden
constituirse en el germen de una infracción del estatuto penitenciario.
Entendida así, la restricción resulta proporcionada, incluso necesaria –parece
redundante decirlo-, pues nada más saludable para la seguridad carcelaria que
la supervisión y control de las relaciones de la población carcelaria que sale
del penal a trabajar con personal extraño. La declaración de exequibilidad que
cobija a la norma parcialmente impugnada estará pues, condicionada a los
lineamientos que la Corte acaba de señalar.
5.  De
la responsabilidad de los guardianes
5.1. Norma
acusada:
Artículo 46.-Responsabilidad
de los guardianes por negligencia.  Los oficiales, suboficiales y guardianes
del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional serán responsables
de los daños y perjuicios causados por los internos a los bienes e
instalaciones de la institución, por fallas en el servicio de vigilancia
atribuibles a culpa o dolo, declaradas judicialmente.
Se subraya lo
demandado.
5.2.    Argumento
de la demanda
El tipo de
responsabilidad que establece el artículo 46 de la Ley 65 de 1993 desborda el
objeto para el que fue expedido el comentado código penitenciario –no hay
unidad de materia-. Se constituye además, en un precepto que viola los
principios del debido proceso y de legalidad al establecer un caso de
responsabilidad objetiva inexistente en las disposiciones penales vigentes.
5.3.
Intervenciones
Manifiestan las
intervinientes que no es cierto que la Ley 65 de 1993, en su artículo 46 cree
un tipo penal alterno al de daño en bien ajeno que consagra el Código Penal, ni
que la norma acusada riña con los artículos 6 y 90 de la Carta Fundamental; por
el contrario, se entrelazan de manera jerárquica, correspondiéndole a la ley
penal sancionar los delitos, a las normas administrativas reprimir las faltas
disciplinarias y a las civiles y/o administrativas, hacer efectivo el
resarcimiento de los perjuicios ocasionados con las conductas reprochables.  “
Se concluye que la responsabilidad a la que alude el citado artículo 46 ibidem,
no es penal sino patrimonial”.
5.4.    Concepto
del Ministerio Público
Dentro del
temario de la Ley “es comprensible y se ajusta a los mandatos constitucionales,
el hecho de incluir el aspecto de la responsabilidad de los oficiales,
suboficiales y guardianes –art. 46-, servidores públicos que cumplen la función
administrativa de custodia y vigilancia del personal recluido en el
establecimiento carcelario”.  “El legislador previó en el artículo 46 de la Ley
65 de 1993, la responsabilidad que surge de las conductas omisivas, señalando
que la misma debe ser declarada judicialmente, previa observancia del debido
proceso.” Tampoco se aprecia que con la expedición de la ley demandada se viole
el principio de unidad de materia, pues, como lo ha dicho la Corte: “el término
´materia´ para estos efectos, se toma en una acepción amplia, comprensiva de
varios asuntos que tienen en ella  su necesario referente…” (Corte
Constitucional, Sentencia C-025 del 4 de febrero de 1993).  La norma impugnada
guarda relación temática con la materia dominante, toda vez que alude al
Régimen Penitenciario y Carcelario, en el cual se consagra la responsabilidad
del personal vinculado a dichos centros, entre otras materias.  Por
consiguiente es constitucional.
5.5.
Consideraciones de la Corte
a. Es difícil
encontrar un asunto que diga relación con el desarrollo social, que no pueda
expresarse en términos de una institución jurídica. Si hay alguna característica
típicamente relacionada con esa forma de regular la conducta que identificamos
como derecho, es la de tener por objeto de preocupación constante los efectos
de las relaciones interpersonales.
El de la
responsabilidad es un tema que ejemplifica con agudeza esta afirmación. Se
trata, ni más ni menos, del dispositivo jurídico empleado para analizar las
consecuencias del cumplimiento o no de las obligaciones adquiridas, del respeto
por los deberes contraídos.
De allí que se
pueda afirmar que las distintas disposiciones que se encargan de regular la
responsabilidad desde diversos ámbitos (civil, penal, disciplinario, etc.), no
son nada diferente a mecanismos de apreciación de la conducta y de control de
sus efectos. Se habla de hechos físicos o humanos cuyos efectos jurídicos
relevantes se producen por el sólo ministerio de la norma jurídica, con
independencia de la voluntad reflexiva. La involuntariedad del efecto quiere
decir que aunque exista o no un interés por parte del agente en la realización
de un determinado hecho, sus efectos jurídicamente relevantes, como la
reparación del daño causado, la pena por el delito o la sanción por la falta
disciplinaria, se producen por el exclusivo ministerio de la ley, con
independencia del querer del sujeto.
Estas conductas,
relevantes para el derecho, admiten diversas modalidades.  Se puede ser
responsable por acción o por omisión, esto es, el reproche legal puede ser
resultado de la infracción de la ley por acciones positivas o negativas
(abstenciones) en el cumplimiento de deberes jurídicos.
Piénsese a
continuación en la norma parcialmente demandada. Se trata de un precepto que
establece ciertos efectos del incumplimiento de los deberes radicados en cabeza
de los guardianes. La función principal de estos funcionarios es la de vigilar
y supervisar constantemente a los internos (así lo señala el artículo 44 de la
Ley 65 de 1993). El incumplimiento de este deber puede dar origen a múltiples
reproches traducidos en distintos juicios de responsabilidad, dependiendo de los
hechos específicos que ponen en cada caso a funcionar los mecanismos de
derecho. Así, la conducta puede ser de carácter delictivo, dando lugar a un
proceso penal; puede constituirse en una infracción al reglamento interno,
convirtiéndose en una falta disciplinaria; o puede afectar los derechos
patrimoniales de otros, configurándose un caso de responsabilidad civil. En
todos los eventos la ley opera independientemente de los deseos del agente.
Ahora bien: el
contenido de la disposición ahora estudiada, es la descripción de una omisión.
La responsabilidad que se predica de los guardianes surge del incumplimiento
del deber de vigilancia que la ley impone. El precepto hace derivar dicha
responsabilidad de la inadecuada custodia que se ejerce sobre los reclusos,
esto es, de la negligencia en el ejercicio de un deber que como consecuencia
permite que los detenidos causen daño a los bienes o instalaciones de la
institución. El origen del reproche estatal está claramente señalado en la
norma al referirse “a las fallas en el servicio de vigilancia” y la base
de la imputabilidad se precisa cuando tal imputación se hace a título de “dolo
o culpa”.
Esta modalidad
de la responsabilidad –por omisión-, tiene antecedentes legales de diverso
rango. Por ejemplo, la Constitución Nacional (artículo 6) predica la
responsabilidad de los servidores públicos por la infracción de la propia Carta
Fundamental y de las leyes, además, por omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones. Igualmente al referirse a la responsabilidad
patrimonial del Estado señala el deber de reparación por los daños
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las
autoridades públicas (artículo 90). El ordenamiento civil al regular la
responsabilidad “por el hecho de otro” –artículo 2347 C.C.- hace radicar la
reprobación legal, en la falta de cuidado (omisión), de una persona al
supervisar el comportamiento de aquéllos bajo su dependencia y control. Tampoco
para el ordenamiento penal la conducta omisiva resulta extraña; el Código de la
materia considera que el hecho punible puede ser realizado por acción o por
omisión (artículo 19).
Por otro lado,
no es cierto que la disposición consagre una modalidad de responsabilidad
objetiva. Debe recordarse que el fundamento del reproche legal al formular el
juicio de responsabilidad descansa sobre las nociones de imputabilidad y
culpabilidad, es decir, de la posibilidad de atribuir o asignar la
responsabilidad no de manera caprichosa y arbitraria, o por la sola ocurrencia
de un hecho, sino con base en la apreciación de la conducta humana, del
proceder e intención de las personas. De ahí que la referencia que hace la
norma demandada al dolo o culpa como títulos de imputabilidad de la acción
sancionada sea de capital importancia, pues se constituyen en la guía de las
autoridades judiciales al evaluar los comportamientos.
Dicho sea de
paso, que la referencia a la autoridad competente para decidir los juicios de
responsabilidad que trae el artículo 46 de la ley 65 de 1993, es garantía para
los imputados del debido proceso que se debe aplicar para poder imponer las
sanciones correspondientes. El del debido proceso es asunto respecto del cual
la Corte ha se expresado con precisión:
“El
Constituyente colombiano hizo extensivo el derecho al debido proceso a toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas. Existen ciertos principios
mínimos a los que debe sujetarse la actuación estatal y que han sido
establecidos en garantía del interés público y de los ciudadanos, entre ellos
los principios de legalidad, imparcialidad y publicidad, la proscripción de la
responsabilidad objetiva, la presunción de inocencia, las reglas de la carga de
la prueba, el derecho de defensa, la libertad probatoria, el derecho a no
declarar contra sí mismo, el derecho de contradicción, etc,.”[14]
b. También
considera el demandante que la norma impugnada parcialmente rompe con el
principio de unidad de materia, que considera inadmisibles las disposiciones o
modificaciones contenidas en una ley o proyecto de ley que no se relacionen con
la materia que aquélla o éste refieran (artículo 158 C.P.).
No encuentra la
Corte que el artículo 46 de la Ley 65 de 1993 rompa el mencionado principio. El
Código Penitenciario y Carcelario pretende establecer los mecanismos adecuados
para que en cumplimiento de las funciones que le son propias, el Estado, por
intermedio de las instituciones y funcionarios encargados, dé efectivo
cumplimiento a las sanciones impuestas por las autoridades judiciales.
Lógicamente son destinatarios de esta regulación, todos los participantes en el
sistema, cada cual dentro del ámbito de sus funciones y sus deberes.
Así, se consagra
no sólo un régimen disciplinario para los internos (Título XI), sino  también
un código de conducta en el que vela por el adecuado control de los recintos y
por el eficiente empleo de la autoridad radicada en cabeza de los
guardianes(Título IV). Se han establecido entonces, normas de comportamiento
que permiten la adecuada convivencia al interior de estos centros, y que fijan
de manera clara los deberes de los funcionarios públicos para lograr la
adecuada prestación del servicio encomendado.
No resulta
extraño entonces, que dentro de los propósitos y facultades del legislador a la
hora de regular materia tan delicada como el régimen penitenciario y
carcelario, haya tenido cabida en el panorama de sus preocupaciones, la
intención de organizar y determinar las obligaciones y responsabilidades de
quienes deben guardar la integridad de las instituciones de reclusión y
garantizar el efectivo cumplimiento de la pena y sus fines.
En anterior
oportunidad, esta Corporación, al referirse principio de unidad de materia
señaló:
“La
interpretación del principio de unidad de materia, no puede rebasar su
finalidad y terminar por anular el principio democrático, significativamente de
mayor entidad como valor fundante del Estado. Solamente aquellos apartes,
segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales razonable y
objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal, de
la misma, deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el
proyecto o declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley”.[15]
Es claro el
vínculo de conexidad que existe entre el estatuto en general y la norma que se
revisa, pues hacen parte de un mismo propósito estatal, encaminado a revisar y
reformar integralmente el sistema carcelario, dotándolo de los recursos
jurídicos que permitan un adecuado cumplimiento de la función y una equitativa
distribución de responsabilidades y deberes.
6.  Coordinación
de los estudios
6.1. Norma
acusada:
Artículo 95.-Planeación
y organización del estudio. La Dirección General del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, determinará los estudios que deban organizarse en
cada centro de reclusión que sean válidos para la redención de la pena.
Se subraya lo
acusado.
6.2.    Argumento
de la demanda
La facultad que
confiere el artículo 95 de la ley demandada a la Dirección General del  INPEC
para determinar los estudios que deban organizarse en cada centro de reclusión,
“corresponde al Ministerio de Educación Nacional, o a la seccional de educación
en que esté ubicado el centro carcelario y no al INPEC.” Por tanto, el artículo
debe declararse inexequible.
6.3.    Intervenciones
El artículo 95
de la Ley 65/93 no es inconstitucional, pues las actividades educativas que
deben organizarse en los centros de reclusión, son aquellas que obviamente han
sido previamente autorizadas por el gobierno nacional. Aquí el actor confunde
la función de crear con la de organizar.
6.4.    Concepto
del Ministerio Público
Sobre el artículo
95 del la Ley 65 de 1993, manifiesta el señor Procurador que no es cierto, como
lo cree el actor, que la Dirección General del INPEC sea totalmente autónoma
para determinar los estudios que deban realizarse en cada centro de reclusión,
y que sean válidos para la redención de la pena, por cuanto para su definición
se encuentra sometida a las políticas señaladas por el ministerio de
Educación.  Bajo este entendido la norma es constitucional.
6.5.    Consideraciones
de la Corte
La educación,
-al igual que el trabajo-, como elemento integrante de la política criminal y
punitiva del Estado constituye la base fundamental de la resocialización.
Se trata de una
actividad que considera al hombre desde un punto de vista especial: por encima
del ser mira sobre todo el devenir, la evolución; por encima de la forma común
a todos mira la configuración concreta, irreiterable, y esto lo hace siempre
teniendo en cuenta la posibilidad de influir, de modelar, de descubrir.  Es una
empresa que busca conjugar las capacidades e inclinaciones del ser humano con
los valores culturales de su entorno social. Heterodoxa en sus modalidades,
plural en su metodología, a través de la capacitación se pretende que la
persona que ha violado la ley pueda descubrir nuevas posibilidades de interelación
con la comunidad, alcanzando su realización como ser humano y respetando los
derechos de los demás.
La pena como
consecuencia de la comisión de un delito no es un mecanismo retaliatorio que
pretende vindicar el daño causado a la sociedad a partir del sufrimiento del
condenado. Debe mirarse como un “mal necesario” en el que el Estado asume la
responsabilidad de defender derechos y principios fundamentales de la comunidad
(artículo 2 C.P.) y se compromete con la tarea de rehabilitación de los ciudadanos
que han quebrantado la ley. La educación como actividad propia de la vida
penitenciaria, cumple una finalidad plausible y en concordancia con la Carta
del 91: la de ser el mecanismo idóneo para permitir la convivencia pacífica y
democrática, y alentar el respeto por las opiniones, actos y bienes del otro;
la mejor forma de reintroducir al hombre a la vida colectiva (artículo 67
C.P.).
Las leyes se han
encargado de desarrollar estas directrices, señalando que “la educación para la
rehabilitación social es parte integrante del servicio educativo prestado por
el Estado”. Este tipo de educación comprende los programas educativos que se
ofrecen a personas y grupos cuyo comportamiento individual y social exige
procesos educativos integrales que le permitan su reincorporación a la
sociedad.[16]
En el caso de los establecimientos carcelarios del país, se ha estimulado la
creación de “centros educativos para el desarrollo de programas de educación
permanente como medio de instrucción o de tratamiento penitenciario, que podrán
ir desde la alfabetización hasta programas de instrucción superior”. La
educación impartida deberá tener en cuenta los métodos pedagógicos propios del
sistema penitenciario, el cual enseñará y afirmará en el interno, el
conocimiento y respeto de los valores humanos, de las instituciones públicas y
sociales, de las leyes y normas de convivencia ciudadana[17].
Los mecanismos
disponibles para el desarrollo de estos propósitos son de diversa índole,
pudiéndose establecer sistemas de educación formal e informal que requieren
métodos didácticos, contenidos y procesos pedagógicos acordes con la situación
de los educandos,[18]
quienes estarán sometidos a la permanente   organización, inspección y
vigilancia que ejerza el Gobierno a través del propio Presidente (supremo inspector
en la materia), o sus delegados, v.g., el Ministro de Educación, y los
Gobernadores y Alcaldes (con sus respectivos secretarios de educación).[19]   Así, corresponde al
Ministerio de Educación Nacional la orientación del sector educativo, bajo la
dirección del Presidente de la República. En consecuencia, el Ministerio
formulará las políticas, planes, programas y objetivos, así como los criterios
de planeación tendientes a su cumplimiento, para la adecuada prestación del
servicio.[20]
A esta
reglamentación general,  la misma Ley General de Educación hace un
señalamiento adicional que interesa para efectos del caso concreto que estudia
la Corte: cuando se traten de implementar programas de educación en los centros
de reclusión se debe tener en cuenta para los planes y programas educativos,
las políticas técnico pedagógicas y administrativas sugeridas por el INPEC.[21]
Por lo tanto,
resulta infundado afirmar que la disposición demandada viole competencias
propias de otras entidades, interfiriendo por esta vía con la estructura
estatal señalada en la Constitución. Debe tenerse en cuenta que la actividad
desarrollada por el Estado en sus múltiples manifestaciones es altamente
compleja, y exige, con el propósito de lograr los objetivos que se ha trazado,
del apoyo de múltiples entidades (públicas y privadas), que en razón al
conocimiento  y manejo que tienen de muchos campos de la actividad estatal se
convierten en inmejorables colaboradores del gobierno central. Las leyes
entonces, se entrelazan delicadamente para colaborar, cada una desde el ámbito
de su competencia, con fines generales constitucionalmente impulsados.
Finalmente, es
legítimo y deseable que en un caso como el estudiado, en el que se pretende
prestar el servicio de educación en los centros de reclusión de la mejor manera
posible, como parte de un sistema de rehabilitación carcelaria eficaz, el
Gobierno apele a la experiencia y consejo de la entidad encargada de la
administración y control de estos establecimientos –el INPEC-, para determinar
los estudios que deban organizarse en cada centro de reclusión con la intención
de que sean válidos para la redención de la pena.  No sobra advertir, que todos
los programas de educación superior que se ofrezcan en los centros carcelarios
deben ser –además-, previamente autorizados por el ICFES y cumplir con los
señalamientos de la Ley General de Educación.
7.  Las
libertades de los internos
7.1. Norma
acusada:
Artículo 110.-Información
Externa. Los reclusos gozan de libertad de información, salvo grave amenaza
de alteración del orden, caso en el cual la restricción deberá ser motivada.
En todos los
establecimientos de reclusión, se establecerá para los reclusos, un sistema
diario de informaciones o noticias que incluya los aspectos más importantes de
la vida nacional e internacional, ya sean  boletines emitidos por la dirección
o por cualquier otro medio que llegue a todos los reclusos y que nos se preste
para alterar la disciplina.
Parágrafo. Queda
prohibida la posesión y circulación de material pornográfico en los centros de
reclusión.
Se subraya lo
demandado.
7.2.    Argumento
de la demanda
Las partes
subrayadas correspondientes al inciso 1 y el parágrafo del artículo 110 de la
Ley 65 del 93, deben declararse inexequibles por reñir con el artículo 23 de la
Constitución Política entre otras disposiciones. “Con la posesión y circulación
de material pornográfico los internos están ejerciendo, sin llegar a extremos
que atenten contra la moral, las buenas costumbres y los derechos de los demás,
el derecho al desarrollo de la personalidad y el artículo 15 de la Constitución
Política; cada persona es libre de escoger lo que le gusta leer y lo que puede
contribuir a su diversión y entretenimiento; es más nocivo para el individuo
alejarlo del mundo exterior que permitir lecturas que considera enriquecen su
cultura o al menos redimen sus angustias por sentirse aislado o privado de la
libertad.”
7.3.    Intervenciones
Se demanda la
declaratoria de inexequibilidad  del inciso 1° y el parágrafo del artículo 110
de la Ley 65/93.  La excepción contemplada en el inciso primero, busca proteger
intereses colectivos e individuales de las personas privadas de la libertad,
caso en el cual debe imperar “la primacía del orden público y los derechos a la
vida e integridad de aquellas, por sobre el derecho a la información. La lógica
indica que aún entre los derechos fundamentales debe existir una jerarquía
sobre todo para casos en los que ellos se encuentran en conflicto.”
7.4.    Concepto
del Ministerio Público
“Como se ha
expuesto, los derechos constitucionales fundamentales no son absolutos, ya que
encuentran límites representados en las garantías que la propia Carta reconoce
en favor de las personas, como también en los beneficios consagrados en aras
del interés colectivo.  Como lo establece el inciso 1° del articulo 110 de la
ley que se examina, los reclusos gozan del derecho a la libertad de
información, con las limitaciones derivadas de la amenaza contra el orden
necesario para la convivencia del grupo al cual pertenecen.  Por tanto la
restricción allí consagrada es razonable, mientras no signifique
desconocimiento del núcleo esencial de este derecho”.
7.5.    Consideraciones
de la Corte
a. La Corte no
ha sido ajena al debate sobre el régimen de derechos reconocido a los internos
y sus posibles limitaciones. Al respecto, en otra oportunidad dijo:
“La cárcel no es un sitio ajeno
al derecho. Las personas recluidas en un establecimiento penitenciario no han
sido eliminadas de la sociedad. La relación especial de sometimiento que
mantienen con el Estado no les quita su calidad de sujetos activos de derechos.
En vista de su comportamiento antisocial anterior, el prisionero tiene
algunos de sus derechos suspendidos, otros limitados, como el derecho a la
comunicación y a la intimidad; pero goza de otros derechos de manera plena como
el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud.” (Enfasis no
original).[22]
El régimen de libertades y derechos
de los internos depende de las excepcionales circunstancias que se viven
alrededor de su reclusión en cárceles y penitenciarías,  y responde al
cumplimiento de ciertas medidas de seguridad. “Sería insólito e impropio que al
detenido se le concediera el mismo margen de libertad de que se goza en la vida
normal,”[23]
pues la sola privación de la libertad corporal lleva implícita la restricción
de muchas otras.  La razón que sustenta esta afirmación radica en el hecho de
tratarse de una circunstancia especial que amerita un trato igualmente
especial; es razonable que el margen de libertad que se le reconoce a las
personas al interior de un centro carcelario, sea proporcionado a las
exigencias de formación, orden y seguridad inherentes a la institución.
Las finalidades que el Estado
pretende alcanzar al asumir la función de dirigir y regular el cumplimiento de
las medidas de aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la
libertad personal y las medidas de seguridad, guardan necesaria relación con la
readaptación del individuo mediante la consagración de programas de educación y
trabajo que lo preparen para contribuir en forma productiva a la comunidad al
recuperar su libertad; con la protección de los legítimos intereses de la
sociedad, pues a través del derecho y sus normas se encuentran las herramientas
adecuadas para reprimir la delincuencia y controlar los ataques contra las
garantías y valores ciudadanos; y con la efectividad de las penas impuestas,
porque se establece un conjunto de medidas que buscan  prevenir circunstancias
que afecten la eficacia de las sanciones.
De estas premisas surge la
justificación para desarrollar todo un cuidadoso sistema que pretende respetar
los valores propios de la dignidad humana reconocidos a todos los reclusos,
estableciendo garantías que hagan de la experiencia en las cárceles una etapa
constructiva y regeneradora del individuo, pero al mismo tiempo, consagrando
restricciones que permitan supervisar las conductas para asegurar el acatamiento
de la ley, la aplicación justa de las condenas y la integridad de las
instituciones y sujetos del sistema carcelario.
La norma acusada es un claro
ejemplo de esa relación entre garantía y restricción que existe en el régimen
aplicado a los internos en centros de reclusión. Es una disposición que
reconoce a los reclusos como regla general, la libertad de información, pero
inmediatamente establece una restricción que permite concebir ciertas
limitaciones al recién otorgado derecho.
Es competencia de la Corte entrar
a determinar si la restricción contenida en el artículo parcialmente demandado,
viola el núcleo esencial de alguno de los derechos constitucionales reconocidos
a los internos.
En primer lugar hay que decir que
no se está en frente de un precepto arbitrariamente establecido, ni de vigencia
ordinaria, porque su aplicación se origina en las graves circunstancias
que amenazan el orden interno de la institución.  Su empleo no puede ser
injustificado por cuanto siempre debe  existir una motivación que
aconseje la limitación del derecho a la información. Es además, un recurso temporal
pues, desaparecidos los hechos que alteraron el orden del plantel, deberán
restablecerse las libertades que de manera preventiva se suspendieron. Así
entendida, se trata de una norma constitucional.
b. Un problema diferente plantea
la regulación contenida  en el parágrafo demandado del mismo artículo. No
existe justificación constitucional que permita la limitación de los derechos
de los internos más allá de las exigencias relacionadas con la finalidad
perseguida por la pena impuesta, y que velan por la resocialización de los
reclusos, el mantenimiento del orden, el cumplimiento de la disciplina que
permita la convivencia al interior de los penales, y la prevención de
situaciones que pongan en peligro la eficacia de la función del sistema
carcelario.
Por eso resulta extraño que la
ley pretenda limitar actividades que dependen de la libre opción de cada
individuo, es decir,  del ejercicio de sus gustos y aficiones, y de las cuales
no se deriva perjuicio o atentado contra los derechos ajenos.   Como ya ha
tenido oportunidad de sostenerlo la Corte: el establecimiento de un régimen
disciplinario que busque el orden en los recintos carcelarios, “no implica que
el recluso no pueda poseer material pornográfico –o de cualquier otro tipo-,
porque cada persona es libre de escoger sus lecturas y pasatiempos mientras
no afecte los derechos de los demás.”[24]
(Enfasis no original).
Ahora bien: junto al
reconocimiento que hace esta Corporación de la libertad que los internos tienen
para poseer material pornográfico, hay que advertir que el ingreso o
circulación de este tipo de documentos debe cumplir con los requisitos legal y
reglamentariamente exigidos para el ingreso y circulación de cualquier otro
tipo de material cuya tenencia sea permitida. Con esta aclaración se busca
prevenir el surgimiento de mecanismos clandestinos de comercialización de este
tipo de material y reiterar la prohibición legal aplicada a los guardianes de
las instituciones carcelarias en el sentido de actuar como divulgadores de
pornografía,[25]
y en general, como comercializadores de cualquier tipo de sustancia lícita o
ilegal.  Las razones que asisten a la Corte para hacer este pronunciamiento son
elementales: de un lado, es contrario a la naturaleza de estos funcionarios
públicos servir de intermediarios entre el mundo exterior y el centro de
reclusión para la provisión de bienes de cualquier naturaleza, y por otra
parte, todas las instituciones carcelarias deben establecer con claridad la
forma de ingresar bienes y prestar servicios permitidos por la ley y los
reglamentos.
El parágrafo del artículo 110 de
la Ley 65 de 1993 será declarado inexequible por las razones expresadas y con
las aclaraciones hechas, pues viola reglas constitucionales que garantizan la
libertad de información, de expresión y el libre desarrollo de la personalidad.
8.  Reglamento
disciplinario para internos
8.1. Normas acusadas:
Artículo 121.-Clasificación
de las faltas. Las faltas se clasificarán en leves y graves.
Son faltas
leves:
1.     Retardo
en obedecer la orden recibida.
2.     Descuido
en el aseo personal, del establecimiento, de la celda o taller.
3.     Negligencia
en el trabajo, en el estudio o la enseñanza.
4.     Violación
del silencio nocturno.  Perturbación de la armonía y del ambiente con gritos o
volumen alto de aparatos o instrumentos de sonido, sin autorización.
5.     Abandono
del puesto durante el día.
6.     Faltar
al respeto a sus compañeros o ridiculizarlos.
7.     Descansar
en la cama durante el día sin motivo justificado.
8.     Causar
daño por negligencia o descuido al vestuario, a  los objetos de uso personal, a
los materiales o a los  bienes muebles entregados para su trabajo, estudio o
enseñanza.
9.     Violar
las disposiciones relativas al trámite de la correspondencia y al régimen de
las visitas.
10.Eludir
el lavado de las prendas de uso personal, cuando reglamentariamente le
corresponde hacerlo.
11.Emitir
expresiones públicas o adoptar modales o actitudes contra el buen nombre de la
justicia o de la institución, sin perjuicio del derecho a elevar solicitudes
respetuosas.
12.No
asistir o fingir enfermedad para no intervenir en los actos colectivos o
solemnes programados por la dirección.
13.Cometer
actos contrarios al debido respeto de la dignidad de los compañeros o de las
autoridades.
14.Irrespetar
o desobedecer las órdenes de las autoridades penitenciarias y carcelarias.
15.Incumplir
los deberes establecidos en el reglamento interno.
16.Faltar
sin excusa al trabajo, al estudio o a la enseñanza.
17.Demorar
sin causa justificada la entrega de bienes o herramientas confiadas a su
cuidado.
Son faltas
graves las siguientes:
1.     Tenencia
de objetos prohibidos como armas; posesión; consumo o comercialización de
sustancias alucinógenas o que produzcan dependencia física psíquica o de
bebidas embriagantes.
2.     La
celebración de contratos de obra que deben ejecutarse dentro del centro de
reclusión sin autorización del Director.
3.     Ejecución
de trabajos clandestinos.
4.     Dañar
los alimentos destinados al consumo del establecimiento.
5.     Negligencia
habitual en el trabajo o en el estudio o en la enseñanza.
6.     Conducta
obscena.
7.     Dañar
o manchar las puertas, muros del establecimiento o pintar en ellas
inscripciones o dibujos no autorizados.
8.     Romper
los avisos o reglamentos fijados en cualquier sitio del establecimiento por
razón de autoridad.
9.     Apostar
dinero en juegos de suerte o azar.
10.Abandonar
durante la noche el lecho o puesto asignado.
11.Asumir
actitudes irrespetuosas en las funciones del culto.
12.Hurtar,
ocultar o sustraer objetos de propiedad o de uso de la institución, de los
internos o del personal de la misma.
13.Intentar
facilitar o consumar la fuga.
14.Protestas
colectivas.
15.Comunicaciones
o correspondencia clandestina con otros condenados o detenidos y con extraños.
16.Agredir,
amenazar o asumir actitud irrespetuosa contra los funcionarios de la
institución, funcionarios judiciales, administrativos, los visitantes y los
compañeros.
17.Incitar
a los compañeros para que cometan desordenes u otras faltas graves o leves.
18.Apagar
el alumbrado del establecimiento o de las partes comunes durante la noche, sin
el debido permiso.
19.Propiciar
tumultos, motines, lanzar gritos sediciosos para incitar a los compañeros a la
rebelión. Oponer resistencia para someterse a las sanciones impuestas.
20.Uso
de dinero contra la prohibición establecida en el reglamento.
21.Entregar
u ofrecer dinero para obtener provecho ilícito; organizar expendios
clandestinos o prohibidos.
22.Hacer
uso, dañar con dolo o disponer abusivamente de los bienes de la
institución.
23.Falsificar
documento público o privado, que pueda servir de prueba o consignar en él una
falsedad.
24.Asumir
conductas dirigidas a menoscabar la seguridad y tranquilidad del centro de
reclusión.
25.Entrar,
permanecer o circular en áreas de acceso prohibido, o no contar con la
autorización para ello en lugares cuyo acceso esté restringido.
26.Hacer
proselitismo político.
27.Lanzar
consignas o lemas subversivos.
28.Incumplir
las sanciones impuestas.
29.El
incumplimiento grave al régimen interno y a las medidas de seguridad de los
centros de reclusión.
Se subraya lo
demandado.
8.2.    Argumentos
de la demanda
Se acusa también
apartes del artículo 121, de la ley 65 del 93 por establecer un régimen
disciplinario para los internos que no tiene en cuenta principios y garantías
constitucionales mínimas, “pues el recluido en centros carcelarios, sea
sindicado o condenado, no debería perder más derechos que el de su propia
libertad, junto a sus restricciones propias, para mantener un orden social
justo en un modelo de democracia”. En opinión del demandante, “este código en
lugar de reglamentar la ejecución de las penas descritas en la ley penal se ha
dedicado a materias que no le corresponden por  lo que se incurrió en su
trámite en violación del principio de unidad de materia –art. 158 C.P.-.
8.3.    Intervenciones
Demanda el actor
la inexequibilidad del artículo 12I, de la Ley 65 de 1993, por violar los
artículos 1, 2, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 34, 52,
58, 70, 93 y 95 de la Constitución Política. “Esta acusación no debe ser
atendida por la Honorable Corte Constitucional, pues, no debe olvidarse, que
aun en los monasterios, en los conventos, en los Colegios, Universidades,
entidades públicas debe existir un mínimo de orden, el cual se logra a través
de las normas de tipo disciplinario, que permitan a los miembros de esas
instituciones un desarrollo armónico de las actividades que en ellas se
desarrollan”, todo esto, para hacer efectivo, no ilusorio, un tratamiento encaminado
a la readaptación del infractor, para que la pena cumpla su cometido y el
esfuerzo hecho por los funcionarios judiciales.
8.4.    Concepto
del Ministerio Público
Señala el
Procurador que en lo que respecta a los motivos que señala el demandante para
pedir la inexequibilidad del artículo 121 del estatuto que se revisa, se
advierte que “al revisar los comportamientos que el legislador ha previsto o
tipificado como faltas (graves y leves), aparece que estas previsiones se
ajustan al  ordenamiento constitucional, porque desarrollan el principio de
legalidad, al definir las conductas reprochables de manera general, señalando
en los respectivos artículos las sanciones a imponer”.  Ahora bien, “la
relación que debe existir entre la falta cometida y la sanción a imponer, es
asunto que le corresponde decidir al juzgador en cada caso.
8.5.    Consideraciones
de la Corte
a. Esboza el
actor una acusación general alrededor del régimen disciplinario aplicable a los
internos por considerarlo violatorio de ciertas garantías constitucionales.
Afirma concretamente que las personas recluidas en centros penitenciarios no
deberían perder más derechos que el de su libertad. Cualquier otra privación
infringe la Ley Fundamental.
Estas
afirmaciones confunden dos circunstancias nítidamente identificables. Una cosa
son los efectos jurídicos de la comisión de un delito y que la ley penal puede
hacer consistir en la privación de la libertad del infractor, y otro evento
distinto son las sanciones disciplinarias resultantes de la violación del
reglamento interno de una institución carcelaria.
Si bien se trata
de reproches que pueden concurrir en cabeza de una misma persona, su origen y
naturaleza corresponde a situaciones distintas. Cuando se habla de
responsabilidad penal, en general se hace referencia a la obligación de sufrir
una pena a causa de un delito; luego se es penalmente responsable cuando todas
las condiciones materiales y volitivas previstas por la ley como esenciales a
un delito se encuentran existentes en el hecho imputado. Surge entonces, un
juicio que adelanta el Estado en representación de la sociedad y que puede
culminar con la privación de la libertad del delincuente. Ahora, internado el
condenado en un centro de reclusión, tendrá que cumplir con las reglas impuestas
para conseguir el orden, seguridad, tranquilidad y convivencia que debe existir
en estas instituciones. Las violaciones a estas reglas lo hacen acreedor a
sanciones disciplinarias que pretenden corregir su comportamiento y advertirlo
sobre los principios de obediencia, colaboración y buen trato que debe observar
en el futuro.
Los motivos que
asisten al legislador para expedir un régimen disciplinario aplicable a los
internos en establecimientos penitenciarios y carcelarios no son otros que los
de permitir el cumplimiento de la finalidad buscada por la pena impuesta en un
ambiente de respeto y consideración por el otro, sea condenado o sea guardián.
“El orden penitenciario se enmarca dentro del criterio de la resocialización, y
para ello es necesaria, la disciplina, entendida como la orientación reglada
hacia un fin racional, a través de medios que garanticen la realización ética
de la persona. La disciplina, pues, no es fin en sí mismo, sino una vía
necesaria para la convivencia humana elevada a los más altos grados de
civilización. Ella no anula la libertad, sino que la encauza hacia la
perfectibilidad racional. Se trata entonces, de un proceso de formación del
carácter, que tiende a la expresión humanista y humanitaria en sentido
armónico.”[26]
Un régimen
disciplinario así entendido no atenta contra los derechos de los internos.
Puede imponer ciertas restricciones y ajustar algunos comportamientos, pero
responde a las exigencias de la vida de la colectividad carcelaria y propende
por el mantenimiento de un ambiente sano, higiénico, seguro y organizado.
Se declararán
constitucionales las normas demandadas del reglamento disciplinario para
internos, en el entendido de que el pronunciamiento de la Corte se limita
analizar las razones genéricas presentadas por el demandante que controvierten
la constitucionalidad de ciertos preceptos. “Esta Corporación ha considerado
que cuando existe un ataque general contra un cuerpo normativo pero no ataques
individualizados contra todas las normas –o numerales se dirá en esta
oportunidad- que la integran, la vía procedente es limitar el alcance de la
cosa juzgada constitucional, en caso de que la acusación global no prospere. En
tales eventos, lo procedente es declarar constitucionales las disposiciones
contra las cuales no hay acusación específica pero precisando que la cosa
juzgada es relativa, por cuanto sólo opera por los motivos analizados en la
sentencia.”[27]
En general, las
conductas señaladas en el artículo como constitutivas de faltas parecen
razonables y por lo tanto, las acusaciones globales presentadas contra el
artículo 121 de la Ley 65 de 1993 no han de prosperar.
No obstante, la
Corte debe precisar con énfasis que la valoración de las faltas debe hacerse
con suma ponderación y ecuanimidad para que no haya lugar a reproches
arbitrarios que se pretendan justificar tras la invocación  de la ley.
Por otro lado,
-y en estricta aplicación del principio de legalidad que anima la actividad
judicial-, es necesario decir que una de las conductas demandadas a las que se
refiere el artículo que se estudia, contenida en el numeral 7, resulta manifiestamente
contraria a la Constitución. No tiene justificación, bajo ningún punto de
vista, que el descanso en la cama por parte de los internos durante el día,
mientras ello no signifique el incumplimiento de uno de los deberes asignados
–v.g. estudio, trabajo, etc.- pueda constituir una falta disciplinaria. Existe
un ámbito de intimidad y de libertad que el legislador no puede desconocer con
el pretexto de ordenar la vida en comunidad de los reclusos. Con esta precisa
advertencia, este numeral se declarará inconstitucional.
Resumiendo: en
el presente caso las acusaciones globales presentadas en la demanda contra el
artículo 121 de la Ley 65 de 1993 no han de prosperar. La Corte Constitucional
declarará exequible la norma acusada, pero advirtiendo que los alcances de su
pronunciamiento cobijan únicamente las razones ventiladas en la demanda y
expresamente estudiadas en el  presente fallo. En lo que respecta al numeral 7
de la primera parte del artículo que  define como falta leve:  “Descansar en la
cama durante el día sin motivo justificado” se procederá a declarar su
inconstitucionalidad.
b. Existe clara
conexidad entre la ley que regula el cumplimiento de medidas de aseguramiento y
condenas privativas de la libertad personal decretadas por las autoridades judiciales,
organizando el sistema nacional de cárceles y penitenciarías, y  expidiendo un
reglamento disciplinario para los internos que las ocupan; con las normas que
contienen la descripción detallada de las faltas leves y graves cuya
ocurrencia da origen a una sanción legal que tiene por objeto preservar el
orden en la institución y la convivencia armoniosa. Por el contrario, no
establecer ciertas pautas, más o menos severas, de comportamiento pondría en
peligro la función de la pena y su finalidad de alcanzar la resocialización del
infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de
la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el
deporte y la recreación, bajo un espíritu humano, solidario y cooperativo.[28]
9. Del Comiso
9.1. Norma
acusada:
Artículo
122.-Comiso. Las bebidas embriagantes, las sustancias prohibidas, armas,
explosivos, los objetos propios para juegos de azar o en general, cualquier
material prohibido hallado en poder interno serán decomisados.  Si la tenencia
de dichos objetos constituye hecho punible conforme a las leyes penales, se
informará inmediatamente al funcionario competente para iniciar y adelantar la
correspondiente investigación a cuya disposición se pondrán tales objetos. En
los demás casos les dará el destino aconsejable.
Se subraya lo demandado.
9.2. Argumento
de la demanda
Para el
demandante es inaceptable el mecanismo de confiscación de ciertos bienes del
sindicado o condenado –artículo 122 de la Ley 65 de 1993-, pues de esta manera
se atenta contra derechos reales constitucionalmente protegidos.
9.3.
Intervenciones
La señora
Ministra de Justicia y la Directora del INPEC presentaron un sólo descargo
englobando en análisis de los artículos 121, 122, 123, 126 y 127, relacionados
con el régimen disciplinario de los internos y las sanciones correspondientes
por su violación, al que ya se hizo referencia en el apartado 9.3.
9.4. Concepto
del Ministerio Público
No se considera
que lo dispuesto por el artículo 122 de la ley 65 de 1993 viole preceptos
constitucionales, pues “la norma en estudio faculta a la dirección del
establecimiento carcelario para dar ´destino aconsejable´ a los bienes
decomisados a los internos, cuya tenencia no constituya hecho punible.”  Se
trata de expresiones que resultan acordes con la Carta, “bajo el entendido que,
tratándose de bienes de libre comercio, la dirección del establecimiento al
decidir sobre el destino del material decomisado, debe ordenar lo pertinente
para que sea entregado a su propietario cuando éste recobre la libertad, o
transferido a las personas allegadas al interno, respetando de esta  manera el
derecho a la propiedad consagrado en el artículo 58 de la Carta Política.”
9.5.
Consideraciones de la Corte
El artículo 122
de la Ley 65 de 1993, también hace parte del reglamento disciplinario para
internos que consagra dicha ley, y dispone el destino que ha de tener el
material prohibido, de cualquier tipo, que sea hallado en poder del interno.
En primer lugar,
todo el material prohibido encontrado –v.g. bebidas embriagantes, sustancias
narcóticas, armas, explosivos, etc.- será decomisado por parte de las
autoridades carcelarias, que de ese modo, ejercen control sobre objetos cuya
posesión contraría disposiciones que velan por la seguridad y la tranquilidad
de los internos, por el mantenimiento del orden en los recintos carcelarios, y
por la prevención de hechos ilícitos y daños contra la integridad de las
personas y objetos en los centros de reclusión. Surge nuevamente como razón
para la limitación de ciertos derechos, la necesidad de garantizar el
cumplimiento de la disciplina que haga posible la vida en común en estas
instituciones y que permita que las penas impuestas cumplan con su función protectora
y preventiva y su fin fundamental –ya reiterado- de la resocialización del
interno.
Ahora, si la
posesión del material decomisado constituye hecho punible conforme a las leyes
penales, es deber de las autoridades carcelarias informar inmediatamente al
funcionario competente para iniciar y adelantar la correspondiente
investigación. En estos eventos, el material incautado debe ponerse a
disposición de los investigadores.
Cuando la
tenencia del material prohibido que se decomisa no constituye delito,
corresponde a la dirección del establecimiento darle el destino aconsejable. La
destinación que permite la ley para estos bienes no puede desconocer los
derechos válidamente adquiridos de sus propietarios o poseedores. El decomiso
al que se refiere la ley no es ni una expropiación, ni una forma de
confiscación –excluída de nuestro ordenamiento jurídico-, pues no representa el
absoluto despojo de la propiedad por acto del Estado que se impone a título de
pena y sin compensación alguna.[29]
En ese orden de
ideas, corresponde a la autoridad que destina los bienes decomisados velar por
la conservación de los mismos teniendo en cuenta, claro está, si se trata de
bienes fungibles o no, perecederos o no, todo con el objeto de determinar la
destinación de las cosas, bien sea para su uso, consumo o depósito.
Debe quedar
claro entonces, que la norma por el hecho de constituir una sanción
disciplinaria, no puede convertirse en un mecanismo que viole arbitrariamente
los derechos de propiedad o posesión de los internos, siendo claro que cuando
la naturaleza de los bienes lo permita, estos deben ser devueltos a los
reclusos tan pronto recuperen su libertad.
10. De las
sanciones
10.1. Normas
acusadas
Artículo
123-Sanciones. Las faltas leves tendrán las siguientes sanciones:
1.     Amonestación
con anotación en su prontuario, si es un detenido o en su cartilla biográfica
si es un condenado.
2.     Privación
del derecho a participar en actividades de recreación hasta por 8 días.
3.     Suspensión
hasta de 5 visitas sucesivas.
4.     Suspensión
parcial o total de alguno de los estímulos, por tiempo determinado.
Para las faltas
graves las sanciones serán las siguientes:
1.     Pérdida
del derecho de redención de la pena hasta por 60 días.
2.     Suspensión
hasta de 10 visitas sucesivas.
3.     Aislamiento
en celda hasta por 60 días. En este caso tendrá derecho a 2 horas de sol
diarias y no podrá recibir visitas; será controlado el aislamiento por el
médico del establecimiento.
Parágrafo. El
recluso que enferme mientras se encuentre en aislamiento debe ser conducido a
la enfermería, pero una vez curado debe seguir cumpliendo la sanción, oído el
concepto del médico.
Artículo
126.-Aislamiento.  El aislamiento como medida preventiva se podrá imponer en
los centros de reclusión en los siguientes casos:
1.     Por
razones sanitarias.
2.     Cuando
se requiera para mantener la seguridad interna.
3.     Como
sanción disciplinaria.
4.     A
solicitud del recluso previa autorización del Director del establecimiento.
Se subraya lo
demandado.
10.2.  Argumento
de la demanda
Señala el actor
que la Ley 65 de 1993, consagra artículos, como el demandado que constituyen
una violación de derechos fundamentales al establecer sanciones inhumanas e
indignas, -v.g. el aislamiento-.
1O.3. Intervenciones
y Concepto del Ministerio Público
Sobre esta
materia, los respectivos funcionarios defienden la constitucionalidad de la
norma a través de la presentación de un argumento genérico sobre el régimen
disciplinario de los internos que quedó consignado en el presente fallo en
apartados anteriores.
1O.4. Consideraciones
de la Corte
a. Las sanciones
entendidas como reproches, se conciben como la consecuencia o efecto que le
sigue a la realización del acto que una norma prohibe. En el caso de las
sanciones jurídicas, la conducta prohibida hará parte de una regla de derecho.
Sin embargo, la función de las sanciones no se agota en el cumplimiento de una
conexión lógica. Son herramientas dotadas de un poder que supera el papel del
simple mecanismo de técnica jurídica. Las sanciones buscan disuadir, influir en
la conducta encauzándola hacia el respeto por la ley y los derechos de los
demás, también pueden corregir el comportamiento de quienes han infringido
normas de convivencia de una comunidad.
La intensidad de
las sanciones impuestas está directamente relacionada con la naturaleza del
acto que las provoca. Corresponde al legislador sopesar adecuadamente la
relación entre las conductas prohibidas y las sanciones a imponer, pues la
diversidad de la conducta humana exige igualmente que el reproche que haga el
derecho sea proporcionado –como en efecto se hace en el numeral 4 del artículo
123-. En todo caso, siempre se debe tener respeto por ciertos principios
mínimos que constituyen ineludiblemente el marco hermenéutico para la
interpretación y aplicación de las disposiciones penales de cualquier naturaleza.[30] Así, el principio de
legalidad, el reconocimiento del derecho de igualdad, el respeto a la dignidad
humana, el debido proceso, son valores fundantes de la facultad estatal para
imponer sanciones y en todos los casos deben ser garantizados y promovidos.
Las sanciones
contenidas en los artículos parcialmente demandados de la Ley 65 de 1993 en
ningún caso podrán aplicarse a conducta alguna que no esté previamente
enunciada en esta ley o en los reglamentos. Tampoco recluso alguno podrá ser
sancionado dos veces por el mismo hecho.[31]
En cuanto a las
modalidades que admite la sanción que se aplica, debe recordarse que:  (a)
guardan concordancia con los fines preventivos a los que ya se hizo referencia,
(b) la ley dispone con claridad el tipo de sanción que corresponde a cada clase
de falta que describe el régimen disciplinario (artículo 121), (c) la duración
de las sanciones jamás es indeterminada, (d) su criterio de aplicación nunca es
arbitrario, pues la calificación de la infracción disciplinaria debe tener en
cuenta las circunstancias que la agraven o la atenúen, las relativas a la
modalidad del hecho, el daño producido, el grado del estado anímico del interno,
su buena conducta anterior en el establecimiento y su respeto por el orden y
disciplina dentro del mismo.[32]
b. En relación
concreta con el aislamiento hay que decir que se trata de una medida
preventiva que se puede imponer en muchos casos y que busca proteger bienes
jurídicos fundamentales dentro de un centro de reclusión, como la salud, la
seguridad interna, la disciplina y hasta la propia integridad física y mental
cuando el propio recluso solicita su aplicación. En cumplimiento de su facultad
sancionadora, las autoridades carcelarias deben respetar ciertas limitaciones,
a las que la Corte ya ha hecho referencia:
“La autoridad
penitenciaria y carcelaria no puede, en ningún caso, efectuar conductas que
sean lesivas de aquellos derechos constitucionales que las personas recluidas
conservan en forma plena. Así, por ejemplo, la dignidad de los presos  debe ser
respetada y no se les pueden aplicar torturas o penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes. De otro lado, cuando sea necesario limitar un derecho,
la autoridad penitenciaria o carcelaria tiene la obligación de tomar medidas
proporcionales al fin perseguido, el cual obviamente tiene que ser
constitucionalmente legítimo.”[33]
Se reitera
entonces: la aplicación de cualquier clase de sanción no puede ser arbitraria,
ni desconsiderar  garantías mínimas protegidas por la Constitución. Estas
premisas deben verificarse con mayor rigor en el caso de una sanción tan
intensa como el aislamiento, quedando claro que con su utilización “no hay
violación de los derechos fundamentales de los reclusos, por cuanto si llegara
a existir posibilidad de lesión, el médico del establecimiento constatará tal
inminencia y obviamente no aplica la sanción.”[34]
Por eso es menester revisar detenidamente las condiciones en las que se cumple
la citada medida y advertir que no obstante constituir una sanción
disciplinaria válida, al emplearse también deben respetarse los derechos de los
internos. Por eso, considera la Corte que resulta ostensiblemente
inconstitucional la forma como el artículo 123 de la Ley 65 de 1993 regula la
aplicación del aislamiento sancionatorio permitiendo solamente “dos horas de
sol diarias” a los reclusos sometidos a esta consecuencia disciplinaria.
Es necesario
repetir: la especial condición en la que se encuentran las personas recluidas
en cárceles y penitenciarías, y la existencia de un preciso régimen de
disciplina que pretenda regular la convivencia de los internos, no puede
convertirse, en ningún caso, en justificación para desconocer derechos
fundamentales que guardan estrecha relación con la vida y la dignidad de las
personas y que son plenamente reconocidos a detenidos y condenados. Por estas
razones y cumpliendo además el ya aludido principio de economía procesal, la
Corte declarará inexequible la expresión “tendrá derecho o dos horas de sol
diario y” contenida en el numeral 3 de la segunda parte del artículo 126 de la
Ley 65 de 1993.
11.     Calificación
de las faltas
11.1. Norma
acusada
Artículo 127.-Calificación
de faltas. En la calificación de la infracción disciplinaria deben tenerse en
cuenta las circunstancias que la agraven o atenúen, las relativas a la
modalidad del hecho, el daño producido, al grado del estado anímico del
interno, a su buena conducta anterior en el establecimiento, a su respeto por
el orden, y disciplina dentro del mismo y situaciones análogas.
Se subraya lo
demandado.
11.2. Argumento
de la demanda
Nos remitimos a
los argumentos generales tratados con ocasión del régimen disciplinario de los
internos. El actor involucra el artículo 127 aquí citado dentro la acusación
general ya presentada.
11.3. Concepto
del Ministerio Público
En cuanto a la
demanda parcial del artículo 127  señala que “la disposición no contraría el
ordenamiento superior, toda vez que le esta dando fundamentos al juzgador para
que dentro de un margen de discrecionalidad, racionalidad y razonabilidad pueda
determinar la naturaleza de la falta , y si se demuestra su existencia ,
proceda a dosificar la sanción a imponer.”  Ahora, “la finalidad del
tratamiento penitenciario es la de alcanzar la resocialización del infractor y
para ello es indispensable que se establezcan principios de disciplina, cuyo
desconocimiento o infracción dan lugar a la imposición de sanciones.  Por
tanto, son constitucionales las expresiones “agraven” y “al daño producido”,
contenidas en el artículo que se comenta”.
Sobre la
expresión “situaciones análogas”, consignada en la misma disposición  considera
que el legislador desatendió los mandatos del artículo 29 de la Carta Política,
toda vez que la calificación de las faltas no puede estar supeditada a
conceptos tan amplios como los referidos en el mencionado precepto. “Los hechos
y circunstancias que afectan la graduación de toda sanción, deben estar
claramente señalados en la ley, para evitar que ante la ausencia de descripción
normativa, las autoridades encargadas de aplicar las disposiciones puedan
desconocer los derechos de las personas.  Por tanto, la expresión ´situaciones
análogas´ contraría el principio de legalidad de las sanciones, contenido en
el  artículo 29 de la Carta Política.
11.4.
Consideraciones de la Corte
Uno de los
principios que alimentan la filosofía que sostiene la democracia liberal es el
del control del poder y del Estado a través del derecho. La ley implica una
limitación de la libertad, pero con su promulgación, ella se convierte
paradójicamente, en promotora de la libertad, y esto es posible, en la
medida en que se transforma en un contrapeso que contiene los desbordamientos
del poder.
El principio de
legalidad es fundamental dentro del ordenamiento social, vital para la
aplicación y obediencia del derecho. Por ejemplo, es a la ley a la que se le
encomienda el establecimiento de los delitos y las penas, de las faltas y sus
sanciones. Antes que confiar en el arbitrio o voluntad de un juez para la
calificación de la conducta humana, la comunidad políticamente organizada
prefiere conferir competencia a los legisladores, para que como sus
representantes, se encarguen de organizar el régimen penal y disciplinario
vigente en la colectividad.
La actividad del
Estado junto a la expresión de sus deseos, y en consecuencia, la obediencia y
acatamiento de los ciudadanos a estos, no puede hacerse sino a través de normas
que a manera de caminos orientan el obrar del poder.
Algunas de los
artículos que se acusan en este proceso, son un claro ejemplo de esta
característica del derecho, que en el caso del ordenamiento penal adquiere
connotaciones aún más elevadas. Principios elementales de justicia y equidad
exigen que la ley defina con claridad los actos que violan los derechos de
otros y de la sociedad, o vulneran la finalidad de ciertas instituciones que se
crean con el propósito de contribuir al bienestar general.  A esta misma ley se
le pide que además de las faltas especifique las sanciones o consecuencias de
su realización; se logra así, conocer con certeza los efectos del obrar y se
puede decidir si se asumen los riesgos  de cada acción. Pero además se espera
de la ley que con ese mismo detalle y precisión, defina los criterios de
apreciación de la conducta para poder realizar el juicio de valor y aplicar la
sanción adecuada.
Así, el artículo
127 de la ley que se estudia no hace nada distinto que señalar ciertos
principios rectores en la calificación de una infracción o falta disciplinaria.
Con ello se hace clara aplicación de las directrices que sobre la materia
tienen plena vigencia en el procedimiento penal y han sido elevadas a rango
constitucional como parte integral del debido proceso garantizado en el
artículo 29 de la Carta Fundamental. Piénsese en la importancia de valorar las
circunstancias que agravan o atenúan una infracción, las modalidades del hecho,
el estado anímico del interno que lo comete, o su conducta anterior en el
establecimiento, para determinar justamente el tipo de infracción cometida y la
sanción que corresponde aplicar. Con el establecimiento de estos precisos
criterios se busca otorgar al funcionario respectivo de los elementos de juicio
suficientes que lo libren de una valoración subjetiva de los acontecimientos y
prevengan que este tipo de decisiones dependan del arbitrio o capricho de quien
ejerce el poder.
Por eso resulta
extraña la inclusión de una fórmula que de manera imprecisa establece un
criterio de apreciación que abre la posibilidad al análisis caprichoso,
infundado y difuso del comportamiento de los internos. La apreciación analógica
de las circunstancias a la que se refiere la norma para efectos de la
calificación de la falta es un recurso que rompe con el principio de legalidad
referido y que además de atentar contra la seguridad jurídica, tan deseada en
estos campos del derecho, puede ser el origen de desigualdades, tratos
discriminatorios y decisiones injustificadas.
La Corte acepta
la petición y  comparte el argumento del señor Procurador en el sentido de
declarar la inexequibilidad de la expresión “situaciones análogas” contenidas
en el mismo artículo 127. El delicado proceso de valoración de las faltas para
efectos de su calificación, no puede confiarse a la apreciación de situaciones
análogas a las claramente establecidas en el artículo. Permitirlo, se repite,
es abrir, sin ninguna duda, espacio para la arbitrariedad, la apreciación
subjetiva, el capricho del funcionario de turno, o a la intriga y la presión; y
fragmentaría penosamente importantes principios del procedimiento penal –e.g.
la legalidad, la dosimetría de la sanción, etc.-.
12.     De
los recursos procesales
12.1. Norma
acusada:
Artículo 135.-Notificación.
Asumida la competencia por el director o el Consejo de Disciplina según el
caso, se decidirá la sanción aplicable en un término máximo de tres días,
vencidos los cuales se notificará al sancionado o, en caso que no se haga
acreedor a sanción, se le comunicará igualmente su archivo.
La decisión
admite el recurso de reposición por parte del sancionado, debidamente
sustentado, interpuesto en el término de tres días, el cual se resolverá dentro
de los dos días siguientes.
La sanción se
hará efectiva cuando el acto administrativo se encuentre debidamente
ejecutoriado.
Se subraya lo
demandado.
12.2.  Argumentos
de la demanda
“El inciso 2 del
articulo 135 del Código Penitenciario merece declaratoria de inexequibilidad
toda vez que para los actos administrativos se está permitiendo sólo el recurso
de reposición, con lo cual se infringe el artículo 31 de la Carta Magna.
Tratar un acto administrativo como si fuera única instancia es violatorio del
debido proceso, aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas”.
12.3.  Intervenciones
Sobre el inciso
2° del articulo 135 de la Ley 65 de 1993, dicen los intervinientes que no viola
la Constitución al conceder sólo el recurso de reposición contra el acto
administrativo que impone sanciones disciplinarias. Estos actos no sólo tienen
la posibilidad de ser recurridos en reposición, “sino que también pueden ser
objeto de revisión por parte de la Dirección General del INPEC” manteniéndose a
salvo los derechos de los internos.
12.4.  Concepto
del Ministerio Público
La imposibilidad
de interponer recurso diferente al de reposición contra los actos administrativos
de que habla el articulo 135 de la ley 65/93, no viola la Constitución puesto
que con ello no se consagra nada distinto a una excepción al principio de doble
instancia previsto en el artículo 31 de la Constitución, excepción que por vía
de ley –como en el presente caso- la misma Carta autoriza.
12.5.
Consideraciones de la Corte
La función de
definir las instancias procesales en las distintas materias corresponde al
legislador (artículos 31 y 150 numeral 2 C.P.).
Son variados los
ejemplos de procesos en los que al juzgarse la conducta de ciertos funcionarios
o ciudadanos, la ley ha consagrado una sola instancia, sin que pueda deducirse
por ello violación del derecho al debido proceso o a la defensa. Sobre el
particular la Corte ha  señalado:
“Al efectuar el
análisis de constitucionalidad solicitado, esta Corte ha de reiterar que el
principio de doble instancia, con todo y ser uno de los principales dentro del
conjunto de garantías que estructuran el debido proceso, no tienen un carácter
absoluto, como resulta del precepto constitucional que lo consagra (artículo 31
C.P.) a cuyo tenor “toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo
las excepciones que consagre la ley.”  (subraya la Corte)[35]
Luego está
autorizado el legislador para indicar en qué casos no hay recursos de segunda
instancia en cualquier tipo de proceso, “sin perjuicio de los recursos
extraordinarios que, como el de revisión, también él puede consagrar, y sobre
la base de que, para la defensa de los derechos constitucionales fundamentales
afectados por vías de hecho, quepa extraordinariamente, la acción de tutela,
como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte a partir de la Sentencia
C-543 de 1992.”[36]
Existe una razón
adicional por la que los procesos de única instancia, no implican una situación
desfavorable procesalmente. Ello ocurre cuando la persona es procesada ante la
instancia superior de una jurisdicción, que para el caso de los procesos
penitenciarios por faltas leves es representada por el director de
establecimiento, y  en los procesos por faltas graves por el Consejo de
disciplina.[37]
En tales eventos (y así lo establece el Código penitenciario), el investigado
goza de la garantía de ser juzgado por el más alto funcionario que dentro de
jurisdicción competente puede conocer de su caso.[38]
Es menester
recalcar que el debido proceso es una garantía que no se agota o se identifica
exclusivamente con las formas o los ritos. Detrás de los elementos de técnica
jurídica hay una justificación material que busca otorgar adecuados mecanismos
de conocimiento y defensa a quienes intervienen en un proceso.
El proceso
disciplinario establecido en el Código Penitenciario, busca consagrar claramente
el camino a seguir en caso de cometer una falla que viole el régimen de
comportamiento establecido para los internos. Se trata de una metodología que
se aplica sin distinciones, a la totalidad de la población carcelaria
preservando así el principio de igualdad propio de las investigaciones
disciplinarias y estableciendo una serie de garantías que no se agotan en el
texto del artículo 135 demandado, pues consagra otros principios relacionados
con la debida investigación de los hechos, la fundamentación de las sanciones y
la posibilidad de revocar o suspender provisionalmente los castigos impuestos
que tienen como único propósito proteger a los internos y asegurarles un
proceso justo y legal.[39]
13.     Reincidentes
13.1. Norma
acusada:
Artículo 137.-Suspensión
condicional. Tanto el director como el consejo de disciplina pueden suspender
condicionalmente, por justificados motivos, en todo o en parte, las sanciones
que se hayan impuesto, siempre que se trate de internos que no sean
reincidentes disciplinarios.
Si dentro de
tres meses, contados a partir del día que se cumpla la sanción, el interno
comete una nueva infracción se aplicará la sanción suspendida junto a la que
merezca por la nueva falta.
Se subraya lo
demandado.
13.2.  Argumento
de la demanda
Según el actor
el articulo 137 de la ley acusada establece una excepción para suspender en
forma condicional cualquier sanción impuesta a un interno, esto es, “siempre
que no se trate de internos que no sean reincidentes disciplinarios”. “En esta
norma, como sucede también en el parágrafo del artículo 139 y en el ordinal 5°
del artículo 147; se esta sosteniendo un rezago del peligrosismo y se
resquebraja el derecho a la igualdad”.
13.3.  Intervenciones
La suspensión
condicional a la que hace referencia el artículo 137 del Código Penitenciario,
es una medida excepcional y no general, de donde se deduce que la sanción
disciplinaria debe cumplirse en su integridad, “y que sólo en contados casos y
por justa causa se puede suspender la ejecución de la misma”.
13.4.  Concepto
del Ministerio Público
No se viola el
artículo 13 de la C.P. cuando en el Código Penitenciario se establecen
prerrogativas como la prevista en el artículo 137 de la ley 65 de 1993, en
beneficio de las personas que carecen de antecedentes penitenciarios. “Se
justifica lo anterior, porque los internos beneficiados con la norma se
encuentran en una situación diferente de aquellos que son reincidentes”.
13.5.  Consideraciones
de la Corte
Ya se ha visto
cómo uno de los elementos de apreciación para la calificación de las faltas es
la revisión de la buena conducta anterior, del interno que se juzga, en el
establecimiento. Con ello se busca adoptar una decisión que sea proporcional
con la conducta y el comportamiento demostrado por cada cual. Sería injusta y
abiertamente discriminatoria una norma disciplinaria que se aplicara sin tomar
en consideración las específicas circunstancias objetivas y subjetivas que rodean
el acto que se reprocha, y que para el caso de la reincidencia, tal como lo
señala el artículo 128 de la Ley 65 de 1993, se limita al análisis del
comportamiento del recluso durante los meses anteriores al momento en el que se
somete a alguna de las sanciones establecidas.[40]
La reincidencia
es una figura jurídica de gran significado sociológico.  Se sabe que una de las
funciones de la pena es la de disuadir a las personas en general, de cometer un
acto prohibido. Para quienes ya han sido objetos de sanción se espera que esa
función disuasiva sea ejercida por la misma experiencia de la pena. El
reincidente demuestra una voluntad –que la ley no supone-, de quebrantar
repetidamente la ley dejando sin efecto el mensaje o propósito persuasivo del
reproche jurídico.
Este indicador
de la conducta humana es tomado en cuenta por el legislador en múltiples
ocasiones para calificar el comportamiento de los infractores y determinar el
tratamiento correccional a seguir.  Por esta vía se busca desestimular
conductas socialmente censurables, cuya reiteración hace que su autor no sea
considerado para asumir nuevas responsabilidades o recibir beneficios.
No se trata de
una forma de revivir el peligrosismo en materia penal, en buena hora superado,
puesto que la valoración del comportamiento del reincidente disciplinario se
basa en el análisis objetivo de su conducta, que para el caso en estudio tiene
además un límite temporal de aplicación (3 o 6 meses siguientes a la imposición
de una pena, ver nota 40); nada tiene que ver aquí la consideración de una
supuesta inclinación natural, o disposición fisiológica para delinquir.
Tampoco se
atenta contra el orden constitucional al señalar por vía legal la vigencia de
la figura de la reincidencia. “Dado que la Carta Política no contiene
disposición alguna sobre la reincidencia, bien puede incluirse o no esta figura
jurídica en los distintos estatutos sancionatorios, sin contrariar la Ley
Suprema, pues, en esa materia, la Carta no se encuentra matriculada en ningún
sistema doctrinal.”[41]
14.     Sobre
la fijación de la política criminal
14.1. Normas
acusadas:
Artículo 167.- Consejo
Nacional de Política Penitenciaria y Carcelaria. El Consejo Nacional de
Política Penitenciaria y Carcelaria estará integrado por cinco miembros: tres
designados por el Ministro de Justicia y del Derecho y dos por el Director del
instituto, uno experto en el ramo penitenciario y el otro del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia.
Su período será
de tres años, podrán ser reelegidos y su función es de asesoría en la
planeación y desarrollo de la política penitenciaria y carcelaria.
Artículo
170.-Comisión de Vigilancia y Seguimiento del Régimen Penitenciario. La
comisión de vigilancia y seguimiento del régimen penitenciario creada por el
Decreto número 1365 de agosto 20 de 1992, para el cumplimiento de sus funciones
contará con la asesoría del Consejo Nacional de Política Penitenciaria y
Carcelaria.”
Se subraya lo
demandado.
14.2.  Argumento
de la demanda
Las funciones
que se establecen para el Consejo de Política Penitenciaria y Carcelaria que
consagran los artículos 167 y 170 de la ley que se acusa, constituyen
verdaderas actividades de política criminal y, como tales, su determinación no
es competencia del Congreso sino del Presidente de la República, según el
artículo 189 de la Constitución.
14.3.  Intervenciones
Las
intervinientes solicitan a la Corte no acceder a la petición de inexequibilidad
de los artículos 167 y 170 de la Ley 65 de 1993 “pues el Consejo de Política
Penitenciaria y Carcelaria, no tiene la función de formular la política
criminal como equivocadamente lo cree el libelista , sino de asesorar en
materia de planeación y desarrollo, la política penitenciaria y carcelaria que
adopte el Gobierno Nacional”.
14.4.  Concepto
del Ministerio Público
Respecto a los
artículos 167 y 170 del Código Penitenciario y Carcelario, dice el Procurador
que de las funciones otorgadas tanto al Consejo Nacional de Política
Penitenciaria y Carcelaria, como a la Comisión de Vigilancia y Seguimiento del
Régimen Penitenciario, se infiere que se trata de organismos creados para
colaborar con el Gobierno Nacional en la tarea de señalar la política a seguir
en cuanto a la administración de los centros penitenciarios.  Son disposiciones
que desarrollan el mandato contenido en el artículo 113 de la Constitución,
según el cual los órganos del Estado colaboran armónicamente para la
realización de sus fines. Los preceptos concuerdan con la Constitución.
14.5.  Consideraciones
de la Corte
En principio, la
formulación de la política criminal dentro del Estado es asunto que compete al
Legislador. Pero para el cumplimiento de esta función puede contar con la
colaboración de las demás ramas y órganos del poder público, incluso de otros
organismos autónomos e independientes que contribuyan al cumplimiento de las
políticas estatales.  (artículo 113 C.P.).[42]
Bien es cierto
que los diferentes órganos y entidades del Estado tienen funciones separadas
celosamente demarcadas por la ley, pero en el cumplimiento de los fines
señalados por la Constitución y el mismo ordenamiento legal, nada impide que
distintos cuerpos y funcionarios de diferentes grados jerárquicos se
complementen armónicamente en la consecución de ciertas metas estatales y en el
desarrollo de programas de beneficio para la comunidad.  El caso al que se
refieren las normas parcialmente acusadas, es una muestra clara de la utilidad
que se desprende de estos sistemas de colaboración administrativos y de la
necesidad de emplearlos para lograr la eficiente prestación de servicios y el
adecuado cumplimiento de las obligaciones del Estado.
No es pues,
contrario a la Constitución que la labor de formulación de la política criminal
y carcelaria, en la que necesariamente debe tener injerencia el Presidente de
la República, sea asesorada, planeada y desarrollada concurrentemente
por distintos estamentos, como el Consejo Nacional de Política Penitenciaria y
Carcelaria, conocedores de la problemática del sector y cercanos a su manejo y
tratamiento. De esta forma, precisamente se pueden poner en práctica con
eficiencia y celeridad las políticas y estrategias decididas por la cabeza de
la rama ejecutiva, en lo que a ella corresponde, para la preparación y
elaboración de proyectos de ley en materia criminal y para la ejecución de las
grandes políticas trazadas por el legislador.
IV.    DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional
RESUELVE:
Primero: Declarar
EXEQUIBLES los apartes demandados de los artículos 20, 31, 46, 85,
94,137, 165 y 170 de la Ley 65 de 1993.
Segundo: Declarar
EXEQUIBLES los artículos 28, 95, 126-3, 135 inciso segundo y 167 de la
Ley 65 de 1993.
Tercero:
Declarar EXEQUIBLE con los condicionamientos hechos por la Corporación
el aparte demandado del artículo 44-e de la Ley 65 de 1993.
Cuarto: Declarar
EXEQUIBLE el artículo 122 de la Ley 65 de 1993, en los términos
expresados en la parte motiva del presente fallo.
Quinto: Declarar
EXEQUIBLE en lo acusado, el artículo 121 de la Ley 65 de 1993,
sólo en relación con los cargos analizados en esta sentencia, e INEXEQUIBLE el
numeral 7 de la primera parte de dicho artículo que dice: “Descansar en la cama
durante el día sin motivo justificado”.
Sexto: Declarar
EXEQUIBLE el aparte del inciso primero del artículo 110 de la Ley 65 de
1993, que dice: “salvo grave amenaza de alteración del orden, caso en el cual
la restricción deberá ser motivada”, e INEXEQUIBLE  el parágrafo del
mismo artículo.
Septimo. Declarar
EXEQUIBLE el artículo 123-4 de la Ley 65 de 1993, e INEXEQUIBLE la
expresión “tendrá derecho a dos horas de sol diarias y” contenida en el numeral
3 de la segunda parte de dicho artículo.
Octavo. Declarar
EXEQUIBLES las siguientes expresiones del artículo 127 de la Ley 65 de
1993: “agraven” y “el daño producido”, e INEXEQUIBLE la expresión “y
situaciones análogas” del mismo artículo.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese en el expediente.
VLADIMIRO NARANJO MESA
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
.
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA
VERGARA
Magistrado
CARMENZA ISAZA DE
GOMEZ
Magistrada (E)
ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Tal es el señalamiento del artículo 1° de
la citada ley al exponer el contenido del Código Penitenciario y Carcelario.
[2] Extractado de la presentación del
Proyecto de Ley hecha por el señor Ministro de Justicia al Senado de la
República en octubre de 1992.  En: Gaceta del Congreso No. 132, 29 de octubre
de 1992, Pg. 1. Constancia del proceso legislativo que debió seguir la ley 65
de 1993 se encuentra en las siguientes gacetas del Congreso:
132 del 92; 24, 79, 221, 156 y 313 de
1993; 49 y 89 de 1994; 2 y 25 de 1996.
[3] La relegación a colonia agrícola penal
era una sanción específica, distinta del arresto; así lo reconoció expresamente
el legislador extraordinario al establecer en el artículo 337 del Código Penal
–Decreto 100 de 1980- que: “A partir de la vigencia del presente Código,
quienes estén cumpliendo condena de presidio o de relegación a colonia agrícola
penal, continuarán descontándola como si se tratara de pena de prisión.”  Cfr.
Sentencia 016 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[4] Vale señalar que los artículos 23, 24, 25
y 26 del Decreto 522 de 1971 que establecían las mentadas contravenciones
sancionadas con la pena de relegación a colonia agrícola fueron declaradas
inexequibles por la Corte Constitucional mediante fallo C-016 de 1997, ya
citado
[5] Ley 2 de 1984, Ley 23 de 1991, Ley 228 de
1991.
[6] Sentencia 016 de 1997.
[7] Sobre este punto no se hace nada distinto
que reiterar la Jurisprudencia consignada en la policitada C-016/97.
[8] Artículo 28, Ley 65 de 1993.
[9] El título I del Código Penitenciario y
Carcelario establece el contenido y los principios rectores del estatuto legal.
El artículo 3 señala:
“Igualdad.
Se prohibe toda forma de discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
“Lo
anterior no obsta para que se puedan establecer distinciones razonables por motivos
de seguridad, de resocialización, y para el cumplimiento de la sentencia y de
la política penitenciaria y carcelaria”.
Énfasis no
original.
El artículo
4 por su parte, prohibe toda forma de violencia síquica, física o moral.
[10] Sentencia C-394 del 95, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[11] El artículo 36 de la Ley 65 de 1993
señala al director de cada centro de reclusión como jefe de gobierno interno.
En tal calidad, tendrá que tomar las medidas que el servicio demande y
“responderá ante el director del INPEC del funcionamiento y control del
establecimiento a su cargo”.
[12] El citado artículo 33 de la Ley 65/93,
por ejemplo, establece la posibilidad de expropiación por vía administrativa de
los inmuebles cercanos a las cárceles, por razones de interés público y
utilidad social. Esto es posible siempre y cuando exista previa
indemnización, la cual estará sujeta a posterior acción contencioso
administrativa, incluso respecto del precio.
[13] Sentencia C-318 de 1995, M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[14] Sentencia T-145 del 93, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[15] Sentencia C-025 de 1993, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[16] La educación para la rehabilitación
social es materia contemplada en la Ley General de Educación –115 de 1994-, en
su artículo 68 y siguientes.
[17] Cfr. Artículo 94 de la Ley  65 de 1993.
[18] Cfr. Artículo 69 de la Ley 115 de 1994.
[19] Así lo disponen los artículos 168 y
siguientes de la Ley 115 de 1994.
[20] No puede pasarse por alto la tarea que
desarrollan en el desarrollo y programación de la labor educativo ciertas
entidades pertenecientes al sector como el ICFES.
[21] Artículo 69, Ley 115 de 1994, parágrafo.
[22] Sentencia T-596 de 1992, M.P. Ciro
Angarita Barón.
[23] Sentencia C-394 de 1995.
[24] Sentencia C-394 de 1995. Sobre el asunto
de la pornografía debe recordarse la prohibición establecida en este fallo a
los servidores públicos –guardianes- como divulgadores de material
pornográfico.
[25] Sobre esta específica prohibición se
refirió la Corte en la ya citada sentencia C-394  de 1995.
[26] Sentencia C-394 de 1995.
[27] Sentencia C-318 de 1995.
[28] Todos estos valores y propósitos fueron
condensados tanto en el proyecto de ley como en el texto definitivo de la Ley
65 de 1993 –artículo 10- en el entendido de que se trata de un esfuerzo
institucional para regular coherentemente el fenómeno total del tratamiento  penitenciario.
[29] Sobre la diferenciación entre las figuras
de extinción del dominio, confiscación y comiso pueden consultarse las
sentencias C-066 y C-216 del 93.
[30] Cfr. por ejemplo, el Titulo I de la Ley
65 de 1993, que señala el contenido y los principios rectores del Código
Penitenciario y Carcelario.
[31] El artículo 117 de la Ley 65 de 1993 se
refiere expresamente al principio de legalidad de las sanciones.
[32] Cfr. artículo 127, Ley 65 de 1993.
[33] Sentencia C-318 de 1995, M.P. Alejandro
Martínez Caballero
[34] Sentencia C-394 de 1995.
[35] Sentencia C-411 de 1997, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[36] Ibidem
[37] Cfr. artículo 133 de la Ley 65 de 1993,
que establece los funcionarios competentes para imponer sanciones.
[38] Al respecto puede consultarse la
sentencia C-102 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[39] Artículos 133, 134, 135, 136, 137 y 138
de la Ley 65 de 1993.
[40] Artículo 128. Reincidencia. Se considera
como reincidente disciplinario al recluso que habiendo estado sometido a alguna
de la sanciones establecidas en esta ley, incurra dentro de los 6 meses
siguientes en una de las conductas previstas como faltas leves o dentro del
términos de 3 meses en cualquiera de las infracciones establecidas como graves.
[41] Sentencia C-O60 de 1994, M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[42] Al respecto se puede consultar la
sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.