T-120-15
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-120/15
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Reiteración
de jurisprudencia
ACCION DE TUTELA FRENTE A MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Procedencia
excepcional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable
PROTECCION CONSTITUCIONAL DE LA ACCION DE TUTELA-Medida
definitiva y medida transitoria
PERJUICIO IRREMEDIABLE-Criterios para determinar su
configuración
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE ACREENCIAS LABORALES-Procedencia
excepcional por afectación del mínimo vital
Sobre el reconocimiento de acreencias laborales, la Corte ha
señalado que, por regla general, dicha pretensión es improcedente por la vía
del juicio de amparo, por cuanto en el ordenamiento jurídico se prevén otros
mecanismos de defensa judicial, ya sea ante el juez ordinario laboral o ante el
juez contencioso administrativo, dependiendo de si la vinculación se
realizó mediante contrato de trabajo o por relación legal y reglamentaria, para
resolver este tipo de controversias.Sin embargo, de manera
excepcional, se ha contemplado la viabilidad del amparo para obtener el pago de
dicho tipo de acreencias, cuando por virtud de su
desconocimiento se afectan los derechos fundamentales de los accionantes,
concretamente el derecho al mínimo vital.
ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR
PAGO DE ACREENCIAS LABORALES-Improcedencia por existir otros mecanismos de defensa judicial y
no existir perjuicio irremediable ni afectación del mínimo vital
Referencia:
Expedientes T-4587991,           T-4587994, T-4587995, T-4590456,
T-4590457, T-4590458, T-4590459,          T-4590460,    T-4590461,     T-4593880
y T- 4593881
Magistrado
Ponente:
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC., veintiséis (26) de marzo
dos mil quince (2015)
La Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los
fallos dictados por las autoridades judiciales mencionadas en el siguiente
cuadro:
Número del
expediente
Partes
Autoridad judicial
de primera instancia
Autoridad judicial
de segunda instancia
T-4587991
Nixon Guillermo Tordecilla León y otros[1]
en contra de la Alcaldía del Municipio de Santa Cruz de Lorica.
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Lorica, el 22 de
mayo de 2014.
Juzgado Penal del Circuito de Lorica, el 10 de junio de
2014.
T-4587994
Víctor Manuel Carrasquilla Peñata y otros[2]
en contra de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de Lorica.
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Lorica, el 2 de
mayo de 2014.
Juzgado Penal del Circuito de Lorica, el 16 de junio de
2014.
T-4587995
Rosa Inés Blanquicet Pestana y otros[3]
en contra de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de Lorica.
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Lorica, el 2 de
mayo de 2014.
Juzgado Penal del Circuito de Lorica, el 16 de junio de
2014.
T-4590456
Midaluz Maida Martínez Guerra en contra de la Alcaldía
Municipal de Santa Cruz de Lorica.
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, el 16 de mayo
de 2014.
Juzgado Penal del Circuito de Lorica, el 12 de agosto de
2014.
T-4590457
Jimmy Dailer Ortega Martínez  en contra de la Alcaldía Municipal
de Santa Cruz de Lorica.
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, el 28 de mayo
de 2014.
Juzgado Penal del Circuito de Lorica, el 8 de agosto de
2014.
T-4590458
Alexi Manuel Lagares Ballesta y Heidi Marina Isaza
Arteaga, en representación de su hijo menor de edad Fernando José Hoyos Isaza[4],
en contra de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de Lorica.
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Lorica, el 27 de junio
de 2014.
Juzgado Penal del Circuito de Lorica, el 19 de agosto de
2014.
T-4590459
Rudis Morelo Pérez y otros[5]
en contra de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de Lorica.
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Lorica, el 19 de junio
de 2014.
Juzgado Penal del Circuito de Lorica, el 11 de  agosto de
2014.
T-4590460
Eduar Hernán Sánchez García en contra de  la Alcaldía
Municipal de Santa Cruz de Lorica.
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, el 17 de junio
de 2014.
Juzgado Penal del Circuito de Lorica, el 8 de agosto de
2014.
T-4590461
Gubert José Correa Ávila y otros[6]
en contra de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz Lorica.
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Lorica, el 7 de julio
de 2014.
Juzgado Penal del Circuito de Lorica, el 20 de agosto de
2014.
T-4593880
Edgar Yamir Cabria González y otros[7]
en contra de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz Lorica.
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Lorica, el 9 de julio
de 2014.
Juzgado Penal del Circuito de Lorica, el 21  de agosto de
2014.
T- 4593881
Dagoberto Correa Cafiel y otros[8]
en contra de la Alcaldía Municipal del Santa Cruz de Lorica.
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Lorica, el 2 de julio
de 2014.
Juzgado Penal del Circuito de Lorica, el 19 de agosto de
2014.
I. ANTECEDENTES
1.1 Aclaración metodológica
En Auto del 10 de noviembre de
2014, esta Corporación decidió seleccionar para revisión los casos de la
referencia, en virtud de la atribución prevista en el artículo 33 del Decreto
2591 de 1991. De igual manera, procedió a acumularlos para que fuesen fallados
en una sola providencia, por la existencia de los siguientes elementos en
común: (i) todos están dirigidos contra la Alcaldía Municipal de Lorica; (ii)
en todos ellos se solicita el pago de acreencias por diferentes conceptos y (iii)
todos fueron concedidos por los jueces de primera y segunda instancia.
El punto central de los
expedientes se relaciona con la satisfacción del requisito de subsidiaridad de
la acción de tutela (CP art. 86), por lo que inicial-mente se procederá a
realizar un examen general sobre dicha materia, luego de lo cual, en cada caso
concreto, se examinará si el amparo constitucional propuesto resulta
procesalmente viable para solicitar el pago de las acreencias presuntamente
adeudadas a los accionantes por parte del ente territorial.
No obstante, para mayor claridad
acerca de las particularidades de cada causa, al final de esta providencia, en un
documento anexo, se encuentran desarrolladas, de manera separada, una relación
de los hechos, contestaciones, sentencias y pruebas de cada expediente.
II. CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
2.1. Competencia
Esta Sala es
competente para revisar las decisiones proferidas en la acciones de tutela de
la referencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución Política.
2.2.   Procedencia excepcional
de la acción de tutela
2.2.1.
El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de amparo
constitucional sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable[9].
Esto significa que la acción de tutela tiene un carácter residual o
subsidiario, por virtud del cual “procede de manera excepcional
para el amparo de los derechos fundamentales vulnerados, por cuanto se parte
del supuesto de que en un Estado Social de Derecho existen mecanismos
judiciales ordinarios para asegurar su protección”[10]. El
carácter residual obedece a la necesidad de preservar el reparto de
competencias atribuido por la
Constitución Política a las diferentes autoridades judiciales, lo cual se
sustenta en los principios constitucionales de independencia y autonomía de la
actividad judicial.
No obstante, aun
existiendo otros mecanismos de defensa judicial, la jurisprudencia de esta
Corporación ha admitido que la acción de tutela está llamada a prosperar,
cuando se acredita que los mismos no son lo suficientemente idóneos para
otorgar un amparo integral, o no son lo suficientemente expeditos para evitar
la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Así lo sostuvo la Corte, en la
Sentencia SU-961 de 1999[11],
al considerar que: “en cada caso, el juez está en la obligación de determinar
si las acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y completa a quien
la interpone. Si no es así, si los mecanismos ordinarios carecen de tales
características, el juez puede otorgar el amparo de dos maneras distintas,
dependiendo de la situación de que se trate. La primera posibilidad es que las
acciones ordinarias sean lo suficientemente amplias para proveer un remedio
integral, pero que no sean lo suficientemente expeditas para evitar el
acontecimiento de un perjuicio irremediable. En este caso será procedente la
acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras se resuelve el caso a
través de la vía ordinaria”. La segunda posibilidad es que las acciones comunes
no sean susceptibles de resolver el problema de forma idónea, circunstancia
en la cual es procedente conceder la tutela de manera directa, como mecanismo
de protección definitiva de los derechos fundamentales[12].
En relación
con el primer supuesto, la jurisprudencia constitucional ha establecido
que la acción de tutela procede como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, cuando se presenta una situación de amenaza de
vulneración de un derecho fundamental susceptible de concretarse y que pueda
generar un daño irreversible[13].
Este amparo es eminentemente temporal, como lo reconoce el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991, en los siguientes términos: “En el caso del inciso
anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden
permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial
competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el
afectado”.
Para determinar la configuración
de un perjuicio irremediable, en criterio de este Tribunal, deben concurrir los
siguientes elementos: (i) el perjuicio ha de ser inminente, es decir,
que está por suceder; (ii) las medidas que se requieren para conjurarlo han de
ser urgentes; (iii) el perjuicio debe ser grave, esto es,
susceptible de generar un daño transcendente en el haber jurídico de una
persona; y (iv) exige una respuesta impostergable para asegurar la
debida protección de los derechos comprometidos[14]. En desarrollo de lo
expuesto, en la Sentencia T-747 de 2008[15],
se consideró que cuando el accionante pretende la protección transitoria de sus
derechos fundamentales a través de la acción de tutela, tiene la carga de “presentar
y sustentar los factores a partir de los cuales se configura el perjuicio
irremediable, ya que la simple afirmación de su acaecimiento hipotético es
insuficiente para justificar la procedencia la acción de tutela.”
En cuanto al segundo evento, se entiende que el mecanismo ordinario previsto por el
ordenamiento jurídico para resolver un asunto no es idóneo, cuando, por
ejemplo, no permite resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no
ofrece una solución integral frente al derecho comprometido. En este sentido,
esta Corporación ha dicho que: “el requisito de la idoneidad ha sido interpretado por la
Corte a la luz del principio según el cual el juez de tutela debe dar
prioridad a la realización de los derechos sobre las consideraciones de índole
formal[16].
La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso
concreto, teniendo en cuenta, las características procesales del mecanismo, las
circunstancias del peticionario y el derecho fundamental involucrado”[17].
Finalmente, reitera la
Sala que en atención a la naturaleza eminentemente subsidiaria de la acción de
tutela, esta Corporación también ha establecido que la misma no está llamada a
prosperar cuando a través de ella se pretenden sustituir los medios ordinarios
de defensa judicial[18].
Al respecto, la Corte ha señalado que: “no es propio de la acción de tutela el
[de ser un] medio o procedimiento llamado a remplazar los procesos ordinarios o
especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los
diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a
las existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente
definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la
persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus
derechos constitucionales fundamentales”[19].
2.2.2. Comoquiera
que la mayoría de casos objeto de estudio versan sobre el reconocimiento de
acreencias laborales, es preciso destacar que la Corte ha señalado que, por
regla general, dicha pretensión es improcedente por la vía del juicio de amparo,
por cuanto en el ordenamiento jurídico se prevén otros mecanismos de defensa
judicial, ya sea ante el juez ordinario laboral o ante el juez contencioso administrativo,
dependiendo de si la vinculación se realizó mediante contrato de trabajo o por
relación legal y reglamentaria, para resolver este tipo de controversias. Sin embargo, de manera excepcional, se ha
contemplado la viabilidad del amparo para obtener el pago de dicho tipo de
acreencias, cuando por virtud de su desconocimiento
se afectan los derechos fundamentales de los accionantes, concretamente el
derecho al mínimo vital.
Sobre este
punto, en la Sentencia T-457 de 2011[20],
se indicó que: “Por regla general, la resolución de las controversias
relativas al incumplimiento en el pago de acreencias laborales, entre ellas el
salario o contraprestación mensual, es un asunto que compete a la jurisdicción
laboral. (…) Sin embargo, la sólida línea jurisprudencial que por varios años
ha trazado esta Corporación[21],
plantea de forma pacífica una única excepción sobre la improcedencia general
anotada. Ella se presenta en aquellos eventos en los que el no pago de la
prestación tiene como consecuencia directa la afectación de derechos
fundamentales, concreta y especialmente, el del mínimo vital”[22].
Para tal efecto, el citado
derecho ha sido entendido como: “aquella porción del ingreso que tiene por
objeto cubrir las necesidades básicas como alimentación, salud, educación,
recreación, servicio públicos domiciliarios, etc.”[23]
De ahí que su conceptualización no sólo comprenda un componente
cuantitativo vinculado con la simple subsistencia, sino también un elemento
cualitativo relacionado con el respecto a la dignidad humana como valor
fundante del ordenamiento constitucional. En todo caso, siempre que se alega su
vulneración, es necesario que el interesado enuncie los motivos que le sirven
de fundamento para solicitar su protección, de manera que el juez pueda evaluar
la situación concreta del accionante.
No obstante, la jurisprudencia ha señalado algunos supuestos
en los cuales se presume la vulneración del derecho al mínimo vital, los cuales
se limitan a las siguientes situaciones de hecho: (i) que no se encuentre
acreditado en el expediente que el accionante cuenta con otros ingresos o
recursos que permitan su subsistencia[24]; (ii) que se trate de un incumplimiento
prolongado e indefinido[25],
esto es, de una omisión superior a dos meses, con excepción de aquella remuneración equivalente a un
salario mínimo[26],
y (iii) que las sumas que se reclamen no sean deudas pendientes[27].
De manera que, siempre que se acredite en el trámite de un proceso cualquiera
de los anteriores supuestos, el juez de tutela puede proceder al análisis de
fondo del asunto planteado, a pesar de que el accionante no acredite
directamente la afectación de su mínimo vital por el no pago de acreencias
laborales.
2.2.3. En conclusión, en
respuesta a las características de subsidiariedad y residualidad de la acción
de tutela, ella sólo es procedente cuando no existen medios ordinarios de
defensa judicial; o cuando aun existiendo, los mismos resultan ineficaces para
proteger los derechos en conflicto o para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable. Este último evento se presenta cuando la amenaza de vulneración
de un derecho fundamental es inminente y, de consolidarse, afectaría de manera
grave los bienes jurídicos que se pretenden amparar, por lo que se requiere de
medidas urgentes e impostergables para evitar su materialización. Estas
condiciones –al igual que la idoneidad de los medios judiciales existentes–
deben analizarse en cada caso concreto y, de no acreditarse, la acción
constitucional se torna procesalmente inviable.
Para el caso objeto de estudio,
resulta relevante destacar que en aplicación de la citada regla jurisprudencial
genérica, la Corte ha señalado que la acción de tutela sólo es procedente para
reclamar el pago de acreencias laborales si se acredita la afectación de un
derecho fundamental, como lo es el mínimo vital, siempre que el otro medio de
defensa judicial no sea idóneo; o si, en su lugar, se evidencia la ocurrencia
de un perjuicio irremediable respecto de uno de tales derechos, por ejemplo, en
razón a la edad y al estado de salud del accionante.
2.3. Problema jurídico
A partir de las consideraciones
generales expuestas, le corresponde a la Corte determinar, si los amparos
constitucionales propuestos resultan procesalmente viables para solicitar el
pago de las acreencias presuntamente adeudadas a los accionantes por parte del
Municipio de Santa Cruz de Lorica.
3. Casos Concretos
Los diferentes escenarios
fácticos que se plantean en los once expedientes objeto de revisión, pueden
agruparse en seis causas comunes, las cuales pasarán a resolverse en seguida:
3.1. Expediente T-4587991
Antecedentes
3.1.1. Los accionantes
manifiestan que fueron vinculados como docentes del Municipio de Lorica a
través de sucesivos contratos de prestación de servicios. Sin embargo, señalan
que las circunstancias que rodeaban el desarrollo de su actividad se enmarcaban
dentro de una relación laboral, razón por la cual solicitan al citado municipio
el reconocimiento y pago de todas las presta-ciones sociales y demás acreencias
laborales a que por ley tienen derecho.
Sostienen que han formulado peticiones
solicitando dichos pagos, pero que la Alcaldía las ha resuelto
desfavorablemente, porque no existe disponibilidad presupuestal para atender las
citadas obligaciones.
Con fundamento en los anteriores
hechos, los peticionarios solicitan el amparo de sus derechos a la igualdad, al
debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social, al trabajo y a la
dignidad humana. Para tal efecto, piden que se proceda al pago de las
siguientes acreencias: (i) la prima de vacaciones, (ii) la indemnización de
vacaciones de navidad, (iii) las cesantías, (iv) los intereses de cesantías,
(v) la sanción moratoria por el no pago oportuno de cesantías, (vi) el subsidio
de transporte, (vii) el reembolso del valor cancelado por los accionantes a la
seguridad social por el tiempo que duró la vinculación (viii) los intereses
moratorios de las prestaciones sociales, (ix) la prima de alimentación y (x)
las dotaciones de vestido y calzado. Lo anterior, de acuerdo con el tiempo
total laborado y con la indexación que corresponda.
3.1.2. En su escrito de
contestación, el Municipio de Santa Cruz de Lorica solicitó que se declare la
improcedencia del amparo, por cuanto los accionantes cuentan con otros
mecanismos de defensa judicial para satisfacer sus pretensiones. Por lo demás, se
señaló que no se probó la afectación de los derechos fundamentales alegados por
los accionantes, pues no existe prueba de que no cuenten con otras rentas para subsistir.
3.1.3. En sentencia del 22 de
mayo de 2014, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Lorica concedió el
amparo. Al respecto, consideró que la negligencia del citado municipio al
momento de reconocer las prestaciones sociales adeudadas, repercute en el
mínimo vital de sus núcleos familiares. Adicionalmente de manera genérica, consideró
que los otros medios de defensa judicial no resultaban idóneos para proteger
los derechos invocados, pues existía una situación económica apremiante que
podría poner en riesgo en mínimo vital de los accionantes y de sus familias.
Con fundamento en lo anterior,
ordenó a la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de Lorica el pago de las sumas reclamadas
por los accionantes, excepto la cancelación de la sanción moratoria por el no
pago oportuno de cesantías.
3.1.4. La anterior decisión fue
impugnada por la accionada reiterando los argumentos expuestos en la
contestación de la tutela.
3.1.4. En sentencia del 10 de
junio de 2014, el Juzgado Penal del Circuito de Lorica confirmó la decisión del
a-quo, para lo cual agregó que el municipio accionado desconoció el
derecho a la igualdad de los peticionarios, porque reconoció a dos personas, en
situación similar, las prestaciones reclamadas.
Consideraciones
3.1.5. Conforme se señaló en el
problema jurídico, en el presente caso, le corresponde a la Sala determinar, si
el amparo constitucional propuesto resulta procesalmente viable para solicitar
el pago de las acreencias laborales presuntamente adeudadas a los accionantes
por parte del Municipio de Santa Cruz de Lorica.
Como se expuso en el aparte
considerativo de esta providencia, la acción de amparo constitucional sólo
procede cuando no existen medios ordinarios de defensa judicial; o cuando aun
existiendo, los mismos resultan ineficaces para proteger los derechos en
conflicto o para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
En el asunto bajo examen, se
observa que, en principio, el juez de tutela no es el llamado a intervenir en la
definición del presente asunto, en especial si tiene en cuenta que la discusión
gira en torno a la declaratoria de un contrato realidad, cuya resolución escapa
al ámbito de competencia de los jueces constitucionales y, en su lugar, le
corresponde a la justicia administrativa por vía del juicio de nulidad[28].
Sin embargo, de forma excepcional podría adelantarse un examen sobre la materia,
siempre que la supuesta la falta de pago de las acreencias laborales –a las que
habría lugar de encontrar que existe una relación de trabajo– afecte
directamente el derecho mínimo vital de los demandantes y, por ello, requieran
medidas urgentes e impostergables para poder cubrir sus necesidades básicas.
En este sentido, ante la
existencia de otro mecanismo de defensa judicial y en la medida en que no se
controvierte por los accionantes su eficacia, es claro que la presente acción
de tutela tan sólo resultaría procedente como mecanis-mo transitorio de
protección, en caso de que se observe que los accionantes se encuentran
sometidos a la posible materialización de un perjuicio irremediable respecto de
su derecho al mínimo vital[29].
3.1.6. Visto lo anterior, la Sala
considera que en el expediente de la referencia, los accionantes no acreditaron
circunstancias que permitan determinar la existencia de una amenaza o una
vulneración del derecho al mínimo vital o a la dignidad humana, pues se acude a
la mera manifestación de una circunstan-cia genérica carente de elementos de
convicción. Así, sin sustento alguno, se observa que la
apoderada afirma que: “El salario y las prestaciones sociales son el único
recurso con los que cuentan mis poderdantes, para su manutención y la del
núcleo familiar, por lo tanto, con el no pago de las mismas se pone en peligro
el derecho a su subsistencia y al bienestar de su familia.”
En este orden de ideas, no se
acompaña con la demanda, ni en las actuaciones posteriores, prueba alguna que
acredite que el no pago de las supuestas acreencias laborales solicitadas por
los accionantes (incluso si se accediera a reconocer la existencia de un
contrato realidad) les genera un perjuicio grave e inminente, respecto de las
necesidades básicas que integran el derecho fundamental al mínimo vital y que
repercuten en la garantía del trato digno, como ocurre, entre otras, con los
componentes de salud, educación, alimenta-ción y servicio públicos
domiciliarios. En otras palabras, no se acreditó, ni siquiera de forma sumaria,
la existencia de un perjuicio irremediable que requiera de la intervención de
juez constitucional, ya que en ninguna parte del expediente de la referencia,
los demandantes justifican la inminencia de un daño sobre sus derechos
fundamentales y las razones por las cuales se deben adoptar medidas urgentes e
impostergables. Por lo demás, tampoco se alegó ni se demostró que por sus
situaciones particulares (v.gr. su edad o estado de salud), estuviesen en
imposibilidad de acudir ante los jueces naturales de la causa.
3.1.7.  Ahora bien, como
previamente se dijo, existen casos en los que la jurisprudencia constitucional
presume la afectación del derecho al mínimo vital, a pesar de no estar probada
su ocurrencia de manera concreta[30].
A partir del estudio del escrito de demanda y de sus anexos, no es posible
evidenciar en los asuntos bajo examen el cumplimiento de los supuestos que
permiten la aplicación de dicha presunción, por un lado, porque lo que se
reclama son supuestas deudas pendientes y, por el otro, porque la discusión se
centra en la definición del tipo relación que existe entre las partes, cuyo
escenario natural de deliberación se presenta ante los jueces ordinarios y no
constitucionales.
En consecuencia, no se observan
que estén dadas condiciones para que el juez constitucional pueda intervenir en
la causa de la referencia, la cual debe ser resuelta por las instancias
pertinentes.
3.1.8. En un caso idéntico, la
misma decisión fue adoptada por esta Corporación en la Sentencia T-016 de 2015[31],
en el que unos docentes que prestaban sus servicios al Municipio de Lorica
solicitaban el pago de todas las prestaciones sociales derivadas de la
declaratoria de un contrato laboral y que fue concedida en primera instancia
por el mismo juzgado promiscuo de Lorica. En aquella oportunidad la Sala
encontró que en ese caso no se cumplía el presupuesto de subsidiaridad, en
tanto los accionantes contaban con otros mecanismos de defensa judicial y no se
acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
3.1.9. Con fundamento en las razones previamente expuestas, en la parte
resolutiva de esta providencia, se revocará la sentencia proferida el 10 de
junio 2014 por el Juzgado Penal del Circuito de Lorica y, en su lugar, se
declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.
3.2. Expediente T-4587994
Antecedentes
3.2.1. Los accionantes
manifiestan que prestaron sus servicios al municipio de Lorica y que
actualmente son pensionados. Sostienen que el citado municipio se constituyó en
mora respecto del pago de mesadas pensionales, primas semestrales y de navidad,
desde el mes de octubre de 2006, hasta el mes de diciembre de 2013.
Manifiestan que el municipio no
ha cancelado el interés moratorio a título de sanción por incumplimiento en el
pago oportuno y tampoco ha efectuado el reajuste pensional dispuesto en la Ley
445 de 1998, lo cual afecta principal-mente su derecho al mínimo vital, toda
vez que son personas de la tercera edad que dependen de sus mesadas pensionales
para cubrir sus gastos mínimos.
Acuden a la acción de tutela
porque, a su juicio, no existen otros mecanismos de defensa judicial idóneos
para la satisfacción de sus pretensiones, toda vez que se trata de personas de
avanzada edad con problemas de salud. Por lo anterior, los accionantes
solicitan el amparo de sus derechos a la igualdad, a la seguridad social y al
mínimo vital, en un contexto acorde con su condición de personas de la tercera
edad. Por lo anterior, piden que se ordene al Municipio de Santa Cruz de Lorica
pagar el reajuste pensional y los intereses de mora que se causaron por el pago
atrasado de las mesadas pensionales, primas semestrales y prima de navidad,
desde el año 2006 hasta el 2013.
3.2.2. El Municipio de Santa Cruz
de Lorica intervino en el proceso y solicitó que se declarara la improcedencia
el amparo constitucional. Sobre el particular, indicó que los accionantes
cuentan con otros mecanismos ante el juez contencioso administrativo para la
satisfacción de sus pretensiones, de manera que, como en el caso concreto el
apoderado de los accionantes no demostró que la acción de nulidad y
restablecimiento de derecho no era idónea ni eficaz, ni que se encuentran
frente a un perjuicio irremediable, no se encuentra cumplido el requisito de
subsidiariedad.
Concretamente, sobre el reajuste
pensional, advirtió que su reconocimiento no resulta procedente, toda vez que
no se logró probar la afectación del mínimo vital de los accionantes y tampoco
se demostró que se hubiesen adelantado alguna actuación tendiente a obtener el
reconocimiento de dicha pretensión.
Por último, advirtió que gran
cantidad de las acreencias laborales reclamadas se encontraban prescritas por
el paso del tiempo.
3.2.3. En sentencia del 2 de mayo
de 2014 el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Lorica concedió el amparo
impetrado, pues consideró que la Alcaldía no logró desvirtuar la afectación al
mínimo vital que causaba la falta de pago del reajuste y de los intereses moratorios
a los accionantes.
En consecuencia, ordenó reconocer
el pago de reajuste pensional y los intereses de mora que se causaron por el
pago atrasado de las mesadas pensionales, primas semestrales y primas de
navidad, desde el año 2006 hasta el año 2013, de acuerdo con el valor de la
pensión que percibía cada uno de ellos establecido en la Ley 445 de 1998.
3.2.4. El Municipio de Santa Cruz
de Lorica impugnó la anterior decisión, con fundamento en los mismos argumentos
expuestos en su escrito de contesta-ción.
3.2.5. En sentencia del 16 de
junio de 2014, el Juzgado Penal del Circuito de Lorica confirmó la sentencia
del a-quo, pues consideró que el incumplimiento en el pago del reajuste
pensional y de los intereses de mora está vulnerando el derecho al mínimo
vital, cuya afectación no fue desvirtuada por el municipio.
Consideraciones
3.2.6. Como previamente se
expuso, la acción de amparo constitucional sólo procede cuando no existen
medios ordinarios de defensa judicial; o cuando aun existiendo, los mismos
resultan ineficaces para proteger los derechos en conflicto o para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.
En primer lugar, sobre la
pretensión de pago de intereses de mora, este Tribunal ha insistido en la
improcedencia de su reconocimiento mediante la vía del amparo constitucional, en
atención a que el perjuicio causado por el retardo en la cancelación de
una obligación debe demostrarse ante la justicia ordinaria. En este sentido,
cabe resaltar lo expuesto en la Sentencia T-435 de 1998[32],
en la que se señaló que:
“[La] acción de tutela por este concepto no está llamada
a prosperar, por cuanto se persigue únicamente la cancelación de dineros como
consecuencia del retardo en el pago de obligaciones reconocidas, sin haberse
acreditado el perjuicio requerido para la procedencia de la acción y cuando
para ello existe otro medio de defensa judicial (Cfr.T-175 de 1997, SU-400 de
1997, y T- 499 de 1997).”[33]
En segundo lugar y respecto de la
siguiente pretensión, esto es, acerca del reajuste de las mesadas pensionales, la
Corte se ha pronunciado en el mismo sentido, señalando que resulta improcedente
por el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, de manera que,
sólo en casos excepcionales, podría resultar viable su estudio, siempre que se
acuda al amparo como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable[34].
Los requisitos que ha señalado la
jurisprudencia para la procedibilidad de la acción de tutela, en caso de
reliquidación o reajuste de mesadas pensionales son[35]:
“a) Que la
persona haya agotado los recursos en sede administrativa y la entidad mantenga
su decisión de no reconocer el derecho.
b) Que se
hubiere acudido ante la jurisdicción respectiva, se estuviere en tiempo de
hacerlo o ello fuere imposible por motivos ajenos al peticionario.
c) Que además
de tratarse de una persona de la tercera edad, ésta demuestre la amenaza de un
perjuicio irremediable, esto es, que el perjuicio afecte la dignidad humana, la
subsistencia en condiciones dignas, la salud, el mínimo vital, que existan
lazos de conexidad con derechos fundamentales, o que evidencie que someterla a
los trámites de un proceso ordinario le resultaría demasiado gravoso.
d) En
concordancia con lo anterior, para determinar si la acción de tutela es o no
procedente como mecanismos transitorio, no resulta suficiente invocar
fundamentos de derecho, sino que son necesarios también fundamentos fácticos
que den cuenta de las condiciones materiales de la persona. En caso contrario,
el asunto adquiere carácter estrictamente litigioso y, por lo mismo, ajeno a la
competencia del juez de tutela”.
Sobre el
requisito dispuesto en el literal c), la Corte ha sido enfática en señalar que
el hecho de que una persona haya llegado a la tercera edad y que por esa
circunstancia sea sujeto de especial protección por parte del Estado, no hace por
si sólo procedente la acción, pues se requiere que el juez verifique que exista
una vulneración o amenazada de un derecho fundamental[36].
Teniendo en cuenta que en este
caso existen otros mecanismos de defensa judicial, pues lo pretendido por los
accionantes puede ser resuelto a través de las vías contenciosas previstas a
cargo de los jueces administrativos; se observa que, en principio, el juez de
tutela no es el llamado a intervenir en el asunto bajo examen, a menos que la
falta de pago de las sumas presuntamente adeudadas pudiera concretarse en un
perjuicio irremediable.
En este sentido, ante la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial y en la medida en que no se
controvierte su eficacia, más allá de hacer referencia a la avanzada edad de
los accionantes, la presente acción de tutela tan sólo resultaría procedente
como mecanismo transitorio de protección, en caso de que se observe que los
accionantes se encuentran sometidos a la posible materialización de un
perjuicio irremediable.
3.2.7. Visto lo anterior, en el
presente caso, aun cuando los demandantes indicaron que dependen de sus mesadas
pensionales para cubrir sus gastos y que algunos de ellos aportaron
declaraciones juramentadas en el sentido de manifestar que sus compañeros y
compañeras sentimentales se encuentran sometidos a una relación de sujeción
económica respecto de ellos, no se especifican puntalmente los motivos por los
cuales las pensiones que actualmente reciben no son suficientes para el pago de
sus gastos de manutención, de manera que se acude a una simple referencia
genérica sin que se acompañen los elementos de juicio que la justifiquen.
Bajo esta perspectiva, en
criterio de la Corte, es claro que no se acompaña prueba alguna que acredite
que el no pago de los intereses de mora y el reajuste pensional solicitados por
los accionantes les genere un perjuicio grave e inminente, respecto de las
necesidades básicas que integran el derecho fundamental al mínimo vital y que
repercuten en la garantía del trato digno, entre las cuales se encuentran los
componentes de vestuario, salud, educación, alimentación y servicio públicos
domiciliarios. En este sentido, es evidente que no se acreditó ni siquiera de
forma sumaria la existencia de un perjuicio irremediable que requiera de la
intervención de juez constitucional, ya que en ninguna parte del expediente se
justifica por los demandantes la inminencia de un daño sobre sus derechos
fundamentales y las razones por las cuales se deben adoptar medidas urgentes e
impostergables, pues además se trata de sumas abstractas que no permiten
determinar la magnitud del impacto que generaría su no pago.
En efecto, no se constata el
cumplimiento de ninguno de los requisitos decantados por la jurisprudencia para
que prospere de forma transitoria la pretensión de pago del reajuste pensional,
ya que, en primer lugar, no existe prueba de que los accionantes hayan agotado
los recursos en sede adminis-trativa o que hubieren acudido ante la
jurisdicción respectiva, en este último caso resaltando que estuvieren en tiempo
de hacerlo, pues hay pretensiones que datan del año 2006. En segundo lugar, tampoco
se acreditó que además de ser personas de la tercera edad estén ante un
perjuicio que afecte su dignidad humana (condiciones mínimas de subsistencia,
salud o mínimo vital), al tiempo que no se esgrimieron razones para justificar
que el hecho de someterlas a un trámite ordinario les resultaría demasiado
gravoso, bajo la circunstancia de que actualmente perciben un ingreso
correspondiente al pago normal de sus mesadas pensionales. Al respecto, si bien
la apoderada afirmó que los accionantes padecen problemas de salud, una vez
más, se trató de una afirmación genérica, carente de sustento fáctico.
En consecuencia, no se observan
que estén dadas condiciones para que el juez constitucional pueda intervenir en
este asunto, el cual debe ser resuelto por las instancias ordinarias
pertinentes.
3.2.8. Con fundamento en las razones previamente expuestas, en la parte
resolutiva de esta providencia, se revocará la sentencia proferida el 16 de
junio de 2014 por el Juzgado Penal del Circuito de Lorica y, en su lugar, se
declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.
3.3. Examen agrupado de los expedientes
T-4587995, T-4590456,             T-4590458, T-4590459 y T-4593880
Antecedentes
3.3.1. Los accionantes afirman
que son docentes o que laboraron en estableci-mientos ubicados en áreas rurales
catalogadas como de difícil acceso por el ente municipal, razón por la cual
solicitan el pago de la bonificación por difícil acceso de los años 2004 al
2013[37],
la reliquidación de las sumas pagadas por este concepto en los años 2008 y 2010[38]
y el auxilio de movilización desde el año 2004 hasta la fecha[39].
Adicionalmente, en los
expedientes T-4587995, T-4590456 y T-4590458, los accionantes piden el pago de
la prima de servicios y la prima de antigüedad, desde el 2004 hasta el 2013,
con la salvedad de que en el segundo de ellos, la prima de servicios se
solicita desde el año 2003.
Consideran que con el no pago de
las sumas adeudadas se está desconociendo el derecho al mínimo vital, pues han
tenido que tomar de sus salarios para sufragar los costosos viáticos para
llegar a sus sitios de trabajo. Puntualmente, en el expediente T-4590459, la
apoderada de los accionantes señala que son madres cabeza de familia, mientras
que en el expediente T-4590458, se dice  que el señor Luis Fernando Hoyos Arteaga
falleció víctima del robo de una suma de dinero, que debió pedir prestada para
comprar una moto que lo llevara a su lugar de trabajo.
Al margen de lo anterior, en la
mayoría de expedientes, los demandantes señalan que a través de varias acciones
de tutela, las cuales adjuntan a su solicitud de amparo, se han reconocido las
mismas prestaciones reclamadas a otros docentes y personal administrativo que
prestan sus servicios bajo las mismas condiciones que lo hacen ellos, de manera
que, a su juicio, la presente acción debe prosperar en virtud del derecho a la
igualdad.
3.3.2. El Municipio de Santa Cruz
de Lorica intervino en todos los procesos solicitando la declaratoria de
improcedencia de las acciones de tutela, por cuanto para lograr la satisfacción
de sus pretensiones, los accionantes cuentan con otros mecanismos de defensa ante
la Administración y ante los jueces. Por lo demás, afirma que no se logró
demostrar que existe un perjuicio irremediable, ni que los medios ordinarios de
defensa sean ineficaces o carentes de idoneidad.
Por lo demás, sostuvo que no se
probó la afectación al mínimo vital, máxime cuando se pretenden prestaciones
laborales en abstracto, cuyos montos ni siquiera están acreditados en el
proceso. Advirtió que muchas de las pretensiones se encuentran prescritas por
el paso del tiempo y que, en algunos casos, no se probó la vinculación legal y
reglamentaria de los accionantes.
Concretamente, acerca de la
bonificación por difícil acceso, señaló que de acuerdo con el Decreto 1171 de 2004,
su procedencia es estudiada cada año por el alcalde o gobernador del ente
territorial, de tal manera que dicha prestación no puede ser reconocida
retroactivamente a partir del año 2004, como lo pretenden los accionantes.
Acerca de la prima de servicios,
señaló que la misma no está regulada legalmente para los docentes, por lo que resulta
equivocado pretender que se le apliquen los beneficios del Decreto 1042 de 1978
a dicha población, pues dicho régimen está consagrado exclusivamente para los
empleados públicos de la administración central. Adicionalmente señaló que sólo
a partir del 2014 se consagró dicha prima para el personal docente.
Por último, en cuanto a la prima
de antigüedad, señaló que el Ministerio de Educación demandó y solicitó la
suspensión provisional de los efectos de la ordenanza que institucionalizó el
pago de la citada prestación, pues la competencia para su creación corresponde
al Congreso de la República, de manera que no le corresponde al ente
territorial efectuar su pago.
3.3.3. Los jueces de primera
instancia concedieron el amparo de los derechos fundamentales invocados y
ordenaron a la entidad demandada el pago de todas las acreencias solicitadas
por los accionantes, pues, a su juicio, a todos les asistía derecho a ellas[40].
Acerca de la procedencia de la
acción de tutela, señalaron que la negligencia del ente demandado al momento de
reconocer las prestaciones a las que tienen derecho los accionantes, está
repercutiendo en el mínimo vital de sus núcleos familiares, por lo que
consideraron de manera genérica que los otros medios de defensa judicial no
resultaban idóneos, pues la situación económica por la que estaban atravesando
era apremiante.
En el expediente T-4590458, el
juez no ordenó el pago de las sumas adeudadas, pues se encuentra en discusión
la titularidad de los derechos sucesorales del señor Luis Fernando Hoyos
Arteaga, por lo que se le impuso a la Alcaldía iniciar los trámites
administrativos para el emplazamiento de los herederos determinados e
indeterminados del causante, para que comparezcan a la entidad y puedan
garantizar sus derechos.
3.3.4. Las anteriores decisiones
de los jueces de primera instancia fueron impugnadas por el Municipio de Santa
Cruz de Lorica, con similares argumentos a los expuestos en la contestación de
las tutelas.
3.3.5. En todos los casos, el
Juzgado Penal del Circuito de Lorica confirmó las decisiones de instancia, básicamente
por considerar que se está desconociendo el derecho a la igualdad de los
accionantes, en tanto en otras acciones de amparo con supuestos idénticos a los
que son objeto de estudio en esta ocasión, las prestaciones reclamadas fueron
concedidas.
Además manifestó que hasta la
fecha el ente territorial demandado no ha reconocido ni pagado las sumas
adeudadas, abusando de la buena fe de los accionantes, y afectándoles sus derechos
fundamentales, al punto que no tienen otra alternativa que reclamar sus
derechos mediante la acción de tutela.
En el expediente T-4587995, el
juez revocó la orden respecto de la indexación de las sumas reconocidas y
pagadas, por considerar que la misma resulta improcedente a través del juicio
de amparo.
Consideraciones
3.3.6. De acuerdo con lo
expuesto, le corresponde a esta Sala de Revisión determinar, si los amparos
constitucionales propuestos resultan procesalmente viables para solicitar el
pago de las acreencias laborales presuntamente adeudadas a los accionantes por
parte del Municipio de Santa Cruz de Lorica.
Como se expuso en el aparte
considerativo de esta providencia, la acción de amparo constitucional sólo
procede cuando no existen medios ordinarios de defensa judicial; o cuando aun
existiendo, los mismos resultan ineficaces para proteger los derechos en
conflicto o para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Teniendo en cuenta que en este
caso existen otros mecanismos de defensa judicial, pues lo pretendido por los
accionantes puede ser resuelto por el juez contencioso administrativo; se
observa que, en principio, el juez de tutela no es el llamado a intervenir en
el asunto bajo examen, a menos que la falta de pago de las acreencias laborales
reclamadas afecte directamente el mínimo vital de los demandantes y, por ello,
requieran medidas urgentes e impostergables para poder cubrir sus necesidades
básicas.
En este sentido, ante la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial y en la medida en que no se
controvierte su eficacia, la presente acción de tutela tan sólo resultaría
procedente como mecanismo transitorio de protección, en caso de que se observe
que los accionantes se encuentran sometidos a la posible materialización de un
perjuicio irremediable respecto de su derecho al mínimo vital[41].
3.3.7. Bajo este contexto, en el asunto
sub-examine, aun cuando los deman-dantes indicaron que requieren de
medidas urgentes y necesarias para amparar sus derechos, no especificaron ni
puntualizaron los motivos en los que fundan dicha afirmación, ya que sus
apoderados tan sólo mencionan genéricamente que los salarios de sus poderdantes
son muy bajos y que les toca hacer uso de los mismos para sufragar los costosos
viajes que demanda acudir a sus lugares de trabajo, si bien en el expediente
T-4590459 la apoderada de los accionantes sostiene que las mismas son madres
cabeza de familia, no obra prueba que permita corroborar tal situación. No se
observa entonces que los accionantes hayan acreditado de manera precisa las
circunstancias que conducen a la afectación de su derecho fundamental al mínimo
vital, ya que se acude a la simple enunciación de un problema abstracto y
genérico que no se soporta probatoriamente.
Bajo esta perspectiva y ante la
carencia de pruebas que acredite que el no pago de las acreencias laborales
solicitadas por los accionantes les genera un perjuicio grave e inminente,
respecto de las necesidades básicas que integran el derecho fundamental al
mínimo vital, es claro que las acciones propuestas no estarían llamadas a
prosperar. Aunado a lo anterior, como ocurrió en los otros casos objeto de
examen en la presente providencia, tampoco se alegó ni se demostró que por sus
situaciones particulares (v.gr. su edad o estado de salud), estuviesen en
imposibilidad de acudir ante los jueces naturales de la causa.
3.3.8.  No obstante lo anterior,
como previamente se dijo, existen casos en los que la jurisprudencia
constitucional presume la afectación del derecho al mínimo vital, a pesar de no
estar probada su ocurrencia de manera concreta[42].
A partir del estudio del escrito
de demanda y de los documentos anexos a la misma, se observa que el pago que se
busca obtener por vía constitucional se refiere a supuestas deudas pendientes,
cuyo origen se remonta al año 2004, lo que desvirtúa el carácter inminente del
amparo constitucional.
3.3.9. Una circunstancia
adicional que descarta la procedencia del amparo, se encuentra en que no se
acreditó la vinculación formal de todos los actores a la entidad demandada, ni
su negativa a las solicitudes de reconocimiento de las prestaciones reclamadas,
ni los documentos que certifiquen los derechos que supuestamente les asisten.
Por esta razón, difícilmente podría considerarse que el derecho fundamental al
mínimo vital o cualquier otro se encuentra amenazado o vulnerado, dado que se
trata de prestaciones cuya titularidad ni siquiera está acreditada.
En consecuencia, no se observan
que estén dadas condiciones para que el juez constitucional pueda intervenir en
este asunto, el cual debe ser resuelto por las instancias ordinarias
pertinentes.
Además, es preciso destacar que
si bien se acompañaron con las demandas algunos fallos de tutela en los que se
ordenó el pago de acreencias laborales a maestros, el alcance de dichas
providencias se circunscriben a las partes de cada proceso y a las
circunstancias que rodearon cada uno de esos casos, en virtud de los efectos inter
partes que por regla general tienen las sentencias de tutela. De la
existencia de los mismos, no puede inferirse per se una presunta
discriminación y una vulneración del derecho a la igualdad, sin que previamente
se haya acreditado que las situaciones de hecho y de derecho son comparables o
asimilables, en virtud de las particularidades que identifican al juicio de
amparo[43].
Dicho ejercicio no podía adelantarse en el asunto sub examine, como
previamente se señaló, teniendo en cuenta la ausencia de elementos de
convicción.
3.3.10. Por último, la Sala
advierte que la misma decisión fue adoptada en un caso idéntico por esta
Corporación en las Sentencias T-885 de 2013[44]
y T-016 de 2015[45],
en el que unos docentes que prestaban sus servicios al Municipio de Lorica
solicitaban el pago de la bonificación por difícil acceso, su reliquida-ción,
así como el auxilio de movilización y las primas de servicios y antigüedad. En esas
oportunidades, la Sala encontró que no se cumplía el presupuesto de
subsidiaridad, en tanto los accionantes contaban con otros mecanismos de
defensa judicial y no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
3.3.11. Con fundamento en las razones previamente expuestas, se revocarán las
sentencias proferidas el 16 de junio, el 12, 19, 11 y 21 de agosto de 2014 por
el Juzgado Penal del Circuito de Lorica que, respectiva-mente, confirmó las
decisiones de primera instancia y, en su lugar, se declarará la improcedencia
de las solicitudes de amparo.
3.4. Expedientes T-4590457 y
T-4590460
3.4.1. En los citados expedientes,
los accionantes señalan que el referido municipio les adeuda las sumas de $
53.597.584 y $ 98.648.048 por concepto del pago de saldos pendientes de
contratos que fueron celebrados en 2007 y 2008, respectivamente.
Sostienen que el no pago de
dichas sumas afecta gravemente su economía familiar y personal, razón por la
cual acuden a la acción de tutela para el amparo de su derecho fundamental al
mínimo vital y al trabajo. Con fundamento en lo anterior, piden que se ordene a
la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de Lorica pagar las sumas adeudadas por
concepto de los contratos celebrados con el ente municipal
Adicionalmente, en el expediente T-4590457,
el accionante sostiene que se está desconociendo su derecho fundamental de
petición, pues no se ha dado respuesta favorable a la solicitud de pago del
saldo adeudado presentada por el Asesor Jurídico de ASOSANJORGE, sociedad
contratista que le cedió sus derechos en un convenio interadministrativo;
mientras que, en el expediente T-4590460, el accionante señala que se está
desconociendo su derecho a la igualdad, pues a otros contratistas, en su misma
situación, se les han cancelado sus acreencias, después del acuerdo de reestructuración
que celebró la citada entidad territorial.
3.4.2. El Municipio de Santa Cruz
de Lorica intervino en los dos procesos y solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción, por cuanto existen otros mecanismos judiciales
ordinarios que resultan idóneos y eficaces para el pago de las sumas adeudadas
a los contratistas y porque tampoco se demostró la afectación de su derecho al
mínimo vital.
En relación con el expediente
T-4590460, se señaló que el accionante tenía la posibilidad de solicitar al
Comité de Conciliación incluir su acreencia dentro del acuerdo de
restructuración de pasivos en el que se encuentra incurso el municipio, de
manera que no se está desconociendo su derecho a la igualdad, pues los contratistas
a quienes el accionante afirma que se le pagó las sumas adeudadas, sí acudieron
a la convocatoria realizada por el municipio para la reestructuración de
pasivos.
3.4.3. En los dos casos
mencionados, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica concedió el
amparo deprecado y ordenó al ente territorial efectuar los pagos de los saldos
pendientes por concepto de los contratos celebrados.
En el primero de los casos,
consideró que al accionante se le desconoció su derecho de petición, pues si
bien se le dio respuesta formalmente a su solicitud de pago, no se le explicaron
los motivos de la demora.
En el segundo caso encontró que
se desconoció el derecho a la igualdad del contratista, pues no se le dio el
mismo trato que a los demás acreedores sujetos al proceso de restructuración.
3.4.4. El municipio de Santa Cruz
de Lorica impugnó las anteriores decisiones reiterando los argumentos expuestos
en su contestación.
3.4.5. El Juzgado Penal del
Circuito del citado municipio confirmó las decisiones proferidas en ambas
oportunidades por el a-quo, con fundamento en las mismas razones
expuestas.
Consideraciones
3.4.6. Como se expuso en el
aparte considerativo de esta providencia, la acción de amparo constitucional
sólo procede cuando no existen medios ordinarios de defensa judicial; o cuando
aun existiendo, los mismos resultan ineficaces para proteger los derechos en
conflicto o para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Concretamente, sobre la
pretensión de pago de sumas adeudadas por concepto de contratos estatales, esta
Corporación ha sido enfática en señalar que la misma resulta improcedente por
la naturaleza misma del negocio jurídico que le subyace. Así ha dicho que:
“La existencia de estos medios judiciales [acción contractual
y proceso ejecutivo] para que se declare el incumplimiento de un contrato
estatal o para que se obligue a una entidad estatal a pagar una obligación
dineraria conduce a la conclusión de que la acción de tutela no es la vía
adecuada para exigir el pago de la suma adeudada por el municipio de Maicao al
actor. En efecto, la tutela sólo procede cuando no existe otro medio
idóneo y efectivo de defensa judicial. Ha de tenerse en cuenta, además, que la
acción de tutela tiene por objeto la defensa de los derechos fundamentales de
las personas. Los derechos que se derivan de los contratos estatales, dada su
fuente, no tienen esta naturaleza.”[46]
A pesar de la improcedencia prima
facie de la acción de tutela para pretender el pago de saldos por concepto
de contratos celebrados con el Estado, esta Corporación ha reiterado que, sólo
en casos eminentemente excepcionales, el amparo sería procedente de manera
transitoria, cuando se verifique la ocurrencia de un perjuicio irremediable en
los derechos fundamentales de los accionantes, como sería el caso en que el
mínimo vital del contratista se vea afectado por el no pago de las sumas
presuntamente adeudadas.
3.4.7. Visto lo anterior, en los
dos casos que se someten a consideración, es clara la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial, en especial aquel contenido en el artículo 298
de la Ley 1434 de 2011, que faculta al contratista para acudir ante el juez
contencioso administrativo y solicitar el pago de obligaciones contractuales a
cargo del Estado. Adicionalmente, en el caso del expediente T-4590460, el
accionante contaba con la posibilidad de solicitar que fuera incluido dentro
del acuerdo de reestructuración, bajo las normas contenidas en la Ley 550 de
1999.
En este orden de ideas, dado que
ninguno de los accionantes descartó la procedencia o idoneidad de estos
mecanismos, la acción de tutela resulta improcedente para amparar los derechos
presuntamente vulnerados, a menos que la misma se utilice como mecanismo
transitorio para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
3.4.8. Estudiados los expedientes
no se encuentra en ninguno de ellos una prueba que permita inferir que de no
proceder al pago de las sumas presuntamente adeudadas por el municipio de
Lorica, se estaría generando un perjuicio irremediable, pues más allá de la
afirmación de que sus economías familiares se encuentran gravemente afectadas,
no existe ningún elemento que le permita a esta Sala de Revisión llegar a la
convicción de que el amparo resulta imperioso e impostergable. Por lo demás,
tampoco se manifestó que, por alguna circunstancia particular, les fuera
imposible acudir a la jurisdicción contenciosa para obtener un pronunciamiento
frente a sus pretensiones.
En consecuencia, no se observan
que estén dadas condiciones para que el juez constitucional pueda intervenir en
este asunto, el cual debe ser resuelto por las instancias ordinarias
pertinentes.
3.4.9. Por último, en cuanto a la
decisión de amparar el derecho fundamental de petición del señor Ortega
Martínez en el expediente T-4590457, esta Sala encuentra que respecto de la
solicitud de entrega de documentos relacionados con el contrato suscrito, la
cual fue presentada el 30 de octubre de 2013, se obtuvo una respuesta por el
Alcalde Municipal Encargado el 23 de diciembre de dicho año[47],
sin que el accionante hubiese formulado reparo frente a esa respuesta.
Por lo demás, en caso de considerar
que la protección del derecho de petición se invoca respecto de la solicitud
impetrada por el Asesor Jurídico de ASOSANJORGE, la Sala recuerda que la
legitimación en la protección del citado derecho recae, específicamente, en quien
suscribió la solicitud y no en el señor Ortega Martínez. En efecto, en la Sentencia
T-817 de 2002 reiterada en la Sentencia T-542 de 2006[48],
esta Corporación señaló que:
“De tal forma
que la titularidad o el derecho subjetivo de petición nace a la vida jurídica
al momento en que la persona por su cuenta o a su nombre presenta petición ante
la autoridad o el particular; ya en el evento de insatisfacción o de presunta
vulneración del derecho, solamente el signatario[49]
estará legitimado para promover, tanto los trámites administrativos (recursos,
silencios administrativos), como las diversas acciones judiciales (nulidad y
restablecimiento, tutela), según el caso.
No aceptarlo
así provocaría que eventualmente la administración, el juez contencioso o el
juez de tutela, se pronunciaran sobre intereses de terceros totalmente ajenos a
la relación administrativa o procesal de la que conocen, en desmedro de los
derechos de libertad en la disposición de los propios intereses y del debido
proceso de quienes ignoran o simplemente no activaron la competencia de las
autoridades.”
Por las razones expuestas, es
claro entonces que tampoco se desconoció el derecho fundamental de petición del
señor Jimmy Dailer Ortega Martínez. Por todo lo anterior, se revocarán las sentencias proferidas el 8 de agosto de 2014 por el
Juzgado Penal del Circuito de Lorica que confirmaron las decisiones de primera
instancia y, en su lugar, se declarará la improcedencia de las solicitudes de
amparo.
3.5. Expediente T-4590461
Antecedentes
3.5.1. Manifiestan los
accionantes que fueron nombrados en propiedad por el Alcalde Municipal de
Lorica en plazas docentes vacantes, con fundamento en las Leyes 60 de 1993, 115
de 1994 y 344 de 1996. La asignación mensual que les correspondía debía
cancelarse de acuerdo con el grado que acreditaban en el escalafón nacional de
docentes, siguiendo lo previsto en el Decreto 2277 de 1979. A pesar de lo
anterior, señalan que el citado municipio omitió el deber de realizar el
reembolso por reajuste de escalafón en los meses comprendidos entre enero y
marzo de 2012.
Sostienen que el salario y sus
prestaciones sociales son los únicos recursos con los que cuentan para su
manutención y la de su núcleo familiar, por lo que el no pago por parte de la
Alcaldía del reembolso mencionado está afectando su derecho mínimo vital.
Con fundamento en los anteriores
hechos, los accionantes solicitan el amparo de sus derechos a la vida digna, al
trabajo, a la igualdad y al mínimo vital, por lo que piden que se ordene al
Alcalde Municipal de Santa Cruz de Lorica que reconozca y pague el reembolso
por ajuste de escalafón “a los docentes Municipales de ley 60”, de enero
a marzo del año 2012, así como la indexación más los intereses comerciales y
moratorios a que haya lugar.
3.5.2. El municipio accionado
intervino en el proceso y solicitó la declaratoria de improcedencia del amparo.
Al respecto, indicó que no se cumplió con el presupuesto de subsidiariedad, en
atención a que los accionantes podían solicitar sus pretensiones ante el juez
contencioso administrativo.
3.5.3. El Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Lorica consideró que la negligencia por parte de la
entidad accionada al momento de reconocer las prestaciones sociales a las que
tienen derecho los accionantes, repercute en el mínimo vital de sus núcleos
familiares. Adicionalmente,  afirmó de manera genérica que los otros medios de
defensa judicial no resultaban idóneos para proteger los derechos invocados,
ante el apremio de una situación económica que puede provocar o poner en riesgo
la existencia de los miembros del hogar, ante la carencia de medios de
subsistencia.
En consecuencia, ordenó al
Municipio de Santa Cruz de Lorica reconocer y pagar el reajuste de escalafón a
los docentes municipales “de Ley 60”, correspondientes a enero y marzo
de 2012, así como la indexación de las sumas adeudadas más sus intereses
comerciales y moratorios.
3.5.4. El municipio de Santa Cruz
de Lorica impugnó el fallo con fundamento en los mismos argumentos presentados
en la contestación de la tutela.
3.5.5. El Juzgado Penal del
Circuito de Lorica confirmó la decisión del a-quo, por considerar que
hasta la fecha el ente territorial demandado no ha reconocido ni pagado las
sumas adeudadas, abusando de la buena fe de los accionantes, afectándoles sus
derechos fundamentales, al punto que no tienen otra alternativa para reclamar
sus derechos distinta a la acción de tutela.
Consideraciones
3.5.6. En virtud de lo expuesto,
le corresponde a esta Sala de Revisión determinar si el amparo constitucional
propuesto resulta procesalmente viable para solicitar el pago de las acreencias
laborales presuntamente adeudadas a los accionantes por parte del Municipio de
Santa Cruz de Lorica, por concepto del ajuste de escalafón docente del nivel nacional
entre los meses de enero y marzo de 2012.
Como se expuso en el aparte
considerativo de esta providencia y se ha reiterado varias veces, la acción de
amparo constitucional sólo procede cuando no existen medios ordinarios de
defensa judicial; o cuando aun existiendo, los mismos resultan ineficaces para
proteger los derechos en conflicto o para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
Teniendo en cuenta que en este
caso existen otros mecanismos de defensa judicial, pues lo pretendido puede
controvertirse a través de las acciones contenciosas ante la justicia
administrativa; se observa que, en principio, el juez de tutela no es el
llamado a intervenir en el asunto bajo examen, a menos que la falta de pago de
las acreencias laborales reclamadas, como previamente se ha expuesto, afecte
directamente el mínimo vital de los demandantes y, por ello, requieran medidas
urgentes e impostergables para poder asegurar la satisfacción de sus
necesidades básicas.
En este sentido, ante la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial y en la medida en que no se
controvierte su eficacia, la presente acción de amparo tan sólo resultaría
procedente como mecanismo transitorio, en caso de que se observe que los
accionantes se encuentran sometidos a la posible materialización de un
perjuicio irremediable respecto de su derecho al mínimo vital[50].
3.5.7. En el presente caso, aun
cuando el apoderado de los accionantes manifiesta que los demandantes dependen
de sus salarios y sus prestaciones sociales para vivir[51],
no se acompañó ningún elemento de juicio que justifique dicha afirmación, ni se
hizo referencia a si en la actualidad están recibiendo o no el pago de sus
salarios. De esta manera, no se observa que los accionantes hayan acreditado de
manera precisa las circunstancias que conducen a la afectación de sus derechos
fundamentales al mínimo vital o a la dignidad humana, pues se acude a la simple
enunciación de una situación abstracta carente de elementos de convicción.
De esta perspectiva, en criterio
de esta Corporación, no cabe duda de que la falta de prueba respecto de la
supuesta violación de los derechos invocados y, peor aún, de la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, cuando los docentes mantienen una vinculación y con
fundamento en ella reciben una asignación mensual, conducen a considerar que no
se cumplen las condiciones mínimas que permitan la procedencia de la acción
propuesta. Aunado a lo anterior, tampoco se alegó ni se demostró que por sus
situaciones particulares, por un ejemplo, un problema de salud que demandara
mayores recursos, estuviesen en imposibilidad de acudir ante los jueces
naturales de la causa.
3.5.8. A pesar de lo anterior,
como previamente se dijo y se ha reiterado en esta providencia, existen casos
en los que la jurisprudencia presume la afectación del derecho al mínimo vital,
pese a no estar probada su ocurrencia de manera concreta[52].
A partir del estudio del escrito de demanda y de los documentos anexos a la
misma, en el asunto bajo examen, no es posible evidenciar el cumplimiento de
alguno de los supuestos de hecho que permiten la activación de dicha
presunción, ya que –por el contrario– en ninguno de los casos se acreditó que
los accionantes no cuenten con otras fuentes de ingreso. Por lo demás, el pago
que se busca obtener por vía constitucional se refiere a deudas pendientes cuyo
origen se remonta al año 2012, lo que desvirtúa el carácter inminente del
amparo constitucional.
En consecuencia, no se observan
que estén dadas condiciones para que el juez constitucional pueda intervenir en
este asunto, el cual debe ser resuelto por las instancias ordinarias
pertinentes.
3.5.9.
Con fundamento en las razones previamente expuestas, se revocará la sentencia
proferida el 20 de agosto de 2014 por el Juzgado Penal del Circuito de Lorica
que confirmó la decisión de primera instancia y, en su lugar, se declarará la
improcedencia de la solicitud de amparo.
3.6. Expediente T-4593881
Antecedentes
3.6.1. Relatan los accionantes que son
funcionarios al servicio del municipio de Lorica y que hacen parte de la planta
global de personal financiada con recursos propios. Señalan que pese a ser
empleados públicos y desempeñar, en igualdad de condiciones, las mismas
funciones que el personal incorporado al municipio que hace parte de la planta
de personal adscrita a la Secretaría de Educación, financiada con recursos del
Sistema General de Participaciones, no están nivelados en los mismos cargos y,
por ende, no devengan los mismos salarios ni reciben las mismas prestaciones
sociales.
Manifiestan que el 20 de mayo de 2014,
solicitaron a la Alcaldía modificar administrativamente cada uno de los grados
y códigos de los accionantes, en igualdad de condiciones con aquellos asignados
a la planta de personal adscrita a la Secretaría de Educación y, en
consecuencia, reliquidar y nivelar sus salarios y prestaciones desde el año
2003[53].
Lo anterior, indexado y con intereses moratorios en la tasa más alta permitida
por ley.
Señalan que desde el momento en que se
radicó la petición, hasta la fecha de interposición de la acción de tutela (17
de junio de 2014) no han obtenido respuesta, con lo cual se desconoce su
derecho de petición.
Con fundamento en los citados hechos, los
accionantes solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al mínimo vital. En
virtud de lo anterior, piden que se ordene al Alcalde del Municipio de Lorica
dar respuesta de fondo a la petición de reconocimiento de nivelación salarial
y, por ende, se proceda al otorga-miento de las siguientes prestaciones: “el
pago de factores salariales, prestacionales y aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, por concepto de
la nivelación salarial, después de determinar la existencia de diferencias por
razón de denominación, código y grado y su incidencia en la asignación
salarial, mediante la comparación de funciones y requisitos de los empleos de
la planta de personal Administrativo financiada con recursos propios, con
respecto a la planta de personal administrativo financiada con recursos del
S.G.P adscritos a la Secretaría de Educación y Cultura del Municipio de Lorica,
bajo el entendido que laboran para un mismo empleador, nivelación que deberá
ser reconocida con retroactividad al año 2003. Así mismo se ordene reconocer
(…) la diferencia [de] salarios y prestaciones sociales, vacaciones,
bonificación por servicios prestados, prima de vacaciones, prima de servicio,
prima técnica [y] demás prestaciones sociales a que tengan derecho dejados de
devengar y diferencias de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en
Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, con retroactividad al año 2003. Se
ordene la reliquidación de las prestaciones como cesantías parciales, prima de
servicio, prima de navidad, vacaciones, prima técnica, subsidio familiar,
subsidio de transporte y demás prestaciones recibidas por el actor en la que
incluya para su liquidación las diferencias de salarios dejados de devengar,
con retroactividad al año 2003. Se ordene se les reconozca, liquide y pague (…)
la Prima Técnica por evaluación de desempeño en el nivel sobresaliente, prima
de antigüedad y prima semestral a que tienen derecho por laborar para la planta
Global de personal del municipio de Lorica,  con retroactividad al año 2003,
fecha en la cual fue certificado el municipio de Lorica.”
3.6.2. El apoderado del citado municipio
intervino en el proceso y solicitó que se declarara la improcedencia de la
acción. Al respecto, contrario a lo afirmado por los accionantes, manifestó que
mediante oficio del 10 de junio de 2014, se resolvió la petición formulada el
20 de mayo del año en cita, la cual se despachó desfavorablemente a sus
intereses. Además de lo anterior, advirtió que el asunto no puede resolverse
por vía tutela, pues los demandantes tienen a su alcance el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que nieguen el pago de
las sumas reclamadas, aunado a que no se encuentra acreditada la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, ni se probó siquiera sumariamente que el medio
ordinario no es idóneo ni eficaz.
3.6.3. El Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Lorica amparó los derechos fundamentales de los
accionantes a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social y al trabajo.
Al respecto, consideró que la inoperancia y negligencia por parte de la
Alcaldía Municipal está afectando el mínimo vital de los accionantes y de sus
núcleos familiares, el cual, con el paso del tiempo, está sufriendo un mayor
perjuicio, lo cual hace procedente la acción de tutela.
En cuanto al derecho de petición señaló
que la respuesta fue notificada por aviso a los accionantes, pero que en ella
no se demostró que los cargos desempeñados sean distintos a los que existen en
la Secretaría de Educación del Municipio de Lorica. En consecuencia, ordenó al
representante de la citada entidad territorial expedir los actos
administrativos que ordenen y reconozcan “el pago de factores salariales,
prestacionales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud,
Pensiones y Riesgos Profesionales, por concepto de la nivelación salarial,
después de determinar la existencia de diferencias por razón de denominación,
código y grado y su incidencia en la asignación salarial, mediante la
comparación de funciones y requisitos de los empleos de la planta de personal
Administrativo financiada con recursos propios, con respecto a la planta de
personal administrativo financiada con recursos del S.G.P adscritos a la
Secretaría de Educación y Cultura del Municipio de Lorica, bajo el entendido
que labora[n] para un mismo empleador, nivelación que deberá ser reconocida con
retroactividad al año 2003. Así mismo se ordene reconocerle a los accionantes
la diferencia salarios y prestaciones sociales, vacaciones, bonificación por
servicios prestados, prima de vacaciones, prima de servicio, prima técnica [y]
demás prestaciones sociales a que tengan derecho dejados de devengar y
diferencias de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud,
Pensiones y Riesgos Profesionales, con retroactividad al año 2003. Se ordene la
reliquidación de las prestaciones como cesantías parciales, prima de servicio,
prima de navidad, vacaciones, prima técnica, subsidio familiar, subsidio de
transporte y demás prestaciones recibidas (…) en la que incluya para su
liquidación las diferencias de salarios dejados de devengar, con retroactividad
al año 2003. Se ordene se les reconozca, liquide y pague (…) la Prima Técnica
por evaluación de desempeño en el nivel sobresaliente, prima de antigüedad y
prima semestral a que tienen derecho por laborar para la planta Global de
personal del municipio de Lorica,  con retroactividad al año 2003, fecha en la
cual fue certificado el municipio de Lorica-Córdoba.”[54]
Por encontrarse en discusión la
titularidad de los derechos sucesorales del señor Luis Alexander Jacobo Blanco
Buendía, el Juzgado ordenó a la accionada iniciar los trámites administrativos
para el emplazamiento de los herederos determinados e indeterminados del
causante, a fin de que comparez-can a la citada entidad y puedan garantizar sus
derechos.
3.6.4. El Municipio de Lorica
impugnó el fallo de primera instancia reiterando los argumentos expuestos en el
escrito de contestación y enfatizó en el hecho de que no existe prueba alguna
de la afectación al mínimo vital de los accionantes.
Por su parte, en escrito radicado
el 14 de agosto de 2014, los demandantes le pidieron al Juzgado del Circuito de
Lorica que se pronunciara sobre la solicitud de reconocimiento que debe hacer
la entidad accionada de los intereses moratorios sobre las sumas adeudadas.
4.6.5. El Juzgado Penal del
Circuito de Lorica confirmó la decisión de segunda instancia, al considerar que
con las pruebas obrantes en el expediente se logró demostrar que las funciones
desempeñadas por las diferentes plantas son iguales en cuanto a requisitos
mínimos, lo cual vulnera el derecho a la igualdad de los accionantes, así como
su mínimo vital. Adicionalmente, ordenó que se reconociera intereses moratorios
a todas las sumas reclamadas.
Consideraciones
3.6.6. En virtud de los
antecedentes mencionados, le corresponde a esta Sala de Revisión determinar si
el amparo propuesto resulta procesalmente viable para solicitar el pago de las
acreencias laborales presuntamente adeudadas a los accionantes por parte del
Municipio de Santa Cruz de Lorica, por concepto de la nivelación salarial a la
que afirman tener derecho.
Como se expuso en el aparte
considerativo de esta providencia, la acción de amparo constitucional sólo
procede cuando no existen medios ordinarios de defensa judicial; o cuando aun
existiendo, los mismos resultan ineficaces para proteger los derechos en
conflicto o para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
En el asunto sub-judice, existen
otros mecanismos de defensa judicial, ya que lo pretendido por los accionantes
puede ser resuelto por el juez contencioso administrativo, de donde se infiere
que el juez de tutela no es el llamado a intervenir en la presente causa, a
menos que –como insistentemente se ha reiterado– la falta de nivelación
salarial y el consecuente pago del reajuste reclamado, afecte algún derecho
fundamental de los demandantes y, por ello, se requieran medidas urgentes e
impostergables.
En este sentido, ante la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial y en la medida en que no se
controvierte su eficacia, la presente acción de tutela tan sólo resultaría
procedente como mecanismo transitorio de protección, en caso de que se observe
que los accionantes se encuentran sometidos a la posible materialización de un
perjuicio irremediable, circunstancia que no es alegada por su apoderada, pues
más allá de afirmar que tienen derecho a la mencionada nivelación salarial, no se
hace ninguna precisión frente a la necesidad de que mediante tutela se amparen
transitoriamente sus derechos.
Una razón adicional para declarar
la improcedencia del amparo, es que los accionantes –en ningún momento–
adujeron que no estuvieran devengando sus salarios de forma cumplida, de manera
que su mínimo vital podía ser satisfecho mes a mes con la asignación que el
municipio les cancelaba. En este orden de ideas, esta Corporación recientemente
se pronunció sobre la improcedencia de pago de la nivelación salarial de una
docente, en los mismos términos que ahora se plantean:
“Ahora bien, la Sala estima que la presente acción de
tutela no es procedente para ordenar el pago del retroactivo de la nivelación
salarial, porque la omisión del referido desembolso no es la causa de la
afectación al derecho al mínimo vital de la señora Silena Proenza Fuentes. Lo
expuesto, en razón de que la actora recibe mes a mes el pago del salario por el
cargo que desempeña. Si bien el retardo del pago del dinero adeudado es
prolongado, esa cantidad es consecuencia de un aumento del salario. Por tanto,
la solicitante pudo satisfacer su mínimo vital con el sueldo efectivamente
desembolsado. Aunado a lo anterior, el retroactivo es un dinero que debe la
administración a la tutelante de bastante tiempo atrás. Ello evidencia que no
existe la afectación al mínimo vital, al no cancelar el retroactivo derivado de
la homologación del empleo que ocupaba la actora en sector educación, dado que
ella recibía su salario con el fin de que atendiera sus gastos de manutención.”[55]
3.4.7. Visto lo anterior, no se
observa que los accionantes acreditaran las circunstancias para inferir que
existe una vulneración de los derechos funda-mentales invocados; más allá de que,
como se dijo, simplemente se haga referencia a un supuesto derecho de nivelación
salarial, el cual deberá ser estudiado caso por caso por el juez contencioso, a
partir del examen de las funciones de una y otra planta y de los requisitos
mínimos de acceso a la función pública.
Aunado a lo anterior, al igual
que ocurrió en los casos procedentes, tampoco se alegó ni se demostró que por
sus situaciones particulares (v.gr. su edad o estado de salud), estuviesen en
imposibilidad de acudir ante los jueces naturales de la causa.
3.4.8. En lo que respecta al
derecho de petición de los accionantes, como bien lo reconoce el juez de
primera instancia, se brindó por la Administración una respuesta frente a la
solicitud formulada, la cual notificada por aviso a los accionantes, después de
haberse intentado agotar la respectiva notificación personal[56].
De manera que, aun cuando la respuesta a sus pretensiones hubiese sido
negativa, al existir una contestación de fondo que explicó las razones por las
cuales se negaban los pagos solicitados, no puede entenderse que exista una
violación al citado derecho fundamental, como reiteradamente lo ha expuesto la
Corte, en los siguientes términos:
“a) El derecho
de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros
derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión.
b) El núcleo
esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad
si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
c) La
respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse
de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta
en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se
incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
d) Por lo
anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita.” (Énfasis por fuera del texto
original).
3.4.9.
Con fundamento en las razones previamente expuestas, se revocará la sentencia
proferida el 19 de agosto de 2014 por el Juzgado Penal del Circuito de Lorica
que confirmó la decisión de primera instancia y, en su lugar, se declarará la
improcedencia de la solicitud de amparo.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución
RESUELVE:
Primero.- En el expediente
T-4587991, REVOCAR la sentencia proferida el 10 de junio de 2014 por el
Juzgado Penal del Circuito de Lorica, que confirmó el fallo del 22 de mayo de
2014 adoptado por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de la citada ciudad,
en virtud del cual se concedió el amparo solicitado por los señores Nixon
Guillermo Tordecilla León y otros, en contra del referido municipio y, en su
lugar, DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela, por las razones
expuestas en esta providencia.
Segundo.- En el expediente
T-4587994, REVOCAR la sentencia proferida el 16 de junio de 2014 por el
Juzgado Penal del Circuito de Lorica, que confirmó el fallo del 2 de mayo de
2014 adoptado por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de la citada ciudad,
en virtud del cual se concedió el amparo solicitado por el señor Víctor Manuel
Carrasquilla Peñata y otros, en contra del referido municipio y, en su lugar, DECLARAR
la improcedencia de la acción de tutela, por las razones expuestas en esta
providencia.
Tercero.- En el expediente
T-4587995, REVOCAR la sentencia proferida el 16 de junio de 2014 por el
Juzgado Penal del Circuito de Lorica, que confirmó el fallo del 2 de mayo de
2014 adoptado por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de la citada ciudad,
en virtud del cual se concedió el amparo solicitado por la señora Rosa Inés
Blanquicet Pestana y otros, en contra del referido municipio y, en su lugar, DECLARAR
la improcedencia de la acción de tutela, por las razones expuestas en esta
providencia.
Cuarto.- En el expediente
T-4590456, REVOCAR la sentencia proferida el 12 de agosto de 2014 por el
Juzgado Penal del Circuito de Lorica, que confirmó el fallo del 16 de mayo de
2014 adoptado por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la citada ciudad,
en virtud del cual se concedió el amparo solicitado por la señora Midaluz Maida
Martínez Guerra, en contra del referido municipio y, en su lugar, DECLARAR
la improcedencia de la acción de tutela, por las razones expuestas en esta
providencia.
Quinto.- En el expediente
T-4590457, REVOCAR la sentencia proferida el 8 de agosto de 2014 por el
Juzgado Penal del Circuito de Lorica, que confirmó el fallo del 28 de mayo de
2014 adoptado por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la citada ciudad,
en virtud del cual se concedió el amparo solicitado por el señor Jimmy Dailer
Ortega, en contra del referido municipio y, en su lugar, DECLARAR la
improcedencia de la acción de tutela, por las razones expuestas en esta
providencia.
Sexto.- En el expediente
T-4590458, REVOCAR la sentencia proferida el 19 de agosto de 2014 por el
Juzgado Penal del Circuito de Lorica, que confirmó el fallo del 27 de junio de
2014 adoptado por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de la citada ciudad,
en virtud de la cual se concedió el amparo solicitado por el señor Alexi Manuel
Lagares Ballesta y otros, en contra del referido municipio y, en su lugar, DECLARAR
la improcedencia de la acción de tutela, por las razones expuestas en esta
providencia.
Séptimo.- En el expediente
T-4590459, REVOCAR la sentencia proferida el 11 de agosto de 2014 por el
Juzgado Penal del Circuito de Lorica, que confirmó el fallo del 19 de junio de
2014 adoptado por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de la citada ciudad,
en virtud de la cual se concedió el amparo solicitado por la señora Rudis
Morelo Pérez y otros, en contra del referido municipio y, en su lugar, DECLARAR
la improcedencia de la acción de tutela, por las razones expuestas en esta
providencia.
Octavo.- En el expediente
T-4590460, REVOCAR la sentencia proferida el 8 de agosto de 2014 por el
Juzgado Penal del Circuito de Lorica, que confirmó el fallo del 17 de junio de
2014 adoptado por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la citada ciudad,
en virtud de la cual se concedió el amparo solicitado por el señor Eduar Hernán
Sánchez García, en contra del referido municipio y, en su lugar, DECLARAR
la improcedencia de la acción de tutela, por las razones expuestas en esta
providencia.
Noveno.- En el expediente
T-4590461, REVOCAR la sentencia proferida el 20 de agosto de 2014 por el
Juzgado Penal del Circuito de Lorica, que confirmó el fallo del 7 de julio de
2014 adoptado por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de la citada ciudad,
en virtud de la cual se concedió el amparo solicitado por el señor Gubert José
Correa Ávila y otros, en contra del referido municipio y, en su lugar, DECLARAR
la improce-dencia de la acción de tutela, por las razones expuestas en esta
providencia.
Décimo.- En el expediente
T-4593880, REVOCAR la sentencia proferida el 21 de agosto de 2014 por el
Juzgado Penal del Circuito de Lorica, que confirmó el fallo del 9 de julio de
2014 adoptado por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de la citada ciudad,
en virtud de la cual se concedió el amparo solicitado por el señor Edgar Yamir
Cabria González y otros, en contra del referido municipio y, en su lugar, DECLARAR
la improcedencia de la acción de tutela, por las razones expuestas en esta
providencia.
Decimoprimero.- En el expediente
T-4593881, REVOCAR la sentencia proferida el 19 de agosto de 2014 por el
Juzgado Penal del Circuito de Lorica, que confirmó el fallo del 2 de julio de
2014 adoptado por el Juzgado Segundo                                       Promiscuo
Municipal  de la  citada  ciudad,   en virtud de  la  cual se concedió el
amparo solicitado por el señor Dagoberto Correa Cafiel y otros, en contra del referido
municipio y, en su lugar, DECLARAR la improcedencia de la acción de
tutela, por las razones expuestas en esta providencia.
Decimosegundo.- Por Secretaría
General, LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
ANDRES MUTIS VANEGAS
Secretario General
(E)
Anexo
A continuación, se expone en
detalle los expedientes de la referencia, que guardan similitud entre sí, por
cuanto se utilizaron formatos en la mayoría de acciones de tutela,
contestaciones y decisiones de instancia. Los cuadros están dispuestos de la
siguiente manera: en primer lugar, se relatan los hechos probados  en cada uno
de ellos y las solicitudes de amparo constitucional; en segundo lugar, se
exponen las alegaciones de la autoridad demandada, que en todos los casos es la
Alcaldía Municipal de Santa Cruz de Lorica; en tercer lugar, se efectúa una
síntesis de las sentencias objeto de revisión, al igual que de las apelaciones
presentadas y; finalmente, se realiza una exposición de los medios probatorios
relevantes aportados a los proceso.
1.1 Hechos
Número del expediente
Hechos
T- 4587991
Los peticionarios, mediante
apoderada judicial, manifiestan que fueron vinculados como docentes del
Municipio de Santa Cruz de Lorica mediante sucesivos contratos de prestación
de servicios. No obstante, estiman que las circunstancias que rodeaban la
realización de sus labores se enmarcan en una relación laboral y no en dicha
modalidad de contratación civil. Por consiguiente, consideran que el
accionado tenía la obligación de reconocer y cancelar todas las prestaciones
sociales y demás acreencias laborales a que tienen derecho por la ley, en
particular, reclaman (i) la prima de vacaciones, (ii) la indemnización de
vacaciones de navidad, (iii) las cesantías, (iv) los intereses de cesantías,
(v) cancelación de la sanción moratoria por el no pago oportuno de cesantías,
(vi) el subsidio de transporte, (vii) reembolso del valor cancelado por los
accionantes a la seguridad social por el tiempo que duró la vinculación
(viii) los intereses moratorios de las prestaciones sociales, (ix) la prima
de alimentación y (x) las dotaciones de vestido y calzado, de acuerdo con el
tiempo total laborado y con la indexación que corresponda.
Manifiestan que han elevado
peticiones, las cuales adjuntan a la acción de tutela, solicitando el pago de
sus acreencias laborales, pero que las mismas han sido resueltas
negativamente por la Alcaldía con fundamento en que no existe disponibilidad
presupuestal para atender las obligaciones que se deriven del reconocimiento
de una relación laboral a través de una decisión administrativa.
Solicitud de amparo
constitucional
Con fundamento en los hechos
relatados, los peticionarios solicitan el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad
social, al trabajo y a la dignidad humana, y que, en consecuencia, se ordene
al ente accionado el pago de las acreencias previamente enumeradas.
T- 4587994
Actuando a través de apoderada
judicial los peticionarios  manifiestan que prestaron sus servicios al
municipio de Lorica y que actualmente son pensionados. Sostienen que el
citado municipio se constituyó en mora respecto del pago de mesadas
pensionales, primas semestrales y de navidad desde el mes de octubre de 2006,
hasta el mes de diciembre de 2013.
Manifiestan que, pese a ser su
obligación, el municipio no ha pagado el interés moratorio a título de
sanción por incumplimiento en el pago oportuno y tampoco ha efectuado el
reajuste pensional dispuesto en la Ley 445 de 1998, lo cual afecta
principalmente su derecho al mínimo vital, pues son personas de la tercera
edad que dependen de sus mesadas pensionales para cubrir sus gastos.
Sostienen que acuden a la
acción de tutela por cuanto no existen otros mecanismos de defensa judicial
idóneos para la satisfacción de sus pretensiones, toda vez que se trata de
personas de avanzada edad con problemas de salud.
Solicitud de amparo
constitucional
Con fundamento en los hechos
relatados, los peticionarios solicitan el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital y a los
derechos de las personas de la tercera edad, y, en consecuencia que se ordene
al Municipio de Santa Cruz de Lorica pagar el reajuste pensional y los
intereses de mora que se causaron por el pago atrasado de las mesadas
pensionales, primas semestrales y prima de navidad, desde el año 2006 hasta
el 2013, de acuerdo al valor de la pensión que percibía cada uno de ellos,
establecida en la Ley 445 de 1998.
T- 4587995
Los peticionarios, mediante
apoderada judicial, afirman que son docentes o que laboraron en
establecimientos educativos ubicados en áreas rurales catalogadas  de difícil
acceso por el ente municipal[57].
En términos generales, plantean
que el Municipio de Santa Cruz de Lorica no les ha reconocido y pagado: (i)
la bonificación por difícil acceso establecida en el Decreto 1171 de 2004;
(ii) la prima de servicios consagrada en la Ley 91 de 1989; (iii) el auxilio
de movilización y (iv) la prima de antigüedad. En relación con la primera de
las citadas prestaciones y con fundamento en el decreto previamente señalado,
se indica que es deber del municipio determinar anualmente qué territorios
son considerados como de difícil acceso, luego de lo cual se procede a la
designación de los beneficiarios de dicha bonificación. En el asunto bajo
examen, el Municipio demandado no ha realizado esta última gestión y, por
consiguiente, no les ha reconocido la ayuda que por ley les corresponde, la
cual se justifica por la prestación de su actividad laboral en lugares
alejados y de difícil acceso. Finalmente, en criterio de los accionantes, las
prestaciones reclamadas pueden ser reconocidas con recursos del Sistema
General de Participaciones.
Al margen de lo anterior, los
demandantes señalan que a través de varias acciones de tutela se han
reconocido las mismas prestaciones reclamadas a otros docentes y personal
administrativo que prestan sus servicios bajo las mismas condiciones que lo
hacen ellos, de manera que, a su juicio, la presente acción debe prosperar en
virtud del derecho a la igualdad.
Adicionalmente, ponen de
presente que en el Departamento de Córdoba ya se reconoció la prima de
antigüedad a todos los docentes del ente territorial con dineros del Sistema
General de Participaciones, excepto a los accionantes.
Por último, señalan que sus
salarios son muy bajos y que de lo que devengan deben tomar dinero para
sufragar los costosos viáticos para llegar a sus sitios de trabajo, lo cual
los obliga a endeudarse para poder cumplir con sus labores.
Solicitud de amparo
constitucional
Con fundamento en los hechos
relatados, los peticionarios solicitan el amparo de sus derechos
fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la
igualdad y al debido proceso, y, consecuencia, que se ordene al Municipio de
Santa Cruz de Lorica reconocer y pagar la bonificación por difícil acceso
correspondiente a los años 2004 a 2013, la reliquidación de dicha
bonificación respecto de los años 2008 y 2010, el pago del auxilio de
movilización desde el año 2004 hasta la fecha, y la prima de servicios y de
antigüedad a partir del año 2004 hasta el 2013, junto con la indexación e
intereses moratorios a que haya lugar. Todo esto con cargo a los recursos del
Sistema General de Participaciones.
T- 4590456
Actuando a través de apoderada
judicial la peticionaria afirma que es docente adscrita a la Secretaría de
Educación del Municipio de Santa Cruz de Lorica y labora en un
establecimiento educativo ubicado en un área rural catalogada  de difícil
acceso por el ente municipal[58].
En términos generales, plantea
que el Municipio de Santa Cruz de Lorica no le ha reconocido y pagado: (i) la
bonificación por difícil acceso establecida en el Decreto 1171 de 2004; (ii)
la prima de servicios consagrada en la Ley 91 de 1989; (iii) el auxilio de
movilización y (iv) la prima de antigüedad. En relación con la primera de las
citadas prestaciones y con fundamento en el decreto previamente señalado, se
indica que es deber del municipio determinar anualmente qué territorios son
considerados como de difícil acceso, luego de lo cual se procede a la
designación de los beneficiarios de dicha bonificación. En el asunto bajo
examen, el Municipio demandado no ha realizado esta última gestión y, por
consiguiente, no le ha reconocido la ayuda que por ley les corresponde, la
cual se justifica por la prestación de su actividad laboral en lugares
alejados y de difícil acceso. Finalmente, en criterio de la accionante, las
prestaciones reclamadas pueden ser reconocidas con recursos del Sistema
General de Participaciones.
Al margen de lo anterior, la
demandante señala que a través de varias acciones de tutela, las cuales
anexa, se han reconocido las mismas prestaciones reclamadas a otros docentes
y personal administrativo que prestan sus servicios bajo las mismas
condiciones que lo hace ella, de manera que, a su juicio, la presente acción
debe prosperar en virtud del derecho a la igualdad.
Adicionalmente, pone de
presente que en el Departamento de Córdoba ya se reconoció la prima de
antigüedad a todos los docentes del ente territorial con dineros del Sistema
General de Participaciones, sin que hubieran hecho lo mismo con ella.
Por último, señala que su
salario es muy bajo y que de lo que devenga debe tomar dinero para sufragar
los costosos viáticos para llegar a su sitio de trabajo, lo cual la obliga a
endeudarse para poder cumplir con sus labores.
1.2. Solicitud de amparo
constitucional
Con fundamento en los hechos
relatados, la peticionaria solicita el amparo de sus derechos fundamentales
al trabajo, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la igualdad y al debido
proceso, y, en consecuencia, que se ordene al Municipio de Santa Cruz de Lorica
reconocer y pagar la bonificación por difícil acceso correspondiente a los
años 2004 a 2013, la reliquidación de dicha bonificación respecto de los años
2008 y 2010, el pago del auxilio de movilización desde el año 2004 hasta la
fecha, y la prima de servicios y de antigüedad a partir del año 2003 hasta el
2013, junto con la indexación e intereses moratorios a que haya lugar. Todo
esto con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones.
T- 4590457
Sostiene el accionante,
mediante apoderado judicial, que a través del Convenio C-001 de 2007 el
Municipio de Lorica y la Asociación de Municipios de San Jorge ASOSANJORGE,
contrataron la ejecución de un proyecto para la construcción de redes
secundarias y subestaciones de distribución para el Proyecto de viviendas de
interés social Cristo Rey, por un valor de $ 107.195.169, de los cuales se
pagaría un 50% como anticipo y el restante 50% al momento de las suscripción
de actas de entrega y recibo final.
La citada asociación recibió el
50% del valor pactado y ejecutó el contrato, suscribiéndose la respectiva
acta de entrega y recibo final de la obra el 21 de noviembre de 2011,
quedando pendiente el saldo restante. Dicha suma no fue pagada por el
municipio, pese a que ASOSANJORGE radicó los documentos ante la secretaría de
planeación y ante la oficina de contratación.
Señala que la citada Asociación
transfirió los derechos pecuniarios del acta de entrega y recibo final del
convenio mediante contrato de cesión del crédito a su favor. Así las cosas,
el citado accionante solicitó a la Alcaldía copia autenticada del Convenio
C-001 de 2007, junto con el certificado de disponibilidad presupuestal, acta
de recibo a satisfacción, póliza y demás documentos que hacen parte del
mismo, petición que fue respondida favorablemente, mediante oficio de 23 de
noviembre de 2013.
El peticionario afirma que
requiere con urgencia el pago de los                $ 53.597.584 adeudados,
pues debe atender obligaciones familiares y personales que no dan espera.
Solicitud de amparo
constitucional
Con fundamento en los hechos
narrados el accionante solicita la protección de sus derechos fundamentales
al trabajo, al mínimo vital, al acceso a la administración de justicia y su
derecho de petición y que, en consecuencia, se ordene al Municipio de Santa
Cruz de Lorica realizar el pago o desembolso del saldo pendiente del convenio
C-001 de 2007, es decir de $ 53.597.584 a su favor.
T- 4590458
Actuando a través de apoderada
judicial los peticionarios afirman que son docentes o que laboraron en
establecimientos educativos ubicados en áreas rurales catalogadas  de difícil
acceso por el ente municipal[59]
(en el caso de la señora Isaza aclara que los derechos que reclama fueron
causados por el padre de su hijo, quien fue docente al servicio del
municipio).
En términos generales, plantean
que el Municipio de Santa Cruz de Lorica no les ha reconocido y pagado: (i)
la bonificación por difícil acceso establecida en el Decreto 1171 de 2004;
(ii) la prima de servicios consagrada en la Ley 91 de 1989; (iii) el auxilio
de movilización y (iv) la prima de antigüedad. En relación con la primera de
las citadas prestaciones y con fundamento en el decreto previamente señalado,
se indica que es deber del municipio determinar anualmente qué territorios
son considerados como de difícil acceso, luego de lo cual se procede a la
designación de los beneficiarios de dicha bonificación. En el asunto bajo
examen, el Municipio demandado no ha realizado esta última gestión y, por
consiguiente, no les ha reconocido la ayuda que por ley les corresponde, la
cual se justifica por la prestación de su actividad laboral en lugares
alejados y de difícil acceso. Finalmente, en criterio de los accionantes, las
prestaciones reclamadas pueden ser reconocidas con recursos del Sistema
General de Participaciones.
Al margen de lo anterior, los
demandantes señalan que a través de varias acciones de tutela se han
reconocido las mismas prestaciones reclamadas a otros docentes y personal
administrativo que prestan sus servicios bajo las mismas condiciones que lo
hacen ellos, de manera que, a su juicio, la presente acción debe prosperar en
virtud del derecho a la igualdad.
Adicionalmente, ponen de
presente que en el Departamento de Córdoba ya se reconoció la prima de
antigüedad a todos los docentes del ente territorial con dineros del Sistema
General de Participaciones, excepto a los accionantes.
Además, señalan que sus
salarios son muy bajos y que de lo que devengan deben tomar dinero para
sufragar los costosos viáticos para llegar a sus sitios de trabajo, lo cual
los obliga a endeudarse para poder cumplir con sus labores, precisamente
sobre este último punto la apoderada señala que el señor Luis Fernando Hoyos
Arteaga falleció víctima del robo de una suma de dinero que debió pedir
prestada para comprar una moto que lo llevara a su lugar de trabajo.
Solicitud de amparo
constitucional
Con fundamento en los hechos
relatados, los peticionarios solicitan el amparo de sus derechos
fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la
igualdad y al debido proceso, y, consecuencia, que se ordene al Municipio de
Santa Cruz de Lorica reconocer y pagar la bonificación por difícil acceso
correspondiente a los años 2004 a 2010, la reliquidación de dicha
bonificación respecto de los años 2008 y 2010, el pago del auxilio de
movilización desde el año 2004 hasta la fecha, y la prima de servicios y de
antigüedad a partir del año 2004 hasta el 2010, junto con la indexación e
intereses moratorios a que haya lugar[60].
Todo esto con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones.
T- 4590459
Mediante apoderada judicial los
peticionarios afirman que son docentes o que laboraron en establecimientos
educativos ubicados en áreas rurales catalogadas  de difícil acceso por el
ente municipal[61].
En términos generales, plantean
que el Municipio de Santa Cruz de Lorica no les ha reconocido y pagado
íntegramente la bonificación por difícil acceso establecida en el Decreto
1171 de 2004, por los años 2008 y 2009 y que, adicionalmente, las
liquidaciones efectuadas no se realizaron en debida forma toda vez que no se
incluyeron la prima de alimentación y el auxilio de movilización como
factores salariales.
Al margen de lo anterior, los
demandantes señalan que la Alcaldía Municipal ha reconocido mediante acto
administrativo a través del cumplimiento de acciones de tutela, la misma
prestación reclamada a docentes  y personal administrativo que prestan sus
servicios bajo las mismas condiciones que lo hacen ellos, de manera que, a su
juicio, la presente acción debe prosperar en virtud del derecho a la
igualdad.
Por último, señalan que con la
negativa de reconocimiento y pago de las prestaciones reclamadas, se está
vulnerando su mínimo vital, el cual se ve afectado particularmente por la
condición de madres cabeza de familia de los accionantes.
Solicitud de amparo constitucional
Con fundamento en los hechos
relatados, los peticionarios solicitan el amparo de sus derechos
fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la
igualdad y al debido proceso y, en consecuencia, que se  ordene al municipio
de Santa Cruz de Lorica reconocer, liquidar y pagar la bonificación de
difícil acceso, de los años 2008 y 2009, además del auxilio de movilización
desde los años 2008 y 2009 hasta la fecha, de acuerdo al tiempo laborado por
cada uno de ellos.
T- 4590460
El accionante, mediante
apoderado judicial, manifiesta que suscribió el contrato de obra civil No. 09
de 2008 con el municipio de Lorica con el objeto de ejecutar obras
provisionales de control de erosión en el municipio, por un valor de $
197.296.097, de los cuales se pagó un 50% como anticipo y el restante 50% al
momento de entrega a satisfacción de la obra.
Señala que pese a los
requerimientos en tal sentido, el municipio no ha pagado los $ 98.648.048 que
aún le adeuda y que a contratistas en la misma situación suya, se les han
cancelado sus acreencias después del acuerdo de reestructuración que efectúo
el municipio, de manera que se está desconociendo su derecho a la igualdad.
Adicionalmente señala que ha
sufrido un grave perjuicio en su economía familiar, pues para cubrir los
gastos de ejecución del contrato debió acudir a préstamos que en estos
momentos no puede pagar, por estas razones sostiene que los mecanismos
ordinarios no resultan eficaces frente a su caso concreto.
Solicitud de amparo
constitucional
Con fundamento en los
anteriores hechos, el accionante solicita el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y a la dignidad humana, por esta
razón solicita que se ordene al Alcalde Municipal de Lorica el pago de las
acreencias derivadas del contrato de obras Civiles COC-09-2008, por valor de
$ 98.648.048, más los intereses moratorios.
T- 4590461
Manifiestan los accionantes, actuando
a través de apoderada judicial, que fueron nombrados en propiedad por el
Alcalde Municipal de Lorica, en plazas docentes vacantes con fundamento en la
Ley 60 de 1993, Ley 115 de 1994 y Ley 344 de 1996 y que la asignación mensual
que les correspondía debía cancelarse de acuerdo al grado que acreditaban en
el escalafón nacional de docentes, de acuerdo al Decreto 2277 de 1979, sin
embargo señalan que el citado municipio omitió el deber de realizar el
reembolso por reajuste de escalafón en los meses comprendidos entre enero y
marzo de 2012.
Sostienen que el salario y sus
prestaciones sociales son los únicos recursos con los que cuentan para su
manutención y la de su núcleo familiar, por lo que el no pago por parte de la
Alcaldía está afectando su derecho al mínimo vital.
Solicitud de amparo constitucional
Con fundamento en los
anteriores hechos los accionantes solicitaron el amparo de sus derechos a la
vida digna, al trabajo, a la igualdad y al mínimo vital y, en consecuencia,
solicitan que se ordene al Alcalde Municipal de Santa Cruz de Lorica que
reconozca y pague el reembolso por ajuste de escalafón “a los docentes
Municipales de ley 60”, desde enero a marzo del año 2012, así como la
indexación e intereses comerciales y moratorios a que haya lugar.
T- 4593880
Los peticionarios, mediante
apoderada judicial, afirman que son docentes o que laboraron en
establecimientos educativos ubicados en áreas rurales catalogadas  de difícil
acceso por el ente municipal[62].
En términos generales, plantean
que el Municipio de Santa Cruz de Lorica no les ha reconocido y pagado la
bonificación por difícil acceso establecida en el Decreto 1171 de 2004 y el
auxilio de movilización. En relación con la primera de las citadas
prestaciones y con fundamento en el decreto previamente señalado, se indica
que es deber del municipio determinar anualmente qué territorios son
considerados como de difícil acceso, luego de lo cual se procede a la
designación de los beneficiarios de dicha bonificación. En el asunto bajo
examen, el Municipio demandado no ha realizado esta última gestión y, por
consiguiente, no les ha reconocido la ayuda que por ley les corresponde, la
cual se justifica por la prestación de su actividad laboral en lugares
alejados y de difícil acceso. Finalmente, en criterio de los accionantes, las
prestaciones reclamadas pueden ser reconocidas con recursos del Sistema
General de Participaciones.
Al margen de lo anterior, los
demandantes señalan que a través de varias acciones de tutela se han
reconocido las mismas prestaciones reclamadas a otros docentes y personal
administrativo que prestan sus servicios bajo las mismas condiciones que lo
hacen ellos, de manera que, a su juicio, la presente acción debe prosperar en
virtud del derecho a la igualdad.
Por último, señalan que sus
salarios son muy bajos y que de lo que devengan deben tomar dinero para
sufragar los costosos viáticos para llegar a sus sitios de trabajo, lo cual
los obliga a endeudarse para poder cumplir con sus labores.
Solicitud de amparo
constitucional
Con fundamento en los hechos
relatados, los peticionarios solicitan el amparo de sus derechos
fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la
igualdad y al debido proceso y, en consecuencia, que se  ordene al municipio
de Santa Cruz de Lorica reconocer, liquidar y pagar la bonificación de
difícil acceso, de los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012,
así como la reliquidación de los valores reconocidos en los años 2008 y 2010
y por último el pago del auxilio de movilización desde el año 2004 hasta la
fecha, de acuerdo al tiempo laborado por cada uno de ellos.
T- 4593881
Actuando a través de apoderada
judicial relatan los accionantes que son funcionarios al servicio del
municipio de Lorica y que hacen parte de la planta global de personal
financiada con recursos propios[63].
Señalan que pese a ser empleados públicos y desempeñar, en igualdad de
condiciones, las mismas que funciones que el personal que hace parte de la
planta de personal adscrita a la Secretaría de Educación financiada con
recursos del Sistema General de Participaciones, no están nivelados en los
mismos cargos que estos y por ende no devengan los mismos salarios ni reciben
las mismas prestaciones sociales.
Manifiestan que el 20 de mayo
de 2014 mediante apoderado judicial solicitaron a la Alcaldía modificar
administrativamente cada uno de los grados y códigos de los accionantes en
igualdad de condiciones con aquellos asignados a la planta de personal
adscrita a la Secretaría de Educación, y, en consecuencia, re liquidar y
nivelar sus salarios y prestaciones, desde el año 2003[64],
todo esto indexado y con intereses moratorios en la tasa más alta permitida
por ley.
Señalan que desde el momento en
que se radicó la petición, hasta la fecha de interposición de la acción de tutela
(17 de junio de 2014) no han obtenido respuesta, con lo cual se desconoce su
derecho de petición.
Solicitud de amparo
constitucional
Con fundamento en los
anteriores hechos los accionantes solicitaron el amparo de sus derechos a la
dignidad humana, a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al mínimo
vital y que, en consecuencia, se ordenara al Alcalde del Municipio de Lorica
dar respuesta de fondo a la petición de reconocimiento de la nivelación
salarial y, por ende el reconocimiento de las siguientes pretensiones: “el
pago de factores salariales, prestacionales y aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, por concepto de
la Nivelación salarial, después de determinar la existencia de diferencias por
razón de denominación, código y grado y su incidencia en la asignación
salarial, mediante a comparación de funciones y requisitos de los empleos de
la planta de personal Administrativo financiada con recursos propios, con
respecto a la planta de personal administrativo financiada con recursos
propios, con respecto a la planta de personal administrativo financiada con
recursos del S.G.P adscritos a la Secretaría de Educación y Cultura del
Municipio de Lorica, bajo el entendido que laboran para un mismo empleador,
nivelación que deberá ser reconocida con retroactividad al año 2003. Así
mismo se ordene reconocerle a mis poderdantes la diferencia salarios y
prestaciones sociales, vacaciones, bonificación por servicios prestados,
prima de vacaciones, prima de servicio, prima técnica, demás prestaciones
sociales a que tengan derecho dejados de devengar y diferencias de aportes al
Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos
Profesionales, con retroactividad al año 2003. Se ordene la reliquidación de
las prestaciones como cesantías parciales, prima de servicio, prima de
navidad, vacaciones, prima técnica, subsidio familiar, subsidio de transporte
y demás prestaciones recibidas por el actor en la que incluya para su
liquidación las diferencias de salarios dejados de devengar, con
retroactividad al año 2003. Se ordene se les reconozca, liquide y pague a mis
poderdantes la Prima Técnica por evaluación de desempeño en el nivel
sobresaliente, prima de antigüedad y prima semestral a que tienen derecho por
laborar para la planta Global de personal del municipio de Lorica,  con
retroactividad al año 2003, fecha en la cual fue certificado el municipio de
Lorica.”
1.2. Intervención de las partes demandadas
Número del expediente
Argumentos de las entidades.
T- 4587991
El Municipio de Santa Cruz de
Lorica solicitó que se declare la improcedencia del amparo constitucional
invocado. Por un lado, indicó que los actores cuentan con otros mecanismos de
defensa judicial para solicitar la protección de los supuestos derechos
vulnerados, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
ante el juez contencioso administrativo y por el otro, sostuvo que en el caso
de los accionantes no existe prueba de la afectación a los derechos
fundamentales alegada, toda vez que no se acreditó que los accionantes no
cuentan con otras rentas para subsistir.
Por último, resaltó que si bien
con anterioridad se profirieron decisiones administrativas en casos similares
a los de los accionantes, recientemente el Consejo de Estado modificó su
jurisprudencia respecto del fenómeno de prescripción, por lo que muchas de
las acreencias reclamadas se encuentran prescritas.
T- 4587994
El Municipio de Santa Cruz de
Lorica intervino en el proceso y solicitó que se declarara improcedente el
amparo constitucional. Al respecto, indicó que los accionantes cuentan con
otros mecanismos ante el juez contencioso administrativo para la satisfacción
de sus pretensiones, de manera que, como en el caso concreto el apoderado de
los accionantes no demostró que la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho no era idónea ni eficaz, ni que se encuentran frente a un perjuicio
irremediable, no se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad.
Concretamente sobre el reajuste
pensional, advirtió que su reconocimiento no resulta procedente toda vez que
no se logró probar la afectación del mínimo vital de los accionantes y
tampoco se demostró que se hubiesen adelantado alguna actuación tendiente a
obtener el reconocimiento del reajuste.
Por último, advirtió que gran
cantidad de las acreencias laborales reclamadas se encontraban prescritas por
el paso del tiempo.
T- 4587995
El Municipio de Santa Cruz de
Lorica intervino en el proceso y solicitó que se declarara improcedente el
amparo constitucional. Al respecto, indicó que todavía no se ha adelantado el
procedimiento administrativo ante la Alcaldía Municipal para reclamar las
sumas presuntamente adeudadas, razón por la cual la tutela no resulta
procedente en este caso, pues los accionantes disponen de otros mecanismos
efectivos de defensa judicial que no se han agotado.
En ese sentido señaló que no se
está ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable, dado que las
prestaciones reclamadas son de hace 10 años más o menos, por lo que
difícilmente podría considerarse que el derecho al mínimo vital está siendo
afectado, máxime cuando se pretenden prestaciones laborales en abstracto
cuyos montos ni siquiera están acreditados en el proceso.
Concretamente, acerca de la
bonificación por difícil acceso, señaló que de acuerdo con el Decreto 1171 de
2004, su procedencia es estudiada cada año por el alcalde o gobernador del
ente territorial, de tal manera que dicha prestación no puede ser reconocida
retroactivamente a partir del año 2004 como lo pretenden los accionantes.
Por último, resaltó que algunas
de las prestaciones reclamadas se encuentran prescritas, pues han
transcurrido más de tres años desde el momento en que se causaron hasta la
fecha de presentación de la tutela.
T- 4590456
El Municipio de Santa Cruz de
Lorica intervino en el proceso y solicitó que se declarara improcedente el
amparo constitucional. Al respecto, indicó que todavía no se ha adelantado el
procedimiento administrativo ante la Alcaldía Municipal, razón por la cual la
tutela no resulta procedente en este caso, pues los accionantes disponen de
otros mecanismos efectivos de defensa judicial que no se han agotado.
En ese sentido señaló que no se
está ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable, dado que las
prestaciones reclamadas son de hace 10 años más o menos, por lo que difícilmente
podría considerarse que el derecho al mínimo vital está siendo afectado,
máxime cuando se pretenden prestaciones laborales en abstracto cuyos montos
ni siquiera están acreditados en el proceso.
Concretamente, acerca de la
prima de servicios, señaló que la misma no está regulada legalmente para los
docentes, por lo que pretender que se le apliquen los beneficios del Decreto
1042 de 1978, resulta equivocado, pues dicho régimen está consagrado
exclusivamente para los empleados públicos de la administración central.
Adicionalmente señaló que sólo a partir del 2014 se consagró dicha prima para
el personal docente.
En cuanto a la prima de
antigüedad, señaló que el Ministerio de Educación demandó y solicitó la
suspensión provisional de los efectos de la ordenanza que institucionalizó el
pago de la prestación, pues la competencia para su creación corresponde al
Congreso, de manera que actualmente al ente territorial no le corresponde
pagarla.
Por último, resaltó que algunas
de las prestaciones reclamadas se encuentran prescritas, pues han
transcurrido más de tres años desde el momento en que se causaron hasta la
fecha de presentación de la tutela.
T- 4590457
El Municipio de Lorica solicitó
que se declarara la improcedencia de la acción, por considerar que no se
cumple con el requisito de subsidiariedad y tampoco existe prueba dentro del
plenario que permita inferir que el medio ordinario es ineficaz para lograr
la satisfacción de las pretensiones del accionante. En este sentido señaló
que ha tenido el tiempo suficiente para iniciar la acción contractual, sin
que hasta el momento lo haya realizado.
T- 4590458
El Municipio de Lorica
manifestó que los accionantes cuentan con otros medios de defensa judicial,
por lo que la acción de tutela no resulta procedente, máxime si se tiene en
cuenta que no se demostró que los medios ordinarios fueran ineficaces o que
se estuviera ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Adicionalmente, resaltó que
algunas de las prestaciones reclamadas se encuentran prescritas, pues han
transcurrido más de tres años desde el momento en que se causaron hasta la
fecha de presentación de la tutela.
T- 4590459
El Municipio de Santa Cruz de
Lorica intervino en el proceso y solicitó que se declarara la improcedencia del
amparo constitucional. Al respecto, indicó que todavía no se ha adelantado el
procedimiento administrativo ante la Alcaldía Municipal, razón por la cual la
tutela no resulta procedente en este caso pues los accionantes disponen de
otros mecanismos efectivos de defensa judicial que no se han agotado.
En ese sentido señaló que no se
está ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues no se probó la
afectación al mínimo vital, máxime cuando se pretenden prestaciones laborales
en abstracto cuyos montos ni siquiera están acreditados en el proceso.
Concretamente, acerca de la
bonificación por difícil acceso, señaló que de acuerdo con el Decreto 1171 de
2004, su procedencia es estudiada cada año por el alcalde o gobernador del
ente territorial, de tal manera que dicha prestación no puede ser reconocida
retroactivamente.
Por último, resaltó que algunas
de las prestaciones reclamadas se encuentran prescritas, pues han
transcurrido más de tres años desde el momento en que se causaron hasta la
fecha de presentación de la tutela.
T- 4590460
El Municipio accionado
intervino en el proceso y solicitó la declaratoria de improcedencia del
amparo. En cuanto a esto indicó que el accionante tiene a su alcance otros
medios de defensa, tanto ante la administración como ante el juez
contencioso. En este sentido, afirmó que el señor Eduar Hernán tuvo la
posibilidad de solicitar al Comité de Conciliación que se incluya su
acreencia dentro del acuerdo de restructuración de pasivos en la que se
encuentra incurso el municipio y que, precisamente, esta es la razón por la
cual no se está desconociendo su derecho a la igualdad, pues los demás
contratistas, a quienes se les han cancelado sus deudas, sí acudieron a la convocatoria
realizada el municipio para la reestructuración de pasivos.
Por último, señaló que el
accionante no demostró la afectación de su derecho fundamental al mínimo
vital, pues no acredito que no cuenta con otras rentas diferentes a las que
provienen de su trabajo como contratista del municipio
T- 4590461
El Municipio de Santa Cruz de
Lorica intervino en el proceso y solicitó la declaratoria de improcedencia
del amparo. Al respecto, indicó que no se cumplió con el presupuesto de
subsidiariedad, dado que los accionantes podían solicitar sus pretensiones
ante el juez contencioso administrativo.
Adicionalmente señaló que gran
cantidad de las acreencias laborales reclamadas se encuentran prescritas,
toda vez que desde la fecha en que se causaron hasta el momento en que
interpusieron la acción de tutela, han transcurrido más de 3 años.
T- 4593880
El Municipio de Santa Cruz de
Lorica intervino en el proceso y solicitó que se negara el amparo
constitucional. Frente a esto, indicó que todavía no se ha adelantado el
procedimiento administrativo ante la Alcaldía Municipal, razón por la cual la
tutela no resulta procedente en este caso pues los accionantes disponen de
otros mecanismos efectivos de defensa judicial que no se han agotado.
En ese sentido señaló que no se
está ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable, dado que las
prestaciones reclamadas son de hace 10 años más o menos, por lo que
difícilmente podría considerarse que el derecho al mínimo vital está siendo
afectado, máxime cuando se pretenden prestaciones laborales en abstracto
cuyos montos ni siquiera están acreditados en el proceso.
Por último, resaltó que algunas
de las prestaciones reclamadas se encuentran prescritas, pues han
transcurrido más de tres años desde el momento en que se causaron hasta la
fecha de presentación de la tutela.
T- 4593881
El Municipio de Santa Cruz de
Lorica intervino en el proceso y solicitó que se declarara la improcedencia
de la acción. En principio manifestó que, contrario a lo afirmado por la
apoderada de los accionantes, mediante Oficio del 10 de junio de 2014, se
resolvió la petición elevada el 20 de mayo del mismo año, la cual se despachó
desfavorablemente.
Además de lo anterior, advirtió
que los accionantes tienen a su alcance el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los actos que nieguen el pago de las
sumas reclamadas, y que como en el caso no se encuentra acreditada la
ocurrencia de un perjuicio irremediable ni se probó siquiera sumariamente que
el medio ordinario no es idóneo ni eficaz, el asunto no puede resolverse vía
tutela.
2. Sentencias objeto de revisión
2.1 Sentencias de Primera
Instancia
Número del expediente
Autoridad Judicial y fecha
de la decisión
Decisión y argumentos
T- 4587991
Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Lorica, el 22 de mayo de 2014.
El Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Lorica concedió el amparo impetrado. Al respecto, consideró que
era obligación del municipio remitir al Ministerio de Educación las deudas
que resulten del reconocimiento de los costos del servicio educativo dejados
de pagar o no reconocidos por el Situado Fiscal o el Sistema General de
Participaciones al personal docente y administrativo, quien, en caso de que
las mismas tengan amparo legal y constitucional, deberá pagar, tal como
sucede en este caso (Ley 1450 de 2011).
En este orden de ideas
consideró que la negligencia por parte de la accionada al momento de
reconocer las prestaciones sociales a las que tienen derecho los accionantes,
repercute en el mínimo vital de sus núcleos familiares. Adicionalmente
consideró, de manera genérica, que los otros medios de defensa judicial no
resultaban idóneos para proteger los derechos invocados, pues el mínimo vital
de los accionantes y de sus núcleos familiares se encontraba comprometido, en
tanto no contaban con medios de subsistencia.
Con fundamento en lo anterior
el juez ordenó a la Alcaldía de Lorica expedir los actos administrativos en
donde se les reconozca y ordene el pago de todas las prestaciones sociales y
demás acreencias laborales a las que tienen derecho los accionantes (prima de
vacaciones, indemnización de vacaciones de navidad, cesantías, intereses de
las cesantías, subsidio de transporte, prima de alimentación y dotaciones de
vestido y calzado de labor, debidamente indexadas, de conformidad al tiempo
de servicio laborado sin solución de continuidad. Adicionalmente pago de
intereses remuneratorios y de mora de acuerdo a la tasa máxima de usura, respecto
de las cotizaciones correspondientes a pensión, salud y cajas de compensación
familiar, las cuales también deberán ser indexadas).
Por último se niega la
cancelación de sanción moratoria por el no pago oportuno de cesantías, hasta
que efectivamente la Alcaldía realice su pago.[65]
T- 4587994
Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Lorica, el 2 de mayo de 2014.
Mediante Sentencia del 2 de
mayo de 2014 el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Lorica concedió el
amparo impetrado, pues consideró que la accionada no logró desvirtuar la
afectación al mínimo vital que causaba la falta de pago del reajuste y de los
intereses moratorios.
En consecuencia, ordenó
reconocer el pago de reajuste pensional y los intereses de mora que se
causaron por el pago atrasado de las mesadas pensionales, primas semestrales
y prima de navidad, desde el año 2006 hasta el año 2013, de acuerdo al valor
de la pensión que percibía cada uno de ellos, establecido en la Ley 445 de
1998.
T-4587995
Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Lorica, el 2 de mayo de 2014.
En sentencia del 2 de mayo de
2014 el juez de instancia concedió el amparo deprecado, pues, a su juicio,
con el no pago de las prestaciones solicitadas se está desconociendo el
derecho a la igualdad de los accionantes, ya que otras personas que se
encuentran en la misma situación fáctica que ellos, se les reconocieron los
pagos que ahora se pretenden.
En consecuencia ordenó a la
accionada reconocer, liquidar y pagar la  bonificación por difícil acceso
desde el año 2004 hasta la fecha, junto con la  reliquidación de los valores
reconocidos en los años 2008 y 2010, así como el auxilio de movilización
desde el año 2004 hasta la fecha. Por último ordenó reconocer y pagar la
prima de servicios y la prima de antigüedad, ambas desde el año 2004 hasta el
año 20013, pagadas con recursos del Sistema General de Participaciones, junto
con la indexación e intereses moratorios, todo de acuerdo al tiempo laborado
por cada uno de los accionantes.
T- 4590456
Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Lorica, el 16 de mayo de 1014.
En sentencia del 16 de mayo de
2013, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, resolvió conceder el
amparo de los derechos fundamentales invocados por la accionante. En primer
lugar, al referirse a la viabilidad procesal de la acción de amparo
constitucional, adujo que a pesar de la existencia de otros medios de defensa
judicial, los mismos no resultaban eficaces, por lo que la tutela resultaba
procedente, máxime cuando la misma estaba encaminada a proteger el derecho al
mínimo vital[66].
En segundo lugar, al abordar el
estudio del caso en concreto, el juez realizó un pronunciamiento específico
sobre las prestaciones reclamadas, en los siguientes términos:
- En cuanto a la bonificación
por laborar en zonas de difícil acceso, luego de un análisis sobre su fundamento
legal, señaló que su reconocimiento se encuentra vigente al amparo de lo
previsto en el Decreto 251 de 2010
- En relación con la prima de
servicios, sostuvo que no se trata de una prestación social sino de un factor
salarial para la liquidación de cesantías de los servidores públicos que
ostentan la calidad de docentes, de acuerdo con la posición del Consejo de
Estado[67].
De ahí que, en su criterio, se entiende como un derecho adquirido que debe
ser reconocido a los docentes por parte de los entes territoriales. Por esta
razón, precisó que el actuar del Municipio de Santa Cruz de Lorica conllevaba
a un “desconocimiento de un derecho laboral” por el mero “capricho
del legalmente responsable” en su cumplimiento.
- En lo que respecta a la prima
de antigüedad, manifestó que ella puede ser reclamada por los docentes en
virtud de la Ordenanza No. 08 de 1985, por lo que igualmente se trata de un
derecho adquirido. En el caso específico de los profesores del Municipio de
Santa Cruz de Lorica, indicó que al haber sido certificado dicho ente
territorial como apto para la prestación del servicio de educación desde el
2002, las prestaciones relacionadas, que inicialmente habían sido reconocidas
por el Departamento, se encuentran ahora en cabeza del municipio.
Por último, concluyó que la
accionante de la presente solicitud de amparo cumple con los requisitos para
el reconocimiento y pago de las acreencias laborales pretendidas y que le
corresponde a la administración municipal hacer el efectivo pago de los
conceptos laborales reclamados. Por lo anterior, ordenó al Municipio de Santa
Cruz de Lorica reconocer, liquidar y pagar a la accionante la bonificación
por difícil acceso de los años 2004 a 2013, así como la reliquidación de los
valores reconocidos en los años 2008 y 2010 y se pague el auxilio de
movilización desde el año 2004 hasta la fecha, así como las primas de
antigüedad y servicios desde el año 2003, siempre y cuando la accionante
tenga derecho a ella. Todo lo anterior indexado y con el pago de intereses
moratorios.
T- 4590457
Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Lorica el 28 de mayo de 2014.
Mediante sentencia del 28 de
mayo de 2014 el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica amparó el
derecho de petición del accionante, pues si bien formalmente la petición fue
respondida, la misma no explicó los motivos por los cuales  se ha generado la
demora en el pago.
Con fundamento en lo anterior,
ordenó a la Alcaldía Municipal de Lorica efectuar el pago o desembolso del
saldo pendiente del convenio C-001 de 2007 a favor del accionante.
T- 4590458
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal
de Lorica, el 27 de junio de 2014.
El Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Lorica concedió el amparo impetrado. Al respecto, consideró que
era obligación del municipio remitir al Ministerio de Educación las deudas
que resulten del reconocimiento de los costos del servicio educativo dejados
de pagar o no reconocidos por el Situado Fiscal o el Sistema General de
Participaciones al personal docente y administrativo, quien, en caso de que
las mismas tengan amparo legal y constitucional, deberá pagar (Ley 1450 de
2011). Así, a juicio del juzgado, sería grave para la administración
municipal que llegara la fecha límite de remitir las deudas al Ministerio de
Educación y que las de los ahora accionantes queden por fuera, pues
implicaría un detrimento patrimonial para el municipio accionado.
En este orden de ideas
consideró que la negligencia por parte de la accionada al momento de
reconocer las prestaciones sociales a las que tienen derecho los accionantes,
repercute en el mínimo vital de sus núcleos familiares. Adicionalmente
consideró, de manera genérica, que los otros medios de defensa judicial no
resultaban idóneos para proteger los derechos invocados, pues el mínimo vital
de los accionantes y de sus núcleos familiares se encontraba comprometido, en
tanto no contaban con otros medios de subsistencia.
Aunado a lo anterior, sostuvo
que el incentivo económico que se reconoce a los docentes constituye un
elemento de la política pública de educación, toda vez que dichos recursos
permiten que los profesionales presten sus servicios en zonas de difícil
acceso para el Estado, permitiendo entonces una adecuada prestación del
servicio.
En consecuencia, ordena a
reconocer, liquidar y pagar la bonificación por zona de difícil acceso de los
años 2008 y 2009, omitiendo pronunciarse sobre las demás pretensiones.
Por encontrarse en discusión la
titularidad de los derechos sucesorales del señor Luis Fernando Hoyos
Arteaga, el Juzgado ordenó a la accionada iniciar los trámites
administrativos para el emplazamiento de los herederos determinados e
indeterminados del causante para que comparezcan a la entidad y se garanticen
sus derechos.
T- 4590459
Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Lorica, el 19 de junio de 2014.
El Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Lorica concedió el amparo impetrado. Al respecto, consideró que
era obligación del municipio remitir al Ministerio de Educación las deudas
que resulten del reconocimiento de los costos del servicio educativo dejados
de pagar o no reconocidos por el Situado Fiscal o el Sistema General de
Participaciones al personal docente y administrativo, quien, en caso de que
las mismas tengan amparo legal y constitucional, deberá pagar (Ley 1450 de
2011). Así, a juicio del juzgado, sería grave para la administración
municipal que llegara la fecha límite de remitir las deudas al Ministerio de
Educación y que las de los ahora accionantes queden por fuera, pues
implicaría un detrimento patrimonial para el municipio accionado.
En este orden de ideas
consideró que la negligencia por parte de la accionada al momento de
reconocer las prestaciones sociales a las que tienen derecho los accionantes,
repercute en el mínimo vital de sus núcleos familiares. Adicionalmente
consideró, de manera genérica, que los otros medios de defensa judicial no
resultaban idóneos para proteger los derechos invocados, pues el mínimo vital
de los accionantes y de sus núcleos familiares se encontraba comprometido, en
tanto no contaban con otros medios de subsistencia.
Aunado a lo anterior, sostuvo
que el incentivo económico que se reconoce a los docentes constituye un
elemento de la política pública de educación, toda vez que dichos recursos
permiten que los profesionales presten sus servicios en zonas de difícil
acceso para el Estado, permitiendo entonces una adecuada prestación del
servicio.
En consecuencia, ordena a
reconocer, liquidar y pagar la bonificación por zona de difícil acceso de los
años 2008 y 2009.
T- 4590460
Juzgado Primero Promiscuo de
Lorica, el 17 de junio de 2014.
Mediante sentencia del 17 de
junio de 2014 el Juzgado Primero Promiscuo de Lorica concedió el amparo del
derecho a la igualdad del accionante. Al respecto, consideró que debe
tratarse de igual manera a todos los acreedores sujetos al proceso de
restructuración, de manera que como en este caso no hay un fundamento
razonable que permita excluir del pago al accionante, el trato resulta
discriminatorio y por lo mismo la acción de tutela resulta procedente para
evitarlo.
En consecuencia, ordenó al
Alcalde Municipal o a quien haga sus veces cancelar las acreencias derivadas
del contrato de obras civiles COC-09-2008 que se le adeudan al accionante,
más los intereses moratorios correspondientes.
T- 4590461
El Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Lorica, el 7 de julio de 2014.
El juez de primera instancia concedió
el amparo impetrado. Al respecto, consideró que era obligación del municipio
remitir al Ministerio de Educación las deudas que resulten del reconocimiento
de los costos del servicio educativo dejados de pagar o no reconocidos por el
Situado Fiscal o el Sistema General de Participaciones al personal docente y
administrativo, quien, en caso de que las mismas tengan amparo legal y
constitucional, deberá pagar (Ley 1450 de 2011). Así, a juicio del juzgado,
sería grave para la administración municipal que llegara la fecha límite de
remitir las deudas al Ministerio de Educación y que las de los ahora
accionantes queden por fuera, pues implicaría un detrimento patrimonial para
el municipio accionado.
En este orden de ideas
consideró que la negligencia por parte de la accionada al momento de
reconocer las prestaciones sociales a las que tienen derecho los accionantes,
repercute en el mínimo vital de sus núcleos familiares. Adicionalmente
consideró, de manera genérica, que los otros medios de defensa judicial no
resultaban idóneos para proteger los derechos invocados, pues el mínimo vital
de los accionantes y de sus núcleos familiares se encontraba comprometido, en
tanto no contaban con otros medios de subsistencia.
En consecuencia ordenó Al
Municipio de Santa Cruz de Lorica reconocer y pagar el reajuste de escalafón
a los docentes municipales “de Ley 60”, correspondientes a enero y marzo de
2002, así como la indexación de las sumas adeudadas más sus intereses
comerciales y moratorios.
T- 4593880
El Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Lorica, el 9 de julio de 2014.
El Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Lorica concedió el amparo impetrado. Al respecto, consideró que
era obligación del municipio remitir al Ministerio de Educación las deudas
que resulten del reconocimiento de los costos del servicio educativo dejados
de pagar o no reconocidos por el Situado Fiscal o el Sistema General de
Participaciones al personal docente y administrativo, quien, en caso de que
las mismas tengan amparo legal y constitucional, deberá pagar (Ley 1450 de
2011). Así, a juicio del juzgado, sería grave para la administración
municipal que llegara la fecha límite de remitir las deudas al Ministerio de
Educación y que las de los ahora accionantes queden por fuera, pues
implicaría un detrimento patrimonial para el municipio accionado.
En este orden de ideas
consideró que la negligencia por parte de la accionada al momento de reconocer
las prestaciones sociales a las que tienen derecho los accionantes, repercute
en el mínimo vital de sus núcleos familiares. Adicionalmente consideró, de
manera genérica, que los otros medios de defensa judicial no resultaban
idóneos para proteger los derechos invocados, pues el mínimo vital de los
accionantes y de sus núcleos familiares se encontraba comprometido, en tanto
no contaban con otros medios de subsistencia.
Aunado a lo anterior, sostuvo
que el incentivo económico que se reconoce a los docentes constituye un
elemento de la política pública de educación, toda vez que dichos recursos
permiten que los profesionales presten sus servicios en zonas de difícil
acceso para el Estado, permitiendo entonces una adecuada prestación del
servicio.
En consecuencia, ordena a
reconocer, liquidar y pagar la bonificación por zona de difícil acceso de los
años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012. En los mismos términos,
ordenó que se reliquiden los valores reconocidos en los años 2008 y 2010 y el
auxilio de movilización desde el año 2004 hasta la fecha, de acuerdo al
tiempo laborado por cada uno de los accionantes.
T- 4593881
El Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Lorica, el 2 de julio de 2014.
El Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Lorica concedió el amparo impetrado. Al respecto, consideró que
era obligación del municipio remitir al Ministerio de Educación las deudas
que resulten del reconocimiento de los costos del servicio educativo dejados
de pagar o no reconocidos por el Situado Fiscal o el Sistema General de
Participaciones al personal docente y administrativo, quien, en caso de que
las mismas tengan amparo legal y constitucional, deberá pagar (Ley 1450 de
2011), de manera que, a juicio del juzgado, sería grave para la
administración municipal que llegara la fecha límite de remitir las deudas al
Ministerio de Educación y que las de los ahora accionantes queden por fuera,
pues implicaría un detrimento patrimonial para el municipio accionado.
En este orden de ideas
consideró que la negligencia por parte de la accionada al momento de
reconocer las prestaciones sociales a las que tienen derecho los accionantes,
repercute en el mínimo vital de sus núcleos familiares. Adicionalmente
consideró, de manera genérica, que los otros medios de defensa judicial no
resultaban idóneos para proteger los derechos invocados, pues el mínimo vital
de los accionantes y de sus núcleos familiares se encontraba comprometido, en
tanto no contaban con medios de subsistencia.
En cuanto al derecho de
petición de los accionantes, señala que la respuesta fue notificada por aviso
a la accionante, pero que en ella no se demostró que los cargos desempeñados
por los accionantes no son idénticos a los que existen en la Secretaría de
Educación del Municipio de Lorica.
En consecuencia, ordenó al
representante del municipio expedir los actos administrativos  donde se
ordene  y reconozca  “el pago de factores salariales, prestacionales y
aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos
Profesionales, por concepto de la Nivelación salarial, después de determinar
la existencia de diferencias por razón de denominación, código y grado y su
incidencia en la asignación salarial, mediante a comparación de funciones y
requisitos de los empleos de la planta de personal Administrativo financiada
con recursos propios, con respecto a la planta de personal administrativo
financiada con recursos propios, con respecto a la planta de personal
administrativo financiada con recursos del S.G.P adscritos a la Secretaría de
Educación y Cultura del Municipio de Lorica, bajo el entendido que laboran
para un mismo empleador, nivelación que deberá ser reconocida con
retroactividad al año 2003. Así mismo se ordene reconocerle a los accionantes
la diferencia salarios y prestaciones sociales, vacaciones, bonificación por
servicios prestados, prima de vacaciones, prima de servicio, prima técnica,
demás prestaciones sociales a que tengan derecho dejados de devengar y
diferencias de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud,
Pensiones y Riesgos Profesionales, con retroactividad al año 2003. Se ordene
la reliquidación de las prestaciones como cesantías parciales, prima de
servicio, prima de navidad, vacaciones, prima técnica, subsidio familiar,
subsidio de transporte y demás prestaciones recibidas por el actor en la que
incluya para su liquidación las diferencias de salarios dejados de devengar,
con retroactividad al año 2003. Se ordene se les reconozca, liquide y pague a
mis poderdantes la Prima Técnica por evaluación de desempeño en el nivel
sobresaliente, prima de antigüedad y prima semestral a que tienen derecho por
laborar para la planta Global de personal del municipio de Lorica,  con
retroactividad al año 2003, fecha en la cual fue certificado el municipio de
Lorica-Córdoba.” [68]
Por encontrarse en discusión la
titularidad de los derechos sucesorales del señor Luis Alexander Jacobo
Blanco Buendía, el Juzgado ordenó a la accionada iniciar los trámites
administrativos para el emplazamiento de los herederos determinados e
indeterminados del causante para que comparezcan a la entidad y se garanticen
sus derechos.
2.2. Impugnación
Número del expediente
Argumentos de la apelación
T- 4587991
Mediante escrito radicado el 26
de mayo de 2014 el apoderado judicial de la Alcaldía Municipal de Lorica
solicitó que, con fundamento en los mismos argumentos esgrimidos en el
escrito de contestación, se revoque el fallo de primera instancia.
T- 4587994
Mediante escrito del 15 de mayo
de 2014 el apoderado judicial de la Alcaldía Municipal de Lorica reiteró los
argumentos expuestos en la contestación de la tutela y adicionalmente señaló
que en la sentencia del 2 de mayo de 2014 el Juzgado Promiscuo incurrió en
errores que permiten inferir que la misma correspondió a un modelo conforme
al cual se fallaron distintas acciones en una oportunidad anterior.
T- 4587995
Mediante escrito del 15 de mayo
de 2014 el apoderado judicial de la Alcaldía Municipal de Lorica reiteró los
argumentos expuestos en la contestación de la acción de tutela y
adicionalmente señaló que en la sentencia del 2 de mayo de 2014 el Juzgado
Promiscuo incurrió en errores que permiten inferir que la misma correspondió
a un modelo conforme al cual se fallaron acciones distintas en una
oportunidad anterior.
T- 4590456
Mediante escrito radicado el 23
de mayo de 2014 el apoderado judicial del Alcalde Municipal de Santa Cruz de
Lorica reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la tutela.
T- 4590457
Mediante escrito del 25 de
junio de 2014 el apoderado del municipio accionado impugnó el fallo con
fundamento en los mismos argumentos presentados en el escrito de contestación
de la tutela.
T- 4590458
Mediante escrito del 11 de
julio de 2014 el apoderado judicial del Alcalde Municipal de Lorica impugnó
el fallo de primera instancia con fundamento en los mismos argumentos
esbozados en la contestación de la demanda.
T- 4590459
Mediante escrito del 13 de
julio de 2014, el apoderado judicial del Alcalde de Lorica, sin aducir
razones, impugnó la decisión de primera instancia.
T- 4590460
Mediante escrito radicado el 25
de junio de 2014 el apoderado del municipio impugnó el fallo reiterando los
argumentos expuestos en la contestación de la tutela. Enfatizó en que el
carácter subsidiario de la acción de tutela no permite que a través de ella
se definan temas netamente económicos que no tienen afectación en los
derechos fundamentales de las personas, máxime cuando en este caso el
accionante tuvo la posibilidad de hacer parte de la convocatoria dentro del
proceso de restructuración para reclamar sus acreencias y no lo hizo.
Alega que no obstante que los
acreedores fueron citados públicamente para hacer parte de la convocatoria
dentro del proceso de restructuración, el accionante no acudió para  hacer
valer sus acreencias.
T- 4590461
El apoderado del municipio
impugnó el fallo con fundamento en los mismos argumentos presentados en la
contestación de la tutela.
T- 4593880
Mediante escrito radicado el 18
de julio de 2014 el apoderado de la accionada reiteró  los argumentos
presentados en la contestación de la demanda. Además, resaltó que el juez de
instancia amparó el derecho a la igualdad sin realizar un test que demuestre
el trato diferencial.
T- 4593881
Mediante escrito del 15 de
julio de 2014 el apoderado del Municipio de Lorica impugnó el fallo de
primera instancia reiterando los argumentos expuestos en el escrito de contestación.
Mediante escrito radicado el 14
de agosto de 2014 la apoderada de los accionantes solicitó al Juzgado Penal
del Circuito de Lorica que se pronunciara sobre la solicitud de
reconocimiento de los intereses moratorios sobre las sumas adeudadas.
2.3. Sentencias de Segunda
Instancia
Número de expediente
Autoridad Judicial y fecha
de la decisión
Decisión y Argumentos
T- 4587991
Juzgado Penal del Circuito de
Lorica, el 10 de junio de 2014.
El juez de segunda instancia
confirmó la decisión del a-quo, por considerar que la accionada
desconoció el derecho a la igualdad de los peticionarios, pues con
anterioridad reconoció los derechos que ahora reclaman a dos personas que se encontraban
en su misma situación.
Asimismo, consideró que la
acción de tutela resulta procedente en el caso concreto, pues se está
afectando el mínimo vital de los accionantes, quienes dependen de esos
recursos para su sostenimiento y el de sus familias.
T-  4587994
Juzgado Penal del Circuito de
Lorica, el 16 de junio de 2014.
Mediante sentencia del 16 de
junio de 2014, el Juzgado Penal del Circuito de Lorica confirmó la sentencia
del a-quo, pues consideró que el incumplimiento en el pago del
reajuste pensional y de los intereses de mora sobre las mesadas de los
accionantes está vulnerando su derecho al mínimo vital, cuya afectación no
fue desvirtuada por el municipio.
T- 4587995
Juzgado Penal del Circuito de
Lorica, el 16 de junio de 2014.
Mediante providencia del 16 de
junio de 2014, el Juzgado Penal del Circuito de Lorica confirmó parcialmente
la decisión del a-quo. En primer lugar consideró que efectivamente se
está desconociendo el derecho a la igualdad de los peticionarios, toda vez
que en acciones de tutela con supuestos idénticos a los de sus casos, las
prestaciones reclamadas fueron concedidas.
Además, hasta la fecha el ente
territorial demandado no ha reconocido ni pagado las sumas adeudadas,
abusando de la buena fe de los accionantes y afectándoles sus derechos
fundamentales, al punto en que no tienen otra alternativa que reclamar sus
derechos mediante acción de tutela.
En segundo lugar, revocó la
orden de que las sumas reconocidas y pagadas sean indexadas, porque de
acuerdo con la jurisprudencia, dicha pretensión resulta improcedente mediante
acción de tutela.
T- 4590456
Juzgado Penal del Circuito de
Lorica, el 12 de agosto de 2014.
Mediante providencia del 12 de
agosto de 2014, el Juzgado Penal del Circuito de Lorica confirmó la decisión
del a-quo, por considerar que se está desconociendo el derecho a la
igualdad de la peticionaria, toda vez que en acciones de tutela con supuestos
idénticos a los de su caso, las prestaciones reclamadas fueron concedidas.
Además, hasta la fecha el ente
territorial demandado no ha reconocido ni pagado las sumas adeudadas,
abusando de la buena fe de la accionante y afectando sus derechos
fundamentales, al punto en que no tiene otra alternativa que reclamar sus
derechos mediante acción de tutela.
T- 4590457
Juzgado Penal del Circuito de
Lorica, el 8 de agosto de 2014.
Mediante sentencia del 8 de
agosto de 2014 el Juzgado Penal del Circuito de Lorica confirmó la decisión
impugnada con fundamento en las mismas razones expuestas por el a-quo.
T- 4590458
Juzgado Penal del Circuito de
Lorica, el 19 de agosto de 2014
Mediante providencia del 19 de
agosto de 2014, el Juzgado Penal del Circuito de Lorica confirmó la decisión
del a-quo. Al respecto, consideró que se está desconociendo el derecho
a la igualdad de los peticionarios, toda vez que en acciones de tutela con
supuestos idénticos a los de sus casos, las prestaciones reclamadas fueron
concedidas.
Además, hasta la fecha el ente
territorial demandado no ha reconocido ni pagado las sumas adeudadas,
abusando de la buena fe de los accionantes y afectandoles sus derechos
fundamentales, al punto en que no tienen otra alternativa que reclamar sus
derechos mediante acción de tutela.
T- 4590459
Juzgado Penal del Circuito de
Lorica, el 11 de  agosto de 2014.
Mediante providencia del 11 de
agosto de 2014, el Juzgado Penal del Circuito de Lorica confirmó la decisión
del a-quo. Al respecto, consideró que se está desconociendo el derecho
a la igualdad de los peticionarios, toda vez que en acciones de tutela con
supuestos idénticos a los de sus casos, las prestaciones reclamadas fueron
concedidas.
Además, hasta la fecha el ente
territorial demandado no ha reconocido ni pagado las sumas adeudadas,
abusando de la buena fe de los accionantes y afectándoles sus derechos
fundamentales, al punto en que no tienen otra alternativa que reclamar sus
derechos mediante acción de tutela.
T- 4590460
El Juzgado Penal del Circuito
de Lorica, el 8 de agosto de 2014.
Mediante sentencia del 8 de
agosto de 2014 confirmó la decisión del a-quo, por considerar que la
entidad accionada no logró desvirtuar que la falta de pago de la deuda por el
contrato celebrado, afectaba el mínimo vital del accionante.
T- 4590461
El Juzgado Penal del Circuito
de Lorica, el 20 de agosto de 2014.
Mediante providencia del 20 de
agosto de 2014 el Juzgado Penal del Circuito de Lorica confirmó la decisión
del a-quo. Al respecto, indicó que hasta la fecha el ente territorial
demandado no ha reconocido ni pagado las sumas adeudadas, abusando de la
buena fe de los accionantes y afectándoles sus derechos fundamentales, al
punto en que no tienen otra alternativa que reclamar sus derechos mediante
acción de tutela.
T- 4593880
El Juzgado Penal del Circuito
de Lorica, el 21 de agosto de 2014.
Mediante providencia del 21 de
agosto de 2014, el Juzgado Penal del Circuito de Lorica confirmó la decisión
del a-quo. Al respecto, consideró que se está desconociendo el derecho
a la igualdad de los peticionarios, toda vez que en acciones de tutela con
supuestos idénticos a los de sus casos, las prestaciones reclamadas fueron
concedidas.
Además, hasta la fecha el ente
territorial demandado no ha reconocido ni pagado las sumas adeudadas,
abusando de la buena fe de los accionantes y perjudicándoles sus derechos
fundamentales, al punto en que no tienen otra alternativa que reclamar sus
derechos mediante acción de tutela.
T- 4593881
Juzgado Penal del Circuito de
Lorica, el 19 de agosto de 2014.
En sentencia del 19 de agosto
de 2014 el Juzgado Penal del Circuito de Lorica confirmó la decisión de primera
instancia, por considerar que con las pruebas obrantes en el expediente se
logró demostrar que las funciones desempeñadas por las diferentes plantas son
iguales en cuanto a requisitos mínimos, lo cual vulnera el derecho a la
igualdad de los accionantes, así como su derecho al mínimo vital.
Adicionalmente, ordenó que se
reconociera intereses moratorios a todas las sumas reclamadas.
2.4. Pruebas relevantes
aportadas al proceso
Número del expediente
Elementos probatorios
relevantes aportados
T 4587991
- Copias de
derechos de petición elevados por algunos accionantes ante la Alcaldía
Municipal de Lorica, en los que solicitan el pago de prestaciones sociales y
acreencias laborales.
- Copias de
las respuestas negativas emitidas por la Alcaldía Municipal de Lorica a los
derechos de petición elevados por los accionantes.
- Constancias
de prestación de servicios como docentes de algunos accionantes emitidas por
la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de Lorica.
- Copias de
contratos de prestación de servicios suscritos entre algunos accionantes y el
Municipio de Santa Cruz de Lorica.
- Copias de
órdenes de prestación de servicios suscritas por algunos accionantes con la
Alcaldía Municipal de Lorica, para la prestación de servicios.
T-4587994
- Doce declaraciones extra
juicio, en las que los accionantes afirman convivir con sus cónyuges o
compañeros permanentes, quienes dependen de ellos.
- Copia de una hoja de fax en
la que al parecer se registra la nómina de pensionados del municipio de Santa
Cruz de Lorica.
T-4587995
- Copia de la
Resolución 371 de 2014 expedida por el Alcalde municipal de Santa Cruz de
Lorica, mediante la cual, en cumplimiento de un fallo de tutela, reconoce,
liquida y paga la bonificación por difícil acceso a algunos docentes, junto con
las respectivas liquidaciones por los valores ya reconocidos.
T- 4590456
- Copia de un
comprobante de pago a la señora Midaluz Maida Martínez Guerra, por los
servicios prestados como docente de Aula de primaria entre el 1 de febrero de
2014 y el 28 del mismo mes y año, por un valor neto a pagar de $ 2.421.994.
T- 4590457
- Copia de un
derecho de petición suscrito por el Asesor Jurídico de ASOSANJORGE el 28 de
diciembre de 2012, en el cual solicita al Secretario de Hacienda del
municipio Santa Cruz de Lorica la elaboración de la cuenta del Convenio C-001
de 2007 y se produzca el pago efectivo.
- Derecho de
petición elevado por el señor Ortega Martínez el 30 de octubre de 2013,
mediante el cual se solicitó a la Alcaldía Municipal de Lorica copia del
convenio interadministrativo C-001-2007 y demás documentos que hacen parte
del mismo.
-  Copia de la
respuesta al derecho de petición elevado por el accionante, del 23 de
noviembre de 2013, junto con los documentos solicitados.
T- 4590458
- Copia del
Decreto 233 del 26 de diciembre de 2007, por el cual el Alcalde Municipal de
Lorica nombra en propiedad al señor Alexi Lagares Ballesta, en la Institución
Eugenio Sánchez Cárdenas.
- Copia del
Acta de posesión del señor Luis Fernando Hoyos Arteaga del 31 de mayo de 2005
para el cargo de docente en la Institución Educativa San Luis Campo Alegre.
- Copia de la
Resolución No. 162 del 4 de octubre de 2011 por medio de la cual el
Secretario de Educación de Santa Cruz de Lorica reconoce y ordena el pago de
la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional a favor del menor
Fernando José Hoyos Isaza representado por la señora Heidy María Isaza.
T- 4590459
- Certificado
del 20 de mayo de 2014, suscrito por el Rector de la Institución Educativa
Chica Olaya, donde consta que la señora Rudis Morelo Pérez laboró para esa
institución durante los años 2008 y 2009.
T- 4590460
- Copia del
contrato de obras civiles COC-09-2008, celebrado el 14 de julio de 2008,
junto con el certificado de disponibilidad presupuestal, acta de liquidación
final, acta de recibo final, póliza y demás documentos que hacen parte del
mismo.
T- 4590461
- Copia de los
decretos de nombramiento de algunos accionantes como docentes del Municipio
de Santa Cruz de Lorica.
- Copia de las
actas de posesión de algunos accionantes a su cargo como docentes del
Municipio de Lorica.
- Copias
resoluciones mediante las cuales se asciende a algunos de los accionantes en
el Escalafón Nacional Docente.
T- 4593880
- Copia de una
constancia suscrita por la directora del Centro Educativo Cotocá Arriba del 2
de junio de 2010, en la que certifica que la señora Isolina del Carmen
Negrete Sosa labora como docente de ese centro educativo y que fue
posesionada el 6 de febrero de 1978.
- Copia del
Acta de posesión del Señor Edgar Cabria González del día 9 de marzo de 2004,
como docente del centro Educativo el Lazo.
T- 4593881
- Copia del
derecho de petición suscrito por la apoderada de los accionantes dirigida a
la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de Lorica, el día 20 de mayo de 2014, en
la que solicita el reconocimiento y pago de la nivelación salarial respecto a
la planta de personal administrativa, financiada con recursos del Sistema
General de Participaciones adscrito a la Secretaría de Educación del
Municipio de Lotica y demás acreencias laborales dejadas de percibir.
- Copia de la
respuesta al derecho de petición, de fecha 10 de junio de 2014, en la que el
Alcalde del municipio de Lorica informa a la apoderada de los accionantes que
no puede acceder a sus pretensiones, por cuanto el municipio se encuentra en
un proceso de restructuración de pasivos, por lo tanto no cuenta con recursos
propios suficientes para reconocer el pago de ninguna acreencia laboral.
- Copia del
acta de notificación por aviso a la apoderada de los accionantes, surtida el
día 26 de junio de 2014.
- Copias de
las resoluciones de nombramiento y de las actas de posesión de algunos de los
accionantes en cargos administrativos dentro de la planta de personal del
Municipio de Lorica.
- Copia del
registro civil de defunción del señor Alexander Jacobo Blanco Buendía.
- Copia del
registro civil de matrimonio de los señores Alexander Jacobo Blanco Buendía y
Nuria Victoria Arteaga García.
- Copia del
registro civil de nacimiento de la menor Yelena María Blanco Arteaga.
- Copia del
registro civil de nacimiento del menor Jesús Manuel Blanco Arteaga.
[1]
Libardo Angulo Genes, Oscar Antonio Díaz Palencia, Jairo Luis Díaz Palencia,
Rosa María Banda Vargas, Gabriel Guzmán Hernández,  Federico Banda Vargas,
Eduardo Enrique Corrales Sandon, Francisco Antonio Ramírez Cantero, Jairo
Antonio Ramos Morelo, Esmeralda Gregoria Dia Sabalza, Arley Puentes Ballestas,
Salvador Segundo Sánchez Ávila, Neyis del Rosario Sánchez García, José Miguel
Sánchez Sánchez,  María Hernández Hernández, Candelaria Izquierdo Mercado,
Martha Libia Valdés Ortega, Héctor Benicio Chima Pérez, Libia Madera López,
José Luis Morelo Pitalua, Henry Luis López Hernández, Yokasta del Carmen Ortega
Urango, Roberto Isaza Marzan, Henry Luis Gogollo Hernández, Yerla Yolanda
Rodiño López, Yolanda Esther Flórez Morelo, Ninfa Judith Pitalua Payares, Rudis
Morelo Pérez, Yecith Manuel Morelo Posso, Alfredo Ruíz Ávila, Julio Babilonia
Pérez, Rafael Ignacio Díaz Yanez, Lesly del Carmen Rodríguez Negrette, Rafael
Emiro Guzmán Agamez, Carmen del Rosario Hernández Correa, Mabis Isaza Madera,
Liliana del Carmen Rhenals Vidal, Alba Rosa Cogollo Llorente, Patricia Esther
Genes Sánchez, Pabla Paulina Genes Sánchez, Álvaro Miranda Sandón, Cielo María
Sánchez Vargas, Aydee María Genes Florez, Manuela Antonia Hernández Correa,
Stella Josefa Ramírez Ramírez, Rina Margarita Ballesteros Ramírez, Liliana
Patricia Sajaud León, Erika Patricia López Ramírez, Claudia Patricia Osorio
Babilonia, Ana Cristina Díaz Ortega, Yadira Issa Robles, Manuel Antonio Medina
Hernández, Yamina Stella Tordecilla Corrales, Fátima González Palomo, Argelio
Manuel Díaz Roman, Lacides Miguel Fuentes Gómez, Gabriel Manuel de Hoyos
Martínez, Mario Dario Ojeda Luna, Dulaina Samira Sossa Wilches, Gabriel José
Ramos Moreno, José Gregorio Racero Vergara, Ignacia Mora Blanco, Roberto
Francisco Arteaga Zarante, José Iván Carmona Hernández, Demeris Mercado Burgos,
Miguelina Zarante Vargas, Luisa del Carmen Doria Hernández, María del Rosario
Cantero Cavadia, Silvana Romira Lugo Rodríguez y Enalba de Jesús López Osorio
[2]
Antonio Manuel Gutiérrez Mendoza, Juana Inés Herrera de Pérez, Milton Silvio
Ramos Zúñiga, Domingo Mercado Ramos, Teresa de Jesús Sepúlveda Gómez, Florina
Sarante de Ramos, Clemente Hernández Cogollo, Tomasa Isabel Rodríguez Polo,
Justo Manuel Ballestero Machado, Estilita Hernández de Rodríguez, Ana Julia
Pérez Ávila, Miguel Arteaga López, Felipe Blanco Zurique, Antonio Pineda Julio,
David Correa Espitia, Eusebio García Pico, Eunice del Carmen Cuello de Baquero,
Rafael García de la Barrera, Pura Amira de la Barrera, Onesima María Fajardo,
Rafael Quiñones Peralta, Felipe Llorente Reyes, Enervadis Rodríguez Mercado,
Valentina Castro García,  María de la Concepción Arteaga Mangones, Pabla
Velásquez López, Nuris del Carmen González González, Lucia Oquendo Cantero,
Rosa Leonor Puertas Torre, Alberto Jattin Jiménez, Pablo Contreras Padilla,
Felipe Santiago Gutiérrez, María Herrera de Tordecilla, Rodrigo Ramos Álvarez,
José Luis Arroyo de la Barrera, Rosa Isabel Gómez Peinado, Laureano Martínez
Salcedo, Emilia Arroyo de Díaz, Mirza Núñez Castañeda, Simeón Páez García,
María de la Cruz Vargas Oviedo, Aurelio Antonio Pestana Cortés, Albertina López
Hernández, Juan Ramírez Ávila,  Betulia Mercado de Hernández, Olinda Aurora
Torres Villamizar y María Montoña de Tordecilla,
[3]
Josefa María Pérez Calao, María García Garcés, Arisneth López Osorio, Aura
Isabel Rojas Ríos,  Digno del Cristo Jiménez Álvarez, Margarita de Jesús Coneo
González, Miladis Isabel Doria Martínez, Victoria del Carmen Ávila Guevara,
Juan Domingo Sierra Cogollo y  Carlos Saúl Rhenals Blanquiceth
[4]
El menor es hijo del docente Luis Fernando Hoyos Arteaga, quien falleció.
[5]
Dollis del Carmen Montenegro González, Norma de la Concepción Negrete Ramos,
Rosario del Carmen Ríos Vélez, Neder Luis López Moreno, Yenis Bulasco
Tordecilla, Asalia Stella Sánchez Sánchez, Erlidis Andrea Hernández Ballesta,
Datty Doria Doria, Gladis Maldonado García
[6]
Gabriel José Ramos Moreno, Yolanda Flórez Morelo, Yessi Manuel Morelo Posso,
Dulanina Samira Sossa Wilches, Carmen María Medina Llorente, Ignacia Mora
Blanco, Rosa Ávila Vargas, Rudis Morelo Pérez, José Gregorio Racero Vergara, Nixon
Guillermo Tordecilla, Luisa del Carmen Doria Hernández, José Miguel Sánchez
Sánchez, Cielo de los Santos Anaya Ballesta, Yokasta Margarita Cano García,
María del Rosario Cantero Cavadia, José Iván Carmona Hernández, Enalba López
Osorio, Teofilo Palencia Flórez y José Luis Morelo Pitalua,
[7]
Rosa Taidith Cabria Martínez, Isolina del Carmen Negrete Sossa, Miguel Ángel Pérez
Rada, Harold Antonio Gómez Flórez, Juan Carlos Brango y Levis Josefa Peinado
Arrieta.
[8]
Climaco Rodríguez Soto, Dominga Orozco Ruiz, Ligia Margarita Torralvo Negrette,
Sandra del Carmen  Correa Velasco, María de los Ángeles Mora Sánchez, Luis
Asael Hernández Cumplido, Ricardo José Negrette Hernández, Virgelina Díaz
Tordecilla, Robert Antonio Guzmán Ramos, Noel Enrique Arteaga Burgos, Tulia
Rosa Urueta Morelo, Deyanira Buendia Argumedo, Luis Alberto Mendoza Ortega,
Martín Tordecilla Ballesta, Amada Vargas Ballesteros, María de  Dios Díaz
Reyes, Mayerlin Martínez Seña,  Arelis Castellón Agresot, Ramona González
González y Nuria Arteaga García, actuando como cónyuge supérstite del señor
Alexander Jacobo Buendía y en representación de sus hijos Jesús Manuel y Yelena
María Blanco Arteaga
[9]
Véanse, entre otras, las Sentencias T-336 de 2009,  T-436 de 2009, T-785 de
2009, T-799 de 2009, T-130 de 2010 y T-136 de 2010.
[10]
Sentencia T-723 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[11]
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[12]
Véanse, además, las Sentencias T-179 de 2003, T-500 de 2002, T-135 de 2002,
T-1062 de 2001, T-482 de 2001, SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-418 de 2000,
T-156 de 2000, T-716 de 1999, SU-086 de 1999,            T-554 de 1998, T-384
de 1998 y T-287 de 1995.
[13]
Sentencia C-225 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[14]
Véanse, entre otras, las Sentencias T-225 de 1993 y T-808 de 2010.
[15]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[16]
Véase, entre otras, las Sentencias T-106 de 1993 y T-100 de 1994.
[17]
Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[18]
Igual doctrina se encuentra en las Sentencias T-203 de 1993, T-483 de 1993 y
T-016 de 1995.
[19]
Sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[20]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[21]
Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias
SU-995 de 1999, T-898 de 2004, T-916 de 2006, T-232 de 2008, T-582 de 2008 y T-552
de 2009, T-007 de 2010, T-205 de 2010 y T-535 de 2010.
[22]
Sobre este mismo punto se puede consultar la
Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En el caso de la
referencia, varios trabajadores del Municipio de Santa Cruz de Lorica
instauraron acción de tutela para obtener, por una parte, la cancelación de los
intereses debidos con ocasión del pago tardío de unas cesantías; y por la otra,
el pago de la sanción moratoria de la que trata la
Ley 1071 de 2006. A pesar de que el citado municipio alegó la improcedencia de
la acción y enfatizó que se encontraba sometido a un acuerdo de
reestructuración, los jueces de instancia concedieron el amparo. Tras analizar
la procedencia excepcional de la acción de tutela para el pago de acreencias
laborales, esta Corporación revocó el fallo de instancia, al considerar que los
medios ordinarios de defensa judicial resultaban idóneos para proteger los
intereses de los actores, no se evidenciaba perjuicio irremediable alguno y
existían dudas en torno a la existencia de la deuda reclamada. En idéntico
sentido, en la Sentencia T-883 de 2012, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, se
estudió una solicitud de amparo de algunos docentes del Municipio de Sucre que
alegaron la vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al
trabajo y a la igualdad, por la negativa de la citada entidad de reconocer
distintas acreencias laborales. En dicha oportunidad, la
Sala declaró la improcedencia de la acción, al considerar que: “es claro
que tratándose de acreencias laborales, existen los medios judiciales de
defensa ordinarios para que los accionantes protejan sus intereses, no siendo,
en principio, el juez constitucional el llamado a intervenir. Siendo lo
anterior así, sería preciso determinar si, en este caso, tales medios
judiciales ordinarios resultan ineficaces o si se evidencia el acaecimiento de
un perjuicio irremediable. Del análisis de las circunstancias del asunto, para
la Sala es indiscutible que ninguna de estas dos condiciones se materializa en
esta oportunidad. En este sentido, de los elementos visibles en el
expediente no es posible determinar que los medios mencionados sean ineficaces
para proteger los derechos de los actores, como sucedería, por ejemplo, si se
viera afectado su mínimo vital o si pertenecieran a la tercera edad y se
encontraran en delicado estado de salud.”
[23]
Sentencia T-457 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[24]
Sentencia T-683
de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[25]
Sentencia T-725 de 2001,
M.P. Jaime Araujo Rentería.
[26]
Sentencias
T-065 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-992 de 2005, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
[27]
Sentencia T-162 de 2004, M.P. Álvaro
Tafur Galvis.
[28]
Sobre la materia se puede consultar, por ejemplo, al Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero
Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Bogotá D.C., 4 de marzo de 2010, radicación
número: 85001-23-31-000-2003-00015-011413-08.
[29]
Sentencia T-747 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[30]
En el acápite 2.3.2 de esta providencia, se señaló que dichos casos se resumen
en: (i) que no se encuentre acreditado en el expediente que el accionante
cuenta con otros ingresos o recursos que permitan su subsistencia; (ii)
que se trate de un incumplimiento prolongado e indefinido,
esto es, de una omisión superior a dos meses, con excepción de aquella
remuneración equivalente a un salario mínimo, y (iii) que las sumas que se
reclamen no sean deudas pendientes.
[31]
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
[32]
M.P. Fabio Morón Díaz
[33]
En un mismo sentido ver la Sentencia T-387 de 1999 M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[34]
Sentencias T-1316 de 2001, T690 de 2001, T-634 de 2002 y T-711 de 2004.
[35]
Enunciados en la Sentencia T-634 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[36]
Sentencia T- 711 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño
[37]
En el expediente T- 4590458 se solicita el pago de dicha bonificación desde el
año 2004 hasta el 2010, en el expediente T-4590459 por los años 2008 y 2009 y
en el  T-4593880 por el período 2004 a 2013, excepto el año 2011.
[38]
En el expediente T-4590459 no se solicita dicha reliquidación
[39]
En el caso del expediente T-4590459 se solicita el auxilio de movilización por
los años 2008 y 2009.
[40]
En el expediente T4590458 no se concedieron a las pretensiones adicionales
solicitadas, distintas de aquella referente al pago de la bonificación.
[41]
Sentencia T-747 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[42]
En el acápite 4.3.2 de esta providencia, se señaló que dichos casos se resumen
en: (i) que no se encuentre acreditado en el expediente que el accionante
cuenta con otros ingresos o recursos que permitan su subsistencia; (ii)
que se trate de un incumplimiento prolongado e indefinido,
esto es, de una omisión superior a dos meses, con excepción de aquella
remuneración equivalente a un salario mínimo, y (iii) que las sumas que se
reclamen no sean deudas pendientes.
[43]
Sobre este punto, en la Sentencia T-187 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra,
se expuso: “Tampoco puede pretenderse la protección del
derecho a la igualdad, solicitando que cada caso en particular se resuelva de
manera general, es necesario determinar si los supuestos de hecho que se
presentan para alegar su vulneración son iguales, pues debe tenerse en cuenta
que los efectos de la acción de tutela son inter partes y si bien los
jueces de instancia, acatando los planteamientos expuestos en la jurisprudencia
constitucional, otorgan la misma solución a casos similares, esto es después de
un minucioso estudio del caso en particular que permite concluir que la
situación presentada es igual a la anteriormente estudiada. // De igual manera,
no es viable exigir a una entidad que ha sido demandada por cualquier motivo,
que en cumplimiento de la sentencia aplique lo ordenado de manera general,
salvo que la misma sentencia así lo determine, pues en la acción de tutela, el
juez constitucional estudia únicamente el caso de los peticionarios que
impetran la acción y no la situación de manera general. Es decir, la orden que
protege los derechos de quien acude a la acción es únicamente para los
directamente involucrados en ella, y aunque en algunas ocasiones se le señala a
la parte demandada, ciertos parámetros que debe tener en cuenta para la
solución de conflictos similares, no puede pretenderse que por existir una
orden en su contra, esta sea aplicada sin distinción alguna”.
[44]
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
[45]
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
[46]
Sentencia T-471 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[47]
Folio 13 del cuaderno principal.
[48]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[49]
En este sentido la Corte en la sentencia T-499 de 1996, estudió el caso del
directivo de un colegio, que interpuso acción de tutela con el fin de obtener
protección del derecho de petición ejercido por el rector de la institución
ante la Secretaría de Educación;  la Corte bajo el argumento de que el actor no
había suscrito las peticiones, decidió confirmar la decisión del juez de
instancia que denegó por improcedente la acción de tutela.
[50]
Sentencia T-747 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[51]
La apoderada de los accionantes sostiene: “El salario y sus prestaciones
sociales son el único recurso con los que cuenta mis poderdantes, para su
manutención y la de su núcleo familiar, por lo tanto, con el no pago del
salario pone en peligro el derecho a su subsistencia y al bienestar de su
familia. Dado que no cuentan con rentas suficientes y distintas de las que
provenían de su trabajo, es decir, constituye su mínimo vital y su pago sería
la solución de su subsistencia y demás miembros del núcleo familiar.”
[52]
En el acápite 4.3.2 de esta providencia, se señaló que dichos casos se resumen
en: (i) que no se encuentre acreditado en el expediente que el accionante
cuenta con otros ingresos o recursos que permitan su subsistencia; (ii)
que se trate de un incumplimiento prolongado e indefinido,
esto es, de una omisión superior a dos meses, con excepción de aquella
remuneración equivalente a un salario mínimo, y (iii) que las sumas que se
reclamen no sean deudas pendientes.
[53]
Manifiestan que el municipio de Lorica fue certificado en materia educativa con
retroactividad a 1º de enero de 2003 y que a partir de esa fecha los
accionantes, que antes prestaban sus servicios como personal administrativo a
instituciones educativas municipales a cargo de la nación,  hacen parte de la
Planta de Personal de la Entidad Territorial, de manera que lo único que los
diferencia con el personal que se encontraba adscrito a la Secretaría de
Educación, era la financiación de la nómina.
[54]
Mediante escrito del 14 de julio de 2014, la apoderada de los accionantes
solicitó que se adicionara el fallo, por cuanto el juez no se pronunció acerca
de la indexación que debe realizar el ente territorial sobre los valores
reconocidos y tampoco se pronunció sobre el pago de intereses moratorios a la tasa
más alta permitida por la ley. Por esta razón, en Auto de 16 de julio de 2014,
el Juzgado Segundo Municipal de Lorica adicionó el fallo, en el sentido de
ordenar que se indexen las condenas impuestas.
[55]
Sentencia T-717 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[56]
Folios 187 a 185.
[57]
Dentro del expediente no obra prueba de dicha afirmación.
[58]
Dentro del expediente no obra prueba de dicha afirmación.
[59]
Dentro del expediente no obra prueba de dicha afirmación.
[60]
En el caso de la señora Heide Marina Isaza Arteaga, solicita que le sean
concedidas las mismas pretensiones en su calidad de madre del hijo del señor Luis
Fernando Hoyos Arteaga, quien fuera docente.
[61]
Dentro del expediente no obra prueba de dicha afirmación.
[62]
Dentro del expediente no obra prueba de dicha afirmación.
[63]
NOMBRE
APELLIDO
CARGO
CÓDIGO
GRADO
Dagoberto
Correa Cafiel
Celador
6500
01
Climaco
Rodríguez Soto
Técnico de Contabilidad
401
05
Dominga
Orozco Ruiz
Auxiliar Administrativo
550
06
Ligia Margarita
Torralvo Negrette
Jede de división, fomento y seguridad social
Sandra del Carmen
Correa Velasco
Mecanógrafa
4335
02
María de los Ángeles
Mora Sánchez
Mecanógrafa
4335
02
Luis Asael
Hernández Cumplido
Revisor de control interno
Ricardo José
Negrette Hernández
Supervisor operativo de la terminal de buses
Virgelina
Díaz Tordecilla
Aseadora
6500
1
Robert Antonio
Guzmán Ramos
Auxiliar de servicios generales
Noel Enrique
Arteaga Burgos
Citador
6500
1
Tulia Rosa
Urueta Morelo
Mecanógrafa
Deyanira
Buendia Argumedo
Mecanógrafa
Luis Alberto
Mendoza Ortega
Secretario
540
6
Martín
Tordecilla Ballesta
Celador
6500
1
Amada
Vargas Ballesteros
Aseadora
María de Dios
Díaz Reyes
Auxiliar de servicios generales
470
1
Mayerlin
Martínez Seña
Secretaria Privada del despacho de la Alcaldía
Arelis
Castellón Agresot
Mecanógrafa
4335
2
Ramona
González González
Mecanógrafa
4335
2
Alexander Jacobo
Blanco Buendía
Técnico en Tesorería
405
5
[64]
Manifiestan que el municipio de Lorica fue certificado en materia educativa con
retroactividad a 1º de enero de 2003 y que a partir de esa fecha los
accionantes, que antes prestaban sus servicios como personal administrativo a
instituciones educativas municipales a cargo de la Nación,  hacen parte de la
Planta de Personal de la Entidad Territorial, de manera que lo único que los
diferencia con el personal que se encontraba adscrito a la Secretaría de
Educación, era la financiación de la nómina.
[65]
Mediante escrito del 27 de mayo de 2014 la apoderada de los accionantes
solicitó que la señora Fátima González Palomo fuera excluida de los efectos del
fallo de tutela, porque previamente había interpuesto otra acción de amparo,
dicha exclusión fue aceptada por el juzgado mediante auto del 27 de mayo de
2014.
[66]
Como ejemplo citó la Sentencia T-048 de 2008.
[67]
Si bien el juzgado no cita la sentencia que se usa como sustento del argumento,
se hace una cita general en la que se referencia la Sentencia de la
Sección Segunda del Consejo de Estado del 25 de marzo de 2010, del Consejero
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
[68]
Mediante escrito del 14 de julio de 2014 la apoderada de los accionantes
solicitó que se adicionara el fallo, por cuanto el juez no se pronunció acerca
de la indexación que debe realizar el ente territorial sobre los valores
reconocidos y tampoco se pronunció sobre el pago de intereses moratorios a la tasa
más alta permitida por ley. Mediante auto de 16 de julio de 2014 el Juzgado
Segundo Municipal de Lorica adicionó el fallo en el sentido de ordenar que se
indexen las condenas impuestas.