C-538-19
Sentencia C-538/19
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Competencia
de la Corte Constitucional
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras,
ciertas, específicas, pertinentes y suficientes
GARANTIA DE LOS DERECHOS A LA VERDAD,
LA JUSTICIA Y LA REPARACION-Contenido
y alcance
DERECHO A LA VERDAD EN LA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Implicaciones
DERECHO A LA VERDAD-Criterios jurisprudenciales
DERECHO DE LAS VICTIMAS-Acceso a la administración de justicia
DERECHO A LA REPARACION DE LAS
VICTIMAS-Fundamento cualificador de
la garantía de acceso a la administración de justicia
Como garantía para las víctimas, luego de la
violación inicial de sus derechos, el proceso judicial pretende la
reivindicación del bien lesionado y el restablecimiento de las posiciones
afectadas por la comisión del ilícito, que, se insiste, no se limitan a la
indemnización económica del daño causado sino que incluyen una reparación
integral y facetas del derecho a la verdad, entre otras, dirigidas a la re
dignificación de la persona. El derecho a la justicia, en concreto, exige la
existencia de recursos judiciales efectivos, en el marco de los cuales las
víctimas puedan denunciar y participar; que sean tramitados en plazos
razonables
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Instrumentos internacionales/ CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Obligación del Estado de proveer recurso efectivo para
protección de derechos
PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS
HUMANOS MEDIANTE LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD-Principios
DERECHO A LA REPARACION-Indemnización
El derecho a la reparación excede la connotación
indemnizatoria y de contenido económico. Este comprende, de manera integral, un
conjunto de medidas, así: (i) de restitución, (ii) de indemnización, (iii) de
rehabilitación y (iv) de satisfacción. Conforme a lo sostenido en los Principios
y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones, la reparación debe ser adecuada, efectiva y rápida. El componente
de restitución exige, de ser viable, el retorno a la situación existente
al momento anterior a la violación; el componente de la indemnización,
apropiada y proporcional a la gravedad y a las circunstancias del caso, implica
el resarcimiento económico del daño cuantificable; el componente de rehabilitación incluye
la atención médica, psicológica, jurídica y social que se requiera; y, como
parte del componente de satisfacción, se incluye el derecho a la
verdad.
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Objetivos
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Fines
DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL DE LAS
VICTIMAS-Parámetros constitucionales
RECONOCIMIENTO DE LOS
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Eje
transversal del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no
repetición
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Proceso penal transicional especial
JUSTICIA RESTAURATIVA O REPARADORA-Finalidad
Para lograr el objetivo de una justicia restaurativa,
en el más alto nivel posible, es necesaria la participación de las víctimas. Al
respecto, advierte la Sala que este derecho, como se anotó previamente, hace
parte de aquellas garantías que integran el derecho a la justicia del que son
titulares las víctimas y que, por lo tanto, se encuentra en el centro del
SIVJRNR. Pero, si además del compromiso derivado de dicha protección, se tiene
en cuenta que el Sistema tiene un enfoque restaurativo, la participación tiende
a potencializarse, si lo que se pretende es la reconstrucción de un tejido
social desmoronado por la lesión de bienes fundamentales.
INTERVENCION DE VICTIMAS EN PROCESOS
CON ENFOQUE RESTAURATIVO-Contenido
Esto significa que en procesos con un enfoque
restaurativo, como lo es por excelencia el procedimiento con reconocimiento de
verdad y responsabilidad en el seno de la JEP, la intervención debe permitir a
las víctimas involucrarse en procesos dialógicos con los victimarios y la
sociedad, y que sus manifestaciones, su experiencias, la valoración propia del
daño sufrido, así como las posibilidades que ellas estiman de reparación, entre
otros aspectos, sean tomados en cuenta seriamente en el marco de dicha relación
y también en las decisiones que deben adoptarse por las autoridades de la JEP;
de lo contrario, la participación no es efectiva ni protagónica.
PROCESOS DIALOGICOS-Contenido
La promoción de estos procesos dialógicos de origen
legal, también debe precisarse, no constituye un mandato ineludible al
encuentro directo entre ofensor y ofendido; su cumplimiento exige, en el marco
de las etapas del procedimiento, que la autoridad judicial valore qué
mecanismos o qué medidas resultan más adecuadas para lograr las interacciones
esperadas bajo la concepción restaurativa de la justicia. Lo contrario, esto
es, confrontar de manera directa a sujetos que no están preparados para ello,
puede generar nuevas victimizaciones, desconociendo que la labor del componente
de justicia en transición consiste en implementar acciones sin daño.
JUSTICIA RESTAURATIVA O REPARADORA-Objetivo específico de compensaciones a víctimas de
violaciones de derechos humanos
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD,
LA JUSTICIA, LA REPARACION Y LA NO REPETICION-Jurisprudencia constitucional
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Características de las sanciones impuestas
Dentro del conjunto de tratamientos penales
especiales para los comparecientes ante la JEP se encuentran, por ejemplo,
las sanciones propias, cuya concesión depende de que se aporte en verdad y
se reconozca responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de
Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas.  Estas
sanciones tienen un alto contenido reparador y de medidas restaurativas, pero
también conservan un componente retributivo, que se relaciona con la limitación
de derechos y libertades bajo condiciones de supervisión. Sobre su
determinación, esta Corporación, en la Sentencia C-080 de 2018, afirmó que,
aunque el componente de justicia a cargo de la JEP tiene un enfoque
restaurativo, su alcance no es comunitario y, por lo tanto, su
determinación y supervisión es un acto de la JEP como autoridad judicial con
autonomía e independencia
TRATAMIENTO PENAL ESPECIAL EN EL MARCO
DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACION Y NO REPETICION-Contenido
El otorgamiento de tratamientos penales especiales
previstos por el Sistema para sus comparecientes depende inescindiblemente,
tanto al momento de su concesión como para su mantenimiento, del aporte del
destinatario a la satisfacción de los derechos de las víctimas. En este
sentido, el inciso 2º del artículo 1 transitorio, artículo 1, del Acto
Legislativo 01 de 2018, prevé que el Sistema Integral parte, entre otros, de
los siguientes dos principios “del reconocimiento de que debe existir verdad
plena sobre lo ocurrido… de reconocimiento de responsabilidad por parte de
todos quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto y se
vieron involucrados de alguna manera en graves violaciones a los derechos
humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario…”. El
compromiso de aportar verdad, además, está previsto en el artículo 66.5
transitorio de la C.P.; en los artículos 5.8 transitorio y 26 transitorio del
Acto Legislativo 01 de 2017; y, en el artículo 20 de la Ley Estatutaria de la
JEP. La Corte Constitucional ha elaborado alrededor de estas relaciones de
condicionalidad una sólida jurisprudencia, a partir de la Sentencia C-370 de
2006 y, más recientemente, de las sentencias C-674 de 2017, C-007 de 2018 y
C-080 de 2018.
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Régimen de condicionalidad
Como parte del régimen de condicionalidad (...), los
comparecientes a la JEP están vinculados en el marco de dicho proceso a
la satisfacción de algunas facetas del derecho a la reparación, pero no de
todas, específicamente no de la indemnizatoria, por lo menos en cuanto hace
relación a los ex combatientes de las FARC-EP y a los miembros de la Fuerza
Pública. Al respecto, este Tribunal ha considerado pacíficamente, desde la
Sentencia C-674 de 2017, que, en la medida en que la JEP juzga
responsabilidades individuales y que el Estado asumió la garantía de tal faceta
de la reparación, éste es un asunto que no corresponde a la JEP, precisando, en
dicha providencia, que “la reparación se materializa incorporando a las penas
un componente restaurativo que se debe estructurar en función de las víctimas
del conflicto.”
NORMA ACUSADA-Alcance general
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Competencia
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Participación de las víctimas
También debe advertirse que, siguiendo lo previsto en
el artículo transitorio 12, artículo 1, del Acto Legislativo 01 de 2017, y en
el artículo 14 de la LEJ, las víctimas son intervinientes especiales y tienen
derecho a participar en los momentos establecidos en la Ley, por (i) sí mismas,
(ii) mediante apoderado de confianza o designado por la organización de
víctimas, (iii) a través de representante en el marco del Sistema Autónomo de
Asesoría y Defensa administrado por la Secretaría Ejecutiva de la JEP, y, en
subsidio, (iv) mediante apoderado que designe el sistema de defensa pública
(Arts. 2 y 4 de la Ley 1922 de 2018). Su acreditación dentro de los trámites en
la JEP se efectuará con fundamento en lo previsto en el artículo 3 ibídem.
Conforme al artículo 15 de la LEJ, que no contiene un listado taxativo, las
víctimas tienen derecho a aportar pruebas y presentar recursos contra las
sentencias de la JEP; a ser informadas del avance de la investigación y del
proceso, y de las fechas de las audiencias;  así como a intervenir en ellas,
entre otros.
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Funciones de la Sala de Reconocimiento
DERECHO A LA PARTICIPACION DE LAS
VICTIMAS EN LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Exequibilidad del término “podrán”
La Sala Plena considera que el término “podrán”
contenido en el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1922 de 2018 da cuenta de
una facultad conferida a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad
y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, que, ejercida en
términos constitucionales y siguiendo las pautas de la LEJ, especialmente del
artículo 141, le impone la obligación de garantizar el derecho a participar de
las víctimas en la etapa previa a la formulación de la Resolución de
Conclusiones, particularmente en relación con la propuesta del proyecto de
sanciones, con su contenido reparador y de medidas restaurativas
DERECHO A LA PARTICIPACION DE LAS VICTIMAS EN LA
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Alcance
Esta participación debe ser garantizada bajo los
parámetros previstos en el artículo 27 ibídem. Esto implica reconocer que las
autoridades de la JEP y, en este caso, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de
Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas tiene la
obligación de valorar las circunstancias que se presentan en cada caso, con el
ánimo de adoptar las medidas oportunas e idóneas para la satisfacción de los
objetivos del SIVJRNR, lo que incluye no generar nuevas victimizaciones y
propiciar un ambiente de mayores posibilidades de acercamiento progresivo. La
participación, además, debe ser efectiva, lo que implica que aquello que
manifiestan las víctimas tenga incidencia en la construcción a cargo de los victimarios,
y en su consideración también por las autoridades judiciales del componente de
justicia. Por último, es incuestionable que la participación debe tener en
cuenta los enfoques diferenciales y especiales que prevé el SIVJRNR.
Referencia: Expediente D-13198
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 27,
parágrafo (parcial), de la Ley 1922 de 2018, “[p]or la cual se adoptan unas
reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz”
Demandante: Soraya Gutiérrez Argüello y otros
Magistrada Ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá D.C., trece (13)
de noviembre de dos mil diecinueve (2019).
La Sala
Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
Constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en
el Decreto Ley 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. Antecedentes
1. En ejercicio de la acción
pública de inconstitucionalidad prevista en el artículo 241, numeral 4, de la
Constitución Política, los ciudadanos Soraya Gutiérrez Argüello, Yomary
Ortegón Osorio, José Jans Carretero Pardo, Franklin Castañeda Villacob, Harold
Vargas Hortua, Daniela Stefanía Rodríguez, Alberto Yepes Palacio, Luis Fernando
Sánchez Supelano, Blanca Irene López Garzón, Natalia Andrea Herrera Gálvez y
Érika Gómez Ardila[1]
demandaron la inconstitucionalidad del término “podrán”, contenido
en el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1922 de 2018, “[p]or medio de la
cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para
la Paz”.
En síntesis, consideran los
demandantes que el término demandado vulnera los artículos 2, 29, 228 y 229 de la Constitución Política; los artículos
1 y 12, parágrafo, del Acto Legislativo 01 de 2017; el artículo 14.1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y el artículo 8.1 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente, porque en el
marco de la Resolución de Conclusiones la participación de las víctimas es un
derecho fundamental, dada su importancia en el programa sancionatorio de
quienes ya han aceptado responsabilidad, con un enfoque reparador y
restaurativo. Reservar el ejercicio de tal derecho a una decisión discrecional
de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, en su concepto,
desconoce no solo el derecho a la participación de las víctimas, sino el acceso
a recursos judiciales efectivos y el componente restaurativo del Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
2. Mediante el Auto de 16 de mayo de 2019, la
ponente admitió la demanda presentada. Además, ordenó (i)
correr traslado al Procurador General de la Nación, (ii) fijar en lista el
proceso para la garantizar la oportunidad de la intervención ciudadana, (iii)
comunicar el inicio del trámite al Presidente de la República y al Presidente
del Congreso de la República, así como a los ministros del Interior, de
Justicia y del Derecho, y de Defensa Nacional.
De igual forma, con el
objeto de que emitieran concepto técnico sobre la demanda de la referencia,
según lo previsto en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991, se (iv) invitó a
participar al proceso a la Jurisdicción Especial para la
Paz, a través de la Presidencia; la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la Comisión Colombiana de Juristas;
la Alianza Cinco Claves; la Fundación Víctimas Visibles; la Asociación de
Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (ACORE), al Centro Internacional
para la Justicia Transicional (ICTJ); la Asociación de Familiares de Detenidos
Desparecidos – ASFADDES; la Organización Nacional Indígena – ONIC; la Ruta
Pacífica de las Mujeres; a Redepaz; y, a las facultades de Derecho de las
universidades Nacional de Colombia, de Antioquia, del Norte, Industrial de
Santander, de los Andes, EAFIT y Javeriana.
3. Una vez
cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el
Decreto Ley 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la
referencia.
II. La norma
demandada
4. A
continuación, se transcribe la disposición demandada, destacándose el término
cuestionado:
“LEY 1922 DE 2018
(julio 18)
Diario Oficial No. 50.658 de 18 de julio de 2018
PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA
Por medio de la cual se adoptan unas reglas de
procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
…
LIBRO SEGUNDO.
PROCESOS ANTE LA JEP.
TÍTULO PRIMERO.
PROCESOS EN CASO DE RECONOCIMIENTO
DE RESPONSABILIDAD.
CAPÍTULO PRIMERO.
PROCEDIMIENTOS ANTE LA SALA DE
RECONOCIMIENTO DE VERDAD, DE RESPONSABILIDAD Y DE DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS Y
CONDUCTAS.
ARTÍCULO 27. CONSTRUCCIÓN DIALÓGICA DE LA VERDAD Y
JUSTICIA RESTAURATIVA. En
el marco de los principios de justicia restaurativa y centralidad de las
víctimas previstos en el Título Primero de esta ley, las salas, y las secciones
cuando corresponda, podrán adoptar las medidas que estimen oportunas e idóneas
para promover la construcción dialógica de la verdad entre los sujetos
procesales e intervinientes, que propendan por la armonización y sanación
individual, colectiva y territorial, y promoverán la construcción de acuerdos
aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad, en todas las fases del
procedimiento. En algunos casos, podrán tomar en cuenta las prácticas
restaurativas de las justicias étnicas.
PARÁGRAFO. La Sala de Reconocimiento de Verdad y
Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas incluirá en la
Resolución de Conclusiones el proyecto de sanciones con su contenido reparador
y de medidas restaurativas que podrán ser definidas con
participación de las víctimas. En ningún caso, el compareciente obtendrá
beneficios económicos como consecuencia de la sanción ni de la reparación.
III. La demanda
5. Los demandantes consideran
que el término “podrán” demandado, previsto en el parágrafo del
artículo 27 de la Ley 1922 de 2018, “[p]or medio de la cual se
adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz”,
lesiona los artículos 2, 29, 228 y 229 de la Constitución Política; los
artículos 1 y 12, parágrafo, del Acto Legislativo 01 de 2017; el artículo 14.1
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y el artículo 8.1 de
la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo anterior, solicitan que se
declare la inconstitucionalidad del término referido o, en subsidio, se declare
su exequibilidad, “en el entendido que la participación de la víctima sea
necesaria salvo en aquellos casos en los que se demuestre que esta no es
posible o cuando la víctima decide libremente no participar.”
6. Como presupuesto de la
demanda, los promotores de la acción explican (i) cuál es el alcance de
la disposición cuestionada y (ii) en qué escenario irradia sus efectos, para
dar cuenta del impacto que tendría la intervención que reclaman de las
víctimas, en el equilibrio de los sujetos procesales. En cuanto a lo
primero, advierten que el Legislador le concedió a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y
Determinación de los Hechos y Conductas una facultad discrecional para
decidir si escucha o no a las víctimas antes de formular el proyecto de
sanciones, con su contenido reparador y de medidas restaurativas, en el marco
de la Resolución de Conclusiones. Tal facultad, advierten, es demasiado amplia,
pues no encuentra referentes de aplicación dentro de la Ley 1922 de 2018 y, de
otro lado, no debería consistir en una mera facultad, sino en un imperativo[2].
Estiman, frente al ámbito
de aplicación (ii), que el proyecto de sanciones no constituye una decisión
definitiva, pues ésta solo se concreta por la Sección de Primera Instancia del
Tribunal para la Paz en casos de reconocimiento y que, contrario a lo que
sucede con las víctimas, los victimarios sí cuentan con oportunidades
procesales para debatir este aspecto, como se evidencia, entre otras
disposiciones, en el artículo 30 de la Ley 1922 de 2018. Por estas condiciones,
precisan que “si el procesado cuenta con escenarios para controvertir la
resolución de conclusiones, incluidas las sanciones y las medidas
restaurativas, debe aceptarse que no hay carga desproporcionada o un
desequilibrio injustificado si las víctimas participan en la construcción de
este componente de la resolución de conclusiones de manera obligatoria”.
7.  Para los demandantes, el parámetro
de constitucionalidad en este asunto está conformado por los siguientes
dos ejes fundamentales.
7.1. El primero, es la garantía
de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, en
conexión estrecha con los derechos fundamentales de las víctimas a contar con
un recurso judicial efectivo y a participar eficazmente en su trámite.
Argumentan en la demanda que el
contenido específico de estos bienes (i) ha sido objeto de definición por la
Organización de Naciones Unidas[3],
la Corte Interamericana de Derechos Humanos[4]
y la Corte Constitucional[5],
esta última a partir principalmente de instrumentos internacionales suscritos y
vinculantes para Colombia y de disposiciones constitucionales[6], y (ii)
constituye un límite al margen de configuración del Legislador. Agregan que la
víctima es titular de un derecho fundamental a participar en el proceso penal
que se adelanta para determinar la responsabilidad de los hechos punibles que
la afectaron y que, por lo tanto, en ese contexto no solo deben protegerse las
garantías procesales del inculpado[7].
Ahora bien, agregan que en
situaciones transicionales, en las que el Estado debe investigar, juzgar y
sancionar a los responsables, por lo menos, de las graves violaciones a los
derechos humanos, las afectaciones posibles al derecho efectivo a la justicia
deben compensarse con una mayor participación de las víctimas y
con la mayor protección de los otros bienes fundamentales, como la verdad y la
reparación, en los términos previstos en el Acto Legislativo 01 de 2017. En
concreto, con fundamento en lo sostenido en la Sentencia C-473 de 2016[8], advierten
que el alcance de la intervención de las víctimas depende de factores tales
como el papel asignado a otros actores, las características de cada etapa
procesal y el impacto de la intervención en la estructura y formas de cada
trámite previsto por el Legislador.
7.2. El segundo eje del
parámetro de constitucionalidad, propuesto en la demanda, es el enfoque
restaurativo y de satisfacción de los derechos de las víctimas del sistema de
juzgamiento a cargo de la JEP[9],
que presuponen la existencia de un espectro amplio de garantías -sustanciales,
procesales, probatorias y de acceso-, con enfoque diferencial, para que se
cumpla la pretensión de que las víctimas sean el centro del proceso
transicional.
8. A partir de los mandatos
concretos derivados de tales ejes, los accionantes afirman que la participación
de las víctimas en la etapa de la que se ocupa la disposición parcialmente
demandada es una obligación, por cuanto: “[p]rimero, el enfoque de justicia
restaurativa pone en el centro de las preocupaciones los derechos de las
víctimas y la forma de satisfacerlos estableciendo un principio dialógico;
segundo, la resolución de conclusiones es central para la satisfacción de los
derechos de las víctimas pues establece las pretensiones reparatorias y de
medidas restitutivas; tercero, esta resolución de conclusiones se produce en un
momento en el cual ya no hay discusión sobre la responsabilidad del procesado
pues este la ha aceptado.”
9. Aprecian que la Resolución
de Conclusiones, que incluye el proyecto de sanciones con su contenido
reparador y de medidas restaurativas, es una etapa definitiva para la garantía
de los derechos de las víctimas y la afirmación del enfoque restaurativo del
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, SIJVRNR.
Lo anterior, en la medida en
que el proyecto de sanciones se dirige a aquellas personas que reconocieron la
comisión de conductas y su responsabilidad, a condición de recibir los tratamientos
que el sistema contempla, por lo tanto, es un momento clave para que las
víctimas expresen cuáles son las expectativas reparatorias, y exista ese
proceso dialógico en el que no solo se busque asumir un daño causado, sino que
se de el empoderamiento del afectado[10],
a partir de una participación activa que permita la construcción de las
decisiones relacionadas con la forma de reparar el daño. Agregan que:
“… en el marco del proceso adelantado por la JEP,
las sanciones y medidas restaurativas están estrechamente vinculadas con el
derecho a la reparación integral de las víctimas, lo anterior por cuanto como
se [ha] indicado las penas impuestas por esta jurisdicción, de acuerdo con el
Acto Legislativo 01 de 2017, deberán tener la mayor función restaurativa y
reparadora del daño causado. En ese sentido, las sanciones son ante todo un
mecanismo de reparación y de restauración frente al daño causado, más cuando se
está ante un supuesto reconocimiento de conductas y responsabilidad que lleva
la obtención de beneficios. En esa perspectiva, estas sanciones se insertan de
manera inescindible en el derecho fundamental a la reparación de las víctimas
pues buscan reparar los daños causados y restaurar las relaciones rotas como
consecuencia del hecho punible.”[11]
Así, si las sanciones impuestas
en el marco del SIVJRNR tienen el mayor componente reparador y restaurador,
cualquier decisión al respecto tiene por efecto afectar las víctimas, por lo
cual, éstas tienen el derecho a participar en la propuesta que se incluye en la
Resolución de Acusaciones, en tanto hace parte de la dignidad, participación
efectiva y de la existencia de mecanismos adecuados para tramitar la pretensión
de reparación.
“En suma: (a) la participación en el proceso de
definición de las sanciones bajo el paradigma de la justicia restaurativa es un
elemento esencial en el derecho a la reparación (por los fines que debe
perseguir la sanción de acuerdo al Acto Legislativo 01 de 2017 y la
jurisprudencia de los Altos Tribunales); y (b) la resolución de conclusiones es
la principal propuesta que se le presenta a la Sección de primera instancia del
Tribunal para la Paz y, en ese sentido, fija las expectativas mínimas del
contenido reparador de las sanciones y medidas restaurativa a ser considerada
por esta sección que fijará de manera definitiva las sanciones.”[12]
10. Por último, los accionantes al
someter la disposición demandada a un análisis intermedio de proporcionalidad,
intensidad que se justifica en la competencia del Legislador para regular las
condiciones en que se materializan varios derechos fundamentales en el marco de
procedimientos judiciales, encuentran que:
(i)
La única finalidad legítima que puede perseguir la norma, al concederle
una facultad discrecional a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de
Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas, consiste en mantener
su autonomía para imponer sanciones propias.
(ii)
En tales términos, la medida no es necesaria, dado que la participación
de las víctimas en esa etapa es una oportunidad de desarrollo dialógico del
procedimiento, en búsqueda de mayores consensos, máxime cuando el hecho de que
las victimas participen no determina necesariamente la decisión de la Sala, que
debe valorarlo.
(iii)
A pesar de que lo anterior es suficiente para concluir la
inexequibilidad, la medida es desproporcionada, pues implica la restricción
absoluta del derecho a la participación.
IV. Síntesis de las
intervenciones
Dentro del término de fijación
en lista, presentaron intervenciones las siguientes autoridades e instituciones[13].
Intervenciones
de entidades públicas
11. La Nación - Ministerio
de Justicia y del Derecho[14]
pide a la Corte Constitucional tener en cuenta los argumentos expuestos en
defensa de la exequibilidad del término demandado, con el objeto de que lo “module
como considere pertinente… para asegurar el equilibrio entre los derechos de
participación de las víctimas en la definición de sanciones con contenido
restaurativo y el derecho a un procedimiento expedito y en un tiempo
razonable.”
12. Afirma que en procesos de
justicia transicional y, en concreto, del que se configuró a partir del Acto
Legislativo 01 de 2017, el derecho a la participación de las víctimas debe
atender a las particularidades del contexto y a la dinámica propia de las
etapas que conforman el régimen previamente diseñado.
12.1. Desde esta perspectiva,
advierte que el modelo de persecución penal del SIVJRNR tiene un enfoque
restaurativo, caracterizado por tres elementos[15]:
(i) la universalidad, (ii) la selectividad en la persecución penal y (iii) un
régimen de condicionalidades, priorizando la garantía de los derechos a la
verdad y la reparación, y, a través de éstas, de la no repetición. Bajo esta
comprensión, la retribución pasa a un segundo plano y, en consecuencia, la
sanción tiene un objeto reparador primario, valorando variables tales como el
aporte del victimario a la verdad y a la reparación de la víctima y, además, el
momento en el que se producen tales contribuciones.
12.2. Además de lo anterior,
señala que dentro del SIVJRNR el componente de justicia se configura alrededor
de la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual debe garantizar el derecho a
la participación de las víctimas por constituir un aspecto fundamental en la
implementación de las medidas transicionales.
En particular, en el marco de
las actuaciones de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y
Determinación de los Hechos y Conductas, que deben guiarse por el principio
dialógico, las víctimas pueden intervenir en varias oportunidades: (i) al
presentar los informes relacionados con la comisión de hechos competencia de la
JEP, a partir de los cuáles se podrá también determinar quiénes ostentan la
condición de víctimas; y, aduciendo tal consideración, como intervinientes; y,
(ii) durante toda la etapa previa a la realización de la Resolución de
Conclusiones, con el objeto de solicitar pruebas, o presentar observaciones
luego de que se produzcan las versiones voluntarias. Adicionalmente, (iii) las
víctimas pueden ser invitadas a la audiencia pública de reconocimiento de
verdad y responsabilidad, estando a cargo de la Sala garantizar su
participación desde un enfoque territorial, de género y étnico-racial. Agrega
que, según el numeral 48.k del Punto 5 del Acuerdo Final, (iv) “la Sala
podrá convocar a las organizaciones que presentaron informes cuando considere
necesario ampliar la información allí contenida. La información que aporten las
organizaciones en estas convocatorias también será valorada y contrastada por
la Sala de Reconocimiento, tales informes pueden contener propuestas de
reparación”. Por último, las víctimas también pueden intervenir (v) antes
de formularse el proyecto de sanciones, conforme a lo establecido en la
disposición demandada ahora parcialmente.
13. Así, considera el
interviniente que el término “podrán” cuestionado no es inconstitucional
y, por el contrario, se sujeta a estándares nacionales e internacionales[16], si se
repara en que la participación de las víctimas está garantizada, a través de
diferentes vías y autoridades, en el sistema especial de justicia transicional
creado por el Acto Legislativo 01 de 2017, como se puede deducir a partir de lo
establecido en el inciso primero del artículo demandado.
14. Por otro lado, a partir del
enunciado demandado no puede afirmarse la existencia de una violación
desproporcionada a los derechos de las víctimas, porque una aseveración en tal
sentido parte de mirar las etapas fraccionadamente, sin atender al principio de
integralidad y, por lo tanto, a las relaciones existentes entre todos los
momentos de la actuación, incluso a cargo de la misma Sala de Reconocimiento de
Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas. Advierte
también que el sistema de justicia acogido: (i) no es comunitario[17], por lo
tanto, quien decide sobre un proyecto restaurativo es la JEP, y no la víctima y
victimario a través de un acuerdo, y (ii) no es el ordinario, razón por la cual,
no puede hablarse de una exclusión de la víctima bajo la presuposición de un
proceso oral en condiciones normales, pues la justicia transicional tiene retos
específicos que deben ser analizados, bajo criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, por el juez competente:
“…la SRVR de acuerdo a las particularidades del
caso que esté definiendo, tomará las medidas que considere oportunas he (sic)
idóneas para promover la construcción dialógica de la verdad, pues como son
casos concentrados y priorizados que abarcan patrones de violación de derechos
humanos con cierta sistematicidad, se tiene que observar tal como lo indica la
norma bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad en qué situaciones es
plausible la participación de todas y cada una de las víctimas y sus representantes,
pues ellas libremente también pueden decidir no comparecer en algunos casos se
haría necesario unos esquemas de participación comunitaria que permitan
desarrollar los principios de eficacia, eficiencia, celeridad y economía
procesal contemplados en los artículos 2º y 209 C.P.”
15. En conclusión, aprecia el
Ministerio interviniente que la configuración legislativa ahora cuestionada no
se opone al deber del Estado de garantizar los derechos de las víctimas, pues
un análisis sistémico permite advertir que otras salas y organismos de la JEP
tienen la obligación de garantizar los bienes que aquí pretenden ser asegurados.
Eliminar el término “podrán”, como lo piden los demandantes, generaría
una “ruptura de la unidad de la disposición y de su lógica”, por lo cual
debe analizarse, se insiste, de manera tal que garantice el principio de
dignidad y las obligaciones del Estado con relación a las víctimas.
16. La Nación - Ministerio
de Defensa Nacional[18]
pide a esta Corporación que se declare la constitucionalidad del enunciado
demandado, dado que “se concibió para advertir que bajo la construcción
dialógica de la verdad y la Justicia restaurativa, y en el marco de la
centralidad de las víctimas las diversas instancias de la Jurisdicción Especial
para la Paz podrán adoptar las medidas que estimen oportunas para promover la
participación de los sujetos procesales e intervinientes especiales...”.
17. Considera esta Cartera que,
contrario a lo que sostienen los demandantes, en la configuración del SIVJRNR
se crearon diferentes instancias que se encargan, sin desconocer su
complementariedad, de diferentes garantías, por lo cual, no es cierto que lo
pretendido por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de
Determinación de Hechos y Conductas sea obtener verdad no judicial, dado que
con este objeto se configuró la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
Así, luego de referirse a la estructura de la JEP, concluye que dentro de los
propósitos principales de esta Jurisdicción es otorgar justicia a las victimas
de las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario.
18. Atendiendo al margen de
configuración del Legislador, en los términos del artículo 150 de la C.P.,
continúa, la labor del juez no es establecer si las autoridades encontraron una
solución correcta, sino si las decisiones que se adoptaron en materia normativa
se encuentran dentro de cauces razonables[19].
En materia transicional, se impone una prudencia especial, dado que lo que subyace
a la regulación es la búsqueda de la paz, por lo tanto, el Juez constitucional
debe ubicar los límites y hacerlos respetar, pero no actuar como si fuera de su
competencia el diseño de los procedimientos. Así, el análisis de
constitucionalidad de una norma de procedimiento exige verificar si con ella se
lesiona el derecho al debido proceso, pues, de no configurarse tal lesión, debe
respetarse la decisión del Congreso.
19. Bajo la anterior línea y en
el contexto del proceso de justicia de transición, agrega, el apartado
demandado prevé un “mecanismo de apoyo en favor de la autoridad que tiene a
su cargo el deber legal de proferir el proyecto de resolución de conclusiones
cuando considere necesario contar con un criterio auxiliar para la definición
del contenido reparador y de medidas restaurativas.” Advierte, que las
víctimas pueden presentar informes que den cuenta de los hechos competencia de
la JEP, ser convocadas para ampliar el relato o allegar pruebas y, además, ser
invitadas a la Audiencia Pública en la que el compareciente acepte verdad y
responsabilidad. Por lo anterior, la posibilidad que prevé el parágrafo del
artículo 27 de la Ley 1922 de 2018 es una oportunidad adicional, dentro de
muchas otras:
“El hecho de que se haya formulado como posibilidad
surge por la existencia de escenarios anteriores a la definición de la
resolución en los cuales existe participación activa de las víctimas como
intervinientes en las cuales pudieron haber fijado sus posiciones y
pretensiones frente a las sanciones con contenido restaurativo.”
20. En conclusión, afirma el
Ministerio, el enunciado demandado no lesiona los derechos de las víctimas a
participar y, por lo tanto, por virtud del principio de conservación del
derecho, debe entenderse que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de
Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas ostenta la facultad de
valorar la oportunidad de la participación en dicho momento.
21. La Nación - Ministerio
del Interior[20],
pese a que considera que por la temática involucrada en esta demanda quien debe
efectuar un pronunciamiento es el Ministerio de Justicia, estima que la
disposición parcialmente demandada es exequible, dado que “la Sala de
Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y
Conductas, podrá adoptar las medidas que estimen oportunas e idóneas para
promover la construcción dialógica de la verdad entre los sujetos procesales e
intervinientes, que propendan por la armonización y sanación individual,
colectiva y territorial, y promoverán la construcción de acuerdos aplicando
criterios de razonabilidad y proporcionalidad, en todas las fases del
procedimiento.”
22. Argumenta, luego de
insistir en algunos aspectos fundamentales de la comprensión del SIVJRNR
adoptado por el Acto Legislativo 01 de 2017 y de establecer el alcance de la
fuerza vinculante del Acuerdo Final, atendiendo al Acto Legislativo 02 de 2017,
que la Ley 1922 de 2018 regula el derecho de las víctimas a participar en el
artículo 27D. Así, el enunciado demandado garantiza los derechos de estos
intervinientes especiales sin desconocer la autonomía de la Sala de
Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y
Conductas para promover la construcción dialógica de la verdad y promover la
existencia de acuerdos, en términos de razonabilidad y proporcionalidad.
23. De otro lado, este
Ministerio considera que la demanda no satisface los requisitos de claridad,
especificidad y pertinencia, dado que se parte de una lectura subjetiva de la
disposición parcialmente cuestionada.
Intervenciones
ciudadanas, de organizaciones y universidades
24. La Comisión Colombiana
de Juristas[21]
solicita a la Corte Constitucional declarar la constitucionalidad condicionada
de la norma cuestionada, “en el entendido en que la JEP debe por principio
contar con la participación de las víctimas en la resolución de conclusiones y
el proyecto de sanciones. Garantizando en todo caso los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.”
25. La Comisión estima que no
existe una necesaria incompatibilidad entre el enunciado demandado y los
contenidos constitucionales, dado que, partiendo de la diferencia existente
entre arbitrio y arbitrariedad[22],
es perfectamente posible que la facultad conferida a la Sala de Reconocimiento
de Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas se ejerza
satisfaciendo los derechos de las víctimas y otros mandatos superiores. En este
sentido, a partir de la línea jurisprudencial de la Corte sobre la fuerza
vinculante del precedente y la existencia de cargas para el juez en caso de
apartarse, destaca la idea del deber de argumentar y, por lo tanto, de la
necesidad de que los jueces den cuenta de la razonabilidad de sus decisiones,
así “[c]uando la ley otorga una facultad al operador judicial para que actúe
en un sentido o en otro, no significa que el juez puede hacer lo que prefiera”.
Bajo estas precisiones, en consecuencia, afirma la interviniente que, puesto en
contexto y bajo un marco teórico, no es dable pensar que el término “podrán”,
previsto en la disposición demandada, constituye una “carta abierta a las
opciones personales del juez”.
26. La interviniente, además,
advierte que el ejercicio no ajustado al ordenamiento de una facultad legal por
parte de un juez, como en este caso podría suceder con las autoridades de la
Jurisdicción Especial para la Paz, sitúa la decisión así adoptada ante la
posibilidad de ser demandada en sede de tutela, por lo cual concluye que bajo
una comprensión armónica e integral el enunciado no es inconstitucional, pues
en todo caso el juez debe dar cuenta de las razones por las cuales no convocó a
las víctimas para la formulación del proyecto de sanciones.
27. Los ciudadanos Anderson
Javier Hernández López y Diana Marcela Cubides Wilches[23]
intervienen para solicitar que esta Corporación declare: (i) la inhibición
respecto del cargo por presunta violación de los artículos 2 y 29 de la C.P.;
y, (ii) la constitucionalidad del término demandado por no desconocer los artículos
228 y 229 de la Constitución Política y, 1 y 12 transitorios de la C.P.,
incorporados por el Acto Legislativo 01 de 2017.
28. Señalan que en la
configuración del SIVJRNR se pretendió satisfacer adecuadamente los derechos de
las víctimas, a través de un enfoque restaurativo de justicia, en el que éstas
ostentan la condición de intervinientes especiales y, por lo tanto, pueden
comparecer, incluso, de manera conjunta con los victimarios. Agregan que, en el
escenario transicional, la pretensión de la sanción se dirige a garantizar
aspectos reparadores y restaurativos, respecto de la víctima y de la sociedad;
y que los casos analizados pueden tomar diferentes rumbos, en atención, entre
otros aspectos, a la intención del victimario. En este sentido, todos los
aspectos procedimentales que guían los cursos de acción de la justicia
transicional son concebidos en función de la materialización de los derechos
sustanciales y no desconocen los compromisos del Estado colombiano ante la
comunidad internacional.
29. Respecto a los cargos
formulados en la demanda, consideran que (i) no se satisface el requisito de
especificidad respecto de la presunta lesión de los artículos 2 y 29 de la
C.P., “ya que los argumentos no han sido precisos al relacionar concreta y
directamente la disposición acusada con las normas constitucionales que
aparentemente se infringen.”. Y que (ii) no se evidencia una vulneración a
los artículos 228 y 229 de la C.P. y 1 y 12 transitorios, incorporados por el Acto
Legislativo 01 de 2017, en la medida en que:
29.1. El término
demandado no impide el ejercicio de los derechos de las víctimas en una
oportunidad diferente a aquella regulada por la disposición demandada. Conforme
a lo establecido en el artículo 27C de la Ley 1922 de 2018, las víctimas,
previo trámite para certificar dicha condición dentro del Sistema[24], pueden
dar su aval o disgusto sobre las medidas restaurativas ante la
Sección de Primera Instancia para casos de reconocimiento de verdad y
responsabilidad del Tribunal para la Paz.
29.2. Un mandato
dirigido a que sea obligatoria la participación de las víctimas antes de la
Resolución de Conclusiones, cuando las funciones de la Sala de Reconocimiento
de Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas son
temporales, podría (i) colapsar la entrega de la referida Resolución, “debido
a las múltiples interrupciones y nulidades que se pueden presentar dentro del
proceso de conformación” y (ii) generar inseguridad jurídica respecto de
los comparecientes que han venido reconociendo verdad y responsabilidad, “por
causa de que su sanción propia de ninguna forma estaría firme por estar en la
incertidumbre de tener algún tipo de nulidad que pueda invalidar la sanción y
el procedimiento depuesto por la SVR y el tribunal para la paz”.
30.  La Universidad Libre -
Facultad de Derecho de Bogotá[25]
coadyuva la demanda, al manifestarse a favor de una decisión condicionada “en
el entendido de que la palabra podrán no hace alusión a una
potestad facultativa de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y
Determinación de los Hechos para hacer partícipes a las víctimas del proyecto
de sanciones con contenido reparador y de medidas restaurativas, sino que tal
como lo pretenden los accionantes, la “participación de las víctimas es
necesaria salvo en aquellos casos en los que se demuestre de manera suficiente
y razonable que esta no es posible o cuando la víctima decida libremente no
participar”.
31. Esta pretensión se
fundamenta por la Universidad interviniente a partir de dos variables
predicables de un sistema de justicia restaurativa, la primera, el rol central
y protagónico de las víctimas y, la segunda, el empoderamiento que promueve
dicho enfoque en las víctimas.
31.1. Sobre la primera,
advierte que la necesidad de garantizar de mejor manera los derechos de los
afectados por la comisión de delitos, tanto en el régimen ordinario como en
sistemas transicionales[26],
exigió un cambio de enfoque en la concepción de la justicia, dando paso a
modelos restaurativos, como aquél que subyace al Acuerdo Final y al Acto
Legislativo 01 de 2017. Luego de advertir sus principales características,
precisa que el objetivo fundamental del SIVJRNR es garantizar los derechos de
las víctimas[27]
y que las limitaciones que puedan existir a sus derechos son justificables
solamente en la medida en que contribuyan a la consecución de una paz estable y
duradera. Por lo anterior, la limitación al derecho a la participación de las
víctimas que prevé la disposición demandada se opone a la garantía de sus derechos:
“Se hace imperativa y no facultativa entonces, la
participación de las víctimas en la determinación el contenido del proyecto de
sanciones, pues es finalmente con ellas, con la manifestación de sus historias,
de sus necesidades y de sus intereses, que se dará lugar a la construcción
dialógica de la verdad y a la materialización de una reparación integral.”
31.2. Respecto al
empoderamiento de las víctimas, la interviniente insiste en que los espacios de
justicia restaurativa permiten un acercamiento entre las víctimas, los
ofensores y la comunidad en el marco del proceso judicial, con el objeto de que
se repare el daño sufrido y, a través de una participación activa, se
consideren las necesidades e intereses de los afectados y se restaure el tejido
social. La participación, agrega, es un aspecto fundamental dentro del Acuerdo
Final, lo cual se evidencia en varias medidas, como la relativa a los planes de
rehabilitación psico-social.  En las anteriores condiciones, sostiene,
“… el aparte… tachado de inconstitucionalidad por
los accionantes, podría desconocer la centralidad y el protagonismo previsto
para las víctimas en los sistemas de justicia restaurativos. Igualmente, podría
obviar el empoderamiento reconocido para las víctimas en el Acuerdo Final… así
como en la impronta restaurativa otorgada a la JEP por el Acto Legislativo 01
de 2017.”
32. El ciudadano Gerardo
Vega Medina, que actúa en nombre y en representación de la Fundación
Forjando Futuros[28],
coadyuva las pretensiones de la demanda porque considera que, dado que las
sanciones tienen por guía la justicia restaurativa, “se debe garantizar la
participación de las víctimas y generar escenarios que propicien la
convivencia”.
33. Afirma que, bajo el enfoque
restaurativo de las sanciones, debe garantizarse el derecho a la participación
conjunta de víctimas y victimarios pues aquellas contienen un componente reparador.
Pese a que el legislador no debe permitir decisiones discrecionales en este
campo, concede a la autoridad judicial de la JEP una competencia abierta
dirigida a permitir o no la intervención de las víctimas en la determinación
del contenido del proyecto de sanciones, con enfoque restaurador, desconociendo
los mandatos de igualdad, acceso a la administración de justicia y
justiciabilidad de los derechos fundamentales, en especial, del derecho a la
participación de las víctimas.
33.1. Se desconoce el derecho a
la igualdad, previsto en los artículos 13 de la C.P., 10 de la Declaración de
Derechos Humanos y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque
(i) establece tratos discriminatorios y no contempla criterios que guíen el
ejercicio de la amplia facultad que se le concede a la Sala de Reconocimiento
de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas; y, (ii)
no promueve medidas afirmativas en favor de grupos discriminados y marginados,
generando una nueva re-victimización al dejar sin voz a quienes actúan como
intervinientes.
33.2. Se lesiona el derecho al
acceso a la administración de justicia y a la justiciabilidad de los derechos,
regulado en los artículos 87 y 229 de la C.P., 18 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, 18 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, y
24 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en la medida en que
genera una barrera para que un grupo vulnerable sea escuchado en escenarios de
toma de decisiones sobre reparación y rehabilitación de sus propios derechos.
33.3. Finalmente, quebranta el
derecho a la participación efectiva de las víctimas, configurado a partir de la
cláusula del Estado como Social de Derecho, comprometido con la defensa de
garantías tales como las derivadas del debido proceso. En el marco del proceso
de justicia transicional, es deber del Estado garantizar los derechos de las
víctimas y, por lo tanto, su participación “en todas las medidas
implementadas para la garantía de sus derechos se convierte a la vez en un
mecanismo de reparación y en una condición que permita la idoneidad y
adecuación de estas medidas, en tanto, son ellas quienes mejor conocimiento
tienen frente a las acciones que se deben implementar para la protección,
reparación y rehabilitación de los derechos que les han sido conculcados
durante la vigencia del conflicto que se busca resolver”.
V. Concepto del
Procurador General de la Nación
34. En atención a lo dispuesto
en los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución Política, el Procurador
General de la Nación, mediante concepto 006605 del 11 de julio de 2019,
solicita a la Corte declarar la exequibilidad del enunciado demandado, dado que
el término “podrán” hace referencia a la posibilidad de que las
víctimas, una vez convocadas, concurran libremente a la etapa del procedimiento
destinada a formular el proyecto sancionatorio en la Resolución de
Conclusiones. Por lo tanto, en ese contexto, la disposición parcialmente
cuestionada se ajusta a los mandatos constitucionales, específicamente, a la
centralidad de los derechos de las víctimas y al ejercicio de su autonomía.
35. Argumenta el Ministerio
Público que, según lo afirmado por esta Corporación y reconocido en normas que
regulan el proceso transicional[29], la
garantía de los derechos de las víctimas determina la eficacia del derecho a la
participación, eficacia que depende de que la víctima así lo desee, pues
obligarla a intervenir implica una nueva victimización. En estos términos,
continúa, una lectura sistemática exige descartar la posibilidad de que las
víctimas sean excluidas de los procesos de manera arbitraria e injustificada.
36. En el contexto de la Ley
1922 de 2018, afirma, “el legislador dispuso que la Sala [de
Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y
Conductas], como órgano encargado de proponer el proyecto de sanción ante la
Sección de primera instancia del Tribunal para la Paz para casos de
reconocimiento de verdad y responsabilidad, definirá el contenido reparador y
de medidas restaurativas del proyecto, con participación de las víctimas
cuando, una vez convocadas, decidan voluntariamente que quieren hacer parte de
este procedimiento. Es decir, lo que la norma regula es la posibilidad de que
las víctimas participen, si así lo deciden de manera voluntaria, en la
elaboración del proyecto de sanciones con su contenido reparador y de medidas
restaurativas, pues en su calidad de interviniente especial no están obligadas
a hacerse parte del proceso.”
37. El Acuerdo Final, vinculante
en los precisos términos establecidos en la Sentencia C-630 de 2017[30], contiene el compromiso de garantizar los
derechos de las víctimas y, a partir de allí, el Acto Legislativo, la Ley
Estatutaria y las demás normas pertinentes han tenido dicho objeto, por lo que
debe propenderse por una mirada sistemática, que dé cuenta de que las sanciones
propias tienen un enfoque reparativo y restaurador, y que, para tal efecto, es
imprescindible garantizar la oportunidad de intervención de las víctimas, sin que
esto implique, por supuesto, sustituir a la Sala en sus funciones.
VI. Consideraciones de
la Corte Constitucional
Competencia de la
Corte
38. De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4 de la Constitución Política, la
Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre
la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la expresión acusada
hace parte de una Ley de la República, en este caso, de la Ley 1922 de
2018.
Presentación del caso, problema
jurídico y esquema de decisión
39. La Corte estudia la demanda
presentada por un grupo de ciudadanos contra el término “podrán”,
contenido en el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1922 de 2018, por
considerar que lesiona los artículos 2, 29, 228 y 229 de la Constitución
Política; los artículos 1 y 12, parágrafo, del Acto Legislativo 01 de 2017; el
artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, el
artículo 8.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo anterior
solicitan, de manera principal, que se declare la inexequibilidad de la
expresión o, en subsidio, su constitucionalidad condicionada, en los términos
indicados en el apartado 5, supra.
40. Algunos de los intervinientes
consideran que la disposición demandada es constitucional, entre ellos el
Ministerio de Justicia y del Derecho[31], el
Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y algunos ciudadanos[32].  Argumentan en síntesis que (i) la
participación de las victimas está asegurada en diversas etapas y ante
diferentes autoridades; (ii) en un contexto de justicia transicional, en todo
caso, el ejercicio de este derecho debe tener en cuenta que la justicia no es
comunitaria y que debe propenderse también por la eficacia, eficiencia,
celeridad y economía procesal de las actuaciones, por lo tanto, el acceso de
las víctimas a las diferentes etapas del procedimiento debe guiarse por
criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iii) el Legislador cuenta con
un margen de configuración para diseñar los procedimientos judiciales; y, (iv)
otras disposiciones de la Ley 1922 de 2018 determinan las oportunidades de
participación de las víctimas.
41. Otros intervinientes, como la
Comisión Colombiana de Juristas, la Universidad Libre - Facultad de Derecho de
Bogotá y el ciudadano Gerardo Vega Medina, solicitan una decisión condicionada,
en la que la regla general aplicable sea la de la participación efectiva de las
víctimas, en atención a las características de la justicia a cargo de la JEP,
de la garantía de los derechos de las víctimas y del momento en el que se
solicita la participación, esto es, la etapa previa a la que la Sala de Reconocimiento
de Verdad, de Responsabilidad, y de Determinación de Hechos y Conductas
presenta el proyecto de sanción ante el Tribunal para la Paz.
42. Los ciudadanos Anderson Javier
Hernández y Diana Marcela Cubides Wilches solicitaron a la Corte que se inhiba
frente a los cargos por presunta lesión a los artículos 2 y 29 de la C.P.;
mientras que el Ministerio del Interior, sin mayores consideraciones, adujo que
la demanda no satisfacía los requisitos de claridad, especificidad y
pertinencia[33].
43. El Ministerio Público pide que se
declare la exequibilidad de la disposición demandada, dado que el término podrán
no hace referencia a las competencias de la Sala de Reconocimiento de
Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas para pedir
a las víctimas que participen en la formulación del proyecto de sanciones a
incluir en la Resolución de Conclusiones, sino al derecho de las víctimas a no
asistir, pues se parte de que es su derecho hacerlo.
44. En el marco antes referido, la
Sala deberá analizar como cuestión previa si la demanda es
apta para efectuar un pronunciamiento de fondo, en atención principalmente a
las manifestaciones que en tal sentido realizaron los intervinientes referidos
en el párrafo 42, supra.
45. Solo en caso de concluir que
existe, por lo menos, un cargo con la aptitud suficiente para generar una
decisión de fondo de esta Corporación, la Corte deberá determinar si la
expresión “podrán”, como criterio de intervención de las víctimas en el
marco de la definición del proyecto de sanción, con su contenido reparador y de
medidas restaurativas, a cargo de la Sala de Reconocimiento de Verdad y
Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, desconoce los
derechos de las víctimas, así como sus garantías procesales y sustanciales, en
un enfoque restaurativo.
46. Con tal objeto, la Sala
abordará los referentes normativos y jurisprudenciales pertinentes, así: (1) garantía
de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y
paradigma de la justicia restaurativa en la función de administrar justicia
atribuida a la Jurisdicción Especial para la Paz, acápite en el que se harán las
precisiones necesarias sobre la conformación del parámetro de
constitucionalidad en este asunto; (2) alcance del enunciado demandado en el
contexto de la Ley 1922 de 2018; y (3) configuración normativa del
procedimiento que ante la JEP se sigue en casos de reconocimiento de verdad y
reconocimiento de responsabilidad. Finalmente, se resolverá el problema jurídico.
I.
Cuestión previa – aptitud de la demanda
I.1. Requisitos
de aptitud de la demanda en la acción pública de inconstitucionalidad -
Reiteración de jurisprudencia[34]
47. La Corte Constitucional se ha pronunciado en distintas
oportunidades sobre los requisitos que debe reunir una demanda de
inconstitucionalidad, para efectos de que el asunto sometido a su consideración
pueda ser decidido de fondo. En dichas ocasiones, ha enfatizado que la acción
pública de inconstitucionalidad es expresión del derecho de participación en
una democracia[35],
y que constituye un instrumento de control sobre el poder de configuración
normativa que radica, de manera principal, en el Congreso de la República[36].
48. El ejercicio de dicho mecanismo, sin embargo,
no está desprovisto de exigencias que, si bien no pueden constituirse en
barreras para el acceso a la administración de justicia, están orientadas a dar
cuenta (i) de la presunción de corrección de las Leyes, con mayor precisión e
intensidad de aquellas proferidas por el Congreso de la República, que deriva
del carácter epistemológico del proceso democrático, y de la pretensión de
estabilidad del ordenamiento jurídico en beneficio de la seguridad que debe
brindar a sus destinatarios; y (ii) del ejercicio ponderado de la competencia
del Juez Constitucional que, por un lado, no debe asumir por sí mismo la carga
de formular acusaciones contra las normas que luego debe estudiar con
imparcialidad, y, por el otro, debe garantizar un escenario en el que el
escrito de la demanda permita orientar la participación y el debate ciudadano.
49. Por lo anterior, aunque en aplicación del
principio pro actione es preferible, en beneficio de un ordenamiento
jurídico coherente y consistente, dictar una decisión de fondo a una
inhibitoria, no le es dable a la Corte Constitucional corregir de oficio, ni
subsanar aspectos oscuros, débiles o no inteligibles dejados por el accionante,
“pues,
se corre el riesgo de transformar una acción eminentemente rogada, en un
mecanismo oficioso"[37].
Así entonces, las exigencias que rigen en esta materia no resultan
contrarias al carácter público de la acción de inconstitucionalidad, sino que
responden a la necesidad de establecer una carga procesal mínima, que tiene
como finalidad permitir que la Corte Constitucional cumpla de manera eficaz las
funciones que le han sido asignadas por la Carta Política en esta materia[38],
armonizando diversos principios institucionales y sustantivos.
50. Bajo tal premisa, y partiendo del contenido del
artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, la jurisprudencia ha precisado que, para
que exista demanda en debida forma, el promotor debe (i) señalar las
normas que se acusan como inconstitucionales, (ii) las disposiciones
superiores que estima infringidas, y (iii) exponer las razones o motivos
por los cuales la norma acusada viola la Constitución, lo que se traduce, a su
vez, en la formulación de por lo menos un cargo concreto de
inconstitucionalidad[39].
El promotor de la acción, por supuesto, también debe explicar la razón por la
cual estima que la Corte Constitucional es competente para conocer del asunto
(Artículos 241 de la Constitución Política y 2 del Decreto 2067 de 1991).
51. Las dos primeras exigencias cumplen un doble
propósito. De un lado, la determinación clara y precisa del objeto sobre
el que versa la acusación, esto es, la identificación de las normas que se
demandan como inconstitucionales, lo que se cumple con la transcripción literal
de las mismas por cualquier medio, o con la inclusión en la demanda de un
ejemplar de la publicación oficial, de acuerdo con las previsiones del artículo
2° del citado Decreto 2067 de 1991; y, del otro, la indicación de forma
relativamente clara de las normas constitucionales que, en criterio del actor,
resultan vulneradas por las disposiciones que se acusan y que son relevantes
para el juicio.
52. Ahora bien, el tercero de los presupuestos exige
consignar en el texto de la demanda las razones o motivos a partir de los
cuales se entiende que la norma acusada infringe la Constitución. Al respecto, este
Tribunal ha hecho énfasis en que el mismo impone al ciudadano que hace uso de
la acción pública una carga particular, consistente en la formulación de por lo
menos un cargo concreto de inconstitucionalidad contra la norma que pone en
tela de juicio, y en que este se encuentre respaldado en razones “claras,
ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”[40],
que permitan establecer la existencia de una oposición objetiva y verificable
entre la norma impugnada y el conjunto de las disposiciones constitucionales.
Dicho en otros términos, la proposición de una verdadera controversia de
raigambre constitucional[41].
Sobre estos requisitos, en la Sentencia C-1052 de 2001[42], se
sostuvo:
“(i) claras, es decir, seguir un curso de exposición
comprensible y presentar un razonamiento inteligible sobre la presunta
inconformidad entre la ley y la Constitución; (ii) ciertas, lo que significa
que no deben basarse en interpretaciones puramente subjetivas, caprichosas o
irrazonables de los textos demandados, sino exponer un contenido normativo que
razonablemente pueda atribuírseles; (iii) específicas, lo que excluye argumentos genéricos o
excesivamente vagos; (iv) pertinentes, de manera que planteen un problema de
constitucionalidad y no de conveniencia o corrección de las decisiones
legislativas, observadas desde parámetros diversos a los mandatos del Texto
Superior; y (v) suficientes,
esto es, capaces de generar una duda inicial sobre la constitucionalidad del
enunciado o disposición demandada.”
Así entonces, la claridad es
indispensable “para establecer la conducencia del concepto de la violación”,
pues, aunque se trate de una acción pública, es necesario seguir un hilo
conductor que permita comprenderla.  La certeza, por su
parte, exige que “la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y
existente” cuyo contenido sea verificable y no sobre deducciones, supuestos
o proposiciones hechos por el demandante mas no por el legislador. La especificidad
se predica de aquellas razones que “definen con claridad la manera como la
disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política”, formulando, por
lo menos un “cargo constitucional concreto contra la norma demandada”[43],
para que sea posible determinar si se presenta una confrontación real, objetiva
y verificable, dejando de lado argumentos “vagos, indeterminados,
indirectos, abstractos y globales”. [44]
La pertinencia, como atributo esencial
de las razones expuestas al demandar una norma por inconstitucional, indica que
“el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza
constitucional”, esto es, basado en la evaluación del contenido de una
norma superior frente al de la disposición demandada, apartándose de sustentos “puramente
legales y doctrinarios”, [45]
o simples puntos de vista del actor buscando un análisis conveniente y parcial
de sus efectos. Finalmente, la suficiencia se refiere, por una parte, a “la
exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios)
necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto
objeto de reproche”, y por otra, a la exposición de argumentos que logren
despertar “una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada”
que haga necesario un pronunciamiento de la Corte.
53. Cuando se satisfacen los requisitos atrás
señalados, la Corte se encuentra en condiciones de adelantar el proceso
judicial con el objetivo de establecer si lo acusado “se somete o no al
ordenamiento supralegal que se dice desconocido”[46]; de lo
contrario, al juez constitucional le será imposible “entrar en el examen
material de los preceptos atacados con miras a establecer si se avienen o no a
la Constitución”[47]
y, en tales circunstancias, no habrá lugar a darle curso al proceso o
habiéndolo adelantado, culminará con una sentencia inhibitoria, sin que en este
caso pueda oponerse una primera decisión de admisión dado que es en la Sala Plena de la Corporación, integrada por
todos sus Magistrados, en quien recae la competencia de proferir un fallo,
determinando, previa deliberación, si la demanda es apta o no[48].
I.2. La demanda presentada por el grupo de
ciudadanos en este caso sí es apta para generar un pronunciamiento de fondo
54. Para iniciar, siguiendo la
metodología que esta Corte ha establecido a efectos de determinar si existe por
lo menos un cargo de inconstitucionalidad apto para generar una decisión de
fondo, se evidencia que la demanda presentada ha permitido adelantar un debate
público claro, guiado por una línea argumentativa que no ofrece dificultad
alguna para la comprensión de cuáles son los reparos que imputan los promotores
de la acción en su escrito al parágrafo del artículo 27 de la Ley 1922 de 2018.
Desde ahora, advierte la Sala que tales inconformidades las abordará la Corte
en un solo cargo.
Este, en los términos formulados
en el problema jurídico (párrafo 45, supra), consiste en definir si la
norma prevista por el Legislador en la disposición referida  sobre la
intervención de las víctimas en la definición del proyecto de sanciones, con su
contenido reparador y de medidas restaurativas,  quebranta sus derechos a contar
con un recurso judicial efectivo y a la participación, en el marco de un
sistema de administración de justicia (i) cuya finalidad consiste en garantizar
los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no
repetición, y (ii) que acogió como paradigma orientador el de la justicia
restaurativa. Bajo esta comprensión, se considera que todas las disposiciones
del Ordenamiento Superior, citadas en la demanda, incluidos los artículos 2 y
29, son pertinentes para el análisis constitucional, en la medida en que la
construcción jurisprudencial alrededor del rol de las víctimas en procesos
judiciales ha tenido en cuenta tales referentes.
55. El cargo, además, cumple con
el requisito de certeza. En este sentido, es de advertir que ninguno de los
intervinientes cuestiona, por lo menos de manera expresa, que el alcance dado
por los accionantes al parágrafo del artículo 27 de la Ley 1922 de 2018 sea posible
en términos constitucionales. Esto es, lo que está en discusión es si el
término podrán como verbo determinante para la participación de las
víctimas en una etapa particular del procedimiento ante la JEP es
constitucional y, si lo es, en qué términos. En esta línea, se sostiene en la
demanda que su alcance es simplemente el de una facultad discrecional, sin
criterios orientadores, y en un contexto en el que debería ser un deber,
esto es, un imperativo más que una facultad.
Destaca la Sala que en concepto
del Ministerio Público el “podrán” no hace referencia a una
facultad de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad, y de
Determinación de Hechos y Conductas sino a una
potestad de las víctimas, quienes, en su opinión, contando con el derecho a
intervenir, pueden decidir no hacerlo, dado que el sistema de justicia es
voluntario, tanto para ofensores como para ofendidos. Técnicamente, aunque así
no lo propone la Procuraduría, este parece ser un asunto relacionado con la
certeza; sin embargo, dado que (i) solamente la Procuraduría parte de tal
hermenéutica y que, (ii) para arribar a una conclusión en ese sentido, se
requeriría analizar ampliamente el marco de aplicación y configuración en el
que se inscribe el término demandado, este asunto será abordado al atender el
fondo del asunto.
56. De otro lado, la demanda da
cuenta de cómo, en consideración de los accionantes, un alcance del término “podrán”
como mera facultad, que puede o no activarse, quebranta los ejes del componente
de justicia dentro del SIVJRNR a (i) garantizar los derechos de las víctimas, y
(ii) respetar el enfoque restaurativo, en un momento del procedimiento que
tiene incidencia definitiva para la fijación de la sanción propia, en sus
aspectos reparador y restaurativo. Esta confrontación es directa, y parte de
mandatos derivados de la Constitución Política y normas con la misma jerarquía,
planteando un verdadero problema de oposición del enunciado demandado con el
parámetro de control, con lo cual, se concluye que los requisitos de
pertinencia y especificidad se cumplen.
57. Por último, en los
anteriores términos, es evidente que se genera una mínima duda de
inconstitucionalidad, satisfaciendo el requisito de suficiencia. En
consecuencia, la Sala considera que se configura un cargo de
constitucionalidad, y, por lo tanto, la demanda es apta para que la Corte
profiera una decisión de fondo.
II.
Referentes normativos y jurisprudenciales pertinentes
58.
Antes de referirse de manera concreta a las normas y posiciones
jurisprudenciales requeridas para la resolución de este asunto, la Sala estima
necesario realizar algunas precisiones. (I) La disposición demandada hace parte
de un instrumento normativo necesario para la puesta en marcha del proceso de
Justicia Transicional tras la suscripción del Acuerdo Final de Paz, suscrito en
el mes de noviembre de 2016. Ahora bien, en atención a que los estándares
relevantes en el componente de justicia fueron objeto de incorporación al
Sistema Jurídico a través, fundamentalmente, del Acto Legislativo 01 de 2017 y
de la Ley Estatutaria de la JEP, estos dos cuerpos normativos servirán de
parámetro de control constitucional. En el primer caso, son disposiciones
relevantes, entre otras, los artículos 1, 5, 12 y 13 transitorios, del artículo
1; y, respecto de la Ley Estatutaria de la JEP, el artículo 141. Y, (II) esta
situación, además, repercute en el margen de configuración del Congreso, dado
que en este preciso contexto la competencia del Legislador se sujeta a la
configuración constitucional y estatutaria de la Justicia Transicional.
II.1.
Garantía de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no
repetición[49],
y paradigma de la justicia restaurativa en la función de administrar justicia
atribuida a la Jurisdicción Especial para la Paz
59. En situaciones en las que las sociedades
pretenden superar momentos de graves violaciones a la dignidad de sus
integrantes, de sistemáticas y amplias lesiones a los derechos humanos, la paz
y la justicia, fundamentos y fines del Estado, presupuestos de una
democracia en un Estado Constitucional de Derecho y condiciones de eficacia de
los derechos fundamentales, se fortalecen mutuamente[50], a partir
de la configuración de herramientas (i) tendientes a potencializar la
reconstrucción de los lazos rotos, y (ii) a las que subyace la idea regulativa
de que para ello es necesario garantizar los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
60. Para empezar, es preciso advertir que tales
derechos poseen los rasgos que, en general, son predicables de todos los
derechos humanos; esto es, (i) comportan obligaciones para el Estado y los
particulares; (ii) tienen un contenido complejo, cuyo conocimiento es esencial,
con miras al diseño de las garantías necesarias para su eficacia; (iii) pueden
entrar en colisión con otros principios, y en tal caso, su aplicación pasa por
ejercicios de ponderación; y (iv) presentan relaciones de interdependencia
entre sí (y con otros derechos) y son indivisibles, pues su materialización es
una exigencia de la dignidad humana, una condición de su vigencia. También debe
destacarse que en momentos de transición, su alcance general puede sufrir
variaciones en la intensidad de su protección, bajo la aspiración de una paz
estable y duradera.
61. En el Sistema Jurídico colombiano y,
específicamente, en relación con procesos de tránsito a sociedades en paz,
tales derechos alcanzaron su positivización constitucional con la reforma
efectuada por el Acto Legislativo 01 de 2012, específicamente a través de la
adición del artículo 66 Transitorio. Esto, sin embargo, no permite concluir de
manera alguna que con anterioridad a dicha enmienda la Carta no les brindara un
sustento claro y decidido, ni que sobre ellos no hubiera ya una jurisprudencia
en construcción[51].
También debe advertirse que, antes del anterior referente constitucional, había
disposiciones con fuerza de Ley incorporadas al ordenamiento jurídico en tal
sentido[52].
62. En la Sentencia C-228 de 2002[53], fuera
del contexto transicional, la Corte consideró que una lectura fundada en (i)
los principios participativo y de dignidad; (ii) la configuración constitucional
del Estado, garante de la efectividad de los derechos y de la búsqueda por la
convivencia pacífica y la existencia de un orden justo; (iii) la asignación de
un rol constitucional a la Fiscalía General de la Nación, como institución
protectora de los derechos de las víctimas, y cuya labor tiene por objeto
adelantar las medidas necesarias para lograr el restablecimiento de sus
derechos; (iv) la consagración del bien fundamental a acceder a la
administración de justicia, lo que impone el diseño de mecanismos idóneos,
efectivos y eficaces; y (v), la trascendencia del buen nombre y la honra
conducían a concluir que las víctimas no solo tenían derecho a participar
dentro del proceso penal, sino a que sus intereses no se redujeran a una
indemnización económica (artículos 1, 2, 15, 21, 29, 229, y 250.1 y 4 C.P.)[54].
En este sentido, la Corporación concluyó que las víctimas tenían derecho a la
verdad, a que se haga justicia y a la reparación del daño[55].
63. A partir de dicha línea argumentativa, varias
decisiones de esta Corporación proferidas con posterioridad[56], permiten
realizar algunas consideraciones generales sobre el alcance de cada uno de
estos derechos.
63.1. El derecho a la verdad tiene raíces en
mandatos del Derecho Internacional Humanitario[57], relacionados con el
derecho de los familiares a conocer el paradero de las víctimas, y la
obligación de las partes en conflicto de buscar a los desaparecidos[58].
En el sistema regional de protección de derechos humanos, la Comisión y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos iniciaron su comprensión del mismo a
partir de casos de desaparición forzada. En estos, estableció un nexo entre la
verdad y las garantías judiciales, la protección judicial y el derecho a la
información[59].
En este primer momento, evidenció que no conocer el paradero de personas
desaparecidas constituye un trato cruel e inhumano para sus familiares.
En Colombia, la Corte Constitucional, desde sus
primeros pronunciamientos, ha explicado que la verdad, en el marco del
proceso penal, constituye una faceta del derecho al acceso a la administración
de justicia[60].
Posteriormente, en su desarrollo jurisprudencial sobre los derechos de las
víctimas, la incluyó dentro de los bienes que deben protegerse, de manera
integral e inescindible, en escenarios como el desplazamiento forzado[61]
y, en general, frente a otro tipo de violaciones de los bienes
constitucionales.
En la actualidad, en momentos de transición, es
claro que la verdad (i) posee una doble condición, pues se predica tanto del
individuo como de la comunidad; y (ii) es autónoma, pero también instrumental para
la satisfacción de otros fines. Además, se ha considerado que (iii) su garantía
puede lograrse a través de mecanismos no judiciales, como las comisiones de la
verdad.
63.2. La investigación diligente de
las graves violaciones de derechos humanos es asimilada, como contrapartida, al
acceso a la administración de justicia como derecho de las víctimas,
principalmente, a través de un proceso penal[62] que permita: (i) conocer
al infractor y a las condiciones que lo llevaron a la comisión del delito
y, por lo tanto, a la lesión primaria de los derechos protegidos por el Estado;
lo que, en últimas, repercute en la garantía del derecho a la verdad; (ii)
sancionar al infractor y con ello conseguir un efecto reparador para la
víctima, en la medida en que su situación es reconocida por el Estado, la
gravedad de lo ocurrido comprendida por la sociedad, y sus derechos re
dignificados. El proceso judicial también es una vía para obtener
indemnizaciones y otras condenas adecuadas y efectivas para la reparación de la
víctima y la sociedad; y, (iii) a través de la misma pena, y en cumplimiento de
sus funciones, la satisfacción del derecho a la no repetición, pues la pena
inhibiría la comisión de nuevas infracciones. El proceso judicial, público,
conduciría además a la (iv) satisfacción de los derechos de la sociedad
involucrados en la comisión de la conducta punible, pues lograría la
reivindicación de los bienes que ésta ha considerado necesarios para su
convivencia, garantiza el conocimiento de los hechos que motivaron la lesión de
los bienes protegidos por la ley penal, y tiene la pretensión de evitar la repetición,
en beneficio de la convivencia y paz sociales.
Para el involucrado la investigación debe atender
todas las garantías derivadas del derecho al debido proceso, entre las que
están el principio de legalidad en la definición de los delitos y las penas, la
reserva judicial para su aplicación, el derecho de defensa y contradicción, la
existencia de un tribunal competente y el derecho a impugnar la sentencia
condenatoria.
Como garantía para las víctimas, luego de la
violación inicial de sus derechos, el proceso judicial pretende la
reivindicación del bien lesionado y el restablecimiento de las posiciones
afectadas por la comisión del ilícito, que, se insiste, no se limitan a la
indemnización económica del daño causado sino que incluyen una reparación integral
y facetas del derecho a la verdad, entre otras, dirigidas a la re dignificación
de la persona. El derecho a la justicia, en concreto, exige la existencia de
recursos judiciales efectivos, en el marco de los cuales las víctimas puedan
denunciar y participar; que sean tramitados en plazos razonables.
El derecho a contar con un recurso judicial
efectivo, en el ámbito universal de protección de Derechos Humanos, encuentra
fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, al establecer que toda persona tiene derecho a un recurso
efectivo cuando quiera que se lesionen los derechos fundamentales reconocidos
por la Constitución o la ley; y en el artículo 2.3 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos[63],
que prevé el deber de los estados de garantizar que, ante la amenaza o
violación de los bienes protegidos, todas las personas cuenten con recursos
efectivos, incluso si los causantes de tal situación están en ejercicio de
funciones oficiales; y, en el artículo 14 ibídem que establece, por su
parte, las garantías mínimas predicables del derecho al debido proceso.  En el
escenario regional de protección, la Convención Americana de Derechos Humanos [64]
estipula, según lo previsto en los artículos 8.1 y 25.1, que el Estado debe
configurar recursos efectivos[65],
dentro de los cuales se respeten las reglas del debido proceso, a efectos de
lograr la defensa de los bienes jurídicos amenazados o quebrantados. Otros
instrumentos regionales, como la Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura[66]
(artículos 1, 8 y 9), la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada
de Personas[67]
(artículos I y III) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer[68] (artículos 4.g y 7),
estipulan, a cargo del Estado, la obligación de investigar y sancionar la
comisión de tales conductas; y, en general, el derecho de las víctimas a
acceder a un recurso judicial efectivo.
Para el Conjunto de principios actualizado para
la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra
la impunidad. Comisión de Derechos Humanos, 61º periodo de sesiones, 8 de
febrero de 2005[69],
utilizado por la Corte Constitucional -entre otros- como criterio orientador
para considerar el alcance de los derechos de las víctimas, el derecho a la
justicia[70]
exige de los Estados el deber de iniciar investigaciones rápidas, minuciosas,
independientes e imparciales sobre las violaciones de los derechos humanos y el
derecho internacional humanitario, así como adoptar las medidas, especialmente
judiciales, para procesar, juzgar y condenar a los responsables. También exige
de los estados la adecuación de las normas procesales para que las víctimas o
sus familiares puedan tomar la iniciativa de las denuncias y participar en los
trámites. Igualmente, prevé criterios para garantizar el ejercicio de la
jurisdicción universal frente a delitos graves y para restringir la adopción de
medidas que obstaculicen a los estados su deber de investigar, tales como el
uso de prescripciones, eximentes de responsabilidad o amnistías generalizadas.
63.3. El derecho a la reparación excede la
connotación indemnizatoria y de contenido económico. Este comprende, de manera
integral, un conjunto de medidas, así: (i) de restitución, (ii) de
indemnización, (iii) de rehabilitación y (iv) de satisfacción. Conforme a lo
sostenido en los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las
víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a
interponer recursos y obtener reparaciones, la reparación debe ser
adecuada, efectiva y rápida. El componente de restitución exige, de ser
viable, el retorno a la situación existente al momento anterior a la violación;
el componente de la indemnización, apropiada y proporcional a la
gravedad y a las circunstancias del caso, implica el resarcimiento económico
del daño cuantificable; el componente de rehabilitación incluye la
atención médica, psicológica, jurídica y social que se requiera; y, como parte
del componente de satisfacción, se incluye el derecho a la verdad.[71]
64. Con fundamento en este
esquema general de comprensión, la Corte Constitucional realizó precisiones
importantes sobre el alcance de cada uno de los derechos de las víctimas
involucrados en el marco del proceso de justicia transicional que se originó con
la suscripción del Acuerdo Final de Paz, precisiones relacionadas con el deber
de investigar, juzgar y sancionar en el régimen de condicionalidad y de los
tratamientos penales especiales a cargo de la Jurisdicción Especial para la
Paz; la aplicación de criterios de selección y priorización; la responsabilidad
diferenciada de combatientes y otros involucrados en el conflicto, como civiles;
los mecanismos o vías de contribución a la reparación; y, el alcance de la
indemnización en contextos generalizados de violencia, atendiendo a lo
dispuesto en el artículo 18 del Acto Legislativo, entre otros. Sobre esto
último, por ejemplo, se precisó en la Sentencia C-080 de 2018[72] que:
“Dada la realidad de
la masiva victimización en Colombia y la necesidad de garantizar la
indemnización de todas las víctimas sin discriminación, el Acto Legislativo 01
de 2017 optó entonces por el programa de reparaciones regulado en la Ley 1448
de 2011, que busca objetivos amplios, más allá de las justas reclamaciones
individuales. Dichos objetivos son el reconocimiento de las víctimas y del
daño, el fomento de la confianza institucional y el restablecimiento de la
calidad de las víctimas como titulares de derechos.”
El derecho a la justicia
en la Jurisdicción Especial para la Paz
65. En el anterior marco, aunque son indiscutibles
las relaciones de interdependencia e indivisibilidad de los derechos de quienes
han sufrido graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho
Internacional Humanitario, la configuración de tales herramientas incluye
instrumentos que de manera preferente representan cada uno de tales
componentes, como en efecto se realizó en el proceso transicional a partir del
Acuerdo Final. En concreto, en el SIVJRNR, se diseñó la Jurisdicción Especial
para la Paz con el objeto de satisfacer la necesidad de justicia, en relación
con la cual la Corte Constitucional ha realizado pronunciamientos importantes
para comprender su alcance, los principios fundamentales que la inspiran y los
objetivos que constituyen la razón de su creación[73]. Tal
enfoque, empero, no desconoce que a través de la realización de la justicia se
garantizan facetas de los otros bienes de los que son titulares las víctimas y,
en general la sociedad, y que, en estos escenarios, se admiten algunos
sacrificios a condición de potencializar otros aspectos ius fundamentales.
66. A partir de lo dispuesto en el Acto Legislativo
01 de 2017, algunas de las notas características de dicha jurisdicción resultan
importantes para la resolución de este asunto.
67. Primero. El fundamento y finalidad
esencial de la JEP es la garantía de los derechos de las víctimas. Este
compromiso, aplicable con igual fuerza a todos los componentes del SIVJRNR, se
prevé expresamente en el artículo 1 transitorio, artículo 1, del citado Acto Legislativo,
al afirmar que su configuración “parte del reconocimiento de las víctimas
como ciudadanos con derechos;… del principio de satisfacción de los derechos de
las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”;
y, en otras disposiciones del mismo Acto reformatorio, entre ellas los
artículos transitorios 5 y 12 ibídem. También encuentra desarrollo en el
artículo 13 de la Ley Estatutaria de la JEP, que prevé el principio de
centralidad de las víctimas como eje central de la Jurisdicción
Especial para la Paz. Su fundamento lo constituye, además del principio de
dignidad, varios mandatos constitucionales concretos, entre los que se
encuentran, (i) el carácter democrático y participativo del Estado (Art. 1),
(ii) la garantía de la eficacia de los derechos (Art. 2), (iii) el
derecho-principio de igualdad (Art. 13), y (iv) el acceso a la administración
de justicia (Art. 229).
68. En la Sentencia C-674 de 2017[74], la Corte
se refirió rol de la garantía de los derechos de las víctimas en los siguientes
términos:
“En principio, el Acto Legislativo 01 de 2017 considera que el
reconocimiento de los derechos de las víctimas constituye el eje transversal
del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. De hecho, la reforma
constitucional afirma la centralidad de las víctimas en el sistema
transicional, disponiendo que tanto las instituciones como las
herramientas del mismo se estructuran en función de sus derechos a la verdad, a
la justicia y a la reparación. Es así como desde el mismo artículo 1 se
establece que “el Sistema Integral parte del principio de reconocimiento de las
víctimas (…) del principio de satisfacción de los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”. Y a lo largo del Acto
Legislativo se replica esta idea con fórmulas semejantes: el artículo
transitorio 5 establece que “para acceder al tratamiento especial previsto en
el componente de Justicia (…) es necesario aportar verdad plena, reparar a las
víctimas y garantizar la no repetición; el artículo transitorio 12 dispone que
las normas que regulen la Jurisdicción Especial para la Paz deben incluir las
garantías procesales en favor de las víctimas para garantizar sus derechos a la
verdad, a la justicia y a la no repetición, así como la condicionalidad del
tratamiento penal especial a la garantía de los derechos de las víctimas,
centralidad de las víctimas, integralidad, debido proceso, no regresividad en
el reconocimiento de derechos y enfoque diferencial y de género”[75]
69. Segundo. La JEP tiene un carácter
transitorio y ejerce sus funciones a partir de un procedimiento especial,
adecuado en situaciones de transición. La transitoriedad de la
justicia a cargo de la JEP[76]
es clara dados sus objetivos, esto es, el aporte a la consecución de la paz y a
la reconciliación de una comunidad, en momentos en los que las violaciones de
derechos desbordan cualquier idea de lo comprensible, por lo cual, se concluye
que la respuesta de las instituciones en situaciones de normalidad,
tales como el derecho penal ordinario, no son suficientes y adecuadas. Este
aspecto, al analizarse el artículo 15 transitorio, artículo 1, del Acto
Legislativo 01 de 2017, fue objeto de reafirmación, al considerarse por parte
de este Tribunal que, en ningún caso, el término de vigencia de los órganos de
transición podía superar los 20 años. Al respecto, precisó:
“En este
orden de ideas, la Corte considera que la facultad de prórroga prevista en el
inciso 2º del artículo transitorio 15 para las funciones jurisdiccionales de la
JEP, adicional a los 15 años de duración previstos para estas instancias, no
podría ser entendida como una potestad abierta para prolongar indefinida y
sucesivamente el plazo de duración de la JEP. Por el contrario, esta prórroga
debe ser adoptada mediante una ley estatutaria, y además, solo puede decretarse
por una sola vez, por cinco años, de modo que, de conformidad con el acto
legislativo, la vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz no podrá
exceder los 20 años desde su constitución efectiva.
Por ello, la
declaratoria de exequibilidad del citado precepto se hará sobre la base de que,
dada la naturaleza transicional de la JEP, la prórroga prevista en el inciso 2º
del Acto Legislativo 01 de 2017 sólo puede ser efectuada mediante una ley
estatutaria, y por una única vez, por un lapso máximo de cinco años, de modo
tal que la duración total de las instancias encargadas de cumplir funciones
jurisdiccionales, no puede exceder los 20 años.”
70. El procedimiento especial a
cargo de la JEP, cuyo objeto y fin es la garantía de los derechos de las
víctimas, tiene por uno de sus paradigmas orientadores el de la justicia
restaurativa, “que preferentemente busca la restauración del daño causado
y la reparación de las víctimas afectadas por el conflicto, especialmente para
acabar la situación de exclusión social que les haya provocado la
victimización.”[77]
Sobre los alcances de este paradigma y sus relaciones con la justicia
retributiva en materia penal, por un lado, así como sus complementariedades con
las pretensiones de la justicia transicional, por el otro, la Corte
Constitucional realizó amplias consideraciones en la Sentencia C-080 de 2018[78], a
las cuales se remite la Sala en esta oportunidad.
Para los efectos de este asunto,
es importante destacar que bajo la concepción de la justicia restaurativa se
tiene la pretensión de lograr la reconstrucción de los lazos rotos entre
víctima y victimario, entre la comunidad y el victimario, para lograr la
dignificación de las víctimas en su fuero interno y en sus relaciones
con los demás, a través de la reafirmación de los bienes que les fueron
quebrantados; pero, también, escenarios en los que los victimarios asuman sus
compromisos como personas con derechos y deberes. Para ello, se configuran
espacios en los que las relaciones no son de verticalidad, entre Estado y
victimario; sino de horizontalidad, entre víctima y victimario[79].
En este sentido, en ámbitos
transicionales, tales construcciones son relevantes en aras de lograr una
reconciliación a partir de la puesta sobre la mesa de los sentimientos y deseos
de quienes estuvieron inmersos en el conflicto, de tal manera que pueda
obtenerse una paz sostenible en el tiempo por los cimientos fuertes a partir de
la cual se va consiguiendo, asumiéndose de manera adecuada las reparaciones
debidas y las medidas que a futuro se requieran para evitar que los daños
vuelvan a suceder.
71. Bajo este esquema, varios
aspectos deben destacarse.
71.1. Para lograr el objetivo de
una justicia restaurativa, en el más alto nivel posible, es necesaria la participación
de las víctimas. Al respecto, advierte la Sala que este derecho, como se
anotó previamente, hace parte de aquellas garantías que integran el derecho a
la justicia del que son titulares las víctimas y que, por lo tanto, se
encuentra en el centro del SIVJRNR. Pero, si además del compromiso derivado de
dicha protección, se tiene en cuenta que el Sistema tiene un enfoque
restaurativo, la participación tiende a potencializarse, si lo que se
pretende es la reconstrucción de un tejido social desmoronado por la lesión de
bienes fundamentales.
Esto significa que en procesos con
un enfoque restaurativo, como lo es por excelencia el procedimiento con reconocimiento
de verdad y responsabilidad en el seno de la JEP[80], la intervención
debe permitir a las víctimas involucrarse en procesos dialógicos con
los victimarios y la sociedad[81],
y que sus manifestaciones, su experiencias, la valoración propia del daño
sufrido, así como las posibilidades que ellas estiman de reparación, entre
otros aspectos, sean tomados en cuenta seriamente en el marco de dicha relación
y también en las decisiones que deben adoptarse por las autoridades de la JEP;
de lo contrario, la participación no es efectiva ni protagónica.
La promoción de estos procesos
dialógicos de origen legal, también debe precisarse, no constituye un
mandato ineludible al encuentro directo entre ofensor y ofendido; su
cumplimiento exige, en el marco de las etapas del procedimiento, que la
autoridad judicial valore qué mecanismos o qué medidas resultan más adecuadas
para lograr las interacciones esperadas bajo la concepción restaurativa de la
justicia. Lo contrario, esto es, confrontar de manera directa a sujetos que no
están preparados para ello, puede generar nuevas victimizaciones, desconociendo
que la labor del componente de justicia en transición consiste en implementar acciones
sin daño. En este sentido, los enfoques diferenciales y las medidas
especiales para víctimas, por ejemplo, de violencia sexual, son centrales para
el funcionamiento de la JEP.
Ahora bien, como un criterio que
puede orientar a la Corte Constitucional en la construcción de su
jurisprudencia sobre la participación de las víctimas en contextos de
transición, el Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la
justicia, la reparación y las garantías de no repetición – A/HRC/34/62, propone
la valoración de, por lo menos, dos tipos de razones para garantizar este
derecho: (i) unas de tipo epistémico y (ii) otras referidas a la legitimidad de
las medidas adoptadas. En cuanto a las primeras, destaca que las víctimas
tienen información y conocimientos que repercuten positivamente en la
implementación de medidas de reparación efectivas y, por lo tanto, en la
consecución de las finalidades de estos procesos: “[l]a participación de las
víctimas aumenta la probabilidad de que se tengan realmente en cuenta sus
necesidades en procesos en que tradicionalmente se han visto relegadas a ser
meras fuentes de información”. Respecto a aquellas razones
relacionadas con asuntos de legitimidad, sostiene que la participación misma es
un derecho, pero además la vía para la satisfacción de otros, lo que repercute
en su afianzamiento como titulares de bienes fundamentales. La contribución de
las víctimas, agrega, requiere de medidas para evitar nuevas victimizaciones
-relacionadas, por ejemplo, con su seguridad-, así como ponderaciones en
contextos de transición, en los que también juegan un papel importante aspectos
relacionados con la eficiencia del sistema de justicia.
71.2. El otorgamiento de tratamientos
penales especiales previstos por el Sistema para sus comparecientes depende
inescindiblemente, tanto al momento de su concesión como para su mantenimiento,
del aporte del destinatario a la satisfacción de los derechos de las víctimas.
En este sentido, el inciso 2º del artículo 1 transitorio, artículo 1, del Acto
Legislativo 01 de 2018, prevé que el Sistema Integral parte, entre otros, de
los siguientes dos principios “del reconocimiento de que debe existir verdad
plena sobre lo ocurrido… de reconocimiento de responsabilidad por parte de
todos quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto y se
vieron involucrados de alguna manera en graves violaciones a los derechos
humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario…”. El
compromiso de aportar verdad, además, está previsto en el artículo 66.5
transitorio de la C.P.; en los artículos 5.8 transitorio y 26 transitorio del
Acto Legislativo 01 de 2017; y, en el artículo 20 de la Ley Estatutaria de la
JEP. La Corte Constitucional ha elaborado alrededor de estas relaciones de
condicionalidad una sólida jurisprudencia, a partir de la Sentencia C-370 de 2006[82] y,
más recientemente, de las sentencias C-674 de 2017[83],
C-007 de 2018[84]
y C-080 de 2018[85].
Dentro del conjunto de tratamientos
penales especiales para los comparecientes ante la JEP se encuentran, por
ejemplo, las sanciones propias, cuya concesión depende de que se aporte
en verdad y se reconozca responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento de
Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas[86].
Estas sanciones tienen un alto contenido reparador y de medidas restaurativas,
pero también conservan un componente retributivo, que se relaciona con la
limitación de derechos y libertades bajo condiciones de supervisión. Sobre su
determinación, esta Corporación, en la Sentencia C-080 de 2018, afirmó que,
aunque el componente de justicia a cargo de la JEP tiene un enfoque
restaurativo, su alcance no es comunitario y, por lo tanto, su
determinación y supervisión es un acto de la JEP como autoridad judicial con
autonomía e independencia. En este sentido, se dijo que:
“Así las cosas, la JEP integra varios
elementos de la justicia restaurativa, principalmente el relacionado con el
enfoque de reparación del daño causado a las víctimas y a las comunidades. Sin
embargo, la determinación de la sanción y su supervisión no se realiza a través
de procesos directos de diálogo de los responsables con la comunidad, sino que
la participación de las víctimas para la definición de los proyectos
restaurativos que presenten los responsables, se hace ante la Jurisdicción
Especial para la Paz, es decir, se trata de una justicia que no es comunitaria,
sino que es impartida por la JEP en su independencia e imparcialidad. En este
sentido, la JEP tendrá la responsabilidad de imponer las sanciones propias, de
acuerdo con las condiciones definidas por el artículo transitorio 13 del Acto
Legislativo 01 de 2017 y las que se definan en la Ley Estatutaria que se revisa
y en las otras normas que se expidan. Los proyectos restaurativos serán
sensibles a la participación de las víctimas y las propuestas de los
responsables, pero las condiciones del cumplimiento de la sanción, así como el
proyecto que se validará como proyecto restaurativo, no son definidos por la
comunidad y el responsable, sino por la JEP misma”.
71.3. Finalmente, como parte del
régimen de condicionalidad a que acaba de hacerse referencia, los
comparecientes a la JEP están vinculados en el marco de dicho proceso a
la satisfacción de algunas facetas del derecho a la reparación, pero no de
todas, específicamente no de la indemnizatoria, por lo menos en cuanto hace relación
a los ex combatientes de las FARC-EP y a los miembros de la Fuerza Pública. Al
respecto, este Tribunal ha considerado pacíficamente, desde la Sentencia C-674
de 2017, que, en la medida en que la JEP juzga responsabilidades individuales y
que el Estado asumió la garantía de tal faceta de la reparación, éste es un
asunto que no corresponde a la JEP, precisando, en dicha providencia, que “la
reparación se materializa incorporando a las penas un componente restaurativo
que se debe estructurar en función de las víctimas del conflicto.”
II.2. Alcance del enunciado demandado, en el
contexto de la Ley 1922 de 2018
72.
La Ley 1922 de 2018, “[p]or medio de la cual se adoptan unas reglas de
procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz”, fue proferida por
el Congreso de la República, a iniciativa de los magistrados que integran la
Jurisdicción Especial para la Paz, y previa radicación del Gobierno Nacional[87], en atención
a lo dispuesto en el artículo 12 transitorio, del artículo 1, del Acto
Legislativo 01 de 2017[88].
El propósito de este cuerpo normativo, según los antecedentes legislativos,
consistió en “dotar a la Jurisdicción Especial para la Paz de las
herramientas procesales necesarias para el cumplimiento de sus funciones
constitucionales, legales y reglamentarias”, en el marco de un “modelo
de justicia transicional que complemente las remisiones y vacíos normativo”[89].
Conforme
a la referida disposición de orden constitucional, esta regulación debe
garantizar los principios de debida motivación, publicidad, debido proceso y
participación de las víctimas en su condición de intervinientes, “según los
estándares nacionales e internacionales y los parámetros establecidos en el
Acuerdo Final”, entre otros.
73.
La Ley 1922 de 2018 consta de un título preliminar y de tres (3) libros.
El segundo[90]
está dedicado a procesos ante la JEP y se divide en tres (3)
títulos, el primero, relativo a “procesos en caso de
reconocimiento de responsabilidad”, el segundo, dirigido a regular los
“procesos en caso de ausencia de reconocimiento de verdad”; y, el
tercero, relacionado con “otros procedimientos ante las salas y secciones de
la JEP”.  Esta clasificación, específicamente la de los dos primeros
títulos, está en consonancia con el artículo 73 de la Ley 1957 de 2019[91].
74.
El título primero, dedicado a procesos en caso de reconocimiento
de responsabilidad, se subdivide, por su parte, en dos capítulos, según
se trate de procedimientos ante la Sala de Reconocimiento de
Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas
(capítulo primero), o de procedimientos ante la Sección de Primera
Instancia en casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad
(capítulo segundo). En esta estructura, el artículo 27, parcialmente demandado,
integra la normativa aplicable a los “procesos en caso de reconocimiento
de responsabilidad”, a cargo de la Sala de Reconocimiento de
Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas.
75.
Esta disposición, referida a la “construcción dialógica de la verdad y
justicia restaurativa”, está compuesta por un inciso y un parágrafo. El
inciso, pese a la ubicación ya mencionada, tiene como destinatario plural
las salas y secciones de la JEP, en general, y no solo la Sala de
Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y
Conductas. Su contenido consiste en la facultad[92]
concedida a dichas autoridades para que (i) promuevan medidas oportunas e
idóneas, que se dirijan a la construcción (ii) dialógica de la verdad,
entre comparecientes e intervinientes, y (iii) de acuerdos, con sujeción a
criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Lo anterior, en el marco de los
principios de justicia restaurativa y de centralidad de las víctimas.
El
parágrafo, sobre el cual recae la demanda de inconstitucionalidad, tiene como
único destinatario la Sala de Reconocimiento de Verdad, de
Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas; y, su contenido
está redactado con el verbo “podrá”, para referirse a la
competencia de dicha Sala para promover la participación de las víctimas en la
propuesta de sanciones que, con su contenido reparador y de medidas
restaurativas, debe incluir en la Resolución de Conclusiones. El
alcance del término “podrán” es precisamente el motivo de la queja por
el promotor de la acción que ocupa ahora la atención de la Sala.
76. Contra la interpretación que acaba de exponerse cabría sostener,
en la línea argumentativa de la Procuraduría General de la Nación (párrafo 34 y
ss. supra), que el “podrán” hace referencia a la
posibilidad que tienen las víctimas de decidir, ante un derecho indiscutible en
dicha etapa, si participan o no en la propuesta del proyecto de sanción propia,
con su contenido reparador y de medidas restaurativas. Para la Sala, tal
comprensión de la norma no es acertada, dados los siguientes aspectos.
En el contexto del artículo 27, parcialmente demandado, el
Legislador establece competencias o facultades a diferentes salas o secciones
de la JEP, y no -técnicamente- derechos a las partes o intervinientes en tales
procesos. De hecho, los derechos de las víctimas a la participación están
referidos en el artículo 27D de la Ley 1922 de 2018.  En este entorno, una
disposición que hiciera referencia a que un derecho puede o no ejercerse parece
no tener efecto útil, dado que es un asunto que se presupone, sin necesidad de una
disposición que así lo determine, máxime en contextos en los que se requiere la
voluntariedad de la víctima para intervenir en procesos judiciales. Por lo
anterior, bajo un criterio sistemático y con el ánimo de conceder efecto útil a
la norma, no se considera que la interpretacion de la Procuraduría General de
la Nación sea la adecuada, sin perjuicio de coincidir, por supuesto, en que la
voluntariedad de las víctimas constituye un elemento del componente de justicia
a cargo de la JEP.
77.
La Resolución de Conclusiones, cuya elaboración está prevista
como una de las varias funciones de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de
Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas en el artículo
79.m de la Ley Estatutaria de la JEP, (i) se presenta ante la Sección de
Primera Instancia del Tribunal para la Paz en casos de Reconocimiento de Verdad
y Responsabilidades, (ii) identifica los casos más graves y las conductas o
prácticas más representativas, (iii) individualiza las responsabilidades, (iv)
califica jurídicamente las conductas, (v) precisa los reconocimientos de verdad
y responsabilidad, y (vi) propone un proyecto de sanción, atendiendo al listado
del artículo 141[93]
de la misma normativa.
78.
A partir de lo anterior, varios aspectos deben destacarse. (i) La atribución
que se concede a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de
Determinación de los Hechos y Conductas recae sobre el ejercicio del derecho a
la participación de las víctimas, en un (ii) escenario específico. Este
escenario (ii.1) es previo a la presentación formal que dicha Sala debe
realizar de la Resolución de Conclusiones a la Sección de Primera
Instancia en casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Las
sanciones, por su parte, (ii.2) son aquellas predicables de los comparecientes
que reconocen verdad y responsabilidad ante la Sala, (ii.3) por la comisión de
hechos y conductas seleccionadas que constituyan graves violaciones a los
derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, objeto
irrenunciable del deber del Estado de investigar, esclarecer, perseguir y, si
es del caso, sancionar[94].
El proyecto de sanciones, por último, (ii.4) está necesariamente
referido a las sanciones propias, pues son las aplicables a “todos
quienes reconozcan responsabilidad y verdad exhaustiva, detallada y plena ante
la Sala de Reconocimiento”, conforme a lo establecido en el artículo
126 de la Ley Estatutaria de la JEP (en adelante LEJ).
II.3.
Configuración normativa del procedimiento que se sigue ante la JEP, en casos de
reconocimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad
Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de
Determinación de los Hechos y Conductas
79.
Siguiendo la línea explicativa anterior, la Corte se referirá al trámite
normativo diseñado para los casos, de competencia de la JEP, en los que se
obtiene reconocimiento de verdad y responsabilidad ante la Sala de
Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y
Conductas, con la intención principal de evidenciar las oportunidades en las
que se les garantiza a las víctimas, y en qué condición, su derecho a
participar[95].
80.
Lo primero que debe precisarse es que este diseño se encuentra primordialmente
en la Ley 1922 de 2018, a partir de las estipulaciones del Acuerdo de Paz, del
Acto Legislativo 01 de 2017 y de la Ley Estatutaria de la JEP. El acto
reformatorio de la Constitución, v. Gr., estableció en el artículo 5
transitorio, del artículo 1, que “[l]a ley regulará entre otros los
principios, organización, competencias entre ellas por el factor personal,
procedimientos, participación de las víctimas y régimen de
sanciones conforme a lo definido en el Acuerdo de Jurisdicción Especial para la
Paz”[96].
A su turno, como se mencionó anteriormente, el artículo 12 transitorio
concedió la competencia a los magistrados de la JEP para proponer las normas
procesales que guían su actuación; en este marco, debía incluirse la
participación de las víctimas como intervinientes.
81.
La LEJ dispuso en el artículo 14 que serían las normas de procedimiento de esta
Jurisdicción las que regularían la participación efectiva de las víctimas, cuyo
mínimo estaría cifrado en aquellos derechos conferidos a dicho grupo como interviniente
especial, según los estándares nacionales e internacionales. Agregó que se
debía atender a un enfoque étnico y cultural diferencial, y que la JEP contaría
con una dependencia adscrita a la Secretaría Ejecutiva que tendría como objeto
garantizar la participación de las víctimas y su representación, individual o
colectiva, atendiendo no solo su derecho, sino también los principios de
eficacia, eficiencia, celeridad y economía procesal. El artículo 76 ibídem
replicó la competencia dada en el Acto Reformatorio ya citado a los magistrados
de la JEP, para expedir las normas de procedimiento.
82.
También debe advertirse que, siguiendo lo previsto en el artículo transitorio
12, artículo 1, del Acto Legislativo 01 de 2017, y en el artículo 14 de la LEJ,
las víctimas son intervinientes especiales[97] y tienen
derecho a participar en los momentos establecidos en la Ley, por (i) sí mismas,
(ii) mediante apoderado de confianza o designado por la organización de
víctimas, (iii) a través de representante en el marco del Sistema Autónomo de
Asesoría y Defensa administrado por la Secretaría Ejecutiva de la JEP, y, en
subsidio, (iv) mediante apoderado que designe el sistema de defensa pública (Arts.
2 y 4 de la Ley 1922 de 2018). Su acreditación dentro de los trámites en la JEP
se efectuará con fundamento en lo previsto en el artículo 3 ibídem.
Conforme al artículo 15 de la LEJ, que no contiene un listado taxativo, las
víctimas tienen derecho a aportar pruebas y presentar recursos contra las
sentencias de la JEP; a ser informadas del avance de la investigación y del
proceso, y de las fechas de las audiencias;  así como a intervenir en ellas,
entre otros.
83.
En tal configuración, el artículo 79 de la LEJ da cuenta del rol de la Sala de
Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y
Conductas, como instancia de relevancia para dar inicio al proceso de
administración de la justicia transicional, en la que el reconocimiento de
verdad y responsabilidad permiten las mayores ventajas en términos de los
objetivos del sistema, repercutiendo, entre otros aspectos, en la eficacia de
las sanciones propias. En este sentido, los literales b) y c) prevén la entrega
de informes[98]
por diferentes instituciones[99],
organizaciones de víctimas, incluyendo, por supuesto, a comunidades étnicamente
diferenciadas, y organizaciones de derechos humanos[100], que den
cuenta de la comisión de conductas cometidas por causa, con ocasión o en
relación directa o indirecta con el conflicto[101].
84.
Una vez recibidos los informes la Sala debe:
(i)
Notificar a quienes se encuentran involucrados, con el objeto de
darles la oportunidad de rendir versión voluntaria sobre los hechos [Art. 79.e)
y f) LEJ]. Esta diligencia debe practicarse en presencia del compareciente y su
defensor, y tiene como propósito recopilar información que contribuya a la
búsqueda de la verdad (Art. 27A de la Ley 1922 de 2018). Las víctimas con
interés directo y legítimo tienen derecho a presentar observaciones sobre las
versiones (Art. 27D de la Ley 1922 de 2018).
(ii)
Solicitar a las organizaciones de víctimas o de derechos humanos,
entre otros sujetos, información acerca de los hechos puestos en conocimiento
de la Sala y respecto de los cuales no se cuente con suficiente material de
verificación [Art. 79.k) LEJ, concordante con el Art. 27D.4 de la Ley 1922 de
2018].
(iii)
Contrastar los informes con el material probatorio recaudado,
con el objeto de determinar si hay bases suficientes para concluir que
la conducta existió y no es amnistiable, y que la persona en cuestión
participó; en caso positivo se deberán poner las diligencias a disposición del
presunto responsable [Art. 79.h) LEJ, concordante con el artículo 27B de la Ley
1922 de 2018).
(vi)
Realizado lo anterior, el presunto responsable podrá o no comparecer y, en este
último caso, hacerlo para aportar verdad y reconocer, o no, responsabilidad, o
para defenderse de las imputaciones formuladas [Art. 79.h) LEJ]; por lo tanto,
corresponde a la Sala recepcionar tales declaraciones[102] (literal
i, ídem). Las declaraciones pueden ser: individuales o colectivas, y
orales o por escrito remitido a la Sala desde que se hayan recibido los
informes (Art. 80 LEJ).
(iv.1)
Si el presunto responsable de los hechos informados no comparece, pero existen
fundamentos claros y suficientes sobre su participación determinante en las
conductas objeto de estudio de la JEP, la Sala, en los términos indicados en el
artículo 79 LEJ, literal u, debe solicitar a la Sección de Revisión del
Tribunal que obligue al involucrado a comparecer. (iv.2) En todo caso, si un
involucrado no reconoce verdad y responsabilidad, y existe merito, la Sala someterá
ante la Unidad de Investigación y Acusación su caso (literal s, ídem).
Ahora bien, (iv.3) si el presunto responsable comparece, pero la Sala valora
que el reconocimiento de verdad y responsabilidad es incompleto, debe requerir
a al declarante para que tenga la oportunidad de completarlo (literal q, ídem).
(v) Convocar a Audiencia Pública para
que se efectúe el reconocimiento de verdad y responsabilidad, en presencia de
las organizaciones de víctimas, sin perjuicio de que dicho reconocimiento se
realice por escrito [Art. 15.h) LEJ]. En el mismo sentido, se encuentra el
artículo 27C de la Ley 1922 de 2018, el cual agrega que la Sala debe garantizar
la participación de las víctimas con un enfoque territorial, de género y
étnico-racial, teniendo la justicia restaurativa como presupuesto.
(v.1) Si el reconocimiento se realiza en Audiencia, se
realizará en “presencia de las organizaciones de víctimas invitadas por ella”;
el artículo 15.g) de la LEJ establece que las víctimas tienen derecho a ser
informadas de las audiencias que se llevarán a cabo y a intervenir en ellas. En
los 15 días hábiles posteriores, éstas pueden presentar observaciones finales
escritas en relación con todos los aspectos sobre los que debe dar cuenta la
Resolución de Conclusiones (Art. 27D.5 de la Ley 1922 de 2018).
(v.2) Si el reconocimiento es por escrito, las
víctimas directas tienen el derecho a recibir una copia “y se les dará la
debida publicidad en concertación con estas, conforme a las normas de
procedimiento” [Art. 15.h) LEJ].
(vi) Aprobar el proyecto de sanción propia, en su
componente restaurativo y reparador, propuesto por los comparecientes que
reconozcan verdad y responsabilidad. En el caso de que éstos no lo hagan, la
Sala debe formular tal proyecto. El documento, en uno u otro
caso, deberá contemplar un mecanismo de consulta a los representantes de
víctimas del lugar en el que se llevará a cabo el proyecto o a las autoridades
étnicamente diferenciadas si están asentadas en el lugar, el cual también debe
ser aprobado por la Sala [Art. 141 LEJ].  Respecto del proyecto presentado por
los comparecientes, las víctimas tienen derecho a presentar observaciones (Art.
27D.6 de la Ley 1922 de 2018).
(vii)
Presentar la Resolución de Conclusiones ante la Sección de
Primera Instancia del Tribunal para la Paz para casos de Reconocimiento de
Verdad y Responsabilidades, con el contenido mencionado párrafos anteriores[103].
Ante la Sección de Primera Instancia en casos de Reconocimiento de
Verdad y Responsabilidad
85.
Continuando con el anterior trámite, ante la Sección de Primera Instancia en
casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, deben adoptarse o
proferirse las decisiones que a continuación se refieren.
(i)
Asignado el reparto del caso a un Magistrado, éste deberá proferir una
resolución a través de la cual se exprese que asume su conocimiento.
Tal determinación debe comunicarse a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de
Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, a los sujetos
procesales y a los intervinientes (Art. 28 Ley 1922 de 2018)[104].
(ii)
La Sección, según lo previsto en el artículo 92.a) de la LEJ, debe evaluar
la correspondencia entre los hechos, los reconocimientos efectuados,
las pruebas allegadas, las calificaciones jurídicas, los responsables y las
sanciones, a partir de la Resolución de Conclusiones. Para el efecto, siguiendo
lo previsto en el artículo 29 de la Ley 1922 de 2018, el Magistrado Ponente
debe realizar un estudio preliminar, que debe poner a consideración de la
Sección a través de un informe, para discutir el enfoque y si se hace
necesario se orientará el estudio. Luego, previa convocatoria de la
Sección, se estudiará la ponencia y de adoptará la decisión que corresponda
mediante Resolución, que admite recurso de reposición[105]. Esta es,
en consecuencia, la Resolución del estudio de correspondencia, que puede
contener una de las siguientes dos decisiones:
(ii.1)
Existencia de correspondencia. En este caso, la Sección debe convocar
a Audiencia a los sujetos procesales y a los intervinientes, para verificar
el cumplimiento de las condiciones de contribución a la verdad y a la forma
de reparación en el marco del SIVJRNR. Satisfecha esta etapa la Sección proferirá
la Sentencia (Art. 30 de la Ley 1922 de 2018).
(ii.2)
Inexistencia de correspondencia. Según lo previsto en el artículo
92.a) de la LEJ, la Sección debe escuchar a la Sala de Reconocimiento de
Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas y a
quienes efectuaron reconocimiento, para, luego, emitir sentencia. El artículo
31 de la Ley 1922 de 2018 detalla el procedimiento a llevarse a cabo,
precisando que debe citarse a Audiencia a los sujetos ya
referidos y a los intervinientes, para, entre otros aspectos, absolver
dudas respecto de la propuesta de sanción. Advierte que, de ser
insuficiente la respuesta, la Sección podrá decretar y practicar pruebas
de oficio y, luego, escuchar nuevamente a todos los involucrados en aras de
establecer si se corrigió la insuficiencia. Efectuado lo anterior, la Sección adoptará
la resolución que resuelve sobre la correspondencia, contra la cual
puede interponerse recurso de reposición. Luego de este trámite, la Sección
deberá proceder conforme a lo previsto en el anterior párrafo.
86.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 141 de la LEJ, las víctimas, si
lo creen conveniente, podrán comunicar al Tribunal su opinión sobre el
programa propuesto, incluso en los casos en los que la propia Sala de
Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad sea la que lo formule (negrilla
fuera de texto). Por último, es de advertir que, según lo dispuesto en
el artículo 13.11 de la Ley 1922 de 2018, contra la sentencia procede el
recurso de apelación
87.
Según lo dispuesto en el artículo 132 de la LEJ, también es posible que en la
Sección respectiva del Tribunal para la Paz se valore la posibilidad de que,
respecto de los miembros de la antigua guerrilla de las FARC, se descuente de
la sanción propia el tiempo de permanencia en las Zonas Veredales Transitorias
de Normalización, o en una zona territorial de permanencia verificable, siempre
que durante dicho término el destinatario del beneficio hubiera adelantado
trabajos, obras o actividades con contenido reparador.
88.
Finalmente, la Sala no puede dejar de destacar que el SIVJRNR prevé mandatos
especiales para el tratamiento que dentro de los procedimientos que adelanta la
JEP debe darse a los casos en los que se discute la comisión de conductas que
se configuran como violencia sexual. En este sentido, el artículo 16 de la LEJ
establece reglas sobre la impertinencia de pruebas que, por ejemplo, impliquen
una intromisión irrazonable, innecesaria y desproporcionada de su vida íntima,
evitando en todos los casos posibles situaciones de revictimización. En
sentido similar, el artículo 27D.7 de la Ley 1922 de 2018 prevé que “[l]as
víctimas de violencia basada en género, incluyendo aquellas de violencia
sexual, tienen derecho a no ser confrontadas con su agresor”.
89.
Del anterior recuento, varias conclusiones pueden extraerse, bajo un
presupuesto fundamental. Para esta Corte existe un momento específico, dentro
del trámite que adelanta la Sala de Reconocimiento de Verdad, de
Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, que permite
valorar si la participación de las víctimas está adecuadamente garantizada en
el diseño legal, en función del proyecto de sanción propia, con su
contenido reparador y de medidas restaurativas.
Este
momento corresponde a aquél en el que los comparecientes reconocen verdad y
responsabilidad, pues es a partir de tal manifestación, de su alcance,
condiciones y demás circunstancias, que las víctimas cuentan con los elementos
suficientes para considerar qué tipo de medidas pueden satisfacer los
componentes restaurativos y reparadores de la sanción -en todo caso, bajo las
posibilidades reparatorias de la JEP-. Esto no desconoce los espacios de
participación anterior, ni tampoco que, desde la comisión del delito en su
contra, las personas afectadas pueden dimensionar el daño causado a su dignidad.
Simplemente, para efectos del procedimiento, se destaca este momento como
criterio orientador para determinar si se encuentran satisfechos las garantías
de las víctimas a contar con un recurso efectivo y, se reitera, a la
participación.
A
partir de lo anterior, en consecuencia, se tiene lo siguiente:
(i)
Las víctimas están facultadas para presentar informes ante la Sala de
Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y
Conductas, que den cuenta de la comisión de hechos y conductas objeto de
conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, también se les concede la
oportunidad de intervenir en diversos momentos previos a aquél en el que,
oralmente en Audiencia Pública o por escrito, los comparecientes reconocen verdad
y responsabilidad.
(ii)
El reconocimiento de verdad y responsabilidad por el compareciente puede
realizarse en Audiencia Pública, en la que las victimas tienen
derecho a participar, concediéndoseles además un término para que realicen las
observaciones que consideren pertinentes. O, por escrito, caso en
el cual las víctimas tienen derecho a recibir una copia y, siguiendo las reglas
de procedimiento en caso de la Audiencia, puede afirmarse que existe el derecho
a presentar observaciones. Las observaciones, según el artículo 27D.5 de la Ley
1922 de 2018, pueden realizarse sobre todos los aspectos que se tratan en la
Resolución de Conclusiones, entre los que se encuentra el proyecto de sanción.
(iii)
Ahora bien, según la configuración legal del trámite ante la Sala de
Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y
Conductas, no existe para el compareciente un deber expreso de presentar dicho
proyecto al momento de reconocer verdad y responsabilidad, por lo tanto, pese a
que las víctimas cuentan con el derecho a presentar observaciones sobre dicha
manifestación (Art. 27D.5), es posible que, al hacerlo, aún no puedan opinar
nada frente al proyecto de sanciones. Por tal razón, el artículo 27D.6 regula
de manera independiente la facultad concedida a las víctimas para “presentar
observaciones en relación con los proyectos restaurativos presentados por la
persona compareciente”. Las normas de procedimiento, sin embargo, no
regulan idéntica situación -de manera expresa- en relación con los proyectos de
sanciones que, ante la no actuación del compareciente, debe ser formulado
directamente por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de
Determinación de los Hechos y Conductas.
(iv)
El proyecto de sanción propia, con su contenido reparador y de medidas
restaurativas, formulado por el compareciente o por la Sala, debe prever un
mecanismo de consulta a las víctimas y/o comunidades étnicamente diferenciadas
que se encuentren asentadas en los lugares en los que se van a desarrollar, “para
recibir su opinión y constatar que no se oponen al contenido del mismo”.
(v)
Ante el Tribunal para la Paz, en su Sección Primera de Reconocimiento las
víctimas, además, pueden dar su opinión sobre el programa de sanción propuesto.
En esa instancia existen varios momentos de participación de las víctimas,
audiencias e interposición de recursos, en los términos ya explicados.
III.
Resolución del problema jurídico
90.
Corresponde a la Sala Plena determinar si la configuración legislativa acogida
en el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1922 de 2018, que acude al verbo “podrán”
para hacer referencia a la competencia de la Sala de Reconocimiento de Verdad,
de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de contar con
la participación de las víctimas en la formulación del proyecto de sanciones
que debe incluir en la Resolución de Acusaciones, es constitucional o no, frente a las exigencias de la garantía de
los derechos de las víctimas en el componente de justicia del SIVJRNR y en un
paradigma de justicia restaurador.
91.
Para la Sala la respuesta a dicho interrogante es afirmativa, en el entendido de
que la competencia de la Sala impone un deber de garantizar tal participación. Esta
conclusión se funda en: (i) un análisis sistemático de la disposición, no solo
en el contexto de la Ley 1922 de 2018 sino del Acto Legislativo 01 de 2018 y de
la LEJ, especialmente de artículo 141; y, (ii) una aplicación de la
maximización del derecho a la participación, compatible con la estructura del
proceso de justicia en el marco del sistema transicional y del procedimiento
específico en que se ejerce, esto es, el procedimiento con reconocimiento de
verdad y responsabilidad.
92.
Antes de exponer con detalle los anteriores fundamentos, deben advertirse
varios presupuestos sobre los que se estructura la decisión.
92.1.
La Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (Art. 15), y de
manera concordante la Ley 1922 de 2018 (Art. 27D), establecen la garantía de
los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no
repetición. Por víctimas, por su parte, se afirma que son aquellas con interés
directo y legítimo. Al respecto, la Sentencia C-080 de 2018[106], al
analizar la sujeción al ordenamiento superior del artículo 15 del proyecto de
la LEJ, estimó que a la expresión de “víctima con interés directo y legítimo”
no podía dársele un alcance restringido, so pena de lesionar, entre otros, los
artículos 1, 2, 12, 29, 229, 250 de la C.P. y el Acto Legislativo 01 de 2017. Al
respecto, se precisó que “el concepto de víctima… no es un concepto restrictivo que se agote
en la persona directamente afectada con el daño antijurídico real, concreto y
específico causado, sino que constituye un concepto amplio que se extiende
también a sus familiares o seres más allegados, especialmente en casos de
homicidio y desaparición forzada, que está definido en función del concepto de
daño, y que puede ser individual o colectivo.”
Ahora
bien, con el objeto de que la participación de las víctimas en un sistema
encargado de asumir el derecho a la justicia sobre la masiva violación de
Derechos Humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario
no se oponga a los principios de eficiencia, eficacia, celeridad y economía
procesal y, por lo tanto, a los mismos derechos de las víctimas y de los
comparecientes a que se dicte una decisión en un término razonable, tanto la
LEJ como la Ley 1922 de 2018[107]
prevén mecanismos específicos. Entre ellos, el artículo 14, parágrafo, de la
LEJ establece que la Secretaría Ejecutiva de la JEP tendrá una dependencia
adscrita que se ocupe de garantizar a las víctimas su participación y
representación especial, de manera individual o colectiva[108]. Al
analizar el Proyecto de Ley Estatutaria en este aspecto, la Corte
Constitucional concluyó que la existencia de mecanismos que hicieran posible una
intervención colectiva era constitucional, así:
“… para garantizar el derecho de
participación efectiva de las víctimas, así como el derecho a que se adopte una
decisión en un plazo razonable, la Jurisdicción Especial para la Paz establece
de manera prevalente, mecanismos de representación colectiva de víctimas para
la gestión judicial de sus derechos y de los recursos judiciales. Estos
mecanismos se desarrollan a través de la dependencia de participación de las
víctimas adscrita a la Secretaría Ejecutiva, en coordinación con el Ministerio
Público y en colaboración con la Unidad para las Víctimas y con organizaciones
representativas de las víctimas. Al mismo tiempo, estos mecanismos deben
respetar la voluntariedad de las víctimas de hacerse parte de dichos procesos
de representación colectiva. Esta representación colectiva es coherente con la
naturaleza propia de la JEP que adopta prioritariamente una metodología de
macroprocesos en aplicación de los criterios de priorización y selección,
macrocriminalización y máximos responsables.”[109]
En
estos términos, las víctimas con interés directo y legítimo tienen derecho a
participar en el SIVJRNR, en especial dentro del componente de justicia, de
manera individual o colectiva, existiendo mecanismos que repercuten
positivamente en la satisfacción de todos los objetivos del proceso
transicional.
92.2.
No se desconoce que el proyecto de sanciones propias, con su contenido
reparador y de medidas restaurativas y sobre el cual se invoca el derecho de
las víctimas a participar, también cuenta con un componente retributivo, en
términos de restricción de derecho y libertades, pues, como lo consideró la
Corte Constitucional en la Sentencia C-080 de 2018, tales proyectos deberán
“ejecutarse cumpliendo precisas condiciones de horarios, lugar de residencia,
delimitación de espacios territoriales y supervisión de salidas para el
desarrollo de otras actividades para el cumplimiento del Acuerdo Final.”
Ahora
bien, el componente reparador del proyecto de sanciones propias debe
inscribirse en las competencias reparadoras propias de la JEP. Al respecto, desde
la Sentencia C-674 de 2017[110]
la Sala Plena ha sostenido que, de las facetas del derecho a la reparación (indemnización,
restitución, satisfacción y rehabilitación), no corresponde a dicha
jurisdicción pronunciamientos sobre indemnizaciones, dado que aquellas estarán
a cargo del Estado en los términos del artículo 18 transitorio, artículo 1, del
Acto Legislativo 01 de 2017. Al respecto, en la referida providencia se
consideró lo siguiente:
“…como se desprende del artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01
de 2017, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene competencia para la
determinación de responsabilidades penales individuales. En consecuencia, no le
corresponde definir la responsabilidad del Estado ni ordenar medidas de
reparación a cargo del mismo, derivadas de su eventual responsabilidad.”
En
los anteriores términos, este Tribunal ha considerado que (i) en el régimen de
condicionalidad y (ii) como parte del proyecto de sanción propia, “los responsables directos de los hechos conservan
ciertas obligaciones de reparación que la JEP deberá exigir en el marco del
régimen de condicionalidad, en particular: (a) el reconocimiento de
responsabilidad; (b) la contribución a la verdad; incluyendo (c) la
contribución a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas; y (d)
las derivadas de las sanciones restaurativas. Todo esto, sin perjuicio de la
obligación de entregar los bienes ilícitos, conforme se vio en el capítulo de
obligación de contribución a la reparación del régimen de condicionalidad
expuesto en esta sentencia; así como de la obligación de no cometer nuevos
delitos, en el marco de las garantías de no repetición. Las medidas de
reparación que no estén a cargo directo de los responsables de los hechos, como
condiciones para el acceso al tratamiento especial, ya sea a nivel individual o
colectivo, se someterán entonces a las reglas que fija el artículo 18
transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, como obligaciones generales a
cargo del Estado.”[111]
92.3.
La determinación del alcance del derecho de las víctimas a participar sobre la
determinación del proyecto de sanción, contenido en la Resolución de
Conclusiones, con su contenido reparador y de medidas restaurativas, no implica
de manera alguna una afectación a la autonomía de la Sala de Reconocimiento de Verdad y
Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, pues, según lo ha
afirmado esta Sala, las sanciones son, finalmente, impuestas por las
autoridades de la JEP, en atención a los principios de independencia e
imparcialidad. No obstante, para su definición, las intervenciones de víctimas
y victimarios son de gran importancia.
92.4.
Tampoco desconoce la Sala Plena, sino que lo reafirma, que las víctimas tienen
garantizados sus derechos en el SIVJRNR, pero esto no implica que se las
obligue a su ejercicio, ni tampoco a unas determinadas formas; por lo tanto, su
participación en las distintas etapas está sometida a la condición de su
voluntariedad, así como a la adecuación y oportunidad de tales oportunidades
(en los términos que más adelante se explicarán), que deben ser garantizadas por
las autoridades de la JEP, como se verá a continuación.
Una
interpretación sistemática permite concluir que el verbo “podrán” expresa una
facultad de la Sala de Reconocimiento de Reconocimiento de Verdad, de
Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas que, ejercida bajo
parámetros constitucionales, se traduce en la necesidad de garantizar la
adecuada y oportuna participación de las víctimas.
93.
Tal como en otras ocasiones lo ha analizado este Tribunal[112], en un
sentido literal, el término “podrá” parece dar cuenta de que aquello
respecto a lo cual se refiere puede darse o no darse, esto es, que
se refiere a una posibilidad -V. gr.- de realizar una acción en un
sentido determinado, y no a una obligación o deber ineludible. El diccionario
de la Real Academia de la Lengua brinda los siguientes alcances del término: “1.
Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo” o “6. Ser
contingente o posible que suceda algo”[113].
Para la Corte, conforme a lo sostenido en el apartado 74, supra,
el término “podrán” hace referencia al otorgamiento de una competencia a
la Sala de la JEP allí prevista, relacionada con la garantía de un derecho de
las víctimas a participar.
94.
Un análisis sistemático, permite una mejor comprensión de aquello que ordena o
manda la disposición parcialmente cuestionada. Al respecto, deben retomarse los
principios y ejes orientadores del SIVJRNR, especialmente en su componente de
justicia, a los que ya se hizo mención en esta providencia (párrafo 59 y ss, supra);
en concreto, al principio de centralidad de las víctimas y al paradigma
restaurativo de la JEP, máxime cuando este asunto está relacionado con el
procedimiento de reconocimiento de verdad y de responsabilidad. Esto último
implica que su escenario de aplicación es aquél en el que el diseño legislativo
tiene por presupuesto una contribución efectiva del compareciente a los derechos
a la verdad y a la reparación de la víctima, lo que lo hace destinatario
-dentro del régimen de condicionalidades- de los mayores tratamientos penales
diferenciados que pueden obtener quienes son responsables de la comisión de
graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, esto es,
de las denominadas sanciones propias.
En
esta línea de exposición, el término “podrán” integra el artículo
27 de la Ley 1922 de 2018 (párrafo 74, supra). En su inciso único, esta
disposición evidencia que el procedimiento de justicia con enfoque restaurativo
en casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad exige un margen de
valoración importante a cargo de las autoridades de la JEP competentes para
adelantarlo. Este margen, que solo puede comprenderse dentro de los cauces de
las garantías a las que se encuentran vinculadas, requiere comprender que la
participación de las víctimas debe incidir en la creación de un espacio de
equilibrio, en el que las responsabilidades que allí se asuman tengan el mayor
efecto reparador del daño para las víctimas. Por lo tanto, aunque en diferentes
etapas del mismo la intervención de las víctimas es un imperativo para el juez,
y un derecho para éstas, las oportunidades y mejores vías deben irse valorando
y analizando con miras a evitar daños secundarios de victimización y, por este
rumbo, frustrar los objetivos para los cuales se concibió el componente de
justicia en el Sistema Integral.
Por
oportunidades a valorar por la JEP, en los términos del artículo 27 de la Ley
1922 de 2018, entiende la Sala no la definición de las etapas ya definidas por
el Legislador para la intervención de las víctimas, porque estas son
vinculantes, sino aquellas decisiones que tienen que ver con posibilidades de audiencias
o encuentros directos, por ejemplo, al inicio o a más adelante en el
procedimiento, de acuerdo a la valoración que efectúen los jueces de la JEP.
95.
Para la Corte es claro que en varias disposiciones de la LEJ y de la Ley de
Procedimiento se establecen momentos de intervención para las víctimas, entre
ellas, de manera especial, el artículo 27D.6 de la Ley 1922 de 2018 les
confiere el derecho de realizar observaciones al proyecto de sanciones
presentado por el compareciente. Esta norma, empero, adquiere un sentido
importante en el marco del artículo 27 parcialmente demandado, pues dicha
intervención se articula en un escenario restaurativo en el que los procesos
dialógicos, oportunos y adecuados, son muy importantes. Dos
consideraciones al respecto deben hacerse.
95.1.
Primera. Pese a que el artículo 27D.6 de la Ley 1922 de 2018 no incluye
expresamente el derecho a presentar observaciones al proyecto de sanciones
configurado por la misma Sala, posibilidad prevista en el artículo 141 de la
LEJ (párrafo 84.vi, supra), nada se opone a que se entienda que, en
dicho supuesto, las víctimas también deben tener garantizado su derecho a
participar. Esto, en razón al principio de centralidad de las víctimas, lo que
se traduce en la garantía de sus derechos a la verdad, la justicia, la
reparación y la no repetición. Bajo este eje, y tal como se evidencia en el
acápite pertinente, las víctimas en los procesos que se adelantan para
garantizar justicia deben tener derecho a participar, dado que así se logra su
dignificación y, bajo el esquema restaurativo, la sanación de las relaciones
rotas entre comparecientes y afectados.
95.2.
Segunda. En algunas intervenciones dentro de este trámite
constitucional se considera que el procedimiento ante la Sala de Reconocimiento
de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas prevé
la intervención de las víctimas en etapas previas y posteriores a la
formulación de la Resolución de Conclusiones y que, por lo tanto, un análisis
macro exige concluir que el Legislador sí garantizó adecuadamente su derecho,
por lo cual el parágrafo demandado bien podría implicar que tal Sala
prescindiera de la participación de las víctimas. Para la Corte, una hermenéutica
que exige ver en su integridad el procedimiento no es desacertada y, en
consecuencia, es un elemento a tenerse en cuenta de cara a estudiar la
satisfacción de los derechos de las víctimas; sin embargo, es
insuficiente, dado que es necesario tener en cuenta el momento y
finalidad para la cual se prevé cada intervención.
Esto
es, con miras a lograr una participación efectiva en el proyecto de sanción
propia, con su contenido reparador y de medidas restaurativas, las
posibilidades de actuación previas al reconocimiento de verdad y
responsabilidad no parecen adecuadas, pues el proyecto de sanción propia se
construye a partir del grado del aporte en verdad y responsabilidad (párrafo
87, supra). Etapas posteriores, ante la Sección Primera del Tribunal,
por ejemplo, aunque también son importantes, no reemplazarían el momento previo
al que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de
Determinación de los Hechos y Conductas presenta su Resolución de Conclusiones,
pues éste es el que determina la guía de ruta de ahí en adelante. Por lo
anterior, la oportunidad de la que trata la disposición parcialmente demandada
no puede comprenderse como una facultad que se satisface con otros momentos de
intervención.
El
momento de la formulación del proyecto de sanción propia, entonces, es
clave en la materialización de los objetivos del SIVJRNR, y, por lo tanto, el
derecho a participar de la víctima es incuestionable, pues en esta fase se
viabiliza la posibilidad de que sus intereses, visiones y requerimientos sean
escuchados, atendidos y valorados por quienes están dispuestos, porque así lo
han manifestado, a aportar en la sanación individual y colectiva, por el daño
causado. Así, aunque la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de
Determinación de los Hechos y Conductas tiene por supuesto la facultad para
valorar, en los términos del artículo 27 de la Ley 1922 de 2018, los mejores
escenarios, su oportunidad e idoneidad, para que estas relaciones entre víctima
y victimario puedan reconstruirse en términos de dignidad, lo cierto es que las
víctimas son titulares del derecho a participar en esta etapa. Lo discrecional
en cabeza de aquella Sala, que no puede identificarse como arbitrario,
corresponde a ir definiendo las vías para que esos encuentros se vayan
fortaleciendo y viabilizando a lo largo del trámite[114].
96.
Por último, desde este enfoque sistemático, advierte la Sala que, tal como se
ha advertido, el artículo 141 de la LEJ afirma que el proyecto de sanción deberá
prever un mecanismo de consulta para la efectiva puesta en marcha de la
citada sanción, por lo cual, se reafirma que la participación de las víctimas
al respecto está guiada por el derecho a participar, y no por su mera
posibilidad.
La anterior interpretación maximiza el derecho a la
participación, adecuada y oportuna, de una manera compatible con la estructura
del proceso de justicia en el marco del sistema transicional y del
procedimiento específico en que se ejerce, esto es, el procedimiento con
reconocimiento de verdad y responsabilidad.
97.
Para la Sala el componente de justicia a cargo de la JEP dentro del SIVJRNR
está dotado de características especiales que lo diferencian del sistema penal
con tendencia acusatoria propio del ordenamiento penal ordinario[115]. Esta
diferenciación es más clara e intensa en el procedimiento que se da en caso
de reconocimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad[116]
ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación
de los Hechos y Conductas (Art. 73 LEJ), pues, siguiendo las relaciones de
condicionalidad e incentivos, este trámite culmina con la concesión de sanciones
propias, caracterizadas por comprender la mayor función restaurativa y
reparadora del daño causado[117].
Y
es más intensa dentro del mismo SIVJRNR si se repara en que el no
reconocimiento de verdad y responsabilidad ante la referida Sala, activa la
competencia de la (i) Unidad de Investigación y Acusación[118], bajo la
idea de un trámite adversarial -o acusatorio- y probatorio[119],
y, si hay mérito, de la (ii) Sección de Primera Instancia del Tribunal para la
Paz en casos de ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, que
celebra juicios contradictorios y culmina con la imposición de sanciones
alternativas -con una función esencialmente retributiva de pena privativa de la
libertad[120]-
u ordinarias -con las funciones previstas en las normas penales-.
98.
El procedimiento que se tramita ante la JEP en caso de reconocimiento de
verdad y reconocimiento de responsabilidad deja de lado cualquier rol de
ente acusador, frente al cual se ubica un acusado que se encuentra en posición
de defensa por los cargos imputados. Aquí se propende por la garantía de un
escenario equilibrado entre víctima y victimario, en el que éste ha admitido su
responsabilidad y, por lo tanto, la pretensión principal es la imposición de
una sanción, por supuesto efectiva, pero que en el máximo grado posible tenga
un contenido reparador y de medidas restaurativas[121].
99.
Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que en este sistema de
administración de justicia, el enfoque restaurativo le da un efecto particular
a las posibilidades de intervención que tienen las víctimas, dado que propende
por una actuación que no se limita a remitir documentos para ser valorados por
un juez, sino a que se construyan espacios de encuentro, oportunos e idóneos y
que no generen daños secundarios, ajenos a la distancia que crean los procesos
penales con función eminentemente retributiva, y comprometidos con la mayor
cercanía posible para obtener en mejor medida la reparación del daño y las
bases de la reconstrucción de la sociedad fracturada hoy por el conflicto.
100.
El papel de la víctima en el SIVJRNR es central y, por lo tanto, las dudas que
existieran sobre el alcance de su participación deben resolverse en términos de
maximizar esta garantía, se insiste, bajo las condiciones a que se refiere el
artículo 27 de la Ley 1922 de 2018, esto es, fundamentalmente a través de
acciones sin daño.
101.
Por último, la estructura del procedimiento ante la JEP en caso de
reconocimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad, a pesar de
estar definido en una serie de pasos sucesivos y que culminan con la expedición
de una sentencia, deja márgenes de adecuación entre uno y otro. Nótese, por
ejemplo, que no se evidencia una disposición que imponga un momento preciso en
el que el compareciente presente su proyecto de sanción, con su contenido
reparador y de medidas restaurativas y en caso de que opte por tal actuación[122]. Por lo
tanto, una vez admitida la verdad y la responsabilidad habrá espacio para que,
bajo la dirección de las autoridades judiciales de la JEP, pueda plantearse y
que sobre la propuesta las víctimas puedan intervenir.
Conclusión
102.
En los anteriores términos, la Sala Plena considera que el término “podrán”
contenido en el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1922 de 2018 da cuenta de
una facultad conferida a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de
Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, que,
ejercida en términos constitucionales y siguiendo las pautas de la LEJ,
especialmente del artículo 141, le impone la obligación de garantizar el
derecho a participar de las víctimas en la etapa previa a la formulación de la
Resolución de Conclusiones, particularmente en relación con la propuesta del
proyecto de sanciones, con su contenido reparador y de medidas restaurativas.
103.
Esta participación debe ser garantizada bajo los parámetros previstos en el
artículo 27 ibídem. Esto implica reconocer que las autoridades de la JEP
y, en este caso, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de
Determinación de los Hechos y Conductas tiene la obligación de valorar las
circunstancias que se presentan en cada caso, con el ánimo de adoptar las
medidas oportunas e idóneas para la satisfacción de los objetivos del SIVJRNR,
lo que incluye no generar nuevas victimizaciones y propiciar un ambiente de
mayores posibilidades de acercamiento progresivo. La participación, además,
debe ser efectiva, lo que implica que aquello que manifiestan las víctimas
tenga incidencia en la construcción a cargo de los victimarios, y en su
consideración también por las autoridades judiciales del componente de
justicia. Por último, es incuestionable que la participación debe tener en
cuenta los enfoques diferenciales y especiales que prevé el SIVJRNR.
Síntesis de la decisión
104. La Corporación asumió el conocimiento de la demanda
presentada contra el término “podrán” previsto en el parágrafo del
artículo 27 de la Ley 1922 de 2018, por la presunta lesión de los derechos de
las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición, y, en este marco,
de las garantías a tener un recursos efectivo y a la participación, así como
por desconocer el enfoque restaurativo de la justicia a cargo de la
Jurisdicción Especial para la Paz. Las intervenciones recibidas durante el
procedimiento adelantado se inclinaron, o bien por solicitar la exequibilidad[123], a partir del margen de
configuración del Legislador y de la existencia dentro del procedimiento ante
la JEP de oportunidades de participación; o bien por la exequibilidad
condicionada[124], en el
sentido de indicar que la participacion era una obligación, salvo, por ejemplo,
que las victimas renunciaran a intervenir.
El Ministerio Público propuso una interpretación distinta del
alcance del término “podrán”, advirtiendo que éste se refería era a la
posibilidad de que las víctimas, titulares del derecho, decidieran no acudir.
Finalmente, el Ministerio del Interior y los ciudadanos Anderson Javier Hernández y
Diana Marcela Cubides Wilches manifestaron algunas consideraciones sobre la
ineptitud de la demanda. El primero, sin dar mayores razones para ello, y los
segundos en relación con la presunta lesión de los artículos 2 y 29 de la C.P.
(párrafo 42, supra).
105. Teniendo en cuenta el debate planteado, la Sala analizó la
aptitud de la demanda, concluyendo que sí exitía un cargo con los requisitos de
claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia que habilitaba el
pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional (párrafo 47 y
siguientes, supra).
106. Superado lo anterior, la Sala
procedió a analizar si la expresión “podrán”,
como criterio de intervención de las víctimas en el marco de la definición del
proyecto de sanción, con su contenido reparador y de medidas restaurativas, a
cargo de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación
de los Hechos y Conductas, desconoce los derechos de las víctimas, así como sus
garantías procesales y sustanciales, en un enfoque restaurativo.
Para ello la Sala se refirió, previa
precisión del parámetro de control, (1) a la garantía de los derechos a
la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y al paradigma de la
justicia restaurativa en la función de administrar justicia atribuida a la
Jurisdicción Especial para la Paz; (2) al alcance del enunciado demandado en el
contexto de la Ley 1922 de 2018; y (3) a la configuración normativa del
procedimiento que ante la JEP se sigue en casos de reconocimiento de verdad y
reconocimiento de responsabilidad.
107. En concreto,
sostuvo que el término “podrán” era exequible, dado que la
competencia de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de
Determinación de los Hechos y Conductas, solo admite una interpretación,
consistente en que es su deber garantizar tal participación. Esta conclusión se
fundó en: (i) un análisis sistemático de la disposición, no solo en el contexto
de la Ley 1922 de 2018 sino del Acto legislativo 01 de 2018 y de la LEJ,
especialmente del artículo 141; y, (ii) una aplicación de la maximización del
derecho a la participación, compatible con la estructura del proceso de justicia
en el marco del sistema transicional y del procedimiento específico en que se
ejerce, esto es, el procedimiento con reconocimiento de verdad y
responsabilidad.
VII. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
ÚNICO.- Declarar
exequible el término “podrán”, contenido en el parágrafo del artículo 27
de la Ley 1922 de 2018, “[p]or medio de la cual se adoptan unas reglas de
procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz”, en los términos de
la consideración jurídica 102 de la presente providencia y por el cargo
analizado.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Presidenta
Ausente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con salvamento de
voto
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO
OCAMPO
Magistrado
Con aclaración de
voto
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES
CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con aclaración de
voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaría General
[1] Los ciudadanos forman parte
de las siguientes organizaciones: la Corporación Colectivo de Abogados “José
Alvear Restrepo”, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos CSPP, la
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCEEU, la Corporación Jurídica Yira
Castro y Humanidad Vigente Corporación Jurídica.
[2] Sobre el contenido normativo del término “podrá”, la
demanda advierte la existencia de decisiones anteriores en otros ámbitos
regulativos. Sentencia C-166 de 2017. M.P. José Antonio Cepeda Amarís (e).
[3] Por
ejemplo, en la Resolución 60/147, aprobada por la Asamblea General de la ONU el
16 de diciembre de 2005.
[4]
Caso 19 comerciantes vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5
de julio de 2004, entre otros.
[5] Citan la Sentencia C-674 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez, con el objeto de identificar los contenidos específicos del derecho a la
justicia.
[6] Artículos 29, 93, 229 y 251 de la C.P.
[7] Se precisa en la demanda que el giro de los derechos de las
víctimas en el proceso penal encuentra un referente importante en la Sentencia
C-228 de 2002 (MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre
Lynett).
[8]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[9] En sustento de esta afirmación, los accionantes destacan varios
apartados del Acto Legislativo 01 de 2017, entre los que se encuentran algunos
del artículo 1 transitorio, y el parágrafo único del artículo 12 transitorio.
[10] En la demanda se afirma que “[l]a mayoría de los autores
coinciden en que la justicia restaurativa tiene dos objetivos centrales: a) la
reparación del daño producido por la ofensa y, b) el “empoderamiento” de
aquellos afectados por la ofensa”. También se cita la Sentencia C-017 de
2018 y la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de 6 de junio de 2012,
Exp. No. 35767, que dan cuenta del rol central de las víctimas en la justicia
con enfoque restaurativo.
[11]
Folio 7 del expediente.
[12]
Folio 7vto del expediente.
[13]
Fuera del término de fijación en lista participaron (i) la Jurisdicción
Especial para la Paz, folios 104 a 110; (ii) el Representante de la Oficina en
Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
folios 140 a 146; y, (iii) la Universidad Industrial de Santander – Escuela de
Derecho y Ciencia Política, folios 147 a 153.
[14]
Documento suscrito por el director de Desarrollo del Derecho y Ordenamiento
Jurídico. Fls. 57 a 66.
[15] Con fundamento en lo sostenido en la Sentencia C-614 de 2017. M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[16] Cita al respecto los presupuestos referidos por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barbani Duarte y otros vs.
Uruguay, Sentencia de 13 de octubre de 2011.
[17] Soporta este análisis en lo sostenido por la Corte Constitucional
en la Sentencia C-080 de 2018. M.P. José Antonio Lizarazo Ocampo.
[18]
Documento suscrito por Apoderada Especial. Fls. 85 a 89.
[19] Al
respecto, destacó que una tesis similar fue sostenida en la Sentencia C-370 de
2006. MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo
Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés
Vargas Hernández.
[20]
Memorial suscrito por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Fls. 98 a 101.
[21] Intervención suscrita por el director, el coordinador del área de
Incidencia Nacional y dos abogados integrantes de la misma área. Fls. 50 a 56.
[22] “El arbitrio puede definirse como el uso de una facultad otorgada
por el ordenamiento jurídico a un operador, por otro lado, la arbitrariedad es
llevar la interpretación de un contenido jurídico hasta un punto tal, que dicha
interpretación es disonante con el resto del contenido normativo y legal”. Fl.
52.
[23] Fls. 72 a 76.
[24] Artículo 3 de la Ley 1922 de 2018.
[25] A través del director del observatorio de intervención ciudadana
constitucional y de uno de sus miembros.
[26] Necesidad que, según la intervención, se advirtió en el año 2000
por el Consejo Económico y Social de Naciones – ECOSOC.
[27]
Sentencia C-674 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
[28]
Intervención obrante a folios 91 a 93.
[29]
Cita, V. gr., los artículos 14 y 15 de la Ley Estatutaria de la JEP.
[30]
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[31]
Aunque en su intervención, en todo caso, afirma que la Corte debe modular como
considere pertinente el alcance del enunciado demandado. Folio 65.
[32]
Anderson Javier Hernández López y Diana Marcela Cubides Wilches.
[33] No
obstante, en su intervención solicitó que se declarara la exequibilidad de la
disposición parcialmente demandada. Fl. 100 vto.
[34] Ver entre otras, las sentencias C-1095 de 2001. M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-1143 de
2001. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-041 de 2002. M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra; C-405 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-128 de 2011.
M.P. Juan Carlos Hena Pérez; C-673 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva;
C-658 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa; y, C-148 de 2018. M.P. Diana
Fajardo Rivera.
[35]
Concretando los mandatos previstos en los artículos 1, 2 y 3 de la C.P. Ahora
bien, el artículo 40.6 expresamente prevé como derecho político la
interposición de acciones públicas en defensa de la Constitución.
[36]
Artículos 114 y 150 de la C.P.
[37]
Sentencia C-304 de 2013. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[38]
Ver, entre otras, las sentencias C-980 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil y
C-501 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[39]
Consultar, entre otras, las sentencias C-236 de 1997.
M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-447 de 1997. M.P. Alejandro Martínez
Caballero; C-426 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil; y, C-170 de 2004. M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[40]
Consultar, entre otras, las sentencias C-1052 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa y C-1115 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[41]
Consultar, entre otras, las sentencias C-509 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa; C-237 de 1997. M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-447 de 1997. M.P. Alejandro
Martínez Caballero; y, C-426 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[42]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[43] Sentencia C-568 de 1995 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[44] Sentencia C-1052 de 2001 M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[45] Sentencia C-504 de 1993. MM.PP. Eduardo Cifuentes Muñoz y Carlos
Gaviria Díaz.
[46]
Ver, entre otras, la Sentencia C-353 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[47]
Consultar, entre otras, la Sentencia C-357 de 1997. M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[48] En la Sentencia C-894 de 2009 (M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) se afirmó que: la propia jurisprudencia ha dejado claro, que la
Corte se encuentra habilitada para adelantar un nuevo estudio de procedibilidad
de la demanda en la Sentencia, cuando de la valoración de los elementos
fácticos allegados al proceso, se infiere una inobservancia de los requisitos
mínimos de procedibilidad en la acusación, que a su vez no permite delimitar el
ámbito de competencia de la Corte para pronunciarse. Se ha explicado al
respecto, que en esa instancia procesal, el análisis resulta de mayor
relevancia, si se tiene en cuenta que para ese momento, “además del contenido
de la demanda, la Corte cuenta con la opinión expresada por los distintos
intervinientes y con el concepto del Ministerio Público, quienes de acuerdo con
el régimen legal aplicable al proceso de inconstitucionalidad, [sólo]
participan en el juicio con posterioridad al auto admisorio.”
[49]
Para abordar los aspectos generales de esta línea, se retomarán consideraciones
que fundamentalmente se hicieron en la providencia C-007 de 2018. M.P. Diana
Fajardo Rivera.
[50] Ibídem,
párrafos 113 y siguientes.
[51] En la sentencia C-370 de 2006 (MM.PP. Manuel José Cepeda
Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy
Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández), la Corte Constitucional resolvió la demanda de
inconstitucionalidad sobre algunos artículos de la Ley 975 de 2005. En
esta oportunidad la Sala Plena advirtió que, aunque no se hubieran construido
estándares sobre los derechos de las víctimas en contextos de transición, sí había
fijado varios criterios en el marco constitucional de normalidad, los cuales
eran aplicables en este caso dado que la transición no suspendía la
Constitución. Al respecto precisó: “Tales parámetros tienen que ver con los
derechos de las víctimas a la justicia, verdad, reparación y no repetición …
las condiciones en que pueden ser concedidas las amnistías o indultos, la
imprescriptibilidad de la acción penal respecto de ciertos delitos, y la
necesidad de que ciertos recursos judiciales reconocidos dentro del proceso
penal se establezcan no solo a favor del procesado sino también de las
víctimas, cuando el delito constituye un grave atentado en contra de los
derechos humanos o del derecho internacional humanitario.”
[52] Por
ejemplo, la Ley -975 de 2005- de alternatividad penal en el marco del proceso
de reincorporación de miembros de grupos armados al margen de la ley, previó
los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación en los
artículos 6 a 8 [esta normativa fue modificada por la ley 1592 de 2012]. La Ley
1448 de 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan
otras disposiciones”, también delimita el alcance general de los derechos a
la verdad, a la justicia y a la reparación integral [artículos 23 a 25].
[53]
MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett. En esta
providencia la Corte analizó la demanda de inconstitucionalidad incoada contra
el artículo 137 de la Ley 600 de 2000, que prevé la figura de la parte civil
dentro de la actuación penal como mecanismo para obtener el restablecimiento y
resarcimiento del daño ocasionado por la conducta punible. Sobre la misma
figura, pero en el campo de la justicia penal militar (artículos 305 de la Ley
522 de 1999 y otros), la Corte se pronunció en la Sentencia C-1149 de 2001.
M.P. Jaime Araujo Rentería.
En la
Sentencia C-178 de 2002 )M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), se hizo también
referencia expresa a las víctimas al analizar la constitucionalidad de los
artículos 578 y 579 de la Ley 522 de 1999 sobre los términos aplicables para la
investigación y juzgamiento de algunos delitos. Al respecto, se afirmó que: “[e]n
materia penal militar la determinación de la responsabilidad en la comisión de
un hecho punible es una de las finalidades de la administración de justicia que
si bien debe cumplirse evitando dilaciones injustificadas, no se alcanza cuando
se establecen términos procesales que recortan el ejercicio del derecho de
defensa del sindicado denegando la justicia que el procesado y las víctimas del
delito demandan; que impiden establecer con claridad la verdad de los hechos
que se estudian en la etapa de instrucción o en el juicio, circunstancia que
incluso puede aumentar los niveles de impunidad en materia delictiva; o que
niegan el derecho a obtener una reparación por parte de las víctimas.”
[54] Al respecto, se indicó en tal decisión: “Existe
una tendencia mundial, que también ha sido recogida en el ámbito nacional por
la Constitución, según la cual la víctima o perjudicado por un delito no sólo
tiene derecho a la reparación económica de los perjuicios que se le hayan
causado, trátese de delitos consumados o tentados, sino que además tiene
derecho a que a través del proceso penal se establezca la verdad y se haga
justicia. (…).”
[55] “De tal manera que la víctima y los perjudicados por un delito
tienen intereses adicionales a la mera reparación pecuniaria. Algunos de sus
intereses han sido protegidos por la Constitución de 1991 y se traducen en tres
derechos relevantes para analizar la norma demandada en el presente proceso://
1. El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y
en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Este
derecho resulta particularmente importante frente a graves violaciones de los
derechos humanos// 2. El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es
decir, el derecho a que no haya impunidad. // 3. El derecho a la reparación del
daño que se le ha causado a través de una compensación económica, que es la
forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un delito.” // Antes de esta decisión, la Corte ya había afirmado que el derecho
de las víctimas excedía el campo indemnizatorio: ver, entre otras, las
sentencias C-740 de 2001. M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-1149 de 2001. M.P. Jaime
Araujo Rentería.
[56]
Constituyen referente principal de este análisis los siguientes
pronunciamientos: C-578 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-370
de 2006. M.P. Manuel José Cepeda y otros; C-1033 de 2006. M.P. Álvaro Tafur
Galvis; C-095 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-771 de 2011. M.P.
Nilson Pinilla Pinilla; C-250 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto; C-253A de 2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-715 de 2012.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-781 de 2012. M.P. María Victoria Calle
Correa; C-579 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; C-577 de 2014. M.P.
(e) Martha Victoria Sáchica; y, C-694 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos. Más
recientemente ver, especialmente, las sentencias C-674 de 2017. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez y C-080 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[57] Al respecto ver: “Derecho a la verdad en América”, Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, disponible en http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/derecho-verdad-es.pdf; y, Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones
Unidas, E/CN.4/2006/91 de 9 de enero de 2006.
[58] Artículos 32 y 33 del Protocolo I Adicional a los Convenios de
Ginebra, del 12 de agosto de 1949.
[59] Artículos 8, 25 y 13, respectivamente, de la Convención Americana
sobre derechos humanos.
[60] Al respecto ver la sentencia T-275 de 1994. M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[61] En la sentencia T-327 de 2001, se sostuvo
que: “2. Además, toda
víctima del desplazamiento es a su vez sujeto pasivo del delito de
desplazamiento [10]; de ahí se derivan los derechos de justicia, verdad y
reparación.
Al
referirnos al derecho a la verdad entendemos que, como lo ha establecido esta
Corporación en anterior jurisprudencia [11], se debe buscar el mayor
esclarecimiento, dentro del proceso penal, de las circunstancias del
desplazamiento -agentes causantes (no sólo el grupo armado culpable, sino
también los autores intelectuales y materiales concretos), móviles de los
agentes para la perpetuación del delito de desplazamiento forzado, etc… Además,
como dijo la Corte Constitucional en su sentencia T-265 de 1994 (sic),
la participación del perjudicado dentro del proceso penal, también hace parte
del derecho a la verdad en cuanto implica conocimiento del curso del proceso y
facilita la investigación por parte de los funcionarios del Estado en la medida
en que las víctimas fueron testigos directos del hecho.”
[62] En la sentencia C-370 de 2006. MM.PP. Manuel José Cepeda
Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy
Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, se afirmó que uno de los componentes del derecho a la justicia
es que se haga justicia, “este derecho involucra un verdadero derecho
constitucional al proceso penal, y el derecho a participar en el proceso penal,
por cuanto el derecho al proceso en el Estado democrático debe ser
eminentemente participativo.”
[63] Aprobado mediante la Ley 74 de 1968, y cuya inclusión en el bloque
de constitucional en sentido estricto ha sido reconocida por esta Corte desde
temprana jurisprudencia, al respecto ver la sentencia C-127 de 1993. M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[64] Aprobada mediante la Ley 16 de 1972. Su pertenencia al bloque de
constitucionalidad también ha sido reconocida por parte de esta Corte desde
temprana jurisprudencia. Sentencia C-127 de 1993. M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[65] Garantía similar se prevé en el artículo 7 de la Carta Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos, y en el artículo 13 del Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
[66]
Aprobada mediante la Ley 409 de 1997.
[67]
Aprobada mediante la Ley 707 de 2001.
[68]
Aprobada mediante la Ley 248 de 1995.
[69] E/CN.4/2005/102/Add.1.
[70] Principios 19 a 30.
[71]
Además, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la reparación en
casos de discriminación estructural debe ser correctiva.
Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México. Excepción preliminar,
fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No.
205. Párr. 450.
[72] M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[73]
Sentencias C-674 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y C-080 de 2018.
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[74]
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[75]
Posición reiterada en la Sentencia C-080 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo.
[76]
Prevista expresamente en el artículo 5 transitorio, artículo1, del Acto
Legislativo 01 de 2017.
[77]
Artículo transitorio 1 inciso 4, artículo 1, Acto Legislativo 01 de 2017.
[78]
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[79] Al respecto, en la Sentencia C-979 de 2005 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño) se afirmó que: “…la justicia restaurativa se presenta como un modelo alternativo
de enfrentamiento de la criminalidad, que sustituye la idea tradicional de
retribución o castigo, por una visión que rescata la importancia que tiene para
la sociedad la reconstrucción de las relaciones entre víctima y victimario. El
centro de la gravedad del derecho penal ya no lo constituiría el acto delictivo
y el infractor, sino que involucraría una especial consideración a la víctima y
al daño que le fue inferido. // Conforme a este modelo, la respuesta al
fenómeno de la criminalidad, debe diversificar las finalidades del sistema.
Debe estar orientada a la satisfacción de los intereses de las víctimas
(reconocer si sufrimiento, repararle el daño inferido y restaurarla en su
dignidad), al restablecimiento de la paz social, y a la reincorporación del
infractor a la comunidad a fin de establecer los lazos sociales quebrantados
por el delito, replanteando el concepto de castigo retributivo que resulta
insuficiente para el restablecimiento de la convivencia social pacífica. //
Desde una perspectiva sicológica se destaca que en este modelo, esa mirada al
pasado orientada a escudriñar la culpa del ofensor, propia de los esquemas
retributivos, se desplaza por una visión de futuro anclada en el propósito de
la búsqueda de mecanismos mediante los cuales se propicie que el ofensor se
enfrente con sus propios actos y sus consecuencias, adquiera conciencia acerca
del daño que ocasionó, reconozca y asuma su responsabilidad e intente la
reparación del agravio. En consecuencia, no es un enfoque basado en los
merecimientos, sino en las necesidades emocionales, relacionales y reparatorias
de las personas involucradas en el conflicto. // El
modelo de justicia restaurativa parte de la premisa de que el delito perjudica
a las personas y las relaciones, y que el logro de la justicia demanda el mayor
grado de subsanación posible del daño. Su enfoque es cooperativo en la medida
que genera un espacio para que los sujetos involucrados en el conflicto, se
reúnan, compartan sus sentimientos, y elaboren un plan de reparación del
daño causado que satisfaga intereses y necesidades recíprocos.”
[80]
Artículo 73 de la Ley Estatutaria de la JEP.
[81]
Advierte la Sala que, tal como se afirmó en la Sentencia C-348 de 2019. M.P.
Antonio José Lizarazo Ocampo, el principio dialógico, aunque tiene relación con
el paradigma restaurativo, no ostenta una naturaleza constitucional sino legal:
“En
cuanto al primer cargo, no existe,
como advierte el demandante, un parámetro de constitucionalidad, derivado del
paradigma restaurativo, denominado “principio dialógico” en la construcción de
la verdad. Dicho principio no es de jerarquía constitucional, sino que es un
desarrollo de carácter legal (artículo 1 de la Ley 1922 de 2018). Por tal
razón, la Corte no estudiará una presunta violación del principio dialógico.”
[82]
MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil,
Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández.
[83]
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[84]
M.P. Diana Fajardo Rivera.
[85]
Antonio José Lizarazo Ocampo.
[86]
Artículos 125 y 126 de la Ley Estatutaria de la JEP.
[87] A
través de los ministros de Justicia y del Derecho, y del Interior.
[88] “Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias
de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción
de una pez estable y duradera y se dictan otras disposiciones.”  En el mismo sentido, ver el artículo 76 de la Ley Estatutaria de
la Jurisdicción Especial para la Paz, “normas de procedimiento”.
[89] Gaceta 188 de 27 de abril de 2018, página 7.
[90] El libro primero prevé disposiciones generales,
relacionadas con asuntos tales como los sujetos procesales, recursos y asuntos
probatorios (artículos 2 a 26); y, el tercero, regula disposiciones
complementarias, sobre régimen de libertades graduación de sanciones, entre
otros aspectos (artículos 61 a 76).
[91] “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial
para la Paz”, artículo 73: “En la JEP se
aplicarán dos procedimientos: 1. Procedimiento en caso de reconocimiento de
verdad y reconocimiento de responsabilidad. 2. Procedimiento en caso de
ausencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad.”.
[92] El enunciado hace uso del término “podrán”, el cual será
entendido para estos efectos explicativos como facultad-competencia.
[93] “Componente restaurativo de las sanciones propias aplicables a
quienes reconozcan verdad exhaustiva, detallada y plena en la Sala de
Reconocimiento de verdad y responsabilidades.”
[94] El
artículo 79.o de la LEJ prevé que “[a] efectos de emitir su resolución,
deberá concentrarse desde un inicio en los casos más graves y en las conductas
o prácticas más representativas.” La Corte Constitucional, en sentencias
proferidas en el marco del actual proceso transicional, ha considerado que este
deber se centra en las graves violaciones, respecto de las cuales es viable
dirigir la acción a los máximos responsables. Sentencias C-007 de 2018. M.P.
Diana Fajardo Rivera y C-080 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[95] La
construcción del trámite se realiza en sus pasos principales. No pretende dar
cuenta exhaustiva de todas las incidencias que pueden presentarse.
[96] Negrilla fuera de texto.
[97]
Esta condición fue conferida a las víctimas incluso en el marco del proceso
penal ordinario, en los términos del artículo 250.7 de la Constitución Política
que prevé: “… En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la
Nación, deberá: …//7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los
testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos
en que podrá intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de
justicia restaurativa.”
[98] De
esta competencia también da cuenta el artículo 15 transitorio, artículo 1, del
Acto Legislativo 01 de 2017.
[99]
Reflejo de los principios de prevalencia (Art. 36 LEJ) y colaboración entre
instituciones del Estado.
[100]
Enunciado concordante con el previsto en el articulo 27D.1 de la Ley 1922 de
2018.
[101]
Esta recepción está sometida a los términos del artículo 80 de la LEJ.
[102] En
casos en los que esté de por medio la figura de la responsabilidad de mando,
deben identificarse individualmente los máximos responsables.
[103] Las
diligencias adelantadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de
Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas pueden dar lugar a
que se remita información también a otras salas o autoridades del componente de
Justicia, como la Sala de Amnistía e Indulto (Art. 79.l de la LEJ) o a la
Unidad de Investigación y Acusación (Art. 79.n de la LEJ) o a la Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas (Art. 79.n y p de la LEJ).
[104]
Esta actuación debe realizarse dentro de los 3 días siguientes al reparto del
asunto.
[105] Los
términos a los que está sometido el estudio e informe preliminar, así como la
expedición de la Resolución se encuentran regulados en la misma disposición.
[106]
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[107] Ver
el artículo 2, parágrafo segundo, inciso segundo de la Ley 1922 de 2018.
[108] Tal
dependencia, es el Departamento de Atención a Víctimas según e Acuerdo AOG No.
036 de 2018, “por el cual se establece la estructura de la Secretaría
Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”
[109]
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[110]
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[111]
Sentencia C-080 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[112]
Ver, entre otras, las sentencias C-128 de 2018. M.P. José Fernando Reyes
Cuartas y C-114 de 2009.
[113]
https://dle.rae.es/?id=TU1KCfY
[114] La
Corte Constitucional verifica que al interior de la JEP se creó una Comisión de
Participación que tiene por objeto analizar criterios y otros aspectos para
establecer formas y modos de participación, bajo los principios que vinculan su
actuación (Acuerdo AOG 009 de 2019). En la Sentencia TP-SA-SENIT 1 de 2019,
proferida por la Sección de Apelaciones del Tribunal para la Paz, se habla de
la importancia de que se construyan oportunamente guías que establezcan rutas
de acción con tal propósito.
[115]
Configurado a partir del Acto Legislativo 02 de 2003 y de la Ley 906 de 2004.
[116]
Insiste la Sala en que, dada la ubicación del artículo parcialmente demandado,
el trámite frente al cual se realiza este pronunciamiento es aquél que se da en
casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad ante la Sala de Verdad y
Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas.
[117]
Artículo 125 LEJ.
[118]
Unidad que, en los términos del artículo 7 transitorio, artículo 1, del Acto
legislativo 01 de 2017, realiza investigaciones y ejerce la acción penal ante
el Tribunal para la Paz.
[119] Tal
como lo reconoció la Corte en la Sentencia C-080 de 2018. M.P. Antonio José
Lizarazo Ocampo.
[120]
Artículo 130 LEJ.
[121] La
maximización del derecho a la participación encuentra soporte además en eventos
anteriores sometidos a acciones de reparación y restauración por parte de
victimarios, que dan cuenta de la complejidad de este tipo de medidas. Por
ejemplo, el Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre la Masacre
del Salado, “esa Guerra no era nuestra”, se evidencia la diferente
valoración del Monumento de las Víctimas (pág. 168).
[122]
Dado que no es una obligación. De no hacerlo, la Sala debe formularlo.
[123] Los
Ministerios de. Justicia y del Derecho; de Defensa Nacional; y, del Interior,
Así como los ciudadanos Anderson Javier Hernández López y Diana Marcela Cubides
Wilches.
[124] La
Comisión Colombiana de Juristas, la Universidad Libre y el ciudadano Gerardo
Vega Medina.