T-103-12
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-103/12
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-Reiteración de jurisprudencia/DERECHO FUNDAMENTAL A
LA SALUD-Acceso a servicios de pediatría de forma directa sin previa remisión
del médico general/ACUERDO 029/11-Definió, aclaró y actualizó
integralmente el POS del Sistema General de Seguridad Social en Salud
Referencia: expedientes T-3221596 y T-3230746,
acumulados.
Acciones de tutela instauradas por María
Esperanza Morales Ariza, en representación de su hijo Luis Ernesto González
Morales contra Solsalud EPS (exp. T-3221596); y el Personero Municipal de Arjona,
Bolívar, a nombre de Nereyda Esther Meza González (exp. T-3230746), contra Emdisalud
EPS-S.
Procedencia: Juzgados Promiscuo de Acevedo,
Huila y Sexto Civil Municipal de Cartagena, respectivamente.
Magistrado Ponente:
NILSON PINILLA PINILLA
Bogotá, D. C.,  veinte (20) de febrero de dos
mil doce (2012)
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Humberto
Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En la revisión de los fallos dictados por los Juzgados Promiscuo de Acevedo, Huila y Sexto Civil
Municipal de Cartagena, ninguno
impugnado, dentro de las acciones de tutela promovidas por María Esperanza Morales Ariza, en representación de su
hijo Luis Ernesto González Morales, en contra de Solsalud EPS (expediente
T-3221596) y el Personero Municipal de Arjona, Bolívar, a nombre de
representación de Nereyda Esther Meza González, en contra de Emdisalud EPS-S
(expediente T-3230746), acumulados.
Los respectivos expedientes llegaron a la Corte
Constitucional por remisión efectuada por los citados despachos, en virtud de
lo ordenado por los artículos 86, inciso 2° de la Constitución Política, y 31 del
Decreto 2591 de 1991.
La Sala Décima de Selección de la Corte, en octubre 13
de 2011, eligió para revisión los expedientes T-3221596 y T-3230746, disponiendo
acumularlos entre sí por presentar unidad de materia, para ser decididos en un
solo fallo.
I. ANTECEDENTES
María Esperanza Morales Ariza, en representación de su
hijo Luis Ernesto González Morales, y el Personero de Arjona, Bolívar, a nombre
de Nereyda Esther Meza González, promovieron sendas acciones de tutela contra las
empresas referidas.
A. Hechos
Cada actor demandó a la respectiva EPS o EPS-S, por
negar peticiones encaminadas a obtener autorización para procedimientos médicos
requeridos, de donde derivan que les están vulnerando los derechos
fundamentales a la vida, a la salud en condiciones dignas y a la seguridad
social. A continuación se incluye un breve resumen de
cada asunto.
B. Demandas
Expediente T-3221596
Maria Esperanza Morales Ariza, en representación de su
hijo Luis Ernesto González Morales, de siete años de edad, reporta que en abril
8 de 2011, debido a los dolores de cabeza y vómito que sufre el niño, el médico
tratante le ordenó un “Tac cráneo simple y con contraste, electrocardiograma
computarizado” y “cita con el pedíatra”.
En mayo 28 de 2011 elevó un derecho de petición a la empresa
accionada pidiendo los referidos exámenes, que fueron autorizados y realizados
en junio 13 y 14 del mismo año; pero pese a que la cita con el pediatra fue
asignada, la autorización se venció, en cuanto “no habían citas disponibles
en el hospital de San Antonio” de Pitalito, por lo cual requirió una nueva,
respondiéndosele que “hasta que no tenga la fecha exacta de la cita no se
podía expedir ninguna autorización”; y en la oficina del pediatra le
informaron que “no hay contrato con la EPS Solsalud, por encontrarse en
deuda con ese hospital”.
Expediente T-3230746
El Personero de Arjona, obrando a nombre
de Nereyda Esther Meza González, de 52 años de edad, expone que la señora es
beneficiaria del régimen subsidiado en Emdisalud EPS-S, desde el 1° de enero de
2010.
Indica que, según la historia clínica, la
señora padece de miomas, con cuadro clínico de tres días de “sangrado
abundante con coágulos por genitales extremos asociados a dolor tipo cólicos
irradiado a región lumbar”, diagnosticado como “hemorragia uterina
anormal secundaria a miomatosis uterina”; para controlar la afección, el médico
tratante ordenó una “consulta por control ginecológica prioritaria, TP-TPT,
EKG y Ecografía transvaginal”, que no fue autorizada por hallarse fuera del
POS.
Aclara que frente a la ecografía transvaginal
a la fecha de la presentación de la tutela (octubre 6 de 2010), no le han
entregado la autorización.
B. Respuesta de las entidades accionadas
Expediente T-3221596
La apoderada de Solsalud EPS afirmó que
los procedimientos “ de solicitud de
Resección Biopsia de lesiones de piel, con orden de autorización para la
entrega y suministro del medicamento según autorización N° 138085 por
VIGABATRIN SABRIL TAB X 500 mg Cantidad 75 Tab”, fueron autorizados y reclamados en agosto
16 de 2011.
Por consiguiente, estimó hallarse ante “carencia
actual de objeto por hecho superado”, pues “entre la interposición de la
tutela y el fallo” la entidad reparó la vulneración de los derechos
invocados (f. 35 cd. inicial respectivo).
Expediente T-3230746
1. La Directora Regional del Norte de Emdisalud EPS-S, advirtió que la afiliada Nereyda
Esther Meza González fue remitida por su médico tratante para consulta por “especialista
en ginecología + la práctica del procedimiento Ecografía Pélvica Ginecológica
Transvaginal + con la realización de los exámenes de laboratorio PT y TPT”,
al diagnosticársele hemorragia uterina anormal, afirmando que los servicios “no
tiene cobertura” en el POSS, por ser “una patología no contemplada en el
artículo 61 numeral 2° del Acuerdo 08 del 29 de diciembre de 2009 expedido por la
CRES”, con lo que considera que a esa empresa no le corresponde la
autorización de los exámenes solicitados.
Agregó que en virtud del Decreto 1382 de
2000, el Juzgado requirente “no es competente para seguir conociendo de la
presente tutela”, proponiendo enviar el expediente al “superior
funcional para evitar posibles nulidades” (fs. 16 a 18 cd. inicial respectivo). Con todo, afirmó que la entidad encargada de la prestación del
servicio requerido es la Secretaría de Salud de Bolívar, conforme a los
artículos 2° y 3° de la Resolución 5334 del 2008.
2.  El Agente Especial de la
Superintendencia Nacional de Salud de Bolívar, indicó en noviembre 18 de 2010
que Nereyda Esther Meza González se encuentra afiliada a Emdisalud EPS-S,
correspondiéndole al ente territorial suministrar los procedimientos que
requiere, acotando que debe acercarse a las oficinas correspondientes y
solicitar el servicio (f. 26 cd. inicial respectivo).
C. Decisiones objeto de revisión
Expediente T-3221596
El Juzgado Promiscuo Municipal de Acevedo,
Huila, mediante sentencia de agosto 29 de 2011, no recurrida, negó el amparo del
derecho de petición, al estimar que la señora María Esperanza Morales Ariza
solicitó en mayo 28 de 2011 los servicios de salud que requería su hijo, los
cuales fueron autorizados y practicados en junio 13 y 14 del mismo año.
Agregó que, según el informe suministrado
por ella misma en el trámite de la acción de tutela, donde indicó que le habían
autorizado el servicio de pediatría, no le asiste razón al afirmar que la
entidad accionada le esté conculcando los derechos invocados (f. 40 cd. inicial).
Tampoco es procedente la solicitud de
tutela frente a la prestación del servicio integral en salud, al no existir “una
enfermedad concreta, claramente determinada y probada sobre la cual deba
ordenarse un tratamiento integral”, afirmando que “hasta ahora se
intenta establecer un diagnóstico de los padecimientos que sufre el niño Luis
Ernesto a través de las valoraciones con los especialistas que lo han venido
atendiendo” (fs. 41 ib.).
Expediente T-3230746
El Juzgado Sexto Civil Municipal de Cartagena, en sentencia
única de instancia de noviembre 29 de 2010, no otorgó el amparo al considerar
que la señora Meza González solicitó unos servicios que “no tienen cobertura
en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado y que en consecuencia es obligación
de la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar autorizarlos en forma
oportuna y eficaz”, aseverando que debe acercarse a la oficina correcta,
para reclamar los servicios requeridos (f. 29 cd inicial respectivo).
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Primera. Competencia
Esta corporación es competente para examinar
las actuaciones referidas, en Sala de Revisión, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución, y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Segunda. Los asuntos objeto de análisis
Corresponde a esta Sala de Revisión
determinar si las entidades demandadas han violado los derechos fundamentales a
la salud, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad social, por la
negativa de las respectivas EPS y EPS-S a prestar el tratamiento ordenado por
los diferentes médicos tratantes, argumentando que no se encuentran dentro del
POS o que se está frente a un hecho superado, sin tener en cuenta que se trata
de un menor de 18 años y una mujer en delicado estado de salud.
Tercera. La salud como derecho fundamental.
Reiteración de jurisprudencia
Reiterado como está que el ser humano necesita
mantener adecuados niveles de salud, no sólo para sobrevivir, sino para
desempeñarse apropiadamente como persona, en familia y en sociedad, de modo que
al surgir anomalías que afecten los niveles de pervivencia estable, inclusive
cuando no se esté en presencia de una enfermedad letal, debe brindarse una
atención oportuna, para que no se ponga en peligro la dignidad personal y el
paciente mantenga el derecho a abrigar esperanzas de recuperación y a recibir
curación o alivio a sus dolencias, procurándosele continuar la vida con
dignidad.[1]
Al respecto, en  la sentencia T-395 de agosto 3 de 1998, M. P. Alejandro Martínez Caballero, se afirmó:
“Lo que pretende la jurisprudencia es entonces
respetar un concepto de vida no limitado a la restrictiva idea de peligro de
muerte, ni a la simple vida biológica, sino a consolidar un sentido más amplio
de la existencia que se ate a las dimensiones de dignidad y decoro. Lo que se
busca con dicha noción es preservar la situación existencial de la vida humana
en condiciones de plena dignidad, ya que, al hombre no se le debe una vida
cualquiera, sino una vida saludable, en la medida de lo posible.”
También se ha determinado que este derecho es de
elevada trascendencia y debe interpretarse en un sentido integral de “existencia
digna”, conforme a lo dispuesto en el artículo 1º superior, que establece
que la República se funda “en el respeto de la dignidad humana”.
En cuanto a que el derecho a la salud sea fundamental
en sí mismo, en fallo T-414 de abril 30 de 2008, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, se precisó:
“… envuelve como sucede también con los demás derechos
fundamentales, prestaciones de orden económico orientadas a garantizar de modo
efectivo la eficacia de estos derechos en la realidad. Bajo esta premisa, el
Estado a través del Sistema de Seguridad Social en Salud, proporciona las
condiciones por medio de las cuales sus asociados pueden acceder a un estado de
salud íntegro y armónico.
Es por ello que esta Corporación ha precisado que la
salud puede ser considerada como un derecho fundamental no solo cuando peligra
la vida como mera existencia, sino que ha resaltado que la salud es esencial
para el mantenimiento de la vida en condiciones dignas… [2].”
Como se aprecia, esta corporación en múltiples
oportunidades ha propendido por la protección de la vida en forma integral,
buscando que la persona obtenga del Sistema de Seguridad Social una solución
satisfactoria a sus dolencias físicas y sicológicas, que afecten su normal
desarrollo en sociedad.
Cuarta. Acuerdo 029 de diciembre 28 de 2011, que sustituyó el
028 de noviembre 30 del mismo año y definió, aclaró y actualizó el Plan
Obligatorio de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Mediante el acuerdo 029 de 2011, la Comisión
de Regulación en Salud (CRES) definió, aclaró y actualizó integralmente el Plan
Obligatorio de Salud (POS) del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1438 de enero
19 de 2011 y lo estipulado por la Corte Constitucional en la orden décimo sexta
de la sentencia T-760 de 2008, en los términos y condiciones allí estipulados.
Determina que el POS constituye un instrumento para el
goce efectivo del derecho a la salud y la atención en la prestación del
servicio con tecnología, que cada una de las entidades garantizará a través de
su red de prestadores, a los afiliados dentro del territorio nacional y en las
condiciones de calidad establecidas por la normatividad vigente.
El artículo 5°-1 establece como principio general del
POS la integralidad, con toda la tecnología contenida en el acuerdo para la
promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y
paliación de la enfermedad; incluye lo necesario para su realización de tal
forma que se cumpla la finalidad del servicio, según lo prescrito por el profesional
tratante, sustentado en la seguridad, eficacia y efectividad de las tecnologías
en salud[3].
Igualmente se garantiza el acceso a los servicios de
salud y las entidades promotoras deberán asegurarle a los afiliados la atención
efectiva. Por su parte, el artículo 67 hace referencia a la atención para menores
de edad, advirtiendo que cubre todas las tecnologías descritas en el acuerdo,
según las condiciones establecidas, otorgando acceso a “servicios de
pediatría de forma directa, sin previa remisión del médico general”, sin
que ello se constituya en limitación de acceso a la atención por este último cuando
el recurso especializado no esté a disposición, sea por las condiciones
geográficas o por la ausencia de oferta en el municipio de residencia[4].
Quinta. Casos concretos
5.1. Se debe determinar si son procedentes las
acciones de tutela instauradas, por separado, por una madre en representación
de su hijo menor de edad y por el Personero de Arjona, Bolívar, a nombre de  una
señora de 52 años de edad, y determinar si la EPS y la EPS-S, encargadas de
prestar el servicio de salud, han vulnerado los derechos fundamentales a la
vida, a la salud, a la dignidad humana y a la seguridad social de los
demandantes, al negarles los exámenes y citas ordenadas por los respectivos
médicos tratantes.
5.2. Debe observarse, ante todo, que los suscriptores
de las demandas están legitimados en la causa por activa, primero para buscar
la protección de los derechos fundamentales del hijo Luis Ernesto González
Morales (expediente T-3221596), al ser la respectiva titular de la patria
potestad quien la solicita, además de que el artículo 11 de la Ley 1098 de 2006
dispone que “cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el
cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y
los adolescentes”, teniendo todos los agentes del Estado “la
responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente”.
De otra parte, se constata la facultad
que en virtud de lo dispuesto en el último inciso de los
artículos 10° y 49 del Decreto 2591 de 1991, tiene el Personero de cada municipio
para interponer acciones de tutela, investido como está de la función de guarda
y promoción de los derechos fundamentales, tal como ha expuesto la
jurisprudencia:
“Los personeros
municipales, en virtud de las funciones constitucionales y legales de guarda y
promoción de los derechos fundamentales, así como en desarrollo de las
resoluciones de la Defensoría del Pueblo, están legitimados para presentar
acciones de tutela. En esa medida si se percatan de la amenaza o violación de
derechos fundamentales de una persona, pueden interponer la acción en nombre
del individuo que se lo solicite o que se encuentre en situación de desamparo o
indefensión.[5]”
Tomando esto en consideración, es
palmario que en el caso de la señora Nereyda Esther
Mesa González (T-3230746), el Personero de Arjona, Bolívar, está
legitimado para promover tal acción de tutela.
5.3. Se estudia la protección debida a un niño de 7
años de edad, (expediente T-3221596), que requiere un “tac cráneo
simple y con contraste electrocardiograma computarizado con cita al pediatra”,
examen que fue autorizado por Solsalud EPS y realizado; pero la cita con el
especialista (pedíatra) no ha sido, posible porque según la madre del niño “no
hay contrato” vigente (f. 1° cd. inicial); y la situación de una mujer de 55
años (expediente T-3230746), que tiene hemorragia
anormal secundaria a miomatosis uterina y requiere un examen “TP-TPT, EKG y ecografía
trasvaginal con cita al especialista”.
Resulta innegable que la falta de la prestación del
servicio médico afecta los derechos fundamentales de Luis Ernesto González
Morales y de Nereyda Esther Mesa González, quebrantando
sus derechos a la seguridad social, a la salud y, por ende, a la vida en
condiciones dignas, constatándose que no son de recibo las respuestas emitidas
por las entidades accionadas, a saber:
5.4.1. En el caso correspondiente al expediente (T-3221596),
el apoderado de Solsalud EPS aseveró:
“… realizando la revisión de nuestro sistema de
autorizaciones  HERMES se encuentra radicación de solicitud de Resección
Biopsia de lesiones de piel, con orden de autorización para la entrega y
suministro del medicamento según autorización N° 138085 por VIGABATRIN SABRIL
TAB X 500 mg Cantidad 75 Tab, la paciente reclamó las ordenes el día 16 de
agosto de 2011.”
En
consecuencia, se ha concluido erradamente que la acción de tutela no prospera por
tratarse de “carencia actual de objeto por hecho superado”, sin
percatarse que la sustentación de la respuesta y el motivo de la negación del
servicio no corresponde a lo solicitado por la madre de Luis Ernesto González
Morales, según se colige del respectivo proceso.
En
efecto, no es consecuente la actitud de esa EPS al afirmar la carencia actual
de objeto por hecho superado, por la autorización de “Resección Biopsia de
lesiones de piel, con orden de autorización para la entrega y suministro del
medicamento según autorización N° 138085 por VIGABATRIN SABRIL TAB X 500 mg
Cantidad 75 Tab”, a sabiendas que el servicio requerido para el niño Luis
Ernesto (historia clínica 1078746384) es
un “tac cerebral simple con cita al especialista”, tac que ya fue
practicado durante el trámite de la acción, restando la cita.
Lo
anterior, se verifica con los documentos que obran dentro del expediente, tales
como: i) escrito emitido por la Sociedad Clínica EMCO SALUD en junio 13 de
2011, que explica la técnica y los hallazgos del tac simple realizado a Luis E
González, suscrito por la médica radióloga de la entidad; ii) comunicación del
municipio de Acevedo, Dirección Local de Salud, a Solsalud EPS, que hace
referencia a Luis Ernesto González Morales, identificado con registro N°
1078746384, número que corresponde al de la referida historia; iii) anotación de
la ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, de “justificación
técnico científica de ayudas diagnósticas, procedimientos, actividades y
servicios no cubiertos por el POS”; iv) reporte del electroencefalograma
suscrito por un neurólogo clínico, emitido en papelería del Hospital
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, con el nombre completo y el número
de la historia clínica del niño Luis Ernesto.
En
la referida respuesta de la entidad accionada, no hay pronunciamiento respecto
a la cita con el pediatra, que requiere el niño y fue ordenada por el médico
tratante, habiéndose reportado que “no hay contrato con la EPS Solsalud, por
encontrarse en deuda con este hospital” (f. 1 cd. inicial). No darle curso a
la consulta con el especialista desatiende gravemente la preceptiva superior
nacional e internacional, en cuanto a la prevalencia de los intereses de los
niños y la protección reforzada que debe otorgárseles.
5.4.2. En el caso del expediente T-3230746, ha respondido en representación de Emdisalud EPS-S, en octubre
12 de 2010, apunta a que lo requerido “no tiene cobertura” en el POSS,
por ser “una patología no contemplada en el artículo 61 numeral 2° del
Acuerdo 08 del 29 de diciembre de 2009 expedido por la CRES”, con lo que aduce
no corresponderle autorizar los exámenes, que son responsabilidad de la
Secretaria de Salud Departamental.
Se
omitió considerar por la EPS-S, y también por el Juzgado de instancia, lo
reiterado por la Corte Constitucional[6]:
“… si por la aplicación estricta de la
reglamentación que excluye ciertos tratamientos, procedimientos o medicamentos
del POS, resultan amenazados o vulnerados derechos fundamentales de afiliados o
beneficiarios de una entidad de previsión social, la acción de tutela se torna
procedente para proteger el derecho a la salud, siempre y cuando se atiendan
los criterios establecidos por la jurisprudencia constitucional para dar
aplicación directa a los mandatos de orden superior (art. 4 Constitución),
sobre las normas infraconstitucionales que vulneren en el caso concreto
derechos fundamentales, lo cual es posible debido al efecto normativo de la
carta política, que irradia su contenido sobre todo el ordenamiento jurídico.
Tales criterios son: (i) la falta del servicio médico
afecta los derechos a la vida, la salud, la integridad personal y la seguridad
social del solicitante; (ii) el servicio no puede ser sustituido por otro que
sí se encuentre incluido en el plan obligatorio; (iii) el interesado no puede
costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de garantizar la prestación
del servicio se encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no puede acceder al
servicio por otro plan distinto que lo beneficie; y (iv) el tratamiento ha sido
ordenado por un médico adscrito a la entidad encargada de garantizar la
prestación del servicio.”
5.5. Debe observarse, además, que
en el transcurso de la reclamación de la protección de los derechos
fundamentales cambió la normatividad que regía la materia y ahora hay que tener
en cuenta las nuevas directrices del acuerdo 029 de 2011 de la CRES, vigente
desde el 1° de enero de 2012, definió, aclaró y actualizó integralmente el
Plan Obligatorio de Salud (POS), dando cumplimiento a lo establecido en el
artículo 25 de la Ley 1438 de 2011 y lo estipulado por la Corte Constitucional
en la orden décimo sexta de la sentencia T-760 de 2008, en los términos y
condiciones allí estipulados.
5.5.1.
Como se indicó en la consideración cuarta de esta sentencia, el ya referido
acuerdo hace énfasis en la atención a menores de dieciocho años de edad[7],
advirtiendo que cubre todas las tecnologías allí descritas, con acceso a “servicios
de pediatría de forma directa, sin previa remisión del médico general”, sin
que ello constituya limitación a la atención por médico general, criterio que
ha debido seguir Solsalud EPS frente al niño Luis Ernesto González Morales.
5.5.2.
Siguiendo el mismo acuerdo, el procedimiento requerido por la señora Nereyda Esther Mesa González está incluido en el
nivel 2 anexo 2 “cod. 881401”, que contempla “ultrasonografia pélvica
ginecológica trasvaginal”.
5.6. En  virtud de todo lo anterior, esta Sala de Revisión deberá
revocar los respectivos fallos de instancia, a saber:
5.6.1. El proferido en
agosto 29 de 2011, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Acevedo (Huila), no
impugnado, que negó el amparo respectivo; en su lugar, se concederá la
protección de los derechos invocados por María Esperanza Morales Ariza, en representación
de su hijo Luis Ernesto Gonzalez Morales (exp. T-3221596).
Así,
se ordenará a Solsalud EPS, por intermedio de su representante legal o quien
haga sus veces, que si aún no lo ha efectuado, en el término de las cuarenta y
ocho (48) siguientes a la notificación del presente fallo, disponga la cita con
el pediatra y seguirle dispensando el servicio integral de salud, en las
condiciones del Acuerdo 029 de 2011, que el respectivo médico tratante le
prescriba al niño Luis Ernesto González Morales.
5.6.2.
El dictado en noviembre 29 de 2010 por el Juzgado Sexto Civil Municipal de
Cartagena, no impugnado, que negó el amparo pedido, que en su lugar se
concederá, ante la solicitud del Personero Municipal de Arjona a nombre de la
señora Nereyda Esther Mesa González (exp. T-3230746).
Por
ende, se ordenará a Emdisalud EPS-S, por conducto de su representante legal o
quien haga sus veces, que si aún no lo ha efectuado, en el término de las
cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificación de la presente sentencia,
autorice los exámenes y citas requeridas, y que se le siga realizando todo el
tratamiento médico integral que se disponga para la señora Mesa González.
IV.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución Nacional,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR el fallo dictado en agosto 29 de 2011 por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Acevedo (Huila), que negó el amparo solicitado. En su
lugar, se dispone TUTELAR los derechos a la salud, a la seguridad social
y a la vida digna invocados por María Esperanza Morales Ariza, en representación
de su hijo Luis Ernesto González Morales (expediente T-3221596).
En
consecuencia, se ordena a Solsalud EPS, por intermedio de su representante
legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha efectuado, en el término de
las cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificación de la presente sentencia ordene
la cita con el pediatra y le siga dispensando el servicio integral de salud que
el respectivo médico tratante le prescriba al niño Luis Ernesto González
Morales.
Segundo.-
REVOCAR el fallo proferido en
noviembre 29 de 2010 por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Cartagena, que
negó el amparo pedido. En su lugar, se dispone TUTELAR los derechos a la
salud, a la seguridad social y a la vida digna invocados por el Personero
Municipal de Arjona a favor de Nereyda Esther Mesa
González (expediente T-3230746).
En
consecuencia, se ordena a Emdisalud EPS-S, por conducto de su representante
legal o quien haga sus veces, que si no lo ha efectuado, en el término de las
cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificación de la presente sentencia,
autorice los exámenes y citas requeridas y haga realizar todo el servicio integral
de salud que el respectivo médico tratante le prescriba a Nereyda Esther Mesa González.
Tercero.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las
comunicaciones a que alude el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA
PORTO
Magistrado
Ausente con permiso
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE
MONCALEANO
Secretaria General
[1] T-224
de mayo 5 de 1997, M. P. Carlos Gaviria Díaz.
[2]
“Sobre el tema particular, consultar las Sentencias: T-1384 de 2000, T-365A-06,
entre muchas otras.”
[3] Artículo 5°-9 del Acuerdo
029 de 2011 de la Comisión en Regulación en Salud (CRES).
[4] Artículo 68 ib.
[5] T-517-de mayo 19 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[6] T-765 de octubre 10 de 2011, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[7] Artículo 67 ib..