C-994-00
Sentencia C-994/00
Sentencia C-994/00
COSA JUZGADA
RELATIVA-Cargos diferentes
CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL-Autonomía
limitada/CORPORACION AUTONOMA REGIONAL-Coordinación entre autoridades
La autonomía de
las CARs no significa que esas entidades puedan funcionar como ruedas sueltas
en el Estado, ya que la gestión ecológica exige una coordinación estrecha entre
las autoridades de los distintos niveles territoriales, por cuanto el medio
ambiente es un asunto que suele desbordar el ámbito local. El mandato de
coordinación entre las distintas autoridades ambientales no puede traducirse en
una subordinación orgánica de las CARs a las autoridades nacionales, que anule
el contenido de autonomía de las CARs.
CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL-Autonomía
en reestructuración de planta de personal/CORPORACION AUTONOMA REGIONAL-Aprobación
de modificación de planta de personal
Si bien el
legislador puede establecer pautas o reglas generales a las que deban sujetarse
las CARs en la reestructuración de sus plantas de personal, no puede llegar al
extremo de exigir en ese proceso una autorización de un órgano del Gobierno
Nacional, ya que eso implica anular la autonomía constitucional de esas
entidades y someterlas a un control jerárquico de parte del Gobierno.
CARRERA
ADMINISTRATIVA-Incorporación
a empleos equivalentes por supresión de cargos/CARRERA ADMINISTRATIVA-Incorporación
a entidad de rama ejecutiva por supresión de cargos
CARRERA ADMINISTRATIVA-Motivación de reformas de planta de
personal
Referencia:
expedientes D-2785 y D-2813 acumulados.
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 39 parcial y 41 parcial de la Ley 443
de 1998.
Actores: Carlos Fernando Muñoz Castrillón y Gustavo Adolfo Mejía
Morales.
Temas:
Supresión de cargos,
derechos de carrera y reincorporación en entidades de la rama ejecutiva.
Principio de
publicidad y deber de motivación de las reformas a las plantas de personal
Reformas de la
planta de personal, aprobación por el Departamento Administrativo de la Función
Pública y autonomía de las Corporaciones Regionales.
Magistrado Ponente:
Dr. ALEJANDRO
MARTÍNEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá, dos (2) de agosto de
dos mil (2000).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, los ciudadanos Carlos Fernando Muñoz Castrillón (Exp
2785) y Gustavo Adolfo Mejía Morales (Exp 2813) demandan los artículos 39
parcial y 41 parcial de la Ley 443 de 1998. La Sala Plena de esta Corte, en
sesión del 26 de enero de 2000, decidió acumular los dos expedientes para que
fueran decididos en una misma sentencia. Cumplidos los trámites
constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la
Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.
II. DEL TEXTO OBJETO DE REVISIÓN.
A continuación se transcribe el texto de la
disposición acusada, conforme a su publicación el Diario Oficial No 43320 del
12 de junio de 1998, y se subraya lo demandado:
“LEY 443 DE 1998
(Junio 11)
Artículo 39. Derechos
del empleado de carrera administrativa en caso de supresión del cargo. Los
empleados públicos de carrera a quienes se les supriman los cargos de los
cuales sean titulares, como consecuencia de la supresión o fusión de entidades,
organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o
de modificación de planta, podrán optar por ser incorporados a empleos
equivalentes o a recibir indemnización en los términos y condiciones que
establezca el Gobierno Nacional.
Para la
incorporación de que se trata este artículo se tendrán en cuenta las siguientes
reglas:
1. La
incorporación se efectuará, dentro de los seis meses siguientes a la supresión
de los cargos, en empleos de carrera equivalentes que estén vacantes o que de
acuerdo con las necesidades del servicio se creen en las plantas de personal,
en el siguiente orden:
1.1 En las
entidades en las cuales venían prestando sus servicios, si no hubieren sido
suprimidas.
1.2 En las
entidades que asuman las funciones de los empleos suprimidos.
1.3 En las
entidades del sector administrativo al cual pertenecían las entidades, las
dependencias, los empleos o las funciones suprimidas.
1.4 En cualquier
entidad de la Rama Ejecutiva del orden nacional o territorial,
según el caso.
(…).
Artículo 41. Reformas
de Plantas de personal. Con el fin de garantizar la preservación de los
derechos de los empleados de carrera, las reformas de planta de personal de las
entidades de la rama ejecutiva de los órdenes nacional y
territorial, que impliquen supresión de empleos de carrera, deberán motivarse
expresamente; fundarse en necesidades del servicio o en razones de
modernización de la administración y basarse en estudios técnicos que así lo
demuestren, elaborados por las respectivas entidades, la Escuela Superior de
Administración Pública, firmas especializadas en la materia, o profesionales en
administración Pública u otras profesiones idóneas, debidamente acreditados, de
acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.
Toda modificación
a las plantas de personal de las entidades del orden nacional, incluidos sin
excepción los establecimientos públicos, las corporaciones autónomas
regionales, y las plantas de personal de empleos públicos que formen
parte de las empresas industriales y comerciales del Estado, deberán ser
aprobados por el departamento administrativo de la función Pública. El
departamento administrativo de la función pública llevará el balance de los
cargos deficitarios que, requiriéndose para el cumplimiento de los fines de las
entidades nacionales, no hubiere sido posible crearlos en las respectivas
plantas de personal por razones de orden presupuestal. Dicho balance se
justificará en estudios técnicos de planta consultando exclusivamente las necesidades
del servicio y las técnicas de análisis ocupacional con prescindencia de
cualquier otro concepto (…)”.
III. LA DEMANDA.
El ciudadano Carlos Fernando Muñoz
Castrillón (Exp 2785) considera que la expresión acusada del artículo 39 de la
Ley 443 de 1998 vulnera los artículos 13, 25, 125 y 209 de la Carta, porque
impide que aquellos empleados públicos de carrera a quienes se les han
suprimido los empleos puedan ser incorporados en los cargos vacantes existentes
en las entidades a las que se aplica el régimen de carrera “cuando ella no
pertenece a la rama ejecutiva”. Por ejemplo, explica el actor, si se suprime un
empleo de secretaría en una alcaldía Municipal “y con las mismas funciones se
tiene vacante otro empleo de secretaría en la Personería de un Municipio
vecino, la titular del primer empleo no podrá aspirar a ser incorporada
(reubicada) en el que se encuentra vacante, no obstante la identidad de
funciones”, ya que la personería no hace parte formalmente de la rama
ejecutiva. El demandante considera que ese trato es no sólo injustificado y
afecta los derechos de carrera de la funcionaria, sino que además comporta
inconvenientes para el Estado, pues lo obliga “a organizar concurso de méritos
para poder llenar la vacante existente en la personería, con la consiguiente
afectación temporal del servicio y gasto de recursos estatales”, todo lo cual
viola el artículo 209 superior, “que manda ajustar la actuación administrativa
al principio de economía”. Por ello, precisa el ciudadano, el retiro del ordenamiento
de la expresión demanda no afecta negativamente “el marco axiológico de la
figura de la incorporación (reubicación)” ya que mejora las posibilidades de
mantener en el servicio a los funcionarios afectados por actos de supresión,
eleva “los niveles de eficiencia de la función pública” y, lo más importante,
“evitará al Estado Comisión Nacional del Servicio Civil, incurrir en los gastos
que demanda la organización y realización de concursos para proveer vacantes
existentes en organismos no pertenecientes a la rama ejecutiva”.
Según el actor, el artículo 41 establece
que para toda reforma de la planta de personal, además de la motivación expresa
del acto, debe existir un estudio técnico que así lo recomiende. Sin embargo,
argumenta el ciudadano, esa exigencia sólo opera en la rama ejecutiva, lo cual
viola la igualdad y afecta el derecho al trabajo de quienes laboran en otras
instancias, que no pertenecen a la rama ejecutiva, como las contralorías o las
personerías.
Por su parte, el ciudadano Gustavo Adolfo
Morales Mejía (Exp 2813), considera que la expresión acusada del artículo 41
desconoce los artículos 150 ord 7º y 331 de la Constitución, ya que atenta
contra el principio de autonomía, en la medida en que ordena que las
modificaciones de sus plantas de personal de las Corporaciones Autónomas
Regionales deben ser aprobadas por el Departamento Administrativo de la Función
Pública. Según su parecer, ese mandato desconoce el carácter autónomo de estas
Corporaciones, ya que la Carta confiere al legislador la potestad de
reglamentar la creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas
regionales, pero dentro de un régimen de autonomía.  Y, señala el actor, esa
autonomía es desconocida por la expresión demandada, que erróneamente considera
a las corporaciones autónomas regionales como órganos integrantes de la rama
ejecutiva del poder público. Según su criterio, estas Corporaciones Regionales
pertenecen a la administración pública pero no son parte de la rama ejecutiva,
pues gozan de autonomía frente a ella, como se desprende de los debates sobre
el tema en la Asamblea Constituyente, así como de la doctrina elaborada por
esta Corte Constitucional.
IV- INTERVENCIONES
1. Intervención del Ministerio del Medio
Ambiente.
La ciudadana Maria Idalid Moreno Ramírez,
en representación del Ministerio del Medio Ambiente, interviene en el proceso
para defender la constitucionalidad de las expresiones acusadas.
Según su parecer, el actor del expediente
2813 “parte de un equívoco”, al asimilar la Corporación Autónoma regional del
Río Grande de la Magdalena, creada por el artículo 331 de la Carta Política,
con las Corporaciones Autónomas Regionales, creadas por la ley 99 de 1993,
cuyas naturalezas jurídicas y funciones son disímiles. Por ende, señala la
interviniente, bien puede la ley señalar, como lo hace la expresión impugnada,
que las modificaciones de las plantas de personal de las entidades del orden
nacional, incluidas aquellas de las Corporaciones Autónomas Regionales y de las
empresas industriales y comerciales del Estado, deben ser aprobadas por el
Departamento Administrativo de la Función Pública. Esa regla, según su parecer,
busca “que el funcionamiento de las entidades estatales sea coherente y
armónico, logrando así los fines esenciales del Estado”. La ciudadana, luego de
transcribir varios apartes de sentencias de esta Corte sobre el tema ambiental
y sobre el alcance de la autonomía, concluye:
“Si bien es claro
que la ley 489, por medio de la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, estableció en el artículo
40, entidades y organismos estatales sujetos al régimen especial, entre las
cuales figuran las Corporaciones autónomas regionales, no es menos cierto que estas
entidades integran la administración pública a que se refiere el artículo 39
ibídem, considerando que las Corporaciones Autónomas Regionales, son entidades
de naturaleza pública de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de
las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios
públicos del Estado Colombiano.
(…)
Así las cosas, el
legislador, al establecer que las plantas de personal de las Corporaciones
Autónomas Regionales, sean aprobadas por el Departamento Administrativo de la
función pública busca que aquellas se ajusten a las necesidades y funciones de
las entidades.”
Finalmente, la ciudadana considera que la
sentencia C-370 de 1999 declaró la constitucionalidad del artículo 39 de la Ley
443 de 1998, por lo cual, frente a esa disposición ha operado la cosa juzgada
constitucional.
2. Intervención del Departamento
Administrativo de la Función Pública.
El ciudadano Gonzalo Orlando Villa Londoño,
en representación del Departamento Administrativo de la Función Pública, se opone
a las pretensiones del actor, por cuanto considera que la limitación de
reubicación a órganos de la rama ejecutiva se justifica, pues los organismos de
control, como el Ministerio Público y la Contraloría, “tienen desde el
principio del año unos gastos del presupuesto calculados y mal harían en
reubicar personal de otras entidades que tienen sus presupuestos igualmente
diferentes, en ellas, contrariando lo preceptuado por el artículo 346 de la
Constitución” Es más, según su parecer, la expresión impugnada “de la rama
ejecutiva”, lejos de vulnerar los derechos de los trabajadores, “está
protegiendo a unos funcionarios que si no existiera la frase demandada y en
concordancia con el artículo 3º de la normatividad de carrera administrativa,
no tendrían ninguna posibilidad de permanecer vinculados porque mientras que se
da el régimen de transición y se expiden normas para aquellas instituciones que
pertenecen a los organismos de control, podrían ser excluidos del servicio
público por no tener la estabilidad que les brinda la norma demandada”.
De otra parte, el ciudadano considera que
la expresión “las Corporaciones Regionales” del artículo 41 es constitucional,
porque la autonomía de esas entidades no es absoluta, “como si se tratara de un
ente ajeno totalmente al Gobierno”.
3. Intervención de la “Asociación de
Corporaciones Autónomas Regionales”.
El ciudadano Servio Alberto Caicedo, en
representación de la “Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales”,
coadyuva una de las demandas y solicita a la Corte declarar la inexequibilidad
parcial del artículo 41 de la Ley 443 de 1998. Según su parecer, las
Corporaciones Autónomas regionales son “sui generis” ya que son “entes públicos
de carácter corporativo, constituido por entidades territoriales – Departamentos
y Municipios -, que actúan en calidad de socios”. Precisamente por ello, la
jurisprudencia constitucional “las clasificó como una instancia intermedia
entre el nivel central y descentralizado, y entre el nivel nacional y
territorial, generando una figura aún más particular aún por reglamentar.”
Además, destaca el ciudadano, la naturaleza jurídica y la autonomía de las
Corporaciones Autónomas Regionales se encuentra en la Constitución pues deben
ser caracterizadas como órganos autónomos, lo cual implica que “no tienen
superior jerárquico, propiamente dicho y por lo tanto no le son aplicables las
normas en materia de personal de la rama ejecutiva del poder público del orden
nacional.” Concluye entonces el ciudadano:
“En fallo de la
Honorable Corte Constitucional (C- 273 de 1998) respecto al artículo 4 del
Decreto 111 de 1996, sobre la no aplicación del estatuto presupuestal nacional
a las Corporaciones tratándose de recursos propios o administrados, fue un paso
definitivo para que el gobierno nacional se ajuste a los principios
constitucionales, reconociendo que las CARs deben funcionar dentro de un
régimen de autonomía. Este fallo con efectos directos sobre el manejo
presupuestal contiene los elementos de análisis constitucional para el debate
de inexequibilidad de los artículos de la ley 443 del 11 de junio de 1998,
-Carrera Administrativa- que hacen mención de las CARs”.
4. Intervención de la Federación Colombiana
de Municipios.
El ciudadano Gilberto Toro Giraldo, en
representación de la Federación Colombiana de Municipios, coadyuva la demanda,
por cuanto considera que las expresiones acusadas son inconstitucionales.
Así, según su parecer, las expresiones
acusadas en el Expediente 2813 desconocen el principio de autonomía. Para
mostrar lo anterior, el interviniente comienza por destacar que el régimen
propio previsto para las Corporaciones Regionales y demás entidades autónomas
pretende precisamente sustraerlas del régimen “general predicable de la Rama
Ejecutiva”, con el fin de evitar la “excesiva injerencia política nacional y en
todo caso descongestionar la excesiva concentración de atribuciones en la
Presidencia”. Igualmente el ciudadano señala que es importante distinguir la
descentralización y la autonomía. Así, las entidades descentralizadas están
sometidas a control de tutela, y es “lógico que el Presidente de la República
nombre el representante de la entidad descentralizada, que su junta directiva
esté integrada generalmente por personas designadas por el mismo Presidente,
que uno de sus Ministros sea el presidente de dicha Junta, que el manejo
presupuestal de la entidad tenga un control casi siempre intenso por parte del
poder central”. Pero, arguye el interviniente, no es posible extender esos
controles a las entidades autónomas ya que ello implica “un vaciamiento de su
contenido”. En tales circunstancias, concluye el ciudadano:
“Tiene algún
sentido que el Departamento Administrativo de la Función Pública, como ente de
algún modo coordinador del servicio público nacional y descentralizado, pueda
emitir concepto sobre las plantas de personal de la Administración central y
descentralizada.
Pero sujetar las
decisiones de los órganos constitucionalmente autónomos en materia de planta de
personal a la aprobación de este Departamento, es negar por completo la
autonomía constitucional y reinstalar el pernicioso e invalidante control de
tutela.”
El ciudadano considera que, en nuestro
país, la autonomía es analizada todavía con la visión propia de la constitución
derogada, pues sólo una tal concepción explica que se pretenda “que el Gobierno
mismo se ocupe de garantizar la preservación de los derechos de los empleados
de carrera”, cuando la propia Constitución asignó esa tarea a una Comisión
autónoma e independiente. Por ello, según su parecer, si la norma impugnada
exigiera la aprobación por parte de la Comisión Nacional de Servicio Civil de
las Plantas de personal de las Corporaciones Autónomas Regionales, en procura
de garantizar la preservación de los derechos de los empleados de carrera,
sería “incuestionable, pero en cambio no tiene soporte constitucional atribuir
tal competencia al Departamento Administrativo de la Función Pública”.
El interviniente también considera que los
cargos del expediente 2785 son acertados, ya que “sólo la supervivencia de una
indebida identificación entre los conceptos carrera administrativa y rama
ejecutiva explica la disposición acusada”. Concluye entonces el ciudadano al
respecto:
“La carrera
administrativa, como sistema de administración del personal civil al servicio
de las entidades públicas, no se quedó confinada a la rama ejecutiva, sino que
se extiende a prácticamente a todos los órganos que ahora se ocupan de aquéllas
funciones que se sustrajeron de la órbita del Ejecutivo.
Es por ello que
el control fiscal, el ministerio público, la cuestión electoral y de registro
civil, la protección del medio ambiente, etc., están sujetos al régimen  de
carrera para la administración de su personal.
Así las cosas,
siendo común la carrera, carece por completo de sentido que las normas
impugnadas limiten a la Rama Ejecutiva cuanto debe por fuerza ser común a todos
los órganos a los que se aplican las normas de dicha carrera”.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN.
El Procurador General de la Nación, Jaime
Bernal Cuéllar, en concepto No 2108, recibido el 29 de marzo de 2000, solicita
a la Corte declarar la constitucionalidad de las expresiones “de la rama
ejecutiva” de los artículos 39 y 41 de la Ley 443 de 1998, e inexequible la
expresión “las corporaciones autónomas regionales” del artículo 41 de esa misma
ley.
El Ministerio Público comienza por aclarar
que si bien estos dos artículos ya fueron declarados constitucionales en la
sentencia C-370 de 1999, procede un pronunciamiento de fondo, pues en esa
sentencia la Corte limitó la cosa juzgada constitucional a los cargos del
actor, que son sustancialmente distintos a los estudiados en la presente
oportunidad.
La Vista Fiscal procede luego a precisar
que la Ley 443 de 1998,  de la cual hacen parte las normas parcialmente
impugnadas, busca ajustar la regulación de la carrera administrativa a los
pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte, y el artículo 3º define su
ámbito de aplicación, que es amplio y no se limita a la rama ejecutiva. Por
ende, explica el Procurador, “aun cuando la normatividad de la Ley 443 de 1998
se aplica a quienes laboran en las Corporaciones Autónomas Regionales y en las
Personerías, así como al personal administrativo de las Instituciones de
Educación Superior de todos los niveles, ninguno de estos órganos hace parte de
la rama ejecutiva”. En particular, señala la Vista Fiscal, el Congreso crea las
Corporaciones Autónomas Regionales pero “dentro de un régimen de autonomía”.
Por ende, si bien esas corporaciones tienen carácter público y son entidades
administrativas del orden nacional, “no hacen parte de la rama ejecutiva del
poder público, pues no están adscritas ni vinculadas a ningún ministerio o
departamento administrativo, ya que por expresa disposición constitucional
tienen un régimen de autonomía”. A partir de lo anterior, el Ministerio Público
concluye que la exigencia de que el Departamento Administrativo de la Función
Pública apruebe las modificaciones de las plantas de personal de las
Corporaciones Regionales es inconstitucional, pues desconoce la autonomía de
esas entidades, ya que, si “las Corporaciones Autónomas Regionales no hacen
parte de la rama ejecutiva, el Departamento Administrativo de la Función
Pública no puede intervenir en la administración del personal de estos
organismos autónomos”.
Luego la Vista fiscal entra a analizar los
cargos contra la expresión “rama ejecutiva” contenida en esos dos artículos y
concluye que es infundada. Según su parecer, la administración puede suprimir
empleos, pero “debe preservar el derecho a la estabilidad, del que son
titulares los servidores públicos que se encuentran escalafonados en la carrera
administrativa”. Esto explica entonces que el artículo 39 de la Ley 443 de 1998
contemple la posibilidad de que “el empleado de carrera que resulte afectado
con la supresión del empleo del cual es titular, opte por la indemnización o
por la incorporación en cargos vacantes que existan en el sector público”. En
tal contexto, el Procurador considera que “la acusación del demandante tiene
origen en una lectura descontextualizada de la norma acusada”, ya que “a
quienes se les suprime el cargo no se les está restringiendo la posibilidad de
ser incorporados en los organismos distintos de la rama ejecutiva en donde se
aplica la Ley 443 de 1998”. El Ministerio Público explica lo anterior en los
siguientes términos:
“En primer lugar,
el numeral 1.1 del artículo 39 de la Ley 443 de 1998  contempla la posibilidad
de que los empleados a quienes se les suprima el cargo sean incorporados en las
entidades en las cuales venían prestando sus servicios, si no hubieren sido
suprimidas.  Ello quiere decir, que la incorporación se puede efectuar en
cualquiera de las entidades en las que rige la ley 443 de 1998, siempre y
cuando la entidad continúe existiendo y en ella labore el empleado afectado con
la supresión del empleo.
En segundo lugar,
el numeral 1.4 del artículo 39 acusado, permite que la incorporación se efectúe
en cualquier entidad de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional o Territorial.
Con ello, lo que hace el legislador es brindar más posibilidades de
incorporación a los empleados a quienes se les suprime el cargo y que laboran
en los organismos en los que se aplican las disposiciones de la Ley 443 de
1998, que no hacen parte de la rama ejecutiva, estos son, las corporaciones
autónomas regionales, las personerías y las instituciones de educación
superior, ya que en el evento en que estos organismos se supriman o fusionen,
los servidores públicos que allí laboran pueden ser  incorporados en cualquiera
de las entidades que hacen parte del sector central o descentralizado de la
rama ejecutiva.
Ahora bien, aun
cuando la norma acusada no prevé la posibilidad de incorporación en los
organismos que en estricto sentido no hacen parte de la rama ejecutiva, pero
que se rigen por las disposiciones de la Ley 443 de 1998, es decir, las
Corporaciones Autónomas Regionales, las instituciones de educación superior y
las personerías, ello se considera razonable debido a que tanto las
Corporaciones Autónomas Regionales como las instituciones de educación superior
son organismos que gozan de plena autonomía para administrar su personal, como
se precisó  con anterioridad, y a su turno las personerías tienen una
naturaleza jurídica y cumplen unas especiales  funciones que permiten
justificar que el legislador, en la norma acusada, no hubiese contemplado estas
dependencias para efectos de incorporación, puesto que la misma se debe
realizar en los términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional, lo
que implicaría una clara injerencia en organismos que constitucional y
legalmente gozan de cierta autonomía para desarrollar sus funciones y cometidos
estatales, y para administrar su personal.
En este orden de
ideas, las expresiones acusadas del artículo 39 de la Ley 443 de  1998 no
vulneran el artículo 13 de la Carta Política, debido a que la diferencia
establecida por el legislador tiene una justificación razonable, en atención a
la autonomía de las corporaciones autónomas regionales y de las instituciones
de educación superior, y a la independencia para ejercer las funciones que
tienen las personerías.”
Finalmente, según el Procurador, la
exigencia de motivar y justificar la supresión de los cargos y de realizar los
estudios técnicos, prevista por el artículo 41, “es aplicable para todas las
entidades mencionadas en el artículo 3º. ibídem, salvo para las corporaciones
autónomas regionales, las instituciones de educación superior y las
personerías, pues en virtud de la autonomía de que gozan los dos primeros, mal
haría el legislador en regular en detalle lo atinente a la administración del
personal de estas entidades”. Y en lo que tiene que ver con las personerías,
aclara la Vista Fiscal, “como éstas son dependencias de la administración
municipal, se encuentran cobijadas por lo previsto en el parágrafo de artículo
41 de la Ley 443 de 1998, disposición que ya fue objeto de pronunciamiento por
la Corte Constitucional, y declarado inexequible por sentencia Nº. C-372 de
1999”. Concluye entonces el Ministerio Público que “no le asiste razón al actor
cuando afirma que la expresión acusada vulnera la Carta Política, pues como ya
se precisó, las exigencias contenidas en la norma cobijan a todos los
organismos que hacen parte de la rama ejecutiva del poder público, y la
exclusión de las Corporaciones Autónomas Regionales, las personerías y las
instituciones de educación superior tiene una justificación razonable”.
VI- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia.
1. Conforme al artículo 241 ordinal 4º de
la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad
de las expresiones acusadas de los artículos 39 y 41 de la Ley 443 de 1998, ya
que se trata de una demanda ciudadana en contra de normas que hacen parte de
una ley de la República. Además, las dos demandas son decididas en una misma
sentencia por cuanto la Sala Plena de esta Corte, en sesión del 26 de enero de
2000, decidió acumular los dos expedientes.
Cosa juzgada relativa y procedencia de un
pronunciamiento de fondo.
2- Los artículos acusados en la presente
oportunidad ya fueron objeto de pronunciamiento por esta Corte, pues la
sentencia C-370 de 1999, MP Carlos Gaviria Díaz, declaró exequibles algunos
apartes del artículo 39 y en su integridad el artículo 41 de la Ley 443 de
1998. Sin embargo, como bien lo señala el Ministerio Público, a pesar de esa
sentencia, procede un pronunciamiento de fondo en el presente caso, por las siguientes
dos razones: De un lado, el aparte impugnado del artículo 39 en el presente
proceso es distinto, ya que el actor cuestiona la expresión “de la Rama
Ejecutiva” mientras que la sentencia C-370 de 1999 declaró la
constitucionalidad de la expresión “o a recibir indemnización”, por lo cual no
existe cosa juzgada sobre el contenido normativo acusado de ese precepto. De
otro lado, en relación con el artículo 41, si bien la sentencia C-370 de 1999
declaró la constitucionalidad de la totalidad de la disposición, lo cierto es
que la Corte limitó la cosa juzgada constitucional a los cargos del actor, que
son distintos a los estudiados en la presente oportunidad. En esa ocasión, la
acusación del demandante se relacionó con la posible afectación de la igualdad
y de los derechos a la estabilidad de los funcionarios de carrera de las
entidades territoriales. Así, la propia sentencia resumió las acusaciones en
los siguientes términos:
“Son dos los
reparos que hacen los demandantes al artículo 41 y el parágrafo 3 del artículo
56 de la ley 443/98. Primero, que dichos preceptos violan el principio de
igualdad que debe existir entre los empleados del orden territorial y los del
nacional, al no exigírseles a los primeros la aprobación de las modificaciones
de la planta de personal por parte del Departamento Administrativo de la
Función Pública. Y segundo que la sola remisión a las Comisiones
Departamentales del Servicio Civil de los estudios de justificación de las
reformas que se hagan a las plantas de personal del nivel territorial, para su
conocimiento, no garantiza la estabilidad laboral de los empleados
territoriales, pues el nominador sería autónomo al definir cuáles cargos se
deben suprimir, con lo cual se infringe el artículo 125 de la Constitución.”
En este caso, los demandantes cuestionan la
manera como esa disposición podría afectar la autonomía de las Corporaciones
Autónomas Regionales y los derechos de carrera de algunos funcionarios del
orden nacional. Siendo distintos los cargos, procede entonces un
pronunciamiento de fondo en relación con las expresiones acusadas del artículo
41 de la Ley 443 de 1998.
El primer asunto bajo revisión.
3- Según el actor del expediente D-2813,
algunos intervinientes y la Procuraduría, la expresión “corporaciones autónomas
regionales” del inciso segundo del artículo 41 de la Ley 443 de 1998 implica
que toda modificación que se haga a las plantas de personal de esas entidades
debe ser aprobada por el Departamento Administrativo de la Función Pública (de
ahora en adelante DAFP), lo cual desconoce la autonomía que la Constitución
confiere a esas corporaciones autónomas regionales (de ahora en adelante CAR).
Por el contrario, otros intervinientes consideran que ese mandato se justifica,
por cuanto asegura que el funcionamiento de las entidades estatales sea
coherente, en la medida en que permite armonizar la estructura interna de las
distintas CARs y una gestión ambiental más consistente.
El problema que plantea el presente caso es
entonces si desconoce o no la autonomía de las CARs que la ley exija que
cualquier modificación de su planta de personal sea autorizada por el DAFP.
Para responder a ese interrogante, la Corte comenzará por recordar el alcance
de la autonomía constitucional de las CARs, para luego analizar concretamente
la constitucionalidad del requisito de la autorización del DAFP.
La autonomía de las CARs, las reformas de
su planta de personal y la aprobación por el Departamento Administrativo de la
Función Pública.
4- En varias oportunidades, esta Corte ha
analizado la naturaleza jurídica de las CARs y ha concluido que éstas, si bien
“son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos
públicos de interés del Estado”, es igualmente cierto que “con la promulgación
de Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía”[1]. Este régimen especial
de las CARs (CP art. 150 ord 7º) se explica porque la Carta, en desarrollo del
principio constitucional de autonomía (CP art. 1º), quiso conferir a las
regiones un papel más dinámico en la gestión de sus intereses, incluso de los
ambientales. En particular, esta Corporación señaló a propósito de estas entidades
lo siguiente:
"Las
corporaciones autónomas regionales son entidades administrativas del orden
nacional que pueden representar a la Nación dentro del régimen de autonomía que
les garantiza el numeral 7o. de la Constitución, y están concebidas por el Constituyente
para la atención y el cumplimiento autónomo de muy precisos fines asignados por
la Constitución misma o por la ley, sin que estén adscritas ni vinculadas a
ningún ministerio o departamento administrativo; además, y en la medida
definida por el legislador, respetando su autonomía financiera, patrimonial,
administrativa y política, pueden ser agentes del Gobierno Nacional, para
cumplir determinadas funciones autónomas en los casos señalados por la ley.
Aquellas entidades, son organismos administrativos intermedios entre la Nación
y las entidades territoriales, y entre la administración central nacional y la
descentralizada por servicios y territorialmente, que están encargados,
principalmente, aun cuando no exclusivamente, de funciones policivas, de
control, de fomento, reglamentarias y ejecutivas relacionadas con la
preservación del ambiente y con el aprovechamiento de los recursos naturales
renovables, lo cual, y dentro del marco de lo dispuesto por el inciso segundo
del artículo 339 de la Carta Política, las autoriza para participar, en los
casos señalados en la ley, como agentes del Gobierno Nacional, en los procesos
de elaboración y adopción concertada de los planes de desarrollo de las
entidades territoriales, y en la armonización de políticas y de normas
regulatorias que se dicten por las distintas autoridades competentes, como en
el caso del numeral 7o. del artículo 313 de la Carta Política, con el objeto de
asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las
funciones que les hayan sido asignadas." (sentencia C-593 de 1995, M. P.,
doctor Fabio Morón Díaz)
5- La autonomía de las CARs no significa
obviamente que esas entidades puedan funcionar como ruedas sueltas en el
Estado, ya que la gestión ecológica exige una coordinación estrecha entre las
autoridades de los distintos niveles territoriales, por cuanto el medio
ambiente, debido a las complejas interrelaciones que existen entre los
distintos ecosistemas, es un asunto que suele desbordar el ámbito local, tal y
como esta Corte lo ha destacado en múltiples oportunidades[2]. Por consiguiente, es
natural que deba existir una coordinación permanente entre las autoridades
nacionales, las entidades territoriales y las CARs en la protección del medio
ambiente. Así, esta Corte había señalado al respecto, en la sentencia C-596 de
1998, MP Vladimiro Naranjo Mesa, Consideración 11:
“Es claro que las
competencias que en materia ambiental ejercen las corporaciones autónomas
regionales, son una forma de gestión de facultades estatales, es decir, de
competencias que emanan de las potestades del Estado central.
Por ello la
gestión administrativa que estos entes descentralizados llevan a cabo de
conformidad con la ley, debe responder a los principios establecidos para la
armonización de las competencias concurrentes del estado central y de las
entidades territoriales. Específicamente, esta gestión no puede ir tan allá que
vacíe de contenido las competencias constitucionales asignadas a los
departamentos y municipios en materia ambiental y debe ejercerse en observancia
del principio de rigor subsidiario anteriormente definido”.
5- Las CARs son entonces entidades que
gozan de un régimen de autonomía, que tiene un fundamento constitucional
expreso (CP art. 150 ord 7º), pero que deben igualmente armonizar sus
actividades con las entidades territoriales y con las autoridades ambientales
nacionales, a fin de que exista una gestión coherente del medio ambiente. La
pregunta que surge es si esa necesidad de articulación de las funciones
ambientales de estas distintas entidades permite que la ley exija que toda
modificación de la planta de personal de una CAR, que es una entidad que goza
de autonomía, deba ser autorizada por el DAFP, que es un órgano del nivel
nacional.
Para responder al anterior interrogante, la
Corte comienza por precisar que el mandato de coordinación entre las distintas
autoridades ambientales no puede traducirse en una subordinación orgánica de
las CARs a las autoridades nacionales, que anule el contenido de autonomía de
las CARs. Y es que no se puede olvidar que el texto constitucional es claro en
este punto: corresponde a la ley reglamentar la creación y funcionamiento de
las CARS pero “dentro de un régimen de autonomía” (CP art. 150 ord. 7º).
Vulneran entonces la Carta todas aquellas regulaciones legales que desconozcan
el manejo autónomo de sus asuntos por parte de esas entidades, ya que ese
manejo hace parte del contenido constitucionalmente protegido de la autonomía.
Precisamente con ese criterio, la sentencia C-275 de 1998, MP Carmenza Isaza de
Gómez, concluyó que no podía la ley orgánica del presupuesto ordenar que sus
mandatos de aplicaran a los recursos propios de las CARs, y por ello condicionó
la constitucionalidad del artículo 4o. del decreto 111 de 1996, ya que lo
declaró exequible pero “bajo el entendido de que se aplica exclusivamente para
las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que corresponde a los recursos
provenientes de la Nación. Por consiguiente, no se extiende al manejo de los
demás recursos de las Corporaciones, entre los cuales se encuentran los
contemplados en el artículo 317 de la Constitución.”
6- Una entidad que goza de autonomía debe
tener la posibilidad de autodirigirse y, por ende, le corresponde a ella,
dentro de ciertos marcos, determinar su propia estructura organizacional y su
propia planta de personal. Precisamente por ello, la sentencia C-370 de 1999,
MP Carlos Gaviria Díaz, Consideración 4, concluyó que era natural que la ley no
exigiera un concepto previo del DAFP para que una entidad territorial
procediera a reformar su planta de personal. Dijo entonces esta Corte:
“Así las cosas,
la conformación de las plantas de personal a nivel territorial es una labor que
desarrollan, en cada una de sus jurisdicciones, los respectivos Gobernadores y
Alcaldes, de acuerdo con lo estipulado previamente por las Asambleas y los
Concejos correspondientes. Entonces, si el legislador hubiera exigido la
aprobación previa de las reformas que se hagan a esas plantas de personal, por
parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, estaría
interfiriendo indebidamente en un asunto que es de competencia exclusiva de
esas autoridades locales, lo cual constituiría una flagrante violación de los
cánones constitucionales antes citados y, obviamente, de su autonomía.
Sin embargo, esa
autonomía no significa que el legislador no pueda establecer algunas pautas o
reglas generales a las cuales deban sujetarse las autoridades departamentales y
municipales para esos efectos, pues es la ley la que regula la carrera
administrativa, según lo ordena el artículo 125 del estatuto superior. Además,
no se olvide que la autonomía debe ejercerse dentro de los límites que
establece la Constitución y la ley, siempre y cuando esta última no afecte su
núcleo esencial.”
La Corte encuentra que si bien una CAR y
una entidad territorial no tienen exactamente la misma naturaleza jurídica, los
criterios constitucionales de la citada sentencia C-370 de 1999 son aplicables,
mutatis mutandi, en el presente proceso, puesto que en ambos casos se
trata de ver hasta que punto desconoce o no la autonomía constitucional, que
gozan estas entidades, que la ley les exija la autorización de parte del DAFP
para que puedan modificar su planta de personal. En tales circunstancias, la
Corte concluye que si bien el legislador puede establecer pautas o reglas
generales a las que deban sujetarse las CARs en la reestructuración de sus
plantas de personal, no puede llegar al extremo de exigir en ese proceso una
autorización de un órgano del Gobierno Nacional, ya que eso implica anular la
autonomía constitucional de esas entidades y someterlas a un control jerárquico
de parte del Gobierno. La expresión acusada será entonces retirada del
ordenamiento.
El segundo asunto bajo revisión: supresión
de cargos, derechos de carrera y reincorporación en entidades de la rama
ejecutiva
7- Según el demandante del expediente
D-2785 y uno de los intervinientes, la expresión “de la Rama Ejecutiva” del
artículo 39 de la Ley 443 de 1998 es inconstitucional, pues vulnera los
principios de la carrera administrativa, ya que impide que aquellos empleados
públicos de carrera a quienes se les ha suprimido su empleo, puedan ser
incorporados en los cargos vacantes existentes en entidades a las que se aplica
el régimen de carrera, pero que no hacen parte de la rama ejecutiva. Por esa
misma razón, el actor considera que la expresión desconoce el principio de eficiencia,
pues obliga inútilmente a realizar nuevos concursos en esas entidades que no
pertenecen a la rama ejecutiva, pues lo cierto es que en muchos casos las
vacantes se podrían llenar incorporando a personas que ya estaban en la carrera
administrativa, en otras entidades, y su cargo fue suprimido. Por el contrario,
para los otros intervinientes y para la Vista Fiscal, el aparte es
constitucional, pues establece una diferencia de trato que tiene un fundamento
objetivo y razonable, ya que las entidades que no hacen parte de la rama
ejecutiva, y a las cuales se aplica la Ley 443 de 1998 sobre carrera
administrativa, como las contralorías, las personerías o las corporaciones
autónomas regionales, gozan de autonomía frente al Gobierno.
La pregunta que plantea el presente cargo
es entonces si desconoce la igualdad, los derechos de los empleados de carrera
y la eficiencia administrativa, que la expresión acusada señale que la
incorporación de los funcionarios a quienes les ha sido suprimido su cargo
puede hacerse en las entidades de la rama ejecutiva, pero no en otras
instituciones. Para responder a ese interrogante, la Corte comenzará por
explicar brevemente el alcance del mecanismo de la incorporación, tal y como
está regulado en la disposición acusada, para luego entrar a analizar
específicamente la acusación del demandante.
8- El artículo 39 de la Ley 443 de 1998
protege los derechos del empleado de carrera administrativa, en caso de que
haya habido supresión de su cargo, para lo cual establece que estos funcionarios
pueden optar entre ser incorporados a un empleo equivalente o recibir una
indemnización. La disposición señala entonces las reglas que gobiernan el
proceso de incorporación a un empleo equivalente, y en especial establece las
plantas de personal en donde ésta puede operar, para lo cual indica un orden de
preferencias. Así, en primer término, la incorporación se hace en la propia
entidad, si ésta no ha sido suprimida. En segundo término, en las entidades que
asuman las funciones de los empleos suprimidos. En tercer término, en las
entidades del sector administrativo al cual pertenecían las entidades, las
dependencias, los empleos o las funciones suprimidas. O, por último, como lo
establece literalmente el ordinal 1.4., del cual hace parte la expresión
impugnada, “en cualquier entidad de la Rama Ejecutiva del orden nacional o
territorial, según el caso”.
9- Conforme a lo anterior, lo que pretende
el actor es que la Corte, al declarar la inexequibilidad de la expresión
acusada, establezca que la incorporación pueda hacerse en cualquier entidad del
orden nacional o territorial a la que se aplique la Ley 443 de 1998. La
pregunta que surge naturalmente es la siguiente: ¿cuáles pueden ser aquellas
otras entidades en donde podría operar la reincorporación, en caso de que la
Corte acogiera los cargos del demandante? Y la respuesta la da el artículo 3º
de esa misma Ley 443 de 1998, que define el campo de aplicación de esta
normatividad sobre carrera administrativa, y señala que ésta regula no sólo a
los empleados de la rama ejecutiva, en sus distintos órdenes, sino también a
las siguientes entidades : (i) a las CARs, (ii)  a las personerías, (iii) a las
entidades que integran el sistema de seguridad social en salud, (iv) a las
instituciones de educación superior, (iv) a las instituciones de educación
primaria, secundaria y media vocacional, (v) al personal no uniformado del
Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y Policía Nacional, y (vi) a las
entidades adscritas y vinculadas a las anteriores.
10- Esta breve presentación muestra que la
expresión acusada, al limitar la incorporación a las entidades de la rama
ejecutiva, no es caprichosa sino que tiene un fundamento objetivo, pues muchas
de las otras entidades gozan de autonomía frente al gobierno, la cual puede
verse afectada si la ley ordena que la supresión de un cargo en la rama
ejecutiva pueda implicar la incorporación del empleado respectivo a una entidad
que es autónoma frente a la rama ejecutiva, como puede ser una CAR o una
universidad estatal. Por ende, esa restricción es razonable ya que se funda en
el propio diseño estructural del Estado y en la protección de la autonomía de
aquellos entes, que si bien se rigen por la carrera administrativa, gozan de
autonomía frente a la rama ejecutiva. Además, la Corte destaca que ese mandato
no se traduce en un sacrificio desproporcionado de los derechos de los
empleados de carrera pues, como lo indica el propio artículo 39 de la Ley 443
de 1998, en caso de que no sea posible la incorporación, entonces el empleado
de carrera a quien se le suprima el cargo, tendrá derecho al reconocimiento y
pago de la correspondiente indemnización. Y este mecanismo es  constitucional,
pues por razones de interés general, el Estado puede legítimamente suprimir
cargos y reestructurar sus instituciones, y en tal evento la indemnización
“constituye un instrumento eficaz para resarcir el daño que el Estado le
ocasiona al empleado público perteneciente a la carrera administrativa con
ocasión de la supresión del cargo que venía desempeñando, sin interesar que esa
decisión haya obedecido a claros fines de interés general o de mejoramiento del
servicio.[3]”
Por todo lo anterior, la Corte declarará la
constitucionalidad de la expresión “de la Rama Ejecutiva” del numeral 1.4 del
artículo 39 de la Ley 443 de 1998
Principio de publicidad y deber de
motivación de las reformas a las plantas de personal
11- El artículo 41 de la Ley 443 de 1998
establece que para toda reforma de la planta de personal, además de la
motivación expresa del acto, debe existir un estudio técnico que así lo
recomiende. El mismo demandante del expediente D-2785 ataca la expresión “de la
rama ejecutiva” del inciso primero de esa disposición, pues considera que ésta
implica que la anterior exigencia sólo opera en la rama ejecutiva, lo cual
viola la igualdad y afecta el derecho al trabajo de quienes laboran en otras
instancias, que no pertenecen a la rama ejecutiva, como las contralorías o las
personerías.
12- Las mismas razones de autonomía
desarrolladas en los fundamentos anteriores permiten desechar también el
presente cargo. En efecto, este artículo 41 no sólo indica que las reformas de
planta de personal de las entidades de la rama ejecutiva, que impliquen
supresión de empleos de carrera, deberán motivarse y fundarse en necesidades
del servicio, o en razones de modernización de la administración, con base en
estudios en estudios técnicos que así lo demuestren, sino que expresamente
señala también que ese proceso debe adelantarse “de acuerdo con la
reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional”. Ahora bien,
como lo vimos anteriormente, la Ley 443 de 1998 se aplica también a entidades
que son autónomas frente al ejecutivo, como las CARs o las universidades, por
lo cual bien podía el Legislador, precisamente para amparar esa autonomía,
excluirlas del mandato contenido en este inciso primero del artículo 41, por
cuanto no hacerlo, implicaba sujetarlas a la referida reglamentación
gubernamental.
13- Conforme a lo anterior, la Corte
declarará la exequibilidad de la expresión “de la rama ejecutiva” del artículo
41 de la Ley 443 de 1998. Sin embargo, esa constitucionalidad no significa que
los derechos de los empleados de carrera de esas otras entidades queden sujetos
al capricho de quienes las dirigen, por cuanto, como esta Corte, lo ha señalado
en anteriores oportunidades, sólo razones de interés general, como el
mejoramiento del servicio o la racionalización de los recursos estatales,
justifican la supresión de cargos de carrera[4]. Igualmente, esta Corporación ha señalado que el
principio de publicidad (CP art. 209) impone la motivación de los actos
administrativos[5]. Por ende, por mandatos directamente
derivados de la Carta, también en estas otras entidades las autoridades deben
motivar, a fin de que aparezcan de manera expresa las razones de interés
general que justifican la supresión de un cargo de carrera. Y es en tal
entendido que es constitucional la expresión “de la rama ejecutiva” del
artículo 41 de la Ley 443 de 1998.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar EXEQUIBLES la expresión “de la Rama
Ejecutiva” del numeral 1.4 del artículo 39 de la Ley 443 de 1998 y la expresión
“de la rama ejecutiva” del inciso primero del artículo 41 de la Ley 443 de
1998.
Segundo: Declarar INEXEQUIBLE la expresión “corporaciones
autónomas regionales” del inciso segundo del artículo 41 de la Ley 443 de 1998.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase,
publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el
expediente
FABIO MORÓN DÍAZ
Presidente
ANTONIO BARRERA
CARBONELL            ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ                                    CARLOS GAVIRIA DÍAZ                     Magistrado
Magistrado
JOSÉ GREGORIO
HERNÁNDEZ GALINDO         ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO             Magistrado
Magistrado
VLADIMIRO
NARANJO MESA             ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado                                        Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sentencia C-275 de
1998, MP Carmenza Isaza de Gómez. En el mismo sentido, ver las sentencias C-262
de 1995, C-593 de 1995 y C-596 de 1998.
[2] Ver, entre otras,
las sentencias C-535 de 1996, fundamentos 8 y ss, y C-596 de 1998,
Consideraciones 7 y ss.
[3] Corte
Constitucional, Sentencia C-370 de 1999. MP Carlos Gaviria Díaz, Consideración
5. En el mismo sentido, ver, entre otras, las sentencias C-479 de 1992, C-104
de 1994, C-527 de 1994 y C-522 de 1995.
[4] Ver, entre otras, las sentencias C-479 de 1992, C-104
de 1994, C-527 de 1994.
[5] Ver, entre otras,
las sentencias SU-250 de 1998, T-576 de 1998 y T-899 de 1999.