T-137-14
NOTA DE RELATORIA: Mediante auto 405 de
fecha 9 de septiembre de 2015, el cual se anexa en la parte final, se corrige
el numeral tercero de la parte resolutiva de la presente providencia, en el
sentido de indicar que   el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto
de revisión fue surtido en única instancia
Sentencia T-137/14
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
ACTUACION TEMERARIA Y COSA JUZGADA EN MATERIA DE
TUTELA-Buscan evitar la presentación
sucesiva, además de múltiple de las acciones de tutela
ACTUACION TEMERARIA Y COSA JUZGADA EN MATERIA DE
TUTELA-Configuración
La
cosa juzgada es una figura por la cual se entiende que los procesos judiciales
han culminado mediante sentencia y en consecuencia han cerrado la posibilidad
de continuar el desarrollo de la Litis sobre la materia resuelta. Este esquema
permite guardar la coherencia y seguridad jurídica del aparato judicial para
cumplir con los postulados institucionales consagrados en la Constitución
Política. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha permitido casos
excepcionalísimos en los cuales ha considerado la necesidad de desestimar la
condición como cosa juzgada para de esta forma proteger derechos fundamentales
vulnerados en casos de notoria arbitrariedad. La actuación temeraria es aquella
que desconoce el principio de buena fe, en tanto la persona asume una actitud
indebida para satisfacer intereses individuales a toda costa y que expresa un
abuso del derecho cuando deliberadamente y sin razón alguna se instaura
nuevamente una acción de tutela.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Definición y alcance
de la cosa juzgada constitucional
En el marco de acciones de tutela
contra providencias judiciales, el alcance de los efectos desplegados por la
configuración de cosa juzgada puede escindirse en dos planos: (i) en primer
lugar, cuando la acción de tutela es presentada con posterioridad a la
ejecutoria del fallo que se controvierte –culminado el proceso ordinario-, el
juez constitucional deberá pronunciarse sobre la parte resolutiva y la ratio decidendi contenidas
en la sentencia que se estudia, de manera que sobre lo que de ella se decida
constituirá cosa juzgada sobre todo el contenido del proceso.(ii) En segundo lugar, se presenta cuando
la acción de tutela es interpuesta como mecanismo transitorio y por ende antes
que el proceso ordinario haya culminado mediante sentencia ejecutoriada,
eventos en los cuales, la sentencia de tutela producirá efectos de cosa juzgada
respecto de aquellos elementos que fueron decididos en el proceso, pero no
sobre aquellos que posteriormente habrán de resolverse, aunque ello no implica
que las futuras decisiones que se tomen deban ser coherentes con lo dispuesto
en la sentencia de tutela.
ACCION DE TUTELA ANTE PRESUNTA OCURRENCIA DE COSA
JUZGADA-Procedencia excepcional/ACCION
DE TUTELA TEMERARIA-Casos en que pese a la identidad de procesos no se
configura temeridad
El
sistema normativo nacional y la jurisprudencia constitucional, han aceptado la
procedencia excepcional de acciones de tutelas que buscan resolver asuntos
presuntamente semejantes a otros sometidos a consideración previa ante el juez
constitucional. De esta manera, es posible identificar ciertos eventos en los
cuales puede configurarse esta posibilidad, en obediencia a un sistema
garantista que permite extender la protección ante una situación antijurídica.
Por esta razón, el precedente constitucional ha indicado los siguientes
eventos: i) en las condiciones del actor que lo coloca en estado de ignorancia
o de especial vulnerabilidad o indefensión en que actúa por miedo insuperable o
la necesidad extrema de defender sus derechos, ii) en el asesoramiento
equivocado de los profesionales del derecho, iii) en nuevos eventos que
aparecen con posterioridad a la acción o que se omitieron en el trámite de la
misma u otra situación que no se hubiere tomado como fundamento para decidir la
tutela anterior que involucre la necesidad de protección de los derechos, y iv)
en la presentación de una nueva acción ante la existencia de una sentencia de
unificación de la Corte Constitucional , [cuando el actor] en sus actuaciones
siempre puso de presente a los jueces de tutela la previa existencia de una
demanda de igual naturaleza.
CARRERA ADMINISTRATIVA-Instrumento para acceso al empleo público
En
relación con los empleos públicos de carrera, es necesario indicar que los
mismos implican ingresar a un concurso de méritos con el fin de demostrar las
calidades y cualidades para ejercer el cargo público al cual se aspira. El
ciudadano inscrito en carrera administrativa y escogido para ejercer el cargo
al que concursaba, goza del beneficio de estabilidad reforzada en la función
pública, el cual, según lo establecido por el artículo 125 de la Constitución
Política, implica que este funcionario sólo podrá ser retirado de su cargo por:
(i) calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, (ii) por
violación del régimen disciplinario, y (iii) por las demás causales
previstas en la Constitución o la ley.
CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION-Empleos de dirección y confianza/EMPLEOS DE LIBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCION-Discrecionalidad del nominador para la vinculación,
permanencia y retiro
Frente a los empleos públicos de libre nombramiento y
remoción, se resalta que se han establecido como una modalidad que permite al
nominador ejercer su discrecionalidad o subjetividad en la escogencia del
personal que habrá de ejercer ciertas labores públicas. Ello implica igualmente
que su retiro o desvinculación del cargo se encuadre netamente en aspectos
subjetivos y discrecionales.
EMPLEOS DE PERIODO FIJO
Se hallan delimitados temporalmente por el término en que se
haya concebido la labor, de manera que el funcionario puede ser retirado del
cargo al momento en que se cumpla el plazo establecido para estos efectos.
Entre los funcionarios que ejercen estos cargos se puede identificar al
Contralor General de la República, Procurador Nacional, Defensor del Pueblo,
Registrador Nacional, Magistrados, contralores departamentales y municipales,
personeros municipales, entre otros. La jurisprudencia constitucional ha
sostenido que uno de los propósitos del carácter delimitado en el tiempo se
debe porque: “[E]l período fijo, se explica
más en virtud del principio democrático y de los principios de eficacia y
eficiencia, que en gracia de asegurar al respectivo funcionario, un puesto de
trabajo al margen de los vaivenes políticos”.
EMPLEOS TEMPORALES
A través de ellos se permite a los nominadores introducir
excepcionalmente en sus plantas de personal empleos de carácter temporal o
transitorio. Sus características son: (i) no cumplen funciones del personal de
la planta debido a que no hacen parte de ella; (ii) desarrollan programas o proyectos de duración
limitada; (iii) suplen necesidades de personal por
sobrecarga de trabajo, debido a sobrecarga laboral; (iv) desarrollan
labores de consultoría y asesoría institucional con una duración no superior a
los doce (12) meses y con estrecha relación con el objeto y la naturaleza de la
institución.
CARGOS DE CARRERA OCUPADOS EN
PROVISIONALIDAD/ESTABILIDAD LABORAL INTERMEDIA DE FUNCIONARIOS NOMBRADOS EN
PROVISIONALIDAD QUE DESEMPEÑAN CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA-Reiteración de jurisprudencia
Esta
figura es una herramienta que permite a la Administración Pública suplir
necesidades ante situaciones que generan insuficiencias de personal por
vacancias temporales o definitivas, hasta tanto se provean estos cargos con los
requisitos de ley o culmine la circunstancia que produjo la vacancia. No
obstante, es necesario aclarar que la provisionalidad en el cargo no puede
considerarse como un factor modificatorio de las calidades del mismo, toda vez
que la estipulación legal prevalece sobre el escenario fáctico. De esta forma,
la persona que asume este tipo de cargos, no es ajena a requerimientos técnicos
y condiciones de calidad que se ordenan para ejercer una función determinada
dentro del sector público. Los funcionarios que ejerzan funciones en esta modalidad,
son beneficiarios de una estabilidad laboral intermedia o relativa que les
permite ser valorados bajo criterios técnicos y no discrecionales, por ello no
pueden equipararse a los cargos de libre nombramiento y remoción.
DEBER DE MOTIVACION DE ACTOS DE RETIRO DE SERVIDORES
PUBLICOS NOMBRADOS EN PROVISIONALIDAD EN CARGOS DE CARRERA-Reiteración de jurisprudencia
La
jurisprudencia constitucional ha sostenido la tesis por la cual se garantiza a
los funcionarios de carrera nombrados en provisionalidad, el derecho de ser
removidos de sus cargos mediante acto administrativo debidamente motivado. En
su defecto, la Corte ha ordenado declarar nulo aquellos actos carentes de
motivación y, en su lugar, ha determinado el reintegro del afectado al cargo
que venía ejerciendo con la finalidad de garantizar sus derechos fundamentales
a la estabilidad laboral, a la igualdad y al debido proceso.
DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A
LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y A LA IGUALDAD-Orden a Tribunal Contencioso Administrativo proferir
una nueva sentencia aplicando el régimen para cargos de carrera en
provisionalidad
Referencia: expediente T-2.178.154.
Acción de tutela instaurada por Luís Antonio Ascencio,
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sub-Sección
“C”.
Derechos fundamentales invocados: debido proceso, acceso a la administración de
justicia, igualdad y otros.
Temas: (i) procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) cosa juzgada y temeridad en el uso de la
acción de tutela; (iii) principios que rigen la función pública; (iv) empleos
de la función pública; (v) motivación de actos administrativos.
Problema jurídico: Determinar si: (i) resulta
procedente la acción de tutela instaurada; (ii) el Tribunal Contencioso
Administrativo de Cundinamarca lesionó los derechos fundamentales del
peticionario al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y a la igualdad.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELTCHALJUB
Bogotá D.C., trece (13) de marzo dos mil catorce
(2014)
La
Sala Sexta de Revisión de
Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
-quien la preside–, Nilson Pinilla Pinilla y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°,
de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En la revisión del fallo proferido por el Consejo
Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que confirmó la
sentencia proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura, Sala
Disciplinaria, que a su vez declaró la improcedencia de la acción de tutela
incoada por Luis Antonio Ascencio,
contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sub-Sección “C”.
1. ANTECEDENTES
El señor Luís Antonio Ascencio interpuso acción
de tutela en contra delTribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Sub-Sección “B”, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justifica y a la igualdad, entre otros. La solicitud de
amparo la sustentó en los siguientes:
1.1.
HECHOS
1.1.1.  El accionante manifiesta que laboró en la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-, desde el 20 de noviembre de 1987 y
hasta el 15 de noviembre de 2002, nombrado en provisionalidad y habiendo ejercido
como último cargo el de Profesional Especializado 3010-16.
1.1.2.  Declara que el día 19 de agosto de 1988, el
Departamento Administrativo del Servicio Civil profirió la Resolución No. 4665,
a través de la cual se realizó su inscripción en el escalafón de la carrera
administrativa, sin que posteriormente se reportara alguna novedad que pudiera
haber afectado su situación dentro de la misma.
1.1.3.  Sin embargo, narra que el día 15 de noviembre de 2002,
el Director General de la CAR le comunicó que el cargo en el cual se venía
desempeñando fue suprimido como consecuencia de la nueva estructura que habría
de tener la corporación, según lo dispuesto en el Acuerdo 016 del 29 de octubre
de 2002. Por este motivo fue desvinculado de la entidad accionada.
1.1.4. Frente a esta circunstancia, expresa que interpuso
acción de nulidad y restablecimiento del derecho el día 21 de febrero de 2003,
con el ánimo de lograr su reintegro al cargo que ocupaba o, en su defecto, a
uno de igual o superior categoría.
1.1.5. Dentro de este proceso contencioso, el Ministerio
Público intervino mediante escrito en el cual adujo que el proceso de
restructuración de la CAR de Cundinamarca se encontraba viciado de
irregularidades, y por tanto debía accederse a las pretensiones del actor,
debido a que: (i) según el Decreto 1572 de 1998 –reglamentario de la Ley
446 de 1998, en los procesos de restructuración que requieran estudios técnicos
es necesaria la participación de al menos dos trabajadores de la entidad, lo
cual nunca ocurrió en este caso; (ii) se presentaron tres conceptos
técnicos, uno de los cuales fue ordenado por el mismo Tribunal a la Contraloría
General de la República, en los cuales se resaltaron múltiples inconsistencias
e irregularidades en el proceso de restructuración; (ii) se presentó
vulneración al derecho fundamental de los trabajadores a la estabilidad laboral
reforzada y, a los derechos de la carrera administrativa, toda vez que las
irregularidades en el proceso de restructuración se materializaron en una falsa
motivación del acto; y (iv) la supresión de un empleo que define la
permanencia o retiro de un funcionario debe ser expresa y clara, de manera que
a la persona se le comunique con seriedad y seguridad acera del cual ha sido el
sentido de la decisión.
1.1.6. Esta demanda fue avocada en primera instancia por el
Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “B”, instancia que mediante sentencia del 29 de julio de 2005,
decidió negar las pretensiones de la demanda por cuanto: (i) aunque el
accionante accedió al sistema de concurso de méritos y con base en él quedó
inscrito en carrera administrativa, los cargos que ocupó con posterioridad
fueron de carácter provisional, razón por la cual perdió los derechos de
carrera administrativa, al aceptar nombramientos provisionales en cargos de
superior jerarquía; (ii)
no existe prueba en el expediente que indique la inscripción en carrera
administrativa para el cargo de Profesional Especializado 3010-16; (iii)
la persona nombrada en provisionalidad no adquiere una estabilidad relativa
asimilable a la de carrera; y (iv) la negativa de optar por una
indemnización o por una reincorporación a un empleo equivalente, es propia de
los funcionarios que tienen derechos de carrera.
1.1.7. El actor expresa que decidió apelar la
sentencia del Tribunal, aunque ésta solicitud fue negada el día 02 de
septiembre de 2005, por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección segunda, Sub-sección “C”, el cual consideró que para la época de la
presentación del recurso, ya no se encontraba vigente la tabla de cuantías
determinadas por el Decreto 597 de 1989, razón por la cual debía aplicarse el
artículo 164 de la Ley 446 de 1998 en concordancia con otras disposiciones del
ordenamiento que prescriben para la jurisdicción contenciosa administrativa la
única instancia para procesos que no superen los cien (100) SMLMV, lo cual encajaba
dentro del caso. El día 29 de septiembre de 2005, el mismo Tribunal confirmó la
decisión que denegó el recurso de apelación.
1.1.8. El Ministerio Público realizó nuevamente intervención a favor del interés general y, en consecuencia, volvió a solicitar al Tribunal acceder a las pretensiones principales de la demanda ya que logró desvirtuarse la presunción de legalidad que amparaba los actos
administrativos impugnados.
1.1.9. El accionante sostiene que presentó recurso de queja contra
esta decisión, el cual fue resuelto por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub-Sección “A”, quien declaró
bien negada la solicitud de apelación el día 26 de enero de 2006. Esta decisión
se basó en el argumento según el cual, para abordar dicha solicitud, no podía
aplicarse la normativa vigente para el momento de la interposición de la
demanda sino la vigente al momento de la presentación del recurso, es decir, el
artículo 164 de la Ley 446 de 1998, a partir del cual debía analizarse la
problemática en única instancia por tratarse de un monto equivalente a
$5.817.690, inferior a los cien (100) SMLMV.
1.1.10. En consecuencia, decidió
interponer acción de tutela el día 18 de octubre de 2006, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, entre
otros. No obstante, en ambas instancias, el Consejo de Estado
rechazó por improcedente esta acción de tutela, al considerar que no es posible
admitir el estudio de una acción de esta naturaleza cuando la misma busca
desvirtuar una sentencia judicial, ya que se violaría
en principio de autonomía en las decisiones judiciales.
1.1.11. Inconforme por no haber recibido
respuesta de fondo a su solicitud, el actor interpuso nuevamente la misma acción de tutela el día 17 de
julio de 2008.
1.2.
ARGUMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA ACCIÓN DE TUTELA
El accionante presenta las
siguientes razones de inconformidad:
1.2.1.  En primer lugar, aduce que el Tribunal reconoció en la sentencia atacada que no existieron personas o
situaciones posteriores que afectaran las circunstancias del actor en la
carrera administrativa, razón por la cual, se le debió considerar como
funcionario inscrito en carrera. Igualmente, añade que mediante Sentencia C-1381 de 2000, la Corte
Constitucional estableció que un funcionario que ejerza un cargo de carrera
mediante la modalidad de nombramiento provisional, no puede ser desvinculado o
excluido de la misma.
1.2.2.  En segundo lugar, alega que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico por indebida
valoración probatoria, toda vez que: (i) tergiversó el sentido del memorando de
despido al afirmar que mediante éste se le había comunicado su no incorporación a la nueva planta de personal, cuando la realidad es que
por este acto se le notificó su
desvinculación por la supresión de los cargos, sentido distinto a querer dar a
entender que se incorporaron nuevos funcionarios a la nueva palta, hecho que
nunca ocurrió; (ii) no tuvo en cuenta que el Acuerdo 016 de 2002, que se define como “por el cual se
determina la planta de personal”, no fue respaldado por incorporación o desvinculación de
funcionario alguno, por lo cual se encuentra falsamente motivado; (iii) no
observó el concepto emitido por la Auditoría Gubernamental Abreviada con
Enfoque Integral realizada por la Contraloría General de la República al
proceso de reforma administrativa adelantado por la CAR en el año 2002, en el
cual se determinó que la reforma no fue resultado de
un estudio técnico y por tanto presentaba inconsistencias e irregularidades; y (iv) no valoró la sentencia del 30 de
marzo de 2006, proferida por ese mismo Tribunal y mediante la cual, en un caso
análogo al suyo, la corporación determinó
que si bien las normas generales sobre reestructuración de la CAR se presumían
ajustadas a derecho, la decisión sobre el particular no se encontraba conforme
al ordenamiento legal,ya que no se realizó un estudio sobre los nuevos empleos de
orden a establecer para los funcionarios de carrera y
subsidiariamente para aquellos en provisionalidad.
1.2.3.  En tercer lugar, asegura que la
providencia atacada incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente
constitucional sobre los servidores públicos en
provisionalidad, mediante el cual la Corte ha establecido que la estabilidad laboral de un
funcionario que ocupa un cargo de carrera administrativa no se reduce por el
hecho que lo haga en provisionalidad o, en otros términos, que“[e]l
nombramiento en provisionalidad de servidores
públicos para cargos de carrera administrativa no convierte el cargo en uno de
libre nombramiento y remoción”.
1.2.4.  Por último, arguye que la
sentencia incurrió en un claro desconocimiento de la Constitución Política de
1991,
bajo el entendido que la providencia dio por cierta la legalidad del proceso de
reestructuración, sin advertir que en dicho proceso la entidad no permitió la “participación activa y real” de los trabajadores dentro de un
proceso que dio lugar a la desvinculaciónde 391 de ellos. Así las cosas, sostiene que es
deber del Estado “[f]acilitar
y garantizar la participación de todos en las decisiones que los afectan”, hecho que nunca ocurrió en este
caso.
1.3.
PRUEBAS
DOCUMENTALES
Obran en el expediente las siguientes
pruebas documentales:
1.3.1.  Copia de sentencia de nulidad y restablecimiento del
derecho proferida el 29 de julio de 2005 por el Tribunal Contencioso
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda –Sub-Sección “B” (Fls. 21-37,
Cd. 1).
1.3.2.  Copia de Auto del 02 de septiembre de 2005, proferido
por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda
–Sub-Sección “C”, que denegó la solicitud de apelación (Fls. 38-40, Cd. 1).
1.3.3.  Copia de Auto del 29 de septiembre de 2005, proferido
por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda
–Sub-Sección “C”, que confirmó la negativa de apelación (Fl. 41, Cd. 1).
1.3.4.  Copia de providencia del 26 de enero de 2006,
proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda-Subsección “A”, que resuelve el recurso de queja (Fls. 42-47,
Cd. 1).
1.3.5.  Copia de memorando del 15 de noviembre de 2002, por el
cual se desvinculó al actor del cargo (Fl. 48, Cd. 1).
1.3.6.  Copia de certificado expedido por el Departamento
Administrativo de la Función Pública, en el cual da constancia de que el
accionante fue inscrito a la carrera administrativa desde el 19 de agosto de
1988 y que posteriormente no se allegaron constancias de novedades de personal
que hubiesen afectado su situación en la carrera (Fl. 49, Cd. 1).
1.3.7.  Copia de certificado expedido por la Jefatura de la
División de Recursos Humanos de la CAR de Cundinamarca, mediante el cual deja
constancia de que el actor laboró desde el día 20 de noviembre de 1987 y hasta
el 15 de noviembre de 2002, con una asignación salarial dentro del último cargo
desempeñado equivalente a $1.551.384 (Fl. 50, Cd. 1).
1.3.8.  Copia de la Resolución No. 4665 del 19 de agosto de
1988, expedida por el Departamento Administrativo del Servicio Civil, por la
cual se inscribió al accionante en la carrera administrativa (Fl. 52, Cd. 1).
1.3.9.  Copia del Acuerdo No. 016 de 2002, por el cual se
determinó la nueva planta de personal de la CAR de Cundinamarca (Fls. 53-58,
Cd. 1).
1.3.10. Copia del concepto emitido por la Procuraduría General
de la Nación dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho, en el
cual solicitó acceder a las pretensiones de la demanda (Fls. 59-74, Cd. 1).
1.3.11. Copia de escrito por concepto de segunda intervención
realizada por el Ministerio Público dentro del proceso contencioso (Fls.
93-111).
1.3.12. Copia de informe de auditoría gubernamental abreviada
con enfoque integral, realizada por la Contraloría General de la República
sobre el proceso de restructuración de la CAR Cundinamarca, mediante el cual
evidenció serias irregularidades en dicho proceso (Cd. 3).
1.3.13. Copia de oficio emitido por la Corte Constitucional
dirigido a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, donde manifiesta que el proceso de tutela No.
1.559.672, donde figuraba como actor Luis Antonio Ascencio en contra del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, fue
excluido de su revisión por parte de la Sala de Selección de esta Corporación
mediante auto del 15 de marzo de 2007 (Fl. 180, Cd. 1).
1.3.14. Durante el trámite en sede de revisión no se
solicitaron pruebas ni se emitieron autos de vinculación al considerarse
suficientes las pruebas obrantes en el expediente y la debida vinculación de
las partes interesadas.
1.4.
ACTUACIONES
PROCESALES
El Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, en su Sala Jurisdiccional Disciplinaria, mediante auto del 25 de agosto de 2008,
avocó el conocimiento de la acción de tutela y ordenó correr traslado de la
misma al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“C”, a la CAR Cundinamarca, al Departamento Administrativo de la Función
Pública, a la Contraloría General de la República y al Departamento
Administrativo del Servicio Civil Distrital. En respuesta, las accionadas
manifestaron:
1.4.1.  Respuesta delTribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”.
En escrito presentado el día 27 de agosto de 2008, este
despacho presentó escrito que descorrió los términos de la acción instaurada,
mediante el cual, se opuso a las pretensiones de la demanda en los siguientes
términos:
Precisó que en la sentencia controvertida
se explicaron los motivos que dieron lugar a la decisión negativa de la
demanda, los cuales, a su vez, se encuentran ajustados a los principios de la
sana crítica y la buena fe por haberse surtido el proceso con imparcialidad y
evidente sustento normativo.
1.4.2.  Respuesta del Departamento Administrativo
de la Función Pública.
Mediante escrito presentado el día 29 de
agosto de 2008, esta entidad presentó oposición a todas las pretensiones de la
acción de tutela, en consideración a lo siguiente:
1.4.2.1.
En primer lugar,
adujo que durante todo el trámite de restructuración, la Directora de la CAR
Cundinamarca solicitó la asesoría del Departamento Administrativo de la Función
Pública, apoyo que fue brindado cada vez que fue solicitado. Resaltó entonces
que la labor de esta entidad se reducía únicamente a la asesoría.
1.4.2.2.
En segundo lugar,
aseguró que la acción de tutela es improcedente, ya que no puede ser utilizada
como mecanismo para revivir términos u oportunidades y controvertir decisiones
judiciales ejecutoriadas que gozan de presunción de legalidad.
1.4.2.3.
En tercer lugar,
expuso que el Departamento Administrativo de la Función Pública carece de
legitimación en la causa por pasiva dentro de este proceso, toda vez que según
el Decreto 188 de 2004 esta entidad no tiene competencia funcional ni material
para cumplir la orden de protección constitucional solicitada, la cual se
encuentra encaminada a obtener la revocatoria de la sentencia del 12 de julio
de 2005, proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca; ni para dejar
sin efectos o revocar la actuación administrativa que se surtió ante la CAR Cundinamarca.
1.4.3. Respuesta del Departamento Administrativo del Servicio
Civil Distrital.
La apoderada de esta entidad solicitó la
declaratoria de improcedencia de la acción de tutela en relación con el
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, ya que el mismo no
cuenta con legitimidad por pasiva dentro de este proceso al no ejercer
funciones que tengan relación con el objeto que se debate.
1.4.4.  Respuesta de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca CAR.
La apoderada especial de esta Corporación
presentó escrito en el que se opuso a las pretensiones de la acción de tutela,
en consideración a lo siguiente:
1.4.4.1.
En primer lugar, aseguró
que la acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que
los supuestos hechos que vulneraron los derechos fundamentales del actor,
acaecieron en los meses de enero a marzo del año 2006, fecha muy anterior a la
presentación de la tutela.
1.4.4.2.
En segundo lugar,
consideró que la acción de tutela es improcedente, por cuanto se encuentra
dirigida a desvirtuar una decisión judicial ejecutoriada que goza de autonomía.
Afirmó que además no se puede ejercer esta acción de manera excepcional, ya que
no se presenta vía de hecho alguna que devenga procedente la tutela.
2.
DECISIONES
JUDICIALES
2.1.
ACLARACIONES
PREVIAS
La acción de tutela interpuesta el día 18
de octubre del año 2006, fue avocada por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”. Este tribunal,
mediante sentencia del 09 de noviembre de 2006, decidió rechazar por
improcedente la acción de tutela, en consideración a que, a su juicio, no puede
admitirse el conocimiento de este tipo de recurso constitucional cuando el
mismo busca dejar sin efectos una sentencia judicial. En caso contrario, se
estaría vulnerando la autonomía del funcionario judicial y la independencia de
la jurisdicción ordinaria.
Ante la impugnación presentada por el
accionante, la Sala de Decisión de la Sección Cuarta del Consejo de Estado
resolvió confirmar la decisión de primera instancia mediante providencia del 25
de enero de 2007, por las mismas razones del a quo.
Posteriormente, el día 17 de julio de 2008,
el actor impetró nuevamente acción de tutela por considerar que nunca recibió
respuesta de fondo a su solicitud y por ello se le violó su derecho fundamental
a la defensa y al acceso a la administración de justicia. El conocimiento de
esta petición fue asignado al Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, el cual, el día 18 de julio de 2008, ordenó remitir el expediente
al Consejo de Estado para que resolviera lo de su competencia.
El día 30 de julio de 2008, el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”,
se declaró incompetente para conocer de esta acción y ordenó remitir nuevamente
el expediente al Consejo Seccional de la Judicatura.
El día 25 de agosto de 2008, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca admitió la acción de tutela y avocó el conocimiento de la misma
para dictar sentencia. Todo el trámite surtido dentro del aparato judicial fue
notificado oportunamente a las partes.
2.2.
SENTENCIA DE
PRIMERA INSTANCIA –CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CUNDINAMARCA, SALA
JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA.
Mediante sentencia pronunciada el día 04 de septiembre
de 2008, el Juez de primera instancia decidió declarar improcedente la acción
de tutela, toda vez que, en su sentir, no se puede pretender acudir a distinta
jurisdicción mediante otra petición constitucional en busca de un
pronunciamiento de fondo. Además, encontró bien fundadas las razones expuestas
por el Consejo de Estado cuando sostuvo que los jueces ordinarios gozan de
autonomía en sus decisiones y que las mismas no pueden ser controvertidas
mediante acciones de tutela.
2.3.
IMPUGNACIÓN
El accionante presentó escrito de impugnación mediante
el cual expresó su inconformidad, con apoyo en los siguientes argumentos:
En primer lugar, alegó que los jueces que
conocieron de la primera acción de tutela nunca resolvieron sobre el fondo del
asunto, lo cual es incompatible con nuestra Constitución Política y con los
postulados del Estado Social de Derecho. Afirmó que igualmente, el Consejo
Seccional de la Judicatura, en primera instancia, no emitió pronunciamiento
alguno sobre las pretensiones expuestas en el libelo, con lo cual la acción de
tutela deviene procedente por cuanto persiste la violación al debido proceso.
2.3.1.  En segundo lugar, citó la jurisprudencia del Consejo
de Estado y de la Corte Constitucional, mediante la cual explicó que ambos
tribunales han protegido a los funcionarios en cargos de provisionalidad cuando
los mismos son retirados del cargo sin convocarlos a concurso y sin motivación
del acto de desvinculación.
2.3.2.  Por último, aseguró que el Consejo de Estado ha vulnerado
sus derechos fundamentales al abstenerse de brindar el servicio de
administración de justicia frente a sus pretensiones como ciudadano.
2.4.
SENTENCIA DE
SEGUNDA INSTANCIA – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, SALA JURISDICCIONAL
DISCIPLINARIA.
El día 16 de octubre de 2008, el ad quem
se pronunció sobre la impugnación presentada por el accionante y decidió confirmar
el fallo de primera instancia. La tesis de esta decisión, se basó en la
afirmación según la cual, a partir del momento en que la Corte Constitucional
se abstuvo de seleccionar el expediente de tutela que contenía las sentencias
del Consejo de Estado, se configuró la cosa juzgada constitucional, y por lo
tanto, ya no es posible emitir un pronunciamiento de fondo sobre el asunto.
3.
CONSIDERACIONES
3.1.
COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, con base en las
facultades conferidas por los artículos 86 y 241, numeral 9° de la Constitución,
es competente para revisar el fallo de tutela adoptado en el proceso de la
referencia. Además, procede la revisión en virtud de la selección realizada por
la Sala correspondiente y del reparto verificado en la forma establecida por el
reglamento de la Corporación.
La presente acción de tutela fue seleccionada para su
revisión por la Sala de Selección Número Dos de esta Corporación, mediante auto
del 26 de febrero de 2009, a través del cual, correspondió a la Sala Sexta de
Revisión el reparto original de este proceso.
Posteriormente, la ponencia original fue derrotada y
en consecuencia reasignada nuevamente al suscrito Magistrado sustanciador.
3.2.   PROBLEMA JURÍDICO.
A través de escrito de tutela, el señor Luis Antonio
Ascencio solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
a la igualdad y otros, presuntamente vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda-Subsección “C”.
Según narra la accionante, laboró durante 15 años en
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-, desde el 20 de
noviembre de 1987 hasta el 15 de noviembre de 2002, nombrado en provisionalidad
y habiendo ejercido distintos cargos. Describe que durante el transcurso de su
gestión logró inscribirse en carrera administrativa, sin que se reportara
novedad alguna que afectara su condición.
Manifiesta que ejerció como último cargo el de
Profesional Especializado 3010-16 en provisionalidad, y el día 15 de noviembre
de 2002, fue desvinculado de la CAR bajo el argumento que su cargo había sido
suprimido debido a un proceso de restructuración que afrontaba esa corporación.
Asegura que esta decisión fue producto de un análisis
arbitrario que prescindió de las advertencias señaladas por la Procuraduría
General de la Nación y la Contraloría de la República, que indicaban para dicho
proceso la falta de requisitos que permitían la procedencia del mismo y, porque
además no contó con estudios técnicos que determinaran su viabilidad.
En este mismo sentido, aduce que no recibió
indemnización alguna por parte de la CAR, ni la oportunidad de ejercer un cargo
igual o mejor al que venía desempeñando según se dispone para aquellos
inscritos en carrera administrativa. Además, sostiene que a pesar de haber
interpuesto acción de tutela previamente, la de conocimiento actual es
procedente por cuanto la anterior nuca recibió respuesta de fondo a su
solicitud.
En este orden de ideas, la Sala debe entrar a resolver
si, en el caso particular: (i) resulta procedente la acción de tutela
para controvertir la decisión judicial atacada; (ii) y en caso de
proceder, se determinará si las entidades demandadas vulneraron los derechos
fundamentales del peticionario al debido proceso, al acceso a la administración
de justicia y a la igualdad.
Para definir el asunto, la Sala debe analizar, en primer
término, la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo
para controvertir decisiones judiciales. En segundo lugar, se examinará
lo relativo a las figuras de cosa juzgada y temeridad en materia de acción de
tutela. El tercer aspecto que se deberá resolver, se encuentra
relacionado con el análisis de las garantías que cobijan a los funcionarios de
carrera nombrados en provisionalidad. Posteriormente, como cuarto
aspecto que se deberá concretar, resalta la necesidad de revisar
lajurisprudencia constitucional en materia de motivación de actos
administrativos; finalmente, resolverá el caso concreto.
3.3.
REQUISITOS DE
PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES
Toda autoridad del Estado en ejercicio de funciones
judiciales es una autoridad púbica que debe ajustar sus decisiones a la
Constitución y a la Ley, así como garantizar la efectividad de los principios,
deberes, y derechos fundamentales reconocidos en el cuerpo constitucional. Es
por esta razón que la Corte Constitucional ha reconocido la posibilidad de
ejercer la acción de tutela en contra de decisiones judiciales, especialmente
para proteger el derecho fundamental al debido proceso cuando las autoridades
judiciales se apartan arbitrariamente de los mandatos constitucionales.
El artículo 86 de la Constitucional Política, dispone
que la tutela procede contra toda acción o la omisión de cualquier autoridad
pública, razón por la cual, el Decreto 2591 de 1991, en un principio previó
en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de ejercer la acción de tutela en
contra de decisiones judiciales; no obstante, mediante Sentencia C-543 de 1992[1],
esta Corporación declaró inexequibles los artículos mencionados al haber
considerado que estos violaban los principios de autonomía judicial, seguridad
jurídica y cosa juzgada, y que además la acción de tutela no había sido
concebida para impugnar las decisiones de los jueces.
Sin embargo, la Corte no coartó en forma absoluta la
posibilidad de ejercer la acción de  tutela en contra de decisiones judiciales,
al haber construido el concepto de vías de hecho a partir del mismo año
1992, es decir, decisiones manifiestamente arbitrarias porque: (i) se
basaron en normas inaplicables; (ii) se profirieron con inexistencia de
competencia para ello; (iii) hubo una incorrecta valoración probatoria; (iv)
el juez incurrió en un defecto procedimental absoluto.
En el año 2005, la Corte profirió la Sentencia C-590[2],
mediante la cual replanteó la doctrina de las vías de hecho y determinó que la
jurisprudencia constitucional ha distinguido entre unos requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela y otros específicos de procedibilidad. Los
primeros hacen referencia  los elementos sustanciales y procesales que deben
adecuarse y guardar coherencia con los valores y principios constitucionales.
Los segundosse relacionan con los defectos en que puede incurrir una decisión
judicial y que la hacen incompatible con la Constitución.
3.3.1.  Requisitos generales de procedencia
La jurisprudencia constitucional ha
desarrollado los requisitos generales procedencia de la acción de  tutela como
aquellos elementos que conservan la naturaleza misma de la acción. La Corte ha
definido cinco elementos que deben cumplirse para considerar que la solicitud
es susceptible de ser analizada de fondo, los cuales, podemos identificar así: (i)
que el asunto sea de relevancia constitucional; (ii) que se hayan
agotado previamente todos los mecanismos de defensa ordinarios y
extraordinarios; (iii) que la solicitud sea presentada en un término
razonable que demuestre la condición apremiante del actor; (iv)que las
irregularidades procesales que se aleguen tengan incidencia directa en la
decisión; (v) que no sea interpuesta contra otra sentencia de tutela.
Se tiene entonces, que
los criterios generales para la procedencia de la
acción de tutela, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, son los
siguientes:
“(i) Se requiere, en primer lugar, que
la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como
en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho
fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos
casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su
alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera
posible, la cuestión iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración; (vi) en el caso de irregularidades procesales, se
requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se
impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela”[3].
3.3.2.   Requisitos específicos de procedibilidad
de la acción de tutela
Estos requisitos hacen
referencia a ciertos defectos en los cuales puede incurrir la apreciación
judicial al momento de tomar una decisión, los cuales la vuelven incompatible
con la Constitución. Podemos identificarlos como:
“(i) defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello;
(ii) defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente
al margen del procedimiento establecido o vulneró de manera definitiva el
debido proceso constitucional del actor;
(iii) defecto fáctico, que surge
cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión o cuando deja de decretar o de
valorar pruebas absolutamente necesarias – imprescindibles y pertinentes - para
adoptar la decisión de fondo;
(iv) defecto material o sustantivo,
que surge cuando el juez decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales;
cuando se presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y
la decisión; cuando hay absoluta falta de motivación; o cuando la Corte
Constitucional como intérprete autorizado de la Constitución, establece, con
carácter de precedente, el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario, sin motivación suficiente, contraria dicha decisión;
(v) error inducido,
que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño o error
grave, por parte de terceros y ese engaño o error, lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales”[4].
Con esta conceptualización, podemos notar
el carácter residual y subsidiario que el  legislador imprimió a la acción
constitucional de tutela, con el fin de salvaguardar la competencia del juez
natural y honrar los mecanismos judiciales de defensa que el legislador
previamente o simultáneamente ha establecido. En este sentido, al analizar el
principio democrático de la autonomía funcional del juez, esta Corporación
afirmó que el juez de tutela no puede extender su decisión para resolver la
cuestión litigiosa, obstaculizar el ejercicio de diligencias ordenadas por el
juez ordinario, ni modificar sus providencias, o cambiar las formas propias de
cada juicio, lo cual sí violaría gravemente los principios constituciones del
debido proceso[5].
3.4.
COSA JUZGADA Y
TEMERIDAD EN EL EJERCICIO DEL MECANISMO CONSTITUCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA.
3.4.1.  Cosa juzgada
3.4.1.1.
Se encuentra
concebida como una figura de rango constitucional que tiene como propósito
imprimir cohesión en las decisiones judiciales para garantizar la seguridad
jurídica dentro del sistema. El artículo 243 de la Constitución Política
establece que “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control
jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”, esto quiere
decir que una vez resulta una Litis en única o en última instancia a través de
sentencia judicial, la misma se considera concluida sin posibilidad que el
proceso pueda revivirse nuevamente mediante el análisis jurídico. Esta figura
no sólo se encuentra consagrada en la Constitución Política sino también en
otras disposiciones del ordenamiento[6]
3.4.1.2.   La acción de tutela, como mecanismo
constitucional para el reclamo de protección efectiva de derechos
fundamentales, también se encuentra sujeta a los parámetros de cosa juzgada. En
este sentido, con el propósito de evitar un desgaste innecesario del aparato
judicial, los artículos 37 y 38 del Decreto 2591 de 1991 dispusieron que todos
aquellos interesados en hacer uso de la acción de tutela, deberán expresar al
momento de su presentación si previamente habían ejercido este mismo recurso
sobre los mismos hechos y pretensiones ante autoridades judiciales distintas,
so pena de las sanciones penales previstas para el delito de falso testimonio[7]. Esta disposición tiene
como uno de sus fundamentos, la guarda y protección de la seguridad e
integridad jurídica de los fallos judiciales, toda vez que las decisiones que
resuelvan sobre las peticiones de protección constitucional, se consolidan como
cosa juzgada una vez ocurrida alguna de estas dos circunscritas: (i)
cuando la acción de tutela es excluida de su revisión por parte de la Corte
Constitucional; (ii) cuando es seleccionada, analizada y resuelta por la
misma corporación.
Concretamente, la jurisprudencia constitucional ha
definido un estándar dentro del cual se entiende que la acción de tutela viola
el principio de cosa juzgada, el cual, se delimita por los siguientes elementos
que deberán ser advertidos por el juez constitucional al momento de analizar el
caso que aborda: (i) que se adelante un nuevo proceso con posterioridad
a la ejecutoria de la sentencia; (ii) que en el nuevo proceso exista
identidad jurídica de partes; (iii) que el nuevo proceso verse sobre el
mismo objeto, o sea, sobre las mismas pretensiones; (iv) que el nuevo
proceso se adelante por la misma causa que originó el anterior, es decir, por
los mismos hechos[8].
3.4.1.3.    Ahora bien, en el marco de acciones de
tutela contra providencias judiciales, el alcance de los efectos desplegados
por la configuración de cosa juzgada puede escindirse en dos planos: (i)
en primer lugar, cuando la acción de tutela es presentada con posterioridad a
la ejecutoria del fallo que se controvierte –culminado el proceso ordinario-,
el juez constitucional deberá pronunciarse sobre la parte resolutiva y la ratio
decidendi contenidas en la sentencia que se estudia, de manera que sobre lo
que de ella se decida constituirá cosa juzgada sobre todo el contenido del
proceso. (ii) En segundo lugar, se presenta cuando la acción de tutela
es interpuesta como mecanismo transitorio y por ende antes que el proceso
ordinario haya culminado mediante sentencia ejecutoriada, eventos en los
cuales, la sentencia de tutela producirá efectos de cosa juzgada respecto de
aquellos elementos que fueron decididos en el proceso, pero no sobre aquellos
que posteriormente habrán de resolverse, aunque ello no implica que las futuras
decisiones que se tomen deban ser coherentes con lo dispuesto en la sentencia
de tutela. Sobre este último punto, esta Corte ha manifestado que:
“si la tutela contra providencia
judicial se dicta antes de finalizar el proceso, los aspectos no tratados y la
decisión de las demás instancia permanecen abiertos al debate legal (…) las
decisiones posteriores deben tomarse dentro del ámbito de razonabilidad
demarcado por el juez constitucional, sin que ello implique fallar en el mismo
sentido de la decisión ordinaria que no se encontró vulnerara derechos
fundamentales”[9].
3.4.1.4.   En síntesis, la cosa juzgada es una figura
por la cual se entiende que los procesos judiciales han culminado mediante
sentencia y en consecuencia han cerrado la posibilidad de continuar el
desarrollo de la Litis sobre la materia resuelta. Este esquema permite guardar
la coherencia y seguridad jurídica del aparato judicial para cumplir con los
postulados institucionales consagrados en la Constitución Política. No
obstante, como se verá más adelante, la jurisprudencia constitucional ha
permitido casos excepcionalísimos en los cuales ha considerado la necesidad de
desestimar la condición como cosa juzgada para de esta forma proteger derechos
fundamentales vulnerados en casos de notoria arbitrariedad.
3.4.2. Temeridad en el ejercicio de la acción de tutela
La
temeridad es un concepto que se encuentra desarrollado por la Real Academia de
la Lengua Española como una definición que se desprende del término temerario,
el cual, a su vez, es definido como: “Excesivamente
imprudente arrostrando peligros” o “[q]ue se dice, hace
o piensa sin fundamento, razón o motivo”. Al relacionar este concepto con el ejercicio de la acción de tutela, es posible observar lo
siguiente: esta herramienta constitucional ha sido concebida por el Legislador
como un mecanismo expedito y sumario que permite extender la protección y
garantía estatal ante una circunstancia que encierra violación de derechos
fundamentales. Después de la acción de Habeas Corpus, es la acción jurídica más
eficiente del ordenamiento nacional y las decisiones que se tomen en virtud de
la misma, como se expuso anteriormente, constituyen cosa juzgada
constitucional. De esta forma, a pesar que el artículo 83 de la Constitución
Política establece el principio fundamental de buena fe como estandarte que
permite presumir la buena voluntad de aquellos que se presentan en un proceso
judicial, el marco regulatorio de la acción de tutela dispone que en aquellos
eventos en los cuales un ciudadano pretenda ejercer esta acción deberá expresar
si anteriormente ha ejercido este mecanismo sobre los mismos hechos, sujetos y
pretensiones. Esta exigencia se establece con la finalidad de mantener la
coherencia en el ordenamiento jurídico y con ello evitar la descomposición en
el uso del aparato judicial, ya que, como se expuso anteriormente, el
ordenamiento jurídico debe ofrecer seguridad en el servicio a los usuarios.
No
obstante, existe la posibilidad que una de las partes de un proceso haga uso
del aparato judicial de forma inadecuada, mediante la interposición de varias
acciones de tutela, ya sean simultáneas o posteriores, ante distintas
autoridades judiciales y a la espera de que en algún momento obtenga el
resultado que pretende, a sabiendas que esta conducta no es permitida por la
ley. A este fenómeno se le denomina temeridad en el ejercicio de la acción de
tutela, por cuanto el accionante despliega una serie de conductas tendientes a
burlar la justicia mediante la presentación múltiple de la misma acción ante
distintas autoridades judiciales, sin el temor de ser sancionado por desgastar
innecesariamente el aparato judicial sin razón que lo justifique y, a su vez,
sin el temor que su solicitud sea nuevamente rechazada ya que concibe la
presentación reiterada de la acción hasta obtener su cometido.
Para este tipo de conductas, la legislación
ha previsto una serie de medidas sancionatorias tendientes a evitar que se
continúe obstruyendo la justicia. Al respecto, mediante sentencia T-327 de 1993[10], la Corte determinó
que:
“La temeridad se ha entendido como la
actitud de quien demanda o ejerce el derecho de contradicción a sabiendas de
que carece de razones para hacerlo, o asume actitudes dilatorias con el fin de
entorpecer el desarrollo ordenado y ágil del proceso.
Como es fácil deducirlo, la temeridad
vulnera los principios de la buena fe, la economía y la eficacia procesales,
porque desconoce los criterios de probidad que exige un debate honorable,
dilata maliciosamente la actuación procesal e impide alcanzar los resultados
que el Estado busca con la actuación procesal...”.
En este orden de ideas, en aquellas
eventualidades que un ciudadano frustrado en sus pretensiones constitucionales
pretende el uso continuado de la acción de tutela, con la finalidad de insistir
en sus peticiones ante distintas jurisdicciones, estas nuevas acciones no serán
resueltas de fondo puesto que el asunto ha sido decidido previamente y se ha
consolidado la cosa juzgada constitucional. Además, cabe precisar que el
ciudadano que actúa de esta forma, se somete a una posible sanción representada
en multas pecuniarias o sanciones penales, según lo dispone el artículo
anteriormente citado y el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, que dispone: “Si
la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, éste condenará al solicitante
al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad”.
Igualmente, mediante sentencia T-1215 de
2003[11],
esta Corporación se pronunció sobre el sentido y concepto de la actuación
temeraria, sobre los cual expresó que es “aquella que desconoce el principio
de buena fe, en tanto la persona asume una actitud indebida para satisfacer
intereses individuales a toda costa y que expresa un abuso del derecho cuando
deliberadamente y sin razón alguna se instaura nuevamente una acción de tutela”[12].
Sobre este concepto, la jurisprudencia
constitucional se ha pronunciado con la finalidad de desarrollar las casuales
que deben observarse para que pueda existir temeridad. Así las cosas, en el
caso particular de la presentación concurrida de acciones de tutela, esta
Corporación ha determinado el deber que tiene el juez constitucional de
verificar si la nueva acción de tutela contiene la misma conformación requerida
para predicar la existencia de cosa juzgada constitucional –elemento objetivo-
y la pretensión del peticionario en lograr un resultado favorable bajo
conocimiento que la ley prohíbe la utilización simultanea del servicio judicial
sobre un mismo asunto –elemento subjetivo-[13].
En síntesis, el juez constitucional debe verificar la existencia de cosa
juzgada constitucional dentro de la acción de tutela que conoce, ya que sin la
misma no puede hablarse de temeridad.
En consecuencia, es deber del juez
constitucional observar si los elementos anteriormente descritos concurren al
momento en que se estudia la procedencia de una acción de  tutela, “partiendo siempre de la presunción de
buena fe de los particulares en sus actuaciones ante la administración pública”[14]. Por
lo tanto, en caso de comprobarse la existencia de cosa juzgada constitucional,
deberá optarse, por regla general, por la declaratoria de improcedencia de la
acción con ocasión a la consolidación de cosa juzgada sobre el asunto.
3.5.
Procedencia
excepcional de la acción de tutela ante presunta ocurrencia de cosa juzgada.
3.5.1.  No obstante lo expuesto en el acápite anterior, el
sistema normativo nacional y la jurisprudencia constitucional, han aceptado la
procedencia excepcional de acciones de tutelas que buscan resolver asuntos
presuntamente semejantes a otros sometidos a consideración previa ante el juez
constitucional. De esta manera, es posible identificar ciertos eventos en los
cuales puede configurarse esta posibilidad, en obediencia a un sistema
garantista que permite extender la protección ante una situación antijurídica.
Por esta razón, el precedente constitucional ha indicado los siguientes
eventos:
“i) en las condiciones del actor que lo
coloca en estado de ignorancia o de especial vulnerabilidad o indefensión en
que actúa por miedo insuperable o la necesidad extrema de defender sus
derechos,
ii) en el asesoramiento equivocado de los
profesionales del derecho,
iii) en nuevos eventos que aparecen con
posterioridad a la acción o que se omitieron en el trámite de la misma u otra
situación que no se hubiere tomado como fundamento para decidir la tutela
anterior que involucre la necesidad de protección de los derechos, y
iv) en la presentación de una nueva acción
ante la existencia de una sentencia de unificación de la Corte Constitucional ,
[cuando el actor] en sus actuaciones siempre puso de presente a los jueces de
tutela la previa existencia de una demanda de igual naturaleza”[15]
3.5.2.  Adicionalmente, también se ha identificado otra
circunstancia que permite admitir una acción de tutela que ha sido rechazada
previamente. Esta se presenta en casos en los cuales, es necesario que el juez
constitucional emita un pronunciamiento de fondo sobre la petición que recibe,
ya que a partir de este pronunciamiento se logra satisfacer el derecho a la
defensa y al debido proceso del accionante. No en todas las ocasiones el
rechazo por improcedencia se convierte en una respuesta judicial efectiva sobre
las pretensiones del accionante y la condición que afronta. Esta circunstancia fue
mencionada por esta Corporación mediante los siguientes términos:
“Lo anterior impone que exista una decisión
anterior del juez constitucional para que se pueda configurar la temeridad.
Entonces, no podrá calificarse de temeraria una actuación en sede
constitucional, cuando la misma ha finalizado por modos diferentes a la
sentencia de instancia que resuelva sobre la protección o no de los derechos
fundamentales invocados en el amparo. En esos casos, al no existir un
pronunciamiento de fondo, no se compromete el principio de seguridad jurídica
ni la recta capacidad de la administración de justicia. No obstante, en cada
caso particular, el juez deberá evaluar cuidadosamente las motivaciones de la
nueva tutela y, desde allí, desentrañar si la actuación desconoce el principio
de buena fe que cobija al actor”[16].
A partir de esta cita, debe precisarse que
esta casual siempre se encuentra sujeta al análisis de cada caso concreto,
mediante el cual, el juez pueda determinar la buena fe del accionante y el
grado de vulnerabilidad que afronta para establecer si es procedente o no la
acción de tutela. Asimismo, debe aclararse que esta circunstancia se presenta
cuando con la acción de tutela previa no se adoptó una decisión de fondo.
3.6.
DE LOS EMPLEOS
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y SUS CARACTERÍSTICAS.
La ejecución de la
actividad estatal requiere de una planta de personal que se vincula al sector
público mediante el marco constitucional establecido en el artículo 125
Superior. Esta norma consagra el sistema de carrera como un mecanismo que por
regla general le permite al Estado escoger a los funcionarios que habrán de
conformar el recurso humano para ciertas funciones del Estado[17]. La Ley 909 de 2004
desarrolla este artículo constitucional y expide “normas que regulan el
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones”, a partir de las cuales, clasifica los empleos públicos en: (i)
empleos públicos de carrera; (ii) empleos públicos de libre nombramiento
y remoción; (iii) empleos de período fijo; y (iv) empleos
temporales.
3.6.1.  En primer lugar, en relación con los
empleos públicos de carrera, es necesario indicar que los mismos implican
ingresar a un concurso de méritos con el fin de demostrar las calidades y
cualidades para ejercer el cargo público al cual se aspira. El ciudadano
inscrito en carrera administrativa y escogido para ejercer el cargo al que
concursaba, goza del beneficio de estabilidad reforzada en la función pública,
el cual, según lo establecido por el artículo 125 de la Constitución Política,
implica que este funcionario sólo podrá ser retirado de su cargo por: (i)
calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, (ii) por
violación del régimen disciplinario, y (iii) por las demás causales
previstas en la Constitución o la ley[18].
El concepto que la jurisprudencia constitucional ha dado sobre esta figura es
el siguiente:
“El sistema de
carrera por concurso de méritos comporta, en realidad, un proceso técnico de
administración de personal y un mecanismo de promoción de los principios de
igualdad e imparcialidad, en cuanto permiten garantizar que al ejercicio de la
función pública accedan los mejores y más capaces funcionarios y empleados,
rechazando aquellos factores de valoración que chocan con la esencia misma del
Estado social de derecho como lo pueden ser el clientelismo, el favoritismo y
el nepotismo; criterios que, por lo demás, se contraponen a los nuevos roles
del Estado e influyen negativamente en su proceso evolutivo de modernización,
racionalización y optimización, implementados con el objetivo de avanzar en la
prestación de un mejor servicio a la comunidad”[19].
De esta manera, se
observa que el cometido estatal mediante el sistema de carrera administrativa
por concurso de méritos, se orienta bajo los principios de igualdad e
imparcialidad, en busca de una valoración objetiva que permita la escogencia de
los que demuestren mayores aptitudes para el cargo y con ello se evite el
clientelismo y nepotismo. Igualmente, es necesario precisar que, de la lectura
del mismo artículo 125 de la Constitución Política se desprende que se excluyen
de este régimen los cargos de: (i) elección popular, (ii) los de
libre nombramiento y remoción, (iii) los de trabajadores oficiales, y (iv)
los demás que determine la ley.
3.6.2.  En segundo lugar, frente a los empleos
públicos de libre nombramiento y remoción, se resalta que se han establecido
como una modalidad que permite al nominador ejercer su discrecionalidad o
subjetividad en la escogencia del personal que habrá de ejercer ciertas labores
públicas. Ello implica igualmente que su retiro o desvinculación del cargo se
encuadre netamente en aspectos subjetivos y discrecionales[20].
Mediante Sentencia
C-540 de 1998[21],
la Corte estableció una diferencia entre este tipo de cargos y aquellos que son
de carrera, respecto de lo cual expuso que:
“La
Constitución prevé los empleos públicos de libre nombramiento y remoción, cuya
situación es completamente distinta a los de carrera, pues para éstos la
vinculación, permanencia y retiro de sus cargos depende de la voluntad del
empleador, quien goza de cierta discrecionalidad para decidir libremente sobre
estos asuntos, siempre que no incurra en arbitrariedad por desviación de poder.
A diferencia de los empleos de carrera, en los de libre nombramiento y remoción
el empleador tiene libertad para designar a personas que considera idóneas para
la realización de ciertas funciones. Cuando no lo son, el Estado, que debe
cumplir con sus fines de acuerdo con los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, autoriza al
empleador para reemplazarlos por otras personas cuya capacidad, idoneidad y
eficiencia se adecuen a los requerimientos institucionales.
De esta forma, cabe destacar igualmente que la supresión de
estos cargos o la desvinculación del personal que ejerce dentro de los mismos
no genera los mismos efectos indemnizatorios frente aquellos que se encuentran
en carrera, toda vez que no cuentan con el derecho a la estabilidad reforzada
de estos últimos.
3.6.3.  En tercer lugar, se encuentran los empleos
de período fijo. Se hallan delimitados temporalmente por el término en que se
haya concebido la labor, de manera que el funcionario puede ser retirado del
cargo al momento en que se cumpla el plazo establecido para estos efectos. Entre
los funcionarios que ejercen estos cargos se puede identificar al Contralor
General de la República, Procurador Nacional, Defensor del Pueblo, Registrador
Nacional, Magistrados, contralores departamentales y municipales, personeros
municipales, entre otros. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que uno
de los propósitos del carácter delimitado en el tiempo se debe porque: “[E]l período fijo, se explica más en virtud
del principio democrático y de los principios de eficacia y eficiencia, que en
gracia de asegurar al respectivo funcionario, un puesto de trabajo al margen de
los vaivenes políticos”[22].
3.6.4.  En cuarto lugar, están los empleos
temporales. El artículo 21 de la Ley 909 de 2004, define este tipo de empleos
públicos y enmarca los parámetros entre los cuales habrá de desarrollarse. A
través de ellos se permite a los nominadores introducir excepcionalmente en sus
plantas de personal empleos de carácter temporal o transitorio. Sus
características son: (i) no cumplen funciones del personal de la planta
debido a que no hacen parte de ella; (ii) desarrollan programas o
proyectos de duración limitada; (iii) suplen necesidades de personal por
sobrecarga de trabajo, debido a sobrecarga laboral; (iv) desarrollan
labores de consultoría y asesoría institucional con una duración no superior a
los doce (12) meses y con estrecha relación con el objeto y la naturaleza de la
institución. La Sentencia C-288
de 2014[23], dispuso:
"De esta manera,
la finalidad de la consagración de un procedimiento especial para la selección
de los empleos temporales, distinto del concurso público es dotar a la
administración pública de una herramienta para garantizar la eficiencia en la
selección de funcionarios para eventos especiales en los cuales no sea posible
realizar un concurso público,  los cuales se encuentran señalados en el
artículo 21 de la Ley 909 de 2004:
“a) Cumplir funciones que no realiza el
personal de planta por no formar parte de las actividades permanentes de la
administración;
b) Desarrollar programas o proyectos de
duración determinada;
c) Suplir necesidades de personal por
sobrecarga de trabajo, determinada por hechos excepcionales;
d) Desarrollar labores de consultoría y
asesoría institucional de duración total, no superior a doce (12) meses y que
guarde relación directa con el objeto y la naturaleza de la institución”."[24].
3.6.5.  Ahora bien, es necesario precisar que se
presenta una figura hibrida que representa un caso excepcional en relación con
los definidos anteriormente, bajo la modalidad de cargos de carrera que pueden
ser ocupados en provisionalidad. Esta figura es una herramienta que permite a
la Administración Pública suplir necesidades ante situaciones que generan
insuficiencias de personal por vacancias temporales o definitivas, hasta tanto
se provean estos cargos con los requisitos de ley o culmine la circunstancia
que produjo la vacancia.
No obstante, es
necesario aclarar que la provisionalidad en el cargo no puede considerarse como
un factor modificatorio de las calidades del mismo, toda vez que la
estipulación legal prevalece sobre el escenario fáctico. De esta forma, la
persona que asume este tipo de cargos, no es ajena a requerimientos técnicos y
condiciones de calidad que se ordenan para ejercer una función determinada
dentro del sector público.
3.6.6.  En este orden de ideas, esta figura
intermedia, al contemplar exigencias propias de la carrera administrativa,
también ofrece a estos funcionarios un grado de estabilidad laboral que les
permita gozar de garantías en el ejercicio del mismo. De esta forma, los
funcionarios que ejerzan funciones en esta modalidad, son beneficiarios de una
estabilidad laboral intermedia o relativa que les permite ser valorados bajo
criterios técnicos y no discrecionales, por ello no pueden equipararse a los
cargos de libre nombramiento y remoción[25].
El adjetivo que define como intermedia o relativa a este tipo de estabilidad,
tiene como punto causal la premisa fáctica según la cual, este tipo de
funcionarios no obstante encontrarse excluidos de ser valorados a través de un
ámbito de discrecionalidad absoluta del nominador, no gozan de una estabilidad
laboral reforzada hasta tanto no se provea el cargo mediante concurso de
méritos.
3.6.7.  En este sentido, la desvinculación de este
tipo de empleados públicos debe encontrarse igualmente enmarcada entre los
márgenes para los funcionarios de carrera. Según el parágrafo 2º del artículo
41 de la Ley 909 de 2004, respecto a este tipo de desvinculación: “Es
reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad
con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá
efectuarse mediante acto motivado. La competencia para efectuar la remoción en
empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará
mediante acto no motivado”.
Linealmente con
esta disposición, los artículos 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo[26], sin haber alterado el
sentido de sus disposiciones con la Ley 1437 de 2011, disponen para los
funcionarios de carrera la posibilidad de ejercer la acción de nulidad contra
actos administrativos que los desvinculan de sus cargos cuando los mismos
carezcan de una motivación razonable y coherente que les permita conocer los
argumentos de su retiro. Esta atribución se otorga con la finalidad de
garantizar los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia en condiciones de igualdad en el servicio público.
3.6.8.  En el plano jurisprudencial, el precedente
constitucional ha señalado que en el marco del Estado Social de Derecho, los
funcionarios que ejercen cargos de carrera administrativa en provisionalidad
cuentan con el derecho de conocer las razones de su desvinculación, mediante un
acto administrativo motivado con una línea argumentativa coherente entre el
desempeño desarrollado y las funciones debidas. En su defecto, la consecuencia
de ello sería la nulidad del acto de desvinculación por violación a los
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia e igualdad. Sobre el particular, el precedente constitucional ha
sostenido que este tipo de acto:
“[S]ólo puede
atender a razones de interés general atinentes al servicio prestado por el
funcionario habida cuenta de sus responsabilidades en la entidad, dentro de las
cuales la Corte ha mencionado las razones disciplinarias, la calificación
insatisfactoria u otra razón específica atinente al servicio que está prestando
y debería prestar el funcionario concreto. Por supuesto, la razón principal
consiste en que el cargo va a ser ocupado por un funcionario que ha participado
en un concurso de méritos y ocupado un lugar en dicho concurso que lo hace
merecedor del cargo”[27].
A partir de esta
descripción, el precedente nos permite identificar que los funcionarios de
carrera nombrados en provisionalidad sólo pueden ser desvinculados cuando: (i)
obedezca a razones disciplinarias; (ii) por calificación insatisfactoria
o razón específica ateniente al servicio prestado; (iii) porque el cargo
va a ser ocupado por un funcionario que ha participado en un concurso de
méritos y ocupado un lugar en dicho concurso que lo hace merecedor del cargo.
3.6.9.  En el mismo sentido, la jurisprudencia del
Consejo de Estado ha sostenido la tesis según la cual se hace necesario motivar
los actos administrativos que desvinculan a funcionarios de carrera que ejercen
cargos de provisionalidad. Mediante sentencia del 10 de marzo del año 2011,
radicado 11001-03-15-000-2011-00088-00 (AC)[28],
la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado estudió la acción de nulidad incoada por un ciudadano que había sido
nombrado en provisionalidad en el cargo de Técnico de Presupuesto de la Empresa
Social del Estado Centro de Salud de Galapa. Para esta ocasión, el funcionario
había sido declarado insubsistente o desvinculado del cargo sin mediar acto
administrativo motivado, toda vez que a consideración del nominador, los cargos
en provisionalidad se valoraban a partir de criterios netamente discrecionales
y los mismos no gozaban de los mismos beneficios de los empleados de carrera,
como ser desvinculado del cargo mediante acto motivado.
A pesar de haber
interpuesto acción de nulidad y restablecimiento del derecho, los
sentenciadores de instancia negaron las pretensiones de la demanda por considerar
que no era necesario presentar acto administrativo motivado para remover
funcionarios nombrados en cargos de provisionalidad. No obstante, en su providencia,
el Consejo de Estado citó un fallo de la Sección Segunda de esa corporación,
emitido el día 23 de septiembre de 2010[29],
a través del cual se determinó que:
“(…) La motivación del acto de retiro del servicio de
empleados nombrados en provisionalidad, aún respecto de aquellos cuyo
nombramiento se haya producido en vigencia de la Ley 443 de 1998, y su
desvinculación ocurra luego de entrada en vigencia de la Ley 909 de 2004, se justifica
en atención a que, de acuerdo con el parágrafo 2º del artículo 41 de la citada
Ley 909 de 2004 (que prevé las causales de retiro del servicio de quienes estén
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera
administrativa), la competencia para el retiro de los empleos de carrera
(que pueden haber sido provistos a través de nombramientos en provisionalidad),
es reglada, esto es, dicho retiro es procedente sólo y de conformidad con las
causales consagradas en la Constitución Política y la ley, y el acto
administrativo que así lo disponga debe ser MOTIVADO[30],
de tal manera que, la discrecionalidad del nominador sólo se predica respecto
del retiro en empleos de libre nombramiento y remoción, la cual se
efectuará mediante acto no motivado (inciso segundo parágrafo 2º, art.
41 Ley 909 de 2004).
Así las cosas,
de acuerdo con lo previsto en los artículos 13, 123 y 125 de la Constitución
Política, 3º y 41 de la Ley 909 de 2005 y 10 del decreto 1227 del mismo año, el
retiro del servicio de los empleados que ocupen en la actualidad cargos de
carrera en provisionalidad, debe ser justificado mediante la expedición de un
acto administrativo  motivado, y para ello, la administración no debe
considerar la fecha en la que se produjo la vinculación a través del
nombramiento en provisionalidad, esto es, si fue o no con anterioridad a la
vigencia de la nueva normatividad de carrera administrativa, pues ello
implicaría un tratamiento desigual en detrimento incluso del derecho al debido
proceso (en el aspecto del derecho a la defensa)respecto de aquellos cuyos
nombramientos de produjeron en vigencia de la Ley 443 de 1998.”.
3.6.10.  Con base a esta explicación, cabe concluir
que a partir de la Constitución Política y los principios que en ella se
consagran sobre el Estado Social de Derecho, el retiro de funcionarios
nombrados en provisionalidad debe ser motivado. Esto además se encuentra
estipulado en la Ley 909 de 2004, aunque para esta Sala es claro que aún antes
de existir regulación expresa sobre la necesidad de motivar este tipo de actos
administrativos, ya se había reconocido la nulidad de estos actos cuando los
mismos adolecían de motivación.
3.7.
JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL SOBRE LA OBLIGACIÓN DE MOTIVAR ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE
REMUEVEN FUNCIONARIOS DE CARRERA EN PROVISIONALIDAD.
Con el propósito de
hacer efectivos los principios constitucionales de igualdad y mérito en el
acceso a la función pública, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado
una serie de medidas orientadas a establecer soluciones para los funcionarios
que hayan sido desvinculados de cargos en provisionalidad a través de actos
administrativos carentes de motivación. Estos pronunciamientos se gestaron en
el año 1998 y desde ese entonces se han ampliado hasta consolidar una doctrina
unificada en la sentencia SU-917 de 2010[31],
a partir de la cual, se ha continuado el desarrollo sobre la materia.
3.7.1.  Las primeras referencias sobre esta
problemática, se encuentran entre los años 1998 y 2003, durante los cuales se
profirieron las sentencias SU-250 de 1998[32],
T-800 de 1998[33],
T-884 de 2002[34]
y T-752 de 2003[35].
A través de estas providencias, esta Corporación determinó inicialmente que: (i)
estos asuntos cuentan con mecanismos de defensa idóneos en la jurisdicción
ordinaria; y (ii) excepcionalmente son procedentes acciones de tutela
como mecanismo transitorio. En esta época, las decisiones mantenían en firme el
acto de desvinculación, aunque ordenaban el reintegro del funcionario hasta que
el asunto fuera resuelto en la jurisdicción ordinaria.
3.7.2. A partir del año 2004, la jurisprudencia constitucional,
en las sentencias T-951 de 2004[36],
T-1204 de 2004[37],
T-1206 de 2004[38],
T-1240 de 2004[39],
T-031 de 2005[40],
T-123 de 2005[41],
T-161 de 2005[42],
T-454 de 2005[43],
entre otras, extendió aún más la protección constitucional a los funcionarios
en provisionalidad. A través de estos fallos, la Corte comenzó a ordenar a las
entidades demandadas la motivación de los actos administrativos que
desvinculaban funcionarios en provisionalidad, con el propósito de: (i)
garantizar al servidor público el debido proceso y la oportunidad de demandar
ante la jurisdicción contenciosa; y (ii) asegurar que la desvinculación
obedezca sólo a causas objetivas. De esta forma, por medio de estos fallos, la
Corporación dejó en firme la postura que la desvinculación de un funcionario
público en provisionalidad sólo podía presentarse mediante acto administrativo
debidamente motivado.
3.7.3.  Posteriormente, esta Corte conoció de una
acción de tutela interpuesta en contra del Tribunal Administrativo de Sucre, la
cual fue resuelta mediante sentencia T-838 de 2007[44]. En este fallo se
realizó un recuento jurisprudencial acerca de la necesidad de motivar los actos
administrativos de los funcionarios de carrera que ocupan cargos en
provisionalidad, luego del cual se concretó que:
“(…) (i) los
funcionarios que ocupan cargos de carrera siendo nombrados en provisionalidad
no son asimilables a los de libre nombramiento y remoción. Lo anterior puesto que
los últimos cargos –taxativamente señalados por el legislador- implican una
relación subjetiva o in tuitu personae y la elección se hace con base en
motivos de confianza en el sujeto elegido, mientras que los primeros no es la
relación personal la que determina la provisión del cargo sino el carácter
técnico del mismo; (ii) la motivación de los actos de desvinculación de cargos
de carrera ocupados en provisionalidad es indispensable, so pena de vulnerar el
debido proceso en el aspecto del derecho a la defensa; (iii) tal necesidad de
motivación cesa, únicamente, cuando es nombrada a través de concurso la
persona que ha de ocupar el cargo en cuestión”[45].
3.7.4.  En el año 2009, este tribunal profirió la sentencia
T-108 de 2009[46].
Esta providencia dejó en firme la doctrina de motivación de actos administrativos
que desvinculan a funcionarios en provisionalidad y, además, incluyó la orden de
reintegro del funcionario afectado “sin solución de continuidad”, lo que
implica que deben pagarse los salarios y prestaciones dejados de percibir desde
el momento del retiro hasta el reintegro.
3.7.5.  No obstante, fue a partir de la sentencia
SU-917 de 2010[47],
que la jurisprudencia constitucional recopiló todos los conceptos desarrollados
en las providencias mencionadas anteriormente y fijó un marco jurisprudencial
unificado a favor de la estabilidad relativa de los funcionarios de carrera
nombrados en provisionalidad. A diferencia de casos anteriores, donde se
demandaron directamente a los nominadores, este fallo abordó el análisis de
acciones de tutela que buscaban desvirtuar sentencias judiciales proferidas en
virtud de procesos contenciosos. En este fallo de unificación, luego de
analizar los casos de varios accionantes que habían ejercido cargos de carrera
en provisionalidad en varias entidades públicas y habían sido desvinculados sin
acto administrativo debidamente motivado, la Corte proyectó tres hipótesis que
permiten ofrecer una solución a cada caso concreto:
“La primera hipótesis se presenta cuando
en el proceso ordinario o ante la jurisdicción contencioso administrativa uno
de los fallos de instancia ha sido conforme a la jurisprudencia trazada por la
Corte Constitucional. En tal caso, el juez de tutela debe dejar sin efecto la
sentencia contraria al precedente y, en su lugar, confirmar el fallo de
instancia que se ajusta a la jurisprudencia constitucional.
- La segunda hipótesis se presenta cuando
no es posible dejar en firme ninguna decisión de instancia porque todas van en
contravía de la jurisprudencia constitucional. En tal caso corresponderá al
juez de tutela dejar sin efecto el fallo de última instancia y ordenar que se
dicte uno nuevo ajustado al precedente constitucional.
- Finalmente, la tercera hipótesis se
presenta cuando en oportunidades precedentes se ha ordenado dictar un nuevo
fallo pero el juez de instancia se niega a proferirlo o lo hace en contravía
las reglas fijadas en la jurisprudencia constitucional, existiendo la
certidumbre de que la protección efectiva de los derechos fundamentales
resultará afectada.
En estos
eventos el juez de tutela, y particularmente la Corte Constitucional, debe
tomar directamente las medidas necesarias, pudiendo incluso dictar sentencia
sustitutiva o de reemplazo, pues no quedaría alternativa distinta para
garantizar la real y efectiva protección de los derechos fundamentales y con
ello el derecho de acceso a la administración de justicia en condiciones de
igualdad”.
En este orden de
ideas, luego de proferida esta sentencia, la Corte empezó a desarrollar la
aplicación de estos principios en los casos que abordaban este tipo de
situaciones. De esta forma, la jurisprudencia constitucional empezó a ordenar: (i)
dejar en firme todas las decisiones que declararon la nulidad de los actos
reprochados; (ii) dejar en firma las decisiones que ordenaron el
restablecimiento de los derechos de los peticionarios; (iii) procede el
reintegro al cargo sin solución de continuidad y con el pago de salarios y
prestaciones dejadas de percibir desde el momento de la desvinculación hasta el
reintegro; (iv) decretó la nulidad de los actos de insubsistencia y en
su lugar ordenó el reintegro al cargo ocupado o a uno equivalente sin solución
de continuidad.
3.7.6.  Así también, en dicha anualidad, la Corte emitió la Sentencia
C-553 de 2010[48],
que estableció la imposibilidad de equiparar los cargos de provisionalidad en
carrera con los de libre nombramiento y remoción. Es de recordar que la línea
argumentativa desarrollada por el juez contencioso administrativo, giró en
torno a la aplicación del régimen de empleados de libre nombramiento y remoción
para el caso concreto del accionante, el cual consistía en un cargo de carrera
en provisionalidad, circunstancia incompatible con lo expuesto en la mencionada
sentencia de constitucionalidad. En esta sentencia, la Sala Plena de esta
Corporación citó un aparte de la sentencia T-109 de 2009[49], mediante la cual se
fijó en el precedente jurisprudencial que:
“[e]sta
Corporación ha manifestado en múltiples sentencias que la situación de los
servidores públicos que ocupan cargos de carrera en provisionalidad no es
asimilable a la de los funcionarios de libre nombramiento y remoción. Por esta
razón, ha afirmado que los servidores públicos en provisionalidad no pueden ser
desvinculados del servicio por la simple voluntad discrecional del nominador –
como ocurre con los funcionarios de libre nombramiento y remoción -, pues ellos
gozan de una estabilidad laboral relativa. De allí que en un gran número de
sentencias la Corte haya determinado que se vulnera el derecho al debido
proceso cuando, sin la debida motivación, se declara la insubsistencia de
un  servidor que había sido nombrado en provisionalidad en un cargo de
carrera administrativa”.
3.7.7.  Un año más tarde, la Corte confirmó esta
doctrina mediante sentencia SU-691 de 2011[50],
en la cual, abordó la solicitud de protección constitucional de varios
peticionarios que se encontraban en carrera administrativa bajo cargos de
provisionalidad en el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- y en la Fiscalía
General de la Nación, quienes fueron desvinculados de sus cargos sin mediar un
acto administrativo debidamente motivado y, a su vez, recibieron respuesta
insatisfactoria cuando intentaron reclamar su derecho ante la jurisdicción
contenciosa.
En esta ocasión, la
Corte decidió declarar la nulidad de los actos administrativos de
desvinculación y ordenó el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir
desde la fecha del retiro hasta la del reintegro. Además, en esta providencia, este
tribunal agregó que en la orden sobre el pago de salarios y prestaciones
dejados de percibir, debía descontarse aquello percibido del Tesoro Nacional
cuando el desvinculado haya ejercido otros cargos públicos durante el
transcurso de la desvinculación, en atención a lo dispuesto en el artículo 128
de la Constitución Política. En este sentido, además de las órdenes dirigidas a
reconocer el pago de salarios y prestaciones de los afectados, también la Corte
ordenó a las accionadas descontar las sumas de dinero percibidas del erario
público, desde el momento de la desvinculación hasta el reintegro efectivo o
supresión del cargo.
3.7.8.  Igualmente, en el mismo año 2011 se
profirió la sentencia SU-446[51].
Esta providencia analizó el caso de varios funcionarios de la Fiscalía General
de la Nación que se encontraban en cargos de provisionalidad y habían
solicitado a esa entidad hacer uso del acto administrativo por el cual se
consolidó el registro definitivo de los elegibles para llenar plazas vacantes o
en provisionalidad por ser de la misma naturaleza, perfil y grado de los
ofertados, aunque recibieron respuesta insatisfactoria de la misma. En esta
ocasión, la Corte determinó que los funcionarios en cargos de provisionalidad
no pueden ver afectada súbitamente su situación jurídica al ser desvinculados
del cargos por no encontrarse amparados por el régimen de carrera, además,
estableció para esta ocasión que los funcionarios designados en cargos de
carrera pero sin derecho a ello, debían permanecer en sus plazas pero como
servidores en provisionalidad. Igualmente, esta Corporación precisó que “[L]a
Fiscal General de la Nación o quien haga sus veces, no podrá desvincular a
estos provisionales ni a ningún otro sin cumplir previamente el requisito de
la motivación expresa del acto, tal como lo viene exigiendo la
jurisprudencia constitucional desde hace más de doce años, la cual  se
encuentra resumida en la sentencia SU-917 de 2010”.
En este orden de
ideas, la Sala Plena ordenó a la Fiscalía General de
la Nación vincular “(…) en forma provisional, en el evento de existir
vacantes en un cargo igual o equivalente al que ocupaban, a todos aquellos
servidores que fueron retirados de la entidad con fundamento en el concurso
convocado en el año 2007, siempre y cuando demuestren al momento de su
desvinculación y al momento del posible nombramiento, una de estas tres
condiciones: i) ser madres o padres cabeza de familia; ii)
ser personas próximas a pensionarse, entiéndase a quienes para el 24 de
noviembre de 2008 -fecha en que se expidió el Acuerdo 007 de 2008- les faltaren
tres años o menos para cumplir los requisitos para obtener la respectiva
pensión; y iii) estar en situación de discapacidad, como una medida de
acción afirmativa,  por ser todos ellos sujetos de especial protección”.
Asimismo, ordenó iniciar los trámites para convocar el concurso o concursos
públicos necesarios para proveer todos y cada uno de los cargos de
carrera que eran ejercidos en la actualidad bajo provisionalidad y los que se
encontraran vacantes, incluidos los cargos permanentes y transitorios creados
por la Ley 975 de 2005 y el Decreto 122 de 2008.
3.7.9.  A partir de lo expuesto, se observa que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido la tesis por la cual se garantiza a
los funcionarios de carrera nombrados en provisionalidad, el derecho de ser
removido de sus cargos mediante acto administrativo debidamente motivado. En su
defecto, la Corte ha ordenado declarar nulo aquellos actos carentes de
motivación y, en su lugar, ha determinado el reintegro del afectado al cargo
que venía ejerciendo con la finalidad de garantizar sus derechos fundamentales
a la estabilidad laboral, a la igualdad y al debido proceso.
Asimismo, se han
ordenado una serie de medidas tendientes al reconocimiento de salarios y
prestaciones sociales dejadas de percibir desde el momento de la desvinculación
hasta el efectivo reintegro, aunque las mismas han sufrido una serie de modificaciones
que han establecido limitantes a las mismas con ocasión a la posibilidad que
estos funcionarios hayan excedido el tiempo de lo que puede considerarse como
reparación o compensación por el efecto lesivo del acto de desvinculación. En
todos estos eventos, la Corte exige por regla general que se agote el
procedimiento ordinario dispuesto para dichos efectos.
4.      CASO
CONCRETO
4.1.   BREVE RESUMEN DE LOS HECHOS
4.1.1.  El señor Luis Antonio
Ascencio solicita por vía de tutela la protección de sus derechos
fundamentales aldebido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y otros,
presuntamente conculcados por elTribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sub-Sección
“C”.
4.1.2.  Conforme a la descripción de los antecedentes, el
accionante laboró durante 15 años en la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca, desde el 20 de noviembre de 1987 y hasta el
15 de noviembre de 2002, nombrado en provisionalidad y habiendo ejercido como último
cargo el de Profesional Especializado 3010-16.
Aduce que fue removido del cargo sin mediar acto
administrativo motivado y sin consideración de las advertencias de la
Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República que
indicaban las fuertes irregularidades presentadas durante el proceso de
restructuración de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.
4.1.3.  Por lo anterior decidió interponer acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, tramitada en única instancia por el Tribunal
Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”,
que mediante sentencia del 29 de julio de 2005, decidió negar las pretensiones
de la demanda.Luego de
intentar obtener apelación de la decisión, la misma fue rechazada por el mismo
Tribunal en la Subsección “C” y por el Consejo de Estado.
4.1.4.      En consecuencia, presentó acción de tutela el día 18 de octubre de 2006, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, entre otros. No obstante, en ambas instancias, el
Consejo de Estado rechazó por improcedente esta acción de tutela y, a su vez, la misma fue rechazada para su
revisión por parte de la Sala de Selección de la Corte Constitucional.
4.1.5.  El día 17 de julio de 2008, el accionante interpuso nuevamente acción de tutela contra el Tribunal por considerar que no recibió respuesta de fondo a su solicitud.Sin embargo, esta solicitud fue
rechazada nuevamente por improcedente en ambas instancias por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca y el Consejo Superior de la Judicatura.
4.2.
ANÁLISIS PREVIO.
CONFIGURACIÓN DE COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL.
En principio, como quedó expuesto
anteriormente, no es posible admitir la duplicidad de acciones de tutela,
básicamente por cuanto ello vulnera el principio de cosa juzgada
constitucional. No obstante, existen eventos en los que a pesar de presentarse
aparentemente esta circunstancia, un estudio más detallado muestra que no se
configura la cosa juzgada constitucional.
Previo al estudio de los presupuestos de
procedencia de la acción de tutela, esta Sala debe concretar que en el caso
expuesto no es posible predicar la existencia de cosa juzgada constitucional en
estricto sentido. La acción de tutela encuadra dentro de dos causales que permiten
aceptar la procedencia de la misma, lo cual se explica de la siguiente forma:
4.2.1.1.   En primer lugar, se configura la causal de
hecho nuevo. Esta circunstancia se presenta como producto de un fallo emitido
por esta Corporación en el año 2007, durante el transcurso de la primera acción
de tutela, la cual se interpuso el día18 de octubre
de 2006, mientras que
la segunda, fue presentada el día 17 de julio del año 2008.
Mediante sentencia T-887 de 2007[52], la Sala Séptima de
Revisión de esta Corporación abordó la solicitud de protección constitucional
instaurada por un ciudadano que laboraba como mecánico en la Corporación
Autónoma Regional –CAR- de Cundinamarca, nombrado provisionalmente en cargo de
carrera y desvinculado en el año 2002 de la corporación mediante declaratoria
de insubsistencia con acto administrativo carente de motivación. Luego que el
accionante intentara infructuosamente el reclamo de su derecho por vía
administrativa, e igualmente le fuera rechazada la acción de tutela en ambas
instancias por el Consejo de Estado, la Corte procedió a revocar las sentencias
de instancia y en su lugar concedió la protección de los derecho invocados,
bajo la consideración que los funcionarios de carrera nombrados en provisionalidad
gozan de un grado de estabilidad laboral que les permite acceder a las razones
concretas por las cuales fueron desvinculados del cargo. Sobre el particular,
en esta sentencia, la Corte manifestó:
“No sobra recordar en este lugar que, de
acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia constitucional, para que un
acto administrativo de desvinculación se considere motivado es forzoso explicar
de manera clara, detallada y precisa cuáles son las razones por las cuales se
prescindirá de los servicios del funcionario en cuestión. No basta, por tanto,
llenar páginas con información, doctrina o jurisprudencia que poco o nada se
relacionan con el asunto en particular y luego en uno o dos párrafos decir que
“por los motivos expresados” se procederá a desvincular al funcionario”[53].
La situación descrita por la Sala Séptima
de Revisión en esa oportunidad, se adecúa de manera coordinada con la condición
presentada por el actor en esta ocasión, ya que la misma entidad –CAR
Cundinamarca- incurrió en el mismo yerro cometido en ese entonces, al haber notificado
al actor de su desvinculación con un documento que adolecía de razones claras,
detalladas y precisas sobre las causas de esa decisión. Además, es necesario
cotejar esta circunstancia con lo referido por la Procuraduría General de la
Nación y la Contraloría General de la República respecto al proceso de
restructuración de la CAR Cundinamarca, de lo cual expusieron las serias
inconsistencias e irregularidades a través de las cuales se gestó este proceso,
y que a su vez, vulneraron los derechos de los trabajadores afectados con esta
reorganización.
Linealmente con lo expuesto, durante el
trámite y análisis de la segunda acción de tutela, se presentaron
pronunciamientos que asentaron la doctrina sobre la necesidad de motivación de
actos administrativos que desvinculan funcionarios de carrera en
provisionalidad.
En el año 2010, esta Corporación profirió
la sentencia SU-917, la cual, como quedó expuesto anteriormente, unificó la
jurisprudencia sobre cargos de carrera en provisionalidad y desarrolló el
concepto de estabilidad laboral relativa a favor de estos funcionarios, con el
propósito de hacer efectivos los principios del Estado Social de Derecho
relativos a la igualdad y acceso a la función pública. Asimismo, dejó en firme
la tesis por la cual estos funcionarios deben ser removidos mediante acto
administrativo debidamente motivado y, así también, aquella por la cual tienen
el derecho a recibir otros beneficios que se mencionaron en los acápites
anteriores. Esta providencia es un tas que consolidó la posición de la Corte
Constitucional frente a los derechos que recaen en cabeza de funcionarios de
carrera en provisionalidad.
En el año 2011, se profirió la sentencia
SU-691, a través de la cual se extendieron las garantías de los funcionarios de
carrera en cargos de provisionalidad y se limitó el alcance de la orden de
pagar salarios y prestaciones dejadas de percibir, para lo cual la Sala se
remitió a la sentencia SU-917 de 2010, y determinó que: (i) para ese
caso, por tratarse de una sentencia de reemplazo, se debía anular el acto
administrativo; (ii) se debía reintegrar al afectado al cargo que venía
desempeñando en provisionalidad o uno semejante, siempre que hubiere sido provisto
por concurso de méritos; (iii) se debían pagar salarios y prestaciones
dejados de percibir.
En este orden de ideas, la Sala considera
que en esta ocasión se configura de manera excepcional la posibilidad de
proceder al estudio de fondo de la presente acción de tutela, con el propósito
de brindar una respuesta de fondo y concreta frente a su solicitud planteada y
con ello garantizar el ejercicio del derecho de contradicción y defensa del
actor[54].
Además, esta Sala encuentra evidente que el
Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sub-Sección “C” y los jueces que conocieron de
las respetivas solicitudes de apelación, así como los jueces de instancia en la
acción de tutela, inadvirtieron la jurisprudencia constitucional en materia de
garantías para funcionarios nombrados en provisionalidad, ya que si bien antes
de las sentencias de unificación mencionadas se presentaron casos asilados que
aún no representaban una posición concreta por parte del órgano constitucional,
entre los mismos se empezaron a reconocer derechos y la necesidad de motivar debidamente
los actos administrativos que desvinculan a estos funcionarios, que posteriormente fueron el fundamento
para las sentencias de unificación mencionadas.
4.2.1.2.
En segundo lugar, se
advierte que no puede hablarse en estricto sentido de cosa juzgada
constitucional, ya que el peticionario aún no ha obtenido una respuesta de
fondo a su solicitud. Sobre el particular, es
evidente que el Consejo de Estado, en ambas instancias, omitió el
pronunciamiento sustancial sobre la acción de tutela interpuesta el día 18 de
octubre de 2006, respecto de la cual evitó el análisis de fondo amparado en la
facultad de autonomía judicial e improcedencia de la acción de tutela en contra
de sentencias.
Mediante Auto 100 de 2008[55], esta
Corporación determinó que en los eventos en los cuales una acción de tutela
fuera inadmitida por una alta corte en contra de una de sus providencias, el
ciudadano podrá ejercer nuevamente la acción de tutela ante cualquier otra
autoridad judicial y solicitar ante la Corte Constitucional su respectiva
selección. Sobre el particular, dicho Auto manifestó:
“Debido a la efectiva conculcación de los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y de tutela
judicial efectiva de los accionantes que puede tener lugar en casos similares
al estudiado en la presente decisión, en el cual a pesar que el peticionario
hizo uso de la regla fijada en el Auto 04 de 2004 y ante la negativa de la Corte
Suprema de Justicia a admitir la acción instaurada acudió ante otras
autoridades judiciales las cuales tampoco abocaron el conocimiento de la
petición presentada, en adelante, cuando se presente una situación semejante en
la cual la Corte Suprema de Justicia no admita a trámite una acción de tutela
contra una de sus providencias, el tutelante tendrá la opción de  (i)
acudir a la regla fijada en el Auto 04 del 3 de febrero de 2004, es decir,
presentar la acción de tutela ante cualquier juez (unipersonal o colegiado) o
incluso ante una corporación judicial de la misma jerarquía de la Corte Suprema
de Justicia; o (ii) solicitar ante la Secretaría General de la Corte
Constitucional, que radique para selección la decisión proferida por la Corte
Suprema de Justicia en la cual se concluyó que la acción de tutela era
absolutamente improcedente, con el fin de que surta el trámite fijado en las
normas correspondientes al proceso de selección. Para este efecto, el
interesado adjuntará a la acción de tutela, la providencia donde se plasmó la
decisión que la tutela era absolutamente improcedente, así como la providencia
objeto de la acción de tutela”.
A partir de esta aclaración, es posible
observar que el caso planteado es semejante al narrado en la cita, en la medida
que el actor nunca recibió respuesta de fondo a su solicitud por parte de una
alta corte, la cual se apoyó en el argumento de la autonomía que cobija a los
funcionarios judiciales y la independencia en sus decisiones para inadmitir el
análisis de fondo sobre la petición constitucional. Este fue precisamente el
fundamento que utilizó el Consejo de Estado para rechazar el estudio
constitucional de la solicitud.
4.2.1.3.
En este
sentido, es posible admitir la presente acción de tutela bajo la consideración
que se profirió una sentencia en el año 2007 que constituye un hecho nuevo y
por cuanto se rechazó el estudio de fondo sobre una solicitud constitucional
que correctamente advertía sobre irregularidades que afectaban el derecho al
debido proceso del peticionario. Ambas circunstancias, permiten que no alcance
a consolidarse la cosa juzgada constitucional en este caso y con ello se vuelva
procedente la presente acción de tutela.
4.2.   ESTUDIO DE LOS PRESUPUESTOS
DE PROCEDENCIA
Vistos los argumentos de las partes y analizado el
material probatorio obrante en el expediente, la Sala entra a realizar el
estudio del caso concreto con base en las subreglas definidas por esta
Corporación.
4.2.2. Relevancia Constitucional
Como se expuso anteriormente, el
actor manifiesta en el libelo que sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
a la igualdad y otros, fueron vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sub-Sección “C”, lo cual estima como un hecho que adquiere relevancia constitucional.
En relación con este
requerimiento, esta Sala encuentra que el mismo se configura en el caso que se
expone, toda vez que puede presentarse una vulneración al derecho fundamental
al debido proceso y a las garantías constitucionales en materia laboral de las
cuales goza el actor, así como el incumplimiento de ciertos deberes
constitucionales en cabeza de nominadores o empleadores.
4.2.3. Agotamiento
de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios.
En los términos de las definiciones anteriormente
señaladas, para la procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de
decisiones judiciales, es igualmente necesario que el accionante no cuente con
otro medio de defensa judicial, o en su defecto, que aquellos con los cuales
dispone no resulten idóneos para garantizar la protección del derecho.
Bajo esta concepción, y en consideración a lo
expuesto, para esta Sala es claro que el actor agotó los medios de defensa y
contradicción con los cuales disponía dentro del proceso contencioso
administrativo de única instancia, razón que inexorablemente dejó como único
recurso frente al caso la acción de tutela. El actor inició el proceso contencioso y ejerció el
respectivo recurso de apelación oportunamente, aunque, como debidamente lo
explicó el Consejo de Estado, el asunto no era susceptible de doble instancia
en razón de la cuantía. Ante esta decisión, el accionante decidió presentar
recurso de revisión como última herramienta de defensa judicial ordinaria con
la cual contaba, sin embargo frente a la misma recibió respuesta
insatisfactoria.
4.2.4. Plazo
razonable (inmediatez).
En
virtud de la naturaleza de protección inmediata que reviste la acción de
tutela, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que si bien no
existe un plazo determinado por el legislador, la esencia misma del amparo
conlleva a concebir su ejecución dentro de un plazo razonable que exponga la
actualidad de la vulneración de los derechos fundamentales del accionante[56]. En el caso que se
aborda en esta ocasión, la acción de tutela cumple con este requisito, si se
tiene en cuenta que no alcanza a configurarse la cosa juzgada constitucional en
estricto sentido y, además, el actor ejerció diligentemente y forma continua
los recursos de defensa con los que contaba.
4.2.5. Incidencia
directa de una irregularidad procesal en la vulneración de los derechos
fundamentales.
Vistos
los hechos y argumentos que obran en el expediente, y cotejada la información
con el material probatorio aportado, la Sala observa que el actor describe con
claridad el hecho que procesal que generó vulneración a sus derechos
fundamentales, sobre el cual alega que se basa en un defecto fáctico
materializado en la inobservancia de los conceptos presentados por la
Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.
4.2.6. Identificación
de los hechos que generan violación del derecho fundamental.
Los
hechos que se narran en el expediente permiten apreciar con claridad las
actuaciones que, a juicio del accionante, constituyen una violación a sus
derechos fundamentales. Estos hechos son enmarcados por el actor de la
siguiente forma: (i) desvinculación del cargo público sin mediar acto
administrativo debidamente motivado; (ii) aplicación del régimen de
empleados de libre nombramiento y remoción para un cargo de carrera en
provisionalidad; (iii) inobservancia del material probatorio que
demostraba las serias irregularidades en el proceso de restructuración de la
CAR Cundinamarca; y (iii) falta de pronunciamiento de fondo sobre los
hechos y pretensiones en la acción de tutela interpuesta previamente.
4.2.7. No
se controvierte una sentencia de tutela.
La
acción de tutela que se estudia se encuentra dirigida a desvirtuar una
sentencia judicial surtida dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.
4.3.   ANÁLISIS
DE LAS CAUSALES DE PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
DECISIÓN JUDICIAL EN EL CASO CONCRETO.
Una vez analizados los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela para el caso
concreto, cabe recordar que nos encontramos frente a una solicitud de
protección constitucional en contra de una providencia judicial, lo cual nos
conduce inexorablemente al análisis adicional de procedencia de la acción de tutela
para estas eventualidades, relativo a la configuración de alguno de los
defectos en que puede incurrir una apreciación judicial.
En esta oportunidad, el accionante alega que las
decisiones surtidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, incurrieron en los defectos: (i) material o sustantivo, por
cuanto aplicaron de forma incorrecta normas del ordenamiento para supuestos
fácticos que no se adaptaban a su condición; y (ii) fáctico, toda vez
que no se tuvieron en cuenta conceptos técnicos del Ministerio Público que
resaltaban las irregularidades dentro del proceso de restructuración de la CAR.
De esta forma, la Sala logra
evidenciar que: (i) se presentó un defecto material o sustantivo causado
por una incorrecta valoración judicial al equiparar los cargos de carrea en
provisionalidad con los cargos de libre nombramiento y remoción. Por lo tanto,
considera la Sala necesario entrar a pronunciarse sobre los elementos
materiales del caso; (ii) se presentó un defecto fáctico, por cuanto
efectivamente las decisiones de instancia no se pronunciaron sobre las
irregularidades que de forma insistente advirtió el Ministerio Público sobre el
proceso de restructuración de la CAR Cundinamarca, lo cual significa que no se valoraron
conceptos técnicos que tenían la virtualidad de cambiar el sentido de la
decisión.
4.4.1.  En primer lugar, Sala observa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Sub-Sección “C”,  incurrió en un defecto material al haber aplicado los criterios de
valoración propios de funcionarios de libre nombramiento y remoción, para un
caso que involucraba un cargo de carrera en provisionalidad. En este sentido,
el Tribunal consideró que el accionante había perdido los derechos propios de
los funcionarios de carrera al haber tomado posesión de un cargo en
provisionalidad y, además, no podía asimilarse que los funcionarios en
provisionalidad adquirieran un grado de estabilidad laboral relativa asimilable
a los de carrera.
Sobre este punto, es necesario indicar que
durante el trascurso de su labor, el accionante logró inscribirse en la carrera
administrativa y ejercer al final de su trayectoria un cargo de carrera en
provisionalidad. De esta manera, como se analizó anteriormente, el actor gozaba
de una estabilidad laboral relativa o intermedia que le brindaba ciertas
garantías propias de los funcionarios de carrera. Entre estas garantías, se
encontraban:
(i)
El derecho de
conocer las razones claras, detalladas y precisas que llevaron al nominador a
decidir sobre la desvinculación del funcionario.
En este punto, la Sala advierte que el
actor únicamente fue notificado de una comunicación por la cual se le informaba
sobre la supresión del cargo y en la que no se incorporaron razones claras y
precisas sobre su retiro. La razón de la decisión plasmada en la resolución de
retiro se basó en el proceso de restructuración de la CAR, dentro del cual se
había tomado la decisión de suprimir el cargo en que se encontraba en actor, lo
que evidentemente no ofrece herramientas para que el funcionario hubiese podido
conocer con precisión sobre las razones que llevaron a la Administración a
rechazar el trabajo y servicio de un empleado que había laborado
aproximadamente 15 años dentro del sector público.
(ii)
Encontrarse exento
de la discrecionalidad valorativa del nominador para su desvinculación.
Como se expuso anteriormente, las razones
expuestas por la CAR Cundinamarca no alcanzaron a detallar con precisión las
razones de la desvinculación del actor. De esta forma, dicha comunicación
refleja con claridad una inclinación discrecional en la decisión más que una
valoración objetiva y técnica del asunto.
(iii)
Ser removido del
cargo únicamente por factores disciplinarios, de rendimiento laboral o
provisión por funcionario que ganó el concurso.
Para esta Sala es claro que entre las razones que
llevaron a la desvinculación del peticionario no se presentaron argumentos de
tipo disciplinario u observaciones negativas por bajo rendimiento laboral.
Asimismo, deacuerdo a las pruebas aportadas por el peticionario y, como quedó descrito
anteriormente, no se presentaron sujetos con mejor derecho para ocupar el cargo
que desempeñaba en actor.
Ninguna de estas garantías se presentó en
el caso concreto del accionante, quien fue retirado mediante un acto
administrativo que informaba sobre la supresión de unos cargos, entre los que
se encontraba el que ocupaba, sin que se le ofrecieran las herramientas lógicas
para brindarle una respuesta razonable a un funcionario de carrera en un cargo de
provisionalidad. De esta forma, es posible notar que el caso en estudio es muy
semejante al citado anteriormente en sentencia T-887 de 2007[57], dentro del cual la
Sala Séptima de esta Corte concedió la protección de los derechos fundamentales
invocados, por cuanto los funcionarios de carrera en provisionalidad poseen un
grado de estabilidad laboral que les permite ser desvinculados del cargo
mediante un acto jurídico que explique “(…) de manera clara,
detallada y precisa cuáles son las razones por las cuales se prescindirá de los
servicios del funcionario en cuestión”, circunstancia que evidentemente no
existió en esta oportunidad y produjo la afectación a los derechos
fundamentales del accionante.
Así las cosas, para esta Sala es evidente
que el Tribunal equiparó los cargos de carrera en provisionalidad con los de
libre nombramiento y remoción, al haber aplicado el marco doctrinal de estos
últimos a los cargos de carrera nombrados en provisionalidad, lo cual, como se
expresó en acápites anteriores, es un situación jurídica incompatible.
4.4.2.  En segundo lugar, en relación con el defecto fáctico,
esta Sala observa que el mismo se encuentra configurado si se tiene en cuenta
que los sentenciadores de instancia no se pronunciaron respecto de las anomalías
que fueron constantemente advertidas por la Contraloría General de la República
y la Procuraduría General de la Nación. En los informes presentados por estas
entidades se apercibir las irregularidades e inconsistencias de las cuales
adolecía el proceso de restructuración de la CAR Cundinamarca, lo cual
constituía un concepto fundamental para la valoración judicial y que debió
haberse tenido en cuenta para el análisis de este caso.
Así las cosas, a pesar que se anexó la
Resolución por la cual se declaró el proceso de restructuración de la CAR
Cundinamarca con los análisis que llevaron a esta decisión, la misma había sido
fuertemente controvertida por los conceptos presentados por la Procuraduría
General de la Nación y la Contraloría General de la República, los cuales
lograron advertir sobre las inconsistencias e irregularidades del proceso de
restructuración de la CAR y, a su vez, hicieron ver estas razones en un
fundamento poco coherente que lograra ofrecer al perjudicado la oportunidad para
contradecir estos motivos. De esta forma, a pesar que los funcionarios
judiciales gozan de autonomía en la valoración del material probatorio que se
somete a su consideración, así como frente a los conceptos e intervenciones que
presenta el Ministerio Público, ello no obsta para que deban evitar la
apreciación de las mismas al punto de incurrir en una vulneración a los
derechos fundamentales del ciudadano al acceso a la administración de justicia,
debido proceso y defensa.
En este orden de ideas, como se explicó
anteriormente, mediante sentencia T-887 de 2007, esta Corporación resolvió
sobre la petición constitucional de un funcionario de la CAR Cundinamarca que
se encontraba en las mismas calidades y condiciones del accionante. En esta
oportunidad, el actor interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que fue avocada por el mismo Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “B”, proceso dentro del cual el concepto presentado por la
Procuraduría General de la Nación determinó que[58]: “[E]n el caso in
examine, debemos recordar que las funciones que adoptó la CAR en el nuevo
manual, son iguales para  todos los cargos de la misma denominación, código y
grado, dependiendo del área o lugar al que cada uno sea asignado”.
De igual manera, la Contraloría General de
la República informó las siguientes imprecisiones del proceso de
restructuración de la CAR Cundinamarca:
(i)      El proceso de selección del contratista no
contó con los términos suficientes para que hubiera una mayor concurrencia de
proponentes, lo cual evidencia un desconocimiento de los principios y deberes
que rigen la contratación estatal (…) cabe resaltar, que la única firma
proponente fue la firma finalmente contratada.
(ii)   Este contrato fue adicionado en $50
millones y prorrogado en 75 días calendarios. Se observa que con base en una
comunicación del banco, este certifica que el consultor abrió la cuenta para el
manejo del anticipo sólo a partir del 4 de septiembre de 2001.
(iii)  Del estudio al contrato citado, se
evidenció que para la implantación de la planeación y direccionamiento de la
entidad, no se determinaron y construyeron indicadores de Gestión y de
Desempeño, que le permitieran a la entidad evaluarse en el inmediato, corto,
mediano y largo plazo, en cuanto al mejoramiento de su eficiencia y eficacia.
(…)
(iv)   La muestra selectiva fue tomada de 18
funcionarios, seleccionados por la Subdirección de Planeación, lo que equivale
a decir que se contó con la participación de tan solo el 2.08 por ciento del
total de 865 funcionarios con que contaba la CAR (…).
(v)    La CGR, establece que la muestra además de
no ser representativa (2.08%) es sesgada, por cuanto los funcionarios que
participaron en ella no fueron seleccionados objetivamente, que permitieran la
participación de un mayor número de funcionarios de toda la organización, tanto
a nivel central como de las regionales, participaran en un proceso de vital
importancia, pues se estaba definiendo el modelo de planeación que requiere la
entidad.
(vi)   De acuerdo con lo manife4stado por el
Consultor, se realizaron talleres de sensibilización en el que participaron a
nivel central tan solo el 24.62 por ciento de los funcionarios, con el
agravante de una baja participación de los Directivos; lo cual demuestra que a
la Alta Dirección no le interesaba el resultado de la planeación y
direccionamiento estratégico contratado, desconociendo que eran ellos quienes
primero debían tener claridad en cuanto al resultado del proyecto.
(…)
Llama
la atención que un estudio de esta magnitud sea desarrollado a través de un
consultor, quien no presentó el equipo de trabajo, desconociéndose la clase de
profesionales, la experiencia de cada uno de los mismos, etc; siendo aprobada
la propuesta de esta manera, y así cumplir aparentemente con las obligaciones
contraídas
(…)”[59].
Estas fueron
algunas de las irregularidades encontradas por la Procuraduría General de la
Nación y la Contraloría General de la República plasmadas dentro de los
informes e intervenciones realizadas en los diferentes procesos adelantados por
funcionarios de la CAR Cundinamarca afectados arbitrariamente por el proceso de
restructuración. Las mismas fueron igualmente incorporadas dentro de este
proceso de tutela mediante las intervenciones que realizaron dichas entidades.
4.4.3.  Por lo anterior, esta Sala procederá a dejar sin
efectos la sentencia del 04 de septiembre de 2008 proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria, que declaró la improcedencia de la acción de
tutela incoada por el señor Luis Antonio Ascencio. Igualmente, se dejará sin
efectos la sentencia del 16 de octubre de 2008, pronunciada por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la judicatura, que confirmó en segunda instancia la declaratoria de
improcedencia de la acción de tutela. Asimismo, se procederá a dejar sin
efectos la sentencia de segunda instancia dentro del mismo proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, pronunciada el día 02 de septiembre de 2005 por
el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “C”, que confirmó la negativa sobre las pretensiones de actor. En su
lugar, se concederá la tutela a los derechos fundamentales al debido proceso, a
la administración de justicia y a la igualdad, invocados por el peticionario y,
por tanto, se ordenará al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “B”, proferir una nueva sentencia con base en la
parte motiva de esta providencia.
4.5.
Conclusiones
El señor Luis Antonio Ascencio interpuso
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sub-Sección “C”, por considerar que fueron
vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, igualdad y otros, toda vez que el Tribunal incurrió en un
defecto material y en un defecto factico al momento de valorar en segunda
instancia los hechos y pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho que buscaba reintegrarlo al cargo que venía ocupando o, en su
defecto, lograr la respectiva indemnización.
Según narra el actor, luego de haber
quedado inscrito en carrera administrativa el día 19 de agosto de 1988, entró a
ocupar un cargo en provisionalidad dentro de la CAR Cundinamarca, del cual fue
desvinculado sin que mediara acto administrativo debidamente motivado y bajo
apreciaciones relativas a los funcionarios en cargos de libre nombramiento y
remoción. Luego de haber agotado la vía ordinaria y los mecanismos de defensa
con los cuales contaba, el peticionario interpuso acción de tutela el día 18 de
octubre del año 2006, sin que la misma fuera resuelta de fondo por parte del
Consejo de Estado. No obstante, inconforme con esta respuesta presentó
nuevamente acción de tutela el día 17 de julio de 2008.
4.5.1.  Para el caso que se plantea en esta
ocasión, esta Sala considera la posibilidad de analizar de fondo la solicitud,
toda vez que la figura de cosa juzgada constitucional no alcanzó a desplegar
sus efectos en esta oportunidad. Esta consideración se basa en las siguientes
razones:
4.5.1.1.
En primer lugar,
en el transcurso de ambas acciones de tutela, la Sala Séptima de Revisión de
esta Corporación profirió la sentencia T- 887 de 2007[60], mediante
la cual resolvió un caso análogo al que ahora se estudia y sostuvo que los
empleados de carrera que ocupan cargos en provisionalidad gozan de un grado de
estabilidad laboral que les permite ser desvinculados del cargo mediante acto
jurídico motivado en forma clara, detallada y precisa, y no a través de
información inocua.
4.5.1.2.
En segundo
lugar, el actor nunca recibió respuesta de fondo a la petición presentada,
hecho que debe considerarse en esta ocasión si se tiene en cuenta que mediante
Auto 100 de 2008 esta Corte otorgó a los ciudadanos la posibilidad de presentar
nuevamente la acción de tutela cuando la misma ha sido rechazada por una alta
corporación judicial bajo el argumento que contra las sentencias de estos
tribunales no procede la acción de tutela.
4.5.2.  Una vez realizadas las anteriores
precisiones, esta Sala considera que los derechos fundamentales invocados por
el accionante han sido vulnerados por parte de la CAR Cundinamarca y por la
Sección Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. Esta
tesis encuentra sustento en los siguientes argumentos:
4.5.2.1.
En primer lugar,
se presenta un defecto material o sustantivo, por cuanto el Tribunal
Contencioso aplicó indebidamente el régimen propio para empleados en cargos de
libre nombramiento y remoción para la situación concreta del accionante, quien
ocupaba un cargo de carrera en provisionalidad y por lo tanto gozaba de ciertas
prerrogativas de las cuales adolecen los funcionarios de libre nombramiento.
4.5.2.2.
En segundo
lugar, se presenta un defecto fáctico a causa de la falta valoración impartida
por los sentenciadores a los conceptos del Ministerio Público. Los informes
presentados por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General
de la República lograron advertir las inconsistencias en el proceso de
restructuración de la CAR Cundinamarca, lo cual constituía una prueba
ineludible y que debió haberse apreciado ya que tenía la virtualidad de cambiar
el sentido del fallo.
4.5.3.  En virtud de las consideraciones antedichas, esta Sala
procederá a dejar sin efectos las sentencias de tutela proferidas por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria, y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la judicatura, que declararon improcedente la acción de
tutela. De igual forma, se dejarán sin efectos las sentencias proferidas dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el señor
Luis Antonio Ascencio y resueltas por las secciones “B” y “C” de la Sección
Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. En su lugar,
se concederá la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y
a la igualdad invocados por
el actor, y se ordenará
al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, proferir una nueva sentencia en base a las consideraciones expuestas en esta providencia.
5.      DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión
de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del día cuatro (04) de septiembre de dos
mil ocho (2008) proferida por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, que
declaró la improcedencia de la acción de tutela incoada por el señor Luis
Antonio Ascencio.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del día dieciséis (16) de octubre de dos
mil ocho (2008) proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, que confirmó la declaratoria de improcedencia de la
acción de tutela instaurada por el señor Luis Antonio Ascencio.
TERCERO.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el día dos (02) de septiembre
de dos mil cinco (2005) por el Tribunal Contencioso Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, que confirmó en segunda
instancia la negativa sobre las pretensiones del señor Luis Antonio
Ascencio dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
CUARTO.- CONCEDER la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la igualdad, invocados por el señor
Luis Antonio Ascencio.
QUINTO.- ORDENAR al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “C”, proferir una nueva sentencia con base en las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO.- Por
Secretaría General de la Corte Constitucional, líbrese la comunicación de que
trata el  artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y
cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHLAJUB
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Con salvamento de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
Auto 405/15
Referencia:
solicitud de corrección de la sentencia T-137 de 2014.
Accionante: Luís Antonio
Ascencio.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sub-Sección
“C”.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá
D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil quince (2015).
La Sala Sexta de Revisión de tutelas de la Corte
Constitucional, conformada por los
magistrados Jorge Iván Palacio Palacio –quien la preside-, Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub y Alberto Rojas Ríos en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, procede a dictar resolución sobre la
solicitud de aclaración presentada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Sub-Sección “C”, sobre la
sentencia T-137 de 2014, con base en los siguientes:
I.
ANTECEDENTES
1.
El señor Luís Antonio Ascencio interpuso acción de
tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sub-Sección “B”, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justifica y a la igualdad, entre otros, toda vez que,
luego de haber trabajado durante quince (15) años en la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca (CAR) y haber logrado inscribirse en carrera
administrativa, fue desvinculado del cargo sin recibir indemnización alguna, ni
la oportunidad de ejercer un cargo igual o mejor al que venía desempeñando,
según lo dispone la ley para estas eventualidades.
2.
Mediante sentencia T-137 de 2014, proferida el día trece (13) de marzo dos mil catorce (2014), la Sala
Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional resolvió conceder la
protección de los derechos fundamentales invocados por el accionante, para lo
cual dispuso, en la parte resolutiva de la providencia, lo siguiente:
“PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del día
cuatro (04) de septiembre de dos mil ocho (2008) proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de
la Judicatura de Cundinamarca, que declaró la improcedencia de la acción de
tutela incoada por el señor Luis Antonio Ascencio.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del día dieciséis (16) de octubre de dos
mil ocho (2008) proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, que confirmó la declaratoria de improcedencia de la
acción de tutela instaurada por el señor Luis Antonio Ascencio.
TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el día dos (02) de septiembre
de dos mil cinco (2005) por el Tribunal Contencioso Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, que confirmó en segunda
instancia la negativa sobre las pretensiones del señor Luis Antonio
Ascencio dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
CUARTO. CONCEDER la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, invocados
por el señor Luis Antonio Ascencio.
QUINTO. ORDENAR al Tribunal Contencioso Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, proferir una nueva sentencia con
base en las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO.
Por Secretaría General de la Corte Constitucional, líbrese la
comunicación de que trata el  artículo 36 del decreto 2591 de 1991”.
3.
El día diez (10) de agosto de dos mil quince (2015), el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”,
presentó ante la Secretaría General de esta Corporación escrito mediante el
cual solicita aclaración de la sentencia T-137 de 2014. Sobre el particular,
requiere que esta Corporación corrija o aclare el numeral tercero de dicha
sentencia, por cuanto el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
objeto de revisión fue surtido en única instancia.
II.
CONSIDERACIONES
1.
Procedencia excepcional de la solicitud de aclaración de
sentencias de tutela.
1.1.
La aclaración de sentencias es una figura establecida en el artículo
285 del Código General del Proceso, el cual define a la misma como una medida
excepcional que puede ser ejercida de oficio por el juez o a solicitud de parte,
siempre y cuando la sentencia contenga conceptos o frases ambiguas que sean
verdadero motivo de duda y, a su vez, se encuentren incorporadas en la parte
motiva resolutiva del fallo o influyan en él[61].
1.2.
Linealmente con lo expuesto, la jurisprudencia constitucional ha
indicado que, por regla general, la solicitud de aclaración de sentencias de
tutela configura una petición que no es procedente por virtud del principio de
intangibilidad de cosa juzgada, pues esto representaría una extralimitación de
las competencias establecidas en el artículo 241 de la Constitución Política.
Sin embargo, excepcionalmente, dicha petición es admisible siempre que se
reúnan los requisitos establecidos por el precedente constitucional para estos
efectos. De esta manera, mediante Auto 004 de
2000[62], la Corte indicó que este recurso procede siempre y cuando: (i)
se dirija contra expresiones que causen ambigüedad o duda; (ii) se
enfoque sólo en la parte resolutiva del fallo o en la parte motiva cuando lo
expuesto en ésta influya en aquella; y (iii) reúna los dos elementos
anteriores, pues de lo contrario se mantiene incólume la prohibición al
juzgador de pronunciarse nuevamente sobre un asunto ya decidido. Al respecto,
dicha sentencia expresó:
“(…) se
aclara lo que ofrece duda, lo que es ambiguo, lo que es susceptible de
ocasionar perplejidad en su intelección y, solamente respecto de la parte
resolutiva de los fallos o cuando lo expuesto en la parte motiva influye en
aquella. Es decir, mientras esa hipótesis no se encuentre establecida a
plenitud, se mantiene incólume la prohibición al juzgador de pronunciarse de
nuevo sobre la sentencia ya proferida, pues, se repite, ella es intangible para
el juez que la hubiere dictado, a quien le está vedado revocarla o reformarla,
aún a pretexto de aclararla”.
1.3.
Posteriormente, a través de Auto 286 de 2011[63],
esta Corporación recopiló los conceptos y subreglas definidas por la
jurisprudencia constitucional para estos propósitos. Sobre el particular,
manifestó que las solicitudes de aclaración deben enmarcarse dentro de los
parámetros de oportunidad, legitimidad e interés en la causa, y objeto o
materia sobre la cual versa la aclaración, por lo que este tipo de peticiones
debe reunir los siguientes elementos: (i) que sea presentada dentro del
término de ejecutoria del fallo; (ii) que sea formulada por una de las
partes del proceso; y (iii) que verse sobre la parte resolutiva de la
sentencia o sobre los motivos que influyeron en ésta.
1.4.
En este orden de ideas, según lo expuesto por el Código General del
Proceso y la jurisprudencia constitucional, es posible determinar que la
aclaración no oficiosa de sentencias de tutela debe ser: (i) presentada
dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del fallo; (ii) presentada
por las partes o intervinientes del proceso; y (iii) dirigirse contra
expresiones ininteligibles o ambiguas que se encuentren contenidas en la parte
resolutiva del fallo o en la parte motiva, cuando lo
expuesto en ésta influya en aquella.
III.
CASO CONCRETO
1.
En esta oportunidad, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “C”, considera la necesidad de corregir el numeral
tercero de la parte resolutiva de la sentencia T-137 de 2014,  concretamente,
con el propósito de aclarar que la sentencia proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho fue proferida en única instancia el día
veintinueve (29) de julio de dos mil cinco (2005). Sobre el particular, esta
Sala procederá a realizar en análisis de procedencia de la solicitud de
aclaración que se impetra.
2.
En primer lugar, frente al requisito de temporalidad, concerniente a
la necesidad de presentar la solicitud de aclaración dentro de los tres (3)
días siguientes a la notificación de la sentencia, la Sala observa que en el
caso concreto, mediante Oficio No. 6158 del cuatro (04) de agosto de dos mil
quince (2015), se surtió la notificación a dicha dependencia judicial, es
decir, que al haberse presentado la petición el día diez (10) de agosto de dos
mil quince (2015), la misma sobrepasó el término concedido para estos efectos.
No obstante, esta Sala presumirá la buena del solicitante, cuando afirma que: “(…)
ingresando a este despacho el 05 del citado mes y año, fui notificado de la
sentencia mencionada”.
3.     En segundo lugar, respecto del requisito de legitimación en la causa
por activa, se observa que la petición sometida a consideración fue presentada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “C”, quien fungió como accionado dentro del proceso resuelto
mediante sentencia T-137 de 2014, razón por la cual se encuentra acreditado
este requerimiento.
4.     En tercer lugar, en relación con la exigencia por la cual
la petición de corrección debe dirigirse contra expresiones
ininteligibles o ambiguas que se encuentren contenidas en la parte resolutiva
del fallo, o en la parte motiva del mismo, cuando influyan directamente en
aquella, la Sala encuentra que la observación expuesta por el Tribunal se
dirige a corregir una imprecisión que no tiene la virtualidad de cambiar la
parte motiva ni resolutiva de la sentencia T-137 de 2014. No obstante, con el
propósito de evitar que se presenten interpretaciones ambiguas sobre la misma,
la Sala procederá a corregir el numeral tercero de la parte resolutiva del
fallo, en el sentido de indicar que, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 25000-23-14-000-2003-1123-01, la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Sub-Sección “C”, fue pronunciada en única instancia el día
veintinueve (29) de julio de dos mil cinco (2005).
5.     En
virtud de lo anterior, la Sala procederá a realizar la respectiva corrección
dentro del numeral tercero de la sentencia T-137 de 2014, el cual quedará de la
siguiente forma: “TERCERO. DEJAR SIN
EFECTOS la sentencia proferida el día veintinueve (29) de julio de
dos mil cinco (2005) por el Tribunal Contencioso Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, que negó en única instancia
las pretensiones del señor Luis Antonio Ascencio dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho”.
RESUELVE:
PRIMERO: CORREGIR el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia T-137 de
2014, el cual quedará de la siguiente forma: “TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el día veintinueve (29) de
julio de dos mil cinco (2005) por el Tribunal Contencioso Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, que negó en única
instancia las pretensiones del señor Luis Antonio Ascencio dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho”.
SEGUNDO:
ORDENAR a la Secretaría General de
esta Corporación comunicar al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sub-Sección “C”, y al señor
Luis Antonio Ascencio, la decisión
adoptada en esta providencia.
Comuníquese y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[2] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[3] Ver Sentencia T-1241 de
2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[4]Ver entre otras sentencias de la Corte Constitucional: T- 125 de
2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T- 100 de 2010, M.P. Juan Carlos
Henao Pérez; T- 060 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo; T- 1095 de 2004,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T- 1103 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández; T- 1154 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T- 1189 de 2004, M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra; T- 169 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa;
T- 613 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T- 906 de 2005, M.P. Alfredo
Beltrán Sierra; T- 966 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T- 555 de
2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
[5] Ver Sentencias T-133 de 2010 y T-383 de 2011, M.P. Nilson Pinilla
Pinilla
[6] Código General del Proceso, artículo 302. “Las providencias proferidas en
audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o
no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta
la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan
ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos
o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren
procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos.
Artículo 303. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse
sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos
procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes
cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que
figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la
demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás
casos.
En los procesos en que se emplace a personas
indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la
cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el
emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario
de revisión.
Artículo 304.  No
constituyen cosa juzgada las siguientes sentencias:
1. Las que se dicten en procesos de jurisdicción
voluntaria, salvo las que por su naturaleza no sean susceptibles de ser
modificadas.
2. Las que decidan situaciones susceptibles de
modificación mediante proceso posterior, por autorización expresa de la ley.
3. Las que declaren probada una excepción de carácter temporal que
no impida iniciar otro proceso al desaparecer la causa que dio lugar a su
reconocimiento.
[7] Decreto 2591 de 1991, artículo 37: “(…) El que interponga la
acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha
presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la
solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio”.
En relación con el juramento que deben prestar los interesados en
adelantar una acción de tutela, mediante sentencia T-986 de 2004, M.P. Humberto
Sierra Porto, la Corte precisó que esta medida tiene como finalidad: “prevenir
la utilización abusiva de la acción de tutela además de impedirla concurrencia
de fallos eventualmente distintos o contradictorios en torno al mismo caso,
para lo cual la propia norma legal ordena que la competencia para conocer de
las acciones de tutela se radique “... a prevención en los jueces o tribunales
con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que
motivaron la presentación de la solicitud”.
Artículo 38: Actuación temeraria. “Cuando sin motivo
expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma
persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o
decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de
tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la
suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de
reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las
demás sanciones a que haya lugar”.
[8] Auto 127 de 2004, M.P. Jaime Araújo
Rentería.
[9]
Sentencia T-649 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[10] M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[11] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[12] Ver entre otras sentencias: T-583 de 2006, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra; T-939 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-981 de 2006,
M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-242 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa;T-1103 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto;­­­­T-1204 de 2008,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1233 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-759 de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-560 de 2009, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-819 de 2009, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto; T-151 de 2010, M.P.
Nilson Pinilla Pinilla;T-196 de 2010, M.P. María
Victoria Calle Correa;T-660 de 2011, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio;T-326 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo;T-380 de 2013,
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez;T-605 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[13]Ver entre otrassentencias: T- 1169 y T-1215 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández ; T-1083 de 2003,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa ; T- 707 y T-721 de 2003, M.P. Álvaro Tafur
Galvis ;  T-336 y T- 082 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[14]Sentencia T- 1169 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[15] Ver sentencias: T-751 de 2007, M.P. Clara
Inés Vargas Hernández; T-362, T-301 y T-184 de 2007,
M.P.Jaime Araújo Rentería.
[16] Sentencia T-718 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[17]Constitución Política de 1991, artículo 125: “Los
empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los
de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley.
Los
funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.
El
ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar
los méritos y calidades de los aspirantes.
El
retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo;
por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en
la Constitución o la ley.
En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá
determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción.
PARÁGRAFO.<Parágrafo adicionado por el artículo 6 del
Acto Legislativo 1 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:>
Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos
de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o
elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su
titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido”.
[18] En relación con la carrera administrativa, el artículo 27 de la Ley
909 de 2004, dispone: “La carrera administrativa es un sistema técnico de
administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la
administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para
el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el
ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará
exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que
se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna”.
[19] Sentencia C-1230 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[20] En el artículo 5º de la ley se establece la distinción entre los
distintos empleos en organismos y entidades oficiales, respecto de lo cual
consagra: “Los empleos de los organismos y entidades regulados por la
presente ley son de carrera administrativa, con excepción de:
1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la
Constitución Política y la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas
funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas conforme con su
legislación.
2. Los de libre nombramiento y remoción (…)”.
Mediante sentencia C-553 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, la
Corte determinó que: “El empleo de libre nombramiento
y remoción deberá corresponder a una de las siguientes categorías: (i) cargos
que tengan funciones directivas, de manejo, conducción u orientación política o
institucional, casos en los cuales la jurisprudencia ha aceptado que habida
cuenta la naturaleza de la responsabilidad encomendada y los necesarios
direccionamientos político – administrativos de las entidades, conviene que
sean proveídos mediante instrumentos excepcionales, distintos al concurso
público de méritos; o (ii) empleos que requieran un grado de confianza mayor al
que se predica de la función pública ordinaria, en razón de la trascendencia y
grado de responsabilidad administrativa o política de las tareas encomendadas”.
[21] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[22]Sentencia C-563 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes.
[23] M.P. Jorge Ignacio Pretel.
[24] M.P Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[25] Mediante sentencia T-109 de 2009, M.P. Clara Elena Reales
Gutiérrez, la Corte precisó que los cargos en provisionalidad no pueden
asimilarse a los de libre nombramiento y remoción. Al respecto estableció: “[e]sta
Corporación ha manifestado en múltiples sentencias que la situación de los
servidores públicos que ocupan cargos de carrera en provisionalidad no es
asimilable a la de los funcionarios de libre nombramiento y remoción. Por esta
razón, ha afirmado que los servidores públicos en provisionalidad no pueden ser
desvinculados del servicio por la simple voluntad discrecional del nominador –
como ocurre con los funcionarios de libre nombramiento y remoción -, pues ellos
gozan de una estabilidad laboral relativa. De allí que en un gran número de
sentencias la Corte haya determinado que se vulnera el derecho al debido
proceso cuando, sin la debida motivación, se declara la insubsistencia de
un  servidor que había sido nombrado en provisionalidad en un cargo de
carrera administrativa”.
[26] Artículo 84
[27] Ver sentencia C-279 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[28] M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
[29] Sentencia del 23 de septiembre de 2010,
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado. M.P. Gerardo Arenas
Monsalve. Expediente 2500 23 25 000 2005-01341-02. Interno: 0883-2008.
[30] De conformidad con el artículo 10 del Decreto 1227 de 2005 la
provisionalidad puede darse por terminada antes de cumplirse el término de
duración que se contempla en la misma disposición, mediante resolución
motivada.
[31] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
[32] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[33] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[34] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[35] Ibíd.
[36] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[37] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[38] M.P. Jaime Araújo Rentería.
[39] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[40] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[41] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[42] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[43] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[44] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[45] En este mismo sentido, ver sentencias: T-341 de 2008, M.P. Clara
Inés Vargas Hernández; T-109 de 2009, M.P. Clara Elena Reales Gutiérrez; T-186
de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; Sentencia T-396 de 2010 y T-641 de 2011,
M.P. Mauricio González Cuervo; T-204 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio;
T-206 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-284
de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[46] M.P. Clara Elena Reales Gutiérrez.
[47] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[48] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[49] M.P. Clara Elena Reales Gutiérrez.
[50] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[51] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[52] M.P. Humberto Sierra Porto.
[53]Mediante sentencia T-170 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis, la Corte revocó
el fallo de la Sala Plena del Consejo de Estado y en su lugar declaró
ejecutoriado el de la Subsección “B” de la Sección Segunda; este fallo,
proferido antes de la unificación contraria a la jurisprudencia constitucional,
había anulado el acto de retiro sin motivación de un empleado de Fiscalía
General de la Nación vinculado en provisionalidad. En últimas, la Corte dejó en
firme el reintegro así como el pago de los salarios y demás emolumentos dejados
de percibir. Igualmente, en sentencia T-891 de 2008, M.P. María Victoria Calle,
en un asunto de similares características, esta Corporación dejó sin efecto el
fallo de segunda instancia proferido por el Consejo de Estado y en su lugar
declaró ejecutoriado el de primera instancia, en esa oportunidad dictado por el
Tribunal Administrativo de Arauca, que en declaró la nulidad del acto y ordenó
el reintegro de la peticionaria en aquel entonces.
[54] En sentencia T-113 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo, esta
Corte encontró desvirtuada la conducta temeraria al considerar que se había
configurado un hecho nuevo por la expedición de una nueva sentencia que
favorecía al actor. Sobre el particular, la Corte manifestó: “Se constata
que durante el trámite de la segunda tutela surgió un hecho nuevo (la
declaratoria de inconstitucionalidad definitiva y con efectos erga omnes del
requisito de fidelidad al sistema que consagraba el artículo 1º de la Ley 860
de 2003), que refuerza la necesidad de amparar el derecho fundamental del
demandante, pues tal requisito era el que se había invocado para negárselo”. En
este mismo sentido, mediante sentencia T-1096 de 2007, M.P. Nilson Pinilla
Pinilla, dentro del salvamento de voto expresado por el Magistrado Humberto
Antonio Sierra Porto se sostuvo que: “[L]a expedición de las
sentencias C-862 de 2006 y C-891 A de 2006 por parte de la Sala Plena de esta
Corporación constituye un hecho nuevo que incidió hondamente en la difusión del
derecho a la indexación de la primera mesada pensional, circunstancia que debe
ser tenida en cuenta a la hora de examinar la oportunidad en que dichas
peticiones son elevadas”.
[55] M.P. Jaime Araújo Rentería.
[56] Ver entre otras sentencias de la Corte Constitucional: C- 590 de
2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T- 584 y T- 288  de 2011, M.P. Jorge Ignacio
PreteltChaljub.
[57] Ibíd.
[58] Cd 1, Fl 69.
[59] Cd. 1, Fls. 78 y 79.
[60] Ibíd.
[61] Código General del Proceso, artículo 285.
“Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la
pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte,
cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda,
siempre que estén contenida en la parte motiva resolutiva de la sentencia o que
influyan en ella (…)”.
[62] M. P. Alfredo
Beltrán Sierra
[63] M.P. Mauricio González Cuervo.