T-024-04
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-024/04
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Aplicación en procedimientos internos de
entes universitarios autónomos
AUTONOMIA UNIVERSITARIA-No es absoluta/AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Límites
AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Participación de comunidad educativa
DERECHO DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA UNIVERSITARIA EN LA ELECCION DE SUS DIRECTIVAS-Podrá hacerse directamente o por medio de
representante
ACCION DE TUTELA-Improcedencia contra actos de carácter
general, impersonal y abstracto
ACCION DE TUTELA-Oportunidad para interponerla en proceso
de elección de rector
La Corte  ha
establecido la oportunidad para acudir a la acción de tutela en este tipo de
procesos electorales.  Al respecto la jurisprudencia  ha  precisado  que la
acción de tutela solamente  puede interponerse en estos casos antes de que se
produzca la elección respecto de la cual se invoca la vulneración de los
derechos fundamentales, pues una vez ésta se produce la vía  a la que debe
acudirse  es a la acción pública electoral ante la Jurisdicción en lo
Contencioso Administrativo.
ACCION DE TUTELA-Improcedencia por cuanto se interpuso
después de elección de rector y no antes
Referencia: expedientes
T-769130, T-769209, T-785267, 785420 y 785510 (acumulados).
Acciones de
tutela instauradas separadamente, por Olmedo Vargas Hernández, Jhon Fredy
Bayona Bayona, Ximena del Pilar Rincón Castellanos, Diana Carolina Cabra
Delgado y Victor Hugo Vargas Bohórquez contra el Consejo Superior de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D. C., veintiuno (21)
de enero de dos mil cuatro (2004).
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados Jaime Araújo Rentería, Clara Inés Vargas
Hernández y Alvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de los fallos proferidos por  la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria  del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá (expediente
T-769-130), El  Juzgado 2 Civil del Circuito de Tunja (expediente T- 769.209),
el juzgado cuarto Civil del Circuito  de Tunja y  la Sala Civil-Familia del
Tribunal del Distrito judicial de Tunja (expediente T-785.267), el Juzgado 5
Penal del Circuito de Tunja (expediente T-785.420), el Juzgado 4 Civil del
Circuito de Tunja y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Tunja-Boyacá (expediente T-785.510), dentro de las acciones  de
tutela instauradas   por Olmedo Vargas Hernández, Jhon Fredy Bayona Bayona, Ximena
del Pilar Rincón Castellanos, Diana Carolina Cabra Delgado y Victor Hugo Vargas
Bohórquez contra el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia -U.P.T.C.-.
I.
ANTECEDENTES
Mediante auto del  13 de agosto
de 2003 proferido por la Sala de Selección Número Ocho fue seleccionado para
revisión el expediente T-769.130.   Mediante auto del 19 de septiembre de 2003
proferido por la Sala de Selección Número Nueve fueron seleccionados los
procesos  T-769.209 , T-785-267, T-785420 y T-785.510.
La Sala Octava de Revisión,
mediante auto del 6 de octubre de 2003, decidió  acumular las acciones de
tutela promovidas por Jhon Fredy Bayona Bayona (expediente T-769.209), Ximena
del Pilar Rincón Castellanos  (expediente T-785.267)-, Diana Carolina Cabra
Delgado (expediente T-785.420)  y  Victor Hugo Vargas Bohórquez (expediente
T-785.510), contra el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, a la acción promovida por Olmedo Vargas Hernández
(expediente T-769.130), contra la misma entidad, para que fueran fallados en
una misma sentencia por presentar unidad de materia.
1.   Hechos
Los hechos en que se basan las
demandas  de tutela enunciadas  por ser coincidentes serán reseñados a
continuación en un  mismo acápite.
1.1.1 El Consejo Superior de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia U.P.T.C.,  “en uso de las
atribuciones que le confiere  la Ley 30 de 1992  y el estatuto General de la
Universidad -Acuerdo 120 de 1993-” expidió el Acuerdo No.19 del 10 de marzo de
2003 “por  el cual se establece el proceso para la consulta de aspirantes a
Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para el período
2003-2006 y se fija el calendario”.
El artículo 1°  ordena
“Convocar a los procesos de consulta  sobre aspirantes a Rector  de la UPTC
para el periodo institucional 2003-2006”
El artículo 2  Señala el
calendario para el proceso  que comporta:
a.     Inscripción de aspirantes en la
oficina de Consejos entre el 10 y el 21 de marzo  de 2003.
b.      La revisión y verificación de
requisitos entre el  25 y el 28 de marzo de 2003.
c.      La publicación del listado de
aspirantes que cumplen requisitos el 31 de marzo.
d.     La divulgación y presentación
de los planes de trabajo y hojas de vida de los aspirantes  del 1 al 24 de
abril.
e.      La consultas estamentales
(profesores, estudiantes, personal administrativo y egresados) entre el 25 y el
30 de abril.
1.1.2.     Efectuada la verificación
de los requisitos sobre las hojas de vida de los aspirantes, se profirió  el
Acuerdo No. 020 del 6 de abril de 2003 “por el cual se determina la lista de
aspirantes  al cargo de Rector de la UPTC que cumplen los requisitos
establecidos en el artículo 19 del Acuerdo 120 de 1993”  En dicho Acuerdo se
declaró que “los aspirantes Olmedo Vargas Hernández, Luis Alfonso Tamayo
Valencia, Carlos Augusto Salamanca Roa y Alfonso López Díaz, cumplen los
requisitos  establecidos en el artículo  19 del Acuerdo 120 de 1993” , a saber,
ser ciudadano colombiano en ejercicio, poseer título universitario, haber
desarrollado actividades académicas universitarias por un periodo no inferior a
cinco años y tener experiencia administrativa de dos años.
En el mismo acuerdo se señala
que  los aspirantes Jorge Alirio Ochoa L., Gloria del Socorro Arias Pinzón  y
Edgard Sainea Escobar no cumplen con dichos requisitos.
1.1.3  Los diferentes estamentos  de
la Universidad convocaron las consultas señaladas en el Acuerdo  019 de 2003
en las que, de acuerdo con los accionantes, el Rector en funciones Olmedo
Vargas Hernández, candidato a la reelección,  obtuvo las mayores  votaciones
en todas ellas,  superando ampliamente a los demás candidatos incluido el
profesor  Carlos Augusto Salamanca  Roa finalmente elegido Rector por el
Consejo Superior de la Universidad.
1.1.4.          El 28 de abril  de 2003  el Consejo
Superior de la Universidad  Pedagógica y Tecnológica de Colombia  se reunió  en
la Dirección de Educación Superior  del Ministerio de Educación Nacional  con
un  orden del día   que de acuerdo con el Acta 06 de la misma fecha  incluyó
i)  la posesión del nuevo Presidente del Consejo Superior de la Universidad, en
atención a que  el delegado del Ministerio de Educación en dicho Consejo
Superior- quien de acuerdo con los estatutos  cumple la función de presidente
del mismo- fue relevado de su cargo por el Gobierno nacional ii) El análisis de
la legalidad de los actos expedidos en vigencia del Acuerdo 019/03 y  iii) el
estudio  de los recursos de reposición y apelación  interpuestos contra  el
Acuerdo 020 de 2003 por dos de los aspirantes a Rector excluidos del proceso
por no  reunir los requisitos establecidos en el artículo 19 del  Estatuto
General de la Universidad.
En la misma sesión  el Consejo
Superior de la Universidad expidió  el  Acuerdo 022 de 2003 “por medio del cual
se establece el calendario y trámite para la designación de Rector   de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para el periodo 2003-2006”.
Dicho Acuerdo  señala en su
artículo 1° que “de conformidad  con lo establecido en el artículo 18  del
Acuerdo 120 de 1993, las listas  de nombres propuestos  para la designación del
Rector  por los  Representantes Estamentales deberán  ser presentadas, a más
tardar el lunes doce (12) de mayo, a las seis de la tarde , en la oficina de
Consejos de la Universidad”.
El artículo 2°  precisa que los
candidatos deberán cumplir  con los requisitos establecidos en el artículo 19
del Acuerdo  120 de 1993.
El artículo 3°  señala que “ la
designación del rector se realizará  en sesión que tendrá lugar  el día jueves
15 de mayo de 2003, fecha en la cual se verificará el cumplimiento  de los
requisitos de cada uno de los aspirantes”.
El artículo 4° señala  que
dicho acuerdo “rige a partir de la fecha de su expedición  y deroga los
acuerdos  019 de 10 de marzo de 2003 y 020 del 8 de abril de 2003”.
En  la misma sesión  del  28 de
abril de 2003 el Consejo Superior de la Universidad decide  inhibirse para
resolver  los recursos de reposición interpuestos  por los aspirantes Edgard
Sainea  Y Gloria del Socorro Arias contra el Acuerdo 020 de 2003 dada la
expedición del Acuerdo 022 de 2003   que lo derogó, por lo que ordena comunicar
dicha decisión a los recurrentes señalando que “por sustracción de materia, el
Consejo Superior se inhibió de resolver los recursos de reposición
interpuestos”. (Acta 06 del  28 de abril de 2003).
1.1.5  La sesión del 15 de mayo  de
2003  del Consejo Superior de la Universidad   reunido en Bogotá  tiene  el
siguiente  orden del día,  de acuerdo con el acta 07 de la misma fecha:
1.     verificación del quórum
2.     posesión  de la  nueva
representante del Presidente de la República ante el Consejo Superior  de la
Universidad.
3.     Lectura y aprobación  de las
actas  16 y 17 de 2002, 01,02 y 03 de 2003 y entrega de las actas  04, 05, y 06
de 2003
4.     Informe de la comisión
verificadora de hojas de vida
5.     Presentación  de los candidatos
postulados por los estamentos  de la UPTC para la elección de Rector
6.     Designación del Rector para el
periodo 2003-2006
En dicha sesión hacen
presentación de su hoja de vida y de su programa, previa verificación del
cumplimiento de los requisitos para el cargo,  los candidatos a Rector Gloria
Socorro Arias Pinzón,  Alfonso López Díaz, Carlos Augusto Salamanca Roa,
Alfonso Tamayo Valencia, Olmedo Vargas Hernández.
Al procederse a la elección del
Rector se obtiene el siguiente resultado:
Por Olmedo Vargas Hernández
votan  los representantes  ante el Consejo Superior del Sector Productivo, de
los exrectores y de las directivas académicas. Tres (3) votos.
Por Carlos Augusto Salamanca
Roa  votan  el delegado del Ministro de Educación, la delegada del Presidente
de la República,  el Gobernador de Boyacá, así como los representantes  ante el
Consejo Superior de  los profesores, los egresados y los estudiantes. Seis  (6)
votos.
1.1.6 Mediante Acuerdo  023 de 2003
“por medio del cual se designa Rector  de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia”  El Consejo Superior de la misma institución designa
como Rector a  Carlos Augusto Salamanca Roa para un periodo de tres años a
partir de su posesión que se fija para el  30 de junio de 2003.
2. Las demandas de tutela
2.1 Expediente  T-769.130
Olmedo
Vargas Hernández instauró acción de tutela como mecanismo transitorio par
evitar un perjuicio irremediable, con el fin de que  se amparara su derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.), que considera vulnerado por
la actuación del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia U.P.T.C .  durante el tramite seguido para la designación del Rector
de esa institución, cargo para el cual fue postulado como candidato y le fueron
reconocidos “derechos subjetivos” en el Acuerdo 020 del 8 de abril de 2003 que
no fueron tomados en cuenta  al momento de la elección,  por haberse
desconocido  el tramite  fijado para la misma  en el Acuerdo 019 del 10 de
marzo de 2003 que fue “revocado ilegalmente” por el ente  demandado mediante
el  Acuerdo 022 del 28 de abril de 2003.
Hace énfasis en que  en la
sesión  del 28 de abril de 2003  del Consejo Superior de la Universidad  se
modificó  el orden del día previsto para la misma  a pesar de lo previsto en el
Acuerdo 014 de 1997 (reglamento interno del Consejo Superior de la U.P.T.C.)
que establece  claramente que las sesiones deben tener un orden del día que
conocerán los miembros del Consejo por los menos con 8 días calendario antes de
la respectiva sesión, de forma tal que no se pueden abordar aquellos aspectos
que no se conozcan con la debida anticipación.  Afirma en este sentido que  una
vez instalada  dicha sesión el Presidente del Consejo Superior, sin que ello
fuera un punto del orden del día  comunicado previamente, solicitó la revisión
de legalidad del Acuerdo 019 de 2003  aduciendo que dicho acuerdo era ilegal
porque  desconocía el Estatuto General  de la Universidad al haber incluido
las consultas estamentales como parte del proceso electoral y en consecuencia
propuso la revocatoria del mismo, siendo aceptada su propuesta  por seis de los
nueve miembros del Consejo Superior, a pesar de que en criterio del accionante
dicho punto no podía haberse tratado en esa sesión.
Afirma así mismo que el Acuerdo
022 de 2003 estableció un procedimiento totalmente diferente al inicialmente
acordado y en consecuencia no respetó los derechos subjetivos que se habían
otorgado en virtud del Acuerdo 020 de 2003 y vulneró el proceso administrativo
preestablecido, situación que afectó de manera grave el proceso administrativo
electoral.
Al respecto
solicitó al juez de tutela disponer “la inaplicación del acto administrativo
contenido en el Acuerdo 022 del 28 de abril de 2003 por medio del cual se
establece el calendario y trámite para la designación del Rector de la U.P.T.C.
para el periodo 2003-2006” e igualmente se “Declare la inaplicación excepcional
de las decisiones adoptadas por el Consejo Superior de la Universidad a partir
de la expedición del Acuerdo 022/03 ordenando que se respeten los derechos
subjetivos contenidos en el acuerdo 020 del 8 de abril de 2003 y por ende se
continúe el proceso de designación del Rector para el periodo 2003-2006
conforme al procedimiento establecido en el acuerdo 019 del 10 de marzo de
2003”.
Señala que si bien  en este
caso resulta posible acudir a  la acción electoral ante la jurisdicción en lo
Contencioso Administrativo, ello no garantiza la protección de su derecho
fundamental con la inmediatez necesaria para prevenir el perjuicio irremediable
que se le causa por  la actuación ilegal del Consejo Superior de la
Universidad.
2.2 Expedientes T-769.209,
T-785.267, T-785.420 y T-785.510.
Por su parte en sendas demandas
Jhon Fredy Bayona Bayona (expediente T-769.209), Ximena del Pilar Rincón
Castellanos  (expediente T-785.267)-, Diana Carolina Cabra Delgado (expediente
T-785.420)  y  Victor Hugo Vargas Bohórquez (expediente T-785.510)
interpusieron acción de tutela como mecanismo transitorio par evitar un
perjuicio irremediable con el fin de que  se amparara su derecho fundamental a
la participación, que habría sido desconocido por el Consejo Superior de la
Universidad  Pedagógica y Tecnológica de Colombia U.P.T.C y en particular por
los representantes de los estudiantes y de los egresados que no habrían tomado
en cuenta la voluntad mayoritaria  de los estamentos de la Universidad a los
cuales representaban en dicha elección.
Sustentan su petición en
diferentes apartes de  las Sentencias  T-525 y T-587 de 2001 de la Sala Segunda
de Revisión de  esta Corporación, así como en la decisión de primera instancia
proferida por el Juzgado Cuarto Civil de Palmira  del 12 de mayo de 2003 en
relación con la elección del Rector de la Universidad Nacional, providencias
que en su criterio   se refirieron a hechos muy similares a los que ellos
exponen en sus demandas.
En los expedientes T-769-209 y
T-785.510 los demandantes invocan además  como  vulnerados  los derechos   al
debido proceso, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad,  a
elegir y ser elegido, al trabajo, al desempeño de  funciones y cargos públicos
por no haberse elegido como Rector a Olmedo Vargas Hernández a pesar de haber
éste recibido las más altas votaciones en las consultas realizadas entre los
estudiantes, los profesores, los egresados y los administrativos de la
institución con lo que se les habrían violado los referidos derechos.
Por ello solicitan  “declarar
la  excepción de inconstitucionalidad  del Acuerdo 022 de 2003” y que se
ordene  al Consejo Superior   de la UPTC que revoque el “acto administrativo”
proferido por dicho Consejo superior para la elección de  Carlos Augusto
Salamanca como Rector de la Universidad para el periodo institucional  2003
2006 “y en su lugar se designe  de manera inmediata, en un término no superior
a las 48 horas,  al Dr. Olmedo Vargas Hernández ” (expedientes T-767.209 y
T-785.510)
Los actores en los expedientes
T- 785.267 y T-785.420 solicitan, por su parte, que se “Revoquen los Acuerdos
019 y 022 de 2003 y por tanto se inicie un nuevo proceso de elección del Rector
que permita la amplia participación del estamento estudiantil y con un
suficiente lapso de tiempo para los 23.000 integrantes de la comunidad
estudiantil”.
Afirman al respecto que los
acuerdos 019 y 022 de 2003 no otorgaban las garantías suficientes en el marco
de la democracia universitaria para la elección del Rector en la que los
estudiantes y la comunidad académica en general pudieran hacer uso de su
derecho a una participación política real y con efectos decisorios.
Respecto a la procedencia de la
acción de tutela en este caso los actores en los expedientes T-767.209 y
T-785.510 afirman que “aun cuando  frente a la decisión  de designación
pueden ser ejercitadas acciones contencioso administrativas y, en especial, la
acción electoral, estas no conducen a proteger  inmediatamente los derechos
fundamentales  vulnerados”. Indican así mismo que la nulidad de la
designación (como consecuencia de acciones  contencioso-administrativas)
producirá efectos “muy posteriormente, tardíamente, cuando se dicte la
sentencia, pero los derechos fundamentales habrán quedado vulnerados como lo
han sido y nada habrá impedido que esa violación se produzca”. Invocan al
respecto por considerarlas aplicables al caso  las sentencias  SU- 039 de 1997,
SU-086  y SU- 096 de 1999.
3.  Argumentos de la parte
accionada
El Presidente del Consejo
Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, una vez
notificado de las  demandas de la referencia, contestó a las mismas exponiendo
una serie de  consideraciones que por reiterarse en los diferentes expedientes
se  resumen a continuación en este mismo acápite de la sentencia.
El Presidente del ente
accionado advierte que el Consejo Superior de la Universidad  tiene, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo 120 de 1993
-Estatuto General de la Universidad-,  la función  de designar al Rector de la
lista de nombres propuestos por los representantes profesorales, estudiantiles
y egresados ante dicho Consejo Superior. Precisa que  debido a que el Acuerdo
019 de 2003 fijó un proceso de consulta y un procedimiento  para la elección
del Rector que modificaba el Acuerdo 120 de 1993 sin  que se hubieran cumplido
los requisitos  que para el efecto señala el artículo 80 del mismo estatuto, se
hizo necesario expedir el Acuerdo 022 de 2003 para establecer, en plena armonía
con las normas que rigen  a la Universidad, el  procedimiento para la elección
del Rector de la Institución.
Sostiene que las acciones de
tutela interpuestas son claramente improcedentes  ya que  para esos efectos los
actores cuentan con otro mecanismo de defensa judicial con el fin de proteger
sus derechos, a saber, la acción pública electoral que puede alegar cualquier
ciudadano con interés en impugnar el acto de elección del Rector.
Hace énfasis, de otra parte, en
que  los accionantes no acreditaron de ninguna manera cuál es el perjuicio
irremediable que se les causa, lo que desvirtúa la posibilidad de interponer la
tutela  como mecanismo transitorio.
Frente a la supuesta
vulneración del derecho al debido proceso invocada por el accionante Olmedo
Vargas Hernández hace énfasis  en que  tanto éste como el candidato finalmente
elegido  se encontraban en la misma lista propuesta al Consejo Superior de la
Universidad  en virtud de lo establecido en el Acuerdo 022 de 2003 y que prueba
de ello es que el accionante obtuvo tres de los nueve votos emitidos  por los integrantes
del Consejo Superior de la Universidad.
Frente a la supuesta
vulneración del derecho a la participación  invocada por algunos de los
accionantes,  que  de acuerdo con  el artículo 18 del Acuerdo 120 de 1993
Estatuto General de la Universidad, cada uno de los estamentos (profesores,
estudiantes, egresados, personal administrativo) tenía plena autonomía para
configurar la lista de nombres a proponer  al Consejo Superior de la
Universidad para que este decidiera a su vez  autónomamente sobre la elección
del Rector.
Señala que  las consultas
estamentales realizadas durante la vigencia del Acuerdo 019 de 2003 derogado
por el Acuerdo 022 del mismo año  en manera alguna  tenían carácter obligatorio
ni mucho menos vinculante  frente a la competencia claramente establecida por
el Estatuto Superior de la Universidad  en cabeza del Consejo Superior de la
misma institución.
En el expediente T-769.130 la
intervención del Presidente del Consejo Superior accionado  fue coadyuvada por
Carlos Augusto Salamanca Roa  en calidad de Rector Designado. Igualmente
intervinieron   en el mismo sentido el jefe de la Oficina Jurídica de la
Gobernación de Boyacá, así como dos aspirantes al cargo de Rector   que no
fueron finalmente incluidos en la lista sometida  a consideración del Consejo
Superior de la Universidad.
Carlos  Augusto Salamanca Roa
en su intervención  manifiesta que la reglamentación contenida en el Acuerdo
019 de 2003 sobrepasó los marcos establecidos en el artículo 18 del Acuerdo 120
de 2003,  lo que la hacía ilegal frente a los estatutos de la Universidad.
Precisa que  el Acuerdo 020 de
2003 en ninguna forma otorgaba derechos subjetivos a los inscritos en las
listas de elegibles, toda vez que sus nombres tendrían que ser escrutados por
los representantes de los distintos sectores universitarios, ya que el hecho de
reunir los  requisitos  señalados en el artículo 19 del estatuto Superior de la
Universidad no les daba  automáticamente el derecho a ser incluidos  en las
listas que debían ser presentadas ante el Consejo Superior.  Igualmente para el
28 de abril de 2003 no se encontraba el proceso eleccionario en su etapa final,
pues los  representantes de los diferentes estamentos a  los que los estatutos
de la Universidad atribuyen dicha competencia no  habían formalizado las listas
a ser sometidas al Consejo Superior de la Universidad para la elección del
Rector, por lo que en su criterio el Acuerdo 022 de 2003 no modificó el trámite
de las elecciones sino que por el contrario, mantuvo incólumes los parámetros
establecidos en los artículo 18 y 19 de los Estatutos de la Universidad y la
autonomía de las representaciones universitarias para conformar las listas de
sus candidatos elegibles a la Rectoría.
Finalmente manifiesta que la
designación del Rector tuvo como fundamento las listas presentadas por las
representaciones universitarias, sin desconocer derechos subjetivos de ninguno
de los candidatos. Precisa que  en el caso del accionante  Olmedo Vargas
particularmente  no se le vulneró el derecho a elegir y ser elegido ni ningún
otro derecho  pues el solo hecho de aparecer en la lista  de elegibles no
obligaba al Consejo Superior  a preferirlo.
El Jefe de la Oficina Jurídica
del Departamento de Boyacá  adujo por  su parte que la lista de elegibles
determinada por el Acuerdo 020 de 2003 no otorgó derecho subjetivos a sus
cuatro integrantes porque el acto fue recurrido y no alcanzó a ser
ejecutoriado, por tanto el proceso electoral inicialmente diseñado no alcanzó a
llegar a la etapa final de la elección porque además de la resolución de los
recursos interpuestos, debía atenderse la posesión del nuevo Presidente del
Consejo y tratarse la legalidad de los actos realizados al amparo del Acuerdo
019/03.
Afirmó igualmente que la acción
pretendida por los accionantes es improcedente toda vez que para el efecto
existen otros medios para la defensa de los derechos que eventualmente pueden
resultar lesionados, y que la invocación de un perjuicio irremediable debe ser
demostrado en forma idónea y objetiva, en ese sentido, la iniciación del
periodo rectoral no determina la producción de un perjuicio irremediable para
los actores, pues el derecho que reclaman como amenazado nunca ha estado en su
patrimonio y además la elección del Rector se presume válida hasta que la justicia
encargada de dirimir ese conflicto no declare lo contrario mediante sentencia
en firme.
En el proceso  intervinieron
igualmente  los aspirantes  a Rector  excluidos del proceso de elección Gloria
Arias Pinzón  y Jorge Alirio Ochoa, quienes afirman que ninguna  violación del
debido proceso  se produjo por el Consejo Superior de la Universidad al revisar
la legalidad de los Acuerdos 019 y 020 de 2003  en defensa del ordenamiento
jurídico y del Estatuto General de la Universidad. Explican que  las reglas de
juego establecidas para la elección en el acuerdo 022 de 2003 se aplicaron por
igual a todos los candidatos, de forma tal que a ninguno le fueron
desconocidos sus méritos ni su trayectoria, ni mucho menos su derecho a la
participación democrática.  Hacen énfasis  de otra parte en que los actores
cuentan con otro medio de defensa judicial ordinario al cual recurrir para
impugnar el acto de elección y  que además no se les ha causado un perjuicio
irremediable.
4.  Decisiones judiciales
objeto de revisión
4.1   Expediente  T-769130
4.1.1  Decisión de primera instancia
La Sala Jurisdiccional
Disciplinaria  del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, mediante fallo
del 6 de junio de 2003, decidió rechazar por  improcedente la acción de tutela
instaurada por el accionante Olmedo Vargas Hernández.
Frente a los argumentos
planteados por el accionante, el juez constitucional de instancia advierte que
su petición resulta imprecisa, porque no señala concretamente el momento en que
se produjo la posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso,
esto es, si ocurrió con la expedición del Acuerdo No. 022 de 2003, -pues a
pesar de su expedición continuó  actuando y participando en el proceso
electoral activamente-, o si sucedió al no ser elegido Rector de la U.P.T.C.
Precisa que para resolver el
asunto planteado por el accionante existe  claramente  otro medio de defensa
judicial señalado para el efecto, a saber la acción electoral ante  la
Jurisdicción  en lo Contencioso administrativo.
Advierte así mismo que el actor
no  explicó claramente cuál era el perjuicio irremediable que se le causaba
con la actuación del Consejo Superior de la Universidad.
Concluye entonces que por
disponer el accionante de un medio de defensa judicial eficaz para pretender la
protección del derecho invocado y por estimar que no se encuentra frente a la
inminencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela resulta
improcedente, pues lo pretendido por el tutelante es  que se dilucide la
legalidad de unas actuaciones administrativas relacionadas con la elección del
Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, asunto que no
compete al juez de tutela.
4.2  Expediente T-769.209
4.2.1 Decisión de Primera
Instancia
El Juzgado 2 Civil del Circuito
de Tunja-Boyacá, mediante fallo del 4 de junio de 2003, decidió rechazar por
improcedente el amparo de los derechos al debido proceso, igualdad, libre
desarrollo de la personalidad, participación democrática, al trabajo, a elegir
y ser elegido, invocados como vulnerados por el accionante Jhon Fredy Bayona
Bayona.
El Juzgado recuerda que  la
acción de tutela no es el medio para desvirtuar  la presunción de legalidad de
que gozan los actos administrativos  contenidos en los acuerdos 022 y 023 de
2003 expedidos por el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia,  dentro del procedimiento que llevó a la elección del
nuevo Rector  de la institución.
Precisa que ninguna norma del
Estatuto General de la Universidad ni el Acuerdo 022 de 2003 establecen que
para el nombramiento del Rector el Consejo Superior tenga que elegir a quien en
las consultas que hayan efectuado los representantes estamentales resulte con
el mayor número de votos, pues de ser así el Consejo Superior no tendría la
potestad de elegir a una cualquiera de las personas postuladas por los
representantes tal y como lo ordena el Estatuto General  en su artículo 18 sino
que su actuación se reduciría a verificar un escrutinio y a renglón seguido
certificar como Rector a aquél elegido por las mayorías.
Finalmente considera que según
las pruebas allegadas al expediente el accionante es egresado de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia y según oficio SCS 146 de mayo 12 de 2003
remitido por la Oficina de Consejos Superior y Académico el estamento de
egresados postuló para el cargo de Rector a dos personas y el estamento
profesoral postuló a otras personas, y por tanto el solo hecho de que de los
nombres propuestos por el estamento de egresados ninguno haya sido elegido
finalmente como Rector y en cambio si uno de los nombres postulados por el
estamento profesoral no vulnera el derecho a elegir y ser elegido.
Advierte finalmente  que “el
accionante no probó la legitimidad ni interés para actuar pues solamente está
agenciando derechos ajenos”.
4.3  Expediente  T-785.267
4.3.1 Decisión de Primera
Instancia
El Juzgado 4 Civil del Circuito
de Tunja-Boyacá, mediante fallo del 11 de junio de 2003, decidió negar el
amparo del derecho a la participación invocado como vulnerado por la accionante
Ximena del Pilar  Rincón Castellanos.
El juez de instancia recuerda
que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  tiene autonomía
administrativa, académica y presupuestal y por tanto gobierna sus actividades
conforme a la Constitución, la Ley 30 de 92 y sus estatutos y reglamentos
internos.
En ese orden de ideas
considera que el Consejo Superior expidió el Acuerdo No. 022 de 2003 que
reglamenta el procedimiento para llevar a cabo la elección del Rector en uso de
las facultades legales  previstas en el artículo 18   y demás normas
concordantes del Acuerdo 120 de 1993-Estatuto General de la Universidad-donde
se señala claramente  que quien tiene la facultad de elegir y designar al
Rector es el Consejo Superior de la Universidad.
En ese sentido advierte que en
el proceso de elección las consultas estamentales a que alude la accionante, no
son vinculantes, pues el Consejo Superior es autónomo, para designar al Rector,
entre los candidatos que cumpliendo con los requisitos, presenten los
representantes estamentales, con el agregado, que como esas consultas fueron
derogadas mediante el Acuerdo 022 de 2003 no tienen fuerza legal impositiva y
aún en el supuesto que estuvieran vigentes, tampoco tendrían el poder jurídico
de obligar al Consejo Superior de la Universidad a  refrendarlas en la elección
del Rector.
Considera que no se vulneró el
derecho a la participación democrática pues la comunidad universitaria participó
en forma activa en la elección del Rector, a través de sus representantes,  que
fueron elegidos conforme a lo establecido en los respectivos reglamentos y
estatutos universitarios y en particular los artículos 9  a 14  del acuerdo 120
de 1993, para llevar su vocería ante el Consejo Superior de la Universidad,
integrado por representantes de cada uno de los estamentos universitarios  y
que tiene plenas facultades para realizar la  elección  del Rector.
4.3.2 Impugnación
La
accionante impugnó la decisión adoptada por el Juez de Tutela en primera
instancia, por medio de la cual le fue negado el amparo de los derechos
fundamentales invocados.
La accionante  considera que no cuenta con
otro procedimiento jurídico a su alcance con el fin de hacer valer los derechos
fundamentales que estima “vulnerados a la comunidad universitaria, en forma
explícita y efectiva, pues se les ha causado un perjuicio irremediable y en
consecuencia se busca poner fin a la inminente amenaza a esos derechos
fundamentales, entre otros el de participación efectiva en la selección del
Rector del claustro académico en una democracia pluralista y participativa,
derechos que son de aplicación inmediata, sobre todo si se tiene en cuenta que
para ejercer la acción electoral se requiere que el demandado tenga personería
jurídica, y el Consejo Superior no la tiene”.
En ese sentido considera que si
bien frente a la decisión de designación pueden ser ejercitadas acciones
contencioso-administrativas, y en especial, la acción electoral, éstas no
conducen a proteger inmediatamente los derechos fundamentales vulnerados, pues
son acciones tendientes a lograr que el acto sea anulado y quizás a obtener que
la persona o personas designadas sean reparadas moral y materialmente, pero no
permiten la protección inmediata de los derechos al debido proceso, a la
participación y a la igualdad, en ese orden de ideas, la nulidad de la
designación producirá consecuencias muy posteriormente, cuando se dicte
sentencia judicial, pero para ese entonces los derechos fundamentales habrán
quedado vulnerados.
Al respecto considera que el
a-quo falló de manera equivocada pues no tuvo en cuenta la Jurisprudencia
proferida por la Corte Constitucional en casos similares –en particular las
sentencia T-225 y T-587 de 2002-,  y por tanto se empecinó en valorar de forma
absoluta el Acuerdo No.120 de 1993 emitido por el Consejo Superior como si éste
se encontrara por encima de la Constitución y de los precedentes judiciales de
la Corte que son de obligatorio cumplimiento.
De igual manera, asegura que el
Juez de conocimiento en primera instancia tampoco valoró la exclusión de que
fueron víctimas los profesores universitarios, y “por el contrario lo valida
como algo natural y lógico, en contravía de claras disposiciones nacionales e
internacionales, como el derecho a la igualdad, y por tanto parece que no
conoce la figura de excepción de inconstitucionalidad”.
Estima que el fallo
controvertido no tuvo en cuenta el desconocimiento abierto y grosero por parte
del Consejo Superior del debido proceso, pues el citado Consejo no estimó en la
elección del Rector todos los factores que estaba obligado a considerar y en
lugar de nombrar a quien había obtenido los resultados superiores, designó a
quien tenía resultados inferiores, sin dar ninguna explicación, pues el voto no
tuvo motivación alguna y no hubo consideración, explicación ni apreciación
alguna para proceder de esa manera,  “por tanto lo acontecido fue un atropello
evidente que desconoció absolutamente todos los resultados para nombrar a una
persona que la comunidad académica mayoritariamente rechazó”.
De otra parte llama la atención
sobre el hecho de que el juez no consideró que en el caso de la elección de los
Rectores se trata de un concurso o una selección para proveer un cargo con
estabilidad de tres años y por tanto no tiene el carácter de libre nombramiento
y remoción y en esa medida exige una selección objetiva en los términos
establecidos en el artículo 125 de la Constitución.
Concluye que “parece que el
a-quo viviera bajo los preceptos de la Constitución de 1886, y no bajo los
mandatos de la Constitución de 1991, que estableció claramente el Bloque de
Constitucionalidad y la excepción de inconstitucionalidad, pues jamás considera
estos temas en su providencia”.
4.3.3 Decisión de segunda
instancia
La Sala Civil-Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, mediante fallo del 17 de
julio de 2003, decidió confirmar la decisión de primera instancia exponiendo
las consideraciones que enseguida se resumen.
En criterio del ad-quem,
en la controversia bajo examen se debate si durante el proceso de elección del
rector se desconocieron las normas dispuestas para el efecto y de contera se
desconocieron derechos, de forma tal que en el supuesto que se haya infringido
la legalidad prevista y bajo tales circunstancias se pretenda dejar sin efecto
la elección del Rector, como lo pretende la accionante, para esos fines debe
recurrir a las acciones propias establecidas por la legislación ante la
Jurisdicción competente para el control de la actividad de la administración,
pues la acción de tutela es una acción  subsidiaria que solo procede
excepcionalmente cuando  el afectado no cuente con otro mecanismo de defensa
judicial  o se invoque para prevenir un perjuicio irremediable.
Afirma que si la actora
considera que los efectos del acto administrativo de nombramiento de Rector de
la Universidad afecta sus derechos fundamentales, esta vulneración puede ser
conjurada transitoria e inmediatamente por medios ordinarios, de forma tal que,
si lo pretendido es que el acto de nombramiento del Rector no produzca efectos
mientras se resuelve la acción contenciosa sobre la legalidad del mismo, bien
puede la actora junto con la demanda contenciosa, solicitar la suspensión
provisional del acto de nombramiento, restándole provisional, transitoria y de
manera inmediata fuerza ejecutoria al acto administrativo y no tratar de
utilizar la tutela en tal sentido.
La Sala precisa así mismo que
el amparo no resulta procedente, ni siquiera como mecanismo transitorio, pues
en el presente caso no se evidencia la necesidad de evitar un perjuicio
irremediable, que por lo demás la actora no demostró.
De la misma manera la Sala hace
énfasis en que los fallos invocados por la accionante en su demanda
corresponden a supuestos de hecho diferentes a los que se presentan  en la
acción de tutela que se rechaza.
4.4 Expediente T-785.420
4.4.1 Decisión de Primera
Instancia
El Juzgado 5 Penal del Circuito
de Tunja-Boyacá, mediante fallo del 27 de junio de 2003, decidió negar el
amparo del derecho a  la  participación democrática invocado como vulnerado por
la accionante Diana Carolina Cabra Delgado.
Para el juez de instancia lo
que se demanda es el acto administrativo por medio del que se eligió como
Rector de la U.P.T.C. a Carlos Augusto Salamanca  Roa por un periodo de tres
años a partir de la fecha de posesión, de conformidad con lo preceptuado en
los  Acuerdo 022 y 023  de 2003, por considerar la accionante que no hubo
participación del estamento estudiantil y que fue manipulada la elección por
parte del Gobernador de Boyacá, presentándose de esa manera intervención
política.
Afirma que en  manera alguna se
vulneró el derecho de participación democrática, pues los únicos facultados
para votar  para la elección del Rector, de acuerdo con los estatutos de la
Universidad  (art. 18 del Acuerdo 120 de 1993) son los representantes de los
diferentes estamentos representados en el Consejo Superior de la Universidad y
no la totalidad de estudiantes, profesores,  egresados y personal
administrativo.
Estima por tanto que el hecho
de que el candidato Olmedo Vargas haya obtenido una amplia acogida en las
consultas estamentales realizadas con base en el acuerdo 019 de 2003 que fue
derogado por el acuerdo 022 de 2003, no implica que éstas tengan un carácter
vinculante, es decir, que no significa necesariamente que quien ganó en la
consulta deba resultar elegido, pues en ese orden de ideas sobraría el voto de
los delegados estamentales.
Considera, en ese sentido que
toda la comunidad universitaria tuvo participación a través de los
representantes que ellos mismo eligieron y que tienen la vocería de la
comunidad estudiantil y de los demás estamentos según los estatutos de la
Universidad.
Precisa que la inconformidad de
la accionante está basada en la presunta ilegalidad del Acuerdo 023 de 2003
mediante el que se designó el Rector de la U.P.T.C., asunto que  no puede ser
dirimido por vía de tutela pues el Juez Constitucional carece de competencia
para esos efectos, dado que los actos administrativos solamente pueden ser
anulados por la jurisdicción en lo Contencioso administrativo.
Advierte así mismo que la
demandante no estableció cuál era el perjuicio irremediable que  se producía en
este caso para sustentar la procedibilidad de la acción de tutela frente a la
clara existencia de otra vía judicial idónea para la defensa de sus derechos.
4.5  Expediente T-785.510
4.5.1 Decisión de Primera
Instancia
El Juzgado 4 Civil del Circuito
de Tunja-Boyacá, mediante fallo del 16 de junio de 2003, decidió negar el
amparo de los derechos al debido proceso, igualdad, libre desarrollo de la
personalidad, participación democrática, al trabajo, a elegir y ser elegido,
entre otros, invocados como vulnerados por el accionante Victor Hugo Vargas
B.. con fundamento en las mismas consideraciones expuestas por  ese Juzgado en
su fallo del 11 de junio de 2003  mediante el cual se resolvió en primera
instancia la acción de tutela instaurada por  Ximena del Pilar Rincón
Castellanos (expediente T-785.267). Así las cosas la  Sala se remite a la
síntesis efectuada en esta misma sentencia en el acápite respectivo.
4.5.2 Impugnación
El accionante, impugnó la
decisión adoptada por el Juez de Tutela en primera instancia, por medio de la
cual le fue negado el amparo de los derechos fundamentales invocados. Los
fundamentos de su impugnación son idénticos a los expuestos por la accionante
Ximena del Pilar  Rincón Castellanos en el expediente  T-785.267.
4.5.3 Decisión de segunda
instancia
La Sala Civil-Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, mediante fallo del 17 de
julio de 2003, decidió confirmar la decisión de primera instancia con
fundamento en las mismas consideraciones expuestas por  esa Sala en su fallo de
la misma fecha  mediante el cual resolvió el recurso de apelación  interpuesto
en el expediente  T-785.267. Así las cosas la  Sala se remite a la
síntesis efectuada en esta misma sentencia en el acápite respectivo.
5.   Pruebas que obran en el
expediente
5.1.  Documentos aportados por
la parte accionante:
5.1.1 Expediente T-769.130
a.     Copia de la solicitud elevada a
la Secretaría General del Consejo Superior de la U.P.T.C., de fecha 15 de mayo
de 2003.
b.     Copia Auténtica del Acuerdo
No.019 del 10 de marzo de 2003.
c.      Copia Auténtica del Acuerdo
No.020 del 8 de abril de 2003.
d.     Copia Auténtica del Acuerdo
No.014 de 1997.
e.      Copia Auténtica del Acuerdo
No.022 del 28 de marzo de 2003.
f.       Certificación de la persona que
resultó elegida como Rector en la sesión del 15 de mayo de 2003.
g.     Copia de la Certificación de
los aspirantes inscritos para rector de acuerdo a la última convocatoria
(Acuerdo No.022 de 2003).
h.     Certificación expedida por el
Secretario del Tribunal Administrativo de Boyacá.
i.       Copia Informal del Acta No. 06
del 28 de abril de 2003, enviada por la Secretaría General del Consejo Superior
a todos los miembros del mismo.
j.  Copia de los recursos de
apelación interpuestos, por los Doctores Saineda Escobar y Arias Pinzón contra
el Acuerdo No. 020 de 2003.
5.1.2  Expediente T-769.209
a.     Copia del Acuerdo No.120/93 del
Consejo Superior de la U.P.T.C. en la parte pertinente (artículos 18, 19 y 82).
b.     Copia Auténtica del Acuerdo
No.019 del 10 de marzo de 2003.
c.      Copia Auténtica del Acuerdo
No.020 del 8 de abril de 2003.
d.     Copia Auténtica del Acuerdo
No.022 del 28 de marzo de 2003.
e.      Copia del afiche convocando a
la consulta de exalumnos,
f.       Resultado de la consulta
efectuada el 29 de abril de 2003 entre exalumnos.
g.     Acta de escrutinio general de
la consulta efectuada entre los empleados públicos.
h.     Resultados de la consulta
profesoral efectuada el 8 de mayo de 2003.
i.       Cinco folios contentivos de las
consultas efectuadas por el personal administrativo (trabajadores) en las
distintas seccionales de la U.P.T.C.
j.       Carta de abril 29 de 2003
dirigida por los profesores de planta de la U.P.T.C. al Representante ante el
Consejo Superior y otros.
k.     Folleto contentivo de los
programas de Gobierno de los aspirantes a la Rectoría de la U.P.T.C. en donde
se señalan las fechas de las consultas estamentales violadas por el Consejo
Superior.
l.       Periódico “Diatriba
Universitaria” de los estudiantes de la U.P.T.C.
m.    Carta abierta del Rector Olmedo
Vargas de abril 4 de 2003.
n.     Copia del Acta del Consejo
Superior de la U.P.T.C.
o.     Copia del Decreto 1201 de 2003
del Ministerio de Educación (mayo 14).
p.    Sentencia del Juzgado Cuarto
Civil del Circuito de Palmira de mayo 12 de 2003.
q.     Sentencia T-525 de 2001 de la
Corte Constitucional en relación con las consultas universitarias.
r.      Copia del artículo del
periódico El Tiempo del 16 de mayo de 2003 “Rectoría en veremos”.
s.      Copia del artículo del
periódico Vanguardia Liberal “Directores de escuela se elegirán por voto
popular”.
t.       Formato de registro de los
candidatos a Rector.
u.     Copia del carné de la U.P.T.C.
5.1.3 Expediente T-785.267
a.  Copia del Estatuto anterior
y nuevo de la Universidad.
b.     Copia del testimonio de los
nueve integrantes del Consejo Superior en relación con la decisión de elección
antidemocrática del Rector.
c.      Copia del testimonio de los
siete representantes estudiantiles ante el Consejo de Facultad de la Sede
Central.
d.     Acuerdos No. 019 y 022 de 2003
emitidos por el Consejo Superior de la U.P.T.C.
e.      Carta de revocatoria del
mandato del Representante Estudiantil ante el Consejo Superior recibida por la
oficina de Consejos de la U.P.T.C.
f.       Copia del artículo del
periódico El Tiempo del 16 de mayo de 2003 “Rectoría en veremos”.
g.     Copia del artículo del
periódico Vanguardia Liberal “Directores de escuela se elegirán por voto
popular”.
Copia
del carné estudiantil de la U.P.T.C.
5.1.4  Expediente T-785.420.
a.   Copia del Estatuto
anterior y nuevo de la Universidad.
b.     Copia del testimonio de los
nueve integrantes del Consejo Superior en relación con la decisión de elección
antidemocrática del Rector.
c.      Copia del testimonio de los
siete representantes estudiantiles ante el Consejo de Facultad de la Sede
Central.
d.     Acuerdos No. 019 y 022 de 2003
emitidos por el Consejo Superior de la U.P.T.C.
e.      Carta de revocatoria del
mandato del Representante Estudiantil ante el Consejo Superior recibida por la
oficina de Consejos de la U.P.T.C.
f.       Copia del artículo del
periódico El Tiempo del 16 de mayo de 2003 “Rectoría en veremos”.
g.     Copia del artículo del
periódico Vanguardia Liberal “Directores de escuela se elegirán por voto
popular”.
h.     Copia del carné estudiantil de
la U.P.T.C.
5.1.5 Expediente T-785.510
a.  Copia del Acuerdo No.120/93
del Consejo Superior de la U.P.T.C. en la parte pertinente (artículos 18, 19 y
82).
b.      Copia Auténtica del Acuerdo
No.019 del 10 de marzo de 2003.
c.      Copia Auténtica del Acuerdo
No.020 del 8 de abril de 2003.
d.     Copia Auténtica del Acuerdo
No.022 del 28 de marzo de 2003.
e.      Copia del afiche convocando a
la consulta de exalumnos,
f.       Resultado de la consulta
efectuada el 29 de abril de 2003 entre exalumnos.
g.     Acta de escrutinio general de
la consulta efectuada entre los empleados públicos.
h.     Resultados de la consulta
profesoral efectuada el 8 de mayo de 2003.
i.       Cinco folios contentivos de las
consultas efectuadas por el personal administrativo (trabajadores) en las
distintas seccionales de la U.P.T.C.
j.       Carta de abril 29 de 2003
dirigida por los profesores de planta de la U.P.T.C. al Representante ante el
Consejo Superior y otros.
k.     Folleto contentivo de los
programas de Gobierno de los aspirantes a la Rectoría de la U.P.T.C. en donde
se señalan las fechas de las consultas estamentales violadas por el Consejo
Superior.
l.       Periódico “Diatriba
Universitaria” de los estudiantes de la U.P.T.C.
m.    Carta abierta del Rector Olmedo
Vargas de abril 4 de 2003.
n.     Copia del Acta del Consejo
Superior de la U.P.T.C.
o.     Copia del Decreto 1201 de 2003
del Ministerio de Educación (mayo 14).
p.    Sentencia del Juzgado Cuarto
Civil del Circuito de Palmira de mayo 12 de 2003.
q.     Sentencia T-525 de 2001 de la
Corte Constitucional en relación con las consultas universitarias.
r.      Copia del artículo del
periódico El Tiempo del 16 de mayo de 2003 “Rectoría en veremos”.
s.      Copia del artículo del
periódico Vanguardia Liberal “Directores de escuela se elegirán por voto
popular”.
t.       Formato de registro de los
candidatos a Rector.
u.     Copia del carné de la U.P.T.C.
5.2. Documentos aportados por
la parte accionada:
a.  Copias de los estatutos de
la U.P.T.C. Acuerdo 120 de  1993
b. copia de los Acuerdos  019,
020, 022 y 023 del Consejo Superior de la Universidad.
c. Copia de las actas de las
dos últimas sesiones del Consejo Superior de la U.P.T.C., donde se adoptaron
decisiones, frente al nombramiento del nuevo Rector de la U.P.T.C.
d. Copia de las actas de
escrutinio de las consultas estamentales, que fueron declaradas inválidas por
el acuerdo 022 del 2003 del Consejo Superior de la U.P.T.C.
II.      CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1.      Competencia.
Esta Sala es competente para
revisar las providencias de tutela antes reseñadas, con base en la Constitución
Política (arts. 86 y 241-9), en concordancia con el Decreto 2591 de 1991 (arts.
33 al 36), así como en el auto del 13 de agosto de 2003 proferido por la Sala
de Selección Número Ocho, el auto del 19 de septiembre de 2003 proferido por la
Sala de Selección Número Nueve y  el auto del 6 de octubre de 2003, proferido
por la Sala de Revisión Número Ocho de ésta Corporación.
2.      El problema jurídico planteado
Para  el  actor en el proceso
T-769-130 el Consejo superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia  vulneró su derecho fundamental al debido proceso  en cuanto se
desconoció el trámite señalado en el Acuerdo 019 de 2003 para el proceso de elección
de Rector en el cual era candidato  y los derechos subjetivos que  se derivaron
del Acuerdo 020 del mismo año con la  “revocatoria” ilegal que de los mismos
hizo el Acuerdo 022 de 2003, que fijó un nuevo tramite para dicha elección y
que culminó con la expedición del Acuerdo 023 de 2003 mediante el cual se
designó Rector de la Universidad a otro candidato.
Para los accionantes en los
Expedientes T-769.209, T-785.267, T-785.420 y T-785.510, estudiantes  de la
institución, con dicha situación se configuró una violación de su
derecho a la participación   por cuanto  la elección así realizada desconoció
la voluntad mayoritaria expresada  en las consultas estamentales realizadas
con base en el Acuerdo 019 de 2003 derogado por el Acuerdo 022 de 1993.
Los accionantes en los
expedientes T-785.267 y T-785.420  consideran  además que los acuerdos
aludidos  no garantizaron la “participación efectiva” de los estudiantes  en la
elección del Rector, dado que en su criterio estos  acuerdos han debido reconocer
explícitamente la capacidad decisoria de la expresión  del  estudiantado y  de
los demás estamentos universitarios en dicha elección.
Por ello los accionantes
solicitan la inaplicación (expediente T-769-130   ) así como la revocatoria
(expedientes T-769.209, T-785.267, T-785.420 y T-785.510)  de los acuerdos 022
y 023 de 2003 expedidos por el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia[1].
El problema jurídico que se
plantea  en consecuencia consiste en  establecer  si en el presente caso con la
expedición del Acuerdo 022 de 2003 y la  consecuente derogatoria del Acuerdo
019 del mismo año  y  con la posterior elección mediante el acuerdo 023 de 2003
de un candidato diferente   le fue vulnerado o no el derecho al debido proceso
al accionante Olmedo vargas Hernández  candidato  a dicha elección. Así mismo
si fueron o no vulnerados el  derecho a la participación  de los estudiantes,
así como los demás derechos que ellos invocan  como desconocidos (debido
proceso, igualdad, derecho a elegir y ser elegido) por cuanto el Consejo
Superior no eligió al candidato  a Rector  que obtuvo las mayores votaciones
en las consultas estamentales realizadas en vigencia del acuerdo 019 de 2003. Y
en el mismo sentido  si los acuerdos 019 y 022 de 2003  desconocieron el
derecho a la “participación efectiva” de los estudiantes  en la elección del
Rector.
Al respecto los jueces de
tutela se pronunciaron en forma coincidente considerando que para dicha
controversia existían otros medios de defensa judicial ante la jurisdicción en
lo contencioso administrativo, y que en el presente caso no había sido
demostrado, ni tampoco se configuraba un perjuicio irremediable que permitiera
conceder la tutela como  mecanismo transitorio.  En ese orden de ideas
rechazaron las acciones instauradas por improcedentes.
Por consiguiente, la Sala debe determinar
en primer término, las condiciones de procedibilidad de las acciones
instauradas, para establecer  si era la tutela el mecanismo  procesal
aplicable para proteger los derechos invocados   y  solo  en caso de ser así, examinar
si el proceso para la elección de Rector  en la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia se vulneraron  o no los derechos fundamentales
invocados por  los accionantes.
3. Consideraciones previas
Dado
que el presente proceso  involucra  el examen   de una serie de actuaciones
cumplidas en el seno de un ente universitario autónomo, sometido como toda
entidad pública al debido proceso y en general al respeto de los derechos
constitucionales,  en particular el de  participación y que  para la
determinación  de la procedibilidad de las acciones instauradas es necesario
identificar la naturaleza  de los actos  que se consideran  violatorios de  los
derechos de los  accionantes, así como la posibilidad  de  que éstos sean
atacados mediante tutela, la Corte estima pertinente  efectuar  las siguientes
consideraciones previas al análisis del caso concreto.
3.1 La
aplicación del debido proceso en los procedimientos internos de los entes
universitarios autónomos
De acuerdo con el
artículo 29  de la Constitución Política el debido proceso se aplicará “a toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas”, dentro de las cuales
obviamente han de entenderse incluidas las actuaciones de  los entes
universitarios autónomos, como la Universidad Pedagógica Y Tecnológica de
Colombia, que  si bien gozan de un estatuto constitucional especial, en ningún
caso  se encuentran liberados  del pleno respeto al ordenamiento jurídico que
los rige, “es decir, tanto al conjunto de valores, principios, derechos y
deberes constitucionales, como a las prescripciones contenidas en la ley.”[2]
A este respecto la
Corte ha precisado los alcances y limites de esta autonomía[3]. Así,  en
reiterada jurisprudencia ha advertido que:
“Las
instituciones de educación superior tanto públicas como privadas son titulares
de autonomía constitucionalmente reconocida (Artículo 69 C.P.) en cuyo
desarrollo  ostentan  potestades en virtud de las cuales pueden organizarse,
estructural y funcionalmente, autorregularse y autocontrolarse, delimitando,
como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte[4],
el ámbito para el desarrollo de sus actividades.
En último análisis la autonomía
constitucional es capacidad de autoregulación filosófica y de autodeterminación
administrativa[5] y por ello al amparo del texto
constitucional cada institución universitaria ha de contar con sus propias
reglas internas (estatutos), y regirse conforme a ellas; designar sus
autoridades académicas y administrativas; crear, organizar y desarrollar sus
programas académicos, definir, y organizar sus labores formativas, académicas,
docentes, científicas y culturales; otorgar los títulos correspondientes,
seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus
correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para
el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.[6]
La autonomía universitaria,
como ha enfatizado la Corporación[7], no es absoluta, pues no sólo el
legislador puede configurar esta garantía, sino que la Constitución y la ley,
pueden imponerle, válidamente, restricciones. Por consiguiente, “la autonomía
universitaria no es soberanía educativa, pues si bien otorga un margen amplio
de discrecionalidad a la institución superior, le impide la arbitrariedad”.
La
autonomía reconocida por la Carta, no otorga a las universidades el carácter de
órgano superior del Estado, ni les concede un ámbito ilimitado de competencias
pues cualquier entidad pública o privada por el simple hecho de pertenecer a un
Estado de derecho, se encuentra sujeta al ordenamiento jurídico que lo rige, es
decir, tanto al conjunto de valores, principios, derechos y deberes
constitucionales, como a las prescripciones contenidas en la ley.[8]
En este punto hay también que
reiterar las puntualizaciones jurisprudenciales conforme a las cuales en un
Estado social y democrático de derecho, la legitimidad del ejercicio de las
potestades y facultades constitucionalmente reconocidas, -incluyendo aquellas
que se derivan de la autonomía universitaria-, se funda en el respeto a los
valores, principios y derechos que integran el ordenamiento jurídico, y se
garantiza otorgando a las personas los recursos necesarios para que los actos
susceptibles de transgredirlos puedan ser fiscalizados por autoridades
pertinentes en desarrollo de la inspección y vigilancia que consagra el
Artículo 189, numeral 21, de la Constitución.[9]
En
fin, no puede predicarse como garantía consagrada en el Artículo 69 de la
Carta, la inmunidad de los actos de las Universidades que sean susceptibles de
vulnerar el ordenamiento jurídico vigente; los altos fines sociales que
persigue la autonomía universitaria no pueden servir de excusa a los centros
docentes para que, prevalidos de esa garantía institucional, vulneren el
ordenamiento jurídico.[10]”
Reconocida pues  la posibilidad
para los entes universitarios  autónomos (art. 57 de la ley 30 de 1992) de
regirse por sus propias normas,  dentro de los marcos  constitucionales y legales,
corolario obligado  es el respeto de las mismas  por la comunidad
universitaria, pues, como también  ya dijo esta Corporación “Se colige que
el contenido de la autonomía universitaria se concreta especialmente en la
capacidad libre para definir sus estatutos o reglamentos, los cuales deben ser
respetados por toda la comunidad educativa, lo que incluye a los alumnos y a
las directivas de la institución”[11].
Así las cosas en el
caso que ocupa la  atención de la Corte en relación con el proceso de elección
de Rector  de la Universidad  Pedagógica y Tecnológica de Colombia, las reglas
que debían ser respetadas  específicamente  eran aquellas que integraban  las formas
propias  del proceso electoral de acuerdo con los estatutos de la Institución
y sus demás normas internas, que constituían el debido proceso para esta
circunstancia.
3.2  El derecho a la
participación  de la comunidad educativa  universitaria en la elección de sus
directivas
Atendiendo los mandatos del
Preámbulo y los artículos 1 y 2 del superiores, que expresamente señalan  al
Estado colombiano un “marco jurídico, democrático y participativo”, con
la finalidad de, entre otras, “facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan”, la jurisprudencia de esta Corporación ha no
solamente puesto en evidencia el carácter  fundamental de dicho derecho, sino
también que este figura dentro de aquellos que  de conformidad con el artículo
85 de la Carta son de aplicación inmediata[12]..
Igualmente la
jurisprudencia constitucional ha destacado que en lo que se refiere a la
comunidad educativa el artículo 68  de la Constitución  ordena que  esta
participe en la dirección de las instituciones de educación  al tiempo que el
artículo 67 superior  señala que la educación formará  a los colombianos  en el
respeto a la democracia. Por ello ha señalado la necesaria concordancia que
debe existir entre el ejercicio de la autonomía reconocida a los entes
educativos universitarios  para autorregularse y el respeto del derecho de  los
miembros de dicha comunidad  a la participación.
Ha dicho la Corte:
“4.2.  Es claro para la Corte que la autonomía
universitaria, consagrada constitucionalmente por primera vez en la Carta de
1991, ha de ejercerse mediante la expedición por las universidades de “sus
propios estatutos”, por cuanto esa autonomía es la posibilidad de
autorregulación de las universidades, sin que ello signifique que puedan
reclamar no sujeción a la Constitución y a la ley, razón esta que explica que
el artículo 69 superior señala que los estatutos serán expedidos “de acuerdo
con la ley”.
De esta suerte, por expreso mandato de la Constitución al
legislador le compete la expedición de una ley para darle desarrollo a esa
autonomía que para las universidades garantiza el artículo 69 de la Carta, como
efectivamente se hizo cuando se expidió la Ley 30 de 1992.
4.3. Ha de destacarse también por la Corte que cuando se
trate de universidades estatales, el citado artículo 69 de la Constitución le
ordena al legislador establecer “un régimen especial” para ellas, lo que
significa atender la particularidad de las mismas en cuanto las distingue de
las universidades privadas; y por ello se explica la existencia de normas
específicas para las universidades del Estado en la Ley 30 de 1992.
4.4.  De igual modo se precisa por la Corte que la
autonomía universitaria ha de entenderse en armonía con lo preceptuado por el
artículo 68 de la Constitución en cuanto en él se establece que la comunidad educativa
participará en la dirección de las instituciones de educación. Es decir, que la
autorregulación que a las universidades garantiza el artículo 69 de la Carta no
podrá, en ningún caso prescindir de quienes integran la comunidad educativa
(docentes, estudiantes, personal administrativo), y, en cambio, será
indispensable establecer mecanismos internos que les permitan expresarse sobre
todos los asuntos que interesan a la vida académica y administrativa de la
universidad, así como la posibilidad de participar efectivamente en las
decisiones correspondientes. Se abandona pues un criterio autoritario en la
universidad para dar cabida de manera concreta al principio de la democracia
participativa en los claustros.”[13]
Ahora bien, sobre el alcance
específico de dicho derecho a la participación en lo referente a la elección de
las directivas de los entes universitarios resulta pertinente recordar la síntesis
efectuada en la Sentencia T-525 de 2001 adoptada por la Sala Segunda de
revisión de esta Corporación, donde  se precisó  que el derecho de
participación debe manifestarse en dicha elección independientemente de la
forma que adopte.
Dijo la Corte:
“En el caso de las
universidades, para hacer real la participación de la comunidad educativa
superior en darse sus propias directivas, la Ley 30 de 1992, en el artículo 28
señala el ámbito de la autonomía universitaria, y en los artículos 62, 63 y 66,
se establece el procedimiento general de organización y elección de tales
directivas, en las universidades estatales u oficiales. Estas disposiciones
parten de la base de que la comunidad universitaria siempre estará representada
en los órganos de dirección.
De todo lo anterior, se
concluye que existe el derecho a la participación de la comunidad universitaria
para la elección de todas o algunas de sus directivas, bien sea directamente,
o a través de sus representantes ante los órganos de dirección, o por
parte de uno sólo o algunos de sus estamentos; y que la
correspondiente elección se realiza de acuerdo con los Estatutos de la
universidad, y éstos, a su vez, se expiden de conformidad con la Constitución y
la ley.
Es decir, que el derecho de
participación se refleja en que ella efectivamente se dé, y no tanto en la
forma que adopte. Quiere esto decir que si el Consejo Superior de una
universidad, por ejemplo, dentro de su propia autonomía, considera que todas
las directivas se elijan por el voto directo de todos los integrantes de la
universidad, es decir, siguiendo el principio de una persona un voto, tal
procedimiento resulta perfectamente válido constitucionalmente. Pero,
también, puede ser válido que el Consejo Superior determine que todas o algunas
de las directivas se elijan a través de sus representantes ante el Consejo
Superior o Académico u otro órgano de dirección, porque lo que debe
garantizarse, independientemente del procedimiento que se adopte, es que en las
elecciones de directivas, la decisión sea resultado de la participación de la
comunidad. Por ello, los estatutos tienen que establecer la participación.
Participación, se repite, que no necesariamente tiene que adoptar la del voto
directo de toda la comunidad académica en todas las elecciones, ya que
determinaciones de esta naturaleza sólo pueden ser fruto de sus propias
decisiones, como consecuencia de la autonomía para darse sus directivas y
estatutos.
De igual manera, atendiendo el
principio de la autonomía universitaria, cuando el derecho de participación se
obstaculiza, le corresponde a la propia comunidad universitaria buscar los
mecanismos para solucionar el problema. En otras palabras, intervenciones
ajenas a la universidad para resolver sus asuntos, en materia de designación de
directivas, no debe darse, y si se da, ésta debe ser excepcional, aun
tratándose del juez de tutela.” [14](subrayas fuera de texto).
3.3 La jurisprudencia
constitucional en relación con la procedibilidad de la acción de tutela en los
procesos de elección de rector  de los entes universitarios autónomos
Esta Corporación se ha ocupado
en diferentes oportunidades de analizar la procedibilidad de la acción de
tutela frente a  la vulneración de los derechos fundamentales  que pueda
producirse  en los procesos de elección de autoridades  de  los entes
universitarios autónomos.
De dicha
jurisprudencia  se desprende, como se reseñará a continuación, el carácter
excepcional de la intervención del juez de tutela  en dichos procesos.
Excepcionalidad que atiende  necesariamente a las características propias de
esta acción concebida como un mecanismo  eminentemente  subsidiario cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para  evitar un perjuicio irremediable (art. 86
C.P.).
Así al respecto cabe señalar en
primer término que la Corte  ha descartado la posibilidad de que mediante
acción de tutela  se pueda controvertir  la legalidad  de  los actos de
carácter general y abstracto mediante los cuales  las autoridades
universitarias en ejercicio de la autonomía que les reconoce la constitución y
la ley  determinen el procedimiento para la elección de rector por estar dicho
tipo de actos  generales expresamente exceptuados de la competencia del juez de
tutela [15].
Así lo señaló la Corte en la
Sentencia T-151 de 2001 proferida por la Sala  novena de revisión de esta
Corporación   en la que  rechazó por improcedente  la petición hecha por el
accionante en ese proceso  de revocar el acto mediante el cual se había
reglamentado el proceso de elección del Rector de la Universidad de Cartagena.
Dijo  la Sala:
“El debate jurídico
planteado en la tutela  que se analiza se refiere pues  al contenido de actos
administrativos de carácter general  impersonal y abstracto  que afectan, en
concepto del actor,  tanto su derecho a elegir y a ser tratado  de la misma
manera que los profesores, estudiantes y personal administrativo de  la
institución demandada, como los derechos de los demás  pensionados, algunos de
los cuales coadyuvan su demanda.
Es evidente en consecuencia  la
improcedencia de la acción de tutela  en el presente caso, independientemente
de las razones aducidas por el peticionario en relación con  la eventual
oposición  a la  Constitución   de algunas de las disposiciones contenidas en
Estatuto General  de la Universidad de Cartagena, y en el  la Resolución del
Rector de esa entidad “por medio de la cual se establece  el proceso de
votaciones  y se reglamenta el régimen de reclamaciones”  relativas al proceso
de elección del Rector.
Si se llegara a considerar,  en
efecto, que los actos generales expedidos por el Rector o por el Consejo
Superior de la Universidad  de Cartagena, -ente universitario autónomo
(artículo 57 de la ley 30  de 1992)-,  violan la Constitución y la ley, la
anulación de los mismos, por esos motivos, en caso de darse,  corresponde   al
juez administrativo, quien,  constitucional y legalmente, es el  encargado de
establecer si se ha presentado o no violación de  las normas superiores.
Sobre el particular  cabe
recordar  que  la ley  han excluido explícitamente  el examen de tales actos de
la competencia  del juez de tutela. -artículo 6º, numeral 5, del Decreto  2591
de 1991-.”[16]
En similar sentido  se pronunció  la  Sala Segunda de
revisión de esta Corporación  en la Sentencia C-651 de 2001  en la que se
rechazó por improcedente la acción de tutela interpuesta en ese proceso  para
solicitar la revocatoria de los actos de elección del rector del Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid y del procedimiento establecido  para la  misma
por el Consejo Directivo de la entidad[17].
Señaló la Corporación:
“De acuerdo con lo transcrito, observa la Sala que se está
frente a un hecho superado, porque una de las pretensiones de la demanda de
tutela era, precisamente, que se revocara la elección del Rector. Una
pretensión de esta naturaleza tiene claramente establecido el otro medio de
defensa judicial, el que fue oportunamente ejercido, y del que ya se produjo
sentencia. La otra pretensión consiste en que se revoque el Acuerdo 16 por
medio del cual se reglamentó la elección de Rector. En este caso, como en el
anterior, resulta improcedente la acción de tutela porque el actor siempre ha
tenido o tuvo a su alcance otro medio de defensa judicial. Además, no se está
frente a un perjuicio irremediable, y prueba de ello, es que sólo dos meses
después de ocurridos los hechos, el presumiblemente afectado, presentó esta
acción de tutela.
La Corte  ha
establecido, de otra parte,  la oportunidad para acudir a la acción de tutela
en este tipo de procesos electorales.  Al respecto la jurisprudencia  ha
precisado  que la acción de tutela solamente  puede interponerse en estos casos
antes de que se produzca la elección respecto de la cual se invoca la
vulneración de los derechos fundamentales, pues una vez ésta se produce la vía
a la que debe acudirse  es a la acción pública electoral ante la Jurisdicción
en lo Contencioso Administrativo.
Al respecto la Corte  expresó
lo siguiente:
“En el momento de iniciar la
presente acción de tutela, la demandante pretendía la suspensión de los
procesos de elección de Decanos de las diferentes facultades y de consulta con
el fin de escoger candidatos a la Rectoría de la Universidad del Atlántico,
para lo cual solicitó expresamente al a quo que tomara las medidas
provisionales señaladas en el artículo 7 del decreto 2591 de 1991, mientras se
fallaba el fondo del asunto. El Tribunal Administrativo del Atlántico, por auto
del 4 de noviembre de 1997, negó la solicitud argumentando que “dicha medida
conllevaría perjuicios ciertos e inminentes al interés público y por cuanto, a
juicio de este Tribunal, en este momento no se cuenta con elementos probatorios
suficientes a efectos de decidir si efectivamente se ha vulnerado o no derecho
fundamental alguno”(folio 16).
La anterior decisión fue tomada
a tan solo un día de que se cumplieran las elecciones, que habían sido
convocadas para el 5 de noviembre de 1997, de acuerdo con lo dispuesto en la
resolución 001949, expedida el 3 de octubre de ese año por el Rector de la
Universidad. Así, en el momento en que fue dictada la sentencia de primera
instancia, lo cual sucedió el día catorce de noviembre del mismo año, las
elecciones ya habían ocurrido y, por ende, el objeto de la presente acción de
tutela que, sin lugar a dudas, consistía en abrir la posibilidad a la
demandante de participar en esas elecciones, desapareció.
(...)
En reiterada jurisprudencia, la Corte ha sentado el
criterio según el cual, para que el juez de tutela pueda hacer efectivo el goce
de un derecho constitucional fundamental o, en casos excepcionales, uno no
fundamental pero estrechamente vinculado con él, es necesario que la amenaza o
violación efectiva sean ciertas y actuales, en vista de que la protección debe
ser eficaz y se torna improcedente, cuando el daño se ha producido "en forma
que no sea posible restablecer al solicitante en el goce de su derecho
conculcado".
(...)
4.- Sobre la solicitud de
anulación del proceso electoral y reapertura del mismo con plenas garantías.
No es competencia del juez de
tutela tomar una determinación sobre este asunto, pues entre las acciones
consagradas en el Código Contencioso Administrativo existe una idónea para
atacar este tipo de elecciones, acción que, por ser tan eficaz como la tutela,
le impide a ésta desplazarla para ser utilizada como mecanismo transitorio.
Distinto es lo relacionado con
el proceso electoral en sí mismo considerado, en vista de que las personas
aptas para participar en él, cuando son excluidas con vulneración de garantías
constitucionales y mientras las elecciones no hayan ocurrido, no cuentan con un
mecanismo eficaz que les permita ejercer los derechos fundamentales consagrados
en los artículos 13 y 40 superiores. Luego, en este caso es posible diferenciar
claramente entre el proceso de elección, en el cual el juez de tutela puede
intervenir para restablecer los derechos fundamentales amenazados o violados, y
la elección en sí, sobre la cual no puede decidir el juez constitucional porque
es un asunto propio del juez de lo Contencioso Administrativo[18]”.[19]
En ese orden de
ideas   respecto de   la vulneración del derecho fundamental al debido proceso
por un acto de trámite frente al cual  el actor no tenía medios de defensa
judicial diferentes a la acción de tutela  por hechos  acaecidos e invocados
previamente  a la elección  del Rector de la Universidad de Cartagena,  la Sala
novena de revisión de la Corte en la Sentencia T-182 de 2001  confirmó la
sentencia que  había concedido el amparo constitucional  en esas
circunstancias.
Dijo la Corte:
El “Acta de Junta General escrutadora” del 14 de abril de
2000, contra la cual se dirigió la acción de tutela por estimarse que ella
violaba el derecho al debido proceso del actor, era sin lugar a dudas un  acto
de trámite.
Dicha acta, constituyó un elemento del proceso tendiente a
la elección de Rector,  desarrollado en cumplimiento del procedimiento fijado
por las normas internas de la Universidad.
Estas, en el parágrafo 5 del artículo 28 de la resolución
0313 de 1º de marzo de 2000 señalaban que “Las reclamaciones y decisiones  de
la Junta General Escrutadora no tendrán recurso alguno  (...)”
Es decir que contra el acto anotado no era procedente
interponer recurso alguno por la vía gubernativa (art. 49 C.C.A.), como
tampoco  era posible acudir ante la jurisdicción en lo contencioso
administrativo (art. 229 C.C.A.), mientras no se produjera el  acto definitivo
consistente en la elección del Rector.
Por tanto y en la medida en que el accionante consideraba
violado su derecho  fundamental al debido proceso, la única vía posible para
solicitar la protección de  su derecho  era la acción de tutela, como atrás se
explicó, haciendo referencia a la jurisprudencia de esta Corte sobre la materia
y específicamente a la Sentencia SU-201/94.
Asistía pues razón al accionante en su petición inicial  al
Juez de primera instancia, sobre este punto.
Al respecto no puede alegarse, como lo hace uno de los
intervinientes,  que  dicho acto de trámite por no haber concluido, en su
concepto,  la actuación para el demandante, al ser   éste en todo caso
potencialmente sujeto de nominación por el Consejo Superior, junto con el señor
González Herazo,  no era susceptible  de  ser atacado mediante acción de
tutela.
Precisamente era el carácter de
acto de tramite  no susceptible de recursos  ante la jurisdicción  en lo
contencioso administrativo  lo que  establecía tal posibilidad, en cuanto su
derecho al debido proceso y a ser él el único candidato a ser sometido al
Consejo Superior de la Universidad  se encontraba vulnerado  por la actuación
de la Junta General Escrutadora, siendo la tutela  en esas circunstancias  el
único instrumento posible  para su protección.”[20]
Cabe precisar que  si bien en dicha
sentencia  la Corte consideró que resultaba procedente la acción de tutela, a
pesar de  haberse producido la elección antes  de  que se profiriera la
sentencia de primera instancia, es claro que ello respondió a las precisas
circunstancias  en que se produjo la vulneración de los derechos fundamentales
del actor en ese proceso y a que la  acción de tutela se presentó antes de que
se produjera  la  referida elección.
Ahora bien por referirse al derecho de
participación en los procesos electorales universitarios  y  haber sido
expresamente invocadas por algunos de los accionantes,  resulta pertinente
igualmente  reseñar que mediante sentencias  T-525 y T-587 de 2001 la Corte en aplicación
del mismo  criterio, según el cual solamente  es dable al juez de tutela
intervenir antes de producida la elección, tuteló el derecho a la participación
invocado en dichos procesos advirtiendo los preciso límites en que puede
moverse el juez, en función de  las características propias de la acción  de
tutela  así como del respeto de la autonomía universitaria.
Dijo la Corte:
“Por ser este el punto en donde
se presentó la vulneración de los derechos fundamentales de dos de los actores
y de los otros estudiantes que así lo han manifestado en esta acción de tutela,
es donde el juez constitucional puede, en forma limitada por la autonomía
universitaria, intervenir para la protección de los derechos fundamentales, si
no se está frente a un hecho superado.
Sobre este último aspecto, obra
en el expediente que cuando los profesores eligieron al profesor Pardo, y este
nombramiento suscitó el gran descontento entre la comunidad universitaria, para
remediar provisionalmente el problema, el Rector nombró en interinidad a un
Director de Escuela de Derecho encargado. En la declaración rendida ante el
juez de tutela, expediente T-425.501, el Rector manifestó que el nombramiento
del nuevo Director se haría en el primer trimestre de 2001. Es decir, para la
Corte no hay certeza respecto de si el hecho está superado, o si, a pesar de ya
haberse producido un nuevo nombramiento, en este proceso se respetó el
resultado de la consulta de preferencia, o si se motivó el acto, para apartarse
del mismo, pues, si se ignoró nuevamente la opinión de la consulta, se estaría
frente a un aparente hecho superado, ya que la acción u omisión continuaría
produciendo efectos.
En tales circunstancias,
respetando las órbitas propias de la autonomía universitaria y de la
competencia del juez de tutela, la Sala ordenará que en la elección y
nombramiento de Director de la Escuela de Derecho y Ciencia Política, si no se
ha hecho en la forma indicada en esta providencia, es decir, que satisfaga el
derecho de participación de la comunidad universitaria, las directivas, el
Rector y los profesores, se comprometan en que al abrir los espacios de
participación en la designación de tal Director, las decisiones que se adopten
por parte de quienes estatutariamente tienen la competencia de hacerlo (los
profesores electores y el Rector nominador), según el artículo 54 del Estatuto
de la Universidad, tengan en cuenta la opinión obtenida en forma democrática
por la comunidad universitaria, y que, si de tal opinión deben apartarse,
expliquen las razones correspondientes, pues, el simple argumento de que el
Estatuto así lo dispone, convierte la decisión en arbitraria o caprichosa,
ajena a lo que es el Estado de derecho.
Sólo a esto se reduce la
protección del juez constitucional en este caso, porque a las demás
pretensiones de los actores no se accede, por no corresponderle ordenar que se
revoque el nombramiento del Director encargado, por no cumplir requisitos
legales, ya que es evidente que existe otro medio de defensa judicial. Tampoco
puede ordenar que se respete la decisión de la consulta y que se nombre al
profesor Díaz, ya que  resultaría una evidente violación a la Constitución que
un juez de la República sea el que nombre directivas universitarias, si el
precepto constitucional dice que son las propias universidades las que se darán
sus directivas y estatutos (art. 69 de la Constitución). Por la misma razón, el
juez constitucional no puede exigir al Consejo Superior que modifique el
Estatuto sobre la forma de nombramiento de Director de Escuela, como es la
tercera de las pretensiones”[21].  (subrayas fuera de texto)
A ello debe agregarse que recientemente en
sentencia T-1227 de 2003 la  Sala primera de Revisión de la Corporación
estableció la improcedencia de las acciones de tutela instauradas  en contra de
la elección del Rector de la Universidad Nacional de Colombia, basadas en el
supuesto desconocimiento de las consultas estamentales realizadas en esa
Universidad dentro del proceso de elección[22].
Al respecto en dicha sentencia se señaló
lo siguiente:
“Como puede observarse de los
antecedentes que se dejan expuestos, del contenido de la contestación a las
acciones de tutela de que se trata por la Universidad Nacional, de las pruebas
practicadas y del asunto respecto del cual se reclama la acción de tutela, esta
resulta improcedente, toda vez que el acto de elección del rector de la
Universidad Nacional es un acto administrativo, de carácter electoral, para el
cual se encuentra establecida una vía expedita ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo que es la llamada a decidir de manera definitiva
sobre el particular.  Y, por lo demás, no es el caso de conceder esta acción de
tutela como mecanismo de carácter transitorio, pues no se encuentran reunidos
los presupuestos que para el efecto se exigen por el Decreto 2591 de 1991 en
cuanto hace relación a la existencia de un perjuicio irremediable, no
susceptible de protección inmediata, razón esta por la cual no se concederá por
la Corte una protección transitoria, que, por lo demás, lo mismo que la
principal resulta en este caso improcedente.”[23]
A partir de las consideraciones anteriores
procede la Corte al examen de la procedibilidad de las acciones objeto de esa
sentencia.
4. El análisis del caso
concreto
4.1  La naturaleza de los actos
invocados  como vulneratorios de los derechos de los accionantes y el momento
en que fue interpuesta la acción de tutela
La Corte constata que el
debate jurídico planteado en el presente caso se refiere a la legalidad de un
acto  administrativo de carácter general  impersonal y abstracto, a saber el
Acuerdo 022 de 2003 “por medio del cual se establece el calendario y trámite
para la designación de Rector   de la Universidad Pedagógica y tecnológica de
Colombia, para el periodo 2003-2006”, expedido por el Consejo Superior de
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  que derogó el Acuerdo  019
de 2003 “por  el cual se establece el proceso para la consulta de aspirantes
a Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para el
periodo 2003-2006 y se fija el calendario”, -acto igualmente de carácter
general impersonal y abstracto-,   por lo  que se afectaron, según los
accionantes, tanto los  derechos al debido proceso y a la participación,  como
los  demás derechos invocados en las respectivas demandas.
Así mismo que los actores
pretenden  la inaplicación (expediente  T-769.130 )  o la revocatoria
(expedientes  T-769.209, T-785.267,  785.420 y 785.510) del   acuerdo
023 de 2003 “Por medio del cual se designa al rector de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de  Colombia” acto de carácter particular y
concreto  con el que culminó el proceso electoral   establecido “en los
acuerdos 120 de 1993 y 022 de 2003”
La Corte advierte igualmente
que las acciones  de tutela interpuestas en el presente caso lo fueron después
de producido el acto de elección del Rector de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia.
A estas circunstancias que  de
acuerdo con las consideraciones hechas  en los apartes preliminares de esta
sentencia bastarían para  establecer la improcedencia de las acciones aludidas,
la Corte considera pertinente   agregar algunas precisiones referentes  a cada
una de ellas.
4.2 La improcedencia de la acción de tutela  interpuesta
por Olmedo Vargas Hernández  (expediente T-769.130)
Como se expuso en los apartes preliminares de esta
sentencia la jurisprudencia de esta Corte ha sido enfática en que la
procedencia de la  acción de tutela está sujeta a la inexistencia o a la
ineficacia de un  medio de defensa judicial ordinario,  ya que éste puede ser
suficiente  para restablecer el derecho atacado, situación que solo podrá
determinarse por el juez de tutela en el caso concreto y frente a los hechos y
material probatorio correspondiente.
Así, frente a la vulneración
del debido proceso invocada por  Olmedo Vargas Hernández  por la supuesta
ilegalidad  de las actuaciones del Consejo Superior  Universitario que
culminaron con la expedición  del Acuerdo 023 de 2003 resulta evidente la
existencia  de otro medio de defensa judicial  eficaz para proteger sus
derechos,  a saber,  la acción electoral ante la Jurisdicción en lo Contencioso
Administrativo. (art 136-12,  223 a 251 C.C.A)
Resulta igualmente evidente
que   una vez producida la elección del rector   con la expedición del acuerdo
023 de 2003 “por medio del  cual  se designa  Rector de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia” el perjuicio irremediable que pudiera
haberse invocado  para sustentar la eventual procedibilidad de  la acción de
tutela  interpuesta, perjuicio que por lo demás no precisa en su demanda,  ya
se encontraba consumado,   por lo que la  acción de tutela  interpuesta
resultaba  improcedente.
A ello debe agregarse que como
lo manifestó el juez de instancia el actor   a pesar de la supuesta
revocatoria ilegal del Acuerdo 019 de 2003 por el acuerdo 022 de 2003 participó
del proceso establecido en  este último acuerdo habiendo obtenido  el voto de
tres de los miembros del Consejo Superior de la Universidad, lo que pone de
manifiesto que frente al proceso de elección  realizado  con base en el acuerdo
022 de 2003  su derecho a ser postulado  y por tanto a figurar dentro de los
candidatos sometidos a consideración del Consejo Superior de la Universidad,
órgano competente para decidir sobre dicha elección  “de lista de nombres
propuestos  por los representantes profesorales, estudiantiles y de los
egresados  a los diferentes  Consejos institucionales de la Universidad  y por
el personal administrativo”[24],
-derecho que considera ya le había sido reconocido por el acuerdo 20 de 2003
que lo incluyó dentro de los candidatos elegibles-, fue respetado, por lo que
tampoco por este aspecto se vislumbra la vulneración de sus derechos.
4.3 La
improcedencia de las acciones  interpuestas   por los accionantes    Jhon Fredy
Bayona Bayona (expediente T-769.209), Ximena del Pilar Rincón Castellanos
(expediente T-785.267)-, Diana Carolina Cabra Delgado (expediente T-785.420)
y  Victor Hugo Vargas Bohórquez (expediente T-785.510)
Frente a la vulneración del derecho a la participación  invocada por
los accionantes  Jhon Fredy Bayona Bayona (expediente T-769.209), Ximena del
Pilar Rincón Castellanos  (expediente T-785.267)-, Diana Carolina Cabra Delgado
(expediente T-785.420)  y  Victor Hugo Vargas Bohórquez (expediente T-785.510),
así como de los demás derechos  a que dos de ellos aluden[25], como
resultado de la derogatoria del acuerdo 019 de 2003 por el acuerdo 023 de 2003
a que se ha hecho reiterada referencia en esta sentencia, con el consecuente
desconocimiento  de los resultados de las consultas estamentales realizadas, consultas
que en su entender tenían efecto vinculante para los miembros del Consejo
Superior de la Universidad, la Corte constata  que como en el caso del
accionante Olmedo Vargas  existe una vía  judicial ordinaria  considerada
reiteradamente por esta Corporación como un medio idóneo para proteger los
derechos  fundamentales en estas circunstancias , a saber la acción pública
electoral.
A ello debe agregarse  que como
lo explicó la Corte en la Sentencia T-235 de 1998 una vez producida la elección
la tutela deja de ser la vía pertinente para proteger los derechos
fundamentales considerados vulnerados.  Así las cosas, en este caso   con la
expedición del acuerdo 023 de 2003 “por medio del  cual  se designa  Rector
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia”  la posibilidad de
acudir a la acción de tutela  como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, a saber su participación en dicha elección,
desapareció, por lo que la  acción de tutela interpuesta resultaba  claramente
improcedente
Adicionalmente  cabe destacar que como lo ha explicado
igualmente la Corte
la configuración de un
perjuicio irremediable,  para hacer procedente la tutela,  está sujeta a la
existencia  de un claro fundamento normativo que establezca  el derecho que
podría ser violado[26].
En el presente caso, las
normas  aplicables no  establecían a favor de los accionantes un derecho que
pudiera estar amenazado  y que en consecuencia les permitiera alegar un
perjuicio irremediable.  En efecto, el derecho a  la participación  con efectos
decisorios -es decir el derecho a la elección del Rector por el voto popular de
los diferentes estamentos  universitarios- que los accionantes  alegan como
conculcado, no es un derecho que la Constitución o la ley  les hubieran
reconocido, como tampoco las normas internas de la Universidad  que en el
artículo 18 del Estatuto General de la Universidad aluden  al Consejo Superior
Universitario como el órgano competente para estos efectos.  Estas últimas, que
son las que precisamente atacan en sus demandas de tutela  se encuentran
amparadas por la presunción de legalidad y sobre todo por el especialísimo
marco de competencia  que fija la Constitución para las instituciones
universitarias  de educación superior.
En el mismo sentido frente a la
pretensión de los accionantes en los procesos
T- 785.267 y T-785.420 para que
se “Revoquen los Acuerdos 019 y 022 de 2003 y por tanto se inicie un nuevo
proceso de elección del Rector que permita la amplia participación del
estamento estudiantil y con un suficiente lapso de tiempo para los 23.000
integrantes de la comunidad estudiantil”  y que fundan en el derecho que
tendrían a que su voto  tenga efectos decisorios en la elección del Rector, la
Corte constata la clara  la improcedencia de las acciones  de tutela
interpuestas con este objetivo, independientemente  de las razones aducidas por
los accionantes en relación con  la eventual oposición  a la  Constitución   de
las disposiciones contenidas en  los acuerdos 019 y 022 de 2003 relativas al
proceso de elección del Rector, frente al derecho de participación.
Téngase en cuenta que si se
llegara a considerar  en efecto, que los actos de carácter general y abstracto
expedidos por el Consejo Superior de la Universidad  Pedagógica y Tecnológica
de Colombia, violan la Constitución y la ley, el examen de los mismos, por esos
motivos, en caso de darse,  corresponde   al juez administrativo, quien,
constitucional y legalmente, es el  encargado de establecer si se ha presentado
o no violación de  las normas superiores, dada la expresa exclusión  que de
dicho tipo de actos  hizo el  numeral 5  del artículo 6º del Decreto  2591 de
1991.
Así las cosas para la Sala de revisión es
claro que asistió razón a los jueces de instancia en declarar improcedentes las
acciones instauradas y así lo señalará en la parte resolutiva de esta
sentencia.
III. DECISION.
En mérito de lo expuesto, la
Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR  el fallo del 6 de junio de
2003 proferido  por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria  del Consejo Seccional
de la Judicatura de Boyacá  que denegó por improcedente la  acción de tutela
instaurada por  OLMEDO VARGAS HERNÁNDEZ  (expediente T-769130).
Segundo.- CONFIRMAR  el fallo del
4 de junio de 2003 proferido por  el Juzgado Segundo Civil  del Circuito de
Tunja Boyacá  que denegó por improcedente la acción de tutela instaurada  por
JHON FREDY BAYONA BAYONA  (expediente T- 769.209).
Tercero.- CONFIRMAR  el fallo del
17 de julio de 2003  proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal del
Distrito Judicial de Tunja  que a su vez confirmó el fallo del  11 de junio de
2003  proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito  de Tunja Boyacá   que
denegó la acción de tutela insaturada por XIMENA DEL PILAR RINCÓN CASTELLANOS
(expediente T-785.267).
Cuarto.- CONFIRMAR  el fallo
del  27 de junio de 2003 proferido por el Juzgado 5 Penal del Circuito de Tunja
Boyacá que denegó por improcedente la acción de tutela  instaurada por  DIANA
CAROLINA CABRA DELGADO  (expediente T-785.420).
Quinto.- CONFIRMAR  el fallo del  17 de julio de 2003
proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal del Distrito Judicial de
Tunja  que a su vez confirmó el fallo del  16 de junio de 2003  proferido por
el Juzgado Cuarto Civil del Circuito  de Tunja Boyacá   que  denegó la acción
de tutela  instaurada por  VICTOR HUGO VARGAS BOHORQUEZ  (expediente
T-785.510).
Sexto.-  Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo  36 del
Decreto 2591 de 1.991.
Líbrense por Secretaría, las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado Ponente
CLARA INES VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (E)
[1]  Cabe precisar que los accionantes   en
los expedientes  T- 785.267 y T-785.420  solicitan
igualmente la “revocatoria” del acuerdo  019 de 2003,
derogado por el Acuerdo 022 del mismo año.
[2] Sentencia  C-008/01 M.P. Alvaro Tafur
Galvis
[3] Ver al respecto, entre otras,  la
Sentencia T-182/01 M.P. Alvaro Tafur Galvis
[4] Ver Sentencia T-515/99, M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[5] Ver Sentencia T-310 de 1999, M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[6] Ver entre otras las Sentencias T- 492 de
1992,  M.P José Gregorio Hernández Galindo, C-589 de 1997, M.P. Carlos Gaviria
Díaz.
[7] Ver entre otras las Sentencias T- 02 de
1994, M.P José Gregorio Hernández Galindo,   T-180 de 1996, M.P Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[8] Ver Sentencia T-310 de 1999, M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[9]  Ver Sentencia C-220 de 1997, M.P, Fabio
Morón.
[10] Ver entre otras las Sentencias C- 299 de
1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell,  C- 06 de 1996, M.P, Fabio Morón, C-589,
M.P Carlos Gaviria Díaz
[11] Sentencia T-310/99 M.P. Alejandro
Martínez Caballero
[12] Ver, entre otras, las sentencias
C-145/94, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-089/94, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz; C-180/94, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-194/95, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo; C-586/95, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y Eduardo
Cifuentes Muñoz,  C-275/96, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-235/98 M.P.
Fabio Morón Díaz,  C-507/01 M.P. Alvaro Tafur Galvis , T-525/01 M.P. Alfredo
Beltrán Sierra, C-179/02 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[13] Sentencia C-829/02 M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[14] Sentencia T-525/01 M.P. Alfredo Beltrán
Sierra.
[15] Sentencia T-321/93 M.P. Carlos Gaviria
Díaz.
[16] Sentencia T-151/01 M.P. Álvaro Tafur
Galvis.
[17] En la sentencia se resumió así el problema
jurídico planteado por el actor “El expediente bajo estudio corresponde al
proceso de elección y nombramiento de Rector del Politécnico Colombiano Jaime
Isaza Cadavid, Institución Universitaria, para el período de 4 años, elección
que, en concepto del actor, quien es el representante de los estudiantes ante
el Consejo Directivo, se realizó por parte de este Consejo, sin tener en cuenta
la participación de los estudiantes, a pesar de que esta participación está
establecida en normas constitucionales y legales. Señala que por esta razón se
vulneraron sus derechos fundamentales, en especial, los contenidos en los
artículos 13, 20, 29, 38, 40 y 41 de la Constitución, en concordancia con el
preámbulo y los artículos 1, 2, 67, 69, 85, 93, 95 de la misma Carta.
Según el
demandante, la vulneración se presentó porque no existió un plazo suficiente
entre la aprobación del reglamento para elegir Rector y la elección del mismo,
pues, sólo mediaron 5 días hábiles entre el día 2 de octubre de 2000 y el día
10 del mismo mes y año.
[18] Corte Constitucional, Sala Octava de
Revisión, sentencia T-530 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz, y Sala Séptima de
Revisión, sentencia T-032 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[19] Sentencia T-235/98 M.P. Fabio Morón Díaz
, reiterada  en este punto en las sentencias T-525 y T-587 de 2001  M.P.
Alfredo Beltrán Sierra.
[20] Sentencia  T-182/01 M.P. Álvaro Tafur
Galvis.
[21] Sentencia T-525/01 M.P. Alfredo Beltrán
Sierra, reiterada en la Sentencia T-587/01 con ponencia del mismo Magistrado.
[22]  El problema jurídico planteado se
resumió así en dicha sentencia “ 2.- Conforme a los antecedentes narrados,
corresponde a la Corte determinar si el Consejo Superior Universitario de la
Universidad Nacional desconoció los derechos fundamentales de los actores al
debido proceso, a la igualdad y de elegir y ser elegido al no designar como
Rector de dicha Institución al señor Víctor Manuel Moncayo Cruz, quien obtuvo
el mayor resultado en la consulta efectuada a la comunidad académica; asimismo,
tendrá que determinar, conforme a las normas que rigen la materia, cuál es el
quórum decisorio para la elección del Rector de la misma Entidad.”
[23] Sentencia T-1227/03 M.P. Alfredo Beltrán
Sierra S.V. Jaime Araujo Rentería.
[24]  Texto del Artículo 18 del  Acuerdo 120
de 1993 -Estatuto General de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia-
[25] Los demandantes
invocan en efecto   como  vulnerados igualmente   los derechos  al debido
proceso, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad,  a elegir y ser
elegido, al trabajo, al desempeño de  funciones y cargos públicos. Derechos que
por lo demás como lo pusieron en evidencia los jueces de instancia  no resulta
claro si los invocan  como vulnerados a ellos mismos o al candidato de sus
preferencias, lo que plantearía una causa adicional de improcedibilidad. (art 10  del Decreto 2591  de
1991). Sobre el particular  cabe recordar que en la Sentencia T-1227 de 2003
proferida por la Sala Primera de Revisión  se precisó que  los estudiantes en cuanto miembros de su comunidad académica
son titulares de algunos derechos fundamentales que podrían verse vulnerados en
un proceso de designación de Rector pero que dentro de ellos no figura el
derecho a elegir y a ser elegido. Al respecto en dicha sentencia se dijo lo
siguiente: “En cuanto a los derechos que el estudiante de la citada
Universidad Diego Mauricio Carrera, así como los demás estudiantes que figuran
como coadyuvantes, dicen vulnerados, la Corte estima, en primer lugar, que
ellos no son titulares, en este caso, de los derechos de elegir y ser elegidos,
pues, la designación del Rector no se realza mediante elección por los
estudiantes, sino a través de nombramiento por parte del Consejo Superior, por
tanto, mal puede estársele vulnerando sus derecho a elegir; y cuanto al de ser
elegido, tampoco se les vulnera, dado que ellos no figuraban como aspirantes a
ese cargo.
En segundo lugar, en relación con los demás derechos
alegados, la Corte estima que sí están legitimados para alegarlos, debido a que
como miembros de uno de los estamentos de la Universidad, como es el de los
estudiantes, gozan del derecho fundamental de participar en la conformación de
las autoridades universitarias, como una emanación del derecho fundamental de
participación en la conformación, ejercicio y control del poder político.
En ese sentido, también, son titulares del derecho al
debido proceso, en tanto, en el sistema de designación del Rector de la Universidad
Nacional, fue convocado un proceso, que conforme al artículo 2° del Acuerdo No.
3 de 2000, contemplaba la “consulta a la comunidad académica”. De modo que al
ser parte del mismo, se podría eventualmente vulnerárseles su derecho
fundamental al debido proceso, al no respetarse las reglas que lo regulan”. Sentencia T-1227/03 M.P. Alfredo Beltrán
Sierra S.V. Jaime Araujo Rentería.  En el presente caso la Sala constata que
dentro de  los derechos que podrían ser violados a los estudiantes en el
proceso de elección de rector tampoco figuran  el
derecho al trabajo ni  al desempeño de  funciones y cargos públicos que sin
embargo  los accionantes incluyen dentro de los derechos que aducen como
vulnerados por la actuación del Consejo Superior Universitario de la U.P.T.C.
[26] Ver Sentencia T-151/01 M.P. Álvaro Tafur
Galvis.