T-279-20
Sentencia T-279/20
Referencia:
Expediente T-7.677.060
Acción
de tutela promovida por Teresa
Riascos, como agente oficiosa de la señora Lidia Esperanza Arciniegas, contra
la Administradora de Fondo de Pensiones Porvenir S.A. y Seguros de Vida Alfa
S.A.
Magistrado
Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio
de dos mil veinte (2020).
La Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y
los Magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en
los artículos 33 y siguientes del Decreto Ley 2591 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos
proferidos el
15 de agosto de 2019 por el Juzgado Tercero de Pequeñas causas y Competencias
Múltiple del Distrito Judicial de Cali, Desconcentrado Siloé, en
primera instancia, y el 19
de septiembre de 2019, el Juzgado Once Civil del Circuito de Cali, en segunda
instancia, dentro
de la acción de tutela instaurada por Teresa Riascos, como agente oficiosa de
la señora Lidia Esperanza Arciniegas, contra la Administradora de Fondo de
Pensiones Porvenir S.A. (en adelante, Porvenir), y Seguros de Vida Alfa S.A.,
por la presunta vulneración a los derechos fundamentales a la seguridad social,
a la salud, al mínimo vital y a la igualdad.
Mediante auto del 26 de noviembre de
2019, la Sala de Selección de Tutelas Número Once[1]escogió
el expediente de la referencia y lo asignó, previo sorteo al Magistrado Alberto
Rojas Ríos, para que se pronunciará sobre la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con el numeral 9° del artículo 241 de la Constitución Política y
en los artículos 33 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991. Para ello, se indicó
como criterios la “necesidad de pronunciarse sobre una línea
jurisprudencial” (criterio Objetivo) y; “urgencia de proteger un
derecho fundamental” (criterio subjetivo)[2].
I.       ANTECEDENTES
1.         Hechos:
1.1.
Lidia
Esperanza Arciniegas es una persona de 83 años de edad que padece de
osteoporosis severa[3]
con amputación supracondilea desde el año 2010 por enfermedad arterial oclusiva
crónica fontaine IIB, hipertensión arterial de larga data, anemia
megaloblastica, deficiencia de vitaminas, hipoacusia bilateral, dislipemia,
hipotiroidismo, gastritis crónica, enfermedad renal crónica, entre otros
padecimientos.
1.2.
Sostuvo
que, el 10 de marzo de 1983, asumió el cuidado y crianza de su sobrino Carlos Alberto
Guancha Arciniegas[4],
toda vez que la madre[5]
del menor, quien era hermana de la agenciada, falleció en el año 1983.
1.3.
Desde
esa fecha, la señora Lidia Esperanza Arciniegas “se dedicó por completo a
ser su madre, consolidando entre ellos un núcleo familiar por su relación de
convivencia continua, afecto, amor, protección, solidaridad, respeto mutuo y
comprensión”, incluso, después de que Carlos Alberto Guacha Arciniegas
cumpliera su mayoría de edad, pues éste continuó viviendo con ella, para
hacerse cargo del hogar y de la protección de la misma, afiliándola al Sistema
de Seguridad Social en Salud, en calidad de beneficiaria de su núcleo familiar.
1.3.
Carlos Alberto Guancha Arciniegas falleció el 6 de abril de 2019. Asimismo,
éste tenía un seguro de renta vitalicia inmediata con Seguros de Vida Alfa S.A.[6], en virtud
del reconocimiento como beneficiario de la pensión de invalidez otorgada por
Porvenir S.A. En dicha póliza, la señora Lidia Esperanza Arciniegas registra
como beneficiaria y madre del causante.
1.4.
Con fundamento en lo expuesto, la señora Lidia Esperanza Arciniegas solicitó a
Porvenir y a Seguros de Vida Alfa la sustitución pensional de su hijo de
crianza Carlos Alberto Guancha Arciniegas. Sin embargo, el 19 de junio de 2019,
le fue negada dicha prestación económica por no acreditar la condición de madre
del causante. Sobre el particular se lee:
“De
la norma invocada, artículo 13, literal d de la Ley 797 de 2003 se concluye,
que es debe cumplir con el requisito de parentesco para acceder a la prestación
económica y de acuerdo con la copia autentica de registro civil de nacimiento
aportada (…) figuran como padres del causante los señores Juan Ramón Guancha
Grijalba y Rosa Arciniegas.
Del
caso en estudio, se estable que la señora Lidia Esperanza Arciniegas no
acredita el vínculo como madre (…), bien sea por consanguinidad o parentesco
civil.”
1.5.
Se alega que la señora Lidia Esperanza Arciniegas, de avanzada edad, se
encuentra “sin el servicio médico de la EPS SOS, donde la tenía afiliada su
hijo de crianza como beneficiaria[7]”,
situación que ha afectado gravemente su mínimo vital y su calidad de vida, ya
que quedó desamparada económicamente y, por sus diversas enfermedades, le fue
amputada una pierna.
2. Solicitud de tutela
Con
fundamento en la situación fáctica expuesta, a través de agencia oficiosa,
solicitó que se ordene a Porvenir S.A., y Seguros de Vida Alfa que, de manera
inmediata, reconozca la sustitución pensional, en calidad de madre de crianza
de Carlos Alberto Guacha Arciniegas, fallecido.
3. Traslado y
contestación de la demanda
Mediante
auto interlocutorio del 31 de julio de 2019, el Juzgado Tercero de Pequeñas
Causas y Competencias Múltiples de Cali, Desconcentrado de Siloé, admitió la
acción de tutela de la referencia y dispuso: (i) requerir a
Porvenir S.A., y a Seguros de Vida Alfa, para que, una vez notificados,
contesten la demanda y alleguen las pruebas que pretendan hacer valer; (ii)
vincular a Servicio Occidental de Salud S.O.S. EPS; y (iii) tener
como pruebas los documentos allegados por la parte actora.
3.1. Porvenir S.A.
La
Directora de Litigios de la Sociedad Administradora de Porvenir S.A. solicitó “denegar
o declarar improcedente la acción de tutela” por las siguientes razones:
(i)
Falta
de legitimación en la causa por activa. De conformidad con el artículo
86 de la Constitución Política, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 y la
jurisprudencia constitucional, la entidad accionada indicó que en el trámite de una acción de tutela está legitimada para
actuar como agente oficiosa la persona que “manifieste que la accionante no
se encuentre en condiciones de poder ejercer por sí misma la defensa de sus
derechos” y, en esta oportunidad, no se observa este requisito.
(ii)
No
se ha vulnerado ningún derecho fundamental. De acuerdo con
el literal c del artículo 74 de la Ley 100 de 1993, son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes “los padres del causante si dependían
económicamente de este” y, la señora Lidia Esperanza Arciniegas no es la
madre de Carlos Alberto Guancha Arciniegas, razón por la cual, no acredita la
calidad de beneficiaria.
(iii)
Se desconoce el carácter subsidiario de
la acción de tutela.  Teniendo en cuenta, que en esta ocasión
se reclama el reconocimiento de una pensión, es claro que la parte actora
cuanta con la jurisdicción ordinaria laboral para hacer valer sus pretensiones.
Además, no evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
3.2. Seguros de Vida
Alfa
El
apoderado general para asuntos judiciales de Seguros de Vida Alfa
solicitó declarar improcedente la acción de tutela, pues no ha vulnerado
derecho fundamental alguno.
Señaló
que su apoderada expidió a Porvenir S.A. un contrato de seguro previsional para
que, en el evento en que ocurra invalidez o muerte por origen común a uno de
sus afiliados, le reconozca el valor de la suma adicional que se requiera para
garantizar la pensión, a título del valor asegurado, siempre y cuando le haga
falta capital necesario para asumir la pensión de sus afiliados o
beneficiarios.
De
acuerdo con lo anterior, expuso que el 11 de mayo de 2012, Seguros de Vida Alfa
contrató la Póliza del Seguro de Renta Vitalicia Inmediata Nº 0076202, en
virtud del reconocimiento como beneficiario de la pensión por invalidez que
Porvenir otorgó al señor Carlos Alberto Guancha Arciniegas.
Adicionalmente,
informó que, con base en el contrato de póliza de la referencia, se dio inicio
al proceso de sustitución pensional por el fallecimiento del señor Carlos Alberto
Guacha Arciniegas a favor de la señora Esperanza Arciniegas, en calidad de
madre dependiente del causante.
Dentro
del trámite de confirmación del cumplimiento de los requisitos legales, se
encontró que la solicitante no es la madre del causante, según el registro
civil de nacimiento que aportó, pues, la progenitora del mismo es la señora
Rosa Arciniegas.
En
este sentido, se informó a la señora Lidia Esperanza Arciniegas que no había
lugar al reconocimiento de dicha prestación, dado que el literal d del artículo
13 de la Ley 797 de 2003, establece que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes
“(…) los padres del causante si dependían económicamente de este”.
3.3.
Servicio Occidental de Salud EPS SOS
La
apoderada de Servicio Occidental de Salud EPS SOS solicitó “declarar
improcedente la acción de tutela”, toda vez que esta entidad no está
legitimada por pasiva y, en consecuencia, no ha vulnerado ningún derecho
fundamental de la señora Lidia Esperanza Arciniegas.
4. Pruebas que obran en el expediente
Con la demanda de tutela, se allegó
copia de los siguientes documentos:
·     Copia del Registro
civil de defunción del señor Carlos Alberto Guancha Arciniegas, en el que
consta que falleció el 6 de abril de 2019[8].
·     Copia del certificado
de afiliación del señor Carlos Alberto Guancha Arciniegas al Plan de Beneficios
en Salud P.B.S en la EPS Servicios Occidental, del 16 de abril de 2019[9].
·     Informe del
Registro Único de Afiliados -RUAF-[10]
donde consta que el señor Carlos Alberto Guancha Arciniegas se encontraba afiliado
a la Administradora de Servicio Occidental de Salud S.O.S. S.A., en el régimen
contributivo[11].
·     Informe del
Registro Único de Afiliados -RUAF-[12]
donde consta que la señora Lidia Esperanza Arciniegas se encuentra afiliada a
la Administradora de Servicio Occidental de Salud S.O.S. S.A., en el régimen
contributivo y en calidad de beneficiaria. Que permitió constatar que nunca
realizó aportes a pensión ni riesgos laborales.[13]
·     Certificado de
afiliación del señor Carlos Alberto Guancha Arciniegas al Plan de Beneficios en
Salud P.B.S en la EPS Servicios Occidental[14],
que demuestra que su afiliación estuvo vigente hasta el 6 de mayo de 2019 y que
su estado actual es “retirado”.[15]
·     Certificado de
afiliación de la señora Lidia Esperanza Arciniegas al Plan de Beneficios en
Salud P.B.S en la EPS Servicios Occidental[16],
en el que se certifica que su estado actual es activo por el régimen subsidiado[17].
·     Copia del derecho
de petición de la señora Lidia Esperanza Arciniegas a Porvenir S.A, en el que
solicitó la sustitución pensional de su hijo de crianza, Carlos Alberto Guancha
Arciniegas[18].
·     Copia del formulario
de solicitud de sustitución pensional de Seguros de Vida Alfa, que la señora
Lidia Esperanza Arciniegas presentó el 3 de mayo de 2019[19].
·     Póliza de
seguros de renta vitalicia inmediata suscrita por el señor Carlos Alberto
Guancha Arciniegas con Seguros de Vida Alfa S.A.[20], en el que
se lee lo siguiente:
BENEFICIARIOS SOBREVIVIENTES
Nombre
Nº
identificación
%
pensión
Fecha
nacimiento
edad
parentesco
Arciniegas
Lidia Esperanza
66754352
0%
1937/02/26
75
MADRE
Guancha
Arciniegas Carlos Alberto
94294727
100%
1969/11/25
42
EL
MISMO
Amparo: Seguros de vida alfa s.a. pagará
al afiliado/pensionado una renta mensual vitalicia hasta la muerte del
pensionado y del último de sus beneficiarios con derecho a pensión de
sobrevivencia, calculada sobre el monto de la prima única traspasada por la
administradora de fondos de pensiones, por los riesgos de invalidez, vejez o
muerte, según el caso.”
·     Copia del Registro
civil de defunción del señor Juan Ramón Guancha Grijalba[21], padre de
Carlos Alberto Guancha Arciniegas[22].
·     Respuesta a la
solicitud de sustitución pensional que presentó la señora Lidia Esperanza
Arciniegas, en la cual, Seguros de Vida Alfa S.A, “rechaza la solicitud”, por
no tener el vínculo de madre biológica con el causante[23].
·
Copia
del acta de declaración juramentada, suscrita el 24 de enero de 2011 en la
Notaria 19 del Circulo Notarial de Santiago de Cali, por la señora Lidia
Esperanza Arciniegas, donde manifestó que era ama de casa, que vivía bajo el
mismo techo que el señor Carlos Alberto Guancha Arciniegas, quien suministraba
la manutención, vestuario y medicina que ella necesitaba, dada su situación
grave de salud que no le permite laborar desde el año 2010, además del hecho
que nunca fue beneficiaria de una pensión o subsidio. Lo anterior, teniendo en
cuenta que crió a su sobrino desde el fallecimiento de su hermana la señora
Rosa Arciniegas y este, en retribución a dicha labor, cuando cumplió su mayoría
de edad, se responsabilizó económicamente y afectivamente por ella[24].
·     Copia de la historia
clínica de la señora Lidia Esperanza Arciniegas, en la que se certifica que
padece de osteoporosis severa[25],
con amputación supracondilea del año 2010 por enfermedad arterial oclusiva
crónica fontaine IIB, hipertensión arterial de larga data, anemia
megaloblastica, deficiencia de vitaminas, hipoacusia bilateral, dislipemia,
hipotiroidismo, gastritis crónica, enfermedad renal crónica, entre otros
padecimientos.[26]
Cédula de ciudadanía de la señora Lidia Esperanza Arciniegas, en la que consta
que nació el 26 de febrero de 1937[27].
·     Cédula de
ciudadanía del señor Carlos Alberto Guancha Arciniegas, en la que consta que
nació el 25 de noviembre de 1969[28].
5. Decisión judicial objeto de revisión
5.1. Primera instancia
El
15 de agosto de 2019, el Juzgado Tercero de Pequeñas causas y Competencias
Múltiple del Distrito Judicial de Cali sede Desconcentrada de Siloé resolvió “denegar
por improcedente el amparo a los derechos fundamentales al mínimo vital, vida,
salud y seguridad social de la señora Lidia Esperanza Arciniegas”. Consideró
que en, el caso sub examine, la agenciada cuenta con un mecanismo idóneo
y expedito, como es el proceso declarativo ante el juez Laboral del Circuito de
Cali, “a fin de verificar, previo el ejercicio del contradictorio y un
debate probatorio, si el rechazo de reconocimiento de la sustitución pensional
de su hijo de crianza contradice la regulación sustantiva y procedimental
laboral” y, en este sentido, determine si la interesada tiene derecho a
dicha prestación económica.
5.2.
Impugnación
Teresa
Riascos, como agente oficiosa de la señora Lidia Esperanza Arciniegas, impugnó
la anterior decisión, conforme los siguientes argumentos:
(i)
Condiciones de riesgo y dependencia económica: De las pruebas
que se aportaron en la demanda[29]se
aseveró que la señora Esperanza Arciniegas tiene 83 años y que, teniendo en
cuenta su avanzada edad y estado de salud[30],
no puede trabajar. Asimismo, debido al fallecimiento de su hijo de crianza con
el que vivía bajo el mismo techo y de quien dependía económicamente, se afectó
su mínimo vital.
(ii) Afiliación
al Sistema de Seguridad Social en Salud: si bien la señora Lidia Esperanza
Arciniegas se encuentra afiliada a través del régimen subsidiado en la EPS SOS,
lo cierto es que dicha novedad surgió el 17 de abril de 2019, tras el
fallecimiento de Carlos Alberto Guancha, quien la tenía en el sistema de salud
como beneficiaria. Además, en la actualidad no recibe un buen servicio médico,
pues la cirugía y el tratamiento médico que recibía se interrumpieron en razón
al cambio de afiliación, situación que pone en riesgo la vida y la salud de su
familiar.
(iii)
Existencia de otro medio de defensa judicial: Es importante contemplar que
este tipo de procesos se demoran entre 3 a 4 años, y la señora Esperanza
Arciniegas se encuentra en estado de debilidad manifiesta por razones de su
edad y quebrantos de salud que la acongojan.
5.3. Segunda instancia
El
19 de septiembre de 2019, el Juzgado Once Civil del Circuito de Cali confirmó
la decisión impugnada. Señaló que, si bien la agenciada por su condición de
persona mayor es un sujeto de especial protección constitucional, con la
respectiva revisión de la documentación que obra en el expediente y en relación
con la normatividad y la jurisprudencia vigente, no es posible entrar a
analizar la dependencia económica y exclusiva con el hijo de crianza.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión
del fallo de tutela proferido dentro de la acción de la referencia, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°,
de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
1.2. Actuaciones surtidas en sede de
revisión
1.2.1. En Auto del 21
de febrero de 2020, el magistrado sustanciador requirió a la señora Esperanza
Arciniegas, a la señora Teresa Riascos y a Servicio Occidental de Salud EPS
SOS, con el fin de que se pronunciaran sobre algunas situaciones fácticas
concretas relacionadas con el tema objeto de discusión.
En primer lugar, se ofició a la señora Lidia
Esperanza
Arciniegas para
que informara sobre su estado de salud y su condición socioeconómica, y al
mismo tiempo, manifestara como fue su relación con el señor Carlos Alberto Guancha
Arciniegas.
En escrito del 21 de febrero de 2020, la
señora Teresa Riascos[31]
indicó que obra en calidad de agente oficiosa de la señora Lidia Esperanza
Arciniegas, toda vez que no se encuentra en condiciones para adelantar y
gestionar los trámites necesarios para la protección de sus derechos fundamentales.
Además, en su calidad de agente oficiosa, reiteró la situación fáctica ya
descrita en el escrito de tutela, e indicó que el estado de salud de la
agenciada se deteriora de manera progresiva al presentar ciertos padecimientos
que requieren de tratamiento médico especializado, tales como la programación
de una cirugía vascular y la compra de ciertos medicamentos. En cuanto a los
demás cuestionamientos relató lo siguiente:
“(…) mi Tía ROSA falleció (10 de marzo
1983), ella era el motor de la familia, razón por la cual mi tío político
esposo de mi tía ya fallecida JUAN RAMON GUANCHA tomó la decisión de retornarnos
con nuestra madre MARIA ELVIRA RIASCOS. Desde esa fecha mi tía LIDIA ESPERANZA ARCINIEGAS
quedó a cargo de mis primos, (6) seis en total. Mi Tío político JUAN RAMON
GUANCHA con cedula de ciudadanía 1.794.004 de Cali a los tres años de la muerte
de mi Tía ROSA se casó y económicamente ayudó a mis primos hasta que cumplieron
la mayoría de edad," después de varios años JUAN RAMON GUANCHA fallece el
(04 junio 2015)." cada uno hizo su vida y CARLOS quedó en la casa y
nunca se casó, cuando él consiguió empleo lo primero que hizo fue afiliar a mi
tía LIDIA ESPERANZA ARCINIEGAS a la S.O.S de COMFANDI, ya que ella fue como una
madre durante su vida, pues fue quien asumió su crianza después del deceso de
mi tía ROSA. Cuando CARLOS empieza a decaer por su enfermedad es que le pide
ayuda a mi hermana LIDIA MAGALY RIASCOS para que cuide de mi tía Esperanza, ya
que por su enfermedad se le dificultaría”.
Junto con la anterior contestación, la
señora Teresa Riascos remitió copia de la historia clínica de la señora
Esperanza Arciniegas con fecha del 21 de febrero de 2020, en la cual se
evidencia que la agenciada padece de “hipertensión
arterial de larga data, enfermedad arterial oclusiva de miembros inferiores,
amputación supracondilia en miembro inferior izquierdo, edema de miembro
inferior derecho, hipotiroidismo, anemia megaloblastica, deficiencia de
vitamina D, otitis, senilidad y osteoporosis, requiere de tratamiento con asa,
cilostazol, atorvastina y uso de audífonos, por último que requiere de una
cirugía vascular.”
Igualmente, adjuntó como material
probatorio:
·
Diez
(10) fotos en donde se evidencia que la agenciada y el causante convivieron en
el mismo hogar y compartieron todo tipo de celebraciones familiares.
·
El
diagnóstico médico más reciente de fecha del 1 y 8 de octubre de 2019 por parte
de la Fundación Reina Isabel, el Centro Médico Imbanaco y la IPS de Comfandi
San Nicolás.
·
La
constancia de inclusión en la base de datos del SISBEN de la señora Esperanza
Arciniegas.
·
Certificado
de afiliaciones SISPRO (Sistema Integral de Información de la Protección
Social) de la señora Esperanza Arciniegas.
·
Oficio
del 24 de febrero de 2020, de la señora Teresa Riascos, en donde manifiesta que
obra en calidad de agente oficiosa de la señora Esperanza Arciniegas, teniendo
en cuenta que su agenciada se encuentra en una debilidad manifiesta, que le
impide movilizarse, asimismo de ostentar una situación económica crítica y una
edad avanzada cuyos factores a tener en cuenta significarían imponer una carga
desproporcionada que no está en la capacidad de asumir, para la defensa propia
de sus derechos.
·
Oficio
de la señora Teresa Riascos que relata cómo está compuesto el núcleo familiar
de la agenciada, la totalidad de gastos que requiere y su estado actual de
salud.
·
La
declaración extraprocesal que rindieron bajo la gravedad de juramento y ante
autoridad competente, las señoras Rosalba Vargas Escobar, Sonia Mercedes Bravo
León, Rosalinda Rojas López, Mery Damaris Ramírez, quienes afirmaron conocer a
la señora Esperanza Arciniegas y ser testigos del vínculo que existía entre
ella y el señor Carlos Arciniegas, quien lo distinguían como hijo de la
agenciada, teniendo en cuenta que él siempre se hizo cargo de todos los gastos
de manutención, vivienda, alimentación, salud y demás que ella requería en su
diario vivir.
1.2.2. En segundo
lugar, en el mismo Auto se requirió a Servicio Occidental de Salud EPS
SOS, para que remitiera la historia de afiliación de la señora Lidia Esperanza
Arciniegas y, en este sentido, indicara el núcleo familiar al que la agenciada
perteneció como beneficiaria y el parentesco con el cotizante.
Conforme la solicitud en cuestión,
Servicio Occidental de Salud EPS S.O.S informó lo siguiente:
“1.
La usuaria Lidia Esperanza Arciniegas identificada con C.C 66754352 registra como
beneficiaria madre del sr CARLOS ALBERTO GUANCHA ARCINIEGAS identificado
con CC 94294727 desde 1999/10/01 hasta 2019/05/06 por fallecimiento del
cotizante del contrato. Se adjunta formulario Afiliación No 0329523.
2.
La Sra. Lidia Esperanza Arciniegas aplicó movilidad al régimen subsidiado según
formulario de Afiliación tramitado No. 1256161 desde el día 07 /05/2019 a la
fecha se encuentra activa en régimen subsidiado con derecho a todos los
servicios. Se adjunta formulario No 1256161.”
2. Planteamiento del caso
Teresa Riascos, en calidad de
agente oficiosa de Lidia Esperanza
Arciniegas, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a
la seguridad social, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y a la
igualdad, los cuales fueron presuntamente vulnerados por Porvenir S.A. y
Seguros de Vida Alfa, al negarle la solicitud de
la prestación social a causa del fallecimiento del señor Carlos Alberto Guancha Arciniegas, por no ser madre biológica del afiliado, pues su
determinación, se dio al revisar que en el registro civil de nacimiento del
causante aparece la señora Rosa Arciniegas como madre biológica del causante y
no la actora.
Motivo por el cual, las entidades accionadas no contemplaron la calidad de
madre de crianza de la señora Esperanza Arciniegas, toda vez que el rechazo de
la solicitud fue porque la agenciada no se le reconoce como madre biológica,
por las razones expuestas[32].
2.1 La procedibilidad de la acción de
tutela
Conforme con la situación fáctica, la
Sala iniciará por establecer si concurren los requisitos mínimos de procedencia
de la acción de tutela, como lo son: (i) la legitimación en la causa por activa
(ii) la legitimación en la causa por pasiva, (iii) la subsidiariedad y; (iv) la
inmediatez.
Además de lo anterior, se revisarán las
reglas jurisprudenciales en la materia y, con fundamento en estas, se
verificará el cumplimiento de esas exigencias. De proceder la solicitud de
amparo, la Sala estudiará el asunto de fondo.
Legitimación en la causa por activa
El artículo 86 de la Constitución
estableció que toda persona tendrá derecho a interponer la acción de tutela para
reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales,
siempre y cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas y excepcionalmente de particulares.
A su vez, el artículo 10 del Decreto
2591 de 1991 determinó que el recurso de amparo lo podrá ejercer cualquier
persona que considere se amenacen o se violen sus derechos fundamentales, quien
podrá actuar (i) a nombre propio; (ii) a través de un representante legal;
(iii) por medio de apoderado judicial, o (iv) mediante un agente oficioso, y
también (iv) mediante los Personeros Municipales y Defensores del Pueblo.
Ahora bien, cuando el titular de los
derechos fundamentales no esté en condición de ejercer su propia defensa, lo
podrá hacer un tercero en calidad de agente oficioso. Al respecto, la Corte
Constitucional afirma que esta figura encuentra fundamento en los principios de
eficacia, prevalencia del derecho sustancial y solidaridad en lo que concierne
a la materialización de los derechos fundamentales, de modo que el Decreto 2591
de 1991 solo fija dos requisitos para ejercer dicha figura: “(i) que el
titular de los derechos no esté en condiciones de defenderlos y, (ii) que en la
tutela se manifieste esa circunstancia[33]
”.
Conforme lo anterior, el aspecto central
de esta figura radica en justificar las razones por las cuales obra en calidad
de agente oficioso de otra persona, es decir, demostrar que a su agenciado le
resulta fáctica o jurídicamente imposible ejercer la defensa de sus derechos.
Así las cosas, en lo que respecta al
primer requisito “que
el titular de los derechos invocados no se encuentre en condiciones para
instaurar la acción de tutela a nombre propio”, se infiere de los hechos y de las pruebas que obran
en el expediente que la accionante: (i) es una persona de
la tercera edad; (ii) se encuentra en una situación de debilidad
manifiesta por su disminución física a causa de
la pérdida de una pierna en el año 2010 y su grave estado de salud; y
finalmente, (iii) porque no cuenta con recursos económicos,
ahorros o bienes a su nombre, y tampoco con el conocimiento para adelantar los
tramites que requiere la solicitud en cuestión.
Por las anteriores razones, la Sala
considera que las condiciones fácticas de salud y vida se convierten en una
barrera para que Lidia Esperanza Arciniega gestione su propia defensa por medio
de la acción de tutela.
En relación al segundo requisito, cabe
mencionar que en el plenario obra oficio del 24 de febrero de 2020, por parte
de la señora Teresa Riascos, en el cual afirma obrar en calidad de agente
oficiosa de la señora Esperanza Arciniegas con la finalidad de promover el
amparo de sus derechos fundamentales y, de esta manera, evitar un
perjuicio irremediable, por las razones ya expuestas.
Legitimación en la causa por pasiva
El artículo 5 del Decreto 2591 de
1991 establece que la acción de tutela procede contra toda acción u
omisión de una autoridad pública que haya violado, viole o amenace un derecho
fundamental. También procede contra
acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el
Capítulo III del Decreto, particularmente, las hipótesis se encuentran
plasmadas en el artículo 42.
La acción de
tutela se dirige en contra de Seguros de Vida Alfa, toda vez que es la entidad privada que fija las estipulaciones
particulares de los contratos de seguro en el trámite de
reconocimiento de la sustitución pensional que la accionante reclama, debido a la celebración de un contrato de seguro de renta
vitalicia, puesto que en este caso en particular, se encuentra encargada de la
prestación del servicio público de la seguridad social[34],
motivo por el cual, está legitimada en la causa por pasiva dentro de la
presente acción de tutela, de conformidad con el numeral 8 del artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991.
Por otro lado, la
Sala estima que Porvenir S.A. se encuentra
legitimada como parte pasiva en la presente acción de tutela, pues es parte
de la relación material que negó el reconocimiento de los derechos que dieron
lugar al litigio[35].
En definitiva,
Seguros de Vida Alfa y Porvenir S.A. son entidades de carácter particular que
prestan un servicio público del Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones del orden nacional, por tanto, de conformidad con el numeral 2º del
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, están legitimadas como parte pasiva en el
proceso de tutela bajo estudio, en la medida en que se les atribuye la
violación de los derechos fundamentales en discusión.
Inmediatez
La inmediatez hace referencia al término
“razonable” que debe mediar entre la fecha de ocurrencia de la presunta
afectación de los derechos fundamentales y su cuestionamiento en sede de
tutela.
En efecto, cabe mencionar que el hecho que
se tilda como vulnerador de los derechos de la accionante ocurrió el 19 de
junio de 2019, fecha en que Porvenir S.A. negó la sustitución pensional a favor
de Lidia Esperanza Arciniegas, ya que no ostenta la calidad de beneficiaria
como madre del afiliado, lo que ocasionó que la accionante a través de su
agente oficiosa incoara el 30 de julio de 2019, acción de tutela en contra de
Porvenir S.A.
Por lo anterior, se evidencia que la
acción de tutela se ejerció de manera oportuna y célere, pues, entre la fecha
de la negativa del reconocimiento de la pensión -19 de junio de 2019- y la
fecha de presentación de la acción de tutela -30 de julio de 2019-
transcurrieron menos de dos meses, tiempo que la Sala considera razonable. En
todo caso, se advierte que la vulneración es actual, en tanto la peticionaria
carece de su derecho pensiones, necesidad que se reanuda a cada momento, al ser
una prestación periódica.
Subsidiariedad
La acción de tutela tiene una naturaleza
residual y excepcional. Por regla general, la resolución de los conflictos
jurídicos en materia de pensiones se resuelve mediante mecanismos judiciales
ordinarios, como lo es la jurisdicción laboral o la contenciosa administrativa,
según sea el caso.
No obstante, la jurisprudencia
establece dos excepciones para su ejercicio, las cuales son: (i)
cuando el amparo es promovido como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable y los medios de defensa son idóneos y eficaces; o (ii)
como mecanismo principal, para el caso en que, existiendo otro medio de defensa
judicial, este no es idóneo ni eficaz para la defensa de los derechos
fundamentales.
Razón por la cual, la Corte
decidió que era función del juez constitucional examinar la situación fáctica
de cada caso en concreto, y las situaciones especiales en que se encuentre la
parte accionante.
La
Sala advierte que, a partir de las circunstancias expuestas y el material
probatorio, Lidia Esperanza Arciniegas alega la vulneración de los derechos al
mínimo vital, el ejercicio de una vida digna y la seguridad social, que
comprende la necesidad de protegerlos ante un perjuicio grave que se corrobora
con el relato hecho por la señora Lidya Magaly Riascos
el 21 de febrero de 2020, en donde informó que a causa del fallecimiento de su
primo Carlos, su tía Esperanza perdió todos los beneficios en salud que tenía
ya que era él quien hacia los aportes respectivos y la había afiliado en
condición de madre. Incluso, colaboró con las medicaciones, complementos
vitamínicos que no cubren el POS, la alimentación e implementos de uso personal
que su tía aún requiere.
Al respecto, se destaca que la señora Lidia
Esperanza Arciniegas se encuentra en un estado de debilidad manifiesta, pues tiene
83 años de edad y es una persona en condición de discapacidad, situación que
impide desempeñar un oficio para garantizarse su
propia subsistencia. Adicionalmente, su familiar más cercana es su
sobrina, la cual no está en la capacidad económica para solventar sus
necesidades, por lo que su única fuente de ingresos sería la pensión de
invalidez que percibía el causante de quien dependía económicamente.
Entonces, en lo que se refiere al
reconocimiento y pago de prestaciones sociales, se considera que, si bien la
acción ordinaria laboral sería idónea para resolver la presente controversia,
ésta no resulta eficaz para el caso concreto, por las especiales circunstancias
de la peticionaria. En ese sentido, el amparo bajo estudio resulta procedente
como mecanismo definitivo, en atención a las exigencias del artículo 13
Superior, el cual indica que: “el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan”.
Así las cosas, la Corte procede a
resolver el fondo del asunto sub examine a efectos de establecer si las
entidades accionadas desconocieron los derechos fundamentales alegados por
Lidia Esperanza Arciniegas, al negar la
sustitución pensional que reclamó en condición de madre de crianza del
causante, bajo el argumento de que no es madre del afiliado.
3. Problema jurídico a resolver
Según la
situación fáctica del asunto, corresponde a la Sala Novena de Revisión
determinar ¿si Porvenir S.A. y Seguros de Vida Alfa vulneraron los derechos
fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida en condiciones
dignas de la señora Lidia Esperanza Arciniegas, al negar la sustitución
pensional que reclamó en condición de madre de crianza del causante, bajo el
argumento de que no acreditó la calidad de beneficiaria al no ser la madre
biológica del afiliado?
Para
resolver el problema jurídico planteado, esta Sala expondrá: (i) la seguridad social como derecho fundamental; (ii)
el derecho a la sustitución pensional, sus beneficiarios y su
aplicación en relación con la figura de familias de crianza; (iii) el concepto de familia en el ordenamiento jurídico
colombiano. Protección del pluralismo y la igualdad entre las diferentes
modalidades de conformación; y, (iv)
finalmente, resolverá el caso concreto.
4. La seguridad social como derecho
fundamental
En el Estado Social de derecho,
la responsabilidad, que por mandato Constitucional se ha establecido, es la de
dar garantía a la efectividad de los derechos fundamentales, tal como lo ordena
la Constitución Política en su artículo 48 donde consagra el derecho a la
seguridad social, el cual tiene un carácter constitucional y representa una interrelación
con otros derechos fundamentales como lo son el derecho a una vida digna, a la
salud, y en general, al mínimo vital.
Lo anterior, para explicar que la
pensión de sobrevivientes hace parte del derecho a la seguridad social y tiene
como finalidad proveer el soporte material necesario para la satisfacción del
mínimo vital de aquellos beneficiarios, quienes dependían de dicha prestación.
5. El derecho a
la sustitución pensional
El artículo 46 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 estableció por parte del
legislador dos modalidades para acceder a esta prestación económica, razón por
la cual, es pertinente hacer la distinción entre la sustitución pensional y la
pensión de sobrevivientes, ya que, en ocasiones se suelen utilizar
indistintamente ambos términos, pero técnicamente son diferentes, aunque uno y
otro hagan referencia al posible titular de una pensión o a quien ya adquirió
tal derecho.
La sustitución pensional surge cuando el
afiliado ya había accedido a la pensión, es decir, el causante estaba
pensionado y se refiere a la situación en la que, ante la muerte del pensionado,
hay lugar la subrogación de los miembros del grupo familiar en el pago de la
prestación que venía recibiendo su titular, es decir, no se genera una prestación nueva, sino que se trata de la misma
prestación que se pagaba al fallecido; mientras que la pensión de
sobrevivientes se da cuando la persona que fallece aún no es titular de dicho
derecho, sino que apenas es un candidato a pensionarse.
Tratándose de la sustitución pensional,
la Ley 100 de 1993, al establecer qué requisitos deben verse satisfechos,
determinó que, del causante, no debe acreditarse cosa diferente a que haya sido
acreedor a una pensión, e impuso. Asimismo, determinó quienes son los posibles
beneficiarios de ésta, la obligación de confirmar ciertas condiciones
dependiendo de su parentesco con el fallecido.
Ahora bien, la Corte constata
que, dentro del conjunto de beneficiarios que pueden acceder a la pensión de
sobrevivientes se encuentran los padres del causante, por ello, considera necesario
que se pronuncie sobre los diferentes tipos de familia que existen en el
ordenamiento jurídico colombiano, para después precisar, con fundamento en los
lineamientos jurisprudenciales y constitucionales, quiénes tendrían derecho a
la pensión de sobrevivientes o sustitución pensional, sea el caso.
La familia de crianza nace de diversas
situaciones fácticas que originan que la educación y cuidado de un menor se
presente bajo el amparo de personas distintas a sus padres biológicos, razón
por la cual, se crean lazos afectivos, los cuales no pueden ser rotos ni
perturbados, debido a que dicha circunstancia iría en contra del interés
superior de la familia.
Sin embargo, de acuerdo con el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, artículo modificado por el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003“Son beneficiarios de la pensión
de sobrevivientes:(…) a falta de cónyuge, compañero o
compañera permanente e hijos con derecho, los padres del causante si dependían
económicamente de este”. En este orden de
ideas, la norma es clara en señalar que son beneficiarios de la sustitución
pensional los padres que dependían económicamente del causante. Sin embargo,
surge la controversia en asuntos en que, como en el caso objeto de estudio, las
entidades encargadas del reconocimiento de la prestación económica la niegan
bajo el supuesto de que no se trata del padre o madre biológica del causante.
Por esta razón, la Sala se pronunciará sobre el concepto ampliado de familia y
el reconocimiento de los derechos pensionales en virtud de la protección de la
familia de crianza.
6. Familia de crianza
De acuerdo con el artículo 42 de la
Constitución política de Colombia, la familia es el núcleo fundamental de la
sociedad, y de ahí que sea una institución que merece una protección especial
por parte del Estado. A partir de ello, la jurisprudencia ha reconocido
diferentes construcciones de familia en Colombia[36], en
las que ha puesto en cuestionamiento si las diferentes tipologías de familia
tienen igualdad de derechos[37],
tal como lo es la seguridad social y, más específicamente, la pensión de
sobrevivientes y/o sustitución pensional respecto de los miembros que conforman
las familias de crianza.
La protección las
diferentes formas de conformación de la familia se deriva del ordinal 3º del
artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del
artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales en los cuales se indica que el Estado debe garantizar a la
familia asistencia, respeto y protección, con el objetivo de que se
adopten medidas tendientes a garantizar la igualdad y protección de los
miembros que la componen.
La Corte Constitucional puntualizó en
sentencia T-606 de 2013 que: “toda norma que establezca una discriminación con
base en el origen familiar, es contraria a la Constitución, es decir, la
interpretación del artículo 42 de la Constitución Política, lleva a concluir
que la familia se protege en la medida que todos los miembros de las distintas
formas de constituir esta son iguales ante el ordenamiento superior, en lo que
respecta a los derechos como la seguridad social”[38].
En desarrollo de lo anterior, la
interpretación del artículo 42 de la Carta Política define a la familia desde
un criterio sociológico, de suerte que funda su existencia en el amor, el
respeto y la solidaridad. De modo que, el
proceso de constante evolución del concepto de familia, permite definir a esta
como, “aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos
naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la
solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga
íntimamente a sus integrantes más próximos”.
En este sentido, la Sentencia T-525 de 2016 sostuvo que a todas las tipologías de familia el ordenamiento jurídico
les concede un rango de protección manifestado en una serie de reconocimientos
y prestaciones que deben ser brindados en paridad para todas en virtud del
principio de igualdad. Por otro lado, la familia de crianza surge por presupuestos sustanciales y no formales, en donde prima
la convivencia continua, afecto, amor, protección, solidaridad,
compresión, auxilio y respeto mutuo.
Igualmente,
en la
Sentencia T-074 de 2016[39],
cuya decisión extendió
el concepto de familia a los parientes que establecen una relación a partir del
fenómeno de la crianza en relación al principio de solidaridad, esclareció
que este vínculo es la materialización del concepto de familia de
crianza, pues, si bien no existe un sustitución total de la figura materna y
paterna, las personas que asumen el sostenimiento económico de un menor bajo
dicho principio, se convierten en padres de crianza por asunción solidaria de
la paternidad del menor.
Asimismo,
la sentencia recordó que el vínculo de la familia de crianza surge por la
ausencia de todos o alguno de los integrantes de la familia original que se
remplaza por un tercero o terceros de ser el caso. En este sentido, la familia
de crianza, en relación con un menor, puede constituirse ya sea con un padre de
crianza y una madre consanguínea, o viceversa. Razón por la cual, la Corte
determinó que, en una familia de crianza, no es extraño que existan vínculos de
consanguinidad, puesto que esta resulta ser una situación común en la sociedad.
Por consiguiente, la inexistencia de vínculos jurídicos o consanguíneos no es
un presupuesto estricto para determinar la conformación de la familia de
crianza, sino todo lo opuesto, es maleable y debe analizarse conforme las
particularidades de cada caso en concreto.
En Sentencia T-138
de 2017, la
Corte definió a la familia desde un criterio sociológico que funda su
existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, lo que hace que el concepto
no sólo incluya a la comunidad compuesta por padres, hermanos y parientes
cercanos, sino también, a personas no vinculadas por lazos de consanguinidad.
De esta manera, sostuvo en sus consideraciones: “que las clásicas
instituciones del derecho civil como la filiación, la sociedad conyugal, entre
otras, han sido extendidas a las familias de hecho”.
Acorde con lo anterior, en Sentencia
T-316 de 2017, la Corte destacó que las familias de crianza son una institución
familiar que responde a una construcción dinámica y plural que cuenta con
especial protección en la Constitución Política y el Bloque de
Constitucionalidad, lo cual implica garantizar la igualdad frente a los
derechos y obligaciones que tienen cada uno de sus miembros.
En este sentido, este alto Tribunal[40]
insiste en que la familia de crianza surge de la evolución de las relaciones
humanas, es decir, como consecuencia de los vínculos entre los miembros de una
familia que se extienden más allá de los jurídicos o existentes por
consanguinidad. Por ello, la jurisprudencia contempla dichas realidades
jurídicas, en donde reconoce y brinda protección a las relaciones familiares
que surgen a partir de lazos de afecto, por situaciones de facto, solidaridad,
respeto, protección y asistencia[41].
La Corte Suprema de
Justicia, por su lado, determinó que: “la familia no solo se constituye por
el vínculo biológico o jurídico, sino también a partir de las relaciones de
hecho o de crianza, edificadas en la solidaridad, el amor, la protección, el
respeto, en fin, en cada una de las manifestaciones inequívocas del significado
ontológico de familia[42]”. A juicio de la Sala de
Casación Civil, al no existir una única clase de familia, ni tampoco una forma
exclusiva para constituirla, ésta no solo está compuesta por los padres, hijos,
hermanos, abuelos y parientes cercanos, sino también, por los hijos de crianza
con quienes, a pesar de no existir lazos de consanguinidad, sí se han generado
relaciones de afecto y apoyo.
En
efecto, se reconoce a los
padres o madres de crianza como aquellas personas que asumen el cuidado de un
menor cumpliendo con las obligaciones que son propias de los padres o madres biológicos.
En ese sentido, son “aquellos que, por diferentes circunstancias de la vida,
asumen gratuitamente el cuidado de un menor cumpliendo las obligaciones que le
son propias a los padres naturales o adoptivos, pero sin que los una algún
vínculo familiar, legal o jurídico”[43].
Cabe aclarar, que ya existe un número
considerable de sentencias en las que los jueces se refieren a los padres de
crianza[44]
con la finalidad de otorgarles un tratamiento jurídico de sujetos de derechos y
obligaciones en relación con sus hijos de crianza, producto del reconocimiento
de una realidad social en la que lo familiar va más allá del vínculo
consanguíneo o civil, es decir, en donde se configura una relación jurídica de
facto[45]
entre aquellas personas que se reconocen como padres de crianza porque acogen
como hijo suyo a otra persona que no lo es por naturaleza o por adopción
legalmente celebrada, atendiendo en este caso al vínculo afectivo y a la
posesión notoria del estado de hijo de crianza. En otras palabras, es a partir
del reconocimiento jurisprudencial que se otorga a las familias de crianza que
se logró la materialización y reconocimiento para sus integrantes de algunos
derechos, como lo son los de tipo patrimonial.
7. La pensión de
sobrevivientes en las familias de crianza.
En este contexto, se colige que, si
dicha relación y conformación familiar perdura en el tiempo, naturalmente se
originan prerrogativas que deben ser garantizadas y protegidas en virtud de los
derechos a la igualdad, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la seguridad
social, al derecho a la conformación de una familia y a la protección especial de
la misma, entre otros. Es por ello, que la sustitución pensional en las
familias de crianza se erige como un derecho y una salvaguarda a la que pueden
acceder los padres que dependan económicamente de sus hijos de crianza.
En ese sentido, pese a no tener lazos
directos de consanguinidad, si llegase a faltar el apoyo económico del causante
y el padre de crianza sufriese los efectos del desamparo dada su dependencia
emocional y económica, no tendría, entonces, sentido que la ley de Seguridad
Social excluyera de su ámbito de protección por razones estrictamente formales
a sujetos que en modo ostensible la requieren y la merecen. Más aún, cuando
este Alto Tribunal ha hecho claridad sobre la protección que merecen por parte
del Estado de manera más rigurosa y consistente, cuando se trata de sujetos de
especial protección constitucional.
Por lo anterior, las familias de crianza,
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se desarrollan bajo
presupuestos de afecto, solidaridad, respeto y asistencia, principalmente
económica, que se crean entre sus miembros y “surgen bajo circunstancias de
facto que no se encuentran ajenas al derecho y que, por lo tanto, son
susceptibles de crear consecuencias jurídicas tanto en derechos como deberes” [46].
En la sentencia T-525 de 2016, la
Corte manifestó que la familia de crianza puede tener ocurrencia en diversos
ámbitos, como “las relaciones de familia trabadas entre los tíos que
tienen la entera responsabilidad de sus sobrinos, debido a la total, y en
ocasiones irreparable, ausencia de los padres, razón por la cual esto asumen la
dirección de la familia que integran junto a dichos miembros, necesitados de
protección”.
Posteriormente, en la sentencia T-316
de 2017, la Corte concluyó que el amparo constitucional a los diferentes
tipos de familias, entre ellas la de crianza, se debe proyectar con las mismas
consecuencias jurídicas, en lo que respecta al acceso a beneficios
prestacionales, “toda vez que los jueces constitucionales no pueden ser
ajenos a la realidad social, cuando se generan vínculos de afecto, respeto,
solidaridad y apoyo que se traducen en un mínimo vital y en una manifestación
de la dignidad, cuyos derechos reclaman reconocimiento y protección”.
Asimismo, en la Sentencia T-281 de
2018[47],
la Corte prohibió a las entidades encargadas del reconocimiento de prestaciones
económicas realizar distinciones entre familias configuradas por vínculos de
facto al momento de otorgar el reconocimiento y pago de una mesada pensional
por medio de la figura de la sustitución, cuando se produce el fallecimiento
del titular de la prestación. En efecto, ello se traduce en la vulneración de
los derechos fundamentales que los revisten como parte de un grupo familiar.
Es evidente entonces, que la jurisprudencia
en
la mayoría de casos en los cuales los Tribunales colombianos reconocieron
derechos en el marco de las familias de crianza, estos resaltaron que dicho
vinculo se constituye mientras se cumplan ciertos requisitos, los cuales se
expondrán a continuación[48],
razón por la cual, se procede a revisar
los presupuestos necesarios para su formación, que la equiparan con las demás
tipologías de familia y la hacen beneficiaria, en igualdad de condiciones, de
las diferentes prestaciones concebidas por el ordenamiento jurídico. En este
propósito la Sala continuará con la exposición del contenido y la finalidad de
cada uno de estos de la siguiente manera:
(i)
La solidaridad entre hijos como factor
fundante de la familia de crianza: este deber
resulta ser de la mayor importancia en las familias de crianza, pues se
convierte en el fundamento principal de su existencia; a tal conclusión se
llega al notar que estas familias se constituyen por la disposición voluntaria
de una o dos personas que deciden comprometer su patrimonio y tiempo en favor
de un menor. Tal compromiso no se queda en el plano material únicamente, sino
que, fruto de esa decisión y entrega, también se generan lazos afectivos entre
los sujetos de esta relación de facto, concretándose, de esta manera, la conformación
de una comunidad de vida entre ellos.
(ii)
El parentesco en las familias de
crianza: para la Corte esta
característica persiste en los vínculos que conforman la familia de crianza,
cuya postura la manifestó mediante Sentencia T- 074 de 2016.
(iii)
El vínculo de afecto en las familias de
crianza: un elemento de existencia de las
familias de crianza, que debe estudiarse en cada escenario, es el que se
refiere a la validación de un vínculo de afecto, respeto, comprensión y
protección entre los miembros de la familia de crianza. Este puede comprobarse por
cualquier medio probatorio, ya sea a través de registros fotográficos,
declaraciones extrajudiciales o documentos que permitan evidenciar el apoyo
entre quienes ostentaban dicho vinculo.
(iv)
Existencia de un término razonable de
relación afectiva entre padres e hijos, que permita
determinar la conformación de relaciones familiares: este
criterio
no se determina a partir de un término preciso. Por el contrario, debe
evaluarse en cada caso en concreto, con plena observancia de los hechos que
rodean el surgimiento de la familia de crianza y el mantenimiento de una
relación estable por un tiempo adecuado, para que se entiendan como una
comunidad de vida, pues cabe decir que esta Corporación, a partir de sus
decisiones en casos similares, estableció la necesidad de forjar dichos
vínculos afectivos a partir de un ejercicio de razonamiento temporal de
comunidad de vida.
(v)
Reconocimiento de la relación padre y/o
madre, e hijo: en este
presupuesto, la Corte exige que este exista, al menos implícitamente, por parte
de los integrantes de la familia, además de ser observada como tal y con
facilidad por los agentes externos al hogar, ya que como lo reconoce esta
Corporación, la familia es un concepto amplío que puede ir más allá de sus
miembros consanguíneos y cuya intensidad, acogimiento y compresión pueden
observarse en otro tipo de relaciones.
(vi)
Afectación del principio de igualdad: este
criterio implica que se configuran idénticas consecuencias legales para las
familias de crianza, como para las biológicas y jurídicas, ya sea en
obligaciones o derechos y, por tanto, el correlativo surgimiento de la
protección constitucional. En la medida en que los padres de crianza demuestren,
a través de sus actos, un comportamiento tendiente a cumplir con sus
obligaciones y deberes en procura de la protección y buen desarrollo de sus
hijos, se tendrá claro que actúan en condiciones similares a las demás
familias, por tanto, serán beneficiarias de iguales derechos y prestaciones, en
virtud del mandato de igualdad establecido en la Constitución.
En
ese sentido, para poder comprobar lo anterior con el fin de reconocer el
vínculo familiar del cual derivan derechos y
obligaciones, es pertinente el estudio de un sólido y consistente material
probatorio, por lo que la jurisprudencia de la Corte determinó como factores a tener
en cuenta: declaraciones extrajudiciales[49], fotografías[50]
y demás pruebas documentales que puedan ser valoradas con el objetivo de que el
juez de tutela determine si existe: (i) una convivencia
permanente que implique vínculos de afecto, solidaridad, respeto, ayuda y
comunicación; o, (ii) una relación inexistente o precaria con sus
padres biológicos o la ausencia de estos por muerte.
8.
Caso Concreto
Lidia
Esperanza Arciniegas indicó que Porvenir S.A. vulneró sus derechos
fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas, a la igualdad y a la
seguridad social, al negar la sustitución pensional que reclamó en condición de
madre de crianza del señor Carlos Alberto Guacha Arciniegas, cuya
situación le impide ser beneficiaria de dicha prestación y, por tanto, de gozar
de un mínimo vital y evitar un perjuicio irremediable.
El 11
de mayo de 2012, Porvenir S.A. reconoció la pensión de invalidez al señor
Carlos Alberto Guacha Arciniegas, razón por la cual, al momento de su
fallecimiento, Lidia Esperanza Arciniegas solicitó ante esta entidad accionada,
mediante agencia oficiosa, la sustitución pensional en calidad de madre de
crianza de este. Sin embargo, en comunicado de fecha del 19 de junio de 2019, Porvenir
S.A. negó dicha solitud, al no ser madre biológica del causante y no satisfacer
los requisitos del artículo 13 de la ley 797 de 2003.
De igual manera, el 17 de junio de 2019,
se elevó a Seguros de Vida Alfa la misma solicitud, teniendo en cuenta que el causante
pagó una póliza de renta vitalicia en la que suscribió a la señora Lidia Esperanza
Arciniegas como beneficiaria de esta en calidad de madre. Por tal motivo, la
aseguradora, con base en el contrato de póliza de la referencia, dio inicio al
proceso de sustitución pensional por el fallecimiento del señor Carlos
Arciniegas a favor de la señora Esperanza Arciniegas, en calidad de madre
dependiente del causante.
No
obstante, Seguros de Vida Alfa, dentro del trámite de confirmación del
cumplimiento de los requisitos legales, indicó que la agenciada no era la madre
del causante, según la copia del registro civil de nacimiento que aportó, por
lo tanto, concluyó que la progenitora del mismo era la señora Rosa Arciniegas y
no la peticionaria. En efecto, informó a la agenciada que no había lugar al
reconocimiento de dicha prestación, debido a que el literal d del artículo 13
de la Ley 797 de 2003, establece que son beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes “(…) los padres del causante si dependían económicamente de
este”, limitando su alcance únicamente a los padres biológicos.
Ante
la situación planteada, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional considera que la falta de reconocimiento y
pago de la prestación económica que solicita la señora Lidia Esperanza
Arciniegas genera un alto grado de afectación de sus derechos fundamentales, al
tratarse de una persona de la tercera edad que se encuentra en una condición de
debilidad manifiesta a falta de su pierna y el grave estado de salud en el que
se encuentra, en vista de que se interrumpió su tratamiento médico por el
cambio de tipo de afiliación a la EPS SOS[51].
Lo
anterior con fundamento en el material probatorio que se aportó en sede de
tutela, como lo fueron las declaraciones extrajudiciales por parte de la señora
Esilda Arciniegas, algunas personas cercanas a su familia y los escritos de las
señoras Teresa Riascos y Magaly Riascos con fecha del 21 de febrero de 2020.
En relación con este último, las señoras
Teresa Riascos y Magaly Riascos afirmaron reconocer a Lidia Esperanza
Arciniegas como madre de crianza de Carlos Alberto Guacha Arciniegas, ya que se
responsabilizó por él a muy temprana edad, en atención a que: (i)
Rosa Arciniegas (madre del causante) falleció en el año 1983; (ii)
Ramón Guancha (padre biológico de este) conformó otro hogar a los tres años de
la muerte de Rosa Arciniegas y falleció el 4 de junio de 2015; (iii)
Lidia Esperanza Arciniegas convivió con Rosa Arciniegas antes del fallecimiento
de esta, además, porque nunca concibió tener hijos o pareja sentimental, motivo
por el cual, Carlos Alberto Guacha Arciniegas, al contar con ingresos, no
contraer compromiso alguno y en forma de agradecimiento por la crianza que Lidia
Esperanza Arciniegas le brindó, en retribución, asumió de manera plena la
manutención de quien consideró su mamá.
Por todo lo dicho, la Sala procederá
a examinar si se cumplen los presupuestos para la determinación de acceso a la
pensión de sobrevivientes o sustitución pensional que la Corte ha venido desarrollando,
entre los cuales se encuentran:
(i)
La solidaridad entre hijos como factor fundante de la familia de crianza:
Como puede
observarse del escrito de la señora Magaly Riascos, la Sala constata  que el
señor Carlos Alberto Guacha Arciniegas fue quien en vida asumió el pago de los
aportes a salud de Lidia Esperanza Arciniegas y, a su vez, todos aquellos
gastos que ella requería por su tratamiento médico, los cuales no cubre el PBS,
como también aquellas expensas del hogar en el que vivían ambos, teniendo en
cuenta que la agenciada no cuenta con ningún tipo de ingreso económico por su
avanzada edad, además del grave estado salud e incapacidad en el que se
encuentra, lo cual la supedita al uso de silla de ruedas.
Igualmente, la
Sala observa, según las pruebas allegadas, que ambos vivieron bajo el mismo
techo, y que el señor Carlos Alberto Guacha Arciniegas, desde el momento que
cumplió su mayoría de edad y hasta la fecha de su fallecimiento, se encargó de Lidia
Esperanza Arciniegas en retribución a la crianza que ella le brindó.
(ii)
Reemplazo de las figuras paternas o maternas (o ambas):
Mediante escrito
del 22 de febrero de 2020, la señora Teresa Riascos[52]
afirmó que Lidia Esperanza Arciniegas asumió la crianza de su sobrino como si
fuese su propio hijo, desde la fecha en que falleció Rosa Arciniegas hasta la
fecha del fallecimiento de aquél. Asimismo, aseguró que Lidia Esperanza
Arciniegas veló por el cuidado y protección de Carlos Alberto Guacha Arciniegas,
toda vez que Juan Ramón Guancha Grijalba -padre de Carlos Alberto Guacha
Arciniegas- conformó un nuevo hogar a los dos años de haber fallecido la señora
Rosa Arciniegas, aunado al hecho de que falleció en el año 2015.
(iii)
La dependencia económica:
A partir de la historia clínica, la
declaración extrajudicial de Lidia Esperanza Arciniegas[53], y
los relatos de Teresa y Magaly Riascos, se evidencia que (i) Carlos
Alberto Guacha Arciniegas y Lidia Esperanza Arciniegas convivieron bajo el
mismo techo; (ii) el causante se responsabilizó y ayudó
económicamente a la agenciada, en retribución al cuidado que ella le dedicó; y (iii)
el fallecido asumió el cuidado de la salud de Lidia Esperanza Arciniegas, pues
la afilió en calidad de madre en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud, cuya afirmación se comprueba a partir de la certificación y escrito de
la EPS S.O.S, en donde informó que: “la usuaria Lidia Esperanza Arciniegas
identificada con CC 66754352 registra como beneficiaria madre del sr CARLOS
ALBERTO GUANCHA ARCINIEGAS identificado con CC 94294727 desde 1999/10/01 hasta
2019/05/06 por fallecimiento del cotizante del contrato. Se adjunta formulario
Afiliación No 0329523”.
Por lo anterior,
la Sala evidencia que Lidia Esperanza Arciniegas
dependía económicamente de Carlos Alberto Guacha Arciniegas para garantizar
condiciones mínimas de subsistencia, garantía de derechos y mínimo vital. Por
lo anterior, la Corte encuentra satisfecho este requisito.
(vi) Vínculos
de afecto, respeto, comprensión y protección:
De las fotos aportadas al expediente, se
observa que Lidia
Esperanza Arciniegas y Carlos Alberto Guacha Arciniegas compartieron
múltiples celebraciones familiares, tales como cumpleaños, eventos religiosos y
navidades, en el marco de la vida que se compartió entre ambos desde el año
1983 de manera ininterrumpida[54].
Estos vínculos de afecto se evidencian,
a su vez, a partir de las declaraciones extrajudiciales de Rosalba
Vargas Escobar, Sonia Mercedes Bravo, Rosalinda Rojas López y Mery Damaris
Ramírez[55].
En sus relatos coinciden la evidente relación familiar que existió
entre Lidia Esperanza Arciniegas y Carlos Alberto Guacha Arciniegas como una
relación madre e hijo, en la que predominó el respeto, la comprensión, el
afecto, el apoyo mutuo y la incondicionalidad.
(v) Reconocimiento de la relación madre
e hijo:
Hechas las consideraciones anteriores,
la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional constata la existencia de
relación madre e hijo que existió entre Lidia Esperanza Arciniegas y Carlos
Alberto Guacha Arciniegas a partir de las declaraciones extrajudiciales de la agenciada y sus allegados[56], las
certificaciones de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud[57]
y la Póliza de Seguro de Renta Vitalicia Inmediata No. 0076202 de Seguros de
Vida Alfa, en la que la señora Esperanza Arciniegas figura como madre del
causante.
(vi) Existencia de un término razonable
de la relación afectiva entre madre e hijo
Teresa Riascos[58]indicó
que Lidia Esperanza Arciniegas y Rosa Arciniegas convivieron bajo el mismo
techo, motivo por el cual, es su Lidia Esperanza Arciniegas quien asume el
cuidado de Carlos Alberto Guacha Arciniegas cuando Rosa Arciniegas -su madre
biológica- fallece. En correlación a dicha afirmación, la declaración de la
agenciada registra que, desde el año 1983, es ella quien decide cuidar de su
sobrino al observar que el padre biológico de este, a los dos años del deceso
de su hermana, conforma otro hogar y posteriormente fallece en el año 2015.
(vii) Afectación del principio de
igualdad:
En relación con lo anterior, la Sala
acredita que se creó el vínculo de madre e hijo entre Lidia Esperanza
Arciniegas y Carlos Alberto Guacha Arciniegas, toda vez que (i) se
identificó que Lidia Esperanza Arciniegas brindó el cuidado y protección a Carlos
Alberto Guacha Arciniegas al asumir como propias las obligaciones de madre
hacia este, las cuales propiciaron la conformación de un hogar en el que
predominó el cariño, el respeto, la ayuda y el compromiso; (ii) el
señor Carlos Arciniegas era quien suministraba el mínimo vital de la señora Lidia
Esperanza Arciniegas[59],
pues se responsabilizó por los gastos del hogar en el que convivían y
compartían una vida familiar; y asimismo, (iii) Carlos Alberto
Guacha Arciniegas afilió al Sistema General de Seguridad Social en Salud a
Lidia Esperanza Arciniegas como beneficiaria en calidad de madre.
Por lo anterior, para la Sala
Novena de Revisión de la Corte Constitucional, Lidia Esperanza Arciniegas
cumple con las características propias para considerarse madre de crianza de
Carlos Alberto Guacha Arciniegas, toda vez que conformaron un vínculo que
trascendió de la mera cooperación económica y se hizo verificable en términos
de afecto a partir del material probatorio que se aportó para el caso en
cuestión. No obstante, Porvenir S.A. negó la solicitud de Lidia Esperanza
Arciniegas debido a que descartó el lazo de afecto que existía entre la
peticionaria y el causante con sustento en la ausencia de un vínculo formal. En
consecuencia, dicha actuación prescinde de lo dispuesto en la Constitución
Política y el precedente constitucional respecto la configuración y los
derechos de los integrantes que conforman las familias de crianza, por lo cual genera
una clara discriminación. Adicionalmente, para la Sala es preciso indicar la
responsabilidad de Seguros de Vida Alfa en el asunto objeto de estudio, en
relación a la negativa que otorgó el 12 de mayo de 2019 a la señora Lidia Esperanza
Arciniegas respecto de la sustitución pensional objeto de disputa.
El propósito principal de la reclamación en cuestión consiste en reconocer
la legitimidad para reemplazar al difunto en el disfrute de una prestación
social de la que éste ya gozaba, y por consiguiente, ser una ayuda para el
beneficiario interesado ante el desamparo producto del deceso de su familiar.
En este orden de ideas, en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad
-RAIS-, los familiares de una persona fallecida, de conformidad con la Ley,
pueden acceder a la sustitución pensional cuando quien fallece gozaba de una
pensión, como es el caso objeto de estudio, la pensión de invalidez de la cual
era beneficiario el señor Carlos Alberto Guacha Arciniegas.
En efecto, aunado a lo expuesto en precedencia, es claro que cuando
fallece el pensionado, bien sea por vejez o invalidez, el artículo 77 de la Ley
100 de 1993 establece que las prestaciones sociales causadas por la muerte de
un pensionado se financian con los recursos previstos para el pago de la
pensión de vejez o invalidez, según el caso, que estuviese recibiendo el
causante al momento de su fallecimiento. En pocas palabras, la norma sostiene
que la prestación social, cuando muere el pensionado, como ya está financiada y
se viene pagando, se continuará efectuando dicho pago con los recursos
previstos para ello[60].
Sin embargo, la norma no prevé la hipótesis del caso en el cual el
pensionado hubiere elegido la modalidad de renta vitalicia inmediata, como
sucede en el presente caso, así, atendiendo a las reglas de dicha modalidad, la
aseguradora que ha recibido el capital pensional queda comprometida a pagar la
pensión hasta su fallecimiento, y también a pagar la prestación económica a
favor de sus beneficiarios por el tiempo a que ellos tengan derecho, tal y como
lo dispuso el artículo 80 de la Ley 100 de 1993[61].
Siendo así, es oportuno señalar que Seguros de Vida Alfa reconoció que el
11 de mayo de 2012 contrató la Póliza del Seguro de Renta Vitalicia Inmediata
Nº 0076202, en virtud del reconocimiento como beneficiario de la pensión por
invalidez que Porvenir S.A. otorgó al señor Carlos Alberto Guacha Arciniegas[62]. Igualmente, Porvenir S.A. ya trasladó
todos los recursos ahorrados por el causante a Seguros de Vida Alfa, cuya
transferencia es irrevocable y depositó en cabeza de la aseguradora la
obligación de garantizar los pagos de la prestación social a sus sobrevivientes
con derecho[63].
En conclusión, le corresponde a Seguros de Vida Alfa efectuar el pago de
la prestación reclamada, pues, al haberse elegido la renta vitalicia inmediata
como modalidad de pensión, el capital acumulado por el afiliado en vida no se
encuentra en su cuenta de ahorro individual, toda vez que Porvenir S.A. ya
realizó el respectivo traslado a Seguros de Vida Alfa, a quien le corresponde
asumir la prestación económica a que tengan derecho los beneficiarios de ley.
No obstante, la
Sala observó que Seguros de Vida Alfa[64]
descartó la condición de la accionante como madre biológica del señor Carlos
Arciniegas con fundamento en el literal (d) del artículo 13 de la Ley 797 de
2003, toda vez que identificó a partir del registro civil de nacimiento del
afiliado que quienes figuran como padres del fallecido son los señores Juan
Ramón Guancha Grijalba y Rosa Arciniegas.
Hecha la observación anterior, la Sala
considera que Seguros de Vida Alfa desconoció la protección advertida por la
Corte, referente a la obligación de proteger los
derechos de las familias de crianza sin discriminación alguna, es decir, en
procura de las mismas garantías y prerrogativas que tienen los miembros de una
familia con lazos naturales.
Teniendo en cuenta lo anterior, es
necesario llamar la atención a Porvenir S.A. y Seguros de Vida Alfa en lo que
respecta a su actuación, toda vez que no contemplaron la protección que jurisprudencia
Constitucional concede a las familias de crianza[65], en
lo que respecta al acceso a dichas prestaciones económicas, toda vez que se crea implícitamente en ellas la expectativa
de que recibirán el mismo trato y beneficios de una familia con lazos
naturales, en cuanto al vínculo madre e hijo, teniendo la posibilidad de
acceder tanto a indemnizaciones, como a prestaciones que le corresponderían por
derecho a sus familiares, más aun cuando estas
representan un mínimo vital para la peticionaria, sujeto de especial protección
constitucional.
En consecuencia, la Sala Novena
de Revisión de la Corte Constitucional revocará las sentencias de primera y
segunda instancia donde se declaró y confirmó la improcedencia del amparo
solicitado y, en su lugar, concederá la tutela de los derechos fundamentales al
derecho a la seguridad social, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital
y a la igualdad. Asimismo, dejará sin efectos las decisiones de Porvenir S.A. y
Seguros de Vida Alfa, para que posteriormente se reconozca la
sustitución pensional que reclama la señora Esperanza Arciniegas[66].
Cabe anotar que Porvenir S.A.
no puede condicionar el cumplimiento de esta sentencia a las medidas
de aislamiento ordenadas por el Gobierno Nacional a raíz de la pandemia causada
por el COVID-19. Por el contrario, deberá utilizar las plataformas digitales y
medios electrónicos para solicitar documentos y notificar oportunamente a su
afiliado sobre el respectivo trámite.
Adicionalmente, con la finalidad de
garantizar la efectividad de los derechos tutelados, se solicitará a la
Personería Municipal de Santiago de Cali para que acompañe a la señora Lidia Esperanza
Arciniegas en los trámites pensionales ante Porvenir S.A.
9. Síntesis
En el presente
caso, le corresponde a la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional
revisar los fallos proferidos en primer y segunda instancia en relación con la
acción de tutela presentada por Lidia Esperanza Arciniegas, a través de agente
oficioso, contra la
Administradora de Fondo de Pensiones Porvenir S.A. y Seguros de Vida Alfa S.A.
al considerar vulnerado sus derechos fundamentales a la seguridad social, a
la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y a la igualdad, los cuales
fueron presuntamente vulnerados al negarle la
sustitución pensional a causa del fallecimiento del señor Carlos Alberto Guacha Arciniegas, por no ser madre biológica del afiliado.
Del material
probatorio que obra dentro del expediente se logra acreditar que la señora
Esperanza Arciniegas: (i) tiene 83 años de edad, (ii) padece
según su historia clínica de hipertensión arterial de larga data, enfermedad
arterial oclusiva de miembros inferiores, amputación supracondilia en miembro
inferior izquierdo, edema de miembro inferior derecho, hipotiroidismo, anemia
megaloblastica, deficiencia de vitamina D, otitis, senilidad y osteoporosis,
requiere de tratamiento con asa, cilostazol, atorvastina y uso de audífonos,
por último es necesario intervenirla para una cirugía vascular, (iii) no
tiene vivienda propia, por lo que vive en casa de su sobrina, y (iv) no
cuenta con ingresos económicos o ahorros de algún tipo, teniendo en cuenta que
perdió una pierna y de este modo le es complicado encontrar un trabajo para su
congrua subsistencia, aunado al hecho de que el sostén económico de su hogar,
siempre fue su sobrino Carlos Arciniegas.
Por otra parte, esta Corporación
evidencia que el día el 19 de junio de 2019, la accionante acudió de manera
diligente ante Porvenir y el 3 de mayo de 2019 a Seguros de Vida Alfa, con la
finalidad de reclamar la sustitución pensional en su condición de madre de
crianza del causante.
En efecto, Porvenir S.A. negó la solicitud
en cuestión, porque, según esta, la accionante no acreditó lo dispuesto en el
literal (c) del artículo 74 de la Ley 100 de 1993, es decir, al no ser madre
biológica del afiliado no cumple con la calidad de beneficiario de la
sustitución pensional que reclama.
El 17 de junio de 2019, Seguros de Vida
Alfa descartó la condición de la accionante como madre biológica del señor
Carlos Arciniegas con fundamento en el literal (d) del artículo 13 de la Ley
797 de 2003, toda vez que de acuerdo con la copia autentica del registro civil
de nacimiento de este, figuran como padres del causante los señores Juan Ramón
Guancha Grijalba y Rosa Arciniegas.
Conforme los anteriores hechos, la Sala se ocupa de establecer ¿si Porvenir y
Seguros de Vida Alfa vulneraron los derechos fundamentales al mínimo vital, a
la seguridad social y a la vida en condiciones dignas de la señora Esperanza
Arciniegas, al negar la sustitución pensional que reclamó en condición de madre
de crianza del causante, bajo el argumento de que no acreditó la calidad de
beneficiaria, al carecer de la condición de madre biológica del afiliado?
Para
comenzar, la Corte encuentra satisfechos los requisitos que permiten la
procedencia de la acción de tutela como mecanismo definitivo, para que la
señora Esperanza Arciniegas obtenga el restablecimiento de sus derechos
fundamentales que emanan del régimen pensional[67],
ya que exigirle que acuda a la jurisdicción ordinaria laboral, donde el proceso
definitivo establezca su titularidad respecto dicha prestación social podría
tardar varios años y le impondría una carga respecto asuntos administrativos
que no estaría en la capacidad de soportar, teniendo en cuenta las
circunstancias específicas en las que se encuentra, al tratarse de un sujeto de
especial protección constitucional[68].
Por otro lado, la Sala logra establecer: (i)
que la peticionaria es un sujeto de especial protección constitucional, toda
vez que se encuentra en una  debilidad manifiesta en razón de su avanzada edad,
por la amputación de su pierna derecha y su estado crítico de salud que la
somete a un tratamiento médico riguroso, (ii) que la ausencia de pago de la prestación que reclama, genera un alto
grado de afectación de su derecho al mínimo vital, comoquiera que es una
persona que por sus condiciones no le es factible emplearse en labor alguna, aunado al hecho que no tiene
una casa propia y no cuenta con ahorros, (iii) que adelantó las actuaciones administrativas pertinentes ante las
entidades accionadas en busca del reconocimiento de la sustitución pensional en
cuestión, y (iv) que se encuentran
acreditadas las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz
para lograr la protección inmediata de sus derechos fundamentales, motivo de la
especial protección constitucional de la que es destinataria.
Superado el análisis de procedibilidad de la acción de
tutela, la Corte procede a desarrollar los presupuestos para verificar si
efectivamente se está ante la existencia de una familia de crianza, y en efecto
determinar el derecho que le asiste a sus miembros respecto el acceso a
derechos de carácter patrimonial, como lo es la sustitución pensional que se
reclama.
En un
primer lugar, con fundamento en la normatividad que regula el tema objeto de
estudio, la Corte en el desarrollo progresivo de sus decisiones estableció que
el núcleo familiar que surge por diferentes vínculos, como lo es en el caso de
las familias de crianza, goza de protección constitucional ya que funda su
existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, que se caracteriza por la
unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus integrantes más
próximos, y es en razón de ello que debe prevalecer la igualdad material a la
hora de reconocer derechos sobre cada uno de los miembros que conforman estas.
En
segundo lugar, en anteriores decisiones los presupuestos necesarios para
constatar la efectiva conformación de las familias de crianza, que la equiparan
con las demás tipologías de familia y la hacen beneficiaria en igualdad de
condiciones de las diferentes prestaciones concebidas por el ordenamiento
jurídico, se tienen como condiciones a verificar que: (i) se materialice
el principio de solidaridad, (ii) se evidencie vínculos de afecto,
respeto, comprensión y protección, (iii) se demuestre el remplazo de la
figura paterna o materna (o ambas), (iv) se compruebe una dependencia
económica, (v) se reconozca la relación padre y/o madre, e hijo, (vi)
se confirme la existencia de un término razonable de relación afectiva entre
padres e hijos, y (viii) se configure la afectación al principio de
igualdad.
En cuanto al reconocimiento de la
sustitución pensional, en lo que concierne a los miembros de las familias de
crianza, este Tribunal en varias oportunidades manifestó su posición frente a
los derechos económicos que a estos les corresponde.
En este caso concreto, la Sala determina que contrario a lo
expuesto por las entidades demandadas, la accionante es beneficiaria respecto
de su hijo de crianza el señor Carlos Arciniegas ya que se demuestra con las declaraciones
extrajudiciales y los oficios que se aportaron en sede de tutela: (i) que
existió un vínculo de afecto, respeto, solidaridad, protección y comprensión,
así como el cumplimiento de obligaciones de manera consistente y periódica,
debidamente probada, en cabeza de la accionante, (ii) que en virtud del
principio de solidaridad y de manera voluntaria en su calidad de tía veló por
el cuidado de este, cuya actuación se retribuyó en el compromiso de apoyo por
parte del causante hacia ella; y finalmente, (iii)
que la agenciada se encuentra en una situación precaria, pues ostenta una
dificultad relevante para garantizar sus necesidades básicas, a falta de la
ayuda financiera del fallecido.
Por consiguiente, Porvenir S.A. como
Seguros de Vida Alfa y los jueces de instancia debieron contemplar la
jurisprudencia de las Altas Cortes, en donde se establece que los miembros de
la familia de crianza, gozan de iguales derechos a las otras categorías de
familia, y dentro de estos derechos está el derecho a la seguridad social.
En virtud de lo anterior, Porvenir S.A. y
Seguros de Vida Alfa desconocieron el precedente constitucional, en lo que se
refiere al reconocimiento de los derechos en materia de seguridad social a los
miembros que conforman las familias de crianza.
Por esta razón,
se llamará la atención a los jueces de instancia que conocieron del caso en
cuestión, para que en lo sucesivo eviten que sus decisiones vulneren derechos
fundamentales, de quienes soliciten el reconocimiento de una prestación social
a título de padre o madre de crianza, teniendo en cuenta los argumentos
expuestos en la presente providencia, en donde se reiteró la protección
constitucional de la que gozan estos.
En consecuencia,
la Corte revocará las sentencias de primera y segunda instancia que declararon
la improcedencia del amparo y en su lugar, se concederá la tutela de los
derechos fundamentales al derecho a la seguridad social, a la vida en
condiciones dignas, al mínimo vital y a la igualdad, se dejará sin efecto las
decisiones de Porvenir y Seguros de Vida Alfa que negaron el reconocimiento de
la sustitución pensional en cuestión, para que posteriormente se
reconozca y pague la sustitución pensional que reclama la señora Esperanza
Arciniegas.
III.    DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución.
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR
el fallo proferido por el el Juzgado Once
Civil del Circuito de Cali, del 19 de
septiembre de 2019,
el cual confirmó la decisión que se adoptó el 15 de agosto de
2019 por el Juzgado Tercero
de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples del Distrito Judicial de Cali sede
Desconcentrada de Siloé,
el cual declaró improcedente la acción de tutela que promovió la
señora Teresa Riascos en representación de la señora Esperanza Arciniegas. En
su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales a la seguridad social, a la vida en condiciones dignas, al mínimo
vital y a la igualdad.
SEGUNDO.- ORDENAR a Seguros de Vida Alfa que,
en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta sentencia, inicie los trámites correspondientes para reconocer y pagar la
sustitución pensional en favor de la señora Esperanza Arciniegas. El mencionado reconocimiento deberá ser efectivo a más
tardar dentro del mes siguiente a la notificación de la sentencia. La entidad
deberá pagar retroactivamente las mesadas pensionales a que haya lugar por
dicho concepto en cuanto no estén prescritas, de conformidad los artículos 488
y 489 del Código Sustantivo del Trabajo.
TERCERO.- SOLICITAR a la
Personería Municipal de Santiago de Cali, para que, en adelante, acompañe a la
señora Esperanza Arciniegas, en los trámites pensiónales ante Porvenir
S.A y Seguros Alfa S.A.
CUARTO.- ADVERTIR a Porvenir S.A y a Seguros Alfa S.A. que, en
lo sucesivo, siga los lineamientos jurisprudenciales en materia de garantía de
los derechos alegados en la presente decisión, y se abstenga de incurrir
en conductas que puedan enervar la posibilidad de acceder a las mencionadas
prestaciones sociales, teniendo en cuenta los mandatos constitucionales de
protección a la familia y a los padres de crianza.
QUINTO.- LÍBRENSE las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos
allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Integrada por la
Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y el Magistrado Alejandro Linares
Cantillo.
[2] Folio 61, cuaderno
Corte Constitucional.
[3] Fecha de Epicrisis
del 12/03/2019.
[4] Para la fecha, Carlos Alberto
Guacha Arciniegas tenía 13 años de edad.
[5] Rosa Elisa Arciniega.
[6]Contrato de póliza de seguro
adquirido el 11 de mayo de 2012.
[7] Sin embargo, el 17 de
abril de 2019, (Anexo afiliación de fecha, posterior a la muerte del causante,
en razón a que es una persona con numerosas enfermedades que debe de estar bajo
supervisión médica).
[8] Folio 1 del cuaderno
Uno.
[9] Folio 2 del cuaderno
Uno.
[10] Impreso el 4/23/2019
a las 11:44 am.
[11] Folio 3 del cuaderno
Uno.
[12] Impreso el 4/23/2019
a las 11:42 am
[13]
Folio 4 del cuaderno Uno.
[14] Expedido el 19 de
junio de 2019
[15] Folio 5 del cuaderno
Uno.
[16] Expedido el 19 de
junio de 2019.
[17] Folio 6 del cuaderno
Uno.
[18] Folios 7 y 8 del
cuaderno Uno.
[19] Folio 9 del cuaderno
Uno.
[20] Folio 10 del cuaderno
Uno.
[21] Quien falleció el 4
de junio de 2015.
[22] Folio 18 del cuaderno
Uno.
[23] Folios 11 y 12 del
cuaderno Uno.
[24] Folio 14 del cuaderno
Uno.
[25] Fecha de Epicrisis
del 12/03/2019.
[26] Folios 19-24  del
cuaderno Uno.
[27] Folio 5 del cuaderno
Uno.
[28] Folio 26 del cuaderno
Uno.
[29] Historia clínica,
póliza de seguro y declaración juramentada.
[30] En este punto hace
referencia a la amputación de miembro extremidad inferior (pierna)
[31] Cuyo parentesco con
la señora Esperanza
Arciniegas es de sobrina–tía
[32] Razón por la cual, no satisfacía
los requisitos señalados en el literal (d) del artículo 13 de la ley 797 de
2003.
[33] Sentencia SU-055 de
2015. MP. María Victoria Calle.
[34] El
carácter integral del sistema de seguridad social comporta que todas las
entidades e instituciones que forman parte de él, están sujetos a la amplia
regulación expedida por el legislativo y el ejecutivo, en perspectiva de
satisfacer la pretensión de generalidad y universalidad consagrada en la Ley
100 de 1993, estatuto que se constituye en piedra angular del modelo pensional
vigente. En el ámbito pensional, no solo las entidades administradoras de
fondos de pensiones forman parte del esquema; no obstante que su actividad es
comercial, las compañías de seguros también están integradas a este universo,
toda vez que las competencias asignadas por el ordenamiento jurídico en la
materia, encuentran asidero en su pertenencia al sistema de seguridad social.
[35] “Es
razón de la existencia de las Administradoras la necesidad del sistema de
actuar mediante instituciones especializadas e idóneas con conocimiento y
experiencia que resulten confiables a los ciudadanos quienes les van a entregar
sus ahorros y sus seguros de previsión para su vejez, su invalidez o para su
familia cercana en caso de muerte prematura. Esas particularidades ubican a las
Administradoras en el campo de la responsabilidad profesional, obligadas a
prestar de forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a
la calidad institucional de carácter previsional, la misma que ejercerse en un
campo que la Constitución Política estima que concierne a los intereses
públicos”.
(Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, Sentencia 31314 de fecha 9 de
septiembre de 2008, magistrada ponente Elsy del Pilar cuello Calderón)
[36] En donde se expresa que
existe una nueva definición de familia; que no solo surge de la unión de un
hombre y una mujer y el vínculo consanguíneo o civil de los hijos, sino que los
vínculos de afecto y los objetivos comunes los cuales pueden remplazar los vínculos
consanguíneo o el civil.
[37] En relación a este tema,
la Sentencia C-577 de 2011 estableció que en materia de filiación rige el
principio de igualdad, asimismo señaló que la crianza es un hecho del cual
surge el parentesco. A esta conclusión se llegó teniendo en cuenta el concepto
expuesto en la sentencia T-495 de 1997.
Cabe destacar que de igual
manera, en la Sentencia T-070 de 2015, se dijo que: “el pluralismo y la
evolución de las relaciones humanas en Colombia, tiene como consecuencia la
formación de distintos tipos de familias, diferentes. a aquellas que se
consideraban tradicionales, como lo era la familia biológica. Por lo que es
necesario que el derecho se ajuste a las realidades jurídicas, reconociendo y
brindando protección a aquellas relaciones familiares en donde las personas no
están unidas única y exclusivamente por vínculos jurídicos o naturales, sino
por situaciones de facto, las cuales surgen en virtud de los lazos de afecto,
solidaridad, respeto, protección y asistencia.
[38]  Sentencia T- 403
de2011
[39] El padre biológico
del menor es quien en la sentencia de referencia interpone la acción de tutela,
toda vez que a los padres biológicos del agenciado les fue imposible brindar un
sustento económico a este, por lo tanto el abuelo del menor se responsabilizo
de él económica y afectivamente por asunción solidaria, hasta la fecha de su
deceso, además porque devengaba una pensión de vejez. Con motivo de su
fallecimiento el padre biológico del joven decide solicitar la pensión de
sobrevivientes en representación de su hijo al fondo pensional.
[40] Sentencia T -292 de
2016 y Sentencia T-281 de 2018.
[41] El Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, en su observación número 19 sobre la familia, resaltó la
importancia del artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, y con base en este manifestó que: “el concepto de familia puede
diferir en algunos aspectos de un Estado a otro, y aun entre regiones dentro de
un mismo Estado, de manera que no es posible dar una definición uniforme del concepto.
Sin embargo, el Comité destaca que, cuando la legislación y la práctica de un
Estado consideren a un grupo de personas como una familia, éste debe ser objeto
de la protección prevista en el artículo 23. (…) Cuando existieran diversos
conceptos de familia dentro de un Estado, "nuclear" y
"extendida", debería precisarse la existencia de esos diversos
conceptos de familia, con indicación del grado de protección de una y otra. En
vista de la existencia de diversos tipos de familia, como las de parejas que no
han contraído matrimonio y sus hijos y las familias monoparentales, los Estados
Partes deberían también indicar en qué medida la legislación y las prácticas
nacionales reconocen y protegen a esos tipos de familia y a sus miembros”.
[42]
Sentencia STC6009 de mayo 9 de 2018, Corte Suprema De Justicia - Sala De
Casación Civil Radicación 25000-22-13-000-2018-00071-01, Magistrado ponente:
Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.
[43] Corte Suprema de
Justicia en sentencia N° 40599 del 17 de abril de 2013.
[44] En la sentencia T-495
de 1997, al
reconocer el derecho al pago de indemnización de los padres de crianza de un
soldado fallecido, en razón de la relación familiar del hecho existente, la
Corte sostuvo que dicha relación fue producto de una familia que
para propios y extraños no era diferente a la surgida de la adopción o,
incluso, a la originada por vínculos de consanguinidad, en la que la
solidaridad afianzó los lazos de afecto, respeto y asistencia entre los tres
miembros, realidad material de la que dan fe los testimonios de las personas
que les conocieron. De esta manera, si el trato, el afecto y la asistencia
mutua que se presentaron en el seno del círculo integrado por los peticionarios
y el soldado fallecido, eran similares a las que se predican de cualquier
familia formalmente constituida, en pocas palabras el fallecimiento del
causante en el caso en particular debió generar para sus "padres de
crianza", las mismas consecuencias jurídicas que la muerte de otro soldado
para sus padres formalmente reconocidos.
[45] En consecuencia, se puede
señalar, acorde con la Sentencia T-074 de 2016 que: “(i) en una sociedad
plural no es aceptable un concepto único y excluyente de familia, identificando
a esta exclusivamente con aquella surgida del vínculo matrimonial o sanguíneo y
(ii) que la protección constitucional a la familia no se solo se predica a
favor de las familias conformadas en virtud de vínculos jurídicos o de
consanguineidad, sino también a las que surgen de hecho o a las denominadas
familias de crianza”.
[46] Sentencia
T-177 de 2017
[47]Sentencia en donde se
estudió la situación de un señor cuyos padres biológicos lo abandonaron desde
el momento en que nació, razón por la cual sus tíos asumieron su cuidado, es
oportuno indicar que a la edad de 10 años lo diagnosticaron con discapacidad
mental, por lo que fue declarado interdicto por un Juez de Familia, cabe
precisar que el padre de crianza antes de morir devengaba una pensión de vejez,
razón por la cual el joven solicitó al fondo administrador de pensiones y a la
empresa en la cual trabajó el causante la sustitución pensional, en su
condición de hijo de crianza inválido. Como respuesta a la solicitud el fondo
decidió reconocer la pensión de sobrevivientes al hijo de crianza en vista de
su pérdida de capacidad laboral, no obstante la empresa en la cual laboró el
causante decidió negar la cuota parte que le correspondía pagar, toda vez que
el solicitante figuraba como sobrino del causante y no como hijo biológico.
[48] Sentencia
T-525 de 2016 “la pensión de sobrevivientes
debe otorgarse al interior de las familias de crianza en igualdad de
condiciones, pero solo cuando se acredite el cumplimiento de los requisitos que
han sido estipulados por la Corte Constitucional”.
[49] Sentencia T-281 de
2018.
[50]
Sentencia T-311 de 2017.
[51]Ante la gravedad del
asunto la Superintendencia Nacional de Salud intervino mediante oficio de 27 de
agosto de 2019, en el cual expuso las condiciones actuales de la señora
Esperanza Arciniegas e indico que el señor Carlos Arciniegas la tuvo afiliada
durante 20 años como beneficiaria ante la EPS S.O.S, que por motivos del
fallecimiento de este se trasladó al régimen subsidiado mientras se definía la
situación en cuestión, para de esta manera poder incluir a la ciudadana al
régimen contributivo y con ello asegurar la continuidad del tratamiento que
requiere e especifico.
[52] En escrito del
21 de febrero de 2020, la señora Teresa Riascos indicó que la
Señora Rosa Arciniegas ( madre del causante) falleció el 10 de marzo de 1983,
no obstante el Señor Juan Ramon Guancha (padre del señor Carlos Arciniegas)
conformó otro hogar, motivo por el cual desde esa fecha la Señora Esperanza
Arciniegas quedó a cargo de su sobrino
Declaración
juramentada, suscrita en mayo de 2019 por la señora Lidia Esperanza Arciniegas,
en la que manifiesto que se hizo cargo de su sobrino Carlos Alberto Guancha
Arciniegas, desde que su hermana falleció.
La declaración
extraprocesal que rindió bajo la gravedad de juramento y ante autoridad
competente, la señora Rosalba Vargas Escobar, Sonia Mercedes Bravo León,
Rosalinda Rojas López, Mery Damaris Ramírez, quienes afirmaron conocer a la
señora Esperanza Arciniegas y el vínculo que existía entre ella y el señor
Carlos Arciniegas, a quien siempre lo reconocieron como hijo de esta pues el
sufragaba todos los gastos de manutención, vivienda, alimentación, salud y
demás gastos del diario vivir, dada su avanzada edad y las enfermedades que la
acongojan.
[53] Acta de declaración
juramentada, suscrita el 24 de enero de 2011 en la Notaria 19 del Circulo
Notarial de Santiago de Cali, por la señora Lidia Esperanza Arciniegas, en la
que manifestó que era ama de casa que vivía bajo el mismo techo que el señor
Carlos Alberto Guancha Arciniegas, quien suministraba la manutención, vestuario
y medicina, que ella necesitaba, dada su situación grave de salud que no le
permite laborar desde el año 2010, además del hecho que nunca fue beneficiaria
de una pensión o subsidio. Lo anterior, teniendo en cuenta que crió a su
sobrino desde el fallecimiento de su hermana la señora Rosa Arciniegas y este
en retribución a dicha labor cuando cumplió su mayoría de edad se
responsabilizó económicamente y afectivamente por ella.
[54] Para comprobar tales
consideraciones se tiene: (i) copia autentica del registro civil de nacimiento
del fallecido, en el que figuran como padres los señores Juan Ramón Guancha
Grijalba y Rosa Arciniegas, (ii) acta de declaración juramentada, suscrita el
24 de enero de 2011 en la Notaria 19 del Circulo Notarial de Santiago de Cali,
por la señora Lidia Esperanza Arciniegas, en la que manifestó que crió a su
sobrino desde el fallecimiento de su hermana la señora Rosa Arciniegas.
[55] A partir de las
pruebas que se solicitaron mediante Auto del 21 de febrero de 2020 en sede de
revisión, se allego dichas declaraciones por parte de la agente oficiosa.
[56] Los documentos que se
mencionan son: (i) La declaración extraprocesal que rindió bajo la gravedad de
juramento y ante autoridad competente, la señora Rosalba Vargas Escobar, Sonia
Mercedes Bravo León, Rosalinda Rojas López, Mery Damaris Ramírez, quienes
afirmaron conocer a la señora Esperanza Arciniegas y el vínculo que existía
entre ella y el señor Carlos Arciniegas, a quien siempre lo reconocieron como
hijo de esta pues el sufragaba todos los gastos de manutención, vivienda,
alimentación, salud y demás gastos del diario vivir, dada su avanzada edad y
las enfermedades que la acongojan, y (ii) acta de declaración juramentada,
suscrita el 24 de enero de 2011 en la Notaria 19 del Circulo Notarial de
Santiago de Cali, por la señora Lidia Esperanza Arciniegas, en la que manifestó
que era ama de casa que vivía bajo el mismo techo que el señor Carlos Alberto
Guancha Arciniegas, quien suministraba la manutención, vestuario y medicina,
que ella necesitaba, dada su situación grave de salud que no le permite laborar
desde el año 2010, además del hecho que nunca fue beneficiaria de una pensión o
subsidio. Lo anterior, teniendo en cuenta que crió a su sobrino desde el
fallecimiento de su hermana la señora Rosa Arciniegas y este en retribución a
dicha labor cuando cumplió su mayoría de edad se responsabilizó económicamente
y afectivamente por ella.
[57] Si bien la señora Esperanza Arciniegas
se encuentra afiliada a través del régimen subsidiado en la EPS SOS, lo cierto
es que dicha novedad surgió el 17 de abril de 2019, tras el fallecimiento de
Carlos Alberto Guancha, quien la tenía en el sistema de salud como beneficiaria, tal como lo
certifico Servicio Occidental de Salud EPS S.O.S , e donde expuso que: “la usuaria Lidia Esperanza
Arciniegas identificada con CC 66754352 registra como beneficiaria madre
del sr CARLOS ALBERTO GUANCHA ARCINIEGAS identificado con CC 94294727 desde
1999/10/01 hasta 2019/05/06 por fallecimiento del cotizante del contrato.
Se adjunta formulario Afiliación No 0329523”.
[58] Oficio del 22 de
febrero de 2020.
[59] Puesto que ella desde
el año 2015 se imposibilitó para laborar, a causa de su discapacidad física y
grave estado de salud, teniendo en cuenta la falta de una de sus extremidades,
su avanzada edad y la necesidad de recibir un tratamiento médico, situación que
se certifica en el informe del 21 de febrero de 2020 que allegó la señora
Teresa Riascos, en donde se dispone que la agenciada padece de:“hipertensión arterial de larga
data, enfermedad arterial oclusiva de miembros inferiores, amputación
supracondilia en miembro inferior izquierdo, edema de miembro inferior derecho,
hipotiroidismo, anemia megaloblastica, deficiencia de vitamina D, otitis,
senilidad y osteoporosis, requiere de tratamiento con asa, cilostazol,
atorvastina y uso de audífonos, por último que requiere de una cirugía
vascular.”
[60] De esta forma, pueden señalarse algunas características propias
de esta modalidad de pensión, como son: (i) es un contrato celebrado entre el
afiliado y la compañía de seguros, (ii) el contrato se perfecciona con la
entrega del capital pensional a la aseguradora, (iii) el precio del contrato
equivale al capital de la cuenta pensional que tenga el afiliado, (iv) el valor
del contrato de renta vitalicia, no puede ser inferior a la pensión mínima, es
decir, el 110% del salario mínimo actualizado con el IPC, y (iv) el contrato es
irrevocable.
[61] En el
RAIS, la pensión puede ser pagada en cuatro modalidades distintas, según la
elección del afiliado o de sus beneficiarios. De acuerdo con el artículo 80 de
la Ley 100 de 1993, una de las modalidades es la renta vitalicia inmediata.
Allí “(…) el afiliado o beneficiario contrata directa e
irrevocablemente con la aseguradora de su elección, el pago de una renta
mensual hasta su fallecimiento y el pago de pensiones de sobrevivientes en
favor de sus beneficiarios por el tiempo a que ellos tengan derecho”.
[62] Lo anterior, con fundamento en los artículos 70 y 77 de la Ley
100 de 1993, en donde se determina que para financiar las pensiones de
invalidez y sobrevivencia en el RAIS, es necesario completar el capital que
financie la pensión con la suma adicional la cual estará a cargo de la compañía
aseguradora, por lo que la única obligación que en materia de suma adicional
tiene las administradoras de los fondos de pensiones  es la contratación de la
póliza previsional, con lo cual se desplazan los riesgos de invalidez y muerte
a la compañía de seguros, por tanto una vez contratada la póliza la compañía de
seguros se vuelve operadora del sistema de seguridad social en la parte que
corresponde y en consecuencia debe cumplir con sus obligaciones para efectos de
que pueda efectuar el reconocimiento de la respectiva prestación social cuando
se acrediten los requisitos legales.
[63] Las
aseguradoras cubren a los afiliados de los fondos privados de pensiones de los
riesgos de invalidez y muerte prematura mientras se encuentran ahorrando para
su pensión. Por lo que, en caso de siniestro, una persona tiene derecho a una
indemnización que es transferida a su cuenta individual. Ese monto debe ser
suficiente para garantizar la pensión propia en caso de invalidez o la de sus
beneficiarios en caso de muerte. Aquí cabe recordar que ninguna pensión puede
estar por debajo del salario mínimo.
Esta cobertura
proviene de un seguro previsional que contratan las AFP y que pagan con una
parte del porcentaje que les corresponde por comisión de administración.
[64]Mediante oficio de
fecha  17 de junio de 2019, negó la solicitud conforme el argumento en comento.
[65] Como se expuso en
acápites anteriores, la legislación en materia laboral determina cuáles son los
parentescos y uniones que se deben verificar para efectos del reconocimiento de
la sustitución pensional. Esta Corporación  ha sostenido que debe garantizarse
la igualdad de trato a todas las familias, incluyendo la verificación de los requisitos
para acceder a tales derechos pensionales. Al respecto, ha resaltado que
“limitar la protección de estos derechos a las familias expresamente
reconocidas por mecanismos formales y jurídicos no se compagina con los fines
del Estado en materia de protección, ni con las manifestaciones propias del
principio de solidaridad, ya que la voluntad del constituyente ha sido la de
defender la maleabilidad del vínculo familiar en el marco de un Estado
pluricultural”.
[66] La aseguradora recibe
una prima única a la firma del contrato de renta vitalicia y garantiza el pago
de las mesadas al pensionado y sus beneficiarios
[67] Derecho al mínimo
vital, a la seguridad social y a la dignidad humana.
[68]Además
de  cumplir con los requisitos de la Ley 797 de 2003, como también los
expuestos por esta Corte. Mediante Sentencia T-140 de 2013 se estudió la
procedencia de una acción de tutela, para otorgar la pensión de sobrevivientes
de una señora de 67 años en situación de discapacidad y quien ostentaba dicho
derecho al depender económicamente de su padre fallecido. La entidad accionada
alegó que la acción de tutela no era el medio idóneo para desatar la discusión
del derecho pensional en cuestión, por lo que la Sala de revisión decidió citar
la jurisprudencia mediante la cual la Corte estableció ciertos criterios para
la procedencia de la acción de tutela de manera excepcional ante dichas
situaciones:“(a) que se trate de sujetos de especial de protección
constitucional(, b) que la falta de pago de la prestación o su disminución, genere
un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del
derecho al mínimo vital, (c) Que el accionante haya desplegado cierta actividad
administrativa y judicial con el objetivo de que le sea reconocida la
prestación reclamada, y (d) que se acredite siquiera sumariamente, las razones
por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la
protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados”.