C-862-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-862/12
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA SOBRE ESTATUTO DE
CIUDADANIA JUVENIL-Contenido
CONSEJOS MUNCIPALES DE JUVENTUD CON REPRESENTACION
ETNICA ESPECIAL-Composición
CONSEJEROS DE JUVENTUD-Elección y período
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA SOBRE ESTATUTO DE
CIUDADANIA JUVENIL-Análisis sobre consulta previa
DERECHOS Y GARANTIAS DE JOVENES PERTENECIENTES
A GRUPOS ETNICOS-Análisis sobre facultades extraordinarias de
regulación
CONTROL CONSTITUCIONAL DE PROYECTO DE LEY
ESTATUTARIA-Competencia
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA SOBRE ESTATUTO DE
CIUDADANIA JUVENIL-Trámite legislativo/POLITICA DE LA JUVENTUD/PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA SOBRE ESTATUTO DE CIUDADANIA JUVENIL-Se trata de un
proyecto acumulado, razón por la que existen tres exposiciones de motivos
ESTATUTO DE LA JUVENTUD-Reserva de
ley estatutaria/PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA SOBRE ESTATUTO DE CIUDADANIA
JUVENIL-Se está ante
mecanismos de participación/MECANISMOS DE
PARTICIPACION CIUDADANA-Reserva de trámite estatutario/PRINCIPIO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA-No se
restringe al ámbito político sino que se extiende a instancias de vigilancia
ciudadana de la gestión pública y se cumple en los diversos niveles
administrativos
PROYECTO DE LEY SOBRE ESTATUTO DE CIUDADANIA
JUVENIL-Asuntos que deben
entenderse como disposiciones de naturaleza estatutaria
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA SOBRE ESTATUTO DE
CIUDADANIA JUVENIL-No todas
las disposiciones se ocupan de regular aspectos de mecanismos de participación,
sin embargo, esta situación no resulta determinante en su exequibilidad/PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA SOBRE ESTATUTO DE CIUDADANIA JUVENIL-Contiene normas de
naturaleza ordinaria en razón a la regulación integral, coherente y sistemática/LEYES
ESTATUTARIAS-Procedimiento es más exigente
Como ha reiterado la jurisprudencia constitucional,
que es acorde con la Constitución que en un proyecto de ley estatutaria
contenga normas de naturaleza ordinaria en razón a la regulación integral,
coherente o sistemática que quiera hacerse de un tema. En cuanto el
procedimiento de las leyes estatutarias es más exigente, no resulta contrario
al principio democrático que aquellas sean aprobadas por este procedimiento; en
este sentido, el examen de constitucionalidad que se haga sobre ellas tendrá el
carácter de integral y definitivo, lo que, en todo caso, no implica que su
naturaleza mute, pues, sin duda, seguirán siendo consideradas disposiciones de
carácter ordinario.
DERECHOS DE LOS JOVENES-Concreción
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA SOBRE ESTATUTO DE
CIUDADANIA JUVENIL-Finalidades/PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA SOBRE ESTATUTO DE CIUDADANIA JUVENIL-Reglas de
interpretación y aplicación/PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA SOBRE ESTATUTO DE
CIUDADANIA JUVENIL-Principios
JOVEN-Definición/JUVENTUD-Definición/JUVENIL-Definición/PROCESOS
Y PRACTICAS ORGANIZATIVAS DE LOS JOVENES-Concepto/ESPACIOS DE
PARTICIPACION DE LAS JUVENTUDES-Concepto/CIUDADANIA JUVENIL-Concepto
y dimensiones
JOVEN-Concepto en instrumentos internacionales y derecho
comparado
JUVENTUD-Concepto
en el ordenamiento colombiano/JUVENTUD-Rango de edad/JUVENTUD-Beneficios
GENERO-Concepto
El concepto género es una creación social que
frecuentemente se contrasta con el término “sexo”, que se refiere más bien, a
las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, en este sentido, resulta
erróneo identificar o asimilar la palabra género con sexo. El género es una
noción explicativa de las relaciones entre los seres humanos más amplia,
mientras que la segunda categoría, da cuenta exclusivamente a las diferencias
biológicas y fisiológicas entre mujeres y hombres. Asimismo, género no es igual
a “mujer” o a “hombre”, pues engloba también los roles socio-culturales que se
asignan a cada uno de los sexos en la sociedad por el hecho de nacer con
atributos femeninos o masculinos.
CONCEPTO DE GENERO-Jurisprudencia
constitucional/EQUIDAD DE GENERO-Línea jurisprudencial/CONCEPTO
DE GENERO-Base de protección e igualdad entre hombres y mujeres/IGUALDAD
ENTRE HOMBRES Y MUJERES-Criterios para determinar su protección
CIUDADANIA JUVENIL-Definición/CIUDADANIA
JUVENIL-Interpretación de la definición
Para salvar una eventual interpretación
contradictoria de las disposiciones del actual proyecto con otras de tipo legal
–que redundara en limitación, confusión o dificultad en el ejercicio de
derechos por parte de las y los jóvenes-, el proyecto en el parágrafo primero
consagra que la definición de los diferentes tipos de ciudadanía no sustituye
límites –máximos o mínimos- de edad para garantizar posiciones jurídicas a
adolescentes y jóvenes en el ordenamiento jurídico colombiano. En este sentido,
la Corte reafirma que la interpretación de la definición ahora estudiada debe
entenderse como: (i) Una condición que otorga la posibilidad de ejercer los
derechos que en el proyecto se consagran respecto de las y los jóvenes. (ii)
Una definición que, en sí misma, no consagra ningún derecho en específico.
(iii) Una situación jurídica que no se debe solapar con otras situaciones que,
reconocidas por el ordenamiento jurídico, diferencian a las y los jóvenes del
resto de personas en el Estado colombiano. (iv) Una situación que, aunque
siendo un mandato explícito en el ordenamiento constitucional, reitera el
enfoque diferencial que debe hacerse, en cuanto al ejercicio de los derechos
que reconoce y garantiza el proyecto, respecto de las minorías étnicas
–parágrafo 2º del numeral 7 del artículo 5-.
CONSTITUCION FORMAL DE LAS PRACTICAS
ORGANIZATIVAS DE LAS Y LOS JOVENES-Equivale a la obtención de personería jurídica por cualquiera de las
formas asociativas reconocidas en el ordenamiento, siempre y cuando sea acorde
con el objetivo axial de estos procesos y prácticas
JUVENTUD-Derechos
y deberes/JOVENES-Criterios para garantizar el goce real y
efectivo de sus derechos/JOVENES-Medidas de prevención,
protección, promoción y garantía de sus derechos
POLITICAS DE JUVENTUD-Concepto/POLITICAS DE JUVENTUD-Transversalidad/POLITICAS
PUBLICAS DE JUVENTUD-Lineamientos/POLITICAS PUBLICAS DE JUVENTUD-Principios
POLITICAS PUBLICAS DE LA JUVENTUD-Ambito de
competencias de las entidades territoriales y de la Nación
LEYES ORGANICAS-Jurisprudencia constitucional en materia competencial entre la Nación y entidades territoriales/RESERVA DE LEY ORGANICA-Interpretación del artículo
288 de la Constitución Política/COMPETENCIAS PARA EL DISEÑO Y EJECUCION DE LAS POLITICAS DE JUVENTUD-No se encuentran dentro del ámbito reservado
por la Constitución a las leyes orgánicas
Para la Corte el contenido del artículo 15 no se
encuentra dentro del ámbito reservado por la Constitución a las leyes orgánicas. En efecto, en un primer momento la jurisprudencia
constitucional realizó una interpretación amplia de la reserva que consagra el
artículo 288 de la Constitución, entendiendo que toda atribución de
competencias a una entidad territorial debía ser objeto de ley orgánica. Sin
embargo, posteriormente se ha planteado una jurisprudencia pacífica en el
sentido que el artículo 288 de la Constitución, al determinar el ámbito de las leyes orgánicas en materia de distribución competencial, reserva esta categoría a
aquella ley que establezca los parámetros generales con base en los cuales debe
hacerse esa distribución competencial; contrario sensu, no se está reservando a
la ley orgánica cada asignación de competencias que se presente entre la Nación y las entidades territoriales. En el presente caso no se vulneró la reserva de ley
orgánica, en cuanto el artículo 15 no está planteando parámetros generales que
deban ser atendidos cuando se quiera que se deba realizar distribución
competencial entre la Nación y las entidades territoriales. Por el contrario,
esta disposición asigna una competencia precisa en materia de juventud a las
entidades territoriales, por lo que, sin lugar a duda, cae dentro del fuero
previsto para el legislador ordinario. En esta medida, no se vulnera la reserva
prevista en los artículos 151 y 288 de la Constitución.
COMPETENCIAS PARA EL DISEÑO Y EJECUCION DE LAS
POLITICAS DE JUVENTUD-Interpretación
no se opone al contenido de la Constitución Política
PRINCIPIO DE AUTONOMIA TERRITORIAL-Debe entenderse en consonancia y armonía con la forma
de Estado adoptada por la Constitución/AUTONOMIA DE ENTIDADES TERRITORIALES-Núcleo esencial/PRINCIPIO DE
AUTONOMIA-No puede desconocer su núcleo esencial aunque el mismo
deba desarrollarse dentro de criterios previstos por el legislador/PRINCIPIOS
DE UNIDAD Y AUTONOMIA-Interrelación/PRINCIPIO UNITARIO DEL ESTADO Y PRINCIPIO DE AUTONOMIA
DE ENTIDADES TERRITORIALES-Necesidad
de armonizarlos
PRINCIPIO DE COORDINACION,
CONCURRENCIA Y SUBSIDIARIEDAD EN EL REPARTO DE COMPETENCIAS ENTRE LA NACION Y
LAS ENTIDADES TERRITORIALES-Alcance
PRINCIPIO DE AUTONOMIA-No se
vulnera cuando el legislador hace responsable a las entidades territoriales del
diseño y ejecución de las políticas para la juventud, ni por exigir que las
mismas sean incluidas en los planes de desarrollo
ENTIDADES TERRITORIALES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES-Competencias
en el marco del estatuto de la juventud/NACION-Competencias en el
marco del estatuto de la juventud
ENTIDADES RESPONSABLES DE JUVENTUD EN LAS ENTIDADES
TERRITORIALES Y ENTIDAD RECTORA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUDES-Presentación
de informes
SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUDES-Contenido y
alcance/SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUDES-Funciones/ SISTEMA
NACIONAL DE JUVENTUDES-Conformación/SUBSISTEMA INSTITUCIONAL DE LAS
JUVENTUDES-Conformación/CONSEJO NACIONAL DE POLITICAS PUBLICAS DE
LA JUVENTUD-Funciones y atribuciones/CONSEJO NACIONAL DE
POLITICAS PUBLICAS DE LA JUVENTUD-Conformación/SECRETARIA TECNICA
DEL CONSEJO NACIONAL DE POLITICAS PUBLICAS DE LA JUVENTUD-Funciones
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LAS JUVENTUDES-No inclusión en el proyecto presentado por el Gobierno
Nacional constituye un vicio procedimental/UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
LAS JUVENTUDES-Se trata de la creación de una entidad que requería
iniciativa legislativa por parte del Gobierno Nacional/INICIATIVA LEGISLATIVA DEL GOBIERNO-Vulneración constituye vicio formal/UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LAS JUVENTUDES-Razones que motivan la inexequibilidad son
exclusivamente de índole procedimental
ENTIDADES TERRITORIALES PARA LA JUVENTUD-Instancias
SUBSISTEMA DE PARTICIPACION DE LAS JUVENTUDES-Definición
CONSEJOS DE JUVENTUDES-Concepto/CONSEJOS
DE JUVENTUDES-Son previstos como mecanismos de participación en temas que
se entiendan incluidos en las llamadas “agendas territoriales para las
juventudes”/PARTICIPACION DE LA POBLACION JOVEN-Formas de
expresión/CONSEJOS DE JUVENTUDES-Funciones/CONSEJOS DE
JUVENTUDES-Son verdaderos mecanismos de participación/CONSEJOS DE
JUVENTUDES-Concreción del principio de democracia participativa
consagrado en el artículo 3 de la Constitución Política
MUNICIPIOS, DEPARTAMENTOS, DISTRITOS Y LA NACION-Obligación
de implementar procesos de decisión política y creación normativa que impliquen
etapas en participación de los consejos de juventudes en el diseño de las
agendas y su posterior inclusión en los planes de desarrollo territorial y
nacional
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD-Integración/CONSEJO
NACIONAL DE LA JUVENTUD-Participación de las comunidades étnicas,
representantes de los consejos departamentales y distritales de la juventud y
representante de los procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes
campesinos
CONSEJO NACIONAL DE JUVENTUD-Convocatoria
por parte de la entidad que cree el Gobierno Nacional/CONSEJO NACIONAL DE
JUVENTUD-No conformación puede implicar una limitación de derechos que
en sede de control abstracto de constitucionalidad es imposible determinar
consecuencias
CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE JUVENTUD-Integración/CONSEJOS
DEPARTAMENTALES DE JUVENTUD-Convocatoria y composición/CONSEJOS
DEPARTAMENTALES DE JUVENTUD-Condicionamiento para su conformación
CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES DE JUVENTUD-Convocatoria
y composición/CONSEJOS MUNICIPALES DE JUVENTUD-Proceso de
elección previsto en el parágrafo 1 del artículo 42 del proyecto de ley en
estudio implica la realización de consulta previa con las comunidades/CONSEJOS
MUNICIPALES DE JUVENTUD-Grupos legitimados para la presentación de
candidatos/JOVENES INDEPENDIENTES-Legitimación para presentación
de candidatos a consejos municipales de juventud/PROCESOS Y PRACTICAS ORGANIZATIVAS
DE LOS JOVENES FORMALMENTE CONSTITUIDOS-Legitimación para
presentación de candidatos a consejos municipales de juventud/JUVENTUDES DE
PARTIDOS POLITICOS-Legitimación para presentación de candidatos a
consejos municipales de juventud/CONSEJOS MUNICIPALES DE JUVENTUD-Forma
de elección/CONSEJOS MUNICIPALES, LOCALES Y DISTRITALES DE JUVENTUD-Lineamientos
generales del proceso de inscripción de candidatos y electores/CONSEJOS
MUNICIPALES DE JUVENTUD-Candidatos por listas de movimientos o partidos
políticos
CENSO ELECTORAL-Importancia para la implementación de los consejos de la juventud
CONSEJOS DEPARTAMENTALES, DISTRITALES, MUNICIPALES Y
LOCALES DE JUVENTUD-Interlocución con
las autoridades territoriales
CONSEJOS DE JUVENTUD-Mecanismos de participación
CONSEJOS DE JUVENTUD-Período/CONSEJEROS DE JUVENTUD-Reelección
por una sola vez/CONSEJEROS DE LA JUVENTUD-Vacancias/VACANCIAS
DE CONSEJEROS DE LA JUVENTUD-Suplencia
REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
EN ORGANISMOS DE ENTIDADES TERRITORIALES-Configuración
de causales no opera con criterio unívoco
CONSEJEROS DE LA JUVENTUD-Inhabilidades/CONSEJEROS
DE LA JUVETUD-Limitaciones para ser elegidos son razonables y
proporcionadas al derecho de participación democrática de las y los jóvenes en
el territorio colombiano
El sentido lógico de las inhabilidades consagradas en el artículo 56 es
que: i) quienes sean miembros de una corporación pública de elección popular no
podrán ser elegidos como Consejeros de Juventud; y que ii) tampoco podrán serlo
quienes, dentro del año anterior a la elección, hayan estado vinculados a
cualquier otro órgano o entidad de la administración del nivel para el cual
aspira ser consejero. Siendo este el sentido de la disposición en estudio, la
Corte encuentra que las limitaciones consagradas para ser Consejero de la
Juventud están acorde con la Constitución. En efecto, las mismas se aprecian
como limitaciones razonables y proporcionadas al derecho de participación
democrática de las y los jóvenes en el territorio colombiano. Con las
inhabilidades previstas se quiere evitar que la vinculación con entidades de la
administración pública pueda ser utilizada como elemento en beneficio propio
para acceder a la calidad de Consejero de Juventud, a la vez que se evita un
posible conflicto de intereses entre quien haya estado o, incluso, esté a cargo
de las materias sobre las que desarrollará su labor como miembro del Consejo de
Juventud.
CONSEJOS DE LA JUVENTUD-Medidas
para garantizar su operación
CONSEJO DE JUVENTUD-Programas
de apoyo a cargo del Gobierno Nacional, Gobernadores y Alcaldes
PLATAFORMAS DE LAS JUVENTUDES-Contenido/PLATAFORMAS
DE LAS JUVENTUDES-Funciones
ASAMBLEAS JUVENILES-Contenido/ASAMBLEAS
JUVENILES-Funciones/ASAMBLEAS JUVENILES-Composición
COMISIONES DE CONCERTACION Y DECISION DEL SISTEMA
NACIONAL DE JUVENTUDES-Sesiones/COMISIONES DE CONCERTACION Y DECISION DEL
SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUDES-Composición/COMISIONES DE CONCERTACION Y
DECISION DEL SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUDES-Inclusión de una regla de
alternatividad en el ejercicio de la función de delegado se encuentra dentro
del campo de la posibilidad de configuración legislativa
ASAMBLEAS JUVENILES-Toma de
decisiones/ESTATUTO DE LA CIUDADANIA JUVENIL-Inclusión de
carácter disciplinario para los miembros de las comisiones de concertación y
decisión
ASAMBLEAS JUVENILES-Adjudicar
prevalencia a las decisiones de la comisión de concertación y decisión
desconoce la configuración de institucional del Estado colombiano que es
prevista en normas de rango constitucional
SECRETARIA TECNICA DE COMISIONES DE CONCERTACION Y
DECISION DE JUVENTUDES-Funciones
FUNCIONES DE LA SECRETARIA TECNICA DE COMISIONES DE
CONCERTACION Y DECISION DE JUVENTUDES-Inexequibilidad
de la expresión “Unidad Nacional para las Juventudes”
COOPERACION INTERNACIONAL PARA LAS JUVENTUDES-Contenido
SEMANA NACIONAL DE LAS JUVENTUDES-Implementación
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA SOBRE ESTATUTO DE
CIUDADANIA JUVENIL-Financiación
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA SOBRE ESTATUTO DE
CIUDADANIA JUVENIL-Inexequibilidad respecto de facultades
extraordinarias para regular lo concerniente a la aplicación de las políticas,
la participación y derechos a las y los jóvenes de las comunidades étnicas
minoritarias
El primer aspecto de carácter procedimental
que debe estudiarse ante la concesión de facultades es que éstas hayan sido
solicitadas expresamente por el Gobierno, ya sea directamente o a través de
alguno de sus ministros, que para estos efectos son los voceros ante las
cámaras legislativas –artículo 200 y 208 de la Constitución-. En este primer
aspecto se observa que el proyecto ahora estudiado es el resultado de la
acumulación de tres proyectos de ley que fueron presentados al Congreso de la
República. Uno de ellos era iniciativa de un grupo de representantes y
senadores; el otro fue presentado por la una senadora –Alexandra Piraquive-; y
el tercer proyecto fue presentado por el Ministro de Interior. Este último
proyecto no incluyó disposición alguna en la que se solicitaran las facultades
extraordinarias al Congreso de la República; así mismo, de la exposición de
motivos no es posible deducir, si quiera tácitamente, que el Gobierno, por
intermedio de su Ministro de Interior, estuviera haciendo la solicitud
comentada; finalmente, tampoco se observa por parte de la Corte que se haya
presentado escrito dirigido a alguna instancia del Congreso de la República en
el que se haya solicitado incluir una disposición que otorgue facultades
normativas extraordinarias al ejecutivo. Por el contrario, las facultades
extraordinarias ahora concedidas al Gobierno tienen su origen en los proyectos
de origen congresual. En el proyecto presentado por la Senadora Piraquive, el
artículo 115 incluía una previsión bastante parecida a la redacción final del
artículo 81, la cual otorgaba facultades extraordinarias al ejecutivo. Así
mismo, el proyecto de ley presentado por un grupo de senadores y representantes
a la cámara contenía una disposición idéntica, curiosamente, también como
artículo 115 del proyecto presentado a consideración del Congreso. Finalmente,
valga resaltar que el proyecto presentado por el Ministro de Interior fue
radicado en la Cámara de Representantes el día seis (06) de septiembre de 2011,
es decir, luego de que se hubiesen presentado los proyectos de los otros
autores y que, como ya se indicó, la versión del Gobierno no preveía la
concesión de facultades extraordinarias, no obstante existir dos proyectos
sobre el mismo tema, radicados con anterioridad, que sí las preveían. Siendo
esta la situación, debe concluir la Corte que en el trámite de las facultades
extraordinarias, que en la versión final del proyecto fueron incluidas en el
artículo 81, se incumplió el primer paso exigido por la Constitución, cual es
la solicitud expresa de las mismas por parte del Gobierno, razón por la cual se
configuró un vicio en el trámite legislativo. Este vicio, en cuanto su
subsanación implicaría retrotraer todo el trámite legislativo, resulta
insubsanable en el presente caso, por lo que en el presente caso debe
entenderse que es un vicio que afecta de forma definitiva la adecuación a la
Constitución del artículo 81 del proyecto.
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA SOBRE ESTATUTO DE
CIUDADANIA JUVENIL-Inclusión de participación de representantes de
comunidades étnicas en la integración del Consejo Nacional de juventud y en
consejo municipal de juventud no afecta directamente derecho alguno de estas
comunidades
Referencia: expediente No. PE-034
Revisión de constitucionalidad del Proyecto de
Ley Estatutaria No. 169/11 Senado – No. 014/11 Cámara “Por medio de la cual
se expide el Estatuto de la Ciudadanía Juvenil y se dictan otras disposiciones”
Magistrado Ponente
ALEXEI
JULIO ESTRADA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de octubre dos mil doce
(2012)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite
establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión constitucional del Proyecto de Ley Estatutaria
No. 169/11 Senado – No. 014/11 Cámara “Por medio de la cual se expide el
Estatuto de la Ciudadanía Juvenil y se dictan otras disposiciones”.
I. ANTECEDENTES
El Presidente del Senado de la República,
mediante oficio recibido el 17 de enero de 2012, remitió a esta Corporación
copia del expediente legislativo del Proyecto de Ley No. 169/11 Senado – No.
014/11 Cámara “Por medio de la cual se expide el Estatuto de la Ciudadanía
Juvenil y se dictan otras disposiciones”, para que de conformidad con lo
previsto en el artículo 241, numeral 8 de la Constitución, la Corte decida
sobre su exequibilidad.
Mediante auto del dos (2) de febrero de 2012 el
Magistrado Sustanciador avocó el conocimiento del proceso de la referencia. Con
el fin de contar con los elementos de juicio necesarios para proferir una
decisión de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 241 superior, dispuso la
práctica de pruebas en relación con los antecedentes legislativos de proyecto
de ley. Recibidas éstas se verificó que no habían sido remitidas en forma
completa, por lo cual el primero (1) y el veintisiete (27) de marzo del mismo
año, el Magistrado sustanciador las requirió mediante unos autos. Una vez
allegadas se dictó auto de continuación de trámite el dieciséis (16) de abril
de 2012 y se ordenó dar cumplimiento a lo dispuesto en los numerales tercero y
siguientes del auto del dos (2) de febrero de 2012.
Cumplidos
los trámites propios de esta clase de procesos y previo el concepto del
Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir acerca del asunto
de la referencia.
II. PROYECTO
DE LEY BAJO REVISIÓN
El cuerpo normativo objeto de estudio es proyecto de
ley estatutaria No. 169/11 Senado
– No. 014/11 Cámara “Por medio de la cual se expide el Estatuto de la
Ciudadanía Juvenil y se dictan otras disposiciones”, conforme al texto remitido por el Congreso.
Para efectos de claridad, los artículos que componen
el mismo serán transcritos en el aparte en que se realice el estudio individual
de cada uno.
III. INTERVENCIONES
1.
Intervención de la
Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo, mediante escrito radicado en
la Secretaría General el 23 de mayo de 2012, hace una breve referencia al
contenido del proyecto ley 169 de 2011; luego, consigna unas apreciaciones
generales en torno al trámite legislativo y, concretamente, sobre cuestiones
preliminares de las facultades del ponente respecto de la ponencia una vez esta
ha sido publicada; y, finalmente, presenta algunas observaciones puntuales al
contenido de la regulación.
1.1 Contenido del proyecto de ley revisado
La Defensoría realiza una breve ilustración del
proyecto Ley 169 de 2011, expone su organización normativa, la cual consta de
82 artículos, clasificados en cinco títulos. Describe el objeto, sujetos de
derechos, normas aplicables a los enfoques de derechos humanos y sus
principios. Resalta la importancia del articulado en la generación de políticas
públicas, encaminadas a la prevención, promoción, protección, fortalecimiento y
garantía de los derechos de las y los jóvenes con el fin de mejorar su
vinculación en las decisiones respecto del desarrollo social, económico,
político y cultural del país.
Luego, enfatiza en la difícil situación que vive la
juventud en Colombia, la cual sirve de soporte a la propuesta del Proyecto de
Ley Estatutaria 169 de 2011, en donde se exponen en seis puntos, las diferentes
problemáticas en las que se encuentran inmersos las y los jóvenes en el País, a
saber:
i)
“ el decrecimiento de la
tasa de población juvenil;
ii)
el alto porcentaje (56.7%)
de jóvenes desafiliadas/os al sistema de seguridad social;
iii)
las múltiples expresiones
de violencia asociadas al conflicto armado (como ser victimas de ejecuciones
extrajudiciales y asociados de manera arbitraria a grupos guerrilleros);
iv)
de discriminación por su
condición etaria y por razones de género, raza, etnia, filiación política,
preferencia sexual y religiosa, entre otras);
v)
la falta de oportunidades
en los campos educativo y laboral (la tasa de desempleo juvenil duplica la
medida nacional);
vi)
el incremento de embarazos
adolescentes, de casos de VIH-SIDA y en el consumo de sustancias psicoactivas y
alcohólicas en la población juvenil; entre otros asuntos.[1]”
1.2. Apreciaciones generales en torno al trámite del
proyecto
La Defensoría estima que dentro del trámite general
del proyecto objeto de estudio, en principio se han cumplido los requisitos
legales y constitucionales para que la iniciativa se transforme en Ley de la
República; toda vez que el mismo surtió todo el proceso previsto en la
Constitución Política respecto a las reglas relativas a la iniciativa
legislativa (artículos 154, 155, 156, y 282 numeral 6); unidad de materia
(articulo 158); publicación (artículos 157 y 161); rendición de informes de
ponencia, tiempos entre debates, votaciones e introducción de modificaciones,
adiciones o supresiones (artículo 160), aprobación (articulo 161), entre otras.
Adicionalmente, expone su inconformidad respecto a una
cuestión preliminar, esto es, la enmienda introducida por los ponentes al
Informe de Ponencia para el Primer Debate, cuando este ya había sido publicado
oficialmente en la Gaceta del Congreso. Por lo anterior plantea a la Corte la
siguiente inquietud:
“¿Es posible para el ponente introducir una “enmienda
general” al texto de una iniciativa legislativa, antes de que ella hubiera sido
sometida a discusión en primer debate en la Comisión Constitucional
correspondiente?”[2].
Para la Defensoría, el informe de ponencia debe ser un
trabajo estrictamente técnico, sin visos políticos, por cuanto la función del
ponente es presentar de manera sistemática e integral un estudio de la
iniciativa, respaldada por las razones de necesidad y conveniencia para el caso
especifico. Expone que, el ponente tiene la libertad de introducir algunas
modificaciones, siempre y cuando se ciña a lo establecido en el capitulo
alusivo al “pliego de modificaciones”, esto es, incluir en su informe el texto
original de la iniciativa, presentar las reformas propuestas junto con su
respectiva justificación y finalmente proponer el texto que será sometido a
consideración de la Comisión Constitucional respectiva.
En conclusión, la Defensoría del Pueblo plantea su
inconformismo en el trámite que se le dio a la enmienda presentada al proyecto
de Ley 169 de 2011, por cuanto los proponentes presentaron un informe de
ponencia para primer debate, el cual contenía algunas modificaciones,
debidamente sustentadas, respecto de los textos originales, (Gaceta del Congreso
N° 709 del 22 de septiembre de 2011), posteriormente, sin que dicho texto
hubiera sido debatido, se introdujo una enmienda total al mismo, para luego ser
publicado como el texto que sería sometido a debate, como se puede apreciar en
la Gaceta del Congreso N° 777 del 14 de octubre de 2011, en la cual no se
especificó cual o cuales fueron las enmiendas introducidas junto con las
razones que la o las justificaban.
Expone el Defensor del Pueblo en su escrito que en el
presente proyecto se configuró un cambio sustancial, por cuanto el proyecto
enmendado introdujo numerosas disposiciones que no contemplaba el texto del
informe inicial de la ponencia para primer debate, al mismo tiempo que se
suprimieron otras disposiciones del texto original, cambios que no se
incluyeron en el texto publicado posteriormente.
A continuación, enuncia una serie de modificaciones,
que en su criterio debían contar con una exposición detallada de dichas
enmiendas y razones que justificaran su adopción:
i)
“…En el texto de la
ponencia inicial (Gaceta del Congreso 709, proyecto 1), en el artículo 4°
(principios) considera que en aplicación del principio de  ‘concertación’, las
disposiciones de la ley, así como las que sean objeto de reglamentación, serán
“concertadas mediante un  proceso de diálogo social y político”. En la enmienda
general introducida al texto anterior (publicada en la Gaceta del Congreso N°
777, proyecto 2), dicho principio anuncia que las  disposiciones serán
“consultadas” (artículo 44)…”[3].
Considera que con la anterior
enmienda se esta reduciendo el nivel de incidencia de los jóvenes en el diseño
de la política, toda vez que, debe entenderse que la concertación implica
un mecanismo vinculante para la Administración, caso distinto, a la consulta,
la cual no resulta vinculante en general.
ii)
Con el proyecto 2, fueron
adicionados los principios de; exigibilidad, igualdad, innovación,
integralidad, descentralización y desconcentración, dignidad, proximidad,
transversalidad y universalidad. Por lo anterior considera que “…Dado que
los principios constituyen criterios que orientan y condicionan el contenido y
alcance de las disposiciones de la ley estatuaria de juventud, es claro que un
catálogo tan amplio de adiciones en materia de principios al texto de la
ponencia supone de entrada una modificación de fondo al proyecto 1”[4].
iii)
Así mismo, hace referencia al
concepto de “joven”, considera que la definición del rango etario de los
sujetos destinatarios de la ley es una cuestión central en el proyecto: “…La
definición de joven del proyecto 1 se refería a las personas entre 14 y 30
años, mientras que en la enmienda que fue debatida, dicha propuesta aparece un
rango de 14 a 26, sin justificación razonable…”[5].
iv)
Aduce la supresión y adición
de una serie de definiciones respecto a los textos del proyecto 1 y proyecto 2:
“A nivel del artículo 5°, definiciones tales como ‘juvenil’, ‘género’, [‘]
políticas de juventud’, y ‘participación juvenil’ fueron adicionados en el
proyecto 2 y no estaban contempladas en el proyecto 1. Sin embargo, el proyecto
2 también suprime la definición de ‘discriminación’ y del ‘derecho a la
igualdad de oportunidades’, originalmente incluidas en el proyecto 1”[6].
v)
Considera que, la parte más
sustantiva y dogmática fue objeto de ostensibles modificaciones: “El
artículo del proyecto 1, que desarrolla in extenso el derecho a la igualdad y a
la no discriminación, e incluía medidas de promoción de igualdad cultural,
medidas de promoción de igualdad económica, medidas de promoción de igualdad
político electoral y medidas para asegurar la igualdad de oportunidades, no fue
considerado en el proyecto 2. definiciones del proyecto sobre ‘conducta
discriminatoria’ (artículo 8), discriminación por edad (artículo 9), y
proscripción de la discriminación por edad (art. 10), no fueron incluidos en el
proyecto 2, así como tampoco figura en este derecho a la libertad de expresión,
desarrollo de la personalidad y conciencia”[7].
vi)
“Otros derechos que
aparecían en el proyecto 1 no están o figuran simplemente enunciados o son
definidos de manera distinta en el proyecto 2, como el derecho a la paz, el
derecho a la información, formación y educación diferencial para jóvenes
(artículo 13, proyecto 1)y del derecho a la justicia (artículo 17, proyecto 1).
El proyecto 2 suprimió igualmente disposiciones sobre el Portal Nacional de
Juventud (artículo 14, proyecto 1), la ciudadanía digital (artículo 15,
proyecto 1), la enunciación de las responsabilidades del Estado en información
y formación de jóvenes para el ejercicio de la ciudadanía juvenil (artículo 16
del proyecto 1). Tampoco aparecen en el proyecto 2 los servicios amigables de
justicia para jóvenes (artículo 18, Proyecto 1), la asociación y participación
(artículo 20, proyecto 1), y las veedurías juveniles (artículo21). Normas sobre
responsabilidad en materia de políticas públicas (artículo 30, proyecto 1),
inclusión en planes de desarrollo (artículo 31, proyecto 1) y planes de
implementación (artículo 32, proyecto 1), tampoco fueron considerados en el
proyecto 2”[8].
Por lo anterior, considera la Defensoría que no es
admisible por parte de los ponentes, anunciar que el texto había sido objeto de
una enmienda general, sin presentar justificaciones razonables y, sobre todo,
sin mencionarla expresamente en el informe de ponencia del texto ya enmendado.
De lo anterior concluye la Defensoría que el
Legislador vulneró el principio de publicidad a que se refiere el artículo
157-1 de la Constitucional Política, al no publicar debidamente el texto que
sería finalmente objeto de debate. Manifiesta que la alteración unilateral del
texto original del informe de ponencia por parte de los propios proponentes,
sin especificar las modificaciones propuestas y las razones que su
introducción, implica un desconocimiento flagrante del citado principio,
teniendo en cuenta los amplios alcances de la enmienda propuesta al texto
original del primer debate.
La Defensoría encuentra también que al haberse
introducido al Informe de Ponencia para primer Debate, una enmienda general,
sin mención del alcance de las modificaciones y sin la presentación de las
razones que las justificaban, se alteró gravemente la secuencia deliberativa
que imponía el texto originalmente publicado: “es claro que, no puede
hablarse de consecutividad si, ab initio, se quebró el eje dogmático de la
propuesta y se acabó discutiendo una propuesta sustancialmente distinta a la
que se presentó en el origen”[9].
Del mismo modo, manifiesta que no es posible hablar de
‘identidad flexible’, por cuanto el texto sometido a discusión en el
primer debate, contenía una serie de enmiendas que no habían sido sometidas a
discusión y aprobación por parte de la respectiva comisión constitucional.
1.3. Observaciones específicas de la Defensoría en relación
con el contenido del proyecto
La entidad interviniente, presenta una serie de
observaciones puntuales al contenido del presente proyecto de ley, en donde
encuentra problemas de constitucionalidad en relación con: i) el rango de
edad para el ejercicio de derechos y la definición de “ciudadanía Juvenil”
(artículo 5); ii) la convocatoria y composición de los Consejos
Departamentales de Juventud (artículo 39); iii) la elección y el
periodo de los consejeros de juventud (articulo 52 y 53); iv) la necesidad o no
de adelantar el trámite de consulta previa a este tipo de legislación; y v) las
facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República para expedir
decretos-ley que regulen los derechos y garantías de las y los jóvenes
pertenecientes a los grupos étnicos (artículo 81)[10].
1.4. El rango de edad para el ejercicio de derechos y
la definición de “ciudadanía Juvenil” (artículo 5).
Considera la Defensoría, que la definición de “joven”
contenida en el numeral 1 del artículo 5° del Proyecto, resulta antitécnica e
inconveniente por la siguientes razones: “i) riñe con la definición general
de ciudadanía cuyo ejercicio pleno se reconoce partir de la edad de 18 años;
ii) considera a los jóvenes entre 18 y 28 años como ciudadanos “en proceso de
consolidación de su autonomía”, lo cual contradice la característica
fundamental de la condición jurídica de ciudadano, esta es, su autonomía plena”[11].
En su parecer, podría entenderse que la definición de “joven” contenida
en contenida en el numeral 1 del artículo 5° del Proyecto, modifica la edad en
la que se adquiere la ciudadanía, reformándose con este artículo las
disposiciones que aluden al ejercicio de derechos civiles y políticos,
entendiéndose que las y los jóvenes mayores de 14 y menores de 18 años podrían
ejercer la “ciudadanía” de que trata el artículo 98 de la Constitución
Política.
Explica que, “una definición tan amplia y general
ocasiona inconvenientes en cuanto a las categorías que busca abarcar, al crear
una zona de interferencia mutua que afecta tanto a quienes ya se consideran
ciudadanos plenos por haber cumplido la mayoría de edad como las y los
adolescentes. Las personas de más de 18 y hasta 28 años cumplidos se presumen
sujetos “maduros”, en pleno ejercicio de su autonomía y capaces de ejercer
derechos y contraer las obligaciones propias de esta condición; es decir,
sujetos intelectual, social, cultural y moralmente “consolidados”. Pero
paradójicamente, el Proyecto las considera personas “en proceso de
consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y
cultural”, lo cual resulta incoherente para quienes, según la Constitución y
las leyes vigentes, son mayores de edad”[12].
Por lo anterior, solicita:
1.
Declarar la constitucionalidad
condicionada de la expresión “y en ese sentido ejercer ciudadanía” contenida
en el numeral 1 del artículo 5° del proyecto en revisión, en el entendido de
que el ejercicio de la ciudadanía juvenil se limita al marco de los derechos y
deberes que establece este Estatuto, dado que – tal y como consagrada- implica
la extensión de los derechos restringidos a los mayores de 18 años para quienes
se encuentran entre los 14 y los 18 años[13].
2.
En la medida en que una
confusión similar puede presentarse en relación con la definición de “Ciudadanía
Juvenil Civil” del numeral 7.1 del artículo 5° del Proyecto, declarar la
constitucionalidad condicionada de la expresión “de los derechos y deberes
civiles y políticos” para que se entiendan restringidos solo a aquellos que
establece el Estatuto[14].
1.5. La convocatoria y composición de los Consejos
Departamentales de Juventud (artículo 39).
La Defensoría plantea una problemática constitucional
frente a la ausencia de reglas claras y precisas que permitan realizar la
convocatoria para la conformación de los Consejos Departamentales de Juventud,
sin afectación a principios y derechos constitucionales. Considera que la
atribución del Gobernador de realizar la convocatoria para la conformación de
los Consejos Departamentales de Juventud afecta la reserva de la ley
estatutaria prevista en el artículo 103 superior, en lo atinente a la
regulación de los mecanismos de participación de las y los jóvenes.
“la materialización del derecho a la participación de
las y los jóvenes en ejercicio y control político, en condiciones de igualdad,
a través de Consejos Departamentales de Juventudes, ha quedado sujeta tanto a
la conformación o no de las denominadas provincias –lo cual le resta eficacia a
la norma- como a la discrecionalidad de la autoridad territorial en cuanto al
mecanismo y número de consejeros a elegir, en los departamento que tengan mas
de quince (15) delegados al Consejo Departamental de Juventud- que son la
inmensa mayoría del territorio-“[15].
Por lo anterior, solicita declarar la
inconstitucionalidad del contenido parcial del parágrafo del artículo 39 del
proyecto de ley, concretamente del texto “Si se llegare a presentar el caso,
en que el número de consejeros delegados supere el tope máximo de miembros a
integrar el Consejo Departamental de Juventud, el Gobernador convocará en cada
una de las provincias de su departamento, conformen asambleas constituidas por
los Consejos Municipales y Distritales de Juventud, pertenecientes a municipios
y distritos que la conforman. En cada una de las asambleas se elegirá entre
ellos el número de consejeros delegados a que tengan derecho, según lo
dispuesto previamente por el gobernador, cuyo criterio debe obedecer al número
de municipios y su densidad poblacional”, por vulnerar los mandatos
consagrados en los artículos 2°, 13, 40, 45 y 103 de la Constitución Política[16].
1.6. Sobre la composición de los Consejos Municipales
de Juventud con representación étnica especial.
Respeto al tema de la composición de los Consejos
Municipales de Juventud, la Defensoría manifiesta la existencia de una
contradicción en lo que dispone el parágrafo 1° del artículo 42, pues no es
claro, respeto de las organizaciones o comunidades enunciadas en el mencionado
artículo, si se debe elegir un solo representante de todas ellas o uno por cada
comunidad; de igual manera anota, dificultad para entender el contenido del
artículo 43 en lo relacionado con composición de estos consejos municipales.
Finalmente, manifiesta la presencia de una cláusula
abierta “o en general de comunidades étnicas”, la cual dificulta su
entendimiento: …no se sabe si se hace referencia a la elección, por ejemplo,
de un representante por todas las comunidades indígenas que integran el
municipio; o si, por el contrario, se reconoce la diferencia que puede existir
entre distintos pueblos indígenas que hagan parte de una misma municipalidad y,
en ese orden de ideas, se permite la elección de un representante por cada
pueblo indígena”[17].
1.7. Elección y el periodo de los consejeros de
juventud (articulo 52 y 53).
Considera la Defensoría que existe una confrontación
entre la pretensión unificadora en la elección y posesión de los consejeros de
juventud, prevista en el artículo 53 y la disposición del parágrafo transitorio
del artículo 52, el cual establece los lineamientos a seguir, respecto de los
periodos individuales de los consejeros elegidos con anterioridad a la ley estatutaria.
Manifiesta que el parágrafo del artículo 52
imposibilitaría la elección y vigencia homogénea, según lo dispuesto en el
artículo 53, referente a los periodos institucionales de los Consejos
Municipales de Juventud.
Al respecto expone: “…En el marco de su libertad de
configuración, el Legislador puede aprobar, interpretar o derogar la ley.
Entonces, si el propósito de esta nueva ley es sistematizar y unificar la
institucionalidad y los procedimientos para garantizar los derechos de las y los
jóvenes, el parágrafo transitorio de la ley estatutaria y, de contera, puede
configurar una violación de los derechos de participación e igualdad de las y
los jóvenes de los municipios en los cuales permanecerían vigentes los consejos
de juventud conformados al amparo de la Ley 375”[18].
En consecuencia, solicita declarar la inexequibilidad
del parágrafo transitorio del artículo 52 del Proyecto de Ley sometido a
consideración, por violar los artículos 2°, 13, 40, 45 y 103 de la Constitución
Política[19].
1.8. La necesidad o no de adelantar el trámite de
consulta previa a este tipo de legislación.
Al respecto se consagra:
“La Defensoría del Pueblo considera que el Estatuto de
Ciudadanía Juvenil es un marco jurídico integral de protección a favor de los
derechos y garantías de todas y todos los jóvenes del país que, por supuesto
reconoce e incluye a las y los jóvenes pertenecientes a grupos étnicos, pero no
regula asuntos exclusivos de sus comunidades étnicas ni con incidencia directa
en la conformación de su identidad cultural o territorial”[20].
Adicionalmente, expone la importancia que el Proyecto
de Ley le da al componente étnico, resaltando las reglas de interpretación y
aplicación del Estatuto en esta temática y sugiere que el mismo debe tener en
cuenta el enfoque diferencial que reconoce la diferencia étnica. De otro lado,
señala que en su criterio: “el desarrollo legislativo de derechos
fundamentales y de mecanismos de participación ciudadana son temáticas que
revisten transcendencia en el ordenamiento constitucional y que afectan a toda
la comunidad política –en la que, sin duda, se encuentran las comunidades
étnicas-, dichas temáticas no exigen adelantar el trámite de consulta previa ni
antes ni durante su aprobación”[21].
Finalmente, señala que no hay constancia de que
durante el trámite del Proyecto de Ley 169 de 2011, se haya hecho mención del
asunto de participación de las comunidades étnicas, respecto a su formulación,
discusión y aprobación; como tampoco si hubo alguna participación de los
jóvenes pertenecientes a grupos étnicos dentro de los espacios de socialización
del proyecto.
1.9. Las facultades extraordinarias otorgadas al
Presidente de la República para expedir decretos-ley que regulen los derechos y
garantías de las y los jóvenes pertenecientes a los grupos étnicos (artículo
81).
En este punto la Defensoría realiza un estudio
normativo del Artículo 81 del Proyecto de Ley, con sus respectivos parágrafos,
paso seguido, anota la similitud que el presente proyecto guarda con otras
leyes, en lo referente a las facultades extraordinarias para la regulación de
políticas públicas diferenciales.
En el presente caso la Defensoría, respecto al
desarrollo de la política pública de juventud con enfoque diferencial
manifiesta no tener ningún reparo en que se haga por vía reglamentaria, pero
resalta la importancia de garantizar el derecho fundamental a la consulta
previa de las comunidades involucradas.
Finalmente, considera la Entidad que en relación con
la redacción del texto del artículo 81 del Proyecto, se presenta una antinomia:
“por cuanto aparecen dos sujetos condicionados a la realización de la
consulta previa, así: por un lado, “las normas” que desarrollen la política
pública diferencial; y de otra parte, “todo proyecto, programa o presupuesto”
que pueda llegar a afectar a las comunidades étnicas”[22].
Por lo anterior sugiere la Defensoría: “que se
entienda que quedarán condicionadas a la realización de la consulta previa “las
normas” que en virtud del Estatuto de Ciudadanía Juvenil desarrollen la
política pública diferencial y “todo proyecto, programa o presupuesto” que se
defina de conformidad Con las mencionadas normas”[23].
Así las cosas, la Defensoría solicita declarar la
inconstitucionalidad del inciso 1° - incluido el título- y del parágrafo 2°,
del artículo 81 del proyecto de Ley bajo estudio; y, en relación con el
parágrafo 1°, la enunciación “Parágrafo 1°”  y, en su orden, las
expresiones “Hasta la aprobación de”, “con fuerza de ley” y “las
normas”, toda vez que estas disposiciones vulneran los artículos 150 y 152
de la Carta Política[24].
2.
Intervención de la
Federación Colombiana de Municipios.
El director ejecutivo de la Federación Colombiana de
Municipios, Gilberto Toro Giraldo, solicita a esta corporación la declaratoria
de inexequibilidad de algunos artículos del proyecto de ley en estudio, con
base en los siguientes argumentos:
En su criterio, si bien la legislación puede asignar
funciones a las entidades territoriales, esta competencia corresponde a las
leyes orgánicas, pues de no ser así quedaría vacío el contenido de la garantía
institucional de que este tipo de leyes sean las que efectúen el reparto
competencial entre la Nación y las entidades territoriales dándole concreción
al principio constitucional de autonomía de los entes territoriales.
Ahora bien, determina que si antes de la expedición de
la ley 1452 de 2011 cabía decir que el legislador ordinario no podía obligar a
la creación de cargo o dependencia alguna en cada municipio o departamento, por
estarse ocupando de un interés exclusivamente local, no se puede exigir a los
entes territoriales más de las dependencias o cargos impuestos directamente por
la Constitución, lo cual deja a la vista la inconstitucionalidad del artículo
16 en tanto obliga a:
“establecer en el nivel departamental y local una
estructura organizativa con la dependencia (secretaria, dirección, oficina,
etc.), con capacidad política, técnica, financiera y administrativa para
coordinar las acciones de política que garanticen el goce efectivo de los
derechos de juventud, y que además esté articulada al sistema de juventud”
Así las cosas no puede la legislación llegar hasta el
extremo de incidir en la administración municipal obligando a la creación de
determinadas dependencias y cargos, pues lo correcto es que se asigne la
función y en virtud a ello, las autoridades locales determinaran de qué manera
adecuan la estructura para cumplirla.
En cuanto al parágrafo del artículo 16 de la ley
demandada: “garantizar la asignación continua y sostenida de recursos
físicos, técnicos, humanos especializados y financieros que permitan el
funcionamiento del sistema de juventud”, considera el interviniente que no
puede el legislador inmiscuirse en la destinación de los recursos que se
originan en el propio ente territorial sino en circunstancias excepcionalísimas
, siendo la disposición trascrita una intromisión en la destinación de los
recursos endógenos al no efectuar distinción con los recursos que provienen de
una instancia superior.
Por esa razón solicita la declaratoria de
inexequibilidad de los artículos 15 a 19 de la ley demandada.
3.
Intervención del
Observatorio Javeriano de juventud
Luz Alejandra Osorio en calidad de miembro del
Observatorio Javeriano de juventud emitió recomendaciones sobre el fondo del
proyecto de ley.
En su consideración la normatividad presentada es de
gran importancia para el ejercicio de la participación ciudadana de jóvenes y
brinda posibilidades para el fortalecimiento de un Estado Social de Derecho.
Finalmente observa que la figura de consejos de
juventud, es una necesidad que se ha originado desde los territorios para
incidir políticamente en la vida de los habitantes jóvenes y que contribuyen de
una pluralidad democrática.
4.
Intervención del
Departamento Nacional de Planeación.
Luís Carlos Vergel Hernández en calidad de apoderado
especial del Departamento Nacional de Planeación interviene ante esta
corporación en procura de justificar la constitucionalidad del proyecto de ley
bajo estudio.
Considera el interviniente que la adopción de normas
integrales para sectores de la población como la juventud, es una nueva forma
de comprender la temática a partir del sujeto y no sólo del objeto con la cual
se aspira los desarrollos legislativos.
Finalmente en relación al carácter de norma, defiende
su calidad de estatutaria en cuanto se refiere al goce efectivo de derechos
fundamentales pero razona sobre su necesidad de ser compatibilizada con el
carácter ordinario que tiene el aspecto institucional que despliega, y
orgánico, en relación a su inclusión en los planes de desarrollo de los entes
territoriales que contempla.
5.
Intervención del Programa
Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud.
Gabriel Jaime Gómez Arbeláez en calidad de apoderado
especial del Programa Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud
interviene ante esta corporación en procura de justificar la constitucionalidad
del proyecto de ley bajo estudio.
Considera el interviniente que en el proyecto
legislativo, los jóvenes gozarán de mayor protagonismo, incidencia, control y
participación en el escenario nacional,  lo que permitirá al Estado ser un
efectivo garante de los derechos de esta población.
De otro lado, discurre que con la creación de la
Unidad Administrativa Especial para las juventudes la política pública en esta
materia tendrá un panorama real de la situación de esta población, lo que
conducirá a que se constituya en una herramienta invaluable para los tomadores
de decisiones, órganos de control y creadores de planes y proyectos nacionales.
6.
Intervención de la Unión
Colombiana de Jóvenes Demócratas
José Dionisio Lizarazu Riscanevo,
vicepresidente de la Unión Colombiana de Jóvenes Demócratas –UCJD-, solicitó
declarar la inexequibilidad del numeral 17 del artículo 35 del presente
proyecto de ley, de las frases “municipal, distrital y local” del
artículo 61 y la frase “según los reglamentos elaborados por los Consejos de
Juventud a nivel municipal, distrital y local, según sea el caso” del
parágrafo del mismo artículo al considerar que no tiene en cuenta las
plataformas departamentales y nacionales para la participación juvenil. Aunado
a lo anterior solicita declarar inexequible la frase “por el alcalde o el
Gobernador según corresponda” del artículo 67 pues, su interpretación
limitaría la Comisión de concertación y decisión a nivel nacional.
Finalmente resalta que el Estatuto de
Ciudadanía Juvenil es el mecanismo mediante el cual se logra la participación
de los y las jóvenes en la toma de decisiones dentro de situaciones que los
afectan.
7.
Intervención de
Profamilia
Marta Elena Royo Ruiz, en representación de
Profamilia, analizó la norma en discusión. En primer lugar expuso que, al
definir como joven a las personas que se encuentran entre los 14 y 28 años,
implica un obstáculo para el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de
quienes se encuentran entre los 12 y 14 años. Demuestra que mediante la
Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010, se probó que parte de la
población tuvo relaciones sexuales antes de cumplir los 14 años. En
consecuencia, “pretende incluir a todos los adolescentes en el ejercicio
responsable de su sexualidad a través de su ciudadanía juvenil y con ello
evitar que las u los adolescentes menores de 14 años, queden desprovistos de
los beneficios que la norma propone y en ese sentido, necesiten por ejemplo, el
consentimiento de sus padres para acudir a un servicio [d]e salud sexual y
reproductiva con miras a protegerse de un embarazo prematuro y del riesgo de
contraer una infección de transmisión sexual”.
En segundo lugar, manifestó que dentro del
proyecto de ley no se especifica que el desarrollo de la ciudadanía implique el
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. En consecuencia, propuso la
inclusión del “reconocimiento expreso de sus derechos sexuales y
reproductivos” en la construcción del concepto de ciudadanía juvenil
integral “ya que el ejercicio de la sexualidad y de lo relacionado con la
reproducción, expresado en la toma de decisiones autónomas e informadas, es el
primer territorio de ejercicio pleno de ciudadanía”.
8.
Intervención de
la Fundación Soy Pescador
La ciudadana Yesica Tatiana Herrera
Giraldo, como presidenta de la Fundación Soy Pescador, presentó intervención
ciudadana para expresar su preocupación hacia los resultados de la presente
revisión. Pretende que con el proyecto de ley se logre disminuir la inequidad
existente frente a los derechos de los jóvenes.
9.
Intervención del
Ministerio de Interior
El señor Alfonso Cajiao Cabrera, Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Interior, manifestó la posibilidad
de vicios de inconstitucionalidad en el presente proyecto de ley pues, el
capitulo I del Título IV del Proyecto crea “la Unidad Administrativa
Especial de las Juventudes, con personería jurídica, autonomía administrativa,
financiera y patrimonial, adscrita al Ministerio del Interior”. Dicha
creación, afirma el asesor, debió tramitarse mediante ley ordinaria y no a
través de una ley estatutaria. Alega que, de poderse regular a través de una
ley estatutaria, es necesario que la misma haya sido iniciada por el Gobierno
conforme al artículo 49 de la Ley 489 de 1998.
Por otro lado, expresa que el artículo 75
del proyecto de ley establece que “la entidad que para efecto designará o
creará el gobierno para las juventudes deberá reglamentar los aspectos
fundamentales del sistema Nacional de las Juventudes”. Situación que
encuentra contraria a lo estipulado en el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política en el cual se faculta únicamente al Presidente de la
República para reglamentar las leyes.
Finalmente, asevera que el artículo 81 del
proyecto de ley “otorga facultades extraordinarias al Gobierno para expedir
por medio de los decretos con fuerza de ley, la regulación de los
derechos y garantías de las y los jóvenes pertenecientes a los pueblos
indígenas, Rom y negras, afro colombianas, raizales y palanqueras en lo
relativo a la implementación de la política pública diferencial prevista en la
citada ley”. Al respecto señala que no es viable que dichas facultades
extraordinarias se confieran al Presidente de la República ya que el artículo
152 de la Constitución Política establece que la regulación, los
procedimientos, y los recursos para la protección de los derechos fundamentales
se reglamentan mediante leyes estatutarias. Aunado a lo anterior, expresa que,
conforme al numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, para que
dichos derechos puedan ser regulados por medio de decretos con fuerza de ley,
es necesario que el Congreso otorgue, de manera expresa, esas facultades al Presidente
de la República.
10.
Intervención del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Jorge Eduardo Valderrama Beltrán, jefe de
la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
manifestó que el proyecto de ley en estudio “se ajusta a los parámetros y
principios Constitucionales y constituye un avance muy significativo para el
logro de una efectiva protección de la juventud y su participación en la
sociedad”.
11.
Intervención del
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
El Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario, encuentra que ciertos preceptos pueden tener problemas de
constitucionalidad. En primer lugar, dentro del artículo 27 se faculta a CONPES
para actuar como Consejo Nacional de Políticas Públicas de las Juventudes.
Afirma que dicha función se encuentra a cargo del Ministerio del Interior y
desborda los fines del CONPES. En este sentido, opina que modifica la
estructura interna de CONPES, contraría el principio de unidad de materia y
genera dudas en cuando a las funciones de dicho Consejo en el caso en que no
fuera el mismo contemplado en la ley. En cuanto a lo expuesto, la Universidad
propuso que “el parágrafo del artículo 26 del proyecto de ley estatutaria el
cual establece el CONSEJO NACIONAL DE LAS JUVENTUDES se entienda constitucional
bajo la condición de entender que el CONPES hará las veces de Consejo Nacional
de las Juventudes, únicamente hasta que se dé la conformación de un Consejo
independiente para estos efectos, evento en el que ya estaría acorde a una
conformación única del referido Consejo”.
En segundo lugar, el numera l3 del artículo
46 establece que quien aspira a ser Consejero municipal, distrital o local de
juventud, debe “estar inscrito en una lista presentada por los jóvenes
independientes, o por un movimiento o partido político con personería jurídica.
En el caso de los procesos y prácticas organizativas juveniles ser postulado
por una de ellas”, considera el interviniente que esto puede
politizar los consejos y generar costos.
Añade que la recolección de firmas para
formar listas de independientes vulnera el derecho a la participación política
porque resulta impracticable por parte de la población más joven.
En tercer lugar, dentro del proyecto de ley
se faculta al Presidente de la República para regular los derechos y garantías
de las y los jóvenes “pertenecientes a los pueblos indígenas, Rom y negras,
afro colombianas, raizales y palanqueras en lo relativo a la implementación de
la política pública diferencial prevista en la citada ley”. Esta situación
la considera contraria a las normas constitucionales –artículo 150 n. 10- ya
que las facultades extraordinarias del Presidente de la República deben ser
solicitadas por el Gobierno Nacional, aspecto que no se llevó a cabo en el
trámite de este proyecto de ley.
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
La Procuraduría divide su concepto en dos
puntos a saber:
(i)
Análisis del proceso de
formación del Proyecto de ley Estatutaria.
(ii)
Análisis del contenido del
Proyecto de ley Estatutaria. Este análisis lo divide, de igual manera, en
cuatro sub acápites:
a.     Contenido del Proyecto de ley Estatutaria.
b.     Naturaleza del Proyecto de ley Estatutaria.
c.
Características
constitucionales de las Leyes Estatutarias.
d.     Análisis específico del Proyecto de ley
Estatutaria  sub iudice
A continuación se hará una síntesis de cada
uno de los apartes que conforman el concepto.
(i)
Análisis del proceso de formación del Proyecto de ley Estatutaria.
Luego de hacer un recuento del trámite que surtió el proyecto en el
Congreso de la República, el Ministerio Público concluyó, con base en
las certificaciones otorgadas por los secretarios y los demás elementos de
prueba disponibles, que no hubo vicios en el proceso de formación del Proyecto sub
iudice.
(ii) Análisis del Proyecto de ley
Estatutaria
a.     Análisis específico del Proyecto
de ley Estatutaria Sub iudice.
En este aparte, la Procuradora
General de la Nacional (E) concluye que el proyecto de ley sub iudice,
debe ser devuelto al Congreso de la República, por las razones constitucionales
que se exponen a continuación:
1.- En primer lugar advierte, que
los conceptos de “joven”, “juventudes” y “juvenil”, que se establecen en el
Proyecto de ley, contradicen las definiciones contenidas en los tratados
internacionales; los cuales prevalecen y deben prevalecer frente a estos mismos
conceptos, toda vez que dicha ley “otorga un trato privilegiado y, por
tanto, distinto o desigual a quien allí se entiende como joven (persona entre
los 14 y 28 años cumplidos) y quien las normas internacionales de derechos
humanos, y, y específicamente la Declaración Universal de los Derechos del
Niño, llaman ‘niño’ (persona entre
los 0 y los 18 años), lo que a su vez contradice algunas normas ya citadas del
Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006)”. Así mismo recalca que “una ley de esta categoría
sirve como parámetro para el control constitucional de las leyes ordinarias, lo
que significaría una contradicción entre lo que dice la Ley Estatutaria , la
cual sirve de referente constitucional pertinente, y lo que dice el bloque de
constitucionalidad; así como una posible causa de inconstitucionalidad por
consecuencia (Sentencia C-228 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) de
las distintas otras normas del orden nacional que contienen definiciones
distintas a las contendidas en el Proyecto de ley Estatutaria ”. En
consecuencia considera, que si el Congreso de la República pretende reglamentar
los derechos y deberes de los jóvenes, debe hacerlo de conformidad con el
bloque de constitucionalidad, unificado con las leyes ordinarias relativas a
esas mismas temáticas.
2.- Respecto de la definición
de “juventudes[25]”
y “juvenil[26]”,
que contiene el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, el Ministerio Público
considera, que no solamente dichas definiciones se apartan sustancialmente de la definición de niño y
adolescente que establecen algunos instrumentos internacionales y legales
(artículos 44 y 45 C.P.)[27],
sino que además (ii) “agregan elementos novedosos que, al menos a
primera vista, parecen carecer de soporte jurídico o científico alguno y
podrían implicar también la violación de derechos y conceptos constitucionales
relevantes”. Añade así mismo, que en ningún aparte de la legislación
internacional o legal, respecto de los niños o adolescentes, los derechos se
les construyen o que simplemente se les atribuyen; sino que por
el contrario los derechos son inherentes o naturales y reconocidos a
todas las personas, los seres humanos o los miembros de la especie humana.
Siendo esto ultimo una exigencia del artículo 2° constitucional, toda vez que
el Estado no protege un “constructo” o “constructos” sociales, sino personas,
esto es, seres humanos singularizados y especificados.
3.- Resalta, que en el proyecto de ley debatido, el
Legislador introduce dentro de los enfoques y principios de interpretación del
mismo, no sólo un “[e]nfoque diferencial […] desde la
diferencia étnica, de géneros, de procedencia territorial, de contexto
social, de edad[,] orientación e identidad sexual o por condición
de discapacidad” (Artículo 3°, subrayas fuera del texto) y una “perspectiva
diferencial según condiciones sociales, físicas y psíquicas, de vulnerabilidad,
discriminación, diversidad étnica, orientación e identidad sexual,
territorial[,] cultural y de género” (Artículo 4°)
sino que también señala como principio de las políticas públicas de juventud el
reconocimiento de “la diversidad de las juventudes en aspectos como su
situación socioeconómica, cultural, de vulnerabilidades, y su condición de
género, orientación sexual, étnica, de origen, religión y opinión”
(Artículo 14) e incluso define expresamente el género como “el conjunto de
características, roles, actitudes, valores y símbolos construidos
socialmente que reconoce la diversidad y diferencias entre hombres y
mujeres en pleno goce o ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales,
en condiciones de igualdad en las esferas política, económica, social, cultural
o en cualquier esfera de la vida pública”
Advierte, que la diferencia de géneros y la
orientación sexual en Colombia no han sido reconocidas totalmente y que además
no existe referencia expresa frente a la orientación sexual en la Constitución
Política. Sin embargo, resalta que sí existe una referencia expresa en las
normas constitucionales, respecto de las diferencias biológicas entre hombres y
mujeres –sexo-, que no fueron incluidas dentro del Proyecto de ley Estatutaria.
Razón por la cual el Ministerio Público, cree pertinente  solicitar a esta
Corporación “regresar el proyecto al Congreso de la República para que éste
incluya el concepto de sexo en el Proyecto de ley Estatutaria , específicamente
como un motivo de discriminación negativa constitucionalmente prohibida, y para
que al mismo tiempo se abstenga de utilizar alternativas conceptuales al mismo
sobre las que no existe consenso científico o jurídico alguno y que, en caso de
adoptarse, suponen también un cambio esencial sobre la naturaleza de los
derechos pues implicarían que los sujetos de los mismos no son sino que, por el
contrario, se hacen, además de que restaría todo sentido a la manera como
insistentemente se habla en el Proyecto de ‘las y los jóvenes’.”
4.- Evidencia la Procuradora General de la Nación (E),
que existe una omisión en el proyecto de ley Estatutaria, respecto de los
derechos fundamentales de los jóvenes a una familia y de los derechos
fundamentales de la familia relativo a los jóvenes, pues aunque existen algunas
menciones en los artículos 4° y 6° del Proyecto, en las medidas de prevención,
protección y promoción de los derechos de los jóvenes (artículos 8° y 10° del
proyecto), no existe mención alguna de estos derechos.
De acuerdo a lo anterior, considera el Ministerio
Público que se está ignorando el reconocimiento y desarrollo del principio de
subsidiariedad, desarrollado en el artículo 44[28]
de la Constitución Política, como también los derechos de numerosas normas que
forman parte del bloque de constitucionalidad, que reconocen e imponen los
derechos relativos a la familia[29].
Razón suficiente para que la Procuradora (E) considere que esta Corte debe
devolver el proyecto de ley Estatutaria sub iudice, con la finalidad de
que el Congreso de la República se agregue todo lo relativo al derecho de los
jóvenes a una familia y a los derechos de la familia y, específicamente, de los
padres de familia en relación con los jóvenes.
5.- Con relación al Título II del Proyecto de ley
Estatutaria , destaca la Procuradora General de la Nación (E), que “si bien
el artículo 8° del Proyecto anuncia una serie de ‘medidas de prevención,
protección, promoción y sanción, tendientes a garantizar el ejercicio pleno de
la ciudadanía juvenil’, lo cierto es que en esa norma no se señala medida
sancionatoria alguna y, al mismo tiempo, la medida tendiente a ‘garantizar el
cumplimiento de los derechos y las obligaciones por parte del Estado en
relación con los mismos’ se desarrolla es en el artículo 9° del Proyecto y no
en el artículo 8°. Además, si se analizan detenidamente cada una de las medidas
que sí se establecen en este último, podrá confirmarse que las mismas parecen
no garantizar los derechos que se reconocen en el mismo Proyecto Ley y
responder a fines distintos a los establecidos en los numerales 3, 4 y 5 del
artículo 2° del mismo”.
De igual manera considera equivoco e inaceptable,
respecto del Artículo 9 del Proyecto de ley Estatutaria, que se pretenda “garantizar
el cumplimiento de los derechos descritos y las obligaciones por parte del
Estado en relación con los mismos” por medio de un “mecanismo de
seguimiento a entes territoriales e institucionales del orden nacional
[-organismos de control-] para el cumplimiento de lo establecido en esta ley
y en todas aquellas que afecten a los y las jóvenes, conceptuando sobre su
aplicabilidad y haciendo seguimiento a su implementación en los casos
establecidos”. Puesto que, de acuerdo al 152 de la Constitución Política,
el objeto de la Ley Estatutaria, es reglamentar los derechos y deberes
fundamentales de las persones y los procedimientos y recursos para su
protección, y no simplemente anunciar estos derechos y confiar su garantía al
Ministerio Público, cuando la garantía de este tipo de derechos es función y
fin de todo el Estado en su conjunto (Artículo  2 C.P.).
En segundo lugar, la Procuradora General de la Nación
(E) manifestó, que si bien es cierto que por medio de una Ley Estatutaria el
Legislador puede imponerle al Ministerio Público el deber de generar un
mecanismo para vigilar el cumplimiento de lo que allí se establece por parte de
las autoridades nacionales y territoriales, éstas deben especificar de manera
concreta, no sólo los deberes que se adquieren frente a los derechos de la
población juvenil, sino también adoptar las modificaciones legislativas a las
que haya lugar, incluyendo los deberes que corresponden al Procurador General
de la Nación en ejercicio de su función disciplinaria o de sus funciones de
carácter preventivo.
Añade, que resulta contrario a la Constitución
Política (artículos 1 y 113) que el proyecto de ley en estudio, otorgue a
dependencias de carácter administrativo -como lo serán las entidades encargadas
de la coordinación de juventud de la Nación- y de cada ente territorial, la
facultad para convocar a una “audiencia pública de cuentas sobre los avances
de la política de juventud”, a la que obligatoriamente deban asistir “todas
las ramas de poder público, así como de los organismos de control” y que
sean “encabezadas por el Alcalde, Gobernador el Presidente de la República”.
Pues dichas funciones son exclusivas de la rama ejecutiva, y claramente “las
entidades de esta naturaleza no tienen  competencia constitucional alguna para
llamar a rendir cuentas a la Ramas Legislativa y Judicial y, mucho menos, a los
organismos de control que, por disposición constitucional y legal, son
organismos autónomos”.
Avizora igualmente que, el Estatuto de Ciudadanía
Juvenil establece como garantía para “las y los jóvenes”, unos
mecanismos preventivos y administrativos únicos, que no existen para vigilar
los derechos de otras poblaciones igualmente protegidas de manera especial,
como es el caso de los niños, las mujeres en embarazo y las personas de tercera
edad, entre otros. Situación que
podría generar una violación al derecho fundamental a la igualdad.
Respecto del artículo 10° del Proyecto de ley, la
Procuradora General de la Nación (E) considera que, así como el legislador
desarrolla los derechos de los jóvenes de manera extensa, así debería hacerlo
frente a los deberes de los mismos, pues considera que son correlativos.
6.- Frente al Título III del proyecto del Estatuto de
Ciudadanía Juvenil, donde se regula lo relacionado con “políticas juveniles”
el Ministerio Público, solicita a esta Corte, que se pronuncie acerca de la
exequibilidad de los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 20 “toda vez que allí,
en lugar de regularse los derechos fundamentales de los jóvenes y los
procedimientos y recursos para protegerlos, o los mecanismos instituciones para
garantizar su participación ciudadana, lo que el Legislador hizo fue fijarles
competencias normativas a la Nación y a las entidades territoriales, así como
incluso asignarle específicamente el deber al Presidente de la República, los
Gobernadores y los Alcaldes de incluir dentro de sus planes de desarrollo “las
Políticas de Juventud”, “los recursos suficientes y los mecanismos conducentes
a garantizar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas de juventud”, y todavía más específicamente el deber de “generar
los planes de implementación de las políticas para un periodo no menor de (4)
años” (Artículo 15, Parágrafos 1, 2 y 3), asuntos, todos estos, que por expresa
disposición constitucional (Artículos 151 y 288) deben establecerse por vía de
Ley Orgánica y no de Ley Estatutaria ”. Añade además que “el contenido y la especificidad de las
obligaciones citadas podrían contradecir el carácter descentralizado y la
autonomía de las entidades territoriales que debe caracterizar al Estado
colombiano (Artículo 1° y 287 Superiores), por lo que también solicita a la
Corte Constitucional pronunciarse sobre su exequibilidad”.
7.- Con relación al Título IV del proyecto de ley
Estatutaria, en donde se regula todo lo concerniente al “Sistema Nacional de
las Juventudes”, el Ministerio Público señala, como primera medida,  que si
lo que pretende el Legislador es regular de manera integral, estructural y completa la
regulación de los derechos de los jóvenes, “es constitucionalmente inadmisible que los derecho[s], la
protección y las garantías que el proyecto pretende otorgarle a los jóvenes
dependa, casi en su integridad, de un sistema que todavía no existe [-Sistema
Nacional de Juventud-], así como de otras entidades e instituciones cuya
estructura y organización será objeto de una posterior reglamentación por parte
del Gobierno Nacional, como es el caso de la “Unidad Administrativa Especial
Nacional para las Juventudes” (Artículo 31, Parágrafo 2°), entre otras, asuntos
que en todo caso tampoco corresponden al objeto constitucional de una Ley
Estatutaria ”.
8.- Considera además, que los artículos 24,
26, 27 y 31 del proyecto de ley sub iudice, “son contrarios a los
principios constitucionales de descentralización y autonomía de las entidades
territoriales, así como incluso las capacidades de participación e incidencia
en la vida social, económica, cultural y democrática del país, objeto y fin del
Proyecto sub iudice (Artículos 1° y 2°), y los principios de autonomía,
corresponsabilidad, concertación, descentralización y desconcentración,
participación, y territorialidad, entre otros, que en el mismo se presentan
como fuentes de inspiración, con fundamento constitucional, del mismo (Artículo
4°)”. Toda vez que “la articulación, definición, seguimiento y
evaluación de las políticas de prevención, protección, promoción y garantía de
los derechos de los y las jóvenes a nivel nacional, así como la coordinación
del Sistema Nacional de Juventudes”, dependerían exclusivamente del
Gobierno Nacional.
9.- La
Procuradora General de la Nación (E), llama la atención “de la escasa sino nula relación de la disposición que
pretende adoptar el Legislador en el artículo 76 del Proyecto de ley, en donde
se modifica el numeral 3 del artículo 2° de la Ley 1010 de 2006. En tanto que
resulta imposible para ella entender su pertinencia y justificación dentro del Estatuto
de Ciudadanía Juvenil, así como en medio de dos disposiciones relativas al
Sistema de Gestión de Conocimiento (artículo 75) y de los plazos específicos
que se otorgan a la Entidad rectora del Sistema Nacional de Juventudes, del
Gobierno Nacional, para ‘generar un plan de acción aprobado por el Consejo
Nacional de Juventud que conduzca a la operación y garantías establecidas en
esta ley; así como a la implementación de las instancias, mecanismos y procesos
establecidos en el Sistema Nacional de Juventudes’. Solicita como consecuencia
a esta Corporación rechazar la inclusión de la norma contenida en el artículo
76, […] toda vez que la misma vulnera directamente lo dispuesto en el artículo
158 de la Constitución Política, en donde se recoge el principio de unidad de
materia que debe respetar todo proyecto de ley.”
10.- Evidencia el Ministerio Público, respecto del
artículo 77, que aparentemente contradice el objeto constitucional de las leyes
estatutarias, puesto que se desarrollan derechos y garantías cuya operación
depende, casi exclusivamente, de planes, acciones, decisiones y normas futuras.
Frente a este artículo la Procuradora (E) cree conveniente, que esta
Corporación se pronuncie sobre la constitucionalidad o no del artículo.
11.- Con relación al Artículo 78, la Procuradora
General de la Nación (E) advierte que dicho artículo es “contrario no sólo
al objeto de las Leyes Estatutarias, sino incluso a las competencias propias
del legislador, toda vez que en esa norma se pretende imponer obligaciones
o, específicamente, crearle compromisos a la “cooperación internacional
presente en Colombia”. En consecuencia, considera que esta Corte debe
inadmitir o rechazar la norma en mención, toda vez que allí el Congreso de la
República excede sus competencias constitucionales.
12.- Respecto del artículo  80, encuentra el
Ministerio Público, que “no se establecen fuentes públicas o procedimientos
específicos para financiar los mecanismos adoptados en el mismo proyecto con el
fin de cumplir con su objeto y fines, se pretenden incluir como fuentes de
financiación “para el desarrollo de la presente ley […los] recursos provenientes
del sector privado y de la cooperación internacional, lo cual contradice
también la naturaleza, sentido y alcance constitucional de las Leyes
Estatutarias”.
13.- Finalmente, la Procuradora General de la Nación
(E) cree conveniente rechazar en su integridad el Proyecto de ley Estatutaria sub
iudice toda vez que, en el Artículo  81 se pretende, otorgar al Presidente
de la República facultades extraordinarias, para que expida, por medio de
decretos con fuerza de ley, “la regulación de los derechos y garantías de
las y los jóvenes pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, Rom y
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en lo relativo a la
implementación de la política pública diferencial prevista en la presente ley”.
Evidenciándose un vicio inconstitucional, no sólo por que debe  realizarse las
consultas previas pertinentes, sino que además los“[d]erechos
y deberes fundamentales de las personas y procedimientos y recursos para
su protección debe hacerse  mediante Ley Estatutaria  (Artículo 152)”;
es decir que esta competencia del Congreso de la República no puede trasladarse
al Presidente de la República extraordinariamente. Respecto del derecho
constitucional a la consulta previa la procuradora con base en la Sentencia
C-882 de 2011, considera que las facultades legislativas extraordinarias que se
pretende otorgar al Presidente de la República en el artículo 81, tiene
exclusivamente el “fin de respetar la cultura y existencia material de estos
pueblos tradicionales”, lo que no sólo contradice el hecho de que los
citados decretos con fuerza de Ley no estén sometidos a la consulta previa,
sino que además implica una vulneración de la dignidad humana de los jóvenes de
los pueblos y minorías de los que trata el mismo artículo 81, toda vez que sus
derechos y garantías se establecen y reconocen no como un fin, en tanto que se
les reconoce su condición de personas y fines en sí mismos, sino como medios
para garantizar la existencia física de sus pueblos, lo cual es contrario a
múltiples normas constitucionales y legales, así como a los mismos principios y
fines que el Proyecto de ley sub iudice pretende tener y perseguir.
Con base en los elementos hasta
ahora mencionados se realizará el examen de constitucionalidad del proyecto en
estudio.
V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. La competencia y el objeto del control
De conformidad con los artículos 153 inciso 2
y 241 numeral 8 de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para
conocer del Proyecto de Ley Estatutaria No. 169/11 Senado – No. 014/11 Cámara “Por
medio de la cual se expide el Estatuto de la Ciudadanía Juvenil y se dictan
otras disposiciones”, tanto en su contenido material como en el
procedimiento de su formación.
2. La política de la juventud en el
ordenamiento colombiano
La población conformada por las y los jóvenes
resulta un sector fundamental de cada sociedad. En este sentido el artículo 45
de la Constitución reconoció dicho carácter y estableció que “[e]l Estado y
la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos
públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de
la juventud”
Siendo la participación de los jóvenes un
objetivo trazado por la propia Constitución, la regulación de rango legislativo
ha desarrollado distintos elementos tendentes a concretarlo. En este sentido se
enmarcó la ley 375 de 1997, la cual estableció el marco general del Sistema
Nacional de Juventud, cuyo objetivo fue coordinar a las instituciones que
desarrollaban las políticas que tenían como destinatarios a las y los jóvenes,
así como hacerlos partícipes de las políticas para la integración en los
ámbitos social y político de la sociedad.
El proyecto que ahora conoce la Corte
Constitucional responde a este principio de acción, lo que manifiesta una de
sus exposiciones de motivos –se trata de un proyecto acumulado, razón por la
que existen tres exposiciones de motivos-, en la cual se consagró:
“Así entonces, para dar respuesta a las
problemáticas presentadas previamente, se elabora este proyecto de ley con la
intención de desarrollar la esencia de la Constitución de 1991 desde el enfoque
basado en Derechos Humanos. Dicho enfoque Es un marco conceptual, social y
metodológico, basado en estándares internacionales de Derechos Humanos que
integra la normativa, principios y lineamientos del Sistema Internacional de
Derechos Humanos en legislación, planes, programas y proyectos para dar
cumplimiento a las obligaciones del Estado de prevención, promoción, protección
y garantía de los Derechos Humanos. Es un marco social que implica una relación
entre medios y resultado en la que no es suficiente un resultado sino se ha
surtido un proceso que convoque principios clave reconocidos por la normativa
de derechos como la no discriminación, la participación, el empoderamiento de
las poblaciones, la rendición de cuentas por parte de los titulares de
obligaciones, y la generación de relaciones de confianza entre unos y otros.
Para desarrollar un enfoque basado en derechos se requiere la participación
activa y documentada de todas las personas en la formulación, aplicación y
seguimiento de estrategias y líneas de acción públicas. El enfoque de derechos
reconoce que existen limitaciones de recursos y por consiguiente, se contempla
la realización progresiva de los derechos a los largo de un tiempo determinado
que posibilita el establecimiento de prioridades entre diferentes derechos
mientras se concretan los mismos. En el marco de los Derechos Humanos, los
Estados son los responsables de asegurar la realización efectiva de los
derechos para los titulares de los mismos”[30].
La participación no resulta un objetivo simple
o retórico. La misma tiene el propósito integrar activamente a este sector de
la población en la creación de las políticas que los afecten con el fin de
brindar a las mismas un enfoque diferencial y adecuado a sus especiales
necesidades y particularidades. Este aspecto fue planteado por el Ministro de
Interior en la exposición de motivos presentada por el Gobierno:
“Si las y los jóvenes conocen sus
derechos fundamentales y se generan mecanismos de garantía efectivos, se está
dando un gran paso para la generación de una política pública de juventud
integral, superando la ausencia de un marco normativo garantista y con recursos
suficientes para el cumplimiento de los derechos. Razón por la cual, se hace
necesario revisar la institucionalidad de manera que tenga la capacidad de
asumir los retos que afrontan las juventudes con recursos tanto financieros
como humanos, partiendo del reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos de
derechos y como actores estratégicos del desarrollo y no únicamente bajo los
lentes del proceso de estigmatización y marginalización al que son
constantemente limitados.
Se entrega un mayor protagonismo a
nuestros jóvenes como ciudadanos, sujetos de derechos y personas con un gran
potencial para desarrollar su proyecto vida y aportar al desarrollo del país, a
partir del reconocimiento de su autonomía, diversidad, capacidad para
participar y acorde con conceptos internacionalmente aceptados en relación con
la juventud; de igual forma con la validación de una Política de Juventud con
visión de largo plazo e instrumentos para su cabal ejecución.
Reconociendo la diversidad de los
procesos, redes, instancias, formas de organización juveniles, se les estará
otorgando mayor capacidad de acción para la articulación y coordinación entre
ellos, así como también con los gobiernos locales y otros sectores sociales
como los consejos de juventud bajo un sistema nacional de participación juvenil
que busca encuentros y coordinación de agendas juveniles entre las distintas
formas organizativas de las y los jóvenes, y los mecanismos necesarios para la
real incidencia y desarrollo de dichas propuestas. Además de ello, se
establecerían lineamientos de políticas bajo el enfoque diferencial y de
derechos para que el Estado pueda dirigir de manera intersectorial con el
objeto de garantizar los derechos de las y los jóvenes en Colombia.
Por otra parte, este proyecto
garantizaría la participación efectiva de las y los jóvenes en todos los ciclos
de la política pública, con el objetivo principal de realizar sus derechos,
como también, mejoraría la calidad de vida de las y los jóvenes lo cual se
traduce en aporte al desarrollo del país, identificando a las y los jóvenes
como titulares de derechos, así como a los correspondientes titulares de
deberes y las obligaciones que les incumben, fortaleciéndose así la capacidad
de los titulares de derechos para reivindicarlos y la de los titulares de
deberes para cumplir con sus obligaciones.”[31]
Dicha participación se justificaría, además de
por la concreción del principio de democracia participativa, por los problemas
que día a día deben afrontar los jóvenes y la necesidad de su visión en el
planteamiento de soluciones al respecto. En este sentido se evidenció, con base
en estadísticas y estudios presentados en el debate legislativo, que en
aspectos como igualdad, seguridad, salud, educación y trabajo, entre otros,
debe darse un sistema novedoso y efectivo de atención a este segmento
poblacional, pues su situación dista mucho de ser la deseable.
Entre los datos aportados, se estableció que
la población juvenil representa la cuarta parte de la población total de
nuestro país:
“En Colombia, según el censo del DANE
de 2005, la juventud representa el 26,2% de la población total. Además, y de
acuerdo con estos datos, existen unos 2.476.864 jóvenes que viven fuera de las
cabeceras municipales; es decir, jóvenes rurales, que en relación con la
población total nacional representan casi el 6% de la población.
La tasa de crecimiento de esta población,
que en años anteriores observaba una tendencia positiva, ahora presenta una
tendencia negativa, lo que implica una generación de importantes demandas
sociales con profundas consecuencias en la generación y gestión de respuestas
estatales y gubernamentales al ser necesario realizarlas desde ahora y no hasta
que la inversión de la pirámide lleve a problemáticas presupuestales para las
respuestas de las demandas sociales en general. Por ejemplo, el 56.7% de las
personas jóvenes entre 14 y 26 años no están afiliadas al Sistema de Seguridad
Social, lo que significa que cerca de cuatro de cada 10 jóvenes no cuentan con
esta protección, siendo un grave problema tanto para las y los jóvenes como
para la sociedad en general, ya que en la actualidad aquellos no aportan al
Sistema de Seguridad Social.
En este sentido, el bono demográfico que
se representa en la siguiente estructura por edad permitiría unas oportunidades
tangibles debido a una relación favorable entre la población en edades
dependientes y la población en edades laborales. Este bono demográfico y sus
proyecciones son un instrumento indispensable para llevar a cabo la planeación
económica, social y demográfica del país.”[32]
No obstante su gran porcentaje, las y los
jóvenes sufren de problemas en la aplicación del derecho a la igualdad y la
prohibición de discriminación:
“Las y los jóvenes son
sistemáticamente discriminados por su condición etaria y por razones de género,
raza, étnica, filiación política, preferencia sexual y religiosa, entre otras.
Un hecho extremo que ilustra esta discriminación son los asesinatos
sistemáticos a jóvenes que se han venido produciendo en Colombia durante los
últimos años a manos de agentes de la fuerza pública. Philip Alston, relator de
las Naciones Unidas concluye que ‘Entre los ¿peligrosos guerrilleros? que
fueron dados de baja hay adolescentes de 16 y 17 años’. En la actualidad el
número de casos de asesinatos sistemáticos a jóvenes y campesinos suman
aproximadamente 3.000, como lo reporta en la página 14 el diario El Espectador,
en su edición del 29 de mayo de 2011, ‘Se destaca el escándalo de los falsos
positivos, en los que según datos de Naciones Unidas, fueron blanco de
ejecución extrajudicial más de 3.000 jóvenes por parte de la Fuerza Pública. La
mayoría presentados como guerrilleros dados de baja en combate’[33].
La situación también es digna de atención
respecto del derecho de educación:
“Por otra parte, en relación con la
garantía del derecho a la educación las y los jóvenes enfrentan el fenómeno
progresivo de la dificultad para acceder y permanecer en el sistema educativo.
Mientras que en el rango de edad entre 13 a 17 años, el porcentaje de
adolescentes incorporados a los programas de educación secundaria llega casi al
80%; entre los 18 y los 22 años este porcentaje desciende a 55% y para el caso
de aquellos entre los 23 y 26 años se reduce al 50%. Aunque la cobertura bruta
se extendió de un 23.5% en el 2000 a 31.8% en 2007 (incluyendo los estudios
técnicos, tecnológicos y profesionales), el porcentaje de deserción hacia el
final de los programas de estudio, es de un 50%. Así entonces, solo el 30% de
los colombianos puede comenzar algún tipo de estudio después de terminar el
bachillerato, pero solo el 15% logra culminarlo. Un porcentaje muy
significativo deserta al no encontrar opciones educativas que se ajusten a sus
expectativas o por las características socioeconómicas propias o de sus
familias, así como por la verificación de la falta de oportunidades en el campo
laboral.”[34]
La preocupación respecto de la población
joven, que ahora se manifiesta por parte de los órganos de decisión política,
no es exclusiva del Estado colombiano, pues actualmente existen diversos
instrumentos internacionales destinados a la protección y garantía de los
derechos de las y los jóvenes:
“[E]l Estado colombiano tiene
pendiente la firma y ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos
de la Juventud que ya se encuentra en vigencia y en la cual se reconoce a las y
los jóvenes ‘como sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo y
personas capaces de ejercer responsablemente los derechos y libertades que
configuran esta Convención’ y como resultado de esto el Estado se compromete a
‘hacer posible que se lleven a la realidad programas que den vida a lo que esta
Convención promueve en favor del respeto a la juventud y su realización plena
en la justicia, la paz, la solidaridad y el respeto a los Derechos Humanos’ .
Así mismo, la Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas sancionó en 1996 la resolución que aprueba el
Programa de Acción Mundial para los Jóvenes y la que se reconoce a las y los
jóvenes como un recurso humano importante para el desarrollo y como agentes
fundamentales del cambio social, el desarrollo económico y la innovación
tecnológica. A través de esta Resolución, la Organización de Naciones Unidas
exhortó a los Estados Miembros a aplicar el Programa, emprendiendo las acciones
pertinentes que en él se describen. Además entre 2010-2011 se celebrará el Año
Internacional de la Juventud que tiene como tema ‘Diálogo y entendimiento
mutuo’ y que busca resaltar el papel de las juventudes en todos los procesos
políticos, sociales, económicos y culturales que se llevan a cabo en el mundo”[35].
De esta forma, por medio del cuerpo normativo
que ahora estudia la Corte se aspiró a crear un marco que, en un contexto de
participación y pluralidad, integre a las y los jóvenes en los aspectos de
decisión y fiscalización de las políticas públicas que les atañen. Para esto se
prevé una red institucional, principios rectores de las acciones a emprender y
un enfoque de derechos, todo sobre la base de una política diferencial que se
adecúe a las necesidades específicas de las y los jóvenes y que ellos mismos
ayudarán a identificar.
Este es el marco conceptual y jurídico en que
se ubica el estudio que ahora emprende la Corte Constitucional y que debe
servir como referencia en la lectura de las disposiciones legales y la
utilización de los parámetros de constitucionalidad aplicables en este caso.
Sin mayor preámbulo inicia la Sala el estudio
del proyecto en cuestión.
3. Descripción del trámite legislativo del
proyecto de ley estatutaria No. 169/11 Senado – No. 014/11 Cámara “Por medio
de la cual se expide el Estatuto de la Ciudadanía Juvenil y se dictan otras
disposiciones”
Con fundamento en los antecedentes
legislativos, las actas publicadas en las Gacetas del Congreso de la República
y las certificaciones remitidas a la Corte Constitucional se pudo verificar que
el trámite surtido por el proyecto de ley de la referencia fue el siguiente:
1.
El proyecto de ley 014 de
2011 Cámara fue publicado en la Gaceta del Congreso 531 del veintiocho (28) de
julio de 2011, siendo sus autores los representantes Orlando Velandia
Sepúlveda, Álvaro Pacheco Álvarez, Alejandro Carlos Chacón, Carlos Alberto
Escobar Córdoba, John Jairo Roldán Avendaño, Rubén Darío Rodríguez Góngora,
Pedro Pablo Pérez Puerta, Víctor Raúl Yepes Flórez, Rafael Romero, Crisanto
Pizo, Víctor Hugo Moreno, Jorge Eliecer Gómez Villamizar, Roberto Ortiz Urueña,
Rafael Antonio Madrid Hodeg, Ángela Robledo Gómez, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, Rosmery Martínez Rosales, Iván Darío Sandoval Perilla, José Joaquín
Camelo Ramos y los senadores Juan Fernando Cristo y Guillermo García[36].
2.
Por su parte, el proyecto
de ley 45 de 2011 Senado fue publicado en la Gaceta del Congreso 548 del
veintinueve (29) de julio de 2011, siendo su autora la senadora Alexandra
Moreno Piraquive[37].
3.
Los Presidentes del Senado
de la República y de la Cámara de Representantes decidieron acumular los
proyectos proyecto de ley 014 de 2011 Cámara y 45 de 2011 Senado, al tratar del
mismo tema[38].
4.
A su turno, el proyecto de
ley 084 de 2011 Cámara fue publicado en la Gaceta del Congreso 657 del cinco
(5) de septiembre de 2011, presentado por el Ministro del Interior, Germán
Vargas Lleras[39].
5.
El seis (6) de septiembre
de 2011 se acumuló el proyecto de ley 084 de 2011 Cámara al proyecto de ley 014
de 2011 Cámara, por ser relativos al mismo tema[40].
6.
La Mesa Directiva de la
Comisión Primera de la Cámara de Representantes designó como ponentes para
primer debate a los representantes Orlando Velandia, Juan Carlos García, José
Rodolfo Pérez, Fernando de la Peña Márquez, Efraín Torres Monsalve, Alfonso
Prada y Camilo Abril[41].
7.
La ponencia para primer
debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes fue publicada en
la Gaceta del Congreso 709 del veintidós (22) de septiembre de 2011[42].
8.
En la Gaceta del Congreso
número 777 del catorce (14) de octubre de 2011 se publicó la propuesta de
enmienda al texto propuesto para primer debate en la Comisión Primera dela
Cámara de Representantes[43].
9.
El proyecto de ley fue
anunciado para discusión y votación en la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes el 11 de octubre de 2011, según consta en el acta 16, publicada
en la Gaceta del Congreso 910 del veintinueve (29) de noviembre de 2011[44].
10.
El proyecto de ley de la
referencia fue aprobado en Comisión Primera de la Cámara de Representantes el
dieciocho (18) de octubre de 2011, de acuerdo con el acta 17[45]. Según constancia de
la Secretaría de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el proyecto
fue aprobado por unanimidad de los 30 representantes asistentes[46].
11.
El texto definitivo aprobado
en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes fue publicado en la
Gaceta del Congreso 813 de 2011[47].
12.
La Presidencia de la
Comisión Primera de la Cámara de Representantes designó como ponentes para
segundo debate a los representantes Orlando Velandia, Juan Carlos García, José
Rodolfo Pérez, Fernando de la Peña Márquez, Efraín Torres Monsalve, Alfonso
Prada y Camilo Abril[48].
13.
La ponencia para segundo
debate en la plenaria de la Cámara de Representantes fue publicada en la Gaceta
del Congreso número 813 del dos (2) de noviembre de 2011[49].
14.
El ocho (8) de noviembre
de 2011 se anuncia la discusión y votación del proyecto de ley de la referencia
por la plenaria de la Cámara de Representantes, según consta en el acta 97,
publicada en la Gaceta de Congreso 11 de 2012[50].
15.
El proyecto de ley de la
referencia fue aprobado en sesión plenaria de la Cámara de Representantes el
nueve (9) de noviembre de 2011, según consta en el acta 98, publicada en la
Gaceta del Congreso 12 del treinta y uno (31) de enero de 2012[51]. Según certificación
de la Secretaría de la Cámara de Representantes, en la sesión se hicieron
presentes 154 representantes, de los cuales 86 votaron a favor del proyecto y 5
en contra[52].
16.
El texto definitivo
aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes fue publicado en la
Gaceta del Congreso número 864 del dieciocho (18) de noviembre de 2011[53].
17.
La Mesa Directiva de la
Comisión Primera del Senado de la República designó como ponente al senador
Juan Fernando Cristo Bustos[54].
18.
La ponencia para primer
debate en la Comisión Primera del Senado de la República fue publicada en la
Gaceta del Congreso 907 del veintinueve (29) de noviembre de 2011[55].
19.
El treinta (30) de
noviembre de 2011 se anuncia la discusión y votación del proyecto de ley de la
referencia por la Comisión Primera del Senado, según consta en el acta 28,
publicada en la Gaceta del Congreso 27 de nueve (9) de febrero de 2012[56].
20.
El proyecto de ley de la
referencia fue aprobado en la Comisión Primera del Senado de la República el
primero (1) de diciembre de 2011, según consta en el acta 29, publicada en la
Gaceta del Congreso 28 del nueve (9) de febrero de 2012[57]. Según constancia de
la Secretaría de la Comisión Primera del Senado, el proyecto de ley fue
sometido a votación nominal[58].
De acuerdo con la misma, 11 senadores emitieron voto, todos los cuales fueron
por el sí[59].
21.
El texto definitivo
aprobado por la Comisión Primera del Senado fue publicado en la Gaceta del
Congreso 954 del doce (12) de diciembre de 2011[60].
22.
La Presidencia de la
Comisión Primera del Senado designó como ponentes para segundo debate a los
senadores Juan Fernando Cristo Bustos y Luis Carlos Avellaneda Tarazona[61].
23.
La ponencia para segundo
debate en la plenaria del Senado de la República fue publicada en la Gaceta del
Congreso 954 del doce (12) de diciembre de 2011[62].
24.
El doce (12) de diciembre
de 2011 se anuncia la discusión y votación del proyecto de ley de la referencia
por la plenaria del Senado de la Republica, según consta en el acta 27
publicada en la Gaceta del Congreso 39 del dieciséis (16) de febrero de 2012[63].
25.
El proyecto de ley de la
referencia fue aprobado en la plenaria del Senado de la República el trece (13)
de diciembre de 2011, según consta en el acta 28 publicada en la Gaceta del
Congreso 45 del dos (2) de marzo de 2012[64]. Según certificación del Secretario General
del Senado de la República, el proyecto fue aprobado por votación nominal de 65
votos[65].
26.
El texto definitivo
aprobado por la plenaria del Senado fue publicado en la Gaceta del Congreso 965
del trece (13) de diciembre de 2011[66].
27.
El informe de conciliación
fue publicado en la Gaceta del Congreso 970 del trece (13) de diciembre de 2011[67] (Cámara de
Representantes).
28.
El informe de conciliación
fue publicado en la Gaceta del Congreso 965 del trece (13) de diciembre de 2011[68] (Senado de la
República).
29.
El trece (13) de diciembre
de 2011 se anunció el informe de la Comisión Accidental de Mediación del
proyecto de ley de la referencia para su aprobación por la plenaria del Senado,
según consta en el acta 28 publicada en la Gaceta del Congreso 45 del dos (2)
de marzo de 2012[69].
30.
El informe de conciliación
fue aprobado el catorce (14) de diciembre de 2011 en la plenaria del Senado de
la República, según consta en el acta 29 publicada en la Gaceta del Congreso 46
del 2 de marzo de 2012[70].
Según certificación del
Secretario General del Senado de la República, el proyecto fue aprobado “con
el quorum constitucional requerido de 99 honorables senadores que aparecen
asistiendo a la sesión”[71].
31.
El trece (13) de diciembre
de 2011 se anunció el informe de la Comisión Accidental de Mediación del
proyecto de ley de la referencia para su aprobación por la plenaria de la
Cámara de Representantes, según consta en el acta 107 publicada en la Gaceta
del Congreso 62 del doce (12) de marzo de 2012[72].
32.
El informe de conciliación
fue aprobado el catorce (14) de diciembre de 2011 en la plenaria de la Cámara
de Representantes, según consta en el acta 108[73].
Según certificación de la Secretaría de la Cámara de Representantes, a la
sesión asistieron 161 representantes, de los cuales 90 votaron afirmativamente
y 6 en contra[74].
Una vez descrito el procedimiento legislativo
del proyecto de ley estatutaria de la referencia, procede la Sala a realizar el
examen de constitucionalidad del mismo.
4. Análisis de constitucionalidad del
procedimiento legislativo del
proyecto de ley estatutaria No. 169/11 Senado – No. 014/11 Cámara “Por medio
de la cual se expide el Estatuto de la Ciudadanía Juvenil y se dictan otras
disposiciones”
Para su aprobación, los proyectos de ley estatutaria
deben satisfacer las condiciones propias del trámite legislativo ordinario
(C.P., arts. 157 ss.), además de las exigidas especialmente para ellos (C.P.,
art. 153). De esta manera, un proyecto de ley estatutaria debe cumplir los
siguientes requisitos:
(i)
Haber sido publicado en la
Gaceta del Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva. (Num. 1º
art. 157 C.N y art 144 L.5ª/99)
(ii)
Haber sido aprobado en
comisiones y plenarias de cada cámara legislativa, por mayoría absoluta (Arts
153 y 157 C.N y arts 117 num. 2, 119 num 4º y 147 L.5ª/92), dando cumplimiento
a los procedimientos de publicación de las ponencias y del texto aprobado en
cada Cámara, así como del término establecido entre la realización de los
debates (arts. 156 y 185 L.5ª/92, e inc. 1º art. 160 C.N y arts 168 y 183 L.
5ª/92)
(iii)
Haberse dado aviso de que
el proyecto será sometido a votación en sesión previa distinta a aquélla en la
que dicha votación tenga lugar. De igual manera, el proyecto debe ser sometido
a votación en la oportunidad anunciada (inc. final art. 160 C.N. Art. 8 del
Acto Legislativo 001 de 2003).
(iv)
Haber sido aprobado por el
Congreso en una sola legislatura (Art. 153 C.N y num. 1º art 298 L. 5ª/92)
(v)
Respetar los principios
de identidad y consecutividad, cuando en desarrollo de los debates se presenten
modificaciones al texto del proyecto (Arts. 157, 158, 106 y 161 C.N).
(vi)
Haber surtido el trámite
de revisión de constitucionalidad por la Corte Constitucional, sobre el
proyecto, tanto del contenido como del procedimiento de su formación. Y, haber
obtenido la sanción del gobierno (Arts 241-8 y 157-4 C.N)
En primer lugar, el proyecto cumplió con las
publicaciones prescritas por la Constitución, tal como se enuncia en los
numerales 2, 4, 7, 8, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 27 y 28. De manera que esta
primera exigencia fue satisfecha adecuadamente.
En segundo lugar el proyecto alcanzó la
mayoría absoluta prevista por la Constitución –artículo 153- en cada una de las
votaciones a que fue sometido. Así, en la comisión primera de la Cámara de
Representantes, habiéndose alcanzado el quórum decisorio, el proyecto fue
aprobado por unanimidad[75];
en plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto fue aprobado por vía de
votación nominal y pública con 86 votos a favor[76]; en la comisión
primera del Senado por votación nominal en la que 11 senadores –de los 19 que
componen la Comisión- apoyaron el proyecto[77];
en plenaria del Senado por votación nominal, que logró un apoyo de 65 senadores[78]; en plenaria del
Senado, votando el informe de conciliación, por unanimidad con 99 votos a favor[79]; y, finalmente, en
plenaria de la Cámara de Representantes, votando informe de conciliación, por
votación nominal que contó 90 votos a favor y seis en contra[80].
En tercer lugar, La Corte concluye que en el
trámite del proyecto en estudio se cumplió con el requisito de anunciar el
proyecto de ley de en cada uno de los debates. Así para la votación en comisión
primera de Cámara de Representantes se manifestó:
“Se anuncian en ese orden de ideas para la siguiente
sesión los siguientes proyectos:
-
Proyecto de ley
estatutaria número 014 de 2011 Cámara, Por medio del cual se expide el
estatuto de la Ciudadanía Juvenil y se dictan otras disposiciones –
acumulado con el proyecto de ley estatutaria número 084 de 2011 Cámara, por
medio del cual se establece el Estatuto para la Juventud, se deroga la ley 375
de 1997 y se establecen otras disposiciones”[81]
En plenaria de Cámara de Representantes se expresó:
“Señor secretario, sírvase anunciar los proyectos para
el día de mañana donde la plenaria va a estar convocada a las 11 de la mañana.
Se anuncian los proyectos para el día mañana 9 de
noviembre del 2011 o para la siguiente sesión Plenaria en la cual se debatan
proyectos de ley o Actos Legislativos de acuerdo al acto legislativo n. 1 de
julio 3 de 2003, en su artículo octavo.
(…)
Proyecto de ley estatutaria número 014 de 2011
Cámara, acumulado con los Proyectos
de ley número 045 de 2011 Senado y 084 de 2011 Cámara por medio
de la cual se expide el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y se dictan otras
disposiciones.”[82]
En Comisión Primera de Senado se manifestó:
“Atendiendo instrucciones de la Presidencia
por Secretaría se da lectura a los proyectos que por su disposición se
someterán a discusión y votación la próxima sesión:
1.
Proyecto de ley
número 169 de 2011 Senado, 014 de 2011 Cámara, acumulado con el proyecto de ley
estatutaria número 084 de 2011,
por medio del cual se expide el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y se dictan
otras disposiciones”[83]
En Plenaria de Senado se expresó:
“Por instrucciones de la Presidencia y de
conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los
proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
(…)
Proyecto de ley número 169 de 2011 Senado, 014
de 2011 Cámara, acumulado con el proyecto de ley estatutaria número 084 de
2011, por medio del cual
se expide el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y se dictan otras disposiciones”[84]
El anuncio para la discusión y aprobación
en el Senado de la República del informe de conciliación presentado sobre el
proyecto de ley bajo estudio, se realizó de la siguiente manera:
“Por instrucciones de la Presidencia y de
conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los
proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
Señor Presidente, es que llegaron unas
conciliaciones a la oficina de leyes que debo anunciar y son las siguientes:
Con informe de Conciliación:
(…)
Proyecto de ley número 169 de 2011
Senado, 014 de 2011 Cámara (Acumulado con los proyectos de ley número 045 de
2011 Senado, 084 de 2011 Cámara), por medio de la cual se expide el Estatuto de
Ciudadanía Juvenil y se dictan otras disposiciones.[85]
Y al final se lee:
“Siendo las 8:50 p. m., la
Presidencia levanta la sesión y convoca para el día miércoles 14 de
diciembre de2011, a las 10:30 a. m.”[86]
El anuncio para la discusión y aprobación
del informe de conciliación en la Cámara de Representantes, se llevó a cabo en
los siguientes términos:
“Dirección de la sesión por la
Presidencia doctor Simón Gaviria Muñoz:
Vamos a anunciar los proyectos para
mañana a las 9:00 de la mañana y seguiremos votando.
Señor Secretario, sírvase anunciar los
proyectos.
La Secretaría General informa doctor
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo:
Anunciamos los proyectos.
Informes de Conciliación:
Proyecto de ley Estatutaria 014 de 2011
Cámara, por
medio del cual se expide el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y se dictan otras
disposiciones.”[87]
Al finalizar se observa:
“Señor Presidente, se han anunciado los
proyectos para la sesión plenaria del día miércoles 14 de diciembre del 2011 o
para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o
Actos Legislativos, de acuerdo al Acto Legislativo número 01 de julio 3 del
2003, en su artículo 8º.
Dirección de la sesión por la
Presidencia doctor Simón Gaviria Muñoz:
Se anuncia que se levanta la sesión y se
convoca para mañana a las 9:00 de la mañana.”[88]
De esta forma se comprueba el pleno
acuerdo entre las actuaciones del Congreso y las exigencias de las
disposiciones constitucionales en materia de anuncio previo a cada una de las
votaciones a que fue sometido el proyecto de ley cuyo control se realiza.
En cuarto lugar, el proyecto de ley ahora
estudiado agotó la totalidad del trámite legislativo requerido para su
aprobación en el primer periodo de sesiones de la legislatura 2011 – 2012, por
lo que se cumple la exigencia de no superar una legislatura en el trámite de su
aprobación.
En quinto lugar, durante el trámite
legislativo el proyecto no presentó modificaciones que lo hagan distinto en
esencia de la versión aprobada en primer debate por la comisión primera
constitucional de la Cámara de Representantes, por lo que en este caso la Corte
concluye que se respeta el principio de identidad flexible. Así mismo, todos
los aspectos incluidos en la versión final del proyecto fueron discutidos
durante los cuatro debates reglamentarios y en aquellos en que se aprobó el
informe de conciliación, por lo que también se respetó el principio de
consecutividad.
Antes de proseguir con el análisis
de fondo, debe hacerse especial referencia a la intervención de la Defensoría
del Pueblo que considera vulnerados los principios de publicidad, identidad
flexible y consecutividad en razón a que, luego de haberse publicado un primer
informe de ponencia, fue publicado un segundo informe con modificaciones, que
considera sustanciales, al proyecto. Los hechos son detallados al
exponer el informe de la Defensoría del Pueblo por lo que ahora sólo se dará
respuesta a los mismos.
Al respecto considera la Corte que
no se está ante un vicio de procedimiento que afecte la exequibilidad del
proyecto en estudio, en virtud a que:
i)      Lo primero que debe decirse es que la
presentación de un segundo informe de ponencia no es algo prohibido por la
normativa constitucional, ni reglamentaria, de manera que las consecuencias
negativas de esta acción deberán predicarse del desconocimiento de otras reglas
o principios establecidos en la Constitución.
ii)    No se afectó el principio de publicidad, pues
tanto los proyecto acumulados (3), como el primer y segundo informes de
ponencia fueron debidamente publicados, tal y como se reseñó en el apartado
anterior. De esta forma todos y cada uno de los miembros del Congreso, así como
la sociedad interesada, tuvo oportunidad de conocer cuáles eran las propuestas
de los autores y las modificaciones propuestas por los ponentes a esas propuestas.
iii) No se afectó el principio de consecutividad, puesto
que las señaladas modificaciones fueron propuestas con anterioridad al primer
debate, de manera que no existió disposición en el segundo informe de ponencia
que no hubiera sido discutida desde el primer debate.
iv) No se afecta el principio de identidad flexible pues
está dentro de la órbita de actuación del ponente el introducir los cambios que
considere van a favor del buen debate de la materia que contempla el proyecto.
La labor de los ponentes no es eminentemente notarial, sino que se involucra la
posibilidad de decisión política con miras a alcanzar el beneficio general, en
acuerdo con su visión política. Por esta razón puede sugerir que se archive, se
apruebe o se realicen modificaciones al proyecto.
v)    Las modificaciones del segundo informe de
ponencia, en su mayor parte, buscan introducir la visión del último proyecto
presentado, es decir, el proyecto de origen gubernamental[89]. De manera que, lejos
de contrariar el espíritu y objetivo de la labor de los ponentes, con el
segundo informe se incluyeron puntos propuestos por uno de los proyectos
presentados que, posiblemente, no habían sido tenidos en cuenta en debida forma
en el primer informe.
vi) Un argumento en contra de la exequibilidad del
proyecto consistiría en que, si bien se pueden introducir modificaciones, éstas
no deben realizarse de forma ilimitada. La anterior consideración es cierta,
tanto que un principio de decisión cercano ha sido manifestado en la Corte
respecto de la labor de los ponentes[90].
Sin embargo, incluso si esto constituyera un vicio de procedimiento, en el
trámite que ahora analiza la Corte debe entenderse que el mismo habría sido
saneado por dos hechos: i) la aquiescencia mostrada por los Congresistas,
quienes luego de conocer los tres proyectos y el primer informe de ponencia, no
tuvieron reparo en discutir con base en el segundo informe presentado; y ii) la
posibilidad de presentar modificaciones al proyecto, algo que efectivamente
ocurrió, y que permite introducir –o al menos proponer la introducción- de los
contenidos que se consideren habían sido excluidos del articulado presentado
por los ponentes.
Por lo anterior, la Corte
considera que no se presentó un vicio de procedimiento por la presentación del
segundo informe de ponencia.
Con base en las razones antes
expuestas, concluye la Corte que el procedimiento prescrito por las
disposiciones constitucionales y reglamentarias fue observado por el Congreso
de la República, lo se avala la constitucionalidad del proyecto en materia
procedimental, sin perjuicio de las referencias específicas que en materia de
vicios formales que se hagan a los artículos 31 y 81 del proyecto.
A continuación, la Corte realizará
el análisis del proyecto desde la perspectiva material.
5. La reserva de ley estatutaria en los
temas que regula el proyecto
El proyecto 014 de 2011 de Cámara, 169 de
2011 de Senado contiene el estatuto de ciudadanía Juvenil. El mismo se plantea
como un cuerpo normativo con distintas finalidades, las cuales se mencionan en
el 2º artículo:
“1. Garantizar el
reconocimiento de las juventudes en la sociedad como sujeto de derechos y
protagonistas del desarrollo de la Nación desde el ejercicio de la diferencia y
la autonomía.
2. Definir la agenda política,
los lineamientos de políticas públicas e inversión social que garanticen el
goce efectivo de los derechos de las juventudes en relación con la sociedad y
el Estado; la articulación en todos los ámbitos de gobierno, la cualificación y
armonización de la oferta y el proceso de formación política y técnica dirigida
a los jóvenes, servidores públicos y sociedad en general.
3. Garantizar la
participación, concertación e incidencia de las y los jóvenes sobre decisiones
que los afectan en los ámbitos social, económico, político, cultural y
ambiental de la Nación.
4. Posibilitar y propender el
desarrollo de las capacidades, competencias individuales y colectivas desde el
ejercicio de derechos y deberes orientados a la construcción de lo público.
5. Promover relaciones
equitativas entre generaciones, géneros y territorios, entre ámbitos como el
rural y urbano, público y privado, local y nacional”
Observa la Corte que el
proyecto apunta a crear y efectivizar mecanismos que permitan a los jóvenes ser
participes en la identificación de los problemas que los afectan, el diseño de
las políticas encaminadas a superarlos y los mecanismos de evaluación de las
entidades encargadas de solucionarlos. Con este objetivo el proyecto crea un
sistema nacional de juventudes que se construye a partir de elementos de
colaboración, como el subsistema de participación de juventudes, que permiten a
los jóvenes integrarse en el proceso de determinación de la agenda política a
nivel local, departamental e, incluso nacional a través de los consejos de
juventud –artículos 34 a 60-, las plataformas de las juventudes –artículos 61 a
63-; las asambleas juveniles –artículos 64 a 66-; y las comisiones de
concertación –artículos 67 a 72-.
En cuanto el proyecto consagra mecanismos
para hacer efectiva la participación de la juventud en la determinación de
políticas públicas y, así mismo, la hace parte de su fiscalización y control,
la Corte concluye que se está ante un mecanismo de participación de los
previstos en el artículo 103 de la Constitución, que en su segundo inciso prevé
la existencia de asociaciones de diverso tipo, entre ellas cívicas,
comunitarias, juveniles o de utilidad común que constituyan instancias de
participación, control y vigilancia de la gestión pública en que se establezcan.
En efecto, aunque en el proyecto en estudio no se prevé participación ciudadana
en materias de decisión política, se ha reconocido por parte de la
jurisprudencia que “el principio de
democracia participativa no se restringe al ámbito político sino que se
extiende a instancias de vigilancia ciudadana de la gestión pública y se cumple
en los diversos niveles administrativos”[91], estando
estos mecanismos cobijados, igualmente, por reserva de ley estatutaria. En este
sentido, en diversas sentencias se ha exigido o comprobado el respeto a dicha
reserva, por ejemplo, con ocasión de la regulación de veedurías ciudadanas, en
virtud de su condición de mecanismos de participación[92]. En este sentido
manifestó la sentencia C-180 de 1994, al estudiar el proyecto de ley
estatutaria sobre mecanismos de participación, “[l]os preceptos integrantes del proyecto de ley
estatutaria que se estudia, son todos relativos  a instituciones y mecanismos
de participación ciudadana. En tal virtud, por este aspecto se ajusta al
literal d) del artículo 152 de la Carta,  en el que se determina  que esta
materia ha de ser objeto de regulación a través de esta particular modalidad
normativa”.
Específicamente, respecto del tema de las
garantías de participación de la juventud en la determinación de la agenda
política, en la constitución de órganos de concertación con autoridades
territoriales y la fiscalización en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados,
existe el antecedente del problema resuelto en al sentencia C-616 de 2008. En
aquella ocasión se estudiaron las objeciones gubernamentales a un proyecto de
ley ordinaria en el que se regulaban los consejos de la juventud –figura muy
cercana a los regulados en el proyecto objeto de estudio-, precisamente por no
haberse respetado la reserva de ley estatutaria respecto de los mecanismos de
participación. La Corte decidió declarar inexequible el proyecto estudiado con
base en las siguientes razones:
“Se concluye así que si un proyecto de ley
pretende regular de manera integral un mecanismo de participación ciudadana, la
reserva de ley estatutaria se predica respecto de toda su normatividad. Ahora
bien, el Proyecto de Ley objetado contiene una regulación integral de los
consejos de la juventud, los cuales como antes se dijo son concebidos como un
mecanismo de participación ciudadana, por lo tanto la reserva de ley
estatutaria se predica respecto de la totalidad del cuerpo normativo”
Con base en las razones anotadas, concluye
la Corte que el proyecto regula un tema materia de reserva estatutaria, de
acuerdo con el artículo 152 de la Constitución, y, en consecuencia, debió
tramitarse cumpliendo las exigencias procedimentales para este tipo de ley,
como en efecto sucedió en esta ocasión.
No obstante lo anterior, debe tenerse en
cuenta que no todas las disposiciones del proyecto 014 de 2011 de Cámara, 169
de 2011 de Senado se ocupan de regular aspectos de un mecanismo de
participación, por lo que su naturaleza no sería la de disposiciones
estatutarias. Sin embargo, esta situación no resulta determinante en su
exequibilidad, pues la integralidad en la regulación de los temas que componen
el Estatuto de la Juventud, además de su conexión teleológica, lógica y
sistemática, hace que resulte justificado su inclusión en un mismo cuerpo
normativo, como el proyecto de ley que ahora se estudia.
La realidad antes descrita, obliga a la
Corte identificar cuáles disposiciones tienen carácter estatutario para efectos
de claridad en el sistema de fuentes y de precisión en la, eventual, labor
legislativa de reforma de la legislación que ahora se estudia. Distinción que,
como se ha establecido por la jurisprudencia constitucional de forma pacífica y
constante, no obsta para que se realice la labor de control por parte de esta
Corporación, que dicho control tenga la condición de previo –pues es anterior a
la sanción-, integral –pues se realiza respecto de todas las disposiciones que
componen el proyecto, independientemente de su carácter estatutario o no- y
definitivo –en cuanto se genera cosa juzgada absoluta respecto de los preceptos
objeto de control-.
De acuerdo a lo antes expuesto, deben
entenderse como disposiciones de naturaleza estatutaria:
i)      Las que regulan los consejos de juventudes, esto es,
las comprendidas en los artículos 34 a 60, ambos preceptos inclusive;
ii)    Las que regulan las plataformas de las juventudes,
esto es, las comprendidas en los artículos 61 a 63, ambos preceptos inclusive;
iii) Las que regulan las asambleas juveniles, esto es, las comprendidas en
los artículos 64 a 66, ambos preceptos inclusive; y
iv) Las que regulan las comisiones de concertación, esto es, las
comprendidas en los artículos 67 a 72, ambos preceptos inclusive.
Las otras disposiciones que integran el
proyecto no tienen naturaleza estatutaria; por el contrario, son
preceptos de carácter ordinario. En efecto, las demás disposiciones del
proyecto no desarrollan materia alguna que esté cubierta por reserva
estatutaria, de acuerdo con lo previsto por el artículo 152 de la Constitución;
esta conclusión es pertinente, sobre todo, por la eventual duda que puede
generar que en algunas de los artículos del proyecto se trate temas
relacionados con los derechos de las y los jóvenes.
En este sentido, debe aclararse que las
referencias existentes no definen los elementos que configuran o determinan el
contenido de un derecho fundamental en el ordenamiento colombiano; ni realizan
una regulación estructural de éstos; así como tampoco regulan recursos de
protección de derecho fundamental alguno. Por el contrario, las disposiciones
de la ley al referirse a los derechos de las y los jóvenes prevé que “[l]os
jóvenes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución Política,
en los tratados internacionales aprobados por Colombia, y en las normas que los
desarrollan o reglamentan” –artículo 6º-; y cuando esta referencia es respecto
de los deberes, se realiza en un artículo –el número 10-, reiterando lo
consagrado en el artículo 95, sin que se presente un desarrollo posterior,
Por otra parte, el proyecto apunta a crear
un sistema institucional y participativo que otorgue el protagonismo a las y
los jóvenes en la determinación de políticas públicas encaminadas a resolver
sus problemas. Por esta razón son consagradas distintas medidas que deben ser
seguidas por la Nación y los entes territoriales, que van desde definiciones,
objetivos y principios generales –artículos 1 a 5-; la planificación de las
políticas en materia de juventud –artículos 11 a 14-, el desarrollo de
funciones precisas -15 a 21-, la creación de instituciones –artículo 31- y
organización de procesos de decisión institucional –artículos 22 a 32, con
excepción del artículo 31- y, finalmente, disposiciones que establecen las
posibilidades de financiación de estas políticas –artículo 80-, la posibilidad
de cooperación con organismos de cooperación internacional –artículo 78- o una
protección específica en materia laboral para las y los jóvenes –artículo 76-.
En este sentido, la reserva del proyecto
de ley se presenta en razón a que algunas de sus disposiciones crean y
desarrollan los principales elementos de algunos mecanismos de participación de
las y los jóvenes. El resto de las disposiciones, en cuanto regulan una materia
ajena a las enumeradas en el artículo 152 de la Constitución, deben
considerarse de carácter ordinario.
Como ha reiterado la jurisprudencia
constitucional[93],
es acorde con la Constitución que en un proyecto de ley estatutaria contenga
normas de naturaleza ordinaria en razón a la regulación integral, coherente o
sistemática que quiera hacerse de un tema. En cuanto el procedimiento de las
leyes estatutarias es más exigente, no resulta contrario al principio
democrático que aquellas sean aprobadas por este procedimiento; en este sentido,
el examen de constitucionalidad que se haga sobre ellas tendrá el carácter de
integral y definitivo, lo que, en todo caso, no implica que su naturaleza mute,
pues, sin duda, seguirán siendo consideradas disposiciones de carácter
ordinario.
Con base en las consideraciones
anteriormente expuestas, se realizará el análisis de las disposiciones del
proyecto enviado a la Corte, sin perjuicio de la naturaleza que cada
disposición tenga.
6. Análisis del articulado del
proyecto
Artículo 1º
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. Objeto. Establecer el marco institucional para
garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía
juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y público, el goce efectivo de
los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en
los tratados internacionales, y la adopción de las políticas públicas
necesarias para su realización, protección y sostenibilidad; y para el
fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de igualdad de acceso que
faciliten su participación e incidencia en la vida social, económica, cultural
y democrática del país.
Esta disposición señala metas que resultan
legítimas y, en esa medid
a, acordes con el ordenamiento
constitucional, en cuanto se prevé que, a través de los mecanismos contenidos
en el estatuto de Ciudadanía Juvenil, se alcance la concreción de derechos de
las y los jóvenes, así como se intensifique la vinculación y participación de
este sector de la población en las decisiones administrativas que los afecten.
Por tanto, independientemente de la evaluación que se haga de los mecanismos
dispuestos para alcanzar los objetivos ahora trazados, se encuentra que las
metas trazadas en el artículo primero del proyecto responden a los parámetros constitucionales
dispuestos para este efecto.
Artículo 2º
Artículo 2°. Finalidades. Son finalidades de la presente ley las
siguientes:
1. Garantizar el reconocimiento de las
juventudes en la sociedad como sujeto de derechos y protagonistas del
desarrollo de la Nación desde el ejercicio de la diferencia y la autonomía.
2. Definir la agenda política, los
lineamientos de políticas públicas e inversión social que garanticen el goce
efectivo de los derechos de las juventudes en relación con la sociedad y el Estado;
la articulación en todos los ámbitos de gobierno, la cualificación y
armonización de la oferta y el proceso de formación política y técnica dirigida
a los jóvenes, servidores públicos y sociedad en general.
3. Garantizar la participación, concertación
e incidencia de las y los jóvenes sobre decisiones que los afectan en los
ámbitos social, económico, político, cultural y ambiental de la Nación.
4. Posibilitar y propender el desarrollo
de las capacidades, competencias individuales y colectivas desde el ejercicio
de derechos y deberes orientados a la construcción de lo público.
5. Promover relaciones equitativas
entre generaciones, géneros y territorios, entre ámbitos como el rural y
urbano, público y privado, local y nacional
Al igual que el artículo anterior,
consagra los objetivos que la ley está destinada a cumplir, esta vez en forma
un tanto más específica.
El primero de ellos reconoce a la juventud
como sujeto de derechos. Esta manifestación no resulta a priori
contraria a la Constitución, siempre y cuando se entienda que la juventud, como
sujeto colectivo, tendrá las garantías que en esta norma o en las que la
modifiquen o amplíen se prevean; y, en ese sentido, que las y los jóvenes como
sujetos del artículo 45 de la Constitución pueden tener formas específicas de
garantía de la posición que el ordenamiento les reconoce individualmente
considerados.
El segundo numeral está en armonía con el
primero, estableciendo el mecanismo para hacerlo efectivo y posibilitar su
desarrollo. Al igual que el anterior, el objetivo trazado se encuentra
plenamente acorde con la Constitución, en cuanto puede entender un fin legítimo
dentro del marco que la norma máxima establece. Sin embargo, esta conclusión no
conlleva automáticamente a la exequibilidad de los mecanismos previstos para
alcanzarlo, pues éstos necesitarán un análisis individual.
El numeral 3 resulta concreción y
ampliación del artículo 45 de la Constitución, por lo que, en la parte de la
concreción, es indiscutible su adecuación a la Constitución y, en la relativa a
la ampliación de las garantías participativas, resulta desarrollo de la
competencia de configuración legislativa del Congreso ejercida dentro de los
parámetros previstos por las normas Constitucionales.
El numeral 4º igualmente traza un objetivo
legítimo, en cuanto acorde con principios como la participación de las y los
jóvenes en democracia –artículo 45- y colaboración en la consecución de
objetivos comunes –artículo 45-, por lo que expresa metas acordes con el ordenamiento
constitucional.
Finalmente, el numeral quinto resalta la
aplicación del principio de igualdad y justicia con base en variables que se
encuentran en pleno acuerdo con los principios de igualdad y prohibición de
discriminación del artículo 13 de la Constitución.
Con base en las consideraciones anteriores
encuentra la Corte que el artículo 2 se encuentra en pleno acuerdo con las
normas constitucionales que obran como parámetro de su validez.
Artículo 3
Artículo 3°. Reglas de interpretación
y aplicación. Las
normas contenidas en la Constitución Política y en los Tratados o Convenios
Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en especial la
Convención sobre los Derechos del Niño en lo que es aplicable, harán parte
integral de esta ley, y servirán de guía para su interpretación y aplicación,
además se tendrán en cuenta los siguientes enfoques:
1. Enfoque de Derechos Humanos: En relación con el marco legal que
imponen los tratados internacionales y la Constitución Política de Colombia.
2. Enfoque Diferencial: Como un principio de actuación y
mecanismo de respeto y ejercicio de los derechos desde la diferencia étnica, de
géneros, de procedencia territorial, de contexto social, de edad, orientación e
identidad sexual o por condición de discapacidad.
3. Enfoque de Desarrollo Humano: Bajo el cual se reconocen y promueven las
capacidades y potencialidades de las personas a partir de la generación de
oportunidades para decidir.
4. Enfoque de Seguridad Humana: Bajo el cual se busca garantizar unas
condiciones mínimas básicas que generen seguridad emocional, física,
psicológica, de las personas y las sociedades y asegurar la convivencia
pacífica en cada territorio.
El artículo 3 de la ley consagra reglas de
interpretación y aplicación de la misma, las cuales establecen normas que deben
tenerse en cuenta al momento de desarrollar sus mandatos.
Al respecto resalta la Corte que la propia
ley señala parámetros que deben seguirse en el desarrollo de sus preceptos,
como es el caso del enfoque de derechos humanos, el enfoque diferencial –en los
aspectos por la propia ley mencionados-, el enfoque de desarrollo humano y el
enfoque de seguridad humana.
No encuentra la Sala problemas respecto de
las normas parámetro que debe respetar la disposición analizada, por lo cual se
declarará su exequibilidad.
Artículo 4
Artículo 4°. Principios. Los principios que inspiran la presente
ley, se fundamentan en la Constitución Política, pero además serán principios
orientadores para la interpretación y aplicación de la presente ley, los
siguientes:
1. Autonomía: Las y los jóvenes son reconocidas y
reconocidos como agentes capaces de elaborar, revisar, modificar y poner en
práctica sus planes de vida a través de la independencia para la toma de
decisiones; la autodeterminación en las formas de organizarse; y la posibilidad
de expresarse de acuerdo a sus necesidades y perspectivas.
2. Corresponsabilidad: El Estado, la familia y la sociedad
civil deben respetar, promover y fortalecer la participación activa de las y
los jóvenes en la formulación, ejecución y evaluación de programas, planes y
acciones que se desarrollen para su inclusión en la vida política, económica,
social, ambiental y cultural de la Nación.
3. Coordinación: La Nación, el Departamento, el Municipio
o Distrito buscarán la concurrencia efectiva para evitar la duplicidad de
acciones y fomentar su implementación de manera integral y transversal.
4. Concertación: Las disposiciones contenidas en la
presente ley, y las que sean materia de reglamentación, serán concertadas
mediante un proceso de diálogo social y político entre la sociedad civil, la
institucionalidad y los demás actores que trabajan con y para la juventud.
5. Descentralización y desconcentración: Las políticas de juventud deben
planificarse desde la proximidad, garantizando su plena eficacia y su
ejecución.
6. Dignidad: Todas las personas tienen derecho a una
vida digna y segura; los y las jóvenes constituyen el objetivo fundamental de
las acciones emprendidas en cumplimiento del Estado Social de Derecho a través
de la eliminación de cualquier forma de vulneración de sus derechos.
7. Eficacia, eficiencia y gestión
responsable: Los
programas y actuaciones dirigidos a los jóvenes deben estar dotados de los
recursos suficientes para alcanzar los objetivos previstos, dándoles un uso
adecuado a su finalidad y gestionándolos con responsabilidad.
8. Diversidad: Los y las jóvenes deben ser reconocidos
en su diversidad bajo una perspectiva diferencial según condiciones sociales,
físicas, psíquicas, de vulnerabilidad, discriminación, diversidad étnica,
orientación e identidad sexual, territorial cultural y de género para
garantizar la igualdad de oportunidades a todas las personas jóvenes.
9. Exigibilidad: Los derechos son inherentes a los y las
jóvenes, estos son intangibles e inalienables. Los y las jóvenes deben y pueden
exigir las garantías que les permitan ejercer sus derechos.
10. Igualdad de oportunidades: El Estado debe reducir las desigualdades
entre los distintos puntos de partida de las personas jóvenes en el proceso de
elaboración de su propio proyecto de vida. Las actuaciones administrativas son
compatibles con una discriminación positiva si esta se justifica por una
situación de desigualdad, persigue la igualdad real y facilita la integración
social.
11. Innovación y el aprendizaje social: La actuación del Estado en materia de
juventud debe incorporar como base para la construcción de las políticas de
juventud la innovación permanente, el aprendizaje social, la experimentación y
la concertación.
12. Integralidad: Las políticas de juventud deben
responder a una perspectiva integral que interrelacione los distintos ámbitos
de la vida de las personas jóvenes.
13. El interés juvenil: Todas las políticas públicas deben tener
en cuenta la dimensión juvenil, especialmente las que afectan a las personas
jóvenes de forma directa o indirecta.
14. Participación: La población joven del país tiene derecho
a vincularse a los procesos de toma de decisiones que le conciernen o que
afecten directa o indirectamente la obtención de condiciones de vida digna, así
como a tomar parte en los diversos aspectos de la vida socioeconómica, tanto en
su relación con el Estado, como con otros actores sociales.
15. Progresividad: El Estado con apoyo de la sociedad
civil, deberá de manera gradual y progresiva adoptar e implementar las acciones
y mecanismos, a fin de lograr la plena efectividad de los derechos aquí
reconocidos.
16. Territorialidad: Los jóvenes, en tanto sujetos sociales
que habitan y usan espacios que construyen con otros sujetos sociales, son
reconocidos como agentes con derechos pertenecientes a un territorio corporal y
físico donde construyen colectivamente y de manera consciente y diferencial
entornos simbólicos, sociales y ambientales. Las políticas de juventud deben
incorporar un punto de vista territorial. Todas las actuaciones necesarias en
beneficio de las personas jóvenes deben llevarse a cabo teniendo en cuenta las
distintas realidades territoriales.
17. Transversalidad: El trabajo en el desarrollo de las
políticas de juventud debe incorporar las distintas ópticas de trabajo
sectorial y las distintas dinámicas asociativas y comunitarias propias de las
personas jóvenes, teniendo en cuenta la articulación en los distintos niveles
territoriales. Los departamentos, instituciones, entidades y agentes que
corresponda deben trabajar coordinadamente en cada intervención sobre las
políticas de juventud.
18. Universalidad: Todas las personas sin excepción tienen
iguales derechos. El Estado debe garantizar los derechos a todos los y las
jóvenes bajo una perspectiva diferencial según condiciones de vulnerabilidad,
discriminación, diversidad étnica, cultural y de género.
Las entidades públicas deben contar con
el apoyo y la participación de la sociedad civil, de las entidades y de los
interlocutores libremente establecidos, y deben potenciar el desarrollo de las
políticas de juventud definidas por la presente ley mediante la iniciativa
social y el tercer sector.
El artículo 4º consagra los principios que
deben inspirar la lectura de la ley. Éstos apuntan a varios propósitos que
pueden diferenciarse según el tema que sea su núcleo central.
En ese sentido, podemos encontrar
principios que se entienden como reafirmación, extensión o concreción
específica de derechos fundamentales reconocidos en el ordenamiento
constitucional, como son el principio de autonomía –numeral 1-; el de dignidad
–numeral 6; el de diversidad –numeral 8-; el de exigibilidad de los derechos
–numeral 9-; y el de universalidad en el reconocimiento de los derechos
–numeral 18-. Estos principios están en pleno acuerdo con la Constitución,
máxime cuando los mismos resultan la concreción de derechos fundamentales
reconocidos en el ordenamiento constitucional. Por esta razón los principios
serán declarados conforme a la Constitución.
Otros principios dan pautas para la
regulación, el desarrollo de políticas públicas, el enfoque que éstas deben
tener y los elementos fundamentales que las mismas deben incorporar. En este
sentido encontramos principios como el de corresponsabilidad entre el Estado,
la familia y la sociedad en la defensa y procura de los intereses de las y los
jóvenes –numeral 2-; el de concertación para el mismo propósito –numeral 4-; el
de innovación, la experimentación y aprendizaje social en el diseño de
políticas públicas que sirvan a los jóvenes –numeral 11-; la integralidad en
las políticas para las y los jóvenes –numeral 12; el interés juvenil –o
dimensión juvenil- como elemento central de las políticas públicas destinadas a
impactar en este sector de la población –numeral 13-; y la progresividad en la
protección y efectivización de los derechos allí reconocidos –numeral 15-.
Todos ellos trazan pautas que en su sentido general y abstracto se encuentran
en armonía con los términos de disposiciones constitucionales, ya sea porque
reproducen objetivos o criterios dados por el propio constituyente –la responsabilidad
de la familia (artículo 42, inciso tercero de la Constitución) o la
responsabilidad social en la procura de los intereses de los jóvenes (artículo
45 de la Constitución); o porque, en desarrollo de la facultad de configuración
normativa, el legislador dispuso parámetros y elementos que apuntan a cumplir o
proteger valores constitucionales, como puede ser la incorporación
participativa de la juventud en la sociedad –que se deriva del artículo 45 de
la Constitución- o el enfoque diferencial que debe tenerse en este tipo de
políticas –derivado de la misma norma constitucional-. De esta forma, concluye
la Corte que los principios mencionados se encuentran dentro del ámbito
establecido por las normas parámetro de control constitucional, lo que obliga a
declarar su exequibilidad.
Finalmente, existen principios que
establecen guías para la implementación de las políticas públicas destinadas a
satisfacer los intereses y necesidades de las y los jóvenes, como pueden ser
los principios de coordinación –numeral 3-; descentralización y
desconcentración –numeral 5-; eficacia, eficiencia y gestión responsable
–numeral 7-; territorialidad –numeral 16-; y transversalidad –numeral 17-. Los
cuales buscan aportar elementos para que se diseñe y ejecute una política pública
que, teniendo en cuenta el carácter unitario de nuestro Estado –artículo 1º de
la Constitución-, aplique criterios de  eficiencia administrativa, como pueden
ser la descentralización y la desconcentración, teniendo en cuenta las
particularidades de la organización administrativa del Estado colombiano.
Adicionalmente, ninguno de estos criterios organizativos de implementación se
aprecia como contrario a criterios constitucionales y, por el contrario, se
pueden entender como desarrollo concreto de principios axiales al ordenamiento
constitucional en materia territorial. En este sentido la Corte declarará la
exequibilidad de este grupo de principios.
Resta aclarar que, aunque de los derechos
de las y los jóvenes se predica su intangibilidad –numeral 9º del artículo 4º-,
ésta debe ser entendida en el contexto que su aplicación no puede anular o
servir como fundamento para desconocer otros derechos reconocidos en nuestro
ordenamiento, y que serán los criterios de armonización en concreto y
proporcionalidad  los que guíen la aplicación y protección de los mismos. La
intangibilidad que menciona el numeral noveno no tiene el efecto de crear
derechos absolutos y, por el contrario, su interpretación debe ser la de un
refuerzo a la garantía de derechos de las y los jóvenes, siempre en el contexto
de un Estado constitucional que protege, además, otros derechos a sujetos
distintos, así como valora bienes y deberes constitucionales.
Con base en las razones anteriormente
expuestas, se declarará la exequibilidad del artículo 4º de la ley, relativo a
los principios que deben inspirar su lectura e implementación.
Artículo 5
Artículo 5°. Definiciones. Para efectos de la presente ley se
entenderá como:
1. Joven: Toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso
de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social
y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su
ciudadanía.
2. Juventudes: Segmento poblacional construido
socioculturalmente y que alude a unas prácticas, relaciones, estéticas y
características que se construyen y son atribuidas socialmente. Esta
construcción se desarrolla de manera individual y colectiva por esta población,
en relación con la sociedad. Es además un momento vital donde se están
consolidando las capacidades físicas, intelectuales y morales.
3. Juvenil: Proceso subjetivo atravesado por la condición y el
estilo de vida articulados a las construcciones sociales. Las realidades y
experiencias juveniles son plurales, diversas y heterogéneas, de allí que las y
los jóvenes no puedan ser comprendidos como entidades aisladas, individuales y
descontextu alizadas, sino como una construcción cuya subjetividad está siendo
transformada por las dinámicas sociales, económicas y políticas de las
sociedades y a cuyas sociedades también aportan.
4. Procesos y prácticas organizativas de
las y los jóvenes:
Entiéndase como el número plural de personas constituidas en su mayoría por
afiliados jóvenes, que desarrollan acciones bajo un objetivo, y nombre común,
cuenta con mecanismos para el flujo de la información y comunicación y
establece mecanismos democráticos para la toma de decisiones y cuyo
funcionamiento obedece a reglamentos, acuerdos internos o estatutos aprobados
por sus integrantes. Estos procesos y prácticas según su naturaleza
organizativa se dividen en tres:
4.1. Formalmente constituidas: Aquellas que cuentan con personería
jurídica y registro ante autoridad competente.
4.2. No formalmente constituidas: Aquellas que sin
tener personería jurídica cuentan con reconocimiento legal que se logra
mediante documento privado.
4.3. Informales: Aquellas que se generan de manera
espontánea y no se ajustan a un objetivo único o que cuando lo logran
desaparecen.
5. Género: Es el conjunto de características, roles, actitudes,
valores y símbolos construidos socialmente que reconoce la diversidad y
diferencias entre hombres y mujeres en pleno goce o ejercicio de sus derechos y
libertades fundamentales, en condiciones de igualdad en las esferas política,
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.
6. Espacios de participación de las
juventudes: Son todas
aquellas formas de concertación y acción colectiva que integran un número
plural y diverso de procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes en
un territorio, y que desarrollan acciones temáticas de articulación y trabajo
colectivo con otros actores, dichos espacios deberán ser procesos convocantes,
amplios y diversos, y podrán incluir jóvenes no organizados de acuerdo con sus
dinámicas propias.
Se reconocerán como espacios de
participación entre otros a las redes, mesas, asambleas, cabildos, Consejos de
Juventud, consejos comunitarios afrocolombianos, y otros espacios que surjan de
las dinámicas de las y los jóvenes.
7. Ciudadanía Juvenil: Condición de cada uno de los miembros
jóvenes de la comunidad política democrática; y para el caso de esta ley
implica el ejercicio de los derechos y deberes de los jóvenes en el marco de
sus relaciones con otros jóvenes, la sociedad y el Estado. La exigibilidad de
los derechos y el cumplimiento de los deberes estará referido a las tres
dimensiones de la ciudadanía: civil, social y pública.
7.1. Ciudadanía Juvenil Civil: Hace referencia al ejercicio de los
derechos y deberes civiles y políticos, de las y los jóvenes cuyo desarrollo
favorece la generación de capacidades para elaborar, revisar, modificar y poner
en práctica sus planes de vida.
7.2. Ciudadanía Juvenil Social: Hace referencia al ejercicio de una serie
de derechos y deberes que posibilitan la participación de las y los jóvenes en
los ámbitos sociales, económicos, ambientales y culturales de su comunidad.
7.3. Ciudadanía Juvenil Pública: Hace referencia al ejercicio
de los derechos y deberes en ámbitos de concertación y diálogo con otros
actores sociales, el derecho a participar en los espacios públicos y en las
instancias donde se toman decisiones que inciden en las realidades de los
jóvenes.
Parágrafo 1°. Las definiciones contempladas en el
presente artículo, no sustituyen los límites de edad establecidos en otras
leyes para adolescentes y jóvenes en las que se establecen garantías penales,
sistemas de protección, responsabilidades civiles, derechos ciudadanos o
cualquier otra disposición legal o constitucional.
Parágrafo 2°. En el caso de los jóvenes de comunidades
étnicas, la capacidad para el ejercicio de derechos y deberes, se regirá por
sus propios sistemas normativos, los cuales deben guardar plena armonía con la
Constitución Política y la normatividad internacional.
El artículo 5º contiene
definiciones relativas al tema que trata el proyecto que ahora se estudia.
La primera de ellas se refiere a
quiénes son jóvenes para efectos de los temas regulados por el proyecto de
estatuto de ciudadanía juvenil. Consagra el artículo que joven será la persona
entre 14 y 28 años cumplidos y que, por consiguiente, se encuentra en proceso
de consolidación de diferentes aspectos de su vida.
La Procuraduría General conceptuó
que la definición de joven resulta discriminatoria, por cuanto el
proyecto consagra beneficios que no se extienden a aquellas personas que otras
normas, algunas de rango constitucional, consideran jóvenes. En palabras
de la Procuradora General (E):
“En efecto, más allá de la libertad de configuración
del legislador, y sin perjuicio de que una falta de técnica legislativa no
necesariamente supone un vicio de constitucionalidad, es indudable que el
Proyecto de Ley Estatutaria en discusión otorga un trato privilegiado y, por
tanto, distinto o desigual a quien allí se entiende como joven (“persona
entre los 14 y 28 años cumplidos”) y a quien las normas internacionales de
derechos humanos, y específicamente la
Declaración Universal de los Derechos del Niño, llaman “niño” (persona entre los 0 y los 18 años), lo que a su
vez contradice algunas normas ya citadas del Código de la Infancia y la
Adolescencia (Ley 1098 de 2006).
(…)
Por esta razón, esta Vista Fiscal considera que si el
Congreso de la República desea reglamentar por vía de Ley Estatutaria los
derechos y deberes de los jóvenes, entre otras disposiciones, debe hacerlo de
conformidad con las normas pertinentes del bloque de constitucionalidad y
unificando, si es el caso, las leyes ordinarias relativas a esas mismas
temáticas en lo que resulte pertinente. Pero, en este mismo sentido, que no le
está permitido al Legislador adoptar sus propias clasificaciones y
definiciones, al margen de las que se han hecho en los instrumentos
internacionales de derechos humanos debidamente suscritos, aprobados y
ratificados por Colombia, dando un tratamiento desigual a los sujetos que el
ordenamiento jurídico internacional de los derechos humanos otorga el mismo
tratamiento.” –folio 1266 y 1267, cuaderno n. 2-
El concepto de la Corte, contrario al del
Ministerio Público, es que la definición que consagra la ley no resulta
discriminatoria y, por consiguiente, no tiene vicios de constitucionalidad.
Las razones para esta conclusión dos:
i)      No existe un concepto unívoco de joven en las
normas que fungen como parámetro de constitucionalidad, de manera que no existe
un criterio de comparación objetivo. Por el contrario, la definición de joven
varía según el objeto de la regulación que la incluya, lo que lleva a la
conclusión de que, en cuanto categoría empleada para asegurar derechos o
garantías, el concepto de joven es un concepto variable que deberá
analizarse en el caso de cada regulación en concreto; y
ii)    La definición de joven que consagra el proyecto es
exclusivamente para efectos de la regulación que éste incluye, de manera que
los beneficios son pensados para la población que se encuentra en este rango de
edad. En este sentido, cualquier discriminación debería sustentarse no en la
definición de joven, sino en la exclusión de sujetos que deberían estar
incluidos en los beneficios previstos por el proyecto. En el escrito remitido
por la Procuraduría no se menciona grupo poblacional alguno que deba entenderse
incluido y que no lo haya sido, ni, tampoco, aprecia la Corte la existencia del
mismo.
Pasa la Corte a profundizar las razones
expuestas.
Para abordar el estudio sobre la
constitucionalidad de la definición de joven contenida en el art. 5 del Proyecto
de Ley 169 de 2011 “Por medio de la cual se expide el Estatuto de la
Ciudadanía Juvenil y se dictan otras disposiciones”, según la cual joven es
“toda aquella persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de
consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y
cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su
ciudadanía”, es necesario hacer unas reflexiones en torno a alcance de la
misma a la luz del Bloque de Constitucionalidad, del Derecho Comparado y de la
legislación interna.
(I)
El concepto de joven
contemplado en instrumentos internacionales
En la normatividad internacional se encuentra
regulación pertinente sobre el tema de la definición de juventud. En este
sentido, la ONU define la juventud como el grupo poblacional comprendido por
personas entre 14 y 25 años de edad, que viven  “un momento muy especial de
transición entre la infancia y la edad adulta, en el que se procesa la
construcción de identidades y la incorporación a la vida social más amplia”.
Sin embargo, “para muchos la definición de juventud no se limita a la edad,
sino que es un proceso relacionado con el periodo de educación en la vida de
las personas y su ingreso al mundo del trabajo”.[94]
Por otro lado, la
Organización Mundial de la Salud –OMS-, establece que “a este grupo
pertenecen las personas entre los 10 y los 24 años de edad y corresponde con la
consolidación de su rol social.”[95]
(ii) Definición de juventud en el Derecho
Comparado
Las referencias que se hacen a continuación,
más que parámetro de definición para el ordenamiento colombiano, denotan la
ausencia de un carácter de univocidad respecto del concepto ahora estudiado. En
este contexto, se encuentra que en Argentina se consideran jóvenes quienes
cuentan con edades entre 19 y 29 años, en Bolivia[96] de 18 a 30 años,  en
Brasil[97]
de 19 a 25 años, en Chile[98]
de 19 a 29 años, en Costa Rica[99]
de 12 a 35 años, en Ecuador[100]
de 18 a 29 años, en México[101]
de 12 a 29 años, en Nicaragua[102]
de 18 a 30 años, en Paraguay[103]
de 18 a 30 años, en Perú[104]
de 15 a 29 años, en República Dominicana[105]
de 15 a 35 años, en Uruguay[106]
de 19 a 25 años, en Venezuela[107]
de 18 a 28 años y en Cuba[108]
los menores de 30 años en general.
De  lo anterior se puede observar que no hay
una definición uniforme en la legislación internacional, ni en la de otros
países, sobre la edad que comprende la etapa de la juventud, en virtud a que
cada Estado tiene la facultad para establecer las medidas y políticas
necesarias para responder a cada una de sus necesidades, entre las cuales está
constituir el rango de edad que comprende la juventud, teniendo en cuenta su
realidad social que le permite alcanzar en mayor o menor medida las metas
propuestas en materia de participación, desarrollo, empleo y educación juvenil.
(iii) El ordenamiento colombiano y la
definición de juventud.
A. El artículo 45 de la Constitución Política
consagra que “El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación
integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los
jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección,
educación y progreso de la juventud”. En desarrollo de tal precepto
normativo se creó la ley 375 de 1997, en la cual se establece que se considera
joven a la persona que tiene entre 14 y 26 años de edad. Igualmente, el Decreto
Reglamentario 89 de 2000 establece que toda persona que tenga entre 14 y 26
años de edad cumplidos ostenta la calidad de joven, y en este sentido, el grupo
juvenil es “aquel constituido, en su mayoría numérica, por afiliados jóvenes
y cuyo funcionamiento obedezca a reglamentos o estatutos legalmente aprobados
por sus miembros.”
Sin embargo, en el proyecto de ley bajo
estudio se establece que joven es toda aquella persona que tiene entre 14 y 28
años de edad, lo cual se aparta de la Ley 375 de 1997 en tanto se hacen
extensivos los efectos a las personas que tienen entre 26 y 28 años. Y esta
diferencia, como se manifestó en la exposición de motivos del proyecto que
ahora se estudia, genera un tratamiento garantista a los jóvenes enmarcado
dentro de los postulados constitucionales, considerando que “el difícil
acceso a los derechos, incluso al derecho a la educación, en el contexto
colombiano hace evidente que este proceso de consolidación y construcción de
autonomía para el ejercicio pleno de las libertades requiere más tiempo, en
buena medida como resultado de la necesidad de los propios jóvenes de asumir
muchos de esos procesos directamente”.[109]
Adicionalmente, la medida legislativa de
aumentar el rango de edad de la juventud va en consonancia con lo contemplado
en instrumentos internacionales y se ajusta a la realidad  laboral, educativa y
social de la juventud, habida cuenta que se reconocen derechos, deberes y
capacidad para participar activamente en la conformación de planes y políticas
que propendan por el desarrollo de la juventud o que los afecten.
Por las razones hasta ahora
mencionadas, encuentra la Corte que la definición de joven que incluye
el proyecto se encuentra dentro del ámbito de libertad de configuración que
tiene el legislador. De manera que, en cuanto busca alcanzar un fin legítimo –como
es establecer un grupo poblacional objeto de protección-, debe ser declarada
exequible.
Son estas las consideraciones que llevan a
la Corte a declarar la exequibilidad de la definición estudiada.
La segunda definición que consagra el
proyecto es la de juventudes. Respecto del concepto de juventudes el
Ministerio Público manifestó reparos de constitucionalidad, puesto que
considera que
“[L]as definiciones citadas se apartan
sustancialmente de la definición de niño contenida en algunos instrumentos internacionales
ya citados pero, además, agrega elementos novedosos que, al menos a primera
vista, parecen carecer de soporte jurídico o científico alguno y podrían
implicar también la violación de derechos y conceptos constitucionales
relevantes.
(…)
Para el Ministerio Público, tales definiciones no sólo
difieren sino que contradicen las definiciones constitucionales de los niños y
de los adolescentes  y sus derechos (artículos 44 y 45 Superiores), en donde se
reconoce que ellos son y, por tanto, que tienen unos derechos que les
son inherentes, y en ninguna parte se dice que ellos simplemente se construyen
o que a ellos simplemente se les atribuyan derechos.
En este mismo sentido, baste recordar que
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de
los Derechos del Niño y, en general, todos los instrumentos internacionales de
derechos humanos, tanto de orden universal como de orden interamericano,
reconocen expresamente que todas las personas, los seres humanos o los
miembros de la especie humana tienen unos derechos inherentes o naturales (“todas
las personas sin excepción tienen iguales derechos”, dice también el
numeral 18 del artículo 4° del Proyecto de Ley Estatutaria) que no son
constituidos, concedidos o atribuidos sino reconocidos y, por tanto, que
en el caso específico de los niños, las niñas y los adolescentes, la
positivización de sus derechos también es un solo reconocimiento de algo que les
es propio o les es debido en razón de sus condiciones,  pero no de
algo que la sociedad construye, otorga y que, por tanto, de igual forma podría
quitar o modificar.”
Considera la Corte, que la misma cae
dentro del margen de libre configuración del legislador, en cuanto que con este
concepto no se está determinando, a priori, la titularidad de derecho o
garantía alguna, ni, tampoco, estableciendo obligación en cabeza de sujeto
alguno. En efecto, resalta la Sala que la norma no está “atribuyendo” derechos,
simplemente emplea la palabra atribuir para referirse a las prácticas que determinan
a los jóvenes dentro de una sociedad.
Siendo esta la situación, no se aprecia un
concepto a partir del cual se puedan establecer beneficios en favor de un
sector o, por el contrario restringirlos. Por esta razón desde el punto de
vista constitucional, e independientemente de la valoración que de técnica
legislativa pueda hacerse –la cual no corresponde a la Corte Constitucional-,
no se aprecia ningún problema de constitucionalidad de la presente definición.
La definición de juvenil presenta
diversos elementos que, al igual que la de juventudes, no generan problema
alguno desde el punto de vista constitucional. Las razones, sin necesidad de
reiterarlas en profundidad, responden a la misma lógica: no crean o suprimen
derechos, garantías u obligaciones en cabeza de sujeto alguno, ni contrarían
mandatos específicos de la Constitución. En este sentido, al no preverse por el
intérprete de la Constitución que la misma sirva para modificar, directa o
indirectamente, una situación jurídica o incumplir un deber constitucional, no
presenta problemas desde el punto de vista de su validez, por lo cual será
declarada exequible.
Respecto de las prácticas organizativas
de las y los jóvenes, encuentra la Corte que la definición no contiene
elementos que per se vayan en contra de la Constitución, en cuanto que
las características que enumera no son limitativas o excluyentes de sector
alguno de la población.
Sin embargo, observa la Corte que en las
mismas se establece una diferenciación, que distingue entre i) las formalmente
constituidas; ii) las no formalmente constituidas; y iii) las informales. Así
mismo, en el artículo 46, cuya lectura se complementa con el artículo 48 del
proyecto en estudio, se establece una prerrogativa para las prácticas
organizativas formalmente constituidas cuyo reconocimiento no sea inferior a
seis meses.
Esta prerrogativa hace preceptivo que se
tenga total claridad respecto de la forma en cómo se puede acceder a la
personería jurídica y el registro por parte de autoridad competente, para
evitar que, esta manifestación general y abstracta que hace la ley, sea óbice
para la limitación de derechos de los jóvenes asociados.
En este sentido, la lectura conforme a la
Constitución es aquella que, cumpliendo con los requisitos impuestos por el
legislador, resulte la más garantista de los derechos de las y los jóvenes que,
en las distintas situaciones, puedan verse involucrados. Por esta razón la Sala
concluye que la constitución formal equivale a la obtención de personería
jurídica por cualquiera de las formas asociativas reconocidas en el
ordenamiento colombiano, siempre y cuando ésta sea acorde con el objetivo axial
a estos procesos y prácticas de las y los jóvenes.
Por esta razón, la Corte declarará la
exequibilidad de la definición en estudio, siempre y cuando se entienda que la
misma corresponde a cualquier forma asociativa susceptible de serle reconocida
personería jurídica y que no sea incompatible con el objetivo trazado por el
proyecto ahora estudiado.
La siguiente definición del proyecto es la
definición de género. Al respecto la Procuradora General (E) manifestó
que esta categoría de protección resultaría inconstitucional por cuanto
“Aunque ya el Código de la Infancia y la
Adolescencia, por ejemplo, incluye una “perspectiva de género” (Artículo
12), perspectiva presente también en diferentes políticas públicas e incluso en
algunos documentos de organismos multilaterales, el Ministerio Público
considera pertinente advertir que, al menos hasta la fecha, Colombia no ha
suscrito la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que, en su
artículo 6°, reconoce el derecho de igualdad de género, y tampoco se encuentra
en el texto de la Constitución Política la referencia expresa a la orientación
sexual. Por el contrario, el concepto al que sí hacen referencias las normas
constitucionales y que injustificada e inconstitucionalmente se omite en el
Proyecto de Ley Estatutaria, es el de sexo, que hace relación a las diferencias
biológicas entre hombres y mujeres, diferencias que, aunque existentes y dadas
(en lugar de construidas), y con manifestaciones o consecuencias de orden
anatómico y psicológico, en todo caso no determinan una mayor o menor dignidad
ni permiten tampoco una discriminación legal negativa (Artículo 13 Superior).
Por esta razón, tal y como sucede respecto
de la edad para el caso de la definición del concepto de joven, esta Vista
Fiscal también solicita a la Corte Constitucional regresar el proyecto al
Honorable Congreso de la República para que éste incluya el concepto de sexo en
el Proyecto de Ley Estatutaria, específicamente como un motivo de
discriminación negativa constitucionalmente prohibida, y para que al mismo
tiempo se abstenga de utilizar alternativas conceptuales al mismo sobre las que
no existe consenso científico o jurídico alguno y que, en caso de adoptarse,
suponen también un cambio esencial sobre la naturaleza de los derechos pues
implicarían que los sujetos de los mismos no son sino que, por el
contrario, se hacen, además de que restaría todo sentido a la manera
como insistentemente se habla en el Proyecto de ‘las y los jóvenes’.”
No comparte la Sala estos argumentos pues,
en cuanto definición general, el término género se constituye en un
elemento de guía al momento de establecer acciones por parte de los organismos
de la administración, e incluso del propio legislador, cuando desarrolla o
concreta los mandatos de esa ley respecto del cual no se observa contradicción
con las normas parámetro de constitucionalidad del ordenamiento colombiano.
El concepto género es una
creación social que frecuentemente se contrasta con el término “sexo”, que se
refiere más bien, a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres[110],
en este sentido, resulta erróneo identificar o asimilar la palabra género con
sexo. El género es una noción explicativa de las relaciones entre los seres
humanos más amplia, mientras que la segunda categoría, da cuenta exclusivamente
a las diferencias biológicas y fisiológicas entre mujeres y hombres. Asimismo,
género no es igual a “mujer” o a “hombre”, pues engloba también los roles
socio-culturales que se asignan a cada uno de los sexos en la sociedad por el
hecho de nacer con atributos femeninos o masculinos[111].
Un buen ejemplo de la inclusión de
ésta categoría en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos se
encuentra en el artículo 1 de la Convención Belém do Pará relativa a definición
de la violencia contra la mujer[112];
y, en el plano universal, el artículo 7 inciso 3 del Estatuto de Roma indica
que: “se entenderá que el término ‘género’ se refiere a los dos sexos,
masculino y femenino, en el contexto de la sociedad”.
En uno de los análisis más
elaborados en materia de discriminación por parte de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, se remplazó en 2003 la categoría sospechosa de sexo por
género al momento de interpretar los alcances del artículo 1.1 de la
Convención. Al referirse a las cláusulas de la igualdad y no discriminación
como categorías propias del ius cogens, textualmente expresó que “no
son admisibles los tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona por
motivos de género, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política
o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad,
situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra
condición[113].
‘Puesto que sobre [tales derechos] descansa todo el andamiaje jurídico del
orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea
todo ordenamiento jurídico’[114].”
En este sentido la diferencia que existe
entre el criterio que utiliza el artículo 13 de la Constitución, es decir el sexo,
y el término utilizado por la ley –género- no resulta contraria a algún
valor, principio o bien constitucionalmente protegido. En efecto, la diferencia
no restringe la protección que para el principio de igualdad y la prohibición
de discriminación se deriva de los preceptos constitucionales –o de otras
normas del bloque-. Así, si bien el término no es idéntico al empleado por el
precepto constitucional, esto no implica que sea contrario al mismo, pues el
concepto de género al ser más amplio, y desarrollar el mismo carácter de
igualdad material que busca el artículo 13 de la Constitución, se constituye
como un desarrollo de los preceptos constitucionales y, por consiguiente,
profundiza la protección querida por la norma superior.
La interpretación del término género ahora
presentada es avalada por una extensa línea jurisprudencial que lo ha utilizado
como base de protección e igualdad entre hombre y mujeres, no exclusivamente en
un contexto donde el argumento biológico sea el protagonista, sino en
escenarios determinados por: i) conceptos tradicionales de la sociedad[115];
ii) la necesidad de implementar acciones afirmativas en busca de igualdad
material[116];
iii) la diferenciación de capacidad jurídica basada en conceptos culturales[117];
iv) la necesidad de una perspectiva específica en el reconocimiento de derechos
fundamentales[118];
v) y la necesidad de establecer que algunos criterios de diferenciación
resultan sospechosos en la realidad actual de la sociedad colombiana[119],
entre otras. Desarrollo jurisprudencial que es acorde con la utilización del
concepto de género por parte de organismos de seguimiento a tratados
ratificados por nuestro Estado, siendo posible citar como ejemplo el concepto
de género utilizado por el Comité de Derechos Econó­micos, Sociales y Culturales en la Observación
General sobre el derecho al disfrute del más alto nivel de salud (2000).
Con fundamento en lo anterior, la
Corte encuentra que esta diferencia entre la Constitución y el proyecto de ley
no es argumento suficiente para declarar la inexequibilidad de la definición en
estudio. Contrario sensu, la misma es acorde con los objetivos
planteados en la Constitución respecto del principio y derecho de igualdad,
siendo el término género un camino válido desde el punto de vista
jurídico para formular garantías de igualdad material en nuestro ordenamiento.
Por lo expuesto, concluye la Corte
que la definición de género es exequible.
El siguiente concepto es el de espacios
de participación de las juventudes. Para la Corte la definición propuesta
plantea criterios que resultan acordes con los preceptos constitucionales en
cuanto generan posibilidades de participación de la juventud –artículos 3, 45 y
103 de la Constitución-; prevé características para los mismos que desarrollan
principios constitucionales –artículo 1, 3 y 7 de la Constitución-; y no
plantea una lista taxativa, sino que enuncia algunas posibilidades de
concreción de estos espacios de participación, sin excluir la existencia
de otros mecanismos de participación de las y los jóvenes.
Por esta razón la Corte declarará
exequible la definición en estudio.
La última definición del artículo
5º es la de ciudadanía juvenil. Para la Defensoría del Pueblo esta
definición, junto a la de joven, debe ser declarada condicionalmente
exequible. Al respecto manifiesta
“[L]a definición de “joven” contenida en el numeral 1 del artículo
5° del Proyecto, resulta antitécnica e inconveniente por la siguientes razones:
“i) riñe con la definición general de ciudadanía cuyo ejercicio pleno se
reconoce partir de la edad de 18 años; ii) considera a los jóvenes entre 18 y
28 años como ciudadanos “en proceso de consolidación de su autonomía”, lo cual
contradice la característica fundamental de la condición jurídica de ciudadano,
esta es, su autonomía plena”[120].
En su parecer, podría entenderse que la definición de “joven” contenida
en contenida en el numeral 1 del artículo 5° del Proyecto, modifica la edad en
la que se adquiere la ciudadanía, reformándose con este artículo las
disposiciones que aluden al ejerció de derechos civiles y políticos,
entendiéndose que las y los jóvenes mayores de 14 y menores de 18 años podrían
ejercer la “ciudadanía” de que trata el artículo 98 de la Constitución
Política.”
En este sentido, a juicio de la
defensoría, la exequibilidad de las dos definiciones, que se encuentran
íntimamente relacionadas, debe condicionarse a que se entiendan válidas sólo a
efectos de esta ley.
Para la Corte, por el contrario,
la definición de ciudadanía juvenil no contraviene ninguna de las disposiciones
a que está sometida su validez.
El sustento de esta conclusión
debe partir de la determinación del sentido de los incisos ahora estudiados,
pues es posible distinguir,
por lo menos, dos acepciones que el término ciudadanía puede tener en el
ordenamiento colombiano.
El primero de
ellos es el que se encuentra en el parágrafo del artículo 98 de la Carta
Política, en el que se establece la edad en la cual se adquiere la condición de
ciudadano en los siguientes términos: “Mientras la ley no decida otra edad,
la ciudadanía se ejercerá a partir de los 18 años”, disposición que debe
leerse en conjunto con la ley 27 de 1977.
Para los
efectos previstos en el artículo 98 de la Constitución y en la ley 27 de 1977,
el concepto de ciudadano hace referencia a la habilitación de la persona para
ejercer derechos civiles y políticos. Así, el artículo 40 ibídem establece:
“Artículo 40: Todo
ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control
del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
1. Elegir y
ser elegido.
2. Tomar
parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras
formas de participación democrática.
3.
Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación
alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
4. Revocar
el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la
Constitución y la ley.
5. Tener
iniciativa en las Corporaciones públicas.
6.
Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
7. Acceder
al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por
nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará
esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.
Las
autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en
los niveles decisorios de la administración pública”.
Por el contrario,
con el concepto de ciudadanía juvenil contenido en el proyecto de ley bajo
estudio se hace referencia a la participación democrática de que son titulares
los jóvenes, esto es, la aptitud para participar activamente en los procesos de
concertación, control y vigilancia de la gestión pública que afectan los
intereses de la población juvenil, según lo dispuesto en el artículo 103 de la
Constitución Política. Esta
participación tiene lugar en los distintos ámbitos a que hace referencia el
proyecto, que para estos efectos se definen como:
i)      Ámbito Civil –artículo 5, numeral 7.1.-;
ii)    Ámbito Social –artículo 5, numeral 7.2.-; y
iii)  Ámbito Público –artículo 5, numeral 7.3.-.
Se aprecia que, lejos de
enunciar algún derecho, prerrogativa o garantía; de prever condiciones o
mecanismos de exigibilidad de prebendas o ventajas reconocidas; o de crear
diferencias entre sujetos en situaciones concretas, la definición de ciudadanía
juvenil simplemente enuncia que habrá espacios para el ejercicio de los
derechos de los jóvenes, siendo preceptivo que regulaciones posteriores
concreten esta manifestación general. En este sentido, no es posible encontrar
contradicción con mandato o restricción alguna de las disposiciones
constitucionales.
Adicionalmente,
el concepto de ciudadanía juvenil va en consonancia con los principios
constitucionales, pues en virtud de ello “se les estará otorgando (a los
jóvenes) mayor capacidad de acción para la articulación y coordinación entre
ellos, así como también con los gobiernos locales y otros sectores sociales
como los concejos de juventud bajo un sistema nacional de participación juvenil
que busca encuentros y coordinación de agendas juveniles entre las distintas
formas organizativas de las y los jóvenes, y los mecanismos necesarios para la
real incidencia y desarrollo de dichas propuestas”[121].
Por lo tanto,
la expresión “ciudadanía juvenil” debe entenderse circunscrita al marco
de regulación previsto por el proyecto de ley, es decir, para efectos de
participar activamente en los ámbitos civil, social y público de la juventud.
En consecuencia, con la definición de ciudadanía juvenil no se cambia el
régimen jurídico vigente en torno a la adquisición de la calidad de ciudadano
para gozar plenamente de los derechos civiles y políticos, el cual sigue
estando previsto en la ley 27 de 1977.
Finalmente, y para salvar una
eventual interpretación contradictoria de las disposiciones del actual proyecto
con otras de tipo legal –que redundara en limitación, confusión o dificultad en
el ejercicio de derechos por parte de las y los jóvenes-, el proyecto en el
parágrafo primero consagra que la definición de los diferentes tipos de
ciudadanía no sustituye límites –máximos o mínimos- de edad para
garantizar posiciones jurídicas a adolecentes y jóvenes en el ordenamiento
jurídico colombiano.
En este sentido, la Corte reafirma
que la interpretación de la definición ahora estudiada debe entenderse como:
i)      Una condición que otorga la posibilidad de
ejercer los derechos que en el proyecto se consagran respecto de las y los
jóvenes.
ii)    Una definición que, en sí misma, no consagra
ningún derecho en específico.
iii)  Una situación jurídica que no se debe solapar con
otras situaciones que, reconocidas por el ordenamiento jurídico, diferencian a
las y los jóvenes del resto de personas en el Estado colombiano.
iv)  Una situación que, aunque siendo un mandato explícito
en el ordenamiento constitucional, reitera el enfoque diferencial que debe
hacerse, en cuanto al ejercicio de los derechos que reconoce y garantiza el
proyecto, respecto de las minorías étnicas –parágrafo 2º del numeral 7 del
artículo 5-.
Con base en estas consideraciones,
no se encuentra reparo alguno a la definición de ciudadanía juvenil
estudiada.
Artículo 6
TÍTULO II
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS
JUVENTUDES
CAPÍTULO I
Derechos de los y las jóvenes
Artículo 6°. Derechos de los y las
jóvenes. Los jóvenes
son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución Política, en los
Tratados Internacionales aprobados por Colombia, y en las normas que los
desarrollan o reglamentan. El presente Estatuto busca reafirmar la garantía en
el ejercicio pleno de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales y ambientales, tanto a nivel individual como colectivo de la
población joven, a través de medidas de promoción, protección, prevención y
garantía por parte del Estado para esta población. El Estado dará especial
atención a los y las jóvenes desde un enfoque diferencial según condiciones de
vulnerabilidad, discriminación, orientación e identidad sexual, diversidad
étnica, cultural, de género y territorial.
El Estado generará gradual y
progresivamente, los mecanismos para dar efectividad a los derechos reconocidos
en la presente ley.
Las manifestaciones hechas en el artículo
se derivan de la interpretación del ordenamiento constitucional colombiano, en
el sentido que consagra que la titularidad de los derechos reconocidos a las y
los jóvenes en la Constitución y tratados internacionales; así como que el
presente estatuto busca reafirmarlos; y, finalmente, que el Estado generará los
mecanismos para hacerlos efectivos.
En este sentido, observa la Corte que no
se establecen elementos concretos de reconocimiento, regulación de contenido,
implementación, limitación o efectividad de derechos, por lo que la
disposición, en los aspectos que a la Corte corresponde evaluar, no resulta
contraria a las normas parámetro de control.
Artículo 7
Artículo 7°. Criterios. En el marco de la presente ley, son
criterios para garantizar el goce real y efectivo de los derechos de los y las
jóvenes:
1. Prevención: Medidas que genera el Estado, para
evitar que actos y situaciones generen amenaza, vulneración o violación de un o
varios derechos a personas jóvenes.
2. Protección: Medidas que genera el Estado para
detener amenazas, vulneraciones o violaciones de Derechos Humanos que afectan a
jóvenes, para garantizar el pleno restablecimiento de los derechos en el caso
que la vulneración o violación se haya consumado e impedir que se vuelvan a
presentar.
3. Promoción: Medidas que genera el Estado para la
realización y ejercicio efectivo de los derechos de las personas jóvenes.
4. Sanción: Medidas que genera el Estado para imponer correctivos
a funcionarios del Estado o particulares que participen de actos o situaciones
de amenaza, vulneración y/o violación de derechos de las personas jóvenes,
asegurando con ello que no se repitan y el ejercicio pleno de los derechos
consagrados en la Constitución, los tratados internacionales y la ley nacional.
5. Acceso: Atributo de los Derechos Humanos, según el cual el
Estado debe generar las garantías, los medios y canales necesarios y no
impedirlos para que un ciudadano goce de manera plena cada uno de sus derechos.
6. Disponibilidad: Atributo de los Derechos Humanos, según
el cual el Estado debe facilitar la infraestructura física e institucional, que
garantice el goce efectivo de los derechos, en los momentos y calidad en que
cada ciudadano los ejerza.
7. Permanencia: Atributo de los Derechos Humanos, según
el cual el Estado genera los mecanismos y estrategias conducentes a garantizar
el goce y ejercicio del derecho durante el tiempo y las condiciones óptimas por
parte de los ciudadanos.
8. Calidad: Atributo de los Derechos Humanos, según el cual el
Estado garantiza que el goce y ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos
se logre a través de medios idóneos.
9. Sostenibilidad: Atributo de los Derechos Humanos, según
el cual el Estado garantiza que las medidas y estrategias emprendidas para el
goce efectivo de los derechos se mantenga en el tiempo cumpliendo con los
atributos de acceso, disponibilidad, permanencia y calidad de cada derecho.
10. Participación: Atributo de los Derechos Humanos, según
el cual el Estado garantiza la existencia y uso de mecanismos de consulta y
decisión de los ciudadanos en relación con el goce y ejercicio efectivo de los
derechos.
La disposición en estudio consagra
criterios que deben tenerse en cuenta en la implementación de los mandatos que
consagra el proyecto de ley. Algunos de ellos responden a exigencias que
instrumentos internacionales ratificados por Colombia han previsto respecto de
derechos sociales[122]
y otros a medidas de simple eficacia de los derechos reconocidos en un
ordenamiento jurídico.
En cuanto los mismos no establecen o
modifican una situación jurídica concreta, sino que trazan parámetros generales
que deben guiar actuaciones específicas de la administración en sus distintos
niveles y, por tanto, su injerencia es de carácter indirecto o mediato respecto
de los sujetos que disfrutan de la protección y garantías previstas por la ley,
la Corte no encuentra contradicción entre el contenido del artículo 7º y la
Constitución, por lo que se declarará su exequibilidad.
Artículo 8
Artículo 8°. Medidas de prevención,
protección, promoción y garantía de los derechos de los y las jóvenes. El Estado en coordinación con la
sociedad civil, implementará gradual y progresivamente las siguientes medidas
de prevención, protección, promoción y sanción, tendientes a garantizar el
ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil que permitan a las y los jóvenes
realizar su proyecto de vida y participar en igualdad de derechos y deberes en
la vida social, política, económica y cultural del país:
Medidas de prevención:
1. Capacitar a funcionarios en general y
especialmente a aquellos con funciones de atención al público en trato no
discriminatorio y reconocimiento de las y los jóvenes como personas sujetos de
derechos y deberes.
2. Diseñar e implementar estrategias de
reconocimiento de la diversidad de los jóvenes en manuales de convivencia y
reglamentos de instituciones educativas.
3. Generar campañas educativas de
planificación familiar dirigidas a hombres y mujeres jóvenes.
4. Los y las jóvenes tiene derecho al
pleno disfrute de su salud sexual y reproductiva, por lo que el Estado creará
políticas de prevención, formación e información con enfoque diferencial y de
responsabilidad.
5. Generar categorías de análisis
diferenciales en los observatorios de seguridad y del delito, que den cuenta de
las prácticas de violaciones de Derechos Humanos contra jóvenes, y proponer a
la Defensoría del Pueblo, dentro del Sistema de Alertas Tempranas, el
establecimiento de un indicador y de categorías de análisis que permitan
prevenir crímenes contra las y los jóvenes y asegurar las medidas de protección
en tiempo y lugar.
6. Diseñar, implementar y realizar el
seguimiento a programas de prevención y protección de trata de personas
jóvenes.
Medidas de protección:
1. Garantizar la permanencia en el
sistema educativo de jóvenes en estado de embarazo, jóvenes portadores de
VIH/Sida.
2. Garantizar las medidas de protección
integral para jóvenes con discapacidad.
3. Brindar en tiempo y calidad la
asistencia necesaria en caso de abandono.
4. Desarrollar estrategias que aseguren
la seguridad en las condiciones laborales y la remuneración justa.
5. Brindar los espacios de reclusión
diferenciales para jóvenes infractores de la ley penal.
6. Garantizar el acceso y calidad de
servicios de apoyo a la exigibilidad de derechos por parte de los jóvenes y el
uso efectivo de los mecanismos de defensa ciudadana.
7. El Estado en relación con la
ciudadanía digital garantizará el respeto del hábeas data
8. El Estado protege y promueve el
derecho de las y los jóvenes a conformar y pertenecer a un proceso o práctica
organizativa y a que ejerzan colectivamente el derecho a participar.
Medidas de Promoción:
1. Establecer mecanismos para favorecer
un empleo y unas condiciones de trabajo de calidad, y potenciar mecanismos de
orientación e inserción laborales.
2. Diseñar e implementar programas de
fomento al emprendimiento para la creación de empresas en diversos sectores por
parte de las y los jóvenes, facilitando el acceso a crédito, capital de riesgo
y capital semilla, y con acompañamiento especial de las diferentes entidades
estatales.
3. Desarrollar programas de capacitación
para que las personas jóvenes adquieran conocimientos y destrezas, en el campo
de la formulación y ejecución de proyectos productivos.
4. Facilitar a las personas jóvenes el
acceso, disponibilidad, participación en condiciones de igualdad a las
políticas de vivienda.
5. Organizar una bolsa de trabajo,
mediante la cual se identifiquen actividades laborales que puedan ser
desempeñadas por las personas jóvenes y garantizar su divulgación y
acompañamiento para la inserción laboral.
6. Promover y financiar actividades de
relación intergeneracional e intergénero, impulsadas y desarrolladas por
jóvenes.
7. El Estado debe garantizar a las y los
jóvenes el acceso, disponibilidad, permanencia y calidad en atención en salud
primaria con enfoque diferencial, además de garantizar su participación en los
espacios de decisión del sistema de salud del país.
8. Promover un sistema estandarizado de
tarifas diferenciales para uso de transporte público por parte de las y los
jóvenes escolarizados y en condiciones económicas menos favorables, que
garantice el goce de su derecho al disfrute del espacio público.
9. Diseñar e implementar una política
integral de inclusión, reconocimiento y promoción de la ciudadanía juvenil en
el ámbito rural, con enfoque diferencial.
10. Garantizar la participación de las y
los jóvenes en situación de discapacidad en actividades educativas,
recreativas, culturales, artísticas, intelectuales, de ocio y deportivas, en
igualdad de condiciones, así como hacer accesibles los lugares o escenarios en
los cuales se desarrollan estas actividades.
11. Promover la inclusión activa de
personas jóvenes en los procesos de creación, circulación, investigación y
apropiación cultural.
12. Promover el acceso, permanencia, uso
y disfrute de instalaciones públicas y espacio público.
13. Promover la destinación de franjas
especiales para programas juveniles cuyos contenidos sean desarrollados con
participación de jóvenes.
14. Promover que las instituciones que
trabajan y conviven con jóvenes, establezcan mecanismos de acceso y
participación de los jóvenes en la toma de decisiones de estas instituciones.
15. El Estado promoverá políticas, planes
y proyectos desde el enfoque de seguridad humana y diferencial que promuevan la
convivencia y la paz. En este sentido impulsará la creación de espacios para la
participación de las juventudes en la construcción de una cultura de paz.
16. El Estado promoverá encuentros
intergeneracionales y de formación impartida por jóvenes para padres de
familia, maestros, fuerza pública, operadores de justicia y funcionarios
públicos sobre dinámicas juveniles y ejercicio de derechos.
17. Promover y apoyar los espacios
creativos para la participación y la organización de las juventudes de la
sociedad civil, vinculados a procesos de transformación social y a la
construcción de culturas de paz.
18. Promover políticas de segunda
oportunidad para jóvenes infractores de la ley penal que promueva su
reincorporación a la sociedad en condiciones de igualdad y no discriminación.
19. El Estado debe promover en los jóvenes
el conocimiento y apropiación progresiva de las prácticas democráticas y en ese
sentido reconocer, valorar y usar los instrumentos jurídicos para la
exigibilidad de sus derechos.
20. Promover, en el marco de las Casas de
Justicia, una línea de apoyo a intercambios de experiencias y prácticas de
justicia entre procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes.
21. Implementar el programa de servicios
amigables de justicia para jóvenes con énfasis en promoción de los Derechos
Humanos y conocimiento de los derechos en el marco de infracciones a la ley
penal con énfasis en: a. Recibir orientación, asesoramiento jurídico y
asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado por
presunción de haber cometido o haber participado en la ocurrencia de un hecho
punible.
22. Recibir información clara, completa,
veraz y oportuna en relación con sus derechos y con los mecanismos y
procedimientos establecidos según la edad y tipo de acto punible en lenguaje
comprensible y respetuoso.
23. Recibir atención primaria en salud
(diagnóstico, prevención, curación y rehabilitación, psicológica, psiquiátrica
especializada e integral) en cualquiera de las etapas del proceso.
24. Garantizar una educación de calidad,
creando las condiciones necesarias para que sea accesible a las personas
jóvenes, en el marco de las leyes.
25. Generar estímulos que garanticen la
permanencia de las personas jóvenes en los programas de educación general
básica, secundaria, técnica, universitaria.
26. Garantizar la educación en iguales
condiciones de calidad y del más alto nivel para todas las personas jóvenes.
27. Garantizar el diseño e implementación
de programas de promoción y acceso a tecnologías de la información y las
comunicaciones en todo el país, con enfoque diferencial.
28. Reconocer y promover nuevas formas y
dinámicas de producción, gestión y divulgación de información y conocimiento,
surgidas de las construcciones colectivas con la participación de las y los
jóvenes.
29. Brindar una atención oportuna y
eficaz a jóvenes por parte de funcionarios y servidores públicos.
30. El Estado garantizará la
implementación de estrategias de educación rural, ajustadas al contexto
territorial y social, bajo el enfoque diferencial, que garanticen el acceso y
permanencia de jóvenes rurales, en igualdad de oportunidades.
31. Creará el portal de juventud del país
a cargo de la entidad rectora del Sistema Nacional de Juventudes con
información de todos los sectores y enlaces a cada una de las instituciones del
Estado. El portal incluirá información de oferta y demanda de servicios para
garantía de los derechos expresados en esta ley con la posibilidad para los
procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes de incluir información
propia para consulta pública. Todas las organizaciones sociales e instituciones
públicas de carácter municipal, departamental y nacional, que desarrollen
programas y proyectos con jóvenes, deberán registrar información actualizada en
el portal sobre oferta y demanda, líneas de trabajo e indicadores de
implementación de políticas, para garantizar la participación y el control
social de los jóvenes.
32. Las entidades del Estado del orden
municipal, distrital, departamental, y nacional se comprometerán a generar
medidas complementarias que aporten en la generación de conocimiento desde los
y las jóvenes y sus procesos y prácticas organizativas.
33. El Gobierno nacional definirá los
mecanismos y procedimientos para la identificación y acompañamiento de las y
los jóvenes en condición de discapacidad, de comunidades étnicas, de
procedencia rural, identificados en el nivel 1 y 2 del Sisbén, que hayan
terminado satisfactoriamente sus estudios secundarios y pretendan desarrollar
estudios de educación superior para garantizar el acceso, disponibilidad,
permanencia y calidad en las instituciones de educación superior, sin
detrimento de las becas que puedan otorgarse a los mejores puntajes de la
prueba de Estado en estas instituciones.
34. Promover las condiciones para la
participación libre y eficaz de las personas jóvenes en el desarrollo político,
social, económico y cultural.
35. Fomentar, promover y articular
instrumentos de apoyo a la asociación entre las personas jóvenes y garantizar
la capacidad de interlocución de los jóvenes.
36. Promover modos y prácticas
asociativas de los jóvenes, el trabajo en red, de articulación, coordinación y
complementariedad entre procesos y prácticas organizativas, y entre jóvenes e
institucionalidad pública y privada.
37. Reconocer y promover los espacios
virtuales y simbólicos de organización y participación de las juventudes.
38. Los partidos y movimientos políticos
deberán promover organizaciones juveniles dentro de la colectividad, respetando
su autonomía, voz y voto en las decisiones del partido.
39. El Gobierno nacional y los entes
territoriales, de acuerdo con el principio de autonomía, deben garantizar
recursos y mecanismos para promover y fortalecer la asociación y participación
de las y los jóvenes.
40. Promover y reconocer el trabajo
comunitario de los y las jóvenes y sus organizaciones como aporte fundamental
al desarrollo de la sociedad y promueve la generación de una serie de estímulos
al voluntariado vinculado a procesos comunitarios.
41. Garantizar la participación de los y
las jóvenes y sus procesos y prácticas organizativas en ámbitos como el
laboral, educativo, comunal, familiar, deportivo, religioso, ambiental y
empresarial.
42. El Estado diseñará los mecanismos que
aseguren a las personas jóvenes:
a) El acceso a información pertinente,
actualizada y diferencial.
b) La generación de espacios de diálogo y
reflexión, entre sociedad civil y Estado.
c) La libertad de expresar opiniones en
igualdad de condiciones y sin discriminación por edad en los escenarios
dispuestos para la deliberación pública.
d) El reconocimiento a los y las jóvenes;
y sus procesos y prácticas organizativas en los procesos, desde durante las
etapas de diagnóstico, formulación e implementación, seguimiento y evaluación
de los proyectos, programas y políticas.
El artículo 8º consagra distintas medidas
dirigidas a permitir que los jóvenes ejerzan plenamente la llamada ciudadanía
juvenil y que tengan un espacio propicio a la realización de su proyecto de
vida. En este sentido consagra medidas de prevención, medidas de promoción y
medidas de protección.
Las medidas de prevención trazan metas
generales que resultan acordes con el fin enunciado en el primer inciso de la
disposición. Las mismas, en tanto concreción de mandatos constitucionales como
la pluralidad, prohibición de la discriminación y ejercicio de la libertad
sexual y reproductiva, resultan acordes a los criterios de la Constitución.
Las medidas de protección determinan como
metas del Estado la garantía de derechos reconocidos por disposiciones constitucionales,
verbigracia no discriminación –artículo 13-, protección a los discapacitados
–artículo 47-, participación democrática –artículos 3, 45 y 103- y a tener
mecanismos para hacer efectivos los derechos consagrados.
Las medidas de promoción asignan tareas al
Estado en relación con la efectividad de los derechos –especialmente la n. 33-,
accesibilidad a servicios de salud y educación, aprovechamiento del espacio
público, mecanismos que les permitan acceder a mejores condiciones laborales,
entre otros. Así mismo, encarga la creación del portal de la juventud para que
se registre la información de la oferta de servicios para jóvenes y que
garantice la formación y prevé una serie de medidas que garantizan la
participación democrática.
En este sentido la Corte no encuentra
reparo alguno con la enumeración de propósitos, objetivos y garantías
consagradas en el artículo en estudio, pues las mismas son reiteración o claro
desarrollo de derechos o bienes constitucionales en el ordenamiento colombiano.
No obstante, en el contexto de un
desarrollo plural y libre de los planes, programas y proyectos destinados a
concretar las políticas dirigidas a los jóvenes, deberá entenderse que el
registro de información en el portal de juventud, ordenado por el numeral 31
del artículo en estudio, resulta obligatorio exclusivamente en el caso de
instituciones públicas, tal y como lo prevé el mencionado numeral. Sin embargo,
respecto de las organizaciones sociales no gubernamentales el registro de
información será facultativo, en cuanto dicha obligación crearía una carga
contraria a la libertad institucional y de gestión de este tipo de entes.
De esta forma, el portal de juventud será
una de las posibilidades para difundir información de relevancia para las y los
jóvenes dentro del territorio colombiano, siendo acorde a la Constitución la
creación de otros canales de difusión de dicha información.
En acuerdo con lo anteriormente
manifestado se declarará la exequibilidad del artículo 8º del proyecto en
estudio.
Artículo 9
Artículo 9°. Garantías. Para garantizar el cumplimiento de los
derechos descritos y las obligaciones por parte del Estado en relación con los
mismos, el Ministerio Público en el marco de sus competencias constitucionales
y legales generará un mecanismo de seguimiento a entes territoriales e
instituciones del orden nacional para el cumplimiento de lo establecido en esta
ley y todas aquellas que afecten a los y las jóvenes, conceptuando sobre su
aplicabilidad y haciendo seguimiento a su implementación en los casos
establecidos.
Parágrafo. La dependencia encargada de la coordinación de
juventud en la Nación y en cada ente territorial, convocará una audiencia
pública de rendición de cuentas de carácter obligatorio cada año sobre la
inclusión de los y las jóvenes en [sic], así como sobre los avances de
la política pública de juventud. La audiencia deberá contar con participación
de las autoridades públicas territoriales de todas las Ramas del Poder Público,
así como de los órganos de control, y serán encabezadas por el Alcalde,
Gobernador o el Presidente de la República, respectivamente.
El artículo 9 asigna al Ministerio Público
la tarea de crear un mecanismo de seguimiento a entes territoriales e
instituciones del orden nacional para el cumplimiento de lo establecido en esta
ley; y, en su parágrafo, determina que se realizarán audiencias de control en
donde participarán “autoridades públicas territoriales de todas las ramas de
poder público, así como de los órganos de control”. En concepto de la
Procuradora General (E), el artículo presenta contradicciones con la
Constitución que explica de la siguiente forma:
“Además, esta Vista Fiscal considera que
no resulta conforme al texto constitucional y, sobre todo, a la separación de
poderes (artículo 113 Superior) y a la autonomía de las entidades territoriales
(Artículo 1° Superior), otorgar a dependencias de carácter administrativo como
lo serán las entidades encargadas de la coordinación de juventud de la Nación y
de cada ente territorial, la facultad para convocar a una “audiencia pública
de cuentas sobre los avances de la política de juventud”, a la que
obligatoriamente deban asistir “todas las ramas de poder público, así como
de los organismos de control” y que sean “encabezadas por el Alcalde,
Gobernador el Presidente de la República”.
Por el contrario, para el Ministerio
Público es claro que la política de juventud es función exclusiva de la Rama
Ejecutiva del Poder Público ─como incluso se reconoce en el artículo 17
del Proyecto de Ley Estatutaria cuando se definen las competencias para el “diseño
y ejecución de las políticas de juventud” (Artículo 15) y se señalan las
competencias generales específicas de la Nación, los Departamentos y de los
Municipios (artículos 17, 18 y 19)─, así como también es claro que entidades
de esta naturaleza no tienen competencia constitucional alguna para llamar a
rendir cuentas a la Ramas Legislativa y Judicial y, mucho menos, a los
organismos de control que, por disposición constitucional y legal, son
organismos autónomos.”
Para la Corte, el primer paso que debe
darse es analizar el significado que, dentro del ordenamiento colombiano, puede
deducirse de la disposición en estudio.
En este sentido, los contenidos que se
desprenden del artículo 9º del proyecto son:
i)      El Ministerio Público debe crear un mecanismo de
seguimiento que informe sobre el cumplimiento de la política pública de
juventud por parte de instituciones del orden territorial y nacional; y
ii)     La entidad que se encargue de la coordinación de la
política de juventud, tanto en la Nación como en los entes territoriales,
convocará una audiencia pública en donde estas entidades publiciten sus logros
que en esta materia se hallan alcanzado.
Para la Corte, estos contenidos no
contrarían la Constitución; por el contrario, implementan dos mecanismos de
control para asegurar de mejor forma la efectividad de las políticas para la
juventud.
El primero, de tipo inter orgánico, es
coherente con las funciones atribuidas por la Constitución a la Procuraduría
General de la Nación, en cuanto apunta a que esta institución verifique el
cumplimiento de la normatividad –una vez en ésta se hayan establecido
obligaciones concretas, ciertas y precisas- por parte de los entes nacionales y
territoriales encargados de su implementación. De esta manera, se encuentra que
la función por el legislador atribuida no resulta contraria a las competencias
que la Constitución prevé para el Ministerio Público, dentro de las cuales se
cuentan proteger los derechos humanos –artículo 277, numeral 2-, defender los
intereses de la sociedad ­–artículo 277, numeral 3- y velar por el ejercicio
diligente de la función administrativa –artículo 277, numeral 5-.
Por otra parte, el artículo 9 consagra un
mecanismo de control de carácter social -no de tipo interorgánico, pues no
prevé la posibilidad de imponer sanciones a partir de la realización de las
audiencias-, que permite que en estas audiencias, en cuanto públicas, la
ciudadanía, colectivos de jóvenes y organizaciones interesadas se informen
sobre el estado, desarrollos y objetivos de las políticas implementadas, en los
distintos niveles de acción, por parte de los organismos del Estado. En esta
medida, lejos de ir en contra de algún artículo de la Constitución, crea un
mecanismo de implementación del principio de participación en democracia, lo
que redunda en beneficio de los objetivos trazados respecto de las y los
jóvenes. En otras palabras, la disposición en estudio no está estableciendo la
posibilidad de control alguno sobre las principales autoridades del nivel
territorial, del cual puedan derivarse responsabilidades políticas o
disciplinarias; el artículo en mención crea un mecanismo de conocimiento para
la sociedad, a partir del cual se informa y se dan a conocer las decisiones
respecto de las políticas de juventud  y la forma en que las mismas han sido o
están siendo ejecutadas en el nivel territorial.
Lo anteriormente explicado evidencia que
el precepto estudiado resulta aplicación del principio de transparencia en la
labor administrativa, elemento que está en pleno acuerdo con las disposiciones
constitucionales.
Debe recordarse, además, que sobre las
funciones ahora atribuidas al Presidente, a los gobernadores y a los alcaldes
por el parágrafo en estudio se aplica la regla general prevista por el artículo
211 de la Constitución, en el sentido que, si así lo ha decidido el legislador,
las mismas pueden ser delegadas por parte de estos funcionarios, casos en los
cuales se seguirán las condiciones previstas para esta figura administrativa.
No obstante, debe aclarar la Corte que la
expresión contenida en el parágrafo respecto de “las autoridades públicas
territoriales de todas las ramas de poder público”, debe entenderse como autoridades
públicas territoriales, pues, como es claro en el ordenamiento constitucional
colombiano, en un Estado unitario las autoridades territoriales hacen parte
únicamente del poder ejecutivo, no existiendo autoridades legislativas o
judiciales que pertenezcan al nivel territorial. No puede entenderse que, en
contra de los postulados constitucionales, la ley está previendo la creación de
autoridades legislativas o judiciales en el nivel territorial.
Con esta aclaración, la Corte declarará la
exequibilidad del artículo 9º.
Artículo 10
CAPÍTULO II
Deberes de los y las jóvenes
Artículo 10. Deberes de los y las
jóvenes. Los y las
jóvenes en Colombia tienen el deber de acatar la Constitución Política y las
leyes; respetar los derechos ajenos, actuar con criterio de solidaridad y
corresponsabilidad; respetar a las autoridades legítimamente constituidas;
participar en la vida social, cívica, política, económica y comunitaria del
país; vigilar y controlar la gestión y destinación de los recursos públicos;
colaborar con el funcionamiento de la justicia, proteger los recursos naturales
y culturales y contribuir en la construcción de capital social e institucional.
Es deber del Estado facilitar al joven condiciones que le permitan el
cumplimiento de sus deberes de manera calificada y cualificada.
La norma en estudio establece una serie de
deberes para las y los jóvenes, los cuales, en criterio de la Corte, son
reiteración o desarrollo de disposiciones constitucionales como el artículo 95,
numerales 2, 3, 5, 7 y 8; el artículo 79 y el segundo inciso del artículo 103.
En cuanto no presenta mandatos distintos a
los ya consagrados por la norma constitucional, la Corte declarará la
exequibilidad del artículo 10.
Artículo 11
TÍTULO III
POLÍTICAS DE JUVENTUD
Artículo 11. Política de juventud.
Por política de Juventud
debe entenderse el proceso permanente de articulación y desarrollo de
principios, acciones y estrategias que orientan la actividad del Estado y de la
sociedad para la promoción, protección y realización de los derechos de las y
los jóvenes; así como para generar las condiciones necesarias para que de
manera digna, autónoma, responsable y trascendente, ejerzan su ciudadanía
mediante la realización de proyectos de vida individuales y colectivos.
En cumplimiento de la presente ley, se
formularán e incorporarán políticas de juventud en todos los niveles
territoriales, garantizando la asignación presupuestal propia, destinación
específica y diferenciada en los planes de desarrollo.
La formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas de juventud deberán ser participativas, articulados
a otras políticas públicas, y responder a las necesidades, problemáticas,
expectativas, capacidades, potencialidades e intereses de la población joven
colombiana.
Este artículo consagra la definición de
política de juventud, la cual debe ser entendida como “[u]n proceso
permanente de articulación y desarrollo de principios, acciones y estrategias
que orientan tanto la actividad del estado como de la sociedad en general para
la promoción de los derechos de los y las jóvenes, así como para generar las
condiciones necesarias para que de manera digna, autónoma, responsable y
trascendente, ejerzan su ciudadanía mediante la realización de proyectos de
vida individuales y colectivos”.
Como se puede apreciar, dicha definición
encierra una serie de conductas permanentes en el tiempo, realizadas de manera
progresiva, las cuales deben ser desplegadas tanto por el Estado, en cada uno
de sus niveles territoriales, como por la sociedad en general.
El proceso permanente de articulación y
desarrollo de estrategias a favor de la juventud, no puede ser llevado a cabo
de manera aislada, sino relacionado con otras políticas públicas que resulten
necesarias a fin de conseguir el objetivo propuesto. En las diferentes etapas
de la política de Juventud, como en las relacionadas con ella, se debe contar
con una activa participación de las y los jóvenes, a fin de que éstas respondan
s sus necesidades, problemáticas, expectativas, capacidades y potencialidades.
Por otro lado, es preciso señalar que no basta
con una adecuada elaboración de la política de juventud que atienda los
criterios señalados, sino que a fin de alcanzar los objetivos propuestos con
ella, resulta indispensable la asignación presupuestal dentro de los planes de
desarrollo, para que las mismas puedan ser materializadas en la promoción y
protección de los derechos de la juventud, así como en la generación de
condiciones necesarias para que los jóvenes realicen sus proyectos de vida.
Tal definición de política de juventud no
encierra una contradicción con el ordenamiento constitucional vigente y resulta
acorde a lo dispuesto en la normatividad internacional a fin de garantizar los
derechos y expectativas de la población joven en Colombia. Por ello, se
declarará la exequibilidad de esta disposición.
Artículo 12
Artículo 12. Transversalidad de las
políticas de juventud.
Las políticas de juventud serán transversales a la estructura administrativa y
programática de cada entidad territorial y de la Nación. Su implementación se
centrará en incorporar los asuntos relativos a la juventud en cada una de las
acciones y políticas públicas sectoriales. Las políticas de juventud no
reemplazan a otras políticas sectoriales ni poblacionales del orden territorial
o nacional, sino que las sustentan y articulan para el logro de objetivos en lo
referente a las juventudes.
En aras de garantizar la promoción, protección
y realización de los derechos de los y las jóvenes; así como la generación de
condiciones para que los jóvenes ejerzan de manera responsable su ciudadanía
mediante la realización de proyectos de vida, se ha dispuesto que las políticas
de juventud sean transversales a la estructura administrativa y programática de
cada entidad territorial y de la nación.
Es decir, todas las entidades territoriales
deben trazar políticas de juventud, las cuales deben atender a las
particularidades de los jóvenes que se desarrollan en cada una de estás sin
dejar de ser articuladas entre sí.
La posición que denota el legislador en este
artículo parte de la base que un correcto proceso de articulación, así como una
adecuada observancia de las necesidades y expectativas de la población juvenil,
permitirá a las entidades territoriales alcanzar la materialización de los
objetivos propuestos con las políticas de juventud.
En la implementación de las políticas se
incorporaran los asuntos relativos a la juventud en cada una de las acciones y
políticas públicas sectoriales.
La disposición es clara al señalar que las
políticas de juventud no remplazan a otras políticas sectoriales ni
poblacionales del orden territorial o nacional, sino que las sustentan y
articulan para el logro de objetivos en lo referente a las juventudes.
Encuentra la Sala que la citada disposición no
resulta contraria a la Constitución por lo que será declarada exequible.
Artículo 13
Artículo 13. Lineamientos de las
políticas públicas de juventud. En desarrollo del Título II establecido en la presente
ley, las políticas públicas de juventud se formularán teniendo en cuenta
principalmente la protección y garantía para el ejercicio y disfrute de los
derechos de la juventud, afirmación de la condición juvenil, y los jóvenes como
actores estratégicos para el desarrollo, y de conformidad con los lineamientos
que se acuerden en el marco del Sistema Nacional de Juventudes.
Este artículo señala los lineamientos que se
han de tener en cuenta para la elaboración de políticas públicas de juventud,
las cuales como se ha indicado en los 2 artículos precedentes deben ir
encaminadas a la protección y garantía para el ejercicio y disfrute de los
derechos de la juventud, a la afirmación de la condición juvenil y al
reconocimiento de los jóvenes como actores estratégicos para el desarrollo.
Estás políticas se desarrollaran conformidad con los lineamientos que se
acuerden en el marco del Sistema Nacional de Juventudes.
Dicho artículo no encierra un problema de
relevancia constitucional, pues en éste el legislador se limita a señalar
pautas para conseguir los fines mencionados en los artículos precedentes.
Dichos lineamientos deberán ser desarrollados en el marco del Sistema Nacional
de Juventudes, por lo que esta Corporación considera que el mismo se ajusta a
la Carta.
Artículo 14
Artículo 14. Principios de las
políticas públicas de juventud. La formulación, implementación, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas de juventud deberá orientarse por los
siguientes principios básicos:
1. Inclusión. Reconocer la diversidad de las
juventudes en aspectos como su situación socioeconómica, cultural, de
vulnerabilidades, y su condición de género, orientación sexual, étnica, de
origen, religión y opinión.
2. Participación. Garantizar los procesos, escenarios,
instrumentos y estímulos necesarios para la participación y decisión de los y
las jóvenes sobre las soluciones a sus necesidades y la satisfacción de sus
expectativas como ciudadanos, sujetos de derechos y agentes de su propio
desarrollo.
3. Corresponsabilidad. Responsabiliza en forma compartida tanto
a los y las jóvenes, como a la sociedad y al Estado en cada una de las etapas
de formulación, ejecución y seguimiento de la política.
4. Integralidad. Abordar todas las dimensiones del ser
joven así como los contextos sociales, políticos, económicos, culturales,
deportivos y ambientales donde se desarrollan.
5. Proyección. Fijar objetivos y metas a mediano y
largo plazo, mediante el desarrollo posterior de planes, programas, proyectos y
acciones específicas. Cada ente territorial deberá generar estas acciones de
implementación a un periodo no menor de cuatro (4) años.
6. Territorialidad. Establecer criterios para su aplicación
en forma diferenciada y de acuerdo con los distintos territorios físicos,
políticos, simbólicos y ambientales de donde procedan o pertenezcan los y las
jóvenes.
7. Complementariedad. Articular otras políticas poblacionales y
sectoriales a fin de lograr la integración interinstitucional necesaria para el
desarrollo de acciones y metas dirigidas a los y las jóvenes teniendo en cuenta
el ciclo de vida, evitando la duplicidad de acciones y el detrimento de los
recursos públicos.
8. Descentralización. Regular acciones para cada nivel de
ejecución en la organización del Estado, con el fin de garantizar el uso
eficiente de los recursos y la desconcentración de funciones.
9. Evaluación. Definir herramientas e indicadores de
seguimiento y evaluación permanentes, reconociendo al mismo tiempo las
externalidades propias del proceso de implementación y la transformación de las
necesidades de las y los jóvenes.
10. Difusión. Regular los mecanismos necesarios para
lograr el conocimiento y apropiación de la política pública por parte de los y
las jóvenes, el Estado y la sociedad.
Este artículo señala los
principios básicos por los cuales deberán orientarse las políticas públicas de
juventud. Dichos principios deben ser atendidos en las todas las etapas de
implementación de la política y son los siguientes:
(i) Inclusión, a fin de reconocer
la diversidad de la juventud; (ii) participación, con el objetivo de garantizar
los escenarios para la deliberación; (iii) corresponsabilidad entre los jóvenes
y la sociedad en general frente a las decisiones adoptadas; (iv) integralidad,
para conseguir abordar todas las dimensiones del ser joven; (v)
territorialidad, a fin de atender las diferencias que se puedan presentar en
las políticas atendiendo al lugar de su implementación; (vi) complementariedad;
(vii) descentralización; (viii) evaluación y (ix) difusión.
Encuentra la Sala que los
principios señalados resultan acordes con los objetivos señalados para las
políticas de juventud y, por esta razón, se declarará exequible el artículo 14
del proyecto de ley.
Artículo 15
Artículo 15. Competencias. La competencia para el diseño y
ejecución de las políticas de juventud, y su asignación presupuestal son
responsabilidad en el ámbito de sus competencias de las entidades territoriales
y de la Nación, de acuerdo con los criterios de autonomía, descentralización y
los principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad. Los y las
jóvenes participarán activamente en el proceso de construcción de las políticas
públicas a nivel local, departamental y nacional, así mismo ejercer el control
de su implementación y ejecución a través de los mecanismos fijados por la ley.
Parágrafo 1°. El Presidente de la República, los
Gobernadores y Alcaldes, en el marco de sus competencias, serán responsables
por la inclusión de las Políticas de la Juventud dentro de los Planes de
Desarrollo correspondientes.
Parágrafo 2°. El Presidente de la República, los
Gobernadores y los Alcaldes, deberán incluir en sus planes de desarrollo los
recursos suficientes y los mecanismos conducentes a garantizar la formulación,
implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de juventud,
los planes de desarrollo juvenil y/o planes operativos que viabilicen técnica y
financieramente la ejecución de las políticas formuladas para la garantía de
derechos de acuerdo con el estado en que se encuentren estas políticas en el
ente territorial. Todo ello sin detrimento de la complementariedad y la
colaboración que entre la Nación y los entes territoriales debe existir.
Parágrafo 3°. Cada entidad territorial deberá generar
los planes de implementación de las políticas para un periodo no menor de
cuatro (4) años.
Previo a cualquier referencia al contenido
del artículo 15, es necesario mencionar una objeción general que el Ministerio
Público realiza, respecto a la naturaleza de la fuente con que se reguló el
tema competencial entre la Nación y las entidades territoriales. Al respecto la
Procuradora General (E) sostuvo:
“Por esta razón, en atención a las normas
citadas, esta Vista Fiscal solicita a la Corte Constitucional pronunciarse
sobre la exequibilidad de los artículos 15, 16, 17, 18 y 19 del Proyecto de Ley
Estatutaria sub iudice, toda vez que allí, en lugar de regularse los
derechos fundamentales de los jóvenes y los procedimientos y recursos para
protegerlos, o los mecanismos instituciones para garantizar su participación
ciudadana (Artículo 152, literales a y d), lo que el Legislador hizo fue
fijarles competencias normativas a la Nación y a las entidades territoriales,
así como incluso asignarle específicamente el deber al Presidente de la
República, los Gobernadores y los Alcaldes de incluir dentro de sus planes de
desarrollo “las Políticas de Juventud”, “los recursos suficientes y
los mecanismos conducentes a garantizar la formulación, implementación,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas de juventud”, y todavía
más específicamente el deber de “generar los planes de implementación de las
políticas para un periodo no menor de (4) años” (Artículo 15, Parágrafos 1,
2 y 3), asuntos, todos estos, que por expresa disposición constitucional
(Artículos 151 y 288) deben establecerse por vía de Ley Orgánica y no de Ley
Estatutaria. Esta petición, se sustenta además en el principio de competencia,
explicado por esta misma Corporación en la Sentencia SU-938 de 2010 (M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto), ya citada, de conformidad con el cual por Ley Estatutaria únicamente se
pueden regular los asuntos establecidos en el Artículo 152 constitucional.”
De esta forma el Ministerio Público acusa
al artículo 15, así como también las disposiciones subsiguientes, de ser materia
reservada por la Constitución a la regulación por vía de ley orgánica.
Acusación en la que coincide el representante de la Federación Colombiana de
Municipios.
Para la Corte el contenido del artículo 15
no se encuentra dentro del ámbito reservado por la Constitución a las leyes
orgánicas. En efecto, en un primer momento la jurisprudencia constitucional
realizó una interpretación amplia de la reserva que consagra el artículo 288 de
la Constitución, entendiendo que toda atribución de competencias a una entidad
territorial debía ser objeto de ley orgánica[123].
Sin embargo, posteriormente se ha planteado una jurisprudencia pacífica[124]
en el sentido que el artículo 288 de la Constitución, al determinar el ámbito
de las leyes orgánicas en materia de distribución competencial, reserva esta
categoría a aquella ley que establezca los parámetros generales con base en los
cuales debe hacerse esa distribución competencial; contario sensu, no se
está reservando a la ley orgánica cada asignación de competencias que se
presente entre la Nación y las entidades territoriales. Al respecto resulta
pertinente trascribir un aparte de la sentencia C-1042 de 2007, que, al
analizar la constitucionalidad de una norma que creaba un tributo con
incidencia en entidades territoriales, manifestó:
“Ahora bien, en el presente caso
el legislador se limitó a incluir un requisito para efectos de que un municipio
pueda contratar con entidades prestadoras del servicio de salud debidamente
habilitadas y diferentes a las Empresas Sociales del Estado, cuando quiera que
la oferta de servicios no exista o sea insuficiente en el municipio o en su
área de influencia. No se trata, en consecuencia, de ninguna de las materias
sobre las cuales la Constitución ha establecido reserva de ley orgánica, en los
términos de la jurisprudencia constante de la Corte. En efecto, en el caso
concreto, el legislador realmente no fijó pautas para que, en el futuro, el
mismo Congreso de la República adoptara disposiciones sobre el reparto de
competencias entre la Nación y las entidades territoriales en materia de
prestación del servicio de salud para la población más pobre. En efecto, la
norma acusada se limita a (i) dejar en cabeza de las entidades territoriales la
competencia para contratar los mencionados servicios de salud; y (ii) señalar
unos supuestos fácticos en los cuales, contando con la autorización previa del
Ministerio de la Protección Social, el municipio o departamento pueda
contratar. En otras palabras, no se está ante el establecimiento de una
norma que, con vocación de permanencia (norma paraconstitucional) determine
principios o reglas para operar un reparto de competencias entre la Nación y
las entidades territoriales en materia de prestación del servicio de salud, y
por ende, el hecho de haber sido tramitada como ley ordinaria y no orgánica, no
se desconoce el artículo 151 Superior, como lo sostiene el actor.”[125] –cursiva y negrilla
ausente en texto original-
Siendo ésta la interpretación que debe
hacerse del artículo 288 de la Constitución, la Sala concluye que en el
presente caso no se vulneró la reserva de ley orgánica, en cuanto el artículo
15 no está planteando parámetros generales que deban ser atendidos cuando se
quiera que se deba realizar distribución competencial entre la Nación y las
entidades territoriales. Por el contrario, esta disposición asigna una
competencia precisa en materia de juventud a las entidades territoriales, por
lo que, sin lugar a duda, cae dentro del fuero previsto para el legislador
ordinario. En esta medida, no se vulnera la reserva prevista en los artículos
151 y 288 de la Constitución.
El otro argumento en contra de la
constitucionalidad del artículo 15, así como de los artículos subsiguientes -16
a 19-, es la posible vulneración del principio de autonomía territorial. En
este sentido tanto el Ministerio Público, como la Federación Colombiana de
Municipios acusan a la disposición en estudio de obligar a la cabeza del
ejecutivo a nivel local a la implementación de las políticas de juventud, sin
darle opción de decisión al respecto, lo que contravendría el principio de
autonomía territorial, garantizado por el artículo 1º de la Constitución.
La Corte no comparte este argumento.
Aunque la interpretación que del artículo 15 hace la Procuraduría y el ente que
agrupa a los municipios es acertada, la misma no se opone al contenido de la
Constitución y, específicamente, al principio de autonomía territorial
–artículos 1º y 287 de la Constitución-. Pasa la Corte a sustentar esta
afirmación.
La autonomía territorial, como garantía
institucional inherente a la conformación del Estado colombiano, es un
principio constitucional cuyo núcleo esencial puede expresarse como la facultad
de autodeterminación de las entidades territoriales en los temas que atañen
específicamente a la localidad o al ámbito departamental. En este sentido la
jurisprudencia constitucional ha manifestado que la esencia de la autonomía
territorial “supone la
capacidad de gestionar los intereses propios; es decir, la potestad de expedir
una regulación particular para lo específico de cada localidad, dentro de los
parámetros de un orden unificado por la ley general”[126].
Sin embargo, de forma reiterada y constante se ha manifestado por parte de la
Corte Constitucional que el principio de autonomía territorial debe entenderse
en consonancia y armonía con la forma de Estado adoptada por la Constitución,
esto es el Estado unitario –artículo 1º de la Constitución-, que implica
limitaciones al ejercicio de la autonomía reconocida a las entidades
territoriales. La relación entre estos dos principios se resume en el siguiente
apartado:
“[C]uando se observa que el artículo
287 de la misma Constitución dispone que ‘[l]as entidades territoriales gozan
de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la
Constitución y la ley’, y que el mismo artículo menciona entre los derechos
derivados de la autonomía territorial el de ‘ejercer las competencias que les
corresponda’. A su vez, el artículo 288 de la Constitución establece que ‘[l]as
competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los
términos que establezca la ley’.
En sus distintas sentencias, la
Corte se ha ocupado de establecer cómo opera la interrelación entre los
principios de unidad y autonomía. Así, en la sentencia C-535 de 1996, la Corte estableció
que los principios de unidad y de autonomía ‘deben ser armonizados’ y que ‘la
autonomía debe entenderse como la capacidad de que gozan las entidades
territoriales para gestionar sus propios intereses, dentro de los límites de la
Constitución y la ley’. Por eso, también  expresó que “la autonomía de las
entidades territoriales no se configura como poder soberano sino que se explica
en un contexto unitario” y que ‘el núcleo esencial de la autonomía es
indisponible por parte del Legislador’.”[127]
De esta forma, puede resumirse que el
principio de autonomía no puede desconocer su núcleo esencial, aunque el mismo
deba desarrollarse dentro de los criterios previstos por el legislador, en
desarrollo del principio de coordinación que es propio al Estado en sentido
moderno y, aun más, al Estado de forma unitaria.
Desde esta perspectiva resulta claro que
no se vulnera el principio de autonomía cuando el legislador hace responsable a
las entidades territoriales del diseño y ejecución de las políticas para la
juventud, ni por exigir que las mismas sean incluidas en los planes de
desarrollo. Al contrario, se concreta el principio de coordinación –artículo
288 de la Constitución- cuando se prevén criterios generales y se asigna su
concreción, de acuerdo a las especificidades de las necesidades locales, a las
entidades territoriales.
Son estas las razones que sustentan la
conclusión antes señalada.
Respecto del contenido del artículo 15, el
primer inciso prescribe que el diseño y ejecución de las políticas de juventud
serán responsabilidad de las entidades territoriales en el ámbito de sus
competencias, funciones que tendrán que desarrollarse en acuerdo con criterios
y principios previstos por la Constitución. Así mismo prevé la participación de
las y los jóvenes en este proceso en los distintos niveles territoriales.
Lo hasta ahora expuesto, en cuanto reitera
mandatos previstos en la Constitución –artículo 1º y segundo inciso del
artículo 288-, se encuentra en plena armonía con las disposiciones
constitucionales, por lo que esta disposición será declarada exequible.
El parágrafo establece como responsable de
la inclusión de la política de juventud en los planes de desarrollo al jefe de
la rama ejecutiva en cada uno de los niveles territoriales. Resalta la Corte
que esta asignación de responsabilidades resulta acorde con el principio de
legalidad –artículo 29 de la Constitución- y con el ejercicio de la función
pública –artículos 122 y 124 de la Constitución-. En este sentido, dicha responsabilidad
debe ser acorde con las funciones a cada uno asignadas, no siendo posible
derivar responsabilidades de ningún tipo por actuaciones u omisiones que no se
encuentren dentro del espectro competencial que la Constitución y la ley
asignan a cada uno de estos funcionarios. Esta es lectura conforme a la
Constitución que debe hacerse del parágrafo primero en general y, en
específico, de la expresión “en el marco de sus competencias”, contenida
en el mismo parágrafo.
El parágrafo segundo impone una obligación
de naturaleza presupuestal a los entes territoriales, anotando que la misma se
desarrollará sin detrimento de la complementariedad y la colaboración que entre
la Nación y los entes territoriales debe existir. En la medida en que i) el
parágrafo en estudio prevé obligaciones que propenden por la eficacia de los
derechos fundamentales; y ii) que las mismas deben ser desarrolladas en acuerdo
con los principios constitucionales de complementariedad y colaboración,
encuentra la Corte que las previsiones incluidas no desconocen la Constitución,
por lo que serán declaradas exequibles.
Finalmente, el parágrafo 3 prevé que las
políticas públicas en esta materia deben generarse para periodos de cuatro
años, determinación que se encuentra, sin lugar a duda, dentro de las
posibilidades de configuración legislativa, por lo que será declarado
exequible.
Por las razones expuestas el artículo 15
se declarará exequible.
Artículo 16
Artículo 16. Competencias generales.
Las entidades
territoriales departamentales, distritales y municipales, en el marco de la
presente ley tendrán a cargo las siguientes competencias:
1. Establecer en el nivel departamental y
local una estructura organizativa con una dependencia (secretaría, dirección,
oficina, etc.) con capacidad política, técnica, financiera y administrativa
para coordinar y articular las acciones de política que garanticen el goce
efectivo de los derechos de la juventud, y que además esté articulada al
sistema de juventud.
2. Concertar e implementar una agenda
política orientada a la garantía de los derechos de las y los jóvenes y su
reconocimiento como potenciadores del desarrollo, con la participación de esta
población, organizaciones de la sociedad civil, organismos de cooperación y
organismos de control.
3. Garantizar la asignación continua y
sostenida de recursos físicos, técnicos, humanos especializados y financieros
que permitan el funcionamiento del sistema de juventud y de la implementación
de políticas públicas, planes, programas y proyectos para el goce efectivo de
los derechos de las y los jóvenes.
4. Realizar convenios y alianzas
estratégicas para vincular a las y los jóvenes en procesos que permitan
cualificar su desempeño técnico y profesional, garantizar sus derechos y
mejorar su calidad de vida.
5. Garantizar la organización, promoción
y capacitación de las asociaciones juveniles, respetando su autonomía, para que
constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes
instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión
pública que se establezcan.
6. Promover, incentivar y fomentar la
participación de los jóvenes para que integren los Consejos municipales de
Juventud en el menor tiempo posible, además de disponer de los recursos para
apoyar su efectivo y real funcionamiento. Garantizar la creación y
consolidación de las veedurías juveniles al gasto público social en los
diferentes ámbitos territoriales.
7. Promover la capacitación,
entrenamiento, formación y actualización de sus funcionarios, para que puedan
dar cumplimiento a la protección de los derechos de las y los jóvenes.
8. Establecer escenarios de diálogo
intergeneracional para que las y los jóvenes fortalezcan su condición e
identidad juvenil, recuperen su arraigo territorial, identifiquen y comprendan
lecciones aprendidas en los asuntos de juventud y potencien o desarrollen
capacidades para la comprensión sociohistórica de su contexto departamental y
municipal y su relación con los ámbitos nacional e internacional.
9. Desarrollar acciones diferenciadas
para los jóvenes víctimas del conflicto armado, y jóvenes rurales que permitan
el retorno y desarrollo de la juventud que habitaba y/o habita el sector rural.
El artículo en estudio consagra
competencias generales para las entidades territoriales del nivel departamental
y local, con el objetivo de que se concreten los postulados contenidos en la
ley.
Dichas competencias apuntan a la garantía
de derechos de las y los jóvenes –verbigracia, numerales 1, 2, 3,7, 8 y 9-; y
crear los medios para fomentar la participación de los jóvenes en las
decisiones que se tomen en relación con los temas de juventud –numerales 3, 5 y
6-; tienen un carácter general, no señalan un sujeto específico para su
realización, ni prevén un plazo para su cumplimiento. Dejando de lado un
estudio de técnica legislativa, que no corresponde realizar a la Corte, las
disposiciones estudiadas –a excepción de la contenida en el numeral 1º cuyo
análisis tendrá lugar a continuación- no presentan, prima facie,
problemas de índole constitucional.
Mención especial amerita la competencia
establecida en el numeral 1º del artículo 16 del proyecto, pues su contenido
permite dos posibles entendimientos, como se explicará a continuación.
El numeral primero consagra como
competencia de las autoridades territoriales “[e]stablecer en el nivel
departamental y local una estructura organizativa con una dependencia
(secretaria, dirección, oficina, etc.) con una capacidad política, técnica y
financiera…”. Dicha disposición puede entenderse de dos formas:
i)      Como la obligación para departamentos y municipios de
crear una dependencia que coordine y articule las acciones de la política de
juventud; o
ii)     Como la facultad para estos mismos entes de crear o
reorganizar la estructura administrativa ya existente en cada departamento o en
cada municipio con el fin de que una dependencia, de las características allí
mencionadas, asuma estas labores de coordinación y articulación mencionadas.
El primero de los sentidos de la norma
está en contra del numeral 7º del artículo 300 de la Constitución que asigna a
las asambleas departamentales la competencia para “[d]eterminar la
estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias,
las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de
empleo”; y del artículo 313 numeral 6º de la Constitución, que al
establecer las funciones de los concejos municipales consagra “[d]eterminar
la estructura de la administración municipal y las funciones de sus
dependencias”. En consecuencia, cuando es el legislador –sea orgánico,
estatutario u ordinario- el que establece total o parcialmente la estructura de
la administración departamental o municipal, está usurpándose la posibilidad de
que esta labor, en materialización del principio de autonomía territorial
–artículo 1º de la Constitución- la desarrollen asambleas o concejos
distritales o municipales, presentándose un ejercicio inválido de las
facultades reconocidas al legislador por la Constitución.
Sin embargo, si la interpretación es la
segunda se estaría respetando la facultad de las entidades territoriales para
determinar, de acuerdo a los criterios de política pública que consideren
relevantes, su estructura administrativa, que se concreta en la posibilidad de
crear entidades administrativas, así como en la libertad de organización de la
administración en el respectivo nivel territorial, propia de las asambleas y
los concejos.
Sólo la segunda interpretación respeta el
principio de autonomía territorial, que a la vez que permite la asignación de
funciones por parte del legislador, tiene como uno de sus manifestaciones
centrales la posibilidad de auto organización en materia administrativa para el
cumplimiento de las funciones previstas por la Constitución y por la ley. Esta
postura de la Corte es simple reiteración de la interpretación que la
jurisprudencia ha hecho de la autonomía de organización administrativa, del
cual resulta ejemplo pertinente la sentencia C-306 de 2009, en la que se
consagró:
“17. Las pautas anteriores han sido también aplicadas
por la Corte Constitucional cuando ha analizado la constitucionalidad de normas
nacionales sobre el transporte que son acusadas de interferir dentro del ámbito
de atribuciones de las entidades territoriales. En la Sentencia C-931 de 2006
se estudió la constitucionalidad de una norma que establecía que el Ministerio
del Transporte fijaría las pautas para la creación, funcionamiento y supresión
de los organismos de tránsito,[128]
razón por la cual en la demanda se aseguraba que el precepto vulneraba la
autonomía territorial. En la sentencia se expresó que dentro del núcleo
esencial de la autonomía de las entidades territoriales se encontraba la
definición sobre su estructura administrativa, razón por la cual ésta no podía
ser alterada por el Legislador:
“En ese esquema, para la distribución de
competencias entre la Nación y las entidades territoriales, el legislador
deberá tener en cuenta que el contenido esencial de la autonomía se centra en
la posibilidad de gestionar los propios intereses (C.P. art. 287), una de cuyas
manifestaciones más importantes es el derecho a actuar a través de órganos
propios en la administración y el gobierno de los asuntos de interés regional o
local. Tal derecho, contenido de manera expresa en el artículo 287 Superior,
hace parte del núcleo esencial de la autonomía, indisponible por el legislador,
y se complementa con las previsiones de los artículos 300-7 y 313-6 de la
Constitución, conforme a los cuales corresponde a las entidades territoriales
determinar la estructura de sus respectivas administraciones, creando las
dependencias que se estimen necesarias y fijándoles las correlativas funciones.
“No obstante lo anterior, es claro que, para
preservar el interés nacional y el principio unitario, corresponde al
legislador establecer las condiciones básicas de la autonomía y definir,
respetando el principio de subsidiariedad, las competencias del orden nacional
que deberán desarrollarse conforme al principio de coordinación, que presupone
unas reglas uniformes y una pautas de acción que, sin vaciar de contenido el
ámbito de autonomía territorial, permitan una armonización de funciones.”
Con base en lo anterior, en la misma sentencia
se indicó que
“en aplicación del principio de
subsidiariedad, la organización y dirección de lo relacionado con el tránsito y
el transporte es, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, una
competencia primaria de las entidades territoriales, las cuales con sujeción a
la ley y en ejercicio de su autonomía podrán crear las dependencias
administrativas que estimen necesarias para ese efecto. Tales autoridades, para
el ejercicio de sus competencias propias, de las funciones que les sean
asignadas por la ley y de las que les delegue el Gobierno, deberán obrar con
sujeción al principio de coordinación que garantice la articulación de los
niveles nacional y territorial.”
Por eso, en la sentencia la Corte
decidió que eran inconstitucionales los términos “creación” y “cancelación”,
por cuanto “los organismos territoriales de tránsito son entidades del orden
municipal, distrital o territorial, su creación y supresión corresponde a los
concejos municipales y distritales y a las asambleas departamentales.” Por el
contrario, determinó que era constitucional que el Ministerio fijara pautas
para el funcionamiento de los organismos de tránsito, pues esa atribución se
encontraba dentro del “ámbito de la tensión unidad-autonomía”, siempre y cuando
las pautas que dictara el Ministerio tuvieran un carácter técnico y se
refirieran a las funciones del orden nacional que debían ejecutar los
organismos de tránsito, bien porque la ley lo establecía o bien porque el
Gobierno Nacional hubiera decidido delegárselas.
Por las razones antes expuestas, el
entendimiento acorde con la Constitución del numeral estudiado conduce a
concluir que el mismo prevé una facultad de las entidades territoriales, la
cual resulta acorde con los artículos 287, 300 n. 7º y 313 n. 6º de la
Constitución, en cuanto respeta la autonomía en la creación de entidades, así
como en la determinación de la estructura administrativa en el nivel
territorial. En esa medida, lo contemplado en el artículo 16 debe entenderse
como la facultad para estos mismos entes de crear o reorganizar la estructura
administrativa ya existente en cada departamento o en cada municipio con el fin
de que una dependencia, de las características allí mencionadas, asuma estas
labores de coordinación y articulación en materia de política de juventud
dentro del nivel territorial correspondiente.
Por lo anteriormente enunciado, el
artículo 16 será declarado exequible.
Artículo 17
Artículo 17. Competencias de la
Nación. Para efectos
de la presente ley son competencias de la Nación, entre otras, las siguientes:
1. Orientar, coordinar y ejecutar
políticas públicas que permitan la participación de los jóvenes en el
fortalecimiento de la democracia, la garantía de los Derechos Humanos de los
Jóvenes y la organización social y política de la Nación.
2. Orientar, coordinar y ejecutar
políticas públicas que permitan el acceso con calidad y equidad de los jóvenes
a la diversidad de la oferta institucional del Estado en lo relacionado con la
garantía y el goce efectivo de sus Derechos Humanos.
3. Ofrecer información, asesoría y
asistencia a departamentos, distritos y municipios en la formulación e
implementación de sus políticas territoriales que establezcan acciones para la
garantía de los derechos de los jóvenes.
4. Cualificar desde el enfoque de
derechos y diferencial los programas, planes, agendas políticas, proyectos e
inversión social dirigidos a la garantía de los derechos de los jóvenes y de
manera particular a los jóvenes en situación de desplazamiento forzado.
5. Implementar en los diferentes ámbitos
territoriales, estrategias para la formación del talento humano responsable de
la garantía de derechos de los jóvenes, con mayor énfasis en la administración
departamental y organizaciones regionales.
6. Liderar alianzas con organismos y con
entidades nacionales e internacionales de carácter público, privado y mixto que
contribuyan a la garantía y cumplimiento de los derechos de los jóvenes.
7. Generar un sistema de información,
generación de conocimiento especializado, seguimiento y evaluación nacional,
regional, departamental, distrital y local sobre la implementación de políticas
públicas e inversión social a favor de la garantía de los derechos de los
jóvenes.
8. Impulsar la formulación, ejecución y
evaluación de políticas de juventud con enfoque de derechos y diferencial
étnico e intercultural que respeten las particularidades de estos grupos.
El artículo 17 consagra competencias en
cabeza de la Nación. Las mismas apuntan, con un carácter general y sin
especificar entidades encargadas de funciones concretas, a la protección de los
derechos de las y los jóvenes –numerales 1, 2, 3 y 4- y al conocimiento de la
situación de las y los jóvenes –numerales 5, 7 y 8- para efectos de desarrollo
de la política de regulación y garantía de sus derechos, incluso mencionando
las perspectivas social y de género que debe acompañar esta tarea –numerales 4
y 8-.
La enumeración contenida, nuevamente,
plantea metas, funciones y propósitos generales que estarían en acuerdo con la
Constitución y, específicamente, con criterios de protección iusfundamental, de
concurrencia y de coordinación de las funciones de los diferentes niveles
territoriales –artículo 288 de la Constitución-, por lo que se declarará su
exequibilidad.
La única aclaración que debe mencionarse
de forma específica es respecto del numeral 6º, que consagra la competencia de
“liderar alianzas con organismos y entidades nacionales e internacionales de
carácter público, privado y mixto que contribuyan a la garantía y cumplimiento
de los derechos de los jóvenes”. Para la Corte la lectura conforme a la
Constitución de este numeral obliga realizar la salvedad respecto de que no
puede entenderse que existe obligación de realizar dichos acuerdos, sino,
simplemente, la posibilidad o la facultad para hacerlos por parte de las
instituciones del orden nacional que para este propósito se designen. Lo
contrario impondría deberes cuyo cumplimiento no depende únicamente de las
autoridades nacionales, creando una vulneración a los parámetros en que debe
llevarse a cabo el ejercicio de la función pública.
Por las razones expuestas, la Corte
declarará la exequibilidad de la disposición en estudio.
Artículo 18
Artículo 18. Competencias de los
departamentos. Son
competencias de los Departamentos, entre otras, las siguientes:
1. Diseñar, ejecutar, evaluar y rendir
cuentas sobre la política pública, agendas políticas y Plan Decenal de Juventud
para el ámbito departamental y municipal.
2. Coordinar y asesorar el diseño e
implementación de políticas municipales de juventud.
3. Facilitar la participación de jóvenes
en los procesos de incidencia y toma de decisiones en el desarrollo del
departamento y en la inclusión de acciones, estrategias e inversión para la
garantía de los derechos de los jóvenes en las políticas sectoriales.
4. Investigar, conocer y alimentar el
sistema nacional de información sobre juventud en cuanto a la realidad y
acciones adelantadas para la garantía de derechos de los jóvenes en el
departamento.
5. Investigar y validar en su territorio
modelos propios de participación, inclusión en servicios y bienes, en
generación de oportunidades para la garantía de derechos de los jóvenes e
informar avances a la Nación.
6. Acompañar a los municipios en el
diseño de una oferta de programas, procesos y servicios para la garantía de los
derechos de los jóvenes y en la consecución y movilización de recursos, su
ejecución y sostenibilidad.
7. Implementar estrategias para el
fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes como sujetos de derechos y
protagonistas del desarrollo local.
8. Liderar la conformación de redes
regionales para la implementación de políticas públicas e inversión social para
la garantía de derechos de los jóvenes.
9. Consolidar el capital social e
institucional en el nivel departamental, municipal hacia la gestión de recursos
favorables a la implementación de programas con y para los jóvenes.
10. Liderar alianzas regionales con
entidades y organismos de carácter público, privado y mixto que contribuyan a
la garantía y cumplimiento de los derechos de los jóvenes.
11. Desarrollar en coordinación con el
nivel nacional el sistema de información, seguimiento y evaluación de políticas
públicas e inversión social para la garantía de derechos de los jóvenes.
12. Establecer con municipios u otros
departamentos líneas de cofinanciación que permitan la ejecución de proyectos y
programas, orientados al fortalecimiento de la identidad regional, la
diversidad cultural, étnica y de género de los jóvenes, y la consolidación de
espacios de diálogo y convivencia intergeneracional.
13. Desarrollar pactos departamentales de
inclusión, convivencia y de transparencia entre jóvenes e instituciones como
referentes éticos para el fortalecimiento del Estado Social de Derecho y la
dinamización del Sistema Departamental de Juventud.
14. Garantizar de manera conjunta con las
entidades territoriales del orden municipal la elección y creación y
fortalecimiento de los Consejos Municipales de Juventud y del Consejo
Departamental de Juventud.
Con base en lo manifestado
anteriormente, y reiterando la pertinencia de tomar en consideración el
principio de coordinación en el desarrollo de las competencias de las entidades
territoriales establecidas por la ley –artículo 288 de la Constitución-,la
Corte concluye que el artículo 18 no afecta el principio de autonomía
territorial –artículo 1º y 287 de la Constitución-.
Adicionalmente, debe manifestarse
por parte de la Sala, que  las medidas establecidas por el artículo 18 siguen
la línea de las competencias de los artículos anteriores, en el sentido de ser
manifestaciones generales que no asignan funciones a entidades o instituciones
precisas dentro del ámbito departamental, con miras a que sean las asambleas
departamentales las que, en virtud del numeral 7º del artículo 300, las asignen
a una entidad en concreto. Por lo tanto, en lo que respecta a la autonomía
territorial –artículo 1º y artículo 287 de la Constitución- el artículo 18
resulta respetuoso de los parámetros constitucionales establecidos.
Sobre los temas tratados por los
distintos numerales debe decirse que los mismos apuntan a la protección de los
derechos fundamentales, el conocimiento de la población joven del departamento,
la implementación de políticas públicas, la coordinación y concurrencia de
labores entre el municipio y el departamento y la participación de los jóvenes.
Siendo este el contenido de la
disposición, no encuentra la Corte contradicción entre la misma y las normas
parámetro que tiene que respetar, por lo que se declarará su exequibilidad.
Artículo 19
Artículo 19. Competencias de los
municipios y de los distritos.
Son competencias del Municipio y de los Distritos, entre otras, las siguientes:
1. Diseñar, implementar, evaluar y rendir
cuentas sobre la política pública e inversión social destinada a garantizar los
derechos de los y las jóvenes en el respectivo ámbito territorial.
2. Facilitar la participación de jóvenes
en la planeación del desarrollo de su municipio o distrito, y en el desarrollo
de acciones de política e inversión social destinada a garantizar los derechos
de los y las jóvenes en el respectivo ámbito territorial.
3. Investigar, conocer y alimentar el
sistema nacional de información sobre juventud a partir de la realidad del
municipio o distrito.
4. Investigar y validar en su territorio
modelos propios de participación, garantía de derechos de los jóvenes,
inclusión en la oferta institucional del Estado, en generación de oportunidades
y capacidades en los jóvenes, e informar avances al departamento.
5. Diseñar una oferta programática para
los jóvenes en el municipio o distrito a ejecutar directamente o a través de
alianzas, convenios con instituciones gubernamentales, no gubernamentales y
empresas que desarrollen oferta en el nivel municipal o distrital.
6. Promover la concurrencia efectiva para
evitar la duplicidad de acciones entre la nación, el departamento y el
municipio o distrito.
7. Implementar estrategias para el
fortalecimiento de capacidades de los jóvenes como sujetos de derechos y
protagonistas del desarrollo local o distrital.
8. Liderar alianzas municipales o
distritales con entidades del sector privado para garantizar los derechos de
los jóvenes.
9. Desarrollar un sistema propio de
información, seguimiento y evaluación en coordinación con el sistema
departamental.
10. Ejecutar programas y proyectos
específicos en cofinanciación con el departamento.
11. Desarrollar pactos municipales de
inclusión, de convivencia y de transparencia entre jóvenes e instituciones como
referentes éticos para el fortalecimiento del Estado Social de Derecho y la
dinamización del sistema municipal o distrital de juventud.
12. Garantizar de manera conjunta con la
entidad territorial del orden departamental la elección, creación y
fortalecimiento de los consejos municipales o distritales de juventud y del
Consejo Departamental de Juventud.
El artículo 19 continúa con la
línea de los anteriores al consagrar competencias para los municipios y los
distritos en materia de implementación de los mandatos del proyecto que ahora
se estudia. Para la Corte las previsiones de este artículo se encuentran en
armonía con la Constitución, por lo que serán declaradas exequibles.
Artículo 20
Artículo 20. Procedimiento y plazos
para la formulación de políticas de juventud. Los municipios, distritos, departamentos y la Nación,
atendiendo a la autonomía territorial, formularán o actualizarán de manera
coordinada y con carácter participativo las políticas públicas de juventud,
atendiendo a criterios diferenciales por territorios y contextos. Para tal
propósito deberán tener en cuenta lo siguiente:
1. Los municipios iniciarán la
formulación de las políticas públicas de juventud en un plazo de seis (6) meses
a partir de la elección de los Consejos Municipales de Juventud.
2. Los departamentos iniciarán la
formulación de las políticas públicas departamentales en un plazo de nueve (9)
meses a partir de la elección de los Consejos Municipales de Juventud. Los
departamentos están obligados a prestar asistencia técnica a los municipios
garantizando así la coordinación, complementariedad y corresponsabilidad para
la formulación de las políticas públicas municipales de juventud y la
departamental.
3. Los distritos tendrán el mismo tiempo
dispuesto por los departamentos para adelantar la formulación de sus políticas
públicas de juventud bajo el entendido que aun cuando no están obligados a
generar política pública de juventud por localidad o comuna, sí es necesario
atender a la diversidad de cada uno de estos territorios, y reflejarla en
planes operativos que expliciten la inversión diferenciada que se ejecutará
para la garantía de derechos de los jóvenes que habitan en sus territorios.
4. La Nación iniciará la formulación de
la política pública nacional de juventud en un plazo de doce (12) meses,
contados a partir de la elección de los consejeros de juventud municipales. La
Nación está obligada a prestar asistencia técnica a los departamentos
garantizando así la coordinación, complementariedad y corresponsabilidad para
la formulación de las políticas públicas municipales, distritales,
departamentales y la nacional.
Parágrafo. En donde hubiere política pública de juventud
aprobada se deberá revisar y actualizar desde un enfoque que permita establecer
de manera diferencial las acciones de política pública e inversión social para
la garantía de los derechos de los jóvenes; así como difundir de manera
expedita, en un plazo no menor de tres (3) meses a partir de la sanción de la
presente ley.
El artículo 20 plantea la
obligación de formular o actualizar la política pública de juventud. Esta labor
se llevará a cabo con coordinación y complementariedad entre la Nación, los
departamentos y los municipios; con un plazo para el inicio de la formulación
que permite que, una vez elegidos, los consejos de juventud participen en dicho
proceso; previendo la implementación de un enfoque diferencial para
departamentos y distritos en razón a las características que pueden presentar
los distintos territorios que los conforman; y teniendo en cuenta que si existe
política ya aprobada, deberá actualizarse y difundirse en un plazo no mayor a
tres meses contados a partir de la sanción del proyecto que ahora se estudia.
Puede concluirse que los
planteamientos del artículo 20 no van en contra de los postulados constitucionales,
en cuanto aplican los mandatos de la norma superior respecto de los principios
de coordinación y concurrencia –artículo 288 de la Constitución-; y garantizan
el principio de participación en democracia al prever un tiempo entre la
elección de los consejos y el inicio de la formulación de la política pública
–artículo 3 y 103 de la Constitución-. De esta forma, aunque los planteamientos
son generales y corresponderá a la ley su concreción, lo consagrado en el
artículo 20 se ajusta a la Carta y, en consecuencia, será declarado exequible.
Artículo 21
Artículo 21. Presentación de informes.
Las entidades
responsables de juventud en los entes territoriales y la entidad rectora del
Sistema Nacional de Juventudes, presentarán respectivamente a los concejos
municipales, y distritales, las Asambleas Departamentales y al Congreso de la
República, un informe anual sobre los avances, ejecución presupuestal y
cumplimiento de la política de juventud.
El artículo 21 prevé la
presentación de informes por parte de la entidad responsable por el tema de la
juventud en los entes territoriales. Los destinatarios de dichos informes serán
los concejos –municipales y distritales-, las asambleas y el Congreso de la
República.
Respecto de la presentación del
informe ante las corporaciones de representación popular en los distintos
niveles territoriales de la administración y el poder legislativo –nacional- no
se presenta duda sobre su adecuación a la Constitución. Dicha exigencia es un
mecanismo de control inter orgánico que responde al principio de separación de
poderes, pero con colaboración armónica entre ellos –artículo 113 de la
Constitución-, por lo que no se encuentra reparo desde el punto de vista
constitucional.
Resalta la Corte que, en acuerdo
con la interpretación constitucionalmente adecuada del numeral 1º del artículo
16 del proyecto en estudio, de la disposición que ahora se estudia deberá
entenderse que será cada ente territorial el que, en desarrollo de la autonomía
reconocida por la Constitución –artículos 1º y 287-, decida cuál es la
dependencia o entidad encargada de rendir los informes previstos por el
artículo 21 del proyecto de ley estatutaria.
Por las razones expuestas se
declarará exequible la atribución de la obligación de rendir informes a una
entidad específica en el nivel territorial, recordando que será del ámbito
autónomo de cada ente territorial el determinar sobre qué entidad o entidades
recae la obligación de rendir los referidos informes. Por otro lado, queda
incólume dicha obligación respecto de la entidad rectora del Sistema Nacional
de Juventudes.
Sistema Nacional de las
Juventudes
TÍTULO IV
SISTEMA NACIONAL DE LAS JUVENTUDES
Artículo 22. Sistema Nacional de las
Juventudes. Es el
conjunto de actores, procesos, instancias, orientaciones, herramientas
jurídicas, agendas, planes, programas, y proyectos, que operativiza la ley y
las políticas relacionadas con juventud, mediante la creación y fortalecimiento
de relaciones entre el Estado, la sociedad civil, la familia, las entidades
públicas, privadas, mixtas y las y los jóvenes y sus procesos y prácticas
organizativas para la garantía, cumplimiento, goce o restablecimiento efectivo
de los derechos de las juventudes, la ampliación de sus capacidades y de sus
oportunidades de acceso a un desarrollo integral y sustentable.
Artículo 23. Funciones del Sistema
Nacional de Juventud.
El Sistema Nacional de Juventud será el encargado de propiciar el cumplimiento
de los derechos y mayores oportunidades para las personas jóvenes, de coordinar
la ejecución, seguimiento y evaluación de la política pública y los planes
nacional y locales de juventud, administrar el Sistema Nacional de información
de juventudes, realizar la coordinación intersectorial y de las entidades
nacional y territoriales con el objeto de lograr el reconocimiento de la
juventud como actor estratégico de desarrollo, movilizar masivamente a los
jóvenes en torno a la lucha contra la corrupción, entre otros.
Artículo 24. Conformación del Sistema
Nacional de las Juventudes. El
Sistema Nacional de las Juventudes conformado por:
1. Subsistema Institucional de las
Juventudes.
1.1 El Consejo Nacional de Políticas
Públicas de las Juventudes.
1.2 Unidad Administrativa Especial de las
Juventudes.
1.3 Dependencias de las juventudes de las
entidades territoriales.
2. Subsistema de Participación de las
Juventudes.
2.1 Procesos y prácticas organizativas de
los y las jóvenes.
2.2 Espacios de participación de las
juventudes.
2.3 Los Consejos de Juventudes.
2.4 Plataformas de Juventudes.
2.5 Asambleas de Juventudes.
3. Comisiones de Concertación y Decisión.
La parte general del título IV del
proyecto, es decir los artículos 22 a 24, no presenta problemas de
constitucionalidad. El mismo crea, reiterando en algunos aspectos antes
regulados, el llamado Sistema Nacional de las Juventudes. En sus tres artículos
establece que por medio del Sistema Nacional de Juventudes se garantizarán los
derechos de la juventud –artículo 22-; en una forma general y sin
individualizar las instituciones o sujetos encargados, asigna funciones al
sistema –artículo 23-; y, finalmente, el artículo 24 determina la conformación
del sistema nacional de las juventudes.
De esta enunciación, puede
concluirse el Título IV no prevé contenido alguno que contravenga disposiciones
constitucionales, con excepción de lo manifestado respecto de la Unidad
Administrativa Especial de las Juventudes –numeral 1.2.- por las razones que se
expondrán más adelante, cuando se estudie el artículo 31 del proyecto de ley.
En este sentido los artículos 22,
23 y 24 se declararán exequibles, a excepción del numeral 1.2. del artículo 24
que será declarado inexequible.
Artículo 25
CAPÍTULO I
Subsistema Institucional de las
Juventudes
Artículo 25. El Subsistema
Institucional de las Juventudes.
El Subsistema Institucional del Sistema Nacional de las Juventudes, está
conformado por el Consejo Nacional de Políticas Públicas de la Juventud, Unidad
Administrativa Especial de las Juventudes, y las instancias creadas en las
entidades territoriales para la juventud.
Al definir la conformación del
subsistema institucional de juventudes la disposición menciona tres
instituciones que la conforman:
i)      El Consejo Nacional de Políticas Públicas de
la Juventud;
ii)    La Unidad Administrativa Especial de
Juventudes; y
iii)  Las instancias creadas por las entidades
territoriales para la juventud.
En el precepto la referencia a una
nueva institución en la estructura del Estado, la Unidad Administrativa
Especial de Juventudes, obliga a la Corte a declarar la inexequibilidad de
dicho aparte, difiriendo la explicación de las razones de esta decisión para
cuando se analice el artículo 31 del presente proyecto, en el cual se determina
su creación.
Por las razones mencionadas el
artículo 25 será declarado exequible, con excepción de la referencia a la
“Unidad Administrativa Especial de las Juventudes”.
Artículo 26
Artículo 26. Consejo Nacional de
Políticas Públicas de la Juventud. El Consejo Nacional de Políticas Públicas de la
Juventud es la instancia encargada de articular la definición, seguimiento y
evaluación de las políticas de prevención, protección, promoción y garantía de
los derechos de los y las jóvenes a nivel nacional.
Parágrafo. Para los objetivos de la presente ley, el Consejo
Nacional de Política Económica y Social –CONPES- hará las veces de Consejo
Nacional de Políticas Públicas de la Juventud.
El primer inciso de este artículo
en estudio determina las funciones del Consejo Nacional de Políticas Públicas
de la Juventud, las cuales apuntan a la garantía y alcance de los objetivos
planteados en el proyecto respecto de los derechos de las y los jóvenes, por lo
que no se aprecia contradicción alguna con los términos constitucionales, razón
por la que será declarado exequible.
El parágrafo de este artículo
establece que el CONPES hará las veces del Consejo Nacional de Políticas
Públicas para la Juventud –en adelante CNPPJ-. Sin embargo, el siguiente
artículo, esto es el 27, determina la conformación del CNPPJ y el artículo 30
prevé que la secretaría técnica estará a cargo del director de la Unidad
Administrativa Especial de las Juventudes. En este sentido, el contenido del
parágrafo del artículo 26 es contradicho por el contenido que se deriva del artículo
27 y del artículo 30, puesto que los integrantes del actual CONPES son
diferentes a los que el artículo 27 prescribe para el CNPPJ; en el mismo
sentido la secretaría técnica del CONPES es ejercida por el director del
Departamento Nacional de Planeación, no por el director de la unidad mencionada
en el artículo 31 del proyecto.
La contradicción entre las
disposiciones del proyecto no resulta, per se, un argumento determinante
de la constitucionalidad de uno u otro precepto. Sin embargo, dicha contradicción
puede derivar en parálisis o mal funcionamiento del órgano encargado de
articular, hacer seguimiento y evaluar las políticas de juventud, de manera
que, indirectamente, dicha contradicción conduciría a la vulneración o
desprotección de los derechos de las y los jóvenes en las materias a cargo del
nivel nacional. Por esta razón la Corte considera que para garantizar la
efectividad de las políticas públicas en materia de juventud y, de esta forma,
derechos constitucionales que éstas puedan afectar, debe entenderse que el
CONPES ejercerá como CNPPJ únicamente durante el lapso de tiempo necesario para
que se cree esta última entidad.
Con base en las anteriores
consideraciones se declarará la exequibilidad del artículo 26 del proyecto.
Artículo 27
Artículo 27. Conformación del Consejo
Nacional de Políticas Públicas de la Juventud. El Consejo Nacional de Políticas
Públicas de la Juventud estará conformado así:
1. Presidente de la República o su
delegado.
2. El Director del Departamento Nacional
de Planeación o su delegado.
3. El Director de Unidad Administrativa
Especial de las Juventudes.
4. El Ministro del Interior o su
delegado.
5. El Director del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar o su delegado.
6. El Director del Servicio Nacional de
Aprendizaje “SENA” o su delegado.
7. Tres (3) representantes del Consejo
Nacional de Juventud, los que serán elegidos por el mismo, de acuerdo a su
reglamentación interna.
El Consejo será presidido por el
Presidente de la República o su delegado.
La relación de los miembros del
CNPPJ no va en contravía de las normas parámetro de control constitucional,
pues el legislador es competente para asignar funciones a los funcionarios
enumerados por el artículo 27 del proyecto, por lo que será declarado
exequible, con excepción de la referencia hecha respecto del Director de la
Unidad Administrativa Especial de las Juventudes –numeral 3.-, que será
declarado inexequible por las razones que se expondrán cuando se analice el
artículo 31 del proyecto de ley.
Artículo 28
Artículo 28. Funciones y atribuciones
del Consejo Nacional de Políticas Públicas de la Juventud. Corresponde al Consejo Nacional de
Políticas Públicas de la Juventud:
1. Formular, promover y evaluar la
creación de políticas, planes y programas integrales para el desarrollo de los
y las jóvenes, considerando en las mismas los lineamientos y áreas establecidas
en la legislación nacional e internacional vigente.
2. Definir las líneas de acción a seguir
por parte del Sistema Nacional de las Juventudes.
3. Diseñar mecanismos de implementación
de acciones en relación con otros actores del sistema y seguimiento y
evaluación por resultados.
4. Garantizar la visibilización,
información y fomento de la inclusión de las juventudes en cada uno de los
sectores de gobierno.
5. Gestionar la asistencia técnica y
económica de los gobiernos, instituciones públicas y privadas nacionales e
internacionales para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones;
6. Promover y fortalecer los mecanismos y
procedimientos destinados al fomento y desarrollo de los derechos de los y las
jóvenes.
7. Establecer mecanismos de seguimiento,
evaluación y promoción de las políticas, planes, programas y proyectos
relativos a los derechos de los y las jóvenes que se desarrollen a nivel
nacional.
8. Coordinar acciones con organismos
gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales y con el
sector privado para el cumplimiento de las políticas de la juventud.
9. Proponer mecanismos y estrategias que
vinculen a las y los jóvenes en espacios, instancias y procesos de toma de
decisiones de carácter sectorial y territorial.
10. Elaborar el informe anual oficial
sobre la situación de los y las jóvenes en el país.
11. Promover la creación y
establecimiento de Consejos de la Juventud.
12. Promover el establecimiento y
funcionamiento del Sistema Nacional de Información sobre Juventud.
13. Las demás contenidas en la ley.
Establece las funciones del CNPPJ,
las cuales buscan crear los medios que permitan obtener información sobre la
situación de las y los jóvenes –numerales 4, 7, 10 y 12-; diseñar e implementar
políticas públicas respecto de los derechos de las y los jóvenes –numerales 1,
2, 3, 6 y 8-; y gestionar presupuestos que permitan desarrollar las políticas
de la juventud –verbigracia, numeral 5-.
Dichas funciones se encuentran
acorde con el marco dentro del cual se desarrolla la facultad de configuración
del legislador, por lo que serán declaradas exequibles por la Corte
Constitucional.
Artículo 29
Artículo 29. Sesiones. El Consejo Nacional de Políticas Públicas
de la Juventud se reunirá de manera ordinaria una vez al año y
extraordinariamente cuando el Director de la Unidad Administrativa Especial de
las Juventudes lo solicite.
La previsión de este artículo no
presenta problemas constitucionales, por lo que será declarada exequible, a
excepción de la referencia al Director de la Unidad Administrativa Especial de
las Juventudes, que será declarada inexequible por las razones que se expondrán
al analizar el artículo 31 del proyecto de ley.
Artículo 30
Artículo 30. Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Políticas Públicas de la Juventud. El Director de la Unidad Administrativa Especial de
las Juventudes, ejercerá la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de
Políticas Públicas de la Juventud, la cual tendrá entre sus funciones:
1. Convocar y preparar los documentos de
trabajo para las sesiones del Consejo Nacional de Políticas Públicas de la
Juventud priorizando las reuniones previstas para planeación, mecanismos de
implementación de acciones en relación con otros actores del sistema y
seguimiento y evaluación por resultados.
2. Llevar la memoria de las reuniones y
garantizar el flujo de información dentro de los integrantes del Consejo.
3. Presentar a consideración de cada
integrante del Consejo Nacional de Políticas Públicas de la Juventud las
agendas públicas para garantizar su implementación de manera transversal.
4. Apoyar la constitución de las
comisiones de trabajo estratégico.
5. Consolidar la información y presentar
semestralmente los informes de la gestión del Consejo Nacional de Políticas de
Juventud, de los avances institucionales por sector en la inclusión de
información diferencial, presupuestos y líneas estrategias de trabajo con
jóvenes.
Esta es una disposición consagra
medidas de carácter administrativo y técnico que no contradicen norma
constitucional alguna, lo que determinará que sea declarada exequible, a
excepción de la referencia hecha respecto del Director de la Unidad Administrativa
Especial de las Juventudes, que será declarada inexequible por las razones que
se expondrán al analizar el artículo 31 del proyecto de ley.
Artículo 31
Artículo 31. Unidad Administrativa
Especial de las Juventudes. Créase la Unidad Administrativa Especial de las Juventudes,
adscrita al Ministerio del Interior con personería jurídica, autonomía
administrativa, financiera y patrimonial.
La Unidad tendrá su sede en Bogotá, D.
C., y su patrimonio estará constituido por aportes del Presupuesto General de la
Nación, los activos que le transfiera la Nación, otras entidades públicas del
orden nacional y los demás ingresos que a cualquier título reciba.
La Unidad Administrativa Especial
Nacional para las Juventudes cumplirá las siguientes funciones:
1. Coordinar el Sistema Nacional de las
Juventudes.
2. Coordinar la formulación, ejecución y
seguimiento de la Política Nacional de Juventud, de manera interinstitucional e
intersectorial.
3. Asistir a los gobiernos territoriales
y al Gobierno Nacional, en la formulación, ejecución y seguimiento de las
políticas públicas de juventud.
4. Promover el ejercicio pleno de la
ciudadanía juvenil mediante el respeto de sus derechos y deberes.
5. Incorporar a las y los jóvenes como
participantes de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo
social, político, económico, cultural, deportivo y ambiental adelantados por
las entidades del orden territorial y nacional.
6. Estimular la vinculación de las y los
jóvenes a la vida social, política, económica, cultural, deportiva y ambiental
de la Nación, así como a los procesos de globalización y competitividad
mundial, mediante programas de formación en participación ciudadana, acceso al
trabajo, uso del tiempo libre y desarrollo de sus potencialidades y talentos.
7. Facilitar la generación de espacios
para la participación, concertación y decisión juvenil sobre los temas y
asuntos más relevantes en el orden territorial y nacional.
8. Adelantar estrategias que aseguren el
acceso efectivo de las y los jóvenes a los servicios, recursos y beneficios
ofrecidos por las entidades gubernamentales y no gubernamentales.
9. Generar oportunidades para que los
jóvenes mejoren su formación integral y su calidad de vida a través de
programas, proyectos y actividades desarrolladas por instituciones estatales y
privadas, del orden territorial, nacional e internacional.
10. Impulsar y fomentar la conformación
de espacios de participación plurales de las y los jóvenes.
11. Las demás que le sean asignadas.
El presupuesto de la Unidad Administrativa
Especial Nacional para las Juventudes estará conformado por:
1. Las sumas que se le apropien en el
presupuesto nacional.
2. El producto de los empréstitos
externos o internos que el Gobierno Nacional o la Unidad contraten para el
desarrollo de sus objetivos, conforme a la legislación vigente.
3. Los recursos provenientes de la
cooperación técnica nacional y/o internacional.
4. Los rendimientos financieros que
deriven de los recursos propios.
5. Las utilidades que obtenga de las
inversiones que realice.
6. Los activos provenientes del Programa
Presidencial Colombia Joven.
7. Los recursos que los municipios,
distritos, departamentos y otras entidades acuerden destinar para cofinanciar
programas de la Unidad.
8. Las donaciones públicas o privadas
para el desarrollo de los objetivos de la Unidad.
9. Los bienes que adquiera a cualquier
título.
10. Los demás a los que pueda acceder de
acuerdo a la ley.
La Unidad Administrativa Especial
Nacional para las Juventudes será dirigida por una Junta Directiva y, por un
Director o Directora quien será su representante legal.
Parágrafo 1º. Con el objeto de cumplir las funciones
establecidas en el presente artículo, la Unidad Administrativa Especial
Nacional para las Juventudes deberá generar las condiciones necesarias para una
efectiva coordinación y cooperación interinstitucional.
Parágrafo 2º. El Gobierno Nacional reglamentará la
estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial Nacional para
las Juventudes.
El artículo 31 prevé la creación
de una unidad administrativa que estará encargada de funciones relacionadas con
las políticas de juventud que se desarrollen a nivel nacional.
La modificación de la estructura
de la administración, en este caso por creación de una entidad, tiene
exigencias específicas consagradas en la Constitución[129]. El numeral 7º del artículo
150 de la Constitución prevé que dichas decisiones deben llevarse a cabo por
medio de ley; y, adicionalmente, el segundo inciso del artículo 154 de la
Constitución establece que, entre otras, las descritas en el numeral 7º del
artículo 150 de la Constitución “sólo podrán ser dictadas o reformadas por
iniciativa del Gobierno”. Por estas razones, al analizar la adecuación
constitucional del artículo 31 del proyecto en estudio debe verificarse que el
mismo haya sido consecuencia de la iniciativa gubernamental.
En este sentido, se tiene que el
proyecto ahora estudiado es fruto de la acumulación de tres proyectos de ley
diferentes, uno de ellos presentado por un grupo de congresistas –proyecto de
ley 014 de 2011 de Cámara-, un segundo proyecto presentado por la Senadora
Alexandra Piraquive –proyecto 045 de 2011 de Senado- y el otro presentado por
el Gobierno, a través del Ministro de Interior y de Justicia –proyecto 084 de
2011 de Cámara-. En el articulado del proyecto presentado por el Gobierno no se
previó la creación de la Unidad Administrativa Especial de las Juventudes; por
el contrario, la iniciativa para la creación de esta entidad surge del artículo
100 a 105 del proyecto de ley n. 014 de 2011 de Cámara y de los artículos 100 a
105 del proyecto 045 de 2011 de Senado.
La ausencia de iniciativa
legislativa por parte del Gobierno nacional constituye un vicio procedimental,
pues, en tanto se trata de la modificación de la estructura de la
administración nacional por medio de la creación de una entidad, la propuesta
debió surgir del proyecto por éste presentado, en acuerdo con los mandatos del
artículo 154 y el numeral 7º del artículo 150, ambos de la Constitución, que
prevén la exclusividad del Gobierno en la iniciativa de proyectos que, entre
otros, creen entidades del orden nacional.
La conclusión de que se está ante
un vicio procedimental debe sustentarse, además de en la ausencia de iniciativa
gubernamental, en que no se haya presentado durante el trámite legislativo
alguna de dos situaciones: i) el aval o coadyuvancia del Gobierno para que se
tramitara esta iniciativa no obstante no haber sido por éste propuesta
–manifestación expresa durante el iter de creación legislativa-; o ii)
la aquiescencia: aceptación de que se trámite un tema que, estando reservado a
su iniciativa, fue presentado dentro de un proyecto de distinta autoría[130].
En presente caso, no se presentó
una manifestación en tal sentido, pues en ninguna de las sesiones de comisión o
de plenaria el Ministro de Interior –quien hace las veces de Gobierno en este
asunto- apoyó la creación de la Unidad Administrativa Especial de las
Juventudes.
Aunque tampoco se realizó
manifestación en contra del mismo durante el trámite legislativo por parte del
Ministro de Interior, no por este simple hecho debe entenderse que se presentó
el fenómeno de la aquiescencia o acuerdo tácito por parte del Gobierno respecto
de la iniciativa de creación de la Unidad Administrativa Especial para las
Juventudes, máxime cuando uno de los proyectos de ley era iniciativa suya y en
éste no se contemplaba la creación de dicha unidad administrativa.
Respecto de la aquiescencia se han
presentado diferentes pareceres en la jurisprudencia constitucional[131], algunos más
flexibles que otros. Sin embargo, su entendimiento no puede llegar al punto de
hacer irrelevante o, incluso, innecesaria la participación activa del Gobierno
en la determinación de la estructura de la administración en el nivel nacional.
En conclusión, el artículo en
cuestión i) trata un tema de iniciativa exclusiva del Gobierno –artículos 150
n. 7º y 154-; ii) dicha disposición no fue iniciativa del Gobierno; y iii) el
Gobierno, a través de sus voceros o representantes legitimados ante el Congreso
–artículos 200 n. 2 y 208 de la Constitución- no realizó manifestación alguna a
favor de la disposición que ahora se estudia, no obstante ésta ser incluida
desde la ponencia para primer debate del proyecto.
Siendo esta la situación sometida
a consideración de la Sala, se concluye que el requisito formal, relacionado
con la iniciativa privativa del Gobierno, no fue cumplido en el caso del
artículo 31 del proyecto de ley, razón por la cual se declarará su
inexequibilidad.
Sin embargo, anota la Corte que el
Gobierno podrá asignar estas funciones a la dependencia estatal que continúe
encargada del desarrollo de la política pública para la juventud. Esta
conclusión tiene fundamento en que i) las razones que motivan esta declaratoria
de inexequibilidad son exclusivamente de índole procedimental. Y ii) en lo
relativo a los aspectos de fondo, no se observa por parte de la Corte que el
contenido del artículo 31 contraríe normas que sirven como parámetro de control
constitucional, ni en los atinentes a las características de la entidad que se
crea -1º y 2º incisos-; ni en las funciones asignadas –numerales 1 a 11, todas
ellas relativas al diseño, implementación, planeación de las políticas de
juventud, así como de la participación de las y los jóvenes-; ni, finalmente,
en lo relativo a las fuentes del presupuesto de la unidad que había sido
prevista.
Con base en las razones expuestas
se declarará la inexequibilidad del artículo 31.
Artículo 32
Artículo 32. Instancias de las
entidades territoriales para la juventud. Las entidades territoriales contarán con una
estructura organizativa encargada de coordinar y articular las acciones de
política que garanticen el goce efectivo de los derechos de la juventud, y que
además esté articulada al sistema de juventud.
La presente disposición debe
entenderse en acuerdo con lo manifestado al analizar el artículo 16 del actual
proyecto, por lo que su lectura deberá surgir una facultad y no una obligación
para las entidades territoriales, en armonía con el numeral 7º del artículo 300
y el numeral 6º del artículo 313 de la Constitución y, en consecuencia, con el
principio de autonomía territorial –artículos 1º y 287 de la Constitución-.
En este sentido se declarará la
exequibilidad del artículo 32.
Artículo 33
CAPÍTULO II
Subsistema de Participación de las
Juventudes
Artículo 33. Subsistema de
Participación de las Juventudes. Es el conjunto de actores, instancias, mecanismos,
procesos y agendas propias de los y las jóvenes, y sus procesos y prácticas
organizativas. Se constituyen de conformidad con el principio de autonomía.
El artículo 33 consagra una
definición que no contiene elemento alguno que vaya en contravía de las
disposiciones que deben servir como parámetro de constitucionalidad. En efecto,
los términos utilizados son meramente indicativos de elementos muy generales
que no permiten derivar afectación directa o indirecta a posición o situación
jurídica alguna. En este sentido la Sala considera que el artículo en comento
debe declararse exequible.
Artículo 34
CAPÍTULO III
Consejos de Juventudes
Artículo 34. Consejos de Juventudes.
Los Consejos de
Juventudes son mecanismos autónomos de participación, concertación, vigilancia
y control de la gestión pública e interlocución de los y las jóvenes en
relación con las agendas territoriales de las juventudes, ante
institucionalidad pública de cada ente territorial al que pertenezcan, y desde
las cuales deberán canalizarse los acuerdos de los y las jóvenes sobre las alternativas
de solución a las necesidades y problemáticas de sus contextos y la
visibilización de sus potencialidades y propuestas para su desarrollo social,
político y cultural ante los gobiernos territoriales y nacional.
Este precepto trae la definición de los
Consejos de las Juventudes. Los mismos son previstos como un mecanismo de
participación de las y los jóvenes en los temas que se entiendan incluidos en
las llamadas “agendas territoriales de las juventudes”; la participación de la
población joven a través de dos grandes vías: i) la primera, consistirá en la
concertación, vigilancia y control de la gestión pública; ii) la segunda,
consistirá en servir como canales de manifestación de propuestas de solución a
las necesidades  y problemas que enfrente la población joven, así como de
aquellas que busquen el desarrollo social, político y cultural de esta
comunidad, de acuerdo con las competencias asignadas al ente territorial con el
que, en cada oportunidad, se esté dialogando.
El artículo 34 consagra un mecanismo de
participación muy similar al que era previsto por el proyecto No. 293 de 2006
de Senado de la República y 12 de 2005 de la Cámara de Representantes, en el
sentido que se crea una institución de carácter social que participará en  la
gestión de los intereses de los jóvenes en los distintos niveles territoriales.
Lo primero que resalta la Corte es que se
trata de un mecanismo de participación ciudadana de aquellos previstos en el
artículo 103 de la Constitución, en la medida en que representa a los jóvenes
en diferentes ámbitos ante las autoridades políticas y administrativas que
integran el Estado, convirtiéndose con ello en canales de comunicación de los
problemas, las inquietudes, las propuestas y las críticas que puedan tener los
jóvenes respecto de la agenda de la juventud que presenten los organismos de
Gobierno, ya sea éste en el nivel local, departamental o nacional. En este
sentido se sigue la jurisprudencia establecida por la Corte en la sentencia
C-616 de 2008, en la que al analizar el contenido del proyecto de ley No. 293
de 2006 de Senado de la República y 12 de 2005 de Cámara de Representantes, que
regulaba la figura de los Consejos Juveniles de una forma muy similar a como la
hace el proyecto ahora estudiado, consagró:
“Ahora bien, de un examen del proyecto
objetado se infiere claramente que los Consejos de la Juventud son concebidos
como un mecanismo de participación ciudadana, encargado de representar a los
jóvenes y a las organizaciones juveniles en distintos ámbitos. Particularmente
revelador sobre tal extremo resulta el artículo 8º el cual enuncia las
siguientes funciones de los Consejos de la juventud:
(i)
Actuar como instancia
válida de interlocución y consulta ante la administración y las entidades públicas
del orden nacional y territorial y ante las organizaciones privadas, en los
temas concernientes a juventud;
(ii)
Establecer
estrategias y procedimientos para que los jóvenes participen en el diseño de
políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo dirigidos a la juventud,
y ejercer veeduría y control social en la ejecución de los mismos;
(iii)
Dinamizar la
promoción, formación integral y la participación de la juventud, de acuerdo con
las finalidades de la Ley 375 de 1997 y demás normas que la modifiquen o
complementen;
(iv)
Elegir representantes
ante otras instancias de participación juvenil y en general, ante aquellas
cuyas regulaciones o estatutos que así lo dispongan;
(v)
Conceptuar, proponer,
debatir y concertar políticas, programas y proyectos dirigidos a la juventud;
(vi)
Conceptuar sobre el
diseño e implementación de las políticas, programas y proyectos dirigidos a la
población joven en las respectivas entidades territoriales.
En esa medida los Consejos de
la juventud son una instancia de participación, concertación, vigilancia y
control de la gestión pública, a los que hace referencia el inciso final
del artículo 103 de la Constitución política.
A igual conclusión puede
llegarse en el caso de los Consejos de Juventudes que prevé el artículo 34 del
proyecto en estudio, pues los mismos sirven como mecanismo de expresión de las
y los jóvenes en muy distintos aspectos que pueden ser objeto de la acción de
los poderes públicos en los distintos niveles de Gobierno del Estado. Por esta
razón la Corte ratifica la necesidad de que la norma que regule de forma
integral o que desarrolle los aspectos estructurales de este mecanismo de
participación tenga naturaleza estatutaria, como ocurre en el presente caso.
Respecto del contenido,
observa la Corte que de los elementos mencionados en la definición se observa
que tanto el objetivo, el instrumento ideado para su consecución, los ámbitos
en que se plantea su actuación y la naturaleza de la misma están acorde con el
principio de democracia participativa que se enuncia en al artículo 4º de la
Constitución colombiana, como con la concreción que de las vías para su
materialización se hace en el artículo 103 de la Constitución.
En este sentido, resalta la
Corte que los Consejos de Juventudes no son una instancia decisoria, sino una
forma de visibilización de la situación de las y los jóvenes ante las distintas
instancias de Gobierno, así como de control social del diseño y ejecución de
políticas públicas sobre juventud, objetivos centrales de la idea de
participación democrática que encarna nuestra Constitución en los artículos 3º
y 103.
Por esta razón no se
encuentra reparo alguno de constitucionalidad respecto de la creación de este
mecanismo participativo.
Artículo 35
Artículo 35. Funciones de los Consejos
de Juventud. El
Consejo Nacional de Juventud, los Consejos Departamentales de Juventud, y los
Consejos Distritales, Municipales y Locales de Juventud, cumplirán, en su
respectivo ámbito, las siguientes funciones:
1. Actuar como mecanismo válido de
interlocución y concertación ante la administración y las entidades públicas
del orden nacional y territorial y ante las organizaciones privadas , en los
temas concernientes a juventud.
2. Proponer a las respectivas autoridades
territoriales, políticas, planes, programas y proyectos necesarios para el
cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y demás
normas relativas a juventud, así como concertar su inclusión en los planes de
desarrollo.
3. Establecer estrategias y
procedimientos para que los jóvenes participen en el diseño de políticas,
planes, programas y proyectos de desarrollo dirigidos a la juventud.
4. Participar en el diseño y desarrollo
de agendas municipales, Distritales, departamentales y nacionales de juventud.
5. Concertar la inclusión de las agendas
territoriales y la nacional de las juventudes con las respectivas autoridades
políticas y administrativas, para que sean incluidas en los planes de
desarrollo territorial y nacional así como en los programas y proyectos
necesarios para el cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas en la
presente ley y demás normas relativas a la juventud.
6. Presentar informes semestrales de su
gestión, trabajo y avances en audiencia pública, convocada ampliamente y con la
participación de los diversos sectores institucionales y de las juventudes.
7. Ejercer veeduría y control social a
los planes de desarrollo, políticas públicas de juventud, y a la ejecución de
las agendas territoriales de las juventudes, así como a los programas y
proyectos desarrollados para los jóvenes por parte de las entidades públicas
del orden territorial y nacional.
8. Interactuar con las instancias o
entidades públicas que desarrollen procesos con el sector, y coordinar con
ellas la realización de acciones conjuntas.
9. Fomentar la creación de procesos y
prácticas organizativas de las y los jóvenes y movimientos juveniles, en la
respectiva jurisdicción.
10. Dinamizar la promoción, formación
integral y la participación de la juventud, de acuerdo con las finalidades de
la presente ley y demás normas que la modifiquen o complementen.
11. Promover la difusión, respeto y
ejercicio de los Derechos Humanos, civiles, sociales y políticos de la
juventud, así como sus deberes.
12. Elegir representantes ante las
instancias en las que se traten los asuntos de juventud y cuyas regulaciones o
estatutos así lo dispongan.
13. Participar en el diseño e
implementación de las políticas, programas y proyectos dirigidos a la población
joven en las respectivas entidades territoriales.
14. Interactuar con las instancias o
entidades que desarrollen el tema de juventud y coordinar la realización de
acciones conjuntas.
15. Participar en la difusión y
conocimiento de la presente ley.
16. Es compromiso de los Consejos de
Juventud luego de constituidos, presentar un plan unificado de trabajo que
oriente su gestión durante el período para el que fueron elegidos.
17. Convocar y reglamentar las
Plataformas de Juventud Municipales, Distritales y Locales.
18. Elegir delegados ante otras
instancias y espacios de participación.
19. Adoptar su propio reglamento interno
de organización y funcionamiento.
El artículo 35 del proyecto
enumera las funciones de los Consejos de Juventudes. Éstas apuntan a permitir
que a través de estos mecanismos de participación se alcancen los objetivos
previstos por el proyecto. En este sentido, incluye previsiones que permiten a
los Consejos tener una participación activa y, se espera, eficaz en el diseño,
ejecución y vigilancia de la política pública en materia de las y los jóvenes.
En efecto, las funciones atribuidas apuntan a posicionar a las y los jóvenes
como partícipes en el proceso de decisión política en los temas que les atañen
–numerales 1 a 5 del artículo 35-; como actores en la función de veeduría y de
control al poder –numeral 7-; y como órgano decisorio y determinador de
acciones que propendan por la promoción de políticas en pro de la creación de
organizaciones juveniles, del conocimiento de los derechos humanos, civiles y políticos
y de decisión sobre los temas que los afecten directamente –numerales 7 a 15-.
La lectura del artículo 35
conduce a concluir que no se incluye función alguna que se prevea per se
como contradictoria de los términos previstos por la Constitución para ejercer
la democracia participativa.
En este sentido, lo primero
que debe manifestarse es que los Consejos de las Juventudes son verdaderos
mecanismos de participación y, en esa medida, debe entenderse que a través de
ellos se concreta el principio de democracia participativa consagrado en el
artículo 3º de la Constitución. Adicionalmente, resulta pertinente recordar que
la Constitución en el artículo 288 establece que las competencias atribuidas a
los entes territoriales serán ejercidas de acuerdo a lo establecido por la ley,
siempre en acuerdo con los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad. Finalmente, tanto el numeral 12 del artículo 300, como el
numeral 15 del artículo 305 de la Constitución, ambos para el caso de los
departamentos; y el numeral 10 del artículo 313 y el numeral 10 del artículo
315 de la Constitución, en el caso de los municipios contienen  la previsión de
que le ley podrá determinar funciones de las instituciones de estos entes
territoriales.
La lectura conforme a la
Constitución que debe hacerse de estas disposiciones obliga a entender que los
Consejos de Juventudes son verdaderas instancias en el proceso de
determinación de las acciones de política pública de las entidades del nivel
territorial en materia de juventud. Por tal razón, y para dar eficacia al
principio de democracia participativa, las funciones de concertación –numerales
1, 2, 3 y 5- deberán entenderse como de obligatoria realización por parte de
las autoridades de los entes territoriales cuando quiera que se realicen las
actividades descritas por el artículo 35 del proyecto en estudio.
En consecuencia, a partir del
numeral 4º del artículo 35 surge para los municipios, departamentos, distritos
y la Nación la obligación de implementar procesos de decisión política y
creación normativa que impliquen etapas en las que se materialice, o al menos
se de oportunidad a, la participación de los consejos de juventud en el diseño
de las agendas de la juventud y su posterior inclusión en los planes de
desarrollo territorial y nacional.
Siendo este el contenido
incluido en el artículo 35, debe la Corte declarar su exequibilidad por no
contradecir disposición constitucional alguna.
Artículo 36
Artículo 36. Consejo Nacional de
Juventud. El Consejo
Nacional de Juventud estará integrado de la siguiente manera:
1. Un (1) delegado de cada uno de los
Consejos Departamentales de Juventud.
2. Un (1) delegado de cada uno de los
Consejos Distritales de Juventud.
3. Un (1) representante de los procesos y
prácticas organizativas de las y los jóvenes campesinos.
4. Un (1) representante de las
comunidades indígenas.
5. Un (1) representante de las
comunidades de afrocolombianos.
6. Un (1) representante del pueblo rom.
7. Un (1) representante de las
comunidades de raizales de San Andrés y Providencia.
Parágrafo 1°. Los jóvenes delegados ante los consejos
distritales, departamentales y el nacional de juventud, tendrán un periodo de
un año y podrán ser reelegidos por un sólo periodo adicional.
Parágrafo 2°. El representante de las comunidades
indígenas, afrocolombianas, rom y raizales de San Andrés y Providencia será
elegido de acuerdo a los procedimientos de las comunidades.
El artículo 36 señala la
forma de conformación del Consejo Nacional de la Juventud. En su integración se
aprecia la participación de las diferentes comunidades étnicas, así como
representantes de los consejos departamentales y distritales de la juventud, y,
finalmente, un representante de los procesos y prácticas organizativas de las y
los jóvenes campesinos.
La Sala encuentra que la
norma en estudio no vulnera ningún artículo que deba ser tenido en cuenta como
norma parámetro de constitucionalidad. Por el contrario, se observa que la
norma garantiza instancias de participación en un órgano que concreta el
principio de democracia participativa, de manera que con ella se estarían
materializando garantías constitucionales previstas en los artículos 3 y 103 de
la Constitución.
Resta anotar que, aunque el
artículo 36 prevé la participación de representantes de las comunidades étnicas
presentes en el territorio colombiano en la integración del Consejo Nacional de
Juventud, dicha norma no afecta directamente derecho alguno de estas
comunidades, ni las posibilidades de ejercicio de sus derechos, ni, finalmente,
se ven afectados elementos que de forma indirecta repercutan en el ejercicio de
la diversidad étnica o cultural de la comunidad como principio constitucional
protegido por la exigencia de consulta previa[132].
En este sentido, observa la
Sala que la previsión de las personas que participarán en el Consejo Nacional
de Juventud no varía el estatus de las comunidades étnicas mencionadas en la
norma en cuestión. Adicionalmente, es de anotar que el parágrafo 2º de la norma
ratifica que el artículo en estudio no implica suplantación de la autonomía que
en estos temas debe reconocerse a las comunidades étnicas, en cuanto prevé la
elección de estos representantes de acuerdo a los procedimientos previstos por
cada comunidad.
Lo expuesto lleva a concluir
la exequibilidad del artículo 36 del proyecto en estudio.
Artículo 37
Artículo 37. Convocatoria del Consejo
Nacional de Juventud. Dentro
de los ciento cincuenta (150) días siguientes a la elección de los Consejos
Departamentales de Juventud, la entidad designada o creada por el Gobierno
Nacional para la juventud, convocará la conformación del Consejo Nacional de
Juventud.
El artículo 37 prevé la
convocatoria para la elección del Consejo Nacional de Juventud por parte de la
entidad que cree el Gobierno Nacional para atender los temas de juventud.
No se aprecia contradicción
con norma constitucional alguna y, por el contrario, prevé herramientas que
harán efectiva la materialización del principio de democracia participativa a
través del Consejo Nacional de Juventudes.
En efecto, el artículo 37
establece un periodo de 150 días para que la entidad que designe el Gobierno
Nacional convoque para su conformación, el que se aprecia como un tiempo
razonable que, a la vez que brinda la oportunidad para que cree toda la
organización institucional necesaria para llevar a cabo esta tarea, presenta un
término determinado que no permite que la conformación de este mecanismo de participación
se dilate, haciendo nugatoria la intención del legislador de crear este canal
de expresión y participación de la juventud en nuestro ordenamiento.
Por esta razón, el artículo
37 del proyecto desarrolla, acorde con los principios de democracia participativa
–artículo 3 de la Constitución- y eficacia en la función administrativa –art
209 de la Constitución-, lo que hace que no presente inconveniente desde el
punto de vista de su adecuación a los términos constitucionales.
No obstante, debe anotarse
que la falta de medidas expresas que determinen consecuencias en caso de que no
sea conformado el Consejo Nacional de Juventud puede implicar una limitación de
derechos que resulte contraria a la Constitución. La Corte no puede descartar
este resultado. Sin embargo, dicha situación deberá ser apreciada en el caso
concreto y a través del mecanismo de protección de derechos fundamentales
ordinario o, en su defecto, subsidiario; en este estadio, es decir en sede de
control abstracto de constitucionalidad, es imposible para la Corte determinar
consecuencias al incumplimiento de este precepto, ya que en la situación actual
la materia cae en el campo de las valoraciones de conveniencia, propias de un
órgano distinto al Tribunal que estudia la constitucionalidad de las normas.
Por lo antes anotado, se
declara la exequibilidad del artículo 37.
Artículo 38
Artículo 38. Consejos Departamentales
de Juventud. Los
Consejos Departamentales de Juventud estarán integrados por delegados de los
Consejos Municipales y Distritales de Juventud.
Parágrafo. Los Consejos Departamentales de Juventud se reunirán
de manera ordinaria dos (2) veces al año y de manera extraordinaria de acuerdo
a los reglamentos internos que se construyan.
El precepto en estudio prevé
la forma en que deben integrarse los Consejos Departamentales de la Juventud.
Al respecto consagra que los mismos estarán integrados por delegados de los
Consejos Municipales y Distritales de Juventud.
Respecto de este punto, y al
igual que al analizar el artículo anterior, encuentra la Corte que la
regulación en estudio no presenta elementos que vayan en contra de la
Constitución y, por el contrario, desarrolla principios esenciales para el
sentido democrático que debe caracterizar al Estado colombiano.
El artículo 38 prevé que los
Consejos Departamentales estarán conformados por delegados de los Consejos
Municipales y Distritales, con lo que conecta las instituciones del nivel local
con el nivel departamental, dando posibilidades de comunicación y coordinación
entre las instancias locales de representación de juventud y, adicionalmente,
proyecta las políticas de juventud al nivel departamental, en lo que
corresponda a las autoridades de este nivel territorial.
Adicionalmente, el artículo
en estudio contiene un parágrafo que prevé el tiempo se reunión ordinaria de
los Consejos Departamentales. Al respecto establece que de manera ordinaria los
mismos se reunirán dos veces al año, lo cual no es cosa diferente a la
implementación de un mecanismo que asegure su posibilidad de reunión y, por
consiguiente, que propenda por su eficacia y adecuado funcionamiento. Pero, a
la vez, determina que sus reglamentos internos podrán prever procedimientos de
convocatoria a reuniones extraordinarias, lo cual garantiza que, en caso de
considerarlo necesario, estas instituciones puedan reunirse a complementar el
desarrollo de sus funciones.
En este sentido, encuentra la
Corte que el artículo en estudio se adecúa a la Constitución y, en
consecuencia, será declarado exequible.
Artículo 39
Artículo 39. Convocatoria y
composición de los Consejos Departamentales de Juventud. Dentro de los sesenta (60) días
siguientes a la elección de los Consejos Municipales de Juventud, los
gobernadores convocarán a la conformación del Consejo Departamental de
Juventud.
Los Consejos Departamentales de Juventud
estarán integrados por un número impar, no menor de cinco (5) ni mayor de
quince (15) miembros, delegados de los Consejos Municipales y Distritales de
Juventud, excepto el Distrito Capital.
Parágrafo. Previa convocatoria efectuada por el Gobernador, cada
Consejo Municipal y Distrital de Juventud de la respectiva jurisdicción,
designará un delegado para conformar el Consejo Departamental de Juventud. Si
se llegare a presentar el caso, en que el número de consejeros delegados supere
el tope máximo de miembros a integrar el Consejo Departamental de Juventud, el
Gobernador convocará en cada una de las provincias de su departamento,
conformen asambleas constituidas por los Consejos Municipales y Distritales de
Juventud, pertenecientes a municipios y distritos que la conforman. En cada una
de las asambleas se elegirá entre ellos el número de consejeros delegados a que
tengan derecho, según lo dispuesto previamente por el gobernador, cuyo criterio
debe obedecer al número de municipios y su densidad poblacional.
En los departamentos que
tengan menos de cinco (5) Consejos Municipales y Distritales de Juventud, podrá
haber más de un delegado por consejo.
El artículo 39 consagra el
procedimiento para la integración de los Consejos Departamentales de Juventud.
El primer elemento que se
prevé en el precepto analizado es la convocatoria a cargo del Gobernador, el
cual deberá hacerla dentro de los 60 días siguientes a la conformación de los
Consejos Municipales de Juventud. Dicho término en concepto de la Corte resulta
razonable para realizar la convocatoria, pues, a la vez que posibilita la
realización del proceso de escogencia de los delegados al Consejo Departamental
por parte de los consejos municipales y distritales, no resulta un término tan
largo que retrase o, incluso, convierta en nugatoria la conformación de la
instancia departamental de participación de juventudes.
Por esta razón no se
encuentran problemas de constitucionalidad en el primer inciso del artículo en
estudio.
El segundo inciso establece
el número de delegados que integrarán los Consejos Departamentales. El primer
punto es que estos no serán menos de cinco, ni más de quince en cada Consejo
Departamental, número que siempre será impar con el objetivo de facilitar las
decisiones que se deban tomar mediante el sistema mayoritario, con lo cual se
vislumbra un aspecto que se espera facilite la eficiencia y el dinamismo en la
toma de decisiones, objetivo acorde con el principio de democracia
participativa concretado a través de los mecanismos de participación.
Adicionalmente, el número de los delegados será de cinco a quince, lo que
permite que se conforme un cuerpo que responda a las características
democráticas que deben estar presentes en todo cuerpo colegiado, como son un
número plural de miembros que otorgue un espacio de representación a distintas
posiciones políticas e ideológicas de la sociedad y, como se comentó en el
aparte anterior, que funcione con base en el principio mayoritario.
El parágrafo del artículo en
estudio prevé que los miembros del Consejo Departamental serán delegados
nombrados por los Consejos Municipales y Distritales y que, en caso de que la
sumatoria de los delegados resultantes de este mecanismo de conformación sea
superior a la permitida por la ley, el Gobernador “convocará en cada una de
las provincias de su departamento, conformen asambleas constituidas por los
Consejos Municipales y Distritales de Juventud, pertenecientes a municipios y
distritos que la conforman”, de manera que en cada una de estas asambleas
se elija un delegado al Consejo Departamental.
Observa la Corte que una de
las posibles lecturas del parágrafo en estudio lleva a concluir que el mismo
impone un condicionamiento para la conformación de los Consejos Departamentales
en la hipótesis prevista, cual es la existencia de provincias en el respectivo
departamento. Esta lectura conduciría a una restricción del derecho de
participación democrática de los jóvenes en este nivel territorial, pues lo
supeditaría a la conformación del Consejo Departamental a la existencia de
provincias.
Por esta razón, la lectura
conforme a la Constitución del parágrafo que ahora se analiza debe ser una que,
a la vez que permite la concreción de los principios de eficacia y eficiencia
en la administración del nivel territorial, así mismo garantice el ejercicio de
la participación de los y las jóvenes a través de los Consejos Departamentales.
El parágrafo en cuestión se
debe entender como aplicable únicamente en los casos en que parte o todo el
territorio del Departamento se encuentre dividido en provincias, caso en el
cual cada provincia participará como un ente con miras a la elección de los
miembros del Concejo Departamental. En situaciones distintas, esto es ante la
ausencia de provincias, no será de aplicación la norma contenida en el
parágrafo en estudio, pues, como se manifestó, esto conduciría a la limitación
excesiva de derechos fundamentales de las y los jóvenes.
En este sentido, para la
conformación de Consejos departamentales de Juventud en aquellos departamentos
en que el número de municipios y distritos sea superior al número máximo de
delegados permitido por la ley, el Gobernador deberá convocar asambleas
constituidas por los consejos municipales y distritales, en las cuales se
elijan los delegados al Consejo Departamental. De esta forma se activa el
principio de democracia participativa, garantizando, además, la legitimidad del
órgano a partir del cual se elijan los consejeros. En los departamentos donde
no existan provincias, cada gobernador cuenta con libertad de criterio para la
conformación de las asambleas antes mencionadas, teniendo en cuenta que el
mismo responda a las exigencias y finalidades del principio de democracia
participativa.
Finalmente, el parágrafo
incluye un inciso con el cual no encuentra la Corte problema de
constitucionalidad, consistente en que en los Departamentos con menos de cinco
consejos municipales y distritales podrá existir más de un delegado por cada
consejo. Dicha disposición se debe entender, en acuerdo con los incisos
anteriores, como una facultad para que el Gobernador, en concreción del
principio de democracia participativa –artículo 3 de la Constitución-,
pluralidad - artículo 1 de la Constitución-, decisión y funcionamiento
democrático de los mecanismos de participación - artículos 3 y 103 de la
Constitución-, determine qué consejo(s) municipal o distrital debe designar a
más de un delegado, previendo mecanismos que permitan que el consejo con mayor
número de representantes responda a criterios de densidad demográfica, mayor
población joven, mayor trayectoria, entre otros.
Por lo antes expuesto, la
Corte encuentra exequible el artículo 39 del proyecto ahora estudiado.
Artículo 40
Artículo 40. Consejos Locales y
Distritales de Juventud. De conformidad
con el régimen administrativo de los distritos, se conformarán Consejos Locales
de Juventud, los cuales se regirán por las disposiciones para los Consejos
Municipales de Juventud, contenidas en la presente ley.
Los Consejos Distritales de Juventud
serán integrados por un (1) delegado de cada uno de los consejos locales de
juventud.
Parágrafo 1º. El Consejo Distrital de Juventud de
Bogotá, D. C., será integrado por un (1) delegado de cada uno de los Consejos
Locales de Juventud.
El artículo 40 prevé la
conformación de los Consejos Locales y Distritales de la Juventud.
La regulación atinente a la
conformación de los Consejos Locales de la Juventud será análoga a aquella
referida a los Consejos Municipales de la Juventud, de manera que el análisis
se hará cuando se estudie la adecuación constitucional del artículo 42 del
proyecto en cuestión.
Sobre la conformación de los
Consejos Distritales de Juventud el proyecto únicamente prevé que serán
integrados por un delegado de cada uno de los Consejos Locales existentes,
siguiendo el principio que animó la conformación de los Consejos
Departamentales y que se encontró acorde con la Constitución, en cuanto
desarrolla diferentes principios constitucionales como el de democracia
participativa - artículo 3 de la Constitución-, pluralidad - artículo 1 de la
Constitución- y representatividad de los mecanismos de participación ciudadana
-artículo 103 de la Constitución-.
La alusión del parágrafo,
aunque repite la regla general al referirse a la conformación del Consejo
Distrital de Bogotá D.C. y en esa medida se encuentra como una carencia desde
la perspectiva de la técnica legislativa, no contradice precepto constitucional
alguno, razón por la cual será declarada su exequibilidad.
En este sentido, se declara
la exequibilidad del artículo 40 del proyecto en estudio.
Artículo 41
Artículo 41. Convocatoria
y composición de los Consejos Distritales de Juventud. De conformidad con el Régimen
Administrativo del Distrito, dentro de los treinta (30) días siguientes a la
elección de los Consejos Locales de Juventud, los Alcaldes de Distritos
conformarán el Consejo Distrital de Juventud a razón de un delegado por cada
localidad o comuna según corresponda.
El artículo 41 describe la
forma en que se conformarán los Consejos distritales antes descritos. Con ese
objetivo, asigna a los alcaldes distritales la función de conformar el Consejo
Distrital de la manera en que se prevé en el artículo 40 del proyecto.
Encuentra la Sala que esta
función que crea la ley es acorde con el carácter dado por la Constitución a la
máxima autoridad local y que no va en contravía del artículo 315 de la
Constitución que, entre las funciones de los alcaldes, prevé aquellas que serán
creadas por la ley. Así mismo, encuentra la Corte que las mismas responden al
carácter de jefe de la administración distrital que tiene el alcalde y, por
consiguiente, son armónicas con el papel asignado por la Constitución.
En este sentido será
declarada la exequibilidad de dicha atribución.
Artículo 42
Artículo 42. Consejos Municipales de
Juventud. En cada
uno de los municipios del territorio nacional, se conformará un Consejo
Municipal de Juventud, integrado por Jóvenes procedentes de listas de jóvenes
independientes, de procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes
formalmente constituidos, y de juventudes de los partidos políticos elegidos
mediante voto popular y directo de las y los jóvenes.
Parágrafo 1°. En los municipios y localidades donde
existan organizaciones juveniles de campesinos, comunidades de indígenas,
afrocolombianos, rom, raizales de San Andrés y Providencia o en general de
comunidades étnicas, cada entidad territorial deberá elegir un representante de
estas comunidades. En este evento, habrá un miembro más en el Consejo de
Juventud por cada una de tales comunidades.
Parágrafo 2°. Los Consejos Municipales de Juventud se
reunirán como mínimo una (1) vez al mes de manera ordinaria y de manera
extraordinaria de acuerdo a los reglamentos internos que se construyan.
Parágrafo 3°. El número total de integrantes del
Consejo Municipal o Local de Juventud deberá ser siempre impar, incluida la
representación étnica especial que se regula en este artículo. En el evento que
de la composición ampliada resultare número par, se aumentará o disminuirá en
un (1) miembro según lo establecido en el artículo 49, sin apartarse del rango
mínimo o máximo allí fijado.
El artículo 42 contiene
diferentes aspectos relativos a la  conformación de los Consejos Municipales de
Juventud.
El primer inciso presenta la
regulación atinente a la presentación de listas de candidatos a los Consejos
Municipales. La legitimación recae sobre tres entes:
a)    Jóvenes independientes;
b)    Procesos y prácticas organizativas de los
jóvenes formalmente constituidos; y
c)     Juventudes de partidos políticos.
Respecto de la posibilidad
dada a jóvenes independientes de presentar listas de candidatos encuentra la
Corte que la misma responde a un espíritu abierto y garantista de la
participación de las y los jóvenes en los procesos de conformación de los
Consejos Municipales de Juventud, por lo que no se observa contradicción alguna
con las normas que conforman el parámetro de control constitucional. Debe
resaltarse que el legislador habría podido optar por un esquema más exigente
para la presentación de listas de candidatos por cuenta de “jóvenes
independientes”; sin embargo, al no consagrar requisitos adicionales al
previsto en el artículo 47 de este proyecto, se concluye optó por un esquema de
casi absoluta libertad, que, desde un análisis estrictamente jurídico, resulta
conforme a las disposiciones constitucionales. Sobre este aspecto resta anotar
a la Corte que, en cuanto la materia de los requisitos para la presentación de
listas es un aspecto esencial de los Consejos Municipales de Juventud como
mecanismo de participación, en acuerdo con el artículo 152 de la Constitución,
resulta preceptivo que su regulación se haga por vía de ley estatutaria, de
manera que se respete la reserva normativa prevista por la Constitución
respecto de los mecanismos de participación; en consecuencia, las
reglamentaciones que sobre el tema expida la administración –cualquiera sea el
nivel de ella- no podrán contener exigencias que no hayan sido previstas por el
legislador o, en otros términos, no podrán crearse requisitos adicionales para
el ejercicio del derecho vía administrativa, excepción hecha de aquellos pasos
o etapas meramente operativos que busquen efectivizar la forma de ejercer el
derecho previsto en la disposición analizada.
Respecto del segundo ente
posibilitado para la presentación de candidatos, encuentra la Corte que entre
las definiciones incluidas en el numeral 4º del artículo 5º, se definen los
procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes. En este sentido,
quienes pueden presentar listas de candidatos serán aquellas organizaciones
constituidas en su mayoría por jóvenes que, contando con personería jurídica
reconocida por autoridad competente, implemente mecanismos democráticos para la
toma de decisiones y su funcionamiento esté guiado por algún tipo de
normatividad interna. Siendo este el sujeto legitimado por el artículo 42
observa la Corte que no contraviene la Constitución el permitir que
organizaciones como las definidas en el numeral 4.1. del artículo 5 presenten
candidatos. Resalta, sin embargo, el carácter abierto de la definición y, por
consiguiente, la gran variedad de organizaciones que caben dentro de la
definición de procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes
formalmente constituidos; siendo este el parecer del legislador, se reitera
que se encuentra fuera de las competencias de la administración el establecer
limitantes para el reconocimiento de la existencia o el ejercicio de las
competencias de estos entes de asociación y participación de los jóvenes.
Las juventudes de los
partidos políticos son los otros grupos legitimados para la presentación de
candidatos. No encuentra la Corte contradicción con disposición alguna de la
Constitución, siempre y cuando se entienda que, en armonía con el artículo 107
de la Constitución y 49 del proyecto de ley, los partidos políticos a que se
refiere este artículo son únicamente aquellos con personería jurídica, en
cuanto son las instituciones que cuentan con ese reconocimiento por parte del
Estado. En este sentido, en sus  estatutos, y en seguimiento de lo preceptuado
en el artículo 107 de la Constitución, los partidos políticos deberán
establecer un procedimiento para la conformación de la lista de candidatos al
Consejo Municipal de Juventud que, siendo democrático, responda a los
principios de transparencia, objetividad, equidad de género y moralidad.
El siguiente aspecto que
trata el artículo es la forma de elección de los Consejos Municipales de
Juventud, la cual se hará por voto popular y directo de las y los jóvenes. Esta
es una forma que no riñe con la conformación democrática exigible de un
mecanismo de participación democrática como el que ahora se estudia, de manera
que la elección por votación popular se encuentra acorde con la Constitución.
La legitimación para elegir a los Consejos se restringe a las y los jóvenes
que, en términos del artículo 5 del proyecto, serán las personas entre los 14 y
28 años de edad, lo que, de acuerdo con la Sala, constituye una limitación
razonable, que se encuentra dentro del ámbito de configuración del legislador y
que se aprecia como adecuada para alcanzar un fin legítimo, como es que la
conformación de los Consejos de Juventud sea un mecanismo de participación de
las y los jóvenes. Siendo los jóvenes los únicos que pueden participar se evita
la posibilidad de que su opinión sea distorsionada o falseada con la
participación de sectores de la población distintos y que, por consiguiente,
tienen una visión diferente de la situación, problemática y propuestas que
tienen las y los jóvenes. Por esta razón, la Corte no encuentra reparo alguno
que desde el aspecto constitucional pueda hacerse al sujeto activo del derecho
de elección de los Consejos de la Juventud.
El parágrafo primero del
artículo 42 asegura un espacio en los Consejos Municipales para las y los
jóvenes pertenecientes a comunidades étnicas de las allí mencionadas. La Corte
analizará dos puntos que, considera, son importantes en el análisis
constitucional.
El primero de ellos consiste
en el significado que este parágrafo tiene respecto de los destinatarios de
dicha protección. El precepto estudiado establece que la protección se dará
respecto de organizaciones juveniles de campesinos, comunidades indígenas,
afrocolombianos, rom, raizales de San Andrés y Providencia o en general
comunidades étnicas. En criterio de la Corte, la lectura gramatical de la norma
lleva a equívocos como, verbigracia, entender que en todo municipio en que
residan afrocolombianos éstos deban tener un cupo por derecho propio en el
Consejo de Juventud; lectura que llevaría a preguntarse qué ocurre en casos en
que la población mayoritaria pueda catalogarse como afrocolombiana o
perteneciente a una comunidad indígena o raizal de San Andrés. Por esta razón
la Corte considera que el principio de interpretación conforme a la
Constitución hace necesario establecer ciertos parámetros de entendimiento del
precepto legal.
En primer lugar debe la Corte
recordar que el principio que inspira este tipo de medidas es el de diversidad
étnica y cultural, consagrado el artículo 7º de la Constitución. Por esta
razón, para la Corte, la protección prevista en el primer parágrafo del
artículo 42 se predica respecto de comunidades étnicas minoritarias que estén
presentes en algún municipio del territorio colombiano; en este sentido, debe
entenderse que la participación con fundamento étnico en los Consejos de
Juventud a nivel municipal se predica que aquellas personas que integren un
grupo i) desde el punto de vista étnico, claramente identificable dentro del
municipio que habita y ii) que tenga carácter minoritario en la entidad local.
De esta forma se estarían dando las condiciones para considerar que existe un
sujeto respecto del cual debe predicarse la protección especial prevista por el
primer parágrafo del artículo en estudio.
En segundo lugar, el
parágrafo prevé que cada entidad territorial deberá elegir un representante los
grupos étnicos minoritarios. Hay dos posibilidades de entendimiento de este
aparte del parágrafo 1º:
i)      Que sea el municipio de forma unilateral
sea el que realice la elección del representante de las comunidades étnicas que
son minoritarias en su territorio;
ii)    Que la elección sea llevada a cabo como
resultado de un proceso consultado –e, incluso, concertado- con las comunidades
étnicas presentes en el municipio, siguiendo las reglas que, con la participación
de la comunidad o comunidades, se crearon para que sea una realidad la elección
de un representante legal en cada municipio en que existan minorías étnicas.
Ninguno de los dos contenidos
es per se contrario a los parámetros constitucionales, pues, por el
contrario, en ambos casos se está creando una garantía de representación en un
mecanismo de participación ciudadana, lo cual resulta concreción de principios
como el de participación en democracia - artículo 3 de la Constitución- y del
principio de diversidad étnica y cultural ­- artículo 7 de la Constitución-.
Sin embargo, la diferencia radica en que si se entiende que la elección la
realiza el municipio de forma unilateral, la norma debió ser consultada con las
comunidades étnicas, pues implicaría un contenido que les afecta directamente,
ya que establece el mecanismo para que éstas sean representadas en los Consejos
Municipales de Juventud. Por el contrario, si se interpreta que la norma
únicamente crea un espacio de representación para las comunidades étnicas, sin
establecer el proceso para nombrar el representante de las mismas que, por
consiguiente, deberá ser fruto de un proceso de consulta previa con cada una de
las comunidades que vaya a ser representada en el municipio, se estará ante una
norma que atiende las exigencias del parámetro de constitucionalidad, que en
este caso, además de la Constitución, se integra por el artículo 6º del
convenio 169 de 1989 de la OIT. Siendo estas las posibilidades interpretativas,
y siguiendo el principio de interpretación conforme a la Constitución –artículo
4º de la Constitución-, la Sala declarará la exequibilidad del parágrafo
primero, en el entendido que dicho precepto exige que la elección del
representante de cada comunidad étnica minoritaria sea fruto de un proceso en
el que la consulta previa a dicha comunidad haya sido uno de los pasos seguidos
por el respectivo municipio.
El parágrafo segundo del
artículo en estudio consagra una regla procedimental, la reunión por derecho
propio como mínimo una vez al mes, que no presenta reparos desde el punto de
vista constitucional. Igualmente, el parágrafo tercero del artículo 42
establece una regla de composición de los Consejos como cuerpos plurales
enfocada a facilitar la toma de decisiones, la cual no riñe con disposición
alguna de la Constitución y, en esa medida, será declarada exequible.
El artículo 42 se declarará
exequible, a excepción del parágrafo 1º, cuya exequibilidad queda condicionada
a que se entienda que el mismo implica la realización de la consulta previa
como etapa dentro del proceso de elección del miembro que representará a la
comunidad en el Consejo de Juventud.
Artículo 43
Artículo 43. Composición básica de los
Consejos Municipales y Locales de Juventud. Los Consejos Municipales y Locales de Juventud se
integrarán por un número impar de miembros, no menor de siete (7) ni mayor de
diecisiete (17), elegidos mediante el voto popular y directo de los jóvenes
inscritos en la respectiva jurisdicción.
La definición del número de consejeros
dependerá así mismo de la densidad poblacional de cada municipio o localidad
según último censo realizado y ajustado con proyecciones al año de las
elecciones.
Este artículo establece el
número de miembros que deberán tener los consejos municipales de juventud.
Respecto del mismo encuentra la Corte que prevé parámetros razonables y
conducentes para alcanzar el objetivo de lograr un cuerpo de representación de
la juventud que sea adecuado al tamaño de cada municipio. Estará en cabeza de
los alcaldes municipales el determinar el número de miembros del Consejo de
Juventud, de acuerdo al número de jóvenes que existan en el municipio y la
proyección de éstos al año en que se realicen las elecciones. De esta forma se
permite algún grado de flexibilidad, dentro de los parámetros que aseguren un
número que sea representativo y asegure un grado de pluralidad aceptable en la
conformación del cuerpo colegiado de expresión de la juventud a nivel
municipal.
En este sentido la Corte
declarará exequible el artículo 43 del proyecto de ley.
Artículo 44
Artículo 44. Convocatoria para la
elección de los Consejos Municipales, Locales y Distritales de Juventud. En el proceso de inscripción de
candidatos y jóvenes electores, las alcaldías distritales, municipales y la
Registraduría Nacional del Estado Civil, destinarán todos los recursos
necesarios y establecerán un proceso de inscripción acompañado de una amplia
promoción, difusión y capacitación electoral. El proceso de convocatoria e inscripción
se iniciará con una antelación no inferior a ciento veinte (120) días a la
fecha de la respectiva elección.
Parágrafo 1°. La determinación de los puestos de
inscripción y votación para los Consejos Municipales, Locales y Distritales de
Juventud, se hará teniendo en cuenta las condiciones de fácil acceso y
reconocimiento de las y los jóvenes.
Parágrafo 2°. A fin de lograr una mejor organización
electoral, los entes territoriales en coordinación con la Registraduría
Nacional del Estado Civil, y el Ministerio del Interior elaborarán un
calendario electoral.
Parágrafo 3º. El Ministerio del Interior apoyará la
promoción y realización de las elecciones de los consejeros municipales,
locales y distritales de juventud.
El artículo 44 establece los
lineamientos generales del proceso de inscripción de candidatos, así como de
los electores en los municipios y localidades del territorio nacional. Con este
objeto, asigna a las alcaldías municipales y distritales y a la Registraduría
Nacional del Estado Civil la función promocionar y organizar el proceso de
elección de los delegados a los Consejos Municipales. Así mismo, establece la
obligación de determinar los puestos de elección –parágrafo 1º-; el calendario
electoral –parágrafo 2º-; y la obligación de realizar acompañamiento del
Ministerio del Interior en las labores de promoción y realización de las
elecciones.
La Corte encuentra que esta
norma se ajusta a los parámetros constitucionales, en cuanto asigna funciones a
organismos que tienen la posibilidad de realizarlas eficientemente, además que
desarrolla el principio de concurrencia y coordinación en la administración al
determinar tareas para ser desarrolladas por organismos del nivel nacional y
local en pos de un objetivo legítimo dentro del ordenamiento constitucional
colombiano.
Por esta razón la Corte
declarará exequible el artículo en estudio.
Artículo 45
Artículo 45. Inscripción de electores.
La inscripción se
efectuará en los lugares y ante los funcionarios designados por la
Registraduría Distrital o Municipal y se utilizará para tal fin, un formulario
de Inscripción y Registro de Jóvenes Electores. Son requisitos para la
inscripción de electores los siguientes:
1. Las personas entre 14 y 17 años
deberán presentar copia del registro civil de nacimiento o tarjeta de
identidad.
2. Las personas entre 18 y 28 años
deberán presentar la cédula de ciudadanía o contraseña.
El artículo 45 determina la
autoridad ante la cual debe realizarse la inscripción y el documento que
acredita la edad de los que quieran ejercer el derecho de sufragio activo en
las elecciones de los consejos de la juventud.
Ambos elementos de la norma
resultan acordes con la Constitución, por lo cual deberá declararse su
exequibilidad.
Artículo 46
Artículo 46. Requisitos para la
inscripción de candidatos. Los aspirantes a ser Consejeros Municipales, Distritales o Locales de
Juventud, deberán cumplir los siguientes requisitos al momento de la
inscripción:
1. Estar en el rango de edad establecido
en la presente ley. Los jóvenes entre 14 y 17 años deberán presentar copia del
registro civil de nacimiento o tarjeta de identidad. Así mismo los jóvenes
entre 18 y 28 años deberán presentar la cédula de ciudadanía o contraseña.
2. Tener domicilio o demostrar que
realiza una actividad laboral, educativa o de trabajo comunitario, en el
territorio al cual aspira representar, mediante declaración juramentada ante
una Notaría.
3. Estar inscrito en una lista presentada
por los jóvenes independientes, o por un movimiento o partido político con
personería jurídica. En el caso de los procesos y prácticas organizativas
juveniles ser postulado por una de ellas.
4. Presentar ante la respectiva
Registraduría, una propuesta de trabajo que indique los lineamientos a seguir
como consejero de juventud, durante su periodo.
Parágrafo. Nadie podrá ser miembro de los Consejos de Juventud si
no se halla entre los rangos de edad aquí establecidos. Si alguien que ha sido
elegido supera estos rangos antes de culminar su período, deberá renunciar o se
procederá a su desvinculación y en tal caso, podrá ser incorporado el siguiente
integrante de su lista o suplente según sea el caso.
Este precepto consagra los
requisitos que deben cumplir los candidatos que aspiren a integrar los Consejos
de Juventud, ya sea en el nivel municipal, distrital o local.
El primero apunta a la
demostración de la edad. Encuentra la Corte que la misma es coherente con el
concepto de persona joven que trae la ley y, en general, con los preceptos constitucionales
que prevén la participación en democracia. Llama la atención la Corte sobre un
asunto que, no siendo estrictamente contrario a la Constitución, puede implicar
una restricción de los derechos de participación democrática.
El presente artículo prevé
que se pueden inscribir candidatos hasta los 28 años de edad; sin embargo, el
parágrafo establece como limitante a la pertenencia a los consejos de juventud
el superar la edad de 28 años. Por esta razón no tendría sentido que se
permitiera la inscripción de un candidato que, de resultar elegido, al momento
de iniciar el período hubiese superado la edad máxima permitida a los miembros
de dichos órganos. Así, en aplicación del principio de eficiencia de la
administración –artículo 209 de la Constitución- y efectividad de los
mecanismos de participación –artículo 103 de la Constitución-, la subregla que
surge de la interpretación de la norma en acuerdo con la Constitución es que se
podrán inscribir como candidatos aquellas personas que, de ser elegidas,
podrían posesionarse como consejeros de la juventud por estar, al momento de la
hipotética posesión, dentro del rango de edad exigido a los miembros de dichos
consejos.
De esta forma se logra una
interpretación coherente del primer numeral y del parágrafo del artículo 46 del
proyecto, que, además, sea acorde con la eficiencia que se debe dar al proceso
de elección de los consejeros.
El segundo requisito, esto es
el demostrar un vínculo laboral, educativo o de trabajo comunitario resulta
conducente para un fin legítimo, esto es garantizar un contexto en el cual sea
previsible que el candidato conozca problemáticas, dificultades y posibles
soluciones de las situaciones en que se desarrolla la vida de la juventud en la
localidad, el municipio o el distrito en que realizará su gestión.
Adicionalmente, es análogo al requisito que se exige para los candidatos a los
cargos de elección popular de autoridades locales, lo que confirmaría la
legitimidad de la exigencia y, por consiguiente, su acuerdo con las disposiciones
constitucionales. Debe mencionarse que, en acuerdo con el artículo 54 del
proyecto, esta exigencia se mantiene a lo largo del período para el que es
elegido el Consejero y, por consiguiente, será causal de separación del cargo
de Consejero de la Juventud el que se deje de cumplir este requisito durante
cualquiera de los cuatro años de período.
El tercer requisito señala
quiénes tienen la legitimación de presentar listas de candidatos a los Consejos
Municipales.
El primer sujeto legitimado
es un colectivo de jóvenes independientes que, en acuerdo con el artículo 47
del proyecto, esté respaldada por el 1% del registro de jóvenes electores en el
municipio.  Al respecto debe decirse que esta exigencia, si bien es una
limitación a la posibilidad de postulación de candidatos, resulta conducente al
objetivo de garantizar cierto grado de seriedad en la postulación de listas de
candidatos, a la vez que es indicativo de cierto nivel de apoyo popular a ésta,
lo cual redunda en la legitimación del proceso de elección de los miembros del
Consejo. Además, se aprecia como una exigencia proporcional, que, a priori,
no deviene excesivamente gravosa a derecho alguno.
Los otros legitimados
responden a la lógica de que las listas de candidatos sean presentadas por
organizaciones que, tanto en el caso de los partidos o movimientos políticos,
como en el de los procesos organizativos, sean integradas, entre otros, por
jóvenes y que, además, se dediquen, al menos parcialmente, a actividades
relacionadas con los jóvenes. Por consiguiente, la legitimación para la
presentación de candidatos prevista por el legislador tiene un fundamento que
resulta acorde con los parámetros constitucionales y que no limita de forma
excesiva el derecho de participación de los jóvenes en democracia.
Finalmente se exige que se
presente una propuesta de trabajo que indique qué lineamientos seguirán en el
caso de resultar elegido miembro de los consejos de juventud. Esta exigencia no
se percibe como limitativa del derecho de participación en democracia y, por el
contrario, responde a la lógica de transparencia y publicidad del proceso de
postulación y elección de los candidatos. La lógica que acompaña y da sentido
al depósito de una propuesta de trabajo conduce a la que la misma se entienda
como un documento público, que pueda ser consultado por cualquier persona
interesada –no únicamente las y los jóvenes-, de manera que se tenga la
oportunidad de conocerla para efectos del enriquecimiento del debate electoral.
En este sentido la Corte
encuentra que la disposición estudiada debe ser declarada exequible.
Artículo 47
Artículo 47. Candidatos. La inscripción de las listas que sean
presentadas directamente por los jóvenes independientes, deberán tener el
respaldo de un número de firmas correspondiente al uno (1%) por ciento del
registro de jóvenes electores del municipio. El número de candidatos inscritos
en cada lista presentada directamente por las y los jóvenes, no podrá exceder
el número de miembros a proveer determinado por la entidad territorial.
La exigencia prevista en el
artículo 47 ya fue referida con ocasión del análisis del tercer numeral del
artículo anterior, por lo que la Sala se limitará ahora a decir que su
contenido no presenta problemas de tipo constitucional y, por consiguiente,
será declarado exequible.
Artículo 48
Artículo 48. Candidatos por procesos y
prácticas organizativas de las y los jóvenes formalmente constituidos. Los procesos y prácticas organizativas de
las y los jóvenes formalmente constituidos cuya existencia formal no sea
inferior a seis (6) meses, respecto a la fecha de convocatoria, podrán postular
candidatos. La inscripción de las y los candidatos con su respectivo suplente
se deberá acompañar del acto mediante el cual se acredite el registro legal del
proceso y práctica organizativa de las y los jóvenes, así como la
correspondiente postulación, conforme a sus estatutos o reglamentos.
El artículo reitera la
legitimación de las organizaciones fruto de procesos y prácticas organizativas
formalmente constituidas para presentar candidatos. El precepto incluye,
además, la exigencia de que el reconocimiento de personería jurídica se haya
dado con anticipación no menor a seis (6) meses respecto de la fecha de
convocatoria.
Este requisito se aprecia
como razonable, en cuanto es un elemento que conduce a demostrar permanencia en
la labor de la organización y, al mismo tiempo, aporta seriedad al sujeto
legitimado para presentar candidatos, lo que redunda en beneficio del proceso
electoral y, en general, del mecanismo de participación.
La norma prevé que la
presentación de candidatos en este caso se lleve a cabo con su respectivo
suplente.
La escogencia de candidatos
debe ser el fruto de un proceso democrático, en acuerdo con el artículo 5º del
proyecto, y en el cual se hayan respetado las previsiones que los estatutos o
reglamentos hayan hecho al respecto.
No se encuentra contradicción
con norma parámetro alguna por la cual el precepto estudiado será declarado
exequible.
Artículo 49
Artículo 49. Candidatos por listas de
movimientos o partidos políticos. La inscripción de las listas por movimientos o
partidos políticos, requerirá el aval del mismo, para lo cual deberá contar con
personería jurídica vigente. Cada movimiento o partido político podrá presentar
una lista al Consejo Municipal o Local de Juventud. El número de candidatos
inscritos en cada lista presentada, no podrá exceder el número de miembros a
proveer determinado por la entidad territorial.
Esta disposición contiene
previsiones meramente operativas relativas a la presentación de listas por
parte de los movimientos o partidos políticos, por lo que la Corte no encuentra
reparo respecto de la constitucionalidad de la disposición en estudio.
Artículo 50
Artículo 50. Censo Electoral. Para garantizar el proceso electoral, la
Registraduría del Estado Civil correspondiente, deberá contar con un reporte
actualizado del censo electoral en las edades comprendidas en esta ley.
La exigencia normativa
resulta adecuada a los objetivos perseguidos con la implementación de los
consejos de la juventud, en cuanto es una herramienta adecuada para la
determinación del número de miembros de los consejos municipales, locales,
distritales y departamentales. Además, permitirá establecer correctamente el
equivalente al 1% de los jóvenes en un determinado municipio o localidad, para
efectos de presentación de listas de candidatos por parte de jóvenes
independientes.
Debe la Sala ser enfática en
que, sería contrario a mandatos constitucionales como el principio de
democracia participativa –artículo 3 y 103 de la Constitución- o el principio
de eficiencia en la labor administrativa –artículo 209 de la Constitución- un
entendimiento de la norma que asumiera la actualización del censo de jóvenes en
la localidad, el departamento o la Nación como condición suspensiva del
ejercicio del derecho. El derecho de participación en la democracia, en tanto
manifestación de un principio esencial de nuestro orden constitucional
–artículo 1º de la Constitución, no puede estar sometido a una actuación de
tipo administrativo que no cuenta con un término determinable para su
cumplimiento; y que, tampoco, prevé un tiempo determinado o determinable para
ser realizada.
En este sentido, en cuanto
resulta herramienta adecuada para la correcta implementación de los consejos de
juventud, la Corte encuentra esta función atribuida a la Registraduría del
Estado Civil acorde a los términos constitucionales, razón por la cual la norma
será declarada exequible en los términos antes expuestos.
Artículo 51
Artículo 51. Interlocución con las
autoridades territoriales. Los Consejos Departamentales de Juventud y los Consejos Distritales,
Municipales y Locales de Juventud tendrán como mínimo dos (2) sesiones anuales
con el gobernador o alcalde respectivo y su gabinete en sesión de consejo de
gobierno, y mínimo dos (2) sesiones plenarias anuales con la Asamblea
Departamental, el Concejo Municipal, Distrital o la Junta Administradora Local,
en las que se presentarán propuestas relacionadas con las agendas concertadas
dentro del sistema de participación y la Comisión de Concertación y Decisión.
Así mismo, se deberá destinar al menos una (1) sesión de trabajo de los
consejos de política social al año para definir acuerdos de políticas
transversales que promuevan la participación y ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de los deberes de las y los jóvenes y sus procesos y prácticas
organizativas.
Prevé mecanismos de
participación de los Consejos de Juventud. En cuanto se garantizan espacios de
concertación de políticas públicas para los órganos que representan a las y los
jóvenes, la Corte encuentra el artículo plenamente acorde a la Constitución y,
en consecuencia, será declarado exequible.
Artículo 52
Artículo 52. Período. El período de los Consejos de Juventud de
todos los niveles territoriales será de cuatro (4) años.
Parágrafo 1°. Los miembros de los Consejos Locales,
Distritales y Municipales de Juventud, podrán reelegirse por una (1) única vez
en periodos consecutivos o no consecutivos y mientras cumpla con las
condiciones establecidas en el artículo 46.
Parágrafo transitorio. Los consejeros de juventud elegidos con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, terminarán el período
para el cual fueron elegidos, según lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto
89 de 2000.
El artículo 52 establece un
período adecuado de cara al objetivo de garantizar el principio democrático,
elemento que resulta esencial a este tipo de manifestaciones. El mismo, al ser
el idéntico al de los cuerpos colegiados de representación –aunque no coincidan
en su inicio y terminación-, permite prever que constituye un período necesario
para el desarrollo de las funciones a este cuerpo atribuidas y, adicionalmente,
permite la alternatividad y renovación de sus miembros. De esta forma puede
decirse que se asegura el principio democrático como elemento esencial en la
concepción y funcionamiento de los Consejos de Juventud.
Igualmente, la posibilidad de
reelegirse por una vez no riñe con el principio democrático tal y como es
entendido en nuestro ordenamiento constitucional, pues i) la misma exige la
ratificación de las y los jóvenes electores; y ii) se evita el riesgo de perpetuación
en el cargo de Consejero con el límite de una reelección máximo.
Resulta igualmente respetuoso
de los derechos adquiridos de los consejeros la previsión en el sentido que se
respetarán los períodos de miembros de consejos de la juventud que, al momento
de entrada en vigencia de esta ley, se encuentren en ejercicio del cargo. De
esta forma se evita la afectación de derechos de participación en democracia de
aquellos jóvenes que, por mecanismos democráticos, obtuvieron un espacio en
dichos cuerpos de participación.
En este contexto, la Corte no
encuentra problemas de constitucionalidad del artículo en estudio, por lo que
será declarado exequible.
Artículo 53
Artículo 53. Unificación de la
elección de los Consejos de Juventud. La elección de los Consejos de Juventud en todos los
municipios, distritos y localidades del país, tendrá lugar el último viernes
del mes de octubre de dos mil doce (2012) y se posesionarán el 1° de enero de
dos mil trece (2013), y en lo sucesivo, se realizará tal elección y posesión
cada cuatro años, en las mismas fechas anteriormente establecidas.
El precepto prevé la
unificación del calendario electoral respecto de los Consejos de Juventud. El
contenido normativo no resulta contrario a la Constitución, por lo que será
declarado exequible.
Sin embargo, aclara la Corte
que, en virtud a que la fecha para elección y posesión de los consejeros
prevista en el precepto es anterior al momento en que finalmente entrará a
regir de este cuerpo normativo, la Corte debe realizar una armonización con el
artículo 52 del proyecto, que responda a la realidad temporal en que el
precepto en estudio iniciará su vigencia.
Adicionalmente, debe tenerse
en cuenta que, de acuerdo con el Programa Presidencial para el Sistema Nacional
de Juventud -Colombia Joven-, existen actualmente en funcionamiento un gran
número de Consejos Municipales y Distritales; 12 Consejos Departamentales; y se
espera sean elegidos y tomen posesión por lo menos cuatro Consejos
Departamentales más –en los departamentos de Tolima, Córdoba, Caldas y Huila-[133]. Siendo
esta la realidad existente, de la disposición en estudio no puede deducirse una
norma que desconozca derechos adquiridos de quienes al momento de entrar en
vigencia la ley de ciudadanía juvenil se encuentren en calidad de miembros de
un Consejo de Juventud; y, a la vez, debe garantizarse la eficacia del
postulado previsto por el legislador, en lo relativo a las fechas en que debe
realizarse la elección y posesión de los miembros de los Consejos de Juventud a
nivel distrital y municipal.
Ahora bien, la fecha
inicialmente prevista por el artículo 53 del proyecto para la realización de la
elección, esto es el último viernes del mes de octubre del año 2012, es de
imposible cumplimiento y, en consecuencia, también lo es la fecha prevista para
la posesión de los consejeros que hubiesen sido elegidos en ese momento. Por
tal razón, en los distintos niveles territoriales deberán realizarse las
elecciones de los integrantes de los consejos de juventud de manera tal que se
dé cumplimiento al parágrafo transitorio del artículo 52 e, igualmente, se
cumpla la finalidad del artículo 53 de unificar la elección y los períodos de
los consejos.
Por las razones expuestas se
declarará la exequibilidad del artículo 53.
Artículo 54
Artículo 54. Vacancias. Se presentará vacancia de los Consejeros
de la Juventud cuando:
1. Vacancia absoluta. Se producirá
vacancia absoluta de un Consejero de Juventud, por decisión judicial o cuando
ocurra una de las siguientes situaciones:
a) Muerte.
b) Renuncia.
c) Pérdida de alguno de los requisitos
que acreditó para ser elegido.
d) Incapacidad permanente declarada por
autoridad u órgano competente.
e) Ausencia injustificada del consejero,
por un período igual o superior a cuatro (4) meses.
f) Haber superado la edad prevista en
esta ley.
2. Vacancia temporal. Se producirá vacancia temporal en el
cargo de un Consejero de Juventud, cuando ocurra una de las siguientes
situaciones:
a) Permiso dado por el respectivo consejo
de juventud por un período no mayor a seis (6) meses y por motivo de estudios.
b) La incapacidad física transitoria,
hasta por un término de seis (6) meses, debidamente certificada por un médico.
c) La ausencia forzada e involuntaria
hasta por un término de seis (6) meses.
El artículo en estudio
presenta las diversas posibilidades de vacancias, tanto temporales como
absolutas, en que puede incurrir un consejero de la juventud. En este sentido
no se aprecia discrepancia con las normas que debe tener como parámetro de
constitucionalidad, por consiguiente la Sala lo declarará exequible.
Artículo 55
Artículo 55. Suplencia. El procedimiento a aplicar para suplir
las vacancias de los consejeros de juventud será el siguiente:
1. Suplencia de vacancias absolutas o
temporales de los consejeros distritales, municipales y locales de juventud. Cuando se produzca vacancia absoluta o
temporal, esta será cubierta por el siguiente candidato de la lista de la cual
fue elegido él o la joven.
En el caso de un consejero electo como
delegado de un proceso o práctica organizativa formalmente constituida lo
reemplazará su suplente o en su defecto quien designe el respectivo proceso y
práctica organizativa de acuerdo con sus estatutos y mediante acta aprobada por
sus miembros y debidamente inscrita en respectiva Registraduría del Estado
Civil.
Quien entre a suplir una vacancia
absoluta o temporal, de un consejero de los que habla este artículo, sólo podrá
ejercer por el tiempo que faltare para culminar el período del respectivo
Consejo de Juventud, o por el período dado por el permiso, incapacidad o
ausencia forzada, según el caso.
Cuando no exista disponibilidad en la
lista correspondiente para suplir la vacante, esta será llenada de las restantes
listas que hayan obtenido la siguiente votación más alta.
El alcalde, dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la declaratoria de vacancia, llamará al candidato/a
que se encuentre apto para suplir la vacancia para que tomen posesión del cargo
vacante.
2. Suplencia de vacancias absolutas o
temporales de los consejeros distritales y departamentales de juventud. Cuando se produzca vacancia absoluta o
temporal, esta será cubierta por una nueva delegación del consejo municipal o
local, o de la provincia o subregión de la cual hacía parte él o la joven que
deja la delegación.
Quien entre a suplir una vacancia
absoluta o temporal de un consejero de los que habla este artículo, sólo podrá
ejercer por el tiempo que faltare para culminar el período del respectivo
Consejo de Juventud o por el período dado por el permiso, incapacidad o
ausencia forzada, según el caso.
3. Suplencia de vacancias absolutas o
temporales de los consejeros nacionales de juventud. Cuando se produzca vacancia absoluta o
temporal, esta será cubierta por él o la delegado/a del consejo departamental
de juventud correspondiente.
Quien supla una vacancia absoluta o
temporal de un consejero de los que habla este artículo, sólo podrá ejercer por
el tiempo que faltare para culminar el período del respectivo Consejo de
Juventud o por el período dado por el permiso, incapacidad o ausencia forzada,
según el caso.
El artículo 55 prevé la
manera de cubrir las vacancias que se presenten asignando competencias,
determinando períodos y estableciendo los términos para su cumplimiento. La
norma contempla todos los elementos para hacer la norma efectiva de manera que
se garantice la operatividad de los Consejos en donde se presenten este tipo de
situaciones. De esta forma se efectiviza el principio de democracia
participativa y se evita que se generen obstáculos en su implementación, razón
por la cual se declarará su exequibilidad.
Artículo 56
Artículo 56. Inhabilidades. No podrán ser elegidos como Consejeros de
Juventud:
1. Quienes sean miembros de corporaciones
públicas de elección popular.
2. Quienes dentro de la entidad
departamental o municipal respectiva, se hallen vinculados a la administración
pública un (1) año antes de la elección.
Consagra las inhabilidades
que existen para ser elegido miembro de un Consejo de la Juventud. Corresponde
a la Corte examinar si las inhabilidades consagradas por el legislador, en
tanto limitaciones al derecho de las y los jóvenes a hacer parte de un órgano
de participación democrática, resultan desproporcionadas o, por el contrario,
responden a un fin legítimo buscado por el legislador.
Recuerda la Corte que la
consagración de inhabilidades debe tener como objetivo el garantizar la
moralidad, transparencia e imparcialidad de quienes desarrollan las
competencias asignadas a los órganos públicos. En ese sentido puede citarse la
sentencia C-179 de 2005, que al estudiar inhabilidades previstas por el
artículo 41 de la ley 617 de 2000 para el cargo de concejal, reiteró el
objetivo que debe inspirar al legislador cuando de crear inhabilidades se
trate. Al respecto consagró:
“Con base en esta prerrogativa
atribuida por la Carta al legislador, reiteradamente la Corte ha señalado que el Congreso de
la Republica goza de una amplia libertad de configuración legislativa a la hora
de definir las calidades y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los funcionarios de elección popular de las
entidades territoriales, entre ellos los concejales.[134] Ha agregado
que se trata de una competencia que “no opera con criterio unívoco sino que, por el
contrario, la misma debe estar precedida de consideraciones particulares
atinentes a la naturaleza propia de cada uno de los casos, situaciones o actos
que son materia de regulación jurídica.”[135] Es decir, la jurisprudencia ha
considerado que “las prohibiciones deben ser definidas de conformidad con el
cargo de que se trate, la condición reconocida al servidor público, las
atribuciones y competencias que le hayan sido asignadas y sus respectivas
responsabilidades”.[136]
Ahora bien, no obstante la amplitud de
esta competencia legislativa que, como se aprecia, debe ejercerse atendiendo a
las especificidades del cargo de concejal, la jurisprudencia también ha sido
enfática en señalar que el diseño de las inhabilidades e incompatibilidades no
puede modificar los límites fijados directamente por el constituyente al
respecto, y en todo caso debe respetar parámetros de razonabilidad, y subordinarse
a los valores y principios constitucionales; en especial debe respetar el
derecho a la igualdad, el derecho al trabajo, la libertad de escoger profesión
y oficio, y el derecho de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos.
Ha agregado que la regulación legal de tales inhabilidades e incompatibilidades
sólo respeta la Carta si tiene como finalidad asegurar la trasparencia,
moralidad, imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de la función pública.”
Esta posición era la
reiteración de un principio de decisión empleado reiteradamente por la
jurisprudencia constitucional[137],
de la cual es buen ejemplo la sentencia C-617 de 1997, en donde al estudiar la
constitucionalidad del artículo 174 de la ley 136 de 1994, consagró:
“Entonces, tanto el acceso al cargo como
su permanencia en él están supeditados a los requisitos y exigencias que
consagra el ordenamiento jurídico -la Constitución y la ley-, sin que la definición
de tales reglas, exigibles a los aspirantes, impliquen per se un
desconocimiento del derecho fundamental en cuestión, ya que son condiciones
necesarias para el ejercicio de la gestión pública, cuyo origen reside
finalmente en la necesidad de asegurar la idoneidad del servidor del Estado con
miras a asegurar la prevalencia del interés general (art. 1 C.P.). Y, mientras
al consagrarlas, el legislador no entre en colisión con mandatos o
restricciones de carácter imperativo plasmados en la propia Constitución, ni
preceptúe reglas contrarias a la razón o desproporcionadas respecto del
objetivo buscado, actúa dentro del ámbito de sus facultades.
La Corte debe reiterar que, como lo dijo
en su Sentencia C-194 del 4 de mayo de 1995, es precisamente al legislador al
que corresponde, dentro de un ámbito de discrecionalidad que sólo encuentra
como límites los que surgen de la propia Carta Política, ‘evaluar y definir el
alcance de cada uno de los hechos, situaciones o actos constitutivos de
incompatibilidad o inhabilidad, así como el tiempo durante el cual se extienden
y las sanciones aplicables a quienes incurran en ellas’.”
En el caso que ahora ocupa a
la Corte, si bien no se trata de organismos públicos, ni sus miembros tienen la
calidad de servidores públicos, se está ante la conformación de órganos de
representación de las y los jóvenes, que tienen la condición de mecanismos de
participación democrática en los distintos niveles territoriales y en el nivel
nacional, con el objetivo de ayudar a configurar la agenda de localidades,
municipios, distritos y departamentos respecto de la juventud. En esa medida, y
en pos de garantizar condiciones óptimas en quienes integren los Consejos de
Juventud, el legislador consideró conveniente limitar la posibilidad de participación
a quienes sean miembros de corporaciones públicas de elección popular y a
quienes hayan estado vinculados a la administración –en el respectivo nivel- en
el año anterior a la elección.
Lo primero que debe hacerse
es determinar el sentido de la norma, pues de su lectura pueden surgir
confusiones para el intérprete.
El numeral primero consagra
una inhabilidad para que sean elegidos quienes se desempeñen en corporaciones
de elección popular, esto es juntas acción local, concejos, asambleas y
Congreso de la República. Todas éstas, a excepción del Congreso de la
República, hacen parte de la rama ejecutiva en los distintos niveles en que
funcionan. Y el segundo numeral establece una inhabilidad para quienes en el
respectivo nivel –municipal o departamental- dentro del año anterior hubieren
estado vinculados a la administración pública. De esta forma, encuentra la
Corte que puede presentarse un solapamiento parcial entre la prohibición del
numeral segundo y aquella consagrada en el numeral primero, pues las corporaciones
de elección popular eventualmente pueden desarrollar labores administrativas,
sin que se clara su pertenencia a la administración pública.
Por esta razón, sea lo
primero concluir que el sentido lógico de las inhabilidades consagradas en el
artículo 56 es que: i) quienes sean miembros de una corporación pública de
elección popular no podrán ser elegidos como Consejeros de Juventud; y que ii)
tampoco podrán serlo quienes, dentro del año anterior a la elección, hayan
estado vinculados a cualquier otro órgano o entidad de la administración
del nivel para el cual aspira ser consejero.
Siendo este el sentido de la
disposición en estudio, la Corte encuentra que las limitaciones consagradas
para ser Consejero de la Juventud están acorde con la Constitución. En efecto,
las mismas se aprecian como limitaciones razonables y proporcionadas al derecho
de participación democrática de las y los jóvenes en el territorio colombiano.
Con las inhabilidades previstas se quiere evitar que la vinculación con
entidades de la administración pública pueda ser utilizada como elemento en
beneficio propio para acceder a la calidad de Consejero de Juventud, a la vez
que se evita un posible conflicto de intereses entre quien haya estado o,
incluso, esté a cargo de las materias sobre las que desarrollará su labor como
miembro del Consejo de Juventud.
El objetivo en este caso será
la concreción del principio de igualdad en el acceso a los cargos que impliquen
el ejercicio de función pública, así como la transparencia e imparcialidad en
el manejo del interés general que, en el caso que nos ocupa, se materializa en
los asuntos que manejan los Consejos de Juventud. Ambos objetivos que están en
pleno acuerdo con el ordenamiento constitucional y no se aprecian como
limitaciones desproporcionadas a ningún derecho de las o los jóvenes.
Por estas razones la Corte
declarará la exequibilidad del artículo 56.
Artículo 57
Artículo 57. Reglamento
Interno. Los
Consejos de Juventud adoptarán su propio reglamento interno que deberá contener
las reglas para su funcionamiento, organización interna, composición,
funciones, modos de convocatoria, periodicidad de las reuniones, mecanismos
para toma de decisiones, régimen disciplinario, formas de trabajo y el
procedimiento para la modificación de dicho reglamento.
El artículo 57 señala los
elementos mínimos que debe el reglamento de los Consejos de Juventud para
garantizar la eficiencia y adecuación a principios constitucionales de su
funcionamiento.
Los aspectos señalados por el
precepto en estudio corresponden a las reglas que usualmente deben determinar
el funcionamiento de los cuerpos colegiados, resaltando que en este caso se
trata de un cuerpo a través del cual se concreta el principio de democracia
participativa en nuestro ordenamiento.
Se consagra, expresamente, la
implementación de principios axiales al Estado de derecho, como el principio de
legalidad, que se refleja en la exigencia de que elementos como la organización
interna, la convocatoria de sus sesiones, los mecanismos de decisión y el
régimen disciplinario deban estar consagrados en el reglamento de cada Consejo
de Juventud.
Aunque no se dice
expresamente, dicho reglamento debe reflejar el funcionamiento democrático que
una interpretación integral de la Constitución hace preceptivo concretar en la
operación de un cuerpo plural de representación y participación. De esta forma
la lectura conforme a la Constitución lleva a la conclusión de que, además del
respeto al principio de legalidad, se debe atender al desarrollo del principio
democrático por parte de los Consejos de Juventud. En este sentido, aspectos
como la convocatoria a reuniones, el funcionamiento y la toma de decisiones
deben, sin lugar a duda, considerar la publicidad como uno de sus elementos
connaturales; aspectos como el quórum para sesionar, la toma de decisiones y la
modificación del reglamento deben prever el consenso o la decisión por mayoría
como las formas en que el Consejo de la Juventud realiza sus determinaciones; y
aspectos como la forma en que se desarrollan los debates, en que se planifican
las acciones ante las autoridades administrativas o en que se eligen los
delegados a consejos distritales, departamentales o nacional deben responder al
principio de pluralidad política, entendido en la tolerancia y espacio para las
distintas opiniones de los miembros del Consejo de Juventud.
De esta forma debe
interpretarse el artículo 57 ahora estudiado. No simplemente como la obligación
de hacer un reglamento que en cuanto contenga los elementos por la ley
mencionados cumpliría con lo exigido por la Constitución, sino que además dicha
regulación concrete los principios de publicidad, decisión por mayoría y
pluralismo político, todos ellos principios inmanentes dentro de la
Constitución y que resultan plenamente aplicables en este caso.
En este sentido, y en el
contexto aportado por el principio democrático, la Corte declarará la
exequibilidad del precepto.
Artículo 58
Artículo 58. Adopción
de medidas para garantizar la operación de los Consejos de la Juventud. Cada Gobernador o Alcalde, adoptará
mediante acto administrativo las medidas establecidas en la presente ley, en el
que aseguren la operación de los Consejos de Juventud de cada ente territorial.
Deberán enviar copias del acto para su correspondiente registro, a la entidad
designada o creada por el Gobierno nacional para las Juventudes, a la
respectiva Registraduría del Estado Civil y a la respectiva entidad encargada
de juventud en el ente territorial, dentro de los treinta (30) días siguientes
a su expedición.
En cuanto prevé medidas
operativas para la implementación de los Consejos de la Juventud, las cuales se
aprecian como eficientes y no limitativas del derecho de participación, se
encuentran acorde con la Constitución y, en consecuencias, serán declaradas
exequibles.
Artículo 59
Artículo 59. Informe de Gestión de los
Consejos de Juventud. Los
consejos locales, distritales, municipales, departamentales y Nacional de
Juventud, rendirán en audiencias públicas, un informe semestral evaluativo de
su gestión, a las y los jóvenes de la entidad territorial respectiva en el
marco de las asambleas juveniles.
La norma consagra un elemento
de concreción y efectivización de la democracia participativa, en cuanto crea
la obligación de que los organismos de participación de la juventud en los
niveles territoriales y nacional informen sobre la labor que han realizado,
siendo una materialización que, además, se encuentra eficaz pues se realizará
en las asambleas juveniles, espacio de reunión y conocimiento de las y los
jóvenes. Por esta razón se concluye que el artículo 59 está en armonía con las
normas parámetro a que tiene que responder y, con base en esta conclusión, de
declarará su exequibilidad.
Artículo 60
Artículo 60. Apoyo a los Consejos de
Juventud. El
Gobierno Nacional, los Gobernadores y Alcaldes, organizarán y desarrollarán un
programa especial de apoyo al Consejo Nacional de Juventud, los Consejos
Departamentales de Juventud y a los Consejos Distritales, Municipales y locales
de Juventud, que contemplará entre otros aspectos, asesoría para su
funcionamiento y consolidación como mecanismos de participación e interlocución
del Sistema Nacional de las Juventudes y agentes dinamizadores de las Agendas
Territoriales y Nacional de las Juventudes, así como estímulos de carácter
educativo, cultural y recreativo, estableciendo en sus respectivos presupuestos
los recursos suficientes para garantizar su funcionamiento permanente.
Parágrafo. Las administraciones nacional, departamental,
distrital, municipal y local, deberán proveer el espacio físico necesario,
dotado de los elementos básicos que garanticen el funcionamiento de los
consejos locales, distritales, municipales, departamentales y nacional de
Juventud, de igual manera deberán apropiar los recursos presupuestales
necesarios para que sus interlocuciones con las autoridades territoriales y
nacional se cumplan a cabalidad según las disposiciones de la presente ley.
El artículo 60 asigna funciones al
nivel nacional y niveles territoriales para la implementación y el adecuado
funcionamiento de los consejos de juventud; las mismas se aprecian respetuosas
del principio de autonomía territorial, a la vez que conducentes a la
implementación efectiva del mecanismo de participación ciudadana.
La exigencia presupuestal que
incluye el primer inciso del artículo, así como su parágrafo, no constituye una
orden precisa para incluir una partida dentro de los respectivos presupuestos,
sino la autorización para que lo hagan cuando la función asignada así lo
requiera, por lo que es respetuosa de la libertad que debe garantizarse al
Gobierno, en los distintos niveles, al momento de definir las partidas que
conformarán el presupuesto –artículo 346 de la Constitución-.
Por lo anterior, la Sala declarará
la exequibilidad del artículo 60 del proyecto.
Artículo 61
CAPÍTULO IV
Plataformas de las juventudes
Artículo 61. Plataformas de las
juventudes. Son
escenarios de encuentro, articulación, coordinación y concertación de las
juventudes, de carácter autónomo asesor. Por cada ente territorial municipal,
distrital y local deberá existir una plataforma, la cual será conformada
por un número plural de procesos y prácticas organizativas, así como por
espacios de participación de los y las jóvenes.
La plataforma deberá ser registrada según
formulario para tal fin en la personería municipal quien se encargará de hacer
el acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en
las agendas de las juventudes del municipio.
Parágrafo. La plataforma municipal de juventudes se reunirá
como mínimo una (1) vez al año de manera ordinaria y de manera extraordinaria
cada vez que así se solicite y apruebe, según los reglamentos elaborados por
los Consejos de Juventud a nivel municipal, distrital y local, según sea el
caso.
Las plataformas de la juventud se
aprecian como un elemento de participación de la juventud, por lo que resulta
concreción de los artículos 3 y 103 de la Constitución. En su estructuración
por parte del proyecto de ley no se encuentra ningún elemento que vaya en
contra de las normas parámetro de control constitucional, por lo el artículo 61
será declarado exequible.
Artículo 62
Artículo 62. Convocatoria inicial.
Las entidades encargadas
de juventud en los entes territoriales municipales, distritales y locales,
convocarán la conformación inicial de la plataforma municipal para lo cual
levantarán una primera línea base que permita la identificación de procesos y
prácticas organizativas y espacios de participación de las y los jóvenes y su
caracterización. La convocatoria inicial de constitución de la plataforma
deberá realizarse dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la
presente ley.
Parágrafo. Las entidades encargadas de juventud de los entes
territoriales garantizarán la convocatoria amplia y facilitarán las
instalaciones y herramientas operativas para el desarrollo de las reuniones y
agenda de la plataforma de manera autónoma.
La función de convocar la
plataforma de la juventud resulta acorde con el tantas veces mencionado
principio de participación democrática de las y los jóvenes; adicionalmente, se
encuentra dentro del ámbito competencial del legislador nacional respecto de
las entidades territoriales, por lo que también es respetado el principio de
autonomía territorial.
Debe señalarse que dicha función
es asignada a las entidades encargadas de la juventud en los entes
territoriales. En virtud a que se declaró la inexequibilidad del numeral 1º
del artículo 16 –que ordenaba crear una dependencia encargada del tema de
juventud en las entidades territoriales-, la función que asigna el artículo 62
debe entenderse en cabeza de la dependencia que cada entidad territorial, en
ejercicio de la autonomía de organización administrativa reconocida por los
artículos 300 y 313 de la Constitución, determine. De esta forma se respeta la
competencia del legislador para asignar funciones a los órganos de las
entidades territoriales y, a la vez, la autonomía administrativa de las mismas.
Con base en las consideraciones
anteriores se declarará la exequibilidad del artículo 62, condicionando su
lectura a que la dependencia referida será de libre determinación de los entes
territoriales.
Artículo 63
Artículo 63. Funciones de las
plataformas de las juventudes. Serán funciones de las Plataformas de las Juventudes
las siguientes:
1. Servir de instancia asesora de los
Consejos de Juventud, a nivel Municipal, Local y Distrital.
2. Impulsar la conformación de procesos y
prácticas organizativas y espacios de participación de las y los jóvenes,
atendiendo a sus diversas formas de expresión, a fin de que puedan ejercer una
agencia efectiva para la defensa de sus intereses colectivos.
3. Participar en el diseño y desarrollo de
agendas locales, municipales, y distritales, departamentales y nacionales de
juventud.
4. Realizar veeduría y control social a
la implementación de las agendas locales, municipales y distritales
territoriales de las juventudes.
Las funciones previstas para las
plataformas juveniles se enmarcan dentro del objetivo de efectivizar la
participación de las y los jóvenes, por lo que no se tiene reparo alguno
respecto de su exequibilidad.
Debe resaltarse que, la última
función, es decir la veeduría dirigida al control de la actividad de las
distintas autoridades locales, municipales y distritales en la implementación
de la política pública para la población joven, otorga la posibilidad a menores
de edad de realizar labores de control y fiscalización de la función pública,
lo cual se ha entendido reafirma la vinculación y compromiso con el interés
general.
Planteado a la Corte como un
problema jurídico con ocasión del estudio del proyecto de ley numero 022 de
2001 Senado, 149 de 2001 Cámara, “por medio de la cual se reglamentan las
veedurías ciudadanas”, que planteaba en el artículo 2 la facultad de todos
los ciudadanos de ser veedores. En la sentencia C-292 de 2003 que estudio la
constitucionalidad del cuerpo normativo la Corte concluyó:
“La Corte Constitucional no duda en
reconocer a los menores el derecho a participar en la vigilancia de la gestión
pública. El interés por lograr una mejor administración, libre de corrupción y
dirigida a cumplir con los cometidos constitucionales, no es exclusivo de los
adultos. La construcción de un mejor país, la posibilidad de disfrutar de los
beneficios del desarrollo y alcanzar condiciones de vida que permita el
desarrollo pleno de las facultades y la personalidad de los menores, no son
asuntos frente a los cuales los menores deban ser excluidos. La participación
de los menores en la vigilancia de la gestión pública es una oportunidad para
lograr la pronta inclusión de sus intereses en la gestión pública y la
generación de un compromiso con lo público y la compresión de la
responsabilidad que les atañe en tanto que partes activas de la sociedad. Así,
la interpretación según la cual el artículo 270 y, por contrera (sic), el
artículo 2 objeto de análisis, excluye la posibilidad de veedurías integradas
por menores, implica una restricción inconstitucional de los derechos
fundamentales de los menores.”
Por lo que se decidió en la
sentencia declarar exequible el artículo 2 del proyecto de Ley No. 022 de 2001
Senado-149 de 2001 Cámara “Por medio del cual se reglamentan las veedurías
ciudadanas”.
Por lo anterior encuentra la Corte
que el artículo 63 del proyecto encarna valores propios del sistema
constitucional vigente en el Estado colombiano, en cuanto involucra a la
juventud en la construcción y fiscalización de las decisiones y gestión de los
asuntos públicos, fomentando de esta forma la participación y la construcción
de lo público en un contexto de pluralidad.
En este sentido, se reitera, el
artículo 63 será declarado exequible.
Artículo 64
CAPÍTULO V
Asambleas Juveniles
Artículo 64. Asambleas Juveniles. Son el máximo espacio de consulta del
movimiento juvenil del respectivo territorio. En este tienen presencia todas
las formas de expresión juvenil, tanto asociadas como no asociadas.
Nuevamente la norma consagra un
espacio democrático de los movimientos juveniles del respectivo territorio en
los que se concreta una participación activa de carácter público generadora de
consenso en las políticas juveniles. Ahora bien, la norma establece que dichos
movimientos juveniles pueden estar asociados o no, todo ello con el fin de no
excluir y condicionar el ejercicio del derecho participativo a organizaciones
debidamente constituidas bajo algún tipo de personería jurídica.
En este contexto, con las
Asambleas Juveniles se pretende reafirmar el ejercicio de la ciudadanía activa
de los y las jóvenes como sujetos de derechos beneficiarios de las políticas y
como agentes determinantes de su propio desarrollo, mediante ciertas
instancias, procesos y agendas propias en el marco del derecho de participación
juvenil. En consecuencia la norma es coherente con el ordenamiento
constitucional y será declarada exequible.
Artículo 65
Artículo 65. Funciones de las
Asambleas. Son funciones de las Asambleas:
1. Servir de escenario de socialización,
consulta y rendición de cuentas de las acciones realizadas por los consejos de
la juventud en relación a las agendas territoriales de las juventudes.
2. Aquellas que cada territorio defina de
manera autónoma en consideración a las agendas, mecanismos e instancias de
participación que articula el sistema, contemplados en esta ley.
Esta norma describe las funciones
de las Asamblea Juveniles, entre las que se encuentra ser un espacio de
rendición de cuentas de la acciones realizadas por el Consejo de la Juventud en
relación con las agendas territoriales. En esta medida, a parte de ser un
espacio de socialización de los diferentes movimientos juveniles, sirve también
de fiscalizador de las funciones desarrolladas por otras instancias integrantes
del sistema de participación de las juventudes.
En efecto, no se aprecia
contradicción con norma constitucional alguna y, por el contrario se observa
que las Asambleas Juveniles buscan promover la injerencia activa de los
movimientos juveniles no sólo como simples receptores o destinatarios de las
políticas públicas sino como agentes participativos y generadores de
iniciativas, ideas, criterios y propuestas en la definición de los planes y
programas que les afectan.
Por lo expuesto la disposición
será declarada exequible.
Artículo 66
Artículo 66. Composición. Las Asambleas juveniles son de
composición amplia y diversa y estarán convocados jóvenes, procesos y prácticas
organizativas de las y los jóvenes, espacios, instancias, y actores
relacionados con las juventudes. Se llevarán a cabo cada seis (6) meses por
derecho propio el último fin de semana del mes de enero y del mes de julio de
cada año, y a convocatoria de los consejos de la juventud.
Parágrafo. Como producto de cada Asamblea, la secretaría técnica
de la agenda levantará un informe que será público y servirá como insumo para
la toma de decisiones en cada una de las correspondientes Comisiones de
Concertación y Decisión.
En cuanto a la conformación de las
Asambleas Juveniles el artículo 66 reconoce una integración amplia y diversa en
la cual tienen lugar tanto las organizaciones juveniles debidamente
constituidas como aquellas que guarden estrecha relación con las juventudes. La
misma norma establece que cada seis (6) meses por derecho propio, el último fin
de semana del mes de enero y de junio de cada año se destinara un espacio para
reunirse. Considera la Sala que el intervalo de seis (6) dispuesto en la norma
resulta razonable, pues permite llevar un avance significativo de las gestiones
realizadas así como prepararse para los próximos retos en materia de políticas
publicas juveniles.
En este sentido, encuentra la
Corte que el artículo en estudio se adecua a la Constitución y, en
consecuencia, será declarado exequible.
Artículo 67
Artículo 67. Sesiones. Las Comisiones de Concertación y
Decisión se convocarán obligatoriamente por el Alcalde o el Gobernador según
corresponda como mínimo 4 veces de manera ordinaria al año, con la anticipación
necesaria para incidir en la planificación de acciones y presupuestos de cada
ente territorial y la incorporación de las agendas construidas conjuntamente en
los Planes Operativos Anuales de Inversión -POAI-. Se convocarán de manera
extraordinaria cada vez que dos o más delegados a la Comisión lo soliciten.
Parágrafo 1°. La Presidencia de las sesiones de las
Comisiones de Concertación y Decisión será rotativa por periodos de 6 meses
alternando entre los delegados de los jóvenes y del gobierno.
Parágrafo 2°. Las convocatorias a las sesiones
ordinarias y su desarrollo, serán acompañadas por el Ministerio público en cada
ente territorial, como garante de la realización de las mismas y de su
cumplimiento.
En cuanto a la forma de sesionar
de las Comisiones de Concertación y Decisión se menciona en el proyecto que se
convocaran obligatoriamente ya sea por el Alcalde o Gobernador como mínimo
cuatro (4) veces al año de manera obligatoria. Para esta Sala se aprecia como
un elemento efectivo que la convocatoria para sesionar sea realizada por el
Alcalde o Gobernador, en tanto evidencia un grado mayor de compromiso de las
autoridades públicas en la ejecución de los derechos de los y las jóvenes. De
igual manera, contempla la posibilidad de reuniones extraordinarias que podrán
ser convocadas por dos o más delegados ya sean de los jóvenes y/o del gobierno.
Es particularmente interesante que
en el parágrafo del artículo 67 se requiera el acompañamiento del Ministerio
Público de cada ente territorial en calidad de garante y veedor de la
realización de las sesiones ordinarias. Lo cual es acorde con la función
dispuesta en la Constitución Política al Ministerio Publico para la protección
de los derechos fundamentales –artículo 277 numerales 2, 3 y 4-, así como la de
vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, en
este caso los Alcaldes y/o Gobernadores delegados para convocar dichos
encuentros artículo 277, numeral 5-.
La Sala concluye que la norma en
estudio no vulnera ningún artículo que deba ser tenido en cuenta como parámetro
de constitucionalidad.
Artículo 68
Artículo 68. Comisiones de Concertación y Decisión del
Sistema Nacional de las Juventudes. Las Comisiones de Concertación y
Decisión del Sistema Nacional de las Juventudes, serán las instancias de
concertación y decisión del orden nacional departamental y municipal, a razón
de una por cada entidad territorial, las cuales asumirán las funciones de
planeación, concertación de agendas públicas y generación de los mecanismos de
ejecución de las mismas en cada territorio.
Define las Comisiones de
Concertación y Decisión del Sistema Nacional de las Juventudes como instancias
de concertación y decisión del orden nacional, departamental y municipal, las
cuales se suman a las entidades que en nuestro ordenamiento jurídico colombiano
son encargadas de generar mecanismos de planeación, decisión, creación y
ejecución de las agendas públicas en cada territorio.
Es decir, las comisiones de
concertación y decisión se agregan a las instancias existentes en la función de
la planeación y ejecución de la política pública de juventudes, labor en la que
también participan, por mandato constitucional –artículos 306 y 313 de la
Constitución-, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales;
de esta forma, se encuentra que el poder decisorio y de ejecución del Sistema
Nacional de Juventudes en cada territorio se radica en un nivel de integración
plural, compuesto por distintos entes, entre los que se cuentan las comisiones
de concertación y decisión.
Este contenido resulta plenamente
acorde con la Constitución y, en consecuencia, será declarado exequible.
Artículo 69
Artículo 69. Composición de las Comisiones de Concertación
y Decisión. Las Comisiones de Concertación y Decisión estarán
conformadas por 3 delegados del Gobierno del ente territorial, y 3 delegados de
los Consejos de Juventud que llevan la vocería del movimiento juvenil en cada
ente territorial. En todo caso ninguno de los delegados por parte de los
Consejos de Juventud podrá estar desempeñando funciones remuneradas dentro de
la administración correspondiente durante su periodo como delegado.
Parágrafo. Los delegados de los Consejos de Juventud a las
Comisiones de Concertación y Decisión deberán rotar cada año.
En cuanto a la composición de las
Comisiones de Concertación y Decisión menciona el artículo 69 que estarán
conformadas por:
(i)
tres (3) delegados del
Gobierno del ente territorial y
(ii)
tres (3) delegados de los
Consejos de Juventud, los cuales llevan la vocería de los movimientos juvenil
de cada territorio.
La composición de las Comisiones
de Concertación se aprecia conducente para la realización de las funciones a
ella encomendadas; adicionalmente, no se aprecia exclusión de sujetos que
debieran verse incluidos, por lo que el inciso del artículo 70 será declarado
exequible por esta Sala.
De otro lado, el artículo 69
establece una inhabilidad para los delegados que formen parte de la Comisión de
Concertación en representación de los Consejos de Juventud, quienes no podrán
desempeñar funciones remuneradas dentro de la administración de la entidad
territorial respectiva durante el período en el que funjan como delegados. Al
respecto deben hacerse referencia a dos asuntos relevantes desde el punto de
vista de la Constitucionalidad de la disposición en estudio.
El primero de ellos es que la
restricción a la posibilidad de participación en democracia se aprecia como
válida desde el punto de vista constitucional, en cuanto la misma resulta
conducente para garantizar una independencia necesaria y razonable entre los
delegados a la comisión por parte del Consejo de Juventudes y la administración
territorial, a fin de evitar eventuales conflictos de intereses o el
aprovechamiento de información privilegiada que pueda conocerse en virtud de su
calidad de funcionario de la administración.
El segundo apunta al significado
de la disposición en estudio. Resalta la Sala que la misma, aunque válida desde
el punto de vista constitucional, resulta reiteración de la prohibición
establecida en el artículo 56 del proyecto. En efecto, el artículo 56 señala
que no podrá ser candidato a Consejos de la Juventud quien dentro del año
anterior hubiere estado vinculado a la administración; pues bien, no tiene
sentido entender que luego de ser elegido miembro del Consejo de la Juventud
dicha restricción cesa, sobre todo, si se mantienen todas las posibilidades de
conflicto de intereses durante su gestión como Consejero. Por esta razón,
concluye la Sala que la lectura más acorde con la Constitución del artículo 56
es aquella que entiende que ni como candidato, ni posteriormente como Consejero
se puede ser parte de la administración de la localidad en la cual se ejerce la
labor de Consejero. Siendo este el sentido del artículo 56, resulta reiterativa
la prohibición prevista en el inciso del artículo ahora estudiado, pues no se
podrá ser parte de la administración mientras se tenga la calidad de Consejero,
de manera que, resulta imposible que los delegados a la Comisión de
Concertación hagan parte de la administración local con la cual desarrollarán
su labor de concertación.
El parágrafo del artículo 69
incluye una regla de alternatividad en el ejercicio de la función de delegado
de la Comisión de Concertación, la cual se encuentra dentro del campo de la
posibilidad de configuración legislativa del Congreso de la República y,
adicionalmente, concreta un elemento del principio democrático, por lo que no
se encuentra reparo respecto de su adecuación a la Constitución.
Artículo 70
Artículo 70. Toma de Decisiones. La toma de decisiones se dará por consenso, y en caso
de no lograrse se requerirá dos tercios de los votos de los miembros para tomar
una decisión, requiriéndose para la toma de decisión la presencia de al menos 2
de los delegados de cada subsistema. Para los funcionarios públicos a quienes
se delegue la participación en esta instancia y no se presenten, sin razón
justificada, se adelantarán procesos de sanción disciplinaria. Los Consejeros
de Juventud que no asistan justificada o injustificadamente a dos reuniones
ordinarias de la Comisión de Concertación y Decisión, serán reemplazados por el
Consejo de Juventud.
Parágrafo. Las decisiones adoptadas por la Comisión de
Concertación y Decisión son de obligatorio cumplimiento para el gobierno y
prevalecen sobre decisiones de institucionalidad pública adoptadas por fuera de
esta instancia y que sean incompatibles.
Por su parte, el artículo 70 fija
la manera como se tomaran las decisiones, en todo caso determina que en primer
lugar se hará por consenso y en caso de no lograrse establece una forma
supletiva así: “dos tercios de los votos de los miembros para tomar una
decisión, requiriéndose para la toma de decisión la presencia de al menos dos
(2) de los delegados de cada subsistema.”
Esta norma garantiza la decisión
con base en el principio mayoritario en la toma de las decisiones ya sea por
consenso o por los dos tercios de los votos de los miembros. Sin embargo, la
norma, adicionalmente, requiere que en todo caso para la toma de la decisión debe
haber presencia de, al menos, dos (2) delegados de cada subsistema, lo que
reafirma elementos de participación, integración y armonización de las
instituciones de los niveles locales, departamentales y municipales.
EL artículo 70 establece, además, correctivos
de carácter disciplinario para los miembros de las Comisiones de Concertación y
Decisión en caso que no asistan sin razón justificada, así: (i) para los
funcionarios públicos delegados se adelantará un proceso de sanción
disciplinaria y para los (ii) Consejeros de Juventud serán reemplazados por el
Consejo de Juventud.
Dichos correctivos resulta
conducentes en cuanto castigan la falta de compromiso y, al mismo tiempo,
resultan acordes con el debido proceso pues permiten el ejercicio del derecho
de defensa mediante la exposición de motivos justificados para la ausencia a
las reuniones.
Por otro lado, el parágrafo del
artículo 70 contiene una previsión que aunque busca efectivizar la labor y,
sobre todo, los acuerdos alcanzados en este ámbito de concertación, resulta
contraria a las disposiciones constitucionales. En efecto, de acuerdo con lo
manifestado al estudiar la adecuación constitucional del artículo 68 del
proyecto de ley, el orden constitucional colombiano prevé que distintos entes
tomen decisiones y desarrollen políticas que afectan a la juventud. Entre ellos
se cuentan las asambleas departamentales y los concejos municipales, cuya
competencia no sólo tiene origen constitucional –artículos 306 y 313 de la
Constitución-, sino que resulta axial a la efectivización del principio de
autonomía territorial –artículo 1º y 287 de la Constitución-.
Adjudicar prevalencia a las
decisiones de la comisión de concertación y decisión desconoce la configuración
de institucional del Estado colombiano que es prevista en normas de rango
constitucional. Por esta razón será declarado inexequible el parágrafo del
artículo 70 del proyecto en estudio.
Esto sin perjuicio del carácter
vinculante de las decisiones de la respectiva comisión de concertación, pues aunque
las mismas no se impongan automáticamente sobre las tomadas por las autoridades
competentes de los entes territoriales; estará dentro de las funciones de las
instancias de decisión municipal, distrital y departamental adoptar las medidas
que, encontrándose dentro de su ámbito competencial, conduzcan a la
implementación de lo decidido por dichas comisiones.
Adicionalmente, no sobra recordar
que muchas de dichas funciones serán competencia de la entidad encargada de la
política para la juventud en cada ente territorial, sea ésta una entidad nueva
o una existente que, por decisión de las autoridades territoriales, haya
asumido estas competencias, por lo que en sus decisiones y en la ejecución de
las políticas a su cargo deberá tributarse y llevarse a la práctica lo decidido
en la comisión de concertación correspondiente.
Con base en lo anteriormente
explicado, la Corte declarará la exequibilidad del artículo 70, con la
excepción del parágrafo que será declarado inexequible.
Artículo 71
Artículo 71. Secretaría Técnica de la
Comisión de Concertación y Decisión.
La Secretaría Técnica de las Comisiones de Concertación y Decisión la ejercerán
de manera compartida la entidad que para tal efecto creará el gobierno para las
Juventudes y el Departamento Nacional de Planeación para el orden nacional; de
igual forma, en los departamentos y municipios, será ejercida por las entidades
encargadas de juventud de cada ente territorial y la secretaría u oficina
encargada de la planeación.
Parágrafo. La entidad que para tal efecto creará el gobierno
para las Juventudes y el Departamento Nacional de Planeación en el orden
nacional, así como las entidades encargadas de juventud de cada ente
territorial y las secretarías u oficinas de planeación en las gobernaciones y
alcaldías, apropiarán los recursos y garantizarán las condiciones logísticas
para ejercer la secretaría técnica en cada una de las Comisiones de
Concertación y Decisión.
La Corte no encuentra reparo desde
el punto de vista constitucional a la conformación de la secretaría técnica en
el nivel nacional. Sin embargo, se reitera que la creación de una entidad
administrativa en los ámbitos departamental y municipal es una facultad de las
entidades territoriales, y es este el contexto en que debe entenderse la
conformación de la Secretaría Técnica en el ámbito territorial.
Por lo anteriormente expuesto el
artículo 71 se declarará exequible.
Artículo 72
Artículo 72. Funciones de la Secretaría Técnica de la
Comisión de Concertación y Decisión. Serán funciones de la Secretaría
Técnica de las Comisiones de Concertación y Decisión, las siguientes:
1. Convocar a las reuniones ordinarias y
extraordinarias cuando haya la solicitud en los términos establecidos en esta
ley.
2. Proponer lineamientos metodológicos
para el desarrollo de las sesiones de la Comisión y la operativización de
acuerdo con la planeación por resultados.
3. Proponer estrategias para integrar los
esfuerzos públicos y privados para la garantía de los derechos de los jóvenes.
4. Proponer los lineamientos técnicos,
metodológicos, y operativos para el funcionamiento del Sistema Nacional de las
Juventudes que sean incluidos en las agendas públicas de cada ente territorial.
5. Presentar a las Comisiones
Intersectoriales de Gobierno para su estudio e implementación, los lineamientos
de política pública, estrategias, programas y proyectos que se construyan en
las Comisiones de Concertación y Decisión y las comisiones de Trabajo
Estratégico.
6. Sugerir a la Comisión de Concertación
y Decisión y a las Comisiones de Trabajo Estratégico, elementos de incidencia
en el proceso de formulación de políticas.
7. Coordinar y garantizar el flujo de
información entre subsistemas, en relación con los territorios y las Comisiones
de Trabajo Estratégico que se generen.
8. Someter a consideración de la Comisión
de Concertación y Decisión los planes de acción de las Comisiones de Trabajo
Estratégico para su aprobación, así como los productos de estas comisiones.
9. Desarrollar mecanismos de planeación,
implementación y seguimiento de la agenda juvenil en cada ente territorial.
10. Ejercer el acompañamiento técnico, a
los subsistemas para la implementación de las acciones que se deriven en
cumplimiento de sus competencias o de las competencias del nivel departamental o
municipal.
11. Generar y mantener el sistema de
gestión de conocimiento del sistema a través de la actualización permanente del
portal de juventud (Unidad Nacional para las Juventudes) y el envío permanente
de información estandarizada para publicarse (entes encargados de juventud de
cada territorio), consolidando la memoria de los procesos acompañados y las
actas de las reuniones realizadas.
El artículo 72 del proyecto
enumera las funciones de la Secretaría Técnica de la Comisión de Concertación y
Decisión. Éstas apuntan a fomentar los planes y programas públicos que deben
ser incluidos en las agendas públicas de cada ente territorial. En este sentido
incluye, previsiones que permiten sugerir a la Comisión de Concertación y
Decisión todos los aspectos y circunstancias que puedan tener injerencia en el
proceso de formulación de políticas.
De esta manera, se evidencia que
no es sólo un espacio meramente administrativo, por el contrario es propositivo
al generar iniciativas, ideas, criterios y sugerencias en favor de las
juventudes.
La Sala concluye que la norma en
estudio no vulnera ningún artículo que deba ser tenido en cuenta como parámetro
de constitucionalidad, sin perjuicio de la decisión de inexequibilidad respecto
de la conformación de la secretaría técnica en el nivel territorial, tomada al
analizar el artículo 71 del proyecto.
En este sentido el artículo 72
será declarado exequible.
Artículo 73
CAPÍTULO VI
Sistema de Gestión de Conocimiento
Artículo 73. Sistema de Gestión de
Conocimiento. El
Sistema de Gestión de Conocimiento es uno de los mecanismos del Sistema
Nacional de las Juventudes: y tiene como objetivos:
a) Generar y aprovechar la información y
decisiones que se adoptan en los territorios y la Nación para el fortalecimiento
del sistema;
b) Mantener un sistema de comunicación
permanente al interior del Sistema;
c) Proveer los insumos para formar a
funcionarios y sociedad civil en general de manera diferencial;
d) Proveer insumos para planear,
implementar y hacer seguimiento permanente a las decisiones y actividades
realizadas en el marco de las agendas concertadas;
e) Promover y difundir la investigación
por parte de la sociedad civil y de los jóvenes.
El sistema de gestión de
conocimiento se aprecia como una iniciativa acorde al objetivo de garantizar
los derechos de la juventud, en cuanto que propicia el conocimiento del sujeto
de protección y garantía previsto en el proyecto en estudio. En este sentido no
se aprecia reparo respecto a la adecuación constitucional del mismo, por lo que
será declarado exequible.
Artículo 74
Artículo 74. Procesos del Sistema de
Gestión de Conocimiento. Son procesos prioritarios y por lo tanto sostenidos en el tiempo, para
garantizar la operación del Sistema Nacional de las Juventudes:
1. Proceso de información y comunicación.
Entendido como la implementación de sistemas de flujo de información para la
toma de decisión y comunicación entre actores dentro y fuera del sistema.
2. Proceso de investigación. Entendido
como el proceso que va desde la recolección de información, pasando por el
análisis e implementación de medidas que permiten cualificar la toma de
decisiones.
3. Proceso de formación. Entendido como
el proceso permanente de intercambio, retroalimentación de conocimiento y construcción
colectiva de saberes de los diferentes actores del sistema nacional de las
juventudes.
4. Proceso de planificación,
implementación y evaluación. Entendido como el trabajo en ciclos que permitan
el desarrollo de acciones, con base en acuerdos planificados y evaluaciones de
resultados.
El artículo 74 es una norma
indicativa de componentes importantes del sistema de gestión de conocimientos.
En este sentido el contenido de este precepto es abstracto y, por consiguiente,
no prevé derecho, garantía u obligación para algún sujeto u órgano de la
administración. En este sentido, el análisis de la Corte se debe limitar a
mencionar la adecuación de los componentes ahora prescritos con el marco dentro
del cual se puede desarrollar la libertad de configuración legislativa por
parte del Congreso de la República y, en esa medida, deberá ser declaro
exequible por esta Sala.
Artículo 75
Artículo 75. El Gobierno en cabeza de la entidad que
para tal efecto designará o creará el gobierno para las Juventudes deberá
reglamentar los aspectos fundamentales del Sistema Nacional de las Juventudes
de manera participativa y con convocatoria amplia. Para tal fin dispondrá de
los recursos del Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la
Democracia.
La disposición ahora estudiada
asigna potestad reglamentaria, por lo que surge un punto importante de análisis
desde la perspectiva constitucional.
Sea lo primero determinar el
contenido de la disposición. Para la Corte el artículo 75 del proyecto asigna
una competencia de reglamentación a la Unidad Administrativa Especial para las
Juventudes, que es la entidad que el artículo 31 del proyecto crea para el
desarrollo de los mandatos de este proyecto de ley en el tema de las
juventudes. Así debe entenderse la expresión “el Gobierno en cabeza de la
entidad que para tal efecto designará o creará el gobierno para las Juventudes”.
En este sentido, observa la Corte que se asigna una competencia reglamentaria a
dicha unidad administrativa en “los aspectos fundamentales del Sistema
Nacional de las Juventudes”.
Siendo este el contenido de la
disposición en estudio, debe analizarse si es posible que el legislador
atribuya la facultad reglamentaria de los aspectos contenidos en una ley
–estatutaria en este caso- a una entidad perteneciente al sector central de la
administración nacional.
La respuesta debe partir del
contenido del artículo 189 numeral 11 de la Constitución, el cual radica en
cabeza del Presidente la facultad reglamentaria de las leyes, estando vedado al
legislador desconocer esa atribución competencial de naturaleza constitucional
en materia reglamentaria. No obstante, al analizar la adecuación constitucional
de una disposición que atribuye capacidad reglamentaria a un órgano distinto
del Presidente de la República, debe tenerse en cuenta la posibilidad que dicha
capacidad reglamentaria sea elemento de una garantía institucional prevista en
la Constitución, como ocurre en el caso de algunos órganos autónomos en el
ordenamiento colombiano –por ejemplo, respecto de la Contraloría General de la
República, el Banco de la República o el Consejo Nacional Electoral-.
Otro análisis es el que debe
hacerse cuando se estudia la atribución de facultades reglamentarias a
entidades de la administración central, por cuanto la Constitución no menciona
sujeto diferente al Presidente de la República como competente para el
ejercicio de dicha función –artículo 189 n. 11-. Al respecto se han presentado
dos posibilidades interpretativas en la jurisprudencia constitucional.
Cuando se ha atribuido facultades
reglamentarias a Ministerios –en cuanto integrantes de la definición de
Gobierno prevista por el artículo 115 de la Constitución- se ha concluido que
las mismas deben ejercerse sin perjuicio de la competencia atribuida al
Presidente de la República. En este sentido se manifestó:
“En los anteriores términos, no resulta
inconstitucional que una ley atribuya, de manera directa, a los Ministros del
Despacho, competencias para expedir normas de carácter general sobre las
materias en ella contenidas, cuando tales normas correspondan a regulaciones de
carácter técnico u operativo, dentro de la orbita competencial del respectivo
Ministerio, por cuanto, en ese caso, la competencia de regulación tiene el
carácter de residual y subordinada respecto de aquella que le corresponde al
Presidente de la Republica en ejercicio de la potestad reglamentaria[138]”.
Idéntica doctrina se ha empleado
para el análisis de otros casos en la jurisprudencia constitucional, entre los
que se cuentan los resueltos en las sentencias C-675 de 2005 y C-1005 de 2008.
Sin embargo, respecto de la
atribución reglamentaria a entidades distintas de la administración nacional,
la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en entender que la misma
contradice lo previsto por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución,
por lo que en estos casos ha declarado inexequibles las disposiciones que
realizaban dichas atribuciones competenciales[139].
En el presente caso, la atribución
reglamentaria se realiza respecto de una unidad administrativa adscrita al
Ministerio de Interior y cuenta con autonomía administrativa; en este sentido,
la Corte concluye que dicha atribución se encuentra en contravía de lo
establecido por el tantas veces mencionado numeral 11º del artículo 189 de la
Constitución, por cuanto una ley no puede trasladar de sujeto una facultad
reconocida expresamente por la Constitución. Así mismo, no es posible entender
que se estaba atribuyendo una facultad al Ministerio de Interior, en tanto se
trata, incluso, de una persona jurídica distinta a la Nación.
Finalmente, no encuentra sentido
en declarar la exequibilidad condicionando la interpretación de la disposición
ahora estudiada, pues la única posibilidad de interpretación ya está prevista
por la Constitución –artículo 189 numeral 11º-, por lo que sería una
reiteración sin ningún efecto práctico.
Con base en las razones expuestas
anteriormente, se declarará la inexequibilidad del artículo 75 del proyecto en
estudio.
Artículo 76
TÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 76. Modifíquese el numeral 3 del artículo 2°
de la Ley 1010 de 2006, “por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir,
corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las
relaciones de trabajo” el cual quedará así:
“Discriminación laboral. Todo trato diferenciado por razones de
raza, genero, edad, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia
política o situación social que carezca de toda razonabilidad desde el punto de
vista laboral”
Desde el punto de vista de la
unidad de materia, tema puesto de presente por uno de los intervinientes, la
Corte no encuentra reparo de índole constitucional a la disposición en estudio,
por cuanto la misma responde al objetivo de garantizar una protección a los
derechos, entre otros fundamentales, de las y los jóvenes y, en esta medida,
responde a un principio de unidad en el aspecto teleológico del cuerpo
normativo en estudio, por lo que no desconoce las exigencias previstas en el
artículo 158 de la Constitución.
Desde el punto de vista de su
contenido, la norma implica una concreción del principio de igualdad y
prohibición de discriminación, la cual se aprecia conforme a los parámetros
constitucionales, por lo que será declarada exequible.
En este sentido, tanto desde el
punto de vista de su pertinencia y coherencia con el resto del proyecto, como
con base en el análisis de su contenido particular, se declarará exequible el
artículo 76 del proyecto de ley.
Artículo 77
Artículo 77. El Gobierno Nacional a través de la
entidad rectora del Sistema Nacional de Juventudes tendrá un plazo máximo de un
(1) año a partir de la conformación del Consejo Nacional de Juventud, para
generar un plan de acción aprobado por el Consejo Nacional de Políticas de la
Juventud que conduzca a la operación y garantías establecidas en esta ley, así
como a la implementación de las instancias, mecanismos y procesos establecidos
en el Sistema Nacional de las juventudes.
El artículo señala competencias de
índole administrativo que resultan acordes con el titular al cual son
asignadas; adicionalmente, debe decirse que las mismas están en línea con la
implementación del sistema de conocimiento, formulación de políticas,
reconocimiento de derechos y creación de garantías a las y los jóvenes, por lo
que no se aprecia contradicción con los términos constitucionales.
El artículo 77 será declarado
exequible.
Artículo 78
Artículo 78. Cooperación Internacional
para las Juventudes.
La institución encargada de la cooperación internacional en el Gobierno
Nacional fortalecerá los objetivos fijados en cooperación internacional
orientando recursos para fortalecer los programas y proyectos dirigidos a la
juventud en materia de acceso a educación, salud, empleo, recreación, cultura,
medio ambiente y tecnología, en concordancia con las finalidades y propósitos
de la presente ley. Adicionalmente, la cooperación internacional presente en
Colombia con actuación en temas relacionados, o con participación de jóvenes se
comprometerá a divulgar los contenidos de esta ley.
La asignación de funciones a
organismos de cooperación internacional con sede en el territorio colombiano no
riñe con norma constitucional alguna; adicionalmente, el contenido de la
disposición busca generar mecanismos que efectivicen la protección prevista en
el proyecto que ahora se estudia,  por lo que se declarará su acuerdo con las
normas parámetro de constitucionalidad a que está sometida.
Artículo 79
Artículo 79. Semana Nacional de las
Juventudes. Se
establece la Semana Nacional de la Juventud durante la segunda semana del mes
de agosto que tendrá como propósito promover actividades para la discusión y
análisis de las necesidades de las juventudes, así como las alternativas de
solución a las mismas.
Las entidades territoriales bajo su autonomía
podrán promover un programa especial para los jóvenes, en el que se desarrollen
actividades culturales, deportivas, y académicas de análisis y propuestas para
la juventud en cada uno de sus espacios y entornos, tales como la educación, la
salud, el medio ambiente, la sociedad, y el Estado.
Su contenido no se aprecia
contrario a la Constitución, por lo que será declarada exequible.
Artículo 80
Artículo 80. Financiación. Para el desarrollo de la presente ley se
considerarán como fuentes de financiación los recursos del sector público y
aquellos recursos provenientes del sector privado y de la cooperación
internacional.
El artículo 80 consagra
posibilidades de financiación, las cuales se aprecian como autorizaciones del
legislador a la administración respecto de la naturaleza de los fondos que
sirvan para implementar el proyecto de ley. En este sentido, no se encuentra
elemento que contraríe los mandatos de la Constitución, por lo que se declarará
su exequibilidad.
Articulo 81
Artículo 81. Facultades
extraordinarias. De
conformidad con el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Nacional,
revístase al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias,
por el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de la
presente ley, para expedir por medio de decretos con fuerza de ley, la
regulación de los derechos y garantías de las y los jóvenes pertenecientes a
pueblos y comunidades indígenas, rom y negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras en lo relativo a la implementación de la política pública
diferencial prevista en la presente ley.
Parágrafo 1°. Hasta la aprobación de las normas con
fuerza de ley que desarrollen la política pública diferencial para las y los
jóvenes pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, rom y negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras, las normas que puedan afectar a estas
comunidades quedarán condicionadas a la realización de la consulta previa de
todo proyecto, programa o presupuesto que pueda llegar a afectarlas.
Parágrafo 2°. Las facultades extraordinarias conferidas
al Presidente de la República en el presente artículo para desarrollar la
política pública diferencial para las y los jóvenes pertenecientes a pueblos y
comunidades indígenas, rom, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras,
serán ejercidas con el fin de respetar la cultura y existencia material de
estos pueblos tradicionales.
Al respecto la Corte observa que
el proyecto otorga facultades extraordinarias al Presidente para regular lo
concerniente a la aplicación de las políticas, la participación y la garantía
de sus derechos a las y los jóvenes de las comunidades étnicas minoritarias que
se encuentran en el territorio colombiano.
Sea lo primero realizar el
análisis de forma del precepto pues, en tanto la concesión de facultades es
regulada por un artículo especial de la Constitución –artículo 150 n. 10-, su
otorgamiento tiene previstos requisitos especiales. En reciente pronunciamiento
la Corte reiteró su doctrina –expresada anteriormente en diversas sentencias[140]- respecto de los
elementos que la Constitución prevé para el otorgamiento de facultades
extraordinarias al Presidente. En ese sentido manifestó:
“7.1.
El numeral 10 del artículo 150 de la Constitución permite al Congreso revestir
al Presidente de facultades precisas, previa y expresamente solicitadas por el
Gobierno, para expedir normas con fuerza de ley, siempre que la necesidad lo
exija o la conveniencia pública lo aconseje, y que se cuente con la aprobación
de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara[141].
La
Corte ha explicado que corresponde a la transferencia al ejecutivo de la
potestad de regular ciertos asuntos, mediante normas de igual jerarquía que las
dictadas por el legislador[142],
salvo que se trate de la expedición de códigos, leyes estatutarias, orgánicas o
marco, o decretar impuestos.
En la
sentencia C-691 de 2003[143]
ya referida, se sintetizó:
“Teniendo
en cuenta lo anterior, la Constitución de 1991 hizo más exigentes los
requisitos para el otorgamiento al Presidente de facultades extraordinarias,
los cuales pueden reseñarse así: (i) No pueden conferirse para expedir códigos,
leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes marco[144], ni
decretar impuestos, y en general para regular asuntos que tengan reserva
exclusiva del Congreso; (ii) la aprobación de la ley habilitante requiere de la
mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara; (iii) el Congreso no
puede otorgarlas motu propio, sino que deben ser expresamente solicitadas por
el Gobierno, ya sea por el Presidente de la República o por uno de sus
ministros[145];
(iv) el término máximo por el cual pueden conferirse es de seis meses; (v) sólo
pueden otorgarse cuando la necesidad lo exija o por razones de conveniencia
pública; (vi) el Congreso conserva la potestad de modificar en cualquier tiempo
y por iniciativa propia los decretos dictados por el Gobierno en uso de facultades
extraordinarias; y finalmente, (vii) las facultades deben ser claras y
precisas.”
En ese
fallo se recalcó que la autorización al ejecutivo mediante el reconocimiento de
dichas facultades, tiene como ventaja la celeridad en la expedición de normas
con fuerza de ley, siempre que su exceso no afecte el principio democrático,
pues “relativiza el principio de separación de poderes y acentúa el carácter
presidencialista del régimen político”[146].”[147]
En este sentido el primer aspecto
de carácter procedimental que debe estudiarse ante la concesión de facultades
es que éstas hayan sido solicitadas expresamente por el Gobierno, ya sea
directamente o a través de alguno de sus ministros, que para estos efectos son
los voceros ante las cámaras legislativas –artículo 200 y 208 de la
Constitución-.
En este primer aspecto se observa
que el proyecto ahora estudiado es el resultado de la acumulación de tres
proyectos de ley que fueron presentados al Congreso de la República. Uno de
ellos era iniciativa de un grupo de representantes y senadores; el otro fue
presentado por la una senadora –Alexandra Piraquive-; y el tercer proyecto fue
presentado por el Ministro de Interior. Este último proyecto no incluyó
disposición alguna en la que se solicitaran las facultades extraordinarias al
Congreso de la República; así mismo, de la exposición de motivos no es posible
deducir, si quiera tácitamente, que el Gobierno, por intermedio de su Ministro
de Interior, estuviera haciendo la solicitud comentada; finalmente, tampoco se
observa por parte de la Corte que se haya presentado escrito dirigido a alguna
instancia del Congreso de la República en el que se haya solicitado incluir una
disposición que otorgue facultades normativas extraordinarias al ejecutivo.
Por el contrario, las facultades
extraordinarias ahora concedidas al Gobierno tienen su origen en los proyectos
de origen congresual. En el proyecto presentado por la Senadora Piraquive, el
artículo 115 incluía una previsión bastante parecida a la redacción final del
artículo 81, la cual otorgaba facultades extraordinarias al ejecutivo[148]. Así mismo, el
proyecto de ley presentado por un grupo de senadores y representantes a la
cámara contenía una disposición idéntica, curiosamente, también como artículo
115 del proyecto presentado a consideración del Congreso[149].
Finalmente, valga resaltar que el
proyecto presentado por el Ministro de Interior fue radicado en la Cámara de
Representantes el día seis (06) de septiembre de 2011[150], es decir, luego de
que se hubiesen presentado los proyectos de los otros autores y que, como ya se
indicó, la versión del Gobierno no preveía la concesión de facultades
extraordinarias, no obstante existir dos proyectos sobre el mismo tema,
radicados con anterioridad, que sí las preveían.
Siendo esta la situación, debe
concluir la Corte que en el trámite de las facultades extraordinarias, que en
la versión final del proyecto fueron incluidas en el artículo 81, se incumplió
el primer paso exigido por la Constitución, cual es la solicitud expresa de las
mismas por parte del Gobierno, razón por la cual se configuró un vicio en el
trámite legislativo.
Este vicio, en cuanto su
subsanación implicaría retrotraer todo el trámite legislativo, resulta
insubsanable en el presente caso, por lo que en el presente caso debe
entenderse que es un vicio que afecta de forma definitiva la adecuación a la
Constitución del artículo 81 del proyecto.
Por las consideraciones hechas
anteriormente, será declarada la inexequibilidad del artículo 81 del proyecto
en estudio.
Artículo 82
Artículo 82. Vigencia. La presente ley rige a partir de su
promulgación y deroga en su totalidad la Ley 375 de 1997 y las demás
disposiciones que le sean contrarias.
El artículo 82 contiene una
excepción a la regla general de vigencia, la cual se encuentra acorde con los
términos constitucionales previstos en el ordenamiento colombiano.
Adicionalmente, prevé la
derogatoria de la ley 375 de 1997, cuerpo normativo que establece los
parámetros para la regulación del derecho de participación de los y las
jóvenes, el sistema nacional de juventud y aspectos para el diseño y ejecución
de la política pública de juventud, todos los cuales son regulados por el
proyecto que ahora se estudia, razón por la cual la derogatoria prevista en el
artículo 82 del proyecto se aprecia como un resultado lógico, además de
respetuoso con la exigencia constitucional de unidad de materia –artículo 158
de la Constitución-.
Por lo expuesto, aprecia la Sala
que la disposición final de la ley no contiene elemento que vaya en contra del
parámetro de constitucionalidad, por lo que será declarado exequible.
VII.  DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar EXEQUIBLE por su aspecto formal el proyecto de ley
estatutaria número 169 de
2011 Senado, 14 de 2011 Cámara, acumulado con el proyecto de ley número 45 de
2011 Senado, 84 de 2011 Cámara “Por medio del cual se expide el Estatuto de Ciudadanía
Juvenil y se dictan otras disposiciones”.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80 y 82
del proyecto de ley objeto de revisión.
Tercero. - Declarar EXEQUIBLE el artículo 5 del proyecto de ley objeto de
revisión bajo el entendido que la constitución formal de las prácticas
organizativas de las y los jóvenes equivale a la obtención de personería
jurídica por cualquiera de las formas asociativas reconocidas en el
ordenamiento jurídico colombiano, siempre y cuando dicha forma asociativa sea
acorde con el objetivo axial de estos procesos y prácticas de las y los
jóvenes.
Cuarto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 24 del proyecto de ley objeto de
revisión, salvo el numeral 1.2. que contenía la expresión “Unidad
Administrativa Especial de las Juventudes”, que se declara INEXEQUIBLE.
Quinto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 25 del proyecto de ley objeto de
revisión, salvo la expresión “, Unidad Administrativa Especial de las
Juventudes,”, que se declara INEXEQUIBLE.
Sexto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 27 del proyecto de ley objeto de
revisión, salvo el numeral 3º que contenía la expresión “El Director de la
Unidad Administrativa Especial de las Juventudes”, que se declara INEXEQUIBLE.
Séptimo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 29 del proyecto de ley objeto de
revisión, salvo la expresión “y extraordinariamente cuando el Director de la
Unidad Administrativa Especial de las Juventudes lo solicite”, que se
declara INEXEQUIBLE.
Octavo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 30 del proyecto de ley objeto de
revisión, salvo las expresiones “El Director de la Unidad Administrativa
Especial de las Juventudes, ejercerá” y “, la cual”, que se declaran
INEXEQUIBLES.
Noveno.- Declarar INEXEQUIBLE el artículo 31 del proyecto de ley objeto
de revisión.
Décimo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 42 del proyecto de ley objeto de
revisión, en el entendido que el proceso de elección previsto en el Parágrafo
1º implica la realización de
la consulta previa con las comunidades que vayan a ser representadas por el
miembro del Consejo de Juventud que se quiera elegir.
Décimo Primero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 68 del proyecto
de ley objeto de revisión, salvo el artículo definido “las” que precede
a la expresión “instancias” y el artículo definido “las” que precede a
la expresión “funciones”, que se declaran INEXEQUIBLES.
Décimo Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 70 del proyecto
de ley objeto de revisión, salvo el Parágrafo, que se declara INEXEQUIBLE.
Décimo Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 72 del proyecto
de ley objeto de revisión, salvo la expresión “(Unidad Nacional para las
Juventudes)” contenida en el numeral 11º, que se declara INEXEQUIBLE.
Décimo Cuarto.- Declarar INEXEQUIBLE el artículo 75 del
proyecto de ley objeto de revisión.
Décimo Quinto.- Declarar INEXEQUIBLE el artículo 81 del
proyecto de ley objeto de revisión.
Décimo Sexto.- Conforme a lo anterior la Corte Constitucional declara
que el texto definitivo del proyecto de ley estatutaria, luego de haberse
surtido el control de constitucionalidad previsto en los artículos 153 y 241.8
de la Constitución, es el siguiente:
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 169 DE
2011 SENADO, 14 DE 2011 CÁMARA, ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY NÚMERO 45 DE
2011 SENADO, 84 DE 2011 CÁMARA
por medio de la cual se expide el
Estatuto de Ciudadanía Juvenil y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. Objeto. Establecer el marco institucional para
garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía
juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y público, el goce efectivo de
los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en
los tratados internacionales, y la adopción de las políticas públicas
necesarias para su realización, protección y sostenibilidad; y para el
fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de igualdad de acceso que
faciliten su participación e incidencia en la vida social, económica, cultural
y democrática del país.
Artículo 2°. Finalidades. Son finalidades de la presente ley las
siguientes:
1. Garantizar el reconocimiento de las juventudes en
la sociedad como sujeto de derechos y protagonistas del desarrollo de la Nación
desde el ejercicio de la diferencia y la autonomía.
2. Definir la agenda política, los lineamientos de
políticas públicas e inversión social que garanticen el goce efectivo de los
derechos de las juventudes en relación con la sociedad y el Estado; la
articulación en todos los ámbitos de gobierno, la cualificación y armonización
de la oferta y el proceso de formación política y técnica dirigida a los
jóvenes, servidores públicos y sociedad en general.
3. Garantizar la participación, concertación e
incidencia de las y los jóvenes sobre decisiones que los afectan en los ámbitos
social, económico, político, cultural y ambiental de la Nación.
4. Posibilitar y propender el desarrollo de las
capacidades, competencias individuales y colectivas desde el ejercicio de
derechos y deberes orientados a la construcción de lo público.
5. Promover relaciones equitativas entre
generaciones, géneros y territorios, entre ámbitos como el rural y urbano,
público y privado, local y nacional
Artículo 3°. Reglas de interpretación y aplicación. Las normas contenidas en la
Constitución Política y en los Tratados o Convenios Internacionales de Derechos
Humanos ratificados por Colombia, en especial la Convención sobre los Derechos
del Niño en lo que es aplicable, harán parte integral de esta ley, y servirán
de guía para su interpretación y aplicación, además se tendrán en cuenta los
siguientes enfoques:
1. Enfoque de Derechos Humanos: En relación con el marco legal que
imponen los tratados internacionales y la Constitución Política de Colombia.
2. Enfoque Diferencial: Como un principio de actuación y mecanismo de respeto
y ejercicio de los derechos desde la diferencia étnica, de géneros, de
procedencia territorial, de contexto social, de edad, orientación e identidad
sexual o por condición de discapacidad.
3. Enfoque de Desarrollo Humano: Bajo el cual se reconocen y promueven las
capacidades y potencialidades de las personas a partir de la generación de
oportunidades para decidir.
4. Enfoque de Seguridad Humana: Bajo el cual se busca garantizar unas
condiciones mínimas básicas que generen seguridad emocional, física,
psicológica, de las personas y las sociedades y asegurar la convivencia
pacífica en cada territorio.
Artículo 4°. Principios. Los principios que inspiran la presente
ley, se fundamentan en la Constitución Política, pero además serán principios
orientadores para la interpretación y aplicación de la presente ley, los
siguientes:
1. Autonomía: Las y los jóvenes son reconocidas y reconocidos como
agentes capaces de elaborar, revisar, modificar y poner en práctica sus planes
de vida a través de la independencia para la toma de decisiones; la
autodeterminación en las formas de organizarse; y la posibilidad de expresarse
de acuerdo a sus necesidades y perspectivas.
2. Corresponsabilidad: El Estado, la familia y la sociedad civil deben respetar,
promover y fortalecer la participación activa de las y los jóvenes en la
formulación, ejecución y evaluación de programas, planes y acciones que se
desarrollen para su inclusión en la vida política, económica, social, ambiental
y cultural de la Nación.
3. Coordinación: La Nación, el Departamento, el Municipio o Distrito
buscarán la concurrencia efectiva para evitar la duplicidad de acciones y
fomentar su implementación de manera integral y transversal.
4. Concertación: Las disposiciones contenidas en la presente ley, y
las que sean materia de reglamentación, serán concertadas mediante un proceso
de diálogo social y político entre la sociedad civil, la institucionalidad y
los demás actores que trabajan con y para la juventud.
5. Descentralización y desconcentración: Las políticas de juventud deben
planificarse desde la proximidad, garantizando su plena eficacia y su
ejecución.
6. Dignidad: Todas las personas tienen derecho a una vida digna y
segura; los y las jóvenes constituyen el objetivo fundamental de las acciones
emprendidas en cumplimiento del Estado Social de Derecho a través de la
eliminación de cualquier forma de vulneración de sus derechos.
7. Eficacia, eficiencia y gestión responsable: Los programas y actuaciones dirigidos a
los jóvenes deben estar dotados de los recursos suficientes para alcanzar los
objetivos previstos, dándoles un uso adecuado a su finalidad y gestionándolos
con responsabilidad.
8. Diversidad: Los y las jóvenes deben ser reconocidos en su
diversidad bajo una perspectiva diferencial según condiciones sociales,
físicas, psíquicas, de vulnerabilidad, discriminación, diversidad étnica,
orientación e identidad sexual, territorial cultural y de género para
garantizar la igualdad de oportunidades a todas las personas jóvenes.
9. Exigibilidad: Los derechos son inherentes a los y las jóvenes,
estos son intangibles e inalienables. Los y las jóvenes deben y pueden exigir
las garantías que les permitan ejercer sus derechos.
10. Igualdad de oportunidades: El Estado debe reducir las desigualdades
entre los distintos puntos de partida de las personas jóvenes en el proceso de
elaboración de su propio proyecto de vida. Las actuaciones administrativas son
compatibles con una discriminación positiva si esta se justifica por una
situación de desigualdad, persigue la igualdad real y facilita la integración
social.
11. Innovación y el aprendizaje social: La actuación del Estado en materia de
juventud debe incorporar como base para la construcción de las políticas de
juventud la innovación permanente, el aprendizaje social, la experimentación y
la concertación.
12. Integralidad: Las políticas de juventud deben responder a una
perspectiva integral que interrelacione los distintos ámbitos de la vida de las
personas jóvenes.
13. El interés juvenil: Todas las políticas públicas deben tener en cuenta la
dimensión juvenil, especialmente las que afectan a las personas jóvenes de
forma directa o indirecta.
14. Participación: La población joven del país tiene derecho a vincularse
a los procesos de toma de decisiones que le conciernen o que afecten directa o
indirectamente la obtención de condiciones de vida digna, así como a tomar
parte en los diversos aspectos de la vida socioeconómica, tanto en su relación
con el Estado, como con otros actores sociales.
15. Progresividad: El Estado con apoyo de la sociedad civil, deberá de
manera gradual y progresiva adoptar e implementar las acciones y mecanismos, a
fin de lograr la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.
16. Territorialidad: Los jóvenes, en tanto sujetos sociales que habitan y
usan espacios que construyen con otros sujetos sociales, son reconocidos como
agentes con derechos pertenecientes a un territorio corporal y físico donde
construyen colectivamente y de manera consciente y diferencial entornos
simbólicos, sociales y ambientales. Las políticas de juventud deben incorporar
un punto de vista territorial. Todas las actuaciones necesarias en beneficio de
las personas jóvenes deben llevarse a cabo teniendo en cuenta las distintas
realidades territoriales.
17. Transversalidad: El trabajo en el desarrollo de las políticas de
juventud debe incorporar las distintas ópticas de trabajo sectorial y las
distintas dinámicas asociativas y comunitarias propias de las personas jóvenes,
teniendo en cuenta la articulación en los distintos niveles territoriales. Los
departamentos, instituciones, entidades y agentes que corresponda deben
trabajar coordinadamente en cada intervención sobre las políticas de juventud.
18. Universalidad: Todas las personas sin excepción tienen iguales
derechos. El Estado debe garantizar los derechos a todos los y las jóvenes bajo
una perspectiva diferencial según condiciones de vulnerabilidad,
discriminación, diversidad étnica, cultural y de género.
Las entidades públicas deben contar con el apoyo y la
participación de la sociedad civil, de las entidades y de los interlocutores
libremente establecidos, y deben potenciar el desarrollo de las políticas de
juventud definidas por la presente ley mediante la iniciativa social y el
tercer sector.
Artículo 5°. Definiciones. Para efectos de la presente ley se
entenderá como:
1. Joven: Toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso
de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social
y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su
ciudadanía.
2. Juventudes: Segmento poblacional construido socioculturalmente y
que alude a unas prácticas, relaciones, estéticas y características que se
construyen y son atribuidas socialmente. Esta construcción se desarrolla de
manera individual y colectiva por esta población, en relación con la sociedad.
Es además un momento vital donde se están consolidando las capacidades físicas,
intelectuales y morales.
3. Juvenil: Proceso subjetivo atravesado por la condición y el
estilo de vida articulados a las construcciones sociales. Las realidades y
experiencias juveniles son plurales, diversas y heterogéneas, de allí que las y
los jóvenes no puedan ser comprendidos como entidades aisladas, individuales y
descontextualizadas, sino como una construcción cuya subjetividad está siendo
transformada por las dinámicas sociales, económicas y políticas de las
sociedades y a cuyas sociedades también aportan.
4. Procesos y prácticas organizativas de las y los
jóvenes: Entiéndase como
el número plural de personas constituidas en su mayoría por afiliados jóvenes,
que desarrollan acciones bajo un objetivo, y nombre común, cuenta con
mecanismos para el flujo de la información y comunicación y establece
mecanismos democráticos para la toma de decisiones y cuyo funcionamiento
obedece a reglamentos, acuerdos internos o estatutos aprobados por sus
integrantes. Estos procesos y prácticas según su naturaleza organizativa se
dividen en tres:
4.1. Formalmente constituidas: Aquellas que cuentan con personería
jurídica y registro ante autoridad competente.
4.2. No formalmente constituidas: Aquellas que sin tener personería
jurídica cuentan con reconocimiento legal que se logra mediante documento
privado.
4.3. Informales: Aquellas que se generan de manera espontánea y no se
ajustan a un objetivo único o que cuando lo logran desaparecen.
5. Género: Es el conjunto de características, roles, actitudes,
valores y símbolos construidos socialmente que reconoce la diversidad y
diferencias entre hombres y mujeres en pleno goce o ejercicio de sus derechos y
libertades fundamentales, en condiciones de igualdad en las esferas política,
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.
6. Espacios de participación de las juventudes: Son todas aquellas formas de
concertación y acción colectiva que integran un número plural y diverso de
procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes en un territorio, y que
desarrollan acciones temáticas de articulación y trabajo colectivo con otros
actores, dichos espacios deberán ser procesos convocantes, amplios y diversos,
y podrán incluir jóvenes no organizados de acuerdo con sus dinámicas propias.
Se reconocerán como espacios de participación entre
otros a las redes, mesas, asambleas, cabildos, Consejos de Juventud, consejos
comunitarios afrocolombianos, y otros espacios que surjan de las dinámicas de
las y los jóvenes.
7. Ciudadanía Juvenil: Condición de cada uno de los miembros jóvenes de la
comunidad política democrática; y para el caso de esta ley implica el ejercicio
de los derechos y deberes de los jóvenes en el marco de sus relaciones con
otros jóvenes, la sociedad y el Estado. La exigibilidad de los derechos y el cumplimiento
de los deberes estará referido a las tres dimensiones de la ciudadanía: civil,
social y pública.
7.1. Ciudadanía Juvenil Civil: Hace referencia al ejercicio de los
derechos y deberes civiles y políticos, de las y los jóvenes cuyo desarrollo
favorece la generación de capacidades para elaborar, revisar, modificar y poner
en práctica sus planes de vida.
7.2. Ciudadanía Juvenil Social: Hace referencia al ejercicio de una serie
de derechos y deberes que posibilitan la participación de las y los jóvenes en
los ámbitos sociales, económicos, ambientales y culturales de su comunidad.
7.3. Ciudadanía Juvenil Pública: Hace referencia al ejercicio de los
derechos y deberes en ámbitos de concertación y diálogo con otros actores
sociales, el derecho a participar en los espacios públicos y en las instancias
donde se toman decisiones que inciden en las realidades de los jóvenes.
Parágrafo 1°. Las definiciones contempladas en el presente
artículo, no sustituyen los límites de edad establecidos en otras leyes para adolescentes
y jóvenes en las que se establecen garantías penales, sistemas de protección,
responsabilidades civiles, derechos ciudadanos o cualquier otra disposición
legal o constitucional.
Parágrafo 2°. En el caso de los jóvenes de comunidades étnicas, la
capacidad para el ejercicio de derechos y deberes, se regirá por sus propios
sistemas normativos, los cuales deben guardar plena armonía con la Constitución
Política y la normatividad internacional.
TÍTULO II
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS
JUVENTUDES
CAPÍTULO I
Derechos de los y las jóvenes
Artículo 6°. Derechos de los y las jóvenes. Los jóvenes son titulares de los derechos
reconocidos en la Constitución Política, en los Tratados Internacionales
aprobados por Colombia, y en las normas que los desarrollan o reglamentan. El
presente Estatuto busca reafirmar la garantía en el ejercicio pleno de sus
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales,
tanto a nivel individual como colectivo de la población joven, a través de
medidas de promoción, protección, prevención y garantía por parte del Estado
para esta población. El Estado dará especial atención a los y las jóvenes desde
un enfoque diferencial según condiciones de vulnerabilidad, discriminación,
orientación e identidad sexual, diversidad étnica, cultural, de género y
territorial.
El Estado generará gradual y progresivamente, los
mecanismos para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente ley.
Artículo 7°. Criterios. En el marco de la presente ley, son
criterios para garantizar el goce real y efectivo de los derechos de los y las
jóvenes:
1. Prevención: Medidas que genera el Estado, para evitar que actos y
situaciones generen amenaza, vulneración o violación de un o varios derechos a
personas jóvenes.
2. Protección: Medidas que genera el Estado para detener amenazas,
vulneraciones o violaciones de Derechos Humanos que afectan a jóvenes, para
garantizar el pleno restablecimiento de los derechos en el caso que la
vulneración o violación se haya consumado e impedir que se vuelvan a presentar.
3. Promoción: Medidas que genera el Estado para la realización y
ejercicio efectivo de los derechos de las personas jóvenes.
4. Sanción: Medidas que genera el Estado para imponer correctivos
a funcionarios del Estado o particulares que participen de actos o situaciones
de amenaza, vulneración y/o violación de derechos de las personas jóvenes,
asegurando con ello que no se repitan y el ejercicio pleno de los derechos
consagrados en la Constitución, los tratados internacionales y la ley nacional.
5. Acceso: Atributo de los Derechos Humanos, según el cual el
Estado debe generar las garantías, los medios y canales necesarios y no
impedirlos para que un ciudadano goce de manera plena cada uno de sus derechos.
6. Disponibilidad: Atributo de los Derechos Humanos, según el cual el
Estado debe facilitar la infraestructura física e institucional, que garantice
el goce efectivo de los derechos, en los momentos y calidad en que cada
ciudadano los ejerza.
7. Permanencia: Atributo de los Derechos Humanos, según el cual el
Estado genera los mecanismos y estrategias conducentes a garantizar el goce y
ejercicio del derecho durante el tiempo y las condiciones óptimas por parte de
los ciudadanos.
8. Calidad: Atributo de los Derechos Humanos, según el cual el
Estado garantiza que el goce y ejercicio de los derechos por parte de los
ciudadanos se logre a través de medios idóneos.
9. Sostenibilidad: Atributo de los Derechos Humanos, según el cual el
Estado garantiza que las medidas y estrategias emprendidas para el goce
efectivo de los derechos se mantenga en el tiempo cumpliendo con los atributos
de acceso, disponibilidad, permanencia y calidad de cada derecho.
10. Participación: Atributo de los Derechos Humanos, según el cual el
Estado garantiza la existencia y uso de mecanismos de consulta y decisión de
los ciudadanos en relación con el goce y ejercicio efectivo de los derechos.
Artículo 8°. Medidas de prevención, protección,
promoción y garantía de los derechos de los y las jóvenes. El Estado en coordinación con la
sociedad civil, implementará gradual y progresivamente las siguientes medidas
de prevención, protección, promoción y sanción, tendientes a garantizar el
ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil que permitan a las y los jóvenes
realizar su proyecto de vida y participar en igualdad de derechos y deberes en
la vida social, política, económica y cultural del país:
Medidas de prevención:
1. Capacitar a funcionarios en general y especialmente
a aquellos con funciones de atención al público en trato no discriminatorio y
reconocimiento de las y los jóvenes como personas sujetos de derechos y
deberes.
2. Diseñar e implementar estrategias de reconocimiento
de la diversidad de los jóvenes en manuales de convivencia y reglamentos de
instituciones educativas.
3. Generar campañas educativas de planificación
familiar dirigidas a hombres y mujeres jóvenes.
4. Los y las jóvenes tiene derecho al pleno disfrute
de su salud sexual y reproductiva, por lo que el Estado creará políticas de
prevención, formación e información con enfoque diferencial y de
responsabilidad.
5. Generar categorías de análisis diferenciales en los
observatorios de seguridad y del delito, que den cuenta de las prácticas de
violaciones de Derechos Humanos contra jóvenes, y proponer a la Defensoría del
Pueblo, dentro del Sistema de Alertas Tempranas, el establecimiento de un
indicador y de categorías de análisis que permitan prevenir crímenes contra las
y los jóvenes y asegurar las medidas de protección en tiempo y lugar.
6. Diseñar, implementar y realizar el seguimiento a
programas de prevención y protección de trata de personas jóvenes.
Medidas de protección:
1. Garantizar la permanencia en el sistema educativo
de jóvenes en estado de embarazo, jóvenes portadores de VIH/Sida.
2. Garantizar las medidas de protección integral para
jóvenes con discapacidad.
3. Brindar en tiempo y calidad la asistencia necesaria
en caso de abandono.
4. Desarrollar estrategias que aseguren la seguridad
en las condiciones laborales y la remuneración justa.
5. Brindar los espacios de reclusión diferenciales
para jóvenes infractores de la ley penal.
6. Garantizar el acceso y calidad de servicios de
apoyo a la exigibilidad de derechos por parte de los jóvenes y el uso efectivo
de los mecanismos de defensa ciudadana.
7. El Estado en relación con la ciudadanía digital
garantizará el respeto del hábeas data
8. El Estado protege y promueve el derecho de las y
los jóvenes a conformar y pertenecer a un proceso o práctica organizativa y a
que ejerzan colectivamente el derecho a participar.
Medidas de Promoción:
1. Establecer mecanismos para favorecer un empleo y
unas condiciones de trabajo de calidad, y potenciar mecanismos de orientación e
inserción laborales.
2. Diseñar e implementar programas de fomento al
emprendimiento para la creación de empresas en diversos sectores por parte de
las y los jóvenes, facilitando el acceso a crédito, capital de riesgo y capital
semilla, y con acompañamiento especial de las diferentes entidades estatales.
3. Desarrollar programas de capacitación para que las
personas jóvenes adquieran conocimientos y destrezas, en el campo de la
formulación y ejecución de proyectos productivos.
4. Facilitar a las personas jóvenes el acceso,
disponibilidad, participación en condiciones de igualdad a las políticas de
vivienda.
5. Organizar una bolsa de trabajo, mediante la cual se
identifiquen actividades laborales que puedan ser desempeñadas por las personas
jóvenes y garantizar su divulgación y acompañamiento para la inserción laboral.
6. Promover y financiar actividades de relación
intergeneracional e intergénero, impulsadas y desarrolladas por jóvenes.
7. El Estado debe garantizar a las y los jóvenes el
acceso, disponibilidad, permanencia y calidad en atención en salud primaria con
enfoque diferencial, además de garantizar su participación en los espacios de
decisión del sistema de salud del país.
8. Promover un sistema estandarizado de tarifas
diferenciales para uso de transporte público por parte de las y los jóvenes
escolarizados y en condiciones económicas menos favorables, que garantice el
goce de su derecho al disfrute del espacio público.
9. Diseñar e implementar una política integral de
inclusión, reconocimiento y promoción de la ciudadanía juvenil en el ámbito
rural, con enfoque diferencial.
10. Garantizar la participación de las y los jóvenes
en situación de discapacidad en actividades educativas, recreativas,
culturales, artísticas, intelectuales, de ocio y deportivas, en igualdad de
condiciones, así como hacer accesibles los lugares o escenarios en los cuales
se desarrollan estas actividades.
11. Promover la inclusión activa de personas jóvenes
en los procesos de creación, circulación, investigación y apropiación cultural.
12. Promover el acceso, permanencia, uso y disfrute de
instalaciones públicas y espacio público.
13. Promover la destinación de franjas especiales para
programas juveniles cuyos contenidos sean desarrollados con participación de
jóvenes.
14. Promover que las instituciones que trabajan y
conviven con jóvenes, establezcan mecanismos de acceso y participación de los
jóvenes en la toma de decisiones de estas instituciones.
15. El Estado promoverá políticas, planes y proyectos
desde el enfoque de seguridad humana y diferencial que promuevan la convivencia
y la paz. En este sentido impulsará la creación de espacios para la
participación de las juventudes en la construcción de una cultura de paz.
16. El Estado promoverá encuentros intergeneracionales
y de formación impartida por jóvenes para padres de familia, maestros, fuerza
pública, operadores de justicia y funcionarios públicos sobre dinámicas
juveniles y ejercicio de derechos.
17. Promover y apoyar los espacios creativos para la
participación y la organización de las juventudes de la sociedad civil,
vinculados a procesos de transformación social y a la construcción de culturas
de paz.
18. Promover políticas de segunda oportunidad para
jóvenes infractores de la ley penal que promueva su reincorporación a la
sociedad en condiciones de igualdad y no discriminación.
19. El Estado debe promover en los jóvenes el
conocimiento y apropiación progresiva de las prácticas democráticas y en ese
sentido reconocer, valorar y usar los instrumentos jurídicos para la
exigibilidad de sus derechos.
20. Promover, en el marco de las Casas de Justicia, una
línea de apoyo a intercambios de experiencias y prácticas de justicia entre
procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes.
21. Implementar el programa de servicios amigables de
justicia para jóvenes con énfasis en promoción de los Derechos Humanos y
conocimiento de los derechos en el marco de infracciones a la ley penal con
énfasis en: a. Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica
legal con carácter gratuito, inmediato y especializado por presunción de haber
cometido o haber participado en la ocurrencia de un hecho punible.
22. Recibir información clara, completa, veraz y
oportuna en relación con sus derechos y con los mecanismos y procedimientos
establecidos según la edad y tipo de acto punible en lenguaje comprensible y respetuoso.
23. Recibir atención primaria en salud (diagnóstico,
prevención, curación y rehabilitación, psicológica, psiquiátrica especializada
e integral) en cualquiera de las etapas del proceso.
24. Garantizar una educación de calidad, creando las
condiciones necesarias para que sea accesible a las personas jóvenes, en el
marco de las leyes.
25. Generar estímulos que garanticen la permanencia de
las personas jóvenes en los programas de educación general básica, secundaria,
técnica, universitaria.
26. Garantizar la educación en iguales condiciones de
calidad y del más alto nivel para todas las personas jóvenes.
27. Garantizar el diseño e implementación de programas
de promoción y acceso a tecnologías de la información y las comunicaciones en
todo el país, con enfoque diferencial.
28. Reconocer y promover nuevas formas y dinámicas de
producción, gestión y divulgación de información y conocimiento, surgidas de
las construcciones colectivas con la participación de las y los jóvenes.
29. Brindar una atención oportuna y eficaz a jóvenes
por parte de funcionarios y servidores públicos.
30. El Estado garantizará la implementación de
estrategias de educación rural, ajustadas al contexto territorial y social,
bajo el enfoque diferencial, que garanticen el acceso y permanencia de jóvenes
rurales, en igualdad de oportunidades.
31. Creará el portal de juventud del país a cargo de
la entidad rectora del Sistema Nacional de Juventudes con información de todos
los sectores y enlaces a cada una de las instituciones del Estado. El portal
incluirá información de oferta y demanda de servicios para garantía de los
derechos expresados en esta ley con la posibilidad para los procesos y
prácticas organizativas de las y los jóvenes de incluir información propia para
consulta pública. Todas las organizaciones sociales e instituciones públicas de
carácter municipal, departamental y nacional, que desarrollen programas y
proyectos con jóvenes, deberán registrar información actualizada en el portal
sobre oferta y demanda, líneas de trabajo e indicadores de implementación de
políticas, para garantizar la participación y el control social de los jóvenes.
32. Las entidades del Estado del orden municipal,
distrital, departamental, y nacional se comprometerán a generar medidas
complementarias que aporten en la generación de conocimiento desde los y las
jóvenes y sus procesos y prácticas organizativas.
33. El Gobierno nacional definirá los mecanismos y
procedimientos para la identificación y acompañamiento de las y los jóvenes en
condición de discapacidad, de comunidades étnicas, de procedencia rural,
identificados en el nivel 1 y 2 del Sisbén, que hayan terminado
satisfactoriamente sus estudios secundarios y pretendan desarrollar estudios de
educación superior para garantizar el acceso, disponibilidad, permanencia y
calidad en las instituciones de educación superior, sin detrimento de las becas
que puedan otorgarse a los mejores puntajes de la prueba de Estado en estas
instituciones.
34. Promover las condiciones para la participación
libre y eficaz de las personas jóvenes en el desarrollo político, social,
económico y cultural.
35. Fomentar, promover y articular instrumentos de
apoyo a la asociación entre las personas jóvenes y garantizar la capacidad de
interlocución de los jóvenes.
36. Promover modos y prácticas asociativas de los
jóvenes, el trabajo en red, de articulación, coordinación y complementariedad
entre procesos y prácticas organizativas, y entre jóvenes e institucionalidad
pública y privada.
37. Reconocer y promover los espacios virtuales y
simbólicos de organización y participación de las juventudes.
38. Los partidos y movimientos políticos deberán
promover organizaciones juveniles dentro de la colectividad, respetando su
autonomía, voz y voto en las decisiones del partido.
39. El Gobierno nacional y los entes territoriales, de
acuerdo con el principio de autonomía, deben garantizar recursos y mecanismos
para promover y fortalecer la asociación y participación de las y los jóvenes.
40. Promover y reconocer el trabajo comunitario de los
y las jóvenes y sus organizaciones como aporte fundamental al desarrollo de la
sociedad y promueve la generación de una serie de estímulos al voluntariado
vinculado a procesos comunitarios.
41. Garantizar la participación de los y las jóvenes y
sus procesos y prácticas organizativas en ámbitos como el laboral, educativo,
comunal, familiar, deportivo, religioso, ambiental y empresarial.
42. El Estado diseñará los mecanismos que aseguren a
las personas jóvenes:
a) El acceso a información pertinente, actualizada y
diferencial.
b) La generación de espacios de diálogo y reflexión,
entre sociedad civil y Estado.
c) La libertad de expresar opiniones en igualdad de
condiciones y sin discriminación por edad en los escenarios dispuestos para la
deliberación pública.
d) El reconocimiento a los y las jóvenes; y sus
procesos y prácticas organizativas en los procesos, desde durante las etapas de
diagnóstico, formulación e implementación, seguimiento y evaluación de los
proyectos, programas y políticas.
Artículo 9°. Garantías. Para garantizar el cumplimiento de los
derechos descritos y las obligaciones por parte del Estado en relación con los
mismos, el Ministerio Público en el marco de sus competencias constitucionales
y legales generará un mecanismo de seguimiento a entes territoriales e
instituciones del orden nacional para el cumplimiento de lo establecido en esta
ley y todas aquellas que afecten a los y las jóvenes, conceptuando sobre su
aplicabilidad y haciendo seguimiento a su implementación en los casos
establecidos.
Parágrafo. La dependencia encargada de la coordinación de
juventud en la Nación y en cada ente territorial, convocará una audiencia
pública de rendición de cuentas de carácter obligatorio cada año sobre la
inclusión de los y las jóvenes en [sic], así como sobre los avances de
la política pública de juventud. La audiencia deberá contar con participación
de las autoridades públicas territoriales de todas las Ramas del Poder Público,
así como de los órganos de control, y serán encabezadas por el Alcalde, Gobernador
o el Presidente de la República, respectivamente.
CAPÍTULO II
Deberes de los y las jóvenes
Artículo 10. Deberes de los y las jóvenes. Los y las jóvenes en Colombia tienen el
deber de acatar la Constitución Política y las leyes; respetar los derechos
ajenos, actuar con criterio de solidaridad y corresponsabilidad; respetar a las
autoridades legítimamente constituidas; participar en la vida social, cívica,
política, económica y comunitaria del país; vigilar y controlar la gestión y
destinación de los recursos públicos; colaborar con el funcionamiento de la
justicia, proteger los recursos naturales y culturales y contribuir en la
construcción de capital social e institucional. Es deber del Estado facilitar
al joven condiciones que le permitan el cumplimiento de sus deberes de manera
calificada y cualificada.
TÍTULO III
POLÍTICAS DE JUVENTUD
Artículo 11. Política de juventud. Por política de Juventud debe entenderse
el proceso permanente de articulación y desarrollo de principios, acciones y
estrategias que orientan la actividad del Estado y de la sociedad para la
promoción, protección y realización de los derechos de las y los jóvenes; así
como para generar las condiciones necesarias para que de manera digna, autónoma,
responsable y trascendente, ejerzan su ciudadanía mediante la realización de
proyectos de vida individuales y colectivos.
En cumplimiento de la presente ley, se formularán e
incorporarán políticas de juventud en todos los niveles territoriales, garantizando
la asignación presupuestal propia, destinación específica y diferenciada en los
planes de desarrollo.
La formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de
las políticas de juventud deberán ser participativas, articulados a otras
políticas públicas, y responder a las necesidades, problemáticas, expectativas,
capacidades, potencialidades e intereses de la población joven colombiana.
Artículo 12. Transversalidad de las políticas de
juventud. Las
políticas de juventud serán transversales a la estructura administrativa y
programática de cada entidad territorial y de la Nación. Su implementación se
centrará en incorporar los asuntos relativos a la juventud en cada una de las
acciones y políticas públicas sectoriales. Las políticas de juventud no reemplazan
a otras políticas sectoriales ni poblacionales del orden territorial o
nacional, sino que las sustentan y articulan para el logro de objetivos en lo
referente a las juventudes.
Artículo 13. Lineamientos de las políticas públicas
de juventud. En
desarrollo del Título II establecido en la presente ley, las políticas públicas
de juventud se formularán teniendo en cuenta principalmente la protección y
garantía para el ejercicio y disfrute de los derechos de la juventud,
afirmación de la condición juvenil, y los jóvenes como actores estratégicos
para el desarrollo, y de conformidad con los lineamientos que se acuerden en el
marco del Sistema Nacional de Juventudes.
Artículo 14. Principios de las políticas públicas
de juventud. La
formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
de juventud deberá orientarse por los siguientes principios básicos:
1. Inclusión. Reconocer la diversidad de las juventudes en aspectos
como su situación socioeconómica, cultural, de vulnerabilidades, y su condición
de género, orientación sexual, étnica, de origen, religión y opinión.
2. Participación. Garantizar los procesos, escenarios, instrumentos y
estímulos necesarios para la participación y decisión de los y las jóvenes
sobre las soluciones a sus necesidades y la satisfacción de sus expectativas
como ciudadanos, sujetos de derechos y agentes de su propio desarrollo.
3. Corresponsabilidad. Responsabiliza en forma compartida tanto a los y las
jóvenes, como a la sociedad y al Estado en cada una de las etapas de
formulación, ejecución y seguimiento de la política.
4. Integralidad. Abordar todas las dimensiones del ser joven así como
los contextos sociales, políticos, económicos, culturales, deportivos y
ambientales donde se desarrollan.
5. Proyección. Fijar objetivos y metas a mediano y largo plazo,
mediante el desarrollo posterior de planes, programas, proyectos y acciones
específicas. Cada ente territorial deberá generar estas acciones de
implementación a un periodo no menor de cuatro (4) años.
6. Territorialidad. Establecer criterios para su aplicación en forma
diferenciada y de acuerdo con los distintos territorios físicos, políticos,
simbólicos y ambientales de donde procedan o pertenezcan los y las jóvenes.
7. Complementariedad. Articular otras políticas poblacionales y sectoriales
a fin de lograr la integración interinstitucional necesaria para el desarrollo
de acciones y metas dirigidas a los y las jóvenes teniendo en cuenta el ciclo
de vida, evitando la duplicidad de acciones y el detrimento de los recursos
públicos.
8. Descentralización. Regular acciones para cada nivel de ejecución en la
organización del Estado, con el fin de garantizar el uso eficiente de los
recursos y la desconcentración de funciones.
9. Evaluación. Definir herramientas e indicadores de seguimiento y
evaluación permanentes, reconociendo al mismo tiempo las externalidades propias
del proceso de implementación y la transformación de las necesidades de las y
los jóvenes.
10. Difusión. Regular los mecanismos necesarios para lograr el
conocimiento y apropiación de la política pública por parte de los y las
jóvenes, el Estado y la sociedad.
Artículo 15. Competencias. La competencia para el diseño y
ejecución de las políticas de juventud, y su asignación presupuestal son
responsabilidad en el ámbito de sus competencias de las entidades territoriales
y de la Nación, de acuerdo con los criterios de autonomía, descentralización y
los principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad. Los y las
jóvenes participarán activamente en el proceso de construcción de las políticas
públicas a nivel local, departamental y nacional, así mismo ejercer el control
de su implementación y ejecución a través de los mecanismos fijados por la ley.
Parágrafo 1°. El Presidente de la República, los Gobernadores y
Alcaldes, en el marco de sus competencias, serán responsables por la inclusión
de las Políticas de la Juventud dentro de los Planes de Desarrollo
correspondientes.
Parágrafo 2°. El Presidente de la República, los Gobernadores y los
Alcaldes, deberán incluir en sus planes de desarrollo los recursos suficientes
y los mecanismos conducentes a garantizar la formulación, implementación,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas de juventud, los planes de
desarrollo juvenil y/o planes operativos que viabilicen técnica y
financieramente la ejecución de las políticas formuladas para la garantía de
derechos de acuerdo con el estado en que se encuentren estas políticas en el
ente territorial. Todo ello sin detrimento de la complementariedad y la
colaboración que entre la Nación y los entes territoriales debe existir.
Parágrafo 3°. Cada entidad territorial deberá generar los planes de
implementación de las políticas para un periodo no menor de cuatro (4) años.
Artículo 16. Competencias generales. Las entidades territoriales
departamentales, distritales y municipales, en el marco de la presente ley
tendrán a cargo las siguientes competencias:
1. Establecer en el nivel departamental y local una
estructura organizativa con una dependencia (secretaría, dirección, oficina,
etc.) con capacidad política, técnica, financiera y administrativa para
coordinar y articular las acciones de política que garanticen el goce efectivo
de los derechos de la juventud, y que además esté articulada al sistema de
juventud.
2. Concertar e implementar una agenda política
orientada a la garantía de los derechos de las y los jóvenes y su
reconocimiento como potenciadores del desarrollo, con la participación de esta
población, organizaciones de la sociedad civil, organismos de cooperación y
organismos de control.
3. Garantizar la asignación continua y sostenida de
recursos físicos, técnicos, humanos especializados y financieros que permitan
el funcionamiento del sistema de juventud y de la implementación de políticas
públicas, planes, programas y proyectos para el goce efectivo de los derechos
de las y los jóvenes.
4. Realizar convenios y alianzas estratégicas para
vincular a las y los jóvenes en procesos que permitan cualificar su desempeño
técnico y profesional, garantizar sus derechos y mejorar su calidad de vida.
5. Garantizar la organización, promoción y
capacitación de las asociaciones juveniles, respetando su autonomía, para que
constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes
instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión
pública que se establezcan.
6. Promover, incentivar y fomentar la participación de
los jóvenes para que integren los Consejos municipales de Juventud en el menor
tiempo posible, además de disponer de los recursos para apoyar su efectivo y
real funcionamiento. Garantizar la creación y consolidación de las veedurías
juveniles al gasto público social en los diferentes ámbitos territoriales.
7. Promover la capacitación, entrenamiento, formación
y actualización de sus funcionarios, para que puedan dar cumplimiento a la
protección de los derechos de las y los jóvenes.
8. Establecer escenarios de diálogo intergeneracional
para que las y los jóvenes fortalezcan su condición e identidad juvenil,
recuperen su arraigo territorial, identifiquen y comprendan lecciones
aprendidas en los asuntos de juventud y potencien o desarrollen capacidades
para la comprensión sociohistórica de su contexto departamental y municipal y
su relación con los ámbitos nacional e internacional.
9. Desarrollar acciones diferenciadas para los jóvenes
víctimas del conflicto armado, y jóvenes rurales que permitan el retorno y
desarrollo de la juventud que habitaba y/o habita el sector rural.
Artículo 17. Competencias de la Nación. Para efectos de la presente ley son
competencias de la Nación, entre otras, las siguientes:
1. Orientar, coordinar y ejecutar políticas públicas
que permitan la participación de los jóvenes en el fortalecimiento de la
democracia, la garantía de los Derechos Humanos de los Jóvenes y la
organización social y política de la Nación.
2. Orientar, coordinar y ejecutar políticas públicas
que permitan el acceso con calidad y equidad de los jóvenes a la diversidad de
la oferta institucional del Estado en lo relacionado con la garantía y el goce
efectivo de sus Derechos Humanos.
3. Ofrecer información, asesoría y asistencia a
departamentos, distritos y municipios en la formulación e implementación de sus
políticas territoriales que establezcan acciones para la garantía de los
derechos de los jóvenes.
4. Cualificar desde el enfoque de derechos y
diferencial los programas, planes, agendas políticas, proyectos e inversión
social dirigidos a la garantía de los derechos de los jóvenes y de manera
particular a los jóvenes en situación de desplazamiento forzado.
5. Implementar en los diferentes ámbitos
territoriales, estrategias para la formación del talento humano responsable de
la garantía de derechos de los jóvenes, con mayor énfasis en la administración
departamental y organizaciones regionales.
6. Liderar alianzas con organismos y con entidades
nacionales e internacionales de carácter público, privado y mixto que
contribuyan a la garantía y cumplimiento de los derechos de los jóvenes.
7. Generar un sistema de información, generación de
conocimiento especializado, seguimiento y evaluación nacional, regional,
departamental, distrital y local sobre la implementación de políticas públicas
e inversión social a favor de la garantía de los derechos de los jóvenes.
8. Impulsar la formulación, ejecución y evaluación de
políticas de juventud con enfoque de derechos y diferencial étnico e
intercultural que respeten las particularidades de estos grupos.
Artículo 18. Competencias de los departamentos. Son competencias de los Departamentos,
entre otras, las siguientes:
1. Diseñar, ejecutar, evaluar y rendir cuentas sobre
la política pública, agendas políticas y Plan Decenal de Juventud para el
ámbito departamental y municipal.
2. Coordinar y asesorar el diseño e implementación de
políticas municipales de juventud.
3. Facilitar la participación de jóvenes en los
procesos de incidencia y toma de decisiones en el desarrollo del departamento y
en la inclusión de acciones, estrategias e inversión para la garantía de los
derechos de los jóvenes en las políticas sectoriales.
4. Investigar, conocer y alimentar el sistema nacional
de información sobre juventud en cuanto a la realidad y acciones adelantadas
para la garantía de derechos de los jóvenes en el departamento.
5. Investigar y validar en su territorio modelos
propios de participación, inclusión en servicios y bienes, en generación de
oportunidades para la garantía de derechos de los jóvenes e informar avances a
la Nación.
6. Acompañar a los municipios en el diseño de una
oferta de programas, procesos y servicios para la garantía de los derechos de
los jóvenes y en la consecución y movilización de recursos, su ejecución y
sostenibilidad.
7. Implementar estrategias para el fortalecimiento de
las capacidades de los jóvenes como sujetos de derechos y protagonistas del
desarrollo local.
8. Liderar la conformación de redes regionales para la
implementación de políticas públicas e inversión social para la garantía de
derechos de los jóvenes.
9. Consolidar el capital social e institucional en el
nivel departamental, municipal hacia la gestión de recursos favorables a la
implementación de programas con y para los jóvenes.
10. Liderar alianzas regionales con entidades y
organismos de carácter público, privado y mixto que contribuyan a la garantía y
cumplimiento de los derechos de los jóvenes.
11. Desarrollar en coordinación con el nivel nacional
el sistema de información, seguimiento y evaluación de políticas públicas e
inversión social para la garantía de derechos de los jóvenes.
12. Establecer con municipios u otros departamentos
líneas de cofinanciación que permitan la ejecución de proyectos y programas,
orientados al fortalecimiento de la identidad regional, la diversidad cultural,
étnica y de género de los jóvenes, y la consolidación de espacios de diálogo y
convivencia intergeneracional.
13. Desarrollar pactos departamentales de inclusión,
convivencia y de transparencia entre jóvenes e instituciones como referentes
éticos para el fortalecimiento del Estado Social de Derecho y la dinamización
del Sistema Departamental de Juventud.
14. Garantizar de manera conjunta con las entidades
territoriales del orden municipal la elección y creación y fortalecimiento de
los Consejos Municipales de Juventud y del Consejo Departamental de Juventud.
Artículo 19. Competencias de los municipios y de
los distritos. Son competencias del Municipio y de los
Distritos, entre otras, las siguientes:
1. Diseñar, implementar, evaluar y rendir cuentas
sobre la política pública e inversión social destinada a garantizar los
derechos de los y las jóvenes en el respectivo ámbito territorial.
2. Facilitar la participación de jóvenes en la
planeación del desarrollo de su municipio o distrito, y en el desarrollo de
acciones de política e inversión social destinada a garantizar los derechos de
los y las jóvenes en el respectivo ámbito territorial.
3. Investigar, conocer y alimentar el sistema nacional
de información sobre juventud a partir de la realidad del municipio o distrito.
4. Investigar y validar en su territorio modelos
propios de participación, garantía de derechos de los jóvenes, inclusión en la
oferta institucional del Estado, en generación de oportunidades y capacidades
en los jóvenes, e informar avances al departamento.
5. Diseñar una oferta programática para los jóvenes en
el municipio o distrito a ejecutar directamente o a través de alianzas,
convenios con instituciones gubernamentales, no gubernamentales y empresas que
desarrollen oferta en el nivel municipal o distrital.
6. Promover la concurrencia efectiva para evitar la
duplicidad de acciones entre la nación, el departamento y el municipio o
distrito.
7. Implementar estrategias para el fortalecimiento de
capacidades de los jóvenes como sujetos de derechos y protagonistas del
desarrollo local o distrital.
8. Liderar alianzas municipales o distritales con
entidades del sector privado para garantizar los derechos de los jóvenes.
9. Desarrollar un sistema propio de información,
seguimiento y evaluación en coordinación con el sistema departamental.
10. Ejecutar programas y proyectos específicos en
cofinanciación con el departamento.
11. Desarrollar pactos municipales de inclusión, de
convivencia y de transparencia entre jóvenes e instituciones como referentes éticos
para el fortalecimiento del Estado Social de Derecho y la dinamización del
sistema municipal o distrital de juventud.
12. Garantizar de manera conjunta con la entidad
territorial del orden departamental la elección, creación y fortalecimiento de
los consejos municipales o distritales de juventud y del Consejo Departamental
de Juventud.
Artículo 20. Procedimiento y plazos para la
formulación de políticas de juventud. Los municipios, distritos, departamentos y la Nación,
atendiendo a la autonomía territorial, formularán o actualizarán de manera
coordinada y con carácter participativo las políticas públicas de juventud,
atendiendo a criterios diferenciales por territorios y contextos. Para tal
propósito deberán tener en cuenta lo siguiente:
1. Los municipios iniciarán la formulación de las
políticas públicas de juventud en un plazo de seis (6) meses a partir de la
elección de los Consejos Municipales de Juventud.
2. Los departamentos iniciarán la formulación de las
políticas públicas departamentales en un plazo de nueve (9) meses a partir de
la elección de los Consejos Municipales de Juventud. Los departamentos están
obligados a prestar asistencia técnica a los municipios garantizando así la
coordinación, complementariedad y corresponsabilidad para la formulación de las
políticas públicas municipales de juventud y la departamental.
3. Los distritos tendrán el mismo tiempo dispuesto por
los departamentos para adelantar la formulación de sus políticas públicas de
juventud bajo el entendido que aun cuando no están obligados a generar política
pública de juventud por localidad o comuna, sí es necesario atender a la
diversidad de cada uno de estos territorios, y reflejarla en planes operativos
que expliciten la inversión diferenciada que se ejecutará para la garantía de
derechos de los jóvenes que habitan en sus territorios.
4. La Nación iniciará la formulación de la política
pública nacional de juventud en un plazo de doce (12) meses, contados a partir
de la elección de los consejeros de juventud municipales. La Nación está
obligada a prestar asistencia técnica a los departamentos garantizando así la
coordinación, complementariedad y corresponsabilidad para la formulación de las
políticas públicas municipales, distritales, departamentales y la nacional.
Parágrafo. En donde hubiere política pública de juventud
aprobada se deberá revisar y actualizar desde un enfoque que permita establecer
de manera diferencial las acciones de política pública e inversión social para
la garantía de los derechos de los jóvenes; así como difundir de manera
expedita, en un plazo no menor de tres (3) meses a partir de la sanción de la
presente ley.
Artículo 21. Presentación de informes. Las entidades responsables de juventud en
los entes territoriales y la entidad rectora del Sistema Nacional de
Juventudes, presentarán respectivamente a los concejos municipales, y
distritales, las Asambleas Departamentales y al Congreso de la República, un
informe anual sobre los avances, ejecución presupuestal y cumplimiento de la
política de juventud.
TÍTULO IV
SISTEMA NACIONAL DE LAS JUVENTUDES
Artículo 22. Sistema Nacional de las Juventudes. Es el conjunto de actores, procesos,
instancias, orientaciones, herramientas jurídicas, agendas, planes, programas,
y proyectos, que operativiza la ley y las políticas relacionadas con juventud,
mediante la creación y fortalecimiento de relaciones entre el Estado, la
sociedad civil, la familia, las entidades públicas, privadas, mixtas y las y
los jóvenes y sus procesos y prácticas organizativas para la garantía, cumplimiento,
goce o restablecimiento efectivo de los derechos de las juventudes, la
ampliación de sus capacidades y de sus oportunidades de acceso a un desarrollo
integral y sustentable.
Artículo 23. Funciones del Sistema Nacional de
Juventud. El Sistema
Nacional de Juventud será el encargado de propiciar el cumplimiento de los
derechos y mayores oportunidades para las personas jóvenes, de coordinar la
ejecución, seguimiento y evaluación de la política pública y los planes
nacional y locales de juventud, administrar el Sistema Nacional de información
de juventudes, realizar la coordinación intersectorial y de las entidades
nacional y territoriales con el objeto de lograr el reconocimiento de la
juventud como actor estratégico de desarrollo, movilizar masivamente a los
jóvenes en torno a la lucha contra la corrupción, entre otros.
Artículo 24. Conformación del Sistema Nacional de
las Juventudes. El Sistema Nacional de las Juventudes
conformado por:
1. Subsistema Institucional de las Juventudes.
1.1 El Consejo Nacional de Políticas Públicas de las
Juventudes.
1.3 Dependencias de las juventudes de las entidades
territoriales.
2. Subsistema de Participación de las Juventudes.
2.1 Procesos y prácticas organizativas de los y las
jóvenes.
2.2 Espacios de participación de las juventudes.
2.3 Los Consejos de Juventudes.
2.4 Plataformas de Juventudes.
2.5 Asambleas de Juventudes.
3. Comisiones de Concertación y Decisión.
CAPÍTULO I
Subsistema Institucional de las
Juventudes
Artículo 25. El Subsistema Institucional de las
Juventudes. El Subsistema Institucional del Sistema
Nacional de las Juventudes, está conformado por el Consejo Nacional de
Políticas Públicas de la Juventud y las instancias creadas en las entidades
territoriales para la juventud.
Artículo 26. Consejo Nacional de Políticas Públicas
de la Juventud. El
Consejo Nacional de Políticas Públicas de la Juventud es la instancia encargada
de articular la definición, seguimiento y evaluación de las políticas de
prevención, protección, promoción y garantía de los derechos de los y las
jóvenes a nivel nacional.
Parágrafo. Para los objetivos de la presente ley, el Consejo
Nacional de Política Económica y Social -CONPES- hará las veces de Consejo
Nacional de Políticas Públicas de la Juventud.
Artículo 27. Conformación del Consejo Nacional de
Políticas Públicas de la Juventud. El Consejo Nacional de Políticas Públicas de la
Juventud estará conformado así:
1. Presidente de la República o su delegado.
2. El Director del Departamento Nacional de Planeación
o su delegado.
4. El Ministro del Interior o su delegado.
5. El Director del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar o su delegado.
6. El Director del Servicio Nacional de Aprendizaje
–SENA- o su delegado.
7. Tres (3) representantes del Consejo Nacional de
Juventud, los que serán elegidos por el mismo, de acuerdo a su reglamentación
interna.
El Consejo será presidido por el Presidente de la
República o su delegado.
Artículo 28. Funciones y atribuciones del Consejo
Nacional de Políticas Públicas de la Juventud. Corresponde al Consejo Nacional de
Políticas Públicas de la Juventud:
1. Formular, promover y evaluar la creación de
políticas, planes y programas integrales para el desarrollo de los y las
jóvenes, considerando en las mismas los lineamientos y áreas establecidas en la
legislación nacional e internacional vigente.
2. Definir las líneas de acción a seguir por parte del
Sistema Nacional de las Juventudes.
3. Diseñar mecanismos de implementación de acciones en
relación con otros actores del sistema y seguimiento y evaluación por
resultados.
4. Garantizar la visibilización, información y fomento
de la inclusión de las juventudes en cada uno de los sectores de gobierno.
5. Gestionar la asistencia técnica y económica de los
gobiernos, instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales para
el cumplimiento de sus funciones y atribuciones;
6. Promover y fortalecer los mecanismos y
procedimientos destinados al fomento y desarrollo de los derechos de los y las
jóvenes.
7. Establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y
promoción de las políticas, planes, programas y proyectos relativos a los
derechos de los y las jóvenes que se desarrollen a nivel nacional.
8. Coordinar acciones con organismos gubernamentales y
no gubernamentales, nacionales e internacionales y con el sector privado para
el cumplimiento de las políticas de la juventud.
9. Proponer mecanismos y estrategias que vinculen a
las y los jóvenes en espacios, instancias y procesos de toma de decisiones de
carácter sectorial y territorial.
10. Elaborar el informe anual oficial sobre la
situación de los y las jóvenes en el país.
11. Promover la creación y establecimiento de Consejos
de la Juventud.
12. Promover el establecimiento y funcionamiento del
Sistema Nacional de Información sobre Juventud.
13. Las demás contenidas en la ley.
Artículo 29. Sesiones. El Consejo Nacional de Políticas Públicas
de la Juventud se reunirá de manera ordinaria una vez al año.
Artículo 30. Secretaría Técnica del Consejo
Nacional de Políticas Públicas de la Juventud. [L]a Secretaría Técnica del Consejo Nacional de
Políticas Públicas de la Juventud tendrá entre sus funciones:
1. Convocar y preparar los documentos de trabajo para
las sesiones del Consejo Nacional de Políticas Públicas de la Juventud
priorizando las reuniones previstas para planeación, mecanismos de
implementación de acciones en relación con otros actores del sistema y
seguimiento y evaluación por resultados.
2. Llevar la memoria de las reuniones y garantizar el
flujo de información dentro de los integrantes del Consejo.
3. Presentar a consideración de cada integrante del
Consejo Nacional de Políticas Públicas de la Juventud las agendas públicas para
garantizar su implementación de manera transversal.
4. Apoyar la constitución de las comisiones de trabajo
estratégico.
5. Consolidar la información y presentar
semestralmente los informes de la gestión del Consejo Nacional de Políticas de
Juventud, de los avances institucionales por sector en la inclusión de
información diferencial, presupuestos y líneas estrategias de trabajo con
jóvenes.
Artículo 32. Instancias de las entidades
territoriales para la juventud. Las entidades territoriales contarán con una
estructura organizativa encargada de coordinar y articular las acciones de
política que garanticen el goce efectivo de los derechos de la juventud, y que
además esté articulada al sistema de juventud.
CAPÍTULO II
Subsistema de Participación de las
Juventudes
Artículo 33. Subsistema de Participación de las
Juventudes. Es el conjunto
de actores, instancias, mecanismos, procesos y agendas propias de los y las
jóvenes, y sus procesos y prácticas organizativas. Se constituyen de
conformidad con el principio de autonomía.
CAPÍTULO III
Consejos de Juventudes
Artículo 34. Consejos de Juventudes. Los Consejos de Juventudes son mecanismos
autónomos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión
pública e interlocución de los y las jóvenes en relación con las agendas
territoriales de las juventudes, ante institucionalidad pública de cada ente
territorial al que pertenezcan, y desde las cuales deberán canalizarse los
acuerdos de los y las jóvenes sobre las alternativas de solución a las
necesidades y problemáticas de sus contextos y la visibilización de sus potencialidades
y propuestas para su desarrollo social, político y cultural ante los gobiernos
territoriales y nacional.
Artículo 35. Funciones de los Consejos de Juventud. El Consejo Nacional de Juventud, los
Consejos Departamentales de Juventud, y los Consejos Distritales, Municipales y
Locales de Juventud, cumplirán, en su respectivo ámbito, las siguientes
funciones:
1. Actuar como mecanismo válido de interlocución y
concertación ante la administración y las entidades públicas del orden nacional
y territorial y ante las organizaciones privadas, en los temas concernientes a
juventud.
2. Proponer a las respectivas autoridades
territoriales, políticas, planes, programas y proyectos necesarios para el
cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y demás
normas relativas a juventud, así como concertar su inclusión en los planes de
desarrollo.
3. Establecer estrategias y procedimientos para que
los jóvenes participen en el diseño de políticas, planes, programas y proyectos
de desarrollo dirigidos a la juventud.
4. Participar en el diseño y desarrollo de agendas
municipales, Distritales, departamentales y nacionales de juventud.
5. Concertar la inclusión de las agendas territoriales
y la nacional de las juventudes con las respectivas autoridades políticas y
administrativas, para que sean incluidas en los planes de desarrollo
territorial y nacional así como en los programas y proyectos necesarios para el
cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y demás
normas relativas a la juventud.
6. Presentar informes semestrales de su gestión,
trabajo y avances en audiencia pública, convocada ampliamente y con la
participación de los diversos sectores institucionales y de las juventudes.
7. Ejercer veeduría y control social a los planes de
desarrollo, políticas públicas de juventud, y a la ejecución de las agendas
territoriales de las juventudes, así como a los programas y proyectos
desarrollados para los jóvenes por parte de las entidades públicas del orden
territorial y nacional.
8. Interactuar con las instancias o entidades públicas
que desarrollen procesos con el sector, y coordinar con ellas la realización de
acciones conjuntas.
9. Fomentar la creación de procesos y prácticas
organizativas de las y los jóvenes y movimientos juveniles, en la respectiva
jurisdicción.
10. Dinamizar la promoción, formación integral y la
participación de la juventud, de acuerdo con las finalidades de la presente ley
y demás normas que la modifiquen o complementen.
11. Promover la difusión, respeto y ejercicio de los
Derechos Humanos, civiles, sociales y políticos de la juventud, así como sus
deberes.
12. Elegir representantes ante las instancias en las
que se traten los asuntos de juventud y cuyas regulaciones o estatutos así lo
dispongan.
13. Participar en el diseño e implementación de las
políticas, programas y proyectos dirigidos a la población joven en las
respectivas entidades territoriales.
14. Interactuar con las instancias o entidades que
desarrollen el tema de juventud y coordinar la realización de acciones
conjuntas.
15. Participar en la difusión y conocimiento de la
presente ley.
16. Es compromiso de los Consejos de Juventud luego de
constituidos, presentar un plan unificado de trabajo que oriente su gestión
durante el período para el que fueron elegidos.
17. Convocar y reglamentar las Plataformas de Juventud
Municipales, Distritales y Locales.
18. Elegir delegados ante otras instancias y espacios
de participación.
19. Adoptar su propio reglamento interno de
organización y funcionamiento.
Artículo 36. Consejo Nacional de Juventud. El Consejo Nacional de Juventud estará
integrado de la siguiente manera:
1. Un (1) delegado de cada uno de los Consejos
Departamentales de Juventud.
2. Un (1) delegado de cada uno de los Consejos
Distritales de Juventud.
3. Un (1) representante de los procesos y prácticas
organizativas de las y los jóvenes campesinos.
4. Un (1) representante de las comunidades indígenas.
5. Un (1) representante de las comunidades de
afrocolombianos.
6. Un (1) representante del pueblo rom.
7. Un (1) representante de las comunidades de raizales
de San Andrés y Providencia.
Parágrafo 1°. Los jóvenes delegados ante los consejos distritales,
departamentales y el nacional de juventud, tendrán un periodo de un año y
podrán ser reelegidos por un sólo periodo adicional.
Parágrafo 2°. El representante de las comunidades indígenas,
afrocolombianas, rom y raizales de San Andrés y Providencia será elegido de
acuerdo a los procedimientos de las comunidades.
Artículo 37. Convocatoria del Consejo Nacional de
Juventud. Dentro de
los ciento cincuenta (150) días siguientes a la elección de los Consejos
Departamentales de Juventud, la entidad designada o creada por el Gobierno
Nacional para la juventud, convocará la conformación del Consejo Nacional de
Juventud.
Artículo 38. Consejos Departamentales de Juventud.
Los Consejos Departamentales
de Juventud estarán integrados por delegados de los Consejos Municipales y
Distritales de Juventud.
Parágrafo. Los Consejos Departamentales de Juventud se reunirán
de manera ordinaria dos (2) veces al año y de manera extraordinaria de acuerdo
a los reglamentos internos que se construyan.
Artículo 39. Convocatoria y composición de los
Consejos Departamentales de Juventud. Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la
elección de los Consejos Municipales de Juventud, los gobernadores convocarán a
la conformación del Consejo Departamental de Juventud.
Los Consejos Departamentales de Juventud estarán
integrados por un número impar, no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15)
miembros, delegados de los Consejos Municipales y Distritales de Juventud, excepto
el Distrito Capital.
Parágrafo. Previa convocatoria efectuada por el Gobernador, cada
Consejo Municipal y Distrital de Juventud de la respectiva jurisdicción,
designará un delegado para conformar el Consejo Departamental de Juventud. Si
se llegare a presentar el caso, en que el número de consejeros delegados supere
el tope máximo de miembros a integrar el Consejo Departamental de Juventud, el
Gobernador convocará en cada una de las provincias de su departamento,
conformen asambleas constituidas por los Consejos Municipales y Distritales de
Juventud, pertenecientes a municipios y distritos que la conforman. En cada una
de las asambleas se elegirá entre ellos el número de consejeros delegados a que
tengan derecho, según lo dispuesto previamente por el gobernador, cuyo criterio
debe obedecer al número de municipios y su densidad poblacional.
En los departamentos que tengan menos de cinco (5)
Consejos Municipales y Distritales de Juventud, podrá haber más de un delegado
por consejo.
Artículo 40. Consejos Locales y Distritales de
Juventud. De conformidad con el régimen
administrativo de los distritos, se conformarán Consejos Locales de Juventud,
los cuales se regirán por las disposiciones para los Consejos Municipales de
Juventud, contenidas en la presente ley.
Los Consejos Distritales de Juventud serán integrados
por un (1) delegado de cada uno de los consejos locales de juventud.
Parágrafo 1º. El Consejo Distrital de Juventud de Bogotá, D. C.,
será integrado por un (1) delegado de cada uno de los Consejos Locales de
Juventud.
Artículo 41. Convocatoria y composición de los
Consejos Distritales de Juventud. De conformidad con el Régimen Administrativo del
Distrito, dentro de los treinta (30) días siguientes a la elección de los
Consejos Locales de Juventud, los Alcaldes de Distritos conformarán el Consejo
Distrital de Juventud a razón de un delegado por cada localidad o comuna según
corresponda.
Artículo 42. Consejos Municipales de Juventud. En cada uno de los municipios del
territorio nacional, se conformará un Consejo Municipal de Juventud, integrado
por Jóvenes procedentes de listas de jóvenes independientes, de procesos y
prácticas organizativas de las y los jóvenes formalmente constituidos, y de
juventudes de los partidos políticos elegidos mediante voto popular y directo
de las y los jóvenes.
Parágrafo 1°. En los municipios y localidades donde existan
organizaciones juveniles de campesinos, comunidades de indígenas,
afrocolombianos, rom, raizales de San Andrés y Providencia o en general de
comunidades étnicas, cada entidad territorial deberá elegir un representante de
estas comunidades. En este evento, habrá un miembro más en el Consejo de
Juventud por cada una de tales comunidades.
Parágrafo 2°. Los Consejos Municipales de Juventud se reunirán como
mínimo una (1) vez al mes de manera ordinaria y de manera extraordinaria de
acuerdo a los reglamentos internos que se construyan.
Parágrafo 3°. El número total de integrantes del Consejo Municipal o
Local de Juventud deberá ser siempre impar, incluida la representación étnica
especial que se regula en este artículo. En el evento que de la composición
ampliada resultare número par, se aumentará o disminuirá en un (1) miembro
según lo establecido en el artículo 49, sin apartarse del rango mínimo o máximo
allí fijado.
Artículo 43. Composición básica de los Consejos
Municipales y Locales de Juventud. Los Consejos Municipales y Locales de Juventud se
integrarán por un número impar de miembros, no menor de siete (7) ni mayor de
diecisiete (17), elegidos mediante el voto popular y directo de los jóvenes
inscritos en la respectiva jurisdicción.
La definición del número de consejeros dependerá así
mismo de la densidad poblacional de cada municipio o localidad según último
censo realizado y ajustado con proyecciones al año de las elecciones.
Artículo 44. Convocatoria para la elección de los
Consejos Municipales, Locales y Distritales de Juventud. En el proceso de inscripción de
candidatos y jóvenes electores, las alcaldías distritales, municipales y la
Registraduría Nacional del Estado Civil, destinarán todos los recursos
necesarios y establecerán un proceso de inscripción acompañado de una amplia
promoción, difusión y capacitación electoral. El proceso de convocatoria e
inscripción se iniciará con una antelación no inferior a ciento veinte (120)
días a la fecha de la respectiva elección.
Parágrafo 1°. La determinación de los puestos de inscripción y
votación para los Consejos Municipales, Locales y Distritales de Juventud, se
hará teniendo en cuenta las condiciones de fácil acceso y reconocimiento de las
y los jóvenes.
Parágrafo 2°. A fin de lograr una mejor organización electoral, los
entes territoriales en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado
Civil, y el Ministerio del Interior elaborarán un calendario electoral.
Parágrafo 3º. El Ministerio del Interior apoyará la promoción y
realización de las elecciones de los consejeros municipales, locales y
distritales de juventud.
Artículo 45. Inscripción de electores. La inscripción se efectuará en los
lugares y ante los funcionarios designados por la Registraduría Distrital o
Municipal y se utilizará para tal fin, un formulario de Inscripción y Registro
de Jóvenes Electores. Son requisitos para la inscripción de electores los
siguientes:
1. Las personas entre 14 y 17 años deberán presentar
copia del registro civil de nacimiento o tarjeta de identidad.
2. Las personas entre 18 y 28 años deberán presentar
la cédula de ciudadanía o contraseña.
Artículo 46. Requisitos para la inscripción de
candidatos. Los
aspirantes a ser Consejeros Municipales, Distritales o Locales de Juventud,
deberán cumplir los siguientes requisitos al momento de la inscripción:
1. Estar en el rango de edad establecido en la
presente ley. Los jóvenes entre 14 y 17 años deberán presentar copia del registro
civil de nacimiento o tarjeta de identidad. Así mismo los jóvenes entre 18 y 28
años deberán presentar la cédula de ciudadanía o contraseña.
2. Tener domicilio o demostrar que realiza una
actividad laboral, educativa o de trabajo comunitario, en el territorio al cual
aspira representar, mediante declaración juramentada ante una Notaría.
3. Estar inscrito en una lista presentada por los
jóvenes independientes, o por un movimiento o partido político con personería
jurídica. En el caso de los procesos y prácticas organizativas juveniles ser
postulado por una de ellas.
4. Presentar ante la respectiva Registraduría, una
propuesta de trabajo que indique los lineamientos a seguir como consejero de
juventud, durante su periodo.
Parágrafo. Nadie podrá ser miembro de los Consejos de Juventud si
no se halla entre los rangos de edad aquí establecidos. Si alguien que ha sido
elegido supera estos rangos antes de culminar su período, deberá renunciar o se
procederá a su desvinculación y en tal caso, podrá ser incorporado el siguiente
integrante de su lista o suplente según sea el caso.
Artículo 47. Candidatos. La inscripción de las listas que sean
presentadas directamente por los jóvenes independientes, deberán tener el
respaldo de un número de firmas correspondiente al uno (1%) por ciento del
registro de jóvenes electores del municipio. El número de candidatos inscritos
en cada lista presentada directamente por las y los jóvenes, no podrá exceder
el número de miembros a proveer determinado por la entidad territorial.
Artículo 48. Candidatos por procesos y prácticas
organizativas de las y los jóvenes formalmente constituidos. Los procesos y prácticas organizativas de
las y los jóvenes formalmente constituidos cuya existencia formal no sea
inferior a seis (6) meses, respecto a la fecha de convocatoria, podrán postular
candidatos. La inscripción de las y los candidatos con su respectivo suplente
se deberá acompañar del acto mediante el cual se acredite el registro legal del
proceso y práctica organizativa de las y los jóvenes, así como la
correspondiente postulación, conforme a sus estatutos o reglamentos.
Artículo 49. Candidatos por listas de movimientos o
partidos políticos. La
inscripción de las listas por movimientos o partidos políticos, requerirá el
aval del mismo, para lo cual deberá contar con personería jurídica vigente.
Cada movimiento o partido político podrá presentar una lista al Consejo
Municipal o Local de Juventud. El número de candidatos inscritos en cada lista
presentada, no podrá exceder el número de miembros a proveer determinado por la
entidad territorial.
Artículo 50. Censo Electoral. Para garantizar el proceso electoral, la
Registraduría del Estado Civil correspondiente, deberá contar con un reporte
actualizado del censo electoral en las edades comprendidas en esta ley.
Artículo 51. Interlocución con las autoridades
territoriales. Los
Consejos Departamentales de Juventud y los Consejos Distritales, Municipales y
Locales de Juventud tendrán como mínimo dos (2) sesiones anuales con el
gobernador o alcalde respectivo y su gabinete en sesión de consejo de gobierno,
y mínimo dos (2) sesiones plenarias anuales con la Asamblea Departamental, el
Concejo Municipal, Distrital o la Junta Administradora Local, en las que se
presentarán propuestas relacionadas con las agendas concertadas dentro del
sistema de participación y la Comisión de Concertación y Decisión. Así mismo,
se deberá destinar al menos una (1) sesión de trabajo de los consejos de
política social al año para definir acuerdos de políticas transversales que
promuevan la participación y ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los
deberes de las y los jóvenes y sus procesos y prácticas organizativas.
Artículo 52. Período. El período de los Consejos de Juventud de
todos los niveles territoriales será de cuatro (4) años.
Parágrafo 1°. Los miembros de los Consejos Locales, Distritales y
Municipales de Juventud, podrán reelegirse por una (1) única vez en periodos
consecutivos o no consecutivos y mientras cumpla con las condiciones establecidas
en el artículo 46.
Parágrafo transitorio. Los consejeros de juventud elegidos con anterioridad
a la entrada en vigencia de la presente ley, terminarán el período para el cual
fueron elegidos, según lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 89 de 2000.
Artículo 53. Unificación de la elección de los
Consejos de Juventud. La
elección de los Consejos de Juventud en todos los municipios, distritos y
localidades del país, tendrá lugar el último viernes del mes de octubre de dos
mil doce (2012) y se posesionarán el 1° de enero de dos mil trece (2013), y en
lo sucesivo, se realizará tal elección y posesión cada cuatro años, en las
mismas fechas anteriormente establecidas.
Artículo 54. Vacancias. Se presentará vacancia de los Consejeros
de la Juventud cuando:
1. Vacancia absoluta. Se producirá vacancia
absoluta de un Consejero de Juventud, por decisión judicial o cuando ocurra una
de las siguientes situaciones:
a) Muerte.
b) Renuncia.
c) Pérdida de alguno de los requisitos que acreditó
para ser elegido.
d) Incapacidad permanente declarada por autoridad u
órgano competente.
e) Ausencia injustificada del consejero, por un
período igual o superior a cuatro (4) meses.
f) Haber superado la edad prevista en esta ley.
2. Vacancia temporal. Se producirá vacancia temporal en el cargo de un
Consejero de Juventud, cuando ocurra una de las siguientes situaciones:
a) Permiso dado por el respectivo consejo de juventud
por un período no mayor a seis (6) meses y por motivo de estudios.
b) La incapacidad física transitoria, hasta por un
término de seis (6) meses, debidamente certificada por un médico.
c) La ausencia forzada e involuntaria hasta por un
término de seis (6) meses.
Artículo 55. Suplencia. El procedimiento a aplicar para suplir
las vacancias de los consejeros de juventud será el siguiente:
1. Suplencia de vacancias absolutas o temporales de
los consejeros distritales, municipales y locales de juventud. Cuando se produzca vacancia absoluta o
temporal, esta será cubierta por el siguiente candidato de la lista de la cual
fue elegido él o la joven.
En el caso de un consejero electo como delegado de un
proceso o práctica organizativa formalmente constituida lo reemplazará su
suplente o en su defecto quien designe el respectivo proceso y práctica
organizativa de acuerdo con sus estatutos y mediante acta aprobada por sus
miembros y debidamente inscrita en respectiva Registraduría del Estado Civil.
Quien entre a suplir una vacancia absoluta o temporal,
de un consejero de los que habla este artículo, sólo podrá ejercer por el
tiempo que faltare para culminar el período del respectivo Consejo de Juventud,
o por el período dado por el permiso, incapacidad o ausencia forzada, según el
caso.
Cuando no exista disponibilidad en la lista
correspondiente para suplir la vacante, esta será llenada de las restantes
listas que hayan obtenido la siguiente votación más alta.
El alcalde, dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la declaratoria de vacancia, llamará al candidato/a que se
encuentre apto para suplir la vacancia para que tomen posesión del cargo
vacante.
2. Suplencia de vacancias absolutas o temporales de
los consejeros distritales y departamentales de juventud. Cuando se produzca vacancia absoluta o
temporal, esta será cubierta por una nueva delegación del consejo municipal o
local, o de la provincia o subregión de la cual hacía parte él o la joven que
deja la delegación.
Quien entre a suplir una vacancia absoluta o temporal
de un consejero de los que habla este artículo, sólo podrá ejercer por el
tiempo que faltare para culminar el período del respectivo Consejo de Juventud
o por el período dado por el permiso, incapacidad o ausencia forzada, según el
caso.
3. Suplencia de vacancias absolutas o temporales de
los consejeros nacionales de juventud. Cuando se produzca vacancia absoluta o temporal, esta
será cubierta por él o la delegado/a del consejo departamental de juventud
correspondiente.
Quien supla una vacancia absoluta o temporal de un
consejero de los que habla este artículo, sólo podrá ejercer por el tiempo que
faltare para culminar el período del respectivo Consejo de Juventud o por el
período dado por el permiso, incapacidad o ausencia forzada, según el caso.
Artículo 56. Inhabilidades. No podrán ser elegidos como Consejeros de
Juventud:
1. Quienes sean miembros de corporaciones públicas de
elección popular.
2. Quienes dentro de la entidad departamental o
municipal respectiva, se hallen vinculados a la administración pública un (1)
año antes de la elección.
Artículo 57. Reglamento Interno. Los Consejos de Juventud adoptarán su
propio reglamento interno que deberá contener las reglas para su
funcionamiento, organización interna, composición, funciones, modos de
convocatoria, periodicidad de las reuniones, mecanismos para toma de
decisiones, régimen disciplinario, formas de trabajo y el procedimiento para la
modificación de dicho reglamento.
Artículo 58. Adopción de medidas para garantizar la
operación de los Consejos de la Juventud. Cada Gobernador o Alcalde, adoptará mediante acto
administrativo las medidas establecidas en la presente ley, en el que aseguren
la operación de los Consejos de Juventud de cada ente territorial. Deberán
enviar copias del acto para su correspondiente registro, a la entidad designada
o creada por el Gobierno nacional para las Juventudes, a la respectiva
Registraduría del Estado Civil y a la respectiva entidad encargada de juventud
en el ente territorial, dentro de los treinta (30) días siguientes a su
expedición.
Artículo 59. Informe de Gestión de los Consejos de
Juventud. Los
consejos locales, distritales, municipales, departamentales y Nacional de
Juventud, rendirán en audiencias públicas, un informe semestral evaluativo de
su gestión, a las y los jóvenes de la entidad territorial respectiva en el
marco de las asambleas juveniles.
Artículo 60. Apoyo a los Consejos de Juventud. El Gobierno Nacional, los Gobernadores y
Alcaldes, organizarán y desarrollarán un programa especial de apoyo al Consejo
Nacional de Juventud, los Consejos Departamentales de Juventud y a los Consejos
Distritales, Municipales y locales de Juventud, que contemplará entre otros
aspectos, asesoría para su funcionamiento y consolidación como mecanismos de
participación e interlocución del Sistema Nacional de las Juventudes y agentes
dinamizadores de las Agendas Territoriales y Nacional de las Juventudes, así
como estímulos de carácter educativo, cultural y recreativo, estableciendo en
sus respectivos presupuestos los recursos suficientes para garantizar su
funcionamiento permanente.
Parágrafo. Las administraciones nacional, departamental,
distrital, municipal y local, deberán proveer el espacio físico necesario,
dotado de los elementos básicos que garanticen el funcionamiento de los
consejos locales, distritales, municipales, departamentales y nacional de
Juventud, de igual manera deberán apropiar los recursos presupuestales
necesarios para que sus interlocuciones con las autoridades territoriales y
nacional se cumplan a cabalidad según las disposiciones de la presente ley.
CAPÍTULO IV
Plataformas de las juventudes
Artículo 61. Plataformas de las juventudes. Son escenarios de encuentro,
articulación, coordinación y concertación de las juventudes, de carácter autónomo
asesor. Por cada ente territorial municipal, distrital y local deberá
existir una plataforma, la cual será conformada por un número plural de
procesos y prácticas organizativas, así como por espacios de participación de
los y las jóvenes.
La plataforma deberá ser registrada según formulario
para tal fin en la personería municipal quien se encargará de hacer el
acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en
las agendas de las juventudes del municipio.
Parágrafo. La plataforma municipal de juventudes se reunirá
como mínimo una (1) vez al año de manera ordinaria y de manera extraordinaria
cada vez que así se solicite y apruebe, según los reglamentos elaborados por
los Consejos de Juventud a nivel municipal, distrital y local, según sea el
caso.
Artículo 62. Convocatoria inicial. Las entidades encargadas de juventud en
los entes territoriales municipales, distritales y locales, convocarán la
conformación inicial de la plataforma municipal para lo cual levantarán una
primera línea base que permita la identificación de procesos y prácticas
organizativas y espacios de participación de las y los jóvenes y su
caracterización. La convocatoria inicial de constitución de la plataforma
deberá realizarse dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la
presente ley.
Parágrafo. Las entidades encargadas de juventud de los entes
territoriales garantizarán la convocatoria amplia y facilitarán las
instalaciones y herramientas operativas para el desarrollo de las reuniones y
agenda de la plataforma de manera autónoma.
Artículo 63. Funciones de las plataformas de las
juventudes. Serán
funciones de las Plataformas de las Juventudes las siguientes:
1. Servir de instancia asesora de los Consejos de
Juventud, a nivel Municipal, Local y Distrital.
2. Impulsar la conformación de procesos y prácticas
organizativas y espacios de participación de las y los jóvenes, atendiendo a
sus diversas formas de expresión, a fin de que puedan ejercer una agencia
efectiva para la defensa de sus intereses colectivos.
3. Participar en el diseño y desarrollo de agendas
locales, municipales, y distritales, departamentales y nacionales de juventud.
4. Realizar veeduría y control social a la
implementación de las agendas locales, municipales y distritales territoriales
de las juventudes.
CAPÍTULO V
Asambleas Juveniles
Artículo 64. Asambleas Juveniles. Son el máximo espacio de consulta del
movimiento juvenil del respectivo territorio. En este tienen presencia todas
las formas de expresión juvenil, tanto asociadas como no asociadas.
Artículo 65. Funciones de las Asambleas. Son funciones de las Asambleas:
1. Servir de escenario de socialización, consulta y
rendición de cuentas de las acciones realizadas por los consejos de la juventud
en relación a las agendas territoriales de las juventudes.
2. Aquellas que cada territorio defina de manera
autónoma en consideración a las agendas, mecanismos e instancias de
participación que articula el sistema, contemplados en esta ley.
Artículo 66. Composición. Las Asambleas juveniles son de
composición amplia y diversa y estarán convocados jóvenes, procesos y prácticas
organizativas de las y los jóvenes, espacios, instancias, y actores
relacionados con las juventudes. Se llevarán a cabo cada seis (6) meses por
derecho propio el último fin de semana del mes de enero y del mes de julio de
cada año, y a convocatoria de los consejos de la juventud.
Parágrafo. Como producto de cada Asamblea, la secretaría técnica
de la agenda levantará un informe que será público y servirá como insumo para la
toma de decisiones en cada una de las correspondientes Comisiones de
Concertación y Decisión.
Artículo 67. Sesiones. Las Comisiones de Concertación y
Decisión se convocarán obligatoriamente por el Alcalde o el Gobernador según
corresponda como mínimo 4 veces de manera ordinaria al año, con la anticipación
necesaria para incidir en la planificación de acciones y presupuestos de cada
ente territorial y la incorporación de las agendas construidas conjuntamente en
los Planes Operativos Anuales de Inversión -POAI-. Se convocarán de manera
extraordinaria cada vez que dos o más delegados a la Comisión lo soliciten.
Parágrafo 1°. La Presidencia de las sesiones de las Comisiones de
Concertación y Decisión será rotativa por periodos de 6 meses alternando entre
los delegados de los jóvenes y del gobierno.
Parágrafo 2°. Las convocatorias a las sesiones ordinarias y su
desarrollo, serán acompañadas por el Ministerio público en cada ente
territorial, como garante de la realización de las mismas y de su cumplimiento.
Artículo 68. Comisiones de Concertación y Decisión del
Sistema Nacional de las Juventudes. Las Comisiones de Concertación y
Decisión del Sistema Nacional de las Juventudes, serán instancias de
concertación y decisión del orden nacional departamental y municipal, a razón
de una por cada entidad territorial, las cuales asumirán funciones de
planeación, concertación de agendas públicas y generación de los mecanismos de
ejecución de las mismas en cada territorio.
Artículo 69. Composición de las Comisiones de Concertación
y Decisión. Las Comisiones de Concertación y Decisión estarán
conformadas por 3 delegados del Gobierno del ente territorial, y 3 delegados de
los Consejos de Juventud que llevan la vocería del movimiento juvenil en cada
ente territorial. En todo caso ninguno de los delegados por parte de los
Consejos de Juventud podrá estar desempeñando funciones remuneradas dentro de
la administración correspondiente durante su periodo como delegado.
Parágrafo. Los delegados de los Consejos de Juventud a las
Comisiones de Concertación y Decisión deberán rotar cada año.
Artículo 70. Toma de Decisiones. La toma de decisiones se dará por consenso, y en caso
de no lograrse se requerirá dos tercios de los votos de los miembros para tomar
una decisión, requiriéndose para la toma de decisión la presencia de al menos 2
de los delegados de cada subsistema. Para los funcionarios públicos a quienes
se delegue la participación en esta instancia y no se presenten, sin razón
justificada, se adelantarán procesos de sanción disciplinaria. Los Consejeros
de Juventud que no asistan justificada o injustificadamente a dos reuniones
ordinarias de la Comisión de Concertación y Decisión, serán reemplazados por el
Consejo de Juventud.
Artículo 71. Secretaría Técnica de la Comisión de
Concertación y Decisión. La Secretaría
Técnica de las Comisiones de Concertación y Decisión la ejercerán de manera
compartida la entidad que para tal efecto creará el gobierno para las
Juventudes y el Departamento Nacional de Planeación para el orden nacional; de
igual forma, en los departamentos y municipios, será ejercida por las entidades
encargadas de juventud de cada ente territorial y la secretaría u oficina
encargada de la planeación.
Parágrafo. La entidad que para tal efecto creará el gobierno
para las Juventudes y el Departamento Nacional de Planeación en el orden
nacional, así como las entidades encargadas de juventud de cada ente
territorial y las secretarías u oficinas de planeación en las gobernaciones y
alcaldías, apropiarán los recursos y garantizarán las condiciones logísticas
para ejercer la secretaría técnica en cada una de las Comisiones de
Concertación y Decisión.
Artículo 72. Funciones de la Secretaría Técnica de la
Comisión de Concertación y Decisión. Serán funciones de la Secretaría
Técnica de las Comisiones de Concertación y Decisión, las siguientes:
1. Convocar a las reuniones ordinarias y
extraordinarias cuando haya la solicitud en los términos establecidos en esta
ley.
2. Proponer lineamientos metodológicos para el
desarrollo de las sesiones de la Comisión y la operativización de acuerdo con
la planeación por resultados.
3. Proponer estrategias para integrar los esfuerzos
públicos y privados para la garantía de los derechos de los jóvenes.
4. Proponer los lineamientos técnicos, metodológicos,
y operativos para el funcionamiento del Sistema Nacional de las Juventudes que
sean incluidos en las agendas públicas de cada ente territorial.
5. Presentar a las Comisiones Intersectoriales de
Gobierno para su estudio e implementación, los lineamientos de política
pública, estrategias, programas y proyectos que se construyan en las Comisiones
de Concertación y Decisión y las comisiones de Trabajo Estratégico.
6. Sugerir a la Comisión de Concertación y Decisión y
a las Comisiones de Trabajo Estratégico, elementos de incidencia en el proceso
de formulación de políticas.
7. Coordinar y garantizar el flujo de información
entre subsistemas, en relación con los territorios y las Comisiones de Trabajo
Estratégico que se generen.
8. Someter a consideración de la Comisión de
Concertación y Decisión los planes de acción de las Comisiones de Trabajo
Estratégico para su aprobación, así como los productos de estas comisiones.
9. Desarrollar mecanismos de planeación,
implementación y seguimiento de la agenda juvenil en cada ente territorial.
10. Ejercer el acompañamiento técnico, a los
subsistemas para la implementación de las acciones que se deriven en
cumplimiento de sus competencias o de las competencias del nivel departamental
o municipal.
11. Generar y mantener el sistema de gestión de
conocimiento del sistema a través de la actualización permanente del portal de
juventud y el envío permanente de información estandarizada para publicarse
(entes encargados de juventud de cada territorio), consolidando la memoria de
los procesos acompañados y las actas de las reuniones realizadas.
CAPÍTULO VI
Sistema de Gestión de Conocimiento
Artículo 73. Sistema de Gestión de Conocimiento. El Sistema de Gestión de Conocimiento es
uno de los mecanismos del Sistema Nacional de las Juventudes: y tiene como
objetivos:
a) Generar y aprovechar la información y decisiones
que se adoptan en los territorios y la Nación para el fortalecimiento del
sistema;
b) Mantener un sistema de comunicación permanente al
interior del Sistema;
c) Proveer los insumos para formar a funcionarios y
sociedad civil en general de manera diferencial;
d) Proveer insumos para planear, implementar y hacer
seguimiento permanente a las decisiones y actividades realizadas en el marco de
las agendas concertadas;
e) Promover y difundir la investigación por parte de
la sociedad civil y de los jóvenes.
Artículo 74. Procesos del Sistema de Gestión de
Conocimiento. Son
procesos prioritarios y por lo tanto sostenidos en el tiempo, para garantizar
la operación del Sistema Nacional de las Juventudes:
1. Proceso de información y comunicación. Entendido
como la implementación de sistemas de flujo de información para la toma de
decisión y comunicación entre actores dentro y fuera del sistema.
2. Proceso de investigación. Entendido como el proceso
que va desde la recolección de información, pasando por el análisis e
implementación de medidas que permiten cualificar la toma de decisiones.
3. Proceso de formación. Entendido como el proceso
permanente de intercambio, retroalimentación de conocimiento y construcción
colectiva de saberes de los diferentes actores del sistema nacional de las
juventudes.
4. Proceso de planificación, implementación y
evaluación. Entendido como el trabajo en ciclos que permitan el desarrollo de
acciones, con base en acuerdos planificados y evaluaciones de resultados.
TÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 76. Modifíquese el numeral 3 del artículo 2° de la Ley
1010 de 2006, “por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir,
corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las
relaciones de trabajo” el cual quedará así:
“Discriminación laboral. Todo trato diferenciado por razones de
raza, genero, edad, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia
política o situación social que carezca de toda razonabilidad desde el punto de
vista laboral”.
Artículo 77. El Gobierno Nacional a través de la entidad rectora
del Sistema Nacional de Juventudes tendrá un plazo máximo de un (1) año a
partir de la conformación del Consejo Nacional de Juventud, para generar un
plan de acción aprobado por el Consejo Nacional de Políticas de la Juventud que
conduzca a la operación y garantías establecidas en esta ley, así como a la
implementación de las instancias, mecanismos y procesos establecidos en el
Sistema Nacional de las juventudes.
Artículo 78. Cooperación Internacional para las
Juventudes. La
institución encargada de la cooperación internacional en el Gobierno Nacional
fortalecerá los objetivos fijados en cooperación internacional orientando
recursos para fortalecer los programas y proyectos dirigidos a la juventud en
materia de acceso a educación, salud, empleo, recreación, cultura, medio
ambiente y tecnología, en concordancia con las finalidades y propósitos de la
presente ley. Adicionalmente, la cooperación internacional presente en Colombia
con actuación en temas relacionados, o con participación de jóvenes se
comprometerá a divulgar los contenidos de esta ley.
Artículo 79. Semana Nacional de las Juventudes.
Se establece la Semana
Nacional de la Juventud durante la segunda semana del mes de agosto que tendrá
como propósito promover actividades para la discusión y análisis de las
necesidades de las juventudes, así como las alternativas de solución a las
mismas.
Las entidades territoriales bajo su autonomía podrán
promover un programa especial para los jóvenes, en el que se desarrollen
actividades culturales, deportivas, y académicas de análisis y propuestas para
la juventud en cada uno de sus espacios y entornos, tales como la educación, la
salud, el medio ambiente, la sociedad, y el Estado.
Artículo 80. Financiación. Para el desarrollo de la presente ley se
considerarán como fuentes de financiación los recursos del sector público y
aquellos recursos provenientes del sector privado y de la cooperación
internacional.
Artículo 82. Vigencia. La presente ley rige a partir de su
promulgación y deroga en su totalidad la Ley 375 de 1997 y las demás disposiciones
que le sean contrarias.
Cópiese, notifíquese, comuníquese al
Presidente de la República, al Presidente del Congreso y al Ministerio de
Relaciones Exteriores, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrado
Con aclaración y salvamento
Parcial de voto
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente con permiso
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con aclaración de voto
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Con aclaración de voto
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
Ausente en comisión
ALEXEI JULIO ESTRADA
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACION DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA C-862/12
Referencia: expediente PE-034
Revisión de constitucionalidad del Proyecto de
Ley Estatutaria No. 169/11 Senado – No. 014/11 Cámara “Por medio de la cual
se expide el Estatuto de la Ciudadanía Juvenil y se dictan otras disposiciones”
Magistrado Ponente
ALEXEI JULIO ESTRADA
Con el acostumbrado respeto, a continuación expongo las razones que me
llevaron a aclarar el voto en la presente sentencia.
A pesar de compartir la decisión mayoritaria en cuanto a que el
proyecto de ley cumplió la mayor parte de los requisitos de trámite
legislativo, en mi opinión respecto de uno de los requisitos, el de la publicación
del informe de la Comisión Accidental de Conciliación con al menos un día de
antelación a su votación, era necesario un examen más detallado, pues varios
elementos recogidos en la sentencia sobre la forma como fue llevado a cabo,
conducían a concluir que el requisito constitucional en realidad no se cumplió.
En cuanto a la publicación con un día de anticipación del informe de
conciliación, la ponencia no hace ningún análisis. El proyecto fue aprobado por
la plenaria del Senado el día 13 de diciembre de 2011 y ese mismo día se dice
que fue publicada la gaceta con el informe de conciliación. Sin embargo, aunque
las Gacetas tienen como fecha de publicación el día 13 de diciembre de 2011, en
este caso, corresponde a la Corte Constitucional solicitar las pruebas de que así
ocurrió, si al menos existe una duda razonable de que no se cumplió con el
requisito, especialmente porque se trata del ejercicio del control previo y automático, en donde la actividad probatoria
debe ser desplegada por la Corte de manera oficiosa.
En mi opinión en este caso la duda existía, porque fácticamente no era
posible que aprobado el proyecto el día 13 de diciembre de 2011 en la plenaria
del senado, cuya sesión terminó a las 8:50 pm (Gaceta 045 de 2012), ese mismo
día se detectara la existencia de discrepancias que requerían conciliación, se
hubiera conformado la comisión, realizado el informe y éste publicado un día
completo antes de ser sometido a votación.
De la descripción del trámite seguido, se tiene que entre el momento en
que terminó la sesión plenaria el día 13 de diciembre y aquella en que sometió
a votación, habrían transcurrido solo 14 horas. En efecto, la sesión en que se
realizó la votación del mismo se efectuó el 14 de diciembre de 2011 desde las
10:50 am. Este tema no fue examinado en la sentencia.
Al respecto cabe precisar que el principio de instrumentalidad de las
formas hace relación a que la forma importa en tanto comporta la protección a
un aspecto sustantivo. Si el objetivo que se pretende alcanzar materialmente se
logra, pero se omitió una formalidad menor, no hay reproche.
Cuando aspectos sustantivos del proceso no quedan garantizados de
ninguna manera, el cumplimiento de la forma se torna inaplazable.
Fecha
ut supra,
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
[1] Folio N° 1205 Escrito Intervención Defensoría del Pueblo.
[2] Folio N° 1209 Escrito Intervención Defensoría del Pueblo.
[3] Folio N° 1212 Escrito Intervención Defensoría del Pueblo.
[4] Ibídem
[5] Ibídem
[6] Ibídem
[7] Folio N° 1213 Escrito Intervención Defensoría del Pueblo.
[8] Ibídem
[9] Folio N° 1215 Escrito Intervención Defensoría del Pueblo.
[10] Folio N° 1216 Escrito Intervención Defensoría del Pueblo.
[11] Ibídem
[12]  Folio N° 1218 Escrito Intervención Defensoría del Pueblo.
[13] Folio N° 1234 Escrito Intervención Defensoría del Pueblo
[14] Ibídem
[15] Folio N° 1222 Escrito Intervención Defensoría del Pueblo.
[16] Folio N° 1234 Escrito Intervención Defensoría del Pueblo
[17] Folio N° 1234 Escrito Intervención Defensoría del Pueblo.
[18] Folio N° 1224 Escrito Intervención Defensoría del Pueblo.
[19] Folio N° 1234 Escrito Intervención Defensoría del Pueblo
[20] Folio N° 1227 Escrito Intervención Defensoría del Pueblo.
[21] Folio N° 1229 Escrito Intervención Defensoría del Pueblo.
[22] Folio N° 1233 Escrito Intervención Defensoría del Pueblo.
[23] Ibídem
[24] Folio N° 1236 Escrito Intervención Defensoría del Pueblo
[25] Define juventudes como un “segmento
poblacional construido socioculturalmente que alude a unas practicas,
relaciones, estéticas y características que se construyen y son atribuidas
socialmente. Esta construcción se desarrolla de manera individual y colectiva
por esta población, en relación con la sociedad. Es además un momento vital
donde se están consolidando las capacidades físicas intelectuales y morales”
[26] Define juvenil como” el proceso subjetivo atravesado por la
condición y el estilo de vida articulados a las construcciones sociales. Las
realidades y experiencias juveniles son plurales, diversas y heterogéneas, de
allí que las y los jóvenes no puedan ser comprendidos como entidades aisladas,
individuales y descontextualizadas, sino como una construcción cuya subjetividad
está siendo transformada por las dinámicas sociales, económicas y políticas de
las sociedades a cuyas sociedades también aportan
[28] En este aparte del concepto realizado por el
Ministerio Público, se trae a colación el Artículo  44 Superior: “[l]a familia, la sociedad y el Estado tienen
la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”.
[29] En este
punto argumentativo, la Procuradora General de la Nación (E)  señala algunos de
los artículos que contemplan los derechos a la familia, dentro de los
instrumentos internacionales –bloque de constitucionalidad-, de la siguiente
manera: “(i) El derecho de todas las personas a tener una familia y el
reconocimiento de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad
que el Estado y la sociedad deben proteger (Declaración Universal de Derechos
Humanos, artículo 16; Convención Interamericana de Derechos Humanos, Artículo
17; y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 23), especialmente
‘mientras sea responsable del
cuidado y la educación de los hijos a su cargo’ (Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 10), pues es el ‘medio natural para el
crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños,
debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente
sus responsabilidades dentro de la comunidad’ (Convención sobre los
Derechos del Niño, Preámbulo); así como los correlativos ‘deberes para con
la familia, la comunidad y la humanidad’ que tiene ‘[t]oda
persona’ (Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 32).
(ii) El derecho de todos los niños a
‘crecer bajo el amparo y la responsabilidad de sus padres’ (Declaración
de los Derechos del Niño de 1959, principio 6°), a ‘crecer en el seno de la familia, en un ambiente de
felicidad, amor y comprensión’ (Convención sobre los Derechos del Niño,
Preámbulo) y, en general, el derecho de
todos los niños “a las medidas
de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia
como de la sociedad y del Estado’
(Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, Artículo 24 y Convención Interamericana de Derechos Humanos,
Artículo 19); y (iii) El deber del Estado de respetar ‘las responsabilidades,
los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la
familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los
tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en
consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación
apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos’ (Convención sobre los Derechos del Niño,
Artículo 5°) y el derecho de los padres para escoger el tipo de educación para
sus hijos menores de edad (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (artículo 3,3), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (artículo 18,4), la Convención Americana de Derechos Humanos (art.
12,4) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 14).”
[30] Gaceta del
Congreso n. 531 de 28 de Julio de 2011.
[31] Gaceta del
Congreso n. 657 de 5 de septiembre de 2011.
[32] Gaceta del
Congreso n. 657 de 5 de septiembre de 2011, p. 2.
[33] Gaceta del
Congreso n. 657 de 5 de septiembre de 2011, p. 2.
[34] Gaceta del
Congreso n. 657 de 5 de septiembre de 2011, p. 3.
[35] Gaceta del
Congreso n. 657 de 5 de septiembre de 2011, p. 3.
[36] Folios
204-192, cuaderno principal 2.
[37] Folios
108-96, cuaderno principal 2.
[38] Folio
90, cuaderno principal 2.
[39] Folios
52-45, cuaderno principal 2.
[40] Folio
283, cuaderno principal 2.
[41] Folio
367, cuaderno principal 1. La certificación de filiación política esta en el
folio 184, cuaderno de pruebas 2.
[42] Folios
302-287, cuaderno principal 2.
[43] Folios
358-244, cuaderno principal 1.
[44] Folio
121, cuaderno de pruebas 2.
[45] Folio
156, cuaderno de pruebas 2.
[46] Folio
180, cuaderno de pruebas 2.
[47] Folios
1005-984, cuaderno principal 1.
[48] Folio
360, cuaderno principal 1.
[49] Folios
1005-984, cuaderno principal 1.
[50] Folio 54, cuaderno de pruebas 3.
[51] Folio 81, cuaderno de pruebas  3.
[52] Folio 4, cuaderno de pruebas 3.
[53] Folios
983-975, cuaderno principal 1.
[54] Folio
525, cuaderno principal 1.
[55] Folios 967-954, cuaderno principal 1.
[56] Folio
61, cuaderno de pruebas 4.
[57] Folio 63, cuaderno de pruebas 4.
[58] Folio
524, cuaderno principal 1.
[59] Folios
8 y 9, cuaderno de pruebas 4.
[60] Folio 183, cuaderno de pruebas 4.
[61] Folio
682, cuaderno principal 1.
[62] Folios
903-875, cuaderno principal 1.
[63] Folio 7, cuaderno de pruebas 5.
[64] Folio
264 y ss, cuaderno de pruebas 8.
[65] Folio 1069, cuaderno principal 2.
[66] Folios 842-833, cuaderno principal 1.
[67] Folios 946-906, cuaderno principal 1.
[68] Folios 870-833, cuaderno principal 1.
[69] Folio
287 y ss, cuaderno de pruebas 8.
[70] Folio38,
cuaderno de pruebas 6.
[71] Folio
1069, cuaderno principal 2.
[72] Folio
76, cuaderno de pruebas 7.
[73] Folio 15, cuaderno de pruebas 9.
[74] Folio
4, cuaderno de pruebas 3.
[75] Certificación del Secretario General de
Comisión Primera de la Cámara de Representantes, folio 180, cuaderno de pruebas
n. 2.
[76] Gaceta del congreso 12 de martes 31 de enero
de 2012, p. 51 en cuaderno de pruebas n. 3 folio 84.
[77] Cuaderno principal 1, folio 524.
[78] Cuaderno principal 2, folio 1069.
[79] Gaceta del Congreso n. 46 de 2 de marzo de
2012, p. 105, en cuaderno de pruebas n. 6, folio 105.
[80] Gaceta del Congreso n. 94 de 22 de marzo de
2012, p. 29, en cuaderno de pruebas n. 9, folio 16.
[81] Acta de Comisión Primera, n. 16 de 2011 en
Gaceta del Congreso n. 910, de martes 29 de noviembre de 2011, p. 25.
[82] Gaceta del Congreso 11 de martes 31 de enero
de 2012, folio 54, cuaderno de pruebas n. 3.
[83] Gaceta del Congreso n. 27 de jueves 9 de
febrero de 2012, p. 51 en cuaderno de pruebas n. 4, folio 61.
[84] Gaceta del Congreso 39 de jueves 16 de
febrero de 2012, p. 7 en cuaderno de pruebas n. 5, folio 7.
[85] Acta No. 28 del 13 de diciembre de 2011, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 45 del 2 de marzo de 2012.
[86] Acta No. 28 del 13 de diciembre de 2011, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 45 del 2 de marzo de 2012.
[87] el Acta No. 107 del 13 de diciembre de 2011, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 62 del 12 de marzo de 2012.
[88] el Acta No. 107 del 13 de diciembre de 2011, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 62
del 12 de marzo de 2012.
[89] Esto ocurre en el caso de los principios que
se dicen introducidos –observación ii) de la defensoría-; la definición de joven
–observación iii) de la Defensoría; las definiciones de juvenil, género,
participación juvenil y políticas de juventud –observación iv) de la
Defensoría-; y la supresión de una enunciación extensa de derechos de las y los
jóvenes –observación v) de la defensoría-, por ejemplo.
[90] Sentencia C-1040 de 2005, entre otras.
[91] Sentencia C-1338 de 2000.
[92] En este sentido sentencias C-180 de 1994; C-1338 de
2000; y C-292 de 2003.
[93] En este sentido sentencias C-1338 de 2000; C-292 de
2003; C-307 de 2004; C-1005 de 2008; y C-490 de 2011, entre otras.
[94] Asamblea General de la Organización de
Naciones Unidas, 17 de diciembre de 1999.
[95] Corte
Constitucional de Colombia. Sentencia T-777 de 2009
[96] Proyecto
de Ley Nacional de la juventud.
[97] Ley
11129 de 2005
[98] Ley
19.042  de creación del Instituto.
[99] Ley
General de la Persona Joven  8261
[100] Ley
439. Ley Nacional de la Juventud
[101] Ley del
Instituto Mexicano de la Juventud.
[102] Ley de
Promoción al Desarrollo Integral de la Juventud
[103] Proyecto
de Ley Nacional de Juventud y Organismos Públicos de Juventud
[104] Ley
27.802 del Consejo Nacional de la Juventud y Decreto Supremo 2005 que establece
aprobar un Plan Nacional de Juventud.
[105] Ley 49
-2000. Ley General de Juventud
[106] Diputados
Frente amplio impulsa Ley Integral Juvenil 2008
[107] Ley
Nacional de la Juventud 37404.
[108] Código
de la Niñez y la Juventud.
[109] Gaceta de la Cámara de Representantes N° 813
del 2 de noviembre de 2011.
[110] Instituto Interamericano de Derechos Humanos;
Women, Law & Development International, Human Rights Wacht Women´s Right
Project, “Derechos Humanos de las Mujeres: Paso a Paso (Guía práctica para el
uso del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de los Mecanismos para
Defender los Derechos Humanos de las Mujeres)”, 1997, p. 208.
[111] Un completo análisis de la cuestión puede
encontrase en: IIDH, “Estudios Básicos de Derechos Humanos, Tomo IV”, artículo
DE BARBIERI, M. Teresita: “Certezas y malos entendidos sobre la categoría
género”, 1996, pp.47 a 84
[112] Art. 1.  Para los efectos de esta Convención
debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta,
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado”
[113] Corte IDH, Opinión Consultiva OC-18/03 del 17
de septiembre de 2003. Condición Jurídica
y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Párr. 101.
[114] Ibíd.Párr.103.
[115] Sentencia
C-507 de 2004, sobre la limitación de edad mínima para contraer matrimonio.
[116] Sentencia
C-490 de 2011, sobre garantía de representación política a las mujeres.
[117] Sentencia
C-534 de 2005, sobre la distinción entre hombres y mujeres para adquirir
capacidad negocial.
[118] Sentencia
T-826 de 2011, sobre el concepto y alcance del derecho al servicio público de
salud para la mujer –accionante de tutela en el caso referido.
[119] Sentencia
T-314 de 2011, sobre la protección contra discriminación de personas travestis
en establecimientos abiertos al público.
[120] Ibídem
[121] Gaceta de la Cámara de Representantes N° 813
del 2 de noviembre de 2011.
[122] Verbigracia,
el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales.
[123] Al
respecto pueden verse, entre otras, las sentencias C-600ª de 1995 y C-281 de
1997.
[124] Entre
las que se cuentan las sentencias C-517 de 2007 y C-077 de 2012.
[125] Sentencia C-1042 de 2007.
[126] Sentencia C-579 de 2001. En este sentido,
además, pueden consultarse las sentencias
C-535 de 1996; C-1187 de 2000; C-579 de 2001; C-983 de 2005; C-306 de 2009; y
C-077 de 2012, entre otras.
[127] Sentencia C-306 de 2009.
[128] La norma demandada era el inciso primero del
artículo 18 de la Ley 1005 de 2006, que adicionó y modificó el Código Nacional
de Tránsito Terrestre (la Ley 769 de 2002). El texto del inciso demandado era
el siguiente: “El Ministerio del Transporte fijará las pautas a las cuales se
deben sujetar los organismos de tránsito, para su creación, funcionamiento y
cancelación.”  En su sentencia la Corte manifestó, en primer lugar, que la
norma tenía una redacción deficiente, razón por la cual era preciso hacer una
serie de precisiones sobre ella. Así, estableció que, según el tenor literal,
los destinatarios de las pautas del Ministerio serían los organismos de
tránsito, cuando era evidente que las pautas se dirigían “a las autoridades que
en el nivel territorial tienen competencia para la creación de organismo de
tránsito.” Además, aclaró que debía entenderse que la norma se refería a la
supresión de entidades públicas – y no a la cancelación de las mismas.
[129] Al respecto, sentencias C-482 de 2002; C-078
de 2003; C-570 de 2004; y C-889 de 2006, entre otras.
[130] Respecto del aval o la aquiescencia pueden
consultarse las sentencias C-482 de 2002; C-078 de 2003; C-570 de 2004; y C-889
de 2006, entre otras.
[131] Entre ellos los manifestados en las
sentencias C-266 de 1995; C-032 de 1996; C-1707 de 2000; C-121 de 2003; C-370
de 2004; C-354 de 2006; C-889 de 2006; C-177 de 2007; C-713 de 2008 y C-932 de
2009, entre otras.
[132] Todos estos requisitos establecidos por la
jurisprudencia al analizar la necesidad de la realización de consulta previa a
cuerpos normativos –o proyectos de los mismos-. Esta posición se ha sostenido,
entre otras, en sentencias C-030 de 2008; C-461 de 2008; C-175 de 2009; C-615
de 2009; C-702 de 2010; y C-882 de 2011.
[133] Información obtenida de la página web del
programa Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud –Colombia Joven-:
http://wsp.presidencia.gov.co/ColombiaJoven/Noticias/2012/Paginas/121214_Crece-el-numero-de-consejeros-departamentales-de-juventud-alrededor-del-pais.aspx
[134] Sobre este asunto
se ha pronunciado uniformemente, entre otras, en las sentencias C-194,
C-231, C-329 y C-373 de 1995, C-151 y C-618 de 1997, C-483 de 1998, C-209 y C-1412 de 2000, C-952 de 2001, C-311 de 2004, etc.
[135] Sentencia C-209 de 2000, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa
[136] Ibidem
[137] En este sentido, sentencias C-618 de 1997;
C-1372 de 2000; y C-311 de 2004, entre otras.
[138] Corte Constitucional. Sentencia C-085 de
2001. Aclaración de voto de Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Araújo
Rentería.
[139] En este sentido, sentencias C-193 de 2011, C-194 de
2011 y C-251 de 2011.
[140] Al respecto, sentencias C-119 de 1996; C-702 de 1999;
1316 de 2000; C-503 de 2001; C-692 de 2003; y C-559 de 2004, entre otras.
[141] En
concordancia con la Constitución, el numeral 2° del artículo 119 de la Ley 5ª
de 1992 establece que para la aprobación de las leyes que reconocen facultades
extraordinarias se requiere de mayoría absoluta.
[142] Cfr.
sentencia C-691 de agosto 12 de 2003, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, donde
se sintetizó lo consignado en los fallos C-510 de septiembre 3 de 1992, M. P.
Eduardo Cifuentes Muñoz; C-074 de febrero 25 de 1993 M. P. Ciro Angarita Barón;
C-050 de febrero 6 de 1997, M. P. Jorge Arango Mejía; C-1316 de septiembre 26 y
C-1493 de noviembre 2 de 2000, ambas con ponencia del Magistrado Carlos Gaviria
Díaz; C-895 de agosto 22 de 2001, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; C-417 de
mayo 28 de 2002, M. P. Eduardo Montealegre Lynett; C-1028 de noviembre 27 de
2002, M. P. Clara Inés Vargas Hernández y C-097 de febrero 11 de 2003, M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.
[143] En
dicho pronunciamiento la Corte Constitucional declaró exequible el parágrafo
del artículo 10 del Decreto Ley 1791 de 2000 “por el cual se modifican las
normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y
Agentes de la Policía Nacional”. En la demanda respectiva,
[144] “Aun
cuando en todas las ediciones de la Carta de l991 aparece citado este numeral
20 del artículo 150, que se refiere a ‘crear los servicios administrativos y
técnicos de las Cámaras’, todo parece indicar que se trata de un error de
codificación y que el constituyente quiso señalar como excluidas de las
facultades extraordinarias las llamadas ‘leyes cuadros’ o ‘leyes marco’ de que
trata el numeral 19 (…)’. Corte Constitucional, Sentencia C-417/92. Ver también
C-097/03.”
[145] “Ver
también C-119/96 MP. Antonio Barrera Carbonell.”
[146] En la
sentencia C-691 de 2003 se recordó lo consignado en las C-1493 de 2000 ya
reseñada, C-503 de mayo 16 de 2001 M. P. Rodrigo Escobar Gil y C-097 de 2003 ya
referida.
[147] Sentencia C-240 de 2012.
[148] Gaceta
del Congreso n. 548, viernes 29 de Julio de 2011, p. 27. Documento que figura a
folio 99 del cuaderno principal de pruebas.
[149] Gaceta
del Congreso. 531, de jueves 28 de Julio de 2011, p. 24 y 25. Documento que
figura a folios 191 y 192 del cuaderno principal de pruebas.
[150] Nota
del Secretario de la Comisión Primera de Cámara de Representantes informando de
la presentación del proyecto referido, folio 283, cuaderno principal de
pruebas.