T-036-16
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-036/16
LEGITIMACION POR
PASIVA EN TUTELA-Autoridad pública
ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION
DEL DERECHO AL HABEAS DATA-Principios de subsidiariedad e
inmediatez como requisitos de procedibilidad
DERECHO FUNDAMENTAL AL HABEAS DATA-Reiteración de
jurisprudencia
DERECHO AL HABEAS DATA-Alcance y contenido
DERECHO AL HABEAS
DATA-Fundamental autónomo
DERECHO AL HABEAS DATA-Contenidos mínimos
DERECHO AL HABEAS DATA-Concepto
DERECHO AL HABEAS DATA EN
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES-Principios y
garantías constitucionales
ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS-Finalidad
PROCURADURIA GENERAL
DE LA NACION-Ejercicio de la función de tratamiento de
antecedentes disciplinarios
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO-Reiteración de jurisprudencia
CARENCIA ACTUAL DE
OBJETO POR HECHO SUPERADO-Configuración
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO
CONSUMADO-Configuración
DERECHO AL HABEAS DATA-Caso
en que Procuraduría vulneró derecho fundamental al accionante y en particular,
los principios de certeza y transparencia toda vez que omitió verificar si dato
considerado errado correspondía a la realidad
CARENCIA ACTUAL DE
OBJETO POR HECHO SUPERADO-Dato negativo
desapareció
Referencia: expediente T-5.176.221
Acción de tutela presentada por Juan Alberto Jiménez Díaz contra
la Dirección Seccional de Fiscalías de Cartagena y otros.
Procedencia: Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub y la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo de única instancia, adoptado
por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 29
de abril de 2015 que negó por improcedente el amparo, en el proceso de tutela
promovido por el señor Juan Alberto Jiménez Díaz contra la Dirección Seccional
de Fiscalías de Cartagena, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –
Seccionales Cartagena y Bucaramanga, los Centros de Servicios Administrativos
de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena y
Bucaramanga, y los juzgados Tercero Penal del Circuito de Cartagena, y Primero
y Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena.
Conforme a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución
Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Diez de la
Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, el asunto de la
referencia.
De acuerdo con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala
de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.
I. ANTECEDENTES
El 25 de marzo de 2015, el señor Juan Alberto Jiménez Díaz, mediante
apoderado judicial[1],
interpuso acción de tutela contra la Dirección Seccional de Fiscalías de
Cartagena, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Seccionales
Cartagena y Bucaramanga, los Centros de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena y
Bucaramanga, y los juzgados Tercero Penal del Circuito de Cartagena, y Primero
y Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena; por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al hábeas data, a la honra, a
la libertad personal, a la libertad de locomoción y al trabajo.
La tutela de la referencia se presenta en razón a que la
Procuraduría General de la Nación no ha corregido sus antecedentes
disciplinarios, en los que figuran: a) una sanción principal por multa por 200
salarios mínimos legales mensuales vigentes, b) una sanción principal de
prisión por 21 años, y c) una sanción accesoria de inhabilidad para ejercer sus
derechos y funciones públicas por 20 años; las cuales, según el accionante, no
corresponden a la realidad.
A. Hechos y pretensiones
1.
Afirma el apoderado que el accionante,
identificado con la cédula de ciudadanía 8.795.102, expedida en el municipio de
Galapa, Atlántico, nació el 14 de septiembre de 1973 en el municipio de Puerto
Rico, ubicado en el corregimiento de Tiquisio, Bolívar.[2]
2.
Señala el apoderado que el señor Jiménez Díaz
se desempeña como celador a partir del 22 de mayo de 1997, fecha en la que fue
vinculado para ejercer el cargo en el Colegio Departamental de Puerto Rico,
Bolívar, y que ha desempeñado sus funciones de 6 de la tarde a 6 de la mañana
ininterrumpidamente hasta la fecha.[3]
3.
Indica el abogado que en el año 2012 la
institución educativa mencionada solicitó a los trabajadores que allegaran los
certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, con el fin
de actualizar la base de datos y las hojas de vida del personal de la entidad
para el año 2013.
Agrega que al ingresar a la página web de la
Procuraduría General de la Nación y consultar la cédula de ciudadanía del
accionante, se generó el certificado de antecedentes disciplinarios en el que
figuraba una anotación de (i) pena de prisión por el término de 12 años por los
delitos de fabricación, porte, y tráfico de arma de fuego y municiones, hurto
calificado agravado y tentativa de homicidio y (ii) una inhabilidad para
ejercer cargos públicos.[4]
4.
En consecuencia, el accionante (i) presentó
por correo electrónico una queja a la Procuraduría General de la Nación, el 20
de septiembre de 2012, en la que indicó que en sus antecedentes disciplinarios
figuraban unas condenas penales que no correspondían a la realidad y solicitó
que se eliminara tal registro[5];
y (ii) elevó dos solicitudes ante los jueces Primero y Segundo de Ejecución de
Penas de Cartagena, con el fin de que corrigieran los antecedentes en los que
figuraban condenas en su contra[6].
5.
Asevera el apoderado que la Procuraduría
General de la Nación nunca dio respuesta a la solicitud del actor y los jueces
Primero y Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena
informaron que no tenían bajo su conocimiento los procesos penales en contra
del señor Jiménez Díaz, porque habían sido remitidos por competencia a los
juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bucaramanga, por
cuanto el condenado estaba privado de la libertad en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Girón[7].
Asimismo, manifiesta que intentó comunicarse en
varias ocasiones con los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad
de Bucaramanga, pero no tuvo resultados satisfactorios[8].
6.
Sostiene el abogado que a principios del año
2014, el accionante consultó sus antecedentes en la base de datos de la Policía
Nacional y no aparecía un requerimiento pendiente ante la justicia, por lo que
infirió que su derecho al buen nombre había sido restablecido como consecuencia
de las solicitudes elevadas.
7.
Sin embargo, según el apoderado, en el mes de
febrero del año 2015 el actor (quien es parte de la asociación de padres de
familia del colegio en el que trabaja) fue postulado para integrar una nueva
Junta Directiva del ICBF. No obstante, al presentar la documentación requerida
para aspirar al cargo, le fue negado su derecho a ejercerlo porque en el
certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación figuraba una inhabilidad de 20 años para desempeñar cargos públicos[9].
8.
Indica el apoderado que el señor Juan Alberto
Jiménez Díaz se encuentra vinculado a la Secretaría de Educación de Bolívar
desde el año 1997 y nunca ha sido investigado ni juzgado por la comisión de una
conducta punible.
Además, el abogado afirma que en este caso la tutela
es procedente como mecanismo transitorio para prevenir la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, pues se está ante una violación de derechos producida
por la anotación penal y la sanción disciplinaria, la cual pone en riesgo el
trabajo del accionante, del que depende económicamente su familia, pues las
directivas de la Institución Educativa Puerto Rico han manifestado la intención
de desvincularlo con ocasión de la inhabilidad que presenta.
9.
En consecuencia, el apoderado solicita al juez
de tutela: a) amparar los derechos fundamentales al buen nombre, al
hábeas data, a la honra, al trabajo, y a la libre locomoción del señor Jiménez
Díaz, b) “hacer constar en la sentencia condenatoria de fecha 23 de
enero de 2003, que el penado es persona distinta a JUAN ALBERTO JIMÉNEZ DÍAZ”;
y c) ordenar a la Procuraduría General de la Nación, a la Registraduría
Nacional del Estado Civil y a la Policía Nacional, que supriman de manera
definitiva la información generada a partir de dicha providencia.
B. Actuación procesal de única instancia
1.  Mediante auto del 7 de abril de 2015[10],
la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, avocó
el conocimiento de la acción de tutela y ordenó vincular, en calidad de autoridades
accionadas, a la Dirección Seccional de Fiscalías de Cartagena, el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – Seccionales Cartagena y Bucaramanga, los
Centros de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Cartagena, y los juzgados Tercero Penal del Circuito de
Cartagena, y Primero y Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Cartagena; para que ejercieran sus derechos de defensa y contradicción. Además,
ordenó vincular a la Procuraduría General de la Nación, a la Registraduría
Nacional del Estado Civil y a la Policía Nacional.
Por último, ofició a la Registraduría Nacional del Estado Civil,
para que allegara “la tarjeta decadactilar, la tarjeta alfabética, la
tarjeta de preparación de la cédula de ciudadanía y los datos correspondientes
al señor JUAN ALBERTO JIMÉNEZ DÍAZ (…)”.[11]
2.  Posteriormente, mediante auto del 15 de abril de 2015[12],
la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena resolvió
declarar la nulidad de la actuación surtida a partir del auto admisorio de la
tutela, del 7 de abril de 2015, en consideración a que se omitió vincular al
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bucaramanga, entidad accionada en el proceso. En
consecuencia, se dispuso vincular a la autoridad mencionada y continuar con el
trámite.[13]
Respuesta de la Oficina de Quejas y Reclamos de la Dirección
Seccional de Bolívar de la Fiscalía
Mediante escrito del 13 de abril de 2015[14],
el Director Seccional informó al juez de única
instancia que dio traslado de la tutela a la Fiscal Local 5 (e), la Fiscal
Seccional 39, la Fiscal Local 2, y la Fiscal Local 37 de Cartagena, debido a
que al verificar el sistema de información judicial se constató "(…)
que en esos despachos se encuentran asignadas sendas investigaciones donde
funge como sindicado el señor Juan Alberto Jiménez Díaz por los delitos de
hurto, hurto calificado y tráfico, porte de arma de fuego, bajo los radicados
No. 91928, 92246, 90385 y 90891, respectivamente, con el fin que [sic] dentro
del término que allí se concede se imparta el trámite pertinente a la presente
Acción constitucional (...)".
Respuesta del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena
Mediante Oficio No. 777 del 14 de abril
de 2015[15]
la Juez Tercera Penal del Circuito de Cartagena informó que contra el señor
Juan Alberto Jiménez Díaz figuran 2 procesos penales tramitados ante ese
despacho judicial, pero al momento de resolver la tutela no estaban bajo el conocimiento
del juzgado, pues uno fue remitido por competencia a los jueces de ejecución de
penas de Bucaramanga y el otro finalizó con sentencia absolutoria. [16]
De otra parte, la funcionaria judicial
manifestó que los procesos seguidos contra el señor Juan Alberto Jiménez Díaz
se tramitaron de conformidad con la Constitución y la ley.
Por último, indicó que cualquier inconformidad
que tenga el accionante con el proceso que dio origen a la sentencia
condenatoria, debe ser resuelta por los juzgados de ejecución de penas.[17]
Respuesta de la Fiscalía Local Segunda de Cartagena
Mediante Oficio No. 133 del 13 de abril de 2015[18],
la Fiscal Local Segunda de Cartagena dio respuesta a la tutela y manifestó que
dicha dependencia tuvo bajo su conocimiento la actuación penal radicada con el
número 90385, relacionada con el presunto delito de hurto calificado,
posiblemente sucedido el 20 de marzo de 2002, en el cual fue sindicado el señor
Juan Alberto Jiménez Díaz. Agregó que se produjo la preclusión de la
investigación el 29 de octubre de 2004 y tal decisión quedó ejecutoriada el 12
de diciembre de 2004.
Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil
Mediante escrito recibido por el juez constitucional el 13 de
abril de 2015[19],
la Jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría manifestó que, de
conformidad con la información remitida por la Coordinadora del Grupo Jurídico
de la Dirección Nacional de Identificación de la entidad, la cédula de
ciudadanía 8.795.102 fue expedida el 28 de julio de 1992 en Galapa, Atlántico,
a nombre de Juan Alberto Jiménez Díaz está vigente.[20]
Por último, solicita que se niegue el amparo en relación con la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
Respuesta de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar
Mediante Oficio DSAJB-0422 del 13 de abril de 2015[21],
la entidad identificó los procesos en los que figuraban los nombres y apellidos
del accionante[22].
Adicionalmente, indicó que se debe comprobar ante los despachos judiciales
señalados la verdadera identidad de las personas que aparecen condenadas y
confrontarlas con la del accionante.
Respuesta del Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Cartagena
Mediante Oficio No. 0885-14 del 14 de abril
de 2015[23], suscrito por el secretario del Juzgado 2º de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena, se informó que dicho despacho tuvo a
su cargo la vigilancia de dos condenas al señor Juan Alberto Jiménez Díaz[24]. Además, afirmó que el
juzgado no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor.[25]
Respuesta de la Fiscalía Delegada 39 ante los Jueces Penales del
Circuito de Cartagena
Mediante oficio radicado el 14 de abril de 2015[26],
la Fiscal Delegada 39 ante los Jueces Penales del Circuito de Cartagena informó
que en ese despacho cursó el proceso seguido contra “Juan Jiménez Díaz”
por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones,
radicado con el número 92246[27].
La Fiscal informó que el 8 de agosto de 2008 el Fiscal 39 ordenó la preclusión
de la investigación porque no fue debidamente identificado, decisión que quedó
ejecutoriada el 20 de agosto de 2008, motivo por el cual la actuación se
encuentra inactiva y el expediente se ubica en el archivo central de la Fiscalía
Seccional de Bolívar.
Respuesta del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Cartagena
Mediante Oficio No. 0876 del 4 de abril de 2015,[28]
la Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena,
informó que esa dependencia recibió un proceso procedente del Juzgado Tercero
Penal del Circuito de Cartagena, en el que el señor Juan Alberto Jiménez Díaz
fue condenado por los delitos de homicidio, hurto calificado agravado y porte
ilegal de armas de fuego (2002-00173). Además, manifestó que el proceso
mencionado fue remitido por oficio No. 3877 del 26 de octubre 2011, por
competencia, al Centro de Servicios Administrativos de los juzgados de
ejecución de penas y medidas de seguridad de Bucaramanga, por estar el condenado
privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Girón, Santander.[29]
C. Decisión objeto de revisión
Sentencia de única instancia
En sentencia del 29 de abril de 2015[30],
la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena negó por
improcedente el amparo. El Tribunal señaló que la jurisprudencia de la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que el mecanismo idóneo
para resolver los problemas de homonimia es la petición de reforma de la
sentencia al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad competente y, en
su defecto, la acción de revisión.
De otro lado, indicó que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional (sentencia T-1216 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño) ha
admitido la procedencia excepcional de la tutela en estos casos cuando (i) se
presenta la evidencia probatoria suficiente de la suplantación de la identidad
del accionante, y (ii) resulta una carga desproporcionada para el peticionario
el desplazamiento de una ciudad a otra para enmendar el error en que incurrió
el Estado en perjuicio del ciudadano.
Sin embargo, a juicio de la Sala en el caso concreto a pesar de
los requerimientos realizados por esa Corporación en el trámite de la tutela,
no se pudo probar que el actor hubiera sido víctima de una suplantación de
identidad. En consecuencia, negó el amparo por considerar que el caso debía ser
resuelto por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad que tenga la
competencia y capacidad de declarar si efectivamente se incurrió en el error
judicial aducido por el actor, una vez se presente la solicitud de reforma por
el señor Jiménez Díaz.
No obstante, ordenó al Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, que en el
plazo de 48 horas indicara al actor qué unidad judicial tiene a su cargo la
vigilancia del cumplimiento de la pena impuesta a Juan Alberto Jiménez Díaz.
D. Actuaciones
en sede de revisión
La Magistrada
sustanciadora profirió el auto del 15 de diciembre de 2015, en el que solicitó:
(i) al señor Juan Alberto Jiménez Díaz, que allegara los documentos para
demostrar que acudió ante los juzgados de ejecución de penas y medidas de
seguridad con el fin de corregir las sentencias por medio de las cuales fue
condenado penalmente; (ii) al INPEC, Seccional Bucaramanga, que informara si el
señor Juan Alberto Jiménez Díaz,
identificado con la cédula de ciudadanía 8.795.102, está privado de la
libertad; (iii) al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, para que por su
conducto notificara a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad
de la decisión para que, en caso de tener a su cargo procesos en contra del
señor Juan Alberto Jiménez Díaz, allegaran las sentencias condenatorias y las
solicitudes elevadas por el señor Jiménez Díaz, e informaran si el accionante
está privado de la libertad; (iv) a la Procuraduría General de la Nación, para
que remitiera información relativa a los
antecedentes disciplinarios del señor Juan Alberto Jiménez Díaz, y
respondiera algunos cuestionamientos.
En cumplimiento de la providencia
mencionada, se recibieron los siguientes documentos:
1.  Mediante
oficio recibido por la Secretaría General de la Corte Constitucional el 13 de
enero de 2015[31],
suscrito por un técnico de identificación y registro de la Dirección de
Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional, la entidad informó
que el señor Juan Alberto Jiménez Díaz no presenta requerimientos, antecedentes,
ni anotaciones.[32].
2.  Mediante
oficio recibido por la Secretaría General de la Corte Constitucional el 13 de
enero de 2015[33],
la juez tercera de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bucaramanga,
informó que en ese despacho tuvo bajo su conocimiento el proceso radicado con
el número NI-6102 (2002-00097), en contra del señor Juan Alberto Jiménez Díaz,
el cual fue remitido a los juzgados de ejecución de penas y medidas de
seguridad de Cúcuta “por razones de competencia, el día 4 de julio de 2014
con oficio No. 10711”.
3.
Mediante oficio No. 880 del 21 de diciembre de
2015, recibido por la Secretaría General de la Corte Constitucional el 13 de
enero de 2015[34],
el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga
informó que a ese despacho le correspondió por reparto la vigilancia de la
ejecución de las penas impuestas a Juan Alberto Jiménez Díaz mediante 3
sentencias judiciales.
De otro lado, afirmó que recibió un escrito mediante el cual el
accionante en esta tutela informó que era celador en el municipio Puerto Rico –
Tiquisio, Bolívar, y que nunca había tenido procesos penales en su contra. En
consecuencia, mediante auto del 6 de junio de 2013 el juzgado ordenó al CTI de
la Fiscalía General de la Nación, que efectuara el cotejo dactiloscópico para
establecer la identidad de la persona privada de la libertad.
Sin embargo, el sentenciado fue trasladado al Establecimiento
Penitenciario de Cúcuta, por lo que el 29 de enero de 2014 se remitió la
actuación a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de esa
ciudad, por lo que tal autoridad no tiene conocimiento del resultado del cotejo
dactiloscópico.
Por lo tanto, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bucaramanga no tiene a su cargo procesos en contra de Juan
Alberto Jiménez Díaz y no es posible remitir copia de las sentencias
condenatorias emitidas en su contra ni de la solicitud que fue elevada por el
accionante.
Por último, sostuvo que el señor Juan Alberto Jiménez Díaz se encuentra
privado de la libertad y la ejecución de la pena está a cargo del Juzgado
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta.
4.  Mediante
oficio No. CGS 4995-YMC con fecha del 23 de diciembre de 2015, recibido por la
Secretaría General de la Corte Constitucional el 13 de enero de 2016[35],
la coordinadora del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de
Inhabilidad de la Procuraduría General de la Nación, informó que el señor Juan
Alberto Jiménez Díaz, identificado con la cédula de ciudadanía del accionante,
registraba 4 anotaciones por antecedentes penales reportados por distintas
autoridades judiciales[36].
No obstante, sostuvo que mediante oficio No. 8705-825, del 5 de
mayo de 2015, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Descongestión de San José de Cúcuta informó a la Procuraduría General de la
Nación que los registros antes mencionados, correspondientes a las sanciones
penales vinculadas a la cédula de ciudadanía del actor, fueron acumulados a
otros procesos penales en los que se condenó a un hombre indocumentado, que se
identifica con el nombre Juan Alberto Jiménez Díaz. [37]
Por consiguiente, el 22 de diciembre de 2015 la
Procuraduría procedió a cancelar las 4 anotaciones que existían por las
sanciones penales asociadas a la cédula de ciudadanía del accionante. En
efecto, la funcionaria afirmó que “(…) en el certificado del señor Juan
Alberto Jiménez Díaz, identificado con CC. 8795102, no figura ninguna de las
anotaciones registradas en [el] sistema, hasta tanto el juzgado competente
informe la plena identificación del condenado, para lo cual, esta Coordinación
lo requerirá de oficio.”. [38]
De otro lado, la funcionaria manifestó que no se encontró en el
sistema de correspondencia de la entidad alguna solicitud presentada por el
accionante con el fin de que se corrigieran sus antecedentes disciplinarios.
5.  Mediante
oficios recibidos por la Secretaría General de la Corte Constitucional el 26 de
enero y el 4 de febrero de 2016[39],
suscritos por la Directora Regional de Oriente del INPEC, la entidad informó
que no es posible determinar si el accionante y el sujeto que se encuentra
privada de la libertad y se identifica con el mismo nombre, son la misma
persona, pues quien está privado de la libertad aparece como indocumentado.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1.  Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 86 y
241 -numeral 9°- de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala
Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para
revisar el fallo de tutela proferido en el proceso de la referencia.
Asunto objeto de análisis y problemas jurídicos
2.
El 25 de marzo de 2015, el
señor Juan Alberto Jiménez Díaz, mediante apoderado judicial, interpuso acción
de tutela contra la Dirección Seccional de Fiscalías de Cartagena, el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – Seccionales Cartagena y Bucaramanga, los
Centros de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Cartagena y Bucaramanga, y los juzgados Tercero Penal
del Circuito de Cartagena, y Primero y Segundo de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Cartagena; por considerar vulnerados sus derechos fundamentales
al hábeas data, a la honra, a la libertad personal, a la libertad de locomoción
y al trabajo.
La tutela de la referencia se presentó en
razón a que la Procuraduría General de la Nación no había corregido sus
antecedentes disciplinarios, en los que figuraban: a) una sanción principal por
multa por 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, b) una sanción
principal de prisión por 21 años, y c) una sanción accesoria de inhabilidad
para ejercer sus derechos y funciones públicas por 20 años; las cuales, según
el accionante, no corresponden a la realidad.
Afirmó el apoderado que el accionante (i)
presentó por correo electrónico una queja a la Procuraduría General de la
Nación, el 20 de septiembre de 2012, en la que indicó que en sus antecedentes
disciplinarios figuraban unas condenas penales que no correspondían a la
realidad y solicitó que se eliminara tal registro; y (ii) elevó dos solicitudes
ante los jueces Primero y Segundo de Ejecución de Penas de Cartagena, con el
fin de que corrigieran las providencias en las que figuraban condenas en su
contra.
No obstante, la Procuraduría General de la
Nación nunca dio respuesta a la solicitud del actor y los jueces Primero y
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena informaron
que no tenían en su poder los expedientes correspondientes a los procesos
penales que se adelantaron en contra del señor Jiménez Díaz, porque habían sido
remitidos por competencia a los juzgados de ejecución de penas y medidas de
seguridad de Bucaramanga. Además, el actor intentó comunicarse con los juzgados
de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bucaramanga en varias
ocasiones, pero no tuvo resultados satisfactorios.
Asimismo, el accionante sostuvo que en este
caso la tutela es procedente como mecanismo transitorio para prevenir la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues está ante la violación de sus
derechos producida por la anotación penal de la sanción disciplinaria, la cual
pone en riesgo su trabajo, del que depende económicamente su familia, pues las
directivas de la institución educativa han manifestado la intención de
desvincularlo con ocasión de la inhabilidad que presenta.
En consecuencia, el apoderado solicitó al juez
de tutela amparar los derechos fundamentales al buen nombre, al hábeas data, a
la honra, al trabajo, y a la libre locomoción y ordenar a la Procuraduría
General de la Nación, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la
Policía Nacional, que supriman de manera definitiva la información generada.
3.  La situación fáctica exige a la Sala determinar si procede la tutela
para hacer efectivo el derecho al hábeas data y exigir la corrección de los
datos que figuran en el certificado de antecedentes disciplinarios del
accionante generado por la Procuraduría, a pesar de que el actor (i) presentó
una solicitud a dicho órgano de control en el año 2012 con el fin de que ésta
efectuara la corrección de sus antecedentes disciplinarios, e interpuso la
tutela aproximadamente 3 años después de haber pedido la corrección del dato, y
(ii) no ha presentado alguna queja ante la Delegatura para la Protección de
Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio, que según la
Ley Estatutaria 1581 de 2012 es la autoridad encargada de ejercer la vigilancia
para garantizar que en el tratamiento de datos personales se respeten los
principios previstos en dicha ley[40].
En caso de ser procedente, será preciso entrar a analizar el fondo
del asunto, el cual plantea tres interrogantes que se explican a continuación.
4.  En primer lugar, el accionante probó que remitió una solicitud a
la Procuraduría General de la Nación con el fin de que se suprimiera la
anotación que figuraba en el certificado de antecedentes disciplinarios de la
entidad, por considerar que no correspondía a la realidad. Sin embargo la
entidad no dio respuesta a su solicitud.
La situación anterior conlleva el siguiente problema: ¿se
desconoce el derecho al hábeas data y, en particular, los principios de certeza
y transparencia del manejo de datos cuando, a pesar de que la persona solicita
la corrección del certificado de sus antecedentes disciplinarios a la
Procuraduría General de la Nación y ésta omite atender el reclamo y verificar
la veracidad del dato?
6.
En segundo lugar, de los hechos de la tutela
se evidencia que el accionante acudió ante distintos jueces penales de
ejecución de penas y medidas de seguridad con el fin de aclarar la identidad de
la persona condenada, para que le fuera corregido el antecedente disciplinario
que figuraba en la base de datos de la Procuraduría General de la Nación. No
obstante, en el certificado generado por la entidad no se especificaba cuál era
la autoridad judicial que había ordenado el registro de la condena penal ni qué
autoridad tenía a su cargo el cumplimiento, de manera que no podía acudir a los
mecanismos previstos en la ley para aclarar la posible suplantación u homonimia
que se presentó.
Los sucesos mencionados permiten plantear otro cuestionamiento:
¿se desconoce el derecho al hábeas data y en particular los principios de
certeza e integridad del manejo de datos, cuando en los antecedentes
disciplinarios la Procuraduría General de la Nación no se incluye cuál fue la
entidad que ordenó el registro de la sanción penal?
7.
En tercer lugar, en el
trámite de la tutela en sede de revisión la Procuraduría General de la Nación
informó que las 4 anotaciones de antecedentes disciplinarios vinculadas a la
cédula de ciudadanía del accionante que existían en la base de datos de tal
entidad, fueron suprimidas por cuanto el Juzgado de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Descongestión de Cúcuta informó que todas las sanciones
penales fueron acumuladas en un solo registro que corresponde a una persona
indocumentada.
Los hechos antes descritos permiten formular esta pregunta: ¿se
configura la carencia actual de objeto por hecho superado cuando se presenta la
tutela con el fin de que se suprima una anotación en el certificado de
antecedentes disciplinarios y en el trámite de la acción se demuestra que el
dato fue eliminado?
8.
Para resolver los cuestionamientos planteados,
se estudiarán los siguientes temas: (i) la procedencia de la acción de tutela
en el caso que se analiza; (ii) el derecho al hábeas data y su alcance; (iii)
la finalidad de los antecedentes disciplinarios y el ejercicio de la función de
tratamiento de ese tipo de datos por parte de la Procuraduría General de la
Nación; y (iv) la carencia actual de objeto por hecho superado en la presente
acción de tutela.
Examen de procedencia de la acción de tutela
-
Legitimación pasiva
9.
La legitimación pasiva en la acción de tutela
hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la
acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte
demostrada.[41]
Sobre el particular, el artículo 86 de la Constitución establece
que la tutela procede contra cualquier autoridad pública. Por lo tanto, es
posible concluir que la Dirección Seccional de Fiscalías de Cartagena, el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Seccionales Cartagena y
Bucaramanga, los Centros de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena y Bucaramanga, los
juzgados Tercero Penal del Circuito de Cartagena, y Primero y Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena, la Procuraduría General
de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Policía Nacional;
están legitimados por pasiva en el caso que se analiza.
-       Subsidiariedad
10.
El inciso 4º del artículo 86 de la
Constitución consagra el principio de subsidiariedad como requisito de
procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.
Del texto de la norma se evidencia que, si existen otros
mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar
la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se
debe recurrir a ellos y no a la tutela. Sobre el particular, la Corte
Constitucional ha determinado que cuando una persona acude a la administración
de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede
desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni
pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del
funcionario que debe conocer dentro del marco estructural de la administración
de justicia, de un determinado asunto radicado bajo su competencia.[42]
La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en
cada caso concreto, en consideración a las características procesales del
mecanismo y al derecho fundamental involucrado. Entonces, un medio judicial
excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando salvaguarda de manera
eficaz el derecho fundamental invocado.[43]
11.
En relación con los mecanismos para garantizar
el derecho al hábeas data, de conformidad con el
artículo 8º de la Ley 1581 de 2012, “[p]or la cual se dictan disposiciones
generales para la protección de datos personales”, el titular de los datos
personales tiene derecho, entre otros, (i) a conocer, actualizar y rectificar
sus datos personales frente a los responsables o encargados de su tratamiento,
cuando se trate de datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que
induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no
haya sido autorizado, y (ii) a presentar ante la Superintendencia de Industria
y Comercio quejas por infracciones a las normas que protegen al derecho.
Así pues, el artículo 15 de esta normativa prevé que cuando el
titular o sus causahabientes consideren que la información contenida en una
base de datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o
adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en
esa Ley, podrán presentar un reclamo ante el responsable o el encargado del
tratamiento.
En particular, la norma dispone que el reclamo se formulará
mediante solicitud dirigida al responsable o al encargado del tratamiento, y una
vez recibida la reclamación se debe incluir en la base de datos una leyenda que
diga “reclamo en trámite” y el motivo del mismo, la cual deberá mantenerse
hasta que sea decidido. El término máximo para atender el reclamo será de 15
días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo.
De conformidad con los artículos 16, 21 y 23 de la misma
normativa, una vez agotado el reclamo ante el responsable o encargado del
tratamiento, el titular o causahabiente podrá elevar la queja ante la Delegatura
para la Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y
Comercio, la cual tiene a su cargo velar por el cumplimiento de la legislación
en materia de protección de datos personales, adelantar las investigaciones del
caso, y, como resultado de ellas, ordenar las medidas que sean necesarias para
hacer efectivo el derecho de hábeas data.
En particular, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá
imponer a los responsables y encargados del tratamiento distintas sanciones,
las cuales sólo aplican para las personas de naturaleza privada, pues en caso
de que la entidad advierta el presunto incumplimiento de una autoridad pública
a las disposiciones de la ley estatutaria de hábeas data, deberá remitir la
actuación a la Procuraduría General de la Nación para que sea ésta la que
adelante la investigación respectiva.
12.  En
el caso particular, está probado que el señor Juan Alberto Jiménez Díaz presentó por correo electrónico una queja a la Procuraduría
General de la Nación, el 20 de septiembre de 2012, en la que indicó que en sus
antecedentes disciplinarios figuraban unas condenas penales que no
correspondían a la realidad y solicitó que se eliminara tal registro. En este
sentido, es claro que el accionante elevó un reclamo a entidad
responsable del tratamiento del dato con el fin de que se eliminara la
información que figuraba en la base y ésta nunca dio respuesta a su solicitud.
Ahora bien, una vez agotado el requisito de procedencia, de
conformidad con la Ley 1581 de 2012[44],
la Sala se pregunta si el accionante podía elevar una queja ante la Delegatura
para la Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y
Comercio, competente para investigar las conductas que desconozcan el derecho
al hábeas data por parte de entidades privadas, la cual, en caso de advertir el
presunto incumplimiento de la Procuraduría General de la Nación a las
disposiciones de la ley estatutaria de hábeas data, remitiría la actuación a la
Procuraduría General de la Nación para que ésta adelantara la investigación
respectiva.
En este orden de ideas, la Sala evidencia que la aplicación del
mecanismo administrativo previsto por la ley para obtener la protección del
derecho al hábeas data del accionante no resulta idóneo ni eficaz. En efecto,
la norma prevé que en caso de que quien presuntamente haya vulnerado este
derecho sea una autoridad pública, la investigación deberá adelantarse por la
Procuraduría General de la Nación, y no previó que aquella entidad también es
responsable del tratamiento de datos que figuran en la base en la que reposan
los antecedentes disciplinarios de los ciudadanos.
Así pues, el Legislador no tuvo en cuenta que se podía presentar
la vulneración del derecho al hábeas data por parte de la Procuraduría, por lo
que en este caso el accionante no cuenta con un mecanismo que le permita
garantizar tal prerrogativa pues, de un lado, la Delegatura para la Protección
de Datos Personales no es competente para investigar la transgresión del
derecho por parte de una autoridad pública y, de otro, la Procuraduría General
de la Nación, quien en principio sería la responsable para el efecto, no puede
investigarse a sí misma.
En efecto, la Sala encuentra que el señor Juan Alberto Jiménez
Díaz no puede acudir a otro mecanismo judicial, distinto de la tutela, para
hacer efectivo su derecho fundamental al hábeas data frente al manejo de los
datos de los que es titular, que reposan en la base de datos de antecedentes
disciplinarios de la cual es responsable la Procuraduría General de la Nación.
Así pues, la tutela es el mecanismo idóneo para proteger los derechos del
accionante, y en caso de proceder el amparo las órdenes deberán tener un
carácter definitivo.
-       Inmediatez
13.
La jurisprudencia de esta Corporación ha determinado
que “[d]e acuerdo con los hechos, (…) el juez está encargado de establecer
si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal
modo que no se vulneren derechos de terceros. Si bien el término para
interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de
manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se
ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de
inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros,
o que desnaturalice la acción”.[45]
14.
En relación con el caso que se analiza, de los
hechos se evidencia que, aunque la tutela se presentó años después de que el
accionante se hubiera enterado de la existencia de los antecedentes
disciplinarios que figuraban en la base de datos de la Procuraduría General de
la Nación, en este caso la supuesta vulneración de
los derechos fundamentales del accionante permanecía al momento de presentarse
la tutela.
En efecto, el hecho que genera la amenaza de las prerrogativas del
accionante no es en estricto sentido la existencia de los antecedentes, sino
que en la actualidad la presencia de este reporte negativo amenaza el ejercicio
de sus derechos al trabajo y de acceso a cargos públicos. Esto es así, por
cuanto el accionante pretende que se eliminen los antecedentes disciplinarios
asociados a su cédula de ciudadanía porque (i) en el mes de febrero del
año 2015 el actor (quien es parte de la asociación de padres de familia del
colegio en el que trabaja) fue postulado para integrar una nueva Junta
Directiva del ICBF, pero al presentar la documentación requerida para aspirar
al cargo, le fue negado su derecho a ejercerlo porque en el certificado de
antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación figuraba
una inhabilidad de 20 años para desempeñar cargos públicos; y (ii) la
anotación de la sanción disciplinaria pone en riesgo el trabajo del accionante,
pues las directivas de la Institución Educativa Puerto Rico han manifestado la
intención de desvincularlo con ocasión de la inhabilidad que presenta.
De lo anterior se sigue que, a pesar de que la acción de tutela
podría parecer a priori carente de inmediatez, resulta procedente en
consideración a las particularidades del caso, las cuales demuestran que se
trata de una vulneración actual del derecho al hábeas data, que además conlleva
la amenaza del ejercicio de los derechos al trabajo y de acceso a cargos
públicos del accionante.
El derecho al hábeas data y su alcance
15.  El
artículo 15 Superior establece los derechos de las personas a la intimidad
personal, al buen nombre, y a conocer, actualizar y rectificar la información
que se haya recogido sobre ellas en los diferentes bancos de datos y en los
archivos de entidades públicas y privadas. Asimismo, señala la obligación que
tiene el Estado de hacer respetar dichos derechos.
De conformidad con el artículo 152 de la Constitución Política,
corresponde al Congreso de la República regular los derechos fundamentales de
las personas y los procedimientos y recursos para su protección a través de la
expedición de leyes estatutarias. No obstante, ante el vacío generado por la
falta de regulación para el ejercicio de este derecho fundamental, la Corte
Constitucional se ocupó de caracterizarlo y determinar su alcance mediante
sentencias de revisión de tutela.
16.
Específicamente, en la sentencia T-414 de
1992[46],
la Corte se pronunció sobre el derecho a la protección de los datos
personales y determinó que éste se encontraba directamente relacionado con la
eficacia del derecho a la intimidad, toda vez que era el individuo quien tenía
la potestad de divulgar la información de su vida privada.
Al respecto, estableció que este derecho de carácter general,
absoluto, extrapatrimonial, inalienable e imprescriptible, implica que toda
persona, “(…) es titular a priori de este derecho y el único legitimado para
permitir la divulgación de datos concernientes a su vida privada. Su finalidad
es la de asegurar la protección de intereses morales; su titular no puede
renunciar total o definitivamente a la intimidad pues dicho acto estaría
viciado de nulidad absoluta.”
Asimismo, en las sentencias T-444 de 1992[47],
T-525 de 1992[48]
y T-022 de 1993[49]
esta Corporación consideró que el derecho a la intimidad comprendía varias
dimensiones, dentro de las cuales se encontraba el hábeas data, que comporta el
derecho a obtener información personal que se encuentre en archivos o bases de
datos, la posibilidad de ser informado acerca de los datos registrados sobre sí
mismo y la facultad de corregirlos, la divulgación de datos ciertos y la
prohibición de manejar tal información cuando existe una prohibición para
hacerlo. En este orden de ideas, la Corte estimó que “(…) tanto el hábeas
data como la intimidad encuentran su razón de ser y su fundamento último en el
ámbito de autodeterminación y libertad que el ordenamiento jurídico reconoce al
sujeto como condición indispensable para el libre desarrollo de su personalidad
y en homenaje justiciero a su dignidad.”[50]
17.
Posteriormente,
en la sentencia SU-082 de 1995[51],
esta Corporación diferenció los derechos a la intimidad y al hábeas data y, en
particular, distinguió tres derechos fundamentales derivados del artículo 15
Superior, a saber: la intimidad, el buen nombre y el hábeas data. En aquella
oportunidad, la Corte determinó que el hábeas data es un derecho
fundamental autónomo que comprende 3 facultades concretas, a saber: (i) el
derecho a conocer las informaciones que a su titular se refieren; (ii) el
derecho a actualizar tales informaciones; y (iii) el derecho a rectificar las
informaciones que no correspondan a la verdad.
De
otra parte, en la sentencia T-527 de 2000[52] la
Corte estableció que el titular de la información que
obra en una base de datos cuenta con dos mecanismos: la rectificación,
que implica la concordancia del dato con la realidad, y la actualización, que
hace referencia a la vigencia del dato de tal manera que no se muestren
situaciones carentes de actualidad.
18.
Posteriormente, en la sentencia T-729
de 2002[53],
esta Corporación definió el derecho al hábeas data como la facultad que tiene
el titular de datos personales de exigir a las administradoras de bases de
datos el acceso, la inclusión, la exclusión, la corrección, la adición, la
actualización, la certificación de la información y la posibilidad de limitar
su divulgación, publicación o cesión.
Adicionalmente, la Corte estableció que el ámbito de aplicación
del derecho fundamental al hábeas data depende del entorno en el cual se
desarrollan los procesos de administración de bases de datos personales. En
consecuencia, el contexto material de dicho derecho, está integrado por “el
objeto o la actividad de las entidades administradoras de bases de datos, las
regulaciones internas, los mecanismos técnicos para la recopilación, procesamiento,
almacenamiento, seguridad y divulgación de los datos personales y la
reglamentación sobre usuarios de los servicios de las administradoras de las
bases de datos”.
Además, en la providencia mencionada este Tribunal sintetizó los
principios que la jurisprudencia había desarrollado al conocer de tutelas
relacionadas con el derecho al hábeas data. En particular, determinó que el
proceso de administración de los datos personales está informado por los
principios de libertad, necesidad, veracidad, integridad, incorporación,
finalidad, utilidad, circulación restringida, caducidad e individualidad.
De los anteriores principios, para el caso que ocupa a la Sala
resultan relevantes dos:
El principio de veracidad, que implica que los datos
personales deben obedecer a situaciones reales, es decir, ser ciertos, por lo
que está prohibida la administración de datos falsos o erróneos.
El principio de integridad, que supone que la información
que se registre o se divulgue a partir del suministro de datos personales debe
ser completa, de manera que está prohibido el registro y la divulgación de
datos parciales, incompletos o fraccionados.
Además, en la sentencia referida, la Corte Constitucional advirtió
al Legislador que era necesario expedir una regulación integral y sistemática
ante el incremento de los riesgos del poder informático y exhortó a la
Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y al Congreso, para que impulsaran
un proyecto de ley estatutaria con el fin de dotar a los ciudadanos de
mecanismos suficientes para la protección de los derechos fundamentales a la
autodeterminación informática, hábeas data, intimidad y libertad de
información.
Por último, la Corte señaló la necesidad de (i) diseñar mecanismos
especiales para proteger el derecho a la autodeterminación informática,
mediante los cuales se garantizara la seguridad de la información, y (ii)
adoptar medidas encaminadas a sancionar prácticas indebidas en ejercicio del
poder informático.
19.
En cumplimiento del deber de regular el
derecho fundamental al hábeas data a cargo del Congreso, se expidió la Ley
Estatuaria 1266 de 2008 “[p]or la cual se dictan las disposiciones
generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en
bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de
servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras
disposiciones.”.
La normativa mencionada reiteró los principios fijados por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional. Específicamente la ley estableció
que las actividades de recolección, procesamiento y circulación de datos
personales contenidos en bases de datos de carácter financiero, deben regirse
por los principios de veracidad, temporalidad, integridad, seguridad,
confidencialidad, circulación restringida y finalidad.
La Ley 1266 de 2008 constituye una regulación parcial del derecho
al hábeas data porque se circunscribe al dato financiero. En la sentencia
C-1011 de 2008[54] la
Corte efectuó el análisis de constitucionalidad previo del proyecto de ley y
determinó que esta norma tiene un carácter sectorial, dirigido a la regulación
de la administración de datos personales de contenido comercial, financiero y
crediticio.
De otro lado, de conformidad con la providencia señalada el derecho al hábeas data no solo se materializa en
la existencia de los principios fijados por la jurisprudencia, sino que
conlleva además la facultad del titular de datos personales, de exigir de las
administradoras “(…) el acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición,
actualización y certificación de los datos, así como la limitación en las
posibilidades de divulgación, publicación o cesión de los mismos, de
conformidad con los principios que regulan el proceso de administración de
datos personales. (…) El ámbito de acción del derecho al hábeas data es el
proceso de administración de bases de datos personales, tanto de carácter
público como privado.”
20.  Posteriormente,
se expidió la Ley Estatutaria 1581 de 2012, “por
la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos
personales”, luego de que su validez
hubiera sido estudiada por esta Corte en la sentencia C-748 de 2011[55].
Se trata de una ley general que establece los principios a los que está sujeto
cualquier tipo de tratamiento de datos en Colombia.
Al igual que la Ley 1266 de 2008, la ley estatutaria del hábeas
data de 2012 hace un ejercicio de compilación de los criterios y principios
desarrollados por la jurisprudencia constitucional. Así, el artículo 4º de la normativa en comento establece 8 principios
para el tratamiento de datos personales, de los cuales resultan relevantes los
de veracidad y transparencia.
Según la norma, el principio de veracidad o calidad implica que “[l]a
información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada,
comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de datos parciales,
incompletos, fraccionados o que induzcan a error”.
Cabe resaltar que el carácter de actualidad de los datos
personales que manejan los responsables o encargados de su tratamiento, implica
que estos están obligados a ajustarla tan pronto tienen conocimiento de
cualquier novedad. En efecto, los sujetos mencionados tienen un deber especial
de diligencia, porque la existencia de datos desactualizados puede conllevar
que el titular no acceda a algún derecho –como por ejemplo el acceso a cargos
públicos cuando se tiene una inhabilidad registrada-, o beneficio, o sufra
consecuencias negativas a raíz de un dato que no corresponde a la verdad –verbigracia,
la existencia de una orden de captura que en realidad no está vigente-.
Además, el principio de transparencia supone que “[e]n el
Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a obtener del Responsable
del Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en cualquier momento y sin
restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan”.
21.
De otro lado, de conformidad con los artículos
19 a 23 de la Ley 1581 de 2012, la autoridad responsable del control de datos
en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de una
Delegatura para la Protección de Datos Personales, la cual tiene a su cargo la
vigilancia para garantizar que en el tratamiento de datos personales se
respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la
ley. No obstante, dicha función se ejerce en relación con las bases
administradas por particulares.
Así pues, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce,
entre otras, las funciones de velar por el cumplimiento de la legislación en
materia de protección de datos personales, adelantar las investigaciones del
caso, y como resultado de ellas ordenar a adopción de las medidas que sean
necesarias para hacer efectivo el derecho de hábeas data, tales como conceder
el acceso y suministro de los datos, la rectificación, actualización o
supresión de los mismos.
Además, una vez establecido el incumplimiento de la ley por parte
del responsable del tratamiento de datos, la entidad podrá imponer a los
responsables y encargados del tratamiento de datos distintas sanciones, tales
como multas de carácter personal e institucional, la suspensión de las
actividades relacionadas con el tratamiento de datos, el cierre temporal de las
operaciones relacionadas con el tratamiento, o el cierre definitivo de la
operación que involucre el tratamiento de datos.
No obstante, tales sanciones sólo aplican para las personas de
naturaleza privada, pues en el evento en que la Superintendencia de Industria y
Comercio advierta el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley
estatutaria de hábeas data por parte de una autoridad pública, deberá remitir
la actuación a la Procuraduría General de la Nación para que adelante la
investigación respectiva.
Así pues, la
Delegatura para la protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria
y Comercio es la entidad competente para investigar las infracciones a las
principios que rigen el tratamiento de datos por parte de particulares, pues
cuando esa dependencia advierta el incumplimiento de las normas sobre la
materia por parte de una autoridad pública responsable del tratamiento de
datos, deberá remitir la actuación a la Procuraduría General de la Nación para
que sea ésta la que adelante la investigación respectiva.
La finalidad de los antecedentes disciplinarios y el ejercicio de
la función de tratamiento de ese tipo de datos por parte de la Procuraduría
General de la Nación
22.
El artículo 277 de la Constitución establece
las funciones de la Procuraduría General de la Nación y en particular, los
numerales 1º, 5º y 6º de la norma disponen que tal órgano de control tiene a su
cargo vigilar el cumplimiento de las decisiones judiciales y los actos
administrativos, velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones
administrativas, y ejercer la vigilancia de la conducta oficial de quienes
desempeñen funciones públicas. De las anteriores funciones se deriva la
competencia de la Procuraduría para vigilar que quienes aspiren a vincularse al
servicio público o contratar con el Estado, no estén incursos en algún tipo de
inhabilidad.[56]
De otra parte, el artículo 1º de la Ley 190 de 1995[57]
establece que toda persona que fuere nombrada para ocupar un cargo o empleo
público o pretenda celebrar un contrato de prestación de servicios con la
administración, deberá presentar al momento de su posesión o de la firma del
contrato, el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la
Procuraduría General de la Nación.
Además, el artículo 174 de la Ley 734 de 2002 “por la cual se
expide el Código Disciplinario Único” dispone que
debe existir un registro unificado de sanciones e informaciones negativas a
cargo de la Procuraduría General de la Nación, el cual comprende las sanciones
penales y disciplinarias, las inhabilidades que se deriven de las relaciones
contractuales con el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las
decisiones de pérdida de investidura y de las condenas penales proferidas
contra servidores, ex servidores públicos y particulares. Particularmente, corresponde a la División de Registro y Control y Correspondencia
de la Procuraduría llevar el registro de las sanciones antes señaladas.
23.
En la sentencia C-1066 de 2002[58],
esta Corporación estudió la constitucionalidad del artículo 174 de la Ley 734
de 2002[59]
y determinó que los principios derivados del derecho al hábeas data son
aplicables a la información recogida en archivos y bases de datos de entidades
públicas y privadas, de manera que el registro unificado de antecedentes
disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, está sujeto a las
limitaciones que impone este derecho.
24.
De otro lado, la Ley 1581 de 2012 establece
que los principios y disposiciones contenidas en ésta son aplicables a los
datos personales registrados en cualquier base de datos, lo que incluye a
entidades de naturaleza pública o privada.
El artículo 2º de la normativa en comento excluye algunas bases de
datos del régimen de protección contenido en la ley. No obstante, el registro
de antecedentes de la Procuraduría no está contenido en tales excepciones, de
modo que se puede concluir que el tratamiento del dato personal registrado en
la base de datos que contiene el registro de antecedentes disciplinarios, de la
cual el órgano de control es responsable[60],
se sujeta a las normas y principios previstos en la Ley 1581 de 2012.
En consecuencia, en ejercicio de la función de registro de los
certificados disciplinarios, la Procuraduría General de la Nación tiene la
obligación de garantizar el derecho al hábeas data de los ciudadanos y, en ese
orden, el tratamiento de datos que realice se rige por la Ley 1581 de 2012 y
por ende debe respetar el acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición,
actualización y certificación de los datos, de conformidad con los principios
que regulan el proceso de administración de datos personales.
Desconocimiento del derecho al hábeas data en el caso concreto
25.
En el caso que se analiza, está demostrado (i)
que en la base de datos de la Procuraduría General de la Nación figuraban
distintas anotaciones de condenas penales asociadas a la cédula de ciudadanía
de Juan Alberto Jiménez Díaz; (ii) que el accionante envió una solicitud a
dicho órgano de control, en la que lo requirió para que excluyera la
información contenida en su base de datos pues, a su juicio, se trataba de
información falsa porque nunca había sido condenado en un proceso penal; y
(iii) que la Procuraduría nunca dio respuesta al requerimiento elevado por el
accionante.
26.
En primer lugar, la Sala considera que al no
atender el reclamo del accionante y verificar la veracidad del dato que
figuraba en el certificado de antecedentes disciplinarios de la base de datos
de la Procuraduría General de la Nación, ésta desconoció los principios de
certeza y transparencia que rigen su función como responsable del tratamiento
de dicha información, los cuales, como se estableció, son elementos del derecho
fundamental al hábeas data.
En efecto, de conformidad con el principio de certeza o veracidad,
la Procuraduría General de la Nación está obligada a manejar información veraz,
es decir, los datos deben corresponder a situaciones reales y su contenido debe
ser completo, exacto y actualizado. En consecuencia, independientemente de que
la información registrada en la base de datos de la entidad fuera o no real,
ante la reclamación del actor, la entidad, como responsable del tratamiento de
datos, estaba obligada a verificar su veracidad y omitió hacerlo, por lo que
desconoció la obligación que le impone la Ley 1581 de 2012.
De otro lado, en relación con el principio de transparencia, la
entidad accionada tiene a su cargo la obligación de garantizar que el titular
del dato obtenga, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca
de la existencia de la información que le concierna. En ese orden de ideas, la
falta de respuesta por parte de la Procuraduría constituye el desconocimiento
de este principio.
Así pues, se comprobó que la omisión de la Procuraduría General de
la Nación consistente en no dar trámite al requerimiento del accionante, quien
era el titular del dato negativo que figuraba en la base de datos de la
entidad, conllevó el desconocimiento de los principios de certeza y
transparencia que rigen el tratamiento de datos, y por lo tanto el órgano de
control transgredió el derecho fundamental al hábeas data del señor Juan
Alberto Jiménez Díaz.
27.
En segundo lugar, de los hechos de la tutela
se evidenció que el accionante acudió ante distintos jueces penales de
ejecución de penas y medidas de seguridad con el fin de aclarar la identidad de
la persona condenada y que le fuera corregido el antecedente disciplinario que
figuraba en la base de datos de la Procuraduría General de la Nación.
No obstante, en el certificado generado por la entidad no se
identificaba con exactitud cuál era la autoridad judicial que había ordenado el
registro de la condena penal, ni qué autoridad tenía a su cargo el cumplimiento
de la pena, de manera que el accionante no podía acudir a los mecanismos
previstos en la ley para aclarar la posible suplantación u homonimia que
aparentemente se presenta.
Así, en los antecedentes que aparecen por la página web de
la Procuraduría figuran (i) en el certificado generado en el año 2012 hay una
casilla denominada "Providencias" en la que se indica “juez de
primera instancia: Juzgado 1 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad”;
y (ii) en el certificado del año 2015, una casilla en la que figura la
siguiente información “Descripción de la autoridad: Juzgado Tercero Penal
del Circuito”.
En consecuencia, la Sala estima que los certificados expedidos por
la Procuraduría General de la Nación en este caso no satisfacen los
presupuestos de veracidad e integridad, porque los datos que divulgó la
entidad, son parciales. Además, es preciso destacar que el hecho de que el
accionante sólo pueda tener acceso a información incompleta no solo vulnera su
derecho fundamental al hábeas data, sino que también impide que acceda a los
mecanismos judiciales previstos para controvertir las sentencias en las que se
plasmaron las condenas que les dieron origen.
28.
En síntesis la Procuraduría General de la
Nación, como responsable del tratamiento de datos, vulneró el derecho
fundamental al hábeas data del señor Juan Alberto Jiménez Díaz con las
siguientes omisiones: (i) no verificó la veracidad de la información que estaba
vinculada a la cédula de ciudadanía del actor, quien es el titular del dato, y
como tal estaba facultado para solicitar su exclusión y (ii) omitió divulgar la
información completa porque no incluyó la identidad de las autoridades
judiciales que ordenaron el registro de las anotaciones en la base de datos a
su cargo.
La carencia actual de objeto por hecho superado en la presente
acción de tutela.
29.  Esta
Corporación ha considerado que la decisión del juez de tutela carece de objeto
cuando al momento de proferirla, se encuentra que la acción u omisión que dio
origen a la solicitud de amparo, ha cesado, pues desaparece toda posibilidad de
amenaza o vulneración a los derechos fundamentales. En este sentido, cuando hay
carencia de objeto la protección a través de la tutela pierde sentido y, en
consecuencia, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir alguna orden
dirigida a proteger el derecho fundamental invocado.[61]
En primer lugar, se entiende por hecho superado
la situación que se presenta cuando, durante el trámite de la acción de tutela
o de su revisión eventual ante la Corte Constitucional, sobreviene la
ocurrencia de hechos que demuestran que las
circunstancias existentes al momento de interponer la acción se transformaron y
por lo tanto la parte accionante ha perdido el interés sobre la satisfacción de
su pretensión o ésta no puede obtenerse, pues la
situación en principio informada a través de la tutela, ha cesado.[62]
En segundo lugar, la carencia actual de objeto por daño consumado
se presenta cuando no se repara la vulneración del derecho, sino que, a raíz de
su falta de garantía, se ha ocasionado el daño que se buscaba evitar con la
orden del juez de tutela[63]. En esos casos procede el resarcimiento del daño causado por la
violación del derecho fundamental[64].
30.
En el trámite de la tutela
en sede de revisión, la Procuraduría General de la Nación informó que las 4
anotaciones de antecedentes disciplinarios vinculadas a la cédula de ciudadanía
del accionante, que existían en la base de datos de tal entidad, fueron
suprimidas por cuanto el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Descongestión de Cúcuta informó que todas las sanciones penales se
acumularon en un solo registro que corresponde a una persona indocumentada y no
al actor.
Los hechos antes descritos demuestran que en este caso se configura
la carencia actual de objeto por hecho superado pero solo en relación con la
primera omisión de la demandada, puesto que la tutela se presentó con el fin de
que se suprimiera una anotación en el certificado de antecedentes
disciplinarios del actor y en el trámite de la acción se demostró que el dato
fue eliminado. En este sentido, la pretensión del demandante fue satisfecha  con
posterioridad al fallo de tutela de única instancia y antes de que se
profiriera la presente decisión.
No obstante, de la respuesta de la Procuraduría también se puede
inferir que la acumulación de los procesos en uno solo (que corresponde a un
hombre indocumentado identificado con el nombre del actor), ordenada por el
Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de San
José de Cúcuta, no resuelve el problema de fondo, pues el mismo órgano de
control afirma que requerirá de oficio al juzgado para que informe la plena
identificación del condenado.
Así pues, las pruebas evidencian que todavía existe la posibilidad
de que los jueces de ejecución de penas de Cúcuta decidan sobre la identidad de
la persona condenada en los distintos procesos penales acumulados bajo el
nombre de Juan Alberto Jiménez Díaz. En este sentido, es necesario que el
accionante conozca cuáles son las autoridades judiciales que en la actualidad
tienen esos procesos bajo su conocimiento, para que pueda participar en el
proceso de identificación del condenado que en algunos de esos trámites se ha
identificado con el número de su cédula de ciudadanía.
En consecuencia, la Sala considera que no se puede establecer que
se esté ante la existencia de un hecho superado en relación con la divulgación
de información incompleta por parte de la Procuraduría General de la Nación,
porque a pesar de que los antecedentes ya no están vigentes, todavía está
pendiente por definirse la identidad del condenado. En esa medida, corresponde
a la Procuraduría General de la Nación informar al accionante de todas las
órdenes judiciales que dieron origen a las anotaciones que se han registrado en
los antecedentes disciplinarios correspondientes con su cédula de ciudadanía, de
tal forma que el actor pueda identificar específicamente cuáles fueron las
autoridades judiciales que dieron origen a dichos datos.
Conclusiones y decisión a adoptar
31.  Del
análisis del caso planteado, se derivan las siguientes conclusiones:
-
La Procuraduría General de la Nación desconoce
el derecho fundamental al hábeas data y en particular los principios de
certeza y transparencia, cuando omite verificar la veracidad de la información
que figura en la base de datos de la cual es responsable, a pesar de que el
titular del dato solicita que se excluya tal información.  Lo anterior ocurre
porque los responsables del tratamiento deben verificar que la información que
manejan sea veraz, es decir, los datos deben corresponder a situaciones reales
y su contenido debe ser completo, exacto y actualizado.
En este sentido, la Procuraduría General de la Nación
vulneró el derecho fundamental al hábeas data del señor Juan Alberto Jiménez
Díaz y en particular, los principios de certeza y transparencia, porque a pesar
de que éste presentó una solicitud para que se excluyera un dato que
consideraba errado, la entidad omitió verificar si correspondía a la realidad.
No obstante, debido a que en la actualidad el dato fue
suprimido como consecuencia de la información que dio a la Procuraduría el
Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Cúcuta,
la Sala considera que en relación con esta omisión se está ante un hecho
superado.
-
La Procuraduría General de la Nación desconoce
el derecho fundamental al hábeas data y en particular los principios de
certeza e integridad, cuando omite divulgar la identificación de los juzgados
que ordenan registrar antecedentes disciplinarios en la base de datos de la
cual la entidad es responsable.
En efecto, los certificados expedidos por
la Procuraduría General de la Nación deben satisfacer los presupuestos de
veracidad e integridad, lo cual supone que los datos que divulga la entidad no
pueden ser parciales. Lo anterior constituye además una garantía del derecho de
acceso a la administración de justicia porque al contar con la información
completa sobre el origen de la misma, el titular del dato puede acudir a los
mecanismos previstos por la ley para poner de presente ante un juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad, la ocurrencia de un caso de
suplantación u homonimia.
En particular, la Procuraduría General de la Nación desconoció el
derecho fundamental al hábeas data pues, en la práctica, su omisión impidió que
el demandante tuviera acceso a la información completa para identificar a la
autoridad que ordenó el registro del dato negativo vinculado con su cédula de
ciudadanía.
Ahora bien, a pesar de que el dato negativo desapareció, todavía
no se ha definido la identidad del condenado que en algunos procesos penales se
identificaba con la cédula de ciudadanía del actor. Por consiguiente, para que
el demandante pueda acudir a los mecanismos previstos para demostrar que se
trata de un caso de suplantación u homonimia, corresponde a la Procuraduría
General de la Nación informarle de todas las órdenes judiciales que dieron
origen a las anotaciones que se han registrado en los antecedentes
disciplinarios correspondientes con su cédula de ciudadanía, y en tal informe
deberá identificar específicamente cuáles fueron las autoridades judiciales que
dieron origen a dichos datos.
32.
Por otra parte, de la respuesta allegada por
la Procuraduría General de la Nación en sede de revisión se evidenció que
mediante oficio del 5 de mayo de 2015, el Juzgado de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Descongestión de San José de Cúcuta informó a la
entidad que las sanciones penales vinculadas a la cédula de ciudadanía del
actor fueron acumuladas a otros procesos penales en los que se condenó a otro
hombre; y solamente hasta el 22 de diciembre de 2015 (esto es, un día antes de
dar respuesta al auto mediante el cual esta Sala de Revisión solicitó
información sobre el caso a dicho órgano de control) la Procuraduría procedió a
cancelar las 4 anotaciones que existían por las sanciones penales asociadas a
la cédula de ciudadanía del accionante.
Sobre el particular, se debe resaltar que la Procuraduría General
de la Nación suprimió el dato relacionado con los antecedentes del accionante tras
más de 7 meses de haber recibido la información que daba lugar a su
exclusión de la base de datos de la cual es responsable. En este sentido, la
Sala debe advertir a la Procuraduría que esta omisión desconoce los principios
de transparencia y veracidad que rigen sus funciones y vulnera el derecho
fundamental al hábeas data del titular del dato.
Así pues, en ejercicio de su función de tratamiento de datos, la
Procuraduría tiene la obligación de ceñirse a las disposiciones contenidas en
la Ley 1581 de 2012, y en caso de desconocerlas vulnera los derechos de los
titulares de los datos de cuyo tratamiento es responsable.
Por ende, es preciso revocar la decisión de única instancia,
proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena, que negó el amparo, y en su lugar, conceder la
tutela.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR la decisión adoptada por la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 29 de abril de
2015, que negó por improcedente el amparo. En su lugar, CONCEDER el
amparo impetrado.
SEGUNDO.- En consecuencia, ORDENAR a la Procuraduría General de la
Nación que informe al accionante de todas las
órdenes judiciales que dieron origen a las anotaciones que se han registrado en
los antecedentes disciplinarios correspondientes a su cédula de ciudadanía, y de
tal forma que se identifique específicamente cuáles fueron las autoridades
judiciales que dieron origen a dichos datos, y ADVERTIR a esa autoridad que en ejercicio de su función de tratamiento de datos, tiene la obligación
de ceñirse a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012, y en caso de
desconocerlas vulnera los derechos de los titulares de los datos de cuyo
tratamiento es responsable.
TERCERO.- Por Secretaría General
líbrese las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con aclaración de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE
VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA
T-036/16
ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DEL
DERECHO AL HABEAS DATA-Se debió establecer un tiempo límite
en el cual se aclarara la situación jurídica del accionante, específicamente si
se tiene en cuenta que se reconoció que se condenó a un hombre indocumentado,
quien se identificó con mismo nombre y número de cédula del actor (Aclaración
de voto)
ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION
DEL DERECHO AL HABEAS DATA-Correspondía ordenar que se
adelantaran las diligencias necesarias para cumplir con cotejo dactiloscópico
que permitiera establecer la identidad de la persona privada de la libertad,
que ha venido usando nombre y número de identificación del actor (Aclaración
de voto)
Referencia: expediente T-5.176.221
Acción de tutela
presentada por Juan Alberto Jiménez Díaz contra la Dirección Seccional de
Fiscalías de Cartagena y otros.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO.
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones que toma esta Corporación, me permito hacer explícitas las
consideraciones que me llevaron a salvar el voto en la sentencia T-036 de 2016.
En esta oportunidad se revisaron los
fallos de tutela alusivos a la solicitud de amparo presentada por el señor Juan
Alberto Jiménez Díaz contra la Dirección Seccional de Fiscalías de Cartagena;
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Seccionales Cartagena y
Bucaramanga; los Centros de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena y Bucaramanga; los
juzgados Tercero Penal del Circuito de Cartagena; Primero y Segundo de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al hábeas data, a la honra, a la libertad personal, a la
libertad de locomoción y al trabajo. Esto de cara al siguiente acontecer
fáctico:
- Desde el año
1997, se desempeña como celador en el Colegio Departamental de Puerto Rico,
Bolívar, institución que en el año 2012 solicitó a sus trabajadores los
certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, con el fin
de actualizar la base de datos, así como las hojas de vida del personal de la
entidad.
-   Al verificar sus
antecedentes en la página web de la
Procuraduría General de la Nación, se generó el certificado de antecedentes
disciplinarios en el que figuraba una anotación de (i) pena de prisión por el
término de 12 años por los delitos de fabricación, porte, y tráfico de arma de
fuego y municiones, hurto calificado agravado y tentativa de homicidio y (ii)
una inhabilidad para ejercer cargos públicos.
-   A partir de lo
anterior solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a los Jueces de
Ejecución de Penas de Cartagena que corrigieran los antecedentes que figuraban
en su contra. El Ministerio Público guardó silencio, mientras las autoridades
judiciales informaron que su caso había sido remitido por competencia a sus
homólogos de Bucaramanga, por cuanto el condenado estaba privado de la libertad
en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Girón, Santander.
-      Los juzgados de
ejecución de penas y medidas de seguridad de Bucaramanga indicaron que los
procesos seguidos en contra del señor Juan Alberto Jiménez Díaz, fueron
remitidos a sus similares de Cúcuta por razones de competencia, toda vez que el
sentenciado fue trasladado al Establecimiento Penitenciario de Cúcuta.
-      El Juzgado de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de San José de
Cúcuta informó a la Procuraduría General de la Nación que los registros que
figuran en contra del accionante, correspondieron a procesos penales en los que
se condenó a un. hombre indocumentado, que se identifica con el nombre de Juan
Alberto Jiménez Díaz.
-      A partir de esta
situación, la Procuraduría procedió a cancelar las 4 anotaciones que existían
por las sanciones penales asociadas a la cédula de ciudadanía del accionante.
En orden a lo
expuesto, el actor solicita que se haga constar que la persona juzgada y
condenada en los procesos en los que se consignan antecedentes penales
reportados en su contra, corresponden a una persona distinta y en consecuencia
se suprima de manera definitiva dicha información.
La Sala de Revisión concedió el amparo y
ordenó a la Procuraduría General de la Nación que informe al accionante de
todas las órdenes judiciales que dieron origen a las anotaciones que se han
registrado en los antecedentes disciplinarios correspondientes a su cédula de
ciudadanía, de tal forma que se identifique específicamente cuáles fueron las
autoridades judiciales que dieron origen a dichos datos.
Si bien estoy de acuerdo con la decisión
adoptada en esta sentencia, en el sentido de proteger los derechos
fundamentales invocados por el actor y se le permita conocer todas las órdenes
judiciales que le hayan generado anotaciones en las bases de datos del
Ministerio Público, creo que la orden de protección debió ser más amplia en procura
de otorgar una efectiva garantía a los derechos fundamentales del accionante.
Por tanto, en este caso correspondía dar
una orden concreta, en cuanto al tiempo y modo de respuesta, tendiente a
alcanzar la tutela efectiva de los derechos invocados, para ello se debió
establecer un plazo límite en el cual se aclarara la situación jurídica del
accionante[65],
específicamente si se tiene en cuenta que el Juez de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Descongestión de San José de Cúcuta (autoridad judicial
que tiene a cargo los procesos penales objeto de análisis), reconoció que se
condenó a un hombre indocumentado, quien se identificó con el mismo nombre y
número de cédula del actor.
Dejar al arbitrio de la Procuraduría o de
los Jueces de Ejecución de Penas el cumplimiento de la decisión adoptada por la
Corte Constitucional, implica dar un margen de incertidumbre a la protección
otorgada en esta sentencia.
Al respecto cabe destacar que en casos
similares[66],
este Tribunal Constitucional ha establecido que existe afectación de los
derechos fundamentales al buen nombre, honra y habeas data de una persona que
ha sido víctima de suplantación u homonimia, lo que hace necesario que se
emitan órdenes que aseguran el efectivo goce de los derechos vulnerados y otorguen
seguridad al accionante de no ser confundido con quien usa su nombre e
identidad.
Entonces, se
debieron brindar adecuadas garantías para esclarecer si se trataba de un error
administrativo o un caso de falsa identidad, para adoptar las medidas adecuadas
que llevaran a cesar la vulneración de los derechos fundamentales invocados, ya
que de lo contrario se estaría imponiendo una carga desproporcionada al actor.
A partir de lo
dispuesto en la sentencia T-036 de 2016, una vez la Procuraduría le indique al accionante
los procesos seguidos en su contra, podría acudir al Juez de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad con el fin de aclarar la suplantación o falsa identidad
de quien se encuentra cumpliendo la condena. Sin embargo, requiere de un
abogado y del traslado a la ciudad de Cúcuta para lograr dicho trámite y así
obtener un pronunciamiento judicial que declare dicha situación, cuando no
existe duda de que quien se encuentra privado de la libertad es el autor de los
delitos por los que fue acusado.
Así, era obligación de la Corte tomar las
medidas adecuadas tendientes a hacer cesar la afectación de los derechos
fundamentales, adoptando decisiones que le permitan al accionante esclarecer su
situación y buscar recuperar su buen nombre, honra y la eliminación de los
reportes negativos. En tal sentido, correspondía al menos ordenar al Juzgado de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de San José de
Cúcuta, que adelantara las diligencias necesarias para cumplir con el cotejo
dactiloscópico que permitiera establecer la identidad de la persona privada de
la libertad, que ha venido usando su nombre y su número de identificación.
Fecha ut supra,
JORGE
IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
[1] A folio 2 del Cuaderno de única instancia,
se encuentra el poder especial otorgado por el accionante, Juan Alberto Jiménez
Díaz, al abogado Vladimir González Álvarez para que lo represente en la tutela
de la referencia.
[2] A folios 11 y 37 del Cuaderno de
única instancia, se encuentran copias de la cédula de ciudadanía del
accionante, en la que consta que nació en Pinillos Bolívar el 14 de septiembre
de 1973, y tiene 1.77 metros de estatura.
[3] Para probar esta afirmación, se
anexan: (i) copia del Acta de posesión del accionante en el cargo de celador,
en la que consta que el accionante se posesionó en el cargo de celador en el
Colegio Departamental de Puerto Rico de la Secretaría de Educación y Cultura,
el 23 de junio de 1997 (Folios 17-18 y 43-44 ibídem); (ii) una certificación
suscrita por el alcalde del municipio de Tiquisio, del 3 de octubre de 2012, en
la que el funcionario da fe de que el accionante tiene su domicilio permanente
en Puerto Rico Bolívar (folios 19 y 45 ibídem); y (iii) 4 certificaciones
laborales de la Institución Educativa Puerto Rico, en las que consta que el
accionante trabaja como celador desde el 23 de junio de 1997 (certificaciones
del 16 de noviembre de 2010, 4 de octubre de 2012, 15 de septiembre de 2014 y
23 de febrero de 2015 -Folios 20-22, 29, 46-48 y 80 ibídem-).
[4] Según el abogado, en el certificado (el cual no se
anexa a la tutela) figuraban además los siguientes datos “Descripción de la
autoridad: Juzgado Tercero Penal del Circuito” y “Fecha de la
providencia: 23 de enero de 2003”.
[5] A folios 23 y 49 del Cuaderno de
única instancia, se encuentran copias del correo electrónico.
[6] No hay prueba de las solicitudes
mencionadas, no obstante, el accionante adjunta las respuestas allegadas por
los juzgados Primero y Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Cartagena.
[7] A la tutela se anexan (i) copia del oficio
del 29 de enero de 2013 del Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Cartagena, en el que se informa que con el nombre de Juan Alberto
Jiménez Díaz figuran dos procesos penales: a) proceso No. 107-2008, con
condena a 92 meses de prisión, proferida por el Juzgado 6º Penal Municipal de
Cartagena por el delito de hurto calificado agravado. El expediente fue
remitido por competencia a la ciudad de Bucaramanga; y b) proceso No.
1090-2010, con condena a 33 meses de prisión del 25 de abril de 2003, proferida
por el Juzgado 4º Penal del Circuito de Cartagena. El 31 de marzo de 2011 fue
remitido a la Bodega de la Rama Judicial mediante oficio No. 527-11 por haberse
decretado la extinción de la pena (folios Fl. 24 y 51 ibídem); y (ii) Copia del
oficio 562 del 29 de enero de
2013 del Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Cartagena dirigido al accionante, en el que se afirma que esa
dependencia recibió un proceso procedente del Juzgado 3º Penal del Circuito de
Cartagena, en el que el señor Juan Alberto Jiménez Díaz fue condenado por los
delitos de homicidio, hurto calificado agravado y porte ilegal de armas de
fuego (no se identifica el proceso), y se dice que éste fue remitido por oficio
No. 3877 del 26 de octubre 2011, por competencia, al Centro de Servicios
Administrativos de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de
Bucaramanga, por estar el condenado privado de la libertad en el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Girón (folios 25 y 52 ibídem).
[8] El accionante no aporta algún documento para probar esta
afirmación.
[9] A folios 27-28 y 72-73 del Cuaderno de
única instancia, se encuentran copias del certificado de antecedentes de
sanciones e inhabilidades de la Procuraduría No. 68639319, del 11 de febrero de
2015, en el que figuran: (i) 3 sanciones: a) una sanción principal de
multa por 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, b) una sanción
principal de prisión por 21 años, y c) una sanción accesoria de inhabilidad
para ejercer sus derechos y funciones públicas por 20 años; (ii) la
descripción de los delitos, que son: a) tentativa de homicidio (Ley 599 de
2000), b) homicidio agravado (Ley 599 de 2000), y c) porte ilegal de armas de
fuego (Ley 599 de 2000); y (iii) bajo el título de
"Providencias" se encuentra una tabla en la que dice “juez de
primera instancia: Juzgado 1 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad”;
“fecha de providencia: 16/04/2013”; “fecha de efectos jurídicos:
16/04/2013”; (iv) la descripción de las inhabilidades: a)
inhabilidad para contratar con el Estado desde el 16/04/2013 hasta el
16/04/2018, e b) inhabilidad para desempeñar cargos públicos desde el
16/04/2013 hasta el 15/04/2023.
[10] Folios 184-185, Cuaderno de única instancia.
[11] Folio 185, Cuaderno de única
instancia.
[12] Folios 198 - 202, Cuaderno de única
instancia.
[13] El Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga no dio respuesta a la acción de
tutela de la referencia.
[14] La contestación de la Oficina de Quejas y Reclamos de la Dirección
Seccional de Bolívar de la Fiscalía, se encuentra a folios 75-81 ibídem.
[15] La respuesta del Juzgado Tercero
Penal del Circuito de Cartagena se encuentra a Folios 84-85 ibídem.
[16] El primero, radicado con el número
2003-00173 por el delito de tentativa de homicidio en concurso heterogéneo con
hurto calificado agravado y porte ilegal de armas. El segundo, radicado con el
número 2003-00006, correspondió al delito de homicidio y finalizó con sentencia
absolutoria proferida el 8 de junio de 2004, cuyo expediente está en bodega.
[17] En el trámite de la tutela ante esta Corporación se recibió el oficio 001 del 13 de enero de 2016 (recibido por la Secretaría
General de la Corte Constitucional en esa misma fecha), en el que la juez
tercera penal del circuito de Cartagena reiteró los argumentos contenidos en la
contestación de la tutela (Folios 47-48 Cuaderno de revisión).
[18] La contestación de la Fiscal Seccional 2 de Cartagena se encuentra
a folios 136-139 ibídem.
[19] La contestación de la Registraduría Nacional del Estado Civil se
encuentra a folios 140-149 ibídem.
[20] A la respuesta se adjunta la tarjeta de preparación de
la cédula de ciudadanía en la que constan los datos del accionante y se
verifica que nació el 14 de septiembre de 1973, y mide 1,77 metros. (Folio 146
ibídem.). A la respuesta de la Registraduría se adjunta (i) una certificación
generada el 13 de abril de 2015, de No. 193191311155, en la que consta que la
cédula de ciudadanía del señor Juan Alberto Jiménez Díaz está vigente; y (ii)
la comunicación de la Coordinadora del Grupo Jurídico de la Dirección Nacional
de Identificación, en la que se informa que la cédula de ciudadanía del
accionante está vigente y no figura la suspensión de derechos políticos.
[21] La contestación de la  Dirección Seccional de Administración
Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bolívar, se encuentra a folios 150-152, ibídem.
[22] Se trata de los siguientes: (i) sin cédula de ciudadanía, procesos a cargo: a) del
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena (4
procesos); b) del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena (los
mismos 4 procesos ahora a cargo del Juzgado 2º de Ejecución de Penas); y c)
del Juzgado Sexto Penal Municipal de Cartagena (3 procesos); y (ii) con la
cédula de ciudadanía del accionante, se encuentran procesos a cargo del Juzgado
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena (3 procesos).
[23] La contestación de la Fiscal Seccional 2 de Cartagena se encuentra
a folios 136-139 ibídem.
[24] Se trata de los
relacionadas con los siguientes procesos penales: (i) el proceso No. 0107-2008,
con condena a 92 meses de prisión, proferida por el Juzgado 6º Penal Municipal
de Cartagena por el delito de hurto calificado agravado. El expediente fue
remitido por competencia a la ciudad de Bucaramanga, mediante oficio del 21 de
julio de 2001; y (ii) el proceso No. 1090-2010, con condena a 33
meses de prisión, del 25 de abril de 2003, proferida por el Juzgado 4º Penal
del Circuito de Cartagena. El 31 de marzo de 2011 fue remitido a la Bodega de
la Rama Judicial mediante oficio No. 527-11 por haberse decretado la extinción
de la pena Esto se prueba con el
oficio No. 0527-11 del 31 de marzo de 2010 mediante el cual el despacho remite
a la Oficina Judicial de Reparto de Cartagena, distintos expedientes por
haberse decretado la extinción de la pena de prisión. Dentro de los expedientes
enlistados se encuentra el de radicado número 1090-2010 (Folios 155-156,
ibídem).
[25] En sede de revisión el Juzgado allegó la misma información (Folios
91-93 Cuaderno de revisión).
[26] La contestación de la Fiscal Seccional 2 de Cartagena se encuentra
a folios 136-139 ibídem.
[27] Se presentan copias del expediente, incluida la decisión de
preclusión, en la cual se establece que no es posible adelantar el proceso en
contra del señor Juan Jiménez Díaz porque no fue debidamente identificado
(Folios 168-169 ibídem).
[28] La contestación del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Cartagena se encuentra a folios 172-183 ibídem.
[29] Al escrito se anexan las actuaciones
relacionadas con el proceso, que reposan en dicho juzgado, relativas a su
remisión a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de
Cartagena y las respuestas a las solicitudes presentadas por el accionante, en
las que le fue informado que éste fue remitido a los juzgados de ejecución de
penas y medidas de seguridad de Santander.
[30] Folios 226-237, ibídem.
[31] La contestación de la Policía Nacional se encuentra a folios 49-50
del Cuaderno de revisión.
[32] La entidad manifestó que a pesar de no
haber sido requerida por esta Corporación, en ejercicio de sus funciones de
organización, actualización y conservación de registros delictivos, se permitía
informar sobre los antecedentes penales del accionante.
Al escrito mencionado se anexó la impresión del certificado de antecedentes
generado por el sistema de la Policía Nacional, en el que se informa el
accionante “no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”.
[33] La contestación de la Policía Nacional se encuentra a folio 44 del
Cuaderno de revisión.
[34] La contestación del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bucaramanga se encuentra a folios 28-32 del Cuaderno de
revisión.
[35] La contestación de la Policía Nacional se encuentra a folios 37-40
del Cuaderno de revisión.
[36] Se trataba de las anotaciones producidas
por: (i) los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de San José
de Cúcuta, (ii) el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Bucaramanga, (iii) el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena, y (iv)
el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena.
[37] Al escrito mencionado la entidad anexó la
comunicación del Juzgado, mediante la cual se informa que todas las condenas
penales fueron acumuladas en uno solo caso, y que el condenado es el señor Juan
Alberto Jiménez Díaz, quien es indocumentado.
[38] Al escrito mencionado se anexó la impresión del certificado de
antecedentes generado por el sistema de la Procuraduría General de la Nación,
en el que se informa el accionante “no registra sanciones ni inhabilidades
vigentes”.
[39] La contestación de la Policía Nacional se encuentra a folios 33 y
51-56 del Cuaderno de revisión.
[40] Artículo 19. “Autoridad de Protección de Datos. La
Superintendencia de Industria y Comercio, a través de una Delegatura para la
Protección de Datos Personales, ejercerá la vigilancia para garantizar que en
el Tratamiento de datos personales se respeten los principios, derechos,
garantías y procedimientos previstos en la presente ley. (…)”
Artículo
21. “Funciones. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las
siguientes funciones:
a)
Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos
personales;
b)
Adelantar las investigaciones del caso, de oficio o a petición de parte y, como
resultado de ellas, ordenar las medidas que sean necesarias para hacer efectivo
el derecho de hábeas data. Para el efecto, siempre que se desconozca el
derecho, podrá disponer que se conceda el acceso y suministro de los datos, la
rectificación, actualización o supresión de los mismos;
c)
Disponer el bloqueo temporal de los datos cuando, de la solicitud y de las
pruebas aportadas por el Titular, se identifique un riesgo cierto de
vulneración de sus derechos fundamentales, y dicho bloqueo sea necesario para
protegerlos mientras se adopta una decisión definitiva;
(…)”
[41] Ver sentencias T-1015 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-780 de
2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[42] En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, se
estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo
complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común
garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia
con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2
Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que
desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las
mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones
de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos
dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
[43] Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo y T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[44] Vigente a partir del 18 de octubre de
2012, esto es, menos de un mes después de que el accionante hubiera elevado el
reclamo a la Procuraduría.
[45] Sentencia SU-961 de 1999; M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[46] M.P. Ciro Angarita Barón. El
accionante solicitaba ser eliminado de la Central de Información de la
Asociación Bancaria de Colombia en la que figuraba como deudor moroso del Banco
de Bogotá, a pesar de que un juzgado civil había declarado prescrita la
obligación. La Corte consideró que se había vulnerado los derechos a la
intimidad, a la libertad personal y a la dignidad del demandante, con el abuso
de la tecnología informática y del derecho a la información en razón a la
renuencia de la accionada para cancelar su nombre de la lista de deudores
morosos, a pesar de conocer la sentencia proferida por el juez civil.
[47] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[48] M.P. Ciro Angarita Barón.
[49]M.P. Ciro Angarita Barón.
[50] Sentencia T-022 de 1993.
[51] M.P. Jorge Arango Mejía.
[52] M.P. Fabio morón Díaz.
[53] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[54] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[55] M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[56] ARTICULO 277. “El Procurador General de la Nación, por sí o por
medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones:
1. Vigilar
el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los
actos administrativos.
(…)
5. Velar
por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas.
6. Ejercer
vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones
públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder
disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las
respectivas sanciones conforme a la ley.(…)”
[57] “Por la cual se dictan normas
tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan
disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa”.
[58] M.P. Jaime Araújo Rentería.
[59] En aquella oportunidad la Corte estudió si el término de vigencia
de los antecedentes por un lapso de 5 años previsto en el artículo 174 violaba
el derecho fundamental al hábeas data. En particular, esta Corporación
estableció que se trataba de un término de caducidad razonable.
[60] De conformidad con el artículo 3º de la Ley 1581 de 2012, es
responsable del tratamiento, la “[p]ersona natural o jurídica, pública o
privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos
y/o el Tratamiento de los datos.”
[61] Sobre el particular se pueden ver, entre otras, las sentencias T-1100
de 2004, T-093 de 2005, T-137 de 2005, T-753 de 2005, T-760 de 2005, T-780 de
2005, T-096 de 2006, T-442 de 2006, y T-431 de 2007.
[62] Sentencia T-1130 de 2008 (M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra) y T-170 de 2009 (M.P. Humberto Sierra Porto).
[63]Ver la sentencias T-699 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández);
T-170 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-634 de 2009 (M.P.
Mauricio González Cuervo).
[64]Ver Sentencia T-083 de 2010 M.P. Humberto Sierra
Porto.
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Las anotaciones de antecedentes penales ha conllevado a que el señor Juan
Alberto Jiménez Díaz vea frustradas sus aspiraciones a integrar la Junta
Directiva del ICBF, cargo al cual fue postulado por la asociación de padres de
familia del colegio en el que trabaja. Además, el no contar con datos claros
sobre su situación judicial, le ha acarreado una inestabilidad en su actual
trabajo.
[66] T-455/1998,
T-744/2002, T-177/2012 y T-653 de 2014.