C-939-08
-Proyecto de circulación restringida-
Sentencia
C-939/08
PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO DE COOPERACION JUDICIAL EN MATERIA
PENAL CON EL REINO DE ESPAÑA
TRATADO INTERNACIONAL-Suscripción del
Protocolo adicional al Convenio de Cooperación Judicial con el Reino de España
por el Fiscal General de la Nación en representación del Gobierno Nacional
Al Fiscal
General de la Nación Dr. Luis Camilo Osorio Isaza, le fueron conferidos por el
Presidente de la República plenos poderes para que en representación del
Gobierno Nacional procediera a la suscripción del mencionado Protocolo, y si
bien el citado funcionario no se encontraba dentro del catálogo de servidores
frente a los cuales el numeral 2° del artículo 7 de la Convención de Viena “sobre
el Derecho de los Tratados” presume que representan al Estado, fue necesario
conferir mediante un documento público dichos poderes, de conformidad con lo
previsto en el inciso a) del numeral 1° del mismo artículo de esta Convención.
Al respecto, esta norma dispone que: “(...) Para la adopción o la autenticación
del texto de un tratado, o para manifestar el consentimiento del Estado en
obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un
Estado: a.) Si presenta los adecuados plenos poderes; (...)”. Se entiende por plenos
poderes: “[el] documento que emana de la autoridad competente de un Estado y
por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en la
negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado, para
expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, o para ejecutar
otro acto con respeto a un tratado” (Artículo 2° de la Convención de Viena). Para
la Corte resulta indispensable realizar las siguientes precisiones sobre los
plenos poderes que le fueron conferidos al Dr. Luis Camilo Osorio por parte del
Presidente de la República para la suscripción del Protocolo Adicional al
Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre la República de
Colombia y el Reino de España: De un lado, se advierte que los poderes fueron
otorgados de acuerdo a las normas del Derecho internacional Público,
exclusivamente, para la suscripción del Protocolo Adicional y en ese sentido el
Dr. Osorio, no obró como Fiscal General de la República, sino como persona
habilitada por el Presidente para la suscripción del instrumento internacional
bajo estudió, de ahí que su actuar estuvo limitado a los estrictos márgenes
determinados por la Presidencia de la República, sin que ello genere reproche
constitucional o legal alguno.
TRATADO INTERNACIONAL-Aprobación
presidencial ratifica los poderes otorgados para la suscripción del Protocolo
adicional
La Corte
observa que los plenos poderes otorgados al Dr. Osorio fueron ratificados por
los actos posteriores del Presidente de la República quien tiene la
representación permanente del Estado y en lo que tiene que ver con la
aprobación presidencial de la Convención, se tiene que el Presidente de la
República cumplió con este requisito y ordenó la remisión del texto
correspondiente al Congreso, con el fin que fuera discutido y aprobado.
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite y particularidades
La
Constitución Política no dispone de un procedimiento legislativo especial para
la expedición de una ley aprobatoria de un tratado internacional, por este
motivo, debe seguir el mismo trámite que una ley ordinaria, salvo las
obligaciones de (i) iniciación del debate en el Senado de la República, por
tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales, y (ii) remisión de
la ley aprobada a la Corte Constitucional, por parte del Gobierno, para efectos
de su revisión definitiva. En razón de su trámite ordinario, se requiere: (i)
la publicación oficial del proyecto de ley; (ii) el inicio del procedimiento
legislativo en la comisión constitucional correspondiente del Senado de la
República; (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y
plenarias de cada una de las cámaras; (iv) que entre el primer y segundo debate
medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la aprobación del proyecto
en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurran por lo
menos quince días; (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada
uno de los debates; y (vi) la sanción presidencial y la remisión del texto a la
Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes. La Corte concluye que
para el asunto bajo examen resultan acreditados los requisitos propios del
trámite de las leyes ordinarias, razones por las que no existe defecto alguno
en cuanto al análisis formal.
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento
TRATADOS DE COOPERACION JUDICIAL EN MATERIA PENAL-Constitucionalidad
La jurisprudencia de esta Corporación se ha pronunciado sobre la
naturaleza de este tipo de acuerdos y ha indicado que estos instrumentos
internacionales se encuentran enmarcados en las dinámicas contemporáneas del
derecho internacional, según las cuáles éste debe ser un instrumento facilitador
para la prevención, control y represión de las distintas formas de delincuencia
en el hemisferio, a través del fortalecimiento de los mecanismos de cooperación
judicial y de asistencia mutua en materia penal, así como en la coordinación de
acciones y ejecución de programas que permitan alcanzar dicho objetivo, con la
debida observancia de las normas constitucionales, legales y administrativas de
cada régimen interno y el respeto a los principios generales del derecho
internacional.
PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO DE COOPERACION JUDICIAL EN MATERIA
PENAL CON EL REINO DE ESPAÑA-Propósito
El Protocolo
Adicional al Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre la
República de Colombia y el Reino de España, es un instrumento internacional
diseñado con el fin de complementar las disposiciones y facilitar la aplicación
entre el Reino de España y la República de Colombia, del Convenio de
Cooperación Judicial en Materia Penal de 29 de mayo de 1997, sin perjuicio de
acuerdos multilaterales que sobre dicha materia hayan sido ratificados por las
Partes. Su ámbito de aplicación está delimitado a las solicitudes de asistencia
judicial que cursen entre las partes, cuya finalidad sea la investigación y
represión penal del terrorismo, tráfico de estupefacientes, de insumos
químicos, lavado de dinero y blanqueo de capitales, delitos cometidos por una
organización delictiva y delitos conexos.
PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO DE COOPERACION JUDICIAL EN MATERIA
PENAL CON EL REINO DE ESPAÑA-Aplicación sujeta a
límites del principio de legalidad
Si bien el
instrumento internacional define, lo que para efectos del instrumento,
significan las expresiones terrorismo, organización delictiva y tráfico de
sustancias estupefacientes y de insumos para su elaboración, la aplicación de
esta disposición debe estar sujeta, a los estrictos límites del principio de
legalidad, proscribiendo de antemano la ambigüedad e indeterminación en su uso
por parte de los operadores jurídicos, respetando siempre los criterios de
tipicidad, antijuridicidad y proporcionalidad, por lo que, la Corte juzga que
el enunciado referido a la definición de terrorismo a que hace referencia el
Protocolo se considera exequible bajo el presupuesto de que el concepto de
terrorismo debe entenderse en la forma como está tipificado en la legislación
interna colombiana o pueda llegar a estarlo y su definición se aplique
respetando de forma estricta el principio de legalidad. De tal manera que si la
definición empleada en nuestro ordenamiento jurídico está acorde con la
Constitución la aplicación de esta disposición del instrumento no tendrá reparo
de constitucionalidad.
PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO DE COOPERACION JUDICIAL EN MATERIA
PENAL CON EL REINO DE ESPAÑA-Constitucionalidad
Revisadas las disposiciones contenidas en el Protocolo Adicional, se
tiene que éstas se ajustan a la Carta Política, en la medida en que diseñan,
regulan y establecen procedimientos que hacen operativo el Convenio de
Cooperación Judicial en materia Penal entre la República de Colombia y el Reino
de España, suscrito en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D. C., el veintinueve
(29) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997) aprobado mediante la Ley
451 de 1998, cuya constitucionalidad fue analizada en la sentencia C-187 de
1999. La Corte encuentra que los postulados de este Protocolo Adicional
constituyen una herramienta útil de cooperación y asistencia judicial que
respeta los estándares constitucionales referidos al debido proceso
establecidos en nuestro texto constitucional.
Referencia: expediente LAT-320
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1179 del 31 de diciembre de
2007, “por medio de la cual se aprueba el
‘Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre
la República de Colombia y el Reino de España, de 29 de mayo de 1997’, suscrito
en Madrid, a doce (12) de julio de dos mil cinco (2005).”
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C.,
primero  (1º) de octubre de dos mil ocho (2008).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 10, de la
Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados
en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del
proceso de revisión de la Ley 1179 del 31 de diciembre
de 2007, ‘por medio de la cual se aprueba el
“Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre
la República de Colombia y el Reino de España, de 29 de mayo de 1997’, suscrito
en Madrid, a doce (12) de julio de dos mil cinco (2005).”
I. TEXTO DE LA
NORMA.
La ley objeto
de análisis, cuya publicación se efectuó en el Diario Oficial 46.858 del 31 de diciembre de
2007, es la siguiente:
“LEY 1179 DE 2007
(diciembre 31)
por medio de la cual se aprueba el
“Protocolo adicional al Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre
la República de Colombia y el Reino de España, de 29 de mayo de 1997”, suscrito
en Madrid, a doce (12) de julio de dos mil cinco (2005).
El Congreso de Colombia
Visto el texto de los “Protocolo adicional
al Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre la República de Colombia
y el Reino de España, de 29 de mayo de 1997”, suscrito en Madrid, a doce (12)
de julio de dos mil cinco (2005), que a la letra dice:
(Para ser trascrito: Se adjunta fotocopia
del texto íntegro del Instrumento Internacional mencionado).
PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO DE
COOPERACION JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL REINO
DE ESPAÑA, DE 29 DE MAYO DE 1997.
La República de Colombia y el Reino de
España, en adelante las Partes,
Destacando la importancia de actualizar el Convenio de
Cooperación Judicial en Materia Penal celebrado entre el Reino de España y la
República de Colombia de 1997, tendiente al desarrollo de nuevas formas de
cooperación judicial.
Resaltando el memorándum de entendimiento suscrito en Cartagena
de Indias el 29 de Octubre de 2004 por el Ministro de Justicia de España y el
Fiscal General de la Nación de la República de Colombia, así como la
constitución, en la misma fecha, de la Red Iberoamericana de Cooperación
Judicial (IberRed).
Expresando su confianza en la estructura y el funcionamiento de
sus respectivos sistemas jurídicos y en la capacidad de garantizar un juicio
justo
Señalando el interés común de asegurar que la asistencia
judicial entre las Partes se lleve a cabo de manera oportuna y de forma
compatible con los principios fundamentales de sus ordenamientos jurídicos
internos y respetando los derechos reconocidos a todas las personas.
Conscientes de la necesidad de mejorar y perfeccionar los
mecanismos tradicionales de asistencia judicial internacional para enfrentar de
forma eficaz la criminalidad organizada, especialmente el terrorismo y el
tráfico ilegal de estupefacientes y de insumos químicos para elaboración de
sustancias que produzcan dependencia.
Considerando que la cooperación internacional constituye una
herramienta eficaz para enfrentar la delincuencia en cualquiera de sus
manifestaciones.
En observancia de las normas
constitucionales, legales y administrativas de las Partes, así como el respeto
a los principios de Derecho Internacional, de soberanía e integridad
territorial,
Han convenido:
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1°. Relación con otros
convenios de asistencia judicial.
El presente Protocolo tiene por objeto
complementar las disposiciones y facilitar la aplicación entre el Reino de
España y la República de Colombia, del Convenio de Cooperación Judicial en
Materia Penal de 29 de mayo de 1997, sin perjuicio de acuerdos multilaterales
que sobre dicha materia hayan sido ratificados por las Partes.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación.
1. El presente Protocolo será aplicable
exclusivamente a las solicitudes de asistencia judicial que se cursen entre las
Partes, cuya finalidad sea la investigación y represión penal del terrorismo,
tráfico de sustancias estupefacientes, de insumos químicos, lavado de dinero y
blanqueo de capitales, delitos cometidos por una organización delictiva y
delitos conexos.
2. A efectos del presente Protocolo, se
entenderá por terrorismo, las conductas tipificadas como tales en los
ordenamientos jurídicos internos de cada una de las Partes, así como aquellas
conductas contempladas como actos terroristas, en instrumentos internacionales
vigentes para ambas Partes.
3. A efectos del presente Protocolo, se
entenderá por “organización delictiva” una asociación estructurada de más de
dos personas, establecida durante un cierto periodo de tiempo, y que actúe de
manera concertada con el fin de cometer delitos, con independencia de que esos
delitos constituyan un fin en sí mismos o un medio de obtener beneficios
patrimoniales y, en su caso, de influir de manera indebida en el funcionamiento
de la autoridad pública.
4. A efectos del presente Protocolo se
entenderá por delitos de tráfico de sustancias estupefacientes y de insumos
para su elaboración, las conductas tipificadas como tales en los ordenamientos
jurídicos internos de cada una de las Partes, así como las conductas
tipificadas como tales en instrumentos internacionales vigentes para ambas
Partes.
Artículo 3°. Trámites y procedimientos
para la ejecución de las solicitudes de asistencia judicial.
1. En los casos en los que se conceda la
asistencia judicial, la Parte requerida cumplirá la asistencia de acuerdo con
las formas y requisitos especiales indicados en la solicitud, a menos que sean
incompatibles con el presente Protocolo o con su ordenamiento jurídico fundamental.
2. La Parte requerida ejecutará la
solicitud de asistencia a la brevedad posible teniendo en cuenta los plazos
procedimentales indicados por la Parte requirente.
3. Si la solicitud no puede ejecutarse
total o parcialmente, la Parte requerida deberá informar de ello a la Parte
requirente, indicando además los términos en los que puede ser cumplida la
asistencia.
Artículo 4°. Intercambio espontáneo de
información.
1. Con las limitaciones impuestas por el
derecho interno, las autoridades competentes de ambas Partes podrán suministrar
información, sin que medie solicitud alguna al respecto, acerca de infracciones
penales y de infracciones de disposiciones legales, que razonablemente se
entienda puedan ser perseguidas por la Parte receptora.
2. La autoridad que proporcione la
información podrá imponer condiciones a la utilización de la información por la
autoridad receptora, de conformidad con su derecho interno.
CAPITULO II
Formas específicas de asistencia judicial
Artículo 5°. Protección de testigos y
peritos en investigaciones y causas penales.
1. Con las limitaciones impuestas por el
derecho interno y cuando exista acuerdo en tal sentido entre las autoridades
competentes de ambas Partes, una persona que haya sido incorporada por la
autoridad nacional competente como testigo o perito protegido en una investigación
o una causa penal, podrá ser admitida en los programas de protección de
testigos y peritos de la otra Parte.
2. El traslado y sostenimiento del
protegido, será acordado entre las autoridades competentes a través de las
autoridades centrales.
Artículo 6°. Utilización de medios
técnicos.
1. Cuando una persona que se halle en el
territorio de una de las dos Partes deba ser oída como testigo o perito por las
autoridades judiciales de la otra Parte, esta última, en caso de que no sea
oportuno o posible que la persona a la que se deba oír comparezca personalmente
en su territorio, podrá utilizar los medios que la tecnología ofrezca y con los
que cuente cada Parte, a efecto de lograr el fin propuesto por la asistencia
judicial.
2. Si la Parte requerida no dispone de los
medios técnicos necesarios para una videoconferencia, la Parte requirente podrá
ponerlos a su disposición, previo acuerdo.
3. La audición por videoconferencia se
regirá por las siguientes disposiciones:
a) Durante la audición estará presente una
autoridad judicial de la Parte requerida, responsable de identificar a la
persona que deba ser oída y de velar por el respeto de los principios
fundamentales del derecho interno de la Parte requerida. De ser necesario
contará con la asistencia de un intérprete.
Cuando la autoridad judicial de la Parte
requerida considere que durante la audición se están infringiendo los
principios fundamentales de su ordenamiento interno, adoptará inmediatamente
las medidas necesarias para garantizar la continuación de la audición de
conformidad con los citados principios;
b) Las autoridades competentes de las
Partes convendrán, cuando sea necesario, en la adopción de medidas para la
protección de la persona que deba ser oída;
c) La audición será efectuada directamente
por la autoridad judicial de la Parte requirente o bajo su dirección, con
arreglo a su ordenamiento interno.
4. Sin perjuicio de las medidas acordadas
para la protección de las personas, finalizada la audición, la autoridad
judicial de la Parte requerida levantará acta de la declaración, indicando la
fecha y lugar de la audición, la identidad de la persona oída, la identidad y
calidad de cualesquiera otras personas de la Parte requerida que hayan
participado en la audición, las prestaciones de juramento, en su caso, y las
condiciones técnicas en las que se haya tomado la declaración. La autoridad
competente de la Parte requerida transmitirá dicho documento a la autoridad
competente de la Parte requirente.
5. Las autoridades centrales acordarán
previamente las condiciones en que se asumirán los costos de la
videoconferencia.
6. Las Partes podrán, si lo consideran
oportuno, aplicar igualmente las disposiciones del presente artículo, cuando
sea apropiado y con el acuerdo de sus autoridades competentes, a la audición
por videoconferencia de un acusado. En este caso, la decisión de mantener la
videoconferencia y la forma en que ésta se lleve a cabo, estarán supeditadas al
acuerdo de las Partes de conformidad con su derecho interno y con los
correspondientes instrumentos internacionales.
Artículo 7°. Entregas vigiladas.
1. Las Partes se comprometerán a permitir
en sus territorios, en la medida que lo permita su ordenamiento jurídico
fundamental, y a petición de la otra Parte, entregas vigiladas en el marco de
investigaciones penales.
2. La decisión relativa a la realización de
entregas vigiladas la tomará en cada caso la autoridad competente de la Parte
requerida, en virtud de su ordenamiento interno.
3. Las entregas vigiladas se efectuarán de
conformidad con los procedimientos vigentes en la Parte requerida. La
competencia de actuación, así como la dirección y el control de las
operaciones, recaerá en las autoridades competentes de dicha Parte.
Artículo 8°. Equipos conjuntos de
investigación.
1. Las autoridades competentes de ambas
Partes podrán, de acuerdo a su ordenamiento jurídico fundamental, integrar
comisiones de investigación con un fin determinado y por un período
establecido, que podrá ampliarse con el consentimiento de ambas, para llevar a
cabo investigaciones penales en el territorio de una de ellas. La composición
del equipo se determinará en el acuerdo de constitución del mismo. Podrán
crearse equipos conjuntos de investigación en los siguientes casos:
a) Cuando la investigación de infracciones
penales que adelante una Parte, revista complejidad y afecte también a la otra;
b) Cuando se realicen investigaciones sobre
infracciones penales que, debido a las circunstancias del caso, requieran una
actuación coordinada y concertada. Cualquiera de las dos Partes podrá formular
una solicitud de creación de un equipo conjunto de investigación. El equipo se
creará en el territorio de una de las Partes en donde se prevea efectuar la
investigación.
2. El equipo conjunto de investigación
actuará en el territorio de ambas Partes, con arreglo a las siguientes
condiciones generales:
a) Estará dirigido por un representante de
la autoridad competente que participe en la investigación penal de la Parte en
la que actúe el equipo. El jefe del equipo actuará dentro de los límites de las
competencias que tenga atribuidas con arreglo al ordenamiento jurídico interno;
b) El equipo actuará de conformidad con el
ordenamiento jurídico interno de la Parte en la que se esté llevando a cabo la
investigación. Sus miembros realizarán la labor bajo la dirección del jefe
designado, teniendo en cuenta las condiciones establecidas por sus propias
autoridades en el acuerdo de constitución del equipo.
3. Los integrantes del equipo conjunto de
investigación, tendrán derecho a estar presentes cuando se tomen medidas de
investigación en el territorio donde esté actuando el equipo. No obstante, por
razones específicas y con arreglo al ordenamiento jurídico interno de la Parte
en la que actúe el equipo, el jefe del mismo podrá decidir lo contrario.
4. De conformidad con el ordenamiento
jurídico interno de la Parte en la que actúe el equipo conjunto de
investigación, el jefe del mismo podrá encomendar a las personas destinadas a
él, la ejecución de determinadas medidas de investigación, cuando así lo
aprueben las autoridades competentes de ambas Partes.
5. Cuando el equipo conjunto de
investigación necesite que se tomen medidas de investigación en el territorio
de la Parte donde no esté actuando, los miembros destinados al mismo, podrán
pedir a sus propias autoridades competentes que tomen tales medidas. Estas
medidas se examinarán en las mismas condiciones en que serían solicitadas en el
marco de una investigación nacional.
6. Cuando el equipo conjunto de
investigación necesite ayuda de un tercer Estado, que no haya participado en la
creación del equipo, las autoridades competentes de la Parte en la que actúe el
equipo, podrán formular la petición de ayuda a las autoridades competentes del
tercer Estado afectado, de conformidad con los instrumentos o disposiciones
aplicables, informando sobre esta situación a la otra Parte.
7. La información que obtenga legalmente un
miembro de un equipo conjunto de investigación y a la que no tengan acceso de
otro modo las autoridades competentes de la otra Parte, podrá utilizarse para
los siguientes fines:
a) Para los fines para los que se haya
creado el equipo;
b) Para su uso, condicionado a la
autorización previa de la Parte en que se haya obtenido la información, para
descubrir, investigar y enjuiciar otras infracciones penales. Dicha
autorización podrá denegarse únicamente en los casos en que esta utilización
ponga en peligro las investigaciones penales de la otra Parte;
c) Para evitar una amenaza inmediata y grave
para la seguridad pública, y sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b), si
ulteriormente se iniciara una investigación penal;
d) Las autoridades competentes de ambas
Partes, tendrán acceso inmediato a la información que obtengan los equipos
conjuntos, la cual deberá ser tratada de manera reservada. El jefe del equipo
velará por el cumplimiento de esta obligación.
8. Las Partes velarán por la seguridad e
integridad de los miembros de los equipos conjuntos de investigación que se
constituyan de conformidad con este artículo.
Artículo 9°. Operaciones encubiertas.
1. Las Partes, en la medida que lo permita
su ordenamiento jurídico fundamental, podrán convenir en colaborar para la
realización de investigaciones de actividades delictivas por parte de agentes
que actúen infiltrados o con una identidad falsa.
2. La decisión sobre la solicitud, duración
de la investigación encubierta, condiciones concretas y régimen jurídico de los
agentes, la tomarán en cada caso las autoridades competentes de la Parte
requerida ateniéndose a lo dispuesto en su ordenamiento jurídico fundamental.
3. Las investigaciones encubiertas se
realizarán de conformidad con el derecho y los procedimientos de la Parte en
cuyo territorio se realicen.
4. Las Partes colaborarán para garantizar
la preparación y supervisión de la investigación encubierta y la adopción de
medidas de seguridad de los agentes que actúen de manera encubierta o con
identidad falsa.
Artículo 10. Responsabilidad penal en
relación con los funcionarios.
Durante las operaciones contempladas en los
artículos 7°, 8° y 9° del presente Protocolo, los funcionarios procedentes de
autoridades de la Parte que no sea aquella en el que se desarrolla la
operación, se asimilarán a los funcionarios de esta última, en lo relativo a
las infracciones en las que pudieran incurrir.
Artículo 11. Responsabilidad civil en
relación con los funcionarios.
1. La Parte en cuyo territorio se causaren
daños y perjuicios por los miembros de un equipo conjunto en el desarrollo de
sus cometidos, asumirá la reparación de los mismos.
2. La Parte cuyos funcionarios hubieren
causado daños y perjuicios en el territorio de la otra restituirá íntegramente
a esta última los importes que hubiera abonado.
CAPITULO III
Artículo 12. Protección de datos de
carácter personal.
1. Los datos de carácter personal
comunicados con arreglo al presente Protocolo podrán ser utilizados por la
Parte al que se hayan transmitido:
a) Para los procedimientos a los que se
aplica el presente Protocolo;
b) Para otros procedimientos judiciales y
administrativos directamente relacionados con los procedimientos a que se
refiere la letra a);
c) Para prevenir una amenaza inmediata y
grave para la seguridad pública;
d) Para cualquier otra finalidad,
únicamente previa autorización de la Parte transmisora, a menos que la otra
parte haya obtenido el consentimiento de la persona interesada.
2. El presente artículo se aplicará
igualmente a los datos personales que no hayan sido comunicados pero que se
hayan obtenido de otra manera con arreglo al presente Protocolo.
3. Según las circunstancias de cada caso
particular, la Parte transmisora podrá exigir a la otra Parte a la que haya
transmitido los datos de carácter personal, que facilite información sobre la
utilización que se haya hecho de ellos.
4. En los casos en que se hayan impuesto
condiciones a la utilización de los datos personales, prevalecerán dichas
condiciones.
5. El presente artículo no se aplicará a
los datos personales obtenidos por una Parte con arreglo al presente Convenio y
que tengan su origen en dicha Parte.
CAPITULO IV
Artículo 13. Mecanismos para facilitar
la cooperación Judicial en Materia Penal.
Las Partes cooperarán adicionalmente a
través de las siguientes modalidades:
1. Intercambio de experiencias
jurídico-científicas en materia de investigación criminal, terrorismo, tráfico
de estupefacientes, tráfico de insumos químicos, lavado de dinero, y blanqueo
de capitales, delincuencia organizada y delitos conexos.
2. Intercambio de publicaciones
relacionadas con modificaciones introducidas a sus sistemas judiciales y nuevos
criterios jurisprudenciales en las áreas que abarca el presente instrumento.
3. Organización de jornadas académicas con
participación de fiscales, jueces, magistrados y demás servidores de las entidades
encargadas de la investigación y juzgamiento de conductas punibles.
4. Programas de cooperación para la
asistencia a víctimas.
Para la realización de las actividades y
encuentros previstos en este Protocolo, las autoridades centrales acordarán la
metodología que se utilizará en cada uno de ellos, así como también, la
duración de los mismos y el número de participantes.
CAPITULO V
Artículo 14. Entrada en vigor y
duración.
1. El presente Protocolo entrará en vigor
el primer día del segundo mes después del canje de los Instrumentos de
Ratificación.
2. El presente Protocolo permanecerá en
vigor mientras lo esté el Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal
entre la República de Colombia y el Reino de España, de 29 de mayo de 1997.
3. El presente Protocolo podrá ser
denunciado por cualquiera de las Partes en cualquier momento, de manera
independiente al Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre las
República de Colombia y el Reino de España de 29 de mayo de 1997, mediante Nota
Diplomática, la cual surtirá efectos seis meses después de la fecha de
recepción por la otra Parte. La denuncia no afectará las solicitudes de
asistencia en curso.
Suscrito en Madrid, a 12 de julio de dos
mil cinco en dos ejemplares en idioma español, siendo ambos textos igualmente
válidos y auténticos.
Por la República de Colombia,
Luis Camilo Osorio,
Fiscal General.
Por el Reino de España,
Juan Fernando López Aguilar,
Ministro de Justicia.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
Presidencia de la República
Bogotá, D. C., 18 de noviembre de 2005.
Aprobado. Sométase a la consideración del
honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Carolina Barco Isakson.
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el “Protocolo
Adicional al Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre la
República de Colombia y el Reino de España, de 29 de mayo de 1997”, suscrito en
Madrid, a doce (12) de julio de dos mil cinco (2005).
Artículo 2°. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 ° de la Ley 7ª de 1944, el “Protocolo adicional al
Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre la República de
Colombia y el Reino de España, de 29 de mayo de 1997”, suscrito en Madrid, a
doce (12) de julio de dos mil cinco (2005), que por el artículo 1° de esta ley
se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el
vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir
de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los…
Presentado al honorable Congreso de la
República por la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro del Interior y
de Justicia.
La Ministra de Relaciones Exteriores,
Carolina Barco Isakson.
El Ministro del Interior y de Justicia,
Sabas Pretelt de la Vega.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 18 de noviembre de 2005.
Aprobado. Sométase a la consideración del
honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Carolina Barco Isakson.
Artículo 1°. Apruébase el “Protocolo
adicional al Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre la
República de Colombia y el Reino de España, de 29 de mayo de 1997”, suscrito en
Madrid, a doce (12) de julio de dos mil cinco (2005).
Artículo 2°. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Protocolo adicional al
Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre la República de Colombia
y el Reino de España, de 29 de mayo de 1997”, suscrito en Madrid, a doce (12)
de julio de dos mil cinco (2005), que por el artículo 1° de esta ley se
aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto del mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir
de la fecha de su publicación.
La Presidenta del honorable Senado de la
República,
Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda.
El Secretario General del Senado de la
República,
Emilio Ramón Otero Dajud.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
Oscar Arboleda Palacio.
El Secretario General de la honorable
Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte
Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de diciembre de
2007.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,
Carlos Holguín Sardi.
El Ministro de Relaciones Exteriores,
Fernando Araújo Perdomo.
II.
INTERVENCIONES
2.1. Ministerio
del Interior y de Justicia.
El ciudadano
Fernando Gómez Mejía, Director de Ordenamiento Jurídico del Ministerio de
Interior y de Justicia, presentó escrito justificativo de la constitucionalidad
de la Ley 1179/07.
En primer
término, luego de describir los aspectos centrales del procedimiento que
precedió a la expedición de la norma objeto de examen, concluye que ese trámite
cumplió con las condiciones de iniciativa, publicación, anuncios previos,
discusión y votación del proyecto, tanto en las comisiones como en las
plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes, al igual que la sanción
presidencial.  Por lo tanto, resultan acreditados los requisitos que exigen la
Constitución y la Ley 5ª de 1992, para la aprobación de las leyes ordinarias.
Respecto al
contenido material del Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación Judicial
en Materia Penal entre la República de Colombia y el Reino de España, en
adelante, el Protocolo, el Ministerio interviniente parte de considerar que las
normas contenidas en él se enmarcan dentro de las herramientas de cooperación
internacional para la investigación y sanción del delito, implementadas con
mayor fuerza luego de la reforma del sistema penal derivada del Acto Legislativo
03 de 2002 y desarrollada por la Ley 906/04.
El Ministerio
destaca que estas reformas constitucionales y legales han redundado en el
establecimiento de mecanismos eficaces para (i) el comiso de los bienes
y recursos del penalmente responsable que provengan o sean producto directo o
indirecto del delito; (ii) el ejercicio de actividades encubiertas y de
uso de los instrumentos electrónicos para el acopio de información; (iii) la
imposición de la medida de aseguramiento para delitos investigables de oficio
con una pena mayor a cuatro años; (iv) la improcedencia del principio de
oportunidad en los crímenes de guerra, de lesa humanidad, las infracciones al
DIH, el narcotráfico y el terrorismo; (v) la eficacia de los requerimientos
de personas emitidos por los canales de la Organización Internacional de Policía
Criminal – INTERPOL; y (vi) la participación de la Fiscalía en
comisiones multilaterales para la investigación de los delitos transnacionales.
Para el
interviniente, es a la luz del cumplimiento de estos objetivos que Colombia y
España ampliaron, a través del Protocolo, el ámbito de cooperación judicial. En
especial, se plantearon nuevos instrumentos, como los equipos conjuntos de
investigación, las entregas vigiladas y operaciones encubiertas; todos ellos
previstos en la Convención de Palermo contra la Delincuencia Transnacional,
instrumento suscrito y ratificado por Colombia.
A juicio del
Ministerio, el Protocolo se muestra ajustado a la Constitución, en tanto incorpora
al ordenamiento jurídico colombiano un grupo de mecanismos que se muestran
compatibles con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, previstos
en el artículo 2 C.P. Del mismo modo, las disposiciones del instrumento se
ajustan al artículo 9º C.P. pues reconocen la vigencia del principio de
soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y la garantía de las
normas internas respecto de la ejecución de los actos propios de la cooperación
internacional.
2.2. Fiscalía
General de la Nación.
El Fiscal
General de la Nación presentó ante la Corte escrito justificativo de la
constitucionalidad del Protocolo y de su ley aprobatoria. Para sustentar su
posición, señala que el contenido del Protocolo profundiza los objetivos que
habían sido dispuestos por el Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal
entre Colombia y España, contenido en la Ley 451 de 1998 y declarada exequible
por la Corte en la sentencia C-187/98.  En ese sentido, de lo que se trata es
poner en concordancia a ese tratado con las nuevas formas del delito
internacional, de modo que las herramientas de cooperación internacional para
su investigación y sanción se mantengan vigentes.
Conforme a lo
anterior, para el interviniente resulta acertado concluir que el Protocolo es
enteramente compatible con las normas constitucionales.  Ello en tanto sus
mecanismos (i) no afectan la soberanía del Estado en el ejercicio del ius
puniendi; (ii) están subordinados a la aplicación de las disposiciones
del derecho interno; y (iii) concurren en el cumplimiento de los fines
estatales de investigación y sanción de los delitos transnacionales, en
especial el narcotráfico, el lavado de activos y el terrorismo.
2.3.
Universidad del Rosario.
Alejandro
Venegas Franco, Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del
Rosario, intervino en el presente proceso, con el fin de defender la
constitucionalidad del Protocolo.
De manera
similar a los demás intervinientes, la Universidad advierte que el tratado
tiene por objeto actualizar el Convenio de Cooperación en Materia Penal
preexistente, respecto de las nuevas modalidades de delito transnacional.  Así,
en tanto los instrumentos primigenios de asistencia entre Colombia y España
fueron declarados constitucionales por este Tribunal, es ese el precedente
aplicable en el presente análisis.
De otro lado,
pone de presente como el Protocolo se asienta en los criterios expuestos por la
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en la Resolución 112 de
1998, que fijó el Tratado Modelo de Asistencia Recíproca en Asuntos Penales,
incorporado al ordenamiento jurídico nacional y declarado exequible por la
sentencia C-187/99. Para el interviniente, disposiciones de esta naturaleza
permiten la eficacia de los instrumentos de cooperación internacional, a la vez
que garantizan la integridad de la soberanía de los Estados y de sus regímenes
jurídico-penales.
No obstante,
considera que la Corte debe establecer algunas precisiones, relacionadas con
aspectos específicos del Protocolo.  En cuanto al artículo 2º, considera que la
expresión “delitos conexos”, debe ser complementada con “a los anteriores”, “pues
la expresión delitos conexos es demasiado amplia y podrá extenderse a cualquier
delito”.  Adicionalmente, advierte que resulta “fundamental incluir
también a las formas de colaboración del terrorismo dentro de la definición de
terrorismo”.  De otro lado, sostiene que en relación con el artículo 4º, “la
alusión a la infracción de disposiciones legales que razonablemente puedan ser
perseguidas por la Parte receptora es demasiado amplia.  Allí podrían incluirse
infracciones civiles (incumplimientos), de familia (en relación con alimentos y
custodias), tributarias (impago de impuestos), administrativas (incumplimiento
de un contrato), materias que no tiene en principio ninguna relación con el
objeto del tratado que es la colaboración en materia penal.”
III. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
El Procurador
General de la Nación, en ejercicio de las competencias previstas en el 242-2 y
278 de la Constitución Política, presentó concepto dentro del trámite de la
referencia, en el que solicita a la Corte que declare la exequibilidad del
Protocolo Adicional y de su ley aprobatoria.
En cuanto al
procedimiento legislativo y luego de hacer un análisis detallado de cada una de
las etapas del trámite, el Ministerio Público concluyó que se cumplió con la exigencia constitucional del
párrafo primero del artículo 160.  Así, entre el primero y segundo debate en
cada una de las cámaras transcurrió un tiempo no inferior a ocho días, así: la
aprobación en primer debate en la Comisión Segunda del Senado tuvo lugar el 31
de octubre de 2006, mientras que la aprobación en la Plenaria ocurrió el 13 de
diciembre del mismo año.  Igualmente, constató que la aprobación en primer
debate en la Comisión Segunda de la Cámara tuvo lugar el 4 de septiembre de
2007, mientras que la aprobación en segundo debate en la Plenaria se dio el 11
de diciembre de 2007. De otro lado, entre la aprobación del proyecto en el
Senado (13 de diciembre de 2006) y la iniciación del debate en la Cámara de
Representantes (4 de septiembre de 2007) transcurrió un lapso no inferior a los
quince días.  Para cada una de estas etapas se efectuaron correctamente los
anuncios de que trata el inciso final del artículo 160 C.P.
Agregó que el 31
de diciembre de 2007, el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria
del instrumento internacional objeto de examen, convirtiéndose en la Ley 1179
de 2007. A su vez, el texto de la ley fue remitido por la Secretaría Jurídica
de la Presidencia de la República a la Corte Constitucional, el 11 de enero de
2008, por lo que se hizo dentro del término de seis (6) días señalados por el
artículo 241, numeral 10, de la Constitución, teniendo en cuenta que la
vacancia judicial tuvo lugar desde el 19 de diciembre de 2007 hasta el 10 de
enero de 2008.
En lo relativo a
la constitucionalidad de la materia del Protocolo, la Vista Fiscal estipuló
que, en relación con el preámbulo y los artículos 1º a 4º del instrumento,
debía resaltarse que la finalidad del tratado es actualizar el contenido del
Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre la República de
Colombia y el Reino de España, celebrado en 1997.  En el mismo sentido el
artículo 1º señala que el objeto del Protocolo es complementar las
disposiciones del mencionado Convenio y facilitar su aplicación. Lo anterior
resulta, a juicio del Procurador General, perfectamente compatible con la
Carta, pues lo que pretende el presente instrumento internacional es poner al
día el Convenio original para hacerle frente a las nuevas y complejas
modalidades que utiliza la criminalidad organizada. Adicionalmente debe tenerse
en cuenta que, como lo resaltan los intervinientes, el Convenio de Cooperación
Judicial en Materia Penal entre la República de Colombia y el Reino de España,
fue incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante la ley 451 de 1998
cuya constitucionalidad fue declarada mediante sentencia C-187/99.
En cuanto al
artículo 2, éste señala el ámbito de aplicación del Protocolo restringiéndolo a
las solicitudes de asistencia judicial cuya finalidad sea la investigación y
represión penal de los delitos de terrorismo, tráfico de sustancias
estupefacientes, de insumos químicos, lavado de dinero y blanqueo de capitales
y a delitos cometidos por una organización delictiva y conexos. El Ministerio
Público observa que la norma limita la aplicación del Protocolo a la
investigación de unos delitos, los de carácter transnacional. Adicionalmente en
los numerales 2, 3 y 4 de la norma se fija el contenido de cada conducta
delictiva,  lo que resulta acorde con la Constitución toda vez que facilita la
interpretación del Protocolo.
El artículo 3
señala el procedimiento para el cumplimiento de las solicitudes de asistencia,
siempre conforme al ordenamiento jurídico de los Estados Parte.  A su vez, el
artículo 4 alude al intercambio de información entre las autoridades
competentes de los Estados Parte, pero circunscribe el manejo de dicha
información a que ésta verse sobre infracciones penales e infracciones a las
disposiciones legales. Además se establece que la utilización de dicha
información estará sometida a unas condiciones y a las limitaciones impuestas
por el derecho interno, se entiende entonces que, en el caso colombiano, habrá
de tenerse en cuenta el contenido de la ley sobre hábeas data y la
jurisprudencia sobre la materia. Lo mismo puede predicarse respecto del
artículo 12 (capítulo III) del Protocolo sobre protección de datos de carácter
personal, por lo que esta disposición también debe declararse exequible.
De otro lado, en
cuanto a los artículos 5 a 11 del Protocolo, que regulan las formas específicas
de asistencia judicial, el Procurador General no encuentra vicio alguno en su
constitucionalidad. Ello en tanto disposiciones de esta naturaleza se
encuentran conformes al ordenamiento superior, toda vez que se trata de
mecanismos de colaboración y asistencia, ejecución y control de una política en
materia criminal, lo que conlleva una mayor integración entre la República de
Colombia y el Reino de España, bajo unas bases precisas de equidad, igualdad y
reciprocidad (C.P., Art. 226 y 227).
En relación
específica con la norma que regula las operaciones encubiertas, el Ministerio
Público solicita a la Corte que tenga en su cuenta los argumentos plasmados en
el concepto rendido en el proceso D-6907, en el que se estudió la
constitucionalidad de una disposición de similar naturaleza, contenida en el
artículo 242 de la Ley 906/04.  Esta materia fue resuelta por la Corte en la
sentencia C-536/08.
Sobre este
preciso particular, el concepto de la Vista Fiscal resalta que en cuanto a la
realización de operaciones encubiertas deben diferenciarse dos situaciones: a)
Cuando el agente encubierto es un funcionario público y   b) Cuando los
particulares actúan como agentes encubiertos. En la primera hipótesis se
consideró que la disposición demandada debía ser declarada exequible, en el
entendido que debe solicitarse la autorización previa del juez de control de
garantías, quien deberá adelantar la revisión de legalidad formal y material
del procedimiento. Lo anterior por cuanto la medida afecta el derecho
fundamental a la intimidad.
En cuanto a la
segunda hipótesis planteada, es decir, cuando se presenta una actuación de
particulares como agentes encubiertos, debe ser declarada inconstitucional,
pues “el recurso a los agentes encubiertos es excepcional, restringido y
subsidiario en el Estado democrático de derecho y, sólo se justifica dentro de
los límites legales y para la protección del interés general cuando éste se vea
gravemente amenazado o vulnerado”.
Debe señalarse
que para el Ministerio Público, la labor de agente encubierto “puede ser
realizada únicamente por funcionarios públicos debidamente
seleccionados, capacitados, entrenados, por el Estado, para protegerse la vida
de estos servidores por el riesgo que implica la labor que cumplen y proteger
el derecho a la intimidad. La autorización  a los particulares para invadir el
ámbito de intimidad de las personas constituye el desconocimiento de las
obligaciones del  Estado, tanto de la derivada del artículo 15 de la Carta,
como de las que surgen de los tratados internacionales, especialmente del
artículo 17 del Pacto Universal de Derechos Humanos y del artículo 11 de la
Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos, según los cuales el
Estado no sólo debe abstenerse de realizar injerencias indebidas y
arbitrarias sino que además debe proteger a las personas de tales
injerencias”.
Por las
anteriores razones, solicita a la Corte Constitucional, en el presente examen
en relación con el Protocolo, tener en cuenta lo expresado en el citado concepto,
al realizar el estudio de constitucionalidad del artículo 9 sobre “Operaciones
encubiertas” del instrumento internacional. En el caso que la Corte acoja dichos
argumentos, en el que solicita la inexequibilidad de los agentes encubiertos
particulares, esta salvedad deberá expresarse al momento de pronunciarse sobre
la exequibilidad de la norma objeto de examen.
Por último, en
lo que respecta a los artículos 13 y 14, el Procurador General considera que
estas disposiciones desarrollan plenamente los artículos 9º, 226 y 227 de la
Constitución, en cuanto a la promoción de la internacionalización y la
integración, pero a la vez conservando la soberanía nacional y la
autodeterminación de los pueblos. Adicionalmente, señala que los  instrumentos provistos
por el Protocolo representan para los Estados un mecanismo eficaz, con los
cuales se pueden obtener resultados favorables en las investigaciones penales
sobre delitos con influencia transnacional, lo que redunda a favor del cabal
cumplimiento de la función pública de administrar justicia (Art. 228 C.P.).
IV. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1.
Naturaleza del control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de
tratados.
De acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 241-10 de la Carta Política, la Corte Constitucional
es competente para revisar este instrumento internacional y su ley aprobatoria.
El control de constitucionalidad que realiza esta Corporación es completo,
automático y versa tanto sobre el contenido material del  Protocolo adicional
bajo estudio y de su ley aprobatoria, como sobre la concordancia entre su
trámite legislativo y las normas constitucionales aplicables.
En relación con
el aspecto formal corresponde a la Corte examinar dos aspectos: De un lado, la
validez de la representación del Estado colombiano durante el proceso de
negociación, celebración y suscripción del tratado. De otro lado, la
observancia de las reglas del trámite legislativo que precedieron a la
aprobación de la ley sujeta a análisis.
Al respecto,
esta Corporación tiene en cuenta que la Constitución Política no dispone de un
procedimiento legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de
un tratado internacional, por este motivo, este tipo de instrumentos debe
seguir, en términos generales, el mismo trámite que una ley ordinaria. Empero,
esta previsión opera salvo las obligaciones de (i) iniciación del debate
en el Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones
internacionales (Art. 154 C.P.); y (ii) remisión de la ley aprobada a la
Corte Constitucional, por parte del Gobierno, para efectos de su revisión
definitiva (Art. 241-10 C.P.).
Desde esta
perspectiva se requiere, en razón del trámite ordinario: (i) la
publicación oficial del proyecto de ley; (ii) el inicio del
procedimiento legislativo en la comisión constitucional correspondiente del
Senado de la República; (iii) la aprobación reglamentaria en los debates
de las comisiones y plenarias de cada una de las cámaras (Art. 157 C.P.); (iv)
que entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a ocho días y
que entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del
debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160 C.P.); (v)
la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los
debates; y (vi) la sanción presidencial y la remisión del texto a la
Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes, (Art.  241-10 C.P.).
Por último,
frente los aspectos de fondo, la labor de la Corte consiste en confrontar las
disposiciones del instrumento internacional sujeto a análisis y las de su ley
aprobatoria con los preceptos constitucionales, a fin de  determinar si se
ajustan o no a la Carta Política.
De acuerdo con
este marco de análisis, la Sala asume a continuación el estudio del tratado.
2. La
revisión del aspecto formal.
2.1. Representación del Estado, suscripción del tratado y aprobación
presidencial.
2.1.1. El Ministerio de
Relaciones Exteriores, mediante comunicación del quince (15) de febrero de dos
mil siete (2008)[1], firmada por el Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica, informó a esta Corporación “[q]ue
el 8 de julio de 2005, el Presidente de la República confirió Plenos Poderes al
Fiscal General de la Nación Dr. Luis Camilo Osorio Isaza, para que en
representación del Gobierno Nacional procediera a la suscripción del mencionado
Protocolo”.
Como el citado funcionario
no se encontraba dentro del catálogo de servidores frente a los cuales el
numeral 2° del artículo 7 de la Convención de Viena “sobre el Derecho de los
Tratados” presume que representan al Estado[2], fue necesario
conferir mediante un documento público dichos poderes, de conformidad con lo
previsto en el inciso a) del numeral 1° del mismo artículo de esta Convención.
Al respecto, esta norma dispone que: “(...) Para la adopción o la
autenticación del texto de un tratado, o para manifestar el consentimiento del
Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a
un Estado: a.) Si presenta los adecuados plenos poderes; (...)”. Se
entiende por plenos poderes: “[el] documento que emana
de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias
personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la
autenticación del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del
Estado en obligarse por un tratado, o para ejecutar otro acto con respeto a un
tratado” (Artículo 2° de la Convención de Viena).
En ese sentido, al revisar
el documento que anexa el Ministerio de Relaciones Exteriores[3]
para acreditar la representación del Estado en este caso, encuentra esta
Corporación que se reunieron las formalidades requeridas para el ejercicio de
la representación necesaria para la suscripción del “Protocolo Adicional al
Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre la República de
Colombia y el Reino de España”. Precisamente, el
siguiente es el tenor literal del documento mediante el cual se confirieron
dichos poderes:
“ÁLVARO URIBE VELEZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
A TODOS LOS QUE PRESENTES VIEREN,
SALUD,
POR CUANTO se ha de proceder a la suscripción del “Protocolo
Adicional al Acuerdo de Cooperación Judicial en materia penal entre la
República de Colombia y el Reino de España, suscrito en Bogotá el 29 de mayo de
1997”, he determinado conferir, como por las presentes confiero, (sic)  PLENOS PODERES al
doctor LUIS CAMILO OSORIO ISAZA, Fiscal General de la Nación, para que
en nombre del Gobierno Nacional proceda a la referida suscripción.
DADAS y firmadas de mi mano, selladas con
el Sello de la República y refrendadas por la ministra de Relaciones
Exteriores, en la ciudad de Bogotá D.C., a los ocho días del mes de julio del
año dos mil cinco (2005)”
RÚBRICA
LA  MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES,
RÚBRICA
CAROLINA BARCO”
Para la Corte resulta
indispensable realizar las siguientes precisiones sobre los plenos poderes que
le fueron conferidos al Dr. Luis Camilo Osorio por parte del Presidente de la
República para la suscripción del Protocolo Adicional al Convenio de
Cooperación Judicial en Materia Penal entre la República de Colombia y el Reino
de España: De un lado, al observar el citado documento, se advierte que los
poderes fueron otorgados de acuerdo a las normas del Derecho internacional Público,
exclusivamente, para la suscripción del Protocolo Adicional y en ese sentido el
Dr. Osorio, no obró como Fiscal General de la República, sino como persona
habilitada por el Presidente para la suscripción del instrumento internacional
bajo estudio, de ahí que su actuar estuvo limitado a los estrictos márgenes
determinados por la Presidencia de la República, sin que ello genere reproche
constitucional o legal alguno. Por otro lado, la Corte observa que los plenos
poderes otorgados al Dr. Osorio fueron ratificados por los actos posteriores
del Presidente de la República quien tiene la representación permanente del
Estado.
2.1.2 En relación a
la aprobación presidencial del Protocolo Adicional bajo estudio, el Ministerio
de Relaciones Exteriores informó[4] que “mediante
aprobación ejecutiva del 18 de noviembre de 2005, el Presidente de la República
ordenó someter a consideración del Congreso de la República el Protocolo
adicional al Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre la
República de Colombia y el Reino de España” de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 189, numeral 2, de la Constitución.
En ese sentido, en lo que tiene que ver con la aprobación presidencial de la
Convención, se tiene que el Presidente de la República cumplió con este
requisito y ordenó la remisión del texto correspondiente al Congreso, con el
fin que fuera discutido y aprobado.
2.2. Examen
del trámite de la Ley 1179 del 31 de diciembre de 2007 ante el Congreso de la
República.
Con
fundamento en los antecedentes legislativos, las actas publicadas en las
Gacetas del Congreso de la República y las certificaciones remitidas a la Corte
Constitucional por el Senado de la República y la Cámara de Representantes,
esta Corporación estableció que el proyecto de ley radicado bajo los números 51
de 2006 Senado y 232 de 2007 Cámara, que finalizó con la expedición
de la Ley 1179 de 2007 “por medio de la cual se aprueba el
‘Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre
la República de Colombia y el Reino de España, de 29 de mayo de 1997’, suscrita
en Madrid, a doce (12) de julio de dos mil cinco (2005).”, surtió
el siguiente trámite:
2.2.1.
Trámite en el Senado de la República.
2.2.1.1. El
texto del proyecto de ley correspondiente fue presentado al Congreso de la
República el tres (3) de agosto de 2006, con el número de radicado 51/06, por
los Ministros de Relaciones Exteriores Dra. Carolina Barco Isakson, y el
Ministro del Interior y de Justicia Dr. Sabas Pretelt de la Vega. Su texto y la
respectiva exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso
283 del 11 de agosto de 2006[5].
2.2.1.2. La
ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República
fue presentada por el senador Mario Uribe Escobar y fue publicada en la Gaceta
del Congreso No 458 del diecisiete (17) de octubre de 2006[6].
2.2.1.3. De
acuerdo a la certificación suscrita por el Secretario General de la Comisión
Segunda del Senado de la República[7], el Proyecto de Ley fue
anunciado para su discusión y aprobación en primer debate en la sesión del diecinueve
(19) de octubre de 2006, según consta en el Acta N° 15 de la misma fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso No 44 del 14 febrero de 2007[8].
Al revisar este documento puede verificarse el anunció, así:
“Proyectos de ley para anunciar y que
serán discutidos y votados en la próxima sesión de la Comisión Segunda del
Senado de la República:
1.      Proyecto de Ley número 51 de 2006 Senado, “por medio de la cual se aprueba el
‘Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre
la República de Colombia y el Reino de España, de 29 de mayo de 1997’, suscrito
en Madrid, a doce (12) de julio de dos mil cinco (2005)” [negrillas
originales].
La siguiente sesión se llevó a cabo el veinticinco (25) de octubre
de dos mil seis. De acuerdo a lo establecido en el Acta No 17 de 2006 publicada
en la Gaceta del Congreso 46 de 2007[9], ese día, dado el número
de proyectos en turno, no se alcanzó a discutir el Proyecto de Ley No 51 como
se tenía previsto. Por este motivo y con el fin de no romper la cadena de
anuncios, se aplazó su discusión de la siguiente manera:
“El señor secretario manifiesta: Si señora
presidenta, quedan anunciados para la próxima sesión del día martes: (…)
Proyecto de Ley No 51/2006 senado”.  Y al final se indica: “La señora
Presidenta agradece a todos los Senadores y se levanta la sesión”[10]
En ese sentido,
la discusión del proyecto de ley fue anunciada para el día treinta y uno (31)
de octubre de 2006.
2.2.1.4. De
acuerdo a la certificación suscrita por el Secretario de la Comisión Segunda
del Senado de la República[11], el proyecto de ley fue
aprobado en primer debate el (31) de octubre de 2006, según consta en el Acta
N° 18 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No 46 de 2007[12],
con un quórum deliberatorio y decisorio integrado por doce (12) de los trece (13)
senadores que conforman esa Comisión.
2.2.1.5. La
ponencia para segundo debate fue presentada por el senador Mario Uribe Escobar,
y publicada en la Gaceta del Congreso No 642 del siete (7) de diciembre de
2006.
2.2.1.6. Según
certificación expedida el tres (3) de abril de 2007 por el Secretario General
del Senado de la República[13], el proyecto de ley fue
anunciado para su discusión y aprobación en segundo debate en la sesión del doce
(12) de diciembre de 2006, según consta en el Acta de Plenaria N° 37 de la
misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No 71 de 2007[14].
Estudiado el texto de la referida acta, se encuentra que:
“[P]or instrucciones de la presidencia y
de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, la Secretaría anuncia
los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión. (...)
Proyecto de Ley No 51 de 2006, Senado “por medio de la cual se aprueba
el ‘Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal
entre la República de Colombia y el Reino de España, de 29 de mayo de 1997’,
suscrito en Madrid, a doce (12) de julio de dos mil cinco (2005).”. (Negrillas
originales).
Revisado en detalle el
contenido del Acta de Plenaria N° 35, se estableció que
la sesión finalizó así: “Siendo las 11:40 p. m., la
Presidencia levanta la sesión y convoca para el día 13 de diciembre de 2006, a
las 10 a. m”.
2.2.1.7.  Según la certificación referida en el numeral anterior,[15]
el Proyecto de Ley fue considerado en segundo debate el trece (13) de diciembre
de 2006 con un quórum deliberatorio y decisorio de 99 senadores del total que
conforman la Plenaria y aprobado por mayoría como consta en el Acta 38 de la
misma fecha publicada en la Gaceta del Congreso No 72 del trece (13) de marzo
de 2007[16].
2.2.1.8. El
texto definitivo del Proyecto de Ley 51 de 2006 Senado fue publicado en la Gaceta del Congreso No 30 del
siete (7) de febrero de 2007.
2.2.2 Trámite
en la Cámara de Representantes.
2.2.2.1.
Radicado el Proyecto de Ley en la Cámara de Representantes con el número 232 de
2007, se le repartió a la Comisión Segunda Constitucional Permanente, siendo
designado como ponente el Representante a la Cámara Joaquín Carmelo Ramos. El
informe de ponencia fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 356
del lunes treinta (30) de mayo de 2007[17].
2.2.2.2. De
acuerdo al certificado allegado a esta Corporación, el ocho (8) de noviembre de
2007[18], por la
Secretaria de la Comisión Segunda Constitucional Permanente el proyecto fue
anunciado en sesión del 4 de agosto de 2007 según el Acta No 4 de
la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No 539 de 2007[19],
en cumplimiento del artículo 8 del acto legislativo No 1 de 2003”.
Confrontada por
esta Corporación el acta en mención, se pudo constatar que en la misma no
existe anunció alguno. De hecho, cuando el presidente de la Comisión Segunda de
la Cámara pregunta ese día si existen anuncios a realizarse la respuesta de la
Secretaria fue la siguiente:
“Señor Presidente,
lamentablemente nos informan de la Imprenta que no hay presupuesto en la Cámara
para hacer la publicación de las Gaceta del Congresos (sic), por esa razón tenemos
tres proyectos de ley que no podemos anunciar en este momento porque físicamente
no se nos han entregado las Gaceta del Congresos; quedaron programadas y
nos prometieron que estaban pero no han salido, les quiero informar eso a los
honorables Representantes[20]
Revisada en su totalidad
el acta mencionada, advierte entonces esta Corporación que la sesión se levantó
sin hacer el anuncio correspondiente, contrario a lo indicado en el certificado
allegado a esta Corporación[21], por la
Secretaría de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.
Sobre este punto
en particular, la Corte, de manera enfática, le solicita a la Secretaría de la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes que, en lo sucesivo, se sirva
verificar de manera íntegra la información que certifica ante esta Corporación
en el marco de los procesos de constitucionalidad, entre otras, porque este
tipo de actuaciones se derivan del cumplimiento de una orden judicial y adicionalmente,
son objeto de control disciplinario.
Ahora bien, a
pesar de la imprecisión advertida en los párrafos anteriores, la Corte Constitucional pudo establecer que el proyecto de ley bajo
estudio sí fue anunciado en la sesión conjunta de comisiones segundas de Senado
y Cámara de Representantes, celebrada el día 29 de agosto de 2007 de acuerdo a
lo establecido en el Acta de Sesión Conjunta No 05 de 29 de agosto de 2007,
publicada en la Gaceta del Congreso No 570 de 13 de noviembre de 2007. Como fue
indicado también en el concepto rendido en este asunto por la Procuraduría
General de la Nación, el anuncio se hizo de la siguiente manera:
“Por orden del Presidente de la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes, anuncio de discusión y votación de
proyectos de ley para la próxima sesión. (Artículo 8° del acto legislativo de
2003). La señora Secretaria anuncia los proyectos de ley para discusión y
votación en la próxima sesión de la Comisión Segunda de la Cámara, del día
martes 4 de septiembre del 2007, en cumplimiento del artículo 8º del Acto
Legislativo número 1 de 2003 (…)  3. Proyecto de ley número 51 de 2006 Senado,
232 de 2007 Cámara,” Y más adelante se lee: “El señor Presidente de la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes cita a los honorables
Representantes de la Comisión Segunda para el próximo martes 10:00 a.m. 4 de
septiembre en el recinto de sesiones. Gracias.”
2.2.2.3. En la
misma certificación a la que se hizo referencia en el numeral anterior[22],
la Secretaria de la Comisión Segunda Constitucional Permanente hizo constar que,
de acuerdo al Acta 05 del cuatro (4) de septiembre de 2007, “el primer debate
correspondiente al Proyecto de Ley No 51/06 Senado – 232 Cámara ‘por medio
de la cual se aprueba el ‘Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación
Judicial en Materia Penal entre la República de Colombia y el Reino de España,
de 29 de mayo de 1997’, suscrito en Madrid, a doce (12) de julio de dos mil
cinco (2005)’ se realizó el 04 de septiembre de 2007 con la
asistencia de dieciocho (18) Honorables Representantes, de los cuales 18 (sic)
votaron afirmativamente, ninguno negativamente y ninguna abstención.[23]
El Acta 05 del cuatro (4) de septiembre de 2007, fue publicada en la Gaceta
del Congreso 539 de 2007 del veintitrés (23) de octubre de 2007[24].
2.2.2.4. Para
segundo debate la ponencia fue presentada por el representante Joaquín Camelo
Ramos y fue publicada en la Gaceta del Congreso 582 del 16 de noviembre de 2007[25].
2.2.2.5. Según
certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de
Representantes,[26] en sesión del diez (10)
de diciembre de 2007 se anunció la discusión y aprobación del Proyecto de Ley
objeto de estudio, tal como quedó consignado en el Acta N° 89 de esa fecha, publicada
en la Gaceta del Congreso No 26 del  doce (12) de febrero de 2008[27].
Revisada el acta de esta sesión, se encuentra que el anuncio de que trata el
artículo 160 C.P. se realizó del siguiente modo:
Dirige la Sesión el Primer Vicepresidente, doctor Bérner Zambrano
Erazo: Les pedimos nos colaboren los que están presentes por favor,
y lea los Proyectos que serían tratados para mañana a las 2 de la tarde.
El Subsecretario General doctor Jesús Alfonso
Rodríguez Informa:
Se anuncian estos proyectos de acuerdo a la Constitución, para la
próxima en que debatan y se aprueben Proyectos de Ley o de Actos Legislativos.
La Subsecretaria Auxiliar, doctora Flor Marina Daza, procede con
la lectura de los proyectos para la próxima sesión: (…) Proyecto de ley 232 de
2007 Cámara, 051 de 2006 Senado, por medio de la cual se
aprueba el Protocolo adicional al convenio de cooperación judicial en materia
penal, entre la República de Colombia y el Reino de España del 29 de mayo de
1997 suscrito en Madrid a los 12 días de julio (sic).”[28]
Finalizada la
sesión, fue convocada nuevamente la Plenaria así “Se
levanta la sesión y se convoca para mañana a las 2 de la tarde, con los
proyectos que han sido anunciados”.
2.2.2.6. Según la
certificación referida en el numeral anterior[29], el Proyecto
de Ley fue considerado y aprobado por la mayoría requerida el once (11) de diciembre
de 2007 con asistencia de ciento cincuenta y nueve (159) de los representantes,
de acuerdo a lo certificado por el Secretario General de la Cámara de Representantes[30]
y lo consignado en el Acta de Plenaria No 90 de la misma fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso 64 del veintiocho (28) de febrero de 2007[31].
2.2.3. Una vez descrito el procedimiento surtido por el Proyecto de
Ley, la Corte concluye que la norma de la referencia es exequible desde su
aspecto formal.  En efecto:
(i) El Proyecto de Ley inició su trámite en el Senado de la República
Ver GC 283 del 11 de agosto de 2006; supra 2.2.1.1.
(ii) El Proyecto de Ley fue publicado previamente al inicio del proceso
legislativo
Ver GC 283 del 11/08/2006; supra 2.2.1.1.
(iii) El Proyecto de Ley fue aprobado en primero y segundo debate en cada
una de las cámaras legislativas, conforme con las mayorías exigidas por la
Constitución Política y el Reglamento del Congreso
En Senado:
Primer debate: Ver GC 46 del 14/12/2007; supra 2.2.1.4.
Segundo debate: Ver GC 72 del  13/03/2007; supra 2.2.1.7.
En Cámara
Primer debate: Ver GC 539 del 23/10/2007; supra 2.2.2.3.
Segundo debate: Ver GC 64 del 28/02/2007; supra 2.2.2.6.
(iv) Las ponencias tanto en comisiones como en plenarias fueron
publicadas antes de iniciarse los debates;
En Senado:
Primer debate: GC 458 del 17/10/2006; supra 2.2.1.2
Segundo debate: Ver GC 642 del 7/12/2006; supra 2.2.1.5.
En Cámara
Primer debate: Ver GC 356 del 30/05/2007; supra 2.2.2.1.
Segundo debate: Ver GC 582 del 16/11/2007; supra 2.2.2.4.
(v) Entre el primer y segundo debate en cada Cámara, así como entre la
aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en
la otra transcurrieron los términos señalados en el inciso primero del
artículo 160 Superior: ocho y quince días respectivamente.
En Senado
El primer debate en el Senado tuvo lugar el 31 de octubre
de 2006 y la aprobación en plenaria se llevó a cabo el 13 de diciembre de
2006; supra 2.2.1.4 y 2.2.1.7.
En Cámara
El primer debate en Cámara tuvo lugar el 4 de septiembre
de 2007 y la aprobación en plenaria se llevó a cabo el 11 de diciembre de
2007; supra 2.2.1.4 y 2.2.1.6.
Entre la aprobación del Proyecto en el Senado (13 de
diciembre de 2006) y la iniciación del debate en la Cámara de Representantes
(4 de septiembre de 2006) transcurrió un lapso no inferior a quince días.
(vi) Fue cumplido en cada una de las etapas del trámite legislativo el
requisito del anuncio previo exigido por el artículo 8 del Acto Legislativo
01 de 2003, que adicionó el artículo 160 C.P.
En Senado
El anuncio para el  Primer debate se
produjo el 25/10/2006 y la aprobación se llevó a cabo el 31/10/2006; Ver supra
2.2.1.3.
El anuncio para el Segundo debate se
produjo el 12/12/2006 y la aprobación se llevó a cabo el 13/12/2006;  Ver supra
2.2.1.6.
En Cámara
El anuncio para el  Primer debate se
produjo el 29/08/2007 y la aprobación se llevó a cabo el 4/09/2007; Ver supra
2.2.2.2.
El anuncio para el Segundo debate se
produjo el 10/12/2007 y la aprobación se llevó a cabo el 11/12/2007;  Ver supra
2.2.2.5
2.3. Sanción presidencial y remisión a la Corte Constitucional.
La Ley 1179 de 2007 fue sancionada por el Presidente de la República
el 31 de diciembre de 2007, remitiéndose para su estudio a la Corte el cuatro
(4) de enero de 2008[32], a través de oficio
suscrito por el Secretario Jurídico (E) de la Presidencia,[33]
cumpliéndose con ello el término de seis días dispuesto por el artículo 241-10
de la Constitución.
En consecuencia,
la Corte concluye que para el asunto bajo examen resultan acreditados los
requisitos propios del trámite de las leyes ordinarias;  razones por las que no
existe defecto alguno en cuanto al análisis formal. Así, superada esta primera
etapa del estudio de constitucionalidad, la Corte procederá a realizar el
análisis de fondo del instrumento internacional.
3. Análisis
de constitucionalidad de la Ley 1179 de 2007 en sus aspectos de fondo.
3.1.
Composición y estructura del Protocolo Adicional
al Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre la República de
Colombia y el Reino de España.
El “Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación Judicial en Materia
Penal entre la República de Colombia y el Reino
de España de 29 de mayo de 1997’, suscrito en Madrid, a doce (12) de julio de
dos mil cinco (2005)” aprobado mediante la Ley 1179
de 2007 está compuesto por catorce (14) artículos, los cuales están, en
general, destinados a darle operatividad al “Convenio de Cooperación
Judicial en materia Penal entre la República de Colombia y el Reino de España,
suscrito en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D. C., el veintinueve (29) de mayo
de mil novecientos noventa y siete (1997)” aprobado mediante la Ley
451 de 1998, cuyo análisis de constitucionalidad fue desarrollado en la
sentencia C-187 de 1999[34]
Teniendo en cuenta la composición del Convenio, la Corte realizará
el estudio de la constitucionalidad material de la norma a partir de sus ejes
temáticos, haciendo un recorrido por sus disposiciones, como pasa a
desarrollarse en los apartados siguientes.
3.1.1. Sobre
la constitucionalidad de los tratados de cooperación judicial en materia penal.
La jurisprudencia de esta Corporación se ha pronunciado en
reiteradas ocasiones sobre la naturaleza de este tipo de acuerdos. Básicamente,
lo indicado por esta Corte es que estos instrumentos internacionales se
encuentran enmarcados en las dinámicas contemporáneas del derecho
internacional, según las cuáles éste debe ser un instrumento facilitador para
la prevención, control y represión de las distintas formas de delincuencia en
el hemisferio, a través del fortalecimiento de los mecanismos de cooperación
judicial y de asistencia mutua en materia penal, así como en la coordinación de
acciones y ejecución de programas que permitan alcanzar dicho objetivo, con la
debida observancia de las normas constitucionales, legales y administrativas de
cada régimen interno y el respeto a los principios generales del derecho
internacional[35]. Al respecto la Corte ha
indicado lo siguiente:
“La concepción de un instrumento
internacional en esos términos armoniza plenamente con los postulados de la
Carta Política de 1991, toda vez que:
- Permite al Estado colombiano cumplir con
la obligación de internacionalizar sus relaciones políticas y afianzar una
integración con las naciones latinoamericanas, bajo bases precisas de equidad,
igualdad, reciprocidad y conveniencia nacional (C.P, Art. 226 y 227), con miras
a alcanzar un objetivo común, como es el de combatir la delincuencia nacional e
internacional en forma mancomunada con otros Estados.
- Sujeta los desarrollos de los pactos allí
alcanzados a los fundamentos constitucionales que gobiernan las relaciones
exteriores, como son el respeto a la soberanía nacional y la autodeterminación
de los pueblos, bajo el gobierno de los principios del derecho internacional
aceptados por Colombia (C.P., Art. 9o.), sometiendo el cumplimiento de los
acuerdos a la concordancia con los ordenamientos internos de los Estados
Partes.
- Refuerza la
estabilidad del sistema democrático colombiano, asegurando la realización de
los fines esenciales de un Estado social de derecho como el nuestro, en la
medida en que garantiza instrumentos que redundarán en la eficacia en la
administración de justicia y en el cumplimiento del deber de las autoridades de
garantizar la efectividad de los derechos y las libertades de los ciudadanos
(C.P. arts. 1o., 2o. y 229)”[36]
Precisado lo anterior, a continuación se analizará la
constitucionalidad de las disposiciones que componen el texto del Protocolo
Adicional cuyo estudio ocupa, en este caso, la atención de la Corte.
3.1.2. Contenido de las disposiciones normativas del Convenio.
3.1.2.1. De acuerdo a su artículo 1, el Protocolo Adicional al Convenio de
Cooperación Judicial en Materia Penal entre la República de Colombia y el Reino
de España, es un instrumento internacional diseñado con el fin de “complementar
las disposiciones y facilitar la aplicación entre el Reino de España y la
República de Colombia, del Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal de
29 de mayo de 1997, sin perjuicio de acuerdos multilaterales que sobre dicha
materia hayan sido ratificados por las Partes”.
El ámbito de
aplicación (Art. 2) de este instrumento internacional está delimitado a las “solicitudes
de asistencia judicial que cursen entre las partes, cuya finalidad sea la
investigación y represión penal del terrorismo, tráfico de estupefacientes, de
insumos químicos, lavado de dinero y blanqueo de capitales, delitos cometidos
por una organización delictiva y delitos conexos”. Para ello, el
instrumento internacional define, lo que para efectos del instrumento,
significan las expresiones terrorismo, organización delictiva y tráfico de
sustancias estupefacientes y de insumos para su elaboración.
3.1.2.2. Específicamente
sobre el tema de terrorismo el texto del tratado dispone que “se entenderá
por terrorismo las conductas tipificadas como tales en los ordenamientos
jurídicos internos de cada una de las Partes, así como aquellas conductas
contempladas como actos terroristas, en instrumentos internacionales vigentes
para ambas partes”.
Esta Corporación
en la Sentencia C-537 de 2008[37], al estudiar la
constitucionalidad de la Convención Interamericana
contra el Terrorismo, recogió los criterios
definidos en el transcurso de la jurisprudencia constitucional para el
tratamiento del delito de terrorismo en nuestro ordenamiento jurídico. A partir
de ese recorrido la Corte sistematizó las siguientes reglas:
“-             Las
conductas constitutivas de actos de terrorismo configuran un delito atroz, que
afecta gravemente bienes constitucionales que conforman los pilares del modelo
de Estado adoptado por la Carta Política, en especial la vida, la integridad
personal, la dignidad humana y la búsqueda de la paz y un orden justo.  Del
mismo modo, tales conductas contradicen varias disposiciones del derecho
internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario,
entre ellas aquellas que conforman el cuerpo normativo de carácter imperativo
agrupado bajo el ius cogens.  En consecuencia, las decisiones que adopte el
legislador dirigidas la implementar medidas para la prevención, represión y
sanción del terrorismo son prima facie armónicas con el Estatuto Superior.
-
La gravedad de la
afectación sistemática que el terrorismo contrae respecto de distintos derechos
y garantías constitucionales, aunado a la existencia de un consenso
internacional sobre la necesidad de su represión y sanción, implican la validez
de un tratamiento penal diferenciado respecto del mismo.  Así, se ajustan a la
Carta Política aquellas previsiones que impiden que el terrorismo sea comprendido
como delito político y, por ende, susceptible de que los responsables del mismo
sean cobijados por amnistías o indultos.
-
Las conductas
constitutivas de terrorismo conforman un límite de la competencia del
legislador para determinar la política criminal y, entre ella, la
identificación de los comportamientos susceptibles de tipificación penal.  Por
lo tanto, el Congreso se encuentra obligado a sancionar penalmente esas
conductas, de modo tal que se garantice la eficacia del reproche social en contra
de los responsables y, especialmente, los derechos de las víctimas a conocer la
verdad, lograr la justicia y obtener la reparación por las consecuencias
morales y materiales del delito.  Desde esa perspectiva, la expedición de
normas que impongan un tratamiento penal estricto en contra de los responsables
de terrorismo y, entre otras restricciones, los excluyan a del goce de
beneficios y subrogados penales, son compatibles con la Constitución.
El citado consenso
internacional sobre la gravedad de los actos constitutivos de terrorismo
legitima la adopción, por parte del Estado colombiano, de convenios dirigidos a
garantizar la prevención, represión y sanción de esa conducta, fundados en
instrumentos amplios de cooperación internacional, en todo caso respetuosos
tanto de la soberanía estatal, como de los derechos constitucionales de sus
habitantes.”
De esta manera, quedó ilustrada la importancia que tiene, en el marco
de la comunidad internacional, la tipificación penal que de esta conducta deben
realizar los Estados. Para el caso colombiano, el terrorismo como tipo penal se
encuentra definido en el artículo 343 del Código Penal de la siguiente manera:
“Terrorismo. El que provoque o mantenga en estado de
zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que
pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o
las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o
conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de
causar estragos, incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años y multa
de mil (1.000) a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se
ocasionen con esta conducta.
Si el estado de zozobra o terror es provocado mediante
llamada telefónica, cinta magnetofónica, vídeo, cassette o escrito anónimo, la
pena será de dos (2) a cinco (5) años y la multa de cien (100) a quinientos (500)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.”
Como se ha
indicado por esta Corporación, la aplicación de esta disposición debe estar
sujeta, a los estrictos límites del principio de legalidad, proscribiendo de
antemano la ambigüedad e indeterminación en su uso por parte de los operadores
jurídicos, respetando siempre los criterios de tipicidad, antijuridicidad y
proporcionalidad[38].
Así las cosas, la Corte
observa que el Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación Judicial en
Materia Penal entre la República de Colombia y el Reino de España, supedita su
ámbito de aplicación a la definición interna que de esta conducta han hecho los
Estados parte, en ejercicio de su soberanía, en virtud de (i) los
lineamientos definidos en su legislación y de (ii) los que se desprenden
de los instrumentos internacionales sobre el asunto, vigentes para ambas
partes. En esa dirección, la Sala Plena juzga que el
enunciado referido a la definición de terrorismo a que hace referencia el
Protocolo bajo examen se considera exequible bajo el presupuesto de que el
concepto de terrorismo debe entenderse en la forma como está tipificado en la
legislación interna colombiana o pueda llegar a estarlo
y su definición se aplique respetando de forma estricta el principio de
legalidad. De tal manera que si la definición empleada en nuestro ordenamiento
jurídico está acorde con la Constitución la aplicación de esta disposición del
instrumento no tendrá reparo de constitucionalidad.
3.1.2.3. El artículo 3
regula lo relativo a los “trámites y procedimientos para la ejecución de las
solicitudes de asistencia judicial”. Esta disposición es clara en
establecer una fórmula de prevalencia a las legislaciones internas en los
trámites de asistencia judicial, dejando a salvo la integridad de los
ordenamientos contratantes. Adicionalmente, define los términos en los cuales
debe ejecutarse la asistencia y las formalidades que deben respetarse cuando
ello no sea posible.
3.1.2.4. Las disposiciones
contenidas en los artículos 4 al 9 desarrollan aspectos específicos destinados
a hacer más eficiente los lineamientos definidos en el Convenio aprobado
mediante la Ley 451 de 1998. Entre ellos, la protección de testigos y peritos
dentro los procesos penales, la necesidad de facilitar la utilización de medios
técnicos disponibles por cada estado parte, las entregas vigiladas en el marco
de investigaciones penales, la integración de equipos de investigación
conjuntos, y la agencia de operaciones encubiertas, todo en el marco de los
principios constitucionales y de aquellos que se derivan de la cooperación
judicial. Estos artículos disponen, de manera expresa y repetida, que el
cumplimiento de las obligaciones en ellos definidas está supeditado a lo
permitido por los ordenamientos internos. En ese sentido, la Corte no encuentra
reparo constitucional a este conjunto de disposiciones.
Al respecto vale
la pena recordar lo dicho por esta Corporación en el estudio del Convenio de
Cooperación matriz a este Protocolo:
“Sobre estas cuestiones, la Corte encuentra
que son connaturales con la finalidad del Convenio en estudio, en la medida en
que concretan la cooperación judicial internacional en materia penal, para lo
cual las actuaciones y gestiones resumidas con anterioridad encuentran su
sustento en la soberanía de los dos Estados, en la reciprocidad en los pactos
que debe orientar la política exterior colombiana, la realización de la función
pública de administrar justicia y la prevalencia de la autonomía de la voluntad
de las personas requeridas para que comparezcan. No obstante esa relación
soberana entre los Estados contratantes para definir tales cláusulas, no puede
perderse de vista que las autoridades colombianas encargadas de ejecutar las
formas de asistencia relatadas, deben actuar en total concordancia con los
principios del debido proceso que consagra la Constitución y la legislación
interna, como aquellos que garantizan la protección de los derechos
fundamentales y las libertades públicas de las personas que se vean
involucradas, en vigencia de la superioridad de la Constitución
Política en el ordenamiento jurídico como "norma de normas. [Énfasis fuera de texto]
3.1.2.5. A pesar
de lo anterior, esta Corporación encuentra necesario realizar las siguientes anotaciones
en relación a los estándares constitucionales que debe respetar el recaudo de
pruebas que se realice en el desarrollo de las normas de este instrumento
internacional:
La posibilidad
de contemplar en la legislación interna mecanismos de indagación criminal,
responde a una finalidad constitucionalmente legítima como es la de dotar a los
órganos de investigación penal de instrumentos idóneos para desplegar con mayor
eficacia su misión constitucional de adelantar el ejercicio de la acción penal,
respecto de los hechos que revistan las características de un delito (Art. 250
C.P.).
Sin embargo,
advierte la Corte, que las actividades de investigación que se desarrollen
mediante el uso de tales mecanismos, deben estar sometidas a los límites que la
Constitución establece para el recaudo de elementos materiales probatorios y de
las pruebas en las que se pretende sustentar una imputación, una acusación o
una condena de contenido penal. El más relevante de esos límites es el debido
proceso, y dentro de su ámbito, la regla de exclusión de la prueba ilícita[39],
explícitamente consagrada en el inciso final del artículo 29 de la
Constitución, mandato que conduce a la nulidad de pleno derecho de la prueba
obtenida con violación del debido proceso.
Así las cosas,
la evidencia recaudada acudiendo a los mecanismos en referencia, debe estar
sometida al control de legalidad por parte de los jueces de control de garantías,
el cual deberá ser previo, en los eventos en que su práctica comporte
afectación de derechos fundamentales (Art. 251, Inc. 3°). Adicionalmente, y en
su debida oportunidad, la evidencia obtenida por estos medios debe ser sometida
a los principios de publicidad y contradicción como presupuestos inexcusables
del derecho de defensa.
3.1.2.6. Otro de
los aspectos sobre los cuales la Sala plena debe pronunciarse se refiere a la
solicitud hecha por el Procurador General de la Nación según la cual es
importante que esta Corporación diferencie, en tratándose de la actividad agentes
encubiertos, dos situaciones diferentes: (a) Cuando el agente
encubierto es un funcionario público y (b) cuando los particulares actúan como
agentes encubiertos. Según el concepto del Procurador la primera hipótesis debe
considerarse exequible, en el entendido que debe solicitarse la autorización
previa del juez de control de garantías, quien deberá adelantar la revisión de
legalidad formal y material del procedimiento. Lo anterior por cuanto la medida,
según el Procurador General, afecta el derecho fundamental a la intimidad. Sin
embargo, frente a la segunda hipótesis planteada, es decir, cuando se presenta
una actuación de particulares como agentes encubiertos, solicitó que declarara
inconstitucional, pues “el recurso a los agentes encubiertos es excepcional,
restringido y  subsidiario en el Estado democrático de derecho y, sólo se
justifica dentro de los límites legales y para la protección del interés
general cuando éste se vea gravemente amenazado o vulnerado”.
La Sala Plena al
analizar la norma del Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación Judicial
en Materia Penal entre la República de Colombia y el Reino de España referida a
las operaciones encubiertas (Art. 9) encuentra que la disposición establece lo
siguiente:
“1. Las partes, en la
medida que lo permita su ordenamiento jurídico fundamental, podrán
convenir en colaborar para la realización de investigaciones de actividades
delictivas por parte de agentes que actúen infiltrados o con una identidad
falsa”
2. La decisión sobre la
solicitud, duración de la investigación encubierta, condiciones concretas y
régimen jurídico de los agentes, la tomarán en cada caso las autoridades
competentes de la Parte requerida ateniéndose a lo dispuesto en su
ordenamiento jurídico fundamental.
3. Las investigaciones
encubiertas se realizarán de conformidad con el derecho y los
procedimientos de la Parte en cuyo territorio se realicen.
4. Las Partes colaborarán
para garantizar la preparación y supervisión de la investigación encubierta y
la adopción de medidas de seguridad de los agentes que actúen de manera
encubierta o con identidad falsa. [Énfasis fuera de texto].
Examinada en
detalle la norma del instrumento internacional, para la Sala la norma en
cuestión no abre, ni tampoco restringe la posibilidad de que la actividad de
los agentes encubiertos sea realizada por particulares. Esta norma sujeta todo
su ámbito su aplicación a los parámetros consagrados en el ordenamiento
jurídico interno. Así las cosas, el juicio valorativo pretendido por la Vista
Fiscal sobre la disposición del Convenio debe recaer, entonces, sobre el
artículo del Código de Procedimiento Penal que regula lo relacionado con las
operaciones encubiertas, es decir, sobre el artículo 242 de la Ley 906 de 2004[40],
juicio de constitucionalidad que no puede, en modo alguno, adelantarse en el
marco de este proceso.
La Corte
recuerda que en dos ocasiones esta Corporación se ha declarado inhibida para
fallar sobre la constitucionalidad del artículo 242 de la Ley 906 de 2004: La
primera, en la sentencia C-606 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), en la
cual concluyó que ““los argumentos formulados en la demanda contra el
artículo 242 del Código de Procedimiento Penal no son específicos, pertinentes
ni suficientes para estructurar adecuadamente un cargo de
inconstitucionalidad”. La segunda, en la sentencia C-543 de 2008 (MP.
Humberto Antonio Sierra Porto) donde la Corte se declaró nuevamente inhibida
para pronunciarse frente a los cargos por considerar que “los cargos
formulados en la demanda (…) no reúnen los requisitos pertinentes para un
pronunciamiento de fondo”. En ese orden de ideas, para la Sala Plena,
cuando una demanda de constitucionalidad reúna los requisitos de ley para
estudiar de fondo la constitucionalidad del artículo 242 de la Ley 906 de 2004,
deberá esta Corporación adelantar dicho análisis y no en el marco de un proceso
de análisis de constitucionalidad de la ley aprobatoria de un tratado.
3.1.2.7.
Particularmente, sobre la conformación de equipos conjuntos de investigación,
el artículo 8 del Protocolo Adicional establece que “la composición del
equipo se determinará en el acuerdo de constitución del mismo (…)”
[énfasis fuera de texto] en los casos definidos por la misma norma. Sobre
este punto la Corte es enfática en sostener que si en el trámite desarrollado
para la suscripción de los acuerdos de constitución a los que se está haciendo
referencia, se modifican las obligaciones previstas en este Protocolo o en el
Convenio matriz, tales acuerdos serán objeto de control constitucional por esta
Corporación.
3.1.2.8. Por su
parte los artículos 10 y 11 definen el régimen de responsabilidad penal y civil
de los funcionarios en el ejercicio de las operaciones contempladas en los artículos
7, 8 y 9 del Protocolo. Adicionalmente, encuentra la Corte que, en principio,
el instrumento no contempla respecto de quienes apliquen las disposiciones del
Protocolo Adicional, inmunidad alguna o excepción al régimen de
responsabilidades que establece el orden interno. Por ello, en relación a los
artículos 10 y 11 tampoco encuentra la Corte reproche constitucional alguno.
3.2.1.9. El
artículo 12 regula lo relacionado con la “Protección de datos de carácter
personal”. Revisada esta norma, la Corte encuentra  que respeta los estándares
definidos en la jurisprudencia constitucional, siempre y cuando su aplicación esté,
en todo momento y con estricto rigor, sometida a los principios
constitucionales predicables de la administración de datos personales. Dichos
principios fueron recopilados y sistematizados por este
Tribunal en la sentencia T-729 de 2002[41].
En dicha
sentencia se precisó que los datos personales como objeto de protección
constitucional del derecho de hábeas data están definidos por las siguientes características: “i) esta[n] referido[s] a aspectos exclusivos y propios de una
persona natural, ii) permit[en] identificar a la persona, en mayor o
menor medida, gracias a la visión de conjunto que se logre con el mismo y con
otros datos; iii) su propiedad[42] reside
exclusivamente en el titular del mismo, situación que no se altera por su
obtención por parte de un tercero de manera lícita o ilícita, y iv) su
tratamiento está sometido a reglas especiales (principios) en lo relativo a su
captación, administración y divulgación.”[43]
En ese sentido, de
acuerdo a lo dicho por esta Corte, la protección efectiva de los derechos
fundamentales al hábeas data, la intimidad y la información, inmersos en las
actividades de recolección, procesamiento y circulación de datos personales,
depende del respeto y garantía de un grupo de principios para la administración
de datos personales: de libertad, necesidad, veracidad, integridad,
incorporación, finalidad, utilidad, circulación restringida, caducidad e
individualidad, cada uno de ellos, definido por la jurisprudencia de esta
Corporación. En esa dirección, la aplicación del artículo 12 del Protocolo
Adicional al Convenio de Cooperación Judicial entre la República de Colombia y
el Reino de España, estará condicionada al cumplimiento efectivo de los
parámetros que resulten de la implementación de los citados principios.
3.2.1.10. Por
último, el artículo 13 dispone la posibilidad de implementar una serie de
mecanismos académicos y pedagógicos para facilitar la cooperación judicial en
materia penal entre las partes contratantes. Así, estudiado este conjunto de
disposiciones, la Corte encuentra que desarrollan postulados constitucionales,
sin encontrar normas que contravengan enunciados normativos de la Constitución.
3.1.3. Disposición final. Entrada en vigor y duración del
instrumento.
El artículo 14 del Protocolo Adicional al Convenio de
Cooperación Judicial entre Colombia y el Reino de España regula la entrada en
vigor  del instrumento. Al respecto indica que entrará en vigor el primer día
del segundo mes después del canje de los instrumentos de Ratificación. El mismo
artículo 14 del Protocolo dispone la posibilidad de que cualquiera de las dos
partes denuncie el instrumento, mediante el envío Nota diplomática, la cual
surtirá efectos seis meses después de la fecha de recepción. El instrumento
precisa que “[l]a denuncia no afectará las solicitudes de asistencia en
curso”. Por último, la duración del Protocolo, de acuerdo a los términos
del mismo queda supeditada a la existencia jurídica del Convenio matriz, esto
es, el Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre la República de
Colombia y el Reino de España, de 29 de mayo de 1997.
Respecto de esta disposición, la Corte advierte que su contenido
reitera las fórmulas comúnmente utilizadas para los instrumentos bilaterales y
acatan las previsiones del derecho internacional público, en especial las
contenidas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.  Por ende,
no presentan reparo alguno respecto de su constitucionalidad.
3.1.4.
Anotaciones Finales.
Teniendo en
cuenta que para la Corte es claro que en desarrollo de las actividades que se
ejecutarán en el marco del ‘Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación
Judicial en Materia Penal entre la República de Colombia y el Reino de España,
en particular de las disposiciones contenidas en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 12 del instrumento, pueden afectarse seriamente derechos fundamentales, la
Corte considera indispensable realizar las siguientes anotaciones:
3.1.4.1. En
primer lugar, la Corte reitera que este pronunciamiento no constituye por sí
mismo un aval sobre la constitucionalidad de las prácticas judiciales que se
ejecuten en aplicación a las figuras descritas en los artículos 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 12 del ‘Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación Judicial en
Materia Penal entre la República de Colombia y el Reino de España’, -dado
que dicha aplicación debe respetar los parámetros indicados antes en este
fallo (Ver Supra 3.1.2.5. y ss.)- sino que esta decisión se limita al
examen de la normas del Tratado sub examine, las cuales a su turno
remiten directamente a las disposiciones del orden interno.
3.1.4.2. Por
este motivo, la Corte resalta que el desarrollo de las atribuciones o prácticas
judiciales a las que se hizo mención en el párrafo anterior, debe realizarse,
sólo si éstas se encuentran reguladas en el ordenamiento jurídico colombiano.
3.1.4.3. De ser
así, estarán sujetas a los límites, criterios y parámetros constitucionales que
permitan garantizar, en todo caso, el debido proceso y demás garantías
fundamentales previstas en la Constitución colombiana y de acuerdo con el
objeto del Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre la República
de Colombia y el Reino de España y el Protocolo Adicional que se está
estudiando en esta oportunidad.
3.1.4.4. De la
misma forma, es claro que los actos que se dicten por las autoridades en orden
a facilitar el cumplimiento de las facultades y prácticas investigativas
previstas por el Protocolo Adicional, serán objeto de los controles jurídicos
correspondientes de acuerdo al ordenamiento jurídico interno, esto es, acciones
contenciosas, penales, constitucionales, etc.
3.1.4.5. Si en
desarrollo de los actos o acuerdos de cumplimiento del Convenio de Cooperación
Judicial en Materia Penal entre la República de Colombia y el Reino de España y
su Protocolo Adicional llegaren a presentarse desacuerdos sobre la aplicación o
interpretación de sus cláusulas, tales contradicciones deberán resolverse por
acuerdos entre las partes, de conformidad con las reglas del derecho
internacional público, garantizándose siempre por parte de las autoridades el
respeto a las normas constitucionales.
4. CONCLUSIÓN
Teniendo en cuenta la revisión del procedimiento legislativo
descrito en el fundamento jurídico dos (2) de esta sentencia, esta Corporación
determina que la aprobación de la Ley 1179 de 2007 cumplió con los requisitos
constitucionales exigidos para el efecto. De igual manera, revisadas las
disposiciones contenidas en el Protocolo Adicional bajo estudio, se tiene que
éstas se ajustan a la Carta Política, en la medida en que diseñan, regulan y
establecen procedimientos que hacen operativo el “Convenio
de Cooperación Judicial en materia Penal entre la República de Colombia y el
Reino de España, suscrito en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D. C., el
veintinueve (29) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997)” aprobado
mediante la Ley 451 de 1998, cuya constitucionalidad fue analizada en la
sentencia C-187 de 1999. La Corte encuentra que los postulados de este
Protocolo Adicional constituyen una herramienta útil de
cooperación y asistencia judicial que respeta los estándares constitucionales
referidos al debido proceso establecidos en nuestro texto constitucional.
En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad del “Protocolo
Adicional al Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre la
República de Colombia y el Reino de España, de 29 de mayo de 1997’, suscrito en
Madrid, a doce (12) de julio de dos mil cinco (2005).” y  su ley
aprobatoria.
V. DECISIÓN
Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el “Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación Judicial en Materia
Penal entre la República de Colombia y el Reino de España, de 29 de mayo de 1997’,
suscrito en Madrid, a doce (12) de julio de dos mil cinco (2005)”.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1179 del 31
de diciembre de 2007, aprobatoria del instrumento internacional mencionado en
el numeral anterior.
Tercero.-  COMUNÍQUESE
esta decisión al Gobierno Nacional por intermedio
de la Secretaría General de la Presidencia de la República, y envíesele copia
auténtica de la misma para los efectos constitucionales previstos en el numeral
10 del artículo 241 de la Carta Política.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
Con salvamento de voto
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Presidente
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrado
Ausente con excusa
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-939 DE
2008 DEL MAGISTRADO JAIME ARAÚJO RENTERÍA
TRATADO INTERNACIONAL-Suscripción del
Protocolo adicional al Convenio de Cooperación Judicial con el Reino de España
por el Fiscal General de la Nación constituye una irregularidad (Salvamento de
voto)
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento de requisito de anuncio previo de votación en su
trámite legislativo (Salvamento de voto)
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento
constituye vicio insubsanable (Salvamento de voto)
Referencia: Expediente LAT-320
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1179 del 31 de diciembre de
2007, “Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo Adicional al Convenio de
Cooperación Judicial en Materia Penal entre la República de Colombia y el Reino
de España, de 29 de mayo de 1997”, suscrito en Madrid, a doce (12) de julio de
dos mil cinco (2005)”.
Magistrado Ponente:
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corte, me
permito salvar mi voto a la presente decisión, por cuanto en mi concepto la Ley
1179 de 2007 adolece de vicios de forma insubsanables, como me permito exponer
a continuación:
1. En primer término, considero que existe
una irregularidad relativa a la suscripción del tratado por parte del Fiscal
General en su calidad de tal.
Así, en el certificado expedido por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y allegado al expediente se afirma que  “El
8 de julio de 2005, el Presidente de la República confirió Plenos Poderes al
Fiscal General de la Nación, Dr. Luis Camilo Osorio Isaza, para que
representación del Gobierno Nacional procediera a la suscripción del mencionado
Protocolo”.
Este magistrado
considera que el otorgamiento de este poder era para la suscripción del tratado
en representación del gobierno nacional, tal y como lo expresa el poder,
y no para la suscripción del tratado por parte del Fiscal General de la Nación en
su calidad de tal, tal y como ocurrió en el presente caso, lo cual desde un
punto de vista jurídico da lugar a dos figuras completamente distintas, razón
por la cual considero que existió una irregularidad en la suscripción del
tratado bajo estudio.
2. En segundo lugar, para el suscrito
magistrado existen claros vicios de forma insubsanables relativos al
cumplimiento de los anuncios para votación durante el trámite legislativo de la
ley aprobatoria del presente tratado.
2.1
Trámite en el Senado
i) El anuncio
previo en primer debate fue hecho el jueves 19 de octubre de 2006 y
publicado en la Gaceta 44 de 2007 (pág. 63).
El anuncio que
se cita en esta sentencia (pág. 19) corresponde en realidad al orden del día:
“Proyectos de ley para anunciar que serán discutidos y votados en
la próxima sesión de la Comisión Segunda del Senado de la República:
1.
Proyecto de Ley número 51 de 2006 Senado,
“por medio de la cual se aprueba el ¨Protocolo Adicional al Convenio de
Cooperación Judicial en Materia Penal entre la República de Colombia y el Reino
de España, de 29 de mayo de 1997¨, suscrito en Madrid, a doce (12) de julio de
dos mil cinco (2005)”
En la Gaceta del
Congreso este magistrado constata que el anuncio para votación en comisión en
realidad se hizo de la siguiente manera:
“La señora Presidente, Senadora Marta Lucía Ramírez de Rincón;
(…)
Señor Secretario le pediría dar lectura a los proyectos que se van a
anunciar para discutir el próximo martes; (…)
El señor Secretario informa (…)  Y los proyectos de ley que se
encontraban en el Orden del Día de hoy, que se refiere a los siguientes
proyectos:
(…)
El señor Secretario informa que igualmente el Proyecto de ley número
51 de 2006 que había sido anunciado para la próxima sesión, entonces quedaría
para el día miércoles.”
Al final del
Acta no se realiza citación alguna.
El suscrito
magistrado, considera que en este primer anuncio existe indeterminación respecto
del objeto ya que sólo se dice que se anuncia para discusión, e igualmente
existe indeterminación respecto de la fecha, ya que se cita primero para el
próximo martes y luego se dice de manera general que queda para el día
miércoles.
La siguiente sesión
se realizó el miércoles 25 de octubre de 2006, pero en dicha sesión no
se llevó a cabo la discusión y votación del proyecto de ley bajo estudio, y se
realizó un nuevo anuncio en los siguientes términos (Gaceta No. 46 de 2007. pág
21):
“ El señor secretario manifiesta: Si señora presidenta, quedan
anunciados para la próxima sesión del día martes: (…) Proyecto de Ley No.
51/2006 senado”. Y al final se indica: “La señora Presidenta agradece a todos
los Senadores y se levanta la sesión”.
En criterio de este
magistrado, este nuevo anuncio también adolece de indeterminación respecto del
objeto del mismo, ya que no se dice que los proyectos son anunciados para
discusión y votación. En relación con la determinación de la fecha, se anuncia
para la próxima sesión del día martes, esto para el martes 31 de octubre de
2006, día en el que se llevó a cabo efectivamente la discusión y votación del
proyecto de ley.
(ii) Segundo
debate Plenaria:
El anuncio
previo en segundo debate en el Senado se realizó el 12 de diciembre de 2006,
Gaceta 71 de 2007 (pág. 75).
En la Gaceta No.
71 de 2007 pág. 75 se dice:
“Por instrucciones de la presidencia y de conformidad con el Acto
Legislativo 01 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán
y aprobarán en la próxima sesión (…) Proyecto de Ley No 51 de 200
Senado (…)”
Al final del acta se “convoca para el día 13 de diciembre de 2006,
a las 10 a.m.”
El proyecto fue
debatido y aprobado el 13 de diciembre de 2006.
2.2 Trámite ante
la Cámara
i) Primer debate
en la Comisión Segunda
El anuncio en
primer debate en la Cámara se realizó el 29 de agosto de 2007, Gaceta 570 de
2007, (pág. ). Este anuncio se hizo de la siguiente manera:
“Por orden del Presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la
próxima sesión (Artículo 8º del acto legislativo de 2003). La señora Secretaria
anuncia los proyectos de ley para discusión y votación en la próxima
sesión de la Comisión Segunda de la Cámara, del día martes 4 de septiembre
del 2007, en cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo número 1 de
2003 (…) 3. Proyecto de ley número 51 de 2006 Senado, 232 de 2007 Cámara…”.
Al final se lee: “El señor Presidente de la Comisión Segunda de la
Cámara de Representantes cita a los honorables Representantes de la Comisión
Segunda para el próximo martes 10:00 a.m. 4 de septiembre en el recinto de
sesiones. Gracias”
El proyecto se
discute y vota el día martes 4 de septiembre de 2007.
ii)
Segundo debate en la Plenaria de la Cámara
El anuncio
previo para votación se hizo el 10 de diciembre de 2007. Gaceta 26 de 2008, del
siguiente modo:
“El
Subsecretario General doctor Jesús Alfonso Rodríguez informa:
Se anuncian
estos proyectos de acuerdo a la Constitución para la próxima en que se debaten o
se aprueben Proyectos de Ley o de Actos Legislativos.
La
Subsecretaria Auxiliar, doctora Flor Marina Daza, procede con la lectura de los
proyectos para la próxima sesión: (…) Proyecto de ley 232 de 2007 Cámara, 051
de 2006 Senado (…)”
Al final de la
sesión se convoca “para mañana a las 2 de la tarde, con los proyectos que
han sido anunciados”
El suscrito
magistrado evidencia que el anuncio se hace de manera general con base en la
expresión “de acuerdo a la Constitución” sin expresar claramente que son
para discusión y votación.
La discusión y
aprobación del proyecto tuvo lugar el día siguiente 11 de diciembre de 2007.
3. De conformidad con el anterior análisis, este magistrado constata
que en el trámite de aprobación de esta Ley se incurrió en vicios de
procedimiento toda vez que tanto en el Senado como en la Cámara de
Representantes, no se cumplió estricta y debidamente con el aviso previo de la
votación, de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 160
de la Constitución Política, referente al anuncio previo y en sesión diferente,
de los proyectos de ley que en la respectiva cámara o comisión serán sometidos
a votación. Por tanto y al no haberse cumplido en debida forma con el anuncio
para votación establecido en el inciso final del artículo 160 de la Carta
Política, acorde con el principio democrático y de publicidad del procedimiento
legislativo, la citada ley ha debido ser declarada inexequible.
En este orden de
ideas, me permito reiterar los argumentos con base en los cuales sostengo que
el requisito del anuncio previo para votación con el lleno de todas las
exigencias constitucionales es fundamental para la validez de las normas
jurídicas y su falta constituye un vicio insubsanable. A este respecto me
referiré (i) en primer lugar, al problema de teoría del derecho respecto de la
producción de las normas jurídicas, la validez de las mismas, y su importancia
en el control constitucional; y (ii) en segundo lugar, a la naturaleza del
anuncio previo para votación de los proyectos como requisito constitucional.
(i) El
problema de la producción de las normas jurídicas, la validez de las mismas, y su
importancia en el control constitucional
El problema de
la producción de las normas jurídicas dentro de un sistema jurídico, el cual
apareja a su vez el de la validez de las normas jurídicas, supone una posición
de principio de teoría y filosofía del derecho, que tiene importantes
consecuencias teóricas y prácticas para el tema del control constitucional.
Se hace
necesario entonces tomar una postura clara de teoría y filosofía del derecho,
en relación con el concepto de norma jurídica, el cual entraña el concepto de
validez de las mismas, lo cual a su vez conlleva necesariamente la pregunta por
el modo de producción jurídico-institucional de las normas. De este modo,
tenemos que en un sistema jurídico es fundamental determinar en primer término,
qué es norma jurídica, elemento básico y esencial del derecho, como el concepto
de “célula” para la biología. Por ello, la primera parte de teoría del
derecho se encuentra dedicada al análisis y determinación de lo que es norma
jurídica, parte esencial de la cual, es la pregunta de cuándo un enunciado
normativo hace parte del sistema jurídico, o en otros términos, a la pregunta
por la validez de los preceptos jurídicos[44]. Esta problemática corresponde a la teoría de las normas y aborda
la parte estática del derecho[45].
No obstante, el
derecho no está compuesto por una sola norma sino por una pluralidad de normas
jurídicas. En consecuencia, la segunda parte de la teoría del derecho es la que
se refiere a la teoría del ordenamiento jurídico que aborda la parte dinámica
de las normas[46]. En esta parte se encuentra el análisis de lo que son las
antinomias jurídicas, para resolver las cuales hay que acudir a los criterios
de vigencia en el tiempo y/o jerarquía de los enunciados jurídicos validos, así
como los problemas de unidad, coherencia y plenitud de los ordenamientos
jurídicos.
Vista la
estructura fundamental de la teoría del derecho, es claro entonces que el
primer problema fundamental del sistema jurídico es la determinación de qué es
una norma jurídica, cuándo una norma nace al ordenamiento jurídico, o en otros
términos, qué normas pertenecen y cuáles no al sistema jurídico, problema que
se encuentra analítica e intrínsecamente ligado al problema de la validez de la
norma jurídica, el cual es un problema tan fundamental y esencial en el derecho
que es anterior al problema de la vigencia y de la eficacia de las normas,
puesto que la respuesta a este primer interrogante permite esclarecer la
cuestión de la carta de nacimiento o naturaleza jurídica propiamente
dicha de las normas, la pertenencia de las normas a un sistema jurídico,
o con otras palabras, la cuestión del reconocimiento de las normas como
jurídicas o pertenecientes a un sistema jurídico, es decir, como enunciados
normativos jurídicos-positivos.
En este orden de
ideas, aparece claro que la pregunta fundamental en el derecho es la pregunta
por la existencia y validez de las normas jurídicas, por qué es norma jurídica,
cuestiones que determinan la teoría de los actos jurídicos y la teoría de la
nulidad en el derecho, desde la inexistencia de norma, la nulidad de la norma,
hasta la existencia de norma con vicio o sin vicio de producción o formación.
De manera que el cuestionamiento esencial en el derecho es entonces el de cómo
surgen las normas en el mundo jurídico, esto es, cuándo una norma ha surgido
correctamente en el mundo jurídico, es decir, con el lleno o cumplimiento de
todos los requisitos establecidos para su creación. Este cuestionamiento
corresponde exactamente a la pregunta por la validez.
La pregunta por
la validez de las normas jurídicas, es decir, por la cuestión de si un
enunciado normativo es norma jurídica, o en otros términos, si  pertenece al
sistema jurídico, de conformidad con las reglas prefijadas por el propio
sistema para su reproducción, es la pregunta fundamental que se debe hacer en
el derecho, para posteriormente, y sólo si es contestada afirmativamente esta
pregunta por la validez, se pueda continuar preguntando por la vigencia y la
eficacia de las normas jurídicas válidas.
Esta
característica propia de las normas jurídicas como válidas, es lo que llevó  a
Hans Kelsen a afirmar que el derecho pertenece al mundo del “deber ser”
y no al mundo del “ser”, ya que la pregunta por el derecho es la
pregunta por la validez de la norma jurídica, es decir, por la existencia
deontológica, y no la pregunta por la existencia fenomenológica de las cosas,
lo que condujo al filósofo del derecho austriaco a sostener que por ello mismo
la lógica formal no funciona para el derecho, por cuanto su finalidad es la
constatación de una correspondencia con un fenómeno del mundo del ser, mientras
que en cambio en el derecho de lo que se trata es de constatar si una norma es
válida, es decir de si existe en el mundo del derecho o del “deber ser”
y ello de acuerdo con aquellas reglas que estipulan y prevén los presupuestos
para su producción jurídica[47].  Así mismo, esta característica de la validez, propia del derecho,
es lo que permite explicar, según Kelsen, que se puedan encontrar normas
válidas que se opongan entre sí y sin embargo sigan siendo válidas.
A este respecto,
hay que recordar que el sistema jurídico es como el ave fénix que se crea y se
reproduce a sí mismo, y contiene por tanto normas que estipulan la forma de la
reproducción de las normas jurídicas, las cuales Hart denomina “reglas
secundarias”[48]. Así mismo, a este problema fundamental del derecho acerca de la
determinación de la pertenencia o no de una norma a un sistema jurídico de
conformidad con las normas o reglas previstas por el propio sistema para su
reproducción, es lo que Hart identificó como el problema del reconocimiento de
las normas jurídicas como tales, a cuyo problema contribuyó con su teoría de la
“regla de reconocimiento y validez jurídica”[49].
Así entonces, el derecho será válido siempre y cuando satisfaga los
requisitos que se establecen para la producción del mismo derecho y que están
señalados por las reglas de producción del derecho en la Constitución.
Lo anterior, lo ejemplifica el filósofo del Derecho H.L.A. Hart de la
siguiente manera: “Si se plantea la cuestión sobre si una cierta  regla es
jurídicamente válida, para resolverla debemos usar un criterio de validez
suministrado por otra regla. ¿Es válida esta pretendida ordenanza del County
Council de Oxfordshire? Sí:  porque fue dictada en ejercicio de potestades
conferidas y de acuerdo con el procedimiento especificado, por un decreto del
Ministerio de Salud Pública. A este primer nivel, el decreto suministra los
criterios para apreciar la validez de la ordenanza.  Puede no haber necesidad
práctica de seguir adelante; pero existe la posibilidad de hacerlo.  Podemos
cuestionar la validez del decreto y apreciarla en términos de la ley que
faculta al Ministro a adoptar tales medidas“[50]
Así también nuestra Constitución contempla para la producción de normas
con fuerza de ley, por ejemplo, el requisito de publicación previa del proyecto
de ley (inc.1 art. 157 CN);  cuatro (4) debates, dos en cada una de las
cámaras, y en cada una de ellas un primero en la comisión correspondiente y un
segundo en plenaria (inc. 2 art. 57, 165); la existencia de quórum
deliberatorio y de determinadas mayorías (p.e. art. 153); el cumplimiento del
anuncio de votación del proyecto en cuestión, con el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la propia Carta (art. 160 C.P); términos específicos entre
cada debate en cada Cámara y entre los debates en una y otra Cámara (art. 160);
límites de trámite en los periodos legislativos (art. 162), la sanción
presidencial (art.168), entre otros.
Ahora bien,
cuando se hace control de constitucionalidad, éste apunta en primerísimo lugar
a comprobar la validez de la norma jurídica, a constatar si se respetó o no el
camino demarcado por el propio sistema jurídico, esto es, los procedimientos de
producción del derecho, para que pueda catalogarse tal norma como norma válida.
El control constitucional en este aspecto no es por tanto cosa de poca monta,
ya que cuando el constituyente dice que exige ciertos requisitos para poder
otorgar carta de validez a las normas jurídicas, al Tribunal Constitucional le
corresponde controlar y verificar que dichos requisitos se hayan respetado y
cumplido a cabalidad. Por tanto esta labor es de suma importancia, este control
constitucional sobre la forma de producción de las normas jurídicas y sobre la
validez de las mismas, es lo más importante, porque a partir de este control se
debe determinar qué norma es reconocida como válida, es decir, qué norma
pertenece al sistema jurídico, o en otros términos, qué enunciado normativo es
en realidad norma jurídica. En este sentido, el control constitucional formal
no es una cuestión de simple formalismo, por cuanto no puede existir derecho
sin que se respeten las condiciones procedimentales de formación de las normas
jurídicas preestablecidas por el propio ordenamiento, lo cual es una
característica fundamental de un Estado de Derecho.
La pregunta por
la validez jurídica de las normas y el control constitucional respecto de dicha
validez jurídica, sigue siendo por tanto un tema de trascendental importancia
para el derecho y esto es precisamente lo que controla en primera instancia el
Tribunal Constitucional, la pregunta sobre cuáles enunciados normativos
pertenecen efectivamente o no al ordenamiento jurídico. Todos los demás temas
son por tanto posteriores al tema de la validez, es decir, el tema de la
vigencia, de la eficacia y el análisis de si el contenido sustancial de la
norma es acorde o no con la Constitución.
Es por esta razón que la producción del Derecho y sus formas, permiten
entender al pueblo que el producto realizado está acorde con el objetivo
popular y con la misma existencia del Estado, y les otorga una presunción de validez.
Los trámites y cauces en los cuales se encamina la producción normativa deviene
de la misma legitimidad que el pueblo otorga al producto final, es decir el
Derecho.
En consecuencia, sólo pueden valorarse o reconocerse como válidas y
legítimas las reglas de obligación si provienen de las reglas de reconocimiento
y de su aplicación adecuada. Situación del Estado de Derecho totalmente
contraria al Estado absolutista donde el único criterio para identificar algo
como derecho era aquello sancionado por el rey.   En palabras más sencillas,
debe decirse que la manera para identificar el derecho aceptado por los
individuos esta basada en aquel derecho que provenga o sea el resultante de las
reglas de reconocimiento o formas de producción establecidas en la
Constitución.
Cualquier otra cosa que se obtenga como resultado sin el cumplimiento
de estas reglas de reconocimiento constitucionales no puede avalarse como
derecho legítimo aceptado por los individuos. Es decir, existe la posibilidad
de que el legislador produzca “derecho” sin el cumplimiento de las reglas de
reconocimiento.  Evento en el cual, este “derecho” no es válido, a la luz de
poder político en cabeza del pueblo.
En síntesis, la suplantación de la forma de producción de derecho, sin
dudas elimina la legalidad y legitimidad que éste debe tener, afecta
inmediatamente su validez y hace no obligatorio su cumplimiento.  Y esto es
así, por cuanto es el propio derecho el que determina su forma de producción y
ello es la garantía que el pueblo mismo tiene que la producción de parámetros de
convivencia social pacífica se realice acorde con lo preestablecido por él
mismo, en cabeza del Estado de Derecho y su ordenamiento jurídico y no por
fruto del capricho o el deseo de quien produzca normas, lo que estaría más
cercano a la vivencia del Estado absolutista y el poder de dictar parámetros de
un ente diferente del soberano.
(ii) El
anuncio previo como requisito constitucional
para votación de los proyectos de ley (Artículo 160 C. P)
Respecto de la
trascendencia constitucional del requisito establecido en el artículo 160
constitucional, esta Corte ha manifestado:
“El inciso
final del artículo 160 de la Constitución Política dispone que ningún proyecto
de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente
se haya anunciado.  En el mismo sentido, establece que el aviso de que un
proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o
comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.
Como lo ha
señalado la jurisprudencia de esta Corporación sobre la materia,[51]
el anuncio de la votación pretende hacer eficaces valores y principios
constitucionales primordiales para la actividad legislativa.  En efecto, el
anuncio permite que los congresistas conozcan con la debida antelación qué
proyectos de ley van a ser sometidos a votación, requisito indispensable para
la concreción del principio de publicidad propio de la actividad congresional
y, por ende, para la adecuada formación de la voluntad democrática al interior
de las cámaras. Además, el cumplimiento del requisito mencionado facilita la
actuación de los ciudadanos y las organizaciones sociales en el trámite de
aprobación de los proyectos de ley, lo cual materializa la democracia
participativa y el ejercicio de los derechos políticos previstos en el artículo
40 C.P.
Este
precedente ha previsto, además, las condiciones fácticas requeridas para
acreditar el cumplimiento de la obligación del anuncio de la votación.  Así,
resultará comprobado el requisito cuando (i) el anuncio de la votación de un
proyecto de ley se realiza en sesión anterior y, por ende, distinta a la que se
lleve a cabo la aprobación de la iniciativa (ii) la Presidencia de la cámara
correspondiente informa expresa y claramente a sus integrantes que determinado
proyecto de ley será sometido a votación en sesión posterior; y (iii) la fecha
de esa sesión posterior para la cual fue convocada la votación sea determinada
o, al menos, determinable.
En el mismo
sentido, la Corte ha estimado que el incumplimiento del requisito mencionado es
un vicio de naturaleza insubsanable, que acarrea la inexequibilidad de la
disposición.  Ello debido a que se trata de una instancia del procedimiento
legislativo prevista de forma expresa por la Carta Política.  Por ende, hace
parte de las disposiciones que conforman el parámetro superior para la validez
del procedimiento legislativo destinado a la creación de normas jurídicas, por
lo cual debe ser aplicada de forma preferente en virtud del principio de
supremacía constitucional (Art. 4 C.P.).
Bajo la misma
perspectiva y de conformidad con lo expresado anteriormente, esta exigencia
busca hacer eficaces tanto el principio de publicidad y transparencia en el
trámite legislativo, como la democracia participativa y el respeto de las
minorías parlamentarias. Así, se trata de un presupuesto formal relevante para
la adecuada formación de la voluntad democrática de las cámaras legislativas,
esto es, que hace parte del mínimo de requisitos exigibles para que el
procedimiento de formación de las leyes cumpla con sus propósitos
constitucionales.
Por último,
la omisión del anuncio para la votación es un vicio de procedimiento que afecta
el trámite subsiguiente puesto que, en atención del principio de
consecutividad, la validez de cada una de las etapas del procedimiento para la
formación de las leyes depende, a su vez, de la validez de las actuaciones
antecedentes.  En esa medida, no sería posible aplicar la facultad de
subsanación prevista en el parágrafo del artículo 241 C.P.
( … ) La Sala
insiste en que el requisito para el procedimiento legislativo previsto en el
inciso final del artículo 160 C.P. obliga a que al interior de las cámaras
legislativas sean anunciados, de manera específica, cierta y expresa, cuáles
son los proyectos de ley que serán sometidos a votación en la siguiente sesión
y la fecha, determinada o determinable, en que se realizará esa reunión (…)”[52](Negrilla fuera de texto)
En conclusión,
el cumplimiento del anuncio previo con el lleno de las exigencias
constitucionales hace efectivo al interior del trámite parlamentario de leyes y
actos legislativos una serie de principios constitucionales, dentro de los que
se realza el Estado Social de derecho. Principios éstos que pretenden que los
congresistas conozcan qué proyectos van a ser sometidos a debate y
votación.  Lo anterior, como resultado del principio de contradicción, pilar de
las sociedades democráticas, el cual busca que las normas que rigen la sociedad
sean debatidas, discutidas y posteriormente sean votadas. Para lo anterior, es
indispensable que los congresistas conozcan de manera cierta y clara en qué
momento del trámite parlamentario los proyectos serán debatidos, discutidos y
votados.
Ahora bien, de
no cumplirse dicho conocimiento antecedente por parte de los congresistas, no
existiría la idónea formación de la ley o del acto legislativo como expresión
de la voluntad democrática. Esto por cuanto dicho desconocimiento impediría la
oportunidad de debatir, discutir y hasta votar dichos proyectos por parte de
los congresistas. En consecuencia, la norma resultante de un proceso que
adolece del requisito señalado, no responde a la expectativa cierta de los
asociados quienes depositan su confianza en los órganos del Estado, en este
caso el Congreso, de que las normas se guiarán por los causes de producción que
la Constitución, como norma de normas, establece para su fabricación.
Adicionalmente,
otras cuatro razones fortalecen y ratifican la exigencia, dentro del trámite de
aprobación de una ley, del requisito establecido en el artículo 160
Constitucional.  Estas son:
a.  La
Constitución Política de Colombia establece en su artículo 183 las causales de
pérdida de  investidura de los congresistas; dentro de las cuales se encuentra
la señalada en el numeral segundo que indica: “Por la inasistencia, en un
mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten
proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura. “  (Negrilla
fuera de texto)
Así las cosas,
el ordenamiento superior prevé que un congresista de la República puede perder
su investidura por el hecho de no asistir en un mismo período de sesiones a
seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de ley.  En este orden
de ideas, el anuncio previo de los proyectos de ley que serán debatidos y
votados en sesión posterior cierta y determinada (artículo 160 constitucional)
es sin duda una garantía que la misma norma superior estableció para los
congresistas, los cuales, conocedores de que un proyecto se debatirá y votará
en sesión posterior cierta y determinada y, de las consecuencias señaladas en
el artículo 183 numeral 2 de la Constitución, asumen las responsabilidades que
la propia Constitución y la ley les exigen.
Por el
contrario, el no cumplimiento del anuncio previo de que trata el artículo 160
constitucional, deja sin sustento la garantía constitucional que la norma
superior ha otorgado a los congresistas para que asuman sus funciones con la
responsabilidad que les es debida.  En otras palabras, el no cumplimiento del
requisito esbozado impediría exigir responsabilidad a los congresistas con base
en el artículo 183 numeral 2 constitucional, por falta de conocimiento de la
reunión plenaria en la que se votaría un proyecto de ley.
b. En este mismo
orden de ideas, cualquier ciudadano necesita conocer, de manera cierta y
determinada, cuándo se va a votar un proyecto de ley que lo puede afectar, ya
que se debe legislar consultando el interés general. Lo anterior, con el
propósito de que pueda hacer valedero el principio constitucional de
participación en las decisiones políticas en cabeza de todos los ciudadanos,
consagrado entre otros artículos en el 2, 40, 103, 153, 154, 155, 159 de la
Constitución Nacional.  Así las cosas, el ciudadano puede ejercer no sólo la
vigilancia y el control social sobre la producción de las normas jurídicas que
le van a ser aplicadas sino que igualmente puede participar de manera activa en
la toma de esas decisiones, lo cual es un presupuesto del ordenamiento jurídico
democrático y la cultura participativa.
Así pues, el
desconocimiento del anuncio previo expresado en la norma constitucional ya
mencionada con anterioridad, impide que el ciudadano vigile y controle socialmente
la producción de las normas jurídicas y que participe, como lo señala la
Constitución Política, y asista, como  lo permite el artículo 71 de la Ley 5ª
de 1992 al desarrollo de las sesiones y toma de decisiones por parte del
Congreso. Específicamente, el ciudadano, carecería del conocimiento respecto de
la sesión cierta en la cual se va a debatir y aprobar un proyecto de ley que
sin dudas le incumbe.
c.  El artículo
160 de la Constitución al exigir que ningún proyecto de ley será sometido a
votación en sesión diferente de aquella que previamente se haya anunciado y que
por consiguiente dicho aviso debe realizarse en sesión distinta a aquella en la
cual se realiza la votación, en realidad lo que está señalando es un prerrequisito
de competencia del Congreso de la República para votar proyectos de ley y
actos legislativos.
En otras
palabras, la Constitución establece que el Congreso de la República, sea las
comisiones o sea las Cámara en pleno, será competente para votar un
proyecto de ley, como en el presente caso, solamente y de manera única cuando
se haya efectuado en debida forma el anuncio de que trata el artículo 160
constitucional.  De no ser así, el congreso carece de la competencia
constitucional necesaria para votar un proyecto de ley. Lo anterior por falta
del anuncio previo exigido en la norma de la Constitución mencionada.
Por tanto, si el
Congreso vota un proyecto de ley sin la realización o la mala realización del anuncio
previo, tantas veces mencionado, estaría actuando por fuera de las competencias
asignadas constitucionalmente y por consiguiente el acto constituye una
irregularidad superlativa a la luz de la Constitución por ser contrario a ésta,
lo cual acarrea una sanción mayor por no respetar el procedimiento establecido,
sanción ésta consistente en la expulsión del ordenamiento jurídico.
Así pues, al
señalar la Constitución de manera expresa una prohibición – que ningún
proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente de aquella que
previamente se haya anunciado y que por consiguiente dicho aviso debe
realizarse en sesión distinta a aquella en la cual se realiza la votación – su
no cumplimiento genera de manera inmediata la incompetencia del Congreso de la
República – comisiones o Cámara en pleno – para votar dicho proyecto de ley. En
consecuencia, de votarse un proyecto de ley sin el cumplimiento pleno de los
requisitos exigidos para el anuncio previo para votación consagrado en el
artículo 160 constitucional se estaría violando la prohibición constitucional
anotada, se estaría actuando sin competencia y dicho acto traería consigo un
vicio mayor que aparejaría como sanción su expulsión del ordenamiento jurídico.
d.
Adicionalmente, el inciso adicionado al artículo 160 por el Acto Legislativo 01
del 2003, consagra que “(e)l aviso de que un proyecto será sometido a votación
lo dará la presidencia de cada Cámara o comisión en sesión distinta a
aquella en la cual se realizará la votación” (negrilla fuera de texto), con el
fin de darle mayor seriedad, solemnidad y certeza a la determinación de la
sesión en la cual se llevará a cabo la votación.
De conformidad
con esta disposición superior es claro que la obligación del anuncio para
votación tiene que ser realizada por la presidencia de cada Cámara o de la
comisión correspondiente, de lo cual resulta evidente que el cumplimiento de
este requisito constitucional es tan importante que el mismo constituyente no
se lo dejó a cualquier persona sino que lo asignó al propio presiente(a) de
cada Cámara o de la comisión respectiva.
A juicio de la
Corte, la exigencia de que el anuncio lo haga la presidencia de cada Cámara o
comisión trae importantes consecuencias jurídicas a saber: (i) en primer lugar,
que si el anuncio no lo hace la presidencia de cada Cámara o comisión, entonces
no existe anuncio alguno; (ii) en segundo lugar, que si se llega a presentar
una discrepancia entre lo anunciado por la presidencia frente a lo anunciado
por el secretario, prevalece en todo momento el anuncio hecho por la
presidencia; (iii) en tercer lugar, que esta función se le otorgó a la
presidencia de la Cámara o comisión correspondiente, con el fin de que no
existiera duda respecto de cuándo se va a votar de forma cierta y determinada
el proyecto legislativo, al otorgarle mayor seriedad, solemnidad y certeza al
anuncio.
Pues bien, en
síntesis la exigencia constitucional establecida en el artículo 160 determina
como norma de producción del derecho, que “ningún proyecto de ley será
sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya
anunciado.  El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la
presidencia de cada Cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual
se realizará la votación“
Así las cosas,
requisitos de producción del derecho, como el del anuncio previo,  establecido
en la propia Constitución hace que el vicio que respecto de éste se presente
sea insubsanable, por la alta trascendencia que al interior de un Estado
de Derecho posee la decisión popular vertida en la Constitución Política, al
optar por  la forma de producción del derecho que va a seguir.
Con fundamento en lo anterior, el suscrito magistrado reitera, como
lo he sostenido en innumerables oportunidades, que la exigencia de cumplimiento
del anuncio para votación contenido en el artículo 160 Superior no es un simple
formalismo sino que es de fundamental importancia en un Estado constitucional y
democrático de Derecho puesto que atañe directamente al problema de la validez
de las normas jurídicas y de su legitimidad democrática, y que su falta o
irregularidad constituye un vicio procedimental insubsanable por ser una
exigencia de origen constitucional que insisto, se encuentra fundamentada en la
exigencia de validez de las normas jurídicas y en la garantía de la
transparencia y la participación en el procedimiento democrático de creación de
leyes.
Por las razones anotadas, discrepo de la declaratoria de
exequibilidad adoptada en la presente sentencia.
Fecha ut
supra.
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1]
Cfr. Folio 1 del cuaderno de pruebas 1.
[2]
Según la citada norma: “(...). 2. En virtud de sus funciones, y
sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a un
Estado: a.) Los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de Relaciones
Exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de
un tratado; b.) Los jefes de misión diplomática, para la adopción del texto de
un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran
acreditados; c.) Los representantes acreditados por los Estados ante una
conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus
órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia,
organización u órgano”.
[3]
Cfr. Folio 3 del cuaderno de pruebas 1. Es preciso aclarar que aun cuando el
Ministerio de Relaciones Exteriores no remitió a esta Corporación, la copia
original del citado documento que acreditase la delegación del Presidente de la
República de la facultad de representación del Estado Colombiano para la
suscripción del citado Convenio, dicho hecho no constituye vicio alguno que
altere la legalidad o validez del acto de delegación de los plenos poderes,
pues los documentos públicos de conformidad con lo previsto en el artículo 264
del Código de Procedimiento Civil, se reputan auténticos.
[4] Ibídem.
[5] Cfr. Folios 14-19 del
cuaderno de pruebas 2.
[6] Cfr. Folios 31-36 del
cuaderno de pruebas 2
[7]
Cfr. Folio 1 del cuaderno de pruebas 4.
[8] Cfr. Folios 51-61 del
cuaderno de pruebas 4.
[9] Cfr. Folios 2-21 del
cuaderno de pruebas 4
[10] Cfr. Folio 21 del
cuaderno de pruebas 4.
[11] Supra nota 6.
[12] Cfr. Folios 21 y ss del
cuaderno de pruebas 4.
[13] Cfr. Folio 1-3. del
cuaderno de pruebas 7.
[14] Cfr. Folio 66 del
cuaderno de pruebas 4.
[15] Supra nota 12.
[16] Cfr. Folio 140 del
cuaderno de pruebas 4.
[17] Cfr. Folio 49-51.
[18] Cfr. Folio 1 del
cuaderno de pruebas 6.
[19] Cfr. Folio 122 del
cuaderno de pruebas 6.
[20] Cfr. Folios 253 y ss.
del Cuaderno de pruebas 5.
[21] Cfr. Supra nota 17.
[22] Supra nota 17.
[23] Ibíd. Fl. 3.
[24] Cfr. Folio 135 del
cuaderno de pruebas 6
[25]
Cfr. Folio 102 - 105 del cuaderno de pruebas 6.
[26]
Cfr. Folio 1 del cuaderno de pruebas 5.
[27] Cfr. Folio 43 del
cuaderno de pruebas 5
[28] Ibid.
[29] Supra nota 25.
[30] Cfr. Folio 3 del
cuaderno de pruebas 3.
[31] Cfr. Folio 50 y ss. del
cuaderno de pruebas 5.
[32] Esta comunicación fue
recibida en la Secretaría de esta Corporación el once (11) de enero de 2008 en
razón al período de vacancias judiciales.
[33] Cfr.
Folio 1 del cuaderno principal.
[34] (MP. Martha Victoria Sachica). En dicha
oportunidad la Corte Concluyó: “En este orden, examinado el contenido material
del Convenio de Cooperación de la referencia, se concluye que el mismo formula
los lineamientos que han de tenerse en cuenta en adelante para la cooperación
judicial en asistencia jurídica destinada a las materias penales, constitutivo
de un instrumento internacional indispensable que permitirá promover en forma
más ágil, directa y eficiente las acciones de control, represión y sanción de
los delitos, en razón del objeto de las medidas acordadas y la coordinación que
para ellas se ha estipulado. No hay duda que sus disposiciones promueven la
coordinación para la ejecución de las actividades relativas a esa cooperación y
la colaboración mutua entre la República de Colombia y el Reino de España,
permitiendo, de esta manera, que el Estado colombiano con su celebración y
ejecución pueda cumplir con los mandatos constitucionales que se relacionan con
el proceso de internacionalización de las relaciones políticas y la integración
entre las naciones, así como con la administración eficiente de justicia, con
respeto a la soberanía, autodeterminación de los pueblos y vigencia de los
principios de derecho internacional reconocidos, bajo claros criterios de
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, entre los Estado negociadores.”
[35] Cfr. Entre otras,
Sentencia C-377 de 2000 (MP. Álvaro Tafur Galvis)
[36] Ibíd.
[37] MP. Jaime Córdoba
Triviño.
[38] Cfr. C-1055 de
2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra)
[39] Tal como se indicó en la
sentencia C-591 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), la regla de
exclusión hace referencia a “la inadmisibilidad, en la etapa de juicio, de
evidencia obtenida en el curso de un registro o detención contrarias a las
garantías constitucionales, extendiéndose a aquella cuyo origen está vinculado
estrechamente con ésta”
[40] “ARTÍCULO 242. ACTUACIÓN DE AGENTES ENCUBIERTOS. Cuando el fiscal
tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios
cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el indiciado o el
imputado en la investigación que se adelanta, continúa desarrollando una
actividad criminal, previa autorización del Director Nacional o Seccional de
Fiscalías, podrá ordenar la utilización de agentes encubiertos, siempre que
resulte indispensable para el éxito de las tareas investigativas. En desarrollo
de esta facultad especial podrá disponerse que uno o varios funcionarios de la
policía judicial o, incluso particulares, puedan actuar en esta condición y
realizar actos extrapenales con trascendencia jurídica. En consecuencia, dichos
agentes estarán facultados para intervenir en el tráfico comercial, asumir
obligaciones, ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o
domicilio del indiciado o imputado y, si fuere necesario, adelantar transacciones
con él. Igualmente, si el agente encubierto encuentra que en los lugares donde
ha actuado existe información útil para los fines de la investigación, lo hará
saber al fiscal para que este disponga el desarrollo de una operación especial,
por parte de la policía judicial, con miras a que se recoja la información y
los elementos materiales probatorios y evidencia física hallados.
“Así mismo, podrá disponerse que actúe como agente
encubierto el particular que, sin modificar su identidad, sea de la confianza
del indiciado o imputado o la adquiera para los efectos de la búsqueda y
obtención de información relevante y de elementos materiales probatorios y
evidencia física.“Durante la realización de los procedimientos encubiertos
podrán utilizarse los medios técnicos de ayuda previstos en el artículo
239. “En cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, se deberá
adelantar la revisión de legalidad formal y material del procedimiento ante el
juez de control de garantías dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes
a la terminación de la operación encubierta, para lo cual se aplicarán, en lo
que sea pertinente, las reglas previstas para los registros y allanamientos.“En
todo caso, el uso de agentes encubiertos no podrá extenderse por un período superior
a un (1) año, prorrogable por un (1) año más mediante debida justificación. Si
vencido el plazo señalado no se hubiere obtenido ningún resultado, esta se
cancelará, sin perjuicio de la realización del control de legalidad
correspondiente.
[41] T-729 de 2002 (MP.
Eduardo Montealegre Lynnett)
[42] Así mismo, en la sentencia T-414 de 1992,
frente a la titularidad del dato y a su posibilidad de apropiación por un
tercero, la Corte indicó: "Lo cierto es que por las muy estrechas
relaciones entre el dato personal y la intimidad que atrás hemos destacado, la
sola búsqueda y hallazgo de un dato no autoriza a pensar que se ha producido
simultáneamente su apropiación exclusiva y, por tanto, la exclusión de toda
pretensión por parte del sujeto concernido en el dato. De ahí que no pueda
hablarse de que existe un propietario del dato con las mismas implicaciones
como si se tratara de una casa, un automóvil o un bien intangible. Tampoco cabe
pensar que la entidad que recibe un dato de su cliente en ejercicio de una
actividad económica, se convierte por ello mismo en su propietario
exclusivo...".  En este mismo fallo la Corte se pronunció acerca de la
imposibilidad de someter los asuntos concernientes a los datos personales al
derecho clásico de propiedad, y excluyó cualquier intento de reconocerle
validez a la idea de su apropiación por parte de terceros.
[43]
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-729/02, fundamento jurídico 4 c).
[44] Sobre el concepto y la
validez de las normas jurídicas ver Hans Kelsen, Contribuciones a la Teoría
Pura del Derecho, Fontamara, México, 1992, Págs. 52-60, 62-65. Así mismo,
Riccardo Guastini, Distinguiendo, estudios de teoría y metateoría del
derecho, Editorial Gedisa, Barcelona, 1999, págs. 92-110, 307-343.
[45] Norberto Bobbio, Teoría
del Derecho, Editorial Temis, 2007, Págs. 3-139.
[46] Ibidem, Págs. 143-265.
[47] Sobre este tema
consultar Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Porrua, 1998.
[48] Ver H.L.A. Hart, El
concepto del Derecho, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Págs. 99-125.
[49] Ver H.L.A. Hart, El
concepto del Derecho, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Págs.
125-137.
[50] Ibidem, Pág. 133.
[51] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencias C-533/04, C-644/04,  C-333/05,  C-400/05, y
C-473/05.
[52] Corte
Constitucional Sentencia C- 930 de 2005.