T-207-18
Sentencia
T-207/18
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Padres en representación de hijos menores de edad
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Persona natural que actúa en defensa de sus
propios intereses
LEGITIMACION POR
PASIVA EN TUTELA-Autoridad pública
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Juez debe verificar
si ante la existencia de otro medio de defensa judicial, éste es eficaz e
idóneo
PERJUICIO IRREMEDIABLE-Características
ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER
LOS DERECHOS A LA EDUCACION Y A LA LIBRE ECOGENCIA DE PROFESION U OFICIO-Procedencia
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN ACCION DE TUTELA-Reglas generales
EDUCACION-Derecho
y servicio público con función social
El artículo 67 de la Constitución de 1991 reconoce a la
educación en una doble dimensión: como un servicio público y un derecho. De
este modo, garantiza que todas las personas tengan acceso al conocimiento, la
ciencia, la técnica, así como a los demás bienes y valores de la cultura, en
consonancia con los fines y principios constitucionales del Estado Social y
Democrático de Derecho.
DERECHO A LA EDUCACION-Componentes
DERECHO A LA EDUCACION-Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad
i) La asequibilidad o
disponibilidad del servicio, que puede resumirse en la obligación del
Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas a disposición
de todos aquellos que demandan su ingreso al sistema educativo, abstenerse de
impedir a los particulares fundar instituciones educativas e invertir en
infraestructura para la prestación del servicio, entre otras; (ii) la accesibilidad,
que implica la obligación del Estado de garantizar el acceso de todos en
condiciones de igualdad al sistema aludido, la eliminación de todo tipo de
discriminación en el mismo, y facilidades para acceder al servicio desde el
punto de vista geográfico y económico; (iii) la adaptabilidad, que se
refiere a la necesidad de que la educación se adapte a las necesidades y
demandas de los educandos y que se garantice continuidad en la prestación del
servicio, y (iv) la aceptabilidad, la cual hace alusión a la calidad
de la educación que debe impartirse.
DERECHO A LA EDUCACION-Reiteración de jurisprudencia
DERECHO A LA EDUCACION-Marco normativo
DERECHO A LA EDUCACION-Niveles/DERECHO A LA EDUCACION-Modalidades
DERECHO A LA EDUCACION-Libre escogencia de la modalidad educativa
LIBERTAD DE ESCOGER MODALIDAD EDUCATIVA-Derecho íntimamente ligado al ejercicio del
derecho a la libre escogencia de profesión u oficio
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que se
configura en los siguientes eventos: hecho superado, daño consumado o situación
sobreviniente
DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACION Y A LA LIBRE
ESCOGENCIA DE PROFESION Y OFICIO-Orden a Alcaldía Municipal restablecer el servicio de
transporte escolar a accionantes desde su lugar de residencia a institución
educativa
DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACION Y A LA LIBRE
ESCOGENCIA DE PROFESION Y OFICIO-Orden a Alcaldía Municipal ofrecer un cupo en institución
educativa a accionantes
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO-Accionantes
obtuvieron el grado de bachiller asumiendo cargas desproporcionadas para el
efecto
Referencia: Expediente T- 6.487.141
Acción de tutela instaurada por Yeimi Dayana Gómez Molina y otros
contra la Alcaldía Municipal de La Cruz, Nariño.
Procedencia: Juzgado Promiscuo de Familia
del Circuito de La Cruz, Nariño,
Asunto: Derechos a la educación y a la libre escogencia de la
profesión u oficio. Vínculo entre la modalidad educativa y la libertad de
escogencia de la profesión u oficio
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Sexta de Revisión de
Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por el
Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y por las Magistradas Cristina Pardo
Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido
la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo de segunda
instancia pronunciado el 29 de agosto de 2017 por el Juzgado Promiscuo
de Familia del Circuito de La Cruz, Nariño, que confirmó la sentencia emitida
el 24 de julio de 2017 por el Juzgado Promiscuo         Municipal de La Cruz, por
medio de la cual se negó el amparo constitucional solicitado por los
accionantes.
El asunto llegó a la Corte Constitucional en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, por remisión que efectuó el
Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de La Cruz. El 15 de diciembre de
2017, la Sala Número Doce de Selección de Tutelas[1]
de esta Corporación escogió el presente caso para su revisión.
I.      ANTECEDENTES
1.  La
Alcaldía de La Cruz, Nariño, prestó durante 9 años el servicio de transporte
escolar a los estudiantes que residen en el corregimiento de Tajumbina, de ese
mismo municipio, hasta la Institución Educativa de Bachillerato, la cual se
encuentra ubicada en el corregimiento La Estancia, Nariño.
2.  En
febrero de 2017, la Alcaldía suspendió la prestación del servicio de transporte
a los alumnos que residen en Tajumbina, con el argumento de que estos pueden
adelantar sus estudios en los establecimientos educativos ubicados en su
corregimiento.
3.  El 9
de mayo de 2017, los padres de familia de los estudiantes referidos, en
ejercicio del derecho de petición, solicitaron la reanudación del servicio de
transporte. Argumentaron que a pesar de que en su lugar de residencia se
encuentra ubicada la Institución Educativa Miguel Ángel Rangel, esta es de
carácter agropecuario mientras que la Institución Educativa de Bachillerato es
de “modalidad técnica”[2]. Por lo anterior, sostuvieron que el
transporte de sus hijos es necesario para que estos continúen la modalidad
educativa en la que han adelantado su proceso de formación. La petición no
obtuvo respuesta.
4.  El
11 de julio de 2017, los padres de familia Luz Dary Muñoz Erazo, Segundo Camilo
Paz Jojoa, José Mesías Guerrero, Luber Gómez Delgado, Betty del Carmen Meneses,
Verenice Ortega Bolaños, Marleny Molina Bolaños, Edimer Bolaños, Piedad del
Carmen Muñoz, Doria Bravo Ledezma y María Irma Bolaños Ortega, en calidad de
agentes oficiosos de Yeimi Dayana Gómez Molina, Lesly Elizabeth Muñoz Bolaños, Karen
Yisela Martínez Meneses, Emerson Julián Erazo Muñoz, Solanyi Vanessa Guerrero
Cerón, Karen Yecenia Martínez Meneses, Arnubio Martínez Ortega, Yunior Andrés
Ordoñez Muñoz, Zharick Yosleny Paz Bravo, Sandra Patricia Bolaños Molina,
Camila Carolina Carlosama Molina, Jesús Leber Gómez Molina y Yeferson Sebastián
López Bravo, interpusieron acción de tutela contra la Alcaldía Municipal de La
Cruz, Nariño.
Los accionantes adujeron que
la entidad accionada vulneró el derecho fundamental a la educación de sus hijos.
Argumentaron que debido a la suspensión del servicio de transporte ellos deben
caminar al menos dos horas diarias por una zona rural para acceder a la
Institución Educativa de Bachillerato, ya que quieren completar una modalidad
educativa técnica y no agropecuaria. Por lo tanto, solicitaron al juez de
tutela que le ordenara a la Alcaldía Municipal de La Cruz a restablecer el
servicio de transporte escolar.
Actuaciones en sede de
tutela
Por medio de auto del 11 de julio de 2017[3],
el Juzgado Promiscuo Municipal de La Cruz admitió la acción de tutela y corrió
traslado a la entidad accionada. Así mismo, vinculó a la Personería y a la
Comisaría de Familia del municipio.
Respuesta de la Alcaldía
Municipal de La Cruz
Mediante oficio del 14 de
julio de 2017[4], la Alcaldía del municipio La Cruz
respondió a la acción de tutela. En su contestación, manifestó que la
administración presta el servicio de transporte a menores de edad que viven en
su jurisdicción pero que no pueden acceder a instituciones educativas en los
corregimientos en los que residen, circunstancia diferente a la planteada por
los accionantes.
Con respecto al caso de los
alumnos de la Institución Educativa de Bachillerato que viven en Tajumbina
señaló que en este corregimiento se encuentra la Institución Educativa
Agropecuaria Miguel Ángel Rangel, a través de la que se les garantiza el
derecho a la educación, razón por la cual no existe la necesidad de desplazarse
para que este derecho sea efectivo. En ese sentido, resaltó que la decisión de
adelantar los estudios en una institución lejana al lugar de residencia es una
elección personal de los estudiantes que no tiene implicaciones para la
Alcaldía, ya que garantiza la educación de los estudiantes mediante el plantel
ubicado en el corregimiento en el que viven.
Respuesta de la Personería
Municipal de La Cruz
A través de oficio del 14 de
julio de 2017[5], la Personería Municipal de La Cruz
declaró que coadyuvó en la redacción de la tutela interpuesta por los
accionantes. En ese sentido, solicitó que se ampararan los derechos invocados y
se concedieran las pretensiones.
Respuesta de la Comisaría de
Familia de La Cruz, Nariño
Mediante oficio del 14 de
julio de 2017[6], la Comisaría de Familia de La Cruz
indicó que se acogía a la respuesta emitida por la entidad accionada.
Decisiones objeto de revisión
Fallo de primera instancia
Mediante sentencia del 24 de
julio de 2017[7], el Juzgado Promiscuo Municipal de La
Cruz decidió negar la solicitud de amparo al no encontrar vulnerados los
derechos fundamentales de los actores. A su juicio, la entidad accionada no
transgredió el componente de accesibilidad que caracteriza al derecho a la
educación, debido a que en el corregimiento en el que residen los accionantes
existe una institución que puede proporcionar los servicios educativos. En
consecuencia, señaló que si bien los estudiantes gozan de libertad para escoger
la modalidad educativa deben pagar el costo que implica su decisión.
Impugnación
El 27 de julio de 2017, los
peticionarios impugnaron la decisión del juez de instancia. Argumentaron que la
administración les prestó el servicio de transporte durante 9 años, lo que les
generó una expectativa legítima sobre la continuidad de este servicio. Así
mismo, señalaron que el cambio de  institución afecta su proceso formativo, debido
a que a lo largo de su vida recibieron educación técnica y no agropecuaria. Por
lo tanto, la suspensión del servicio de transporte y el cambio de modalidad
educativa  atentan contra su derecho a la libre escogencia de profesión u
oficio.
Fallo de segunda instancia
A través de sentencia del 29 de agosto de 2017[8],
el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de La Cruz confirmó la sentencia
de primera instancia. En primer lugar, señaló que la Alcaldía accionada no vulneró
el componente de accesibilidad del derecho a la educación, ya que en el
corregimiento en donde viven hay un establecimiento educativo que puede prestar
este servicio. En segundo lugar, indicó que el desplazamiento de los
accionantes a La Estancia responde a una decisión de los estudiantes de la que
no es posible inferir ninguna responsabilidad de la Administración como
vulneradora de derechos fundamentales. Por último, afirmó que no se defraudaron
las expectativas legítimas de los alumnos con la suspensión del servicio de
transporte, ya que esta decisión se comunicó previamente a la comunidad.
II. ACTUACIONES EN SEDE DE
REVISIÓN
Auto del 16 de febrero de 2018
Con el fin de contar con mayores elementos de juicio, mediante
auto del 16 de febrero de 2018[9], la Magistrada Sustanciadora ordenó a
la Institución Educativa de Bachillerato y a la Institución Educativa Agropecuaria
Miguel Ángel Rangel que informaran cuál es el currículo que ofrecen a sus
estudiantes, cuáles son las habilidades que buscan desarrollar en sus
estudiantes y de qué manera la modalidad de estudios se refleja en su
infraestructura. Por otro lado, también le solicitó a la Alcaldía de La Cruz,
Nariño que remitiera información relacionada con el presupuesto del municipio,
el porcentaje destinado a la educación y la fuente de los recursos.
Así mismo,
vinculó al Ministerio de Educación Nacional, a la Gobernación de Nariño y a la
Secretaría de Educación de ese departamento. Lo anterior, con el objetivo de
que el primero indicara cuáles son los criterios y elementos mínimos en
términos de infraestructura que determinan que una modalidad educativa sea técnica
o agrícola. De otra parte, ordenó a la Gobernación de Nariño que informara de
qué manera destinó los recursos para educación en los últimos cinco (5) años en
el municipio de La Cruz y cuáles son sus criterios para designar presupuesto.
Adicionalmente, le preguntó a la Secretaría de Educación de Nariño en qué
consiste y cómo se desarrolla concretamente en las mencionadas instituciones
educativas las modalidades de educación técnica y agrónoma.
Igualmente, solicitó que los señores Yeferson Sebastián López
Bravo y Yeimy Dayana Gómez Molina ratificaran lo expuesto en la acción de
tutela y manifestaran de manera clara su intención de exigir el amparo de sus
derechos fundamentales, ya que desde la presentación de la acción de tutela son
mayores de edad.
Por último, estableció que una vez recibidos los
informes rendidos por las instituciones educativas, estos se remitieran a la
Facultad de Educación de la Universidad de Nariño, al Centro de Estudios e
Investigaciones Docentes de la Federación Colombiana de Educadores, a la Facultad de
Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación de la Universidad del Cauca, a la
Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y al Centro de
Investigación de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, para
que rindieran concepto sobre las modalidades educativas
en mención y las implicaciones de cambiar la orientación del proceso educativo.
Respuesta de la Secretaría
de Educación y de la Gobernación de Nariño
La Secretaría de Educación
de Nariño, mediante comunicación electrónica del 22 de febrero de 2018[10],
allegó respuesta a las preguntas que se le formularon directamente y las
elevadas a la Gobernación de Nariño.
Respecto a las preguntas dirigidas
a la Gobernación de Nariño, la Secretaría señaló, en primer lugar, que aplica
los criterios para la destinación de presupuesto fijados por el Ministerio de
Educación Nacional y anexó el informe denominado “B02.06. Asignación de
Recursos Provenientes de Rendimientos Financieros Aplicados a Calidad Educativa”.
Este informe establece el procedimiento de priorización de proyectos para
asignación de recursos a través de transferencias provenientes de rendimientos
financieros aplicados a calidad educativa. De igual forma, determina y analiza
los requisitos que deben presentar las Instituciones Educativas para acceder a
recursos económicos para el mejoramiento, mantenimiento y dotación de los
ambientes escolares.
En segundo lugar, la
Secretaría se refirió a la destinación de los recursos para educación en el municipio
de La Cruz e informó que este hace parte del proyecto de “Mejoramiento de la
calidad educativa en 40 municipios no certificados del departamento de Nariño”[11].
En el marco de dicho proyecto, los recursos de rendimientos financieros del
Sistema General de Participaciones se destinaron a la financiación de los siguientes
proyectos en establecimientos educativos:
Proyectos que se
financiaron con rendimientos financieros aplicados a calidad educativa en los
últimos cinco años a establecimientos educativos en el municipio de La Cruz,
Nariño[12]
I.E. de Bachillerato
Adecuación restaurante
escolar y/o batería sanitaria
5’000.000
I.E. Normal Superior Del
Mayo
Adecuación restaurante
escolar y/o batería sanitaria
5’000.000
Institución Educativa De
Bachillerato
Dotación de mobiliario
10’000.000
Institución Educativa
Técnica San Francisco De Asís
Subsidio de transporte
escolar
2’500.000
Institución Educativa
Microempresarial De Cabuyales
Subsidio de transporte
escolar
3’000.000
Institución Educativa De
Bachillerato
Subsidio de transporte
escolar
2’500.000
Institución Educativa
Telesecundaria De San Gerardo
Subsidio de transporte
escolar
2’500.000
Institución Agropecuaria
Miguel Ángel Rangel
Subsidio de transporte
escolar
2’500.000
Institución Educativa
Técnica San Francisco De Asís
Infraestructura
10’000.000
Institución Educativa
Telesecundaria De San Gerardo
Dotación material didáctico
y ayudas audiovisuales
3’000.000
Institución Agropecuaria
Miguel Ángel Rangel
Dotación de mobiliario
3’000.000
Institución Educativa
Telesecundaria De San Gerardo
Dotación material didáctico
y ayudas audiovisuales
3’000.000
Institución Agropecuaria
Miguel Ángel Rangel
Dotación de mobiliario
3’500.000
I.E. Normal Superior De
Mayo-Primaria
Infraestructura
60’000.000
I.E. Normal Superior De
Mayo-Secundaria
Infraestructura
8’000.000
I.E. Normal Superior De
Mayo
Transporte escolar
2’500.000
Institución Educativa
Técnica San Francisco De Asís – C.E. El Aposento
Compra de equipos de cómputo
5’250.000
I.E. De San Gerardo – C.E.
Escandoy
Compra de equipos de cómputo
3’950.000
Institución Educativa
Telesecundaria De San Gerardo
Transporte escolar
3’000.000
Institución Educativa
Técnica San Francisco De Asís
Transporte escolar
3’000.000
I.E. Normal Superior De
Mayo
Transporte escolar
3’000.000
Institución Educativa De
Bachillerato
Transporte escolar
3’000.000
Institución Educativa
Microempresarial De Cabuyales
Transporte escolar
3’000.000
Institución Agropecuaria
Miguel Ángel Rangel
Transporte escolar
3’000.000
Institución Educativa
Técnica San Francisco De Asís C.E. El Aposento
Mejoramiento de
infraestructura
6’000.000
I.E. Normal Superior De
Mayo
Dotación semana educativa
2’500.000
Institución Educativa De
Bachillerato
Dotación restaurante
escolar de la I.E. De bachillerato
5’530.000
Institución Educativa
Técnica San Francisco De Asís
Dotación instrumentos
musicales I.E. San Francisco de Asís
6’000.000
En tercer lugar, resaltó que
adelanta un plan de infraestructura que busca diagnosticar el estado de las
plantas físicas educativas en los 61 municipios no certificados. Sin embargo,
no hizo referencias particulares a la Institución Educativa de Bachillerato ni
a la Institución Educativa Agropecuaria Miguel Ángel Rangel.
Por último, la Secretaría
resaltó que las indicaciones que la Gobernación de Nariño puede dar al
municipio de La Cruz en relación con la inversión de recursos económicos en
educación son de orden legal, y están previstas tanto en la Ley 715 de 2001,
como en las Directivas Ministeriales 04 del 27 de marzo de 2003 y 12 de junio
de 2008. En ese sentido, resaltó que:
“[d]e conformidad con las normas enunciadas respecto a los
recursos que las entidades territoriales certificadas y no certificadas
perciben por concepto de las transferencias del Sistema General de
Participaciones, resulta viable la financiación del servicio de transporte
escolar, siendo pertinente advertir que las entidades certificadas pueden
encaminar ésta inversión únicamente con el (sic) exceso de recursos que resulte
de pagar lo relacionado con el “pago de personal docente y administrativo de
las instituciones públicas, las contribuciones inherentes a nómina y sus
prestaciones sociales”,  […] otro es el escenario de las entidades
territoriales no certificadas, quienes al encontrar la prohibición expresa de
financiar gastos de personal con los recursos de calidad que son transferidos
del Sistema General de Participaciones, se encuentran obligados a ejecutar
éstos recursos de acuerdo a la priorización de las necesidades del servicio
educativo en cada localidad.”[13]
Ahora bien, en relación con las
preguntas formuladas directamente a la Secretaría de Educación, en primer lugar
respondió que según el artículo 32 de la Ley 115 de 1994, la modalidad
agropecuaria forma parte de la educación media técnica como una de las
especialidades, razón por la que no se pueden establecer diferencias entre la
educación técnica y la agropecuaria. En segundo lugar, dijo que en términos
académicos las consecuencias para los accionantes de cambiar de modalidad son no
cumplir con la totalidad de horas requeridas en cada enfoque. Por último,
resaltó que las instituciones académicas Miguel Ángel Rangel y Educativa de
Bachillerato se diferencian en que mientras en el pénsum de la primera “aparecen
ciencias agrícolas, ciencias pecuarias, extensión rural, administración
agropecuaria y taller”[14], en la segunda se registra “emprendimiento
y gestión empresarial.”[15]
Respuesta del Juzgado
Promiscuo de Familia del Circuito de La Cruz
El Juzgado Promiscuo de
Familia del Circuito de La Cruz, a través de comunicación del 22 de febrero de
2018[16], remitió oficio en el que certificó
el cumplimiento del despacho comisorio emitido por la Magistrada Sustanciadora.
En su respuesta anexó los cuestionarios formulados a Yeimi Dayana Gómez Molina
y Yeferson Sebastián López Bravo, quienes ratificaron los hechos y pretensiones
de la acción de tutela. No obstante, es importante señalar que el joven López
Bravo manifestó “que en la tutela que cayó (sic) dice que el colegio
agropecuario Tajumbina es solamente agropecuario, pero es todo lo contrario es
técnico agropecuario y el bachillerato lo presentaron como técnico y no es
técnico sino académico.”[17]
Respuesta de la Institución
Educativa de Bachillerato
La Institución Educativa de
Bachillerato, mediante comunicación electrónica del 22 de febrero de 2018[18],
informó que las accionantes Sandra Patricia Bolaños Molina, Solanyi Vanessa
Guerrero Cerón, Lesly Elizabeth Muñoz Bolaños y Zharick Yosleny Paz Bravo están
matriculadas en la institución. Además, señaló que Jenifer Marín Bolaños, a
pesar de no haber suscrito la acción de tutela de la referencia, también vive
en el corregimiento de Tajumbina y está inscrita en el colegio en el grado 6º.
Además, envió oficio en el
que comunicó que el modelo pedagógico del colegio es la “Pedagogía Dialogante”[19],
el cual consiste, entre otras, en reconocer “las diferentes dimensiones
humanas, el carácter contextual, cultural, histórico, social y mediado del
desarrollo [sic]; por lo tanto, [ubica] como principal tarea de la escuela el
desarrollo de competencias integrales.”[20]
Por último, anexó los planes
de estudio de las clases de español, lengua de señas colombiana, ciencias
naturales, ciencias sociales, educación artística, educación física, ética y
valores, informática, inglés y matemáticas.
Respuesta del Ministerio de
Educación Nacional
El Ministerio de Educación
Nacional respondió a las preguntas formuladas en esta sede mediante comunicación
electrónica del 23 de febrero de 2018[21]. En primer lugar, señaló que según
el artículo 28 de la Ley 115 de 1994 la educación media tiene el carácter de
técnica o académica. Conforme a lo establecido por el artículo 32 ibídem,
la educación media está dirigida a la formación calificada y está dividida en
las siguientes especialidades: agropecuaria, comercio, finanzas,
administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, minería,
salud, recreación, turismo, deporte y cualquier otra que requiera el sector
productivo y de servicios. De este modo, concluyó que “cuando hablamos de media
agropecuaria, se hace referencia a media técnica”[22].
En segundo lugar, informó lo
siguiente:
“no existe ni es factible establecer un modelo único o tipológico
arquitectónico ni de costos para un plantel [de educación] media técnica o agrícola,
dado que la definición programática depende de los PEI, por el énfasis o especialidad
que se quiera ofrecer, la cual varía de acuerdo con las regiones, [sic] a como se
desarrolla la demanda y a la oferta educativa en los territorios, que a su vez definen
las escalas de intervención.”[23]
En tercer lugar, indicó que
la educación media técnica tiene diversas especialidades y su oferta depende de
lo señalado en el Proyecto Educativo Institucional -PEI- de los establecimientos
educativos, por lo que cada currículo depende de la especialidad que cada uno
establezca. En ese sentido, “no existe un perfil único de estudiante en
media técnica y sus diversas especialidades”[24], ya que también depende de lo
establecido en el PEI de cada institución.
Respuesta de la Alcaldía de
La Cruz
La Alcaldía de La Cruz, mediante
comunicación electrónica del 28 de febrero de 2018[25],
manifestó que los recursos con los que cuenta el municipio para invertir en
educación provienen del Sistema General de Participaciones y de ingresos corrientes
de libre destinación. Además, precisó que el presupuesto global para la
vigencia fiscal de 2017 fue de $23.930.964.066, de los cuales $993.470.888 se destinaron
para el sector educativo. Por otro lado, afirmó que la educación que se imparte
en los centros educativos La Ciénaga, La Palma y el Salado es la misma que se
dicta en la primaria de la Institución Educativa Agropecuaria Miguel Ángel
Rangel, ya que comparten el mismo Proyecto Educativo Institucional-PEI. Finalmente,
destacó que las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007 regulan la inversión de los
recursos en educación.
Respuesta de la Institución
Educativa Agropecuaria Miguel Ángel Rangel
La Institución Educativa
Agropecuaria Miguel Ángel Rangel respondió a través de oficio del 28 de febrero
de 2018[26] a las preguntas formuladas en sede
de revisión. En primer lugar, señaló que el plan de estudios de la institución está
dividido, por un lado, en las nueve áreas fundamentales del conocimiento,
mientras que por el otro, se encuentran las áreas de conocimiento con énfasis
técnico agropecuario. En segundo lugar, dijo que:
“El egresado de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria
Miguel Ángel Rangel obtiene el título de Bachiller agropecuario y el de Técnico
en Producción Sistema productivos [sic] ecológicos ofrecido por el SENA
regional Nariño. En cumplimiento con la articulación de la educación básica
media.”[27]
En tercer lugar, manifestó
que las habilidades específicas que pretende que desarrollen los estudiantes a
lo largo de su formación escolar están encaminadas a la creación, liderazgo y
administración de microempresas e iniciativas agropecuarias, así como a la
gestión y asesoría de proyectos dentro de este campo.
En cuarto lugar, informó que
los accionantes Emerson Julián Eraso Muñoz, Karen Yesenia Martínez Meneses,
Karen Yisela Martínez Meneses, Yeferson Sebastián López Bravo, Yunior Andrés
Ordóñez Muñoz y Arnubio Martínez Ortega están matriculados en la institución.
Además, resaltó que la
modalidad agropecuaria se refleja en su infraestructura, ya que cuenta con:
“galpones para la implementación de proyectos productivos
pecuarios como galpón de pollos, galpón para gallinas ponedoras, galpón de
cuyes, galpón para el proyecto de marranos, espacios de pastoreo para proyectos
de conejos, lombricultura entre otros [sic], posee también planta de
sacrificio, eso en la parte pecuaria, en la parte agrícola cuenta con espacios
para la implementación y desarrollos de cultivos como quinua, maíz, papa,
pastos, hortalizas, plantas medicinales, arveja y un vivero.” [28]
Por último, precisó que
todas las actividades académicas y de la modalidad agropecuaria se desarrollan
dentro de la intensidad horaria institucional, y con jornadas extendidas en la
media técnica.
Respuesta de la Universidad
del Cauca
La Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad del Cauca, por medio de oficio radicado el 1º de
marzo del año en curso[29] en la secretaría de esta
Corporación, respondió a la invitación a participar de este proceso. En su
escrito afirmó que la educación agropecuaria es una dimensión de la educación
media técnica, ya que esta ofrece distintas especialidades. En ese sentido,
estableció que los campos laborales de los egresados de la educación técnica
dependen del énfasis que tenga la escuela, el cual puede ser cualquiera de los
establecidos en el artículo 32 de la Ley 115 de 1994.
Por otro lado, aseguró que:
“el cambio de modalidad, entendido “modalidad” como la
especialidad o énfasis en educación media técnica [tiene] implicaciones de
orden académico, al dificultar la comprensión adecuada de algunos temas
específicos de cada especialidad, las áreas de intensidad horaria de ellas, así
como las habilidades requerida [sic] para cada especialidad.”[30]
En síntesis, señaló que no
es conveniente modificar la modalidad que se cursa en los grados 10º y 11º, ya
que en estos niveles se desarrolla con mayor intensidad el énfasis técnico de
cada pénsum.
Respuesta de la Universidad
Pedagógica Nacional
La Facultad de Educación de
la Universidad Pedagógica Nacional, a través de escrito radicado el 5 de marzo
de 2018[31], dio respuesta a la invitación hecha
por la Magistrada Sustanciadora. De esta manera, precisó que tanto la modalidad
técnica como la agropecuaria pertenecen a la Educación Media Técnica, y en esa
medida los egresados de la modalidad agrícola se desempeñan en labores y
oficios relacionados con el sector productivo agropecuario, mientras que el
horizonte laboral de los egresados de la modalidad técnica depende en gran
medida de la especificidad técnica escogida por la institución educativa.
A continuación, manifestó
que cambiar de una modalidad educativa a otra “atenta contra los procesos
escolares, comunitarios e individuales de los estudiantes, su familia y su
comunidad.”[32] Para terminar sostuvo que “no
se podría considerar como estrictamente conveniente en ningún caso modificar la
modalidad en el marco de un proceso educativo.”[33]
Respuesta de la Universidad
de los Andes
El Centro de Investigación
de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes radicó su respuesta
a la invitación de la Magistrada Sustanciadora el 6 de marzo de 2018[34].
De manera preliminar, afirmó que “en el expediente queda claro que una de
las instituciones educativas cuenta con la modalidad agraria pero no queda
clara la especialidad de la otra institución”[35], por lo que “es necesario
precisar para poder identificar cuáles serían sus diferencias”[36].
Después, afirmó que la educación media técnica prepara a los estudiantes para
desempeñarse laboralmente en los sectores productivos y de servicios, así como
para ingresar a la educación superior.
Por otro lado, sostuvo que
las implicaciones en el proceso educativo de cambiar de modalidad recaerían “1.
En la posibilidad del estudiante de trabajar en un campo de su interés y 2. En
un cambio en su proyecto de vida para continuar en los procesos de formación
técnica, tecnológica o profesional”[37]. Con base en estas
consideraciones, aseguró que modificar la especificidad técnica durante los
grados 10º y 11º “podría impedir el tránsito de los estudiantes hacia la
educación para el trabajo y/o profesional.”[38]
Respuesta de la Universidad
de Nariño
La Facultad de Educación de
la Universidad de Nariño, a través de oficio radicado el 9 de marzo de 2018[39],
respondió la invitación de la Magistrada Sustanciadora. En primer lugar, manifestó
que dentro de la educación media técnica existen diversas modalidades entre las
que se encuentra la agropecuaria, cuyo propósito es el estudio del campo y de
los distintos aspectos que tienen que ver con la agricultura.
En segundo lugar, sostuvo
que la educación técnica prepara a las personas para vincularse al sector
productivo y desempeñarse en las diversas modalidades que prevé el artículo 32
de la Ley 115 de 1994. Por último, sostuvo que resulta inconveniente adelantar
cambios en la modalidad educativa, ya que implica:
“(…) cambiar el horizonte educativo del estudiante, derivando de
ello la limitación de potencialidades, intereses y expectativas de los
estudiantes o bien ampliarlas, dependiendo si la modificación se ha
contextualizado a las posibilidades y necesidades de la región y el país y
especialmente en las necesidades e intereses de los estudiantes y a su proyecto
de vida.”[40]
Auto del 9
de marzo de 2018
Una vez recibida la
información del auto del 16 de febrero de 2018, la Sala de Revisión consideró
que esta era insuficiente para resolver el asunto. Por lo tanto, a través de
auto del 9 de marzo de 2018[41], requirió a la Institución Educativa
de Bachillerato para que cumpliera las órdenes emitidas en el auto del 16 de
febrero de 2018 y, además, le ordenó que allegara copia de las Resoluciones
1711 del 4 de 2003 y 1889 del 13 de junio de 2013, ya que estas regulan su
modalidad académica. Por otro lado, para tener mayor información sobre el
asunto en discusión, consideró necesario ordenar a la Alcaldía que precisara el
presupuesto destinado para transporte escolar durante el 2016 y las razones por
las que dejó de prestar este servicio a los accionantes.
Por último, anotó que después
de cotejar las listas de estudiantes enviadas por las instituciones educativas
se advirtió que Yeimi Dayana Gómez y Jesús Leber Molina no están inscritos.
Siendo así, les ordenó a través de la Personería Municipal que informaran por
qué no están matriculados en los colegios mencionados y si actualmente adelantan
estudios de educación media en otra institución educativa.
Informe del 12 de marzo de 2018
El despacho de la Magistrada
Sustanciadora, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en
atención al carácter informal de la acción de tutela y con el objetivo de contar
con elementos de juicio suficientes, contactó por vía telefónica al señor Luber
Gómez Delgado, padre de Yeimi Dayana Gómez, con el fin de determinar si esta se
encontraba escolarizada. El señor Gómez Delgado aseguró que la accionante recibió su título de bachiller de la Institución
Educativa de Bachillerato en diciembre de 2017[42].
Respuesta de la Institución
Educativa de Bachillerato
La Institución Educativa de
Bachillerato respondió al requerimiento formulado a través de comunicación
electrónica del 20 de marzo de 2018[43]. En primer lugar, anexó una copia de
la Resolución 1889 del 13 de junio de 2013, que reconoce que la institución
está autorizada para expedir certificados “académicos y técnicos
agroindustriales en la educación regular y académicos en la educación de
adultos.”[44]
En segundo lugar, el colegio
allegó el plan de estudios de la modalidad de bachillerato agroindustrial. Este
precisa que el objetivo de esta modalidad es:
“orientar a los estudiantes hacia el desarrollo de
competencias laborales y de un liderazgo emprendedor, a través de la
transferencia de conocimientos y herramientas en las tecnologías y procesos de
transformación de frutas, vegetales, cárnicos, lácteos, y artesanías y
contribuir así al mejoramiento de la calidad y pertinencia de la educación
media técnica mediante una  formación para el trabajo.”[45]
Por último, señaló que una
persona que haya obtenido el título de Bachiller Técnico Agroindustrial de la
Institución Educativa Bachillerato de La Cruz  debe ser competente laboralmente
para, entre otras, transformar, adecuar y procesar alimentos a partir de
productos agrícolas.
Respuesta de la Alcaldía de
La Cruz, Nariño
La Alcaldía Municipal de La
Cruz, a través de correo electrónico del 21 de marzo de 2018[46],
respondió a las preguntas formuladas por la Magistrada Sustanciadora. En primer
lugar, afirmó que el presupuesto destinado para el  transporte escolar durante
el año 2016 fue de $326.000.000.00. En segundo lugar, reiteró que la decisión
de suspender el servicio de transporte escolar de los accionantes se debió a
que en el corregimiento en el que viven se encuentra la Institución Educativa
Agropecuaria Miguel Ángel Rangel, a través de la que se les garantiza el
derecho a la educación, razón por la cual no existe la necesidad de desplazarse
para que este derecho sea efectivo.
Respuesta de la Personería
Municipal de La Cruz, Nariño
La Personería Municipal de
La Cruz, mediante comunicación electrónica del 10 de abril de 2018[47],
dio respuesta a las preguntas formuladas por la Magistrada Sustanciadora.
Por un lado, informó que la
señora Marleny Molina Bolaños, como representante legal de Jesús Leber Molina
Bolaños, compareció ante la Personera Municipal y le indicó que su hijo estuvo
matriculado en la Institución Educativa de Bachillerato hasta quinto de
primaria. No obstante, el menor de edad abandonó sus estudios porque no se
siente cómodo por su edad -15 años- y el grado que debe cursar –sexto-. Sobre
esta circunstancia, la Personería informó que intentó convencer al joven y a su
madre de retomar la formación escolar sin éxito, por lo que remitió el caso a
la Comisaría de Familia Municipal para que tomara las medidas correspondientes.
Por otro lado, la Personería
indicó que a pesar de que no se pudo comunicar directamente con Yeimi Dayana
Gómez Molina, la Personera Municipal  informó que “pudo conocer a través de
la señora LUZ DARY MUÑOZ ERAZO en que YEIMI cursó estudios hasta 11 y recibió
su grado en diciembre de 2017 en la Institución Educativa de Bachillerato del
corregimiento de La Estancia.”[48]
Informe del 17 de abril de
2018
El 17 de abril de 2018, el
despacho de la Magistrada Sustanciadora contactó por vía telefónica[49]
a Luz Dary Muñoz Erazo con el propósito de establecer su rol dentro del proceso
en referencia y su relación con Yeimi Dayana Gómez Molina. En primer lugar, la señora
Muñoz Erazo señaló que es la encargada de liderar la acción de tutela dentro de
su comunidad. En segundo lugar, comunicó que es vecina de Yeimi Dayana Gómez
Molina y aseguró que en diciembre de 2017 esta se graduó de bachiller de la
Institución Educativa de Bachillerato. Por último, informó al despacho que
Camila Carolina Carlosama Molina también se graduó de ese colegio en el
mencionado periodo.
Para corroborar la información
descrita, el despacho de la Magistrada Sustanciadora llamó a Camila Carolina
Carlosama Molina, quien confirmó que en el mes de  diciembre de 2017 recibió su
título de bachiller de la Institución Educativa de Bachillerato.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
1.
Corresponde a la Corte Constitucional analizar, en Sala de
Revisión, las sentencias proferidas dentro de la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto objeto de revisión y cuestión previa a la formulación de los
problemas jurídicos
2. Los padres de familia Luz
Dary Muñoz Erazo, Segundo Camilo Paz Jojoa, José Mesías Guerrero, Luber Gómez
Delgado, Betty del Carmen Meneses, Verenice Ortega Bolaños, Marleny Molina
Bolaños, Edimer Bolaños, Piedad del Carmen Muñoz, Doria Bravo Ledezma y María
Irma Bolaños Ortega, en calidad de agentes oficiosos de Yeimi Dayana Gómez
Molina, Lesly Elizabeth Muñoz Bolaños, Karen Yisela Martínez Meneses, Emerson
Julián Erazo Muñoz, Solanyi Vanessa Guerrero Cerón, Karen Yecenia Martínez
Meneses, Arnubio Martínez Ortega, Yunior Andrés Ordóñez Muñoz, Zharick Yosleny
Paz Bravo, Sandra Patricia Bolaños Molina, Camila Carolina Carlosama Molina,
Jesús Leber Gómez Molina y Yeferson Sebastián López Bravo, interpusieron acción
de tutela contra la Alcaldía Municipal de La Cruz.
Los accionantes indicaron que
la suspensión del servicio de transporte por  parte de la entidad accionada vulneró
sus derechos fundamentales a la educación, a la libre escogencia de la
modalidad educativa y a la libertad de aprendizaje, ya que deben caminar al
menos dos horas diarias por una zona rural para acceder a la Institución
Educativa de Bachillerato, a la cual asisten para completar su proceso
educativo en la modalidad técnica en la que iniciaron su formación.
3. La Sala considera que
antes de la formulación del problema jurídico de fondo debe determinar si la
acción de tutela es procedente. Por lo tanto, analizará si esta cumple con los
requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 86 Superior, a saber:
i) legitimación en la causa por activa; ii) legitimación en la causa por
pasiva; iii) subsidiariedad; e, iv) inmediatez.
Examen de procedencia de la
acción de tutela
Legitimación en la causa por
activa
4. El artículo 86 de la
Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de
defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección
inmediata de sus derechos fundamentales. En desarrollo de este, el artículo 10
del Decreto 2591 de 1991 previó la posibilidad de que un tercero agencie los
derechos del afectado y solicite su protección "cuando el titular de
los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa".
De este modo, existen
eventos en los cuales se reconoce la legitimidad en la causa por activa en la
acción tutela, aunque la persona que promueva el amparo no sea el titular de
los derechos. Por ejemplo, cuando la presentación de la acción de tutela es
realizada a través de i) representantes legales -caso de los menores de edad,
los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas-, ii)
mediante apoderado judicial, y iii) a través de la agencia oficiosa. Particularmente,
en el caso de los menores de edad, los padres pueden promover la acción de
tutela para proteger sus derechos fundamentales afectados o amenazados, debido
a que ostentan la representación judicial y extra-judicial de los descendientes
mediante la patria potestad[50].
Ahora bien, es importante señalar que esta Corporación
ha sostenido que cualquier persona sin diferenciación alguna puede formular
acción de tutela por sí misma o por quien actúe a su nombre, siempre y cuando
cumpla con los demás requisitos de procedibilidad. Así las cosas, se tiene que
la edad no constituye un factor diferenciador ni limitante frente a su
ejercicio, por cuanto no existe una exigencia expresa sobre la mayoría de edad
para presentarla. Esto permite que los niños puedan tramitar pretensiones a
través de acción de tutela sin que tengan que actuar a través de sus padres o
representantes legales[51].
5. En esta
oportunidad los padres de familia formularon la acción de tutela en calidad de “agentes oficiosos” de sus hijos.
A pesar de que la acción de tutela se presentó invocando la
agencia oficiosa, de acuerdo con el artículo 288 del Código Civil los padres
son los representantes legales de sus hijos. En consecuencia, los titulares de
los derechos cuyo restablecimiento se reclama son los menores de edad, quienes
están legitimados para presentar la acción de manera autónoma o a través de sus
padres que, como se vio, por disposición legal actúan como sus representantes
legales y no como agentes oficiosos.
Por lo anterior, se concluye que los menores de edad se encuentran
legitimados en la causa por activa, ya que son las personas directamente
afectadas en sus derechos.
Por otro lado, es importante señalar que según lo establecido en
los oficios remitidos por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de La
Cruz[52], Yeimi Dayana Gómez Molina y Yeferson
Sebastián López Bravo, mayores de edad, ratificaron los hechos y pretensiones
de la acción de tutela. Por lo tanto, también están legitimados en la causa por
activa en los términos del Decreto 2591 de 1991, ya que también pretenden el
restablecimiento de sus derechos fundamentales a la educación, a la libre
escogencia de la modalidad educativa y a la libertad de aprendizaje.
Legitimación en la causa por
pasiva
6. La legitimación en la causa por pasiva dentro del trámite de
amparo hace referencia a la capacidad legal de quien es el destinatario de la
acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental invocado una vez se acredite la
misma en el proceso[53]. Conforme a los artículos 86 de la
Constitución y 5º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de una autoridad
pública que haya violado, viole o amenace un derecho fundamental.
7. En el presente asunto la acción está
dirigida contra la Alcaldía Municipal de La Cruz, por lo
que se trata de una tutela contra una autoridad
pública a la que se le atribuye la vulneración de derechos fundamentales. En
consecuencia, se encuentra acreditado el requisito de legitimación en la causa por
pasiva.
Subsidiariedad
8. El inciso 4º del artículo 86 de la Constitución Política
establece el principio de subsidiariedad como requisito de procedencia de la
acción de tutela así:
“[E]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. (Negrilla fuera del texto original).
De este modo, la norma determina que si hay otros mecanismos de
defensa judicial que sean idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a
ellos y no a la acción de tutela.
Sobre la eficacia del medio, la jurisprudencia constitucional ha
precisado que esta se refiere a que el mecanismo judicial haya sido “diseñado de forma tal que
brinde oportunamente una protección al derecho”[54]. Es decir, que una
vez resuelto por la autoridad judicial o administrativa competente, tenga la
virtud de garantizarle al solicitante oportunamente el derecho. A su vez, se
entiende que una acción judicial no es idónea cuando “no permite resolver el
conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución integral
frente al derecho comprometido”[55].
9. Ahora bien, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86
Superior y 6º del Decreto 2591 de 1991, aunque exista un mecanismo ordinario
que permita la protección de los derechos que se consideran vulnerados, la
tutela es procedente si se acredita que i) el mecanismo no es idóneo ni eficaz,
o ii) “siendo apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia de
un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de
los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia
excepcional de la tutela”[56].
Este perjuicio se
caracteriza:
“(i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por
suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo
material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii)
porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable
sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de
garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad”[57].
En relación con la
gravedad caracterizada en el segundo supuesto, esta Corporación ha determinado
que es necesario que se demuestre el daño que representa una situación
determinada para que se justifique la intervención del  juez constitucional. Lo
anterior, con el fin de evitar la configuración de un perjuicio irremediable,
por lo que antes de esta injerencia se deben evaluar las posibilidades que
tiene el accionante con los mecanismos ordinarios de defensa judicial y, en
caso de que lleve a cabo una intervención, debe examinar si el amparo
constitucional procede de forma definitiva o transitoria[58].
10. En este caso, esta
Sala de Revisión encontró que aun cuando los accionantes no contaban con ningún
mecanismo ordinario de defensa judicial para solicitar el amparo de sus derechos
fundamentales, el 9 de mayo de 2017 ejercieron el derecho de petición para
solicitarle a la Alcaldía Municipal la reanudación del servicio de transporte[59].
Teniendo en cuenta que la mencionada petición no tuvo respuesta, y que en este
caso los actores no cuentan con un medio idóneo que les ofrezca una solución
integral para el restablecimiento de los derechos comprometidos, la Sala
concluye que la acción de tutela es procedente como mecanismo definitivo.
Inmediatez[60]
11. Esta Corporación ha resaltado que de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela no tiene término de
caducidad. Sin embargo la solicitud de amparo debe formularse en un término
razonable desde el momento en el que se produjo el hecho vulnerador.
Esta exigencia se deriva de la finalidad de la acción
constitucional que pretende conjurar situaciones urgentes que requieren de la
inmediata intervención del juez constitucional. Por lo tanto, cuando ha
transcurrido un periodo de tiempo considerable y desproporcionado entre la
ocurrencia del evento en el que se vulneraron o amenazaron los derechos
fundamentales y la presentación de la acción de tutela, se entiende prima
facie que su carácter apremiante fue desvirtuado, siempre que no se hayan
expuesto razones que justifiquen el paso del tiempo para utilizar el mencionado
instrumento constitucional.
Así mismo, este requisito de procedencia tiene por objeto respetar
o mantener la certeza y estabilidad de los actos o decisiones que no han sido
controvertidos durante un tiempo razonable, respecto de los cuales se presume
la legalidad de sus efectos ante la ausencia de controversias jurídicas. En ese
sentido, la jurisprudencia de este Tribunal[61]
ha precisado que el presupuesto de inmediatez: i) tiene fundamento en la finalidad
de la acción, la cual supone la protección urgente e inmediata de un derecho
constitucional fundamental; ii) persigue la protección de la seguridad jurídica
y los intereses de terceros; e iii) implica que la tutela se haya interpuesto
dentro de un plazo razonable, el cual dependerá de las circunstancias
particulares de cada caso.
12. En atención a las consideraciones expuestas, la Sala advierte que
el presupuesto de inmediatez está acreditado, ya que transcurrieron cinco meses desde el momento en el que
el municipio dejó de prestar el servicio de transporte escolar[62]
y la presentación de la acción de tutela de la referencia. Este espacio de
tiempo se muestra razonable y proporcionado en el caso particular.
13. En definitiva, la Sala encontró acreditados en el presente
asunto los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela y, en
consecuencia, procederá al estudio de las vulneraciones denunciadas, previa
formulación del problema jurídico.
Problema jurídico
14. La
Sala estima que el problema jurídico que debe resolver se circunscribe a establecer
si: ¿La Alcaldía Municipal de La Cruz vulneró los derechos fundamentales
a la educación y la libre escogencia de profesión u oficio de los accionantes
al suspender el servicio de transporte que los trasladaba desde el
corregimiento de Tajumbina, en donde residen, a la Institución Educativa de
Bachillerato, ubicada en el corregimiento de La Estancia, a través del cual se
les garantizaba el acceso a la modalidad educativa en la que iniciaron su proceso
formativo?
15. Para resolver la cuestión planteada, es necesario
examinar los siguientes temas: i) el derecho  fundamental a la educación y sus
componentes; ii) las modalidades educativas y su vínculo con la libertad de
escogencia de profesión y oficio; iii) la carencia actual de objeto por daño
consumado. Después del estudio de esos asuntos se llevará a cabo el análisis
del caso concreto.
El derecho a la educación
y sus componentes. Reiteración jurisprudencial
16. El artículo 67 de la
Constitución de 1991 reconoce a la educación en una doble dimensión: como un
servicio público y un derecho. De este modo, garantiza que todas las personas
tengan acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica, así como a los demás
bienes y valores de la cultura, en consonancia con los fines y principios
constitucionales del Estado Social y Democrático de Derecho.
Por un lado, debe señalarse que la educación como servicio público
exige del Estado acciones concretas para garantizar su prestación eficaz y
continua a todos los habitantes del territorio nacional. Los principios que
rigen su prestación son la universalidad, la solidaridad
y la redistribución de los recursos en la población económicamente vulnerable.
Por otro lado, debe señalarse que si bien la educación está prevista como
un derecho social, económico y cultural en el texto constitucional, tanto el
artículo 44 de la Carta en el caso de los niños, como la jurisprudencia de esta
Corporación en el caso de los adultos[63],
la han reconocido como un derecho fundamental.
17. Además de esas normas, el bloque de constitucionalidad remite
a varias disposiciones que regulan y fijan el alcance de la educación y de las
obligaciones estatales en la materia. Por ejemplo, los Estados deben tomar
medidas tales como la implantación de la enseñanza gratuita, el apoyo
financiero en caso de necesidad, el fomento de la asistencia a las escuelas y
buscar la reducción de las tasas de deserción escolar[64]. En particular, la Observación
General No. 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  describió
el alcance del derecho a la educación en el Pacto Internacional sobre esta
misma materia[65]
-en adelante PIDESC- y precisó que existen cuatro facetas de la prestación: la
aceptabilidad, la adaptabilidad, la disponibilidad o asequibilidad, y la
accesibilidad.
En concordancia con lo
establecido en la Observación General No. 13, esta Corporación ha fijado el
alcance de cada una de esas esferas de la educación. La sentencia C-376 de
2010[66]
lo hizo en los siguientes términos:
“i) la asequibilidad o
disponibilidad del servicio, que puede resumirse en la obligación del
Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas a disposición
de todos aquellos que demandan su ingreso al sistema educativo, abstenerse de
impedir a los particulares fundar instituciones educativas e invertir en
infraestructura para la prestación del servicio, entre otras; (ii) la accesibilidad,
que implica la obligación del Estado de garantizar el acceso de todos en
condiciones de igualdad al sistema aludido, la eliminación de todo tipo de
discriminación en el mismo, y facilidades para acceder al servicio desde el
punto de vista geográfico y económico; (iii) la adaptabilidad, que se
refiere a la necesidad de que la educación se adapte a las necesidades y demandas
de los educandos y que se garantice continuidad en la prestación del servicio,
y (iv) la aceptabilidad, la cual hace alusión a la calidad de la
educación que debe impartirse.”
18. La
incorporación de estas facetas de la educación es fácilmente reconocible en el
texto constitucional, a lo que se suma que estas han sido objeto de distintos
pronunciamientos de la Corte Constitucional. Respecto de la asequibilidad o
disponibilidad, el inciso 5 del artículo 67 de la Constitución señala que
el Estado debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los
menores de edad las condiciones necesarias para su acceso y permanencia. Así
mismo, el inciso 1º del artículo 68 de la Carta Política da la posibilidad
expresa a los particulares para fundar establecimientos educativos.
En la sentencia T-533 de 2009[67] esta Corporación indicó que de conformidad con el artículo 67
Superior, la educación obligatoria “comprenderá como mínimo, un año de
preescolar y nueve de educación básica”. De este modo, la Corte subrayó que
esta disposición constitucional se traduce en que si bien el Estado tiene la
obligación de disponibilidad respecto de todas las etapas de la educación
(preescolar, primaria, secundaria y superior), se prioriza la consecución de un
mínimo: un año de preescolar y nueve de educación básica, es decir 1 año de
preescolar, 5 años de primaria y 4 de secundaria. También indicó que aunque el artículo
67 de la Constitución prevé que la educación es obligatoria para los niños y
niñas entre los 5 y los 15 años, esta referencia debe ser entendida hasta los
18 años, ya que según el artículo 1° de la Convención
sobre los Derechos del Niño - ratificada por Colombia por medio de la Ley 12 de
1991- la niñez se extiende hasta los 18 años.
En síntesis, bajo
la esfera en mención el Estado debe priorizar la consecución de la educación en
los siguientes niveles: un año de preescolar,
cinco años de primaria y cuatro de secundaria, y la obligatoriedad para niños,
niñas y adolescentes entre 5 y 18 años.
19. Por otro lado, debe
señalarse que la accesibilidad consta de tres dimensiones reconocidas
constitucionalmente:
i) No discriminación: “la educación debe ser accesible a
todos, especialmente a los grupos más vulnerables de hecho y de derecho”[68]. La obligación correlativa
del Estado en este punto es la eliminación de todo tipo de discriminación en el
sistema educativo, compromiso que en el ordenamiento jurídico colombiano se
logra mediante el desarrollo del artículo 13 de la Constitución que reconoce el
derecho a la igualdad.
ii) Accesibilidad material: la obligación estatal es
garantizar por los medios más adecuados que el servicio educativo sea accesible
desde el punto de vista físico. Este deber corresponde al mandato previsto en
el inciso 5 del artículo 67 de la Constitución que prescribe que el Estado debe
asegurar a los menores de edad las condiciones necesarias para su acceso y
permanencia en el sistema educativo.
iii) Accesibilidad
económica: el inciso 4º del artículo 67 Superior indica que la
educación debe ser gratuita en las instituciones del Estado sin perjuicio del
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. No obstante, la
jurisprudencia constitucional ha especificado sobre esta norma que se entiende
que solo la educación básica
primaria tiene un carácter gratuito y obligatorio en las instituciones
estatales, mientras progresivamente se alcanza la gratuidad universal para
los niveles de secundaria y la educación superior[69].
En
consecuencia, la accesibilidad se
refleja en la responsabilidad del Estado de eliminar todas las barreras que
puedan desincentivar a los menores de edad de su aprendizaje.
20. Sobre la adaptabilidad, el inciso
5º del artículo 68 de la Constitución señala que los integrantes de grupos
étnicos tienen derecho a una educación que respete y desarrolle su identidad
cultural. Además, el inciso 6º de esa disposición indica que el Estado está
obligado a prestar el servicio  de educación a las personas en situación de
discapacidad y a aquellos con capacidades excepcionales.
La doctrina internacional ha
determinado que esta dimensión hace referencia a que la educación debe “tener la flexibilidad necesaria para
adaptarse a las necesidades de las sociedades y comunidades en transformación y
reconocer las circunstancias de los alumnos en contextos culturales y sociales
variados.”[70]
Por lo tanto, la jurisprudencia ha interpretado que hace referencia
a que “la enseñanza secundaria exige planes de estudio flexibles y sistemas de
instrucción variados que se adapten a las necesidades de los alumnos en
distintos contextos sociales y culturales”[71].
Otra característica de la
adaptabilidad “consiste en su capacidad para generar las estrategias,
métodos, y acciones necesarias hacia la garantía de la permanencia y la no
deserción en la escuela.”[72] Al respecto, es importante resaltar el artículo 28, literal e), de la
Convención sobre los Derechos del Niño, en la que señala que los Estados tiene
la obligación de adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las
escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. En igual sentido, el numeral
23 del artículo 41 de la Ley 1098 de 2006[73] dispone que le
corresponde al Estado diseñar
y aplicar estrategias para la prevención y el control de la deserción escolar y
para evitar la expulsión de los niños, las niñas y los adolescentes del sistema
educativo.
En consecuencia, una educación adaptable
reconoce las particularidades de las personas y trabaja en función de
garantizar los derechos humanos de toda la población, por lo que busca “potenciar
el respeto y la expresión de la diversidad cultural, generacional, étnica,
sexual, de género, y de las subjetividades plurales que convergen en un mismo
territorio de aprendizaje.”[74]
21. Por último, el criterio
de aceptabilidad se ve reflejado en el inciso 5º del artículo 67 de la Carta, de conformidad con el cual
el Estado debe regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la
educación con el fin de velar por su calidad y la mejor formación moral,
intelectual y física de los educandos. Adicionalmente, el inciso 3º del
artículo 68 Superior establece que la enseñanza debe estar a cargo de personas
de reconocida idoneidad ética y pedagógica.
La Observación General
No. 13 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, intérprete del
PIDESC, exige que la forma y el fondo de la educación, incluyendo los programas
de estudio y los métodos pedagógicos, sean aceptables. Esto supone que sean
pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad. También, que se
ajusten a los objetivos de la educación mencionados en el artículo 13 del pacto
en mención y a las normas mínimas que apruebe cada Estado en materia de
enseñanza.
Además, la aceptabilidad
educativa involucra un componente de equidad. De ahí que la Observación General
referida haya calificado como posibles discriminaciones con arreglo al pacto “las
agudas disparidades de las políticas de gastos que conduzcan a que la calidad
de la educación sea distinta para las personas que residen en diferentes
lugares”.
Por otro lado, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha determinado que esta dimensión
hace referencia “a la aceptabilidad de los programas y métodos educativos
por parte de los estudiantes y, si es necesario, de los padres”[75].
Por lo tanto, los programas deben cumplir los objetivos de la educación y las
normas mínimas que el Estado apruebe en materia de enseñanza.
Ahora bien, el respeto a
la libertad de los padres de tener hijos educados de conformidad con sus
valores religiosos, morales o convicciones filosóficas es reconocido en el
artículo 68, inciso 5º, de la Carta de 1991 de la siguiente forma: “Los
padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus
hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser
obligada a recibir educación religiosa.” La jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha determinado que esta norma les concede a
los padres la facultad de seleccionar:
“[l]as mejores opciones educativas para sus hijos
menores, en el sentido de excluir toda coacción externa que haga forzoso un
determinado perfil, un cierto establecimiento, una ideología específica, o que
niegue a los progenitores la posibilidad de diseñar, según sus propias
concepciones, la orientación pedagógica y formativa que estiman deseable para
su mejor porvenir, de manera tal que puedan escoger el tipo de educación que
más les convenga entre las distintas opciones que se ofrecen, públicas y
privadas, haciendo que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que más
se ajuste a las convicciones de los padres.”[76]
Por lo tanto, el
componente de la aceptabilidad de la educación parte del reconocimiento de los
menores de edad como sujetos de derechos y, en consecuencia, obliga al Estado a
prestar una educación de calidad y a respetar las convicciones tanto de los
padres como de los alumnos sobre el enfoque de la formación.
22. La Sala Plena de esta
Corte ha abordado el contenido del derecho a la educación en distintos
pronunciamientos. La sentencia C-210 de 1997[77] declaró inexequible el
artículo 186 de la Ley 115 de 1994[78],
el cual consagraba la gratuidad de la educación en los establecimientos
públicos para hijos del personal de educadores, directivos y administrativos
del sector educativo estatal, de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la
Policía Nacional muertos en servicio activo. En esa oportunidad, esta
Corporación resaltó que el mandato constitucional de gratuidad de la educación “es
claro y no hace distinciones” en cuanto a sus titulares.
Del mismo modo, la jurisprudencia ha sostenido que
el derecho a la educación es un presupuesto básico para el ejercicio de otros
derechos fundamentales. Por ejemplo, en la Sentencia T-780 de 1999[79] la Corte conoció la tutela promovida por una estudiante
universitaria que cambió de programa de formación profesional y de institución
de educación superior, razón por la cual un fondo de prestaciones sociales le
extinguió el derecho a la sustitución pensional que percibía a partir de la
muerte de su padre. En esa oportunidad, esta Corporación decidió amparar no sólo
el derecho a la educación de la accionante, sino también sus derechos a la
libertad de escoger profesión u oficio, el libre desarrollo de la personalidad
y su derecho a la igualdad de oportunidades considerando que la educación tenía
injerencia directa en la efectividad de estos derechos fundamentales en el caso
concreto. Al respecto esta sentencia sostuvo que:
“[E]s indudable la injerencia que el
derecho a la educación proyecta en los derechos del ser humano relativos a la escogencia
de una profesión u oficio, al libre desarrollo de la personalidad y a la
igualdad de oportunidades en materia educativa.
En efecto, el derecho a la libertad
de escoger profesión u oficio (C.P., art. 26), como lo ha manifestado esta
Corporación, consiste en esencia en la posibilidad de optar sin coacciones ni
presiones por la actividad lícita, profesional o no, a la que habrá de
dedicarse la persona teniendo en cuenta su vocación, capacidades, tendencias y
perspectivas. El mismo presenta una naturaleza subjetiva y no tiene un carácter
absoluto, ya que puede estar sujeto a ciertos requisitos legales acerca de
la obligación de competencia o habilitación requerida de acuerdo con cada
actividad.
Su ejercicio guarda estrecha relación
con el derecho al libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16), el cual
comprende la autonomía de cada uno para realizarse según sus particulares
valores, aspiraciones, aptitudes, expectativas, tendencias, gustos, ideas y
criterios, trazando a su propia existencia en los variados aspectos de la misma
las directrices que mejor le convengan y agraden en cuanto no choquen con los
derechos de los demás ni perjudiquen el bienestar colectivo, ni se opongan al
orden jurídico.”
Por otro
lado, en la sentencia C-170 de 2004[80]
la Corte
precisó el alcance del derecho a la educación y diferenció su contenido para
los niños y los adultos. En esa ocasión la Corte hizo una interpretación sistemática de
los artículos 44 y 67 de la Constitución, por lo que concluyó que si bien el
derecho a la educación tenía un contenido fundamental para todos los niños,
niñas y adolescentes sin importar la edad, en el caso de los adultos era
distinto, debido a que este derecho adquiría un carácter prestacional y
programático. Esta conclusión llevó a la Corte a declarar exequible la
expresión que prohíbe trabajar a los menores de 14 años y que impone a sus
padres la obligación de disponer que estos acudan a un centro educativo, bajo
el entendido de que esta previsión se encuentra sujeta a las condiciones previstas en los Convenios Nos. 138“sobre
la Edad Mínima de Admisión al Empleo” y 182“sobre
la prohibición de las peores formas de trabajo infantil” de la OIT.
Como se
anotó anteriormente, la sentencia C-376 de 2010[81]
especificó aún más el
contenido del derecho fundamental a la educación de los menores de edad, debido
a que determinó que tiene un carácter gratuito y obligatorio en el nivel básico
de primaria. Además, reiteró que a partir de
una interpretación armónica de los artículos 67 y 44 de la Constitución con los
tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado Colombiano
en la materia, la educación es un derecho fundamental de todos los menores de
18 años. En esa ocasión la Corte decidió sobre la exequibilidad del artículo 183 de la Ley
115 de 1994, el cual autoriza al gobierno
nacional para regular los cobros que pueden hacer los establecimientos educativos
estatales por concepto de derechos académicos, en atención a diferentes
variables socio económicas. En esa providencia, esta Corporación estableció que
la enseñanza primaria debe ser
generalizada y accesible a todos por igual, por lo que es exigible
inmediatamente. Como consecuencia de esto, determinó que el mecanismo para
garantizar ese nivel de accesibilidad era la gratuidad de la prestación del
servicio.
De este
modo, la Corte concluyó que la gratuidad es una obligación que se predica del derecho a la
educación pública en los niveles básicos de primaria, en la medida que se trata
de un mecanismo para lograr la accesibilidad de todos a este bien social. En
este sentido, “el cobro de derechos académicos resulta incompatible con el
principio de gratuidad universal de la educación en el nivel de primaria,
comoquiera que se trata de una obligación inequívoca e inmediata del Estado.”
Sin embargo, la providencia aclaró que debido al carácter progresivo de la
educación básica secundaria y superior, el cobro de derechos académicos podía
ser compatible con la obligación del Estado de implementar progresivamente la
gratuidad en esos dos niveles. Por lo anterior, esta Corporación declaró que el
artículo 183 de la Ley 115 de 1994 era exequible condicionalmente.
La Corte Constitucional
también se ha pronunciado de manera explícita sobre el componente de
accesibilidad del derecho a la educación. En la sentencia T-779 de 2011[82], analizó el caso de dos
menores de edad que residían en la Vereda Vínculo-Sector Ricaurte, que tenían
que desplazarse aproximadamente 2 horas diarias a pie hasta el municipio de
Saboyá para poder acudir a su escuela. En dicha oportunidad, esta Corporación
estableció que en un país como Colombia en donde los índices de pobreza son muy
altos y existen muchas necesidades básicas insatisfechas, la materialización
del acceso a la educación debe tener en consideración la realidad presupuestal
de las entidades del Estado que tienen la obligación de garantizar el goce
efectivo de tal derecho. No obstante, este Tribunal resaltó que “ello no
implica que las entidades no se encuentren obligadas a asegurar el cubrimiento
adecuado del servicio educativo, cuya prestación debe ser permanente”, con
ese fundamento ordenó la inclusión inmediata de las niñas afectadas en un
programa de transporte escolar.
En el mismo sentido, en las
sentencias T-690 de 2012[83],
T-458 de 2013[84]
y T-008 de 2016[85]
esta Corporación insistió en que la accesibilidad material implica adoptar
medidas que eliminen las barreras que puedan desincentivar a los menores de edad
de su aprendizaje a pesar de las complejidades presupuestales. Las entidades
obligadas no pueden dejar de resolver efectivamente las problemáticas
educativas, entre ellas la prestación del servicio de transporte escolar, ya
que esto pondría en riesgo de forma indefinida el disfrute del derecho
fundamental a la educación.
23. En esta oportunidad, la Sala reitera la
jurisprudencia de esta Corporación en la que establece que la educación: i) es un derecho fundamental e
inherente a la persona, y un servicio público cuya
prestación es un fin esencial del Estado; ii) está íntimamente ligada con el
ejercicio del derecho a la libre escogencia de profesión u oficio, ya que es el presupuesto para materializar la elección de un
proyecto de vida; iii) es un derecho fundamental de las personas menores de 18
años; iv) es gratuita y obligatoria en el nivel básico de primaria; v) debe
priorizar su dimensión de servicio público de manera que todas las personas
hasta de 18 años accedan al menos a un año de preescolar, cinco años de primaria y cuatro de
secundaria; vi) la integran 4 características
fundamentales que se relacionan entre sí, a saber: aceptabilidad,
adaptabilidad, disponibilidad y accesibilidad; y vii) las entidades públicas de
orden nacional y territorial tienen la obligación de garantizar el cubrimiento
adecuado de los servicios de educación y de asegurar a los niños y niñas
condiciones de acceso y permanencia en el sistema educativo.
Las modalidades educativas y su vínculo con la libertad de
escogencia de profesión y oficio (artículo 26 de la Constitución Política)
24. Como se ha visto, la
educación es un derecho que constituye un presupuesto básico para
la efectividad de otros derechos, principios y valores constitucionalmente
reconocidos y, particularmente, es un supuesto de la libre escogencia de
profesión u oficio, ya que resulta necesaria para materializar la libertad de elección de un plan de vida concreto,
funcionar en sociedad y desarrollar un papel activo en ella.
25. Ahora bien, estos presupuestos se ven reflejados en la
Ley 115 de 1994, la cual señala las normas generales para regular el servicio público
educativo y define su objeto en el artículo 1º del siguiente modo: “[l]a
presente ley […] se fundamenta en los principios de la Constitución Política
sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio
público.”
El artículo 11 de la ley en mención determina que la educación formal se organiza en tres niveles: preescolar,
básica y media. Sobre el primer nivel establece que debe comprender al menos un
grado obligatorio. Respecto al segundo, precisa que debe tener una duración de
nueve grados obligatorios desarrollos en dos ciclos: el primero, que comprende
la educación básica primaría, de cinco grados, y el segundo, que abarca la
educación básica secundaria, de cuatro grados. En relación con el último nivel,
establece que debe tener una duración de dos grados.
Así mismo, este artículo prescribe que el objetivo de los
distintos niveles de la educación formal es “desarrollar en el educando
conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las
personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente.”
26. La Sección IV del Capítulo I de la Ley en mención, que
comprende los artículos 27 a 35, señala los presupuestos normativos de la educación
media. Esta constituye la culminación, consolidación y avance en el logro
de los niveles anteriores y comprende dos grados: 10º y 11º. De este modo, el
artículo 27 determina que la finalidad de este nivel educativo es comprender “las
ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso del educando a
la educación superior y al trabajo”. Por su parte, el artículo 28 fija que
tiene el carácter de académica o técnica, y precisa que a su término se obtiene
el título de bachiller que habilita al educando para ingresar a la educación
superior en cualquiera de sus niveles y carreras.
27. Respecto a la educación media académica, la Ley 115
de 1994 dice que su objetivo es permitir a los estudiantes profundizar en un
campo específico de las ciencias, las artes o las humanidades, y acceder a la
educación superior según sus intereses y capacidades. Para lograr estos
objetivos, el artículo 31 ibídem fija que en esta modalidad educativa
serán obligatorias y fundamentales las mismas áreas de la educación básica[86]
en un nivel más avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y la
filosofía. No obstante, el parágrafo determina que aunque las
áreas referidas son obligatorias y fundamentales, las instituciones educativas
tienen el deber de organizar la programación de tal manera que los estudiantes
puedan intensificar sus estudios en ciencias naturales, ciencias sociales,
humanidades, arte o lenguas extranjeras, entre otros, de acuerdo con su
vocación e intereses, como orientación a la carrera que vayan a escoger en la
educación superior.
28. Por su parte, la educación media técnica prepara
a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la
producción y de los servicios, y para la continuación en la educación superior.
En ese sentido, el artículo 32 de la Ley 115 de 1994 determina que está
dirigida a la formación clasificada en especialidades tales como: “agropecuaria,
comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria,
informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que
requiera el sector productivo y de servicios. Debe incorporar, en su formación
teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el
estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance
de la ciencia.” Por último, establece que las especialidades que ofrezcan
los distintos establecimientos educativos, deben corresponder a las necesidades
regionales.
En este orden de ideas, la educación media técnica está
compuesta por distintas modalidades, las cuales se diferencian entre sí tanto
por el hecho de que cada una busca que los estudiantes adquieran habilidades,
capacidades y destrezas específicas, como porque requieren que las
instituciones educativas cuenten con personal e infraestructura especializados.
De este modo, sin importar cuál sea la modalidad educativa a desarrollar, las
instituciones educativas deben desarrollar habilidades específicas en sus
alumnos así como contar con docentes e instalaciones especializados para
cumplir con el carácter teórico y práctico de la educación técnica, ya que
estas dos condiciones están relacionadas y son concurrentes.
Por ejemplo, en los colegios técnicos agropecuarios la
educación está dirigida a que los alumnos aprendan “todos los aspectos que
tienen que ver con la agricultura y el desarrollo rural”[87],
lo que implica que deben estar preparados tanto para la “siembra,
transformación y comercialización de productos agropecuarios de diversa índole”[88]
como para “diseñar, ejecutar y evaluar procesos tendientes a la solución de
los problemas del sector agrario”[89]. Así mismo, deben contar con
la infraestructura adecuada para llevar a cabo sus actividades. Por lo tanto,
un colegio de esta especialidad debe tener una granja o una huerta, entre
otros, para materializar el enfoque práctico propio de esta modalidad educativa.
En ese sentido, una institución que no cuente con alguna de estas dos
características no encaja dentro de la categoría de técnica agropecuaria, ya
que es necesario que ambos requisitos se cumplan para ajustarse dentro de ésta.
Otra característica importante de la educación media
técnica es que se encuentra íntimamente ligada al ejercicio de la profesión u
oficio, debido a que en el proceso educativo adelantado en estas instituciones
los alumnos adquieren habilidades, capacidades y destrezas propias de un sector
de la producción o servicio específico, por lo que los egresados de estos
colegios suelen orientar sus decisiones profesionales y laborales hacia campos
afines a la modalidad en la que se educaron[90]. En ese sentido, la modalidad en la que
una persona se educa tiene un impacto notable en su proyecto de vida, ya que se
enfoca en el desarrollo y aprendizaje de capacidades y saberes de un área
específica del conocimiento con el objetivo de orientar su futuro hacia ese
campo.
Siendo así, se encuentra que el Estado tiene la obligación
constitucional de garantizar que los alumnos de educación media y sus padres tengan
un amplio margen de decisión en relación con la modalidad educativa en la que
se quieren formar, ya que solo de esta manera es posible efectivizar la
garantía prevista en  el artículo 26 Superior.
Ahora bien, a pesar de que las personas tengan la facultad
de escoger libremente el tipo de educación en el que se quieren formar, debe
considerarse que esta se encuentra sujeta a la oferta educativa institucional
pública en la medida en que la educación es un derecho prestacional. No
obstante, cuando los estudiantes hayan avanzado sus estudios en un enfoque
técnico de manera tal que haya incidido en la orientación de sus decisiones
profesionales y laborales, el Estado tiene la obligación de garantizar su
continuidad en ese enfoque.
Por lo tanto, esta libertad de elección de la modalidad
educativa es aplicable tanto para los alumnos que van a empezar la educación
media como para los que han avanzado estudios con un enfoque particular. De esta
forma se materializa la prestación de una educación aceptable en términos de
calidad, ya que si se tiene en cuenta su vínculo con el componente de adaptabilidad, solo de
esta manera es posible que las personas reciban “una educación que tenga en cuenta sus intereses y
capacidades, con el fin de que resulte idónea y adecuada para los alumnos”[91].
Así, la libertad para escoger la modalidad educativa en la que se desea ser
educado es un derecho íntimamente ligado al ejercicio del derecho a la libre escogencia
de profesión u oficio y un desarrollo del componente de adaptabilidad y
aceptabilidad de la educación, debido a que constituye una garantía
para la elección y materialización del proyecto de vida de las
personas.
29. En conclusión, la educación formal se organiza en los
niveles de preescolar, básica y media. Cada uno de estos exige un número mínimo
de grados que deben ser aprobados por los estudiantes, y todos comparten el
objetivo de que los educandos desplieguen aptitudes y valores mediante los
cuales puedan fundamentar su desarrollo personal. Particularmente, el artículo
28 de la Ley 115 de 1994 dispone que la educación media se divide en académica
y técnica. A su vez, el artículo 29 establece que la primera tiene como
objetivo que los estudiantes ahonden en un campo específico de las ciencias,
las artes o las humanidades, para que accedan a la educación superior según sus
intereses y capacidades. Por su parte, el artículo 32 precisa que la modalidad
técnica se distingue por su carácter teórico y práctico y cuenta con distintas
modalidades, ya que busca que las personas adquieran los conocimientos y
habilidades propias de un sector de la producción o servicio determinado, y que
orienten sus decisiones profesionales y laborales hacia campos afines a la
modalidad aprendida.
Por lo anterior, los estudiantes que hayan avanzado su
proceso formativo bajo una modalidad específica tienen el derecho a continuar
con ese enfoque, en la medida en que este se encuentra íntimamente relacionado
no solo con los componentes de adaptabilidad y aceptabilidad de la educación
sino también, y de forma principal, con el derecho a escoger profesión u oficio.
Carencia actual de objeto por hecho superado.
Reiteración de jurisprudencia
30. La naturaleza de la acción de tutela estriba en garantizar la
protección inmediata de los derechos fundamentales, de tal manera que cuando la
amenaza a los mismos ha cesado, ya sea porque la situación que propició dicha
amenaza desapareció o fue superada, la acción impetrada perderá su razón de ser
como mecanismo de protección judicial, pues el juez de tutela no podrá adoptar
algún tipo de medida frente al caso concreto[92]. En este
sentido, se ha interpretado que una decisión judicial bajo las anteriores
condiciones, resulta inocua y contraria al objetivo constitucionalmente
previsto para la acción de tutela[93].
De conformidad con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha
dicho que tales circunstancias, configuran el fenómeno denominado carencia
actual de objeto, en el que la orden impartida por el juez de tutela, no
surtiría ningún efecto o consecuencia jurídica, pues no habría materia sobre la
cual recayera la medida de restablecimiento de los derechos. Este tiene tres
vías de manifestación que comportan consecuencias distintas: (i) el hecho
superado; (ii) el daño consumado; y (iii) otra circunstancia que determine que
la orden del juez de tutela sobre lo solicitado por el accionante sea inane.
31. Respecto a la primera, la
Corte ha indicado que el propósito de la acción de tutela se limita a la
protección inmediata y actual de los derechos fundamentales cuando estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades
públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley[94]. De esta manera, cuando la situación de hecho
que ha dado paso a la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado se
desvanece o fue superada, la acción de tutela pierde su razón de ser y por
tanto no habría orden que impartir.
32. Por otro lado, la carencia actual de objeto por daño consumado
se presenta cuando “no se reparó la vulneración del derecho, sino por el
contrario, a raíz de su falta de garantía se ha ocasionado el daño que se
buscaba evitar con la orden del juez de tutela”[95].
33. Finalmente, se puede generar la carencia actual de objeto
cuando se presentan otras situaciones que hacen innecesaria o ineficaz una
eventual orden de tutela, como por ejemplo “cuando las circunstancias
existentes al momento de interponer la acción se transformaron y, como
consecuencia, la parte accionante pierde el interés en la satisfacción de
la pretensión solicitada o ésta ya es imposible de obtener.”[96]
Así las cosas, es pertinente corroborar si en el caso objeto de
estudio, la Corte se encuentra frente a la figura de la carencia actual de
objeto por hecho superado o daño consumado para, de esta manera, lograr
establecer si existió o no vulneración de los derechos fundamentales.
Caso concreto
34. Los actores interpusieron acción de tutela contra la
Alcaldía de La Cruz, Nariño, por la presunta vulneración de su derecho
fundamental a la educación generada por la suspensión del servicio de
transporte que los recogía en corregimiento en el que viven y los trasladaba
hasta la Institución Educativa de Bachillerato, ubicada en el corregimiento La
Estancia, donde cursaban sus estudios en la “modalidad educativa técnica”[97].
35. De las pruebas que obran en el expediente y de las recaudadas
en Revisión, la Sala pudo establecer lo siguiente:
i)
En febrero de 2017, la
Alcaldía de La Cruz decidió suspender la prestación del servicio de transporte
a los alumnos que vivían en el corregimiento de Tajumbina y adelantaban sus estudios
en la Institución Educativa de Bachillerato, ubicada en el corregimiento La
Estancia, con el argumento de que podían  acudir al Instituto Agropecuario
Miguel Ángel Rangel, el cual se encuentra en el corregimiento en el que viven.
ii)
La Institución Educativa de
Bachillerato cuenta con las modalidades académica y agroindustrial[98].
Las accionantes Sandra Patricia Bolaños Molina, Solanyi Vanessa Guerrero Cerón,
Lesly Elizabeth Muñoz Bolaños y Zharick Yosleny Paz Bravo actualmente están
matriculadas en esta institución[99].
iii)
La Institución Educativa Agropecuaria Miguel Ángel Rangel es un colegio
técnico agropecuario[100]. En la actualidad los accionantes
Emerson Julián Eraso Muñoz, Karen Yesenia Martínez Meneses, Karen Yisela
Martínez Meneses, Yeferson Sebastián López Bravo, Yunior Andrés Ordóñez Muñoz y
Arnubio Martínez Ortega se encuentran matriculados en este centro educativo[101].
iv)
Los accionantes Jesús Leber Molina, Camila Carolina Carlosama
Molina y Yeimi Dayana Gómez no están inscritos en ninguna de esas dos instituciones
educativas.
36. De los hechos expuestos
se advierte que de la suspensión del servicio de transporte que motivó la
presente acción de tutela, se derivaron tres situaciones fácticas distintas. En
primer lugar, un grupo de accionantes continúan estudiando en la
Institución Educativa de Bachillerato a pesar de la suspensión del servicio de
transporte. Según los hechos narrados en la acción de tutela caminan alrededor
de dos horas por una zona rural para acceder a la institución. En segundo
lugar, otro grupo de actores se vieron obligados a cambiar de colegio y
matricularse en la Institución Educativa Agropecuaria Miguel Ángel Rangel. Por
último, tres peticionarios no están matriculados en ninguna de las dos
instituciones educativas.
En atención
a las divergencias fácticas descritas y para mayor claridad en el análisis del
asunto, la Sala estudiará de forma independiente cada una de las situaciones
previamente identificadas, con la finalidad de establecer las eventuales
vulneraciones de los derechos invocados por los demandantes.
Precisión
preliminar
Para el
análisis en mención resultar necesario precisar, de forma preliminar y por
tratarse de una circunstancia relevante para el caso, que si bien los
accionantes indicaron que su proceso formativo en la Institución
Educativa de Bachillerato se adelantó en la modalidad “técnica”, con los
elementos de prueba recaudados se concluye que se produjo en la modalidad académica.
Esta conclusión está motivada por tres razones.
En primer lugar, Yeferson
Sebastián López Bravo precisó en su respuesta al Juzgado Promiscuo de Familia
del Circuito de La Cruz, que en la acción de tutela los demandantes presentaron
a la Institución Educativa de Bachillerato “como [un colegio] técnico y no
es técnico sino académico.” [102]
En segundo lugar, en el
derecho de petición presentado por los accionantes a la Alcaldía de La Cruz,
estos declararon abiertamente que no quieren recibir una educación énfasis agropecuario:
“En la presente vigencia y según lo que usted nos ha manifestado
en reuniones, no se nos va a brindar el apoyo de transporte escolar, según
usted por que (sic) existe un colegio en la vereda Tajumbina; sin embargo, la
administración municipal ha venido ayudando desde hace muchos años con este
servicio; las modalidades son totalmente distintas, ya que los muchachos
quieren seguir la modalidad TÉCNICA, mas no agropecuaria.”[103]
(Negrilla por fuera del texto original)
Por último, la Resolución 1889 del 13 de junio de 2013
determina que la Institución Educativa de Bachillerato cuenta con las
modalidades académica y agroindustrial. Los demandantes manifestaron su deseo
de seguir cursando una modalidad “técnica” a diferencia de una agropecuaria. No
obstante, como se precisó en los fundamentos jurídicos 26, 27 y 28  de esta
sentencia, no existe ninguna modalidad educativa que sea solamente técnica, ya
que esta siempre está ligada a alguna especialidad. Por lo tanto, si se tiene
en cuenta que los accionantes manifestaron expresamente que no quieren recibir
una educación con énfasis agropecuario, e instauraron la acción de tutela para
asegurar su permanencia en la Institución Educativa de Bachillerato porque
ofrece la modalidad educativa que quieren completar, solo es posible que estén
o hayan estado inscritos en la modalidad académica.
i) La
situación de los alumnos que a pesar de la suspensión del servicio de transporte
continúan asistiendo a la Institución
Educativa de Bachillerato
37. Esta Sala encuentra acreditado en el proceso que las
accionantes Sandra Patricia Bolaños Molina, Solanyi Vanessa Guerrero
Cerón, Lesly Elizabeth Muñoz Bolaños y Zharick Yosleny Paz Bravo continúan
matriculadas en la Institución Educativa de Bachillerato, a pesar de que la
Alcaldía de La Cruz suspendió el servicio de transporte que las trasladaba
desde el corregimiento en el que viven hasta el colegio. Además, se comprobó
que para acceder a la institución educativa las alumnas caminan alrededor de
dos horas diarias por una zona rural.
El municipio indicó que la decisión de las estudiantes de
adelantar sus estudios en una institución lejana al lugar de residencia es una
elección personal que no tiene implicaciones para la Alcaldía, ya que esta
garantiza la educación de las alumnas mediante el plantel ubicado en el
corregimiento en el que viven. No obstante, las accionantes argumentaron que la
administración les prestó el servicio de transporte durante 9 años, y que
quieren cursar la modalidad ofrecida por la Institución Educativa de
Bachillerato.
En relación con la pretensión de la acción se advierte que
si las peticionarias continúan matriculadas en la Institución Educativa de
Bachillerato porque ofrece la modalidad que quieren completar, solo es posible
que estén inscritas en la académica. Por lo tanto, esta Sala entiende que las demandantes
pretenden que se les restablezca el servicio de transporte para permanecer en
la especialidad académica del mencionado colegio así se hayan referido a la
“técnica”.
38. En la parte considerativa general de esta sentencia se
reiteraron las características del derecho a la educación reconocidas en los
instrumentos internacionales y en la jurisprudencia constitucional. En
particular, se resaltó que se trata de un derecho fundamental de los niñas,
niñas y adolescentes, por lo que el Estado debe priorizar que todas
las personas hasta de 18 años accedan al menos a un año de
preescolar, cinco años de primaria y cuatro de secundaria. Además, se indicó que
es gratuita y obligatoria en el nivel básico de primaria, y que en
virtud de sus dimensiones de adaptabilidad y disponibilidad el Estado tiene, entre otras, la obligación de
eliminar todas las barreras que puedan desincentivar a los menores de edad en
su proceso de aprendizaje. Por otra parte, se estableció que la educación media
comprende los grados décimo y once, y que una vez iniciado el proceso formativo
en una de sus modalidades los estudiantes tienen el derecho fundamental a
mantener ese enfoque, ya que esta prerrogativa está íntimamente ligada al
derecho a la libre escogencia de profesión u oficio, debido a que constituye
una garantía para la elección del proyecto de vida de las personas, y
materializa las dimensiones de adaptabilidad y aceptabilidad de la educación.
39. La Sala encuentra que la conducta de la Alcaldía de La Cruz,
vulneró el derecho fundamental a la educación de Sandra
Patricia Bolaños Molina, Solanyi Vanessa Guerrero Cerón, Lesly Elizabeth Muñoz
Bolaños y Zharick Yosleny Paz Bravo, ya que desconoció sus derechos al acceso
efectivo de la educación y a escoger la modalidad educativa cuando suspendió el servicio de
transporte que las trasladaba del corregimiento de Tajumbina, en donde residen,
hasta la Institución Educativa de Bachillerato, ubicada en el
corregimiento de La Estancia, para recibir su educación.
40. La vulneración del
derecho a la educación de las accionantes se hace más evidente si se considera
que la Alcaldía guardó silencio ante la petición presentada el 9 de mayo de 2017[104]
en la que se le solicitaba la reanudación del servicio de transporte, y, en Sede
de Revisión, no expuso cuáles fueron las razones objetivas para justificar la
suspensión del traslado de los estudiantes, sino que reiteró el siguiente
argumento:
“[L]os menores y adolescentes que residen en el citado
corregimiento [de Tajumbina] no están en la necesidad de realizar grandes ni
forzosos esfuerzos desplazamientos para acceder a la educación, pues en el
corregimiento donde residen tienen y cuenta con una plena estructura educativa
que les garantiza el acceso a la educación como derecho fundamental y como
servicio público que tiene función social.”[105]
Esta tesis, que también
sostuvo el juez de primera instancia, desconoce que la suspensión del servicio
de transporte a un grupo de estudiantes de un área rural que, a pesar de vivir
en otro corregimiento, se ha esforzado por adelantar su proceso formativo con las dinámicas sociales
y particularidades académicas de un colegio determinado, desincentiva a las
menores de edad a continuar su proceso de aprendizaje. Lo anterior, debido a
que implica una carga extra para las alumnas, quienes tienen que trasladarse en
un área rural por sus propios medios para continuar su proceso educativo, por
lo que en las circunstancias planteadas el transporte
escolar se convierte en un componente esencial de la accesibilidad material al
derecho a la educación.
Además de
la interposición de una barrera injustificada para el acceso a la educación, la
suspensión del servicio de transporte a las accionantes y la carga que asumen
para continuar su proceso formativo en la modalidad académica, caminar dos
horas hasta el colegio, comporta riesgos adicionales para su integridad
personal. Por lo tanto, los argumentos expuestos por la entidad accionada, en
la que traslada los riesgos de la suspensión del servicio de transporte a los
estudiantes, son inaceptables.
Asimismo, hay que tener en cuenta que la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico en el informe “Educación en Colombia”,
indicó que “para superar los obstáculos
financieros que sigue enfrentando la mayoría de estudiantes menos favorecidos [es
necesario mitigar] los gastos indirectos que tienen en artículos escolares,
uniformes y costos de transporte.”[106](Subrayado
por fuera del texto original). Por lo tanto, el transporte escolar como servicio accesorio a la educación se
torna indispensable cuando su provisión implica garantizar la continuidad del proceso
educativo bajo una modalidad de educación
media específica, ya que de lo contrario se constituye en una barrera fáctica
que pone en riesgo el acceso efectivo a la educación y su componente de
adaptabilidad.
41. En ese sentido, como la Alcaldía no explicó cuáles fueron los factores
objetivos por los que suspendió el servicio, la Sala concluye que no existen
razones objetivas para la decisión y que puso en riesgo de forma injustificada el
disfrute del derecho fundamental a la educación de las peticionarias. En efecto,
las acciones de la administración generaron unas
barreras desproporcionadas para que las accionantes continúen su proceso
formativo en la modalidad educativa en la que lo iniciaron -académica-, pues deben
asumir un costo exagerado para seguir accediendo a la educación que quieren
llevar a cabo al tener que caminar dos horas desde su casa para asistir a la
escuela.
42. Por
último, es importante señalar que la Institución
Educativa de Bachillerato, mediante comunicación electrónica del 22 de febrero
de 2018[107], informó que Jenifer Marín Bolaños,
a pesar de no haber suscrito la acción de tutela en referencia, también vive en
el corregimiento de Tajumbina y está inscrita en el colegio en el grado 6º. Este
despacho no se manifestará sobre su situación, debido a que (i) la estudiante
no solicitó el amparo de sus derechos fundamentales; (ii) el reconocimiento de
la autonomía personal exige la manifestación expresa del interés de la parte en
el restablecimiento de sus derechos y (iii) de acuerdo con la información
suministrada por el colegio la estudiante no se encuentra en la misma situación
de los accionantes, ya que este año inició la educación básica secundaria, por
lo que no se varió la modalidad educativa del proceso formativo
En
consecuencia, esta Sala revocará en su totalidad la sentencia de segunda
instancia proferida dentro del trámite de tutela, y en su lugar tutelará el
derecho fundamental a la educación de Sandra Patricia
Bolaños Molina, Solanyi Vanessa Guerrero Cerón, Lesly Elizabeth Muñoz Bolaños y
Zharick Yosleny Paz Bravo. Por lo anterior, ordenará a la Alcaldía de La Cruz
que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta
providencia, restablezca el servicio de transporte para las accionantes desde
su lugar de residencia, en el corregimiento de Tajumbina, a la Institución
Educativa de Bachillerato, ubicada en el corregimiento La Estancia.
ii) El caso de los demandantes que debido a la suspensión
del servicio de transporte cambiaron de colegio y se matricularon en la
Institución Educativa Agropecuaria Miguel Ángel Rangel
43. Como previamente se
advirtió, los hechos probados en el proceso evidencian que la suspensión del
servicio de transporte generó una segunda situación fáctica, en la que también
se pudo presentar una vulneración a los derechos fundamentales de los
accionantes. En esta oportunidad se encuentra probado que los estudiantes Emerson Julián Eraso Muñoz, Karen Yesenia Martínez Meneses, Karen
Yisela Martínez Meneses, Yeferson Sebastián López Bravo, Yunior Andrés Ordóñez
Muñoz y Arnubio Martínez Ortega estaban matriculados en la Institución
Educativa de Bachillerato. Sin embargo, a partir de la suspensión del servicio
de transporte ahora están matriculados en la Institución Agropecuaria Miguel
Ángel Rangel.
44. Tal y como se
precisó de forma preliminar, si bien no hay ningún documento que determine la
modalidad de estudios que los accionantes cursaban en la Institución Educativa
de Bachillerato, de los hechos del caso se deduce que se trataba de la
modalidad académica.[108] Además es importante resaltar que,
como se vio en el acápite anterior, la Alcaldía no expuso razones objetivas
para justificar la suspensión del servicio.
45. En el presente
caso se comprobó que la suspensión del servicio de transporte provocó que los
accionantes cambiaran de colegio y de modalidad educativa, circunstancia que
afectó sus derechos a la educación y a elegir profesión u oficio.
Según los expertos,
cambiar de modalidad educativa tiene efectos negativos en el proceso formativo de
los estudiantes[109], ya que dificulta sustancialmente
la comprensión adecuada de algunos temas concretos en cada especialidad. Este
cambio constituyó una arbitrariedad que vulneró el componente de adaptabilidad del derecho a
la educación, el cual consiste en que esta tenga la “flexibilidad
necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en
transformación, y responder a las necesidades de los alumnos en contextos
culturales y sociales variados”[110],
lo que en otras palabras quiere decir
que el Estado está obligado a garantizar que la educación se adapte al
estudiante y no que el estudiante se adapte a la educación, mandato que tiene
plena correspondencia con los derechos fundamentales al libre desarrollo de la
personalidad y al respeto y reconocimiento de las diferencias.
Así
mismo, este cambio también vulneró la dimensión de accesibilidad de la
educación, ya que constituye una medida que desincentiva a los menores de edad a
continuar su proceso de aprendizaje. De este modo, la distancia entre el lugar de residencia de los menores de 18
años y el colegio en donde adelantan una modalidad de educación académica, no
puede constituir razón suficiente para negarles el acceso verdadero y efectivo
a los planteles educativos en donde estudian, ya que solo de esta manera pueden
gozar de su derecho fundamental a la educación.
Además, el hecho de
que los demandantes se hayan visto forzados a cambiar de institución educativa como
consecuencia de la suspensión del servicio de transporte, vulneró el derecho
que tienen los educandos de mantener la modalidad educativa en la que iniciaron
su proceso formativo, pues como se indicó en las consideraciones generales,
esta se encuentra vinculada estrechamente al ejercicio del derecho a la libre escogencia de profesión u oficio.
En efecto, la vulneración de los derechos fundamentales comprobada
en esta  sede se extiende hasta la prerrogativa prevista en el artículo 26
Superior, pues aunque normativamente las modalidad académica o técnica se
desarrollan en el nivel medio, en el presente caso, como se verá, desde el
diseño de los programas educativos del nivel básico secundario se despliega la
modalidad educativa, la cual está íntimamente relacionada con la libertad de
escoger profesión u oficio.
46. El artículo 27 de la Ley 115 de 1994 señala que la finalidad
de la educación media en general es preparar al educando
para el ingreso a la educación superior y al trabajo. Ahora bien, el artículo
29 ibídem determina, por un lado, que la educación media académica
debe permitir al estudiante profundizar en un campo específico de las ciencias,
las artes o las humanidades y acceder a la educación superior según sus
intereses y capacidades. Por otro lado, el artículo 32 establece que la educación
media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de
los sectores de la producción y de los servicios, y para la continuación en la
educación superior.
A partir de una
lectura sistemática de las normas, se ve cómo la finalidad de la modalidad media
académica es que el estudiante conozca los postulados generales de distintos
campos del saber, para que posteriormente acceda a la educación superior en la
que enfatizará en el que más le interese. Por su parte, la media técnica se
dirige a que los alumnos desarrollen las competencias prácticas y teóricas de
una ocupación, con el objetivo de
orientar sus decisiones profesionales y laborales hacia campos afines a ese
oficio. En ese sentido, se concluye que ambas normas apuntan a fijar cómo el carácter de
cada educación supone una manera de aprender y unas habilidades a desarrollar
que están estrechamente ligadas a la escogencia de una profesión u oficio.
Las normas
referidas evidencian que, por regla general, las modalidades educativas se
manifiestan en el nivel medio -grados 10º y 11º- y, por ende, la variación de
enfoque en esos grados genera la afectación de los derechos a la educación y a
la libertad de escoger profesión u oficio. En efecto, cambiar de un modelo educativo
académico a uno técnico agropecuario, implica transformar tanto el proceso educativo
de los estudiantes, como las capacidades y saberes con los que deciden hacia
dónde orientar su proyecto de vida.
Ahora bien, es
importante señalar que a pesar de que normativamente las diferencias entre las
modalidades técnica y académica solo emergen en la educación media, es decir,
en los grados 10º y 11º, esas previsiones legales no obstan para que la
modalidad educativa se desarrolle desde la educación básica secundaria, es
decir, desde los grados 6º a 9º. Por lo tanto, en aplicación de los principios
de progresividad[111]
y pro homine[112],
en los casos en que se compruebe dicha circunstancia, es posible extender la
protección que tienen los alumnos de educación media con respecto a la
continuidad de su proceso de aprendizaje bajo una modalidad específica a los estudiantes
del nivel de básica secundaria.
En el caso bajo examen, de los currículos enviados por las
instituciones educativas se evidencia que la modalidad educativa se desarrolla
desde el nivel básico secundario.
En primer lugar, como lo describió su rector, el pénsum y la
intensidad horaria semanal en la educación básica y media vocacional de la Institución Educativa de Bachillerato es la siguiente[113]:
Áreas o asignatura
Grados
6
7
8
9
10
11
Matemáticas
5
5
5
5
5
5
Ciencias Naturales y Física
-
-
-
1
4
4
Ciencias Naturales Química
-
-
-
1
4
4
Ciencias Naturales Biología
5
5
5
4
-
1
Ciencias Sociales Historia Geografía
3
4
4
4
2
2
Filosofía
-
-
-
-
2
2
Educación Religiosa y Moral
1
1
1
1
1
1
Humanidades Castellano
5
5
5
4
4
4
Humanidades Idioma Extranjero
3
3
3
3
3
2
Educación Física Recreación y Deporte
2
2
2
2
1
1
Educación Artística y Manual
2
1
1
1
1
1
Educación Ética y Valores Humanos
1
1
1
1
1
1
Tecnológica en Informática
2
2
2
2
2
1
Emprendimiento y Gestión Ambiental
1
1
1
1
-
-
Total
30
30
30
30
30
30
En segundo lugar, de conformidad con lo informado por la
Institución Educativa Agropecuaria Miguel Ángel Rangel, su currículo y horarios
son los siguientes[114]:
Áreas o asignatura
Grados
6
7
8
9
10
11
Matemáticas
4
4
4
4
4
4
Español
4
4
4
4
3
3
C. Naturales
4
4
4
4
-
-
C. Sociales
4
4
4
4
2
2
Inglés
3
3
3
3
2
2
Ed. Física
2
2
2
2
2
2
Ed. Artística
1
1
1
-
-
-
Informática
2
2
2
2
1
1
Ed. Sexual
1
1
1
1
-
-
Religión
1
1
1
1
-
-
C. Agrícolas
2
2
2
2
5
5
C. Pecuarias
2
2
2
2
5
5
Extensión Rural
-
-
-
-
1
1
Admón. Agropecuaria
-
-
-
-
1
1
Taller
-
-
-
-
1
1
Química
-
-
-
-
3
3
Física
-
-
-
-
3
3
Filosofía
-
-
-
-
2
2
Estadística
-
-
-
1
-
-
Totales
30
30
30
30
35
35
De lo anterior se concluye que existen diferencias notables en
cada uno de los programas, ya que mientras el primero mantiene un equilibrio en
la intensidad horaria entre las distintas áreas del conocimiento, el segundo
está claramente enfocado a la agricultura y la ganadería a lo largo de la
educación básica y media. Siendo así, se comprueba que en este caso la
modalidad de la educación determina tanto el diseño de los programas, como las
competencias y áreas de conocimiento que los estudiantes desarrollan, lo que
refleja que efectivamente existe un vínculo estrecho entre la modalidad
educativa que se cursa en la educación básica secundaria y media, y la
escogencia de una profesión u oficio. Por lo tanto, se concluye que la suspensión del servicio de transporte fue la causa de que los
accionantes cambiaran de colegio y de modalidad educativa, hecho que
efectivamente vulneró sus derechos constitucionales a la educación y a elegir
profesión u oficio.
47. Por lo anterior, esta Sala revocará la sentencia de segunda
instancia de la tutela en referencia y amparará los derechos fundamentales a la
educación y a la libre escogencia de profesión u oficio de Emerson Julián Eraso Muñoz, Karen Yesenia Martínez Meneses, Karen
Yisela Martínez Meneses, Yeferson Sebastián López Bravo, Yunior Andrés Ordóñez
Muñoz y Arnubio Martínez Ortega.
En consecuencia,
ordenará a la Alcaldía Municipal de La Cruz que, si los estudiantes así lo
desean, otorgue a cada uno de los accionantes en mención un cupo en la
Institución Educativa de Bachillerato, el cual podrá hacerse efectivo
inmediatamente o al comienzo del próximo año escolar. Este cupo no implica una
obligación para los estudiantes que deseen seguir su formación en la Institución
Agropecuaria Miguel Ángel Rangel. Además, se ordenará a la Secretaría de
Educación de Nariño que tome todas las medidas necesarias para que los
estudiantes que reingresen a la Institución Educativa de Bachillerato reciban
los cursos de nivelación correspondientes. Por último, también se le ordenará que
preste el servicio de transporte a las personas que hagan efectivo este cupo, y
por lo tanto traslade a los accionantes desde su lugar de residencia hasta la
Institución Educativa de Bachillerato a partir del momento en que estos
empiecen a cursar sus estudios hasta que los culminen.
iii) Sobre los accionantes que no están matriculados en
ninguna de las instituciones
48. En el trámite de
revisión surtido ante esta Corporación se estableció que los accionantes Jesús
Leber Molina, Camila Carolina Carlosama Molina y Yeimi Dayana Gómez no están
inscritos en ninguna de las  instituciones educativas involucradas en el
asunto.
49. En relación con Camila
Carolina Carlosama Molina y Yeimi Dayana Gómez, se logró establecer que
finalizaron sus estudios de educación media en la Institución Educativa de
Bachillerato. Sobre la primera, en el informe del 17 de abril de 2018[115]
se dejó en claro que el despacho de la Magistrada ponente se comunicó
directamente con la accionante, quien aseguró que había recibido su título de
bachiller de la mencionada institución en diciembre de 2017. Respecto a la
segunda, a través de la información remitida por la Personería Municipal de La
Cruz[116], y los informes del 12 de marzo y
17 de abril de 2018[117], se logró establecer que también finalizó
sus estudios de la educación media en la Institución Educativa de Bachillerato
en diciembre de 2017.
50. Conforme a lo anterior, la Sala advierte, respecto de ellos, la  carencia
actual de objeto por daño consumado, debido a que si bien las accionantes
terminaron su formación académica en la modalidad educativa de su preferencia tuvieron
que asumir cargas desproporcionadas para el efecto, tales como las comprobadas
en relación con las demás estudiantes del corregimiento de Tajumbina que
continuaron sus estudios en esa institución. En particular, la suspensión del
servicio de transporte las obligó a caminar dos horas desde su lugar de
residencia hasta la escuela y asumir los riesgos de esa actividad.
Comprobada
la afectación de los derechos fundamentales de las accionantes y la configuración
de una circunstancia que torna inocua una medida de protección -grado de
bachiller-, la Sala declarará la carencia actual de objeto por daño consumado con respecto a Yeimi Dayana Gómez y Camila Carolina Carlosama Molina.
51. Ahora bien, en relación
con el menor de edad Jesús Leber Molina, la Sala
comprobó la deserción del colegio, debido a que no se encuentra matriculado en
ninguna de las dos instituciones que hacen parte de este proceso. Además, su
madre, la señora Marleny Molina Bolaños, indicó que aquél abandonó sus estudios
porque no se siente cómodo con el hecho de tener 15 años y cursar sexto grado[118].
52. El artículo 44 de la
Constitución establece que “la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de
asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y
el ejercicio pleno de sus derechos”, y que “los derechos de los niños
prevalecen sobre los derechos de los demás”. Así mismo, consagra a
la educación como un derecho fundamental de los menores de edad.
Por su parte, el artículo
3.1 de la Convención de los Derechos del Niño incorpora el principio de interés
superior de los niños al exigir que en “todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
Siendo así, esta Corte ha concluido que en los casos relacionados con la
protección de derechos de menores de edad, el criterio primordial a seguir por
las autoridades competentes debe ser la preservación y protección del interés
prevalente y superior de los niños, niñas y adolescentes, razón por la cual
debe hacerse efectiva la protección integral de sus derechos.
53. En el caso de Jesús Leber Molina, se advierte que es un menor
de edad que se encontraba en la mitad de su proceso educativo, y que en
atención a la suspensión del servicio de transporte escolar y su edad, decidió
abandonar la escuela.
Como
se ha visto a lo largo de esta sentencia, el componente de accesibilidad de la educación se refleja
en la responsabilidad que tiene el Estado de eliminar todas las barreras que
puedan desincentivar a los menores de edad a continuar su proceso de
aprendizaje. Por lo tanto, de la evaluación de los hechos del caso se concluye
que, con la suspensión del servicio de transporte, la Alcaldía de La Cruz
interpuso un obstáculo infundado y excesivo para que el menor de edad continuara
su proceso educativo, y, en consecuencia, generó un incentivo para que abandonara
su proceso de
aprendizaje.
Por lo tanto, en virtud de la
obligación que tiene el Estado de tomar todas las medidas necesarias para
evitar la desescolarización, esta Sala amparará el derecho fundamental a la
educación y a la libre escogencia de profesión u oficio del menor de edad.
Como quiera que las circunstancias
referidas por la madre del menor de edad evidencian que la deserción escolar
estuvo fundada en la suspensión del servicio de transporte y la insatisfacción
del adolescente con su proceso formativo, la Sala considera necesario poner en
conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la situación de
deserción escolar de Jesús Leber Molina para que adelante el proceso de
acompañamiento correspondiente, en el que se adopten todas las medidas
necesarias para asegurar la continuación de su proceso formativo.
Todas las entidades vinculadas a esta
acción constitucional deben concurrir para lograr el restablecimiento de los
derechos del menor de edad y ofrecer todas las alternativas que estén a su
alcance para que continúe con su proceso formativo.
En consecuencia, la Sala pondrá en
conocimiento de la Defensoría de Familia del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Regional Nariño- la situación de
Jesús Leber Molina para que, en virtud de las competencias establecidas en el
Código de Infancia y Adolescencia[119],
adopte las medidas que estime pertinentes para el restablecimiento de sus
derechos.
Así mismo, le ordenará a todas las
instituciones vinculadas a esta acción de tutela que adelanten todas las
actuaciones a su alcance para lograr la escolarización del menor de edad y el
restablecimiento de sus derechos. En particular, le ordenará a la Alcaldía
Municipal de La Cruz que le proporcione un cupo, a elección del accionante, en
un algún colegio público de su jurisdicción. En
caso de que el peticionario escoja educarse en un colegio alejado de su
residencia, la Alcaldía Municipal de
La Cruz deberá prestarle el servicio de transporte escolar.
Finalmente, como la madre del accionante manifestó que la
deserción escolar también estuvo motivada por su edad y el grado que cursa, la
Sala requerirá a la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar Regional Nariño para que, en virtud de sus competencias establecidas
en el Código de Infancia y Adolescencia, preste a Jesús Leber Molina la ayuda
psicológica que requiera y adopte las medidas que estime pertinentes para la
protección de sus derechos.
Conclusiones
54. La Sala encontró acreditada la procedencia general de la
acción de tutela contra la Alcaldía Municipal de La Cruz, Nariño, fundada en la
presunta vulneración a los derechos a la educación y libre escogencia de
profesión u oficio de los accionantes representados por sus padres. La
afectación se la atribuyeron a la suspensión del servicio de transporte escolar
desde el corregimiento de Tajumbina, donde residen, hasta la Institución Educativa de Bachillerato, la cual se encuentra
ubicada en el corregimiento de La Estancia, Nariño. Por tal razón, emprendió el análisis
del problema jurídico de fondo, relacionado con la vulneración de los derechos
a la educación y a la libre escogencia de profesión u oficio.
55. Para establecer la afectación denunciada, la Sala, en primer
lugar, reiteró que la educación es un derecho y un servicio público. Así mismo,
resaltó que está íntimamente ligada con el ejercicio del derecho a la libre escogencia de profesión u
oficio, ya que es el presupuesto
para materializar la elección
de un proyecto de vida, y la integran cuatro características relacionadas entre sí: la
aceptabilidad, adaptabilidad, disponibilidad y accesibilidad.
En segundo lugar, indicó que el
Estado tiene la obligación constitucional de garantizar el derecho de los alumnos
de educación media a que continúen el proceso formativo en la modalidad que
iniciaron, ya que está íntimamente
ligado al ejercicio del derecho a la libre escogencia de profesión u oficio, en la medida en que
influye la elección y
materialización del proyecto de vida de las personas.
Por último, reiteró las reglas fijadas por la jurisprudencia
constitucional con respecto a la carencia
actual de objeto.
56. En el análisis del caso concreto la Sala
estableció que de la suspensión del servicio de transporte por parte de la
Alcaldía Municipal de La Cruz se derivaron tres situaciones fácticas distintas.
La primera, la
de las accionantes que a pesar de la interrupción
del servicio siguieron matriculadas en la Institución Educativa de Bachillerato
y, por ende,  debían caminar alrededor de dos horas por una zona rural para
acceder al colegio. En este caso, la Sala estableció que la actuación de la
Alcaldía  vulneró el derecho fundamental a la educación de las demandantes, ya
que creó barreras que los motivaban a abandonar su proceso educativo y de esta forma puso en riesgo, de manera indefinida, su derecho
a la educación.
La segunda, la
de los actores que con ocasión a la suspensión del servicio de transporte se
vieron obligados a cambiar de colegio y, en consecuencia, de modalidad
educativa. La Sala determinó que esta circunstancia se produjo por una
actuación arbitraria de la Alcaldía accionada, que generó la violación del
derecho a la educación y, en particular, de la garantía constitucional de continuar
el proceso formativo en la modalidad educativa en la que se inició. En efecto,  determinó
que, de conformidad con los principios pro homine y de progresividad, es posible extender la
protección que tienen los alumnos de educación media respecto a la continuidad
de su proceso de aprendizaje a los del nivel de secundaria básica, cuando desde
este nivel se desarrolla la modalidad educativa correspondiente –técnica o
académica-.
Por último, examinó
la situación de tres estudiantes  que a pesar de que formularon la acción de
tutela no se encontraban matriculados en ninguna de las dos instituciones
educativas. Con respecto a Yeimi Dayana Gómez y Camila Carolina Carlosama
Molina estableció la configuración de carencia actual de objeto por daño
consumado, debido a que estas culminaron su educación media en la Institución
Educativa de Bachillerato sin que se les garantizara el servicio de transporte.
En relación con Jesús Leber Molina, menor de edad, la Sala comprobó su
deserción, derivada de la suspensión del servicio de transporte escolar y de otras
dificultades expuestas por la madre del adolescente. En atención a la desescolarización
comprobada se advirtió la necesidad de emitir diversas órdenes para que, a
través de la acción conjunta de las entidades vinculadas,  se adopten las
medidas necesarias para  el restablecimiento de los derechos fundamentales del
menor de edad.
En consecuencia, esta
Sala de Revisión revocará la providencia de segunda instancia de la tutela de
la referencia y, en consecuencia, amparará el derecho fundamental a la
educación y a la libertad de profesión u oficio de los accionantes. En relación
con Yeimi Dayana Gómez y Camila Carolina Carlosama Molina declarará la carencia
actual de objeto por daño consumado y con respecto a Jesús Leber Molina emitirá
medidas de protección adicionales ante su comprobada desescolarización.
IV. DECISIÓN
Con fundamento en lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la sentencia del 29 de agosto de 2017,
proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de La Cruz, mediante
la cual se confirmó la providencia del 24 de julio de 2017 del Juzgado
Promiscuo Municipal de La Cruz, en la que se denegó la solicitud de amparo. En
su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la educación y a la libre
escogencia de profesión u oficio de Lesly Elizabeth Muñoz Bolaños, Karen Yisela
Martínez Meneses, Emerson Julián Erazo Muñoz, Solanyi Vanessa Guerrero Cerón,
Karen Yecenia Martínez Meneses, Arnubio Martínez Ortega, Yunior Andrés Ordoñez
Muñoz, Zharick Yosleny Paz Bravo, Sandra Patricia Bolaños Molina, Yeferson Sebastián
López Bravo y Jesús Leber Molina.
Segundo.- ORDENAR a la Alcaldía Municipal de La Cruz que, en un término que no
exceda las 48 horas a partir de la notificación de la presente sentencia,
restablezca el servicio de transporte escolar a las accionantes Sandra Patricia
Bolaños Molina, Solanyi Vanessa Guerrero Cerón, Lesly Elizabeth Muñoz Bolaños y
Zharick Yosleny Paz Bravo desde su lugar de residencia, en el corregimiento de
Tajumbina, a la Institución Educativa de Bachillerato, ubicada en el corregimiento
La Estancia.
Tercero.- ORDENAR
a la Alcaldía Municipal de La Cruz que, en un término que no
exceda los 15 días hábiles a partir de la notificación de esta providencia, ofrezca
un cupo en la Institución Educativa de Bachillerato a Emerson Julián Eraso
Muñoz, Karen Yesenia Martínez Meneses, Karen Yisela Martínez Meneses, Yeferson
Sebastián López Bravo, Yunior Andrés Ordóñez Muñoz y Arnubio Martínez Ortega.
Los estudiantes podrán, a su elección, reintegrarse a la Institución Educativa
de Bachillerato de forma inmediata, matricularse para el próximo año escolar o
continuar su proceso formativo en el colegio agropecuario Miguel Ángel Rangel.
En relación con los
estudiantes que se matriculen en la Institución Educativa de Bachillerato, la
Alcaldía de la Cruz deberá garantizar que se les proporcione la nivelación
académica y el servicio de transporte correspondiente desde el corregimiento de
Tajumbina hasta el corregimiento La Estancia, en donde se ubica el colegio.
Cuarto.-DECLARAR la
carencia actual de objeto por daño consumado con respecto a las accionantes Yeimi Dayana Gómez y Camila Carolina Carlosama Molina, como
consecuencia de la obtención del  grado de bachiller.
Quinto.- PONER EN CONOCIMIENTO de la
Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Regional
Nariño- la situación de desescolarización del menor de edad Jesús Leber Molina,
fundada en la suspensión del transporte escolar y su inconformidad con su
proceso formativo, para que, de acuerdo con sus competencias legales, adopte
las medidas que considere pertinentes para la restablecimiento de los derechos
del adolescente.
Sexto.- ORDENAR a la Secretaría de Educación de Nariño y a la
Alcaldía Municipal de La Cruz que, de acuerdo con sus competencias
constitucionales y legales, adelanten las actuaciones necesarias para el
restablecimiento de los derechos del menor de edad Jesús Leber Molina a través
de la continuación de su proceso educativo. Como quiera que la deserción
escolar también estuvo fundada en la inconformidad con dicho proceso, deberán
formularse opciones que atiendan las necesidades específicas de su caso.
Séptimo.- ORDENAR a la Alcaldía Municipal de La Cruz que, en el término de quince
(15) días contados desde la notificación de esta sentencia, ubique
al menor de edad Jesús Leber Molina y le proporcione un cupo a
su elección en un algún colegio público de su jurisdicción. En caso de que el peticionario escoja educarse en un colegio
alejado de su residencia, la Alcaldía Municipal de La Cruz deberá prestarle el servicio de
transporte escolar que corresponda.
Por
Secretaría General, LÍBRESE la comunicación a que alude el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese, Notifíquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Esta Sala fue integrada
por los Magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Gloria Stella Ortiz Delgado.
[2]Folio 39, cuaderno de primera instancia.
[3] Folio 42, cuaderno de primera instancia.
[4] Folios 47-55, cuaderno de primera instancia.
[5] Folio 46, cuaderno de primera instancia.
[6] Folio 50,  cuaderno de primera instancia.
[7] Folios 56-61, cuaderno de primera instancia.
[8] Folios. 95-100, cuaderno de primera instancia.
[9] Folios. 20-26, cuaderno de la Corte Constitucional.
[10] Folio 385-402, cuaderno de la Corte Constitucional.
[11] Folio 391, cuaderno de la Corte Constitucional. Versión
original en mayúsculas.
[12] Folio 392, cuaderno de la Corte Constitucional. Versión
original en mayúsculas y sin negrilla.
[13] Folio 386, cuaderno de la Corte Constitucional.
[14] Folio 387, cuaderno de la Corte Constitucional.
[15] Ibídem.
[16] Folios 48 a 62, cuaderno de la Corte Constitucional.
[17] Folio 60, cuaderno de la Corte Constitucional.
[18] Folios 92-371, cuaderno de la Corte Constitucional.
[19] Folio 94, cuaderno de la Corte Constitucional.
[20] Ibídem.
[21] Folios 380-381, cuaderno de la Corte Constitucional.
[22] Folio 380, cuaderno de la Corte Constitucional.
[23] Folio 381, cuaderno de la Corte Constitucional.
[24] Ibídem.
[25] Folios 374-375, cuaderno de la Corte Constitucional.
[26] Folios 63-70, cuaderno de la Corte Constitucional.
[27] Folio 68, cuaderno de la Corte Constitucional.
[28] Folio 70, cuaderno de la Corte Constitucional.
[29] Folios 72 a 73, cuaderno de la Corte Constitucional.
[30] Folio 73, cuaderno de la Corte Constitucional.
[31] Folios 75 a 77, cuaderno de la Corte Constitucional.
[32] Ibídem.
[33] Ibídem.
[34] Folios 78 a 82, cuaderno de la Corte Constitucional.
[35] Folio 80, cuaderno de la Corte Constitucional.
[36] Ibídem.
[37] Folio 82, cuaderno de la Corte Constitucional
[38] Ibídem.
[39] Folios 84 a 86, cuaderno de la Corte Constitucional.
[40] Folio 85, cuaderno de la Corte Constitucional.
[41] Folios 477-480, cuaderno de la Corte Constitucional.
[42] Folio 685,
cuaderno de la Corte Constitucional.
[43]Folios 493-573, cuaderno de la Corte Constitucional.
[44] Folio 493, cuaderno de la Corte Constitucional.
[45] Ibídem.
[46]Folios 487-490, cuaderno de la Corte Constitucional.
[47]Folios 688-690, cuaderno de la Corte Constitucional.
[48] Folio 688,
cuaderno de la Corte Constitucional.
[49] Folio 686, cuaderno
de la Corte Constitucional
[50] Sentencia C-145 de 2010,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[51] Sentencia T-162 de 2016,
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[52] Folios 48-62, cuaderno de la Corte Constitucional.
[53] Ver sentencias T-1015 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis;
T-780 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-373 de 2015 y T-098 de
2016 ambas con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, entre
otras.
[54]Sentencia T-113 de 2013, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[55]Sentencia T-471 de 2014, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[56] Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
[57]Sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda.
[58] T-185 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz y T-400 de 2016,
M.P. Gloria Stella Ortiz.
[59]Fol. 39, cuaderno de primera instancia.
[60] Sentencia T-106 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[61]Sentencias T-1028
de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-246 de 2015; M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez, entre otras.
[62] Como se anota en los hechos del caso, el servicio de
transporte dejó de ser prestado en febrero de 2017 y la tutela fue presentada
el 11 de julio del mismo año.
[63]Sentencia C-520 de 2016 M.P. María
Victoria Calle.
[64]La
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el artículo 26,
establece que toda persona tiene derecho a la educación. Su propósito es el
pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a
los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por su parte, los
artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ratificada por el Estado
colombiano mediante la ley 12 de 1991 también fija obligaciones para los
Estados.
[65]El
Pacto de Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Ratificado por el
Estado colombiano a través de la ley 74 de 1968. en su artículo 13, señala que el derecho a la educación “debe
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de
su dignidad”. En relación con este
artículo, en 1999, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(Comité DESC) emitió la Observación General No. 13, en la que describió el
alcance del derecho a la educación en el Pacto.
[66] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[67] M.P. Humberto
Sierra Porto. Esta posición ha sido reiterada en múltiples ocasiones por la
Corte Constitucional en las sentencias T-743 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-137 de
2015, M.P. María Victoria Calle Correa; T-008 de 2016, M.P. Alberto Rojas Ríos;
T-055 de 2017, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, entre otras.
[68] Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 13 “El derecho a la educación”, párr. 6.
[69] Sentencia
C-376 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[70] Tomasevski, K.
Human rights obligations: making education available, accessible, acceptable
and adaptable. Pág. 32. Disponible en línea en: http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Tomasevski_Primer%203.pdf Consultado por última vez el 17 de abril de
2018.
[71]Sentencia T-006 de 2016, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[72] Arias Orozco, E. Situación del derecho a la educación, en los
componentes de aceptabilidad y adaptabilidad, de niñas y niños víctimas del
conflicto armado, en instituciones educativas públicas de Medellín. Pág. 54. Disponible en línea en:
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/512/1/Situacion_Derecho_Educacion_Arias_2010.pdf Consultado por última
vez el 18 de abril de 2018.
[73] “Por la cual se expide el Código de la
Infancia y de la Adolescencia.”
[74] Arias Orozco, E. Situación del derecho a la educación, en los
componentes de aceptabilidad y adaptabilidad, de niñas y niños víctimas del
conflicto armado, en instituciones educativas públicas de Medellín. Pág. 55. Disponible en línea en:
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/512/1/Situacion_Derecho_Educacion_Arias_2010.pdf Consultado por última
vez el 18 de abril de 2018.
[75] Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos. El derecho a la educación. Pág. 7. Disponible
en línea en:
http://www.hchr.org.co/phocadownload/publicaciones/series_tematicas/Preguntas-respuestas-educacion-web.pdf Consultado por última vez el 18 de abril de 2018.
[76] Sentencia T-662 de 1999, M.P.  Alejandro Martínez Caballero.
[77]M.P. Carmenza Isaza de Gómez (e)
[78]"Por
la cual se expide la Ley General de Educación".
[79]M.P. Alejandro
Martínez Caballero
[80]M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[81]M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[82]M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[83] M.P. María Victoria Calle Correa.
[84] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[85] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[86]ARTÍCULO
23. ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES. Para el logro de los objetivos de la
educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento
y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el
currículo y el Proyecto Educativo Institucional.
Los grupos de áreas
obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de
estudios, son los siguientes: 1. Ciencias naturales y educación ambiental; 2.
Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia; 3.
Educación artística y cultural; 4. Educación ética y en valores humanos; 5.
Educación física, recreación y deportes; 6. Educación religiosa; 7.
Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros; 8. Matemáticas; 9.
Tecnología e informática.
[87] Informe de la Facultad de Educación de la Universidad
Pedagógica Nacional sobre modalidades educativas. Folio 76, cuaderno de la
Corte Constitucional.
[88] Ibídem.
[89] Informe de la Facultad de Educación de la Universidad de
Nariño sobre modalidades educativas. Folio 84, cuaderno de la Corte
Constitucional.
[90] Informe del Centro de Investigación de la Facultad de
Educación de la Universidad de los Andes sobre modalidades educativas. Folios
79-82, cuaderno de la Corte Constitucional.
[91]Sentencia T-008 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[92] Sentencia T-391 de
2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[93] Sentencia T-147 de
2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla
[94] Sentencia T-323 de
2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[95]Sobre
las diferencias entre la configuración de la declaración de carencia actual de
objeto por hecho superado y daño consumado, ver la
Sentencia T-544 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[96] Sentencia T-946 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[97]Fol. 39, cuaderno de primera instancia.
[98] Folio 493, cuaderno de la Corte Constitucional.
[99] Folio 92, cuaderno de la Corte Constitucional.
[100] Folio 63, cuaderno de la Corte Constitucional.
[101] Folio 70, cuaderno de la Corte Constitucional.
[102] Folio 60, cuaderno de la Corte Constitucional.
[103] Folio 39,
cuaderno de primera instancia.
[104]Folio 39, cuaderno de primera instancia.
[105]Folio 487, cuaderno de la Corte Constitucional.
[106] ODCE. Educación
en Colombia en 2019. Pág. 247  Disponible en línea en: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356787_recurso_1.pdf Consultado por última vez el 18 de abril de
2018.
[107] Folios 92-371, cuaderno de la Corte Constitucional.
[108] Derecho de petición presentado a la Alcaldía de La Cruz.
Folio 39 del cuaderno de primera instancia.
[109] Informes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
del Cauca, de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional,
del Centro de Investigación de la Facultad de Educación de la Universidad de
los Andes, y de la Facultad de Educación de la Universidad de Nariño. Folios 72
a 73, 75 a 77, 78 a 82 y 84 a 86, respectivamente, cuaderno de la Corte
Constitucional.
[110]Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 13
“El derecho a la educación”, párr.6.
[111]  La Corte
Constitucional estableció en la sentencia T-743 de 2013 que en materia
educativa “las dimensiones del derecho a la educación le impone a los Estados
obligaciones […] de forma progresiva, esto es, avanzando de manera gradual pero
constante, lo cual incluye la prohibición de medidas regresivas que afecten el
grado de goce del respectivo derecho.” (Sentencia T-743
de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)
[112] De acuerdo con este
mandato,  las normas han de ser interpretadas en favor de la protección y
goce efectivo de los derechos de los individuos, “en procura de que los
preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida
posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la
mejor calidad de vida de las personas.” (Sentencia T-121 de 2015, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez)
[113]Folio 404, cuaderno de la Corte Constitucional.
[114]Folio 377, cuaderno de la Corte Constitucional.
[115] Folio 686,
cuaderno de la Corte Constitucional.
[116] Folio 688-690, cuaderno de la Corte Constitucional.
[117] Folios 685 y
686, cuaderno de la Corte Constitucional.
[118]Folio 688, cuaderno de la Corte Constitucional.
[119] “ARTÍCULO 205. SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como rector del Sistema Nacional
de Bienestar Familiar, tiene a su cargo la articulación de las entidades
responsables de la garantía de los derechos, la prevención de su vulneración,
la protección y el restablecimiento de los mismos, en los ámbitos nacional,
departamental, distrital, municipal y resguardos o territorios indígenas.
El Consejo Nacional de Política Social atendiendo los
lineamientos y recomendaciones del Departamento Nacional de Planeación es el
ente responsable de diseñar la Política Pública, movilizar y apropiar los
recursos presupuestales destinados a garantizar los derechos de los niños, las
niñas y los adolescentes y asegurar su protección y restablecimiento en todo el
territorio nacional.” (Subrayado fuera del texto original).”