T-078-93
Sentencia No
Sentencia No.
T-078/93
JUEZ DE TUTELA-Facultades
Los jueces de
tutela deben adentrarse en el examen e interpretación de los hechos invocados
por el actor con el propósito de determinar la esencia y la naturaleza de la
situación jurídica puesta en conocimiento de la jurisdicción constitucional
para asegurar la protección efectiva de los derechos fundamentales cuando se
reclama su amparo ante la amenaza o vulneración de uno de ellos, bien por parte
de una autoridad pública  o de un particular, por virtud del ejercicio de la
acción de tutela. Cosa que a juicio de ésta Corporación no se llevó a cabo el
juez de instancia, quien simplemente se limitó a resolver de la manera más
simple y fácil la petición, sin adentrarse en el fondo del asunto ni ordenar
las pruebas necesarias para llegar al convencimiento, bien de la certeza y
validez de las afirmaciones contenidas en la solicitud de tutela, o por el
contrario la inexistencia de los hechos invocados por el actor.
POSESION-Naturaleza
La posesión es un
derecho fundamental, que tiene una conexión íntima con el derecho de propiedad
y constituye uno de los criterios específicos para la determinación de esa
categoría jurídica que es el derecho constitucional fundamental. Reconoce
igualmente la Corte, que la posesión tiene entidad autónoma de tales
características y relevancia que ella es hoy considerada un derecho
constitucional fundamental de carácter económico y social.
ALCALDE/COMPETENCIA/FUNCION
DE POLICIA/QUERELLA DE AMPARO
La competencia
administrativa de policía local radicada en cabeza del Alcalde o de quien haga
sus veces, no puede ejercerse dentro del Estado social de derecho para
desconocer derechos subjetivos, los que de ser afectados por el ejercicio de
aquellas competencias pueden reclamarse, inclusive en el caso de la posesión,
por vía de las acciones ordinarias y especiales. Cuando se pretende alegar la
condición de poseedor, como lo hacen los accionantes en el asunto que se
revisa, necesariamente se debe acudir a la vía judicial que le asegura el
artículo 977 del Código Civil, conocida como querella de amparo.
MEDIO DE DEFENSA
JUDICIAL/ACCION POSESORIA
Si el Juez
encuentra que se tiene el derecho, que están siendo violados o amenazados y que
se dan las condiciones necesarias para la procedencia de la acción, apreciando
en concreto las circunstancias del solicitante, según las prescripciones del
artículo 86 de la Constitución y las normas legales que lo desarrollan, habrá
de concederla ordenando las medidas del caso para la protección del derecho
afectado. Pero cuando se encuentra que a pesar de que el solicitante tenga el
derecho existen otros medios de defensa judicial por medio de los cuales pueda
lograr la protección concreta, la acción no habrá de prosperar, salvo el caso
que se trate de un perjuicio irremediable. En el caso sometido a revisión,
encuentra ésta Corte que debe   negar la tutela impetrada ya que se dá la
existencia en el ordenamiento legal de otros mecanismos de defensa judicial,
como lo son las acciones posesorias, cuyo objeto consiste en "conservar o recuperar
la posesión de bienes raíces, o de derechos reales constituidos en ellos",
o a través de una demanda sobre declaración de pertenencia de la propiedad de
un inmueble como consecuencia del ejercicio pacífico de la posesión.
ACCION DE TUTELA-Hechos no probados
Por cuanto el
actor dispone de otros medios de defensa judicial con los cuales puede hacer
efectiva la protección de sus derechos, presuntamente vulnerados por la
actuación del Alcalde Municipal de Juan de Acosta, la cual con fundamento en
las informaciones obtenidas de ese Despacho, no se llevó a cabo, desvirtuando
de esa manera los hechos invocados en la solicitud de tutela, los que en ningún
momento fueron comprobados, ni por esta Corte, ni por el Juzgado que conoció en
instancia, el cual a juicio de esta Corporación abordó el estudio de la
presente acción con desatención y poca sensibilidad constitucional, sin entrar
a considerar de fondo la posible existencia de hechos y circunstancias que o
bien desvirtuaran la petición impetrada o por el contrario la
corroboraran.
REF.: EXPEDIENTE No. T-5212
PETICIONARIO: DANIEL ANAYA CARRILLO y OTRO.
PROCEDENCIA: Juzgado Quinto Penal del Circuito de Barranquilla.
MAGISTRADO PONENTE: Dr. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN
Santa Fé de Bogotá, D.C., Febrero 26 de 1993
Procede la Corte
Constitucional, a través de la Sala Séptima de Revisión, integrada por los
Magistrados JAIME SANIN GREIFFENSTEIN, CIRO ANGARITA BARON y EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ, a revisar el fallo proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de
Barranquilla, en el proceso de tutela No. T-5212, adelantado por los señores
DANIEL ANAYA CARRILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.100.027
de Boquilla, Cartagena, y ELIAS DAGOBERTO MOLINA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 8.500.017 de Piojó, Atlántico, quien firma en nombre y
representación de ANTONIO MOLINARES, quien manifestó no saber firmar, y
dirigido contra el Alcalde del Municipio de Juan de Acosta, Departamento del
Atlántico.
El negocio llegó al
conocimiento de esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional por la vía
ordinaria de la remisión que hizo el Juzgado Quinto Penal del Circuito de
Barranquilla, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991.
Conforme al artículo
86 de la Constitución Política y 33 del Decreto ibidem, la Sala de Selección de
la Corte eligió para efectos de revisión, la presente acción de tutela, por lo
cual se entra a dictar sentencia.
I. INFORMACION
PRELIMINAR
Los hechos que
motivaron la formulación de la presente acción son los siguientes:
1. El día 22 de
abril de 1992, se presentaron en las playas adyacentes a Bocatocino varias
personas contratadas por el Alcalde de Juan de Acosta, y procedieron a tumbar
algunos ranchos y kioscos localizados en la playa, aduciendo tener orden del
Alcalde, quien estuvo presente el día 25 de abril cuando se repitieron tales
actos.
2. Los perjudicados
por la orden del Alcalde, poseedores de esas tierras desde hace muchos años,
decidieron acudir ante la Gobernación del Atlántico, Secretaría de Obras
Públicas para poner en conocimiento de las autoridades dicha situación, al
igual que ante la Procuraduría Regional y el Comando de Policía, debido a las
circunstancias de orden público que se habían generado, lo que motivó la
realización de varias investigaciones y visitas a la zona.
3. Se ha observado a
raíz de los actos del Alcalde, la presencia de personas extrañas armadas,
quienes realizan acciones intimidatorias contra los habitantes de la zona,
tumbando casas y mejoras, y alegando poseer escrituras de adjudicación
otorgadas por la Alcaldía, que a juicio de los peticionarios son falsas puesto
que no se conocen sus adjudicatarios, y de otra parte, algunos de ellos son
funcionarios municipales.
4. Acuden los
accionantes a la tutela como único medio de defensa judicial, por cuanto
adolecen de títulos que acrediten su posesión, pero que a la luz de la ley son
legítimos propietarios de los predios pues han vivido y trabajado allí por más
de 45 años.
5. Consideran que
con la actuación del Alcalde y las personas por él contratadas, se les ha
vulnerado y desconocido su derecho fundamental a la posesión.
II. LA DECISION
JUDICIAL QUE SE REVISA.
El Juzgado Quinto
Penal del Circuito de Barranquilla, por medio de la providencia del 18 de
agosto de 1992, decidió denegar la acción de tutela instaurada, con base en los
siguientes argumentos:
1. Afirma el Juzgado
que de los hechos relatados por los peticionarios se colige que con la conducta
desplegada por el señor Alcalde Municipal de Juan de Acosta y las demás
personas por él contratadas, estos fueron perturbados en el ejercicio pacífico
de la posesión que tenían sobre los mencionados terrenos.
2. Los derechos
constitucionales fundamentales señalados en el artículo 1o. del Decreto 2591 de
1991, a juicio del fallador, se encuentran plasmados y definidos en el artículo
2o. de la Constitución Política, y en ninguno de sus apartes consagra el
derecho a ejercer la posesión pacífica sobre bienes inmuebles como un derecho
fundamental.
3. Finalmente,
estima que aunque la Corte llegase a considerar este derecho como fundamental,
no procedería la acción de tutela en el presente caso, pues existen otros
medios de defensa judicial de los cuales pueden hacer uso los afectados, como
lo son el proceso de pertenencia, para obtener la propiedad de un inmueble como
consecuencia del ejercicio pacífico de la posesión.
Así las cosas,
concluye en que mal podría afirmarse que se ha violado un derecho fundamental,
por lo cual se infiere que la acción de tutela invocada es improcedente.
Por no haberse
impugnado la anterior decisión, el proceso fue remitido a la Corte
Constitucional para su eventual revisión y, siendo seleccionado, correspondió a
esta Sala su conocimiento.
Pruebas
Solicitadas por la Corte Constitucional.
Con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, el Magistrado Ponente
con el propósito de obtener un mejor conocimiento del asunto sometido a
revisión, decidió oficiar a la Alcaldía Municipal de Juan de Acosta,
solicitando informar las razones por las cuales ese Despacho había ordenado
llevar a cabo el desalojo de los habitantes de las playas de Bocatocino los
días 22 y 25 de abril de 1992, aduciendo haberlas adjudicado a  personas
extrañas y desconocidas del sector.
Por oficio No. 054,
la Alcaldesa Municipal de Juan de Acosta, Dra. Betty del Socorro Echeverría dió
respuesta a la solicitud de la Corte en el siguiente sentido:
"1o. Que
en los archivos de la Alcaldía Municipal bajo la responsabilidad del Secretario
General, no aparecen diligencias efectuadas en las playas adyacentes al
Corregimiento de Bocatocino.
2o.   No
se han encontrado documentos por los cuales el Municipio haya adjudicado
terrenos a particulares en el Corregimiento de Bocatocino.
Extraoficialmente
conocemos que personas han invadido ejidos municipales y dicen tener
adjudicaciones hechas por este Despacho. Hasta la fecha esto no ha sido
demostrado, ni este Despacho ha ordenado desalojo alguno en esa área de este
Municipio.
3o.   Definitivamente
este Despacho no ha desarrollado ni ordenado tal acción de desalojo, según los
archivos que aquí reposan".
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera.
Competencia.
Es competente esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia en relación
con el fallo dictado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Barranquilla,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 inciso tercero y 241
numeral 9o. de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33,
34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. Además, su examen se hace por virtud de
la selección que de dicha providencia practicó la Sala correspondiente y del
reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta
Corporación.
Segunda. La
Materia Objeto de la Petición de Tutela.
Encuentra la Sala
que los peticionarios solicitan a través de la acción de tutela consagrada en
el artículo 86 de la Carta Fundamental, la protección de su derecho
constitucional fundamental a la posesión, vulnerado por la actuación del
Alcalde Municipal de Juan de Acosta, por la cual sin notificación ni
autorización procedió los días 22 y 25 de abril de 1992 a tumbar ranchos y
kioskos de su propiedad, localizados en las playas adyacentes al corregimiento de
Bocatocino, y ejercer actos intimidatorios contra los habitantes del sector,
ordenándoles desalojar la zona, invocando escrituras de adjudicación de esos
terrenos, algunas de ellas presuntos funcionarios de la Alcaldía y otras
personas extrañas a la población.
Cabe advertir que la
petición se dirige contra una actuación de una autoridad administrativa,
respecto de la cual no existen mayores informaciones ni pruebas, ni se pueden
predicar hipótesis específicas de determinación de los hechos invocados por el
actor en cuanto hace a la amenaza o vulneración del derecho constitucional
fundamental a la posesión en las condiciones señaladas por el artículo 86 de la
Constitución Nacional.
Al observar la
petición formulada por el accionante, se puede colegir la existencia de ciertas
deficiencias en cuanto a su formulación, especialmente en cuanto hace a la
actuación en sí del Alcalde Municipal de Juan de Acosta, así como en la
afectación propiamente dicha de los bienes y terrenos objeto de la presente
solicitud. No obstante lo anterior, y como lo ha venido sosteniendo en forma
reiterada ésta Corte, los jueces de tutela deben adentrarse en el examen e
interpretación de los hechos invocados por el actor con el propósito de
determinar la esencia y la naturaleza de la situación jurídica puesta en
conocimiento de la jurisdicción constitucional para asegurar la protección
efectiva de los derechos fundamentales cuando se reclama su amparo ante la
amenaza o vulneración de uno de ellos, bien por parte de una autoridad pública
o de un particular, por virtud del ejercicio de la acción de tutela. Cosa que a
juicio de ésta Corporación no se llevó a cabo el juez de instancia, quien
simplemente se limitó a resolver de la manera más simple y fácil la petición,
sin adentrarse en el fondo del asunto ni ordenar las pruebas necesarias para
llegar al convencimiento, bien de la certeza y validez de las afirmaciones
contenidas en la solicitud de tutela, o por el contrario la inexistencia de los
hechos invocados por el actor.
Teniendo en cuenta
lo anterior esta Corte no comparte los elementos racionales y las
consideraciones efectuadas en la providencia que se revisa, por cuanto aquellas
se limitan a un análisis escueto, formal, abstracto y vago que en nada
contribuye a los fines específicos de la jurisdicción constitucional ni a la
defensa de la Carta Fundamental dentro del esquema introducido por el
constituyente de 1.991.
Tercera. Del
Derecho a la Posesión como un Derecho Fundamental.
A través de la acción
de tutela, el peticionario acude ante la autoridad judicial en procura de la
protección de su derecho fundamental a la posesión (CP. art. 58), vulnerado a
su juicio de manera ostensible por los actos arbitrarios e intimidatorios del
Alcalde del Municipio de Juan de Acosta, Atlántico.
En el contexto de la
Constitución de 1991, la propiedad está protegida y garantizada junto con los
demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles.
Afirman los
peticionarios en la solicitud de tutela, que a pesar de no tener títulos de
propiedad que acrediten su posesión respecto de los terrenos sobre los que
recayó la acción arbitraria de la autoridad pública, ubicados en las playas
adyacentes a Bocatocino, a la luz de la ley son legítimos propietarios de los
predios ya que han vivido y trabajado allí por más de 45 años, derivando de la
pesca el sustento de sus vidas.
En estas
circunstancias, los peticionarios son titulares activos de una relación
posesoria cuya naturaleza esencial conviene dilucidar, a efectos de determinar
si ella amerita o no la protección específica que la Carta de 1991 otorga a los
derechos constitucionales fundamentales.
Ha definido la Corte
Suprema de Justicia la posesión como "el poder físico directo sobre las
cosas, en virtud del cual se ejecutan sobre ellas actos materiales de goce y
transformación, sea que se tenga el derecho o que no se tenga; (...) ella misma
realiza en el tiempo los trascendentales efectos que se le atribuyen, de crear
y sanear el derecho, brindar la prueba óptima de la propiedad (...) y es ella,
no las inscripciones en los libros de registro, la que realiza la función
social de la propiedad sobre la tierra, asiento de la especie y cumbre de las
aspiraciones de las masas humanas". (Corte Suprema de Justicia, Sentencia del
27 de abril de 1955, G.J. Tomo LXXX No. 2153)
En cuanto a la
naturaleza de la posesión, el profesor Valencia Zea en su obra "Naturaleza
Jurídica de la relación posesoria", señala que prevalece la doctrina que
considera la relación posesoria como un derecho real provisional, por cuanto:
"Los derechos
sobre cosas que pueden hacerse valer con acciones reales, son los derechos
reales. La posesión es un poder de hecho que se ejerce sobre cosas y que se
encuentra protegida con verdaderas acciones reales (las acciones posesorias).
Desde tal punto de vista, es un hecho cierto que la posesión es un derecho
real.
Pero existe una gran
diferencia entre la propiedad y la posesión. La primera constituye un poder
jurídico definitivo; la posesión, un poder de hecho provisional; provisional en
el sentido de que puede caer frente a la acción que se deriva de la propiedad.
De ahí que la doctrina actual predique que la posesión es un derecho real
provisional".
Por su parte,
nuestro Código Civil en su artículo 762 consagra el más vasto efecto de la
posesión, cuando dispone que el poseedor se reputa dueño mientras otra persona
no justifique serlo. Presunción que comprende todo tipo de posesión, sin
excepción alguna.
Esta Corte en
providencia No. T - 494 del 12 de agosto de 1992, afirma en cuanto a la
posesión:
"La posesión
resulta ser un poder de hecho jurídicamente relevante que por su naturaleza
puede ser instrumento efectivo para la adquisición de la propiedad y como tal
guarda con éste último derecho una conexidad de efectos sociales muy
saludables, especialmente en el ámbito del estado social de derecho".
Entre las razones
clásicas para justificar la protección de la posesión, la más importante que se
aduce, es que ella es una exteriorización de la propiedad y una de sus formas
más eficaces de prueba.
Por lo anterior, se
puede afirmar que la posesión es un derecho fundamental, que tiene una conexión
íntima con el derecho de propiedad y constituye a juicio de esta Corte, como lo
ha reconocido en sentencias números T-406, T-428 y T-494, uno de los criterios
específicos para la determinación de esa categoría jurídica que es el derecho
constitucional fundamental. Reconoce igualmente la Corte, que la posesión tiene
entidad autónoma de tales características y relevancia que ella es hoy
considerada un derecho constitucional fundamental de carácter económico y
social.
En el presente caso
en que la posesión de los peticionarios, vecinos del Corregimiento de
Bocatocino, Municipio de Juan de Acosta fue presuntamente vulnerada por el
Alcalde Municipal, cabe reiterar que las competencias señaladas en cabeza de
los Alcaldes también comprenden la facultad de ordenar el desalojo de
ocupantes, dueños, moradores, habitantes o poseedores del inmueble, pues
aquella es una función de policía administrativa.
En el caso de ser la
del Alcalde una actuación ajustada a la ley, ésta debe estar precedida de un
trámite que permita en el evento de tratarse de una orden de desalojo, que el o
los afectados puedan oponerse o controvertir la actuación antes de que esta se
haga efectiva, dentro del marco del respeto y cumplimiento de un debido
proceso. De esa manera se le garantiza a los ciudadanos que la actuación
administrativa se ejecute y lleve a cabo en la forma como el ordenamiento jurídico
y administrativo lo ha dispuesto, e igualmente se le proteja contra posibles
arbitrariedades o abusos en que pueden incurrir las distintas autoridades, con
la excusa del ejercicio del poder.
Obviamente dicha
competencia administrativa de policía local radicada en cabeza del Alcalde o de
quien haga sus veces, no puede ejercerse dentro del Estado social de derecho
para desconocer derechos subjetivos, los que de ser afectados por el ejercicio
de aquellas competencias pueden reclamarse, inclusive en el caso de la
posesión, por vía de las acciones ordinarias y especiales.
Sobre el particular,
conviene precisar que cuando se pretende alegar la condición de poseedor, como
lo hacen los accionantes en el asunto que se revisa, necesariamente se debe
acudir a la vía judicial que le asegura el artículo 977 del Código Civil
Colombiano, conocida como querella de amparo, y que se expresa en los
siguientes términos:
"Artículo 977.
El poseedor tiene derecho para pedir que no se le turbe o embarace su posesión
o se le despoje de ella, que se le indemnice el perjuicio que ha recibido, y
que se le dé seguridad contra el que fundadamente teme".
Cuando se trata de
recuperar la posesión, el Código Civil en los Títulos XIII y XIV (arts. 972 y
1007) establecen las acciones posesorias, que tienen por objeto, dentro del año
siguiente contado desde el acto de molestia o embarazo inferido a ella,
recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos sobre
éstos y obtener las reparaciones indemnizatorias procedentes.
Cuarta. El Otro
Medio de Defensa Judicial.
El inciso tercero
del artículo 86 de la Constitución Política dispone expresamente que "la
acción de tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice para evitar un perjuicio
irremediable".
En los casos en que
no existe medio judicial distinto para lograr la efectividad del derecho
amenazado o vulnerado, aparece la acción de tutela como único mecanismo a
disposición del titular de aquél, con el objeto de llevar a la práctica la
garantía consagrada en la Carta, en el sentido de otorgarle una salida a la que
no conducen los medios ordinarios para obtener certeza en la satisfacción de
las aspiraciones fundamentales de la persona.
En estos casos, si
el Juez encuentra que se tiene el derecho, que están siendo violados o
amenazados y que se dan las condiciones necesarias para la procedencia de la
acción, apreciando en concreto las circunstancias del solicitante, según las
prescripciones del artículo 86 de la Constitución y las normas legales que lo
desarrollan, habrá de concederla ordenando las medidas del caso para la
protección del derecho afectado.
Pero cuando se
encuentra que a pesar de que el solicitante tenga el derecho existen otros
medios de defensa judicial por medio de los cuales pueda lograr la protección
concreta, la acción no habrá de prosperar, salvo el caso que se trate de un
perjuicio irremediable.
Sobre el particular,
esta Corte ya ha señalado que:
"En virtud de
lo dispuesto por la Carta del 91, no hay duda que el otro medio de defensa
judicial a disposición de la persona que reclama ante los jueces la protección
de sus derechos fundamentales ha de tener una efectividad igual o superior a la
de la acción de tutela para lograr efectiva y concretamente que la protección
sea inmediata. No basta, pues, con la existencia en abstracto de otro medio de
defensa judicial si su eficacia es inferior a la de la acción de tutela"
(Sentencia Corte Constitucional No. T-414).
En el caso sometido
a revisión, encuentra ésta Corte que debe   negar la tutela impetrada ya que se
dá la existencia en el ordenamiento legal de otros mecanismos de defensa
judicial, como lo son las acciones posesorias, cuyo objeto consiste en "conservar
o recuperar la posesión de bienes raíces, o de derechos reales
constituidos en ellos", o a través de una demanda sobre declaración de
pertenencia de la propiedad de un inmueble como consecuencia del ejercicio
pacífico de la posesión (Código de Procedimiento Civil, artículo 407).
Así mismo, es
importante señalar que en relación al oficio enviado a esta Corporación por
parte de la actual Alcaldesa de Juan de Acosta, se encuentra que no aparece
prueba ni documento alguno que demuestre o certifique la veracidad de las
afirmaciones contenidas en la solicitud de tutela presentada por los
peticionarios, lo cual además recibe especial sustento en el hecho de que las
adjudicaciones de los predios situados en las playas adyacentes al
Corregimiento de Bocatocino, no fueron efectuadas por ese Despacho, sino que
presuntamente se trata de personas que han invadido ejidos municipales
aduciendo que estas fueron efectuadas por la Alcaldía. Por ello debe ser la
jurisdicción ordinaria quien entre a definir la cuestión objeto de la littis.
Finalmente considera
esta Corte, que se debe enfatizar en este caso concreto que la autoridad
administrativa representada en el Alcalde Municipal de Juan de Acosta, surtió
el debido proceso para llevar a cabo la actuación que a juicio del peticionario
vulneró  sus derechos fundamentales.
Quinta.
Conclusión.
Teniendo en cuenta
lo anterior, se confirmará el fallo proferido por el Juzgado Quinto Penal del
Circuito de Barranquilla, en el sentido de denegar la tutela instaurada por los
ciudadanos DANIEL ANAYA CARRILLO Y ANTONIO MOLINARES, por cuanto el actor
dispone de otros medios de defensa judicial con los cuales puede hacer efectiva
la protección de sus derechos, presuntamente vulnerados por la actuación del
Alcalde Municipal de Juan de Acosta, la cual con fundamento en las
informaciones obtenidas de ese Despacho, no se llevó a cabo, desvirtuando de
esa manera los hechos invocados en la solicitud de tutela, los que en ningún
momento fueron comprobados, ni por esta Corte, ni por el Juzgado que conoció en
instancia, el cual a juicio de esta Corporación abordó el estudio de la
presente acción con desatención y poca sensibilidad constitucional, sin entrar
a considerar de fondo la posible existencia de hechos y circunstancias que o
bien desvirtuaran la petición impetrada o por el contrario la
corroborarán.
Finalmente, se
ordenará oficiar a la Procuraduría General de la Nación a fin de que investigue
las conductas desplegadas por el Alcalde Municipal de Juan de Acosta, a que se
refiere la presente tutela.
IV. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional a través de la Sala Séptima de Revisión de
tutelas, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
R E S U E L V E :
PRIMERO:        CONFIRMAR la decisión proferida por el
Juzgado Quinto Penal del Circuito de Barranquilla del 18 de agosto de 1992, en
el sentido de denegar la acción de tutela impetrada por el señor DANIEL ANAYA
CARRILLO y ANTONIO MOLINARES.
SEGUNDO:        Líbrese la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
comuníquese, cúmplase y publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JAIME SANIN GREIFFENSTEIN
Magistrado Ponente
CIRO ANGARITA BARON
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General