T-688-98
Sentencia T-688/98
Sentencia T-688/98
ACCION DE TUTELA-Procedencia por retardo en programación de
cirugía no urgente/DERECHO A LA SALUD-Retardo en programación de cirugía
no urgente
El retardo en la
programación de una cirugía, que no tiene el carácter urgente, pues no está de
por medio un riesgo inminente a la vida, puede ser protegido a través de la
acción de tutela.
PRINCIPIO DE
DIGNIDAD HUMANA-Suministro
a afiliado de fecha exacta sobre intervención quirúrgica/DERECHO A LA SALUD-Suministro
a afiliado de fecha exacta sobre intervención quirúrgica
No resulta acorde
con los principios rectores sobre el respeto a la dignidad humana, a la
seguridad social y a la salud, principios protegidos en forma expresa por la
Constitución, el hecho de que una entidad encargada de la prestación del
servicio público de salud, el ISS en este caso, no le suministre a un afiliado
información precisa sobre la fecha en que se le realizará una intervención
quirúrgica. Al obrar de esta manera, se deja al interesado sumido en la más
profunda incertidumbre, incertidumbre que no está el paciente obligado a
soportar, pues el remediar su situación, sólo depende de que la entidad
prestadora del servicio se despoje de su falta de interés sobre los problemas
del afiliado. La omisión de suministrar la fecha exacta a un afiliado sobre
cuándo se le realizará un procedimiento quirúrgico o se le iniciará un
tratamiento, vulnera los derechos fundamentales de tal afiliado.
ENTIDAD PROMOTORA
DE SALUD-Recursos
limitados no justifican retardo en atención médica
Recursos limitados de la entidad prestadora
del servicio público de salud, por sí solos no justifican el retardo en la
atención del servicio médico. Sobre la limitación de recursos en las entidades
prestadoras del servicio público de salud, esta Corporación ha manifestado que
la demora en la realización de cirugías requeridas, tiene que obedecer a
criterios justificados, y que no basta con señalar la falta recursos económicos
o de médicos, para retardar el servicio.
DERECHO A LA
SALUD-Práctica de cirugía
de naturaleza electiva
INSTITUTO DE
SEGUROS SOCIALES-Elaboración
razonable de orden de atención y suministro de información
Reiteración de jurisprudencia
Referencia:
Expediente T-186.160
Acción
de tutela presentada por Magola Orozco Salazar contra el Instituto de los
Seguros Sociales, Seccional Caldas.
Magistrado Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRÁN
SIERRA.
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, en
la sesión de la Sala Primera de Revisión, a los diez y nueve (19) días del mes
de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Antonio
Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre la sentencia
proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Manizales, en la acción
de tutela promovida por la señora Magola Orozco Salazar contra el Instituto de
Seguro Social, Seccional Caldas.
El expediente llegó a la Corte
Constitucional, por remisión que hizo el Juzgado, en virtud de lo ordenado por
el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección de la Corte
eligió, para efectos de su revisión, el expediente de la referencia.
I. ANTECEDENTES.
La señora Magola Orozco Salazar presentó
acción de tutela el 18 de agosto de 1998, contra el ISS, pues le fue ordenada,
desde el 27 de mayo de 1998, una cirugía denominada "histerectomía vaginal
de carácter electivo", pero, el Instituto, hasta la fecha de incoar su
acción, no le ha señalado fecha para su realización. Le han manifestado que
debe esperar ser llamada, y que las cirugías se programan por turnos.
Considera la solicitante que la demora del
ISS para programarle esta cirugía le está causando problemas en su salud, pues,
el tumor que tiene está creciendo y presenta incontinencia urinaria.
El médico especialista del ISS en la
declaración que rindió ante el a quo, al ser requerido por el juez sobre
si se causan daños a la peticionaria por el retardo de esta cirugía,
señaló : "El retardo en la solución de estos problemas, no causa
daño grave en la salud de la paciente y sólo podría aumentar su
sintomatología." (folio 22 vuelto)
El ISS, una vez notificado de esta acción,
informó que efectivamente la solicitante presenta una enfermedad diagnosticada
así : "histerocele II, mioma cervical e incontinencia urinaria
leve" y "se programa para Histerectomia vaginal con carácter
electivo." (folios 23 y 24)
Manifiesta la entidad que se trata de "un
cuadro crónico que ha evolucionado sin agudización de su sintomatología, por lo
cual fue considerado por el Médico especialista como de manejo quirúrgico
electivo." (folio 24). Por consiguiente, la programación de esta clase
de cirugías, electivas, es diferente a las de carácter urgente o preferencial.
Sobre la forma como se distribuyen las cirugías, señaló :
"4. Cada quince días el Departamento
de Ginecoobstetricia de la Clínica ISS Manizales realiza programación de
cirugía, diferente a la cirugía urgente o preferencial. Cuando sobran cupos de
cirugía se programan las cirugías electivas. Antes de la cirugía de la
accionante hay cinco pacientes en lista de espera para la cirugía Histerectomía
Vaginal electiva y cuatro para cirugías ginecológicas y cada quince días (los
viernes) se aumenta el cupo en dos cirugías (Histerectomías) y una biopsia de
seno. El tiempo que transcurre para la programación de una cirugía
histerectomía vaginal electiva es de 3 a 6 meses. Por ello la programada para
la petente está dentro de lo normal para la atención de estos casos." Pues, como explicó en la misma
comunicación el ISS, el procedimiento que requiere la actora lleva "al
momento 89 días calendario de haber sido propuesta" (folios 23 y 24).
El Juzgado Tercero Penal  Municipal de
Manizales denegó la tutela, en sentencia del dos (2) de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho (1998), por cuanto el ISS no le ha vulnerado el
derecho a la salud de la demandante. Además, la demandante se encuentra en
lista de espera para la realización de la cirugía.
Impugnada esta decisión por la actora, el
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Manizales, en sentencia del treinta (30)
de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), confirmó la sentencia
del a quo. La razón principal de su decisión se encuentra en que las
cirugías que requiere la demandante "pueden esperar sin que ello ponga
en peligro su vida, al menos por el momento" (folio 41)
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera.-
Competencia.
La Corte es
competente para conocer de esta demanda, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y en los artículos
33 a 35 del decreto 2591 de 1991.
Segunda.- Lo que
se debate.
En el presente caso,
se debaten los siguientes asuntos : a) si el retardo en la programación de
una cirugía, que no tiene el carácter urgente, pues no está de por medio un
riesgo inminente a la vida, puede ser protegido a través de la acción de
tutela ; b) si la falta de suministrar la fecha exacta a un afiliado sobre
cuándo se le realizará un procedimiento quirúrgico, vulnera los derechos
fundamentales de tal afiliado ; c) recursos limitados de la entidad
prestadora del servicio público de salud, como justificación del retardo en la
programación de cirugías.
Se estudiarán estos
asuntos en forma independiente. Los temas a) y c) serán tratados como
reiteración de jurisprudencia.
a) El retardo en
la programación de una cirugía, que no tiene el carácter urgente, pues no está
de por medio un riego inminente a la vida, puede ser protegido a través de la
acción de tutela.
La Corte
Constitucional, en numerosas sentencias, ha fijado los siguientes criterios
generales sobre la procedencia de la tutela en estos casos :
- El derecho a la
seguridad social y a la salud pueden ser fundamentales por conexidad, según el
caso concreto. Además, constituyen un elemento indispensable para tener una
vida en condiciones dignas (sentencia T-042 de 1996).
- También, los
derechos a la salud y a la integridad física pueden resultar fundamentales
cuando su amenaza o vulneración representan peligro o daño al derecho
fundamental a la vida (sentencias T- 140, T- 192, T-531 de 1994)
- No es preciso que
deba esperarse a que el interesado esté al borde de la muerte o ante la pérdida
irremediable de algún órgano (por ejemplo, frente a la amputación de un brazo),
para obtener la protección a través de la acción de tutela.
Por ser ésta la
razón principal del ad quem, en la tutela bajo estudio, para denegarla,
es pertinente transcribir lo que esta Corporación ha señalado :
"Tal
consideración, aplicada al presente caso, informa sobre la necesidad de tutelar
el derecho a la salud, cuando haya certeza sobre la vulneración o amenaza de
derechos constitucionales con carácter fundamental en cualquier grado y no
solamente cuando la vulneración o amenaza de tales derechos sea muy grave; es
decir, no debe esperarse, se repite, a estar al borde de una negación
completa de los derechos vinculados con el derecho a la salud, para que su
tutela proceda. Es equivocado, entonces, el planteamiento del juez de
primera instancia según el cual, como la visión del demandante no está en
peligro de perderse, debe denegarse el amparo constitucional solicitado. Sería
tanto como esperar a que un enfermo demuestre que está al borde de la muerte
para que el juez de tutela tome cartas en el asunto, cuando lo natural y obvio
dentro del campo de la medicina es evitar llegar a tan terrible estado."
(sentencia T-260 de 1998, M.P., doctor Fabio Morón Díaz)(se subraya)
- Un procedimiento
quirúrgico no puede ser retardado injustificadamente, pues, cuando esto ocurre,
la acción de tutela es procedente. Sentencia T- 281 de 1996.
-  El Estado es
responsable de garantizar que las entidades prestadoras de salud garanticen en
todo momento, la atención oportuna y eficaz a sus afiliados (sentencia T-531 de
1994)
b) La omisión de
suministrar la fecha exacta a un afiliado sobre cuándo se le realizará un
procedimiento quirúrgico o se le iniciará un tratamiento, vulnera los derechos
fundamentales de tal afiliado.
Para analizar este
punto, se verá si a la demandante se le ha suministrado la información adecuada
sobre cuándo se le realizará su intervención quirúrgica.
De las pruebas que
obran en el expediente, se tiene:
- La demandante está
afiliada al ISS.  Padece una enfermedad que para su solución, requiere manejo
quirúrgico. Desde el 27 de mayo de 1998, el médico tratante puso en
conocimiento del ISS la conveniencia de este procedimiento, y, para tal efecto,
fue incluida la afiliada en el proceso de programación de cirugía electiva.
- Sobre la urgencia
o no de la operación, el médico tratante señaló que "El retardo en la
solución de estos problemas, no causa daño grave en la salud de la paciente y
sólo podría aumentar su sintomatología." (folio 22 vuelto).
- El ISS considera
que como sólo han transcurrido 89 días desde la solicitud de cirugía, y el
tiempo usual para la programación de tales intervenciones es de 3 a 6 meses, no
existe ninguna vulneración de derechos de la demandante. (folios 23 y 24).
- La demandante ha
acudido en varias oportunidades al ISS solicitando información sobre la fecha
de su operación. Sólo le responden que espere que la llamen, pues existe una
programación de turnos.
Sobre estos hechos,
es en donde la Sala encuentra que radica la vulneración a los derechos
fundamentales de la demandante.
En efecto, la
entidad se ampara, para no fijar e informar sobre una fecha exacta para
realizar la operación requerida, en la circunstancia de que como se trata de un
procedimiento electivo, es decir, que no es urgente, no tiene la obligación de
comunicar información alguna a su afiliada sobre cuándo se llevará este hecho.
Le basta sólo con decirle que espere a que la llamen.
Se pregunta la Sala si
ésta es una respuesta adecuada, que satisface las expectativas de un afiliado,
pendiente de que le sea realizada una intervención quirúrgica, de la que
dependen dos cosas que revisten para el ser humano la mayor importancia :
la mejoría de un padecimiento y que no aumenten los síntomas de su enfermedad,
por carencia de intervención oportuna.
Al respecto sólo hay
una respuesta : no.
No resulta acorde
con los principios rectores sobre el respeto a la dignidad humana, a la
seguridad social y a la salud, principios protegidos en forma expresa por la
Constitución, el hecho de que una entidad encargada de la prestación del
servicio público de salud, el ISS en este caso, no le suministre a un afiliado
información precisa sobre la fecha en que se le realizará una intervención
quirúrgica. Al obrar de esta manera, se deja al interesado sumido en la más
profunda incertidumbre, incertidumbre que no está el paciente obligado a
soportar, pues el remediar su situación, sólo depende de que la entidad
prestadora del servicio se despoje de su falta de interés sobre los problemas
del afiliado.
El ISS estaba
obligado a suministrarle a la demandante, en forma oportuna, toda la
información requerida sobre cuándo se realizaría su intervención quirúrgica, si
esta fecha variaría y por cuáles razones. Y como no lo hizo, vulneró los
derechos de la demandante. Derechos que le serán protegidos en esta providencia.
c) Recursos
limitados de la entidad prestadora del servicio público de salud, por sí solos
no justifican el retardo en la atención del servicio médico.
La decisión que se
adoptará en esta sentencia, no desconoce la circunstancia de que la operación
que precisa la afiliada es de naturaleza electiva, en contraposición de las
inaplazables, ni que tratándose de  cirugías de esta clase, deben someterse a
una programación de turnos. Sin embargo, el punto a analizar se encuentra en
que si esta única situación justifica la demora que se ha presentado en el caso
bajo estudio.
Al respecto, cabe
mencionar que el ISS hace énfasis en que cirugías, como la requerida por la
demandante, se realizan en un número muy limitado de pacientes, cada semana, y
que hay, al menos, 9 pacientes antes de la demandante, pendientes de ser
intervenidos.
Sin embargo, sobre
esta limitación de recursos en las entidades prestadoras del servicio público
de salud, concretamente con el mismo ISS, es pertinente recordar que esta
Corporación ha manifestado que la demora en la realización de cirugías
requeridas, tiene que obedecer a criterios justificados, y que no basta con
señalar la falta recursos económicos o de médicos, para retardar el servicio.
La Corte ha señalado :
"Según lo
expresó el Coordinador de Ortopedia en el oficio de septiembre 11 de 1995,
relacionado en las pruebas, las razones para no haberle practicado a la
paciente la cirugía son: "La Escasez de turnos quirúrgicos" y
"La falta de camas hospitalarias".
"El
Instituto pretende entonces salvar su responsabilidad, con el argumento de una
falta de capacidad para prestar adecuadamente el servicio, lo que genera una
contradicción entre las necesidades de la beneficiaria y los recursos de la
entidad.
"(...)
"Esa medida
racional no se cumplió en el caso de la señora María Graciela Sossa, pues, más
de veintisiete (27) meses de espera, para que se le practique una cirugía
necesaria -para aliviar sus dolores e impedir un gradual deterioro de su
salud-, es un lapso que supera cualquier criterio razonable, y hace patente,
además, una deficiente administración de los recursos con que cuenta el
Instituto.
"En
síntesis, las razones invocadas por el Instituto de Seguros Sociales para no
haber practicado la intervención quirúrgica que la demandante requiere, son
inaceptables." (sentencia T-042 de 1996, M.P., doctor Carlos Gaviria Díaz)
Y, en otra sentencia
en la que el ISS adujo también esta clase de criterios para explicar la demora
en otorgar citas médicas, la Corte dijo :
"Pero además,
resulta inaudito y abusivo que la entidad estatal encargada de recaudar la
mayor cantidad de aportes patronales y personales, que conforma el mayor fondo
financiero y de recursos del país, se excuse de atender a una persona débil y
enferma, alegando falta de médicos especialistas en el área, y fije una cita
para médico especialista después de cuatro meses  de solicitada, en una ciudad
como Cali, en la que es notoria la presencia abundante y calificada de estos
profesionales de la salud.
"Sin duda es
una práctica viciada y dañina la de alegar falta de médicos al servicio de la
entidad que desde hace muchos años ha recaudado los aportes de los patronos y
de los trabajadores constituyendo semejante fondo fiscal y al mismo tiempo
hacer inútil la solicitud del servicio; para precaver este vicio de
ineficiencia y de mala administración, el artículo 13 de la Carta contempla
sancionar los abusos y maltratos que se cometan contra las personas en
condiciones de debilidad física o mental manifiesta como en este tipo de
casos." (sentencia T-347 de 1996, M.P., doctor Julio César Ortíz)
En el presente caso
se reiteran, también, estas jurisprudencias.
En conclusión: a la
demandante se le protegerán sus derechos a la vida en condiciones dignas y a
la  seguridad social y a la salud, como elementos indispensables para este
logro. Estos derechos le fueron vulnerados por el ISS al no suministrarle
oportunamente información sobre cuándo se le realizaría el tratamiento
quirúrgico que requiere. Lo que, a su vez, ha significado un retardo
injustificado para la realización de su cirugía.
En consecuencia, por
el carácter de electiva que reviste la cirugía requerida, no se ordenará
la realización inmediata de la misma, sino que, si aún no se ha llevado a cabo
dicha intervención, se ordenará que se fije fecha para su realización, en un
plazo no mayor de 30 días calendario. A la peticionaria debe informársele, en
forma adecuada, todo lo relacionado con este procedimiento quirúrgico.
Además, para evitar
que en el futuro se presenten situaciones como la que originó esta tutela, se
ordenará al ISS, Seccional Caldas, establezca reglas precisas para que tanto
los pacientes como el personal responsable de la programación de cirugías y
tratamientos, sepan el orden en que se atenderán estos requerimientos. El orden
de atención debe ser elaborado en forma razonable, es decir, conjugando el
tiempo transcurrido entre la orden de cirugía y la programación, y las
necesidades personales del afiliado. Y, como requisito indispensable para
lograr que el afiliado tenga completa su información al respecto, el ISS deberá
establecer que los empleados encargados de suministrar al afiliado esta clase
de informaciones, la conozcan y la entreguen en forma satisfactoria al
interesado, pues, tales empleados no pueden olvidar que lo que está de por
medio es la dignidad humana de un afiliado, y que no basta que en el interior
de la entidad exista una programación de atención, si dicha información no se
le suministra oportunamente al primer interesado en recibirla.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE :
Primero :
REVOCAR la sentencia del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Manizales, de
fecha treinta (30) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), en
la acción de tutela interpuesta por la señora Magola Orozco Salazar contra el
Instituto de Seguro Social -Seccional Caldas-. En consecuencia, se concede la tutela
pedida.
Segundo :
ORDENAR al Instituto de Seguro Social, Seccional Caldas, que si aún no se
ha realizado el procedimiento quirúrgico requerido por la peticionaria, dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia,
adopte las medidas correspondientes para que dicho procedimiento se realice
dentro de un término que no puede exceder de treinta (30) días calendario
siguientes a la fecha de esta providencia. Lo anterior, debe tener el
consentimiento informado de la demandante.
Tercero :
ORDENAR al ISS, Seccional Caldas, que establezca reglas precisas para que
tanto los pacientes como el personal responsable de la programación de cirugías
y tratamientos, sepan el orden en que se atenderán estos requerimientos. El
orden de atención debe ser elaborado en forma razonable, es decir, conjugando
el tiempo transcurrido entre la orden de cirugía y su programación, y teniendo
en cuenta, también, las necesidades personales del afiliado. Además, como
requisito indispensable para lograr que el afiliado tenga completa su
información al respecto, el ISS deberá establecer que los empleados encargados
de suministrar al afiliado esta clase de informaciones, la conozcan y la
entreguen en forma satisfactoria al interesado.
Cuarto : El
Juez Tercero Penal Municipal de Manizales velará por el estricto cumplimiento
de lo ordenado en esta sentencia.
Por Secretaría
General, líbrense las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del
decreto 2591 de 1991.
Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase
e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General