T-259-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-259/12
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos formales y materiales
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Desconocimiento del
precedente constitucional
FALLO DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL-Sentido, alcance y fundamento normativo de su
obligatoriedad para jueces varía según sea fallo de constitucionalidad o de
revisión de tutela
FALLO DE CONSTITUCIONALIDAD-Carácter
obligatorio con efectos erga omnes y de cosa juzgada constitucional
FALLO DE TUTELA-Obligatoriedad
de la ratio decidendi se desprende del principio de igualdad y acceso a la
administración de justicia
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Carácter vinculante
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Defecto sustantivo
DEFECTO SUSTANTIVO-Configuración
DEFECTO SUSTANTIVO-Interpretación irrazonable de las disposiciones
jurídicas
AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DEL JUEZ AL
INTERPRETAR LA LEGALIDAD INFRACONSTITUCIONAL-No son absolutas
DERECHO A MANTENER EL PODER
ADQUISITIVO DE LA
PENSION-Actualización del ingreso base de liquidación de la primera
mesada pensional
DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL-Garantía pensional y mínimo vital cualitativo
DERECHO A LA
PENSION-Fenómenos económicos que disminuyen el poder adquisitivo
DERECHO A MANTENER EL PODER
ADQUISITIVO DE LA PENSION-Fundamental
INGRESO BASE DE LIQUIDACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL-Régimen de actualización y reajuste de pensiones
reconocidas
INGRESO BASE DE LIQUIDACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL-Derecho a la indexación
ACTUALIZACION DEL INGRESO BASE DE
LIQUIDACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
PROCEDENCIA DE LA
INDEXACION DEL INGRESO BASE DE LIQUIDACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL FRENTE A LA
PENSION CAUSADA ANTES DE LA CONSTITUCION DE 1991-Precedente constitucional
ACCION DE TUTELA DE PERSONA DE
ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL-Procedencia
INDEXACION DEL INGRESO BASE DE LIQUIDACION
EN PENSION CAUSADA EN VIGENCIA DE LA
CONSTITUCION DE 1991-Procedencia
PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA
LEY-No es
de carácter absoluto
EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación
ACCION DE TUTELA DE PERSONA DE
AVANZADA EDAD CONTRA DECISION QUE NIEGA INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL-Ausencia de
agotamiento del recurso de casación no es obstáculo para la procedencia
DERECHO A LA
PENSION DE JUBILACION E INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL-Carácter imprescriptible por ser prestaciones
periódicas o de tracto sucesivo
ACCION DE TUTELA CONTRA EL FONDO DE
PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES-Actualización del ingreso base de liquidación de la
primera mesada pensional de acuerdo con el IPC dando aplicación a la fórmula empleada
en sentencia T-098/05
ACCION DE TUTELA CONTRA EL FONDO DE
PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA-Actualización
del ingreso base de liquidación de la primera mesada pensional de acuerdo con
el IPC dando aplicación a la fórmula empleada en sentencia T-098/05
INDEXACION DE INGRESO BASE DE
LIQUIDACION-Pago de diferencia adeudada entre mesada pensional
pagada y la que resulta producto del reajuste
Referencia: expediente T- 3231647 y  T-3277992
(acumulado)
Acciones de tutela instauradas por Darío Hernando
Forero Winchery contra el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y
Pensiones FONCEP y; Sergio de Jesús Serna Gómez contra el Tribunal Superior de
Medellín Sala Laboral y otros.
Magistrado Sustanciador:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil doce
(2012)
La Sala Octava de Revisión
de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados(a) Maria Victoria
Calle Correa, Humberto Antonio Sierra Porto, y Luis Ernesto Vargas Silva, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
Mediante la cual se pone fin al trámite de revisión de los siguientes fallos de tutela dictados dentro de
los procesos de la referencia:
Expediente
Fallos de tutela
T-3231647
Primera Instancia: sentencia del 21 de junio de 2011, proferida por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.
Segunda instancia: sentencia del 8 de septiembre de 2011, proferida por
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
T-3277992
Primera Instancia: sentencia del 6 de septiembre de 2011, proferida
por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.
Segunda instancia: sentencia del 27 de octubre de 2011, proferida por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
I. ANTECEDENTES
Acumulación de procesos.
Mediante
auto del 30 de noviembre de 2011 la Sala de Selección Número 11 seleccionó y acumuló
los expedientes T-3231647 y T-3277992, para que fuesen fallados en una sola
sentencia, tras considerar que presentan unidad de materia.
Expediente T- 3231647
1.     De los hechos y la demanda
El
señor Darío Hernando Forero Winchery, actuando mediante apoderado especial y en
ejercicio del derecho que le confiere el artículo 86 de la
Constitución Política, impetró acción de tutela contra el Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP, la
Secretaría de Hacienda y la
Alcaldía Mayor de Bogotá. con la intención de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social, igualdad y debido
proceso, presuntamente vulnerados por las demandadas al negarse a reconocer la
indexación de su primera mesada pensional. A continuación se sintetizan los
fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda de tutela[1]:
1.1.
Darío Hernando Forero Winchery, de 90 años de edad, trabajó al servicio de la
administración distrital de Bogotá en la empresa de transportes urbanos, desde
el 11 de septiembre de 1943 hasta el 1° de enero de 1967, completando el tiempo
de servicio requerido para el reconocimiento de su pensión de jubilación el 25
de septiembre de 1963.
1.2.
Hasta el día 30 de enero de 1972 el actor adquirió la edad necesaria para el
reconocimiento de su pensión de jubilación. La
Caja de Previsión Social del Distrito Capital por medio de Resolución No.
02734 del 17 de mayo de 1972 le reconoció al actor una pensión de jubilación a
partir del 1° de febrero de 1972, en cuantía inicial de $1.969,41 por haber
acreditado 20 años de servicio y 50 de edad, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 6 de 1945. La mesada pensional correspondía al 75% del promedio de las
asignaciones devengadas durante el último año de servicios, de acuerdo con el
artículo 5 de la Ley 4 de 1966.
1.3.
Mediante acto administrativo No. 0911 del 17 de agosto de 1981, la
Caja de Previsión Social de Bogotá D.C. ordenó reajustar la pensión reconocida
al actor “al tenor de lo dispuesto en los decretos 443 de 1973, 1221 de 1975
y la ley 4 de 1976.”.
1.4.
El Decreto 349 de 1995 declaró la insolvencia de la
Caja de Previsión Social, por lo que a partir del 1° de enero de 1996 el Fondo
de Pensiones Públicas de Santa Fe de Bogotá D.C., lo sustituyó “en el pago
de las pensiones legales y convencionales a su cargo y de las sustituciones
pensionales que se causen”[2].  El Fondo de Pensiones
Públicas de Santa Fe de Bogotá D.C. se transformó posteriormente en el Fondo de
Ahorro y Vivienda Distrital – FAVIDI. Mediante Acuerdo N° 257 de 2006 del
Consejo de Bogotá[3], FAVIDI a su vez se
convirtió en el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –
FONCEP – “establecimiento público del orden distrital, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito a la
Secretaría Distrital de Hacienda”, el cual asumió la administración del
Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá D.C. y se le asignó el objeto de
reconocer y pagar las cesantías y las obligaciones pensionales a cargo del
Distrito Capital.
1.5.
El 5 de febrero de 2009, el actor elevó derecho de petición ante el FONCEP
solicitando la indexación de la primera mesada de su pensión, según los
lineamientos fijados por la
Corte Constitucional en las sentencias SU-120 de 2003 y C-862 y C-891A del
2006. Mediante Oficio G.P. 0604 de 2009, tal pretensión le fue negada bajo el
argumento de que “en la liquidación de la pensión del Sr. Forero se aplicó
la ley 4 de 1966, toda vez que cuando su representado adquirió el status de
pensionado no había sido expedida la Ley 100 de 1993”
(fl. 87 Cdno. 1). Además, la entidad aseguró que aplicó los
incrementos anuales establecidos en el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993.
1.6.
En el año 2009 el señor Forero Winchery interpuso acción de tutela contra el
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, la
Secretaría de Hacienda y la Alcaldía de Bogotá, por considerar que la negativa
de éstos a reconocer la indexación de su pensión vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad, a la seguridad social y los contemplados en el
artículo 53 de la Carta Política. Manifestó que la única actualización que se
ha realizado sobre la pensión es la de adecuarla al salario mínimo. El 19 de
marzo del 2009, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Bogotá negó el amparo,
argumentando para el efecto, que en cumplimiento de lo normado por la
Ley 100 de 1993, al actor se le ha reajustado su pensión de jubilación a
efectos de reparar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, lo cual
permite inferir que no se ha vulnerado el derecho al mínimo vital.
1.7.
Posteriormente, el accionante instauró demanda ordinaria laboral en contra del
FONCEP, la Secretaría de Hacienda y la
Alcaldía de Bogotá, con el fin de que se condenara a las demandadas a indexar
su primera mesada pensional. En primera instancia, el Juzgado Primero Laboral
del Circuito de Bogotá absolvió a las demandadas, señalando para ello que la
pensión del peticionario se consolidó con anterioridad a la entrada en vigencia
de la
Constitución Política de 1991, razón por la que no está cobijada por la
Carta vigente. Apelada la decisión, la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá mediante sentencia del 29 de
enero de 2010 confirmó la sentencia del a quo, al considerar que “la
posibilidad de actualizar el ingreso base de liquidación para determinar el
monto de la primera mesada pensional, está dada para todas las pensiones sin
diferenciar si su origen es legal o convencional, empero, siempre y cuando
dichas pensiones hayan sido reconocidas en vigencia de la actual Constitución
Nacional”. Debido a la negativa de los jueces de instancia, el actor interpuso
recurso de casación ante la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, el cual se encontraba en curso al momento de
presentar la acción de tutela.
1.8.
En relación con sus condiciones materiales de existencias, el solicitante
indicó que padece múltiples dificultades de salud como “fallas cardiacas,
problemas en las vías digestivas, nódulos pulmonares, engrosamiento de las vías
circulatorias, problemas reumáticos, osteoporosis, problemas oculares,
hipertensión, colesterol alto y demás problemas propios de la edad que cada día
empeoran”, y que en estas condiciones, esperar el fallo del recurso de
casación haría inviable el digno desarrollo de su existencia misma.
1.9.
En criterio del solicitante, las autoridades demandadas vulneraron sus derechos
fundamentales, pues desconocieron que en sentencia T-906 de 2009 la
Corte Constitucional señaló que la indexación de la primera mesada pensional
se aplica a todas las pensiones, incluso a las que fueron otorgadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la
Constitución de 1991. Las accionadas quebrantaron lo dispuesto en la
Carta Política y en la jurisprudencia constitucional, y a su vez vulneraron
los derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social, igualdad y debido
proceso.
1.10.
Con fundamento en los hechos y argumentos descritos, en la demanda de tutela se
solicita, en síntesis, se conceda el amparo constitucional de los derechos
fundamentales invocados y en consecuencia, (i) se dejen sin efectos los fallos proferidos por el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Bogotá y la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá que denegaron sus pretensiones
dentro del proceso ordinario laboral que adelantó en contra del Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP y; (ii) se ordene a éste
último indexar la primera mesada pensional y pagar el retroactivo por los
mayores valores dejados de percibir.
2. Intervención de las entidades accionadas
La Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia avocó conocimiento de la acción de tutela y dispuso
la notificación de los demandados. El Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones FONCEP intervino en el trámite, mientras que los
restantes accionados se abstuvieron de hacerlo.
Intervención
del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP.
Durante
el término concedido por la autoridad judicial de primera instancia, la
Gerente de Pensiones del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y
Pensiones FONCEP, dio respuesta a la acción de tutela. Señaló que
mediante resolución No. 02734 del 17 del mayo de 1972, la
Caja de Previsión Social del Distrito Especial reconoció al actor una pensión
de jubilación a partir del 1° de febrero de 1972 en cuantía inicial de
$1.969.41, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 6 de 1945.
Aseguró
que para la liquidación de la pensión del señor Darío Fernando Forero Winchery
se tuvo en cuenta lo dispuesto por el artículo 5 de la
Ley 4 de 1966, es decir, el 75% de las asignaciones devengadas por el
beneficiario en su último año de servicios. Agregó que mediante acto administrativo
No. 0911 del 17 de agosto de 1981, se aplicaron los reajustes que por ley tiene
derecho el solicitante, al tenor de lo dispuesto en los Decretos 443 de 1973 y
1221 de 1975.
Indicó
que la pretensión del actor se torna inviable, toda vez que la norma vigente y
aplicable respecto de la pensión de jubilación del mismo no es la
Ley 100 de 1993, sino la Ley 33 de 1985, por tratarse de una prestación del
sector público, y porque para esta clase de pensiones el legislador no previó
ningún tipo de mecanismo para que se actualizaran los salarios que sirvieran de
base para la liquidación. Solo con la expedición de la citada Ley 100 de 1993
se subsanó esa omisión, al contemplar el reajuste de las pensiones con relación
a la variación porcentual del IPC.
Por
estas razones solicitó se declarara improcedente la acción de tutela, ya que en
su opinión el reconocimiento y liquidación de la pensión, se encuentra ajustada
a derecho. Además, porque mediante tutela no se pueden revivir discusiones que
se suscitaron válidamente en las instancias y ante las autoridades judiciales
competentes.
2.
Del fallo de primera instancia
Mediante
sentencia del 21 de junio de 2011, la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la demanda de tutela. Al respecto
indicó que al “amparo constitucional (…) no puede acudirse cuando se cuente
con otros medios ordinarios defensa judicial, a no ser que con la actuación o
la omisión del funcionario público o del particular se le cause al administrado
un perjuicio irremediable”. Además, advirtió que “el accionante hizo uso
de un mecanismo de defensa judicial que torna en improcedente el amparo
deprecado, cual es el recurso extraordinario de casación que actualmente se
surte ante esta misma Sala y Corporación.”(fl. 21 Cdno. 1)
4. Impugnación
El apoderado judicial del accionante impugnó la
sentencia de instancia. En síntesis, insistió en las consideraciones expresadas
en primera oportunidad.
5. Del fallo de segunda instancia
La Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo del 8 de septiembre de 2011,
confirmó la sentencia impugnada. Consideró que la acción de tutela no tiene
carácter alternativo ni es de su naturaleza ser utilizada para sustituir al
juez ordinario, o de forma supletoria a los procedimientos que prevén las
normas procesales. De igual forma sostuvo que “la acción de tutela no es
procedente frente a procesos en curso, es decir, respecto de los cuales no se
haya agotado la actuación del juez ordinario, y con mayor razón si aún no ha
cobrado ejecutoria la sentencia, el afectado tendrá la posibilidad de reclamar
dentro de él, el respeto de las garantías constitucionales, sin que sea
admisible acudir para tal fin a la tutela” (fl. 8 Cdno. 3).
Expediente T- 3277992
6. De los hechos y la demanda
El señor Sergio de Jesús Serna
Gómez, actuando mediante apoderado especial y en ejercicio del derecho que le
confiere el artículo 86 de la
Constitución Política, impetró acción de tutela contra la
Sala Séptima de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esa misma ciudad, y el
Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia FF.NN, con
la intención de obtener la protección de los derechos fundamentales al mínimo
vital, seguridad social, igualdad y al debido proceso, que presuntamente se
vieron vulnerados con la negativa de los demandados a ordenar la indexación de
su primera mesada pensional. A continuación se sintetizan los fundamentos
fácticos y jurídicos de la demanda de tutela[4]:
6.1.
Sergio de Jesús Serna Gómez, de 76 años de edad, trabajó en Ferrocarril de
Antioquia desde el 10 de septiembre de 1962 hasta el 7 de diciembre del mismo
año, y en Ferrocarriles Nacionales de Colombia desde el 8 de diciembre de 1962
hasta el 15 de septiembre de 1982.
6.2.
Mediante Decreto 1586 de 1989 se ordenó la liquidación de la empresa
Ferrocarriles Nacionales de Colombia y se creó el Fondo de Pasivo Social de los
Ferrocarriles Nacionales de Colombia FF.NN con el objeto de que asumiera “el pago de las pensiones de jubilación de
cualquier naturaleza y sentencias condenatorias laborales, ejecutoriadas o por
ejecutoriar a cargo de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia”.[5]
6.3.
A través de Resolución No. 076 del 25 de febrero de 1986, Ferrocarriles
Nacionales de Colombia reconoció una pensión de jubilación convencional al
actor, en cuantía de $35.217,83, a partir del 2 de febrero del mismo año, toda
vez que acreditó tener “50 años de edad y 20 años de servicios continuos o
discontinuos” tal como lo exigía el artículo 26 de la convención colectiva
de trabajo suscrita el 12 de marzo de 1976. La mesada pensional
correspondía al 80% del último salario real devengado.
6.4.
Mediante resolución No. 0406 del 10 de junio de 1986, Ferrocarriles Nacionales
de Colombia modificó la anterior orden y reconoció el derecho pensional a favor
del actor, con cargo a las Empresas Departamentales de Antioquia, la
Caja Nacional de Previsión y Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
6.5.
El 9 de abril de 2007, el accionante presentó derecho de petición ante el Fondo
de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia FF.NN con el fin
de obtener la actualización de su primera mesada pensional. Sostuvo que su
salario al momento del retiro era de $44.022.29 y que el mismo equivalía a 4.7
salarios mínimos. Lo anterior dado que el salario mínimo en 1982 era de $7.410.
Adujo que el 80% de su último salario equivalía a $35.217.83 y que solo hasta
cuatro años después se le reconoció la pensión con esta misma suma sin tener en
cuenta el “promedio de los salarios mensuales que devengaba en el momento
del retiro” y el salario mínimo de la fecha en la cual se le reconoció la
pensión (1986), el cual ascendía a $13.557.
6.6.
Mediante resolución No. 1240 del 26 de junio de 2007, el Fondo de Pasivo Social
de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia FF.NN le negó la pretensión en
mención, con fundamento en que “para las pensiones consagradas en normas
anteriores a la ley 100 de 1993, caso especifico la de la ley 53 de 1945 que en
la actualidad disfruta el peticionario, no opera la indexación de la primera
mesada pensional, por cuanto esta figura solo surgió a partir de la ley 100 de 1993”
(fl. 74 Cdno. 1). Contra esta decisión, el actor interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos de forma
desfavorable mediante Resolución No. 1705 del 15 de agosto de 2007.
6.7.
Motivado por la negativa de la entidad, el actor inició proceso ordinario
laboral contra el Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia, cuyo conocimiento correspondió en primera instancia al Juzgado Cuarto
Laboral del Circuito de Medellín y en segunda instancia a la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, los
cuales denegaron sus pretensiones bajo el argumento de que “la indexación de
la primera mesada pensional no procede para pensiones causadas con anterioridad
a la entrada en vigencia de la
Constitución Política de 1991, toda vez que fue allí donde se incorporó el
concepto de salario mínimo vital y móvil que sirvió de base para el concepto de
indexación de la primera mesada pensional”.
6.8.
Con fundamento en los hechos narrados, el
ciudadano Sergio de Jesús Serna Gómez solicita la protección de sus derechos
fundamentales que considera han sido vulnerados por las demandadas al negarse a
reconocerle la indexación de la primera mesada pensional. En consecuencia, pide
(i) que se declare que tiene derecho a la indexación de la primera mesada
pensional “aplicando para ello la corrección monetaria o IPC certificada
[sic] por el DANE, entre el 1º de octubre de 1982 y el 31 de enero de 1986
a la suma de $35.217.83”, y que como consecuencia de la anterior
declaración, (ii) se condene a la demandada al reconocimiento y pago de los
respectivos reajustes sobre las mesadas canceladas hasta la fecha, incluidos
los incrementos legales y las mesadas adicionales de junio y diciembre.
7. Intervención de las entidades accionadas
La Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia avocó conocimiento de la acción de tutela y
dispuso la notificación de los demandados. Fuera de término el Subdirector de
Prestaciones Sociales del Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia Luis Enrique Vanegas Torres, dio respuesta al
recurso de amparo y expuso que mediante resolución No. 1240 de 26 de junio
2007, la entidad negó la solicitud de pago de indexación y reajuste de la
mesada pensional radicada el 09 de abril de 2007, con fundamento en que dicha
figura solo aplica a las pensiones que se causen a partir de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 y el peticionario disfruta de una pensión
reconocida bajo la Ley 53 de 1945, decisión confirmada en resolución No. 1705
del 15 de agosto de 2007. Añadió que la sentencia C-862 de 2006 no se aplica al
caso del peticionario dado que se trata de un trabajador del sector público y
las relaciones laborales que se generen entre éste y la administración no se
rigen por el Código Sustantivo del Trabajo, sino por lo dispuesto en estatutos
especiales.
8. Del fallo de primera instancia
La Sala de Casación Laboral
mediante sentencia del 06 de septiembre de 2011 declaró improcedente la
protección constitucional al considerar que no se satisfacían los requisitos de
inmediatez y subsidiariedad de la acción.
9. Impugnación
La
apoderada judicial del accionante impugnó la sentencia de instancia. En
síntesis, insistió en las consideraciones expresadas en primera oportunidad, y
agregó que en su criterio se satisface el presupuesto de inmediatez en tanto la
vulneración alegada es constante y actual.
10.
Del fallo de segunda instancia
La Sala de Casación Penal
en sentencia del 27 de octubre de 2011 confirmó la providencia impugnada. En su
decisión el ad quem compartió los argumentos del a quo, y añadió que “el
principio de autonomía de la función jurisdiccional le impide al juez
constitucional inmiscuirse en providencias como las cuestionas que hicieron
tránsito a cosa juzgada”.
II.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1.
Competencia
1. Esta
Corte es competente para conocer de los fallos materia de revisión, de
conformidad con lo determinado en los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución Política, 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del
auto de 30 de noviembre de 2011 expedido por la
Sala de Selección Número 11 de esta Corporación en el cual se dispuso la
selección para su revisión de los expedientes de la referencia. El proceso de
revisión de tutela fue inicialmente sustanciado por el magistrado Humberto
Antonio Sierra Porto, cuyo proyecto de sentencia no fue aceptado por la
mayoría, habiendo sido designado como nuevo ponente el magistrado Luis Ernesto
Vargas Silva.
2.
Planteamiento del caso y problema jurídico formulado
2.1.
De acuerdo con los hechos expuestos y las precisiones realizadas, corresponde a
la Sala Octava de Revisión establecer
si las presentes acciones de tutela son
formalmente procedentes para enjuiciar la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por los peticionarios. En este sentido, la
Sala deberá establecer si en cada uno de los casos se cumplen los presupuestos
procesales de la acción de tutela contra providencias judiciales. De
encontrarlos satisfechos, y de acuerdo con la interpretación que la
Sala hace de los fundamentos de la demanda de tutela, comprobará si las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en particular, en (i) defecto sustantivo por falta de aplicación de
los artículos 48 y 53 superiores, en armonía con los artículos 4 y 380 ejusdem;
(ii) defecto sustantivo por interpretación irrazonable al decidir los casos con
base en una regla jurisprudencial que (ii.1) infringe mandatos constitucionales
y; (ii.2) produce efectos desproporcionados sobre el ordenamiento jurídico y
sus destinatarios y; (iii) desconocimiento del precedente constitucional sobre
indexación de la primera mesada pensional en pensiones causadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la
Carta del 91[6].
2.2. Para dar solución al problema jurídico planteado,
la Corte Constitucional reiterará su
jurisprudencia relativa a: (i) procedencia de la acción de tutela contra
sentencias judiciales; (ii) caracterización de la causal genérica de
procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales por desconocimiento
del precedente constitucional; (iii) el defecto sustantivo por interpretación
irrazonable y; (iii) el derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo
de las pensiones en su contenido de garantía a la actualización del ingreso
base de liquidación de la primera mesada pensional. Posteriormente,
la Sala aplicará estas reglas para solucionar los casos concretos.
Solución
del problema jurídico.
3.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración
de Jurisprudencia.
3.1.
La Corte Constitucional, intérprete autorizada de la
Constitución Política y guardiana de la integridad del texto superior
(artículo 241 C.P.), ha desarrollado una sólida doctrina en relación con la procedencia
de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, basada en la
búsqueda de un equilibrio adecuado entre los principios de cosa juzgada,
autonomía e independencia judicial –pilares de todo estado democrático de
derecho- y la prevalencia y efectividad de los derechos constitucionales –razón
de ser primordial del estado constitucional y democrático de derecho-. Este
equilibrio se logra a partir de la procedencia excepcional de la acción, dentro
de supuestos cuidadosamente decantados por la jurisprudencia constitucional[7].
3.2.
Para esta Corporación, la acción de tutela contra providencias judiciales
constituye un mecanismo idóneo para garantizar la primacía y efectividad de los
derechos constitucionales, cuyo fundamento normativo-constitucional se
encuentra en los artículos 86 de la Carta, que prescribe que la acción se
orienta a proteger los derechos frente a cualquier autoridad pública, y
25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -parte del Bloque de
Constitucionalidad-, que establece en cabeza del Estado la obligación de
proveer un recurso efectivo para la protección de los derechos humanos[8].
3.3.
La tutela contra sentencias cumple, además, una función indispensable dentro de
un estado constitucional, como es la de unificar la jurisprudencia nacional
sobre los derechos fundamentales[9]. Como se sabe, las
cláusulas de derechos son especialmente amplias e indeterminadas[10],
así que la precisión de su contenido por parte del órgano de cierre de la
jurisdicción constitucional asegura la vigencia del principio de igualdad en
aplicación de las normas de derechos constitucionales, garantiza un nivel
adecuado de seguridad jurídica, y asegura que los jueces cumplan con la
obligación de propender por la justicia material, representada en la vigencia
de los derechos inalienables del ser humano, cuando puedan verse afectados en
el proceso de aplicación de la ley[11].
3.4.
Por otra parte, la excepcionalidad de la acción garantiza que las sentencias
judiciales estén amparadas adecuadamente por el principio de cosa juzgada que
prescribe su inmutabilidad, y que los jueces conserven sus competencias,
autonomía e independencia al decidir los casos de los que conocen.
3.5.
En la preservación de estos principios adquieren un papel protagónico los
requisitos generales de procedencia formal de la acción, subsidiariedad e
inmediatez. El primero, asegura la independencia y autonomía judicial pues el
peticionario sólo puede acudir a la tutela una vez haya agotado los mecanismos
previstos por el sistema jurídico; el segundo, por su parte,  evita que se dé
una erosión muy acentuada de la seguridad jurídica y la cosa juzgada, pues
preserva la intangibilidad de las sentencias ejecutoriadas, toda vez que,
transcurrido un tiempo razonable no es posible que sean cuestionadas por un
supuesto desconocimiento de derechos fundamentales. Por ello, se afirma que la
cosa juzgada adquiere una dimensión sustancial: las sentencias se protegen en
la medida en que aseguran no solo seguridad jurídica, sino un mínimo de
justicia material.
3.6.
En cuanto a la autonomía e independencia judicial y los eventuales problemas
ocasionados por la intervención del juez constitucional en pronunciamientos de
otras jurisdicciones, una sencilla consideración sobre la composición de la
jurisdicción constitucional permite demostrar que se trata de temores
infundados. De acuerdo con las disposiciones legales y constitucionales, la
Corte ha distinguido entre la jurisdicción constitucional en sentido orgánico
y en sentido funcional[12]. Desde el primer punto
de vista, el único órgano que integra la jurisdicción constitucional es la
Corte Constitucional; sin embargo, desde el punto de vista funcional, todos
los jueces de la república, individuales y colegiados, hacen parte de la
jurisdicción constitucional cuando conocen de acciones de tutela, o cuando
ejercen el control de constitucionalidad mediante la aplicación preferente de la
Carta (excepción de inconstitucionalidad) en virtud del artículo 4º Superior.
La
objeción según la cual la tutela contra sentencias afecta el orden jurídico por
desconocer la posición de los tribunales de cierre de las jurisdicciones
ordinaria y administrativa, y la independencia y autonomía del juez natural de
cada proceso, se desvanece una vez se repara en el sentido funcional de la
jurisdicción constitucional. La intervención de la
Corte ante la eventual afectación de derechos constitucionales en los procesos
judiciales adquiere pleno sentido si, por una parte, se asume su posición como
órgano de cierre de la jurisdicción constitucional pero, por otra, se entiende
que su competencia se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a
la protección efectiva de los derechos mencionados y no a problemas de carácter
legal. Por ello, está vedada al juez de tutela cualquier intromisión en asuntos
puramente litigiosos, en la escogencia de interpretaciones legales
constitucionalmente válidas; o, finalmente, en las amplias atribuciones del
juez para la valoración del material probatorio, mientras su ejercicio se
ajuste a la efectividad de los derechos constitucionales.
3.7.
Dentro del marco expuesto, en Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño), la Sala Plena de la
Corporación señaló los requisitos formales y materiales de procedencia de la
acción.
3.7.1.
Requisitos formales (o de procedibilidad)[13]: (i) que el asunto
sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional[14];
(ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela[15];
(iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con
criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una
irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que
resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el actor
identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que esta
haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido
posible y; (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela[16].
3.7.2.
Requisitos sustanciales o de procedencia material del amparo: que se presente
alguna de las causales específicas de procedencia, ampliamente elaboradas por
la jurisprudencia constitucional: defecto orgánico[17]
sustantivo[18], procedimental[19]
o fáctico[20]; error inducido[21];
decisión sin motivación[22];  desconocimiento del
precedente constitucional[23]; y violación directa
a la constitución[24]. En relación con las
causales específicas de procedencia, ha manifestado la
Corte que no existe un límite indivisible entre estas, pues resulta evidente
que la aplicación de una norma inconstitucional o el desconocimiento del
precedente constitucional pueden derivar en un irrespeto por los procedimientos
legales; o, que la falta de apreciación de una prueba, puede producir una
aplicación indebida o la falta de aplicación de disposiciones normativas
relevantes para la solución de un caso específico[25].
3.8.
De acuerdo con las consideraciones precedentes, para determinar la procedencia
de la acción de tutela en contra de una sentencia judicial, es preciso que
concurran tres situaciones: (i) el cumplimiento de los requisitos formales de
procedibilidad, (ii) la existencia de alguna o algunas de las causales
específicas establecidas por la
Corporación para hacer procedente el amparo material y, (iii) el requisito sine
que non, consistente en la necesidad de intervención del juez de tutela,
para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental.[26]
4.
Breve caracterización de la causal específica de procedencia de la acción de
tutela contra fallos judiciales por desconocimiento del precedente
constitucional
4.1.
La Corte Constitucional ha desarrollado una sólida línea jurisprudencial sobre
la posición de la jurisprudencia constitucional como fuente de derecho en el
ordenamiento nacional y sobre la importancia del precedente para el ejercicio
de la función judicial. En esta oportunidad, la
Sala se limita a recordar los principales elementos de esta doctrina en lo que
toca a la obligatoriedad del precedente constitucional para los jueces de la
república, y su desconocimiento como causal de procedibilidad de la acción de
tutela.[27]
4.2.
En primer lugar, conviene recordar que desde la
Sentencia SU-047 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro
Martínez Caballero), la Corte expresó que una sentencia se compone de tres
tipos de consideraciones: (i) la decisión del caso o decisum, (ii) las
razones directamente vinculadas de forma directa y necesaria con la decisión o ratio
decidendi y (iii) los argumentos accesorios utilizados para dar forma al
fallo judicial, conocidos como obiter dicta[28], y aclaró que
sólo la decisión y la ratio decidendi tienen valor normativo[29].
4.3.
En segundo lugar, esta Corporación ha definido el precedente judicial como “aquel
antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver
que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico
constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad
determinada, al momento de dictar sentencia” y ha señalado que una
sentencia antecedente es relevante para la solución cuando presenta alguno de
los siguientes aspectos (o todos ellos):
“i. En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra
una regla relacionada  con el caso a resolver posteriormente.
ii. La ratio debió haber servido de base para solucionar
un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante (a la
que se estudia en el caso posterior).
iii. Los hechos del caso o las normas juzgadas en la
sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho semejante
al que debe resolverse posteriormente. En este sentido será razonable que
“cuando en una situación similar, se observe que los hechos determinantes no
concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar
vinculante el precedente”[30]”.
4.4. En relación con los pronunciamientos de la
Corte Constitucional, el sentido, alcance y fundamento normativo de su
obligatoriedad para los demás jueces varía según se trate de fallos de
constitucionalidad o de sentencias de revisión de tutela. En los párrafos que
siguen se expondrán los aspectos comunes para ambos tipos de sentencia y
aquellos propios de cada clase de fallos, a partir de los cuales la
Corte ha establecido que los jueces se encuentran vinculados a la
jurisprudencia constitucional.
4.4.1. Como aspectos comunes se resaltan la necesidad de acatar la
jurisprudencia constitucional para garantizar el carácter normativo de la
Constitución y la relevancia de la interpretación autorizada que hace la
Corte del Texto Superior como guardiana de la integridad y supremacía de la
Carta, de acuerdo con la posición y misión institucional que le confiere el
artículo 241 Superior. El papel de homogeneizar la interpretación de la
Constitución es especialmente relevante en materia de derechos fundamentales
que, como se sabe, son consagrados en cláusulas especialmente abiertas e
indeterminadas.
4.4.2. En lo que toca a los fallos de constitucionalidad, el carácter
obligatorio de la jurisprudencia constitucional se desprende de sus efectos erga
omnes y de la cosa juzgada constitucional. Además, por mandato
expreso del artículo 243 Superior, los contenidos normativos que la
Corte declara contrarios a la
Constitución no pueden ser reproducidos por ninguna autoridad. En cuanto a la
parte motiva de estas sentencias, en la medida en que la ratio decidendi contiene
la solución constitucional a los problemas jurídicos estudiados debe ser
atendida por las demás autoridades judiciales para que la aplicación de la ley
sea conforme con la Constitución, norma de normas[31].
La Corte ha considerado que una decisión judicial que
desconozca los pronunciamientos que emite la
Corte en el conocimiento de demandas de inconstitucionalidad, tanto en las
decisiones de inexequibilidad como en la ratio decidendi de las decisiones
de exequibilidad, adolece de un defecto sustantivo pues desconoce el derecho
vigente, o lo interpreta y aplica de forma incompatible con las cláusulas
constitucionales cuyo alcance precisa la Corte Constitucional. [32]
4.4.3. En relación con las sentencias de revisión de tutela, el respeto
por la ratio decidendi de estos fallos es necesario para lograr una
concreción del principio de igualdad en la aplicación de las leyes, constituye
una exigencia del principio de confianza legítima que prohíbe al Estado sorprender
a los ciudadanos con actuaciones imprevisibles, y un presupuesto para
garantizar el carácter normativo de la
Constitución y la efectividad de los derechos fundamentales así como la unidad
y coherencia del ordenamiento jurídico[33]. La doctrina contenida en la parte motiva de las
sentencias de revisión de tutela que constituyen la ratio decidendi de
tales fallos, prevalece sobre la interpretación llevada a cabo por otras
autoridades judiciales, en virtud de la competencia institucional de la
Corte Constitucional como guardiana de la integridad y supremacía de la
Constitución[34].  Como lo ha expresado
esta Corporación:
“En síntesis, la
Corte ha considerado que la obligatoriedad de la ratio decidendi de los fallos
de tutela se desprende del principio de igualdad y del acceso a la
administración de justicia pues (de no ser así) la aplicación de la ley y la
Constitución dependería del capricho de cada juez - y se habla de capricho
precisamente para referirse a los casos en los que los jueces no justifican por
qué se apartan de la jurisprudencia de unificación -, de manera tal que casos
idénticos o similares podrían ser fallados en forma absolutamente diferente por
distintos jueces e incluso por el mismo juez” y al acceso a la administración
de justicia porque “…las decisiones de la
Corte y su interpretación de la
Constitución serían ignoradas por los jueces, en contra del derecho de los
asociados a que exista una cierta seguridad jurídica acerca de la
interpretación de las normas.”[35]
Como
resulta evidente de la exposición realizada, el desconocimiento de la doctrina
contenida en las decisiones de revisión de tutela se traduce en una vulneración
al principio de igualdad en la aplicación de la ley, de la confianza legítima,
y de la unidad y coherencia del ordenamiento[36].
4.5. A partir de los elementos presentados como
fundamento del carácter vinculante del precedente constitucional, esta Corte ha
considerado que su jurisprudencia
“puede ser desconocida de cuatro formas: (i) aplicando disposiciones legales
que han sido declaradas inexequibles por sentencias de constitucionalidad; (ii)
aplicando disposiciones legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado
contrario a la Constitución; (iii) contrariando la ratio decidendi de
sentencias de constitucionalidad; y (iv) desconociendo el alcance de los
derechos fundamentales fijado por la
Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de
tutela”[37]. Sin embargo, debido a que una práctica
jurisprudencial saludable no puede basarse en la petrificación de determinadas
decisiones o concepciones del derecho, el principio de autonomía funcional del
juez implica que éste puede apartarse del precedente jurisprudencial siempre y
cuando “(…) encuentre razones debidamente fundadas que le permitan separarse
de él, cumpliendo con una carga argumentativa encaminada a mostrar que el
precedente es contrario a la
Constitución, en todo o en parte”.[38]
4.6. En conclusión, para decidir sobre la
procedencia de la acción de tutela por la causal estudiada es preciso: (i) determinar
la existencia de un precedente o de un grupo de precedentes aplicables al caso
concreto y distinguir las reglas decisionales contenidas en estos; (ii)
comprobar que el fallo judicial impugnado debió tomar en cuenta necesariamente
tales precedentes pues de no hacerlo incurriría en un desconocimiento del
principio de igualdad y; (iii) verificar si el juez tuvo razones fundadas para
apartarse del precedente judicial, bien por encontrar diferencias fácticas
entre el precedente y el caso analizado, bien por considerar que la decisión
debería ser adoptada de otra manera para lograr una interpretación más armónica
en relación con los principios constitucionales, y más favorable a la vigencia
y efectividad de los derechos fundamentales, de acuerdo con el principio pro
hómine.
5.
El defecto sustantivo como causal de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. La interpretación irrazonable como causa del defecto
sustantivo.
5.1.
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una
falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de
interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido al
conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la
acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que
lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los
derechos constitucionales[39].
En
tal sentido, el Tribunal Constitucional ha precisado que una providencia judicial
incurre en defecto sustantivo cuando: (i) la norma aplicable al caso es
claramente inadvertida o no tenida en cuenta por la autoridad judicial[40],
(ii)
el
juez apoya su decisión en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto[41],
bien sea, porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, es claramente inconstitucional y el funcionario se
abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, su aplicación al caso
concreto es inconstitucional[42], ha sido declarada inexequible
por la propia Corte Constitucional[43] o, a pesar de estar
vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual
se aplicó[44]; (iii) el fallador
desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción
constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y,
finalmente; (iv) la aplicación de la norma jurídica derivada
interpretativamente de una disposición normativa, es inaceptable por ser
producto de una hermenéutica abiertamente errónea o irrazonable.
5.2.
En particular, sobre la hipótesis de interpretación irrazonable de las
disposiciones jurídicas[45], la
Corte Constitucional ha señalado que se trata de la causal de procedencia de
la tutela por defecto sustantivo más restringida, pues la interpretación de la
ley es un campo en el que se manifiestan con especial intensidad los principios
de independencia y autonomía judicial, postulados que en el marco del Estado
Constitucional de Derecho protegen la imparcialidad de la autoridad judicial, evitando
injerencias indebidas que lo lleven a apartarse del ordenamiento jurídico al
que están sometidas sus decisiones (artículo 230
C.P.).
5.2.1.
Sin embargo, para esta Corporación la independencia y autonomía del juez al
interpretar la legalidad infraconstitucional no son absolutas[46],
pues el carácter normativo de la
Constitución (artículo 4º C.P.), la obligación de dar eficacia a los derechos
fundamentales (artículo 2º C.P.), la primacía de los derechos humanos
(artículo 5º C.P.), el principio de legalidad contenido en el derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29
C.P.), y la garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228
C.P.), comportan la vinculación de todos los poderes y autoridades públicas a
los cánones superiores[47], y activan la
competencia del juez constitucional cuando los preceptos de la norma superior
son amenazados o menoscabados por la autoridad judicial, al incurrir en una
interpretación abiertamente irrazonable.
5.2.2.
En consonancia con lo expuesto, la
Corte Constitucional ha señalado que las autoridades judiciales en el Estado
Social de Derecho están sometidas a las restricciones derivadas del diseño
constitucional adoptado en la Carta del 91. En ese sentido, su labor
interpretativa encuentra como límite infranqueable el principio de legalidad,
pilar del Estado de Derecho. Este principio, cabe precisar, ha de ser entendido
en su acepción amplia, es decir, como precepto que alude a la totalidad de las
fuentes del derecho, en cuya cúspide, además, se encuentra la
Constitución, norma superior que tiene la pretensión de otorgar unidad y
coherencia al ordenamiento jurídico[48].
5.3. El proceso de aplicación del derecho es complejo
e impone la necesidad de que la autoridad judicial participe activamente en la
interpretación del ordenamiento jurídico, pues en no pocos casos, los jueces al resolver una controversia
jurídica, más allá de llevar a cabo una aplicación mecánica de los textos legales, realizan un ejercicio permanente de interpretación
del ordenamiento jurídico que implica esencialmente la determinación de cuál es
la norma jurídica aplicable al caso y las consecuencias que de
ella se derivan en el proceso de subsunción. En ese orden de ideas es
importante precisar que la Corte ha
distinguido entre las disposiciones jurídicas (texto legal o enunciado normativo) y el producto de su interpretación (norma jurídica o contenido normativo). Igualmente, la
Corte ha entendido que una misma disposición puede contener diversas normas
jurídicas, mientras que una misma norma jurídica puede estar contenida en
diversas disposiciones[49].
5.4.
A partir de dicha perspectiva, el Tribunal Constitucional en Sentencia
T-1045 de 2008 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil), refiriéndose a la relación
entre defecto sustantivo por interpretación irrazonable y, el principio de
autonomía judicial, manifestó lo siguiente: “Sin embargo, la autonomía funcional del juez protege la aplicación
razonable del derecho y “no puede convertirse en patente de corso para aplicar
cualquier interpretación posible”, ya que “el sistema jurídico, en sus
distintos niveles, impone restricciones a las interpretaciones posibles, de
suerte que resulta relativamente sencillo distinguir entre las correctas y
aquellas que no satisfacen dicho requerimiento”. La autonomía judicial no equivale,
entonces, “a la libertad absoluta de los jueces para interpretar el derecho”,
puesto que “de la Constitución surgen tres restricciones igualmente fuertes: el
respeto por la corrección dentro del sistema jurídico y la realización de los
principios, derechos y deberes constitucionales; la jurisprudencia de
unificación dictada por las altas Cortes y la jurisprudencia de la
Corte Constitucional. || Así las cosas, “cuando a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los
intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada)”[1], se configura un defecto
sustantivo que, dependiendo de las circunstancias del caso concreto, torna
procedente la acción de tutela en contra de la decisión judicial”.
5.5.
En esa línea, en la Sentencia C-1026 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) este Tribunal precisó que a partir de la lectura del texto
constitucional se advierte la existencia de “algunos mandatos de índole
hermenéutica para los funcionarios judiciales”, que ineludiblemente guían y
limitan su actividad interpretativa. Al respecto la
Corte avanzó las siguientes consideraciones:
“En primer lugar,
tal y como se ha reiterado en varias oportunidades, está el principio de
interpretación conforme, según el cual todos los mandatos del ordenamiento
jurídico se deben interpretar de forma tal que su sentido guarde coherencia con
las disposiciones constitucionales. Ello implica varias cosas: primero, que
toda interpretación que no sea conforme a la
Constitución, debe ser descartada; segundo, que ante dos interpretaciones
posibles de una norma, el juez se debe inclinar por aquella que, en forma
manifiesta, resulte más adecuada a los mandatos superiores; tercero, que en
caso de dos o más interpretaciones que sean, en principio, igualmente
constitucionales, el juez, en ejercicio de su autonomía funcional, deberá
escoger en forma razonada aquella que considere mejor satisface los dictados
del constituyente en el caso concreto. |8- También esta Corte ha señalado que
la autonomía que la Carta “reconoce a la interpretación legal o judicial
tiene como límite la arbitrariedad y la irrazonabilidad de sus respectivos
resultados” (sentencia C-301/93); esto es, los frutos del ejercicio
hermenéutico deben ser razonables. En este sentido, expresó la
Corporación que “cuando el efecto de la interpretación literal de una norma
conduce al absurdo o a efectos contrarios a la finalidad buscada por la propia
disposición, es obvio que la norma, a pesar de su aparente claridad, no es
clara, porque las decisiones de los jueces deben ser razonadas y razonables. El
intérprete tiene entonces que buscar el sentido razonable de la disposición
dentro del contexto global del ordenamiento jurídico-constitucional conforme a
una interpretación sistemática-finalista” (sentencia C-011/94)”.
5.6. Bajo los anteriores presupuestos esta Corporación
ha señalado que una autoridad judicial puede incurrir en defecto sustantivo por
interpretación irrazonable, en al menos dos hipótesis: (i) cuando le otorga a
la disposición jurídica un sentido y alcance que ésta no tiene
(contraevidente), es decir, deriva interpretativamente una norma jurídica que
no se desprende del marco normativo que ofrece la disposición aplicable al
caso, vulnerando de esta manera el principio de legalidad. En otras palabras,
se trata de una hipótesis en la cual se arriba a una norma jurídica cuya
adscripción a la disposición de la que se pretende su derivación no es
posible por contrariar los principios básicos de la lógica y las reglas de
la experiencia o, (ii) cuando le confiere a la disposición infraconstitucional
una interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir de
las varias opciones que ofrece, pero que en realidad (ii.1) contraviene
postulados de rango constitucional o (ii.2) conduce a resultados
desproporcionados.
5.6.1.
En relación con la primera hipótesis (interpretación contraevidente) como causa
generadora del defecto sustantivo por interpretación irrazonable, la
Corte ha indicado que en esta, las fallas originadas en el proceso
hermenéutico “han de ser protuberantes para que sea factible predicar que a
la ley se le ha otorgado un sentido contraevidente”[50].
Es decir, no se trata de una simple discrepancia dogmática respecto de la
opción interpretativa acogida por la autoridad judicial, sino que la misma ha
de ser manifiestamente irracional, sin sentido, consecuencia de una desviación
notoria del derecho. Igualmente, sobre este mismo tópico, la
Sala Novena de Revisión en Sentencia T-079 de 2010 (M.P. Luis Ernesto
Vargas) puntualizó que “la
interpretación errada de una disposición jurídica constituye una transgresión
evidente al principio de legalidad, parte esencial del derecho fundamental al
debido proceso, y un desconocimiento de la obligación del juez de fallar dentro
del imperio de la ley (es decir, del derecho)”.
5.6.2.
De otra parte, frente al segundo de los mencionados motivos de incursión en un
defecto sustantivo por interpretación irrazonable, la
Corte ha señalado que si bien en este también se está en presencia de una
afrenta al principio de legalidad, su nota particular esta dada “por una
mayor incidencia del desconocimiento de la
Constitución, dado que la interpretación de la ley se traduce en defecto
sustantivo debido a que en el proceso interpretativo se dejan de tomar en
cuenta contenidos superiores que a la luz del caso concreto han debido guiar
ese proceso y condicionar su resultado”[51]. Igualmente, ha indicado
que “cuando la interpretación otorgada a la disposición legal es posible,
pero contraviene el contenido constitucional aparejando la vulneración o el
desconocimiento de los derechos fundamentales o preceptivas superiores, el juez
constitucional está en la obligación de adecuar el contenido de dicha norma
legal y hacerla consonante con los fines y principios constitucionales”[52].
5.7.
Sin embargo, esta Corte ha explicado que es probable que en “algunas
circunstancias concurran los dos motivos genéricos señalados y que la
interpretación contraevidente de la ley –que ya de por sí riñe con la
Carta- comporte, así mismo, la vulneración de ciertos contenidos de la
Constitución, que sean relevantes para el caso específico. Empero, los motivos
referentes a la interpretación que dan lugar al defecto sustantivo son, en
principio, independientes y, en consecuencia, no es indispensable que concurran
para que sea viable hablar de defecto sustantivo derivado de la interpretación,
pues pueden configurarse por separado, hipótesis en la cual, cada uno genera el
anotado defecto sustantivo, sin necesidad de que se configure la otra causal”[53].
5.8.
Finalmente, en cuanto a la carga de la prueba es este escenario
jurisprudencial, es menester precisar que la
Corte Constitucional en Sentencia T-230 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño) indicó: “En todo caso, cuando se trata de una tutela contra
decisiones judiciales y salvo casos de evidente arbitrariedad, la parte actora
tiene la carga de demostrar que la interpretación del juez es abiertamente
irrazonable o arbitraria. En este sentido, se exige de quien presenta la tutela
contra una decisión judicial una mayor diligencia pues el acto que impugna es
nada menos que una decisión de un juez que ha estado sometida a todas las
garantías constitucionales y legales existentes”.
6. El derecho constitucional a mantener el poder
adquisitivo de las pensiones en su contenido de garantía a la actualización del
ingreso base de liquidación de la primera mesada pensional. Reiteración de
jurisprudencia.
6.1. El derecho a la seguridad social (Art. 48
C.P.) en su faceta de garantía a una pensión refleja la especial protección
que la Constitución otorga a las personas en condición de discapacidad o
ancianidad, y a la familia como pilar fundamental de la sociedad (Art. 13 y 5
C.P). La prestación se traduce en el otorgamiento periódico de una suma
dineraria, cuando debido al deterioro permanente de las condiciones físicas o
mentales las personas se ven en imposibilidad de realizar actividades
productivas que reviertan en la posibilidad de contar con los ingresos
necesarios para su digna subsistencia. Entonces, en este contexto la garantía
pensional cumple la función de proporcionar a las personas y familias los
medios económicos suficientes para adquirir los bienes y servicios
indispensables para el cubrimiento de las necesidades de existencia básica,
como por ejemplo, alimentación, educación, salud, vestido, vivienda digna y
acceso a servicios públicos domiciliarios (mínimo vital cuantitativo) y;
asegurar un nivel de vida razonablemente cercano al que la persona o familia
alcanzó con anterioridad al acaecimiento de la contingencia protegida, en
armonía con el esfuerzo económico o laboral realizado previamente por el
afiliado o el trabajador (mínimo vital cualitativo)[54].
6.2.
Empero, sucede que la satisfacción de los cometidos del derecho a la pensión
pueden verse menoscabados por fenómenos económicos que disminuyan el poder
adquisitivo de (i) la base monetaria sobre la cual debe liquidarse la
prestación o; (ii) la suma dineraria correspondiente a la mesada pensional
inicialmente reconocida. En particular, el incremento generalizado de los
precios que se pagan por los bienes y servicios en una economía, durante un
prolongado periodo (inflación), genera la pérdida del valor adquisitivo de la
moneda. Esto es, con similares unidades de signo monetario no es posible
adquirir los mismos bienes y servicios en momentos distintos. Por esa razón la
Constitución en los artículos 48 y 53 ordena la consagración de mecanismos de
actualización monetaria que corrijan los efectos nocivos que el fenómeno
inflacionario produce sobre la mesada ya reconocida y su base de liquidación,
pues de lo contrario el pensionado vería disminuida la posibilidad de adquirir
los productos y servicios indispensables para la digna subsistencia, y
menoscabados, en última instancia, sus derechos al mínimo vital y a la
seguridad social en pensiones.
6.3.
En efecto, el artículo 48 de la
Constitución Política impone al legislador la obligación de definir “los
medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder
adquisitivo constante”, mientras que el artículo 53 de la norma fundamental
asigna al Estado la obligación de garantizar “el derecho al pago oportuno y
al reajuste periódico de las pensiones legales”. Entonces, partiendo de
estas disposiciones y en armonía con la protección reforzada que la
Constitución prescribe en favor de las personas con necesidades especiales, y
de la consagración superior de los derechos a la igualdad, seguridad social y
mínimo vital, la Corte Constitucional ha establecido la existencia del derecho
fundamental a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, el cual
incluye por lo menos los dos siguientes contenidos: (i) el derecho a la
actualización del ingreso base de liquidación de la primera mesada pensional y;
(ii) la garantía al reajuste periódico de las pensiones.
6.4. Pues bien, debido a la propiedad de indivisibilidad e interdependencia de
los derechos fundamentales, el derecho constitucional a mantener el poder
adquisitivo de las pensiones se encuentra en íntima comunicación con los
derechos a la seguridad social en su contenido de seguridad en los ingresos, y
al mínimo vital en su faceta cuantitativa y cualitativa. Por esa razón, como se
anunció, la Constitución ordena la consagración de mecanismos de actualización
monetaria que corrijan los efectos gravosos que el fenómeno inflacionario
produce sobre la mesada y su base de liquidación, pues de lo contrario el
pensionado vería afectado el acceso a los productos y servicios necesarios
para la digna subsistencia, menoscabando sus derechos al mínimo vital y a la seguridad
social. Asimismo, el derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones
es una manifestación concreta del principio de dignidad humana, pues posibilita
la obtención de ingresos suficientes para una decorosa subsistencia, coadyuva
al sostenimiento del plan de vida desarrollado a lo largo de los años, y al mantenimiento
de las expectativas propias y familiares consolidadas con apoyo en el esfuerzo económico y laboral realizado
por el trabajador. Finalmente, el contenido de esta garantía es traducible en
derechos subjetivos, en cuanto le otorga a su titular el poder jurídico de
exigir al empleador o AFP obligada, la actualización monetaria del ingreso base
de liquidación de la prestación, o el reajuste anual de la pensión ya
reconocida, según el caso, a efecto de corregir los efectos nocivos que la
inflación causa sobre el poder adquisitivo de la moneda[55].
6.5.
En armonía con lo expuesto, el legislador ha dispuesto de tiempo atrás un
régimen de actualización del ingreso base
de liquidación de la primera mesada pensional, y el reajuste de las pensiones
reconocidas. Frente al primer dispositivo el ordenamiento jurídico consagró el
derecho a la indexación del ingreso base de liquidación de la primera mesada
pensional. En ese sentido el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993 señala que “[s]e entiende por ingreso base para
liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere
inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.||Cuando el promedio del
ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la
vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso
anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya
cotizado 1250 semanas como mínimo”[56].
En
cuanto a la actualización de las pensiones ya reconocidas, el artículo 14 de la
Ley 100 de 1993 estableció una regla general en lo relativo al reajuste anual
de las mesadas pensionales. Así, la norma en cita dispone que “[c]on
el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de
sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema
general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán
anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación
porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el
año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea
igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada
vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el
Gobierno”.
6.6.
Sin embargo, es pertinente indicar que con anterioridad a la entrada en vigor
de la Constitución de 1991 y la Ley 100 de 1993, aunque existían dispositivos
de actualización de las pensiones reconocidas, la indexación del ingreso base
para la liquidación de la primera mesada pensional no se encontraba
expresamente contemplada en el ordenamiento jurídico[57].
Ilustrativo de esta situación es el artículo 260 del Código Sustantivo del
Trabajo, disposición que fue derogada por el artículo 289 de la
Ley 100 de 1993 y que consagraba la pensión de jubilación de los trabajadores
particulares como una prestación especial a cargo de determinados empleadores.
Al respecto, el texto de la disposición en comento señalaba:
“1. Todo trabajador que preste servicios a una misma
empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior, que llegue
o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los
cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios
continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este
Código, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión
de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios
devengados en el último año de servicio. || 2. El trabajador que se retire
o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad expresada tiene derecho
a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de
los veinte (20) años de servicio”[58]. (Subrayado añadido)
6.6.1. De acuerdo con el numeral primero de la
disposición en cita los trabajadores que en vigencia del vínculo laboral
reunieran los requisitos de edad y tiempo de servicio allí contemplados, tenían
derecho a una pensión vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario
devengado en el último año de servicios. Por su parte, el numeral segundo
disponía que el ex trabajador que hubiere cumplido 20 años de servicio, luego
de los cuales se retirara o fuera retirado del servicio, tenía derecho a una
pensión vitalicia de jubilación al momento de reunir la edad requerida para el
efecto. No obstante, ninguna de las dos reglas expuestas contemplaba de forma
expresa la actualización del salario base de liquidación de la pensión, pues se
limitaba a señalar que la mesada pensional se liquidaría tomando en cuenta el
equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados en el último año
de servicios.
6.6.2. La liquidación de la mesada pensional de los
trabajadores ubicados en el primer supuesto normativo no ha suscitado mayores
problemas de aplicación debido a que el retiro del servicio generalmente
resultaba concomitante con la fecha de causación de la pensión, de ahí que no
mediaban periodos inflacionarios que pudieran marcar una diferencia substancial
entre el poder adquisitivo de la moneda registrado en el momento en que se
devengó el último salario base de liquidación, y el presentado en el instante
de consolidación del derecho por el cumplimiento de la edad. Empero, en uso de la
segunda hipótesis normativa, consagrada en diferentes preceptos legales y
extralegales, distintos empleadores y entidades encargadas de reconocer una
pensión de jubilación liquidaron el monto de la primera mesada tomando como
base el último salario nominal que el trabajador había devengado varios
años atrás, sin aplicar dispositivos de corrección monetaria que repararan la
pérdida del poder adquisitivo de la moneda acaecida entre el momento en que el
trabajador devengó su última asignación salarial y el instante en el cual
cumplió el requisito de edad. Esta situación implicó, en consecuencia, la no
actualización de la primera mesada pensional, aparejando con ello el
reconocimiento de prestaciones ostensiblemente bajas, incluso inferiores al
monto correspondiente al salario mínimo legal mensual, vigente al momento de
cumplimiento del requisito de edad[59].
6.6.3. Ante este panorama, los trabajadores afectados
iniciaron procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria contra los
empleadores encargados de reconocer y pagar la pensión, con la pretensión de
que se les condenara a indexar la primera mesada pensional. La incertidumbre
sobre la obligación de actualizar el ingreso base de liquidación de la pensión
de jubilación en ausencia de norma expresa que lo ordene ha sido objeto de
amplio debate por parte de la jurisprudencia ordinaria y constitucional. La
Sala de Casación Laboral ha sostenido posiciones disímiles sobre la materia,
pues en algunas ocasiones ha reparado en la necesidad de actualizar el ingreso base
de liquidación de las pensiones, mientras que en otras ha estimado que dicha
carga no se deriva de la normatividad vigente al momento de causación del
derecho. A su turno, la Corte Constitucional ha decantando su jurisprudencia en
el sentido de puntualizar que el derecho a mantener el poder adquisitivo de las
pensiones incluye la garantía a la indexación de la primera mesada pensional,
la cual es exigible aún en ausencia de regulación legislativa que expresamente
la ordene, pues incluso con anterioridad a la entrada en vigor de la
Carta del 91 el ordenamiento jurídico plasmaba principios normativos que
permitían advertir la necesidad de actualizar el ingreso base de liquidación de
las pensiones. Pasa la Sala Octava de Revisión a sintetizar la jurisprudencia
ordinaria y constitucional sobre la materia.
La
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la
Corte Constitucional sobre la actualización del ingreso base de liquidación de
la primera mesada pensional
6.7. La primera oportunidad que tuvo la
Corte Suprema de Justicia para pronunciarse sobre la indexación de la primera
mesada pensional se presentó en Sentencia 5221 del 15 de septiembre de 1992
(M.P. Jorge Iván Palacio). En esta decisión la
Corporación acudió a la doctrina edificada por las secciones primera y segunda
de la Sala de Casación Laboral en relación con la indexación de los créditos
laborales en general, la cual no obstante carecía de uniformidad. En efecto, en
sentencia del 18 de agosto de 1982 (M.P. Fernando Uribe Restrepo) la
Sección Primera había argumentado por primera vez sobre la necesidad de
actualizar los créditos laborales al estudiar el caso de un trabajador al que
no se le había incrementado el salario a lo largo de 20 años de servicio.
Entendió la Corte que la conducta del empleador implicó una disminución tácita
del salario devengado, pues el fenómeno inflacionario hizo perder poder
adquisitivo al monto pagado como retribución del servicio. Si bien no existía
norma expresa que ordenara el reajuste del salario, la
Sala estimó que los principios de justicia y equidad imponían la obligación de
remediar el desequilibrio contractual de las partes[60].
6.7.1. A su turno, la
Sección Segunda de la Sala de Casación Laboral en sentencia del 11 de abril de
1987 (M.P. Rafael Baquero Herrera) negó la procedencia de la indexación de los
créditos laborales, esgrimiendo para el efecto la inexistencia de norma
específica que así lo ordenara. Antes bien, señaló la
Sala, el Código Civil consagra el principio nominalista, el cual establece que
las obligaciones deben satisfacerse de acuerdo al valor nominal de la moneda
pactada entre las partes. No obstante lo anterior, en sentencia 4087 del 8 de
abril de 1991(M.P. Ernesto Jiménez Díaz) la
Sección Segunda varió su tesis inicial y acogió la actualización de los
créditos laborales, aunque con un fundamento distinto al expresado por la
Sección Primera. En ese sentido estimó procedente la indexación de una
indemnización por despido injusto a la que había sido condenado el empleador
del caso concreto, pues en su criterio los perjuicios sufridos por el
trabajador con el pago tardío de la obligación configuraban daño emergente a
cargo del empleador, por lo que el demandante no debía soportar la pérdida del
valor adquisitivo de la moneda ocurrida entre el momento de exigibilidad de la
obligación (fecha del despido injusto) y el pago de la misma[61].
6.7.2. Entonces, retomando la exposición de la
sentencia 5221 del 15 de septiembre de 1992, es necesario indicar que la
Sección Primera de la Sala de Casación Laboral entendió que los argumentos que
obraban en favor de la actualización de los créditos laborales, en principio
resultaban aplicables al resolver sobre la indexación de la primera mesada
pensional. Sin embargo, advirtió la existencia de un eventual obstáculo, ya que
las hipótesis estudiadas en los casos precedentes habían dispuesto la
indexación en eventos en que el pago del crédito laboral se había realizado
tardíamente; por el contrario, en el caso bajo su conocimiento no se trataba de
la corrección monetaria de un crédito dejado de sufragar, sino de la
posibilidad de disponer la actualización del ingreso base de liquidación de la
pensión, desde el instante en que el trabajador devengó su último salario,
hasta el momento de exigibilidad de la obligación, esto es, del cumplimiento
del requisito de edad. Al resolver el interrogante planteado, la
Sala desvirtuó la dificultad encontrada, pues entendió que las razones de
justicia y equidad que obraban en respaldo de la indexación de los créditos
laborales, se mostraban aplicables al asunto relativo a la indexación de la
primera mesada pensional[62].
6.8. En decisiones subsiguientes la
Sala de Casación Laboral profundizó y amplió las consideraciones que hacían
procedente la indexación de la primera mesada pensional en ausencia de
disposiciones que la ordenaran de forma taxativa. En Sentencia 10939 del 10
diciembre de 1998 (M.P. Fernando Vázquez Botero) la
Corte sintetizó estas razones. En ese sentido puntualizó que la inflación es
un hecho notorio que afecta el poder adquisitivo de la moneda en cuanto
instrumento de satisfacción de los créditos laborales, entre ellos los
derivados del reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación. Así, la
falta de actualización del ingreso dinerario, base de la liquidación pensional,
rompe el equilibrio contractual que debe existir entre las partes, y perjudica
de forma gravosa e inequitativa a la parte débil de la relación jurídica al
otorgarle una prestación substancialmente inferior a la que tendría derecho en
términos reales. De ahí que el obligado a garantizar el pago del crédito, como
extremo fuerte del vínculo contractual, es quien debe tomar las medidas que
estime necesarias para precaver los riesgos que las fluctuaciones de la
economía aparejan sobre el pago de la obligación. Con todo, “una solución
como la de la indexación, adoptada para el caso, no implica un incremento en la
obligación, no la hace más onerosa, sino que se limita a mantener su valor real
frente a la notoria pérdida del poder adquisitivo de la moneda”.
En atención a la circunstancia anotada, la autoridad
judicial en arreglo a los artículos 8 de la
Ley 153 de 1887 (analogía) y 19 del Código Sustantivo del Trabajo (normas de
aplicación supletoria), y en ausencia de norma positiva que ordene la
actualización del ingreso base de liquidación, debe atender a (i) los
principios de justicia y equidad plasmados en el cuerpo normativo del derecho
del trabajo; (ii) la instauración de instrumentos de corrección monetaria en
diversas áreas del derecho privado y administrativo; (iii) la doctrina y
jurisprudencia extranjera que advierten la necesidad de indexar los créditos
laborales; (iv) las normas reguladoras del pago; (v) el espíritu o intención
legislativa subyacente a la institución de la indexación pensional en la
Ley 100 de 1993 y; (vi) los principios del equilibrio contractual y la
necesidad de evitar el enriquecimiento sin justa causa en que incurriría el
empleador al sufragar un crédito marcadamente inferior al obligado a pagar.
Entonces, el análisis conjunto de estos elementos normativos, en criterio de la
Sala de Casación Laboral, permite colmar la laguna legislativa identificada, y
conduce a concluir que al momento de liquidar la primera mesada pensional de
aquellas personas que se retiraron del servicio sin haber cumplido el requisito
de edad, es necesario indexar la base monetaria sobre la cual debe tasarse el
monto de la primera mesada pensional[63].
6.9. Sin embargo, en Sentencia 11818 del 18 de
agosto de 1999 (M.P. Carlos Isaac Nader) la tesis recién expuesta fue
abandonada por la Corte Suprema de Justicia. La
Sala de Casación Laboral señaló que procedía a rectificar su doctrina, “para
dejar por sentado que no es posible, jurídicamente hablando, indexar la primera
mesada pensional cuando el derecho se reconoce en la oportunidad indicada en la
ley y el empleador, obligando a su pago por no haberla sustituido en ninguna
entidad encargada del riesgo, no ha retardado su cancelación”. En síntesis,
la nueva posición de la Sala Laboral se sustentó en los siguientes considerandos:
(i) en lo relacionado con el fenómeno de la indexación, pese a que el mismo se
presenta producto de la inflación, existe un vacío legislativo casi absoluto.
Ello obedece a la “aceptación indiscutida de que el país se halla inserto es
un ordenamiento jurídico de corte nominalista”, incluso en lo relativo a
las obligaciones laborales; (ii) la teoría general de las obligaciones civiles
y los artículos 1627 y 2224 del Código Civil impiden que el juez acuda a la
equidad para revalorizar cualquier crédito, pues se afectaría la estabilidad de
las relaciones económicas y con ello la convivencia social; (iii) si el
acreedor y el deudor han tenido oportunidad de pactar mecanismos de protección
contra el proceso inflacionario y omitieron dicha estipulación, no es
procedente la indexación; (iv) por el contrario, sí se indexan las obligaciones
puras y simples, esto es, existentes y exigibles, cuya fuente es directamente
la ley, cuando ésta no previó ningún mecanismo para que al acreedor se le
entregara la prestación a que realmente tiene derecho; (v) no se indexan las
obligaciones condicionales, es decir, las pendientes de un acontecimiento
futuro, que puede suceder o no, según lo dispuesto en el artículo 1530 del
Código Civil; (vi) tratándose de la pensión de jubilación, si el trabajador se
desvinculó del empleo habiendo cumplido únicamente el presupuesto de tiempo de
servicio, no puede pretender la actualización del salario base de liquidación
desde la fecha de retiro del mismo hasta el instante de satisfacción del
requisito de edad, pues el pago de la pensión solo se hace exigible cuando se
ha cumplido la totalidad de requisitos dispuestos en la legislación para el
efecto, razón por la cual con anterioridad a su causación no existe valor
alguno que se encuentre insoluto y merezca por ende actualización y; (vii) en
esta materia no es pertinente aplicar la analogía y los criterios
interpretativos de carácter supletorio plasmados en el artículo 19 del Código
Sustantivo del Trabajo, pues la claridad de la ley y la ausencia de laguna
legislativa impiden esa posibilidad[64].
6.10. Con fundamento en el cambio jurisprudencial
llevado a cabo por el Tribunal de Casación, los jueces laborales de la
jurisdicción ordinaria negaron las pretensiones de indexación de la primera mesada
pensional de aquellos trabajadores cobijados por regímenes prestacionales que
no consagraban el aludido instrumento de actualización de forma expresa. Al
resolver los recursos de casación que los demandantes formularon contra las
decisiones de segundo grado que se abstuvieron de disponer la indexación del
ingreso base de liquidación, la Sala de Casación Laboral confirmó
consistentemente el precedente contenido en la sentencia 11818 del 18 de agosto
de 1999.
6.11. La situación expuesta generó la interposición de
múltiples acciones de tutela contra estas sentencias. La
Corte Constitucional tomando como fundamento los artículos 48 y 53 superiores,
en Sentencia SU-120 de 2003 (M.P. Jaime Araujo Rentería)
reconoció implícitamente la existencia del derecho a mantener el poder
adquisitivo de las pensiones, el cual habría de fungir como criterio
hermenéutico al momento de resolver las disputas que envolvieran el
reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional de un
trabajador. Así, en la providencia de unificación en cita la
Sala Plena de la Corte avocó la revisión de tres procesos de tutela en los que
los accionantes acusaban al Tribunal de Casación de incurrir en vía de hecho
por haber negado su pretensión de actualización del ingreso base de liquidación
de la primera mesada pensional (por no existir en el ordenamiento jurídico
norma alguna que así lo ordenara), adoptando con dichas actuaciones, a su
juicio, un trato desigual e injustificado respecto de otros pensionados a
quienes sí les habían reconocido con anterioridad la mencionada demanda
indexatoria.
6.11.1. El Tribunal Constitucional señaló
que si bien el ordenamiento jurídico preexistente a la ley 100 de 1993 no
contenía norma expresa que ordenara la indexación de la base salarial a efectos
de liquidar la pensión de jubilación de aquellos trabajadores que se retiraron
del servicio sin haber cumplido la edad necesaria para acceder a la prestación,
correspondía al juez “confrontar la situación concreta de las personas que
aspiran a acceder a la pensión en las condiciones anotadas y remediar la
injusticia que se deriva de la omisión legislativa anotada, obrando en todo
conforme lo habría hecho el legislador, de haber considerado la situación
específica, es decir conforme con la Constitución Política”[65].
En ese sentido, esta Corporación señaló que “al decidir sobre la procedencia
de indexar la primera mesada pensional, los jueces no pueden desconocer la
necesidad de mantener el equilibrio en las relaciones de trabajo y el valor
adquisitivo de las pensiones como lo indican los artículos 53 y 230 de la
Carta Política. Y tampoco pueden apartarse del querer [del] legislador, para
quien ha sido una preocupación constante regular el monto y la oportunidad de
los reajustes pensionales”[66].
6.11.2. A continuación, la
Corte abordó el estudio del caso concreto de los expedientes acumulados,
advirtiendo que la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia había incurrido en causal de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, al cambiar su
jurisprudencia relativa al reconocimiento de la indexación de la primera mesada
pensional, con fundamento en razones contrarias al orden constitucional y, en
particular al principio de favorabilidad en la interpretación de la ley laboral[67].
De este modo, la Corte concedió la tutela de los derechos a la igualdad, al
debido proceso, al trabajo y a la seguridad social, dejando sin efecto las
sentencias acusadas por vía constitucional, e indicando que la
Sala de Casación demandada debía “optar por ordenar a las entidades
financieras obligadas mantener el valor económico de la mesada pensional de los
actores, por ser ésta la solución que los beneficia y que coincide con el
ordenamiento constitucional”[68], esto es, a reconocer la
indexación del salario base de liquidación de la primera mesada pensional. En
consecuencia, el Pleno de la Corte ordenó a la
Sala de Casación que dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la
sentencia, decidiera los recursos de casación instaurados por los accionantes,
con sujeción a lo preceptuado en los artículos 13, 29, 48 y 53 de la
Constitución.
6.11.3. En suma, en la sentencia SU-120 de 2003 la
Corte Constitucional (i) advirtió la existencia del derecho constitucional de
los pensionados a mantener el poder adquisitivo de su mesada pensional; (ii)
identificó la omisión legislativa en que había incurrido el legislador al no
contemplar la indexación del ingreso base de liquidación de la primera mesada
pensional para aquellos trabajadores que no estaban amparados por la
Ley 100 de 1993; (iii) fijó los criterios de orden constitucional que deben
guiar la interpretación del juez al momento de colmar la referida laguna
legislativa y; (iv) amparó los derechos fundamentales a la igualdad de trato,
al debido proceso, al trabajo y a la seguridad social de los accionantes, al
encontrar que la autoridad judicial demandada desconoció el principio de
favorabilidad en la interpretación de la ley laboral, e incurrió en causal de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales al
apartarse de su precedente sobre la materia sin una justificación acorde con el
orden constitucional.
6.11.4. Así mismo, cabe anotar que (v) el
estudio efectuado por la
Corte Constitucional se llevó a cabo dentro del marco fáctico y normativo de
la acción de tutela contra providencias judiciales; (vi) el problema jurídico
que se abordó tuvo origen en la existencia de diversas interpretaciones
contrarias entre sí sobre la indexación de la primera mesada pensional,
efectuadas por parte del órgano encargado de unificar la jurisprudencia de la
jurisdicción ordinaria, e involucró, primordialmente, el análisis sobre el
desconocimiento del precedente judicial y la afectación de los principios de
favorabilidad laboral e igualdad en la aplicación de la ley, sin detenerse a
estudiar el raigambre constitucional o no del derecho a la actualización del
salario base de liquidación y; (vii) condujo a la fijación de una línea de
precedentes que estableció una regla jurisprudencial según la cual una autoridad
judicial incurre en causal de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando al momento de resolver una demanda ordinaria
en la que se pide la indexación de la primera mesada pensional de un trabajador
que no está amparado por la Ley 100 de 1993, no integra la laguna legislativa
existente sobre la materia, con los parámetros hermenéuticos dispuestos en el
ordenamiento legal (Art. 19 CST), los cuales llevan a concluir que es
procedente reconocer el derecho a la indexación de la primera mesada pensional[69].
6.12. Posteriormente, con ocasión de una demanda de
inconstitucionalidad formulada contra el inciso segundo del artículo 260 del
CST, el Pleno del Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse
sobre la naturaleza iusfundamental de la garantía a la actualización del
ingreso base de liquidación de la primera mesada pensional en Sentencia C-862
de 2006 (M.P. Humberto Sierra Porto). En aquella oportunidad, la ciudadana
demandante estructuró su cargo “en torno a la configuración de una omisión
legislativa, por no haberse previsto en la disposición acusada la indexación
del salario base para la liquidación de la (sic) pensiones de
aquellos trabajadores que se retiren o sean retirados de una empresa cumplidos
veinte años de servicio pero sin haber alcanzado la edad de jubilación”[70].
6.12.1. Al presentar las premisas jurisprudenciales de
su decisión, la Corte reiteró la posición acogida en la sentencia SU-120 de
2003 en el sentido de considerar que la
Constitución Política consagra el derecho “de los pensionados a mantener el
poder adquisitivo de su mesada pensional” y adoptó el criterio propuesto en
la sentencia T-098 de 2005 (M.P. Jaime Araujo Rentería) sobre el alcance del
derecho a la actualización del ingreso base de liquidación de la primera mesada
pensional[71]. En ese sentido,
entendió con fuerza erga omnes que este último derecho se encuentra
incorporado dentro del ámbito constitucionalmente protegido de la garantía
constitucional al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones:
“[L]a jurisprudencia constitucional ha derivado de
distintos preceptos constitucionales un derecho constitucional de los
pensionados a mantener el poder adquisitivo de su mesada pensional dentro
de cuyo ámbito de conductas protegidas se encuentra el derecho a la indexación
de la primera mesada pensional”[72]. (Énfasis añadido)
6.12.2. En atención a los criterios expuestos, la
Corte Constitucional al afrontar el examen de constitucionalidad del aparte
normativo acusado, encontró que el legislador había incurrido en una omisión
legislativa relativa al no contemplar la actualización del ingreso base de
liquidación de la primera mesada pensional de aquellos jubilados que se
retiraron del servicio antes de cumplir el requisito de edad. Seguidamente, el
Tribunal indicó que ante la falta de previsión legislativa, la jurisprudencia
constitucional y ordinaria tomaron como parámetro de integración el instrumento
de actualización previsto por el legislador al momento de garantizar el poder
adquisitivo de las pensiones, esto es, la indexación. Al respecto, la
Corte señaló:
“Ahora bien, como se sustentó en acápites anteriores
de la presente decisión, si bien puede afirmarse que existe un derecho
constitucional a la actualización de las mesadas pensionales, del cual hace
parte el derecho a la actualización del salario base para la liquidación de la
pensión o de la primera mesada pensional, en esta materia como antes se dijo
existe una amplia libertad de configuración del Congreso de la
República, precisamente debido a que el artículo 48 constitucional señala que
incumbe al órgano legislativo establecer los medios para el cumplimiento de tal
fin. Desde esta perspectiva, corresponde al Legislador señalar los mecanismos
idóneos para garantizar este derecho constitucional. Sin embargo, desde la
perspectiva jurisprudencial el problema siempre ha sido considerado a partir
del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, es decir,
tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, como la de la
Corte Constitucional, se han referido a un instrumento específico para
actualizar el salario base de la liquidación de la mesada pensional: la
indexación”[73].
6.12.3. Igualmente, la
Sala consideró que “los precedentes fijados en materia de tutela resultan
relevantes para subsanar la vulneración de los distintos derechos y principios
constitucionales en juego, máxime cuando en estos casos la jurisprudencia
constitucional ha atendido al criterio utilizado por el Legislador para
actualizar la capacidad adquisitiva de las pensiones”[74].
En ese orden de ideas, con el objeto de colmar la laguna legislativa y reparar
la infracción constitucional que la norma estaba causando a una determinada
categoría de pensionados, la Corte declaró la exequibilidad condicionada
de la expresión “salarios devengados en el último año de servicios”,
contenida en el numeral 1° del artículo 260 del CST y el numeral 2° de la misma
disposición, “en el entendido que el salario base para la liquidación de la
primera mesada pensional de que trata este precepto, deberá ser actualizado con
base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, IPC, certificado por
el DANE”[75].
6.13. Con sustento en consideraciones similares a las
plasmadas en la decisión C-862 de 2006, la
Corte Constitucional en Sentencia C-891A de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil) enjuició la constitucionalidad del artículo 8 de la
Ley 171 de 1961 contentivo de la denominada pensión sanción. Al igual que en
el caso de la pensión de jubilación del artículo 260 del CST, la configuración
legislativa de la pensión restringida de jubilación descartó consignar
taxativamente un mecanismo de actualización monetaria que corrigiera los
efectos adversos producidos por el fenómeno inflacionario en el periodo
comprendido entre el instante de causación del derecho y el momento de
exigibilidad del mismo. En ese orden de ideas, la
Corporación concluyó que la omisión relativa en que incurrió el legislador
comportó la infracción del derecho a mantener el poder adquisitivo de las
pensiones, y declaró la exequibilidad condicionada de la expresión “y se
liquidará con base en el promedio de los salarios devengados en el último año
de servicios”, contenida en el artículo acusado, en cuanto este siguiera
produciendo efectos, y bajo el entendimiento de que el salario base para la
liquidación de la primera mesada pensional de que trata dicho precepto, debería
ser actualizado con base en la variación del índice de precios al consumidor
(IPC) certificado por el Dane.
6.14. Por la connotación propia de los pronunciamientos
condicionados de la Sala Plena de esta Corporación, las sentencias C-862 de
2006 y C-891A de 2006 implicaron la unificación de criterios respecto del
anotado derecho y la modificación del ordenamiento jurídico positivo por vía de
integración, dando paso a una nueva doctrina que reconoció con efecto erga
omnes el carácter iusfundamental del derecho a la actualización de la
primera mesada pensional, al incorporarlo dentro del contenido de protección
del derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones[76],
permitiendo de esta manera su tutela no solo dentro del ámbito de la acción de
amparo contra providencias judiciales, sino directamente frente a las entidades
o empleadores encargados de satisfacer la prestación, previo cumplimiento de
los presupuestos formales de procedibilidad de la acción[77].
6.14.1. Bajo tal óptica, las Salas de Revisión del
Tribunal Constitucional al abordar el estudio de casos concretos en los que se
reclamaba por vía de tutela el reconocimiento del derecho a mantener el
poder adquisitivo de las pensiones, reiteraron la jurisprudencia de
constitucionalidad abstracta y avanzaron en la precisión del contenido del
aludido derecho. De esta forma, el Tribunal (i) entendió que el derecho
constitucional a la actualización de las pensiones incluye la garantía a la
actualización del ingreso base de liquidación de la primera mesada pensional,[78]
el cual es de naturaleza iusfundamental[79]; (ii) advirtió que esta
garantía es predicable de todos los pensionados con independencia del origen
legal o convencional de la prestación[80], incluso de aquellos que
adquirieron su estatus de pensionado con anterioridad a la
Ley 100 de 1993 o en vigencia de la
Constitución de 1886[81]; (iii) amparó el derecho
a la actualización de las pensiones de forma autónoma[82]
e; (iv) indicó que el derecho a la actualización de la primera mesada pensional
no se encuentra condicionado a término alguno de prescripción[83].
6.15. En atención a las sentencias de exequibilidad
condicionada, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Laboral revisó
su jurisprudencia y modificó parcialmente la postura asumida en el
precedente 11818 del 18 de agosto de 1999. En efecto, en Sentencia 29470 del
20 de abril de 2007 (M.P. Luis Javier Osorio) el Tribunal de Casación
estimó que en ausencia de disposición infraconstitucional que consagrara
expresamente la obligación de actualizar el ingreso base de liquidación de la
primera mesada de las pensiones de origen legal, se apreciaba necesario aplicar
la fórmula de indexación prevista en la Ley 100 de 1993. En esa dirección el
Tribunal de Casación señaló: “en los casos en los cuales procede la
aplicación de la indexación para el salario base de las pensiones legales,
distintas a las consagradas en la ley de seguridad social, o de aquellas no sujetas
a su artículo 36, causadas a partir de la vigencia de la
Constitución de 1991, deben tomarse como pautas las consagradas en la
mencionada Ley 100 de 1993; esto es, actualizando el IBL anualmente con el
índice de precios al consumidor”.
6.15.1. Igualmente, precisó que si bien el artículo
260 del CST analizado en la decisión C-862 de 2006 reglaba la posición jurídica
de los trabajadores privados, los argumentos que sirvieron de soporte a dicha
providencia resultaban analogables frente a los trabajadores oficiales, por
cuanto la pérdida del poder adquisitivo de la moneda producto de la inflación,
lo sufren unos y otros. Asimismo, enfatizó que el carácter universal de los
principios constitucionales otorgan sustento normativo a la indexación “en
beneficio de toda clase de trabajadores”. Sobre este tópico la
Corte de Casación señaló:
“Valga aclarar que si bien el artículo 260 del C.S.T.
regula la situación pensional de trabajadores privados, ello no es impedimento
para que esta Sala traslade las motivaciones y consideraciones a esta clase de
asuntos, en que el actor tiene la calidad de trabajador oficial, puesto que la
argumentación para justificar aplicable la figura o actualización de la base
salarial, es la misma para cualquier trabajador, sea este privado o público.
Así se afirma, porque la merma de la capacidad adquisitiva se pregona tanto del
uno como del otro, la devaluación de la moneda la sufren todos los asociados y
las consecuencias que ello conlleva la padecen la generalidad de los habitantes
de un país, sin exclusión alguna. De manera tal que frente a la universalidad
de los principios consagrados en la
Constitución Política, estos son aplicables a unos y otros que, en definitiva
son los que le dan soporte a la indexación, en beneficio de toda clase de
trabajadores”.
6.15.2. Sin embargo, no obstante el reconocimiento de
que el impacto de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de la moneda
afecta a todas las categorías de pensionados, y que la
Carta Política se proyecta de forma universal sobre el conjunto de los
pensionados, la Sala de Casación Laboral restringió el reconocimiento de la
indexación de la primera mesada pensional únicamente a los eventos en que la
prestación vitalicia de jubilación se causó en vigencia de la
Constitución Política de 1991. De esta manera rechazó explícitamente la
posibilidad de actualizar la base monetaria de liquidación de las pensiones
consolidadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva preceptiva
constitucional, manteniendo la tesis según la cual el ordenamiento jurídico
preconstitucional no contemplaba instrumentos normativos de los que se pudiera
derivar la obligación de indexar la primera mesada pensional de los
trabajadores que se retiraron del servicio sin contar con la edad exigida para el
reconocimiento del derecho. Al respecto la
Corte de Casación indicó:
“Pues bien, con las
decisiones de constitucionalidad de los artículos 260 del Código Sustantivo del
Trabajo y 8 de la Ley 171 de 1961, la
Corte Constitucional orientó su tesis, contenida en la sentencia C-067 de
1999, atinente al artículo 1 de la Ley 445 de 1998, de estimar razonable y
justificado, como viable, que el legislador determinara unos reajustes e
incrementos pensionales, según los recursos disponibles para ellos, es decir, que
había hallado factible una reglamentación pensional diferenciada. Pero
reexaminado ese criterio por la citada Corporación, que ésta acepta, se impone
como consecuencia, la actualización de la base salarial de las pensiones
legales para algunos sectores de la población, frente a los cuales no se
consagró tal mecanismo, como sí se hizo respecto de otros (Ley 100 de 1993); es
decir, que dicho vacío legislativo requiere, en los términos de las reseñadas
sentencias C- 862 y C-891 A, adoptar las pautas legales existentes, para
asegurar la aludida indexación.||En esas condiciones, corresponde a esta Corte
reconocer la actualización del salario base de liquidación de las pensiones
legales causadas a partir de 1991, cuando se expidió la
Constitución Política, porque este fue el fundamento jurídico que le sirvió a
la sentencia de exequibilidad. Así es, puesto que antes de ese año no existía
el mencionado sustento supralegal para aplicar la indexación del ingreso de
liquidación pensional, ni la fuente para elaborar un comparativo que cubriera
el vacío legal, vale decir, la Ley 100 de 1993”.
6.16. Mas adelante, en Sentencia 29022 del 31 de
julio de 2007 la Corte de Casación reiteró el precedente 29470 del 20 de
abril de 2007 en relación con el reconocimiento de la indexación del ingreso
base de liquidación, únicamente a partir de la vigencia de la
Carta del 91. Empero, extendió el derecho a la actualización del IBL que venía
negando frente a las pensiones extralegales, al considerar que (i) la
normatividad constitucional no diferencia entre el origen de la pensión y por
ello el legislador no puede afectar a una categoría de pensionados en
particular; (ii) el efecto negativo que la inflación produce sobre el poder
adquisitivo de la moneda no discrimina entre pensiones legales y extralegales
y; (iii) la actualización del IBL no representa un aumento de la prestación ya
que esta no varía en términos reales, pues su objeto se reduce a reparar la
pérdida del poder adquisitivo de la moneda. En esa dirección la
Sala de Casación Laboral puntualizó:
“Pues bien, el fundamento constitucional
jurisprudencial referido es el que a su vez otorga pleno soporte a la
actualización de la base salarial de las pensiones, sin diferenciarlas por su
origen, pues la misma tesis - según la cual la omisión del legislador no puede
afectar a una categoría de pensiones, y a las que, por consiguiente,
corresponde aplicarles la legislación vigente para otras, con el mecanismo de
la indexación, para efectos de liquidar una mesada pensional actualizada-, es
de recibo tratándose de pensiones extralegales o convencionales, pues éstas no
corresponden, en rigor, a una prestación nueva, porque aún, con anterioridad a
la nueva Constitución Política y a la expedición de la
Ley 100 de 1993, existían regímenes legales que protegían a los trabajadores
del sector privado y oficial, de ciertas contingencias surgidas con ocasión de
la ejecución del contrato de trabajo, de la propia naturaleza humana del
trabajador o también de eventos fortuitos de diferente orden, que afectaran su
vida laboral o, incluso, que pusieran fin a su existencia, con perjuicio de su
núcleo familiar. (…).||El actual criterio mayoritario, que admite la
actualización de la base salarial tratándose de pensiones legales causadas con
posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva Constitución, impera también
ahora para las extralegales, como sería el caso de las convencionales, según lo
anotado.||Lo anterior porque, en verdad, no hay razón justificativa alguna para
diferenciar, a un trabajador pensionado de acuerdo con la ley, con uno con
arreglo a una convención, porque, valga agregar, el impacto del fenómeno
económico de la inflación, lo padece tanto el uno como el otro, amén de que si
la corrección monetaria no conduce a hacer más onerosa una obligación
pensional, sino a mantener el valor económico de la moneda frente a su
progresivo envilecimiento, su aplicación, respecto de pensiones extralegales,
sean ellas convencionales o voluntarias, no altera de ninguna forma el acto
inicial de reconocimiento,  porque simplemente lo que se presenta es una
actualización del monto para mantener su valor constante.
6.17. Ahora bien, debido a que el Tribunal de Casación
continuó negando la actualización de la primera mesada pensional de las
prestaciones causadas con anterioridad a la
Constitución de 1991, distintos demandantes formularon acción de tutela frente
a dichas decisiones, y contra los empleadores que en obedecimiento del
precedente de la jurisdicción ordinaria se abstenían de admitir la pretensión
indexatoria. Al revisar las sentencias de tutela de instancia que habían
resuelto los amparos impetrados, la
Corte Constitucional, con apoyo en los argumentos esbozados por la propia
Corte Suprema de Justicia en relación con las pensiones legales y extralegales,
determinó que el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaría y los
respectivos empleadores habían incurrido en causal de procedencia de la acción
de tutela, específicamente en defecto sustantivo por interpretación irrazonable
y en desconocimiento del precedente constitucional, e infringido los derechos
fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, debido proceso y al
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de los actores.
6.17.1. Al efecto, la
Sala Tercera de Revisión en Sentencia T-457 de 2009 (M.P. Luis
Ernesto Vargas) concedió la tutela constitucional solicitada por un pensionado
a quien su ex empleador había negado la actualización del IBL con apoyo en la
tesis según la cual la indexación no es procedente en prestaciones consolidadas
en fecha anterior a la entrada en vigor de la
Constitución de 1991. En esta decisión la
Corte puntualizó que el derecho a la seguridad social es de carácter universal,
y subrayó que la actualización del ingreso base de liquidación es predicable de
todos los pensionados, pues el fenómeno inflacionario impacta por igual a todas
las categorías de jubilados: “4.5 De ahí que esta Corporación haya sido
enfática en afirmar que el derecho a la indexación de la primera mesada
pensional se hace extensivo a los pensionados que adquirieron esa calidad con
anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993 y, por supuesto, de la
Constitución Política de 1991, pues el fenómeno de pérdida de poder
adquisitivo de la moneda afecta por igual a todos los pensionados.
6.17.2. De forma armónica, en Sentencia T-906 de 2009
(M.P. Mauricio González Cuervo) la
Sala Quinta de Revisión tuteló los derechos de un pensionado cuya pretensión
indexatoria del ingreso base de liquidación había sido negada por la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en acatamiento del precedente
formulado por la Sala de Casación Laboral. Al respecto el Tribunal
Constitucional sentenció: “La Sala
encuentra procedente la acción de tutela de la referencia, toda vez que se
estableció la vulneración de los derechos fundamentales del peticionario, con
las decisiones de la Sala Laboral del Tribunal, así como de las Salas de la
Corte Suprema de Justicia, en el sentido de no conceder el reconocimiento de
la indexación de la primera mesada pensional, desconociendo el precedente de
esta Corporación sobre el tema,
cuando la pensión fue causada antes de la vigencia de la
Constitución de 1991”.
6.17.3. Seguidamente, en Sentencia T-901 de 2010 (M.P.
Juan Carlos Henao) el Tribunal Constitucional revisó las sentencias de tutela
de instancia que resolvieron las demandas formuladas por dos pensionados contra
las respectivas sentencias de la Sala de Casación Laboral que desestimaron la
indexación de la primera mesada pensional en arreglo a la causación del derecho
en fecha anterior a la vigencia de la
Constitución de 1991. En esta providencia la
Sala Tercera de Revisión efectuó un análisis de la jurisprudencia de la
Sala de Casación Laboral y las sentencias C-862 de 2006 y C-891A de 2006, y sostuvo que a partir de lo expuesto
en estas últimas no era posible concluir que la indexación del IBL estaba
prohibido frente a los pensionados que reunieron los requisitos de
reconocimiento del derecho en vigencia de la
Constitución de 1886:
“Uno de los argumentos en que
dicha Sala ha sostenido dicha postura, es que en la sentencia C-862 de 2003 se
afirmó que “antes de este año
no existía el mencionado sustento supralegal para aplicar la indexación del
ingreso de liquidación pensional, ni la fuente para elaborar un comparativo que
cubriera el vacío legal, vale decir, la Ley 100 de 1993”.||Es por ello que en algunas
ocasiones el lindero temporal trazado por la
C.S.J. ha sido la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 y no la
Constitución Política de 1991. Pero lo cierto es que en el fallo de
constitucionalidad nunca se dijo que tal derecho no se reconocería a quienes se
les había causado o consolidado el reconocimiento de la pensión con
anterioridad a la entrada en vigencia de una u otra norma, sino que por el contrario
se proclamó la universalidad del mismo dentro de todas las categorías de
pensionadas, en el mismo sentido que lo había hecho la sentencia SU-120 de
2003, donde se habían expuesto principios generales del derecho, y argumentos y
criterios auxiliares de la actividad judicial como la equidad, el principio de
favorabilidad laboral, y la afirmación de que “la congelación del salario para acceder a la pensión
de jubilación era una idea que no tenía asidero en el ordenamiento y que además
no se encontraba prevista en ninguna norma”.|| La
postura de la Corte Suprema de Justicia es en este sentido equivocada porque
impone como condición para poder acceder al derecho a la indexación de la
primera mesada pensional el que el solicitante se haya retirado del servicio y
haya cumplido la edad de jubilación con posterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993[84]”.
Más adelante la sentencia T-901 en comento ahondó en argumentos y
precisó que “no es cierto que antes de la expedición de la
Constitución Política de 1991, no existiera sustento supralegal para aplicar la
indexación del ingreso base de liquidación, porque, conceptos como la equidad, el principio in dubio pro operario, la indexación de las
sentencias por inflación, el principio de progresividad, entre otros,
constituyen datos esenciales del derecho que no fueron introducidos por la
Constitución Política de 1991. Mas aún, valores como la solidaridad y la
equidad, son características objetivas y a priori del derecho, que deben ser
tenidos en cuenta por el juez al momento de valorar las conductas. El argumento
de amparar el derecho a la indexación de la primera mesada pensional de
personas que cumplieron la edad exigida con posterioridad a 1991, y rechazarlo
con respecto a quienes alcanzaron la edad con anterioridad a esta fecha nunca
ha sido planteado por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, porque el perjuicio irremediable se torna más ostensible
entre más avanzada sea la edad de la persona a quien no se le ha indexado su
primera mesada pensional[85]. La universalidad del
concepto de indexación entre todos los pensionados podría sostenerse,
únicamente, en que la justicia es finalidad primordial del derecho, y en las bases éticas en
que se apoya la sociedad, conforme a las cuales la protección a las personas de
la tercera edad debe ser prioritaria, plena, efectiva y proporcional.”.
6.18. El precedente constitucional en relación con la procedencia de la
indexación del ingreso base de liquidación de la primera mesada pensional
frente a pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la
Carta Política de 1991 ha sido reiterado de manera consistente por las
distintas salas de revisión de la Corte, constituyéndose en la jurisprudencia
constitucional en vigor sobre la materia. En particular esta posición ha sido
aplicada en las sentencias T-457 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas), T-906 de
2009 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-901 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao), y
T-209 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao).
7.
Del caso concreto
Teniendo en cuenta que las autoridades judiciales
accionadas emplearon la misma regla de decisión (ratio decidendi) al dictar las
sentencias impugnadas por vía constitucional, y que los solicitantes invocan la
salvaguarda iusfundamental con base en cargos constitucionales semejantes, la
Sala de revisión abordará el estudio de los expedientes acumulados de manera
simultánea, atendiendo en todo caso a las particularidades de cada uno de los
asuntos cuando ello sea pertinente para decidir sobre los presupuestos formales
de procedibilidad y materiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
7.1. De la procedibilidad formal de las acciones de
tutela contra las sentencias acusadas en el proceso de la referencia.
La consagración de requisitos formales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales parte de la premisa según
la cual los medios ordinarios de defensa judicial previstos por el legislador
son idóneos y eficaces, en términos generales, para la protección de todos los
derechos, incluidos los de rango constitucional; asume el respeto de esos
medios como una exigencia del principio democrático, en la medida que la
Constitución concede al Congreso de la
República la facultad más amplia de configuración del derecho procedimental; adopta
un compromiso con el debido proceso en la faceta de juez natural y el principio
de especialidad de jurisdicción, en cuanto en los trámites ordinarios se
efectúa el más extenso debate probatorio y se concreta el contenido normativo
de las disposiciones infraconstitucionales mediante el ejercicio interpretativo
realizado por el respectivo órgano de cierre de cada jurisdicción y; establece
un equilibrio entre los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia
judicial, y la protección privilegiada de los derechos fundamentales. Por ese
conjunto de consideraciones, cuando la acción de tutela se dirige contra
providencias judiciales su estudio debe realizarse con especial rigor.
Empero,
la Corte Constitucional también ha señalado que el análisis formal de
procedibilidad, independientemente del escenario en que se ejercite la acción
de tutela, debe efectuarse en arreglo a las particularidades fácticas y
normativas que rodean el asunto iusfundamental concreto. Asimismo, la
Sala estima imprescindible tomar en consideración que el artículo 1 de la
Constitución Política identifica al Estado colombiano como Social de Derecho.
Este principio, se proyecta de forma inmediata en los incisos 2 y 3 del
artículo 13 superior, los cuales ordenan la superación de las desigualdades
materiales existentes, la promoción de las condiciones para que la igualdad sea
real y efectiva, la adopción de medidas positivas en favor de grupos
discriminados o marginados, y la salvaguarda reforzada de aquellas personas que
por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de
debilidad manifiesta. Adicionalmente, el artículo 229 superior garantiza el
derecho de toda persona a acceder en igualdad de condiciones a la
administración de justicia. Debido a lo anotado en precedencia, cuando la
acción de tutela es presentada por personas de especial protección
constitucional, el juez debe: (i) efectuar el análisis de procedibilidad formal
bajo criterios amplios o flexibles dada la tutela reforzada que la
Carta concede en favor de estos colectivos y, (ii) tomar en cuenta que aún
dentro de la categoría de personas de especial protección constitucional
existen diferencias materiales relevantes que rompen su horizontalidad y los
sitúan en disímiles posiciones de vulnerabilidad que merecen distintos grados
de protección.
Bajo
tal perspectiva, para realizar el análisis de procedibilidad en el presente
caso, esta Sala de Revisión estima imprescindible tener en cuenta que (i) la
Sala Laboral del Tribunal de Casación ha mantenido una férrea y consistente
oposición en relación con la procedencia de la indexación de la primera mesada
pensional de las personas que causaron la prestación de jubilación antes de la
entrada en vigor de la Constitución de 1991. Por esa razón, los jueces de
instancia de la jurisdicción ordinaria laboral, en acatamiento del precedente
fijado por la Corte Suprema de Justicia, reiteradamente han rechazado las
pretensiones de actualización pensional por parte de los respectivos
demandantes, los cuales no han tenido otra salida que asumir la carga de acudir
al recurso extraordinario de casación, pese a que desde el inicio el mismo se
prevé adverso a sus solicitudes y; (ii) aunque el amparo constitucional se
dirige en el presente caso contra sentencias judiciales, el trasfondo del
asunto implica la discusión sobre la garantía adecuada de un derecho pensional
que estaría sólo parcialmente satisfecho. Esta consideración resulta de la
mayor relevancia ya que los beneficiarios de este tipo de prestaciones son por
regla general personas con determinados grados de vulnerabilidad en razón de su
pérdida de capacidad laboral y el deterioro de sus condiciones de salud
producto de los quebrantos propios de la tercera edad, lo cual les impide
realizar actividades económicas que reviertan en la posibilidad de asegurar el
mínimo vital cualitativo alcanzado a lo largo de años de esfuerzo laboral.
En
este contexto entonces, exigir idénticas cargas procesales a personas que, como
los pensionados, soportan diferencias materiales relevantes frente a quienes no
se encuentran en estado de vulnerabilidad alguno, puede resultar
discriminatorio y comportar una infracción constitucional al acceso a la
administración de justicia en igualdad de condiciones. Atendiendo a dicha
realidad y a la obligación de analizar la procedibilidad de la acción de tutela
en arreglo a las condiciones fácticas y normativas del caso concreto, la
Corte Constitucional ha adoptado posiciones jurisprudenciales diferenciales en
relación con las reglas formales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales que buscan en última instancia el amparo del
derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones en su contenido de
garantía a la indexación de la primera mesada pensional. De este modo, la
Corte ha flexibilizado ostensiblemente el análisis de los presupuestos de
inmediatez[86] y subsidiariedad, e
incluso ha fijado una doctrina que, bajo estrictos parámetros que impidan su
abuso, le ha permitido sostener que determinadas decisiones adoptadas por el
Pleno de la Corte en materia de indexación de la primera mesada pensional
suponen un hecho nuevo que rompe la cosa juzgada que pudiere pesar sobre el
asunto[87]. Lo anterior por cuanto,
como se ha dicho, este colectivo ha tenido que asumir cargas que se advierten
profundamente desproporcionadas para quienes, paradójicamente, la
Constitución ordena una especial protección.
Realizadas
las anteriores precisiones, pasa la
Sala Octava de Revisión a efectuar el estudio formal de procedibilidad de los
expedientes acumulados.
7.1.1.
Relevancia Constitucional
El
asunto planteado a esta Sala de Revisión posee relevancia constitucional, por
las siguientes razones: (i) hace referencia a la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a mantener el poder
adquisitivo de las pensiones en su contenido de garantía a la indexación de la
primera mesada pensional y; (ii) plantea el problema de la vinculación al
precedente constitucional contenido en sentencias de control abstracto y
concreto de constitucionalidad, y al respeto, por parte del juez ordinario, del
alcance específico del derecho fundamental a la actualización del ingreso base
de liquidación de la pensión de jubilación de los accionantes.
7.1.2. El agotamiento de los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios
En el expediente T-3231647, el señor
Winchery formuló recurso extraordinario de casación contra la sentencia de
segundo grado que confirmó la decisión del a quo contraria a la indexación de
la primera mesada pensional. Empero, el día 13 de noviembre de 2011 desistió
del mismo ante la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, en el asunto
T-3277992, el peticionario Serna Gómez se abstuvo de emplear el recurso
extraordinario de casación a su alcance. Esta circunstancia, en principio,
tornaría improcedente el amparo constitucional, pues la acción de tutela no es
un mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio.
Sin embargo, atendiendo a la materia objeto
de debate y a la condiciones de existencia de los accionantes, esta Corte
reiteradamente ha precisado que la ausencia de agotamiento del recurso de
casación, no es obstáculo para la procedencia formal de la acción de tutela
formulada contra decisiones que han negado la indexación de la primera mesada pensional.
En el presente asunto esta regla es aplicable ya que se trata de personas de
avanzada edad que padecen serios quebrantos de salud, a quienes las autoridades
judiciales de segundo grado negaron la indexación de la primera mesada
pensional. Así, el señor Winchery cuenta con 90 años de edad y presenta
“fallas cardiacas, problemas en las vías digestivas, nódulos pulmonares,
engrosamiento de las vías circulatorias, problemas reumáticos, osteoporosis,
problemas oculares, hipertensión, colesterol…” (fl. 2 Cdno. 1). A su turno,
el señor Serna Gómez tiene 76 años y sufre las complicaciones de salud propias
de esa avanzada edad.
Así las cosas, la
Sala encuentra cumplido el requisito de subsidiaridad de la acción de tutela en
los dos casos, ya que el empleo del recurso extraordinario de casación resulta
una carga desproporcionada para los accionantes, dadas sus condiciones
materiales de existencia y la materia del asunto, pues tratándose de indexación
de la primera mesada pensional de personas que causaron la prestación con
anterioridad a la entrada en vigor de la
Carta del 91, la Sala de Casación Laboral reiteradamente ha negado su
reconocimiento, haciendo ineficaz el medio de defensa judicial frente a quienes
buscan la satisfacción de dicho derecho.
7.1.3.
El principio de inmediatez
En
el caso del señor Winchery la sentencia de segunda instancia atacada por vía de
tutela se profirió el 29 de enero de 2010, mientras que la acción de tutela se
formuló el 21 de enero de 2011, es decir, aproximadamente un año después. A su
vez, en el asunto del señor Serna Gómez la sentencia de segundo grado se dictó
el 13 de diciembre de 2010, y el actor acudió al amparo constitucional el 24 de
agosto de 2011, esto es, cerca de siete meses después.
En
criterio de la Sala Octava de Revisión en los dos casos se cumple el requisito
de inmediatez, pues la Corte ha precisado que tratándose de acciones de amparo
que envuelvan la protección del derecho fundamental a la indexación de la
primera mesada pensional, el presupuesto de inmediatez se entiende satisfecho
mientras no se haya realizado la actualización del IBL de la prestación, ya que
en este caso la vulneración iusfundamental se torna constante.
7.1.4.
Que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, ésta tenga incidencia
directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales.
Este
requisito no es aplicable al caso concreto pues la irregularidad que se alega
es de carácter sustancial.
7.1.5.
Que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la
violación y que ésta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en
caso de haber sido posible.
Como
se expuso en los antecedentes de esta sentencia y en el planteamiento del
problema jurídico, los accionantes han formulado cargos constitucionales contra
las sentencias de la jurisdicción ordinaria que negaron el reconocimiento de su
derecho a la indexación de la primera mesada pensional. En esa dirección, los
peticionarios coinciden en aseverar que las autoridades judiciales accionadas
habrían incurrido en vulneración de sus derechos fundamentales, pues a
diferencia de la tesis sostenida por la
Corte Suprema de Justicia, la
Corte Constitucional ha admitido la indexación de la primera mesada pensional
en pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la
Constitución de 1991. De este modo, la Sala encuentra satisfecho este
requisito.
7.1.6.
Que el fallo controvertido no sea una sentencia de tutela.
Al
respecto, basta señalar que las sentencias judiciales que se consideran vulneratorias
de los derechos fundamentales se produjeron en el escenario del proceso
ordinario laboral.
7.2. Del estudio de fondo de la acción de tutela
contra las sentencias acusadas en el proceso de la referencia.
Vistos
los problemas jurídicos formulados en esta oportunidad (Supra f.j. 2.1. a 2.2.),
la Sala Octava de Revisión encuentra que los argumentos que debe utilizar para
solucionarlos contienen elementos que permiten su empleo concurrente. Por esa
razón, la Sala analizará de forma conjunta los problemas jurídicos que
involucran los siguientes reproches: (i) defecto sustantivo por falta de
aplicación de los artículos 48 y 53 C.P., en armonía con los artículos 4 y 380
superiores; (ii) defecto sustantivo por interpretación irrazonable al decidir
con base en una regla jurisprudencial que (ii.1) desconoce mandatos superiores
y; (ii.2) produce efectos desproporcionados sobre la integridad del
ordenamiento jurídico y sus destinatarios; y (iii) defecto por desconocimiento
del precedente constitucional.
Pasa
la Sala Octava de Revisión a decidir de fondo los problemas jurídicos
propuestos.
7.2.1.
Para resolver los casos de los señores Winchery y Serna Gómez, las autoridades
judiciales accionadas emplearon la regla jurisprudencial contenida en el
precedente 29470 del 20 de abril de 2007 de la
Corte Suprema de Justicia (Supra f.j. 6.15). Según la regla de
decisión, en pensiones consolidadas en vigencia de la actual Carta Política, el
juez ordinario, en ausencia de norma legal que ordene expresamente la actualización
del IBL, debe llenar la laguna legislativa empleando el mecanismo de indexación
consagrado en la Ley 100 de 1993, actualizando el IBL anualmente con el índice
de precios al consumidor. Por el contrario, en pensiones causadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la
Constitución de 1991, no es procedente la actualización del IBL.
La
ratio decidendi en comento, se sustentaría en las siguientes premisas: (i) por
virtud de los artículos 48 y 53 superiores, procede la indexación del IBL en
pensiones causadas en vigencia de la
Constitución de 1991; (ii) al enjuiciar los artículos 260 del CST y 8 de la
Ley 171 de 1961, la Corte Constitucional en sentencias C-862 de 2006 y C-891A
de 2006 dispuso que la laguna legislativa advertida en dichas disposiciones en
relación con la actualización del IBL, debía colmarse adoptando las pautas
legales existentes sobre la materia en la
Ley 100 de 1993; (iii) únicamente es procedente la actualización del IBL de
jubilaciones causadas en vigor de la
Constitución de 1991, porque (iii.1) los preceptos de la
Carta del 91 fueron los que sirvieron de fundamento a las decisiones de
control abstracto de constitucionalidad y; (iii.2) con anterioridad a la
entrada en vigor de la
Constitución Política de 1991 no se plasmaban disposiciones legales o
supralegales de las cuales se pudiere predicar el reconocimiento de la
indexación de la primera mesada pensional.
7.2.2.
La interpretación realizada por la
Corte Suprema de Justicia, acogida por las autoridades judiciales accionadas
en este proceso, supone un importante compromiso con la obligación de otorgar
efectividad al derecho fundamental a mantener el poder adquisitivo de las
pensiones, frente a las personas que causaron su pensión en vigencia de la
Carta Política de 1991, aun cuando no estuvieren amparadas por un régimen
pensional que incluyera de manera expresa la actualización del IBL de la
prestación. Empero, no sucede lo mismo en relación con las personas que
consolidaron su derecho a la pensión con anterioridad a la entrada en vigor de
la nueva preceptiva constitucional, quienes al igual que los colectivos
amparados por la jurisprudencia laboral, son titulares del derecho
constitucional a mantener el poder adquisitivo de las pensiones en su contenido
de garantía a la indexación de la primera mesada pensional, como es el caso de
las personas que concurren al presente trámite como accionantes.
Esta
última circunstancia, entonces, habilita la competencia del juez constitucional
para pronunciarse sobre el asunto de la referencia, pues con base en la anotada
regla jurisprudencial los jueces ordinarios acusados en tutela, negaron la
indexación de la primera mesada pensional de los accionantes. Lo anterior, en
la medida que, al abordar el estudio de los asuntos concretos, encontraron que los
demandantes habían causado su prestación con anterioridad a la entrada en vigor
de la Carta del 91.
7.2.3.
En criterio de la Sala Octava de Revisión, en la hermenéutica utilizada por las
autoridades judiciales accionadas, subyace la inquietud por no infringir la
prohibición (prima facie) de aplicación retroactiva de la ley. Esta
preocupación es importante en la medida que el principio de irretroactividad
protege significativos bienes constitucionales como la garantía de los derechos
adquiridos bajo una determinada legislación, los cuales tienen una poderosa
salvaguarda, y por ello, en principio no pueden ser menoscabados ni
desconocidos por normas jurídicas posteriores. En relación con el principio de
irretroactividad de la ley es necesario precisar, no obstante, que el mismo no
es de carácter absoluto, pues en determinados contextos puede ceder ante
situaciones que busquen la imperiosa realización de bienes constitucionales
que, en el caso concreto, tengan mayor trascendencia.
En
esa dirección, el legislador se encuentra habilitado para fijar el instante a
partir del cual sus disposiciones serán aplicadas, cobijando incluso
situaciones consolidadas con anterioridad a su promulgación[88].
Asimismo, la Corte Constitucional en diversas ocasiones ha dispuesto efectos
retroactivos expresos a sus decisiones de control abstracto[89],
y ha precisado que en aquellos eventos en que ha omitido dicha resolutiva, es
procedente analizar la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad sobre
situaciones consolidadas con anterioridad a la respectiva sentencia[90],
o la interpretación conforme a la Carta de la disposición jurídica de que se
trate[91], según el caso. A su
turno, el juez del caso concreto encargado de establecer la aplicación de una
disposición jurídica en una situación específica, puede apelar a distintos
principios para dar trámite a una normatividad que no se encontraba vigente al
momento de realizarse un determinado supuesto de hecho, por ejemplo, en el
ámbito penal mediante el principio de favorabilidad, entre otras hipótesis,
como la aplicación ultractiva o retrospectiva de la ley[92],
o las ya indicadas excepción de inconstitucionalidad o interpretación conforme
de la Carta, etc.
7.2.4.
Esclarecido lo anterior, es posible concluir que aunque el respeto por el
principio de irretroactividad de la ley es un aspecto relevante al momento de
adoptar una decisión, su alcance no es absoluto. Frente a la indexación de la
primera mesada pensional, sin embargo, la preocupación por la presunta
aplicación retroactiva de la ley es totalmente infundada, por las siguientes
razones: primero, respecto de las prestaciones pensionales causadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la
Carta Política de 1991 no procede la retroactividad de la
Constitución, pero sí su aplicación retrospectiva; segundo, la aplicación de la
Carta en el presente caso es inexcusable, pues los demandantes tenían abierta
la posibilidad de acudir a la jurisdicción a discutir las decisiones de sus ex
empleadores, y por ello tienen derecho a que la decisión judicial se funde en la
Constitución vigente. Finalmente; tercero, las personas que consolidaron su
pensión en vigencia de la preceptiva preconstitucional, tienen un derecho
adquirido a la actualización de su primera mesada de jubilación, pues la
Constitución de 1991 lo único que hizo fue confirmar la tesis entonces
sostenida por la Sección Primera de la Sala de Casación Laboral, favorable a la
indexación de ciertos créditos laborales (Supra f.j. 6.7.).
7.2.4.1.
En relación con lo primero, la irretroactividad de la ley se refiere a la
imposibilidad genérica que tiene una legislación nueva, de afectar situaciones
jurídicas consolidadas al amparo de una disposición jurídica anterior. A su
turno, el fenómeno de la retrospectividad de las disposiciones normativas se
presenta cuando estas se aplican a situaciones jurídicas y de hecho que han
estado gobernadas por una norma anterior, pero cuyos efectos jurídicos no se
han consolidado al momento de entrar a regir la nueva disposición[93].
Bajo tal óptica, es necesario tener en cuenta que en el caso de la indexación
del IBL no se está aplicando directamente la
Ley 100 de 1993 a situaciones anteriores a su entrada en vigor. De lo que aquí
se trata es de dar aplicación a la
Constitución, norma de jerarquía superior, que a diferencia de las normas
infraconstitucionales, condiciona la interpretación y validez de toda la
normatividad legal (Art. 4 C.P.).
En
ese sentido, la situación jurídica en este caso no está conformada únicamente
por la expedición de una norma jurídica infraconstitucional que otorga el
derecho a la indexación de la primera mesada pensional, de la cual se estaría
predicando su aplicación. En este asunto la situación jurídica compleja que
habilita la aplicación retrospectiva de la
Constitución está asentada en (i) el reconocimiento de la pensión de
jubilación de los accionantes, y la aplicación de las disposiciones
infraconstitucionales vigentes al momento de consolidarse el derecho; (ii) la
posibilidad de acceder a la administración de justicia en busca de la garantía
a la indexación del IBL de la pensión de jubilación, pues se trata de un
derecho de tracto sucesivo y de carácter imprescriptible, sobre el cual la
jurisprudencia en vigor de la Corte Suprema de Justicia ha permitido su
solicitud en cualquier tiempo, al punto que en los casos acusados en el
presente trámite, los jueces ordinarios resolvieron de fondo el asunto y; (iii)
la entrada en vigor de la
Constitución Política de 1991, norma jurídica de jerarquía superior que (1) es
de aplicación inmediata y deroga la preceptiva superior anterior -Art. 380
C.P.-; (2) consagra el derecho fundamental a mantener el poder adquisitivo de
las pensiones en su contenido de garantía a la indexación de la primera mesada
pensional -Art. 48 y 53 C.P.- y; (3) otorga competencia a los jueces de la
república para decidir (entre ellos a la
Corte Suprema de Justicia Art. 235.1 C.P), de modo que en el caso de estas
autoridades la sujeción a la
Constitución es especialmente intensa, pues la
Carta condiciona la validez de sus interpretaciones y decisiones[94].
7.2.4.2.
En cuanto a lo segundo, en el presente caso están de por medio los derechos a
la pensión de jubilación y a la indexación de la primera mesada pensional,
garantías constitucionales que, según se anticipó, son de carácter
imprescriptible y envuelven la satisfacción de prestaciones periódicas o de
tracto sucesivo que le otorgan actualidad a la solicitud. Estos derechos,
además, pueden ser pedidos en cualquier tiempo, y reclamado su respeto ante los
jueces de la república, quienes al proferir sus decisiones no pueden eludir la
aplicación de los mandatos superiores. Así, a diferencia de otros derechos de
naturaleza distinta como los patrimoniales, los derechos fundamentales, y en
particular, las prestaciones de contenido pensional, son de carácter
imprescriptible.
En
el caso concreto, los jueces ordinarios de instancia dictaron sentencia de
fondo, y por ello el respeto del derecho fundamental a la actualización de las
pensiones resultaba imperativo, pues está plasmado en la
Constitución vigente, la cual tiene carácter normativo y es de aplicación
inmediata. La consolidación de una situación jurídica solo opera cuando existe
cosa juzgada material sobre el asunto, o fenece la posibilidad de acceder a la
jurisdicción, ya sea por la prescripción del derecho pretendido, o la caducidad
de las respectivas acciones judiciales. Son estos los elementos que en
definitiva dan certeza y estabilidad a las relaciones jurídicas. De modo que,
mientras esté pendiente la posibilidad de invocar la protección de los
tribunales, las personas tienen derecho a que la decisión judicial que se
adopte sobre el asunto, esté fundada en el derecho aplicable y en la
Constitución vigente.[95]
Entonces,
en el presente asunto la normatividad infraconstitucional aplicable a
los accionantes es aquella que se encontraba en vigor al momento de causación
del derecho a la pensión de jubilación. No sucede lo mismo con la
Constitución de 1886, pues no es posible pretender la aplicación de dicha
Carta en los asuntos ahora bajo estudio, ya que la
Constitución de 1991 derogó aquella e impuso la aplicación general e inmediata
de la nueva preceptiva superior, representando esta última el instrumento
vigente de validez de la totalidad del ordenamiento jurídico, y la fuente de
competencia actual de las autoridades de la
República (entre ellas la Corte Suprema de Justicia), las cuales, al cumplir
sus funciones deben respetar (aplicar) la
Constitución vigente, y acoger la interpretación de la legislación que se
muestre más armónica con los preceptos superiores.
De
modo que, el derecho fundamental a mantener el poder adquisitivo de las
pensiones en su dimensión de garantía a la actualización del IBL, era
plenamente aplicable al asunto (Art. 4, 48, 53 y 380
C.P.). Este derecho, como se anotó en los fundamentos normativos de la
providencia de revisión, le otorga a su titular el poder jurídico de exigir al
empleador o AFP obligada, la actualización del ingreso base de liquidación a
efecto de corregir los efectos nocivos que la inflación hubiere causado sobre
el poder adquisitivo de la moneda y, de contera, sobre el monto de la
prestación (Supra f.j. 6.3. a 6.4.). En los asuntos acusados en acción
de tutela, el señor Darío Hernando Forero Winchery laboró entre el 11 de
septiembre de 1943 y el 1 de enero de 1967 en la
Empresa Distrital de Transportes Urbanos de Bogotá. La
Caja de Previsión Social del Distrito Capital, en resolución 02734 del 17 de mayo
de 1972, reconoció el derecho a la pensión de jubilación a partir del 1 de febrero
de 1972, empero, al momento de tasar el monto de la primera mesada pensional
omitió aplicar la indexación del ingreso base de liquidación desde el instante
en que se retiró del empleo, y el día en que consolidó el derecho a la pensión
por el cumplimiento de la edad. A su vez, el señor Sergio de Jesús Serna
Gómez laboró para Ferrocarril de Antioquia desde el 10 de septiembre de
1962 hasta el 7 de diciembre del mismo año, y en Ferrocarriles Nacionales de
Colombia desde el 8 de diciembre de 1962 hasta el 15 de septiembre de 1982.
A través de resolución 076 del 25 de febrero de 1986, el último empleador
reconoció pensión de jubilación convencional al actor a partir del 2 de febrero
del mismo año; mediante resolución 0406 del 10 de junio de 1986 Ferrocarriles
Nacionales de Colombia modificó la anterior resolución y reconoció el derecho
con cargo a las empresas Departamentales de Antioquia, la
Caja Nacional de Previsión y Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
Así
las cosas, en los trámites decididos por las autoridades judiciales accionadas,
resultaba ineludible la aplicación de los artículos 4, 48, 53 y 380 superiores.
Sin embargo, los Tribunales Superiores de Bogotá y Medellín decidieron los
casos con base en una regla judicial que contradice los principios de supremacía
constitucional y aplicación general e inmediata de la
Constitución, así como el derecho subjetivo contenido en el derecho
fundamental a la actualización del IBL de las pensiones. Las autoridades
judiciales deben tener en cuenta que en el Estado Constitucional una norma
infraconstitucional solo es admitida como derecho válidamente aplicable cuando
se encuentra ajustada a los contenidos materiales de la norma suprema.
Igualmente, que las normas jurídicas deben estar en relación de coherencia, es
decir, no ser incompatibles entre sí, pues el ordenamiento jurídico se dirige a
ser comprendido como un todo unitario y armonioso, en cuya cúspide se encuentra
la Constitución.
7.2.4.3.
Finalmente, tercero, como lo ha sostenido esta Corte en distintas ocasiones, la
jurisprudencia de casación laboral, previa al precedente 11818 del 18 de agosto
de 1999 de esa Corporación, defendió la procedencia de la indexación de la
primera mesada pensional en prestaciones anteriores a la entrada en vigor de la
Carta de 1991. Entonces, por vía de interpretación la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia sostuvo hasta el año 1999, que en el ordenamiento
jurídico colombiano sí existía sustento legal para acceder a la pretensión
indexatoria en atención al artículo 19 del CST (Supra f.j. 6.8.). En ese
orden, en pensiones causadas antes del 91 la inexistencia de norma
constitucional expresa sobre el asunto no es obstáculo para el
reconocimiento de la actualización del IBL, ya que aun sin mediar tránsito
constitucional alguno, la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia ya reconocía la existencia de un derecho a la
indexación de la primera mesada pensional, el cual debía ser reconocido en
arreglo a los principios del derecho del trabajo y, en todo caso, de enfrentarse
a tesis en sentido contrario, estas últimas debían ceder en aplicación del
principio de favorabilidad.
Por
esa razón, en los fundamentos normativos de esta decisión se sostuvo que la
sentencia SU-120 de 2003 condujo a la fijación de una línea de precedentes
según la cual una autoridad judicial incurre en causal de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, cuando al
momento de resolver una demanda ordinaria en la que se pide la indexación de la
primera mesada pensional de un trabajador que no está amparado por la
Ley 100 de 1993, no integra la laguna legislativa existente sobre la materia,
con los parámetros hermenéuticos dispuestos en el ordenamiento legal (Art. 19
CST), los cuales llevan a concluir que es procedente reconocer el derecho a la
indexación de la primera mesada pensional, pues la
Constitución de 1991 lo único que hizo fue confirmar la tesis entonces
sostenida por la Sección Primera de la Sala de Casación Laboral, favorable a la
indexación de ciertos créditos laborales (Supra f.j. 6.7. y 6.11.4).
7.2.5.
Puestas así las cosas, la Sala Octava de Revisión concluye que las autoridades
judiciales acusadas, incurrieron en los defectos constitucionales alegados. De
esta manera, en las sentencias atacadas por vía de tutela se cometió (i) un
defecto sustantivo por falta de aplicación de los artículos 48 y 53 superiores,
en armonía con los artículos 4 y 380 de la
Constitución; (ii) un defecto sustantivo por interpretación irrazonable al
decidir el asunto con base en una regla judicial que (ii.1) desconoce mandatos
superiores y; (ii.2) produce efectos desproporcionados en tanto deja sin
eficacia una garantía de naturaleza iusfundamental; supone la lesión de los
principios de supremacía constitucional y aplicación inmediata de la
Carta de 1991; infringe los postulados de interpretación conforme de la
Constitución, coherencia y unidad del ordenamiento jurídico; conlleva la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad de
trato ante la ley, al mínimo vital cualitativo, y a la actualización del IBL de
la pensión de jubilación de los actores y; (iii) un defecto específico por
violación del precedente constitucional, en la medida que las sentencias SU-120
de 2003, T-457 de 2009 y T-906 de 2009, previas a la adopción de las decisiones
de segunda instancia atacadas, ya habían esclarecido la titularidad del derecho
a la actualización de las pensiones de las personas que causaron la prestación
con anterioridad a la entrada en vigor de la
Constitución Política de 1991, al entender que esta es una garantía de
carácter universal, y que la inflación es un fenómeno económico que afecta a
todas las categorías de pensionados (Supra f.j. 6.18).
7.2.6.
Las anteriores consideraciones son suficientes para otorgar la tutela
constitucional invocada. En ese orden de ideas, la
Octava de Revisión en decisión de mayoría, dejará sin valor y efecto (i) la
sentencia de segunda instancia dictada por la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 29 de enero de 2010 dentro del
proceso ordinario de Darío Hernando Forero Winchery contra el Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP y la
Secretaría de Hacienda y la Alcaldía de Bogotá y; (ii) la sentencia de segunda
instancia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín el 13 de
diciembre de 2010 dentro del proceso ordinario de Sergio de Jesús Serna Gómez contra
el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
Posteriormente, dictará las órdenes que sean del caso para la protección
efectiva de los derechos fundamentales vulnerados.
7.2.7. Empero, previo a especificar las
órdenes de protección a impartir, es necesario precisar que, por regla general,
cuando la infracción iusfundamental es realizada en una providencia sobre la
cual no cabe recurso ordinario alguno, el juez constitucional debe anular la
decisión atacada y ordenar la adopción de un nuevo pronunciamiento por parte de
la autoridad judicial accionada, en la cual se sigan los lineamientos
dispuestos por el juez de tutela. Esta metodología tiene por objeto
salvaguardar los principios de autonomía judicial y debido proceso, mediante
una intervención mínima del juez constitucional, el cual se limita a remover
aquellos aspectos de la providencia que riñen con los derechos fundamentales,
dejando en manos del juez ordinario la resolución que sea del caso en relación
con los restantes puntos de la controversia.
No obstante lo expuesto, cuando la
decisión vulneradora de los derechos constitucionales es proferida por una Alta
Corte, el Tribunal Constitucional ha asumido los siguientes mecanismos de
protección: (i) si en el proceso ordinario uno de los fallos de instancia ha
sido conforme a la jurisprudencia trazada por la
Corte Constitucional, el juez de tutela debe dejar sin efecto la sentencia
contraria al precedente y, en su lugar, confirmar el fallo de instancia que se
ajusta a la jurisprudencia constitucional y; (ii) si ninguno de los fallos de
instancia del proceso ordinario ha sido respetuoso de la
Constitución, el juez de amparo debe adoptar directamente las medidas
necesarias de salvaguarda, dictando sentencia sustitutiva o de remplazo. Lo
anterior, en virtud del principio de efectividad de los derechos fundamentales
y la oposición asumida en distintas ocasiones por las Altas Cortes frente a las
órdenes dispuestas por los jueces de tutela[96].
En
el presente caso las providencias atacadas por vía de tutela fueron proferidas
por los Tribunales Superiores de Bogotá y Medellín en segunda instancia. En ese
orden, sería pertinente ordenar a los despachos accionados que dicten nueva
sentencia sobre el asunto, acatando la jurisprudencia constitucional. Empero, en
el sub judice esta solución no se muestra efectiva desde la óptica de los
derechos fundamentales en juego, ya que las nuevas sentencias que proferirían
podrían ser objeto de recurso de casación en relación con los mismos puntos
analizados por el juez de tutela, y de esta manera la salvaguarda otorgada en
el presente amparo se retrasaría ostensiblemente, lo cual aparejaría una carga
desproporcionada para los actores en atención a su avanzada edad y su difícil
estado de salud, máxime, si en cuenta se tiene, que la posición jurisprudencial
acogida por la Sala de Casación Laboral frente a la indexación de la primera
mesada de las pensiones causadas con anterioridad a la entrada en vigor de la
Carta de 1991 niega su reconocimiento.
Por
las razones anotadas, en criterio de la
Sala Octava de Revisión, en el presente asunto la modalidad de salvaguarda que
permite una garantía más adecuada y respetuosa del orden constitucional,
consiste en la adopción de fallos de remplazo en los dos procesos acusados ya
que, además, en ninguno de los dos trámites ordinarios los jueces de instancia
accedieron a las pretensiones de indexación pensional. Pasa la
Sala a concretar la protección constitucional otorgada.
7.2.8.
Órdenes a impartir en el trámite de tutela de Darío Hernando Forero Winchery contra
el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP, la
Secretaría Distrital de Hacienda y la
Alcaldía de Bogotá D.C.
El
señor Darío Hernando Forero Winchery laboró al servicio de la administración
distrital en la empresa distrital de transportes urbanos, desde el 11 de
septiembre de 1943 hasta el 1° de enero de 1967, completando el tiempo de
servicio requerido para el reconocimiento de su pensión de jubilación el 25 de
septiembre de 1963. El día 30 de enero de 1972 el accionante adquirió la edad
necesaria para la consolidación del derecho. La
Caja de Previsión Social del Distrito Capital por medio de Resolución No.
02734 del 17 de mayo de 1972 le reconoció al solicitante una pensión de
jubilación a partir del 1° de febrero de 1972, por haber acreditado 20 años de
servicio y 50 de edad, de conformidad con lo dispuesto en la ley 6 de 1945. La mesada
pensional correspondía al 75% del promedio de las asignaciones devengadas
durante el último año de servicios, de acuerdo con el artículo 5 de la
Ley 4 de 1966. Finalmente, mediante acto administrativo No. 0911 del 17 de
agosto de 1981, la Caja de Previsión Social de Bogotá D.C. ordenó reajustar la
pensión reconocida al actor “al tenor de lo dispuesto en los decretos 443 de
1973, 1221 de 1975 y la ley 4 de 1976.”.
El
05 de febrero de 2009 el actor radicó derecho de petición solicitando la
indexación de la primera mesada pensional ante la
Subdirección Técnica de Prestaciones Económicas del FONCEP. Al dar respuesta
la entidad negó la actualización del IBL. En síntesis, señaló que (i) la
disposición jurídica aplicable al asunto es la
Ley 4 de 1966, pues la prestación fue causada con sustento en ella, precepto
que no contempla la indexación del IBL; (ii) ha realizado los reajustes anuales
de ley y; (iii) no existen circunstancias que permitan cambiar la decisión
adoptada por la administración en la resolución 02734 del 17 de mayo de 1972
mediante la cual se reconoció la pensión de jubilación del solicitante.
Atendiendo
a lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la ausencia de indexación de la
primera mesada pensional del peticionario entre el momento del retiro del
servicio y el cumplimiento de la edad dispuesta en la
Ley 4 de 1966 para la causación del derecho, aclarando que la nivelación a un
salario mínimo realizada por el demandado no es producto de la revalorización
del ingreso base de liquidación de la pensión, sino de la prohibición de pagar
pensiones inferiores a dicho valor (Supra f.j. 6.6.2.)[97].
Por esa razón, en aplicación de los artículos 4, 48, 53 y 280 de la
Constitución Política, y en acatamiento de los precedentes contenidos en las
sentencias SU-120 de 2003, T- 457 de 2009 y T-906 de 2009, la
Sala Octava de Revisión, efectuando una interpretación conforme a la
Carta de la Ley 4 de 1966, ordenará al Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones FONCEP (o quien haga sus veces), que indexe el ingreso
base para la liquidación de la primera mesada pensional del señor Darío
Hernando Forero Winchery, hasta el día en
que se causó el derecho a la pensión por el cumplimiento de la edad, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor y
dando aplicación a la fórmula empleada por la
Corte Constitucional en sentencia T-098 de 2005[98].
En lo sucesivo, la entidad deberá continuar pagando el monto de la mesada
actualizada, de acuerdo con los incrementos legales a que haya lugar.
En
relación con el pago de las diferencias dinerarias de las mesadas no
prescritas, es necesario tener en cuenta que la
Sala de Casación Laboral ha sostenido que la interpretación de los artículos
488 y 489 del CST, y 151 del CPT, comporta que los créditos laborales (sobre
los cuales sea predicable su prescripción), se extinguen luego de tres años. El
reclamo escrito del trabajador ante el empleador, suspende el término de
prescripción de las respectivas obligaciones por una sola vez y durante tres
años. Si, luego de transcurrido ese lapso el trabajador no acude a la
jurisdicción a proponer la respectiva acción, el término de prescripción se
reanuda y solo se suspendería nuevamente cuando el trabajador radique la
demanda ordinaria[99].
Esta
Sala de la Corte acoge por mayoría la interpretación fijada por la
Sala de Casación Laboral en relación con la prescripción de los créditos
laborales, como lo ha hecho la
Corte Constitucional en distintas ocasiones[100]. En ese sentido,
ordenará al accionado, que dentro de los 15 días siguientes a la notificación
de esta sentencia, pague al demandante el valor de la diferencia dineraria
adeudada que por concepto de la indexación del IBL ordenado se causó entre la
mesada pensional que venía pagando y la que resulta producto del reajuste
dispuesto en esta sentencia. Lo anterior, en relación con las mesadas no
prescritas, es decir, las causadas a partir del 5 de febrero de 2006, de
acuerdo con la suspensión de la prescripción operada en virtud del reclamo
presentado ante el empleador el 5 de febrero de 2009 (f. 86 Cdno. 1) y la
iniciación del proceso ordinario laboral en los tres años siguientes.
7.2.9.
Órdenes a impartir en el trámite de tutela de Sergio de Jesús Serna Gómez contra
el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
El
señor Sergio de Jesús Serna  trabajó en Ferrocarril de Antioquia desde el 10 de
septiembre de 1962 hasta el 7 de diciembre del mismo año, y en Ferrocarriles
Nacionales de Colombia desde el 8 de diciembre de 1962 hasta el 15 de
septiembre de 1982. A través de Resolución No. 076 del 25 de febrero de 1986,
Ferrocarriles Nacionales de Colombia reconoció una pensión de jubilación
convencional al actor, en cuantía de $35.217,83, a partir del 2 de febrero del
mismo año. El 9 de abril de 2007, el accionante presentó derecho de petición
ante el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia
FF.NN con el fin de solicitar la actualización de su primera mesada pensional.
Mediante resolución No. 1240 del 26 de junio de 2007, el Fondo de Pasivo Social
de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia FF.NN le negó la pretensión en
mención. Contra esta decisión, el actor interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación, el cual fue resuelto de forma desfavorable mediante
Resolución No. 1705 del 15 de agosto de 2007. Motivado por la negativa de la
entidad, el actor inició proceso ordinario laboral contra el Fondo del Pasivo
Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
Atendiendo
a lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la ausencia de indexación de la
primera mesada pensional del peticionario entre el momento del retiro del
servicio y del cumplimiento de la edad dispuesta para la causación del derecho.
Por esa razón, en aplicación de los artículos 4, 48, 53 y 280 de la
Constitución Política, y en acatamiento de los precedentes contenidos en las
sentencias SU-120 de 2003, T- 457 de 2009 y T-906 de 2009, la
Sala Octava de Revisión, efectuando una interpretación conforme de la
Carta, ordenará al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia (o quien haga sus veces), que indexe el ingreso base para la
liquidación de la primera mesada pensional del señor Sergio de Jesús Serna
Gómez, hasta el día en que se causó el
derecho a la pensión por el cumplimiento de la edad, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor y
dando aplicación a la fórmula empleada por la
Corte Constitucional en sentencia T-098 de 2005[101].
En lo sucesivo, la entidad deberá continuar pagando el monto de la mesada
actualizada, de acuerdo con los incrementos legales a que haya lugar.
En
relación con el pago de las diferencias dinerarias de las mesadas no
prescritas, esta Sala de la Corte, como lo hizo en el anterior expediente,
acoge la interpretación fijada por la Sala de Casación Laboral en relación con
la prescripción de los créditos laborales, al representar el derecho viviente
sobre la materia, el cual, en principio, se ajusta a la Carta[102].
En ese sentido, la Sala Octava ordenará al accionado, que dentro de los 15 días
siguientes a la notificación de esta sentencia, pague al demandante el valor de
la diferencia dineraria adeudada que por concepto de la indexación del IBL
ordenado se causó entre la mesada pensional que venía pagando y la que resulta
producto del reajuste dispuesto en esta sentencia. Lo anterior, en relación con
las mesadas no prescritas, es decir, las causadas a partir del 9 de abril de
2004, de acuerdo con la suspensión de la prescripción operada en virtud del
reclamo presentado ante el empleador el 9 de abril de 2007 (fl. 19 Cdno.1) y la
iniciación del proceso ordinario laboral en los tres años siguientes a dicha
fecha.
III. DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones expuestas en
precedencia, la Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Revocar la sentencia denegatoria de tutela proferida por la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, el 08 de septiembre de 2011, en segunda
instancia, en cuanto confirmó la sentencia denegatoria de tutela adoptada por la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, el 21 de junio de 2011, en primera instancia; y en
su lugar, conceder la tutela de los derechos constitucionales a la
actualización de las pensiones en su contenido de indexación de la primera
mesada pensional, al mínimo vital, a la igualdad de trato ante la ley, y al
debido proceso del señor Darío Hernando Forero Winchery.
Segundo.- Dejar sin valor y efecto la sentencia
del 29 de enero de 2010, dictada por la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso ordinario de Darío
Hernando Forero Winchery contra la alcaldía de Bogotá D.C., el Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -Foncep-, y la
Secretaría de Hacienda de Bogotá.
Tercero.-
Ordenar al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
-Foncep-, o quien haga sus
veces, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta
sentencia, actualice el ingreso base de liquidación de la primera mesada
pensional del señor Darío Hernando Forero Winchery, hasta el día en que se causó el derecho a la pensión por el
cumplimiento de la edad, de acuerdo con
el Índice de Precios al Consumidor y dando aplicación a la fórmula empleada por
la Corte Constitucional en sentencia T-098 de 2005. En lo sucesivo, la entidad
de seguridad social deberá continuar pagando el monto de la mesada actualizada,
de acuerdo con los incrementos legales a que haya lugar.
Cuarto.-
Ordenar al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
-Foncep-, o quien haga sus
veces, que dentro de los 15 días siguientes a la notificación de esta
sentencia, pague al señor Darío Hernando
Forero Winchery el valor de la diferencia dineraria adeudada, que por
concepto de la indexación del IBL ordenado se causó entre la mesada pensional
que venía pagando y la que resulta producto del reajuste dispuesto en esta
sentencia. Lo anterior, en relación con las mesadas no prescritas, es decir,
las causadas a partir del 5 de febrero de 2006, de acuerdo con la suspensión de
la prescripción operada en virtud del reclamo presentado ante el empleador el 5
de febrero de 2009 y la iniciación del proceso ordinario laboral el mismo año.
Quinto.- Revocar la sentencia denegatoria de tutela proferida por la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, el 27 de octubre de 2011, en segunda
instancia, en cuanto confirmó la sentencia denegatoria de tutela adoptada por la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, el 06 de septiembre de 2011, en primera instancia;
y en su lugar, conceder la tutela de los derechos constitucionales a la
actualización de las pensiones en su contenido de indexación de la primera
mesada pensional, al mínimo vital, a la igualdad de trato ante la ley, y al
debido proceso del señor Sergio de Jesús Serna Gómez.
Sexto.- Dejar sin valor y efecto la sentencia
del 13 de diciembre de 2010, dictada por la
Sala Séptima de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en el
proceso ordinario de Sergio de Jesús Serna Gómez contra el Fondo de Pasivo Social
de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
Séptimo.-
Ordenar al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia, o quien haga sus
veces, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta
sentencia, actualice el ingreso base de liquidación de la primera mesada
pensional del señor Sergio de Jesús Serna Gómez, hasta el día en que se causó el derecho a la pensión por el
cumplimiento de la edad, de acuerdo con
el Índice de Precios al Consumidor y dando aplicación a la fórmula empleada por
la Corte Constitucional en sentencia T-098 de 2005. En lo sucesivo, la entidad
de seguridad social deberá continuar pagando el monto de la mesada actualizada,
de acuerdo con los incrementos legales a que haya lugar.
Octavo.-
Ordenar al Fondo
de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, o quien haga sus veces, que dentro de los
15 días siguientes a la notificación de esta sentencia, pague al señor Sergio de Jesús Serna Gómez el valor de la
diferencia dineraria adeudada, que por concepto de la indexación del IBL
ordenado se causó entre la mesada pensional que venía pagando y la que resulta
producto del reajuste dispuesto en esta sentencia. Lo anterior, en relación con
las mesadas no prescritas, es decir, las causadas a partir del 9 de abril de
2004, de acuerdo con la suspensión de la prescripción operada en virtud del
reclamo presentado ante el empleador el 9 de abril de 2007 y la iniciación del
proceso ordinario laboral en los tres años siguientes a dicha fecha.
Noveno.- Ordenar que se dé cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
Con Salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] En este aparte se
sigue la exposición del accionante. La Sala igualmente complementará la
narración con los hechos relevantes que se desprenden de los documentos
obrantes en el expediente.
[2] Artículo 1.1 del
decreto 716 de 1996.
[3] Artículo
60 del acuerdo No. 257 de 2006 del Consejo de Bogotá.
[4] En este aparte se
sigue la exposición del accionante. La Sala igualmente complementará la narración
con los hechos relevantes que se desprenden de los documentos obrantes en el
expediente.
[5] Artículo 7 de la
Ley 21 de 1988.
[6] En el presente
asunto la Sala hace uso de la facultad de delimitación del problema jurídico
en sede de revisión. Al respecto, ha expresado esta Corporación: “Para la
Corte, “[e]n efecto, si una función básica de la revisión es unificar la
doctrina constitucional sobre los derechos fundamentales, y si la
Corte tiene la potestad discrecional de seleccionar qué casos merecen revisión
para tal efecto, entonces es claro que la
Corte goza también de una razonable discrecionalidad para delimitar los temas
que en el caso concreto ameritan un examen en sede de revisión. No tendría
sentido que la Corte tenga una plena discrecionalidad para decidir si estudia o
no un caso, pero que, por el contrario no goce de ninguna discrecionalidad para
delimitar los temas jurídicos que en cada caso deben ser examinados para
efectos de desarrollar su función de unificación jurisprudencial.” Auto 223
de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[7] Cfr. Sentencias
T-006 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-543 de 1992 (M.P. José
Gregorio Hernández), T-079 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-231 de
1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) relativas a la doctrina de la vía de
hecho judicial; posteriormente, las sentencias SU-014 de 2001 (vía de hecho
por consecuencia o error inducido) y T-1180 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy)
(desconocimiento del precedente) llevaron a plantear la posibilidad de que se
produjeran fallos judiciales que, sin ser arbitrarios y caprichosos llevaran a
la vulneración de derechos fundamentales; finalmente, la doctrina de las
causales genéricas de procedencia se establecieron los fallos T-441 de 2003
(M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-462 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett), T-771 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy) y T-949 de ­2003 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett), T-701 de 2004 (Rodrigo Uprimny Yepes), doctrina
que fue sistematizada por la sentencia de Sala Plena C-590 de 2005 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño), que en esta ocasión se reitera.
[8] Cfr. Sentencia
C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[9] Sobre la función
de la Corte en el ejercicio de la revisión de fallos de tutela, ver la
sentencia C-018 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y los autos A-034
de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández) y A-220 de 2001 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett).
[10]
Sobre la estructura de los derechos fundamentales, resultan especialmente
ilustrativas las sentencias T-576 de 2008 (M.P. Humberto Sierra Porto) y T-760
de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda), relativas al carácter fundamental del
derecho a la salud.
[11]
Sobre la importancia de la unificación de la jurisprudencia constitucional y su
relación con el principio de igualdad, ver sentencias T-292 de 2006 (M.P.
Manuel José Cepeda), C-836 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y  T-566 de 1998
(M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[12] Ver,
sentencias C-560 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Diaz) y C-1290 de 2001 (M.P.
Álvaro Tafur Galvis).
[13]
Siempre, siguiendo la exposición de la
Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[14] Ver
sentencias T-173 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández) y C-590 de 2005  (M.P.
Jaime Córdoba Triviño).
[15]
Sobre el agotamiento de recursos o principio de residualidad y su relación con
el principio de subsidiariedad cuando se ejerce la acción de tutela para
controvertir un fallo judicial, ver sentencia T-1049 de 2008 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño).
[16] Esta
regla se desprende de la función unificadora de la
Corte Constitucional, ejercida a través de sus Salas de Selección. Así, debe
entenderse que si un proceso no fue seleccionado por la
Corte para su revisión, se encuentra acorde con los derechos fundamentales.
[17] Hace
referencia a la carencia absoluta de competencia por parte del funcionario que
dicta la sentencia.
[18]
Cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o en los
fallos que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión. (Ver, sentencia C-590 de 2005); igualmente, los fallos T-008 de
1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-079 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz).
[19] El
defecto procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario judicial se
aparta por completo del procedimiento legalmente establecido. Al respecto, ver
sentencias T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), SU-159 de 2002 (Manuel
José Cepeda), T-196 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-996 de 2003 (M.P.
Clara Inés Vargas), T-937 de 2001 (Manuel José Cepeda).
[20]
Referido a la producción, validez o apreciación del material probatorio. En
razón a la independencia judicial, el campo de intervención del juez de tutela
por defecto fáctico es supremamente restringido.
[21]
También conocido como vía de hecho por consecuencia, hace referencia al evento en
el cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte del
funcionario judicial, se produce una decisión violatoria de derechos
fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas
estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia de colaboración
entre los órganos del poder público. Ver, principalmente, sentencias SU-014 de
2001 (M.P. Martha Victoria Sáchica), T-1180 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy)
y SU-846 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[22] En
tanto la motivación es un deber de los funcionarios judiciales, así como su
fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático. Ver T-114 de 2002 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett).
[23] Se
presenta cuando “la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance”. Ver sentencias SU-640 de 1998 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz) y SU-168 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[24]
Cuando el juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente contraria
a la constitución, sentencias SU-1184 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett), T-1625 de 2000 (M.P. Martha Victoria Sáchica) y T-1031 de 2001 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett), o cuando no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber sido solicitada por
alguna de las partes en el proceso. Ver, sentencia T-522 de 2001 (M.P. Manuel
José Cepeda).
[25] Ver Sentencia
T-701 de 2004 (Rodrigo Uprimny Yepes).
[26] Cfr.
Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdova Triviño).
[27]Al
respecto, ver la sentencia T-292 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda) en la cual
se sistematiza la jurisprudencia constitucional sobre el papel del precedente
en el orden jurídico colombiano. La línea comprende los fallos C-104 de 1993
(M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-113 de 1993 (Jorge Arango Mejía), C-131
de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-123 de 1995 (Eduardo Cifuentes
Muñoz), C-038 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-836 de 2001 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil), C-036 de 1997 (M.P. Hernando Herrera Vergara), C-447 de
1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), SU-047 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria
Díaz y Alejandro Martínez Caballero) y SU-1219 de 2001 (M.P. Manuel José
Cepeda).
[28] Cfr.
Sentencias SU-047 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez
Caballero) y T-292 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda).
[29] Ver sentencias
SU-047 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez
Caballero), y las sentencias C-131 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero)
y C-037 de 1996 (Vladimiro Naranjo Mesa). En los primeros pronunciamientos, la
Corte se refirió a la ratio decidendi como cosa juzgada implícita.
[30] Cfr. Sentencia T- 1317 de 2001 (M.P. Rodrigo
Uprimny Yepes).
[31] Al
respecto, resulta particularmente ilustrativo el concepto de cosa juzgada
material en el que se evidencia la necesidad de acudir a las razones
consignadas en los fallos de la Corte para determinar si una nueva disposición
reproduce un contenido normativo retirado del ordenamiento jurídico por la
Corte, y en cuanto a la importancia de la interpretación constitucional en las
sentencias de exequibilidad puede pensarse en la relevancia absoluta que poseen
las consideraciones constitucionales en las sentencias condicionadas en las que
la Corporación determina la interpretación conforme con la constitución de las
disposiciones legales.
[32]En
efecto, la
sentencia
C-131 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) que estudió la
constitucionalidad del artículo 23 del Decreto Ley 2067 de 1991, concluyó en
materia de cosa juzgada constitucional, que los fallos de control abstracto
tienen fuerza obligatoria, en la medida en que: i) tienen efectos erga omnes y
no simplemente inter partes, conforme al artículo 243 de la
Carta; ii) tales efectos resultan obligatorios, en principio, hacia el futuro,
aunque no necesariamente, porque depende de la
Corte, como se dijo, fijar autónomamente tales efectos; iii) que frente a las
sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada no se puede juzgar la misma norma
nuevamente por los mismos motivos, a fin de respetar la seguridad jurídica; iv)
que las sentencias de la Corte sobre temas de fondo o materiales, en especial
las de inexequibilidad, no pueden ser objeto nuevamente de controversia por las
mismas razones, y v) que todos los operadores jurídicos están obligados a
respetar el efecto de la cosa juzgada material de las sentencias de la
Corte Constitucional.
[33] Cfr.
Sentencia T-292 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda): “Por las razones
anteriores, puede concluirse que en materia de tutela, - cuyos efectos ínter
partes eventualmente pueden llegar a hacerse extensivos en virtud del alcance
de la revisión constitucional -, la ratio decidendi sí constituye un precedente
vinculante para las autoridades. La razón principal de esta afirmación se
deriva del reconocimiento de la función que cumple la
Corte Constitucional  en los casos concretos, que no es otra que la de
“homogeneizar la interpretación constitucional de los derechos fundamentales” a
través del mecanismo constitucional de revisión de las sentencias de tutela
(artículo 241 de la C.P). En este sentido, la vinculación de los jueces a los
precedentes constitucionales resulta especialmente relevante para la unidad y
armonía del ordenamiento como conjunto, precisamente porque al ser  las normas
de la Carta de textura abierta, acoger la interpretación autorizada del
Tribunal constituye una exigencia inevitable. De no aceptarse este principio,
la consecuencia final sería la de restarle fuerza normativa a la
Constitución, en la medida en que cada juez podría interpretar libremente la
Carta, desarticulando el sistema jurídico en desmedro de la seguridad jurídica
y comprometiendo finalmente la norma superior, la confianza legítima  en la
estabilidad de las reglas jurisprudenciales y el derecho a la igualdad de las
personas”.
[34] Cfr, la
citada T-292 de 2006 y, en el mismo sentido, la sentencia C-386 de 1996 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero).
[35] Sentencias T-566 de 1998, C-104 de 1993, reiteradas
también en la T-292 de 2006.
[36] Sentencia C-036 de 1997 y T-292 de 2006 y SU -1184 de
2001.
[37] Cfr.
Corte Constitucional, sentencias T-086 de 2007 y T-292 de 2006, T-158 de 2006,
SU-1184 de 2001, T-462 de 2003, T-1625 de 2000, SU-640 de 1998 y SU 168 de
1999, entre otras.
[38] Cfr.
Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.
[39] El defecto
sustantivo, como causal genérica de procedencia de la acción de tutela ha sido
ampliamente estudiado por la Corte. Para una exposición completa del tema, ver
los fallos SU-159 de 2002 (Manuel José Cepeda), C-590 de 2005 (M.P.
Jaime Córdoba Triviño),
T-462 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-018 de 2008 (M.P.
Jaime Córdoba Triviño),
T-757 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas).
[40] Cfr.
Sentencia T-573 de 1997 (M.P. Jorge Arango Mejía).
[41]
Sobre el particular, además de la ya citada sentencia C-231 de 1994 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz), pueden consultarse, entre varias, la sentencia T-008
de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[42] Cfr.
sentencia SU-1722 de 2000 (M.P. Jairo Charry Rivas). Tal es el caso por ejemplo
de todas las decisiones judiciales en las que se viola el principio de “no
reformatio in pejus”.
[43]
Cfr., la sentencia C-984 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[44]
Sentencia SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda).
[45] En
este aparte, la Sala seguirá el esquema expositivo del fallo T-1031 de 2001
(M.P. Eduardo Montealegre Lynett). En el caso, un miembro de grupos armados al
margen de la ley que se hallaba fuera del país, ofreció colaboración a la
Fiscalía General de la Nación a cambio de los beneficios previstos por la
Ley para este tipo de asuntos. La
Fiscalía consideró que no podrían otorgarse tales beneficios sino una vez se
entregara a la justicia. La interpretación fue considerada irrazonable, pues no
existía norma que prohibiera otorgar los beneficios en las condiciones
descritas. La Sala de Revisión recalcó que los jueces son independientes, pero
que su independencia no es absoluta. La falta de una razón jurídica para negar
una interpretación penal  más favorable, fue considerada suficiente para
otorgar el amparo.
[46] Sentencias T-1031
de 2001 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett) y T-1001 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil).
[47] Cfr. Además, ha sostenido este Tribunal que
entender la Constitución como un cuerpo armónico, supone concebir la estructura
del Estado (parte orgánica), en función de la eficacia de los derechos
constitucionales, los principios y los fines del estado (parte dogmática). T-1001
de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil).
[48] Al respecto, el Pleno de esta Corporación en
sentencia C-1026 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) indicó cuanto sigue:
“Si los jueces, por una parte, son los encargados de hacer efectivos los
derechos y libertades individuales, y por otra, son los que realizan la labor
de aplicación del derecho positivo a la realidad social, entonces puede
afirmarse que respecto de ellos, el principio de legalidad cobra una dimensión
hermenéutica de gran importancia, en la medida en que durante el desarrollo
cabal de sus funciones deben realizar varios ejercicios interpretativos, tanto
de la ley, como de las circunstancias fácticas sobre las cuales habrán de
decidir. Ahora, es claro que a partir del tránsito constitucional de 1991, con
el reconocimiento (en el artículo 4 Superior) del valor normativo intrínseco de
la Carta, esa labor de interpretación se debe conducir según los cauces que ha
trazado la doctrina constitucional, especialmente en lo relativo a la
protección de los derechos fundamentales; en efecto, sólo en la medida en que
la labor hermenéutica del juez se ajuste a los dictados constitucionales, puede
afirmarse que respeta el principio de legalidad”.
[49] Al
respecto, la Corte en sentencia C-038 de 2006 (M.P. Humberto Sierra Porto)
indicó: “Si bien, los
anteriores términos son utilizados indistintamente, lo cierto es que la teoría
jurídica y la doctrina constitucional distinguen con claridad la disposición de
la norma. Por disposición se entiende “cualquier enunciado que forma parte de
un documento normativo, esto es, cualquier enunciado del discurso de las
fuentes”. Por su parte, la norma es el contenido de sentido de la disposición,
su significado, que es una variable dependiente de la interpretación. En tal
sentido, se entiende que la norma es el significado que se deriva de la
disposición, una vez esta última es interpretada. De lo anterior, se deduce
que, en punto de interpretación, la disposición constituye su objeto y la norma
el resultado. Al respecto, cabe aclarar que la relación entre disposición y
norma no es siempre unívoca, toda vez que puede suceder que de un texto o enunciado
legal se deriven diversas normas, así como una misma norma esté contenida en
distintas disposiciones”.
[50] Cfr.
Sentencia T-1045 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[51] Cfr.
Sentencia T-1045 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[52] Como puede apreciarse, esta causal se encuentra
íntimamente ligada con el criterio hermenéutico de interpretación conforme,
según el cual, la interpretación de la totalidad de los preceptos jurídicos
debe hacerse de tal manera que se encuentre en armonía con las disposiciones
constitucionales. En esa dirección la
Sala Tercera de Revisión en sentencia T-191 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas)
manifestó lo siguiente: “Así pues, el principio de interpretación conforme
encuentra su fundamento en la supremacía y jerarquía normativa máxima de la
Constitución Nacional, a partir de cuya premisa se deriva que toda
interpretación jurídica debe arrojar un resultado que no sólo no debe ser
contrario, ni solamente permitido, sino más allá debe estar ajustado a la
Constitución Política”.
[53] Cfr.
Sentencia T-1045 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[54] Para visualizar el contenido básico del
derecho a la pensión esta Sala de la Corte estima necesario reiterar que el
modelo de Estado asumido por el constituyente se funda en el principio de
dignidad humana, esto es, en el derecho de toda persona a vivir como quiera
(elegir un proyecto de vida y determinarse según esa elección), vivir bien
(referido a las circunstancias materiales necesarias para una vida decorosa), y
vivir sin humillaciones (intangibilidad del cuerpo y espíritu entendido como
integridad física y espiritual) de acuerdo a la sistematización jurisprudencial
desarrollada en la sentencia T-881 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
De ahí que una de las
finalidades del Estado Social de Derecho consista en “crear los supuestos
sociales de la misma libertad para todos, esto es, de suprimir la desigualdad
social”, y de esta manera dignificar la existencia de los seres humanos
residentes en Colombia. En arreglo a lo expuesto y a los principios
que determinan la interpretación de la seguridad social en el marco superior,
para la Sala Novena de Revisión el derecho a una pensión se define a partir de
la finalidad que persigue: garantizar el mínimo vital de las personas en tanto “precondición
básica para el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales”. Si
bien la efectividad del mínimo vital es una propiedad transversal a la
pluralidad de derechos económicos y sociales, en el caso de las pensiones la
obligación de asegurarlo se profundiza en virtud de las personas que protege:
colectivos de especial protección constitucional en atención a sus condiciones
físicas, mentales y económicas. Finalmente, es necesario precisar que el Tribunal Constitucional ha establecido que el
mínimo vital contiene una faceta cuantitativa y otra cualitativa. En relación
con la primera, en sentencia
T-011 de 1998 (M.P. José Gregorio Hernández) la
Corte expresó lo siguiente:“En
efecto, para la Corte el mínimo vital garantizado como derecho inalienable de
todo trabajador, está constituido por los requerimientos básicos indispensables
para asegurar la digna subsistencia de la persona y de su familia, no solamente
en lo relativo a alimentación y vestuario sino en lo referente a salud,
educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente, en cuanto factores
insustituibles para la preservación de una calidad de vida que, no obstante su
modestia, corresponda a las exigencias más elementales del ser humano”. Por su parte, la dimensión cualitativa del
mínimo vital fue definida en sentencia SU-995 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria
Díaz) en los términos que se citan:“[L]a idea de un mínimo de condiciones decorosas de vida
(v.gr. vestido, alimentación, educación, salud, recreación), no va ligada sólo
con una valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas por
satisfacer para subsistir, sino con la apreciación material del valor de[l]
trabajo, de las circunstancias propias de cada individuo, y del respeto por sus
particulares condiciones de vida”.
[55] La aproximación inicial a los derechos
constitucionales realizada por la jurisprudencia de esta Corporación estimaba
mayoritariamente que entre el conjunto de los derechos conformados por las
garantías civiles y políticas, y el reunido en los derechos económicos,
sociales, culturales y del medio ambiente, existía una diferencia esencial: los
primeros eran (exclusivamente) derechos de defensa, y los segundos, en cambio,
derechos prestacionales. En consecuencia, las obligaciones del Estado frente a
cada grupo de derechos resultaban plenamente diferenciables: en el primer caso
consistían en abstenerse de perturbar su goce efectivo y, como ello no implica
la  movilización de recursos, se entendía que tales deberes eran susceptibles
de aplicación inmediata y exigibilidad judicial directa. En el segundo caso,
las obligaciones se concretaban en otorgar servicios o prestaciones a las
personas, lo que suponía la movilización de recursos y la consagración de una
infraestructura institucional que debe establecerse en el proceso democrático
de la nación, por lo que estos derechos se caracterizaban como obligaciones
programáticas antes que mandatos concretos, que simplemente establecían rutas
de acción a la política estatal y por ende no eran susceptibles de exigibilidad
judicial. Con el tiempo esa distinción comenzó a mostrarse inadecuada por
razones de índole teórica y dogmática. Los aludidos cuestionamientos condujeron a que el
Tribunal Constitucional desarrollara propuestas jurisprudenciales afincadas en
los criterios de (i) trasmutación de los derechos sociales en derechos
fundamentales cuando el contenido de los primeros recibe concreción
legislativa; (ii) la distinción entre los presupuestos de fundamentabilidad de
un derecho y los de exigibilidad judicial; (iii) la necesaria interdependencia
e inescindibilidad entre todos los derechos constitucionales y; (iv) la
asignación de fundamentabilidad a un derecho cuando quiera que representara una
directa proyección o concreción del principio de dignidad humana, y su
contenido normativo se pudiera reconducir a la estructura propia de los
derechos subjetivos. La evolución de
estas posiciones y el concenso jurisprudencial alcanzado entre las diferentes
salas de revisión llevó a que la Sala Plena de la
Corte unificara su criterio en relación con los presupuestos necesarios para
asignar la categoría de iusfundamentabilidad a los derechos constitucionales.
En  ese sentido en la sentencia C-288 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas),
refiriéndose al análisis comprensivo sobre la materia efectuado en la sentencia
T-235 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas), fijó los siguientes parámetros de
fundamentalidad: “68.3. A partir de las consideraciones anteriores, las
propiedades de interdependencia e indivisibilidad han permitido concluir a la
jurisprudencia constitucional que “los derechos fundamentales son aquellos que
(i) se relacionan funcionalmente con la realización de la dignidad humana, (ii)
pueden traducirse o concretarse en derechos subjetivos y (iii) sobre cuya
fundamentalidad existen consensos dogmáticos, jurisprudenciales o de derecho
internacional, legal y reglamentario.” A su vez, ese mismo precedente determina
que la posibilidad de “traducción” en derechos fundamentales subjetivos es un
asunto que debe analizarse en cada caso y hace referencia a la posibilidad de
determinar la existencia de una posición jurídica subjetiva de carácter
iusfundamental en el evento enjuiciado o de establecer si están plenamente
definidos el titular, el obligado y el contenido o faceta del derecho
solicitado por vía de tutela, a partir de los citados consensos”. Retomando
los argumentos expuestos sobre los atributos de indivisibilidad,
interdependencia e íntima conexidad con el principio de dignidad humana que
reúnen los derechos fundamentales, el Pleno de la
Corporación reflexionó sobre la naturaleza de los derechos constitucionales
denominados civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y del medio
ambiente -según su clasificación histórica-, y concluyó que todos ellos acogen
las anotadas propiedades de fundamentalidad. En otras palabras, la
Sala Plena de la Corte advirtió que todos los derechos constitucionales son
fundamentales: “[L]a
jurisprudencia constitucional ha llegado a un consenso, nutrido por las normas
del DIDH, acerca de la aplicación en el plano de la protección de los derechos
constitucionales, de las propiedades de indivisibilidad e interdependencia que
le son atribuibles. Por ende, se ha concluido que todos los derechos
constitucionales son derechos fundamentales, pues cada uno de ellos encuentra
un vínculo [in]escindible con el principio de dignidad humana, fundante y
justificativo del ESDD”.
[56] En el mismo sentido el artículo 36 de la ley en
comento establece el derecho a la actualización del ingreso base para liquidar
la primera mesada pensional a favor de aquellas personas beneficiarias del
régimen de transición. En efecto, la referida norma expresa que “[e]l
ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el
inciso anterior [se refiere los beneficiarios del régimen de transición] que
les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio
de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con
base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación
que expida el DANE”. Igualmente, el artículo 133 de la
Ley 100 de 1993 (Esta norma subrogó el artículo 37 de la
Ley 50 de 1990, la que a su vez había subrogado el artículo 267 del Código
Sustantivo del Trabajo) contempla el derecho a la indexación de la primera
mesada pensional de los beneficiarios de la denominada pensión sanción
en los siguientes términos: “La cuantía de la pensión será directamente
proporcional al tiempo de servicios respecto de la que le habría correspondido
al trabajador en caso de reunir todos los requisitos para acceder a la pensión
de vejez en el régimen de prima media con prestación definida y se liquidará
con base en el promedio devengado en los últimos diez (10) años de servicios, actualizado
con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor certificada por el
DANE”. (Subrayado añadido).
[57] Al
respecto, en sentencia SU-120 de 2003 (M.P. Alvaro Tafur Galvis) la
Corte Constitucional hizo un recuento de las disposiciones legales que
consagran la actualización de las mesadas pensionales ya reconocidas,
concluyendo lo siguiente: “[s]e tiene entonces que las disposiciones
antes transcritas determinan con claridad el ingreso base para liquidar la
pensión de vejez de quienes se encuentran laborando cuando cumplen la edad
requerida para acceder a la pensión, pero que tal claridad no se presenta
respecto de la forma de liquidar dicho ingreso cuando el trabajador no ha
percibido asignación del mismo empleador ni cotizado al sistema de seguridad
social, en el lapso comprendido entre el cumplimiento de los veinte años de
servicio y la edad requerida para acceder a la prestación”.
[58] El
fragmento “promedio de los salarios devengados en el último año de
servicios” contenido en esta disposición fue objeto de control
constitucional en sentencia C-862 de 2006 (M.P Humberto Sierra Porto) (Infra).
[59] En efecto, la nivelación a un salario mínimo
realizada por los encargados de reconocer y pagar la prestación de jubilación
en hipótesis como estas, no es producto de la revalorización del ingreso base
de liquidación de la pensión, sino de la prohibición de pagar pensiones
inferiores a dicho valor. De hecho, las resoluciones de reconocimiento
pensional suelen consignar una mesada muy inferior al salario mínimo legal
mensual vigente. A manera de ilustración, es pertinente recordar la reflexión
efectuada por la Sala Novena de Revisión en el caso concreto de la sentencia
T-266 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas): “La
Sala evidencia entonces que el salario promedio, base de liquidación de la
pensión vitalicia de jubilación reconocida por el Banco Cafetero al señor
Carlos E. Lozano López, no fue actualizado entre el momento en que
efectivamente se devengó (1978 y 1979) y el instante a partir del cual reconoció
el derecho por el cumplimiento del requisito de edad el 7 de noviembre de
1995.||Así, el salario promedio sobre el cual debía aplicarse una tasa de
retorno del 75% pasó de equivaler 9.3 SMLMV aproximadamente en el año 1979,
a corresponder a cerca de 0.3 SMLMV a 1995, por lo cual, es notorio el
detrimento económico que sufrió la prestación de jubilación del actor por
efecto de la inflación acaecida entre los años 1979 y 1995, pérdida que en modo
alguno puede entenderse subsanada con la nivelación a un (1) salario mínimo
mensual vigente que realizara la demandada en la resolución del 6 de febrero de
1996, puesto que ello no obedece a verdaderos parámetros de indexación sino al
cumplimiento de un mandato que prohíbe el pago de pensiones inferiores a ese valor.”.
[60] En relación con el efecto que causa la inflación
sobre los créditos laborales, la
Sección Primera de la Sala de Casación Laboral señaló: “El fenómeno
económico de la inflación, cuyo efecto más importante es la depreciación o
pérdida del poder adquisitivo de la moneda, ha planteado serios problemas
económicos y sociales, a los cuales no puede de ningún modo ser ajeno el
derecho. El envilecimiento de la moneda que perjudica injustamente al deudor
valutario, es materia de atenta consideración por los modernos tratadistas de
la teoría de las obligaciones. || (…) Los principios clásicos del llamado
nominalismo monetario o monetarista, como teoría del derecho privado acerca de
la extensión de las obligaciones dinerarias (art. 2224
C.C.) son puestos cada vez más en duda frente al extendido y creciente flagelo
de la inflación. El nominalismo –se dice-, frente a una depreciación desatada,
constituye un dogma economicista obsoleto, una ficción injusta que afecta el
fundamento mismo de los contratos, el necesario equilibrio entre las partes, el
principio de la buena fe, y que propicia el enriquecimiento injusto o
incausado. Cobra fuerza así el principio del valorismo o realismo, según el
cual la obligación dineraria está determinada por el poder adquisitivo de la
unidad monetaria, el cual la condiciona. || (…) La lucha del derecho para
preservar la equidad frente al fenómeno económico de la creciente inflación,
debe darse a nivel legislativo, principalmente, pero también resulta posible y
urgente plantearlo en el campo judicial, con base en la evidente equidad y en
los principios generales del derecho que deben ser aplicados a los nuevos
hechos”.
[61] Al
respecto la Sección Segunda indicó: Se asevera que el derecho laboral
tampoco ha podido escapar a los múltiples problemas que origina la gradual y
constante pérdida del poder adquisitivo de la moneda a consecuencia de la
inflación. En relación con este asunto, la doctrina afirma: “Es indiscutible,
como bien lo recuerda Sagües,
que si existe un crédito que merece ser reajustado es el proveniente de las
relaciones laborales. (…) La inflación repercute muy especialmente en esta
materia, pues incide en forma directa sobre las perspectivas socio-económicas
del trabajador y su núcleo familiar. Es muy negativo que, dentro de un panorama
favorable a la “indexación” los créditos laborales permanezcan relegados, pues
por esa vía, se lleva a las clases de menores recursos a una situación de
“ahogo” casi insostenible, cuyas proyecciones futuras pueden ser muy graves”
(Inflación y Actualización Monetaria, Universidad de Buenos Aires, 1981, pp.
169 y 170.)”. Mas adelante la Corte señala: “Ahora bien, cuando el
patrono incumple su obligación de mantener vigente el contrato de trabajo en
los términos convenidos y lo rompe sin justa causa, se hace automáticamente
responsable y deudor de una obligación distinta: la de pagar el valor de la
indemnización correspondiente, que en la actual normatividad legal para el
sector privado comprende, por regulación previa, el daño emergente y el lucro cesante.||En
tales condiciones, esa obligación, la de pagar la indemnización debe
satisfacerse por el empleador en el mismo momento en que unilateralmente le
pone fin al contrato. Es al producirse el despido entonces, y no después,
cuando el monto de la indemnización debe salir del patrimonio del patrono para
ingresar al del trabajador (…). Es obvio entonces que el daño o perjuicio que
por la depreciación monetaria sufre el trabajador como consecuencia del retardo
o mora patronal en el cumplimiento de la obligación de pagar la indemnización
que cuantificada previa y precisamente por la propia ley debió pagársele a la
terminación del contrato, corresponde a la modalidad de daño emergente prevista
en la primera parte del artículo 1614 del Código Civil”.
[62] Al respecto la
Corte señaló: “Es cierto que esta Sala de la
Corte, por medio de sus dos Secciones, ha acogido plenamente frente a las
obligaciones de carácter laboral, el fenómeno de la corrección monetaria o
indexación como mecanismo para mantener el valor de las mismas, como puede
verificarse, entre otras, en las siguientes providencias emanadas de esta
Corporación: del 18 de agosto de 1982, 31 de mayo de 1988, 8 de abril de 1991,
13 de noviembre de 1991 y 20 de mayo de 1992, ésta última proferida en Sala Plena
Laboral. Por ello aparece ciertamente indebida la aplicación del artículo 27
del Código Civil, como lo denuncia el cargo, pues el tema sometido a la
decisión del ad-quem no podía resolverse simplemente pretextando la claridad de
la ley, sino que exigía la búsqueda de solución al problema de los efectos de
la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, no contemplado en la disposición
que el Tribunal encontró suficientemente clara, para negar de manera general la
procedencia del reajuste monetario, o indexación. || (…) Pero es cierto también
que el reconocimiento que ha hecho la Sala de la teoría de la revaluación
judicial o indexación de los derechos laborales, lo ha sido hasta ahora siempre
en el supuesto de que exista ya la obligación con el carácter de insoluta por
un tiempo más o menos prolongado a través del cual el fenómeno económico
anotado haya producido el efecto de disminuir el valor real de la deuda, de
suerte que la moneda del pago en la cantidad en que se concrete el débito no
tiene, al momento del pago, el mismo valor intrínseco que tenía cuando debió
ser solucionada la obligación. (…) || De suerte, pues, que en la órbita de lo
resuelto hasta el presente por la jurisprudencia de esta Sala de la
Corte, el reconocimiento de la indexación ha supuesto la existencia de la
deuda, ya exigible e impagada, a la cual, con los elementos de prueba que se
alleguen durante la actuación, por iniciativa de las partes u oficiosamente por
el juzgador, pueda concretársele el monto de la corrección monetaria, en proporción
a la pérdida de su poder adquisitivo. || No ha tenido la
Sala, hasta ahora, la oportunidad de referirse a un caso como en que concentra
su atención, referente a una obligación que, determinada en su cuantía con
acomodo a una pauta legalmente establecida, aún no sea exigible, pero a la cual
se proyectan indudablemente los efectos negativos de la inflación. Pues
ciertamente, como lo pone de relieve la censura, el valor real del salario con
referencia al cual se determina el monto de la pensión en proporción al tiempo
servido, en comparación con el que tenía cuando se produjo el retiro del
trabajador, será muy inferior al momento de hacerse exigible la obligación
pensional. || Si se aplican las pautas generales de la doctrina jurisprudencial
de esta Corporación en punto al tema que examina, es claro concluir que las
razones de justicia y equidad que han determinado la elaboración y aplicación
concreta d la teoría de la indexación o actualización monetaria, militarían
para reconocer su operatividad en el caso que se examina (…)”.
[63] En
ese sentido, al analizar la corrección jurídica de la sentencia de segundo
grado que había negado la indexación de la primera mesada pensional, la
Corte Suprema Justica puntualizó: “Empero, a juicio de la
Sala, la providencia del Tribunal, así sea consonante con la tesis del
salvamento de voto a la que finalmente se remite, sí incurre en el yerro de
apreciación jurídica que le endilga la acusación, pues conforme lo tiene dicho la
Corte de vieja data, y lo reiteró recientemente en su sentencia de casación
del 5 de agosto de 1996, radicación 8616, la indexación es aplicable en el
derecho del trabajo y, específicamente en casos como el que se trata, con el
objeto de paliar los efectos que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda
tiene sobre la cuantía de créditos laborales, como la pensión de jubilación que
le fue reconocida al demandante.||Y es por lo anterior que con fundamento en
los artículos 8º de la ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo
se ha admitido la posibilidad de aplicar en asuntos del trabajo la corrección o
actualización monetaria. Solución a la que se ha llegado teniendo en cuenta:
principios de derecho laboral, de justicia y de equidad; la consagración
positiva de la corrección monetaria en varios campos de la actividad civil en
Colombia, como también en el derecho administrativo; su aceptación por la
doctrina y jurisprudencia extranjeras; las normas reguladoras de pago; los
principios del equilibrio contractual, y los desarrollos que en materia de
seguridad social pensional introdujo la ley 100 de 1993.||De modo, pues, que
cuando el Tribunal [de segundo grado], a pesar de reconocer la existencia
notoria del fenómeno de la depreciación del peso colombiano, se abstuvo de
aplicar la corrección monetaria a la primera mesada pensional del petente,
incurrió en el estigma de interpretación jurídica que se le endilga, pues le
entregó a las normas referidas en el cargo, principalmente a los artículos 8 de
la ley 153 de 1887 y 19 del CST, un entendimiento restringido, que no le
permitió, en un contexto de justicia, equidad y equilibrio social (art. 1º ib),
solucionar el envilecimiento del valor nominal de la pensión de jubilación de
aquél y reajustarla a su cuantía real, conforme lo tiene establecido esta Corporación.
Pérdida del poder adquisitivo que no depende de que se esté en mora el
cumplimiento de una obligación sino de la existencia de un fenómeno económico,
que al ser reconocido no implica imponerle a quien deba soportarlo una carga
superior a la que llegare a estar obligado, ya que mirado desde la óptica del
poder adquisitivo de la moneda los valores nominales que se determinen son
iguales”.
[64] Entre otros
argumentos, la Sala Novena de Revisión estima pertinente la cita literal del
siguiente aparte jurisprudencial plasmado en la sentencia 11818 del 18 de
agosto de 1999: “2. En Colombia existe un vacío legislativo, casi total,
sobre el fenómeno de la indexación. Ello responde a la aceptación indiscutida
de que el país se halla inserto en un ordenamiento jurídico de corte
nominalista, sistema que, no obstante las dificultades que toda economía de
mercado presenta, ofrece garantía de seriedad a la inmensidad de relaciones de
orden patrimonial que a diario se suscitan en ella. (…).||3. La
indización o indexación siempre ha sido, sin lugar a dudas, una medida
excepcional. Es la respuesta del derecho, legislado y jurisprudencial, al
fenómeno de la “inflación”. Un mecanismo de revalorización de ciertas
obligaciones dinerarias, cuyo objetivo es poner en equilibrio la ecuación
económica gravemente desbalanceada por una fuerte pérdida del poder adquisitivo
del peso, de la cual se beneficiaría al deudor de ella ante la consecuencial
depreciación de su prestación, con claro detrimento del acreedor, quien en
últimas se vería obligado, en virtud de unas reglas jurídicas nominalistas, a
recibir un pago incompleto || El
carácter relativo de la indexación emerge de una exigencia de la ley, a la cual
el juez debe someterse en virtud del imperativo categórico contenido en el
artículo 230 de la
Constitución Política. La estructura del régimen general de las obligaciones
impide que de manera indiscriminada los jueces, amparados en el principio de
equidad, procedan a revalorizar cualquier obligación, porque ello iría en
detrimento de la seguridad jurídica en las relaciones económicas menoscabándose
toda convivencia social. El artículo 2224 del Código Civil, que no empece (sic)
su ubicación metodológica tiene alcance general, es de un claro tenor y único
sentido: “Si se ha prestado dinero sólo se debe la suma numérica enunciada en
el contrato”; en igual dirección apunta el canon 1627 ejusdem: “El pago se hará
bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación; sin
perjuicio de lo que en casos especiales dispongan las leyes. Aquí subyace el
basamento del nominalismo colombiano. (…) ||6. Lo antes
expresado conduce a la Corte a rectificar su doctrina expuesta en fallos de
mayoría, citados por el juzgador ad quem, para dejar por sentado que no es
posible, jurídicamente hablando, indexar la primera mesada pensional cuando el
derecho se reconoce en la oportunidad indicada en la ley y el empleador,
obligado a su pago por no haberla sustituido en ninguna entidad encargada del
riesgo, no ha retardado su cancelación. Lo dicho se funda en las siguientes
razones: ||a) Porque el derecho a reclamar la pensión sólo surge respecto de su
acreedor a partir de la concurrencia de dos elementos esenciales para su
existencia: 1) el cumplimiento de una cantidad pre-establecida de cotizaciones
o de un determinado número de años de labores, según se estuviera, o no,
cubierto por el régimen de la seguridad social; y 2) el advenimiento de la edad
señalada en la ley para obtenerla. Quien, como en el caso del actor, ha
satisfecho uno solo de los dos factores esenciales para alcanzar la pensión (el
tiempo de servicio fijado en la ley o pactado en la convención) tiene, a no
dudarlo, un derecho eventual, apenas en ciernes, en tanto falta el otro de los
componentes imprescindibles para que se pueda consolidar, con un titular del
derecho, de una parte, y un obligado a su satisfacción, por la otra.|| (…)  b)
Así pues, integrados los requisitos necesarios para la consolidación del
derecho en cabeza de su titular, nace la obligación de pagar la mesada que la
ley impone, conforme a los parámetros en ella señalados, y el derecho
correlativo de quien adquiere la pensión. Antes no, porque mientras el derecho
eventual se perfeccionaba había apenas una expectativa de derecho, o mejor, un
derecho en perspectiva, esto es, en vías de adquirirse; pero, jamás, un derecho
adquirido.||c) La obligación surgida a la luz del derecho es la indicada en la
ley, esto es, la mesada pensional, para cuyo cálculo el legislador dispuso, de
manera expresa, factores matemáticos precisos. No existe, pues, vacío legal
alguno al respecto y, por lo mismo, no le cabe al juzgador apartarse de lo
preceptuado en las normas vigentes, según cada caso, por cuanto sería asumir
una conducta contraria a su claro tenor literal, so pretexto de decidir en
equidad que, valga decirlo, sigue siendo criterio auxiliar en la resolución de
los conflictos. No existe, en consecuencia, laguna legal que llenar con los
principios generales del derecho, y tanto es ello así, que desde la década del
sesenta se dispusieron mecanismos para conjurar el deterioro real de las
pensiones, hasta llegarse a la actualización anual con base en el salario
mínimo legal, en la Ley 71 de 1988, mejorada con la fórmula consagrada en la
Ley 100 de 1993.||d) Puede reclamarse el reconocimiento de la pensión, de
acuerdo con lo antes dicho, desde cuando se constituye el derecho, esto es, se
completan los elementos requeridos para su existencia. Y sólo entonces se podrá
exigir la mesada reconocida, entendiéndose, desde luego, que el acreedor de
ella deberá estar retirado del servicio, en la medida en que esta sí es una
condición de la cual pende la exigibildad de su pago.||7. Las conclusiones
expuestas constituyen la nueva doctrina de la
Sala Laboral de la Corte sobre esta temática, para lo cual se  tuvo en cuenta,
además, que la tesis estricta de la “indexación de la primera mesada pensional”
conduciría al extremo de tener que actualizar, con base en el costo de la vida,
no solo los derechos exigibles, sino las bases salariales de su establecimiento,
principio que aplicado a otras situaciones iguales aparejaría  fatalmente una
indexación general de los salarios  y de las bases de liquidación  de todas las
prestaciones con sus perturbadoras consecuencias jurídicas y económicas (…)”.
[65] Cfr.
Sentencia SU-120 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[66]
Ibídem.
[67] Al
respecto, la Corte expresó en la sentencia SU-120 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur
Galvis): “Ante todo, es preciso aclarar que lo manifestado por los Jueces de
instancia no admite duda, porque en cada una de las decisiones examinadas la
accionada explica la teoría que resuelve acoger para negar la indexación
reclamada, pero, es cierto también que ninguna de las explicaciones de la
accionada se apoya en un cambio normativo relevante, o en el advenimiento de
circunstancias políticas, económicas y sociales diversas, y que tampoco
ponderan los bienes jurídicos que protegen, en contraposición con los que se
dejó de tutelar, tal como lo ha exigido la jurisprudencia constitucional –nota
54-. [//] Al punto que las consideraciones de la accionada, como va a verse,
pueden tomarse como juicios individuales de las normas que interpretan, e
incluso como concepciones personales de política jurídica en torno al problema
pensional, pero no justifican el trato diferenciado que comportan”.
[68] Cfr.
Sentencia SU-120 de 2003  (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[69] Esta
línea está conformada, entre otras, por las sentencias T-085 de 2004 (M.P.
Alfredo Beltrán Sierra), T-815 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), T-098 de
2005 (M.P. Jaime Araujo Rentería) y T-469 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas).
[70] Cfr.
Sentencia C-862 de 2006 (M.P. Humberto Sierra Porto).
[71] En
la sentencia T-098 de 2005 (M.P. Jaime Araujo Rentería) se había señalado: “…calcular el monto de la mesada pensional con base en un ingreso que el
extrabajador percibió años antes de que finalmente le fuera reconocida la
pensión, contraría el mandato superior de equidad , el derecho a percibir
una pensión mínima vital calculada teniendo en consideración los fenómenos
inflacionarios y la consecuente pérdida de poder adquisitivo del dinero,
así como también compromete los derechos fundamentales al debido proceso, y a
la igualdad del pensionado cuando, aun después de haber agotado todos los
medios de justicia ordinaria de los que disponía, el trabajador encuentra que
la violación de sus derechos goza de la legitimidad aparente que le otorga un
fallo judicial.”(Énfasis añadido).
[72] Cfr.
Sentencia C-862 de 2006 (M.P. Humberto Sierra Porto).
[73]
Ibídem.
[74]
Ibídem.
[75] Ibídem.
[76] Al respecto en Sentencia T-012 de 2008 (M.P. Marco
Gerardo Monroy) se indicó: “En conclusión de todo lo dicho se tiene que
mediante Sentencia C-862 de 2006 la
Corte Constitucional consideró, mediante decisión que hizo tránsito a cosa
juzgada constitucional y produjo efectos erga omnes, que existe un derecho en
cabeza de los pensionados a que el monto de la primera mesada pensional se
calcule sobre un salario base indexado, de acuerdo con la variación del índice
de precios al consumidor, pues éste es un derecho de reconocimiento
constitucional que por sus repercusiones puede incidir en la vigencia de otros
derechos de rango fundamental.”. En el mismo sentido se puede consultar la
sentencia T-046 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy).
[77] En
Sentencias T-799 de 2007 (M.P. Jaime Córdova Triviño), T-046 de 2008 (M.P.
Marco Gerardo Monroy), T-1251 de 2008 (M.P. Jaime Córdova Triviño) y T-457 de
2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas), se ha admitido el estudio de la presunta
afectación de este derecho directamente frente a la entidad. Con
anterioridad a la sentencia C-862 de 2006 (M.P. Humberto Sierra Porto)
únicamente se concedió el amparo constitucional directamente frente al ex
empleador en la sentencia T-1169 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas), mientras que
en la providencia T-599 de 2005 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) se accedió a la
tutela directa ante el ex empleador, pero en lo referido al derecho fundamental
de petición. El caso de la sentencia T-1169 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas) es
excepcional en cuanto la empresa demandada se encontraba  en proceso de
liquidación por lo cual se corría el riesgo de que la solicitud del demandante
deviniera nugatoria. En sentencia T-606 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes) la
Corte indicó de manera categórica que la sentencia SU-120 de 2003 (M.P. Álvaro
Tafur Galvis) no constituía precedente vinculante en aquellos casos en que la
demanda de tutela se dirigía directamente ante el ex empleador o entidad
encargada de la satisfacción del anotado derecho. En esta última providencia se
indicó: ““8. En quinto término estima la
Corte que la situación de la actora no puede ser cobijada por el precedente
sentado en la sentencia SU-120 de 2003, reiterado en la sentencia T-663
de 2003. Esto, en razón a que en dichos casos la
Corte concedió el amparo de los derechos fundamentales de los pensionados, no
en consideración a sus casos concretos, sino en consideración a la necesidad de
proteger genéricamente el derecho a la igualdad en la doctrina probable del
Tribunal de Casación, bajo la idea de un derecho a la unificación
jurisprudencial respecto de la existencia o no de un derecho a la indexación de
la primera mesada pensional. Ahora bien, que la
Corte considerara que los elementos definitorios de la doctrina probable en la
materia trajera como consecuencia la orden de indexar la primera mesada
pensional de las personas partes en los asuntos de revisión es una situación
diferente. // 9. Además, tampoco se aplica el precedente referido pues hay otro
elemento que permite distinguir los dos casos, y es que en los asuntos resueltos
en las sentencias SU-120 de 2003 y T663 de 2003 la
Corte concedió el amparo de los derechos subjetivos de los actores bajo el
supuesto de que tales personas agotaron las instancias decisorias respectivas
dentro de la jurisdicción ordinaria mediante la interposición oportuna del
recurso ordinario de apelación y del extraordinario de Casación. Lo que
significa que las personas que resultaron amparadas en sus derechos
desarrollaron una conducta procesal activa durante el proceso ordinario, y
después de finalizado éste, ante la inexistencia de otro mecanismo de defensa
judicial, acudieron a la acción de tutela como mecanismo subsidiario para la
protección de los derechos fundamentales. Situación que como ha sido demostrado
a lo largo de la presente sentencia dista de ser similar a la de la señora
Palacio de Ortiz”. En idéntica dirección se puede consultar la sentencia
T-080 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas).
[78] Cfr.
Sentencias T-266
de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas), T-012 de 2008 (M.P. Marco Gerardo
Monroy), T-014 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy), T-046 de 2008 (M.P. Marco
Gerardo Monroy), T-129 de 2008 (M.P. Humberto Sierra Porto), T-311 de 2008
(M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-991 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas), entre
otras.
[79] Cfr.
Sentencias T-999 de 2007 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-046 de 2008 (M.P.
Marco Gerardo Monroy), T-908 de 2008 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-076 de
2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), y T-266 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas).
[80] Cfr.
Sentencias T-012 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy), T-908 de 2008 (M.P.
Nilson Pinilla Pinilla), T-107 de 2009 (M.P. Clara Elena Reales), T-141 de 2009
(M.P. Mauricio González Cuervo) y T-266 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas).
[81] Cfr.
Sentencias SU-120 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), C-862 de 2006 (M.P.
Humberto Sierra Porto), C-891 A de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-696 de
2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y T-457 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas).
[82] Cfr.
Sentencias T-014 de 2008 (M.P. Jaime Córdova Triviño), T-130 de 2009 (M.P. Humberto
Sierra Porto), T-141 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-366 de 2009
(M.P. Jorge Iván Palacio) y T-266 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas).
[83] Cfr.
Sentencias T-266
de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas), T-628 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza), T-089 de 2008 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-1251 de 2008 (M.P.
Jaime Córdova Triviño) y T-908 de 2008 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
[84] La
Sala de Casación Laboral de la C. S. J. en algunas ocasiones también ha
sostenido que la pensión debe haberse causado con posterioridad a la entrada en
vigencia de la ley 100 de 1993.
[85] En la
sentencia T-362 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao) la
Corte advirtió: “La edad de los afectados ha sido un elemento pilar
de los fallos que han concedido la acción de tutela en estos casos, no
solamente por el derecho a gozar de una especial protección constitucional
consagrado en el artículo 46 de la
Constitución Política, sino porque la combinación de la pérdida del poder
adquisitivo del ingreso con el aumento de la edad, genera inminente el
perjuicio irremediable que eventualmente puede recaer sobre estos sujetos”.
[86]
Sentencias T-628 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza), T-130 de 2009 (M.P.
Humberto Sierra Porto), T-1251 de 2008 (M.P. Jaime Córdova Triviño), T-908 de
2008 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-129 de 2008 (M.P. Humberto Sierra Porto)
y T-1059 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy).
[87] Cfr.
Sentencia
T-266 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas). En sentido similar las decisiones
T-141 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-1251 de 2008 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño), T-908 de 2008 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-014 de 2008 (M.P.
Marco Gerardo Monroy)
y T-1059 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy).
[88] A modo de ilustración, recientemente el Congreso de la
República dictó la Ley 1448 de 2011 en la que fijó
medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado interno. Pese a que el artículo 208 ejusdem señaló que “la
presente ley rige a partir de su promulgación” (lo cual ocurrió el 10 de junio
2011), su artículo 3 al delimitar los requisitos que debe reunir una persona
para acceder a la calificación de víctima para los efectos de la mencionada
ley, incluyó a las personas que individual o colectivamente hubieren sufrido un
daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como
consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. De manera
semejante, el artículo 75 ejusdem otorgó el derecho a la restitución, a las
personas que hubieren sido víctima de despojo entre el 1 de enero de 1991
y el término de vigencia de la ley, comprendiendo con ello situaciones
jurídicas consolidadas no solo con anterioridad a la vigencia de la
Ley 1448 de 2011, sino incluso a la entrada en vigor de la actual
Constitución. La constitucionalidad de estas disposiciones por cargos relativos
al principio de igualdad fue avalada por la
Corte Constitucional en sentencia C-250 de 2012 (M.P. Humberto Sierra Porto).
[89] Cfr. Sentencias
C-1126 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda) y C-121 de 2010 (M.P. Juan Carlos
Henao), entre otras.
[90] Entre otras
hipótesis, esta posibilidad ha sido aplicada en relación con el requisito de fidelidad
de la pensión de invalidez, que se encontraba contenido en el artículo 1 de la
Ley 860 de 2003. Puede ser consultada, entre muchas otras, la sentencia T-482
de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas).
[91] Cfr. Sentencia
T-110 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas).
[92] En sentencia C-291 de 2012 (M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza), la Corte Constitucional conoció la acción pública de
inconstitucionalidad formulada contra varios preceptos derogados, que en
vigencia de la Carta de 1886 habían excluido a la compañera permanente de la
titularidad del derecho a la pensión de sobrevivientes. En aquella oportunidad
el Pleno de la Corte entendió que los problemas alusivos a la aplicación de las
normas jurídicas en el tiempo, compete a los jueces del caso concreto.
Igualmente, aunque desestimó los cargos por no cumplir los presupuestos
procesales de la acción, puntualizó que las compañeras permanentes que hubieren
causado la prestación con anterioridad a la entrada en vigor de la
Carta Política de 1991, tenían derecho a reclamar la prestación ante los
jueces de la república, con lo cual acogió la posición sobre aplicación
retrospectiva de la Constitución plasmada en la sentencia T-110 de 2011. En esa
dirección, apuntó: “Se puede afirmar, en síntesis, que la demanda no plantea
un auténtico cargo de inconstitucionalidad y que se refiere a un problema de
aplicación que no tiene su origen en las disposiciones derogadas que se
demandan, en la medida en que han dejado de producir efectos jurídicos, sino en
la Constitución y las leyes posteriores que otorgaron a los compañeros o
compañeras permanentes derechos que antes no les habían sido reconocidos,
siendo del resorte de la autoridad respectiva decidir si son aplicables los
preceptos constitucionales invocados y/o las nuevas regulaciones legales a
situaciones definidas según las disposiciones derogadas, así como determinar
si, en caso de ser factible la aplicación de la
Carta, se le debe aplicar retroactiva o retrospectivamente.||La acción pública
de inconstitucionalidad cuando es utilizada para ventilar cuestiones relativas
al fondo de las regulaciones cuyo enjuiciamiento se pretende, no tiene por
cometido resolver los conflictos generados por regulaciones sucesivas en el
tiempo, sino verificar si la ley vigente o que produce efectos no obstante su
derogación se acomoda al contenido de su preceptiva superior o la
contradice.||Así pues, aunque no cabe desarrollar el juicio de
constitucionalidad solicitado por no haberse planteado un cargo que apunte a
demostrar la contrariedad de disposiciones de ley con lo establecido en la
Carta, queda a salvo la posibilidad de cuestionar ante la administración o
judicialmente las decisiones contrarias a las pretensiones de compañeras o
compañeros permanentes que, fundándose en la
Constitución, consideren que tienen derecho a una prestación que se les niega
con base en preceptos derogados, si  lo estiman pertinente y en ejercicio de
los recursos y acciones previstos en el ordenamiento jurídico”.
[93] En sentencia T-110 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas)
la Sala Novena de Revisión realizó una recopilación de la jurisprudencia
nacional en relación con la aplicación retrospectiva de la ley. La
Sala recalcó que la tesis sobre la retrospectividad de las disposiciones
jurídicas fue introducida por la
Corte Suprema de Justicia en sentencia del 12 de noviembre de 1937
precisamente en el escenario del control constitucional sobre disposiciones
jurídicas del derecho del trabajo. Igualmente, puntualizó que la
Corte Suprema de Justicia en decisión de constitucionalidad del 25 de julio de
1991 precisó que la
Constitución Política de 1991 extiende retrospectivamente sus efectos sobre la
legislación preconstitucional (f.j. 20.2 y 25). Finalmente, sobre la
distinción entre irretroactividad de las disposiciones jurídicas y su aplicación
retrospectiva, la sentencia T-110 de 2011 en comento, aseguró: “La Corte Constitucional en sentencia T-389 de 2009 puntualizó que el efecto en el tiempo de las normas jurídicas es por
regla general, su aplicación inmediata y hacia el futuro, “pero con
retrospectividad, […] siempre que la misma norma no disponga otro efecto
temporal…”. De este modo, “aquello que dispone una norma jurídica debe
cumplirse de inmediato, hacia el futuro y con la posibilidad de afectar
situaciones que se han originado en el pasado (retrospectividad), es decir,
situaciones jurídicas en curso al momento de entrada en vigencia de la
norma”.||Ahora bien, en
lo atinente a la retroactividad de la ley, la jurisprudencia constitucional ha
señalado “que la ley tiene efectos retroactivos cuando se aplica a situaciones
ya definidas o consolidadas de acuerdo con leyes anteriores”[93], mientras que
la irretroactividad de la legislación es un dispositivo que se refiere “a la imposibilidad genérica de afectar
situaciones jurídicas consolidadas, a partir de la entrada en vigencia de una
disposición jurídica nueva. El alcance de esta prohibición, consiste en que la
norma no tiene per se la virtud de regular situaciones que se han consolidado
jurídicamente antes de su promulgación. Ello sería posible sólo si la misma
norma así lo estipula”. (…) || Finalmente, el fenómeno de la retrospectividad
de las normas de derecho se presenta, como ya se anticipó, cuando las mismas se
aplican a partir del momento de su vigencia, a situaciones jurídicas y de hecho
que han estado gobernadas por una norma anterior, pero cuyos efectos jurídicos
no se han consolidado al momento de entrar a regir la nueva disposición. Este
instrumento ha sido concebido por la jurisprudencia nacional como un límite a
la [irretroactividad], asociando su propósito a la satisfacción de los
principios de equidad e igualdad en las relaciones jurídicas de los asociados,
y a la superación de aquellas situaciones marcadamente discriminatorias y
lesivas del valor justicia que consagra el ordenamiento jurídico colombiano, de
conformidad con los cambios sociales, políticos y culturales que se suscitan en
nuestra sociedad”.
[94] En relación con la aplicación retrospectiva de la
Constitución de 1991, la sentencia T-110 de 2011 ibídem, precisó: “28.- En
suma, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha señalado que las disposiciones de la
Constitución Política de 1991 se aplican retrospectivamente a aquellas
situaciones jurídicas que estaban en curso al momento de entrada en vigencia de
la nueva Carta. En estos casos se debe tener en cuenta que (i) la norma
fundamental de 1991 tiene efecto general e inmediato; (ii) se presume la
subsistencia de la legislación preexistente, con excepción de aquellas
disposiciones que no armonizan con las nuevas reglas constitucionales ya que;
(iii) el contenido normativo de la
Constitución de 1991 se proyecta a las normas jurídicas de inferior jerarquía
que nacieron a la vida jurídica bajo el imperio de la
Carta de 1886. Finalmente, (iv) en sede de tutela el factor relevante para
establecer la aplicación retrospectiva de la norma fundamental del 91 es la
actualidad de la afectación iusfundamental.”.
[95] En
un sentido semejante el Tribunal Constitucional en sentencia T-502 de 2002
(M.P. Eduardo Montealegre Lynett) indicó: “Al considerarse, en el ámbito de
la certeza y estabilidad jurídica (seguridad jurídica), la existencia de
precisos términos para que la administración o el juez adopten decisiones y el
principio de conocimiento de las normas aplicables al caso concreto, se sigue
que dichos términos fijan condiciones de estabilización respecto de los cambios
normativos. De ahí que, durante el término existente para adoptar una decisión,
la persona tiene derecho a que sean aplicadas las normas vigentes durante dicho
término. No podría, salvo excepcionales circunstancias en las cuales opera la
favorabilidad o por indiscutibles razones de igualdad, solicitar que se le
aplicaran aquellas disposiciones que entren en vigencia una vez se ha adoptado
la decisión. Es decir, una vez vencido el término fijado normativamente para
adoptar una decisión opera una consolidación de las normas jurídicas aplicables
al caso concreto. Consolidación que se torna derecho por razón del principio de
seguridad jurídica y, además, constituye un elemento del principio de legalidad
inscrito en el derecho al debido proceso.”.
[96] En
general pueden consultarse las siguientes decisiones de la
Corte Constitucional: Sentencias SU-917 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio)
SU-1158 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy), T-951 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur
Galvis), Autos 235 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), 149A de 2003
(M.P. Jaime Araujo Rentería), 010 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), 127 de
2004 (M.P. Jaime Araujo Rentería), 141B de 2004 (M.P. Álvaro Tafur Galvis),
085 de 2005 (Jaime Córdoba Triviño), 96B de 2005 (M.P. Humberto Antonio
Sierra), 184 de 2006 (M.P. Jaime Araujo Rentería), 249 de 2006 (M.P. Marco
Gerardo Monroy), 045 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy) y 235 de 2008 (M.P.
Marco Gerardo Monroy), entre otros.
[97] A
manera de ilustración, es pertinente recordar la reflexión efectuada por la
Sala Novena de Revisión en el caso concreto de la sentencia T-266 de 2011
(M.P. Luis Ernesto Vargas): “La Sala evidencia entonces que el salario
promedio, base de liquidación de la pensión vitalicia de jubilación reconocida
por el Banco Cafetero al señor Carlos E. Lozano López, no fue actualizado entre
el momento en que efectivamente se devengó (1978 y 1979) y el instante a partir
del cual reconoció el derecho por el cumplimiento del requisito de edad el 7 de
noviembre de 1995.||Así, el salario promedio sobre el cual debía aplicarse una
tasa de retorno del 75% pasó de equivaler 9.3 SMLMV aproximadamente en el año 1979,
a corresponder a cerca de 0.3 SMLMV a 1995, por lo cual, es notorio el
detrimento económico que sufrió la prestación de jubilación del actor por
efecto de la inflación acaecida entre los años 1979 y 1995, pérdida que en modo
alguno puede entenderse subsanada con la nivelación a un (1) salario mínimo mensual
vigente que realizara la demandada en la resolución del 6 de febrero de 1996, puesto
que ello no obedece a verdaderos parámetros de indexación sino al cumplimiento
de un mandato que prohíbe el pago de pensiones inferiores a ese valor.”.
[98] La Sala acude a esta
fórmula en tanto ha sido la reiteradamente aplicada por esta Corporación. Al
respecto pueden ser consultadas las sentencias T-098 de 2005 (M.P. Jaime Araujo
Rentería), T-815 de 2007 (M.P. Clara Inés Vargas), T-311 de 2008 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil), T-789 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-425 de 2009 (M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza) y T-628 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza), T-266
de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas), entre muchas otras.
[99] Al respecto, en sentencia 38680 del 30 de agosto de 2011,
la Sala de Casación Laboral determinó que el término de prescripción de las
diferencias pensionales adeudadas se interrumpe así: “En efecto, por décadas
se ha clarificado por esta Sala de la Corte, que lo que corresponde a la
genuina lectura de las preceptivas 488 y 489 del C.S.T. y 151 del estatuto
procesal laboral y de la seguridad social, el término de los tres años a que se
alude en la normativa atrás referida para la prescripción de las acciones, se
cuenta <desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible>, pues
precisamente el soporte de la prescripción extintiva se percibe en la inercia
del acreedor de reclamar  el cumplimiento de la eventual obligación. Por ello,
es que el término de prescripción no puede  contarse antes de la expiración del
plazo consagrado legalmente y menos a  probables obligaciones o derechos
futuras. (…) En sede instancia,  se tiene que el actor fue pensionado a partir
del 15 de agosto de 1995, fecha a partir de la cual se inició la
contabilización del término de prescripción de tres años, el que interrumpió el
actor el 16 de octubre de 1996 con la reclamación gubernativa, por lo que los
tres años se cumplieron el 16 octubre de 1999; sin embargo, como transcurrieron
tres años a partir de ésta última fecha sin que se presentara la demanda, ya
que esto sólo ocurrió el <23 de mayo de 2005> según el sello de la
Oficina judicial del folio 9 vuelto del cuaderno 1, obvio es que para las
diferencias pensionales condenadas por el ajuste del ingreso base de
liquidación de tal prestación, causadas del 23 de mayo de 2002 hacia atrás,
operó el fenómeno de la prescripción.||En consecuencia, se ordenará el pago de
la diferencia entre la pensión que le venía pagando la
Caja Agraria, y el valor de la mesada cuyo incremento se decretó, desde el 23
de mayo de 2002 hasta el último de agosto de 2011…”. (Énfasis en el
original)
[100]
Entre otras, pueden ser consultadas las sentencias T-457 de 2009
(M.P. Luis Ernesto Vargas); T-906 de 2009 (M.P. Mauricio González
Cuervo) y; T-901 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao).
[101] La Sala acude a esta
fórmula en tanto ha sido la reiteradamente aplicada por esta Corporación. Al
respecto pueden ser consultadas las sentencias T-098 de 2005 (M.P. Jaime Araujo
Rentería), T-815 de 2007 (M.P. Clara Inés Vargas), T-311 de 2008 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil), T-789 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-425 de 2009 (M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza) y T-628 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza), T-266
de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas), entre muchas otras.
[102]
Entre otras, pueden ser consultadas las sentencias T-457 de 2009
(M.P. Luis Ernesto Vargas); T-906 de 2009 (M.P. Mauricio González
Cuervo) y; T-901 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao).