T-587-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-587/08
ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Y PATRIMONIO
AUTONOMO REGIONAL-Terminación contrato de trabajo
de madres cabeza de familia por supresión de cargo de telefonista nacional por
liquidación definitiva de Telecom después de haber sido reintegrada en virtud
de acción de tutela
ADMINISTRACION PUBLICA-Límites a la
facultad para adelantar reformas institucionales
CONSTITUCION POLITICA-Posibilidad de que
autoridades implementen programas de reforma institucional en todos los niveles
PROCESO DE REESTRUCTURACION-Inciden en
la comunidad en general como destinataria de la prestación del servicio y en los
trabajadores de la entidad a la que se le aplica la medida
Los procesos
de reestructuración pueden tener intensidades distintas cuyos efectos se
reflejan también en escalas distintas. Pero en ningún caso puede perderse de
vista que esos procesos repercuten en dos sectores bien definidos. De un lado,
inciden en la comunidad en general, quien es la destinataria final de la
prestación de un servicio o del cumplimiento de una función administrativa. Del
otro, los ajustes institucionales tienen consecuencias directas en los
trabajadores de la entidad a la que se aplica una medida de reestructuración.
Tal circunstancia exige entonces que las autoridades obren con la mayor
diligencia con miras a salvaguardar al máximo los derechos e intereses
legítimos de unos y otros. Así, frente a la comunidad en general la
Administración debe respetar los principios de la función administrativa
señalados en el artículo 209 de la Constitución (igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad). Y frente a los trabajadores
surge una clara obligación de respeto a sus derechos fundamentales,
particularmente en el marco de las relaciones laborales.
ADMINISTRACION PUBLICA-No es intangible,
puede reformarse incluyendo una readecuación de la planta física y de personal
PROCESO DE REESTRUCTURACION-Retiro de
personal debe ir acompañado de garantías necesarias para que el trabajador no
quede desprotegido de sus derechos
PROCESO DE REESTRUCTURACION-Debe
procurar garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores
PROCESO DE REESTRUCTURACION-Ejercicio
arbitrario puede implicar la afectación de derechos fundamentales susceptibles
de protección por vía de tutela
PROCESO DE REFORMA INSTITUCIONAL-Obligación
del Estado de garantizar de manera reforzada la permanencia y estabilidad de
las madres cabeza de familia
MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA LABORAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DENTRO DEL PROGRAMA DE RENOVACION-Creación del
retén social
PROTECCION LABORAL REFORZADA PARA MADRE CABEZA DE FAMILIA-Según Ley 790 de 2002
PROGRAMA DE RENOVACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA-Aplicación en el tiempo a servidores públicos retirados del
servicio
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-Aplicación
en el tiempo de los beneficios establecidos en la Ley 812 de 2003
MADRE CABEZA DE FAMILIA-Protección es
mandato constitucional y no puede limitarse su aplicación
MUJER EN CONDICION DE MADRE CABEZA DE FAMILIA-Protección especial de origen supralegal
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MADRE CABEZA DE FAMILIA-Garantía no constituye derecho absoluto
PROTECCION DEL RETEN SOCIAL PARA MADRES Y PADRES CABEZA DE FAMILIA-Unificación de jurisprudencia en sentencia SU388/05 y SU389/05
RETEN SOCIAL-Amparo otorgado a madres
cabeza de familia trabajadoras de Telecom no puede tener límites temporales
arbitrarios
PROCESO DE REFORMA INSTITUCIONAL-Incorporación,
reincorporación e indemnización son opciones a que tiene derecho un funcionario
inscrito en la carrera administrativa al que se le suprime el cargo con el fin
de preservar la estabilidad laboral
NORMAS QUE REGULAN EL EMPLEO PUBLICO, LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y LA
GERENCIA PUBLICA-Estipulan el derecho preferencial
a la reincorporación a un empleo de la nueva planta de personal igual o
equivalente
El artículo
44 de la ley 909 de 2004, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 87
del decreto 1227 de 2005 que la reglamenta parcialmente, estipulan el derecho
preferencial a ser incorporados a un empleo de la nueva planta de personal
igual o equivalente. En caso de no ser posible la incorporación, cuyo efecto es
inmediato y debe darse en la misma entidad, podrán optar también por ser
reincorporados a otros empleos vacantes equivalentes o a aquellos que se creen
en las plantas de personal: (i) en misma entidad; (ii) en la entidad que asuman
las funciones del empleo suprimido; (iii) en las entidades del sector
administrativo al cual pertenecía la entidad y (iv) en cualquier entidad de la
rama ejecutiva. También podrán recibir una indemnización, cuando lo
anteriormente señalado no sea posible.
CARGO EQUIVALENTE A OTRO-Requisitos
Un cargo es
equivalente a otro cuando: (i) tiene asignadas funciones iguales o similares;
(ii) para su desempeño se exijan requisitos de estudio, experiencia y
competencias laborales iguales o similares; y (iii) tengan una asignación
básica mensual igual o superior.
ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Y PATRIMONIO
AUTONOMO REGIONAL-No es aplicable la incorporación
o reincorporación por no ser el cargo de telefonista nacional de carrera
administrativa
ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Y PATRIMONIO
AUTONOMO REGIONAL-Improcedencia de la incorporación
o reincorporación por haber concluido el proceso de liquidación de Telecom y no
existir equivalencia en el empleo
Referencia: expediente T-1525309
Acción de tutela instaurada por Ruth Sarmiento Garzón y otras contra
la Presidencia de la República, el Ministerio de Comunicaciones, Colombia
Telecomunicaciones S.A. ESP y el Patrimonio Autónomo de Remanentes P.A.R.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá D.C. doce
(12) de junio de dos mil ocho (2008).
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional integrada por
la magistrada Clara Inés Vargas Hernández y los magistrados Jaime Araujo
Rentería y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Nacional y en los artículos 33
y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos
por la Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en primera instancia, y la Subección A, Sección Segunda de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia, en
el trámite de la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
Las ciudadanas Ruth Sarmiento Garzón, Marisol Castaño Losada,
Patricia Roldán Arévalo, Antonia de Jesús Mosquera Palacios, Belén Herrera,
Rosa María Vargas Méndez, Sofy Alexandra Cruz Ortíz y Claudia Margarita López
Moncada, en representación de sus menores hijos y a través de apoderado
judicial, el día 30 de agosto de 2006, presentaron acción de tutela en contra
de la Presidencia de la República, el Ministerio de Comunicaciones, Colombia
Telecomunicaciones S.A. ESP y el Patrimonio Autónomo de Remanentes - PAR, con
el objetivo de obtener amparo judicial de los derechos fundamentales de los
niños, así como sus derechos a la salud, la seguridad social, la educación y los
que en escrito de la demanda denominan derecho a la alimentación equilibrada de
la familia, a la cultura, a la recreación, a la igualdad, al trabajo, a la
mujer cabeza de familia, a los derechos del trabajador, al debido proceso y al
libre desarrollo de la personalidad.
A continuación se resume los fundamentos fácticos sobre los cuales
las ciudadanas apoyaron sus pretensiones de tutela:
1.- Las accionantes se vincularon a la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones – Telecom, mediante contratos de trabajo a término
indefinido, con categoría de trabajadoras oficiales atendiendo la naturaleza de
la entidad.
2.- En los meses de septiembre y octubre de 2003, Telecom – en liquidación-,
les comunicó por escrito, que una vez establecida su condición de madres cabeza
de familia serían “beneficiarias del reten social y por ende deberían
continuar laborando hasta la culminación del programa de Renovación de la
Administración Pública, conforme al artículo 16 del Decreto 190/03.”
4.-No obstante lo anterior, el 22 de enero de 2004, Telecom – en liquidación-
comunicó a las accionantes que sus contratos de trabajo “se dan por
terminados por mandato legal a partir del 1ª de febrero…”
5. Ante tal situación y en virtud de las acciones de tutela
instauradas por varias madres cabeza de familia afectadas, la Corte
Constitucional expidió la sentencia SU-388 de 2005 en la que luego de
considerar aspectos como la condición constitucional de las madres cabeza de
familia como sujetos de especial protección y las acciones afirmativas
adelantadas en su favor, ordenó al liquidador de Telecom – en liquidación - el
reintegro de las demandantes sin solución de continuidad desde la fecha en que
fueron desvinculadas de la entidad y hasta la terminación definitiva de la
existencia jurídica de la empresa.
6.- En cumplimiento del fallo referido, el 20 de mayo de 2005,
Telecom – en liquidación- informó por escrito a las madres cabeza de familia la
posibilidad de solicitar a la empresa el reintegro en virtud de la protección
contenida en el artículo 12 de la ley 790 de 2002 y en cumplimiento de la
sentencia SU-388 de 2005 recientemente expedida por la Corte Constitucional.
7.- En el mes de junio de 2005, el apoderado general de Telecom – en
liquidación-, les informó a las actoras mediante escrito que habían sido
reintegradas a sus cargos sin solución de continuidad, para lo cual la entidad constató
una vez más su condición de madres cabeza de familia.
8.- En el mes de septiembre de 2005, Telecom- en liquidación- le
informa a las accionantes por escrito que ha dispuesto enviarlas en comisión de
servicios a diversas entidades del Estado como el Instituto de Bienestar
familiar y la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otras, atendiendo
la solicitud realizadas por las actoras.
9.- Pese a lo anterior, el 1ª de febrero de 2006, sin mediar información
previa, se les impidió el ingreso a los sitios de trabajo, como se desprende
del acta de visita de inspección realizada por el inspector 13 de Trabajo.
10.- A mediados del mes de febrero de 2006, mediante oficios
suscritos por el apoderado general para la liquidación de Telecom, se les
informó a las demandantes que todos los cargos quedaron automáticamente suprimidos
y que el 31 de enero de 2006 operó la terminación de sus contratos de trabajo. Agregan
que aunque “El oficio esta datado 31 de enero de 2.006, empero de su
contenido y por la fecha de remisión, es claro que su elaboración fue posterior
a la fecha antes citada”.
11.- Para concluir, afirman que hasta la fecha de la presentación de
la presente acción, las peticionarias no han sido reubicadas dentro de la
administración pública nacional, lo cual ha representado la vulneración de los
derechos invocados.
12.- En relación con las normas que regulan la transformación y
liquidación de Telecom señaló el apoderado judicial de las accionantes las
siguientes consideraciones:
En primer lugar afirma que en el marco del programa de renovación de
la administración pública, para lo cual se facultó al Presidente de la República
para crear, suprimir, fusionar o transformar las entidades que se requirieran, el
11 de junio de 2003, se planteó como una opción viable en materia del
mejoramiento del servicio de telecomunicaciones, la liquidación de Telecom y las
Teleasociadas y la consiguiente creación de una nueva empresa para
reemplazarlas en una sola con las herramientas necesarias para lograr la
optimización del servicio, disponiendo en todo caso, como una de las premisas a
tener en cuenta, la de la continuidad en la prestación del servicio.
Fue así como el 12 de junio de 2003, el Gobierno Nacional expidió el
decreto 1615 de 2003, mediante el cual suprimió Telecom y las Teleasociadas, ordenó
la creación de la nueva empresa Colombia Telecomunicaciones S.A. y determinó que
la liquidación debería concluir a más tardar en un plazo de 2 años contados a
partir de su vigencia, prorrogables hasta por un plazo igual, es decir hasta el
12 de junio de 2005, sin exceder del 11 de junio de 2007.
En segundo lugar, estima que dentro de los fundamentos legales
citados para la expedición del Decreto de supresión y liquidación de Telecom, además
de las facultades previstas en el numeral 15 del artículo 189 de la
Constitución Política, el artículo 52 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto – Ley
254 de 2000, se debió invocar como fuente normativa, el artículo 12 de la Ley
790 de 2002, tal como lo precisó la Corte Constitucional en su sentencia SU-388
de 2005, puesto que las consideraciones allí previstas resultan plenamente
aplicables al proceso de reforma de la entidad.
En tercer lugar, sostiene que pese a que mediante el Decreto 2062 de
2003, se dispuso la supresión de 6974 cargos de la planta de personal de
Telecom –en liquidación-, fue necesario que el Gobierno Nacional expidiera los
decretos 1834 de 2004, 2764 y 4607 de 2005, mediante los cuales se ordenó la
creación de varios cargos, con el fin de facilitar el reintegro de madres y
padres cabeza de familia amparados por la norma contentiva del reten social en
cumplimiento de las sentencias SU-388 y SU-389 de 2005.
Por último, señala que no obstante que para el 31 de enero de 2006, no
se habían finalizado todos los actos propios de la liquidación, fue suscrita el
acta de liquidación de la empresa, la cual fue publicada en el Diario Oficial
No.46.168 del 31 de enero de 2006.
13.- Como sustento de la violación de los derechos fundamentales por
haber terminado las relaciones laborales de las actoras sin que hubieren sido
reubicadas en otras entidades de la administración pública, el apoderado
judicial de las peticionarias señaló lo siguiente:
Afirma que está suficientemente demostrado que las peticionarias son
madres cabeza de familia en tanto que son mujeres con hijos menores que
dependen económicamente y de manera exclusiva de ellas; derivan sus ingresos
familiares únicamente del salario que devengan de la entidad a la cual se
encuentran vinculadas; no cuentan con ayuda de los miembros de su núcleo
familiar; y sus capacidades laborales no han sido puestas en duda. Por tal
razón, gozan de una protección reforzada lo que significa que las autoridades
públicas, están en el deber de brindarles apoyo en todas las esferas de su vida
con el propósito de aliviar y hacer menos gravosa la carga de sostener su
familia, como núcleo esencial de la sociedad.
Con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, estima
que la desvinculación de estas personas en un proceso de reestructuración, se
convierte en un obstáculo más a su ya difícil situación, en tanto que les
genera dificultad en la consecución de un nuevo empleo y sus ingresos
económicos se ven significativamente reducidos, ya que deben atender en forma
exclusiva los gastos familiares.
Destaca la especial protección constitucional que tienen los niños y
la prevalencia de sus derechos fundamentales que los hace merecedores de un
tratamiento especial y prioritario por parte del Estado al igual que las madres
cabeza de familia.
Precisa que en el proceso de renovación de la administración
pública, es indispensable para su conducencia la especial protección de los
derechos laborales de los servidores públicos vinculados a las entidades y organismos
sujetos a reformas o reestructuraciones. Por tanto, tal proceso debe procurar
garantizar el respecto de la dignidad de los trabajadores, su estabilidad, la
implementación de mecanismos que aseguren su reubicación dentro de la entidad y
la protección de sus derechos irrenunciables.
Dentro del marco de acción delimitado por las leyes 489 de 1996 y 790
de 2002, si bien el Gobierno Nacional está autorizado por ley para adelantar dentro
de los programas de renovación de la administración pública, la supresión de
cargos, las madres cabeza de familia no podrán ser retiradas del empleo puesto
que son sujetos de especial protección constitucional y por tanto surge la
obligación de reubicarlas o garantizarles la continuidad laboral, figuras que
no son ajenas al derecho laboral. El artículo 12 de la Ley 790 de 2002 contempla
una estabilidad laboral reforzada a favor de este grupo de personas, lo que
significa que no podrán ser retiradas del servicio puesto que debe proteger al
grupo familiar que depende de ella, en especial a los niños, cuyos derechos
tienen prevalencia sobre los demás. La protección entonces, no es solo por el
hecho de ser mujer sino por tener la responsabilidad de la familia como núcleo
fundamental de la sociedad.
La necesidad de reestructurar el aparato estatal, trae como
consecuencia el enfrentamiento de derechos que deben ser ponderados bajo los
siguientes criterios: (i) Preferirse la solución que otorgue mayores garantías
a los derechos de niños y a las niñas, para lo cual se deberá acudir incluso a tratados
internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad; (ii) respetar
rigurosamente la estabilidad laboral reforzada de las madres cabeza de familia,
a quienes se les debe brindar alternativas diferentes al retiro del servicio, siendo
la indemnización la última y más lejana de las alternativas puesto que su especial
condición disminuye las posibilidades de conseguir un nuevo empleo y su salario
constituye el presupuesto básico del sostenimiento familiar. Por ello, resulta
aplicable el principio de la armonización concreta que permite adelantar el
proceso de renovación de la administración de un lado y, al mismo tiempo la
reubicación o traslado a otras instituciones y (iii) alternativas tales como la
reubicación, incorporación, reincorporación, traslados interinstitucionales,
reenganche laboral dentro de la administración pública, se consideran viables,
por cuanto existen cargos en la rama ejecutiva y en la Empresa Colombia
Telecomunicaciones S.A. ESP, que en su página Web está brindando oportunidades
de trabajo y además por cuanto, las madres cabeza de familia ha demostrado
interés por participar activamente en el desarrollo de las funciones públicas.
Precisa que la Corte Constitucional en la sentencia SU-388 de 2005, en
ningún momento limitó en el tiempo la protección constitucional hasta la
terminación definitiva de la existencia jurídica de la empresa, puesto que
reiteradamente ha sostenido que la misma perdura mientras ostenten dicha
condición.
Solicitud de
tutela.
14.- Las actoras
solicitan que se amparen los derechos invocados y, en consecuencia, (i) se
ordene al Gobierno Nacional reubicarlas, sin solución de continuidad, en la
Administración Pública Nacional en cargos de igual o superior jerarquía a los
que ocupaban; de igual manera; (ii) que se ordene el pago de los sueldos,
primas, bonificaciones y demás prestaciones a que tengan derecho desde el
momento en que fueron retiradas del servicio, y hasta cuando sean efectivamente
reubicadas.
Como petición subsidiaria y en caso de no ser posible la reubicación,
solicitan el pago de la indemnización plena, “esto es, que a más de la
indemnización convencional por la terminación de los contratos de trabajo se
disponga el pago de todos y cada uno de los emolumentos que percibirían de
haberse respetado su estabilidad reforzada de madres cabeza de familia,
derivadas de la voluntad soberana plasmada en la Ley 790/02, la cual fue
expedida por iniciativa del Presidente.”
Intervención
de las entidades demandadas
Patrimonio
Autónomo de Remanentes – PAR -
15.- Mediante escrito presentado el 4 de septiembre de 2006, el Jefe
de la Unidad de Gestión y Apoyo Jurídico del Patrimonio Autónomo de Remanentes
– PAR -, precisó previamente que Telecom – en liquidación-  se encuentra
jurídicamente extinta desde el 31 de enero de 2006, de conformidad con lo
dispuesto entre otras normas en el artículo 2° del Decreto – Ley  254 de 2000[1],
el artículo 36 del Decreto 1615 de 2003[2] y el artículo 1° del
Decreto 4781 de 2005[3] y según acta final de
liquidación publicada en el Diario Oficial No.46.168 del 31 de enero de 2006.
16.- Sostiene que el Patrimonio que representa no ha vulnerado
derecho fundamental alguno de las actoras, por cuanto no
tiene la calidad de sucesor ni subrogatorio de la empresa extinta, ni su
creación corresponde a un cambio de razón social de dicha empresa. Es un sujeto
de derecho privado, regido por el contrato de fiducia mercantil y por tanto no
puede ser considerado como sujeto pasivo de la presente acción de tutela,
puesto que no ha existido vínculo laboral alguno con las accionantes, ni
tampoco son destinatarios de sus derechos y obligaciones.
17.- Para explicar lo anterior, precisa que Telecom - en Liquidación
- y las Teleasociadas - en Liquidación -  suscribieron el contrato de fiducia
mercantil para administrar el Patrimonio Autónomo de Remanentes – PAR con el
Consorcio Remanentes Telecom, conformado por Fiduagraria S.A. y Fidupopular
S.A., el cual carece de personería jurídica y está constituido por un conjunto
de bienes con la destinación señalada en las normas y en el propio contrato.
18.- De otra parte, estima que la Corte Constitucional en sus
sentencias SU-388 y SU-389 de 2005, “fue clara en cuanto a que la
permanencia del personal separado del servicio, operaba únicamente durante la
existencia legal de TELECOM EN LIQUIDACION”. Esto ha sido reiterado en
varios fallos por la Corte Constitucional, entre ellos en la Sentencia T-486 de
2006, en la cual se reconoció que por la inexistencia de la empresa no era
procedente el reconocimiento del derecho reclamado y por ende la solicitud de
reintegro se tornaba inocua.
19.- Finalmente, indica que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 12.29 del Decreto 1615 de 2003, modificado por el Decreto 4781 de
2005, es claro que la responsabilidad del PAR se sujeta a los procesos y
reclamaciones notificados durante la existencia jurídica de Telecom – en
liquidación – que hayan sido debidamente identificados por el liquidador, hecho
que en el presente caso no se da toda vez que la presente acción se interpuso
con posterioridad al cierre de ese proceso y por tanto las obligaciones que pudieran
surgir no pueden ser asumidas por el PAR.
Por lo anterior, solicita al juez constitucional sean denegadas las
pretensiones de la demanda, dado que ninguna ha sido formulada en contra del
PAR.
Ministerio de Comunicaciones
20.- La Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Comunicaciones, dio
respuesta a la acción de tutela mediante escrito allegado al proceso el 4 de
septiembre de 2006, en el que solicitó al juez de instancia no acceder a las
pretensiones de las actoras, argumentando lo siguiente:
20.1.- Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, considera
irrazonable sostener que la protección laboral reforzada genere un deber perpetuo
en cabeza del empleador, pues tal afirmación constituye una carga incompatible
con la autonomía y la libertad de las personas. Por tanto, estima que el
despido de las personas que gozan de esta protección, es procedente de existir
una justa causa.
20.2.- Telecom en liquidación no era una dependencia del Ministerio,
sino que se trataba de una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden
nacional vinculada al Ministerio de Comunicaciones, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio e independiente. Esta entidad ya
no existe, se extinguió por haberse culminado su periodo de liquidación.
20.3.- Ni la ley ni la jurisprudencia soportan la pretensión de las demandantes
de ser reubicadas en la administración  nacional, toda vez que específicamente
en la sentencia SU-388 de 2005, la Corte Constitucional señaló que la
protección reforzada se extendía únicamente hasta la liquidación definitiva de
Telecom, la cual ya se llevó a cabo a partir del 31 de enero de 2006.
20.4.- Las pretensiones de la demanda de tutela son improcedentes en
la medida en que la protección del derecho a trabajar en el  Estado no está
consagrada. Así, entonces, habiendo desaparecido el cargo, la protección
especial se pierde puesto que la misma se las daba la existencia de la entidad
donde existía el cargo. La protección no era en abstracto respecto de todo el
Estado, sino en concreto respecto de la entidad en la cual trabajaban y el
cargo que desempeñaban. La interpretación según la cual la protección otorgada
en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 es ilimitada al considerar que no podía
haber separación del servicio no obstante haber desaparecido físicamente la
entidad, choca con el desarrollo de la ley y su entendimiento natural.
20.5.- También estima
improcedente la acción puesto que el marco de la reclamación fue definido claramente
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-388 de 2005, al afirmar que “la
permanencia del personal separado del servicio y reintegrado conforme esa
sentencia de unificación por tratarse de madres cabeza de familia, operaba
mientras exista TELECOM en liquidación, pero no dice que TELECOM en
liquidación no pueda terminar labores ni menos que nunca el personal pueda
ser separado definitivamente del servicio.” No hay requisito distinto a que
la liquidación termine. Así lo planteó también en la
sentencia T-792 de 2004, en la que afirmó que la estabilidad laboral de la
accionante debe garantizarse hasta el momento en que Telecom pierda
definitivamente su personería jurídica.
20.6.- Al
pronunciarse sobre cada uno de los hechos alegados por las demandantes, el
Ministerio accionado pone de presente que no ha existido vulneración de los
derechos fundamentales invocados toda vez que no ha tenido relación laboral
alguna con las accionantes, la legislación no prohíbe que las empresas dejen de
existir y la interpretación uniforme de la jurisprudencia constitucional ha
sido la de considerar el límite temporal de la protección especial y no un
derecho perpetuo en cabeza del empleador, pues es una carga irrazonable.
20.7.- Por
último, aclara que en este momento no existe instancia alguna que tenga la
facultad de atender procesos nuevos relacionados con la entidad liquidada. Precisa
que existen tres patrimonios autónomos relacionados con la extinta Telecom: (i)
PAR – Patrimonio Autónomo de Remanentes (Decretos 1615 de 2003 y 4781 de 2005)
cuya finalidad consiste entre otras, en la administración de los activos y de
los archivos, así como la atención de obligaciones remanentes y contingentes y
de los procesos judiciales o reclamaciones en curso al momento de la
terminación del proceso liquidatorio. Por tanto, es ese Patrimonio Autónomo  “el
que podrá dar razón de los antecedentes de la relación jurídica que haya podido
existir entre la parte tutelante y esa empresa industrial y comercial del
estado hoy liquidada.”; (ii) PARAPAT – (Decretos 1615 de 2003 y 47 81 de
2005), que tiene como finalidad administrar y enajenar los bienes afectos al
servicio de las telecomunicaciones de la extinta Telecom, para lo cual recibe
una contraprestación del gestor del servicio que este caso es Colombia
Telecomunicaciones S.A.. El Parapat distribuye la contraprestación recibida
entre el PAP y el PAR, en donde tiene prioridad el financiamiento del pasivo
pensional en cumplimiento del contrato de fiducia mercantil y de acuerdo con
las instrucciones que imparta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y (iii)
PAP – Patrimonio Autónomo de Pensiones (Ley 651 de 2001), a cargo del pago del
pasivo pensional reconocido de la extinta Telecom.
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP
21.- La Gerente Legal Contencioso y Financiero de la Secretaría
General de la empresa  Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, dio respuesta a la
acción de tutela, mediante escrito presentado ante el Juez de conocimiento en
el que se opone a las pretensiones de la demanda con base en los siguientes
argumentos:
21.1.- En primer lugar señala que no ha existido vulneración de los
derechos fundamentales invocados por las peticionarias, teniendo en cuenta que
la Empresa que representa y la hoy liquidada Telecom son personas jurídicas
diferentes, ya que ésta última terminó su existencia jurídica el 31 de enero de
2006, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1615 de 2003 en el que se
ordenó la supresión y la liquidación, en un término que fue extendido hasta el
31 de enero de 2006, en virtud de los decretos 1915 de 2005 y 4781 de 2005,
mientras que Colombia Telecomunicaciones S.A., EPS fue creada mediante el
Decreto 1616 de 2003, como una empresa prestadora de servicios públicos
domiciliarios. Aunque tuvieron una existencia simultánea en el tiempo no pueden
confundirse, puesto que cada una responde independientemente por sus obligaciones.
21.2.- Es así como esta nueva empresa, que cuenta con su propia
personería jurídica y cuya naturaleza es una sociedad por acciones, con un
régimen privado a la cual se le aplica la ley de servicios públicos, no puede
ser condenada a cumplir con las obligaciones laborales originadas en Telecom,
en tanto que no hizo parte de dichas relaciones laborales que no fueron por
ella pactadas y se le estaría condenando al pago de lo que no debe.
21.3.- Por último. precisa que las actoras nunca han estado
vinculadas a la planta de personal del Colombia Telecomunicaciones S.A., por
tanto las pretensiones anunciadas en la acción de tutela eran de competencia
exclusiva de Telecom hoy liquidada.
Presidencia de la República - Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República
22.- El apoderado judicial de la Presidencia de la República y de la
Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, solicitó
denegar las pretensiones de la demanda al considerar que la acción de tutela se
torna improcedente puesto que no involucran un problema de trascendencia
constitucional que comprometa derechos fundamentales, sino que obedecen a una
errada interpretación sobre el alcance de las normas y la jurisprudencia.
Presentó los siguientes argumentos:
22.1.- En primer término señaló que la sentencia SU-388 de 2005
proferida por la Corte Constitucional, mediante la cual se ordenó el reintegro
de los empleados de Telecom que pertenecían al reten social, dejó claro que la
orden solo podía tener vigor hasta la terminación definitiva de la existencia
de Telecom – en liquidación. Así es claro que la protección especial no podía
extenderse indefinidamente en el tiempo o con posterioridad a la terminación de
los procesos de reestructuración de la administración pública o liquidación
definitiva de las entidades.
22.2.- La decisión contenida en dicha sentencia no fue caprichosa en
tanto que el punto fue objeto de discusión en la Sala Plena. Así se desprende
del salvamento parcial de voto que hizo uno de los magistrados al considerar
que la orden debía prever también la reubicación en un cargo equivalente en
otra entidad de la rama ejecutiva del orden nacional cuando los montos
recibidos por concepto de indemnización pudieran ser compensados con el trabajo
realizado después del reintegro.
22.3.- La estabilidad laboral no es un derecho absoluto que pueda oponerse
a todo tipo de acciones de la administración pública, máxime cuando es claro
que se ha agotado un proceso en el que han quedado definidas las garantías. Por
tanto, resulta excesivo pretender reabrir un debate para plantear nuevas
circunstancias de excepción que conducen a hacer interminable el proceso.
22.4.- Advierte que tampoco es procedente la acción de tutela para
que las accionantes obtenga la revisión del monto de la liquidación de la que
son acreedoras por la supresión de la planta de personal de la empresa, pues al
ser un proceso breve y sumario, el juez de tutela no cuenta con una base
objetiva para hacer un debate probatorio que no es viable a través de la
tutela.
22.5.- Concluye afirmando que la satisfacción de las pretensiones de
la demanda conllevaría a que: “i) el proceso liquidatorio se prolongue en
forma indefinida para que las accionantes puedan seguir devengando una asignación
mensual, lo que haría necesaria la inaplicación de un acto administrativo de
carácter general, impersonal o abstracto, como es el que fijó el plazo para la
liquidación y el acta misma en que ésta se concretó, ii) que, contrario a los
antecedentes jurisprudenciales referidos y a pesar de las indemnizaciones
previstas, se reubique laboralmente a las accionantes, lo cual no tiene
fundamento constitucional alguno y francamente lo contraría, pues ya la
jurisprudencia determinó cuál es el alcance de la garantía o que iii) se revise
el monto de las indemnizaciones que fueron procedentes, solución que escapa de
la competencia del juez constitucional.”
Pruebas
aportadas al proceso.
A continuación se relacionan las pruebas relevantes que reposan en el cuaderno principal del
expediente:
- Copias de los oficios de fecha octubre 20 y
septiembre 22 de 2003, suscritos por el Apoderado General de Telecom en
liquidación, dirigidos a las señoras Sofy Alexandra Cruz Ortiz, Rosa María
Vargas Méndez, Belén Herrera, Antonia de Jesús Mosquera Palacios, Patricia
Roldán Arévalo, Marisol Castaño Losada y Ruth Sarmiento Garzón, en los cuales
señala lo siguiente: “De conformidad con su solicitud de inclusión como
beneficiario del Retén Social y una vez verificados los documentos aportados
por Usted, de acuerdo con lo ordenado en el Decreto 190 del 30 de enero de
2003, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 790 de 2002” se ha
establecido que es beneficiario, en la modalidad de MADRE CABEZA DE FAMILIA,
razón por la cual deberá continuar laborando en las oficinas de Telecom en
Liquidación de esa ciudad, hasta la culminación del Programa de Renovación de
la Administración Pública, conforme con lo establecido en el artículo 16 del
Decreto anteriormente mencionado”. (fls. 35, 39, 42, 44, 47, 49, 52).
- Copias de los oficios suscritos por el Apoderado General para la
liquidación de Telecom, de fecha 20 de mayo de 2005, dirigidos a las señoras
Sofy Alexandra Cruz Ortiz y Rosa María Vargas Méndez, en los cuales se lee lo
siguiente: “ASUNTO: Reintegro Madres Cabeza de Familia - Sentencia SU-388
del 13 de Abril de 2005. // Respetada Señora: // En cumplimiento de lo resuelto
por la H. Corte Constitucional mediante Sentencia SU-388/05, le comunicamos la
posibilidad que tiene para solicitar el reintegro a la empresa bajo la
protección especial otorgada por el Gobierno Nacional en los términos de la Ley
790 de 2002 y su Decreto reglamentario 190 de 2003, acreditando las siguientes
condiciones:// -Ser madre cabeza de familia y que Telecom hubiere reconocido
dicha calidad mediante las certificaciones correspondientes. // Haber sido
desvinculada de la entidad en aplicación del límite temporal señalado por el
artículo 16 del Decreto 190 y la Ley 812 de 2003. // Que antes de la fecha de
la expedición de la Sentencia SU-388 del 13 de Abril de 2005, haya presentado
acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales, sin
tener en cuenta que estos hubieren sido resueltos desfavorablemente. // Así las
cosas usted como madre Cabeza de Familia tiene un plazo máximo de un (1) mes,
contado a partir de la fecha de recibo del presente comunicado, para reclamar y
acreditar los requisitos para el reintegro y pago de los salarios y
prestaciones sociales, allegando a las instalaciones de Telecom en Liquidación
ubicadas en la carrera 12 No. 23-83 Piso Primero de Bogotá, en sobre sellado y
marcado con el ítem “REINTEGRO MADRES CABEZA DE FAMILIA” los siguientes
documentos (…). (fls. 34 y 38)
- Copias de los oficios de fecha 7 de junio de
2005, mediante los cuales el Apoderado General para la Liquidación de Telecom informa
a las señoras Marisol Castaño Losada, Belén Herrera, Antonia de Jesús Mosquera
Palacios y Ruth Sarmiento Garzón la procedencia de su reintegro, en virtud de
la especial protección del denominado “retén social” por encontrarse acreditada
su condición de madres cabeza de familia, en los siguientes términos: “(…)Este
reintegro procede en la misma ciudad donde prestaba los servicios al momento de
la supresión del cargo y en caso que allí la oficina de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones Telecom en liquidación, haya cerrado, debe informar por
escrito dicha situación con el fin de tomar las medidas pertinentes y asignarle
las funciones propias de la liquidación en esta ciudad en el momento que allí
surjan. // En consecuencia y de acuerdo a las disposiciones del Código Único
Disciplinario, Ley 734 de 2002, usted se encuentra en la obligación de cumplir
a cabalidad con todas las funciones, horarios, lugar y demás obligaciones que
le sean asignadas dentro del proceso de liquidación de Telecom. //
Adicionalmente si a la fecha de la desvinculación de la empresa usted contara
con el beneficio de auxilio educativo para usted o para alguno de sus hijos,
favor diligenciar el documento adjunto, anexando la documentación que allí se
solicita. // Para la afiliación al plan complementario, debe acercarse a la
oficina de Colsanitas más cercana a su lugar de residencia o comunicarse a la
línea nacional. (…) // Es de anotar que Telecom en liquidación viene
adelantando los procesos necesarios, con el fin de disponer lo pertinente para
el pago de salarios y prestaciones, así como las compensaciones y cruce de
cuentas a que haya lugar (…).” (fls. 36, 41, 45 y 53).
- Copias de los oficios de fecha 31 de enero
de 2006, en los cuales se informa a las actoras sobre la supresión de sus
cargos y la terminación del contrato de trabajo por la culminación del proceso
de liquidación y, por ende, la terminación de la existencia jurídica de la
entidad. El oficio dice textualmente: “De manera atenta me permito
informarle que, dando cumplimiento al artículo 1 del Decreto 4781 de 2005, el
día 31 de enero del presente año, el apoderado general para la liquidación de
la Empresa Nacional de Comunicaciones – TELECOM, declaró la terminación del
proceso liquidatorio, luego de publicarse en el Diario Oficial y haber quedado
en firme el acta final de liquidación, conforme a lo establecido en el artículo
36 del Decreto 1615 de 2003, por el cual se suprimió y ordenó la liquidación de
la entidad. // En consecuencia, todos los cargos existentes quedaron
automáticamente suprimidos y la terminación de su contrato de trabajo operó
hasta el día 31 de enero de 2006, fecha de cierre y finalización de la existencia
jurídica de la entidad, de acuerdo a lo dispuesto en los incisos 2° del
artículo 16 del Decreto 1615 de 2003 y el inciso final del artículo 8 del
Decreto-Ley 254 de 2000 (…)”. (fls. 37, 40, 43, 46, 48, 51 y 54)
- Copia del contrato de fiducia mercantil suscrito
entre la Fiduciaria La Previsora S.A. y el Consorcio de remanentes Telecom
conformado por Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A. para la constitución
del Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas en Liquidación –
PAR – (fl.114).
- Copia del
Diario Oficial, Edición 46.168 de fecha martes 31 de enero de 2006, en el que
fue publicada el Acta de Liquidación de Telecom en liquidación , suscrita el 30
de enero de 2006. (fl.154).
A continuación se relacionan las pruebas relevantes que reposan
en el cuaderno dos del expediente:
- Copias de los oficios de fecha enero 31 de
2007, mediante los cuales las señoras Claudia Margarita López Moncada, Ruth
Sarmiento Garzón, Rosa María Vargas Méndez, Antonia de Jesús Mosquera Palacios,
Sofy Alexandra Cruz Ortiz solicitan a la Corte Constitucional la selección de
la presente acción de tutela para su eventual revisión, invocando para ello los
mismos argumentos presentados con la demanda y adicionalmente la vulneración del
derecho a la igualdad, por no haberles ofrecido el Plan de Pensión anticipada
que se le ofreció a otros empleados de Telecom. En los siguientes términos
efectúan la petición: “(…) Así mismo me encuentro ante un perjuicio
irremediable teniendo en cuenta que como afectada solicité mediante derecho de
petición a la Empresa se me tuviera en cuenta, por cumplir con los requisitos
especificados y se me ofreciera el Plan de Pensión Anticipada, como a los otros
compañeros, y es de anotar, como se aclara en las decisiones tomadas por el
HONORABLE TRIBUNAL DE MEDELLIN SALA DE DECISIÓN PENAL, Acta número 178 de fecha
14 de agosto de 2.006, acta número 33 de primero de abril de 2.004 y oficio
número UJ2226 de abril 29 de 2.004, amparando los derechos fundamentales a la
igualdad de compañeros que tenemos las mismas condiciones y requisitos, para el
ofrecimiento PLAN DE PENSION ANTICIPADA que se le ofrecieron a empleados
de Telecom. // Por lo anterior es que invoco el derecho a la igualdad, teniendo
en cuenta los fallos de tutela que obligaron a Telecom en Liquidación, o
PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES (PAR) para cumplir con estos fallos a favor
de compañeros con las mismas condiciones que las mías y teniendo como Apoderado
para estas actuaciones al Doctor JUAN GUILLERMO HERRERA GAVIRIA, y que en
la actualidad se les ha ofrecido y vinculado a la nomina existente de Telecom
en Liquidación hoy manejada por el Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR”.
(fls. 13, 52, 84, 123, 164).
- Declaraciones rendidas por las demandantes bajo la gravedad de juramento el 29 de junio de 2007, de conformidad con
el auto de fecha mayo 28 de 2007, expedido por la Sala Séptima de Revisión de
la Corte Constitucional.(fls. 190, 193, 205,
210, 244, 251, 255 y 280).
- Cuadro de
análisis de requisitos para Pensión Convencional en cargos de excepción, en el
que consta el nombre de las accionantes, cédula de ciudadanía, cargo
desempeñado, fecha de vinculación y de retiro, tiempo de servicio en el cargo,
interrupciones y régimen aplicable. (fl. 336).
- Certificaciones de la Relación de Tiempo de Servicio – RTS de cada
una de las peticionarias,
expedidas por la Unidad de Personal del PAR. (fls.337, 345, 353, 361, 370, 378, 386 y  394).
- Copia de las
normas legales y convencionales que regulan el régimen
pensional aplicable a las actoras. (fls. 402 a 498).
- Copia de las
historias laborales de cada una de las actoras. (fls 499 a 3182).
- Copia del
instructivo para el Plan de Pensión Anticipada, expedido por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones en marzo de 2003. (fl.3254 a 3261).
- Copia de las
certificaciones expedidas por el Jefe Operativo de la
Unidad de Personal del PAR, en la consta el estudio de los requisitos para el
Plan de Pensión anticipada para cada una de las
accionantes. (fls. 3344 a 3359).
II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
Fallo de primera
instancia.
1.- Por medio de sentencia proferida el día 12 de septiembre de 2006,
la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados por
las demandantes y ordenó al Presidente de la República disponer lo necesario
para la adopción de una política dirigida  a otorgarles prelación para el lleno
de las vacantes existentes, siempre que cumplan con los requisitos exigidos
para tales cargos, “en todo caso, dirigida esa política a la readaptación
laboral de las actoras de manera que se les habilite para su reinserción en el
mercado laboral.”
2.- En tal sentido, el Tribunal consideró procedente la acción
teniendo en cuenta que la vulneración de los derechos fundamentales de las peticionarias
ante el desempleo que han debido afrontar y la consecuente ausencia de ingreso
salarial para atender sus obligaciones familiares, son imputables a la omisión
del Presidente de la República como primera autoridad de la administración
pública y como ejecutor de los planes de reestructuración, de implementar una
política orientada a otorgar preferencia a las madres cabeza de familia para
llenar las vacantes que se fueran presentando en la nueva empresa Colombia
Telecomunicaciones, en el Ministerio de Comunicaciones, en los organismos
públicos afines a la función que desempeñaban las demandantes o en las entidades
de la rama ejecutiva, en general.
3.- Precisa que la nueva empresa Colombia Telecomunicaciones S.A.,
ESP, fue creada por disposición del Decreto 1616 de 2003 con el objeto de sustituir
a Telecom en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, como una
empresa con capital mayoritario de naturaleza pública, vinculada al Ministerio
de Comunicaciones, que en la actualidad cuenta con vacantes, si se tiene en
cuenta la convocatoria efectuada por la página electrónica, que antes de ser
ofrecidas al público, debieron ser ofrecidas a las madres cabeza de familia ex trabajadoras
oficiales de Telecom que estuvieran interesadas en optar por la reubicación
laboral.
4.- De otra parte, la condición de madres cabeza de familia, que fue
reconocida expresamente por Telecom, su calidad de representantes legales de
los hijos menores, la falta de una vinculación laboral, los padecimientos y
carencias que deben afrontar para proporcionar la obligación alimentaria a sus
hijos menores y como consecuencia las condiciones de debilidad manifiesta en
que se encuentran, no fueron desvirtuadas ni controvertidas por ninguna de las
entidades accionadas.
5.- Estima que las madres cabeza de familia, por ser un grupo de
especial vulnerabilidad, cuyos derechos son de rango supralegal no pueden tener
el mismo tratamiento que se otorga a los demás servidores en un proceso de
supresión del empleo por planes de reestructuración de las entidades públicas.
Por tanto no basta con  que se les indemnice, sino que además se requiere que
el Estado en aras de la equidad y el orden justo, con el fin de garantizar la
efectividad material de los derechos, las beneficie con planes de reubicación y
rehabilitación laboral, con el fin de que puedan obtener empleos compatibles
con la experiencia que ganaron durante los años de servicio a la antigua
empresa y garantizar los derechos de sus menores hijos, los cuales gozan de
primacía sobre los demás derechos.
Impugnación
Presidencia de la República
6.- El apoderado del Presidente de la República y del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, presentó escrito de
impugnación contra el fallo proferido por el ad quo al considerar que la
decisión se torna caprichosa, puesto que el Programa de Renovación de la
Administración Pública previsto en la Directiva presidencia No.10 de 2002, la
Ley 790 de 2002 y sus decretos reglamentarios que sirvieron de marco legal para
la toma de decisiones, no fue improvisado en la medida en que se previeron
cláusulas afirmativas, que se denominaron “reten social”, con el fin de mitigar
el impacto que las decisiones podían tener sobre la población trabajadora más
vulnerable.
7.- Por lo anterior, contrario a lo afirmado por el Tribunal, el
Presidente de la República tratándose de la especial protección de los sujetos
que se encuentran en situación de debilidad manifiesta en los procesos de
reestructuración, ha promovido todas las consideraciones posible a favor de
aquellos y ha acatado los mandatos contenidos en la ley y en la jurisprudencia
trazada por la Corte Constitucional que ha precisado el alcance de tales
garantías.
8.- Así, señala que no puede pretenderse que la protección consista
en la concesión de garantías como lo es la pretendida reubicación, que no se
infieren del ordenamiento superior, la ley o la jurisprudencia constitucional, sino
de una interpretación caprichosa e indebida de los alcances allí fijados. Tales
consideraciones, conducen a que se descarte la indemnización como mecanismo
para resarcir los efectos de esas decisiones  y se establezca la estabilidad en
el empleo de las personas vulnerables como un derecho absoluto, contrario a los
postulados superiores.
9.- Reitera los planteamientos expuestos en la contestación de la
demanda, relacionados con los alcances de la sentencia proferida por la Corte
Constitucional que ordenó el reintegro a las madres cabeza de familia en la que
se dejó en claro que tales efectos tendrían vigor hasta la terminación
definitiva de la existencia jurídica de Telecom – en liquidación -.
10.- Solicita la revocatoria de la sentencia, puesto que lo ordenado
no tiene respaldo objetivo y excede la competencia que tiene el juez de tutela
al ordenar la adopción de una política que no se deriva de la aplicación de la
ley.
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP
11.- Mediante escrito presentado de manera extemporánea[4],
la apoderada general y Gerente Legal Contencioso Financiera de Colombia
Telecomunicaciones  S.A. ESP impugnó el fallo del Tribunal invocando para ello,
los mismos argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda.
12.- Indicó además, que en el fallo se hacen afirmaciones sobre la
composición accionaria de la empresa y sobre su vinculación al Ministerio de
Comunicaciones que no corresponden a la realidad en tanto que no se tuvo en
cuenta la evolución actual como empresa de servicios públicos de naturaleza
privada. En efecto, si bien mediante el Decreto 1616 de 2003, dada la
composición de su capital social, la empresa que representa era una empresa de
servicios públicos de naturaleza oficial de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14.5 de la Ley 142 de 1994, a partir del 1° de mayo de 2006, con la
vinculación de Telefónica Internacional S.A.U. como accionista mayoritario,
Colombia Telecomunicaciones cambio su naturaleza a empresa de servicios
públicos privada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.7 de la
citada Ley 142 de 1994.
En consecuencia y por disposición del artículo 38 de la Ley 489 de
1998, teniendo en cuenta que la empresa no pertenece a la estructura de la Rama
ejecutiva del poder público del Estado ni a la administración pública, no puede
ser destinataria de del denominado “retén social” contemplado en la ley 790 de
2002 y por tanto la orden impartida al Presidente de la República en el fallo
impugnado no puede materializarse.
13.- Por último, sostiene que el fallo también resulta improcedente,
puesto que se está obligando al Presidente de la República a adoptar decisiones
arbitrarias que atentan contra la libertad de empresa, contra las decisiones
del resorte exclusivo del gobierno social y de sus accionistas mayoritariamente
privados y vulnera el derecho a la igualdad frente al tratamiento que la ley
consagra para empresas de servicios de igual naturaleza.
Fallo de segunda instancia
14.- La Sección Segunda – Subsección A de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, mediante fallo del 7 de noviembre de
2006, decidió revocar la decisión impugnada al considerar que la protección
laboral reforzada no es de carácter absoluta, pues si bien los sujetos a los
cuales va dirigida la norma no pueden ser despedidos sin motivación alguna, es
posible tomar tal determinación cuando exista justa causa para ello y siempre
que el empleador en el proceso de retiro observe celosamente el debido proceso.
15.- Además, mediante la sentencia T-792 de 2004, la Corte
Constitucional precisó que la protección del denominado retén social sólo
tendría plena vigencia y observancia hasta tanto fuera culminado el proceso
liquidatorio de la entidad, situación que ya ocurrió según acta que fue
publicada en el Diario Oficial y por tanto, el amparo solicitado frente resulta
inaplicable.
16.- Estimó también el fallador que la concesión de tratamientos
preferenciales por vía de tutela, podría ocasionar efectos contraproducentes
para la realización de los derechos constitucionales de las personas que no se
benefician del “reten social”, puesto que se desequilibra el ordenamiento
jurídico, pone en grave riesgo las finanzas públicas y crea una brecha en las
condiciones laborales del trabajador del sector privado que no goza de los
mismos beneficios prestacionales de su equivalente oficial o público.
17.- Concluye afirmando que la posición adoptada por la Sala,
constituye una visión de las consecuencias que a futuro traería un sinnúmero de
fallos que protegen ilimitadamente derechos que el presupuesto del Estado no
está en capacidad de soportar. Por tanto, las demandantes deberán competir en
igualdad de condiciones, mediante los mecanismos que la ley prevé, para acceder
a las vacantes que se presenten en los distintos empleos de la administración
pública.
III. ACTUACIONES SURTIDAS ANTE LA SALA DE REVISIÓN
1.-  En auto proferido el día 28 de
mayo de 2007, la Sala de Revisión ordenó a la Secretaría General de esta
Corporación, citar a las peticionarias con el objeto de que comparecieran al
Despacho del Magistrado Sustanciador el día 29 de junio de 2007, con el fin de
que rindieran declaración, entre otros aspectos: (i) sobre el cargo que
desempeñaron en la empresa; (ii) si fueron reintegradas con posterioridad a la
expedición de la sentencia SU-388 de 2005; (iii) si el reintegro se produjo en comisión
en otras entidades de la administración pública; (iv) en que condiciones se
produjo la terminación de los contratos de trabajo; y (v) como les fue
notificada dicha determinación.
2.- El día 29 de junio de 2007, se presentaron al Despacho del
Magistrado Sustanciador para declarar bajo la gravedad del juramento sobre sus
condiciones civiles y personales, fecha de ingreso a la empresa y cargo que
desempeñaron, las señoras Ruth Sarmiento Garzón[5], Marisol
Castaño Losada[6], Patricia Roldán Arévalo[7],
Antonia de Jesús Mosquera Palacios[8], Belén Herrera[9],
Rosa María Vargas Méndez[10], Sofy Alexandra Cruz
Ortiz[11] y Claudia Margarita
López Moncada[12]. Las actoras, rindieron testimonio
sobre  los siguientes aspectos:
2.1.- Todas las declarantes sostienen ser madres cabeza de familia, actualmente
desempleadas. Afirman haberse desempeñado en la extinta Telecom en el cargo de Telefonista
Nacional, clasificado como un cargo de excepción, por cuanto se podían
pensionar al completar 20 años de servicio y cualquier edad.
2.2.- Entre los años 2003 y 2004 fueron retiradas de la empresa pero
reintegradas nuevamente en el mes de julio de 2005, en virtud de la expedición
de la sentencia SU-388 de 2005 de la Corte Constitucional, una vez reunieron la
documentación necesaria para acreditar su condición de madres cabeza de
familia.
2.3.- Manifiestan que en el reintegro algunas de ellas fueron
puestas a ordenes del área administrativa y financiera de Telecom – en
liquidación -, en donde fueron destinadas a labores de archivo, recolección y
organización de documentos, bien fuera digitando o bien foliando, pero sin que
les hubieran asignados oficinas, sillas o escritorios y demás elementos propios
para desempeñar la labor asignada.
Las señoras Ruth
Sarmiento Garzón y Claudia Margarita López Moncada, sostienen que fueron
comisionadas por tres meses en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a
partir del 26 de septiembre de 2005 y hasta el 30 de diciembre de 2005. En el
caso de la señora Sarmiento, durante ese periodo cumplió el horario de esa
entidad desempeñando oficios varios, en donde el sueldo era sufragado
por Telecom. El resto del tiempo estuvo en su casa “porque
golpeábamos puertas y nos decían que no y que esperáramos”, hasta el mes de
febrero de 2006, en el que le llegó la notificación por correo de que estaba
desvinculada de la empresa. En el caso de la señora Claudia Margarita López, afirma
que trabajó dos días en esa entidad únicamente y después salió a disfrutar de
las vacaciones que le debían y no volvió más.
Por su parte, la
señora Belén Herrera, sostiene que en razón a que en Duitama ya no había
oficina, fue reintegrada “pero no me mandaron a trabajar a ningún lado.
Devengué mi salario pero no desempeñaba ninguna función hasta el 31 de enero de
2006. Después me enviaron la notificación a la casa, donde me decían que la
empresa había terminado, que la habían liquidado ya, eso fue como a mediados de
febrero”. Tampoco fue enviada en comisión a ninguna entidad.
2.4. Todas manifiestan que una vez reintegradas a la empresa, se les
reconoció el pago de los salarios desde la fecha en la cual fueron
desvinculadas y durante todo el tiempo en que laboraron. En relación con la
indemnización que habían recibido, reconocen que la empresa adelantó el cruce
de cuentas correspondiente con el valor de los prestamos de vivienda que se les
había otorgado días antes del despido, cuyas cuotas mensuales sufrieron un
incremento significativo, razón por la que en algunos casos devolvieron el valor
de la indemnización para cancelar definitivamente el crédito[13]
o debieron incluso hasta vender la vivienda para sufragar los créditos[14]
y no quedar con deudas o cuotas pendientes. En otros casos se realizaron abonos
parciales desde el momento del reintegro con el valor de los salarios atrasados
y las cesantías[15] y con la indemnización, quedando
saldos pendientes a favor de la empresa por concepto de dichos préstamos.[16]
2.5.- La
desvinculación definitiva de Telecom – en liquidación -, se produjo el 31 de
enero de 2006. En relación con las circunstancias en que esta se produjo, todas
coinciden en afirmar que sin aviso previo, el 1° de febrero de 2006 se les
impidió el ingreso a las instalaciones de la empresa, mediante unos listados
que poseía un vigilante instalado a la entrada, en el que aparecían los nombres
de quienes podían ingresar y quienes no. La notificación se realizó con
posterioridad mediante una comunicación que les fue enviada a la residencia de
cada una de ellas con fecha 31 de enero de 2006, en la que se les informó sobre
la liquidación definitiva de la empresa y la indicación del lugar y término
para reclamar la indemnización correspondiente.
2.6.- En cuanto al pago de la indemnización por la desvinculación
definitiva, algunas reconocen haber recibido las siguientes sumas dentro de los
90 días siguientes al retiro: Marisol Castaño Losada por valor de $54.000.000; Patricia Roldán Arévalo por 52 millones aproximadamente;
Antonia de Jesús Mosquera Palacios, por $46.000.000, Belén Herrera, por $41.000.000.oo
aproximadamente, y Claudia Margarita López Moncada por valor de $46.000.000.oo.
2.7.- Por último, consideran que reúnen los requisitos para acogerse
al plan de pensión anticipada por cuanto para la época en que Telecom lo ofreció
a los funcionarios, - marzo de 2003 - les faltaban 7 años o menos para obtener
la pensión, eran madres cabeza de familia y además ocupaban cargos de excepción.
Por tanto, no se explican las razones por las que la empresa no se los ofreció
en igualdad de condiciones que los demás empleados de Telecom – en liquidación
–, esgrimiendo como argumento, que no reunían los requisitos por estar
amparadas por el régimen de la ley 100 de 1993 y no por el régimen de
transición. Para reclamar este derecho manifestaron haber iniciado procesos
laborales ordinarios que se encuentran en curso[17],
derechos de petición ante la extinguida empresa[18]
y acciones de tutela[19] que les han sido
denegadas, no obstante que a otros compañeros que tienen el mismo tiempo que
ellas, les fue reconocida la pensión anticipada y fueron incluidas en la nómina
del PAR.
3.- Por medio de auto del 15 de agosto de 2007, el Despacho del
Magistrado Ponente ordenó que por Secretaría General de esta Corporación se solicite
al Patrimonio Autónomo de Remanentes – PAR-, allegar las historias laborales de
las accionantes –RTS - y además que informe de manera detallada sobre los
siguientes aspectos:
“(i) cuál es el régimen pensional aplicable a las actoras en el
presente proceso; (ii) cuál es la naturaleza específica de los cargos que
ocupaban como telefonistas nacionales; y (iii) cuáles son las normas legales y
convencionales que regulan dicho régimen.”
Adicionalmente
en el mismo auto se ordenó que por Secretaría General de la Corte
Constitucional se corra traslado a las entidades demandas dentro de la presente
acción de tutela, de las declaraciones rendidas por las actoras.
4.- Mediante
escrito de fechas 29 de agosto y 11 de julio de 2007 presentados ante la
Secretaría General de esta Corporación, el representante judicial del
Patrimonio Autónomo de Remanentes – PAR, se pronunció respecto de las declaraciones
individuales rendidas por las accionantes ante la Corte Constitucional en el
trámite de revisión de la presente tutela y dio respuesta al requerimiento del
auto del 15 de agosto de 2007, en los siguientes términos:
4.1.- Afirma que
de conformidad con la documentación que reposa en la entidad liquidada y la
normatividad aplicable, el cargo desempeñado por las actoras fue el de
Telefonista Nacional creado exclusivamente para Telecom, escalafonado como
cargo de excepción, en razón a que se trataba de una actividad de alto riesgo.
4.2.- Informa
que las normas legales y convencionales que regulan el régimen de excepción
son: Convención Colectiva de Trabajo 1996 – 1997 y sus adendas; ley 28 de 1943;
Ley 22 de 1945; Decreto 1237 de 1946; Decreto 2661 de 1960; Decreto 3267 de
1963; Decreto - Ley 3135 de 1968; Decreto 1835 de 1994 y Decreto 2090 de 2003.
4.3.- Sostiene
que las accionantes agregan un hecho nuevo a la acción de tutela, consistente
en la vulneración del derecho fundamental a la igualdad al declarar que ellas
si cumplían con los requisitos establecidos por la empresa para acceder al Plan
de Pensión Anticipada que no les fuera ofrecido en el año 2003 como se hizo con
los demás ex trabajadores de Telecom.
4.4.- Respecto
de tal reclamación, el PAR precisó que mediante dicho Plan la empresa por su
mera liberalidad ofreció al trabajador una bonificación y otros beneficios
complementarios, siempre que se encontraran cobijados por alguno de los tres
regímenes especiales de pensión contemplados en la addenda extraconvencional y
adicionalmente cumplieran otros requisitos específicos dependiendo del tipo de
cargo que desempeñaran.
En relación con
el régimen pensional aplicable a las actoras, explicó que de acuerdo con la
addenda a la convención colectiva de  Trabajo suscrita en los años 1996 y 1997,
que tuvo vigencia hasta el 31 de enero de 2006, se estipularon tres modalidades
de pensión:
-  20 años de
servicio al estado y 50 años de edad (para cargo ordinario).
- 25 años de
servicio al estado sin consideración de la edad (para cargo ordinario). En esta
modalidad, el exfuncionario debía cumplir con el régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, que estipula que el
trabajador a 1° de abril de 1994 debía tener 15 años o más de servicio o 35
años de edad para el caso de las mujeres y además que el trabajador se haya
vinculado a la entidad antes del 29 de diciembre de 1992.
- 20 años de
servicio en cargos de excepción y cualquier edad. Para esta modalidad, se
requiere que el exfuncionario se haya vinculado a la entidad antes del 29 de
diciembre de 1992.
4.5.-
Adicionalmente de acuerdo con la citada Convención  y el Manual Instructivo del
Plan de Pensión Anticipada, para acceder a la pensión en la modalidad de cargos
de excepción debían cumplir los siguientes requisitos específicos, dependiendo
del tipo de cargo:
CARGOS DE EXCEPCIÓN
CARGOS ORDINARIOS
·
Estar vinculado a la
planta de personal de Telecom al momento de su transformación y en Empresa
Industrial y Comercial del Estado (Decreto 2123 del 29 de diciembre de 1992).
·
Cumplir los veinte
años de servicio en cargo de excepción antes del 31 de diciembre de 2004,
fecha en la cual se terminaban los cargos de excepción de conformidad con el
artículo 14 del Decreto 1835 de 1994.
·
Estar cubierto por el
régimen de Transición de la Ley 100 de 1993, es decir, quien al 1° de abril
de 1994, tuviera cuarenta (40) años de edad si es hombre o treinta y cinco
(35) años de edad si es mujer o haber cotizado o trabajado durante más de
quince (15) años.
·
Estar vinculado a la
planta de personal de Telecom al momento de su transformación en Empresa
Industrial y Comercial del Estado.
·
Faltarle siete (7)
años o menos al 31 de marzo de 2004, para adquirir el derecho a pensión de
acuerdo con los regímenes de pensión para trabajadores ordinarios.
4.6.- En el caso
concreto de las accionantes, una vez revisado los archivos del PAR se encontró
que no les fue ofrecido el Plan en las modalidades anteriormente citadas,
puesto que para la época en que se hizo el ofrecimiento ninguna de ellas
cumplía con la totalidad de los requisitos exigidos por la entidad para acceder
a la pensión bajo las modalidades convencionales establecidas en la addenda
convencional de la extinta Telecom. Para demostrar tal situación, presenta un
análisis particular del cumplimiento de requisitos de cada una de las
accionantes, en el que se tuvo en cuenta el cargo que ocupó, la fecha de
ingreso y la de retiro y el tiempo total de servicio.
Previamente,
determinó en la siguiente forma las condiciones generales estipuladas para
acceder a la pensión:
- Para la primera modalidad de pensión para cargo ordinario, se
exigía estar cubierto por el régimen de transición de la ley 100 de 1993, es
decir, las mujeres que a 1° de abril de 1994 tenía 35 años y los hombres 40
años de edad o hubieren cotizado o trabajado durante más de 15 años. Para
determinar el cumplimiento de éste requisito, se verificó la edad a 1° de abril
de 1994 y/o el tiempo cotizado a esa misma fecha.
Para esta misma
modalidad – cargo ordinario -, en la que se exige como requisito para pensión
20 años de servicio al Estado y 50 años de edad, a 31 de marzo de 2003, debían
tener 13 años o más de servicio al Estado y adicionalmente 43 años de edad. Lo
anterior por cuanto el instructivo exigía que le faltaren 7 años o menos para
cumplir con los requisitos de pensión a 31 de marzo de 2003, si el trabajador
ocupaba un cargo ordinario.
Para la
modalidad para cargo ordinario en la que se exige 25 años de servicio al Estado
y cualquier edad, debían contar a 31 de marzo de 2003, con 18 años cumplidos de
trabajo en la empresa.
- Para la
modalidad de cargo de excepción, la accionante debía acreditar, sin importar la
edad, que a 31 de diciembre de 2004 tenía cumplidos 20 años de servicio a
Telecom, lo que significaba que para el momento del ofrecimiento del Plan –
marzo 31 de 2003 -, debía contar con un mínimo de 18.3 años de servicios y
adicionalmente esta vinculado a la planta de personal de Telecom al momento de
su transformación en Empresa Industrial y Comercial del Estado.
4.6.- A
continuación el PAR presenta el análisis del cumplimiento de los requisitos
exigidos de conformidad con la situación particular de cada una de las
accionantes, de donde se concluye que ninguna de ellas acreditó pertenecer al
régimen de transición, toda vez que para el 1° de abril de 1994 no contaban con
35 años de edad, ni tampoco, para esa misma fecha, completaban los 15 años de
servicio o cotización exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por
tanto estima, que el régimen aplicable para cada una de las accionantes es la
Ley 100 de 1993:
NOMBRE
FECHA NACIMIENTO
EDAD A 1° ABRIL/94
(35 AÑOS EXIGIDOS)
FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA
TIEMPO LABORADO A 1° DE ABRIL DE 1994 (15 AÑOS
EXIGIDOS)
Ruth Sarmiento Garzón
26 de julio de 1962
31 años, 8 meses y 5 días
22 de diciembre de 1987
6 años, 3 meses y 9 días
Marisol Castaño Losada
12 de septiembre de 1967
26 años, 6 meses y 19 días
30 de marzo de 1990
4 años, 5 meses y 19 días
Patricia Roldán Arévalo[20]
12 de noviembre de 1966
27 años, 4 meses y 19 días
30 de Marzo de 1990
6 años, 9 meses
Antonia de Jesús Mosquera Palacios
18 de abril de 1959
34 años, 11 meses y 13 días
8 de julio de 1987
7 años, 3 meses y 9 días
Belén Herrera
30 de mayo de 1964
29 años, 10 meses y 1 día
16 de enero de 1988
6 años, 2 meses y 8 días
Rosa María Vargas Méndez
3 de mayo de 1959
34 años, 10 meses y 28 días
14 de diciembre de 1987
6 años, 3 meses y 17 días
Sofy Alexandra Cruz Ortiz[21]
16 de julio de 1967
26 años, 8 meses y 15 días
16 de Enero de 1988
5 años, 5 meses y 20 días
Claudia Margarita López Moncada
19 de marzo de 1964
30 años y 12 días
18 de noviembre de 1986
7 años, 4 meses y 13 días
4.8.- Para la
modalidad de pensión en cargo ordinario que exige 20 años de servicio al Estado
y 50 años de edad, tampoco cumplen con la exigencia, puesto que a 31 de marzo
de 2003, no contaban con 13 años o más de servicio exigidos, si se tiene en
cuenta que de conformidad con el instructivo tenían el derecho aquellos a
quienes les faltaren 7 años o menos para cumplir con los requisitos de pensión
si ocupaba un cargo ordinario. Tampoco tenía los 43 o más años de edad exigidos
y adicionalmente, como ya se dijo, no acreditaban el régimen de transición. El
análisis efectuado por el PAR es el siguiente:
NOMBRE
TIEMPO DE SERVICIO A 31 DE MARZO DE 2003 (13 AÑOS
EXIGIDOS)
EDAD A 31 DE MARZO DE 2003 (43 AÑOS EXIGIDOS)
REGIMEN DE TRANSICIÓN
Ruth Sarmiento Garzón
15 años
41 años de edad
NO
Marisol Castaño Losada
13 años
35 años
NO
Patricia Roldán Arévalo
15 años
36 años
NO
Antonia de Jesús Mosquera Palacios
16 años
43 años
NO
Belén Herrera
15 años
38 años
NO
Rosa María Vargas Méndez
15 años
43 años
NO
Sofy Alexandra Cruz Ortiz
14 años
35 años
NO
Claudia Margarita López Moncada
16 años
35 años
NO
4.9.- En la
modalidad para cargo ordinario que exige 25 años al servicio del Estado y
cualquier edad, tampoco cumplen puesto que para el 31 de marzo de 2003, debían
tener mínimo 18 de servicio al Estado.
NOMBRE
TIEMPO DE SERVICIO A 31 DE MARZO DE 2003 (18 AÑOS DE
TRABAJO EXIGIDOS)
REGIMEN DE TRANSICIÓN
Ruth Sarmiento Garzón
15 años
NO
Marisol Castaño Losada
15 años
NO
Patricia Roldán Arévalo
15 años
NO
Antonia de Jesús Mosquera Palacios
16 años
NO
Belén Herrera
15 años
NO
Rosa María Vargas Méndez
15 años
NO
Sofy Alexandra Cruz Ortiz
15 años
NO
Claudia Margarita López Moncada
16 años
NO
4.10.- Por
último, las accionantes no acreditaron el cumplimiento de los requisitos para
acceder al plan de pensión anticipada en cargo de excepción, puesto que para el
momento del ofrecimiento del plan – marzo 31 de 2003 - , no contaban con los
18.3 de servicios prestados que se exigían, puesto que debían cumplir 20 años
de servicio a 31 de diciembre de 2004.
NOMBRE
TIEMPO DE SERVICIO A 31 DE MARZO DE 2003 (18.3 AÑOS
EXIGIDOS) EN CARGO DE EXCEPCIÓN.
Ruth Sarmiento Garzón
15 años, 3 meses y 9 días
Marisol Castaño Losada
13 años, 5 meses y 19 días
Patricia Roldán Arévalo[22]
15 años, 8 meses y 30 días
Antonia de Jesús Mosquera Palacios
16 años, 3 meses y 9 días
Belén Herrera
15 años, 2 meses y 8 días
Rosa María Vargas Méndez
15 años, 3 meses y 17 días
Sofy Alexandra Cruz Ortiz
14 años, 5 meses y 20 días
Claudia Margarita López Moncada
16 años, 4 meses y 13 días
4.11.- En el
mismo escrito, el apoderado Judicial del PAR precisó los siguientes aspectos:
- El plan de pensión anticipada fue ofrecido por TELECOM a quienes
cumplieren con todos los requisitos convencionales y legales y se hubiere
verificado la información correspondiente en la unidad de personal, requisitos
que debían haberse cumplido a febrero 28 de 2003.
- Precisa que si hubieren trabajadores a quienes dicho plan de
pensión no se les hubiere ofrecido y aún así estos consideraban que tenían
derecho al mismo, podían presentar una solicitud en tal sentido, acompañándola
de la documentación que acreditara tal derecho. Sin embargo, algunas personas
no los aportaron y por tanto no se les hizo el ofrecimiento.
- Dado que las
obligaciones surgidas del citado Plan no son contingentes ni remanentes de
Telecom, el PAR no es el llamado a atenderlas, toda vez que debieron haberse
ocasionado dentro del proceso de liquidación para ser identificadas por el
Liquidador. Reitera que el PAR no hace las veces de Telecom – en liquidación- ,
no es una persona natural o jurídica y sus obligaciones se reducen a las
contempladas en el contrato que le dio origen.
- Estima que no
existe vulneración del derecho a la igualdad de las accionantes por no haberles
ofrecido el Plan de Pensión Anticipada, toda vez que como se evidenció del
análisis de las hojas de vida, ninguna de ellas cumplían con los requisitos
exigidos y además las circunstancias fácticas en que se encontraban las
peticionarias no son las mismas de aquellos trabajadores que si cumplían con
todos los requisitos.
- Si bien, Telecom – en liquidación – actuó en aplicación de lo dispuesto
en los artículos 10 y 14 del Decreto 1835 de 1994[23],
las accionantes no observaron que los requisitos para acceder al Plan de
Pensión Anticipada, son distintos para quienes ocupaban un cargo de excepción
que para aquellos que desempeñaban un cargo ordinario. En consecuencia, con
apoyo en la jurisprudencia proferida por los Tribunales Superiores del Distrito
Judicial de Medellín, Bucaramanga y Cúcuta, reiteró que en razón a que para los
cargos de excepción el beneficio solo abarca a quienes estuviesen vinculados a
31 de diciembre de 2004, no se presentó vulneración del derecho a la igualdad
de las accionantes por cuanto no se encontraban en las mismas condiciones de
quienes fueron incluidas en el Plan.
- Para concluir, afirma que la acción de tutela es improcedente, por
cuanto: (i) no se dan los elementos de la inmediatez, toda vez que han pasado
más de cuatro años para utilizar este mecanismo; (ii) las accionantes cuentan
con otros mecanismos judiciales para reclamar sus derechos; y (iii) la acción
no es viable para el reconocimiento de los derechos pensionales, máxime cuando
Telecom – en liquidación- ya no existe y las accionantes, como ya se dijo, no
cumplen con los requisitos exigidos para ser incluidas en el Plan de Pensión
Anticipada.
5.- Por medio
de escrito radicado en la Corte Constitucional el día
24 de agosto de 2007, el Asesor de la Oficina Jurídica del Ministerio de
Comunicaciones, dio respuesta al traslado de la Corte Constitucional de los
testimonios de las accionantes, en el que manifestó lo siguiente:
5.1.- Dado que el
Ministerio que representa no tiene dentro de sus funciones el reconocimiento de
las pensiones que solicitan las actoras, es un error incluirlo en la presente
tutela, puesto que es un tercero que no tiene relación con la parte tutelante
quien alega presuntas violaciones de sus derechos fundamentales respecto de una
empresa que ya no existe.
5.2.- De otra
parte precisa, que el Patrimonio Autónomo de Pensiones PAP, de cuya Junta de
Administración si bien forma parte el Ministerio de Comunicaciones no es su
representante legal, no tiene dentro de sus funciones reconocer derechos
pensionales, sino simplemente pagar las obligaciones pensionales de los
trabajadores que adquirieron el derecho de pensión o lo adquieran en el futuro.
Tampoco tiene competencia para reconocer las prestaciones económicas derivadas
del sistema general de pensiones contemplado en la ley 100 de 1993, incluidas
las del régimen de transición.
5.3.- Sostiene
que Telecom – en liquidación- no era una dependencia del Ministerio de Comunicaciones,
puesto que en su condición de empresa Industrial y Comercial del Estado, gozaba
de autonomía administrativa y patrimonio propio e independiente, por tanto una
vez liquidada, no existe en la actualidad instancia alguna que tenga la
facultad de reconocer pensiones ni atender procesos nuevos relacionados con la
entidad liquidada, puesto que tales reclamaciones han debido presentarse antes
del vencimiento del término para la liquidación.
IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1.- Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar
la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la
Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
Presentación
del caso y problema jurídico
2.- En el presente caso las peticionarias en su condición de madres
cabeza de familia, quienes desempeñaban el cargo de telefonista nacional clasificado
como cargo de excepción de la extinta Empresa Nacional de Telecomunicaciones –
Telecom -, interpusieron la presente acción de tutela al considerar que las
entidades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad y al trabajo por cuanto después de haberlas reintegrado a la
empresa en virtud de acciones de tutela en las que se protegió a los empleados de Telecom que pertenecían al reten social, dio por terminado sus contratos de trabajo por la supresión de sus
cargos argumentando para ello la liquidación definitiva de la empresa para la
cual prestaban sus servicios, mediante contratos a término indefinido.
Las demandantes, indicaron que las entidades son responsables de la
vulneración de sus derechos fundamentales, por cuanto no han sido reubicadas en
alguno de los cargos de igual o superior jerarquía de la administración pública
nacional, desconociendo su condición de madres cabeza de familia, beneficiarias
del reten social y por ende sujetos de especial protección constitucional.
El Patrimonio Autónomo de Remanentes – PAR -
indicó que no ha vulnerado derecho fundamental alguno de las actoras, por
cuanto no tiene la calidad de sucesor ni subrogatorio de la empresa extinta, ni
su creación corresponde a un cambio de razón social de dicha empresa, puesto
que no ha existido vínculo laboral alguno con ellas, ni tampoco son destinatarias
de sus derechos y obligaciones. Indica también que la Corte Constitucional en
sus sentencias de tutela en virtud de las cuales operó el reintegro de las madres
cabeza de familia de Telecom, fue clara en afirmar que la permanencia del
personal separado del servicio, operaba únicamente durante la existencia legal
de Telecom en liquidación.
El Ministerio de Comunicaciones consideró que siguiendo la
jurisprudencia constitucional, la protección laboral reforzada no es un deber
perpetuo en cabeza del empleador, puesto que claramente se señaló que la misma
se extendía únicamente hasta la liquidación definitiva de Telecom, entidad vinculada
al Ministerio que se extinguió el 31 de enero de 2006 por haberse culminado su
periodo de liquidación. Por tanto, habiendo desaparecido el cargo, la
protección especial se pierde puesto que la misma se las daba la existencia de
la entidad donde existía el cargo.
Por su parte, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, señala que tanto
esa Empresa como la hoy liquidada Telecom son personas jurídicas diferentes,
que aunque tuvieron una existencia simultánea en el tiempo no pueden confundirse,
puesto que cada una responde independientemente por sus obligaciones. Por
tanto, esta nueva empresa, que cuenta con su propia personería jurídica y cuya
naturaleza es una sociedad por acciones, con un régimen privado a la cual se le
aplica la ley de servicios públicos, no puede ser condenada a cumplir con las
obligaciones laborales originadas en Telecom, en tanto que no hizo parte de
dichas relaciones laborales que no fueron por ella pactadas.
La Presidencia de la República, argumento que no ha existido
vulneración de los derechos fundamentales de las actoras, puesto que la
jurisprudencia constitucional determinó claramente que la orden de reintegro solo
podía tener vigor hasta la terminación definitiva de la existencia de Telecom –
en liquidación y en consecuencia la protección especial no podía extenderse
indefinidamente en el tiempo o con posterioridad a la terminación de los
procesos de reestructuración de la administración pública o liquidación
definitiva de las entidades. Además, estima que la reubicación laboral
solicitada por las peticionarias y la revisión del monto de las indemnizaciones
no tiene fundamento constitucional y escapan de la competencia del juez
constitucional.
El juez de primera instancia concedió el amparo de los derechos
fundamentales invocados por las demandantes y ordenó al Presidente de la
República la adopción de una política dirigida a otorgarles prelación para el
lleno de las vacantes existentes, con el fin de lograr la readaptación laboral
y su consecuente reinserción en el mercado laboral. Estimó el fallador que el
Presidente de la República como primera autoridad de la administración pública
y como ejecutor de los planes de reestructuración, omitió dentro de sus
políticas otorgar preferencia a las madres cabeza de familia para llenar las
vacantes que se fueran presentando en la nueva empresa Colombia
Telecomunicaciones, en el Ministerio de Comunicaciones, en los organismos
públicos afines a la función que desempeñaban o en las entidades de la rama
ejecutiva, en general. Estima que en los procesos de reestructuración, las
madres cabeza de familia, por ser un grupo de especial vulnerabilidad, cuyos derechos
son de rango supralegal, no basta con que se les indemnice, sino que además se
requiere que el Estado, con el fin de garantizar la efectividad material de los
derechos, las beneficie con planes de reubicación y rehabilitación laboral.
El Consejo de Estado, mediante fallo de segunda instancia, decidió
revocar la decisión impugnada al considerar que la protección laboral reforzada
no es de carácter absoluta, pues si bien los sujetos a los cuales va dirigida
la norma no pueden ser despedidos sin motivación alguna, es posible tomar tal
determinación cuando exista justa causa para ello y siempre que el empleador en
el proceso de retiro observe celosamente el debido proceso. Concluye afirmando
que la posición adoptada por la Sala, constituye una visión de las
consecuencias que a futuro traería un sinnúmero de fallos que protegen
ilimitadamente derechos que el presupuesto del Estado no está en capacidad de
soportar. Por tanto, las demandantes deberán competir en igualdad de
condiciones, mediante los mecanismos que la ley prevé, para acceder a las
vacantes que se presenten en los distintos empleos de la administración pública.
3.- Con base en la situación fáctica planteada, le corresponde a la
Corte decidir si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por las actoras en su condición de madres cabeza de familia por no
haber sido reubicadas al término del proceso de la liquidación de Telecom, en
alguno de los cargos de la administración pública nacional.
Con el fin de
resolver los planteamientos expuestos, la Sala de Revisión, considera
pertinente reiterar la jurisprudencia constitucional en relación con: (i) los
límites a la facultad de la administración para adelantar programas de reformas
institucionales; (ii) la protección constitucional y legal de las madres y
padres cabeza de familia, la estabilidad laboral reforzada y el retén social en
los procesos de modernización del Estado. Límite temporal del reten social. (iii)
Con fundamento en las consideraciones mencionadas se abordará el estudio del
caso concreto.
Límites a la
facultad de la administración para adelantar reformas institucionales
4.- El
cumplimiento de los fines del Estado exige una permanente actividad de la
Administración Pública y dentro de ella son apenas naturales los procesos de
reforma institucional. La dinámica de las relaciones económicas, los avances
tecnológicos, las necesidades del servicio, la disponibilidad fiscal y las
transformaciones sociales y culturales son algunos de los factores que
repercuten en esos cambios.
Por lo anterior,
la Constitución contempla la posibilidad de que, en todos los niveles, las autoridades
implementen programas de reforma para atender esas nuevas exigencias. En el
nivel nacional, por ejemplo, corresponde al Congreso determinar la estructura
de la administración y crear, fusionar o suprimir ministerios, departamentos
administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, así como crear o
autorizar la creación de empresas industriales del Estado y sociedades de
economía mixta, y reglamentar la creación y funcionamiento de las corporaciones
autónomas regionales (CP. art.150-7). A su turno, al Presidente de la República
le compete crear, fusionar o suprimir los empleos que demande la administración
central (CP. art.150-14), suprimir o fusionar organismos administrativos (CP.
art.189-15) y modificar la estructura de esas entidades (CP. art.189-16),
siempre de acuerdo a los parámetros señalados en la ley.
5.- Los procesos
de reestructuración pueden tener intensidades distintas cuyos efectos se
reflejan también en escalas distintas. Pero en ningún caso puede perderse de
vista que esos procesos repercuten en dos sectores bien definidos. De un lado,
inciden en la comunidad en general, quien es la destinataria final de la
prestación de un servicio o del cumplimiento de una función administrativa. Del
otro, los ajustes institucionales tienen consecuencias directas en los
trabajadores de la entidad a la que se aplica una medida de reestructuración.
Tal circunstancia exige entonces que las autoridades obren con la mayor
diligencia con miras a salvaguardar al máximo los derechos e intereses
legítimos de unos y otros. Así, frente a la comunidad en general la
Administración debe respetar los principios de la función administrativa
señalados en el artículo 209 de la Constitución (igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad). Y frente a los trabajadores
surge una clara obligación de respeto a sus derechos fundamentales,
particularmente en el marco de las relaciones laborales.
6.- Las plantas
de personal no son estructuras pétreas por lo que pueden sufrir cambios más o
menos profundos según la dimensión de la reforma que se plantea. Sin embargo,
la Corte ha reconocido la necesidad de observar ciertos cánones con miras a
reducir los traumatismos en aquellos eventos en los cuales sea necesario
prescindir de trabajadores. Sobre el particular, en la sentencia C-209 de 1997
esta Corporación explicó:
“En concordancia con lo anterior, la Corte ha señalado, en
reiteradas ocasiones, que la estructura de la administración pública no es
intangible sino que puede reformarse incluyendo una readecuación de la planta
física y de personal de la misma. La reforma de las entidades y organismos sólo
será procedente si, conforme a los mandatos constitucionales, se ajusta a las
funciones asignadas a los poderes públicos y no vulnera los derechos
fundamentales de los ciudadanos, en especial, los derechos laborales de los
servidores públicos (C.P., arts. 53 y 58). (Sentencia C-074/93).
7.- En
consecuencia, el proceso de reestructuración que adopte el Legislador en una
entidad dentro de los principios enunciados para su cabal funcionamiento, es
conducente si en él se protegen los derechos de los trabajadores y si las
actuaciones no exceden los límites legalmente establecidos para realizarlo;
esto significa, que el retiro de su personal debe ir acompañado de las
garantías necesarias para que el trabajador no quede desprotegido en sus
derechos y el proceso en sí no se convierta en un elemento generador de
injusticia social.
En sentido
similar, en la sentencia T-512 de 2001 la Corte reafirmó la posibilidad de
alterar las plantas de personal, pero dejó en claro que esas atribuciones de la
administración están enmarcadas en el respeto de algunos criterios, en concreto
la observancia de los derechos fundamentales, teniendo presente que “como
regla general, los procesos de reestructuración deben procurar garantizar la
estabilidad laboral de los trabajadores”, y sólo cuando ello no es posible
hay lugar al pago de la correspondiente indemnización.
Lo anterior
permite precisar que si bien es cierto que, en términos abstractos, el Estado
puede separar a un servidor público de su cargo en los procesos de
reestructuración, también lo es que un ejercicio arbitrario de esa facultad
puede implicar, en casos concretos, la afectación de derechos fundamentales
susceptibles de protección por vía de tutela. Esto ocurre, justamente, cuando
la administración desatiende claros mandatos Superiores que en armonía con
disposiciones legales permiten derivar la presencia de un derecho subjetivo
directamente exigible.
La
protección constitucional y legal de las madres y padres cabeza de familia, la
estabilidad laboral reforzada y el retén social en los procesos de
modernización del Estado. Limite temporal.
8.- Por expreso mandato constitucional, en los procesos de reforma institucional
existe la obligación del Estado de garantizar de manera reforzada, esto es, con
una mayor intensidad que a los demás servidores públicos, la permanencia y
estabilidad de las madres cabeza de familia en sus empleos. Lo anterior obliga
a las entidades públicas a adoptar medidas que armonicen sus planes de reforma
institucional con las acciones afirmativas de las que son titulares las madres
cabeza de familia, de manera que se privilegien aquellos mecanismos que
propugnen por la estabilidad en el empleo de la madre, y por la garantía de que
de manera continuada pueda seguir sosteniendo a sus menores hijos o a aquellas
personas que dependen económica o afectivamente de ella[24].
9.- Para
respetar esos límites a la modificación en la estructura laboral de la
administración pública, dentro del  Programa de
Renovación, el Gobierno Nacional fijó los lineamientos generales desde la
Directiva Presidencial No. 10 del 20 de agosto de 2002, los cuales fueron desarrollados
por la Ley 790 de 2002, la Ley 812 de 2003 y los decretos 190 y 396 de 2003, en
los que se previó la creación del denominado retén social, figura que se
circunscribe específicamente para los programas de renovación o
reestructuración de la administración pública del orden nacional que tiene por
finalidad  garantizar la estabilidad laboral y el respeto a la dignidad humana
para las cabezas de familia, los discapacitados y los servidores públicos
próximos a pensionarse.[25]
En la misma Directiva
Presidencial se señaló dentro de las acciones a corto plazo tendientes a la
reestructuración y liquidación de las entidades que forman parte del sector
central del Estado Colombiano, la austeridad en el gasto público como medio
para aliviar de inmediato la situación del fisco y la economía nacional y poder
realizar mayores gastos de inversión con los recursos que resultaren de ese
ahorro.
10.- Por su
parte, en materia de protección laboral reforzada para la madre cabeza de
familia, la Ley 790 de 2002, en su artículo 12 dispuso lo siguiente:
“ARTÍCULO 12. PROTECCIÓN ESPECIAL. De conformidad
con la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser
retirados del servicio en el desarrollo del Programa de Renovación de la
Administración Pública las madres cabeza de familia sin alternativa económica,
las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los servidores
que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para
disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años
contados a partir de la promulgación de la presente ley.”[26]
El artículo 13
de la Ley 790 de 2002, reguló lo relativo a la aplicación en el tiempo de la
siguiente forma:
“ARTÍCULO 13. APLICACIÓN EN EL TIEMPO. Las
disposiciones de este Capítulo se aplicarán a los servidores públicos retirados
del servicio a partir del 1o. de septiembre del año 2002, dentro del Programa
de Renovación de la Administración Pública del orden nacional, y hasta el
vencimiento de las facultades extraordinarias que se confieren en la presente
ley.”[27]
11.- El Gobierno
Nacional, expidió el Decreto 190 de 2003, mediante el cual se reglamentó
parcialmente la Ley 790 de 2002, y en su artículo 16 estableció que las
disposiciones allí contenidas se aplicarían a partir del 1° de septiembre de
2002, dentro del Programa de Renovación de la Administración Pública del orden
nacional, y hasta su culminación, la cual no podrá exceder, en todo caso, el 31
de enero de 2004, disposición que en criterio de la Corte es violatoria de la
Constitución. Así lo determinó la Sala Primera de Revisión de esta Corporación[28]
al considerar que la limitación en el tiempo del beneficio que se les otorgó a
las madres cabeza de familia en la Ley 790, artículo 12, por el Decreto 190,
artículo 16, no es ajustada a la Constitución, por cuanto una norma de menor
jerarquía (Decreto 190 de 2003, artículo 16), estableció un límite que la norma
que le daba validez (Ley 790 de 2002, artículo 12) no establecía, por esta
razón, la Corte aplicó la Constitución y no tuvo en cuenta el artículo 16 del
Decreto 190 de 2003.
12.- De la misma
forma, el Congreso de la República expidió la Ley 812 de 2003, que contiene el
Plan Nacional de Desarrollo para los años 2003 – 2006[29],
la cual en su artículo 8, literal d, consagró que los beneficios establecidos
en el capítulo II de la Ley 790 de 2002, se extenderían en el tiempo únicamente
hasta el 31 de enero de 2004, salvo en lo referente al tema de las personas que
estuviesen próximas a pensionarse, las cuales permanecerían en ejercicio de sus
cargos.
La Corte
Constitucional en la sentencia C-991 de 2004, declaró inexequible el aparte de
la mencionada disposición que señala “aplicarán hasta el 31 de enero de
2004”, al considerar que la norma establecía un trato diferenciado para las
madres cabeza de familia y los discapacitados respecto de los prepensionados,
en tanto que los tres grupos se encontraban constitucionalmente en la misma
posición, es decir, eran sujetos de especial protección constitucional en
virtud del artículo 13 de la Constitución. Después de realizar un juicio de
razonabilidad de la medida, la Corte concluyó que la limitación temporal para
las madres/padres cabeza de familia y los discapacitados era desproporcionada y
declaró la inconstitucionalidad de la limitación temporal.[30]
13.- Pese a tal consagración legal, ha dicho la Corte
Constitucional que la protección para la madre cabeza de familia, es mandato
constitucional y por tanto no puede limitarse su aplicación a las precisas
circunstancias de la ley 790 de 2002.
En efecto, ha
sostenido esta corporación en varias oportunidades[31],
que la protección a la mujer por su especial condición de madre cabeza de
familia es de origen supralegal, la cual se desprende no solamente de lo
dispuesto en el artículo 13 de la Constitución que establece la obligación
estatal de velar por la igualdad real y efectiva de los grupos tradicionalmente
discriminados y de proteger a las personas en circunstancias de debilidad manifiesta,
sino también de la especial protección contenida expresamente en el artículo 43[32]
Superior que determina la obligación del Estado de apoyarlas de manera
especial, en consideración a la difícil situación a la que deben enfrentarse al
asumir de forma solitaria las tareas de crianza y de sostenimiento de sus
menores hijos.
14.- La posición
adoptada por la Corte en relación con la garantía de estabilidad laboral
reforzada de la cual son titulares estos sujetos de especial protección
constitucional, en manera alguna lleva a considerar que dicha garantía se
constituya en un derecho absoluto, que haga imposible su retiro de la
institución, por ejemplo, cuando incumpla los deberes propios de su cargo o
cuando forme parte de los procesos de reformas estatales, pues ello resultaría
incompatible con los principios de eficiencia y celeridad que informan la
función administrativa y, así mismo, con el propósito de austeridad trazado por
el Gobierno Nacional, que sirven de fundamento constitucional para tales procesos
de modernización institucional.
En relación con
la limitación de los derechos, así tengan el carácter de fundamental, ha dicho
la Corte en sentencia T-047 de 1995, lo siguiente:
“Es un contrasentido jurídico pretender que un derecho -cualquiera
que sea su importancia- sea absoluto, porque, por lo menos, todo derecho llega
hasta donde comienzan los derechos ajenos. La convivencia limita, per se, los
derechos, las facultades y las libertades individuales, con base en el orden
público y el bien común. Además, no hay que olvidar que todo derecho tiene un
deber correlativo. Así las cosas, se evidencia que el derecho de un individuo
está limitado por los derechos de los otros asociados, por el orden público,
por el bien común y por el deber correlativo.
No hay que considerar la limitación de un derecho como una mengua de
la libertad humana, sino como una garantía de la misma. En efecto, cuando se
limita un bien, una pretensión o un interés, con ello se garantiza también que
las expectativas jurídicas de los demás no pueden sobrepasar la esfera jurídica
propia, porque así como se limitan los derechos propios, igualmente se limitan
los de los demás.
(…)
Si se analiza a fondo la limitación de un derecho, se encontrará que
hay límites intrínsecos, es decir, del mismo ente, y límites extrínsecos, o
sea,  puestos por el Estado o reconocidos por éste. Los límites intrínsecos son
emanados de la esencia finita del objeto jurídico protegido. Estos límites son
dados, también, por la misma condición del sujeto, que no es  absoluto. Es un
hecho notorio que el hombre dentro de su perfección ontológica, es limitado y
siempre debe haber una proporcionalidad entre el sujeto y el objeto del
derecho. Entonces, si el hombre es limitado, su derecho será, igualmente,
limitado, pues lo limitado no puede dominar lo absoluto. Los límites
extrínsecos, como se reconoce desde la Declaración de Derechos del Hombre y del
Ciudadano de la Revolución Francesa, son impuestos por la ley,  como regulante
de los derechos. Si el derecho positivo es regulado por la ley, es obvio que no
es absoluto. Lo absoluto, jurídicamente hablando, puede ser un fin
personalísimo dentro de la esfera subjetiva del ser humano, propia del orden
moral, pero nunca un derecho, por la imposibilidad de objetivización. El
derecho positivo es pues esencialmente limitado por la ley que lo regula y por
su misma naturaleza finita.”
15.- Con
posterioridad, esta Corporación profiere las sentencias SU-388 y SU-389 de
2005, en donde se unificó la jurisprudencia relativa a la protección del retén
social para las madres cabeza de familia y padres cabeza de familia sin otra alternativa económica, desvinculados de Telecom – en
liquidación - luego del vencimiento del límite temporal (31 de enero de 2004),
establecido en el Decreto 190 de 2003 y la Ley 812 de 2003.
En la sentencia SU-388
de 2005, la Corte Constitucional estimó que la decisión de Telecom de
desvincular a las madres cabeza de familia sin alternativa económica,
reconocidas como tales por la propia entidad, sí resultaba contraria a
disposiciones de rango constitucional y no se encontraba acorde con los
preceptos del Estado Social de Derecho, toda vez que quedaban desprotegidos los
derechos de sujetos que están en un alto grado de indefensión. En consecuencia,
teniendo en cuenta que desde la Sentencia C-991 de 2004 es claro que el límite
temporal previsto en el literal D del artículo 8 de la Ley 812 de 2003 y en el
artículo 16 del Decreto 190 de 2003, vulnera mandatos constitucionales de
superior jerarquía, la Corte ordenó el reintegro de las actoras a sus cargos o
a otros de igual o superior jerarquía “(...) sin solución de continuidad
desde la fecha en la cual fueron desvinculados de la entidad y hasta la
terminación definitiva de la existencia jurídica de la empresa.”[33],
o en otras palabras  “hasta tanto no quede en firme el acta final de la
liquidación (...)”[34].
16.- En conclusión,
si bien el amparo otorgado en el retén social no puede tener límites temporales
arbitrarios, como el impuesto por el Decreto 190 de 2003 y por la Ley 812 de
2003, la protección de las personas beneficiarias del retén social y la estabilidad
reforzada de la que son titulares solo puede ser extendida mientras estuviese
vigente el proceso liquidatorio de Telecom, pero una vez culminado éste y
extinguida jurídicamente la entidad, la protección conferida no encuentra
fundamento en derecho para ser aplicada, dado que la persona jurídica que debe
otorgarla dejó de existir.[35]
Análisis del
caso concreto
17.- Las actoras
interpusieron la presente acción de tutela al considerar que las entidades
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales de los niños, a la igualdad, a
la mujer cabeza de familia, al debido proceso y al libre desarrollo de la
personalidad, por haber sido desvinculadas a partir del 1° de febrero de 2006
de la empresa Telecom – en liquidación -, como consecuencia de la supresión y
liquidación de la entidad y por ende de los cargos que venían desempeñando, sin
que hubieran sido reubicadas en alguno de los cargos de la administración pública
nacional, desconociendo de esa manera su condición de madres cabeza de familia
y beneficiarias de los programas del retén social.
Por su parte, las
entidades accionadas coinciden en afirmar que la acción de tutela es
improcedente toda vez que: (i) Telecom – en liquidación – ya no existe por
haber culminado su período de liquidación; (ii) no son las llamadas a responder
por las pretensiones de las actoras con las que nunca se entabló un vínculo
laboral, porque son personas jurídicas diferentes a la entidad que se extinguió;
(iii) la jurisprudencia de la Corte Constitucional, determinó claramente que la
protección laboral reforzada establecida para las madres y padres cabeza de
familia, se extendía únicamente hasta la culminación de la liquidación de Telecom;
y (iv) la estabilidad laboral de la que gozan no genera un derecho absoluto que
se pueda extender indefinidamente en el tiempo, ni un deber perpetuo para el
empleador.
El juez de
primera instancia concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados
por las peticionarias y ordenó al Presidente de la República la adopción de una
política dirigida a otorgarles prelación para el lleno de las vacantes
existentes, con el fin de lograr la readaptación laboral y su consecuente
reinserción en el mercado laboral, al estimar que se omitió otorgar preferencia
a las madres cabeza de familia para beneficiarlas con los planes de reubicación
y rehabilitación laboral. El Consejo de Estado, en segunda instancia, revocó la
decisión impugnada al considerar que la protección laboral reforzada no es de
carácter absoluto, por tanto, es posible retirar a los funcionarios del
servicio cuando exista justa causa para ello y siempre que el empleador observe
celosamente el debido proceso.
18.- A partir de
la jurisprudencia expuesta, los supuestos fácticos y los documentos que obran
en el expediente, la Sala tiene establecido lo siguiente:
18.1. De
conformidad con las afirmaciones realizadas por las demandantes en su escrito
de tutela y en las declaraciones rendidas bajo juramento ante esta Corporación
durante el trámite de la Revisión, se ha demostrado claramente su condición de madres
cabeza de familia, razón por la que Telecom – en liquidación - las reconoció como
beneficiarias del retén social al momento en que la empresa decidió su
reintegro, en el año 2005 en acatamiento de las acciones de tutela (SU-388 y
SU-389 de 2005) proferidas por la Corte Constitucional.
18.2.- Los
cargos de telefonista nacional desempeñados por cada una de las peticionarias
eran considerados cargos de excepción, debido al alto riesgo que comportaba
para la salud. Por tanto, de acuerdo con la convención colectiva de trabajo y
su addenda suscrita en los años 1996 y 1997 se pensionaban con 20 años de
servicio en el cargo y cualquier edad.
Si bien el tema relacionado
con la pensión no fue motivo de las pretensiones de la presente demanda de
tutela, obra en el expediente constancia de que para el año 2003, Telecom – en
liquidación - ofreció un Plan de Pensión Anticipada a aquellos empleados que
acreditaran el lleno de los requisitos trazados en la convención colectiva y en
el manual expedido para tal efecto. Así, para los cargos de excepción, se
exigía: (i) estar vinculado a la planta de personal de Telecom al momento de su
transformación en empresa Industrial y Comercial del Estado y (ii) cumplir sin
consideración a la edad los 20 años de servicio en el cargo de excepción antes
del 31 de diciembre de 2004, fecha en la que de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 14 del Decreto 1835 de 1994, terminaban los cargos de excepción[36].
Lo anterior significaba que para el caso concreto de las peticionarias, en el
momento del ofrecimiento del Plan debían tener 18.3 años de servicios
prestados.
De acuerdo con
la información suministrada por el Patrimonio Autónomo de Remanentes – PAR - en
sus escritos de respuesta aportados a esta Corporación durante el presente
trámite de revisión, una vez analizada la situación particular de cada una de
las demandantes según las hojas de vida - RTS, en las que consta la fecha de
ingreso a Telecom, se tiene que dicho Plan no les fue ofrecido toda vez que
ninguna de ellas cumplía con el tiempo de servicio exigido a 31 de marzo de
2003.
18.3.- Está
plenamente establecido que de acuerdo con lo estipulado por el artículo 2° del
Decreto – Ley 1254 de 2000, el artículo 36 del Decreto 1615 de 2003 y el
artículo 1° del Decreto 4781 de 2005, Telecom fue declarada jurídicamente
extinguida el 31 de enero de 2006, para lo cual se levantó acta de liquidación que
fue publicada en el Diario Oficial No. 46168. Según las citadas normas, la
supresión y liquidación de la entidad tuvo lugar dentro del marco del Programa
de Renovación de la Administración Pública puesto en marcha por el Gobierno
Nacional.
En virtud de tal
determinación, los cargos de telefonista nacional que ocupaban las accionantes
fueron suprimidos y sus contratos de trabajo se dieron por terminados el 31 de
enero de 2006.
18.4. Las demandantes
solicitan la reubicación en la administración pública nacional en cargos de
igual o superior jerarquía a los que ocupaban.
Al respecto, es
pertinente recordar que las figuras de la incorporación, reincorporación e
indemnización han sido previstas como opciones a las que tiene derecho un
funcionario inscrito en la carrera administrativa al que se le suprima el cargo
dentro de los procesos de reforma institucional con el fin de preservar la
estabilidad laboral de que gozan.
El artículo 44
de la ley 909 de 2004[37], en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 87 del decreto 1227 de 2005 que la reglamenta
parcialmente, estipulan el derecho preferencial a ser incorporados a un empleo
de la nueva planta de personal igual o equivalente. En caso de no ser posible la
incorporación, cuyo efecto es inmediato y debe darse en la misma entidad,
podrán optar también por ser reincorporados a otros empleos vacantes equivalentes
o a aquellos que se creen en las plantas de personal: (i) en misma entidad;
(ii) en la entidad que asuman las funciones del empleo suprimido; (iii) en las
entidades del sector administrativo al cual pertenecía la entidad y (iv) en
cualquier entidad de la rama ejecutiva. También podrán recibir una
indemnización, cuando lo anteriormente señalado no sea posible.
Un cargo es
equivalente a otro cuando: (i) tiene asignadas funciones iguales o similares;
(ii) para su desempeño se exijan requisitos de estudio, experiencia y
competencias laborales iguales o similares; y (iii) tengan una asignación básica
mensual igual o superior.
Así las cosas, la
Sala considera que lo dispuesto para la incorporación y la reincorporación, no
es aplicable al caso particular de las actoras, por cuanto las figuras jurídicas
analizadas son viables únicamente para el personal inscrito en la carrera
administrativa, que no es el caso particular de las actoras, por cuanto los
cargos de telefonista nacional, que ocupaban no tenían tal carácter.
Adicionalmente, no
es procedente la incorporación que debe darse en la misma entidad, toda vez que
al haber concluido el proceso de liquidación de Telecom el 31 de enero de 2006,
la empresa desapareció del mundo jurídico, ni tampoco procede la
reincorporación, ya que exige, como se explicó, un empleo con equivalencia de
funciones, que asegure el adecuado desempeño de la labor asignada.
Es de anotar, que
la improcedencia de la reincorporación ya se evidenció en la practica, puesto
que durante el reintegro a la entidad en cumplimiento de las acciones de tutela
que interpusieron, según las declaraciones rendidas durante el presente
trámite, dos de las ciudadanas demandantes quienes fueron designadas en
comisión en otras entidades del Estado – ICBF -, no pudieron desempeñar sus
funciones, siendo necesario, durante el periodo de la comisión decretarle a una
de ellas las vacaciones que tenía pendiente y en el otro caso, ante la
desaparición de la seccional donde trabajó como Telefonista, debió permanecer
en su casa durante todo el tiempo de la comisión.
18.5.- De
conformidad con las declaraciones rendidas por las actoras ante esta
Corporación, a la terminación  de los contratos se les pagó la indemnización a
que tenían derecho.
18.6. El
Programa de Renovación de la Administración Pública y la aplicación del retén
social tuvo vigencia hasta el 24 de julio de 2007 cuando expiró la vigencia del
Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, en virtud de la expedición de la Ley
1151 de 2007 que contiene el Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010.
19.- Por lo anteriormente expuesto, siendo evidente que el límite
temporal impuesto para los sujetos que se encontraban amparados por el retén
social, dentro de los cuales se encontraban las actoras, ya se terminó por
haberse extinguido la empresa Telecom - en liquidación -, la acción de tutela
es improcedente. Por tanto, la Sala Octava de Revisión de esta Corporación,
confirmará el fallo de fecha 7 de noviembre de 2006, proferido por la Sección
Segunda – Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, que negó la protección de los derechos invocados por las actoras a
través de apoderado judicial.
V. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero: LEVANTAR la suspensión del término del trámite de revisión decretada mediante
auto del 28 de mayo de 2007.
Segundo.-
CONFIRMAR, por las
razones expuestas, la sentencia de fecha siete (7) de noviembre de 2006,
proferida por la Sección Segunda – Subsección A de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, que negó la protección de los derechos
invocados por las señoras Ruth Sarmiento Garzón, Marisol Castaño Losada,
Patricia Roldán Arévalo, Antonia de Jesús Mosquera Palacios, Belén Herrera,
Rosa María Vargas Méndez, Sofy Alexandra Cruz Ortíz y Claudia Margarita López
Moncada, contra
Segundo.-
LÍBRENSE por Secretaría
General las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
Ponente
JAIME
ARAUJO RENTERIA
Magistrado
Ausente
en comisión
CLARA
INES VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1]
El artículo 2° del Decreto – Ley 254 de 200 dispone:” ARTÍCULO 2º-Iniciación
del proceso de liquidación. El proceso de liquidación se inicia una vez
ordenada la supresión o disolución de una de las entidades a las cuales se
refiere el artículo 1º del presente decreto. El acto que ordene la supresión o
liquidación dispondrá lo relacionado con las situaciones a que se refiere el
parágrafo primero del artículo 52 de la Ley 489 de 1998. Así mismo, en dicho
acto o posteriormente, podrá disponerse que la liquidación sea realizada por
otra entidad estatal que tenga dicho objeto. Igualmente podrá establecerse que
la liquidación se realice por una entidad fiduciaria contratada para tal fin o
contratarse con una de dichas entidades la administración y enajenación de los
activos.”
[2] El artículo 36 del Decreto 1615 de 2003 estipula lo siguiente: “ARTÍCULO
36.- ACTA DE LIQUIDACIÓN.- Si no se objetare el informe final de
liquidación en ninguna de sus partes, se levantará un acta que deberá ser
firmada por el Liquidador. Si se objetare, el Liquidador realizará los ajustes
necesarios y posteriormente se levantará el acta de liquidación. // El
Liquidador, previo concepto de la Junta Liquidadora, declarará terminado el
proceso de liquidación una vez quede en firme el acta final de liquidación, la
cual se deberá publicar conforme a la ley.”
[3]
El artículo 1° del decreto 4781 de 2005 estipula: “Artículo1°.Modificase el
artículo 2° del Decreto 1615 de 2003, el cual quedará así: Artículo 2°.
Duración del proceso de liquidación y terminación de la existencia legal de la
entidad. El proceso liquidatorio de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones -
Telecom en liquidación el cual fue prorrogado mediante  Decreto 1915 de 2005,
se extenderá hasta el 31de enero del año 2006. // Vencido el término de
liquidación señalado o declarada la terminación del proceso liquidatorio con
anterioridad a la finalización de dicho plazo, terminará para todos los efectos
la existencia jurídica de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones- Telecom en
Liquidación.”
[4]
Mediante auto proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A el 22 de septiembre de 2006, se
resolvió rechazar por extemporánea la impugnación interpuesta por Colombia
Telecomunicaciones contra el fallo proferido por la misma Corporación el 2 de
septiembre.
[5]
De estado civil separada con un hijo de 25 años y otro de 9
años de edad. Actualmente vive en Ibagué, está desempleada y tiene 45 años de
edad. Se desempeñó en Telecom por espacio de 19 años, a partir del 22 de
diciembre de 1987, en el cargo de telefonista nacional en Melgar – Tolima.
(folio 190 del cuaderno 2 del expediente).
[6]
De estado civil casada con exfuncionario de Telecom quien
actualmente no trabaja. Tienen un hijo de 11 años y una niña de 8. Residen en
Bogotá, se encuentra desempleada, tiene 39 años de edad. Afirma haberse
desempeñado en Telecom de Florencia desde 1986, aunque no podido demostrarlo
puesto que se le perdió la documentación. De acuerdo con  la certificación de
la empresa que adjuntó a la declaración, laboró por espacio de 16 años, 3 meses
y 19 días, en el cargo de telefonista nacional en la Regional Bogotá. El último
sueldo devengado fue de $1.179.000.oo. (folio 193 del cuaderno 2 del
expediente).
[7]
De estado civil soltera con una hija de 17 años y un niño de
11años de edad. Actualmente vive en Bogotá, está desempleada y tiene 40 años de
edad. Se desempeñó en Telecom por espacio de 18 años y 7 meses, a partir del 1°
de julio de 1987, en el cargo de telefonista nacional. (folio 205 del cuaderno
2 del expediente).
[8]
De estado civil soltera con un hijo de 14 años. Actualmente
está desempleada y tiene 48 años de edad. Se desempeñó en Telecom inicialmente
en interinidad desde 1985, lo que no pudo demostrar porque los expedientes se
perdieron y en propiedad trabajó por espacio de 19 años y 15 días 7 meses, a
partir del 7 de junio de 1987, en el cargo de telefonista nacional. (folio 210
del cuaderno 2 del expediente).
[9]
De estado civil unión libre cuyo compañero permanente no
trabaja, tienen una hija de 18 años y otro niño de 9 años de edad. Actualmente
viven en Duitama, está desempleada y tiene 43 años de edad. Se desempeñó en
Telecom inicialmente en interinidad por espacio de 3 meses y en propiedad a
partir del 16 de enero de 1988, en el cargo de telefonista nacional en Soatá,
Duitama y Tunja. Su último salario devengado fue de $1.100.000.oo
aproximadamente. (folio 244 del cuaderno 2 del expediente).
[10]
De estado civil soltera con un hijo de 24 años y otro de 6
años de edad. Actualmente vive en Bogotá, está desempleada y tiene 48 años de
edad. Se desempeñó en Telecom a partir del 14 de diciembre de 1987, en el cargo
de telefonista nacional en Bogotá. Su último salario devengado fue de
$1.100.000.oo, aproximadamente. (folio 251 del cuaderno 2 del expediente).
[11]
De estado civil soltera con un hijo de 7 años. Actualmente
vive en Bogotá, está desempleada y tiene 39 años de edad. Se desempeñó en
Telecom a partir del 11 de octubre de 1988, en el cargo de telefonista nacional
en la Dorada, Manizales y Bogotá. Su último salario devengado un poco menos del
$1.100.000.oo. (folio 255 del cuaderno 2 del expediente).
[12]
De estado civil soltera con una hija de 12 años. Actualmente,
está desempleada y tiene 43 años de edad. Se desempeñó en Telecom a partir del
18 de noviembre de 1986, en el cargo de telefonista nacional en la Dorada,
Manizales y Bogotá. Su último salario devengado fue de $1.179.517.oo. (folio
280 del cuaderno 2 del expediente).
[13]
Este fue el caso de Patricia Roldán Arévalo, Antonia de Jesús
Mosquera Palacios, Rosa María Vargas Méndez
y Claudia Margarita López Moncada.
[14]
Este es el caso de la señora Rosa María Vargas Méndez, quien afirma que no le
quedó nada del valor de la indemnización puesto que debió pagar la totalidad
del préstamo de vivienda y además vender la casa por que no tenía capacidad
para responde por el crédito
[15]
Así le sucedió a la señora Belén Herrera quien tiene una deuda
pendiente con la extinta Telecom, por concepto de vivienda, por valor de
$45.000.000. más los intereses y los seguros, por cuanto el valor de la
indemnización lo utilizó para pagar otras deudas pendientes.
[16]
Así le sucedió a Sofy Alexandra Cruz Ortiz, quien con
el valor de la indemnización por el retiro definitivo pagó el saldo que le
quedó pendiente por el préstamo de vivienda. De dicho valor sostiene que le
quedó algo mínimo para subsistir.
[17]
Así lo hizo Ruth Sarmiento Garzón a quien un Juzgado de melgar
falló a su favor pero el Tribunal de Ibagué revocó la decisión. La señora
Antonia de Jesús Mosquera Palacios sostiene  que tiene una demanda ordinaria en
curso, la cual a raíz de la circular No.004 emanada de la Presidencia del
Consejo Superior de la Judicatura ha sido rechazada por los Juzgados argumentan
la inexistencia jurídica de Telecom. La señora Sofy Alexandra Cruz Ortiz afirma
que desde hace año y medio ha tratado de instaurar una demanda ordinaria ante
el Juzgado Segundo Laboral, pero no ha sido posible porque cada vez la inadmiten
y la manda a subsanar por diferentes razones, entre ellas dando cumplimiento a
las ordenes impartidas por el Consejo Superior de la Judicatura de abstenerse
de recibir demandas que tengan relación con Telecom toda vez que es cosa
juzgada. También en su declaración la señora Claudia Margarita López Moncada
sostiene que instauró demanda ordinaria laboral ante el Juzgado Laboral de
Zipaquirá la cual, después de muchas vueltas finalmente fue admitida el 25 de
mayo de 2007, quedando pendiente de fijar la fecha para la audiencia.
[18]
Así lo afirmó la Señora Antonia de Jesús Mosquera Palacios
quien sostuvo que presentó derecho de petición para obtener el reconocimiento
de la pensión anticipada, teniendo en cuenta que la empresa no se los ofreció
por considerar que no tiene el derecho por no pertenecer al régimen de
excepción de la ley 100 de 1993. Afirma también en su declaración que otros
compañeros de trabajo por vía de tutela han conseguido ser incluidos en la
nómina del PAR para el pago de la pensión anticipada, pero en su caso perdió la
tutela que instauró para reclamar dicho reconocimiento. De la misma forma la
señora Claudia Margarita López Moncada sostiene que presentó un derecho de
petición ante Telecom para el reconocimiento de la pensión anticipada, la cual
fue negada aduciendo no tener el derecho por no estar incluida en el régimen de
transición de la ley 100 de 1993
[19]
Las señoras Marisol Castaño, Belén Herrera, Rosa María Vargas
Méndez, Sofy Alexandra Cruz Ortiz y Claudia Margarita López Moncada  en sus
declaraciones sostienen que interpusieron una acción de tutela para reclamar la
pensión anticipada pero les fue denegada. Afirman que 21 compañeras, con el
mismo abogado si lograron por esta vía el reconocimiento de la pensión después
de la liquidación de la empresa. Reconoce que por tal motivo van a instaurar
una demanda para iniciar un proceso laboral para reclamar dicho reconocimiento.
[20]
De conformidad con la certificación expedida por el Jefe
Operativo de la Unidad de Personal del PAR, de fecha 7 de agosto de 2007, sobre
el estudio de requisitos de las accionantes para acceder al Plan de Pensión
Anticipada que adjuntó el apoderado judicial del PAR en su escrito de respuesta
al requerimiento de la Corte Constitucional, la fecha de ingreso de la señora
Patricia Roldán Arévalo a Telecom fue el 1° de julio de 1987. (fl).  )   del
cuaderno dos del expediente)
[21]
De conformidad con la certificación suscrita por el Jefe
Operativo de la Unidad de Personal del PAR, de fecha 7 de agosto de 2007, la
fecha de ingreso de la señora Sofy Alexandra Cruz a Telecom fue el 11 de
octubre de 1988.  (fl.  del  cuaderno dos del
expediente)
[22]
De conformidad con la certificación expedida por el Jefe
Operativo de la Unidad de Personal del PAR, de fecha 7 de agosto de 2007, que
adjuntó el apoderado judicial del PAR en su escrito de respuesta, la fecha de
ingreso de la señora Patricia Roldán Arévalo a Telecom fue el 1° de julio de
1987.
[23]
Los artículos 10 y 14 del decreto 1835 de 1994 establecen: “Artículo 10. Los
servidores públicos de TELECOM, en los cargos considerados de excepción y que
tenían un régimen especial de jubilación, vinculados a esa entidad al momento
de transformarse en empresa industrial y comercial del estado, se les aplicarán
íntegramente las normas especiales en materia pensional vigentes a esa fecha,
con el límite señalado en el artículo 14 de este decreto. Por su parte el
artículo 14 estipula lo siguiente: “Artículo 14. El régimen de pensiones
especiales para las actividades de alto riesgo previstas en este decreto, sólo
cubrirá a los servidores públicos vinculados a las mismas HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2004”. // “El límite de tiempo previsto en este
artículo podrá ampliarlo, parcial o totalmente, el Gobierno Nacional hasta por
10 años más, previo concepto del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales. //
“A partir de la fecha determinada en el inciso primero de este artículo o la
determinada por el Gobierno Nacional de conformidad con lo establecido en el
inciso anterior, quienes vienen afiliados continuarán cobijados por el régimen
especial de que trata este decreto. Los nuevos servidores públicos, se
afiliarán al Sistema General de Pensiones en los términos de la ley 100 de 1993
y sus respectivos reglamentos.” (subrayado, resaltado y mayúscula fuera del
texto.
[24]
Corte Constitucional, sentencia SU-388 de 2005. S.V. Jaime Araujo Rentería.
[25]
Corte Constitucional, sentencia C-1039 de 2003.
[26]
El aparte “no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del
Programa de Renovación de la Administración Pública las madres cabeza de
familia sin alternativa económica” del artículo referido fue declarado
exequible de manera condicionada por esta Corporación, mediante sentencia C-044
de 2004 “…en el entendido de que la protección debe extenderse a los padres
que se encuentren en la misma situación, en aras de proteger la prevalencia de
los derechos de los niños y el grupo familiar al que pertenecen”. La
expresión “las madres” ya había sido previamente declarada exequible de
manera condicionada por la sentencia C-1039 de 2003 “en el entendido que la
protección debe extenderse a los padres que se encuentren en la misma
situación, en aras de proteger la prevalencia de los derechos de los niños y el
grupo familiar al que pertenecen”.
[27]
En la sentencia C-991 de 2004, esta Corporación se declaró inhibido de fallar
sobre el aparte “y hasta el vencimiento de las facultades extraordinarias
que se confieren en la presente ley” por carencia actual de objeto. La
Corte expuso como fundamento de su decisión que la misma fue derogada
tácitamente por el artículo 8º, literal D, último y penúltimo incisos de la Ley
812 de 2003.
[28]
Corte Constitucional, sentencia T-792 de 2004.
[29]
El Plan de Renovación de la Administración Pública y su protección del retén
social se convirtió en régimen obligatorio del Plan Nacional de Desarrollo
2003-2005 hasta el vencimiento de su vigencia, el 24 de julio de 2007, cuando
entró a regir la Ley 1151 de 2007 que contiene el Plan Nacional de Desarrollo
2006-2010.
[30]
Corte Constitucional, sentencia C-991 de 2004. “Aplicando
la regla de la ponderación según la cual para que una limitación sea exequible
el grado del beneficio del fin buscado por el legislador debe ser tanto mayor
cuanto mayor sea la afectación del principio constitucional en colisión, se
tiene que el límite del 31 de enero de 2004 establecido en el último inciso del
artículo 8, literal D, de la Ley 812 de 2003 es inexequible.”
[31]
Corte Constitucional, sentencias C-184 de 2003, C-964 de 2003, C-044 de 2004, y
T-768 de 2005, entre otras.
[32]El artículo 43 de la Constitución dispone: «La mujer y el hombre
tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a
ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará
de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio
alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará
de manera especial a la mujer cabeza de familia»
[33] Corte Constitucional, Sentencias SU-388 de 2005 y C-389 de 2006: En
este sentido fueron ordenados los reintegros de las madres y padres cabeza de
familia.
[34] Corte Constitucional, sentencia T- 792 de 2004 antes citada.
[35] Así lo ha entendido la
Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias T-792 de 2004, T-602 de
2005, T-726 de 2005, T-538 de 2006, T-570 de 2006, T-646 de 2006 y T-971 de
2006, en las que ha resueltos asuntos relacionados con Telecom- en liquidación
-.
[36] De conformidad con esta disposición, el
régimen de pensiones especiales para las actividades de alto riesgo, sólo se
extendería hasta el 31 de diciembre de 2004.
[37] Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Esta
ley derogó la ley 443 de 1998, a excepción de los artículos 24, 58, 81 y 82. El
artículo en mención consagra lo siguiente: "ARTÍCULO 44. DERECHOS DEL
EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA EN CASO DE SUPRESIÓN DEL CARGO. Los
empleados públicos de carrera administrativa, que como consecuencia de la
liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias,
o del traslado de funciones de una entidad a otra, o por modificación de planta
de personal, se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán
derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la
nueva planta de personal, y de no ser posible podrán optar por ser
reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir indemnización. El
Gobierno Nacional reglamentará el proceso de reincorporación y el
reconocimiento de la indemnización. (…).