T-885-09
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-885/09
PROTECCION
ESPECIAL A PERSONAS DISCAPACITADAS-Marco legal y constitucional
CONCEPTO DE
MINIMO VITAL-Reiteración de jurisprudencia
DERECHO A LA
REHABILITACION Y EDUCACION DE PERSONA CON DISCAPACIDAD MENTAL-Reiteración
de jurisprudencia
DESPLAZADOS
POR LA VIOLENCIA-Sujetos de especial protección constitucional/DESPLAZAMIENTO
FORZADO-Vulneración múltiple, masiva y continua de derechos fundamentales
DESPLAZADOS
POR LA VIOLENCIA-Atención humanitaria de emergencia y estabilización
socioeconómica
LABOR
PROBATORIA DEL JUEZ CONSTITUCIONAL-Resolución de controversias
LABOR
PROBATORIA DEL JUEZ CONSTITUCIONAL-Oficiosidad es criterio determinante
para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales
POBLACION
DESPLAZADA-No puede exigírsele una carga probatoria desproporcionada
DERECHO A LA
REHABILITACION Y EDUCACION DE PERSONA CON DISCAPACIDAD MENTAL Y DESPLAZADA POR LA
VIOLENCIA
Referencia: expedientes acumulados T-2358302, T-2358332, T-2359937.
Acciones de
tutela instauradas por separado por Mónica Patricia Hernández Salcedo, Gilberto
Hernando Salazar Giraldo, actuando como agente oficioso de su hija Diana Mileidy
Salazar Orozco y José David Montes Tapia contra Acción Social y contra el
Alcalde Municipal de San Rafael – Antioquia.
Magistrado
Ponente
Dr. JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ.
Bogotá D.C. primero (1°) de
diciembre de dos mil nueve (2009)
La Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Maria Victoria Calle Correa y
los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva y Juan Carlos Henao Pérez, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Nacional y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de
las sentencias dictadas en los procesos conocidos bajo los números de
expedientes T – 2358302, por el Juzgado 12 Administrativo del Circuito de
Cartagena; T – 2358332, por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Rafael,
Antioquia y por el Juzgado Promiscuo de Familia de Marinilla, Antioquia; y T –
2359937, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sincelejo.
1.
ANTECEDENTES
1.1.
Expediente T-2358302.
La ciudadana Mónica Patricia
Hernández Salcedo interpuso acción de tutela contra Acción Social con el fin de
obtener la protección de sus derechos a la vida, a la igualdad, al mínimo
vital, a la seguridad social, a la salud, al debido proceso, a la protección de
la tercera edad y de la familia que habrían sido vulnerados como consecuencia
de la ocurrencia de los siguientes
1.1.1. Hechos:
1.
La peticionaria afirmó ser madre cabeza de familia a cargo de dos (2)
hijos, uno de ellos discapacitado.
2.
Como consecuencia de la violencia, la peticionaria y su familia se
vieron en la obligación de trasladarse del Municipio de Barranco de Loba,
Bolívar, a la ciudad de Cartagena, como consta en la certificación expedida por
la señora Maria José Rodríguez Puerta, Personera Municipal del Banco, Magdalena[1].
3.
En el 2002, de acuerdo con lo afirmado por la peticionaria, fueron
incluidos en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) y, por lo tanto,
solicitó verbalmente a Acción Social de Bolívar las ayudas humanitarias
previstas en la Ley 387 de 1997.
4.
En vista de que nunca recibió estas ayudas, en febrero de 2009,
interpuso derecho de petición ante Acción Social[2]. Esta entidad realizó
varias visitas al domicilio de la peticionaria pero, hasta la fecha de
presentación de la tutela, su solicitud no había sido respondida de fondo.
5.
Por los motivos antes expuestos, la peticionaria interpuso acción de
tutela contra Acción Social de Bolívar solicitando la suma de veinticuatro
millones seiscientos trece mil trescientos sesenta pesos ($24.613.260) por
concepto de asistencia alimentaria, setecientos cuarenta y cinco mil
trescientos cincuenta pesos ($745.350)  por concepto de alojamiento temporal y
suministro de kits y esta misma cifra ($745.350) por concepto de transporte
temporal.
1.1.2. Contestación
de Acción Social
La entidad demandada no contestó
la acción de tutela instaurada por la peticionaria.
1.2.
Expediente T-2358332.
El ciudadano Gilberto Hernando
Salazar Giraldo, actuando en representación de su hija Diana Mileidy Salazar
Orozco,  interpuso acción de tutela contra el Alcalde Municipal de San Rafael,
Antioquia, con el fin de obtener la protección del derecho fundamental a la
vida en condiciones dignas de su hija, que habría sido vulnerado como
consecuencia de la ocurrencia de los siguientes
1.2.1    Hechos:
1.
La hija del peticionario nació con parálisis cerebral y retardo mental
leve, enfermedades que, de acuerdo con el certificado médico suscrito por el
señor Jorge Alberto Caro Avendaño, Gerente de la E.S.E. Hospital Pbro. Alonso
María Giraldo[3], generan discapacidad de
tipo mental y funcional de carácter permanente.
2.
El peticionario y su familia, compuesta por su cónyuge y tres (3) hijos
más,  debido a la violencia, debieron trasladarse de la zona rural en la que
vivían, a la cabecera municipal del municipio de San Rafael, hace más de diez
años como consta en el certificado expedido por el señor Edgar Alberto Isaza
Giraldo, Personero Municipal de San Rafael, Antioquia[4].
3.
Por otra parte, el peticionario afirmó que tenía 61 años de edad[5]
y que, desde hace 10 años, no contaba con un empleo estable que le permitiera
satisfacer las necesidades básicas de su núcleo familiar y, en consecuencia,
había tenido que recurrir a la mendicidad.
4.
Con fundamento en estos hechos, el peticionario interpuso acción de
tutela para solicitarle al Alcalde del municipio en el que habita, ayuda
tendiente a satisfacer las necesidades mínimas de su hija discapacitada.
1.2.2.
Contestación del Alcalde Municipal de San Rafael,   Antioquia.
Edgar Eladio Giraldo Morales, en
su calidad de alcalde municipal de San Rafael, Antioquia, solicitó que la
presente acción de tutela fuera desestimada al considerar que el municipio
había actuado conforma a la ley y a la Constitución.
En este sentido, afirmó que, en
el año 2005, el Estado le había concedido un subsidio de vivienda al
peticionario por un valor de diez millones cuatrocientos cincuenta mil pesos
($10.450.000) con lo que se aseguraba el derecho a la vivienda de su
hija. Adicionalmente, aseguró que tanto el peticionario como su familia,
se encontraban afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud a través del
Sisben, grado 1, con lo cual la menor discapacitada tenía asegurada la
cobertura en materia de salud, sin necesidad de pagar copagos o cuotas
moderadoras. Por otra parte, anexó constancia de afiliación del peticionario al
programa presidencial Acción Social[6] y afirmó que, por medio
del programa Familias en Acción, el peticionario recibió subsidio escolar para
su hija discapacitada hasta que esta cumplió la mayoría de edad. Adicionalmente,
afirmó que la Cruz Roja Internacional le había entregado varios mercados al
peticionario y una ONG de la región, le había donado una silla de ruedas para
que su hija se desplazara con menos dificultad.
Por otra parte, estimó que el
municipio apoyaba múltiples programas dirigidos a mejorar las condiciones de
vida de las personas discapacitadas como, por ejemplo, la “semana de la salud y
de la esperanza” mediante la que se fomentaba la integración y la recreación de
la población discapacitada.
Finalmente, el Alcalde accionado
afirmó que el municipio apoyaba económicamente a la Corporación Diego León,
entidad encargada de brindar atención integral a las personas con retardo
mental y dificultades asociadas.
1.3.
Expediente T-2359937.
El ciudadano José David Montes
Tapia interpuso acción de tutela contra Acción Social con el fin de obtener la
protección de los derechos de petición, vida digna y mínimo vital que habrían
sido vulnerados con base en los siguientes hechos:
1.3.1. Hechos:
1.
El día 21 de abril de 2009, el peticionario interpuso derecho de
petición ante Acción Social con el fin de solicitar ayuda humanitaria.
2.
Hasta la fecha de presentación de la demanda, el peticionario no había
obtenido respuesta por parte de la entidad accionada.
3.
En consecuencia, interpuso acción de tutela solicitando “asistencia
alimentaria, ayuda humanitaria, apoyo alojamiento, o subsidio de arrendamiento
durante 3 meses y kits de habitación y cocina”[7].
1.3.2. Contestación
de Acción Social.
En el auto admisorio de la acción
de tutela, el juez de primera instancia ordenó a la entidad demandada informar
sobre si el accionante estaba inscrito como desplazado y si estaba cobijado por
el programa de ayuda humanitaria ofrecido por el Gobierno. Sin embargo, la
entidad demandada no contestó nada.
1.4.
Decisiones judiciales objeto de revisión.
1.4.1. Expediente
T-2358302.
El Juzgado 12 Administrativo de
la ciudad de Cartagena, mediante sentencia de 26 de mayo de 2009, negó el
amparo de los derechos invocados por la peticionaria al estimar que no se
cumplía con el requisito de la inmediatez pues, entre el desplazamiento (1998)
y la presentación de la acción de tutela (2009), trascurrió un lapso
considerable de tiempo.
Adicionalmente, el juez de
instancia consideró que la peticionaria no había aportado prueba de que se
encontraba inscrita en el Registro Único de Población Desplazada y, por lo
tanto, no podía ser beneficiaria de la ayuda humanitaria consagrada en la Ley
387 de 1997.
Por último, estimó que en el
expediente no obraba prueba que demostrara que la entidad demandada le hubiera
negado la ayuda solicitada.
1.4.2. Expediente
T-2358332.
1.4.2.1.
Decisión de primera instancia.
El Juzgado Promiscuo Municipal
del municipio de San Rafael, Antioquia, mediante sentencia de 29 de enero de
2009, negó la protección de los derechos fundamentales invocados por el
peticionario al estimar que, en el caso concreto, el Estado le había otorgado
múltiples ayudas a la familia del peticionario y, en consecuencia, había
cumplido con su obligación de proteger a los discapacitados.
También, afirmó que no se podía
desconocer que el peticionario era una persona que se encontraba en edad de
trabajar y que, en esta medida, tenía la obligación de suplir las necesidades
de su familia. Así, afirmó que no se podía pretender que el Estado supliera “hasta
la más mínima necesidad”[8] de la hija del
peticionario pues este no podía “descargar esta responsabilidad de manera
absoluta y directa en el  Estado o en la sociedad”.[9]
1.4.2.2.
Escrito de apelación.
El peticionario impugnó la
sentencia de primera instancia argumentando que, en primer lugar, los
beneficios otorgados a la familia del peticionario no eran suficientes para
permitirles llevar una vida en condiciones dignas. En segundo lugar, afirmó que
su hija era un sujeto de especial protección constitucional, situación que
legitimaba una intervención más amplia por parte del Estado. Finalmente,
aseveró que su avanzada edad y su condición de analfabeta, no el permitían
acceder a un empleo debido a las difíciles condiciones que, en materia de
empleo, atravesaba el Municipio de San Rafael, Antioquia.
1.4.2.3.
Decisión de segunda instancia.
El Juzgado Promiscuo de Familia
de Marinilla, Antioquia, mediante sentencia de 27 de marzo de 2009, confirmó el
fallo impugnado por los mismos motivos del a quo.
Adicionalmente, consideró que el
padre de la menor discapacitada no había cumplido con su deber de promover
proceso de interdicción ante la autoridad competente antes de que el menor
cumpliera la mayoría de edad, deber contenido en el parágrafo 1 del artículo 36
del Código de la Infancia y de la Adolescencia. En esta medida, por no haber
cumplido este deber, la menor había perdido el subsidio de educación que se le
había otorgado hasta los 18 años de edad.
1.4.3. Expediente
T-2359937.
El Juzgado 1° Civil del Circuito
de la ciudad de Sincelejo - Sucre, mediante sentencia de 29 de mayo de 2009,
negó el amparo de los derechos fundamentales alegados porque el actor no
acreditó su calidad de desplazado y, en consecuencia, el juez estimó que no
podía ser beneficiario de las ayudas brindadas por el Estado a través de Acción
Social.
1.5.
Actuaciones surtidas ante la Corte Constitucional.
1.5.1. Expediente
T-2358302.
Mediante auto de 28 de Octubre de
2009, proferido por el Magistrado sustanciador, se dispuso que:
“Primero:
Por la Secretaría General de esta Corporación, se solicite a Acción Social,
ubicada en el Edificio Principal Calle 7 No. 6-54 (Bogotá D.C.) que, en
el término de dos (2) días hábiles contados a partir de la notificación del
presente auto, informe a este Despacho si la peticionaria se encuentra inscrita
en el Registro Único de Población Desplazada y si ha recibido ayuda humanitaria
por parte de esa entidad”[10]
Vencido el término otorgado,
Acción Social informó a este Despacho que la peticionaria se encuentra
efectivamente incluida en el Registro Único de Población Desplazada desde el
año 2006.
Adicionalmente, señaló que el
núcleo familiar de la accionante “fue beneficiario del Programa de
Generación de Ingresos de la Subdirección de Atención a la Población Desplazada
de esta Entidad, recibiendo del mismo dentro del componente de Emprendimiento.
Por (sic)  valor de $1.600.000 en fecha  22 de septiembre de 2009.
Dicho Programa tiene como
propósito la búsqueda del autosostenimiento de la población en situación de
desplazamiento.
Lo que significa que la señora
MONICA PATRICIA HERNANDEZ SALCEDO se encuentra en condiciones de generar unos
ingresos y lograr una estabilización socioeconómica”[11].
Por último, esta entidad afirmó
que la peticionaria está afiliada al la EPS-S Caja de Compensación Familiar
Cajacopi Atlántico ARS y que, el día 12 de marzo de 2008, recibió un beneficio
económico por valor de doscientos mil pesos ($200.000.oo) proveniente de
Familias en Acción.
1.5.2. Expediente
T-2358332
Mediante auto de 14 de Octubre de
2009, proferido por el Magistrado sustanciador, se dispuso que:
“Primero:
Por la Secretaría General de esta Corporación, se solicite a la Corporación
Diego León, ubicada en la Cra. 31 No. 29 – 24 (San Rafael, Antioquia), que en
el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación del
presente auto, informe a este Despacho si, en la actualidad, esa entidad se
encarga de brindarle atención integral a la señorita Diana Mileidy Salazar
Orozco. De brindarla, que informe en qué consiste dicha atención integral y
cuál es su importancia, desde el punto de vista del  desarrollo mental y físico
de la paciente.
Segundo:
Por la Secretaría General de esta Corporación, se solicite a Acción Social,
ubicada en el Edificio Principal Calle 7 No. 6-54 (Bogotá D.C.) que, en
el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación del
presente auto, informe a este Despacho sobre las actuaciones que ha ejercido
para garantizarle el derecho a un tratamiento integral a  Diana Mileidy Salazar
Orozco, en su calidad de desplazada por la violencia, así como de cualquier
otra actuación tendiente a protegerla en dicha calidad”[12].
Vencidos los términos otorgados
por el Despacho, Acción Social informó que Diana Mileidi Salazar Orozco y su
familia, se encuentran efectivamente incluidos en el Registro Único de
Población Desplazada.
Además, señaló que esa entidad ha
sido diligente al garantizar la protección de los “derechos fundamentales de
DIANA MILEIDY SALAZAR OROZCO, pues programó a través del Jefe de Hogar de su
núcleo familiar el Señor GILBERTO HERNANDO SALAZAR GIRALDO la entrega de los
componentes de la Ayuda Humanitaria de Emergencia consistente en tres (3) meses
de Asistencia Alimentaria, mediante la colocación de un giro el día 29 de
Octubre de 2009. Para tal efecto, debe el accionante estar atento a la
mencionada fecha en el Banco Agrario de la Ciudad de Bogotá en la Carrera 13
#63-75 Barrio Chapinero”[13].
Por otra parte, Acción Social
manifestó que la hija del peticionario se encuentra afiliada en salud a la
Entidad Cooperativa Solidaria de Salud Ecoopsos ESS ARP.
Finalmente, aseguró que el señor Gilberto Hernando Salazar Giraldo y su
familia, fueron beneficiarios de un subsidio de vivienda por un valor de ocho
millones novecientos cincuenta mil pesos ($8.950.000), entregado por la entidad
Fonvivienda en el año 2004.
Por su parte, la Corporación
Diego León informó lo siguiente:
“2.
6 años  atrás  el señor  Gilberto  y  de
manera  muy  esporádica  su  esposa  se
trasladan a  la  cede  de  la  Corporación
Diego  León para  que  su  hija  Diana
Mileidy  Salazar  recibiera  Terapia  Física
siendo  esta  la  necesidad  más  sentida
de  la  niña  ya  que  presenta  parálisis
cerebral. Retardo  mental, microcefalia, dificultades  visuales
además  su  forma  de  comunicación  es  a
través  de  sonidos  propios.  Por  consiguiente
se requiere  de  permanente  compromiso  de  la
familia.
3.    Para  los  años  2006 y  2007 Mileidy
Salazar recibió  dos  veces  por  semana
terapia  física  domiciliaría haciendo  grandes excepciones.
(la  Corporación  Cuenta  con  el  programa  de
terapia  física  mas  no  domiciliaria).
4.    En  ningún  momento  el  señor
Gilberto ni  ningúna otra  persona  se  ha acercado
a  la  Corporación     Diego León  para
solicitar  el re ingreso  de Mileidy  Salazar  a
las  Terapias  antes  mencionadas. Y  se
tendrían  muchas  consideraciones  con  los  horarios
por:  desplazar  la  niña  desde  una
vereda  cercana  a la  sede, ceder  los
espacios  para  que  el  señor  Gilberto
continué  con  la  labor  de  mendicidad
con  la  niña  ya  que  reitera  una
vez  más  que  es  su  única  fuete
de  sustento.
5.    El  aporte  mensual    del
presente año es  de  $ 5. 000 (Cinco  mil  pesos).
Siendo  este  un  costo muy  bajo
gracias  al  aporte  dado  por  la
Administración      Municipal  en  cabeza
del  Señor Alcalde  Edgar  Eladio  Giraldo  Morales
para  reducir  el  impacto  social  y
aumentar  las  posibilidades  de  ingreso  de
las  personas  con  retardo  mental  y
dificultades  asociadas  a  cada  uno  de
los  programas  que  ofrece”[14].
1.5.3. Expediente
T-2359937
Mediante auto de 28 de Octubre de
2009, proferido por el Magistrado sustanciador, se dispuso que:
“Primero:
Por la Secretaría General de esta Corporación, se solicite a Acción Social,
ubicada en el Edificio Principal Calle 7 No. 6-54 (Bogotá D.C.) que, en
el término de dos (2) días hábiles contados a partir de la notificación del
presente auto, informe a este Despacho si el peticionario se encuentra inscrito
en el Registro Único de Población Desplazada y si ha recibido ayuda humanitaria
por parte de esa entidad”[15].
En respuesta a este auto, la
entidad informó que el peticionario y su familia se encuentran incluidos en el
Registro Único de Población Desplazada desde el año 2000 y que ha recibido,
como ayuda humanitaria, dos giros por un total de novecientos sesenta mil
pesos.
Finalmente, señaló que el
peticionario y su núcleo familiar se encuentran afiliados en salud a través de la
Cooperativa Comunitaria Empresa Solidaria de Salud Comparta Salud LTDA. ESS
Comparta.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1. Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar las
decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Problemas jurídicos y esquema de resolución.
2. La Sala
estima que en los expedientes acumulados T-2358302, T-2358332 y T-2359937 se
plantean diversos problemas jurídicos. Así, en el expediente T-2358332 la Sala
debe resolver si: ¿Vulnera la autoridad demandada el derecho al mínimo vital de
una persona desplazada y discapacitada física y mental, que está afiliada en
salud a la entidad Cooperativa Solidaria de Salud Ecoopsos ESS ARP, cuya
familia recibió subsidio de vivienda y ayuda humanitaria por parte de Acción
Social, al no ofrecerle todos los demás elementos materiales necesarios para
llevar a cabo una vida en condiciones dignas?
Por su
parte, en los expedientes T-2358302 y T-2359937 el problema jurídico que
se debe atender consiste en establecer si: ¿Acción Social vulneró los derechos
a la vida, a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social, a la salud,
al debido proceso, a la protección de la tercera edad y de la familia, de una
persona desplazada por la violencia, por el no suministro de la prórroga de la
ayuda humanitaria de emergencia y la ausencia de provisión de elementos para
lograr la estabilización socioeconómica?
3. Para
resolver los casos concretos, en una primera parte, la Corte analizará la
protección especial que les brinda el ordenamiento jurídico a las personas
discapacitadas, como sujetos de especial protección constitucional (2.1).
Luego, a partir de la reiteración jurisprudencial, analizará el contenido de
los derechos al mínimo vital, a la rehabilitación integral y a la educación
especial de las personas discapacitadas (2.2 y 2.3). Además, reiterará que las
personas desplazadas por la violencia son sujetos de especial protección
constitucional y que los derechos a la atención humanitaria de emergencia y a
la estabilización socioeconómica de las víctimas del desplazamiento forzado son
fundamentales (2.4 y 2.5). En seguida, se pronunciará sobre la labor probatoria
que debe cumplir el juez constitucional (2.6) y, finalmente, en una última
parte, resolverá los casos concretos (2.7).
Expediente
T-2358332
2.1.- Marco
constitucional y legal de protección de las personas discapacitadas.
Reiteración de jurisprudencia.
4. En
numerosas oportunidades[16], la Corte Constitucional
ha establecido que las personas discapacitadas reciben una protección reforzada
que se deriva del ordenamiento jurídico interno y del derecho internacional de
los derechos humanos.
Así, por una
parte, el artículo 2° de la Constitución[17] establece que, uno de
los fines del Estado, es garantizar la efectividad de los derechos
constitucionales y, por otra parte, el artículo 13[18]
contiene la obligación, en cabeza del Estado, de proteger especialmente a
aquellas personas que, por su condición física, económica o mental, se
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.
Adicionalmente,
el artículo 47 de la Constitución[19] prescribe que el Estado
tiene la obligación, tanto de adelantar una política de integración social y de
rehabilitación, como de brindar una atención especializada a los discapacitados.
Por otra
parte, el artículo 54 superior[20] preceptúa que el Estado
tiene la obligación de garantizar el derecho al trabajo a los discapacitados
acorde con sus limitaciones.
Finalmente,
en el último inciso del artículo 68 de la Constitución[21],
se dispone que la educación de las personas con limitaciones físicas o mentales
es obligación especial del Estado.
5. En el
ámbito internacional, son múltiples los instrumentos tendientes a proteger los
derechos de los discapacitados.
En la
sentencia T-397 de 2004[22], mediante la que se
tutelaron los derechos fundamentales de unos padres invidentes a los que se les
quitó la custodia de su hija, la Corte recogió de manera amplia la doctrina
internacional sobre la protección de los derechos de las personas invidentes. Así,
en esta oportunidad, la Corte afirmó que los artículos 2-1 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos[23]; 2-2 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[24];
1-1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[25]
y el artículo 2-1 de la Convención sobre los Derechos del Niño[26],
entre otros, garantizan derechos a favor de la población discapacitada.
Adicionalmente,
es esa sentencia, la Corte estableció que existen otros instrumentos
internacionales ratificados en Colombia que se refieren expresamente a las
personas discapacitadas. Dentro de estos instrumentos se pueden citar, por
ejemplo, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de
San Salvador”), ratificado mediante la Ley 319 de 1996 que en su artículo 18[27]
dispone que los discapacitados tienen derecho a recibir atención especial con
el objetivo de alcanzar el máximo grado de desarrollo personal y la Convención
Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
las Personas Discapacitadas, ratificada en Colombia mediante a Ley 762 de 2002,
que establece diversas obligaciones estatales frente a los discapacitados.
Además, de
acuerdo a la sentencia T-397 de 2004, la Asamblea General de las Naciones
Unidas ha adoptado múltiples resoluciones sobre el tema siendo la más
importante  aquella por medio de la cual se dictaron “Normas Uniformes sobre la
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”[28],
en la que se consagran las obligaciones para los Estados miembros de la ONU
frente a las personas discapacitadas. Estas obligaciones son, grosso modo,
las siguientes:
“(1) la
garantía del acceso por las personas discapacitadas a la información sobre los
servicios a los que tienen derecho, (2) la prestación de la atención médica que
requieran, (3) la prestación de los servicios de rehabilitación a los que haya
lugar, (4) la provisión de los servicios y medios de apoyo necesarios, y (5) la
concientización de la población no discapacitada, en particular de las
autoridades competentes, sobre las condiciones de vida y necesidades de las
personas con discapacidad”[29].
En este
contexto de protección especial que el ordenamiento jurídico le otorga a los
discapacitados, la jurisprudencia de esta Corporación[30]
ha establecido los siguientes tres postulados básicos tendientes a hacer
realidad ese trato especial:
“(a) (…)
igualdad de derechos y oportunidades entre las personas con discapacidad y los
demás miembros de la sociedad, con la consiguiente prohibición de cualquier
discriminación por motivos de discapacidad, (b) (…) derecho de las personas con
discapacidad a que se adopten todas las medidas necesarias para poder ejercer
sus derechos fundamentales en pie de igualdad con los demás, y (c)(…) deber
estatal correlativo de otorgar un trato especial a las personas con
discapacidad”[31].
Y, en desarrollo
de estos tres postulados, la Corte ha establecido que el Estado debe:
“(a)
proveer las precondiciones mínimas para que éstas personas puedan disfrutar
efectivamente de igualdad de oportunidades y derechos con los demás –como lo
son (i) el acceso a información sobre los servicios a los que tienen derecho,
(ii) la atención médica que requieran, (iii) los servicios de rehabilitación a
los que haya lugar, (iv) los servicios y medios de apoyo necesarios, y (v) la
concientización necesaria de la población no discapacitada, en particular de
las autoridades competentes-, y (b) una vez satisfechas tales precondiciones,
el deber de fomentar activamente la igualdad efectiva de oportunidades de las
personas con discapacidad en ciertas esferas en las que la intervención del
Estado es de importancia crítica, como lo son (i) la accesibilidad, (ii) la
educación, (iii) el empleo, (iv) el mantenimiento del nivel mínimo de ingresos
y la prestación de seguridad social, (v) la vida familiar, (vi) la vida
cultural, (vii) las actividades deportivas y recreativas, y (viii) la vida
religiosa”[32]
Así, en el
marco del Estado Social de Derecho, las autoridades tienen los deberes de
promover la corrección de las desigualdades socioeconómicas, de incluir a los
débiles y marginados y de mejorar progresivamente las condiciones de vida de
los sectores más desfavorecidos con el objetivo de lograr una igualdad real y
no simplemente formal (artículo 13 superior).
Concretamente,
en relación con las personas discapacitadas, respecto a estos deberes
constitucionales, en la sentencia T-397 de 2004, la Corte afirmó que:
“la
voluntad constituyente (…) fue clara: eliminar, mediante actuaciones positivas
del Estado y de la sociedad, la silenciosa y sutil marginación de las
personas con cualquier tipo de discapacidad, que se encuentra arraigada en lo
más profundo de las estructuras sociales, culturales y económicas predominantes
en nuestro país, y es fundamentalmente contraria al principio de dignidad
humana sobre el que se construye el Estado Social de Derecho.”
6. Finalmente,
los poderes legislativo y ejecutivo han desarrollado el deber constitucional de
protección especial de los discapacitados mediante la expedición de diversas
normas[33].
Dentro de estas normas está la
Ley 361 de 1997, mediante la cual se establecen mecanismos de integración de
las personas con limitaciones, que en el artículo 1º establece lo siguiente:
“Artículo
1º.- Los principios que inspiran la presente Ley, se fundamentan en los
artículos 13, 47, 54 y 68 que la Constitución Nacional reconocen en
consideración a la dignidad que le es propia a las personas con limitación en
sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales para su completa
realización personal y su total integración social y a las personas con
limitaciones severas y profundas, la asistencia y protección necesarias”
Y en el artículo
4º dispone que:
“Artículo
4o. “Las ramas del poder público pondrán a disposición todos los recursos
necesarios para el ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 1o.
de la presente Ley, siendo obligación ineludible del Estado la prevención, los
cuidados médicos y sicológicos, la habilitación y la rehabilitación adecuadas,
la educación apropiada, la orientación, la integración laboral, la garantía de
los derechos fundamentales económicos, culturales y sociales.
Para estos
efectos estarán obligados a participar para su eficaz realización, la
administración central, el sector descentralizado, las administraciones
departamentales, distritales y municipales, todas las corporaciones públicas y
privadas del país”.
Adicionalmente,
en el artículo 11[34] de esta Ley, se
establece que la población con limitaciones debe ser integrada a las aulas
regulares de clase y, en el artículo 18[35], se consagra el derecho
de todo discapacitado  a seguir el proceso requerido para desarrollar al máximo
sus capacidades psíquicas, físicas, fisiológicas y sociales.  Respecto al
derecho a la salud, el artículo 19[36] dispone que los limitados
de escasos recursos pueden ser beneficiarios del Régimen Subsidiado de
Seguridad Social en salud y, finalmente, respecto al derecho a la recreación,
el artículo 35 dispone lo siguiente:
“Artículo
35º.- En desarrollo de lo establecido en los artículos 1, 13, 47 54, 68 y 366
de la Constitución Política, el Estado garantizará que las personas con
limitación reciban la atención social que requieran, según su grado de
limitación.
Dentro de
dichos servicios se dará especial prioridad a las labores de información y
orientación familiar; así como la instalación de residencias, hogares
comunitarios y la realización de actividades culturales, deportivas y
recreativas”.
De esta manera
y de acuerdo a lo dispuesto en la sentencia T-1247 de 2008, la Ley 361 de 1997:
“desarrolla
un conjunto de derechos en cabeza de las personas con limitaciones físicas,
funcionales, psíquicas y sensoriales y establece la necesidad de intervenir en
diferentes aspectos como la prevención, educación, rehabilitación, integración
laboral, bienestar social y mecanismos para obtener la integración social de
las personas con limitaciones tal como lo establecen los artículos 13, 47, 54 y
68 de la Constitución”[37].
Específicamente,
en lo que se refiere al derecho a la educación, se expidió la Ley 115 de 1994 o
Ley General de Educación, en la que, en el artículo 46[38]
se establece que la educación de las personas discapacitadas hace parte
integrante del servicio público de educación.
Esta ley fue
reglamentada por  el Decreto 2082 de 1996, en el que se dispone que:
“ARTICULO
2o. La atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades o
talentos excepcionales, será de carácter formal, no formal e informal.
Se
impartirá a través de un proceso de formación en instituciones educativas
estatales y privadas, de manera directa o mediante convenio o de programas de
educación permanente y de difusión, apropiación y respeto de la cultura, el
ambiente y las necesidades particulares. (…)”.
Este
decreto, a su vez, fue desarrollado por la Resolución No. 2565 de 2003 del
Ministerio de Educación que, en el último inciso del artículo 3º[39],
establece que los niños y jóvenes que, por su condición de discapacidad no
puedan ser integrados a la educación formal, serán atendidos en instituciones
oficiales o privadas, mediante convenio u otras alternativas.
En este
mismo sentido, se expidió el Decreto 366 de 2009, por medio del cual se
reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de
los estudiantes con discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales en
el marco de la educación inclusiva, cuyo objetivo es trasladar al sector
educativo las obligaciones relacionadas con la educación especial que, mediante
órdenes judiciales, ha venido asumiendo el sector salud.
Así, en su
artículo 3°[40], se establece que cada
entidad territorial, a través de la Secretaría de Educación, organizará la
oferta para la población con discapacidad.  Y, en su artículo 12[41],
establece que corresponde a las entidades territoriales la contratación de la
prestación de los servicios de apoyo pedagógico, con organizaciones de
reconocida trayectoria e idoneidad en la promoción y prestación del servicio
educativo.
Por otra
parte, de acuerdo al artículo 8° de la Ley 1306 de 2009[42],
por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad
Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces
Emancipados, las personas con discapacidad mental tienen los mismos derechos
que consagra el Título I del Código de la Infancia y de la Adolescencia.
En virtud de
esta norma, los discapacitados mentales tienen, entre otros, los siguientes
derechos: i) derecho a la vida y a la calidad de vida que incluye la generación
de condiciones que aseguren cuidado, protección, alimentación nutritiva y
equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado,
recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales[43];
ii) derecho a la integridad personal[44]; iii) derecho a ser
protegido contra la explotación, el abandono y otras conductas nocivas[45];
iv) derecho a que sus padres asuman su custodia[46];
v) derecho a los alimentos, de acuerdo con la capacidad económica del
alimentante, que incluyen habitación, vestido, salud, recreación y educación[47]
y, vi) derecho a la salud[48].
En este
mismo sentido, el artículo 11 de la Ley 1306 de 2009[49],
dispone que ninguna persona con discapacidad mental puede ser privada de su
derecho a recibir tratamiento médico, psicológico, educación y rehabilitación
física o psicológica, proporcionales a su nivel de deficiencia.
Así mismo,
el primer inciso del artículo 12 de esa Ley[50], establece que la
persona con discapacidad mental tiene derecho a recibir el servicio de salud de
manera gratuita cuando, con su propio patrimonio, no pueda sufragarlo.
Adicionalmente,
en el artículo 18 de la Ley 1306 de 2009[51], se establece que el
Instituto de Bienestar Familiar, por intermedio del Defensor de Familia, debe
asistir a los discapacitados mentales absolutos y tomar las medidas necesarias
para proteger sus derechos.
Finalmente,
en el artículo 26 de esta misma ley[52], se establece que los
padres, el Defensor de Familia o el Ministerio Público, deben pedir la
interdicción de los discapacitados mentales absolutos una vez hayan llegado a
la pubertad y, en todo caso, antes de la mayoría de edad para que opere la
prórroga legal de la patria potestad.
6.
En consecuencia, tanto en los planos constitucional y legal como en el
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a las personas
discapacitadas se les brinda una especial protección con el fin de evitar que
estas personas sean sometidas, por razón de sus limitaciones, a condiciones peores
de las derivadas de su situación de debilidad manifiesta. De esa protección
reforzada, se desprende un conjunto de deberes en cabeza de las autoridades
públicas y de los particulares tendientes a garantizar el respeto de sus
derechos fundamentales a la educación, a la vida digna, a la rehabilitación, a
la salud, entre otros.
2.2.- Contenido
del derecho al mínimo vital de las personas discapacitadas. Reiteración de
jurisprudencia.
8. En la
sentencia C-543 de 2007, mediante la cual se declaró exequible el artículo 227
del Código Sustantivo del Trabajo que establece un auxilio monetario por
enfermedad no profesional, la Corte Constitucional afirmó que el derecho
fundamental al mínimo vital fue reconocido desde 1992[53],
como un derecho que se desprende de los principios, propios del Estado Social
de Derecho, de dignidad humana y de solidaridad (artículo 1º superior)  y de
otros derechos fundamentales como la vida,  la integridad personal (artículo 11
superior) y “la igualdad [artículo 13 superior]en la modalidad de decisiones
de protección especial a personas en situación de necesidad manifiesta”.
9. Respecto
al contenido del derecho al mínimo vital, en la sentencia T-011 de 1998, en la
que se concedió la protección solicitada por un docente a quien la Gobernación
de Santander no le había cancelado sus cesantías, la Corte afirmó que el
derecho al mínimo vital se refiere a:
“los
requerimientos básicos indispensables para asegurar la digna subsistencia de la
persona y de su familia, no solamente en lo relativo a la alimentación y
vestuario sino en lo referente a salud, educación, vivienda, seguridad social y
medio ambiente, en cuanto factores insustituibles para la preservación de una
calidad de vida que, no obstante su modestia, corresponda a las exigencias más
elementales del ser humano”.
En este
mismo sentido, en la sentencia C-575 de 1992, en la que se estudió la
constitucionalidad de unos artículos de la Ley 49 de 1990 que regulaban el tema
del subsidio a la vivienda de interés social otorgado por las Cajas de
Compensación Familiar, la Corte manifestó que:
“La
dignidad comprende varias dimensiones de la vida del hombre. Básicamente ella
implica un conjunto de condiciones materiales y espirituales de existencia que
permita vivir, y vivir con cierta calidad, con el fin de permitir un espacio
idóneo para el libre desarrollo de la personalidad, al tenor del artículo 14 de
la Carta.
Entre las
condiciones materiales de existencia digna se encuentra sin duda la vivienda.
Otros elementos como la alimentación, la salud y la formación son también
indispensables".
10. Por su
parte, en la sentencia C-776 de 2003, mediante la cual se estudiaron varios
artículos de la Ley 788 de 2002 por medio de la cual se expidieron normas en
materia de impuesto sobre la renta, sobre las ventas y sobre el valor agregado,
la Corte manifestó que se trata de un derecho cuyo objetivo es:
“evitar
que la persona se vea reducida en su valor intrínseco como ser humano debido a
que no cuenta con las condiciones materiales que le permitan llevar una
existencia digna. Este derecho fundamental busca garantizar que la persona,
centro del ordenamiento jurídico, no se convierta en instrumento de otros
fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos
que ellos sean. Tal derecho protege a la persona, en consecuencia, contra toda
forma de degradación que comprometa no sólo su subsistencia física sino por
sobre todo su valor intrínseco. Es por ello que la jurisprudencia bajo el
derecho fundamental al mínimo vital ha ordenado al Estado, entre otras,
reconocer prestaciones positivas a favor de personas inimputables, detenidas, indigentes, enfermos
no cubiertos por el sistema de salud, mujeres embarazadas y secuestrados”.
11. Adicionalmente,
en la sentencia C-251 de 1997, mediante la cual se declaró exequible la Ley 319
de 1996 que aprobó el “Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
“Protocolo de San Salvador”, la Corte Constitucional sostuvo que el contenido
esencial del derecho al mínimo vital está determinado por los derechos sociales
prestacionales.
En efecto,
en esa oportunidad, esta Corporación expresó que en virtud de la dignidad
humana:
“es
necesario que la persona no sólo tenga órbitas de acción que se encuentren
libres de interferencia ajena, como lo quería la filosofía liberal, sino que
además es menester que el individuo tenga posibilidades de participación en los
destinos colectivos de la sociedad de la cual hace parte, conforme a las aspiraciones
de la filosofía democrática, y también que se le aseguren una mínimas
condiciones materiales de existencia, según los postulados de las filosofías
políticas de orientación social. Los derechos humanos son pues una unidad
compleja (…).
Lo
anterior muestra que, tal y como se encuentran consagrados en los documentos
internacionales, los derechos humanos incorporan la noción de que es deber de
las autoridades asegurar, mediante prestaciones públicas, un mínimo de
condiciones sociales materiales a todas las personas, idea de la cual surgen
los llamados derechos humanos de segunda generación o derechos económicos,
sociales y culturales”
Y que:
“la Corte
coincide con la doctrina internacional en que los derechos sociales prestacionales
tienen también un contenido esencial, pues no otro es el alcance de la noción
de “mínimo vital” desarrollada por la jurisprudencia de esta Corporación”.
12. Quiere
decir lo anterior que el derecho al mínimo vital, cuya configuración
jurisprudencial se desprende de los principios de dignidad humana y de
solidaridad y de los derechos a la vida, a la igualdad y a la integridad
personal, se refiere a las condiciones materiales básicas e indispensables para
asegurar una supervivencia digna y autónoma. Entre esas condiciones materiales
mínimas de existencia, se encuentran la vivienda, la alimentación, la salud, el
vestido, la educación y la recreación.
En este
sentido, una de las características propia del derecho al mínimo vital,
consiste en que, su concreción, como conjunto de posiciones jurídicas de
derecho a algo (bienes y servicios) o a prestaciones, depende de las calidades
o condiciones específicas del titular del derecho que lo invoca.
Así, entre
otras, quedó expuesto en la sentencia T-184 de 2009, en la que se atendió el
caso de una señora discapacitada que solicitaba se liquidara su pensión de
jubilación con un ingreso base de liquidación más alto que el adoptado por el
ISS, ésta Corporación manifestó que el contenido del derecho fundamental al
mínimo vital, cambia en función de las necesidades de cada sujeto. Es decir
que:
“el
concepto de mínimo vital no se reduce a una perspectiva cuantitativa, sino que,
por el contrario, es cualitativo, ya que su contenido depende de las
condiciones particulares de cada persona (…). De esta forma, cada persona tiene
un mínimo vital diferente, que depende en últimas del estatus socioeconómico
que ha alcanzado a lo largo de su vida”[54].
Por otra
parte, en la sentencia T-197 de 2003, mediante la cual se resolvió un caso en
el que un padre solicitó a su E.P.S. el pago de los costos de transporte en los
que debía incurrir para poder llevar a su hijo discapacitado a realizarse un
examen, la Corte afirmó que:
“En suma,
las personas discapacitadas tienen derecho a que el Estado les procure un trato
acorde a sus circunstancias, siempre que ello resulte necesario para el
ejercicio pleno de sus derechos en condiciones de igualdad. La omisión de este
deber, por parte del Estado, puede convertirse en una lesión de los derechos
fundamentales de los sujetos concernidos y, en consecuencia sería
inconstitucional”.
14. Por lo
tanto, en el caso de las personas discapacitadas física y mentalmente, algunos
de los derechos que componen el mínimo vital tienen un contenido y un ámbito de
protección diferente determinado por sus circunstancias específicas.
15. Una vez
determinado el contenido del derecho al mínimo vital, la Sala procederá a
definir el contenido de los derechos a la educación y a la rehabilitación
integral de las personas discapacitadas.
2.3.- Derechos
a la rehabilitación y a la educación especial de las personas con discapacidad
mental. Reiteración de jurisprudencia.
16. En razón
de su calidad de sujeto de protección reforzada, las personas discapacitadas
reciben un tratamiento especial en materia de salud y de educación, que se
refleja, principalmente, en el reconocimiento del derecho a la rehabilitación.
La Corte
Constitucional se ha pronunciado, en varias oportunidades, sobre el contenido
de este derecho.
17. En
particular, en la sentencia T-920 de 2000, por medio de la cual se tuteló el
derecho a la salud de varios menores de edad con parálisis cerebral que fueron
retirados del programa de rehabilitación integral, la Corte estableció la
evolución que ha sufrido el derecho a la rehabilitación en la jurisprudencia de
esta Corporación.
Así, en esta
sentencia se observó que, en un principio, la Corte no tutelaba el derecho a la
rehabilitación en los casos en los que los discapacitados mentales fueran
diagnosticados con una patología no favorable para su curación.
Fue el caso
de la sentencia T-920 de 2000, se cita la sentencia T-200 de 1993:
“en la
cual se negó una tutela del derecho a la salud de un menor afectado por
parálisis cerebral infantil, mediante la cual se solicitaba la continuación del
tratamiento de rehabilitación que se le venía ofreciendo”[55].
Esta negativa
de amparar el derecho a la rehabilitación integral se fundamentó en una
interpretación, hecha por esta Corporación[56], del artículo 26 del
Decreto 770 de 1975[57], según la cual el ISS no
tenía la obligación de prestar este servicio debido a que la patología era incurable.
Sin embargo,
a partir de la sentencia T-067 de 1994[58], la Corte inició un
viraje jurisprudencial debido a que se amparó el derecho a la rehabilitación
integral de un menor que sufría un desorden neurológico cuyo pronóstico no era
favorable para su curación.
Así, la Corte
manifestó que el vocablo:
“"curación"
significa, además del restablecimiento de la salud, el "conjunto de
procedimientos para tratar una enfermedad o afección." Teniendo presente
esa precisión, la Corte señaló que el proceso bajo estudio era distinto de
aquél que se había tratado en la sentencia T-200 de 1993, por cuanto en el caso
se observaba que el menor había obtenido progresos evidentes con el
tratamiento: "El entendimiento de la norma no puede ser (...) el de que la
entidad de seguridad social esté autorizada para interrumpir un tratamiento a
quien estaba derivando de él evidentes progresos en su aptitud psico-motriz,
con mucha menor razón si, como ha subrayado el juez de primera instancia al
evaluar una de las pruebas presentadas en el caso sub-examine, aunque no se
puede garantizar un total restablecimiento, es factible obtener mejoría del
paciente mediante la terapia y los controles regulares, favoreciendo así una
notable disminución de sus deficiencias neurológicas y logrando mantener en el
joven afectado una mejor calidad de vida””[59]
Una vez
establecido que, de tiempo atrás, esta Corporación tutela el derecho a la
rehabilitación integral con independencia del pronóstico de la patología que se
sufra, pasa la Corte a determinar el alcance del derecho a la educación
especial de las personas con discapacidad mental.
18. En la
sentencia T-338 de 1999, esta Corporación estableció que la educación especial
debía ser brindada por el ISS. En este fallo se resolvió un caso en el cual el
padre de un menor de edad que sufría de retardo mental sicomotor, solicitó al
ISS la educación especial que su hijo requería pero la entidad negó el servicio
argumentando que literal n) del artículo 15 del Decreto 1938 de 1994, excluía
del POS:
“las
actividades, procedimientos e intervenciones de carácter educativo,
instruccional o de capacitación que se lleven a cabo durante el proceso de
rehabilitación, distintos a aquellos necesarios estrictamente para el manejo
médico de la enfermedad y sus secuelas”[60]
Reiterando la
tesis adoptada en la sentencia T-067 de 1994, la Corte tuteló el derecho a la
rehabilitación integral y ordenó al ISS a hacer:
"una
nueva valoración funcional del menor y le proporcion[ara] todas las terapias
físicas y sicológicas especiales, que [fueran] ordenadas por los médicos
tratantes, en el supuesto de ser consideradas como estrictamente necesarias
para el manejo médico de la patología que afecta al menor."[61]
19. Siguiendo
esta tendencia, en la sentencia T-179 de 2000, esta Corporación tuteló el
derecho fundamental a la salud de cinco niños con parálisis cerebral y retardo
mental a los que el ISS-EPS les había suspendido el tratamiento de
rehabilitación integral argumentando que los niños no demostraban un grado de
rehabilitación importante. Así, en este caso, la Corte insistió en que la
educación especial hace parte del derecho a la rehabilitación integral y que
ninguna EPS puede negarse a prestar dicho servicio porque se encuentre excluido
del POS o porque contenga elementos educativos.
En efecto, en
esa oportunidad, la Corte manifestó que:
“Adicionalmente
los Seguros sociales adujeron, que el tratamiento que se les venía dando a los
niños era de carácter pedagógico y que eso no quedaba incluido dentro del POS.
(…) El argumento de que el tratamiento no está incluido dentro del POS, va en
contravía de la referencia  que las normas sobre el POS hacen de
"tratamiento y rehabilitación", máxime si está de por medio el trato
preferencial que se les debe dar a los niños, y  del tratamiento
especializado que se le debe dar a los discapacitados que además debe ser
integral y permanente. Por consiguiente, fue bien otorgada la tutela en cuanto
a la reseña de que a los niños se les violaron derechos fundamentales, porque
en el momento en que se instauró la atención se había suspendido”.
Por otra
parte, en la sentencia T-1222 de 2008, por medio de la cual se tuteló el
derecho a la salud de un menor autista al cual la E.P.S. le estaba brindando
una terapia que no correspondía a sus necesidades médicas, la Corte manifestó
que, en virtud del artículo 13 de la Constitución, los derechos de las personas
con limitaciones:
“cuentan
con una protección reforzada por parte del ordenamiento jurídico. Esta
protección reforzada, en relación con los menores discapacitados, se traduce en
el derecho que les asiste a la realización de un tratamiento integral con miras
a lograr su rehabilitación.
(…)
En este
sentido se le deben ofrecer al menor todos lo medios posibles que permitan
obtener su rehabilitación, teniendo en cuenta además, que este proceso puede
tener ingredientes médicos y educativos”.
20. Siguiendo
esta misma tendencia, en la sentencia T-282 de 2006, mediante la cual se
analizó el caso de una menor que sufría de autismo y requería los servicios de
una institución especializada los cuales fueron negados por la EPS al
encontrarse por fuera del POS y tener ingredientes educativos, la Corte afirmó:
“La Sala
reconoce que el tratamiento de educación especial que debe brindar la EPS a la
cual pertenezca un niño beneficiario del Plan Obligatorio de Salud, que se
encuentre en circunstancia de debilidad manifiesta a causa de una afección a la
salud como lo es el autismo, debe comprender de una manera integral, elementos
del orden de la salud y de la educación según se requiera, toda vez que dicha
integralidad es importante para garantizar su adecuado desarrollo armónico”
En el mismo
sentido se pronunció la Corte en la sentencia T-518 de 2006 en un caso en el
que el padre de un menor con autismo, solicitó a su E.P.S. un tratamiento
específico prestado por una entidad no incluida en su red prestadora. En este
caso, la Corte reiteró que a los menores discapacitados se les debe brindar un
tratamiento integral e idóneo para el manejo de su enfermedad y, en
consecuencia, si dentro de la red prestadora de la E.P.S. no existe una I.P.S.
que ofrezca el servicio, con la calidad que se requiere, la entidad debe
autorizar el mismo en una institución no adscrita a ella.
Por lo
tanto, en ese fallo se ordenó a la E.P.S. demandada que tomara:
“las
medidas necesarias para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas,
contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, el médico
tratante del menor David Alexis Herrera determine la institución más idónea y
especializada para el tratamiento del autismo que padece, con el fin de lograr
la educación, terapia e integración social del menor.  En este sentido, si
la EPS Comfenalco no contara dentro de sus IPS adscritas con una Institución de
idénticas calidades, especialidad e idoneidad de la Fundación Integrar, el
médico tratante deberá ordenar el tratamiento especializado en la Fundación
Integrar de Medellín”.
21. En suma,
la protección reforzada que reciben las personas con discapacidad mental se
traduce en el derecho de recibir un tratamiento integral que permita lograr su
rehabilitación y su integración en la sociedad.
En estos
casos, la Corte Constitucional ha ordenado que el sector salud asuma las
obligaciones relacionadas con la educación especial de los discapacitados
mentales, argumentando que el derecho a la rehabilitación tiene componentes
tanto médicos como educativos pues, en el tratamiento de estas personas, deben
confluir ambos elementos lograr el adecuado desarrollo de la persona.
22. Por otra
parte, respecto al derecho a la educación de los discapacitados, es necesario
tener en cuenta que la jurisprudencia de esta Corporación se ha detenido,
fundamentalmente, a estudiar dos aspectos diferentes.
23. Por un
lado, la Corte se ha encargado de señalar que la educación especial ha de
concebirse como la última opción que debe adoptarse cuando se concluya,
científicamente, que es la única manera de hacer efectivo el derecho a la
educación de las personas discapacitadas.
En este
sentido, en la Sentencia T-927 de 2007[62], en la que la Corte resolvió un caso en el
que un soldado bachiller que había quedado discapacitado debido a un accidente
con un fusil, solicitó que se ordenara al Ministerio de Defensa Nacional el
pago de una capacitación profesional, se afirmó que:
“Desde el
inicio de esta Corporación, en sentencia T-429 de 1992, se ha considerado que
la educación especial ha de concebirse sólo como un recurso extremo para
aquellas situaciones que, previa evaluación científica del niño con necesidades
especiales, se concluya que es la única posibilidad de hacer efectivo su
derecho a la educación”.
Este
criterio ha sido reiterado en varias sentencias de la Corte Constitucional[63]
y se puede sintetizar en los
siguientes términos:
“a) La
acción de tutela es un mecanismo judicial idóneo para la protección del derecho
a la educación de los menores discapacitados.
b) La
educación especial se concibe como un recurso extremo, esto es, se ordenará a
través de la acción de tutela sólo cuando valoraciones médicas, psicológicas y
familiares la consideren como la mejor opción para hacer efectivo el derecho a
la educación del menor.
c) Si está
probada la necesidad de una educación especial, esta no puede ser la excusa
para negar el acceso al servicio público educativo.
d) En caso
de que existan centros educativos especializados y que el menor requiera ese
tipo de instrucción, ésta no sólo se preferirá sino que se ordenará.
e) Ante la
imposibilidad de brindar una educación especializada, se ordenará la prestación
del servicio público convencional, hasta tanto la familia, la sociedad y el
Estado puedan brindar una mejor opción educativa al menor discapacitado”[64].
Por lo
tanto, se concluye que la educación especial, cuando no resulta indispensable,
lejos de ser un mecanismo de rehabilitación, se convierte en un factor de
discriminación social pues está íntimamente ligada al derecho a la igualdad y a
la dignidad de la persona.
24. Por otra
parte, la Corte también ha establecido que el derecho fundamental a la
educación de los menores discapacitados mentalmente se extiende más allá de la
mayoría de edad.
En efecto,
en la sentencia T-920 de 2000[65], se afirmó que:
“Si bien
estos dos pacientes son ya personas mayores de edad, la grave discapacidad que
los aqueja los hace asimilables a los menores de edad. En realidad, aun cuando
la edad biológica de estas dos personas los hace mayores, de acuerdo con los
médicos tratantes, su edad mental corresponde a la de un niño menor, en razón
de la parálisis cerebral y el retardo mental que padecen.
La protección
especial que merecen los menores obedece fundamentalmente al afán del
constituyente de garantizar derechos y oportunidades a un grupo poblacional que
se encuentra, por sus propias condiciones personales, en circunstancias de
debilidad manifiesta y que está "impedido para participar, en igualdad de
condiciones, en la adopción de las políticas públicas que les resultan
aplicables". Pues bien, si es esta circunstancia de debilidad manifiesta
la que sustenta la protección especial que se debe brindar a los niños, ella
misma debe servir de criterio para determinar la protección especial a sectores
poblacionales que, pese a haber superado la edad jurídica de la minoría de
edad, objetivamente comparten las mismas características de aquellas personas
definidas por el derecho como menores de edad”
Por su
parte, en la sentencia T-984 de 2007, en la que se resolvió un caso en el cual
el padre de un discapacitado mental de 19 años, interpuso acción de tutela
contra la alcaldía de un municipio, por haber interrumpido el desembolso de un
subsidio educativo debido a la edad del discapacitado, la Corte tuteló el
derecho a la educación pero por razones diferentes a la expuestas en la
sentencia T-920 de 2000.
Así, en ese
fallo, esta Corporación señaló que:
“es preciso
resaltar de antemano que en la sentencia T-920 de 2000 la Corte acogió una
perspectiva particular que hacía énfasis en el grado de desarrollo de las
facultades de las personas con discapacidades en comparación con la población
ordinaria, lo cual, en últimas, condujo a la acertada conclusión de amparo de
sus derechos fundamentales. En esta oportunidad, sin embargo, la Sala ha
decidido realizar un examen de la cuestión desde una perspectiva más amplia en
la cual el asunto de la discapacidad se aborda desde sí mismo y no como
referencia a otras categorías –como la del menor de edad- tal como hasta ahora
se ha hecho en la jurisprudencia de esta Corporación”.
Por lo
tanto, la Corte ha establecido que el derecho fundamental a la educación de los
discapacitados mentales se extiende a la mayoría edad. Sin embargo, esta
Corporación ha llegado a esta conclusión a partir de dos análisis diferentes.
En efecto, a veces ha tutelado el derecho a la educación de estas personas en
virtud de una equivalencia supuesta entre los discapacitados mentales y los
menores de edad mientras que, otras veces, ha afirmado que los límites
ordinarios de edad, en materia de educación, no se aplican a los discapacitados
mentales debido a que se encuentran en una circunstancia de debilidad
manifiesta.
25. En
conclusión, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que, entre el
derecho a la rehabilitación integral y el derecho a la educación especial de
las personas con discapacidad mental, existe una estrecha relación. En efecto,
la educación especial es un medio para alcanzar la rehabilitación integral de
las personas con discapacidad mental. Debido a esta estrecha relación, en
muchos casos, la Corte ha ordenado al sector salud la asunción de las
obligaciones relacionadas con la educación especial.
26. Una vez
determinado el contenido de los derechos a la rehabilitación integral y a la
educación de las personas con discapacidad física, esta Sala de Revisión pasará
a exponer, fundada en reiterada jurisprudencia, otros aspectos relativos a la
población desplazada y directamente relacionados con los problemas jurídicos
por resolver. Esto es, el ser sujetos de especial protección así como la
naturaleza fundamental de los derechos a la atención humanitaria de emergencia
y a la estabilización socioeconómica.
2.4.- Las personas
desplazadas por la violencia son sujetos de especial protección constitucional.
Reiteración jurisprudencial.
27.  Salir del lugar de
residencia por una amenaza a derechos fundamentales como la vida, la integridad
personal y la libertad, con ocasión del conflicto armado o por violencia
generalizada, es ser desplazado[66]. El desplazamiento causa
un desarraigo de quien es sujeto pasivo del mismo, debido a que es apartado de
todo aquello que forma su identidad, como lo es su trabajo, su familia, sus
costumbres, su cultura, y es trasladado a un lugar extraño para intentar
rehacer lo que fue deshecho por causas ajenas a su voluntad y por la falta de
atención del Estado como garante de sus derechos y de su statu quo.
28. Las personas desplazadas por
la violencia están, así, expuestas a un nivel mayor de vulnerabilidad,
representando en “(i) la perdida de la tierra y de la vivienda, (ii) el
desempleo, (iii) la pérdida del hogar, (iv) la marginación, (v) el incremento
de la enfermedad y la mortalidad, (vi) la inseguridad alimentaria, (vii) la
pérdida del acceso a la propiedad entre comuneros y (viii) la desarticulación
social, así como el empobrecimiento y deterioro de las condiciones de vida”[67],
situación que se agrava cuando dichas circunstancias se convierten en
permanentes, debido a la ineficacia en las acciones para su superación.
29. El desplazamiento forzado
implica una múltiple vulneración[68] de los derechos
fundamentales. Se transgrede así el derecho a la vida en condiciones de
dignidad, a escoger lugar de domicilio, al libre desarrollo de la personalidad,
a la libertad de expresión y de asociación, a la unidad familiar, a la salud, a
la integridad y a la seguridad personal, a la libertad de circulación por el
territorio nacional, a permanecer en el sitio escogido para vivir, al trabajo,
a la libertad de escoger profesión u oficio, a la alimentación mínima, a la
educación, a una vivienda digna, a la paz, a la personalidad jurídica y a la igualdad,
entre otros, quebranto que se hace más desmesurado cuando en esta condición
están incursos sujetos de especial protección constitucional como los niños,
los discapacitados y las personas cabeza de familia y de la tercera edad.
30. De este modo, el
desplazamiento forzado conlleva un desconocimiento grave, sistemático y masivo
de los derechos fundamentales[69], que implica la
configuración de una especial debilidad, vulnerabilidad e indefensión en
quienes los padecen y que ha sido descrito por esta Corporación como “(a) un
problema de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por todas
las personas, principiando como es lógico, por los funcionarios del Estado[70],
(b) un verdadero estado de emergencia social, una tragedia nacional que
afecta los destinos de innumerables colombianos y que marcará el futuro del
país durante las próximas décadas y un serio peligro para la sociedad política
colombiana[71] y mas recientemente
(c) un estado de cosas inconstitucional que contraría la racionalidad
implícita en el constitucionalismo, al causar una evidente tensión entre la
pretensión de organización política y la prolífica declaración de valores,
principios y derechos contenidos en el Texto Fundamental y la diaria y trágica
constatación de la exclusión de ese acuerdo de millones de colombianos[72]”[73]
(Resalta la Sala).
Así, debido a la vulneración
repetida y constante de los derechos fundamentales que afecta a una multitud de
personas y cuya solución requiere la intervención de distintas entidades para
atender problemas de orden estructural, esta Corporación declaró en el 2004 [74],
la existencia de un estado de cosas inconstitucional; situación que fue
reiterada mediante Auto 08 de 2009 en el que se constató “que persiste el
estado de cosas inconstitucional a pesar de los avances logrados” y “que
a pesar de los logros alcanzados en algunos derechos, aún no se ha logrado un
avance sistemático e integral en el goce efectivo de todos los derechos de la
población víctima del desplazamiento forzado”.
31. La obligación de velar por la
superación de ese estado de cosas inconstitucional radica en el Estado, pues es
su deber garantizar “la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución” (artículo 2° C.P.). A partir de esta
obligación esta Corporación ha determinado que “al Estado le compete impedir
que el desplazamiento se produzca, porque las autoridades han sido establecidas
para respetar y hacer respetar la vida, honra y bienes de los asociados, pero
también ha dicho que si no fue capaz de impedir que su asociados fueran
expulsados de sus lugares de origen, tiene por lo menos que garantizarle a los
cientos de miles de colombianos que han tenido que abandonar sus hogares y
afrontar condiciones extremas de existencia la atención necesaria para
reconstruir sus vidas”[75]. En otros
términos, el Estado fue inhábil “para cumplir con su deber básico de
preservar las condiciones mínimas de orden público necesarias para prevenir el
desplazamiento forzado de personas y garantizar la seguridad personal de los
asociados”[76].
32. La obligación del Estado de
garantizar los derechos es respecto de todos los ciudadanos, empero esta
obligación apremia ser satisfecha cuando se trata de ciudadanos incursos en una
situación especial de indefensión ocasionada, en este caso, por el desarraigo
de sus condiciones de vida debido al conflicto armado o la violencia
generalizada. Esta situación particular genera el  “derecho a recibir en
forma urgente un trato preferente por parte del Estado, en aplicación del
mandato constitucional contenido en el artículo 13 superior”[77],
obligación, reconocida tanto en el ordenamiento nacional[78]
como en el internacional[79], que impone la carga al
Estado de adoptar medidas que concluyan en la atención, protección y
consolidación socioeconómica de los desplazados internos mediante soluciones
pacíficas duraderas y prontas, que garanticen “la atención necesaria para
reconstruir sus vidas, lo cual ha de procurarse mediante la ayuda humanitaria
requerida para la subsistencia digna de los desarraigados, hasta el momento en
que las circunstancias agobiantes que padecen hayan sido superadas y la
urgencia extraordinaria cese, esto es, hasta que el afectado esté en
condiciones de asumir su autosostenimiento, lo cual deberá evaluarse en cada
situación  individual”[80].
2.5.- Carácter fundamental
del derecho a la atención humanitaria de emergencia y a la estabilización
socioeconómica de las personas víctimas del desplazamiento forzado.
Reiteración jurisprudencial.
33. Establecido que es un deber
del Estado atender a la población desplazada, su obligación prioritaria se
centra en satisfacer las garantías mínimas que necesita la persona víctima del
desplazamiento para subsistir. En este sentido el artículo 15 de la Ley 387 de
1997 establece que: “[u]na vez se produzca el desplazamiento, el Gobierno
Nacional iniciará las acciones inmediatas tendientes a garantizar la atención
humanitaria de emergencia con la finalidad de socorrer, asistir y proteger a la
población desplazada y atender sus necesidades de alimentación, aseo
personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y
psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones
dignas …” (Resalta la Sala).
Por su parte el Principio 18 de
los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos emitidos por la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señala que“1. Los
desplazados internos tienen derecho a un nivel de vida adecuado. 2.
Cualesquiera que sean las circunstancias, las autoridades competentes proporcionarán
a los desplazados internos, como mínimo, los siguientes suministros o se
asegurarán de que disfrutan de libre acceso a los mismos: a) Alimentos
esenciales y agua potable; b) Alojamiento y vivienda básicos; c) vestido
adecuado; y d) servicios médicos y de saneamiento esenciales...”.
34. La finalidad de la atención
humanitaria de emergencia, como su misma descripción normativa lo establece es
la asistencia mínima que requiere la persona víctima del desplazamiento
forzado para conseguir unas condiciones dignas de subsistencia mediante la
satisfacción de las necesidades básicas y que ha de ser suministrada de manera
integral y sin dilaciones, como quiera que la persona desplazada carece de
oportunidades mínimas que le permitan desarrollarse como seres humanos
autónomos. De allí que deba ser proveída hasta la conclusión de las etapas de
restablecimiento económico y retorno o reubicación[81]
y que “el Estado no pued[a] suspender abruptamente la ayuda humanitaria de
quienes no están en capacidad de autosostenerse, [como] tampoco pueden las
personas esperar que vivirán indefinidamente de esta ayuda”[82].
35. El suministro de la
atención humanitaria regulado por el artículo 15 de la Ley 387 de 1997 disponía
en el parágrafo único que “[a] la atención humanitaria de emergencia se
tiene derecho por espacio máximo de tres (3) meses, prorrogables excepcionalmente
por otros tres (3) más”[83] (Resalta la
Sala), disposición que al ser analizada en sede de constitucionalidad por esta
Corporación (C-278-07), se declaró la inexequibilidad de las expresiones máximo
y excepcionalmente, con base en que:
i)
“el término de tres meses de la
ayuda humanitaria resulta demasiado rígido para atender de manera efectiva a la
población desplazada y no responde a la realidad de la permanente
vulneración de sus derechos…[84]”,
ii)
“la situación de la población desplazada
tiende a agravarse con el paso de los meses, por lo cual no es razonable hacer
depender del factor temporal el alivio a las necesidades de los afectados, y
menos aún, para liberar de responsabilidad a las autoridades comprometidas en
la atención del fenómeno”
iii)
la entrega de una ayuda y una
prórroga “frente a las realidades nacionales, resulta notoriamente
insuficiente en la gran mayoría de situaciones, y por lo mismo, no alcanza para
que puedan paliarse y finalmente, superarse los graves quebrantamientos a
múltiples derechos fundamentales de la población desplazada”, por lo que, “el
término para brindar ayuda humanitaria oper[a] en contra y no a favor de los
desplazados, como debe ser, pues, se repite, conforme a lo dispuesto en la
Constitución y en los instrumentos internacionales, en el Estado, en cuya
contra también repercutirá el escaso tiempo otorgado, recae la responsabilidad
de solucionar la situación de esas personas, y por tanto, debe llevar a cabo
acciones oportunas, efectivas y suficientes en tal sentido, observando, al
efecto, los principios rectores de humanidad, imparcialidad y no
discriminación”,
iv)
La referencia temporal “debe
ser flexible y sometida a una reparación real… hasta salir de la vulnerabilidad
que atosiga a la población afectada, particularmente en esa primera etapa de
atención, en la cual se les debe garantizar condiciones de vida digna que hagan
viable parar el agravio, en tránsito hacia una solución definitiva mediante la
ejecución de programas serios y continuados de estabilización económica y
social” programas que sólo pueden iniciarse cuando exista “la plena
certeza de que el desplazado tiene satisfecho su derecho a la subsistencia
mínima, al haber podido suplir sus necesidades más urgentes de alimentación,
aseo personal, abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y
psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones
dignas”.
36. Es así, como el suministro
de la atención humanitaria de emergencia debe ir hasta cuando los afectados
estén en condiciones de asumir su autosostenimiento a través de un proyecto de
estabilización o restablecimiento socio económico, es decir, hasta cuando “la
población sujeta a la condición de desplazado, accede a programas que
garanticen la satisfacción de sus necesidades básicas en vivienda, salud,
alimentación y educación a través de sus propios medios o de los programas que
para tal efecto desarrollen el Gobierno Nacional, y las autoridades territoriales
…” (artículo 18 Ley 387 de 1997), pues dentro de los principios
establecidos en dicha ley se dispone que “el desplazado forzado tiene
derecho a acceder a soluciones definitivas a su situación” (numeral 5° del
artículo 2°), esto es, a tener una alternativa de generación de ingresos que le
permita vivir dignamente.
2.6.- Acerca de la labor
probatoria del juez constitucional.
37. La administración de
justicia es una función pública cuyo ejercicio está guiado por el imperio de la
ley y por los principios de libre acceso, publicidad, permanencia, autonomía y
primacía del derecho sustancial (artículos 228-230 de la Constitución
Política).
La administración de justicia
implica toda una estructura instituida para el reconocimiento y satisfacción de
un derecho, para la solución de conflictos en torno a éstos y
consecuencialmente para el mantenimiento de la armonía y el desarrollo de una
sociedad. La actividad jurisdiccional busca la resolución pacífica e imparcial
de las controversias que acontecen respecto de la efectividad de un derecho,
basándose, para ello, en los mandatos constitucionales y legales, sustanciales
y procesales previamente definidos, a partir de los cuales se extrae una “atribución
cierta, obligatoria y coactiva de lo que a cada una de las partes le
corresponde”[85].
38. A fin de solucionar mediante normas concretas las controversias suscitadas, el juez ha de
ejecutar un juicio fundamentado en tres momentos: “el cognoscitivo,
que supone el conocimiento cierto de los hechos y de las demás circunstancias
relevantes del conflicto y la determinación de las normas válidas para la
solución del mismo; el valorativo, que consiste en la evaluación de
tales hechos a la luz de las normas que se juzgan pertinentes para ello, pues
precisamente se refieren, en abstracto a las conductas que el juez ha
identificado en concreto; y el decisorio, que se manifiesta en la parte
resolutiva del fallo, cuya finalidad es resolver la controversia que originó el
proceso, o hacer las declaraciones que se demandan. Estos momentos se
desarrollan a través de las etapas que determinan las leyes procesales”[86]
(Resalta la Sala).
39. De este modo, con el
objetivo de solucionar una controversia se ha de determinar en primer lugar con
claridad el asunto en conflicto, es decir, los hechos en que se sustenta el
enfrentamiento, para lo cual cada una de las partes tiene la carga de probar
los hechos que aducen como fundamento a su pretensión. Es lo que de antaño se
ha expuesto como “Onus prodandi, incumbit actori” y “Reus, in
excipiendo, fit actor”, esto es, respectivamente, que al demandante le
incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción y al demandado,
cuando excepciona o se defiende, le corresponde, a su turno, probar los hechos
en que se sustenta su defensa, ya que “es razonable sostener que quien
conoce la manera exacta como se presentan los hechos y las consecuencias de los
mismos, es quien padece el daño o amenaza a la afectación”[87].
De allí que quien no logre
probar los hechos en que se cimenta su pretensión no puede esperar que ésta sea
resuelta a su favor, en otros términos, “actore non probante, reus
absolvitur”, esto es, que el demandado ha de ser absuelto de los cargos si
el demandante no logró probar los hechos en que se fundamenta su solicitud.
Ello es así, debido a que no es posible dentro del marco del principio de
igualdad que dirige un proceso, dar validez sin más a las afirmaciones de una
parte y no de la otra, cuando ambas se gobiernan por la presunción de buena fe.
Hacerlo implicaría comprometer la esencia del papel judicial, cual es la
imparcialidad.
Sin embargo, lo anterior no
justifica que el juez aplique sin ninguna otra consideración el principio de la
carga de la prueba, “actore non probante, reus absolvitur”, pues dicha
actuación conllevaría a desnaturalizar las directrices normativas que le
indican que su decisión debe ir acorde con hechos verificados, para lo cual el
ordenamiento jurídico le otorga un poder oficioso en su actuación[88].
40. Es así como la carga de la
parte de probar lo afirmado no impide el actuar oficioso del juez en materia
probatoria. Por el contrario, esta actividad es el desarrollo de su función de
administrar justicia, pues para fallar conforme a derecho el juez requiere la
adecuación de la norma a unos hechos que no ameriten duda, ya que si ello
aconteciere, si no hay certeza en torno a los hechos, puede que se adopte una
errónea decisión, que se vulneren derechos y por tanto se podría presentar el
riesgo de incumplir la finalidad última de la administración de justicia, cual
es la de la consecución y el mantenimiento de una sociedad pacifica. El juez
tiene la función de buscar la verdad para impartir justicia legítima y tiene el
deber de expresar las razones que guiaron el valor asignado a cada una de las
pruebas en que sustenta la decisión adoptada.
41. En el trámite de la acción
de tutela la oficiosidad del juez ha de ser un criterio determinante para la
consecución de su objetivo, esto es, el de garantizar la efectividad de los
derechos fundamentales. Y es precisamente a fin de lograr la efectividad de los
derechos fundamentales que se pretende conseguir por medio de esta acción
constitucional, que el Decreto 2591 de 1991[89] faculta al juez a pedir
informes[90] a la autoridad o entidad
accionada respecto de la solicitud de amparo impetrada en su contra, e impone
la consecuencia jurídica de presunción de veracidad de los hechos
narrados por el accionante, cuando el informe solicitado a la parte accionada
no fuere rendido dentro del plazo determinado[91].
Es tan clara la pretensión de
amparo de los derechos fundamentales mediante la acción de tutela, que el
ordenamiento jurídico impone al juez presumir la verdad de lo narrado, previa
solicitud del informe a la parte contraria, incentivando de esta forma la labor
probatoria del juez, salvaguardando el derecho a la defensa de las partes y
conservando el principio de igualdad que rige el proceso judicial.
42. No obstante, dicha
presunción no es una autorización legal para que el juez decida sin certeza
respecto de los hechos que dieron origen a la controversia, es decir, la
mencionada presunción no justifica la desidia del juez en conocer la verdad,
tanto es así que incluso estando facultado para resolver con base en la
configuración de la presunción de veracidad, el juez, si lo estima
necesario, puede realizar una averiguación previa[92]
y aún más, si después de rendido el informe llegare a necesitar datos
adicionales ha de solicitarlos a fin de sustentar su decisión -negar o conceder
la tutela- en cualquier medio probatorio[93], pues es esencial que el
juez llegue al conocimiento de la situación litigiosa[94]
para proferir un fallo que desarrolle la finalidad de garantizar los derechos
fundamentales, esto es, la primacía del derecho sustancial (artículo 228 C.P.).
43. Asimismo, con el objetivo
de la acción de tutela de conseguir el amparo de los derechos fundamentales,
esta Corporación ha determinado que la regla general de que a quien alega le
corresponde probar, debe ser apaciguada en sede de tutela, y ser interpretada
en el sentido de que la parte afectada pruebe lo que alega “en la medida en
que ello sea posible”[95], pues se ha de
tener en consideración la especial situación de debilidad o subordinación en
que se encuentre el accionante para acceder a la prueba[96],
lo que a su vez enfatiza la obligación del juez de tutela en el marco
probatorio de realizar una actividad oficiosa para el esclarecimiento de los
hechos base de la acción.
44. De esta manera, considera
esta Sala que la oficiosidad del juez de tutela en materia probatoria es una
herramienta para esclarecer los hechos cuando existan dudas razonables acerca
de éstos y de las pruebas aportadas por las partes, sin que con ello se libere
de la carga probatoria a quien alega la vulneración o amenaza a un derecho
fundamental, sino que se trata de “recordar al juez que sus decisiones deben
basarse en hechos plenamente demostrados, para lograr así decisiones acertadas
y justas que consulten con la realidad procesal”[97].
Al respecto esta Corporación ha
señalado que la actividad probatoria oficiosa del juez de tutela i) es “un
deber inherente a la función judicial, pues la decisión con fuerza de cosa
juzgada, exige una definición jurídicamente cierta, justa y sensata del asunto
planteado”[98], ii) es
necesaria, en razón a que “si no lo hace, corre el riesgo de dejar
desprotegidos derechos fundamentales que merecen protección o de obrar, por el
contrario con tal precipitad que ampare situaciones que no requieren la
intervención judicial o respecto de las cuales ella no cabe”[99]
y iii) es un deber, porque el juez de tutela no puede fallar en conciencia,
sino que requiere de elementos de plena convicción de la presunta infracción o
amenaza para la consecución de decisiones acertadas y justas que correspondan
con la realidad[100].
Así la garantía de los derechos
fundamentales implica por parte del juez[101] realizar una labor
diligente para la protección efectiva del derecho fundamental y el deber de “desligar
criterios eminentemente formalistas y [de] otorgar prevalencia del derecho
sustancial… (Artículo 228)”. Se le exige así al juez “una mayor
participación en la búsqueda de la máxima efectividad de la Constitución…”[102].
45. Ahora bien, cuando se trata
de sujetos de especial protección constitucional los que solicitan el amparo de
sus derechos fundamentales, en este caso, las personas desplazadas por la
violencia, esta Corporación ha determinado[103] que el actuar de las
instituciones encargadas de conjurar los sufrimientos  y los perjuicios
derivados del desplazamiento debe estar guiado por una interpretación  pro
homine y ha señalado que para acceder al registro en el sistema único para
la población desplazada y a los auxilios que de esta situación se deriva, no se
debía exigir una carga probatoria desproporcionada, “pues …el desplazado no
conoce plenamente sus derechos ni el sistema institucional diseñado para
protegerlos y este hecho en lugar de volverse en su contra debe servir para que
el Estado actúe con mayor atención y diligencia”, requerimiento que es
igualmente exigible al juez de tutela, en quien radica con mayor énfasis la
protección de los derechos fundamentales.
46. Con base en lo expuesto,
esta Sala concluye que el juez de tutela para llegar a la certeza acerca de la
vulneración de los derechos fundamentales de las personas víctimas del
desplazamiento forzado, sujetos de especial protección constitucional, debe
desplegar una conducta oficiosa a fin de determinar la certeza de los hechos
para la emisión de un fallo ajustado a derecho. El juez debe ser el promotor de
decisiones justas, no un simple espectador y le corresponde dar órdenes claras,
que encajen el contenido de los derechos a situaciones empíricas para adoptar
los remedios y, finalmente, supervisar el cumplimiento de las órdenes, pues
sólo de este modo se estaría cumpliendo el mandato constitucional de la garantía
de los derechos fundamentales y asimismo se estaría administrando justicia
legítima.
2.7.- Casos
concretos
47. Con base en las
consideraciones anteriores, pasa esta Sala a determinar si, en cada uno de los
casos planteados, se vulneran los derechos fundamentales invocados por los
peticionarios.
Expediente
T-2358332.
48. El ciudadano Gilberto
Hernando Salazar Giraldo, actuando como agente oficioso de su hija desplazada y
discapacitada mental Diana Mileidy Salazar Orozco,  interpuso, como se ha
anotado, acción de tutela contra el Alcalde Municipal de San Rafael, Antioquia,
con el fin de obtener la protección del derecho fundamental al mínimo vital de
su hija, que habría sido vulnerado como consecuencia de la negativa de la
Alcaldía Municipal de San Rafael, Antioquia, de brindarle todos los elementos
necesarios para llevar una vida en condiciones dignas.
49. Teniendo en cuenta las
pruebas que obran en el expediente, la Sala estima que los siguientes hechos se
encuentran probados: i) la hija del peticionario es mayor de edad[104]
y sufre de parálisis cerebral y retardo mental leve, enfermedades que, de
acuerdo con el certificado médico suscrito por el señor Jorge Alberto Caro
Avendaño, Gerente de la E.S.E. Hospital Pbro. Alonso María Giraldo[105],
generan discapacidad de tipo mental y funcional de carácter permanente; ii) el
peticionario y su familia son desplazados por la violencia como lo demuestra el
certificado expedido por el señor Edgar Alberto Isaza Giraldo, Personero
Municipal de San Rafael, Antioquia[106] y el hecho de que se
encuentren incluidos el Registro Único de Población Desplazada[107];
iii) la hija del peticionario se encuentra afiliada en salud a la Entidad Cooperativa
Solidaria de Salud Ecoopsos ESS ARP[108]; iv) el peticionario y
su familia han recibido en varias oportunidades ayudas por parte de Acción
Social. Así, por ejemplo, el día 29 de octubre de 2009, recibieron la Ayuda
Humanitaria de Emergencia consistente en tres (3) meses de Asistencia
Alimentaria y, en el año 2004, recibieron  un subsidio de vivienda por un valor
de ocho millones novecientos cincuenta mil pesos ($8.950.000), entregado por la
entidad Fonvivienda[109].
50. Por lo
tanto, es claro que, en este caso, la hija del peticionario es una persona
discapacitada y desplazada por la violencia lo que la convierte en un sujeto de
especial protección constitucional pues en ella confluyen dos circunstancias
que la ponen en una situación de debilidad manifiesta. En esta medida, la
acción de tutela es procedente para solicitar la protección de su derecho
fundamental al mínimo vital que se refiere a todas las condiciones materiales
básicas e indispensables para asegurar una supervivencia digna y autónoma.
Entre esas condiciones materiales mínimas de existencia, se encuentran la
vivienda, la alimentación, la salud, el vestido, la educación y la recreación.
51. Sin
embargo, estima la Sala que, en el caso concreto, no se presenta una
vulneración de este derecho, pues la hija del peticionario cuenta con los
elementos indispensables para asegurar su digna subsistencia.
Así, Diana
Mileydi tiene asegurado su derecho a la vivienda digna pues, teniendo en cuenta
que se trata de una persona discapacitada mental, habita junto con sus padres
en una vivienda propia que fue adquirida gracias al subsidio de vivienda
otorgado en el año 2004 por la entidad Fonvivienda.
Adicionalmente,
la hija del peticionario se encuentra afiliada en salud a la Entidad
Cooperativa Solidaria de Salud Ecoopsos ESS ARP, con lo que se demuestra que su
derecho a la salud se encuentra asegurado.
Finalmente,  Acción
Social  ha sido diligente al garantizar la protección de los “derechos
fundamentales de DIANA MILEIDY SALAZAR OROZCO, pues programó a través del Jefe
de Hogar de su núcleo familiar el Señor GILBERTO HERNANDO SALAZAR GIRALDO la
entrega de los componentes de la Ayuda Humanitaria de Emergencia consistente en
tres (3) meses de Asistencia Alimentaria, mediante la colocación de un giro el
día 29 de Octubre de 2009”[110].
En esta
medida, esta Sala estima que los derechos a la alimentación, al vestido y a la
recreación de la hija del accionante se encuentran cubiertos mediante la
entrega de la asistencia alimentaria por parte de Acción Social.
52. Sin embargo,
aunque el derecho al mínimo vital de la accionada no está siendo vulnerado por
la autoridad demandada, estima esta Sala que su derecho a la rehabilitación
integral y a la educación especial no se ha hecho efectivo.
En efecto,  de
acuerdo con la información allegada por la Corporación Diego León[111],
desde el año 2008, la hija del peticionario dejó de recibir la terapia física
domiciliaria que venía recibiendo para contrarrestar los efectos de las
enfermedades que padece.
De esta manera,
la hija del accionante no ha recibido un tratamiento integral para lograr su
rehabilitación, tratamiento que, de conformidad con lo establecido en la
primera parte de esta sentencia, está compuesto por elementos médicos y
educativos.
El hecho de
que la hija del accionante sea mayor de edad no impide que se proteja su
derecho fundamental a la educación especial y a la rehabilitación pues, de
conformidad con lo establecido anteriormente, la Corte ha señalado que el
derecho fundamental a la educación de las personas discapacitadas mentalmente
se extiende más allá de la mayoría de edad.
Por los
motivos antes expuestos, la Sala procederá a revocar las sentencias de primera
y segunda instancia y, en su lugar, concederá el  amparo judicial del derecho a
la rehabilitación integral de la hija del peticionario.
Por consiguiente,
la Sala ordenará a la Alcaldía Municipal de San Rafael, Antioquia, que cancele
directamente a la Corporación Diego León, los costos de la terapia física que
debe recibir la hija del peticionario, de conformidad con el diagnóstico que
allí le sea realizado.
53. Aparte de
lo anterior, la Sala estima necesario destacar que en el expediente obran
indicios que demuestran que los padres de la señorita Diana Mileidy Salazar no
han cumplido a cabalidad con su deber de protegerla y asistirla. Esta
obligación de cuidado que tienen los familiares de personas discapacitadas
incluye el cuidado físico diario, proveyendo alimentos, ropa, cuidado y apoyo
para su rehabilitación, como también el que se agencien adecuadamente sus
derechos, adelantando los trámites administrativos o judiciales que sean
necesarios para garantizar la adecuada representación de sus derechos y la protección
de sus intereses.
En efecto,
por un lado, en el expediente obra indicio[112] tendiente a demostrar
que Diana Mileidy Salazar Orozco es una discapacitada mental absoluta. De ser
esto cierto, los padres de la menor han debido iniciar el proceso de
interdicción antes de que su hija llegara a la mayoría de edad de conformidad
con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 36 del Código de la Infancia y
de la Adolescencia[113], reiterado en el artículo
26 de la Ley 1306 de 2009[114], en el cual se establece que los
padres, el Defensor de Familia o el Ministerio Público, deben pedir la
interdicción de los discapacitados mentales absolutos una vez hayan llegado a
la pubertad y, en todo caso, antes de la mayoría de edad para que opere la
prórroga legal de la patria potestad.
Y por otro lado, en el documento
allegado a esta Corte por la Corporación Diego León, se afirmó que el padre de
la menor utiliza a su hija discapacitada para mendigar pues es “su única
fuete (sic) de sustento”[115], situación que,
de ser cierta, violaría el numeral 2º del artículo 20 del Código de la Infancia
y la Adolescencia que, de conformidad con el artículo 8° de la Ley 1306 de 2009[116]
por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad
Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces
Emancipados, es aplicable a las personas con discapacidad mental. En virtud de
esta norma, los discapacitados mentales tienen el derecho a ser protegidos
contra la explotación económica y, especialmente, contra su utilización en la
mendicidad[117].
La Sala no es ajena a la difícil
situación social y económica por la que ha debido atravesar la familia de Diana
Mileidy Salazar Orozco hasta el presente. Sin embargo, su situación, fuerza no
sólo al Estado y a la sociedad, sino también a sus padres y parientes más
cercanos, a desplegar un comportamiento especialmente cuidadoso y protector. De
este modo, aún en condiciones de dificultad y escasez,  su familia no puede
servirse de ella y de su condición, para obtener los recursos necesarios para
subsistir. Porque, al no mediar su consentimiento o voluntad, y al no poder
defenderse de los riesgos a los que pueda estar expuesta, la familia está
obligada a excluir cualquier conducta que incremente sus condiciones de
vulnerabilidad.
En esta
medida, la Sala estima que, si Diana Mileidy Salazar Orozco es una
discapacitada mental absoluta, sus padres deben iniciar el proceso de
interdicción judicial para que opere la prórroga de la patria potestad.
Ahora bien,
habida cuenta de las circunstancias particulares del tutelante y de su hija, se
ordenará comunicar al Defensor del Pueblo la presente sentencia para que se
disponga que un funcionario de la Defensoría  apoye a los padres de Diana
Mileidy Salazar Orozco en la tarea de determinar si se debe iniciar su proceso
de interdicción judicial.
También, la
familia de Diana Mileidy deberá cooperar en su traslado periódico a la
institución llamada a prestarle el servicio de rehabilitación, lo cual se
justifica porque no se cumplen los requisitos que la jurisprudencia ha señalado
en este sentido[118]. En efecto, en primer
término, el expediente muestra que  entre el domicilio del peticionario y la
Corporación Diego León hay solo siete cuadras de distancia[119],
con lo cual se deduce que su transporte puede ser gratuito a pie o en caso
extremo de un mínimo costo. En segundo lugar, debe recordarse que la asistencia
social del Estado debe compaginarse, como se predica del desarrollo
jurisprudencial y doctrinario que se ha hecho en materia de derechos
económicos, sociales y culturales, con las posibilidades que la familia y los
allegados estén en posibilidad de brindar en términos de solidaridad, lo cual
habrá de estudiarse específicamente en el caso concreto[120].
En el evento subexamine se observa que la discapacitada Diana Mileidy tiene un
padre y una madre, así como tres hermanos (una de 17 años, otro de 16 y el
último de 14)[121], lo cual permite
inferir que la solidaridad familiar puede sustentar el cumplimiento de la
necesidad de transporte requerida. Recuerda en este momento la Sala que el
artículo 42 constitucional impone a los padres el deber de protección para con
sus hijos menores “o impedidos”, así como el artículo 95 de la Carta que
incluye como deberes constitucionales, el respeto de los derechos ajenos y el
no abuso de los propios, a más del deber de actuar conforme al principio de
solidaridad, ante las situaciones que pongan en peligro la salud y la vida de
las personas. Deberes que, naturalmente, en el caso de los hijos, se han
desarrollado en la legislación del menor y el discapacitado y que, por tanto,
no se pueden soslayar. A pesar de lo anterior y en aras de garantizar la
protección efectiva de los derechos de la señorita Diana Mileidy, en la parte
resolutiva se ordenará al Defensor del Pueblo velar por el cumplimiento de esta
obligación familiar
Y,
adicionalmente, se ordenará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) que, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1306 de 2009[122],
por intermedio del Defensor de Familia, asista  a la señorita Diana Mileidy
Salazar Orozco  y tome todas las medidas necesarias para proteger sus derechos,
y prevenir su vulneración por parte de sus padres.
Por último,
debido a que Diana Mileidy Salazar Orozco y su familia tienen la calidad de
desplazados y no han logrado alcanzar la estabilización socio económica, la
Sala ordenará a esta entidad que preste el acompañamiento y asesoramiento
necesario al peticionario, para que pueda acceder a los diferentes programas de
atención, protección y estabilización socio económica en materia de
desplazamiento, aunque la acción de tutela no se haya interpuesto con este
objetivo.
En efecto, la
Sala recuerda que, de acuerdo a la jurisprudencia de esta Corporación[123],
es permitido legalmente que el juez constitucional proteja derechos
fundamentales afectados no invocados por el actor pues este último no está
sometido a la causa petendi y puede fallar más allá de lo solicitado por
el peticionario.
Expediente T-2358302.
54. La ciudadana Mónica Patricia
Hernández Salcedo interpuso acción de tutela contra Acción Social con el fin,
como también se ha dicho, de obtener la protección de sus derechos a la vida, a
la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social, a la salud, al debido
proceso, a la protección de la tercera edad y de la familia que habrían sido
vulnerados debido al no suministro de la atención humanitaria de emergencia a
pesar de los requerimientos realizados para su consecución.
55. En el trámite de esta acción
constitucional se constató, mediante información allegada por la autoridad
accionada, previa solicitud de esta Sala de Revisión, que la gestora del amparo
es una persona víctima del desplazamiento forzado.
Señaló asimismo la entidad
accionada que la peticionaria  “fue beneficiaria del Programa de Generación
de Ingresos de la Subdirección de Atención a la Población Desplazada de esta
Entidad, recibiendo del mismo dentro del componente de Emprendimiento. Por
(sic)  valor de $1.600.000 en fecha  22 de septiembre de 2009.
Dicho Programa tiene como
propósito la búsqueda del autosostenimiento de la población en situación de
desplazamiento.
Lo que significa que la señora
MONICA PATRICIA HERNANDEZ SALCEDO se encuentra en condiciones de generar unos
ingresos y lograr una estabilización socioeconómica”[124].
56. En virtud de lo expuesto,
esta Sala de Revisión considera que, a pesar de que la peticionaria fue
beneficiaria hace poco del Programa de Generación de Ingresos de la
Subdirección de Atención a la Población Desplazada de Acción Social, la entidad
accionada no logró desvirtuar el estado de necesidad en que se encuentra la
peticionaria ya que sólo señaló las ayudas suministradas, afirmación que no le
permite a esta Sala constatar que el estado de vulnerabilidad haya cesado.
En esta medida, dando credibilidad
a lo afirmado por la accionante, esta Sala ordenará el amparo sus derechos
fundamentales y, consecuentemente, ordenará el suministro de la atención
humanitaria de emergencia que requiere.
57. Por otra parte,  esta Sala de
Revisión ordenará a la entidad accionada realizar un seguimiento de la suma
entregada en septiembre de 2009 como aporte al emprendimiento, cuyo propósito
es la búsqueda del autosostenimiento de la población en situación de
desplazamiento.
Ello por cuanto también la
víctima del desplazamiento forzado tiene el deber de colaborar en la mitigación
de su daño a fin de que desaparezca ese estado de vulnerabilidad. En efecto, al
Estado le corresponde brindar la asistencia mínima al desplazado y otorgar
programas para su desarrollo, esto es, concebir y ejecutar políticas y
programas que le permitan al desplazado reconstruir su proyecto de vida y
superar su condición de debilidad pero, al mismo tiempo, es deber del sujeto
asumir un papel activo en la autoconstrucción de su dignidad.
58. Por otra parte, advierte esta
Sala que la solicitud de provisión de la suma de veinticuatro millones seiscientos
trece mil doscientos sesenta pesos ($24.613.260) por concepto de asistencia
alimentaria, setecientos cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta pesos
($745.350)  por concepto de alojamiento temporal y suministro de kits y esta
misma cifra ($745.350) por concepto de transporte temporal, es improcedente.
Esto es así porque la ausencia en el suministro de la atención humanitaria de
emergencia no constituye un crédito a favor de la persona desplazada por la
violencia que le genere un saldo dinerario a ser cobrado retroactivamente, toda
vez que ello desnaturalizaría esta medida que busca suplir las necesidades
inmediatas a fin de otorgar un nivel de vida digno y garantizar la efectividad
de los derechos fundamentales.
Es decir que, si bien esta
atención no fue otorgada en el momento requerido por la accionante,
circunstancia reprochable en el marco del derecho constitucional, permitir la
prosperidad de la mencionada pretensión, sería una actuación que choca abiertamente
con la finalidad propia de la acción de tutela, no sólo por la inexistencia de
la obligación de carácter retroactivo, sino porque esta acción constitucional
no fue instituida para el cumplimiento de obligaciones dinerarias, sino para la
satisfacción de los derechos fundamentales.
De este modo, la deuda indiscutible
que tiene el Estado para con las personas sometidas a desplazamiento forzoso,
en sede de tutela y por tanto en clave de protección de las facetas iusfundamentales
de los derechos, gira en torno de velar por el aseguramiento de sus condiciones
básicas de dignidad. No consiste, por tanto, en pagarles por su condición, de
modo que la ausencia en el suministro oportuno de la atención humanitaria de
emergencia constituye un daño consumado, que no es posible satisfacer mediante
esta acción constitucional.
59. Por último, esta Sala de
Revisión advierte que es censurable la inactividad del Juez 12 Administrativo
del Circuito de  la ciudad de Cartagena, debido a que no desplegó ninguna
actividad probatoria oficiosa para determinar si fueron vulnerados o no los
derechos de la accionante, ignorando, así, que se trataba de un sujeto de
especial protección constitucional. En esta medida, le correspondía desplegar
una actividad probatoria tendiente a determinar si la peticionaria se
encontraba o no inscrita en el Registro Único de Población Desplazada y si la
entidad le había o no negado la ayuda solicitada.
Y es que no se puede olvidar que
el juez de tutela es un agente principal del Estado Social de Derecho, llamado
a actuar decididamente contra la inactividad o acción ilegítima de los demás
poderes públicos o de los particulares, como garante, en última instancia, de
los derechos fundamentales.
60. En razón de lo expuesto, esta
Sala de Revisión revocará el fallo proferido el 26 de mayo de 2009 por el
Juzgado 12  Administrativo del Circuito de Cartagena y, en su lugar, concederá
el amparo solicitado y ordenará a la entidad accionada  -Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social- que
suministre los componentes de atención humanitaria de emergencia a que haya
lugar y realice un seguimiento de la suma entregada en septiembre de 2009
dentro de los componentes de emprendimiento, el cual tiene como propósito la
búsqueda del autosostenimiento de la población en situación de desplazamiento.
Expediente  T-2359937.
61. El ciudadano José David
Montes Tapia interpuso acción de tutela contra Acción Social con el fin de
obtener, como se ha reseñado, la protección de los derechos de petición, vida
digna y mínimo vital que habrían sido vulnerados debido al no suministro de la
atención humanitaria de emergencia a pesar de los requerimientos realizados
para su consecución.
62. En el trámite de esta acción
constitucional se constató, mediante información allegada por la autoridad
accionada, previa solicitud de esta Sala de Revisión, que el gestor del amparo
es una persona víctima del desplazamiento forzado.
Asimismo, la entidad accionada
señaló que el peticionario y su familia han recibido, como ayuda humanitaria,
dos giros por un total de novecientos sesenta mil pesos.
63. Esta Sala de Revisión
considera que, a pesar de que el peticionario ha recibido dos giros por un
total de novecientos setenta mil pesos, es un hecho cierto que el daño continuo
en el que se encuentra el accionante en virtud de su condición de persona
desplazada por la violencia, sólo cesa hasta cuando se logre la estabilidad
socio económica que le permita proveerse su auto sustento,  por lo que se
dispondrá el amparo de sus derechos fundamentales a la vida y al mínimo vital.
64. Adicionalmente, esta Sala
advertirá a la entidad accionada que la obligación de suministro de la atención
humanitaria de emergencia se ha de proveer hasta cuando cese la condición de persona
desplazada por la violencia y por tanto se ordenará prestarle al gestor del
amparo el acompañamiento y el asesoramiento necesario para que puedan acceder
de forma oportuna y expedita a los diferentes programas de atención, protección
y estabilización socio económica en materia de desplazamiento.
65. Por último, esta Sala de
Revisión constata que el Juez 1º Civil del Circuito de la cuidad de Sincelejo,
a pesar de que desplegó una actividad probatoria oficiosa para determinar si el
peticionario se encontraba inscrito en el Registro Único de Población
Desplazada y si estaba cobijado por el programa de ayuda humanitaria ofrecido
por el Gobierno, no aplicó la presunción contenida en el artículo 20 del
Decreto 2591 de 1991, en virtud de la cual, los hechos narrados por el
accionante se presumen ciertos si la entidad demandada no rinde oportunamente
el informe solicitado por el juez de instancia, a menos de que la autoridad
judicial considere necesario indagar sobre algún aspecto. Como quiera que, en
el caso concreto, Acción Social guardó silencio, el juez ha debido tutelar los
derechos fundamentales del actor al presumirse que efectivamente estaba
inscrito en el Registro Único de Población Desplazada.
66. Por estos motivos, esta Sala
de Revisión revocará el fallo dictado por el Juzgado 1° Civil del Circuito de
la ciudad de Sincelejo – Sucre que, mediante sentencia de 29 de mayo de 2009,
negó el amparo de los derechos fundamentales alegados porque el actor y, en su
lugar, concederá del amparo, y ordenará a la entidad accionada  -Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción
Social- que suministre los componentes de atención humanitaria de emergencia a
que haya lugar y realice las acciones necesarias para que el peticionario del
amparo pueda acceder a los programas que le permitan la estabilización
socioeconómica.
67. En
mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
III. RESUELVE
Primero.- REVOCAR la
sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal del municipio de San
Rafael, Antioquia, el día 29 de enero de 2009, y la sentencia proferida el
Juzgado Promiscuo de Familia de Marinilla, Antioquia, el día 27 de marzo de
2009. En su lugar, CONCEDER amparo judicial del derecho fundamental a la
rehabilitación integral de la hija del accionante.
Segundo.- ORDENAR al
Alcalde Municipal de San Rafael Antioquia que, que dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, pague
directamente a la Corporación Diego León los costos del tratamiento integral
que deba recibir la señorita Diana Mileidy Salazar Orozco, de conformidad con
el diagnóstico que allí le sea realizado.
Tercero. -   ADVERTIR al
señor Gilberto Hernando Salazar Giraldo, que si su hija Diana Mileidy Salazar
Orozco es una discapacitada mental absoluta, debe iniciar su proceso de
interdicción judicial ante el juez competente.
Cuarto.- COMUNICAR al
Defensor del Pueblo la presente sentencia para que disponga que un funcionario
de la Defensoría efectúe el acompañamiento del tutelante, por un lado, en la
tarea de determinar si se debe iniciar proceso de interdicción de Diana Mileydi
Salazar Orozco y, por otro lado, en su iniciación, de ser este proceso procedente
y ORDENAR al Defensor de Familia velar por el cumplimiento de la
obligación familiar de transportar a Diana Mileidy Salazar Orozco a la Corporación
Diego León para que reciba el tratamiento integral que requiere.
Quinto. - DISPONER que las
autoridades competentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
adelanten todas las medidas necesarias para proteger a la señorita Diana
Mileidy Salazar Orozco, que puede estar siendo explotada económicamente por su
padre.
Sexto.- REVOCAR el fallo
proferido el 26 de mayo de 2009 por el Juzgado 12  Administrativo del Circuito
de Cartagena y, en su lugar, CONCEDER el amparo solicitado por la
peticionaria.
Séptimo. – ORDENAR  a la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional,
Acción Social, que en el término de tres (3) días contados a partir de la
notificación de esta providencia proceda a otorgar a Mónica Patricia Hernández
Salcedo, la atención humanitaria de emergencia consistente en subsidios de
alimentación, aseo personal, abastecimientos, utensilios de cocina, atención
médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio, que
sean considerados como necesarios para garantizarle unas condiciones dignas de
subsistencia
Octavo.- ADVERTIR a la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional,
Acción Social, que la obligación de suministro de la atención humanitaria de
emergencia se ha de proveer hasta cuando cese la condición de persona
desplazada por la violencia, esto es, hasta cuando los accionantes accedan a
programas que garanticen la satisfacción de sus necesidades básicas a través de
sus propios medios o de los programas que para tal efecto efectúe el Gobierno
Nacional y las autoridades territoriales.
Noveno. – ORDENAR a la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
-Acción Social- que, en el término de tres (3) días, contados a partir de la
notificación de esta providencia, realice un seguimiento de la ayuda otorgada a
Mónica Patricia Hernández Salcedo para la búsqueda de su auto sostenimiento.
Décimo. – REVOCAR la
sentencia proferida por el Juzgado 1º Civil del Circuito de Sincelejo, Sucre,
el día 29 de mayo de 2009. En su lugar, CONCEDER amparo judicial
solicitado por el peticionario.
Décimo primero.- ORDENAR a
la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional,
Acción Social, que en el término de tres (3) días contado a partir de la
notificación de esta providencia proceda a prorrogar a José David Montes Tapia,
la atención humanitaria de emergencia consistente en subsidios de alimentación,
aseo personal, abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y
psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio, que sean
considerados como necesarios para garantizarle unas condiciones dignas de
subsistencia.
Décimo segundo.- ADVERTIR
a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional,
Acción Social, que la obligación de suministro de la atención humanitaria de
emergencia se ha de proveer hasta cuando cese la condición de persona
desplazada por la violencia, esto es, hasta cuando los accionantes accedan a
programas que garanticen la satisfacción de sus necesidades básicas a través de
sus propios medios o de los programas que para tal efecto efectúe el Gobierno
Nacional y las autoridades territoriales.
Décimo tercero. - ORDENAR
a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional,
Acción Social, que en el término de treinta 30 días contado a partir de la
notificación de esta providencia, preste a José David Montes Tapia y a Gilberto
Hernando Salazar Giraldo, el acompañamiento y el asesoramiento necesario para
que puedan acceder de forma oportuna y expedita a los diferentes programas de
atención, protección y estabilización socio económica en materia de
desplazamiento.
Décimo cuarto. - ADVERTIR al
Juzgado 12  Administrativo del Circuito de Cartagena que el juez de tutela debe
velar por el amparo de los derecho fundamentales y que, en caso de duda acerca
de la transgresión de éstos, ha de ejecutar de oficio las acciones necesarias
para la adquisición de la certeza que guíe la resolución del asunto puesto a su
consideración.
Décimo quinto. - ADVERTIR al
Juzgado 1° Civil del Circuito de Sincelejo   que el juez de tutela debe aplicar
la presunción contenida en el artículo 20 del Decreto 2591, en virtud de la
cual, los hechos narrados por el accionante se presumen ciertos si la entidad
demandada no rinde oportunamente el informe solicitado por el juez de
instancia, a menos de que la autoridad judicial considere necesario indagar
sobre algún aspecto.
Décimo sexto.- Por
Secretaría líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
Ponente
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Folio 8, Cuaderno 2.
[2] Fecha de recibo del día 18 de febrero de 2009
(folio 7, Cuaderno 2).
[3] Folio 6, Cuaderno 2.
[4] Filo 7, Cuaderno 2.
[5] Consta en la fotocopia de la Contraseña otorgada por la Registraduría Nacional del Estado Civil que el peticionario nació
el 13 de junio de 1948 (Folio 4, Cuaderno 2).
[6] Folio 17, Cuaderno 2.
[7] Folio 1, Cuaderno 2.
[8] Folio 23, Cuaderno 2.
[9] Ibídem.
[10] Folios 28 y 29, Cuaderno 2.
[11] Folio 33, Cuaderno 2.
[12] Folio 20, Cuaderno 2.
[13] Folio 27, Cuaderno 2.
[14] Folio 31, cuaderno 2.
[15] Folio 17, Cuaderno 2.
[16] A este respecto, se pueden consultar, entre
las más recientes, las sentencias C-043 de 2008, T-579 de 2008 y T-093 de 2007.
[17] “ARTICULO 2o. Son
fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un
orden justo.
Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares”.
[18]“ARTICULO 13. Todas las
personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El
Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”.
[19] “ARTICULO 47. El Estado adelantará una política de
previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que
requieran”.
[20] “ARTICULO 54. Es obligación del Estado y de los
empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo
requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en
edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde
con sus condiciones de salud”.
[21] “ARTICULO 68. Los particulares podrán fundar
establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su
creación y gestión.
La comunidad educativa participará en la dirección de
las instituciones de educación.
La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida
idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y
dignificación de la actividad docente.
Los padres de familia tendrán derecho de escoger el
tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado
ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa.
respete y desarrolle su identidad cultural.
La erradicación del analfabetismo y la educación de
personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales,
son obligaciones especiales del Estado”.
[22] Reiterada, entre otras, en las sentencia T-884 de 2006, T- 1038 de
2007, T-043 de 2008, T-1247 de 2008 y T-1248 de 2008.
[23] Artículo 2-1: “Cada uno de los Estados partes en el presente
pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se
encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos
en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[24] Artículo 2-2: “Los Estados partes en el presente pacto se
comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian,
sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.”
[25] Artículo 1-1: “Los Estados partes en esta convención se
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social”.
[26] Artículo 2-1: “Los Estados partes respetarán los derechos
enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño
sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza,
el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus
padres o de sus representantes legales.”
[27] Artículo 18: “Toda persona afectada por una disminución de
sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención
especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Con
tal fin, los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que sean
necesarias para ese propósito y en especial a: (a) ejecutar programas
específicos destinados a proporcionar a los minusválidos los recursos y el
ambiente necesario para alcanzar ese objetivo, incluidos programas laborales
adecuados a sus posibilidades y que deberán ser libremente aceptados por ellos
o por sus representantes legales, en su caso; (b) proporcionar formación
especial a los familiares de los minusválidos a fin de ayudarlos a resolver los
problemas de convivencia y convertirlos en agentes activos del desarrollo
físico, mental y emocional de éstos; (c). incluir de manera prioritaria en sus
planes de desarrollo urbano la consideración de soluciones a los requerimientos
específicos generados por las necesidades de este grupo; (d) estimular la
formación de organizaciones sociales en las que los minusválidos puedan
desarrollar una vida plena.”
[28] Resolución AG 48/96 del 20 de diciembre de 1993
[29] Sentencia T-367 de 2004.
[30] Sobre el deber del Estado de otorgar un trato
especial a  las personas con discapacidad y la discriminación que puede surgir
de la omisión de las autoridades de cumplir con ese deber, se pueden consultar,
entre otras, las sentencias T-427 de 1992, T-441 de 1993, T-290 de 1994, T-067
de 1994, T-288 de 1995, T-224 de 1996, T-378 de 1997, T-025 de 2006, T-454 de
2007 y T-434 de 2008..
[31] Sentencia T-1095 de 1994.
[32] Sentencia T-397 de 2004.
[33] Al respecto se pueden consultar, entre otros, los decretos 2226 de
1996, 1152 y 1128 de 1999 que asignan al Ministerio de la Protección Social la función relacionada con la dirección, orientación, vigilancia y
ejecución de los planes y programas que en el campo de la salud, se relacionen
con la tercera edad, indigentes, minusválidos y discapacitados.
[34] Artículo 11º.- En
concordancia con lo establecido en la Ley 115 de 1994, nadie podrá ser
discriminado por razón de su limitación, para acceder al servicio de educación
ya sea en una entidad pública o privada y para cualquier nivel de formación.
Para estos efectos y de acuerdo con lo previsto en el
artículo siguiente, el Gobierno Nacional promoverá la integración de la
población con limitación a las aulas regulares en establecimiento educativos
que se organicen directamente o por convenio con entidades gubernamentales y no
gubernamentales, para lo cual se adoptarán las acciones pedagógicas necesarias
para integrar académica y socialmente a los limitados, en el marco de un
Proyecto Educativo Institucional.
[35] Artículo  18º.- Toda persona con limitación que no haya
desarrollado al máximo sus capacidades, o que con posterioridad a su
escolarización hubiere sufrido la
limitación, tendrá derecho a seguir el proceso requerido para alcanzar sus
óptimos niveles de funcionamiento psíquico, físico, fisiológico, ocupacional y
social.
Para
estos efectos el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Trabajo,
Salud y Educación Nacional, establecerá los mecanismos necesarios para que los
limitados cuenten con los programas y servicios de rehabilitación integral, en
términos de readaptación funcional, rehabilitación profesional y para que en
general cuenten con los instrumentos que les permita autorregularse, cambiar la
calidad de sus vidas y a intervenir a su ambiente inmediato y en la sociedad.
Lo
anterior sin perjuicio de las obligaciones en materia de rehabilitación
establecidas en el Plan Obligatorio de Salud para la Empresas Promotoras de Salud y para las Administradoras de Riesgos Profesionales cuando se
trate de limitaciones surgidas por enfermedad profesional o accidentes de
trabajo.
[36] Artículo 19º. - Los limitados de escasos
recursos serán beneficiarios del Régimen Subsidiado de Seguridad Social
establecido en la Ley 100 de 1993.
Para
efectos de este artículo y con el fin ampliar la oferta de servicios a la
población con limitación beneficiaria de dicho régimen, el Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud establecidos en la Ley 100 de 1993, deberá incluir en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, los servicios de tratamiento y
rehabilitación de la población con limitación, lo cual deberá ser plasmado en
un decreto expedido por el Ministerio de Salud.
[37] Sentencia
T-1247 de 2008 en la que se estudio un caso en el que padre de dos menores de
edad solicitó que la Corte Constitucional ordenara a la Policía Nacional inscribir a sus dos hijos mayores de edad discapacitados en el sistema de
salud a cargo de esa institución.
[38] “ARTICULO 46. Integración con el servicio educativo. La
educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas,
cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es
parte integrante del servicio público educativo.
Los
establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio,
acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración
académica y social de dichos educandos.
El
Gobierno Nacional expedirá la reglamentación correspondiente.
PARAGRAFO
PRIMERO. Los Gobiernos Nacional y de las entidades territoriales podrán
contratar con entidades privadas los apoyos pedagógicos, terapéuticos y
tecnológicos necesarios para la atención de las personas a las cuales se
refiere este artículo, sin sujeción al artículo 8° de la Ley 60 de 1993 hasta cuando los establecimientos estatales puedan ofrecer este tipo de
educación.
PARAGRAFO
SEGUNDO. Las instituciones educativas que en la actualidad ofrecen educación
para personas con limitaciones, la seguirán prestando, adecuándose y atendiendo
los requerimientos de la integración social y académica, y desarrollando los
programas de apoyo especializado necesarios para la adecuada atención integral
de las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas o mentales.
Este proceso deberá realizarse en un plazo no mayor de seis (6) años y será
requisito esencial para que las instituciones particulares o sin ánimo de lucro
puedan contratar con el Estado”.
[39] “Artículo 3°. Organización de la oferta. Cada entidad
territorial organizará la oferta educativa para las poblaciones con necesidades
educativas especiales por su condición de discapacidad motora, emocional,
cognitiva (retardo mental, síndrome down), sensorial (sordera, ceguera,
sordoceguera, baja visión), autismo, déficit de atención, hiperactividad,
capacidades o talentos excepcionales, y otras que, como resultado de un estudio
sobre el tema, establezca el Ministerio de Educación Nacional. Para ello tendrá
en cuenta la demanda, las condiciones particulares de la población, las
características de la entidad y el interés de los establecimientos educativos
en prestar el servicio. En este proceso se atenderá el principio de integración
social y educativa, establecido en el artículo tercero del Decreto 2082 de
1996.
La
entidad territorial definirá cuáles establecimientos educativos atenderán
población con necesidades educativas especiales. Estos establecimientos
incluirán en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) orientaciones para la
adecuada atención de los estudiantes allí matriculados y deberán contar con los
apoyos especializados. Los apoyos requeridos se enmarcan en la figura del aula
de apoyo especializada, definida en los artículos 13 y 14 del Decreto 2082 de
1996.
Para
el caso de la población con discapacidad o deficiencia auditiva, la entidad
territorial certificada organizará programas educativos que respondan a sus
particularidades lingüísticas y comunicativas.
Para
la educación de estudiantes con capacidades o talentos excepcionales, la
entidad territorial certificada atenderá lo dispuesto en los lineamientos
generales de política que sobre este tema elaboró el Ministerio de Educación
Nacional.
Los niños y jóvenes que por su condición de discapacidad no puedan ser
integrados a la educación formal, serán atendidos en instituciones oficiales o
privadas, que desarrollen programas que respondan a sus necesidades. Esto se
realizará mediante convenio, o a través de otras alternativas de educación que
se acuerden con el Ministerio de Protección Social, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar o los gobiernos locales” (subrayado
por fuera de texto).
[40] “ARTÍCULO 3. RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES
TERRITORIALES CERTIFICADAS. Cada entidad territorial certificada, a través de la Secretaría de Educación, organizará la oferta para la población con discapacidad o con
capacidades o con talentos excepcionales, para lo cual debe:
1. Determinar, con la instancia o institución que la entidad territorial
defina, la condición de discapacidad o capacidad o talento excepcional del
estudiante que lo requiera, mediante una evaluación psicopedagógica y una
caracterización interdisciplinaria.
La
instancia o institución competente que la entidad territorial designe para
determinar la condición de discapacidad o capacidad o talento excepcional
entregará a la secretaría de educación, antes de la iniciación de las
actividades del correspondiente año lectivo, la información de la población que
requiere apoyo pedagógico.
2.
Incorporar la política de educación inclusiva en las diferentes instancias y
áreas de la secretaría de educación y definir una persona o área responsable de
coordinar los aspectos administrativos y pedagógicos necesarios para la
prestación del servicio educativo a estas poblaciones.
3.
Incorporar en los planes, programas y proyectos, las políticas, normatividad,
lineamientos, indicadores y orientaciones pedagógicas producidas por el
Ministerio de Educación Nacional, sus entidades adscritas y otros ministerios.
4.
Desarrollar programas de formación de docentes y de otros agentes educadores
con el fin de promover la inclusión de los estudiantes con discapacidad o con
capacidades o con talentos excepcionales en la educación formal y en el
contexto social.
5.
Prestar asistencia técnica y pedagógica a los establecimientos educativos que
reportan matrícula de población con discapacidad o con capacidades o con
talentos excepcionales en lo relacionado con el ajuste de las diversas áreas de
la gestión escolar, para garantizar una adecuada atención a los estudiantes
allí matriculados y ofrecerles los apoyos requeridos.
6.
Definir, gestionar y mejorar la accesibilidad en los establecimientos educativos
en lo relacionado con infraestructura arquitectónica, servicios públicos,
medios de transporte escolar, información y comunicación, para que todos los
estudiantes puedan acceder y usar de forma autónoma y segura los espacios, los
servicios y la información según sus necesidades.
7.
Gestionar con los rectores o directores rurales los apoyos requeridos por
los estudiantes con discapacidad para la presentación de las pruebas de
Estado en general.
8.
Coordinar y concertar con otros sectores, entidades, instituciones o programas
especializados la prestación de los servicios, con el fin de garantizar a los
estudiantes con discapacidad o con capacidades o con talentos excepcionales,
los apoyos y recursos técnicos, tecnológicos, pedagógicos, terapéuticos, administrativos
y financieros.
9. Comunicar al Ministerio de Educación Nacional el número de
establecimientos educativos con matrícula de población con discapacidad y
población con capacidades o con talentos excepcionales, con dos fines: a)
ubicar en dichos establecimientos los recursos humanos, técnicos, tecnológicos
y de infraestructura requeridos, y b) desarrollar en dichos establecimientos
programas de sensibilización de la comunidad escolar y de formación de docentes
en el manejo de metodologías y didácticas flexibles para la inclusión de estas
poblaciones, articulados a los planes de mejoramiento institucional y al plan
territorial de capacitación”.
[41]
“ARTÍCULO 12. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO. Las entidades territoriales
certificadas contratarán la prestación de los servicios de apoyo pedagógico que
requieran con organizaciones de reconocida trayectoria e idoneidad en la
prestación o promoción del servicio de educación”..
[42] “ARTÍCULO 8o. DERECHOS FUNDAMENTALES.
Los individuos con discapacidad mental tendrán los derechos que, en relación
con los niños, niñas y adolescentes, consagra el Título I del Código de la Infancia y la Adolescencia –Ley 1098 de 2006– o las normas que lo
sustituyan, modifiquen o adicionen y, de igual manera, los que se consagren
para personas con discapacidad física, de la tercera edad, desplazada o
amenazada y demás población vulnerable, en cuanto la situación de quien sufre
discapacidad mental sea asimilable.
Para
el disfrute y ejercicio de estos derechos se tendrá en consideración la
condición propia y particular del sujeto afectado.
En
la atención y garantía de los derechos de los individuos en discapacidad mental
se tomarán en cuenta los principios de que trata el artículo 3o de la presente ley”.
[43] El artículo 17 del Código de la Infancia y de
la Adolescencia dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 17. DERECHO A LA VIDA Y A LA CALIDAD DE VIDA Y A UN AMBIENTE SANO. Los niños, las niñas y los adolescentes
tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en
condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente.
La
calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad
de ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les
aseguren desde la concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y
equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado,
recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en un
ambiente sano.
PARÁGRAFO.
El Estado desarrollará políticas públicas orientadas hacia el fortalecimiento
de la primera infancia”.
[44] El artículo 18 del Código de la Infancia y de la Adolescencia dispone lo siguiente: “ARTÍCULO
18. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos
contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección
contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus
representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los
miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario.
Para
los efectos de este Código, se entiende por maltrato infantil toda forma de
perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión
o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos
sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o
agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres,
representantes legales o cualquier otra persona”.
[45] El artículo 20 del Código de la Infancia y de
la Adolescencia dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 20. DERECHOS DE PROTECCIÓN. Los niños, las niñas y los
adolescentes serán protegidos contra:
1. El abandono físico, emocional y psicoafectivo de
sus padres, representantes legales o de las personas, instituciones y autoridades
que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención.
2. La explotación económica por parte de sus padres,
representantes legales, quienes vivan con ellos, o cualquier otra persona.
Serán especialmente protegidos contra su utilización en la mendicidad.
3. El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas,
estupefacientes o alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la oferta de
menores en actividades de promoción, producción, recolección, tráfico,
distribución y comercialización.
4. La violación, la inducción, el estímulo y el
constreñimiento a la prostitución; la explotación sexual, la pornografía y
cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y formación
sexuales de la persona menor de edad.
5. El secuestro, la venta, la trata de personas y el
tráfico y cualquier otra forma contemporánea de esclavitud o de servidumbre.
6. Las guerras y los conflictos armados internos.
7. El reclutamiento y la utilización de los niños por
parte de los grupos armados organizados al margen de la ley.
8. La tortura y toda clase de tratos y penas crueles,
inhumanos, humillantes y degradantes, la desaparición forzada y la detención
arbitraria.
9. La situación de vida en calle de los niños y las
niñas.
10. Los traslados ilícitos y su retención en el extranjero
para cualquier fin.
11. El desplazamiento forzado.
12. El trabajo que por su naturaleza o por las
condiciones en que se lleva a cabo es probable que pueda afectar la salud, la
integridad y la seguridad o impedir el derecho a la educación.
13. Las peores formas de trabajo infantil, conforme al
Convenio 182 de la OIT.
14. El contagio de enfermedades infecciosas
prevenibles durante la gestación o después de nacer, o la exposición durante la
gestación a alcohol o cualquier tipo de sustancia psicoactiva que pueda afectar
su desarrollo físico, mental o su expectativa de vida.
15. Los riesgos y efectos producidos por desastres
naturales y demás situaciones de emergencia.
16. Cuando su patrimonio se encuentre amenazado por
quienes lo administren.
17. Las minas antipersonales.
18. La transmisión del VIH-SIDA y las infecciones de
transmisión sexual.
19. Cualquier otro acto que amenace o vulnere sus
derecho”.
[46] El artículo 23 del Código de la Infancia y de la Adolescencia dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 23. CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL. Los niños, las niñas y
los adolescentes tienen derecho a que sus padres en forma permanente y
solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo
integral. La obligación de cuidado personal se extiende además a quienes
convivan con ellos en los ámbitos familiar, social o institucional, o a sus
representantes legales”.
[47] El artículo 24 del Código de la Infancia y de
la Adolescencia dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 24. DERECHO
A LOS ALIMENTOS. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los
alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual,
moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del
alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el
sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción
y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los
niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de
proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto”.
[48] El artículo 24 del Código de la Infancia y de
la Adolescencia dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 27. DERECHO A LA SALUD. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud integral. La salud es
un estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico y no solo la ausencia de
enfermedad. Ningún Hospital, Clínica, Centro de Salud y demás entidades
dedicadas a la prestación del servicio de salud, sean públicas o privadas,
podrán abstenerse de atender a un niño, niña que requiera atención en salud.
En relación con los niños, niñas y adolescentes que no
figuren como beneficiarios en el régimen contributivo o en el régimen
subsidiado, el costo de tales servicios estará a cargo de la Nación.
Incurrirán en multa de hasta 50 salarios mínimos
legales mensuales vigentes las autoridades o personas que omitan la atención
médica de niños y menores.
PARÁGRAFO 1o. Para efectos de la presente ley se
entenderá como salud integral la garantía de la prestación de todos los
servicios, bienes y acciones, conducentes a la conservación o la recuperación
de la salud de los niños, niñas y adolescentes.
PARÁGRAFO 2o. Para dar cumplimiento efectivo al
derecho a la salud integral y mediante el principio de progresividad, el Estado
creará el sistema de salud integral para la infancia y la adolescencia, el cual
para el año fiscal 2008 incluirá a los niños, niñas y adolescentes vinculados,
para el año 2009 incluirá a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes al
régimen subsidiado con subsidios parciales y para el año 2010 incluirá a los
demás niños, niñas y adolescentes pertenecientes al régimen subsidiado. Así
mismo para el año 2010 incorporará la prestación del servicio de salud integral
a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes al régimen contributivo de
salud.
El Gobierno Nacional, por medio de las dependencias
correspondientes deberá incluir las asignaciones de recursos necesarios para
dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, en el proyecto anual de
presupuesto 2008, el plan financiero de mediano plazo y el plan de desarrollo”.
[49] “ARTÍCULO 11. SALUD, EDUCACIÓN Y
REHABILITACIÓN. Ningún sujeto con discapacidad mental podrá ser privado de su
derecho a recibir tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico,
adiestramiento, educación y rehabilitación física o psicológica, proporcionales
a su nivel de deficiencia, a efecto de que puedan lograr y mantener la máxima
independencia, capacidad física, mental, social y vocacional y la inclusión y
participación plena en todos los aspectos de la vida, de acuerdo con los
lineamientos y programas científicos diseñados o aprobados por el Comité
Consultivo Nacional de las Personas con Limitación de que trata la Ley 361 de 1997.
La organización encargada de prestar el servicio de
salud y de educación en Colombia adoptará las medidas necesarias para obtener
que ninguna persona con discapacidad mental sea privada del acceso a estos servicios
desde la temprana edad.
La recreación, el deporte, las actividades lúdicas y
en general cualquier actividad dirigida a estimular el potencial físico,
creativo, artístico e intelectual, son inherentes a las prestaciones de salud,
educación y rehabilitación.
En el cálculo de las prestaciones alimentarias,
congruas o necesarias, se incluirán los costos que demanden las actividades de
salud, educación y rehabilitación aquí previstas”.
[50] “ARTÍCULO 12. PREVENCIÓN SANITARIA. Las personas con discapacidad
mental tienen derecho a los servicios de salud, incluidos los relacionados con
la salud sexual y reproductiva, de manera gratuita, a menos que la fuerza de su
propio patrimonio, directo o derivado de la prestación alimentaria, le permitan
asumir tales gastos (…)”.
[51] “ARTÍCULO 18. PROTECCIÓN DE ESTAS PERSONAS. Corresponde
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por intermedio del Defensor de
Familia, prestar asistencia personal y jurídica a los sujetos con discapacidad
mental absoluta de cualquier edad, de oficio o por denuncia que cualquier
persona haga ante la Entidad.
El funcionario del ICBF o cualquier otro ciudadano que
reciba noticia o denuncia sobre alguna persona con discapacidad mental absoluta
que requiera asistencia, deberá informar inmediatamente al Defensor de Familia,
a efectos de que este proceda a tomar las medidas administrativas de
restablecimiento de derechos o a interponer las acciones judiciales
pertinentes.
PARÁGRAFO. Las normas sobre vulneración de los
derechos, procedimientos y medidas de restablecimiento de los derechos
contenidas en el Código de la Infancia y la Adolescencia, serán aplicables a las personas con discapacidad mental absoluta, en cuanto sea
pertinente y adecuado a la situación de estas”.
[52] “ARTÍCULO 26. PATRIA POTESTAD PRORROGADA. Los padres, el Defensor de Familia o el Ministerio
Público deberán pedir la interdicción de la persona con discapacidad mental
absoluta, una vez este haya llegado a la pubertad y, en todo caso, antes de la
mayoría de edad. La interdicción no tiene otra consecuencia que mantener a este
adolescente como incapaz absoluto y permitir que opere la prórroga legal de la
patria potestad, al cumplimiento de la mayoría de edad.
El Juez impondrá a los padres de la persona con
discapacidad mental absoluta las obligaciones y recomendaciones de cuidado
personal que impondría a los curadores y, si lo considera conveniente o lo
solicita el Defensor de Familia, exigirá la presentación de cuentas e informes
anuales de que tratan los artículos 108
a 111
de esta ley”.
[53] En este sentido, se puede estudiar, entre otras, la
sentencia T-426 de 1992 en la que la Corte manifestó, en un caso en el que el
demandante solicitaba la protección del derecho fundamental a la subsistencia
que había sido vulnerado por la
entidad demandada al negarle la substitución pensional, que: “aunque la Constitución no consagra un derecho a la subsistencia éste puede deducirse de los derechos a
la vida, a la salud, al trabajo y a la asistencia o a la seguridad social. La
persona requiere de un mínimo  de elementos materiales para subsistir. La
consagración de derechos fundamentales en la Constitución busca garantizar las condiciones económicas y espirituales necesarias para la
dignificación de la persona humana y el libre desarrollo de su personalidad”.
[54] Vid en el mismo sentido, sentencias SU 995 de 1999 y T-400 de
2009.
[55] Sentencia T-920 de 2000. sentencia
T-200 de 1993.
[56] A este respecto se puede consultar, entre otras, la sentencia
[57]  “Artículo 26 Los hijos de los asegurados amparados por el seguro de
enfermedad general y maternidad, tendrán derecho a la necesaria asistencia
médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, así como a los
correspondientes tratamientos paramédicos y medios auxiliares de diagnóstico y
tratamiento, durante el primer año de vida.
“Cuando se diagnostique enfermedad
durante el primer año de edad, el hijo del asegurado tendrá derecho, en
cualquier tiempo, a todas las prestaciones asistenciales necesarias, cuando a
juicio del servicio médico no sea procedente su tratamiento dentro del primer
año de vida y que exista desde el principio pronóstico favorable de
curación...” (subrayado de la Corte)
[58] Reiterada, entre otras, en las sentencias
T-200 de 1993, T-068 de 1994, T-430 de 1994, T-432 de 1994 y T-020 de 1995.
[59] Sentencia T-920 de 2000, refiriéndose a la
sentencia T-067 de 1994.
[60] Literal n del artículo 15 del Decreto 1938 de 1994.
[61] Sentencia T-338 de 1999.
[62] Esta sentencia reitera lo establecido en la
sentencia T-429 de 1992 que estudió el caso de una niña que tenía problemas de
aprendizaje y era obligada por la institución educativa a la que asistía, a
realizar un examen para determinar si debía recibir educación especial o podía
ser matriculada nuevamente en dicha institución. En este caso, la Corte tuteló el derecho a la educación de la menor y obligó a la institución a brindarle el
servicio sin condicionamientos excluyentes.
[63] Al respecto, pueden consultarse, entre otras,
las sentencias T-329 de 1997, T-620 de 1999, T-1134 de 2000. T-826 de 2004 y
T-443 de 2004
[64] Sentencia
T-620 de 1999.
[65]
En esta oportunidad, la Corte se pronunció sobre algunas demandas de tutela
instauradas por los padres de 16 personas, la mayoría de ellas menores de edad,
aquejadas por parálisis cerebral y retardo mental; los hijos de los demandantes
venían recibiendo un tratamiento de rehabilitación integral por parte del
ISS-EPS y esta entidad decidió excluirlos del mismo. Algunos de los actores que
perseguían la protección de sus derechos fundamentales eran mayores de edad,
pero la Corte consideró que en la medida en que la edad biológica era un
criterio irrelevante en estos casos, y que científicamente, la edad mental de
las personas con discapacidad en dichas circunstancias era asimilable a la de
personas menores de edad, no debía existir consideración alguna frente a este
aspecto. La Corte entonces aceptó que la situación de especial vulnerabilidad
en que se encontraban los discapacitados por limitaciones psíquicas, sumada al
deber de especial protección, era suficiente para prodigar un trato igualitario
entre mayores y menores de edad en estas especiales circunstancias.
[66] El artículo 1° de la Ley 387 de 1997 establece que “es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del
territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas
habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad
personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con
ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno,
disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas
de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u
otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar
o alteren drásticamente el orden público” (Resalta la Sala) y los Principios Rectores de los desplazados internos lo define como “las personas o
grupos de personas que se han visto forzadas u obligada a escapar o huir de su
hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para
evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia
generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales
o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal
internacionalmente reconocida” (sentencia C-372-09).
[67] T-302-03, T-025-04.
[68] Su-1150-00.
[69] C-278-07.
[70] T-227-97.
[71] SU-1150-00
[72] T-215-02
[73] T-025-04, C-278-07, T-139-07.
[74] T-025-04.
[75] Su-1150-00, T-721-03, T-025-04, T-821-07, T-800-07.
[76] C-278-07.
[77] T-025-04.
[78] El artículo 3° de la Ley 387 de 1997 establece que “es responsabilidad del Estado colombiano formular las políticas y
adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la
atención, protección y consolidación y estabilización socioeconómica de los
desplazados internos por la violencia. Para efectos del inciso anterior, se
tendrán en cuenta los principios de subsidiariedad, complementariedad,
descentralización y concurrencia en los cuales se asienta la organización del
Estado colombiano” (Resalta la Sala).
[79] Dentro de los principios rectores de los desplazamientos
internos expuestos por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos, el principio 3° establece “1. Las autoridades nacionales tienen
la obligación y la responsabilidad primarias de proporcionar protección y
asistencia humanitaria a los desplazados internos que se encuentren en el
ámbito de su jurisdicción. 2. Los desplazados internos tienen derecho a
solicitar y recibir protección y asistencia humanitaria de esas autoridades. No
serán perseguidos ni castigados por formular esa solicitud” y el principio
25 establece que “25 1. La obligación y la responsabilidad primarias de proporcionar
asistencia humanitaria a los desplazados internos corresponde a las autoridades
nacionales…” (Subrayado fuera del
texto). Estos principios la Corte Constitucional ha reconocido fuerza vinculante, pese a que no han sido aprobados mediante un tratado internacional, “dado
que ellos fundamentalmente reflejan y llenan las lagunas de lo establecido en
tratados internacionales de derechos humanos”, por lo cual esta Corporación
considera que “deben ser tenidos como parámetros para la creación normativa y
la interpretación en el campo de la regulación del desplazamiento forzado y la
atención a las personas desplazadas por parte del Estado” (C-278-07,
Su-1150-00).
[80] T-285-08, T-800-07, Su-1150-00.
[81] T-025-04, T-136-07, T-496-07.
[82] T-025-04.
[83] Esta disposición fue desarrollada por el Decreto 2569 de 2000
en los siguientes términos:
“Artículo 20. De la atención humanitaria de emergencia. Se entiende
por atención humanitaria de emergencia la ayuda temporaria e inmediata
encaminada a acciones de socorro, asistencia y apoyo a la población desplazada,
a fin de mitigar las necesidades básicas en alimentación, salud, atención
sicológica, alojamiento, transporte de emergencia, elementos de hábitat interno
y salubridad pública. Se tiene derecha a la atención humanitaria de emergencia
por espacio máximo de tres (3) meses, prorrogables excepcionalmente por otros
tres (3) meses más. Artículo 21. Prórroga de la atención humanitaria de
emergencia. A juicio de la Red de Solidaridad Social y de manera excepcional,
se podrá prorrogar la atención humanitaria de emergencia hasta por un término
de tres (3) meses al tenor del parágrafo del artículo 15 de la Ley 387 de 1997, y lo previsto en el inciso segundo del artículo anterior, de acuerdo con la
disponibilidad presupuestal y atendiendo criterios de vulnerabilidad,
solidaridad, proporcionalidad e igualdad. La prórroga excepcional se aplicará
exclusivamente a hogares incluidos en el Registro Único de Población Desplazada
y que cumplan las siguientes condiciones:
1. Hogares en los que uno cualquiera de sus miembros
reportados en la declaración presenten discapacidad física y/o mental, parcial
o total, médicamente certificada por las entidades prestadoras de salud en
atención humanitaria de emergencia y que haya sido reportada en la declaración
de los hechos del desplazamiento.
2. Hogares con jefatura femenina o masculina mayor de
65 años, y que dicha situación haya sido reportada en la declaración.
3. Hogares en los que cualquiera de sus miembros
debidamente reportados y registrados, presenten enfermedad terminal,
médicamente certificada por las entidades prestadoras de salud en atención
humanitaria de emergencia.
4. Cuando a juicio de la Red de Solidaridad Social y de manera excepcional se presente una situación cuya gravedad sea
de naturaleza similar a las enunciadas en los numerales 1, 2 y 3 del presente
artículo”.
Debido a la declaratoria de inexequibilidad de las expresiones máximo
y excepcionalmente, en sentencia de tutela T-496-07 esta Corporación
afirmó que había perdido
ejecutoria los artículos del decreto, en razón a que los fundamentos jurídicos
en que se basaba fueron declarados inconstitucionales y concluyó que “Acción
Social deberá abstenerse de darle cumplimiento a estas normas so pena de
incurrir en una vía de hecho”, así “la entrega de la prórroga de la
asistencia humanitaria debe realizarse según lo dispuesto en la sentencia
C-278-07, es decir, hasta que el afectado este en condiciones de asumir su
propio sostenimiento”, y en sentencia de tutela T-476-08 se adujo que “el
decreto tan sólo relaciona de manera ilustrativa algunos eventos de especial
protección, en los que se puede engendrar una situación de altísima
vulnerabilidad que          -por tanto- debe ser atendida con énfasis e
intensidad por parte de la sociedad y el Estado. Otra interpretación, a partir
de la cual se infiera que sólo pueden tener acceso a la prórroga las personas
que se encuentren de manera estricta en cualquiera de esas situaciones, no solo
sería contraria a la sentencia C-278 sino también a la Constitución Política…” y señaló que “en todo caso, sólo con el análisis de los
elementos adscritos a cada caso en particular, puede evidenciarse si el
afectado o los afectados han logrado alcanzar ‘condiciones de asumir su autosostenimiento”.
[84] T-025-04.
[85] C-548-97 reiterada en C-790-06
[86] Ibídem.
[87] T-864-99, T-835-00, T-1181-00, T-1088-01, T-042-05, entre otras.
[88] El numeral 4 del artículo 37 del Código de Procedimiento Civil
dispone que “Son deberes del juez:… 4. Emplear los poderes que este código
le concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para
verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias
inhibitorias”.
El artículo 179 de la misma
normatividad establece que “Las pruebas pueden ser decretadas a petición de
parte o de oficio, cuando el magistrado o juez las considere útiles para la
verificación de los hechos relacionadas con las alegaciones de las partes…”.
[89] Por medio del cual se reglamenta la acción
de tutela.
[90] “ARTICULO 19. INFORMES. El juez
podrá requerir informes al órgano o a la autoridad contra quien se hubiere
hecho la solicitud y pedir el expediente administrativo o la documentación
donde consten los antecedentes del asunto. La omisión injustificada de enviar
esas pruebas al juez acarreará responsabilidad.
El
plazo para informar será de uno a tres días, y se fijará según sea la índole
del asunto, la distancia y la rapidez de los medios de comunicación.
Los
informes se considerarán rendidos bajo juramento”.
[91] “ARTICULO 20. PRESUNCION DE VERACIDAD. Si el informe
no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los
hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria
otra averiguación previa”.
[92] Ibídem.
[93] ARTICULO 21. INFORMACION ADICIONAL. Si
del informe resultare que son ciertos los hechos, podrá ordenarse de inmediato
información adicional que deberá rendirse dentro de tres días con las pruebas
que sean indispensables. Si fuere necesario, se oirá en forma verbal al
solicitante y a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud, de todo lo
cual se levantará el acta correspondiente de manera sumaria.
En
todo caso, el juez podrá fundar su decisión en cualquier medio probatorio para
conceder o negar la tutela.
[94] “ARTICULO 22. PRUEBAS. El juez, tan
pronto llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá
proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas”.
[95] T-835-00, T-741-04, T-601-05.
[96] T-722-03, T-741-04.
[97] T-864-99.
[98] T-864-99, T-1181-00-T-042-05, T-131-07.
[99] T-074-00.
[100] T-1181-00.
[101] “La función del juez de tutela de conformidad con el
ordenamiento constitucional, conlleva para éste el cumplimiento de una serie de
obligaciones legales que comprometen la conducta que se espera que realice en
defensa de los derechos fundamentales, en esa forma por ejemplo, el juez de
tutela debe asumir una posición activa en materia probatoria cuando la
particularidad del caso así lo exijan, con el propósito de evitar la
vulneración de los derechos de rango constitucional; así mismo, mantiene la
competencia para asegurar el cumplimiento de su fallos (artículo 27), en los
eventos en que puede directamente emitir la orden y dictar el acto administrativo
respectivo ( artículo 23), incluso cuenta con la posibilidad de sancionar por
desacato al incumplido (artículo 52), y aún más puede prevenir a las
autoridades públicas con el fin de que no vuelvan a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron lugar a la vulneración de los derechos (artículo 24)”. (T-042-05, cita a T-321-93, T-134-96,
T-1181-01, T-1088-01, T-603-01, T-523-01 y T-586-02).
[102] T-864-99, T-498-00.
[103] T-476-08.
[104] Así consta en el folio 5, Cuaderno 2, pues nació el día 31 de octubre
de 1989.
[105] Folio 6, Cuaderno 2.
[106] Folio 7, Cuaderno 2.
[107] Folio 27, Cuaderno 2.
[108] Folio 28, Cuaderno 2.
[109] Folio 27, Cuaderno 2.
[110] Folio 27, Cuaderno 2.
[111] Folio 31, Cuaderno 2.
[112] La Corporación Diego León informó a este Despacho que Diana Mileidy Salazar Orozco
padece de parálisis cerebral, retardo mental, microcefalia y no puede
comunicarse mediante lenguaje articulado sino mediante “sonidos propios” (folio
31, Cuaderno 2).
[113] “ARTÍCULO 36. DERECHOS
DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD. Para los efectos
de esta ley, la discapacidad se entiende como una limitación física, cognitiva,
mental, sensorial o cualquier otra, temporal o permanente de la persona para
ejercer una o más actividades esenciales de la vida cotidiana.
Además de los derechos consagrados en la Constitución Política y en los tratados y convenios internacionales, los niños, las niñas y
los adolescentes con discapacidad tienen derecho a gozar de una calidad de vida
plena, y a que se les proporcionen las condiciones necesarias por parte del
Estado para que puedan valerse por sí mismos, e integrarse a la sociedad. Así
mismo:
1. Al respeto por la diferencia y a disfrutar de una
vida digna en condiciones de igualdad con las demás personas, que les permitan
desarrollar al máximo sus potencialidades y su participación activa en la
comunidad.
2. Todo niño, niña o adolescente que presente
anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad, tendrá derecho a recibir
atención, diagnóstico, tratamiento especializado, rehabilitación y cuidados
especiales en salud, educación, orientación y apoyo a los miembros de la
familia o a las personas responsables de su cuidado y atención. Igualmente
tendrán derecho a la educación gratuita en las entidades especializadas para el
efecto.
Corresponderá al Gobierno Nacional determinar las
instituciones de salud y educación que atenderán estos derechos. Al igual que
el ente nacional encargado del pago respectivo y del trámite del cobro
pertinente.
3. A la habilitación y rehabilitación, para eliminar o
disminuir las limitaciones en las actividades de la vida diaria.
4. A ser destinatarios de acciones y de oportunidades para
reducir su vulnerabilidad y permitir la participación en igualdad de
condiciones con las demás personas.
PARÁGRAFO 1o. En el caso de los adolescentes que
sufren severa discapacidad cognitiva permanente, sus padres o uno de ellos,
deberá promover el proceso de interdicción ante la autoridad competente, antes
de cumplir aquel la mayoría de edad, para que a partir de esta se le prorrogue
indefinidamente su estado de sujeción a la patria potestad por ministerio de la
ley” (subrayado por fuera de
texto).
[114]
“ARTÍCULO 26. PATRIA POTESTAD
PRORROGADA. Los padres, el Defensor de Familia
o el Ministerio Público deberán pedir la interdicción de la persona con
discapacidad mental absoluta, una vez este haya llegado a la pubertad y, en
todo caso, antes de la mayoría de edad. La interdicción no tiene otra consecuencia
que mantener a este adolescente como incapaz absoluto y permitir que opere la
prórroga legal de la patria potestad, al cumplimiento de la mayoría de edad.
El Juez impondrá a los padres de la persona con
discapacidad mental absoluta las obligaciones y recomendaciones de cuidado
personal que impondría a los curadores y, si lo considera conveniente o lo
solicita el Defensor de Familia, exigirá la presentación de cuentas e informes
anuales de que tratan los artículos 108
a 111
de esta ley”.
[115] Folio 31, Cuaderno 2.
[116]
“ARTÍCULO 8o. DERECHOS FUNDAMENTALES. Los
individuos con discapacidad mental tendrán los derechos que, en relación con
los niños, niñas y adolescentes, consagra el Título I del Código de la Infancia y la Adolescencia –Ley 1098 de 2006– o las normas que lo
sustituyan, modifiquen o adicionen y, de igual manera, los que se consagren
para personas con discapacidad física, de la tercera edad, desplazada o
amenazada y demás población vulnerable, en cuanto la situación de quien sufre
discapacidad mental sea asimilable.
Para
el disfrute y ejercicio de estos derechos se tendrá en consideración la
condición propia y particular del sujeto afectado.
En
la atención y garantía de los derechos de los individuos en discapacidad mental
se tomarán en cuenta los principios de que trata el artículo 3o de la presente ley”.
[117]
El artículo 20 del Código de la Infancia y de
la Adolescencia dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 20. DERECHOS DE PROTECCIÓN. Los niños, las niñas y los
adolescentes serán protegidos contra:
1. El abandono físico, emocional y psicoafectivo de
sus padres, representantes legales o de las personas, instituciones y
autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención.
2. La explotación económica por parte de sus padres,
representantes legales, quienes vivan con ellos, o cualquier otra persona.
Serán especialmente protegidos contra su utilización en la mendicidad.
3. El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas,
estupefacientes o alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la oferta de
menores en actividades de promoción, producción, recolección, tráfico,
distribución y comercialización.
4. La violación, la inducción, el estímulo y el
constreñimiento a la prostitución; la explotación sexual, la pornografía y
cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y formación
sexuales de la persona menor de edad.
5. El secuestro, la venta, la trata de personas y el
tráfico y cualquier otra forma contemporánea de esclavitud o de servidumbre.
6. Las guerras y los conflictos armados internos.
7. El reclutamiento y la utilización de los niños por
parte de los grupos armados organizados al margen de la ley.
8. La tortura y toda clase de tratos y penas crueles,
inhumanos, humillantes y degradantes, la desaparición forzada y la detención
arbitraria.
9. La situación de vida en calle de los niños y las
niñas.
10. Los traslados ilícitos y su retención en el
extranjero para cualquier fin.
11. El desplazamiento forzado.
12. El trabajo que por su naturaleza o por las
condiciones en que se lleva a cabo es probable que pueda afectar la salud, la
integridad y la seguridad o impedir el derecho a la educación.
13. Las peores formas de trabajo infantil, conforme al
Convenio 182 de la OIT.
14. El contagio de enfermedades infecciosas
prevenibles durante la gestación o después de nacer, o la exposición durante la
gestación a alcohol o cualquier tipo de sustancia psicoactiva que pueda afectar
su desarrollo físico, mental o su expectativa de vida.
15. Los riesgos y efectos producidos por desastres
naturales y demás situaciones de emergencia.
16. Cuando su patrimonio se encuentre amenazado por
quienes lo administren.
17. Las minas antipersonales.
18. La transmisión del VIH-SIDA y las infecciones de
transmisión sexual.
19. Cualquier otro acto que amenace o vulnere sus
derecho”.
[118] De acuerdo a la jurisprudencia de esta Corporación (se pueden
consultar, entre otras, las sentencias T-197 de 2003 y T-511 de 2008), en
principio, es la familia la encargada de sufragar los costos de transporte
necesarios para que los discapacitados puedan acceder a las terapias de
rehabilitación integral. Sin embargo, esta responsabilidad se traslada al
Estado cuando: i) el tratamiento es indispensable para garantizar los derechos
a la salud y a la integridad de la personas; ii) de no efectuarse la remisión,
se ponga en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del
afectado; y iii) ni el paciente ni sus familiares cercanos cuentan con los
recursos económicos para atenderlos.
[119] El peticionario tiene su domicilio en la Cra. 30 No. 33 – 36 (folio 17, Cuaderno 2) y la Corporación Diego León está ubicada en la Cra. 31 No. 29 – 24, es decir que entre estos dos lugares hay siete cuadras de distancia.
[120] A
este respecto, puede consultarse, entre otras, la sentencia T-879 de 2007, en
la que se estudio una acción de tutela interpuesta por una madre que solicitaba
que su hijo discapacitado mental fuera internado en una institución
especializada, la Corte afirmó que: “la protección especial prevista en la Carta no se limita a la posibilidad que tienen los enfermos mentales para acceder a los
medicamentos o tratamientos requeridos, sino que implica un compromiso que
involucra a la familia, las entidades médicas, el Estado y la sociedad en
general, en el sentido que estas personas puedan desarrollarse sin marginación
alguna, ni tratos discriminatorios. Así pues, el principio de solidaridad
determina que, ante la imposibilidad de que la persona enferma mental pueda
ocuparse de su cuidado, la familia tiene un deber moral y jurídico de
garantizar la integridad del disminuido, lo que trasciende el mero compromiso
de asegurar las necesidades mínimas de subsistencia, e implica la exigencia de
garantizar un trato y condiciones que respondan al criterio amplio de dignidad
humana, reduciéndose, de esta manera, la brecha de desigualdad generada por la
condición mental padecida”. Respecto a las obligaciones de la familia en la
protección y cuidado de las personas cercanas, pueden consultarse, entre otras,
las sentencias T-774 de 2005, T-015 de 2006 y T-879 de 2007.
[121] Así consta en el folio 17, Cuaderno 2.
[122] “ARTÍCULO 18. PROTECCIÓN DE ESTAS PERSONAS. Corresponde
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por intermedio del Defensor de
Familia, prestar asistencia personal y jurídica a los sujetos con discapacidad
mental absoluta de cualquier edad, de oficio o por denuncia que cualquier
persona haga ante la Entidad.
El funcionario del ICBF o cualquier otro ciudadano que
reciba noticia o denuncia sobre alguna persona con discapacidad mental absoluta
que requiera asistencia, deberá informar inmediatamente al Defensor de Familia,
a efectos de que este proceda a tomar las medidas administrativas de
restablecimiento de derechos o a interponer las acciones judiciales
pertinentes.
PARÁGRAFO. Las normas sobre vulneración de los
derechos, procedimientos y medidas de restablecimiento de los derechos
contenidas en el Código de la Infancia y la Adolescencia, serán aplicables a las personas con discapacidad mental absoluta, en cuanto sea
pertinente y adecuado a la situación de estas”.
[123]
A este respecto, puede consutarse, entre
muchas otras, la sentencia T-886 de 2000 en la que se afirmó que: “la
naturaleza de la acción de tutela, como mecanismo de protección de derechos
fundamentales, reviste al juez que conoce de ella de una serie de facultades
que, en ejercicio de la jurisdicción ordinaria, no posee. La principal de
ellas, consiste en fallar más allá de lo solicitado por quien hace uso de este
mecanismo, fallos ultra o extra petita. Prerrogativa que permite al juez de
tutela pronunciarse sobre aspectos que, sin ser expuestos como fundamento del
amparo solicitado, deben ser objeto de pronunciamiento, por estar vulnerando o
impidiendo la efectividad de derechos de rango constitucional fundamental.”
[124] Folio 33, Cuaderno 2.