C-667-08
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-667/08
Referencia: expedientes D-7033 y D-7038
Actor: Camilo Hernando Ramírez Rodríguez y Maria Alejandra Serna
Ulloa.
Demanda de inconstitucionalidad: contra los numerales 1º y  4º
literal b, del artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo.
Magistrado Ponente: Mauricio gonzalez cuervo
Bogotá, D.C., dos (2) de julio de dos
mil ocho (2008)
La Sala Plena
de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,
cumplidos los requisitos y procedimientos establecidos en el Decreto 2067 de
1991, y surtido el trámite propio del proceso de constitucionalidad, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
de inconstitucionalidad
Los
ciudadanos Camilo Hernando Ramírez Rodríguez (D-7033) y
Maria Alejandra Serna Ulloa (D-7038), en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad prevista en los artículos 40.6, 241 y 242 de la
Constitución Política, solicitan a esta Corporación declarar inexequible el  numeral
1º y el numeral 4º literal b) del artículo 366 del Código Sustantivo del
Trabajo, por estimar que desconocen el derecho al trabajo y a la libre
asociación sindical consagrados en los artículos 25 y 39 de la Carta, así como
el artículo 93 de la Constitución, al ser ajenos al Convenio 87 de la OIT
relativo al derecho a  la libertad sindical.
Dada la
existencia de una coincidencia parcial de la norma acusada en ambas demandas, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, en sesión del catorce (14) de noviembre
de 2007, resolvió acumular los expedientes de la referencia, para ser
tramitados conjuntamente y ser decididos en la misma providencia.
2. Normas
demandadas
El artículo
366 del Código Sustantivo del Trabajo - reformado por el artículo 46 de la Ley
50 de 1990 -, junto con los apartes acusados que se resaltan con subraya, expresa:
Articulo 366. Tramitación. <Artículo modificado por
artículo 46 la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1o) Recibida la solicitud de
inscripción, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dispone de un término
máximo e improrrogable de quince (15) días hábiles, contados a partir de la
fecha de su presentación, para admitir, formular objeciones o negar la
inscripción en el registro sindical.
2o) En caso de que la solicitud no reúna
los requisitos de que trata el artículo anterior, el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social formulará por escrito a los interesados las objeciones a que
haya lugar, para que se efectúen las correcciones necesarias.
En este evento el Ministerio de Trabajo
dispone de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación
de la solicitud corregida, para resolver sobre la misma.
3o) Vencidos los términos de que tratan los
numerales anteriores, sin que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se
pronuncie sobre la solicitud formulada, la organización sindical quedará
automáticamente inscrita en el registro correspondiente.
4o) Son causales para negar la
inscripción en el registro sindical únicamente las siguientes:
a) Cuando los estatutos de la organización
sindical sean contrarios a la Constitución Nacional, la ley.
b) Cuando la organización sindical se
constituya con un número de miembros inferior al exigido por la ley;
c) < Literal
declarado inexequible >
Parágrafo. El incumplimiento injustificado
de los términos previstos en el presente artículo hará incurrir al funcionario
responsable en causal de mala conducta sancionable con arreglo al régimen
disciplinario vigente.
(Diario Oficial No 39.618 de 1991)
3.
Fundamento de la demanda.
Las demandas de la referencia, aunque referidas a diversos apartes del
artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo, presentan acusaciones
similares. Con todo, se expondrán separadas las consideraciones de cada
demanda, para facilitar el análisis constitucional.
3.1.
Cargos de la demanda D-7033.
El ciudadano
Camilo Hernando Ramírez Rodríguez, en el expediente radicado bajo el número
D-7033, acusa el literal b) del numeral 4º del artículo 366 del Código
Sustantivo del Trabajo, de vulnerar los artículos 1, 2, 25, 38 y 39 de la
Carta, así como los artículos 2 y 3 del Convenio 87 de la OIT[1],
al  considerar que ese literal es ajeno al pluralismo y a la participación
ciudadana, dado que impone una restricción matemática en el número de miembros
de un sindicato, como causal de denegación del registro sindical.
Para el
actor, el literal b) acusad, además, es contrario al derecho al trabajo, en la
medida en que con la negativa del registro correspondiente, el Estado vulnera
el ingreso efectivo de los trabajadores a tales agremiaciones  y afecta el
acceso a las formas asociativas de participación por razones numéricas, en
contravención a los artículos 38 y 39 de la Carta. En este sentido, a juicio del
ciudadano, en ningún momento la Constitución fijó un límite en el acceso a los
sindicatos bajo fundamentos meramente numéricos, por lo que ese criterio no
puede determinar la capacidad representativa de un organismo, especialmente si
el principio de libre asociación es el corolario de dicha actividad.
En ese orden
de ideas, para el actor el literal acusado viola el Convenio 87 de la OIT, al
perjudicar el derecho de asociación sindical usando determinaciones numéricas
arbitrarias para la inscripción de estas organizaciones de trabajadores,
desconociendo con ello los derechos mínimos de los trabajadores e imponiendo
trabas burocráticas a los sindicatos.
Por estas
razones solicita entonces a esta Corporación, que se declare inexequible el
literal b) del numeral 4º del artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo.
3.2.
Cargos de la demanda D- 7038.
La ciudadana
Maria Alejandra Serna Ulloa, en la demanda distinguida bajo el número D-7038,
ataca el numeral 1º del artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo y lo
acusa de inconstitucional, por considerar que ese numeral desconoce el artículo
39 de la Carta, teniendo en cuenta que la simple inscripción del acta de
constitución del sindicato, es el único requerimiento que el artículo superior descrito
exige para el reconocimiento de tales organizaciones, por lo que limitar  por
cualquier otra razón la admisión de la inscripción en el registro sindical, es
inconstitucional. Por ende, a su juicio, “el legislador extralimitó sus
facultades emitiendo una disposición legal evidentemente contraria  a la
Constitución,  que faculta al Ministerio de Trabajo para que decida acerca de
la solicitud [de inscripción], siendo que el constituyente en ningún momento
mencionó o ni siquiera dejó cabida para que el legislador reglamentara esta
clase de situaciones”.
En el mismo
sentido estima la ciudadana que el numeral primero del artículo 366 del Código
Sustantivo del Trabajo es ajeno al artículo 3º del Convenio 87 de la OIT, - que
según alega forma parte del bloque de constitucionalidad -, ya que impone
restricciones no permitidas a las decisiones internas y autónomas de los
sindicatos. Sostiene la accionante entonces, que los sindicatos tienen la
facultad de crear sus propios estatutos y establecer normas internas, por lo
que no es dable al Estado imponer trabas para reconocer la personería jurídica
a los sindicatos; entidades que requieren tan sólo de la inscripción de su acta
de constitución para el efecto.
4.
Intervenciones.
4.1.
Intervención del Ministerio de la Protección Social.
La ciudadana
Mónica Andrea Ulloa Ruiz, actuando en representación del Ministerio de la
Protección Social, precisó que los cargos de las demandas  objeto de estudio,
se dirigen  esencialmente a alegar la violación  de la libertad y de la
autonomía de los sindicatos.
No obstante, la
interviniente se opone a las consideraciones de los demandantes, afirmando que
el numeral segundo del artículo 39 Superior consagra el derecho de asociación y
libertad sindical, “dentro del ámbito que otorga la ley y los principios
democráticos”. Por ende, concluye que es errada la apreciación que los
ciudadanos hacen de los apartes del artículo 366 acusado, teniendo en cuenta
que la misma preceptiva constitucional enuncia que  tal derecho de asociación
debe estar sometido al principio de legalidad, determinado en este caso, por el
Código Sustantivo del Trabajo.
En lo que
respecta al Convenio 87 de la OIT, afirma el Ministerio de manera similar, que
la restricción al derecho de asociación según el artículo 8º de ese instrumento,
establece que “los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones
respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las
colectividades organizadas, a respetar la legalidad”[2].
Por ende, recuerda que en la sentencia C-201 de 2002 (M.P. Jaime
Araujo Rentería), la Corte Constitucional señaló que “los derechos
fundamentales de asociación y de libertad sindical” no son derechos de
carácter absoluto, sino que son relativos, y por lo tanto, pueden sufrir
restricciones legislativas, siempre y cuando no se vulneren su núcleo esencial.
De esa sentencia, resalta el Ministerio sobre ese aspecto, lo siguiente:
“[N]o le asiste razón al demandante cuando afirma que
la determinación del número mínimo de trabajadores para constituir un sindicato
o para que éste subsista, es una facultad discrecional de las organizaciones
sindicales que escapa de la órbita del legislador, pues este órgano es
competente para determinar los lineamientos generales aplicables al ejercicio
de los derechos de asociación y de libertad sindical, entre los que se destaca
el requisito que cuestiona el actor”.
Concluye
entonces la interviniente, con respecto a la demanda dirigida contra el literal
b) del numeral 4º del artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo, que ese requisito
ya fue objeto de análisis y de decisión por parte de la Corte Constitucional,
quien determinó en la providencia que se cita, que “es claro que las normas
acusadas no consagran una modalidad  impeditiva para la formación de sindicatos
ni proclive a su disolución, como alega el actor, sino simplemente un requisito
impuesto a los trabajadores que pretendan constituir un sindicato, así como
para que el ya constituido no incurra en una causal de disolución, requisito
que la Corte encuentra razonable para alcanzar los fines a los que se ha hecho
referencia”. Por lo tanto, afirma el Ministerio que el cargo en contra de
ese literal no está llamado a prosperar, por las razones expuestas.
En lo
concerniente a las acusaciones contra el numeral 1º del artículo 366 del Código
Sustantivo del Trabajo, afirma el Ministerio que  en la sentencia C-567 de 2000
(M.P. Alfredo Beltrán Sierra) la Corte estudió los artículos 45, 46 y 47 de la
Ley 50 de 1990, y respecto del cargo que propone la demandante, la Corte concluyó
que “no infringe el artículo 39 de la Constitución, ni las normas citadas
del Convenio 87, el hecho de que en la ley se establezca que la organización
sindical recién creada y que ya tiene personería jurídica, cumpla, con
posterioridad, con unos requisitos legales para que sea inscrita ante la
autoridad correspondiente, para los efectos mencionados de publicidad,
seguridad y prueba de su existencia”.
En  mérito de
lo expuesto, sostiene el Ministerio de Protección Social, que la Corte
Constitucional debe declarar exequibles los numerales 1º y 4º literal b) del
artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo, y rechazar los argumentos de
inconstitucionalidad propuestos por los demandantes.
5.
Concepto del Procurador General de la Nación.
El Procurador
General de la Nación Dr. Edgardo Maya Villazón, solicitó a la Corte
Constitucional[3] frente a las demandas de
la referencia, estarse a lo resuelto en la sentencia C-567 de 2000 (M.P.
Alfredo Beltrán Sierra), que declaró la exequibilidad del artículo 46 de la Ley
50 de 1990, salvo la expresión “o de las buenas costumbres” del literal
a) y el literal c) del numeral 4º que se declararon inexequibles, y salvo el
parágrafo correspondiente de ese artículo, respecto del cual la Corte se
declaró inhibida[4].
Sobre el
particular, inició su intervención el Procurador precisando, que en las copias
de las demandas remitidas por parte de esta Corporación a la Procuraduría
General, no constaba la presentación personal de los accionantes. No obstante, dado
que las demandas fueron admitidas por la Corte,  la Vista Fiscal decidió pronunciarse
de fondo, indicando la existencia de cosa juzgada material respecto del
artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo.
En efecto,
alegó el Director del Ministerio Público, que la norma impugnada y los cargos
formulados por los accionantes, ya habían sido previamente analizados por la
Corte Constitucional en la sentencia C-567 de 2000 con ponencia del Dr. Alfredo
Beltrán Sierra. Análisis que según el Procurador, dio lugar a la declaratoria
de exequibilidad  del artículo 366  - subrogado por el artículo 46 de la Ley 50
de 1990 -, salvo las expresiones excluidas a las que se hizo referencia[5].
Así, sobre el cargo dirigido contra el numeral primero del artículo 366  y el
numeral 4 literal b) de ese artículo dijo la Corte  Constitucional en esa
providencia, lo siguiente:
“Examen del artículo 46 de la Ley 50 de
1990.
Este artículo establece el trámite que debe
realizar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, una vez ha recibido los
documentos para proceder a la inscripción del sindicato. Establece un
término determinado e improrrogable de 15 días. Señala el trámite a seguir
cuando el sindicato no aporta la documentación completa. Y, que si vencidos los
términos, sin que el Ministerio se pronuncie, el sindicato quedará
automáticamente inscrito. Por estos aspectos, la Corte no observa que se
esté ejerciendo un control previo de legalidad, pues, se repite, se está
refiriendo al momento posterior a la existencia de la personería jurídica que
se dio en el momento de la fundación de la organización sindical
(…)
En cuanto a la prohibición de inscribir un
nuevo sindicato que tenga un número inferior de miembros al exigido por la ley,
la Corte no encuentra reparo en esta exigencia, exigencia que no sólo opera a
nivel de la inscripción, sino que es requisito sine qua non para la existencia
misma del sindicato. En efecto, según el artículo 359 del Código Sustantivo del
Trabajo, el número para constituir un sindicato de trabajadores no puede ser
inferior a 25 afiliados. Por lo tanto, si al momento de la fundación había un
número menor de afiliados, el sindicato no pudo haber existido, ni, por ende,
tener personería jurídica. Resulta, pues, constitucional la exigencia de probar
el número mínimo de afiliados, para proceder a la inscripción”.
Según el
Procurador, el precedente anterior fue continuado mediante la sentencia
C-201 de 2002 con ponencia del Magistrado Jaime Araujo Rentería, en la que ésta
Corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el derecho a la libertad
sindical (Art. 39 C.P.), entendiendo que ese derecho no era absoluto y que las
limitaciones establecidas por el legislador son válidas. Se resaltó de esa
sentencia, entre otros apartes, el siguiente:
“En síntesis, la Carta política protege el
derecho de los trabajadores y empleadores a constituir sindicatos sin
intervención del estado, pero con sujeción a un marco regulatorio general cuya
expedición compete al legislador. En ese orden de ideas, los artículos 359 y
401 del CST  parcialmente acusados, no violan la Constitución, pues corresponde
a este último determinar el número mínimo de afiliados exigido para la
constitución y subsistencia del sindicato de trabajadores”.
Concluye entonces
el Ministerio Público, que existe una amplia claridad jurisprudencial sobre el
alcance del derecho a la libertad de asociación sindical,  de lo que se
desprende que las preocupaciones de los accionantes  ya fueron resueltas por la
Corte Constitucional en las sentencias anteriores. Por ende, considera que frente
al artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo, como su constitucionalidad
ya ha sido previamente estudiada por la Corte por cargos idénticos a los que
soportan las nuevas demandas, se ha configurado la existencia de la cosa
juzgada material. En consecuencia, solicita que esta Corporación se esté a
lo resuelto en la sentencia C-567 de 2000 que declaró exequible parcialmente el
artículo acusado.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1. Competencia.
La Corte
Constitucional es competente para decidir sobre la presente demanda, en virtud
de lo dispuesto en los artículos 241.4 de la Carta, el artículo 43 de la Ley
270 de 1996 y el Decreto 2067 de 1991.
2. Consideración previa: La aptitud de la demanda respecto a la presentación personal de los
accionantes.
2.1. El señor Procurador General de la Nación, en concepto remitido a
esta Corporación con ocasión de los procesos de la referencia, afirmó de manera
preliminar que según las copias de las demandas allegadas por esta Corporación
al Ministerio Público, los accionantes no realizaron la presentación personal
necesaria para acreditar su calidad de ciudadanos. No obstante, como las
acciones de inconstitucionalidad fueron admitidas por la Corte, decidió realizar
un pronunciamiento de fondo sobre los cargos presentados en su momento por los
demandantes.
2.2. La calidad
de ciudadano en ejercicio es un requisito sustancial para que una persona pueda
ser sujeto activo de la acción pública de inconstitucionalidad, ya que es un
derecho político reservado a los nacionales colombianos que ostenten tal
condición (CP, artículos 40 y 241). La ciudadanía activa debe ser demostrada
por el ciudadano, mediante la presentación personal de la demanda, sin que sea
dable  suponerla o derivarla de la simple indicación de ella. La exigencia de
la presentación personal[6], según la jurisprudencia
constitucional[7], no atenta contra el
principio de supremacía del derecho sustancial sobre el formal (C.P. art.
228),  teniendo en cuenta que  al ser la acción de inconstitucionalidad
ejercicio de un derecho político, se hace imprescindible la acreditación previa
de la calidad de ciudadano en ejercicio para el acceso legítimo al proceso de
control constitucional. Tampoco dicha exigencia desconoce la presunción de
buena fe de los ciudadanos (C.P. art. 83), pues, además de obedecer a un
presupuesto de orden constitucional, la acción pública descrita implica responsabilidades
que a su vez se materializan en los deberes de toda persona de “cumplir la
Constitución y las leyes”  y de “colaborar para el buen funcionamiento
de la administración de justicia” (C.P. Arts. 6° y 95). Por esta razón, si
la condición de ciudadano en ejercicio no está debidamente acreditada por quien
presenta la acción de inconstitucionalidad, esta Corporación deberá declararse
inhibida para proferir un pronunciamiento de fondo.
2.3. La Corte
estima que los demandantes sí cumplieron con el requisito sustancial que se
echa de menos. En los procesos de la referencia se encuentran acreditadas
debidamente las pruebas sobre la calidad de ciudadanos de los demandantes, ya que
en el anverso de los folios 6 y 11 de los expedientes acumulados, aparecen
efectivamente los sellos y firmas de la presentación personal de los
accionantes ante esta Corporación, en ambos expedientes, siendo posible que,
por un error involuntario, las copias de los anversos de los folios enunciados
no hayan sido enviadas en su oportunidad a la Procuraduría.
Así, esta
Corporación está habilitada para proferir, de ser del caso, una decisión de
fondo sobre las acusaciones presentadas por los actores.
3. La cosa
juzgada constitucional y las demandas D-7033 y D-7038.
3.1. Para el
Ministerio de la Protección Social y la Procuraduría General, existen
pronunciamientos constitucionales previos de esta Corporación sobre las mismas
disposiciones y cargos, que obligarían a la Corte  Constitucional a estarse a
lo resuelto en fallos precedentes. El Ministerio de la Protección Social
precisa que los cargos alegados por los ciudadanos ya fueron analizados
previamente en las sentencias C-567 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) y
C-201 de 2002 (M.P. Jaime Araujo Rentería). El Procurador General de la Nación,
por su parte, afirma que existe cosa juzgada frente a tales disposiciones,
teniendo en cuenta que ya se produjo un pronunciamiento constitucional en la
sentencia C-567 de 2000 sobre las expresiones actualmente acusadas.
3.2. En la
sentencia C-567 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) la Corte Constitucional
conoció de una demanda en la que se acusaba, entre otras  disposiciones, el
artículo 46 de la Ley 50 de 1990 en su totalidad, el cual se estimó contrario
al preámbulo  de la Carta, a los artículos 1, 2, 5, 13, 14, 38, 39, 53, inciso
cuarto, 83 y 93 de la Constitución, y a los artículos 2, 3, 4, 7 y 8, numeral
2, del Convenio 87 de la OIT. La norma acusada en esa ocasión, - en la que se
subrayan los aspectos atacados y se resalta especialmente su encabezado -, rezaba
lo siguiente:
"Artículo 46.- El artículo 366 del
Código Sustantivo del Trabajo, quedará así: Artículo 366.- TRAMITACIÓN. 1.
Recibida la solicitud de inscripción, el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social dispone de un término máximo e improrrogable de quince (15) días
hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación, para admitir,
formular objeciones o negar la inscripción en el registro sindical.
"2. En caso de que la solicitud no
reúna los requisitos de que trata el artículo anterior, el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social formulará por escrito a los interesados las
objeciones a que haya lugar, para que se  efectúen las correcciones necesarias.
"En este evento el Ministerio de
Trabajo dispone de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud corregida, para resolver sobre la misma.
"3. Vencidos los términos de que
tratan los numerales anteriores, sin que el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social se pronuncie sobre la solicitud formulada, la organización sindical
quedará automáticamente inscrita en el registro correspondiente.
"4. Son causales para negar la
inscripción en el registro sindical únicamente las siguientes:
"a) Cuando los estatutos de la
organización sindical sean contrarios a la Constitución Nacional, la ley o las
buenas costumbres.
"b) Cuando la organización sindical se
constituya con un número de miembros inferior al exigido por la ley;
"c) Cuando se trate de la inscripción
de un nuevo sindicato de empresa, en una donde ya existiere organización de
esta misma clase.
"Parágrafo. El incumplimiento
injustificado de los términos previstos en el presente artículo hará incurrir
al funcionario responsable en causal de mala conducta sancionable con arreglo
al régimen disciplinario vigente.
Los cargos del
ciudadano demandante se basaron en el desconocimiento del Convenio 87 de la OIT
y demás disposiciones constitucionales indicadas, al imponer restricciones
indebidas a los derechos fundamentales de asociación y de libertad sindical. El
núcleo de los cargos de entonces apuntó a que el artículo 39 de la Carta y el
Convenio 87 de la OIT establecían la garantía del reconocimiento automático de
la personería jurídica a las organizaciones sindicales con exclusión de cualquier
clase de intervención  o restricción del Estado. En consecuencia, y no obstante
reconocer que el artículo 44 de la Ley 50 de 1990 consagra el otorgamiento
automático de la personería jurídica, el actor consideró que al hacerse ella efectiva
a partir de la inscripción, se vulneraban las disposiciones constitucionales
descritas. Por lo tanto, en su criterio, las exigencias contenidas en el
artículo 46 de la Ley 50 de 1990 para la inscripción, significaban la
imposición de un trámite de inscripción indebido del acta de constitución
sindical, similar a una autorización previa, que atentaba contra la libertad de
esas organizaciones.
La Corte
Constitucional en esa oportunidad afirmó lo siguiente[8]:
“Tal como lo expresa uno de los párrafos
transcritos, el fin de la inscripción está en que el sindicato pueda
válidamente actuar frente a terceros. Por este aspecto, la inscripción cumple
los tres propósitos fundamentales que son la publicidad, la seguridad y la
prueba.
(...) En conclusión, no infringe el
artículo 39 de la Constitución, ni las normas citadas del Convenio 87, el hecho
de que en la ley se establezca que la organización sindical recién creada y que
ya tiene personería jurídica, cumpla, con posterioridad, con unos requisitos
legales para que sea inscrita ante la autoridad correspondiente, para los
efectos mencionados de publicidad, seguridad y prueba, de su existencia. (Las
subrayas son fuera del original).
En cuanto al
artículo 46 de la Ley 50 de 1990 acusado, en concreto y en especial sobre los
requisitos enunciados y la exigencia de un número mínimo de miembros en el
sindicato, dijo la sentencia  C-567 de 2000 lo siguiente:
“Este artículo establece el trámite que
debe realizar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, una vez ha
recibido los documentos para proceder a la inscripción del sindicato. Establece
un término determinado e improrrogable de 15 días. Señala el trámite a seguir
cuando el sindicato no aporta la documentación completa. Y, que si vencidos
los términos, sin que el Ministerio se pronuncie, el sindicato quedará
automáticamente inscrito. Por estos aspectos, la Corte no observa que
se esté ejerciendo un control previo de legalidad, pues, se repite, se está
refiriendo al momento posterior a la existencia de la personería jurídica que
se dio en el momento de la fundación de la organización sindical.
El artículo 46 de la Ley 50 de 1990,
modificatorio del 366 del Código Sustantivo del Trabajo, entre las causales que establece para negar la
inscripción de un sindicato en el registro administrativo del Ministerio de
Trabajo, preceptúa  (...)
(...)
En cuanto a la prohibición de inscribir un
nuevo sindicato que tenga un número inferior de miembros al exigido por la ley,
la Corte no encuentra reparo en esta exigencia, exigencia que no sólo opera
a nivel de la inscripción, sino que es requisito sine qua non para la
existencia misma del sindicato. En efecto, según el artículo 359 del Código
Sustantivo del Trabajo, el número para constituir un sindicato de trabajadores
no puede ser inferior a 25 afiliados. Por lo tanto, si al momento de la
fundación había un número menor de afiliados, el sindicato no pudo haber
existido, ni, por ende, tener personería jurídica. Resulta, pues,
constitucional la exigencia de probar el número mínimo de afiliados, para
proceder a la inscripción. (El resaltado en negrilla y las subrayas está
fuera del original).
En atención a
las consideraciones anteriores, en su resolutiva, la sentencia C-567 de 2000 concluyó
con respecto al artículo 46 de la Ley 50 de 1990 acusado, lo siguiente:
“Cuarto.- Declárase exequible el artículo 46
de la Ley 50 de 1990, salvo la expresión: "o las buenas costumbres",
del literal a) del numeral 4 y el literal c), del numeral 4. Respecto del
parágrafo del mismo artículo 46, la Corte se declara inhibida”.
3.4. Asimismo,
en la sentencia C-201 de 2002 (M.P. Jaime Araujo Rentería) la Corte estudió los
artículos 359 parcial y 401.d parcial del Código Sustantivo del Trabajo[9],
en una demanda relacionada con la presunta inconstitucionalidad del número
mínimo de afiliados a un sindicado (no inferior a 25)  y la reducción de ese
número como una de las razones  para la disolución del sindicato, por atentar
contra la libre asociación sindical.
En esa
oportunidad la Corte consideró pertinente resolver si era competencia del “legislador
determinar el número de trabajadores para constituir un sindicato y para que
éste subsista”, o si se trataba de una “injerencia indebida de aquél en
asuntos que son privativos de la organización sindical”.En segundo lugar, si
era “razonable, desde el punto de vista constitucional, el requisito según
el cual se requiere un número mínimo de 25 trabajadores para constituir un
sindicato, así como para que éste subsista, toda vez que la reducción de los
afiliados a un número inferior al antes citado constituye una causal de
disolución del mismo”.
Para dar
respuesta a ese problema jurídico, concluyó la Corte que el artículo 39 de la
Constitución, y los demás instrumentos internacionales reseñados:
[C]onsagran el principio de autonomía
sindical o de no intervención del Estado en los asuntos propios de dichas
organizaciones, según el cual éstas pueden constituirse sin injerencia o
autorización previa, así como redactar sus estatutos y reglamentos, sin más
limitaciones que el orden legal y los principios democráticos. De igual forma,
de tales preceptos se concluye que un sindicato nace a la vida jurídica desde
el momento mismo de su fundación, como lo consideró la Corte en sentencia
T-784/01[10] y como expresamente
lo prevé el artículo 364 del C.S.T., modificado por el artículo 44 de la Ley 50
de 1990: “Toda organización sindical de trabajadores, por el sólo hecho de su
fundación, y a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, goza de
personería.”[11]  (…) Sin
embargo, lo anterior no significa, como parece concluir el actor, que
los derechos fundamentales de asociación y de libertad sindical sean de
carácter absoluto. Por el contrario, son relativos y, en consecuencia, pueden
sufrir restricciones por parte del legislador, siempre y cuando no se vulnere
su núcleo esencial, como lo manifestó la Corte en sentencia C-797/00[12]
(…) En conclusión, se debe reiterar que corresponde al legislador “la responsabilidad
de establecer, por medio de la ley, los preceptos que desarrollen la garantía
de la libertad sindical en aspectos tales como el número de trabajadores que
se requieren para constituir una organización sindical, el domicilio,
estatutos, número de representantes y sus fueros, etc., es decir, en aspectos
que permitan la realización plena del derecho de asociación sindical y la
efectividad de su ejercicio”[13] (Subrayado
fuera del texto).  (…) Por las razones expuestas, no le asiste razón al
demandante cuando afirma que la determinación del número mínimo de trabajadores
para constituir un sindicato o para que éste subsista, es una facultad
discrecional de las organizaciones sindicales que escapa de la órbita del
legislador, pues este órgano es competente para determinar los lineamientos
generales aplicables al ejercicio de los derechos de asociación y de libertad
sindical, entre los que se destaca el requisito que cuestiona el actor. (…)
En síntesis, la Carta Política protege el derecho de los trabajadores y
empleadores a constituir sindicatos sin intervención del Estado, pero con
sujeción a un marco regulatorio general cuya expedición compete al legislador.
En ese orden de ideas, los artículos 359 y 401 del C.S.T., parcialmente
acusados, no violan la Constitución, pues corresponde a este último determinar
el número mínimo de afiliados exigido para la constitución y subsistencia del
sindicato de trabajadores”. (Las subrayas fuera del original).
En
consecuencia esa providencia decidió en su parte resolutiva, entre otros
aspectos acusados, lo siguiente:
PRIMERO. Declarar EXEQUIBLE la expresión “Todo sindicato de
trabajadores necesita para constituirse o subsistir un número no inferior a
veinticinco (25) afiliados” contenida en el artículo 359 del Código Sustantivo
del Trabajo. (…)
TERCERO. Declarar EXEQUIBLE el literal d) del artículo 401 del
Código Sustantivo del Trabajo
Este
pronunciamiento resulta materialmente útil en un análisis constitucional de
fondo sobre el derecho de asociación sindical y las posibles causales de
disolución de estas organizaciones en cuanto al número de afiliados.
3.5. Visto lo
anterior, es claro para la Sala que en la sentencia C-567/2000, la Corte
Constitucional realizó un pronunciamiento constitucional de fondo, que ampara
los apartes acusados del artículo 366 del C.S.T. y los cargos invocados por los
demandantes en esta oportunidad, bajo el efecto de la cosa juzgada
constitucional.
Por lo tanto,
se concluye que, como las acciones de inconstitucionalidad de la referencia
recaen sobre una norma que fue objeto de pronunciamiento previo y de fondo por parte
de esta Corporación, no es posible entonces un nuevo pronunciamiento de esta
Corte sobre el particular, principalmente porque: (i) existe identidad
entre el artículo 46 de la Ley 50 de 1990 y el artículo 366 del C.S.T; (ii)
este Tribunal ya conoció de una demanda contra el artículo 46 de la Ley 50 de
1990 que subrogó el artículo 366 del CST. (iii) En la decisión C-567 de
2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) la Corte Constitucional estudió la misma
norma acusada frente a los mismos cargos presentados por los ciudadanos en esta
oportunidad y decidió la exequibilidad parcial de esas disposiciones y se
inhibió frente al parágrafo respectivo. En consecuencia,  debe concluir esta
Corporación que ha operado la figura de la Cosa Juzgada constitucional, pues la
Corte ya se pronunció sobre el artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo en
la sentencia C-567 de 2000. Por tal razón, este Tribunal se someterá a lo allí
decidido y ordenará estarse a lo resuelto en la citada providencia.
III.
DECISION
En mérito de
lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-567 de 2000, en la que se declaró exequible el artículo 46 de la Ley 50 de
1990, - que subrogó el artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo -, salvo
la expresión: "o las buenas costumbres", del literal a) del
numeral 4 y el literal c) del numeral 4.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Presidente
JAIME
ARAUJO RENTERIA
Magistrado
MANUEL
JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
Magistrado
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Dicen los artículos 2 y 3 del Convenio 87
de la OIT, lo siguiente: “Artículo 2. Los trabajadores y los
empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el
derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el
de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los
estatutos de las mismas. //Artículo 3. //1. Las
organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar
sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus
representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de
formular su programa de acción. //2. Las autoridades públicas deberán
abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a
entorpecer su ejercicio legal.
[2] Artículo 8. //1. Al ejercer los
derechos que se les reconocen en el presente Convenio, los trabajadores, los
empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás
personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad. //2. La
legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe
las garantías previstas por el presente Convenio.
[3] En
concepto No. 4482 del 12 de febrero de 2008.
[4] Dijo la sentencia C-567 de 2000 en su resolutiva lo siguiente: (…) Cuarto.- Declarase
exequible el artículo 46 de la Ley 50 de 1990, salvo la expresión: "o
las buenas costumbres", del literal a) del numeral 4 y el literal c),
del numeral 4. Respecto del parágrafo del mismo artículo 46, la Corte se
declara inhibida.
[5] Declaró
la exequibilidad del artículo 46 de la Ley 50 de 1990, salvo la expresión, “o
de las buenas costumbres”, del literal a) y c) del numeral 4º y en la que la
Corte se declaró inhibida para conocer el parágrafo correspondiente.
[6] El trámite para la presentación personal de la
demanda al que la Corte Constitucional ha hecho referencia, es al contemplado
en el primer inciso del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil (Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1.
Num. 36.). “Presentación de la demanda. Las firmas de la demanda deberán
autenticarse por quienes las suscriban, mediante comparecencia personal ante el
secretario de cualquier despacho judicial, o ante notario de cualquier círculo;
para efectos procesales, se considerará presentada el día en que se reciba en
el despacho de su destino.  ||  (…)] La
sentencia C-012 de 2002 declaró exequible la expresión, “para efectos procesales, se considerará
presentada el día en que se reciba en el despacho de su destino”, contenida en
el inciso primero.
[7] Sentencia C-562 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
En esta providencia, la Corte resolvió declararse inhibida para emitir pronun­cia­miento
de fondo en relación con la demanda estudiada, “por cuanto el demandante no
acreditó su calidad de ciudadano en ejercicio tal como lo exigen los artículos
40 y 241 de la Constitución Política”. En esa sentencia, salvaron el voto
los magistrados Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz y José
Gregorio Hernández Galindo, quienes consideraron conjuntamente que “la posición
de la mayoría resulta demasiado formalista”, ya que no obstante que el
requisito de presentación personal es pertinente al  momento de la admisión de
la demanda, no  lo es al dictar sentencia, menos aún cuando “habría podido
corregirse, en el momento procesal de su admisión”.
[8] sentencia
C-567 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[9] El artículo 359 y 401 literal b) acusados rezaban lo
siguiente (los apartes en negrilla fueron los demandados). “Artículo 359. Número
mínimo de afiliados. Todo sindicato de trabajadores necesita para
constituirse o subsistir un número no inferior a veinticinco (25) afiliados;
y todo sindicato patronal no menos de cinco (5) patronos [hoy
empleadores] independientes entre sí.” (…) “Artículo 401.
Casos de disolución. Un sindicato o una federación o confederación de
sindicatos solamente se disuelve: (...) //d. Por reducción de
los afiliados a un número inferior a veinticinco (25), cuando se trate de
sindicatos de trabajadores”.
[10]
M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[11] La Corte Suprema de Justicia, al juzgar la
constitucionalidad del artículo 50 de la Ley 50 de 1990, que se refiere al
efecto jurídico de la inscripción del acta constitutiva del sindicato, señaló
lo siguiente: "Cabe anotar que si bien no se llega al extremo deseado por
el actor de que sea la mera manifestación de voluntad de los fundadores la que
dé nacimiento inmediato a la asociación, lo cierto es que no se imponen
requisitos previos a esa voluntad ni se
le sujeta a permisos o limitaciones de ese estilo, y que se reemplaza la
concesión de personería por un registro más ágil y rápido en el que rige el
silencio administrativo positivo, lo que, en sentir de la Corte, se acomoda al
nuevo principio constitucional ya citado [art. 39 de la Constitución], de que
los sindicatos deben poderse formar "sin intervención del Estado" y
que "su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del
acto de constitución", como aquí ocurre, pues no hay un poder absoluto e
ilimitado para formar sindicatos, y éstos siguen sometidos al régimen legal, ya
que, en voces de la misma Constitución, "se sujetarán al orden legal y la
de principios democráticos" (artículo 39 ibídem) cuya verificación y
cumplimiento competen al Estado." (Sentencia
115 del 26 de septiembre de 1991. Gaceta Especial, Sala Constitucional, Tomo
III).
[12]
M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[13]
Sentencia C-567 de 2000 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.