T-293-13
Sentencia T-293/13
Sentencia
T-293/13
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA DE AGENTES DEL
MINISTERIO PUBLICO-El artículo 277 de
la Constitución faculta a la Procuraduría competencia para intervenir en
cualquier proceso/LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA DE LA PROCURADURIA-Procedencia
para la protección del interés general, del patrimonio público y de los
intereses de la sociedad
La Constitución no sólo otorgó
a la Procuraduría General de la Nación un amplísimo conjunto de competencias,
sino también la posibilidad de ejercerlas a través de la interposición de las
acciones que considere necesarias. Por lo tanto, si desde el punto de vista del
debido proceso constitucional, el Procurador o sus agentes pueden interponer
las acciones judiciales que consideren necesarias para proteger los derechos
ajenos o el interés público, no existe razón constitucional para que no pueda
hacerlo a través de la acción de tutela. Más aún cuando, como en este caso, la
intervención de los agentes del Ministerio Público tanto en el proceso penal
como en la tutela misma, ha estado orientada a solicitar la protección de los
derechos del interés público afectado por el carrusel de la contratación. Por
lo tanto, considera la Sala que la Procuraduría General de la Nación o sus
agentes están legitimados para interponer acciones de tutela, cuando ello sea
necesario para el cumplimiento de sus funciones constitucionales en protección
del interés general, del patrimonio público y de los intereses de la sociedad.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
SISTEMA PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Papel que cumplen las partes e intervinientes dentro
del proceso y frente a las medidas de aseguramiento
SISTEMA PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Papel del Fiscal
En el sistema penal de tendencia acusatoria, el Fiscal
es el titular de la acción penal y la ejerce en representación de los intereses
del Estado y de las víctimas. Con la reforma introducida mediante el Acto
Legislativo 03 de 2002, la actividad investigativa desarrollada por la Fiscalía
General de la Nación se encamina a la consecución de los siguientes fines “(i)
la búsqueda de la verdad material sobre la ocurrencia de unos hechos
delictivos; (ii) la consecución de la justicia dentro del pleno respeto por la
dignidad humana y los derechos fundamentales del procesado; (iii) la protección
y reparación integral de los perjuicios ocasionados a las víctimas; (iv) la
adopción de medidas efectivas para la conservación de la prueba; y (v) el
recurso, dentro del marco estricto de la ley, a mecanismos que flexibilicen la
actuación procesal, tales como la negociación anticipada de la pena y la
aplicación del principio de oportunidad, de tal suerte que, al igual que sucede
en el modelo americano, sólo una pequeña parte de los procesos lleguen a la
etapa de juicio oral, aproximadamente un 10%, con el fin de no congestionar el
sistema penal.” En lo que tiene que ver con sus funciones en la audiencia de
solicitud de imposición de medida de aseguramiento, le corresponde a la
Fiscalía, solicitar la adopción de las medidas de aseguramiento al juez que
ejerza las funciones de control de garantías, con la finalidad de asegurar la
comparecencia de los imputados, así como para garantizar la conservación de la
prueba y la protección de la comunidad, en particular de las víctimas. (…).
SISTEMA PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Papel de la Defensa
En lo relacionado con la función que desempeña la
defensa dentro de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, ésta
se materializa con la presentación de los argumentos y, si es del caso, con
elementos de juicio presentados al Juez de Control de Garantías que permitan
controvertir los fundamentos de la medida solicitada por el ente acusador con
lo cual se garantiza el derecho fundamental a la defensa.
JUEZ DE CONTROL DE GARANTIAS EN EL SISTEMA PENAL DE
TENDENCIA ACUSATORIA-Funciones/JUEZ
DE CONTROL DE GARANTIAS-Requisitos para decretar medida de aseguramiento
Al juez de control de garantías le corresponde
examinar “si las medidas de intervención en el ejercicio de los derechos
fundamentales, practicadas por la Fiscalía General de la Nación, no sólo se
adecuan a la ley, sino si además son o no proporcionales, es decir, ( i ) si la
medida de intervención en el ejercicio del derecho fundamental es adecuada para
contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo; ( ii ) si la
medida es necesaria por ser la más benigna entre otras posibles para alcanzar
el fin; y ( iii ) si el objetivo perseguido con la intervención compensa los
sacrificios que esta comporta para los titulares del derecho y la sociedad.”
Teniendo en cuenta que la medida de aseguramiento comprende la afectación de
derechos fundamentales, el papel que le corresponde cumplir al Juez de Control
de Garantías dentro de tal audiencia encuentra sustento en el artículo 250 Núm.
1 constitucional y está íntimamente ligado con la verificación, entre otros
requisitos, la necesidad y la finalidad de la medida, al igual que prever su
adecuada sustentación y la oportunidad de ser controvertida, aún más cuando
dicha medida puede comprometer la libertad del procesado. Es el juez de control
de garantías el competente para pronunciarse sobre las condiciones fácticas y
jurídicas que sustentan la solicitud del Fiscal, y determinar si tal solicitud
resulta razonable, adecuada, necesaria y proporcional y en caso de que así sea,
autorizar la medida de aseguramiento como lo establece el artículo 250 de la
Constitución.
SISTEMA PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Papel del Ministerio Público/MINISTERIO PUBLICO-Función
en el proceso penal
En lo que respecta a la participación del Ministerio
Público en el proceso penal acusatorio, esta Corporación ha reconocido que su
condición de interviniente especial y discreto, es una particularidad de
nuestro sistema, garantizada por la Carta Política, por lo que el ejercicio de
sus competencias dentro del proceso penal debe realizarse con total respeto por
las garantías procesales constitucionales y de conformidad con la ley.
MINISTERIO PUBLICO EN EL SISTEMA PENAL DE TENDENCIA
ACUSATORIA-Es un interviniente sui
generis que puede abogar por los derechos de todos, incluidas las víctimas,
pero sin sustituir ni al Fiscal ni a la Defensa para la solicitud de medida de
aseguramiento
La participación del Ministerio Público en la
audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento, está reglada
por lo que establece el artículo 277 superior que determina que la función de
este órgano estatal está relacionada con la intervención en los procesos y ante
las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa
del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías
fundamentales, pero también por los límites propios que le impone el legislador
penal en la Ley 906 de 2004, como quiera que es un interviniente sui generis
que puede abogar por los derechos de todos, incluidas las víctimas, pero sin
sustituir ni al Fiscal ni a la defensa.
VICTIMA EN EL SISTEMA PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Papel que cumple dentro del proceso penal
ACCION DE TUTELA INTERPUESTA POR PROCURADURIA-Caso en que el Ministerio Público solicita medida de
aseguramiento para procesado por el carrusel de la contratación
ACCION DE TUTELA INTERPUESTA POR PROCURADURIA-Improcedencia por cuanto el Ministerio Público no está
facultado para solicitar medidas de aseguramiento
En cumplimiento de sus funciones constitucionales y
legales, los agentes del Ministerio Público desarrollan una función importante
en defensa de la legalidad y de los derechos de las víctimas y del procesado,
tal papel no pudo conducir a remplazar al fiscal. Tampoco podía hacerlo ante la
falta de solicitud expresa de la víctima, como quiera que la norma legal no
autoriza al Ministerio Público a solicitar medidas de aseguramiento, en ningún
evento, ni siquiera cuando la víctima no lo haga. Su función de interviniente,
aunque principal, no permite que el cumplimiento de sus funciones
constitucionales y legales como ministerio público, le lleve a actuar como ente
acusador.
Referencia:
Expediente T-3720335
Acción de tutela
interpuesta por Jorge Enrique Sanjuán Gálvez y Luis Hernando Ortiz Valero, en
su condición de Procuradores 21 y 24 Judiciales II, contra el Juzgado Segundo
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C.
Magistrada
Ponente:
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Bogotá,
D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil trece (2013)
La
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luís
Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de las decisiones proferidas, el veintiséis (26) de
septiembre y el primero (1º) de noviembre de dos mil doce (2012), por el
Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal y por la Corte Suprema de Justicia Sala
de Casación Penal, respectivamente, dentro de la acción de tutela promovida por
Jorge Enrique Sanjuán Gálvez y Luis Hernando Ortiz Valero, en representación de
la Procuraduría General de la Nación, contra el Juzgado Segundo Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C.
El
expediente de la referencia fue seleccionado mediante auto del 30 de enero de
2013, por la Sala de Selección Número Uno y repartido a la Sala Primera de
Revisión.
I.
ANTECEDENTES
Los
señores Jorge Enrique Sanjuán Gálvez y Luis Hernando Ortiz Valero, en su
condición de Procuradores 21 y 24 Judiciales II, respectivamente, constituidos
en agentes especiales en el proceso penal radicado con el número
1100116000102201200105, NIN 168392, interpusieron acción de tutela contra el
Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá
D.C., por considerar que dicho órgano jurisdiccional vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de la
Procuraduría General de la Nación, al revocar la medida de aseguramiento
privativa de la libertad impuesta por el Juzgado 60 Penal Municipal con Función
de Control de Garantías al señor Emilio José Tapia Aldana, imputado por la
comisión de varios punibles que afectan la administración pública y la
seguridad pública.
La
solicitud de tutela se apoya en los siguientes:
1.
Hechos
1.1.
El día 26 de julio de 2012, ante el Juzgado 60 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, se
llevaron a cabo las audiencias concentradas de formulación de imputación e
imposición de medida de aseguramiento contra Emilio José Tapia Aldana. El ente
acusador le imputó al señor Tapia Aldana, quien al parecer participó en el
denominado “carrusel de la contratación”, las conductas punibles
de (i) concierto para delinquir simple en calidad de autor; (ii) cohecho
propio en calidad de autor interviniente e (iii) interés indebido en la
celebración de contratos, también en calidad de autor interviniente.[1]
1.2.
En las audiencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento del 26
de julio de 2012, no pudo intervenir el apoderado de la víctima, debido a que
no se comprobó la existencia del poder que lo habilitaba para actuar.[2]
1.3.
Realizada la audiencia de formulación de imputación, en la que el procesado se
allanó al cargo de concierto para delinquir, la Fiscalía General de la Nación
solicitó la imposición de medida de aseguramiento no privativa de la libertad,
consistente en la prohibición de salir del país, así como realizar
presentaciones personales mensuales al Centro de Servicios Judiciales de
Paloquemao.
1.4.
La Fiscalía afirmó que contaba con evidencia de la cual se podía inferir
razonablemente la autoría e intervención del procesado en la comisión de los
delitos imputados y la necesidad de imponer dicha medida de aseguramiento, pues
era probable que este no compareciera al proceso o dejara de cumplir la
sentencia que habría de imponérsele en razón a la posibilidad que tendría de
salir del país, dada su posición económica.[3] Sin embargo, dicho
organismo sostuvo que tal medida no debía comportar la privación de la
libertad.
1.5.
En esa misma diligencia, el agente del Ministerio Público intervino para
cuestionar el juicio de ponderación aplicado por la Fiscalía para determinar el
tipo de medida de aseguramiento necesaria en el caso concreto.
En
su opinión, normas como el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, no
admitían una ponderación como la realizada por la Fiscalía cuando todos los
supuestos de hechos estaban presentes. Por tanto, le pareció contradictorio que
si existía riesgo de que el imputado saliera del país, se le hubiera dejado en
libertad. Agregó que en esa ponderación realizada por la Fiscalía, no se tuvo
en cuenta que el imputado generaba un peligro para la comunidad, conforme a la
gravedad de las conductas que se le imputaban,  ya que había cometido una
pluralidad de delitos y hacía parte de una organización criminal.[4]
1.6.
En consecuencia, el agente del Ministerio Público le pidió a la Juez de Control
de Garantías, ir más allá de lo requerido por la Fiscalía, solicitando la
imposición de detención preventiva en establecimiento carcelario, petición
acogida por dicha funcionaria.
1.7.
Por su parte, el Defensor del procesado manifestó no compartir la afirmación de
que su poderdante representara un peligro para la comunidad, como quiera que no
tenía antecedentes penales, por lo cual no era factible acceder a la petición
del agente del Ministerio Público.
1.8.
La Juez de Control de Garantías, señaló que efectivamente se cumplían los
requisitos para imponer una medida de seguridad de restricción de la libertad
en establecimiento de reclusión, dados el número de delitos imputados y la
gravedad de los mismos, la pena imponible, su pertenencia a una organización
criminal debido a su aceptación del cargo de concierto para delinquir y la
necesidad de proteger a las víctimas. Sostuvo además, que no estaba materializada
la supuesta colaboración con la justicia que le había garantizado hasta el
momento su libertad. En consecuencia, ordenó la imposición de medida de
aseguramiento privativa de la libertad.
1.9.
Contra esta decisión el apoderado de la defensa interpuso recurso de apelación
solicitando su revocatoria, toda vez que, el Juez de Control de Garantías, en
su opinión, no podía fallar ultra petita ni estaba facultado para
modificar la medida propuesta por la Fiscalía, por tratarse de un sistema penal
semiacusatorio de tipo adversarial.[5]
1.10.
El recurso incoado fue resuelto el 5 de septiembre de 2012 por el Juzgado 2º
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C., quien revocó
la decisión apelada.
Para
el ad quem no se satisfacían los requisitos procesales para la adopción
de la medida privativa de la libertad y, en consecuencia, concedió la libertad
al imputado Emilio José Tapia Aldana y le impuso la medida de aseguramiento no
privativa de la libertad solicitada por la Fiscalía General de la Nación.[6]
Sus argumentos fueron los siguientes:
“[…] es desde el artículo 250 de la propia
Constitución Política, que se le ha otorgado la potestad exclusiva al Fiscal,
de solicitar las medidas que considera necesita para alcanzar el fin requerido,
y para ello tiene esa facultad discrecional de solicitar o no imposición de
medida de aseguramiento, y cuando lo hace no está restringido a la privativa de
la libertad, esto para que posea el espacio suficiente de negociación y poder
obtener la colaboración que necesita para lograr la verdad, la cual en el
presente asunto si podría conseguir con el señor TAPIA referente a la
contratación administrativa que ausculta el ente acusador.
Es así, que en desarrollo de dicha facultad, le
compete al fiscal la solicitud ante el juez de control de garantías la
imposición de medida de aseguramiento. Sin embargo, con la modificación
introducida por la Ley 1453 de 2011, dicha potestad ya no es exclusiva de la
Fiscalía, sino que se le ha otorgado dicho poderío a la víctima o a su
apoderado, en los casos en los que el fiscal no la solicite; si el legislador
hubiere querido otorgar esa misión al Procurador lo había indicado en esta ley,
pero vemos que esta tarea es exclusiva de la Fiscalía y en su omisión lo puede
remplazar la víctima, pero nadie más, y vemos que sí se solicitó por parte e la
Fiscalía la imposición de dos medidas no privativas de la libertad.
De lo anterior se colige, que los únicos que podrán
solicitar la imposición de una medida de aseguramiento, de aquellas
contempladas en el artículo 307 del Estatuto Procesal Penal, es competencia
únicamente del Fiscal o de la víctima y su apoderado (…)
“[El ministerio público] podrá presentar argumentos en
las audiencias de imposición de medida de aseguramiento, pero no se legitimó
para que solicitara una distinta al Fiscal, más cuando ni siquiera la propia
víctima lo puede hacer, toda vez que a la misma se le concedió la facultad de
solicitarla en aquellos casos en que el Fiscal no lo haga, pero nunca para
reformarla o cambiarla (…).
De esta manera se puede predicar la facultad
discrecional de la Fiscalía, por lo que incluso le era posible retirar la
petición de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento; entonces, si
es posible que el fiscal se abstenga de solicitar una medida, con mayor razón
tiene la facultad de solicitar la que considere se ajuste al caso por las
características que lo conforman. (…)
Así las cosas, respecto de la decisión adoptada por el
a quo, este funcionario considera que no se encuentra ajustada, por cuanto al juez
le está vedado resolver más allá de lo que han pedido las partes (…).
Encuentra el despacho entonces, que con la actuación
de la jueza Sesenta Municipal de Garantías, hubo una decisión errada por
resolver por fuera de lo que la Fiscalía había solicitado; al reconocer al
ministerio público una facultad que no tenía, porque en desarrollo de sus
atribuciones no se ha indicado que pueda solicitar medida de aseguramiento y
menos una más gravosa que la indicada por el ente acusador (…)”.
1.11.
Por considerar que  según lo que establecen los artículos 277[7]
de la Carta y 111 del Código de Procedimiento Penal,[8]
los agentes de la Procuraduría General de la Nación estaban legitimados para
interponer acciones de tutela cuando fueran violados derechos fundamentales,
los accionantes decidieron promover acción de tutela contra el fallo proferido
por el Juez 2º Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C.,
con el fin de que fueran protegidos los derechos fundamentales al debido
proceso y a la tutela efectiva judicial, y en consecuencia se ordenara la
imposición de la medida privativa de la libertad impuesta por la Juez 60 Penal
Municipal de Control de Garantías en contra del señor Emilio José Tapia Aldana.
2.
Sentencias objeto de revisión.
2.1
Primera Instancia
La
Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante providencia del 26 de
septiembre de 2012, confirmó la decisión del Juzgado 2º Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento, mediante la cual se revocó la medida de
aseguramiento de detención preventiva impuesta a Emilio José Tapia Aldana, por
considerar que tal decisión no era violatoria del debido proceso sino que se
ajustaba a derecho.
Durante
el proceso de tutela, el Juzgado 2º Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento, solicitó declarar improcedente la tutela por considerar que no se
había incurrido en defectos procesales al interpretar y aplicar la Ley 1453 de
2011 en relación con las competencias de las partes e intervinientes en el
proceso penal. Agregó que durante la audiencia de imposición de medida de
aseguramiento, el Ministerio Público no había solicitado corregir los supuestos
errores de ponderación de la Fiscalía para solicitar una medida de
aseguramiento no privativa de la libertad, sino que había requerido que el juez
de control de garantías fuera más allá de lo pedido por la Fiscalía e impusiera
la detención preventiva, solicitud que en su opinión sólo podía hacer la
Fiscalía según lo que establece el artículo 306 de la Ley 906 de 2004 y
excepcionalmente la víctima, cuando la Fiscalía no lo hace, cosa que no sucedió
en el caso concreto.
Por
su parte el Fiscal Tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia,
intervino en el proceso para solicitar que la tutela fuera declarada
improcedente. Luego de describir la evolución del papel de las partes e
intervinientes en el proceso penal de tendencia acusatoria en la ley y en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Fiscalía reitera que dadas las
características del proceso que estableció el Acto Legislativo 03 de 2002, la
posibilidad de solicitar medidas cautelares quedó exclusivamente en cabeza de la
Fiscalía y, sólo excepcionalmente, de la víctima, cuando la Fiscalía no lo hace
y sea necesaria para la protección de esta última, frente a una amenaza o
riesgo en su contra, pero dicha posibilidad estaba vedada al Ministerio
Público. Afirmó el Fiscal que en el caso concreto no era posible que el
Ministerio Público actuara bajo un poder implícito de representar a las
víctimas y sin sustento material, y solicitara al juez de control de garantías
una medida distinta a la que en ejercicio de sus facultades y con base en los
elementos probatorios había considerado la Fiscalía como suficiente.
El
Tribunal, luego de examinar quién tiene la titularidad de la acción penal según
lo que establecen el Acto Legislativo 02 de 2003 “Por medio del cual se
modifican los artículos 15, 24, 28 y 250  de la
Constitución Política de Colombia para enfrentar el terrorismo”  y
las leyes 906 de 2004 “Por la cual se expide el
Código de Procedimiento Penal” y 1453 de 2011 “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código
de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre
extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad” y
recordar las características del modelo penal de tendencia acusatoria y del rol
de las partes, intervinientes y del juez de control de garantías a la luz de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, declaró improcedente la acción de
tutela interpuesta por los agentes del Ministerio Público. Sobre el papel del
Ministerio Público dentro del proceso penal, el Tribunal dijo expresamente lo
siguiente:
“[…] La anterior reseña permite constatar que la
Constitución Política y el Código de Procedimiento Penal, así como la
jurisprudencia constitucional, no tienen consagrado legalmente a favor del
Ministerio Público, como función autónoma e independiente, la atribución de
solicitar o promover la imposición de una medida de aseguramiento contra el
imputado.
Por el contario, lo que sí se le impone al Ministerio
Público, como obligación perentoria e ineludible, es guardar la “imparcialidad
y evitar desequilibrios a favor o en contra de una de las partes,” dada su
condición de “interviniente principal pero discreto,” porque en ejercicio del
encargo constitucional debe evitar “en todo caso desequilibrios y excesos a
favor o en contra de una de las partes o intereses en disputa.”
Adicionalmente, en el caso concreto, los
representantes del Ministerio Público no pueden alegar que su intervención en
busca de la imposición de una medida de aseguramiento contra el imputado, se
hace como representante de las víctimas, porque en el presente asunto las
víctimas tienen una vocería independiente, debidamente constituida, motivo que
impide aceptar que éstas paralela y simultáneamente, han conferido vocería a
los procuradores accionantes.
(…)
Lo anterior impone que el debate propuesto por los
accionantes se examine desde la perspectiva del espíritu de la Carta Política y
de los principios que guían el proceso penal, supuestos a partir de los cuales
la libertad se erige en regla y la privación en excepción. Desde tales puntos
de partida resulta insalvable entender que el Ministerio Público no tiene
atribuciones que lo autoricen para reclamar – autónoma e independientemente‑
medidas que limiten los derechos fundamentales del procesado, de no ser por la
manía de nuestro legislador de copiar a última hora disposiciones que se
contraponen a todo el espíritu de una reforma, como ocurrió con el parágrafo
primero transitorio del artículo 250 de la Constitución Política que dejó
dentro del sistema acusatorio a la Procuraduría General de la Nación o
Ministerio Público con las mismas funciones constitucionales que venía
cumpliendo en el sistema inquisitivo, así la ley procedimental penal vigente
(Ley 906 de 2004) diga lo contrario.
Y ello es así porque (i) la acción penal está en
cabeza de la Fiscalía, (ii) el órgano persecutor junto con la víctima son los
únicos que pueden reclamar ante el juez de control de garantías la imposición
de una medida de aseguramiento contra el imputado, (iii) en el proceso penal el
Ministerio Público es un interviniente principal, discreto, imparcial, sin
excesos frente a las partes e interés en disputa, de donde se sigue que (iv) el
Ministerio Público desborda sus funciones y atribuciones cuando de manera
autónoma e independiente promueve ante el Juez de Garantías la imposición de
una medida de aseguramiento contra el imputado.
Es que el Ministerio Público tampoco tiene la facultad
de acudir directamente ante el Juez de Garantías a reclamar la imposición de
una medida de aseguramiento, porque si así fuera no se le podría calificar como
interviniente sino como verdadera parte, desequilibrándose dramáticamente el
diseño constitucional y legal del proceso penal, como ocurrió con la víctima
como interviniente procesal.
(…)
Siendo ello así, cuando un Juez de Garantías accede a
peticiones cautelares promovidas por los Procuradores Judiciales, mismas que se
contraponen a las peticiones de la Fiscalía o de las víctimas, o no reciben el
aval del delegado Fiscal ni de las víctimas, rebasa el ámbito de competencia a
él atribuido, al punto que la privación de la libertad en tales circunstancias
podrá ser atacada por medio de la acción constitucional de hábeas corpus.”[9]
Sobre
las atribuciones del juez de control de garantías, el Tribunal señaló lo
siguiente:
“Si bien el Juez de Control de Garantías‑ así
como el de conocimiento‑ cumple un rol activo en el proceso, (…) “debe,
sin romper su imparcialidad, lograr tanto la justicia formal como la material,
asegurando la protección efectiva de los derechos del procesado y de las
víctimas,” (…) deviene en verdadero contrasentido que sea el representante de
la judicatura, en su condición de autoridad imparcial, autónoma e
independiente, quien se abrogue (sic) la facultad de imponer, por sí y ante sí,
una medida de aseguramiento no peticionada por la Fiscalía, porque con tal
proceder abandona la función de juez y pasa a convertirse en parte interesada
en las resulta del proceso.
“Dado que al juez de garantías le corresponde un rol
que “está centrado en el control de los actos en los que se requiere ejercicio
de la potestad jurisdiccional o que impliquen restricción de derechos o calificación
jurídica de los hechos,” cuando el funcionario judicial toma partido frente a
los problemas jurídicos, resolviendo más allá de lo que se le peticionaba por
las partes legitimadas para ello, las medidas que imponga quedan sin control de
garantías porque el juez ya no actúa como garante de los derechos y libertades
sino como parte interesada en un resultado concreto, por ejemplo, la privación
de la libertad del procesado.
Lo que si puede hacer un juez de garantías, ante la
solicitud de medida de aseguramiento que eleven la Fiscalía o la víctima, es
acceder a lo propuesto si se reúnen los requisitos constitucionales y legales
de procedencia; así mismo, teniendo en cuenta los criterios de necesidad,
proporcionalidad y adecuación de la medida reclamada frente a los fines a ella
asignados, está facultado para no acceder a la medida cautelar pedida pero
también para imponer una medida cautelar degradada, como por ejemplo, si se
solicita detención preventiva intramural le es permitido atenuarla a
domiciliaria.”[10]
Con
base en las anteriores consideraciones, el Tribunal concluye que en el asunto
que originó la acción de tutela no fueron afectados los derechos al debido
proceso ni el acceso a un recurso judicial efectivo, pues la actuación del
Juzgado 2º Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá que
revocó el fallo del Juzgado 60 Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías se ajustó en todo a lo que la Constitución y la ley han establecido
para el proceso penal de tendencia acusatoria, puesto que:
“[…] (i) el titular de la acción
penal es la Fiscalía general de la Nación y la imputación es un acto de parte;
(ii)
la imposición de una medida de aseguramiento procede a petición de los sujetos
procesales legitimados para ello: fiscalía y víctima;
(iii) el
Juez de Control de Garantías es la única autoridad que puede imponer la medida
de aseguramiento de detención preventiva en el proceso penal colombiano;
(iv)
el Juez de Control de Garantías no puede decretar medidas de aseguramiento más allá de lo peticionado por
los sujetos autorizados, pero sí puede degradar la clase de medida de
aseguramiento solicitada;
(v)
Si el juez de Garantías impone una medida de aseguramiento a petición de un
sujeto procesal diferente a la Fiscalía o la víctima, desborda el ámbito de su
competencia;
(vi)
cuando el juez de garantías impone una medida de aseguramiento privativa de la
libertad a petición de un sujeto procesal distinto de la Fiscalía o la víctima,
la privación  de la libertad es irregular y mediante habeas corpus se puede
recuperar el disfrute del derecho agraviado;
(vii)
ninguna norma legal faculta al Ministerio Público para solicitar al Juez de
Garantías, en forma directa y autónoma, una medida de aseguramiento; (viii)
dado que la facultad de solicitar medidas cautelares constituye una intromisión
en el disfrute de derechos fundamentales, toda interpretación debe hacerse por
vía restrictiva.”[11]
2.2
Segunda Instancia
La
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia
del 1º de noviembre de 2012, confirmó el fallo de primera instancia, por
considerar que la actuación del Juzgado 2º Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bogotá, no podía ser tachada como arbitraria, pues estuvo
sustentada en motivos razonables sobre el papel que cumplen cada una de las
partes e intervinientes en el proceso penal. Puntualmente, la Sala de Casación
Penal expresó lo siguiente:
“Para resolver la problemática constitucional
planteada habrá de destacarse que en asuntos como el estudiado, donde lo que se
discute es el control de legalidad realizado a la medida de aseguramiento proferida
contra un imputado, es claro que en principio la tutela no es el mecanismo
idóneo para cuestionar tal pronunciamiento, precisamente por la naturaleza de
la vigilancia efectuada por el juez de control de garantías, cuyo fin esencial
precisamente es velar por la protección de garantías esenciales en este tipo de
trámites.
Una verificación posterior a las decisiones adoptadas
por los operadores judiciales investidos de la facultad de controlar la
legalidad de la actividad jurisdiccional y policiva dentro del nuevo sistema de
enjuiciamiento penal, por parte del juez de tutela, tiende a desconocer la
competencia legal de tales funcionarios y constituye una intromisión
innecesaria en la autonomía judicial que les asiste, cuando precisamente al
juez de control de garantías le corresponde establecer, tal como lo enseña la
jurisprudencia constitucional, si determinada medida de intervención en el
ejercicio de los derechos fundamentales practicada por la Fiscalía General de la
Nación se adecua a la ley, y si es proporcionada, en cuanto contribuya a la
obtención de un fin constitucionalmente legítimo; si es necesaria por ser la
más benigna entre otras posibles para alcanzar el fin; y si el objetivo
perseguido con la intervención compensa los sacrificios que esta comporta para
los titulares del derecho y la sociedad.
A lo anterior, agréguese que no se advierte la
existencia de algún defecto capaz de configurar una causal de procedibilidad
del amparo, como quiera que la decisión censurada se sustenta en motivos
razonables que eliminan cualquier viso de arbitrariedad que le haga perder
legitimidad, pues las razones que esgrimió el despacho judicial accionado para
revocar la medida de aseguramiento son serias y sensatas, en cuanto resolvió el
asunto de cara a la normatividad aplicable al asunto y las pruebas allegadas,
concluyendo que la medida impuesta en los términos señalados por el Ministerio
Público va en contra de lo consagrado en el artículo 306 de la Ley 906 de 2004,
pues los únicos que pueden deprecar la imposición de la medida de aseguramiento
son la fiscalía por tener la titularidad de la acción penal y excepcionalmente
la víctima en el evento de no hacerlo el ente acusador.
Ahora bien, frente a la afirmación que hacen los
actores en el sentido de que nunca solicitaron la imposición de la medida sino
“la corrección” de la petición que elevó la Fiscalía, la Sala debe precisar que
no es cierto, pues una vez revisado el audio de la audiencia realizada el 26
de julio de 2012 ante el Juez 60 Penal Municipal de Control de Garantías, se
evidenció que en la intervención de uno de los procuradores nunca se hizo
referencia al pedimento de corrección de la medida solicitada por la Fiscalía,
por el contrario, al finalizar refirió expresamente que “la aplicación de la
medida en este caso es intramural.”[12]
Tampoco es verdad que la decisión censurada haya
desconocido el debido proceso al Ministerio Público, pues de un lado las
diligencias aún se encuentran en los primeros estadios procesales, y de otro,
el señor Emilio Tapia Aldana sigue vinculado a la actuación penal, lo cual
significa que a medida en que se vaya desarrollando la investigación, los
accionantes contarán con otros escenarios procesales donde podrán expresar las
razones por las cuales  se hace necesario la privación de la libertad del
encartado ante los jueces naturales y no valiéndose del juez de tutela como
equivocadamente aconteció en esta oportunidad.
En vista que la actuación penal se encuentra en
trámite los quejosos aún disponen de los medios de defensa ordinarios para
contrarrestar la presunta transgresión de las garantías constitucionales, por
manera que no es este mecanismo excepcional el escenario apropiado para
discutir tal aspecto, pues de acceder a ello, se trastocaría el carácter
residual y subsidiario de la tutela, cuya procedencia está sujeta a la utilización
de los medios de defensa judicial que el legislador le confiere al demandante
al interior del proceso.
Por lo tanto, indiscutible resulta la improcedencia
del amparo, tratándose de un proceso penal que está en curso,  en donde la
autoridad judicial accionada se ha pronunciado sobre un asunto de su exclusiva
competencia, no puede verse al Juez Constitucional, como una tercera instancia,
que revisa el acierto o desacierto de una decisión o que resuelva sobre hechos
presuntamente constitutivos de vicios al interior de esa actuación, pues el
hecho de los sujetos procesales no coincidan con la interpretación acogida por
el operador jurídico a quien la ley le asigna la competencia para conocer el
caso concreto, o no la compartan, en ningún caso invalida su actuación.”[13]
II.   CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de
referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y
241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Planteamiento del problema jurídico.
La
falencia jurídica señalada por los representantes de la Procuraduría General de
la Nación está ligada con la decisión adoptada por el Juez 2º Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá de D.C., en la cual manifestó
que: (i) los agentes del Ministerio Público no están facultados para
solicitar la imposición de una medida de aseguramiento, puesto que esta función
le es inherente a la Fiscalía General de la Nación y de forma subsidiaria a la
víctima y (ii) el Juez de Control de Garantías no puede fallar más allá
de lo pedido por la partes, por ser el sistema penal acusatorio de tendencia
adversarial.
Teniendo
en cuenta lo anterior, corresponde a la Sala Primera de Revisión resolver los
siguientes problemas jurídicos:
¿Vulneró
el Juzgado 2º Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C.,
los derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva al
revocar una medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta a una
persona (el señor Emilio José Tapia Aldana), a pesar de que (i) la
Fiscalía al ponderar los hechos imputados, los antecedentes del procesado y las
circunstancias, consideró que no era necesaria la detención preventiva; (ii)
las víctimas ni su apoderado se hicieron presentes en la audiencia de
imposición de medida de aseguramiento; y (iii) los agentes del
Ministerio Público, intervinieron para exponer por qué consideraban que el
juicio de ponderación realizado por la Fiscalía no era viable y, en defensa de
los derechos de las víctimas, solicitaron al juez de control de garantías, la
imposición de una medida restrictiva de la libertad individual?
Con
el fin de resolver el anterior problema jurídico, la Corte recordará brevemente
la jurisprudencia sobre procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Dado que el problema planteado está relacionado con la
posibilidad de que el Ministerio Público controvierta la medida de
aseguramiento que se debe imponer en un determinado caso, así como sobre el
papel y los límites que tiene el juez de control de garantías al decidir sobre
la medida de aseguramiento, se hará una breve referencia a la doctrina
constitucional en la materia. Con base en estas reglas, se examinará el caso
concreto.
No
obstante, antes de resolver el problema planteado, es necesario examinar si los
agentes del Ministerio Público están legitimados para interponer una acción de
tutela con el fin de proteger los derechos al debido proceso y a acceder a un
recurso judicial efectivo de las víctimas, que supuestamente fueron vulnerados
en el curso del proceso penal.
3.
Legitimación por activa de los agentes del Ministerio Público para
interponer acciones de tutela para la protección de los derechos al debido
proceso y de acceso a un recurso judicial efectivo dentro del proceso penal de
tendencia acusatoria
En el asunto en revisión, la interposición de la acción de
tutela por los agentes del Ministerio Público que intervinieron en un proceso
penal en curso para proteger los derechos al debido proceso y el acceso a un
recurso judicial efectivo, plantea un problema inicial, ¿los derechos de quién
en particular son los que supuestamente fueron vulnerados durante dicho proceso
penal: los de los agentes del Ministerio Público o los de las víctimas?
De conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991,
La acción de tutela podrá
ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden
agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones
de promover su propia defensa.
También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
De la descripción de los hechos que dieron lugar a la
interposición de la presente acción y de los escritos presentados dentro del
proceso de tutela, es claro que la intervención de los agentes del Ministerio
Público está orientada a solicitar la protección de los derechos fundamentales
de terceras personas, no de sus propios derechos. Sin embargo, esa intervención
no la hacen ni como agentes oficiosos ni como apoderados de la entidad pública
directamente constituida como parte civil en el proceso penal.
La categoría “víctimas” en este evento incluye una
víctima concreta que es una entidad de derecho público, el Instituto de Desarrollo
Urbano – IDU y una víctima colectiva abstracta –los habitantes de Bogotá ‑
afectados por la corrupción en la contratación de obras públicas de la ciudad,
que tienen interés en la verdad, la justicia y la reparación dentro del proceso
penal cuestionado, como quiera que las conductas punibles cuya sanción se busca
han afectado un interés público, el patrimonio público, el orden jurídico y los
derechos fundamentales de la ciudadanía.
Respecto de la entidad de derecho público, no podría
aceptarse que la Procuraduría General represente los derechos del IDU, dado que
esta entidad tiene su propio apoderado para interponer las acciones que
considere necesarias para proteger sus derechos e intereses. Tampoco puede decirse
que la Procuraduría actúa como agente oficioso, como quiera que el  Instituto
de Desarrollo Urbano – IDU no es un sujeto que se encuentre en incapacidad de
acudir directamente a la acción de tutela para solicitar la protección de sus
derechos.
Dado que la intervención de los agentes del Ministerio
Público está fundada en las competencias constitucionales de la Procuraduría
General de la Nación, la interposición de la acción de tutela para la
protección del debido proceso y del acceso a un recurso judicial efectivo sólo
cabría frente a la víctima colectiva abstracta.
Si
bien el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, no menciona expresamente la
posibilidad de que la Procuraduría General de la Nación, interponga acciones de
tutela para proteger derechos ajenos abstractos, el artículo 277 de la Carta sí
le otorga al Ministerio Público una amplia competencia para intervenir en
cualquier proceso, con el fin de cumplir sus funciones constitucionales. En
efecto, el artículo 277 Superior establece,
ARTICULO 277. El Procurador General de la Nación, por
sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones:
1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las
leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos.
2. Proteger los derechos humanos y asegurar su
efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo.
3. Defender los intereses de la sociedad.
4. Defender los intereses colectivos, en especial el
ambiente.
5. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las
funciones administrativas.
6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial
de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular;
ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones
correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la Ley.
7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades
judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden
jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales.
8. Rendir anualmente informe de su gestión al
Congreso.
9. Exigir a los funcionarios públicos y a los
particulares la información que considere necesaria.
10. Las demás que determine la ley.
Para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría
tendrá atribuciones de policía judicial, y podrá interponer las acciones que
considere necesarias.
De la norma constitucional transcrita surge con claridad
que la Constitución no sólo otorgó a la Procuraduría General de la Nación un
amplísimo conjunto de competencias, sino también la posibilidad de ejercerlas a
través de la interposición de las acciones que considere necesarias. Por lo
tanto, si desde el punto de vista del debido proceso constitucional, el
Procurador o sus agentes pueden interponer las acciones judiciales que
consideren necesarias para proteger los derechos ajenos o el interés público,
no existe razón constitucional para que no pueda hacerlo a través de la acción
de tutela.
Más aún cuando, como en este caso, la intervención de los
agentes del Ministerio Público tanto en el proceso penal como en la tutela
misma, ha estado orientada a solicitar la protección de los derechos del
interés público afectado por el carrusel de la contratación.
Por
lo tanto, considera la Sala que la Procuraduría General de la Nación o sus
agentes están legitimados para interponer acciones de tutela, cuando ello sea
necesario para el cumplimiento de sus funciones constitucionales en protección
del interés general, del patrimonio público y de los intereses de la sociedad.
4.
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Reiteración de Jurisprudencia.
4.1. La acción
de tutela contra providencias judiciales es, conforme a una amplia línea
jurisprudencial establecida por la Corte Constitucional,[14]
una figura de carácter eminentemente subsidiario y excepcional. Sólo es
procedente ante situaciones en que no exista otro mecanismo judicial idóneo
para salvaguardar un derecho fundamental vulnerado o amenazado, o cuando
existiendo otro medio de defensa judicial, éste a) no resulte tan eficaz para
la protección de los derechos de los asociados como la tutela, o, b) la persona
afectada se encuentre ante un perjuicio irremediable.
La
seguridad jurídica se encuentra soportada, en consecuencia, en actuaciones
judiciales legítimas y razonables, y no en aquellas que no lo son. Por eso, en
situaciones concretas en las que mediante providencias judiciales se
desconozcan derechos fundamentales de los asociados en abierta contradicción
con el compromiso constitucional impuesto a todas las autoridades, -incluyendo
a las judiciales-, de propugnar por la realización de los derechos
fundamentales conforme a la Constitución (Art. 2 CP.), puede proceder la acción
de tutela.
4.2.
Tal como lo ha señalado esta Corporación de manera reiterada, la figura de la
acción de tutela contra providencias judiciales, tiene un claro fundamento
normativo. No sólo al tenor del artículo 2º constitucional descrito, sino
también conforme al mandato del artículo 86 de la norma superior, disposición
que reconoce que la tutela procede cuando los derechos fundamentales “resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública”.
Sobre
este punto, si bien la sentencia C-543 de 1992 (MP. José Gregorio Hernández
Galindo), estudió la constitucionalidad de los artículos 11 y 12 del Decreto
2591 de 1991 y declaró inexequibles las disposiciones acusadas por considerar
que desvirtuaban las reglas de competencia fijadas por la Constitución
Política, lo cierto es que la providencia que se cita también matizó su
decisión de inexequibilidad en su parte motiva, al prever en la ratio
decidendi de la sentencia, que la acción de tutela podía llegar a ser
procedente contra actuaciones judiciales en circunstancias excepcionales,
cuando ellas resultaran ser una vía de hecho.
Los
artículos constitucionales enunciados (2o y 86 de la C.P.) y el precedente
judicial anterior,[15] permitieron que las
distintas Salas de Revisión de la Corte Constitucional desde sus orígenes, decidieran
aplicar en los casos concretos que fueran de su conocimiento, el precedente
establecido por esta Corporación en la sentencia C-543 de 1992.[16]
La Corte Constitucional desde entonces, ha construido una nutrida línea
jurisprudencial en materia de tutela contra sentencias,[17]
que ha permitido la procedencia de esa acción, cuando tales actuaciones
judiciales han sido dictadas en abierto desconocimiento del ordenamiento jurídico,
es decir, arbitrariamente, al presentar alguno de los siguientes cuatro
defectos: sustantivo, orgánico, fáctico y/o procedimental.[18]
Esta
línea jurisprudencial se conoció inicialmente bajo el concepto de “vía de
hecho”. Sin embargo, esta Corporación recientemente, con el propósito de
superar una percepción restringida de esta figura que había permitido su
asociación siempre con el capricho y la arbitrariedad judicial, sustituyó la
expresión de vía de hecho por la de “causales de procedibilidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales”[19] que responde
mejor a su realidad constitucional.[20] La sentencia C-590 de
2005 da cuenta de esta evolución, señalando que cuando se está ante la acción
de tutela contra providencias judiciales es más adecuado hablar de “causales
genéricas de procedibilidad de la acción”, que de vía de hecho.[21]
4.3.
En ese orden de ideas, conforme a la consolidada línea jurisprudencial de esta
Corporación en materia de tutela contra sentencias, entre las causales de
procedibilidad[22] de la tutela en
estos casos, podemos citar en primer lugar, aquellas de carácter
general, orientadas a asegurar el principio de subsidiariedad de la acción de
tutela, como son el agotamiento de otros medios de defensa disponibles y la
inmediatez. En segundo lugar, existen unas causales específicas,
centradas en los defectos de las actuaciones judiciales en sí mismas
consideradas, que son aquellas identificadas genéricamente como: (i) defecto
sustantivo; (ii) defecto fáctico; (iii) defecto orgánico y (iv) defecto
procedimental.
Frente
a las primeras, es decir aquellas de carácter general, es necesario que quien
alega la vulneración de sus derechos fundamentales haya agotado los medios
de defensa disponibles en la legislación para el efecto.[23]
Esta exigencia responde al principio de subsidiariedad de la tutela, que
pretende asegurar que la acción constitucional no sea considerada en sí misma
una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que
remplace aquellos otros diseñados por el legislador.[24]
Menos aún, que resulte ser un camino excepcional para solucionar errores u
omisiones de las partes o para corregir oportunidades vencidas[25]
en los procesos jurisdiccionales ordinarios.[26]
Por
lo tanto, es incorrecto pensar que la acción de tutela puede asumirse como un
medio de defensa judicial paralelo al sistema de jurisdicciones y competencias
ordinarias y especiales.[27]
El juez de tutela no puede entrar a reemplazar a la autoridad competente para
resolver aquello que le autoriza la ley,[28] especialmente si los
mecanismos que permiten conjurar las posibles falencias que se suscitan durante
los trámites procesales no han sido utilizados ni ejercidos por las partes,
conforme a las atribuciones y competencias que consagra la ley.
El
agotamiento efectivo de los recursos y mecanismos ordinarios de defensa
judicial, resulta ser entonces, no sólo una exigencia mínima de diligencia de
los ciudadanos frente a sus propios asuntos procesales,[29]
sino un requisito necesario para la procedibilidad de la acción de
tutela, salvo que por razones extraordinarias no imputables a quien alega la
vulneración la persona se haya visto privada de la posibilidad de utilizar los
mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso judicial;[30]
circunstancia que deberá ser debidamente acreditada en la acción de tutela.
Así, puede
proceder la acción de tutela contra una providencia judicial en dos eventos:
(i) cuando ante la vulneración ostensible de derechos fundamentales mediante
acciones u omisiones de los operadores jurídicos que vulneren de manera grave o
inminente tales derechos,[31] no exista otro medio
de defensa judicial idóneo para proteger los derechos fundamentales invocados
y la actuación judicial acusada constituya una vía de hecho o, (ii) cuando se
emplee como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable en
materia de derechos fundamentales.[32] Esta segunda hipótesis
tiene lugar especialmente, cuando a la fecha de presentación de la tutela aún
está pendiente alguna diligencia o instancia procesal, pero la protección
constitucional provisional se requiere de manera urgente para evitar el
perjuicio irremediable. En estos casos, naturalmente, la actuación
constitucional resulta generalmente transitoria.
Por otra
parte, fuera del agotamiento de los otros medios de defensa judiciales, el
segundo requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias, es el de inmediatez. Esta exigencia jurisprudencial
reclama la verificación de una correlación temporal entre la solicitud
de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales, que
puede explicarse de la siguiente forma: es improcedente la acción de tutela
contra actuaciones judiciales cuando el paso del tiempo es tan significativo,
que es irrazonable y desproporcionado un control constitucional de la actividad
judicial por la vía de la acción de tutela.[33]
Desde esta perspectiva,
es necesario interponer la acción de tutela contra providencias judiciales tan
pronto se produce la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, o en
un plazo prudencial, porque de lo contrario la necesidad de la protección
constitucional por vía de tutela queda en entredicho, ya que no se entiende por
qué si la amenaza o violación del derecho era tan perentoria, no se acudió al
mecanismo constitucional con anterioridad. Permitir un excesivo paso del tiempo
ante la posibilidad de una reclamación constitucional contra una providencia
judicial, puede afectar además la seguridad jurídica; de manera tal que la inmediatez
sea claramente una exigencia ineludible en la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales.
4.4.
En segundo lugar, la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales requiere que se consolide en la decisión
judicial alguno de los defectos que la jurisprudencia constitucional ha
considerado contrarios a la Carta. La lista que a continuación se presenta, si
bien no es exhaustiva, si registra algunos de los principales casos en los que
esta Corporación ha encontrado “una manifiesta desconexión entre la voluntad
del ordenamiento y la del funcionario judicial”.[34]
Tales defectos, en consecuencia, pueden ser descritos genéricamente de la
siguiente forma:
(i)
Existe un defecto sustantivo en la decisión judicial, cuando la
actuación controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable,[35] ya sea porque[36]
(a) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley,[37]
(b) es inconstitucional,[38] (c) o porque el
contenido de la disposición no tiene conexidad material con los presupuestos
del caso.[39] También puede
darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen interpretativo que
la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se produce (d) un grave
error en la interpretación de la norma[40]
constitucional pertinente, el cual puede darse por desconocimiento de
sentencias de la Corte Constitucional con efectos erga omnes, o cuando
la decisión judicial se apoya en una interpretación claramente contraria a la
Constitución.[41]
Se considera
igualmente defecto sustantivo el hecho de que la providencia judicial tenga
problemas determinantes relacionados, (e) con una insuficiente sustentación
o justificación de la actuación[42] que afecte derechos
fundamentales; (f) cuando se desconoce el precedente judicial[43]
sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una
decisión diferente[44]; o (g) cuando
el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante
una violación manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su
declaración por alguna de las partes en el proceso.[45]
(ii) Se produce un defecto fáctico en
una providencia, cuando de la actividad probatoria ejercida por el juez se
desprende, - en una dimensión negativa -, que se omitió[46]
la “valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez.[47] En esta situación se
incurre cuando se produce “la negación o valoración arbitraria, irracional y
caprichosa de la prueba que se presenta cuando el juez simplemente
ignora la prueba u omite su valoración, o cuando sin razón valedera da por no
probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente”.[48]
En
una dimensión positiva, el defecto fáctico tiene lugar, cuando “la
valoración de pruebas igualmente esenciales que el juzgador no se puede
apreciar, sin desconocer la Constitución”.[49] Ello ocurre
generalmente cuando el juez “aprecia pruebas que no ha debido admitir ni
valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.).[50]
En estos casos, sin embargo, sólo es factible fundar una acción de tutela por
vía de hecho cuando se “observa que de una manera manifiesta, aparece arbitraria
la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia.
El error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia[51]”.[52]
(iii) El llamado defecto orgánico tiene
lugar, cuando el funcionario judicial que profirió la providencia que se
controvierte, carece totalmente de competencia para ello conforme a la
ley; y,
(iv)
El defecto procedimental ocurre, cuando el juez de instancia
actúa completamente ajeno al procedimiento establecido,[53]
es decir, se desvía ostensiblemente de su deber de cumplir con las “formas
propias de cada juicio”,[54] con la
consiguiente perturbación o amenaza a los derechos fundamentales de las partes.
En estas circunstancias, el error procesal debe ser manifiesto, debe extenderse
a la decisión final, y no puede ser en modo alguno atribuible al afectado.[55]
Fuera de las
causales anteriores, la jurisprudencia constitucional ha reconocido otra
adicional, denominada[56] vía de hecho por
consecuencia, que puede ser descrita de la siguiente forma:
(v) La vía
de hecho por consecuencia se da cuando el defecto en la providencia
judicial es producto de la inducción al error de que es víctima el juez de la
causa.[57] En este caso, si bien el
defecto no es atribuible al funcionario judicial, la actuación final resulta
equivocada.[58] En la sentencia T-705 de
2002,[59] la Corte precisó que la
vía de hecho por consecuencia se configura cuando especialmente, cuando la
decisión judicial “(i) se bas[a] en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas,
en cuya determinación los órganos competentes hayan violado derechos
constitucionales, y (ii) que tenga como consecuencia un perjuicio ius
fundamental”.
Antes de examinar con base en las consideraciones jurisprudenciales
previamente expuestas, si el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones
de Conocimiento de Bogotá vulneró el derecho al debido proceso y el derecho a
un recurso judicial efectivo de las víctimas de Emilio José Tapia Aldana, pasa la
Sala a recordar brevemente cuál es el rol asignado por la Constitución y la ley
a las partes e intervinientes en el proceso penal de tendencia acusatoria, con
el fin de determinar cuáles son los límites de tal intervención y verificar si en
el asunto bajo revisión, tales roles se respetaron.
5.
El sistema penal de tendencia acusatoria y el papel que cumplen las
partes e intervinientes dentro del proceso y frente a las medidas de
aseguramiento
5.1.
El Acto Legislativo 03 de 2002 “Por el cual se reforma la Constitución
Nacional”, al instituir el nuevo
sistema de investigación, acusación y juzgamiento penal en Colombia, definió
los rasgos estructurales y las características esenciales de dicho sistema con
tendencia acusatoria, así como las funciones específicas a cargo de las partes
y de los intervinientes especiales.
Este
sistema ha sido calificado como de partes en un proceso adversarial modulado[60],
con tendencia acusatoria, en la medida en que no adopta integralmente las
características de un modelo acusatorio puro, entre acusador y defensa, sino
que mantiene sus rasgos estructurales introduciendo diferentes ajustes que
pretenden responder a las necesidades y particularidades de la realidad
colombiana,[61]
que reconfiguran la actuación de los demás intervinientes.[62]
En
la sentencia C-260 de 2011,[63] se recogieron las
características propias de este proceso señaladas por la jurisprudencia al
hacer una interpretación teleológica y sistemática del Acto Legislativo número
3 de 2002 y de la Ley 906 de 2004, en los siguientes términos:
“i) Separación categórica en las etapas de
investigación y juzgamiento. Como consecuencia de ello, desaparece la
instrucción como fase de la instancia procesal encomendada al juez y se
convierte en una etapa de preparación para el juicio. De esta forma, al juez
penal se le encomienda el control de las garantías legales y constitucionales y
el juzgamiento mediante el debido proceso oral (…).
“ii) El rol del juez en el sistema penal acusatorio
está centrado en el control de los actos en los que se requiera ejercicio de la
potestad jurisdiccional o que impliquen restricción de derechos o calificación
jurídica de los hechos. Así, el control judicial no sólo debe concretarse en el
cumplimiento formal de los requisitos sino en la efectividad de los derechos
sustanciales en juego (…).
“iii) La actuación judicial solamente procede a
petición de parte. Así, de acuerdo con el artículo 250 de la Constitución, el
ejercicio de la acción penal está a cargo de la Fiscalía, quien puede solicitar
al juez de control de garantías las medidas necesarias para asegurar la
comparecencia de los imputados, la conservación de la prueba y la protección de
la comunidad. Esa misma autoridad tiene a su cargo la presentación del escrito
de acusación ante el juez de conocimiento, la solicitud de la preclusión de las
investigaciones y las medidas necesarias para la protección de las víctimas
(250- 4, 5, 6 y 7).
“iv) El proceso penal es, por regla general, oral,
contradictorio, concentrado y público.
“v) Es posible que el proceso penal no se inicie o se
termine pese a la certeza de la ocurrencia de un delito porque existió
aplicación del principio de oportunidad o porque hubo acuerdo entre las partes.
Por regla general, en los casos de terminación anticipada del proceso, existirá
control judicial material y formal de la decisión adoptada.
“vi) Las funciones judiciales del control de garantías
y de conocimiento suponen la clara distinción de dos roles para los jueces
penales. El primero, el que tiene a su cargo la protección de las garantías y
libertades individuales en las etapas preliminares a la imputación y, el
segundo, el juez que tiene la responsabilidad de llevar adelante el juicio
penal con todas las garantías procesales y sustanciales propias del debido
proceso”[64]
Para el asunto que ahora ocupa la atención de la
Sala es importante examinar dos aspectos concretos, el primero relacionado con
las etapas constitutivas del proceso penal, y el segundo que versa sobre los
diferentes actores del proceso y su rol en cada una de ellas.
4.2.- En lo referente a la estructura general
del proceso, el diseño adoptado por el Legislador se divide en dos grandes
fases: (i) la investigación y (ii) el juicio. En algunas ocasiones la Corte ha
mencionado la imputación y la acusación[65]
y en otras se ha referido a la indagación preliminar y la preparación como
etapas intermedias[66].
Sin embargo, siempre ha dejado claro que el proceso penal gira en torno a
las etapas de investigación y juicio, donde esta última cobra especial
protagonismo en virtud de su carácter oral, público, con inmediación de las
pruebas, contradictorio y concentrado (art. 250-4 CP). Por lo mismo, la Corte
no ha dudado en calificar dicha etapa como “el centro de gravedad del proceso
penal”. (…)[67].
4.3.- De otra parte, en cuanto tiene que ver con
los actores en el proceso penal, la reforma constitucional y la posterior
implementación legislativa han dado cuenta de diferentes partícipes, a
saber:
“Con respecto a los actores que intervienen en la
relación jurídica y en el proceso penal, se resalta que el nuevo esquema
constitucional prevé la intervención (a) del imputado, (b) del Fiscal, (c) del
Juez de conocimiento de la causa, (d) del Ministerio Público a través de la
Procuraduría General de la Nación, (e) del juez de control de garantías, y (f)
de los jurados, encargados ahora de administrar justicia en forma transitoria
en los términos que señale la ley. Así mismo, el Acto Legislativo faculta al
Legislador para fijar los términos precisos en los cuales (g) las víctimas del
delito habrán de intervenir en el proceso penal”[68].
Para comprender el rol que cada uno de ellos tiene
asignado es necesario insistir en que no estamos ante un proceso adversarial
puro, entre acusación y defensa, sino que existen algunas variables que
reconfiguran la actividad de  otros intervinientes. Sobre el particular, en la
Sentencia C-591 de 2005 la Corte explicó:
“Además, cabe recordar, que el nuevo diseño no
corresponde a un típico proceso adversarial entre dos partes procesales que se
reputa se encuentran en igualdad de condiciones; por un lado, un ente acusador,
quien pretende demostrar en juicio la solidez probatoria de unos cargos
criminales, y por el otro, un acusado, quien busca demostrar su inocencia; ya
que, por una parte, el juez no es un mero árbitro del proceso; y por otra,
intervienen activamente en el curso del mismo el Ministerio Público y la
víctima. Cabe recordar, que en desarrollo de la investigación las partes no
tienen las mismas potestades, y la misión que corresponde desempeñar al juez,
bien sea de control de garantías o de conocimiento, va más allá de la de ser un
mero árbitro regulador de las formas procesales, sino en buscar la aplicación
de una justicia material, y sobre todo, en ser un guardián del respeto de los
derechos fundamentales del indiciado o sindicado, así como de aquellos de la
víctima, en especial, de los derechos de ésta a conocer la  verdad sobre lo
ocurrido, a acceder a la justicia y a obtener una reparación integral, de
conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales que hacen
parte del bloque de constitucionalidad”[69].
Concordante con esta postura, en la reciente
Sentencia C-144 de 2010 esta Corporación recordó cómo en el caso colombiano el
procedimiento penal presenta algunos ajustes, especialmente en lo concerniente
a las atribuciones del Juez, del Ministerio Público y de la víctima:
“26. Con todo, a la par con tales características
comunes a los regímenes acusatorios propiamente dichos, se observan otras que
alteran la fisonomía del procedimiento y le imprimen su identidad variada y
compleja, adecuada a las necesidades y al entorno social e institucional
colombianos. Es el caso de la condición del juez no como un árbitro, del
todo neutral en el proceso, sino encargado de definir, de manera justa y
garantista, la responsabilidad penal del implicado y la eficacia de los
derechos de la víctima y de la sociedad frente al delito. Lo es también la
inserción del Ministerio público como interviniente garante de la legalidad y
del respeto a los derechos humanos, así como la participación de la víctima en
el proceso, introducida de manera clara por la jurisprudencia
constitucional, a modo de garantizar la defensa directa de sus derechos”.
La identificación de los diferentes actores en el
proceso penal ha permitido diferenciar aquellos que en estricto sentido son
“partes”, esto es, el imputado y el Fiscal, de quienes no tiene esa calidad y,
por lo tanto, han sido llamados genéricamente “intervinientes” o
“intervinientes especiales”, como ocurre con el Ministerio Público o la
víctima. Teniendo en
cuenta que en esta oportunidad el debate se centra en las atribuciones de la
víctima, la Sala considera necesario examinar con detalle sus derechos en el
proceso penal.  (Resaltado
agregado al texto)
4.2.
Luego de haber señalado las características más sobresalientes que gobiernan el
sistema penal colombiano consagrado en la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”,
corresponde analizar el rol que cumplen cada una de las partes e intervinientes
dentro del mismo.
4.3.
En primer lugar, en este sistema penal de tendencia acusatoria, el Fiscal es el
titular de la acción penal y la ejerce en representación de los intereses del
Estado y de las víctimas.[70] Con la reforma
introducida mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, la actividad investigativa
desarrollada por la Fiscalía General de la Nación se encamina a la consecución
de los siguientes fines “(i) la búsqueda de la verdad material sobre la
ocurrencia de unos hechos delictivos; (ii) la consecución de la justicia dentro
del pleno respeto por la dignidad humana y los derechos fundamentales del
procesado; (iii) la protección y reparación integral de los perjuicios
ocasionados a las víctimas; (iv) la adopción de medidas efectivas para la
conservación de la prueba; y (v) el recurso, dentro del marco estricto de la
ley, a mecanismos que flexibilicen la actuación procesal, tales como la
negociación anticipada de la pena y la aplicación del principio de oportunidad,
de tal suerte que, al igual que sucede en el modelo americano, sólo una pequeña
parte de los procesos lleguen a la etapa de juicio oral[71],
aproximadamente un 10%, con el fin de no congestionar el sistema penal.”[72][73]
En lo que tiene que ver con sus funciones en la
audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento, le corresponde
a la Fiscalía, solicitar la adopción de las medidas de aseguramiento al juez
que ejerza las funciones de control de garantías, con la finalidad de asegurar
la comparecencia de los imputados, así como para garantizar la conservación de
la prueba y la protección de la comunidad, en particular de las víctimas.
(…).[74]
4.4. En relación con el papel de la defensa, y más
específicamente sobre las reglas que rigen el ejercicio del derecho de defensa,
en el contexto de un sistema penal de tendencia acusatoria, esta Corte ha
señalado lo siguiente:
“(i) ni en la Constitución ni en los tratados
internacionales de derechos humanos se ha establecido un límite temporal para
el ejercicio del derecho de defensa[75];
(ii) el derecho de defensa es general y universal, y en ese contexto no es
restringible al menos desde el punto de vista temporal[76]; (iii)
el ejercicio del derecho de defensa surge desde que se tiene conocimiento que
cursa un proceso en contra de una persona y solo culmina cuando finalice dicho
proceso[77];
(iv) el derecho de defensa, como derecho fundamental constitucional, es un
derecho que prima facie puede ser ejercido directamente por un procesado al
interior de un proceso penal[78];
(v) el procesado puede hacer valer el mismo sus argumentos y razones dentro de
un proceso judicial[79];
(vi) el derecho de defensa se empieza a ejercer desde el momento mismo que se
inicia la investigación[80];
(vii) una de las principales garantías del debido proceso,
es precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad
reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación
judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y
argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de
solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como
de ejercitar los recursos que la ley otorga[81]
y (viii) la importancia del derecho de defensa, en el contexto de las garantías
procesales, radica en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de
los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la
verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser
afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado.[82]”
[83]
En
lo relacionado con la función que desempeña la defensa dentro de la audiencia
de imposición de medida de aseguramiento, ésta se materializa con la
presentación de los argumentos y, si es del caso, con elementos de juicio
presentados al Juez de Control de Garantías que permitan controvertir los
fundamentos de la medida solicitada por el ente acusador[84]
con lo cual se garantiza el derecho fundamental a la defensa.[85]
4.5.
Una de las modificaciones que introdujo el Acto Legislativo 03 de 2002 al nuevo
sistema procesal penal de tendencia acusatoria, fue la creación del juez de
control de garantías, a quien se le asignaron competencias “para adelantar
(i) un control previo para la adopción de medidas restrictivas de la libertad;
(ii) un control posterior sobre las capturas realizadas excepcionalmente por la
Fiscalía General de la Nación; (iii) un control posterior sobre las medidas de
registro, allanamiento, incautación e interceptación de llamadas; (iv) un
control sobre la aplicación del principio de oportunidad; (v) decretar medidas
cautelares sobre bienes; e (vi) igualmente deberá autorizar cualquier medida
adicional que implique afectación de derechos fundamentales y que no tenga una
autorización expresa en la Constitución”[86].
Tal
como lo ha resaltado esta Corporación, al juez de control de garantías le
corresponde examinar “si las medidas de intervención en el ejercicio de los
derechos fundamentales, practicadas por la Fiscalía General de la Nación, no
sólo se adecuan a la ley, sino si además son o no proporcionales, es decir, ( i
) si la medida de intervención en el ejercicio del derecho fundamental es
adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo;
( ii ) si la medida es necesaria por ser la más benigna entre otras posibles
para alcanzar el fin; y ( iii ) si el objetivo perseguido con la intervención
compensa los sacrificios que esta comporta para los titulares del derecho y la
sociedad.”[87]
Teniendo
en cuenta que la medida de aseguramiento comprende la afectación de derechos
fundamentales, el papel que le corresponde cumplir al Juez de Control de
Garantías dentro de tal audiencia encuentra sustento en el artículo 250 Núm. 1
constitucional y está íntimamente ligado con la verificación, entre otros
requisitos, la necesidad y la finalidad de la medida, al igual que prever su
adecuada sustentación y la oportunidad de ser controvertida, aún más cuando
dicha medida puede comprometer la libertad del procesado.[88]
Es el juez de control de garantías el competente para pronunciarse sobre las
condiciones fácticas y jurídicas que sustentan la solicitud del Fiscal, y
determinar si tal solicitud resulta razonable, adecuada, necesaria y
proporcional y en caso de que así sea, autorizar la medida de aseguramiento
como lo establece el artículo 250 de la Constitución. Así lo subrayó la Corte
Constitucional en la Sentencia C-591 de 2005[89] al referirse a las
funciones que debe cumplir el Juez de Control de Garantías, al respecto
expresó:
“Una de las modificaciones más importantes que
introdujo el Acto Legislativo 03 de 2002 al nuevo sistema procesal penal, fue la
creación del juez de control de garantías, sin perjuicio de la
interposición y ejercicio de las acciones de tutela cuando sea del caso, con
competencias para adelantar (i) un control sobre la aplicación del principio de
oportunidad; (ii) un control posterior sobre las capturas realizadas por la
Fiscalía General de la Nación; (iii) un control posterior sobre las medidas de
registro, allanamiento, incautación e interceptación de llamadas; (iv) un
control previo para la adopción de medidas restrictivas de la libertad y (v)
decretar medidas cautelares sobre bienes; (vi) igualmente deberá autorizar
cualquier medida adicional que implique afectación de derechos fundamentales y
que no tenga una autorización expresa en la Constitución. De tal suerte que
el juez de control de garantías examinará si las medidas de intervención en el
ejercicio de los derechos fundamentales, practicas por la Fiscalía General de la
Nación, no sólo se adecuan a la ley, sino si además son o no proporcionales, es
decir, si la medida de intervención en el ejercicio del derecho fundamental (i)
es adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente
legítimo; (ii) si es necesaria por ser la más benigna entre otras posibles para
alcanzar el fin; y (iii) si el objetivo perseguido con la intervención compensa
los sacrificios que esta comporta para los titulares del derecho y la
sociedad.” (Resaltado agregado al
texto)
En relación con el carácter de adversarial del proceso
penal, la misión que corresponde desempeñar al juez, bien sea de control de
garantías o de conocimiento, va más allá de la de ser un mero árbitro regulador
de las formas procesales, para buscar la aplicación de una justicia material,[90]
y sobre todo, para ser un guardián del respeto de los derechos fundamentales
del indiciado o sindicado, así como de aquellos de la víctima, en especial, de
los derechos de ésta a conocer la verdad sobre lo ocurrido, a acceder a la
justicia y a obtener una reparación integral, de conformidad con la
Constitución y con los tratados internacionales que hacen parte del bloque de
constitucionalidad.”[91]
4.6.
En lo que respecta a la participación del Ministerio Público en el proceso
penal acusatorio, esta Corporación ha reconocido que su condición de interviniente
especial y discreto, es una particularidad de nuestro sistema, garantizada por la
Carta Política, por lo que el ejercicio de sus competencias dentro del proceso
penal debe realizarse con total respeto por las garantías procesales
constitucionales y de conformidad con la ley.
En
la sentencia C-144 de 2010 esta Corporación sistematizó las distintas funciones
que debe cumplir el Ministerio Público en el sistema penal acusatorio
colombiano, en los siguientes términos:
“Se trata entonces, de una participación principal que
no accidental, que se aprecia en todos los momentos del proceso, a punto de
determinar, en el asunto en comento, que aún sin existir regulación expresa, la
decisión de archivo de diligencias por parte de la Fiscalía debiera ser no sólo
motivada sino también notificada tanto al Ministerio público como al
denunciante. Es decir que, no obstante la determinación de la Fiscalía se
fundara en una causal objetiva tan precisa como la inexistencia de delito, al
reconocer el valor que en el proceso penal posee la presencia del Ministerio
público, éste debía tener conocimiento de la misma, para que en caso de
hallarla contraria a derecho o a los derechos fundamentales en juego, pudiera
controvertirla e impugnarla.
Los alcances de la intervención del Ministerio público
en el proceso, no son sin embargo, determinables de un modo fijo. Así pudo
constatarse en la sentencia C-210 de 2007, en la cual se estimó constitucional
la limitación de la intervención del Ministerio público dispuesta en el art. 92
del C.P.P. para solicitar medidas cautelares en el proceso penal, únicamente a
favor de menores de edad e incapacitados, víctimas de hechos punibles. Esta
medida se encuentra exequible y no crea un trato desigual ilegítimo frente a
las víctimas adultas, pues en este caso el llamado a proteger sus intereses,
es, según la Constitución, la propia Fiscalía. La medida legal juzgada
representa entonces una manifestación del poder de configuración legislativa,
que además incluye una discriminación positiva[92]
que por las características específicas de los sujetos a favor de quienes se
crea[93],
reclaman una protección especial, en este caso representada por la competencia
atribuida al Ministerio público[94].
Ahora bien, las diferentes funciones del Ministerio
público en el proceso penal no pueden ser interpretadas como piezas con las
cuales se desvirtúa enteramente la fisonomía adversarial y acusatoria del
procedimiento en cuestión. Porque como lo ha dicho la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal en reciente pronunciamiento, el “Ministerio
Público, como interviniente, tiene unas facultades limitadas en el curso del
juicio oral, de acuerdo con las cuales únicamente cuando observe la manifiesta
violación de garantías y derechos fundamentales puede solicitar el uso de la
palabra ante el juez, y excepcionalmente, con el único propósito de conseguir
el ‘cabal conocimiento del caso’, el Representante de la Sociedad también podrá
interrogar a los testigos, de lo cual se desprende que no tiene derecho a
contrainterrogar y menos a utilizar la técnica propia de este tipo de
preguntas, pues aquella facultad no lo autoriza para suplir las deficiencias de
las partes ni para introducir respuestas a interrogantes que fueran válidamente
objetados entre ellas. Lo contrario sería permitirle que tome partido por
una de las partes o se recargue y que en el juicio se desequilibre la igualdad
que debe existir entre ellas”[95].
(…)
“Las consideraciones que preceden permiten a la Corte
concluir que el Ministerio público es a la vez un interviniente “principal” y
“discreto” del proceso penal. Lo primero por cuanto desde la Constitución le ha
sido reconocida una función de doble cariz consistente en velar por el respecto
de los intereses de la sociedad, así como de los derechos humanos y de los
derechos fundamentales afectos al proceso. Lo segundo, porque su participación
debe someterse a los condicionamientos establecidos en la ley y precisados por
la jurisprudencia, para no romper con los supuestos que en principio o
tendencialmente articulan el sistema, relacionados con la igualdad de armas y
el carácter adversarial del procedimiento.
El ejercicio de sus funciones plantea por tanto el
riguroso cumplimiento de la legalidad, así como la procura de los fines para
los cuales desde tiempo atrás se le ha instituido como interviniente procesal,
evitando desequilibrios y excesos a favor o en contra de alguna de las partes o
intereses en disputa, con el despliegue de una actuación objetiva que en
definitiva mejore las condiciones para que en el proceso se alcance una
decisión justa y conforme a Derecho.
En
cuanto a la participación del Ministerio Público dentro del proceso penal para
solicitar medidas de aseguramiento o cautelares, la Corte examinó tal facultad
en la sentencia C-210 de 2007,[96] al estudiar si la
limitación que establecía el legislador penal al autorizar al Ministerio
Público en artículo 92 del Código de Procedimiento Penal para solicitar el
embargo y secuestro de bienes en el proceso penal únicamente a favor de los
menores de edad e incapacitados, sostuvo:
“De esta forma, en ejercicio de la potestad de
configuración normativa, al legislador corresponde establecer las formas
propias de cada juicio y fijar las reglas y condiciones para acceder a los
jueces en búsqueda de la adecuada administración de justicia (artículos 29 y
229 de la Carta). En desarrollo de ello, el legislador puede fijar nuevos
procedimientos[97], determinar la
naturaleza de actuaciones judiciales[98], eliminar etapas procesales[99],
requerir la intervención estatal o particular en el curso de las actuaciones
judiciales[100], imponer cargas
procesales[101] o establecer plazos
para el ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia[102].
De tal manera que, por regla general, la determinación de los sujetos
procesales y de los momentos en que ellos pueden intervenir en los procesos
judiciales hace parte de la libertad de configuración normativa del legislador
que debe responder a las necesidades de la política legislativa, para lo cual
evalúa la conveniencia y oportunidad de los mecanismos o instrumentos
procesales para hacer efectivos los derechos, libertades ciudadanas y las
garantías públicas respecto de ellos.
(…)
En este sentido, para responder a la inquietud de si
la ley podía establecer una regla procesal determinada, al juez constitucional
corresponde analizar si la medida hace parte de la libertad de configuración
normativa del legislador o si excedió los límites constitucionales, pues “mientras
el legislador, no ignore, obstruya o contraríe las garantías básicas previstas
por la Constitución, goza de discreción para establecer las formas propias de
cada juicio, entendidas éstas como ‘el conjunto de reglas señaladas en la ley
que, según la naturaleza del proceso, determinan los trámites que deben
surtirse ante las diversas instancias judiciales o administrativas’”[103].
Así, entonces, las normas que imponen el establecimiento de cargas
procesales, la limitación de los derechos de acción y de acceso a la justicia,
la remoción de alternativas procesales, entre otras decisiones legislativas,
resultan válidas constitucionalmente si: i) las medidas tienen como objetivo y
resultan adecuadas para la defensa de derechos y garantías sustanciales y la
protección de principios y valores constitucionales, ii) las medidas son
proporcionadas entre los derechos y garantías sustanciales que protegen y, al
mismo tiempo, entre los que restringen.
Entonces, para la Sala es claro que, a pesar de que el
legislador tiene amplio margen de configuración en la determinación de quiénes
pueden solicitar el embargo y secuestro de bienes del imputado o acusado en el
proceso penal, de todas maneras esa decisión no puede desconocer principios y
valores constitucionales ni los derechos y garantías fundamentales que
salvaguardan el debido proceso penal. Por esa razón, ahora se analizará, de
manera precisa, si el legislador estaba obligado a autorizar al Ministerio
Público a solicitar las medidas cautelares sobre bienes del imputado cuando las
víctimas son mayores de edad.
7. Cómo es fácil deducir de la simple lectura del
artículo 92 del Código de Procedimiento Penal, la solicitud de medidas
cautelares sobre bienes del imputado, consistentes en la aprehensión material
de bienes para sacarlos del comercio, está dirigida a lograr la eficacia de la
eventual sentencia penal que condene al pago de una suma de dinero y la
indemnización de perjuicios causados a las víctimas del delito. De hecho, no se
trata de imponer una sanción o una pena a quienes no han sido declarados
penalmente responsables por la participación en un hecho punible ni de invertir
la presunción de inocencia que ampara al imputado, se trata de establecer una
carga procesal a favor de las víctimas del delito, quienes se encuentran en
situación de especial protección del Estado. En este sentido, la disposición
parcialmente acusada, sin duda, desarrolla el deber estatal y particular de
garantizar la indemnización plena del daño a las víctimas directas del delito,
como uno de los mecanismos de restablecimiento de sus derechos y reparación del
perjuicio causado.
En efecto, como lo ha dicho en múltiples oportunidades
esta Corporación[104], el derecho
constitucional a la reparación integral de las víctimas no sólo tiene
fundamento expreso en los artículos 1º, 2º y 250 de la Constitución, sino
también en varias normas del derecho internacional que hacen parte del bloque
de constitucionalidad y, por consiguiente, resultan vinculantes en nuestro
ordenamiento jurídico. Así, entonces, dijo la Corte, que la petición de
reparación del daño causado surge: i) del concepto mismo de dignidad humana que
busca restablecer a las víctimas las condiciones anteriores al hecho ilícito
(artículo 1º superior), ii) del deber de las autoridades públicas de proteger
la vida, honra y bienes de los residentes y de garantizar la plena efectividad
de sus derechos (artículo 2º de la Carta), iii) del principio de participación
e intervención en las decisiones que los afectan (artículo 2º de la
Constitución), iv) de la consagración expresa del deber estatal de protección,
asistencia, reparación integral y restablecimiento de los derechos de las
víctimas (artículo 250, numerales 6º y 7º, idem) y, v) del derecho de acceso a
los tribunales para hacer valer los derechos, mediante los recursos ágiles y
efectivos (artículos 229 de la Constitución, 18 de la Declaración Americana de
Derechos del Hombre, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 8 de la
Convención Americana de Derechos Humanos”.[105]
En este orden de ideas, en la configuración de las
etapas del proceso penal, los derechos de las víctimas tienen relevancia
constitucional y, por consiguiente, el legislador debe respetar principios
básicos de defensa, contradicción y protección a las víctimas del delito para
que, entre otros asuntos, se garantice el derecho a la indemnización integral
del daño. En otras palabras, la libertad legislativa para diseñar el proceso
penal no puede ser tan amplia que afecte o restrinja irrazonablemente los
derechos de los perjudicados por el hecho punible que corresponde investigar al
Estado.
8. De esta forma, para el caso que ocupa la atención
de la Sala, si la restricción legal al Ministerio Público para solicitar el
embargo y secuestro de las víctimas mayores de edad constituye una
desprotección o desatención del derecho a la reparación del daño, la
disposición acusada podría resultar contraria a la Carta. Por lo tanto, es
necesario averiguar el contexto general de la regulación respecto de la
solicitud de las medidas cautelares en el proceso penal.
El artículo 92 de la Ley 906 de 2004, determina con
claridad cuál es el juez competente para decretar el embargo y secuestro de los
bienes del imputado (juez de control de garantías), la oportunidad procesal
para solicitarlas (en la audiencia de imputación o con posterioridad a ella),
las condiciones (acreditación sumaria de la calidad de víctima, naturaleza del
daño y cuantía de la pretensión), los requisitos (prestación de caución, salvo
casos expresamente establecidos), el procedimiento y la legitimación para
solicitar la medida. En este último aspecto, dicha normativa dispone que,
podrán solicitar el embargo y secuestro de los bienes del imputado: i) el
fiscal, ii) las víctimas directas y, iii) el Ministerio Público cuando se trate
de menores de edad o incapaces y de procurar la indemnización de perjuicios, el
restablecimiento y restauración del derecho en los eventos de agravio a los
intereses colectivos (artículos 92, parágrafo, y 111).
Nótese que, además de la propia víctima, el fiscal
puede solicitar que el juez decrete las medidas cautelares sobre los bienes del
imputado para garantizar el pago de la indemnización de los daños causados,
pues este último tiene el deber legal y constitucional de proteger los derechos
del perjudicado con la conducta punible. De hecho, no debe olvidarse que los
numerales 6º y 7º del artículo 250 de la Constitución fueron expresos en
señalar que a la Fiscalía corresponde “solicitar ante el juez de conocimiento
las medidas judiciales necesarias para… la reparación integral de los afectados
con el delito” y “velar por la protección de las víctimas”. Por
consiguiente, no se encuentra que el impedimento del Ministerio Público para
solicitar el embargo y secuestro de los bienes del imputado desatienda los
intereses de las víctimas mayores de edad, puesto que la propia Constitución
encomendó la guarda de los derechos de los perjudicados por los hechos punibles
a la Fiscalía General de la Nación y autorizó al legislador, con importante
grado de discrecionalidad, a configurar el proceso penal.
9. Con todo, el demandante, algunos de los
intervinientes y el Ministerio Público opinan que el legislador estaba obligado
a autorizar al Ministerio Público a solicitar las medidas cautelares sobre
bienes del imputado cuando las víctimas son mayores de edad porque la
Constitución confiere a esa autoridad el deber de proteger los derechos y
libertades ciudadanas.
A pesar de que si bien es cierto dicho planteamiento
parte de una premisa cierta: que el artículo 277, numeral 7º, de la
Constitución señala como función del Procurador General de la Nación, por sí o
por medio de sus delegados, la de “intervenir en los procesos y ante las
autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del
orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías
fundamentales”, no lo es menos que la Sala no comparte la conclusión a la que
llegan: que en desarrollo de esa función el Ministerio Público debe intervenir
en el proceso penal para solicitar el embargo y secuestro de los bienes del
imputado a favor de las víctimas mayores de edad, por las siguientes dos
razones:
La primera, porque el Ministerio Público desarrolla
su función constitucional de intervención y vigilancia en los procesos
judiciales, de un lado, en caso de necesidad de protección del ordenamiento
jurídico y de derechos y garantías fundamentales y, de otro, dentro de los
parámetros, condiciones y oportunidades que la ley dispone. Así, por
ejemplo, al igual que los funcionarios judiciales que tienen a su cargo la
oportuna y correcta administración de justicia sólo pueden intervenir en los
procesos cuando la ley les otorga jurisdicción y competencia, la
Procuraduría puede hacerse parte de ellos cuando la ley establece, en forma
precisa, su intervención para la defensa de los derechos e intereses de la
sociedad. La segunda, porque como se dijo en precedencia, al legislador
corresponde, en ejercicio de su facultad de libre configuración normativa del
proceso penal, concretar los momentos y las circunstancias en las que los
sujetos procesales o los interesados intervengan en las diferentes etapas
procesales.
En consecuencia, el legislador no estaba obligado a
autorizar al Ministerio Público a solicitar las medidas cautelares sobre bienes
del imputado cuando las víctimas son mayores de edad, porque la Constitución
confiere a esa autoridad el deber de proteger los derechos y libertades
ciudadanas, de acuerdo con las condiciones, requisitos y etapas del proceso
señaladas en la ley.
(…)
iii) Finalmente, como se dijo anteriormente, la norma
parcialmente acusada no deja sin protección legal a las víctimas mayores de
edad, puesto que, además de que ellas pueden intervenir para solicitar las
medidas cautelares, el Fiscal de la causa es el principal obligado a defender
los intereses de la víctima y a solicitar las medidas judiciales pertinentes
para la reparación integral de los daños causados con la conducta punible. Por
consiguiente, ese trato jurídico diferente no desampara el derecho
constitucional a la indemnización plena del daño.
Por todo lo anterior, la Sala concluye que, dentro de
la libertad de configuración normativa, el legislador no vulnera la
Constitución al autorizar al Ministerio Público a solicitar el embargo y
secuestro de bienes en el proceso penal únicamente a favor de los menores de
edad e incapacitados. En consecuencia, los cargos formulados contra el
artículo 92 (parcial) de la Ley 906 de 2004, no prosperan.
De
lo anterior surge que la participación del Ministerio Público en la audiencia
de solicitud de imposición de medida de aseguramiento, está reglada por lo que
establece el artículo 277 superior que determina que la función de este órgano
estatal está relacionada con la intervención en los procesos y ante las
autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del
orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías
fundamentales, pero también por los límites propios que le impone el legislador
penal en la Ley 906 de 2004, como quiera que es un interviniente sui generis que puede abogar por los
derechos de todos, incluidas las víctimas, pero sin sustituir ni al Fiscal ni a
la defensa.[106]
4.7.
Finalmente, en lo tocante al rol asignado
a la víctima dentro del proceso penal de tendencia acusatoria establecido por
el Acto Legislativo 02 de 2003 y la Ley
906 de 2004, la jurisprudencia ha
señalado que la protección de los derechos de la víctima del delito a la
verdad, la justicia y la reparación integral está supeditado a que se haga de
manera compatible con los rasgos estructurales y las características esenciales
de este nuevo sistema procesal, así como con las definiciones que el propio
constituyente adoptó al respecto, v.gr, caracterizar a las víctimas como
intervinientes especiales a lo largo del proceso penal, no supeditadas al
fiscal, sino en los términos que autónomamente fije el legislador (artículo
250, numeral 7 C.P.). [107]
Sobre
las facultades de la víctima en materia probatoria, la Corte concluyó en la
sentencia C-454 de 2006[108] que en el caso del
artículo 357 de la Ley 906 de 2004, para garantizar la efectividad del derecho
a acceder a la justicia y del derecho a la verdad, a la víctima debe
permitírsele (i) hacer solicitudes probatorias en la audiencia preliminar; (ii)
así sea en una etapa previa al juicio; y (iii) tal posibilidad la puede ejercer
directamente la víctima (o su apoderado); y (iv) sin que ello desconozca las
especificidades del nuevo sistema acusatorio ni los rasgos estructurales del
mismo.
Con
base en este precedente, en la sentencia C-209 de 2007, la Corte encontró que
la víctima podía participar para (i) solicitar el descubrimiento de elementos
materiales probatorios específicos o de evidencia física específica (artículos
344, 356 y 358 Ley 906 de 2004), o (ii) solicitar la exclusión, el rechazo o la
inadmisibilidad de un medio de prueba (artículo 359, Ley 906 de 2004), por
considerar que la intervención de la víctima en esa etapa del proceso no
implicaba la práctica o contradicción de las pruebas, ni alteraba la igualdad
de armas, ni modificaba la calidad de la víctima como interviniente
especialmente protegido. Pero rechazó, que la víctima participara en la etapa
del juicio oral en la contradicción probatoria (artículo 378, Ley 906 de 2004),
como si se tratara de un segundo acusador o contradictor, en desmedro del
principio de igualdad de armas que debe caracterizar el proceso penal de
tendencia acusatoria.
En
relación con la posibilidad de que la víctima solicite medidas de
aseguramiento, en la sentencia C-209 de 2007,[109]
la Corte dijo expresamente lo siguiente:
“8.3. Observa la Corte que la solicitud de medidas de
aseguramiento o de protección ante el juez de control de garantías o ante el
juez de conocimiento, según corresponda, tal como ha sido diseñada en la Ley
906 de 2004, sólo puede hacerla el fiscal. Esta fórmula pretende desarrollar el
deber de protección de las víctimas establecido en el artículo 250, numeral 7
de la Carta, en concordancia con el literal b) del artículo 11 de la Ley 906 de
2004.
No obstante, la fórmula escogida por el legislador
deja desprotegida a la víctima ante omisiones del fiscal, o ante circunstancias
apremiantes que puedan surgir y frente a las cuales la víctima cuente con
información de primera mano sobre hostigamientos o amenazas recibidas que hagan
necesaria la imposición de la medida correspondiente, o sobre el incumplimiento
de la medida impuesta, o la necesidad de cambiar la medida otorgada. Esto se
aplica tanto a las medidas de aseguramiento como a las medidas de protección en
sentido estricto.
Por lo tanto, esta omisión excluye a la víctima como
interviniente especial, que por estar en mejores condiciones para contar con
información de primera mano sobre la necesidad de medidas de protección o
aseguramiento podría efectivamente solicitar al juez competente la medida
correspondiente requerida.
8.4. No se vislumbra una razón objetiva y suficiente
que justifique esta exclusión. Permitir la solicitud de medidas de
aseguramiento o de protección directamente ante el juez competente por la
víctima, sin mediación del fiscal, no genera una desigualdad de armas, no
altera los rasgos fundamentales del sistema penal con tendencia acusatoria, ni
implica una transformación del papel de interviniente especial que tiene la
víctima dentro de este sistema procesal penal. Antes bien, asegura en mayor
grado la adecuada protección de la vida, integridad, intimidad y seguridad de
la víctima, de sus familiares y de los testigos a favor, así como de sus
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.
8.5. Esta omisión genera además una desigualdad en la
valoración de los derechos de la víctima, al dejarla desprotegida en
circunstancias en las que deba acudirse urgentemente ante el juez competente
para solicitar la adopción de una medida de protección o aseguramiento, o la
modificación de la medida inicialmente otorgada.
8.6. Finalmente, esta omisión entraña el
incumplimiento por parte del legislador del deber de configurar una
intervención efectiva de la víctima en el proceso penal, en la medida que la
deja desprotegida en circunstancias apremiantes o ante la omisión del fiscal en
el cumplimiento de su deber de proteger a las víctimas y testigos de posibles
hostigamientos o amenazas, y de solicitar las medidas necesarias para promover
los fines previstos en el artículo 308 de la ley, los cuales guardan estrecha
relación con los derechos de la víctima a la verdad y a la justicia.
Por lo anterior, y por el cargo analizado, se
declarará la exequibilidad del artículo 306, del artículo 316 y del artículo
342 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que la víctima también puede
acudir directamente ante el juez competente, ya sea el de control de garantías
o el de conocimiento, según corresponda, a solicitar la medida respectiva”.
Con
base en la anterior doctrina constitucional, pasa la Sala a examinar el caso
concreto.
6.
El caso concreto
6.1.
Los accionantes manifiestan que el día 26 de julio de 2012 en el Juzgado 60
Penal Municipal con Función de Control de Garantías, a solicitud de la Fiscalía
General de la Nación, se llevaron a cabo las audiencias concentradas de
formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra Emilio
José Tapia Aldana.
El
ente acusador le imputó al señor Tapia Aldana, por su participación en el
denominado “carrusel de la contratación”, las conductas punibles
de (i) concierto para delinquir simple en calidad de autor; (ii) cohecho
propio en calidad de autor interviniente e (iii) interés indebido en la
celebración de contratos, también en calidad de autor interviniente. Luego de
haberse realizado la imputación de las mencionadas conductas punibles, se
procedió a dar trámite a la solicitud de imposición de medida de aseguramiento,
la cual de acuerdo con los postulados legales[110]
fue solicitada por la Fiscalía, quien pidió dos medidas no privativas de la
libertad: la prohibición para salir del país y la obligación de presentarse
periódicamente al centro de servicios del Complejo Judicial de Paloquemao. Los
agentes del Ministerio Público no estuvieron de acuerdo con esta solicitud por
considerar que la actuación de la Fiscalía resultaba contradictoria, pues en su
opinión de los mismos elementos presentados por la Fiscalía surgía que era
necesario imponer una medida privativa de la libertad, teniendo en cuenta que
el imputado constituía un peligro para la comunidad.
El
Juez 60 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, otorgó medida
privativa de la libertad solicitada por los agentes del Ministerio Público.
Esta medida fue posteriormente revocada por el Juez Segundo Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C., por considerar que las
actuaciones del Ministerio Público y del Juez de Control de Garantías en la
audiencia de imposición de medida de aseguramiento habían desbordado los
límites que les imponían las normas constitucionales y legales que regulan el
proceso penal de tendencia acusatoria.
Contra
esta decisión es que los agentes del Ministerio Público interponen la presente
acción de tutela, por considerar que la misma constituía una vía de hecho
sustantiva y procedimental que desconocía el sentido de las normas legales y
constitucionales que regulan los roles de las partes e intervinientes en el
proceso penal de tendencia acusatoria y en consecuencia, resultaba contrarias al
debido proceso y al acceso a un recurso judicial efectivo.
6.2.
En primer lugar, debe evaluar la Sala si en el caso bajo estudio se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.
En
cuanto al requisito de la subsidiariedad, es preciso destacar que el motivo por
el que se interpone la acción de tutela está ligado con la decisión del Juez
Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C., que
decidió revocar la medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta
por el Juez 60 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, decisión
contra la cual no se prevé ningún otro recurso. De tal suerte que a los
accionantes no les quedaba vía o autoridad judicial a la que acudir para
solicitar la protección de los derechos fundamentales que alegan como
vulnerados, ya que los medios de defensa consagrados por la legislación penal
habían sido agotados. Por lo cual, podían acudir a la acción de tutela.
En
lo atinente a la inmediatez, se debe precisar que la providencia objeto de la
presente decisión es de fecha cinco (5) de septiembre de dos mil doce (2012) y
acción de tutela fue interpuesta el trece (13) de septiembre de ese mismo año.
De esta manera se concluye que entre la decisión proferida por el Juez Segundo
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C., y la fecha de
presentación de la tutela transcurrieron apenas 8 días calendario, lo cual
claramente constituye un lapso razonable y proporcionado, por lo cual esta
acción cumple con el requisito de inmediatez.
En
cuanto a la legitimidad de los agentes del Ministerio Público para interponer
la presente acción de tutela, tal como se indicó en la  sección 3 de esta
sentencia, que la Procuraduría General de la Nación o sus agentes están
legitimados para interponer acciones de tutela, cuando ello sea necesario para
el cumplimiento de sus funciones constitucionales en protección del interés
general, del patrimonio público y de los intereses de la sociedad.
Analizados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, esta Sala
entrará a determinar si la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C., constituye una vía de
hecho como lo arguyen los representantes de la Procuraduría General de la
Nación.
6.3.
La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales requiere que se consolide en la decisión judicial alguno de los defectos
que la jurisprudencia constitucional ha considerado contrarios a la Carta.
Según
los accionantes, en el presente asunto el Juzgado Segundo Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C., incurrió en un defecto sustantivo
y un defecto procedimental, al dar un alcance distinto a las normas que regulan
los roles que deben desempeñar el fiscal, el Ministerio Público, la defensa, la
víctima y el mismo juez de control de garantías.
En
opinión de los agentes, el papel que cumple el Ministerio Público dentro del
proceso penal, tal como lo establece el artículo 111[111]
del Código de Procedimiento Penal, no es un papel pasivo, sino que implica
realizar actuaciones para proteger los derechos, el interés público y lograr la
verdad y la justicia.
Teniendo
en cuenta esas competencias, en opinión de los agentes del Ministerio Público,
la decisión del Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bogotá D.C., se produjo desconociendo el procedimiento
establecido en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, que le impone
al Juez con Función de Control de Garantías el deber de oír los argumentos que
en relación con la medida de aseguramiento le presenten el fiscal, el
Ministerio Público, la defensa y la víctima para luego decidir. Más aún si se
tiene en cuenta que en la audiencia de imposición de la medida de
aseguramiento, las víctimas no intervinieron, y en esa medida, con mayor razón
estaba justificada la actuación del Ministerio Público para pedir una medida
distinta y más acorde con la gravedad de los hechos imputados y el peligro que
la libertad del imputado entrañaba para la comunidad.
Según
los accionantes, del tenor de la norma que contiene el procedimiento para la
imposición de la medida de aseguramiento, no se desprende que el Ministerio
Público no pueda intervenir para solicitar una medida distinta a la que
solicite el Fiscal, ni tampoco que el juez de control de garantías deba emitir
la decisión basado únicamente en los argumentos presentados por el ente
acusador, toda vez que, se le concede la potestad de escuchar los argumentos no
solo del fiscal sino de las demás partes e intervinientes dentro del proceso,
con el propósito de que la decisión adoptada tenga en cuenta las
consideraciones de quienes están llamados a participar dentro del mismo, y en
esa medida podía el juez imponer una medida distinta y más gravosa que la
solicitada por la Fiscalía.
Contrario
a lo afirmado por los demandantes, no encuentra la Sala Primera de Revisión que
la actuación del Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bogotá haya sido arbitraria ni contraria al tenor de lo que
establece el artículo 306, ni que la interpretación que hizo de las
competencias y roles de las partes e intervinientes en el proceso penal sea
manifiestamente contraria a la Constitución o la ley.
Para
la Sala, el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Bogotá, tuvo en cuenta no sólo el marco legal que rige el procedimiento penal
de tendencia acusatoria, sino también las características constitucionales que
determinan el papel que las partes e intervinientes tienen dentro del proceso
penal, con el fin de garantizar el principio de equilibrio de armas y la
estructura esencial del proceso penal de tendencia acusatoria que consagró el
Acto Legislativo 02 de 2003 y la Ley 906 de 2004.
De
conformidad con el artículo 59 de la Ley 1453 de 2011, que modificó el artículo
306 del Código de Procedimiento Penal,[112] la solicitud de medidas
de aseguramiento debe ser requerida por el Fiscal, quien presentará ante el
juez de control de garantías, la petición correspondiente, junto con las
razones y los elementos probatorios que sustentan su necesidad y urgencia. A
continuación se escuchan los argumentos del ministerio público, de la víctima,
y de la defensa. Con base en tales elementos el juez de control de garantías
deberá valorar  la necesidad, la razonabilidad y proporcionalidad de la medida
de aseguramiento solicitada por el Fiscal en el caso concreto. Según esta
disposición, la víctima también puede solicitar la medida de aseguramiento,
cuando el Fiscal no lo haya hecho, y en ese caso, la norma dispone que el juez
valorará la viabilidad de imponer la medida, con base en los motivos que
sustentan la no solicitud de la medida por parte del Fiscal.[113]
De
esta norma, y de las reglas jurisprudenciales que han precisado los límites del
rol que desempeñan las partes y los intervinientes en el proceso penal, resulta
claro que cualquier interpretación de la disposición y sobre el rol que cumplen
las partes e intervinientes, que conduzca a que se altere la estructura propia
del proceso penal acusatorio y la igualdad de armas en esta etapa del proceso,
resultaría contraria a la Constitución. Y ello se presenta cuando  la
participación de partes e intervinientes conduce a que haya más de un ente
acusador frente al procesado.
En
la sentencia T-704 de 2012, se hizo una interpretación sobre el alcance de las
modificaciones introducidas  al artículo 306 del Código de Procedimiento Penal
por el artículo 59 de la Ley 1453 de 2011, en relación con el papel de las
víctimas frente a la solicitud de medidas de aseguramiento. Si bien no ha
habido una decisión de la Sala Plena en donde se examine la constitucionalidad
del texto del artículo modificado, resulta relevante hacer referencia a la divergencia
de posiciones que se han sostenido al respecto al interior de la Corte
Constitucional. En el texto de la sentencia T-704 de 2012[114]
se dijo lo siguiente:
“De la evolución normativa que se ha presentado en
relación con la potestad de solicitar una medida de aseguramiento en el proceso
penal de tendencia acusatoria, se identifican las siguientes situaciones:
(i) La versión original del artículo 306 de la Ley 906
de 2004 en el que se establecía una facultad privativa y excluyente del fiscal
para solicitar la imposición de esta medida. En este contexto normativo, si
bien intervenían en la discusión sobre la imposición de la medida el fiscal, el
Ministerio Público y la defensa ante el juez de control  de garantías, el único
sujeto procesal a quien se reconocía legitimidad para instaurara la solicitud
era al fiscal.
(ii) Con posterioridad a la sentencia C-209 de 2007,
que introdujo un nuevo alcance a este precepto, la legitimidad para solicitar
la medida de aseguramiento ya no radica solamente en el fiscal, sino que esa
misma prerrogativa se reconoce a las víctimas del delito. Los fundamentos
centrales para adicionar este contenido al precepto que la Corte examinó en su
momento, fue el de garantizar un acceso igualitario y efectivo a las víctimas
en el proceso penal, sin que con ello se afectaran los derechos del imputado,
ni los rasgos esenciales del sistema penal de tendencia acusatoria, basado en
el principio de igualdad de arnas. El propósito específico de este
condicionamiento fue el de garantizar en esta fase, en la que aún no se
encuentran claramente presentes los rasgos del sistema penal acusatorio – como
si ocurre en el juicio –, el derecho de la víctima a intervenir con autonomía,
sin que su participación estuviere mediada, condicionada o dependiente de la
intervención del fiscal. ǁ
(iii) El artículo 59 de la Ley 1453 de 2011 introduce
un cambio significativo en lo relativo a la facultad de la víctima para
solicitar una medida de aseguramiento, comoquiera que establece una serie de
limitaciones que subordinan la actuación de la víctima a la del fiscal. Estas
limitaciones a la facultad de la víctima, se identifican en tres aspectos:
a). En primer lugar, atribuye al fiscal un papel
protagónico en la solicitud de medida de aseguramiento (inciso 1º); b) En
segundo lugar reconoce a la víctima un ámbito limitado de actuación en tanto
que subordina su facultad al hecho de que el fiscal no hubiere solicitado dicha
medida (inciso 4º); y c) en este evento, para la evaluación por parte del Juez
de Control de Garantías sobre la viabilidad de la imposición de la medida, se
introduce un nuevo requisito consistente en la valoración de “los motivos que
sustentan la no solicitud de la medida por parte del Fiscal”.
Es
decir que cuando la solicitud de la medida de aseguramiento la formule el
fiscal, el Juez de Control de Garantía deberá evaluar la concurrencia de los
requisitos previstos en el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil (…);
pero cuando la solicitud provenga de las víctimas, además de estos requisitos,
el juez deberá evaluar uno adicional consistente en los motivos que “sustentan”
la omisión del fiscal de solicitar la imposición de una medida de
aseguramiento.”
En
este caso, resultaba razonable que el Juez Segundo Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C., concluyera que la solicitud de una
medida de aseguramiento distinta y más gravosa que la solicitada por el Fiscal,
habría transformado en acusaciones adicionales a las de la Fiscalía, la de los procuradores
judiciales en el proceso.
En
efecto, rompe el equilibrio de armas que la defensa hubiera tenido, además de
controvertir las pruebas y argumentos de la Fiscalía sobre la necesidad y
urgencia de una medida de aseguramiento solicitada, hacerlo frente a la
solicitud que hicieran los agentes del Ministerio, a pesar de que tal solicitud
no estuviera respaldada en algún elemento probatorio adicional a los
presentados por la entidad acusadora.
Si
bien, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, los agentes
del Ministerio Público desarrollan una función importante en defensa de la
legalidad y de los derechos de las víctimas y del procesado, tal papel no pudo
conducir a remplazar al fiscal. Tampoco podía hacerlo ante la falta de
solicitud expresa de la víctima, como quiera que la norma legal no autoriza al
Ministerio Público a solicitar medidas de aseguramiento, en ningún evento, ni
siquiera cuando la víctima no lo haga. Su función de interviniente, aunque
principal, no permite que el cumplimiento de sus funciones constitucionales y
legales como ministerio público, le lleve a actuar como ente acusador.
Independientemente
de que existen algunas interpretaciones de la sentencia C-209 de 2007[115]
y del artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el
artículo 59 de la Ley 1453 de 2011, según la cual la víctima puede pedir la
imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad, tal como se
señaló previamente, así el Fiscal haya solicitado una medida de aseguramiento
no privativa de la libertad,[116] lo cierto es que el
artículo 306 del Código de Procedimiento Penal no autoriza al Ministerio
Público a solicitar medidas de aseguramiento, sólo a presentar argumentos sobre
la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida solicitada por el
Fiscal.
En esa medida, no podía el juez de control de garantías, recoger
la solicitud del Ministerio Público, que abogaba por una medida de
aseguramiento más gravosa para el procesado que la solicitada por el fiscal.
Por lo anterior, la Sala Primera de Revisión confirmará los fallos
de instancia que declararon que negaron la solicitud de amparo de los derechos
al debido proceso y de acceso a un recurso judicial efectivo.
III.
DECISIÓN
La
Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por
mandato de la Constitución Política
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR las sentencias del 26 de septiembre y 01 de noviembre
de 2012 proferidas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, que negaron
la solicitud de amparo instaurada por los señores Jorge Enrique Sanjuán Gálvez y
Luis Hernando Ortiz Valero, en representación de la Procuraduría General de la
Nación contra el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bogotá D.C.
Segundo.- Por
Secretaría General de la Corte, LÍBRENSE
las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
Ausente con excusa
LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Folios 104 – 105. Decisión Tutela de Primera Instancia y 3
Acción de Tutela presentada por la Procuraduría General de la Nación.
[2] Folios 73 y 74. Cuaderno de pruebas.
[3] Folio 28. Cuaderno de pruebas.
[4] Folios 3 y 4. Acción de Tutela presentada por la Procuraduría General de la Nación.
[5] Folio 4. Acción de Tutela presentada por la Procuraduría General de la Nación.
[6] Folio 4 y 5. Cuaderno de pruebas.
[7] Constitución Política, Artículo 277. El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: ǁ 1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. ǁ 2. Proteger los derechos humanos y asegurar su
efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo. ǁ 3. Defender los intereses de la sociedad. ǁ
4. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente. ǁ 5. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de
las funciones administrativas. ǁ
6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen
funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente
el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e
imponer las respectivas sanciones conforme a la Ley. ǁ 7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades
judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden
jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales. ǁ 8. Rendir anualmente informe de su gestión al
Congreso. ǁ 9. Exigir a los funcionarios públicos y a los
particulares la información que considere necesaria. ǁ 10. Las demás que determine la ley. ǁ Para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial, y podrá interponer las acciones que
considere necesarias.  (Resaltado agregado al texto).
[8] “Ley
906 de 2004, Artículo 111.
Funciones del Ministerio Público. Son
funciones del Ministerio Público en la indagación, la investigación y el
juzgamiento: ǁ 1. Como
garante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales: ǁ
a) Ejercer vigilancia sobre las
actuaciones de la policía judicial que puedan afectar garantías fundamentales; ǁ b) Participar
en aquellas diligencias o actuaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República que impliquen afectación o
menoscabo de un derecho fundamental; ǁ c) Procurar que
las decisiones judiciales cumplan con los cometidos de lograr la verdad y la
justicia; ǁ d) Procurar que
las condiciones de privación de la libertad como medida cautelar y como pena o
medida de seguridad se cumplan de conformidad con los Tratados Internacionales,
la Carta Política y la ley; ǁ
e) Procurar que de manera temprana y
definitiva se defina la competencia entre diferentes jurisdicciones en procesos
por graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional
Humanitario; ǁ f) Procurar el
cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa. ǁ g) Participar
cuando lo considere necesario, en las audiencias conforme a lo previsto en este
código. ǁ  2. Como
representante de la sociedad: ǁ a) Solicitar
condena o absolución de los acusados e intervenir en la audiencia de control
judicial de la preclusión; ǁ
b) Procurar la indemnización de
perjuicios, el restablecimiento y la restauración del derecho en los eventos de
agravio a los intereses colectivos, solicitar las pruebas que a ello conduzcan
y las medidas cautelares que procedan; ǁ c) Velar porque
se respeten los derechos de las víctimas, testigos, jurados y demás
intervinientes en el proceso, así como verificar su efectiva protección por el
Estado; ǁ d) Participar
en aquellas diligencias o actuaciones donde proceda la disponibilidad del derecho
por parte de la víctima individual o colectiva y en las que exista
disponibilidad oficial de la acción penal, procurando que la voluntad otorgada
sea real y que no se afecten los derechos de los perjudicados, así como los
principios de verdad y justicia, en los eventos de aplicación del principio de
oportunidad; ǁ e) Denunciar
los fraudes y colusiones procesales.” (Resaltado
agregado al texto).
[9] Folios 124 a 130, cuaderno principal.
[10] Folios 135 y 136, cuaderno principal.
[11] Folios 136 y 137, cuaderno principal.
[12] Record 1:07
[13] Folio 33 a 35, cuaderno 2 de pruebas.
[14] Consultar al respecto, entre otras, las sentencias
SU-047 de 1999 (MPs. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero, SV
Eduardo Cifuentes Muñoz y Hernando Herrera Vergara), SU-622 de 2001 (MP. Jaime
Araújo Rentería), SU-1299 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SPV Manuel
José Cepeda Espinosa y Rodrigo Uprimny Yepes), SU-159 de 2002 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa, SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo
Beltrán Sierra), SU-174 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, AV. Jaime
Córdoba Triviño, Humberto Sierra Porto y Jaime Araujo Rentería), C-543 de 1992
(MP. José Gregorio Hernández Galindo, SV. Ciro Angarita Barón, Eduardo
Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero), T-079 de 1993 (MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz), T-231 de 1994 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-329 de 1996
(MP. José Gregorio Hernández Galindo), T-483 de 1997 (MP. Vladimiro Naranjo
Mesa), T-008 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-567 de 1998 (MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz), T-458 de 1998 (MP. José Gregorio Hernández Galindo), T-1031
de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), T-108 de 2003 (MP. Álvaro Tafur
Galvis), T-088 de 2003 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-116 de 2003 (MP.
Clara Inés Vargas Hernández), T-201 de 2003 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-382 de
2003 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-441 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre
Lynett), T-029 de 2004 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-1157 de 2004 (MP. Marco
Gerardo Monroy Cabra), T-778 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-237
de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-448 de 2006 (MP. Jaime Araújo
Rentería), T-510 de 2006 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-953 de 2006 (MP. Jaime
Córdoba Triviño), T-104 de 2007 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-387 de 2007 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa), T-446 de 2007 (MP. Clara Inés Vargas Hernández),
T-825 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-1066 de 2007 (MP. Rodrigo
Escobar Gil), T-243 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-266 de 2008
(MP. Rodrigo Escobar Gil), T-423 de 2008 (MP. Nilson Pinilla Pinilla), T-420 y
T-377 de 2009 (MP. María Victoria Calle Correa).
[15] Sobre el carácter vinculante de este precedente y las
decisiones subsiguientes de la Corte Constitucional puede verse las sentencias T-800A de 2002 y T-292 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), entre otras.
[16] Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992. (MP.
José Gregorio Hernández Galindo, SV. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes
Muñoz y Alejandro Martínez Caballero). Desde esta sentencia, la Corte Constitucional expresó que salvo en aquellos casos en que se haya incurrido en una
vía de hecho, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales.
[17] Ver al respecto las sentencias C-037 de 1996 (MP.
Vladimiro Naranjo Mesa) que declaró exequible de manera condicionada el
artículo 66 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y C-384 de 2000 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa) en la que la Corte condicionó la exequibilidad de las normas acusadas, a que se admitiera la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales. Un ejemplo de la viabilidad de la
tutela contra sentencias, es entre otras, la sentencia T-079 de 1993, en la que
la Corte Constitucional decidió confirmar el fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro de un proceso de acción de
tutela, en el que esa Corporación confirmó la decisión del juez de tutela de
primera instancia, por considerar que era evidente la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso de la accionante. En ese caso, el fundamento de
la decisión del funcionario judicial en un proceso ordinario, era las
declaraciones allegadas al expediente que habían sido rendidas como versiones
libres y espontáneas y no bajo la gravedad del juramento. Para la Corte Suprema, conforme a la legislación vigente, las pruebas testimoniales deben ser
ordenadas mediante auto del funcionario instructor, y contra ellas debe ser
posible ejercer el derecho de contradicción. Las pruebas no aportadas en estas
difícilmente podían ser definitivas en una decisión, sin vulnerar el debido
proceso. Por consiguiente se consideró que existía claramente una vía de hecho
en la sentencia. Otras providencias que pueden ser revisadas sobre este tema,
entre las muchas que existen, son la sentencia T-158 de 1993 (MP. Vladimiro
Naranjo); T-173 de 1993 (MP. José Gregorio Hernández); T-231 de 1994 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz); T-008 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); SU-1185
de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil) y la SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda, SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra),
entre otras.
[18] Corte Constitucional. Sentencia T-231 de 1994 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[19] Ver entre otras, las sentencias T-774 de 2004 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa) y T-200 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas). En la sentencia
T-949 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), por ejemplo, la Corte decidió que “(…) la infracción del deber de identificar correctamente la persona
sometida al proceso penal, sumada a la desafortunada suplantación, constituye
un claro defecto fáctico, lo que implica que está satisfecho el requisito de
procedibilidad exigido por la Jurisprudencia para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales.” En la sentencia T-774 de 2004
(MP. Manuel José Cepeda), la Corte sostuvo lo siguiente: “(...) la Sala considera pertinente señalar que el concepto de vía de hecho, en el cual se funda la
presente acción de tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional.
La Corte ha decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en
los que originalmente se fundaba la noción de vía de hecho”. Actualmente no
“(...) sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y
burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los
que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando
su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta
corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando existen
amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar
la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable
está condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución”.
[20] Un ejemplo de ello, es la vía de hecho por
consecuencia que se explica mejor más adelante. Ver al respecto las sentencias
SU-014 de 2001 (MP. Martha Sáchica Méndez); T-407 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar
Gil); T-1180 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[21]
Sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[22] Ver entre otras, las sentencias T-774 de 2004  (MP. Manuel
José Cepeda Espinosa) y T-200 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas). En la sentencia
T-949 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), por ejemplo, la Corte decidió que “(…) la infracción del deber de identificar correctamente la persona
sometida al proceso penal, sumada a la desafortunada suplantación, constituye
un claro defecto fáctico, lo que implica que está satisfecho el requisito de
procedibilidad exigido por la Jurisprudencia para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales.”
[23] Corte Constitucional. Ver sentencias T-441 de 2003
(MP. Eduardo Montealegre Lynett); T-742 de 2002. (MP. Clara Inés Vargas) y
T-606 de 2004 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes), entre otras.
[24] Corte Constitucional. Sentencia SU-622 de 2001 (MP.
Jaime Araujo Rentería).
[25] Corte Constitucional. Sentencias C-543 de 1992 (MP.
José Gregorio Hernández, SV. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y
Alejandro Martínez Caballero); T-567 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz);
T-511 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett); SU-622 de 2001 (MP. Jaime
Araujo Rentería) y T-108 de 2003 (MP. Álvaro Tafur Galvis), entre otras.
[26] Corte Constitucional. Sentencia T-200 de 2004 (MP.
Clara Inés Vargas).
[27] Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992
(MP. José Gregorio Hernández, SV. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz
y Alejandro Martínez Caballero).
[28] Corte Constitucional. Sentencia T-038 de 1997 (MP.
Hernando Herrera Vergara).
[29] Corte Constitucional. Sentencia T-116 de 2003 (MP.
Clara Inés Vargas Hernández).
[30] Corte Constitucional. Sentencia T-440 de 2003 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa). La Corte concedió la tutela a una entidad
bancaria y algunos usuarios de la misma, por considerar que en el trámite de
una acción de grupo la autoridad judicial les desconoció los derechos a la
intimidad y al debido proceso, al remitir al proceso varios documentos que implicaban
la revelación de datos privados. Sobre la procedencia de la tutela la Corte señaló: “(...) En segundo lugar, la Corte también desestima la consideración según
la cual existió una omisión procesal por parte de los usuarios del Banco. Dichas
personas no integraban el pasivo del proceso de acción de grupo (...). Por
lo tanto, difícilmente podían los ahora tutelantes controvertir providencias
judiciales que no les habían sido notificadas, y que, por demás, habían sido
proferidas en el transcurso de un proceso judicial de cuya existencia no
estaban enterados.” Cfr. también las sentencias T-329 de 1996 (MP. José
Gregorio Hernández Galindo) y T-567 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[31] Corte Constitucional. Sentencia T-1009 de 2000 (MP.
Carlos Gaviria Díaz).
[32] Corte Constitucional. Sentencias SU-1159 de 2003 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra,
Clara Inés Vargas Hernández y Álvaro Tafur Galvis) y T-578 de 2006. (MP. Manuel
José Cepeda Espinosa).
[33] Corte Constitucional. Sentencia T-578 de 2006 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[34] Corte Constitucional. Sentencia T-231 de 1994 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[35] Corte Constitucional. Sentencia T-774 de 2004 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[36] Corte Constitucional. Sentencia SU-120 de 2003 (MP.
Álvaro Tafur Galvis).
[37] Vgr. ha sido derogada o declarada inexequible.
[38] Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[39] Corte Constitucional. Sentencia SU-1185 de 2001 (MP.
Rodrigo Escobar Gil).
[40] En la sentencia T-1031 de 2001 (MP. Eduardo
Montealegre Lynett) la Corte decidió que la acción de tutela procede contra una
providencia judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes aplicables al
caso o cuando “su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio
de los derechos fundamentales de los asociados”. Puede verse además la sentencia
T-1285 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández) y la sentencia T-567 de 1998
(MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[41] Corte Constitucional. Sentencias SU-1184 de 2001 (MP.
Eduardo Montealegre Lynett), T-1625 de 2000 (MP. Martha Victoria Sáchica
Méndez) y T-1031 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett). También la sentencia
T-047 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández). En estos casos, si bien el
juez de la causa es quien le fija el alcance a la norma que aplica, no puede
hacerlo en oposición a los valores, principios y derechos constitucionales, de
manera que, debiendo seleccionar entre dos o más entendimientos posibles, debe
forzosamente acoger aquél que se ajuste a la Carta Política.
[42] Corte Constitucional. Sentencia T-114 de 2002 (MP.
Eduardo Montealegre Lynett). Ver también la sentencia T-1285 de 2005 (MP. Clara
Inés Vargas Hernández).
[43] Ver la sentencia T-292 de 2006 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa). También las sentencias SU-640 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz) y T-462 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).
[44] Corte Constitucional. Sentencia T-1285 de 2005 (MP.
Clara Inés Vargas Hernández). En la sentencia T-193 de 1995 (MP. Carlos Gaviria
Díaz), esta Corporación señaló: "Es razonable exigir, en aras del
principio de igualdad en la aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios
que consideren autónomamente que deben apartarse de la línea jurisprudencial
trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de
manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de lo contrario, estarían
infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A través de los recursos que
se contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede ventilarse este evento de
infracción a la Constitución”. Sobre este tema, también puede consultarse
la sentencia T-949 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).
[45] Sobre el tema pueden consultarse además, las
sentencias SU-1184 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett); T-1625 de 2000
(MP. Martha Victoria Sáchica Méndez); T-522 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa); T-047 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández). En la sentencia
T-522 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), la Corte señaló que: “es evidente que se desconocería y contraven­dría abiertamente la Carta Política si se aplica una disposición cuyo contenido normativo es precisamente, y
solamente, impedir que se otorguen medi­das de aseguramiento a los sindicados
porque los procesos se adelantan ante jueces especializados”, razón por la cual
el juez, al constatar su existencia, tendría que haber aplicado la excepción de
inconstitucionalidad.
[46] Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y
Alfredo Beltrán Sierra).
[47] Cfr., por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de
1994 (MP. Antonio Barrera Carbonell).
[48] Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y
Alfredo Beltrán Sierra).
[49] Ibídem.
[50] En la sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa, SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo
Beltrán Sierra), se precisó que en tales casos, “aún en el evento en el que
en el conjunto de pruebas sobre las que se apoya un proceso penal se detecte la
existencia de una ilícitamente obtenida, los efectos de esta irregularidad son
limitados. Para la Corte, “el hecho de que un juez tenga en cuenta dentro de un
proceso una prueba absolutamente viciada, no implica, necesariamente, que la
decisión que se profiera deba ser calificada como vía de hecho”. Así, “sólo
en aquellos casos en los que la prueba nula de pleno derecho constituya la única
muestra de culpabilidad del condenado, sin la cual habría de variar el juicio
del fallador, procedería la tutela contra la decisión judicial que la tuvo en
cuenta, siempre y cuando se cumplan, por supuesto, los restantes requisitos de
procedibilidad de la acción”. De tal manera que la incidencia de la prueba
viciada debe ser determinante de lo resuelto en la providencia cuestionada.”
[51] Cfr. sentencia T-442 de 1994 (MP. Antonio Barrera
Carbonell).
[52] Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y
Alfredo Beltrán Sierra).
[53] Corte Constitucional. Sentencia T-774 de 2004 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[54] Corte Constitucional. Sentencia SU-1185 de 2001 (MP.
Rodrigo Escobar Gil).
[55] En la sentencia SU-158 de 2002 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa) se sostuvo que este tipo de defecto puede producirse, a título
de ejemplo, cuando se pretermiten eventos o etapas señaladas en la ley para
asegurar el ejercicio de todas las garantías que se le reconocen a los sujetos
procesales de forma tal que, por ejemplo, no: (i.) puedan ejercer el derecho
a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la asesoría de
un abogado –en los eventos en los que sea necesario -, ejercer el derecho de
contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere pertinentes
para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del proceso
y se permita su participación en el mismo y (iii.) se les notifiquen todas las
providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles
notificadas.
[56] Corte Constitucional. Sentencias T-462 de 2003 y
T-441 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett) y T-047 de 2005 (MP. Clara Inés
Vargas Hernández), entre otras.
[57] Ver entre otras las Sentencias SU-014 de 2001 (MP.
Martha Sáchica Méndez); T-407 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil); T-1180 de 2001
(MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[58] Corte Constitucional. Sentencia T-1285 de 2005 (MP.
Clara Inés Vargas Hernández).
[59] MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[60] En la etapa del juicio. Ver Sentencia C-209 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[61] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-873 de 2003, C-591 de
2005, C-1194 de 2005, C-454 de 2006, C-209 de 2007, C-396 de 2007, C-186 de
2008, C-025 de 2009, C-069 de 2010 y C-144 de 2010, entre otras.
[62] C-591
de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández). En dicha sentencia se resaltó lo
siguiente: “Las menciones
generales sobre el nuevo sistema procesal penal, citadas anteriormente,
permiten advertir que se trata de un nuevo modelo que presenta características
fundamentales especiales y propias, que no permiten adscribirlo o asimilarlo,
prima facie, a otros sistemas acusatorios como el americano o el continental
europeo. Se diseñó desde la Constitución un sistema procesal penal con
tendencia acusatoria, desarrollado por la Ley 906 de 2004, con acento en la garantía de los derechos fundamentales del inculpado, para la definición de la
verdad y la realización efectiva de la justicia, teniendo presentes los
derechos de las víctimas. Se estructuró un nuevo modelo de tal manera, que toda
afectación de los derechos fundamentales del investigado por la actividad de la Fiscalía, queda decidida en sede jurisdiccional, pues un funcionario judicial debe
autorizarla o convalidarla en el marco de las garantías constitucionales,
guardándose el equilibrio entre la eficacia del procedimiento y los derechos
del implicado mediante la ponderación de intereses, a fin de lograr la mínima
afectación de derechos fundamentales. El nuevo diseño no corresponde a un
típico proceso adversarial entre dos partes procesales que se reputa se
encuentran en igualdad de condiciones; por un lado, un ente acusador, quien
pretende demostrar en juicio la solidez probatoria de unos cargos criminales, y
por el otro, un acusado, quien busca demostrar su inocencia. En desarrollo de
la investigación las partes no tienen las mismas potestades, y la misión que
corresponde desempeñar al juez, bien sea de control de garantías o de
conocimiento, va más allá de la de ser un mero árbitro regulador de las formas
procesales, sino en buscar la aplicación de una justicia material, y sobre
todo, en ser un guardián del respeto de los derechos fundamentales del
indiciado o sindicado, así como de aquellos de la víctima, en especial, de los
derechos de ésta a conocer la  verdad sobre lo ocurrido, a acceder a la
justicia y a obtener una reparación integral, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales que hacen parte del bloque de
constitucionalidad. Con todo, en el curso del proceso penal, la garantía
judicial de los derechos fundamentales, se adelantará sin perjuicio de las
competencias constitucionales de los jueces de acción de tutela y de habeas
corpus.
[63] MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
[64] Corte Constitucional, Sentencia C-396 de 2007 (MP. Marco Gerardo
Monroy Cabra, SV. Nilson Pinilla Pinilla).
[65] Corte Constitucional, Sentencia C-209 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa).
[66] “El actual sistema penal acusatorio, instaurado en la legislación
nacional por la Ley 906 de 2004, consta –a grandes rasgos- de dos etapas
principales y dos secundarias. Las más importantes, porque constituyen la
estructura propiamente dicha del proceso, son las etapas de la investigación y
el juicio. No obstante, previo a la investigación, las autoridades despliegan
una etapa inicial de indagación preliminar -que puede ser considerada como
complementaria de la investigación-; al tiempo que entre la investigación y el
juicio se desenvuelve una fase intermedia de preparación, que puede
considerarse como complementaria del juicio”. Corte Constitucional,
Sentencia C-1194 de 2005. Ver también la Sentencia C-059 de 2010.
[67] Corte Constitucional, Sentencia C-873 de 2003.
[68] Corte Constitucional, Sentencia C-873 de 2003.
[69] Corte Constitucional, Sentencia C-591 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas
Hernández).
[70] Sentencia C-209 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[71] W. Pizza, Trials without truth. Why our system of criminal
trials has become an expensive failure and what we need to do to rebuild it,
Madrid, 2004, p. 5.
[72] Ver Sentencia C-591 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández,
SPV. Alfredo Beltrán Sierra).
[73] En similar sentido se pronunció la Sentencia C-730 de 2005 (MP. Álvaro Tafur Galvis, SV. Rodrigo Escobar Gil, Marco
Gerardo Monroy Cabra y Humberto Antonio Sierra Porto).
[74] Ver Sentencia C-730 de 2005 (MP. Álvaro Tafur Galvis, SV.
Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Humberto Antonio Sierra Porto).
[75] Sentencia C-799 de 2005 (MP. Jaime Araujo Rentería, AV. Humberto
Antonio Sierra Porto).
[76] Ibídem.
[77] Ibídem.
[78] Sentencia C-994 de 2006 (MP. Jaime Araujo Rentería).
[79] Ibídem.
[80] Sentencia T-920 de 2008.
[81] Sentencia C-025 de 2009 (MP. Rodrigo Escobar Gil, SV. Jaime Araujo
Rentería).
[82] Ibídem.
[83] C-648 de 2010 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto).
[84] Ver sentencia C-1154 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa,
AV. Jaime Araujo Rentería).
[85] Véase los artículos 29 de la Constitución Política y 8º de la Ley 906 de 2004. Asimismo, la sentencia C-210 de 2007 (MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra, AV. Nilson Pinilla Pinilla).
[86] C-591 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández, SPV. Alfredo
Beltrán Sierra).
[87] C-591 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández, SPV. Alfredo
Beltrán Sierra).
[88] Sentencia C-1154 de de 2005 (MP. Manuel
José Cepeda Espinosa, AV. Jaime Araujo Rentería).
[89] MP. Clara Inés Vargas Hernández (SPV. Alfredo Beltrán Sierra).
[90] Subrayado fuera del texto.
[91] Sentencia C-209 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[92] Amplia explicación sobre el concepto de discriminación positiva puede
verse en las sentencias C-174 de 2004 (MP. Álvaro Tafur Galvis), C-227 de 2004
(MP. Manuel José Cepeda. SV. Rodrigo Escobar Gil), C-169 de 2001 (MP. Carlos
Gaviria Díaz), C-964 de 2003 (MP. Álvaro Tafur Galvis) y C-044 de 2004 (MP.
Jaime Araujo Rentería).
[93] Sentencias que analizan el criterio de edad para justificar el trato
diferente, entre otras, se encuentran: C-071 de 1993 (MP. Alejandro Martínez
Caballero. SV. Fabio Morón Díaz, Jaime Sanín Greiffenstein y Simón Rodríguez Rodríguez),
C-227 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda. SV. Rodrigo Escobar Gil) y C-247 de 2004
(MP. Álvaro Tafur Galvis).
[94] Algo
semejante se observa respecto de la facultad reconocida en el artículo 294 del
C.P.P., cuya constitucionalidad se estudió en la sentencia C-806 de 2008, en
donde se determinó que si bien lo
usual es que la Fiscalía General de la Nación le solicite al juez de conocimiento decretar la preclusión de la investigación, esta disposición regula un
supuesto excepcional, “consistente en que, ante una omisión grave del órgano
de investigación, la defensa o el Ministerio Público quedan facultados para
solicitarle al juez decretar la preclusión de la investigación pasados sesenta
(60) días de la audiencia de imputación de cargos, sin que exista formulación
de una acusación”. Se trata de una facultad reconocida a la defensa y al
Ministerio público, que a su vez permite al juez ejercer también la facultad,
que no obligación, de declarar la preclusión de la investigación pasados
sesenta (60) días, siempre y cuando se presente o no alguna de las causales
legales que justifiquen tal decisión.
[95] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal. Sentencia de 20 de mayo de 2009, Proceso
No 30782.
[96] Sentencia C-210 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra AV: Nilson Pinilla Pinilla.
[97] Por ejemplo, la sentencia C-510 de 2004, declaró la
exequibilidad de la norma que establecía un nuevo procedimiento y términos para
los cobros o las reclamaciones ante el FOSYGA, por cuanto consideró, entre
otras cosas, que el legislador es libre para establecer condiciones previas al
acceso a la justicia.
[98] Por ejemplo, en sentencia C-163 de 2000, la Corte consideró ajustada a la Constitución la consagración de la figura de la parte civil en
el proceso penal, a pesar de que la naturaleza de sus pretensiones podrían ser
únicamente pecuniarias. De igual manera, en sentencia C-1149 de 2001, la Corte dijo que, dentro de la libertad de configuración normativa, era válido que la ley
autorice la intervención de la parte civil en el proceso penal militar.
[99] La sentencia C-180 de 2006 (MP. Jaime Araujo Rentería), declaró
la exequibilidad de la eliminación del recurso extraordinario de súplica en los
procesos contencioso administrativos, por cuanto la
Constitución confiere al legislador “libertad de
configuración amplia en materia de procedimientos judiciales”.
[100] Por ejemplo, en la sentencia C-1264 de 2005, la Corte se refirió a la libertad de configuración normativa del legislador para regular la
forma cómo debe adelantarse la notificación personal en el procedimiento civil.
[101] En este asunto, entre otros casos, se recuerdan las sentencias C-316
de 2002, respecto de la caución en el proceso penal; C-043 de 2004 que declaró
la exequibilidad del pago de condena en costas y C-641 de 2002, en cuanto
consideró ajustado a la Carta el término de ejecutoria de las sentencias como
carga procesal a las partes.
[102] En sentencia C-1232 de 2005, la Corte Constitucional dijo que el legislador goza de amplio margen de configuración normativa
para consagrar el término de prescripción de las acciones derivadas del fuero
sindical.
[103] Sentencia C-662 de 2004.
[104] En relación con la amplitud del concepto reparación integral del daño
causado por el delito, pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-805 de
2002 y C-916 de 2002. En cuanto al fundamento constitucional del derecho a la
reparación de las víctimas, véanse las sentencias C-570 de 2003, C-899 de 2003
y C-805 de 2002.
[105] Al respecto, puede verse la sentencia C-228 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett.
[106] C-209 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[107] C-209 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[108] C-454 de 2006 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[109] C-209 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[110] Art. 306 Código de Procedimiento Penal.
[111] De
conformidad con el artículo 111 de la Ley 906 de 2004, son funciones del
Ministerio Público dentro del proceso penal:
ARTÍCULO 111. FUNCIONES DEL MINISTERIO
PÚBLICO. “Son funciones del Ministerio Público en la indagación, la
investigación y el juzgamiento: ǁ 1. Como garante de los derechos humanos y de los
derechos fundamentales: ǁ a) Ejercer vigilancia sobre las actuaciones de la
policía judicial que puedan afectar garantías fundamentales; ǁ b) Participar en aquellas diligencias o actuaciones
realizadas por la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República que impliquen afectación o menoscabo de un derecho fundamental; ǁ c) Procurar que las decisiones judiciales cumplan
con los cometidos de lograr la verdad y la justicia; ǁ d) Procurar que las condiciones de privación de la
libertad como medida cautelar y como pena o medida de seguridad se cumplan de
conformidad con los Tratados Internacionales, la Carta Política y la ley; ǁ e) Procurar que de manera temprana y definitiva se
defina la competencia entre diferentes jurisdicciones en procesos por graves
violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario; ǁ f) Procurar el cumplimiento del debido proceso y el
derecho de defensa. ǁ g) Participar cuando lo considere necesario, en las audiencias
conforme a lo previsto en este código. ǁ 2. Como representante de la sociedad: ǁ a) Solicitar condena o absolución de los acusados e
intervenir en la audiencia de control judicial de la preclusión; ǁ b) Procurar la indemnización de perjuicios, el
restablecimiento y la restauración del derecho en los eventos de agravio a los
intereses colectivos, solicitar las pruebas que a ello conduzcan y las medidas
cautelares que procedan; ǁ c) Velar porque se respeten los derechos de las
víctimas, testigos, jurados y demás intervinientes en el proceso, así como
verificar su efectiva protección por el Estado; ǁ d) Participar en aquellas diligencias o
actuaciones donde proceda la disponibilidad del derecho por parte de la víctima
individual o colectiva y en las que exista disponibilidad oficial de la acción
penal, procurando que la voluntad otorgada sea real y que no se afecten los derechos
de los perjudicados, así como los principios de verdad y justicia, en los
eventos de aplicación del principio de oportunidad; ǁ e) Denunciar los fraudes y colusiones procesales. (Resaltado agregado al texto).
[112] El artículo 306 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 59 de la Ley 1453 de 2011, establece: “Solicitud de imposición de medida de aseguramiento. El fiscal solicitará al Juez de Control de
Garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los
elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia,
los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia
pertinente. ǁ Escuchados los argumentos del fiscal, el ministerio
público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión. ǁ La presencia del defensor constituye
requisito de validez de la respectiva audiencia. ǁ La víctima o su apoderado podrán solicitar al
Juez de Control de Garantías, la imposición de la medida de aseguramiento, en
los eventos en que esta no sea solicitada por el fiscal. ǁ En dicho caso, el Juez valorará los motivos
que sustentan la no solicitud de la medida por parte del Fiscal, para
determinar la viabilidad de su imposición”.
[113] El artículo 306 de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide
el Código de Procedimiento Penal”, fue declarado exequible en la sentencia
C-209 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), entre otros artículos
demandados,  “en el entendido de que la víctima también puede acudir
directamente ante el juez competente a solicitar la medida correspondiente”.
La Corte ya se había pronunciado en la C-1154 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), a propósito de una demanda presentada contra el artículo 306 de la Ley 906 de 2004, acusado parcialmente de infringir el numeral 4 y el tercer inciso del
numeral 9 del artículo 250 de la C.P. modificado por el artículo 2 del Acto
Legislativo 03 de 2002, por permitir una audiencia probatoria en una audiencia
distinta a la del juicio oral, público, contradictorio. Al respecto se declaró
la exequibilidad de las expresiones “los elementos de conocimiento
necesarios para sustentar la medida” y “los cuales se evaluarán en una
audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente”, contenidas
en el artículo 306 de la Ley 906 de 2004 por el cargo analizado.
[114] MP. Luis Ernesto Vargas Silva, AV. María Victoria Calle Correa,
SV. Mauricio González Cuervo.
[115] MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[116] Ver la sentencia T-704 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva,
AV. María Victoria Calle Correa, SV. Mauricio González Cuervo).