T-130-00
Sentencia T-130/00
Sentencia
T-130/00
DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL-Fundamental
por conexidad
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias
laborales/DERECHO AL MINIMO VITAL-Definición
DERECHO AL MINIMO
VITAL DEL PENSIONADO-Pago
oportuno de mesadas
EMPLEADOR-Situación económica o presupuestal no es
óbice para desconocer obligaciones laborales
MEDIO DE DEFENSA
JUDICIAL INEFICAZ-Pago
oportuno de mesadas pensionales
DERECHO AL MINIMO
VITAL DEL PENSIONADO-Pago
oportuno de mesadas a persona que no es de la tercera edad
Referencia:
expediente T-252500
Acción de tutela
instaurada por Ernesto Viveros Gamboa contra las Empresas Públicas Municipales
de Buenaventura
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada
en Santa Fe de Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil (2000).
La Sala Quinta de
Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1.991, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de
revisión del fallo adoptado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Buenaventura, Valle, al resolver sobre la acción de tutela instaurada por
Ernesto Viveros Gamboa contra las Empresas Públicas Municipales de
Buenaventura.
I. ANTECEDENTES
El peticionario dirige la presente acción de tutela
contra las Empresas Públicas Municipales de Buenaventura por el atraso en el
pago de las mesadas de jubilación que se le adeudan desde el mes de febrero de
1999. Manifiesta que, por su avanzada edad y su estado de salud, le es
imposible conseguir otro empleo y no dispone de ningún recurso adicional para
su manutención.
II. SENTENCIA
OBJETO DE REVISIÓN
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Buenaventura, mediante fallo del diecinueve de agosto de mil novecientos
noventa y nueve, resolvió no acceder a la solicitud de tutela al considerar que
existe otro medio de defensa judicial a través del cual puede lograrse la
satisfacción de su pretensión.
Según el juez, está demostrado que el
accionante cuenta con 49 años y dice que la llamada “tercera edad” se cuenta a
partir de los 70 años, según la tabla de mortalidad suministrada por el
D.A.N.E., razón por la cual la solicitud de tutela no puede prosperar como
mecanismo transitorio, y ello significa que debe el peticionario acudir al
proceso ejecutivo laboral para cobrar sus mesadas pensionales. No se demostró
tampoco, de acuerdo con el fallo, la existencia de otras circunstancias para
conceder la protección como mecanismo transitorio.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION
1. Pago oportuno de las mesadas pensionales
Se reiteran los criterios expuestos por
esta Corte en el sentido de que el derecho a la seguridad social no reviste en
principio el carácter de derecho fundamental, calidad que proviene en casos
concretos de la íntima asociación con otros derechos que tengan, por sí mismos,
tal naturaleza.
También se ratifica que la acción de tutela
no procede para el pago de acreencias laborales, salvo cuando esté comprometido
el mínimo vital, entendido como aquella porción absolutamente
indispensable para cubrir las necesidades básicas de alimentación, vestuario,
educación y seguridad social, entre otros factores inherentes a la dignidad que
merece la vida de todo ser humano y de su familia.
También ha reconocido esta Corporación que
en el caso de las mesadas de jubilación, que se constituyen en la mayoría de
los casos en la única fuente de ingresos para el pensionado y su familia cuando
ya se ha producido el retiro de la vida laboral, es procedente la tutela como
el único mecanismo que permite en forma inmediata reparar el daño que produce
día a día un retardo en la cancelación de las correspondientes mesadas.
Igualmente, en reciente jurisprudencia se
dejó consignado que la situación financiera de las entidades públicas o
privadas no justifica ni exime del pago oportuno de salarios y mesadas
pensionales. Se señaló en Sentencia SU-995 del 9 de diciembre de 1999 (M.P.:
Dr. Carlos Gaviria Díaz):
“Como se dijo, cuando se trata de
garantizar derechos fundamentales, se tiene que apelar a mecanismos que tiendan
a maximizar su pronta eficacia; es decir, que logren, dentro del marco de las
herramientas jurídicas disponibles, proteger a todas las personas titulares de
los mismos, que sufren un perjuicio irremediable si no reciben una protección
inmediata de parte de los órganos del Estado; en este caso, todas las personas
que derivan su existencia y bienestar personal y familiar de una remuneración,
en medio de una economía inestable, en la que las estructuras de producción y
distribución del ingreso, y el libre juego de las relaciones de mercado, no
pueden, por sí solas, producir el orden justo en el que se debe basar la
convivencia pacífica.
Resulta
entonces necesario que la Corte, en desarrollo de su labor de interpretación
constitucional y de integración de la jurisprudencia, establezca ciertos
criterios sobre la procedencia de la acción de tutela para el pago cumplido de
los salarios, dando a este término el alcance ya indicado.
(…)
a. El derecho
de todos los trabajadores al pago oportuno de su remuneración salarial, es una
garantía que no se agota en la simple enunciación de un deber surgido de la
relación laboral, sino que se trata de un verdadero derecho fundamental.
b.
La figura de la retribución salarial está directamente relacionada con la
satisfacción del derecho fundamental de las personas a la subsistencia,
reconocido por la Corte Constitucional como emanación de las garantías a la
vida (Art. 11 C.P.), a la salud (Art. 49 C.P.), al trabajo (Art. 25 C.P.), y a
la seguridad social (Art. 48 C.P.); pero no se agota en la satisfacción de las
necesidades de mera subsistencia biológica del individuo, pues debe permitir el
ejercicio y realización de los valores y propósitos de vida individual, y su
falta compromete el logro de las aspiraciones legítimas del grupo familiar que
depende económicamente del trabajador.
(…)
g.
El retardo en el que incurre el empleador -privado o público-, que se verifica
por el lapso transcurrido entre la fecha en que se causan los salarios y
aquélla en que el pago se hace efectivo -máxime si dicho pago se produce en
virtud de una orden judicial-, causa un grave perjuicio económico a los
actores. Quienes están obligados a pagar salarios, prestaciones o pensiones,
deben cubrir oportunamente todas las sumas adeudadas y actualizarlas.
h. Es necesario precisar que la falta de presupuesto de la
administración, o la insolvencia del empleador particular, como motivo para no
pagar oportunamente los salarios, no constituye razón suficiente para
justificar el desconocimiento de derechos fundamentales como la vida en
condiciones dignas y el bienestar del trabajador y sus familiares. Todo lo anterior
justifica la tutela, siempre que concurran las condiciones de procedibilidad de
la misma". (Subrayado fuera de texto).
Cuando está comprometido el mínimo vital,
es perentorio conceder la protección judicial inmediata para preservar la
subsistencia digna del pensionado y de los suyos. Es necesario que el juez de
tutela examine, en cada caso concreto, las circunstancias en que se encuentra
el solicitante.
En estos eventos, la Corte ha entendido que
la existencia de otros medios de defensa judicial, como los que mencionan los
jueces de instancia, no constituye argumento válido para entender como
improcedente la tutela, pues, en circunstancias como las del actor, carecen de
eficacia para el fin constitucional de brindar protección inmediata a alguien
cuyo mínimo vital está en juego.
En el proceso que se examina, no cabe duda
de la afectación del mínimo vital del solicitante, aunque su edad no lo ubica
en el rango de las personas de la  tercera edad.
Se encuentra certificación del Fondo de
Pasivo de las Empresas Públicas Municipales de Buenaventura de fecha 9 de
agosto de 1999 en la cual se reconoce que, desde febrero de 1999, el pensionado
ha dejado de recibir sus mesadas, y es claro que ellas constituyen el único
ingreso del cual deriva el accionante lo necesario para una modesta
subsistencia, por cuanto está desempleado. Además, el prolongado lapso en que
no ha recibido asignación alguna hace presumir que su mínimo vital se encuentra
seriamente comprometido.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala
Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR el fallo del
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura, proferido el diecinueve
de agosto de mil novecientos noventa y nueve, al resolver sobre la acción de
tutela incoada por Ernesto Viveros Gamboa contra las Empresas Públicas
Municipales de Buenaventura y, en su lugar, conceder la protección solicitada.
Segundo.- ORDENAR al Director del
Fondo de Pasivo Social de las Empresas Públicas Municipales de Buenaventura
que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del
presente fallo, cancele al pensionado las mesadas que le adeuda. Si la entidad
alegare que la partida presupuestal es insuficiente para quedar totalmente al
día por tal concepto, deberá probarlo ante el juez de primera instancia, y sólo
en tal supuesto el plazo se le concede para que inicie las gestiones necesarias
con miras a la inmediata cancelación de las mesadas adeudadas a Ernesto Viveros
Gamboa, en un plazo que no será superior a un (1) mes.
Tercero.- Por Secretaría, LÍBRESE
la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO                                             FABIO MORON DIAZ
Magistrado
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General