T-643-15
Sentencia T-643/15
CARACTER SUBSIDIARIO
Y RESIDUAL DE LA ACCION DE TUTELA-Reiteración de
jurisprudencia
PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Procedencia
excepcional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable
PERJUICIO
IRREMEDIABLE-Criterios para
determinar su configuración
EDAD DE RETIRO
FORZOSO Y MINIMO VITAL DEL ADULTO MAYOR-Estado debe garantizar una vejez digna y plena al finalizar vida laboral
EDAD DE RETIRO
FORZOSO COMO CAUSAL DE DESVINCULACION DE DOCENTES AL SERVICIO DEL ESTADO-Regulación
En relación con el régimen
especial que se aplica a los docentes que se encuentran al servicio del Estado,
es preciso aclarar que el Decreto 2277 de 1979, “por el cual se adoptan normas
sobre el ejercicio de la profesión docente”, en el artículo 31, se determina
que: “El
educador tiene derecho a permanecer en el servicio mientras no haya sido
excluido del escalafón o no haya alcanzado la edad de sesenta y cinco (65) años
para su retiro forzoso.” La edad de retiro forzoso, como causal de
desvinculación del servicio, es acorde con los mandatos previstos en la
Constitución, básicamente por la concurrencia de dos razones. En primer lugar,
porque que se trata de un medio a través del cual “el Estado redistribuye y
renueva un recurso escaso, como son los empleos públicos, con la finalidad de
que todos los ciudadanos tengan acceso a éste en condiciones de equidad”; y, en
segundo lugar, porque con esta medida no se pone en riesgo el derecho al mínimo
vital de las personas que son separadas de sus cargos, en tanto, en principio,
existen medidas que compensan de forma efectiva la ausencia de los ingresos
derivados del trabajo, en particular la pensión de vejez y, en menor medida,
las herramientas de asistencia y protección del Estado para las personas de la
tercera edad.
EDAD DE RETIRO
FORZOSO COMO CAUSAL DE DESVINCULACION DE DOCENTES AL SERVICIO DEL ESTADO-Subreglas
Las subreglas evidencian una pauta jurisprudencial según
la cual no se considera razonable la decisión de desvincular del servicio a una
persona mayor que ha alcanzado la edad de retiro forzoso, cuando antes no se
han valorado las circunstancias específicas del trabajador, en aras de evitar
una vulneración de sus derechos fundamentales, en específico de su derecho al
mínimo vital. Para el efecto, y acorde con el mandato de solidaridad, se ha
admitido que “entre más cotizaciones se tenga más deberá propenderse por la obtención
de una pensión”, por lo que se ha brindado una defensa por vía constitucional
que se ha enfocado en los casos en que el derecho pensional se encuentra
pendiente de definición (ya sea por actuaciones negligentes del empleador o de
la administradora de pensiones que corresponda) o en las hipótesis en las que
realmente el trabajador tiene una expectativa legítima acerca de su
reconocimiento, como opera respecto de los denominados prepensionados. Se trata
de circunstancias excepcionales que justifican la intervención del juez
constitucional, solamente en aquellos casos en que se acredita la violación de
un derecho iusfundamental.
EDAD DE RETIRO
FORZOSO Y MINIMO VITAL DEL ADULTO MAYOR-Orden a Secretaría de Educación reintegrar al accionante al cargo que venía
desempeñando o a otro igual o de similar categoría al que ocupaba, hasta tanto
le sea reconocida la pensión de vejez y se produzca su inclusión en nómina
Referencia: expediente T-4.963.569
Asunto: Acción de tutela instaurada por el señor Ángel
Tomás Díaz Bastidas en contra de la Secretaría  de Educación de Pasto y con
vinculación al proceso de Fiduprevisora S.A.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C., nueve (9) de
octubre de dos mil quince (2015).
La Sala
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Luis
Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 y subsiguientes del
Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión
de los fallos de tutela proferidos por el Juzgado Quinto Penal del Municipal de
Pasto con Función de Control de Garantías y por el Juzgado Tercero Penal del
Circuito del mismo municipio, correspondientes al trámite de la acción de
amparo constitucional impetrada por el señor Ángel Tomás Díaz Bastidas, a través
de apoderado judicial, en contra de la Secretaría de Educación de Pasto y con
vinculación al proceso de Fiduprevisora S.A.
I. ANTECEDENTES
El 2 de diciembre de
2014, el señor Ángel Tomás Díaz Bastidas presentó acción de tutela con el fin
de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital,
a la seguridad social y a la vida digna, los cuales consideró vulnerados por
haber sido retirado de su cargo con fundamento en la causal de desvinculación
por el cumplimiento de la edad de retiro forzoso, siendo que su familia
dependía únicamente del salario que percibía y que todavía no cumplía con los
requisitos para acceder a la pensión de vejez.
1.1. Hechos
1.1.1. El señor Ángel
Tomás Díaz Bastidas, de 67 años[1], fue nombrado como docente al servicio de
la Secretaría de Educación del municipio de Pasto por medio del Decreto 0292
del 29 de agosto de 2005.
1.1.2. En la medida en
que cumplió los 65 años, dicha Secretaría lo retiró de su cargo a través del
Decreto 0098 del 6 marzo de 2013, para lo cual alegó la causal de cumplimiento
de la edad de retiro forzoso consagrada en la ley[2].
1.1.3. Como consecuencia
de lo anterior, el actor radicó un derecho de petición el día 12 de marzo de
2013, en el que pidió autorización para continuar con la prestación de sus
servicios, mientras se adelantaba el trámite de reconocimiento de la pensión.
Para el efecto, alegó que no contaba con ingresos diferentes a los de su
salario y que, por virtud de ello, en caso de verse privado de dichos recursos,
se pondría en riesgo la satisfacción de sus necesidades básicas y las de su
familia[3].
1.1.4. En respuesta a la
citada solicitud, en comunicación del 18 de marzo de 2013, la Secretaría de
Educación señaló que:
“Previa solicitud a la Oficina de
Prestaciones Sociales de esta Secretaría, respecto a verificar si Usted se
encuentra pensionado o en trámite de jubilación, se informa con nota Interna
002 del 15 de marzo de 2013, que aún no ha iniciado trámite alguno ante
FIDUPREVISORA S.A para obtener la pensión vitalicia de jubilación. // Por lo
anterior no es posible su reintegro laboral y deberá acudir a su fondo de
pensiones –Oficina de Prestaciones Sociales de esta Secretaría–, bien sea para
reclamar su pensión o la indemnización sustitutiva de pensión en caso de
cumplirse los requisitos legales para acceder a ellas. // Solo en aquellos
casos en los que se encuentra la expectativa de la inclusión en nómina se ha
procedido por parte de esta Secretaría a suspender los retiros forzosos hasta
tanto se produzca el pago de las mesadas, caso que no es el suyo; por esta
razón se reitera la negación a su reintegro laboral.”[4]
1.1.5. Con posterioridad,
mediante escrito del 24 de mayo de 2013, el actor solicitó a la Secretaría de
Educación de Pasto el reconocimiento y pago de la “pensión vitalicia de
jubilación por aportes”[5]. No obstante, dicha autoridad negó el
reconocimiento de la citada pretensión mediante la Resolución 1822 del 5 de
agosto de 2014, en razón a que la Fiduprevisora S.A precisó que si bien el
solicitante cumplió con la edad para pensionarse desde el 7 de marzo de 2005[6],
no tenía el tiempo mínimo de cotización exigido por la ley[7].
1.1.6. El 10 de
septiembre del 2014, el actor requirió nuevamente a la entidad accionada su reintegro
al cargo que como docente venía desempeñando, para así alcanzar el número de
semanas de cotización requeridas a efectos de obtener el derecho pensional. De
igual manera, con esta actuación pretendió el pago de los salarios y
prestaciones sociales dejadas de percibir desde que se hizo efectivo su retiro,
esto es, el 8 de marzo de 2013[8].
1.1.7. En respuesta del
30 de septiembre de 2014, la Secretaría señaló que esta misma solicitud ya
había sido formulada el pasado 12 de marzo de 2013 y su respuesta se había
realizado el día 18 del mismo mes y año. Por lo anterior, consideró que: “es
una solicitud reiterativa constituida por la misma causa pretendida, razón por
la cual no es procedente revivir lo ya resuelto en el mentado oficio
SEM-SAF-0166, en el que se describen los argumentos para no aceptar el
reintegro del docente; por tal razón no es favorable atender nuevamente su
solicitud”[9].
1.2. Solicitud de
amparo constitucional
Con fundamento en lo
expuesto, el accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al
trabajo, a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y a la
estabilidad laboral reforzada, al considerar que no era procedente el retiro
forzoso, por cuanto todavía no se encontraba devengando una pensión que le
garantizara una subsistencia en condiciones dignas, situación que constituye
una “prohibición de rango constitucional”.
En este sentido, alegó
que la administración procedió a su desvinculación conforme a una simple
aplicación objetiva de las normas del retiro forzoso por cumplimiento de la
edad de 65 años, sin hacer un examen o valoración de sus circunstancias
particulares, como lo son, “(i) la entera dependencia de su salario para la
satisfacción de sus necesidades”; y (ii) la respuesta de fondo en la que se
negó la solicitud de pensión que había presentado, privándolo con dicho
proceder, en su opinión, de la posibilidad de percibir un ingreso que le
permitiese proveerse su subsistencia y la de su familia acorde con la garantía
del mínimo vital.
En razón de lo anterior,
y como pretensiones específicas, solicitó ordenar a la Secretaría de Educación
de Pasto su reintegro sin solución de continuidad al cargo de docente que venía
desempeñando, hasta alcanzar el número mínimo de semanas de cotización exigidas
para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, sujetando el
retiro del servicio hasta tanto se garantice la cancelación efectiva de sus
mesadas. De igual manera, y como efecto de lo anterior, que se disponga el pago
de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde que se hizo
efectivo el retiro[10].
1.3. Contestación de
la demanda
1.3.1. Contestación de
la Secretaría de Educación del municipio de Pasto[11]
1.3.1.1. En respuesta
enviada por la Secretaría de Educación se describe el procedimiento
administrativo establecido en el Decreto 2831 de 2005[12],
con el fin de que un docente pueda reclamar las prestaciones sociales a las que
tiene derecho, especialmente en materia pensional. Con posterioridad se afirma
que las decisiones que sobre estos aspectos se adoptan por la citada entidad dependen
para su validez de las directrices otorgadas por la Fiduprevisora S.A. Con
fundamento en ello, se estima que no se incurrió en ningún error cuando se negó
el reconocimiento de la mesada pensional reclamada por el accionante.
1.3.1.2. Por otra parte, la Secretaria resalta que
el actor ya había interpuesto una acción de tutela para solicitar el
reconocimiento de su derecho pensional, cuando no había recibido respuesta por
parte de la Secretaría de Educación, en relación con la solicitud radicada el
24 de mayo de 2013. Aun cuando en el trámite del amparo, el Juzgado 4 Civil del
Circuito de Pasto decidió tutelar el derecho de petición, también negó la
protección solicitada respecto de la pensión de jubilación, al estimar que en
el caso concreto no se acreditaba una afectación al mínimo vital, de manera que
el demandante podía acudir a los mecanismos ordinarios de defensa judicial para
resolver su controversia[13].
Esta decisión fue confirmada en segunda instancia por la Sala Civil-Familia del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto, mediante sentencia del 8 de
julio de 2014[14].
1.3.1.3. Del resumen
realizado, esta Sala de Revisión observa que no existió un pronunciamiento
expreso respecto de las presentaciones que justifican el presente amparo, en el
que básicamente se alega un derecho al reintegro, en la medida en que la
contestación se enfoca en la improcedencia de conceder el acceso a un derecho
pensional, entre otras razones, por la garantía de la cosa juzgada
constitucional.
1.3.2. Contestación de
la Fiduprevisora S.A.[15]
En contestación del 9 de
diciembre de 2014, la Fiduprevisora solicitó que se declare la improcedencia de
la acción de tutela por falta de legitimación por pasiva, al carecer de
competencia para resolver de fondo la cuestión planteada por el tutelante, ya
que la decisión sobre el reintegro se inscribe en el ámbito exclusivo de las
atribuciones de la Secretaría de Educación.
II. SENTENCIAS OBJETO
DE REVISIÓN
2.1. Primera instancia
En sentencia del 18 de
diciembre de 2014, el Juzgado Quinto Penal Municipal de Pasto con Funciones de
Control de Garantías concedió el amparo solicitado respecto del derecho al
mínimo vital y dejó sin efectos el acto administrativo que retiró al accionante
del servicio.
Para justificar esta
decisión, en primer lugar, consideró que la tutela bajo examen tiene un objeto
diferente al primer proceso de amparo surtido en favor del accionante, ya que
en esta ocasión no se persigue una respuesta a su solicitud pensional, ni el
reconocimiento directo de dicha prestación; sino que, por el contrario, lo que
se pretende es el reintegro a su cargo para completar las semanas que necesita
para acceder a la pensión de vejez. En este sentido, afirmó que el actor “ya
tiene la certeza y acepta que le faltan unas pocas semanas para acceder” a
su jubilación[16].
En segundo lugar, en
cuanto a la procedencia del amparo, sostuvo que si bien la entidad demandada obró
de acuerdo con una exigencia legal, “omitió la verificación de que el
docente cuente con el reconocimiento y la inclusión en nómina de pensionados,
como lo dispone la jurisprudencia constitucional, viéndose afectado como
consecuencia de ello, el derecho al mínimo vital del accionante.”
Luego de transcribir
apartes de las Sentencias T-495 de 2011 y T-294 de 2013, el a quo señaló
que una persona que cumple la edad de retiro forzoso, sin que se le reconozca
la pensión de vejez por no acreditar la totalidad de los requisitos, tiene
derecho a ser reintegrada a su cargo hasta lograr alcanzar las semanas de
cotización requeridas, siempre que para ello le falte un término igual o menor
a tres años.
De donde resulta que, al
aplicar la citada regla al caso concreto, se obtiene que si al actor le hace
falta cotizar 1036 días para acceder a su pensión, tiempo que convertido en
años es inferior a tres, debe concederse el amparo y ordenarse su reintegro, “hasta
tanto le sea reconocida y comience a disfrutar [de] la pensión de vejez o, en
su defecto, [de] la prestación económica a la que tenga derecho y que resulte
más beneficiosa para el peticionario, entre aquellas previstas en el régimen
que regula sus derechos pensionales.” Como consecuencia de lo anterior, y
al considerar que la citada orden debe operar sin solución de continuidad, se
dispuso igualmente el pago de todos los salarios y prestaciones sociales
dejadas de percibir, desde su desvinculación hasta que se haga efectivo el
reintegro.
2.2. Impugnación
En el recurso de
apelación presentado por la Secretaría de Educación de Pasto, se alegó que en
el caso concreto no se cumple con el requisito de subsidiarie-dad de la acción
de tutela, dado que existen otros instrumentos judiciales a los que el actor
podría acudir para satisfacer sus pretensiones.
Por otra parte, se afirmó
que también existe un desconocimiento del principio de inmediatez (CP art. 86),
pues el accionante sólo acudió al amparo luego de transcurridos 21 meses desde
cuando se produjo su retiro, lo que convierte al mecanismo tutelar en un
instrumento sustitutivo de las vías ordinarias dirigido a corregir la inacción
del actor, en especial, en lo que respecta a la posibilidad de cuestionar por
la vía contenciosa el acto de retiro.
Por último, señaló que al
momento de disponer su desvinculación del servicio, en su historia laboral sólo
se registraba el tiempo laborado desde el año 2005 con la Secretaria de
Educación, sin acreditar cotizaciones adicionales o el cumplimiento de los
requisitos para acceder a una pensión. De esta manera, afirma que no tenía
forma alguna de precaver que podría tratarse de un funcionario con una
condición laboral especial y que la misma ameritara una hipótesis de reintegro,
lo que en cualquier circunstancia descarta el pago de salarios y prestaciones
sociales ordenados por el juez de instancia, incluso en caso de considerarse
que se satisfacen en el asunto bajo examen los requisitos de subsidiaridad e
inmediatez.
2.3. Segunda instancia
En sentencia del 6 de
abril de 2015, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pasto revocó la
decisión del a quo, al estimar que en el asunto sub-judice no se
satisfacen los citados requisitos de subsidiaridad e inmediatez en que se funda
el amparo constitucional.
Inicialmente el ad
quem resaltó que las pretensiones de reintegro y de pago de acreencias
laborales pueden demandarse ante los jueces ordinarios, por lo que la tutela
solo está llamada a prosperar si se acredita la existencia de un perjuicio
irremediable, en especial, en lo que atañe a la garantía del mínimo vital. En
este orden de ideas, y reiterando lo señalado en la Sentencia T-383 de 2001, se
manifiesta que “el perjuicio ha de ser inminente, las medidas para
corregirlo deben ser urgentes, el daño debe ser grave y su protección impostergable”.
Al analizar las
circunstancias que rodean el presente caso, en criterio de la autoridad
judicial de segunda instancia, aun cuando prima facie puede considerarse
que el no percibir un salario y no tener una mesada pensional pueden generar un
deterioro importante en relación con las condiciones básicas de subsistencia de
una persona, en el caso concreto no se cumplen con los requisitos de inminencia,
gravedad, impostergabilidad y urgencia que explican la irremediabilidad de un
perjuicio.
Para el efecto, se afirmó
que: “en el presente asunto no [se] puede pasar [por alto] el considerable
tiempo transcurrido entre la presunta ocurrencia del daño derivado del retiro
del servicio del señor Díaz Bastidas de su cargo como docente, acaecido en
marzo de 2013, y la efectiva interposición de la acción tutelar, esto es,
diciembre de 2014, interregno de nada más y nada menos de veintiún (21) meses
que desdice de los rasgos que componen el núcleo de un perjuicio que se pregona
como irremediable, comoquiera que no se avizora como inminente y grave, ni la
tutela se erige como una medida de corrección urgente e impostergable cuando es
lo cierto que el accionante dejo pasar tan considerable lapso de tiempo”.
Esta situación además de descartar
la ocurrencia de un perjuicio irremediable, puso de presente el grave desconocimiento
del principio de subsidiaridad, ya que lo que se pretende es revivir una
disputa frente a la cual, en su momento, el actor pudo interponer recursos
administrativos, así como acudir a las vías judiciales ordinarias para
cuestionar el acto que dispuso su retiro.
Finalmente, la demora en
la interposición del amparo también denotó una falta de cumplimiento del
requisito de inmediatez, aunado a que el caso concreto no resulta comparable frente
a los precedentes que fueron citados por el juez de primera instancia para
conceder el amparo[17].
III. PRUEBAS
3.1. Copia del Decreto
No. 0098 del 6 de marzo de 2013 proferido por la Secretaría de Educación del municipio
de Pasto, “Por medio de la cual se retira del servicio al señor ANGEL TOMAS
DIAZ BASTIDAS, (…), por haber cumplido la edad de retiro forzoso”[18].
3.2. Copia de la petición
que presentó el actor el 12 de marzo de 2013 ante la Secretaría de Educación de
Pasto, con el fin de solicitar que se le autorizara continuar laborando
mientras se adelantaba el trámite de reconocimiento de la pensión de jubilación,
ya que no contaba con ingresos diferentes a los del salario que percibía para
atender sus necesidades básicas y las de su familia[19].
3.3. Copia de la
respuesta que otorgó la Secretaría de Educación de Pasto a la comunicación
anunciada en el numeral anterior, en la cual se señaló que no era posible
proceder con el reintegro y que debía acudir ante las autoridades competentes,
“bien sea para reclamar su pensión de jubilación o la indemnización
sustitutiva”. Al respecto, se manifestó que: “[s]olo en aquellos casos
en los que se encuentra la expectativa de la inclusión en nómina se ha
procedido por parte de esta Secretaría a suspender los retiros forzosos hasta
tanto se produzca el pago de las mesadas, caso que no es el suyo; por esta
razón se reitera la negación a su reintegro laboral.”[20]
3.4. Copia de la Resolución
No. 1822 del 5 de agosto de 2014 que profirió la Secretaría de Educación del municipio
de Pasto, “[p]or la cual se resuelve una solicitud de pensión de jubilación
por aportes”. En este documento, como previamente se manifestó, la entidad demandada
negó el reconocimiento del derecho pensional reclamado con fundamento en una
precisión realizada por la Fiduprevisora S.A., en lo que atañe al tiempo de
cotización que se había establecido en el proyecto de acto administrativo. En
concreto, se afirma que no estaban acreditadas las 1250 semanas necesarias para
adquirir la mesada pensional en el año 2013, pues sólo se verificaron un total
de 1174 semanas[21].
3.5. Copia de una segunda
comunicación que envió el apoderado judicial del señor Ángel Tomás Díaz Bastidas
el 10 de septiembre de 2014, en la que solicitó nuevamente el reintegro –sin
solución de continuidad– al cargo que venía desempeñando como docente, con el
fin de alcanzar el número de semanas de cotización exigido para el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación. De igual manera, con esta
actuación, requirió el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de
percibir desde que se hizo efectivo su retiro, esto es, el 8 de marzo de 2013[22].
3.6. Copia de la
respuesta que envió el 30 de septiembre de 2014 la Secretaría de Educación de
Pasto a la petición resumida en el numeral anterior, en la que explica que
dichas pretensiones ya habían sido presentadas por el accionante por primera
vez el 12 de marzo de 2013, luego de expedido el decreto que dispuso su retiro
del servicio. Ante lo expuesto, se consideró “que es una solicitud
reiterativa constituida por la misma causa pretendida, razón por la cual no es
procedente revivir lo ya resuelto (…); por tal razón no es favorable atender
nuevamente su solicitud”[23].
3.7. Copia de la declaración
extraprocesal rendida por el señor Ángel Tomás Díaz Bastidas ante la Notaría 4
de Cali el 24 de noviembre de 2014, en la que manifiesta que dependía
exclusivamente del salario que tenía asignado como docente de filosofía
vinculado a la Secretaría de Educación de Pasto, ingresos que además cubrían
los gastos del hogar y su familia[24].
3.8. Copia de un contrato
de anticresis sobre un bien inmueble que suscribió la esposa del accionante con
una tercera persona, en el que se señala que la entrega se produce como garantía
de una deuda que la primera asumió respecto de la segunda por la suma de $ 20.000.000
de pesos[25].
3.9. Copia de la sentencia
del 26 de mayo de 2014 proferida por el Juzgado 4 Civil del Circuito de Pasto,
como consecuencia de una acción de tutela promovida por el señor Díaz Bastidas,
para solicitar el reconocimiento de la pensión de jubilación. Aun cuando se
decidió amparar el derecho de petición en tanto no se había dado una respuesta
de fondo frente a lo pretendido, se negó la protección en lo que atañe a la
obtención de una mesada pensional, por cuanto en el caso en concreto no se
acreditó una afectación al mínimo vital, pudiendo el actor acudir a los
mecanismos ordinarios de defensa judicial para resolver su controversia[26].
3.10. Copia de la Sentencia
del 8 de julio de 2014, que profirió en segunda instancia la Sala Civil-Familia
del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto, en el marco del proceso
descrito en el numeral precedente, en la cual se decidió confirmar la
providencia del a quo[27].
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Competencia
La Sala de Selección de Tutelas Número Seis de la Corte
Constitucional, mediante Auto del 24 de junio de 2015, dispuso la revisión de
la citada sentencia de tutela, de conformidad con lo previsto en los artículos
86 y 241.9 de la Constitución Política, 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y
demás disposiciones pertinentes.
4.2.
Trámite en sede de revisión
En
Auto del 31 de julio de 2015, el Magistrado Sustanciador ofició al señor Ángel
Tomás Díaz Bastidas, con el fin de precisar información relacionada con los
hechos del caso. Para el efecto, se formularon varias preguntas, las cuales
fueron resueltas por el accionante a través de comunicación recibida el 12 de
agosto del año en curso.
En
términos generales, el actor manifestó que su grupo familiar está integrado por
su esposa y dos hijos mayores de edad. Resaltó que estos últimos se encuentran
estudiando y de forma puntual precisó que uno de ellos cursa medicina en la
Universidad de Caldas. Sostuvo que antes de su desvinculación “solventaba
todos los gastos y necesidades básicas de [sus] dos hijos y de [su] esposa”, siendo
esta última quien en la actualidad “debe cancelar el ciento por ciento de
las expensas familiares que se presenten.”
En
cuanto a sus ingresos y egresos mensuales, incluidos aquellos que posiblemente
estén percibiendo su esposa e hijos, el accionante manifestó que:
“Respecto de los
ingresos mensuales de mi familia, únicamente tenemos el salario que devenga mi
esposa (…) en [un] Instituto de Educación para el Trabajo (…), que asciende al
valor de un millón quinientos mil pesos $1.500.000.
Los egresos mensuales
se discriminan de la siguiente manera: en primer lugar se encuentran los gastos
de manutención de mi hija (…), que se encuentra en la ciudad de Manizales
cursando estudios superiores [y por la cual] tenemos que cancelar la suma de
ochocientos mil pesos $800.000 mensuales que corresponde a: alimentación,
vivienda, transporte y material académico.
En segundo lugar, se
encuentran los gastos que genera mi hijo (…), concernientes a vestido,
transporte y estudio en Pre-icfes HUMAT de la ciudad de Cali que ascienden a la
suma de cuatrocientos mil pesos $400.000 mensuales.
Así mismo, se cancela
un canon de arrendamiento por el valor de arrendamiento por el valor de
setecientos mil pesos $ 700.000 mensuales, de un apartamento ubicado en la
siguiente dirección: (…). En el cual resido con mi esposa y mi hijo (…).
Nos trasladamos de la
ciudad de Pasto a la ciudad de Cali por razones de trabajo para mi esposa y
debido a mi desvinculación como docente.
Algunos gastos
familiares se están pagando con la suma de veinte millones de pesos $20.000.000
que fueron entregados [en calidad de préstamo por una tercera persona],
teniendo en cuenta el contrato de anticresis que suscribimos por el término de
dos (2) años renovable, los cuales tienen que ser reintegrados en su integridad
a la señora [XX].”
En lo
que respecta a sus propiedades, específicamente el inmueble otorgado mediante
contrato de anticresis como garantía de una deuda que tiene su esposa por veinte
(20) millones de pesos, se afirmó lo siguiente:
“Los bienes muebles e
inmuebles de mi propiedad y de mi esposa están constituidos por [una] casa de
habitación (…) y un automóvil (…) modelo 2008, que se encuentra en la ciudad de
Cali y se emplea para transitar en dicha localidad.
El (…) [citado bien
inmueble] actualmente se encuentra anticresado a la señora [XX], por el valor
de veinte millones de pesos $20.000.000. Respecto del contrato de anticresis
que se suscribió me permito hacer la siguiente precisión: // El contrato de
anticresis se encuentra consagrado en el artículo 2458 del Código Civil y que
consiste en: “la anticresis es un contrato por el que se entrega al acreedor
una finca raíz para que se pague con sus frutos.” // Sin embargo, en la ciudad
de Pasto la figura se emplea de manera diferente, constituyendo un contrato sui
generis aceptado por la costumbre y la práctica, en este orden de ideas, dos
personas acuerdan, una de ellas, entregar un bien inmueble a la otra, a cambio
de una suma de dinero determinada, por un tiempo específico; vencido el término
pactado, las partes reintegran el inmueble y la suma de dinero respectivamente.”
Por
último, respecto de las razones que condujeron a la necesidad de solicitar un
préstamo, se señaló que:
“El contrato de
anticresis que se suscribió con la señora [XX], surgió por la necesidad de
trasladarnos a la ciudad de Cali debido a mi desvinculación como docente en el
Departamento de Nariño y la oferta de trabajo que aceptó mi esposa; la entrega
de veinte millones de pesos $20.000.000 que realizó la señora [XX], permitieron
solventar algunas deudas adquiridas y garantizar la manutención de mis hijos y
de mi familia por algún tiempo, debido a la difícil situación económica que
estamos atravesando. // Ahora bien, como lo señalé anteriormente, esa suma de
dinero se debe reintegrar a la señora [XX] una vez caduque el término de dos
años por el cual se suscribió el contrato o su prórroga si la hay.”
4.3.
Problema jurídico y esquema de resolución
4.3.1.
A partir de las circunstancias fácticas que dieron lugar al ejercicio de la
acción de tutela, de las decisiones adoptadas en las instancias judiciales y de
la información obtenida en sede de revisión, esta Corporación debe determinar
si la Secretaría de Educación de Pasto vulneró los derechos al mínimo vital y a
la vida digna del señor Ángel Tomás Díaz Bastidas, al retirarlo del servicio
por haber cumplido la edad de retiro forzoso, sin realizar un examen o
valoración de sus circunstancias particulares, en concreto del hecho que se
vería privado de un ingreso permanente para satisfacer sus necesidades básicas
y las de su núcleo familiar, cuando le faltan pocas semanas para acceder a la
pensión de vejez.
4.3.2.
Para dar respuesta al citado problema jurídico, inicialmente esta Sala de
Revisión se detendrá (i) en el análisis de procedencia de la acción de tutela para
solicitar el reintegro a un cargo, en aquellos casos en que se invoca la
vulneración del mínimo vital, como consecuencia de la aplicación de la causal
de retiro forzoso; luego de lo cual (ii) se estudiará el alcance de dicha
causal frente a las medidas de protección que se han adoptado por vía
jurisprudencial para garantizar las condiciones básicas de subsistencia de
quienes están próximos a obtener una pensión de vejez. Una vez agotado el examen de los asuntos
propuestos, (iii) se procederá a la resolución del caso concreto.
4.4.
De la procedencia de la acción de tutela para solicitar el reintegro,  en
aquellos casos en que se invoca la vulneración del mínimo vital, como
consecuencia de la aplicación de la causal de retiro forzoso
4.4.1. El artículo 86 de la Constitución Política
señala que la acción de amparo constitucional sólo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable[28].
Esto significa que la acción de tutela tiene un carácter residual o
subsidiario, por virtud del cual “procede de manera
excepcional para el amparo de los derechos fundamentales vulnerados, por cuanto
se parte del supuesto de que en un Estado Social de Derecho existen mecanismos
judiciales ordinarios para asegurar su protección”[29].
El carácter residual obedece a la necesidad de preservar el reparto de
competencias atribuido por la Constitución y la ley a las diferentes
autoridades judiciales, lo cual se sustenta en el desarrollo de los principios constitucionales
de autonomía e independencia de la actividad judicial.
No obstante, aun existiendo otros mecanismos de
defensa judicial, la jurisprudencia de la Corte ha admitido que la acción de
tutela está llamada a prosperar, cuando se acredita que los mismos (i) no son
lo suficientemente expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, o (ii) no son lo suficientemente idóneos para otorgar un amparo
integral[30].
Así lo sostuvo la Corte en la
Sentencia SU-961 de 1999[31],
al considerar que: “en cada caso, el juez está en la obligación de determinar
si las acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y completa a quien
la interpone. Si no es así, si los mecanismos ordinarios carecen de tales
características, el juez puede otorgar el amparo de dos maneras distintas,
dependiendo de la situación de que se trate. La primera posibilidad es que las
acciones ordinarias sean lo suficientemente amplias para proveer un remedio
integral, pero que no sean lo suficientemente expeditas para evitar el
acontecimiento de un perjuicio irremediable. En este caso será procedente la
acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras se resuelve el caso a
través de la vía ordinaria”. La segunda posibilidad es que las acciones
comunes no sean susceptibles de resolver el problema de forma idónea, circunstancia
en la cual es procedente conceder la tutela de manera directa, como mecanismo
de protección definitiva de los derechos fundamentales”[32].
En relación con el primer
supuesto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de
tutela procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable,
cuando se presenta una situación de amenaza de vulneración de un derecho
fundamental susceptible de concretarse y que pueda generar un daño irreversible[33].
Este amparo es eminentemente temporal, como lo reconoce el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991, en los siguientes términos: “En el caso del inciso
anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden
permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial
competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el
afectado”.
Para determinar la configuración de un perjuicio
irremediable, en criterio de este Tribunal, deben concurrir los siguientes
elementos: (i) el perjuicio ha de ser inminente, esto es, que está por
suceder; (ii) las medidas que se requieren para conjurarlo han de ser urgentes,
tanto por brindar una solución adecuada frente a la proximidad del daño, como
por armonizar con las particularidades del caso; (iii) el perjuicio debe ser grave,
es decir, susceptible de generar un detrimento transcendente en el haber
jurídico (moral o material) de una persona; y la (iv) respuesta requerida por
vía judicial debe ser impostergable, o lo que es lo mismo, fundada en
criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño
antijurídico irreparable[34].
En desarrollo de lo expuesto, en
la Sentencia T-747 de 2008[35],
se consideró que cuando el accionante pretende la protección transitoria de sus
derechos fundamentales a través de la acción de tutela, tiene la carga de “presentar y sustentar los factores a partir de los cuales se
configura el perjuicio irremedia-ble, ya que la simple afirmación de su
acaecimiento hipotético es insuficiente para justificar la procedencia la
acción de tutela.”
En cuanto al segundo evento, se
entiende que el mecanismo ordinario previsto por el ordenamiento jurídico para
resolver un asunto no es idóneo, cuando, por ejemplo, no permite
resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución
integral frente al derecho comprometido. En este sentido, esta Corporación ha
dicho que: “el requisito de la idoneidad ha sido
interpretado por la Corte a la luz del principio según el cual el juez
de tutela debe dar prioridad a la realización de los derechos sobre las
consideraciones de índole formal[36].
La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analiza-da en cada caso
concreto, teniendo en cuenta, las características procesales del mecanismo, las
circunstancias del peticionario y el derecho fundamental involucrado”[37].
Finalmente, reitera la Sala que en atención a la
naturaleza eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, esta Corporación
también ha establecido que la misma no está llamada a prosperar cuando a través
de ella se pretenden sustituir los medios ordinarios de defensa judicial[38].
Al respecto, la Corte ha señalado que “no es propio de la acción de tutela el
[de ser un] medio o procedimiento llamado a remplazar los procesos ordinarios o
especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los
diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a
las existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente
definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la
persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus
derechos constitu-cionales fundamentales”[39].
4.4.2.
Estas mismas reglas de procedibilidad han sido reiteradas por la Corte,  para
examinar aquellos casos en que la acción de tutela se promueve con el fin de
solicitar el reintegro a un cargo, por parte de quien se desempeñó como
servidor público. Al respecto, y teniendo en cuenta que esa decisión se plasma
en actos administrativos de contenido particular y concreto, este Tribunal ha
sostenido que el control por vía de nulidad y restablecimiento del derecho[40],
constituye la ruta adecuada e idónea para obtener la satisfacción de dicha
pretensión, cuando se producen discusiones en torno a la validez y viabilidad de
la determinación adoptada[41].
No
obstante, en caso de que la controversia involucre así mismo una disputa
constitucional y la misma sea planteada a través del mecanismo del amparo, el
juez de tutela debe valorar la agilidad y eficacia de la acción contenciosa, no
sólo en relación con el impacto que efectivamente la desvinculación produce en
los derechos fundamentales de la persona que ha sido retirada del servicio,
especialmente en lo que concierne al mínimo vital, sino también frente a los
requerimientos que se derivan de su condición psicofísica (v.gr., su avanzada
edad o las limitaciones o discapacidades que posea). En tales circunstancias, y
ante la inminencia o consumación de un daño que torne desproporcionado aguardar
un pronunciamiento de la justicia administrativa, se ha admitido la procedencia
excepcional de la acción de tutela, en algunos casos como medio principal de
defensa judicial[42] y en otros por la vía alternativa del
amparo transitorio[43], dependiendo de las particularidades
de cada caso.
4.4.3.
Ahora bien, esta misma regla se ha aplicado en aquellos casos en que la causal
que motiva la desvinculación de un servidor público es la edad de retiro
forzoso. Al respecto, aun cuando se trata de una hipótesis que envuelve en
principio un examen netamente objetivo, vinculado con la acreditación del
límite de años dispuesto para permanecer al servicio del Estado, también se ha
señalado que su uso se somete al principio de razonabilidad, por virtud del
cual antes de proceder a su aplicación, se impone a las entidades públicas el
deber de tener en cuenta si al funcionario ya se le ha reconocido un derecho
pensional o si tiene alguna otra fuente que le permita asegurar su mínimo
vital, con ocasión del tránsito que se produce entre la ejecución de un trabajo
y la obtención de un ingreso, frente a una situación de desempleo que lo puede
privar de los medios para satisfacer sus necesidades básicas y las de su núcleo
familiar. Precisamente, en la Sentencia T-495 de 2011[44],
se expuso que:
“En suma, la Corte ha
precisado que la desvinculación de un funcionario por alcanzar la edad de
retiro forzoso no puede llevarse a cabo de manera objetiva y automática, sin
analizar antes las particularidades de cada caso, debido a que como la decisión
implica privar de un ingreso a una persona de la tercera edad, ello puede tener
consecuencias transgresoras de garantías fundamentales que pueden ir desde el
derecho al mínimo vital hasta el derecho a la salud. En otras palabras, la
desvinculación de los trabajadores por el motivo de alcanzar la edad de retiro
forzoso, sin haber alcanzado a cumplir los requisitos para obtener su pensión,
debe hacerse con base en argumentos razonables y medidas de proporcionalidad
entre la posibilidad legal del empleador de tomar dicha decisión, y la
situación de desprotección en que pueda quedar el trabajador; ello porque la
omisión del empleador en evaluar las circunstancias particulares del adulto
mayor, puede devenir en vulneración de los derechos al mínimo vital y a la vida
en condiciones dignas.”
Como
lo destacó la Corte en la Sentencia T-905 de 2013[45],
esta misma línea ha sido acogida por el Consejo de Estado[46],
lo que resalta la procedencia general del contencioso administrativo como vía
adecuada para plantear las disputas originadas en su aplicación. Sin embargo,
ello no excluye la viabilidad excepcional del amparo constitucional, ya sea
como mecanismo definitivo o transitorio de protección, según las particularidades
de cada caso, cuando se presente una hipótesis que torne desproporcionado
esperar un pronuncia-miento de la justicia administrativa, por la situación de
desprotección en que puede quedar un trabajador y su familia, especialmente en
lo que atañe a la garantía del mínimo vital y, en general, a la vida en
condiciones dignas.
En
este escenario son varios los elementos de juicio que ha tenido en cuenta la
Corte para determinar si es o no procedente el amparo. Así se ha resaltado que
la tutela excluye discusiones de mera legalidad (v.gr., en cuanto a la forma
del acto), al requerir siempre que la decisión tenga un impacto directo frente
a los derechos fundamentales[47]. En cuanto a lo último, la protección
generalmente se sustenta en la violación o amenaza del derecho al mínimo vital,
pues de lo que se trata es de garantizar que el afectado tenga los medios
necesarios que le permitan asegurar su subsistencia[48].
Este examen implica verificar que el salario (ante la falta de una pensión) constituye
su única fuente de ingresos o que existiendo recursos adicionales, los mismos
son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, bajo un análisis en el
que prevalezcan criterios de razonabilidad[49].
Pero,
más allá de lo anterior, el criterio más importante para determinar la
procedencia del amparo, se relaciona con la expectativa real que tiene una
persona de obtener una pensión, pues en caso contrario y ante la carencia
de recursos, lo que se activa son los programas de asistencia social que
permiten apoyar las situaciones de extrema pobreza[50];
sin desconocer las herramientas alternativas que brinda el sistema integral de
seguridad social, como lo son la indemnización sustitutiva[51]
o los beneficios económicos periódicos (BPES)[52], los cuales
si bien responden a la necesidad de brindar una alternativa para cubrir el
impacto de la falta de ingresos cuando se llega a una edad en la que se
dificulta trabajar, no brindan el mismo nivel de protección que otorga la
pensión de vejez respecto del mínimo vital. Así, por una parte, la indemniza-ción
sustitutiva implica un pago único que no asegura la periodicidad de una renta frente
a la prolongación de la vida; y por la otra, en el caso de los BEPS, la suma
que se otorga siempre será inferior al salario mínimo legal, lo que
probablemente implica el reconocimiento de un valor que no guarda la simetría
esperada respecto de la tasa de reemplazo. Como se observa se trata de
prestaciones excepcionales previstas para impedir situaciones de miseria, que
no tienen el mismo valor cualitativo de la pensión de vejez, en relación con el
amparo del mínimo vital de los adultos mayores.
Por
ello, en la citada Sentencia T-495 de 2011[53], se señaló
que respecto del amparo del mínimo vital debe preferirse siempre la solución
que permita propender por la obtención de una pensión de vejez, sobre otras
alternativas que brinda el ordenamiento jurídico, cuando el nivel de
cotizaciones de una persona torne razonable asegurar su reconocimiento. Al
respecto, en el fallo en mención, se dijo que:
“Situaciones como la del
actor del presente caso, se encuentran ubicadas entre los dos extremos
anteriores; más hacia el lado de quienes tienen oportunidad de percibir una
pensión, que hacia el lado de quienes tienen que ser protegidos por estado de
indigencia porque en un país como Colombia la mayoría de personas de edad
avanzada viven sin cobertura de pensiones. Teniendo en cuenta la voz del
derecho romano ‘In eo quod plus sit Samper inest et minus’, en lo
que es más siempre está lo menos, los fundamentos constitucionales
anteriormente expuestos sirven para concluir que el derecho al mínimo vital de
todos los adultos mayores tiene que ser protegido independientemente del punto
de la línea en que se encuentren. Otra cosa es que entre más cotizaciones
tenga más deberá propenderse por la obtención de una pensión y si
carece de cotizaciones tendría que optarse por asistencia social mediante
subsidio. Asimismo, la posibilidad de escoger una indemnización sustitutiva
dependiendo del caso, también debe ser protegida por el Estado, la familia y la
sociedad, mientras se hace efectiva.”[54]
4.4.4.
Lo anterior exige examinar lo que ha dicho la jurisprudencia constitucional
sobre las medidas de protección para amparar las condiciones básicas de
subsistencia de quienes están próximos a pensionarse, con miras a preservar el
derecho al mínimo vital, en aquellos casos en que se invoca como causal de
desvinculación la edad de retiro forzoso.
4.5.
De la edad de retiro forzoso como causal de desvinculación de los docentes al
servicio del Estado y de las medidas de protección que se han adoptado para
garantizar las condiciones básicas de subsistencia de quienes están próximos a
obtener una pensión de vejez
4.5.1.
El artículo 125 del Texto Superior, incluido en el acápite concerniente al desarrollo
de la función pública, señala que el retiro del servicio se hará “por
calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del
régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución y
la ley.” Esto significa que si bien se encuentran definidas por el Constituyente
algunas causales de desvinculación, igualmente se otorga una amplia potestad de
configuración normativa al legislador, con el propósito de contemplar otras hipótesis
que permitan responder a las distintas situaciones que puedan afectar el
desenvolvimiento del empleo público[55].
En
desarrollo de dicha habilitación, el legislador dispuso que la edad debía ser
considerada como un parámetro para determinar el retiro del servicio, cuando se
supone que las personas han llegado al final de su vida laboral, para ello se
acudió a la fijación de un criterio objetivo que, por regla general,
corresponde a los 65 años.
Sobre
el particular, para el personal civil al servicio de la Rama Ejecutiva del
Poder Público, el Decreto-Ley 2400 de 1968 estableció que:
“Artículo 31.- Todo
empleado que cumpla la edad de sesenta y cinco (65) años, será retirado del
servicio y no será reintegrado. Los empleados que cesen en el desempeño de sus
funciones por razón de edad, se harán acreedores a una pensión por vejez, de
acuerdo a lo que sobre el particular establezca el régimen de prestaciones
sociales para los empleados públicos. // Exceptúense de esta disposición los
empleos señalados por el inciso 2 del artículo 29 de este decreto."
En armonía
con lo anterior, el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, “por la cual se
expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa,
gerencia pública y se dictan otras disposiciones”, dispone que:
“Artículo 41.-
Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera
administrativa se produce en los siguientes casos: (…) g) por edad de
retiro forzoso (…)”.
Al
ocuparse del examen de constitucionalidad del precepto consagrado en el
Decreto-Ley 2400 de 1968, la Corte declaró su exequibilidad en la Sentencia C-351
de 1995[56], básicamente al considerar que “es
razonable que exista una regla general, pero no absoluta, que fije una edad
máxima para el desempeño de funciones, no como cese de oportunidad, sino como
mecanismo razonable de eficiencia y renovación de los cargos públicos.”[57]
4.5.2.
Ahora bien, en relación con el régimen especial que se aplica a los docentes que
se encuentran al servicio del Estado, es preciso aclarar que el Decreto 2277 de
1979, “por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión
docente”, conserva el mismo parámetro previamente mencionado[58].
Al respecto, en el artículo 31, se determina que:
“El educador tiene
derecho a permanecer en el servicio mientras no haya sido excluido del
escalafón o no haya alcanzado la edad de sesenta y cinco (65) años para su
retiro forzoso.”
A su vez, el artículo 68 del decreto en cita señala el “cumplimiento
de la edad” como una de las causales de retiro de un docente del servicio:
“El
retiro del servicio implica la cesación en el ejercicio de las funciones del
docente y se produce por renuncia, por invalidez absoluta, por
edad, por destitución o por insubsistencia del nombramiento, cuando se
trate de personal sin escalafón o del caso previsto en el artículo 7o de este
Decreto. (…)”[59]
En
concordancia con lo que ya se había señalado respecto del régimen general, esta
Corporación realizó un examen de constitucionalidad de la atribución consagrada
en el citado artículo 31 del Decreto 2277 de 1979, como ya se dijo, referente a
la procedencia de la causal de edad de retiro forzoso para los educadores al
servicio del Estado, y se concluyó que dicha causal se ajusta a la Carta
Política, por las siguientes razones:
“[L]a consagración legal
de una edad de retiro forzoso del servicio público afecta el derecho al
trabajo, pues el servidor público no puede seguir desempeñándose en su cargo.
No obstante, si la fijación responde a criterios objetivos y razonables, debe
afirmarse que, en principio, resulta proporcional a los fines constitucionales
cuyo logro se persigue. En efecto, la posibilidad de retirar a un servidor público
de su empleo, una vez ha alcanzado una determinada edad fijada en la ley, es un
instrumento de que disponen el legislador y la administración para lograr el
principio de igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos públicos
(C.P., artículos 13 y 40-7) y el derecho al trabajo de los ciudadanos que
aspiran a desempeñarse como trabajadores al servicio del Estado (C.P., artículo
25). Así mismo, medidas de esta índole persiguen la efectividad del mandato
estatal contenido en el artículo 54 de la Carta Política, según el cual ‘el
Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar’
que, a su turno, es concordante con las facultades genéricas de intervención
del Estado en la economía con la finalidad de ‘dar pleno empleo a los recursos
humanos’ (C.P., artículo 334). En suma, es posible afirmar que la fijación de
una edad de retiro forzoso como causal de desvinculación del servicio público,
constituye una medida gracias a la cual el Estado redistribuye y renueva un
recurso escaso, como son los empleos públicos, con la finalidad de que todos
los ciudadanos tengan acceso a éste en condiciones de equidad e igualdad de
oportunidades.
De igual modo, la
fijación legal de la edad de 65 años como razón suficiente para el retiro
forzoso de cargos públicos sometidos al régimen de carrera administrativa, no
vulnera el derecho fundamental al mínimo vital (C.P., artículo 1°). En efecto,
la restricción impuesta a los servidores públicos que cumplen la edad de retiro
forzoso es compensada por el derecho que adquieren al disfrute de la respectiva
pensión de jubilación (C.P., artículo 48) y a las garantías y prestaciones que
se derivan de la especial protección y asistencia que el Estado está obligado a
dispensar a las personas de la tercera edad (C.P., artículos 13 y 46), lo cual
deja a salvo la integridad del indicado derecho fundamental.
(…) No sobra advertir
que, así como ocurre en el caso de otros servidores públicos sujetos a la misma
restricción, los docentes al servicio del Estado, una vez han sido retirados
del servicio por haber cumplido los sesenta y cinco años de edad, conservan
intacta su capacidad de trabajo y, por lo tanto, pueden seguir desempeñando su
oficio en un ámbito que no se encuentre sujeto a las restricciones legales
propias de la docencia pública como, por ejemplo, la educación en
establecimientos de carácter privado. De igual forma, al momento de ser
retirado del servicio por haber cumplido la edad de retiro forzoso, el docente
tiene derecho a disfrutar las pensiones de gracia y de jubilación de que tratan
los artículos 15-2 de la Ley 91 de 1989, 6° de la Ley 60 de 1993 y 115 de la
Ley 115 de 1994.”
De lo
anterior se sigue que la edad de retiro forzoso, como causal de desvinculación
del servicio, es acorde con los mandatos previstos en la Constitución,
básicamente por la concurrencia de dos razones. En primer lugar, porque que se
trata de un medio a través del cual “el Estado redistribuye y renueva un
recurso escaso, como son los empleos públicos, con la finalidad de que todos
los ciudadanos tengan acceso a éste en condiciones de equidad”; y, en segundo lugar,
porque con esta medida no se pone en riesgo el derecho al mínimo vital de las
personas que son separadas de sus cargos, en tanto, en principio, existen
medidas que compensan de forma efectiva la ausencia de los ingresos derivados
del trabajo, en particular la pensión de vejez (CP art. 48) y, en menor medida,
las herramientas de asistencia y protección del Estado para las personas de la
tercera edad (CP art. 46).
4.5.3.
Así las cosas, bajo la lógica del juicio abstracto, se ha entendido que dicha causal
de desvinculación no sólo es constitucionalmente válida, sino que también
permite su aplicación sin estar vinculada de forma obligatoria al
reconocimiento pensional. En efecto, si bien uno de los argumentos que apoyan
la validez de esta figura es la posibilidad que tienen los servidores públicos
de disfrutar el derecho a la pensión de vejez, esto no implica que dicho
beneficio sea necesariamente exigible por el hecho de la desvincula-ción[60],
pues para su obtención deben cumplirse con los supuestos que en materia de
semanas de cotización, tiempos de servicio o capital necesario se consagran en
la ley, como expresamente lo dispone el artículo 48 del Texto Superior[61].
Particularmente, en la Sentencia T-628 de 2006 se señaló que:
“Cabe reiterar igualmente
que, si bien es cierto que el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968 prevé que
quien cesa en el desempeño de sus funciones por razón de la edad, se hará
acreedor a una pensión de vejez, es igualmente cierto que de la misma no se
desprende que necesariamente el cese de funciones que ella ordena esté
condicionado al reconocimiento de la pensión a que en ella se alude. Cabe
recordar que ello será así según el mismo artículo ‘de acuerdo a lo que
sobre el particular establezca el régimen de prestaciones sociales para los
empleados públicos’, es decir que ello dependerá del cumplimiento de los
requisitos que para el efecto haya establecido la ley sin que pueda entenderse
limitada la orden de retiro forzoso por la circunstancia de que los requisitos
para pensionarse no se encuentren reunidos”[62].
Lo
anterior conduce, como previamente se dijo, a entender que se trata de una causal
que envuelve en su origen un examen netamente objetivo, circunscrito a
la acreditación del límite de años dispuesto para permanecer al servicio del
Estado, esto es, el tope de los 65 años. Por ello, en
principio, la administración pública se entendería plenamente habilitada
para disponer sobre la vinculación de una
persona, luego de que la misma quedase comprendida
dentro del supuesto normativo consagrado en la ley. En efecto, pese a la
ausencia de una pensión, habrá casos en que las personas puedan continuar
trabajando y que sus rentas e ingresos les permitan un tránsito de una
situación de desempleo, a otra en la que puedan cumplir con las exigencias de
ley para tener derecho a una jubilación. Incluso, el sistema admite la
cotización directa de los interesa-dos, cuando éstos realizan actividades como
independientes, pues el principal fin que motiva al régimen de seguridad social
es el de asegurar el acceso a una pensión que permita cubrir contingencias según
el principio de integralidad[63].
4.5.4.
Sin embargo, al examinar la aplicación de esta causal en situaciones concretas,
la Corte ha podido constatar que el progresivo endurecimiento de los requisitos
para acceder a la pensión de vejez, debido al aumento en la edad y al número de
semanas de cotización requeridas[64], sumado a las dificultades
institucionales para dar respuesta oportuna a las solicitudes de reconocimiento
pensional, ha llevado a que en no pocos casos las personas alcancen la edad de
retiro forzoso sin que aún hayan logrado acceder a una pensión que garantice cualitativamente
su mínimo vital[65], con el inconveniente de que una vez
separados de sus cargos no tienen una perspectiva razonable de que puedan
conseguir un empleo (v.gr., por sus condiciones psicofísicas o por el tipo de
labor que desarrollan) o de que puedan someterse al tránsito de un nuevo
proceso de formalización laboral por la falta de ingresos y rentas, sobre todo
cuando presentan inconvenientes de salud o tienen bajo su responsabilidad el
respaldo económico del grupo familiar.
En
respuesta a este tipo de situaciones, esta Corporación ha formulado una regla
jurisprudencial según la cual la aplicación de las normas que establecen el
retiro forzoso como causal de desvinculación debe hacerse de forma razonable,
valorando las circunstancias especiales de cada caso, con el fin de evitar la violación
de los derechos fundamentales de los adultos mayores. Específicamente se ha
entendido que su aplicación objetiva, sin verificar el contexto en el que tiene
lugar su exigibilidad, puede llevar a efectos contrarios a la Carta, al poner a
sus destinatarios ante el desconocimiento de su mínimo vital, cuando éstos
carecen de las condiciones para asegurar la satisfacción de sus necesidades
básicas y todavía no acreditan los requisitos para acceder a una pensión de
vejez, existiendo por lo menos una expectativa legítima sobre su reconocimiento[66].
Bajo
este panorama, la Corte ha planteado un conjunto de subreglas que parten
de la base de inaplicar, para el caso particular y concreto, la causal de
desvinculación por edad de retiro forzoso, cuya lógica subyace en la defensa de
un derecho iusfundamental, sin que ello implique un sacrificio desmedido
respecto de los otros principios y derechos que justifican la existencia del
retiro, como lo son el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a
cargos públicos (CP arts. 13 y 40.7), los mandatos de ubicación laboral de las
personas en edad de trabajar (CP art. 54) y la obligación del Estado de
propiciar políticas para dar pleno empleo a los recursos humanos (CP art. 334),
ya que en todos los casos la medida de protección es eminentemente temporal y
supone la exigibilidad final de esta causal de desvinculación
En
este orden de ideas, se ha ordenado el reintegro de los servidores públicos a
sus cargos, con el objetivo de que un breve y preciso período de tiempo se les
defina su derecho pensional y puedan acceder a un ingreso permanente cuya tasa
de reemplazo garantice sus condiciones básicas de existencia, en las siguientes
circunstancias[67]:
- En
primer lugar, cuando el trabajador retirado del servicio ya cumple con los
requisitos para acceder a la pensión de vejez, pero ésta no ha sido reconocida
por demora del fondo de pensiones o por inconsistencias en la historia laboral
que deben ser corregidas por dicha entidad. De igual manera, cuando la falta de
otorgamiento del derecho pensional, se relaciona con la morosidad en que se incurrió
por el empleador en el pago de las cotizaciones a su cargo. En estas hipótesis,
este Tribunal ha ordenado el reintegro hasta tanto tenga lugar el
reconocimiento de la pensión y la inclusión en la respectiva nómina[68].
- En
segundo lugar, cuando está probado que al trabajador en edad de retiro forzoso,
le falta un corto período de tiempo para completar el número de semanas de
cotización requeridas para acceder al derecho a la pensión de vejez. En esta
circunstancia, si bien la Corte ha precisado que las normas sobre retén social,
que establecen la estabilidad laboral reforzada para los servidores públicos a
quienes les falte un máximo de tres años para cumplir los requisitos para
pensionarse, fueron previstas sólo para trabajadores de entidades públicas en
liquidación[69], pueden –no obstante– ser empleadas
como parámetro de definición para establecer cuál es el plazo razonable que
permite mantener vinculado a un servidor que alcanza la edad de retiro forzoso,
sin haber completado el tiempo de cotizaciones necesario para obtener el
derecho a su jubilación[70]. Por ello, en la mayoría de los casos
en que se ha aplicado esta subregla, y en aplicación del principio de
solidaridad, se ha ordenado el reintegro del trabajador hasta completar dichas
cotizaciones y se produzca el reconocimiento efectivo de la pensión de vejez[71].
4.5.5.
En conclusión, las subreglas previamente expuestas evidencian una pauta jurisprudencial
según la cual no se considera razonable la decisión de desvincular del servicio
a una persona mayor que ha alcanzado la edad de retiro forzoso, cuando antes no
se han valorado las circunstancias específicas del trabajador, en aras de
evitar una vulneración de sus derechos fundamen-tales, en específico de su
derecho al mínimo vital. Para el efecto, y acorde con el mandato de
solidaridad, se ha admitido que “entre más cotizaciones se tenga más deberá
propenderse por la obtención de una pensión”[72], por lo que se
ha brindado una defensa por vía constitucional que se ha enfocado en los casos
en que el derecho pensional se encuentra pendiente de definición (ya sea por
actuaciones negligentes del empleador o de la administradora de pensiones que
corresponda) o en las hipótesis en las que realmente el trabajador tiene una
expectativa legítima acerca de su reconocimiento, como opera respecto de los
denominados prepensionados. Se trata de circunstancias excepcionales que
justifican la intervención del juez constitucional, solamente en aquellos casos
en que se acredita la violación de un derecho iusfundamental.
Por
lo anterior, a modo de ejemplo, se ha negado la procedencia del amparo, cuando
se trata de personas que tienen bienes y rentas suficientes que descartan la
existencia de una situación de desprotección[73], o cuando
sus ingresos con anterioridad al retiro suponen una lógica de proyección de
ahorros que no guardan concordancia con los gastos actuales y futuros[74].
Por el contrario, se ha admitido la idoneidad de la tutela, entre otras
razones, en el caso de las personas que acreditan la existencia de deudas
adquiridas tiempo atrás y que permiten evidenciar una afectación del mínimo
vital[75], o cuando los ingresos del núcleo familiar
no permiten satisfacer los gastos actuales y mucho menos cubrir aquellos que se
proyectan hacia el futuro[76].
Además
de los criterios vinculados con los ingresos, rentas, deudas y gastos, la Corte
también ha tenido en cuenta para efectos de determinar si o no es procedente la
acción de tutela, la dificultad que por la edad tiene un trabajador para reintegrarse
a la vida laboral, a partir de la profesión u oficio que el mismo venía
desempeñando. Así, por ejemplo, no puede considerarse como equiparable la
situación de un abogado que puede acudir al ejercicio indepen-diente de la
profesión, respecto de la condición de un educador que presta sus servicios en
centros especializados por su experticia académica[77].
Por lo demás, el tipo de vinculación también influye en la procedencia de la
tutela, ya que mientras un trabajador de carrera administrativa tiene vocación
de permanencia, un servidor de libre nombramiento y remoción es consciente de
la condición precaria de su situación laboral. Por ello, en relación con estos
últimos, la jurisprudencia reiterada de la Corte ha negado la viabilidad del amparo
constitucional[78].
Finalmente,
también se han valorado las condiciones de salud de las personas afectadas con
el retiro, si están o no en situación de discapacidad y las eventuales
limitaciones físicas o psicológicas derivadas con ocasión del trabajo
desempeñado, las cuales tienden a convertirse en barreras de acceso a otras
fuentes de empleo que permitan cotizar al sistema hasta alcanzar una pensión de
vejez[79].
4.6.
Caso concreto
4.6.1.
El señor Ángel Tomás Díaz Bastidas tiene 67 años y laboró como docente al
servicio de la Secretaría de Educación de Pasto hasta el 8 de marzo de 2013,
fecha en la cual fue retirado de su cargo por cumplir con la edad de retiro
forzoso[80]. En esa época presentó un derecho de
petición[81], en el que pidió autorización para
continuar prestando sus servicios, mientras se llevaba a cabo el trámite de
reconocimiento de la pensión de vejez, pues carecería de otra fuente de
ingresos distinta a su salario para satisfacer sus necesidades básicas y las de
su familia.
En
respuesta del 18 de marzo de 2013, la citada autoridad señaló que el actor
todavía no había iniciado dicho trámite, lo que impedía proceder a su reintegro
laboral, debiendo acudir al fondo de pensiones para reclamar su pensión o la
indemnización sustitutiva. Puntualmente, manifestó que: “Sólo en aquellos
casos en los que se encuentra la expectativa de la inclusión en nómina se ha
procedido por parte de la Secretaría a suspender los retiros forzosos hasta
tanto se produzca el pago de las mesadas, caso que no es el suyo; por esta
razón se reitera la negación a su reintegro laboral”[82].
Ante
esta realidad, en escrito del 24 de mayo de 2013, el accionante solicitó a la
Secretaría de Educación de Pasto el reconocimiento y pago de la “pensión
vitalicia de jubilación por aportes”, la cual fue negada mediante
Resolución 1822 del 5 de agosto de 2014, en razón a que la Fiduprevisora S.A
precisó que si bien el solicitante cumplió con la edad para pensionarse desde
el 7 de marzo de 2005, no tenía el tiempo mínimo de cotización exigido por la
ley. Sobre este último punto, se resaltó que el actor acreditaba 1174 semanas,
cuando para el año 2013 debía acreditar un total de 1250 semanas de cotización[83].
Para
lograr la expedición del acto previamente mencionado, el señor Díaz Bastidas debió
promover una acción de tutela a comienzos del mes de mayo de 2014, en la que
solicitó el amparo de sus derechos de petición y seguridad social, por la falta
de un pronunciamiento de fondo en los términos dispuestos en la ley. En
sentencia del día 26 del mes y año en cita, el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Pasto concedió el amparo solicitado y ordenó dar una respuesta
definitiva en el plazo de quince días, sin emitir consideración alguna sobre la
materialidad del derecho pensional reclamado, al considerar que no estaban
dadas las condiciones de procedencia de la acción, en particular en lo que
respecta a la prueba de afectación del mínimo vital. Este fallo fue confirmado
en sentencia del 8 de julio de 2014 por la Sala de Decisión Civil-Familia del
Tribunal Superior del referido Distrito Judicial.
También
se observa que ante la falta de notificación de la resolución en el término
dispuesto por los jueces de tutela, el actor presentó un incidente de desacato,
el cual resuelto el 29 de agosto de 2014 con la orden de adelantar las diligencias
necesarias para notificar la decisión adoptada en el aludido acto[84].
Ante
la imposibilidad de acceder a la pensión de vejez, a través de petición del 10
de septiembre de 2014, el actor requirió nuevamente a la entidad accionada su
reintegro al cargo que como docente venía desempeñando, con la finalidad de
poder cotizar el número de semanas requeridas para tal efecto. Con esta
actuación también se pretendió el pago de los salarios y prestaciones dejadas
de percibir desde que se hizo efectivo su retiro, esto es, el 8 de marzo de
2013.
En
respuesta del 30 de septiembre, la Secretaría señaló que esta misma solicitud
ya había sido formulada el pasado 12 de marzo de 2013 y su respuesta se había
realizado el día 18 del mismo mes y año. Por lo anterior, consideró que: “es
una solicitud reiterativa constituida por la misma causa pretendida, razón por
la cual no es procedente revivir lo ya resuelto en el mentado oficio
SEM-SAF-0166, en el que se describen los argumentos para no aceptar el
reintegro del docente; por tal razón no es favorable atender nuevamente su
solicitud”[85]. Como sustento de esta
decisión, se citó el artículo 19 de la Ley 1437 de 2011, conforme al cual: “(…)
Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse
a las respuestas anteriores”.
4.6.2.
Con fundamento en lo expuesto, el actor promovió el presente amparo, en el que
básicamente solicita la salvaguarda de sus derechos al trabajo, a la seguridad
social, al mínimo vital y a la vida digna, al considerar que no era procedente
su retiro forzoso, cuando todavía no se encontraba devengado una pensión que le
garantizara una subsistencia en condiciones dignas, sobre todo cuando su núcleo
familiar (esposa y dos hijos) dependían de su salario para satisfacer sus
necesidades. Por su parte, en el escrito de contestación, la autoridad
demandada se limitó a poner de presente la existencia de los otros fallos de
tutela, sin realizar ninguna consideración sobre los hechos que justifican esta
nueva solicitud.
La
autoridad de tutela de primera instancia concedió el amparo solicitado, al
estimar que el actor se encontraba dentro de la subregla prevista por
esta Corporación, por virtud de la cual se protege la expectativa de las
personas que tienen menos de tres años para acceder al derecho a la pensión de
vejez, cuando se observa que existe una afectación de su mínimo vital, como lo
señaló este Tribunal en las Sentencias T-495 de 2011 y T-294 de 2013. Como
consecuencia de lo anterior, se dispuso el reintegro y el pago sin solución de
continuidad de todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir.
Frente
a esta decisión la Secretaría de Educación presentó recurso de apelación, en el
que se alegó la improcedencia de la acción (subsidiaridad e inmediatez) y se
manifestó que, en caso de procederse al reintegro, el cual  finalmente no
discute[86], se revoque la obligación de disponer
el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir, pues la
especial situación de protección del trabajador no fue conocida por la
administración, ya que cuando se profirió el acto de retiro sólo se registraba
el tiempo laborado en la Secretaría desde el año 2005. En su opinión, “(…)
la Secretaría de Educación no tenía forma de prever que podía tratarse de un
funcionario prepensionado o que acreditara la condición laboral especial para
efectos de aplicar la protección de estabilidad laboral reforzada”[87].
En
segunda instancia, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pasto revocó el
fallo del a-quo, al considerar que no estaban satisfechos los requisitos
de inmediatez y subsidiaridad, básicamente por la inacción de cerca de 21 meses
desde que se produjo el retiro.
4.6.3.
A partir de lo anterior, se procederá a examinar si están o no dadas las
condiciones de procedencia de la acción de tutela en el asunto sub-judice,
siguiendo para el efecto las consideraciones expuestas en esta providencia.
4.6.3.1.
En primer lugar, en cuanto a la legitimación por activa, el artículo 86
de la Constitución Política dispone el derecho de toda persona de reclamar
mediante acción de tutela la protección inmediata de sus derechos
fundamentales. Este precepto constitucional se desarrolla en el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991 que consagra: “la acción de tutela podrá ser ejercida,
en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de
sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover
su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la
solicitud”.
En el
asunto bajo examen, es claro que el
actor se encuentra legitimado por activa, pues más allá de su condición
de persona natural[88], es quien demanda el reintegro al
cargo que venía desempeñando, con la finalidad de proteger sus derechos al
mínimo vital y la vida digna, en un contexto en el que la decisión de proceder
a su desvinculación por llegar a la edad de retiro forzoso, se adoptó sin
valorar sus circunstancias especiales, entre ellas la condición de tener a su
cargo el sostenimiento del núcleo familiar, su avanzada edad y la proximidad de
sus cotizaciones frente al acceso del derecho pensional.
4.6.3.2.
En segundo lugar, en lo que atañe a la legitimación por pasiva, el artículo 86 del Texto Superior establece que
la acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva e inmediata de los
derechos fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los
particulares, en los casos previstos en la Constitución y en la ley. Así las cosas, en lo que respecta a esta
modalidad de legitimación es necesario acreditar dos requisitos, por una parte,
que se trate de uno de los sujetos respecto de los cuales procede el amparo; y
por la otra, que la conducta que genera la vulneración o amenaza del derecho
fundamental se pueda vincular, directa o indirectamente, con su acción u
omisión[89].
Visto lo anterior, en el asunto sub-judice, se
entiende que se cumple con el presupuesto de legitimación en la causa por
pasiva respecto de la Secretaria de Educación de Pasto, no sólo por
tratarse de una autoridad pública sino principalmente por haber adoptado la
decisión que se considera lesiva de los derechos fundamentales invocados, esto
es, por disponer el retiro forzoso del accionante, sin haber valorado las
circunstancias especiales del caso.
Por el contrario, en cuanto a la posición procesal de la
Fiduprevisora S.A., con fundamento en las circunstancias fácticas descritas,
cabe advertir que si bien se trata de una sociedad de economía mixta sujeta al
régimen de las empresas comerciales e industriales del Estado y que se
encuentra vinculada al Ministerio de Hacienda, se estima que no existe
actuación u omisión de la entidad que haya derivado en la afectación de los
derechos fundamentales invocados. En consecuencia, frente a ésta no se supera
el presupuesto de la legitimidad en la causa por pasiva.
4.6.3.3. En tercer lugar, es preciso señalar que el
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 estableció la figura de la temeridad,
con miras a impedir la afectación en la administración de justicia en lo que se
refiere al ejercicio de la acción de tutela, cuyo funcionamiento se vería
perjudicado cuando una persona, sin una justificación razonable, elevase la
misma causa ante jueces de la
República, contra las mismas partes y buscando la satisfacción de idénticas
pretensiones. Al respecto, la norma en cita expresamente señala que:
“Cuando, sin
motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por
la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazará o decidirá desfavorablemente todas las solicitudes. // El abogado que
promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos
hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional
al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta
profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.”
Como se infiere de la norma transcrita, para que exista una
actuación temeraria es necesario que concurran tres elementos: identidad de
causa, identidad de partes e identidad de objeto. Precisamente, en la
Sentencia T-727 de 2011[90], se explicó que existe (i) una identidad
de causa, cuando las acciones se fundamentan en unos mismos hechos que le
sirven de origen[91]; (ii) una identidad de objeto,
cuando las demandas buscan la satisfacción de una misma pretensión tutelar o
sobre todo el amparo de un mismo derecho funda-mental[92];
y (iii) una identidad de partes, cuando las acciones se dirijan contra
el mismo demandado y, del mismo modo, se hayan interpuesto por el mismo
demandante, ya sea en su condición de persona natural o persona jurídica, de
manera directa o por medio de apoderado[93].
Con todo, la sola concurrencia de tales elementos no
conlleva el surgimiento automático de la temeridad, pues el artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991 exige que el accionante carezca de un motivo justificado y
razonable para incoar de nuevo la acción constitucional. De darse los elementos
expuestos, dependiendo de la instancia en que se encuentre el trámite de la
acción, se podrán rechazar o decidir desfavorablemente las demandas de amparo
que hayan incurrido en temeridad.
En el asunto sub-examine y respecto de la acción de
tutela interpuesta igualmente por el señor Ángel Tomás Díaz Bastidas en el mes
de mayo de 2014, señalada en los acápites de antecedentes y de pruebas, observa
la Corte que no concurren las tres identidades que configuran la temeridad, por
cuanto a pesar de la similitud en la parte accionante y en la parte demandada,
no se acreditan las identidades en la causa, ni en el objeto.
Precisamente, la tutela mencionada se presentó con miras a
cuestionar la falta de respuesta de la Secretaría de Educación de Pasto a un
derecho petición a través del cual se solicitó el reconocimiento de la pensión
de jubilación, cuyo resultado fue la expedición de la Resolución 1822 del 5 de
agosto de 2014, por medio de la cual se negó el derecho reclamado; al tiempo
que los aconteci-mientos que originan la acción sometida a revisión se orientan
a reivindicar la inaplicación de la causal de retiro forzoso, como hipótesis
que permite la desvinculación del servicio, por la afectación del derecho al
mínimo vital del actor, entre otras razones, por la situación de desprotección
en la que se encuentra tanto él como su familia, aunado a la expectativa
legítima de acceso a la pensión de vejez que le fue negada, frente a la cual le
resta por cotizar aproximadamente un total de 126 semanas.
En
definitiva, de conformidad con lo señalado, esta Sala descarta que en el caso
concreto se configure un actuar temerario dado que no se cumple con las
identidades de objeto y de causa.
4.6.3.4.
En cuarto lugar, la
procedibilidad de la acción de tutela también exige que su interposición se
haga dentro de un plazo razonable, contabilizado a partir del momento en el que
se generó la vulneración o amenaza de un derecho fundamental, de manera que el
amparo responda a la exigencia constitucional de ser un instrumento judicial de
aplicación inmediata y urgente (CP art. 86), con miras a asegurar la
efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza[94]. Este requisito ha sido identificado
por la jurisprudencia de la Corte como el principio de inmediatez[95].
En criterio de este Tribunal, si con la acción de tutela se
busca la protección inmediata de los derechos fundamentales, es
imprescindible que su ejercicio tenga lugar dentro del marco de ocurrencia de
su amenaza o violación. Una actuación en sentido contrario, desvirtúa el
alcance jurídico dado por el Constituyente a la acción, pues cuando el accionante
no actúa con prontitud en la solicitud del amparo, se infiere que éste no
requiere de una protección urgente, efectiva e inmediata, más allá de que
también pueda convertirse en un factor de inseguridad jurídica y de posible
afectación de los derechos de terceros[96].
En relación con el caso
objeto de estudio, el actor instauró la acción de tutela el 2 de diciembre de
2014[97], mientras que la decisión por la cual
fue retirado del servicio y que origina la solicitud de amparo, se produjo el 6
de marzo de 2013, con efectos a partir del día 8 del mismo mes y año[98].
Como se observa, en principio, transcurrió alrededor de un año y nueve meses
desde que se produjo el acto que se considera lesivo de los derechos invocados.
La sola
verificación objetiva del tiempo transcurrido, como lo concluyó el juez de
instancia, podría conducir a entender que en el caso concreto no se satisface
el requisito de inmediatez, pues se estaría ante un lapso de tiempo demasiado
prolongado en la búsqueda del amparo, lo cual resultaría contrario al carácter
inmediato y efectivo que justifica su ejercicio. No obstante, como lo ha
señalado la jurisprudencia de la Corte, para determinar la razonabilidad del
tiempo, en procura de establecer si existe o no una tardanza injustificada e
irrazonable, este Tribunal ha trazado las siguientes subreglas[99]:
(i) que exista un motivo válido que explique la demora del actor; (ii) que dicho
retardo no vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con
la decisión o bienes constitucionalmente protegidos de igual importancia (v.gr.
la seguridad jurídica); y (iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio
tardío de la acción y la vulneración de los derechos del interesado.
Excepcionalmente, si el fundamento de la acción de tutela surge después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier
forma, (iv) su ejercicio debe realizarse en un plazo no muy alejado de dicha
situación.
Al
confrontar las subreglas expuestas frente al caso sometido a revisión, se
constata que si bien la causa que originó el amparo se remite al 6 de marzo de
2013, la inactividad que se observa no es el resultado de un actuar negligente,
sino, por el contrario, del hecho de adelantar varias actuaciones vinculadas con
la defensa del principal derecho cuya protección se invoca, esto es, el derecho
al mínimo vital.
En
efecto, una vez el demandante fue notificado del acto administrativo a través
del cual se dispuso su desvinculación procedió de forma inmediata a solicitar
mediante derecho de petición la autorización para continuar prestando sus
servicios, mientras se llevaba a cabo el trámite de reconocimiento de la
pensión de vejez, pues carecía de otra fuente de ingresos distinta a su salario
para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia.
Como
respuesta, en escrito del 18 de marzo, se le dijo que debía acudir al fondo de
pensiones para reclamar su pensión, ya que no estaba acreditado que se
encontrará en una hipótesis de expectativa de inclusión en nómina de
pensionados, circunstancia en la cual la Secretaría de Educación ha accedido excepcionalmente
al reintegro de trabajadores.
Ante
esta realidad, en menos de dos meses, esto es, el 24 de mayo de 2013, el actor
solicitó el reconocimiento y pago de su pensión; pese a ello no obtuvo una
respuesta en término, que en materia pensional es por regla general de seis
meses, hecho que motivó la interposición de una tutela y de un incidente de
desacato que fueron resueltos durante la primera parte del año 2014.
Solamente
se vino a definir su situación pensional hasta el 5 de agosto de 2014, decisión
que fue dada a conocer a mediados del mes de septiembre del año en cita. Por
ello, y ante la imposibilidad de acceder a la pensión de vejez, pero dada la
expectativa real de poder completar las semanas de cotización faltantes (en
total 126), se requirió por el accionante nuevamente a la entidad demandada,
con el fin de obtener el reintegro del cargo que como docente venía
desempeñando.
Esta
petición también fue resuelta en sentido desfavorable, en oficio del 20 de septiembre
de 2014, puesto que se consideró que se trataba de una solicitud reiterativa
frente a un mismo punto que ya había sido previamente resuelto, esto es, no
aceptar el reintegro del docente (CPACA, art. 19). Ante este panorama, y en un
plazo inferior a tres meses, el actor presentó el amparo sometido a revisión.
Del
recuento realizado se infiere que la demora en que se incurrió, como ya se
dijo, no se originó en un actuar negligente o descuidado por parte del actor. Al
contrario, lo que se observa es un comportamiento diligente, tanto desde el
punto de vista administrativo como judicial, enfocado en lograr un medio de
subsistencia para amparar su derecho al mínimo vital. Así, por un lado, se
buscó el reconocimiento de la pensión de vejez, pretensión que fue negada por
no contar con el número mínimo de semanas de cotización requerido para el año 2014,
teniendo en cuenta que se exigían 1250 semanas y el actor acreditó 1174, luego
de que se le redujo el monto inicialmente reportado por problemas de
concurrencia de aportes[100]; y por el otro, se pidió en dos
oportunidades el reintegro. En la primera oportunidad con la finalidad de
esperar el trámite de reconocimiento de la pensión[101].
Y, en la segunda, una vez se obtuvo una respuesta contraria a sus intereses,
con el propósito de poder alcanzar el número de semanas de cotización
requeridas, dada la expectativa legítima que le asiste de obtener el acceso al
derecho reclamado[102].
Esta
Sala concluye entonces que el retardo se debe a las actuaciones que promovió el
actor para lograr la defensa de su derecho al mínimo vital y a la espera
razonable de que la administración le diera una respuesta acorde con sus
intereses, siguiendo el derrotero de los escenarios básicos de reclamación. Sólo
una vez se obtuvo una respuesta definitiva por parte de la Secretaria de
Educación, tanto en lo que atañe al derecho a la pensión como a la negativa de
permitir su reintegro para completar las semanas faltantes, es que el actor acude
a los jueces de tutela con el fin de plantear su reintegro, momento para el
cual, se entiende realmente consolidado el daño que justifica este amparo y
respecto del cual la acción se interpuso en un plazo menor de tres meses, término
que se ajusta a la razonabilidad que explica la procedencia del amparo.
Al
margen de lo anterior, la decisión que aquí se adopte tampoco tiene la
virtualidad de afectar de manera directa el derecho de otro educador, pues no
se están disponiendo de plazas puntuales, y de igual manera no se presenta una
lesión a los derechos y principios que justifican la causal de retiro forzoso,
pues –como previamente se señaló– cualquier orden siempre tendrá un efecto
temporal, para garantizar los fines de acceso a la función pública que explican
su exigibilidad.
4.6.3.5.
Por último, resta por determinar si en el asunto sub-judice se satisface
el requisito de subsidiaridad de la acción. Como se expuso en la parte motiva
de esta providencia, la regla general respecto de las pretensiones de reintegro
de los servidores públicos, en las que ellas deben agotarse ante la justicia
administrativa por vía de la nulidad y restablecimiento del derecho. Con todo,
cuando la controversia involucre así mismo una disputa constitucional y la
misma sea planteada a través del mecanismo del amparo, el juez de tutela debe
valorar la agilidad y eficacia de la acción contenciosa, no sólo en relación
con el impacto que efectivamente la desvinculación produce en los derechos de
la persona que ha sido retirada del servicio, especialmente en lo que concierne
al mínimo vital, sino también frente a los requerimientos que se derivan de su
condición psicofísica y de la expectativa real que tenga de acceder a una
pensión de vejez.
De
esta manera, la Corte ha admitido la procedencia excepcional de la acción de
tutela en aquellos casos en que se dispone la desvinculación de un servidor
público por llegar a la edad de retiro forzoso, cuando se omite realizar un uso
razonable de dicha causal, por virtud del cual antes de proceder a su
aplicación, se impone a las entidades públicas el deber de tener en cuenta si
al funcionario ya se le ha reconocido un derecho pensional o si tiene alguna
otra fuente de ingresos o rentas que le permita asegurar su subsistencia y el
de su familia, con ocasión del tránsito que se produce entre la ejecución de un
trabajo frente a una situación de desempleo. Específicamente se ha entendido
que su aplicación objetiva, sin verificar el contexto en el que tiene lugar su
exigibilidad, puede llevar a efectos contrarios a la Carta, al poner a sus
destinatarios ante el desconocimiento de su mínimo vital, lo que ha permitido
su inaplicación en escenarios concretos.
Lo
anterior ha ocurrido, en primer lugar, cuando el trabajador retirado del
servicio ya cumple con los requisitos para acceder a la pensión de vejez,
pero ésta no ha sido reconocida por demora del fondo de pensiones o por
inconsistencias en la historia laboral que deben ser corregidas por dicha
entidad. De igual manera, cuando la falta de otorgamiento del derecho
pensional, se relaciona con la morosidad en que se incurrió por el empleador en
el pago de las cotizaciones a su cargo. Y, en segundo lugar, cuando está
probado que al trabajador en edad de retiro forzoso, le falta un corto
período de tiempo para completar el número de semanas de cotización requeridas
para acceder al citado derecho pensional. En este caso, el parámetro de
definición temporal al cual se ha acudido es el de la protección que se brinda
a los prepensionados, esto es, a quienes les faltare un máximo de tres años
para cumplir los requisitos para pensionarse.
Por
ello, como se expuso en el acápite 4.5.5 de esta providencia, en escenarios
como los expuestos, el examen que le compete al juez de tutela es el de
verificar las condiciones de afectación del mínimo vital, a partir de criterios
entrelazados con los ingresos, rentas, deudas y gastos, así como la expectativa
de obtener un empleo según el tipo de profesión, las condiciones psicofísicas
que se puedan convertir en barreras de acceso y la vocación de permanencia que
existía en la labor a su cargo. Por ello, antes de proceder con el análisis del
caso concreto, se estima pertinente reiterar algunas consideraciones sobre el
mínimo vital, en la forma en que ha sido abordado por la Corte.
4.6.3.6.
El mínimo vital ha sido definido por esta
Corporación como “la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que
están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la
alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos
domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya
titularidad es indispen-sable para hacer efectivo el derecho a la dignidad
humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional”[103].
En
concordancia con lo expuesto, la Corte ha sido enfática en resaltar el carácter
fundamental de este derecho, en virtud de la intrínseca relación que guarda con
la vida, la dignidad humana y el trabajo, como valores fundantes del Estado
Social de Derecho[104]. De esta manera, sin perjuicio de los
deberes primigenios que le asisten a la persona y a la familia con miras a su
realiza-ción, el Estado tiene la obligación de procurar la creación de unas
condiciones mínimas a través de las cuales dichos sujetos, por sus propios
medios, puedan satisfacer sus necesidades básicas.
El
análisis de la afectación del derecho en cuestión dependerá de las
circunstancias que se presenten en cada caso, como lo ha respaldo este Tribunal
en los siguientes términos: “[e]l derecho al mínimo vital requiere ser
dimensionado correctamente, es decir, debe ser considerado frente a una
situación de hecho específica, sin que pueda ser objeto de análisis en
abstracto, lo cual implica una valoración cualitativa y no cuantitativa de su
contenido para cada persona de cara a su caso concreto, conforme con sus
condiciones personales, sociales y económicas. Ello significa que le
corresponde al juez frente a un caso concreto desarrollar una actividad
valorativa de las particulares circunstancias que rodean a una persona su grupo
familiar, a sus necesidades, y a los recursos de los que requiere para
satisfacerlas, de tal forma que pueda determinar, si vista la situación
fáctica, se está ante una amenaza o afectación del derecho al mínimo vital, y
por ello se hace necesario que se otorgue de manera urgente la protección
judicial solicitada a través de la acción de tutela.”[105]
Bajo
este panorama, la Corte ha aceptado que el contenido de este derecho no puede
ser reducido a una asimilación con el salario mínimo legal o con una pensión
equivalente, sino que su materialización depende de que los ingresos que se perciban permitan la
autosuficiencia económica de la persona y de su núcleo familiar. Por consiguiente, en el caso de la edad de retiro forzoso, se
impone un examen cualitativo que apunta a la posibilidad de asegurar un nivel
de vida razonablemente cercano al que la persona o familia tenía con
anterioridad al acaecimiento de dicha causal, sin dejar de lado que no
cualquier variación en los ingresos supone una violación de este derecho[106],
ya que existen –como previamente se expuso– algunas cargas soportables que
dependen de la situación que envuelve cada caso concreto, como ocurre con
quienes tienen capacidad económica o ejercieron cargos con expectativas
razonables de ahorro.
En
este contexto, en el análisis de una situación específica, el juez de tutela deberá
entrar a verificar que concurran los siguientes elementos para concluir si
existe o no una trasgresión del mínimo vital: “(i) [que] el salario o mesada
sea el ingreso exclusivo del trabajador o pensionado o existiendo ingresos
adicionales sean insuficientes para la cobertura de sus necesidades básicas”[107]
y (ii) que la falta de pago de dicha prestación o de una medida alternativa de
defensa conduzca a una situación compleja, tanto a nivel económico como
personal, del afectado y su familia.
4.6.3.7.
Visto el caso concreto, esta Sala de Revisión encuentra que el señor Ángel
Tomás Díaz Bastidas fue retirado del cargo de docente al servicio de la
Secretaria de Educación de Pasto, a través del Decreto 0098 del 6 de marzo de
2013, en razón a que cumplió con la edad de retiro forzoso. Aun cuando por su
naturaleza de acto administrativo de contenido particular y concreto, en
principio, el accionante tenía la posibilidad de acudir ante los jueces de lo
contencioso administrativo para solucionar la controversia planteada, la Corte
también ha admitido la procedencia excepcional de la tutela en aquellos casos
en que se dispone la desvinculación de un servidor público por dicha causal, y
ello tiene una repercusión de manera directa en los derechos fundamentales de
la persona retirada y de su núcleo familiar, especialmente en lo que concierne
al mínimo vital. En este escenario debe valorarse la agilidad y eficacia de la
acción contenciosa, a partir de las circunstancias específicas del caso.
4.6.3.7.1.
De esta manera, en primer lugar, se observa que al proferirse el acto de retiro
se incumplió con la regla impuesta por esta Corporación, por virtud de la cual
de manera previa a su aplicación, se impone a las autoridades públicas el deber
de tener en cuenta si al funcionario ya se le ha reconocido un derecho
pensional o si tiene alguna otra fuente de ingresos o rentas que le permita
asegurar su subsistencia y el de su familia, con ocasión del tránsito que se
produce entre una situación de empleo a una de desempleo.
Dicho
análisis no se llevó a cabo por la Secretaria de Educación de Pasto, la cual incluso
ante un derecho de petición presentado con posterioridad por el actor a través
del cual pidió continuar laborando hasta que le sea reconocida la pensión de
jubilación y sea incluido en nómina[108]; se limitó a manifestar que su caso
no se encontraba entre aquellos que daban lugar a tener una expectativa de
inclusión, hipótesis en la cual había inaplicado la causal de retiro, por lo
que le correspondía acudir al fondo de pensiones para reclamar su pensión o una
indemnización sustitutiva[109].
No
existió ninguna actuación puntual dirigida a verificar la situación planteada
por el actor, esto es, si efectivamente tenía una expectativa real de acceso al
reconocimiento de la pensión de vejez, pues como la propia Secretaría lo admite
en el recurso de apelación[110], su actuación se circunscribió a
contar las semanas de cotización que tuvo con dicha entidad, sin realizar
ninguna gestión para actualizar la historia laboral del empleado que iba a ser
retirado del servicio, e incluso acompañarlo en la gestión de los trámites para
obtener el reconocimiento de su derecho pensional. No sobra recordar que aunque
el trabajador tiene el deber de suministrar toda la información necesaria para
reconstruir su historia laboral, no es de recibo que una entidad pública le
traslade por completo dicha gestión, sobre todo a partir de lo previsto en el
artículo 9 del Decreto Ley 019 de 2012, el cual admite que la administración se
encuentra en una mejor posición para recabar los documentos necesarios con
miras a perfeccionar una actuación y proferir una resolución en determina-do
sentido[111]. De ahí que, ante la petición del
actor, lo procedente en términos constitucionales era verificar la situación
alegada y requerir de su parte las aclaraciones pertinentes que le hubiesen
permitido solicitar la información sobre su situación pensional y, por dicha
vía, adoptar una decisión acorde con las circunstancias del caso.
Por
lo demás, una vez la administración tuvo conocimiento de la situación pensional
del accionante, conforme a la cual le restan 126 semanas para acceder a la
pensión, circunstancia que implica tener al actor dentro del rango de
protección de los prepensionados, omitió pronunciarse al respecto y se limitó a
considerar que el nuevo requerimiento[112], en el que
se pidió el reintegro al cargo para así poder alcanzar el número de semanas de
cotización requeridas, se trataba de una petición reiterativa frente a la cual
cabía estarse a lo resuelto con anterioridad[113].
Nuevamente
la Secretaría omitió realizar el examen particular del caso, con el agravante de
que estaban dadas las condiciones para verificar de manera puntual si cabía una
circunstancia de inaplicación del retiro forzoso, ante la necesidad de proteger
el mínimo vital del actor y de asegurar hacia el futuro unos ingresos cuya tasa
de reemplazo tengan la potencialidad de preservar su componente cualitativo.
Aunado a lo anterior, la respuesta suministrada no se ciñe a la hipótesis que
permite su aplicación[114], en el entendido que las
circunstancias de hecho para el año 2014 eran distintas frente a aquellas que
motivaron la respuesta del 2013, de suerte que no podía considerarse que se
trataba de una solicitud reiterativa, más aun cuando la misma pretensión de
reintegro tenía un objeto diferente, pues en la primera oportunidad se buscaba preservar
el empleo mientras se resolvía sobre la pensión de vejez y la inclusión en nómina,
al tiempo que en la segunda ocasión se solicitó el retorno para poder completar
las semanas de cotización requeridas.
En
conclusión, se observa que la administración se quedó en la sola aplicación
objetiva de la causal de retiro forzoso, sin verificar el contexto en el que
tenía lugar su exigibilidad, pese a que tuvo dos ocasiones para proceder en
dicho sentido y que el ordenamiento jurídico le otorgaba herramientas para
lograr tal propósito. Ahora bien, para que proceda el amparo es preciso
examinar (i) si como consecuencia de la citada infracción persiste una
circunstancia de violación del derecho al mínimo vital del actor y de su
familia; y (ii) si él se encuentra en una de las hipótesis extraordinarias a
las cuales ha acudido la Corte para armonizar la protección del citado derecho
con la obligatoriedad de la causal de retiro, previendo el reintegro temporal
del trabajador.
4.6.3.7.2.
En cuanto a lo primero, esto es, en lo tocante a la afectación del
derecho al mínimo vital, es preciso recordar que dicho análisis dependerá de
las circunstancias concretas de cada caso. En particular, de conformidad con
los elementos de juicio aportados en sede de tutela, entre ellos la información
presentada por el accionante en escrito del 12 de agosto de 2015, se encuentra
lo siguiente:
- El señor Ángel Tomás Díaz
Bastidas, a través de una declaración extra juicio del 24 de noviembre de 2014[115],
certificó que dependía exclusivamente del salario que percibía como docente de
filosofía en un centro educativo de la ciudad de Pasto. De igual manera,
manifestó que con dicho salario se sufragaban todos los gastos del hogar y se
sustentaba la manutención de su núcleo familiar conformado por esposa y dos
hijos. A pesar de que no aparece en el expediente el monto total del salario,
se infiere que el mismo ascendía a la suma aproximada de $ 1.820.000 pesos[116].
- Como consecuencia de su
situación de desempleo, se vio en la imposibilidad de seguir asumiendo los
costos del hogar, que para la época implicaban además de las necesidades
básicas en materia de alimentación, vestuario y servicios públicos, el
sostenimiento de una hija que cursaba la carrera de medicina en la ciudad de
Manizales y de un hijo que estaba terminando sus estudios de bachillerato.
- Por lo anterior, y dada la
imposibilidad de encontrar otra fuente de ingresos, la familia debió
trasladarse a la ciudad de Cali, en donde su esposa obtuvo un trabajo del que viven
en la actualidad y cuyo salario asciende a la suma de            $ 1.500.000 de
pesos. Se trata de un valor inferior a los ingresos que el actor percibía como
docente.
- Dado el traslado de ciudad y
teniendo en cuenta los costos que ello implica, se vieron en la necesidad de
suscribir un contrato de anticresis sobre el único bien inmueble de propiedad
de la familia; por virtud del cual recibieron la suma de $ 20.000.000 millones de
pesos, obligación que deberá ser cancelada en su integridad a comienzos del
próximo año, excluyendo el pago de los intereses remuneratorios que se
compensan con el uso del bien objeto del citado negocio jurídico[117].
En el contrato consta la consagración del derecho de retención, en caso de que
no se satisfaga la prestación adeudada.
- En sede de revisión, el actor
especificó que los egresos de la familia corresponden a un valor aproximado de
$ 1.900.000 pesos, los cuales incluyen la manutención de la hija que se
encuentra cursando sus estudios universita-rios en la ciudad de Manizales[118],
la manutención del hijo que adelanta estudios de pre-icfes[119] y el
arriendo del lugar donde viven[120].
El resto de gastos familiares y manutención se está cubriendo con la suma
prestada, la cual deberá ser reintegra en su totalidad en el 2016.
- La familia no cuenta con
ingresos ni rentas adicionales, más allá de la propiedad sobre un vehículo
marca zoyte nomada modelo 2008, el cual se emplea para transitar en la ciudad
de Cali.
Del recuento realizado se
infiere que los ingresos de la familia se redujeron, pues pasaron de $
1.820.000 a $ 1.500.000, mientras los gastos se aumentaron como consecuencia
del traslado de ciudad, entre otras razones, porque se tuvo que asumir el pago
de una suma por arrendamiento. Por lo demás, para poder cubrir la diferencia
reseñada y solventar las necesidades originadas por el nuevo hogar, se asumió
una deuda por $ 20.000.000 millones de pesos, cuyo pago difícilmente se podrá
realizar, sin comprometer la propiedad sobre su vehículo o el bien inmueble que
tienen en la ciudad de Pasto. Por otra parte, se destaca que los gastos
continúan en aumento, ya que se tendrá que cubrir los costos de educación del
hijo que acaba de terminar el bachillerato.
En este contexto, el panorama
del actor y de su familia resalta la existencia de una efectiva situación de
desprotección, en la que sus condiciones económicas se han visto seriamente
afectadas, ya que no sólo se redujeron sus ingresos, sino que también se ha
tenido que asumir una deuda para poder cubrir sus necesidades básicas,
impulsados por el ofrecimiento de un trabajo para la cónyuge del accionante en
una ciudad distinta a la de su morada. Sin embargo, el salario que ésta percibe
no alcanza para cubrir los gastos actuales del hogar, ni los que
presumiblemente se generaran en el futuro.
Aunado a lo anterior, el actor
es un señor de 67 años cuya vida laboral se ha enfocado en la docencia, cuya
labor no podrá realizar en ninguna otra entidad pública y cuyo acceso al
mercado privado no se observa como algo realmente factible, por su avanzada
edad y por los indicadores que muestran la alta tasa de desocupación en los
adultos mayores[121].
Precisamente, al revisar el Registro Único de Afiliados a la Protección Social (RUAF),
se aprecia que el actor aparece como inactivo en su afiliación al régimen de
pensiones y que tiene la condición de beneficiario en el sistema de salud, hechos
que son indicativos de la dificultad que ha tenido para encontrar una fuente
alternativa de ingresos que le permita cubrir sus requerimientos básicos y los de
su núcleo familiar. Por lo demás, tanto el monto de lo que fue su salario como sus
bienes resaltan que no se trata de una familia con una proyección de ahorros
que les permita cubrir sus gastos actuales y futuros, incluso su condición de
docente vinculado a la carrera desde el año 2005, sugiere su estabilidad con el
servicio público y la exclusión de actividades distintas como soporte
económico.
Visto lo anterior, esta Sala
concluye que la Secretaría de Educación de Pasto efectivamente vulneró el
derecho fundamental al mínimo vital del accionante, al desvincularlo del
servicio tras alcanzar la edad de retiro forzoso, sin valorar las
circunstancias especiales de su caso y sin que previamente este hubiera
obtenido una prestación que le asegurara ingresos periódicos para satisfacer
sus necesidades básicas y las de su familia. Dicha situación lo condujo a él y
a su núcleo familiar a un escenario en el que han visto disminuidos sus
ingresos, teniendo que asumir deudas y en el que los gastos continúan en
aumento por las necesidades de educación de sus hijos. Por ello, no cabe duda
que la valoración cualitativa del mínimo vital, aun teniendo en cuenta los
ingresos actuales de la familia, permiten la procedencia del amparo.
4.6.3.7.3. Resta por determinar
si el actor se encuentra en algunas de las dos hipótesis que ha desarrollado la
jurisprudencia para armonizar la protección del mínimo vital frente a la
exigilidad del retiro forzoso. De los hechos del caso se observa que el señor
Díaz Bastidas ha cotizado 1174 semanas en el Régimen de Prima Media con
Prestación Definida y que para acceder a la pensión de vejez, conforme a la
modificación introducida por la Ley 797 de 2003, se requiere acreditar un total
de 1300 semanas. De lo anterior se infiere que le resta tan sólo 126 semanas,
esto es, menos de tres años para tener derecho a su jubilación.
Por consiguiente, le es
aplicable al accionante la protección que se ha brindado a las personas que les
falta un corto período de tiempo para acceder al citado derecho pensional, en
el que el parámetro de definición temporal, como lo sostuvo el juez de primera
instancia, es máximo de tres años para cumplir los requisitos para pensionarse,
como también se ha dispuesto en los procesos de reestructuración del Estado o
de supresión de entidades públicas, a través de lo que se ha denominado
prepensionados.
En este sentido, se revocará la
decisión de segunda instancia proferida el 6 de abril de 2015 por el Juzgado
Tercero Penal del Circuito de Pasto y, en su lugar, dadas las
circunstancias particulares y específicas del caso, se ordenará a la Secretaría
de Educación de Pasto que, dentro de cinco (5) días siguientes a la
notificación de la presente providencia, reintegre al señor Ángel Tomás Díaz
Bastidas al cargo que venía desempeñando o a otro igual o de similar categoría
al que ocupaba, teniendo en cuenta sus competencias, hasta tanto le sea
reconocida la pensión de vejez y se produzca su inclusión en nómina.
Finalmente, en
criterio de esta Sala de Revisión, es improcedente la solicitud referente al
pago de salarios y prestaciones sociales, por una parte, porque no existió una
efectiva prestación del servicio; y por la otra, porque más allá de las
circunstanciales puntuales y específicas que justifican este amparo, la entidad
demandada actuó conforme a una causal legal (cuya inaplicación aquí se dispone)
y su proceder estuvo matizado por el hecho de que el propio accionante no
expuso en ninguna de sus solicitudes la situación especial de prepensionado que
tan sólo se pone de presente en esta acción.
V.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto,
la Sala Tercera de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida el 6 de abril de 2015 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pasto, que a su vez revocó la decisión adoptada el 18
de diciembre de 2014 por el Juzgado Quinto Penal Municipal de la misma ciudad.
En su lugar, CONCEDER el amparo del derecho al mínimo vital del
señor Ángel Tomás Díaz Bastidas.
Segundo.- En consecuencia, ORDENAR a la Secretaría
de Educación de Pasto que, dentro de cinco (5) días siguientes a la
notificación de la presente providencia, reintegre al señor Ángel Tomás Díaz
Bastidas al cargo que venía desempeñando o a otro igual o de similar categoría
al que ocupaba, teniendo en cuenta sus competencias, hasta tanto le sea
reconocida la pensión de vejez y se produzca su inclusión en nómina.
Tercero.- Por Secretaría General de la Corte Constitucional, LÍBRESE
las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991,
para los fines allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE
VOTO DEL MAGISTRADO GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA T-643/15
DERECHO AL MINIMO
VITAL DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD-La orden de reintegro se sustenta en la protección del
derecho fundamental al mínimo vital, permitiéndole al actor completar el tiempo
de servicios exigido por la entidad de seguridad social y acceder así a la
pensión de jubilación (Aclaración de voto)
La orden de reintegro impartida se sustenta en la
protección del derecho fundamental al mínimo vital, motivo por el cual, la
entidad accionada debe cumplir lo ordenado por la Corte, permitiéndole al actor
completar el tiempo de servicios exigido por la entidad de seguridad social y
acceder así a la pensión de jubilación. Tal es la finalidad específica que
persigue la medida tendiente a la reanudación de labores. Advierto que tal observación se hace necesaria,
en la medida en que se puede generar ambigüedad respecto de las consecuencias
jurídicas derivadas de la decisión que restituye el vínculo laboral.
PENSION DE
JUBILACION POR APORTES PREVISTA EN LEY 71 DE 1988-Se accede con 20 años de aportes sufragados en
cualquier tiempo (Aclaración de voto)
Teniendo en cuenta lo señalado por la norma que
consagra la pensión por aportes, es claro que el actor cumple con el tiempo
exigido por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, puesto que bastaba con
acreditar 1028 semanas para acceder a la prestación económica, situación que
confirma que el accionante completó el tiempo de servicios exigido por la Ley
71 de 1988 y, debía reconocérsele la pensión solicitada. Situación que tomó en
cuenta la Secretaría de Educación de Pasto para desvincularlo, solo que no
acató la línea jurisprudencial según la cual debió esperar a que se incluyera
en nómina al pensionado una vez se reconociera efectivamente su derecho.
Referencia: Expediente T-4.963.569
Acción de tutela
instaurada Ángel Tomas Díaz Bastidas en contra de la Secretaría de Educación de
Pasto y con vinculación al proceso de Fiduprevisora S.A.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Si bien comparto
la decisión tomada por la Sala Tercera de Revisión de conceder el amparo del
derecho al mínimo vital, y ordenar el reintegro del señor Ángel Tomas Díaz
Bastidas a un cargo de similar categoría al que venía desempeñando, hasta tanto
le sea reconocida la pensión de vejez y se produzca su inclusión en nómina.
Debo precisar, que la orden de reintegro en el caso concreto, constituye un
amparo que se deriva del examen y el alcance interpretativo que el precedente
constitucional ha decantado, con la finalidad de dar eficacia a los derechos
fundamentales.
Si bien conforme
prescriben las leyes laborales, el reintegro conlleva la no solución de
continuidad del vínculo laboral y el pago de los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir, incluidos los aportes a la seguridad social, en
este caso, dicha medida no va acompañada de esas consecuencias bajo el
entendido de que la misma claramente, no se apoya en una ley ordinaria
específica, sino en la materialización de valores y principios constitucionales
con los precisos alcances que esta corte fija o delimita. La orden de reintegro
impartida se sustenta en la protección del derecho fundamental al mínimo vital,
motivo por el cual, la entidad accionada debe cumplir lo ordenado por la Corte,
permitiéndole al actor completar el tiempo de servicios exigido por la entidad
de seguridad social y acceder así a la pensión de jubilación. Tal es la
finalidad específica que persigue la medida tendiente a la reanudación de
labores.
Advierto que tal
observación se hace necesaria, en la medida en que se puede generar ambigüedad
respecto de las consecuencias jurídicas derivadas de la decisión que restituye
el vínculo laboral.
De otra parte,
observo que el actor solicitó la pensión de jubilación por aportes[122],
y acreditó un total de 1.174 semanas, exigiéndosele un total 1250. Teniendo en
cuenta lo señalado por la norma que consagra la pensión por aportes, es claro
que el actor cumple con el tiempo exigido por el artículo 7 de la Ley 71 de
1988, puesto que bastaba con acreditar 1028 semanas para acceder a la
prestación económica, situación que confirma que el señor Díaz Bastidas
completó el tiempo de servicios exigido por la Ley 71 de 1988 y, debía
reconocérsele la pensión solicitada. Situación que tomó en cuenta la Secretaría
de Educación de Pasto para desvincularlo, solo que no acató la línea jurisprudencial
según la cual debió esperar a que se incluyera en nómina al pensionado una vez
se reconociera efectivamente su derecho.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1] De acuerdo con el texto de la
acción de tutela el señor Ángel Tomás Díaz Bastidas nació el día 7 de marzo de
1948. Sin embargo, no es posible verificar esta fecha toda vez que no hay copia
de la cédula de ciudadanía en el expediente.
[2] Cuaderno 1, folio 12.
[3] Cuaderno 1, folio 21.
[4] Cuaderno 1, folio 20.
[5] Cuaderno 1, folio 9.
[6] De conformidad con el artículo 3
del Decreto 2831 de 2005, “la atención de las solicitudes relacionadas con
las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones del
Magisterio, será efectuada a través de las secretarías de educación de las
entidades territoriales certificadas, o las dependencias que haga sus veces.” Adicionalmente,
sostiene que “[s]in perjuicio de la responsabilidad administrativa,
disciplinaria, fiscal y penal a que pueda haber lugar, las resoluciones que se
expidan por parte de la autoridad territorial, que reconozcan prestaciones
sociales que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, sin la previa aprobación de la sociedad fiduciaria encargada del
manejo y administración de los recursos de tal Fondo, carecerán de efectos
legales y no prestarán mérito ejecutivo.” Para efectos del Fondo Nacional
de Prestaciones del Magisterio, se entiende que la sociedad fiduciaria es la
Fiduprevisora.
[7] Sobre el particular se afirma
que: “Que la entidad Fiduprevisora S.A., mediante hoja de revisión con
identificador (…) niega la pensión de jubilación solicitada por el docente, y
reitera la negativa mediante la siguiente hoja de revisión con identificador
(…), teniendo en cuenta que cuando dos aportes concurran en un mismo período de
tiempo, estos no deben ser contados en forma individual, sino que por el
contrario estos deben ser tenidos en cuenta como un único tiempo, motivo por el
cual en los apartes señalados en el proyecto de Acto Administrativo de
reconocimiento de la prestación estaría errado, no siendo 8666 días. // Que
obteniendo como resultado una cifra mayor a la real, aduce la entidad
fiduciaria, que a la fecha de status proyectada por SEM-PASTO 07 de marzo de
2013, se tendría como tiempo real de semanas e aportes 1174 semanas, por lo que
no se cumple con el requisito para este año, que corresponde a 1250 semanas en
el año 2013, por lo cual no es posible dar trámite al reconocimiento de la prestación,
toda vez que el docente no cumple con este requisito para la pensión de vejez:
Ley 100 de 1993”.
[8] Cuaderno 1, folios 13 a 16.
[9] Cuaderno 1, folio 18.
[10] Textualmente, se señala que: “(…)
En consecuencia, se ORDENE a la Secretaría de Educación Municipal de Pasto, que
en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, o el término que el señor juez constitucional
considere pertinente para la protección integral de los derechos fundamentales
vulnerados, reintegrar y restablecer sin solución de continuidad el cargo de
docente que venía desempeñando (…), hasta alcanzar el número de semanas de
cotización necesarias para el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación, supeditado al retiro del servicio educativo hasta tanto se
garantice el pago efectivo de la mesada pensional. // Así mismo, pagar por
concepto de salarios y prestaciones sociales los valores dejados de percibir
(…), desde la fecha efectiva de retiro del docente por haber cumplido la edad
de 65 años, hasta el reintegro al cargo que venía desempeñando en la I.E.M.
ciudad de Pasto”.
[11] Cuaderno 1, folios 36 a 38.
[12] “Por el cual se reglamentan
el inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6° del artículo 7° de la Ley 91 de
1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.”
[13] Sentencia del 26 de mayo de
2014. Cuaderno 1, folios 40 a 48. En lo que atañe a esta última pretensión, en
el aparte pertinente del fallo en cita, se manifestó que: “Luego, los
argumentos por los cuales se exige el reconocimiento de la prestación económica,
es un asunto que en exclusiva debe ser atendido por las autoridades
administrativas y jurisdiccionales competentes, pues no es atribución del juez
constitucional el inmiscuirse en el trasegar propio de tales especialidades,
bajo el pretexto de auscultar un desconocimiento iusfundamental que se ha
mostrado sólo como aparente. // Y es que ni tan siquiera se cumplen con los
requisitos jurisprudencialmente señalados para hacer procedente el amparo
constitucional excepcional, puesto que es obligación de quien pretende ser
beneficiario de una obligación prestacional, además de afirmar que se encuentra
en estado de vulnerabilidad, aportar prueba sumaria para lograr tal propósito,
sin embargo el accionante no aporta ningún medio probatorio, que permita
comprobar que evidentemente, se encuentra quebrantado su derecho al mínimo
vital. // Así las cosas, al no existir prueba alguna que permita demostrar que
el promotor de la acción constitucional de amparo afronta una difícil condición
de subsistencia; ha quedado comprobado que no se encuentran motivos
objetivamente razonables por los cuales el reclamante se entre impedido para,
de ser el caso, adelantar las acciones legales necesarias para salvaguardar las
prerrogativas que considera conculcadas, ya que es este un asunto que escapa a
la competencia asignada a la acción constitucional procurada. // (…) Tampoco se
enmarca en el escenario de ineficacia del medio judicial ordinario, en razón a
que de la prueba militante en el plenario no se advierte que el actor se encuentre
en condición de vulnerabilidad o discapacidad, por lo que es claro que no se
trata de un sujeto de especial protección constitucional o de persona que se
encuentre en condiciones de debilidad manifiesta, que haga parte de grupos
vulnerables, que tenga afectado su mínimo vital, y que por esas razones la
acción de tutela sea procedente como mecanismo definitivo de protección de los
derechos fundamentales”.
[14] Cuaderno 1, folios 49 a 65.
[15] Cuaderno 1, folios 33 y 34
[16] Cuaderno 1, folio 108.
[17] Sobre el particular, se
manifestó que: “Habrá que decir además que si bien es cierto que la primera
instancia da por acreditada la procedencia de la pretensión de reconocimiento y
pago de salarios dejados de percibir desde el momento de desvinculación del
docente hasta la fecha del reintegro efectivo, de manera por demás automática
cuando alude aplicar sin más, el criterio dispuesto por el precedente
jurisprudencial proferido sobre el particular en ‘supuestos fácticos idénticos
al que nos ocupa’, no lo es menos que la detenida revisión de la línea
jurisprudencial que cita el fallo objeto del recurso de alzada (sentencias
T-495 de 2011 y T-294 de 2013), distan de las particularidades propias del sub
lite, especialmente en lo que a la interposición de los recursos ordinarios
frente a las resoluciones de despido por edad de retiro forzoso y de la
formulación de la acción de amparo atañe, pues se advierte que en tales casos
no sólo se agotaron los recursos de reposición en contra de los actos
administrativos que dispusieran la desvinculación del servicio, a diferencia de
lo acaecido en el asunto de marras, sino que ante la negativa proferida por la
administración, los interesados acudieron a la acción de tutela en un término
más que prudencial en procura de la protección de sus derechos fundamentales,
siendo además que alegaron la concurrencia de especiales condiciones de
vulnerabilidad adicionales, cuales son, el delicado estado de salud de la
cónyuge del accionante y la presencia de discapacidad visual total del otro,
respectivamente. // Contrario sensu, el señor Días Bastidas ni agotó la
interposición de los recursos que tenía a su alcance al momento de proferirse
el acto administrativo que lo retiraba del servicio, ni acudió a la tutela como
mecanismo para conjurar un perjuicio irremediable en un término que permita
inferir que el no pago del que alega era su único ingreso de sostenimiento
propio y familiar, se constituía como una afrenta a sus derechos fundamentales
(…)”
[18] Cuaderno 1, folio 12.
[19] Cuaderno 1, folio 21.
[20] Cuaderno 1, folio 20.
[21] Cuaderno 1, folios 9 a 11. Según
lo previsto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
[22] Cuaderno 1, folios 13 a 16.
[23] Cuaderno 1, folio 18.
[24] Cuaderno 1, folio 25.
[25] Cuaderno 1, folio 24.
[26] Cuaderno 1, folios 40 a 48.
[27] Cuaderno 1, folios 49 a 65.
[28] Véanse, entre otras, las
Sentencias T-336 de 2009,  T-436 de 2009, T-785 de 2009, T-799 de 2009, T-130
de 2010, T-136 de 2010, T-471 de 2014, T-596 de 2014, T-823 de 2014 y T-538 de
2015.
[29] Sentencia T-723 de 2010, M.P.
Juan Carlos Henao Pérez.
[30] Véanse, entre otras, las
Sentencias T-179 de 2003, T-500 de 2002, T-135 de 2002, T-1062 de 2001, T-482
de 2001, SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-418 de 2000, T-156 de 2000, T-716 de
1999, SU-086 de 1999,  T-554 de 1998, T-384 de 1998 y T-287 de 1995.
[31] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[32] Véanse, además, las Sentencias
T-179 de 2003, T-500 de 2002, T-135 de 2002, T-1062 de 2001, T-482 de 2001,
SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-418 de 2000, T-156 de 2000, T-716 de 1999,
SU-086 de 1999,            T-554 de 1998, T-384 de 1998 y T-287 de 1995.
[33] Sentencia C-225 de 1993, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[34] Véanse, entre otras, las
Sentencias T-225 de 1993 y T-808 de 2010.
[35] M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[36] Véase, entre otras, las
Sentencias T-106 de 1993 y T-100 de 1994.
[37] Sentencia T-705 de 2012, M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[38] Igual doctrina se encuentra en
las Sentencias T-203 de 1993, T-483 de 1993 y T-016 de 1995.
[39] Sentencia C-543 de 1992, M.P.
José Gregorio Hernández Galindo.
[40] CPACA, art. 138.
[41] Puntualmente, en la Sentencia
T-016 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo, se dijo que: “(…) la Corte ha
precisado como regla general, que la acción de tutela es improcedente para
solicitar el reintegro de los empleados públicos, pues en el ordenamiento jurídico
está previsto la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, luego existe
un medio de defensa judicial propio, específico y eficaz que excluye la
prevista en el artículo 86 Constitucional. No obstante la Corte ha manifestado
que, excepcionalmente ante un perjuicio irremediable, puede resultar procedente
el amparo cuando la acción de nulidad y restablecimiento del derecho resulta
inadecuada para la efectividad de los derechos fundamentales violados, dada la
situación que afronta el accionante”.
[42] Un antecedente se encuentra en
la Sentencia T-068 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil, en la que se ordenó el
reintegro a la Policía Nacional de una persona que había sido desvinculada
mediante el uso incorrecto de unas normas sobre aptitud psicofísica, las cuales
resultaban inaplicables para el caso concreto. Para efectos de la procedencia
de la acción, se tuvo en cuenta la pérdida de capacidad laboral del 40%, la
necesidad del actor de recibir atención médica permanente y la afectación
–tanto individual como familiar– del mínimo vital.
[43] Por ejemplo, en la Sentencia
T-424 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, se conoció del caso de una señora
que fue retirada del servicio por la causal de abandono, la cual alegó su
aplicación irregular y el desconocimiento de su condición de aforada sindical.
Para la Corte, si bien ambos temas debían discutirse ante los jueces ordinarios
(laboral y contencioso), estaban dadas las condiciones para otorgar un amparo
transitorio, tanto por las dificultades vinculadas con el mínimo vital, como
por la aparente ilegalidad de la decisión adoptada, la cual implicaba una
violación al debido proceso. De ahí que, si bien se concedió el amparo, se
ordenó acudir ante los jueces competentes para obtener un pronunciamiento
definitivo respecto de la validez de la resolución que dispuso su retiro del
servicio.
[44] M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[45] M.P. María Victoria Calle Correa.
[46] En concreto se ha dicho que: “[…] respecto del
argumento del actor según el cual no podía ser retirado sin que previamente le
hubiera sido reconocida la pensión por su labor en la Justicia Penal Militar,
la jurisprudencia ha sostenido que la aplicación de la edad de retiro forzoso
como causal de retiro debe ser razonable, atendiendo a las circunstancias
especiales de cada servidor, pues se trata de personas de la tercera edad y por
ende son sujetos de especial protección constitucional, lo contrario podría
implicar la vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos el mínimo
vital, al privarlo del ingreso necesario para cubrir su necesidades.” Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, CP. Alfonso Vargas
Rincón. expediente con radicado 25000232500020070118501(1232-09). En esta
sentencia, la Sección Segunda del Consejo de Estado estudió una acción de
nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por un magistrado de un
Tribunal Superior Militar, quien fue retirado del servicio por haber cumplido
la edad de retiro forzoso, sin que se le hubiera reconocido previamente la
pensión de jubilación. El Consejo de Estado consideró que la desvinculación de
funcionarios por haber cumplido la edad de retiro forzoso debe hacerse en forma
razonable, para evitar la vulneración del derecho al mínimo vital de sujetos de
especial protección constitucional. Sin embargo, en el caso concreto el Consejo
de Estado consideró que la decisión de la administración no había vulnerado los
derechos del actor, porque este estaba recibiendo una asignación de retiro
desde el año de 1996.
[47] Véanse, por ejemplo, las
Sentencias T-012 de 2009, T-685 de 2009, T-007 de 2010, T-487 de 2010 y T-154
de 2012.
[48] Sentencia T-294 de 2013, M.P.
María Victoria Calle Correa. Sobre lo anterior, se expuso que: “(…) aunque
la Corte ha reiterado la improcedencia de la acción de tutela para controvertir
actos administrativos que declaran la insubsistencia de servidores públicos,
también ha admitido su procedencia excepcional para amparar los derechos
fundamentales de personas que han sido retiradas del cargo por haber alcanzado
la edad de retiro forzoso, cuando al momento de su desvinculación no habían
logrado el reconocimiento de una pensión que garantizara su derecho al mínimo
vital y no cuentan con otra fuente de ingresos que les permita satisfacer sus
necesidades básicas”. Énfasis por fuera del texto original.
[49] Sentencia T-012 de 2009, M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[50] Esta importante distinción fue
desarrollada en la Sentencia T-495 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, en
los siguientes términos: “(…) el derecho al mínimo vital, que ha sido
reconocido por nuestra Constitución Política como un derecho fundamental,
también está estrechamente ligado al de la Seguridad social, dado que en
esencia, ambos tienen como objetivo evitar que las personas caigan en estado de
pobreza; debido a que el aumento de la edad va de la mano con la pérdida de
capacidad productiva y la disminución de los ingresos, surge para el Estado, la
familia y la sociedad, la obligación de proteger el derecho al mínimo vital del
adulto mayor; en primer lugar, propendiendo por la obtención de una pensión de
vejez, o en su defecto, generando mediante subsidios, iniciativas de asistencia
social para proteger a los adultos mayores en estado de indigencia o extrema
pobreza.”
[51] Sobre el particular, en el
régimen de prima media con prestación definida, el artículo 37 de la Ley 100 de
1993 dispone que: “Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener
la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren
su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en
sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación
promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado
así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los
cuales haya cotizado el afiliado”.
[52] El artículo 48 del Texto
Superior, en el aparte pertinente, dispuso que: “(…) la ley podrá determinar
los casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos inferiores
al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no cumplan con las
condiciones requeridas para tener derecho a una pensión”. El desarrollo
normativo sobre los BEPS se encuentra principalmente en el Decreto 604 de 2013.
[53] M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[54] Énfasis por fuera del texto
original.
[55] Sentencia C-563 de 1997, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[56] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[57] Esta posición fue reiterada en la
reciente Sentencia C-616 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo, al declarar la
existencia de una cosa juzgada constitucional frente al citado artículo 31 del
Decreto Ley 2400 de 1968.
[58] El Decreto 2277 de 1979 aplica
para los educadores que fueron designados para un cargo docente estatal en
propiedad y tomaron posesión del mismo antes de la expedición de la Ley 715 de
2001.
[59] Énfasis por fuera del texto
original.
[60] Sentencia T-865 de 2009, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[61] La norma en cita, en el aparte
pertinente, dispone que: “Para adquirir el derecho a la pensión será
necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización
o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, sin
perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia.
(…)”.
[62] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[63] Ley 100 de 1993, art. 2. Esta
circunstancia permite distinguir a esta causal de otras cercanas previstas en
la ley, como es aquellas que permite el retiro por haber obtenido la pensión de
jubilación o vejez (Ley 909 de 2004, art. 41, literal e). Esta norma fue
declarada exequible en la Sentencia C-501 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, “en el entendido de que no se pueda dar por terminada la relación
laboral sin que se le notifique debidamente su inclusión en la nómina de
pensionados correspondiente”. Obsérvese como, el supuesto de aplicación de
la norma es distinto al de la edad de retiro forzoso, pues supone que el
funcionario no ha llegado a dicho límite temporal, pero ya tiene acreditados
los requisitos para disfrutar del derecho a su pensión. En términos de edad, lo
anterior puede ocurrir si se tiene en cuenta que la exigencia actual es de 57
años para la mujer y 62 para el hombre.
[64] Ley 797 de 2003, art. 9, el cual
modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Allí se observa que desde el año
2003 se produjo un aumento paulatino de las semanas de cotización de un
requerimiento inicial de 1.000 hasta la exigencia de 1.300 a partir del año
2015.
[65] Como previamente se dijo, otras
figuras como la indemnización sustitutiva o los BEPS no tienen la periodicidad
ni una tasa de reemplazo similar al salario de cotización, por lo que es la
pensión de vejez, por su propia naturaleza, la prestación que está íntimamente
ligada a la salvaguarda del mínimo vital, ya que permite percibir ingresos
cercanos a los ingresos del trabajador, pasa así poder satisfacer sus
necesidades personales y familiares, sin sufrir mayores traumatismos, y en unas
condiciones que respondan al nivel y a la dignidad de vida alcanzados.
[66] En concordancia con lo anterior,
la Corte ha indicado que: “la desvinculación de los funcionarios por llegar
a la edad de retiro forzoso cumple con ciertos cometidos constitucionales: (i)
el derecho al trabajo de quienes aspiran a servir al Estado y (ii) el principio
de igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos públicos. Pero también
ha establecido que, al igual que acontece con las demás instituciones del
Estado Social de Derecho, ésta tiene límites. Su aplicación merece ser
ponderada, motivo por el cual debe responder a las características peculiares,
tanto fácticas como jurídicas de los trabajadores en cada caso concreto, porque
estos son sujetos de la tercera edad y por ende titulares de una especial
protección constitucional.” Sentencia T-660 de 2011, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[67] En la aplicación de estas
subreglas cabe advertir que si bien en todas las sentencias no se ha dispuesto
de manera explícita que el reingreso del trabajador se realiza a partir de la
aplicación de la excepción de inconstitucionalidad respecto de la norma que
consagra la edad de retiro forzoso como causal de desvinculación (artículo 31
del Decreto 2400 de 1968 o artículo 31 del Decreto 2277 de 1979), es claro que
el fundamento jurídico para conceder tal orden se origina en la inaplicación de
la norma que estipula tal causal, toda vez que su aplicación objetiva en el
caso concreto resulta contraria a derechos fundamentales.
[68] Sobre el particular se pueden
consultar las Sentencias T-012 de 2009, T-865 de 2009, T-007 de 2010, T-487 de
2010, T-660 de 2011, T-154 de 2012 y T-718 de 2014. Así, por ejemplo, en la
primera de las citadas providencias, esta Corporación se pronunció sobre el
caso de un señor que laboró
como docente vinculado a la Secretaría de Educación de Bogotá y fue retirado
del servicio al cumplir los 65 años. Antes de ser apartado del cargo, había
iniciado el proceso para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, sin
obtener un pronunciamiento de fondo. La situación económica del actor lo obligó
a acudir a la acción de tutela, ya que con sus ingresos se satisfacían las
necesidades básicas de su familia, la cual incluía dos hijos de 11 y 17 años.
La Sala Cuarta de Revisión encontró que en el caso concreto existía una
vulneración del derecho fundamental al mínimo vital del accionante, de
conformidad con los siguientes argumentos: “Por una parte, [la
administración] incumpliendo las normas en la materia, guarda silencio por un
período superior a un año con respecto a la solicitud de reconocimiento de
pensión de jubilación elevada por el actor. Por otra parte, la administración
procede a la desvinculación del accionante del servicio, conforme con una
simple aplicación objetiva de las normas de retiro forzoso del servicio por
cumplimiento de la edad de 65 años, sin hacer una valoración de sus
circunstancias particulares, como son (i) la entera dependencia de su salario
para la satisfacción de sus necesidades; y (ii) la falta de respuesta de fondo
de la solicitud de pensión que había presentado, privándolo con ese proceder,
desproporcionado e injustificado, de la posibilidad de percibir un ingreso que
le permita proveerse su subsistencia y la de su familia, con lo cual se vulnera
su derecho fundamental al mínimo vital.” Por su parte, en la citada
Sentencia T-718 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa, se revolvió el caso
de un auxiliar de servicios generales de una institución educativa de Boyacá
que fue retirado del cargo por haber cumplido la edad de retiro forzoso. Al
momento de su desvinculación se encontraba adelantando los trámites para el
reconocimiento de la pensión, pero el proceso se había retardado por algunas
inconsistencias en la historia laboral, las cuales debían ser verificadas por
Colpensiones. Al momento de resolver el caso concreto, la Sala Primera de
Revisión señaló que: “la Secretaría de Educación de Boyacá vulneró el
derecho al mínimo vital del accionante al desvincularlo del cargo de auxiliar
de servicios generales por haber cumplido la edad de retiro forzoso, pues no
tuvo presente que su salario era su única fuente de ingresos y su situación
pensional no se ha resuelto definitivamente, entre otras cosas, porque existen
inconsistencias en su historia laboral que la demandada no ha ayudado a
aclarar. Esta situación es desproporcionada si se tiene presente el tiempo
laborado por el actor dentro de la Secretaría de Educación y la precaria
situación económica por la que atraviesa, por lo que no puede aceptarse por la
Constitución su desvinculación.” En definitiva, se ordenó el reintegro del
accionante hasta que se resolviera su situación pensional.
[69] Sobre el particular se pueden
consultar las Leyes 790 de 2002 y 1105 de 2006. De igual manera, la Sentencia
C-795 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Hernández.
[70] En la Sentencia T-495 de 2011,
M.P. Juan Carlos Henao Pérez, se expuso que: “La Ley 790 de 2002, creó la
figura del retén social y dio origen a la noción de prepensionado. Esta figura
consiste en una medida de protección a la estabilidad laboral conforme a la
cual, en el desarrollo del ‘Programa de Renovación de la Administración
Pública’, ciertos grupos de la población no pueden ser retirados del servicio.
Uno de estos grupos está conformado por los servidores públicos a quienes les
falte un máximo de tres años para cumplir con la totalidad de los requisitos de
edad y tiempo de servicio para disfrutar de su pensión de jubilación o de
vejez. (…) Si bien los destinatarios de esa figura son los servidores públicos
vinculados a una entidad estatal destinada a liquidarse en virtud [del citado
programa] (…), que no es el caso que nos ocupa, el ejemplo sirve como parámetro
de interpretación jurídica para no tomar estas decisiones únicamente bajo
criterios objetivos”.
[71] El primer antecedente cercano a
este tipo de decisiones se encuentra en la Sentencia T-496 de 2010, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub, en la que se resolvió el caso de una mujer que fue
retirada del cargo de auxiliar de servicios generales de un hospital del Estado
por haber cumplido 65 años, pese a que aún le faltaban dos años para tener el
tiempo requerido para completar el derecho a la pensión de vejez. En relación
con el asunto propuesto, este Tribunal manifestó que “el Hospital procedió a
hacer efectiva la decisión del retiro forzoso sin que la situación particular
de la actora hubiese estado definida y en consonancia con los derechos y
principios constitucionales, ocasionándole un perjuicio grave, ya que dejó de
percibir el único ingreso que servía de sustento a su familia, con el agravante
de que dentro [de la misma se encontraba] un niño, situación que (…) [tendía] a
empeorar por la falta de recursos económicos para cumplir con todas las
obligaciones que [demandaba] el sostenimiento [del] hogar.” En la parte
resolutiva, se ordenó el reintegro de la actora y se le otorgó la posibilidad
para que, en un plazo razonable de un mes, informara por escrito a la entidad
empleadora si optaba por seguir cotizando al sistema o si, en su lugar, se
acogía a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, sólo en este
último caso se consagró la prohibición de desvinculación hasta que se hiciese
efectivo el pago de la citada prestación. No obstante, más adelante, en la
Sentencia T-495 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, la Corte conoció del
caso de un celador que prestaba sus servicios en una institución educativa y
que fue retirado por cumplir 65 años. Al analizar el caso concreto, este
Tribunal encontró que se presentaba una violación del derecho al mínimo vital
de una persona de la tercera edad, quien junto con su esposa padecía graves
enfermedades, lo que conducía a la procedencia del amparo con el fin de que el
actor alcanzará el tiempo de cotización exigido en aras de obtener la pensión
de vejez (2 meses y medio), resaltando que su reconocimiento constituye el
principal fin al que aspira la Constitución en términos de protección al adulto
mayor. En definitiva, se ordenó el reintegro del accionante a su cargo sin
solución de continuidad, hasta que se le reconociera y pagara la pensión de
vejez. Una decisión en el mismo sentido se adoptó en la Sentencia T-294 de
2013, M.P. María Victoria Calle Correa, al disponer el reintegro de un educador
en situación de discapacidad al que le faltaban aproximadamente dos años para
acceder a la pensión de jubilación. En la parte resolutiva se dispuso que: “Esta
orden de reintegro se mantendrá hasta tanto le sea reconocida y comience a
disfrutar la pensión de vejez o, en su defecto, la prestación económica a que
tenga derecho y que resulte más beneficiosa para el peticionario, entre
aquellas previstas en el régimen que regula sus derechos pensionales”.
[72] Sentencia T-495 de 2011, M.P.
Juan Carlos Henao Pérez.
[73] Sentencia T-905 de 2013, M.P.
María Victoria Calle Correa. En este caso el amparo fue propuesto por un
funcionario de la Procuraduría General de la Nación cuya renta superaba los $ 400.000.000
millones de pesos y sus ingresos en los últimos cinco años fueron superiores a
los $1.000.000.000 millones.
[74] Sentencia T-708 de 2011. M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio. En esta oportunidad, se evidenció que el actor
contaba con un patrimonio mayor a los $ 400.000.000 millones de pesos, monto
muy superior a las deudas que alegaba, de suerte que contaba con los soportes
necesarios para satisfacer las obligaciones básicas de su hogar. Por ello, en
la parte motiva de esta providencia, se dijo que: “para que sea procedente
el amparo no es suficiente alegar que la ausencia de los salarios mermarán la
calidad de vida del actor. Aceptar esto llevaría a que todo despido sea
censurado a través de la acción de tutela, en perjuicio de los demás mecanismos
previstos en la ley y con la quiebra estructural del Estado de Derecho.” En
términos similares se pronunció la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, en Sentencia del 4 de agosto de 2015, M.P. Patricia Salazar Cuéllar, al
negar una tutela interpuesta por un magistrado de tribunal, el cual solicitaba
la prorroga en su cargo, pese a disponer de un ingreso alto y de tener
acreditado su derecho al auxilio de cesantía, además de que no demostró que
tuviese gastos por personas bajo su dependencia.
Por lo anterior, en la Sentencia T-400 de 2009, M.P.
Juan Carlos Henao Pérez, se advirtió que existen diferencias cualitativas en
torno al mínimo vital, por lo que no cualquier variación en los ingresos que
una persona recibe acarrea una vulneración de este derecho. En efecto, “existen
cargas soportables, que son mayores cuando una persona tiene mejores ingresos
que otras. En este sentido recuerda la Corte que, por estar ligado el mínimo
vital a la dignidad humana, y por estar ésta última ligada a su vez a la
posibilidad de satisfacer necesidades básicas, entre mayor posibilidad
financiera exista para la asunción de estas últimas, menor posibilidad de que
se declare la vulneración del mínimo vital en sede de tutela. Esto último
concuerda indefectiblemente con la subsidiaridad y residualidad de la acción
(…) Así las cosas, para que la misma procediera en razón a la afectación al
mínimo vital, se requeriría que existiera una prueba suficiente, rigurosa y
contundente, que mostrara que a pesar de existir una suma financiera razonable
para asumir las necesidades básicas, las mismas no pueden ser satisfechas por
las excepcionales circunstancias del caso concreto.” Sentencia T-211 de
2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[75] En la Sentencia T-660 de 2011,
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, se tuvo en cuenta –entre otras– la existencia
de deudas para otorgar el amparo, en los siguientes términos: “[El actor],
luego de ser retirado de la Fiscalía General de la Nación no percibe
ingresos económicos de ningún tipo; no tiene bienes de fortuna; sus deudas
ascienden a 30 millones de pesos por préstamos de familiares y amigos que han
ayudado a su subsistencia; debe mantener a su esposa y a un hijo estudiante
del Sena; está afiliado a Compensar en calidad de beneficiario de una hija;
padece problemas coronarios habiéndosele realizado una angioplastia con
implante de stent y ha sido intervenido recientemente de un carcinoma en
la cabeza”.
[76] Por ejemplo, en la Sentencia
T-294 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa, se dijo que: “El señor [XX]
no dispone de bienes inmuebles de los que pueda derivar alguna renta y, de
acuerdo con el certificado aportado al expediente, para el año 2011 (el último
que alcanzó a laborar completo), su patrimonio bruto era de 10 millones de
pesos y sus ingresos anuales alcanzaron un total de 14.400.000 pesos”.
[77] Ibídem.
[78] Véanse, entre otras, las
Sentencias T-494 de 2010 y T-708 de 2011.
[79] Sentencia T-660 de 2011, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[80] Folio 12 del cuaderno 1.
[81] La solicitud fue del 12 de marzo
de 2013, según consta en el folio 21 del cuaderno 1.
[82] Folio 20 del cuaderno 1.
[83] Al respecto, es preciso aclarar
que el actor se encuentra sujeto al régimen prestacional consagrado en el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003, en cuyo aparte pertinente se dispone que: “(…)
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos
en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para
hombres y mujeres. (…)”.
[84] Folio 39 del cuaderno 1.
Textualmente, se encuentra el siguiente contenido: “Primero.- NO
SANCIONAR por desacato a la Gerente Nacional de Reconocimiento de la
Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones, (…), como al Presidente Nacional
de COLPENSIONES (…). Segundo.- REQUERIR a la Secretaría de
Educación Municipal de Pasto, a través de su Secretario (…), para que de forma
inmediata, si aún no lo ha hecho, adelante las diligencias de notificación
personal de la Resolución No. 1822 del 5 de agosto de 2014 al señor Ángel Tomás
Díaz. (…)”.
[85] Cuaderno 1, folio 18.
[86] Folio 119 del Cuaderno 1.
[87] Textualmente, en el aparte
pertinente, se expuso que: “No existe responsabilidad de la Administración
de la Secretaría de Educación del municipio de Pasto, en los derechos que se
presumen vulnerados; dado que hasta la fecha en que se produjo el retiro del
docente, ésta no conocía la condición especial laboral del docente, para
efectos de aplicar la protección laboral reforzada del accionante, razón por la
cual solicito de manera respetuosa a su señoría que modifique el fallo de
tutela y si bien la administración no discute el reintegro del accionante a la
planta docente del municipio de Pasto, respetuosamente solicito que este
reintegro no genere el pago de los salarios y prestaciones durante el tiempo
que el docente fue retirado del servicio docente, dado que la situación se
produjo por culpa atribuible al accionante, al no acreditar la condición
especial, ya que se presumió que sólo contaba con el registro de los tiempos
laborados en el municipio de Pasto, no dejando otra opción a la administración
municipal, sino la de retirarlo y ofrecerle la alternativa de solicitar la
indemnización sustitutiva de la pensión, de conformidad con lo consagrado en la
Ley 100 de 1993, y así fue informado al accionante”. Cuaderno 1, folio 119.
[88] CP art. 86 y Decreto 2591 de
1991, art. 10.
[89] Sobre el particular, en la
Sentencia T-1001 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería, se expuso que: “la
legitimación en la causa como requisito de procedibilidad exige la presencia de
un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos del demandante y la
acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual
la tutela se torna improcedente (…)”.
[90] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[91] Ibídem
[92] Sentencia T-1103 de 2005, M.P.
Jaime Araujo Rentería.
[93] Sentencias T-1103 de 2005, T-1022
de 2006 y T-1233 de 2008.
[94] Precisamente, el artículo 86
dispone que: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales (…)”. Énfasis
por fuera del texto original.
[95] Véanse, entre otras, las
Sentencias SU-961 de 1999, T-344 de 2000, T-1169 de 2001, T-105 de 2002, T-575
de 2002, T-843 de 2002, T-315 de 2005, T-993 de 2005 y T-1140 de 2005.
[96] Sentencia T-279 de 2010, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[97] Folio 7 del Cuaderno 1.
[98] Folio 12 del Cuaderno 1.
[99] Sentencia T-719 de 2013, M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[100] Inicialmente aparecían
reportadas 1238.
[101] 12 de Marzo de 2013.
[102] 10 de septiembre de 2014.
[103] Sentencia SU-995 de 1999, M.P.
Carlos Gaviria Díaz. Véanse igualmente, las Sentencias T-012 de 2009, T-865 de
2009, T-211 de 2011, T-495 de 2011 y T-053 de 2014.
[104] CP. art. 1.
[105] Sentencia T-012 de 2009, M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[106] Sentencia T-211 de 2011, M.P.
Juan Carlos Henao Pérez.
[107] Sentencia T-487 de 2010, M.P.
Juan Carlos Henao Pérez. También pueden consultarse, entre otras, las
Sentencias T-378 de 2012 y T-1031 de 2010.
[108] Escrito del 12 de marzo de 2013.
[109] Oficio del 18 de marzo de 2013.
[110] Folio 118 del cuaderno 1.
[111] La norma en cita dispone que: “Artículo  9. Prohibición de exigir documentos que reposan en la entidad.
Cuando se esté adelantando un trámite ante la administración, se prohíbe
exigir actos administrativos, constancias, certificaciones o documentos que ya
reposen en la entidad ante la cual se está tramitando la respectiva actuación. Parágrafo.-
A partir del 1 de enero de 2013, las entidades públicas contarán con los
mecanismos para que cuando se esté adelantando una actuación ante la
administración y los documentos reposen en otra entidad pública, el solicitante
pueda indicar la entidad en la cual reposan para que ella los requiera de
manera directa, sin perjuicio que la persona los pueda aportar. Por lo tanto,
no se podrán exigir para efectos de trámites y procedimientos el suministro de
información que repose en los archivos de otra entidad pública”.
[112] Escrito del 10 de septiembre de
2014.
[113] Oficio del 30 de septiembre de
2014.
[114] La norma invocada disponía que: “Artículo
19 del CPACA. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. (…)
Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse
a las respuestas anteriores.”. Esta disposición fue modificada por la Ley
1755 de 2015, en la que se dispone la siguiente regulación: “Respecto de
peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las
respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o de
peticiones que se hubieren negado por no acreditar requisitos, siempre que en
la nueva petición se subsane”.
[115] Folio 25 del Cuaderno 1.
[116] Este cálculo se deriva del valor
aproximado de la pensión que le hubiese correspondiendo en el año 2013 ($
1.326.956 pesos), cuyo monto se calculó sobre el 73% del salario devengado
durante el último año de servicios, según se señala en la Resolución 1822 de
2014, en la que se negó el acceso al derecho pensional reclamado por falta de
semanas de cotización.
[117] Folio 24 del Cuaderno 1.
[118] La suma de $ 800.000 pesos por
concepto de alimentación,
vivienda, transporte y material académico.
[119] La suma de $ 400.000 pesos por
concepto de estudios, vestido y transporte.
[120] La suma de $ 700.000 pesos.
[121] En un estudio del Ministerio de
Salud se señala que sólo el 29.9% de las personas adultas mayores entre 60 y 79
años continúan participando en el mercado laboral, la mayor parte en
actividades de hogar, en el sector rural y con bajas coberturas en seguridad
social. Al respecto, se puede consultar el siguiente documento: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Documents/Situacion%20Actual%20de%20las%20Personas%20adultas%20mayores.pdf
[122] Ley 71 de 1988
artículo 1° A partir de la vigencia de la presente
ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de
aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las
entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional,
departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el
Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que
cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55)
años o más si es mujer.