T-580-00
Sentencia T-580/00
Sentencia T-580/00
EMPLEADOR-Mora en el pago de aportes/EMPLEADOR-Asunción
de responsabilidad por no pago de aportes en riesgos profesionales
Reiteración de jurisprudencia
Referencia: expediente T-280053
Acción de tutela
incoada por Magaly Cantillo de Gamero contra Saludcoop, E.P.S., Seccional
Barranquilla.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR
GALVIS
Santa Fe de Bogotá, D.C., a los dieciséis
(16) días del mes de mayo de dos mil (2000).
La Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
que pone fin al proceso de revisión del
fallo dictado por el Juzgado Séptimo Penal Municipal en torno a la acción de
tutela instaurada por Magaly Cantillo de Gamero contra Saludcoop, E.P.S., Seccional
Barranquilla.
I. ANTECEDENTES
1.     Hechos.
Relata la demandante que se encuentra
afiliada al Sistema General de Seguridad Social ante Saludcoop, E.P.S. mediante
el régimen contributivo y por intermedio de la empresa Covitecnica Ltda. de la
ciudad de Barranquilla.
Los hechos de la demanda se sintetizan así:
El 29 de septiembre de 1999, la demandante
asistió a consulta médica con el doctor Victor Arango, quien determinó que
tenía problemas de hipertensión arterial, colesterol y triglicéridos. Para
combatir el colesterol se le formuló la droga Colestramina que la entidad
accionada no le proporciona, aduciendo que la empresa para la cual labora no ha
cancelado los aportes a salud.
Admitida la demanda de tutela, la entidad
demandada manifestó que la señora Magaly Cantillo no puede tener acceso al Plan
Obligatorio de Salud porque su empleador no ha realizado desde el mes de julio
de 1999 los pagos correspondientes a la afiliación en salud. De acuerdo con las
normas vigentes, es el empleador de la demandante quien debe garantizar la
prestación de servicios de salud a esta empleada, hasta tanto cancele el valor
de los aportes atrasados.
1.     Sentencia objeto de revisión.
El Juzgado Séptimo Penal Municipal de
Barranquilla en providencia del 25 de noviembre de 1999, denegó por
improcedente la tutela, luego de  considerar que la entidad demandada obró de
conformidad con lo establecido en la decreto 806 de 1999 y, por tanto, no existe
ninguna ilegalidad en su conducta.
En efecto, manifestó el fallo que “mal
estuvo por parte de la actora dirigir la acción de tutela que se examina contra
la E. P. S.  cuando no ha ocupado la jurisdicción  ordinaria contra su patrono
que, por su descuido o por su dolo no hace oportunamente los aportes a que está
obligado para los fines de salud y seguridad social de sus trabajadores, por lo
que es a quien le corresponde, en esa condición de patrón moroso, asumir las
prestaciones de seguridad social , servicios médicos, hospitalarios y de
medicamentos de sus empleados, mientras la entidad de seguridad social se
niegue a hacerlos por la susodicha morosidad”.
La anterior providencia no fue impugnada
por ninguna de las partes.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA
CORTE.
1.     Competencia.
La Corte Constitucional es competente para
revisar los fallos proferidos en el trámite de este proceso, en virtud de lo
estipulado en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política.
1.     La mora en el pago de los aportes obrero-
patronales.
Se reitera la jurisprudencia según la cual,
cuando el empleador no traslada en tiempo los aportes correspondientes a las
entidades promotoras de salud, vulnera directamente entre otros, los derechos
fundamentales a la salud, a la vida, al trabajo y a la seguridad social, pues,
al tratarse de un régimen contributivo, la demora en la cancelación de dichas
sumas, impide la prestación del servicio, ya que la empresa no puede
desarrollar el objeto social para el cual fue creada, generando serios
perjuicios a todos sus afiliados, quienes ven desmejorada la calidad del
servicio ante la ausencia de recursos económicos.[1]
La jurisprudencia de la Corte ha señalado
que si la atención en salud a cargo de las E.P.S., depende del pago oportuno de
los aportes, cuando la empresa promotora suspende el servicio médico, de uno de
sus usuarios por falta de pago de las cotizaciones, está asumiendo una conducta
legítima, quedando a cargo del empleador moroso, la responsabilidad de la
prestación del servicio, como consecuencia de su omisión.
Así, en principio las EPS no están
obligadas a prestar servicios cuando no les han cotizado oportunamente, pues la
obligación directa en tal materia es del patrono y a éste debe exigirse su
cumplimiento. Si se ha ordenado por parte de esta Corporación la atención por
las E.P.S. ha sido en aquellos eventos en los cuales la persona  se encuentra
en delicado estado de salud, en una situación de urgencia, o afrontando grave
peligro de muerte, sin perjuicio de repetir por los costos en que incurran,
contra el patrono o contra el Fondo de Solidaridad y Garantía, según el caso.
En el caso bajo examen, si bien la entidad
demandada no es la responsable por la falta de pago de los aportes patronales,
lo que es atribuible íntegramente al empleador de la demandante, no se demostró
que ésta se encontrara  en peligro actual e inminente, pues como bien lo
constatan los médicos consultados por el juez de instancia,[2] la
droga requerida, si bien ha sido recomendada por un médico de la entidad
accionada, puede igualmente reemplazarse por otra de igual efectividad que
alivia y mejora sus padecimientos.
Por lo anterior, se confirmará la decisión
de instancia, reiterando la jurisprudencia de esta Corporación, especialmente
en las sentencias recientes que trataron situaciones similares T-795 de 1999,
T-250 de 2000 y T-259 de 2000.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de noviembre
de 1999 por el Juzgado Séptimo Penal Municipal Barranquilla, al resolver sobre
la acción de tutela incoada por Magaly Cantillo de Gamero contra  Saludcoop
E.P.S.
Segundo. Por Secretaria líbrese la comunicación de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] T-259 y  T-360 de 2000, M. P: Dr. José Gregorio
Hernández Galindo.
[2] Folio 19 del expediente.