T-851-04
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-851/04
DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Obligaciones del Estado
DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Reglas constitucionales, jurisprudenciales e internacionales
aplicables
DERECHOS FUNDAMENTALES DEL INTERNO-Limitaciones
deben ser proporcionales a la finalidad de la medida privativa de la libertad
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Restricciones
en materia de seguridad
DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Vulneración por cuanto las autoridades han incumplido en forma
grave sus obligaciones
DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Medidas a adoptar para lograr protección efectiva
Referencia:
expediente T- 884651
Acción de tutela instaurada por Héctor Enrique López
Puin, Defensor del Pueblo – Seccional Vaupés, en contra del Alcalde Mayor de
Mitú y el Gobernador del Vaupés.
Magistrado Ponente:
Dr.
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C., dos (2) de septiembre de dos mil cuatro (2004).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión de la sentencia del seis
(6) de febrero de dos mil cuatro (2004), proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Villavicencio, Sala de Familia, que decidió sobre la
acción de tutela instaurada por  Héctor Enrique López Puin en su calidad de
Defensor del Pueblo – Seccional Vaupés, en contra del Alcalde Mayor de Mitú y
el Gobernador del Vaupés. La anterior sentencia fue remitida a la Corte
Constitucional y seleccionada por la Sala de Selección Número Cinco (5),
mediante auto del veintiocho (28) de mayo de dos mil cuatro (2004),
correspondiendo a la Sala Tercera de Revisión su conocimiento.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
1.1.
Hechos relatados por el demandante.
Mediante escrito presentado el día 19
de noviembre de 2003 ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Mitú, el señor
Héctor Enrique López Puin, en su condición de Defensor del Pueblo – Seccional
Vaupés, presentó acción de tutela en contra del Alcalde Mayor de Mitú y el
Gobernador del Vaupés, con el fin de que se protegieran los derechos
fundamentales a la vida en condiciones dignas, la integridad física, la salud y
salubridad, la alimentación suficiente, la recreación, el trabajo y la
resocialización de la población carcelaria del Municipio de Mitú. Para
sustentar sus peticiones, el accionante narra los hechos que se reseñan a
continuación.
1.1.1. Desde que entró en
funcionamiento la Cárcel Municipal de Mitú, se han incumplido los requisitos
mínimos legales para su adecuado funcionamiento, según lo dispuesto en la Ley
65 de 1993. Por su parte, en la Estación de Policía del Municipio de Mitú
también se encuentran personas recluidas en condiciones que no satisfacen los
requisitos internacionales, constitucionales y legales mínimos de dignidad para
las personas privadas de su libertad.
1.1.2. La Gobernación del Departamento
del Vaupés creó, mediante Decreto No. 156 del 16 de julio de 2001, la Comisión
de Inspección y Vigilancia del Régimen Penitenciario en dicho Departamento, “cuyo
propósito sería garantizar la efectividad de los derechos de los internos y
ofrecer a estos las condiciones necesarias para una adecuada reincorporación a
la sociedad”. Entre las funciones de esta Comisión se encuentran las de (a)
verificar el cumplimiento de los principios rectores consagrados en el Código
Penitenciario Nacional, así como de las políticas adoptadas por el Gobierno
Nacional en desarrollo de los mismos; (b) supervisar los niveles de seguridad
de los centros penitenciarios y prestar asesoría a los municipios sobre las
medidas preventivas de seguridad de indispensable adopción; y (c) velar por los
derechos humanos de los reclusos y por su adecuada resocialización. No
obstante, hasta la fecha de presentación de la acción de tutela de la
referencia, y pese a las reiteradas solicitudes por parte de la Defensoría del
Pueblo, Seccional Vaupés en el sentido de que se reactivara la Comisión, “por
razones que se desconocen, esto no ha sido posible, y la Comisión sigue sin
cumplir con el objeto para la cual fue creada”.
1.1.3. Según se infiere de una
interpretación conjunta de los artículos 17 y 19 de la Ley 65 de 1993[1], es sobre las
autoridades departamentales y municipales que recae la responsabilidad del
sistema penitenciario y carcelario en el orden territorial, “sea mediante la
construcción, adecuación e implementación de las cárceles o ya sea con el
traslado de sus presos, mediante la contratación con el Instituto Nacional
Penitenciario INPEC, sin que les sea posible de ninguna manera sustraerse de la
obligación de atender la situación carcelaria en el departamento y en el
municipio respectivamente”.
1.1.4. Para el presupuesto del año
fiscal 2003, la Gobernación del Departamento del Vaupés destinó un rubro de
quinientos mil pesos ($500.000) para atender el sistema carcelario, suma que
resulta a todas luces insuficiente. Por su parte, el Municipio de Mitú destinó
para el año fiscal 2003 la suma de once millones de pesos ($11’000.000) para el
mismo fin, suma igualmente insuficiente para cubrir las necesidades del
sistema.
1.1.5. “A pesar del sin número de
requerimientos hechos de manera escrita y verbal por parte de la Defensoría del
Pueblo, seccional Vaupés, a las autoridades departamentales y municipales
responsables del sistema carcelario en el departamento, para que cumplan con
sus responsabilidades, éstas no han tomado las medidas necesarias, tendientes a
superar estas graves deficiencias”.
1.1.6. Dadas las reiteradas quejas
presentadas por los reclusos del Departamento del Vaupés a la Defensoría del
Pueblo, por intermedio de los Defensores Públicos que realizan visitas
semanales a los presos, en dicha entidad se conformó un equipo encargado de
constatar los hechos denunciados. El equipo de la Defensoría del Pueblo – Seccional
Vaupés se desplazó el día diecisiete (17) de octubre de 2003 en horas de la
mañana a la Cárcel Municipal de Mitú, y allí encontró las condiciones que se
resumen a continuación:
“a. Al
momento de ingreso de un detenido no se le practican los respectivos exámenes
médicos que permitan determinar si la persona es apta para vivir en comunidad.
A falta de este procedimiento se expone a la comunidad carcelaria a un contagio
general, en caso de que el nuevo interno padezca de alguna enfermedad
infecto-contagiosa.
b. La
infraestructura de la Cárcel Municipal de Mitú, está conformada de tres celdas
con capacidad para dos detenidos cada una, en condiciones aceptables. Una celda
compartida, en condiciones no aptas, por cuanto allí se encuentran almacenados
materiales de construcción (tubos PVC). Existe un patio contiguo al antes
mencionado, lleno de excremento de gallina (propiedad de los guardianes) y
también allí se encuentra uno de los sanitarios en mal estado.
c. En la
cárcel municipal se encuentran dos sanitarios en pésimas condiciones de higiene
y altamente deteriorados. No existen duchas, por lo que los internos deben
bañarse en la parte posterior de la cárcel, en un sitio abierto.
d. No se les
proporciona a los reclusos los elementos básicos de aseo personal. Tampoco lo
necesario para el aseo de las instalaciones del centro de reclusión.
e. La cocina
está conformada por un fogón de leña de dos puestos, cinco ollas de diferentes
tamaños, cuatro platos, muy pocos cubiertos, las condiciones de aseo de la cocina
son poco higiénicas, pues hay gran cantidad de moscas, hormigas y basura
acumulada en los rincones. Además de que a los internos les toca cocinar los
alimentos, carecen de un comedor, por lo que lo deben hacer (sic) en los
dormitorios o en el patio de la cárcel.
f. El agua
para el consumo de los internos es la que suministra el acueducto del
Municipio, la cual no es apta para preparar los alimentos y menos para el
consumo humano como agua fresca. Esta situación avoca a los internos a padecer
de enfermedades gastrointestinales.
g. No existe
un botiquín que contenga los medicamentos mínimos esenciales para aplicar los
primeros auxilios en casos de emergencia.
h. En cuanto
a la alimentación es escasa y no proporcional al número de internos, puesto que
el presupuesto es fijo, sin importar el aumento o disminución de la población
carcelaria. Cuando los internos se quejan se toman represalias contra éstos y
se desencadena una serie de amenazas relacionadas con el traslado hacia centros
carcelarios del interior del país.
i. No existe
una programación de las actividades educativas o de trabajo a realizar durante
el día, que se traduce en indisciplina, desorden y ocio, pues como se pudo
constatar mediante el video desde las primeras horas de la mañana se dedican
los internos a juegos de naipe, dominó, ajedrez, microfútbol (cancha
improvisada). Actividades que en muy poco contribuyen a la resocialización de
los reclusos.
j. A los
internos no se les brinda ninguna oportunidad de trabajo o estudio, como forma
de redimir la pena que se les impone, no existe ningún programa de aprendizaje
o de educación continuada.”
En consecuencia, afirma el Defensor del
Pueblo – Seccional Vaupés que “la infraestructura de la Cárcel del Municipio
de Mitú es obsoleta e incapaz de albergar en condiciones dignas aceptables a la
población reclusa. Por las condiciones de miseria, que privan a los reclusos de
elementales condiciones de vida digna, no es difícil sostener que en esta
cárcel se violan los derechos humanos.”
1.1.7. Por otra parte, señala el
accionante que en los calabozos de la Estación de Policía del Municipio de Mitú
hay, a la fecha de interposición de la acción de tutela, cinco personas
recluidas en una sola celda, “personas éstas que se encuentran a disposición
de la autoridad judicial competente, pero que sin embargo son sometidas a
condiciones de hacinamiento que atentan contra la dignidad del ser humano, so
pretexto de que la Cárcel Municipal de Mitú, no cuenta con las condiciones
mínimas de seguridad y que dada la peligrosidad de los sindicados, éstos
deberán ser trasladados a cárceles del interior del país”. Añade que la
estación de policía en cuestión “se ha convertido en un sitio permanente de
retención de personas sindicadas, desconociendo abiertamente su función como un
lugar temporal y transitorio de retención, en razón de que estos lugares no
cuentan con la infraestructura y las condiciones adecuadas para albergar por
largo tiempo a personas que se encuentran privadas de la libertad.”
Precisa a este respecto el Defensor del
Pueblo accionante que “en una sola celda confluyen dormitorio y baño, lo que
hace que el hacinamiento imposibilite un uso digno del sanitario. Los detenidos
comparten su dormitorio con grupos numerosos en una sola celda, sin suficiente
aireación y en condiciones de desaseo e indignidad general. Aún así y con
complacencia de la autoridad policial, el lugar se utiliza como sitio
permanente de reclusión.”
1.1.8. El Defensor del Pueblo señala
que las condiciones descritas para la Estación de Policía contrastan
abiertamente con los compromisos internacionales del país, en particular con lo
dispuesto en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de
los Reclusos, de conformidad con los cuales cada recluso dispondrá de una cama
individual y de ropa de cama individual suficiente, en condiciones dignas. “De
igual forma a estos detenidos no se les garantiza la alimentación por parte de
la administración municipal, con la excusa de que la autoridad judicial no los
ha entregado formalmente al municipio para su custodia, además de los problemas
presupuestales, señalados en múltiples ocasiones por la administración
municipal, que impiden que se cumpla con esta responsabilidad”.
Sobre este mismo punto indica el
Defensor que las personas sindicadas o condenadas por violar la ley penal
conservan su condición de sujetos de derecho, por lo cual es obligación del
Estado garantizar sus derechos constitucionales mientras que se encuentren bajo
su custodia. “Por lo anterior, estos ciudadanos se encuentran en condiciones
de precariedad y extrema indefensión por la omisión directa de las
administraciones, tanto Departamental como Municipal, directos responsables de
garantizar la realización de los derechos fundamentales, de todas las personas
y en especial de las privadas de la libertad, en el marco de su territorio.
Igualmente se hace necesario precisar que no sólo el maltrato físico constituye
trato inhumano, sino que también lo son las condiciones locativas indignas al
ser humano, que presenta en la actualidad el establecimiento carcelario.”
1.1.9. Por las anteriores razones,
afirma el Defensor del Pueblo – Seccional Vaupés que los reclusos de la Cárcel
Municipal de Mitú y de la Estación de Policía del Municipio de Mitú sufren
violaciones continuas de sus derechos constitucionales a la vida, a la dignidad
humana, a la integridad personal, a la igualdad, al trabajo, a la salud y a la
presunción de inocencia. En consecuencia formula la siguiente pretensión:
“…se sirva ordenar al Alcalde de
Mitú y Gobernador del Vaupés, tomar de manera inmediata las medidas correctivas
necesarias tendientes a establecer condiciones seguras, dignas, claras y
promisorias para con la población carcelaria, garantizando la realización
efectiva de los derechos fundamentales vulnerados de las personas privadas de
la libertad en la Cárcel Municipal de Mitú y de las que se encuentran recluidas
en la Estación de Policía del Municipio de Mitú, convertida ilegalmente en un
sitio permanente de retención de personas sindicadas”.
1.2.
Pruebas aportadas por el demandante
El Defensor del Pueblo – Seccional Vaupés adjuntó a
su demanda de tutela las siguientes pruebas documentales:
1.2.1. Copia del Decreto No. 215 de 2002 del Alcalde
Municipal de Mitú, “por el cual se liquida el presupuesto de rentas e
ingresos y recursos de capital, y las apropiaciones de gastos de funcionamiento
y gastos de inversión, para la Vigencia Fiscal del 1 de enero de 2003 al 31 de
diciembre de 2003 y se dictan otras disposiciones”. En él consta que para
dicha vigencia fiscal, de un total de ingresos de cuatro mil novecientos
setenta y dos millones seiscientos dieciocho mil cuatrocientos treinta y dos
pesos ($4.972’618.432),  se apropiaron once millones de pesos ($11’000.000)
dentro del rubro del Sector Justicia con destino a cubrir los gastos de
mantenimiento y alimentación de los reclusos de la Cárcel Municipal de Mitú.
1.2.2. Copia de la Ordenanza de la Asamblea
Departamental del Vaupés “por la cual se fija el presupuesto general del
Departamento del Vaupés, para la Vigencia correspondiente al 2003”. En ella
consta que, de un total de ingresos departamentales por veintiocho mil sesenta
y dos millones trescientos treinta y siete mil noventa y tres pesos
($28.062.337.093), se apropiaron quinientos mil pesos ($500.000) para el
“Programa Cárcel”, dentro del rubro de “Sector Desarrollo Comunitario”.
1.2.3. Copia de la comunicación dirigida el día 5 de
mayo de 2003 por el Defensor del Pueblo – Seccional Vaupés al Secretario de
Gobierno Departamental del Vaupés, “con el fin de solicitar a su despacho se
de estricto cumplimiento al Decreto 156 del 16 de julio de 2001, expedido por
la Gobernación de Vaupés, por medio del cual se creó la Comisión de Inspección
y seguimiento del Régimen Penitenciario en el Departamento del Vaupés. Dada la
crisis carcelaria que atraviesa el Departamento, evidenciada por las múltiples
quejas allegadas a esta Seccional de la Defensoría del Pueblo, le solicito de
manera urgente a su despacho en su calidad de presidente de la Comisión,
activar inmediatamente el comité para que cumpla con el objetivo para el cual
fue creado.”
1.2.4. Copia del Acta 001 del 19 de mayo de 2003,
correspondiente a la reunión de la Comisión de Inspección y Seguimiento del
Régimen Penitenciario y Carcelario, y elaborada en un formato del Departamento
del Vaupés – Alcaldía Mayor de Mitú – Secretaría de Gobierno – Inspección de
Policía y Tránsito Municipal. Por su importancia, se transcribe a continuación
el aparte 2, correspondiente al punto del Orden del Día titulado “Crisis
carcelaria que  atraviesa el Departamento”:
“Tomando la iniciativa hace uso de la palabra el Dr.
Héctor Enrique López Puin, Defensor del Pueblo, Seccional Vaupés, manifestando
que la situación del sistema carcelario y penitenciario en el departamento y
especialmente en su capital es verdaderamente crítica. // Que el Decreto 1365
de Agosto 20 de 1992 en su artículo 5 ordena la creación de una Comisión de
Inspección y Seguimiento al Régimen Penitenciario en cada Departamento. // Que
en el departamento del Vaupés solamente hasta el 16 de julio de 2001, por
intermedio de la Gobernadora encargada, se expidió el Decreto 156 de la citada
fecha, creando la Comisión de Inspección y Seguimiento del Régimen
Penitenciario en el Departamento del Vaupés. // Que una vez creada la Comisión,
los miembros del Comité se han reunido por derecho propio solamente en una
oportunidad el día 27 de septiembre de 2001, para tratar el tema carcelario, y
que en dicha reunión los miembros acordaron reunirse ordinariamente cada dos
(2) meses y se dejaron establecidos algunos compromisos. // Que es
responsabilidad del Departamento del Vaupés y el Municipio de Mitú, el manejo
del sistema carcelario y penitenciario y garantizar los derechos de las
personas privadas de la libertad, proporcionando la alimentación, la seguridad
en el sitio de reclusión y los demás derechos fundamentales de los detenidos.
// Que en estos momentos el ente departamental y municipal están haciendo caso
omiso a esta responsabilidad trasladando dicha carga a la Estación de Policía.
// Que las instalaciones de la Estación de Policía no son las adecuadas para
mantener por largo tiempo a las personas privadas de la libertad, por mandato
judicial, y que la Cárcel del Municipio, no tiene Dirección o tiene un Director
interino, que no puede dar respuesta a las múltiples necesidades y quejas por
parte de las personas detenidas, especialmente en cuanto al suministro de los
alimentos, llegando incluso éstas a pasar hambre por falta de atención del ente
municipal. // Que al llegar a este estado de cosas en el que se violan
flagrantemente los derechos fundamentales de las personas privadas de la
libertad sólo denota la falta de voluntad política y el desgreño administrativo
tanto del Departamento como del Municipio en un tema tan sensible para la
población del Vaupés, como es el trato que se le da a las personas detenidas.
// Que la Defensoría del Pueblo, Seccional del Vaupés, requiere a las
autoridades responsables Gobernación y Alcaldía para que den cumplimiento a lo
establecido en el Régimen Penitenciario y carcelario y procedan a mantener
condiciones humanas y dignas de los detenidos, y se abstengan de vulnerar los
derechos fundamentales de los mismos. // Por otra parte se debe entender que la
ciudad está en crecimiento y que el delito crece también al mismo ritmo, y que
el Departamento del Vaupés, está en mora de responder a las necesidades de la
sociedad, en el tema carcelario.
Seguidamente, el Dr. Gonzalo Eduardo Arbeláez R.,
Secretario de Gobierno Departamental, toma la palabra y señala que siendo la
Cárcel Municipal, la responsabilidad es del Municipio por tanto debe asumirla.
El Dr. Jorge Moreno, Delegado de la Procuraduría
Regional, pregunta a cuánto asciende el presupuesto carcelario destinado tanto
por la administración Departamental como el Municipal (sic). El Secretario de
Gobierno Departamental responde que son quinientos mil pesos m/cte ($500.000);
el Inspector de Policía informa que el Municipio tiene presupuestado un monto
de Diez Millones de pesos m/cte ($10.000.000).
Pide el uso de la palabra el Dr. Jairo Lizarazo,
Fiscal 30 Regional, y se remite al Código de Régimen Penitenciario y Carcelario
haciendo lectura de los artículo 17 y 19 para señalizar que la responsabilidad
es tanto municipal como departamental, y hace referencia a que la Policía
Nacional de Mitú, ha sido demasiado buena, asumiendo una obligación que no les
corresponde la de la alimentación de los detenidos. Propone hacer una reunión
con la presencia del señor Harol Leon Bentley como Gobernador del Vaupés, y
Argemiro Figueroa Bonilla como Alcalde del Municipio de Mitú, para precisar
sobre la voluntad política y responsabilidades de ambos gobernantes,
relacionado al tema penitenciario y carcelario.
Interviene el Dr. Jorge Moreno, apoyando la
iniciativa del señor Fiscal 30 Seccional.
Nuevamente retoma el uso de la palabra el Defensor
del Pueblo y expresa que la administración departamental, lo que ha hecho es
evadir el tema asignando en el presupuesto la suma de quinientos mil pesos
m/cte ($500.000), para atender el sistema carcelario y penitenciario a nivel
Departamental, mucho menos una política clara en el tema, evidenciándose una
vez más que no hay voluntad política, y mucho menos control. Porque si vamos al
fondo del asunto, es como si en el departamento del Vaupés y en el Municipio de
Mitú, no se cometieran delitos, ni contravenciones, ya que no existe un sistema
carcelario medianamente organizado. No se trata de que haya vacíos legales. Los
detenidos están aguantando hambre, y se tiene que establecer claramente de
dónde van a salir los recursos. Es voluntad de la Defensoría del Pueblo instar
a las autoridades departamentales y municipales para que se brinden garantías
mínimas de reclusión.
Interviene el delegado de la Procuraduría Regional y
pregunta qué vamos a hacer con semejante presupuesto, el Defensor del Pueblo
pregunta, qué vamos a hacer con los presos. El Dr. Lizarazo manifiesta que no
hay presos, pero que hay que avanzar en personalizar la responsabilidad, no con
evasivas.
El Mayor Elvis Luna Granados, comandante de la II
Estación de Policía Mitú, expresa que comparte la apreciación del Defensor del
Pueblo, pero que esta situación viene de secuelas de años anteriores. La
Policía no es un centro de reclusión, es un sitio de retención transitoria,
cuando así lo amerite la ley. Si la Fiscalía me envía un detenido prestamos un
servicio, no es obligación de la Policía. En este momento tengo una cuenta por
concepto de transporte aéreo por valor de dos millones de pesos m/cte
($2’000.000), de un detenido de nombre Arquímedes, un guerrillero. No sé a
quién corresponde el cubrimiento de tal obligación a la Alcaldía o a quién. No
es posible tener personas con hambre, y le prestamos el servicio de
alimentación, pero eso tiene un costo. Si se cuenta con presupuesto, debería
contratarse la alimentación para dicho personal con alguien. Ciertamente la
privación de la libertad debe ser en condiciones dignas.
Interviene el Dr. Lizarazo, para informar que hace
un mes, le tocó al Dr. Juan Carlos Espinel, Fiscal 24 Local, hacer de
Carcelero, porque no había carcelero, o el personal se encontraba en otro
sitio. Esta obligación está estatuida en el Código Penitencirio y Carcelario.
Nuevamente el Defensor retorna al caso de
Arquímedes, el presunto guerrillero, dice que como el favor se vuelve
costumbre, las autoridades responsables evaden la misma (sic). En cuanto a la
alimentación y el transporte del aludido señor, debe haber un contrato de
suministro de alimentación. Nuestra labor es verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los entes de ejecución, y ello corresponde a la administración
tanto Departamental como Municipal. El mismo INPEC celebra convenios, como no
hay voluntad política. Manifiesta que requirió al Asesor Jurídico Municipal y
que se puso energúmeno, debe existir una responsabilidad compartida entre
Gobernación y Alcaldía. Debe readecuarse la Cárcel, en seguridad realmente no
hemos hecho nada.
Recuerda el Dr. Lizarazo que para ello nació la
figura de la conciliación, y que para este efecto debe convocarse una reunión
en donde asista tanto el Gobernador como el Alcalde, lo mismo que los asesores
jurídicos para converger en un interés común en beneficio de los afectados,
teniendo en cuenta el Código de Régimen Penitenciario y Carcelario en sus
artículos 17 y 19. Se refiere un caso similar en el Municipio de Tame que
finalmente se resolvió con el suministro de alimentación.
Haciendo uso de la palabra el Mayor Luna Granados,
recuerda que existía un proyecto de construcción de un centro carcelario al
lado de la Estación de Policía en el espacio donde funcionó un colegio. Sin
embargo se quedó en veremos porque se planteó que se construiría un coliseo y
ahí quedamos.
Finalmente, el Mayor pregunta, quién toma la
decisión de comprar una reja para la Cárcel. El Defensor del Pueblo pregunta
por la compra de colchones y comida. El Inspector de Policía les recuerda que
el ordenador del gasto es el alcalde, y es quien finalmente toma las decisiones
teniendo en cuenta el presupuesto municipal.
El Dr. Jorge Moreno, solicita el manual de funciones
del Director de la cárcel, lo mismo que el manual de funciones del Inspector de
Policía, para determinar responsabilidades. Esperando que tenga voluntad
preventiva, proactiva y resultados y no sigan las administraciones tratando con
poca altura el Sistema Carcelario en el Vaupés. Caso contrario, se adelantarán
las investigaciones correspondientes por las responsabilidades a que haya
lugar.
3. Proposiciones y varios.
El Dr. Jairo Lizarazo propone para una próxima
reunión se invite al Dr. Harol León Bentley Gobernador del Vaupés y al señor
Argemiro Figueroa Bonilla Alcalde Municipal de Mitú, lo mismo que a los
Asesores Jurídicos para definir las preceptivas legales y la voluntad política
de los mandatarios en los aspectos ya tratados, proposición aprobada en forma
unánime por los asistentes.
Siendo las 11:00 A.M. del día diecinueve (19) de mayo
del año dos mil tres (2003), habiendo agotado el temario de la sesión se da por
terminada la reunión y se firma por quienes a ella asistieron.”
1.2.5. Copia de la comunicación dirigida el día 30
de mayo de 2003 por el Defensor del Pueblo – Seccional Vaupés al Secretario de
Gobierno Departamental, solicitándole que se convocara a una nueva reunión de
la Comisión de Inspección y Seguimiento del Régimen Penitenciario y Carcelario
en el Departamento del Vaupés, con la presencia del Alcalde de Mitú y del
Gobernador del Vaupés, así como de la personera municipal.
1.2.6. Copia de la respuesta del Secretario de
Gobierno del Vaupés, Gonzalo
Eduardo Arbeláez, a la anterior comunicación, con fecha 5 de junio de 2003, en
la cual expresa: “me permito informarle que una vez el señor Gobernador y el
señor Alcalde del Municipio de Mitú, se encuentren en la ciudad y tengan
disponibilidad de tiempo, se procederá a viabilizar su requerimiento”.
1.2.7. Copia del Decreto 156 de 2001 de la
Gobernación del Vaupés, “por medio del cual se crea la Comisión de
Inspección y Seguimiento del Régimen Penitenciario en el Departamento del
Vaupés”.
1.2.8. Copia de la comunicación dirigida el 30 de
agosto de 2003 por el Defensor del Pueblo – Seccional Vaupés al Secretario de
Gobierno Departamental del Vaupés, solicitándole nuevamente que citara a una
reunión de la Comisión de Inspección y Seguimiento del Régimen Penitenciario y
Carcelario en el Departamento del Vaupés, con la presencia del Gobernador y el
Alcalde de Mitú.
1.2.9. Copia de la comunicación dirigida el 5 de
septiembre de 2003 por el Defensor del Pueblo – Seccional Vaupés al Secretario
de Gobierno Departamental, reiterando su petición de convocatoria a una nueva
reunión y señalando que se ha informado a la Procuraduría sobre la inacción de
la Secretaría de Gobierno en este sentido.
1.2.10. Respuesta del Secretario de Gobierno
Departamental del Vaupés a la anterior comunicación del Defensor del Pueblo –
Seccional Vaupés, en la cual indica: (i) el Decreto 156 de 2001 no atribuye a
ninguna de las instancias gubernamentales que conforman la Comisión en cuestión
la facultad de exigir a quien preside tal Comisión la convocatoria a reuniones;
(ii) la facultad de la Secretaría de Gobierno y Administración Departamental del
Vaupés, en tanto entidad que preside la Comisión, de convocar a reuniones, no
está sujeta a las exigencias de los demás miembros de la Comisión; (iii) no ha
sido posible convocar a una nueva reunión, puesto que “como usted siempre ha
exigido la presencia de los burgomaestres harold Leon Bentley y Argemiro
Figueroa Bonilla, lo cual no ha sido posible, por cuanto es muy difícil por
decir lo menos, conjugar la presencia de estas dos autoridades civiles en el
Municipio de Mitú, razón ésta, que no ha permitido fraguar su pretensión”;
y (iv) el Defensor del Pueblo está en plena libertad de iniciar las acciones
disciplinarias a las que haya lugar.
1.2.11. Copia de la comunicación dirigida el día 29
de octubre de 2003 por los cinco reclusos de la Estación de Policía del
Municipio de Mitú al Alcalde Mayor de esta población, en los términos
siguientes:
“Nosotros los abajo firmantes, personas que nos
encontramos privados de la libertad por autoridad judicial, recluidos en los
calabozos de la Estación de Policía del Municipio de Mitú, en condiciones
infrahumanas de hacinamiento nos permitimos informarle que el día de hoy, no se
nos suministró la alimentación a que tenemos derecho por parte de la Dirección
de la Cárcel, de conformidad con lo establecido en la Ley 65 de 1993, Código
Penitenciario y Carcelario. // Es de señalar, que el único argumento que tienen
las autoridades para mantenernos permanentemente en la Estación de Policía, que
es solamente un lugar de retención temporal, es el de que la cárcel de Mitú no cuenta
con las medidas de seguridad, pero de ninguna manera esto supone trasladar la
responsabilidad que tiene el Municipio, en cuanto al sostenimiento de los
detenidos a la Dirección de Policía. // Por lo anterior le solicitamos cumpla
con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993.”
1.2.12. Comunicación dirigida el 12 de noviembre de
2003 por el Coordinador de la Unidad de Fiscalías de Mitú a diversas
autoridades municipales, departamentales y nacionales, informándoles sobre las
condiciones de los reclusos del Departamento del Vaupés, en los siguientes
términos:
“Respetuosamente, en calidad de coordinador de la
unidad de fiscalías de esta ciudad, y en mi condición de ser humano y
cristiano, luego de pensarlo y meditarlo mucho, me atrevo a dirigirme a las
autoridades antes mencionadas pero especialmente al señor Alcalde Mayor de
Mitú, Dr. Argemiro Figueroa y al señor Gobernador del Vaupés, Ing. Harold Leon
Bentley, para expresarles mi sincera preocupación frente a las inhumanas
condiciones de los presos (detenidos) por cuenta de estas fiscalías en esta
ciudad.
A la ya conocida situación de inseguridad, desaseo y
abandono de la cárcel municipal, cuidada sólo por un guardián sin uniforme ni
arma, se une la infrahumana situación de los sindicados que por delitos de
extorsión, secuestro y rebelión, al no poder ser enviados a la casa-cárcel
municipal precisamente por razones de seguridad (ya se han fugado en ocasiones
anteriores), deben soportar un encierro en una celda de la Policía Nacional de
no más de 7 metros cuadrados (y hoy hay seis detenidos, lo que da 1 metro
cuadrado por preso), de la que no pueden salir desde que se les dictó medida de
aseguramiento (algunos ya hace 1 mes), sin comida ofrecida por quien debería
ofrecerla (el director de la cárcel dice que sólo están obligados a proveer a
los presos detenidos en ella pero no a los instalados en la Ponal) y en unas
condiciones sanitarias y humanas deplorables.
Si bien es cierto que nuestra función como Fiscalía
no es la de garantizar y cuidar los detenidos, no puedo ‘pasar de agache’, o
hacerme el que no sé, frente a esta aberrante situación, más si ya en oficios
anteriores la hemos puesto en conocimiento, sin respuesta alguna de quienes de
acuerdo al Código Nacional Penitenciario debieran buscar y dar solución.
Es claro que esta ciudad no tiene cárcel distrital o
manejada por el INPEC, algo inconcebible para una capital departamental en la
que por su situación de marginalidad y lejanía de los otros centros urbanos del
país y de orden público, ‘produce’ presos constantemente. Pero eso no exime a
la responsabilidad de los gobernantes que de acuerdo al art. 17 de la Ley 65 de
1993, ‘deben crear, sostener, organizar y administrar las cárceles para
personas detenidas preventivamente’ como son en este caso.
Y más, si tenemos en cuenta la condición indígena
del 95% de nuestra población y pobre y analfabeta en altísima proporción, de
nuestra gente, lo que lleva a que en realidad se les estén violando sus
derechos fundamentales a salud, comida, higiene, dignidad humana, buen trato,
no ser separados de sus familias que no tienen los recursos para visitarlos en
Villavicencio, situada a 500 Ktrs y 250 mil pesos por vía aérea, sede de la
cárcel distrital más cercana.
A los zancudos de esa hacinada y calurosa celda, la
iluminación día y noche por ser una estación policial que requiere seguridad, y
lo demás ya descrito, se une el abandono en que están sometidos. (…)”
1.3.Contestación
de las autoridades demandadas
1.3.1. Mediante escrito con fecha 24 de noviembre de
2003, el Alcalde Municipal de Mitú dio contestación a la acción de tutela de la
referencia, respondiendo punto por punto a las afirmaciones hechas en la
demanda, así:
1.3.1.1. Respecto del argumento según el cual en la
Cárcel Municipal de Mitú se han incumplido los requisitos mínimos de la Ley 65
de 1993 desde que el penal entró en funcionamiento, afirma: “difiero de
dicho señalamiento por estar implícito la totalidad (sic) de las normas
indicadas en la Ley 65 de 1993, lo cual carece de veracidad”.
1.3.1.2. En cuanto a la afirmación según la cual
corresponde a las autoridades departamentales y municipales la responsabilidad
del sistema penitenciario y carcelario en sus respectivos territorios, precisa
que “el artículo 17 de la Ley 65 de 1993, reza: ‘Cárceles departamentales y
municipales. Corresponde a los departamentos, municipios…, la creación, fusión
o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y
vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y
condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por
orden de autoridad policiva’. En ese orden de ideas, el personal privado de la
libertad por autoridad diferente a la autoridad policiva, se infiere que son de
cargo del INPEC (sic), y no de la Cárcel Municipal”.
1.3.1.3. En relación con las observaciones
efectuadas en la Cárcel Municipal de Mitú por el equipo de la Defensoría del
Pueblo, que se reseñaron en el acápite 1.1.6. precedente, hace las siguientes
precisiones, punto por punto:
“a) Asume el Director (E) de la Cárcel Municipal,
que la autoridad judicial ha previsto las condiciones aludidas.
b) Las aves mencionadas, se informó a este Despacho
que pertenecen al Fiscal Local.
c) El hecho de que el excusado no cuente con
cisterna no es necesariamente indicativo de que se encuentre fuera de servicio.
El señor Defensor del Pueblo es de las personas privilegiadas en la ciudad de
Mitú, en cuanto que la mayoría de las viviendas en esta ciudad no cuentan con
ducha y los habitantes se toman la ducha en totumas al aire libre.
d) Le cabe razón en cuanto a los elementos de aseo
personal, no así con lo indispensable para el aseo de las instalaciones del
centro reclusorio.
e) Es posible que el señor Defensor del Pueblo en
sus visitas rutinarias no haya observado mosca alguna en las cocinas, sin
embargo es común que las haya, lo mismo que las hormigas que acuden a recoger
las migajas o desperdicios; la basura es recogida periódicamente por el
personal de la unidad de servicios públicos. En el desarrollo del memorial
reiterativamente, el Defensor del Pueblo se queja porque no se les da trabajo a
los internos, pero deja traslucir su inconformidad porque los internos cocinan.
Cual no sería su indignidad, si los pusiésemos a barrer las calles de Mitú.
f) El agua que consumen los internos, es el que
utilizamos la mayoría de los habitantes de Mitú. Es posible que el Defensor no
tenga ese inconveniente.
g) No hay personas mejor atendidas que los internos
de Mitú, en razón a que cada vez que desean visitar al médico son llevados al
Hospital San Antonio. No contamos con guardianes formados en el INPEC, mucho
menos con auxiliares de enfermería para atender botiquines.
h) Carece de veracidad la afirmación del señor
Defensor del Pueblo, por tanto es falso dicho señalamiento. El proveedor de
alimentos podría mostrar la fluctuación en la variación del consumo por mayor o
menor número de internos recluidos en la Cárcel Municipal.
i) Los conceptos de indisciplina y desorden
corresponden en palabras claras a necesidad de represión, los juegos a
esparcimiento; no entiende este Despacho cuál es la pretensión del Defensor del
Pueblo: limitarlos, restringir más su libertad. La resocialización es un
concepto más doctrinario que práctico en la vida real. Lo usual es lo
retributivo desde tiempos inmemoriales.
j) Ojalá los Defensores del Pueblo encontraran la
panacea para resolver los dilemas planteados, es el ideal de todo ser humano.
Como lo dije anteriormente, si el Defensor del Pueblo se ofende porque un
interno cocine, cuál no sería la reacción del defensor si los tuviéramos
barriendo en las calles. A no ser que esté planteando trabajos de oficina, que
no hay ni siquiera para las personas común y corrientes (sic), respetuosas de
la convivencia social y de las normas que las rigen.
El defensor del pueblo conoce mejor que yo, de las
condiciones dignas de que trata, no es comparable entre las cárceles del
interior del país y Mitú (sic).”
1.3.2. Por su parte, el Secretario de Educación
Departamental Encargado de las Funciones de Gobernador del Vaupés dio
contestación a la acción de tutela mediante escrito recibido el día 24 de
noviembre de 2003, en los términos que se reseñan a continuación.
1.3.2.1. No es su propósito corroborar o desvirtuar
las circunstancias fácticas presentadas por el peticionario, puesto que “tales
hechos presuntamente son consecuencia del incumplimiento de los deberes de la
entidad que le compete el funcionamiento y conservación del establecimiento
carcelario municipal y el tratamiento de los internos recluidos en el mismo, y
esta entidad no es la Gobernación del Vaupés sino la Alcaldía Mayor de Mitú
como a la postre se demostrará”.
1.3.2.2. La Gobernación del Vaupés, según afirma el
mismo demandante, creó la Comisión de Inspección y Vigilancia del Régimen
Penitenciario en el Departamento del Vaupés, “y éste ha propendido por la
reactivación de la misma; empero, si no ha sido posible su reactivación esto no
obedece a culpa de la Administración Departamental como quiere hacerlo ver el
accionante, puesto que a través de la Secretaría de Gobierno y Administración
Departamental del Vaupés se le han dado respuesta a los requerimientos del
Defensor del Pueblo Seccional Vaupés”.
1.3.2.3. Es cierto que, según el artículo 17 del
Régimen Penitenciario y Carcelario, compete a las entidades territoriales la
creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración,
sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas
preventivamente; “empero, esta atribución legal no significa como
equivocadamente lo interpreta la parte demandante que cada una de las
instancias precitadas deban crear obligatoriamente en su jurisdicción un
establecimiento carcelario y atender las obligaciones que ello implica, sino
que cada una de ellas tiene la facultad de hacerlo, pero si un municipio
circunscripción territorial de un determinado departamento ha creado el
establecimiento carcelario requerido por la normatividad en comento, como es el
caso del Municipio de Mitú, no hay razón de ser para que el departamento cree
un establecimiento carcelario en el mismo municipio y para los mismos efectos;
ahora si así fuera, entonces la demanda que se le exigiría a la Gobernación del
Vaupés sería la de la creación de su establecimiento carcelario y el
cumplimiento de las obligaciones que esto implica, y entonces, si dentro del
ejercicio de tales obligaciones amenaza o vulnera derechos fundamentales
constitucionales, solicitar la tutela de los mismos, pero mientras no tenga
bajo su cargo un establecimiento de esa naturaleza no se le puede conminar por
la realización de conductas que no ha ejercitado, esto sería como dar
aplicación a la figura de la responsabilidad objetiva, que en nuestra legislación
se encuentra proscrita. Por lo tanto para el caso que nos ocupa resulta
improcedente la acción de tutela en contra de la Administración Pública
Departamental del Vaupés por no ser esta entidad la que haya amenazado o
violado los derechos fundamentales constitucionales esbozados en la demanda que
nos ocupa (…)”.
1.3.2.4. Es cierto que según el artículo 17 de la
Ley 65 de 1993, los departamentos y municipios deben incluir en sus partidas
presupuestales los gastos de sus cárceles; “al respecto debe precisarse que
la norma citada expresa ‘sus cárceles’ lo que indica que si el departamento o
el municipio han creado su propio establecimiento carcelario deben establecer
en su presupuesto los gastos de funcionamiento del mismo; empero, si no lo han
creado como es el caso del Departamento del Vaupés, no tiene por qué establecer
tales partidas presupuestales, y con ello no se está violando el precepto legal
en cita ni mucho menos con ello se está violando o amenazando derecho
fundamental constitucional alguno.”
1.3.2.5. La Gobernación del Vaupés ha previsto una
partida presupuestal con destino a la cárcel, “pero esta partida no es para
el funcionamiento de la cárcel de Mitú y el sostenimiento de los reclusos de la
misma, puesto, esta competencia es de la Alcaldía Mayor de Mitú, entidad a
cargo de la cual se creó este establecimiento carcelario, pues si así fuera la
Administración Departamental estaría desbordando la órbita de sus competencias;
dicha partida es para cubrir eventualidades que se presentan con respecto a la
remisión de reclusos fuera de esta ciudad, lo cual lo ha realizado en varias
oportunidades esta entidad, pero no como su atribución exclusiva, sino en
virtud de la cooperación mutua que debe darse entre las entidades del Estado.
// El monto de la partida presupuestal no es elemento relevante alguno, porque
como debe ser de conocimiento del accionante, los presupuestos de las entidades
públicas son objeto de traslado a través de las figuras del crédito y
contracrédito, que permiten ampliar o disminuir el monto de los rubros
presupuestales conforme como las necesidades así lo requieran.”
1.4. Otras pruebas que obran en el
expediente.
1.4.1. El Juzgado de primera instancia –Juzgado
Promiscuo de Familia de Mitú- realizó, el día 21 de noviembre de 2003, una
diligencia de inspección judicial a los calabozos del Comando de Policía de
Mitú. El acta de dicha diligencia se transcribe, por su importancia, a
continuación:
“…en el sitio de la diligencia nos atendió la misma
el patrullero Alfonso Saldaña Luis Alberto… Enterado del motivo nos permitió el
ingreso a las instalaciones, conduciéndonos hacia los calabozos donde se
constató lo siguiente, que los calabozos se encuentran en la parte de atrás del
Comando entrando al fondo a mano derecha, se encontró un solo cuarto con las
siguientes dimensiones, de 1.50 mts de ancho por cuatro metros aprox., con un
baño sanitario al fondo con lavamanos, se encuentra enchapado en tableta
blanca, sin que exista ducha o regadera, el piso de esta celda se encuentra
enchapado o con tableta, la altura de las paredes es aproximadamente de tres
metros, el techo es en plancha, al lado izquierdo de la pared del Calabozo
encontramos unas incrustaciones en varilla doblada de aproximadamente medio
metro, para un total de siete incrustaciones, donde cada persona tiene ubicados
sus objetos personales, de manera desordenada, y tumultuosa, se deja constancia
que no se encontraron camas ni camarotes, se encuentran son dos esteras de 50
cm. De ancho por 2 1/2 de largo, e igualmente se observan dos espumas en
pésimas condiciones, rotas y mordisqueadas en sus bordes, en este calabozo
encontramos privadas de su libertad a las siguientes personas. Helias Braga
Hernández de 27 años, Juan Guillermo Tirado de 27 años de edad, Heriberto Parra
de 35 años de edad, Eliécer Escobar de 21 años, y Víctor Manuel Montaña de 61
años de edad, se deja constancia que las paredes de este calabozo se encuentran
sucias y rayadas, no se observa una silla, una cama, o una plancha de cemento,
la seguridad de este calabozo se encuentra representada por una reja-puerta con
barrotes verticales y horizontales, con pasador y un candado, e igualmente la
seguridad que representan los diferentes patrulleros que se encuentran en la
parte externa de este. Seguidamente se procedió a recepcionar declaración al
señor Víctor Manuel Montaña, persona recluida en el calabozo de este comando
(…), PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho, usted desde qué tiempo se
encuentra privado de la libertad en este comando. CONTESTO: Hace como doce
días, por el delito de secuestro extorsivo. PREGUNTADO: Sírvase manifestar al
despacho en qué condiciones se encuentra usted viviendo en ese calabozo.
CONTESTO: Estamos sufriendo por calor, por que nosotros en la comunidad tenemos
sombra, no dormimos, comemos mal, ahí nos bañamos, huele a miados, así vivimos
maluco. PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho cómo es el uso del baño
dentro del calabozo. CONTESTO: Nosotros nos toca aguantar porque a veces no hay
agua, sin bañarnos, llega como a las seis, luego a las doce y luego a las seis
de la tarde otra vez. Primero entra uno y luego otro, y así cambiamos, cuando
hay agua, con calor. PREGUNTADO: Sírvase manifestar al Despacho usted cómo
duerme en el calabozo. CONTESTO: a lo largo, a costado, todos dormimos en
pedacito de estera, en el piso, con calor sin cobija, muy juntos. PREGUNTADO:
Sírvase manifestar al despacho cómo es la alimentación diaria en el calabozo
sitio donde se encuentra privado de la libertad. CONTESTO: la alimentación,
como yo soy de comunidad a veces la comida es muy mal, por no tenemos familia
que traiga nada, a veces nos trae el turno algo de comida, a veces el comando
nos da desayuno, a veces el almuerzo y a veces no nos da, la Alcaldía ni la
Gobernación nos da nada, a veces pasamos sin comer, no nos da a ninguno.
PREGUNTADO: …Sírvase manifestar al Despacho si usted recibe visita por parte de
sus familiares. CONTESTO: Cuando viene a visitar no dejan dos minutos, o tres,
(sic) casi no dejan hablar con los parientes, a veces los de guardia reciben la
comidita, abren poquito la puerta y no dejan hablar. (…) A continuación se
recibe declaración al señor Eliécer Escobar Yepes, persona que se encuentra
recluido en el calabozo de este comando (…) Sobre sus generales de ley
manifestó: mi nombre es Carlos Eliécer Escobar Yepes, de 21 años, soltero, nací
aquí en Mitú, estudié hasta once, resido en el barrio siete de agosto, me
encuentro aquí por el delito de extorsión. PREGUNTADO: Sírvase manifestar al
Despacho en qué condiciones se encuentra recluido en el calabozo de las
instalaciones del Comando de Policía y desde qué fecha se encuentra recluido.
CONTESTO: La celda es muy pequeña para cinco personas, y la higiene es muy
mala, por que estamos viviendo en medio de moscas y zancudos, por que hay mucho
desorden, nosotros comemos y quedan residuos y eso atrae insectos, el sitio no
es transitable, lo único que hacemos es pararnos, sentarnos, acostarnos y ya,
la alimentación es lo que los papas de nosotros nos traigan, aquí no nos dan
comida, por la voluntad de las de la cocina, hay cinco y le traen a tres, y hay
que compartir y uno queda en las mismas, comemos una vez al día, yo estoy aquí
desde el 9 de octubre, un mes y doce días. PREGUNTADO: Sírvase manifestar al
despacho cómo se comparte el baño y el sanitario, y si el mismo posee ducha.
CONTESTO: Cuando tenemos necesidades, nos turnamos, no hay ducha entonces nos
toca recoger el agua en un balde y si no alcanzamos a recoger el agua por que a
veces no recogemos por que no alcanzamos por que no nos la dejan tanto, o uno o
dos nos quedamos sin bañar. (sic) PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho si
usted tiene acceso a tomar el sol. CONTESTO: No porque todo el tiempo
permanecemos en la celda. PREGUNTADO: Sírvase manifestar al Despacho si ustedes
reciben visitas y si tienen derecho a visitas conyugales. CONTESTO: Sólo los
domingos, empiezan a las dos hasta las cinco, pero los que están de guardia no
dejan entrar a los que vienen sino por diez o quince minutos, son afanando, la
última vez mi papá salió alegando con uno de ellos. PREGUNTADO: Sírvase
manifestar al Despacho cómo se organizan dentro de la celda en el momento en
que van a dormir. CONTESTO: Nosotros tenemos una sola colchoneta, y la
colocamos a lo ancho de la celda y nos acostamos de a tres y los dos compañeros
se acomodan en la otra colchoneta, no alcanzamos a extender todo el cuerpo,
dormimos recogidos, y como estamos cinco amontonados, a la final dormimos
sentados por que no aguantamos el calor. PREGUNTADO: Desea agregar, corregir o
enmendar algo a la presente diligencia. CONTESTO: que la Alcaldía no está
respondiendo por alimentación, mi familia me ayuda, pero los otros no, cuando
me traen reparto todo por igual y a veces de rabia hasta dejo todo. (…) A
continuación se le toma declaración al patrullero de la Policía Alfonso Saldaña
Luis Alberto (…) PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho si las personas que
se encuentran recluidas en el calabozo del comando se les suministra lo
necesario para su alimentación y demás. CONTESTO: cuando el retenido es de una
comunidad se le suministra la alimentación por parte del encargado del rancho
de los policías, cuando el retenido reside en el Departamento se le deja
ingresar la alimentación por parte de los familiares del mismo. PREGUNTADO:
Sírvase manifestar al Despacho si alguna entidad del Estado o gubernamental
suministra alimentos para los aquí recluidos. CONTESTO: Por unos meses estaba
brindando la Alcaldía a través de otra persona que estaba encargada del rancho
Juan Carlos, por la falta de pagos por parte de la Alcaldía, se indispuso el
rancherista a brindarles la alimentación, por lo cual nos vimos obligados a
dejar ingresar familiares o parientes con los debidos alimentos, sólo se le
brinda alimentación a las personas retenidas que son de una comunidad,
actualmente los retenidos se le ha brindado la alimentación correspondiente sea
por parte del Comando o por parte de los familiares. PREGUNTADO: Sírvase
manifestar al Despacho por qué estas personas se encuentran recluidas en el
calabozo y no son conducidas a la Cárcel Municipal, teniendo en cuenta que
estos calabozos son para detención transitoria. CONTESTO: Se coordinó con la
Fiscalía 30, de que el personal retenido que se encuentran por los delitos de
secuestro extorsión, homicidio o rebelión, fueran dejados en custodia del
personal el Comando Distrito de Policía Mitú, ubicados en la sala de retenidos
del mismo ya que la Cárcel municipal no cuenta con los requisitos mínimos de
seguridad, para custodiar dicho personal. PREGUNTADO: Sírvase manifestar al
despacho si estas personas van a permanecer tanto tiempo en el calabozo por qué
no se les ha suministrado unos camarotes. CONTESTO: es de notar que en dicho
lugar donde se encuentran los retenidos es una sala de retenidos y no un lugar
de reclusión, como también el Comando Distrito de Policía Mitú no cuenta sino
con el material logístico para el personal adscrito a este distrito, por tal
motivo se hace imposible la asignación de material logístico para el personal
de retenidos, la Fiscalía, ha hecho las gestiones correspondientes con las
entidades como lo son la Alcaldía Municipal y demás ya sea para el transporte
de los mismos a Villavicencio como su estadía o retención e la sala de
retenidos o en la cárcel municipal (sic). PREGUNTADO: Sírvase manifestar al
despacho tiene derecho a ducha y a tomar el sol. (sic) CONTESTO: Se sacan los
retenidos una hora por día, con la respectiva custodia de la policía, de dos a
tres, ya lo que corresponde al baño, y aseo personal lo hacen dentro del baño
que se encuentra adentro de la sala de reclusión, la verdad no recuerdo si hay
regadera.”
1.4.2. El día 21 de noviembre de 2003, el Juzgado de
Primera Instancia recibió la declaración del señor Héctor Enrique López Puin,
peticionario dentro de la presente acción de tutela, en la cual reiteró lo
afirmado en la demanda de la referencia y en la primera reunión de la Comisión
de Inspección y Seguimiento del Régimen Penitenciario y Carcelario, que se
reseñó en el acápite 1.2.4. anterior.
1.4.3. El día 21 de noviembre de 2003, el juzgado de
primera instancia llevó a cabo una diligencia de inspección judicial a las
instalaciones de la Cárcel Municipal de Mitú, cuya acta se transcribe a
continuación:
“…en el sitio de la diligencia nos atendió el señor
Luis Antonio Bautista… quien se desempeña como guardián de este establecimiento
carcelario, enterado del motivo de la diligencia nos permitió el ingreso a
estas instalaciones, donde se constató lo siguiente: En la entrada del
establecimiento encontramos una reja principal de 2 mts y medio de largo por
tres mts de alto, encerrado en maya totalmente (sic), que permite, observar
hacia la calle y a su vez ser observado, esta reja colinda con un patio
destapado en tierra, cuatro mts de ancho por 70mt de profundidad (sic), que se
encuentra encerrado en malla de aproximadamente 2.50 de altura, al lado
derecho, a mano izquierda encontramos la construcción de la cárcel municipal,
donde encontramos una oficina de aproximadamente 3.50 de ancho por 5 mts de
argo, encontrando una mesa o escritorio en madera y un archivador en regular
estado de conservación, una mesa de tenis doblada, juegos como un ajedrez,
poker, y dominó, en regular estado de conservación, y dentro del escritorio y
el archivador se observan algunos alimentos como azúcar, sal, café, arroz,
alverja, sin destapar, así como pasta. En este estado de la diligencia que ha
ingresado mercado de grano y verduras, pollo, carnes, para los internos de esta
cárcel, se observa una arroba de arroz y una canasta plástica con remesa como
huevos, enlatados variados, aceite, azúcar entre otros, de igual forma se
observan algunas verduras, paquetes de saltines y areparina y siete kilos de
papa, al frente de la oficina separado por un corredor de un metro, se
encuentra el cuarto de televisor, con cuatro sillas de plástico, un banco de
madera, una mes ay un TV a color, de 14 pulgadas en buen estado, pisos y
paredes de cemento, cuenta con dos ventanas y su pintura se encuentra en
regular estado de conservación, y el techo es de cielorazo en madera en regular
estado de conservación, el diámetro de este cuarto es de tres metros por tres
metros y medio aproximadamente, al frente contiguo a la oficina, encontramos un
baño amplio, enchapado el piso y sus paredes laterales a la altura uno con
ochenta metros, encontramos un sanitario con cisterna inservible y regadera sin
agua en regular estado de aseo, en la parte interna encontramos un patio
destapado amplio de aproximadamente 20 mts de fondo por diez de ancho, donde se
encuentran sembradas varias plantas de ají y donde sus  (sic) se encuentra
encerrada por una pared en bloque de cemento de aproximadamente dos metros de
altura sostenido por cinco columnas reforzadas con varillas de hierro, y en el
patio encontramos tres tanques recolectores de agua con capacidad de 500 Lts.
cada uno y un lavadero provisional que se utiliza como lavadero y como
lavaplatos, al lado izquierdo del patio encontramos cuatro cuartos cada uno con
puerta metálica con candado y la mitad de la puerta hacia arriba es hecha en
barrotes, y destapado y separados por unos cinco centímetros y con una reja,
posibilitando la ventilación, todos los cuartos tienen un tamaño de 2.50 por
2.50 metros, se encuentran elaborados en bloques de concreto y cemento, pisos
en cemento y en su techo se encuentra una plancha que recubre todos los
dormitorios, es de anotar que todos los cuartos en su parte superior, se
encuentra una reja de un metro de ancho por cincuenta centímetros, lindando con
la pared que limita con la calle, cada uno de estos cuartos se encuentran
aseados (sic) y con servicios de tomacorriente e interruptores de luz, observa
el despacho que de estas cuatro celdas se encuentran ocupadas dos cada una con
dos personas, en un camarote de os camas con doble colchón cada uno, una de
ellas posee un camarote de dos camas, que ocupa un solo interno, encontramos
una celda desocupada pero cuenta con cama en hierro con uno veinte con doble
colchón, frente a los cuartos encontramos una cocina con estufa en leña, donde
se observa un mesón en regular estado de conservación en cemento de un metro
por 60 cm, aproximadamente y encontramos alimentos como café, pasta, promasa,
pasta, se observan varios tiestos y ollas, ahumadas, se observa que para el
ingreso a la cocina dos entradas sin puerta (sic), una por el lado del patio
interno y otra que da a la parte de atrás, donde se encuentra una pila de leña,
destinada para cocinar, en la parte posterior de la cocina en la pared que
colinda con la cocina encontramos dos tanques para el almacenamiento de agua
con una capacidad de mil litros cada uno, pintados de anaranjado, al fondo del
patio interno encontramos una puerta en malla con un pasador y candado, se
encuentra una bodega amplia donde la mitad está destinada a guardar unos tubos
de PVC pertenecientes a la Alcaldía, y la otra mitad cuenta con una cama doble
con colchón y la pared interna es en madera, el diámetro de esta bodega es
aproximadamente de 10 mts e largo por seis de ancho donde actualmente no se
encuentra recluida persona alguna, al frente de este se observa un corredor de
aproximadamente 2.50 de ancho por diez de profundidad o largo, que da paso a un
patio encerrado en malla de aproximadamente 10 mt de largo por 8 de ancho,
donde se observan baño y ducha separados entre sí por un muro, el sanitario se
observa sin cisterna y en estado de desaseo, ambas puertas de acceso a esta
parte de la cárcel tienen pasador y reja, sin candado. En este establecimiento
carcelario encontramos las siguientes personas privadas de la libertad, Jaime
Ismael Martínez Valencia, Heriberto Cantor, Eberardo Echeverri, Esenover
Perdomo y Yesid Hernández, encontramos que además del guardián de la cárcel la
seguridad la guardan algunos patrulleros de la policía nacional: Nieto Mesa
Juan Carlos, Torres Amaya Jaime Alonso, Quintero García Manuel; y a
continuación el despacho procede a recepcionar declaración de algunos de los
internos, se procede a recepcionar declaración al señor Eberardo Echeverri…
PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho cómo se encuentra usted viviendo en
esta cárcel municipal. CONTESTO: Bien, tengo buena cama, dos colchones, no hay
humedad la pieza está buena, para mí está bien. PREGUNTADO: Sírvase manifestar
al despacho en lo referente a la alimentación cómo es. CONTESTO: Es buena, cada
ocho días nos traen el mercado y ese día traen pollo, carne o cachama, la
comida es buena, es puntual. PREGUNTADO: Sírvase manifestarle al despacho cómo
es el uso del baño. CONTESTO: tenemos un solo baño, por que el de atrás nadie
lo utiliza, como atrás no hay nadie, entonces utilizamos sólo este, en general
es bueno. PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho si aquí le prestan los
servicios médicos cuando se enferman. CONTESTO: Cuando la persona está enferma
o necesita una cita siempre nos trasladan al Hospital, por ejemplo en este momento
hay dos compañeros en cita en el Hospital. PREGUNTADO: Sírvase manifestar al
despacho cómo es el servicio de agua, para las instalaciones. CONTESTO: aquí
habían dos entradas de agua, con eso todos los días había agua, pero desde que
pavimentaron nos llega el agua cada día de por medio, lo normal, el agua ha
sido suficiente hasta el momento, tenemos tres tanque y atrás otros dos tanques
grandes. PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho si ejercen alguna actividad
de estudio o trabajo. CONTESTO: No señora, lo único sería el barrer y trapear,
el aseo de la cárcel, y la cocina, eso nos lo turnamos pero generalmente soy
yo, todos los días sea por hacer aseo de las instalaciones o por desarrollar
tareas de la cocina, o rajar leña, todo lo apuntan, cuanto tiempo no sé, ni si
es para rebajar pena pero todas las tareas que hacemos las apuntan. (…) A
continuación se le recibe declaración al señor Yesid Antonio Hernández Moreno…
PREGUNTTADO: Sírvase manifestar al Despacho en qué condiciones se encuentra
viviendo en las instalaciones de la cárcel municipal. CONTESTO: las condiciones
son buenas, los servicios sanitarios están buenos, la comida es buena,
desayunamos, almorzamos y comemos las tres comidas, visitas de miércoles a
domingo de dos a cinco, las habitaciones son buenas, sí tenemos visitas
conyugales, en general es bueno el servicio. PREGUNTADO: Sírvase manifestar al
despacho cómo es el servicio de agua en este establecimiento carcelario.
CONTESTO: es bueno, está llegando dos o tres veces a la semana, tenemos cinco
tanques, la lavada de ropas es por fuera, el agua es para bañarnos y para el
consumo generalmente. PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho si aquí se
encuentran algunas actividades de estudio o trabajo para los que aquí se
encuentran. CONTESTO: trabajo estudio no, se puede barrer, aseo de los
dormitorios, las oficinas, rajar leña, aseo de los baños, trabajo es lo que hay
aquí. PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho cómo es el trato por parte de
los guardias y policías que custodian esta cárcel. CONTESTO: el trato es bueno
tanto con los patrulleros como con los guardianes. PREGUNTADO: Manifiéstele al
despacho si desea agregar, modificar o enmendar algo a la presente diligencia.
CONTESTO: Sí, deseo solicitar que se nos traiga un botiquín, por ejemplo en
estos días con virus de gripa que hubo no se salvó nadie y aquí no teníamos
nada para ese malestar. (…) A continuación se le recepciona declaración al
señor Luis Antonio Bautista Molina…. Persona que tiene bajo vigilancia a las
personas recluidas en este establecimiento carcelario… PREGUNTADO: Sírvase
manifestar desde qué tiempo labora en este centro carcelario y al mando de
quién. CONTESTO: yo fui nombrado desde el 4 de enero de 1999, yo dependo de la
secretaria de gobierno de la alcaldía municipal y mi jefe inmediato es el
Inspector de Policía que es el actual director de la cárcel municipal.
PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho en el tiempo que usted lleva
laborando como guardián, si a las personas que se encuentran en este
establecimiento carcelario se le han (sic) suministrado comida. CONTESTO: La
alimentación siempre la ha venido dando la alcaldía, en general es buena y
siempre es puntual, no ha habido problemas, PREGUNTADO: Cuántas personas se
encuentran recluidas en el momento y desde cuándo, CONTESTO: En este momento se
encuentran cinco internos y el más antiguo tiene como cuatro meses, los otros
de tres y dos meses, por los delitos de extorsión, hurto y acto sexual con
menor de catorce años. PREGUNTADO: ¿Cómo es el servicio de agua y sanitario de
este establecimiento carcelario? CONTESTO: el servicio es bueno, mientras no
haya problemas en la bocatoma, como en el pueblo, el baño es bien, funciona
bien. PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho si esta cárcel es segura y
quién presta la vigilancia. CONTESTO: La cárcel en sí no es segura, por que el
que se quiere ir se va, las celdas son seguras por que se le podría echar
candado pero por lo demás no hay seguridad (sic), los guardianes somos tres que
dependemos de la alcaldía, prestamos turnos de doce por veinticuatro, nosotros
somos de control, nosotros no tenemos armas ni nada y en este momento que
tenemos ayuda de la policía y prestan seguridad externa principalmente, desde
hace como tres meses no sé por qué simplemente llegaron un día y ya siguieron
viniendo. (sic). PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho si aquí existen
algunas actividades de estudio o trabajo para los internos. CONTESTO:
Actividades de estudio no se hacen acá sólo actividades de trabajo, como aseo
general, baños, cocina, aseo y rajada de leña, se reparte las funciones y se
lleva un libro radicador y posteriormente esto les sirve para la rebaja de
penas. (…)”.
2. Decisión del juez de primera instancia.
Mediante fallo
del día diecinueve de diciembre de 2003, el Juzgado Promiscuo de Familia de
Mitú resolvió denegar la tutela de la referencia, con base en las siguientes
consideraciones:
2.1. “Con
base en las diligencias de inspecciones judiciales practicadas por este
despacho a los centros de reclusión, ‘calabozos de la policía y cárcel
municipal’, donde se encontró en la primera de ellas que efectivamente existe
un hacinamiento frente a las personas que se encuentran privadas de su libertad
en ese sitio, por encontrarse un espacio demasiado pequeño cinco personas sin
las debidas condiciones dignas en que debe permanecer un ser humano toda vez
que no se encontró unas camas, ni se encontró un baño adecuado, ni se le
permite, la recreación ni el trabajo de estos reclusos. Referente a las
privadas de la libertad que se hallaron en la cárcel municipal de esta ciudad,
es claro que no existen condiciones de hacinamiento ni vulneración a los
derechos inherentes del ser humano (sic) toda vez que estos internos cuentan
con buenas habitaciones, camas, sitio de recreación y esparcimiento e
igualmente excelente alimentación; que lo que adolece ese centro de reclusión
es de las debidas medidas de seguridad que debe prestar un centro carcelario
(sic), esta última situación se corroboró por lo manifestado por los mismos
internos en declaración toma bajo la gravedad de juramento quienes aseveraron
de que las condiciones de salubridad y alimentación y recreación son
favorables.”
2.2. Si bien tiene razón el demandante “en
el sentido de abogar por los derechos de las personas y en especial por
aquellos en los cuales se encuentran limitados los mismos, al encontrarse
privados de su libertad”, el problema central planteado por la acción de
tutela “radica en que actualmente la cárcel municipal no presta las debidas
medidas de seguridad que debería tener un centro de reclusión, toda vez que no
cuenta con la infraestructura que garantice seguridad, puesto que los límites
de la misma se encuentran en terrenos destapados y la única seguridad que tiene
es de una malla de alambre deteriorada”.
2.3. “Este juzgado constató que dentro
del establecimiento carcelario de esta ciudad se ha dado un trato digno a la
población reclusa en el sentido de que se les están garantizando su salubridad,
su alimentación, su recreación, derecho al trabajo del interno, situación
contraria a lo que manifiesta el accionante en su escrito de tutela pues el
problema acá radica en la seguridad de este centro. En lo que se hace
referencia a los puntos antes analizados no podemos exigir agua con óptimo
tratamiento, pues la misma que se encontró en el centro carcelario, es la misma
agua de río que consumimos todos los habitantes del municipio de Mitú, pues es
de conocimiento público que no existe acueducto ni hidroeléctrica en este apartado
sitio del país, y en general las condiciones de vida son difíciles para todos y
cada uno de los habitantes de este departamento”.
2.4. En relación con los calabozos del
comando de policía de Mitú, “es cierto que se encuentran en condiciones
infrahumanas, de hacinamiento, donde no se les garantiza su dignidad humana en
lo referente a la salubridad, alimentación, recreación y trabajo, debe tenerse
en cuenta que si estas personas se encuentran allí no están por orden de las
autoridades accionadas sino por una orden judicial y el sitio donde se albergan
no depende de las autoridades demandadas”. En cuanto a las personas
recluidas en estos calabozos, “la solución al problema radicaría en que
estas fueran trasladadas al centro carcelario que es el sitio que ha
establecido el legislador para el cumplimiento de las medidas de aseguramiento,
como es la detención preventiva, pero las mismas no se encuentran recluidas
donde deberían estar, por la inseguridad que prestan en centro de reclusión,
para el cumplimiento de este tipo de medidas”.
2.5. La solución
ideal al caso presente consistiría en que fuera en la cárcel municipal de Mitú
donde se recluyera a los presos actualmente ubicados en los calabozos del
comando de policía, para lo cual debería dicha cárcel municipal adoptar las
medidas de seguridad necesarias; “mas sin embargo debe tenerse en cuenta que
nosotros los jueces de tutela no podemos, ni se nos está permitido inmiscuirnos
en asuntos que no son de nuestra competencia, como ser ordenadores del gasto y
mucho menos disponer de un presupuesto, para la ejecución de equis o tal obra
pública”.
2.6. “Como es palpable la situación
que actualmente están padeciendo las personas que se encuentran recluidas en
los calabozos del comando de policía de Mitú, se deberá hacer un llamado a las
entidades accionadas –Gobernación del Departamento del Vaupés y Alcaldía
Municipal de Mitú-, a fin de que realicen los procedimientos requeridos para
llevar a cabo la inclusión presupuestal y posteriormente la ejecución de la
obra pertinente a fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales
de los reclusos que se encuentran en los calabozos del comando, pues el objetivo
de la presente acción de tutela no es dar instrucciones a las autoridades
accionadas para que realicen tales u otras obras sino que el objetivo de la
presente acción se encuentra encaminado a la protección de los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad motivo por el cual se le
hace un llamado a prevención a la Gobernación el Departamento del Vaupés y a la
Alcaldía Municipal de Mitú a fin de que dentro del término de un año, a partir
de la notificación de este fallo, faciliten la colaboración para encontrar una
solución real al problema carcelario que se vive en la ciudad de Mitú”.
Con base en tales razones, en la parte
resolutiva del fallo de primera instancia se denegó la tutela, pero se insertó
el siguiente numeral: “Segundo: Hacer un llamado a prevención a las
autoridades administrativas –Gobernación del Vaupés representada por el Dr.
Harold León Bentley y al Municipio de Mitú, representado por el señor Argemiro
Figueroa Bonilla, para que en término de un año faciliten la colaboración a fin
de encontrar una solución real al problema carcelario de la ciudad de Mitú”.
La decisión fue
impugnada oportunamente por el demandante.
3. Decisión
del juez de segunda instancia.
Mediante sentencia del día seis
(6) de febrero de dos mil cuatro (2004), el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Villavicencio – Sala de Familia, confirmó el fallo de primera
instancia del proceso de la referencia, en cuanto denegó la acción de tutela
interpuesta por el Defensor del Pueblo – Seccional Vaupés en contra del
Gobernador del Departamento del Vaupés y el Alcalde de Mitú, con base en las
siguientes razones:
3.1. “Conforme se desprende
de los antecedentes de esta providencia, se tiene que lo que busca el
accionante es que a través de este mecanismo constitucional, se ordene a la
administración departamental del Vaupés y municipal de Mitú, mejoren la calidad
de vida de los reclusos que se encuentren en la cárcel y en la Estación de
Policía, dando cumplimiento a lo ordenado en los artículos 17 y 19 de la Ley 65
de 1993 (…). La petición de amparo en los anteriores términos concebida, no
tiene paso airoso, ya que las pretensiones, como claramente se observa, van
encaminadas a que se ordene a los representantes de las entidades territoriales
den cumplimiento a lo dispuesto en los artículos anteriormente transcritos de
la Ley 65 de 1993, aspecto éste que se enmarca dentro del objetivo que
contempla la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la Carta
Política y desarrollada en la Ley 393… de 1997…”.
3.2. Al existir, así, un mecanismo
judicial idóneo para ventilar las pretensiones del demandante, es improcedente
la acción de tutela. “Por último, no sobra anotar que ningún pronunciamiento
hará la Sala respecto a la decisión adoptada en el numeral segundo de la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia, mediante el cual hizo un
llamado de atención a los representantes de las entidades territoriales
demandados para que en el término de un año, facilitaran la colaboración a fin
de encontrar una solución al problema carcelario de Mitú, dado que esta
decisión no fue impugnada por las autoridades demandadas.”
II.
Consideraciones y Fundamentos
1. Competencia
Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero, y 241, numeral
noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34,
35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problemas jurídicos a resolver
El proceso de tutela de la referencia
tuvo origen en la demanda presentada por el Defensor del Pueblo, Seccional
Vaupés, en relación con las circunstancias de detención de la población
carcelaria del Departamento –compuesta por (a) quienes se hallan recluídos, a
la fecha de las inspecciones judiciales realizadas por los juzgadores de
instancia, en la Cárcel Municipal de Mitú, y (b) quienes estaban recluidos, a
la fecha de las inspecciones judiciales realizadas por los juzgadores de
instancia, en el calabozo del Comando de Policía de Mitú.
En el expediente se han acreditado
ampliamente las condiciones de reclusión de la población carcelaria del
Departamento de Vaupés, y la Sala hará una breve recapitulación de tales
condiciones en los apartados que siguen. Los problemas jurídicos que de allí
surgen son, en lo fundamental, dos:
2.1. Si las condiciones de reclusión en
las que se encuentran las personas detenidas en la Cárcel Municipal de Mitú y
en el Comando de Policía de la misma población son lesivas de sus derechos
fundamentales; y
2.2. En caso de existir una violación o
amenaza de los derechos fundamentales de la población carcelaria del Vaupés,
cuál ha de ser la medida más conducente a adoptar para proteger tales derechos,
habida cuenta de las restricciones que presenta la Cárcel Municipal de Mitú en
materia de seguridad, y la necesidad de ejercer especial vigilancia y control
sobre los presos de alta peligrosidad.
Advierte la Sala de entrada que para
resolver estos problemas jurídicos existe una copiosa jurisprudencia
constitucional, con base en la cual se procederá a adoptar la medida a la que
haya lugar. Adicionalmente, el derecho internacional de los derechos humanos
proporciona importantes guías sobre las obligaciones mínimas del Estado colombiano
en relación con la población carcelaria, las cuales son vinculantes en el orden
interno por virtud del artículo 93 de la Carta, y en consecuencia también
deberán ser brevemente repasadas por la Sala.
3. Los derechos humanos de las
personas privadas de la libertad. Obligaciones estatales en la materia.
Recapitulación de las reglas constitucionales, internacionales y
jurisprudenciales relevantes.
Son numerosos los instrumentos
internacionales que se ocupan de los derechos humanos de las personas sometidas
a cualquier forma de privación de la libertad. Así mismo, ha sido copiosa la
jurisprudencia constitucional colombiana sobre el particular, en desarrollo de
las disposiciones de la Carta Política sobre derechos fundamentales. Vale notar
que dicha jurisprudencia recoge, en lo esencial, las reglas que han sido
reconocidas a nivel legal en el régimen penitenciario vigente. A continuación,
la Sala enunciará en forma sintética las reglas internacionales,
constitucionales y jurisprudenciales relevantes para resolver los problemas
jurídicos planteados por la acción de tutela de la referencia.
3.1. Las personas privadas de la
libertad se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad que impone
especiales deberes al Estado.
Así lo ha reconocido el Comité de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas[2]
y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha deducido de tal
condición de especial vulnerabilidad una relación de especial sujeción[3] entre el recluso y el Estado, en virtud de la cual éste debe actuar
positivamente para garantizar la satisfacción de los derechos fundamentales no
sujetos a restricciones legítimas por la medida privativa de la libertad. En la
sentencia T-153 de 1998 se explicó que “los reclusos se encuentran
vinculados con el Estado por una especial relación de sujeción. Ello significa
que este último puede exigirle a los internos el sometimiento a un conjunto de
condiciones que comportan precisamente la suspensión y restricción de distintos
derechos fundamentales, condiciones sobre las cuales debe añadirse que deben
ajustarse a las prescripciones del examen de proporcionalidad.[4]”
3.2. El pilar central de la
relación entre el Estado y la persona privada de la libertad es el respeto por
la dignidad humana.
Esta regla fundamental consta
expresamente en el artículo 10-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, según el cual “toda persona privada de libertad será tratada
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
De allí ha deducido el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
–intérprete autorizado del Pacto- una serie de consecuencias de gran
importancia, contenidas en la Observación General No. 21 sobre personas el
trato humano de las privadas de la libertad[5],
a saber: (i) todas las personas privadas de la libertad deberán ser tratadas en
forma humana y digna, independientemente del tipo de detención al cual estén
sujetas, del tipo de institución en la cual estén recluidas[6]; (ii) los Estados
adquieren obligaciones positivas en virtud del artículo 10-1 del Pacto, en el
sentido de propugnar por que no se someta a las personas privadas de la
libertad a mayores penurias o limitaciones de sus derechos que las
legítimamente derivadas  de la medida de detención correspondiente[7]; y (iii) por tratarse
de una “norma fundamental de aplicación universal”, la obligación de tratar a
los detenidos con humanidad y dignidad no puede estar sujeta, en su
cumplimiento, a la disponibilidad de recursos materiales, ni a distinciones de
ningún tipo[8].
Una disposición similar se encuentra en
el artículo 5-2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de
conformidad con el cual “...toa persona privada de libertad será tratada con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Según ha explicado la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Knights y otros contra
Jamaica, esta disposición es una de las “normas mínimas” que “se
aplican sin tener en cuenta la naturaleza del comportamiento por el cual la
persona en cuestión ha sido encarcelada independentemente del nivel de
desarrollo del Estado...”.
3.3. Las personas privadas de la
libertad son titulares de todos los derechos constitucionales, sujetos a las
restricciones legítimas derivadas de la medida privativa de la libertad
correspondiente.
La Corte
Constitucional ha precisado que la privación de la libertad implica la
suspensión absoluta de algunos derechos, pero no implica la restricción de los
demás; según se señaló en la sentencia T-966 de 2000[9], “algunos derechos, como la libertad personal o la libre locomoción,
se encuentran absolutamente limitados a partir de la captura. No obstante, otro
grupo de derechos, como el derecho a la intimidad personal y familiar y los de
reunión y asociación, pese a que pueden llegar a ser fuertemente limitados,
nunca podrán ser completamente suspendidos. Por último, la persona, no importa
su condición o circunstancia, está protegida por un catálogo de derechos que no
pueden ser objeto de restricción jurídica durante la reclusión. Se trata de
derechos como el derecho a la vida, a la integridad personal o a la libertad de
conciencia[10].” Esta doctrina fue precisada con mayor detalle en la sentencia
T-153 de 1998, en los siguientes términos:
“40. En su jurisprudencia, la Corte Constitucional  ha expresado de
manera reiterada que, si bien algunos derechos fundamentales de los reclusos
son suspendidos o restringidos desde el momento en que éstos son sometidos a la
detención preventiva o son condenados mediante sentencia, muchos otros derechos
se conservan intactos y deben ser respetados íntegramente por las autoridades
públicas que se encuentran a cargo de los presos. Así, por ejemplo,
evidentemente los derechos a la libertad física y a la libre locomoción se
encuentran suspendidos y, como consecuencia de la pena de prisión, también los
derechos políticos. Asimismo, derechos como los de la intimidad personal y
familiar, reunión, asociación, libre desarrollo de la personalidad y libertad
de expresión se encuentran restringidos, en razón misma de las condiciones que
impone la privación de la libertad. Con todo, otro grupo de derechos, tales como
la vida e integridad personal, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa,
el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la salud y al
debido proceso, y el derecho de petición, mantienen su incolumidad a pesar del
encierro a que es sometido su titular.[11]
Lo mismo cabe aseverar acerca del derecho a la presunción de inocencia, el
cual, aun cuando no imposibilita la expedición de medidas de aseguramiento, sí
obliga a los jueces a justificar en cada caso la orden de detención
precautelativa, y a la administración a mantener separados a los sindicados y a
los condenados.”
El hecho de que
ciertos derechos de los reclusos no están sujetos a limitaciones legítimas,
tales como la vida, la integridad personal y la salud, también ha sido
resaltado por los organismos internacionales de derechos humanos. Así, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que “es uno de los
más importantes predicados de la responsabilidad internacional de los Estados
en relacón a los derechos humanos el velar por la vida y la integridad física y
mental de las personas bajo su custodia”[12];
por su parte, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha explicado
que “la obligación de tratar a las personas con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano comprende, entre otras cosas, la prestación de
cuidados médicos adecuados”[13],
y que “incumbe a los Estados garantizar el derecho a la vida de los
detenidos y no a éstos solicitar protección. (...) Corresponde al Estado parte,
mediante la organización de sus centros de detención, tener un conocimiento
razonable del estado de salud de los detenidos. La falta de medios financieros
no puede atenuar esa responsabilidad.”[14]
La obligación estatal de preservar, sin limitaciones, los derechos de los
reclusos a la vida, a la integridad personal y a la salud también ha sido
recalcada en las sentencias T-535 de 1998, T-606 de 1998 y T-257 de 2000 de
esta Corporación.
La Corte
Constitucional también ha explicado que toda limitación de los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad debe ser proporcional a
la finalidad de la medida privativa de la libertad: “en consecuencia, para
que una determinada restricción resulte legítima, será necesario que persiga,
bien la resocialización del interno, ora la conservación del orden, la
disciplina y la convivencia dentro del establecimiento de reclusión.
Adicionalmente, la restricción debe ser necesaria, adecuada y estrictamente
proporcionada a la finalidad que pretende cumplir. En consecuencia, a pesar de
la discrecionalidad con que cuentan las autoridades encargadas de administrar y
dirigir las cárceles, sus atribuciones encuentran un límite en la prohibición
constitucional de la arbitrariedad (C.P., artículos 1°, 2°, 123 y 209) y, por
lo tanto, deben sujetarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad
mencionados. En este sentido, la Corte ha sido enfática al indicar que la
necesaria discrecionalidad para el manejo de ciertos asuntos no puede servir de
pretexto para la comisión de actos arbitrarios, desproporcionados o
irracionales que lesionen los derechos de la población reclusa[15]”.[16]
Por último, la
jurisprudencia constitucional ha indicado que la condición de reclusión de una
persona impone al Estado ciertos deberes especiales, en el sentido de promover
la efectividad de los derechos fundamentales del detenido: “la reclusión de
una persona en un establecimiento carcelario o penitenciario, le impone al
Estado una serie de deberes especiales directamente encaminados a hacer
efectivos los derechos de que goza el sujeto recluido. De otra manera, tales
derechos no pasarían de ser declaraciones retóricas sin ninguna eficacia.  En
este sentido, la jurisprudencia de la Corte ha indicado que ‘el Estado tiene
deberes especiales para con los reclusos, con miras a que éstos puedan ejercer
plenamente los derechos fundamentales que no les han sido suspendidos, y
parcialmente aquellos que les han sido restringidos. Y estos deberes no
implican  simplemente que el Estado no debe interferir en la esfera de
desarrollo de estos derechos - como ocurriría en el caso de la libertad
religiosa -, sino también - y de manera especial - que el Estado debe ponerse
en acción para garantizarle a los internos  el pleno goce de otros derechos,
tales como la dignidad, la salud, la alimentación, el trabajo, etc. Esta
conclusión se deriva de la misma relación especial de sujeción de los penados
frente al Estado, y del hecho  de que las condiciones que se imponen a los
reclusos les impide que puedan satisfacer  por cuenta propia una serie de
necesidades mínimas, cuya atención garantiza la posibilidad de llevar una vida
digna.[17]’[18]. En
suma, la reclusión de una persona apareja el surgimiento de una serie de
deberes especiales a cargo del Estado - a los que corresponden derechos a favor
de la persona recluida -, a fin de que el interno pueda realizar efectivamente
los derechos que no le han sido formalmente suspendidos ni limitados, pero cuyo
ejercicio resulta imposible sin la colaboración activa del Estado.”[19]
3.4. Existe un contenido mínimo de
las obligaciones estatales frente a las personas privadas de la libertad que es
de imperativo cumplimiento, independientemente de la gravedad de la conducta
por la cual se ha privado a la persona de la libertad, y del nivel de
desarrollo socioeconómico del Estado.
El contenido más básico de las
obligaciones internacionales del Estado frente a las personas privadas de su
libertad, es decir, el mínimo que debe satisfacer el Estado para
garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los reclusos, ha
sido precisado en varias oportunidades por los organismos de derechos humanos
competentes, cuyo criterio ha sido recogido por esta Corte y será aplicado en
la presente oportunidad. En general, éstos organismos han hecho referencia a
disposiciones específicas de las Reglas Mínimas Para el Tratamiento de los
Reclusos -que fueron producidas al interior de las Naciones Unidas en la década
de los años 50 y desde entonces han sido adoptadas como criterio guía de
cardinal importancia para determinar el contenido básico de los deberes
estatales en este campo-.
Así, por ejemplo, el Comité de Derechos
Humanos ha sintetizado así el núcleo más básico de los derechos de los
reclusos: “todo recluso debe disponer de una superficie y un volumen de aire
mínimos, de instalaciones sanitarias adecuadas, de prendas que no deberán ser
en modo alguno degradantes ni humillantes, de una cama individual y de una
alimentación cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su
salud y de sus fuerzas. Debe hacerse notar que son estos requisitos mínimos,
que en opinión del Comité, deben cumplirse siempre, aunque consideraciones
económicas o presupuestarias puedan hacer difícil el cumplimiento de esas
obligaciones”[20].
En el mismo caso, el Comité de Derechos Humanos enumeró como los mínimos a satisfacer
en todo tiempo por los Estados, aquellos contenidos en las reglas 10, 12, 17,
19 y 20 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, que
establecen, en su orden, (i) el derecho de los reclusos a ser ubicados en
locales higiénicos y dignos[21],
(ii) el derecho de los reclusos a contar con instalaciones sanitarias adecuadas
a sus necesidades y al decoro mínimo propio de su dignidad humana[22], (iii) el derecho de
los reclusos a recibir ropa digna para su vestido personal[23], (iv) el derecho de
los reclusos a tener una cama individual con su ropa de cama correspondiente en
condiciones higiénicas[24],
y (v) el derecho de los reclusos a contar con alimentación y agua potable
suficientes y adecuadas[25].
En la misma providencia, el Comité notó que estos mínimos deben ser observados,
“cualquiera que sea el nivel de desarrollo del Estado parte de que se trate”.
Por su parte, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos ha añadido a la anterior enumeración de los mínimos a
satisfacer por los Estados, aquellos contenidos en las reglas Nos. 11, 15, 21,
24, 25, 31, 40 y 41 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas[26], que se refieren en su
orden a, (vi) la adecuada iluminación y ventilación del sitio de reclusión[27], (vii) la provisión de
los implementos necesarios para el debido aseo personal de los presos[28], (viii) el derecho de
los reclusos a practicar, cuando ello sea posible, un ejercicio diariamente al
aire libre[29],
(ix) el derecho de los reclusos a ser examinados por médicos a su ingreso al
establecimiento y cuando así se requiera[30],
(x) el derecho de los reclusos a recibir atención médica constante y diligente[31], (xi) la prohibición
de las penas corporales y demás penas crueles, inhumanas o degradantes[32], (xii) el derecho de
los reclusos a acceder a material de lectura[33],
y (xiii) los derechos religiosos de los reclusos[34].
3.5. Las autoridades no pueden
perder de vista que el fin de la pena es la resocialización del infractor.
El artículo 10-3 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos establece que “el régimen penitenciario
consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la
readaptación social de los penados”. El Comité de Derechos Humanos ha
precisado el contenido de esta disposición en su Observación General No. 21,
anteriormente citada, al explicar que “ningún sistema penitenciario debe
estar orientado solamente al castigo; esencialmente, debe tratar de lograr la
reforma y la readaptación social del preso”. En consecuencia, en múltiples
oportunidades la Corte ha resaltado la importancia que tienen la educación y el
trabajo para las personas privadas de la libertad, por constituir los medios
por excelencia para el logro de la resocialización que persigue la medida
punitiva[35].
Por ejemplo, en la sentencia T-153 de 1998, la Corte precisó que “el análisis del sistema penitenciario debe siempre girar en torno
de la pregunta sobre si éste cumple con la función resocializadora, a la cual
se debe fundamentalmente. Sobre este punto es importante señalar que la labor
de resocialización no consiste en imponer determinados valores a los reclusos,
sino en brindarles los medios para que, haciendo uso de su autodeterminación,
establezca cada interno el camino de su reinserción al conglomerado social.
Como bien lo señaló esta Corporación en su sentencia C-261 de 1996, M.P.
Alejandro Martínez Caballero, ‘la idea de resocialización se opone, ante todo,
a penas y condiciones de cumplimiento que sean en esencia, por su duración o
sus consecuencias, desocializadoras. El Estado debe brindar los medios y las
condiciones para no acentuar la desocialización del penado y posibilitar sus
opciones de socialización (...) La función de reeducación y reinserción social
del condenado debe entenderse como obligación institucional de ofrecerle todos
los medios razonables para el desarrollo de su personalidad, y como prohibición
de entorpecer ese desarrollo.’”
3.6. La reclusión prolongada de
personas en las salas de retención transitoria de las estaciones de policía y
otras instituciones, por más del tiempo legalmente permitido, es contraria a
los postulados más básicos del orden constitucional.
En varias oportunidades, esta Corte ha considerado que la detención
prolongada de personas en las salas de retención transitoria de las estaciones
de policía y de instituciones similares, más allá del tiempo máximo autorizado
en la ley para este efecto, constituye una violación de los derechos
fundamentales de las personas detenidas. Por ejemplo,
en la sentencia T-847 de 2000, la Corte se enfrentó a un problema similar al
que ocupa la atención de la Sala, en relación con la reclusión prolongada de
cientos de personas en las salas de retención de la policía y los organismos de
seguridad, en condiciones bajo las cuales, precisó la Corte, “la
pérdida de la libertad se convierte en tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, los que están proscritos de acuerdo con el artículo 12 de la Carta
Política”:
“… Pero si a
semejante situación se le añade que no hay patio donde salir a ejercitarse y
recibir algo de luz solar, que no hay lugar adecuado para recibir la visita
conyugal y la de los familiares y amigos, o para entrevistarse con el defensor,
que no existe una dependencia de sanidad a donde ser conducido, y que la
infraestructura sanitaria y alimentaria no está diseñada para atender las
necesidades de una larga estadía, ni existe posibilidad alguna de trabajo o
estudio, entonces los sindicados y condenados que permanecen en las
sobrepobladas salas de retenidos, vienen a ser conscientes de que toda mala
situación puede empeorar, y no sólo añoran, sino que reivindican esas
condiciones inhumanas y degradantes de las cárceles, como lo hacen en este
proceso, a través del Defensor del Pueblo, treinta y cinco (35) detenidos
(folios 2-3 del primer cuaderno).
… Debe
señalarse al respecto que las funciones carcelaria y penitenciaria no están
asignadas a la Policía Nacional, ni al DAS, ni a la DIJIN, ni a la SIJIN, ni al
CTI, sino al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, el que
actúa en relación directa con la Fiscalía General de la Nación, los jueces
penales y los jueces de ejecución de penas. Precisamente porque no les están
asignadas esas funciones, y en este caso está acreditado que las vienen
cumpliendo, la conclusión a la que debe arribar el juez de amparo es contraria
a la que adoptó el Tribunal Superior de Bogotá. Resulta claro que esas
instituciones sí violan la Carta Política, y los derechos de las personas
sindicadas y condenadas que permanecen detenidas en sus salas de retenidos, en
casos como el que se revisa, en los que se verifica que organismos a los que no
se asignaron determinadas funciones las vienen cumpliendo, de manera tan
precaria, que no pueden brindar a los internos el trato digno que se les debe
dar, ni las oportunidades a que tienen derecho.
… Por tanto, en la parte resolutiva de esta
providencia, no sólo se debe señalar que las instituciones a las que se viene
haciendo referencia violaron los derechos de los detenidos a cuyo nombre
interpuso la tutela el Defensor del Pueblo, sino que, además, se les debe
prevenir, en los términos del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 para que se
abstengan de volver a recibir y mantener en sus salas de retenidos a personas
que ya han sido vinculadas a procesos penales en su contra, o quienes han sido
condenadas, so pena de las sanciones contempladas en el estatuto mencionado
para el desacato.
(…) La Policía Nacional, el DAS, la DIJIN, la SIJIN y
el CTI, son entes administrativos diferentes al INPEC, a los que no han sido
asignadas las funciones penitenciarias y carcelarias de este último; en
consecuencia, en sus salas de retenidos sólo deben permanecer las personas
hasta por un máximo de treinta y seis (36) horas, mientras son puestas
nuevamente en libertad o se ponen a disposición de la autoridad judicial
competente. Así, esas dependencias no cuentan con las facilidades requeridas
para atender a las condiciones mínimas de vida que deben garantizarse en las
cárceles: alimentación, visitas, sanidad, seguridad interna para los detenidos
con distintas calidades, etc.; como las personas no deben permanecer en esas
salas de retenidos por lapsos mayores al mencionado, la precaria dotación de
las Estaciones de Policía y sedes de los otros organismos de seguridad, no
representan un peligro grave para los derechos fundamentales de quienes son
llevados allí de manera eminentemente transitoria; pero si la estadía de esas
personas se prolonga por semanas, meses y años, el Estado que debe
garantizarles unas condiciones dignas, necesariamente faltará a tal deber, y el
juez de amparo que verifique tal irregularidad debe otorgar la tutela y ordenar
lo que proceda para ponerle fin.”
En este mismo sentido, en la sentencia T-1077 de 2001[36], se explicó que “las salas de detenidos de las estaciones de policía, la DIJIN, la
SIJIN, etc. cumplen una función transitoria de retención de los capturados,
mientras son dejados a disposición de las autoridades judiciales competentes y
estas legalizan la privación de la libertad. Bajo esta perspectiva es claro que
las salas de detenidos carecen de la distribución física, logística y
administrativa para mantener a un recluso por largos periodos de tiempo y menos
aún, para suplir las necesidades básicas y los derechos consagrados en el
Código Penitenciario y Carcelario. En este orden de ideas, si una persona es
mantenida por meses e incluso años en dichos establecimientos, sus condiciones
naturalmente se ven deterioradas porque estas instalaciones no tienen la
finalidad de recluir a las personas sino solamente de retenerlas de manera
transitoria, situación que va en contravía de lo dispuesto en la ley penal que
restringe sólo a treinta y seis (36) horas, su permanencia en dichos lugares.”
4. Valoración del caso concreto:
condiciones de reclusión de la población carcelaria del Departamento de Vaupés.
Como primera medida, resalta la Sala que
las siguientes son las condiciones de reclusión en las que se encuentra la
población reclusa del Departamento de Vaupés, según las pruebas que obran en el
expediente –con base en las cuales se adoptaron los fallos de instancia que se
revisan-:
4.1. Situación de las personas
recluidas en el calabozo del Comando de Policía de Mitú:
Según fue probado mediante la inspección
judicial realizada por el juez de primera instancia del proceso de tutela, en
el calabozo del Comando de Policía de Mitú se encontraban recluidas cinco
personas a quienes, por su alto nivel de peligrosidad, se debía custodiar con
mayores medidas de seguridad que las que podía proveer la Cárcel Municipal de
Mitú –motivo por el cual, según informó el guardián de dicho calabozo, se había
“coordinado” con la Fiscalía la detención y custodia de estas personas, quienes
habían sido sindicadas de los delitos de extorsión, secuestro, homicidio y
rebelión, en el Comando en cuestión. Las condiciones en las cuales se
encontraban detenidas estas personas sólo pueden ser calificadas por la Sala de
infrahumanas: (i) en una pequeña celda de cuatro metros de largo por un metro y
medio de ancho, (ii) cinco personas debían convivir, una de ellas de sesenta y
un años de edad, (iii) contando con un solo baño sanitario en regulares
condiciones de funcionamiento, (iv) sin ducha, (v) sin camas o camarotes
individuales, (vi) debiendo dormir en algunas esteras y colchonetas en el suelo
en pésimas condiciones, con un alto grado de hacinamiento por las limitaciones
de espacio de la celda, (vii) soportando altas temperaturas, (viii) sin muebles
ni plancha de cemento en el piso,  (ix) soportando malos olores, (x)
periódicamente sujetos a privaciones de agua, por lo cual no pueden bañarse ni
cumplir con sus necesidades fisiológicas e higiénicas en forma oportuna y
digna, (xi) sin acceso a una alimentación regular adecuada para suplir sus
necesidades nutricionales, por lo cual cuando no hay disponibilidad de
“colaboración” de las autoridades policivas, deben pasar largos períodos sin
comer, (xii) sin acceso adecuado a visitas, (xiii) con proliferación de
insectos, y (xiv) sin posibilidad de movilizarse adecuadamente por no poder
salir a tomar el sol –según informaron los detenidos-, entre otras
circunstancias diversas referidas por los reclusos y observadas por el fallador
de primera instancia.
Algunas de las personas entrevistadas
llevaban varios días recluidas en dicho calabozo; uno de ellos informó que
hacía más de un mes que estaba allí. Interrogado sobre el particular, el
patrullero que hacía las veces de guardián informó que era consciente de que se
trataba de una sala de retención destinada a albergar transitoriamente a las
personas; sin embargo, argumentó que por motivos logísticos –en particular la
incapacidad de la Cárcel Municipal de Mitú para proveer la seguridad requerida
por estos presos- los detenidos debían permanecer en el Comando de Policía, sin
que se visualizara una solución efectiva a su situación en el futuro cercano.
4.2. Situación de las personas
recluidas en la Cárcel Municipal de Mitú.
Si bien las condiciones de quienes están
detenidos en la Cárcel Municipal de Mitú no son tan extremas como las de los
reclusos del calabozo del Comando de Policía, distan mucho de ser óptimas;
según se observó en la inspección judicial practicada por el juez de tutela de primera
instancia, se observó que (i) las instalaciones sanitarias no funcionaban
adecuadamente ni estaban bien aseadas, (ii) las condiciones de seguridad eran
precarias, (iii) el estado de las celdas era aceptable y no se observaba
hacinamiento, (iv) la alimentación era provista con regularidad y en
condiciones aceptables, (v) no había servicio de salud adscrito a la cárcel,
por lo cual se hacía necesario trasladar a los internos a centros de salud
externos a la Cárcel –sin que hubiera ni siquiera un botiquín disponible-, (vi)
había cortes esporádicos en el servicio de agua, (vii) no se realizaban
actividades de estudio ni trabajo con miras a la resocialización, más allá del
aseo del lugar por los mismos presos, y (viii) había prácticas regulares de
visitas en condiciones adecuadas.
Sobre este particular, desea resaltar la
Sala lo expuesto por el guardián de la Cárcel sobre la seguridad de este
establecimiento:
“La cárcel en
sí no es segura, por que el que se quiere ir se va, las celdas son seguras por
que se le podría echar candado pero por lo demás no hay seguridad (sic), los
guardianes somos tres que dependemos de la alcaldía, prestamos turnos de doce
por veinticuatro, nosotros somos de control, nosotros no tenemos armas ni nada
y en este momento que tenemos ayuda de la policía y prestan seguridad externa
principalmente, desde hace como tres meses no sé por qué simplemente llegaron
un día y ya siguieron viniendo. (sic).”
Por otra parte, en la visita efectuada
por el equipo de la Defensoría del Pueblo a la Cárcel Municipal de Mitú se
verificaron los siguientes problemas adicionales: (i) a los internos no se les
practicaba un exámen médico de ingreso que pudieran determinar su estado
general de salud y su potencial infectocontagioso, (ii) no se les proporciona a
los internos los elementos básicos de aseo personal ni lo necesario para el
aseo de las instalaciones, (iii) las condiciones de aseo de la cocina eran
deficientes, (iv) el agua suministrada a los internos, proveniente del
acueducto, no es apta para su consumo, y (v) existe indisciplina, desorden y
ocio entre los internos, que dedican su tiempo a actividades recreativas ajenas
al proceso de resocialización.
4.3. Observaciones de la Corte
A la luz de las anteriores
consideraciones, para la Sala no cabe duda sobre la vulneración de los derechos
constitucionales fundamentales de las personas que se encuentran privadas de la
libertad en el Departamento de Vaupés, tanto en el calabozo del Comando de
Policía de Mitú, como en la Cárcel Municipal de Mitú –si bien en este último
centro las condiciones de reclusión no son lesivas de los derechos
fundamentales en el mismo grado que las condiciones de reclusión del Comando de
Policía-. En ambos casos, las autoridades estatales han incumplido en forma
grave sus obligaciones constitucionales e internacionales en la materia:
mientras que las personas privadas de la libertad en el calabozo del Comando de
Policía se ven expuestas a condiciones deplorables de reclusión que vulneran la
mayor parte de los derechos constitucionales de los cuales son titulares,
quienes se encuentran recluidos en la Cárcel Municipal de Mitú ven negado, en
lo esencial, su acceso a la resocialización por medio del trabajo y el estudio.
Debe recordarse, en relación con la situación de los detenidos en el Comando de
Policía de Mitú, que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en
el caso Polay Campos contra Perú[37],
ha expresado que la reclusión de una persona en una celda durante la mayor
parte del día a temperaturas extremas constituye una violación del artículo
10-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que, como se vió,
impone a los Estados la obligación de impartir un trato humano y digno a los
internos – violación en la cual se ha incurrido, sin lugar a dudas, en este
caso.
Adicionalmente, la Sala observa que las
precarias condiciones de seguridad de la cárcel municipal de Mitú son, en gran
medida, las causantes de la decisión de las autoridades judiciales
–concretamente, de los Fiscales competentes- de recluir a los presos de alta
peligrosidad en el Comando de Policía de dicha población. En esa medida, es
indispensable que las autoridades territoriales, como paso necesario para la satisfacción
de sus obligaciones internacionales, constitucionales y legales en este campo,
actúen en forma conjunta y coordinada para proveer a la Cárcel Municipal de
Mitú de las medidas y mecanismos de seguridad básicos requeridos para una
institución penitenciaria que habrá de albergar presos de alta peligrosidad, de
manera tal que puedan albergar en forma digna a quienes son procesados por las
autoridades judiciales y que no sea necesario recurrir a estrategias como la de
recluir a los presos de mayor peligrosidad en circunstancias indignas de su
condición de seres humanos.
5. La medida a adoptar.
Para efectos de solucionar la situación
de violación de derechos constitucionales detectada por la Corte, habrá de
distinguirse entre la situación de quienes se encuentran recluidos en el
calabozo del Comando de Policía, y la de quienes se hallan detenidos en la
Cárcel Municipal de Mitú. En ambos casos, la Corte tomará en cuenta las órdenes
impartidas en casos de tutela precedentes, en los que se han protegido los
derechos constitucionales de personas privadas de la libertad en condiciones
similares a las de la población carcelaria del Vaupés.
5.1. Medida a adoptar frente a los
reclusos del calabozo del Comando de Policía de Mitú.
Reitera la Sala que es necesario no
perder de vista el motivo que llevó a las autoridades competentes a recluir a
ciertas personas en el calabozo del Comando de Policía de Mitú, a saber, su
alta peligrosidad –se trata de personas investigadas por delitos graves, como
extorsión, secuestro, homicidio y rebelión-, frente a la cual resultan
inadecuadas las condiciones de seguridad de la Cárcel de Mitú, lugar donde
ordinariamente habrían de ser recluidos. En este sentido, la Sala considera que
se trata de una decisión que busca preservar bienes constitucionales
importantes, como son la seguridad y la vida de los demás reclusos de la Cárcel
Municipal de Mitú, así como del personal que se desempeña en este centro
penitenciario. Sin embargo, resulta claro que, a la luz de la Carta Política,
las medidas adoptadas para preservar este bien constitucional no pueden
desembocar en el desconocimiento frontal y excesivo de los derechos
constitucionales fundamentales más básicos de los reclusos en cuestión, ni en
el desconocimiento de las obligaciones estatales mínimas frente a su condición
de personas privadas de la libertad –que se reseñaron en apartados anteriores
de esta providencia-. Es necesario encontrar una solución que armonice ambos
intereses.
En casos anteriores, la Corte
Constitucional ha ordenado que las personas que se encuentran privadas de su
libertad en forma prolongada en salas de retención de instituciones policivas y
de seguridad sean trasladadas al centro de reclusión correspondiente, en el
cual les puedan proveer las condiciones de humanidad y dignidad exigidas por el
orden constitucional vigente. Así, en la sentencia T-847 de 2000 se impartió la
siguiente orden:
“Segundo. Ordenar al
Ministerio de Justicia y del Derecho y al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario que, si aún no lo han hecho, en un término razonable que en ningún
caso puede superar los diez (10) días contados a partir de la notificación de
esta providencia, procedan a trasladar a las personas sindicadas y condenadas
que se encuentren en las salas de retenidos de las Estaciones de Policía de
Santafé de Bogotá, el DAS, la DIJIN, la SIJIN, y el CTI, a los centros
carcelarios en los que, de acuerdo con la Constitución y la ley, deben
permanecer hasta que la autoridad judicial competente ordene ponerlas en libertad.”
No obstante,
teniendo en cuenta las condiciones actuales de la Cárcel Municipal de Mitú,
según se probaron en el expediente, la Corte considera que no existe en dicha
población un lugar alternativo de reclusión que sea lo suficientemente seguro
como para recluir a los presos de alta peligrosidad en cuestión, y cuyas
instalaciones sean al mismo tiempo lo suficientemente dignas como para
albergarlos respetando sus derechos fundamentales. Por lo tanto, a pesar de que
en Mitú estas personas tienen la posibilidad de mantener contacto con sus
familias, es legítimo que las autoridades competentes consideren necesario,
como medida de protección de sus derechos fundamentales, ordenar su traslado a
otro centro de reclusión en un lugar distinto del país, que cuente con las
condiciones de seguridad y con las instalaciones apropiadas para albergarlos,
dados los delitos por los cuales se les investiga[38].
En consecuencia,
en relación con las personas recluidas en el calabozo del Comando de Policía de
Mitú, se ordenará al Alcalde Municipal de Mitú, en tanto primera autoridad del
municipio, que adopte las medidas necesarias para lograr la protección efectiva
de los derechos fundamentales de dichas personas, en forma tal que sean
recluidos en un lugar a la vez digno y seguro. Dichas medidas, en caso de ser
necesario, podrán comprender el traslado físico de tales personas a otro centro
carcelario del país. En caso de considerar necesario dicho traslado, en
ejercicio de su discrecionalidad y dentro de parámetros de razonabilidad, el
Alcalde Municipal de Mitú coordinará con el INPEC las gestiones y diligencias
necesarias, y solicitará el concurso de la Fuerza Pública para garantizar la
seguridad de la operación. En ese sentido, se urgirá al director del INPEC que
preste su concurso inmediato para el logro de dicho objetivo, así como al
Comandante General de las Fuerzas Armadas, para que colaboren con lo necesario
para garantizar el traslado eficaz y seguro de estos presos a un centro de
reclusión diferente. Asimismo, el Alcalde Municipal de Mitú deberá adoptar las
medidas necesarias para que los familiares de las personas recluidas en el
Comando de Policía puedan establecer contacto con ellas, inclusive personal,
con la debida antelación a la ejecución de la orden de traslado.
La adopción de
las medidas necesarias para garantizar la reclusión de estos presos en un lugar
digno y seguro, sea mediante el traslado o mediante otro tipo de gestiones,
deberán haberse efectuado materialmente a más tardar dentro del término de una
(1) semana a partir de la notificación de este fallo. En caso de que existan
motivos sólidos y razonables que justifiquen la práctica de dichas medidas, en
particular del traslado, en un momento posterior a este término, el Alcalde
Municipal de Mitú podrá disponer lo pertinente, siempre y cuando cuente con la
autorización previa del Juez de primera instancia dentro del proceso de tutela
de la referencia. En cualquier caso, las medidas necesarias para preservar los
derechos fundamentales de estos reclusos habrán de ejecutarse, a más tardar, al
término de quince (15) días desde el momento de notificación de la presente
providencia.
Resalta la Sala
que la anterior medida tiene carácter provisional, y busca proteger los
derechos de estos reclusos mientras se da cumplimiento a la orden que habrá de
impartir la Corte en relación con la Cárcel Municipal de Mitú.
5.2. Medida a adoptar frente a los
reclusos de la Cárcel Municipal de Mitú.
Según se determinó en apartados
anteriores, la principal fuente de violación de los derechos fundamentales de los
reclusos de la Cárcel Municipal de Mitú es la ausencia de (a) un servicio de
salud básico de planta, y (b) oportunidades de educación y trabajo suficientes
para dar cumplimiento al cometido resocializador de su internamiento. Así
mismo, se ha detectado que las condiciones de seguridad de la Cárcel Municipal
de Mitú son precarias –lo suficiente como para justificar que las autoridades
judiciales competentes hayan resuelto internar a los presos de mayor
peligrosidad en un lugar diferente-. Por lo tanto, en relación con este centro
penitenciario la Corte impartirá dos órdenes, ambas dirigidas al Alcalde
Municipal de Mitú:
(i) se ordenará que, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes a la notificación de esta sentencia, se diseñen
(a) los servicios de salud básicos de planta con los que debe contar la Cárcel
Municipal, y (b) los programas de resocialización por medio del trabajo y el
estudio que sean necesarios para suplir las necesidades de los internos, en
cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución y la ley, y que dentro de los
quince (15) días calendario siguientes al vencimiento de dicho término, se
inicie su ejecución; y
(ii) se ordenará que, en coordinación con
el INPEC y con el Gobernador del Departamento del Vaupés, el Alcalde Municipal
de Mitú gestione, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la
notificación de esta providencia, el diseño de las medidas que sean necesarias
para lograr efectivamente el nivel de seguridad requerido por la Cárcel
Municipal de Mitú de conformidad con los estándares legales y reglamentarios
pertinentes, medidas que habrán de ser ejecutadas, a más tardar, dentro de los
seis (6) meses siguientes a la notificación de este fallo, con cargo al
presupuesto municipal de la actual vigencia fiscal. En caso de no existir
recursos disponibles dentro del presupuesto actual, el Alcalde Municipal de
Mitú deberá gestionar la inclusión, dentro del presupuesto de la siguiente
vigencia fiscal, de los recursos necesarios para cubrir dichas obras. En
cualquier caso, el término final otorgado para ejecutar las obras se mantiene
invariable: se otorgarán seis (6) meses a partir de la notificación de la
presente providencia, puesto que vencerá en el curso de la vigencia fiscal del
año 2005.
III. DECISION
En mérito de lo anterior, la Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la sentencia del día
seis de febrero de dos mil cuatro (2004) del Tribunal Superior de Villavicencio
– Sala de Familia, y en su lugar CONCEDER la tutela de los derechos
fundamentales de la población carcelaria del Departamento de Vaupés, según se
precisaron en esta providencia.
Segundo.- ORDENAR al Alcalde Municipal
de Mitú que, en ejercicio de su discrecionalidad dentro de parámetros de
razonabilidad, adopte las medidas necesarias para lograr la protección efectiva
de los derechos fundamentales de las personas que se hallaren recluidas a la
fecha de notificación de esta sentencia en el calabozo del Comando de Policía
de Mitú, en forma tal que éstos sean recluidos a la mayor brevedad en un lugar
a la vez digno y seguro. Dichas medidas, en caso de ser necesario, podrán
comprender el traslado físico de tales personas a otro centro carcelario del
país. En caso de considerar necesario dicho traslado, el Alcalde Municipal de
Mitú coordinará con el INPEC las gestiones y diligencias necesarias, y
solicitará el concurso de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de la
operación. Igualmente, en caso de considerar necesario dicho traslado, el
Alcalde Municipal de Mitú garantizará que a las familias de los reclusos se les
informe con la debida antelación sobre la decisión de trasladar a los presos y
se permita un contacto personal.
La adopción de las medidas necesarias para garantizar la reclusión
de estos presos en un lugar digno y seguro, sea mediante el traslado o mediante
otro tipo de gestiones, deberán haberse efectuado materialmente a más tardar
dentro del término de una (1) semana a partir de la notificación de este fallo.
En caso de que existan motivos sólidos y razonables que justifiquen la práctica
de dichas medidas, en particular del traslado, en un momento posterior a este
término, el Alcalde Municipal de Mitú podrá disponer lo pertinente, siempre y
cuando cuente con la autorización previa del Juez de primera instancia dentro
del proceso de tutela de la referencia. En cualquier caso, las medidas
necesarias para preservar los derechos fundamentales de estos reclusos habrán
de ejecutarse, a más tardar, al término de quince (15) días desde el momento de
notificación de la presente providencia.
Tercero.- URGIR al Director del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- para que colabore, en
caso de ser necesario, con el Alcalde Municipal de Mitú en la co-ordinación del
traslado de las personas recluidas en el Comando de Policía de Vaupés, en forma
tal que dicho traslado a otros centros carcelarios sea efectuado en forma
efectiva y segura a más tardar dentro del término de una (1) semana a partir de
la notificación de este fallo, prorrogable hasta por quince (15) días en los
términos del numeral anterior de esta parte resolutiva.
Cuarto.- URGIR a los Comandantes de
Fuerza competentes en las zonas de traslado para que colaboren, en caso de ser
necesario, con el Alcalde Municipal de Mitú en la co-ordinación del traslado de
las personas recluidas en el Comando de Policía de Vaupés, en forma tal que
dicho traslado a otros centros carcelarios sea efectuado en forma efectiva y
segura a más tardar dentro del término de una (1) semana a partir de la
notificación de este fallo, prorrogable hasta por quince (15) días en los
términos del numeral anterior de esta parte resolutiva.
Quinto.- ORDENAR al Alcalde Municipal de Mitú que adopte todas las
medidas necesarias para garantizar que, dentro de los quince (15) días
calendario siguientes a la notificación de esta sentencia, se hayan diseñado
(a) los servicios de salud básicos de planta con los que debe contar la Cárcel
Municipal, y (b) los programas de resocialización por medio del trabajo y el
estudio necesarios para suplir las necesidades actuales de los internos de la
Cárcel Municipal de Mitú, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución y
la ley. Igualmente, se ORDENA al Alcalde Municipal de Mitú que garantice el inicio
de la ejecución de dichos servicios de salud y programas de resocialización a
más tardar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la
notificación de esta providencia.
Sexto.- ORDENAR al Alcalde Municipal de Mitú que, en co-ordinación con el INPEC y
con el Gobernador del Vaupés, adopte todas las medidas necesarias para
gestionar el diseño, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la
notificación de este fallo, de las medidas de seguridad necesarias para adecuar
la Cárcel Municipal de Mitú a los estándares de seguridad legales y
reglamentarios pertinentes. Las medidas diseñadas habrán de ser ejecutadas y
puestas en funcionamiento a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes
a la notificación de este fallo, con cargo al presupuesto municipal de la
actual vigencia fiscal. En caso de no existir recursos disponibles dentro del
presupuesto actual, el Alcalde Municipal de Mitú deberá gestionar la inclusión,
dentro del presupuesto de la siguiente vigencia fiscal, de los recursos
necesarios para cubrir dichas obras. En cualquier caso, se mantiene invariable
el término de seis (6) meses a partir de la notificación de la presente
providencia para finalizar la ejecución de las obras y ponerlas en
funcionamiento.
Séptimo.- Por Secretaria General,
líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
MANUEL
JOSE CEPEDA  ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Artículo 17. “Cárceles departamentales y municipales. Corresponde a los
departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de
Santafé de Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, organización,
administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas
detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen
privación de la libertad, por orden de autoridad policiva. (…)
El Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario ejercerá la inspección y vigilancia de las cárceles
territoriales.
En los presupuestos
municipales y departamentales, se incluirán las partidas necesarias para los
gastos de sus cárceles, como pago a sus empleados, raciones de presos,
vigilancia de los mismos, gastos de remisiones y viáticos, materiales y
suministros, compra de equipos y demás servicios.
Los gobernadores y alcaldes
respectivamente se abstendrán de aprobar o sancionar según el caso los
presupuestos departamentales y municipales que no llenen los requisitos señalados
en este artículo.
La Nación y las entidades
territoriales podrán celebrar contratos de integración de servicios, para el
mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento del sistema penitenciario
y carcelario”.
Artículo 19. “Recibo de
presos departamentales o municipales. Los departamentos o municipios que
carezcan de sus respectivas cárceles, podrán contratar con el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, el recibo de sus presos mediante el
acuerdo que se consagra en las cláusulas contractuales, conviniendo el
reconocimiento que los departamentos o los municipios hagan del pago de los
siguientes servicios y remuneraciones. (…)”
[2]
Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 21 – “Trato humano de las
personas privadas de su libertad (artículo 10)”.
[3]
Sobre el punto del estado de  sujeción especial de los reclusos frente al
Estado ver, entre otras, las sentencias T-596 de 1992, M.P. Ciro Angarita
Barón; C-318 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-705 de 1996, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz; T-706 de 1996,  MP. Eduardo Cifuentes Muñoz;  T-714 de
1996, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, y T-966 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[4]  Sobre el punto del estado de  sujeción especial de
los reclusos frente al Estado ver, entre otras,  las sentencias T-596 de 1992,
M.P. Ciro Angarita Barón; C-318 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero;
T-705 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-706 de 1996,  MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz; y  T-714 de 1996, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[5]
Ver supra, nota 1.
[6]
Expresa el Comité: “2. El párrafo 1 del artículo 10 el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos es aplicable a todas las personas privadas de
libertad en virtud de las leyes y autoridad del Estado e internadas en
prisiones, hospitales..., campos de detención, instituciones correccionales o
en otras partes. Los Estados Partes deben asegurarse que el principio en él
estipulado se observe en todas las instituciones y establecimientos bajo su
jurisdicción en donde las personas están internadas.”
[7]
Expresa el Comité: “3. El párrafo 1 del artículo 10 impone a los Estados Partes
una obligación positiva en favor de las personas especialmente vulnerables por
su condición de personas privadas de la libertad y complementa la prohibición
de la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes prevista
en el artículo 7 del Pacto. En consecuencia, las personas privadas de libertad
no sólo no pueden ser sometidas a un trato incompatible con el artículo 7,
incluidos los experimentos médicos o científicos, sino tampoco a penurias o a
restricciones que no sean los que resulten de la privación de la libertad; debe
garantizarse el respeto de la dignidad de estas personas en las mismas
condiciones aplicables a las personas libres. Las personas privadas de libertad
gozan de todos los derechos enunciados en el Pacto, sin perjuicio de las
restricciones inevitables en condiciones de reclusión.”
[8]
Expresa el Comité: “4. Tratar a toda persona privada de libertad con humanidad
y respeto de su dignidad es una norma fundamental de aplicación universal. Por ello,
tal norma, como mínimo, no puede depender de los recursos materiales
disponibles en el Estado Parte. Esta norma debe aplicarse sin distinción de
ningún género...”
[9]
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[10]
La Corte se ha pronunciado en múltiples oportunidades sobre los derechos y los
deberes de las personas recluidas así como sobre el alcance de las competencias
de las autoridades penitenciarías. Al respecto, pueden consultarse, entre
otras, las sentencias T-424 de 1992 (MP. Fabio Morón Díaz); T-522 de 1992 (MP
Alejandro Martínez Caballero); T-596 de 1992, (MP. Ciro Angarita Barón); T-219
de 1993, (MP. Antonio Barrera Carbonell);  T-273 de 1993, (M.P. Carlos Gaviria Díaz);
T-388 de 1993, (MP. Hernando Herrera); T- 437 de 1993, (MP. Carlos Gaviria
Díaz); T-420 de 1994, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-705 de 1996, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[11] Sobre el tema de los derechos de los reclusos ver,
entre otras,  las sentencias  T-424 de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz; T-522 de
1992, MP Alejandro Martínez Caballero; T-596 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón;
T-219 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell;  T-273 de 1993, M.P. Carlos
Gaviria Díaz; T-388 de 1993, M.P. Hernando Herrera; T- 437 de 1993, M.P. Carlos
Gaviria Díaz; T-420 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-705 de 1996, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[12]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso Tames contra Brasil, 1999,
párrafo 39.
[13]
Comité de Derechos Humanos, caso Kelly (Paul) c. Jamaica, párrafo 5.7, 1991.
[14]
Comité de Derechos Humanos, caso Lantsova c. la Federación de Rusia, párrafo
9.2, 2002.
[15]
Sobre la diferencia entre discrecionalidad y arbitrariedad puede consultarse,
entre otras, la sentencia C-318/95 (MP Alejandro Martínez Caballero).
[16]
Sentencia T-966 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[17]
Acerca de los deberes especiales del Estado para con los reclusos ver, entre
otras, las sentencias T-522 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-374
de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-388 de 1993, M.P. Hernando Herrera
Vergara; T-420 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; y T-741 de 1996, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[18]
Sentencia T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[19]
Sentencia T-966 de 2000 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[20]
Comité de Derechos Humanos, caso de Mukong contra Camerún, 1994, parr. 9.3.
[21]
Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 10: “Los locales
destinados a los reclusos y especialmente a aquellos que se destinan al
alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias
de la higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al
volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación.”
[22]
Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 12: “Las instalaciones
sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus
necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente.”
[23]
Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 17. “1) Todo recluso a
quien no se permita vestir sus propias prendas recibirá las apropiadas al clima
y suficientes para mantenerle en buena salud. Dichas prendas no deberán ser en
modo alguno degradantes ni humillantes. 2) Todas las prendas deberán estar
limpias y mantenidas en buen estado. La ropa interior se cambiará y lavará con
la frecuencia necesaria para mantener la higiene. 3) En circunstancias
excepcionales, cuando el recluso se aleje del establecimiento para fines
autorizados, se le permitirá que use sus propias prendas o vestidos que no
llamen la atención.”
[24]
Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 19: “Cada recluso
dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales, de una cama
individual y de ropa de cama individual suficiente, mantenida convenientemente
y mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza.”
[25]
Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No.  20: “1) Todo recluso
recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una alimentación de
buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente
para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. 2) Todo recluso deberá tener
la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite.”
[26]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, casos de Thomas (J) contra
Jamaica, párrafo 133, 2001; Baptiste contra Grenada, parrafo 136, 2000; Knights
contra Grenada, párrafo 127, 2001; y Edwards contra Barbados, párrafo 195,
2001.
[27]
Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 11: “En todo local
donde los reclusos tengan que vivir o trabajar: a) Las ventanas tendrán que ser
suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con luz
natural; y deberán estar dispuestas de manera que pueda entrar aire fresco,
haya o no ventilación artificial; b) La luz artificial tendrá que ser
suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar sin perjuicio de su
vista.”
[28]
Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 15: “Se exigirá de los
reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de los artículos de
aseo indispensables para su salud y limpieza.”
[29]
Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 21: “1) El recluso que
no se ocupe de un trabajo al aire libre deberá disponer, si el tiempo lo
permite, de una hora al día por lo menos de ejercicio físico adecuado al aire
libre. 2) Los reclusos jóvenes y otros cuya edad y condición física lo
permitan, recibirán durante el período reservado al ejercicio una educación
física y recreativa. Para ello, se pondrá a su disposición el terreno, las
instalaciones y el equipo necesario.”
[30]
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, No. 24: “El médico deberá
examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y
ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la
existencia de una enfermedad física o mental, tomar en su caso las medidas
necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de sufrir
enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas y
mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar
la capacidad física de cada recluso para el trabajo. (...)”
[31]
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, No. 25: “1) El médico estará
de velar por la salud física y mental de los reclusos. Deberá visitar
diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar
enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención. 2) El médico
presentará un informe al director cada vez que estime que la salud física o
mental de un recluso haya sido o pueda ser afectada por la prolongación, o por
una modalidad cualquiera de la reclusión.”
[32] Reglas mínimas
para el tratamiento de los reclusos, No. 31: “Las penas corporales, encierro en
celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante quedarán
completamente prohibidas como sanciones disciplinarias.”
[33] Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos,
No. 40: “Cada establecimiento deberá tener una biblioteca para el uso de todas
las categorías de reclusos, suficientemente provista de libros instructivos y
recreativos. Deberá instarse a los reclusos a que se sirvan de la biblioteca lo
más posible.”
[34]
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, No. 41: “1) Si el
establecimiento contiene un número suficiente de reclusos que pertenezcan a una
misma religión, se nombrará o admitirá un representante autorizado de ese
culto. Cuando el número de reclusos lo justifique, y las circunstancias lo permitan,
dicho representante deberá prestar servicio con carácter continuo. 2) El
representante autorizado nombrado o admitido conforme al párrafo 1 deberá ser
autorizado para organizar periódicamente servicios religiosos y efectuar, cada
vez que corresponda, visitas pastorales particulares a los reclusos de su
religión. 3) Nunca se negará a un recluso el derecho de comunicarse con el
representante autorizado de una religión. Y, a la inversa, cuando un recluso se
oponga a ser visitado por el representante de una religión, se deberá respetar
en absoluto su actitud.”
[35]
Ver, entre otras, las sentencias T-718 de 1999, T-601 de 1992 y T-009 de 1993.
[36]
M.P. Jaime Araujo Rentaría.
[37]
Comunicación No. 577/1994, decisión del 6 de noviembre de 1997.
[38]
Ha de recordarse que en anteriores oportunidades, esta Corte ha aceptado que es
lícito trasladar a una persona privada de su libertad a un lugar de reclusión
distinto a aquel en el cual habrá de ser juzgada, si hay motivos
suficientemente sólidos que así lo justifiquen a la luz de la Constitución,
entre otros, la protección de la seguridad del detenido, de los sujetos
procesales o de los demás reclusos.