T-358-07
HONORABLES MAGISTRADOS
Sentencia
T-358/07
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Carácter
excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Evolución
jurisprudencial
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reemplazo
de la expresión "vía de hecho" por la de "causales genéricas de
procedibilidad"
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales
genéricas de procedibilidad/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Causales especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR
VIA DE HECHO-Procedencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Discusión
debe involucrar integridad de un derecho fundamental
INVESTIGACION PREVIA-Acceso del imputado a diligencias adelantadas en la investigación
previa
INDAGATORIA-Oportunidad
NOTIFICACION-Irregularidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES POR VIA DE
HECHO-No vulneración del derecho de defensa por conocimiento del condenado
en proceso penal
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Dimensiones en
que se presentan defectos fácticos
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por inexistencia de defecto fáctico
VIA DE HECHO POR DEFECTO FACTICO-Independencia en la valoración y validez de cada
prueba
VIA DE HECHO POR DEFECTO FACTICO-Omisión o grave defecto en apreciación probatoria
AUTONOMIA E INDEPENDENCIA JUDICIAL-Juez de tutela no puede dictar decisión sustitutiva
de la inicialmente proferida
VIA DE HECHO POR DEFECTO SUSTANTIVO-Casos en que se presenta
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Improcedencia por
inexistencia de defectos sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental
Referencia: expediente T-1342758
Acción de tutela promovida por Carlos Arturo Marulanda
contra la Corte Suprema de Justicia.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá, D.C., diez (10) de mayo de dos mil siete
(2007).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de tutela identificado
con el número de radicación T-1342758 instaurado por Carlos Arturo Marulanda Ramírez contra la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
I.
ANTECEDENTES
SILVIA
MARGARITA RUGELES RODRÍGUEZ, actuando
como apoderada del señor CARLOS ARTURO MARULANDA RAMÍREZ, interpuso
acción de tutela contra la sentencia condenatoria proferida por la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia el 29 de junio de 2005, mediante la cual
se encontró responsable a su poderdante del delito de peculado por apropiación.
A.
HECHOS DE LA DEMANDA
Los
hechos que dan lugar a conocer las razones de la demanda, son los siguientes:
1.
El Gobierno Nacional, mediante el
Decreto 621 del 4 de marzo de 1.991, creó en la embajada de Colombia ante el
Gobierno de Bélgica el cargo de Consejero para Asuntos Económicos y
Comerciales, habiéndose nombrado para desempeñarlo al doctor Tomas Uribe
Mosquera. En el mismo decreto se aclaró, que las erogaciones que ocasionaba el
cargo, se pagarían con cargo al Presupuesto del Fondo de Promoción de
Exportaciones PROEXPORT.
2. El Doctor Tomás Uribe se trasladó, junto con su
secretaria, a una pequeña oficina de la ciudad de Bruselas, como quiera que el
inmueble donde funcionaba en aquél entonces la embajada de Colombia no contaba
con el espacio suficiente para alojarlo.
3. Por otra parte, el Gobierno Nacional, mediante Decreto
762 de 18 de marzo de 1.991 nombró al doctor CARLOS ARTURO MARULANDA RAMIREZ
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno
de Bélgica, jefe de la misión permanente de Colombia ante la Comisión de las
Comunidades Europeas, con sede en Bruselas y Embajador no residente ante el
Gran Ducado de Luxemburgo, cargo público que desempeñó hasta el 23 de marzo de
1.997.
4. El Ministerio de Comercio Exterior, mediante Decreto
1268 de junio de 1.994 dispuso la creación de lo más tarde sería la “Oficina
comercial de Colombia en Bruselas”, proyecto que sólo vendría a materializarse
años después con la expedición del Decreto 1399 de 27 de mayo de 1997, mediante
el cual se realizó el primer nombramiento en Bruselas con cargo al presupuesto
del Ministerio de Comercio Exterior, de la doctora Gloria Barney Durán.
5. A comienzos de 1995, durante la gestión del Embajador
Marulanda, el estado colombiano adquirió unas nuevas instalaciones en Bruselas
para la sede diplomática. Al mismo tiempo, PROEXPORT, entidad de carácter
privado decidió, como también lo hicieron en su momento la Federación Nacional
de Cafeteros y el gremio bananero, apoyar las gestiones de LOBBY que el ex
embajador realizaba ante las Comunidades Europeas. Para tales efectos, el
doctor Marulanda Ramírez abrió una cuenta bancaria a nombre de la embajada en
la cual se consignaban mensualmente tales aportes.
6. El 30 de enero de 1995 se decidió la mudanza del
doctor Tomás Uribe Mosquera y de su secretaria a la nueva sede de la embajada,
es decir, se dispuso la reubicación de dos funcionarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores, mas no de la “oficina comercial de Colombia” en Bruselas
adscrita al Ministerio de Comercio Exterior, por cuanto, ésta última era tan
sólo un proyecto.
7. El día 20 de octubre de 1.998, bajo la gravedad del
juramento, rindió declaración el doctor Tomás Uribe Mosquera, dentro de las
diligencias disciplinarias radicadas con el num. 055/97, seguidas por la
Dirección de Control Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores contra el
Doctor Carlos Arturo Marulanda Ramírez.
8. El día 12 de noviembre de 1998, la señora GLORIA
ELENA CASTAÑO, auxiliar administrativo de la Embajada de Colombia ante la Unión
Europea, rindió declaración bajo la gravedad del juramento dentro del proceso
disciplinario que se adelantó en contra del Doctor Carlos Arturo Marulanda
Ramírez.
9. El Fiscal General de la Nación, mediante resolución
del 14 de diciembre de 1998, decidió abrir investigación y escuchar en
diligencia de indagatoria al Doctor Carlos Arturo Marulanda Ramírez, al igual
que decretó entre otras pruebas, (i) recibir declaración jurada al
doctor TOMÁS URIBE MOSQUERA; (ii) recibir declaración a la señora GLORIA
ELENA CASTAÑO, auxiliar administrativo 9 PA de la Embajada de Colombia ante la
Unión Europea; (iii) solicitarle al Ministerio de Relaciones Exteriores
certificara sobre el origen de los recursos con cargo a los cuales la embajada
de Colombia ante le Unión Europea con sede en Bruselas canceló los gastos de
mantenimiento del inmueble donde funciona esa sede, a partir de agosto de 1.995
hasta diciembre de 1.997, a cuánto ascendieron y cómo fueron distribuidos y
pagados”; (iv) y solicitarle al “Ministerio de Comercio Exterior, a
través de su Secretaría General, que certificara el monto de los dineros, la
forma de los pagos y relación de éstos, por concepto del mantenimiento de la
embajada de Colombia ante la Unión Europea, en compensación por la utilización
de un piso del edificio de la sede diplomática por parte de la oficina
comercial de Proexport, desde agosto de 1.995 hasta diciembre de 1.997 y si
existía algún instructivo o directiva en relación con esto”.
10. El día 19 de enero de 2000 el Fiscal General de la
Nación procedió a declarar persona ausente al Doctor Carlos Arturo Marulanda
Ramírez, nombrándole como Apoderada de Oficio a la doctora Carmen Eloisa Ruiz
López. De igual manera, se ordenó recibir declaración jurada a los señores José
Antonio Vargas Lleras (ex embajador de Colombia en Bélgica), Gloria Ibarguen
(funcionaria de dicha embajada) y a Tomás Uribe Mosquera.
11. El día 6 de febrero de 2000, desde la República de
Yemen, el Doctor Marulanda Ramírez le remitió un escrito al Fiscal Delegado
ante la Corte Suprema de Justicia  que conocía de su proceso manifestándole que
se había enterado de su declaratoria de persona ausente, que deseaba colaborar
con la justicia, y que en caso de que le fuera designado defensor de oficio, se
le nombrara al doctor Rubén Darío Ceballos Mendoza, quien era su apoderado en
la investigación UDH 431, que adelantaba la Unidad de Derechos Humanos de la
Fiscalía. En esa ocasión se aclaró igualmente que el poder otorgado al abogado
no había sido presentado ante el respectivo Consulado de Colombia por no
existir uno en ese país.
12. El Fiscal General de la Nación, mediante resolución
del 3 de marzo de 2000, no reconoció al doctor Ceballos como apoderado de
confianza del doctor Marulanda Ramírez, en razón a que el documento enviado no
se encontraba debidamente autenticado.
13. El 18 de febrero de 2000 el doctor Tomás Uribe
Mosquera rindió declaración juramentada ante una Fiscal Delegada ante la Corte
Suprema de Justicia, diligencia a la cual no asistió la apoderada de oficio, es
decir, se trató de un testimonio que no fue controvertido.
14. El día 14 de marzo de 2000, desde la ciudad de Beirut
(Líbano), el doctor Carlos Arturo Marulanda Ramírez, solicitó a la Fiscalía
General de la Nación, la práctica de las siguientes pruebas:
“a) Oficiar al Secretario Administrativo del M.R.E. de
Bogotá, con  el fin de que: a) Suministre una copia auténtica del contrato de
arrendamiento de espacio en la  sede de la embajada de Colombia en Bruselas, en
el periodo comprendido  entre los meses de junio de 1.995 y marzo de 1997,
inclusive.
“b) Informe si, de parte de la Contraloría General de
la República, existe glosa alguna pendiente respecto de las cuentas rendidas
por la embajada de Colombia en Bruselas correspondientes a los años de: 1.991,
1992, 1993, 1994, 1995 y 1996. En caso afirmativo identificar la glosa o glosas
correspondientes.
“2. Oficiar al Secretario General de Proexport,
entidad estatal con domicilio en Bogotá a fin de que informe, si dicha entidad
tiene en cabeza del ex embajador Carlos Arturo Marulanda Ramírez, reclamación
y/o glosa alguna pendiente en relación con la partida mensual de cincuenta mil
(francos belgas), equivalente aproximadamente a mil dos cientos cincuenta
dólares (US1.250) que entregó Proexport a la embajada de Colombia en Bruselas,
en el periodo entre junio de 1995 y marzo de 1997, inclusive.”
15. El día 13 de mayo de 2000 el Fiscal General de la
Nación resolvió la situación jurídica del doctor Carlos Arturo Marulanda
Ramírez, imponiéndole detención preventiva, por los delitos de peculado y
falsedad ordenando pedirle al Ministerio de Justicia y el Derecho que
solicitara la extradición del procesado. Al respecto, cabe señalar que las
principales pruebas de cargo fueron los testimonios de TOMAS URIBE MOSQUERA y
GLORIA ELENA CASTAÑO.
16. El día 27 de marzo de 2000 en la ciudad de Bruselas,
la señora GLORIA CASTAÑO rindió declaración jurada, con el propósito de
resolver el cuestionario elaborado por un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema
de Justicia.
17. El día 27 de abril de 2000 el doctor Alfredo Veloza
Gómez Director General de Asuntos Administrativos y Financieros del Ministerio
de Relaciones Exteriores, le remitió oficio AF No 1102 al Jefe de Oficina de
Control Interno del Ministerio, documento en el cual se indica lo siguiente:
“1. El Ministerio de Relaciones Exteriores y
Proexport, no ha suscrito contrato de arrendamiento del espacio en la
sede de la embajada de Colombia en Bruselas en el periodo comprendido entre
junio de 1.995 y marzo de 1.997. La razón por la cual no se realizó el
mencionado contrato fue por cuanto no hubo requerimiento entre las partes.
(subrayados agregados en la demanda).
“2. Como no hubo convenio suscrito entre las partes en
mención, no hubo ingreso de dineros por concepto de arrendamiento dentro de los
ingresos para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“3. Por lo anterior no existe reglamentación sobre el
manejo y control administrativo de los dineros por parte del Fondo Rotatorio
del Ministerio de Relaciones Exteriores en virtud del citado Convenio”.
18. El día 4 de mayo de 2000, la Presidente de
FIDUCOLDEX, remitió un oficio a la Contraloría General de la República, en los
siguientes términos:
“Una
vez revisados los archivos de Fiducoldex y Proexport Colombia que reposan en
nuestras oficinas se evidenció que no reposa copia del contrato o
convenio de arrendamiento de espacio en la sede de la embajada de Colombia en
Bruselas para el periodo comprendido entre junio de 1.995 y marzo de
1.997 a que alude su oficio” (negrillas
y subrayados agregados).
19. El día 18 de mayo de 2000 el Fiscal General de la
Nación, por solicitud de la Defensora de Oficio, procedió a nombrar como
defensor de oficio del sindicado al doctor Jesús Alonso Rodríguez Rodríguez.
20. El día 15 de agosto de 2000, la Fiscalía General de
la Nación, reconoció como Apoderado de confianza del doctor Marulanda Ramírez
al doctor Rubén Darío Ceballos Mendoza.
21. El día 27 de septiembre de 2000, la doctora María
Margarita Salas Mejía Secretaria General del Ministerio de Relaciones
Exteriores envió oficio a la Secretaría Administrativa de la Unidad Fiscalía
Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, dando cuenta de lo siguiente:
“En atención a su oficio del pasado 11 de septiembre
de 2.000 le informo que en las oficinas de Bogotá de este Ministerio, no se
tiene conocimiento de Convenio o Contrato de Arrendamiento alguno sobre un área
de la sede de la Embajada de Colombia en Bruselas celebrado entre Proexport y
el Ministerio de Relaciones Exteriores”.
22. El día 17 de julio de 2001, el Jefe de la Oficina Jurídica
del Ministerio de Relaciones Exteriores le informó al Fiscal General de la
Nación sobre la captura del doctor Marulanda por parte de la Policía española
así como su internamiento en la prisión Madrid V (Soto del Real).
23. El día 27 de julio de 2001 el apoderado de confianza
del doctor Marulanda solicitó a la Fiscalía General de la Nación que, dado que
su cliente se encontraba detenido en la ciudad de Madrid, se le notificara
personalmente todas y cada una de las resoluciones que se profirieran para que
pudiera ejercer su derecho de defensa y de contradicción.
24. El día 2 de octubre de 2001 el Fiscal General de la
Nación calificó el mérito del sumario con resolución de acusación contra el
doctor Marulanda Ramírez por los delitos de peculado por apropiación y de
falsedad. Al igual que sucedió con la medida de aseguramiento, la decisión se
fundamentó, en esencia en las declaraciones rendidas por Tomás Uribe y Gloria
Castaño.
25. El día 28 de enero de 2002, el apoderado de confianza
del doctor Marulanda Ramírez solicitó ante el Magistrado Sustanciador, le fuese
notificada a su defendido el contenido de la decisión adoptada el 24 de
diciembre de 2001, mediante la cual se había confirmado la resolución de
acusación contra aquél, dado que se encontraba detenido en la prisión Soto del
Real de Madrid.
26. Durante el término de apertura del juicio de que
trata el artículo 400 del C.P.P., el apoderado de confianza del doctor
Marulanda Ramírez solicitó la práctica de las siguientes pruebas: i)
INDAGATORIA del procesado; ii) declaración de la señora GLORIA ELENA
CASTAÑO declaración del doctor TOMAS URIBE MOSQUERA; e igualmente, que se
oficiara al Secretario Administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores
con el propósito de que suministrara copia auténtica del Convenio o contrato de
arrendamiento suscrito entre tal entidad y PROEXPORT, relativo al arrendamiento
del espacio de la sede de la embajada de Colombia en Bruselas.
27. El día 3 de mayo de 2002, la doctora Ana Isabel
Cuervo Zuluaga, Secretaria General del Ministerio de Comercio Exterior, en
respuesta acordada a un derecho de petición elevado por Yolanda Elizabeth
Barbosa López (oficio que reposa en el anexo I contentivo del proceso penal
adelantado contra el Dr. Marulanda) certifica lo siguiente:
“Bajo este marco legal, el Ministerio de Comercio
Exterior, mediante resolución 179 de febrero 28 de 1997, asignó a los cargos de
planta de personal adscrita a las misiones en el exterior, entre ellas la de
Bruselas, es así como consultando los archivos de la entidad, encontramos que
el primer nombramiento con cargo al presupuesto del Ministerio, en la citada
oficina, obedece al efectuado mediante decreto 1398 de mayo 27 de 1997
correspondiente al cargo de asesor comercial, código 1060, grao ocupacional 4 EX”.
28. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,
mediante auto del 22 de octubre de 2002 no accedió a las peticiones elevadas
por el defensor de confianza del doctor Marulanda Ramírez, pero admitió la
demanda de parte civil presentada por el Fondo Rotatorio del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
29. Durante la audiencia preparatoria celebrada el 29 de
marzo de 2004 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud
de escuchar en Indagatoria al doctor Marulanda Ramírez e igualmente, negó la
práctica de los testimonios de Tomás Uribe Mosquera y Gloria Castaño decisión
frente a la cual el defensor de confianza interpuso recurso de reposición,
solicitud que en relación con la segunda testigo fue avalada por la Fiscalía,
pero que finalmente no prosperó.
30. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
mediante sentencia del 29 de junio de 2005, declaró al doctor Carlos Arturo
Marulanda Ramírez responsable del delito de peculado por apropiación,
imponiéndole como penas prisión de cuatro años, multa por valor de $ 32.273.346
pesos, interdicción del ejercicio de derechos públicos durante cuatro años,
inhabilidad permanente para ejercer funciones públicas y negarle la sustitución
de la pena de prisión por la prisión domiciliaria, por no concurrencia de los
requerimientos previstos en la ley.
31. Finalmente, la accionante sostiene, que entre el
Fiscal General de la Nación, ante cuyo despacho se tramitó directamente la
investigación penal seguida contra Carlos Arturo Marulanda Ramírez y la Dra. Carmen
Eloísa Ruíz López, quien fue nombrada abogada de oficio del Dr. Marulanda,
existía de vieja data, una cercana amistad, como lo evidencian apartes del
prólogo del libro “Delitos contra la vida y la integridad personal”, escrito
por el Dr. Gómez Méndez, y publicado por la Universidad Externado de Colombia
en 1998.
Anota
la demanda, que para la fecha en la cual la Dra. Carmen Eloísa Ruiz López fue
nombrada como apoderada de oficio del Dr. Marulanda Ramírez (19 de enero de
2000), la mencionada amistad  seguía existiendo. Este hecho se encuentra
probado al examinar el contenido de la “Presentación a la primera edición” del
libro titulado “Delitos contra la administración pública”, de autoría del Dr.
Gómez Méndez, y publicado por la Universidad Externado de Colombia en junio de
2000, en cuya parte final  el autor agradece a varias personas, entre ellas a
la doctora Ruíz López, la colaboración prestada en su libro.
A
juicio de la demandante, “(i) la defensora de oficio JAMÁS intervino durante
las declaraciones rendidas por los testigos de cargo TOMAS URIBE MOSQUERA y
GLORIA CASTAÑO; y (ii) más grave aún, no se trató de un simple caso de
negligencia profesional, sino que el mismo nombramiento de la apoderada de
oficio constituyó una grave violación al derecho al debido proceso del
sindicado, por cuanto, como se ha probado, existía un claro vínculo de amistad
entre quien estaba a cargo de la investigación y la persona encargada de
ejercer la defensa.”
A
partir de los hechos expuestos, la apoderada del accionante elabora tres
posibles vías de hecho en las que pudo incurrir la sentencia atacada y cuya
presentación es la siguiente:
1.
Vías de hecho por defecto procedimental.
1.1.
Negativa arbitraria en recibirle indagatoria al procesado durante las etapas de
investigación y juzgamiento.
Señala
la demanda que el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución del 14 de
diciembre de 1998, decidió abrir investigación y escuchar en diligencia de
indagatoria al doctor Carlos Arturo Marulanda Ramírez, quien no pudo presentarse
para atender la mencionada diligencia judicial, como quiera que se encontraba
en aquel entonces fuera de país, resultándole imposible regresar a Colombia
debido a las amenazas que un grupo armado había lanzado contra él.
El
19 de enero de 2000, el Fiscal General de la Nación procedió a declarar persona
ausente al doctor Carlos Arturo Marulanda Ramírez, nombrándole como apoderada
de oficio a la doctora Carmen Eloisa Ruíz López.
El
13 de mayo de 2002, el Fiscal General de la Nación resolvió la situación
jurídica del doctor Carlos Arturo Marulanda Ramírez, imponiéndole detención
preventiva por los delitos de peculado y falsedad, ordenando pedirle al
Ministerio de Justicia y el Derecho que solicitara la extradición del
procesado.
EI
7 de julio de 2001. el Jefe de la Oficina jurídica del Ministerio de
Relaciones informó al Fiscal General de la Nación sobre la captura del
doctor Marulanda por parte de la policía española, así como su internamiento en
la Prisión Madrid V (Soto del Real). No obstante lo anterior, la Fiscalía
General de la Nación no ordenó inmediatamente, como era su deber constitucional
en los términos de la jurisprudencia de la Corte, la práctica de la diligencia
de indagatoria, a pesar, se insiste, de que conocía plenamente el lugar donde
se encontraba recluido el señor Marulanda Ramírez.
El
27 de julio de 2001, el Doctor Rubén Darío Ceballos, apoderado de confianza del
Doctor Marulanda, solicitó a la Fiscalía General de la Nación que en tanto su
cliente se encontraba detenido en la ciudad de Madrid, se le notificara
personalmente todas y cada una de las resoluciones que se profirieran en su
causa, para que pudiera ejercer su derecho de defensa y  contradicción.
A pesar de tal requerimiento, una vez más, la Fiscalía General de la Nación
omitió la práctica de la diligencia de indagatoria y  vulneró flagrantemente
los derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso.
El
2 de octubre de 2001, el Fiscal General de la Nación calificó el mérito del
sumario con resolución de acusación contra el doctor Marulanda Ramírez por los
delitos de peculado por apropiación y falsedad.
Aduce
la demanda en este punto, que si en la etapa de investigación no se le recibió
al doctor Marulanda Ramírez diligencia de indagatoria, a pesar de que el ente
investigador conocía perfectamente el sitio de reclusión del mismo, existió una
clara vulneración de sus derechos fundamentales al ejercicio de la defensa
material y al debido proceso.
Culmina
anotando, que luego del llamamiento a juicio, tampoco la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia ordenó la indagatoria durante la audiencia preparatoria
celebrada el 29 de marzo de 2004, a pesar de haberla solicitado el defensor de
confianza del señor Marulanda Ramírez.
1.2.
Ausencia de notificación al procesado detenido de la resolución mediante la
cual se negó la reposición de convocatoria a juicio.
El
mencionado cargo esta planteado de la siguiente manera:
El
28 de enero de 2002, el apoderado de confianza del doctor Marulanda Ramírez,
solicitó ante el Magistrado Sustanciador, le fuese notificada a su defendido el
contenido de la decisión adoptada el 24 de diciembre de 2001, mediante la cual
se había confirmado la resolución de acusación contra aquél, dado que se
encontraba detenido en la Prisión Soto del Real de Madrid. No obstante lo
anterior, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto del 22
de octubre de 2002, “inexplicablemente no sólo no ordenó la práctica de la
diligencia de indagatoria, como era su deber constitucional, sino que además negó
todas las peticiones de la defensa, entre las que se encontraba aquella de que,
al menos, se le notificara  al procesado la decisión adoptada por la Fiscalía
General de la Nación el 24 de diciembre de 2001, mediante la cual no se reponía
el llamamiento a juicio”.
1.3.
Negativa arbitraria en la etapa del juicio de pruebas testimoniales esenciales
para el ejercicio del derecho de defensa las cuales no habían podido ser
controvertidas durante la etapa de investigación.
A
juicio de la accionante, la negativa de la Corte Suprema de Justicia en
permitir contrainterrogar a los doctores Tomás Uribe Mosquera y Gloria Castaño
constituye una vía de hecho por defecto procedimental, si se tiene en cuenta
que (i) el procesado, durante la etapa de investigación, no contó con la
posibilidad de contrainterrogarlos; (ii) se trataba de pruebas
conducentes pertinentes esenciales para el ejercicio del derecho de defensa; (iii)
la práctica de los testimonios hubiese cambiado radicalmente la calificación
jurídica de los hechos.
Señala
la actora que a lo largo del proceso de investigación, el Doctor
Marulanda Ramírez no contó con la posibilidad de contrainterrogar a los
Doctores Tomás Uribe Mosquera y Gloria Castaño. Indica, que inicialmente,
durante el proceso disciplinario que adelantó el Ministerio de
Relaciones Exteriores contra el Ex Embajador, el procesado no pudo
contrainterrogar a los testigos por cuanto se encontraba en el extranjero.
Luego, en el proceso penal, su apoderada de oficio, para el caso de
Tomás Uribe Mosquera, no intervino en la diligencia de interrogatorio que tuvo
lugar el día 18 de febrero de 2000, es decir, se trató de un testimonio que no
fue controvertido. Así mismo, en lo que concierne a Gloria Castaño, la
apoderada de oficio tampoco remitió el  cuestionario para que fuese respondido
en Bruselas.
Concluye
así, que las declaraciones de Tomas Uribe Mosquera y Gloria Castaño no eran
simples pruebas sobre las cuales se adelantó el proceso que se siguió contra el
ex Embajador Marulanda, sino que siempre fueron los principales medios de
prueba de cargo de la Fiscalía y la base del fallo condenatorio, razón de más
para haberle permitido al procesado la posibilidad de contrainterrogar a los
testigos durante la audiencia de juzgamiento. Culmina afirmando, que “de
haber contado el doctor Marulanda Ramírez con la oportunidad procesal de
interrogar al antiguo funcionario de PROEXRORT, la sentencia proferida en su
caso hubiese tenido que ser diferente”.
2.
Vías de hecho por defecto fáctico.
Sostiene
la demanda, que la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 29 de junio
de 2005 incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico, pues (i) dio
por probados hechos que no lo estaban y (ii) no valoró pruebas
esenciales que demostraban la inocencia del procesado.
En
efecto, asevera la demanda, que la Oficina Comercial de Colombia en
Bruselas, adscrita al Ministerio de Comercio Exterior no existía al momento de
cometerse el supuesto delito, luego en su sentencia, la Corte Suprema de
Justicia parte de un manifiesto error consistente en considerar que durante el
tiempo que se cometieron los hechos investigados, en la ciudad de Bruselas
existió una “Oficina Comercial de Colombia adscrita al Ministerio de
Comercio Exterior, cuando lo cierto es que se trataba tan sólo de un proyecto,
el cual vendría a materializarse sólo hasta mayo de 1997”.
Recuerda
la tutela, que mediante Decreto número 621 del 4 de marzo de 1991, el
Gobierno Nacional creó en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Bélgica,
el cargo de Consejero para Asuntos Económicos y Comerciales, habiéndose
nombrado para desempeñarlo al doctor TOMAS URIBE MOSQUERA. En el mismo
decreto se aclara que las erogaciones que ocasionara su cumplimiento, se
pagarían con cargo al presupuesto del Fondo de Promoción de Exportaciones PROEXPO.
Se trataba, por tanto, de un funcionario público del Ministerio de
Relaciones Exteriores pero cuyo salario era pagado por una entidad particular,
como lo es PROEXPO, que luego se convirtió en PROEXPORT.
La
inexistencia de una oficina de comercio adscrita al Ministerio de Comercio
exterior, durante el mencionado lapso, con la cual supuestamente se habría
celebrado además un contrato de arrendamiento, se encuentra probada en el
expediente contentivo del proceso penal que se adelantó contra el doctor
Marulanda Ramírez, pruebas todas ellas fundamentales para desmontar el cargo
por peculado por apropiación, pero que, a juicio del accionante y su apoderada,
no fueron valoradas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Ciertamente,
aduce la peticionaria, existía en el expediente, un oficio de 3 de mayo de
2002, suscrito por la Secretaria General del Ministerio de Comercio Exterior,
en respuesta a un derecho de petición, radicado ante la Secretaría de la Sala
de Casación Penal del 10 de mayo de 2005, donde informa que “el PRIMER
NOMBRAMIENTO en Bruselas, con cargo al presupuesto del Ministerio
corresponde al de Gloria Barney Durán y  SE PRODUJO MEDIANTE EL DECRETO 1399
DE 27 DE MAYO DE 1997. Explica, que si bien mediante decreto 1268 de junio
de 1994 se habían creado unos cargos en la planta del Ministerio de Comercio
Exterior, adscritos a las misiones en el exterior, esa planta no tuvo
desarrollo y fue modificada mediante decreto 394 de febrero 28 de 1997. Con
base en este marco normativo, el Ministerio de Comercio Exterior, mediante
resolución 179 del 28 de febrero de 1997, asignó los cargos de planta de
personal adscrita a las misiones en el exterior, entre ellas la de Bruselas.
Posteriormente se produjo el primer nombramiento, ya mencionado, mediante
decreto 1399 de 1997.”
La
anterior prueba documental, cuya valoración resultaba fundamental para efectos
de determinar la responsabilidad penal del doctor Marulanda Ramírez no fue
objeto de examen alguno por la Corte Suprema de Justicia en su sentencia pues
“de haber sido analizada la prueba, se hubiese tenido que concluir que no
existía oficina comercial alguna del Ministerio de Comercio Exterior en
Bruselas al tiempo de los hechos materia de investigación, y que por ende, los
dineros recibidos lo fueron de una entidad particular como lo es PROEXPORT, es
decir, no se trataba de dineros públicos. La prueba también evidencia que, no
se pueden confundir, como lo hizo la Corte, al señor Tomás Uribe Mosquera,
funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, con una oficina comercial
adscrita al Ministerio de Comercio Exterior, la cual, se insiste, sólo comenzó
a funcionar luego de la expedición del decreto 1399 de 1997, mediante el cual
se nombró al primer funcionario de aquélla.”
En
su sentencia, la Corte Suprema de Justicia dio por probado que PROEXPORT hizo
unas erogaciones al Ex Embajador, por concepto del pago de un arriendo de su
oficina en Bruselas. Al mismo tiempo, la Corte omitió valorar una prueba
documental fundamental que reposa en el expediente, la cual apunta a señalar
que jurídicamente ni PROEXPORT podía hacer esa clase de giros, ni
correlativamente, un Embajador podía recibirlos a título de arriendo.
3.
Vía de hecho por defecto sustantivo.
La Corte Suprema de Justicia en su sentencia del 29 de
junio de 2005 decidió condenar al doctor Marulanda Ramírez, entre otras penas,
al pago de una multa por valor de $ 32.273.346 pesos, por la comisión de un
delito de peculado por apropiación. Sin embargo, en la parte motiva del fallo
se lee lo siguiente:
“Debido a que hubo reintegro de todo lo indebidamente
apropiado antes de la sentencia correspondiente, de acuerdo con el artículo
139.2 del Código Penal, se reducirá la sanción en la mitad, para un total de
cuatro (4) años de prisión”.
Con
su decisión, los jueces penales incurrieron en una vía de hecho por defecto
sustantivo, por cuanto obligaron a un ciudadano a pagar dos veces lo mismo,
generando de esta forma un enriquecimiento sin causa de la administración, y
por ende, aplicando una norma legal en manifiesta contradicción con la
Constitución.
B.
PETICIONES DE LA DEMANDA
Como
petición principal, la apoderada del accionante solicitó que se deje sin
efecto la sentencia condenatoria proferida el 29 de junio de 2005 por la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia contra el doctor Carlos Arturo Marulanda
Ramírez; en consecuencia, (i) se ordene la inmediata libertad del
condenado; (ii) se ordene el archivo del expediente y (iii) se
prevenga a la Corte Suprema de Justicia para que se abstenga de investigar al
Ex-Embajador por los mismos hechos, en acatamiento al principio del non bis
in ídem.
Como
petición subsidiaria solicita que se deje sin efectos la sentencia condenatoria
proferida el 29 de junio de 2005 por la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia contra el doctor Carlos. Arturo Marulanda Ramírez; y, en consecuencia (i)
se ordene la inmediata libertad del condenado y (ii) se constituya una
Sala de Conjueces para que profiera un nuevo fallo con todas las garantías
procesales, absteniéndose de incurrir en las mismas vías de hecho alegadas y
probadas en el presente asunto.
C.
PRUEBAS ALLEGADAS A LA DEMANDA.
1.
Poder debidamente conferido a la doctora Silvia Margarita Rugeles Rodríguez.
2.
Fotocopia del prólogo del libro “Delitos contra la vida y la integridad
personal”, de autoría del Dr. Gómez Méndez, y publicado por la Universidad
Externado de Colombia en 1998.
3.
Fotocopia del la presentación a la primera edición del libro “Delitos contra la
administración pública” de autoría del Dr. Alfonso Gómez Méndez, publicado por
la Universidad Externado de Colombia en junio de 2000.
4.
Fotocopia del Auto 020 de 2004 de la Sala Plena de la Corte Constitucional.
5.
Fotocopia del auto inadmisorio proferido por la Sala Civil de la Corte Suprema
de Justicia el 2 de diciembre de 2005.
D.
INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
El
Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la doctora GIOVANNA GALINDO
BARRERA contestó la presente tutela y en un detallado escrito sostuvo:
-
Que en la etapa sumarial el señor Marulanda Ramírez sí conoció de la
existencia del trámite penal con apertura de investigación que lo vinculaba
como sindicado por el delito peculado por apropiación y falsedad.
-
No queda duda de que la acción de consignación de la suma de $33.273.346 a
órdenes de la autoridad que conocía del trámite penal, así como el memorial de
su apoderado de confianza del 20-12-00 sobre la solicitud de preclusión,
“hacían sin ninguna duda la confianza en el sindicado como en su defensor de
que no era necesario presentarse a rendir indagatoria”.
-
En ninguno de sus escritos de fechas 14-03-00, 14-11-00, 13-04-01 previos y
anteriores a la resolución de acusación, el procesado solicitó que se le
recibiera en indagatoria… “pareciera que estimaron suficiente para el
desarrollo de la investigación penal el cumplimiento formal del mecanismo de
vinculación como imputado mediante la declaratoria de persona ausente…”
-
Igualmente sostiene la intervención, que “tanto el sindicado como sus abogados,
consideraron mejor el manejo de la investigación penal que se le adelantaba
mediante explicaciones por correspondencia que el propio investigado elaboraba
y suscribía, que la presentación personal de su versión ante la autoridad que
lo requería”.
La
condición de servidor público del doctor CARLOS ARTURO MARULANDA RAMÍREZ quedó
plenamente establecida por su ejercicio como Embajador de Colombia y como jefe
de la misión, de conformidad con lo dispuesto en la Convención Colectiva de
Viena. Del abundante material probatorio existente en el proceso penal el
fallador formó su convicción y efectuó el análisis probatorio para lo cual no
fueron únicamente los testimonios de Tomás Uribe y Gloria Castaño los
fundamentales soportes de la sentencia condenatoria.
-
La defensa técnica del doctor MARULANDA RAMÍREZ es sólo el reflejo de lo que le
permitió a sus apoderados de confianza, inicialmente en el sumario del doctor
Rubén Darío Ceballos, luego en la Audiencia Preparatoria y en la Audiencia
Pública al doctor Oscar Lombana Trujillo. En todas las ocasiones se dio trámite
a sus memoriales, se ejercitaron peticiones de pruebas en el sumario que fueron
atendidas, se ejercitaron los recursos de ley que fueron concedidos y resueltos
con suficiente motivación y tuvo la garantía del Ministerio Público.
-
La designación de la Dra. Carmen Eloísa Ruiz López que hizo la Fiscalía General
de la Nación como defensora o apoderada de oficio del Dr. MARULANDA RAMÍREZ,
tuvo como único sentido la observancia del derecho de defensa y el debido
proceso, ante la declaratoria de ausencia del imputado.
-
Culmina la intervención sosteniendo que los alegatos de la tutela constituyen
un ardid típico del abuso del derecho a accionar, sin que exista explicación
alguna suficientemente motivada sobre los móviles jurídicos por los cuales no
se han agotado otros mecanismos procesales extraordinarios propios del
procedimiento penal.
E.
DECISIONES OBJETO DE REVISIÓN.
La
sentencia de primera instancia proferida por el Consejo Seccional de la
Judicatura el 23 de febrero de 2006, negó la tutela impetrada por las
siguientes razones:
-
En relación con las vías de hecho por defecto procedimental, considera que
existió por parte de la apoderada del accionante una marcada tergiversación de
los hechos, pues parecería que existieron múltiples solicitudes para que le
fuera recepcionada indagatoria al procesado, cuando de verdad ello no ocurrió.
-
En la documentación existente en el proceso, se deja ver que el procesado
siempre estuvo enterado de su situación jurídica y al no presentarse a rendir
indagatoria, procedía la declaratoria de reo ausente, como en efecto se hizo.
-
Para el fallador de primera instancia, “no tiene asidero alguno lo aseverado
por la apoderada del accionante, respecto a que su representado, en forma
arbitraria, vio cercenado su derecho a ser escuchado dentro del
diligenciamiento, bajo el supuesto de que no le recibieron indagatoria, pues
como se evidenció en el proceso, inicialmente fue la misma conducta del
procesado la que impidió surtir esa actuación, pese a encontrarse  debidamente
decretada.
-
Sostuvo que las conjeturas respecto de los supuestos lazos de amistad
existentes entre el entonces Fiscal y la defensora aludida, no tienen ningún
fundamento y no alcanzan a desvirtuar la legalidad del proceso penal. La
intervención de la doctora RUÍZ LÓPEZ dentro del proceso se dio muy corto
tiempo, en el que sólo se pudo solicitar la práctica de unas pruebas, pues el
15 de mayote 2000 fue relevada del cargo por el doctor Luis Alfonso Rodríguez.
-
Las aseveraciones en relación con la falta de diligencia de la abogada, se
considera un argumento vano en procura de desestimar la decisión finalmente
proferida.
-
Con referencia a las declaraciones no recibidas de los testigos afirmó, que lo
que se tuvo por probado con la declaración del señor URIBE MOSQUERA, es decir,
la entrega de dinero de Proexport a la embajada de Colombia en Bruselas no era
tema de debate, por lo que mal podría considerarse que el testimonio del
mencionado funcionario, era el pilar de la acusación.
-
Lo que se pretendía probar con la declaración de la señora GLORIA CASTAÑO, esto
es, que  los dineros no fueron a parar a sus manos o que no fueron utilizados
en beneficio de terceros, resalta que en la sentencia atacada se dijo especialmente
que ello no desvirtuaba el hecho ilícito, porque amén de las labores de
cabildeo hechas por el ex - embajador, lo importante y determinante había sido
la destinación dada a unos dineros públicos.
-
Los elementos fácticos del diligenciamiento permitieron sostener  precisamente
lo que es la queja del accionante: que la Corte Suprema probó que el embajador
no podía recibir esos giros a título personal.
La
sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo Superior de la
Judicatura en fallo de 30 de marzo de 2006, confirmó el fallo del a-quo luego
de señalar que no es posible revivir un debate que contó con el escenario
propio ante los jueces naturales, siendo entonces absolutamente inoportuna la
pretensión de revisión del fallo demandado, cuando el accionante pudo
participar del trámite penal.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia.
Esta Corte es competente de conformidad con los
artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, y el Decreto 2591 de 1991, para
revisar los fallos de tutela seleccionados.
2.
Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico.
En
el caso objeto de revisión, el ciudadano Carlos Arturo Marulanda Ramírez estima
que su derecho fundamental al debido proceso fue vulnerado por la Corte Suprema
de Justicia, al proferir la sentencia de 29 de junio de 2005 en donde se le
encontró responsable del delito de peculado por apropiación.
A
juicio del actor, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
incurrió en varias causales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala
reiterará inicialmente la jurisprudencia constitucional respecto de la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y en segundo
término, deberá definir si la sentencia a través de la cual se encontró
responsable al accionante por el delito de peculado por apropiación, constituye
una vía de hecho judicial por defecto fáctico, procedimental y sustantivo.
3.
Procedencia de la tutela contra sentencias: reiteración de jurisprudencia.
La
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene un
carácter excepcional[1], pues la
intervención del juez constitucional, se encuentra supeditada, entre otras
cosas, a que los efectos de dicha providencia vulneren o amenacen los derechos
fundamentales de una persona y que no exista otro mecanismo judicial idóneo
para proteger el derecho comprometido. Sobre la procedencia de la tutela contra
sentencias ha dicho la Corte:
Esta
Corporación ha desarrollado una abundante jurisprudencia en torno a lo que en
los primeros años fue llamado vía de hecho y que más recientemente ha
experimentado una evolución terminológica al concepto de causales genéricas
de procedibilidad de la acción de tutela, en cuanto a la procedencia de
esta acción constitucional para controvertir decisiones judiciales (sentencias
y autos).
La
primera sentencia que se ocupó del tema es la C-543 de 1992. En ella, la Corte
Constitucional declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591
de 1991, los cuales regulaban el ejercicio de la acción de tutela contra
providencias judiciales. La Sala Plena de la Corte adoptó dicha decisión tras
considerar que las disposiciones referidas contravenían la Carta Fundamental en
tanto eran contrarias al principio de autonomía funcional de los jueces,
afectaban la estructura descentralizada y autónoma de las diferentes
jurisdicciones, lesionaban en forma grave la cosa juzgada y la seguridad
jurídica y, de contera, el interés general. No obstante lo anterior, la
sentencia no cerró de forma definitiva la posibilidad de controvertir
decisiones judiciales por vía de tutela, pues previó que esta acción
constitucional era procedente contra providencias judiciales en aquellos eventos
en los cuales, a pesar de encontrarse aparentemente revestidas de formas
jurídicas, configuraran una vía de hecho con la cual resultaran
afectados derechos fundamentales.(…)
Más
recientemente, la jurisprudencia constitucional en torno al tema de la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales ha experimentado una
evolución significativa. Así, en la sentencia T-462 de 2003[2]
se elaboró una clara clasificación de las causales de procedibilidad de la
acción. En dicho fallo, la Sala Séptima de Revisión indicó que la acción
constitucional resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales,
con ocasión de la actividad jurisdiccional, se vean afectados los derechos
fundamentales al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i)
defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii)
error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación
directa de la Constitución y, (vi) desconocimiento del precedente.
Finalmente,
con el ánimo de precisar aún más sobre dichas causales, la sentencia C-590 de
2005 estableció que la acción de tutela procede contra decisiones judiciales,
en ciertos supuestos específicos -que más adelante serán reseñados-, no
solamente por el reconocimiento del carácter normativo de los Textos
Constitucionales contemporáneos, de lo cual deriva la exigibilidad de las
normas constitucionales que consagran derechos fundamentales. Además, dicha
procedibilidad se desprende de instrumentos internacionales como el Pacto de
Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En efecto, el artículo 2 de dicho Pacto de Derechos y el artículo 25 de la
Convención referida establecen que es obligación de los Estados Parte
implementar un mecanismo sencillo, efectivo y breve de protección de los
derechos fundamentales contra cualquier autoridad pública que por acción u
omisión pudieren llegar a amenazarlos o vulnerarlos[3].
La
misma sentencia señaló como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales, los
siguientes:
1.
Que el asunto objeto de debate sea
de evidente relevancia constitucional.
2.
Que se haya hecho uso de todos los
mecanismos de defensa judicial -ordinarios y extraordinarios- de que disponga
el afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable.
3.
Que se cumpla el requisito de la
inmediatez. Así, la tutela debe haber sido interpuesta en un término razonable
y proporcionado desde el momento de ocurrencia de la vulneración del derecho
fundamental.
4.
Cuando se trate de una
irregularidad procesal que tenga un efecto decisivo en la sentencia objeto de
controversia y que afecte los derechos fundamentales de la parte actora.
5.
Que quien solicita el amparo
tutelar identifique debidamente los hechos que generaron la vulneración y los
derechos afectados y que hubiere alegado tal vulneración dentro del proceso
judicial, siempre que ello hubiere sido posible.
6.
Que no se trate de sentencias de
tutela, por cuanto los debates sobre derechos fundamentales no pueden
prolongarse indefinidamente.
Además de estos requisitos generales referidos en las
líneas precedentes, la Corte, en la sentencia C-590 de 2005, también indicó que
para la procedencia de una solicitud de amparo constitucional contra una
decisión judicial era necesario acreditar la existencia de requisitos
especiales de procedibilidad. De esta manera, se requiere que se presente, al
menos, uno de los siguientes defectos:
1.
Defecto orgánico, que tiene lugar
cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera
absoluta, de competencia para ello.
2.
Defecto procedimental absoluto,
que tiene lugar cuando el Juez actuó al margen del procedimiento establecido.
3.
Defecto material o sustantivo, que
se origina cuando las decisiones son proferidas con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción
entre los fundamentos y la decisión.
4.
Error inducido, que se presenta
cuando la autoridad judicial ha sido engañada por parte de terceros y ese
engaño lo llevó a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales.
5.
Decisión sin motivación, que tiene
lugar cuando el funcionario judicial no da cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de su decisión, pues es en dicha motivación en donde reposa la
legitimidad de sus providencias.
6.
Desconocimiento del precedente,
que se origina cuando el juez ordinario, por ejemplo, desconoce o limita el
alcance dado por esta Corte a un derecho fundamental, apartándose del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
7.
Violación directa de la
Constitución.” [4]
La
aplicación de tales pautas y criterios, serán estudiados frente al caso
concreto de la siguiente manera:
4.
Caso concreto.
Los
supuestos fácticos que precisan lo realmente acontecido en este caso son los
siguientes:
1. El Sr. CARLOS ARTURO MARULANDA
RAMÍREZ se desempeñó como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
Colombia ante la Unión Europea, el Gobierno de Bélgica y Luxemburgo entre el 31
de mayo de 1991 y el 23 de marzo de 1997, grado ocupacional 7 EX; cargo en el
que fue nombrado mediante Decreto 762 del 18 de marzo de 1991 y del que tomó
posesión el día 31 de mayo de 1991, según consta en Acta No. 24 de la misma
fecha.
2. En las instalaciones de la sede de
la Misión Diplomática Colombiana se encontraba ubicada también la sede de la
Oficina Comercial -PROEXPORT-, y cuyo Jefe era el Dr. Tomás Uribe Mosquera,
Ministro Consejero, quien fue nombrado mediante Decreto No. 621 del (04) de
marzo de 1991, y se desempeñó como tal desde el 1° julio de 1991 hasta el 30 de
junio de 1998.
3. El Fondo Rotatorio del Ministerio de
Relaciones Exteriores compró un inmueble en la ciudad de Bruselas para el
funcionamiento de la sede de la Embajada de Colombia, con la partida
presupuestal asignada para el efecto.
4. El 16 de enero de 1995, el ex -
embajador CARLOS ARTURO MARULANDA RAMÍREZ, mediante oficio EM 105 dirigido a la
Secretaria General del Ministerio de Comercio Exterior, Dra. Lucía León de
Rubio, solicitó al Ministerio de Comercio Exterior que todas las dependencias y
funcionarios de la oficina comercial, se trasladaran junto con los de la
Embajada a la nueva sede de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
5. El 27 de abril de 1995, el ex -
embajador CARLOS ARTURO MARULANDA RAMÍREZ mediante oficio EM 875 dirigido a la
Secretaria General del Ministerio de Comercio Exterior manifestó que los gastos
comunes de sostenimiento y mantenimiento que sufragaría el Ministerio de
Comercio Exterior no sobrepasarían los cincuenta mil francos belgas (50.000 FB)
por mes, y corresponderían a los conceptos de pago de servicios públicos,
seguros, servicio de aseo y cafetería, mantenimiento del jardín y vigilancia.
6. El traslado de la oficina comercial
se produjo el 1° de julio de 1995, pagándose mensualmente a la Embajada de
Colombia, la suma de los cincuenta mil francos belgas (50.000 FB), por parte
del Dr. Tomás Uribe Mosquera, jefe de la misma.
7. Los cheques mediante los cuales se
realizaban los pagos eran entregados por el Dr. Tomás Uribe Mosquera a la
funcionaria Gloria Castaño, auxiliar administrativa 9 PA de la Embajada, quien
se los entregaba al ex - embajador MARULANDA RAMÍREZ para su firma y la
posterior consignación en la cuenta No. 210-0814747-96 del Genérale de Banque
de Bruselas. Dicha cuenta fue abierta por el ex - embajador el día 4 de octubre
de 1995 para el manejo de estos dineros sin la debida autorización del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
8. El ex - embajador CARLOS ARTURO MARULANDA
RAMÍREZ no notificó al Ministerio de Relaciones Exteriores la existencia de la
cuenta No. 210-0814747­96 del Genérale de Banque de Bruselas, así como tampoco
rindió ningún informe sobre el manejo dado a la misma, ni sobre los ingresos
percibidos en ella, y tampoco solicitó autorización para efectuar su cierre,
tal y como lo impone la ley.
9. La Misión Diplomática de Colombia
en Bruselas contaba para el manejo de los recursos girados por el Fondo
Rotatorio, con dos 2 cuentas bancarias, que sí se encontraban debidamente
autorizadas, no correspondiendo ninguna de ellas a la cuenta No. 210-0814747-96
del Genérale de Banque de Bruselas. Las partidas presupuestales que se
manejaban en ellas obedecían entre otras, a gastos de sostenimiento y
mantenimiento de la Embajada y a gastos de representación.
10. El 20 de marzo de 1997, el ex -
embajador canceló la referida cuenta bancaria, llevándose consigo toda la
documentación relacionada con la misma, tales como notas de ingreso y egreso
con sus facturas o movimientos de la cuenta.
11. El 14 de diciembre de 1998 se
profirió resolución de apertura de la investigación penal.
12. Mediante resolución del 19 de enero
de 2000 el ex - embajador CARLOS ARTURO MARULANDA RAMÍREZ fue vinculado como
persona ausente a esa investigación.
13. Mediante Resolución del 31 de mayo
de 2000 se definió la situación jurídica del sindicado, profiriendo medida de
aseguramiento en su contra, consistente en la detención preventiva.
14. Por los anteriores hechos se
profirió Resolución de Acusación en contra del ex ­embajador CARLOS ARTURO
MARULANDA “como autor de los delitos de peculado y falsedad, descritos en el
Código Penal derogado, aplicable por favorabilidad, en su libro 11, Título 111,
Capítulo Primero y Libro 11, Título VI, Capítulo Tercero, respectivamente”.
Tal
narración, es congruente también  con el resumen de los hechos que hizo la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia atacada y que se
concretaron a lo siguiente:
“El primero de junio de 1995, la oficina comercial de
Colombia en Bruselas, adscrita al Ministerio de Comercio Exterior, trasladó su
sede al nuevo edificio que había adquirido la Embajada de Colombia ante la
Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo. Como contraprestación, cada mes debía
girar a nombre de la embajada la suma de 50.000 francos belgas para gastos
comunes con cargo al rubro de arriendo, valores  que, recibidos por el
embajador MARULANDA RAMIREZ, fueron consignados en una cuenta corriente que
para el efecto abrió el 4 de octubre del mismo año y canceló el 20 de marzo de
1997, días antes de  hacer dejación del cargo.
“Como el dinero no apareció  ni existe relación de
gastos y tampoco fue reportado para su incorporación al Fondo Rotatorio del
Ministerio de Relaciones Exteriores y el embajador se llevó consigo toda la
documentación relacionada con la cuenta corriente, la Fiscalía General de la
Nación inició contra  el doctor MARULANDA RAMIREZ la correspondiente
investigación por los delitos de peculado y falsedad en documentos.”
Así,
pues, es en ese marco fáctico en donde debe estudiarse la existencia o no de
las causales de procedibilidad de la presente tutela, recordando, como se
indicó, que la aplicación de la doctrina constitucional en ese tópico, tiene un
carácter eminentemente excepcional, por virtud del principio de independencia
de la administración de justicia y del carácter residual de la acción de
tutela. Por tal razón, las vías de hecho deben estar presentes en forma tan
protuberante, y deben tener tal magnitud, que sean capaces de desvirtuar la
juridicidad del pronunciamiento judicial objeto de cuestionamiento[5].
Adicionalmente, es preciso tener presente que para que
la acción de tutela sea procedente en casos en los que se ataca un fallo
judicial, debe darse cumplimiento al mandato según el cual, ésta sólo procede
en ausencia de un mecanismo alternativo de defensa judicial, o para efectos de
evitar un perjuicio irremediable. En las sentencias T-639 de 2003 y T-996 de
2003, la Corte resumió así los requisitos de tipo formal para la procedencia de
la acción de tutela:
“a) Es necesario que la persona haya agotado todos los
mecanismos de defensa previstos en el proceso dentro del cual fue proferida la
decisión que se pretende controvertir mediante tutela.  Con ello se pretende
prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta
el proceso ordinario[6], que no se
alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados
por el Legislador[7], y que los
ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos[8],
pues no es ésta la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de
recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial[9].
“b) Sin embargo, puede ocurrir que bajo circunstancias
especialísimas, por causas extrañas y no imputables a la persona, ésta se haya
visto privada de la posibilidad de utilizar los mecanismos ordinarios de
defensa dentro del proceso judicial, en cuyo caso la rigidez descrita se
atempera para permitir la procedencia de la acción[10].
“c) Finalmente, existe la opción de acudir a la tutela
contra providencias judiciales como mecanismo transitorio a fin de evitar un
perjuicio irremediable.  Dicha eventualidad se configura cuando para la época
de presentación del amparo aún está pendiente alguna diligencia o no han sido
surtidas las correspondientes instancias, pero donde es necesaria la adopción
de alguna medida de protección, en cuyo caso el juez constitucional solamente
podrá intervenir de manera provisional.”
La
Sala advierte además, como prolegómeno al estudio detallado de los cargos de la
demanda, que en sede de tutela sólo se analiza si la providencia acusada
incurrió en una vía de hecho o si se advierte en el fallo enjuiciado alguna de
las causales de procedibilidad indicadas por la doctrina constitucional, de tal
manera que  lo que se realiza es  un juicio de validez de la sentencia penal y
no un juicio de corrección en tanto no obra el juez de tutela como una
instancia más dentro del proceso penal.
El
Consejo Superior de la Judicatura actuando como ad quem de tutela en el
presente caso, consideró acertadamente, que mediante la acción de tutela no es
viable impugnar sentencias judiciales cuando el ataque se refiere a la
existencia de controversias frente al criterio jurídico del juez ordinario. La
Sala comparte esta aseveración y agrega que el controversial manejo del amparo
constitucional contra sentencias judiciales pasa en gran medida por la errónea
creencia de que la tutela es una tercera instancia.
Por
ello, es menester señalar que la procedibilidad de revisión constitucional de
los fallos judiciales, atiende a una única posibilidad: que la decisión del
juez vulnere la Constitución. Por esto, la revisión del juez de tutela en estos
casos queda limitada a detectar que de la presencia de una causal de
procedencia de tutela contra sentencias, se derive un perjuicio iusfundamental.
De ahí, que los motivos que pueden esgrimir los tutelantes correspondan
únicamente a la vulneración de un derecho fundamental desprendida de un fallo
judicial[11].
Delimitados
así los términos de la presente revisión, cada uno de  los cargos de la demanda
será analizado como sigue:
4.1.
Vía de hecho por defecto procedimental en la sentencia de la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia.
La Corte ha establecido
que la vulneración del debido proceso configura una causal de procedencia de la
tutela contra providencias. Se ha afirmado que “…[E]l defecto procedimental, se presenta en aquellos casos en los
cuales el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para
dar trámite al proceso respectivo. Pero para que pueda solicitarse el amparo
constitucional mediante la mencionada acción de tutela será necesario,
adicionalmente (…) entre
otros que, como consecuencia de todo lo anterior, aparezca una vulneración
palmaria de los derechos fundamentales del procesado. En otras palabras, si las
deficiencias en la defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y
notorio sobre la decisión judicial o si no apareja una afectación ulterior de
sus restantes derechos fundamentales, no podría proceder la acción de tutela
contra las decisiones judiciales del caso”[12].
La
demanda de tutela propuso como posibles vías de hecho procedimentales frente a
la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, las siguientes:
a.
Al procesado, quien se encontraba privado de la libertad, se le negó durante
las etapas de investigación y juzgamiento el ejercicio de su derecho de
defensa, en el sentido de no poder rendir indagatoria.
Aunque
este cargo se dirige tangencialmente también contra actuaciones de la Fiscalía
General de la Nación, ente que no ha sido demandado en esta tutela, se hará
referencia a alguna de sus actuaciones dentro del proceso penal, únicamente
para que el argumento desemboque en la constitucionalidad de las decisiones
adoptadas por la Corte Suprema  en torno a las posibilidades  que tuvo el
accionante para rendir indagatoria.
En
efecto, los distintos Códigos de procedimiento penal aplicables durante la
vigencia de la Constitución de 1991[13], han contemplado
la posibilidad de declarar persona ausente al imputado, a quien no hubiere sido
posible hacer comparecer para la indagatoria (D.2077/1991 y L.600/2000)[14],
o para formularle imputación (L. 906/2004)[15].
-
En el presente caso, si la vinculación del procesado Marulanda Ramírez a la
investigación penal se produce mediante declaratoria de persona ausente el 19
de enero de 2000 porque el Dr. Marulanda, como se reconoce en la demanda, no
pudo presentarse para atender la mencionada diligencia judicial ordenada por la
Fiscalía desde 1999, tal circunstancia no puede merecer ninguna tacha
constitucional.
-
Se constató que el 21 de octubre de 1999, el instructor de la causa ordenó oír
en indagatoria al señor Marulanda Ramírez (folios 94-96 c.a 1) sin que este se
aprestara a comparecer para tales fines, lo que dio lugar a que su vinculación
se efectuara mediante declaratoria de persona ausente.
-
El 9 de agosto de 2000, fecha en la cual se había ya resuelto la situación
jurídica del señor Marulanda (fls 6-15 del cuaderno 2) ingresó al Despacho del
instructor un poder debidamente otorgado por el sindicado (folios 74-76 c.a No.
2) en donde se advierte que no solicita indagatoria para su representado.
-
Lo propio ocurrió el 7 de noviembre de 2000 (fls. 139-242 c.2) cuando el
apoderado del sindicado presenta un escrito a la fiscalía en donde indica que
anexa las primeras respuestas a los cargos endilgados, desarrolladas y
elaboradas en forma personal por su representado para todos los fines pertinentes.
-
Similar situación se advierte a fls. 310 y s.s. del c.a No. 2 cuando el Sr.
defensor pone de presente nuevo escrito de su representado, fechado el 1 de
abril de 2001, en donde guarda silencio respecto de su deseo de que su
representado sea recibido en indagatoria, lo que reafirma aún más que la
inexistencia de una indagatoria en este asunto difícilmente puede ser
considerada una trasgresión al derecho de defensa del imputado o una  omisión
de la autoridad de instancia.
-
El anterior recuento pone de presente que desde enero de dos mil (2000) cuando
fuera vinculado a la investigación a noviembre del mismo año, fecha en la que
se recibe escrito de su autoría, era clara la reticencia del procesado a
comparecer al proceso y rendir indagatoria.
- Cerrada
la etapa de instrucción, el sindicado se encontraba recluido en una cárcel de
España, situación que en efecto era de conocimiento de la Fiscalía, pues el
apoderado del Sr. Marulanda requiere que a su defendido se le notifiquen las
decisiones que se profieran en ese lugar, lo que en efecto se hace el 25 de
octubre de 2001 (ver f. 280 c.a 3), oportunidad en la que se limita a señalar
que su apoderado interpondrá recurso contra esa decisión, sin aludir a su deseo
de defenderse verbalmente mediante indagatoria.
-
Ahora bien, en la audiencia preparatoria ya en la etapa de juicio, es cierto
que se desestima la solicitud del apoderado en el sentido de que su
representado fuera escuchado en indagatoria. Sin embargo, el alcance de lo
realmente acontecido fue lo siguiente: la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia le respondió al apoderado “que no daba  vía a esta prueba, por
una razón elemental y es que el doctor MARULANDA tendrá la oportunidad, desde
el comienzo de la audiencia de juzgamiento, para exponer todo lo que tenga que
decir sobre esta acusación”. Lejos  entonces de negar la posibilidad al
sindicado de ejercer en debida forma su derecho de contradicción y defensa, lo
que realmente se hizo fue señalarle que en una etapa posterior, cuando iniciara
la audiencia de juzgamiento, tendría la oportunidad de ejercitar su defensa
como en efecto se hizo.
-
En la audiencia de juzgamiento, efectivamente, sus argumentos de defensa fueron
escuchados por los Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia;
en la copia de la audiencia pública se dejó sentado además, que en todas las
fechas, esto es, 8, 12, 19 y 22 de noviembre de 2004 tanto el sindicado como el
defensor tuvieron oportunidad de intervenir en las diligencias.
Las
condiciones anteriores hallan pleno sentido en un contexto en el cual esta
Corte ha conferido la máxima la importancia al derecho del imputado a conocer
oportunamente de la investigación. Sobre este derecho la Corporación se
pronunció en la Sentencia C-096 de 2003, así:
“[l]a Corte ha
sostenido que constituye garantía procesal de rango constitucional el derecho a
conocer oportunamente la investigación que se adelanta al imputado: “El derecho
a la presunción de inocencia, (...) se vulnera si no se comunica oportunamente
la existencia de una investigación preliminar a la persona involucrada en los
hechos, de modo que ésta pueda, desde esta etapa, ejercer su derecho de defensa
conociendo y presentando las pruebas respectivas.”[16]
El derecho de defensa supone que el investigado tenga conocimiento oportuno de
la investigación que se le adelanta, de forma que le sea posible controvertir
los elementos probatorios en su contra. De lo contrario, cuando existe una
vinculación manifiestamente tardía del imputado al proceso, se puede llegar a
configurar una nulidad cuando se demuestre una violación de los principios de
contradicción, legalidad, igualdad de oportunidades y publicidad de la prueba.
“[…] El
investigado tiene derecho constitucional a conocer de la imputación específica
en su contra y de los elementos probatorios en que se funda desde el momento
mismo de la existencia de tal imputación. Este derecho se encuentra contenido
en el derecho constitucional a la defensa y al debido proceso y conlleva el
deber correlativo del Estado de llamar al investigado a rendir indagación
preliminar tan pronto obren imputaciones penales en su contra.”
Esta
Sala se suma entonces a las consideraciones acordadas por la sentencia de
primera instancia objeto de revisión, cuando estimó que fue la misma conducta
del procesado la que impidió surtir la indagatoria, pese a encontrarse
debidamente decretada, dejando en claro con su comportamiento “que no
deseaba hacer uso de la oportunidad  para exponer oralmente lo que quería hacer
valer en pro de su defensa, luego de lo cual presentó múltiples escritos en
torno a su situación y brindando innumerables explicaciones a los cargos que se
le hacían, para finalmente, en la etapa de juzgamiento, hacer una exposición no
sólo verbal sino escrita del asunto”.[17]
b.
Defecto Procedimental por ausencia de notificación de la resolución mediante la
cual se negó la reposición de convocatoria a juicio.
El
presente cargo esta centrado así: la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, mediante auto del 22 de octubre de 2002, inexplicablemente no sólo no
ordenó la práctica de la diligencia de indagatoria, como era su deber
constitucional, sino que además negó todas las peticiones de la defensa, entre
las que se encontraba aquella de que, al menos, se le notificara personalmente al
procesado la decisión adoptada por la Fiscalía General de la Nación el 24 de
diciembre de 2001, mediante la cual no se reponía el llamamiento a juicio.
Sobre
el particular bastará con señalar lo siguiente:
1.
La providencia aludida por el accionante no era susceptible de ningún recurso,
por tratarse de una decisión de única instancia.
2. La Sala Penal de la Corte  mediante auto del 22 de
octubre de 2002, ante la petición del abogado del sindicado de que le
notificaran el auto  que decidió no revocar el llamamiento a juicio, respondió:
“La Sala no accederá a las solicitudes formuladas por
el defensor del doctor MARULANDA RAMÍREZ,  por las siguientes razones:
“1. Después de ser declarado ausente mediante
resolución del 19 de enero de 2000 (fI. 172 C.l), el 22 de marzo siguiente la
Fiscalía General de la Nación recibió un escrito del doctor MARULANDA en
el que manifiesta estar enterado de la decisión…. Igualmente, el 14 de marzo se
recibió otro documento en el que el doctor MARULANDA pedía la práctica
de "un primer lote de pruebas".
“Aunque  a los escritos supuestamente firmados en
Yemen y en Líbano por la persona declarada ausente, no se les dio trámite y su
representación judicial, que se le había confiado a un abogado de oficio, la
continuó ejerciendo en la misma calidad otro diferente, los memoriales revelan
el conocimiento preciso que tenía de su situación procesal.
“2. El 8 de agosto de 2000 se recibió un nuevo poder,
presentado por el doctor MARULANDA ante el cónsul de Colombia en Lisboa (fI. 75
C. 2), que se estimó suficiente para reconocerle personería al profesional
designado (fl. 95 quien solicitó y obtuvo copias de toda la actuación.
“3. El 25 de septiembre del mismo año, el sindicado
envió a la fiscalía ‘un primer documento contentivo de explicaciones’, en el
que reconoce tener en su poder copia del expediente entregada por su defensor
(fI. 140). El 11 de noviembre remitió un ‘segundo escrito’ (fI. 240 ) y el 5 de
abril de 2001 el tercero (fl. 311).
“4. Clausurada la investigación y enterada la fiscalía
que el 16 de julio de 2001, el doctor MARULANDA RAMÍREZ había sido privado de
libertad con fines de extradición por la policía española (fls. 108 y ss),
dispuso que la resolución acusatoria que dictó el 2 de octubre del mismo año
(fI. 236 C.) le fuera notificada.
5. La anterior reseña permite concluir que, por lo
menos desde la declaratoria de persona ausente, el doctor MARULANDA RAMÍREZ ha
tenido permanente conocimiento del proceso que se le adelanta en su contra,
además de haber recibido notificación personal de la resolución de acusación. Y
si bien no fue enterado de igual manera de la decisión del 24 de diciembre de
2001, que negó reponer la convocatoria a juicio, tal omisión no entraña
irregularidad que conduzca a invalidar lo actuado pues no modificó la situación
jurídica que se le dedujo del pliego de cargos”. (resalta
la Sala)
Así, pues, de haberse advertido alguna irregularidad
en la notificación de la providencia que negó el llamamiento a juicio, ella no
tuvo la entidad de afectar los derechos fundamentales del accionante y quedó
saneada ante las múltiples intervenciones del Sr. Marulanda Ramírez con
posterioridad a esa decisión, pues otorgó nuevo poder, solicitó copias íntegras
del proceso, presentó exposición escrita, asistió a la audiencia de
juzgamiento, todo sin que en aquella oportunidad y ante al autoridad competente
aludiera a la supuesta vulneración de su derecho de defensa, en los términos
pretendidos ahora en el trámite de esta tutela.
Como
lo expuso el juez de primera instancia de esta tutela, no puede obviarse que
todo el proceso era plenamente conocido por el sindicado, de suerte que si
realmente consideraba que existió una irregularidad respecto a la notificación
analizada, no es éste el escenario de discusión, luego de que se encuentra
ejecutoriada una sentencia en su contra.
c.
Se negó la práctica de pruebas testimoniales esenciales para el ejercicio
del derecho de defensa.
La
demanda denuncia este cargo afirmando que la  negativa de la Corte Suprema de
Justicia en  decretar el interrogatorio de los doctores Tomás Uribe Mosquera y
Gloria Castaño constituye una vía de hecho por defecto procedimental, si se
tiene en cuenta que (i) se trataba de los principales testigos de cargo
de la Fiscalía; (ii) el procesado, durante la etapa de investigación, no
contó con la posibilidad de contrainterrogarlos; (iii) se trataba de
pruebas conducentes y pertinentes esenciales para el ejercicio del derecho de
defensa y (v) la práctica de los testimonios hubiese cambiado
radicalmente la calificación jurídica de los hechos.
La
Sala considera:
1.
En primer lugar, se comparte el criterio de la accionada en el sentido de que
la defensa tiene múltiples formas de expresarse, y si lo pretendido era
controvertir los interrogatorios de los Doctores Tomás Uribe y Gloria Castaño,
fueron muchas las oportunidades procesales que se tuvieron para desestimarlos,
pues incluso el apoderado del accionante participó en testimonios que hubiesen
servido para desvirtuar las acusaciones, y por el contrario solo lograron
reafirmarlas.
2.
En efecto, durante la diligencia de audiencia preparatoria del juicio,
celebrada el 29 de marzo de 2004, el defensor de confianza del doctor Marulanda
Ramírez solicitó, entre otras pruebas, que se llamase a declarar a los señores Tomás
Uribe Mosquera y Gloria Castaño, testigos que no habían podido ser interrogados
por la defensa. Tal petición fue negada por la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia quien respondió en los siguientes términos:
“En segundo lugar, solicita el señor defensor  que se
reciban las declaraciones de los doctores GLORIA CASTAÑO Y TOMAS URIBE, para
que la defensa tenga la oportunidad de controvertir dichos testimonios y para
que informe sobre todo aquello que hacía el doctor MARULANDA en su cargo de embajador
relacionado con PROEXPORT y con diversas entidades que pasaban por la embajada.
La respuesta de la Sala a este punto también es negativa, en primer lugar
porque los doctores GLORIA CASTAÑO y TOMAS MOSQUERA han declarado cada uno en
dos oportunidades y han explicado con suficientes (sic)  todo aquello que ha
solicitado el señor defensor, entonces no es necesario insistir en esas
pruebas;  y, en segundo lugar, porque el derecho a la contradicción o
controversia no se limita exclusivamente a la posibilidad de interrogar a los
testigos , tiene que ver con otros tópicos del proceso penal que inclusive han
sido utilizados por la defensa, verbi gracia, el momento de la reposición
contra la resolución acusatoria, es decir, el contradictorio esta garantizado y
seguirá garantizado durante el debate que constituye audiencia pública”.
Frente
a tal decisión, el defensor propuso recurso de reposición y la Corte Suprema
nuevamente respondió:
“La Corte mantiene su decisión inicial, porque si
partimos de la razón de la petición, llegamos a la conclusión de que eso ya
se encuentra en el expediente, como también es cierto que la resolución de
acusación proferida por la Fiscalía General de la Nación acepta que esos
dineros fueron utilizados para esos eventos, desde luego que no aparece
discriminado día, hora, visita exacta de la persona, pero nadie desconoce que
esos dineros fueron utilizados para varios eventos como los mencionados. Como
esa es la razón de la petición y encontramos que en  el expediente reposa
respuesta, no es necesario ampliar el testimonio de la doctora GLORIA CASTAÑO. (negrillas agregadas)
“(.. )
“y en relación doctores con los dos testimonios la
Sala insiste en que no se ha quebrantado en manera alguna el principio del
contradictorio, porque como se acaba de volver a leer, desde antes de
resolverse la situación jurídica ya existían las piezas correspondientes
dentro del expediente". (negrillas
agregadas).
A
la luz de lo dicho, no encuentra esta Corporación las pruebas que hubieran
podido conducir a la inocencia del procesado y por ende considera que no puede
predicarse la trasgresión de derechos fundamentales, especialmente el de
defensa, cuando la prueba que se echa de menos no tiene idoneidad para
desvirtuar los cargos imputados, pues lo probado no encuentra como pilar
fundamental las conclusiones que se pudieran abstraer de las declaraciones cuya
falta de controversia se cimienta en el hecho de no poder interrogar a los
testigos.
Mientras no se demuestre la inexistencia de los hechos
indicadores y la conclusión no surja claramente como contraria a la lógica, no
puede aceptarse que se califique la apreciación probatoria como una vía de
hecho judicial, así se discrepe de la labor adelantada por el juez en dicha
apreciación por no compartirla, pues ello pertenece a lo que en el derecho
probatorio la doctrina reconoce como campo reservado a la “discreta autonomía
del juzgador”.[18]
d.
Los defectos fácticos propuestos por la demanda de tutela contra la sentencia
de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Como
defectos fácticos la demanda presenta los siguientes:
a). La Corte Suprema de Justicia dio por probados los
siguientes hechos que no estaban acreditados en el proceso: (i) que la
Oficina Comercial de Colombia en Bruselas, adscrita al Ministerio de Comercio
Exterior, no existía al momento de cometerse el supuesto delito y (ii)
un contrato arrendamiento o acuerdo que jamás existió. Anota la demanda que no
se valoró la principal prueba documental acerca de la naturaleza jurídica de PROEXPORT,
y por ende, se dio por probado un hecho que no podía estarlo. Específicamente,
el escrito de tutela sostuvo que la Corte Suprema “partía de un manifiesto
error consistente en considerar que durante el tiempo que se cometieron los
hechos en la ciudad de Bruselas existió una oficina comercial de Colombia
adscrita al Ministerio de Comercio Exterior, cuando lo cierto es que se trataba
tan solo de un proyecto…”
Igualmente
afirmó que… “de haberse analizado la prueba, se hubiese tenido que concluir
que no existía oficina comercial alguna del Ministerio de Comercio Exterior en
Bruselas al tiempo de los hechos materia de investigación, y que por ende los
dineros recibidos los fueron de una entidad particular como lo es PROEXPORT, es
decir, no se trataba de dineros públicos”.
b). La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,
entendió que las actividades de lobby realizadas por un embajador, sólo
revisten beneficio personal, y nada aportan a la obtención de los objetivos de
política exterior de Colombia.
A partir
de lo expuesto, se pregunta esta Corte, si la sentencia impugnada es
verdaderamente una vía de hecho por defecto fáctico tal y como lo sostiene la
apoderada del accionante. Para resolver esta cuestión es necesario, como se
viene haciendo, presentar una breve referencia a la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales por la presunta configuración de un defecto
fáctico, para luego aplicar tal doctrina al caso concreto.
El
defecto fáctico consiste en la aplicación del derecho sin contar con las
pruebas que permitan demostrar los hechos determinantes del supuesto legal. En
este sentido, la Corte ha encontrado que para que exista una vía de hecho por
defecto fáctico es necesario que de las pruebas que obren en el expediente no
permitan, de ninguna manera razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la
decisión que se impugna. Es decir, que el apoyo probatorio en que se basó el
juez para aplicar una determinada norma resulte absolutamente inadecuado para
ello[19]. Este tipo de
vicio o defecto ha sido explicado por la jurisprudencia de la Corte en
distintas decisiones tal y como se expone en la siguiente cita:
“Si bien el juzgador goza de un amplio margen para
valorar el material probatorio en el cual ha de fundar su decisión y formar libremente
su convencimiento, ‘inspirándose en los principios científicos de la sana
crítica (Arts. 187 CPC y 61 CPL)’[20],
dicho poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria. La evaluación del
acervo probatorio por el juez implica, necesariamente, ‘la adopción de
criterios objetivos[21],
no simplemente supuestos por el juez, racionales[22], es
decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas
allegadas, y rigurosos[23],
esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les
encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente
recaudadas.[24]
“La Corte ha identificado dos dimensiones en las que
se presentan defectos fácticos: 1) Una dimensión negativa que ocurre cuando el
juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa[25]
u omite su valoración[26]
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente.[27]
Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes
para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez[28].
2) Una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juez aprecia
pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada
que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución.[29]
“En concordancia con lo anterior, y tal como lo ha
advertido la Corte, sólo es factible fundar una acción de tutela frente a una
vía de hecho por defecto fáctico cuando se observa que la valoración probatoria
hecha por el juez en la correspondiente providencia es manifiestamente
arbitraria. El error en el juicio valorativo de la prueba ‘debe ser de tal
entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia’[30].[31]
En
punto al caso concreto esta Sala considera:
1.
Que ninguna de las conclusiones a las que se llega en la sentencia cuestionada
sobre las pruebas que obran en el expediente, alcanzan a revestir arbitrariedad
o capricho del fallador, en este caso, de  la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia. Es claro que en ejercicio de la autonomía judicial, la labor de los
jueces de suyo implica no solo la valoración jurídica de los hechos y su
confrontación con el derecho positivo, sino que para hacerlo se requiere la
apreciación fáctica con fundamento en las pruebas existentes, sin que a ningún
juez se le pueda imponer un modo especial de razonar.
2.
La simple divergencia en cuanto a la apreciación probatoria, no constituye vía
de hecho judicial, mientras no resulte en pugna abierta con los principios de
la lógica, con las máximas de la experiencia o con las reglas de la apreciación
razonada de la prueba. Para que exista la vía de hecho judicial por defecto
fáctico, se reitera, debe incurrirse por el fallador en omisión o grave defecto
de apreciación en una prueba determinante para la decisión, es decir en un
error de una magnitud tal que afecte la motivación de la sentencia.
3.
Efectivamente, la calificación de dineros públicos de las sumas apropiadas por
el Sr. MARULANDA RAMÍREZ no deviene de que provinieran o no de una entidad
pública, porque es claro que la calidad no esta relacionada con su origen sino
con el concepto por el cual se recibieron, pues se consideró que eran sumas
obtenidas por un servicio que prestaba la embajada y que por tanto se
constituían en dineros públicos.
4.
La Corte Suprema en la sentencia objeto de estudio, estimó claramente que  lo
que se cuestionaba no era la gestión empresarial liderada por el embajador MARULANDA
RAMÍREZ, ni la promoción de las exportaciones, ni las labores de lobby realizadas,
sino la apropiación y ulterior utilización arbitraria de unos dineros públicos
en actividades sociales para beneficio del embajador, aunque también incidieran
en la imagen que el funcionario estaba obligado funcionalmente a mejorar.
5.
Lo relevante para la Corte Suprema y es esa la médula de su pronunciamiento,
estriba en que los dineros suministrados por PROEXPORT con fines de
mantenimiento de la embajada, fueron entregados al Embajador de Bruselas, Sr.
MARULANDA RAMÍREZ, sin que los mismos entraran a nutrir el erario público al
que estaban destinados.
6.
El fallo cuestionado ciertamente sostuvo, que la razón por la cual debieron
haber ingresado al patrimonio del Estado, concretamente al Fondo Rotatorio del
Ministerio de Relaciones Exteriores, la suma de un millón de francos belgas,
radica en que el pago de esta suma de dinero tuvo como causa jurídica el uso
que la Oficina Comercial hizo de un piso del inmueble de propiedad del Fondo,
por el cual se acordó aportar la referida suma que se destinaría única y
exclusivamente al pago de la cuota parte de los servicios utilizados por la
Oficina Comercial, como eran los servicios de mantenimiento, administración,
acueducto, energía, aseo y participación en el pago de la prima de incendio e
inundación. Fue así como efectivamente, la suma de cincuenta mil francos belgas
fue pagada mensualmente por la Oficina Comercial de Colombia en Bruselas a la
Embajada de Colombia, por conducto del Dr. Tomás Uribe Mosquera.
7.
Significa que para la Corte Suprema de Justicia, resultaba  irrelevante si el
Doctor TOMAS URIBE MOSQUERA dirigía una oficina comercial de Colombia en
Bruselas adscrita al Ministerio de Comercio Exterior, o si era un Consejero
para Asuntos Económicos y Comerciales o si las erogaciones que ocasionaba su
nombramiento se pagaban con cargo al presupuesto de PROEXPORT. Lo realmente
importante y que fue ampliamente establecido por la Corte Suprema, fue la
relación de causalidad entre el ingreso periódico y por valor constante y la
ocupación de la sede, luego era  claro que de esos recursos no podía disponer
el embajador sino que debía transferirlos a la tesorería del Fondo Rotatorio
del Ministerio de Relaciones Exteriores para ser incorporados al presupuesto,
como lo señaló la Contraloría General en documento visible al folio 301 del
cuaderno No. 2.
Así
lo entendió el fallo de la Corte Suprema, que como se expuso, lejos esta de ser
una providencia de proporciones arbitrarias ni contrarias a los presupuestos
legales:
“No es la actuación del doctor URIBE  la que es objeto
de escrutinio en este proceso, ni la naturaleza de los dineros que entregaba la
oficina comercial, sino la conducta del doctor CARLOS ARTURO MARULANDA RAMIREZ
y la apropiación en provecho propio de unos recursos que debían ingresar al
presupuesto nacional.”
E
igualmente agregó:
“En todo caso, si alguna irregularidad pudiera
predicarse de las actuaciones del Ministerio de Comercio Exterior, del banco,
de la fiduciaria o del fondo, relacionadas con la entrega de los 50.000 FB
mensuales al embajador, ésta no puede tener el alcance de sanear las que le son
imputables al doctor MARULANDA por la apropiación que hizo de esas sumas
de dinero, pues lo que constituye objeto de juzgamiento no es la conducta de
los primeros sino la del último.”
8.
Que el acuerdo no existía, que PROEXPORT no maneja dineros públicos y que
no tampoco existía la oficina comercial de Colombia en Bruselas, adscrita al Ministerio
de Comercio Exterior, son sofismas que a esta Sala no distraen, y que en la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia fueron rechazados con potísimas
razones. Es por lo que el fallo objeto de tutela no adolece de los defectos que
le endilga el accionante, pues del bloque de pruebas que la Corte analizó no se
infiere ninguna vulneración constitucional. En efecto, frente a lo que se
analiza, la Corte Suprema señaló:
“En cuanto a las explicaciones dadas por el doctor MARULANDA
RAMÍREZ, ampliamente reseñadas en el resumen de su intervención, parece
suficiente la respuesta que la Corte ha dado para desechar lo que constituye el
núcleo de su defensa: que los recursos no formaban parte del presupuesto
ordinario de la embajada ni pertenecían al Ministerio de Relaciones Exteriores,
porque simplemente eran un aporte de Proexport para contribuir a las
actividades de lobby que naturalmente la representación diplomática debía
realizar.
“Establecida como ha quedado la causa del ingreso, es
claro que los dineros así recaudados debían ser entregados al mismo ente que
sufragaba los gastos de mantenimiento de la embajada en Bruselas.
“La coincidencia plena entre los términos del acuerdo
que aparecen plasmados en las recíprocas comunicaciones del embajador y los servidores
del Ministerio de Comercio Exterior sobre el traslado de la Oficina Comercial,
la fecha en que se haría efectiva y el monto de la contraprestación que se
pagaría mensualmente por la utilización de la sede, y lo que en realidad
ocurrió (pues en efecto el espacio fue ocupado en la fecha indicada y por el
monto a que se alude en la correspondencia), revela que no existe la confusión
que señala el procesado respecto de la Oficina Comercial y su cambio de
Proexport al Ministerio de Comercio Exterior.”
9.
Sostiene la apoderada del accionante que encontrándose probado que jamás
existió la mencionada oficina comercial de Colombia en Bruselas, adscrita al
Ministerio de Comercio Exterior, no se podría tampoco dar por probado un
supuesto acuerdo celebrado por aquélla con el ex Embajador. La sentencia
cuestionada ampliamente se refiere a este tema puntual y en sus consideraciones
se lee:
“ Que el procesado tuviera la conciencia de estar
sometido a un régimen de derecho privado en el manejo de los recursos que
percibía, como lo sostiene el defensor para explicar la utilización arbitraria
de los dineros, es una afirmación inadmisible tratándose, como se trata, de una
persona altamente capacitada y con bastante experiencia en el servicio público
pues, como lo informó en la audiencia de juzgamiento, es economista y master de
la Universidad de Harvard; fue senador suplente, representante a la Cámara
durante dos períodos y ministro de desarrollo económico; y, para julio de 1995,
fecha en que se empezó a desarrollar la conducta, llevaba más de cuatro años en
ejercicio del cargo de embajador ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo.
“Por su experiencia en el servicio público, siempre en
cargos de alta responsabilidad, el doctor MARULANDA no podría aducir
ignorancia sobre las normas que rigen el manejo de los recursos del Estado ni
sobre la nítida separación entre lo público y lo privado, como para sostener
que los ingresos adicionales que pudieran derivarse de sus gestiones como
embajador podían ser objeto de apoderamiento y de empleo arbitrario cual si
fueran materia de negocios particulares.
“Por el contrario. El doctor MARULANDA era
consciente de la procedencia de los recursos; los obtuvo a título de
contraprestación por gastos comunes, a sabiendas que los asignados cubrían el
mantenimiento del inmueble, y los utilizó sin control de nadie: ni de quien los
entregaba ­según su afirmación- para actividades de lobby, ni del Ministerio de
Relaciones Exteriores al que ni siquiera le informó de la negociación, ni los
reportó ni los incluyó en la rendición de cuentas que periódicamente debía
hacer.
“La prueba acredita que fue a instancias suyas que el
Ministerio de Comercio Exterior accedió a trasladar la oficina de Bruselas a la
sede de la Embajada, como se advierte del testimonio de Tomás Uribe y
expresamente lo afirma la secretaria general del ministerio (fl. 263 C. 2), al
punto que según el primero, el embajador lo presionó para que no se opusiera.
La misma sensación tuvo la secretaria después de leer una de las cartas
iniciales, del 16 de enero de 1995, en la que el doctor MARULANDA le advierte:
“En esas condiciones, no se justifica que Comercio
Exterior continúe pagando arriendo por un local sobrante. Como Embajador, desde
ya pongo de presente el despilfarro de fondos públicos en que se incurriría,
que es fácilmente evitable (fl. 42 C. 1).
“En la misma comunicación, en contra de lo que ahora
sostiene el procesado sobre la absoluta independencia de la oficina comercial,
se consignó:
“Todas las dependencias y funcionarios de esta
Embajada se trasladarán en marzo a la sede propia. Esto incluye, sobra decirlo,
a las dos personas pagadas por el Ministerio de Comercio Exterior (el .Ministro
Consejo Tomás Uribe y su secretaria, Sra Dellis,) pues en Bruselas, este
personal no tiene función, por fuera de la Embajada.
“De allí que los funcionarios pagados por Proexpo /
Bancoldex/ Comercio Exterior, que
existen desde 1989, siempre han estado en el sitio de la Embajada, así sea
pagando arriendo por aparte.
“Además, el embajador recibió la comunicación fechada
10 de febrero de 1995 que le dirigió el Ministro de Comercio Exterior, en la
que le informa que acepta el traslado de la Oficina Comercial a partir del 1°
de julio de 1995 y que “he dado instrucciones” al ministro consejero
Tomás Uribe para que notifique el preaviso por el local que ocupaba (fl. 35 C.
1). Después de los agradecimientos posteriores al ministro y a la secretaria
general por acoger su idea (fl. 32) Y del cruce de cartas en que se fijaban
pautas para determinar la participación de la oficina comercial en los gastos
generales (fls. 27 a 32), el 27 de abril el doctor MARULANDA concluyó:
“Pero, en todo caso, el aporte a estos gastos comunes
será algo módico. Por las cifras que he visto, pienso que a la postre no sobrepasará
los 50.000 francos belgas por mes.. Por lo tanto, si usted
necesita presupuestar una cifra, sugiero que, por el momento, utilice ésta, que
sería una especie de tope.”
Tanto de este cargo como del anterior
fluye con claridad, que el acervo probatorio en el cual la Sala Penal de la
Corte Suprema soportó su fallo, estuvo integrado no sólo por los testimonios de
los señores TOMAS URIBE y GLORIA CASTAÑO, sino también, por la constatación de
que (i) existió un acuerdo celebrado por iniciativa propia del señor
Marulanda Ramírez con el Ministerio de Comercio Exterior, para que en razón de
la utilización de un piso de la Embajada de Bruselas por parte de la Oficina
Comercial de Bruselas, ésta cancelara como aporte mensual a los gastos comunes
la suma de 50.000 francos belgas; (ii) por la comprobación  que existía
de la recepción de la suma de los cincuenta mil francos belgas sin la debida
autorización legal; (iii) por la prueba fehaciente de que el señor
Marulanda Ramírez abrió una cuenta bancaria, la número 210-0814747-96, sin
contar con autorización para el manejo de la suma de dinero entregada por
PROEXPORT; (iv) y por el hecho probado que tuvo el ente fallador de que
los dineros cancelados por la oficina comercial fueron gastados por el
accionante en fines diferentes a los previstos.
Fueron los anteriores los elementos
considerados por la Corte Suprema como basamento de su providencia y como se
indicó en la doctrina relativa a las causales de procedibilidad de la acción de
tutela frente a providencias judiciales, la misión del juez constitucional no
puede orientarse a desplazar al juez ordinario en el ámbito propio de sus
competencias, por consiguiente, su objeto no es el de hacer prevalecer una
interpretación jurídica distinta o una diferente apreciación de los hechos,
como lo pretende esta demanda.
Ha subrayado esta Corporación
reiteradamente que existen espacios librados a la autonomía judicial en los que
el juez decide a partir de su convicción en torno a los hechos y las pruebas
sin que quepa que en ese proceso el juez constitucional sustituya al juez
ordinario.[32] Por esta razón, las
hipótesis de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
remiten a la consideración de defectos superlativos, objetivamente verificables
y cuya constatación lleva a la conclusión de que la persona que acudió a la
Administración de Justicia no ha recibido una respuesta debida, conforme al
ordenamiento jurídico, o que la decisión judicial, que corresponde a la
expresión del derecho aplicable al caso concreto, ha sido sustituida por el
arbitrio del funcionario que ha proferido una decisión incompatible con el
ordenamiento jurídico.”[33]
No siendo este el caso de falta de
pruebas en la decisión asumida, ni arbitrariedad en la valoración de las
mismas, ni violación de los derechos del accionante, los cargos así propuestos
contra la decisión de la Corte Suprema no tienen la virtud de prosperar.
e.
Vía de hecho por defecto sustantivo:
En diferentes pronunciamientos, esta Corporación ha
delimitado el campo de aplicación del defecto sustantivo en las providencias
judiciales, al señalar que se presenta, entre otras razones, (i) cuando
la decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al
caso concreto, es decir, por ejemplo, la norma empleada no se ajusta al caso o
es claramente impertinente[34], o no se
encuentra vigente por haber sido derogada[35], o por haber
sido declarada inconstitucional[36], (ii)
cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce
a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la
norma en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes
que han definido su alcance[37], (iii)
cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras
disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una
interpretación sistemática[38], (iv)
cuando la norma aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada[39],
o (v) porque a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque
a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los
expresamente señalados por el legislador[40].
La acción de tutela que se revisa, señala como vía de
hecho por defecto sustantivo haber aplicado indebidamente el artículo 133 del
Código Penal porque (i) no se daba el supuesto fáctico del tipo penal y (ii)
la pena de multa que se prevé era inaplicable al asunto sub judice.
Cada reproche de los referidos será analizado por separado.
a) Que no se daba el supuesto fáctico del tipo penal.
Sostuvo la demanda que “... si la Corte partió de
la existencia de un acuerdo celebrado entre el ex embajador
MARULANDA RAMÍREZ y la oficina Comercial de Colombia en Bruselas,
convenio según el cual mensualmente se le pagaban al primero la suma de 50.000
francos belgas por concepto de arriendo y este último destinó tales recursos, como
lo afirman  los testigos a actividades de lobby, la norma penal
sustantiva del peculado por apropiación resultaba ser a  todas luces
inaplicable al caso sub examine.”
La
Corte estima lo siguiente:
Si
en la lógica del accionante el empleo de los 50.000 francos belgas estaba
destinado a las labores de “lobby”, resulta apenas obvio que el peculado por
apropiación no se configura. Sin embargo, la Corte Suprema bajo el acopio de
importantes e irrefutables pruebas concluyó lo siguiente:
“Los hechos revelan que el embajador MARULANDA
RAMÍREZ recibió de la Oficina Comercial de Bruselas la suma de 50.000 FB
mensuales durante 21 meses como contraprestación por ocupar un piso de la sede
diplomática -dinero entregado ora a título de aporte a gastos comunes, ya por
concepto de arriendo-; y que utilizó esos recursos para las actividades que
determinara a su libre arbitrio, sin sujeción alguna a presupuestos, proyectos
o programas de ninguna especie ni vigilancia de la Contraloría General de la
República o de las instancias correspondientes del ministerio, a las que
tampoco rendía cuentas de esos ingresos ni de su utilización.
“Dicho en otros términos, se apropió en provecho suyo
de dineros que le habían sido entregados por un servicio que prestaba la
Embajada de Colombia en Bruselas -no su oficina particular- a la representación
comercial.
“Que esos bienes se hubieran invertido exclusivamente
en actividades de lobby o cabildeo, no desvirtúan el hecho de la apropiación en
beneficio particular pues no hay duda que los agasajos, cenas y, en general,
las actividades sociales celebradas por el embajador le reportaban réditos particulares
que seguramente no obtendría con el ‘exiguo’ presupuesto que, según dijo, se le
asignaba a la misión diplomática.” (Resalta
esta Sala)
Frente
al aspecto objetivo del tipo penal, la Corte Suprema en la sentencia objeto de
examen sostuvo:
“A la tipicidad de la conducta así determinada,
agréguese que el comportamiento igualmente deviene materialmente antijurídico,
primero, porque generó desorden en la estructura, organización y dinámica de la
administración pública; segundo, porque resulta lesivo de ese bien jurídico en
cuanto la administración pública debe estar siempre al servicio de la comunidad
y no de intereses particulares; tercero, porque, concretamente, lesionó el
patrimonio económico de esa administración pues no permitió el ingreso al tesoro
nacional de dineros que le pertenecían; cuarto, porque en términos del artículo
209 de la Constitución Política, la administración se debe desarrollar con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad; y quinto, porque no se demostró que la
conducta dañina hubiera sido realizada dentro de alguna de las que el Código
Penal de 1980 denominaba causales de justificación.”
Y
en relación con el aspecto subjetivo de la conducta ilícita, la Corte Suprema
precisó:
“El doctor MARULANDA RAMÍREZ, a sabiendas del
origen y de la destinación de los recursos y de su naturaleza pública, en lugar
de entregarlos al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para
que fueran integrados al presupuesto, se apropió de ellos en beneficio propio
para realizar, según afirma, actividades sociales, cuyo más directo provecho se
traducía en el mejoramiento de su imagen personal. Esa conducta, también desde
el aspecto subjetivo, configura el delito de peculado por apropiación que se le
imputó en la resolución acusatoria y la anterior afirmación se corrobora con la
conducta posterior del procesado: sustraer la documentación atinente al tema,
llevársela y posteriormente, destruirla.”
Es decir, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, en ejercicio de sus atribuciones como juzgador de única
instancia, consideró que el hecho se encuentra tipificado en la conducta de
peculado por apropiación descrita en el artículo 133 del Código Penal de 1980,[41]
lo que no puede desvirtuarse en una acción de tutela por el juez constitucional
sin desmedro de la competencia propia de la jurisdicción ordinaria, pues a esta
conclusión se llegó luego de un análisis probatorio que, aunque puede ser
objeto de discrepancia por el actor, no obstante ello, no constituye una vía de
hecho judicial por no ser arbitraria, ni caprichosa, sino producto de la
valoración que el juzgador realizó sobre los medios de prueba obrantes en el
proceso.
b-
De la improcedencia de la multa impuesta, por cuanto a la fecha de la sentencia
se efectuó el reintegro que hacía improcedente dicha sanción.
La
presente es una tacha en la que el accionante confunde el reintegro (que sirve
para resarcir el daño ocasionado a quien se ve lesionado con el proceder
punitivo) y la multa, que hace parte de la sanción penal que se impone.
Será
suficiente con precisar que el reintegro, tiene como destino al afectado, es la
parte civil legalmente constituida, en este caso, quien puede acceder a esos
emolumentos; y la segunda, la multa, tiene como destinatario al Estado,
conforme a lo preceptuado en la Ley 66 de 1993, modificada en lo pertinente por
la Ley 633 de 2.000.
Con
detalle la sentencia lo consignó así:
“Ubicada entonces la conducta en el primer inciso del
artículo 133 del Código Penal de 1980, modificado por la Ley 190 de 1995, la
pena principal oscila entre 6 y 15 años de prisión, multa por el valor de lo
apropiado e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término
de la privación de libertad.
“La individualización se hace así:
“a. En cuanto a la pena de prisión:
“i)
Desde el punto de vista de la pena corporal, se toma como punto de partida el
mínimo punitivo establecido en la ley, es decir, seis (6) años de prisión.
“ii)
Se incrementa ese mínimo en dos (2) años por la gravedad del hecho y por el
grado de culpabilidad. Lo primero., porque el comportamiento finalmente
perpetrado fue desplegado a través de una pluralidad de acciones, cada una de
ellas, en diferentes tiempos, lesiva de la administración pública, es decir,
por un largo periodo el doctor MARULANDA vulneró tal interés radicado en
cabeza del Estado colombiano; y lo segundo, porque la conducta investigada y
juzgada permite afirmar un dolo obediente a un plan bastante pensado, previamente
organizado y prolongado en el tiempo. Puede afirmarse que casi durante todo el
ejercicio del cargo a nombre del Estado, obró malintencionadamente contra este.
“iii)
Como la acusación no dedujo causales genéricas o de mayor punibilidad, no se tiene
en cuenta este aspecto.
“iv)
Debido a que hubo reintegro de todo lo indebidamente apropiado antes de la
sentencia correspondiente, de acuerdo con el artículo 139.2 del Código Penal,
se reducirá la sanción en la mitad, para un total de cuatro (4) años de
prisión.
“Por último, importa tener en cuenta:
“En la resolución acusatoria se hizo alusión a la
comisión de un delito continuado, partiendo de la estructura de la conducta
desplegada por el autor. Sin embargo, no se agrava la sanción corporal con base
en el parágrafo del artículo 31 del Código Penal del 2000, porque disposición
similar no aparecía en la legislación de 1980. Dicho de otra forma, es
imperativo acudir al Código Penal anterior, por ultractividad, y dejar de
aplicar el vigente, por imposibilidad de retroactividad en contra del
procesado.
“b. En cuanto a la multa.
Como determina el artículo 133 del Código Penal de
1980, la multa imponible es la "equivalente al valor de lo
apropiado". Así ha tenido ocasión de precisarlo la Sala: la pena pecuniaria
"es fija y corresponde, por lo tanto, al valor de lo apropiado"
(sentencia del 4 de febrero del 2003, radicado 16.481).
“c. La interdicción del ejercicio de derechos y
funciones públicas. Prevé la norma citada interdicción de seis (6) a quince (15)
años. El artículo 397 del Código Penal del 2000, en materia de peculado por
apropiación, establece pena de inhabilitación "por el mismo término".
Para el caso concreto, entonces, es más benigna la nueva legislación y, por
tanto, la inhabilitación será de cuatro (4) años.
“En consecuencia, el doctor MARULANDA RAMIREZ será
condenado a cuatro (4) años de prisión, multa por valor de $ 32.273.346 e
interdicción de derechos públicos por el término de cuatro (4) años.”
Cargo que también debe desecharse por no tener ningún
fundamento real.
En
lo que toca al último cargo traído por la demandante en la tutela y
circunscrito a la supuesta “estrecha amistad” entre el Fiscal General de la
Nación de ese entonces y la Defensora de Oficio del señor Marulanda, esta Sala
se limita a señalar que es claramente un cargo contra la Fiscalía, que por lo
demás hubiese podido constituir una causal de recusación en su momento, pero a
esta altura es un asunto ajeno a la decisión adoptada por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia.
De lo expuesto resulta, que en el caso sub examine, no
se encuentra probado ningún defecto sustantivo, fáctico, orgánico o
procedimental que permita predicar algún vicio en la providencia enjuiciada, ni
menos aún, se encuentra establecida la violación de algún derecho fundamental
del señor CARLOS ARTURO MARULANDA RAMIREZ.
Por las razones expuestas ésta Sala denegará el amparo
deprecado y, en consecuencia, confirmará la decisión del Consejo Superior de la
Judicatura de 30 de marzo de 2006.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución Nacional,
RESUELVE:
Primero.
LEVANTAR la suspensión del término,
decretada para decidir el presente asunto.
Segundo. CONFIRMAR la sentencia proferida por el
Consejo Superior de la Judicatura el 30 de marzo de 2006, que negó la tutela
interpuesta a través de apoderada, por el ciudadano CARLOS ARTURO MARULANDA
RAMÍREZ.
Tercero.
Por Secretaría, líbrese la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado Ponente
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia
C-543 del 1 de octubre de 1992.
[2] La
regla jurisprudencial sobre las causales de procedibilidad de la acción establecida
en este fallo proferido por la Sala Séptima de Revisión, ha sido reiterada en
las sentencias T-949 de 2003 y        T-774 de 2004, entre otras.
[3]
Dichas disposiciones normativas incluidas en los instrumentos de Derechos
Humanos mencionados hacen parte del bloque de constitucionalidad y, en
consecuencia, se encuentran incorporados a la Constitución Política por vía del
artículo 93 Superior.
[4] Sentencia T-1320 de 2005
[5] Sentencia T-933 de 2003.
[6] Cfr. Sentencia T-001/99.
[7] Cfr. Sentencia SU-622/01
[8] Sentencia T-116/03.
[9] Cfr. Sentencias C-543/92,
T-329/96, T-567/98, T-511/01, SU-622/01, T-108/03.
[10] Cfr. Sentencia T-440 de 2003. La Corte concedió la tutela a una entidad bancaria y
algunos usuarios de la misma, por considerar que en el trámite de una acción de
grupo la autoridad judicial había desconocido los derechos a la intimidad y al
debido proceso, al ordenar la remisión de varios documentos que implicaban la
revelación de datos privados confiados a una corporación bancaria.  Sobre la
procedencia de la tutela la Corte señaló: “(...) En segundo lugar, la Corte también desestima la
consideración según la cual existió una omisión procesal por parte de los
usuarios del Banco Caja Social. Dichas personas no integraban el pasivo del
proceso de acción de grupo (...).
Por lo tanto, difícilmente podían los ahora tutelantes controvertir
providencias judiciales que no les habían sido notificadas, y que, por demás,
habían sido proferidas en el transcurso de un proceso judicial de cuya
existencia no estaban enterados.”  En
sentido similar pueden consultarse las Sentencias T-329 de 1996 y T-567 de
1998.
[11] Sentencia T-1110 de 2005.
[12] Sentencia T-654 de 1998.
[13] Decreto 2700 de 1991, Ley 600 de 2000 y
Ley 906 de 2004
[14] Decreto 2700/1991.
“ARTICULO 356. Emplazamiento para indagatoria.
Cuando no hubiere sido posible hacer comparecer a la persona que debe rendir
indagatoria, se le emplazará por edicto que permanecerá fijado durante cinco
días en un lugar visible del despacho. Si vencido este plazo no hubiere
comparecido, se le declarará persona ausente y se le designará defensor
de oficio.
En ningún caso
podrá emplazarse a persona que no esté plenamente identificada.
Si la comparecencia
para rendir indagatoria se intenta a través de orden de captura, vencidos diez
días contados a partir de la fecha en que la orden haya sido recibida por las
autoridades que deban ejecutar la aprehensión y no se obtenga respuesta, se
procederá conforme a lo previsto en este artículo.” [Énfasis fuera de
texto]
Ley 600/2000.
“ARTÍCULO 344 DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE. Si
ordenada la captura, no fuere posible hacer comparecer al imputado que deba
rendir indagatoria, vencidos diez (10) días contados a partir de la fecha en
que la orden haya sido emitida a las autoridades que deban ejecutar la sin que
se haya obtenido respuesta, se procederá a su vinculación mediante
declaración de persona ausente. Esta decisión se adoptará por resolución de
sustanciación motivada en la que se designará defensor de oficio, se
establecerán de manera sucinta los hechos por los cuales se lo vincula, se
indicará la imputación jurídica provisional y se ordenará la práctica de las
pruebas que se encuentren pendientes. Esta resolución se notificará al defensor
designado y al Ministerio Público y contra ella no procede recurso alguno.” [Énfasis
fuera de texto]
[15] Ley 906 de 2004.
“ARTÍCULO 127. AUSENCIA DEL IMPUTADO. Cuando al fiscal
no le haya sido posible localizar a quien requiera para formularle imputación o
tomar alguna medida de aseguramiento que lo afecte, solicitará ante el juez
de control de garantías que lo declare persona ausente adjuntando los
elementos de conocimiento que demuestren que ha insistido en ubicarlo. El
imputado se emplazará mediante edicto que se fijará en un lugar visible de la
secretaría por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio
radial y de prensa de cobertura local.
“Cumplido lo anterior el juez lo
declarará persona ausente, actuación que quedará debidamente registrada, así
como la identidad del abogado designado por el sistema nacional de defensoría
pública que lo asistirá y representará en todas las actuaciones, con el cual se
surtirán todos los avisos o notificaciones. Esta declaratoria es válida para
toda la actuación.”
[16] Sentencia C-412 de 1993.
[17] Folio
19 del escrito de primera instancia
[18] Sentencia T-1320  de 2001
[19] Sobre la descripción genérica del defecto fáctico
como vicio de una sentencia judicial que la convierte en una vía de hecho,
pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-231 de 1994  y  T-567 de
1998.
[20] Sentencia T-442 de 1994l.
[21] Sentencia SU-1300 de 2001. La Corte encontró
perfectamente razonable la valoración de las pruebas que hizo el Juez Regional
en la sentencia anticipada. El Juez no omitió ni ignoró prueba alguna, ni dio
por probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que el incremento
patrimonial no justificado del procesado, se derivó de actividades delictivas
se probó a través de la confesión de {varios testigos}, y de un conjunto concurrente
de indicios, entre los cuales sobresale el hecho de que las cuentas en las
cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques recibidos por el
peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa y las fotocopias
de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos de las empresas
constructoras de la familia”.
[22] Sentencia T-442 de 1994.
[23] Sentencia T-538 de 1994.
[24] Sentencia SU-157-2002.
[25] Sentencia T-442 de 1994.
[26] Sentencia T-239 de 1996.
[27] Sentencia T-576 de 1993
[28] Por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de 1994.
[29] La ya citada sentencia T-538 de 1994.
[30] Sentencia T-442 de 1994.
[31] Sentencia T-039 de 2005.
[32] T-1247 de 2005
[33] Sentencia T-1101 de 2005
[34]
Sentencias T-008 de 1998 y T-189 de 2005.
[35] Ver
sentencia T-205 de 2004.
[36] Al
respecto, consultar sentencias T-804 de 1999 y T-522 de 2001.
[37] Esta
Corporación, mediante la sentencia T-1244 de 2004.
[38]
Consultar sentencias T-694 de 2000 y T-807 de 2004.
[39] Corte constitucional, Sentencia T-056 de 2005.
[40] Sentencia de unificación 159 de 2002.
[41] Tal
como fue  modificado por los artículos 18 y 19 de la Ley 190  de 1995, norma
vigente para la fecha de los hechos y cuya punibilidad es idéntica a la
prevista en el artículo 397 de la Ley 599 de 2000.