C-370-19
Sentencia C-370/19
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Competencia de la Corte
Constitucional
CONCEPTO
DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones
claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes
RESERVA
DE LEY ESTATUTARIA EN REGULACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES-Reiteración
de jurisprudencia/LEY ESTATUTARIA-Aprobación por mayoría absoluta de
miembros del Congreso/RESERVA DE LEY ESTATUTARIA-Interpretación
restrictiva
DERECHO
A LA OBJECION DE CONCIENCIA-Rango constitucional/OBJECION
DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Creencias deben ser
profundas, fijas y sinceras
OBJECION
DE CONCIENCIA-Derecho fundamental
OBJECION
DE CONCIENCIA-Doctrina constitucional
[L]a doctrina
constitucional ha experimentado una evolución en cuanto a la naturaleza del
derecho a la objeción de conciencia. Inicialmente, la objeción de conciencia no
era considerada un derecho constitucional y, a lo sumo, se trataba como un
derecho legal, si así lo decidía el Legislador. No obstante, esta posición fue
explícitamente superada. Desde allí, algunas sentencias han considerado la
objeción de conciencia como un derecho fundamental autónomo que se desprende de
la libertad de conciencia, la libertad de religión y la libertad de
pensamiento. Otras han advertido que el desconocimiento de la objeción de
conciencia es una manera de violentar la libertad de conciencia, luego no es un
derecho autónomo, sino un ámbito de protección de este derecho. Finalmente, la
posición más reciente ha establecido que el derecho a la objeción de conciencia
es un derecho autónomo y nominado en el apartado final del artículo 18
Constitucional que indica que nadie puede ser obligado a actuar contra su
conciencia. Al margen de estas diferencias, en los últimos tres momentos
señalados la objeción de conciencia es reconocida como un derecho
constitucional y susceptible de ser amparado mediante acción de tutela.
OBJECION
DE CONCIENCIA-Derecho autónomo y nominado
(…) la Sala considera
que la objeción de conciencia, en general, es un derecho autónomo y nominado de
conformidad con el apartado final del artículo 18 de la Constitución que reza
que las personas tienen derecho a no ser obligadas a actuar contra su
conciencia, postura que desarrolla el principio pro homine que ordena
preferir la interpretación más favorable a los derechos humanos. Además, esta
interpretación es la que mejor interpreta el principio de efectividad de los
derechos constitucionales (artículo 2° de la Carta), por cuanto protege esta
posición jurídica en sí misma, sin necesidad de apelar a otros derechos que
podrían debilitar su salvaguarda en tanto no se verifique la violación de estos
últimos. Asimismo, la interpretación por la que acá se adopta dentro de las que
ha hecho la Corte es razonable, toda vez que recurre a una lectura literal y
sistemática del artículo 18 de la Constitución en conjunto con el artículo 20 y
garantiza el efecto útil de cada uno de los apartes del artículo 18, en el
entendido de que cada uno de ellos tiene una aplicación práctica y autónoma.
OBJECION
DE CONCIENCIA-Alcance
[E]l alcance de la
objeción de conciencia a la prestación del servicio militar obligatorio puede
ser legítimamente acotado por el Legislador, siempre y cuando respete el
principio de proporcionalidad y siempre que las limitaciones no sean en exceso
restrictivas que hagan nugatorio este derecho, pero tampoco sean demasiado
amplias como para desconocer el principio de igualdad ante la ley y las
necesidades de defensa y seguridad del Estado, que son los bienes jurídicos que
se pretenden proteger con el establecimiento de la obligación de la prestación
del servicio militar.
OBJECION
DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Ámbito
internacional/OBJECION DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Derecho
fundamental derivado de la libertad de conciencia y religiosa
[D]erecho
internacional de los derechos humanos que hace parte del bloque de
constitucionalidad se ha preocupado por el derecho a la objeción de conciencia,
el cual ha sido derivado de la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión consignada en los artículos 12 y 18 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
respectivamente. Aunque
la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Comité de Derechos
Humanos han entendido de manera amplia los tipos de convicciones que pueden
activar la objeción de conciencia a determinado deber, al señalar que los
motivos pueden ser religiosos, morales, éticos, humanitarios o de índole
similar y que no debe haber diferenciación entre los objetores de conciencia
sobre la base del carácter de sus creencias particulares, simultáneamente han
admitido que el Legislador establezca restricciones a este derecho con la única
condición de que ellas sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la
salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los
demás.
NORMA
ACUSADA-Contenido y alcance
RESERVA
DE LEY ESTATUTARIA-Criterios para determinar los asuntos
que requieren el trámite de ley estatutaria
RESERVA
DE LEY ESTATUTARIA-Criterios para su determinación respecto
de derechos fundamentales/OBJECION DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO-Derecho subjetivo
OBJECION
DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Regulación
integral, completa y sistemática
OBJECION
DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Facultad
del legislador para limitar el derecho de objeción de conciencia
Referencia: expediente
D-12372
Demanda
de inconstitucionalidad contra los artículos 77, 78, 79 y 80 de la Ley 1861 de
2017, “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de
reservas y la movilización”.
Demandantes:
Andrés
Eliécer Castañeda y Mercy Julieth Olaya Corredor
Magistrada
Sustanciadora:
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C.,
catorce (14) de agosto de dos mil diecinueve (2019).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial de las previstas en el numeral 4º del
artículo 241 de la Constitución Política, una vez cumplidos los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto ley 2067 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución
Política, los ciudadanos Andrés Eliécer Castañeda y Mercy Julieth Olaya
Corredor presentaron, ante esta Corporación, demanda de inconstitucionalidad en
contra de los artículos 77, 78, 79 y 80 de la Ley 1861 de 2017, “Por la cual
se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización”, por
considerar que quebrantan los artículos 2°, 5°, 15, 18, 29, 83, 84, 85, 93, 94,
152 y 153 de la Constitución.
Mediante
Auto del 27 de octubre de 2017[1],
se
admitió la demanda en contra de: (i) los artículos
77 y 78 de la Ley 1861 de 2017, por la supuesta
violación del artículo 29 de la Constitución; (ii) el numeral 2º del artículo
79 de la Ley 1861 de 2017, por la supuesta violación de los
artículos 18, 93 y 94 de la Constitución; (iii) el numeral 3º del artículo
79 de la Ley 1861 de 2017 por la supuesta violación de los
artículos 15, 83 y 84 de la Constitución; y (iv) los artículos 77 a 80 de la
Ley 1861
de 2017
por la supuesta vulneración de los artículos 152, literal a), y 153 de la
Constitución.
A su vez, se
inadmitió la demanda en contra de: (i) los artículos 77
a 80 de
la Ley 1861
de 2017
por el supuesto desconocimiento de los artículos 2° y 5° Constitucionales;
(ii) el
artículo 79 de la Ley 1861 de 2017 por la supuesta
vulneración del artículo 15 de la Constitución; y (iii) los
artículos 77 a 80 de la Ley 1861 de 2017 por el presunto
desconocimiento del artículo 85 de la Carta. En consecuencia, se concedieron
tres días a los accionantes para que corrigieran su demanda. Dado que estos no
presentaron escrito de corrección, a través de Auto del 22 de noviembre de
2017[2],
se rechazaron los cargos que habían sido previamente inadmitidos. Asimismo, se
suspendieron los términos del proceso de constitucionalidad de la referencia,
sin perjuicio de que durante el tiempo de dicha suspensión se recibieran
escritos ciudadanos de intervención y el concepto del Ministerio Público, en
cumplimiento de lo ordenado en los numerales 4º y 5º de la providencia.
Mediante Auto
608 de 2018[3],
se levantó esa medida y se ordenó comunicar el inicio del proceso al Presidente
de la República, al Presidente del Congreso, a los Ministerios de Defensa
Nacional, de Justicia y del Derecho, del Interior y de Salud para que, si así
lo consideraban, intervinieran directamente o por intermedio de apoderado
escogido para el efecto en el término señalado. Del mismo modo, se invitó a la
Academia Colombiana de Jurisprudencia, a las facultades de Derecho de las
Universidades del Rosario, Externado de Colombia, Nacional de Colombia, de
Nariño, Sergio Arboleda, La Sabana, del Atlántico, Libre de Colombia, ICESI, de
los Andes, EAFIT, así como a Dejusticia, a la Comisión Colombiana de Juristas,
a la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia –ACOOC, a
JUSTAPAZ, a Women’s Link Worldwide, a la Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres,
al Centro de Derechos Reproductivos y al Programa de Acción por la Igualdad y
la Inclusión Social (PAIIS) para que, si lo consideraban oportuno,
intervinieran en este asunto para defender o atacar la constitucionalidad de
las normas demandadas.
Cumplidos los
trámites constitucionales y legales propios de esta clase de juicios y previo
concepto de la Procuraduría General de la Nación, procede la Corte a decidir la
demanda de la referencia.
II.
TEXTO DE LAS NORMAS DEMANDADAS
A
continuación se transcribe el texto de las normas acusadas:
“LEY 1861 DE 2017
(agosto 4)
Diario Oficial No. 50.315 de 4 de agosto de 2017
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por la cual se reglamenta el servicio de
reclutamiento, control de reservas y la movilización.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
[…]
TRÁMITE DE LA
OBJECIÓN DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO.
ARTÍCULO 77.
COMPETENCIA. El
Ministerio de Defensa conocerá de las declaraciones de objeción de conciencia
al servicio militar obligatorio a través de la Comisión Interdisciplinaria de
Objeción de Conciencia.
La Comisión Interdisciplinaria de Objeción
de Conciencia estará constituida:
1. A nivel territorial, por las comisiones
interdisciplinarias de objeción de conciencia, que resolverán en primera
instancia las declaraciones de objeción de conciencia. Estarán integradas por
el comandante del distrito militar correspondiente, un Comité de Aptitud
Psicofísica conformado por un médico y un sicólogo, el asesor jurídico del
Distrito Militar y un delegado del Ministerio Público.
2. A nivel nacional, por la Comisión
Nacional de Objeción de Conciencia, que resolverá en segunda instancia las
declaraciones de objeción de conciencia. Estará integrada por el Director de
Reclutamiento del Ejército Nacional, un delegado del Ministerio Público, un
Comité de Aptitud Psicofísica conformado por un médico y un psicólogo y un
asesor jurídico de la Dirección de Reclutamiento.
PARÁGRAFO. La Comisión Interdisciplinaria de
Objeción de Conciencia basará su decisión en el concepto técnico y jurídico
emitido por los profesionales que lo conforman.
ARTÍCULO 78.
ATRIBUCIONES. La
Comisión de Objeción de Conciencia tendrá las siguientes competencias:
1. Conocer y dar respuesta a las
solicitudes y recursos presentados de declaración de objeción de conciencia que
hayan sido formulados por los objetores de conciencia al servicio militar
obligatorio.
2. Dar respuesta a la solicitud presentada
por el objetor de conciencia.
ARTÍCULO 79. DEL
PROCEDIMIENTO. Para
ser reconocido como objetor de conciencia al servicio militar obligatorio se
deberá presentar solicitud ante la Comisión Interdisciplinaria de Objeción de
Conciencia, en la cual se deberá manifestar por escrito o en forma verbal su
decisión de objetar conciencia. En la solicitud se expondrán los motivos para
declararse objetor. Esta solicitud se entenderá presentada bajo la gravedad de
juramento.
La formulación de la objeción de conciencia
contendrá:
1. Datos personales del objetor. Nombres y
apellidos completos del objetor o de su apoderado si es el caso, documento de
identificación, domicilio, teléfonos, lugar de notificación y correo
electrónico sí lo tuviere.
2. Las razones éticas, religiosas o
filosóficas que resultan incompatibles con el deber jurídico cuya exoneración
se solicita.
3. Los documentos y elementos de prueba que
acrediten la sinceridad de sus convicciones, es decir, que sean claras,
profundas, fijas y sinceras en que fundamenta su solicitud.
El ciudadano que manifieste su objeción de
conciencia de forma verbal deberá aportar los documentos y elementos de prueba
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la formulación.
El objetor podrá presentar su solicitud
ante cualquier Distrito Militar del país y será resuelta por la Comisión
Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia del Distrito Militar competente.
La presentación de la declaración suspenderá el proceso de incorporación hasta
que se dé respuesta por la autoridad competente.
PARÁGRAFO. La petición formulada por el objetor
de conciencia al servicio militar obligatorio puede ser coadyuvada por
organizaciones defensoras de derechos humanos o instituciones de carácter
religioso, filosófico u otras de similar naturaleza.
ARTÍCULO 80. DE LOS
TÉRMINOS PARA RESOLVER. La Comisión Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia
dispondrá de un término máximo de quince (15) días hábiles a partir de la
radicación del escrito o de la recepción de la manifestación verbal realizada
ante el funcionario competente, para resolver la solicitud de declaratoria de
objeción de conciencia que formulen los objetores a servicio militar
obligatorio.
Contra la decisión de primera instancia de
la Comisión Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia procederán los
recursos de reposición y en subsidio de apelación”.
III.
LA DEMANDA
Los
demandantes presentan cuatro cargos en contra de los artículos 77, 78, 79 y 80
de la Ley 1861 de 2017 que se pasan a exponer.
Violación
del derecho al debido proceso
En el
primer cargo, acusan los artículos 77 y 78 por vulnerar el artículo 29 de la
Constitución atinente al debido proceso. Sostienen que los artículos demandados
“no establecen un trámite evidentemente imparcial y garantista de los
derechos fundamentales, ante un órgano objetivo, independiente, que esté
separado de la función militar y de la fuerza pública”[4]. Lo
anterior, debido a que varios miembros de la Comisión Interdisciplinaria de
Objeción de Conciencia, en los niveles territorial y nacional, que son los
competentes para conocer y dar respuesta a las solicitudes de objeción de
conciencia en primera y segunda instancia, respectivamente, pertenecen a “las
autoridades del servicio de reclutamiento y movilización, que si bien pueden
estar revestidas de funciones administrativas, siguen siendo parte de la
estructura de carácter militar, como lo son el comandante del distrito militar
respectivo y el asesor jurídico del distrito militar; un comité de aptitud
psicofísica conformado por dos profesionales (médico y psicólogo) de los que no
se determinó la naturaleza de su procedencia, lo que, por ende, se entiende que
permite que también puedan ser designados por parte de las autoridades
militares y/o la fuerza pública; el director de reclutamiento del ejército
nacional y el asesor jurídico de la Dirección de Reclutamiento”[5]. Esta
composición puede derivar, según los demandantes, en un conflicto de intereses.
Además,
sostienen que la casi nula participación de autoridades civiles en la Comisión
Interdisciplinaria no garantiza la imparcialidad e independencia de este
órgano. Sumado a lo anterior, el establecimiento de instancias y recursos no
subsana el déficit de imparcialidad e independencia, puesto que “el trámite
citado permanece en cabeza del órgano aquí cuestionado (Comisión
Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia)”[6].
Violación
del derecho a la libertad de conciencia
El segundo
cargo recae sobre el numeral 2° del artículo 79 de la Ley 1861 de 2017 que, en
el sentir de los demandantes, vulnera el derecho a la libertad de conciencia
(artículo 18 de la Carta) al limitar a razones éticas, religiosas y filosóficas
la posibilidad de ejercer el derecho a la objeción de conciencia. Para ellos,
debería poderse enunciar razones de cualquier índole, como las humanistas,
políticas, culturales, no teístas, etc. Esta situación igualmente lesiona,
según la demanda, el artículo 94 de la Constitución, el cual “hace una clara
determinación de la obligatoriedad de reconocimiento de los derechos inherentes
del ser humano, que no requieren una mención taxativa, pues por su misma
naturaleza se entienden existentes, como ocurre con los derechos a la libertad
de pensamiento, de conciencia, a la libertad de creencias y a la intimidad, que
si bien han sido enunciados desde el ámbito constitucional y legal, antes que
nada deben reconocerse que por sí mismos son connaturales de la condición
humana”[7].
A su turno, la limitación de la procedencia de la objeción de conciencia a tres
motivos también desconoce el numeral 1° del artículo 18 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos que se refiere a la libertad de conciencia y “la
Resolución 1998/77 de la Comisión de Derechos Humanos, que afirmó sobre la
objeción de conciencia al servicio militar que este ‘emana de principios y
razones de conciencia, incluso de convicciones profundas basadas en motivos
religiosos, morales, éticos, humanitarios o de índole similar’”[8].
Violación
del principio de buena fe, del derecho a la intimidad y de la prohibición de
exigir requisitos adicionales para ejercer derechos
El
tercer cargo tiene que ver con el supuesto desconocimiento de los artículos 15,
83 y 84 Constitucionales por parte del numeral 3° del artículo 79 de la Ley
1861 de 2017, el cual impone el deber a los solicitantes de que, en la
formulación de la objeción de conciencia, incluyan las pruebas que acrediten
que sus convicciones para negarse a prestar el servicio militar obligatorio son
claras, profundas, fijas y sinceras. Los accionantes advierten que la exigencia
de documentos y elementos de prueba para ejercer el derecho a la objeción de
conciencia viola, no solo el principio de buena fe, sino también el derecho a
la intimidad y el contenido del artículo 84 de la Constitución, en cuanto “establece
o exige requisitos adicionales para su ejercicio”[9].
Violación
de la reserva de ley estatutaria
El
último cargo formulado se relaciona con la reserva de ley estatutaria y
defiende la idea de que la Ley 1861 de 2017 “tuvo la pretensión de regular
de manera integral, estructural y completa el derecho [a la objeción de
conciencia], siendo esta una de las características que configuran la reserva
de ley estatutaria”[10].
De modo que esta norma debió tramitarse, en el sentir de los actores, como una
ley estatutaria y no como una ley ordinaria.
IV. INTERVENCIONES
1. Presidencia de
la República[11]
La Presidencia de la República solicita
la declaratoria de EXEQUIBILIDAD de los artículos demandados. Con
respecto a la supuesta vulneración del artículo 29 de la Constitución por parte
de las disposiciones que prevén la competencia y composición de la Comisión
Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia, señala que esta responde a lo
ordenado por la Corte Constitucional en Sentencia SU-108 de 2016[12],
providencia que sugirió que, “el comité encargado de dar trámite de fondo a
las solicitudes ciudadanas de objeción de conciencia frente al servicio
militar, esté conformado por un equipo de expertos interdisciplinarios del más
alto nivel, formados en distintas especializaciones. En particular, alguno de
dichos profesionales debería tener conocimientos específicos en derechos
humanos y en los precedentes jurisprudenciales que la Corte Constitucional ha
pronunciado sobre el derecho fundamental a objetar conciencia frente al
servicio militar obligatorio”. Adicionalmente, la Presidencia aclara que
las normas sobre competencia y composición de la Comisión Interdisciplinaria de
Objeción de Conciencia garantizan los principios de imparcialidad,
independencia y objetividad, debido a su carácter interdisciplinario. Así
mismo, los solicitantes tienen derecho a interponer el recurso de apelación en
contra de la decisión que resuelve sobre la objeción de conciencia al servicio
militar obligatorio y la Comisión Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia
basará su decisión en el concepto técnico y jurídico emitido por los
profesionales que la conforman, de acuerdo con el artículo 77 demandado.
El interviniente explica que la
limitación a tres causales de la solicitud de objeción de conciencia no viola
la libertad de conciencia si se entiende en contexto con la jurisprudencia de
la Corte Constitucional. Para fundamentar su afirmación, cita nuevamente la Sentencia
SU-108 de 2016[13]
que planteó que “[l]a objeción de conciencia no sólo procede por motivos
religiosos, sino que incluye razones morales, éticas, humanitarias, políticas,
filosóficas, entre otras”.
En lo que tiene que ver con el cargo
sobre la obligación de exponer las razones junto con los elementos de prueba
que fundamentan la objeción de conciencia, la Presidencia defiende su
constitucionalidad en el sentido de que la resistencia a obedecer un deber
jurídico debe basarse en la acreditación de una discrepancia entre la norma
jurídica y alguna norma moral o de cualquiera otra índole, según la
jurisprudencia constitucional. Para ello, cita las Sentencias C-728 de 2009[14],
T-603 de 2012[15]
y Sentencia SU-108 de 2016[16].
Advierte que, si se declarara la inconstitucionalidad de este deber de expresar
los motivos para declararse objetor de conciencia y de presentar elementos de
prueba, se permitiría que cualquier persona eludiera la obligación de prestar
el servicio militar sin fundamento alguno.
Finalmente, aduce que las normas
demandadas son procedimentales, que reglamentan el trámite para garantizar el
derecho de objeción de conciencia, que no regulan su núcleo esencial y que
tampoco consagran restricciones, excepciones, prohibiciones o limitaciones al
ejercicio de este derecho. Por ende, considera que su expedición no desconoce
la reserva de ley estatutaria.
2. Universidad Libre –Seccional
Bogotá-[17]
La Universidad Libre le pide a la Corte
Constitucional declararse INHIBIDA de fallar todos los cargos porque la
argumentación de la demanda es insuficiente para que proceda un análisis de
constitucionalidad. Ello es así en la medida en que “las afirmaciones de los
demandantes no son más que peticiones de principio sin demostrar técnicamente
cada cargo de inconstitucionalidad”[18];
“[s]us argumentos consisten en hacer verificaciones escuetas a partir del
precedente constitucional”[19];
y “[s]u citación es inadecuada, ya que citan jurisprudencia, sin discernir
las reglas que el caso concreto arroja”[20].
Subsidiariamente, solicita la declaratoria de INEXEQUIBILIDAD de las
normas demandadas, pero por razones diferentes a las enunciadas en la demanda.
En primer lugar, la Universidad Libre
contextualiza el debate mediante un marco teórico sobre la objeción de conciencia,
del cual se resaltan dos ideas. Una, la objeción de conciencia no está
reconocida expresamente en instrumentos internacionales. Dos, el objetor debe
tener “una presunción en favor de sus ideales, primando el derecho a su
libertad de conciencia, siendo carga del Estado desvirtuarla”[21], de
acuerdo con el doctrinante Luis Prieto Sanchís. En segundo lugar, destaca que,
a partir del estudio de las Gacetas de la Asamblea Nacional Constituyente, se
observa que, en algunas, el derecho a objetar conciencia al servicio militar y
al porte de armas se encontraba como un derecho autónomo, pero que se suprimió en
el texto final aprobado de la Constitución. Posteriormente, llama la atención
sobre el hecho de que, en un primer momento, la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
si bien reconoció el derecho a la objeción de conciencia, privilegió el deber
de prestación del servicio militar en la ponderación. Para sustentar su
posición, enuncia las Sentencias T-409 de 1992[22],
C-511 de 1994[23],
T-363 de 1995[24]
y C-740 de 2001[25].
Sin embargo, en un segundo momento esta jurisprudencia cambió para aceptar la
procedencia de la objeción de conciencia contra la prestación del servicio
militar obligatorio. De esta jurisprudencia extrae las cargas de información y
probatoria que tienen los objetores de conciencia en relación con el hecho de
que las creencias o convicciones que les impiden prestar el servicio militar
obligatorio sean profundas, fijas y sinceras.
Por último, el interviniente sostiene
que “[l]os ámbitos materiales de protección cerrados, como en la objeción de
conciencia, no son reglamentables”[26]
y no pueden tener intervención legislativa. Es decir, la objeción de conciencia
debe ser valorada caso a caso, pues las personas no están obligadas a esgrimir
razones objetivas, sino que también pueden alegar razones subjetivas para
objetar el cumplimiento de un deber jurídico. Sumado a lo anterior, “[e]sta
ley crea una norma general de protección de procedimiento, con criterios de
decisión que pueden ser reglamentados a discrecionalidad de la administración”[27].
Adicionalmente, “no es constitucional que toda la carga argumentativa y
probatoria sea del peticionario”[28].
Para la Universidad Libre, el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia
no puede quedar sujeto a los criterios de decisión del Estado, ya que ello “afecta
el ámbito irreductible de protección de la objeción de conciencia”[29]. En
esta línea de ideas, plantea varias preguntas que la norma demandada no
responde, como qué pasa si una persona objeta únicamente el uso de ciertas
armas, si no existen medios probatorios para demostrar las afirmaciones del
objetor, si la persona ha sido condenada por delitos relacionados con el porte
de armas o si una persona que practica un deporte de contacto físico puede
objetar conciencia por pacifista. Ante estos y otros interrogantes, se pregunta
cómo y qué debe decidir la Comisión Interdisciplinaria de Objeción de
Conciencia, lo cual demostraría que este derecho no puede ser regulado.
3. Defensoría del Pueblo[30]
La Defensoría del Pueblo solicita que se
declare la EXEQUIBILIDAD de los artículos 77, 78 y 80 de la Ley 1861 de
2017 y la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del numeral 2° del artículo 79 de
la misma norma en el entendido de que “los objetores de conciencia pueden
aducir razones morales, políticas, religiosas, éticas o filosóficas para
fundamentar la solicitud de exoneración de prestación del servicio militar”[31].
Como preámbulo de su intervención,
subraya que, según algunos estudios realizados por la entidad, los principales
obstáculos para el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia son: “(i)
la falta de regulación normativa en la materia; (ii) la falta de respuesta de
fondo de las autoridades militares a las solicitudes formuladas; y (iii) la
inaplicación y desconocimiento de la objeción de conciencia como una causal de
exención de la prestación del servicio militar obligatorio, entre otras”[32]. De
esta forma, resalta que la Ley 1861 representa un avance y que es importante
que la Corte tenga en cuenta esto en la evaluación de las consecuencias
prácticas que se seguirían de una eventual declaratoria de inconstitucionalidad
de los preceptos acusados.
En lo que tiene que ver con el cargo por
la supuesta violación del artículo 29 de la Carta, recuerda que la Sentencia
SU-108 de 2016[33]
dispuso que las autoridades militares deben conocer y resolver de fondo las
solicitudes de objeción de conciencia y ordenó al Comandante del Ejército
Nacional y al jefe de Reclutamiento del Ejército Nacional conformar un grupo
interdisciplinario para estudiar dichas solicitudes y resolver en un plazo de
15 días hábiles, el cual debería estar conformado por expertos en diversas
áreas del conocimiento y, especialmente, en derechos humanos. En consecuencia,
la Defensoría considera que la Ley 1861 de 2017 se ajusta a tal mandato.
Asimismo, manifiesta que la Comisión Interdisciplinaria de Objeción de
Conciencia “no solo está conformada por autoridades militares, sino también
por profesionales de otras disciplinas como la medicina, la psicología y el
derecho y, además, cuenta con la presencia de un delegado del Ministerio
Público”[34].
Paralelamente, destaca que las decisiones de esta Comisión podrán ser
recurridas por el objetor.
A pesar de lo anterior, la intervención
asegura que “la norma no establece de forma clara qué tipo de procedimiento
se adelanta, cuántas y cuáles autoridades tienen voz y voto en relación con el
reconocimiento del derecho o de qué forma se toma la decisión”[35], lo
cual no hace la norma inconstitucional pero sí sugiere que la Corte debe instar
al Ministerio de Defensa para que adopte algún acto que regule aspectos
administrativos que no están claros en la Ley 1861.
En atención al cargo referido a la
limitación de la objeción de conciencia a tres causales, afirma que “las
razones contenidas en la norma obedecen a categorías generales que comprenden
un sinnúmero de creencias, doctrinas y cosmovisiones […]. De conformidad con lo
expuesto, la Defensoría considera que el objetor tiene la posibilidad de
esgrimir razones de diferente naturaleza para fundamentar su solicitud de
objeción de conciencia frente al servicio militar. En este sentido, si el
objetor afirma que sus razones son políticas, culturales o humanistas –a manera
de ejemplo-, resulta claro que estas encuadran dentro de las categorías generales
establecidas en el numeral 2º del artículo 79 de la Ley 1861 de 2017, aunque
dichas expresiones no se hubieran consignado expresamente”[36]. Si
bien reconoce no compartir los argumentos de la demanda, cree que en algunos
casos se pueden presentar dudas interpretativas, por lo cual sería necesario
que la Corte condicionara la norma en el sentido que el listado de razones
consignadas en ella no puede tomarse como una lista taxativa y que debe ser
interpretada en un sentido amplio.
En relación con el cargo sobre la
necesidad de que el objetor de conciencia fundamente y pruebe las afirmaciones
que haga para no prestar el servicio militar obligatorio, detalla que este
tiene cargas y deberes, entre los que está, y para esto cita la Sentencia
T-455 de 2014[37],
“demostrar las manifestaciones externas de sus convicciones y de sus
creencias. Es su deber, probar que su conciencia ha condicionado y determinado
su actuar de tal forma que prestar el servicio militar obligatorio implicaría
actuar en contra de ella”. De lo contrario, aduce, la Comisión
Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia no tendría forma de pronunciarse
sobre las solicitudes que se le presenten.
El interviniente no comparte el cargo de
reserva de ley estatutaria de la demanda en la medida en que “la Ley 1861 de
2017 contiene un conjunto de instrucciones operativas de carácter
administrativo que regulan un procedimiento específico. Estas medidas, pese a
que tienen relación con el derecho fundamental a la objeción de conciencia, en
modo alguno determinan las prerrogativas básicas que se establecen del derecho,
los principios que guían su ejercicio o su régimen de protección y excepciones”[38]. A su
turno, expresa que la pretensión del Legislador fue cumplir las órdenes que la
Corte Constitucional ha impartido y no la de regular de forma integral el
derecho a la objeción de conciencia.
4. Ministerio de Defensa Nacional[39]
El interviniente propone a la Corte
declararse INHIBIDA por ineptitud sustancial de la demanda, dado que, en
su concepto, esta carece de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia. En su
defecto, sugiere declarar la EXEQUIBILIDAD de los artículos demandados.
En su sentir, la demanda “adolece del
‘concepto de la violación’ de las normas superiores vulneradas”[40], ya
que “solo sustenta cada cargo en la presunta vulneración a varios artículos
de la Carta Política señalando su supuesta inconstitucionalidad”[41]. Por
consiguiente, cree que la demanda es inepta.
Respecto de la violación del artículo 29
Superior por la falta de imparcialidad e independencia de la Comisión
Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia, el Ministerio precisa que, si
bien los profesionales en salud, psicología y derecho que la integran hacen
parte de la estructura militar, “lo que prevalece es el conocimiento y experticia
de su profesión”[42].
Además, encuentra que la presencia de un delegado del Ministerio Público es
garantía de imparcialidad e independencia. Refuerza este argumento aduciendo
que la decisión del Legislador de establecer la Comisión Interdisciplinaria de
Objeción de Conciencia no es arbitraria, sino producto de la jurisprudencia de
la Corte compilada en la Sentencia SU-108 de 2016[43].
En relación con el cargo asociado a la
delimitación de la objeción de conciencia a tres motivos, la intervención no
esgrime argumentos de índole constitucional para defender la disposición
demandada, sino que sostiene, con base en cifras, que, en la práctica, las
causales más alegadas por los ciudadanos para objetar la prestación del servicio
militar son las religiosas, seguidas de las éticas y filosóficas. Además,
manifiesta que en el evento de que alguien alegara otro motivo diferente a los
contemplados en la norma, le daría el trámite correspondiente, siempre y cuando
la causal invocada sea profunda, auténtica, fija y sincera.
A renglón seguido, el interviniente
transcribe fragmentos de las Sentencias C-728 de 2009[44] y
SU-108 de 2016[45]
de las que se infiere, a su juicio, que “le corresponde al ciudadano
exteriorizar las razones de objeción de conciencia para la prestación del
servicio militar y probar que son profundas, fijas y sinceras”[46]. En
este orden de ideas, defiende la constitucionalidad de la exigencia que hacen
las disposiciones demandadas de fundamentar y probar las convicciones que le
impiden a alguien prestar el servicio militar.
Como último punto, la intervención
aborda el cargo por violación de la reserva de ley estatutaria apuntando que el
derecho a la objeción de conciencia no fue desarrollado de manera íntegra en la
norma demandada, ya que “la libertad de conciencia no se predica únicamente
para el servicio militar obligatorio, sino que impacta diferentes esferas
propias de la vida en comunidad, como la educación, la salud y el trabajo”[47].
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Ministerio Público apoya la
declaratoria de INHIBICIÓN respecto al cargo dirigido en contra del
numeral 2° del artículo 79 de la Ley 1861 de 2017. En relación con artículos
77, 78, 79 y 80, pide la declaratoria de INEXEQUIBILIDAD por el cargo de
violación al principio de reserva de ley estatutaria. En cuanto a los artículos
77 y 78 de la referida ley, la EXEQUIBILIDAD por el cargo de
desconocimiento del artículo 29 de la Constitución. Con respecto al numeral 3°
del artículo 79 de la Ley 1861 de 2017, solicita declarar la EXEQUIBILIDAD
por el cargo de violación de los artículos 15, 83 y 84 Superiores[48].
El concepto desarrolla el argumento de
ineptitud sustancial de la demanda en relación con el cargo orientado a atacar
el hecho de que la Ley 1861 de 2017 solo contempla tres causales en las que es
procedente ejercer el derecho a la objeción de conciencia. Indica que la
acusación carece de certeza porque las causales que los demandantes no
encuentran en la norma, en efecto, están incluidas. Ello es así en la medida en
que las razones éticas, religiosas y filosóficas son muy generales. La
Procuraduría acude al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
para demostrar que los términos ética, religión y filosofía comprenden
numerosas hipótesis por las cuales alguien podría ser objetor de conciencia.
Igualmente, la Procuraduría resalta que en la demanda se indica que no existe
un servicio alternativo para los objetores de conciencia al servicio militar,
pero no se ofrecen razones por las cuales ello viola el derecho a la libertad
de conciencia, lo cual hace que el cargo carezca de claridad y suficiencia.
En lo que sigue, el concepto respalda el
cargo de reserva de ley estatutaria. Expone que la regulación del procedimiento
administrativo a través del cual se hace efectivo el derecho a la objeción de
conciencia necesariamente impacta su núcleo esencial, por cuanto la
estructuración del proceso configura el derecho fundamental en sí mismo, tal
como sucede con el derecho al habeas data, el derecho de petición, el
derecho al habeas corpus y la acción de tutela. La razón de esto es que
el mencionado derecho tiene un carácter instrumental en el sentido de que es “un
medio jurídico a través del cual las personas pueden ser eximidas del
cumplimiento de un deber jurídico por razones de conciencia”[49]. Así
pues, determina que las normas demandadas debieron haber seguido el trámite de
ley estatutaria y, por lo tanto, son inconstitucionales. Sin embargo,
manifiesta que la declaratoria de tal inexequibilidad debe tener un efecto
diferido en el tiempo para no impactar gravemente la protección del derecho
fundamental a la objeción de conciencia.
De otra parte, para la Vista Fiscal, del
hecho de que la Comisión Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia esté
compuesta en su mayoría por personas vinculadas a las fuerzas militares, no se
sigue su falta de objetividad, independencia e imparcialidad, toda vez que las
fuerzas militares son autoridades públicas que ejercen función administrativa,
luego están atadas a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, los cuales informan dicha función, de
acuerdo con el artículo 209 de la Carta. Así, la Procuraduría concluye que la
instancia que decida sobre las declaraciones de objeción de conciencia no tiene
que estar necesariamente separada de la función militar. Agrega que la
presencia de un delegado del Ministerio Público en la Comisión es una garantía
para los objetores de conciencia.
Finalmente, en su análisis del cargo en
contra de la obligación de exponer y probar en la solicitud de objeción de
conciencia las razones que soportan la no prestación del servicio militar, el Ministerio
Público conceptúa que ésta no es desproporcionada porque evita el abuso del
derecho, promueve la coherencia entre el fuero interno y externo y respeta la
jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha previsto que en estos casos se
debe verificar que las convicciones de los objetores sean profundas, fijas y
sinceras. A lo anterior agrega que, en caso de que existan razones que impidan
al objetor revelar sus creencias, el ordenamiento ofrece herramientas para
proteger sus derechos, como la excepción de inconstitucionalidad.
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1.
En
virtud de lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 241 de la Carta, la Corte
Constitucional es competente para conocer de esta demanda, pues se trata de una
acusación de inconstitucionalidad contra preceptos que forman parte de una ley
de la República.
Cuestión previa: aptitud de los
cargos
2.
Algunos
de los intervinientes en este proceso de constitucionalidad, específicamente la
Universidad Libre (Seccional Bogotá), el Ministerio de Defensa Nacional y la
Procuraduría General de la Nación, le solicitan a la Corte Constitucional declararse
inhibida por ineptitud sustantiva de la demanda.
La Universidad Libre considera que la argumentación
de la demanda es insuficiente para que proceda un análisis de
constitucionalidad, pues sus afirmaciones son peticiones de principio. El
Ministerio de Defensa Nacional, por su parte, señala que la demanda carece de
claridad, certeza, pertinencia y suficiencia en la medida en que “solo
sustenta cada cargo en la presunta vulneración a varios artículos de la Carta
Política señalando su supuesta inconstitucionalidad”[50].
Finalmente, la Procuraduría General de
la Nación encuentra falta de certeza, claridad y suficiencia en el cargo en
contra del numeral 2° del artículo 79 de la Ley 1861 de 2017, según el cual
limitar el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al servicio
militar solo a razones éticas, religiosas y filosóficas vulnera el derecho a la
libertad de conciencia. La ausencia de certeza se debe a que las razones para
objetar conciencia que los accionantes extrañan en la norma están incluidas en
ella, pues la definición de las palabras ética, religión y filosofía en el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española comprende “todo tipo
de normas morales regentes en cualquier ámbito de la vida; el discernimiento
individual o colectivo sobre lo bueno y lo malo; distintos sistemas de valores;
las creencias, dogmas y prácticas sobre la divinidad; la pertenencia a una
doctrina religiosa; las distintas visiones sobre la realidad y la conducta
humana; las maneras de pensar y concebir la vida, etc.”[51].
Adicionalmente, el Ministerio Público observa que la demanda menciona que no
hay un servicio alternativo para los objetores de conciencia al servicio
militar obligatorio, lo cual carece de claridad y suficiencia, puesto que no se
explican los motivos por los cuales tal omisión viola el derecho a la libertad
de conciencia.
En tal sentido, lo primero que hará la
Corte será pronunciarse sobre la aptitud de la demanda para establecer si es
posible proferir una sentencia de fondo.
3.
El
artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 señala los elementos que debe contener la
demanda en los procesos de control de constitucionalidad[52].
Específicamente, el ciudadano que ejerce la acción pública de
inconstitucionalidad contra una disposición determinada debe precisar: el objeto
demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la
Corte es competente para conocer del asunto. De este modo, la
concurrencia de los tres requerimientos mencionados hace posible un
pronunciamiento de fondo.
En cuanto al concepto de la violación,
la jurisprudencia ha sido constante[53] en manifestar que los
argumentos de inconstitucionalidad que se prediquen de las normas acusadas
deben ser claros, esto es, que exista un hilo conductor en la
argumentación que permita comprender el contenido de la demanda y las
justificaciones que la sustentan; ciertos, pues la demanda habrá de
recaer sobre una proposición jurídica real y existente; específicos, en
la medida en que el ciudadano precise la manera como la norma acusada vulnera
la Constitución y formule al menos un cargo concreto; pertinentes, ya
que el reproche debe fundarse en la apreciación del contenido de una norma
superior que se explica y se enfrenta con la norma legal acusada, mas no en su
aplicación práctica; y suficientes, por cuanto el demandante debe
exponer todos los elementos de juicio necesarios para iniciar el estudio y estos
deben generar alguna duda sobre la constitucionalidad de la disposición
acusada. La Sala, entonces, analizará estos requisitos para cada uno de los
cargos de la demanda.
4.
De
acuerdo con el primer cargo, los artículos 77 y 78 de la Ley 1861 de 2017 (los
cuales establecen la composición y la competencia de la Comisión
Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia) son inconstitucionales por violar
el derecho al debido proceso, ya que la mayoría de los miembros de esa
Comisión, que es la competente para conocer y dar respuesta a las solicitudes
de objeción de conciencia en primera y segunda instancia, pertenecen a “las
autoridades del servicio de reclutamiento y movilización”[54], lo
cual le resta imparcialidad, independencia y objetividad.
Para la Sala, este cargo carece de certeza,
puesto que no recae sobre una proposición jurídica real y existente, sino sobre
una deducida por el actor sin conexión con el texto de la disposición acusada.
Si bien es cierto que el artículo 77 demandado prescribe que la Comisión
Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia está integrada por algunas
personas vinculadas al Ejército Nacional, como lo son los comandantes de
distrito militar, el Director de Reclutamiento, los asesores jurídicos de los
distritos militares y los asesores jurídicos de la Dirección de Reclutamiento,
no es cierto que la norma disponga que el Comité de Aptitud Psicofísica,
conformado por un médico y un sicólogo, hace parte del Ejército Nacional. Los
demandantes basan su argumento en el supuesto de que este Comité de Aptitud
Psicofísica está vinculado al Ejército. Señalan que en la Comisión
Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia tiene asiento “un
comité de aptitud psicofísica conformado por dos profesionales (médico y
psicólogo) de los que no se determinó la naturaleza de su procedencia, lo que,
por ende, se entiende que permite que también puedan ser designados por parte
de las autoridades militares y/o la fuerza pública”[55]. Es
claro entonces para la Sala que esta suposición, que no se desprende del texto
de la disposición demandada, hace que el cargo sea incierto.
Igualmente, este cargo carece de claridad,
por cuanto el artículo 78 demandado se refiere a la competencia de la Comisión
Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia para conocer y dar respuesta a las
solicitudes y recursos presentados de declaración de objeción de conciencia. De
modo que si el cargo se concentra en atacar la composición de dicha Comisión
por no garantizar los principios de imparcialidad e independencia, no se
entienden las razones para demandar un artículo que no tiene nada que ver con
la integración de la Comisión. En consecuencia, la Sala considera que este
cargo no es apto para ser examinado y se inhibirá de fallar sobre él.
5.
Adicionalmente,
los demandantes no reconocen la presencia de un delegado del Ministerio Público
en la Comisión Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia, lo cual es un
aspecto relevante a la hora de plantear el cargo. Luego, el cargo también es insuficiente
porque no se presentan todos los elementos que configuran las premisas
normativas cuya validez se discute. Dicho de otra manera, la falta de
referencia a la asistencia de Ministerio Público en dicha Comisión hace que no
se integren todos los supuestos para que se genere una mínima duda de
inconstitucionalidad, en tanto, en principio, tal delegado, que no pertenece al
Ejército Nacional, podría ejercer una veeduría sobre la imparcialidad de las
decisiones de la Comisión Interdisciplinaria.
6.
Los
demandantes consideran, como segundo cargo, que la posibilidad de objetar
conciencia al servicio militar obligatorio no debe restringirse a razones
éticas, religiosas o filosóficas (numeral 2° del artículo 79 de la Ley 1861 de
2017), pues otros motivos podrían ser esgrimidos por las personas para ser
excluidas de la prestación del servicio militar obligatorio.
En este sentido, resaltan que
“el
Comité de Derechos Humanos en su Observación General N° 22 ha hecho referencia
al contenido del artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, en lo relativo a la protección de las creencias teístas, no teístas
y ateas, dejando en claro que su contenido no se limita en su aplicación a las
religiones tradicionales o a las religiones y creencias con características o
prácticas institucionales análogas a las de las religiones tradicionales”[56].
De igual modo, aluden a
“lo
expresado en Resolución 1998/77 de la Comisión de Derechos Humanos, que afirmó
sobre la objeción de conciencia al servicio militar que esta ‘emana de
principios y razones de conciencia, incluso de convicciones profundas basadas
en motivos religiosos, morales, éticos, humanitarios o de índole similar’,
reforzándose entonces la importancia del reconocimiento constitucional de este
derecho fundamental cuya invocación, se entiende, puede originarse en diversos
motivos, que no solo se limita a las tres causales que la parcialmente acusada
Ley 1861 de 2017 estima de manera taxativa en el numeral 2° del artículo 79”[57].
A partir de lo formulado en la demanda,
se encuentra que el segundo cargo está circunscrito a debatir por qué la ley
solo autorizó tres razones para presentar solicitud de objeción de conciencia,
lo cual se considera inconstitucional en la medida en que contraviene el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tal como ha sido interpretado en
la Observación General N° 22 del Comité de Derechos Humanos, que permitiría
objetar conciencia por otros motivos. Debido a que, de un lado, los
actores aluden a un documento emitido por un organismo autorizado para
interpretar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento
internacional que reconoce derechos humanos y que hace parte del bloque de
constitucionalidad; y, de otro lado, explican que el artículo 18 del Pacto
protege las creencias teístas, no teístas y ateas, la Sala concluye que el
cargo es apto por cumplir los requisitos de claridad, pertinencia, suficiencia,
especificidad y certeza.
La Procuraduría General de la Nación
conceptúa que este cargo en contra de la limitación de la procedencia de la
objeción de conciencia al servicio militar obligatorio a solo tres causales
carece de certeza, como sea que las razones éticas, filosóficas y religiosas
que hacen procedente la objeción de conciencia son conceptos muy amplios y, por
tanto, incluyen las razones para objetar conciencia que los demandantes
extrañan en la norma acusada. Aunque esto podría ser cierto, llegar a esta
conclusión requiere un análisis de constitucionalidad de fondo para determinar
qué quiere decir la norma cuando se refiere a “razones éticas, religiosas o
filosóficas”. En otros términos, no es manifiestamente claro que las
razones éticas, religiosas y filosóficas constituyan una lista abierta que incluya
muchas más razones por las que se podría objetar conciencia al servicio
militar. Por esta razón, la Sala no comparte el criterio de la Vista Fiscal y
estima que el cargo es cierto.
Por último, este segundo cargo es
acompañado del argumento según el cual la restricción de la objeción de
conciencia a razones éticas, religiosas o filosóficas desconoce el artículo 94
de la Carta, que
“hace
una clara determinación de la obligatoriedad de reconocimiento de los derechos
inherentes del ser humano, que no requieren una mención taxativa, pues por su
misma naturaleza se entienden existentes, como ocurre con los derechos a la
libertad de pensamiento, de conciencia, a la libertad de creencias y a la
intimidad, que si bien han sido enunciados desde el ámbito constitucional y
legal, antes que nada deben reconocerse que por sí mismos son connaturales de
la condición humana”[58].
Este argumento no cumple la exigencia de
suficiencia, debido a que no expone todos los elementos de juicio
necesarios para iniciar un estudio de constitucionalidad en relación con el
artículo 94 Superior. Los demandantes simplemente destacan que la libertad de
conciencia es un derecho inherente al ser humano –sin explicar por qué-, y que,
por tanto, está protegido por el artículo 94 Superior, luego limitar la
objeción de conciencia a tres causales vulnera dicha disposición
constitucional. Pero en ninguna parte explican por qué esa restricción
contraviene el artículo 94 de la Constitución, el cual dispone que “la
enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los
convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”.
Si el derecho a la libertad de conciencia está enunciado expresamente en la
Constitución y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como
lo reconoce la demanda, no es claro por qué se invoca el artículo 94 que se
refiere a derechos no consagrados positivamente. En consecuencia, la Sala no confrontará
la norma acusada con el artículo 94 Superior.
En síntesis, el segundo cargo formulado
contra el numeral 2° del artículo 79 de la Ley 1861 de 2017 será examinado en
relación con la presunta violación de derecho a la libertad de conciencia al limitar
su manifestación en el ámbito de la prestación del servicio militar a motivos
éticos, religiosos o filosóficos, de conformidad con el bloque de
constitucionalidad que aparentemente permite que la objeción de conciencia se
fundamente en un amplio catálogo de razones no taxativas.
7.
El
tercer cargo presentado tiene que ver con la vulneración del derecho a la
intimidad, el principio de buena fe y la prohibición de exigir requisitos
adicionales para el ejercicio de los derechos. Esta presunta violación de la
Constitución se daría, de acuerdo con la demanda, por parte del numeral 3° del
artículo 79 de la Ley 1861 de 2017, el cual ordena que la formulación de la
objeción de conciencia debe contener las pruebas que acrediten que las
convicciones que le impiden a una persona prestar el servicio militar
obligatorio son claras, profundas, fijas y sinceras. Este cargo es insuficiente
en la medida en que los actores no explican de qué manera la exigencia de
pruebas para acreditar la objeción de conciencia lesiona los contenidos
constitucionales que invocan. Su argumento se basa en afirmaciones que indican
que esta solicitud de pruebas vulnera los artículos 15, 83 y 84 de la
Constitución.
En este sentido, alegan que el principio
de buena fe es irrespetado,
“debido
a que se impone, como una obligación dentro de la formulación [de la objeción
de conciencia] a presentarse, la realización de una exposición de motivos y
razones para invocar su solicitud, situación que en nuestro análisis debería
bastar con la mera enunciación de razones de cualquier índole por parte del
solicitante para que el reconocimiento de su derecho a objetar en conciencia la
prestación del servicio militar obligatorio sea procedente”[59].
Con base en esta aseveración, la Sala
encuentra que los accionantes se limitan a afirmar que se viola la buena fe,
sin ofrecer razones por las cuales ello ocurre.
En relación con la supuesta vulneración
del derecho a la intimidad, aducen que
“el
solicitante estará disponiendo de una significativa cesión de su derecho a la
intimidad y a la libertad de conciencia, al exponer o manifestar las razones
éticas, religiosas o filosóficas que resultan incompatibles con el deber
jurídico cuya exoneración solicita, acto que per se denota un absoluto
compromiso con sus convicciones íntimas y personales cualquiera que fueren, que
a su vez debe constituirse como un acto de exteriorización de sus posiciones
personalísimas al respecto”[60].
Si bien en esta afirmación presentan motivos
por los cuales se violaría el derecho a la intimidad, no señalan por qué las
razones éticas, religiosas o filosóficas que se aduzcan para no prestar el
servicio militar obligatorio son convicciones protegidas por el derecho a la
intimidad ni por qué no es exigible exteriorizar dichas razones para exonerarse
de un deber impuesto por la Constitución. Esta afirmación es entonces una falacia
de petición de principio, como lo sostiene la Universidad Libre en su
intervención, pues la proposición que debe ser probada se incluye dentro de las
premisas.
Finalmente, agregan que la
reglamentación de la objeción de conciencia
“establece
o exige requisitos adicionales para su ejercicio, por cuanto que, además de
exigir taxativamente una declaración bajo gravedad de juramento en la que se
expondrán los motivos por los cuales se solicita el reconocimiento como
objetor, dispone en el numeral 3° del artículo 79 que se acredite la
‘sinceridad de sus convicciones’ a través de documentos y elementos de prueba,
lo que evidentemente también viola el contenido de lo dispuesto en el artículo
84 de la Carta Política”[61].
Este argumento es insuficiente,
ya que el artículo 84 de la Constitución prohíbe que las autoridades públicas
exijan permisos, licencias o requisitos adicionales para el ejercicio de un
derecho que ha sido reglamentado de manera general, lo cual requiere que los
demandantes especifiquen cuál es la reglamentación general del derecho a la
objeción de conciencia respecto de la cual el numeral 3° del artículo 79 de la
Ley 1861 de 2017 exige unos requisitos adicionales. De hecho, la norma
demandada parece buscar reglamentar de manera general la objeción de conciencia
al servicio militar obligatorio, es decir, que sería justamente desarrollo del
artículo 84 de la Constitución. En este orden de ideas, el argumento de la demanda
está fundado en una premisa abiertamente contraria al artículo 84. Asimismo,
debieron brindar elementos para controvertir la constitucionalidad del estándar
que reclama que las convicciones para negarse a prestar el servicio militar
obligatorio sean profundas, fijas y sinceras, el cual ha sido aplicado por la
Corte Constitucional[62].
Dadas estas consideraciones, la Sala encuentra que el tercer cargo de la
demanda no es apto para realizar un estudio de constitucionalidad y se inhibirá
para pronunciarse sobre él.
8.
El
cuarto cargo de la demanda censura el hecho de que los artículos 77 a 80 de la
Ley 1861 de 2017 no hubiesen sido tramitados como una ley estatutaria por
tratarse de la regulación de un derecho fundamental. En palabras de los
actores, “el contenido de los artículos demandados versan de manera directa
sobre la procedencia, el trámite de reconocimiento y el ejercicio del derecho
fundamental de aplicación inmediata y de raigambre constitucional a la objeción
de conciencia al servicio militar obligatorio”[63],
razón por la cual el Legislador debió tramitar estas normas como una ley
estatutaria. A lo anterior agregan que el Legislador, en la Ley 1861 de 2017, “tuvo
la pretensión de regular de manera integral, estructural y completa la
regulación del derecho, siendo esta una de las características que configuran
la reserva de ley estatutaria”[64].
Este cargo cumple los requisitos mínimos
para iniciar un estudio de constitucionalidad, puesto que señala con claridad
una de las causales que, de acuerdo con el precedente constitucional, hacen que
un derecho fundamental deba ser regulado vía de ley estatutaria, esto es,
cuando se trate de la regulación integral de un derecho fundamental[65].
Además, indica que las normas acusadas regulan la procedencia, el trámite de
reconocimiento y el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, lo que,
en su criterio, supone la integralidad de este derecho. De suerte que este cargo
es apto para ser estudiado únicamente en relación con la supuesta integralidad de
la regulación y la fijación de elementos estructurales, lo que excluye el
examen de otras hipótesis que, según la jurisprudencia, obligan a seguir el
trámite de ley estatutaria, como es el caso de la regulación del núcleo
esencial de un derecho fundamental, pues sobre ello la demanda no presenta
argumentos.
9.
Si
bien la Procuraduría General de la Nación señala la existencia de un cargo
referido a la omisión de establecer un servicio alternativo para los objetores
de conciencia al servicio militar obligatorio, el cual carecería de claridad y
suficiencia, el hecho cierto es que este supuesto cargo no fue admitido ni
tampoco es un cargo de la demanda.
Aunque los actores mencionan el servicio
alternativo, lo hacen de paso, al citar un documento de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas que, en su entender, reforzaría su argumento de
que las solicitudes de declaración de objetores de conciencia deben ser
evaluadas por autoridades diferentes a las militares. La cita, tomada de la
demanda, afirma que “[a]l Comité le preocupa que la duración del servicio
alternativo para los objetores de conciencia sea mucho mayor que la del
servicio militar y que la evaluación de las solicitudes de ese servicio esté
sometido únicamente al control del Ministerio de Defensa”[66]. Más
adelante en la demanda se cita una observación del Comité de Derechos Humanos
para Colombia que señala que “[e]l Estado parte debería garantizar que los
objetores de conciencia puedan optar por un servicio alternativo cuya duración
no tenga efectos punitivos”[67].
Asimismo, esta observación referida en la demanda manifiesta que “[e]l Comité
lamenta cierta información recibida con respecto a acciones cometidas contra
los defensores de derechos humanos, incluyendo intimidaciones y ataques
verbales y físicos provenientes del más alto nivel político y militar y las
interceptaciones de comunicaciones”[68].
Así que estas menciones a la omisión de
establecer un servicio alternativo no tienen la naturaleza de cargo de
inconstitucionalidad en la demanda, pues su evocación simplemente está
orientada, en palabras de los demandantes, a “acentuar la mención que aquí
se hace respecto de los abusos estatales cometidos en cabeza de quienes tienen
responsabilidades de carácter militar”[69].
Esta referencia entonces es un argumento para reforzar la idea de que el
artículo 79 de la Ley 1861 de 2017 vulnera el derecho a la intimidad, en la
medida en que establece que la solicitud de objeción de conciencia debe ser
presentada bajo la gravedad de juramento y contener los datos personales del
peticionario, cargo que fue inicialmente inadmitido en Auto del 27 de
octubre de 2017 y, posteriormente, rechazado mediante Auto del 22 de
noviembre de 2017. De manera que la Corte se abstiene de estudiar la
aptitud de la demanda en este punto por no tratarse de un cargo de
inconstitucionalidad, sino de un argumento que busca robustecer dos cargos que
la Corte no estudiará en esta sentencia por no cumplir los requisitos mínimos
para configurar un cargo de inconstitucionalidad.
10.
En
síntesis, la Corte no se pronunciará respecto de los cargos por violación de
los artículos 15, 29, 83, 84 y 94 por incumplir los requisitos mínimos
planteados por la jurisprudencia para ser considerados de fondo. Por el
contrario, conocerá de fondo sobre los dos cargos aptos planteados por los
demandantes. Primero, que la limitación a tres causales (razones éticas,
religiosas o filosóficas) para poder alegar objeción de conciencia al servicio
militar obligatorio, reguladas por el numeral 2° del artículo 79 de la Ley 1861
de 2017, viola el derecho a la libertad de conciencia de conformidad con el
bloque de constitucionalidad. Segundo, que los artículos 77 a 80
de la Ley 1861 de 2017 debieron ser tramitados como ley estatutaria, pues
regulan de forma integral, estructural y completa el derecho fundamental a la
objeción de conciencia.
Planteamiento
de los problemas jurídicos y metodología
11.
Los
demandantes consideran inconstitucional el numeral 2º del artículo 79 de la Ley
1861 de 2017 por desconocer la libertad de conciencia de conformidad con el
bloque de constitucionalidad. Al respecto, la Presidencia de la República encuentra
que la limitación a tres causales es constitucional, pues la norma debe
interpretase de acuerdo con la jurisprudencia constitucional que admite otras
razones para objetar conciencia. El Ministerio de Defensa Nacional también
defiende su exequibilidad con fundamento en que, en la práctica, las causales
más alegadas por los ciudadanos para objetar la prestación del servicio militar
son las religiosas, seguidas de las éticas y filosóficas. Lo mismo afirma la
Procuraduría General de la Nación, para quien las razones éticas, religiosas y
filosóficas son muy generales, lo que da lugar a que diversas hipótesis para
objetar conciencia quepan en ellas.
La Defensoría del Pueblo, por su parte,
solicita la exequibilidad condicionada de la norma en el sentido de que ella no
contiene una lista taxativa de razones para objetar conciencia al servicio
militar y que debe ser interpretada en un sentido amplio, puesto que las razones
fijadas en la disposición acusada corresponden a categorías generales en las
que es posible subsumir razones de distinta naturaleza.
Para la Universidad Libre (Seccional
Bogotá), la restricción a tres causales para objetar conciencia es inexequible,
por cuanto las personas no están obligadas a esgrimir razones objetivas, sino
que también pueden alegar razones subjetivas para objetar el cumplimiento de un
deber jurídico, lo cual debe ser valorado caso a caso.
12.
De
otra parte, la demanda encuentra que la consagración de los artículos 77, 78,
79 y 80 en la Ley 1861 de 2017 viola el artículo 152 de la Constitución, puesto
que no se siguió el trámite de ley estatutaria. La Presidencia de la República
conceptúa que la reserva de ley estatutaria no se desconoce, en tanto que las
normas demandadas son procedimentales, reglamentan el trámite para garantizar
el derecho de objeción de conciencia, no regulan su núcleo esencial y tampoco
consagran restricciones, excepciones, prohibiciones o limitaciones al ejercicio
de este derecho. La Defensoría del Pueblo argumenta que la pretensión del
Legislador no fue regular de manera integral el derecho a la objeción de
conciencia y que la Ley 1861 de 2017 simplemente regula un procedimiento
específico que, si bien tiene relación con el derecho fundamental a la objeción
de conciencia, no define las prerrogativas básicas, ni los principios que guían
su ejercicio ni su régimen de protección y excepciones y que, por ende, no
requería seguir el trámite de ley estatutaria. El Ministerio de Defensa
Nacional, a su turno, sostiene que no se vulnera la reserva de ley estatutaria
en la medida en que no se trata de una regulación integral, ya que la objeción
de conciencia es un derecho que se puede ejercer en varios campos de la vida y
la Ley 1861 de 2017 se encarga de regular este derecho solo en el ámbito del
servicio militar obligatorio.
La Procuraduría, en cambio, pide la
inexequibilidad por el cargo de ley estatutaria y aduce que el procedimiento
administrativo para hacer efectivo el derecho a la objeción de conciencia es su
núcleo esencial porque él constituye el derecho en sí mismo, tal como sucede
con el derecho al habeas data, el derecho de petición, el derecho al habeas
corpus y la acción de tutela.
13.
De
acuerdo con las consideraciones anteriores, la Sala debe decidir si:
(i)
¿Los
artículos 77 a 80 de la Ley 1861 de 2017 regulan de forma integral, estructural,
completa y sistemática el derecho a la objeción de conciencia y, en
consecuencia, debieron ser tramitados como ley estatutaria?
(ii)
¿El
numeral 2° del artículo 79 de la Ley 1861 de 2017, el cual señala que la
formulación de la objeción de conciencia debe contener las razones éticas,
religiosas o filosóficas que resultan incompatibles con el deber jurídico de
prestar el servicio militar obligatorio, viola la objeción de conciencia, como
es entendida por el bloque de constitucionalidad, al restringir a solo tres las
causales de objeción de conciencia?
Para resolver los problemas jurídicos
expuestos, la Sala reiterará la jurisprudencia sobre (i) reserva de ley
estatutaria y derechos fundamentales; (ii) recordará los fundamentos teóricos
de la objeción de conciencia y su inclusión en la Constitución de 1991; (iii) explicará
por qué la objeción de conciencia es un derecho autónomo y reconocido
explícitamente en la Constitución de 1991; (iv) abordará el alcance del derecho
a la objeción de conciencia en el servicio militar obligatorio; (v) expondrá la
objeción de conciencia al servicio militar en el bloque de constitucionalidad para,
finalmente, (iii) resolver las acusaciones planteadas.
Reserva de ley estatutaria y
derechos fundamentales. Reiteración de jurisprudencia[70]
14.
El
artículo 152 de la Constitución establece que la regulación de ciertas materias
debe hacerse mediante ley estatutaria, como una categoría normativa sujeta a un
procedimiento más exigente que el ordinario, dispuesto en el artículo 153 de la
Carta. Así, el Congreso de la República debe tramitar mediante leyes
estatutarias las normas sobre: (i) los derechos y
deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su
protección; (ii) la administración de justicia; (iii) la organización y régimen
de los partidos y movimientos políticos, el estatuto de la oposición y
funciones electorales; (iv) las instituciones y mecanismos de participación
ciudadana; (v) los estados de excepción; y (vi) la igualdad electoral entre los
candidatos a la Presidencia de la República que reúnan los requisitos que
determine la ley.
En cuanto a los requisitos
procedimentales, de acuerdo con el artículo 153 de la Constitución, las leyes
estatutarias deben aprobarse por mayoría absoluta, dentro de una sola
legislatura y deben surtir control de constitucionalidad previo a su expedición[71].
15.
La
jurisprudencia constitucional ha sostenido que el fundamento de la
cualificación especial y rigurosa de estas leyes recae en tres argumentos:
“(i) la naturaleza superior de este tipo de normas
requiere superior grado de permanencia en el ordenamiento y seguridad jurídica
para su aplicación; (ii) por la importancia que para el Estado tienen los temas
regulados mediante leyes estatutarias, es necesario garantizar mayor consenso
ideológico con la intervención de minorías, de tal manera que las reformas
legales más importantes sean ajenas a las mayorías ocasionales y, (iii) es
necesario que los temas claves para la democracia tengan mayor debate y
consciencia de su aprobación, por lo que deben corresponder a una mayor
participación política”[72].
16.
De
otra parte, en razón a la amplitud de temas que recoge la reserva de ley
estatutaria, la jurisprudencia ha sido uniforme en establecer que la misma
debe interpretarse de forma restrictiva. De lo contrario, se vaciaría de
competencia al Legislador ordinario[73].
Este criterio cobra particular relevancia en el ámbito de la regulación de los
derechos y deberes fundamentales, pues es evidente que toda norma se refiere
directa o indirectamente al ejercicio o restricción de un derecho fundamental.
Así, este Tribunal ha enfatizado en que no todo evento
ligado a los derechos fundamentales debe ser tramitado mediante ley estatutaria[74].
Igualmente, que la identificación del trámite al que está sujeta la norma se
hace a partir del contenido material de las disposiciones y no de su
identificación formal[75].
17.
Asimismo,
la jurisprudencia ha establecido que las disposiciones
objeto de trámite cualificado son aquellas que regulan el núcleo esencial del
derecho o deber fundamental[76],
aspectos inherentes al mismo[77],
la estructura general y sus principios reguladores[78] o la
normativa que lo regula de forma íntegra, estructural o completa[79].
Igualmente, ha añadido que la reserva también aplica cuando se “trate de un
mecanismo constitucional necesario e indispensable para la defensa y protección
de un derecho fundamental”[80].
Al respecto, la Sentencia
C-756 de 2008[81],
reiterada en varias oportunidades[82],
recogió los criterios trazados por la jurisprudencia para delimitar el ámbito
de esa reserva en materia de derechos y deberes fundamentales. En dicha
oportunidad, este Tribunal agrupó las cinco reglas interpretativas plasmadas en
la jurisprudencia para tal objetivo:
“(i)
La reserva de ley estatutaria en materia de derechos fundamentales es
excepcional, en tanto que la regla general se mantiene a favor del Legislador
ordinario; (ii) La regulación
estatutaria u ordinaria no se define por la denominación adoptada por el
legislador, sino por su contenido material […]. En consecuencia, el trámite
legislativo ordinario o estatutario será definido por el contenido del asunto a
regular y no por el nombre que el legislador designe; (iii)
Mediante ley estatutaria se regula únicamente el núcleo esencial del derecho
fundamental[83],
de tal forma que si un derecho tiene mayor margen de
configuración legal, será menor la reglamentación por ley estatutaria; (iv) Las
regulaciones integrales de los derechos fundamentales debe realizarse mediante
ley cualificada[84]
y, (v) Los elementos estructurales esenciales del derecho fundamental deben
regularse mediante ley estatutaria[85].
De esta forma, es claro que la regulación puntual y detallada del derecho
corresponde al legislador ordinario[86]”.
18.
Así
que las regulaciones que impactan el núcleo esencial de un derecho fundamental
deben seguir el cauce de ley estatutaria. Esta Corporación ha definido el núcleo
esencial como
“el mínimo de contenido que el legislador debe
respetar, es esa parte del derecho que lo identifica, que permite diferenciarlo
de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad respecto de la
intervención de las autoridades públicas. Y, en sentido negativo debe
entenderse ‘el núcleo esencial de un derecho fundamental como aquel sin el cual
un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro derecho diferente o lo
que caracteriza o tipifica al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su
esencia fundamental[87]’”[88].
De suerte que la regulación del núcleo esencial
de un derecho supone, en general, impactar los aspectos inherentes a su
ejercicio que consagran límites, restricciones, excepciones y prohibiciones que
afecten dicho núcleo esencial delimitado por la Constitución[89] y los
elementos estructurales o principios básicos del derecho[90].
19.
De
otra parte, en cuanto al criterio de integralidad, esta Corporación ha
dicho que se trata de iniciativas cuyo objeto directo
es desarrollar el régimen de derechos fundamentales[91], no
materias relacionadas, y que tengan la pretensión de ser una regulación “integral,
completa y sistemática”[92].
Naturalmente, una normativa que tiene la pretensión de hacer una regulación
integral, cubre también el núcleo esencial del derecho y, por esta vía, los
aspectos inherentes a su ejercicio y sus elementos estructurales o principios
básicos, de lo contrario no sería integral, ni completa ni sistemática.
20.
En
suma, dos premisas guían la identificación del trámite legislativo que sujeta a
una norma: (i) la reserva de ley estatutaria se rige por una interpretación
restrictiva, por lo que la regla general se mantiene a favor del Legislador
ordinario; y (ii) el análisis de la normativa objeto de cuestionamiento debe
partir de su contenido material, sin importar su identificación formal.
Adicionalmente, los criterios
determinantes para establecer la aplicabilidad de la reserva de ley estatutaria
en materia de derechos y deberes fundamentales son que: (i) efectivamente se
trate de derechos y deberes de carácter fundamental; (ii) el objeto directo de
la regulación sea el desarrollo del régimen de derechos fundamentales o el
derecho; (iii) la normativa pretenda regular de manera integral, completa y
sistemática un derecho fundamental; y (iv) verse sobre el núcleo esencial y los
principios básicos del derecho o deber, es decir, que regule los aspectos inherentes
al ejercicio del derecho.
21.
Por
último, cabe señalar que en materia de regulación de derechos fundamentales la
jurisprudencia de esta Corte ha sido enfática al establecer que, aun cuando la
regulación de procedimientos necesariamente esté relacionada con el ejercicio
de derechos fundamentales, por regla general se trata de materias que deben
tramitarse mediante leyes ordinarias[93].
Sin embargo, en los casos en que se ha
cumplido con los criterios mencionados anteriormente, la Corte ha declarado la
inexequibilidad de normas en estos cuerpos normativos, como en la Sentencia
C-620 de 2001[94]
en la que consideró que los artículos 382 a 389 del Código Penal vigente en
ese entonces regulaban de forma integral y sistemática el derecho al habeas
corpus y debían ser tramitados por ley especial; o en la Sentencia
C-818 de 2011[95]
en la cual la Corte estableció que los artículos 13 a 33 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
violaban la reserva de ley estatutaria al regular de forma integral el derecho
de petición.
Igualmente, la Sentencia C-284 de
2014[96],
de forma excepcional, controló oficiosamente el parágrafo del artículo 229 de
la Ley 1437 de 2011 que regulaba medidas cautelares en materia de tutela. En
esa oportunidad declaró inexequible la expresión “y en los procesos de
tutela” y reiteró que los asuntos de competencia del juez de tutela estaban
reservados al trámite mediante ley estatutaria. Además, dijo que
“la
norma legal demandada configura una regulación en tutela que establece reglas
relativas a recursos. Aunque los recursos previstos en la Ley 1437 de 2011 no
respetan por su contenido la Constitución, en lo referente a su aplicación a
los procesos de tutela, es posible que con otro diseño ajustado al carácter
preferente, sumario, célere e informal del proceso de tutela se ajusten a las
previsiones de la Carta Política. Una regulación que se
refiere a recursos o medios de impugnación, como la aquí prevista contra
medidas cautelares, en tanto podría tener como función la protección
precisamente de derechos fundamentales, está sujeta también a la reserva de ley
estatutaria”.
Por lo tanto, aplicó el criterio constitucional
del artículo 152 que sujeta a esta reserva específicamente los recursos o
procedimientos para la protección de derechos fundamentales, como evidentemente
sucede en el caso de la acción de tutela.
Por su parte, la Sentencia C-223 de
2017[97]
determinó que la regulación contenida en el Código Nacional de Policía (Ley
1801 de 2016) sobre las reuniones y manifestaciones públicas[98]
violaba la reserva de ley estatutaria. La decisión verificó que: (i) tal
regulación efectivamente establecía las reglas para el ejercicio los derechos a
la protesta, a la libertad de expresión y al ejercicio de derechos políticos;
(ii) el objeto de las normas era regular directamente el ejercicio de los
derechos fundamentales de reunión y manifestación pública;  (iii) se trataba de
una normativa integral, estructural y completa al definir, clasificar y
reglamentar el derecho, contener un desarrollo minucioso de los aspectos “favorables
y desfavorables a las reuniones, eventos y espectáculos”, por lo cual se
establecían las condiciones de modo, tiempo y lugar de ejercicio del derecho y
la respuesta que debía dar la Policía; (iv) se refería al núcleo esencial, los
elementos estructurales y los principios básicos del derecho; y (v) finalmente,
establecía límites, restricciones, excepciones y prohibiciones que afectaban la
estructura y los principios del derecho. Por lo anterior, declaró la
inconstitucionalidad de las normas referidas. No obstante, difirió los efectos
de dicha declaración hasta el 20 de junio de 2019 para que el Congreso tuviera
la oportunidad de tramitar la normativa mediante ley estatutaria.
22.
En
conclusión, por regla general, la regulación de procedimientos no tiene reserva
de ley estatutaria, aun cuando estén relacionados con el ejercicio de derechos
fundamentales. No obstante, existen situaciones en las cuales la regulación de
un procedimiento involucra la disposición de las reglas que determinan el
ejercicio de un derecho fundamental de forma integral, sistemática y completa,
o tienen la función de restringir, limitar o proteger derechos fundamentales.
Este tipo de estatutos están sujetos al trámite de ley estatutaria dispuesto en
los artículos 152 y 153 de la Carta Política.
La objeción de conciencia como derecho autónomo
y reconocido explícitamente en la Constitución de 1991
23.
El
artículo 18 de la Constitución consagra la libertad de conciencia al tiempo que
garantiza que “[n]adie será molestado por razón de sus convicciones o
creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”.
En esta línea de argumentación, puede entenderse que el derecho a la objeción
de conciencia, aunque la Constitución no utilice estos términos para
denominarlo, está expresamente consignado en el último fragmento del artículo
18 Superior que reconoce el derecho a no ser “obligado a actuar contra su
conciencia”.
24.
En
este entendido, en el artículo 18 de la Carta se consagran dos derechos
distintos pero interrelacionados: el derecho a la libertad de conciencia y el
derecho a la objeción de conciencia. Así que la Carta no solo protege el
derecho a pensar y creer lo que se quiera (primera parte del
artículo 18 que señala que “[s]e garantiza la libertad de conciencia”),
sino también el derecho a actuar de conformidad con esos pensamientos y
creencias (fragmento final del artículo 18), lo que en estricto sentido
constituye el derecho a objetar conciencia. La siguiente cita de Thoreau
explica elocuentemente la distinción entre el derecho a la libertad de
conciencia y el derecho a objetar conciencia:
“Hay miles que en opinión se oponen a la esclavitud
y a la guerra, y que en efecto no hacen nada para detenerlas […]. Dudan, y se
lamentan, y a veces piden; pero no hacen nada en serio y con efecto. Esperarán,
bien dispuestos, a que otros remedien el mal, para no tener que seguir lamentando”[99].
A su turno, el derecho a expresar
y difundir los pensamientos y creencias está resguardado por el artículo
20 de la Constitución.
25.
Esta
distinción entre tres derechos asociados con la conciencia no puede ser jurídicamente
reprochada bajo el supuesto de que pensar, creer y formarse libremente la
propia conciencia –lo que corresponde al derecho a la libertad de conciencia-
no puede ser un bien jurídicamente protegible en tanto no transciende a la
esfera social. Como sostiene Luis Prieto Sanchís,
“[p]arece una verdad bastante obvia que
jurídicamente la libertad de conciencia no puede referirse a una facultad
interna o sicológica, esfera en la que por fortuna el Derecho y el poder aún se
muestran incompetentes (cogitationis poenam nemo patitur), sino a una facultad
práctica y plenamente social que protege al individuo frente a las coacciones o
interferencias que pudiera sufrir por comportarse de acuerdo con sus creencias
o convicciones”[100].
Sin embargo, en este punto es
fundamental efectuar una interpretación sistemática e integral del artículo 18
de la Constitución porque su contenido muestra que son dos los supuestos en los
que se protege la libertad de conciencia en tanto facultad práctica y
plenamente social: los derechos a no ser molestado por razón de sus
convicciones o creencias y a no ser compelido a revelarlas.
Esta Corporación ha indicado que las
convicciones o creencias que den lugar a objetar conciencia “deben ser
profundas, fijas y sinceras, para que sean de una entidad tal que realmente
se encuentre amenazada la libertad de conciencia y de religión”[101]
(negrillas fuera de texto original). Pues bien, este precedente solo puede ser
armonizado con una lectura del artículo 18 Constitucional que entienda que allí
se consagran dos derechos distinguibles: el derecho a la libertad de conciencia
y el derecho a la objeción de conciencia. Una lectura diferente, según la cual el
derecho a no ser molestado por razón de sus convicciones o creencias, el
derecho a no ser compelido a revelarlas y el derecho a no ser obligado a actuar
en su contra son tres ámbitos de protección del derecho a la libertad de
conciencia, admitiría que las personas se excusaran de cumplir un deber sin ni
siquiera explicar por qué, puesto que, según esta interpretación, la objeción
de conciencia y la prohibición de compeler a alguien para que revele sus
razones para objetar conciencia hacen parte del núcleo esencial del mismo
derecho: la libertad de conciencia.
En contraste, fragmentar el artículo 18,
como acá se propone, permite ponderar uno de los contenidos del derecho a la
libertad de conciencia (la facultad de no revelar las convicciones y creencias)
con el derecho a la objeción de conciencia y concluir, como lo hace la Sentencia
C-728 de 2009, que no es desproporcionado reclamar del objetor de
conciencia que sus convicciones sean profundas, fijas y sinceras.
26.
A
la luz de lo anterior, la objeción de conciencia en Colombia es un derecho
fundamental autónomo, distinto pero interrelacionado con la libertad de
conciencia, al igual que ocurre con el derecho al habeas data, que, si
bien va de la mano con el derecho a la intimidad, al punto que ambos están
incluidos en el mismo artículo de la Constitución, tiene unos contornos y
contextos delimitados que permiten identificarlo por sí solo como un derecho y que
admiten que sea regulado autosuficientemente. Según esta lógica, la regulación
del derecho al habeas data debe surtirse a través de ley estatutaria, de
acuerdo con el mandato del literal a) del artículo 152 Superior, como en efecto
ocurrió con la Ley 1581 de 2012[102].
A la par que la objeción de conciencia es un derecho fundamental autónomo,
también goza de reconocimiento explícito en el fragmento final del artículo 18
de la Constitución que consigna el derecho a no ser obligado a actuar en contra
de la conciencia.
27.
La
doctrina constitucional ha evolucionado en relación con la naturaleza del
derecho a la objeción de conciencia. En tal sentido, se pueden identificar
cuatro momentos.
28.
En
un principio, la Corte no reconoció la objeción de conciencia como derecho
constitucional, pero planteó que el Legislador la podría consagrar como derecho
legal. Esta postura está presente en sentencias referidas específicamente a la
objeción de conciencia al servicio militar. En ella, la Corte dispuso que la
objeción de conciencia no era una eximente prevista en el ordenamiento jurídico
para ser reclutado y, por ende, decidió no amparar los derechos de los
objetores[103].
En las sentencias de constitucionalidad en las que se aplicó este precedente,
esta Corporación declaró la exequibilidad de las normas que habían sido
demandadas por omitir prever la objeción de conciencia como una eximente de la
prestación del servicio militar[104].
La Sentencia T-409 de 1992[105]
ilustra bien esta interpretación:
“La garantía de la libertad de conciencia no
necesariamente incluye la consagración positiva de la objeción de
conciencia para prestar el servicio militar. Esta figura, que en otros
sistemas permite al individuo negarse a cumplir una obligación como la
mencionada cuando la actividad correspondiente signifique la realización de
conductas que pugnan con sus convicciones íntimas, no ha sido aceptada por la
Constitución colombiana como recurso exonerativo de la indicada obligación”
(negrillas tomadas del texto original).
29.
Esta
postura jurisprudencial que rechaza que la objeción de conciencia sea un
derecho constitucional fue expresamente superada en la citada Sentencia
C-728 de 2009, en la que se dijo que “la Sala Plena de la Corte
Constitucional encuentra que existen varias razones para apartarse de la
jurisprudencia de la Corporación conforme a la cual, bajo el orden
constitucional vigente, no existe el derecho a dicha objeción”. Estas
razones básicamente son que la garantía a la objeción de conciencia está ligada
a la libertad de conciencia y a la libertad de religión. Así que la
interpretación que en esta providencia se defiende retaría, como máximo, un
precedente que no está vigente.
30.
Desde
entonces, la Corte ha sido clara en señalar que la objeción de conciencia es
un derecho protegido por la Constitución y que es exigible mediante la acción
de tutela. Sin embargo, se ha acercado de tres formas al asunto, que marcan
los tres momentos restantes referidos. En algunas providencias la Corte ha
reconocido la objeción de conciencia como un derecho autónomo, innominado y
derivado de otros; en otras sentencias, como uno de los ámbitos de protección
de la libertad de conciencia; y en otras, como un derecho autónomo. Sin
perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia es pacífica en que el derecho a la
objeción de conciencia está protegido constitucionalmente.
31.
Así,
el segundo momento se refiere a la concepción del derecho a la objeción de
conciencia como derivado de otros derechos. Por ejemplo, la Sentencia T-388
de 2009[106]
indicó, en un caso de objeción de conciencia a la interrupción voluntaria del
embarazo, que “[e]l nexo entre la objeción de conciencia y el derecho a la
libertad de pensamiento, a la libertad religiosa y a la libertad de conciencia
es muy grande hasta el punto de poder afirmar que la objeción de conciencia
resulta ser uno de los corolarios obligados de estas libertades”. Este
precedente fue retomado en la Sentencia C-728 de 2009[107], la
cual no encontró que hubiese una omisión legislativa relativa en la no
inclusión de los objetores de conciencia dentro del listado de personas exentas
de prestar el servicio militar del artículo 27 de la Ley 48 de 1993 y señaló que
no se necesita reglamentación para que este derecho se pueda ejercer. Allí,
la Corte adujo que, “a partir de una lectura armónica de los artículos 18
(libertad de conciencia) y 19 (libertad de religión y cultos) de la
Constitución, a la luz del bloque de constitucionalidad, es posible concluir
que de los mismos sí se desprende la garantía de la objeción de conciencia
frente al servicio militar”. Asimismo, en un caso de objeción de conciencia
a la prestación del servicio militar obligatorio, la Sentencia T-430 de 2013[108]
afirmó que “[l]a objeción de conciencia […] es un derecho fundamental
derivado de la libertad de conciencia y, eventualmente, de la libertad
religiosa”.
32.
El
tercer momento se refiere a la interpretación del fragmento final del artículo
18 de la Constitución, que expresa que nadie podrá ser obligado a actuar contra
su conciencia, como una forma, entre otras posibles, de vulnerar específicamente
el derecho a la libertad de conciencia, es decir, como uno de sus ámbitos de
protección. Luego en estas sentencias la objeción de conciencia no es considerada
como un derecho autónomo. En la Sentencia T-547 de 1993[109], que
tuteló el derecho a la libertad de conciencia de una persona a quien el Jefe de
la Policía Judicial no le recibió una denuncia penal por negarse a prestar
juramento con fundamento en que la doctrina cristiana le impedía jurar, se
precisó que “[l]a ratio iuris de la libertad de conciencia es la inmunidad
de toda fuerza externa que obligue a actuar contra las propias convicciones y
que impida la realización de aquellas acciones que la conciencia ordena sin
estorbo o impedimento”. En un sentido muy similar, en la ya mencionada Sentencia
T-430 de 2013 sobre objeción de conciencia al servicio militar obligatorio,
esta Corporación advirtió que “[d]esconocer la libertad de conciencia de una
persona, obligándola a revelar sus creencias o a actuar en contra de ellas, es
una de las maneras más graves e impactantes de violentar un ser humano”.
33.
Finalmente,
la postura más reciente señala que el derecho a la objeción de conciencia está
inmerso en la parte final del artículo 18 Superior como derecho autónomo y
nominado, lo cual se reitera en esta providencia. Así, en la Sentencia C-274
de 2016[110],
la cual declaró la exequibilidad del parágrafo del artículo 9° de la Ley 911 de
2004 que establece que el profesional de enfermería podrá hacer uso de la
objeción de conciencia sin que por esto se le puedan menoscabar sus derechos o
imponérsele sanciones, se señaló que “[e]l artículo 18 de la Constitución
Política garantiza la libertad de conciencia al establecer que ‘Nadie
será (…) obligado a actuar contra su conciencia’. En esta cláusula se
inscribe el derecho a la objeción de conciencia como una legítima expresión de
la libertad humana de dirigir en forma autónoma su propia racionalidad, sin
otro límite que la eficacia de los derechos de terceros y el bien común”.
En la Sentencia SU-108 de 2016[111],
la cual estudió el caso de dos jóvenes objetores de conciencia al servicio
militar, se detalló que “la garantía de la objeción de conciencia, esto es,
el derecho que tiene toda persona a no ser obligado a actuar en contra de sus
convicciones, descansa en el respeto, en la coexistencia de las creencias
morales de cada quien y se funda en la idea de la libertad humana como
principio fundamental de la ética contemporánea”.
34.
En
resumen, la doctrina constitucional ha experimentado una evolución en cuanto a
la naturaleza del derecho a la objeción de conciencia. Inicialmente, la
objeción de conciencia no era considerada un derecho constitucional y, a lo
sumo, se trataba como un derecho legal, si así lo decidía el Legislador. No
obstante, esta posición fue explícitamente superada. Desde allí, algunas
sentencias han considerado la objeción de conciencia como un derecho fundamental
autónomo que se desprende de la libertad de conciencia, la libertad de religión
y la libertad de pensamiento. Otras han advertido que el desconocimiento de la
objeción de conciencia es una manera de violentar la libertad de conciencia,
luego no es un derecho autónomo, sino un ámbito de protección de este derecho. Finalmente,
la posición más reciente ha establecido que el derecho a la objeción de
conciencia es un derecho autónomo y nominado en el apartado final del artículo
18 Constitucional que indica que nadie puede ser obligado a actuar contra su
conciencia. Al margen de estas diferencias, en los últimos tres momentos
señalados la objeción de conciencia es reconocida como un derecho
constitucional y susceptible de ser amparado mediante acción de tutela.
Ahora, la Sala considera que la objeción
de conciencia, en general, es un derecho autónomo y nominado de conformidad con
el apartado final del artículo 18 de la Constitución que reza que las personas
tienen derecho a no ser obligadas a actuar contra su conciencia, postura que
desarrolla el principio pro homine que ordena preferir la interpretación
más favorable a los derechos humanos. Además, esta interpretación es la que
mejor interpreta el principio de efectividad de los derechos constitucionales
(artículo 2° de la Carta), por cuanto protege esta posición jurídica en sí
misma, sin necesidad de apelar a otros derechos que podrían debilitar su
salvaguarda en tanto no se verifique la violación de estos últimos. Asimismo,
la interpretación por la que acá se adopta dentro de las que ha hecho la Corte
es razonable, toda vez que recurre a una lectura literal y sistemática del
artículo 18 de la Constitución en conjunto con el artículo 20 y garantiza el
efecto útil de cada uno de los apartes del artículo 18, en el entendido de que
cada uno de ellos tiene una aplicación práctica y autónoma.
El alcance del derecho a la objeción de
conciencia en el servicio militar obligatorio
35.
La
posibilidad de actuar en contra de alguna norma en particular, si ella se opone
a lo que dicta la conciencia de la persona que así decide proceder, no es,
desde luego, absoluto y, por tanto, debe ponderarse con el bien jurídico
protegido por la norma que se desacata[112].
De manera que las personas no están autorizadas constitucionalmente para
desatender cualquier norma por el solo hecho de que ella se enfrente a su
conciencia.
36.
En
este orden de ideas, la Corte Constitucional ha constatado que el ejercicio de
la objeción de conciencia desencadena consecuencias con respecto a terceras
personas o intereses de carácter colectivo, luego se hace necesario ponderar
este derecho con los resultados que su ejercicio produce en relación con
terceros o con intereses colectivos. Claramente este ejercicio de ponderación
varía dependiendo de los bienes jurídicos protegidos por el deber jurídico que
se objeta por razones de conciencia. Esta Corporación ha establecido, por
ejemplo, en relación con la objeción de conciencia a la interrupción voluntaria
del embarazo que, “[c]uando la obligación en cabeza de quien objetó implica
una intervención apenas marginal o mínima de los derechos de terceras personas
o puede encontrarse una persona que cumpla esa obligación sin que exista
detrimento alguno de tales derechos, entonces no se ve motivo para impedir el
ejercicio de la objeción de conciencia. Lo mismo sucede cuando el deber
jurídico se establece en propio interés o beneficio de quien efectúa la
objeción”[113].
Un razonamiento análogo en el caso de objeción de conciencia al servicio
militar indica que el ejercicio de ponderación no puede ignorar las
consecuencias que se seguirían de que alguien fuese eximido de la prestación
del servicio militar por razones de conciencia con respecto a la defensa y
seguridad del Estado, que son los bienes constitucionales que se buscan
proteger con la obligación de la prestación del servicio militar.
37.
Desde
esta perspectiva y como efecto de las respectivas ponderaciones, la Corte
Constitucional ha admitido la procedencia del derecho a la objeción de
conciencia en algunos casos y, en otros, no. Por ejemplo, las Sentencias
C-355 de 2006[114]
y T-209 de 2008[115]
reconocieron el derecho de los médicos a objetar conciencia para abstenerse de
practicar interrupciones voluntarias del embarazo, siempre y cuando remitan
inmediatamente a la mujer a otro médico que sí pueda llevar a cabo este
procedimiento. En contraste, la precitada Sentencia T-388 de 2009 negó
el derecho a la objeción de conciencia de los jueces para conocer de casos en
los que se pide la realización de un aborto, ya que, al proferir un fallo, la
autoridad judicial no está en uso de su libre albedrío; además, “en su labor
de administrar justicia, sus convicciones no lo relevan de la responsabilidad
derivada de su investidura, debiendo administrar justicia con base única y
exclusivamente en el derecho, pues es esa actitud  la que hace que en un Estado
impere la ley y no los pareceres de las autoridades públicas”; y, por
último, la objeción de conciencia en estos casos implica la denegación
injustificada de justicia y la obstaculización arbitraria del acceso a la
administración de justicia.
38.
Aún
más, el ejercicio de ponderación también debe tomar en consideración el principio
de igualdad ante la ley, el cual supone que las normas deben tratar por igual a
todas las personas. Este principio se rompe cuando una norma excluye a cierta
persona o sector de la sociedad o circunstancia del ámbito de aplicación de
determinada disposición, lo que, a su vez, mina la legitimidad del Estado. Esto
es válido en un Estado de Derecho, pero, dado que es una excepción al principio
general de la igualdad, debe estar suficientemente justificada[116] e
interpretarse de manera restrictiva[117].
A su turno, el principio de igualdad ante la ley también se rompe cuando
alguien decide no acatar cierto precepto normativo por razones de conciencia.
Con respecto al servicio militar, el
principio de igualdad ante la ley es aún más riguroso, puesto que no se trata
de cualquier deber, sino de uno de rango constitucional. Así lo establece el
artículo 216 Superior, el cual dispone que “[t]odos los colombianos están
obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para
defender la independencia nacional y las instituciones públicas”. De suerte
que, si alguien se excusa de prestar el servicio militar por razones de
conciencia, el derecho a la objeción de conciencia entra en tensión con el
cumplimiento de un deber constitucional, que pretende salvaguardar la defensa y
seguridad del Estado, y con el principio de igualdad ante la ley.
39.
Como
se ve, la posibilidad de objetar conciencia está sometida a un complejo y
riguroso ejercicio de ponderación que varía dependiendo de las particularidades
del deber que se pretende incumplir por razones de conciencia. En otros
términos, este derecho plantea tensiones distintas de acuerdo con el deber al
que se enfrenta, puesto que los bienes e intereses jurídicos protegidos son
distintos en cada caso. Así que las reglas para objetar conciencia al servicio
militar deben ser particulares para este asunto y no equivalentes a aquellas
para objetar, por ejemplo, el deber de prestar juramento o cualquier otro.
40.
En
suma, el alcance de la objeción de conciencia a la prestación del servicio
militar obligatorio puede ser legítimamente acotado por el Legislador, siempre
y cuando respete el principio de proporcionalidad y siempre que las
limitaciones no sean en exceso restrictivas que hagan nugatorio este derecho,
pero tampoco sean demasiado amplias como para desconocer el principio de
igualdad ante la ley y las necesidades de defensa y seguridad del Estado, que
son los bienes jurídicos que se pretenden proteger con el establecimiento de la
obligación de la prestación del servicio militar.
La objeción de conciencia al
servicio militar en el bloque de constitucionalidad
41.
El
derecho internacional de los derechos humanos se ha ocupado del derecho a la
objeción de conciencia. Los dos fundamentos normativos de este derecho que
hacen parte del bloque de constitucionalidad son el artículo 12 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos[118]
y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[119], los
cuales reconocen la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
42.
En
esencia, estos dos instrumentos internacionales garantizan la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión, por una parte, y prescriben que
cualquier limitación a la posibilidad de manifestar la propia religión y las
propias creencias debe estar prevista en una ley y ser necesaria para
proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y
libertades de los demás.
43.
En
una interpretación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló en la Resolución
1998/77 del 22 de abril de 1998 que toda persona tiene el derecho a la objeción
de conciencia al servicio militar como una forma legítima de ejercer el derecho
a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. En este instrumento,
la Comisión reconoce que “la objeción de conciencia al servicio militar
emana de principios y razones de conciencia, incluso de convicciones profundas
basadas en motivos religiosos, morales, éticos, humanitarios o de índole
similar”. Asimismo, hace un llamado a los Estados para que “establezcan
órganos de decisión independientes e imparciales encargados de la tarea de determinar
si la objeción de conciencia es válida en un caso determinado”.
44.
El
Comité de Derechos Humanos, que supervisa la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos por los Estados Partes, en la Observación
General N° 22 de 1993 se refirió a la objeción de conciencia al servicio
militar y destacó que, si bien es verdad que en el Pacto no se menciona
explícitamente este derecho, “el Comité cree que ese derecho puede derivarse
del artículo 18, en la medida en que la obligación de utilizar la fuerza
mortífera puede entrar en grave conflicto con la libertad de conciencia y el
derecho a manifestar y expresar creencias religiosas u otras creencias”.
Agregó que “[c]uando este derecho se reconozca en la ley o en la práctica no
habrá diferenciación entre los objetores de conciencia sobre la base del
carácter de sus creencias particulares”.
En relación con la posibilidad de
restringir la libertad de manifestar las creencias, el Comité recordó en la
misma Observación que el párrafo 3° del artículo 18 lo permite “con el fin
de proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los
derechos y libertades fundamentales de los demás, a condición de que tales
limitaciones estén prescritas por la ley y sean estrictamente necesarias”.
A lo anterior se suma que el párrafo 3° del artículo 18 debe interpretarse de
manera estricta. Así,
“[l]as limitaciones solamente se podrán aplicar para
los fines con que fueron prescritas y deberán estar relacionadas directamente y
guardar la debida proporción con la necesidad específica de la que dependen. No
se podrán imponer limitaciones por propósitos discriminatorios ni se podrán
aplicar de manera discriminatoria. El Comité señala que el concepto de moral se
deriva de muchas tradiciones sociales, filosóficas y religiosas; por
consiguiente, las limitaciones impuestas a la libertad de manifestar la
religión o las creencias con el fin de proteger la moral deben basarse en
principios que no se deriven exclusivamente de una sola tradición”.
Esto se ve complementado con la
afirmación según la cual
“[e]l artículo 18 protege las creencias teístas, no
teístas y ateas, así como el derecho a no profesar ninguna religión o creencia.
Los términos ‘creencias’ y ‘religión’ deben entenderse en sentido amplio. El
artículo 18 no se limita en su aplicación a las religiones tradicionales o a
las religiones y creencias con características o prácticas institucionales
análogas a las de las religiones tradicionales. Por eso, el Comité ve con
preocupación cualquier tendencia a discriminar contra cualquier religión o
creencia, en particular las más recientemente establecidas, o las que
representan a minorías religiosas que puedan ser objeto de la hostilidad por
parte de una comunidad religiosa predominante”.
45.
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cristián Daniel Sahli
Vera y otros vs. Chile[120],
conoció de una petición presentada por tres objetores de conciencia a quienes
el Estado chileno no les garantizó este derecho a la hora de cumplir con el
servicio militar. La Comisión concluyó que “el hecho de que el Estado
chileno no reconozca la condición de ‘objetor de conciencia’ en su legislación
interna y no reconozca a Cristian Daniel Sahli Vera, Claudio Salvador Fabrizzio
Basso Miranda y Javier Andrés Garate Neidhardt como ‘objetores de conciencia’
del servicio militar obligatorio no constituye una interferencia con su derecho
a la libertad de conciencia”. Lo anterior se ve reforzado por el hecho de
que el artículo 6° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos admite
expresamente que los Estados Partes no contemplen la objeción de conciencia al
servicio militar[121].
46.
A
modo de resumen, el derecho internacional de los derechos humanos que hace
parte del bloque de constitucionalidad se ha preocupado por el derecho a la
objeción de conciencia, el cual ha sido derivado de la libertad de pensamiento,
de conciencia y de religión consignada en los artículos 12 y 18 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, respectivamente.
Aunque la Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas y el Comité de Derechos Humanos han entendido de manera
amplia los tipos de convicciones que pueden activar la objeción de conciencia a
determinado deber, al señalar que los motivos pueden ser religiosos, morales,
éticos, humanitarios o de índole similar y que no debe haber diferenciación
entre los objetores de conciencia sobre la base del carácter de sus creencias
particulares, simultáneamente han admitido que el Legislador establezca
restricciones a este derecho con la única condición de que ellas sean necesarias
para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los
derechos y libertades fundamentales de los demás.
Esto significa entonces que el principio
general es que, ante el silencio del Legislador en relación con las
características de las creencias, cualquier convicción profunda que se oponga a
la prestación del servicio militar puede ser aducida para excusarse del
cumplimiento de este deber, lo que no obsta para que se limite la
procedibilidad de la objeción de conciencia a ciertas creencias, siempre que
ello sea necesario para resguardar la seguridad, el orden, la salud o la moral
públicos, o los derechos y libertades de los demás. Así mismo, cabe resaltar
que la Comisión Americana de Derechos Humanos en al menos una decisión, que no
es vinculante en los términos del bloque de constitucionalidad, pues en
Colombia el derecho a la objeción de conciencia está explícitamente garantizado
en la Constitución, ha dicho que no era exigible al Estado chileno el
reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar
obligatorio.
Los artículos 77 a 80 de la Ley
1861 de 2017 no violan la reserva de ley estatutaria, toda vez que no regulan
de forma integral, completa y sistemática el ejercicio del derecho a objetar
conciencia
Para establecer si, en efecto, las
disposiciones acusadas vulneran la reserva de ley estatutaria es preciso
primero referir el alcance de estas normas y su contexto en la normativa que
las regula. Veamos.
Alcance de las disposiciones
acusadas
47.
La
Ley 1861 de 2017 tiene como objeto reglamentar el servicio de reclutamiento,
control de reservas y la movilización. Su trámite legislativo inició en la
Cámara de Representantes, la cual fusionó una iniciativa propia con otra del Ministerio
de Defensa sobre la materia. La ponencia para primer debate, que acumuló ambas
iniciativas, explica que el objetivo del proyecto de ley es unificar “la
modalidad en la prestación del servicio militar, lo cual responde a las
necesidades actuales y futuras del servicio, y adicionalmente permite mayor
movilización y mejor distribución de los soldados para cubrir la totalidad del
territorio nacional”[122].
Así mismo, enumera nueve componentes de las iniciativas legislativas: (i)
adaptar la normativa vigente a las necesidades sociales y de seguridad
nacional; (ii) unificar la prestación del servicio militar para que se dé en
condiciones de igualdad; (iii) aumentar los beneficios para quiénes presten
servicio militar, para generar incentivos para servir al país; (iv) actualizar
las causas de exoneración de la prestación del servicio militar y las
exenciones de pago de la cuota de compensación; (v) disminuir la edad de
incorporación y contemplar el servicio militar ambiental; (vi) simplificar los
procedimientos de definición de situación militar; (vii) generar un mecanismo
para promover el acceso al trabajo sin necesidad de presentar la tarjeta
militar durante un tiempo; (viii) crear facilidades de pago de la cuota de
compensación militar y las multas por infracciones a la ley de reclutamiento;
(ix) facultar al Ministerio de Defensa para realizar jornadas con el fin de
definir la situación militar[123].
En este proyecto se contempló la
objeción de conciencia como una de las causales de exoneración a la prestación
del servicio y se dijo que el trámite se adelantaría ante la Comisión Interdisciplinaria
creada para tal fin.
48.
Cabe
resaltar que el Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz presentó ponencia
negativa a la iniciativa, que fue rechazada más adelante. Esa ponencia reconoce
los eventos en los cuales la Corte Constitucional ha intervenido para proteger
derechos fundamentales, como, por ejemplo, el derecho a la libertad de
conciencia. Así, cita las Sentencias C-728 de 2009, T-018 de 2012,
T-314 de 2014 y T-455 de 2014 y subraya que la falta de
reconocimiento de la objeción de conciencia ha sido uno de los problemas de
incorporación denunciado en los últimos años, lo cual se identifica como
consecuencia del desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional[124].
Advierte, entre otras cosas, que el artículo 24, que regulaba las quejas de los
conscriptos mediante la página web, tenía problemas de constitucionalidad, ya
que el sistema no contemplaba la objeción de conciencia.
49.
Por
su parte, la primera ponencia para debate en Senado indicó que la iniciativa
buscaba “adecuar el proceso de reclutamiento militar a los requerimientos
actuales de las Fuerzas Armadas […], armonizar dicho proceso con reciente
jurisprudencia de la Corte Constitucional e incentivar, a través de la creación
de beneficios, oportunidades laborales y académicas, la prestación del servicio
militar obligatorio”[125].
Así pues, la ponencia reconoce que la prestación del servicio militar en
Colombia está ligada a las transformaciones de la sociedad colombiana, las
migraciones del campo a la ciudad y la lucha contra la criminalidad urbana y
contrainsurgente. En tal sentido, reconoce que la circunscripción militar ha
estado mediada por diferencias de clase que se reflejan en los tipos de
soldados. Por ello, la finalidad de la normativa es modernizar las fuerzas
Armadas para que enfrente “los desafíos que se imponen, particularmente, en
un contexto de postconflicto”[126].
En consonancia, la mencionada ponencia explica
que los puntos centrales de la normativa se refieren a: (i) la actualización de
las causales de exoneración del servicio militar, dentro de las cuales está la
objeción de conciencia; (ii) la disminución del tiempo de duración del
servicio; (iii) la inclusión de la posibilidad de terminar el bachillerato
durante el tiempo de conscripción; (iv) el establecimiento de la Organización
de Reclutamiento y Movilización como la encargada de inscribir a los
colombianos que deben definir su situación; (v) la actualización de la fórmula
de pago por compensación militar; (vi) la creación del Servicio Social
Obligatorio para la Paz; (vii) la elevación de la bonificación mensual de los
conscriptos; (viii) la actualización de las formas de realizar trámites; y (ix)
la creación de un régimen de transición[127].
50.
Específicamente,
sobre la objeción de conciencia, el proyecto contempló, en su artículo 4º, “el
derecho fundamental a la objeción de conciencia” como excepción al servicio
militar obligatorio; en su artículo 11, la obligación para los planteles
educativos de informar sobre ese derecho; en su artículo 12, la posibilidad de
adelantar el trámite de “reconocimiento de su objeción de conciencia, a
través de la comisión interdisciplinaria creada para tal fin”[128], como
exoneración a la prestación del servicio militar; en su artículo 71, la posibilidad
de desacuartelamiento cuando se haya culminado el proceso de reconocimiento de
objeción de conciencia ante la entidad que la ley contempla.
51.
La
estructura anterior se consideró de esa forma desde el segundo debate en Cámara
y se mantuvo hasta la expedición de la ley. No obstante, en el debate en la
Plenaria del Senado[129]
se introdujo un capítulo nuevo que contempla el trámite de la objeción de
conciencia al servicio militar y que se mantuvo después de que la comisión que
concilió los textos de Senado y Cámara acogiera en su totalidad el texto
aprobado en la Plenaria del Senado, con una excepción sobre otros
asuntos[130].
Ese es el texto que ahora se demanda por violación de reserva de ley
estatutaria.
52.
De
esta forma, los artículos 77 a 80 de la mencionada Ley regulan el trámite de la
objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Se encuentran en el título
VIII que se refiere a las disposiciones varias de la Ley y determinan la
competencia para resolver ese tipo de peticiones, las atribuciones de la Comisión
de Objeción de Conciencia, el procedimiento y los términos para resolver sobre
las objeciones de conciencia a la prestación del servicio militar.
53.
Así
pues, el artículo 77 le adscribe la competencia al Ministerio de Defensa
para conocer las declaraciones de objeción de conciencia mediante la Comisión
Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia y determina su constitución. El artículo
78 establece las atribuciones de la Comisión de Objeción de Conciencia y
define que será ese órgano el que conozca y dé respuesta a las solicitudes y
recursos presentados de declaración de objeción de conciencia. El artículo
79 determina el procedimiento para ser reconocido como objetor de
conciencia al servicio militar al establecer que se hará mediante solicitud
escrita o verbal que exponga los motivos de la manifestación ante la Comisión
Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia. Asimismo, dispone los elementos
que debe contener la solicitud, a saber: los datos personales del objetor; las “razones
éticas, religiosas o filosóficas que resulten incompatibles con el deber
jurídico cuya exoneración se solicita”; y los documentos y elementos de
prueba que acrediten la sinceridad de las convicciones. De igual manera, señala
los efectos de elevar la solicitud y la posibilidad de que la misma sea
coadyuvada por organizaciones defensoras de derechos humanos o instituciones
religiosas, filosóficas u otras de naturaleza similar. Finalmente, el artículo
80 de la Ley consigna los términos para resolver. En tal sentido, indica
que la Comisión Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia tiene un término
máximo de 15 días hábiles a partir de la radicación del escrito o de la
recepción de la manifestación verbal y que, contra dicha decisión, procede el
recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación.
54.
Después
de establecer el contexto y alcance de las normas acusadas se pasa a verificar
los criterios establecidos por la jurisprudencia para determinar si, en efecto,
la regulación atacada debió someterse al trámite estatutario.
Verificación de los criterios que
configuran la reserva de ley estatutaria
55.
Dado
que la demanda plantea que los artículos 77, 78, 79 y 80 de la Ley 1861 de 2017
debieron tramitarse como ley estatutaria porque regulan de manera integral y
estructural un derecho fundamental, la Sala verificará que efectivamente la
objeción de conciencia sea un derecho fundamental y que haya sido regulado de
forma integral y estructural.
Que efectivamente se trate de
derechos de carácter fundamental
56.
Como
se ha advertido ampliamente, el derecho a la objeción de conciencia al servicio
militar es un derecho autónomo y nominado, reconocido en la Constitución y
exigible a través de la acción de tutela. Pero esto no lo convierte
automáticamente en un derecho fundamental. Esta
Corporación ha subrayado que “será fundamental todo derecho
constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y
sea traducible en un derecho subjetivo”[131].
57.
En
virtud de esta definición, el derecho a la objeción de conciencia
es funcional a materializar la dignidad humana en la medida en que resalta la
autonomía de cada quien para tomar sus propias decisiones, de acuerdo con sus
creencias y convicciones, lo que implica tratar a las personas como fines en sí
mismas y no como medios para lograr el fin de hacer cumplir todos los deberes
impuestos por el ordenamiento jurídico.
58.
A
su turno, el derecho a la objeción de conciencia es traducible en un derecho
subjetivo en la medida en que la Constitución señala que todas las personas
pueden ser sujetos activos de él y establece la obligación del resto de la
comunidad de abstenerse de exigir a estas actuar contra su conciencia. Es decir
que es claro quiénes son los sujetos activos y pasivos del derecho, además de
cuál es la prestación que, en este caso, es negativa o de abstención.
Que la normativa pretenda regular de manera integral,
completa y sistemática un derecho fundamental
59.
El artículo 79 de la
Ley 1861 de 2017 establece que, para ejercer el derecho de objeción de
conciencia al servicio militar, la solicitud se puede presentar ante la
Comisión Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia, que se regula en los dos
artículos previos. Igualmente, fija lo que debe contener la solicitud, desde
los datos personales del objetor, como las razones “éticas,
religiosas o filosóficas que resultan incompatibles con el deber jurídico cuya
exoneración se solicita”, hasta los “documentos y
elementos de prueba que acrediten la sinceridad de sus convicciones, es decir,
que sean claras, profundas, fijas y sinceras”. De otra parte, también fija
la posibilidad de que organizaciones defensoras de derechos humanos coadyuven
la petición.
60.
De
este modo, la normativa determina: los sujetos activos, es decir, los titulares
del derecho; los sujetos que tienen la posibilidad de intervenir en el trámite;
ante quienes se debe presentar la solicitud de objeción de conciencia; quién
compone ese conjunto de personas que decide sobre la procedibilidad de la
petición, es decir, si se tiene o no el derecho; las atribuciones de este
órgano; cómo se puede cuestionar tal decisión; las causales y los fundamentos
de hecho que permiten ejercer el derecho a la objeción de conciencia al
servicio militar; los requisitos que deben acreditarse para que el derecho sea
reconocido; y lo que se debe presentar y verificar para que proceda la
solicitud. Así pues, es evidente que la normativa atacada no impacta los
elementos esenciales del derecho a objetar conciencia, sino que únicamente regula
la forma para su ejercicio. En otras palabras, es una regulación que, en
general, no tiene contenidos sustanciales sino meramente procedimentales.
Además, no se trata de una regulación integral, completa y sistemática, debido
a que hay muchos más aspectos de este derecho que las normas demandadas no
regulan, las cuales solo se refieren a un escenario en el que opera la objeción
de conciencia: el servicio militar obligatorio.
El numeral 2° del artículo 79 de
la Ley 1861 de 2017 no desconoce el contenido de la objeción de conciencia,
como es entendido de conformidad con el bloque de constitucionalidad, puesto
que el Legislador puede restringir los motivos por los cuales se reconoce la
objeción de conciencia
61.
En
lo que respecta a la naturaleza o tipo de convicciones por las cuales es
posible objetar conciencia al servicio militar, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional se ha encontrado prevalentemente con que los objetores aducen
justificaciones religiosas para eximirse de la prestación del servicio militar[132], lo
que le ha impedido trazar una línea clara sobre este asunto. Si bien es verdad
que en algunas providencias se sugiere que los motivos para objetar conciencia
en relación con cualquier asunto son amplios y no se limitan a un listado
cerrado, este no ha sido el objeto discutido en tales ocasiones, luego estas
afirmaciones no pueden considerarse parte de la ratio decidendi de las
sentencias. Más aun, estos pronunciamientos judiciales fueron adoptados antes
de la promulgación de la Ley 1861 de 2017, norma que por primera vez enumera
los motivos particulares por los cuales alguien puede objetar conciencia al
servicio militar obligatorio. Es decir que esta jurisprudencia fue dictada
cuando en Colombia no había ninguna regulación sobre la objeción de conciencia
en materia de servicio militar, luego esta es la primera vez que la Corte se
enfrenta al problema jurídico que gira alrededor de si el Legislador puede o no
instaurar una lista taxativa de causales para objetar conciencia al servicio
militar.
62.
Por
ejemplo, en la Sentencia C-274 de 2016[133], la
Corte examinó la constitucionalidad del parágrafo del artículo 9° de la Ley 911
de 2004 que establece que el profesional de enfermería podrá hacer uso de la
objeción de conciencia sin que por esto se le pueda menoscabar sus derechos o
imponérsele sanciones. Aunque la norma no prevé un listado de motivos por los
cuales se puede objetar conciencia, la Corte precisó que lo importante para que
proceda este derecho es que
“las convicciones que esgrime quien lo ejerce, no
sean sometidas a verificación objetiva acerca de si son justas o injustas,
acertadas o erróneas. Lo que sí exige es que los motivos en que se funda el
ejercicio de este derecho, emerjan de las más íntimas y arraigadas convicciones
del individuo, de modo que la simple opinión que se tenga sobre un asunto no constituye
fundamento suficiente para rehusar el cumplimiento de un deber legal, al amparo
de la objeción de conciencia”.
Análogamente, en la Sentencia T-353
de 2018[134]
se resolvió el caso de dos personas que habían sido incorporadas al Ejército, a
pesar de haberse declarado objetores de conciencia por razones religiosas. Este
Tribunal advirtió que
“la libertad de conciencia, al ser una expresión de
las convicciones más íntimas de la persona -así como de su autonomía-, debe
interpretarse mucho más allá del simple ámbito de las valoraciones religiosas o
de las creencias. Es más: debe partir de cualquier consideración que la persona
estime válida y legítima dentro de su sistema de principios y valores”.
Con esta lógica, resaltó que “resultaría
válido oponerse a prestar el servicio militar obligatorio por razones de
convicciones íntimas, filosóficas, humanistas, artísticas, políticas,
sociológicas e incluso antropológicas; y no sólo por razones religiosas, de
creencias o socioeconómicas”. A continuación, destaca nuevamente que lo
importante es que estas convicciones, independientemente de cuáles sean, estén
“dentro de los límites de lo demostrable y de lo
real: una convicción íntima y profunda se construye con el tiempo, es un
proceso en sí mismo; por lo tanto, no puede ser el resultado de una moda, una
argucia, un capricho o una profesión espontánea de fe. En este balance entre
libertades y límites constatables consiste justamente el ejercicio de la
libertad de conciencia”.
En esta misma línea, puede citarse la
más arriba referenciada Sentencia C-728 de 2009 que estimó que la Ley 48
de 1993 no adolecía de una omisión legislativa relativa por supuestamente
olvidar incluir la objeción de conciencia como una exención para prestar el
servicio militar. La Corte recordó en esa oportunidad que “las convicciones
o creencias que den lugar a negarse a la prestación del servicio militar deben
ser profundas, fijas y sinceras, para que sean de una entidad tal que realmente
se encuentre amenazada la libertad de conciencia y de religión”.
63.
Ahora,
este vacío de la doctrina constitucional no puede llenarse con afirmaciones que
hacen parte del obiter dicta de las sentencias. En su lugar, lo correcto
es aplicar las subreglas jurisprudenciales construidas en esta sentencia con base
en el precedente de la Corte. Dado entonces que la objeción de conciencia al
servicio militar supone un quebrantamiento del principio de igualdad ante la
ley en la medida en que el objetor se verá eximido de cumplir un deber de rango
constitucional que los demás ciudadanos en sus mismas condiciones deben acatar,
es razonable que el Legislador establezca un listado de causales que
corresponden a convicciones o creencias que, por lo general, no son
coyunturales, sino que deben ser profundas, fijas y sinceras, sin que esto
signifique que cada objetor no deba demostrar que en su caso particular sus
convicciones o creencias gozan de dichos atributos.
64.
Adicionalmente,
la decisión del Legislador de limitar la procedencia de la objeción de
conciencia al servicio militar a razones éticas, religiosas o filosóficas no se
evidencia caprichosa ni arbitraria. Como lo muestran los datos cuantitativos
recogidos en la intervención del Ministerio de Defensa Nacional, las razones
más esgrimidas por los objetores de conciencia al servicio militar desde el año
2013 al 2017 son justamente las tres reconocidas en la disposición demandada.
65.
Igualmente,
fijar estos tres motivos para objetar conciencia y excluir otros es una
decisión legislativa que pretende armonizar el derecho a la objeción de
conciencia con los intereses colectivos a la seguridad y defensa del país. Un
listado en exceso amplio y flexible podría significar una reducción
significativa en el pie de fuerza y poner en riesgo aquellos intereses que se
pretenden proteger con el deber constitucional de prestar el servicio militar
previsto en el artículo 216 Superior.
66.
Sumado
a lo anterior, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos
que hace parte del bloque de constitucionalidad, cualquier restricción al
derecho a la objeción de conciencia debe estar prescrita por la ley y ser
necesaria para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o
los derechos o libertades de los demás. En este caso, la limitación del derecho
a la objeción de conciencia a tres causales proviene de una ley en sentido
formal y material (Ley 1861 de 2017) y responde a la necesidad de proteger el
orden y la seguridad públicos, que podrían verse afectados negativamente si los
ciudadanos pudieran objetar el cumplimiento de su deber por cualquier razón. Esta
medida es necesaria en cuanto no existe otro mecanismo igualmente adecuado o
idóneo para obtener el fin de evitar la disminución del pie de fuerza militar
que podría poner en riesgo el orden y la seguridad públicos. Además, es una
medida proporcional porque la garantía de no cumplimiento del deber de prestar el
servicio militar se mantiene pero sometida a unas reglas y causales objetivas
que evaden los riesgos sobre el orden y la seguridad públicos que se derivarían
del hecho de que las personas pudiesen objetar conciencia por razones
ilimitadas y de cualquier naturaleza.
67.
No
solo eso, sino que las razones éticas, religiosas y filosóficas tienen una
amplitud suficiente e incluyen diversas posturas y cosmovisiones, como lo
plantea el Ministerio Público en su concepto, que no hacen nugatorio el derecho
a la objeción de conciencia. La textura de las razones éticas, religiosas y
filosóficas es abierta, lo que invita a la ponderación dentro de un margen de
interpretación que, de todos modos, deber ser razonable.
68.
Por
consiguiente, la Sala declarará la constitucionalidad del numeral 2° del
artículo 79 de la Ley 1861 de 2017 por encontrar que el Legislador puede
válidamente limitar el derecho de objeción de conciencia por la necesidad de
proteger el orden y la seguridad públicos.
Síntesis de la decisión
69.
Las
reglas jurisprudenciales vigentes que establecen el alcance de la reserva de
ley estatutaria son las siguientes: (i) se rige por criterios restrictivos;
(ii) la regulación de derechos y deberes fundamentales está sujeta a reserva de
ley estatutaria. No obstante, no todo evento ligado a los derechos
fundamentales debe ser tramitado mediante este tipo de ley; (iii) la regulación
estatutaria u ordinaria no se define por la denominación adoptada por el Legislador,
sino por su contenido material; (iv) las disposiciones objeto de trámite
cualificado son aquellas que regulan el núcleo esencial del derecho o deber
fundamental, aspectos inherentes al mismo, la estructura general y sus
principios reguladores o la normativa que lo regula de forma integral, completa
y sistemática. Igualmente, la reserva también aplica cuando se “trate de un
mecanismo constitucional necesario e indispensable para la defensa y protección
de un derecho fundamental”. (v) Los elementos estructurales se refieren a
aquellos más cercanos a su núcleo esencial, es decir, los aspectos inherentes
al ejercicio del derecho que consagren límites, restricciones, excepciones y
prohibiciones que afecten dicho núcleo esencial delimitado por la Constitución;
y (vi) la regulación integral es aquella cuyo objeto directo es desarrollar el
régimen de derechos fundamentales, no materias relacionadas, y que tenga la
pretensión de ser una regulación integral, completa y sistemática.
70.
En
lo que atañe a la naturaleza del derecho a la objeción de conciencia, la
doctrina constitucional ha experimentado una evolución. Inicialmente, la
objeción de conciencia no era considerada un derecho constitucional y, a lo
sumo, se trataba como un derecho legal, si así lo decidía el Legislador. No
obstante, esta posición fue explícitamente superada. Desde allí, algunas
sentencias han considerado la objeción de conciencia como un derecho
fundamental autónomo que se desprende de la libertad de conciencia, la libertad
de religión y la libertad de pensamiento. Otras han advertido que el
desconocimiento de la objeción de conciencia es una manera de violentar la
libertad de conciencia, luego no es un derecho autónomo, sino un ámbito de
protección de este derecho. Finalmente, la posición más reciente ha establecido
que el derecho a la objeción de conciencia es un derecho autónomo y nominado en
el apartado final del artículo 18 Constitucional que indica que nadie puede ser
obligado a actuar contra su conciencia. Al margen de estas diferencias, en los
últimos tres momentos señalados la objeción de conciencia es reconocida como un
derecho constitucional y susceptible de ser amparado mediante acción de tutela.
Ahora, la Sala considera que la objeción
de conciencia, en general, es un derecho autónomo y nominado en el apartado
final del artículo 18 de la Constitución que reza que las personas tienen
derecho a no ser obligadas a actuar contra su conciencia. Esta lectura
desarrolla el principio pro homine que ordena preferir la interpretación
más favorable a los derechos humanos. Además, es la más favorable a los
derechos humanos y la que mejor interpreta el principio de efectividad de los
derechos constitucionales (artículo 2° de la Carta), por cuanto protege esta
posición jurídica en sí misma, sin necesidad de apelar a otros derechos que
podrían debilitar su salvaguarda en tanto no se verifique la violación de estos
últimos. Asimismo, la interpretación adoptada es razonable, toda vez que
recurre a una lectura literal y sistemática del artículo 18 de la Constitución
en conjunto con el artículo 20 y garantiza el efecto útil de cada uno de los
apartes del artículo 18, en el entendido de que cada uno de ellos tiene una
aplicación práctica y autónoma.
71.
Sumado
a esto, el alcance de la objeción de conciencia a la prestación del servicio
militar obligatorio puede ser legítimamente limitado por el Legislador, siempre
y cuando respete el principio de proporcionalidad y las limitaciones no sean en
exceso restrictivas como para hacer nugatorio este derecho, pero tampoco sean
demasiado amplias como para desconocer el principio de igualdad ante la ley y
las necesidades de defensa y seguridad del Estado, que son los bienes jurídicos
que se pretenden proteger con el establecimiento de la obligación de la
prestación del servicio militar.
72.
Además,
el derecho internacional de los derechos humanos que hace parte del bloque de
constitucionalidad ha derivado el derecho a la objeción de conciencia de la
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión consignada en los
artículos 12 y 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente.
Aunque la Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas y el Comité de Derechos Humanos han entendido de manera
amplia los tipos de convicciones que pueden activar la objeción de conciencia a
determinado deber, al señalar que los motivos pueden ser religiosos, morales,
éticos, humanitarios o de índole similar y que no debe haber diferenciación
entre los objetores de conciencia sobre la base del carácter de sus creencias
particulares, simultáneamente han admitido que el Legislador establezca
restricciones a este derecho con la única condición de que ellas sean
necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos,
o los derechos y libertades fundamentales de los demás.
Esto significa entonces que el principio
general es que, ante el silencio del Legislador en relación con las
características de las creencias, cualquier convicción profunda que se oponga a
la prestación del servicio militar puede ser aducida para excusarse del
cumplimiento de este deber, lo que no obsta para que se limite la
procedibilidad de la objeción de conciencia a ciertas creencias, siempre que
ello sea necesario para resguardar la seguridad, el orden, la salud o la moral
públicos, o los derechos y libertades de los demás.
73.
La
Corte Constitucional declarará la exequibilidad de los artículos 77, 78, 79 y
80 de la Ley 1861 de 2017 por el cargo de violación de la reserva de ley
estatutaria, pues, aunque el derecho a la objeción de conciencia es un derecho
fundamental autónomo, estas disposiciones no contienen una regulación integral,
completa y sistemática de él porque hay muchos más aspectos de este derecho que
las normas demandadas no regulan, las cuales solo se refieren a un escenario en
el que opera la objeción de conciencia: el servicio militar obligatorio.
74.
Asimismo,
declarará la exequibilidad numeral 2° del artículo 79 de la Ley 1861 de 2017,
ya que es válida la decisión del Legislador de consagrar la posibilidad de
objetar conciencia al servicio militar obligatorio exclusivamente por razones
éticas, religiosas y filosóficas, pues este derecho supone un desafío al
principio de igualdad ante la ley y a las necesidades de defensa y seguridad
del Estado, que son los bienes jurídicos que se pretenden proteger con el
establecimiento de la obligación de la prestación del servicio militar.
Adicionalmente, esta decisión legislativa no es caprichosa, pues las razones
éticas, religiosas y filosóficas son las que en la práctica los objetores más
invocan, además de que se trata de conceptos muy amplios que incluyen diversas
posturas y cosmovisiones, lo que no hace nugatorio el derecho a la objeción de conciencia.
Asimismo, la procedencia de este derecho a tres causales proviene de una ley en
sentido formal y material y responde a la necesidad de proteger el orden y la
seguridad públicos, que podrían verse afectados negativamente si los ciudadanos
pudieran objetar el cumplimiento de su deber por cualquier motivo. Por tanto,
este precepto normativo respeta las normas del bloque de constitucionalidad
sobre objeción de conciencia.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Declarar
EXEQUIBLES los artículos 77, 78, 79 y 80 de la Ley 1861 de 2017 por
los cargos analizados.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
Con impedimento aceptado
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Con salvamento de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Ausente en comisión
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
A LA SENTENCIA C-370/19
Referencia:
Expediente D-12372
Demanda de inconstitucionalidad
contra los artículos 77, 78, 79 y 80 de la Ley 1861 de 2017, “Por la cual se
reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización”.
Magistrada Ponente:
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones de la Corte, me permito expresar las razones que me llevan a
apartarme de la posición adoptada por la mayoría, en la sentencia de la
referencia.
1. En
la sentencia C-370 de 2019 la Corte estudió si los artículos 77, 78, 79 y 80 de
la Ley 1861 de 2017 vulneraron la reserva de ley estatutaria, prevista en el
artículo 152-1 superior para el trámite de los proyectos de ley que regulan
derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y
recursos para su protección.
2. La
mayoría determinó que no se violó la garantía de reserva de ley estatutaria,
pues si bien la objeción de conciencia es un derecho de carácter fundamental
autónomo, los artículos acusados i) no afectan los elementos esenciales
del derecho, ii) no tienen contenidos sustanciales sino meramente
procedimentales y iii) no establecieron una regulación integral,
completa y sistemática del mismo.
3. La
postura de la sentencia, en mi criterio, resulta equivocada por varias razones.
En primer lugar, las normas demandadas sí interfieren significativamente en los
elementos centrales de un derecho fundamental y no se limitan a establecer
aspectos procedimentales para su ejercicio. Efectivamente, los artículos 77,
78, 79 y 80 de la Ley 1861 de 2017 se refieren al derecho fundamental a la
objeción de conciencia. Este derecho es de naturaleza fundamental, pues
materializa la dignidad humana al proteger la autonomía de cada quien para
tomar sus propias decisiones, de acuerdo con sus convicciones y creencias;
tiene eficacia directa a partir de la Constitución, sin necesidad de desarrollo
legislativo o normativo; y su contenido básico constitucionalmente asegurado se
encuentra referido explícitamente en el artículo 18 de la Carta Política, que
señala que nadie será obligado a actuar en contra de su conciencia.
4. Aunque la Ley 1861 de 2017 no se
propuso, en principio, desarrollar el derecho a la objeción de conciencia en su
faceta de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, sino fijar
las reglas de prestación del servicio militar en Colombia, en segundo debate en
el Senado se incluyó una regulación que alude a sus contenidos centrales y al
trámite para su salvaguarda administrativa. De este modo, los artículos
acusados establecen quiénes son los titulares del derecho (los objetores de
conciencia al servicio militar obligatorio[135]), el objeto
de protección del derecho (derecho a oponerse por razones éticas, religiosas o
filosóficas al cumplimiento del deber jurídico de prestar el servicio militar[136]),
los requisitos sustanciales y formales para que la objeción de conciencia opere
(acreditar que las convicciones son claras, profundas, fijas y sinceras[137]),
y definen el órgano que decide sobre su procedencia[138],
los términos del trámite[139]
y la manera de cuestionar la decisión que dicho órgano debe adoptar al respecto[140].
5. Se trata, por lo tanto, de
disposiciones legales que consagran condiciones formales y sustanciales
fundamentales para el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al
servicio militar obligatorio, como su alcance, límites y requisitos de
reconocimiento; así como los procedimientos y órganos necesarios para su
materialización.
6. En
segundo lugar, la sentencia sugiere que para activar la garantía de reserva de
ley estatutaria es necesario que las disposiciones acusadas establezcan una
regulación integral, completa y sistemática de un derecho fundamental.[141]
En ese sentido, aduce que las normas censuradas no violan el artículo 152-1 de
la Constitución, pues no consagran una reglamentación integral del derecho a la
objeción de conciencia, “debido a que hay muchos más aspectos de este
derecho que las normas demandadas no regulan, las cuales solo se refieren a un
escenario en el que opera la objeción de conciencia: el servicio militar
obligatorio”.[142]
7. En
mi criterio, la perspectiva que asume la sentencia en relación con el criterio
de integralidad resulta alejada de la postura pacífica que ha adoptado la
jurisprudencia constitucional frente al mismo. Así, el requisito de
integralidad es autónomo y contingente y, por lo tanto, no necesario
para determinar si una norma o un conjunto de disposiciones con fuerza de ley
deben ser objeto del trámite cualificado del artículo 152 superior. En ese
sentido, al recoger la jurisprudencia sobre la materia la sentencia C-756 de
2008 precisó que “las regulaciones integrales de los derechos fundamentales
debe realizarse mediante ley cualificada”. Es decir, que cuando un derecho
fundamental es regulado de manera integral debe ser tramitado a través del
procedimiento dispuesto para las leyes estatutarias, pero en modo alguno ello
supone que las reglamentaciones parciales o especiales del mismo estén exentas
de la garantía de mayoría legislativa cualificada.
8. En
efecto, la Corte no ha exigido que las normas objeto de censura desarrollen de
manera sistemática y completa un derecho fundamental para que se active la
garantía de reserva de ley estatutaria. Por el contrario, su jurisprudencia
temprana precisó que la regulación general o especial de aspectos
esenciales de un derecho fundamental da lugar a esta protección reforzada.[143]
9.
Bajo tal óptica, la Sentencia C-567 de 1997 declaró inexequible el numeral 5
del artículo 10[144]
de la Ley 190 de 1995 que ordenaba a los aspirantes a ocupar un cargo o empleo
público, o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la
administración, presentar un formato único de hoja de vida debidamente
diligenciado con información sensible. La Corte advirtió que “la recolección
de datos personales que conforman un banco de datos destinados a la circulación”
requería su desarrollo a través de ley estatutaria. Así mismo, precisó que la
facultad consagrada en la norma examinada “no es objeto de regulación -general
o especial-, en ninguna ley estatutaria. La fuente del poder que se
concede a la administración se deriva de una simple ley ordinaria”.
(Énfasis añadido). En el mismo sentido, la Sentencia C-384 de 2000 determinó
que el artículo 114[145]
de la Ley 510 de 1999 infringió el literal a) del artículo 152 de la
Constitución en tanto regulaba aspectos inherentes al ejercicio del derecho
fundamental de habeas data, como las pautas que debían seguir los bancos de
datos financieros o de solvencia patrimonial y crediticia.
10. Según se advierte, en ninguno de los
asuntos analizados en las sentencias C-567 de 1997 y C-384 de 2000 se trataba
de regulaciones integrales y sistemáticas del derecho al habeas data y, pese a
ello, la Corte declaró su inexequibilidad por violar la garantía de reserva de
ley estatutaria en tanto se referían a aspectos cercanos al núcleo esencial de
un derecho fundamental. Asimismo, en otras providencias como la sentencia
C-1011 de 2008 la Corte declaró la exequibilidad de una regulación sectorial
del habeas data previa verificación del cumplimiento de los requisitos de
aprobación de una ley estatutaria.
11.
En definitiva, la jurisprudencia constitucional anterior a la sentencia C-370
de 2019 no había exigido que las disposiciones materia de examen desarrollen de
forma completa un derecho fundamental para activar la garantía de reserva de
ley estatutaria ni la concurrencia de los presupuestos de integralidad y
afectación de los elementos centrales del derecho, sino que había indicado que
estos criterios – al igual que el de afectación de elementos estructurales del
derecho- comportaban presupuestos autónomos para identificar si una norma
ordinaria infringía lo previsto en el literal a) del artículo 152 de la
Constitución. Esta perspectiva, además, constituía una notable proyección de la
relevancia que tienen los derechos fundamentales en un Estado Constitucional,
al exigir que la configuración definitiva de su alcance y ejercicio esté
revestida de acuerdos extendidos en el Congreso de la República no solo como
expresión de legitimidad sino también como una garantía, al menos prima
facie, de deliberación adecuada.
12.
En ese orden de ideas, la sentencia de la que me aparto establece un precedente
problemático en términos de protección del procedimiento cualificado fijado en
la Constitución para la regulación legislativa de los derechos fundamentales,
pues bastará con fragmentar en diversas leyes el desarrollo legal de un derecho
de esta naturaleza para eludir la aplicación del principio superior de reserva de
ley estatutaria. Una interpretación constitucionalmente adecuada del parámetro
de integralidad, a la luz de la garantía de reserva de ley estatutaria, conduce
a sostener que la completitud de la regulación a la que se refiere la
jurisprudencia alude a la faceta específica del derecho fundamental objeto de
tratamiento legislativo. Por estas razones, considero que las normas censuradas
resultaban inexequibles, pues suponen una regulación integral, completa y
sistemática de una dimensión del derecho fundamental a la objeción de
conciencia y de algunos de sus elementos esenciales. En concreto, del derecho a
la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y sus procedimientos
administrativos de protección.
13.
Estas son las razones que, en suma, me llevan a salvar el voto frente a la
sentencia C-370 de 2019.
Fecha
ut supra,
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
[1] Folios 20-26.
[2] Folios 29-30.
[3] M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[4] Folio 9.
[5] Folio 10.
[6] Folio 11.
[7] Folio 14.
[8] Folio 12.
[9] Folio 14.
[10] Folio 17.
[11] Escrito presentado
por Claudia Isabel González Sánchez, en calidad de Secretaria Jurídica de la
Presidencia de la República. Folios 70-79.
[12] M.P. Alberto Rojas
Ríos.
[13] M.P. Alberto Rojas
Ríos.
[14] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[15] M.P. Adriana María
Guillén Arango.
[16] M.P. Alberto Rojas
Ríos.
[17] Escrito presentado
por Jorge Kenneth Burbano Villamarín, Jorge Ricardo Palomares García, Javier
Enrique Santander Díaz y Édgar Valdeleón Pabón, actuando como miembros del
Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre.
Folios 85-94.
[18] Folio 86.
[19] Ibidem.
[20] Ibidem.
[21] Folio 87.
[22] M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[23] M.P. Fabio Morón
Díaz.
[24] M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[25] M.P. Álvaro Tafur
Galvis.
[26] Folio 92.
[27] Ibidem.
[28] Ibidem.
[29] Ibidem.
[30] Escrito presentado
por Paula Robledo Silva, en calidad de Defensora Delegada para Asuntos
Constitucionales y Legales. Folios 95-102.
[31] Folio 102.
[32] Folio 98.
[33] M.P. Alberto Rojas
Ríos.
[34] Folio 98.
[35] Ibidem.
[36] Folio 99.
[37] M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[38] Folio 100.
[39] Escrito presentado
por Sandra Marcela Parada Aceros, en calidad de apoderada especial del
Ministerio de Defensa.
[40] Folio 171.
[41] Folio 170.
[42] Folio 147.
[43] M.P. Alberto Rojas
Ríos.
[44] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[45] M.P. Alberto Rojas
Ríos.
[46] Folio 150.
[47] Folio 151.
[48] En realidad, el Ministerio
Público pide la declaratoria de exequibilidad del numeral 2º del artículo 79 de
la Ley 1861 de 2017. Sin embargo, la Sala entiende que se refiere a la
exequibilidad del numeral 3º del artículo 79 de la Ley 1861 de 2017, ya que
este fue el cargo admitido en el Auto del 27 de octubre de 2017 y la
argumentación del concepto de la Procuraduría está orientada a defender la
constitucionalidad de esta última disposición.
[49] Folio 190.
[50] Folio 170.
[51] Folio 187.
[52] “Artículo
2º. Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se
presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las
normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier
medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento
de las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones
por las cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el
señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del
acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la
Corte es competente para conocer de la demanda”.
[53] Ver, entre otros, Auto
288 de 2001 y Sentencias C-1052 de 2001 y C-568 de 2004,
todas las providencias con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa,
y C-980 de 2005, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[54] Folio 10.
[55] Folio 10.
[56] Folio 14.
[57] Folio 12.
[58] Folio 14.
[59] Folio 13.
[60] Folio 13.
[61] Folio 14.
[62] En Sentencia C-728
de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la Corte Constitucional
estudió el artículo 27 de la Ley 48 de 1993 que fue demandado por contener una
omisión legislativa relativa al no establecer, dentro de las exenciones del
servicio militar, la objeción de conciencia. Si bien la Corte declaró la
constitucionalidad de la norma por tratarse de una omisión absoluta y no
relativa, exhortó al Congreso para que regulara la objeción de conciencia al
servicio militar “a la luz de las consideraciones de esta providencia”.
En la sentencia, la Corte planteó que “las convicciones o creencias que den
lugar a negarse a la prestación del servicio militar deben ser profundas, fijas
y sinceras, para que sean de una entidad tal que realmente se encuentre
amenazada la libertad de conciencia y de religión”. Por otra parte, en Sentencia
T-018 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, la Corte conoció el caso de
un objetor de conciencia al servicio militar. En dicha providencia, se concedió
la tutela después de encontrar que las convicciones y creencias del actor “pueden
ser calificadas como profundas en tanto condicionan de manera integral
su forma de actuar. Esto, porque como se evidenció, permiten al accionante
desempeñarse en el área de la evangelización dentro de su iglesia”. Además,
su pertenencia “a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, desde el catorce
(14) de febrero de dos mil cuatro, y su posterior compromiso con la
evangelización demuestran que se trata de unas creencias y/o convicciones fijas
que lo han vinculado más seriamente con su credo”. Adicionalmente, “[e]s
posible valorar como sinceras las creencias y convicciones del
accionante ya que de forma coherente lo han acompañado durante años”
(subrayas no son del texto original).
[63] Folio 16.
[64] Folio 17.
[65] Mediante Sentencia
C-223 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos, la Corte Constitucional
declaró la inexequibilidad de varios artículos de la Ley 1801 de 2016, ya que “contienen
una regulación integral, completa y estructural de los derechos fundamentales
de reunión y manifestación pública”. Con igual lógica, en la Sentencia
C-818 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, la Corte declaró la
inconstitucionalidad de la regulación del derecho de petición en la Ley 1437 de
2011 al observar que “los artículos 13 a 33 contienen un desarrollo integral
y sistemático del derecho fundamental de petición, y por tanto, todas las
materias tratadas, sea cual fuere su contenido específico, han debido ser
objeto de una ley estatutaria”.
[66] Folio 11.
[67] Folio 13.
[68] Folio 13.
[69] Folio 13.
[70] Estas consideraciones
se toman de la Sentencia C-007 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[71] Sentencia C-319 de
2006,
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[72] Sentencia C-756 de
2008,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, reiterada en Sentencias C-818 de 2011,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y C-902 de 2011, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[73] En la Sentencia
C-319 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis, la Corte adujo: “Sobre el
alcance de la reserva de ley estatutaria se ha ocupado profusamente la
jurisprudencia constitucional a lo largo de estos años, y en general los
diversos pronunciamientos han defendido la tesis que dicha reserva no ha de
interpretarse de manera restrictiva, en el sentido que cualquier regulación que
se ocupe de las materias contempladas por el artículo 152 constitucional
requiera ser expedida por medio de ley  estatutaria, pues dicha interpretación
conduciría a un vaciamiento de las competencias de legislador ordinario y a que
se produzca el fenómeno que ha sido denominado en el derecho comparado como la
“congelación del rango”. En esta providencia se citan las Sentencias
C-713 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-319 de 2006, M.P.
Álvaro Tafur Galvis; C-180 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-126
de 2006, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-1233 de 2005, M.P. Alfredo
Beltrán Sierra; C-307 de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-162
de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; y C-037 de 1996, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa; entre muchas otras. En igual sentido, en la Sentencia
C-902 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, se señaló que, “[d]ebido
a la amplitud de asuntos que eventualmente podrían quedar comprendidos dentro
de las materias a que se refiere el artículo 152 de la Carta, y el consecuente
riesgo de despojar al Congreso de la cláusula general de competencia que le es
inherente en su condición de legislador ordinario (art. 150-1 CP), la
jurisprudencia ha señalado de manera insistente que la cláusula de reserva de
ley estatutaria debe interpretarse de manera restrictiva”. Sobre el mismo
punto, pueden también verse las Sentencias C-1338 de 2000, M.P. Cristina
Pardo Schlesinger; C-251 de 1998, Ms.Ps. José Gregorio Hernández Galindo
y Alejandro Martínez Caballero; y C-013 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[74] En la Sentencia
C-511 de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, la Corte precisó que “en
relación con todos los temas allí previstos, pero especialmente en lo atinente
a las leyes que regulan ‘derechos y deberes fundamentales de las personas y los
procedimientos y recursos para su protección’, la postura de este tribunal ha
sido prudente, al advertir que no todos los asuntos que de alguna manera estén
relacionados con derechos fundamentales deben ser regulados por leyes
estatutarias. Lo anterior por cuanto, de entenderse así la regla, se correría
el riesgo de vaciar las competencias legislativas ordinarias, y de generar un
proceso que llevado al extremo podría conducir a la petrificación del derecho
en relación con tales materias. Así las cosas, en un buen número de ocasiones,
la Corte ha desechado el argumento de que ciertas leyes debieron ser objeto del
trámite estatutario, siendo relativamente escasas las situaciones en que se ha
declarado la inexequibilidad de leyes o preceptos ordinarios por esta razón”.
Al respecto, pueden verse también las Sentencias C-319 de 2006, M.P.
Álvaro Tafur Galvis; y C-226 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[75] En la Sentencia
C-193 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte revisó una
demanda en contra de la totalidad de la Ley 890 de 2004 por regular el ius
puniendi que restringe el derecho a la libertad. Allí, concluyó que esta,
bajo un cargo global, no violaba la reserva de ley estatutaria. También pueden
consultarse las Sentencias C-646 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa;
y C-567 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[76] En la Sentencia
C-993 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería, la Corte declaró inexequible la
norma de la Ley 863 de 2003 que establecía la posibilidad de que la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reportara a las centrales de riesgo
información sobre cumplimiento y mora de obligaciones tributarias por
desarrollar aspectos inherentes al núcleo esencial del derecho como “límites,
restricciones, excepciones y prohibiciones”.
[77] En la Sentencia
C-1338 de 2000, M.P. Cristina Pardo Schlesinger, la Corte declaró la
inexequibilidad de toda la Ley 563 de 2000 por haber reglamentado integralmente
las veedurías ciudadanas. En esta decisión, citando la Sentencia C-425 de
1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, anotó que “[l]a regulación
de aspectos inherentes al ejercicio mismo de los derechos y primordialmente la
que signifique consagración de los límites, restricciones, excepciones y
prohibiciones, en cuya virtud se afecte el núcleo esencial de los mismos,
únicamente procede, en términos constitucionales, mediante el trámite de ley
estatutaria”. De la misma manera, puede verse la Sentencias C-425 de
1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, reiterada en las Sentencias
C-247 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-374 de 1997,
M.P. José Gregorio Hernández Galindo; y C-251 de 1998, Ms.Ps. José
Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero.
[78] En la Sentencia
C-162 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, la Corte estableció que
leyes estatutarias se ocupan de la estructura general y de los principios
básicos establecidos por el Constituyente sobre estas materias pero no del
desarrollo integral y detallado de cada una de ellas.
[79] En la Sentencia
C-620 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería, la Corte declaró inexequibles
los artículos 382 a 389, que desarrollaban lo relativo al derecho de habeas
corpus de la Ley 600 de 2000, pues regulaban el derecho fundamental de
forma “exhaustiva, íntegra y completa”. En la Sentencia C-1338 de 2000,
M.P. Cristina Pardo Schlesinger, la Corte definió que “no sólo la
normatividad que regula esencialmente (en su núcleo esencial) un tema de los
que enumera el artículo 152 de la Constitución amerita trámite estatutario,
sino también aquella que lo regula de manera estructural, integral o completa”.
[80] En la Sentencia
C-284 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa, se efectuó un control
oficioso del parágrafo del artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 que regulaba las
medidas cautelares en materia de tutela. La Corte declaró inexequible la
expresión “y en los procesos de tutela” y reiteró que los asuntos de
competencia en materia de tutela estaban reservados a ley estatutaria. Además,
advirtió que “la norma legal demandada configura una regulación en tutela que
establece reglas relativas a recursos. Aunque los recursos previstos en la Ley
1437 de 2011 no respetan por su contenido la Constitución, en lo referente a su
aplicación a los procesos de tutela, es posible que con otro diseño ajustado al
carácter preferente, sumario, célere e informal del proceso de tutela se
ajusten a las previsiones de la Carta Política. Una regulación que se
refiere a recursos o medios de impugnación, como la aquí prevista contra
medidas cautelares, en tanto podría tener como función la protección
precisamente de derechos fundamentales, está sujeta también a la reserva de ley
estatutaria”. Este criterio fue incluido en la síntesis de las reglas
sobre el tema en las Sentencias C-646 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa; y C-226 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En la Sentencia
C-511 de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, se dijo al respecto: “Siguiendo
de cerca los criterios expuestos en la sentencia C-646 de 2001 (M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa), en el fallo C-226 de 2008 (M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto) la Corte sintetizó que ese tipo normativo especial resulta necesario
entre otros casos: (i) cuando se trate de un asunto expresa y taxativamente
incluido en el artículo 152 superior; (ii) cuando se desarrollen y complementen
los derechos fundamentales; (iii) cuando la regulación de que se trata afecte
el núcleo esencial de derechos fundamentales; (iv) cuando la regulación de una
materia sometida a la reserva de ley estatutaria sea integral; y (v) cuando se
trate de un mecanismo constitucional necesario e indispensable para la defensa
y protección de un derecho fundamental”. Puede verse también la Sentencia
C-226 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[81] M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[82] Sentencias C-902 de
2011,
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; y C-818 de 2011, M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[83] Sentencias C-313 de
1994,
C-740 de 2003, C-193 de 2005 y C-872 de 2003, entre otras.
[84] Sentencias C-620 de
2001,
C-687 de 2002 y C-872 de 2003.
[85] Sentencias C-162 de 2003 y C-981 de 2005.
[86] Sentencia C-013 de
1993.
[87] Sentencia
C-994 de 2004 M.P. Jaime Araújo Rentería.
[88] Sentencia C-756 de
2008,
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[89] En la Sentencia
C-646 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, se subraya que “la
reserva de ley estatutaria en materia de derechos fundamentales, debe referirse
a: i) normas que desarrollan y complementan los derechos ii) que regulan
solamente los elementos estructurales esenciales, iii) que regulan de forma
directa su ejercicio y también el desarrollo de su ámbito a partir del núcleo
esencial definido en la Constitución, iv) que refieran a los contenidos más
cercanos al núcleo esencial, v) que regulan aspectos inherentes al ejercicio
y principalmente lo que signifique consagrar límites, restricciones,
excepciones y prohibiciones que afecten el núcleo esencial, vi) cuando el
legislador asuma de manera integral, estructural y completa la regulación del
derecho, vii) que aludan a la estructura general y principios reguladores pero
no al desarrollo integral y detallado, regulando así la estructura fundamental
y los principios básicos, y viii) que refieran a leyes que traten situaciones
principales e importantes de los derechos”.
[90] En la Sentencia
C-818 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, se señaló que “como
cuarto criterio se encuentra la afectación o desarrollo de los elementos
estructurales de un derecho fundamental. Como se ha indicado la reserva de ley
estatutaria no se predica de la regulación de ‘todo evento ligado a los
derechos fundamentales’ sino ‘solamente los elementos estructurales esenciales
de los derechos fundamentales’, de modo que las leyes estatutarias no deben
regular en detalle cada variante o cada manifestación de dichos derechos o
todos aquellos aspectos que tengan que ver con su ejercicio. […] Una segunda
respuesta que se ha expuesto en la jurisprudencia constitucional es que es
competencia del Legislador estatutario desarrollar aspectos importantes del
núcleo esencial, con lo que parece sugerirse que tal núcleo es delineado tanto
por el Constituyente como por el Legislador estatutario. Algunos de los asuntos
importantes del núcleo esencial que son propios de las leyes estatutarias y que
han sido señalados por la Corte son: (i) la consagración de límites,
restricciones, excepciones y prohibiciones, y (ii) los principios básicos que
guían su ejercicio. Otro elemento que puede deducirse a partir de un examen de
la estructura de los derechos fundamentales es la definición de las
prerrogativas que se desprenden del derecho para los titulares y que se
convierten en obligaciones para los sujetos pasivos”.
[91] En la Sentencia
C-818 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, se subrayó que tienen
reserva de ley estatutaria “aquellas iniciativas cuyo objeto directo sea
desarrollar el régimen de los derechos fundamentales o de alguno de ellos en
particular. En efecto, sobre este asunto, en la Sentencia C-013 de 1993, la
Corte se expresó así: ‘las leyes estatutarias sobre derechos fundamentales
tienen por objeto desarrollarlos y complementarlos’. // Así las cosas, si la
reserva de ley estatutaria opera sólo para aquellas leyes cuyo objeto directo
es desarrollar la regulación de los derechos fundamentales, en sentido
contrario debe entenderse que ‘si el objeto de la ley es regular materias
relacionadas con un derecho fundamental, pero no el derecho fundamental en sí
mismo, el trámite de ley estatutaria no es requerido’”.
[92] Según la Sentencia
C-818 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, “la exigencia de ley
estatutaria solo se aplica a la regulación que tenga la pretensión de ser integral,
completa y sistemática”.
[93] Ver, al respecto las Sentencias
C-902 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; C-319 de 2006, M.P.
Álvaro Tafur Galvis; C-126 de 2006, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-193
de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-037 de 1996, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa; y C-646 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[94] M.P. Jaime Araújo Rentería.
[95] M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[96] M.P. María Victoria
Calle Correa.
[97] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[98] Artículos 47 a 75 de
la Ley 1801 de 2016
[99] Thoreau, Henry D. Sobre
la desobediencia civil (1849). Traducción de María Cristina Restrepo.
Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2011, pp. 15-16.
[100] Prieto Sanchís, Luis.
Libertad y objeción de conciencia (2006). Persona y Derecho, 54, p. 261.
[101] Sentencia C-728 de
2009,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la cual no encontró que hubiese una
omisión legislativa relativa en la no inclusión de los objetores de conciencia
dentro del listado de personas exentas de prestar el servicio militar del
artículo 27 de la Ley 48 de 1993.
[102] Varias providencias
han coincidido en la obligación de que el derecho al habeas data sea
regulado a través de ley estatutaria. Al respecto, pueden consultarse las Sentencias
C-981 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-384 de 2000, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa; y C-567 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[103] Sentencias T-409 de
1992,
M.P. José Gregorio Hernández Galindo; y T-363 de 1995, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[104] Sentencias C-511 de
1994,
M.P. Fabio Morón Díaz; y C-740 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[105] M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[106] M.P. Humberto Sierra
Porto.
[107] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[108] M.P. María Victoria
Calle Correa.
[109] M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[110] M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[111] M.P. Alberto Rojas
Ríos.
[112] La Corte
Constitucional ha tenido la oportunidad de referirse a la objeción de
conciencia en distintos ámbitos. Por ejemplo, en el servicio militar (Sentencia
C-728 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en la educación (Sentencia
T-588 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), en la obligación de prestar
juramento (Sentencia T-547 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero) y
en relación con la práctica de abortos (Sentencia T-209 de 2008,
M.P. Clara Inés Vargas).
[113] Sentencia T-388 de
2009,
M.P. Humberto Sierra Porto. En esta sentencia se decidió el caso de una mujer
embarazada, cuyo feto presentaba malformaciones, y en el que el médico solicitó
orden de autoridad judicial para practicar el aborto. Presentada la tutela, un
juez se declaró impedido para fallar el caso por razones de conciencia y otro
negó el amparo e invocó la objeción de conciencia como argumento para no
ordenar la interrupción del embarazo.
[114] Ms.Ps. Jaime Araújo
Rentería y Clara Inés Vargas Hernández. En esta providencia se determinó la
exequibilidad del delito de aborto en el entendido de que no se incurre en este
delito cuando, “cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo
se produzca en los siguientes casos: (i) Cuando la continuación del embarazo
constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un
médico; (ii) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su
vida, certificada por un médico; y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado
de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto
sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia
de óvulo fecundado no consentidas , o de incesto”.
[115] M.P. Clara Inés
Vargas Hernández. En esta ocasión se falló el caso de una niña de 13 años que
fue víctima de acceso carnal violento, producto del cual quedó embarazada y,
además, la infectaron con una enfermedad de transmisión sexual. Para la Corte, “tanto
las entidades de salud públicas y privadas como los médicos que atendieron el
caso y presentaron de manera conjunta y unánime objeción de conciencia,
desconocieron la Constitución, la sentencia C-355 de 2006 y los decretos
reglamentaros expedidos por el Gobierno Nacional sobre la materia, y vulneraron
los derechos fundamentales de la menor”.
[116] La Sentencia C-257
de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz, definió que la obligación de permanencia
por dos años de los convivientes en unión marital de hecho para que pueda
presumirse o declararse judicial o voluntariamente la sociedad patrimonial,
contemplada en el artículo 2° de la Ley 54 de 1990, no vulnera la igualdad con
respecto a las parejas casadas, a quienes no se les exige este tiempo, por
cuanto “la diferencia establecida por la ley no es discriminatoria porque no
hay una exclusión irrazonable a quienes conviven en unión de hecho ni una
restricción o eliminación de derechos fundamentales para estas parejas”.
[117] Por ejemplo, en la Sentencia
C-415 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, se determinó la exequibilidad
de algunas disposiciones de la Ley 80 de 1993 sobre inhabilidades de ciertas
personas para participar en licitaciones y concursos en los que otros
individuos con determinados grados de parentesco con ellas hubieran presentado
una propuesta antes. La demanda alegaba que las disposiciones acusadas
restringen la libertad económica. La Corte señaló que la exclusión de ciertos
parientes del proceso de contratación es razonable pero que, de todas maneras,
afecta el derecho a la personalidad jurídica y el principio general de que
todas las personas tienen igual capacidad legal, por ello tal régimen de
inhabilidades debe entenderse con carácter taxativo y restringido.
[118] Convención Americana
sobre Derechos Humanos. Artículo 12. “1. Toda persona tiene derecho a la
libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de
conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias,
así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias,
individual o colectivamente, tanto en público como en privado. // 2. Nadie
puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de
conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.
// 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está
sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean
necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o
los derechos o libertades de los demás. // 4. Los padres, y en su caso los
tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
[119] Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 18. “1. Toda persona tiene derecho
a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye
la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección,
así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o
colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la
celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. // 2. Nadie será objeto
de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar
la religión o las creencias de su elección. // 3. La libertad de manifestar la
propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las
limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la
seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades
fundamentales de los demás. // 4. Los Estados Partes en el presente Pacto se
comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores
legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
[120] Cristián Daniel Sahli
Vera y otros vs. Chile, Caso 12.219, CIDH, Informe No. 43/05,
OEA/Ser.L/V/II.124 doc. 5 (2005).
[121] “No constituyen
trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo: […] // b. el
servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de
conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquél
[…]” (subrayas no son del texto original).
[122] Gaceta del Congreso
189 de 2016, p.1.
[123] Ibidem.
[124] Ibidem, p. 18. “Desconocimiento
generalizado de la jurisprudencia por parte del personal militar, en particular
de las Sentencias C-879 de 2011, C-728 de 2009 y T-018 de 2012”.
[125] Gaceta del Congreso 274 de 2017,
p. 1.
[126] Ibidem, p. 1.
[127] Ibidem, p. 2.
[128] Ibidem, p 16.
[129] Gaceta del Congreso 528 de 2017,
p. 22.
[130] Gaceta del Congreso 493 de 2017,
p. 1.
[131] Sentencia T-227 de
2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. La tutela que en esta ocasión revisó
la Corte involucraba a una persona que no había podido acceder a su pensión,
dado que, por problemas derivados de la mala gestión de archivos, el Municipio
de Florencia no le pudo certificar el tiempo de servicios laborado ni los
salarios devengados. De modo que la Corte tuvo que definir si el derecho a la
información en el caso particular tenía carácter fundamental. En esta línea,
advirtió que “[l]a posibilidad de definir un proyecto de vida y ser una
persona activa en la sociedad depende, en un cien por ciento del acceso a
información, personal y socialmente relevante, para estas actividades”. A
esto agregó que “existe un deber constitucional de administrar correctamente
y de proteger los archivos y bases de datos que contengan información personal
o socialmente relevante. Este deber se deriva de la prohibición genérica,
dirigida a toda persona, sea natural o jurídica, de impedir sin justa causa el
goce efectivo de los derechos fundamentales o de tornar imposible dicho goce.
Así, si determinada información resulta decisiva para una persona, quien administra
o custodia un archivo o una base de datos, adquiere la calidad de garante de
dicha información”. Debido entonces a su relación con la dignidad humana y
a su traducibilidad en un derecho subjetivo, la Corte encontró que en ese caso
el derecho a la información era fundamental.
[132] Al respecto, pueden
consultarse las Sentencias T-353 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; T-259
de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-108 de 2016, M.P. Alberto Rojas
Ríos; T-185 de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-455 de
2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-430 de 2013, M.P. María
Victoria Calle Correa; T-357 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y T-018
de 2012.
[133] M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[134] M.P. Alberto Rojas
Ríos.
[135] Artículo 79 de la Ley
1861 de 2017.
[136] Artículo 79 de la Ley
1861 de 2017.
[137] Artículo 79 de la Ley
1861 de 2017.
[138] Artículos 77, 78, 79 y
80 de la Ley 1861 de 2017.
[139] Artículo 80 de la Ley
1861 de 2017.
[140] Artículo 80 de la Ley
1861 de 2017.
[141] Ver fundamentos 59 y
60 de la sentencia C-370 de 2019.
[142] En particular, en el
fundamento 60 la Corte parece ligar el análisis del criterio de integralidad al
de afectación del núcleo esencial del derecho, pues los estudia en conjunto
bajo un mismo acápite. Igualmente, en el fundamento 19 precisa que “[n]aturalmente, una
normativa que tiene la pretensión de hacer una regulación integral, cubre
también el núcleo esencial del derecho y, por esta vía, los aspectos inherentes
a su ejercicio y sus elementos estructurales o principios básicos, de lo
contrario no sería integral, ni completa ni sistemática”.
[143] En relación con la
exigencia de mayoría cualificada como mecanismo de protección de los derechos
fundamentales, la sentencia C-756 de 2008 indicó que “debe entenderse que la
reserva de ley estatutaria para regular el núcleo esencial de un derecho
fundamental constituye una garantía constitucional de eficacia normativa de los
derechos fundamentales frente a la competencia del legislador para regularla,
que consiste en la mayor rigidez de su reforma y mayor consenso para su
reglamentación”.
[144]
La norma señalaba: “Todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público, o a celebrar un
contrato de prestación de servicios con la administración deberá presentar ante
la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que
haga sus veces, el formato único de hoja de vida debidamente diligenciado en el
cual consignará la información completa que en ella se solicita: (...) 5. Los
demás datos que se soliciten en el formato único. (...)”.
[145]
La norma señalaba: “Banco de Datos
Financieros o de Solvencia Patrimonial y Crediticia. Las
entidades o personas naturales que suministren regularmente datos financieros o
sobre solvencia patrimonial y crediticia sólo podrán tratar automatizadamente
datos personales obtenidos de fuentes accesibles al público o procedentes de
informaciones recogidas mediante el consentimiento libre, expreso, informado y
escrito de su titular. || Previo el pago de la tarifa que autorice la
Superintendencia Bancaria y la solicitud escrita de su titular, el responsable
del banco de datos deberá comunicarle las informaciones difundidas y el nombre
y dirección del cesionario. Sólo se podrán registrar y ceder los datos que,
según las normas o pautas de la Superintendencia Bancaria y de conformidad con
el artículo 15 de la Constitución, se consideren relevantes para evaluar la
solvencia económica de sus titulares. || Los datos personales que recojan y
sean objeto de tratamiento deben ser pertinentes, exactos y actualizados, de
modo que correspondan verazmente a la situación real de su titular. (…)”.