C-042-18
Sentencia C-042/18
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, CODIGO DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA Y REGLAS SOBRE EXTINCION DE DOMINIO-Condicionamiento de expresión contenida en parágrafo 1
del artículo 298 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 56 de la Ley
1453 de 2011/CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA-Interpretaciones diferentes
de disposición normativa/CONTROL JUDICIAL DE CAPTURA-Realización por
juez de control de garantías ante ausencia del Juez de conocimiento/DERECHO
FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD PERSONAL-Control judicial de captura dentro de las treinta y
seis (36) horas siguientes a la aprehensión
Los problemas jurídicos que debe abordar la
Corte son los siguientes: (i) ¿El artículo 56 (parcial) de la Ley 1453 de 2011,
que modificó el artículo 298 de la Ley 906 de 2004, que consagra el control
judicial de la captura con ocasión del cumplimiento de una sentencia, por parte
del juez de conocimiento, desconoce el artículo 28 de la Constitución porque,
i) permite un entendimiento según el cual esta modalidad de captura no exige el
cumplimiento del término de las treinta y seis (36) horas para que el detenido
se ponga a disposición del mencionado funcionario judicial para que realice el
control de legalidad y de constitucionalidad de la aprehensión? (ii) ¿La norma
objeto de control desconoce el artículo 28 Superior porque, a pesar de que tal
excepción pudiera referirse únicamente al juzgador que debe efectuar la
revisión judicial de la detención y no a la inaplicación del plazo, la garantía
se torna nugatoria debido a que el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales
no es continua y se ve afectada por la organización del servicio de la
administración judicial? Para abordar los problemas jurídicos enunciados, la
Corte analiza los siguientes aspectos: i) el derecho penal y su impacto
constitucional, la libertad de configuración del Legislador en esta materia y
sus límites; ii) la interpretación sistemática e integral del artículo 28
Superior y el sistema de garantías del derecho fundamental a la libertad frente
al ejercicio del ius puniendi del Estado, especialmente, el control judicial de
la captura dentro de un plazo determinado y el ejercicio del habeas corpus;
iii) la prestación de servicios judiciales en el marco del proceso penal
acusatorio, en especial las funciones de control de garantías y de
conocimiento. (…) Finalmente examina la constitucionalidad de la disposición
impugnada y la declara exequible, en el sentido que el capturado deberá ponerse a disposición del juez de
conocimiento o en su defecto ante el juez de control de garantías, dentro de
las treinta y seis (36) horas siguientes a la privación de la libertad. En caso
de que el control judicial de la aprehensión se surta ante el juez de control
de garantías, ese funcionario resolverá sobre la situación de la captura del
condenado, adoptará las medidas provisionales de protección a las que haya
lugar y ordenará la presentación de la persona junto con las diligencias
adelantadas ante el juez de conocimiento que profirió la sentencia, al día
hábil siguiente, con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales al
debido proceso, de defensa y de contradicción del detenido, así como el
principio de juez natural.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Aunque es pública, popular, no requiere de
abogado y tampoco exige un especial conocimiento para su presentación, no
releva a los ciudadanos de presentar argumentos serios para desvirtuar la
presunción de validez de la ley y de observar cargas mínimas que justifiquen
debidamente sus pretensiones
PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación
REQUISITOS MINIMOS EN DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Finalidad
La exigencia de los requisitos mínimos a los que se
hace referencia, contenidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, mediante el uso adecuado y responsable de
los mecanismos de participación ciudadana busca: (i) evitar que la presunción
de constitucionalidad que protege al ordenamiento jurídico se desvirtúe a
priori, en detrimento de la labor del Legislador, mediante acusaciones infundadas,
débiles o insuficientes; (ii) asegurar que este Tribunal no produzca fallos
inhibitorios de manera recurrente, ante la imposibilidad de pronunciarse
realmente sobre la constitucionalidad o no de las normas acusadas,
comprometiendo así la eficiencia y efectividad de su gestión; y (iii) delimitar
el ámbito de competencias del juez constitucional, de manera tal que no
adelante, de manera oficiosa, el control concreto y efectivo de las normas
acusadas. De hecho, conforme al artículo 241 de la Constitución, por regla
general, a la Corte no le corresponde revisar oficiosamente las leyes, sino
examinar las que efectivamente demanden los ciudadanos, lo que implica que esta
Corporación estudie de fondo un asunto, solamente cuando se presente en debida
forma la acusación ciudadana.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos de procedibilidad
CONSTITUCIONALIZACION DEL DERECHO PENAL-Alcance/IUS PUNIENDI-Límites,
controles y garantías/IUS PUNIENDI DEL ESTADO-Finalidad/DERECHO PENAL-Ius
puniendi del Estado
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
MATERIA PENAL-Límites
constitucionales
DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD FRENTE AL
EJERCICIO DEL PODER PUNITIVO DEL ESTADO-Sistema de garantías constitucionales/PROTECCION A
LA LIBERTAD FISICA DE LAS PERSONAS-Contenido y alcance/DERECHO
FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD PERSONAL-Jurisprudencia constitucional/DERECHO
A LA LIBERTAD PERSONAL-Presupuesto fundamental para la eficacia de los
demás derechos e instrumento “primario” del ser humano para vivir en
sociedad/DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-Instrumentos internacionales/PROTECCION
A LA LIBERTAD FISICA DE LAS PERSONAS-Instrumentos fundamentales definidos
por el constituyente/RESERVA DE LA PRIMERA Y ULTIMA PALABRA-Jurisprudencia
constitucional
PROTECCION JUDICIAL DE LA LIBERTAD EN LA
CONSTITUCION POLITICA-Doble
contenido
De conformidad con el artículo 28 Superior, la
protección judicial de la libertad tiene un contenido doble en el sentido de
que, de una parte, por regla general, se requiere mandamiento escrito de
autoridad judicial competente para poder detener a una persona y de otra, una
vez se produce la detención, la persona deberá ser puesta a disposición del
juez competente, en el menor tiempo posible y en todo caso, máximo dentro de
las treinta y seis (36) horas siguientes a la aprehensión.
CONTROL JUDICIAL DE LA CAPTURA COMO
EXPRESION DEL SISTEMA DE GARANTIAS DE LA LIBERTAD-Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos
CONTROL JUDICIAL DE LA CAPTURA-Importancia
La sentencia C-425 de 2008, resaltó la
importancia del control judicial de la captura, pues se trata de una actuación
centrada en el estudio de los aspectos fácticos que rodearon la detención del
capturado y de las garantías que el Estado Social de Derecho consagra al
derecho a la libertad, como son el respeto por la dignidad humana, la
información sobre los motivos de la captura y la defensa de la integridad
física y sicológica del aprehendido. En otras palabras, el control judicial de
la captura tiene como único objetivo el de ejercer el examen de legalidad y de
constitucionalidad de la privación de la libertad, no solo en atención a los
fines sociales o procesales que sustentan la misma, sino también en la eficacia
de los derechos fundamentales del capturado, especialmente en relación con su
libertad y la dignidad humana. De igual forma, para esta Corporación la
importancia de la puesta del detenido a disposición del capturado implica su
presentación física, puesto que, como se advirtió previamente, el control
judicial pretende la garantía de los derechos del detenido, tanto en la esfera
procesal, como sería la plena identificación, a la defensa y a la
contradicción, como en su esfera personal, específicamente su dignidad, su
libertad y su integridad física.
CONTROL DE LA CAPTURA MEDIANTE PRESENTACION
ANTE JUEZ-Garantía
Constitucional/CONTROL JUDICIAL SIN DEMORA-Jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
HABEAS CORPUS-Instrumento de protección dentro del sistema de
garantías constitucionales de la libertad
HABEAS CORPUS-Doble connotación
En sentencia C-620 de 2001, la Corte expresó
que el habeas corpus tiene una doble connotación pues se trata de un derecho
fundamental y una acción tutelar de la libertad. Adicionalmente, constituye un
importante instrumento para la protección de otros derechos fundamentales como
la integridad física y la vida de las personas privadas de la libertad, puesto
que la experiencia histórica ha demostrado que, en las dictaduras y demás
regímenes no democráticos, la privación de la libertad es el primer paso para
afectar gravemente a aquellos que no simpatizan con el gobierno de turno.
PRIVACION DE LA LIBERTAD ILEGAL O
ARBITRARIA-Jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
PROCESO PENAL ACUSATORIO-Estructura
JUEZ DE CONTROL DE GARANTIAS Y JUEZ DE
CONOCIMIENTO-Funciones
diferenciadas/FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS-Se ejerce bajo la premisa
legal de que todos los días y las horas son hábiles/JUEZ DE CONOCIMIENTO-Actuaciones
se adelantan en días y horas hábiles, conforme al horario judicial
establecido oficialmente
El ejercicio de las funciones del juez de
control de garantías y del juez de conocimiento están diferenciadas no solo por
la naturaleza de sus competencias, sino por la forma en que se realizan las
actuaciones por cada funcionario. En efecto, la función de control de garantías
se ejerce bajo la premisa legal de que todos los días y las horas son hábiles,
lo que permite identificar la prestación de dicho servicio de manera continua e
ininterrumpida. Por su parte, las actuaciones ante el juez de conocimiento
únicamente se adelantaran en días y horas hábiles, conforme al horario judicial
establecido oficialmente. En este evento, el artículo 70 del Código Civil, subrogado por el artículo 62
del Código de Régimen Político y Municipal, estipula: “En los plazos de días que se
señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y
de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se
computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante,
se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”.  Lo anterior permite
inferir que no se trata de una función que se ejerza de manera continua, sino
que si bien es permanente, está condicionada a que su ejercicio se haga en días
y horas hábiles, lo que claramente excluye los días feriados y de vacancia
judicial.
REGLAS Y PRINCIPIOS-Distinción conceptual
Referencia: Expediente D-11862
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 56 (parcial) de la Ley 1453 de 2011 “Por medio de la cual
se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de
Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan
otras disposiciones en materia de seguridad.”
Demandantes: Maria José Casado Brajín y
Carlos Andrés Pérez Alarcón.
Magistrada Sustanciadora:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO.
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de
mayo de dos mil dieciocho (2018)
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Alejandro
Linares Cantillo, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera,
Luis Guillermo Guerrero Pérez, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella
Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas y
Alberto Rojas Ríos, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, así
como de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública
consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, los ciudadanos María
José Casado Brajín y Carlos Andrés Pérez Alarcón presentaron ante esta
Corporación demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 56 (parcial) de
la Ley 1453 de 2011 “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el
Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas
sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de
seguridad.”
La demanda fue admitida por el despacho de
la Magistrada Sustanciadora mediante Auto del doce (12) de diciembre de 2016,
únicamente por los cargos de violación de los artículos 28 (libertad personal)
y 93 (normas del bloque de constitucionalidad sobre brevedad del control
judicial) de la Carta. De igual manera, la mencionada providencia, ordenó:
i) comunicar al Presidente de la República y al Presidente del Congreso la iniciación
del proceso, así como al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía General de la
Nación, a la Defensoría del Pueblo y al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar para que, si lo estimaban pertinente, presentaran concepto sobre la
constitucionalidad de la norma demandada; ii) invitar al Instituto Colombiano
de Derecho Procesal, a la Comisión Colombiana de Juristas y a las facultades de
Derecho de las Universidades Externado de Colombia, del Rosario, Sergio
Arboleda, de Ibagué, del Norte de Barranquilla y al grupo de acciones públicas
del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá; iii) fijar en lista la norma acusada para garantizar
la intervención ciudadana; y, iv) correr traslado al señor Procurador General
de la Nación, para lo de su competencia.
Cumplidos los trámites constitucionales y
legales propios de esta clase de juicios y previo concepto del Procurador
General de la Nación, procede la Corte a decidir la demanda en referencia.
II. LA NORMA DEMANDADA
A continuación, se transcribe el texto,
conforme a su publicación en el Diario Oficial núm. 48.110 de veinticuatro (24)
de junio de 2011, y se subraya
el aparte demandado:
“LEY 1453 DE 2011
(junio 24)
Diario Oficial No. 48.110 de 24 de junio de
2011
CONGRESO DE LA
REPÚBLICA
Por medio de la cual se reforma el Código
Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia,
las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en
materia de seguridad.
EL CONGRESO DE
COLOMBIA
DECRETA:
(…)
ARTÍCULO 56. CONTENIDO Y VIGENCIA. El artículo 298 de la Ley 906 de 2004 quedará así:
Artículo 298. Contenido y vigencia. El mandamiento escrito expedido por el juez
correspondiente indicará de forma clara y sucinta los motivos de la captura, el
nombre y los datos que permitan individualizar al indiciado o imputado, cuya
captura se ordena, el delito que provisionalmente se señale, la fecha de los
hechos y el fiscal que dirige la investigación.
La orden de captura tendrá una vigencia
máxima de un (1) año, pero podrá prorrogarse tantas veces como resulte
necesario, a petición del fiscal correspondiente, quien estará obligado a
comunicar la prórroga al organismo de Policía Judicial encargado de hacerla
efectiva.
La Policía Judicial puede divulgar a través
de los medios de comunicación las órdenes de captura.
De la misma forma el juez determinará si la
orden podrá ser difundida por las autoridades de policía en los medios de comunicación,
durante su vigencia.
PARÁGRAFO. La persona capturada en cumplimiento
de orden judicial será puesta a disposición de un Juez de Control de Garantías
en el plazo máximo de treinta y seis (36) horas para que efectúe la audiencia
de control de legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura y
disponga lo pertinente con relación al aprehendido. Lo aquí dispuesto no
se aplicará en los casos en que el capturado es aprehendido para el
cumplimiento de la sentencia, caso en el cual será dispuesto (sic) a disposición del juez de
conocimiento que profirió la sentencia.
PARÁGRAFO 2o.  Cuando existan motivos razonables para
sospechar que una nave está siendo utilizada para el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas, los miembros uniformados de la
Armada Nacional deberán aplicar el procedimiento de interdicción marítima y
conducir inmediatamente la nave y las personas que estén a bordo al puerto para
que se verifique el carácter ilícito de las sustancias transportadas. En este
caso, el término señalado en el parágrafo anterior se contará a partir del
momento en el cual se verifique que las sustancias transportadas son ilícitas
en el puerto, siempre y cuando se cumpla el procedimiento de interdicción
marítima y se hayan respetado los derechos fundamentales de los involucrados.”
III.    LA DEMANDA
Los demandantes adujeron que la norma
acusada desconoce el artículo 28 Superior, que consagra el derecho fundamental
a la libertad personal y la garantía del control judicial de la captura dentro
de las treinta y seis (36) horas siguientes a la aprehensión.
Para los actores, el aparte demandado puede
interpretarse como la posibilidad de que se ponga a la persona capturada para
cumplir la condena a disposición del juez de conocimiento en cualquier momento,
ya que no se estableció un tiempo específico en el que se debe adelantar el
control judicial de la aprehensión. Esta interpretación de la norma demandada,
a su juicio, desconoce el término constitucional de treinta y seis (36) horas
para legalizar cualquier tipo de captura, debido a que la norma objeto de
censura no consagró un plazo para la revisión de la legalidad de la detención
para cumplir con la sentencia. En otras palabras, un individuo en las
circunstancias descritas puede estar privado de la libertad sin ningún control
judicial por un tiempo indeterminado, situación que se agrava cuando se
presentan días feriados o de vacancia judicial.
Los ciudadanos destacaron previsiones de
instrumentos internacionales sobre la brevedad del control judicial de la
captura, particularmente el artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y el artículo 7º de la Convención Americana de Derechos
Humanos.
Asimismo, refirieron los pronunciamientos
jurisprudenciales de esta Corporación en relación con la garantía del término
constitucional de treinta y seis (36) horas para realizar el control judicial
de la privación de la libertad y proteger la integridad física de las personas
aprehendidas, la cual opera para cualquier tipo de captura[1].
IV. INTERVENCIONES
Eudoro Echeverri Quintana
El ciudadano Eudoro Echeverri Quintana
intervino en el trámite para “avalar” la demanda y solicitó que se
declare la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la norma acusada, en el
entendido de que, si la sentencia no está ejecutoriada, la persona capturada
será puesta a disposición del juez de conocimiento o, en su defecto, del juez
de control de garantías en el término de 36 horas.
El interviniente señaló que la expresión “cumplimiento
de la sentencia” prevista en la disposición acusada es equivocada porque la
condena supone la ejecutoria de la misma, sin embargo, en ocasiones las
autoridades judiciales ordenan la captura cuando la mencionada providencia no
está en firme.
Por tal razón, indicó que la declaratoria de
inexequibilidad de la norma acusada podría afectar los derechos de los
condenados al no contar con una regulación expresa de la garantía de control
judicial de la captura. En consecuencia, solicitó que se profiera una sentencia
interpretativa, que declare la exequibilidad de la norma acusada en el
entendido de que, si la sentencia no está ejecutoriada, la persona aprehendida
será presentada ante el juez de conocimiento o, en su defecto, del juez de
control de garantías en el término de treinta y seis (36) horas. Pero, si la
sentencia estuviera ejecutoriada, entonces la persona capturada en cumplimiento
de la orden judicial será puesta a disposición del juez de ejecución de penas y
medidas de seguridad y en su defecto ante el juez de control de garantías en el
plazo máximo de treinta y seis (36) horas para que efectúe la audiencia de
control de legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura y disponga
lo pertinente.
Como fundamento de la solicitud también adujo
que el debido proceso es una garantía que se extiende a los indiciados, los
acusados y los condenados. Adicionalmente destacó que, de acuerdo con conceptos
de la doctrina, la “privación de la libertad” es una noción amplia que
incluye a todas las personas detenidas por orden o bajo el control de cualquier
autoridad.
Finalmente, el interviniente se refirió a la
previsión constitucional de la dignidad humana y de la libertad personal, así
como del modelo de Estado adoptado en la Carta Política de 1991 y las
finalidades de la pena, los efectos en los que se concede el recurso de
casación en el ámbito penal y las consideraciones expuestas en la sentencia
C-252 de 2001[2]
sobre su diseño y su procedencia contra sentencias ejecutoriadas.
Instituto Colombiano de Derecho Procesal
El Instituto Colombiano de Derecho Procesal
solicitó que se declare la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la norma
acusada, en el entendido de que, en los casos en los que la captura tiene como
fundamento el cumplimiento de una sentencia condenatoria, se debe acudir ante
el juez de conocimiento en un término máximo de treinta y seis (36) horas siguientes
a la captura para la legalización respectiva y sólo en el caso de que ese
funcionario no esté disponible la legalización se adelante ante el juez de
control de garantías.
Ese instituto destacó que, de acuerdo con
la jurisprudencia constitucional, cuando existen dos interpretaciones
plausibles de una disposición jurídica y una de ella desconoce la Carta, pero
la otra no, la Corte debe proferir una sentencia interpretativa que establezca el
sentido de la norma acusada que se ajuste al texto Superior.
Con base en esa consideración inicial, refirió
los elementos del parágrafo que contiene la disposición acusada. En primer
lugar, identificó los dos requisitos que deben cumplirse para que se ejerza el
control de legalidad de la detención (i) que la persona capturada sea puesta a
disposición de un juez de control de garantías, y (ii) que dicha actuación se
realice dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la aprehensión.
Luego, destacó la inclusión de una excepción para los casos en los que la
aprehensión se adelanta para el cumplimiento de una sentencia, la cual solo
prevé la presentación de la persona ante el juez de conocimiento sin establecer
un plazo concreto para tal fin.
En efecto, para el interviniente “ (…) lo
que exceptúa el aparte demandado no es la conducción de la persona dentro de
las treinta y seis (36) horas siguientes a la captura, sino el funcionario que
resulta competente para la legalización”[3],
por tal razón, esta es la única interpretación de la norma que se ajusta a la
Carta, pues cualquier lectura, según la cual se excluya el mencionado plazo
para efectuar el control judicial, resultaría contraria a la garantía
constitucional prevista en el artículo 28 Superior que, según la jurisprudencia
constitucional, aplica para todo tipo de capturas.
Destacó que el anterior análisis no
salvaguarda, de manera integral, el derecho a la libertad, pues no se resuelven
los casos en los que la persona capturada no pueda ser puesta a disposición de
los jueces de conocimiento en el término de treinta y seis (36) horas. En
consecuencia, el aparte demandado debe interpretarse en el sentido de que, a
falta del mencionado funcionario, se acuda al juez de control de garantías.
Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía General de la Nación solicitó
que se declare la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la norma acusada,
siempre y cuando se entienda que la captura para el cumplimiento de la pena se
debe legalizar dentro de las treinta y seis (36) horas posteriores a la
aprehensión ante el juez de conocimiento o, si éste no se encuentra, ante el
juez de control de garantías, el cual deberá tomar las medidas temporales
respectivas y ordenará poner al capturado a disposición del juez de conocimiento
a primera hora del día hábil siguiente.
Luego de reconstruir los argumentos de la
demanda, la autoridad indicó que es necesario determinar si la interpretación
sugerida por los demandantes se deriva de la norma acusada y si esa
interpretación desconoce el artículo 28 Superior.
De acuerdo con esa metodología, destacó que
la excepción que introduce la norma demandada no es específica y no permite
establecer si con ella se exceptúan los dos elementos de la regla general o
sólo uno. Particularmente, si la expresión “lo aquí dispuesto” con la
que se introduce la excepción se limita a (i) la presentación ante un juez de
control de garantías, o incluye (ii) el término de treinta y seis (36) horas
para legalizar la captura.
Con base en lo expuesto, la Fiscalía concluyó
que la interpretación presentada por los demandantes es razonable y que el
aparte acusado se puede leer como la excepción del plazo de treinta y seis (36)
horas para el control de legalidad de la captura para el cumplimiento de una
sentencia. Esta lectura implicaría que el capturado podría estar detenido por
un tiempo indefinido sin que se resuelva su situación.
La entidad destacó que, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, el término previsto en el artículo 28 Superior
aplica para todo tipo de capturas, ya que busca: (i) resolver los asuntos cuya
competencia es decidir sobre la privación legal de la libertad y (ii) asegurar
la protección de la integridad física y psicológica de la persona detenida, por
lo que aquel se convierte en un derecho fundamental con estructura de regla y
de cumplimiento inmediato.
De acuerdo con lo expuesto, para la
Fiscalía la interpretación propuesta por los actores y cualquier lectura que
exceptúe la aplicación del término de treinta y seis (36) horas, previsto en el
artículo 28 Superior, para adelantar el control de la captura es
inconstitucional.
Expresó que a partir de la disposición
acusada pueden presentarse las siguientes hipótesis en las que el juez de
conocimiento no se encuentre disponible:
a) Dejar a la persona detenida hasta que el
juez de conocimiento competente esté disponible para legalizar la captura sin
importar el vencimiento de las treinta y seis (36) horas. Esta hipótesis, a
juicio del interviniente, desconoce la garantía prevista en el artículo 28
Superior y el derecho a la libertad personal.
b) Establecer que el capturado debe ser
puesto a disposición del juez de conocimiento el primer día hábil siguiente a
su detención. La autoridad interviniente destacó que esta alternativa se contempló
por el Legislador en otra oportunidad, pero esta Corporación la declaró
exequible, siempre y cuando se entendiera que no se podía exceder el término de
treinta y seis (36) horas.[4]
También citó las consideraciones de la sentencia
C-187 de 2006[5],
en la que se estudiaron disposiciones que regulaban el habeas corpus
previstas específicamente en el numeral 4º del artículo 3º del proyecto de Ley
Estatutaria núm. 284/05 y 229/04 Cámara. En aquella oportunidad, se declaró
exequible el primer inciso, según el cual, una de las garantías para el
ejercicio de la acción constitucional de habeas corpus es la no
suspensión de la actuación cuando es presentada en los días festivos o de
vacancia judicial.
Sin embargo, se declaró la inexequibilidad
del inciso 2º de esa misma norma, en el sentido de que, cuando la acción se
dirigiera contra una actuación judicial, si el despacho de conocimiento no
estaba abierto al público y el juez no contaba con los elementos suficientes
para decidir, los términos se extendían hasta el primer día hábil siguiente. En
esa oportunidad, la Corte hizo énfasis en la necesidad de proferir la decisión
dentro del plazo previsto en la Carta.
Finalmente, destacó que la forma más
razonable de respetar dicha garantía es presentar al aprehendido ante el juez
de control de garantías en el término previsto en el artículo 28 Superior,
quien adoptará las medidas temporales pertinentes y, a su vez, ordenará poner a
disposición al capturado ante el juez de conocimiento a primera hora del día
hábil siguiente. En consecuencia, la Fiscalía solicitó que se declare la
exequibilidad condicionada del aparte demandado, siempre que se entienda que
las capturas para el cumplimiento de la sentencia se deben legalizar dentro de
las treinta y seis (36) horas posteriores a la aprehensión, ante el juez de
conocimiento o en su defecto al juez de control de garantías.
Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad del Rosario
La Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad del Rosario solicitó que se declare la EXEQUIBILIDAD
CONDICIONADA de la norma acusada.
La interviniente indicó que si bien el
artículo 28 Superior prevé el término de treinta y seis (36) horas para el
control judicial cuando la detención es preventiva, la jurisprudencia
constitucional lo extendió a todas las formas de captura.
Señaló que la norma acusada no se opone
directamente al término en mención, sino que la afectación se deriva de la
omisión del Legislador, relacionada con la captura que persigue el cumplimiento
de una sentencia, puesto que, según la disposición, lo procedente es la
presentación ante el juez de control de control de garantías y no el término de
treinta y seis (36) horas.
De otra parte, la interviniente analizó las
normas aplicables y destacó que el término previsto en el precepto Superior
constituye una garantía para evitar la arbitrariedad en los procedimientos de
captura, las detenciones irregulares y resguardar las garantías procesales. En
consecuencia, la disposición legal que regule el procedimiento de captura debe permitir
el control judicial efectivo en dicho término.
Expresó que el Pacto Internacional de
Derecho Civiles y Políticos, y la Convención Americana de Derechos Humanos no
establecen un plazo específico para el control judicial, razón por la que no
colisionan con la norma demandada, pero sirven como parámetro para su
interpretación. En consecuencia, la disposición acusada debe analizarse de
acuerdo con dichas normas superiores y, así entender que el término opera para
todas las capturas sin distinción, y la diferencia frente a las capturas en
virtud de una sentencia judicial es la autoridad judicial que efectúa el
control de legalidad.
Asimismo, señaló que el artículo 2º de la
Ley 906 de 2004, estableció la libertad como principio rector y previó que en
todos los casos se solicitará el control de legalidad de la captura al juez de
garantías sin superar las treinta y seis (36) horas.
Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo solicitó que la
Corte se declare INHIBIDA para pronunciarse sobre el cargo formulado por
los demandantes y, en subsidio, declare EXEQUIBLE la norma acusada.
En primer lugar, manifestó que uno de los
actores, Carlos Andrés Pérez, presentó previamente demanda en contra de la
misma norma acusada en esta oportunidad, expediente D-11590, la cual fue
inadmitida por el incumplimiento de los requisitos para estructurar un cargo de
inconstitucionalidad, específicamente por presentar argumentos subjetivos,
relacionados con los efectos de la disposición, derivados de casos particulares.
De igual manera, la demanda fue inepta por falta de claridad, y por la
formulación de razones generales que no lograron demostrar la contradicción
entre la norma acusada y los preceptos constitucionales invocados.
De acuerdo a lo anterior, mediante auto de
cinco (5) de septiembre de 2016, la demanda fue rechazada porque el demandante
no logró formular un cargo de inconstitucionalidad. En consecuencia, para la entidad
interviniente, la Corte debe abstenerse de estudiar la censura presentada en
esta oportunidad, ya que se formuló en los mismos términos del cargo rechazado
en el expediente D-11590.
En efecto, los argumentos están
relacionados con situaciones fácticas problemáticas que, según los demandantes,
se derivan de la aplicación de la norma y, por ende, corresponden a elementos
casuísticos que no constituyen una fundamentación adecuada que permita ejercer
el control abstracto de constitucionalidad.
Ahora bien, como fundamento de la
pretensión subsidiaria la interviniente adujo que el artículo 28 Superior prevé
el término de treinta y seis (36) horas para el control judicial de la captura
cuando ésta es preventiva. El artículo 30 de la Carta estableció el mismo
término para el control bajo el ejercicio del habeas corpus y el artículo 250-1
ejusdem, para el control de legalidad a la captura adelantada por la
Fiscalía en ejercicio de sus facultades excepcionales.
Esas previsiones constitucionales, en
concordancia con la norma acusada, dan cuenta de una diferencia en la
aplicación temporal del plazo de treinta y seis (36) horas para las personas
capturadas en el marco de las hipótesis descritas y las aprehendidas para el
cumplimiento de una sentencia.
Entonces, a juicio de la Defensoría, la
diferenciación que prevé la norma acusada es constitucional, debido a que: (i)
reproduce el contenido del artículo 28 Superior; (ii) está justificada porque
se desvirtuó la presunción de inocencia que cobija a los investigados y
acusados, y (iii) se ajusta al derecho constitucional de habeas corpus
previsto en el artículo 30 de la Carta Política. En atención a esas
justificaciones de la norma acusada, para la autoridad no hay lugar a aplicar
el término de treinta y seis (36) horas cuando la captura se efectúe para el
cumplimiento de una sentencia.
Grupo de Acciones Públicas de la Pontificia
Universidad Javeriana
El Grupo de Acciones Públicas de la
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana solicitó
que se declare INEXEQUIBLE la norma acusada.
El interviniente destacó que en la sentencia
C-019 de 1993[6]
esta Corporación interpretó el artículo 28 de la Carta Política, en el sentido
de que el término de 36 horas que prevé para el control judicial está
relacionado con el hecho físico de la aprehensión, el cual genera la pérdida de
la libertad, por lo que opera para todas las capturas sin excepción.
Asimismo, destacó la sentencia C-163 de
2008[7],
que indicó que todas las privaciones de la libertad deben ser sometidas a
control judicial inmediato y a más tardar en el término de treinta y seis (36)
horas siguientes a la captura, razón por la que las normas relacionadas con la
captura deben ser interpretadas de forma armónica como un sistema integrado que
garantiza la libertad.
En concordancia con las normas que regulan
el control de la captura y la interpretación que sobre el régimen de libertad
ha efectuado esta Corporación, para el interviniente la norma acusada es
inexequible, porque desconoce la visión sistemática del control judicial
oportuno, así como los artículos 28 Superior, 9º del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos y el 7º de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Facultad de Derecho de la Universidad
Sergio Arboleda
La Facultad de Derecho de la Universidad
Sergio Arboleda solicitó que se declare INEXEQUIBLE la norma acusada.
En primer lugar, la interviniente destacó
que la captura para lograr el efectivo cumplimiento de la sentencia es
diferente a los demás supuestos de restricción de la libertad por las
siguientes razones: (i) su finalidad es que el sujeto condenado a una pena de
prisión la cumpla; (ii) se adelanta luego de que se profiere la sentencia
condenatoria; (iii) la autoridad judicial que emite la orden es el juez de
conocimiento, y (iv) se desvirtuó la presunción de inocencia del sujeto
aprehendido.
En atención a lo anterior, señaló que la
legislación procesal penal prevé para los demás tipos de captura el control
posterior de legalidad dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la
aprehensión por parte del juez de control de garantías y en el marco de una
audiencia preliminar, pero no establece esa revisión para la privación de la
libertad dirigida al cumplimiento de la sentencia.
Para el interviniente, la diferencia es
injustificada, por lo que la aprehensión para el cumplimiento de la sentencia
condenatoria debe revestirse con las mismas garantías de las otras formas de
captura, pues la jurisprudencia constitucional ha reconocido la aplicación
uniforme de la regla de las treinta y seis (36) horas para el control judicial,
previsto en el artículo 28 Superior y la perentoriedad del mismo.
Ministerio de Justicia y del Derecho
El Ministerio de Justicia y del Derecho
solicitó que se declare la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la norma
acusada, en el entendido que el término de treinta y seis (36) horas también opera
cuando la captura está dirigida a cumplir la condena.
La autoridad indicó que el proyecto de ley
original 160/10 Cámara- 164/10 Senado presentado para la aprobación en el
Congreso no incluía la modificación del artículo 298 del Código Procedimiento
Penal que se acusa y ésta se introdujo en el tercer debate en la Comisión
Primera de la Cámara de Representantes, pues se consideró que el capturado para
el cumplimiento de la sentencia debe ponerse a disposición del juez de
conocimiento, ya que la finalidad de la aprehensión era el cumplimiento de la
condena.
De otra parte, destacó que, según la
jurisprudencia constitucional, el derecho a la libertad personal se consagró no
sólo como derecho fundamental sino como un principio sobre el que reposa la
dimensión política y jurídica del Estado, por lo que su restricción es
excepcional, en armonía con los tratados internacionales sobre Derechos Humanos
ratificados por Colombia.
Asimismo, se refirió a la garantía prevista
en el artículo 28 Superior y el término de treinta y seis (36) horas para
realizar el control de legalidad de la privación de la libertad. En particular,
señaló que la finalidad del control es verificar si existen razones jurídicas
para la restricción, salvaguardar el bienestar del detenido, y prevenir detenciones
arbitrarias, así como la afectación de otros derechos fundamentales.
Para el Ministerio, la disposición acusada
es constitucional si se interpreta de forma armónica con la Constitución,
particularmente si se considera que: (i) el Legislador pretendió aclarar un
asunto de competencia del juez, pero no excluir el término de treinta y seis (36)
horas para el control judicial; (ii) la norma debe interpretarse en
concordancia con los tratados internacionales y la jurisprudencia que se ha
pronunciado sobre la materia, en el sentido de que el control judicial sin
demora es una garantía que aplica para todo tipo de capturas, y (iii) el
principio de conservación del derecho, de acuerdo con el cual las normas sólo
pueden ser excluidas del ordenamiento cuando de su tenor literal no se puede
derivar una interpretación acorde con  el Texto Superior.
Facultad de Derecho de la Universidad de
Ibagué
La Facultad de Derecho de la Universidad de
Ibagué le solicitó a la Corte que declare la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de
la norma acusada en el entendido de que el control judicial del capturado para
cumplir la condena debe realizarse en el término máximo de treinta y seis (36)
horas.
La interviniente indicó que, tal y como lo
manifestaron los demandantes, la redacción de la disposición demandada excluye
el control judicial de la captura y no precisa el término en el que el
capturado debe ser puesto a disposición del juez que dictó la sentencia. La
falta de previsión sobre el término en el que se debe efectuar el control puede
generar arbitrariedades por parte de quien adelanta la captura y el condenado
se ve privado de realizar actividades que le permitan obtener rebajas de pena
por trabajo o estudio.
También señaló que la norma acusada crea
una desigualdad injustificada entre los capturados para finalidades diferentes
al cumplimiento de la sentencia y los aprehendidos como consecuencia del
cumplimiento de la sentencia, a pesar de la importancia del control de
legalidad de la captura que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es
el escenario para determinar si concurren razones jurídicas suficientes para la
restricción de la libertad, salvaguardar la integridad del detenido y proteger
sus derechos fundamentales.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
El Procurador General de la Nación,
mediante concepto No. 6279 del 17 de marzo de 2017, indicó que el cargo CARECE
DE CERTEZA, en la medida en que se construye a partir de la interpretación que
los demandantes hacen de la norma, la cual, a su juicio, no corresponde a su
sentido auténtico, pues una lectura teleológica permite advertir que el
Legislador diferenció la competencia atribuida al juez de control de garantías
de la otorgada al juez de conocimiento según la etapa procesal en la que ocurra
la captura, y no es una autorización para desconocer el término de treinta y
seis (36) horas para el control judicial.
No obstante, expresó que la interpretación
expuesta por los actores es plausible porque en el parágrafo que contiene el
aparte acusado se establecen las pautas a seguir tras la captura, entre las que
se prevé el plazo de treinta y seis (36) horas y luego se indica “lo aquí
dispuesto no se aplicará en los casos en los que el capturado es aprehendido
para el cumplimiento de la sentencia”. Por tal razón, solicitó a la Corte
Constitucional que declare EXEQUIBLE DE FORMA CONDICIONADA la
disposición acusada.
En ese sentido, consideró que dicha
actuación: (i) desconoce la jurisprudencia constitucional en la que se ha
indicado, de forma reiterada, que el término de treinta y seis (36) horas
constituye un límite temporal para que se lleve a cabo el control de legalidad
y evitar privaciones arbitrarias de la libertad, el cual resulta aplicable a
todo tipo capturas, y (ii) puede ser utilizada por alguna autoridad para justificar
retrasos en el cumplimiento del plazo en mención.
En atención a lo expuesto y debido a la
existencia de dos interpretaciones plausibles de la norma acusada, reconoció la
necesidad de que se emita una sentencia interpretativa, en la que se establezca
el sentido del precepto que resulta acorde con la Constitución y, de esta
manera, se excluya la interpretación alegada por los demandantes.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. Conforme al numeral 4º del artículo 241 de la
Constitución, la Corte es competente para conocer de la demanda de
inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 56 (parcial) de la Ley
1453 de 2011 “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de
Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre
extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”,
que modificó el artículo 298 de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el
Código de Procedimiento Penal”, por tratarse de una disposición
jurídica que hace parte de una ley de la República.
Asuntos Preliminares
2. La
intervención de la Defensoría del Pueblo y el concepto inicial del Procurador
General de la Nación implica para la Sala Plena la necesidad de pronunciarse,
antes del análisis de las acusaciones de inconstitucionalidad, sobre la aptitud
de la demanda. Una vez se haya verificado lo anterior, y de ser procedente, la
Corte abordará el estudio de fondo de la demanda de la referencia.
Aptitud de la demanda[8]
3. Los demandantes
consideraron que el artículo 56 (parcial) de la Ley 1453 de 2011, es
inconstitucional por desconocer los artículos 28 y 93 de la Carta. Los ciudadanos
sustentaron el cargo admitido por esta Corporación en que la norma demandada no
contempla el control judicial de la captura con ocasión del cumplimiento de la
sentencia penal ante el juez de control de garantías y tampoco un término
preciso para su ejercicio. Consideran que dicha disposición jurídica es
inconstitucional, porque una persona capturada para cumplir la pena podría
permanecer aprehendida por un lapso indeterminado sin que pueda ser destinataria
de una revisión judicial efectiva para proteger su derecho a la libertad, es
decir, no establece su presentación ante el juez de control de garantías en un
término concreto[9].
4. La Defensoría del
Pueblo solicitó la declaratoria de inhibición con fundamento en que uno de los
actores había presentado previamente una demanda en contra de la misma norma
acusada en esta oportunidad, la cual fue rechazada por la falta de acreditación
de los requisitos para estructurar un cargo de inconstitucionalidad. Dicho
libelo se sustentó en argumentos subjetivos relacionados con los efectos
particulares de la disposición censurada, adolecía de falta de claridad y se
basó en razones generales que no lograron demostrar la contradicción con los
preceptos superiores invocados. En igual sentido, el Procurador General de la
Nación sostuvo que, a pesar de que reconoce que la interpretación que hacen los
ciudadanos de la norma demandada es plausible, la demanda no contiene un cargo
cierto, aunque no solicitó a la Corte la declaratoria de inhibición, como tal.
5. Al respecto, este Tribunal recuerda que su jurisprudencia ha sostenido
reiteradamente[10]
que la acción pública de inconstitucionalidad constituye una manifestación del
derecho fundamental a la participación ciudadana y configura un instrumento
jurídico valioso, que le permite a las personas defender el poder normativo de
la Carta y manifestarse democráticamente frente a la facultad de configuración
que ostenta el Legislador (artículos 150 y 114 CP)[11].
Aunque la acción de inconstitucionalidad es
pública, popular[12],
no requiere de abogado[13]
y tampoco exige un especial conocimiento para su presentación, lo cierto es que
el derecho político a
interponer acciones públicas como la de inconstitucionalidad (art. 40-6 C.P),
no releva a los ciudadanos de presentar argumentos serios para desvirtuar la
presunción de validez de la ley y de observar cargas procesales mínimas en sus
demandas, que justifiquen debidamente sus pretensiones.
Estos requisitos buscan, de un lado,
promover el delicado balance entre la observancia del principio pro actione
-que impide el establecimiento de exigencias desproporcionadas a los
demandantes que hagan nugatorio en la práctica el derecho de acceso a la
justicia para interponer la acción pública enunciada-, y de otro, asegurar el
cumplimiento de los requerimientos formales exigibles conforme a la ley, en
aras de lograr una racionalidad argumentativa que permita el diálogo descrito[14]
y la toma de decisiones de fondo por parte de esta Corporación[15].
Desde
esta perspectiva, si bien es cierto que en virtud de lo preceptuado por el
principio pro actione, las dudas de la demanda deben interpretarse
en favor del accionante[16]
y la Corte debe preferir una decisión de fondo antes que una inhibitoria[17],
también es cierto que este Tribunal no puede corregir ni aclarar los aspectos confusos o ambiguos que
surjan de las demandas ciudadanas[18]
"so pretexto de aplicar el principio pro actione, pues, se corre
el riesgo de transformar una acción eminentemente rogada, en un mecanismo
oficioso"[19],
circunstancia que desborda el sentido del control de constitucionalidad por vía
de acción que le compete.
Por ende,
la exigencia de los requisitos mínimos a los que se hace referencia, contenidos
en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, mediante el uso adecuado y responsable de los
mecanismos de participación ciudadana busca[20]:
(i) evitar que la presunción de constitucionalidad que protege al ordenamiento
jurídico se desvirtúe a priori, en detrimento de la labor del
Legislador, mediante acusaciones infundadas, débiles o insuficientes; (ii)
asegurar que este Tribunal no produzca fallos inhibitorios de manera
recurrente, ante la imposibilidad de pronunciarse realmente sobre la
constitucionalidad o no de las normas acusadas, comprometiendo así la
eficiencia y efectividad de su gestión; y (iii) delimitar el ámbito de
competencias del juez constitucional, de manera tal que no adelante, de manera
oficiosa, el control concreto y efectivo de las normas acusadas. De hecho,
conforme al artículo 241 de la Constitución, por regla general, a la Corte no
le corresponde revisar oficiosamente las leyes, sino examinar las que
efectivamente demanden los ciudadanos, lo que implica que esta Corporación
estudie de fondo un asunto, solamente cuando se presente en debida forma la
acusación ciudadana[21].
6. El artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, fija las condiciones o
requisitos mínimos de procedibilidad de las demandas de inconstitucionalidad,
exigiéndole a los ciudadanos en la presentación de las mismas, que (i) señalen
las disposiciones legales contra las que dirigen la acusación; (ii) delimiten
las preceptivas superiores que consideran violadas y (iii) expliquen las razones
o motivos por los cuales estiman que tales normas de la Carta han sido
desconocidas.
En lo concerniente al requisito relacionado
con las “razones o motivos por los cuales estiman que tales normas
superiores han sido desconocidas”, esta Corporación ha precisado de manera
consistente en su jurisprudencia, que dichas razones deben ser conducentes para
hacer posible el diálogo constitucional que se ha mencionado. Ello supone el
deber para los ciudadanos de “formular por lo menos un cargo concreto,
específico y directo de inconstitucionalidad contra la norma acusada, que le
permita al juez establecer si en realidad existe un verdadero problema de
índole constitucional y, por tanto, una oposición objetiva y verificable entre
el contenido literal de la ley y la Carta Política”.[22]
7. En ese orden de ideas, para la jurisprudencia de esta Corporación[23]
el concepto de la violación requiere que los argumentos de
inconstitucionalidad contra las normas acusadas sean: i) claros, es
decir, que exista un hilo conductor en la argumentación que permita comprender
el contenido de la demanda y las justificaciones que la sustentan; ii) ciertos,
la demanda habrá de recaer sobre una proposición jurídica real y existente;
iii) específicos, en la medida que se precise la manera en que la
norma acusada vulnera un precepto o preceptos de la Constitución, con
argumentos de oposición objetivos y verificables entre el contenido de la ley y
el texto de la Constitución Política, lo que hace inadmisibles los argumentos
vagos, indeterminados, abstractos y globales; iv) pertinentes, el
reproche debe ser de naturaleza constitucional pues no se aceptan reproches
legales y/o doctrinarios; y, v) suficientes, debe exponer todos
los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar
el estudio y que despierten duda mínima sobre la constitucionalidad de la
disposición acusada.
El cargo por violación del derecho a la
libertad es apto
8. Expuesto lo anterior, la Corte procede a verificar si
la demanda cumple con todos los requisitos de aptitud relacionados con el
concepto de violación.
El reproche presentado por los actores se
refiere a la violación del derecho a la libertad personal, porque desconoce el
término dispuesto expresamente en el artículo 28 constitucional para legalizar
cualquier tipo de captura (36 horas), pues no establece un plazo preciso para la
revisión judicial de la aprehensión con ocasión del cumplimiento de la
sentencia. De esta manera, un individuo en las mencionadas circunstancias puede
estar privado de la libertad sin que un juez haya verificado la legalidad de su
retención por un tiempo indeterminado, situación que se agrava si se tienen en
cuenta los fines de semana, los festivos y los periodos de vacancia judicial.
Análisis preliminar del alcance de la
disposición jurídica acusada para el estudio de aptitud de la demanda
9. Para establecer la
aptitud de la demanda de la referencia, la Sala considera que debe analizarse
el alcance de la disposición acusada, para luego proceder al estudio de aptitud
de las acusaciones invocadas por los ciudadanos, pues sólo de esa manera puede
verificarse si el cargo es cierto y si la interpretación que hacen los
demandantes de la disposición acusada es posible y no proviene de un
entendimiento subjetivo de la misma.
El artículo 56 de la Ley 1453 de 2011,
modificó el artículo 298 de la Ley 906 de 2004, que se encuentra en el Título
IV que reguló el régimen de la libertad y su restricción. Hace parte del
capítulo II sobre la captura y específicamente, dispuso el contenido y la
vigencia de la orden de captura.
De esta manera, la citada norma consagró
que el mandamiento escrito proferido por el juez correspondiente deberá indicar
de forma clara y sucinta los motivos de la captura, el nombre y los datos que
permitan individualizar al indiciado o imputado, el delito, la fecha de los
hechos y el fiscal que dirige la investigación.
El artículo demandado determinó que la
orden de captura tendrá una vigencia máxima de un (1) año, prorrogable las
veces que el fiscal correspondiente estime necesario. De igual manera, contiene
reglas sobre la divulgación de las órdenes de captura por parte de la policía
judicial.
El parágrafo parcialmente acusado estipuló
las reglas que deben observarse en materia de control judicial de la captura. En
ese sentido, la citada disposición jurídica reglamentó de forma general que la
persona capturada en cumplimiento de orden judicial será puesta a disposición
de un juez de Control de Garantías en el plazo máximo de treinta y seis (36)
horas, para que efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene la
cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente en relación con el
aprehendido.
Sin embargo, esa disposición jurídica
contiene una proposición de regulación especial, puesto que en los casos en los
que el capturado es aprehendido para el cumplimiento de la sentencia, no se
aplicará lo dispuesto previamente y, en su lugar, deberá ser puesto a
disposición del juez de conocimiento que profirió la sentencia, sin establecer,
prima facie, un límite temporal para adelantar dicha diligencia.
10. Analizados en conjunto
los elementos argumentativos del concepto de violación, la Corte considera que,
contrario a lo expresado por el Ministerio Público, la demanda es cierta
pues recae sobre una proposición jurídica real y existente como es el parágrafo
(parcial) del artículo 298 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 56
de la Ley 1453 de 2011, que contiene una norma jurídica explícita que permite
entender la exclusión de la aplicación de lo establecido en la primera parte de
esa disposición, específicamente en relación con el examen de legalidad de la
captura realizado por el juez de control de garantías en un plazo máximo de
treinta y seis (36) horas.
En efecto, se trata de una disposición cuya
comprensión se torna compleja y ambigua, específicamente, en la determinación
de la aplicación de dos elementos centrales en materia de garantía del derecho
de libertad en los casos de la captura con ocasión del cumplimiento de la
sentencia, como son: i) la clase del juez y la eficacia de la garantía (bien
porque sea realizada por el juez de control de garantías o por el juez de
conocimiento); y ii) el plazo (36 horas o ninguno) que pudieron ser excluidos
total o parcialmente por el aparte demandado.
De esta manera, si bien el argumento
central de la demanda presentada por los ciudadanos está dirigido a exigir que
se realice el control judicial de la captura en el término de treinta y seis
(36) horas, dicho razonamiento conduce a cuestionar la idoneidad del examen de
legalidad de la aprehensión, aun cuando se interprete que debe efectuarse en el
plazo mencionado por el juez de conocimiento, puesto que aquel funcionario no
ejerce sus funciones de manera continua, debido a la forma en que se presta el
servicio judicial, por lo que no está disponible los fines de semana, los festivos
y los periodos de vacancia para atender estas diligencias, lo que podría tornar
nugatoria la garantía constitucional de protección del derecho a la libertad.
En ese sentido, la Procuraduría
expresó que el cargo carece de certeza, sin que ello implique, en su concepto la
ineptitud del mismo, puesto que confusamente esa entidad no solicitó la
declaratoria de inhibición por parte de la Corte, sino la declaratoria de
exequibilidad de la norma. De esa manera, según la Vista Fiscal, el sentido
auténtico de la disposición acusada derivado de una lectura teleológica de la
misma, permite concluir que el Legislador diferenció la competencia atribuida
al juez de control de garantías de la otorgada al juez de conocimiento de
acuerdo con la etapa procesal en la que se produzca la captura, sin que se haya
establecido una autorización para desconocer el término de treinta y seis (36)
horas para el control judicial.
Para la Sala, las
razones que sustentan la supuesta falta de certeza del cargo propuesta por el
Ministerio Público, no logran acreditar la ineptitud de la demanda, sino que,
por el contrario, demuestran que la complejidad interpretativa de la
disposición acusada es de trascendencia constitucional, puesto que tanto el
sentido normativo de la disposición expuesto por los demandantes y el
manifestado por la Procuraduría son posibles y en ambas se puede afectar la
garantía superior del control judicial de la captura del condenado.
De esta suerte, la
argumentación presentada por la Vista Fiscal desconoce las posibilidades
hermenéuticas que permite la literalidad de la disposición acusada y, en
realidad, se sustenta en razones de fondo para separarse de la tesis de la
demanda, tal como pasa a verse a continuación:
En efecto, la norma
acusada establece que:
“PARÁGRAFO. La persona capturada en cumplimiento
de orden judicial será puesta a disposición de un Juez de Control de Garantías
en el plazo máximo de treinta y seis (36) horas para que efectúe la audiencia
de control de legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura y
disponga lo pertinente con relación al aprehendido. Lo aquí dispuesto no
se aplicará en los casos en que el capturado es aprehendido para el
cumplimiento de la sentencia, caso en el cual será dispuesto a disposición del
juez de conocimiento que profirió la sentencia.”
Conforme a lo expuesto,
la disposición acusada contiene la expresión “Lo aquí dispuesto no se
aplicará (…)” cuyo alcance normativo no permite realizar únicamente la
diferenciación propuesta por la Vista Fiscal, en el sentido de que la misma
solamente se refiere a la precisión de la competencia del juez de conocimiento
y no habilitó el desconocimiento del plazo para realizar el control judicial de
la captura.
Ahora bien, la posición
hermenéutica del Ministerio Público frente a los reparos expresados por los
demandantes desconoce que, aun en el supuesto de que la norma no hubiese el
termino de treinta y seis (36) horas para realizar el control judicial del
condenado, la especificación de su ejercicio en el juez de conocimiento, podría
tornar nugatoria la garantía, porque, como se advirtió previamente, ese
funcionario no ejerce sus funciones de manera continua, en atención a la
organización administrativa del servicio judicial.
En suma, el cargo
presentado por los ciudadanos contiene una argumentación que se deriva del
contenido objetivo de la proposición estudiada y no surge de conjeturas
subjetivas o de ejemplos de situaciones hipotéticas, por lo que los demandantes
lograron construir un cargo abstracto que consolida la aptitud de la demanda.
De la misma forma, la
demanda es clara bajo el entendido de que la argumentación
presenta un hilo lógico que permite comprender las acusaciones presentadas y
las razones que sustentan la supuesta inconstitucionalidad; también es específica,
puesto que contiene un cargo concreto por desconocimiento del derecho a la
libertad.
De otra parte, el razonamiento de los
demandantes le permite a la Corte comprobar que edificaron un concepto de
violación de la Carta pertinente con base en un reproche de
naturaleza constitucional serio, objetivo y verificable, pues el debate de
confrontación normativa lo propusieron entre la norma jurídica explícita
acusada y los artículos 28 y 93 Superior, argumentación que tiene la suficiente
entidad para producir una duda mínima y razonable sobre la constitucionalidad
de la norma acusada, en el sentido de que, posiblemente, desconoce el derecho a
la libertad de las personas capturadas con ocasión del cumplimiento de la
sentencia, bajo el supuesto de que no cuentan con un término para la
realización el control judicial de la aprehensión, en contravía del plazo
expreso que señala la Carta para hacer el control de legalidad y
constitucionalidad de la captura.
De igual forma, todos los demás
intervinientes coincidieron en la aptitud del cargo formulado por los
demandantes, con fundamento en que las posibles interpretaciones que puede
tener la disposición, específicamente sobre la presunta excepción a la regla
general sobre el control judicial de la captura dentro de un plazo determinado
y al funcionario que debe realizar dicho examen, por lo que existe duda
razonable sobre la constitucionalidad de la regulación acusada.
En conclusión, encuentra la Sala que no le
asiste razón al Ministerio Público que expresó la falta de certeza del cargo,
porque, tal como se acreditó previamente, la demanda reúne los requisitos de certeza,
claridad, especificidad, pertinencia y suficiencia para habilitar a
la Corte a realizar su estudio de fondo.
Por otro lado, el argumento presentado por
la Defensoría del Pueblo para sustentar su solicitud de inhibición, relacionado
con la existencia de una demanda previa sobre la disposición que se estudia en
esta oportunidad y que no fue admitida, porque no acreditó los requisitos sobre
aptitud, es irrelevante para el análisis de aptitud del presente asunto, al
menos por dos razones: i) se trató de dos procesos distintos cuyos fundamentos
fueron objeto de una valoración diferente, conforme a las particularidades de
cada demanda; y ii) la providencia que inadmite y posteriormente rechaza una
demanda de constitucionalidad no hace tránsito a cosa juzgada constitucional,
lo que no impide su posterior presentación y análisis de aptitud.
En efecto, esta Corporación ha expresado
que la cosa juzgada constitucional “(…) es
una institución jurídico procesal que tiene su fundamento en el artículo 243 de
la Constitución Política (…) mediante
la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia de
constitucionalidad, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas.”[24]
De esta suerte, se trata
de un atributo que “(...) caracteriza un determinado conjunto de hechos o de
normas que han sido objeto de un juicio por parte de un tribunal con
competencia para ello y en aplicación de las normas procedimentales y
sustantivas pertinentes.”[25]
Cuando se configura la cosa juzgada surge la prohibición “(…) de que el juez
constitucional vuelva a conocer y decidir sobre lo resuelto.”[26]
En suma, el cargo formulado por los
ciudadanos es apto para generar un pronunciamiento de fondo por parte de esta
Corporación.
El asunto bajo revisión y la formulación de
los problemas jurídicos
11. Los demandantes consideraron que la norma contiene
una regulación especial en materia de control judicial de la captura de
aquellas personas que se realice con ocasión del cumplimiento de la sentencia,
contenida en parágrafo del artículo 298 de la Ley 906 de 2004, modificado por
el artículo 56 de la Ley 1453 de 2011. A su juicio, quienes son aprehendidos
para hacer efectiva la sentencia no cuentan con la revisión de legalidad realizada
por el juez de control de garantías dentro de las treinta y seis (36) horas
siguientes a la retención. Manifestaron que esta situación desconoce el derecho
a la libertad, por lo que pretenden que la Corte declare la inexequibilidad
del aparte demandado.
12. La mayoría de intervinientes[27] solicitaron
la exequibilidad condicionada del fragmento con base en que desconoció
el término de treinta y seis (36) horas previsto en el artículo 28 de la
Constitución para que las personas capturadas sean puestas a disposición
judicial, pues consideran que este plazo aplica para toda clase de capturas.
Para otros intervinientes[28] la disposición jurídica
atacada debe ser declarada inexequible porque desconoce la visión
sistemática del control judicial oportuno consagrado en los artículos 28
Superior, 9° del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el 7° de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos. Además, contiene una diferenciación
injustificada que desconoce la garantía del control judicial dentro de las
treinta y seis (36) horas siguientes a la aprehensión.
De otra parte, la Defensoría del Pueblo
solicitó la declaratoria de exequibilidad del aparte acusado, porque reproduce
el artículo 28 Superior y está justificado que en esta clase de capturas no sea
exigible el término allí señalado, debido a que al capturado se le desvirtuó la
presunción de inocencia que cobija a los investigados y acusados.
Adicionalmente, expresó que las personas que se encuentran en el supuesto de
hecho de la disposición analizada cuentan con el recurso de habeas corpus.
Finalmente, el Ministerio Público solicitó
la exequibilidad condicionada de la expresión jurídica objeto de censura
porque desconoció el término de treinta y seis (36) horas para el control
judicial de la captura, que impide la realización de privaciones arbitrarias de
la libertad y es aplicable a cualquier clase de aprehensión.
13. En consecuencia, los problemas jurídicos que debe
abordar la Corte son los siguientes:
i) ¿El artículo 56
(parcial) de la Ley 1453 de 2011, que modificó el artículo 298 de la Ley 906 de
2004, que consagra el control judicial de la captura con ocasión del
cumplimiento de una sentencia, por parte del juez de conocimiento, desconoce el
artículo 28 de la Constitución porque, i) permite un entendimiento según el
cual esta modalidad de captura no exige el cumplimiento del término de las
treinta y seis (36) horas para que el detenido se ponga a disposición del
mencionado funcionario judicial para que realice el control de legalidad y de
constitucionalidad de la aprehensión?
ii) ¿La norma objeto de
control desconoce el artículo 28 Superior porque, a pesar de que tal excepción
pudiera referirse únicamente al juzgador que debe efectuar la revisión judicial
de la detención y no a la inaplicación del plazo, la garantía se torna nugatoria
debido a que el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales no es continua y se
ve afectada por la organización del servicio de la administración judicial?
14. Para abordar los
problemas jurídicos enunciados, la Corte analizará los siguientes aspectos: i) el
derecho penal y su impacto constitucional, la libertad de configuración del
Legislador en esta materia y sus límites; ii) la interpretación sistemática e
integral del artículo 28 Superior y el sistema de garantías del derecho fundamental
a la libertad frente al ejercicio del ius puniendi del Estado,
especialmente, el control judicial de la captura dentro de un plazo determinado
y el ejercicio del habeas corpus; iii) la prestación de servicios
judiciales en el marco del proceso penal acusatorio, en especial las funciones
de control de garantías y de conocimiento y, iv) finalmente examinará la
constitucionalidad de la disposición impugnada.
Trascendencia constitucional del
derecho penal. Límites, controles y garantías en el ejercicio del ius
puniendi
15. El ius puniendi aparece como
uno de los instrumentos que configuran el monopolio de la fuerza en cabeza del
Estado constitucional para reaccionar ante el fenómeno criminal. Se trata del
brazo fuerte de la ley[29]
que le permite al Estado intervenir legítimamente y de manera intensa sobre
determinados bienes jurídicos como la libertad, frente a comportamientos
considerados por la sociedad como reprochables y que merecen una sanción
punible, de ahí que su utilización deba hacerse como ultima ratio y bajo
estrictos criterios de necesidad y proporcionalidad.
16. El derecho penal tiene una innegable
trascendencia constitucional, porque es un escenario en el que se debaten
bienes jurídicos superiores y tiene la potencialidad de afectar y limitar
derechos fundamentales como la libertad.
De esta manera, la Carta tiene una
eficacia irradiante[30]
sobre el derecho penal, de tal forma que se establece un orden normativo que le
permite a la sociedad y a los individuos en particular interactuar de manera
ordenada y con una seguridad razonable sobre las expectativas mutuas de las
personas, sobre la aplicación estatal de las disposiciones jurídicas del ius
puniendi que regulan su conducta[31].
La constitucionalización del derecho penal
implica que la Carta es el eje principal de la política criminal y del proceso
de positivización de la misma, en el sentido de que la orienta y de manera simultánea,
controla los excesos estatales que puedan presentarse y que impactan en
perjuicio de los derechos fundamentales.
Conforme a lo expuesto, el ejercicio de la
potestad punitiva del Estado no es ilimitada, debido a la trascendencia
constitucional de los derechos y los intereses en tensión, tanto en materia
sustancial como procedimental[32],
de tal suerte que:
“De un lado, encontramos el problema de la relación
entre la Constitución y la política criminal del Estado, o si se quiere, entre
el derecho constitucional y el derecho penal, (...).
“Así, ha habido una constitucionalización del derecho
penal porque tanto en materia sustantiva como procedimental, la Carta incorpora preceptos y enuncia valores y postulados
-particularmente en el campo de los derechos fundamentales- que inciden de
manera significativa en el derecho penal y, a la vez, orientan y determinan su
alcance. Esto significa entonces que el Legislador no tiene una
discrecionalidad absoluta para definir los tipos delictivos y los procedimientos
penales, ya que debe respetar los derechos constitucionales de las personas,
que aparecen así como el fundamento y límite del poder punitivo del Estado. Fundamento, porque el ius puniendi debe
estar orientado a hacer efectivos esos derechos y valores constitucionales. Y
límite, porque la política criminal del Estado no puede desconocer los derechos
y la dignidad de las personas”[33]
En consecuencia, el Texto Superior contempla una serie
de garantías que guían y controlan el ejercicio del ius puniendi del
Estado con la finalidad de minimizar la afectación de los derechos
fundamentales de las personas y maximizar la protección de los bienes jurídicos
afectados por el delito, desde la tipificación legal de los delitos, su
comprobación judicial[34]
y la ejecución de la sanción que se imponga a la conducta objeto de reproche.
Estas garantías no están fundadas en una concepción de
mérito, ya que deben observarse en todos los casos, pues pretenden que el
derecho penal produzca el menor daño posible a los derechos fundamentales de
las personas que se encuentran en un conflicto social constante dentro del
sistema[35].
17. El conjunto de garantías que rodean
el derecho penal está constituido por las siguientes[36]:
i) Sustanciales: entre las que se
encuentran los principios de legalidad o de taxatividad, de culpabilidad, de
necesidad y de proporcionalidad, entre otras.
ii) Procesales y orgánicas: aplicables
al proceso y que aseguran los principios de contradicción, de igualdad de
armas, de presunción de inocencia, de publicidad, de independencia e
imparcialidad del juez, entre otras.
iii) Ejecución de la sanción: las cuales
deben ser observadas durante la ejecución de la pena contenida en la sentencia
con la cual finalizó el proceso y se refieren a la afectación del derecho fundamental
a la libertad, la especial situación de sujeción del interno frente al Estado y
el respeto a la dignidad humana.
En efecto, establecida la responsabilidad penal
a partir de la verificación de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, el
siguiente estadio es la imposición y la ejecución de la respectiva pena. Este
elemento de la dogmática penal reviste trascendental importancia, puesto que con
la punibilidad pueden restringirse derechos fundamentales como la libertad
personal.
En resumen, el derecho penal es la expresión del ius
puniendi del Estado que, a través de un conjunto de normas jurídicas,
establece cuales son los bienes jurídicos susceptibles de protección penal, las
conductas constitutivas de delitos y aquellas penas o medidas de seguridad que
deben imponerse a quienes las cometen, mediante los procedimientos dispuestos
para tal fin y los instrumentos jurídicos y administrativos diseñados para su
ejecución. La facultad punitiva del Estado encuentra límites en la Constitución,
la cual ha proyectado en sus instituciones sustantivas, procedimentales y de cumplimiento
de la sanción, la observancia de garantías que protegen los derechos
fundamentales de las personas destinatarias del mismo y legitiman el ejercicio
del poder punitivo de la estructura estatal dentro del orden constitucional.
Libre configuración normativa del Legislador en
materia de establecimiento de normas penales[37]
18. Previamente se advirtió que el
derecho penal es la expresión de la política criminal del Estado, cuya definición
con base en el principio democrático y en la soberanía popular (artículos 1º y
3º C.P.), le corresponde de manera exclusiva al Legislador[38]. A su vez, los artículos 114 y 150
de la Carta, le otorgan al Congreso de la República la función de “hacer las
leyes” y de expedir y reformar los códigos en todas las ramas de la
legislación.
19. En el ámbito
penal, el Legislador goza de un amplio margen para determinar el contenido
concreto del derecho punitivo. De tal suerte que en ejercicio de esta
competencia le corresponde regular: i) las conductas punibles; ii) el quantum
de las penas correspondientes; iii) las circunstancias que las disminuyen o
aumentan[39];
iv) las modalidades de privación de la libertad; y v) la forma en que se
ejecutará la sentencia, entre otras. En ese orden de ideas, la Corte ha
establecido que:
“(…) el Legislador puede entonces
adoptar diversas decisiones, como las de criminalizar o despenalizar conductas,
atenuar, agravar, minimizar o maximizar sanciones, regular las etapas propias
del procedimiento penal, reconocer o negar beneficios procesales, establecer o
no la procedencia de recursos, designar las formas de vinculación, regular las
condiciones de acceso al trámite judicial de los distintos sujetos procesales,
entre otros, siempre y cuando con ello no comprometa la integridad de los
valores, principios y derechos establecidos por la Constitución.”[40]
20. No obstante,
dichas facultades no son absolutas, pues encuentran como límites la
Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos[41], lo que hace que el
margen de configuración del Legislador esté sometido al contenido material de
los derechos fundamentales consagrados en la Carta y en los instrumentos
internacionales ratificados por Colombia[42].
Este Tribunal en sentencia C-365 de 2012[43], sistematizó
los límites constitucionales del libre margen de configuración del Legislador
en materia penal, sin pretensión de definición exhaustiva, los cuales se
sintetizan a continuación:
i) Principio
de necesidad de la intervención penal relacionado a su vez con el carácter
subsidiario, fragmentario y de ultima ratio del derecho penal: Para
esta Corporación, el derecho penal se enmarca dentro del principio de mínima
intervención, conforme al cual el ius puniendi debe operar solamente
cuando las demás alternativas de control han fallado. No existe obligación para
el Estado de sancionar penalmente todas las conductas reprochables, de tal
suerte que:
“(…) la
decisión de criminalizar un comportamiento humano es la última de las
decisiones posibles en el espectro de sanciones que el Estado está en capacidad
jurídica de imponer, y entiende que la decisión de sancionar con una pena, que
implica en su máxima drasticidad la pérdida de la libertad, es el recurso
extremo al que puede acudir el Estado para reprimir un comportamiento que
afecta los intereses sociales. La jurisprudencia legitima la descripción típica
de las conductas sólo cuando se verifica una necesidad real de protección de
los intereses de la comunidad.”[44]
ii) Principio
de exclusiva protección de bienes jurídicos: es decir, de valores
esenciales de la sociedad[45].
El derecho penal implica valoración social de aquellos bienes jurídicos que
ameriten protección, las conductas reprochables que puedan lesionar tales
intereses, los elementos para atribuir responsabilidad al sujeto activo y el quantum
de la sanción aplicable.
iii) Principio
de legalidad: El deber de
observar el principio de legalidad tiene 3 dimensiones: i) reserva de ley en
sentido material, puesto que la creación de los tipos penales es una
competencia exclusiva del Legislador; ii) la definición de la conducta punible
y su sanción de manera clara, precisa e inequívoca; y iii) la irretroactividad
de las leyes penales, salvo su aplicación favorable[46].
iv) Principio
de culpabilidad: Conforme al artículo 29 Superior, el derecho penal en
Colombia es de acto y no de autor, lo que implica que de acuerdo con el
postulado del Estado Social de Derecho y el respeto de la dignidad de la
persona humana “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes
al acto que se le imputa.”.
v) Principios
de razonabilidad y proporcionalidad en materia penal: de acuerdo con los
cuales deben ponderarse las finalidades de prevención y represión del delito
con los derechos fundamentales de las personas como la libertad y el debido
proceso[47].
En ese orden de ideas, la Corte ha manifestado que, si bien existe un margen
amplio de configuración normativa del Legislador, la misma se encuentra
limitada particularmente por los principios de racionalidad y proporcionalidad.
En ese sentido:
“Dichas limitaciones, ha dicho la Corporación,
encuentran adicional sustento en el hecho que en este campo están en juego, no
solamente importantes valores sociales como la represión y prevención del
delito, sino también derechos fundamentales de las personas como el derecho a
la libertad y al debido proceso. Así las cosas, la Corte ha explicado que, si
bien el Legislador cuenta con una amplia potestad de configuración normativa
para el diseño de la política criminal del Estado y, en consecuencia, para la
tipificación de conductas punibles es evidente que no por ello se encuentra
vedada la intervención de la Corte cuando se dicten normas que sacrifiquen los
valores superiores del ordenamiento jurídico, los principios constitucionales y
los derechos fundamentales”[48].
vi) Bloque de constitucionalidad y otras normas constitucionales: Las cuales deben ser observadas al momento de la redacción de las
normas penales, especialmente, las reglas que contienen garantías para los
derechos fundamentales y que la jurisprudencia de la Corte ha establecido en su
labor de interpretación del texto Superior, puesto que:
Además de los límites explícitos, fijados
directamente desde la Carta Política, y los implícitos, relacionados con la
observancia de los valores y principios consagrados en la Carta, la actividad
del Legislador está condicionada a una serie de normas y principios que, pese a
no estar consagrados en la Carta, representan parámetros de constitucionalidad
de obligatoria consideración, en la medida en que la propia Constitución les
otorga especial fuerza jurídica por medio de las cláusulas de recepción
consagradas en los artículos 93, 94, 44 y 53. Son éstas las normas que hacen
parte del llamado bloque de constitucionalidad”[49].
21. En conclusión, el
Legislador cuenta con un amplio margen de libertad de configuración normativa
en materia penal, así como la forma en que se puede privar de la libertad y la
manera en que se ejecutan las sanciones impuestas mediante sentencia. Sin
embargo, su facultad no es absoluta, pues encuentra límites constitucionales
como los principios de necesidad, de la exclusiva protección de bienes
jurídicos, de legalidad, de culpabilidad, de razonabilidad y de
proporcionalidad, así como los valores, los principios y las reglas superiores
y aquellas que integran el bloque de constitucionalidad, entre otros.
Uno de los principales límites del derecho
penal es la garantía del derecho a la libertad, regulada principalmente en los
artículos 28 y 30 de la Constitución. Debido a la relevancia de este tema en el
presente asunto, la Sala abordará una breve exposición sobre el sistema de
protección del derecho fundamental a la libertad establecido en la Carta, para
posteriormente, focalizarse en el control judicial de la captura sin demora y el
derecho de habeas corpus.
El sistema de garantías constitucionales
del derecho fundamental a la libertad frente al ejercicio del poder punitivo
del Estado
22. La intervención del
Estado mediante la aplicación legítima de la fuerza derivada del derecho penal
como reacción a los comportamientos típicos, está limitada por una serie de
disposiciones superiores, que garantizan entre otras, la efectividad del
derecho fundamental a la libertad.
La consagración constitucional de la
libertad como derecho fundamental no solo implicó un reconocimiento formal de
este principio, sino que, además, contempló un mandato material de optimización
en términos de eficacia, por tal razón, estableció con igual rango superior un
cuerpo armónico de garantías para su protección[50].
Para la Corte la protección de
la libertad individual y el establecimiento de garantías para asegurarla contra
actos arbitrarios de las autoridades públicas, son elementos esenciales del
sistema normativo penal y constitucional[51].
En ese sentido, la Constitución
reconoció una naturaleza triple de la libertad, como valor, principio y derecho,
por lo que es fundamental su concepción transversal materializada en
obligaciones concretas para las autoridades públicas y especialmente en materia
de garantías en el ejercicio del poder punitivo[52].
La naturaleza polivalente de la libertad en
el ordenamiento jurídico hace que muchos de sus ámbitos específicos sean
reconocidos como derechos fundamentales plasmados en el texto constitucional.
Es decir, su esencia comprende una serie de categorías normativas que tienen
distinta densidad y eficacia, así como diferentes posibilidades de
interpretación y aplicación[53].
De esta manera, en sentencia C-176 de 2007[54], la Corte
expresó que la libertad constituye un presupuesto fundamental para la eficacia
de los demás derechos y el instrumento “primario” del ser humano para
vivir en sociedad.
23. El artículo 28 de la
Carta contiene la cláusula general del derecho a la libertad personal, en el
que se reconoce que “Toda persona es libre”. En efecto, el tenor literal
de la mencionada disposición es el siguiente:
“ARTÍCULO 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su
persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su
domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad
judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente
definido en la ley.
La persona detenida preventivamente será puesta a
disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes,
para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca
la ley.
En ningún caso podrá haber detención, prisión ni
arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.”
La norma descrita protege una de las
manifestaciones del principio general de la libertad, considerado también como libertad
personal, física o corporal[55].
En sentencia C-024 de 1994[56],
este Tribunal expuso que la libertad personal debe entenderse como la ausencia
de aprehensión, de retención, de captura, de detención o cualquier otra forma
de limitación de la autonomía de la persona, sin la observancia de las
garantías Superiores, puesto que, quien no tiene garantizado el mencionado
derecho, no puede ejercer otros derechos que dependen de aquella.
24. Ahora bien, esta Corporación
ha considerado que la libertad no es un derecho absoluto, puesto que en algunas
ocasiones puede privarse o restringirse, como sería el caso de la captura o de
la imposición de una sanción en ejercicio del poder punitivo por parte del
Estado[57].
De igual forma, manifestó que el
Preámbulo y otros preceptos constitucionales consagraron la libertad en la
forma de principio y derecho fundamental sobre el que reposa la construcción política
y jurídica del Estado. Estas dimensiones determinan el carácter excepcional de
su restricción[58].
25. En el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos se han consagrado las garantías de
protección de la libertad en los siguientes instrumentos:
i) El Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1968,
establece en su artículo 9º que: " Nadie podrá ser sometido a detención
o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las
causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta (...)",
de igual forma, consagra que:
“Toda persona
detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones
judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a
ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser
juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada
a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o
en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la
ejecución del fallo.” (Resaltado fuera del texto)
ii) La Convención Americana de
Derechos Humanos, ratificada por la Ley 16 de 1972, precisó en su
artículo 7º que:
“1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la
seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física,
salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las
Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas
conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o
encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada
de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos
formulados contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser
llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para
ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un
plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el
proceso.  Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su
comparecencia en el juicio.”
(Resaltado fuera del texto)
26. En la sentencia
C-176 de 2007[59],
esta Corporación expresó que el constituyente diseñó un conjunto de
instrumentos fundamentales que tienen como finalidad la protección a la
libertad física de las personas, que configuran garantías superiores autónomas,
independientes e indispensables para su defensa en casos de restricción. Entre
las mismas se encuentran los derechos a ser informado sobre los motivos de la
detención, a ser detenido por motivos previamente fijados por el Legislador y
en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, entre otras.
Conforme a lo expuesto, la
Corte ha identificado en el texto constitucional un sistema de garantías que limitan
la actuación del Estado y fijan las condiciones para que pueda afectarse válidamente
el derecho fundamental a la libertad. Estos presupuestos se refieren a que
nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o
arresto sino: i) en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial
competente; ii) con las formalidades legales; y, iii) por motivo previamente
definido en la ley. Adicionalmente, la Carta consagró que iv) la persona
detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro
de las treinta y seis (36) horas siguientes para que aquel adopte la decisión
correspondiente[60].
Igualmente, hace parte de este conjunto de
instrumentos de protección el habeas corpus consagrado en el artículo 30
Superior, que permite su formulación ante cualquier juez por la persona que
creyere estar privada de la libertad ilegalmente, y su resolución debe presentarse
dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a su presentación.
27. De esta manera, el
sistema constitucional de protección descrito se identifica por ser un conjunto
organizado con cierta estructura interna[61] y no un simple agregado
de normas, caracterizado por sus pretensiones de completitud, de coherencia y
de independencia[62].
En ese sentido, un sistema
normativo determina qué conjunto de soluciones se destinan a diferentes casos,
lo que implica establecer de manera previa las circunstancias fácticas
reguladas (universo de casos) y las soluciones admisibles (universo de
soluciones). El sistema será completo si existe una solución
correlativa a cada caso, es decir, no existen lagunas normativas. A su turno la
coherencia del sistema estará condicionada a evitar que concurran
soluciones incompatibles correlacionadas, es decir, antinomias. Y, por último,
la independencia del sistema será consecuencia de que en ningún
caso contenga soluciones redundantes correlacionadas[63].
En consecuencia, el
sistema constitucional de garantías que resguardan la libertad frente al
ejercicio del derecho punitivo por parte del Estado, está compuesto por
instrumentos que garantizan las formas en que se genera una aprehensión y por
los procedimientos judiciales y los plazos que deben cumplirse una vez se
produce la captura. De igual forma, constituye el estándar mínimo de protección
del mencionado derecho, por lo que cualquier afectación que restrinja,
sustituya o modifique el umbral descrito y que genere un déficit de amparo es
inadmisible y contrario al Texto Superior. Por la relevancia en el estudio del
presente asunto, la Sala realizará una síntesis de los contenidos de las
garantías de control judicial de la captura sin demora y del derecho de habeas
corpus.
Interpretación sistemática e integral del artículo 28 Superior
28. El artículo 28 de la
Constitución contiene la garantía del control judicial de la captura en los
siguientes términos:
“La persona detenida preventivamente será
puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas
siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que
establezca la ley.”
Una primera aproximación interpretativa del
alcance y contenido de la mencionada garantía puede hacerse desde su
literalidad. En ese sentido, el control judicial de la captura y el término
para su realización estaría limitado únicamente a las personas que son
destinatarias de una detención preventiva, es decir, aquella que se realiza
cuando existe una causa penal actual y aun no se ha quebrado la presunción de
inocencia del procesado.
29. No obstante, la Corte
considera que el ejercicio hermenéutico para la identificación del núcleo
esencial de la garantía Superior del control judicial de la captura, no puede
restringirse al tenor semántico de la norma objeto de análisis, pues dicha
metodología si bien no está proscrita por el ordenamiento constitucional, no es
suficiente para fijar el alcance de la protección del derecho fundamental a la
libertad personal.
En efecto, la consagración de los derechos
fundamentales, por regla general, atiende a estructuras de principio, por lo
que la disposición jurídica que los contiene se presenta con texturas abiertas,
por lo que la identificación de su núcleo esencial difícilmente puede darse a
partir del análisis de su tenor literal.
De esta manera, el significado gramatical configura
una herramienta muy limitada para la comprensión del alcance de las garantías
fundamentales, debido al gran número de hablantes y a la dinámica cambiante del
lenguaje, que impide la identificación de una regla semántica en la que estén
inmersas las condiciones de su entorno[64].
Para DEPENHEUER el control
constitucional no puede hacerse desde el límite del tenor literal de la Carta,
pues su esencia se desnaturalizaría en una verificación de lo lingüísticamente
posible, lo que implica una afectación a la idea de Constitución como orden
identitario, axiológico y convergente de la comunidad[65].
Esta Corporación ha concluido en algunas
oportunidades que la interpretación literal como instrumento para conocer el
contenido de una disposición constitucional no es suficiente, debido a que la
materia regulada es esencialmente variable y que además, está influida por
circunstancias sociales cambiantes que se proyectan en la vida cotidiana de
personas concretas[66].
Por tal razón, conforme lo afirma BARAK,
el proceso interpretativo de cada derecho fundamental debe efectivizar en la
mayor medida posible las razones axiológicas que lo justifican y además,
reflejar la evolución del sistema jurídico y las dinámicas sociales con el paso
del tiempo[67].
30. De acuerdo a lo
anterior, esta Corte debe determinar el alcance de la garantía del control
judicial y sin demora y además, si aquella se limita únicamente a las
detenciones preventivas o si por el contrario, se extiende a cualquier
modalidad de captura.
El control judicial de la captura como expresión del
sistema de garantías de la libertad
31. La identificación de los
contenidos esenciales del derecho fundamental de la libertad personal
necesariamente conduce a la caracterización de las garantías dispuestas por el
ordenamiento constitucional y convencional para su protección. De acuerdo con
lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Juan
Humberto Sánchez Vs. Honduras expresó que:
“Este Tribunal ha señalado que con la
protección de la libertad se pueden salvaguardar “tanto la libertad física de
los individuos como la seguridad personal, en un contexto en el que la
ausencia de garantías puede resultar en la subversión de la regla de derecho y
en la privación a los detenidos de las formas mínimas de protección legal”[68]. (Lo énfasis agregado)
En el caso Caso Wong Ho Wing Vs.
Perú ese Tribunal adujo:
“Ahora bien, independientemente de la
razón de su detención, en la medida en que se trata de una privación de
libertad ejecutada por un Estado Parte de la Convención, dicha privación de la
libertad debe ajustarse estrictamente a lo que la Convención Americana y la
legislación interna establezcan al efecto, siempre y cuando ésta última sea
compatible con la Convención.”[69]
De otra parte, en el Caso Galindo
Cárdenas y otros Vs. Perú esa Corte afirmó que:
“(…) el componente particular que permite
individualizar a una medida como privativa de libertad más allá de la
denominación específica que reciba a nivel local […] es el hecho de que la
persona […] no puede […] o no tiene […] la posibilidad de salir o abandonar por
su propia voluntad el recinto o establecimiento en el cual se encuentra o ha
sido alojado. De este modo, cualquier situación o medida que sea caracterizada
bajo la anterior definición tornará aplicables todas las garantías asociadas (…),
aun en esa circunstancia.”[70]
En suma, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha definidos los contornos interpretativos en materia de
respeto por las garantías de protección de la libertad personal, los cuales se
aplican a cualquier forma o medida que implique la restricción del mencionado
derecho, sin importar las razones de la misma, lo que permite aproximarse a la hermenéutica
convencional que ha identificado las medidas de protección y su aplicación bajo
criterios amplios.
32. Para esta Corporación,
la privación es el límite más severo al derecho fundamental a la libertad, se
trata de un concepto genérico para referirse a uno de los instrumentos de
reacción estatal legítimo ante la comisión de un hecho punible, bien cuando se
produce previamente a la condena penal o cuando tiene como causa una sentencia
producida al término del respectivo proceso. En todo caso, “(…) se impone la
cabal observancia de las garantías previstas en las normas superiores cuyo
contenido protector, por ende, cobija la detención preventiva que, como medida
cautelar, es ordenada por el juez antes de la sentencia y así mismo la
privación de la libertad que surge de esta.”[71] (Negrillas
fuera de texto)
De esta manera, el
ejercicio del control punitivo del Estado, especialmente cuando afecta la
libertad de las personas, está sometido a estrictos controles entre los que se
encuentran los judiciales, con lo que se busca la contención de actuaciones arbitrarias
y desproporcionadas por parte de las autoridades.
En efecto, se trata de
un escenario de juridización[72]
y de judicialización del poder punitivo estatal que afecta la libertad de las
personas, mediante la identificación y garantía de los valores, de los
principios y de las reglas que sustentan el orden constitucional y legal, que
garantizan la eficacia material de los derechos fundamentales.
Por tal razón, el
desconocimiento de las garantías superiores que protegen la libertad afecta
directamente la estructura del Estado de Derecho y el orden constitucional,
puesto que configura una trasgresión de los “principios regulatorios que
rigen todo el sistema.”[73].
Se trata de lo que esta
Corporación ha definido como reserva de la primera[74] y de la
última palabra[75]
en cabeza de la jurisdicción, lo que asegura la legitimación de la “actuación”
del Estado sobre el derecho fundamental de la libertad[76].
Ahora bien, de conformidad con el artículo
28 Superior, la protección judicial de la libertad tiene un contenido doble en
el sentido de que, de una parte, por regla general, se requiere mandamiento
escrito de autoridad judicial competente para poder detener a una persona[77] y de otra, una vez se produce la
detención, la persona deberá ser puesta a disposición del juez competente, en
el menor tiempo posible y en todo caso, máximo dentro de las treinta y seis
(36) horas siguientes a la aprehensión[78].
La sentencia C-425 de
2008[79],
resaltó la importancia del control judicial de la captura, pues se trata de una
actuación centrada en el estudio de los aspectos fácticos que rodearon la
detención del capturado y de las garantías que el Estado Social de Derecho
consagra al derecho a la libertad, como son el respeto por la dignidad humana,
la información sobre los motivos de la captura y la defensa de la integridad
física y sicológica del aprehendido. En otras palabras, el control judicial de
la captura tiene como único objetivo el de ejercer el examen de legalidad y de
constitucionalidad de la privación de la libertad, no solo en atención a los
fines sociales o procesales que sustentan la misma, sino también en la eficacia
de los derechos fundamentales del capturado, especialmente en relación con su
libertad y la dignidad humana.
De igual forma, para
esta Corporación la importancia de la puesta del detenido a disposición del
capturado implica su presentación física[80], puesto que, como se
advirtió previamente, el control judicial pretende la garantía de los derechos
del detenido, tanto en la esfera procesal, como sería la plena identificación,
a la defensa y a la contradicción, como en su esfera personal, específicamente
su dignidad, su libertad y su integridad física.
A tal efecto, la Corte
en sentencia C-251 de 2002[81],
expresó lo siguiente:
“(…) la regulación sobre la captura
tiene un propósito más allá de asegurar que la restricción a la libertad se
realice de acuerdo a la ley y ante funcionarios competentes. También tiene un
propósito protector de la integridad de la persona (…) resulta abiertamente
contrario a los propósitos del artículo 28 de la Constitución disponer que se
entiende que la persona ha quedado a disposición de la autoridad judicial con
la mera comunicación de su captura.”[82]
33. Conforme a lo expuesto,
la intervención judicial para el examen de legalidad y de constitucionalidad de
la captura, independientemente de si se realiza para cumplir una sentencia o
para imponer una medida de aseguramiento, configura una garantía de la libertad
en el sentido de que el juez debe velar por el cumplimiento y la efectividad de
los mandatos constitucionales y legales de cada forma de privación[83]. De manera
que “La libertad encuentra así solo en la ley su posible límite y en el juez
su legítimo garante”[84].
En otras palabras, la Constitución consagró reglas
superiores que ponen límites a la injerencia Estatal sobre la libertad de las
personas y los derechos fundamentales de aquellos que han sido sometidos a una
medida de privación[85].
La garantía constitucional del control de
la captura mediante la presentación ante un juez sin demora.
34. Los instrumentos internacionales han
establecido como garantía del derecho a la libertad y a la seguridad personal
que la persona detenida debe ser presentada sin demora [86] ante un juez o
una autoridad judicial, para que realice un control efectivo a la restricción de
su libertad sin distinción alguna.
En atención a lo anterior, el control
de la captura debe realizarse dentro de un plazo perentorio y máximo señalado
por la Constitución. Este carácter se erige como una “regla de control al
abuso del poder que legitima el monopolio de la fuerza”[87]
y se impone al Estado a partir de los contenidos Superiores.
De esta forma, el objetivo del mencionado control
judicial en un determinado plazo es la revisión de la legalidad de la privación
de la libertad con el propósito de establecer: i) si concurren razones
jurídicas suficientes para la medida de restricción; ii) si es necesaria y
justificada la detención antes del juicio o con ocasión de la ejecución de la
sentencia penal; iii) si se requiere salvaguardar el bienestar del detenido; y,
iv) finalmente, si se trata de una detención arbitraria o si se presentan
afectaciones a los derechos fundamentales del aprehendido[88].
En suma, el control de la privación de la libertad
mediante la presentación de la persona ante el juez competente sin demora
constituye un escenario valioso en términos constitucionales puesto que le
otorga al sujeto la oportunidad de impugnar por primera vez dicha actuación del
Estado y en consecuencia pueda restablecer su derecho fundamental si la
detención, el arresto o la captura se produjo con desconocimiento de las
garantías debidas[89].
35. Para la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el Caso Herrera Espinosa y otros vs Ecuador, el
control judicial sin demora previsto en el artículo 7.5 de la Convención tiene
como finalidad evitar que:
“(…) las
detenciones sean arbitrarias o ilegales, tomando como punto de partida que en
un Estado de derecho corresponde al juzgador garantizar los derechos del
detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea
estrictamente necesario (…) Dada la importancia del control judicial, de
acuerdo a lo indicado previamente por la Corte Interamericana, quien es privado
de libertad sin control judicial debe ser liberado o puesto inmediatamente a
disposición de un juez. Si bien el vocablo “inmediatamente” debe ser
interpretado conforme a las características especiales de cada caso, ninguna
situación, por grave que sea, otorga a las autoridades la potestad de prolongar
indebidamente el período de detención sin control judicial.
Conforme a la jurisprudencia de la Corte
los términos de la garantía establecida en el artículo 7.5 de la Convención son
claros en cuanto a que la persona detenida debe ser llevada sin demora ante
un juez o autoridad judicial competente, conforme a los principios de control
judicial e inmediación procesal. Esto es esencial para la protección del
derecho a la libertad personal y para otorgar protección a otros derechos, como
la vida y la integridad personal. El simple conocimiento por parte de un
juez de que una persona está detenida no satisface esa garantía, ya que el
detenido debe comparecer personalmente y rendir su declaración ante el juez o
autoridad competente.”[90] (Negrillas fuera de
texto)
36. En sentencia C-163 de 2008[91],
esta Corte expresó que la supervisión judicial tiene dos componentes
inescindibles: i) de una parte, como ya se anotó, debe hacerse por un órgano
jurisdiccional idóneo para la protección de los derechos fundamentales en el
marco del proceso penal; y, ii) debe realizarse dentro de un límite temporal.
El segundo presupuesto ha sido entendido por el
derecho internacional como la presentación del capturado ante el juez “sin
demora”, pues la privación de libertad resulta inaceptable cuando se produce
una prolongación indefinida sin que medie la supervisión de la autoridad
jurisdiccional[92].
37. De acuerdo a lo expuesto, para la
Corte una interpretación sistemática e integral del artículo 28 Superior, en la
que se integran contextos normativos y desarrollos jurisprudenciales a nivel
constitucional y convencional, permite identificar su contenido esencial en un
sentido amplio y garantista, que se materializa en el mandato que proscribe
cualquier prolongación indefinida para el control judicial de la restricción de
la libertad sin distinción en atención a su modalidad o su finalidad, sin
control judicial, pues dicha comprensión estableció un parámetro temporal
cierto y concreto para que se realice dicha diligencia.
A esta conclusión se llegó en la sentencia
C-163 de 2008[93],
en la que expresó:
“(…) un examen sistemático de los preceptos
constitucionales relacionados con la libertad individual y los límites a sus
restricciones, permite afirmar que toda privación efectiva de la libertad
personal[94]
debe ser sometida a control judicial de inmediato, y a más tardar dentro de las
treinta y seis (36) horas siguientes a su producción.”[95]
(Énfasis agregado)
38. De esta suerte, una interpretación
derivada del carácter restrictivo de las disposiciones que contemplan afectaciones
a la libertad y de hermenéutica sistemática e integral de los postulados superiores
pro libertate[96],
concluye que es inadmisible en términos ius fundamentales y superiores
una privación de la libertad cualquiera que sea su naturaleza, que no cuente con
la definición de un plazo para el respectivo control de su legalidad[97]
y de su constitucionalidad.
En suma, el control judicial de cualquier modalidad de
privación de la libertad, está sujeto a las siguientes reglas: i) debe
realizarse por la autoridad judicial competente; y ii) el capturado será
presentado ante el juez dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la
restricción de la misma.
El habeas corpus
como instrumento de protección dentro del sistema de garantías constitucionales
de la libertad
39. Otra de las garantías
que integran el sistema de protección del derecho fundamental de la libertad es
el habeas corpus, consagrado en el artículo 30 Superior de la siguiente
manera:
“ARTÍCULO 30. Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente,
tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por
sí o por interpuesta persona, el Habeas Corpus, el cual debe resolverse en el
término de treinta y seis horas.”
De esta manera, la Constitución consagra el
habeas corpus como un derecho fundamental, que adicionalmente, se
encuentra reconocido en varios instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos[98], el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y
Políticos[99], la Convención Americana sobre Derechos Humanos[100] y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre[101].
Este Tribunal ha
considerado que el habeas corpus constituye una “garantía judicial
indispensable” [102]
y configura el instrumento más importante para la protección de la libertad y
de otros derechos fundamentales como la vida y la integridad personal.
En ese sentido, en sentencia C-620 de 2001[103],
la Corte expresó que el habeas corpus tiene una doble
connotación pues se trata de un derecho fundamental y una acción tutelar de la
libertad. Adicionalmente, constituye un importante instrumento para la
protección de otros derechos fundamentales como la integridad física y la vida
de las personas privadas de la libertad, puesto que la experiencia histórica ha
demostrado que, en las dictaduras y demás regímenes no democráticos, la
privación de la libertad es el primer paso para afectar gravemente a aquellos
que no simpatizan con el gobierno de turno.
A esta conclusión llegó este Tribunal en atención a la
Opinión Consultiva OC-08/87[104],
proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que al
respecto señaló:
“El
habeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la
legalidad de la privación de la libertad, exige la presentación del detenido
ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona
afectada. En este sentido es esencial la función que cumple el habeas corpus
como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para
impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como
para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes. Esta conclusión se fundamenta en la experiencia sufrida por varias
poblaciones de nuestro hemisferio en décadas recientes, particularmente por
desapariciones, torturas y asesinatos cometidos o tolerados por algunos
gobiernos. Esa realidad ha demostrado una y otra vez que el derecho a la vida y
a la integridad personal son amenazados cuando el habeas corpus es parcial o
totalmente suspendido.”
40. El ejercicio del habeas corpus, conforme al
artículo 1º de la Ley Estatutaria 1095 de 2006, surge cuando alguien es privado
de aquella con desconocimiento de las garantías constitucionales o legales, o
esta se prolongue ilegalmente. Adicionalmente, el numeral 2º artículo 4º de la
citada ley consagró como uno de los requisitos de la petición, la expresión de
las razones por las cuales se considera que la privación de la libertad es
ilegal o arbitraria.
De acuerdo a lo anterior, la protección constitucional
que brinda el recurso de habeas corpus procede cuando: i) se produce la
captura de una persona con desconocimiento de las garantías superiores o
legales; o ii) la privación de la libertad, no obstante reunir los requisitos
constitucionales y legales, es arbitraria[105].
Esta interpretación encuentra sustento en el artículo
7º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[106],
el cual, según la Corte Interamericana, tiene dos (2) tipos de regulaciones:
una general y otra específica. La primera se encuentra en el numeral 1º que
establece: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad
personales.” Mientras que la segunda, está compuesta por una serie de
garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente
(artículo 7.2) o de manera arbitraria (artículo 7.3)[107].
De esta manera, la Corte Interamericana ha fijado las
condiciones para establecer si la privación de la libertad reviste las
características de ilegal o arbitraria.
Por ejemplo, en el caso Gangaram Panday vs Suriname
se refirió a la calificación de la detención ilegal y
distinguió dos (2) aspectos en su examen, uno material y otro formal. En ese
sentido, manifestó que:
“(…) nadie puede verse privado de la libertad personal
sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley
(aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos
objetivamente definidos por la misma (aspecto formal)”[108]
En cuanto a la detención arbitraria, ese
Tribunal en el caso Velásquez Rodríguez vs Honduras expresó que:
“La desaparición forzada de seres humanos constituye
una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la
Convención y que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar.  El
secuestro de la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que
conculca, además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez
y a interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su
arresto.”[109]
Posteriormente, esa Corte en el caso Gangaram
Panday vs Suriname estableció las condiciones para calificar una privación
de la libertad de la siguiente forma:
“En el segundo supuesto, se está en presencia de una
condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento
por causas y métodos que -aún calificados de legales- puedan reputarse como
incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por
ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad.”[110]
41. En suma, el habeas corpus es uno de los
instrumentos más importantes en materia de protección de la libertad y se
inserta en el sistema de garantías que la Carta ha dispuesto para tal fin.
Tiene una naturaleza doble, puesto que de una parte es un derecho fundamental y
de otra se trata de una acción constitucional para la defensa del derecho a la
libertad, pues su ejercicio está previsto cuando una persona es aprehendida y
creyere que estarlo ilegal o arbitrariamente.
La prestación de los
servicios judiciales en el marco del proceso penal acusatorio y las actuaciones
surtidas por los jueces en ejercicio de las funciones de control de garantías o
de conocimiento
42. El artículo 228 de la
Constitución establece que la administración de justicia es función pública. De
igual manera, el artículo 1º de la Ley 270 de 1996, consagra que se trata de
una función pública que cumple el Estado y que tiene la finalidad
constitucional y legal de hacer efectivos los derechos, las obligaciones, las
garantías y las libertades, con el objeto de realizar la convivencia social y
lograr y mantener la concordia nacional.
La Corte, en sentencia C-037 de 1996[111], expresó que uno de
los presupuestos del Estado Social de Derecho es el de tener una debida
administración de justicia, a través de la cual se protejan y se hagan
efectivos los derechos, las libertades y las garantías de toda la población,
con la finalidad de asegurar la convivencia social y pacífica y, preservar la
integridad de un orden político, económico y social justo.
La organización de la administración de
justicia fue prevista en la Constitución[112]
y en la Ley 270 de 1996[113]
en jurisdicciones, entre las cuales se encuentra la penal ordinaria, la cual,
conforme a los  artículos 28 y 29 de la Ley 906 de 2004, es única, nacional y
le corresponde la persecución y el juzgamiento de los delitos cometidos en el
territorio nacional y en el extranjero en los casos que determinen los tratados
internacionales suscritos y ratificados por Colombia y la legislación interna.
43. Ahora bien, en atención
a la dinámica del sistema penal acusatorio vigente en el país, la prestación
del servicio se hace a través de actuaciones surtidas ante el juez de control
de garantías o el juez de conocimiento.
En efecto, la Corte ha identificado la
estructura del proceso penal acusatorio de la siguiente manera:
“i) Separación categórica en las etapas de
investigación y juzgamiento. Como consecuencia de ello, desaparece la
instrucción como fase de la instancia procesal encomendada al juez y se
convierte en una etapa de preparación para el juicio. De esta forma, al juez
penal se le encomienda el control de las garantías legales y constitucionales y
el juzgamiento mediante el debido proceso oral.
ii) El rol del juez en el sistema penal acusatorio
está centrado en el control de los actos en los que se requiera ejercicio de la
potestad jurisdiccional o que impliquen restricción de derechos o calificación
jurídica de los hechos. Así, el control judicial no sólo debe concretarse en el
cumplimiento formal de los requisitos sino en la efectividad de los derechos
sustanciales en juego.
iii) La actuación judicial solamente
procede a petición de parte. Así, de acuerdo con el artículo 250 de la
Constitución, el ejercicio de la acción penal está a cargo de la Fiscalía,
quien puede solicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias
para asegurar la comparecencia de los imputados, la conservación de la prueba y
la protección de la comunidad. Esa misma autoridad tiene a su cargo la presentación
del escrito de acusación ante el juez de conocimiento, la solicitud de la
preclusión de las investigaciones y las medidas necesarias para la protección
de las víctimas.
iv) El proceso penal es, por regla general,
oral, contradictorio, concentrado y público.
v) Es posible que el proceso penal no se
inicie o se termine pese a la certeza de la ocurrencia de un delito porque
existió aplicación del principio de oportunidad o porque hubo acuerdo entre las
partes. Por regla general, en los casos de terminación anticipada del proceso,
existirá control judicial material y formal de la decisión adoptada.
vi) las funciones judiciales del control
de garantías y de conocimiento suponen la clara distinción de dos roles para
los jueces penales. El primero, el que tiene a su cargo la protección de las
garantías y libertades individuales en las etapas preliminares a la imputación
y, el segundo, el juez que tiene la responsabilidad de llevar adelante el
juicio penal con todas las garantías procesales y sustanciales propias del
debido proceso”.[114] (Negrillas fuera de texto)
El ejercicio de la función de control de
garantías está regulada en el artículo 39 de la Ley 906 de 2004, al establecer
que:
“ARTÍCULO 39. DE LA FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS. <Artículo modificado por el artículo 48 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo
texto es el siguiente:> La función de control de garantías será ejercida por
cualquier juez penal municipal. El juez que ejerza el control de garantías
quedará impedido para ejercer la función del conocimiento del mismo caso en su
fondo.
Cuando el acto sobre el cual deba ejercerse la función de control de
garantías corresponda a un asunto que por competencia esté asignado a juez
penal municipal, o concurra causal de impedimento y sólo exista un funcionario
de dicha especialidad en el respectivo municipio, la función de control de
garantías deberá ejercerla otro juez municipal del mismo lugar sin importar su especialidad
o, a falta de este, el del municipio más próximo.
PARÁGRAFO 1o. En los casos que conozca la Corte
Suprema de Justicia, la función de Juez de Control de Garantías será ejercida
por un Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
PARÁGRAFO 2o. Cuando el lugar donde se cometió el
hecho pertenezca a un circuito en el que haya cuatro o más jueces municipales,
un número determinado y proporcional de jueces ejercerán exclusivamente la
función de control de garantías, de acuerdo con la distribución y organización
dispuesta por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o de
los respectivos Consejos Seccionales de la Judicatura, previo estudio de los
factores que para el asunto se deban tener en cuenta.
PARÁGRAFO 3o. Habrá jueces de garantías ambulantes
que actúen en los sitios donde sólo existe un juez municipal o cuando se trate
de un lugar en el que el traslado de las partes e intervinientes se dificulte
por razones de transporte, distancia, fuerza mayor o en casos adelantados por
la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación o en
los que exista problemas de seguridad de los funcionarios.
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o los
respectivos Consejos Seccionales de la Judicatura, autorizará, previo estudio
de los factores que para el asunto se deban tener en cuenta, su desplazamiento
y su seguridad.”
De igual manera, la forma en que se surten
las actuaciones ante estos funcionarios judiciales fue regulada entre otros por
el artículo 157 del Código de Procedimiento Penal, que establece:
“ARTÍCULO 157. OPORTUNIDAD. La
persecución penal y las indagaciones pertinentes podrán adelantarse en
cualquier momento. En consecuencia, todos los días y horas son hábiles para ese
efecto.
Las actuaciones que se desarrollen ante los jueces que
cumplan la función de control de garantías serán concentradas. Todos los días y
horas son hábiles para el ejercicio de esta función.
Las actuaciones que se surtan ante el juez de
conocimiento se adelantarán en días y horas hábiles, de acuerdo con el horario
judicial establecido oficialmente.
Sin embargo, cuando las circunstancias particulares de un caso lo
ameriten, previa decisión motivada del juez competente, podrán habilitarse
otros días con el fin de asegurar el derecho a un juicio sin dilaciones
injustificadas.”
(Negrillas fuera de texto)
44. Conforme a lo anterior,
el ejercicio de las funciones del juez de control de garantías y del juez de conocimiento
están diferenciadas no solo por la naturaleza de sus competencias, sino por la
forma en que se realizan las actuaciones por cada funcionario. En efecto, la
función de control de garantías se ejerce bajo la premisa legal de que todos
los días y las horas son hábiles, lo que permite identificar la prestación de
dicho servicio de manera continua e ininterrumpida.
Por su parte, las actuaciones ante el juez
de conocimiento únicamente se adelantaran en días y horas hábiles, conforme al
horario judicial establecido oficialmente. En este evento, el artículo 70 del Código
Civil, subrogado por el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal,
estipula: “En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se
entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo
contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el
último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer
día hábil.”
Lo anterior permite inferir que no se trata
de una función que se ejerza de manera continua, sino que si bien es
permanente, está condicionada a que su ejercicio se haga en días y horas
hábiles, lo que claramente excluye los días feriados y de vacancia judicial.
Análisis del contenido jurídico de la norma
demandada para el estudio de fondo
45. La disposición bajo
estudio de la Corte se encuentra ubicada en el artículo 56 de la Ley 1453 de
2011 que modificó el artículo 298 de la Ley 906 de 2004, que regula el
contenido y la vigencia de la orden de captura y las reglas para su aplicación,
en el marco del procedimiento penal acusatorio.
Los incisos 1º al 4º del
mencionado artículo establecen las formalidades de la orden de captura, pues
deberá ser escrita y contener de forma clara y sucinta los motivos de la
captura, el nombre y los datos que permitan individualizar al indiciado o al
imputado, el delito que provisionalmente se señale, la fecha de los hechos y el
fiscal que dirige la investigación, adicionalmente, se dispone que la misma tendrá
una vigencia máxima de un (1) año, pero podrá prorrogarse las veces que resulte
necesario.
El parágrafo primero
consagra la regla general de que el capturado se debe poner a disposición de un
juez de control de garantías en el plazo máximo de treinta y seis (36) horas
para que efectúe el control de legalidad de la privación de la libertad. Adicionalmente,
contiene la disposición jurídica objeto de censura, que establece que la regla
expuesta “(…) no se aplicará en los casos en que el capturado es aprehendido
para el cumplimiento de la sentencia, caso en el cual será dispuesto (sic) a
disposición del juez de conocimiento que profirió la sentencia.”
Por otra parte, los antecedentes de la Ley
1453 de 2011, dan cuenta que se trató de un proyecto que tenía como finalidad:
“(…) prevenir y enfrentar el terrorismo y
la criminalidad organizada. Para ello el Estado se ha propuesto alcanzar cuatro
objetivos, previstos en la política de seguridad adoptada por el Gobierno
Nacional: 1. Eliminar la impunidad. 2. Luchar contra la criminalidad organizada
y el terrorismo. 3. Incrementar la efectividad del proceso penal, la extinción
del dominio y la responsabilidad juvenil, y 4. Vincular a la comunidad en la
prevención del delito en condiciones de seguridad y con pleno respeto de sus
derechos fundamentales.”[115]
El proyecto de ley[116] inicial no contenía
la modificación del artículo 298 de la Ley 906 de 2004, tal como se encuentra
actualmente[117].
No obstante, la norma objeto de censura constitucional fue incluida, debatida y
aprobada en tercer debate por la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes[118],
con fundamento en la siguiente propuesta:
“(…) finalmente proponemos una adición en el
parágrafo primero, que expresa: lo aquí dispuesto no se aplicará en los casos
en que el capturado es aprehendido para el cumplimiento de la sentencia, caso
en el cual será puesto a disposición del juez de conocimiento que profirió la
sentencia.
Ese parágrafo tiene qué
sentido (sic), es que
si ya se dictó la sentencia condenatoria, la captura no tiene que ver con la
comparecencia en el proceso, sino con el cumplimiento de la condena, si usted
revisa todo el texto del parágrafo, allí se advierte que debe celebrarse una
audiencia, por consiguiente, esta excepción no aplicaría por cuanto no es
necesario una audiencia ante el juez de garantías, como quiera que ya estamos
hablando de una sentencia condenatoria.”[119]
De lo anterior, es decir
tanto del alcance literal de la norma como de los fines perseguidos por el
Legislador, se deduce que la norma reprochada contiene la expresión “Lo aquí
dispuesto no se aplicará (…)”, la cual se muestra compleja y ambigua en
términos hermenéuticos, pues permite un entendimiento de la norma en los
siguientes sentidos:
a. La interpretación de la
norma por parte de los actores: se trata de la exclusión de la aplicación de al
menos dos elementos del control judicial de la captura: i) su ejercicio dentro
de las treinta y seis (36) horas siguientes a la aprehensión; y, ii) su
realización por parte del juez de control de garantías. Este último aspecto, en
el sentido de que el ejercicio del control judicial de la captura por parte del
juez de conocimiento torna inidónea la garantía, pues aquel no presta el
servicio de manera continua, el cual se ve interrumpido en días feriados y de
vacancia.
b. El alcance de la
disposición acusada por parte del Ministerio Público: bajo el entendido de que
solo se inaplica el control realizado por el juez de control de garantías, pues
aquel será ejercido por el juez de conocimiento, por lo demás, se debe observar
el término de las treinta y seis (36) horas para su práctica.
Precisado lo anterior, procede la Corte a
verificar si la disposición demandada es inconstitucional por desconocer el derecho
fundamental a la libertad.
Análisis de constitucionalidad de las
interpretaciones derivadas de la norma acusada
46. Tal y como se expuso
precedentemente, el Legislador cuenta con una amplia libertad de configuración
normativa para regular aspectos de derecho penal y penitenciario. Sin embargo,
dicha facultad no es absoluta, pues encuentra límites constitucionales,
específicamente en los valores, los principios y las reglas contenidas en el
texto Superior.
47.
Como se advirtió previamente, esta Corporación ha establecido que una de las
reglas constitucionales que garantiza el derecho fundamental de la libertad es
que la persona detenida,
bajo cualquier modalidad, será puesta a disposición del juez competente sin
demora, es decir dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la
aprehensión para que aquel adopte la decisión correspondiente[120].
Por su parte, la norma acusada consagra las reglas de
garantía del derecho fundamental a la libertad que deben observarse para la
captura con ocasión del cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, presenta una
clara complejidad y ambigüedad hermenéutica, pues puede entenderse de las
siguientes maneras:
a. Se trata de la
exclusión de la aplicación de al menos dos elementos del control judicial de la
captura: i) su ejercicio dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a
la aprehensión; y, ii) su realización por parte del juez de control de
garantías. Este último aspecto, en el sentido de que el ejercicio del control
judicial de la captura por parte del juez de conocimiento genera un déficit en
la garantía, pues aquel no presta el servicio de manera continua, el cual se ve
interrumpido en días feriados y de vacancia.
b. Solo se inaplica el
control realizado por el juez de control de garantías, pues aquel será ejercido
por el juez de conocimiento, por lo demás, se debe observar el término de las
treinta y seis (36) horas para su práctica.
48. En este punto, corresponde a la
Corte establecer la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las
interpretaciones que surgen de la disposición acusada. Por tal razón, la Sala
advierte que se trata de una confrontación entre normas que tienen estructura
de regla, puesto que de una parte, la jurisprudencia de la Corte ha deducido
del artículo 28 Superior, la regla de protección del control judicial sin
demora, es decir, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes al acto de
aprehensión para cualquier forma de captura; y de otra, la disposición objeto
de censura, que permite dos interpretaciones posibles y que además, tienen
estructura de regla.
En efecto, según ALEXY existe
una diferencia entre reglas y principios. En efecto:
“Las reglas son normas que ordenan
algo definitivamente. Son mandatos definitivos. En su mayoría, ordenan algo
para el caso de que se satisfagan determinadas condiciones. Por ello, son
normas condicionadas. Sin embargo, las reglas pueden revestir también una forma
categórica. Un ejemplo de ello sería una prohibición absoluta de tortura (sic).
Lo decisivo es, entonces, que si una regla tiene validez y es aplicable, es un
mandato definitivo y debe hacerse exactamente lo que ella exige. Si esto se
hace, entonces la regla se cumple; si no se hace, la regla se incumple. Como
consecuencia, las reglas son normas que siempre pueden cumplirse o incumplirse.” [121]
Conforme a lo anterior, según el
autor citado previamente:
“Las reglas son normas que exigen
un cumplimiento pleno y, en esa medida, pueden siempre ser solo cumplidas o
incumplidas. Si una regla es válida, entonces es obligatorio hacer precisamente
lo que ordena, ni más ni menos.” [122]
En ese sentido, lo decisivo es
establecer si una regla tiene validez y es aplicable, pues se trata de un
mandato definitivo y debe hacerse exactamente lo que aquella prescribe, pues de
lo contrario sería incumplida, debido a que su observancia no depende de las
posibilidades fácticas o jurídicas[123].
De esta manera, las reglas son normas que correlacionan la descripción cerrada
de un caso con una solución normativa[124].
49. Ahora bien, el ejercicio de control
abstracto de constitucionalidad de las leyes que realiza esta Corte, se basa en
un juicio de confrontación normativa entre la disposición acusada y el Texto
Superior.
Por tal razón, en el presente asunto, el artículo 28
de la Carta contiene específicamente la regla válida del control judicial sin
demora y dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a cualquier forma
de captura, por lo que se trata de un mandato definitivo Superior que hace
parte del sistema de garantías que han sido dispuesto para proteger el derecho
fundamental a la libertad, bajo el entendido de que es constitucionalmente
inadmisible que se permitan privaciones de la libertad que no cuenten con un
plazo determinado para el control judicial de esa actuación.
De esta suerte, la mencionada regla
ha sido entendida por la Corte como una garantía aplicable a cualquier forma de
aprehensión, pues no se limita su aplicación a la privación preventiva, sino
que inclusive se extiende a restricción del mencionado derecho con ocasión del
cumplimiento de la sentencia.
Esta garantía hace parte del sistema
de instrumentos que salvaguarda la eficacia material del derecho fundamental a
la libertad. En efecto, el control judicial sin demora de la captura con
ocasión del cumplimiento de la sentencia, busca verificar que la misma se haya
realizado con plena observancia de los presupuestos establecidos por la Carta y
que la privación respete estrictamente los derechos fundamentales del
aprehendido y su dignidad humana.
Por su parte, el fragmento acusado contiene dos
posibles reglas especiales de inferior jerarquía, sobre la aplicación del
control judicial de la captura para el cumplimiento de la sentencia penal.
50. Conforme a lo expuesto, la Sala
realizará el juicio de confrontación entre el artículo 28 de la Constitución y cada
una de las posibles interpretaciones derivadas de la disposición acusada en
sede de control abstracto.
- La interpretación de la norma que
configura la inaplicación del término de treinta y seis (36) horas para el
control judicial de la captura con ocasión del cumplimiento de la sentencia es
inconstitucional porque
impide el cumplimiento pleno de la garantía de control judicial sin demora de
cualquier forma de aprehensión que afecte el derecho fundamental a la libertad
consagrada en el artículo 28 de la Carta, bajo el entendido que la
indeterminación en el plazo para la intervención del juez, genera una
prolongación temporal de la privación de la libertad indefinida, arbitraria e
inaceptable en términos ius fundamentales.
La norma objeto de reproche tiene como finalidad
desarrollar legalmente las garantías superiores para el control judicial de la
captura, con ocasión del cumplimiento de la sentencia, sin embargo, esta
interpretación desconoce el contenido de la regla de la revisión de la
legalidad y de la constitucionalidad de la aprehensión sin demora, pues su
estructura exceptiva permite entender que se generó la incompletitud del
mecanismo de protección del control judicial de aprehensión, ya que no habría
un plazo para realizar dicha actuación.
Conforme a lo anterior, el mencionado entendimiento de
la disposición no puede basarse en la libertad de configuración normativa del
Legislador, ya que en este evento no podía apartarse de la regla Superior de
control judicial de la privación de la libertad sin demora, aun con ocasión del
cumplimiento de la sentencia, puesto que aquella garantía es aplicable sin
excepción, inclusive ante una declaratoria judicial de responsabilidad penal
que fracturó el principio de presunción de inocencia, contrario a lo que
manifestó en su momento la Defensoría del Pueblo para defender la
constitucionalidad del precepto acusado.
De igual forma, esa misma entidad
también alegó que la norma es constitucional porque el capturado cuenta con la
posibilidad de ejercer el derecho de habeas corpus. La Sala no comparte
el argumento presentado por esa autoridad con fundamento en las siguientes
consideraciones:
El artículo 30 de la Carta establece que la persona
que estuviere privada de su libertad y creyere estarlo ilegalmente, tiene
derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, el habeas
corpus que deberá ser resuelto en el término de treinta y seis (36) horas.
El artículo primero (1º) de la Ley 1095 de 2006,
consagró que:
“El
Hábeas Corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional
que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con
violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue
ilegalmente.”
Para la Corte, el habeas corpus es la garantía
más importante para la protección del derecho a la libertad consagrado en el
artículo 28 Superior[125].
Tiene una doble connotación, pues se trata de un derecho fundamental y una
acción tutelar de la libertad[126]. Así fue dispuesto por la Asamblea
Nacional Constituyente:
"Una de las garantías más importantes
para tutelar la libertad, es la que disfruta toda persona que se creyere
privada ilegalmente de ella para invocar ante cualquier autoridad
jurisdiccional y en todo tiempo por sí o por interpuesta persona, el derecho
de Habeas Corpus, el cual no podrá ser suspendido ni limitado en ninguna circunstancia.
La acción debe resolverse en el
término de treinta y seis horas, lo cual refuerza el carácter imperativo de la
norma y les otorga a los posibles perjudicados la posibilidad de recuperar de
inmediato su libertad."[127]
Conforme a lo expuesto, el habeas corpus
es un instrumento de doble naturaleza (derecho fundamental y acción
constitucional) que hace parte del conjunto de garantías que protegen el
derecho a la libertad, específicamente de las personas capturadas y que creen
estarlo de manera ilegal o arbitraria, para que un juez revise la situación del
aprehendido y la resuelva en un término máximo de treinta y seis (36) horas.
51. Con fundamento en los
argumentos que anteceden y a partir de una lectura armónica de los artículos 28
y 30 Superiores, se concluye que la Carta dispuso un complejo sistema de
garantías para la eficacia material del derecho a la libertad, el cual se
encuentra estructurado en un modelo de estándares mínimos de protección y con
instrumentos independientes y autónomos que interactúan con base en relaciones
de coordinación y de complementariedad, mas no de exclusión o de sustitución,
por lo que la alteración de cualquiera de ellos generaría un déficit de amparo
intolerable en términos constitucionales.
Se trata de un sistema completo
porque contempla una solución correlativa a cada caso en el que se afecte,
limite o restrinja el derecho a la libertad, especialmente si se trata de la
captura con ocasión del cumplimiento de la sentencia, pues la regla
constitucional establece el control judicial sin demora, aun en estos eventos.
Es coherente porque no existen soluciones incompatibles
correlacionadas, específicamente entre el control judicial de captura sin
demora y el ejercicio del habeas corpus, bajo el entendido de que se
trata de garantías cuya esencia no genera un vaciamiento de contenido de ambos
instrumentos ni su exclusión, sino que, por el contrario, interactúan bajo
escenarios de complementariedad, lo que permite concluir que son herramientas independientes
pues no ofrecen soluciones redundantes, sino que su correlación gira en
torno a establecer un estándar mínimo de protección del derecho de libertad,
cuando aquel es restringido o limitado.
Con base en lo anterior, el habeas
corpus no puede sustituir ni excluir el control judicial posterior,
automático y sin demora de cualquier forma de captura, aun con el objetivo de
cumplir con la sentencia condenatoria, puesto que, como se advirtió, ambos
instrumentos constitucionales son independientes, pero hacen parte del amplio y
complejo conjunto de garantías del derecho a la libertad, bajo estrictos
criterios de coordinación y complementariedad.
En el presente asunto, la indefinición
temporal para la presentación ante el juez de conocimiento que profirió la
sentencia condenatoria no puede ser suplida por el ejercicio del habeas
corpus, puesto que la Constitución dispuso un sistema de garantías para la
protección de la libertad, en el que el control judicial de la captura sin
demora y sin distinción de la finalidad de la misma, constituye un elemento
valioso en términos ius fundamentales e indispensable en cualquier
tiempo.
Adicionalmente, se
generaría un escenario de desigualdad frente a las otras formas de captura,
como la preventiva, puesto que aquellas personas contarían con el control
judicial sin demora y la posibilidad de formular el habeas corpus,
mientras que los sujetos aprehendidos con ocasión del cumplimiento de la
sentencia, solo tendrían un control judicial nugatorio debido a su indefinición
en el tiempo y la posibilidad de la presentación de la citada acción
constitucional, lo que configura una falla en el sistema de garantías
superiores de la libertad y constituye un déficit de protección intolerable en
términos superiores.
- La interpretación que
permite entender la norma acusada como una excepción de que el juez de
garantías ejerza el control judicial de la captura, pues aquel lo realiza el
juez de conocimiento, pero no del término para efectuarlo también es
inconstitucional.
En este ejercicio
hermenéutico se agrupan las posiciones argumentativas de los demandantes y del
Ministerio Público, las cuales fueron previamente abordadas.
Para la Sala, la
garantía de la libertad basada en el control judicial de cualquier forma de
captura no establece que el examen de la legalidad y la constitucionalidad de
la detención sea ejercido por un funcionario judicial determinado. De esta
suerte, es completamente válido en términos constitucionales que el Legislador,
en ejercicio del amplio margen de configuración determine el juez que deba
revisar la legalidad de la aprehensión, puesto que todos los jueces de la
República en cualquier instancia, tienen la responsabilidad de materializar los
propósitos que inspiran la Constitución en materia de justicia y garantía de
los contenidos superiores[128].
Sin embargo, la
inconstitucionalidad de esta interpretación radica en el déficit intolerable de
la garantía constitucional de la libertad prevista en el artículo 28 Superior, cuando
el control judicial de la captura es ejercido por el juez de conocimiento aun
con estricto cumplimiento del término de treinta y seis (36) horas. En efecto,
tal como se expuso previamente, las actuaciones que se surten ante el juez de
conocimiento en el marco del proceso penal con tendencia acusatoria se despliegan
únicamente en días y horas hábiles, por lo que su función es ejercida de manera
permanente pero no continua.
Por tal razón, la
dinámica de la administración de justicia en el país impide que la garantía del
control de legalidad sea idónea en términos constitucionales, puesto que,
estaría suspendida cuando se encuentre en días feriados o en periodos de
vacancia.
52. En suma, la norma objeto de censura contiene
dos interpretaciones que son inconstitucionales porque: de una parte, el
entendimiento que se refiere a la exclusión del término para realizar el examen
de legalidad de la captura, desconoce la regla del control judicial sin demora
contenida en el artículo 28 Superior. Dicha exclusión no puede sustentarse en
la fractura del principio de presunción de inocencia del aprehendido, puesto
que esa garantía no está condicionada a la declaratoria judicial de
responsabilidad, sino que hace parte del sistema de protección del derecho a la
libertad dispuesto por la Carta.
Adicionalmente, tampoco puede ser sustituida por el habeas
corpus, ya que se trata de instrumentos de protección independientes que interactúan,
pero no se excluyen mutuamente, sino que se complementan de tal modo que la
ausencia de cualquiera de las dos, genera una alteración del sistema constitucional
del amparo de la libertad, que afecta el modelo de estándar mínimo de
protección y configura un déficit de garantías intolerable en términos ius
constitucionales.
De otro lado, la interpretación relacionada con la
exclusión del juez de control de garantías para realizar la revisión de
legalidad de la aprehensión, también es inconstitucional, porque las
actuaciones que se surten ante el juez de conocimiento se producen únicamente
en días y horas hábiles, lo que genera la falta de idoneidad de la garantía
superior de protección de la libertad consagrada en el artículo 28 de la
Constitución.
53. Conforme a lo
expuesto, las interpretaciones de la expresión acusada del parágrafo 1º del
artículo 298 de la Ley 906 de 2004, modificada por el artículo 56 de la Ley
1453 de 2011, propuestas por los demandantes y por el Ministerio Público, son
inconstitucionales por desconocer la regla constitucional contenida en el
artículo 28 Superior.
No obstante lo anterior,
para la Sala de un ejercicio hermenéutico integral, sistemático y completo del
cuerpo normativo en el que se encuentra inserta la norma objeto de estudio, subyace
una tercera forma de comprender el alcance de la disposición acusada, en la
que se superan las deficiencias de protección del derecho a la libertad y por
lo tanto, es conforme al texto Superior.
En efecto, la expresión
censurada reguló de manera específica el control judicial de la captura del
condenado, particularmente, radicó la competencia para realizar dicho examen en
el juez de conocimiento. Ahora bien, es inadmisible en términos
constitucionales que dicha labor no cuente con un plazo determinado, por lo
cual es claro que debe realizarse dentro de las treinta y seis (36) horas
siguientes a la detención.
Tal como se advirtió
previamente, este entendimiento puede generar la inocuidad de la garantía
constitucional, puesto que la dinámica administrativa de los jueces de
conocimiento está condicionada a que sus actuaciones se adelanten en días y
horas hábiles, por lo que no es posible que término legal se suspenda o se
extienda hasta la primera hora hábil siguiente, ya que generaría un escenario
de privación de la libertad desproporcionado que afecta el derecho a la
libertad y demás garantías superiores del capturado.
Por tal razón, cuando el
control judicial sin demora no puede realizarse dentro de las treinta y seis
(36) horas siguientes a la captura porque se está en un periodo de ausencia del
juez de conocimiento, bien por tratarse de días feriados o de vacancia, para la Sala se trata de
circunstancias que no pueden afectar de ninguna manera tanto los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad como las garantías
dispuestas por la Carta para su protección, por lo que en estos eventos, el
capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías, quien
resolverá sobre la situación de la captura de la persona aprehendida, adoptará
las medidas provisionales de protección a las que haya lugar y ordenará la
presentación de la persona junto con las diligencias adelantadas ante el juez
de conocimiento que profirió la sentencia, al día hábil siguiente, con la
finalidad de garantizar los derechos fundamentales al debido proceso, de
defensa y de contradicción del detenido, así como el principio del juez natural.
Lo anterior tiene como fundamento el hecho de que la
medida de privación de la libertad para el cumplimiento de la sentencia implica
una afectación intensa en los derechos fundamentales del capturado, por lo que
a falta del juez de conocimiento que profirió la providencia, esta Corte ha
estimado que la supervisión judicial de las restricciones a la libertad y el
compromiso de los derechos fundamentales en el ejercicio de la actividad de
persecución penal, por disposición del sistema judicial colombiano, es de
competencia del juez de control de garantías[129].
Adicionalmente, este funcionario solo puede adoptar
medidas judiciales temporales sobre la situación del capturado, pues no fue
quien profirió la sentencia, no conoce las particularidades del expediente y
carece de competencia para tales fines.
Fallo a adoptar y su
alcance
54. De acuerdo a lo
expuesto, la Corte considera que existe una interpretación adicional de la
norma que resulta compatible con la Constitución y que efectiviza el principio
de conservación del derecho.
En efecto, en el
presente caso, la Corte debe asegurar de una parte, que la regla constitucional
del control judicial sin demora se cumpla plenamente cuando se trate de
capturas con ocasión del cumplimiento de la sentencia, en el marco del proceso
penal regulado por la Ley 906 de 2004[130]
y de otra, maximizar en la mayor medida posible el principio de conservación
del derecho, por lo que considera que existe una interpretación posible de la
norma acusada que se ajusta a la Constitución y que permite su pervivencia en
el ordenamiento jurídico.
55. En ese sentido, la Corte declarará la
constitucionalidad del aparte “Lo aquí dispuesto no se aplicará en los casos en que
el capturado es aprehendido para el cumplimiento de la sentencia, caso en el
cual será dispuesto a disposición del juez de conocimiento que profirió la
sentencia”, contenido en el parágrafo 1º del
artículo 298 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 56 de la Ley
1453 de 2011, únicamente por el cargo analizado en esta oportunidad,
relacionado con el desconocimiento del artículo 28 Superior, bajo el entendido
que el capturado deberá ponerse a disposición del juez de conocimiento o en su
defecto ante el juez de control de garantías, dentro de las treinta y seis (36)
horas siguientes a la privación de la libertad. En caso de que el control
judicial de la aprehensión se surta ante el juez de control de garantías, ese
funcionario resolverá sobre la situación de la captura de la persona
aprehendida, adoptará las medidas provisionales de protección a las que haya
lugar y ordenará la presentación de la persona junto con las diligencias
adelantadas ante el juez de conocimiento que profirió la sentencia, al día hábil
siguiente, con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales al debido
proceso, de defensa y de contradicción del detenido, así como el principio del
juez natural.
Conclusiones
56. La Sala Plena dio respuesta al
problema jurídico planteado de la siguiente manera:
i) El aparte demandado
contenido en el parágrafo 1º del artículo 56 de la Ley 1453 de 2011, podía
entenderse de las siguientes maneras:
a. Se trata de la
exclusión de la aplicación de al menos dos elementos del control judicial de la
captura: i) su ejercicio dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a
la aprehensión; y, ii) su realización por parte del juez de control de
garantías. Este último aspecto, en el sentido de que el ejercicio del control
judicial de la captura por parte del juez de conocimiento genera déficit en la
garantía, pues aquel no presta el servicio de manera continua, el cual se ve
interrumpido en días feriados y de vacancia.
b. Solo se inaplica el
control realizado por el juez de control de garantías, pues aquel será ejercido
por el juez de conocimiento, por lo demás, se debe observar el termino de las
treinta y seis (36) horas para su práctica.
Estas dos
interpretaciones resultaron inconstitucionales por desconocer la garantía del
control judicial de cualquier forma de la captura sin demora, porque una de
ellas excluía el término de las treinta y seis (36) horas para realizar el
examen de legalidad de la aprehensión; y la otra, tornaba nugatorio el
instrumento de protección, porque las actuaciones ante los jueces de
conocimiento se realizan únicamente en días y horas hábiles.
Sin embargo, la Sala
identificó una tercera interpretación, producto de un ejercicio hermenéutico
integral, sistemático y completo del cuerpo normativo en el que se encuentra
inserta la disposición acusada, que sí se adecua a la Constitución y es aquella
en la que ante la ausencia del juez de conocimiento, el control judicial de la
captura debe realizarse por el juez de control de garantías, el cual resolverá sobre la situación de la
captura del condenado, adoptará las medidas provisionales de protección a las
que haya lugar y ordenará la presentación de la persona junto con las
diligencias adelantadas ante el juez de conocimiento que profirió la sentencia,
al día hábil siguiente, con la finalidad de garantizar los derechos
fundamentales al debido proceso, de defensa y de contradicción del detenido,
así como el principio de juez natural.
ii) la Corte adoptará una
decisión de exequibilidad condicionada con la finalidad de salvaguardar la
garantía del control judicial de cualquier forma de captura consagrada en el
artículo 28 de la Constitución y de maximizar en la mayor posibilidad el
principio de conservación del derecho. De esta suerte, la norma acusada es
constitucional en el sentido que el capturado deberá ponerse a disposición del juez de
conocimiento o en su defecto ante el juez de control de garantías, dentro de
las treinta y seis (36) horas siguientes a la privación de la libertad. En caso
de que el control judicial de la aprehensión se surta ante el juez de control
de garantías, ese funcionario resolverá sobre la situación de la captura del
condenado, adoptará las medidas provisionales de protección a las que haya
lugar y ordenará la presentación de la persona junto con las diligencias
adelantadas ante el juez de conocimiento que profirió la sentencia, al día
hábil siguiente, con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales al
debido proceso, de defensa y de contradicción del detenido, así como el
principio de juez natural.
iii) De igual forma, este
fallo estará circunscrito únicamente al cargo analizado en esta oportunidad.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLE la expresión “Lo aquí
dispuesto no se aplicará en los casos en que el capturado es aprehendido para
el cumplimiento de la sentencia, caso en el cual será dispuesto a disposición
del juez de conocimiento que profirió la sentencia”, contenida en el
parágrafo 1º del artículo 298 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo
56 de la Ley 1453 de 2011, únicamente por el cargo analizado en esta
oportunidad, EN EL ENTENDIDO de que el capturado deberá ponerse a disposición del juez de
conocimiento o en su ausencia ante el juez de control de garantías, dentro de
las treinta y seis (36) horas siguientes a la privación de la libertad. En caso
de que el control judicial de la aprehensión se surta ante el juez de control
de garantías, ese funcionario resolverá sobre la situación de la captura del
condenado, adoptará las medidas provisionales de protección a las que haya
lugar y ordenará la presentación de la persona junto con las diligencias
adelantadas ante el juez de conocimiento que profirió la sentencia, al día
hábil siguiente, con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales al
debido proceso, de defensa y de contradicción del detenido, así como el
principio de juez natural.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase, publíquese y archívese el expediente.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Ausente con permiso
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con Salvamento de voto
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
Con impedimento aceptado
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaría General
[1] Sentencias
C-251 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández,
C-176 de 2007 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-239 de 2012 M.P. Juan Carlos
Henao Pérez.
[2] M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[3] Folio 61,
cuaderno 1.
[4]Se
transcribieron consideraciones de la sentencia C-019 de 1993. M.P. Ciro
Angarita Barón y se refirieron las consideraciones de la sentencia C-187 de
2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[5] M.P. Clara Inés
Vargas Hernández.
[6] M.P. Ciro
Angarita Barón.
[7] M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[8] Los aspectos
generales del contenido de este apartado fueron tomados de la argumentación
desarrollada por este despacho en la sentencia C-327 de 2016.
[9] Folio 3
cuaderno principal.
[10] Ver
entre otras las sentencias C-1095 de 2001, C-1143 de 2001, C-041 de 2002, A.
178 de 2003, A. 114 de 2004,  C-405 de 2009, C-761 de 2009 y C-914 de 2010.
[11]
Corte Constitucional. Sentencia C-330 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[12]
Corte Constitucional. Sentencia C-358 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo.
[13] Cfr.
Corte Constitucional. Sentencia C -978 de 2010. M. P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[14] Cfr.
Corte Constitucional. Sentencia C-1052 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[15] Cfr.
Corte Constitucional. Sentencia C-405 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[16] Cfr.
Sentencia C-533 de 2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla, C-100 de 2011 M.P. María
Victoria Calle Correa y C-978 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[17] Cfr.
Corte Constitucional. Sentencia C -978 de 2010. M. P. Luis Ernesto Vargas
Silva. Ver también la sentencia C-533 de 2012. M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[18] Cfr.
Corte Constitucional. Sentencia C-358 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo.
[19]
Corte Constitucional.
Sentencia C-304 de 2013, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[20]
Corte Constitucional. Sentencia C-856 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[21]
Corte Constitucional. Sentencia C-447 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero
y C-641 de 2010 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[22]Sentencia
C-561 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[23] Ver,
entre otros, auto 288 de 2001 y sentencias C-1052 de 2001 y C-568 de 2004,
todas las providencias con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa,
y C-980 de 2005, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[24]
Sentencia C-774 de 2001. También en ese sentido, las sentencias C-030 de 2003,
C-1122 de 2004, C-990 de 2004, C-533 de 2005, C-211 de 2007, C-393 de 2011,
C-468 de 2011, C-197 de 2013, C-334 de 2013 y C-532 de 2013.reiteradas en la
sentencia C-007 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[25]
Sentencia C-462 de 2013. En la misma dirección las sentencias C-386 de 2015,
C-456 de 2015 y C-500 de 2014 reiteradas en sentencia C-007 de 2016 M.P.
Alejandro Linares Cantillo.
[26]
Sentencia C-774 de 2001.reiterada en sentencia C-007 de 2016 M.P. Alejandro
Linares Cantillo.
[27]
Eudoro Echeverri Quintana, Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Fiscalía
General de la Nación, Universidad del Rosario, Ministerio de Justicia y del
Derecho, Universidad de Ibagué.
[28]
Universidades Javeriana y Sergio Arboleda.
[29]
Fiss, O. Los mandatos de la justicia. Marcial Pons. Madrid 2013, pág. 83.
[30] Al
respecto ver el caso Luth resuelto por el Tribunal Constitucional Alemán,
citado en la sentencia T-720 de 2014 M.P. María Victoria Calle Correa.
[31]
MacCormick N. Retórica y Estado de Derecho, Una Teoría del razonamiento jurídico.
Editorial Palestra, Lima 2017, pág. 33.
[32]
Sentencia C-936 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[33]
Sentencia C-038 de 1995 MP: Alejandro Martínez Caballero.
[34]
Ferrajoli, L. Democracia y garantismo. Editorial Trotta. Madrid, 2010, pág.
193.
[35] Bustos,
Ramírez, J. Control Social y Sistema Penal. Temis. Bogotá, 2012.  Pág. 7.
[36]
Ferrajoli, Óp.. Cit. Pág. 193.
[37]
Consideraciones desarrolladas en la sentencia C-181 de 2016 M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[38]
Sentencia C-334 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Ver al respecto las
sentencias de la Corte Constitucional: C-226 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
En similar sentido Sentencias de la Corte Constitucional C-916 de 2002, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa; C-248 de 2004, M.P: Rodrigo Escobar Gil; C-034 de 2005,
M.P: Álvaro Tafur Galvis.; C-822 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-355 de 2006, M.P.
Jaime Araujo Rentería, Clara Inés Vargas Hernández; C-575 de 2009, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto y T-962 de 2009, M.P. María Victoria Calle
Correa;
[39]
Ibídem.
[40]
Sentencia C- 248 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[41]
Sentencia C-387 de 2014 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[42]
C-742 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa.
[43]
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[44] Sentencias
C-636 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo y C-742 de 2012 M.P. María Victoria
Calle Correa. Reiterada en sentencia C-387 de 2014 M.P, Jorge Iván Palacio
Palacio.
[45]
Sentencia C-387 de 2014 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[46] Sentencia
C-365 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[47]
Sentencia C-334 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[48] Sentencia
C-247 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[49] Sentencia
de la Corte Constitucional C-488 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[50] Al
respecto ver Atienza, M. “Sobre la clasificación de los derechos humanos en la
Constitución”, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid, Núm., 2, 1979; Bustos Ramos, J. Óp. Cit. Pág. 292.
[51] Sentencia C-239 de 2012
M.P. Juan Carlos Henao Pérez. En aquella providencia se citó la sentencia C-237
de 2005, en la que la Corte afirmó: “La libertad personal
comprende ‘la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones
dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen
con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios, como la
proscripción de todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima
la autonomía de la persona sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o
reduciéndola indebidamente’. Pues bien, un logro fundamental del Estado de
Derecho fue obtener el respeto de la libertad personal.  Característica que se
ha trasladado al Estado Social de Derecho.  Dicho derecho fundamental ha vivido
un proceso de constitucionalización que también ha tocado los convenios y
tratados internacionales. En efecto, en vigencia del “Antiguo Régimen “existía
una confusión de poderes al interior del Estado, lo que permitía que quien
detentaba el poder dispusiera a su antojo de los derechos fundamentales de las
personas, en especial de la libertad personal. No obstante, fruto de las
revoluciones liberales, en especial de la Revolución francesa, dicho poder
absoluto fue dividido y se establecieron controles con el propósito de evitar
nuevos abusos. Así las cosas, en relación con la libertad personal, se excluyó
la posibilidad de que el gobernante decidiera acerca de la libertad personal y
dicha facultad, de hacer relativo el derecho fundamental, se trasladó a la rama
del poder que administraba justicia”.
[52]Ibídem. Al respecto ver la sentencia C-879
de 2011 en la que la Corte expresó: “En primer lugar, el
Preámbulo de la Constitución señala la libertad como un valor superior
del ordenamiento jurídico, en esta proclamación se ha visto el reconocimiento
de una directriz orientadora en el sentido que la filosofía que informa la
Carta Política del 91 es libertaria y democrática y no autoritaria y mucho
menos totalitaria [Sentencia C-221 de 1994]. Igualmente, el artículo 2 de
la Constitución indica que las autoridades están instituidas para proteger a
las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos
y libertades. Desde esta perspectiva la libertad se configura como un contenido
axiológico rector del sistema normativo y de la actuación de los servidores
públicos, del cual, en todo caso, también se desprenden consecuencias
normativas en la interpretación y aplicación, no sólo del texto constitucional,
sino del conjunto de preceptos que conforman el ordenamiento jurídico
colombiano, que deben ser leídos siempre en clave libertaria [expresión
empleada en la sentencia T-237 de 2004 para hacer referencia a la
interpretación de las disposiciones legales de conformidad con el contenido
axiológico de la libertad].Así mismo, la Corte Constitucional ha reconocido la
existencia de un principio general de libertad que autoriza a los particulares
a llevar a cabo las actividades que la ley no prohíba o cuyo ejercicio no está
subordinado a requisitos o condiciones determinadas, el cual estaría reconocido
por el artículo sexto, se trataría entonces de la norma de cierre del
ordenamiento jurídico, que tendría la estructura deóntica de un permiso. Pero
también se ha visto en el artículo 13 de la Constitución, el origen de este
principio general de libertad el cual según la jurisprudencia constitucional es
el fundamento del derecho de toda persona a tomar decisiones que determinen el
curso de su vida. A su vez la Constitución reconoce numerosos derechos de
libertad, especialmente en el Capítulo I del Título II, tales como el libre
desarrollo de la personalidad (art. 16), la libertad de conciencia (art. 18),
la libertad de cultos (art. 19), la libertad de expresión y de información
(art. 20)”. Vid. también, la sentencia C-176 de 2007 donde se sostuvo que “la
libertad constituye un presupuesto fundamental para la eficacia de los demás
derechos y el instrumento “primario” del ser humano para vivir en sociedad. Por
esta razón, el constituyente no sólo otorgó a la libertad el triple carácter:
valor (preámbulo), principio que irradia la acción del Estado (artículo 2º) y
derecho (artículo 28), sino que diseñó un conjunto de piezas fundamentales de
protección a la libertad física de las personas que, aunque se derivan de ella
se convierten en garantías autónomas e indispensables para su protección en
casos de restricción. Dentro de estos se encuentran los derechos a ser
informado sobre los motivos de la detención, a ser detenido por motivos
previamente definidos por el legislador y a ser detenido en virtud de
mandamiento escrito de autoridad judicial competente (artículos 28 y 29 de la
Constitución)”.
[53]
Sentencia C-879 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[54] M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[55]
Sentencia C-879 de 2011 MP Humberto Antonio Sierra Porto.
[56] M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[57] Sentencia
C-730 de 2005 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[58]
Sentencia C-163 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[59] M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[60]
Sentencia C-730 de 2005 Álvaro Tafur Galvis.
[61]
Ferrer Beltrán, J. y Rodríguez J.L. Jerarquías normativas y dinámica de los
sistemas jurídicos. Marcial Pons, Madrid, 2011. Pág. 67.
[62]
Bulygin, E, Mendoca, D. Normas y sistemas normativos. Marcial Pons, Madrid,
2005 Pág. 44.
[63]
Ibídem. Pág. 43-44.
[64]
Hegenbarth, R. Juristische Hermeneutik und linguistische Pragmatik. Dargestell
am Beispiel der Lehre vom Wortlaut als Grenze der Auslegung, Königstein/Ts.
1982. Pág. 155, citado por Klatt M. Hacer el derecho explícito. Normatividad
semántica en la argumentación jurídica. Marcial Pons. 2017. Pág. 95.
[65]
Depenheuer, O. Der Wortlaut als Grenze. Thesen zu einem Topos der
Verfassunginterpretation, Heidelberg, 1988. Pág. 51. Cutado por Klatt M. Ob.
Cit, pág. 100.
[66]
Sentencia C-577 de 2011 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[67]
Barak A. Proporcionalidad. Los derechos fundamentales y sus restricciones.
Palestra. 2017, Lima. Pág. 89.
[68]
Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Juan Humberto Sánchez Vs.
Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de
junio de 2003. Fundamento 77.
[69]
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015.
Serie C No. 297. Fundamento 235.
[70]
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Galindo Cárdenas y otros Vs.
Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de
octubre de 2015. Serie C No. 301
[71]
Sentencia C-327 de 1997 M.P. Fabio Morón Díaz.
[72] Al
respecto ver Bobbio, N. Il futuro della democracia, Torino, Einaudi, 1984.
[73]
Bustos Ramírez, J. Óp. Cit. Pág. 370.
[74] Conforme a la sentencia C-879 de 2011, se
dice que hay “reserva de la primera palabra” (o reserva absoluta de
jurisdicción), “cuando, en ciertas materias, compete al juez no solamente la
última y decisiva palabra sino también la primera palabra referente a la
definición del derecho aplicable a las relaciones jurídicas. Es decir, que hay
ciertos asuntos sobre las cuales sólo se pueden pronunciar los tribunales.
Desde muy pronto la Corte Constitucional se ocupó del problema de la reserva
absoluta de jurisdicción. Así, en la Sentencia T-490 de 1992 hizo interesantes
pronunciamientos al respecto, que a continuación se reproducen: “En materia del
derecho a la libertad personal, el constituyente, ha estructurado una serie de
garantías sin antecedentes en nuestra tradición jurídica. La Constitución
establece una reserva judicial a favor de la libertad individual, siendo
indispensable el mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las
formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley, para que una
persona sea reducida a prisión, arresto o detención (art. 28 CP). En adelante,
solamente las autoridades judiciales tienen competencia para imponer penas que
conlleven la privación de la libertad. En consecuencia a la autoridad
administrativa le está vedado imponer motu proprio las penas correctivas que
entrañen, directa o indirectamente la privación de la libertad, salvo
mandamiento escrito de autoridad judicial competente (…)” Sobre la
justificación se esta reserva se consigna en la sentencia C-176 de 2007: “De
hecho, la atribución del control de legalidad y de los motivos y finalidades de
la privación de la libertad únicamente a las autoridades judiciales es una
clara manifestación de la concepción actual de democracia y del objetivo del
derecho penal en el Estado Social de Derecho, pues se parte de la base de que
el juez tiene a su cargo la tarea de vivenciar al derecho punitivo no sólo como
un instrumento de defensa y garantía de los derechos de la sociedad mayoritaria,
incluyendo el interés de la víctima a la reparación integral del daño, sino
también los derechos del delincuente que expresa los intereses de una minoría
frente al poder del Estado. Así, la concepción del derecho penal mínimo o
garantismo penal, en palabras de Luigi Ferrajoli, “se justifica si y solo si,
además de prevenir los delitos –cosa que conseguirían hacer igualmente bien los
sistemas policiales desregulados y los de justicia privada salvaje-, logra
también minimizar la violencia de las reacciones frente a los delitos. Si y
solo si, en consecuencia, logra ser instrumento de defensa y garantía de todos:
de la mayoría no desviada, pero también de la mayoría desviada. De esta forma,
se concibe al juez como garante de los derechos involucrados en el derecho
punitivo del Estado porque claramente sus decisiones se encuentran, de un lado,
limitadas por el principio de legalidad y, de otro, sometidas a las garantías
sustanciales y procesales de protección constitucional del derecho a la
libertad. Por ese motivo, se entrega al juez la responsabilidad de analizar la
situación fáctica para autorizar la privación de la libertad de una persona en
aquellos casos en los que exista motivo previamente definido en la ley, con las
formalidades legales y con el procedimiento establecido en las normas
pertinentes.”
[75]Reserva
judicial que se aplica de manera estricta para la imposición de sanciones que
suponen la aplicación de penas privativas de la libertad. A la misma se refirió
la sentencia C-198 de 1999 para declarar inexequible el numeral 1 del artículo
207 del Código Nacional de Policía que preveía a aplicación de la retención
transitoria “al que irrespete, amenace o provoque a los funcionarios
uniformados de la policía en el desarrollo de sus funciones”. Dijo entonces
la Corte: “Dado que la disposición mencionada, contenida en el Decreto
examinado, de acuerdo con lo expuesto, tiene el carácter de sanción que implica
la privación de la libertad, para la Corte dicha norma vulnera el artículo 28
de la Constitución Política de Colombia. En efecto, la norma demandada atribuye
a una autoridad administrativa la función de ordenar la privación de la
libertad, sin previo mandamiento judicial, en aquellos casos en que se
irrespete, amenace o provoque a los funcionarios uniformados de la Policía, en
desarrollo de sus funciones, lo cual resulta atentatorio de la libertad
personal y del mandato constitucional que prohíbe la detención sin orden
judicial. Por dicha razón, dicha norma será declarada inexequible. Lo anterior,
no obsta para que el servidor público uniformado de la policía, sujeto de la
agresión pueda acudir ante la autoridad competente para que se investigue la
conducta del infractor, por el irrespeto, amenaza o provocación de que ha sido
víctima.”
[76]
Sentencia C-239 de 2012 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[77] Las
únicas excepciones a la necesidad de mandamiento escrito de autoridad judicial
competente previstas por la propia Carta, son el caso de flagrancia (Art.32) en
virtud del cual el delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido
y llevado ante un juez por cualquier persona, y la facultad excepcional para
capturar atribuida a la Fiscalía General de la Nación dentro de los límites y
en los eventos fijados por el legislador (Art. 250.1). Aún en los estados de excepción
el mandato judicial escrito será necesario (L.E. 13 7 de 1998), y sólo frente a
circunstancias excepcionalísimas de urgencia insuperables y necesidad de
proteger un derecho fundamental en grave e inminente peligro, la autorización
judicial previamente escrita podrá ser comunicada verbalmente. Solamente cuándo
en estas circunstancias excepcionalísimas sea imposible recurrir a la
autorización judicial, podrá actuarse sin orden del funcionario judicial,
debiéndose poner a la persona a disposición de la autoridad judicial tan pronto
como sea posible y en todo caso dentro de las veinticuatro (24) horas
siguientes. Deberá informarse a la Procuraduría de la actuación y de las
razones que la motivaron, para lo de su competencia. (Cfr. Art. 38 numeral f)
Ley 137 de 1998, declarado exequible por sentencia C-179 de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[78]
Sentencia C-730 de 2005. Al respecto ver también la sentencia C-251/02 M.P.
Eduardo Montealegre Lynnet y Clara Inés Vargas Hernández S.V. Rodrigo Escobar
Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra y C-1024/02 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[79] M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[80] En
este sentido pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-591 de 2005,
C-251 de 2002, C-024 de 1994.
[81]
M.M.P.P. Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández.
[82]
Sentencia C-251 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas
Hernández
[83]
Sentencia C-163 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[84]
Sentencia C- 730 de 2005. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[85]
Bovino A. Control Judicial de la Privación de libertad y derechos humanos.
Conferencia inaugural sobre “El Control de la Privación de libertad en América
Latina y derechos Humanos, Comisión Nacional para el mejoramiento de la
justicia de Costa Rica. San José, 25 de febrero de 1999. Disponible en http://www.bu.ufsc.br/ControlJudicial.pdf,
consultado el veintisiete (27) de noviembre de 2017.
[86] El
artículo 9.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra
esta garantía en los siguientes términos: “Toda persona detenida o presa a
causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u
otro funcionario autorizado por la Ley para ejercer funciones judiciales, y
tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable”. Con similar
contenido, el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
prevé que: “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones
judiciales y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta
en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso.”.
[87]
Sentencia C-425 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[88]
C-163 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[89]
Ibídem.
[90]
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Herrera Espinosa y otros vs
Ecuador. Sentencia de primero (1º) de septiembre de 2016 (Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C. No. 316, párrafos
158-159.  Al respecto ver las siguientes sentencias: Caso Bulacio Vs.
Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de dieciocho (18) de
septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 129, y Caso Galindo Cárdenas y otros
Vs. Perú, supra, párr. 202, Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia
del veinticinco (25) de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 140; y Caso
Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del
veintidós (22) de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 219, entre otros.
[91] M.P.
Jaime Córdoba Triviño
[92]
Sentencia C-163 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[93] M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[94]
Llámese captura, retención, detención, aprehensión.
[95]
Sentencia C-163 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[96]
Sentencia C-239 de 2012. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[97]
Sentencia C-163 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[98] Declaración
Universal de los Derechos Humanos, artículos 8º.  9º.:
“8. Toda persona tiene derecho a un recurso
efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la
ley.”
9. Nadie podrá se arbitrariamente detenido,
preso ni desterrado”.
[99] Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y
Políticos, aprobado mediante la ley 74 de 1968, artículo 9º.:
“Artículo 9.
1. Todo individuo tiene derecho a la
libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las
causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.
2. Toda persona detenida será informada, en
el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin
demora, de la acusación formulada contra ella.
3. Toda persona detenida o presa a causa de
una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión
preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla
general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la
comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las
diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.
4. Toda persona que sea privada de libertad
en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a
fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y
ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
5. Toda persona que haya sido ilegalmente
detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación”.
[100] Convención
Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica-, aprobada
mediante la ley 16 de 1972, artículo 7º:
“Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal
1. Toda persona tiene derecho a la libertad
y a la seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad
física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las
Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas
conforme a ellas.3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento
arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe
ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del
cargo o cargos formulados contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe
ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley
para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un
plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el
proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su
comparecencia en el juicio.
6. Toda persona privada de libertad tiene
derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida,
sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad
si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes
prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad
tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste
decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser
restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra
persona.
7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no
limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por
incumplimientos de deberes alimentarios”.
[101]Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, artículo XXV:
“Artículo XXV
Nadie puede ser
privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por
leyes preexistentes. Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene
derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser
juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en
libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de
su libertad”.
[102]
Sentencia C-187 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[103] M.P.
Jaime Araujo Rentería.
[104] Corte
Interamericana de Derechos Humanos Opinión Consultiva OC-08/87 (enero 30),
serie A, No. 8, párrafo 35, 37-40 y 42.
[105] Al
respecto ver las sentencias T-839 de 2002 M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-1081 de
2004 M.P. Jaime Araujo Rentería.
[106] Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal
1. Toda persona tiene derecho a la
libertad y a la seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su
libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano
por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas
conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a
detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida
debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del
cargo o cargos formulados contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida
debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la
ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de
un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el
proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su
comparecencia en el juicio.
6. Toda persona privada de libertad
tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste
decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su
libertad si el arresto o la detención fueran ilegales.  En los Estados
Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser
privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente
a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no
puede ser restringido ni abolido.  Los recursos podrán interponerse por sí
o por otra persona.
7. Nadie será detenido por
deudas.  Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial
competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.
[107] Caso
Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia del veintiuno (21) de noviembre de 2007. Serie
C No. 170 Párr. 51 y caso Yvon Neptune vs Haití. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia del seis (6) de mayo de 2008, Serie C No. 180, párr. 89.
[108] Caso
Gangaram Panday vs Suriname, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del
veintiuno (21) de enero de 1994. Serie C No. 16 párr. 47. Cfr. Casos Cesti
Hurtado vs Perú. Sentencia del veintinueve (29) de septiembre de 1999. Serie C
No. 56, párr. 140; “Niños de la Calle”, Párr.- 131; Caso Duran y Ugarte vs
Perú. Fondo. Sentencia del dieciséis (16) de agosto de 2000. Serie C No. 68
Párr. 85. Entre otros.
[109] Caso
Velásquez Rodríguez vs Honduras. Fondo. Sentencia del veintinueve (29) de julio
de 1988. Serie C 04. Párr. 155
[110] Caso
Gangaram Panday vs Suriname párr. 47.
[111] M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[112]
Artículos 228 y ss.
[113]
Artículo 11
[114] Sentencia C-387 de 2014 M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio. En providencia se reiteraron las siguientes sentencias Sentencias C-873 de 2003; C-591, C-592 y C-1194 de
2005; C-718 de 2006; C-025 de 2009; C-144 de 2010 y C-651 de 2011.
[115] Gaceta
del Congreso No. 850 de 2010.
[116]
Proyecto 160/10 Cámara, 164/10 Senado.
[117] Al
respecto ver las Gacetas números: 850 de 2010, 975 de 2010, 43 de 2011, 194 de
2011 y 261 de 201.
[118]
Conforme a la Proposición presentada por la Representante Adriana Franco
Castaño.
[119]
Gaceta del Congreso 263 del 2011.
[120]
Sentencia C-730 de 2005 Álvaro Tafur Galvis.
[121]
Alexy, R., Teoría de la Argumentación jurídica. Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Madrid, 2008, Pág. 349-350.
[122]
Alexy, R. Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica. Doxa 5,
1988. Págs. 143-144.
[123]
Alexy, R. Teoría de la Argumentación jurídica, Óp. Cit. Pág. 350.
[124]
Aguiló Regla, J. Sobre Derecho y argumentación, primera Edición, Mallorca,
Leonard Muntaner Editor, pág. 16-17.
[125] Sentencia
C-187 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[126]
Sentencia C-620 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería.
[127]
Gaceta Constitucional número 82, página 12.
[128]
Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[129]
Sentencia C-163 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[130] El
artículo 56 de la Ley 1453 de 2011, modifico el artículo 256 de la Ley 906 de
2004.