T-409-15
Sentencia T-409/15
DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA
LIBERTAD-Vulneración por
hacinamiento y falta de atención médica u odontológica
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO
Esta
Sala infiere que en el asunto sub examine se encuentra satisfecha la pretensión
formulada en sede de tutela, por la Defensora del Pueblo de la Regional de
Quindío, toda vez que los reclusos relacionados en el memorial respectivo, ya
fueron remitidos a establecimientos carcelarios que cuentan con mejor infraestructura
lo cual les garantiza, durante su permanencia, la protección de los derechos.
En consecuencia, esta Sala, constatada la carencia actual de objeto por hecho
superado, procederá a declararla, en el expediente T-4.278.449, por las
consideraciones expuestas en la presente providencia
HACINAMIENTO E INTEGRIDAD PERSONAL DE
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Reiteración de jurisprudencia
Considera esta Sala, que el hacinamiento
per se constituye una vulneración a la integridad personal de quienes se hallan
privados de la libertad. En efecto, la ocupación de establecimientos
carcelarios por encima del número de plazas disponibles trae inmerso un
sinnúmero de factores que propician la violación de varios derechos
fundamentales como la dignidad humana, la salud y la integridad personal y, por
ello, dicha sobrepoblación reclusa merece ser amparada por el juez
constitucional quien, de acuerdo con los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, debe intentar establecer mecanismos para remediar, de manera
inmediata, la amenaza o vulneración, con el fin de que el sistema penitenciario
y carcelario no desborde el número de plazas disponibles. Por esa razón, esta
Corporación estableció en múltiple jurisprudencia, lo concerniente a la
necesidad de adoptar medidas tendientes a superar el estado de cosas
inconstitucional y salvaguardar los derechos vulneradas por la situación de
hacinamiento en los diferentes centros de reclusión. Así las cosas con
fundamento en la problemática suscitada por el hacinamiento en las cárceles, la
Corte en sentencia T- 388 de 2013 estableció que, hasta tanto las autoridades
carcelarias no dispongan de otra medida adecuada y necesaria que garantice, de
una parte, la superación del estado de cosas contrario a la Constitución y, por
otra, la posibilidad de seguir privando de la libertad a las personas frente a
las que corresponda adoptar tal decisión, se deberán aplicar las reglas de
equilibrio y de equilibrio decreciente
HACINAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE LA
LIBERTAD Y REGLAS DE EQUILIBRIO Y EQUILIBRIO DECRECIENTE
Con
fundamento en la aplicación de la regla del equilibrio decreciente, colige la
Corte que se puede afrontar la situación de hacinamiento de los
establecimientos penitenciarios del país. Al respecto, también señaló que, una
vez se alcance la meta de tener un nivel de ocupación que no sea superior al
cupo máximo de los establecimientos no es necesario continuar aplicando la
regla del equilibrio decreciente. No obstante, en la misma providencia se
indicó, que se debe mantener una regla de equilibrio, para impedir que esa
crítica situación de sobrecupo vuelva a presentarse. Respecto a la aplicación
de las reglas de equilibrio y equilibrio decreciente, la Corte Constitucional,
en Sentencia T-388 de 2013, indicó que: “deben ser aplicadas de forma razonable
y sin poner en riesgo otros bienes constitucionales en igual o mayor medida.
Como se dijo previamente, el cierre completo de ciertas cárceles, precisamente
por la situación de crisis generalizada, puede generar un impacto inusitado en
el sistema penitenciario y carcelario, al no poderse enviar a ciertos centros
de reclusión a nadie más. Esta situación puede ser dramática y crítica en
ciertos contextos y regiones del país. Por tanto, las reglas de equilibrio y
equilibrio decreciente, como cualquier otra regla jurídica, tienen excepciones
que deben ser consideradas y aplicadas, siempre y cuando estén  (i) plenamente
demostradas,  (ii) sean debidamente justificadas y (iii) sean sólo temporales.
Es decir, la Administración tiene la carga de probar que existe un contexto
fáctico en el que se justifica exceptuar la aplicación de la regla, debe dar
los argumentos que así lo justifiquen y, a la vez, indicar que medidas
adecuadas y necesarias se están adoptando para superar la excepcionalidad y
volver a aplicar las reglas de equilibrio y equilibrio decreciente”. Por
último, en cuanto al momento en que se deben implantar las reglas del
equilibrio y de desequilibrio decreciente, la jurisprudencia indicó que su
observancia va a depender de sí, respecto a los establecimientos, existe orden
total, o al menos parcial, de cierre que impide el ingreso de nuevos internos,
específicamente, consagró “Para aquellos establecimientos de reclusión a los
que se les ha impartido una orden de cierre parcial estricta (no permitir el
ingreso de nuevas personas internas hasta que no se supere la situación de
hacinamiento), se podrán aplicar estas reglas de forma inmediata, una vez sea
notificada la presente sentencia. En estos casos las reglas abren razonables
opciones de administración, para afrontar el actual estado de cosas contrario
al orden constitucional vigente. Para los demás establecimientos, las reglas de
equilibrio y equilibrio decreciente deberán ser aplicadas después de un tiempo
prudencial, durante el cual se puedan adoptar las medidas necesarias para
atender esta urgente y gravísima situación carcelaria y penitenciaria, que
implica una violación grosera e inaceptable de la dignidad humana. El estado de
cosas inconstitucional acá verificado, debe ser atendido de manera
prioritaria”.
DERECHO DE PETICION DE PERSONAS PRIVADAS DE
LA LIBERTAD-Reiteración de
jurisprudencia
La
Corte ha sostenido que los reclusos mantienen plena facultad sobre el ejercicio
del derecho de petición, de tal manera que en los eventos en que los privados
de la libertad formulen solicitudes dirigidas a funcionarios del sistema
penitenciario o en general a la autoridad carcelaria del INPEC deben obtener
respuesta de fondo, clara y oportuna a su requerimiento sin que el goce
efectivo del mencionado derecho se vea afectado por los trámites
administrativos de las penitenciarias
DERECHO A LA SALUD DE LA POBLACION RECLUSA-Reiteración de jurisprudencia
La
Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, ha señalado que el derecho a
la salud de las personas que se encuentran recluidas, debe protegerse con la
misma efectividad de quienes no hacen parte de esta población, en la medida en
que éste en ningún momento pierde su calidad de fundamental. Por eso, la
obligación de garantía por parte del Estado se refuerza, aún más sobre la base
de la relación de sujeción que en estos eventos se configura. En ese sentido,
el Estado adquiere la obligación de adoptar todas las medidas necesarias y
adecuadas para una efectiva garantía del derecho a la salud de los internos, lo
que implica una prestación del servicio de manera oportuna, apropiada e
ininterrumpida en pro de la dignidad de la población reclusa. Deber que merece
una especial observación y materialización, en la medida en que el interno no
puede defender este derecho espontáneamente, quedando sujeto a las acciones que
las autoridades ejerzan sobre la materia
DERECHO A LA SALUD ORAL DEL INTERNO-Orden al INPEC y a la EPS, remitir para
valoración por odontología
Aunque la pérdida de piezas dentales no pone en riesgo
la vida de una persona, sí puede comprometer aspectos funcionales de su aparato
masticatorio y digestivo, y además, cumple otra función importante, como es la
de permitir o facilitar la comunicación, razón por la cual, el hecho de no
prestar estos servicios, puede comprometer el derecho fundamental a la dignidad
humana, más tratándose de personas privadas de la libertad, quienes no cuentan
con los medios para proporcionarse sus propias piezas dentales,
correspondiéndole al Estado, garantizarles dicho servicios con el objetivo de
hacer efectivos sus derechos.
Referencia: T-3.866.955 y T-4.278.449
Accionantes:
Carlos Alberto Taborda Lanos y Defensoría del Pueblo
de la Regional Quindío  y otros
Demandados:
INPEC y otros
Magistrado Ponente:
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá D. C., primero (1) de julio de dos
mil quince (2015)
La Sala Cuarta de Revisión de
la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Jorge Iván Palacio Palacio, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos de
las tutelas proferidos por el Juzgado Catorce Penal del Circuito de
Conocimiento de Medellín en el expediente T-3.866.955 y por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, que confirmó el emitido por
el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia en
el expediente T-4.278.449, impetradas por Carlos Alberto Taborda Lanos y por la
Defensoría del Pueblo Regional Quindío, respectivamente.
De
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86 y 241 de la Constitución Política
y 33 del Decreto 2591 de 1991, las Salas de Selección número cuatro y tres de
la Corte Constitucional, mediante autos del veinticuatro (24) de abril de dos
mil trece (2013) y del treinta y uno (31) de marzo de 2014, respectivamente,
decidieron seleccionar para revisión los expedientes de tutela número                   T-3.866.955 y T-4.278.449.
En
efecto, debe precisarse que, a pesar de que los asuntos bajo estudio, fueron
expuestos mediante escritos separados y provienen de personas diferentes, estos
coinciden en el derecho objeto de amparo, razón por la cual, por presentar
unidad en la materia, el magistrado sustanciador decidió acumularlos para que
fueran fallados en una misma providencia.
I.
ANTECEDENTES
1.
La solicitud
Se dirigen los demandantes a obtener la protección de
los derechos fundamentales a la salud, a la vida, a la integridad personal y a
la dignidad humana de las personas privadas de la libertad, los cuales, afirman,
han sido desconocidos por la Nación, el Ministerio de Defensa, Ministerio del
Interior y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, al tener
establecimientos de reclusión que no garantizan una permanencia segura y digna,
acorde con sus prerrogativas constitucionales.
EXPEDIENTE
T-3.866.955
1.
Hechos
La
situación fáctica fundamento de esta acción
es la que a continuación se expone:
1.1.
El señor Carlos Alberto Taborda Lanos, quien afirma representar a todos los
internos del patio octavo de la Cárcel Nacional de Bellavista de Bello,
Antioquia, refirió que se han presentado graves acontecimientos de salubridad
en el establecimiento en el que se encuentra recluido.
1.2.
Advirtió que en el patio al que pertenece se han originado, aproximadamente, 25
muertes por indebida prestación médica y por no contar con el inventario de utensilios
médicos necesarios para auxiliar a los internos.
1.3.
Adicionalmente, señaló que las condiciones de habitabilidad del penitenciario
son precarias, pues tienen dormitorios improvisados por hacinamiento en los
patios, se presentan pérdidas de objetos personales las cuales son frecuentes e
incontrolables y, además, conviven con los internos que padecen de enfermedades
mentales, quienes, por mandato legal, deben estar aislados de los demás
reclusos y, actualmente, se encuentran durmiendo apretujados en los baños del
patio.
1.4.
Expuso que la alimentación que se les suministra dentro del penal es ofrecida
sin ningún tipo de preparación previa y a veces se encuentra en estado de
descomposición.
1.5.
A su vez, manifestó que las familias de los internos consignan los dineros en
las cuentas registradas del Banco Popular para que los reclusos puedan comprar
algunos utensilios de primera necesidad, sin embargo, los dragoneantes les
informan que el director aun no surte el expendio por lo que no pueden hacer
uso de los dineros depositados.
1.6.
Anotó que respecto a su situación personal, ha solicitado al INPEC la remisión
por ortodoncia, pues requiere de la recuperación de toda su dentadura y la
incrustación de unas coronas, no obstante le han sido negados los servicios,
por la mencionada entidad y por Caprecom EPS, por no estar incluidos dentro del
Plan Obligatorio de Salud.
1.7.
Sostuvo que ha presentado sendas peticiones antes las autoridades
penitenciarias sin que a la fecha, el director otorgara respuestas contundentes
frente a las situaciones expuestas.
2. Pretensiones
El demandante solicita que le sean amparados sus derechos
fundamentales y los de los demás reclusos que integran el patio octavo de la
Cárcel Nacional de Bellavista, Antioquia, a
la salud, a la vida, a la integridad personal y a la dignidad humana de las
personas privadas de la libertad, presuntamente
vulnerados por las entidades demandadas, a quienes debe ordenársele que
solucionen el problema de hacinamiento y remitir el mayor número de reclusos
posibles a otros patíos y/o penitenciarias, para que se les permita gozar de
una permanencia digna en los establecimientos carcelarios. A su vez, requieren
de la reubicación de los pacientes psiquiátricos a sitios especiales dentro del
mismo centro penitenciario.
Adicionalmente, solicita el suministro de los
artículos de primera necesidad; salubridad en los procesos alimenticios y la
adecuada prestación de los servicios de salud.
Y, respecto de su situación personal, solicita que le
sea restablecida toda su dentadura, así como la postura de unas coronas, con el
fin de acceder efectivamente a su derecho a la dignidad humana, aunque dichos
servicios no estén incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud.
3. Respuesta de las entidades accionadas
3.1. Ministerio de Justicia y de Derecho
El Viceministro de Política Criminal y Justicia
Restaurativa, oportunamente, contestó la acción de tutela y solicitó la
denegación de las pretensiones formuladas por el accionante, al considerar que
la entidad a la cual representa no ha vulnerado o amenazado ningún derecho
fundamental, en la medida en que no le corresponde adelantar los trámites
exigidos en el mecanismo de amparo, pues no es la competente, ni funcional ni
legalmente, para administrar los establecimientos penitenciarios y carcelarios
del país.
3.2. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
INPEC
La Directora Regional Noreste del INPEC, solicitó que
se declarara la improcedencia de la presente acción de tutela frente a la
entidad a la cual representa y que, en su lugar, se ordenara vincular al
proceso a la Unidad de Servicios Penitenciarios, al Director del
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Medellín – Bellavista y a
la EPS Caprecom quienes, según argumenta, son las encargadas de prestar los
servicios que el accionante relaciona en sus pretensiones.
Señaló que el servicio odontológico solicitado por el
actor debe ser suministrado por la EPSs Caprecom, que es la entidad encargada
de dicha prestación. Advirtió que el servicio de ortodoncia y demás implantes
requeridos, están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen
Subsidiado POS-S.
En relación con las pretensiones sobre mejoramiento en
el servicio de salubridad a nivel interno de los establecimientos, indicó que
las adecuaciones a las que hubiere lugar están supeditadas a la partida
presupuestal que, para dichos efectos, haya aprobado el Ministerio Hacienda,
ante lo cual precisó, que no cuentan con la apropiación necesaria para implementar
acciones de mejoramiento en los servicios requeridos en el mecanismo de amparo.
Frente a la pretensión relacionada con la
alimentación, manifestó que siempre ha existido controversia por parte de los
reclusos, por los alimentos injeridos en los establecimientos, pues al no poder
consumir lo que desean han acudido, en varias oportunidades, a múltiples quejas
sin que alguna de ellas les hubiere prosperado. Aseguró que la alimentación de
los internos está sometida a la verificación de nutricionistas, con sujeción a
los estándares de calidad por lo que, indicó, que la afirmación sobre el
aparente consumo de alimentos descompuestos carece de fundamento, pues no se
ajusta a la realidad de los hechos.
3.3. Caprecom EPS-S
El Director Territorial de Caprecom, Regional
Antioquia, manifestó su oposición a la tutela y solicitó que se declarara su
improcedencia frente a la entidad que representa, con fundamento en los
siguientes argumentos:
Alegó que los servicios médicos mencionados por el
demandante no han sido prescritos por un médico tratante, pues no existe
soporte clínico del cual se pueda inferir que, en efecto, requiere con urgencia
de una prótesis dental y de la ortodoncia. No obstante, indicó que esos
tratamientos son de alto costo y que, por tal razón, se encuentran excluidos
del Plan obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado POS-S de tal manera que,
en caso de ordenarse su suministro, el mismo debe ser asumido, directamente,
por el INPEC y no por la entidad prestadora del servicio de salud.
Sostuvo que el INPEC puede asumir la responsabilidad
de costear el tratamiento odontológico con cargo a la póliza de aseguramiento
suscrita por la entidad con la compañía de seguro QBE, razón por la cual
considera que las pretensiones frente a Caprecom no están llamadas a prosperar.
3.4. Q.B.E. Seguros S.A.
El representante legal de esta compañía, mediante
escrito presentado el 30 de agosto de 2013, informó, respecto de los hechos
relacionados en el mecanismo de amparo, lo siguiente:
A la empresa de seguros le fue adjudicada la
licitación No. 13 de 2011 del INPEC para asumir, únicamente, el riesgo
económico que se derive de la atención integral de salud que no esté cubierta
en el Plan Obligatorio, ante lo cual la compañía expidió la póliza de seguros
No. 444100000001, desde el 30 de diciembre de 2011 hasta el 15 de abril de 2013,
y la póliza No. 444100000002 con el mismo objeto, desde el 16 de abril de 2013
hasta el 24 de octubre de 2014, por lo que la póliza tiene vigencia actual
hasta la fecha señalada.
En virtud de lo anterior, precisó que las pretensiones
del demandante no están incluidas dentro de las obligaciones contractuales de la
aseguradora, pues de lo que a esta se adjudicó tan solo se deriva la obligación,
a cargo de la compañía, de asumir los siniestros con efectos indemnizatorios,
por lo que no le corresponde suministrar la prestación de servicios médicos solicitados
al INPEC. En ese sentido, concluyó que QBE Seguros S.A., no está llamada a
suministrar servicios odontológicos, ni de ninguna otra índole.
Así mismo, manifestó que la entidad depende
exclusivamente  de las solicitudes de servicios NO POS que realizan los establecimientos
penitenciarios, en el caso en particular, afirmó, no se ha presentado ninguna
solicitud y tampoco tienen los antecedentes, por lo cual, no es posible otorgar
respaldo económico.
3.5. Ministerio del Interior
La asesora jurídica del Ministerio del Interior, solicitó
que frente a la entidad se declarara la falta de legitimación en la causa por
pasiva bajo la consideración de que el Ministerio no es la entidad llamada a
resolver los inconvenientes que se susciten a nivel interno de las
penitenciarías, por lo que reiteró que el servicio de sanidad está a cargo del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, siendo dicha entidad la
encargada de atender las pretensiones del accionante.
3.6. Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Mediana seguridad de Medellín
El Director del establecimiento, oportunamente, en su
escrito de contestación, precisó que el señor Andrés Felipe Osorio Bedoya,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.371.596, se encuentra
actualmente detenido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y
Mediana Seguridad de Palmira, Valle.
II. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
Expediente T-3.866.955
Mediante Auto del 19 de febrero
de 2013, el Tribunal Superior de Medellín se declaró incompetente para conocer
del asunto, conforme con lo establecido en el Decreto 1382 de 2000 y, en
consecuencia, remitió la acción de tutela a la Oficina de Apoyo Judicial para
que fuera asumida por los jueces penales del circuito.
La actuación fue asumida por el Juzgado Catorce Penal
del Circuito de Conocimiento de Medellín, quien mediante sentencias del 7 de marzo
de 2013, decidió declarar improcedente el mecanismo de amparo impetrado, con
fundamento en las siguientes consideraciones:
Si bien reconoció que la superpoblación carcelaria
hace indigna la permanencia de los reclusos en los establecimientos penitenciarios,
lo cierto es que el hacinamiento en el patio ocho, al cual pertenece el
accionante, se originó con ocasión de un medida de seguridad adoptada por el
establecimiento en razón a una serie de disturbios presentados en otros patios,
ante lo cual determinó que el traslado de algunas personas a ese lugar, estuvo
fundamentado en la necesidad de recobrar el orden y el control a nivel interno.
En relación con las condiciones de salubridad en los
alimentos, indicó que los derechos fundamentales no se encuentran vulnerados,
toda vez que se pudo constatar que la presentación o procedimientos de cocción
de los mismos se encuentra supervisado por nutricionistas quienes, someten a
control de calidad la condición y características de las comidas por lo que,
concluyó, la inconformidad de los reclusos al respecto no constituye, per se,
una vulneración de sus derechos.
En torno al derecho a la salud, precisó que no se
demostró que el actor hubiere acudido al servicio de salud del establecimiento
para solicitar la prestación del servicio, por lo que concluyó que, en primer
lugar, le corresponde gestionar la valoración médica para que pueda exigir el suministro
de los tratamientos requeridos en sede de tutela.
EXPEDIENTE T-4.278.449
La
situación fáctica fundamento de esta acción es la que a continuación se expone:
1.1.
La Defensoría del Pueblo de Armenia, en representación de los detenidos en los
calabozos de la URI de la Fiscalía, los del calabozo de la Sijín del Comando de
Departamento de Policía de Quindío y los del CAI de Santander, presentó acción
de tutela contra el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Armenia –INPEC, por la presunta vulneración de
los derechos de quienes se encuentran detenidos sin que se les hubiere iniciado
trámite para la reclusión o designación de penitenciaria.
1.2.
Advierte que las personas vinculadas a procesos penales con medida de
aseguramiento de detención preventiva no se les ha autorizado traslado hacia el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Armenia, toda vez que, mediante
providencia judicial, a dicha entidad se le ordenó no recibir más reclusos
hasta tanto no se superara la situación interna de hacinamiento.
1.3.
Sostiene que ni la URI ni los calabozos de Armenia, cuentan con las instalaciones
adecuadas que permitan el confinamiento permanente de internos.
1.4.
En virtud de lo anterior, solicitó, como medida preventiva, que se ordenara al
INPEC efectuar el traslado de quienes se encuentran recluidos en la URI y
calabozos, en aras de garantizarles una privación de la libertad en condiciones
dignas.
2. Pretensiones
El
Defensor del Pueblo de
Armenia, solicita el amparo de
los derechos fundamentales a la salud, a
la vida, a la integridad personal y a la dignidad humana de las personas
detenidas, preventivamente, en la URI y en los distintos calabozos de Armenia y, como consecuencia de ello, se le ordene a
las entidades accionadas asignar un establecimiento penitenciario que cuente
con las instalaciones necesarias para el confinamiento de internos, mientras se
les resuelve, de manera definitiva, su situación jurídica.
3.
Actuación procesal
Mediante auto del nueve (9) de diciembre de 2013, el
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia, avocó
conocimiento de la acción de tutela y, en el mismo proveído, corrió traslado a
las entidades accionadas a fin de que se pronunciaran sobre los hechos y
pretensiones formuladas y, decidió, no otorgar la medida provisional solicitada.
A su vez, en la misma providencia, decretó una
inspección judicial a los calabozos de la SIJIN, CAI Santander y URI, así como
una declaración judicial del Mayor Edwin Velandia Núñez, Comandante de la
Seccional de Investigación Criminal SIJIN DEQUI, para que rindiera versión
sobre los hechos constitutivos del mecanismo de amparo.
El diecinueve (19) de diciembre de 2013, el mismo
despacho judicial ordenó la vinculación de la Alcaldía Municipal de Armenia y
de la Gobernación de Quindío para que, en el término de 48 horas, se
pronunciaran sobre los hechos esbozados en el mecanismo de amparo.
4. Respuesta de las entidades accionadas
4.1. Establecimiento Penitenciario y Carcelario INPEC
La Directora Regional del INPEC del Viejo Caldas, oportunamente,
dio respuesta a la tutela de la referencia y, después de exponer la crítica
situación de hacinamiento de los establecimientos penitenciarios del país,
solicitó que se declarara la temeridad de la acción impetrada, con fundamento
en el siguiente argumento:
De conformidad con el listado suministrado por el
Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Calarcá, precisó que
los internos relacionados por la Defensoría del Pueblo en el mecanismo de
amparo ya se encuentran recluidos en el EPMSC de Calarcá. Agregó que dicha medida
fue adoptada por la entidad en cumplimiento de la orden proferida por el
Juzgado Tercero de Familia de Armenia dentro de una acción de tutela
presentada, con fundamento en los mismo hechos, por el Ministerio Público, en
representación de las mismas personas, la cual fue fallada a favor de los
agenciados y confirmada, parcialmente, por la Sala de Decisión Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quindío.
4.2. Gobernación del Quindío y la Alcaldía del
Municipio de Armenia
El Secretario de Representación Judicial y Defensa del
Departamento del Quindío y la apoderada judicial del Municipio de Armenia, oportunamente,
en escritos separados, contestaron la acción de tutela solicitando que frente a
ellas se declarara la falta de legitimación en la causa por  pasiva.
En efecto, las entidades mencionadas solicitaron al
juez constitucional su desvinculación, bajo el argumento de que ni la
Gobernación del Quindío ni el municipio de Armenia han vulnerado los derechos
fundamentales alegados, pues no tienen competencia para adoptar decisiones
frente a las personas detenidas preventivamente, ni para establecer las medidas
tendientes a mitigar la problemática de hacinamiento, planteada en el mecanismo
de amparo.
5. Pruebas allegadas al expediente
-Copia del fallo proferido, en primera instancia, por
el Juzgado Tercero de Familia en Oralidad, el ocho (8) de agosto de 2013, que concedió
el amparo deprecado en la acción de tutela presentada por la defensoría del
pueblo en representación de los internos recluidos, más del tiempo permitido,
en la URI, calabozos de la SIJIN y CAI Santander (folios 89-110).
-Copia del fallo proferido, el dieciséis (16) de
octubre de 2013,  por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Quindío que confirmó, parcialmente, la sentencia emitida,
en primera instancia, dentro del proceso de tutela instaurado por la Defensoría
del Pueblo en representación de los internos hacinados en la URI, calabozos de
la SIJIN y CAI Santander (folios 111-124).
-Constancia judicial, del 20 de diciembre de 2013, en
la que se advierte que “las personas privadas de la libertad, conforme a la
lista de detenidos relacionados en la tutela 2013-00091, no están en las
instalaciones en las cuales se realizó inspección judicial” (folio 125).
-Declaración judicial juramentada del Mayor Edwin
Velandia Núñez, en la que se informa respecto al hacinamiento en la URI, SIJIN
Y CAI Santander, lo siguiente: “El tiempo que deberían permanecer es de doce
horas mientras la etapa de judicialización, se deja a disposición de la Fiscalía,
si le dan libertad se va y si dictan medida de aseguramiento se deben ir a la
cárcel que designe el juez, entran cuando se capturan y mientras el proceso de
judicialización. Todos tienen boletas de encarcelación para la cárcel de
Calarcá, cuando se reciben las boletas y se van a llevar, se hace la
Coordinación con el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Calarcá
informan que solamente reciben condenados, el Establecimiento de Armenia
informa que no tiene cupo para ninguno (…)” (folios 46 y 47).
II. DECISIÓN JUDICIAL QUE SE REVISA
1. Primera instancia
El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad, mediante sentencia del 23 de diciembre de 2013, declaró el hecho
superado por carencia actual de objeto, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Indicó que en la inspección judicial practicada se
pudo constatar que las personas relacionadas en el mecanismo de amparo ya no se
encuentran recluidos en la URI ni en los calabozos de la SIJIN y del CAI
Santander, pues fueron internados en el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Calarcá y que incluso, muchos de ellos, ya habían sido
trasladados a otras penitenciarias, por lo que consideró que frente a las
pretensiones se había configurado un hecho superado.
Sin embargo, decidió realizar un pronunciamiento de
fondo sobre la situación de hacinamiento puesta de presente en la demanda y al
respecto consideró necesario ordenar a las entidades demandadas que, en aras de
evitar la vulneración de los derechos de quienes puedan estar privados de la
libertad por un tiempo superior al permitido en dichos establecimientos, adopten
las medidas tendientes a garantizar que las personas sobre las cuales recaiga
una medida de aseguramiento sean remitidas, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a su captura, a una penitenciaria que cumpla con las
condiciones mínimas que les garantice una reclusión en condiciones dignas.
Por último, decidió desvincular a la Gobernación del
Quindío y a la Alcaldía de Armenia por considerar que a estas entidades no se
les puede endilgar responsabilidad por los hechos controvertidos en la medida
en que no están facultadas para disponer del traslado o custodia de los
capturados que ingresan a la URI, CAI Santander o SIJIN, quienes, en su
condición de imputados, están a cargo, única y exclusivamente, del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.
2. Impugnación
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
INPEC, dentro del término legal otorgado para ello, con fundamento en los mismos
argumentos expuestos en la contestación y reiterando la problemática de
hacinamiento de todas las cárceles del país, solicitó al Ad-quem que en
razón a la emergencia carcelaria  se ordene a las autoridades departamentales y
municipales, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 17° de la Ley 65 de
1993, responder por la situación actual del penitenciario del viejo Caldas.
3. Segunda
instancia
El Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Armenia, en sentencia proferida el veintinueve (29) de
enero de 2014, confirmó, en todas sus partes, con fundamento en los mismo
argumentos, el fallo de primera instancia.
III. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
EN SEDE DE REVISIÓN
1. Mediante Auto de trece (13) de agosto de dos mil trece
(2013) la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con el fin de
contar con mejores elementos de juicio para resolver el presente asunto, consideró
pertinente recolectar ciertas pruebas y efectuar vinculaciones que en las
instancias procesales se omitieron, por lo que dispuso:
“PRIMERO-. ORDENAR que
por la Secretaría General de esta Corporación se ponga en conocimiento de la
EPS-S Caprecom Seccional Antioquia, en la dirección carrera 50 No. 52-140
Edificio La Libertad en Medellín, y de la Aseguradora la Q.B.E. S.A., en la
dirección carrera 7 No. 76-35 pisos 7,8, y 9 en Bogotá, el contenido del
expediente de tutela identificado en esta Corporación bajo el radicado No.
T-3866955, para que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación del presente auto, dichas entidades se pronuncien acerca de las
pretensiones y del problema jurídico que plantea el aludido mecanismo de
amparo.
SEGUNDO-. ORDENAR
a al EPS-S Caprecom y a la Aseguradora la Q.B.E. S.A., según comunicación que
al efecto realizará la Secretaría General de esta Corporación, que dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
providencia, allegue al expediente referenciado lo siguiente:
·
Copia de la historia clínica del señor Carlos Alberto Taborda Lanos,
identificado con cédula de ciudadanía No. 98.550.311, interno en el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad Bellavista,
Antioquia.
·
Un escrito en el que informe la fecha de afiliación del
interno a esta entidad, así mismo indicar si prestó o no el servicio odontológico
para reconstrucción dental que le fue requerido y, en caso de ser negativa su
respuesta, especifique las razones por las cuales no se suministró el servicio
médico.
TERCERO-. Por la
Secretaría General de la Corte Constitucional REQUERIR al
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana y Alta Seguridad de
Bellavista, Antioquia, en la dirección diagonal 44 N° 39-145 Machado Bello, y
al Ministerio del Interior, en la dirección carrera 54 N° 26-25 CAN en Bogotá,
para que de forma inmediata, una vez les sea notificada la presente
providencia, se sirvan pronunciarse sobre los hechos y pretensiones esbozados
en la acción de tutela objeto de revisión por parte de esta Corporación.
2. Posteriormente, la Sala Cuarta de Revisión,
mediante Auto del veintidós (22) de agosto de 2013, decidió requerir a la
Aseguradora Q.B.E. S.A. para que, de forma inmediata, informara sobre las
pólizas de seguros del INPEC y, en el mismo proveído, se ordenó suspender los
términos para fallo.
En virtud de lo anterior, Q.B.E. Aseguradora S.A.
allegó al expediente copia de la póliza de seguro que ampara el riesgo
económico derivado de los servicios en salud no cubiertos por el Plan
Obligatorio de Salud (POS), de acuerdo con las necesidades y particularidades
de la población a cargo del INPEC, al igual que las de los menores de tres (3)
años que conviven con sus madres en los establecimientos de reclusión (folio
41).
3. Mediante Auto del 18 de julio de 2014, el
magistrado sustanciador, por considerar que existía unidad de materia entre las
tutelas atrás relacionadas, decidió acumularlas para proveer sobre ellas, en
una misma sentencia.
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DECISIÓN
1.
Competencia
A través de esta Sala de Revisión, la Corte
Constitucional es competente para revisar las sentencias ya referenciadas, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
2. Procedibilidad de la acción de tutela
2.1. Legitimación activa
El artículo 86 de la Constitución Política establece
que la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial al que puede acudir
cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por las
actuaciones u omisiones de las autoridades públicas y de los particulares, en
los casos específicamente previstos por el legislador.
La tutela identificada con número T-3.866.955, fue
presentada por el señor Carlos Alberto Taborda Lanos, titular del derecho
presuntamente vulnerado, respecto de la situación personal que describe, razón
por la cual se encuentra legitimado.
Sin embargo, observa la Sala que en el escrito de
tutela, el actor, adicionalmente, afirmó estar actuando no solo a nombre propio
sino en representación de todos los reclusos del patio octavo de la Penitenciaria
de Bellavista-Antioquia, en lo que concierne al amparo basado en el
hacinamiento que presenta el sitio en el que está recluido y en la indebida
presencia de pacientes psiquiátricos en dicho lugar, situación que afecta al
demandante y, por igual, a todos los allí confinados. Al respecto, es de precisar,
que si bien el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991 permite que quien ejerza
la acción de tutela también pueda agenciar derechos de terceros, lo cierto es
que, dicha modalidad de representación, solo es permitida cuando de los
supuestos del mecanismo amparo evidencien que el agenciado no está en
condiciones de promover su propia defensa. En este caso, la situación de los
agenciados privados de la libertad hace presumir esa imposibilidad. Además de
que la situación de vulneración de sus derechos es común a la que ha sido
planteada por el demandante.
En consecuencia, esta Sala estima que el señor Carlos
Alberto Taborda Lanos se encuentra legitimado para agenciar los derechos de los
reclusos del patio octavo, no solo en virtud de la limitación advertida sino en
razón de que la causa de la vulneración advertida por el demandante les es
común a todos.
2.2.
Legitimación
pasiva
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC,
el Ministerio de Justicia y Derecho y el Ministerio de Hacienda se encuentran
legitimados como parte pasiva en los procesos, conforme con lo dispuesto en el
artículo 13° del Decreto 2591 de 1991, en la medida en que se trata de
autoridades públicas a las que se les atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
3. Problema jurídico
Le corresponde a la Sala de Revisión determinar si el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, específicamente, la Penitenciaría
de Bellavista –Antioquia y la Unidad de Reacción Inmediata URI, calabozo de la
SIJIN y Calabozo del CAI de Santander, en primer lugar, vulneraron los derechos
fundamental invocados como quebrantados, al privar de las mínimas condiciones
de dignidad a las personas reclusas, al no suministrar en debida forma la
prestación del servicio de salud y al no contestar, en término, las peticiones
presentadas por los internos.
En cuanto a las condiciones particulares del señor Carlos
Alberto Taborda Lanos, le corresponde a la Sala definir si las entidades
demandadas dentro del expediente T-3.866.955, vulneraron sus derechos
fundamentales, al no prestarle los servicios de ortodoncia y odontología para
restablecer su dentadura, por no estar estos incluidos dentro del Plan
Obligatorio de Salud.
Ante todo, teniendo en cuenta que en el expediente
T-4.278.449 las partes accionadas, con fundamento en una tutela presentada con
anterioridad por la Defensoría del Pueblo en representación de aquellos que por
tener medida de aseguramiento se encontraban recluidos en condiciones indignas,
alegaron la carencia actual de objeto, deberá la Sala realizar el estudio de la
temeridad y abordar lo concerniente al hecho superado.
Seguidamente,
la Sala procederá a reiterar su jurisprudencia en lo referente a: (i) hacinamiento e integridad personal de las
personas privadas de la libertad; (ii) el derecho de petición de
las personas privadas de la libertad; (iii) la obligación del Estado de
satisfacer el derecho a la salud de la población carcelaria para, finalmente, proceder
a (v) resolver los casos concretos.
4. Inexistencia de la actuación temeraria por parte de
uno de los accionantes. Reiteración de jurisprudencia
La temeridad es entendida como un fenómeno jurídico
que tiene lugar cuando “sin motivo expresamente justificado, la misma acción
de tutela es presentada por la misma persona o su representante ante varios
jueces o tribunales”, su efecto se configurará en el rechazo y en la
resolución desfavorable de todas las solicitudes, sin perjuicio de las
sanciones que establezca la ley.
Esta Corporación se ha pronunciado reiteradamente
sobre las actuaciones temerarias en ejercicio de la acción de tutela, al
respecto ha señalado los elementos que se deben presentar para verificar su
existencia.
Al efecto tienen que concurrir tres elementos: (i) una
identidad en el objeto, es decir, que “las demandas busquen la satisfacción
de una misma pretensión tutelar o sobre todo el amparo de un mismo derecho
fundamental”[1];(ii)
una identidad de causa petendi, que hace referencia a “que el
ejercicio de las acciones se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de
causa”[2];
y, (iii) una identidad de partes, o sea que las acciones de tutela se hayan
dirigido contra el mismo demandado y, del mismo modo, se hayan interpuesto por
el mismo demandante, ya sea en su condición de persona natural o persona
jurídica, de manera directa o por medio de apoderado[3].
En caso de que el juez en el análisis de la existencia
de la temeridad, observe la concurrencia de los tres elementos, tendrá la
obligación de descartar, que dentro de la segunda acción de tutela, no se
encuentre una razón válida que justifique su interposición, para que sea
posible el rechazo de ésta o la denegación de la solicitud que ella contenga.
El estudio de la existencia de la temeridad, entonces,
debe partir de la premisa de la buena fe de los particulares en sus actuaciones ante la administración de justicia,
esto quiere decir que se debe hacer un examen minucioso sobre la procedencia de
esta institución jurídica, para así evitar, cualquier otra vulneración de
derechos[4].
No obstante, este alto Tribunal ha mencionado que
pueden existir eventos en los cuales, si bien se encuentra la concurrencia de
los tres elementos que configuran la temeridad, esta no se constituye. Estas
circunstancias son, cuando “(i) el
juez vislumbra la presencia de nuevos elementos fácticos o jurídicos; (ii) o al
resolver la primera acción no se pronunció con respecto a la verdadera
pretensión del accionante y se observe que la violación de los derechos del
accionante se mantenga o se agrave”, en
estos casos el juez deberá entrar a decidir de fondo el problema planteado[5].
Realizadas las anteriores consideraciones generales,
esta Sala entrará a determinar, aplicando los criterios establecidos, si existe
temeridad en el presente caso.
Esta Sala observa que si bien la señora Piedad Correal
Rubiano, en su calidad de defensora del pueblo de la Regional Quindío, presentó
acción de tutela en nombre de unas personas que se encontraban recluidas en la
Unidad de Reacción Inmediata URI y en los calabozos de la SIJIN y CAI
Santander, se pudo constatar que, no obstante, existe entre ambos mecanismo de
amparo identidad de accionados e identidad de pretensiones lo cierto es que,
las personas detenidas relacionadas en la primera acción son diferentes a las referenciadas
en esta nueva acción de tutela objeto de revisión.
Así
las cosas, como no concurren los elementos que configuran la temeridad, está
Sala entrará a desarrollar la
línea jurisprudencial ya anunciada.
5.
Existencia de hecho superado. Reiteración de jurisprudencia
Esta
Corporación, en reiterada jurisprudencia[6],
ha dispuesto que, si la situación fáctica que motiva la presentación de la
acción de amparo constitucional, se modifica porque cesa la acción u omisión
que, en principio, generó la vulneración de los derechos fundamentales, de
manera que la pretensión esbozada para procurar su defensa, está debidamente
satisfecha, pierde eficacia la petición, toda vez que desaparece el objeto
jurídico sobre el que recaería una eventual decisión del juez de tutela, y
consecuentemente, cualquier orden de protección sería inocua. Por lo tanto,
ante ese escenario, lo procedente es que el juez de tutela declare la carencia
actual de objeto por configuración de un hecho superado.
Frente
al particular, esta Corporación ha sostenido:
“El objetivo de la acción de tutela, conforme al
artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, al Decreto 2591 de 1.991 y
a la doctrina constitucional, es la protección efectiva y cierta del derecho
constitucional fundamental, presuntamente vulnerado o amenazado por la acción u
omisión de una autoridad pública o de un particular en los casos expresamente
señalados por la ley.
En virtud de lo anterior, la eficacia de la acción de
tutela radica en el deber que tiene el juez, en caso de encontrar amenazado o
vulnerado un derecho alegado, de impartir una orden de inmediato cumplimiento
orientada a la defensa actual y cierta del derecho que se aduce.
No obstante lo anterior, si la situación de hecho que
origina la violación o la amenaza ya ha sido superada en el sentido de que la
pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, la
acción de tutela pierde su eficacia y su razón de ser.”[7]
En
síntesis, teniendo en cuenta lo mencionado por esta Corte, se concluye que la
declaratoria de carencia actual de objeto, debe cimentarse en pruebas obtenidas
en el proceso respectivo, en las que se evidencie por el juez constitucional
que, si lo demandado era una acción, esta materialmente haya cesado o, que si
se trataba de una omisión, efectivamente, la actuación omitida o denegada se
haya realizado. Es decir, debe ser empíricamente verificable, con fundamentos
objetivos, la suspensión de la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales.
En
el presente caso, se observa que la defensora del Pueblo Regional Quindío
presentó acción de tutela con el fin de que le fuera protegidos los derechos
fundamentales de las personas  privadas de su libertad que, en razón a las medidas
de aseguramiento, se encontraban recluidas en la Unidad de Reacción Inmediata
URI, el calabozo de la SIJIN y el CAI de Santander y que, habían permanecido en
los mencionados establecimientos en condiciones de hacinamiento, por más del
tiempo establecido en ley.
Sobre
los supuestos fácticos expuestos se pudo evidenciar, según consta en el acta de
la inspección judicial[8],
que las personas relacionadas en el mecanismo de amparo ya no se encuentran
recluidos en la URI y en los calabozos de la SIJIN y del CAI Santander, pues
fueron trasladados hacia el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Calarcá e incluso, se advierte que muchos de ellos ya se encuentran en otras
penitenciarias. Adicionalmente, se observa que dichos establecimientos, previo
mandato judicial proferido en otro proceso de tutela y, en cumplimiento de los
presupuestos legales, actualmente, solo mantienen a los reclusos durante del
tiempo que la medida de aseguramiento lo permite, evitando así situaciones de
hacinamiento.
En
virtud de lo anterior, esta Sala infiere que en el asunto sub examine se
encuentra satisfecha la pretensión formulada en sede de tutela, por la
Defensora del Pueblo de la Regional de Quindío, toda vez que los reclusos
relacionados en el memorial respectivo, ya fueron remitidos a establecimientos
carcelarios que cuentan con mejor infraestructura lo cual les garantiza,
durante su permanencia, la protección de los derechos.
En
consecuencia, esta Sala, constatada la carencia actual de objeto por hecho
superado, procederá a declararla, en el expediente T-4.278.449, por las
consideraciones expuestas en la presente providencia.
No
obstante, de acuerdo con lo manifestado por el INPEC en el escrito de
impugnación, esta Sala instará a la Gobernación del Quindío y a la Alcaldía de
Armenia para que tome las medidas necesarias con el fin de dar cumplimiento al
artículo 17 de la Ley 65 de 1993, con el fin de superar la crisis de
hacinamiento del penitenciario del departamento de Caldas. El mencionado
precepto establece:
“CARCELES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES. Corresponde a
los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de
Santafé de Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, y organización,
administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas
detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen
privación de la libertad, por orden de autoridad policiva.
Mientras se expide la ley que atribuya a las autoridades
judiciales el conocimiento de los hechos punibles sancionables actualmente con
pena de arresto por las autoridades de policía, éstas continuarán conociendo de
los mismos.
Los castigados por contravenciones serán alojados en
pabellones especiales.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
ejercerá la inspección y vigilancia de las cárceles de las entidades
territoriales.
En los presupuestos municipales y departamentales, se
incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, como pagos
de empleados, raciones de presos, vigilancia de los mismos, gastos de
remisiones y viáticos, materiales y suministros, compra de equipos y demás
servicios.
Los gobernadores y alcaldes respectivamente, se
abstendrán de aprobar o sancionar según el caso, los presupuestos
departamentales y municipales que no llenen los requisitos señalados en este
artículo.
La Nación y las entidades territoriales podrán
celebrar convenios de integración de servicios, para el mejoramiento de la
infraestructura y el sostenimiento de los centros de reclusión del sistema
penitenciario y carcelario.”
Ahora
bien, respecto de la situación actual del interno Carlos Alberto Taborda Lanos,
advierte la Sala que la entidad accionada, en su escrito de contestación, señaló
que, actualmente, el actor se encuentra cumpliendo su pena en el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Palmira –Valle, sin embargo,
concluye la Sala, que respecto del caso en mención no puede predicarse la
carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que si bien el recluso
se encuentra en otra penitenciaria, lo cierto es que del expediente no se
infiere que las condiciones actuales de los internos de Bellavista –Antioquia-,
contrario a lo acontecido con el proceso anterior, hubiere mejorado, por lo
que, respecto de este caso en concreto, procede este Tribunal a efectuar un pronunciamiento
de fondo. Asimismo, la Sala deberá pronunciarse sobre los requerimientos de
salud oral hechos por el demandante, en la medida en que nada indica que esa
situación se haya superado.
6. Hacinamiento e integridad personal de las personas
privadas de la libertad. Reiteración de jurisprudencia
La
Corte Constitucional, al estudiar las condiciones de reclusión de los internos
en la Cárcel Modelo de Bogotá D.C. y Nacional de Bellavista de Medellín, en
especial las condiciones de hacinamiento, declaró mediante sentencia T-153 de
1998 que la situación de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del
país configuraba un estado de cosas inconstitucional, principalmente
debido a la situación de indignidad en la cual se encontraban las personas
privadas de libertad en el país.
La
finalidad perseguida con la declaratoria de la existencia notoria de un estado
de cosas inconstitucional estaba dirigida a buscar una solución al sistema
carcelario y penitenciario colombiano que, lamentablemente, aun genera
violaciones generales y sistemáticas de los derechos fundamentales, en tanto
afecta una multitud de reclusos, como sujetos humanos de derecho y tiene origen
en un problema de naturaleza estructural que para solucionarse exige la acción
mancomunada de distintas entidades.
Consideró
la citada sentencia, lo siguiente:
“Las condiciones de hacinamiento impiden brindarle a
todos los reclusos los medios diseñados para el proyecto de resocialización
(estudio, trabajo, etc.). Dada la imprevisión y el desgreño que ha reinado en
materia de infraestructura carcelaria, la sobrepoblación ha conducido a que los
reclusos ni siquiera puedan gozar de las más mínimas condiciones para llevar
una vida digna en la prisión, tales como contar con un camarote, con agua
suficiente, con servicios sanitarios, con asistencia en salud, con visitas
familiares en condiciones decorosas, etc. De manera general, se puede concluir
que el hacinamiento desvirtúa de manera absoluta los fines del tratamiento
penitenciario”. (…)
En
la mencionada providencia, esta Corporación adujo que si bien algunos derechos
fundamentales de los reclusos quedan suspendidos o restringidos desde el
momento en que éstos son sometidos a la detención preventiva o son condenados
mediante sentencia, muchos otros derechos se conservan intactos y deben ser
respetados, íntegramente, por las autoridades públicas que se encuentran a
cargo, más si se tiene en cuenta que la población reclusa permanece en una
relación de especial sujeción con el Estado.
No obstante, las limitaciones constitucionales a los derechos
fundamentales de los reclusos deben ser las estrictamente necesarias para
lograr la conservación de la seguridad, el orden y la disciplina dentro del
penal y uno de los fines de la pena, como lo es la resocialización de los
internos. Por ello, ha indicado esta Corporación frente a la restricción de los
derechos fundamentales por parte de las autoridades carcelarias que estas
facultades “deben estar previamente consagradas en normas de rango legal, y
tienen que ser ejercidas conforme a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad”[9].
En suma, esta Corporación declaró con acierto el
notorio estado de cosas inconstitucionales del sistema penitenciario y
carcelario colombiano, el cual a la fecha, se mantiene plenamente vigente
debido a que persisten los problemas estructurales objeto de declaración en el
año de 1998.
La situación comentada, fue nuevamente estudiada por
esta Corporación, en sentencia T-388 de 2013[10],
en la que precisó que “aunque la situación del sistema penitenciario y
carcelario, actualmente, es crítica, también es cierto que se trata de una
situación diferente a la que se constató hace ya más de una década. En tal
medida, no compete a la Corte Constitucional reabrir el cumplimiento de la
sentencia T-153 de 1998 que analizó en determinado momento del sistema, sino
analizar una situación actual y determinar si se encuentra, nuevamente, en un
estado de cosas contrario al orden de la constitución vigente”
En la mencionada sentencia, respecto al
tema específico de hacinamiento, inseguridad y criminalidad se precisó lo
siguiente:
“Se ha constatado el grave estado de
hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y carcelarios en sus
diversos y diferentes grados, según el caso que se trate, así como el grave
impacto que esta situación tiene sobre la población carcelaria. Se ha mostrado
los niveles críticos e insoportables de hacinamiento en las principales
cárceles del país, y generalizando de otra gran cantidad de centros de
reclusión. Y el problema va en aumento…”.
En virtud de lo anterior, la
Corte consideró que el sistema penitenciario y carcelario se encuentra
nuevamente en un estado de cosas inconstitucional. Se trata de una situación
que si bien no es idéntica a la vivida en 1998, sí se ha desarrollado con
tendencia a agravarse. Se estableció que es un estado de cosas que compromete,
principalmente, la dignidad humana.
Bajo ese contexto, se reiteró
que las limitaciones de una persona cuando está privada de la libertad, deben desarrollarse
en condiciones dignas lo que se traduce en la necesidad de garantizar una
reclusión libre de hacinamiento, con una infraestructura adecuada con acceso a
servicios básicos, alimentación adecuada, ambiente salubre e higiénico y acceso
a los servicios de salud que se requieran, entre otras prerrogativas.
En efecto, se concluyó que “el
hacinamiento es uno de los problemas con mayor urgencia que requiere atención
por la capacidad de agravar los demás obstáculos y dificultades que enfrenta el
sistema, y por hacer más difícil y gravosa cualquier opción de solución”[11]
.
Por otra parte, el hacinamiento carcelario también
impide y degenera el desarrollo habitual de otro tipo de derechos que tienen
lugar en los establecimientos carcelarios: “los derechos al trabajo, a la
educación, a la alimentación adecuada, a la salud, a la familia, a la
intimidad, a las visitas, a la sexualidad y a la recreación, los cuales
generalmente resultan lesionados por cuenta del amontonamiento desproporcionado
del que no pueden ser objeto seres humanos”[12].
Igualmente,
el hacinamiento crea un ambiente propicio para que se propaguen enfermedades
fácilmente, por lo cual dicha sobrepoblación sumada a unas condiciones de
salubridad, sanitarias y de higiene deficientes, constituyen factores que
amenazan el derecho fundamental a la salud y a la integridad de las personas
privadas de la libertad.
Así las cosas, considera esta Sala, que el
hacinamiento per se constituye una vulneración a la integridad personal
de quienes se hallan privados de la libertad. En efecto, la ocupación de
establecimientos carcelarios por encima del número de plazas disponibles trae
inmerso un sinnúmero de factores que propician la violación de varios derechos
fundamentales como la dignidad humana, la salud y la integridad personal y, por
ello, dicha sobrepoblación reclusa merece ser amparada por el juez
constitucional quien, de acuerdo con los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, debe intentar establecer mecanismos para remediar, de manera
inmediata, la amenaza o vulneración, con el fin de que el sistema penitenciario
y carcelario no desborde el número de plazas disponibles.
Por esa razón, “ante la ausencia de
política criminal y penitenciaria por parte del Estado y ante evidentes fallas
estructurales de los establecimientos penitenciarios y carcelarios el juez
constitucional es el llamado a adoptar soluciones razonables adecuadas a las
circunstancias de cada caso en concreto para proteger derechos constitucionales
fundamentales”[13].
Por esa razón, esta Corporación estableció
en múltiple jurisprudencia, lo concerniente a la necesidad de adoptar medidas
tendientes a superar el estado de cosas inconstitucional y salvaguardar los
derechos vulneradas por la situación de hacinamiento en los diferentes centros
de reclusión. Así las cosas con fundamento en la problemática suscitada por el
hacinamiento en las cárceles, la Corte en sentencia T- 388 de 2013[14]
estableció que, hasta tanto las autoridades carcelarias no dispongan de otra
medida adecuada y necesaria que garantice, de una parte, la superación del
estado de cosas contrario a la Constitución y, por otra, la posibilidad de
seguir privando de la libertad a las personas frente a las que corresponda
adoptar tal decisión, se deberán aplicar las reglas de equilibrio y de
equilibrio decreciente.
Al respecto la mencionada sentencia,
precisó:
“En aquellos casos en los que se esté enfrentando una
situación de hacinamiento grave y evidente, y hasta tanto no se disponga una
medida que asegure una protección igual o superior, se deberá aplicar una regla
de equilibrio decreciente, según la cual se permita el ingreso de personas al
establecimiento siempre y cuando no se aumente el nivel de ocupación y se haya
estado cumpliendo el deber de disminuir constantemente el nivel de
hacinamiento. Es decir, la regla de equilibrio decreciente, consiste en que
sólo se podrá autorizar el ingreso de personas al centro de reclusión si y sólo
sí (i) el número de personas que ingresan es igual o menor al número de
personas que salgan del establecimiento de reclusión, durante la semana
anterior, por la razón que sea (por ejemplo, a causa de un traslado o por
obtener la libertad), y  (ii) el número de personas del establecimiento ha ido
disminuyendo constantemente, de acuerdo con las expectativas y las proyecciones
esperadas. La aplicación de esta regla permite asegurar, por una parte, la
realización progresiva, efectiva y sostenible de los derechos fundamentales de
las personas privadas de la libertad, sin imponer el obstáculo que conlleva
impedir por completo, y sin excepciones, que personas sindicadas o condenadas
puedan ser remitidas a importantes centros de reclusión, hasta tanto no se solucione
completamente el problema de hacinamiento”.
De
tal manera que, con fundamento en la aplicación de la regla del equilibrio
decreciente, colige la Corte que se puede afrontar la situación de hacinamiento
de los establecimientos penitenciarios del país. Al respecto, también señaló que,
una vez se alcance la meta de tener un nivel de ocupación que no sea superior
al cupo máximo de los establecimientos no es necesario continuar aplicando la
regla del equilibrio decreciente. No obstante, en la misma providencia se
indicó, que se debe mantener una regla de equilibrio, para impedir que esa
crítica situación de sobrecupo vuelva a presentarse[15].
Respecto
a la aplicación de las reglas de equilibrio y equilibrio decreciente, la Corte
Constitucional, en Sentencia T-388 de 2013, indicó que: “deben ser aplicadas
de forma razonable y sin poner en riesgo otros bienes constitucionales en igual
o mayor medida. Como se dijo previamente, el cierre completo de ciertas
cárceles, precisamente por la situación de crisis generalizada, puede generar
un impacto inusitado en el sistema penitenciario y carcelario, al no poderse
enviar a ciertos centros de reclusión a nadie más. Esta situación puede ser dramática
y crítica en ciertos contextos y regiones del país. Por tanto, las reglas de
equilibrio y equilibrio decreciente, como cualquier otra regla jurídica, tienen
excepciones que deben ser consideradas y aplicadas, siempre y cuando estén  (i)
plenamente demostradas,  (ii) sean debidamente justificadas y (iii) sean sólo
temporales. Es decir, la Administración tiene la carga de probar que existe un
contexto fáctico en el que se justifica exceptuar la aplicación de la regla,
debe dar los argumentos que así lo justifiquen y, a la vez, indicar que medidas
adecuadas y necesarias se están adoptando para superar la excepcionalidad y
volver a aplicar las reglas de equilibrio y equilibrio decreciente.”
Por
último, en cuanto al momento en que se deben implantar las reglas del
equilibrio y de desequilibrio decreciente, la jurisprudencia indicó que su
observancia va a depender de sí, respecto a los establecimientos, existe orden
total, o al menos parcial, de cierre que impide el ingreso de nuevos internos,
específicamente, consagró “Para aquellos establecimientos de reclusión a los
que se les ha impartido una orden de cierre parcial estricta (no permitir el
ingreso de nuevas personas internas hasta que no se supere la situación de
hacinamiento), se podrán aplicar estas reglas de forma inmediata, una vez sea
notificada la presente sentencia. En estos casos las reglas abren razonables
opciones de administración, para afrontar el actual estado de cosas contrario
al orden constitucional vigente. Para los demás establecimientos, las reglas de
equilibrio y equilibrio decreciente deberán ser aplicadas después de un tiempo
prudencial, durante el cual se puedan adoptar las medidas necesarias para
atender esta urgente y gravísima situación carcelaria y penitenciaria, que
implica una violación grosera e inaceptable de la dignidad humana. El estado de
cosas inconstitucional acá verificado, debe ser atendido de manera prioritaria”[16].
7. Derecho de petición de las personas privadas de la
libertad. Reiteración de jurisprudencia
La Corte Constitucional en su jurisprudencia ha
sostenido que las personas privadas de la libertad son sujetos de especial
vulnerabilidad en virtud de la relación de sujeción entre el recluso y el
Estado[17].
Al respecto, esta Corporación en Sentencia T-153 de 1998 explicó que “los
reclusos se encuentran vinculados con el Estado por una especial relación de
sujeción. Ello significa que este último puede exigirle a los internos el
sometimiento a un conjunto de condiciones que comportan precisamente la
suspensión y restricción de distintos derechos fundamentales, condiciones sobre
las cuales, debe añadirse, que deben ajustarse a las prescripciones del examen
de proporcionalidad”[18].
Así pues, se ha estimado que la persona privada de la
libertad, sin importar su condición o circunstancia, tiene una serie de
derechos que no pueden ser objeto de restricción jurídica durante la reclusión[19]. En efecto,
la jurisprudencia Constitucional en Sentencia T-153 de 1998 especificó que el
grupo de derechos que no pueden estar limitados son “…la vida e integridad
personal, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, el derecho de
reconocimiento de la personalidad jurídica, a la salud y al debido proceso, y
el derecho de petición[20],
[los cuales], mantienen su incolumidad a pesar del encierro a que
está sometido su titular”[21].
Así las cosas, respecto de ese conjunto de derechos se estableció en cabeza del
Estado el deber positivo[22]
de asegurar todas las condiciones necesarias[23]
que permitan su goce efectivo, así como la adecuada resocialización[24] de los
reclusos[25].
En este orden de ideas, la jurisprudencia ha
reiterado, respecto del derecho de petición, que el ejercicio de dicha
prerrogativa no está limitada por la privación de la libertad[26]. En efecto, en Sentencia
T- 705 de 1996 la Corte Constitucional manifestó que:
“El derecho de petición es uno de aquellos derechos
fundamentales que los reclusos ostentan en forma plena, vale decir, que no está
sometido a ningún tipo de limitación o restricción en razón de la situación de
privación de la libertad a que se encuentran sometidas estas personas. Lo
anterior se deriva de la naturaleza misma de la relación de especial sujeción
que vincula al interno a la administración carcelaria. La única razón que
justificaría una eventual limitación del derecho fundamental de petición de un
recluso consistiría en que el titular del mencionado derecho abusara de éste en
detrimento de los derechos fundamentales de otras personas. El derecho de
petición de los reclusos no comporta la obligación de las autoridades
carcelarias de dar respuesta positiva a las solicitudes que aquellos eleven, ni
de realizar las gestiones que se les soliciten. Los deberes de estas
autoridades, en punto al derecho fundamental de petición, consisten en adoptar
todas aquellas medidas necesarias para que los internos reciban una respuesta
completa y oportuna a sus peticiones. Las autoridades penitenciarias están en
la obligación de motivar, en forma razonable, las decisiones que adoptan frente
a las peticiones que un recluso ha elevado. No basta con que se ofrezca una
respuesta a la petición del interno sino que, además, es necesario que se
expongan las razones que la autoridad contempló para decidir en el sentido que
efectivamente lo hizo, de manera que el recluso pueda conocerlas y, eventualmente,
controvertirlas”[27].
Del mismo modo, en la Sentencia T- 439 de 2006,
estableció la Corte que tanto la administración penitenciaria como la
administración de justicia, deben garantizar el derecho de petición de manera
plena “… (i) suministrando respuestas oportunas y evitando todo tipo de
dilación injustificada, (ii) motivando de manera razonable sus decisiones,
(iii) garantizando que las solicitudes que los internos formulen contra otras
autoridades sean recibidas por éstas oportunamente”[28].
En conclusión, la Corte ha sostenido que los reclusos
mantienen plena facultad sobre el ejercicio del derecho de petición, de tal
manera que en los eventos en que los privados de la libertad formulen
solicitudes dirigidas a funcionarios del sistema penitenciario o en general a
la autoridad carcelaria del INPEC deben obtener respuesta de fondo, clara y
oportuna a su requerimiento sin que el goce efectivo del mencionado derecho se
vea afectado por los trámites administrativos de las penitenciarias[29].
8.
El derecho a la salud de la población reclusa. Reiteración de jurisprudencia
En
relación con las personas que se encuentran privadas de la libertad y recluidas
en un centro penitenciario, como consecuencia de una sanción penal, la Corte ha
sostenido que se configura una relación de especial sujeción frente al Estado,
en la medida en que al entrar en un régimen jurídico distinto, se limitan ciertos
derechos en cabeza de los internos, pero, a su vez, las autoridades asumen una
serie de obligaciones para materializar el efectivo ejercicio de algunos
derechos.[30]
Lo
anterior, en la media en que, quien es sancionado con la reclusión en un centro
penitenciario se expone a la suspensión de derechos específicos, como la
libertad física y de locomoción, pero también a la restricción necesaria de
garantías como la libertad de expresión, el desarrollo de la personalidad, la intimidad
personal, asociación, de reunión, entre otros.
No
obstante, la Corte ha sido clara en señalar, conforme con la Constitución la
ley y los instrumentos internacionales, que existen garantías en cabeza de los
internos que no pueden ser restringidas y mucho menos suspendidas aunque la
persona se encuentre privada de la libertad, como es el caso del derecho a la
vida en condiciones dignas, la integridad personal, la salud, la igualdad, la
libertad religiosa, el debido proceso y petición, los cuales deben permanecer
ilesos a pesar de la sanción y cuya materialización recae en el Estado,
específicamente las autoridades carcelarias.[31]
A
la luz de lo anterior, a pesar de presentarse la suspensión o la restricción de
ciertos derechos, como resultado de la reclusión en un centro penitenciario, se
observa que el derecho a la salud no hace parte de este grupo de garantías,
pues es de aquellos que debe permanecer intacto ante la privación de la
libertad.
Bajo ese entendido, el Estado se encuentra en la obligación de
garantizar la efectividad del mencionado derecho con base en la relación de
especial sujeción en la que se encuentra el recluso respecto del primero. En
efecto, así lo han reconocido instrumentos internacionales que tratan el tema,
como por ejemplo, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos aprobado
por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas[32].
Este documento contiene directrices que establecen básicamente
unos requisitos mínimos para la prestación del servicio de salud a la población
interna. Así, determina que todo establecimiento penitenciario debe contar con
al menos un médico calificado para la realización de diagnósticos; se debe
hacer un examen médico al recluso tan pronto ingrese al penal y posteriormente
las veces que sea necesario, para reconocer posibles enfermedades y proceder al
tratamiento adecuado; en caso de que un interno requiera de servicios
especiales, se debe disponer su traslado a establecimientos penitenciarios
especiales o a hospitales; el galeno deberá visitar diariamente a todos los
internos enfermos y aquellos que manifiesten sentirse mermados en su salud, así
como a los que le generen sospecha de presentar alguna enfermedad y, de igual
forma; debe asesorar al director del establecimiento en temas de alimentación,
higiene, condiciones sanitarias y educación física, entre otros.[33]
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, aprobó los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las
Personas Privadas de la Libertad  en las Américas en el 2008, instrumento que
señala, en relación con el derecho a la salud, que:
“Las personas privadas de libertad tendrán derecho a
la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar
físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica,
psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal
médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y
gratuitos; la implementación de programas de educación y promoción en salud,
inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y
de otra índole; y las medidas especiales para satisfacer las necesidades
particulares de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a
grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como: las personas adultas mayores,
las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas
portadoras del VIH-SIDA, tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase
terminal. El tratamiento deberá basarse en principios científicos y aplicar las
mejores prácticas.”[34]
El
instrumento determina a su vez, que el servicio de salud que deben recibir los
internos tiene que ajustarse a ciertos principios como confidencialidad,
respeto por la propia salud y consentimiento informado. De igual manera, que
debe funcionar en estrecha coordinación con el sistema de salud pública, bajo
las mismas políticas y prácticas, aunado a que en el caso de mujeres y niñas
privadas de la libertad deben contar con todas las condiciones propicias para
atender sus necesidades, entre otras.[35]
Por
su parte, en el ordenamiento jurídico colombiano se encuentra la Ley 65 de 1993, la cual determina la manera en que debe
prestarse el servicio público de salud a los reclusos[36] y en el mismo sentido,
la Ley 1122 de 2007[37]
y Decreto 1141 de 2009[38]
que incorporan internamente lo establecido en materia de salud por parte de los
mencionados instrumentos internacionales.
Bajo
esa línea, la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, ha señalado que
el derecho a la salud de las personas que se encuentran recluidas, debe
protegerse con la misma efectividad de quienes no hacen parte de esta
población, en la medida en que éste en ningún momento pierde su calidad de
fundamental. Por eso, la obligación de garantía por parte del Estado se refuerza,
aún más sobre la base de la relación de sujeción que en estos eventos se
configura.
En
ese sentido, el Estado adquiere la obligación de adoptar todas las medidas
necesarias y adecuadas para una efectiva garantía del derecho a la salud de los
internos, lo que implica una prestación del servicio de manera oportuna,
apropiada e ininterrumpida en pro de la dignidad de la población reclusa. Deber
que merece una especial observación y materialización, en la medida en que el
interno no puede defender este derecho espontáneamente, quedando sujeto a las
acciones que las autoridades ejerzan sobre la materia.[39]
A
luz de lo anterior, las decisiones tomadas por este Tribunal en torno a la
protección del derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, han
indicado que el establecimiento carcelario asume el deber de proveer la
atención médica necesaria, garantizando su integralidad y eficiencia, adoptando
las medidas pertinentes para ello, ya sea brindando el servicio directamente o
remitiendo a los internos a entidades o galenos respectivos cuando se requieran
servicios especiales, sin contar con la posibilidad de imponer obstáculos de
naturaleza económica o administrativa que impidan el real acceso de esta
población a los servicios de salud.
Por lo tanto, la obligación del Estado de garantizar
la prestación del servicio de salud, que se deriva del carácter fundamental de
ese derecho, de los fines de la pena y de la especial sujeción en que se
encuentran los condenados frente al Estado, se predica tanto de las personas
recluidas en establecimientos carcelarios y penitenciarios, como de las que se
encuentran sujetas a prisión domiciliaria o a un sistema de vigilancia
electrónica.
En tratándose de servicios de carácter odontológico,
esta Corporación en sentencia T-615 de 2008[40],
en la que se conoció el caso de una persona reclusa y que solicitaba una
prótesis dental, negada por el INPEC y por el entidad prestadora de salud, dispuso,
que “existen diversos elementos médicos y científicos que demuestran que el
hecho de que una persona haya perdido un número importante de piezas dentales,
puede afectar gravemente diversas funciones orgánicas en las que ellas intervienen.
Así, en primer lugar y en relación con la función
masticatoria, distintas investigaciones que se han adelantado en relación con
este tema han concluido que para su adecuado desarrollo es necesaria la
participación armónica de lo que se denomina “sistema masticatorio”, el cual se
encuentra constituido por los “maxilares, dientes, elementos de soporte,
articulación temporo-mandibular y sus ligamentos, músculos, lengua, labios,
porciones altas de laringe y faringe, venas, arterias, nervios, mucosas y piel”[41].
De acuerdo con los mencionados estudios, una falla en la relación de las piezas
dentales altera de manera importante la posibilidad de que el organismo cumpla
con dicha función, la cual es indispensable para el desarrollo de otros
procesos orgánicos tales como la deglución y digestión de los alimentos.”
En consecuencia, aunque la pérdida de piezas dentales
no pone en riesgo la vida de una persona, sí puede comprometer aspectos
funcionales de su aparato masticatorio y digestivo, y además, cumple otra
función importante, como es la de permitir o facilitar la comunicación[42], razón por
la cual, el hecho de no prestar estos servicios, puede comprometer el derecho
fundamental a la dignidad humana, más tratándose de personas privadas de la
libertad, quienes no cuentan con los medios para proporcionarse sus propias
piezas dentales, correspondiéndole al Estado, garantizarles dicho servicios con
el objetivo de hacer efectivos sus derechos.
9. Caso concreto
Teniendo en cuenta que, respecto del
expediente T-4.278.449 la Sala confirmó el advenimiento de un hecho superado por
haberse subsanado la situación de los reclusos internos en condiciones de
hacinamiento dentro de Unidad de Reacción Inmediata URI, calabozo de la SIJIN y
calabozo CAI Santander, en esta ocasión se procederá a efectuar pronunciamiento
de fondo sobre los hechos suscitados en el otro mecanismo de amparo, sujeto a consideración.
Con fundamento en lo reseñado, entra la
Sala a determinar si la Penitenciaria de Bellavista Antioquia vulneró los
derechos fundamentales del señor Carlos Alberto Taborda Lanos al mantenerlo
recluido en el patio octavo, bajo condiciones de hacinamiento sin la debida
prestación de los servicio de salud y seguridad interna.
Al respecto, se observa que el accionante
manifestó que las condiciones de habitabilidad dentro de la penitenciaría son
precarias, pues presentan deficiencia de dormitorio, indebido suministro de
alimentos y escasez de utensilios de primera necesidad.
Sostiene que han presentado sendas peticiones antes
las autoridades penitenciarias sin que a la fecha, el director emitiera
respuestas contundentes frente a las situaciones expuestas.
Adicionalmente, advierte que requiere con suma
urgencia la prestación del servicio de ortodoncia y suministro de implantes
dentales, pero no le ha sido posible acceder a la valoración médica requerida.
Respecto a las condiciones de reclusión, evidencia la
Sala que el Establecimiento Penitenciario de Bellavista, indudablemente,
presenta problemas de hacinamiento y de salubridad y que esa realidad no le es
ajena. No obstante, la institución advierte que no cuenta con los recursos
económicos para otorgar soluciones inmediatas a la problemática, toda vez que depende
de la asignación presupuestal que para el efecto designe, dentro de la vigencia
fiscal, el Ministerio de Hacienda.
Ahora bien, encuentra la Sala que si bien dentro de
plenario se evidenció que, actualmente, el accionante, Carlos Alberto Taborda
Lanos, se encuentra recluido en otra penitenciaria, toda vez que el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Bellavista –Antioquia- informó que fue trasladado
al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Palmira –Valle- lo cierto es que, una vez acreditadas las condiciones internas
de la cárcel de Bellavista, procede la Sala a pronunciarse sobre la situación
conocida mediante el mecanismo de amparo, respecto de los demás reclamantes
allí confinados.
Al respecto, considera la Sala que las condiciones de
reclusión alegadas en la acción de tutela reflejan una clara violación a los
derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas de la
libertad en dicho establecimiento como quiera que, actualmente, no cuentan con
las condiciones aptas para permanecer internos durante el tiempo que duren las
condenas pues, carecen de una adecuada infraestructura para el número de
reclusos existentes, de ventilación, de iluminación y de servicios sanitarios
idóneos.
Bajo ese entendido y teniendo en cuenta que esta
Corporación en sentencia T-388 de 2013 declaró que el sistema penitenciario y carcelario se
encuentra nuevamente en un estado de cosas inconstitucional, procede esta Sala,
a ordenar que en la cárcel de Bellavista se apliquen, en lo pertinente, las
mismas directrices de que da cuenta el mencionado proveído, en el sentido de
que:
“En aquellos casos en los que se esté enfrentando una
situación de hacinamiento grave y evidente, y hasta tanto no se disponga una
medida que asegure una protección igual o superior, se deberá aplicar una regla
de equilibrio decreciente, según la cual se permita el ingreso de personas al
establecimiento siempre y cuando no se aumente el nivel de ocupación y se haya
estado cumpliendo el deber de disminuir constantemente el nivel de
hacinamiento. Es decir, la regla de equilibrio decreciente, consiste en que
sólo se podrá autorizar el ingreso de personas al centro de reclusión si y sólo
sí (i) el número de personas que ingresan es igual o menor al número de
personas que salgan del establecimiento de reclusión, durante la semana
anterior, por la razón que sea (por ejemplo, a causa de un traslado o por
obtener la libertad), y (ii) el número de personas del establecimiento ha ido
disminuyendo constantemente, de acuerdo con las expectativas y las proyecciones
esperadas. La aplicación de esta regla permite asegurar, por una parte, la
realización progresiva, efectiva y sostenible de los derechos fundamentales de
las personas privadas de la libertad, sin imponer el obstáculo que conlleva
impedir por completo, y sin excepciones, que personas sindicadas o condenadas
puedan ser remitidas a importantes centros de reclusión, hasta tanto no se
solucione completamente el problema de hacinamiento”.
A su vez, respecto de la aplicación idónea de los
principios, precisó:
“Para aquellos establecimientos de reclusión a los que
se les ha impartido una orden de cierre parcial estricta (no permitir el
ingreso de nuevas personas internas hasta que no se supere la situación de
hacinamiento), se podrán aplicar estas reglas de forma inmediata, una vez sea
notificada la presente sentencia. En estos casos, las reglas abren razonables
opciones de administración, para afrontar el actual estado de cosas contrario
al orden constitucional vigente. Para los demás establecimientos, las reglas de
equilibrio y equilibrio decreciente deberán ser aplicadas después de un tiempo
prudencial, durante el cual se puedan adoptar las medidas necesarias para
atender esta urgente y gravísima situación carcelaria y penitenciaria, que
implica una violación grosera e inaceptable de la dignidad humana. El estado de
cosas inconstitucional acá verificado, debe ser atendido de manera prioritaria”[43].
Bajo
ese contexto encuentra la Corte que si bien sobre el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario Bellavista –Antioquia- se verificó una situación
real de hacinamiento, lo cierto es que los acontecimientos narrados en el
mecanismo de amparo versan, única y exclusivamente, sobre el patio octavo del
centro de reclusión, de tal manera que, no le es dable a esta Corporación,
ordenar el cierre total de la penitenciaria sí, en el proceso de tutela, nada
se advirtió sobre las condiciones de los demás patios que la integran, por lo
que las autoridades deberán adoptar medidas tendientes a mejorar las
condiciones actuales del sector de la penitenciaria sujeto a discusión, en la
presente acción.
Visto
lo anterior, advierte este Tribunal que en sede de tutela la entidad advirtió
que el hacinamiento del patio octavo se presentó con ocasión a una medida de
seguridad interna que debieron adoptar los dragoneantes como consecuencia de
una riña entre los internos. No obstante, del expediente se desprende que la
situación permaneció en el tiempo, por lo que la Sala procederá a ordenar a
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, específicamente, a la cárcel
de Bellavista- Antioquía, que adopte las medidas pertinentes para que, de
conformidad con lo indicado por esta Corporación en Sentencia la T- 388 de
2013, proceda a implementar, en caso de que persistan las condiciones aquí
expuesta, los principios de equilibrio decreciente en el patio octavo, en aras
de reestablecer la calidad de reclusión de sus internos.
Ahora
bien, en relación con el derecho de petición invocado en el amparo, considera
este Tribunal que dicha pretensión no está llamada a prosperar, toda vez que en
el líbelo no obra prueba, siquiera sumaria, de que las peticiones fueron
elevadas, por lo que se concluye que al no demostrarse, o al menos relacionarse
el trámite de alguna de ellas, no le es dable a esta Corporación amparar el
derecho.
Por
último, respecto de la prestación del servicio de odontología que refiere el
actor, esta Sala observa que Caprecom EPS-S, afirmó en el escrito de contestación
de la presente acción, que no existe soporte clínico que respalde la necesidad
de la prótesis dental, sin embargo, sostuvo, que de comprobarse la urgencia de
la misma, esta entidad no es la encargada de proporcionarla, toda vez que,
dicho tratamiento es de alto costo y no está dentro del Plan Obligatorio de
Salud, por lo que debe ser suministrado por el INPEC con cargo a la póliza
adquirida con la aseguradora QBE.
Por
su parte, la Aseguradora QBE manifestó que no es la responsable de proporcionar
el servicio requerido y que a ésta no ha llegado ninguna solicitud que permita
estudiar el posible respaldo económico de la prestación.
Y,
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC, en lo referente a la
prestación de salud del actor, señaló que el responsable de proporcionar la
prótesis dental es Caprecom EPS-S, pues el implante que solicita se encuentra
incluido dentro del Plan Obligatorio de Salud.
La Resolución 5521 de
2013 por medio de la cual se define, aclara y actualiza integralmente el Plan
Obligatorio de Salud (POS), dispone, en el artículo 38, que dentro de las
coberturas del plan, se encuentran “las prótesis dentales mucosoportadas totales.
No obstante, dentro del mismo acto administrativo, se excluyeron, específicamente,
los “tratamientos de periodoncia, ortodoncia, implantología, dispositivos
protésicos en cavidad oral y blanqueamiento dental en la atención odontológica,
diferentes a los descritos en el presente acto administrativo.
Tal
como se mencionó en la parte motiva de esta providencia, el Estado adquiere la
obligación de adoptar todas las medidas necesarias y adecuadas para una
efectiva garantía del derecho a la salud de los internos, lo que implica una
prestación del servicio de manera oportuna, apropiada e ininterrumpida en pro
de la dignidad de la población reclusa. Deber que merece una especial
observación y materialización, en la medida en que el interno no puede defender
este derecho espontáneamente, quedando sujeto a las acciones que las
autoridades ejerzan sobre la materia.[44]
De
acuerdo con lo expuesto y, teniendo en cuenta que dentro del expediente
contentivo de la acción de tutela, no se encuentra historia clínica del señor
Taborda Lanos, ni prescripción del médico tratante en la que se ordene la
prótesis solicitada, no es posible para la Sala saber, a qué clase de prótesis
dental hace referencia el actor en su escrito de amparo, no obstante, se
considera que, el servicio odontológico debe serle prestado de manera
prioritaria con el fin de garantizar los derechos del recluso.
En
ese orden de ideas, esta Sala ordenará al INPEC y a Caprecom EPS-S que remitan
a valoración por odontología al señor Carlos Alberto Taborda Lanos, para que el
médico tratante determine qué clase de prótesis requiere, la cual deberá ser
entregada, en el término de quince (15) días, si aún no lo ha sido, salvo que
las adecuaciones para su implante requieran de un lapso mayor, lo que deberá
justificarse plenamente, por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-
INPEC-, o por Caprecom EPS-S, según corresponda, de acuerdo con lo dispuesto
por el Plan Obligatorio de Salud, sin oponer obstáculo alguno.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. LEVANTAR
la suspensión de términos en este
proceso, ordenada en el Auto de fecha veintidós (22) de agosto de dos mil trece
(2013).
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida el 7 de
marzo de 2013, por el Juzgado Catorce Penal del Circuito de Conocimiento de
Medellín, que declaró, dentro del proceso de tutela T-3.866.955, improcedente
el amparo solicitado por el señor Carlos Albertos Tarborda Lanos y, en su
lugar, ORDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de
Bellavista –Antioquia- que en el término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, en aras de
hacer frente a los problemas generales de hacinamiento, adopte medidas
pertinentes para evitar que el patio octavo de ese establecimiento no supere la
capacidad máxima de los cupos permitidos. Para tal efecto, no se podrán
trasladar personas a dicho patio por encontrarse en condiciones de
hacinamiento. A partir del momento de notificación, se deberá aplicar la regla
de equilibrio  (tal como fue expuesta en las
consideraciones de la presente sentencia), para impedir que el patio octavo del
Establecimiento supere su capacidad permitida.
TERCERO: ADVERTIR a la Directivas del Establecimiento Penitenciario y Carcelario
Bellavista –Antioquia-, que debe de abstenerse de realizar cualquier acto u
omisión que dificulte la obtención de la atención médica de los internos. De tal
manera, que se deben programar las visitas que sean necesarias para que los
reclusos puedan ser atendidos por la EPS-S, de conformidad con la normatividad
que regule la materia, so pena de incurrir en una violación del derecho
fundamental a la salud.
CUARTO: ADVERTIR a la EPS-S Caprecom que deberá prestarle, en debida forma, el servicio
de salud a nivel interno del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Bellavista –Antioquia-, de conformidad con lo establecido en la ley y en la
Constitución.
QUINTO: DARLE ALCANCE a la sentencia T-388 de 2013, M.P. María Victoria
Calle Correa, al Instituto Nacional  Penitenciario y Carcelario- INPEC y al
Establecimiento Penitenciario de Bellavista- Antioquía, para que se adopten las
medidas allí dispuestas, tales como las brigadas jurídicas, con el objeto de mitigar
el hacinamiento carcelario y cumplir con las garantías de las personas privadas
de la libertad.
SEXTO: ORDENAR
al Instituto Nacional  Penitenciario y Carcelario- INPEC y a Caprecom EPS-S,
que remitan a valoración por odontología al señor Carlos Alberto Taborda Lanos,
quien se encuentra recluido en la cárcel de Alta y Mediana Seguridad Carcelaria
de Palmira Valle, para que sea el médico odontólogo, quien determine qué clase
de prótesis requiere el actor, la cual deberá serle entregada en un plazo máximo
de quince (15) días, contados desde la notificación de esta providencia, salvo
que las adecuaciones para su implante requiera un lapso mayor, lo que deberá
justificarse plenamente, por el INPEC o Caprecom EPS-S, según corresponda, sin
oponerle ningún obstáculo para el efecto.
SÉPTIMO:
CONFIRMAR, la sentencia proferida, el
29 de enero de 2014, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Armenia que confirmó la dictada, el 23 de diciembre de 2013, por el
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad,
dentro de la acción de tutela T-4.278.449, que declaró la carencia actual de
objeto, por hecho superado.
OCTAVO:
INSTAR a la Gobernación de Quindío y
a la Alcaldía de Armenia que inicien las gestiones pertinentes, para dar
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 65 de 1993, con el fin
de solucionar la crisis de hacinamiento del departamento de Caldas.
NOVENO:
ORDENAR a la Defensoría del Pueblo
que haga un acompañamiento a las órdenes dadas en la presente providencia
dentro de las acciones de tutela T-3.866.955
y T-4.278.449, con el fin de dar cumplimiento a las
mismas.
DECIMO:
Por Secretaría líbrese la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con aclaración de voto
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-409/15
REGLA DE EQUILIBRIO SIMPLE Y REGLA DE
EQUILIBRIO DECRECIENTE-Caso
en que no se soluciona el problema sino que se traslada/REGLA DE EQUILIBRIO
SIMPLE Y REGLA DE EQUILIBRIO DECRECIENTE-Caso en que resultaba
significativo aclarar el impacto práctico de la regla
Estimo que el análisis realizado en la sentencia T-388
de 2013 sobre el sistema penitenciario y carcelario, es mucho más amplio que la
simple aplicación de las reglas de equilibrio simple y de equilibrio
decreciente. Si bien entiendo que no se puede sintetizar la extensa
providencia, no estoy de acuerdo en que lo único que se resalte de la misma sea
esta solución, que tiene una muy buena fundamentación teórica, pero que en la
práctica puede genera problemas graves que perpetúan la situación de violación
de derechos, que pretende zanjar.  Considero que en este caso particular se
debió realizar un análisis integral de los dos expedientes acumulados, pues
saltaba a la vista que las medidas que implican condicionar la entrada de
personas a los establecimientos penitenciarios –como las reglas de equilibrio
simple y decreciente o el cierre de las cárceles–, implica que el problema de violación
de derechos se traslade, pero no se solucione. Lo anterior, debido a que esas
medidas son incompletas y coyunturales, y a la larga impactan negativamente la
crisis estructural. En efecto, las denuncias que se dieron en el caso de
Armenia, se generaron porque las URIS y los centros provisionales de detención
preventiva, no podían entregar a las personas a las cárceles, en virtud de
órdenes judiciales. Por lo cual resultaba significativo aclarar el impacto
práctico de la referida regla de equilibrio
Referencia: Expedientes T-3.866.955 y T-4.278.499
Acciones de tutela acumuladas propuestas por Carlos
Alberto Taborda Lanos y la Defensoría del Pueblo de la Regional Quindío y
otros, respectivamente
Asunto: Análisis integral sobre la problemática
carcelaria en los casos acumulados y órdenes referentes a la sentencia T-388 de
2013.
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
1. Con el
acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, presento a
continuación las razones por las cuales aclaro mi voto en la decisión adoptada
por la Sala Cuarta de Revisión de tutelas, en sesión del 1º de julio de 2015,
en la cual se profirió la sentencia T-409 de 2015.
En esta decisión la Sala resolvió, en relación con el
expediente T-3.866.955, revocar la sentencia de única instancia
proferida por el Tribunal Superior de Medellín; y en su lugar, ordenó al
INPEC que dentro de las 48 horas siguientes adoptara las medidas pertinentes
para hacer frente a los problemas de hacinamiento que se presentan en el patio
8ª del penal de Bellavista, con aplicación de las reglas de equilibrio y
equilibrio decreciente, según lo dispuesto en la Sentencia T-388 de 2013.
Así mismo advirtió a las directivas del penal y a CAPRECOM EPS, que
debían abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que dificultara la
atención médica de los internos. Por último, se ordenó dar alcance a la
sentencia T-388 de 2013, para que se adoptaran las medidas allí dispuestas,
tales como las brigadas jurídicas, con el objeto de mitigar el hacinamiento
presentado.
En relación al expediente T-4.278.499, resolvió confirmar
la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Armenia, que declaró la carencia actual de objeto.
2.
La decisión se estructuró de la siguiente manera: Primero, analizó como
cuestión previa los asuntos relacionados con la temeridad y la carencia actual
de objeto. Segundo, explicó el alcance del hacinamiento carcelario y la
integridad personal de las personas privadas de la libertad. Tercero,
resaltó lo relativo al derecho de petición de los internos. Cuarto, analizó
la obligación del Estado de satisfacer el derecho a la salud de la población
carcelaria. Y finalmente, resolvió los casos concretos.
3.
Ahora bien, como lo manifesté ante la respectiva Sala de Revisión, estimo que
el análisis realizado en la sentencia T-388 de 2013 sobre el sistema
penitenciario y carcelario, es mucho más amplio que la simple aplicación de las
reglas de equilibrio simple y de equilibrio decreciente. Si bien entiendo que
no se puede sintetizar la extensa providencia, no estoy de acuerdo en que lo
único que se resalte de la misma sea esta solución, que tiene una muy buena
fundamentación teórica, pero que en la práctica puede genera problemas graves
que perpetúan la situación de violación de derechos, que pretende zanjar[45].
Considero que en este caso particular se debió
realizar un análisis integral de los dos expedientes acumulados, pues saltaba a
la vista que las medidas que implican condicionar la entrada de personas a los
establecimientos penitenciarios –como las reglas de equilibrio simple y
decreciente o el cierre de las cárceles–, implica que el problema de violación
de derechos se traslade, pero no se solucione. Lo anterior, debido a que esas
medidas son incompletas y coyunturales, y a la larga impactan negativamente la
crisis estructural.
En efecto, las denuncias que se dieron en el caso de
Armenia, se generaron porque las URIS y los centros provisionales de detención
preventiva, no podían entregar a las personas a las cárceles, en virtud de
órdenes judiciales. Por lo cual resultaba significativo aclarar el impacto
práctico de la referida regla de equilibrio.
No siendo otro el motivo de mi aclaración de voto
reitero que comparto la decisión adoptada.
Fecha
ut supra
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1]Corte Constitucional, sentencia T-1103 del 28 de octubre de 2005.
MP. Jaime Araújo Rentería, sentencia T-1122 del 1 de diciembre de 2006, MP.
Jaime Córdoba Triviño, entre otras.
[2]Ibídem
[3]Corte Constitucional, sentencia T-1103 del 28 de octubre de 2005.
MP. Jaime Araújo Rentería, sentencia T-1022 del 1 de diciembre de 2006, MP.
Jaime Córdoba Triviño, sentencia T- 1233 del 10 de diciembre de 2008, MP.
Rodrigo Escobar Gil.
[4]Corte
Constitucional, sentencia T-1022 del 1 de diciembre de 2006,
MP. Jaime Córdoba Triviño
[5]Corte
Constitucional, sentencia T- 1233 del 10 de diciembre de 2008,
MP. Rodrigo Escobar Gil.
[6] Ver entre
otras las sentencias T-495 de 2001, T-692 A de 2007, T- 178 de 2008, T- 975 A
de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[7]
Ver sentencia T-495 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[8][8]Ver folios 51 y 52 del cuaderno principal.
[9]
Ver sentencia T-844 de 2009.
[10]M.P. María Victoria Calle.
[11]Ibidem.
[12]
Ver Sentencia T-861 de 2013 M.P. Alberto Rojas.
[13]
Ibídem.
[14]
M.P. María Victoria Calle.
[15]
Sentencia T-388 de 2013 M.P. María Victoria Calle.
[16] Sentencia T-388 de 2013
M.P. María Victoria Calle.
[17]Sobre el punto del estado de sujeción especial de los reclusos
frente al Estado ver, entre otras, las sentencias T-596 de 1992 (M.P. Ciro
Angarita Barón); C-318 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); T-705 de
1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-706 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muños); T-714 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), y T-966 de 2000 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz), T-881 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynnet) y
T-126 de 2009 (M.P. Humberto Sierra Porto).
[18]Negrilla
fuera del texto. Precedente citado por la sentencia
T-851 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda).
[19]Se trata de derechos como la vida, la integridad personal o la
libertad de conciencia.
[20]Sobre el
derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la C.P. la
Corte ha establecido en las sentencias T – 377 de 2000 y T – 1060A de 2001  el
contenido básico de dicho derecho: “(i) El derecho de petición es
fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la
democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos
constitucionales, como los derechos a la información, a la participación
política y a la libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la
petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y
congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un
plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible;
(v)la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta
siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se
aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el
silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la
vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho
fundamental de petición es su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de
petición; (viii) el derecho de petición también es
aplicable en la vía gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad
ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder, y (x) ante la
presentación de una petición, la entidad pública debe notificar
su respuesta al interesado”.
[21]Sobre el tema de los derechos de los reclusos ver, entre otras, las
sentencias T-424 de 1992, M.P Fabio Morón Díaz; T-522 de 1992 , M.P. Alejandro
Martínez Caballero; T-596 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón; T-273 de 1993,
M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-388 de 1993, M.P. Hernando Herrera; T-437 de 1993,
M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-420 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-705 de
1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[22][Cita del
aparte trascrito] véase las sentencias T-714 de 1996 y  T-153 de 1998.
[23][Cita del aparte
trascrito] Responsabilidad del Estado que se concreta en la obligación de velar
por la seguridad de los reclusos en el perímetro carcelario y en la obligación
de garantizar condiciones de vida adecuadas a los reclusos, así en la Sentencia
T-522 de 1992.
[24][Cita del aparte
trascrito] La posibilidad de reinserción social depende en buena medida de la
eficacia del derecho de los reclusos a contar con centros carcelarios
adecuados. Este derecho encuentra el fundamento de su validez en el derecho a
la dignidad y en el principio del Estado social de derecho, así en sentencia
T-153 de 1998.
[25]Jurisprudencia reiterada
en la Sentencia T-126 de 2009 (M.P. Humberto Sierra Porto).
[26] Se ha
tratado el tema en las Sentencias T-705 de 1996, T-305 de 1997, T-435 de 1997,
T- 490 de 1998, T-265 de 1999, T-1030 de 2003, T-1074 de 2004, T-439 de 2006,
T-048 de 2007 y T-537 de 2007.
[27]M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[28]M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[29]Ver
Sentencia T-1074 de 2004.
3 Ver sentencia T-815 de 2013.
[31] Ver
sentencias T-190 de 2010 T-911 de 2011, T-846 de 2013, entre otras.
[32] “Adoptadas por el
Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el
Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de
1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977”
[33] Numerales
22.1 a 26.1 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos.
[34] Principio
No.10 Principios y Buenas
Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las
Américas
[35] Ibídem
[36]  "Por la cual se
expide el Código Penitenciario y Carcelario", Título
9
[37] “por la cual se hacen
algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se
dictan otras disposiciones”
[38] "Por
la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario"
[39] Ver
Sentencia T-792A de 2012.
[40]
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[41]             Información
publicada en la página web de la
Sociedad Colombiana de Prostodoncia, www.scprostodoncia.org.co
[42]
Sentencia T-615 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[43]Sentencia
T-388 de 2013 M.P. María Victoria Calle.
[44] Ver
Sentencia T-792A de 2012.
[45]
La sentencia T-388 de 2013 presenta varias soluciones para el hacinamiento,
desde varias perspectivas y plazos (largo, mediano y corto), ya que aborda el
problema desde el enfoque sobre política criminal. En esa medida las soluciones
a corto plazo que se presentaron en esa ocasión fueron: i) la instauración de
las reglas de equilibrio decreciente y simple, ii) la realización de brigadas
jurídicas, y iii) el eventual cierre de los establecimientos penitenciarios y
carcelarios.