T-238-17
Sentencia T-238/17
DERECHO DE PETICION EN MATERIA PENSIONAL-Contenido y alcance
DERECHO DE PETICION EN MATERIA PENSIONAL-Término de cuatro y seis meses
para resolver reconocimiento y pago
PENSION FAMILIAR-Definición/PENSION FAMILIAR-Requisitos/PENSION FAMILIAR-Finalidad
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que puede presentarse a partir de dos eventos que a su
vez sugieren consecuencias distintas: hecho superado y daño consumado
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Se reconoció pensión familiar
Referencia. Expediente T-
5.886.701
Acción de tutela interpuesta por los
señores Jenny Rosario Molineros de Susatama y Carlos Julio Susatama Gómez
contra la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril
de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los magistrados Antonio
José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos proferidos el 9 de
septiembre de 2016 y el 6 de octubre de 2016, por el Juzgado Veintiuno Civil
del Circuito de Bogotá y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, respectivamente, dentro del proceso de tutela promovido por
los señores Jenny Rosario Molineros de Susatama y Carlos Julio Susatama Gómez
contra la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.
I.
ANTECEDENTES
A. LA DEMANDA DE TUTELA
1. El 25 de agosto de 2016, los
señores Jenny Rosario Molineros de Susatama y Carlos Julio Susatama Gómez, por
intermedio de apoderado judicial[1],
interpusieron acción de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones
- Colpensiones, al considerar vulnerado su derecho fundamental de petición,
dado que el mencionado fondo de pensiones negó el reconocimiento y pago de la
pensión familiar a los actores.
Frente a lo anterior, los actores solicitaron al juez de
tutela ordenar a la entidad demandada dar respuesta de fondo al recurso de
reposición y en subsidio apelación en contra de la Resolución No. 103643 del 13
de abril de 2013, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de la
pensión familiar a los señores Susatama[2].
B. HECHOS RELEVANTES
En síntesis los
demandantes expusieron los siguientes hechos:
2. El 9 de octubre
de 1976[3],
contrajeron matrimonio la señora Jenny Rosario Molineros de Sustama, quien
actualmente tiene 61 años de edad[4],
y el señor Carlos Julio Susatama Gómez, quien tiene 65 años de edad[5].
3. El 10 de
diciembre de 2015, los accionantes elevaron solicitud de pensión familiar ante
la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones[6], la cual fue respondida,
el 13 de abril de 2016, mediante resolución No. GNR 103643 en el sentido de
negar dicha prestación, dado que para la fecha en la que la señora Molineros de
Susatama cumplió 45 años de edad, esto es el 28 de septiembre de 2000, no tenía
semanas cotizadas en el Sistema General de Seguridad Social, pues su primera
cotización fue en el mes de febrero de 2001. Por consiguiente, se le informó
que no cumple con lo establecido en el artículo 151C literal i) de la Ley 1580
de 2012, según el cual “los peticionarios deben haber cotizado a los 45 años
de edad el 25% de las semanas requeridas para el reconocimiento de la pensión
de vejez”[7].
4. El 16 de mayo de
2016, los señores Susatama inconformes con la anterior decisión formularon
recurso de reposición y en subsidio apelación. Para el efecto, argumentaron que
no fue evaluada su condición de vida, dado que se encuentran en una situación
socioeconómica precaria y deficiente[8].
5. El 25 de agosto
de 2016, los actores presentaron tutela en contra de la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones, toda vez que para la fecha de
presentación de la acción de la referencia, sus recursos no habían sido
resueltos. En consecuencia, alegaron como vulnerado su derecho fundamental de
petición[9].
6. El 6 de
septiembre de 2016, en el curso del presente trámite de tutela, la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, a través de la
Resolución No. GNR 262596, rechazó los recursos impetrados por los demandantes
al considerarlos extemporáneos. Además, reiteró lo expuesto en el acto
administrativo objeto de los aludidos recursos, esto es, que “la señora
Jenny Rosario Molineros Susatama no cumple con el requisito de las semanas
mínimas exigidas al cumplimiento de los 45 años de edad”[10].
7. El 20 de febrero
de 2017, Colpensiones expidió la Resolución No. VPB6671, mediante la cual
resolvió el recurso de reposición contra la Resolución No. GNR 262596 del 6 de
septiembre de 2016, en la que luego de verificar nuevamente el cumplimiento de los
requisitos de la pensión familiar, en relación con los señores Jenny Rosario
Molineros de Sasatama y Carlos Julio Susatama Gómez, advirtió que la mencionada
señora al cumplir los 45 años de edad contaba con 465.57 semanas de cotización
en el Sistema General de Pensiones, es decir, que entre ambos cónyuges cumplen
con las semanas exigidas tanto en la Ley 1580 de 2012, como en el Decreto 288
de 2014[11],
“pues en total tienen 1.941 semanas cotizadas”. Por ende, reconoció la
pensión familiar en favor de los demandantes, por un valor de un salario mínimo
legal mensual vigente, desde la fecha de solicitud de tal pensión[12].
8. Cabe destacar
que los señores Susatama se encuentran registrados en el Sisbén III, desde el
19 de diciembre de 2011, con un puntaje de 37.57[13].
C. RESPUESTA DE LA ENTIDAD
ACCIONADA
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
9. El 31 de agosto de 2016, la entidad demandada fue
notificada de la admisión de la tutela de la referencia y le fue concedido el
término de un día, a fin de que informara al despacho judicial de conocimiento
sobre todos los hechos plasmados en la demanda. No obstante, el citado fondo de
pensiones guardó silencio[14].
D. DECISIONES JUDICIALES
OBJETO DE REVISIÓN
Decisión de primera instancia: sentencia proferida por Juzgado
Veintiuno Civil del Circuito de Bogotá
10. El 9 de septiembre de 2016, el Juzgado Veintiuno Civil
del Circuito de Bogotá tuteló el derecho fundamental de petición de los señores
Jenny Rosario Molineros de Susatama y Carlos Julios Susatama Gómez. En
consecuencia, ordenó a la entidad accionada que se pronunciara de fondo
respecto del recurso de reposición y en subsidio apelación interpuesto en
contra de la Resolución GNR 103643 del 13 de abril de 2016.
Sobre el particular, señaló que acorde con la interpretación
realizada en la sentencia SU-975 de 2003, sobre las normas que tienen que ver
con el ejercicio del derecho de petición, las instituciones de pensiones tienen
15 días hábiles para resolver las solicitudes en materia pensional, atinentes a
los recursos formulados contra una decisión dentro del trámite administrativo
de reconocimiento de pensión.
En vista de ello, la primera instancia al no evidenciar
dentro del plenario la respuesta requerida por los accionantes y al considerar
que había transcurrido un tiempo más que razonable para emitir la misma, ordenó
a Colpensiones la emisión del correspondiente pronunciamiento.
Por último, precisó que carecía de competencia para definir
la titularidad de la pensión pretendida por los actores, pues en su sentir,
ello atañe a los organismos idóneos y no a una falladora de instancia[15].
Impugnación
11. El 12 de septiembre de 2016, el Vicepresidente Jurídico
y Secretario General de la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones- impugnó el fallo de primera instancia al estimar que la
transgresión del derecho fundamental de petición de los señores Susatama se
encontraba superada, comoquiera que, el 6 de septiembre de 2016, mediante
Resolución No. GNR 262596 se resolvió de fondo los recursos presentados por los
accionantes, desapareciendo la presunta causa vulneradora de derechos
fundamentales objeto de protección[16].
Decisión de segunda instancia: sentencia proferida por la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
12. El 6 de octubre de 2016, la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, denegó el amparo solicitado.
Al respecto, manifestó que aunque la entidad demandada no
contestó a tiempo la tutela, demostró que dio respuesta a los actores antes de
notificarse el fallo de primer grado, por tanto no existe una vulneración
actual de los derechos de los demandantes, por parte de la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones. De manera que, la reclamación de los
señores Susatama presenta una carencia actual de objeto por hecho superado y en
ese sentido no procede el amparo ordenado por el Juzgado Veintiuno Civil del
Circuito de Bogotá[17].
E. ACTUACIONES ADELANTADAS
ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE REVISIÓN
13. En desarrollo del trámite
de revisión, el magistrado sustanciador consideró necesario disponer de mayores
elementos de juicio que le permitieran esclarecer la situación fáctica del
asunto sometido a estudio. Para ello ordenó:
“PRIMERO.- OFICIAR por
Secretaría General de esta Corporación a los señores Jenny Rosario Molineros de
Susatama y Carlos Julio Susatama Gómez, para que dentro del término de cuarenta
y ocho (48) horas siguientes al recibo de la notificación de esta providencia,
alleguen e informen al despacho:
(i)   Copia de las cédulas
de ciudadanía tanto de la señora Jenny Rosario Molineros de Susatama, como del
señor Carlos Julio Susatama Gómez.
(ii)
Documento que evidencie la convivencia entre los señores Jenny Rosario
Molineros de Susatama y Carlos Julio Susatama Gómez, como el registro civil de
matrimonio, la declaratoria de unión marital de hecho, etc.
(iii)
Quiénes integran actualmente su núcleo familiar, cuál es la fuente de
sus recursos económicos y de qué manera sufragan los gastos familiares
(iv)
Detallen su situación económica actual.
(v)
Sobre los documentos que le fueron suministrados por Colpensiones, en
virtud de la petición formulada a esa entidad, específicamente debe indicar ¿si
a la fecha ya le fue respondida de fondo su solicitud?; ¿si inició algún tipo
de acción en contra de Colpensiones, a fin de que les reconozca la pensión
familiar?
SEGUNDO.- OFICIAR por
Secretaría General de esta Corporación a la Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones, para que dentro del término de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes al recibo de la notificación de esta providencia, aporte
e informe al despacho:
(i)   El expediente de los
señores Jenny Rosario Molineros de Susatama y Carlos Julio Susatama Gómez, con
fundamento en el cual, mediante Resolución No. 103643 del 13 de abril de 2016,
indicó que los referidos peticionarios no eran acreedores de la pensión
familiar. En particular, es importante aportar la aludida resolución y la
historia laboral de los mencionados señores, en que consten los tiempos
cotizados por cada uno al sistema general de pensiones.
(ii)
¿Es posible que los señores Jenny Rosario Molineros de Susatama y Carlos
Julio Susatama Gómez accedan a la pensión familiar? En caso de ser la respuesta
negativa, deberá explicar al despacho las razones jurídicas por la cuales debe
negarse tal pensión.
TERCERO.- OFICIAR por
Secretaría General de esta Corporación al SISBÉN, para que dentro del término
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la notificación de
esta providencia, informe al despacho:
(i) El estado actual de afiliación de
la señora Jenny Rosario Molineros de Susatama identificada con cédula de
ciudadanía No. 41761548 y el señor Carlos Julio Susatama Gómez, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 19124691. Adicionalmente, deberá informar a
este despacho, desde qué fecha se encuentran inscritos en el Sisbén, a qué
grupo pertenecen dentro del miso o sus respectivos puntajes”[18].
14. En respuesta de las
pruebas solicitadas, se obtuvo la siguiente información:
- El 24 de febrero de 2017, el Gerente Nacional de Doctrina
de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones resaltó que el
apoderado de los cónyuges Susatama interpuso, el 16 de mayo de 2016, los
recursos de reposición y apelación de manera extemporánea, teniendo en cuenta
que la resolución que negó la pensión familiar fue notificada el 21 de abril de
2016 y quedó en firme 5 de mayo de 2016, es decir, siete días después de haber
quedado en firme la mencionada resolución se presentaron los recursos. De ahí
que, aquellos fueran rechazados.
Pese a lo anterior, señaló que Colpensiones realizó un nuevo
estudio de la prestación negada a los señores Susatama. En dicha oportunidad, estudió
nuevamente los requisitos mínimos establecidos en la ley 1580 de 2012, en el artículo
33 de la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003 y en el Decreto 288
de 2014 para el reconocimiento de la pensión familiar, y advirtió que había cometido
un error respecto de la contabilización de las semanas cotizadas por la señora
Molineros de Susatama, razón por la cual procedió a corregir la historia
laboral de la mencionada señora y como consecuencia de ello permitió el
reconocimiento pensional, a través de la Resolución No. VPB6671 del 20 de
febrero de 2017.
Conforme con lo expuesto destacó que la aludida Resolución
del 20 de febrero de 2017, reconoció en favor de los señores Susatama la
prestación económica solicitada desde el 10 de diciembre de 2015, por un valor
de un salario mínimo legal mensual vigente, a cargo de Colpeniones[19].
- El 24 de febrero de 2017, la
Subdirectora de Promoción Social y Calidad de Vida del Departamento Nacional de
Planeación certificó que los señores Jenny Rosario Molineros de Susatama y
Carlos Julio Susatama Gómez se encuentran registrados en el Sisbén III[20], desde el 19
de diciembre de 2011 en donde permanecen hasta la actualidad, con un puntaje de
37.57[21].
- El 1 de marzo de 2017, el
apoderado de los demandantes informó que a la fecha Colpensiones se hallaba
pendiente de resolver el recurso de reposición y en subsidio apelación,
presentado en contra de la Resolución No. GNR 262596 del 6 de septiembre de
2016. En razón a ello, arguyó que no ha iniciado ninguna otra acción de tutela
ni demanda laboral.
Adicionalmente, aportó al
expediente las declaraciones extraproceso de los señores Susatama, en las que
manifiestan que han convivido de forma permanente y sin interrupciones con tres
hijos – Carlos Eduardo Susatama Molineros, Javier Alexander Susatama Molineros
y Gina Paola Susatama Molineros – todos mayores de edad, pero uno de ellos con
una discapacidad cognitiva. Igualmente, los accionantes señalaron que su
situación económica es muy complicada comoquiera que su única fuente de ingresos
la conforma el empleo de la señora Jenny Rosario, el cual consiste en el
cuidado de un adulto mayor[22].
II. CONSIDERACIONES
A.   COMPETENCIA
15.  Esta Corte es competente para conocer de la acción de
tutela de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86
y 241 numeral 9 de la Constitución Política, 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del Auto del 14 de diciembre de 2016, proferido por la
Sala de Selección de tutela Número Doce de esta Corporación, que decidió
someter a revisión las decisiones adoptadas por los jueces de instancia.
B.   CUESTIONES
PREVIAS – PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
16. Legitimación por activa.
El artículo 86 de la Constitución ha previsto que cualquier
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección de
los derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados.
Los señores Jenny Rosario Molineros de Susatama y Carlos
Julio Susatama Gómez, como titulares del derecho fundamental invocado,
interpusieron acción de tutela a través de un apoderado judicial, razón por la
cual se encuentra acreditada la legitimidad para promoverla
la misma (C.P. art. 86º, Decreto 2591/91 art. 1º y art.10°).
17. Legitimación por pasiva.
El artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, establece que la
acción de tutela procede contra toda acción u omisión de una autoridad pública
que haya violado, viole o amenace un derecho fundamental. A su vez, el artículo
86 superior prevé que la acción de tutela es procedente frente a particulares
cuando: a) estos se encuentran encargados de la prestación de un servicio
público, b) la conducta
del particular afecta grave y directamente el interés colectivo; o c) el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión frente al
particular[23].
En el caso
concreto, la demanda se dirige contra la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional[24]. Por tanto, se entiende acreditado este
requisito de procedencia.
18. Inmediatez.
Este requisito de procedibilidad impone la carga al demandante de
interponer la acción de tutela en un término prudente y razonable respecto del
hecho o la conducta que causa la vulneración de derechos fundamentales.
Conforme a lo anterior, la Corte ha dispuesto que se debe presentar la
solicitud de amparo dentro de un plazo razonable[25].
Se advierte que el apoderado de los señores Susatama presentó la
demanda de tutela el 25 de agosto de 2016[26], es decir, después de esperar tres meses y nueve días la
resolución de los recursos de reposición y apelación interpuestos en contra de
la Resolución No. GNR 103643, sin obtener respuesta alguna, término que la
Corte juzga prudente y razonable para reclamar el presente amparo
constitucional.
19. Subsidiariedad.
El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 establece
que la acción de tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo en los casos en que sea interpuesta como
mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable. De igual forma, se ha aceptado la procedencia definitiva del amparo
de tutela en aquellas situaciones en las que existiendo recursos judiciales,
los mismos no sean idóneos o eficaces para evitar la vulneración del derecho
constitucional fundamental.
Respecto de la protección del derecho de petición, esta
Corte ha estimado “que el ordenamiento
jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni
eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por
la vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo
ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo. Por
esta razón, quien encuentre que la debida resolución a su derecho de petición
no fue producida o comunicada dentro de los términos que la ley señala, esto
es, que se quebrantó su garantía fundamental, puede acudir directamente a la
acción de amparo constitucional”[27].
En idéntico sentido, la sentencia C- 951 de 2014[28] mediante la
cual la Sala Plena de esta Corporación estudió la constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria No. 65 del 2012 Senado, –
227 de 2013 Cámara “Por
medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye el
título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”, señala que el derecho de petición se aplica a todo el
procedimiento administrativo, trámite que incluye los recursos ordinarios y
extraordinarios, de manera que su no resolución oportuna es susceptible de
corregirse a través de la acción de tutela:
“Desde el comienzo, las Salas de Revisión han advertido que la
presentación de los recursos administrativos por parte de una persona que
impugna una decisión de las autoridades, es una manifestación del derecho de
petición[155]. Por eso, en caso
de no resolver tales inconformidades se afectará el derecho analizado. Así, “La Corte en su jurisprudencia
ha señalado que si el derecho de petición tiene por objeto obtener una respuesta
de fondo, clara,
oportuna y congruente con lo pedido, los recursos ante la administración deben
incluirse en el núcleo esencial del artículo 23 Superior”[156]. Entonces,
para la Corte la interposición de los
recursos es una especie del derecho de petición que tiene una solicitud
definida, la cual se concreta en aclarar, modificar o revocar un acto de la
administración[157]. De otro lado, la
Corte ha manifestado que las autoridades tienen la obligación de responder las
solicitudes de revocatoria directa de un acto administrativo, en razón de que
es un desarrollo del derecho de petición[158].
En consecuencia, cuando se configura la hipótesis del silencio negativo en
los recursos ordinarios o extraordinarios se producirá la afectación al derecho
de petición, evento en que la prueba de la vulneración será el
propio acto ficto[159], de modo que el
interesado podrá hacer uso de la acción de tutela para corregir dicha actuación
inconstitucional. Se reafirma que “El derecho de petición una garantía constitucional fundamental (art.
23 C.P.), de carácter prevalente y de aplicación inmediata, estructurada con el
fin de garantizar la participación de todos en las decisiones que los afectan[160],
el deber de la administración es el de dar una respuesta oportuna y completa a
las solicitudes de los particulares, no el de esgrimir la configuración del
silencio administrativo negativo frente a su obligación de dar respuesta, pues
esta institución del derecho público no satisface materialmente el fin
primordial de la citada garantía constitucional. La regla referida también opera para el silencio positivo”[161]. En efecto la
configuración de los actos administrativos presuntos no subsana la vulneración
del derecho al debido proceso[162][29]”.
Conforme con lo expuesto, la acción de tutela es el mecanismo
idóneo y eficaz para garantizar la protección del derecho fundamental de
petición, del cual hacen parte los recursos administrativos ante las
autoridades. Por tanto, la no resolución oportuna de cualquiera de aquellos
recursos faculta al juez de tutela para corregir tal actuación
inconstitucional.
Descendiendo al caso en concreto, se advierte que para la
fecha de presentación de la demanda de la referencia Colpensiones no había
resuelto los recursos impetrados por los señores Susatama.
De otro lado, en cuanto a la solicitud de la pensión
familiar, pese a que la Corte Constitucional de manera reiterada ha señalado
que, por regla general, el reconocimiento de derechos pensionales
mediante la acción de tutela es improcedente debido a la existencia de otros
mecanismos judiciales que permiten ejercer una apropiada defensa en dichos
asuntos, al analizar las especiales
circunstancias de vulnerabilidad de los accionantes relativas a su
condición de sujetos de especial protección, en razón a (i) su edad – la señora Jenny Rosario
Molineros de Susatama de 61 años y el señor Carlos Julio Susatama Gómez de 65
años, (ii) su afiliación al Sisbén III con un puntaje de 37.57[30], lo cual puede ser resultado de la falta de recursos económicos
suficientes y (iii) a la actividad desplegada por los mismos ante
Colpensiones, con el propósito de que les fuera reconocida la pensión familiar,
la Sala puede concluir que la acción de tutela es  el mecanismo idóneo y eficaz
para proteger los derechos fundamentales invocados por los demandantes.
C.   PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
20. Acorde con los fundamentos fácticos expuestos en la
Sección I de esta providencia, le corresponde a la Sala Tercera de Revisión
determinar si Colpensiones vulneró el derecho fundamental de petición de los
señores Susatama al no resolver en término el recurso de reposición y en
subsidio apelación, interpuesto en contra de la Resolución No. GNR 103643,
expedida el 13 de abril de 2016, mediante la cual negó la pensión familiar.
Igualmente, esta Sala deberá precisar si en vista de que Colpensiones en el
trámite de la presente tutela no solo resolvió los recursos formulados por los
actores, sino que además les reconoció la pensión familiar, dio lugar a que se
configurara el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado.
21. Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados
la Sala (i) analizará el derecho de petición en materia pensional, (ii)
estudiará lo atinente a la pensión familiar, (iii) se pronunciará sobre la
carencia actual de objeto por hecho superado y (iv) resolverá el caso concreto
sometido a estudio.
D.   DERECHO DE
PETICIÓN EN MATERIA PENSIONAL
22. Respecto de las solicitudes relacionadas con los
derechos pensionales, la sentencia SU-975 de 2003[31] al analizar un proceso
acumulado de 14 expedientes, entre los que se encontraba un grupo de personas
que elevaron peticiones a Cajanal para solicitar diferentes reconocimientos
sobre su pensión de vejez, sin que al momento de interponer la tutela hubiesen
obtenido una respuesta, la Corte hizo una
interpretación de los artículos 19 del Decreto 656 de 1994, 4 de la Ley 700 de
2001, 6 y 33 del Código Contencioso Administrativo y señaló que las autoridades
deben tener en cuenta tres términos que corren transversalmente, para responder
las peticiones pensionales, pues su incumplimiento acarrea una transgresión al
derecho de petición.
“6) Del
anterior recuento jurisprudencial queda claro que los plazos con que cuenta la
autoridad pública para dar respuesta a peticiones de reajuste pensional
elevadas por servidores o ex servidores públicos, plazos máximos cuya
inobservancia conduce a la vulneración del derecho fundamental de petición, son
los siguientes:
(i) 15
días hábiles para todas las solicitudes en materia pensional –incluidas las
de reajuste– en cualquiera de las siguientes hipótesis: a) que el interesado
haya solicitado información sobre el trámite o los procedimientos relativos a
la pensión; b) que la autoridad pública requiera para resolver sobre una
petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste un término mayor a los 15
días, situación de la cual deberá informar al interesado señalándole lo que
necesita para resolver, en qué momento responderá de fondo a la petición y por
qué no le es posible contestar antes; c) que se haya interpuesto un recurso
contra la decisión dentro del trámite administrativo.
(ii) 4
meses calendario para dar respuesta de fondo a las solicitudes en materia
pensional, contados a partir de la presentación de la petición, con fundamento
en la aplicación analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994 a los casos
de peticiones elevadas a Cajanal;
(iii) 6
meses para adoptar todas las medidas necesarias tendientes al reconocimiento y
pago efectivo de las mesadas pensionales, ello a partir de la vigencia de la
Ley 700 de 2001.
Cualquier
desconocimiento injustificado de dichos plazos legales, en cualquiera de las
hipótesis señaladas, acarrea la vulneración del derecho fundamental de petición. Además, el incumplimiento de
los plazos de 4 y 6 meses respectivamente amenazan la vulneración del derecho a
la seguridad social. Todos los mencionados plazos se aplican en materia de
reajuste especial de pensiones como los pedidos en el presente proceso”. (Negrilla fuera del texto)
23. En idéntico sentido, la sentencia T-086 de 2015[32] reiteró la
mencionada SU-975 de 2003 al estudiar el caso de una señora que presentó
solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivientes ante Colpensiones, ya
que vencido el término legal de cuatro (4) meses
previsto en la Ley 797 de 2003, la entidad accionada no había respondido
formalmente la misma. Precisó que por lo menos dentro de los quince (15) días
siguientes a la interposición de una solicitud pensional, el fondo de pensiones
debe informar al peticionario sobre el estado en el que se encuentra su
trámite, las razones por las cuales ha demorado la respuesta y la fecha en la
que responderá de fondo sus inquietudes.
“Como se
expuso en precedencia, y teniendo en cuenta la naturaleza y alcance del derecho
de petición, tenemos que su núcleo fundamental está constituido por: i) el
derecho que tiene el peticionario a obtener una respuesta de fondo, clara y
precisa y, ii) la pronta respuesta de parte de la autoridad solicitada.
En el
presente caso es notorio y evidente que la entidad accionada vulneró el derecho
fundamental de petición de la accionante, ya que, como se expuso en
precedencia, dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de
la solicitud (plazo inicial para todas las solicitudes en materia pensional)
COLPENSIONES debió notificar a la actora: (i) acerca del estado en que se
encontraba su solicitud; (ii) los motivos por los cuales no le fue posible
contestar antes; y (iii) la fecha en que respondería de fondo la misma.
Información ésta que omitió comunicar dentro del precitado término”. (Negrilla fuera del texto)
24. Asimismo, la sentencia T-237 de 2016[33] al resolver el caso de
una señora que había incoado una petición ante Colpensiones, sin que para la
fecha de interposición de la tutela tuviere una respuesta sobre su inclusión en
la nómina de pensionados, liquidación y pago de las mesadas pensionales
retroactivas, insistió en que “las
autoridades cuentan con varios plazos para dar respuesta a las peticiones
relacionadas con derechos pensionales, ya sean quince días hábiles, cuatro
meses calendario o seis meses, según el caso, y  si la autoridad o entidad
correspondiente no atiende injustificadamente los plazos establecidos por la
ley y desarrollados por la jurisprudencia constitucional, vulnera el derecho de
petición”.
25. En virtud de la jurisprudencia expuesta en precedencia, las
autoridades ante las que se interponga una solicitud de carácter pensional –
reconocimiento, reajuste, reliquidación o recurso contra cualquiera de las
decisiones de índole pensional tomadas dentro del trámite administrativo –, en
principio, deben resolver la misma dentro de los quince días hábiles siguientes
a su interposición. Salvo que se trate de una petición elevada ante la extinta
Cajanal, ahora la UGPP[34],
en cuyo caso el término para resolver es de 4 meses o que se refiera al trámite
efectivo para el reconocimiento y pago de una mesada pensional, caso en el
cual, la administradora de pensiones cuenta con 6 meses a partir del momento en
que se radique la solicitud para realizar las diligencias necesarias tendientes
al pago de la mesada[35].
E.   PENSIÓN
FAMILIAR
26. Acorde con el artículo 48 de la Constitución Política, la
seguridad social se encuentra prevista como un derecho y, a la vez, como un
servicio público irrenunciable, cuya organización, dirección y prestación
corresponde al Estado, de acuerdo con los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad[36]. En desarrollo de ello, el legislador expidió la
Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral
y se dictan otras disposiciones”, norma que estructuró el Sistema General
de Pensiones[37],
a través de dos regímenes[38]:
(a) solidario de prima media con prestación definida y (b) de ahorro individual
con solidaridad, con el propósito de atender los riesgos derivados de la vejez,
invalidez y la muerte, por intermedio de las correspondientes pensiones y
prestaciones sociales previstas en la ley.
27. Posteriormente, con el propósito de ampliar la cobertura del
sistema de pensiones el Congreso de la República expidió la Ley 1580 de 2012 “Por
la cual se crea la pensión familiar”, de manera que adicionó un nuevo
Capítulo al Título IV al Libro I de la Ley 100 de 1993 y un nuevo artículo al
capítulo V.
“Artículo 151 A. Definición de Pensión Familiar. Es aquella que
se reconoce por la suma de esfuerzos de cotización o aportes de cada uno de los
cónyuges o cada uno de los compañeros permanentes, cuyo resultado es el cumplimiento
de los requisitos establecidos para la pensión de vejez en el régimen de prima
media con prestación definida o régimen de ahorro individual y de
conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993." (Negrilla fuera
del texto)
Específicamente sobre la pensión familiar en el régimen de
prima media con prestación definida, el artículo 151C[39] consagra que podrán
acceder a ella los cónyuges o compañeros permanentes que (i) tengan la edad de
pensión, (ii) estén afiliados al mismo régimen pensional – de prima media con
prestación definida – (iii) que acrediten más de cinco años de relación
conyugal o de convivencia permanente, (iv) clasificadas en el Sisbén en los
niveles 1 y 2; (v) que a sus 45 años de edad hubiesen cotizado el 25% de las
semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez y (iv) cuyos aportes en
conjunto sumen como mínimo, el número de semanas exigidas para el
reconocimiento de la pensión de vejez, requeridas de manera individual.
28.
Sobre el particular, la sentencia C- 613 de 2013[40] al
analizar la constitucionalidad de los
literales k) y l), y k) y m), del artículo 151C de la Ley 100 de 1993,
adicionado por el artículo 3 de la Ley 1580 de 2012, precisó que la pensión
familiar es un derecho creado por el legislador para los afiliados al sistema,
que no puedan completar las semanas de cotización necesarias para acceder a una
pensión de vejez de forma individual, en cualquiera de los regímenes
pensionales. Lo anterior, a fin de evitar una posible amenaza de su mínimo
vital al llegar a la tercera edad.
“En
suma, la pensión familiar es un derecho creado por el Legislador en
desarrollo de su deber de ampliación progresiva de la cobertura del sistema de
pensiones. Con la creación de ese derecho, el Congreso decidió beneficiar
específicamente a los afiliados al sistema que por razones como la
imposibilidad de acceder a un empleo estable a causa de la edad y los altos
niveles de desempleo del país, no pueden completar las semanas de cotización
necesarias para reclamar una pensión de vejez de forma individual en cualquiera
de los dos regímenes pensionales contemplados en la ley 100, y por esa
razón pueden ver amenazado su mínimo vital al llegar a la tercera edad. Para
poder favorecer específicamente a ese grupo de afiliados en el RPM, se optó por
restringir la posibilidad de reclamar la pensión familiar a la clasificación de
las parejas de cónyuges o compañeros en los niveles 1 y 2 del Sisben. Con esta
restricción, junto con la limitación de la mesada a un monto no superior a 1
SMLMV, también se buscó que los subsidios estatales que se requieren para
garantizar la pensión familiar en el RPM, no ascendieran a un monto
insostenible y se focalizaran en la población más vulnerable desde el punto de
vista socioeconómico. No sobra recordar que la pensión familiar en el RPM es
una alternativa a la indemnización sustitutiva, es decir, cada pareja de
esposos o compañeros permanentes debe analizar si, cumplidos los requisitos, le
es más favorable la pensión familiar o la indemnización sustitutiva”.
29.
Posteriormente, mediante sentencia C-134 de 2016[41] la Sala
Plena de esta Corporación se pronunció nuevamente sobre la pensión familiar, al
estudiar la constitucionalidad del literal l) del artículo 151C de la Ley 100
de 1993, adicionado por el artículo 3 de la Ley 1580 de 2012. En esa
oportunidad, sostuvo que el reconocimiento de tal pensión en el régimen de
prima media con prestación definida es para los cónyuges o compañeros
permanentes (i) clasificados en los niveles 1 y 2 de Sisbén y (ii) si a los 45 años de edad cada beneficiario hubiera cotizado el 25% de
las semanas requeridas para acceder a una pensión de vejez, cuyo monto no puede ser superior a un salario mínimo legal
mensual vigente, pues los subsidios estatales que se requieren para garantizar
la pensión familiar en el régimen de prima media con prestación definida no
pueden ser insostenibles y deben focalizarse en la población más vulnerable
desde el punto de vista socioeconómico.
“A la luz de lo anterior, cabe sostener que aun
cuando se trate de una prestación con idéntica denominación, su
reconocimiento deberá hacerse atendiendo las condiciones fijadas para cada uno
de los regímenes, lo que tiene aplicación en el caso de la pensión de vejez
y tratándose de la pensión familiar, por cuanto la Ley 1580 de 2012, al
crearla, la estableció en ambos regímenes, pero distinguiendo las condiciones y
requisitos de la pensión familiar en el régimen de ahorro individual, de las
condiciones y requisitos necesarios para acceder a la misma prestación en el
régimen de prima media con prestación definida.
Es en este régimen de prima media con prestación
definida en el que se prevé como requisito para acceder a la pensión familiar
que a los 45 años de edad cada beneficiario haya cotizado el 25% de las semanas
requeridas para acceder a una pensión de vejez,
luego el alegato del demandante se circunscribe al régimen de prima media, en
cuyo ámbito pretende que los requisitos de acceso a la pensión familiar sean
los mismos previstos para la pensión de vejez, es decir, edad y número de
semanas cotizadas.
(…)
Según la concepción legal de la pensión familiar,
tienen la posibilidad de acceder a ella los dos miembros de una pareja, sean
cónyuges o compañeros permanentes, que suman sus esfuerzos de cotización a fin
de que, entre ambos, puedan cumplir los requisitos establecidos para la pensión
de vejez que, de acuerdo con su regulación
legislativa, a diferencia de la familiar, es una pensión debida al empeño de
una sola persona que, individualmente, se verá beneficiada cuando cumpla los
requisitos a tal efecto establecidos.
La sumatoria de esfuerzos, que es una de las
condiciones de la pensión familiar, tiene su origen en la enorme dificultad
que, ponderadas las circunstancias y en un momento dado, tiene cada uno de los
miembros de la pareja para acceder individualmente a una pensión de vejez,
dificultad que no enfrenta el afiliado singular que ha contado con la
oportunidad de cotizar regularmente al sistema, lo cual explica que, en cuanto
prestación nueva, la pensión familiar haya sido pensada como un mecanismo para
ampliar la cobertura del sistema, facilitándole a los cónyuges o a los
compañeros permanentes una posibilidad de acceder, conjuntamente, a una pensión,
siempre que así lo deseen.
Esa ampliación de la cobertura del sistema
general de seguridad social en materia pensional, que se procura mediante la
introducción de la pensión familiar tiene por destinatarios a personas ubicadas
en condiciones de vulnerabilidad, ya que en
el régimen de prima media que sirve de marco a este análisis, solo podrán
ser beneficiarios quienes se encuentren clasificados en los niveles 1 y 2 del
SISBEN, a lo que se agrega que el valor de la pensión no podrá exceder de un
salario mínimo legal mensual vigente”. (Negrilla
fuera del texto)
30.
Conforme a la jurisprudencia reseñada, la pensión familiar fue concebida en la
Ley 1580 de 2012 como una forma de ampliar la cobertura en el sistema de
pensiones, razón por la cual opera en ambos regímenes pensionales –
prima media con prestación definida y ahorro individual con solidaridad –. En
consecuencia, es un derecho que permite a los
afiliados al sistema, que no puedan completar las semanas de cotización
necesarias para acceder a una pensión de vejez de forma individual, optar por una
prestación opcional a la indemnización sustitutiva o a la devolución de saldos,
con el objeto de amparar el riesgo de vejez sumando los esfuerzos de
cotización o aportes de cada uno de los cónyuges o de cada uno de los
compañeros permanentes.
No
obstante, para acceder al reconocimiento de la misma, en el régimen de prima
media con prestación definida los cónyuges o compañeros permanentes deben estar
(i) clasificados en los niveles 1 y 2 de Sisbén y (ii) a
los 45 años de edad haber cotizado el 25% de las semanas requeridas para
acceder a una pensión de vejez. Cumplido lo anterior, se les otorgará como
monto pensional un salario mínimo mensual legal vigente.
F.    CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO
31.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 86 Superior, el objeto de la acción de
tutela se circunscribe a la protección oportuna de los derechos fundamentales
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública
o de un particular. Por tanto, la intervención del juez de tutela se dirige a
emitir una orden que pueda hacer cesar tal vulneración o amenaza.
No
obstante, cuando la
intervención del juez de tutela en el asunto pierde su razón de ser ya
que no existe ningún objeto jurídico sobre el cual pronunciarse, se presenta el
fenómeno de la carencial actual de objeto, que a su vez, se concreta a través
de tres eventos: el hecho superado, el daño consumado o, según lo han sostenido
algunas salas de revisión de este Tribunal “cualquier otra circunstancia que haga inocua las
pretensiones de la solicitud de amparo”[42].
32.
Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha comprendido que el
hecho superado “significa
la observancia de las pretensiones del accionante a partir de una conducta
desplegada por el agente transgresor o que también se ha señalado
que se configura, entre otras circunstancias, por ausencia de interés jurídico
o sustracción de materia”[43] lo cual se concreta “entre
la interposición de la demanda de tutela y el momento del fallo del juez de
amparo”[44]. De ahí que,
previó a cualquier orden que pueda emitir el juez constitucional, la
amenaza o vulneración del derecho cuya protección se ha solicitado ya se
encuentra reparada.
33.
Cabe destacar, que ante la presencia de un hecho superado, las Salas de Revisión
de la Corte Constitucional deben verificar que, en el asunto puesto a su
conocimiento, se satisfizo de manera íntegra lo pretendido por el demandante
mediante la acción de tutela, pues de lo contrario no se encuentran autorizadas
para prescindir de emitir las correspondientes órdenes.
“Al
abordar el tema de la carencia actual, la Corte ha sostenido que la tutela debe
declararse improcedente, por cuanto cualquier orden que se pudiera pronunciar
sería ineficaz para la defensa y protección de los derechos fundamentales de
quien los invoca, finalidad última del recurso de amparo.
No
obstante, en virtud del papel de la Corte Constitucional como intérprete del alcance de
los derechos fundamentales establecidos en la Carta Política, cuando se
presenta un hecho superado, la función de las Salas de Revisión debe ir más
allá de declarar la improcedencia de la acción de tutela, por lo que les es
imperativo ‘que la providencia
judicial incluya la demostración de que en realidad  se ha satisfecho por
completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela, esto es, que se
demuestre el hecho superado[8],
lo que autoriza a declarar en la parte resolutiva de la sentencia la
carencia actual de objeto y a prescindir de orden alguna, con independencia
de aquellas que se dirijan a prevenir al demandado sobre la
inconstitucionalidad de su conducta y a advertirle de las sanciones a las que
se hará acreedor en caso de que la misma se repita, al tenor del artículo 24
del Decreto 2591 de 1991.’[9]”[45]. (Negrilla fuera del texto)
34.
Conforme con lo anterior, esta Corporación[46] ha señalado los criterios que
deben examinarse, a fin de verificar la presencia de un hecho superado en un
caso en concreto, a saber:
“1.
Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se
carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho
fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.
2.
Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la
acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado.
3.
Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una
prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se
puede considerar que existe un hecho superado.”
35.
Igualmente, esta Corporación ha reconocido la importancia de analizar en cada
caso en concreto la vulneración o no de los derechos fundamentales alegados por
los accionantes, pese a que se trate de un caso de carencia de objeto por hecho
superado, en el que no puede impartir orden alguna.
“8.
Si bien esta Corporación se ha abstenido en algunos pronunciamientos ‘de desarrollar un análisis de fondo respecto de la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales respecto de los cuales se reclamaba el
amparo constitucional’[17], en decisiones reiteradas se ha declarado que
es ‘perentorio’ que ‘en los casos en que sea evidente que la providencia objeto de
revisión debió haber sido decidida de una forma diferente, a pesar de no tomar
una decisión en concreto, ni impartir orden alguna, se pronuncie sobre el fondo
del asunto, y aclare si hubo o no una vulneración en el caso concreto’[18]. Así las cosas, en términos de la sentencia T-685 de 2010, le corresponde
a esta Corte en el trámite de revisión ‘incluir en la argumentación
de su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales
planteada en la demanda’[19]. Por consiguiente, la Corte debe verificar si
la sentencia proferida por el juez de instancia ‘se ajusta a los preceptos constitucionales o si por el contrario,
la decisión adoptada debió haber sido diferente. En este último caso, es
perentorio que el Tribunal Constitucional efectúe un análisis de la vulneración
de los derechos fundamentales respecto de los cuales se reclamaba el amparo
constitucional en la acción de tutela y revocar la decisión, en ese orden,
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado’[20]”[47]. (Negrilla
fuera del texto)
36.
En suma, la carencia actual de objeto se erige cuando no existe ningún objeto
jurídico sobre el cual el juez de tutela pueda pronunciarse, situación que
puede configurarse a través (i) del daño consumado, (ii) el hecho superado o (iii) cualquier circunstancia que haga inocua las
pretensiones de la solicitud de amparo. Respecto del hecho superado, éste se da
cuando entre la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo, (a) el agente
transgresor satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de
amparo (b) el actor pierde interés jurídico sobre el asunto o (c) existe
sustracción de materia, razón por la cual, las Salas de Revisión de la Corte
Constitucional se encuentran obligadas a verificar su ocurrencia, con el
propósito de hallarse autorizadas para abstenerse de emitir cualquier orden en
el asunto puesto a su conocimiento. Adicionalmente,
le corresponde a la Corte Constitucional en sede de revisión determinar si las
decisiones de los jueces de instancia fueron conforme a las disposiciones
constitucionales y legales aplicables, y para ello debe constatar la
vulneración de los derechos que hicieran procedente la acción de tutela.
G.  SOLUCIÓN DEL CASO EN CONCRETO
37.
En el caso estudiado por la Sala en esta oportunidad, el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si Colpensiones vulneró el derecho fundamental
de petición de los señores Susatama al no resolver en término los recursos
impetrados por éstos, en contra de la resolución que les negó el reconocimiento
de la pensión familiar. Igualmente, la Corte debe definir si en el presente
asunto operó el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado,
toda vez que la entidad demandada en el trámite de tutela no solo se pronunció
sobre los aludidos recursos, sino que el 20 de febrero del año que transcurre,
a través de la Resolución No.VPB6671, reconoció
a los accionantes la pensión familiar.
38. Conforme con los elementos
probatorios aportados por las partes, la Sala advierte que el 16 de mayo de
2016 el apoderado de los señores Susatama radicó ante la Administradora
Colombiana de pensiones – Colpensiones el recurso de reposición y en subsidio
apelación en contra de la Resolución No. GNR 103643 del 13 de abril de 2016,
que les negó el reconocimiento de la pensión familiar. Recursos que, hasta el
25 de agosto de 2016, fecha en la que se presentó la demanda de la referencia
no había sido resuelto por la entidad accionada.
39.
En este orden de ideas, se puede concluir que Colpensiones vulneró el derecho
fundamental de petición de los actores, toda vez que tenía hasta el 9 de junio
de 2016 para resolver los recursos formulados contra la Resolución No. GNR
103643, pues en esa fecha vencían los quince días hábiles señalados por la
jurisprudencia. Sin embargo fue hasta el 6 de
septiembre de 2016, es decir, a los 75 días hábiles siguientes de presentar los
recursos, que la entidad demandada se pronunció sobre los mismos mediante la
Resolución No. GNR 262596.
Cabe
destacar, que dicha resolución fue expedida mientras se tramitaba la acción de
la referencia, previo a que el juez de primera instancia profiriera su fallo, pero
en aquella oportunidad también negó el reconocimiento de la pensión familiar,
al considerar que la señora Jenny Rosario no cumplía con el requisito referido
a haber cotizado el 25% de las semanas requeridas para la pensión de vejez a
sus 45 años.
40.
Una vez revisados en detalle los elementos probatorios obrantes en el
expediente, la Sala puede colegir que la señora Molineros de Susatama sí cumple
con el requisito que echaba de menos la administradora de pensiones, pues al
cumplir los 45 años de edad contaba con 465.57 semanas de cotización en el
Sistema General de Pensiones[48], en ese sentido, la entidad accionada debió reconocer
en favor de los demandantes la pensión familiar. No obstante, en el trámite de
revisión, esta Sala pudo constatar que Colpensiones, el 20 de febrero de 2017,
emitió la Resolución No. VPB6671 mediante la cual resolvió recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución No. GNR 262596 del 6 de septiembre
de 2016, y decidió luego de verificar nuevamente los requisitos de los señores
Susatama, que la señora Jenny Rosario cumplía con todos las exigencias para
acceder a la pensión familiar en compañía de su cónyuge. Por ende, reconoció la
pensión familiar en favor de los demandantes, por un valor de un salario mínimo
legal mensual vigente, desde la fecha de solicitud de tal pensión.
41. Así las cosas, para esta Sala
de revisión quedó evidenciado que, previo a que el apoderado de los señores
Susatama presentara la acción de tutela de la referencia, Colpensiones vulneró
no sólo el derecho de petición de los accionantes, al no resolver en término el
recurso de reposición y en subsidio apelación interpuesto en contra de la
Resolución No. GNR 103643 del 13 de abril de 2016 que les negó el reconocimiento
de la pensión familiar, sino que, adicionalmente, vulneró el derecho a la
pensión familiar de los actores, pues en un primer momento no reconoció el pago
de la misma, pese a que los señores Susatama sí cumplían con los requisitos
para acceder a ella.
Sin embargo, durante el trámite
de la acción de tutela Colpensiones (i) resolvió el recurso que dio origen a la
presente demanda a través de la Resolución No. GNR 262596, emitida el 6 de septiembre de 2016, cesando así la vulneración al
derecho fundamental de petición y (ii) satisfizo de manera íntegra la
pretensión perseguida por los señores Susatama, al reconocerles y ordenar el
pago de la pensión familiar desde la fecha de solicitud de aquella y por el
monto de un salario mínimo mensual legal vigente, configurando así la carencia
actual de objeto por hecho superado.
En
todo caso, llama la atención de la Sala que si bien el
Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogotá amparó el derecho de petición de los accionantes, decidió que carecía
de competencia para pronunciarse sobre la pensión familiar. Igualmente, la Sala
Civil – del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de manera
equivocada, revocó la sentencia de primer grado y en su lugar denegó las
pretensiones de la demanda, al estimar que Colpensiones ya había cesado la
vulneración, al emitir el correspondiente pronunciamiento respecto del recurso
que dio origen a la presente demanda. En consecuencia, se revocará las
sentencias de instancia proferidas por las citadas autoridades judiciales en el
proceso de la referencia y en su lugar, será declarada la carencia actual de
objeto por hecho superado.
G. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
42. Le correspondió
a la Sala Tercera de Revisión examinar el caso de una pareja de cónyuges – la
señora Jenny Rosario Molineros de Susatama de 61 años de edad y el señor Carlos
Julio Susatama Gómez de 65 años de edad –, afiliados al Sisbén III con un
puntaje de 37. 57, los cuales acreditaron en conjunto 1941 semanas cotizadas
ante Colpensiones y solicitaban el amparo de su derecho fundamental de
petición, dado que la entidad accionada no resolvió en término los recursos
formulados contra la resolución que les negó el reconocimiento y pago de la
pensión familiar.
Como resultado de las sub-reglas jurisprudenciales
analizadas en la parte motiva de esta providencia, observa la Sala lo
siguiente:
a)    La acción de
tutela es el mecanismo idóneo y eficaz para garantizar la protección del
derecho fundamental de petición, del cual hacen parte los recursos
administrativos elevados ante las autoridades. Por tanto, la no resolución
oportuna de cualquiera de aquellos recursos faculta al juez de tutela para
corregir tal actuación inconstitucional.
b) Las
autoridades ante las que se presente una solicitud de carácter pensional -
reconocimiento, reajuste, reliquidación o recurso contra cualquiera de las
decisiones de índole pensional tomadas dentro del trámite administrativo -, en
principio, deben resolver la misma dentro de los quince días hábiles siguientes
a su interposición. Salvo que se trate de una petición elevada ante la extinta
Cajanal, ahora la UGPP, en cuyo caso el término para resolver es de 4 meses o
que se refiera al trámite efectivo para el reconocimiento y pago de una mesada
pensional, caso en el cual, la administradora de pensiones cuenta con 6 meses a
partir del momento de la solicitud para realizar las diligencias necesarias,
tendientes al pago de la mesada pensional.
c)     La pensión familiar fue concebida en la Ley 1580 de
2012 como una forma de ampliar la cobertura en el sistema de pensiones, razón
por la cual opera en ambos regímenes pensionales – prima media con
prestación definida y ahorro individual con solidaridad –. En consecuencia, es
un derecho que permite a los afiliados al
sistema, que no puedan completar las semanas de cotización necesarias para
acceder a una pensión de vejez de forma individual, optar por una prestación
opcional a la indemnización sustitutiva o a la devolución de saldos, con el
objeto de amparar el riesgo de vejez sumando los esfuerzos de cotización
o aportes de cada uno de los cónyuges o de cada uno de los compañeros
permanentes.
d)    La pensión familiar en el régimen de prima media con
prestación definida, además de cumplir con los requisitos generales para
acceder a la pensión, los cónyuges o compañeros permanentes deben estar (i)
clasificados en los niveles 1 y 2 de Sisbén y (ii) a los
45 años de edad haber cotizado el 25% de las semanas requeridas para acceder a
una pensión de vejez. Cumplido lo anterior, se les otorgará como monto
pensional un salario mínimo mensual legal vigente.
e)     La carencia actual de objeto se erige cuando no existe
ningún objeto jurídico sobre el cual el juez de tutela pueda pronunciarse,
situación que puede configurarse a través (i) del daño consumado, (ii) el hecho
superado o (iii) cualquier circunstancia que haga inocua las
pretensiones de la solicitud de amparo. Respecto del hecho superado, éste se da
cuando entre la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo, (a) el agente
transgresor satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de
amparo (b) el actor pierde interés jurídico sobre el asunto o (c) existe
sustracción de materia, razón por la cual, las Salas de Revisión de la Corte
Constitucional se encuentran obligadas a verificar su ocurrencia, con el
propósito de hallarse autorizadas para abstenerse de emitir cualquier orden en
el asunto puesto a su conocimiento. Adicionalmente,
le corresponde a la Corte Constitucional en sede de revisión determinar si las
decisiones de los jueces de instancia fueron conforme a las disposiciones
constitucionales y legales aplicables, y para ello debe constatar la
vulneración de los derechos que hicieran procedente la acción de tutela.
43. En suma,  en este caso la
Corte encontró que debía declararse la carencia actual de objeto por hecho
superado ante la vulneración del derecho de petición pensional, al constar que durante
el trámite de tutela (i) la respuesta esperada fue otorgada, en los términos en
los que la ley lo ordena, y (ii) la pretensión pensional perseguida con aquella
solicitud, se satisfizo de manera íntegra.
II.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR las
sentencias proferidas el 9 de septiembre de 2016 y el 6 de octubre de 2016, por
el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogotá y por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil, respectivamente, y en su lugar DECLARAR
la carencia actual de objeto por hecho superado.
SEGUNDO.- Por
Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese
en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
ROCÍO
LOAIZA MILIÁN
Secretaria
General (e)
[1] Folio 1, cuaderno No. 1, se advierte
poder conferido al Dr. Hérminso Gutiérrez Guevara.
[2] Folio 11 – 15 cuaderno No. 1.
[3] Folio 45 del cuaderno principal, se
encuentra visible el registro civil de matrimonio, expedido por la Notaría
Trece del Círculo de Bogotá.
[4] Folio 43 del cuaderno principal, obra
fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora Molineros Susatama, en la que
consta que su fecha de nacimiento fue el 28 de septiembre de 1955.
[5] Folio 44 del cuaderno principal, obra
fotocopia de la cédula de ciudadanía del señor Carlos Julio Susatama, en la que
constan que su fecha de nacimiento fue el 13 de abril de 1951.
[6] Folio 2 cuaderno No. 1. Se advierte
formato de solicitud de pensión familiar y folio 55 cuaderno principal.
[7] Folio 67 – 71 cuaderno principal..
[8] Folio 3 – 10 cuaderno No. 1.
[9] Folio 11 – 15 cuaderno principal.
[10] Folio 29 – 31 y 35 – 45 cuaderno No.
1.
[11] Cabe destacar que conforme con el artículo
1 de la Ley 1580 de 2012 y el artículo 2 del Decreto 288 de 2014, entre los dos
cónyuges o compañeros permanentes deben acreditar “el número de semanas exigidas para el reconocimiento de la pensión de
vejez conforme a lo establecido en el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993”, lo anterior quiere decir, 1300 semanas aportadas al
sistema de pensiones.
[12] Folio 29 – 33 cuaderno principal.
[13] Folio 34 – 35 cuaderno No. 1.
[14] Folio 19 cuaderno No. 1.
[15] Folio 20 – 24 cuaderno No. 1.
[16] Folio 27 -28, 46 – 48 y 49 – 50
cuaderno No. 1.
[17] Folio 4 – 9 cuaderno No. 2.
[18] 21 – 22 cuaderno principal.
[19] Folio 24 – 28 cuaderno principal.
[20] Mediante el Conpes 117 del 25 de
agosto de 2008, se aprobó el diseño e implementación del nuevo índice SISBÉN
III, en el cual se incorporaron variables relacionadas con la vulnerabilidad de
la población. “… El índice SISBÉN III mantiene la línea conceptual de la
versión anterior. Está enmarcado dentro de un enfoque multidimensional de
pobreza. Se define como un índice de estándar de vida conformado por tres
dimensiones: salud, educación y vivienda. Adicionalmente, siguiendo las
recomendaciones del CONPES social 100, el índice SISBÉN III incorpora variables
relacionadas con la vulnerabilidad individual y contextual…”. (Negrilla
fuera del texto).
[21] Folio 34 – 39 cuaderno principal.
[22] Folio 41 – 49 cuaderno principal.
[23] Ver sentencia C-378 de 2010, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio. En esa ocasión la Corte Constitucional estudió la
demanda de inconstitucionalidad contra el  numeral 3º (parcial) del artículo
42 del Decreto Ley 2591 de 1991, “por
el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política” y al respecto señaló: “Son tres las hipótesis
previstas por el Constituyente respecto de la procedencia de la acción de
tutela en el caso de acciones u omisiones de particulares, a saber: a)
Cuando el particular presta un servicio público; b) Cuando la conducta del
particular afecta grave y directamente el interés colectivo; y c) Cuando el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión frente al
particular.” (Destaca la Sala).
[24] Ley 1151 de 2007
Artículo 155. “(…)
Adicionalmente créase una empresa industrial y
comercial del Estado del orden nacional, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente, vinculada al Ministerio de la
Protección Social, denominada Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de
prima media con prestación definida incluyendo la administración de los
beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005,
de acuerdo con lo que establezca la ley que los desarrolle.
(…)”.
[25] Ver sentencias T-1013 de 2006, M.P. Álvaro Tafur
Galvis; T-584 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T- 332 de 2015,
M.P. Alberto Rojas Ríos, entre otras.
[26] Folio 16 cuaderno No. 1.
[27] T- 149 de 2013, M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez. En esa ocasión la Corte resolvió el caso de un
señor que elevó petición ante el INCODER, sin que para la fecha de interposición
de esa tutela tal entidad le hubiese respondido.
[28] Martha Victoria Sáchica Méndez.
[29] Las notas de cita que
aparecen en el interior del texto, corresponden a la sentencia C- 951 de 2014.
[30] De acuerdo con el Sisbén, las personas
del régimen subsidiado estarán en nivel 1, cuando tengan un puntaje entre 0  y
47.99. www.sisben.gov.co.
[31] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Reiterada en la sentencia T-237 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[32] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[33] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[34] Decreto 4269 de 2011
Artículo 1°. Distribución de competencias. La
ejecución de los procesos misionales de carácter pensional y demás actividades
afines que se indican a continuación, será ejercida por la Caja Nacional de
Previsión Social - CAJANAL ElCE en Liquidación y la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social- UGPP, en los siguientes términos:
1. Atención de solicitudes relacionadas con el
reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas Estarán a
cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, las solicitudes de
reconocimientos de derechos pensionales y prestaciones económicas, radicadas a
partir del 8 de noviembre de 2011. A cargo de la Caja Nacional de Previsión
Social - CAJANAL EICE en Liquidación estarán las solicitudes de reconocimiento
de derechos pensionales y prestaciones económicas, radicadas con anterioridad
al 8 de noviembre de 2011.
[35] ARTÍCULO 4o.  A partir de la vigencia de la
presente ley, los operadores públicos y privados del sistema general de
pensiones y cesantías, que tengan a su cargo el reconocimiento del derecho
pensional, tendrán un plazo no mayor de seis (6) meses a partir del momento en
que se eleve la solicitud de reconocimiento por parte del interesado para
adelantar los trámites necesarios tendientes al pago de las mesadas
correspondientes.
[36]  Sentencias
T-207 de 1995 MP. Alejandro Martínez Caballero; T- 409 de 1995 MP. Antonio
Barrera Carbonell y C-577 de 1995 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[37] Art. 10.-“Objeto del sistema general de pensiones. El sistema general de pensiones tiene por objeto
garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la
vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las
pensiones y prestaciones que se determinan en la presente ley, así como
propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de
población no cubiertos con un sistema de pensiones”.
[38] Art.12.- “Regímenes del sistema general de
pensiones.   El sistema general de pensiones está compuesto por dos
regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten, a saber:
a)  Régimen solidario de prima media con prestación definida, y
b)  Régimen de ahorro individual con solidaridad”.
[39] ARTÍCULO 151C.  Quienes cumplan los requisitos
para adquirir el derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez
en el sistema de prima media con prestación definida, podrán optar por la
pensión familiar, cuando los dos cónyuges o compañeros permanentes obtengan la
edad mínima de jubilación y la suma del número de semanas de cotización supere
el mínimo de semanas requeridas para el reconocimiento de la pensión de vejez.
a)  Los cónyuges o compañeros permanentes deberán
estar afiliados al régimen pensional de prima media con prestación definida y
acreditar más de cinco (5) años de relación conyugal o convivencia permanente.
b) Los cónyuges o compañeros permanentes, deberán
sumar, entre los dos, como mínimo, el número de semanas exigidas para el
reconocimiento de la pensión de vejez requeridas de manera individual;
c) En el evento de que uno de los cónyuges o
compañeros permanentes se encuentre cobijado por el régimen de transición,
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la pensión familiar no
se determinará conforme a los criterios fijados en ese mismo artículo;
d) Para efectos de la cotización al Sistema de
Seguridad Social en Salud, el titular de la pensión familiar deberá estar
afiliado y cotizar de acuerdo a lo estipulado en el artículo 204 de la presente ley. El cónyuge o compañero
permanente será beneficiario del Sistema;
e) La Pensión Familiar será una sola pensión, de
acuerdo con el artículo 48 de la Constitución Nacional;
f) En caso de fallecimiento de uno de los cónyuges o
compañeros permanentes beneficiarios de la pensión familiar, la prorrata del
50% acrecentará la del supérstite, salvo que existan hijos menores de edad o
mayores de edad hasta los 25 años que dependan del causante por razón de sus
estudios o hijos inválidos, caso en el cual la pensión del de cujus pasa el 50% al cónyuge o compañero
supérstite y el restante 50% a los hijos. Agotada la condición de hijo
beneficiario, el porcentaje acrecentará a los demás hijos del causante y ante
la inexistencia de hijos beneficiarios acrecentará el porcentaje del cónyuge o
compañero permanente supérstite;
g) El fallecimiento de los cónyuges o compañeros
permanentes no cambia la naturaleza ni cobertura de la prestación, y en caso de
que no existan hijos beneficiarios con derecho, la pensión familiar se agota y
no hay lugar a pensión de sobrevivientes;
h) El supérstite deberá informar a la Administradora
del Sistema, dentro de los treinta (30) días siguientes, el fallecimiento de su
cónyuge o compañero permanente a fin de que se determine que la pensión
continúa en su cabeza, sin que sea necesario efectuar sustitución alguna;
i) En caso de divorcio, separación legal o de hecho,
la pensión familiar se extinguirá y los ex cónyuges o ex compañeros permanentes
tendrán derecho a percibir mensualmente un beneficio económico periódico,
equivalente al 50% del monto de la pensión que percibían;
j) La pensión familiar es incompatible con cualquier
otra pensión de la que gozare uno o ambos de los cónyuges o compañeros
permanentes, provenientes del sistema pensional, de los sistemas excluidos o
las reconocidas por empleadores, incluyendo las pensiones convencionales.
También excluye el acceso a los Beneficios Económicos Periódicos BEPS y a
cualquier otra clase de ayudas y/o subsidios otorgados por el Estado, que
tengan como propósito ofrecer beneficios en dinero para la subsistencia de los
adultos mayores que se encuentran en condiciones de pobreza.
Adicionalmente solo se podrá reconocer una sola vez la
pensión familiar por cada cónyuge o compañero;
k) Solo podrán ser beneficiarios de la Pensión
Familiar, en el Régimen de Prima Media, aquellas personas que se encuentren
clasificadas en el Sisbén en los niveles 1, 2 y/o en cualquier otro sistema
equivalente que diseñe el Gobierno Nacional;
l) Para acceder a la Pensión Familiar, cada
beneficiario deberá haber cotizado a los 45 años de edad, el veinticinco por
ciento (25%) de las semanas requeridas para acceder a una pensión de vejez de
acuerdo a la ley;
m) En el Régimen de Prima Media el valor de la pensión
familiar no podrá exceder de un salario mínimo legal mensual vigente.
[40] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[41] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[42] Ver sentencias T-283 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y T-662 de 2016, M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado. Igualmente, se puede consultar la sentencia T-308 de 2011, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[43] T-011 de 2016, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[44] T-047 de 2016, M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[45] Las citas al interior del texto
pertenecen a la sentencia T-047 de 2016.
[46] T-059 de 2016, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez. En esa ocasión reiteró la sentencia T- 045 de 2008, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[47] Las citas corresponden al texto de la
sentencia T-343 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[48] Es preciso destacar que
el 25% de 1300 semanas son 325 semanas cotizadas.