T-971-99
Sentencia T-971/99
PERSONA JURIDICA-Titularidad de derechos fundamentales
DERECHO A LA
IGUALDAD Y REPRESENTACION-Gestión
de recursos parafiscales por aportantes
FONDO SOLDICOM-Recursos parafiscales
ACCION DE TUTELA-Alcance de la procedencia respecto de
quienes manejan recursos parafiscales
La Sala manifiesta que la procedencia o no
de una acción de tutela contra quienes manejan recursos parafiscales radica en
determinar si tales entes vulneran o no derechos fundamentales, en el caso
concreto.
ACCION DE TUTELA-Improcedencia general para acceder a
órganos de representación y gestión de recursos parafiscales
Como regla general, se puede afirmar que el
acceso a los órganos de representación y a la gestión de los recursos
parafiscales no resultan, a primera vista, objeto de ser protegidos a través de
la acción de tutela. Pues, a pesar de que está de por medio la gestión de
recursos que no son de naturaleza privada sino parafiscal, no se puede afirmar que
quien no tenga acceso a ellos, se le estén violando los derechos a la igualdad
o de asociación, ni que se sitúe, en forma inmediata, en condiciones de
subordinación o indefensión frente a la entidad que le obstaculiza su
ejercicio. Estas circunstancias tendrían que ser probadas por el demandante y
analizadas por el juez de tutela, en el caso concreto.
MEDIO DE DEFENSA
JUDICIAL-Acceso en gestión
de recursos parafiscales y beneficios
Referencia :
Expediente T-253.414
Acción de tutela
presentada por la Federación Colombiana de Distribuidores Minoristas de
Derivados Líquidos del Petróleo y Otros Energéticos - Fedispetrol Colombia -
contra el Fondo de Protección Solidaria - Soldicom - y Fendipetróleo.
Magistrado Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRAN
SIERRA.
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, en
sesión de la Sala Segunda de Revisión, a los dos (2) días del mes de diciembre
de mil novecientos noventa y nueve (1999).
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Eduardo
Cifuentes Muñoz y Carlos Gaviria Díaz, decide sobre la sentencia proferida por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, el día veintiséis (26) de
agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999), en la acción de tutela
presentada por por la Federación Colombiana de Distribuidores Minoristas de
Derivados Líquidos del Petróleo y Otros Energéticos - Fedispetrol Colombia -
contra el Fondo de Protección Solidaria - Soldicom - y Fendipetróleo.
El expediente llegó a la Corte
Constitucional, por remisión que hizo el Consejo, en virtud de lo ordenado por
el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección de Tutelas Número
Diez de la Corte, en auto de fecha 28 de octubre de 1999, eligió, para efectos
de su revisión, el expediente de la referencia.
I. ANTECEDENTES.
a) Hechos.
El representante legal de Fedispetrol
Colombia interpuso acción de tutela contra los entes demandados, pues considera
que ellos han violado los derechos fundamentales a la igualdad y el derecho de
asociación de la Federación que representa.
Señala que Fedispetrol Colombia representa
y es delegataria de los distribuidores minoristas de derivados líquidos del
petróleo. Por ello hacía parte de la Asamblea General y de la Junta Directiva
del Fondo de Protección Solidaria - Soldicom, que es un Fondo creado por la ley
26 de 1989, en beneficio de los distribuidores minoristas de los combustibles
líquidos derivados del petróleo (art. 5º), y que, según la misma ley, debe ser
administrado por la Federación o federaciones de distribuidores minoritarios de
combustible.
Fedispetrol señala que no volvieron a ser
citados a las juntas y asambleas de Solicom, desde cuando pusieron en
conocimiento que habían modificado su nombre, ya que pasaron de denominarse
Fendipetróleo Seccional Centro Oriente, a Federación Colombiana de
Distribuidores Minoristas de Derivados Líquidos del Petróleo y Otros
Energéticos - Fedispetrol Colombia -. Tal información se hizo por comunicación
del 30 de junio de 1998.
El no haber vuelto a citar a Fedispetrol
Colombia a los órganos de administración del Fondo ha tenido como consecuencia
que los beneficios que según la ley corresponde a todos los
distribuidores minoristas, fuesen desconocidos para los agrupados en la nueva
Federación. Considera que esta forma de proceder está encaminada a presionar la
afiliación a la otra asociación : Fendipetróleo.
Señala que los dineros correspondientes a
Fedispetrol Colombia están congelados desde mayo de 1998, lo que claramente
perjudica a los distribuidores asociados a la entidad demandante.
Frente a estos hechos, Fedispetrol
Colombia, con base en el derecho de petición, se ha dirigido al Ministerio de
Minas y Energía y a Soldicom. El Ministerio le respondió que no era competente
en este asunto, y Soldicom le contestó, en concepto del demandante, en forma
poco clara.
El actor considera que hay un problema de
interpretación de la ley por parte de Fendipetróleo, interpretación errada, que
excluye a Fedispetrol Colombia de los beneficios de Soldicom. En este punto
reside la violación al derecho a la igualdad y a la libre asociación.
Las pretensiones del actor son:
"1.- Lograr que
Fendipetróleo en su calidad de Administrador del Fondo "SOLDICOM" no
siga procediendo en forma arbitraria y discriminatoria con los distribuidores
minoristas afiliados a Fedispetrol Colombia, reconocer igualmente todos los
beneficios que desde mayo del año inmediatamente anterior se vienen
conculcando.
"2.- Se nos restituya
la representación en el Fondo "SOLDICOM" a través de Fedispetrol
Colombia para participar en las Asambleas o Juntas del Fondo y en todo aquello
que se decida sobre el mismo." (folio 8)
Es decir, que las pretensiones del actor se
encaminan a que el juez de tutela proteja los derechos de todos los
distribuidores de obtener los beneficios de Soldicom, y que se ordene que
Fedispetrol Colombia haga parte de los órganos de representación del Fondo
Soldicom.
El demandante adjuntó la documentación que
estimó pertinente, entre la que se encuentra la ley 26 de 1989, "por medio
de la cual se adiciona la ley 39 de 1987 y se dictan otras disposiciones sobre
la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo"; el
decreto 844 de 1989, que reglamentó la ley; el certificado de existencia y
representación legal de Fedispetrol Colombia; las cartas que ha dirigido a
Soldicom, al Ministerio de Minas y Energía, y las correspondientes respuestas;
el contrato de administración entre Soldicom y Fendipetróleo ; los estatutos de
Fendipetróleo.
Antes de ser admitida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca la demanda, el actor adicionó el escrito de
tutela. Los puntos nuevos corresponden básicamente a los siguientes: que
Soldicom es un fondo parafiscal; que Fendipetróleo es el administrador del
Fondo. Se refiere, también, a la comunicación en que informa sobre la
irregularidad consistente en no invitarlos a las asambleas y juntas del Fondo.
Así mismo, solicitó que se restituyan a Fedispetrol, los dineros retenidos
desde mayo de 1998.
Pide al juez de tutela que ordene la
siguiente prueba: solicitar a Fendipetróleo que informe a qué Federaciones les
da auxilio económico, su monto y número de afiliados. Y que explique porqué a
los afiliados a Fedispetrol Colombia, cuando solicitan el trámite de las
pólizas de responsabilidad civil extracontractual y amparo de vida, les son
negadas.
b) Actuación procesal.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
una vez admitió la demanda,  ordenó notificar a las entidades demandadas e
informar sobre el inicio de esta tutela al Ministerio de Minas y Energía.
(folio 130)
Fendipetróleo y Soldicom contestaron la
demanda a través del mismo apoderado. Este solicitó que esta tutela se
denegara, por las siguientes razones principales:
- Fedispetrol Colombia nunca ha hecho parte
de la Asamblea o Junta Directiva de Soldicom, pues cuando era una Seccional de
Fendispetróleo hacía parte integrante de los órganos de dirección, pero cuando
se transformó en una nueva Federación, a nivel nacional, no ha hecho parte de
estos órganos de representación.
- El artículo 10 de los estatutos de
Soldicom, aprobados por el Ministerio de Minas y Energía, señala la forma como
se integra la Asamblea General de Afiliados. Allí se establece que se integra
por todos los presidentes de las juntas directivas de las federaciones
seccionales de Fendipetróleo. (folio 136)
Según el mismo artículo, las seccionales
actúan con el poder de representación de todos los distribuidores minoristas,
independientemente de que sean afiliados o no a las respectivas seccionales.
- Según el artículo 7º de la ley 26 de
1989, el Fondo será administrado por la federación o federaciones a nivel
nacional, que agrupen por lo menos un 30% de los distribuidores minoristas de
combustibles líquidos de petróleo. Señala el demandado que Fedispetrol
Colombia, demandante de esta tutela, agrupa un porcentaje muy inferior a este
30%.
- El hecho de que el demandante no pueda
administrar el Fondo de Soldicom no significa que los distribuidores minoristas
afiliados a aquella no reciban los beneficios contemplados por la ley. Lo que
pasa es que tales beneficios se obtienen a través de Fendipetróleo, como
administrador del Fondo.
- Señala que no es cierto que los
distribuidores minoristas afiliados a Fedispetrol Colombia hubieran quedado sin
representación ante Soldicom, quien quedó sin representación en el Fondo es la
nueva Federación.
- Los beneficios de la ley 26 de 1989
corresponden a todo el sector de la distribución y no para un ente gremial.
También señala que en ningún momento se ha
presionado a Fedispetrol Colombia para que pertenezca a Fendipetróleo Nacional.
Finalmente, el apoderado de los entes
demandados hace un examen de la improcedencia de la tutela para el presente
caso, a la luz del artículo 42 del decreto 2591 de 1991. Concluye señalando que
las demandadas son particulares, sobre las que no concurren ninguna de las
causales de procedencia de la tutela, según el mencionado artículo.
Anexó la documentación que estimó
necesaria, y los antecedentes que originaron que la Seccional centro oriente de
Fendispetróleo se convirtiera en una Federación. También acompañó las cartas
que el Ministerio de Minas y Energía ha dirigido a Fedispetrol sobre el tema.
c) Sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección primera, subsección A, denegó esta acción. Consideró que no había
violación de derechos fundamentales. Además, los entes demandados son
particulares, por lo que al analizar la procedencia de la tutela, según la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, no se dan los presupuestos allí
previstos. Analizó los conceptos de indefensión y subordinación, y concluyó el
Tribunal que en el presente caso no se dan, pues la situación en que se colocó
Fedispetrol Colombia es producto de su propia decisión de independizarse de
Fendipetróleo.
Finalmente, dice el Tribunal, que tal como
consta en las comunicaciones del Ministerio, corresponde al interesado impugnar
por la vía contenciosa administrativa la norma que excluye a la demandada de
hacer parte de los beneficios del Fondo Soldicom.
d) Impugnación.
El demandante impugnó esta decisión. Los
argumentos son básicamente los mismos de la acción de tutela. Controvierte que
el Tribunal no hubiera prácticado la  prueba sobre la distribución de los
recursos. En relación con la afirmación de que existe otro medio de defensa
judicial, considera que ya no es posible, pues está caducado el derecho de
acudir ante el contencioso, ya que  el acto administrativo del Ministerio, que
le confirió a Fendipetróleo la administración del Fondo, ocurrió desde antes de
la Constitución de 1991, y antes de 1998 no hubo problemas al respecto. En
consecuencia, no hay ninguna vía jurídica que obligue a la demandada a cumplir
sus obligaciones legales.
e) Sentencia de segunda instancia.
El Consejo de Estado, Sección segunda,
Subsección A, confirmó la sentencia del Tribunal. El Consejo señala que no se
dan ninguno de los presupuestos previstos para la procedencia de la tutela
contra particulares. En segundo lugar que, como lo ha sostenido la Sala Plena
del Consejo, en sentencia del 12 de mayo de 1992, las personas jurídicas no son
titulares de la acción de tutela. y, como tercera razón, el Consejo considera
que si el demandante no encuentra conforme al derecho los estatutos del Fondo
de Solidaridad Soldicom, pudo haber hecho uso de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa,
en su debida oportunidad.
Finalmente, señala el Consejo, que si el a
quo no decretó las pruebas pedidas sobre la forma como se han distribuido
los recursos entre los asociados por parte de las demandadas, esta
inconformidad debió plantearla el actor ante el juez de primera instancia, que
era el momento procesal oportuno para que la parte contra quien instauró la
acción de tutela pudiera, a su vez, controvertirla y solicitar las pruebas que
considerara conducentes.
f) Escrito del demandante a la Corte
Constitucional.
Estando registrado el proyecto de sentencia
de este proceso, la Secretaría General de la Corte hizo llegar, el pasado 26 de
noviembre, al despacho del magistrado ponente, un escrito del demandante de
esta tutela. En dicho escrito, el actor reitera las afirmaciones que ha hecho a
lo largo de esta acción, sobre el manejo que Fendipetróleo le ha dado al Fondo
Soldicom. También acompañó fotocopia de un informe de la Contraloría General de
la República, de mayo de 1999, que no obraba en el expediente. El demandante
hace observaciones a las conclusiones de la Contraloría sobre el manejo del
Fondo. No comparte el hecho de que la Contraloría emita "una opinión
limpia sobre los Estados Financieros del Fondo", ni que considere
"aceptable la gestión del Fondo y el Sistema de Control Interno es
adecuado", si, dice el demandante, a renglón seguido, la propia
Contraloría hace unas observaciones y recomendaciones sobre el manejo del
Fondo.
El actor considera que el informe de la
Contraloría presenta "confusión y poca claridad al determinar
responsabilidades", y explica sus razones.
La Sala pone de presente que analizada esta
intervención del demandante, ella no varía en nada la decisión que se adoptará
en la parte resolutiva de esta tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL.
Primera.- Competencia.
La Corte es competente para conocer de esta
demanda, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución Política y en los artículos 33 a 35 del decreto 2591 de 1991.
Segunda.- Cuestión previa. Legitimidad de
las personas jurídicas para solicitar la protección de sus derechos
fundamentales, a través de la acción de tutela.
Antes de analizar la procedencia o no de
esta acción de tutela, hay que referirse a uno de los argumentos expuestos por
el Consejo de Estado para denegar esta acción: "las personas jurídicas no
son titulares de la acción de tutela, por cuanto no lo son de los derechos
fundamentales que sólo se predican de las personas naturales" (folio 496).
En apoyo de esta consideración, el Consejo transcribe apartes de la sentencia
de la Sala Plena de esa Corporación, del 12 de mayo de 1992.
Sea esta la oportunidad para que la Corte
Constitucional reitere una vez más la jurisprudencia que sobre el tema ha
expresado desde que esta Corporación empezó a revisar las numerosas acciones de
tutela interpuestas por personas jurídicas, y que, en algunas ocasiones, no
fueron objeto de la protección pedida, por parte de la Corte Suprema de
Justicia o del Consejo de Estado, únicamente por esta razón.
La Corte Constitucional, al profundizar en
los derechos fundamentales que pueden ser protegidos a las personas jurídicas,
ha realizado, obviamente, las distinciones correspondientes, para concluir que
si bien no todos los derechos fundamentales, por la propia naturaleza de las
cosas, son predicables de las personas jurídicas, algunos de ellos sí. Por
ejemplo, la persona jurídica a pesar de no ser titular de la protección al
derecho a la dignidad humana, sí lo es del derecho a la protección de su imagen
comercial (sentencia T-472 de 1992) ; no se puede hablar de la protección al
derecho a la vida, pero sí de la protección a su existencia jurídica.
Dada la numerosa jurisprudencia al
respecto, resulta oportuno traer una de las más recientes, en la que se
condensa la esencia de la jurisprudencia. Dice la sentencia T-415 de 1999:
"3.
Titularidad de la acción de tutela en cabeza de las personas jurídicas
"De conformidad
con lo preceptuado en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de
tutela constituye un instrumento jurídico de índole procesal ejercitable por
cualquier persona, es decir, tanto por naturales como las personas jurídicas
para la defensa de sus derechos fundamentales y el restablecimiento de su
efectividad y goce, por la vulneración o amenaza producida por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos
legalmente establecidos, y siempre y cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
"Se resalta de
lo antes manifestado y de conformidad con la reiterada jurisprudencia de esta
Corporación, que la protección a los derechos constitucionales fundamentales no
comprende únicamente a las personas naturales, como erróneamente lo ha
entendido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el
fallo materia de revisión, sino que se extiende a las personas jurídicas.
"En efecto,
cuando el artículo 86 de la Constitución establece que toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública, no está excluyendo a las personas jurídicas, pues
el precepto no introduce distinción alguna, sino por el contrario, las supone
cobijadas por el enunciado derecho cuando de modo genérico contempla la
posibilidad de solicitar el amparo por conducto de otro, sin que nada obste
dentro del sistema jurídico colombiano para que una de las especies de ese
género esté conformada precisamente por las personas jurídicas[1].
"En
consecuencia, con ello, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia insiste en desconocer la también reiterada jurisprudencia de esta
Corte, en la cual ha establecido, con toda claridad, que las personas jurídicas
sí son titulares de derechos fundamentales y que por tanto, lo son de la acción
de tutela consagrada en el artículo 86 de la C.P. Por lo anterior, es
inaceptable que se le someta a la discriminación de no considerarla como
titular de unas garantías que el Estado Social de Derecho ha brindado, por
lógica manifestación de los fines que persigue, a toda persona, sin distinción
alguna.
"Es cierto que la persona jurídica no es titular de los
derechos inherentes a la persona humana, como lo expone la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero sí de derechos fundamentales
asimilados, por razonabilidad, a ella. No tiene el derecho a la vida, pero sí
al respeto a su existencia jurídica. Como también es titular de derechos
constitucionales fundamentales, los cuales se presentan en ella aunque no de
idéntica forma a como se presentan en la persona natural.
"Se concluye pues, que la persona jurídica es titular de
derechos fundamentales y de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de
la Carta Política, y negar su titularidad en aras de exaltar la individualidad
humana es un contrasentido que en última instancia va en contra del mismo
individuo de la especie humana que ve desprotegido su fin racional[2].
(sentencia T415 de 1999, M.P.,
doctora Martha Victoria Sáchica de Moncaleano)
Expuesta nuevamente la jurisprudencia sobre
la titularidad de algunos derechos fundamentales por parte de las personas
jurídicas, la Sala expresa que no comparte las consideraciones que se hicieron
en la sentencia del Consejo de Estado que se revisa.
Ahora, habrá de examinarse lo que se debate
y la procedencia de esta tutela.
Tercera.- Lo que se debate.
El demandante considera que a la Federación
que representa, al no permitírsele participar en los órganos de representación
en el Fondo de Protección Solidaria "Soldicom", y negárseles los
beneficios a los que los asociados de Fedispetrol Colombia tienen derecho,
según la ley 26 de 1989, se les conculcan sus derechos fundamentales a la
igualdad y a la asociación. En consecuencia, solicita al juez de tutela que
proteja los mencionados derechos.
Por su parte, los demandados se oponen a
esta tutela al explicar que la entidad demandante, antes de haberse transformado
de Seccional a Federación, a nivel nacional, siempre estuvo en los órganos de
representación del Fondo Soldicom. Que ahora, como Federación, debe cumplir los
requisitos de la ley 26 de 1989 (agrupar el 30% de los distribuidores
minoritarios), para tener tal representación. Señala que los beneficios del
Fondo se entregan a todos los distribuidores minoritarios de combustibles, pero
a través de Fendipetróleo, que es la Federación con la que se suscribió el
contrato de administración de los recursos del Fondo Soldicom. Y que por
tratarse los demandados de entes de derecho privado, la tutela no es
procedente, pues no se está frente a las circunstancias descritas en el
artículo 42 del decreto 2591 de 1991.
Planteadas así las cosas, entra la Sala a
examinar los siguientes asuntos: si existe vulneración de los derechos
fundamentales señalados por la demandante, de igualdad y asociación, y de ser
ello así, si cuenta con otro medio de defensa judicial.
Cuarta.- El derecho de igualdad y
representación en la gestión de los recursos paraficales, por parte de los
aportantes.
Del escrito de demanda, de las pretensiones
y de las numerosas intervenciones del demandante, al parecer, es en el derecho
a la igualdad y de representación en la gestión de los recursos parafiscales de
los aportantes, en donde radica la posible vulneración de derechos
fundamentales que señala el actor como violados por parte de los demandados,
labor ésta de intelección de la demanda, que no resultó fácil deducir, dada la
confusión conceptual del actor para impetrar la acción.
En consecuencia, para dar claridad y
establecer si esta clase de asuntos son objeto de la acción de tutela, hay que
señalar que el Fondo Soldicom, creado por la ley 26 de 1989, "por medio de
la cual se adiciona la ley 39 de 1987 y se dictan otras disposiciones sobre la
distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo", está
conformado por recursos parafiscales, ya que corresponde a un porcentaje del
margen de rentabilidad que se le retiene al distribuidor minorista de
combustibles líquidos derivados del petróleo, por cada galón de gasolina. El
artículo 8º de ley 26 de 1989 establece la composición del patrimonio del
Fondo:
"Artículo 8.-
El patrimonio del Fondo de Protección Solidaria "Soldicom" estará
conformado por : a) el 0.5 % del margen de rentabilidad señalado por el
gobierno al distribuidor minorista de combustibles líquidos derivados del
petróleo por cada galón de gasolina, el cual será retenido a todo minorista en
al forma que indique el gobierno nacional; b) por las cuotas ordinarias y
extraordinarias que determinen las respectivas asambleas de afiliados y, c) por
las demás fuentes de ingresos propios de las Asociaciones Civiles, determinados
por la Asamblea General"
La misma ley consagra que el Fondo se crea
para el beneficio de sus propios aportantes, es decir, para los distribuidores
minoristas de los combustibles mencionados. El artículo 5º señala:
"Artículo 5.-
Créase el Fondo de Protección Solidaria, "Soldicom", en beneficio de
los distribuidores minoristas de los combustibles líquidos derivados del
petróleo con el fin de:
"a) Velar por
su seguridad física y social;
"b) Realizar
estudios técnicos sobre el mercado, administración y rentabilidad de la
distribución de los derivados del petróleo;
"c) Realizar
programas sobre aseguramiento y prevención de riesgos de su actividad;
"d) Prestarles
asistencia financiera, educativa, técnica y administrativa en sus
establecimientos de distribución del petróleo y sus derivados; y,
"e) Darles
apoyo par ala dotación y adecuación de sus establecimientos a fin de que
cumplan con el servicio público de manera eficiente."
También estableció la ley que la
administración del Fondo correspondería a la federación o federaciones de los
mencionados distribuidores, a nivel nacional, que agrupen por lo menos el 30%
de ellos. Dice el artículo 7º:
"Artículo 7.-
El Fondo de Protección Solidaria "Soldicom" será administrado por la
Federación o federaciones de distribuidores minoristas de combustibles líquidos
del petróleo, a nivel nacional, que agrupen por lo menos el treinta por ciento
(30%) de ellos, debidamente acreditados ante el Ministerio de Minas y Energía.
Los estatutos y sus reformas, para su funcionamiento, deberán ser aprobados por
el Ministerio de Minas y Energía."
Vistas estas normas, no cabe la menor duda
de que el Fondo Soldicom maneja recursos parafiscales. Cabe recordar que la
Corte ha desarrollado una amplia jurisprudencia al respecto, alguna de la cual
tiene que ver con el tema de esta tutela. Se mencionan los siguientes asuntos :
las características de los recursos parafiscales (sentencia C-152 de 1997); la
participación de los aportantes en la administración de los recursos (sentencia
C-152 de 1997); los mecanismos de participación en la gestión de los recursos
parafiscales (sentencia C-191 de 1996); el principio de que los recursos deben
redundar en beneficio de quienes los aportan, y la prohibición de destinar
contribuciones parafiscales a particulares (sentencia C-211 de 1997); que con
la entidad que administrará los recursos parafiscales, se debe suscribir el
contrato respectivo (sentencia C-273 de 1996)  y que el legislador puede
determinar la persona privada que se encargará del manejo de los recursos
(sentencia C-678 de 1998).
Del análisis de estas y otras sentencias
permite desvirtuar uno de los argumentos del apoderado de los entes demandados,
en el sentido de que Soldicom y Fendispetróleo son simples particulares y, en
consecuencia, contra ellos no es posible interponer acción de tutela.
La Sala manifiesta que la procedencia o no
de una acción de tutela contra quienes manejan recursos parafiscales radica en
determinar si tales entes vulneran o no derechos fundamentales, en el caso
concreto.
Quinta.- El acceso en la gestión de los
recursos parafiscales y el acceso a los beneficios ¿son asuntos objeto de
protección a través de la acción de tutela? Existencia de otros mecanismos de
defensa judicial.
Como regla general, se puede afirmar que el
acceso a los órganos de representación y a la gestión de los recursos
parafiscales no resultan, a primera vista, objeto de ser protegidos a través de
la acción de tutela. Pues, a pesar de que está de por medio la gestión de
recursos que no son de naturaleza privada sino parafiscal, no se puede afirmar
que quien no tenga acceso a ellos, se le estén violando los derechos a la
igualdad o de asociación, ni que se sitúe, en forma inmediata, en condiciones
de subordinación o indefensión frente a la entidad que le obstaculiza su
ejercicio. Estas circunstancias tendrían que ser probadas por el demandante y
analizadas por el juez de tutela, en el caso concreto.
En el proceso bajo estudio, no hay siquiera
que realizar un examen sobre los derechos invocados por el actor.
En efecto, éste no demostró que la
Federación que representa cumple el requisito de agrupar el 30% de los
distribuidores minoristas de combustibles líquidos de petróleo, ni probó, que
sus asociados no reciben los beneficios del Fondo. Hay que observar que aunque
demostrara estos puntos, es posible que no sea a través de la acción de tutela
que lograría lo que pretende, sino, haciendo uso de otras vías de defensa
judicial, incluida la acción de cumplimiento, acción consagrada en el artículo
87 de la Constitución y desarrollada en la ley 393 de 1997, sobre la cual
resolvería la autoridad judicial competente, conforme a derecho, lo que fuere
pertinente, si los interesados acuden a ella con los requisitos de orden legal.
En conclusión, la tutela pedida no es
procedente, pues, además de las vías señaladas por los jueces de instancia ante
la jurisdicción contenciosa administrativa, puede disponer de la acción de
cumplimiento mencionada anteriormente. Se reitera que si la demanda contenciosa
de alguno de los  actos administrativos ya caducó, esta sola consideración no
hace que prospere la acción de tutela.
Finalmente, sobre las observaciones que
tiene el demandante en relación con el informe de la Contraloría General de la
Nación, informe que el magistrado ponente recibió el pasado 26 de noviembre, no
es asunto que deba resolver el juez de tutela. Para rebatir informes de esta
naturaleza, la Constitución prevé la utilización de los mecanismos administrativos
y judiciales pertinentes.
En consecuencia, se confirmará la sentencia
que se revisa del Consejo de Estado, pero por razones muy distintas a las por
dicha entidad invocadas.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE :
CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, la
sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
segunda, Subsección A, de fecha veintiséis (26) de agosto de mil novecientos
noventa y nueve (1999), en la acción de tutela presentada por la Federación
Colombiana de Distribuidores Minoristas de Derivados Líquidos del Petróleo y
Otros Energéticos - Fedispetrol Colombia - contra el Fondo de Protección
Solidaria - Soldicom - y Fendipetróleo.
Por Secretaría General, líbrense las
comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase
e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera
de revisión. Sentencia T-437 de junio 24 de 1.992.
2  Cfr. Corte Constitucional. Sala Novena
de Revisión. Sentencia No. 142. Abril 11 de 1.996. Esta misma jurisprudencia ha
sido sostenida invariablemente por la Corporación, en innumerables fallos entre
los cuales cabe citar además, a manera de ejemplo, los siguientes: Sentencia
T-411 del 17 de junio de 1992, (M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero);
Sentencia T-430 de 24 de julio de 1992 (M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero);
Sentencia T-201 de 26 de mayo de 1993 (M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara)  y
Sentencia T-573 de 1994 (M.P. Dr. Fabio Morón Díaz).