T-495-93
Sentencia No
Sentencia No.
T-495/93
ARQUIDIOCESIS DE
BOGOTA-Naturaleza Jurídica
La Arquidiócesis
de Bogotá, entidad sin ánimo de lucro, de Derecho Público Canónico, con
personería jurídica reconocida en virtud del Concordato celebrado con la Santa
Sede y la República de Colombia, aprobado mediante la Ley 20 de 1974,  es decir
para los efectos de la acción de tutela, la Arquidiócesis de Bogotá, responde a
los lineamientos de una organización privada.
ACCION DE TUTELA-Improcedencia/CONTRATO DE TRABAJO-Terminación
Unilateral/JURISDICCION LABORAL
No prospera la
acción de tutela por tratarse de una controversia surgida con ocasión de la
terminación unilateral de un contrato laboral, para cuyo trámite y resolución
están instituidas otras vías judiciales.
PRESUNCION DE
DESPIDO POR EMBARAZO
Los tres meses a
que se refiere la disposición se cumplían el 1º de julio del mismo año, por lo
que la presunción no opera y entonces por fuera del término debe ya existir
prueba suficiente para que el juez competente estime que efectivamente la razón
del despido se fundó en el estado de embarazo.
ENTIDAD SIN ANIMO
DE LUCRO-Pago de
prestaciones sociales
Las entidades sin
ánimo de lucro restringen las prestaciones sociales, mas no las suspenden,
obedeciendo ello a razones de equidad.
EMPLEADOS DE LA
IGLESIA/JURISDICCION LABORAL/JURISDICCION CANONICA
Los casos o
hipótesis en que pueden concebirse las relaciones de la iglesia, como entidad
patronal, con trabajadores a su servicio. Son los siguientes: a) Si la iglesia
obra con carácter de empresa, es decir, con ánimo de lucro, el contrato de
trabajo se rige por las normas generales de la legislación laboral; b) Si la
iglesia obra sin ánimo de lucro, en cuestiones que no se relacionan
exclusivamente con fines espirituales como el servicio del culto, queda también
sujeta a las normas del código, pero con las restricciones o limitaciones
establecidas por el artículo 338 del Código Sustantivo del Trabajo y los
artículos 1º y 2º del Decreto 53 de 1952 en beneficio de los patronos que en el
desarrollo de sus funciones persiguen fines de interés social, sin percibir
utilidades ni repartir dividendos; c) Si la iglesia, finalmente, obra
también sin ánimo de lucro, pero con finalidad expuesta también exclusivamente
a los fines espirituales que le están adscritos, o sea al servicio del culto,
como en el caso de los empleados nombrados, dirigidos y depuestos únicamente
por el rector de la iglesia, según el canon 1185...el asunto queda comprendido
sólo dentro de la legislación canónica, en punto en que es independiente de la
civil y no hace parte de ésta, sino que la misma legislación nacional se
refiere y remite  a la canónica al declarar que las normas laborales sobre los
patronos sin carácter de empresa no se aplican a aquellas personas que, de
acuerdo con el Concordato, están sometidas tan sólo al derecho canónico.
DERECHO AL LIBRE
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD/MATERNIDAD-Protección
Frente al libre
desarrollo de la personalidad reflejado en la maternidad, encuentra la Sala,
que este derecho no le fue coartado ni le fueron impuestas barreras que le
impidieran realizarse como madre. Frente al derecho a la vida, es claro que
tampoco se encuentra vulnerado o amenazado, pues aunque no es la situación
normal la de desempleo, la peticionaria se encuentra en buen estado de salud
que le permiten laborar en forma normal para lograr el sustento propio y el de
su menor hija.
Sala Séptima de Revisión
REF: EXPEDIENTE T-14.701
Peticionaria: Ana Cecilia Ortiz Cubillos.
Procedencia:  Tribunal Superior de Santafé de Bogotá
-Sala Penal-.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Santafé de Bogotá
D.C., octubre veintinueve (29) de mil novecientos noventa y tres (1993)
La Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Alejandro
Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa.
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En proceso de tutela
identificado con el número de radicación T-14.701, adelantado por Ana Cecilia
Ortiz Cubillos.
I. ANTECEDENTES
Con base en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto No. 2.591 de 1991, la
Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para
efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.
Por reparto le
correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual recibió formalmente el
expediente el día 13 de julio del presente año.
De conformidad con
el artículo 34 del Decreto No. 2.591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte
entra a dictar sentencia de revisión.
1. Solicitud.
Ana Cecilia Ortiz
Cubillos otorgó poder a la abogada María Ximena Castilla Jiménez,  para
presentar una solicitud de tutela  para la protección de los siguientes
derechos fundamentales:  a la vida (art. 11),  a la igualdad (art. 13), al
libre desarrollo de la personalidad (art. 16), a la protección de la maternidad
(43) y al trabajo (art. 53), que consideró vulnerados con la acción de la
Arquidiócesis de Bogotá al dar por terminado en forma unilateral el contrato de
trabajo.
Los hechos que
dieron origen a su solicitud, son los que a continuación se reseñan:
1. Ana Cecilia Ortiz
Cubillos se vinculó laboralmente a la Arquidiócesis de Bogotá, el 15 de octubre
de 1985. El término de duración del contrato se pactó indefinidamente.
2. Manifiesta la
peticionaria que en más de siete años de trabajo no tuvo ni una sola llamada de
atención, en relación a su desempeño como secretaria de actas; pero se refiere
a que en las dos ocasiones en las que se encontró en estado de embarazo,
recibió el rechazo de su superior inmediato, el padre José Ignacio Ortega, de
lo que no existe prueba por escrito. Pero en la declaración rendida ante el
Juzgado Sesenta y Tres Penal del Circuito, manifestó bajo la gravedad del
juramento, que tanto el padre Ortega como Monseñor Sarmiento le expresaron su
descontento por el embarazo en estado de soltería y le sugirieron que se casara
para "evitar la vergüenza".
3. Considera la
petente que después del primer embarazo -en el que perdió el bebé-,  continuó
laborando sin problemas. Pero que en el segundo embarazo, y cuando le comunicó
a su superior su estado, nuevamente volvió a sentir el rechazo.
4. Después del
nacimiento de la niña  -1º de abril de 1992-, regresó a trabajar, pero fue
enviada a una dependencia diferente en la que se venía desempeñando, por lo que
considera que fue desmejorada su situación laboral.
5. El 28 de julio de
1992, Monseñor Franco le comunicó la terminación unilateral del contrato de
trabajo, por escrito, en el siguiente tenor:
Santafé de Bogotá,
julio 27 de, 1992
Señora
ANA CECILIA ORTIZ CUBILLOS
La Ciudad
Me permito
comunicarle que hemos tomado unilateralmente la decisión de dar término a su
contrato de trabajo celebrado con la Arquidiócesis de Bogotá, a partir del día
28 de julio de 1992.
Le rogamos acercarse
a la Tesorería General de la Arquidiócesis para reclamar su liquidación
definitiva de las prestaciones que le corresponden.
Le agradecemos sus
servicios y nos suscribimos,
Atentamente,
ARQUIDIOCESIS DE
BOGOTA
Monseñor Arturo
Franco Arango.
6. La señora Ortiz
Cubillos acompaña a la solicitud de tutela la liquidación de prestaciones
sociales en la que se observa que le fueron cancelados los siguientes rubros:
cesantía, intereses de cesantía e indemnización, para un total de seiscientos
ochenta y seis mil, ochenta y nueve pesos ($686.089.oo).
7. Inconforme con la
liquidación realizada por la Arquidiócesis, la peticionaria acudió a la
Inspección Quinta de Trabajo a fín de obtener  el pago de las vacaciones y
algunos elementos de dotación que según ella no le fueron entregados. En la diligencia
de conciliación llevada a cabo el 11 de agosto de 1992, la reclamante manifestó
que: "Ingresé a laborar el día 15 de octubre de 1985 hasta el 28 de julio
de 1992, devengaba un sueldo de $108.752, mensuales, reclamo una hora diaria de
lactancia, la dotación, prima de alimentación para la mujer en embarazo,
vacaciones e indemnización por despido injusto".
El apoderado de la
Arquidiócesis de Bogotá, en uso de la palabra, expresó:
Mi representada es
una Entidad sin ánimo de lucro, de Derecho Público Canónico, reconocida su
personería jurídica en virtud del Concordato celebrado por la Santa Cede (sic)
y la República de Colombia, aprobada por la Ley 20 de 1974, en virtud de su
naturaleza y de las normas legales atinentes citadas, así como también de
acuerdo con lo previsto en el numeral 2º del artículo 338 del C.S.T. la
Arquidiócesis está exluida del cumplimiento de las normas laborales en el caso
de los empleados que desempeñan oficios que se rigen por la  norma Canónica. La
reclamante ocupa el cargo de secretaria de partidas siendo uno de los oficios
excluidos de la legislación laboral ordinaria. No obstante lo anterior y como
el despacho puede observar y revisar a la reclamante se le reconocieron y
pagaron todos los derechos y prestaciones laborales y al terminarse su contrato
le correspondían según la norma laboral y no se hizo uso del derecho o facultad
que la misma ley consagra en favor de las entidades sin ánimo de lucro y de
aquellas que también se rigen por el derecho canónico. A pesar de lo expuesto y
simplemente con ánimo conciliatorio para terminar este asunto en nombre de mi
representada le ofrezco a la reclamante la suma de $20.000.oo para cubrir las
reclamaciones por ella formuladas. Si ella acepta le cancelaré ese dinero el
próximo jueves 13 de agosto a las once de la mañana en la tesorería de la
Arquidiócesis de Bogotá.
8. Como no fue
posible conciliar a las partes durante la audiencia, la Inspectora Quinta,
expresó al término de la diligencia:
AUTO: La suscrita
funcionaria en vista de que las partes no llegaron a un acuerdo conciliatorio
deja en libertad a la reclamante para que acuda ante la justicia ordinaria para
que haga valer sus derechos si así lo desea.
9. Posteriormente la
señora Ana Cecilia Ortiz  Cubillos el 15 de marzo de 1993 presentó solicitud de
tutela, como mecanismo transitorio, con el argumento  que la acción laboral
demoraría por lo menos entre cuatro y cinco años, cuando ya se ha producido la
vulneración de los derechos fundamentales,  y con ella se lograría evitar un
perjuicio irremediable.  Solicita además se ordene su reintegro a la
Arquidiócesis de Bogotá en el mismo cargo que ocupaba.
2. Fallos.
2.1. Fallo del
Juzgado Sesenta y Tres Penal del Circuito de Santafé de Bogotá. Providencia del
31 de marzo de 1993.
El Juzgado Sesenta y
Tres Penal del Circuito partió de dos premisas fácticas. La primera, que tiene
sustento en lo aseverado por la señora Ana Cecilia Ortiz Cubillos, quien
considera que la causa de la terminación unilateral del contrato se originó en
sus dos embarazos siendo soltera, en especial el último. Aduce que no le fueron
canceladas las prestaciones sociales en debida forma.
La segunda premisa
se origina en las declaraciones rendidas tanto por el padre José Ignacio Ortega
Cano como por la señora María Lilia Martínez Medina. De dichas declaraciones se
desprende  que la terminación unilateral del contrato de trabajo de la
peticionaria, responde a que en varias ocasiones le fue llamada la atención en
forma verbal, "a raíz  de la forma descortés  y displicente en que atendía
al público".
La decisión de la
Arquidiócesis de Bogotá  de dar por terminado el contrato de trabajo se
fundamentó en lo previsto por el artículo 61 del Código Laboral, modificado por
la Ley 50 de 1990, según el cual cualquiera de las partes puede dar por
concluida la relación laboral, cancelando las indemnizaciones previstas por la
ley, quedándole a la extrabajadora si a bien lo considera, demandar por la vía
ordinaria laboral el reintegro, es decir, tiene otro mecanismo judicial para
demandar el derecho que reclama, por lo cual resulta improcedente la acción de
tutela, la que de prosperar estaría violando el derecho fundamental de la
autodeterminación.
Parte el Juzgado del
estudio del artículo 86 de la Constitución en lo relacionado con la acción de
tutela originada en la acción u omisión de los particulares, que remite al
artículo 42 del Decreto 2191 de 1991 y que limita la procedencia de la acción
en los casos en que los particulares se encuentren encargados de la prestación
de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés
colectivo o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión.
Del contenido del
inciso 3º del artículo 86 se desprende que la acción de tutela tiene carácter
subsidiario, es decir que sólo puede acudirse a ella cuando se carezca de algún
medio de defensa judicial, pues en caso contrario puede acudirse a aquel de
conformidad con las previsiones legales existentes, ya que este recurso es de carácter
excepcional, por lo que resulta que es de aplicación restrictiva.
La peticionaria
considera que el derecho a la autodeterminación, a su voluntad  de ser madre se
encuentra vulnerado por la decisión de la Arquidiócesis de Bogotá. Ante este
hecho y con las pruebas allegadas al expediente el Juzgado Penal del Circuito
consideró que:  "En el caso sometido a consideración de este Despacho se
encuentra que no se le ha limitado ni impedido ese derecho a la accionante, por
cuanto de la actuación no se desprende que en forma alguna la Arquidiócesis le
haya impuesto unas normas de conducta que le impidieran optar por la condición
de madre, tan cierto es que después de su primer embarazo cuyo fruto perdió,
concibió y dió a luz a Luisa Fernanda Castellanos Ortiz, estando vinculada
laboralmente a la Arquidiócesis de Bogotá. Como tampoco se hizo una exigencia
como la de optar por el estado de casada para permanecer en el empleo con
posterioridad a su estado de gravidez , ni al momento del parto.
No encontró vulnerado
el A-quo el derecho a la igualdad, por cuanto en la relación laboral que
sostuviera la petente con la Arquidiócesis de Bogotá, no se le trató en forma
discriminatoria frente a las demás personas que laboran allí, por lo menos de
las pruebas practicadas no puede inferirse con certeza que hubiese sido
desmejorada de las condiciones laborales que venía teniendo con anterioridad a
su nuevo estado.
En relación con la
vulneración del derecho fundamental a la vida de la accionante como de su
pequeña hija, no se observa en grave riesgo o en situación de amenaza, pues
actualmente gozan de perfecta salud, sin que pueda atribuirse a la terminación
del contrato, los alcances funestos señalados en el petitorio por cuanto si
bien no puede desconocerse que la carencia de un trabajo estable pueda afectar
hacia el futuro esas actuales condiciones, no puede atribuírsele la
consecuencia directa que se pretende.
En relación con el
derecho al trabajo, expresa el Fallador de primera instancia, que éste
efectivamente es un derecho constitucional fundamental, pues así se encuentra
consagrado en el artículo 25 de la Constitución y la Corte Constitucional en
numerosas sentencias se ha referido a su alcance; pero la libertad de contratar
y dar por terminado el contrato en cualquier momento, observando las
disposiciones sobre indemnización por despido injusto,  no constiuyen
vulneración del derecho fundamental.
Por lo tanto, si la
accionante considera que le fueron desconocidos algunos derechos, debió
recurrir a la jurisdicción laboral que le brinda los medios de defensa judicial
que le permiten obtener la reparación que le corresponda según la estimación
que el funcionario competente -juez laboral-,  encuentre razonable, sin que le
sea dable al juez de tutela entrar a definir dicha situación; entre esos
mecanismos cabe señalar la acción de reintegro a que se refiere el Decreto 2351
de 1965, artículo 8º, modificado por la Ley 50 de 1990, artículo 64.
Por lo expuesto, el
Juzgado Sesenta y Tres Penal del Circuito resolvió no tutelar los derechos
fundamentales a la autodeterminación, a la maternidad, a la igualdad, a la vida
y al trabajo, señalados por Ana Cecilia Ortiz Cubillos como vulnerados por la
Arquidiócesis de Bogotá.
Impugnación.
Insiste la apoderada
judicial de la petente  en que los hechos que llevaron al despido injusto de la
señora Ortiz Cubillos se originaron en su embarazo en estado de soltería,  ya
que no aparece constancia por escrito en la hoja de vida de la peticionaria,
que le hubiera sido llamada la atención, durante varios años de trabajo, por
causa de su desempeño laboral.
La actitud de la
Arquidiócesis de Bogotá ha puesto en peligro la vida tanto de Ana Cecilia Ortiz
Cubillos como de su menor hija, pues al ser la primera madre soltera y superar
los cuarenta años, muy difícil resulta conseguir un empleo digno o similar al
que realizaba en la Arquidiócesis.
Por tanto solicita
sea revocada la decisión que niega la vulneración de los derechos fundamentales
y por ende la protección de los mismos.
2.2. Fallo del
Tribunal Superior de Santafé de Bogotá -Sala Penal-. Providencia de mayo 13 de
1993.
Considera el
Tribunal que si bien comprende el drama de la mujer afectada con la
determinación que se critica e impugna de injusta, no puede entrar en el  mérito
del asunto, en su escudriñamiento y juzgamiento de fondo, por cuanto no es de
su incumbencia, ya que los hechos tal y como se presentan deben ser ventilados
dentro de la órbita específica de la jurisdicción laboral, llamada a dirimir el
problema-controversia y, por lo mismo, la divergencia debe ser allí ventilada,
en términos del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo.
Calificar el acto de
despido, en su legalidad o ilegalidad, justicia o injusticia requiere de una
mayor amplitud de debate o de prueba, so pena de desquiciar  la coherencia
interna del sistema jurídico.
La acción de tutela,
en el caso concreto, tampoco es procedente como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, consistente en que sólo puede ser reparado en
su integridad mediante una indemnización, según lo dispone el artículo 6º, del
Decreto 2591 de 1991, lo que no puede predicarse en el caso a estudio, pues la
petente no sólo recibió la indemnización de que dan cuenta las pruebas sino que
en el supuesto  evento de una decisión laboral favorable, puede obtener y
lograr el restablecimiento de su pretendido derecho desconocido, según se
afirma  procesalmente de manera injusta, apoyado en motivos bien cuestionados y
controvertidos jurídica y políticamente, como fueron destacados por la
apoderada judicial de la peticionaria.
Así pues, el
Tribunal Superior de Santafé de Bogotá confirmó en todas sus partes la
providencia impugnada.
3. Solicitud de
selección para revisión por insistencia del Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo, en ejercicio del
derecho de insistencia previsto en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991,
regulado por el Acuerdo 05 de 1992, solicitó para revisión el fallo de tutela
proferido por el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, en relación con la
petición elevada por la señora Ana Cecilia Ortiz Cubillos.
La solicitud se encamina a que la Corte
Constitucional aclare el alcance de los derechos fundamentales a la igualdad,
en los diferentes tópicos (Art. 13 C.N.), y el derecho para acceder a la
administración de justicia (Art. 229 C.N.) en relación con los fines esenciales
del Estado (Art. 2º C.N.), con respecto a las controversias que se derivan de
las relaciones contractuales celebradas entre la Iglesia Católica y demás entes
y organizaciones eclesiásticas, de una parte, y los trabajadores y empleados a
su servicio, de la otra, que pueden generar violación a los derechos
fundamentales, por no estar sometidas las primeras a la normatividad contenida
en el Código Sustantivo del Trabajo, según lo dispuesto en el numeral 2º del
artículo 338 del Código Sustantivo del Trabajo.
II. FUNDAMENTOS JURIDICOS
1. Competencia.
Es competente esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión
dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos
86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto No. 2591 de 1991;
además, su examen se hace por virtud de la selección que de dichas acciones
practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma
señalada por el Reglamento de esta Corporación.
2.  Del caso a
estudio  y su solución.
El caso a estudio de
esta Sala de Revisión se centra en  los siguientes puntos:
1. ¿Cuál es la
naturaleza jurídica de la Arquidiócesis de Bogotá?
2. ¿ Es procedente
la tutela contra particulares cuando existe otro medio judicial de defensa?
En primer lugar, es
preciso partir del destinatario de la tutela -Arquidiócesis de Bogotá-, entidad
sin ánimo de lucro, de Derecho Público Canónico, con personería jurídica
reconocida en virtud del Concordato celebrado con la Santa Sede y la República
de Colombia, aprobado mediante la Ley 20 de 1974,  es decir para los efectos de
la acción de tutela, la Arquidiócesis de Bogotá, responde a los lineamientos de
una organización privada.
En este sentido, con
base en el principio de igualdad de que trata el artículo 13 Superior, para los
solos efectos de esta tutela en concreto la Arquidiócesis será tratada en los
mismos términos que cualquier particular.
Ahora bien, en
segundo lugar, en varias oportunidades la Corte Constitucional se ha referido
al alcance del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, que consagra la
procedencia de la tutela cuando la acción u omisión provienen de un particular.
La Sala de Revisión
reitera que en principio solamente procede la tutela en los siguientes casos:
cuando el particular se encuentra encargado de la prestación de un servicio
público de educación, de salud, servicios públicos domiciliarios  o cuando la
solicitud fuere dirigida contra una organización privada, si el solicitante
tiene una relación de subordinación o indefensión con tal organización.
En estos eventos
procede la tutela contra particulares, siempre y cuando se reúna el otro
requisito señalado por el artículo 86 de la Constitución Política: que no
exista otro medio de defensa judicial. Ello por cuanto la acción de tutela es
subsidiaria y no desplaza los recursos judiciales ordinarios.
Así las cosas, el
presunto despido de la trabajadora por causa del embarazo, ordenado por la
Arquidiócesis, es en todo caso objeto de acciones judiciales ante la
Jurisdicción laboral.
En consecuencia,
no prospera la acción de tutela por tratarse de una controversia surgida con
ocasión de la terminación unilateral de un contrato laboral, para cuyo trámite
y resolución están instituidas otras vías judiciales.
3. Del medio de
defensa judicial alternativo.
Si bien con lo dicho
basta para resolverse este caso y confirmarse por ende el fallo revisado, la
Corte Constitucional desea explicarle a la peticionaria las otras posibilidades
de defensa judicial, con el fin de contribuir a la pedagogía constitucional
(Art. 41 C.P.).
En el caso
particular la peticionaria considera que la causa del despido se origina en la
maternidad. Esta presunción tiene un respaldo legal en el artículo 239 del
Código Sustantivo del Trabajo,  que dispone:
ART. 239.-
PROHIBICION DE DESPEDIR. Subrogado. L. 50/90, art. 35. 1. Ninguna trabajadora
puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia.
2. Se presume
que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando ha
tenido lugar dentro del período de embarazo o dentro de los tres meses
posteriores al parto, y sin autorización de las autoridades de que trata el
artículo siguiente...(negrillas no originales).
Según las pruebas
aportadas al expediente, la carta de terminación unilateral del contrato es de
fecha julio 27 de 1992, y el nacimiento de la niña fue el 1º de abril de 1992.
Es decir, los tres meses a que se refiere la disposición citada anteriormente
se cumplían el 1º de julio del mismo año, por lo que la presunción no opera y
entonces por fuera del término debe ya existir prueba suficiente para que el juez
competente estime que efectivamente la razón del despido se fundó en el estado
de embarazo.
Así pues, la
presunción del despido por embarazo no puede ser considerada, menos aún cuando
no existe -como lo sostuvo el A-quo-,  prueba que demuestre que la causa del
despido se basó en los embarazos de la señora Ortiz Cubillos.
De otro lado, el
Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 338 regula lo relacionado con las
prestaciones sociales de los trabajadores que presten sus servicios a patronos
que ejecuten sus actividades sin ánimo de lucro. La misma disposición consagra
que para los efectos de las prestaciones sociales a que están obligados, el
Gobierno puede efectuar la clasificación de esos patronos y señalar la
proporción y cuantía de dichas prestaciones.
Son entidades sin
ánimo de lucro todas aquellas asociaciones, fundaciones y corporaciones de
derecho privado o público, dotadas de personería jurídica, creadas con el fin
de desarrollar actividades de utilidad pública e interés social, sin percibir
utilidades ni repartir dividendos. Los salarios que estas entidades paguen por
concepto de prestación de servicios personales no se consideran como utilidades
o dividendos.
El numeral segundo
del artículo 338 del Código Sustantivo del Trabajo específicamente se refiere a
la inaplicabilidad del artículo 338 a aquellas personas que, de acuerdo con el
Concordato, están sometidas a la legislación canónica.
Los templos y
capillas de culto público y las casas episcopales y curales, pertenecientes
unos y otras a la religión católica, respecto a sus trabajadores no
comprendidos por el Derecho Canónico, también éstas se encuentran dentro de
esta definición. Los  empleados eclesiásticos sometidos a la legalización
canónica como los sacristanes, los niños del coro, los sepultureros, los
campaneros, los organistas y los empleados de la administración en las curias
diocesanas y parroquiales (secretarios de despacho, administradores,
mayordomos, porteros y sirvientes), son objeto de una legislación especial.
Por regla general,
todos los patronos que efectúen actividades sin ánimo de lucro están sujetos al
régimen laboral ordinario; pero para el sólo efecto de las prestaciones
sociales, estos patronos sin el carácter de empresa podrán pagar el 50% de cada
una de las prestaciones consagradas en la ley en favor de sus trabajadores.
Para acogerse a este beneficio, los patrones o entidades sin ánimo de lucro
deberán solicitar autorización previa al Ministerio de Trabajo (División de
Relaciones Individuales), junto con la cual es indispensable acreditar
plenamente  que la suma de los pagos totales por concepto de sueldos,
emolumentos y honorarios de funcionarios de la entidad no es superior al 30% de
sus entradas, salvo casos expresamente autorizados por esta misma división del Ministerio.
En caso contrario estarán obligados a pagar la totalidad de las prestaciones
sociales de sus trabajadores. La afiliación al ISS de los trabajadores al
servicio de entidades sin ánimo de lucro es obligatoria y se regula por las
normas generales.
Es decir, las
entidades sin ánimo de lucro restringen las prestaciones sociales, mas no las
suspenden, obedeciendo ello a razones de equidad. En relación con la Iglesia
Católica, el artículo 3º del Decreto Reglamentario 53 de 1952, estableció:
ART. 3º -Pago de
prestaciones. Los patronos de que trata el artículo 1º estarán obligados al
pago del cincuenta por ciento (50%) de cada una de las prestaciones que fija la
ley.
Al respecto, la
Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, en sentencia del 26 de abril de 1969,
estableció que la Iglesia no está sometida al Código Sustantivo del Trabajo,
cuando obra sin ánimo de lucro, especialmente en los fines espirituales que le
son propios. En la sentencia mencionada expresó:
El Código Sustantivo
Laboral actual recogió y plasmó el pensamiento jurisprudencial del Tribunal
Supremo ya que de sus regulaciones surgen con claridad palmaria los tres casos
o hipótesis en que pueden concebirse las relaciones de la iglesia, como entidad
patronal, con trabajadores a su servicio. Tales casos son los siguientes: a) Si
la iglesia obra con carácter de empresa, es decir, con ánimo de lucro, el
contrato de trabajo se rige por las normas generales de la legislación laboral;
b) Si la iglesia obra sin ánimo de lucro, en cuestiones que no se relacionan
exclusivamente con fines espirituales como el servicio del culto, queda también
sujeta a las normas del código, pero con las restricciones o limitaciones
establecidas por el artículo 338 del Código Sustantivo del Trabajo y los
artículos 1º y 2º del Decreto 53 de 1952 en beneficio de los patronos que en el
desarrollo de sus funciones persiguen fines de interés social, sin percibir
utilidades ni repartir dividendos; c) Si la iglesia, finalmente, obra
también sin ánimo de lucro, pero con finalidad expuesta también exclusivamente
a los fines espirituales que le están adscritos, o sea al servicio del culto,
como en el caso de los empleados nombrados, dirigidos y depuestos únicamente
por el rector de la iglesia, según el canon 1185...el asunto queda comprendido
sólo dentro de la legislación canónica, en punto en que es independiente de la
civil y no hace parte de ésta, sino que la misma legislación nacional se
refiere y remite  a la canónica al declarar que las normas laborales sobre los
patronos sin carácter de empresa no se aplican a aquellas personas que, de
acuerdo con el Concordato, están sometidas tan sólo al derecho canónico1.
Por las normas
citadas, reiteradas por la Sentencia de 1969, se observa que los trabajadores
particulares al servicio de la Iglesia reciben la mitad (50%) de las
prestaciones de los demás trabajadores.
En el caso concreto
se observa entonces que a pesar de lo dispuesto en el artículo 338 del Código
Sustantivo del Trabajo, la Arquidiócesis de Bogotá liquidó y canceló la
totalidad de las prestaciones sociales a la señora Ana Cecilia Ortiz Cubillos,
y no solamente el 50%, como se desprende del documento de liquidación de
prestaciones sociales:
Liquidación
Cesantías 208x
114.785/360                         $   66.320
Intereses Cesant.
(208x66.320x12)/36.000    $     4.598
Primas:
Vacaciones.
Indemnizaciones:
(114.785/30x160.78           $   615.171
Salarios
Subsidio de
transporte.
Otros
Suman
$  686.089
Para la Sala de
Revisión de la Corte Constitucional, la peticionaria puede acudir ante la
justicia ordinaria para que ante dicha jurisdicción, reclame las prestaciones
sociales que considera no fueron canceladas y ante el juez competente se pruebe
si el proceder de la Arquidiócesis de Bogotá fue correcto y se  ajustó a las
disposiciones laborales.
Como ya lo ha
establecido la Corte Constitucional, la acción de tutela no tiene el fin de dar
solución a conflictos de ordinaria ocurrencia entre personas o entidades, si la
materia de ellos corresponde simplemente a la normal contraposición de
intereses, o a las dificultades que supone toda convivencia.
Si existió error en
la liquidación de sus prestaciones sociales,  por parte de la Arquidiócesis,
que puedan llegar a significar vulneración a los derechos subjetivos de
contenido económico que surgen como consecuencia de la relación laboral, no es
el juez de tutela el llamado a resolver sobre el tema, sino el juez competente
-en este caso el laboral-, quien debe establecer si el monto de la liquidación
era o no el correcto.
Los demás derechos
fundamentales que los que se refiere la peticionaria,  tales como el derecho al
libre desarrollo de su personalidad, del derecho a la vida, a la maternidad, es
preciso manifestar que si bien son derechos fundamentales que deben ser
protegidos, en el caso concreto no existe prueba que demuestre que
efectivamente han sido vulnerados, como bien lo establecieron los fallos
revisados.
En efecto, frente al
libre desarrollo de la personalidad reflejado en la maternidad, encuentra la
Sala, que este derecho no le fue coartado ni le fueron impuestas barreras que
le impidieran realizarse como madre. Frente al derecho a la vida, es claro que
tampoco se encuentra vulnerado o amenazado, pues aunque no es la situación
normal la de desempleo, la peticionaria se encuentra en buen estado de salud
que le permiten laborar en forma normal para lograr el sustento propio y el de
su menor hija. Igual sucede con la maternidad.
La tutela, en el
caso concreto, tampoco es procedente como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, consistente en que sólo puede ser reparado en su
integridad mediante una indemnización, según lo dispone el artículo 6º, del
Decreto 2591 de 1991, pues la señora Ortiz Cubillos no sólo recibió la
indemnización de que dan cuenta las pruebas sino que en el supuesto  evento de
una decisión laboral favorable, puede obtener y lograr el restablecimiento de
su pretendido derecho desconocido.
Como punto final, la
Sala de Revisión de la Corte Constitucional no entra a analizar por vía de
revisión de tutela la inconstitucionalidad del artículo 338 del Código
Sustantivo del Trabajo frente a los artículos 13 (igualdad), 25 (la protección
del Estado al trabajo en todas sus modalidades) y 229 (acceso a la justicia),
por cuanto la disposición mencionada no es el motivo de la solicitud de tutela.
Si el juez ordinario
frente a la aplicación de la norma laboral encuentra que esta norma es
contraria a lo dispuesto por la Constitución, deberá aplicar de preferencia la
Carta, acudiendo en sustento de ello a la figura de la excepción de
inconstitucionalidad consagrada en el inciso primero del artículo 4º de la
Constitución Política.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional,
RESUELVE
PRIMERO:   CONFIRMAR  la sentencia proferida
por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá,
por las razones expuestas en esta sentencia.
SEGUNDO:  COMUNICAR a través de la Secretaría General
de la Corte Constitucional el contenido de esta sentencia a la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, al Juzgado
Sesenta y Tres Penal del Circuito de esta ciudad, a la Arquidiócesis de Bogotá,
al Defensor del Pueblo y a la peticionaria de la tutela.
Cópiese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Ponente
FABIO MORON
DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA.
Magistrado
HERNAN ALEJANDRO OLANO GARCIA
Secretaria General (E).
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia de
abril 26 de 1969