T-126-08
II
Sentencia T-126/08
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA-Solicitud para ser
ingresada como beneficiaria de su padre a la EPS ante la desafiliación por
parte de su madre debido a que no pudo seguir cancelando la afiliación
PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD-Criterios jurisprudenciales aplicables
ACCION DE TUTELA-Hecho superado por
cuanto fue nuevamente afiliada como beneficiaria de su madre a la EPS y
continuidad del servicio médico
Referencia:
expediente T-1714267
Acción de
tutela de Nadia Milena Henao García, contra Carlos Alberto Henao Botero.
Procedencia: Juzgado Treinta y
Cinco Penal Municipal de Medellín.
Magistrado Ponente:
Dr. NILSON PINILLA PINILLA
Bogotá, D. C.,  catorce (14) de febrero de dos mil ocho
(2008).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Humberto
Antonio Sierra Porto y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en la revisión
del fallo dictado por el Juzgado Treinta y Cinco Penal Municipal de Medellín, dentro
de la acción de tutela instaurada por Nadia Milena Henao García, contra Carlos
Alberto Henao Botero.
El asunto llegó
a la Corte Constitucional por remisión que hizo el referido despacho, en virtud
de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, y el 4 de octubre de
2007 fue elegido por la Sala Décima de Selección, para su revisión.
I. ANTECEDENTES.
1. Hechos y relato efectuado por la demandante.
La señorita Nadia Milena Henao García, de
19 años de edad, esta cursando III semestre de Licenciatura en Educación
Preescolar en la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia.
Manifestó que actualmente está inactiva
laboralmente; vive con su madre Miriam del Socorro García Botero, quien se
dedica a la venta de chance y “hasta hace un mes pagaba la salud a la EPS
CAFESALUD, y yo estaba como beneficiaria, pero debido a la nueva ley que empezó
a regir desde el 1° de mayo/07, según la cual se deben pagar todos los
parafiscales, pero los pocos ingresos que mi madre recibe por su trabajo, no
alcanzan para cubrir estos parafiscales” (fs. 1 a 3 cd. inicial).
Agregó que le ha solicitado a su padre Carlos
Alberto Henao Botero, rector de una institución educativa en Sabaneta,
afiliarla como beneficiaria en el servicio de salud a la Fundación Médico
Preventiva, entidad que le exigió una declaración extrajuicio de dependencia
económica debido a su edad (19 años), pero “se niega a cumplir con este
requisito en venganza, conmigo y con mi madre ya que lo tenemos embargado por
el Juzgado Segundo de Familia” por el pago de alimentos desde 1998.
Indicó que su padre la tuvo afiliada a la
EPS del magisterio “y hubo un tiempo en que a los educadores los sacaron del
sistema al igual que a sus beneficiarios, entonces ante esa situación, mi mamá
me afilió a la EPS que ella estaba pagando” (f. 9 ib.); hace más de 20
meses le fue diagnosticado cáncer de tiroides, se le han practicado 2 cirugías
para extraer el órgano y requiere tratamiento permanente y un medicamento de
por vida.
Considera
vulnerados sus derechos por la omisión del accionado a realizar la declaración
extrajuicio de dependencia económica, que es requisito previo para la
afiliación como hija beneficiaria en la EPS Fundación Médico Preventiva, a la
cual él pertenece.
2. Documentos allegados en fotocopia.
2.1. Cédula de ciudadanía de Nadia Milena Henao García (f. 4 ib.).
2.2. Informe de patología de julio 21 de 2007, diagnóstico “Tiroides
Lóbulo Derecho (Hemitiroidectomia) Ca Papilar Patrón Folicular Tiroiditis De
Hashimoto”, suscrito por Cecilia A. Henao Calle, médico patólogo (f. 5 ib.).
2.3. Listado de los requisitos exigidos para la afiliación a la EPS (f.
6 ib.).
2.4. Registro civil de nacimiento de Nadia Milena Henao García (f. 7
ib.).
2.5. Certificación de la matrícula de la actora en tercer semestre
de Licenciatura en Educación Preescolar, intensidad de 22 horas semanales en
jornada diurna, expedida en abril de 2007 por la oficina de Admisiones y
Registro de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia (fs. 13 y 14 ib.).
2.6. Fallo del Juzgado Segundo de Familia de Medellín de octubre 20
de 1998, que condenó al señor Carlos Alberto Henao Botero a suministrar a su
menor hija Nadia Milena Henao García una cuota del 25 % de su salario y
prestaciones sociales y la totalidad del subsidio familiar que le sea
reconocido (fs. 22 a 29 ib.).
3. Respuesta de Cafesalud EPS.
La Apoderada
Judicial de la EPS Cafesalud, seccional Antioquia, en escrito de mayo 29 de 2007
dirigido al a quo, informó que Nadia Milena Henao García se encuentra en
estado activo como beneficiaria de “Miriam del Socorro García Botero, por lo
tanto tiene derecho a servicios plenos dentro del Plan Obligatorio de Salud en
Cafesalud EPS… Es importante resaltar que nuestra Entidad nunca le ha negado
ningún servicio a la accionante … por lo tanto no hemos atentado contra ningún
derecho fundamental”.
Agregó que para
la procedencia de la acción de tutela, “es requisito la inexistencia de otros
medios de defensa judicial, que puedan ser incoados por el accionante. Al
respecto de lo solicitado, existe otro mecanismo jurídico al que pudo haber
acudido el recurrente, por cuanto de conformidad con la Ley 362 de 1997,
reformatoria del artículo segundo (2°) del Código de Procedimiento Laboral, la
jurisdicción laboral es la competente para resolver de los conflictos entre las
entidades de seguridad social y sus afiliados” (fs. 16 a 19 ib.).
4. Actuación procesal.
El Juzgado Treinta
y Cinco Penal Municipal de Medellín, luego de disponer la corrección de la
demanda, mediante auto de mayo 16 de 2007 ordenó la iniciación y le otorgó dos
días al demandado Carlos Alberto Henao Botero para que rindiera sus descargos,
pero no obtuvo respuesta. El 24 de los mismos estimó también conveniente
vincular a la EPS Cafesalud y así mismo le pidió rendir sus descargos,
obteniendo la ya citada contestación.
5. Sentencia  única
de instancia.
Mediante
sentencia de junio 1° de 2007, el Juzgado Treinta y Cinco Penal Municipal de
Medellín resolvió “negar por improcedente” la tutela solicitada, estimando
que mientras “la accionante permanezca afiliada a CAFESALUD como realmente
lo está en este momento, existe la plena garantía de la prestación de los
servicios de salud y especialmente de aquellos que se deriven de su diagnóstico
actual y que efectivamente se le vienen prestando, lo que desvirtúa el objeto principal
de esta acción constitucional orientada siempre a la protección efectiva de los
derechos fundamentales”.
Agregó que “en caso de que por
cualquier motivo se llegara a producir su desafiliación de la EPS CAFESALUD y
aún para ese momento su padre continué negándole la oportunidad de disfrutar de
mejores servicios de salud, a la accionante le quedará la opción de acudir al
Sisben con el fin de recibir los beneficios que dicha entidad le ofrece, entre
tanto pueda vincularse a otro plan o sistema de salud”.
Finalmente anotó que el señor Henao Botero “queda exhortado para
que tenga en cuenta que de conformidad con la normatividad vigente, es su deber
proporcionarle los medios a su hija con el fin de que si se de su desafiliación
de CAFESALUD, ella pueda acceder a la entidad promotora de salud que le presta
los servicios a los educadores, procurando de esta manera una mejor atención,
dada la patología que la aqueja”.
II. CONSIDERACIONES DE
LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera. Competencia.
La Corte Constitucional es competente
para resolver este asunto, en Sala de Revisión, en virtud de lo dispuesto en
los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política y 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Segunda. El asunto objeto de discusión.
En el caso bajo estudio, esta Sala de Revisión analiza si Carlos
Alberto Henao García vulnera los derechos fundamentales a la salud, a la vida y
a la seguridad social de la demandante, hija suya, al negarse a darle la
declaración extrajuicio de dependencia económica, que es requisito previo para
la afiliación como su beneficiaria en la EPS Fundación Médico Preventiva.
Tercera. Procedencia excepcional de la acción de
tutela contra particulares.
Según el inciso final del artículo 86 de la Carta Política, los
presupuestos para que la acción de tutela proceda contra particulares se dan i)
cuando el particular esté encargado de la prestación de un servicio público; ii)
cuando la conducta del particular afecte grave y directamente el interés
colectivo; iii) en aquellos eventos en los cuales el actor se encuentre
en estado de subordinación o indefensión frente al particular accionado.
Esta norma encuentra desarrollo en el artículo 42 del Decreto 2591
de 1991:
“Art. 42. Procedencia. La acción de tutela procederá contra
acciones u omisiones de los particulares en los siguientes casos:
…   …   …
9. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad
de[1]
quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del
particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del
menor que solicite la tutela.”
Esta corporación
ha definido el estado de indefensión, en general, como el que se presenta
cuando el afectado no tiene posibilidades de hecho ni de derecho para
defenderse de una agresión injusta por parte del demandado[2].
En este mismo sentido, existe indefensión si median otros supuestos, como:
“i) la imposibilidad del particular de satisfacer una necesidad
básica o vital, por la forma irracional, irrazonable y desproporcionada como
otro particular activa o pasivamente ejerce una posición o un derecho del que
es titular; ii) la existencia de un vínculo afectivo, moral, social o
contractual, que facilite la ejecución de acciones u omisiones que resulten
lesivas de derechos fundamentales de una de las partes como en la relación
entre padres e hijos, entre cónyuges, entre copropietarios, entre socios, etc.
iii) el uso de medios o recursos que buscan, a través de la presión social que
puede causar su utilización, el que un particular haga o deje de hacer algo en
favor de otro.”[3]
Ha de tenerse en
cuenta, de otra parte, que el Juzgado de conocimiento también vinculó a la
sociedad privada Cafesalud EPS, que según el numeral 2° de ese mismo artículo
42 en cita, es pasible de responder por vía de tutela, al estar a su cargo la
prestación del servicio público de salud.
Cuarta. Principio de
continuidad en la prestación del servicio de salud.
El constituyente
de 1991 dedicó especial consideración al derecho a la salud, referido de manera
expresa en el artículo 49 de la Carta, que dispone su atención como un servicio
público a cargo del Estado, garantizando a todas las personas el acceso a los
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Señala también
este artículo que corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la
prestación de servicios de salud a los habitantes, conforme a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad, así como establecer las políticas para
su atención por entidades privadas, bajo su vigilancia y control, mientras por
ley serán señalados los términos en los cuales la atención básica para todos
los habitantes será gratuita y obligatoria. [4]
Otro de los
principios que rigen este servicio público es el de continuidad, que
implica que debe prestarse de manera ininterrumpida, constante y permanente.
Tal postulado obedece a que es deber del Estado garantizar su prestación
eficiente, obligación que igualmente asumen los entes privados que se
comprometan a garantizarlo y prestarlo.
La
jurisprudencia de esta Corte ha sostenido, de manera reiterada[5],
que en tanto el servicio de salud es considerado un servicio público esencial,
no debe ser interrumpido, sin justificación constitucionalmente admisible. Al
respecto se observa:
“La
jurisprudencia constitucional se ha encargado de concretar el contenido y
alcance del derecho de los ciudadanos a no sufrir interrupciones abruptas y sin
justificación constitucionalmente admisible de los tratamientos en salud que
reciben. Los criterios que informan el deber de las EPS de garantizar la
continuidad de las intervenciones médicas ya iniciadas son: (i)  las
prestaciones en salud, como servicio público esencial, deben ofrecerse de
manera eficaz, regular, continua y de calidad, (ii) las entidades que tienen a
su cargo la prestación de este servicio deben abstenerse de realizar
actuaciones y de omitir las obligaciones que supongan la interrupción
injustificada de los tratamientos, (iii) los conflictos contractuales o
administrativos que se susciten con otras entidades o al interior de la
empresa, no constituyen justa causa para impedir el acceso de sus afiliados a
la continuidad y finalización óptima de los procedimientos ya iniciados.”[6]
Se ha
determinado también el criterio de necesidad del tratamiento o
medicamento, como pauta para establecer cuándo resulta inadmisible que se
suspenda el servicio público de seguridad social en salud[7].
En sentencia C-800 de 2003 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, que declaró
exequible el artículo 43 de la Ley 789 de 2002, se explicó:
“… si una persona deja de tener una relación laboral, no vuelve a
cotizar al régimen contributivo del sistema de Salud y no se encuentra
vinculada de ninguna otra forma a dicho régimen, pero estaba recibiendo un
servicio específico de salud, se pueden distinguir dos situaciones posibles:
(a) que la vida y la integridad de la persona dependan del servicio médico
específico que se está recibiendo… En la primera situación, constitucionalmente
no es admisible que se interrumpa el servicio de salud específico que se venía prestando,
pues, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, ello implicaría
sacrificar el goce efectivo de los derechos a la vida y a la integridad de una
persona. Son entonces las EPS que prestaban en cada caso específico el servicio
requerido las que deben garantizar, en primera instancia, que la prestación del
mismo no se suspenda; en segunda instancia, la obligación de garantizar la continuidad en la prestación del servicio será
responsabilidad de la entidad o las entidades a las cuales les corresponda
seguir atendiendo a la persona, dependiendo de la situación jurídica y
económica en la que ésta se encuentre.”
Con relación a
los principios de buena fe y confianza legítima, en la sentencia T-573 de 2005
(mayo 27, M. P. Humberto Sierra Porto )[8],
se reafirmó:
“La continuidad en la prestación del servicio público de salud se ha
protegido no sólo en razón de su conexión con los principios de efectividad y
de eficiencia sino también por su estrecha vinculación con el principio
establecido en el artículo 83 de la Constitución Nacional de acuerdo con el
cual ‘Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de buena fe, la cual se presumirá en todas las
gestiones que aquellos adelanten ante estas.’ Esta buena fe constituye el
fundamento sobre el cual se construye la confianza legítima, esto es, la
garantía que tiene la persona de que no se le suspenderá su tratamiento una vez
iniciado.”
Quinta.
Concepto de hecho superado.
Esta corporación, a lo largo de su jurisprudencia, ha determinado
que existen eventos en los cuales en el trámite de una determinada acción de
tutela, sobrevienen unos hechos que demuestran que la vulneración a los
derechos fundamentales sobre los que se pretende el amparo, ha cesado.[9]
En estos casos, se ha entendido que la pretensión que motiva la
acción está satisfecha y, en consecuencia, la tutela pierde eficacia y razón,
al extinguirse el objeto jurídico sobre el cual se pretendía, resultando inocua
cualquier decisión al respecto.
Es de resaltar que lo importante para que se establezca la
existencia de un hecho superado es que emerja un acto o suceso que conlleve el
cese de la vulneración a los derechos fundamentales del actor; esto quiere
decir que cualquier otra pretensión propuesta por el demandante, que tuviera
que ver directamente con la zanjada conculcación de sus derechos fundamentales,
no puede ya resolverse por la vía constitucional.
Respecto de la procedencia de la acción de tutela en lo casos en los
cuales se determine la existencia de un hecho superado, la Corte ha determinado
lo siguiente:
“En un principio, la Corte Constitucional decidió que en aquellos
procesos de tutela en los que se presentaba un hecho superado, dado que la
situación u omisión acusada de vulnerar o amenazar un derecho fundamental había
desaparecido, se debía declarar que la tutela era improcedente, puesto que la
orden que podría impartir el juez de tutela caería en el vacío. En otras
ocasiones, la Corte ha procedido a  confirmar lo fallos de tutela, con base en
el mismo argumento acerca de la carencia actual de objeto, o ha decidido
abstenerse de pronunciarse. Sin embargo, esta posición ha variado. Es así como
en la sentencia T-271 de 2001 se manifestó que también en aquellos casos en los
que se observe carencia de objeto de la acción y sea evidente que la tutela
debía haber sido decidida en un sentido diferente la Corte debe definir si
confirma o revoca, si bien con la anotación de que no se pronunciará de fondo –
no impartirá órdenes – para indicar un remedio judicial sobre el problema
jurídico.”[10]
Sexta. Caso
concreto.
En el asunto analizado, Nadia
Milena Henao García pretende que su padre, Carlos Alberto Henao Botero, le
gestione el ingreso como beneficiaria suya a la EPS Fundación Médico Preventiva
a la cual él se encuentra afiliado; se habrá indicado que, por asuntos
económicos, la mamá de la actora no podrá seguir pagando como cotizante
independiente y debido a la enfermedad que Nadia Milena padece,  necesita
permanente cubrimiento médico. Es de anotar que a la demandante se le
diagnosticó hace 20 meses, aproximadamente, cáncer de tiroides y ha recibido
desde entonces el tratamiento respectivo, durante la vigencia de la afiliación
a la EPS Cafesalud.
El Juzgado de
instancia notificó al padre de la accionante para que ejerciera su derecho de
defensa y se pronunciara sobre el asunto, pero guardó  silencio, razón por la
cual se presume la veracidad (art. 20 D. 2591 de 1991) de la situación de
dependencia económica en que se encuentra Nadia Milena Henao García, además de
que efectivamente recae un embargo por alimentos sobre el salario devengado por
el señor Carlos Alberto Henao Botero.
Según la información allegada a este despacho (f. 18 cd. Corte.), la
accionante fue afiliada nuevamente como beneficiaria de Miriam del Socorro
García Botero a Cafesalud EPS desde enero 16 de 2008, según la copia enviada
vía fax del formulario único de afiliación, significando que continúa aportando
a la mencionada EPS y por lo tanto no se interrumpirá su tratamiento médico.
Aun cuando se
aprecia, de acuerdo con la aseveración de la apoderada de esta EPS, que
Cafesalud reconoce la inscripción de Nadia Milena como beneficiaria de Miriam del
Socorro García Botero, se hace indispensable asegurar la protección de los
derechos fundamentales de la demandante, quien ante la temida desafiliación de
su mamá intenta que su progenitor le gestione la declaración juramentada o la
afilie personalmente a la EPS Fundación Médico Preventiva, pues podría quedar
desprotegida dada la arbitraria renuencia de Carlos Alberto Henao Botero, a
quien ciertamente le asiste el deber de afiliar como beneficiaria a su hija,
enferma como ha estado, a la EPS a la cual él se encuentre adscrito como rector
de una institución educativa en Sabaneta, Antioquia, o a la que posteriormente
se afilie.
Así las cosas,
por las razones expuestas en las consideraciones de esta providencia y lo
manifestado en nombre de Cafesalud EPS, resulta claro que ésta reconoce que
tiene que darle continuidad a la atención integral otorgada a la actora,
por el cáncer de tiroides que padece, más aún cuando se ha demostrado que
continúa afiliada como beneficiaria de su señora madre.
Bajo los anteriores
supuestos y teniendo en cuenta las reglas que esta corporación ha delimitado
frente a situaciones semejantes[11], la Sala estima que la
presunta amenaza o vulneración de los derechos de la demandante no se
encuentran en peligro, ya que continúa vinculada como beneficiaria en la EPS
Cafesalud y nunca le han negado la prestación del servicio que ha requerido por
su enfermedad.
En consecuencia,
la Sala revocará el fallo proferido en junio 1° de 2007 por el Juzgado
Treinta y Cinco Penal Municipal de Medellín, mediante el cual denegó el amparo
y nada dispuso sobre la continuidad en la prestación del servicio médico por
parte de Cafesalud EPS, ni la obligación que le asiste al señor Carlos Alberto
Henao Botero, padre de Nadia Milena, de afiliarla como su beneficiaria en el
evento en que ella quede desprotegida del servicio de salud, situación sobre la
cual corresponde asumir las precauciones respectivas.
De tal manera, se advertirá al
representante legal de Cafesalud EPS, o quien haga sus veces, que debe continuar
suministrando la atención médica que por su enfermedad requiera Nadia Milena
Henao García, de acuerdo al principio de continuidad mencionado en las
consideraciones precedentes; y se conminará a Carlos Alberto Henao Botero para
que si se llegare a presentar la desafiliación de Nadia Milena Henao García a Cafesalud
EPS, o si ella vuelve a solicitarlo, inmediatamente realice el trámite
correspondiente para la afiliación de su hija como beneficiaria, a la EPS a la
cual él esté adscrito.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por  mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero: REVOCAR el fallo
proferido en junio 1° de 2007 por el Juzgado Treinta y Cinco Penal Municipal de
Medellín, mediante el cual denegó el amparo y nada dispuso sobre la continuidad
en la prestación del servicio médico por parte de Cafesalud EPS y la obligación
que le asiste al señor Carlos Alberto Henao Botero, padre de Nadia Milena,
Henao García de afiliarla como su beneficiaria en el evento en que ella quede
desprotegida del servicio de salud; en su lugar, SE CONCEDE la tutela
solicitada.
Segundo: ADVERTIR al representante
legal de Cafesalud EPS, o quien haga sus veces, que prosiga como hasta ahora lo
ha hecho, suministrando la atención médica que por su enfermedad requiera la
paciente Nadia Milena Henao García, de acuerdo al principio de continuidad
mencionado en las consideraciones de esta providencia.
Tercero: CONMINAR
al señor Carlos Alberto Henao Botero para que si se
llegare a presentar en el futuro la desafiliación de Nadia Milena Henao García
a Cafesalud EPS, o si ella lo solicita de nuevo, inmediatamente realice el
trámite correspondiente para la afiliación de su mencionada hija como
beneficiaria, a la EPS a la cual él esté adscrito.
Cuarto: Por Secretaría General, LÍBRESE
la comunicación a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] La expresión
subrayada fue declarada inexequible, al considerar esta corporación que
contravenía la Carta Política al constituir un límite a la acción de tutela
cuando la acción u omisión se reputa de un particular, pretendiendo establecer
sólo dos derechos fundamentales amparables. En tal virtud, se extendió el
ámbito de protección todos los derechos fundamentales que pudieran ser
vulnerados o amenazados (C-134 de marzo 17 de 1994, M. P. Vladimiro Naranjo
Mesa).
[2] T-761 de 2004
(agosto 11), M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
[3] T-761 de 2004
(agosto 11) y T-277 de 1999 (abril 29), también M. P. Alfredo Beltrán Sierra,
entre otras.
[4] Cfr. T-037 de
2007 (febrero 1°), M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[5] T-1210 de 2003 (diciembre 11), M. P. Manuel
José Cepeda Espinosa; C-800 de 2003 (septiembre 16), M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa; T-777 de 2004 (agosto 17), M. P. Jaime Córdoba Triviño; entre otras.
[6] T-1198 de 2003 (diciembre 23), M. P. Eduardo
Montealegre Lynett.
[7] T-170 de 2002
(marzo 8),  M. P. Manuel José Cepeda Espinosa: “Por necesarios, en el ámbito
de la salud, deben tenerse aquellos tratamientos o medicamentos que de ser
suspendidos implicarían la grave y directa afectación de su derecho a la vida,
a la dignidad o a la integridad física. En este sentido, no sólo aquellos casos
en donde la suspensión del servicio ocasione la muerte o la disminución de la
salud o la afectación de la integridad física debe considerarse que se está
frente a una prestación asistencial de carácter necesario.”
[8] T-993
de 2002 (noviembre 14), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[9]
Cfr. T-488 de 2005 (mayo 12), M. P. Álvaro Tafur Gálvis;
T-630 de 2005 (junio 16), M. P. Manuel José Cepeda; T-806 de 2007 (septiembre
28), M. P. Humberto Sierra Porto; entre otras.
[10] T-442 de 2006 (junio 2), M. P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[11] Cfr.
T-758 de 2005 (julio 15),
M. P. Jaime Córdoba Triviño; T-429 de 2007 (mayo 28), M. P. Clara Inés Vargas
Hernández; T-573 de 2006 (julio 19), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-272
de 2006 (abril 4), M. P. Clara Inés Vargas Hernández, entre otras.