T-240-16
Sentencia T-240/16
ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS-Procedencia excepcional cuando prestan un servicio público o actividad
de interés público
Contra este tipo de compañías podrá ejercerse de manera
excepcional la acción de tutela cuando el juez constitucional logre demostrar
que: (i) los
mecanismos ordinarios no son idóneos o eficaces para proteger un derecho
fundamental; (ii) el accionante está ante la amenaza de
un perjuicio grave e irremediable, cuya valoración deberá ser flexible en el
caso de sujetos con especial protección constitucional; y (iii) cuando
de la relación contractual se observe que el actor se encuentra en estado de
indefensión.
CONTRATO DE SEGUROS-Enfoque constitucional
CONTRATO DE SEGUROS-Definición y contexto
Este contrato es una
figura jurídica concebida como un acuerdo de voluntades por el cual una persona
llamada tomador –en algunas ocasiones también beneficiario- se obliga al pago
de un prima a favor de otra llamada asegurador, con el fin que esta última
cubra los daños causados por la ocurrencia de riesgo –siniestro- que afecta la
integridad física o el patrimonio del primero.
CONTRATO
DE SEGUROS-Reiteración de jurisprudencia
CONTRATO DE SEGUROS-Definición acogida por la Corte
Constitucional
CONTRATO DE SEGUROS EN EL DERECHO COMPARADO-Importancia
CONTRATO DE SEGUROS-Prohibición de cláusulas
abusivas
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES-Naturaleza/CONTRATO DE SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES-Elementos
Esta modalidad
contractual hace referencia al acuerdo de voluntades que realizan el tomador de
póliza y la entidad aseguradora, donde el primero se obliga al pago de una
prima destinada a integrar un fondo que, en caso de invalidez o muerte, habrá
de amparar los perjuicios que sufran aquellos que estaban a su cargo, que serán
llamados beneficiarios de la póliza. El desarrollo legal de este contrato se
enmarca dentro del régimen establecido en los artículos 1151 a 1162 del Código
de Comercio. Igualmente, el artículo 1045 del mismo estatuto menciona los
elementos que integran esta modalidad contractual, discriminados así: (i) el interés
asegurable; (ii) el riesgo asegurable; (iii) la prima o
precio del seguro, y (iv) la obligación condicional del asegurador.
RETICENCIA O INEXACTITUD EN EL CONTRATO DE SEGURO
Es una irregularidad
en la manifestación de voluntad al momento de suscribir el contrato de seguro.
Se presenta cuando el adquirente, al instante de tomar la póliza, rinde una
declaración sobre su estado de riesgo que no se encuentra ajustada a la
realidad, con lo cual induce a la entidad aseguradora a expedir una cobertura
que no corresponde con su verdadera condición.
PREEXISTENCIA EN EL CONTRATO DE SEGURO-Concepto
Este fenómeno hace alusión a circunstancias que se
presentaban con anterioridad a la etapa contractual y constituyeron un factor
determinante en el acaecimiento del riesgo cubierto. En seguros de vida,
permite a la entidad aseguradora abstenerse de ejecutar el pago de la póliza
una vez haya verificado que el tomador sufría de padecimientos previos al
momento en que el contrato comenzó a surtir efectos, y que además tuvieron
relación directa con su afectación.
DERECHO FUNDAMENTAL AL MINIMO VITAL-Protección
constitucional
El concepto de mínimo vital implica que el Estado sea responsable
por brindar condiciones sociales que permitan reducir la miseria a su más
exigua expresión, de manera que toda persona cuente con garantías mínimas de
acceso a bienes, productos y servicios que les posibiliten satisfacer sus
necesidades básicas de subsistencia.
ENTIDAD ASEGURADORA-Deber de solidaridad frente
a las personas en estado de vulneración o indefensión
La jurisprudencia
constitucional ha establecido que frente a las personas en estado de
vulneración o indefensión existe un deber constitucional en cabeza de entidades
financieras y bursátiles, que les impone la necesidad de ser solidarios y
considerar la condición apremiante que puede estar afrontando el tomador, pues
su desatención podría generar una afectación a los derechos fundamentales de la
persona y provocar el acaecimiento de un perjuicio irremediable.
ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS-Orden a compañía aseguradora hacer
efectiva la póliza de seguro de vida adquirida por el accionante
Referencia: expediente T-5.283.342 AC.
Acción de Tutela instaurada por Hamid Aljure Gaviria
contra Liberty Seguros S.A. (Exp. T-5.283.342); y Brayan Alexander Yusti
Mellizo contra Colpatria Multibanca – seccional Cali (Exp. T-5.335.030).
Derechos fundamentales invocados: salud,
vida, educación, vivienda digna, debido proceso, igualdad, vida digna, mínimo
vital y petición.
Temas: (i) procedencia de la acción de
tutela contra entidades bursátiles; (ii) estructura del contrato de seguro de
vida; (iii) definición de preexistencia y reticencia en los contratos de
seguro; (iv) derecho al mínimo vital; y (v) deber de solidaridad
constitucional.
Problema jurídico: determinar si las
entidades demandadas vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes
al negar la ejecución de las pólizas de seguros de vida adquiridas bajo el
argumento de una presunta reticencia y preexistencia.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., dieciséis (16) de mayo de dos
mil dieciséis (2016).
La
Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, quien la preside, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política,
ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de las
sentencias: (i) del día veinticuatro (24) de septiembre de dos mil
quince (2015) por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, que confirmó en todas sus partes la sentencia
dictada el día dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015) por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Neiva, que declaró
improcedente la acción de tutela incoada en el expediente T-5.283.342; y (ii)
del día trece (13) de octubre de dos mil quince (2015), proferida por el
Juzgado Décimo Civil Municipal de Santiago de Cali, que declaró improcedente la
acción de tutela instaurada en el expediente T-5.335.030.
Los expedientes T-5.283.342 y T-5.335.030
fueron escogidos para revisión por parte de esta Corporación mediante auto del doce (12) de febrero de dos mil dieciséis
(2016), proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Dos, integrada por
la Magistrada Gloria Stella Ortíz y el Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva.
1.
ANTECEDENTES
1.1.
EXPEDIENTE T-5.283.342.
El señor Hamid Aljure Gaviria interpuso acción
de tutela contra Liberty Seguros S.A., por considerar que sus derechos
fundamentales a la salud, la
vida, la educación, la vivienda digna, la igualdad, la vida digna, el
mínimo vital y de petición fueron
vulnerados por dicha entidad financiera al haber negado la ejecución de la
póliza de vida colectiva adquirida bajo el argumento de preexistencia y
reticencia al momento de perfeccionar el contrato. El accionante sustentó su
escrito sobre los siguientes:
1.1.1.
HECHOS.
1.1.1.1.
El accionante manifiesta que
tiene cincuenta y seis (56) años de edad y se desempeña como funcionario del
INPEC, con un salario de $1.088.393. Agrega que a la edad de cincuenta y dos
(52) años adquirió una póliza de seguro de vida colectiva con Liberty Seguros
S.A., de referencia GC-91200662 - ramo grupo contributivo -, con fecha de
perfeccionamiento del contrato el día 1º de abril de 2012.
1.1.1.2.
Explica que dicha póliza
amparaba los siguientes riesgos: (i) muerte, cualquiera fuera su causa; (ii)
incapacidad total y permanente, cualquiera fuera la causa; (iii) muerte
accidental; y (iv) enfermedades graves, como infarto del miocardio,
cáncer, accidente cerebro vascular, insuficiencia renal y esclerosis múltiple.
1.1.1.3.
Declara que el día doce (12)
de febrero de dos mil catorce (2014), mientras estaba en su casa, sufrió una
fuerte picada en la cabeza que le dejó inmediatamente descompuesto. Por esta
razón, fue llevado a la clínica Saludcoop, donde le operaron el cerebro por
derrame, pero le quedaron secuelas como: pérdida de la periferia izquierda de
ambos ojos, sordera, problemas de locomoción, propenso a convulsionar
(epilepsia) y problemas mentales.
1.1.1.4.
Expone que el día 9 de abril
de dos mil catorce (2014), solicitó ante Liberty Seguros S.A. la indemnización
por el 50% del valor asegurado por enfermedad profesional; sin embargo,
mediante escrito del veintisiete (27) de mayo de dos mil catorce (2014) le fue
negada la petición, bajo el argumento que tenía hipertensión arterial antes de
adquirir la póliza. Arguye que no le fueron practicados ni exigidos exámenes
médicos al momento de perfeccionar el contrato y, además, en el oficio dirigido
por la entidad demandada a todos los funcionarios del INPEC, dieron a entender
que el amparo incluía todas las formas de enfermedad grave, sin importar el
padecimiento previo de alguna de ellas.
1.1.1.5.
Sostiene que la EPS Cafesalud
lo remitió a COLPENSIONES por llevar más de ciento ochenta (180) días incapacitado,
donde fue calificado con un 53.11% de pérdida de la capacidad laboral, con
fecha de estructuración el día veinticinco (25) de agosto de dos mil catorce
(2014). Expresa que luego de esta valoración, el día cuatro (04) de diciembre
de ese mismo año solicitó nuevamente la indemnización ante Liberty Seguros,
pero esta vez por incapacidad total y permanente, aunque otra vez le fue negada
por la misma causa.
1.1.1.6.
Afirma que consultó a sus
médicos tratantes, Álvaro González y Jhon Jairo Abella, especialistas en
neurocirugía, quienes le explicaron que el derrame que sufrido no fue causado
por hipertensión arterial, sino por una lesión llamada “angiopatía amiloidea
patología”, la cual no se asocia con la primera debido a que representan
expresiones clínicas distintas y producen hemorragias en una zona distinta.
1.1.1.7.
Narra que el doce (12) de
febrero de dos mil quince (2015), con las certificaciones de sus médicos
tratantes, solicitó nuevamente ante Liberty Seguros la ejecución de la póliza
adquirida; sin embargo, le informaron que reconsiderarían su petición y le
darían respuesta dentro del término legal del artículo 1080 del Código de
Comercio. Agrega que luego de transcurrido un mes no recibió respuesta alguna.
1.1.1.8.
Señala que en los días
dieciséis (16), diecisiete (17) y dieciocho (18) de marzo de dos mil quince
(2015) llamó a la entidad accionada para averiguar por su reclamación, pero el
último día le dieron respuesta negativa a su petición, bajo el argumento que
sufría hipertensión arterial antes de adquirir el seguro y que en su historia
clínica no aparecía el diagnostico de angiopatía amiloide cerebral.
1.1.1.9.
Indica que Comfamiliar Huila
le otorgó un subsidio familiar para vivienda por valor de $13.000.000.
aproximadamente, con un plazo de cancelación hasta el treinta y uno (31) de
diciembre de dos mil quince (2015). No obstante, debe solicitar un crédito a
una entidad financiera para la adquisición de vivienda y así completar el
total, pero se encuentra amenazado en perder el subsidio porque ninguna entidad
financiera le va a dar crédito a un discapacitado que devenga una pensión del
mínimo.
1.1.1.10.
Asegura que en la actualidad
se encuentra en trámite su pensión de invalidez, pero considera que la misma
saldrá por el mínimo, de manera que sufre una condición apremiante para
brindarle a su familia la satisfacción de sus necesidades básicas, como son los
estudios universitarios de su hijo. Además, aduce que su esposa se encuentra
desempleada y, en caso de no obtener el subsidio familiar, se verán expuestos a
la pobreza absoluta, sin recursos para su sostenimiento. Por esta razón,
interpuso acción de tutela el día ocho (08) de julio de dos mil quince (2015).
1.1.2.
PRUEBAS DOCUMENTALES.
Obran en el expediente las siguientes pruebas
documentales:
1.1.2.1.
Copia de la póliza de seguro
de vida colectiva adquirida por el accionante ante Liberty Seguros S.A. (Cd. 3,
Fl. 13).
1.1.2.2.
Copia de respuesta emitida
mediante correo electrónico el día diez (10) de abril de dos mil catorce (2014)
por Liberty Seguros al accionante, donde le expresan que “[s]u solicitud fue
recibida exitosamente para ser analizada y tramitada para el seguro
correspondiente por el departamento encargado del trámite” (Cd. 3, Fl. 14).
1.1.2.3.
Copia de oficio presentado
por Libor Agencia de Seguros Ltda a los funcionarios del INPEC, donde les
ofrecen una póliza de seguro con las siguientes coberturas: (i) muerte,
cualquiera fuera su causa; (ii) incapacidad total y permanente,
cualquiera fuera la causa; (iii) muerte accidental; (iv)
enfermedades graves (infarto del miocardio, cáncer, accidente cerebro vascular,
insuficiencia renal y esclerosis múltiple), con adelanto del 50% del valor
asegurado; (v) auxilio funerario de $2.500.000.; y (vi) renta de
libre destinación por fallecimiento del asegurado.  (Cd. 3, Fl. 18)
1.1.2.4.
Copia de formulario de
solicitud individual de seguro de vida grupo presentado por el accionante ante
Liberty Seguros de Vida S.A. (poco legible) (Cd. 3, Fl. 19).
1.1.2.5.
Copia de escrito remitido por
COLPENSIONES al accionante, donde le informan le fue determinada una pérdida de
la capacidad laboral del 53.11% de origen enfermedad y riesgo común, con fecha
de estructuración el día 25 de agosto de 2014, con los respectivos anexos
descriptivos (Cd. 3, Fl. 21-24).
1.1.2.6.
Copia de reclamación de
póliza de seguro de vida presentada por el accionante ante Liberty Seguros S.A.
el día 3 de diciembre de 2014 (Cd. 3, Fl. 26).
1.1.2.7.
Copia de respuesta remitida
por Liberty Seguros S.A. el día cuatro (04) de diciembre de dos mil catorce
(2014) a la reclamación presentada por el accionante el día tres (03) de
diciembre de ese mismo año, mediante la cual le informan que “la compañía
toma la presente solicitud como aviso de siniestro, para iniciar el respectivo
análisis de la documentación aportada, por lo cual se tendrá pronunciamiento
dentro del mes siguiente a la fecha en que se acredite la ocurrencia del hecho,
de conformidad con el artículo 1077 del Código de Comercio” (Cd. 3, Fl.
27).
1.1.2.8.
Copia de escrito remitido el
día treinta (30) de diciembre de dos mil catorce (2014) por Liberty Seguros
S.A. al accionante, donde le manifiestan que objetarán la reclamación debido a
que “[d]e la revisión efectuada a los documentos que hacen parte de la
póliza citada en la referencia, nuestro departamento médico pudo establecer de
la historia clínica del 31 de diciembre de 2011, que Usted viene con un
antecedente de HIPERTENSIÓN ARTERIAL, antecedente que preexiste al ingreso del
seguro” (Cd. 3, Fl. 28).
1.1.2.9.
Copia de concepto médico
dictado por el Dr. Jhon Jairo Abello, neurocirujano de la Universidad del
Rosario, en el cual expresa que: “[p]aciente a quien se le revisa historia
clínica e imágenes diagnosticas observando que presenta secuelas permanentes –
Discapacidad- de un Infarto Hemorrágico Temporopariental derecho (…) En mi
experiencia clínica estsa lesión corresponde generalmente con una angiopatía
Amiloidea- patología no asociada con HTA ya que estas lesiones producen
hemorragia de otra localización y tiene otra expresión clínica” (Cd. 3, Fl.
30).
1.1.2.10.
Copia de respuesta emitida
por Liberty Seguros de Vida S.A. al accionante el día veintiséis (26) de
febrero de dos mil quince (2015), en la cual expresan que reconsiderarán su
solicitud a raíz de los nuevos conceptos médicos aportados y se dará respuesta
de conformidad a lo establecido en el artículo 1080 del Código de Comercio (Cd.
3, Fl. 54).
1.1.2.11.
Copia de escrito del
diecisiete (17) de marzo de dos mil quince (2015), por el cual Liberty Seguros
de Vida S.A. informó al accionante que los nuevos conceptos médicos aportados
no son suficientes para reconsiderar la decisión de no ejecutar el amparo de la
póliza de vida (Cd. 3, Fls. 56-57).
1.1.2.12.
Copia de la historia clínica
del accionante (Cd. 2, Fls. 80-259).
1.1.2.13.
Copia de certificado expedido
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi el día seis (06) de febrero de dos
mil quince (2015), en el que expresan que le accionante no se encuentra
inscrito en su base de datos catastral (Cd. 3, Fl. 259).
1.1.2.14.
Documentos relacionados con
el trámite de la acción de tutela.
1.1.3.
ACTUACIONES PROCESALES.
Repartida la acción de tutela, correspondió al Juzgado
Décimo Civil Municipal de Menor Cuantía de Neiva conocer sobre el asunto. En
este sentido, mediante auto proferido el día 8 de julio de 2015, asumió el
conocimiento del proceso y ordenó correr traslado a las partes para que se
pronunciaran sobre los hechos y pretensiones contenidos en el expediente.
1.1.3.1.
Respuesta de Liberty
Seguros S.A.
Mediante escrito presentado el día 15 de julio de
2015, esta entidad presentó sus consideraciones acerca del asunto de la
referencia. Sobre el particular, solicitó la declaratoria de improcedencia de
la acción de tutela, por cuanto: (i) se dio respuesta dentro de los
términos del artículo 1080 del Código de Comercio a la solicitud de pago de la
indemnización radicada por el accionante; (ii) no existe derecho alguno
de pago de la indemnización solicitada, ya que el hecho que originó la
reclamación no es objeto de la cobertura; y (iii) la acción de tutela no
es el mecanismo idóneo para resolver estos conflictos y además existen otros
mecanismos de reclamación judicial.
1.1.3.1.1.
En primer lugar, explicó que
la solicitud de pago de la indemnización presentada por el accionante fue
objetada debido a que no se declararon los antecedentes médicos relevantes al
momento de adquirir la póliza, proceder que da lugar a la aplicación de la
sanción contenida en el artículo 1058 del Código de Comercio. En este sentido,
indicó que el actor padecía de hipertensión arterial desde el año 2011,
anterior a la fecha de adquisición de la póliza el día 23 de marzo de 2012, por
lo cual, de conformidad con las cláusulas del contrato, la afección no era
amparable.
1.1.3.1.2.
En segundo lugar, indicó que
el Departamento Médico de Liberty Seguros S.A. encontró que la hipertensión
arterial sufrida por el accionante con anterioridad al perfeccionamiento del
contrato de seguro de vida, se encuentra plenamente relacionada con la
posterior ocurrencia del accidente cerebro vascular. Asimismo, agregó que en el
concepto médico rendido por dicho departamento encontró que: “no se hace
mención en la historia clínica de la degeneración amiloide mencionada por los
especialistas en los certificados aportados (…)”.
1.1.3.1.3.
En tercer lugar, aseguró que
de conformidad con lo anterior y de acuerdo a lo establecido en el artículo
1058 del Código de Comercio, el contrato de seguro de vida pactado con el
accionante devino nulo por reticencia. Además, afirmó que el artículo 1158 del
mismo Código se refiere al seguro que es otorgado sin examen médico, respecto
de lo cual establece que: “el asegurado no podrá considerarse exento de las
obligaciones a que se refiere el artículo 1058, ni de las sanciones a que su
infracción da lugar”.
1.1.3.1.4.
En cuarto lugar, sostuvo que
la acción de tutela no fue concebida por el legislador como un mecanismo de
reclamación de pretensiones patrimoniales, sino para la protección inmediata de
derechos fundamentales e inalienables amenazados. Asimismo, aseguró que por no
ser una entidad que preste un servicio público o de salud, sus litigios se
resuelven dentro del marco establecido por el Código de Comercio y no por aquel
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
1.1.4.
DECISIONES JUDICIALES.
1.1.4.1.
Sentencia de primera
instancia – Juzgado Décimo Civil Municipal de Neiva, Huila.
1.1.4.1.1.
Mediante sentencia proferida
el día veintidós (22) de julio de  dos mil quince (2015), esta dependencia
judicial resolvió declarar improcedente la acción de tutela presentada por el
señor Hamid Aljure Gaviria. Sobre el particular, sustentó su decisión sobre el
argumento según el cual, si bien fue cierto el hecho que el accionante demostró
ser un sujeto de especial protección constitucional, no fue menos cierto el
hecho que el despacho no podía pronunciarse sobre el asunto en referencia.
1.1.4.1.2.
En este orden de ideas,
sostuvo que según el Decreto 2591 de 1991, si el accionante cuenta con otro
medio para el reclamo de su pretensión judicial, no procede la acción de tutela
a no ser que se encuentre ante un perjuicio grave e irremediable. En este mismo
sentido, agregó que la acción de tutela constituye un medio eficaz para evitar
la arbitrariedad en la administración de justicia, pero en ningún momento puede
considerarse como mecanismo alternativo que supla las funciones del juez
ordinario.
1.1.4.1.3.
En virtud de lo anterior, el
despacho aseguró que en el proceso el accionante no logró aportar pruebas donde
demostrara que, al no recibir el pago inmediato de la póliza reclamada, se
encuentran afectados los derechos invocados y bajo la amenaza de un perjuicio
irremediable. De esta manera, indicó que el actor cuenta con una pensión y no
ha perdido el crédito de vivienda que enuncia en la petición, por lo cual debe
agotar los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance.
1.1.4.2.
Impugnación.
Inconforme con la decisión adoptada por el a quo, la
parte actora presentó escrito de impugnación el día veintisiete (27) de julio
de dos mil quince (2015), a través del cual reiteró las descripciones fácticas
y los argumentos por los cuales considera que debe recibir la indemnización
reclamada. Asimismo, el día dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015),
remitió escrito en el que manifestó que el doce (12) de agosto de ese mismo año
le fue reconocida su pensión de invalidez, por valor de $757.168, la cual
constituye una fuente de ingresos que no le alcanza para cubrir sus gastos y
los de su familia, así como para acceder al crédito bancario para una vivienda
digna.
1.1.4.3.
Decreto de nulidad de todo
lo actuado.
Una vez recibido el escrito de impugnación presentado
por la parte actora, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva profirió
auto el día treinta y uno (31) de julio de dos mil quince (2015), a través del
cual declaró la nulidad de todo lo actuado, en consideración a que debió
vincularse al Instituto Penitenciario y Carcelario –INPEC-, a Cafesalud EPS y a
COLPENSIONES para que pronunciaran sobre el asunto. Una vez efectuado dicho
trámite, fueron allegadas las siguientes intervenciones:
1.1.4.3.1.
Respuesta de Cafesalud EPS.
A través de escrito presentado el día diez (10) de
agosto de dos mil quince (2015), esta entidad solicitó la declaratoria de
improcedencia de la acción de tutela en relación con sus funciones, pues no ha
vulnerado los derechos fundamentales del accionante y, además, la entidad
encargada de resolver este asunto es Liberty Seguros S.A. De igual forma,
agregó que la acción de tuela no es un mecanismo diseñado para el reclamo de
sumas de dinero como las que pretende el actor en esta ocasión.
1.1.4.3.2.
Respuesta del Instituto
Penitenciario y Carcelario – INPEC.
Mediante escrito presentado el día veintidós (22) de
agosto de dos mil quince (2015), esta entidad pública solicitó su
desvinculación de la acción de tutela, en razón a que de los hechos y
pretensiones contenidas en el expediente se desprende que no ha vulnerado los
derechos fundamentales del actor por no ser la entidad encargada de resolver el
asunto de la petición.
1.1.4.4. Segunda sentencia proferida en primera instancia
por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Neiva.
Una vez vinculadas las partes al proceso y recibidas
sus consideraciones sobre el asunto, esta dependencia judicial profirió
nuevamente sentencia de primera instancia el día dieciocho (18) de agosto de
dos mil quince (2015), en la cual reiteró la declaratoria de improcedencia de
la acción de tutela por las mismas consideraciones y razones expuestas en la
sentencia que había sido anulada.
1.1.4.5.
Sentencia de Segunda
instancia – Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, Huila.
Mediante sentencia proferida el día veinticuatro (24)
de septiembre de dos mil quince (2015), este despacho judicial confirmó en
todas sus partes la decisión de primera instancia, con fundamento en los mismos
argumentos expuestos por el a quo en su providencia. En este sentido,
estimó que el accionante no demostró encontrarse ante un perjuicio grave e
irremediable cuya urgencia permitiera prescindir de los medios de reclamación
judicial ordinaria que dispone el ordenamiento para estos efectos.
1.2.
EXPEDIENTE T-5.335.030.
El señor Brayan Alexander Yusti Mellizo, por
conducto de apoderado judicial, interpone acción de tutela con el propósito de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad, presuntamente vulnerados por la entidad financiera Colpatria
Multibanca –seccional Cali- al haber negado la ejecución de la póliza de seguro
de vida adquirida con el argumento de preexistencia y reticencia al momento de
perfeccionar el contrato de seguro. En este sentido, el accionante plantea su
inconformidad de acuerdo a los siguientes:
1.2.1.
HECHOS.
1.2.1.1.
El peticionario relata que
adquirió un crédito con Colpatria Multibanca –seccional Cali- con referencia
No. 207400081516, por valor de $11.000.000, desembolsado el día veintisiete
(27) de junio de dos mil catorce (2014). Agrega que con la solicitud de crédito
diligenció un formulario de inclusión individual de póliza de seguro de vida
grupo deudor, expedida con la aplicación al crédito de consumo aprobado con la
compañía de seguros AXA Colpatria Seguros de Vida S.A.
1.2.1.2.
Señala que desde el mes de
marzo del año dos mil catorce (2014) se encuentra en tratamiento de
quimioterapia debido a que padece de un tumor maligno en el testículo que le ha
hecho metástasis a otros órganos. Indica que el día en que el asesor comercial
de la entidad accionada le llevó los formularios para ser diligenciados, él se
encontraba hospitalizado en el Hospital Militar de Bogotá, donde ingresó el
dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014) hasta el día veintiséis (26)
de junio del mismo año, de manera que el funcionario pudo percatarse de su
condición.
1.2.1.3.
Expone que el día diez (10)
de septiembre de dos mil catorce (2014), a raíz de la patología que padece, fue
calificado con incapacidad total y permanente por la Junta Médica Laboral de la
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, razón por la cual solicitó a la
entidad accionada la ejecución de la póliza de seguro adquirida. Indica que, a
pesar de ello, mediante oficio del 30 de diciembre de 2014 le fue negada dicha
petición, con el argumento que presentó reticencia al momento de declarar su
estado de riesgo.
1.2.1.4.
Declara que mediante oficio
del nueve (09) de enero de dos mil quince (2015), Colpatria Multibanca le
informó que la póliza de seguro de vida grupo deudores que protege el saldo
total de la obligación y que se encontraba contratada con AXA Colpatria Seguros
de Vida S.A., fue contratada con Cardif Colombia Seguros Generales S.A. a
partir del catorce (14) de enero de dos mil quince (2015). Menciona que
presentó nuevamente escrito ante la entidad accionada por el cual solicitó la
ejecución de la póliza, en consideración a que la funcionaria encargada del
trámite conocía sobre su estado de salud.
1.2.1.5.
Manifiesta que por oficio del
diecinueve (19) de mayo de dos mil quince (2015), Cardif Colombia Seguros
Generales S.A. le informó que no tiene obligación de indemnizar el siniestro
alegado, toda vez que la ocurrencia del hecho se produjo el día diez (10) de
septiembre de dos mil catorce (2014), mientras que la vigencia del seguro
referido inició con esta compañía el catorce (14) de enero de dos mil quince
(2015), de manera que el evento reclamado se presentó cuando la vigencia de la
póliza aún no había comenzado a operar.
1.2.1.6.
Expresa que el veintiocho
(28) de julio de dos mil quince (2015), otra vez presentó escrito ante la
entidad accionada con el propósito de obtener la indemnización contenida en el
contrato suscrito, en el cual indicó que para la época en que adquirió el crédito
con Colpatria Multibanca –seccional Cali-, la póliza de seguro se encontraba
contratada con AXA Colpatria Seguros de Vida S.A. y continuó con Cardif
Colombia Seguros Generales S.A. sin interrupción alguna.
1.2.1.7.
A raíz de lo anterior, aduce
que no se entiende por qué le niegan el pago bajo el argumento que el siniestro
no se encuentra amparado por la póliza, por ello interpuso acción de tutela el
día  treinta (30) de septiembre de dos mil quince (2015).
1.2.2.
PRUEBAS DOCUMENTALES.
Obran en el expediente las siguientes pruebas
documentales:
1.2.2.1.
Copia de poder especial para
interponer la presente acción de tutela otorgado por Brayan Alexander Yusti
Mellizo a favor de María Loren Morillo Coronado (Cd. 2, Fl. 1).
1.2.2.2.
Copia de la cédula de
ciudadanía del accionante, a partir de la cual se desprende que cuenta con
veinticinco (25) años de edad (Cd. 2, Fl. 2).
1.2.2.3.
Copia del estado de cuenta
del crédito de libranza No. 207400081516 otorgado por Colpatria Multibanca a
favor del accionante, donde se plasma la obligación de pagar cuotas de
$267.609,04, con un saldo total de $10.560.344,32 a la fecha de corte del diez
(10) de febrero de dos mil quince (2015) (Cd. 2, Fl. 3).
1.2.2.4.
Copia de certificado de póliza
de seguro de vida grupo deudores otorgado por Seguro de Vida Colpatria S.A. a
favor del accionante el día catorce (14) de agosto de dos mil catorce (2014)
(Cd. 2, Fl. 4).
1.2.2.5.
Copia del informe de
epicrisis del accionante, expedido el veintiséis (26) de junio de dos mil
catorce (2014) por el Hospital Militar Central, donde se encuentra plasmado que
padece de “TUMOR MALIGNO DEL TESTICULO, NO ESPECIFICADO (…) Plan:
QUIMIOTERAPIA BEP CICLO 3 (…)” (Cd. 2, Fls. 5-8).
1.2.2.6.
Copia de oficio remitido el
día treinta (30) de diciembre de dos mil catorce (2014) por AXA Colpatria
Seguros de Vida S.A. al Banco Colpatria Multibanca S.A., mediante el cual
informan que niegan la reclamación de la ejecución de la póliza adquirida por
el accionante debido que al momento de perfeccionar el contrato no declaró
fielmente su estado de riesgo, sino que afirmó: “[m]i estado de salud es
normal, no padezco, ni he padecido enfermedades de tipo congénito o que incidan
sobre los sistemas cardiovascular, respiratorio, urogenital (…)” (Cd. 2,
Fls. 10-11).
1.2.2.7.
Copia de oficio remitido el
día nueve (09) de enero de dos mil quince (2015) por Colpatria Multibanca S.A.
al accionante, donde le manifiestan que la póliza de seguro de vida aduqiirda
había sido contratada con AXA Colpatria Seguros de Vida S.A., pero que a partir
del catorce (14) de enero de dos mil quince (2015) ésta se contrató con Cardif
Colombia Seguros Generales S.A. “manteniéndose la cobertura sobre el saldo
total de la deuda a la fecha de la ocurrencia del siniestro, bajo estas
condiciones: (…) Muerte por cualquier causa o incapacidad Total y Permanente”
(Cd. 2, Fl. 12).
1.2.2.8.
Copia de derecho de petición
presentado el accionante a Colpatria Multibanca - seccional Cali - por medio
del cual expresó que la funcionaria encargada del trámite conocía sobre su
estado de salud y, además, solicitó el pago de la indemnización contenida en la
póliza (Cd. 2, Fls. 13-14).
1.2.2.9.
Copia de escrito remitido el
día trece (13) de abril de dos mil quince (2015) por Colpatria Multibanca S.A.
al accionante, a través del cual se pronuncian sobre la reclamación presentada
y solicitan aportar examen de calificación por la Junta Regional de Invalidez,
ya que los documentos aportados no fueron suficientes para la formalización del
reclamo (Cd. 2, Fl. 16).
1.2.2.10.
Copia de escrito remitido por
el accionante a Cardif Colombia Seguros Generales S.A. (sin fecha) mediante el
cual da respuesta al requerimiento para aportar prueba de calificación de
invalidez y anexa el examen realizado por la Junta Médica Laboral de la
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional.
En este informe, emitido el diez (10) de septiembre de
dos mil catorce (2014), se deja constancia que el señor Brayan Alexander Yusti
Mellizo no se encuentra apto para actividad militar, ya que padece una afección
que “LE PRODUCE UNA DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL DEL CIEN POR CIENTO
(100%)” por enfermedad común, de manera que “25% DEL PACIENTE REQUIERE
LA AYUDA DE OTRA PERSONA PARA SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS” (Cd. 2, Fls.
18.19).
1.2.2.11.
Copia de escrito remitido por
BNP PARIBAS CARDIF al accionante el día diecinueve (19) de mayo de dos mil
quince (2015), por el que le hacen saber que en atención a la reclamación
presentada:
“[S]e observa que la ocurrencia del siniestro se
produjo el día 10 de septiembre de 2014 y la vigencia del seguro aquí referido
inició con CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A., el día 14 de enero de 2015,
lo que significa que el evento reclamado ocurrió cuando la vigencia de la
póliza no había comenzado a operar (…) Por el motivo expuesto, a CARDIF no le
asiste la obligación de indemnizar el siniestro aquí referido”. (Cd. 2, Fl.
20).
1.2.2.12.
Documentos relacionados con
el trámite de la acción de tutela.
1.2.3.
ACTUACIONES PROCESALES.
Repartida la acción de tutela, correspondió al Juzgado
Décimo Civil Municipal de Cali conocer sobre el asunto. En este sentido,
mediante auto proferido el día primero (1º) de octubre de dos mil quince
(2015), asumió el conocimiento del proceso y ordenó correr traslado a las
partes interesadas para que se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones
contenidos en el expediente.
1.2.3.1.
Respuesta de AXA Colpatria
Seguros de Vida S.A.
El día siete (07) de octubre de dos mil quince (2015),
la Representante Legal de esta entidad financiera presentó escrito de
contestación a la acción de tutela y se opuso a los hechos y pretensiones
contendidos en ella. Sobre el particular, solicitó la declaratoria de
improcedencia de la petición y señaló las siguientes consideraciones:
1.2.3.1.1.
En primer lugar, aseguró que
en virtud de la sentencia T-392 de 1999, el pago de la indemnización emanada de
un seguro de vida corresponde a una obligación derivada de un contrato privado
de seguro, razón por la cual, las controversias que se deriven sobre el asunto
no son susceptibles de ser discutidas a través de la acción de tutela.
1.2.3.1.2.
En segundo lugar, afirmó que
de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de
tutela procede única y exclusivamente a falta de otro medio judicial de
defensa. En este sentido, señaló que el accionante dispone de otro medio de
resolución judicial de carácter ordinario y adecuado para abordar estos
conflictos, de manera que en esta ocasión pretende sustraerse de la sanción con
nulidad contractual que imponen los artículos 1058 y 1158 del Código de
Comercio.
1.2.3.1.3.
En tercer lugar, alegó que por
el artículo 1044 del Código de Comercio, la formulación de la objeción y la
conducta observada por la aseguradora se encuentran ajustadas a la ley, toda
vez que hacen parte del marco de facultades que le permiten esgrimir al
reclamante del seguro las excepciones contractuales o legales a que haya lugar.
En este sentido, adujo que no puede considerarse dicha conducta como violatoria
de los derechos constitucionales del tomador.
1.2.3.2.
Respuesta del Banco
Colpatria Multibanca S.A.
Mediante escrito presentado el día ocho (08) de
octubre de dos mil quince (2015), la Representante Legal para Asuntos
Judiciales de esta entidad dio contestación a la acción de tutela y se opuso a
los hechos y pretensiones contendidos en ella. De esta manera, solicitó
declarar improcedente el reclamo judicial efectuado y para ello presentó los
siguientes argumentos en soporte a su petición:
1.2.3.2.1.
En primer lugar, sostuvo que
en virtud de lo dispuesto en la sentencia T-416 de 1997, existe una falta de
legitimidad en la causa por pasiva frente al Banco Colpatria, toda vez que no
es el llamado a pronunciarse respecto de las pretensiones de la demanda, pues
en su objeto social no se encuentra contemplada ni autorizada la posibilidad de
expedir pólizas de seguro.
1.2.3.2.2.
En segundo lugar, adujo que se
presenta una violación al principio de subsidiariedad de la acción de tutela,
en consideración a que la reclamación realzada por el accionante se enmarca
dentro de las facultades de la jurisdicción ordinaria. En este sentido, sostuvo
que aún no se han agotado los mecanismos de defensa que dispone el ordenamiento
para estos efectos.
1.2.3.2.3.
En tercer lugar, alegó que
según lo dispuesto en sentencia T-155 de 2010, los asuntos de carácter
económico en los que se pretenda el pago de sumas de dinero no corresponden a
la órbita del juez constitucional. Por esta razón, aseguró que la problemática
planteada debe resolverse en el marco de la jurisdicción ordinaria.
1.2.3.3.
Respuesta de BNP PARIBAS
CARDIF – CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A.
El Representante Legal de esta entidad financiera
presentó escrito de contestación el día ocho (08) de octubre de dos mil quince
(2015), a través del cual se opuso a los hechos y pretensiones alegados por el
actor dentro de este proceso. En este sentido, solicitó al juez declarar la
improcedencia de la acción de tutela en virtud de las siguientes
consideraciones:
1.2.3.3.1.
En primer lugar, sostuvo que
no se configura alguna de las causales de procedencia de la acción de tutela
contra particulares contempladas en el artículo 86 de la Constitución Política.
Afirmó que: (i) el contrato de seguro no reviste el carácter de servicio
público; (ii) el accionante no se encuentra sometido a un estado de
indefensión o subordinación frente a Cardif Colombia Seguros Generales S.A.; y (iii)
no puede considerarse que la objeción de la ejecución de la póliza del actor
afecte en forma grave y directa el interés colectivo.
1.2.3.3.2.
En segundo lugar, aseguró que
en esta ocasión no se cumple con el requisito de subsidiariedad de la acción de
tutela, toda vez que según lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución
Política, esta sólo procederá cuando el interesado no disponga de otro medio
legal idóneo para plantear su reclamación. En este sentido, señaló que el
accionante cuenta con dos acciones ordinarias adecuadas para resolver este tipo
de controversias, que son la acción ordinaria o declarativa y la acción
ejecutiva.
1.2.3.3.3.
En tercer lugar, aseveró que
en este caso se presenta una falta de legitimación en la causa por pasiva
frente a esta entidad. Adujo que la jurisprudencia constitucional ha señalado
la necesidad que tiene el juez de identificar correctamente a las partes y/o
autoridades involucradas en un conflicto, para de esta forma evitar sentencias
desestimatorias o decisiones inhibitorias.
1.2.4.
DECISIÓN JUDICIAL.
1.2.4.1.
Sentencia de Única
instancia – Juzgado Décimo Civil Municipal de Santiago de Cali.
El día trace (13) de octubre de dos mil quince (2015),
esta dependencia judicial profirió sentencia mediante la cual declaró
improcedente la acción de tutela. La decisión se fundamentó en un único
argumento, enfocado en sostener que el accionante no cumplió con el requisito
de subsidiariedad de la acción de tutela, pues no agotó los mecanismos civiles
ordinarios que dispone el ordenamiento para resolver este tipo de
controversias; además, agregó que tampoco demostró la existencia de vulneración
al derecho a la igualdad.
2.
CONSIDERACIONES
2.1.
COMPETENCIA
Y OPORTUNIDAD.
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, con base en las
facultades conferidas por los artículos 86 y 241, numeral 9° de la
Constitución, es competente para revisar el fallo de tutela adoptado en el
proceso de la referencia. Además, procede la revisión en virtud de la selección
realizada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en la forma
establecida por el reglamento de la Corporación.
2.2.
PROBLEMA JURÍDICO.
2.2.1.
Los casos que fueron
acumulados en esta ocasión plantean una problemática que gira en torno a
pólizas de seguros de vida que fueron negadas con el argumento de preexistencia
y reticencia al momento en que las partes accionantes suscribieron los
respectivos contratos con las entidades demandadas. Los actores consideran que
son sujetos de especial protección constitucional debido a la condición de
salud que afrontan y solicitan que se ordene la ejecución de los amparos que
cubren los créditos adquiridos.
2.2.2.
Dentro del expediente
T-5.283.342, el señor Hamid Aljure
Gaviria asegura que tiene derecho a
la ejecución de la póliza de vida adquirida con Liberty Seguros S.A., ya que
después haber suscrito el contrato de seguro sufrió un derrame cardiovascular y
fue calificado con pérdida de la capacidad laboral de un 53.11%. Agrega que la
entidad accionada negó su petición por tener hipertensión arterial antes del
contrato, sin considerar que, según los conceptos médicos aportados por él,
ello nada tiene que ver con el padecimiento que funda la solicitud.
2.2.3.
En el expediente T-5.335.030,
el señor Brayan Alexander Yusti Mellizo afirma que Colpatria Multibanca –seccional Cali- vulneró sus derechos fundamentales al negar la póliza
de seguro adquirida. Declara que padece de un tumor maligno en el testículo que
le ha hecho metástasis a otros órganos y le llevó a ser calificado con un 100%
de pérdida de la capacidad laboral, pero ésta circunstancia no fue valorada por
la entidad accionada, quien, a pesar de conocer su estado de salud, negó el
amparo del crédito por reticencia y preexistencia.
2.2.4.
En este orden de ideas, la
Sala Séptima de Revisión deberá determinar si Liberty Seguros S.A. y Colpatria
Multibanca –seccional Cali- vulneraron los derechos fundamentales de los
accionantes al negar la ejecución de las pólizas de vida que amparan los
créditos adquiridos, con fundamento en una supuesta preexistencia y reticencia
al momento de declarar el estado de riesgo.
2.2.5.
Para definir el asunto, la
Sala debe analizar, en primer término, la procedencia
de la acción de tutela contra entidades bursátiles o aseguradoras; en segundo
lugar, el contrato de seguro; en tercer lugar, el seguro de vida
como relación contractual vinculada con los derechos fundamentales; en cuarto
lugar, la preexistencia y la reticencia como elementos que excluyen el
cubrimiento del riesgo; en quinto lugar, el derecho fundamental al
mínimo vital; en sexto lugar, el deber de solidaridad constitucional que
recae sobre la actividad financiera, aseguradora y bursátil; y, finalmente se
solucionará el caso concreto.
2.3.
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
TUTELA.
La acción de tutela ha sido definida como un mecanismo
constitucional subsidiario y expedito que permite extender la protección
judicial en aquellos eventos en los cuales existe vulneración de los derechos
fundamentales de los ciudadanos y se requiriere de una intervención pronta e
inmediata de la autoridad pública. Puede ser ejercida por toda persona en
defensa de sí misma o en representación de un tercero cuando éste no se
encuentre en condiciones físicas, mentales o circunstanciales para la defensa
de sus derechos fundamentales.
A su vez, esta herramienta jurídica puede interponerse
contra personas naturales y jurídicas cuando exista violación o amenaza a los
derechos fundamentales de quien solicita la protección; no obstante, el
ejercicio de esta acción requiere, por regla general, que se reúnan ciertos
elementos. Por esta razón, en la metodología del examen que se adelantará a
continuación se expondrán los siguientes temas: (i) la subsidiariedad de
la acción de tutela; (ii) la inmediatez en su presentación; y (iii)
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra entidades
aseguradoras.
2.3.1.
Subsidiariedad.
2.3.1.1.  Significa que la
acción de tutela es una herramienta residual del sistema jurídico, es decir,
que para valerse de la misma es necesario emplear previamente las demás
acciones que el ordenamiento ha previsto para cada situación jurídica concreta.
De esta forma, el desconocimiento de este requisito conlleva, por regla
general, a la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela como
consecuencia que emerge de haber desplazado las funciones de las otras
jurisdicciones del ordenamiento jurídico[1].
2.3.1.2.  A través de
sentencia SU-599 de 1999[2], esta Corporación
declaró que la subsidiariedad implica la imposibilidad de ejercer la acción de
tutela cuando: (i) no se hizo uso de las herramientas jurídicas
dispuestas por la legislación para el reclamo de derechos en la situación
concreta; (ii) se ejercieron en forma extemporánea los mecanismos de
defensa o reclamo jurídico; o (iii) con el propósito de pretermitir las
instancias ordinarias en busca de una pronta respuesta de la justicia[3].
2.3.1.3.  De igual forma,
mediante sentencia T-406 de 2005[4], esta Corte
expresó que el fundamento constitucional de este requisito consiste en evitar
que la naturaleza restrictiva de la acción de tutela se vea desnaturalizada por
un uso ordinario y común que la convierta en una herramienta principal de
protección de derechos, toda vez que la Constitución y la ley han estructurado
todo un amplio sistema de competencias para el empleo de la jurisdicción y la
defensa de los derechos, el cual se desarrolla en forma coherente con todo el
cuerpo constitucional y ofrece diversos mecanismos jurídicos de acuerdo a la
naturaleza de cada asunto[5].
2.3.1.4. Sin embargo, el artículo 86 Superior estableció una
excepción a la regla de subsidiariedad y residualidad de la acción de tutela,
al permitir hacer uso de éste mecanismo como herramienta transitoria para
evitar la consolidación de un perjuicio grave e irremediable para el actor[6].
Igualmente, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 adicionó otra excepción a
la regla de subsidiaridad, al considerar la procedencia de la acción de tutela
cuando el mecanismo de defensa ordinario no resulte idóneo para la protección
de los derechos fundamentales.
2.3.1.5.  En suma, la acción
de tutela es un mecanismo judicial efectivo que se encuentra orientado a la
protección de los derechos fundamentales y cuyo ejercicio requiere de la
utilización previa de todos los mecanismos ordinarios con los cuales se cuenta
para resolver cada caso concreto. No obstante, la jurisprudencia constitucional
ha desarrollado dos eventos en los cuales es posible prescindir de este requisito,
a saber: (i) cuando el actor se encuentra en una situación apremiante
por la posible configuración de un perjuicio irremediable; y (ii) porque
los mecanismos de reclamo judicial con los que cuenta no alcanzan a ser eficaces
e idóneos para lograr una protección constitucional oportuna[7].
2.3.2.
Inmediatez.
2.3.2.1.  A partir de la
lectura del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un
mecanismo jurídico a favor de los ciudadanos para el reclamo inmediato de sus
derechos fundamentales, por ello se enmarca dentro de un procedimiento expedito
y sumario que busca proteger derechos cuya vulneración representa una grave
afectación a la integridad física o mental de una persona. En este sentido, la
jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de tutela debe
presentarse en un término razonable, valorado desde la ocurrencia del hecho
generador de la afectación y la presentación de la solicitud ante la justicia,
por medio del cual el juez constitucional pueda advertir la existencia de una
situación apremiante para el actor y su urgente necesidad de recibir medidas
frente a ello[8]. En otras
palabras, corresponde a cada juez observar las particularidades de cada caso y
determinar si la acción de tutela fue ejercida oportunamente para la defensa de
los derechos fundamentales[9].
2.3.2.2.  Sobre la
razonabilidad del plazo, mediante sentencia
SU-961 de 1999[10],
que se constituye como la primera providencia en desplegar un análisis concreto
sobre el asunto, la Sala Plena
manifestó que la inexistencia de un término de caducidad para el ejercicio de
la acción de tutela no implica que ésta no deba presentarse en un plazo
razonable, es decir, dentro de un lapso que no afecte derechos de terceros y
evite desnaturalizar la acción. Este término se encuentra determinado por la
finalidad misma que persiga el escrito de tutela y será ponderado por el juez
constitucional de conformidad a las características de cada caso concreto[11].
De
igual forma, la Sala indicó que no es posible acceder a la admisión de una
acción de tutela en aquellos eventos en los que no se ejercieron oportunamente
los mecanismos de reclamo judicial ordinarios que ha contemplado la legislación
para la naturaleza jurídica de cada caso, por cuanto es procedente aplicar
analógicamente el principio establecido en la sentencia C-543 de 1992[12],
según el cual no puede alegarse en beneficio propio la omisión.
2.3.2.3.  Posteriormente, la
Sala Plena de esta Corte reiteró dicha tesis mediante sentencia C-590 de 2005[13], cuando definió los requisitos generales y específicos
de procedencia de la acción de tutela. Al respecto, sostuvo la Sala que las
acciones de tutela deben cumplir con un plazo inmediato, es decir, que deben
presentarse dentro de un término proporcional desde el momento en que se
presentó la vulneración del derecho para evitar que se afecten los principios
de seguridad jurídica y cosa juzgada, ya que en sentido contrario se generaría
una confusión en las decisiones judiciales que opacaría la eficacia de las
herramientas institucionales para el reclamo y defensa de los derechos[14].
2.3.2.4.
En síntesis, la Constitución
Política y el precedente constitucional han establecido que la acción de tutela
se enmarca dentro de un procedimiento preferente y sumario, dirigido a evitar o
interrumpir la afectación que sufre un ciudadano respecto a sus derechos
fundamentales. De esta forma, el juez constitucional debe evaluar en cada caso
concreto la diligencia desplegada por el peticionario en relación con la
urgencia de la medida y establecer si el actor realmente se encuentra ante una
vulneración presente de sus derechos fundamentales[15].
2.3.3.
Procedencia de la acción de
tutela contra entidades aseguradoras.
2.3.3.1.
Las actividades financiera,
bursátil y aseguradora han sido calificadas por la Constitución Política como
un servicio público basado en la captación, manejo e inversión de grandes
cantidades de dinero procedentes de toda la población[16],
razón por la cual, las entidades y empresas que ejercen esta actividad
comercial se encuentran sujetas a una serie de responsabilidades particulares,
que las someten a obligaciones susceptibles de ser demandadas ante las
autoridades judiciales de carácter civil y comercial. Sin embargo, el artículo
42 del Decreto 2591 de 1991 establece la posibilidad que tienen las personas de
ejercer la acción de tutela, en aquellos eventos en los cuales consideren que
sus derechos fundamentales han sido vulnerados por un particular que presta un
servicio público[17],
no obstante el juez deberá valorar cada caso concreto.
2.3.3.2.
Lo anterior significa que el
ejercicio de la acción de tutela siempre deberá encausarse dentro de los
márgenes procesales dispuestos para ella, es decir, que siempre será necesario
agotar los mecanismos ordinarios que se tienen al alcance para el reclamo y
defensa de los derechos, especialmente en aquellos asuntos que tienen una
jurisdicción particular para resolver sus litigios, pues la protección
constitucional ha sido concebida por el legislador como un amparo que debe
extenderse en circunstancias donde efectivamente exista una violación a derechos
fundamentales.
2.3.3.3.
Ahora bien, como sucede en
todos los eventos relacionados con acciones de tutela que versan sobre asuntos
de carácter ordinario, la jurisprudencia constitucional ha admitido la
procedencia excepcional de las mismas cuando en ellas se encuentre demostrada: (i)
que el mecanismo judicial con el cual se cuenta no es eficaz o idóneo para
lograr la protección; y (ii) cuando sea para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable para el actor[18].
Además, la jurisprudencia ha reconocido que en los eventos en que se presentan
acciones de tutela por sujetos que gozan de especial protección constitucional,
la valoración sobre la ocurrencia del perjuicio irremediable debe ser más
comprensiva o flexibilizarse de acuerdo a las condiciones del peticionario[19].
2.3.3.4.
Así las cosas, si bien es
cierto que para problemas surgidos con entidades bursátiles, financieras o
aseguradoras se encuentra concebido un marco procesal civil y comercial
dirigido a canalizar el estudio de estos asuntos a través de la vía ordinaria,
no es menos cierto el hecho que los negocios pactados con dichas compañías
revisten la particularidad de recaer sobre una relación contractual en la cual
puede presentarse un desbalance que ubique a las mismas en una condición de
ventaja frente a la otra parte del acuerdo, casos en los que se configura un
estado de indefensión que permite prescindir de la vía ordinaria y admitir la
acción de tutela de manera excepcional.
2.3.3.5.
En ese sentido, para la
procedencia de este tipo de acciones de tutela, la jurisprudencia
constitucional ha agregado otro elemento, de acuerdo al cual, el juez deberá
examinar en cada caso concreto si existe un relación de desigualdad negocial
que ubique al actor en un plano de indefensión[20].
Adicionalmente, también ha determinado que el accionante debe demostrar que no
cuenta con recursos económicos suficientes para continuar con el pago de la
deuda[21].
2.3.3.6.
De igual forma, a través de
sentencia T-751 de 2012[22],
la Sala Primera de Revisión de esta Corte explicó que a partir de la lectura
del precedente constitucional, se logra desprender que en materia de acciones
de tutela contra compañías aseguradoras, el juez deberá considerar su
procedencia cuando en ellas logre advertir una amenaza o vulneración a los
derechos fundamentales a la vida, a la salud o al mínimo vital. De esta manera,
expuso que si el litigio involucra asuntos estrictamente económicos, el mismo
deberá ventilarse por medio de la vía ordinaria, aunque deberá avocarse el
conocimiento de la acción cuando sea con el propósito de proteger estos
derechos fundamentales, pues el proceso civil puede no ser idóneo[23].
2.3.3.7.
En este orden de ideas,
mediante sentencia T-136 de 2013[24],
esta Corporación conoció de una acción de tutela interpuesta por un
peticionario que había adquirido una póliza de seguro de vida para amparar un
crédito hipotecario, aunque su ejecución había sido negada por la entidad
aseguradora demandada pues había sobrepasado la edad de 69 años que debe
tenerse para este tipo de pólizas. En esta oportunidad, la Sala consideró que
el accionante era un sujeto de especial protección constitucional que se
hallaba en estado de indefensión frente a la entidad aseguradora, pues del
contrato se había demostrado que la entidad demandada nunca puso la edad de 70
años como límite para hacer efectiva esta póliza y esto lo estaba colocando
frente a un posible perjuicio irremediable porque amenazaba con perder su
casa.
2.3.3.8.  En el mismo sentido de lo expuesto, por medio de
sentencia T-865 de 2014[25],
la Sala Sexta de Revisión de esta Corporación explicó que frente a la
procedencia de acciones de tutela contra entidades aseguradoras, será necesario
analizar si la reclamación en la ejecución de la póliza puede generar una
consecuencia que materialice un perjuicio irremediable para el tomador, puesto
que no cuenta con recursos suficientes para garantizar su mínimo vital. En
estos eventos, el Estado no puede exigirle al individuo el agotamiento de vías
judiciales que no serían idóneas para resolver rápidamente el asunto, sino que
se encuentra en la obligación de tramitar de forma urgente la petición para con
ello evitar la afectación[26].
2.3.3.9.
En síntesis, la actividad
aseguradora es una labor de carácter financiero que debe resolver sus litigios
en el marco de la jurisdicción ordinaria. No obstante, contra este tipo de
compañías podrá ejercerse de manera excepcional la acción de tutela cuando el
juez constitucional logre demostrar que: (i) los mecanismos ordinarios
no son idóneos o eficaces para proteger un derecho fundamental; (ii) el
accionante está ante la amenaza de un perjuicio grave e irremediable, cuya
valoración deberá ser flexible en el caso de sujetos con especial protección
constitucional; y (iii) cuando de la relación contractual se observe que
el actor se encuentra en estado de indefensión.
2.4.
ENFOQUE CONSTITUCIONAL DEL
CONTRATO DE SEGURO.
En este acápite la Sala procederá a realizar un
análisis del contrato de seguro a partir de una perspectiva constitucional, de
manera que se logren extraer conclusiones que ayuden a identificar puntos de
tensión entre la conformación de este acuerdo de voluntades con los postulados
fundamentales de la Carta Política. Esto permitirá determinar cuándo es
necesario extender una protección sobre un caso que reviste circunstancias
particulares de especial relevancia constitucional.
Para efectos de lo anterior, el examen de la Sala se
desarrollará de la siguiente forma: (i) se definirá el contrato de
seguro; (ii) se observará lo dispuesto en la jurisprudencia
constitucional al respecto; (iii) se realizará una breve referencia
sobre este contrato en el derecho comparado; (iv) se expondrán las
cláusulas abusivas de estos contratos; (v) se abordará el contrato de
seguro de vida; y (vi) se analizarán las figuras de reticencia y
preexistencia en estos contratos.
2.4.1.
Contrato de seguro –
definición y contexto.
2.4.1.1.
Este contrato es una figura
jurídica concebida como un acuerdo de voluntades por el cual una persona
llamada tomador –en algunas ocasiones también beneficiario- se obliga al pago
de un prima a favor de otra llamada asegurador, con el fin que esta última
cubra los daños causados por la ocurrencia de riesgo –siniestro- que afecta la
integridad física o el patrimonio del primero.
2.4.1.2.
Su creación ha sido el
producto de la evolución que han sufrido las costumbres mercantiles en
occidente, las cuales partieron de la misma necesidad que tiene el ser humano
por desarrollar mecanismos que le brinden condiciones de protección y seguridad
en cada uno de los aspectos de su vida, para con ello obtener el mayor grado de
prevención posible frente daños a su integridad física, salud, patrimonio,
bienes y demás factores que afectan su existencia.
2.4.1.3.
Sus antecedentes nacen en las
antiguas asociaciones que formaron griegos y romanos para que sus integrantes
se prestaran ayuda mutua frente a las adversidades y contingencias que
sufrieran. De éstas se destaca la Collegia Funeratica como una modalidad
de asociación por la que sus miembros realizaban aportes a un fondo que atendía
los gastos funerarios de sus integrantes.
No obstante, fueron las tradiciones mercantiles del
comercio marítimo en la cuenca del Mediterráneo las que moldearon este contrato
y dieron como resultado una serie de prácticas que se volvieron ley en este
mercado, como lo fue el Código Marítimo de Rodas, que compiló costumbres
propias de este sector y previó una cuota por daños que sufriera la nave o la
mercancía; así como el pago de un flete que se encontraba condicionado a la
llegada de la mercadería a su lugar de destino, llamado Pecunia Trajectitia[27].
Gran parte de las prácticas y costumbres mercantiles
originadas en la antigüedad continuaron vigentes en la Edad Media, como lo fue
la Nauticum Foenus, que consistía en un préstamo a la gruesa girado a
favor del capitán de la nave o del dueño de la mercancía, y cuya suma debía
devolverse con el pago de altísimos intereses, a no ser que la nave nunca
llegara a su lugar de destino, caso en el cual se extinguía la obligación[28].
2.4.1.4.
Lo anterior muestra cómo el
contrato de seguro se forma desde la idea de prevención o anticipación de
perjuicios generados por el acaecimiento de un riesgo, es decir, de un hecho
siniestro no deseado que afecta alguno de los elementos que influyen en la vida
del ser humano. De esta forma,  a mediados del siglo XVII, el desarrollo de las
ciencias exactas permitió crear fórmulas actuariales para cuantificación de
riesgos, con lo cual se dejaron atrás las valoraciones empíricas de la
antigüedad y se establecieron relaciones entre riesgo y costo. Esta nueva
realidad introdujo mejoras que dieron lugar a la estructura actual del contrato
de seguro, y además condujo a la creación de las primeras compañías
aseguradoras en Inglaterra, Holanda y Francia[29].
2.4.1.5.
En Colombia, este contrato
tuvo uno de sus primeros antecedentes en la Ley 27 de 1.888, mediante la cual
se previó que para los contratos de transporte terrestre se podía sumar el
valor del flete, de las comisiones y de las utilidades sobre el monto
asegurado. Sin embargo, su construcción formal dentro del sistema jurídico
nacional se produjo con la entrada en vigencia del actual Código de Comercio,
que en el Título V del Libro IV, enmarcó los lineamientos sobre los cuales este
contrato despliega sus efectos y definió las características del mismo, las
cuales, según el artículo 1036, se trata de una contrato consensual, bilateral,
aleatorio y de ejecución sucesiva.
De igual forma, el artículo 1037 define las partes de
este contrato, donde el asegurador corresponde a la persona jurídica que asume
los riesgos, mientras que el tomador es aquella persona que por cuenta propia o
ajena traslada los riesgos. Así también, el artículo 1045 determina sus
elementos esenciales y los define como: el interés asegurable, el riesgo
asegurable, la prima o precio del seguro y la obligación condicional del asegurador,
los cuales se abordarán más adelante.
En consideración a lo descrito, se advierte que los
contratos de seguros comportan un elemento fundamental para su definición, el
cual se materializa en la figura del riesgo. Sobre el particular, el artículo
1054 del Código de Comercio define esta figura como aquel:
“[S]uceso incierto que no depende
exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y
cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos,
salvo la muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son,
por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la
incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no
cumplimiento”.
En ese mismo sentido, el artículo
1055 menciona que el dolo, la culpa grave y los actos estrictamente
potestativos del tomador de la póliza no son susceptibles de ser asegurados.
Asimismo, menciona que el asegurador podrá determinar “a su arbitrio”
los siniestros que afecten el interés o la cosa asegurada, el patrimonio o la
persona del asegurado. Este elemento, así como los elementos descritos, serán
retomados más adelante cuando se aborde la definición sobre el contrato de
seguro de vida.
2.4.1.6.
Por lo expuesto, las
propiedades jurídicas de este contrato hacen que se encuentre dentro de la
esfera privada, en cuanto se desarrolla sobre el plano de la voluntad de las
partes. Así las cosas, este acuerdo se caracteriza por perfeccionarse entre un
asegurador y un tomador, donde el primero es quien asume los riesgos
previamente determinados por su voluntad, mientras que el segundo se obliga por
cuenta propia o ajena a trasladar los riesgos.
Por ello, este contrato es calificado como uberrimae
fidae, es decir, que para la eficacia de sus efectos se requiriere un
estricto apego a la buena fe y la claridad de las partes al momento de
manifestar las condiciones que permean la voluntad negocial.
2.4.2.
Referencias
jurisprudenciales sobre el contrato de seguro.
2.4.2.1.  Como quedó expuesto en el acápite anterior, el
contrato de seguro es una figura jurídica que se desarrolla en el plano de la
voluntad privada de las partes y por ello despliega sus efectos en el marco de
un régimen legal de carácter civil y comercial. No obstante, los postulados
constitucionales que irradian todo el ordenamiento jurídico han permitido a
esta Corporación abordar el examen sobre ciertos aspectos de este contrato que
pueden entrar en tensión con derechos fundamentales.
La Sala Plena de esta Corte ha buscado que la rigidez
legal del contrato de seguro sea dúctil en circunstancias donde puedan verse
amenazados derechos fundamentales de las personas. Por esta razón, ha
clarificado que la actividad financiera, bursátil y aseguradora corresponde a
un servicio de interés público, con lo cual ha permitido que la acción de
tutela pueda ser ejercida en litigios de esta naturaleza contractual; pero
también ha ratificado ciertos conceptos relacionados con la buena fe y
fidelidad de las partes y las consecuencias de su incumplimiento.
2.4.2.2.  Podría afirmarse que en este tema, la sentencia C-232
de 1997[30]
se convierte en el fallo dominante en términos de precedente constitucional. En
esta oportunidad, la Sala Plena examinó una demanda de inconstitucionalidad
entablada contra el artículo 1058 del decreto Ley 410 de 1971, “[p]or el
cual se expide el Código de Comercio”, en el que se enmarca la obligación a
cargo del tomador de la póliza en declarar su estado de riesgo de manera clara
y precisa al momento de perfeccionar el contrato[31].
Para esta ocasión, la Sala explicó que la captación
masiva de dinero proveniente de todos los sectores hace que la actividad
aseguradora sea definida como un servicio de interés público. También sostuvo
que su diferencia con las apuestas y el azar, se basa en la certeza sobre los
eventos que pueden ser definidos como siniestros susceptibles de ser amparados
y en la probabilidad estadística que evita caer en un negocio aleatorio
absoluto.
Igualmente, declaró que la infidelidad del tomador al
momento de presentar su estado de riesgo conlleva a que el seguro se encuentre
fundado en el error y, en consecuencia, exista un vicio ab initio del
contrato que lo saque del ordenamiento jurídico a través de la rescisión,
anulabilidad o nulidad relativa[32].
En este mismo sentido, agregó que en estos eventos, la relación causal que debe
observarse en aquella que vincula el error o el dolo con el consentimiento del
asegurador, para lo cual expone la doctrina según la cual[33]:
“Debe, por tanto, existir una relación causal entre el vicio de la
declaración (llámese inexactitud o reticencia) y el consentimiento del
asegurador, cuyo error al celebrar el contrato o al celebrarlo en determinadas
condiciones sólo ha podido explicarse por la deformación del estado del riesgo
imputable a la infidelidad del tomador. Ello no significa, en ningún caso, como
algunos lo han pretendido, que la sanción sólo sea viable jurídicamente en la
medida en que el hecho o circunstancia falseados, omitidos o encubiertos se
identifiquen como causas determinantes del siniestro. Que, ocurrido o no,
proveniente de una u otra causa, de una magnitud u otra, es irrelevante desde
el punto de vista de la formación del contrato”.
2.4.2.3.  Conforme a lo descrito, la Sala
expresó que las nulidades relativas consagradas en el artículo demandado, se
encuentran dirigidas a restablecer el equilibrio roto del contrato, pues
responden al hecho que el error del tomador se supone “inculpable” e
irreprochable, de manera que esta solución es equitativa y razonable, porque a
pesar de ser una conducta que inspira la necesidad de ser sancionada en forma
distinta y más leve, “de todas maneras conduce a una tarifación menor e
inapropiada para el asegurador, que objetivamente introduce un factor de
desequilibrio entre los contratantes”.
2.4.2.4.  Por otra parte, en relación con la
determinación del riesgo y la verificación de las condiciones del tomador por
parte de la entidad aseguradora, expuso que la doctrina a partir de la cual las
compañías aseguradoras no están obligadas a realizar “inspecciones de los riesgos
para determinar si es cierto o no lo que el tomador asevera”, toda vez que, el contrato de
seguro, “como contrato de ubérrima buena fe, no puede partir de la base
errada de que es necesario verificar hasta la saciedad lo que el tomador afirma
antes de contratar, porque jamás puede suponerse que él miente”[34].
2.4.2.5.  Adicionalmente, la Sala se pronunció
sobre la figura de la reticencia o inexactitud en la declaración de riesgo.
Sobre el particular, expuso que los contratos de seguro hacen parte de un
régimen especial, más rígido que el derecho común, concebido con el propósito
de proteger a la compañía aseguradora y a sus asegurados, quienes desarrollan
su relación contractual sobre un estricto apego al principio de buena fe, por
ello este ha sido un contrato definido como uberrimae fidei[35]. En este sentido, señala que existen
eventos en los cuales el tomador de la póliza, sin culpa de su parte, incurre
en inexactitudes o reticencias al momento de exponer su estado de riesgo, casos
para los cuales, el inciso 3º del artículo 1058 del Código de Comercio otorga a
la compañía aseguradora la posibilidad de cancelar sólo un porcentaje de la
prestación asegurada[36].
2.4.2.6.
En esa misma
línea, la Sala sostuvo que el tratamiento anterior obedece a la necesidad de impartir
una sanción más benigna sobre una conducta “inculpable” del tomador, lo
cual emerge como una solución razonable si se considera que “es de menor
entidad que la prevista para los eventos de la nulidad relativa del contrato,
pero que, técnicamente considerada, de todas maneras conduce a una tarifación
menor e inapropiada para el asegurador, que objetivamente introduce un factor
de desequilibrio entre los contratantes”. Asimismo, explica que si bien la
reducción proporcional de la prestación asegurada es una medida que puede
reducirse o suprimirse contractualmente, la misma se encuentra dirigida a
restablecer el equilibrio del contrato y en este sentido “no constituye
agravio al derecho fundamental a la igualdad y no tiene por qué depender de una
relación de causalidad entre lo inexacto u omitido y el siniestro efectivamente
causado. En consecuencia, tampoco viola la Constitución”.
2.4.3.
Otro fallo
relevante en materia de precedente se encuentra en la sentencia C-269 de
1999[37],
donde la Sala Plena de esta Corporación resolvió una demanda de
inconstitucionalidad presentada contra el artículo 82 de la Ley 45 de 1990, “por la cual
se expiden normas en materia de intermediación financiera, se regula la
actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan otras
disposiciones”.
2.4.3.1.  En esta providencia, la Sala declaró
exequible el artículo demandado, el cual dispone la terminación automática del
contrato de seguro cuando el tomador incurre en mora[38], pero, dentro del análisis
desplegado por la Corte, se menciona que la actividad aseguradora es un
servicio público revestido de unas particularidades que habilitan al legislador
para determinar requisitos y procedimientos más estrictos a los cuales deben
ceñirse los contratantes, donde se persigue la protección de la parte más
débil, es decir, del asegurado o beneficiario.
En esa misma
línea, indicó que el contrato de seguro se encuentra compuesto por los
siguientes elementos: (i) interés asegurable, (ii) el riesgo
asegurable, (iii) la prima o precio del seguro, y (iv) la
obligación condicional del asegurador, de manera que, a falta de uno de ellos,
el contrato no desplegará efectos. En este mismo sentido, explicó que este
contrato se encuentra dentro de los márgenes de los principio de diligencia,
equilibrio e igualdad, por los cuales se permite que la terminación automática
del contrato en caso de incumplimiento.
Así también,
señaló que la falta de compromiso del tomador en la declaración de su estado de
riesgo rompe el principio de la buena fe contractual, por lo cual le asiste al
tomador el deber de diligencia y cuidado para no agredir la confianza del
asegurador en el desarrollo del contrato. De esta manera, afirmó que existe un
beneficio legal justificable constitucionalmente que faculta al asegurador para
terminar el contrato con ocasión al rompimiento del equilibrio contractual.
2.4.4.
Breve
referencia a los aspectos más importantes del contrato de seguro en el derecho
comparado.
En materia de derecho comparado no es
óbice hacer referencia al marco europeo para estos contratos. En este
plano también se ha reconocido la importancia de la buena fe contractual y el
deber de fidelidad de las partes al momento de perfeccionar el contrato, así
como la libre determinación que tiene el asegurador de excluir eventos o siniestros
de ser amparados por el seguro y el monto de los mismos.
2.4.4.1.  En este orden de ideas, dentro de
los Principios de Derecho Europeo sobre Contrato de Seguros[39], es posible observar que el
desarrollo de los mismos se enfoca en el derecho-deber de información veraz que
le asiste a las partes del contrato, de manera que ambas se encuentran
constreñidas a ofrecer unos datos íntegros, objetivos y proporcionales acerca
de los detalles que impulsan la voluntad negocial. Esta consideración parte del
hecho que, dentro de este tipo de relaciones contractuales, uno de los mayores
problemas que se presenta para su perfeccionamiento se encuentra en la
capacidad de entendimiento jurídico y práctico del tomador, circunstancia que
imprime complejidad a la etapa pre-contractual de este tipo de negocios.
2.4.4.2.  En ese sentido, cabe citar la
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), proferida
el 1º de marzo de 2011, en el asunto C-236 de 2009, Association belge des
consommateurs Test-Achats y otros vs. Conseil des ministres, en la que se
resolvió la cuestión de si las empresas aseguradoras podían tomar como
referencia el sexo del asegurado como elemento de diferenciación en la
delimitación de la prima en estos contratos.
Para esta oportunidad, el Tribunal
decretó de manera categórica que en las relaciones contractuales en las cuales
exista un vínculo dirigido a que se haga efectivo un amparo en caso de
acaecimiento de un riesgo, las entidades aseguradoras se encuentran en libre
determinación para precisar el monto de la prima objeto de la prestación para
el tomador.
2.4.4.3.  Dentro de los estudios del derecho
alemán en esta materia, se ha llegado a la conclusión que la fidelidad del
tomador de la póliza al momento de declarar su estado de riesgo, debe
manifestarse de forma richtig, sorgfältig, verständlich, vollständig y
zeitnah (exacto, cuidadoso, comprensible, íntegro y actual)[40]. En este mismo sentido, según
lo expone Abel B. Veiga Copo, si bien es cierto que los Principios de Derecho
Europeo sobre Contrato de Seguros, en su artículo 2:101, hablan únicamente de
deber de información, no es menos cierto el hecho que la  declaración del
estado de riesgo “no procede sino se hace de un modo completo, veraz,
íntegro, claro, transparente”. Por esta razón, el contrato de seguro “[e]s
un contrato de buena fe en el que el asegurador y tomador han de ser leales y
honestos el uno para con el otro”.
2.4.4.4.  Así también, dentro del derecho
español, los artículos 7 y 1258 del CC y 57 del CdC consagran que este tipo de
contratos deben ejercerse, interpretarse y ejecutarse de conformidad con la
buena fe de las partes, por ser principio rector del desarrollo de toda
relación jurídica inter partes. En este sentido, cabe precisar que el
doctrinante VEIGA COPO sostiene que la jurisprudencia española ha
definido este contrato como uberrimae bonae fide (la STS de 8 de febrero
de 1989 - RJ 1989, 761), toda vez que a las partes les asiste el máximo deber
de colaboración y reciprocidad para perfeccionar el contrato y para “solventar
todas las vicisitudes a las que pueden verse compelidas las partes en el
devenir ulterior de las relación jurídica aseguraticia”.
2.4.5.
Ahora bien,
en la etapa precontractual de este tipo de negocios, las empresas aseguradoras
acostumbran solicitar la resolución de preguntas y formularios dirigidos a
obtener una visión del estado de riesgo del tomador. De esta manera, el
principio de buena fe obliga a estas compañías a formular cuestionamientos
relevantes, serios, precisos y que se enfoquen en advertir la información
realmente necesaria para determinar la selección o rechazo de los hechos que
constituyen riesgo, por lo cual, dichas compañías no podrán presentar ofertas
ambiguas, incomprensibles o lesivas para el tomador, pues cabe recordar que es
la parte débil del contrato[41].
2.4.6.
En virtud de
lo expuesto, es claro que en materia de seguros, el principio de buena fe se
eleva a su mayor categoría como elemento que soporta la relación contractual, a
diferencia de otro tipo de acuerdos de voluntades, donde no se presenta esta
realidad con tanta intensidad. Así las cosas, el deber de fidelidad en la
manifestación de voluntades siempre será bidireccional, pues, de una parte,
corresponde al tomador de la póliza declarar las circunstancias que rodean su
estado de riesgo; mientras que, por otra, asiste al segurador el deber de
exponer preguntas claras y precisas para determinar el estado del solicitante.
2.4.7.
No obstante
lo anterior, si bien es cierto que en materia nacional e internacional los
contratos de seguros se encuentran revestidos de unas características que
permiten al asegurador determinar unilateralmente las condiciones del acuerdo
de voluntades, no es menos cierto que el Legislador y la interpretación
constitucional han permitido que dicho arbitrio sea encausado dentro de los
postulados de protección a los derechos de los consumidores, especialmente de
aquellos que se encuentran en estado de debilidad manifiesta.
2.4.8.
Cláusulas
abusivas en los contratos de seguro y enfoque constitucional.
2.4.8.1.  La relación contractual que enmarca
este tipo de estipulaciones hace que la entidad aseguradora tenga cierta
ventaja sobre el tomador al poner las condiciones bajo las cuales estaría
dispuesta a realizar el pago. De esta manera, el adquirente no tiene
posibilidad de deliberar, conciliar o controvertir las cláusulas del contrato
con la compañía aseguradora, sino que debe aceptar el paquete como se lo
ofrecen.
2.4.8.2.  Lo anterior puede abrir la puerta
para que las compañías aseguradoras y financieras impongan sobre el tomador una
serie de requisitos y condiciones que pueden constituirse en un abuso de la
posición contractual, sin que éste pueda ofrecer alternativas o modificaciones
que sean más cómodas para el pago. Por esta razón, el ordenamiento ha dispuesto
una serie de medidas con el fin de proteger a los consumidores y clientes de
servicios financieros frente a dichos actos arbitrarios.
2.4.8.3.  En este orden de ideas, en Colombia,
la Ley 1328 de 2009 enmarca las normas en materia financiera, de seguros y del
mercado de valores, para determinar una serie de responsabilidades que deben
asumir las compañías que prestan servicios en estos campos, así como los
derechos que le asisten a las personas que hacen uso de ellos. En este sentido,
los artículos 11 y 12 fijan la prohibición de cláusulas abusivas en estos contratos
y definen las mismas:
Artículo 11. Prohibición de utilización de cláusulas abusivas en
contratos. Se prohíbe las cláusulas o estipulaciones contractuales que se
incorporen en los contratos de adhesión que:
a) Prevean o impliquen limitación o renuncia al ejercicio de los
derechos de los consumidores financieros.
b) Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor
financiero.
c) Incluyan espacios en blanco, siempre que su diligenciamiento no
esté autorizado detalladamente en una carta de instrucciones.
d) Cualquiera otra que limite los derechos de los consumidores
financieros y deberes de las entidades vigiladas derivados del contrato, o
exonere, atenúe o limite la responsabilidad de dichas entidades, y que puedan
ocasionar perjuicios al consumidor financiero.
e) Las demás que establezca de manera previa y general la
Superintendencia Financiera de Colombia.
Parágrafo. Cualquier estipulación o utilización de cláusulas
abusivas en un contrato se entenderá por no escrita o sin efectos para el
consumidor financiero.
Artículo 12. Prácticas abusivas. Se consideran prácticas abusivas
por parte de las entidades vigiladas las siguientes:
a) El condicionamiento al consumidor financiero por parte de la
entidad vigilada de que este acceda a la adquisición de uno o más productos o
servicios que presta directamente o por medio de otras instituciones vigiladas
a través de su red de oficinas, o realice inversiones o similares, para el
otorgamiento de otro u otros de sus productos y servicios, y que no son
necesarias para su natural prestación.
b) El iniciar o renovar un servicio sin solicitud o autorización
expresa del consumidor.
c) La inversión de la carga de la prueba en caso de fraudes en
contra de consumidor financiero.
d) Las demás que establezca de manera previa y general la
Superintendencia Financiera de Colombia.
Parágrafo. Las prácticas abusivas están prohibidas a partir de la
entrada en vigencia de la presente norma y serán sancionables conforme lo
dispone la Superintendencia Financiera de Colombia y la ley.
2.4.8.4.
En
ese mismo sentido, el 6 de septiembre de 2011, la Superintendencia Financiera
expidió la Circular Externa No. 039, a través de la cual adicionó el numeral
10º al Capítulo Sexto del Título I de la Circular Externa 007 de 1996, con lo
que aumentó el margen de cláusulas y prácticas abusivas dentro de los contratos
con compañías financieras, de seguros y de valores. Sobre el particular, el
documento establece que dichas entidades deberán abstenerse de “incurrir en conductas que conlleven abusos
contractuales o de convenir cláusulas que puedan afectar el equilibrio del
contrato o den lugar a un abuso de posición dominante contractual”.
2.4.8.5.
En
esa misma línea, el precedente de esta Corporación ha tomado estas cláusulas
abusivas en materia de seguros para hacer dúctil estos contratos cuando sea
necesario aplicar los postulados constitucionales para la defensa de derechos
fundamentales. Sobre el particular, es necesario citar la sentencia C-909 de
2012[42],
por la que la Sala Plena de esta Corporación analizó una demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 2° literal d) (segmento), 11 literal e) y 12 literal d) de
la Ley 1328 de 2009, “[p]or la cual se dictan
normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras
disposiciones”.
En este pronunciamiento la Sala
sostuvo que los principios constitucionales conducen a determinar que la
libertad económica se encuentra plenamente protegida por la Constitución
Política, pero la misma requiere de limitaciones legislativas con el fin de
obtener un equilibrio entre el reconocimiento de las garantías necesarias para
el intercambio económico y la supremacía del bien común, “en función de
intereses generales que el constituyente ha identificado”.
De esa manera, la Sala
explicó que las particularidades del contrato de seguro permiten al mismo
desplegar sus efectos sobre el ámbito de protección a la libertad empresarial.
No obstante, ello no quiere decir que se faculta al asegurador para ejercer un
arbitrio contractual absoluto, pues la intervención estatal es necesaria para: (i)
proteger otro principio constitucional, que es la igualdad de oportunidades; (ii)
corregir imperfecciones de este mercado; (iii) permitir el acceso de
estos bienes y servicios a todas las personas, especialmente “aquellas que cuentan con menores
ingresos o se hallan en condiciones de debilidad manifiesta”.
2.4.8.6.  De lo descrito se desprende que, si
bien es cierto que en los contratos de seguros las compañías tienen libres
atribuciones para fijar sus cláusulas, no es menos cierto que esta modalidad
negocial no puede erigirse como una estipulación que otorga plenas facultades a
las entidades aseguradoras para tomar ventaja de su posición en el mercado e
imponer a los tomadores condiciones que restringen el uso de sus derechos como
consumidores. Por esta razón, la intervención del Estado se hace necesaria en
aquellos eventos en los cuales se requiera volver dúctil la interpretación de
estos contratos con el fin de proteger derechos fundamentales de personas que
se encuentren en estado de debilidad manifiesta.
2.4.9.
El contrato de
seguro de vida.
2.4.9.1.  Esta modalidad contractual hace referencia al acuerdo
de voluntades que realizan el tomador de póliza y la entidad aseguradora, donde
el primero se obliga al pago de una prima destinada a integrar un fondo que, en
caso de invalidez o muerte, habrá de amparar los perjuicios que sufran aquellos
que estaban a su cargo, que serán llamados beneficiarios de la póliza. El
desarrollo legal de este contrato se enmarca dentro del régimen establecido en
los artículos 1151 a 1162 del Código de Comercio. Igualmente, el artículo 1045
del mismo estatuto menciona los elementos que integran esta modalidad
contractual, discriminados así: (i) el interés
asegurable; (ii) el riesgo asegurable; (iii) la prima o precio
del seguro, y (iv) la obligación condicional del asegurador.
2.4.9.2.  El interés asegurable hace referencia a
la disposición que presentan las partes al momento de manifestar las
condiciones y posibilidades del contrato. Por un lado, la entidad aseguradora,
una vez conocida la declaratoria de riesgo del interesado, valorará sus
condiciones y determinará si accede o no a cubrir el riesgo expuesto, o bajo
qué términos lo haría. Por otro lado, el interesado examinará la propuesta y
resolverá obligarse al monto que indique la aseguradora.
2.4.9.3.  El riesgo asegurable es aquel siniestro
posible o probable que se pretende cubrir con el pago de la póliza. Su
valoración se hará de conformidad a los hechos y circunstancias declaradas por
el interesado al momento de exponer su estado de riesgo, por ello es importante
que la manifestación que éste realice sea ajustada a la verdad, pues de acuerdo
a ella la entidad aseguradora podrá precisar el monto a cubrir.
2.4.9.4.  Por
su parte, la prima o precio del seguro hace referencia a la suma o importe que
deberá cancelar el asegurado para obtener la cobertura del riesgo valor[43]. Resulta como producto de la
determinación que realiza la entidad aseguradora sobre los hechos y
circunstancias expuestas por el tomador de la póliza. En relación con este
concepto, el doctrinante VEIGA COPO expone que:
“El riesgo constituye el elemento
esencial del contrato de seguro y, como tal, debe ser individualizado y
delimitado. Riesgo es, en suma, aquella eventualidad que hace nacer una
necesidad. A diferencia pues de otras relaciones contractuales en el que las
partes hasta cierto punto, controlan autónomamente los elementos del contrato
en el iter contractual, en el contrato de seguro, el asegurador en realidad no
es capaz de apreciar en su totalidad el contenido y la solicitud y
ulteriormente de la propuesta del tomador. Es decir, de todos los elementos y
circunstancias que permiten realmente valorar la entidad e intensidad del
riesgo, muchos de ellos están compuestos de datos referentes o bien a cosas, o
bien a personas cuyo exacto conocimiento tanto presente como pasado sólo puede
ser o estar en condiciones de ser conocido por el asegurado, pues en no pocas
ocasiones pertenecerá a su esfera íntima personal. La concreción de esa buena
fe jurídica entre las partes, no sólo impregna el contrato sino también toda la
legislación del contrato, siendo múltiples los artículos que bien directamente,
bien de un modo indirecto alude a la misma a lo largo del articulado”.
2.4.9.5.  El último de los elementos que integran
el contrato de seguro es la obligación condicional del asegurador, la cual
implica que dentro de este contrato el asegurador establece un marco delimitado
de acción sobre el cual se desarrolla la ejecución de la póliza adquirida, de
manera que únicamente serán cubiertos los daños ocasionados por los siniestros
determinados en el contrato, es decir, que la obligación de hacer efectiva la
póliza surgirá al momento en que acontezca alguno de los riesgos que se
estipularon en el contrato de seguro. En este sentido, el asegurador no se
encuentra obligado a pagar cualquier tipo de perjuicio que acaece sobre el
tomador de la póliza, sino sólo en aquellos eventos discriminados y
seleccionados por la entidad aseguradora dentro del contrato estipulado.
2.4.9.6.  En este orden de ideas, cabe precisar que
los elementos descritos deben desenvolverse sobre el plano que extiende el
principio de buena fe en los contratos, pues en todos ellos es esencial
que la declaratoria de voluntad se encuentre libre de vicios de voluntad para
poder guardar el equilibrio de la relación. Así las cosas, el contrato de
seguros se rige por un estricto cumplimiento del principio de buena fe entre
las partes, toda vez que a partir de la declaración de voluntad emitida por el
adquirente, el asegurador puede identificar los márgenes sobre los cuales se
desplegarán los efectos de la póliza adquirida, y a su vez establecer la
modalidad y el monto que debe pagar el adquirente.
Por lo anterior, la declaración
que rinde el tomador del seguro al momento de contratar con la entidad
aseguradora debe ajustarse a los términos de la verdad y mostrar la real
condición de quien la obtiene, de lo contrario esto generaría una nulidad
dentro del contrato que haría inviable la ejecución de la póliza.
Sin
embargo, al momento de presentarse la declaratoria de estado de riesgo por
parte del interesado en la póliza, es posible que se presenten alteraciones en
los hechos y circunstancias expuestas que pueden dar lugar a un desequilibrio
contractual. En este sentido, se ha logrado identificar dos escenarios en los
que puede ocurrir esta anomalía, precisados en las figuras de reticencia y
preexistencia.
2.4.10.
Reticencia o inexactitud.
Es una irregularidad en la manifestación de voluntad
al momento de suscribir el contrato de seguro. Se presenta cuando el
adquirente, al instante de tomar la póliza, rinde una declaración sobre su
estado de riesgo que no se encuentra ajustada a la realidad, con lo cual induce
a la entidad aseguradora a expedir una cobertura que no corresponde con su
verdadera condición[44].
El artículo 1058 del Código de Comercio establece que
la reticencia se configura cuando el tomador del seguro expone u omite unos
hechos que, de haber sido conocidos por la entidad aseguradora, se habría
emitido una póliza más onerosa[45],
por ello se genera la nulidad relativa del seguro, a no ser que la inexactitud
provenga de un error inculpable o haya sido subsanada por la aceptación de la
entidad. En este sentido, la lectura de este artículo permite extraer las siguientes
anotaciones sobre las singularidades jurídicas de esta conducta:
2.4.10.1.
En primer lugar, el contrato
de seguro se rige por el principio de buena fe entre los contrayentes, el cual
impone a la parte adquirente la obligación de rendir una declaración sobre su
estado de riesgo que sea ajustada a la realidad, sin importar que haya sido a
través de cuestionario o exposición oral. De esta forma, la entidad aseguradora
podrá expedir una póliza conforme a las circunstancias y extensión de los
acontecimientos que se pretenden asumir.
2.4.10.2.
En segundo lugar, en caso que
la manifestación de voluntad haya incurrido en inexactitudes o reticencia (por
omisión de datos) que recaigan sobre aspectos esenciales para determinar la
disposición de la entidad aseguradora a contratar, o la onerosidad de la póliza
a expedir, se configurará un vicio en la voluntad que dará lugar a nulidad
relativa del contrato. En este evento la entidad aseguradora podrá adelantar el
respectivo reclamo judicial por nulidad contractual y retener, a título de
pena, el total de la prima.
No obstante lo anterior, el
último párrafo del artículo 1058 C.Co estipula que dichas sanciones no
procederán cuando el asegurador ha conocido o debido conocer las circunstancias
que generaron vicio en la declaración, o, en caso de haberlas conocido
posteriormente, las subsane mediante su aceptación expresa o tácita.
2.4.10.3.
En tercer lugar, en caso que
la reticencia o inexactitud provengan de un error inculpable del tomador de la
póliza (quien actuó de buena fe), el contrato será válido sólo en relación con
aquellos aspectos asegurados que mantienen el equilibrio contractual. En el
caso concreto de los seguros de vida, el artículo 1160 del Código de Comercio
indica que: “[t]ranscurridos dos años en vida del asegurado, desde la fecha
del perfeccionamiento del contrato, el valor del seguro de vida no podrá ser
reducido por causa de error en la declaración de asegurabilidad.
Ello quiere decir que, en el caso particular de
aquellos adquirentes que omitieron información relevante al momento de
manifestar su estado de riesgo, pero sobre la cual tenían desconocimiento, la
compañía de seguros no podrá demandar la nulidad del contrato, sino que deberá
reducir el monto de la prestación asegurada para garantizar el equilibrio del
mismo, a excepción de los seguros de vida, en los que una vez transcurridos dos
años desde la expedición de la póliza, no podrá reducirse el monto de la
prestación.
En este orden de ideas, el
artículo 1161 del Código de Comercio establece que en caso de presentarse
reticencia al momento de adquirir un seguro de vida, será necesario tener en
cuenta lo siguiente: (i) si la edad del tomador supera los límites
autorizados por la tarifa del asegurador, el contrato se sancionará conforme a
lo dispuesto anteriormente (Art. 1058); (ii) si la edad del tomador
supera la edad declarada, el seguro se reducirá a una proporción que guarde
relación matemática con la prima anual que debe cancelar el adquirente; y (iii)
si la edad del tomador es menor que la declarada, el valor del seguro se
reducirá igualmente a una proporción que tenga relación matemática con la prima
que deba cancelarse[46].
2.4.10.4.
Ahora bien, sobre
lo expuesto, la jurisprudencia constitucional no ha sido omisa, sino que se ha
pronunciado al respecto. Sobre el particular, en la misma sentencia C-232 de
1997[47],
la Sala Plena determinó
que el tomador tiene una carga precontractual, consistente en exponer unos
hechos y circunstancias ajustados a la verdad para lograr el equilibrio del
contrato, de lo contrario se comete un incumplimiento por inexactitud o
reticencia, es decir, por incurrir en falta de la debida puntualidad o
fidelidad en las respuestas o el relato, o por callar, total o parcialmente, lo
que debiera decirse[48].
En este mismo sentido, explicó
cómo, en materia de seguros, el Código de Comercio adoptó la recisión de los
contratos propia del derecho civil y estableció la posibilidad de acudir a esta
figura cuando el contrato se encuentra fundado sobre inexactitudes o errores
producidos por reticencias que, de no haberse presentado, habrían dado lugar a
estipular condiciones más onerosas para el tomador[49]. Asimismo, la Sala sostuvo que es
igualmente posible solicitar la nulidad del contrato cuando se expidió una
póliza de seguros de buena fe y los datos omitidos dentro de la declaración
guardan estrecha relación con el siniestro acontecido[50].
2.4.10.5.
Igualmente, a
través de sentencia T-086 de 2012[51],
la Sala Octava de Revisión de esta Corporación analizó una acción de tutela
presentada por un ciudadano a quien le habían diagnosticado invalidez total y
permanente, pero la ejecución de su póliza de seguro de vida había sido negada
por la aseguradora demandada. En esta ocasión, la Sala sostuvo que por virtud
del principio de buena fe en los contratos, las partes se encuentran obligadas
a mostrar honradez al momento de perfeccionar de pactar las condiciones del
acuerdo, pues este elemento es esencial para interpretar las cláusulas del
contrato, más aún si se tiene en cuenta que no sólo indica la manera como debe
analizarse la conducta de las partes frente al cumplimiento de sus
obligaciones, sino también la eficacia del mismo[52].
En ese mismo sentido, en relación con la
reticencia, citó las sentencias T-171 de 2003[53]
y T-196 de 2007[54],
a partir de las cuales explicó que consiste en una inexactitud en la
declaración del estado de riesgo del tomador de la póliza, la cual vicia el
consentimiento y es sancionada con nulidad relativa del seguro.
2.4.10.6.
De esa misma forma, mediante
sentencia T-902 de 2013[55],
la Sala Primera de Revisión de esta Corte conoció de la acción de tutela
interpuesta por unas accionantes que reclamaban la ejecución de las pólizas de
seguros de vida adquiridas con la entidad aseguradora demandada, las cuales
garantizaban el pago del saldo insoluto de los créditos por muerte, enfermedad
grave o incapacidad total y permanente. En esta ocasión, la ejecución de las
pólizas había sido negada por cuanto: (i) el certificado de invalidez de
una de las accionantes había sido emitido por la Junta de Calificación de
Invalidez del Seguro Social; y (ii) frente a la otra peticionaria se
había configurado la prescripción, pues había trascurrido más de 4 años desde
la ocurrencia del siniestro.
En esta sentencia, la Sala expuso que los contratos de
seguros pueden contener cláusulas vagas y ambiguas que llevan a una
indeterminación de los conceptos respecto de situaciones fácticas particulares,
casos en los cuales, opera el principio de interpretación favorable al
consumidor por virtud del artículo 1624 del Código Civil, el cual establece que:
“(…) las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de
las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que
la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por
ella”. De esta misma forma, indicó que el principio de buena fe rige las
relaciones contractuales sobre las cuales se desenvuelve este tipo de
contratos.
Por lo anterior, la Sala manifestó que las relaciones
contractuales en temas de seguros tienden a ubicar en una posición dominante a
la empresa aseguradora frente al adquirente, razón por la cual, la parte que
redacta e impone las condiciones del contrato debe cumplir, por lo menos, con
los siguientes requisitos: (i) no estipular condiciones indeterminadas,
ambiguas o vagas que actúen en contra de los intereses del asegurado; y si las
integran al contrato, (ii) deberán interpretarlas a favor del adquirente
por virtud del principio pro costumatore, el cual es una figura que
permite proteger a los usuarios de los contratos de seguro y propender por la
eliminación de todos los elementos que generan inseguridad en la ejecución del
contrato[56].
Además, la Sala sostuvo que la entidad accionada había
vulnerado los derechos fundamentales de las peticionarias, pues: (i)
eran sujetos de especial protección constitucional; (ii) ambas
atravesaban una difícil situación a raíz del acaecimiento del siniestro; (iii)
ambas se encontraban ante la amenazada de un perjuicio irremediable, pues como
consecuencia de sus afecciones físicas no podían continuar con el pago del
saldo insoluto.
2.4.11.
Preexistencia.
2.4.11.1.
Este fenómeno hace alusión a
circunstancias que se presentaban con anterioridad a la etapa contractual y
constituyeron un factor determinante en el acaecimiento del riesgo cubierto. En
seguros de vida, permite a la entidad aseguradora abstenerse de ejecutar el
pago de la póliza una vez haya verificado que el tomador sufría de
padecimientos previos al momento en que el contrato comenzó a surtir efectos, y
que además tuvieron relación directa con su afectación.
2.4.11.2.
Mediante sentencia T-015
de 2012[57],
la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional analizó una acción de
tutela interpuesta por una viuda que había sido amparada por una póliza de
seguro de vida adquirida por su esposo en vida. En esta ocasión, la Sala indicó
que la preexistencia se refiere a la posibilidad
que tiene la entidad aseguradora de establecer una exclusión sobre aquel
asegurado que padezca una enfermedad con anterioridad a la fecha en que la
cobertura empezó a desplegar sus efectos y, además, su muerte sea consecuencia
de dicha enfermedad[58].
2.4.11.3.  Por su parte, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, en un fallo del día 21 de abril de 2015[59],
expuso que la preexistencia es un fenómeno definido por la RAE como: “existencia
anterior, con alguna de las prioridades de naturaleza u origen”, que al ser
aplicado al concepto de contrato de seguro, se refiere a una situación previa
al perfeccionamiento del seguro que no encaja como un “hecho modificativo o
extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido
después de haberse propuesto la demanda”.
En ese mismo sentido, explicó que no basta la simple
preexistencia del hecho para que la entidad aseguradora pueda abstenerse de
ejecutar la póliza, sino que resulta necesario establecer el nexo causal entre
la afección preexistente y la muerte del tomador.
2.4.11.4.
Ahora bien, los conceptos
mencionados anteriormente sobre reticencia y preexistencia guardan ciertas
diferencias que resulta necesario precisar en esta ocasión. Sobre el
particular, a través de sentencia T-222 de 2014[60],
la Sala Novena de Revisión de esta Corporación examinó varias tutelas
acumuladas, en la que los peticionarios alegaban que les habían sido negadas
sus pólizas de seguro de vida por preexistencia al momento de contraer las
obligaciones. En esta oportunidad, la Sala expuso varias consideraciones en
relación con dichos conceptos:
En primer lugar, explicó que la preexistencia es un
concepto objetivo, mientras que la reticencia es un concepto subjetivo.
En segundo lugar, mencionó que la reticencia se
refiere a una inexactitud en la información presentada por el tomador de la
póliza al momento de celebrar el contrato, la cual es castigada con nulidad
relativa como sanción a la mala fe.
En tercer lugar, manifestó que en ciertos eventos la
preexistencia puede considerarse como una reticencia, como en aquellos en donde
el tomador tiene conocimiento de hechos que pueden hacer más onerosa la póliza
y en este sentido se abstiene de declararlos.
En cuarto lugar, expuso que existen eventos en los que
el tomador de la póliza no declara hechos preexistentes por no tener
conocimiento de ellos, como aquellos relativos a enfermedades silenciosas o
progresivas, en los que el adquirente no tenía posibilidad de tener pleno
conocimiento de las circunstancias.
En los casos descritos, la sentencia asegura que el
tomador no actuó de mala fe y por ello sería desproporcionado imponerle una
carga que no puede cumplir, como lo es informar sobre hechos desconocidos. En
quinto lugar, arguyó que en casos donde se presentó mala fe, la carga de la
prueba corresponde a la entidad aseguradora, pues es la única que puede
informar con certeza sobre: (i) el sobrecosto del contrato por los
hechos omitidos; y (ii) que se abstendrá de celebrar el contrato[61].
2.4.12.
Conclusiones.
2.4.12.1.
En primer lugar, la Sala
observa que el contrato de seguro de vida es una modalidad de contrato por la
cual el tomador de la póliza se obliga al pago de una prima destinada a
integrar un fondo que, en caso de invalidez o muerte del adquirente, entrará a
cubrir el daño sufrido por quienes estaban a su cargo. Este contrato se
desarrolla dentro del marco establecido por el principio de buena fe de los
contratantes, el cual, por un lado, obliga a la entidad aseguradora a presentar
cláusulas claras y expresas en el contrato y, por otro, obliga al tomador a
presentar una declaratoria sobre su estado de riesgo ajustada a la verdad y a
sus antecedentes médicos.
2.4.12.2.
En segundo lugar, a pesar de
lo anterior, existen eventos en los que el tomador de la póliza omite exponer
hechos esenciales para determinar el interés de la entidad aseguradora o el
monto de la póliza a expedir, los cuales, configuran una reticencia cuando el
adquirente tenía conocimiento de circunstancias anteriores al contrato y omitió
declararlas en su estado de riesgo, de manera que el contrato estará viciado de
nulidad relativa y la entidad aseguradora podrá, a título de sanción, retener
el monto que ya se había cancelado. Mientras que, en otros eventos, a pesar de
existir hechos determinantes anteriores a la adquisición de la póliza, no se
constituirá mala fe del tomador por cuanto éste no tenía conocimiento de los
hechos, casos en los cuales corresponderá a la aseguradora demostrar lo
contrario.
2.4.12.3.
En tercer lugar, al cotejar
lo expuesto con lo descrito en los subcapítulos anteriores, se desprende que en
materia de contratos de seguros de vida la intervención estatal se erige como
una actuación necesaria para proteger los derechos fundamentales de personas
que puedan sufrir un siniestro que, a pesar de no estar amparo por la póliza
adquirida, les ubica en un plano de debilidad manifiesta que afecta
ostensiblemente sus condiciones de cumplimiento y por ende crea una amenaza
frente a su derecho fundamental al mínimo vital.
2.4.12.4.
En cuarto lugar, existe una
orientación en la jurisprudencia constitucional que permite aplicar el
principio pro costumatore en aquellos eventos en los que se pretenda
proteger los derechos fundamentales de personas que hayan adquirido pólizas de
seguros de vida frente a la posición dominante de las aseguradoras. Esta Corte
ha buscado equilibrar las relaciones contractuales cuando hay personas en
estado de debilidad manifiesta y por ello ha procedido a realizar
interpretaciones a favor de éstas en cláusulas ambiguas del contrato.
2.5.
DERECHO FUNDAMENTAL AL
MÍNIMO VITAL- protección especial.
2.5.1.
Cada individuo constituye una
unidad bilógica que requiere de unos elementos mínimos para su supervivencia y
desarrollo natural en condiciones idóneas, a través de los cuales puede
alcanzar una plenitud vital que le permita el crecimiento y edificación de sus
potencialidades como ser humano. En este sentido, se llama mínimo vital a los
elementos básicos que permiten al hombre subsistir y desenvolver sus facultades
en la sociedad, sin los cuales se encuentra condenado a vivir una existencia
indigna, deplorable y en constante estado de necesidad insatisfecha.
2.5.2.
Su concepto permite
desarrollar una plataforma a partir de la cual pueden considerarse otros
derechos como: la vida, la integridad personal, la salud, el medio ambiente
sano y la igualdad, cuya afectación puede representar un menoscabo a las
condiciones mínimas que garantizan la existencia digna de una persona. Por esta
razón, la garantía de este derecho se erige como una de las prioridades en
materia de protección constitucional a la persona, ya que en sentido contrario
sería casi imposible satisfacer otros derechos fundamentales en cabeza del
individuo.
2.5.3.
El acoplamiento de este
derecho al sistema constitucional colombiano se produce a partir de la adopción
del modelo de Estado Social de Derecho como forma de Estado que permite a los
ciudadanos gozar de estándares mínimos de libertad y protección bajo los cuales
pueden desplegar su vitalidad en la sociedad. Por esta razón, el concepto de
mínimo vital implica que el Estado sea responsable por brindar condiciones
sociales que permitan reducir la miseria a su más exigua expresión, de manera
que toda persona cuente con garantías mínimas de acceso a bienes, productos y
servicios que les posibiliten satisfacer sus necesidades básicas de
subsistencia.
2.5.4.
En ese sentido, cada ciudadano
debe contar con la posibilidad de no ver afectada su vida en condiciones dignas
como consecuencia de omisiones u actos ejecutados por particulares o entidades
del sector público, que restrinjan y limiten el acceso a bienes y servicios
esenciales para la sustento vital de cada individuo. Por esta razón, es
obligación del Estado colombiano procurar que cada ser humano dentro del
territorio nacional cuente con unos mínimos de satisfacción de sus necesidades
básicas.
2.5.5.
En este orden de ideas,
mediante sentencia SU-995 de 1999[62],
la Sala Plena de esta Corporación señaló que este derecho concibe la noción que
un mínimo de condiciones decorosas de vida (vestido, alimentación, educación,
salud, recreación, ambiente sano) no se circunscriben únicamente en la
valoración económica de las necesidades biológicas básicas que requieren
satisfacerse para subsistir, “sino con la apreciación material del valor
de su trabajo, de las circunstancias propias de cada individuo, y del respeto
por sus particulares condiciones de vida”.
2.5.6.
De igual forma, a través de
sentencia C-776 de 2003[63],
la Sala Plena indicó que al protección de este derecho comprende todas las
medidas necesarias para evitar que un individuo se vea mermado en “su valor intrínseco como ser
humano debido a que no cuenta con las condiciones materiales que le permitan
llevar una existencia digna”. Por esta razón, el Estado debe procurar que la persona no sea
cosificada y tratada indignamente, pues este derecho protege contra “toda
forma de degradación que comprometa no sólo su subsistencia física sino por
sobre todo su valor intrínseco”.
2.5.7.
Por lo anterior, este derecho
adquiere mayor importancia cuando se trata de personas que afrontan condiciones
especiales por las cuales deben ser consideradas como sujetos de especial
protección constitucional. En este sentido, las personas en estado de
vulnerabilidad o debilidad manifiesta, como: las mujeres embarazas, las
personas en condición de discapacidad, los inválidos, los enfermos no cubiertos
por el sistema de salud y otros, son acreedores de recibir una atención
primordial en eventos en los que vean amenazado o vulnerado este derecho.
2.5.8.
Así también, el precedente ha
sostenido que se desenvuelve en el plano de dos dimensiones: (i) por un
lado, una dimensión positiva, a través de la cual se impone al Estado y en
algunas ocasiones a los particulares la obligación de suministrar las
prestaciones necesarias para mantener las condiciones mínimas de vida una
persona; y (ii) por otro lado, una dimensión negativa, que impide al
Estado y los particulares ejercer actos que limiten o restrinjan el acceso a
productos y servicios esenciales para que la persona lleve una existencia digna[64].
2.5.9.
Asimismo, mediante sentencia C-100
de 2014[65],
la Sala Plena de esta Corporación recogió los conceptos anteriormente señalados
en sentencia C-776 de 2003 y adicionalmente expuso que el concepto de mínimo
vital se encuentra estrechamente relacionado con los bienes y servicio de
primera necesidad, los cuales son aquellos que “consumen sectores muy amplios de la población con el propósito de
atender "aspectos vitales de sus necesidades básicas".
De esa manera, agregó que los bienes y servicio de
primera necesidad para la satisfacción del mínimo vital de un individuo, son
aquellos que se dirigen estrictamente a satisfacer “el derecho a la
subsistencia”, es decir, aquellos que permiten disponer de las condiciones
“económicas y
espirituales necesarias para la dignificación de la persona humana y el libre
desarrollo de su personalidad".
2.5.10.
En síntesis, el derecho al
mínimo vital permite a cada individuo ser amparado constitucionalmente para
obtener el acceso a bienes y servicios esenciales para su subsistencia digna
como ser humano. Esta protección no se limita en aspectos estrictamente
económicos, sino que valora las condiciones particulares de cada persona para
determinar el grado de atención que representaría su mínimo vital, y con ello
evitar que sea reducida intrínsecamente a un estado de vida indecoroso.
La protección de este derecho en conflictos que surjan
alrededor de contratos de seguros de vida se materializa a través de la
intervención estatal, cuando en ellos se adviertan personas que se encuentran
en estado de debilidad manifiesta a raíz de siniestros sufridos con
posterioridad al acuerdo de voluntades. Ello permite interpretar a favor del
tomador las cláusulas ambiguas del contrato y desplegar una consideración
especial a pesar que el siniestro no se encuentre amparado por la póliza, ya
que se busca reestablecer el equilibrio en las relaciones y evitar una
afectación ostensible a este derecho fundamental.
2.6.
DEBER
DE SOLIDARIDAD DE COMPAÑÍAS ASEGURADORAS FRENTE A PERSONAS EN ESTADO DE
DEBILIDAD MANIFIESTA.
2.6.1.
A
partir de una perspectiva constitucional, debe precisarse que así como ocurre
con los derechos de los consumidores y aquellos que son propios del ámbito
comercial, también los derechos fundamentales deben atenderse y respetarse al
momento de suscribir un contrato de seguro, puesto que en muchos eventos, los
tomadores se ven en la necesidad de adquirir créditos para la satisfacción de
necesidades básicas como educación o vivienda digna, pero el acaecimiento de un
siniestro les ubica en una condición de incapacidad productiva que, junto a las
deducciones de las cuotas del crédito, puede terminar por afectar
ostensiblemente el ejercicio de sus derechos constitucionales.
2.6.2.
Por
esta razón, la jurisprudencia constitucional ha establecido que frente a las
personas en estado de vulneración o indefensión existe un deber constitucional
en cabeza de entidades financieras y bursátiles, que les impone la necesidad de
ser solidarios y considerar la condición apremiante que puede estar afrontando
el tomador, pues su desatención podría generar una afectación a los derechos
fundamentales de la persona y provocar el acaecimiento de un perjuicio
irremediable.
2.6.3.
En
ese sentido, mediante sentencia T-520
de 2003[66],
a través de la cual la Sala Quinta de Revisión de esta Corporación examinó
una acción de tutela interpuesta por una persona que estuvo secuestrada sin que
en este lapsus se hayan congelado o flexibilizado las condiciones de un crédito
que había adquirido. En esta oportunidad, la Sala determinó que las entidades
financieras tienen que asistir al deber de solidaridad frente a aquellos
clientes y usuarios que se encuentran en imposibilidad de producir para aportar
al pago de las cuotas.
Asimismo, la sentencia estableció que dichas entidades
deben analizar las condiciones en las cuales se encuentran sus clientes y
usuarios para fijar su capacidad de pago y determinar si deben proceder a
flexibilizar las condiciones de cobro. Así, la Sala Quinta explicó que el
principio de solidaridad impone a estas compañías la necesidad de entrar a
renegociar los términos y condiciones contractuales para permitirle cumplir a
aquellos individuos que no pueden ejecutar el desarrollo normal de sus
actividades.
2.6.4.
En la misma línea de la
sentencia anterior, en fallo T-419 de 2004[67],
la Sala Segunda de Revisión de esta Corte examinó una acción de tutela
interpuesta por un campesino y su núcleo familiar como consecuencia del
desplazamiento forzado que sufrieron por parte del Frente 14 de las FARC. Para
esta ocasión, el peticionario alegó que dicho suceso le afectó ostensiblemente
sus capacidades para el cumplimiento de sus obligaciones crediticias y por ende
se encontraba en un estado de vulnerabilidad que debía ser considerado por la
entidad financiera.
En ese sentido, la Sala manifestó que el Estado y los
particulares se encuentran en el deber de ser solidarios con aquellos
individuos que se encuentran en estado de debilidad manifiesta y extender la
ayuda en la medida de sus posibilidades. Por esta razón, concedió la protección
invocada en el sentido de ordenar a la entidad financiera dar contestación a la
solicitud del accionante mediante escrito en el cual se considerara su
condición de desplazado para el tratamiento crediticio.
2.6.5.
De igual forma,  a través de sentencia
T-312 de 2010[68],
proferida por la misma Sala de Revisión que imparte sentencia en esta ocasión,
se analizó la acción de tutela de una persona a quien le habían continuado
generando intereses moratorios sobre el crédito adquirido, incluso después de
haber sido desplazada por la violencia y encontrarse en imposibilidad para
continuar con el pago de la deuda.
Para la resolución de dicho caso, esta Sala sostuvo
que sobre las entidades que prestan servicios financieros recae una
responsabilidad constitucional que les impone el deber ciudadano de ser
solidarias con aquellos clientes y usuarios que devengan a un estado de
debilidad manifiesta. En este sentido, se dispuso la cancelación de los cobros
moratorios causados con posterioridad al desplazamiento y se ordenó a la
entidad financiera renegociar los términos y condiciones del cobro para ser
ajustados a las capacidades del actor.
2.6.6.
Así
también, cabe citar la sentencia T-328A de 2012[69], mediante
la cual, la Sala Segunda de Revisión de esta Corporación estableció que las
cláusulas del contrato de seguro no pueden aplicarse sin consideración a las
particularidades de cada caso concreto, sino que deben analizarse los elementos
fácticos para realizar una adecuación normativa que se encuentre ajustada a los
postulados constitucionales.
Igualmente, dicha providencia
establece que en los contratos de seguros de vida donde el tomador de la póliza
deviene a un estado de debilidad manifiesta, existe un deber constitucional de
solidaridad que constriñe a las compañías aseguradoras a revaluar las
condiciones del cobro y adecuarlas a los principios fundamentales de la Carta
Política. Así también, explica que el principio de debida diligencia,
consagrado en el artículo 3º de la Ley 1328 de 2009, implica que el comportamiento
de dichas entidades debe corresponder a las necesidades del consumidor.
2.6.7.
En
virtud de lo expuesto, esta Sala observa que las entidades financieras y
aseguradoras deben desplegar las atribuciones de su libertad negocial dentro de
los márgenes del principio de solidaridad constitucional, el cual les impone el
deber de asistir y considerar las condiciones especiales de debilidad
manifiesta que puedan estar afrontando sus clientes y usuarios, para de esta
forma ajustar los cobros a los postulados constitucionales a través de la
renegociación de las estipulaciones contractuales.
3.
CASOS CONCRETOS
3.1.
BREVE RESUMEN DE LOS
HECHOS.
3.1.1.
En esta oportunidad, los
accionantes solicitan la protección de sus derechos fundamentales a la salud, vida, educación, vivienda digna, debido
proceso, igualdad, vida digna, mínimo vital y petición, por cuanto estiman que
los mismos han sido vulnerados por las entidades demandadas al negar la
ejecución de las pólizas de seguro de vida adquiridas bajo el argumento que
fueron reticentes en su declaración de estado de riesgo al momento de
perfeccionar los contratos.
3.1.2.
En el expediente
T-5.283.342, el peticionario expone que sufrió un derrame cardiovascular que
afectó ostensiblemente su capacidad laboral y produjo una disminución de sus
posibilidades de generar ingresos para cubrir el crédito adquirido. En este
mismo sentido, aduce que a partir de concepto médico aportado por él se deja
constancia que dicha afectación no tiene relación con la hipertensión arterial
que sufría antes de haber perfeccionado el contrato de seguros.
3.1.3.
De igual forma, en el
expediente T-5.335.030, el accionante alega que fue calificado con una pérdida
de la capacidad laboral de un 100% a raíz de un tumor maligno en el testículo.
Sostiene que Colpatria Multibanca S.A. vulneró sus derechos fundamentales al
negarle la ejecución de la póliza de seguro adquirida, pues la funcionaria
encargada del trámite conocía sobre su estado de salud al momento del
perfeccionamiento del contrato, ya que había ido hasta el centro médico para
hacerle firmar los papeles.
3.1.4.
En este orden de ideas, a
continuación la Sala determinará la procedencia de las acciones de tutela bajo
estudio, para luego desarrollar el examen pertinente de acuerdo a lo
desarrollado en la primera parte.
3.2.
ESTUDIO DE LOS PRESUPUESTOS
FORMALES – procedencia de la acción de tutela.
En esta ocasión, la Sala encuentra que si bien en las
acciones de tutela acumuladas los peticionarios no agotaron los recursos
legales ordinarios con los cuales contaban para reclamar la protección de sus
derechos, la condición especial de vulnerabilidad en la cual se encuentran
permite proceder a realizar el estudio de fondo de las mismas. Sobre el
particular, es necesario realizar las siguientes precisiones en torno al
cumplimiento de las subreglas jurisprudenciales para estos efectos:
3.2.1.
Subsidiariedad.
3.2.1.1.  En esta ocasión la Sala considera que los mecanismos
judiciales ordinarios pueden no ser eficaces en esta ocasión, en consideración
a que las acciones ordinarias o ejecutivas civiles requieren del cumplimiento
de una términos mucho más extensos y de la evacuación de una etapas procesales
que podrían tardar un tiempo en el cual se generen perjuicios a las condiciones
dignas de vida de los accionantes.
3.2.1.2.  De igual forma, los actores son sujetos de especial
protección constitucional a raíz de su delicado estado de salud y de las
condiciones limitadas que afrontan para su desempeño productivo. Como se
explicó anteriormente, en estos eventos se permite hacer dúctil la valoración
del juez con el fin de ajustarla a los postulados fundamentales que protegen a
las personas en condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta.
3.2.1.3.  Así las cosas, dentro del expediente T-5.283.342, el
señor Hamid Aljure Gaviria sufre de secuelas permanentes a raíz de un accidente
cerebrovascular y tiene una calificación de pérdida de la capacidad laboral de
un 53.11%. Además, sus afirmaciones respecto de la responsabilidad económica
que le asiste sobre su núcleo familiar, conformado por una esposa y un hijo
universitario, no fueron desvirtuadas por al entidad accionada en este sentido
se tomarán como ciertas.
3.2.1.4.  Por su parte, en el expediente T-5.335.030 es
necesario precisar que el señor Brayan Alexander Yusti Mellizo sufre de un
cáncer testicular con metástasis en otros órganos y por ello fue calificado con
un grado de invalidez del 100%. Asimismo, del concepto médico emitido por la
Junta Médica se desprende claramente que no se encuentra apto para continuar
con el desempeño de la vida militar.
3.2.1.5.  De igual forma, es necesario precisar que en el sub
lite no se discute únicamente el pago de una suma de dinero, sino la
relación inescindible que tiene la misma con los derechos fundamentales a la
vida digna y al mínimo vital de los núcleos familiares aquí representados. La
afectación física que sufren los accionantes hace posible que la valoración del
juez constitucional sea más comprensiva en estos eventos, pues no se trata de
resolver cuestiones estrictamente negóciales, sino de atender al llamado de
protección ante una posible vulneración de derechos fundamentales.
3.2.2.
Inmediatez.
3.2.2.1.  En los casos que fueron acumulados en esta ocasión no
se advierte que hayan transcurrido plazos irrazonables que permitan desvirtuar
la procedencia de esta acción de tutela. En ambos proceso los accionantes
actuaron con debida diligencia y presentaron sus respectivas reclamaciones
dentro de términos considerables y ajustados a su necesidad.
3.2.2.2. En el caso del expediente T-5.283.342, la última
respuesta negativa dada por la entidad accinoada al señor Hamid Aljure Gaviria
se presentó el día dieciocho (18) de marzo del año dos mil quince (2015),
mientras que la interposición de la acción de tutela se presentó el día ocho
(08) de julio de ese mismo año, es decir, aproximadamente tres meses después.
3.2.2.3.  Por su parte, en el expediente T-5.335.030, la última
actuación del proceso de reclamación de póliza se presentó el día veintiocho
(28) de julio dos mil quince (2015), casi dos meses antes de la presentación de
la acción de tutela el día treinta (30) de septiembre de ese mismo año. De esta
manera no se observa negligencia alguna por parte del accionante.
3.2.3.
Perjuicio irremediable.
3.2.3.1.  La Sala observa que la condición de salud de los
accionantes y sus ingresos moderados pueden ser circunstancias potenciadas con
una deducción dineraria que podría afectar ostensiblemente el derecho a la vida
digna de su núcleo familiar o incluso su mínimo vital. A partir de este
contexto se logra advertir un indicio sobre amenaza de un perjuicio grave e
irremediable para sus condiciones de vida, que da lugar a desplegar una
interpretación pro homine sobre el caso para evitar futuros daños
irreparables.
3.2.3.2.
Así las cosas, también se
advierte que los accionantes no cuentan con vivienda propia y han intentado
acceder a los mecanismos de financiación que el sistema financiero nacional les
ofrece. Los créditos adquiridos no están dirigidos a satisfacer un capricho
humano, sino un derecho humano, una necesidad básica común para todos los
habitantes del territorio nacional y que sin ella el individuo sufre afectación
de otros derechos fundamentales que guardan estrecha relación con la vida
digna.
3.2.4.
Estado de indefensión.
3.2.4.1.  En este caso se advierte que los accionantes se
encuentran en estado de indefensión frente a las compañías aseguradoras y
financieras que demandan, pues en la actualidad existe un desbalance en las
relaciones contractuales que impide a los mismos continuar con el cumplimiento
de sus obligaciones crediticias en las mismas condiciones con las cuales
contaban al momento en que empezaron a correr efectos las estipulaciones.
3.2.4.2.  La calificación de pérdida de la capacidad laboral
con posterioridad al perfeccionamiento del contrato de seguro en ambos casos,
así como la agravación de los padecimientos sufridos y los bajos ingresos
percibidos por los accionantes, muestran el estado de vulnerabilidad en el cual
se encuentran y hace de estas acciones de tutela materia susceptible de ser
analizada de fondo por parte de esta Sala.
3.3.
ESTUDIO DE LOS PRESUPUESTOS
SUSTANCIALES – análisis de fondo.
3.3.1.
Expediente T-5.283.342.
3.3.1.1.
En este caso la Sala procederá a conceder la
protección de los derechos fundamentales invocados por el señor Hamid Aljure
Gaviria, quien logró demostrar que le asiste el derecho a ser cobijado por el
amparo contenido en la póliza de seguro de vida adquirida con Liberty Seguros
de Vida S.A. En este sentido, se expondrán las siguientes razones que sustentan
esta decisión:
3.3.1.2.
La afectación física que
devino sobre el accionante se encuentra dentro de los riesgos amparados por la
póliza de seguro de vida adquirida para cubrir el monto insoluto del crédito.
El propósito de hacer suscribir al peticionario este contrato radicó en el
hecho de evitar que posibles contingencias futuras afectaran su capacidad
productiva y económica y de esta forma desencadenaran en un estado de mora
insuperable.
3.3.1.3.
Así las cosas, dentro de las
pruebas aportadas al expediente, se advierte que la póliza de seguro de vida
con referencia GC-91200662, adquirida por el accionante, cubre los siguientes
riesgos: (i) muerte, cualquiera fuera su causa; (ii)
incapacidad total y permanente, cualquiera fuera la causa; (iii) muerte
accidental; y (iv) enfermedades graves, como infarto del miocardio,
cáncer, accidente cerebro vascular, insuficiencia renal y esclerosis múltiple.
3.3.1.4.
En este orden de ideas, es
notorio que los accidentes cerebrovasculares se encuentran expresamente
consagrados como causal que permite activar la ejecución del amparo contenido
en la póliza de seguro de vida descrita, para con ello cubrir el saldo de la
obligación que ha quedado insoluto. Asimismo, se observa que sobre ellos no se
establecen categorías u otro tipo de especificaciones dirigidas a discriminar
algún tipo de manifestación, sino que se hace referencia genérica del asunto.
3.3.1.5.
Ahora bien, sobre los
accidentes cerebrovasculares, cabe precisar lo señalado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en relación con las principales causas de riesgo que
originan este padecimiento, de las cuales ha identificado las siguientes:
hipertensión, colesterol alto, obesidad y tabaquismo[70].
De esta manera, para esta Sala es claro que la hipertensión arterial sí puede
constituir una causa generadora de un derrame cerebral o accidente
cerebrovascular.
3.3.1.6.
Sin embargo, cabe precisar
que también se presenta una patología llamada “angiopatía amiloide cerebral”,
la cual, según la definición que de ella realiza la Biblioteca Nacional de
Medicina de los EE.UU, consiste en: “una
afección neurológica en la cual las proteínas llamadas amiloides se acumulan en
las paredes de las arterias cerebrales. Esta afección incrementa el riesgo de
accidente cerebrovascular hemorrágico y demencia”.
3.3.1.7.
Así también,
sobre los síntomas de la amgiopatía amiloide, dicho concepto médico establece
que puede causar sangrado intercerebral, normalmente en los lóbulos o partes
exteriores del cerebro, y no en partes profundas. Además, que no existe
tratamiento efectivo conocido y los actuales se enfocan en aliviar los
síntomas, que en algunos casos: (i) requiere rehabilitación para la debilidad
o torpeza; (ii) medicamentos para tratar la memoria; y (iii)
tratamientos para combatir las convulsiones.
3.3.1.8.
De igual forma, la biblioteca
norteamericana explica que la causa de la angiopatía amiloide cerebral se
desconoce, pero que algunas veces puede ser congénita; asimismo, indica que su
mayor factor de riesgo es la edad avanzada y se observa con mayor frecuencia en
personas mayores de 60 años, con síntomas que tienen la particularidad que, al
ser practicada la tomografía, “se presentan señales de que ha habido
sangrado en el cerebro del que pudieron no haberse dado cuenta”. Así
también, menciona que:
“La
angiopatía amiloide cerebral es difícil de diagnosticar con certeza sin una
muestra de tejido cerebral. Esto generalmente se realiza después de la muerte o
cuando se hace una biopsia de los vasos sanguíneos del cerebro.
Un examen
físico puede ser relativamente normal si usted tiene un pequeño sangrado, pero
se pueden presentar algunos cambios en la función cerebral. Es importante que
el médico le haga preguntas detalladas acerca de su historia clínica. Los
síntomas y los resultados de su examen físico y cualquier examen imagenológico
pueden llevar al médico a sospechar de este problema”[71].
3.3.1.9.  A partir del concepto descrito, la Sala observa que
la angiopatía amiloide cerebral es un padecimiento silencioso y progresivo
sobre el cual aún no existe absoluta certeza científica, aunque tiene las
siguientes características: (i) es una afección neurológica que aumenta
el riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico y demencia; (ii) sus
causas se desconocen, pero puede ser congénita; (iii) se observa con
frecuencia en personas mayores de 60 años de edad; (iv) sus síntomas son
difíciles de diagnosticar; (v) puede generar debilidad o torpeza, así
como convulsiones; y (vi) por lo general produce hemorragia sólo en los
lóbulos del cerebro.
3.3.1.10.
En este orden de ideas, la
Sala advierte que los derrames cerebrovasculares pueden ser causados por
hipertensión arterial o por angiopatía amiloide cerebral, pero que, en uno u
otro caso, corresponde al equipo médico tratante realizar los estudios
pertinentes que conlleven a determinar el nexo que puede existir entre el
accidente y la causa bajo sospecha. De manera que no basta con alegar
simplemente alguno de los factores de riesgo, sino que siempre será necesario
el estudio médico que así lo demuestre.
3.3.1.11.
En virtud de lo expuesto, la
Sala encuentra que el señor Hamid Aljure Gaviria sufrió el accidente
cerebrovascular el día doce (12) de febrero de dos mil catorce (2014), dos años
después de haber adquirido la póliza de seguro de vida, pero de su historia
clínica se desprende que sufría de hipertensión antes de haber perfeccionado el
contrato con Liberty Seguros S.A. (Cd. 2, Fls. 80-259). En este sentido, sería
lógico pensar que su afección tuvo como causa la hipertensión arterial sufrida
con anterioridad al contrato y, por lo tanto, afirmar que no podría acceder a
la ejecución del amparo crediticio.
3.3.1.12.
No obstante lo anterior, el
accionante afirma que la causa de su accidente radicó en la angiopatía
amiloidea cerebral, para lo cual aportó concepto emitido por el médico tratante
John Jairo Abello, del Instituto Clínico Quirúrgico del Huila (Cd. 2, Fls.
30-31), en el cual certifican que el accionante sufrió un infarto hemorrágico temporopariental
derecho y un infarto occipital isquémico como complicación adicional. Sobre el
particular, el galeno afirma: “[e]n mi experiencia clínica esta lesión se
corresponde generalmente con una angiopatía amiloide –patología no asociada con
HTA”.
3.3.1.13.
Así las cosas, si se tiene en
cuenta que la expresión temporoparietal hace referencia a la unión ósea que se
presenta entre el hueso temporal y el hueso parietal, y que ambos se dividen en
lóbulos izquierdos y derechos que pueden constituir zonas superficiales y
profundas del cerebro[72],
eso significaría que el concepto médico aportado por el accionante trata de
explicar que el sangrado se produjo en una zona lateral derecha del cerebro
(lóbulo) y, probablemente, en un área superficial.
3.3.1.14.
En esa misma línea, se
observa que el señor Hamid Aljure Gaviria hace referencia a una hemorragia en
la zona lateral derecha del cerebro (lóbulo), con secuelas como: pérdida de la
periferia izquierda de ambos ojos, sordera, problemas de locomoción,
convulsiones y problemas mentales. En este sentido, la Sala encuentra que
varias de ellas son precisamente las señalas por la Biblioteca Nacional de
Medicina de los EE.UU como consecuencias propias de la angiopatía amiloide
cerebral.
3.3.1.15.
De esa manera, correspondía
al equipo médico de Liberty Seguros S.A. controvertir dicho material probatorio
a través de un examen serio que desvirtuara el nexo causal entre el
padecimiento del accionante y la angiopatía amiloide cerebral, para dar lugar a
demostrar que efectivamente la hipertensión arterial fue la causa que generó el
accidente cerebrovascular. Sin embargo, la defensa sólo se limitó a realizar
una afirmación con base en definiciones genéricas frente a las cuales no
existió un estudio fundamentado que demostrara la causalidad entre los afirmado
y el accidente padecido por el actor.
3.3.1.16.
En ese sentido, como se
expuso en el acápite de las consideraciones de esta providencia, los contratos
de seguros, sus cláusulas y disputas deben ser interpretadas en virtud del
principio constitucional pro homine o pro costumatore, el cual
permite desplegar una valoración a favor del tomador de la póliza de seguro
cuando existan ambigüedades en la ejecución del contrato o en consideración al
estado de indefensión que ostenta frente a la entidad aseguradora,
especialmente en aquellos eventos en que existen reclamantes con impedimentos
en su capacidad productiva.
3.3.1.17.
Por lo anterior, la Sala
encuentra que Liberty Seguros S.A. no desplegó la diligencia probatoria que le
hubiese permitido desvirtuar las afirmaciones del accionante, sino que
únicamente se enfocó en sostener con simplicidad que la consignación expresa de
hipertensión arterial en la historia clínica del accionante era motivo
suficiente para determinar con absoluta certeza médica que dicha afección fue
la causa del accidente cerebrovascular sufrido por el actor dos años después de
haber adquirido la póliza de seguro de vida.
3.3.1.18.
Así también, como se expuesto
en las consideraciones de esta providencia, el principio de buena de fe de las
partes en los contratos de seguro imponía a Liberty Seguros de Vida S.A. la
necesidad de desvirtuar la buena fe del accionante. Esto no bastaba con una
simple afirmación, sino que correspondía argumentar probatoriamente mediante
exámenes médicos que en efecto existió una conducta dolosa por parte del
tomador, dirigida a confundir o hacer caer en el error a la compañía
aseguradora.
3.3.1.19.
Por otra parte, la Sala
encuentra que el señor Hamid Aljure Gaviria realizó una segunda reclamación de
su póliza de seguro luego de haber solicitado el concepto médico del Instituto
Clínico Quirúrgico del Huila, la cual fue respondida por parte de Liberty
Seguros S.A. mediante escrito en el que le afirmaron que reconsiderarían su
solicitud, la remitirían al área encargada y darían respuesta de conformidad
con el artículo 1080 del Código de Comercio[73].
En este sentido, dicho artículo establece que:
“El asegurador estará obligado a
efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el
asegurado o beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante el
asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador
reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su
cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado
como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad”.
3.3.1.20.
En consideración a lo
descrito, es claro que la respuesta otorgada por la entidad financiera
accionada expone sin condicionamientos que se reconsidera la solicitud del
actor y se dará le respuesta de conformidad con el artículo 1080 del Código de
Comercio, lo cual da a entender que se procederá a la ejecución del amparo
contenido en la póliza de seguro dentro del mes siguiente a presentación de los
conceptos médicos.
3.3.1.21.
Así las cosas, si lo
pretendido por la entidad accionada era contestar el derecho de petición para
informar que se haría nuevamente el estudio de desembolso a raíz del nuevo
material médico aportado y, en ese sentido, era necesario esperar hasta el
nuevo concepto para determinar la ejecución o no del amparo crediticio, la
respuesta brindada al accionante debía haber hecho estas precisiones con sus
respectivas anotaciones expresas, sin dejar lugar a ambigüedades.
3.3.1.22.
De igual forma, se advierte
que el señor Aljure Gaviria no cuenta con vivienda propia y aspira a tener una
por intermedio de un crédito para estos efectos, pero el mismo depende del
rendimiento eficiente su comportamiento como pagador. En este sentido, el
amparo del accionante no se encuentra dirigido solamente a garantizar el pago
del crédito de mejora de vivienda, sino que ayudará a dicho núcleo familiar a
tener la posibilidad de acceder a uno para la adquisición de su propio hogar.
3.3.1.23.
Conclusión.
En consideración a las razones esbozadas, la Sala
procederá a revocar la sentencia del veinticuatro (24) de diciembre de dos mil
quince (2015), proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva,
Huila, que confirmó en todas sus partes la sentencia de primera instancia
emitida el dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015) por el Juzgado
Décimo Civil Municipal de Neiva, Huila, que declaró improcedente la protección
constitucional solicitada.
En su lugar, se concederá la protección a los derechos
fundamentales invocados y se ordenará a Liberty Seguros S.A. que en el término
de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta
providencia, proceda a realizar los trámites correspondientes para hacer
efectivo el amparo contenido en la póliza de seguro de vida reclamada por el
señor Hamid Aljure Gaviria.
3.3.2.
Expediente T-5.335.030.
En este caso la Sala encuentra una serie de
particularidades que requieren hacer flexible el análisis de las normas
comerciales a través de una perspectiva constitucional. En este sentido, se
procederá a conceder la protección de los derechos fundamentales invocados por
Brayan Alexander Yusti Mellizo, en consideración a las razones que se presentan
a continuación:
3.3.2.1.
Del expediente puesto a
consideración para su revisión en esta ocasión, se advierte que el señor Brayan
Alexander Yusti Mellizo tiene 25 años de edad y desde el mes de marzo de 2014
se encuentra en tratamiento de quimioterapia a raíz de un cáncer en el
testículo con metástasis a otros órganos. Dos meses después, el veintisiete
(27) de junio de dos mil catorce (2014), suscribió la póliza de seguro de vida
reclamada, que asciende a un valor de $11.000.000.
3.3.2.2.
De igual forma, el señor
Brayan Alexander Yusti Mellizo, el día catorce (14) de septiembre de dos mil
catorce (2014), recibió incapacidad total y permanente por parte de la Junta
Médico Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, con un pérdida
de la capacidad laboral del 100%. Así las cosas, la Sala observa que el
accionante se encuentra en un estado de imposibilidad absoluta para producir
laboralmente ingresos que le permitan cubrir con el pago de las cuotas
correspondientes al crédito adquirido. De hecho, según el concepto médico
rendido por el cuerpo médico, el actor requiere la ayuda de una persona para el
desarrollo del 25% de sus actividades cotidianas, lo que muestra el grave
estado de salud e invalidez que padece.
3.3.2.3.
En ese mismo sentido, a pesar
de no existir referencia alguna sobre la actividad laboral del actor, su
salario, su trámite de pensión de invalidez o las características de su núcleo
familiar, a partir de llamada telefónica realizada desde esta Corporación al
accionante el día catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016), se
lograron corroborar los siguientes datos: (i) se desempeñaba como
soldado profesional del Ejército Nacional; (ii) actualmente no trabaja; (iii)
le fue reconocida una pensión de invalidez por valor de $1.036.181, con
descuentos oficiales que la dejan en $994.748; (iv) no tiene hijos y
vive con su madre; y (v) se mantiene en tratamiento médico.
3.3.2.4.
De esa manera, se advierte
que el accionante continúa con imposibilidad para generar ingresos
autónomamente y además goza de una pensión de invalidez que representa un valor
ajustado para asegurar el sustento de su mínimo vital y el desarrollo de su
vida digna. Así que el estado de vulneración y debilidad manifiesta persiste y
afecta ostensiblemente las capacidades del actor para cumplir con las
condiciones iniciales del contrato crediticio.
3.3.2.5.
En virtud de lo anterior, esta
Sala no puede desconocer la realidad actual que afronta el accionante como
persona inválida, que le ubica en un estado de debilidad manifiesta frente a
Colpatria Multibanca –seccional Cali- y Cardiff Colombia Seguros Generales
S.A., con un desequilibrio contractual que puede afectar su derecho al mínimo
vital y a la vida digna. Así como tampoco pueden hacerlo las entidades
accionadas, quienes se encuentran en el deber constitucional de ser solidarios
y considerar las condiciones de sus clientes y usuarios.
3.3.2.6.
Según se expuso en el acápite
de las consideraciones de esta providencia, el precedente constitucional ha
señalado que: (i) corresponde a la entidad aseguradora probar la mala fe
del tomador del seguro[74];
y (ii) “la reticencia solo existirá siempre que la aseguradora en su
deber de diligencia, no pueda conocer los hechos debatidos”[75].
De esta manera, existe una carga probatoria en cabeza del asegurador.
3.3.2.7.
En este orden de ideas, si
bien el accionante conocía su estado de salud, el mismo no fue ocultado a la
aseguradora, pues como se extrae de la reseña de los antecedentes, el actor se
encontraba hospitalizado en el Hospital Militar de Bogotá al momento de
diligenciar los formularios, los cuales fueron llevados hasta ese lugar por el
asesor comercial de la entidad accionada. Asimismo, se advierte que dicha
entidad tampoco cumplió con la carga de la prueba que le asistía, toda vez que
no realizó los exámenes médicos necesarios para determinar con mayor exactitud
el riesgo en el contrato.
3.3.2.8.
Así las cosas, de conformidad
con lo establecido por el precedente constitucional y el artículo 1058 del
Código de Comercio en materia de reticencia, se puede entender que en este caso
dicha situación se subsanó mediante la aceptación tácita de Colpatria
Multibanca, quien, al saber sobre la condición del accionante, procedió a
perfeccionar el contrato. En este sentido, el asesor comercial tenía conocimiento
que el tomador padecía de una afección, por lo que, al no ponerla de presente
en el momento de llevar a cabo la negociación, debe asumirse, conforme lo ha
señalado el precedente, que la póliza también cubría esa patología.
3.3.2.9.
Conclusión.
Por las razones descritas, esta Sala procederá a
revocar la sentencia del día trece (13) de octubre de dos mil quince (2015),
proferida por el Juzgado Décimo civil Municipal de Santiago de Cali, que
declaró improcedente la acción de tutela instaurada. En su lugar, se procederá
a conceder la protección a los derechos fundamentales al mínimo vital y a la
vida digna del señor Brayan Alexander Yusti Mellizo.
De igual forma, se ordenará a la compañía Colpatria
Multibanca –seccional Cali- y a la compañía Cardiff Colombia Seguros Generales
S.A., que en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la
notificación del presente asunto, procedan a realizar los trámites
correspondientes para hacer efectiva la póliza de seguro de vida adquirida por
el señor Brayan Alexander Yusti Mellizo, que cubre el crédito de referencia No.
207400081516.
4.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR
la sentencia del 24 de diciembre de 2015, proferida por el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Neiva, Huila, que confirmó en todas sus partes la
sentencia de primera instancia emitida el 18 de agosto de 2015 por el Juzgado
Décimo Civil Municipal de Neiva, Huila, que declaró improcedente la protección
constitucional solicitada. En su lugar, CONCEDER la protección a los
derechos fundamentales invocados por el señor Hamid Aljure Gaviria.
SEGUNDO.- ORDENAR
a Liberty Seguros S.A. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas
a partir de la notificación de esta providencia, proceda a realizar los
trámites correspondientes para hacer efectivo el amparo contenido en la póliza
de seguro de vida reclamada por el señor Hamid Aljure Gaviria, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO.- REVOCAR la sentencia del día 13 de octubre de 2015, proferida por el Juzgado
Décimo civil Municipal de Santiago de Cali, que declaró improcedente la acción
de tutela instaurada. En su lugar, CONCEDER la protección de los
derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna del señor Brayan
Alexander Yusti Mellizo.
CUARTO.- ORDENAR a la compañía Colpatria Multibanca –seccional Cali- y a la compañía
Cardiff Colombia Seguros Generales S.A., que en el término de cinco (5) días
hábiles contados a partir de la notificación del presente asunto, procedan a
realizar los trámites correspondientes para hacer efectiva la póliza de seguro
de vida adquirida por el señor Brayan Alexander Yusti Mellizo, que cubre el
crédito de referencia No. 207400081516.
QUINTO.- Por
Secretaría General de la Corte Constitucional, líbrese la comunicación de que
trata el  artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y
cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA T-240/16[76]
ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS-Se presenta un caso de preexistencia no oponible
al asegurado (Aclaración de voto) /ACCION DE
TUTELA CONTRA ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS-Las
aseguradoras no pueden alegar preexistencias si, teniendo las posibilidades de
hacerlo, omiten solicitar exámenes médicos a los usuarios al momento de la
venta de la póliza (Aclaración de voto)
Las
aseguradoras no pueden alegar preexistencias si, tiendo las posibilidades de
hacerlo, omiten solicitar exámenes médicos a los usuarios al momento de la venta
de la póliza. Más que los asegurados, las aseguradoras tienen la opción de
conocer el verdadero estado de salud de aquellos, a través de los
correspondientes exámenes, por lo que, si negligentemente no lo hacen, luego no
les es dable rechazar el pago del seguro a causa de una supuesta preexistencia.
ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS-La
empresa no solicitó la práctica de exámenes médicos al asegurado al momento de
perfeccionar el acuerdo de voluntades, por tanto no podía alegar preexistencia (Aclaración de voto)
Con independencia de la causa del accidente padecido por el
demandante, alegada por la accionada como anterior al contrato, lo relevante en
este caso era que la empresa, además de comunicar y darles a entender a un
grupo de empleados del INPEC, entre ellos al actor, que la póliza cubría todas
las formas de enfermedad grave, sin importar padecimiento previo de alguna de
ellas, no solicitó la práctica de exámenes médicos al asegurado al momento de
perfeccionar el acuerdo de voluntades, de manera que luego no podía plantear
que la causa de su afección preexistía a la adquisición del seguro.
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de la Sala Séptima de Revisión de la Corte, me permito aclarar el
voto dentro de la Sentencia T-240 de 2016, en relación con el expediente
T-5.283.342. Si bien comparto la decisión de amparar los derechos fundamentales
del peticionario, la Sala recurrió a argumentos en extremo técnicos del ámbito
médico, apoyados en bibliografía, no proscritos en el análisis constitucional,
pero que estimo desaconsejables en este caso por la especial complejidad que
reviste el tema y, en especial, porque eran en absoluto innecesarios, dado que
existía una subregla clara y reiterada en la jurisprudencia de la Corte que
concedía la protección al accionante.
En el citado expediente, el afectado
sufrió un accidente cerebrovascular que le dejó como secuelas pérdida de la
periferia izquierda de ambos ojos, sordera, dificultades en la locomoción,
propensión a convulsiones epilépticas y "problemas mentales". Liberty Seguros
argumentaba que la afección había sido consecuencia de la hipertensión arterial
que, desde antes de la adquisición de la póliza, el paciente padecía, por lo
cual, se trataba de una preexistencia no cubierta por el seguro de vida
adquirido con la empresa. A su turno, además de reclamar el derecho a la luz de
la jurisprudencia constitucional, el accionante señalaba que el derrame
cerebral no había tenido como causa la hipertensión arterial sino una lesión
denominada "angiopatía amiloide", según el concepto de un grupo de
especialistas en neurocirugía consultados.
En razón de la discusión entre la
aseguradora y el tomador, la providencia se adentra en un análisis técnico, a
partir de bibliografía médica, y llega a la conclusión de que el tipo de
accidente padecido por el peticionario puede ser ocasionado por cualquiera de
los dos factores alegados por las partes en este caso y que, para exonerarse de
responsabilidad, correspondía a la aseguradora desvirtuar lo sostenido por el
beneficiario. Como así no procedió y, en atención a que el amparo garantizaría
al accionante un "buen comportamiento crediticio" y, por
consiguiente, la posibilidad de acceder a un préstamo para vivienda, concede la
protección constitucional.
En lugar de los
anteriores razonamientos, a mi juicio, el asunto planteaba un caso típico de
preexistencia no oponible al asegurado. Conforme a una de las subreglas
indicadas en la Sentencia C-222 de 2014[77],
las aseguradoras no pueden alegar preexistencias si, tiendo las posibilidades
de hacerlo, omiten solicitar exámenes médicos a los usuarios al momento de la
venta de la póliza. Más que los asegurados, las aseguradoras tienen la opción
de conocer el verdadero estado de salud de aquellos, a través de los
correspondientes exámenes, por lo que, si negligentemente no lo hacen, luego no
les es dable rechazar el pago del seguro a causa de una supuesta preexistencia.
En consecuencia, con independencia de la
causa del accidente padecido por el demandante, alegada por la accionada como
anterior al contrato, lo relevante en este caso era que la empresa, además de
comunicar y darles a entender a un grupo de empleados del INPEC, entre ellos al
actor, que la póliza cubría todas las formas de enfermedad grave, sin importar
padecimiento previo de alguna de ellas, no solicitó la práctica de exámenes
médicos al asegurado al momento de perfeccionar el acuerdo de voluntades, de
manera que luego no podía plantear que la causa de su afección preexistía a la
adquisición del seguro. Esta, a mi juicio, era la razón para conceder el amparo
solicitado.
Fecha ut supra,
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado
[1]
Ver, entre otras sentencias: T-290 de 1993 y T-482 de 1993, M.P.
José Gregorio Hernández Galindo; T-513 de 1993, M.P.
Hernando Herrera Vergara; T-083 de 1994, M.P.
Jorge Arango Mejía; T-139 de 1994, M.P.
Antonio Barrera Carbonell; T-232 de 1994, M.P.
Fabio Morón Díaz; T-340 de 1994, M.P.
Alejandro Martínez Caballero; T-077 de 1995, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa; T-164 de 1995, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo; T-100 de 1997, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa; SU-111 y T-119 de 1997,
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-331 de 1997, M.P.
José Gregorio Hernández Galindo; T-618 y T-619 de 1999, M.P.
Álvaro Tafur Galvis; T-627 y T-628 de 1999,
M.P. Carlos Gaviria Díaz;  SU-646 de 1999, M.P.
Antonio Barrera Carbonell; T-649 de 1999, M.P.
Carlos Gaviria Díaz; T-716 de 1999, M.P.
José Gregorio Hernández Galindo; T-728 de 1999, M.P.
Álvaro Tafur Galvis; T-731 de 1999, M.P.
Carlos Gaviria Díaz; T-736 de 1999, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa; T-788 de 1999, M.P.
Fabio Morón Díaz; T-871 y T-981 de 1999, M.P.
Antonio Barrera Carbonell; T-976 de 1999, M.P.
Fabio Morón Díaz; SU-913 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; SU-713 de
2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[2]
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[3]
Ibíd.: “Ha recalcado en su jurisprudencia esta Corporación que la acción de
tutela no puede convertirse en un instrumento adicional o supletorio al cual se
pueda acudir cuando se dejaron de ejercer los medios ordinarios de defensa
dentro de la oportunidad legal, o cuando se ejercieron en forma extemporánea, o
para tratar de obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las
instancias ordinarias de la respectiva jurisdicción. Su naturaleza es la de ser
un medio de defensa judicial subsidiario y residual que sólo opera cuando no
existe otro instrumento de protección judicial, o cuando a pesar de existir, se
invoca como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
[4]
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[5]
Ibíd. T-406 de 2005:“El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo
esta perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales. En efecto, la Constitución y la ley
estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que
tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos
constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del
Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada
de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a
las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de
protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las
jurisdicciones”.
[6]
La sentencia T-225 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, estableció ciertos
elementos que deben configurarse para estimar la existencia de un perjuicio
irremediable, a saber: (i) un perjuicio inminente, (ii) medidas
que deben adoptarse de manera urgente frente al mismo; y (iii) que el
peligro emergente sea grave; de ese modo la protección de los derechos
fundamentales se tornaría impostergable.
[7]
Ver sentencia T-003 de 1992, M.P. Alejandro
Martínez Caballero: “(…) tiene que ser suficiente para que a través de él se
restablezca el derecho fundamental violado o se proteja de su amenaza, es
decir, tiene que existir una relación directa entre el medio de defensa judicial
y la efectividad del derecho. Dicho de otra manera, el medio debe ser idóneo
para lograr el cometido concreto, cierto, real, a que aspira la Constitución
cuando consagra ese derecho”.
[8]
Ver entre otras sentencias: T-086, T-743 y T-825 de 2007,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-808 de 2007, M.P.
Catalina Botero Marino;  T-055 de 2008, M.P.
Rodrigo Escobar Gil;  T-766 y T-095 de 2008,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-189 de 2009, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva; T-265 de 2009, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto; T-301 de 2009, M.P.
Mauricio González Cuervo; T-965 de 2009, M.P.
María Victoria Calle Correa; T-883 de 2009, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-1003 de 2012, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[9]
Existen variables
metodológicas acerca de los términos de inmediatez, como en acciones de tutela
que se presentan por presuntos errores judiciales en procesos ejecutivos
hipotecarios, en los cuales se entiende que el peticionario cuenta con la
posibilidad de ejercer la acción de tutela hasta tanto el proceso ejecutivo no
haya culminado mediante sentencia. Ver
entre otras sentencias: T-282 y T-495 de 2005,
M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-294, T-444, T-918, T-909 y
T-700A de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-1009 de 2006, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández; T-178 de 2012, M.P.
María VictoriaCalle Correa; T-357 de 2014, M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[10]
M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[11]
Ibíd. SU-961 de 1999:“Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad
entre medios y fines, la inexistencia de un término de caducidad no puede
significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo
razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad
misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo
con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se
interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se
vulneren derechos de terceros. Si bien el término para interponer la acción de
tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el
juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de
manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de
alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice
la acción”.
[12]
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[13]
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[14]
En los términos del Magistrado sustanciador: “[q]ue se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos”.
[15]
Con excepción de aquellos eventos en que la jurisprudencia constitucional ha
determinado concretamente hasta cuándo caduca el plazo de inmediatez, como el
descrito anteriormente en relación con procesos ejecutivos hipotecarios.
[16]
Constitución Política de Colombia, artículo 335: “Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra
relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de
captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150
son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del
Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del
Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito”.
[17] Decreto 2591 de 1991, artículo 42: “[p]rocedencia.
La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en
los siguientes casos:
1. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté
encargado de la prestación del servicio público de educación para proteger los
derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y
38 de la Constitución.
2. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la
solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud para
proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la
autonomía.
3. Cuando aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud esté
encargado de la prestación de servicios públicos domiciliarios.
4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización
privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de
la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una
relación de subordinación o indefensión con tal organización.
5. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o
amenace violar el artículo 17 de la Constitución.
6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere
hecho la solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo
establecido en el artículo 15 de la Constitución.
7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o
erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la
copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada
en condiciones que aseguren la eficacia de la misma.
8.. Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de
funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las
autoridades públicas.
9. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de
quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del
particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del
menor que solicite la tutela”.
[18]
En relación con el perjuicio irremediable, la sentencia T-225 de 1993, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa,  estableció ciertos elementos que deben configurarse
para estimar la consolidación de esta afectación, a saber: (i) un
perjuicio inminente; (ii) medidas que deben adoptarse de manera urgente
frente al mismo; y (iii) que el peligro emergente sea grave; de ese modo
la protección de los derechos fundamentales se tornaría impostergable.
[19]
Ver sentencia T-738 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
[20]
Ver sentencia T-222 de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[21]
Ver sentencias T-642 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-086 de 2012,
Humberto Antonio Sierra Porto; T-751 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa;
y otras.
[22]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[23]
Ibíd. T-751 de 2012: “[a]hora bien, al
referirse a las compañías de seguros, esta Corte ha destacado que, si bien en
principio las diferencias que con ellas surjan deben tramitarse ante los jueces
ordinarios dado su carácter contractual, cuando estén amenazados derechos
fundamentales como la vida, la salud o el mínimo vital, resulta procedente el
amparo constitucional. Por
lo tanto, si la controversia sobre el objeto asegurado es puramente económica
no tendría cabida la tutela, pues el conflicto se dirimiría ante la
jurisdicción ordinaria, pero si tiene efectos sobre la vida o el mínimo vital
de una persona puede ser viable la acción de tutela para amparar tales derechos
fundamentales ante la falta de idoneidad y agilidad del medio ordinario de
defensa judicial”.
[24]
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[25]
M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado.
[26]
Ibíd. T-865 de 2014. Comparar: “[a]hora bien, la Corte ha conocido casos en los que, en el marco del
contrato de seguros, la discusión jurídica sobre el eventual deber de la
aseguradora de asumir el pago, se presenta paralelamente a la posible
ocurrencia de un perjuicio irremediable, por ejemplo, ante la imposibilidad de
contar con los medios para asegurar el mínimo vital.  Ante la existencia
de un perjuicio irremediable, no puede el Estado dejar de tramitar de forma
urgente y preferente, una medida judicial que pretende enfrentar la afectación
a los derechos fundamentales, ni puede exigirle a la persona que solicita la
protección de sus derechos, que inicie un proceso judicial que no tiene la
capacidad de resolver su asunto con la rapidez requerida. (…) La Corte ha
evidenciado también, que se presenta un perjuicio irremediable cuando a falta
de pago del seguro, el accionante se ve obligado a sufragar gastos, pero no
cuenta con recursos para ello, ni está en capacidad de trabajar, por eso pone
en riesgo su mínimo vital, vida digna, salud o vivienda digna.
En esos casos, se hace urgente la protección del mínimo vital, y por
consiguiente, será posible revisar el problema jurídico de fondo, pues si se
exige que se tramite a través de la jurisdicción ordinaria, la protección de
los derechos puede resultar insuficiente al momento en que se produzca el
fallo”.
[27]
Comparar: CUERVO M., Alfonso, El Contrato de Seguros en Colombia, Universidad
Javeriana, Bogotá 1980, p. 17.
[28]
Ibíd.
[29]
Ibíd.: CUERVO M.
[30]
M.P. Jorge Arángo Mejía.
[31] Código de Comercio, artículo 1058.:
“DECLARACIÓN DEL ESTADO DEL RIESGO Y SANCIONES POR INEXACTITUD O
RETICENCIA. El tomador está obligado a declarar sinceramente los
hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el
cuestionario que le sea propuesto por el asegurador. La reticencia o la
inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo
hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones
más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro.
Si la declaración no se hace con sujeción a un
cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto
si el tomador ha encubierto por culpa, hechos o circunstancias que impliquen
agravación objetiva del estado del riesgo.
Si la inexactitud o la reticencia provienen de
error inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero el asegurador sólo
estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación
asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato
represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del
riesgo, excepto lo previsto en el artículo 1160.
Las sanciones consagradas en este artículo no
se aplican si el asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha conocido o
debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de la
declaración, o si, ya celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los
acepta expresa o tácitamente”. (Las
expresiones subrayadas fueron demandas en esta sentencia).
[32]
Ibíd.: “Cuando, a
pesar de la infidelidad del tomador a su deber de declarar sinceramente todas
las circunstancias relevantes que constituyen el estado del riesgo, de buena fe
se le ha expedido una póliza de seguro, la obligación asegurativa está fundada
en el error y, por tanto, es justo que, tarde o temprano, por intermedio de la
rescisión, anulabilidad o nulidad relativa, salga del ámbito jurídico. Esto,
con prescindencia de extemporáneas consideraciones sobre la necesidad de que la
reticencia o inexactitud tenga relación de causalidad con el siniestro que haya
podido sobrevenir, justamente porque lo que se pretende es restablecer o
tutelar un equilibrio contractual roto ab initio, en el momento de celebrar el
contrato de seguro, y no al acaecer el siniestro. La relación causal que
importa y que, para estos efectos, debe existir, no es la que enlaza la
circunstancia riesgosa omitida o alterada con la génesis del siniestro, sino la
que ata el error o el dolo con el consentimiento del asegurador”.
[33]
Ibíd. La sentencia recoge la doctrina de EFRÉN OSSA, J. G., en su libro: Teoría General del Seguro - La Institución,
Temis, Bogotá, 1988.
[34]
Ibíd. En este punto la Sala expone las consideraciones presentadas por Hernán
Fabio López Blanco en su libro: Comentarios
al Contrato de Seguro, 2a. edición, Dupré, Bogotá, 1993, pág. 118. De igual
forma, cita nuevamente al profesor J. Efrén Ossa, quien mencionó sobre este
punto que: “[e]l
asegurador no está obligado a verificar la exactitud de la declaración del
estado del riesgo. Ni siquiera por su aspecto objetivo, menos aún por su
aspecto moral. No existe norma legal que pueda invocarse para afirmar lo
contrario”. (J. Efrén Ossa G., ob. cit. Teoría General del Seguro -
El Contrato, pág. 349).
[35]
Ibíd.:“La inexactitud
o la reticencia en la medida en que, conforme a los criterios expuestos, sean relevantes“
producen la nulidad relativa del seguro”. Generan vicio en el consentimiento
del asegurador, a quien inducen en error en su declaración de voluntad frente al
tomador. No importa que aquél no reúna las características que lo tipifican a
la luz de los arts. 1510, 1511 y 1512 del Código Civil. Se trata, como hemos
visto, de un régimen especial, más exigente que el del derecho común, concebido
para proteger los intereses de la entidad aseguradora y, con ellos los de la
misma comunidad asegurada, en un contrato que tiene como soporte la buena fe en
su más depurada expresión y que, por lo mismo, se define unánimemente como
contrato uberrimae fidei.(…) Se trata de un error que seguramente  no
puede asimilarse al  error obstáculo (C.C. art. 1510), porque no
“recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra”, ni “sobre
la identidad de la cosa específica de que se trata”, quizás tampoco al error
sustancial (id., art. 1511), en cuanto no atañe a “la sustancia o calidad
esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato”, ni siquiera, tal vez,
al error accidental acerca de otras calidades determinantes de la
voluntad contractual (id., inc.2o.), porque la del asegurador, en el contrato
de seguro, se inclina o suele inclinarse, en sentido favorable o adverso, al
conjuro de un complejo de factores de orden moral u objetivo que conforman el
riesgo y le permiten formarse juicio sobre su capacidad de asumirlo. Por eso es
por lo que todas las legislaciones regulan específicamente la declaración del
estado del riesgo a cargo del tomador y establecen, con uno u otro criterio,
más o menos severo, las sanciones a que da origen su infidelidad, enderezadas a
tutelar el equilibrio contractual. Así lo hacía nuestro Código de Comercio de
1887 (arts. 680 y 681) y así lo hace el actual, no obstante los preceptos
seculares de nuestro Código Civil. Y no obstante, igualmente, el art. 900 del
estatuto comercial vigente que, respecto de los actos mercantiles en general
consagra su anulabilidad cuando hayan sido consentidos por error, fuerza o dolo
conforme al Código Civil. (…) Ni siquiera la norma del derecho común (C.C. art.
1515) que consagra el dolo como vicio del consentimiento sería
suficiente para proteger al asegurador. Porque aquél sólo vicia el
consentimiento si, además de ser obra de una de las partes, “aparece claramente
que sin él no hubiera contratado”. Es el dolo principal. Es decir, está
desprotegido frente al dolo incidental que es, a juicio de ALESSANDRI
y SOMARRIVA, “el que no determina a una persona a celebrar el acto jurídico,
pero sí a concluirlo en distintas condiciones que en las que lo habría
concluido, generalmente menos onerosas, si las maniobras artificiosas no
hubieran existido”. (J. Efrén Ossa G., Teoría General del Seguro - El Contrato,
Temis, Bogotá, 1991, págs. 333 y 334)”.
[36]
Código de Comercio, artículo 1058, inciso 3: “[s]i la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del
tomador, el contrato no será nulo, pero el asegurador sólo estará obligado, en
caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente
al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto de la
tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo, excepto lo previsto
en el artículo 1160”.
[37]
M.P. (e) Martha Victoria Sáchica Méndez.
[38] Ley 45 de 1990, artículo 82: “TERMINACION
AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO.
La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que
se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del
contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada
y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.
Lo dispuesto en el inciso anterior deberá consignarse
por parte del asegurador en la carátula de la póliza, en caracteres destacados.
Lo dispuesto en este artículo no podrá ser modificado
por las partes".
[39]
VEIGA COPO, Abel B.: Los Principios de Derecho Europeo del Contrato de
Seguro. Primera Edición, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad
de Ciencias Jurídicas. Grupo Editorial Ibáñez, 2011 (Colección prospectivas del
derecho). En esta obra el autor describe el proceso que se ha desarrollado en
Europa con el propósito de lograr unificar un marco comunitario en relación con
el régimen de los contratos de seguros.
[40]
Ibíd. VEIGA COPO, cit., pág. 67: REHBERG. Der Versicherungsabschluss als
Informationsproblem, cit., p. 197 “quien postula además como tomador del
seguro a ser informado de todos los aspectos del seguro”.
[41]
Ibíd. VEIGA COPO, p. 75.: “Afortunadamente la
sensatez y la mesura se han impuesto, debiendo ahora las aseguradoras ampliar
sus formularios de preguntas, perfeccionándose en la elección de preguntas
relevantes, serias, precisas, que ayuden verdaderamente a lo que tienen que
ayudar que no es otra cosa que la verdadera selección y antiselección del
riesgo y no tachar a priori prácticamente de fraudulento o arrojar sombras de
luz sobre solicitantes y tomadores de seguro. Buena fe también implica para la
entidad seguradora lealtad y profesionalidad a la hora de confeccionar su
oferta, su póliza, el condicionado, la realización de las prestaciones, etc.,
desterrando todo atisbo de oscuridad, ambigüedades, incomprensibilidades,
abusos y lesividades, etc., y para el asegurado declarar lo que él cree
modulaciones o alteraciones en el riesgo original y tenido en cuenta para
concretar el contrato, toda agravación del mismo, disminución, las
circunstancias que rodean al siniestro, la comunicación del mismo etc. La buena
fe preside en el seguro, como en todos los contratos, la relación jurídica pero
si cabe con un mayor énfasis en este contrato”.
[42]
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[43]
Ibíd. VEIGA COPO, cit., p. 73: ASÍ HÉMARD, I, Nº 44. [non vidi], cita de
HALPERIN. Contrato, cit., p. 34, “la noción de eventualidad excluye
la certidumbre y la imposibilidad; mas comprende el caso fortuito y aún la
voluntad de las partes, siempre que el acontecimiento no dependa inevitable o
exclusivamente de ella. Es suficiente que la certidumbre sea económica”.
[44]
Ibíd. EFRÉN OSSA: Teoría General del Seguro p. 296: “[l]a inexactitud
o la reticencia en la medida en que, conforme a los criterios expuestos, sean
relevantes ‘producen la nulidad relativa del seguro’. Generan vicio en el
consentimiento del asegurador, a quien inducen en error en su declaración de
voluntad frente al tomador. No importa que aquél no reúna las características
que lo tipifican a la luz de los arts. 1510, 1511 y 1512 del Código Civil. Se
trata, como hemos visto, de un régimen especial, más exigente que el del
derecho común, concebido para proteger los intereses de la entidad aseguradora
y, con ellos los de la misma comunidad asegurada, en un contrato que tiene como
soporte la buena fe en su más depurada expresión y que, por lo mismo, se define
unánimemente como contrato de uberrimae fidei”.
[45] Código de
Comercio, artículo 1058: “[e]l
tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que
determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por
el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias
que, conocidos por el asegurador, lo hubieren retraído de celebrar el contrato,
o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa
del seguro.
Si la declaración no se hace con sujeción a un
cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto
si el tomador ha encubierto por culpa, hechos o circunstancias que impliquen
agravación objetiva del estado del riesgo.
Si la inexactitud o la reticencia provienen de error
inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero el asegurador sólo
estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación
asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato
represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del
riesgo, excepto lo previsto en el artículo 1160.
Las sanciones consagradas en este artículo no se
aplican si el asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido
conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración,
o si, ya celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o
tácitamente”.
[46] Código de Comercio, artículo 1162: “Si respecto a
la edad del asegurado se comprobare inexactitud en la declaración de
asegurabilidad, se aplicarán las siguientes normas:
1) Si la edad verdadera está fuera de los límites
autorizados por la tarifa del asegurador, el contrato quedará sujeto a la
sanción prevista en el Artículo 1058;
2) Si es mayor que la declarada, el seguro se reducirá
en la proporción necesaria para que su valor guarde relación matemática con la
prima anual percibida por el asegurador, y
3) Si es menor, el valor del seguro se aumentará en la
misma proporción establecida en el ordinal segundo”.
[47]
M.P. Jorge Arango Mejía.
[48]
Sentencia C-232 de 1997: “[c]on base en la redacción de la norma y en las actas números 12, 13,
14, 17, 18, 52, 73, 74, 90 y 91 del Subcomité de Seguros del Comité Asesor para
la Revisión del Código de Comercio (publicadas en 1983 por la Asociación
Colombiana de Derecho de Seguros “Acoldese”, Bogotá, Unión Gráfica Ltda.,
páginas 91 a 99), que al decir del profesor J. Efrén Ossa G. (q.e.p.d.), “constituyen
útil material informativo para el exégeta que desee aproximarse a la raíz de
las normas legales que, conforme al Título V del Libro Cuarto del Código de
Comercio, gobiernan el Contrato de Seguro”, es posible afirmar que del artículo
1058 del Código de Comercio, surge un régimen estructurado sobre las siguientes
bases:
a) El tomador del seguro tiene la carga precontractual de declarar
sinceramente los hechos o circunstancias significativos que determinan el
estado del riesgo;
b) La declaración puede hacerse con o sin cuestionario preparado
por el asegurador;
c) La carga de declarar correctamente el estado del riesgo se
incumple por inexactitud o reticencia, es decir, por incurrir en falta de la
debida puntualidad o fidelidad en las respuestas o el relato, o por callar, total
o parcialmente, lo que debiera decirse;
d) Como protección del asegurador contra el error y el dolo y, por
ende, en defensa de la mutualidad de los asegurados, las inexactitudes o
reticencias frente al cuestionario, están sancionadas con la nulidad relativa
del contrato, siempre y cuando recaigan sobre hechos o circunstancias
relevantes o influyentes respecto del riesgo, o sea, de aquéllos que, de haber
sido conocidos por el asegurador, lo habrían retraído de contratar u obligado a
exigir condiciones más onerosas;
e) Como la norma, en tratándose de la absolución del cuestionario,
no contempla distinciones sobre el particular, la nulidad relativa se origina
en las inexactitudes o reticencias que graviten tanto sobre el riesgo moral o
subjetivo (referente a cualidades personales del tomador o asegurado), como
sobre el riesgo físico u objetivo del bien asegurado ( relativo a las
particularidades físicas o materiales del objeto del seguro);
f) Cuando media un cuestionario, la nulidad tiene lugar por el
solo acaecimiento de la inexactitud o reticencia, ya sea fruto de dolo o culpa
del tomador;
g) Si la declaración es libre o espontánea, esto es, no sujeta a
cuestionario alguno, las reticencias o inexactitudes dolosas o culposas
conducen también a la nulidad relativa, pero, por manifestación expresa de la
ley, sólo en lo que atañe al riesgo objetivo o físico del bien asegurado;
h) No habrá nulidad si las inexactitudes o reticencias relevantes
provienen de error inculpable del tomador. Pero el siniestro que en tales casos
se produzca, sólo obliga al asegurador a pagar una parte de la prestación
asegurada, directamente proporcional a lo que la tarifa o prima pactada
represente en relación con la tarifa o prima correspondiente al verdadero
estado del riesgo, con la excepción, claro está, del principio de
incontestabilidad que, en materia de seguros de vida, consagra el artículo 1160
del Código de Comercio;
i) La nulidad relativa y la disminución de la prestación asegurada
no tienen aplicación si el asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha
conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los
vicios de la declaración, o si, celebrado el contrato de seguro, los subsana o
acepta expresa o tácitamente;
j) Como se deduce del acta número 73, para que la nulidad relativa
pueda declararse “(...) no hay necesidad de establecer relación ninguna de
causalidad entre el error o la reticencia y el siniestro”.
[49]
Ibíd. C-232/97: “En
el contrato de seguro, salvo lo dispuesto para los errores inculpables, el
legislador, en lo que se refiere a la anulabilidad del negocio, consagró un
tratamiento especial, más severo, de los vicios del consentimiento del
asegurador, causados por las reticencias o inexactitudes culposas o dolosas del
tomador en la declaración del estado del riesgo. En materia de seguros, la ley
comercial se separó de la reglamentación común sobre nulidad relativa por error
accidental en la calidad del objeto, contemplada en el Código Civil. La
posibilidad de rescindir el contrato según el Código Civil, se amplió para los
aseguradores, según las voces del Código de Comercio, pues esta norma, a
diferencia del derecho civil, incluyó también, como causal de nulidad relativa,
el error derivado de las reticencias o inexactitudes que impidieron que el
aseguramiento se estipulara en condiciones más onerosas para el tomador. En lo
tocante al derecho del asegurador de lograr la rescisión del seguro por dolo
del tomador en la declaración del estado del riesgo, el Código de Comercio
también ensanchó los límites previstos por el Código Civil. Como la norma
comercial permite la declaración de nulidad relativa, aun en el evento en que
las reticencias o inexactitudes habrían inducido a la compañía aseguradora a
estipular condiciones más onerosas, pero no a abstenerse de celebrar el
contrato, por fuerza hay que aceptar que la regulación civil tiene un campo de
acción más restringido”.
[50]
Ibíd. C-232 de 1997: “[c]uando,
a pesar de la infidelidad del tomador a su deber de declarar sinceramente todas
las circunstancias relevantes que constituyen el estado del riesgo, de buena fe
se le ha expedido una póliza de seguro, la obligación asegurativa está fundada
en el error y, por tanto, es justo que, tarde o temprano, por intermedio de la
rescisión, anulabilidad o nulidad relativa, salga del ámbito jurídico. Esto,
con prescindencia de extemporáneas consideraciones sobre la necesidad de que la
reticencia o inexactitud tenga relación de causalidad con el siniestro que haya
podido sobrevenir, justamente porque lo que se pretende es restablecer o
tutelar un equilibrio contractual roto ab initio, en el momento de celebrar el
contrato de seguro, y no al acaecer el siniestro. La relación causal que
importa y que, para estos efectos, debe existir, no es la que enlaza la
circunstancia riesgosa omitida o alterada con la génesis del siniestro, sino la
que ata el error o el dolo con el consentimiento del asegurador”.
[51]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[52]
Sentencia T-086 de 2012: “[e]n aplicación del principio de la buena fe, se
puede concluir que este es un postulado de doble vía, que obliga a las partes a
comportarse con probidad en el desarrollo de la relación contractual siendo
esta una particularidad  fundamental para efectos de interpretación de las
cláusulas que lo rigen. Esta buena fe en el contrato de seguro, no sólo indica
la manera como debe analizarse la conducta de las partes frente al cumplimiento
de los deberes contractuales, sino también de algún modo la eficacia del mismo
contrato”.
[53]
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[54]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[55]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[56]
Ibíd. “La relación de aseguramiento, se caracteriza principalmente por
imponer límites al poder de la parte dominante. En este sentido, la parte que
redacta e impone las condiciones del contrato debe cumplir, al menos, los
siguientes parámetros: (i) no estipular condiciones indeterminadas, ambiguas o vagas que
actúen en contra de los intereses del asegurado; y si las integran al contrato,
(ii) deben interpretarlas a favor del usuario, en virtud del principio pro costumatore o pro homine. La Constitución protege de
esta forma la posición de los usuarios de los contratos de seguros
como manifestación del principio de la buena fe (art. 83, CP), el cual propende
por el equilibrio de la relación de aseguramiento y la eliminación de todas aquellas condiciones
que generan inseguridad jurídica en la ejecución del contrato”.
[57]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[58]
Sentencia T-015 de 2012: “las preexistencias
hacen alusión a las exclusiones al amparo de un seguro de vida que las
aseguradoras pueden establecer cuando el asegurado padezca una enfermedad con
anterioridad a la fecha de iniciación de la cobertura y la muerte de éste se
produzca como consecuencia de dicha enfermedad”.
[59]
M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez, Rad. 11001-31-03-023-2007-00600-02.
[60]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[61]
Sentencia T-222 de 2014: “[e]n criterio de esta Sala, la preexistencia puede
ser eventualmente una manera de reticencia. Por ejemplo, si una persona conoce
un hecho anterior a la celebración del contrato y sabiendo ésto no informa al
asegurador dicha condición por evitar que su contrato se haga más oneroso o
sencillamente la otra parte decida no celebrar el contrato, en este preciso
evento la preexistencia sí será un caso de reticencia. Lo mismo no sucede
cuando una persona no conozca completamente la información que abstendría a la
aseguradora a celebrar el contrato, o hacerlo más oneroso. Por ejemplo,
enunciativamente, casos en los que existan enfermedades silenciosas y/o
progresivas. En aquellos eventos, el actuar del asegurado no sería de mala fe.
Sencillamente no tenía posibilidad de conocer completamente la información y
con ello, no es posible que se deje sin la posibilidad de recibir el pago de la
póliza. Esta situación sería imponerle una carga al usuario que
indiscutiblemente no puede cumplir. Es desproporcionado exigirle al ciudadano
informar un hecho que no conoce ni tiene la posibilidad de conocerlo. Mucho
menos, para el caso del seguro de vida grupo de deudores, suministrar con
preciso detalle su grado de discapacidad.
Ahora bien, ¿quién debe probar la mala
fe? En concepto de esta Corte, deberá ser la aseguradora. Y es que no puede ser
de otra manera, pues solo ella es la única que puede decir con toda certeza (i)
que por esos hechos el contrato se haría más oneroso y (ii), que se abstendrá
de celebrar el contrato. Precisamente, la Corte Suprema también ha entendido
que esta carga le corresponde a la aseguradora. Por ejemplo, en Sentencia del
once (11) de abril del 2002, sostuvo que “las inexactitudes u omisiones
del asegurado en la declaración del estado de riesgo, se deben sancionar con la
nulidad relativa del contrato de seguro, salvo que, como ha dicho la jurisprudencia, dichas circunstancias
hubiesen sido conocidas del asegurador o pudiesen haber sido conocidas por él
de haber desplegado ese deber de diligencia profesional inherente a su
actividad” (subraya por fuera del texto). Lo anterior significa que la reticencia
solo existirá siempre que la aseguradora en su deber de diligencia, no pueda
conocer los hechos debatidos. Si
fuera de otra manera podría, en la práctica, firmar el contrato de seguro y
solo cuando el tomador o beneficiario presenten la reclamación, alegar la
reticencia. En criterio de esta Sala, no es posible permitir esta
interpretación pues sería aceptar prácticas, ahora sí, de mala fe.
En síntesis, la reticencia significa la
inexactitud en la información entregada por el tomador del seguro a la hora de
celebrar el contrato. Esta figura es castigada con la nulidad relativa. En
otros términos, sanciona la mala fe en el comportamiento del declarante. Ello
implica que, (i) no necesariamente los casos de preexistencias son sinónimo de
reticencia. El primer evento es objetivo mientras que el segundo es subjetivo.
Por tal motivo, (ii) es deber de la aseguradora probar la mala fe en los casos
de preexistencias, pues solo ella es la única que sabe si ese hecho la haría
desistir de la celebración del contrato o hacerlo más oneroso. En todo caso
(iii), no será sancionada si el asegurador conocía o podía conocer los hechos
que dan lugar a la supuesta reticencia”.
[62],
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[63],
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[64]
Ibíd.: C-776 de 2003. Comparar: “[a]hora bien, el derecho fundamental al mínimo vital presenta una
dimensión positiva y una negativa. La dimensión positiva de este derecho
fundamental presupone que el Estado,
y ocasionalmente los particulares, cuando se reúnen las condiciones de urgencia,
y otras señaladas en las leyes y en la jurisprudencia constitucional, están obligados a suministrar a la
persona que se encuentra en una situación en la cual ella misma no se puede
desempeñar autónomamente y que compromete las condiciones materiales de su
existencia, las prestaciones necesarias e indispensables para sobrevivir
dignamente y evitar su degradación o aniquilamiento como ser humano. Por su
parte, respecto de la dimensión negativa, el derecho fundamental al mínimo
vital se constituye en un límite o cota inferior que no puede ser traspasado
por el Estado, en materia de disposición de los recursos materiales que la
persona necesita para llevar una existencia digna. Es por ello que
instituciones como la inembargabilidad de parte del salario, la prohibición de
la confiscación, la indisponibilidad de los derechos laborales o el amparo de
pobreza, entre otros, constituyen ejemplos concretos del mencionado límite
inferior que excluye ciertos recursos materiales de la competencia dispositiva
del Estado o de otros particulares”.
[65]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[66]
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[67]
M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[68]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[69]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[70]
Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud: ATAQUE
CARDÍACO Y ACCIDENTE CEREBROVASCULAR: PREVENCIÓN. Publicación Científica y
Técnica No. 610, Washington, DC. 2005. P. vii. Comparar: “[m]ás del 50% de
las defunciones por cardiopatía o accidentes cerebrovasculares, así como la
discapacidad, pueden prevenirse mediante acciones colectivas e individuales,
sencillas y costo-efectivas, dirigidas a disminuir los principales factores de
riesgo como la hipertensión, el colesterol alto, la obesidad y el tabaquismo”.
[71]
Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU.: Angiopatía amiloide cerebral.
Enciclopedia médica. Versión en inglés revisada
por: Joseph V. Campellone, MD, Department of Neurology, Cooper University
Hospital, Camden, NJ. Review expuesto por VeriMed Healthcare Network. También revisada por: David Zieve, MD, MHA,
Isla Ogilvie, PhD y the A.D.A.M. Editorial team. Traducción y localización realizada por: DrTango, Inc. Disponible en: https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000719.htm
[72]
CLARK L. David; BOUTROS N. Nash y MENDEZ F. Mario.: El Cerebro
y la conducta. 2ª edición. México, 2012, p. 66-67.
[73]
Escrito del 26 de febrero de 2015 emitido por Liberty Seguros S.A. como
respuesta a solicitud de reconsideración del accionante (Cd. 3, Fl. 54): “[n]os
referimos al derechos de petición radicado en nuestras oficinas, mediante el
cual se solicita se reconsidere el pago de la indemnización bajo el amparo de
incapacidad total y permanente con base en diagnósticos médicos neurocirujanos,
los cuales adjunta. Al respecto, nos permitimos manifestar que la compañía toma
en reconsideración su solicitud, y remite al área encargada, por lo cual se le
estará dando respuesta dentro del término legal, de conformidad con el artículo
1080 del Código de Comercio.”
[74]
Sentencia T-222 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[75]
Ibíd.
[76] M. P.: Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[77] Este fallo, a su
vez, reiteró las Sentencias T-832 de 2010 y T-l018 de 2010.