C-309-04
Sentencia C-326/00
Sentencia C-309/04
CONVENIO INTERNACIONAL-Documento que acredite delegación de
facultad de representación
CONVENIO INTERNACIONAL-Competencia del funcionario
TRATADO INTERNACIONAL-Acto de confirmación presidencial en
materia de suscripción
La confirmación presidencial
necesariamente es un acto posterior a la suscripción del tratado y, por lo
mismo, manifiesta el querer del Estado en la asunción de las obligaciones que
surgen de dicho documento internacional. En consecuencia, la confirmación
presidencial es una herramienta válida al interior de nuestro ordenamiento
constitucional, con el propósito de subsanar los eventuales vicios de
representación que se presenten en la suscripción de tratados o convenios
internacionales.
CONVENIO SOBRE MARCACION DE EXPLOSIVOS
PLASTICOS PARA FINES DE DETECCION
PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Contabilización
en días comunes del plazo entre el primero y segundo debate y entre aprobación
en una e iniciación del debate en la otra
Al respecto, es indispensable tener en
cuenta que, por vía de interpretación constitucional, esta Corporación ha
señalado que los plazos previstos en el artículo 160 del Texto Superior, deben
contabilizarse en días comunes y no hábiles. A juicio de esta Corporación,
dicho término debe transcurrir íntegramente, es decir, que “todos y cada uno de
los días que lo componen deben ser días completos, por lo cual las fechas en
que se llevan a cabo los debates en las cámaras, no puede incluirse dentro del
conteo del término”.
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Inconstitucionalidad por no mediación
plena de término de ocho días en trámite del proyecto
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-No subsanación de vicio de trámite por
falta de explicación de motivos para nueva deliberación como tampoco existió
manifestación expresa de subsanarlo
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Inexequibilidad por sujeción del proyecto
a cinco debates sin que se hubiera reabierto el debate conforme a normas
reglamentarias
Referencia: expediente LAT-245
Asunto: Revisión constitucional de la Ley
831 de julio 10 de 2003, “por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre
la Marcación de Explosivos Plásticos para los Fines de Detección”, hecho
en Montreal, el primero (1) de marzo de 1991.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL.
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de marzo
de dos mil cuatro (2004).
I.       ANTECEDENTES.
La
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, atendiendo lo previsto
en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, envió fotocopia auténtica de
la Ley número 831 de julio 10 de 2003, por medio de la cual se aprueba el “Convenio
sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los Fines de Detección”,
hecho en Montreal, el primero (1°) de marzo de mil novecientos noventa y uno
(1991).
En Providencia de agosto quince (15) de
2003, el despacho del Magistrado sustanciador asumió el conocimiento del
presente asunto. Adicionalmente, en el mismo Auto, solicitó a las Secretarías
Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, la
remisión de los antecedentes legislativos de la Ley en revisión y la
certificación del quórum y del desarrollo exacto y detallado de las votaciones.
Así mismo, requirió al Ministerio de Relaciones Exteriores la certificación de
los plenos poderes de la persona que intervino en la suscripción del tratado.
Una vez allegados los mencionados
documentos, se ordenó la fijación en lista para efectos de permitir la
intervención ciudadana y se dispuso la comunicación de la presente demanda al
Fiscal General de la Nación, al Ministro de Relaciones Exteriores, al Ministro
de Defensa y Seguridad Nacional, al Ministro de Justicia y del Derecho y al
Director de la Comisión Colombiana de Juristas.
Finalmente, se dio traslado al señor
Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su
competencia, en los términos del artículo 7° del Decreto 2067 de 1991.
Cumplidos los trámites previstos en el
Decreto 2067 de 1991, procede esta Corporación a decidir sobre la exequibilidad
del tratado y de la ley que lo aprueba.
II.      TEXTO DE LA LEY Y DEL TRATADO
OBJETO DE REVISIÓN.
Según la publicación efectuada en el Diario Oficial N.
45.248 del 14 de julio de 2003, el siguiente es el texto de la ley y del
tratado objeto de revisión:
“LEY
831 DE 2003
(julio 10)
por medio de la cual se aprueba el Convenio
sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los fines de Detección, hecho
en Montreal, el primero (1°) de marzo de mil novecientos noventa y uno (1991).
El Congreso de la República
Visto el texto del ‘Convenio sobre la
Marcación de Explosivos Plásticos para los fines de Detección’, hecho en
Montreal, el primero (1°) de marzo de mil novecientos noventa y uno
(1991)", que a la letra dice:
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia
del texto íntegro del Instrumento Internacional mencionado).
«CONVENIO SOBRE LA MARCACION DE
EXPLOSIVOS PLASTICOS
PARA LOS FINES DE DETECCION
LOS ESTADOS PARTES EN EL PRESENTE CONVENIO,
CONSCIENTES de las repercusiones de los
actos de terrorismo en la seguridad internacional;
EXPRESANDO profunda preocupación por los
actos terroristas destinados a destruir aeronaves, otros medios de transporte y
demás objetivos;
PREOCUPADOS por el hecho de que los
explosivos plásticos se han utilizado para cometer tales actos terroristas;
CONSIDERANDO que la marcación de tales
explosivos para los fines de detección contribuiría de modo significativo a
prevenir dichos actos ilícitos;
RECONOCIENDO que para disuadir de tales
actos ilícitos se necesita urgentemente un instrumento internacional que
obligue a los Estados a adoptar las medidas apropiadas para que los explosivos
plásticos estén debidamente marcados;
CONSIDERANDO la Resolución 635 del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas del 14 de junio de 1989 y la Reso1ución
44/29 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 4 de diciembre de 1989,
en las que se insta a la Organización de Aviación Civil Internacional a que
intensifique su labor para establecer un régimen internacional de marcas de
explosivos plásticos o en lámina que permitan detectar su presencia;
TENIENDO PRESENTE la Resolución A27-8
adoptada unánimemente por el 27º período de sesiones de la Asamblea de la
Organización de Aviación Civil Internacional, la cual apoyó con prioridad
máxima y preponderante la preparación de un nuevo instrumento jurídico
internacional relativo a la colocación de marcas en los explosivos plásticos o
en lámina para facilitar su detección;
TOMANDO NOTA con satisfacción del papel
desempeñado por el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional
en la preparación del Convenio, así como su voluntad de asumir funciones
relacionadas con su aplicación;
HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:
Artículo I
Para los fines de este Convenio:
1.
"Explosivos"
significa los productos explosivos comúnmente conocidos como "explosivos
plásticos", incluidos los explosivos en forma de lámina flexible o
elástica, descritos en el Anexo técnico a este Convenio.
2.
"Agente de
detección" significa la sustancia descrita en el Anexo técnico a este
Convenio y que se introduce en un explosivo a fin de poder detectarlos.
3.
"Marcación"
significa la introducción en el explosivo de un agente de detección conforme al
Anexo técnico a este Convenio.
4.
"Fabricación"
significa todo proceso, incluido el reprocesamiento, que da como resultado
explosivos.
5.
"Artefactos
militares debidamente autorizados" comprende, sin que esta lista sea
exhaustiva, cartuchos, bombas, proyectiles, minas, mísiles, cohetes, cargas
huecas, granadas y perforadores fabricados exclusivamente con fines militares o
policiales de conformidad con las leyes y los reglamentos del Estado Parte de
que se trate.
6.
"Estado
productor" significa todo Estado en cuyo territorio se fabriquen
explosivos plásticos.
Artículo II
Cada Estado Parte adoptará las medidas
necesarias y eficaces para prohibir e impedir la fabricación en su territorio
de explosivos sin marcar.
Artículo III
1.
Cada Estado
Parte adoptará las medidas necesarias y eficaces para prohibir e impedir la
entrada o salida respecto de su territorio de explosivos sin marcar.
2.
El párrafo
anterior no se aplicará al desplazamiento con fines que no sean incompatibles
con los objetivos de este Convenio, por las autoridades de un Estado Parte que
desempeñen funciones militares o policiales, de los explosivos sin marcar que
estén bajo el control de dicho Estado parte de conformidad con el párrafo 1 del
artículo IV.
Artículo IV
1.
Cada Estado
Parte adoptará las medidas necesarias para ejercer un control estricto y
efectivo sobre la tenencia o transferencia de la tenencia de los explosivos sin
marcar que se hayan fabricado o introducido en su territorio antes de la
entrada en vigor de este Convenio respecto de dicho Estado, a fin de impedir su
apoderamiento o utilización con fines incompatibles con los objetivos de este
Convenio.
2.
Cada Estado
Parte adoptará las medidas necesarias para que todas las existencias de los
explosivos mencionados en el párrafo 1 de este artículo que no estén en poder
de las autoridades de dicho Estado que desempeñen funciones militares o
policiales se destruyan o consuman con fines que no sean incompatibles con los
objetivos de este Convenio, se marquen o se transformen permanentemente en
sustancias inertes, dentro de un plazo de tres años a partir de la entrada en
vigor de este Convenio respecto de dicho Estado.
3.
Cada Estado
Parte adoptará las medidas necesarias para que todas las existencias de los
explosivos mencionados en el párrafo 1 de este artículo que estén en poder de
las autoridades de dicho Estado que desempeñen funciones militares o policiales
y que no estén incorporados como parte integrante de los artefactos militares
debidamente autorizados se destruyan o consuman con fines que no sean
incompatibles con los objetivos de este Convenio, se marquen o se transformen
permanentemente en sustancias inertes, dentro de un plazo de quince años a
partir de la entrada en vigor de este Convenio respecto de dicho Estado.
4.
Cada Estado
Parte adoptará las medidas necesarias para destruir, lo antes posible, en su
territorio, los explosivos sin marcar que se descubran en el mismo y que no
estén mencionados en los párrafos anteriores de este artículo, que no sean las
existencias de explosivos sin marcar en poder de las autoridades de dicho
Estado que desempeñen funciones militares o policiales e incorporados como
parte integrante de los artefactos militares debidamente autorizados, en la
fecha de entrada en vigor de este Convenio respecto de dicho Estado.
5.
Cada Estado
Parte adoptará las medidas necesarias para ejercer un control estricto y
efectivo sobre la tenencia y la transferencia de la tenencia de los explosivos
mencionados en el párrafo II de la Parte I del Anexo técnico al presente
Convenio, a fin de evitar su apoderamiento o utilización con fines
incompatibles con los objetivos de este Convenio.
6.
Cada Estado
Parte adoptará las medidas necesarias para destruir lo antes posible, en su
territorio, los explosivos sin marcar fabricados después de la entrada en vigor
de este Convenio respecto de dicho Estado que no estén incorporados como se
especifica en el inciso d) del párrafo II de la Parte l del Anexo técnico al
presente Convenio y los explosivos sin marcar que ya no estén comprendidos
dentro de ningún otro inciso de dicho párrafo II.
Artículo V
1.
Por el presente
Convenio se crea la Comisión Técnica Internacional sobre Explosivos (de aquí en
adelante llamada "la Comisión"), compuesta de no menos de quince ni
más de diecinueve miembros nombrados por el Consejo de la Organización de
Aviación Civil Internacional (de aquí en adelante llamado "el
Consejo"), de entre los candidatos propuestos por los Estados Partes en
este Convenio.
2.
Los miembros de
la Comisión serán expertos que tengan experiencia directa y sólida en materia
de fabricación o detección de explosivos o de investigación sobre explosivos.
3.
Los miembros de
la Comisión prestarán servicios por un período de tres años y podrán ser objeto
de un nuevo nombramiento.
4.
Los períodos de
sesiones de la Comisión se convocarán por lo menos una vez al año en la Sede de
la Organización de Aviación Civil Internacional o en los lugares y fechas que
determine o apruebe el Consejo.
5.
La Comisión
adoptará su reglamento interno, con sujeción a la aprobación del Consejo.
Artículo VI
1.
La Comisión
evaluará la evolución de la técnica en materia de fabricación, marcación y
detección de explosivos.
2.
La Comisión, por
intermedio del Consejo, comunicará sus conclusiones a los Estados Partes y a
los organismos internacionales interesados.
3.
Siempre que sea
necesario, la Comisión hará recomendaciones al Consejo para la enmienda del
Anexo técnico a este Convenio. La Comisión tratará de adoptar por consenso sus decisiones
sobre dichas recomendaciones. A falta de consenso, la Comisión adoptará dichas
decisiones por una mayoría de dos tercios de sus miembros.
4.
El Consejo
podrá, por recomendación de la Comisión, proponer a los Estados Partes
enmiendas del Anexo técnico a este Convenio.
Artículo VII
1.
Todo Estado
parte podrá transmitir al Consejo sus comentarios dentro de un plazo de noventa
días a partir de la fecha de notificación de una propuesta de enmienda del
Anexo técnico a este Convenio. El Consejo comunicará estos comentarios a la
Comisión lo antes posible para que dicho órgano los examine. El Consejo
invitará a todo Estado Parte que comente u objete la propuesta de enmienda a
consultar a la Comisión.
2.
La Comisión
examinará las opiniones de los Estados Partes formuladas de conformidad con el
párrafo anterior e informará al Consejo. El Consejo, después de examinar el
informe de la Comisión y teniendo en cuenta la naturaleza de la enmienda y los
comentarios de los Estados partes, incluidos los Estados productores, podrá
proponer la enmienda a todos los Estados partes para su adopción.
3.
Si la propuesta
de enmienda no ha sido objetada por cinco o más Estados partes mediante una
notificación por escrito al Consejo dentro del plazo de noventa días a partir
de la fecha de notificación de la enmienda por el Consejo, se considerará que
ha sido adoptada y entrará en vigor ciento ochenta días más tarde o después de
cualquier otro período fijado en la propuesta de enmienda para los Estados
partes que no la hubieren objetado expresamente.
4.
Los Estados
Partes que hubiesen objetado de manera expresa la propuesta de enmienda podrán,
posteriormente, mediante el depósito de un instrumento de aceptación o
aprobación, manifestar el consentimiento para obligarse a lo dispuesto por la
enmienda.
5.
Si cinco o más
Estados Partes han objetado la propuesta de enmienda, el Consejo dará traslado
de la misma a la Comisión para su ulterior examen.
6.
Si la propuesta
de enmienda no ha sido adoptada de conformidad con el párrafo 3 de este
artículo, el Consejo también podrá convocar a una conferencia de todos los
Estados Partes.
Artículo VIII
1.
Los Estados
Partes transmitirán, en lo posible, al Consejo, la información que ayude a la
Comisión a desempeñar sus funciones conforme al párrafo I del artículo VI.
2. Los Estados Partes mantendrán informado
al Consejo sobre las medidas que hayan adoptado para dar cumplimiento a las
disposiciones de este Convenio. El Consejo comunicará dicha información a todos
los Estados partes y a los organismos internacionales interesados.
Artículo IX
El Consejo, en cooperación con los Estados
Partes y organismos internacionales pertinentes, adoptará las medidas
apropiadas para facilitar la aplicación de este Convenio, incluyendo la
prestación de asistencia técnica y las medidas para el intercambio de
información relacionada con adelantos técnicos en materia de marcación y
detección de explosivos.
Artículo X
El Anexo técnico al presente Convenio
constituirá parte integrante del mismo.
Artículo XI
1.
Las
controversias que surjan entre dos o más Estados Partes con respecto a la
interpretación o aplicación de este Convenio y que no puedan solucionarse
mediante negociaciones, se someterán a arbitraje, a petición de uno de ellos.
Si en el plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de presentación de
la solicitud de arbitraje las Partes no consiguieran ponerse de acuerdo sobre
la forma del mismo, cualquiera de ellas podrá someter la controversia a la
Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de
conformidad con el Estatuto de la Corte.
2.
Todo Estado
Parte, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación de este
Convenio o de su adhesión al mismo, podrá declarar que no se considera obligado
por el párrafo anterior. Los demás Estados partes no estarán obligados por el
párrafo anterior ante ningún Estado parte que haya formulado dicha reserva.
3.
Todo Estado
Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo anterior podrá
retirarla en cualquier momento mediante notificación al Depositario.
Artículo XII
Con excepción de lo dispuesto en el
artículo XI, el presente Convenio no podrá ser objeto de reservas.
Artículo XIII
1.
El presente
Convenio estará abierto a la firma en Montreal, el 1º de marzo de 1991, de los
Estados participantes en la Conferencia Internacional de Derecho Aéreo
celebrada en Montreal del 12 de febrero al 1º de marzo de 1991. Después del 1º
de marzo de 1991, el Convenio estará abierto a la firma de todos los Estados en
la Sede de la Organización de Aviación Civil Internacional en Montreal, hasta
su entrada en vigor de conformidad con el párrafo 3 de este artículo. Los
Estados que no firmaren el presente Convenio podrán adherirse al mismo en
cualquier momento.
2.
El presente
Convenio estará sujeto a la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de
los Estados. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión se depositarán en los archivos de la Organización de Aviación Civil
Internacional, a la que por el presente se designa Depositaria. Al depositar su
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, cada Estado
declarará si es o no Estado productor.
3.
El presente
Convenio entrará en vigor en el sexagésimo día a contar de la fecha de depósito
del trigésimoquinto instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión ante la Depositaria, siempre que no menos de cinco de dichos Estados
haya declarado, de acuerdo con el párrafo 2 del presente artículo, que son
Estados productores. Si se depositan treinta y cinco de tales instrumentos
antes de que cinco Estados productores depositen sus instrumentos, este
Convenio entrará en vigor en el sexagésimo día a contar de la fecha de depósito
del instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión del quinto
Estado productor.
4.
Para los demás
Estados, el presente Convenio entrará en vigor sesenta días después de la fecha
de depósito de sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión.
5.
Tan pronto como
el presente Convenio entre en vigor, la Depositaria lo registrará de
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas y de
conformidad con el artículo 83 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional
(Chicago, 1944).
Artículo XIV
La Depositaria deberá notificar
inmediatamente a todos los signatarios y Estados Partes:
1.
cada firma de
dicho Convenio y la fecha correspondiente.
2.
el depósito de
todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión y la fecha
correspondiente, indicando expresamente si el Estado ha declarado ser Estado
productor.
3.
la fecha de
entrada en vigor de este Convenio.
4.
la fecha de
entrada en vigor de toda enmienda a este Convenio o a su Anexo técnico.
5.
toda denuncia
efectuada con arreglo al Artículo XV, y
6.
toda declaración
efectuada con arreglo al párrafo 2 del artículo XI.
Artículo XV
1.  Todo Estado Parte podrá denunciar el
presente Convenio mediante notificación por escrito dirigida a la Depositaria.
2. La denuncia surtirá efecto ciento
ochenta días después de la fecha en que la Depositaria reciba la notificación.
En testimonio de lo cual los
plenipotenciarios que suscriben, debidamente autorizados por sus Gobiernos para
hacerlo, firman el presente Convenio.
Hecho en Montreal, el día primero de marzo
de mil novecientos noventa y uno, en un original, integrado por cinco textos
auténticos en los idiomas español, francés, inglés, ruso y árabe.
TECHNICAL ANNEX
PART 1:        DESCRIPTION OF EXPLOSIVES
3.The explosives referred to in paragraph 1
of Article 1 of this Convention are those that:
(a)
Are formulated
with one or more high explosives which in their pure form have a vapour
pressure less than 10-4 Pa at a temperature of 25°C;
(b)
Are formulated
with a binder material, and
(c)
Are, as a
mixture, malleable or flexible at normal room temperature.
2.
The following
explosives, even though meeting the description of explosives in paragraph I of
this Part, shall not be considered to be explosives as long as they continue to
be held or used for the purposes specified below or remain incorporated as
there specified, namely those explosives that:
(a)
Are
manufactured, or held, in limited quantities solely for use in duly authorized
research development or testing of new or modified explosives;
(b)
Are
manufactured, or held, in limited quantities solely for use in duly authorized
training in explosives detection and/or development or testing of explosives
detection equipment;
(c)
Are
manufactured, or held, in limited quantities solely for duly authorized
forensic science purposes, or
(d)
Are destined to
be and are incorporated as an integral part of duly authorized military devices
in the territory of the producer State within three years after the coming into
force of this Convention in respect of that State. Such devices produced in
this period of three years shall be deemed to be duly authorized military
devices within paragraph 4 of Article IV of this Convention.
3.In this Part:
"Duly authorized" in paragraph II
a), b) and c) means permitted according to the laws and regulations of the
State Party concerned, and
"High explosives" include but are
not restricted to cyclotetra-methylenetetranitramine (HMX), pentaerythritol
tetranitrate (PETN) and cyclotrimethylenetrinitramine (RDX).
PART 2:
DETECTION AGENTS
A detection agent is any one of those
substances set out in the following Table. Detection agents described in this
Table are intended to be used to enhance the detectability of explosives by
vapour detection means. In each case, the introduction of a detection agent
into an explosive shall be done in such a manner as to achieve homogeneous
distribution in the finished product. The minimum concentration of a detection
agent in the finished product at the time of manufacture shall be as shown in
the said Table.
Table
Name of detection agent
Molecular
formula
Molecular
weight
Minimum concentration
Ethylene glycol dinitrate (EGDN)
C2H4(NO3)2
152
0.2% by mass
2,3-Dimethyl-2,3-dinitrobutane (DMNB)
C6H12(NO2)2
176
.1% by mass
para-Mononitrotoluene (p-MNT)
C7H7NO2
137
0.5% by mass
ortho-Mononitrotoluene (o-MNT)
C7H7NO2
137
0.5% by mass
Any explosive which, as a result of its
normal formulation, contains any of the designated detection agents at or above
the required minimum concentration level shall be deemed to be marked.
CONVENIO SOBRE LA MARCACION DE EXPLOSIVOS
PLASTICOS PARA LOS FINES DE DETECCION
hecho en Montreal el 1º de marzo de 1991
Es copia fiel y auténtica.
Dirección de Asuntos Jurídicos.
ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL
INTERNACIONAL
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 3 de enero de 2002
Aprobado. Sométase a la consideración del
honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Guillermo Fernández de Soto.
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el "Convenio sobre la
Marcación de Explosivos Plásticos para los fines de Detección, hecho en
Montreal, el primero (1°) de marzo de mil novecientos noventa y uno
(1991)".
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el "Convenio sobre la Marcación de
Explosivos Plásticos para los fines de Detección, hecho en Montreal, el primero
(1°) de marzo de mil novecientos noventa y uno (1991)", que por el
artículo 1° de esta ley se aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en
que se perfeccione los vínculos internacionales respecto de los mismos.
Artículo 3°. Esta ley rige a partir de la fecha de su
publicación.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
Luis Alfredo Ramos Botero.
El Secretario General del honorable Senado
de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
William Vélez Mesa.
El Secretario General de la honorable
Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.
REPUBLICA DE COLOMBIA -GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese previa revisión de la Corte
Constitucional, conforme al artículo 240-1 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de julio de
2003.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Viceministra de Relaciones Exteriores,
encargada de las funciones del Despacho de la Ministra de Relaciones
Exteriores,
Clemencia Forero Ucrós.
El Ministro de Transporte,
Andrés Uriel Gallego Henao”.
III.    INTERVENCIONES.
Según informe secretarial del tres (3) de
octubre de dos mil tres (2003), durante el término de fijación en lista fueron
presentados los siguientes escritos:
3.1.   Intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La
señora Ana María Ángel Garcés, en calidad de apoderada del Ministerio de
Relaciones Exteriores, presentó escrito mediante el cual sustenta las razones
para declarar la exequibilidad del texto objeto de revisión.
a.      En el aspecto formal.
La interviniente sostiene que el
instrumento internacional y su ley aprobatoria, acreditaron el cumplimiento de
todos los requisitos de orden formal para su creación, pues su trámite se
ajustó plenamente a las exigencias previstas en la Constitución y en la ley,
para la validez de dichos actos.
b.      En el aspecto material.
Aduce la interviniente que el Convenio objeto de
revisión, es una contribución más a la política estatal de lucha contra el
terrorismo, pues establece un régimen internacional sobre marcas de explosivos
plásticos para permitir su detección y así evitar que sean utilizados en
actividades violentas contra la población civil.
Expresa igualmente que el tratado le impone a los
Estados Partes la obligación de adoptar medidas eficaces para prohibir la
entrada y salida, la fabricación, tenencia y transferencia en su territorio de
explosivos sin agentes de detección.
A su juicio, estas acciones se encuentran encaminadas
a evitar la realización de actos terroristas con explosivos plásticos, en aras
de salvaguardar los siguientes derechos constitucionales, a saber: (i) la
dignidad humana; (ii) la convivencia pacífica y (iii) la protección a la vida,
honra, bienes, creencias y paz de los residentes en Colombia. Así mismo,
permite hacer efectivo el principio constitucional de la soberanía nacional en
torno al deber del Estado de promover hacía la internacionalización e
integración en el desarrollo de las relaciones políticas, económicas, sociales
y ecológicas del país.
3.2.   Intervención
de la Fiscalía General de la Nación.
El
señor Fiscal General de la Nación, solicitó la declaratoria de exequibilidad de
las normas objeto de revisión, de conformidad con los siguientes argumentos:
a.      En el aspecto formal.
Para
el Fiscal General de la Nación, no existe ningún vicio formal que invalide la
ley aprobatoria del tratado, ya que se acreditó “(...) la capacidad de
representación del Estado colombiano para la suscripción del instrumento
internacional, así como el cumplimiento del trámite legislativo de su ley
aprobatoria ante el Congreso de la República, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 154, 157 y 160 de la Constitución Política (...)”.
b.      En el aspecto material.
Para
el Fiscal General de la Nación, el Convenio constituye un mecanismo encaminado
a evitar la realización de atentados terroristas con explosivos plásticos,
cuyas disposiciones se ajustan plenamente al artículo 9° de la Constitución
Política, según el cual, las relaciones exteriores del Estados se fundamentan
en la soberanía nacional, en el respeto de la autodeterminación de los pueblos
y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional  aceptados
por Colombia.
3.3.   Intervención del Ministerio del Interior y de Justicia.
Ana
Lucía Gutiérrez Guingue, en su condición de apoderada del Ministerio del
Interior y de Justicia, presentó escrito para justificar la constitucionalidad
del texto objeto de revisión.
a.      En el aspecto formal.
A
juicio de la interviniente, en el trámite de aprobación de la ley sometida a
revisión, se cumplieron con todas las exigencias formales relacionadas con la
iniciativa, la publicación, la aprobación y sanción presidencial, en los
términos previstos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso.
b.      En el aspecto material.
Expresa
la interviniente que el Convenio se ajusta al marco constitucional, ya que
pretende la adopción de medidas acordes a los fines del Estado, especialmente,
en relación con la preservación de la independencia nacional, el mantenimiento
de la integridad territorial, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la
vigencia del orden justo.
Así
mismo, el Convenio dota a las autoridades del Estado de mecanismos idóneos para
combatir la amenaza terrorista, como herramienta tendiente a la materialización
de los derechos, garantías y deberes consagrados en la Carta.
Por
último, las disposiciones objeto de revisión, guardan cabal armonía con el
artículo 223 Superior, relacionado con la preservación del Monopolio estatal
sobre todo tipo de armas y explosivos.
IV.    CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE
LA NACIÓN.
El señor Procurador General de la Nación,
en concepto No. 3406 del veintinueve (29) de octubre de 2003, solicitó la
declaratoria de exequibilidad del tratado en revisión como de su ley
aprobatoria.
a.      En el aspecto formal.
El
Procurador sostiene que: “Una vez realizado el estudio formal del proyecto
de ley que concluyó con la aprobación de la Ley 831 de 2003 referida a la
aprobación del Convenio sobre marcación de explosivos plásticos para los fines de
detención y que es objeto de examen, se advierte que el mismo cumplió con las
exigencias constitucionales y legales, aspecto este por el cual no se encuentra
reparo alguno a su exequibilidad”.
b.      En el aspecto material.
El
Procurador General de la Nación expresa que el Instrumento Internacional bajo
estudio, es una herramienta jurídica de cooperación internacional, destinada
a adelantar la lucha contra el terrorismo y evitar la realización de actos
violentos con explosivos plásticos, en aras de preservar la paz y la seguridad
de los Estados.
A
su juicio, con el tratado suscrito se asegura la preservación de algunos los
principios y derechos consagrados en la Carta, tales como, la defensa de la
independencia nacional, el mantenimiento de la integridad territorial, la
preservación de la convivencia pacífica y el aseguramiento de la vigencia de un
orden justo.
En
cuanto al contenido del Convenio, expresa que desarrolla los preceptos
establecidos en la Constitución, especialmente aquellos que se refieren a las
relaciones internacionales que se fundamentan en la soberanía nacional y en el
reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por
Colombia, como lo prescribe el artículo IV del mencionado Convenio.
Adicionalmente,
la Vista Fiscal destaca que la Constitución Política restringe las actividades
relacionadas con el porte, comercialización, tenencia y utilización de
materiales explosivos, lo cual se mantiene en el Tratado objeto de revisión,
pues otorga esas tareas a los Estados Partes con el fin de respetar su
soberanía nacional y proteger la seguridad, invitándolos a adoptar las medidas
necesarias para impedir la “fabricación, exportación e importación a su
territorio de explosivos sin marcar; ejercer un control estricto y efectivo
sobre la tenencia o trasferencia de la tenencia de tales materiales…”.
Finalmente
expresa el Procurador General de la Nación que: “(...) [En nada] contraviene
la Constitución la creación de la Comisión Técnica Internacional sobre
Explosivos contenida en el artículo V del Convenio, toda vez que ésta tiene
como propósito evaluar la evolución técnica en materia de fabricación,
marcación y detección de explosivos y a su vez comunicar sus conclusiones a los
Estados partes y a los organismos internacionales. En cuanto a los conflictos
que surjan como consecuencia de la interpretación y aplicación del Instrumento
y que no puedan solucionarse mediante negociaciones, se someterán al
arbitramento, figura que en nada riñe con las disposiciones constitucionales
(...)”.
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Competencia.
1.  Esta Corporación es competente para efectuar la
revisión constitucional del Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos
para los Fines de Detección y de la Ley que lo aprueba, de conformidad con el
artículo 241, numeral 10 de la Constitución Política.
Revisión formal.
Competencia del
funcionario que suscribió el acuerdo en revisión.
2. El tratado objeto de revisión, fue suscrito en nombre
de la República de Colombia por el entonces Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario en Canadá, doctor Germán Montoya Vélez.
Como el citado funcionario no se encontraba
dentro del catálogo de servidores frente a los cuales el numeral 2° del
artículo 7° de la Convención de Viena “sobre el Derecho de los Tratados”,
presume que representan al Estado[1],
fue necesario conferir mediante un documento público dichos poderes, de
conformidad con lo previsto en el inciso a) del numeral 1° del mismo artículo
de la Convención. Al respecto, la citada norma dispone que: “(...) Para la adopción
o la autenticación del texto de un tratado, o para manifestar el consentimiento
del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona
representa a un Estado: a.) Si presenta los adecuados plenos poderes; (...)”.
Se entiende por plenos poderes: “[el] documento que emana de
la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias
personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la
autenticación del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del
Estado en obligarse por un tratado, o para ejecutar otro acto con respeto a un
tratado” (Artículo 2° de la Convención de Viena).
3. En el presente caso, el Presidente de la República de
Colombia, doctor César Gaviria Trujillo, como director de las Relaciones
Internacionales del Estado (C.P. art. 189-2), confirió plenos poderes al
entonces Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Canadá, doctor Germán
Montoya Vélez, para expresar el consentimiento del Estado Colombiano en
obligarse por el “Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para
los Fines de Detección”. Precisamente, el siguiente es el tenor literal del
documento mediante el cual se confieren dichos poderes:
“CESAR GAVIRIA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
A TODOS LOS QUE LAS PRESENTES VIEREN.
S   A   L   U   D   :
Por cuanto se ha de proceder a la firma del
‘CONVENIO SOBRE MARCACIÓN DE EXPLOSIVOS PLÁSTICOS PARA FACILITAR SU DETECCIÓN’,
he determinado conferir, como por las presentes confiero, PLENOS PODERES al
Doctor GERMAN NONTOYA VÉLEZ, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
Colombia ante el Gobierno de Canadá, para que en nombre del Gobierno Nacional
proceda a la firma, bajo reserva de ratificación, de dicho Instrumento
Internacional.
Dadas y firmadas de mi mano, selladas con
el sello de república y refrendadas por el Ministro de Estado en el Despacho de
Relaciones Exteriores en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, a los dieciséis (16)
días del mes de agosto de mil novecientos noventa y uno (1991).
RÚBRICA
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
RÚBRICA
LUIS
FERNANDO JARAMILLO CORREA”
4. Con todo, es preciso aclarar que aun cuando el
Ministerio de Relaciones Exteriores no remitió a esta Corporación, la copia
original del citado documento que acreditase la delegación del Presidente de la
República de la facultad de representación del Estado Colombiano para la
suscripción del citado Convenio. Dicho hecho no constituye vicio alguno que
altere la legalidad o validez del acto de delegación de los plenos poderes,
pues los documentos públicos de conformidad con lo previsto en el artículo 264
del Código de Procedimiento Civil, se reputan auténticos[2].
5. Por otra parte, la capacidad del Estado Colombiano de
obligarse por el Convenio Internacional sometido a revisión, se manifestó
igualmente en el concepto reconocido por el Derecho Internacional Público como confirmación
presidencial.
En efecto, como lo ha señalado la doctrina[3], la delegación del
Presidente de plenos poderes con el propósito de habilitar a otros funcionarios
del Estado para firmar, negociar o concluir un tratado; no implican -bajo
ninguna circunstancia- la delegación de la función presidencial de confirmar o
aprobar lo realizado por el plenipotenciario, como emanación del derecho del
jefe de Estado de dirigir las relaciones internacionales (C.P. art. 189-2[4]) .
Lo anterior significa que una vez dicho
funcionario suscribe el tratado a nombre de Colombia, debe remitirse dicho
documento al Presidente de la República, quien con su firma y la del Ministro
de Relaciones Exteriores, mediante acto administrativo, lo confirma, es decir,
dicta un decreto expresando su conformidad con el tratado, convenio o protocolo
suscrito por el plenipotenciario, con el propósito de someterlo a la aprobación
del Congreso, en los términos previstos en el artículo 150-16 del Texto
Superior[5].
Esta figura se conoce precisamente con el
nombre de “confirmación presidencial”, y pretende, reconocer el derecho
que le asiste al Presidente de la República de dirigir las relaciones
internacionales (C.P. art. 189).
Desde esta perspectiva, el tratado suscrito
por el plenipotenciario se sujeta a la confirmación o aquiescencia del jefe de
Estado. Quién, por una parte, en caso de confirmarlo, manifiesta el compromiso
del Estado de asumir el trámite interno de aprobación, a través de su sometimiento
al Congreso de la República y, en caso de negarlo, expresa el desistimiento del
Estado en obligarse por el tratado, o también puede significar, la decisión del
Presidente de retomar su negociación en aras de aclarar, modificar o eliminar
parte de su contenido.
En este orden de ideas, la confirmación
presidencial necesariamente es un acto posterior a la suscripción del tratado
y, por lo mismo, manifiesta el querer del Estado en la asunción de las
obligaciones que surgen de dicho documento internacional. Por ello, la doctrina
especializada reconoce a la confirmación, como un acto tácito de
saneamiento del proceso de formación de un tratado o convenio realizado por una
persona desprovista de plenos poderes para su suscripción, por cuanto si bien
no existe una manifestación explícita del Estado ante la comunidad
internacional de su aceptación ulterior, si envuelve la exteriorización de un
comportamiento que inequívocamente demuestra su aceptación[6].
Precisamente, el artículo 8° de la
Convención de Viena “sobre el derecho de los tratados” reconoce la
capacidad del Estado en obligarse por un tratado, mediante la confirmación
ulterior de un acto ejecutado sin la debida autorización. Al respecto, dispone
la citada norma: “Un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado
por una persona que, conforme al artículo 7, no pueda considerarse autorizada
para representar con tal fin a un Estado, no surtirá efectos jurídicos a menos
que sea ulteriormente confirmado por ese Estado”.
6. Nótese como la figura de la confirmación presidencial
se convierte en una manifestación del principio de instrumentalidad de las
formas, pues permite ante la presencia de un eventual vicio en la
representación para negociar o suscribir un tratado o convenio internacional,
convalidar dicha irregularidad, mediante la confirmación o asentimiento del
Presidente del acto ejecutado sin la debida autorización, con la finalidad de
someterlo al trámite interno de aprobación ante el Congreso de la República.
Al respecto, brevemente, en Sentencia C-251
de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), esta Corporación manifestó:
“[L]a confirmación presidencial, conforme
al derecho de los tratados codificado en la Convención de Viena de 1969, en su
artículo 8º, subsana cualquier eventual vicio de representación del Estado.
Este principio es totalmente aplicable en el derecho constitucional colombiano,
puesto que corresponde al Presidente de la República, como jefe de Estado,
dirigir las relaciones internacionales y celebrar con otros Estados y entidades
de derecho internacional tratados o Convenios (CP art. 189 ord 2º). Es natural
entonces que la confirmación presidencial subsane los vicios de representación
durante el trámite de suscripción de un tratado. La Corte concluye entonces que
no hubo irregularidades en la suscripción del Protocolo Adicional a la
Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San
Salvador el 17 de noviembre de 1988”.
En consecuencia, la confirmación
presidencial es una herramienta válida al interior de nuestro ordenamiento
constitucional, con el propósito de subsanar los eventuales vicios de
representación que se presenten en la suscripción de tratados o convenios
internacionales.
7. Visto lo anterior, en el presente caso, es claro que
se acreditó la capacidad del Estado Colombiano en la suscripción del Convenio
sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los Fines de Detección, por una
parte, mediante la copia de los plenos poderes remitidos a esta Corporación a
través de un documento público que se reputa autentico y, por otra, mediante la
confirmación presidencial del Convenio, como acto suficiente para convalidar
cualquier tratado y, por ende, para tener como válido el compromiso asumido por
Colombia.
A este respecto, el Presidente de la República
mediante Decreto del 3° de enero de 2002, procedió a la confirmación
presidencial del citado convenio, en los siguientes términos:
“CONVENIO
Sobre la marcación de explosivos plásticos
Para los fines de detección (...)
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 3 de enero de 2002
Aprobado. Sométase a la consideración del
honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Guillermo Fernández de Soto”[7].
Por consiguiente, no queda duda alguna
sobre la validez del compromiso asumido por Colombia ante la comunidad
internacional, a partir de la remisión de la copia de los plenos poderes
otorgados por el Presidente de la República y, adicionalmente, por su posterior
confirmación presidencial.
8. Por ello, el paso siguiente consiste, en analizar la
constitucionalidad del trámite legislativo de aprobación adelantado ante el
Congreso de la República.
Trámite del proyecto de ley número 222 de
2002 - Senado de la República - y número 173 de 2003 - Cámara de Representantes
- y su conformidad con la Constitución Política.
a) El proyecto de ley número 222 de 2002, fue presentado
al Senado de la República por el Gobierno Nacional a través de la Viceministra
de Relaciones Exteriores encargada de las funciones del Despacho del Ministro
de Relaciones Exteriores, doctora Clemencia Forero Ucrós. El texto original y
la respectiva exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso
No. 078 del 4 de abril de 2002 (páginas 1 a 5), en acatamiento de lo previsto
en el artículo 157 Superior, según el cual, “Ningún proyecto será ley sin
los requisitos siguientes: 1º) Haber sido publicado oficialmente por el
Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva”.
b) La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda
Constitucional fue presentada por el Congresista Rafael Orduz Medina y
publicada en la Gaceta del Congreso No. 210 del 6 de junio de 2002 (Páginas 18
y subsiguientes).
c) El
proyecto de ley fue aprobado en la Comisión Segunda del Senado el 12 de junio
de 2002, por votación de diez (10) votos a favor y uno (1) en contra de un quórum
integrado por once (11) de los trece (13) Senadores que conforman la citada
Comisión, según certificación expedida por la Secretaría de esa Corporación
fechada el 22 de agosto de 2003, tal y como consta en el Acta No. 14 de la
misma fecha de sesión, visible a folio 4° del cuaderno 2° del presente
expediente. De esta manera, se cumplió con el requisito que sobre quórum
decisorio exige el artículo 146 del Texto Superior, teniendo en cuenta que
dicha Comisión está compuesta por 13 miembros.
d) La ponencia para segundo debate en el
Senado de la República también fue presentada por el Congresista Rafael Orduz
Medina y publicada en la Gaceta del Congreso No. 232 del 14 de junio de 2002
(páginas 9 y 10 de la Gaceta).
e) El
proyecto de ley fue aprobado por esa Corporación el día 20 de junio de 2002,
con un quórum de 92 senadores de 102, según consta en la Gaceta del Congreso
No. 263 del 8 de julio de 2002. Al respecto, en dicha Gaceta, se afirmó que:
“SENADO
DE LA REPÚBLICA. ACTAS DE PLENARIA. Número 39 de la sesión ordinaria del
día jueves 20 de junio de 2002. (...) Proyecto de ley número 222 de 2002
Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la Marcación de
Explosivos Plásticos para los Fines de Detección, hecho en Montreal, el primero
(1°) de marzo de mil novecientos noventa y uno (1991).
Por
Secretaría se da lectura a la proposición positiva con que termina el informe.
La
Presidencia somete a consideración de la Plenaria la proposición leída y,
cerrada su discusión, ésta le imparte su aprobación.
SE
ABRE EL SEGUNDO DEBATE.
Por
Secretaría se da lectura al articulado del proyecto.
La
Presidencia somete a consideración de la Plenaria el articulado leído, y
cerrada su discusión pregunta:
¿Adopta
la Plenaria el articulado propuesto?
Y
esta responde afirmativamente.
La
Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del proyecto de ley
número 222 de 2002 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la
Marcación de Explosivos Plásticos para los Fines de Detección, hecho en
Montreal, el primero (1°) de marzo de mil novecientos noventa y uno (1991).
Leído
este, la Presidencia lo somete a consideración de la Plenaria, y cerrada su
discusión se pregunta:
¿Aprueban
los miembros de la Corporación el título leído?
Y
estos le imparten su aprobación.
Cumplidos
los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia
pregunta:
¿Quieren
los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado sea ley de la
República?
Y
estos responden afirmativamente.”
f) Con
posterioridad, el día 13 de diciembre de 2002, según consta en la Gaceta del
Congreso No. 31 del 4 de febrero de 2003 (página 22), el proyecto de ley número
222 de 2002 - Senado de la República - y número 173 de 2003 - Cámara de
Representantes -, fue de nuevo sometido a consideración y votación de la
Plenaria del Senado y fue aprobado con un quórum de 96 senadores de 102, sin
que se hiciera mención a la aprobación realizada en la sesión del 20 de junio
de 2002, o se expresaran las razones por las cuales se sometía de nuevo dicho
proyecto a consideración de la Plenaria de dicha Cámara Legislativa.
En efecto, en la
Gaceta del Congreso No. 31 del 4 de febrero de 2003, se afirmó que:
“SENADO
DE LA REPÚBLICA. ACTAS DE PLENARIA. Acta número 38 de la sesión ordinaria
del día viernes 13 de diciembre de 2002. (...) Proyecto de ley número 222 de
2002 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la Marcación
de Explosivos Plásticos para los Fines de Detección, hecho en Montreal, el
primero (1°) de marzo de mil novecientos noventa y uno (1991).
Por
Secretaría se da lectura a la ponencia y proposición positiva con que termina
el informe.
La
Presidencia somete a consideración de la Plenaria la proposición leída y,
cerrada su discusión, ésta le imparte su aprobación.
SE
ABRE EL SEGUNDO DEBATE.
Por
Secretaría se da lectura al articulado del proyecto.
La
Presidencia somete a consideración de la Plenaria el articulado leído, y
cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la Plenaria el articulado propuesto?. Y
esta responde afirmativamente.
La
Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del proyecto.
Por
Secretaría se da lectura al título del Proyecto número 222 de 2002 Senado, por
medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la Marcación de Explosivos
Plásticos para los Fines de Detección, hecho en Montreal, el primero (1°) de
marzo de mil novecientos noventa y uno (1991).
Leído
este, la Presidencia lo somete a consideración de la Plenaria, y cerrada su
discusión se pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación el título
leído? Y estos le imparten su aprobación.
Cumplidos
los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia
pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado sea
ley de la República? Y estos responden afirmativamente.”
De suerte que,
si bien el trámite del proyecto de ley se inició por el Senado de la República,
como corresponde a los asuntos de carácter internacional, según lo previsto en
el artículo 154 del Texto Superior[8];
no se acató el término de ocho días requerido en el artículo 160 de la Carta
Política, en relación con el lapso que debe mediar entre la aprobación del
proyecto en la Comisión Constitucional respectiva y su deliberación y votación
en Plenaria. Precisamente, la citada norma determina que:
“Entre
el primero y el segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a ocho días,
y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del
debate en la otra, deberá transcurrir por lo menos quince días (...)”
Al respecto, es
indispensable tener en cuenta que, por vía de interpretación constitucional,
esta Corporación ha señalado que los plazos previstos en el artículo 160 del
Texto Superior, deben contabilizarse en días comunes y no hábiles.
La doctrina
sobre la materia ha sido precisada por la Corte, en los siguientes términos:
“(...) Dispone el artículo 160 de la
Constitución que entre el primero y el segundo debate, en el trámite de
cualquier proyecto, deberá mediar un lapso no inferior a ocho días y que entre
la aprobación de un proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate
en la otra, deberán transcurrir por lo menos quince días.
Tales términos han sido consagrados con el
propósito de asegurar que los miembros del Congreso, antes de votar sobre los
proyectos puestos a su consideración tengan tiempo de estudiar su contenido y
de evaluar su conveniencia, para que la decisión que cada uno adopte no
obedezca al irreflexivo impulso del ‘pupitrazo’ sino a la persuasión racional
en torno a los alcances de la iniciativa. Ello le da importancia y seriedad a
la votación que se produce en las sucesivas instancias legislativas.
También se busca que la opinión pública,
gracias a la divulgación de los textos ya aprobados durante los debates
transcurridos, se manifieste sobre ellos y contribuya a la mejor ilustración y
al más amplio análisis del Congreso en virtud de una mayor participación
democrática.
Ahora bien, si tales son los propósitos de
la norma, los días que deben transcurrir entre el primero y el segundo debate y
entre la aprobación del proyecto en una cámara y la iniciación del debate en la
otra no deben ser necesariamente hábiles, pues la consideración de los textos
que habrán de ser votados puede tener lugar también en tiempo no laborable,
según las disponibilidades de cada congresista, a la vez que en los lapsos
contemplados, aún tratándose de días comunes, puede la ciudadanía expresarse (...)”
(Sentencia C-203 de 1995.
M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Sombreado por fuera del texto original)[9].
Sin embargo, a
juicio de esta Corporación, dicho término debe transcurrir íntegramente, es
decir, que “todos y cada uno de los días que lo componen deben ser días
completos, por lo cual las fechas en que se llevan a cabo los debates en las
cámaras, no puede incluirse dentro del conteo del término”[10].
Igual doctrina
se expuso en la citada Sentencia C-203 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo), en la cual esta Corporación manifestó que:
“(...)Dentro
de esa misma perspectiva, la exigencia de la Carta resulta ser perentoria, en
el sentido de que los términos aludidos deben transcurrir íntegramente, es
decir sin restar ninguno de los días requeridos por la disposición
constitucional. No en vano ésta precisa que deberá mediar en el primer caso un
lapso "no inferior a ocho días" y, en el segundo, "deberán
transcurrir por lo menos quince días". Se trata de espacios mínimos
de tiempo, de tal manera que si las votaciones se producen sin haberlos tenido
en cuenta de modo completo, los actos correspondientes carecen de validez y
efectos (...)”.
De
conformidad con lo expuesto, encuentra la Corte que en la formación de la Ley
831 de 2003 se desconoció lo prescrito en el artículo 160 del Texto Superior.
En efecto, el proyecto de ley número 222 de 2002 - Senado de la República - y
número 173 de 2003 - Cámara de Representantes -, fue aprobado el 12 de junio de
2002 por la Comisión Segunda del Senado y el 20 de junio de 2002 por la
Plenaria de esa Cámara, sin que mediara plenamente el término de ocho días
exigidos por la disposición constitucional.
Ahora
bien, el hecho de haber sometido nuevamente el citado proyecto de ley a la
aprobación de la Plenaria del Senado de la República, el día 13 de diciembre de
2002, no tiene la entidad suficiente para subsanar el vicio señalado. Lo
anterior, en primer lugar, por la falta de explicación en la Gaceta del
Congreso No. 31 del 4 de febrero de 2003 -en donde consta la votación y
aprobación en Plenaria del 13 de diciembre de 2002- de los motivos por los cuales
el proyecto de ley fue sometido de nuevo a la deliberación y votación en
Plenaria de dicha Cámara Legislativa y, en segundo término, porque tampoco se
hizo una manifestación expresa de la necesidad de subsanar el vicio por
desconocimiento de los términos del artículo 160 del Texto Superior.
En
este orden de ideas, y reiterando la doctrina formulada en la Sentencia C-120
de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), la ley objeto revisión debe ser
declarada inexequible por vicios de forma, pues “el mismo proyecto de ley
fue sometido a cinco debates, sin que se hubiera reabierto el debate de
conformidad con las normas reglamentarias aplicables”[11];
razón por la cual no es necesario continuar con el análisis del contenido
material de la ley y del Convenio objeto de estudio .
VI. DECISIÓN
Con base en lo expuesto, la Corte
Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
R E S U E L V E :
Declarar INEXEQUIBLE, por vicios de
forma, la Ley 831 de 2003, que aprobó el “Convenio sobre la Marcación
de Explosivos Plásticos para los Fines de Detección”, hecho en
Montreal, el primero (1) de marzo de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese al
Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Presidenta
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)
[1]              Según la citada norma: “(...). 2. En virtud de
sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que
representan a un Estado: a.) Los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros
de Relaciones Exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la
celebración de un tratado; b.) Los jefes de misión diplomática, para la
adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante
el cual se encuentran acreditados; c.) Los representantes acreditados por los
Estados ante una conferencia internacional o ante una organización
internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en
tal conferencia, organización u órgano”.
[2]             Dispone la norma en cita: “Artículo 264.
Alcance probatorio. Los documentos públicos hacen fe de su
otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el
funcionario que los autoriza (...)”.
[3]             Ver, entre otros: GIRALDO SUAREZ. Juan de Dios. El
Derecho de los Tratados. Editorial Salesiana. Medellín. 1976. NIETO NAVIA.
Rafael. Estudios sobre Derecho Internacional Público. Publicaciones Javeriana.
Bogotá. 1993. GUTIERREZ ESPADA. Cesáreo. Derecho Internacional Público.
Editorial Trotta. Madrid. 1995. GAVIRIA LIEVANO. Enrique. Derecho Internacional
Público. Temis. Bogotá. 1998. ALVAREZ LONDOÑO. Luis Fernando. Derecho
Internacional Público. Publicaciones Javeriana. Bogotá. 2002.
[4]              Dispone la norma en referencia: “Artículo 189.
Corresponde al Presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno
y suprema autoridad administrativa: (...) 2. Dirigir las relaciones
internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los
agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho
internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del
Congreso”.
[5]             Señala la norma en cita: “Artículo 150. Corresponde
al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes
funciones: (...) 16. Aprobar o improbar los tratados que el gobierno
celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio
de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a
organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la
integración económica con otros Estados”.
[6]              Ver, GUTIERREZ ESPADA. Cesáreo. Derecho
Internacional Público. Editorial Trotta. Madrid. 1995.
[7]              Subrayado por fuera del texto original.
[8]              Dispone la norma en cita: “(...) Los proyectos de
ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de
representantes y los que se refieran a relaciones internacionales, en el
Senado”.
[9]
Ya en ocasión anterior, la Corte había definido la misma cuestión,
cuando en Sentencia C-607 de 1992 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), expresó:"(...)
los días a que hace alusión el artículo 160 de la Carta son días calendarios,
independientemente del estudio acerca de si son días hábiles o inhábiles. Así
lo establece el artículo 83 del Reglamento del Congreso de la República, Ley
5a. de 1992, cuando anota que ‘todos los días de la semana... son hábiles para
las reuniones de las Cámaras Legislativas y sus Comisiones...’ (...)”. En
el mismo sentido, pueden consultarse las sentencias: C-708 de 1996 y C-562 de
1997 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa)
[10]            Sentencia C-510 de 1996. (M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa).
[11]            Sentencia C-120 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa)