T-146-10
SENTENCIA T-146/10
Sentencia T-146/10
DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA EFECTIVA-Es violado por una Corporación judicial cuando se
niega a conocer de fondo una acción de tutela /DERECHO FUNDAMENTAL A LA
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-Competencia de la Corte Constitucional para
conocer
Según
la jurisprudencia constitucional, cuando el derecho fundamental a la tutela
efectiva de una persona es violado por una Corporación judicial al negarse a
conocer de fondo una acción de tutela, el reclamo se puede presentar ante otra
autoridad judicial. Específicamente, en el Auto 04 de 2004, la Corte
Constitucional había establecido la regla según la cual, cuando la Corte
Suprema de Justicia no admita a trámite una acción de tutela contra una de sus
providencias, la persona afectada puede  (i) ‘presentar la acción de tutela
ante cualquier juez (unipersonal o colegiado) o incluso ante una corporación
judicial de la misma jerarquía de la Corte Suprema de Justicia.’
Posteriormente, la imposibilidad de garantizar el acceso a la justicia mediante
la aplicación de esta regla en algunos casos, llevó a la Corte Constitucional a
establecer una segunda alternativa para garantizar el derecho a una tutela
judicial efectiva, en el Auto 100 de 2008. Así, la persona afectada también
puede (ii) ‘solicitar ante la Secretaría General de la Corte Constitucional,
que radique para selección la decisión proferida por la Corte Suprema de
Justicia en la cual se concluyó que la acción de tutela era absolutamente
improcedente, con el fin de que surta el trámite fijado en las normas
correspondientes al proceso de selección. Para este efecto, el interesado
adjuntará a la acción de tutela, la providencia donde se plasmó la decisión que
la tutela era absolutamente improcedente, así como la providencia objeto de la
acción de tutela.’ Estas reglas jurisprudenciales también han sido aplicadas en
casos similares, en los cuales el Consejo de Estado desconoció el derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva de alguna persona.
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE APLICACION DEL
PROCESO ADMINISTRATIVO DE REPARTO DE ACCIONES DE TUTELA
Recientemente,
la jurisprudencia constitucional sobre la aplicación del proceso administrativo
de reparto de acciones de tutela, contenido en el Decreto Reglamentario 1382 de
2000, ha sido recogida por la Sala Plena de la Corte Constitucional en
diferentes providencias, entre ellas ver, por ejemplo, el Auto 124 de 2009, en
el cual la Sala Plena fijó la siguiente regla: ‘en el caso de que dos
autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo,
el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con
el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien
consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto. Lo anterior no
obsta para que esta Corporación o el superior funcional al que sea enviado un
supuesto conflicto de competencia, proceda a devolver el asunto, conforme a las
reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se
presente una distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una
manipulación grosera de las reglas de reparto contenidas en el mencionado acto
administrativo, como sería el caso de la distribución equivocada de una acción
de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las
Altas Cortes.’ Esta regla jurisprudencial, posteriormente, fue extendida en los
siguientes términos: ‘Del mismo modo y con relación a la regla previamente
citada, tales excepciones, se presentarían en los casos en los que se advierta
una manipulación grosera de las reglas de reparto, como cuando se asigna el
conocimiento de una demanda de tutela contra una Alta Corte, a un funcionario
judicial diferente a sus miembros; o, necesariamente, siguiendo esa misma
directriz, en los casos en que se reparta caprichosamente una acción de tutela
contra una providencia judicial, a un despacho diferente del superior funcional
del que dictó el proveído’ [Auto 198 de 2009].
DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-Reglas jurisprudenciales establecidas en Autos de la
Corte Constitucional/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA LA SALA DE CASACION PENAL DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Proceso por
parapolítica/ACCION DE TUTELA CONTRA LA SALA DE CASACION PENAL DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA-Firma del Pacto de Ralito
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales de procedibilidad genéricas o requisitos de
procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales de procedibilidad especiales, específicas o
propiamente dichas
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-No se vulnera cuando el juez aplique un conjunto de
normas de acuerdo a una lectura que se encuentra dentro de un margen razonable
de interpretación
No
constituye una violación al debido proceso, por incurrir en un defecto
sustantivo, el que una persona que sea juez aplique un conjunto de normas de
acuerdo a una lectura que se encuentra dentro de un margen razonable de
interpretación y, en todo caso, tal reclamo no se podrá hacer en sede de tutela
si no fue planteado en el proceso ordinario, si era posible hacerlo. Dicho lo
anterior, aclara la Sala que es distinto tener una interpretación razonable que
pueda ser controvertida, a tener una interpretación que desconozca un
precedente judicial conocido y reiterado. Así, la jurisprudencia ha indicado,
por ejemplo, que un juez de la República viola el derecho al debido proceso
cuando ‘desconoce abiertamente el unificado y reiterado precedente de tutela’
que sea aplicable, cuando dicho precedente exista.
SALA DE CASACION PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-No tiene que excluir como ilegales e
inconstitucionales pruebas que razonablemente no tienen tal condición
La
Sala de Revisión considera, de acuerdo con su jurisprudencia, que un juez de la
República no viola el derecho al debido proceso, al haber fundado su decisión
en una prueba que una de las partes del proceso considera ‘ilegal o
inconstitucional’, cuando la razón por la cual se califica la prueba así, es
objeto de discusión dentro del proceso; en especial cuando, con fundadas
razones la autoridad judicial decide que la supuesta razón por la que la prueba
sería ilegal, no se verifica. En tal sentido, como se pasa a explicar a
continuación, la Corte Suprema de Justicia no violó el derecho al debido
proceso por haber incluido una prueba ilícita o inconstitucional. La
jurisprudencia constitucional sobre violaciones al debido proceso por incurrir
en un defecto fáctico, tiene que ver con una valoración ‘arbitraria, irracional
y caprichosa de la prueba’. El
error en el juicio valorativo de la prueba, por tanto, debe ser de tal entidad
que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión. En
el presente caso no hay una violación arbitraria, irracional o caprichosa de la
prueba, ni se demuestra que la lectura que de las pruebas hace la Corte Suprema
carezca de sentido. El accionante no muestra ninguna prueba que haya hecho
parte del proceso y que de manera irrefutable demuestre que él firmó el Pacto
de Ralito bajo una presión y fuerza irresistibles.
INCLUSION EN PROCESO PENAL DE PRUEBA-Firma del Pacto de Ralito
La
Sala considera que un juez de la República no viola el derecho al debido
proceso por haber fundado una decisión judicial en una supuesta prueba ilícita,
si la ilicitud de la prueba no es evidente y dentro del proceso judicial
respectivo, razonablemente se concluyó que no era ilícita. No hay
arbitrariedad, irracionalidad o capricho en una posición judicial de esta
naturaleza. Por tal razón se considera que la Corte Suprema de Justicia no
incurrió en una violación al derecho al debido proceso al haber fundado en el
llamado Pacto de Ralito, las decisiones judiciales en las que se juzgó
penalmente al demandante.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NO DESCONOCIO REITERADA
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Y PENAL SOBRE EXCLUSION DE PRUEBAS ILICITAS
La
Corte Suprema no contradijo la jurisprudencia existente. No reconoció como
lícita una prueba que ella misma considerara que había sido obtenida por constreñimiento
y fuerza. No decidió que la prueba en efecto era ilícita, pero que, en todo
caso, se consideraría y no la excluiría del proceso. La sentencia acusada no
contradice la jurisprudencia aludida por el accionante, por el contrario, la
confirma al decidir que sí va a considerar y valorar el Pacto de Ralito con
respecto al peticionario, porque estima probado en el expediente que actuó
“libremente y obró de acuerdo con esa situación.”
PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA-Concepto/APLICACION DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA-No
es menester que una persona demande del Juez de Tutela su aplicación por cuanto
es un mandato general y continuo que se ha de atender en todo proceso
El
principio general del derecho iura novit curia, que significa ‘el juez conoce
el derecho’, es una de las columnas vertebrales de la acción de tutela. En la
medida que la tutela es un recurso judicial informal que puede ser interpuesto
por personas que desconocen el derecho, es deber del juez de tutela, en
principio, analizar el caso más allá de lo alegado por el accionante. La manera
como se ha entendido y reiterado el principio iura novit curia en la
jurisprudencia interamericana de derechos humanos, es que en virtud de éste,
‘el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las
disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aún cuando las partes no las
invoquen expresamente’. Así pues, no es menester que una persona demande del
juez de tutela la aplicación del principio en cuestión, por cuanto es un mandato
general y continuo que se ha de atender en todo proceso de tutela. Ahora bien,
la jurisprudencia constitucional ha sido sensible en la aplicación de este
principio a las condiciones materiales del caso. Así, por ejemplo, se asume y
demanda del juez una actitud más oficiosa y activa en aquellos casos en los que
la tutela la invoca un sujeto de especial protección constitucional o una
persona que, por sus particulares circunstancias, ve limitado sus derechos de
defensa. De igual forma, el juez no puede desempeñar el mismo papel si el
proceso, por el contrario, es adelantado por alguien que sí cuenta con todas
las posibilidades y los medios para acceder a una buena defensa judicial.
JUICIOS DE UNICA INSTANCIA NO IMPLICAN DESCONOCIMIENTO
DEL DEBIDO PROCESO
De
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, los juicios de única instancia
consagrados por la Constitución Política para altos dignatarios, incluyendo los
de carácter penal, no implican un desconocimiento de los derechos al debido
proceso. Desde el inicio de su jurisprudencia, en 1993, la Corte Constitucional
analizó la cuestión  y decidió que “no es acertado afirmar que el fuero
consagrado en la Constitución perjudica a sus beneficiarios”. Para la Corte
Constitucional, “la legislación colombiana en esta materia, se ajusta a los
tratados internacionales”. Si bien es cierto que existe una regla de carácter
general en la Constitución y en bloque de constitucionalidad, que asegura a
toda persona condenada de un delito la posibilidad de que la sentencia y la
pena impuesta puedan ser recurridas ante un tribunal superior, para los casos
de juzgamientos de altos dignatarios del Estado, la posición institucional que
ocupan dentro de la arquitectura de poder constitucional, implica que las
decisiones judiciales acerca de su culpabilidad en la comisión de delitos,
consideren las particularidades del poder y la jerarquía que éstos ostentan. En
el caso de las reglas internacionales aplicables, éstas han de tener una
generalidad tal, que respeten la especial forma de juzgamiento que pueda
derivarse del tipo de Estado, del modelo de democracia o de la forma de
República específica que tenga el estado parte en cuestión. La jurisprudencia
constitucional ha reiterado en varias ocasiones que juzgar a los altos
dignatarios del Estado en procesos de única instancia no es una situación que
implique un desconocimiento del derecho al debido proceso.
JUZGAMIENTO DE DELITOS DE CONGRESISTAS-Se confía a la Corte Suprema de Justicia
Son
varias las razones por las que se puede concluir que en el caso del juzgamiento
de delitos de los congresistas, confiar la decisión a la Corte Suprema de
Justicia, el máximo tribunal del sistema judicial en materia penal no conlleva
una violación del derecho al debido proceso y al derecho a la defensa. El
juicio a un congresista, en cuanto representante político del pueblo, supone
una situación en la que uno de los integrantes de una rama del poder público
-la rama legislativa-, va a ser controlado por un ‘juez’, lo que implica que se
trate de un funcionario que pertenece a otra rama del poder público -la rama
judicial-. Esta actuación de una rama del poder sobre otra implica un delicado
diseño institucional que respete el principio de separación de poderes, por una
parte, y el de frenos y contrapesos, por otra. Así pues, este diseño
institucional responde a cuestiones tales como, por ejemplo, tener que asegurar
que la corporación o entidad judicial que vaya a juzgar el congresista tenga la
suficiente capacidad para analizar y resolver el problema jurídico. Es distinto
el margen de actuación que tiene un cuerpo judicial cuando actúa como órgano de
cierre del sistema a cuando lo hace como una instancia dentro del sistema, que
ha de respetar la jurisprudencia dictada por el órgano de cierre. Mientras que
el primero tiene la función de fijar la jurisprudencia, el segundo tiene la
función de seguirla. Es también una cuestión de economía procesal, por cuanto,
dada la importancia y trascendencia pública que un juicio de tal magnitud puede
tener, es preciso que se trate de seguir un proceso que no sea tan demorado y
que resuelva la cuestión prontamente. Si un proceso judicial de carácter penal
se inicia en contra de una parlamentario, el poder político que éste representa
se va a ver limitado, y con ello, los derechos políticos de sus electores. Dado
el impacto que un fallo así representa, es pues imprescindible que su
resolución sea pronta.
Referencia:
expediente T-2433701
Acción de tutela instaurada por Juan Manuel López
Cabrales contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
Magistrada
Ponente
Dra. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá,
D.C., cuatro (04) de marzo de dos mil diez (2010)
La
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados María Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao Pérez y Mauricio
González Cuervo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión del fallo de tutela de 27 de mayo de 2009, proferido por
el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, y por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria de 16 de julio de 2009, dentro de la acción instaurada por Juan
Manuel López Cabrales contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.[1]
I.
ANTECEDENTES
1.
Hechos
El
12 de mayo de 2009, mediante apoderado, el señor Juan Manuel López Cabrales,
presentó acción de tutela ante el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en contra de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que esta
Corporación judicial violó su derecho al debido proceso. Concretamente, alega
que las actuaciones judiciales que dicha Corporación adelantó en su contra,
dentro del proceso que culminó con la sentencia condenatoria de 25 de noviembre
de 2008, “[…] son violatorias del derecho al debido proceso e igualdad de
trato, al ser fundadas en prueba ilícita, consistente en el documento del Pacto
de Ralito, firmado por el Dr. López Cabrales con violación de sus derechos
fundamentales a la vida, la integridad personal, la participación política,
libertad de circulación y autonomía personal. Igualmente las decisiones son
violatorias del debido proceso, al ser el resultado de un razonamiento
inválido, además violatorio del precedente judicial de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia y del de la Corte Constitucional”. La
acción funda su reclamo en los siguientes hechos que presenta así:
1.1.
En diligencia rendida en la Fiscalía de Justicia y Paz, Salvatore Mancuso hizo
entrega de un documento titulado como ‘confidencial y secreto’, que contenía el
‘Pacto de Ralito’, suscrito por los asistentes a la reunión del 23 de julio de
2001, entre ellos, el Dr. López Cabrales.
1.2.
Con base en dicho documento, sostiene la acción de tutela, la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia abrió investigación en contra de Juan Manuel López
Cabrales. Fue escuchado en versión libre; luego en diligencia indagatoria el
día 28 de marzo de 2007. Afirma que posteriormente, el 14 de mayo de ese mismo
año, le fue resuelta la situación jurídica. Se le libró medida de aseguramiento
y orden de captura, orden que, “habiendo sido repuesta, fue confirmada por la
misma Sala.”
1.3.
El 18 de octubre de 2007, la Procuraduría General de la Nación presentó su
posición acerca del mérito legal de la instrucción penal de la referencia, que
se adelantó en contra de cuatro Congresistas, entre ellos Juan Manuel López
Cabrales. En este documento concluyeron los delegados del Ministerio Público
“que los cuatro congresistas que son investigados en el presente asunto
incurrieron en la objetiva conducta de concierto para delinquir en los términos
del artículo 340 del actual Código Penal, con la reforma introducida al mismo
en la Ley 733 de 2002, a partir de los parámetros que la Corte tiene ya
establecidos sobre la tipicidad de esta. Así mismo, que en cuanto hace con el
aspecto subjetivo de esa conducta, la evidencia probatoria exigida por la norma
art. 397 del CPP, para proferir Resolución de Acusación, se encuentra
satisfecha.” Pidió entonces la Procuraduría que se les declarara “autores del
ilícito de concierto para delinquir, en las condiciones aquí especificadas”.
1.4.
Luego de la etapa del juicio, el 25 de noviembre de 2008, la Corte Suprema de
Justicia resolvió condenar a Juan Manuel López Cabrales por el delito de
concierto para delinquir agravado, por favorecimiento a grupos paramilitares
(num. 2, art. 340, Ley 599 de 2000).
1.5.
Para Juan Manuel López Cabrales las decisiones judiciales de la Corte Suprema
de Justicia con relación a su caso, desconocen la realidad de la situación que
él vivió, al valorar una prueba ilegal por encima de otras pruebas que, a su parecer,
demuestran que antes que ser victimario, era víctima.
1.5.1.
Juan Manuel López Cabrales sostiene en su acción de tutela que es ciudadano
colombiano, ingeniero civil, miembro del Partido Liberal Colombiano, Director
del Grupo Mayorías Liberales del mismo Partido, en el Departamento de Córdoba,
Congresista desde el año 1990 y fue elegido Senador de la República para el
período 2006 – 2010, en circunscripción electoral nacional.
1.5.2.
Sostiene que hizo política en el Departamento de Córdoba, el cual desde hace ya
muchos años, sufre el fenómeno paramilitar.[2] Sostiene además, que el
movimiento político del cual era parte el accionante, mantuvo históricamente la
mayoría electoral[3] y era opositor a los
grupos paramilitares.[4] En este contexto, se
indica que Juan Manuel López Cabrales era un férreo contradictor de los
cabecillas de estos grupos ilegales,[5] lo que le implicó ser
secuestrado y amenazado de muerte. Dice la tutela sobre estos hechos lo
siguiente:
“Como hecho pertinente, el Dr. López Cabrales fue secuestrado
durante dos semanas, en el mes de octubre de 2000, por miembros de las
autodefensas unidas de Colombia, como una manera de presionar el diálogo del
gobierno del Presidente Andrés Pastrana, con los grupos paramilitares.
El día 24 de mayo de 2001, fue practicado por miembros del CTI de
la Fiscalía, un allanamiento en la residencia de Salvatore Mancuso, sucediendo
la muerte del protector de sus hijos. Como consecuencia, Mancuso declaró por
primera vez ‘objetivo militar’ al Dr. López Cabrales, por no acceder a la
petición de éste, de hacer nombramientos burocráticos en la Gobernación del
Departamento.
El Dr. López Cabrales denunció ante las autoridades de su
partido, más específicamente al Dr. Juan Fernando Cristo y al Presidente de la
República, Álvaro Uribe Vélez esta nueva amenaza contra su vida, por parte de quien
ya había entrado al programa de ‘desmovilización’.”[6]
1.5.3.
Según se relata en la acción presentada por Juan Manuel López Cabrales, se le ‘forzó’
a firmar el acuerdo denominado ‘el Pacto de Ralito’. Se resumen los
hechos relevantes así,
“Como condición para el levantamiento de su primera condena de
muerte y de la situación de ‘objetivo militar’, el Dr. López Cabrales fue
forzado a la realización de un ‘juicio’ por los paramilitares, inicialmente
previsto en La Gabarra, donde opera el Bloque Catatumbo, también comandado por
Salvatore Mancuso; lo que luego fue cambiado a la Finca 06 en Santa Fe Ralito,
dado el miedo del Dr. López Cabrales en ir a La Gabarra.
El día 23 de julio de 2001, el Dr. López Cabrales, fue forzado a
asistir a salvar su vida, en compañía de su tío Jesús María López Gómez, a la
Finca 06 en Santa Fe Ralito, a la que llegó tras pasar al menos cinco anillos
de seguridad dominados por hombres armados. En ese sitio fue ‘juzgado’ por la
cúpula paramilitar. Salvatore Mancuso, Diego Vecino, Don Berna y Jorge 40. Al
final de la reunión, Salvatore Mancuso le perdonó la vida al Dr. López
Cabrales, advirtiéndole sin embargo que no le creía nada. Específicamente le
dijo: ‘voy a levantarle la orden de objetivo militar, aunque no le creo.’
Terminado el juzgamiento y bajo la presión de hombres armados, el
Dr. López Cabrales fue obligado a ir a otra reunión (a la conducción de
personas por hombres armados en sus territorios, bajo riesgo de muerte, los
paramilitares lo llaman ‘invitación’), siendo conducido por la ruta armada
indicada por los paramilitares y con el acompañamiento del los mismos. De esa
segunda reunión surgiría el llamado ‘Pacto de Ralito’.”
La
demanda sostiene que hubo dos oradores en Santa Fe Ralito, “[…] no hubo
intervención de los asistentes y al final se obligó a la suscripción de un
documento, que algunos de los asistentes firmaron voluntariamente. El Dr. López
Cabrales fue nuevamente presionado para suscribir el documento, el que al final
fue recogido por Salvatore Mancuso, quien lo guardó, señalándolo como su ‘seguro
de vida’.”
2.
Demanda y solicitud
Juan
Manuel López Cabrales considera que su derecho al debido proceso fue violado
por la Corte Suprema de Justicia por haber incurrido en cuatro errores graves
dentro del proceso. A saber,  (i) haber incluido dentro del acervo probatorio
una prueba ilícita, que ha debido excluirse del proceso;  (ii) haber dejado de
valorar pruebas que daban por probados hechos que no fueron aceptados por la
Corte Suprema de Justicia;  (iii) haber desconocido los precedentes unificados
y reiterados en la materia; y (iv) haberlo juzgado mediante un proceso de única
instancia ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, entidad que lo
condenó mediante una sentencia que no puede ser objeto de recursos ante ‘el
tribunal superior’.
2.1.
La acción de tutela considera que, en principio, ha debido presentarse ante la
Corte Suprema de Justicia, entidad a la que se debería repartir el proceso, en
virtud del Decreto 1382 de 2000. No obstante, teniendo en cuenta el
comportamiento de la Corte Suprema de Justicia y lo dispuesto en el Auto 100 de
2008 de la Corte Constitucional,[7] resolvió presentarla ante
la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca.[8]
“La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia –dice la acción de
tutela–, mediante providencia de fecha 22 de abril de 2009, literalmente
dispuso que se ‘rechaza la anterior demanda de tutela’ y en
consecuencia, ‘devuélvanse los anexos sin necesidad de desglose’. Es por
lo mismo y en aplicación del Auto 100 de 2008 de la Corte Constitucional, que
se propone la presente acción ante el Consejo Seccional de la Judicatura.”
2.2.
Se alega que el juez de tutela correspondiente es competente para conocer el
caso, en cuanto se trata de una decisión judicial que no podía ser cuestionada
por otro medio judicial, dentro de un plazo de tiempo razonable.[9]
Afirma que “el presente caso, se trata de un proceso penal de única instancia,
instruido y fallado directamente por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia. Por lo mismo, se encuentran agotados todos los medios de
defensa y procede el trámite y conocimiento de la acción de tutela. En estas
circunstancias y ante la inexistencia de otro medio de defensa judicial, debe
procederse al examen de la vulneración de los citados derechos fundamentales.”
2.3.
Vía de hecho por defecto fáctico con violación del debido proceso en la
resolución de acusación y en la sentencia en contra de Juan Manuel López
Cabrales, por fundarse en prueba inconstitucional
2.3.1.
La tutela sostiene que la resolución de acusación y la sentencia se fundaron
sustancialmente en prueba inconstitucional, obtenida con violación de los
derechos fundamentales a la vida, integridad personal, libertad de circulación
y residencia, y participación política, materializada en la suscripción de un
documento (pacto de Ralito), con violación de los derechos fundamentales, bajo
constreñimiento y amenaza de muerte. A su parecer, “[…] la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia admitió la prueba contenida en el
documento que contiene el Pacto de Ralito, allegado por Salvatore
Mancuso, pero no procedió de oficio a su invalidez para el caso del Dr. López
Cabrales (como era su deber), al evidenciarse que la suscripción y obtención
del documento habían sido hechos con violación de los derechos fundamentales.”
2.3.2.
La primera cuestión que al respecto aborda la demanda, es señalar que el ‘Pacto
de Ralito’, respecto del accionante, fue una prueba documental obtenida por la
fuerza o bajo constreñimiento y con la violación de sus derechos fundamentales.
A su parecer, son tres los hechos que demuestran que Juan Manuel López Cabrales
estaba en Ralito bajo amenazas, y que la Corte no apreció tal situación
debidamente.
(1)
El primero de ellos, es que Juan Manuel López Cabrales no concurrió a Santa
Fe Ralito, sino a la finca 06, donde sería juzgado por los jefes paramilitares.
Son cuatro las pruebas del proceso las que llevan a tal conclusión. Una parte
de la declaración de Miguel de la Espriella, en la que sugiere que Juan Manuel
López Cabrales asistió a tal finca para salvar su vida.[10]
Una parte de la declaración de Jorge 40, en la que “diferencia bien entre las
dos reuniones”.[11]  Una parte de la
declaración de un miembro del grupo político de Eleonora Pineda, que sugiere
que algunas de las personas no asistieron a la reunión de Ralito por voluntad
propia.[12] Y, finalmente, una parte
de la declaración de Salomón Feris Chadid, ‘comandante 08’, que afirma que Juan Manuel López Cabrales y el Gobernador “se presentaron a la reunión después
del comandante Mancuso y los otros comandantes, […]”.
(2)
El segundo hecho, es que Juan Manuel López Cabrales fue a la finca 06 ‘a
salvar su vida’. Cita al respecto cuatro pruebas. Una parte de la
declaración de Salvatore Mancuso ante Justicia y Paz en la cual hace referencia
a haber declarado a Juan Manuel López Cabrales objetivo militar en algún
momento.[13] La parte de la declaración
de Miguel de la Espriella citada para sustentar el hecho anterior. Una parte de
la declaración rendida por Rocío Arias ante la Corte Suprema de Justicia, en la
que reiteraba las molestias de Mancuso con Juan Manuel López Cabrales por la
información dada a la Fiscalía.[14] Finalmente, una parte de
una declaración de Eleonora Pineda, en la que a juicio del accionante, se
desvirtúa la supuesta amistad que existía entre la familia López y las AUC.[15]
(3)
El tercer hecho, es que Juan Manuel López Cabrales es obligado a trasladarse a
Santa Fe Ralito, donde, alega, no tuvo ‘más opción que suscribir el Pacto.”
Tres pruebas se citan en este caso. Parte del testimonio de un miembro
paramilitar, testigo presencial de la reunión de Ralito que manifestó saber que
a Juan Manuel López Cabrales había tenido que amedrentarlo para obligarlo a ir
a la reunión.[16] Que estuvieran presente
hombres armados, aproximadamente 80, en la Finca 06, que implican “una coacción
inevitable en espacios completamente dominados por los paramilitares y sus
jefes”. Finalmente, se cita un aparte de la declaración de alias ‘Comandante 08’, que muestra el control que se tenía sobre la zona.[17]
2.3.3.
Para el accionante no se trata pues de ‘valoraciones’, ni de autonomía para
valorar. “Se trata llanamente de los que arroja la prueba de modo unívoco, que
arbitrariamente es desatendido por la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia.  ||  En este sentido, la suscripción del documento no respeta los
principios de la naturalidad o espontaneidad y licitud de la prueba y del
respeto a la persona humana, cuya observancia la doctrina clásica del derecho
procesal exige de la prueba. […]”.
2.3.4.
Los derechos fundamentales que según el accionante le fueron violados al
momento de producir la prueba ilícita fueron los derechos a la autonomía, a la
libertad de locomoción y a la integridad personal. Para la tutela, “la palmaria
violación de los derechos fundamentales […] condujeron inevitablemente a un
traslado ilegal, a la participación forzada en una reunión y a la suscripción
de un documento bajo constreñimiento ilegal, de todo lo cual surgió una prueba
inconstitucional (el Pacto de Ralito), que la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia usó como fundamento de la resolución de acusación y de la sentencia
condenatoria. Por lo mismo, dichas providencias son vías de hecho por defecto
fáctico […].”
2.3.5.
Para Juan Manuel López Cabrales, tanto la Resolución de Acusación como la
Sentencia condenatoria en su contra, se fundaron de manera central en el Pacto
de Ralito, una prueba ilegal que ha debido ser excluida, no valorada por el
juez.
2.4.
Vía de hecho por defecto fáctico por valoración arbitraria y por dar por no
probado, ‘el hecho que surge clara y objetivamente de la prueba’ con
violación del derecho al debido proceso.
Para
la tutela, la Corte Suprema de Justicia vio un colaborador, donde lo único que
hacía era una ‘víctima de los paramilitares’; vio un concertante con los
paramilitares, “dónde lo único que había era un opositor y un enemigo político
de los paramilitares”; le dio “plena credibilidad al testimonio contradictorio
y falso del paramilitar victimario”; tomó como premisa de su razonamiento el
prejuicio de que Juan Manuel López Cabrales debió “ser un héroe y sacrificar su
vida”; y finalmente, “asumió la etapa de juicio desde el prejuicio de la
responsabilidad de Juan Manuel López Cabrales. Por ello, la acción sostiene la
siguiente tesis:  “La conclusión del razonamiento de la Sala de Casación Penal
es inválida, al tener como fundamento prejuicios, premisas falsas o premisas
equivocadas, hasta construir un razonamiento contrario a la evidencia y a las
reglas de la experiencia, Se hizo caso omiso de lo que surgía inevitablemente
de la prueba –que el Dr. López Cabrales era una víctima, que era un opositor y
no un colaborador, que el ultimátum era el dilema entre la vida o la muerte,
que el de Mancuso es un testimonio falso– configurándose una vía de hecho por
defecto fáctico en dimensión negativa, por violación del debido proceso y del
acceso a la administración de justicia.”
2.4.1.
La primera premisa falsa que acusa el accionante, es que la Sala Penal de la
Corte Suprema le otorga la condición de amigo de los ‘paramilitares’, cuando él
era una víctima de ellos. Juan Manuel López Cabrales fue secuestrado por los
paramilitares[18] y fue declarado dos
veces objetivo paramilitar, además de que su grupo familiar y su grupo político
fueron perseguidos en varias ocasiones por los paramilitares.[19]
Alega que la condición de ‘víctima’ es una calidad que se ostenta o no en razón
a una realidad fáctica. Las normas nacionales e internacionales que hacen
referencia a dicha noción debían ser aplicadas por la Corte Suprema, y concluir
que Juan Manuel López Cabrales era la de víctima.
Pero
no sólo se alega que el accionante es una víctima personal, también se dice que
es una víctima judicial, en tanto Salvatore Mancuso guardó el pacto de Ralito
con la intención vengativa de dañar judicialmente a varios de los asistentes.
Ello se funda en apartes de las declaraciones de Miguel de la Espriella,[20]
de Rocío Arias[21] y de Ever Veloza, alias
HH.[22]
2.4.2.
La segunda premisa falsa es tomar a Juan Manuel López Cabrales como colaborador
de los paramilitares, cuando en realidad era un opositor y un contradictor. La
condición de contradictor no es una simple conjetura o suposición, “sino
condiciones jurídicas y fácticas probadas, que la Corte Suprema omitió en su
evaluación o minimizo irregularmente.” Entre varios hechos, la tutela cita los
siguientes:  (1) Juan Manuel López Cabrales, como miembro de la bancada del
Partido Liberal y del Grupo Mayorías Liberales, votó en el año 2005 en contra
de equiparar el paramilitarismo al delito político de sedición;  (2) siempre ha
sido reconocido como un enemigo y opositor político de las AUC [al respecto
cita nuevamente a Ever Veloza, a Eleonora Pineda y a Rocío Arias].[23]
2.4.3.
La tercera premisa falsa del razonamiento de la Corte Suprema de Justicia, fue
dar plena credibilidad al testimonio falso del paramilitar Salvatore Mancuso,
condenado por homicidio de familiares de Juan Manuel López Cabrales y directo
victimario de éste, a pesar de que la propia Corte Suprema reconoció las
contradicciones internas que tenía la versión de Mancuso.
La
versión de Salvatore Mancuso tiene falsedades acerca del desarrollo de la
reunión en Santa Fe Ralito, acerca de la supuesta cercanía de él con la familia
de Juan Manuel López Cabrales y acerca de la celebración de pactos
burocráticos. Con relación a este último aspecto, la acción de tutela sostiene
que el nombramiento de Manuel Troncoso no puede ser visto como un pacto
burocrático de concesión a los paramilitares, así éste fuera el cuñado de
Salvatore Mancuso. En este punto, nuevamente cita apartes de las declaraciones
de Miguel de la Espriella, Eleonora Pineda, Rocío Arias y el propio Manuel
Troncoso. Finalmente alega que el ‘pacto burocrático’ era sencillamente
imposible de realizar para la Gobernación del año 2004, pues los paramilitares
ya se habían desmovilizado y, por lo tanto, jurídicamente ya no existían.
2.4.4.
La cuarta premisa falsa de la sentencia acusada, a juicio de la tutela, es que
Juan Manuel López Cabrales debió ser un héroe y sacrificar su vida. La
sentencia alega que él tenía otras opciones, y que incluso hubiera podido no ir
a la segunda reunión. Lo que se le está pidiendo al accionante, se alega, es
que cumpla con lo imposible: que no sienta miedo y que sacrifique su vida. No
es cierto entonces, que el accionante contara con otras opciones en el momento
en que era obligado a participar en la suscripción del Pacto de Ralito.
2.4.5.
La quinta valoración inadecuada, surge de haber condenado a Juan Manuel López
Cabrales desde la etapa de acusación, como si la etapa del juicio no hubiese
existido. Para la tutela, “la violación del derecho fundamental a la defensa y
al debido proceso, consiste en que habiéndose refutado en la etapa del juicio
lo escrito en la resolución acusatoria, la Sala Penal permaneció inamovible en
su manera de sentir, sin razonar en el sentido que la prueba aportada por la
defensa había de cambiar el fallo. Debe precisarse el juez de tutela, que el
asunto no es de ‘opinión’, ni de ‘criterio’, ni del ‘ejercicio autónomo de la
sana crítica’, ni de ningún otro de los eufemismos usados para enmascarar los
actos de mero poder. Se trata de dar entidad jurídica al balance de la etapa
del juicio, que parece no haber existido.”
2.4.6.
El sexto problema que en cuanto a la valoración general que de las pruebas se
hace, es que nunca se pone en duda realmente las situaciones que se analizan.
Para el accionante, las pruebas apuntan a la inocencia del accionante o, en el
peor de los casos, a la duda acerca de su responsabilidad. Pero nunca las
pruebas permiten llegar a la conclusión de que el accionante cometió los
delitos que cometió, sin que exista dudas en tal razonamiento, que exijan y
demanden una declaración de inocencia.
2.4.7.
Finalmente, la acción de tutela concluye que la sentencia acusada de la Corte
Suprema viola el debido proceso al fijar la condena “desde un razonamiento
inválido y un testimonio contradictorio en el que la conclusión es derivada
desde premisas falsas o desde premisas inconsistentes.” Posteriormente añade lo
siguiente,
“En el presente caso evidentemente se está frente a una vía de
hecho por valoración arbitraria. En efecto, la Sala de Casación Penal varió el
sentido del fallo, al no considerar de modo serio, el conjunto de las pruebas
que ofrecía el proceso, limitándose a aceptar una prueba ilícita (el documento
Pacto de Ralito), obtenida por intimidación armada […] y brindando credibilidad
nada menos que del victimario, que además de ser contradictorio (como lo aceptó
la propia Sala Penal), contradice abiertamente la evidencia arrimada al
proceso, tal y como ha sido hasta ahora demostrado.”
2.5.
Vía de hecho por violación a la igualdad de trato jurídico y al debido
proceso. La decisión judicial violó el precedente de la Corte Suprema de
Justicia y de la Corte Constitucional. Violación Directa de la Constitución.
El
accionante considera que las providencias demandadas, proferidas por la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia, son violatorias del precedente judicial
de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional. Así, son vías de hecho
judiciales, por violación del derecho al debido proceso y a la igualdad de
trato jurídico.
2.5.1.
En sentencia de 8 de julio de 2004, la Corte Suprema de Justicia (MP Hernán
Galán Castellanos; rad. N° 18451) consideró que un juez había incurrido en un
error de derecho por falso juicio de legalidad, en la medida en que la
responsabilidad se había erigido con base en la apreciación de una prueba
obtenida en forma ilegal (bajo tortura) por la policía judicial. También se
hace mención a la sentencia de 9 de febrero de 2005, en la que la Corte Suprema
de Justicia (MP Edgar Lombana Trujillo; N° 19219) resolvió indicar que el hecho
de que la víctima de un posible delito, grabe o filme sus conversaciones con los
presuntos implicados, o permita su registro en medios técnicos o de voz o de su
imagen no implica en modo alguno, ilegalidad de la prueba así obtenida. Por
último, hace alusión a la sentencia de abril 23 de 2008, en la que la Corte
Suprema de Justicia (MP Yesid Ramírez Bastidas; N° 29416), si bien resolvió
inadmitir la demanda de casación en el caso que se estudiaba, hizo una
recopilación de su jurisprudencia sobre prueba ilícita y el deber de excluirla,
insistiendo en la misma.
2.5.2.
Luego de hacer referencia al deber de atender los precedentes vinculantes, la
acción de tutela señala que en el caso específico de Juan Manuel López Cabrales
“la prueba inconstitucional no sólo no fue excluida del material probatorio,
sino que fue tomada como fundamento de la totalidad de las providencias que
fueron emitidas durante el proceso, con clara violación del precedente
constitucional y del precedente legal. De esta manera, se introdujo una
diferencia de trato violatoria del derecho a la igualdad, en la medida en que a
pesar de la comunidad en el patrón fáctico, al Dr. López Cabrales se le dio
trato discriminatorio respecto de los otros procesos similares que habían sido
ya resueltos por esas Cortes.
Por
último, con relación a este asunto, la tutela advierte, por una parte, que
sobre unos mismos hechos y circunstancias, a veces la Sala Penal trata a Juan
Manuel López Cabrales como director del Grupo Mayorías Liberales y en otros de
igual entidad ya no lo trata como dirigente político, sino como una persona
común, y por otra parte, a veces trata a los paramilitares como sujetos sin
influencia tras la desmovilización y en otros, como sujetos con influencia
territorial y política tras la misma desmovilización, con consecuencias
probatorias.
2.6.
Aplicación del principio iura novit curia
Por
último, la demanda solicita que se considere la aplicación del principio iura
novit curia, en virtud del cual se debe decretar el amparo de todos los
derechos fundamentales que parezcan violados, aún cuando no hayan sido
invocados por el actor.
Concretamente,
sostiene que “en el presente caso, la defensa, durante el trámite del proceso
penal, señaló la violación del derecho fundamental al debido proceso y del
principio de legalidad en materia penal, con ocasión de dos sucesos:  (a) por
la atipicidad de la conducta por la que fue condenado el Dr. López Cabrales,
por no ser aplicable la conducta del concierto para delinquir agravado de la
legislación colombiana, en el caso sometido a investigación y juzgamiento; y
(b) por haberse tramitado la totalidad del proceso en un procedimiento de única
instancia, con concentración de las funciones de investigación y de juzgamiento
en un mismo órgano judicial, lo que resulta violatorio del debido proceso y del
principio de la doble instancia.
3.
Respuesta de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
El
Magistrado Julio Enrique Socha Salamanca, Presidente de la Sala de Casación
Penal indicó que la sentencia en contra de Juan Manuel López Cabrales se dictó
“[…] como corresponde, respetando la imputación fáctica y jurídica de la
acusación, la cual tuvo la más amplia oportunidad de controvertir. No obstante,
el accionante asume que se desconocieron sus derechos fundamentales a la
igualdad y al debido proceso, tema que está fuera de toda discusión.” La Sala
fija y funda su posición en los siguientes términos,
“[…] el accionante pretende denunciar la vulneración del derecho
al debido proceso con el pretexto de que la sentencia se fundó en una prueba
inconstitucional. La Sala no caerá en la tentación de justificar una decisión
cuyo contenido no admite discusión y cuyas razones están inmersas en la
decisión que se cuestiona por una vía judicial que no corresponde. Como la de
todo Juez, la providencia que se pretende cuestionar, es la manifestación de su
potestad de adjudicar el derecho en justicia y basta con que se acuda a la
lectura de la decisión para entender la fuerza de su argumentación y su acabada
fidelidad a las normas que regula el supuesto fáctico juzgado.
El accionante utiliza la acción de tutela para enseñar al Juez
Constitucional argumentos propios de un recurso ordinario contra una sentencia
que no los tiene, de tal manera que no denuncia una arbitrariedad, sino una
personal apreciación acerca del tema: sobre lo probado y lo decidido, sobre lo
fáctico y lo jurídico. Seguramente el accionante estima que ese tipo de juicios
bastan para enjuiciar una sentencia válida, desde luego sin tener en cuenta que
la jurisprudencia constitucional en materia de defensa de derechos
fundamentales, los protege sólo cuando el funcionario incurre  en [defecto
sustantivo, defecto orgánico, defecto fáctico o defecto procedimental].”
4.
Decisión de primera instancia
El
27 de mayo de 2009, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional
de la Judicatura de Cundinamarca resolvió negar la acción de tutela, por
considerar que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no había violado
el derecho al debido proceso de Juan Manuel López Cabrales.
4.1.
En primer lugar, el Consejo Seccional señala que la Corte Suprema sí tuvo en
cuenta todas las pruebas aportadas al proceso.[24]
4.2.
Con relación al alegato según el cual, la Corte Suprema de Justicia no tuvo en
cuenta su condición de víctima, señala que dicho argumento tan sólo se planteó
en el proceso de acción de tutela, y no durante el trámite del proceso penal.
Dijo al respecto la sentencia,
“[…] el alegato del señor abogado, en los términos referidos en
la tutela, ni ha sido propuesto por él, ni evaluado por la Corte (condición de
víctima del actor), desde el punto de vista normativo y argumentativo, si bien
en algún recurso subrayó el hecho de que aquel, lo era; pero nótese como dicha
Sala, sí evalúo y reconoció el hecho del secuestro del actor; de las
condiciones de violencia en Córdoba para ejercer la política a causa del
accionar de las autodefensas; sobre la declaratoria de objetivo militar de
aquel; de la presión de dicho Grupo sobre la Universidad de Córdoba; de la
imposición de candidatos de su gusto; los homicidios de algunos líderes, entre
otros; empero, contrario a la valoración probatoria que hoy pide el tutelante,
la accionada consideró que la lectura de las pruebas le permitían concluir que
la exculpación de opositor furibundo de aquel, no era tan cierta y que,
atendiendo a su mismo comportamiento frente a presiones de Mancuso, bien pudo
optar por otras alternativas, si al fin y al cabo ya se había negado una vez a
asistir a una reunión en la Gabarra con Mancuso, amén de su condición de
Senador de la República, que en el rema de la seguridad, tenía una mayores
posibilidades. Es más, evalúa la Corte que bien pudo negarse a asistir a
Ralito.”
4.3.
Consideró que la Corte Suprema no desconoció las contradicciones internas que
tiene la versión rendida por Salvatore Mancuso. Sin embargo, no estimó cierto
que la Sala Penal le haya dado plena credibilidad a dicha versión. Los hechos
que ésta valida a partir de lo dicho por Mancuso, se encuentran respaldados en
otras pruebas. Dice al respecto la sentencia del Consejo Seccional,
“Es claro que el hecho de que la versión del señor Mancuso
‘presenta contradicciones internas’, es reconocida por la misma Corte; empero,
con relación a los pactos burocráticos, ésta se apoya en la prueba testimonial
distinta a la de aquel (Eleonora Pineda y Miguel de la Espriella); a lo que se
sumó el hecho del nombramiento de Manuel Troncoso (cuñado de Mancuso), a la
Secretaría de Salud del Departamento, lo que en su sentir se materializa el
acuerdo con éste; posición que explica en el fallo, al igual que la prueba en
que la sustenta y que le permite desechar la alegaciones de la defensa.
[…] el estudio de la Sala accionada no se restringe al mero
acogimiento del testimonio del señor Mancuso, sino a los hechos mismos
reconocidos por el actor en su indagatoria; las circunstancias de tiempo, modo
y lugar de los hechos; las condiciones personales de éste; como de su carrera
política; la descripción y reconocimiento de la realidad política de su
departamento; la valoración dada a la prueba testimonial recogida; elementos de
análisis de los que concluyó la responsabilidad penal del accionante, respecto
de la acusación que se les hizo.
De donde, en el fallo accionado, mal puede colegirse que la Sala
accionada, en el acogimiento y evaluación probatoria dejó de lado las reglas de
la sana crítica y de la experiencia y, que le estuviera exigiendo al tutelante
sacrificar su vida, pues son precisamente las valoraciones a su comportamiento
lo que permite dilucidar que bien pudo obrar de otra manera, con mayor razón,
si ya lo había hecho en el pasado. Es más, de la prueba testimonial, incluida
la versión del actor y de otros personajes, incluidos algunos congresistas y
paramilitares, la Sala deduce la existencia del acuerdo ilegal y de sus
consecuencias a nivel político, que, finalmente, permitieron el ejercicio de
dicha actividad al Dr. López C., y lograr ‘mejores efectos tanto para los
objetivos políticos como senador como para los de las autodefensas.’
Revisado entonces, el contenido del fallo accionado, considera la
Sala que la Corte abordó el estudio del material de convicción, tras lo cual
llegó a conclusiones que encuentran sustento en los testimonios, en prueba
documental, en los indicios. Conclusiones que si bien no comparte el señor
apoderado del actor, lo cierto es que no pueden considerarse arbitrarias e
ilegales, pues efectuado su análisis, se consignó tanto el contenido de la
prueba como su fuerza de convicción; análisis que llevó a la accionada a
concluir la responsabilidad de aquel, frente a los hechos que se le reprimieron
[…]”
5.
Impugnación
El
accionante, por medio de su apoderado, impugnó la decisión del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, por considerar que no había
atendido cabalmente sus reclamos. Al respecto señaló que  (1) la defensa del
accionante, dentro del proceso penal, sí alegó explícitamente la existencia de
prueba falsa, la condena a muerte, la fuerza y el constreñimiento ilegal como
origen de los documentos que contiene el Pacto de Ralito; y  (2) que el juez de
instancia no se había pronunciado con relación a todos los argumentos que se le
habían presentado.
6.
Decisión de segunda instancia
El
16 de julio de 2009, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura resolvió confirmar la sentencia de primera instancia, por
coincidir en que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no violó el
derecho al debido proceso de Juan Manuel López Cabrales.[25]
6.1.
En primer lugar, advierte que la acción de tutela sólo cumple los requisitos de
procedibilidad para los reclamos presentados en contra de la sentencia que dio
por terminado el proceso en el cual se le condenó, que se produjo el 25 de
noviembre de 2008, pero no cumple con tales requisitos el reclamo de tutela que
se dirige en contra de la providencia judicial mediante la cual se decidió el
cierre y la calificación jurídica, que es del 16 de diciembre de 2007, año y
medio antes de que la acción de tutela fuera interpuesta (el 12 de mayo de
2009). Dice al respecto la sentencia,
“[…] se denota la improcedencia de la acción de tutela por
desconocimiento del principio de inmediatez u oportunidad, en cuanto a la
resolución de acusación, hecho que impedirá el estudio de cualquier reclamo del
actor en este sentido, solo conociendo la censura frene a las presuntas
violaciones que se pudieron dar con relación a la sentencia por los argumentos
expresados frente al primer requisito, […]”
6.2. Coincide con el juez de primera instancia, en que el
accionante trata de introducir, vía acción de tutela, un juicio de valoración
jamás suscitado legalmente. Dice al respecto:
“[…] de los medios de convicción obrante en el infolio se colige
con acierto que en las instancias penales ordinarias nunca se debatió la
premisa de la ilegalidad o inconstitucionalidad de la prueba, en tanto,
precisamente el defensor renunció a su impugnación, al centenar su debate,
principalmente en los medios exógenos que rodearon las amenazas y coacciones
hacia el señor López Cabrales; por tanto, cimentar el defecto fáctico bajo
dicha premisa, es equivocado, como causal para demandar la existencia de una
violación a los derechos fundamentales del actor, pues este argumento lleva a
proponer que la acción de amparo se convierte en una nueva instancia judicial
donde el debate probatorio sobre la constitucionalidad de un medio de prueba,
se valore como acertada o desacertada, pese a que jamás existió impugnación en
el proceso sobre tal situación, pretermitiendo de esta forma los razonamientos
y juicios en derecho que debieron formularse ante la Sala Penal, y más aún que
el juez constitucional supla por este medio o enderece la hipótesis de defensa
que omitió como estrategia procesal, pues un razonamiento tan importante […]
debió presentarse por lógica en el debate penal que determinó la
responsabilidad del procesado.
Lo cierto, es que contrario a lo afirmado por el apoderado, jamás
en la investigación y en el juzgamiento se dio el debate sobre la
constitucionalidad o legalidad del medio probatorio del que se duele contrario
al ordenamiento jurídico, pues basta ver que el razonamiento inductivo y
deductivo realizado por la Sala Penal, fundamentalmente se basó en disímiles
medios de convicción […]
[…]
De lo anterior, esta Sala concluye que de existir un error tan
protuberante y abiertamente ilegal de la Corte Suprema en la Sala Penal tal
como lo demanda el petente al darle contenido de legalidad a una prueba
documental con una impugnación tan protuberante de ilicitud, el mismo
lógicamente debió de advertirse en su momento, incluso desde los inicios del
debate procesal, y no esperar a una vía excepcional y residual como la acción
constitucional aquí intentada, a fin de remediar un hecho que no se observa
como atentatorio contra los cánones constitucionales.”
6.3. El accionante considera que la sentencia incurre en un
defecto fáctico, pues a pesar de las pruebas aportadas al proceso, no consideró
a Juan Manuel López Cabrales como una víctima del paramilitarismo y dio
credibilidad plena a la versión rendida por Salvatore Mancuso, a pesar de las
contradicciones internas de que adolece. Pero para el Consejo Superior de la
Judicatura ello no es así. Las conclusiones a las que llega la Corte Suprema de
Justicia dependen de varias pruebas no sólo de una. Dice al respecto la
sentencia de tutela de segunda instancia,
“Pese a lo acertado o desacertado que pueda ser dicha premisa,
[…] el juicio de valoración realizado por la Sala Penal, en cuanto a la
responsabilidad del procesado no es del todo caprichoso, pues pese a obrar
medios de convicción que efectivamente demuestran la persecución implacable que
sufrió el actor por parte del paramilitarismo, pudiéndose considerar en un
primer momento víctima de la acción armada de esta agrupación ilegal, lo cierto
es que el operador penal valoró los elementos de acreditación material de
responsabilidad, con juicio lógico y congruente, sin que se observe una
desviación en la función constitucional y legal de dichos razonamientos.
[…] no existió por parte de la Sala Penal una valoración
contraevidente de los medio probatorios, pues pese a que algunas pruebas puedan
resaltar  la calidad de víctima del señor López Cabrales, no puede aducirse una
valoración de dimensión negativa en la providencia condenatoria, pues considera
la Sala que no le negó valor a la prueba, ni la deducción de responsabilidad
pueda referirse como un hecho ostensible de arbitrariedad o capricho en el
juicio lógico que se utilizó para derivar en la imputación penal.
Con rigurosa sujeción a la prueba la Sala Penal citó a pie de
página cada uno de los testimonios que le sirvieron para afirmar su
razonamiento deductivo, porque no puede esta Corporación tildar de incongruente
la decisión condenatoria, y mucho menos que la misma no hubiese obedecido a un
análisis ponderado de los hechos probados y el supuesto fáctico que para la
Corte Suprema demostraban las pruebas que adujo como demostrativas de
responsabilidad”.
Con relación a la versión rendida por Salvatore Mancuso y al
valor que se le da a ésta, dice la sentencia lo siguiente,
“[…] si bien el testimonio de Salvatore Mancuso en algunos
apartes, tal y como lo indica el apoderado del accionante es contradictorio, la
Sala Penal, conocedora de dicha deficiencias, así mismo, advertidas en la
providencia, valora otros medios demostrativos, para apalancar la
responsabilidad criminal, por lo que el juez constitucional, no puede
entrometerse groseramente en dicho juicio, cuando el mismo, sólo se fundamentó
en criterios de apreciación lógicos del juez, sin que ellos revelen una omisión
que lleva a un cambio sustancial en la decisión, pudiendo afirmar que existe es
una divergencia de opinión entre apoderado y el juicio de aserción utilizado
por la Sal Penal. ”
6.4. Tampoco considera el Consejo Superior que la Corte
Suprema hubiese fallado en medio de una duda o sin elementos que le permitieran
llegar a las conclusiones a las cuales finalmente llega. La Sala Penal, “[…]
obedeciendo al principio de libre apreciación de la prueba, determinó que
obraba en contra del actor suficientes elementos materiales de convicción que
inferían la responsabilidad criminal, pues de igual forma, superó cualquier
hipótesis de duda, en tanto fundamentó su decisión en hechos que llevaron a
oponer la certeza como juicio lógico de imputación penal.  ||  No obra pues, un
falso juicio de raciocinio, que conduzca al desconocimiento de las reglas de la
sana crítica por parte del operador penal en este asunto, pues la decisión se
apoyó en medios de convicción que en criterio de la Sala Penal fueron
suficientes para construir y concluir en la hipótesis de responsabilidad,
mírese que para desechar cualquier apreciación de víctima del actor, y a su vez
para descartar como único testimonio el de Salvatore Mancuso […]”.
6.5. Finalmente, advierte el Consejo Superior que esta decisión
lejos de violar el debido proceso por desconocimiento de los precedentes, lo
que hace es seguirlos,
“[…] en días pasados se emitió proveído de tutela frente a
similares hechos, en donde figuraba como accionante el Dr. Reginaldo Montes Álvarez,
persona que fue vinculada a este trámite en su calidad de tercero con interés,
despachando negativamente el amparo de esta Sala. Pese a que la decisión de
tutela tiene efectos interpartes, no advierte el [juez] motivos distintos en
ambas peticiones como para ser falladas en contrario, entendiendo que el fallo
condenatorio adoptado  por la Sala Plena, cobijo tanto al señor Montes Álvarez
como a López Cabrales. […]”
De
forma similar, tampoco considera el Consejo Superior que se hubiese desconocido
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Esta
Sala es competente para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción
de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241, numeral
9, de la Constitución Política.
2.
Reiteración de jurisprudencia. Competencia de la Corte Constitucional para
conocer acciones de tutela en casos de vulneración del derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva.
2.1.
Según la jurisprudencia constitucional, cuando el derecho fundamental a la
tutela efectiva de una persona es violado por una Corporación judicial al
negarse a conocer de fondo una acción de tutela, el reclamo se puede presentar
ante otra autoridad judicial. Específicamente, en el Auto 04 de 2004, la Corte
Constitucional había establecido la regla según la cual, cuando la Corte
Suprema de Justicia no admita a trámite una acción de tutela contra una de sus
providencias, la persona afectada puede  (i) ‘presentar la acción de tutela
ante cualquier juez (unipersonal o colegiado) o incluso ante una corporación
judicial de la misma jerarquía de la Corte Suprema de Justicia.’
Posteriormente, la imposibilidad de garantizar el acceso a la justicia mediante
la aplicación de esta regla en algunos casos, llevó a la Corte Constitucional a
establecer una segunda alternativa para garantizar el derecho a una tutela
judicial efectiva, en el Auto 100 de 2008. Así, la persona afectada también
puede (ii) ‘solicitar ante la Secretaría General de la Corte Constitucional,
que radique para selección la decisión proferida por la Corte Suprema de
Justicia en la cual se concluyó que la acción de tutela era absolutamente
improcedente, con el fin de que surta el trámite fijado en las normas
correspondientes al proceso de selección. Para este efecto, el interesado
adjuntará a la acción de tutela, la providencia donde se plasmó la decisión que
la tutela era absolutamente improcedente, así como la providencia objeto de la
acción de tutela.’[26]
Estas reglas jurisprudenciales también han sido aplicadas en casos similares,
en los cuales el Consejo de Estado desconoció el derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva de alguna persona.[27]
2.2.
Recientemente, la jurisprudencia constitucional sobre la aplicación del proceso
administrativo de reparto de acciones de tutela, contenido en el Decreto
Reglamentario 1382 de 2000, ha sido recogida por la Sala Plena de la Corte
Constitucional en diferentes providencias, entre ellas ver, por ejemplo, el
Auto 124 de 2009, en el cual la Sala Plena fijó la siguiente regla: ‘en el
caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia
por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en
primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente,
sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de
reparto. Lo anterior no obsta para que esta Corporación o el superior
funcional al que sea enviado un supuesto conflicto de competencia,
proceda a devolver el asunto, conforme a las reglas de reparto
del Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se presente una
distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una manipulación
grosera de las reglas de reparto contenidas en el mencionado acto
administrativo, como sería el caso de la distribución equivocada de una acción
de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las
Altas Cortes.’[28]
2.3.
Esta regla jurisprudencial, posteriormente, fue extendida en los siguientes
términos: ‘Del mismo modo y con relación a la regla previamente citada,
tales excepciones, se presentarían en los casos en los que se advierta una
manipulación grosera de las reglas de reparto, como cuando se asigna el
conocimiento de una demanda de tutela contra una Alta Corte, a un funcionario
judicial diferente a sus miembros; o, necesariamente, siguiendo esa misma
directriz, en los casos en que se reparta caprichosamente una acción de tutela
contra una providencia judicial, a un despacho diferente del superior funcional
del que dictó el proveído’ [Auto 198 de 2009].[29]
2.4.
En el presente caso, la acción de tutela fue tramitada por el Consejo Seccional
de la Judicatura, y por el Consejo Superior de la Judicatura. Expresamente,
unos de los Magistrados que participó en la decisión de segunda instancia,
aclaró su voto para sostener que el Consejo Superior de la Judicatura no
pretendía usurpar la competencia de la Corte Suprema, pero que, ante su
decisión de no tramitar las acciones de tutela presentadas en contra de sus
fallos de casación, lamentan tener que ser quienes tramiten procesos que
debería resolver la Corte Suprema de Justicia, pero sabe que tal remedio
defiende la Constitución como norma de normas, y asegura a un ciudadano el
acceso a una justicia pronta y cumplida.[30]
Resuelta
esta cuestión previa acerca del trámite de la presente acción de tutela, pasa la
Sala a plantear los problemas jurídicos a resolver en la presente sentencia.
3.
Problemas jurídicos y estructura de la decisión
3.1.
En la acción de tutela de Juan Manuel López Cabrales se acusa a la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de haber violado su derecho al
debido proceso por un sinnúmero de razones, mediante dos providencias
judiciales, la resolución de acusación y en la sentencia. Las diversas razones
específicas que se presentan, se reúnen en cuatro grandes cargos:  (1) defecto
fáctico, por fundarse en prueba inconstitucional; (2) defecto fáctico, por
valoración arbitraria y por dar por no probado un hecho que surge clara y
objetivamente de la prueba; (3) desconocimiento del precedente, tanto de la
Corte Constitucional, como de la Corte Suprema de Justicia; y (4) la aplicación
del principio iura novit curia.
3.1.1.
El primer problema puede plantearse en los siguientes términos ¿un juez de la
República viola el derecho constitucional al debido proceso, al haber fundado
su decisión en una prueba que la persona afectada acusa de inconstitucional e
ilegal –y que por tanto se ha debido excluir–, aun cuando el juez respectivo
considere la cuestión, la analice y, por último, llegue a la decisión contraria
y diga que la prueba no es inconstitucional?
3.1.2.
El segundo problema puede plantearse así: ¿un juez de la República viola
el derecho al debido proceso de una persona, al tomar una decisión con
base en una ‘valoración’ de las pruebas que se acusa de ‘arbitraria’, por
cuanto niega el hecho que la persona afectada considera que ‘surge clara y
objetivamente de la prueba’, a pesar de que la autoridad judicial no lo
considere así?
3.1.3.
El tercer problema tiene que ver con la violación del debido proceso por
desconocimiento del precedente judicial, el cual puede plantearse en los
siguientes términos: ¿viola un juez de la República el derecho al debido
proceso y el derecho a la igualdad de una persona al adoptar una decisión
judicial con base en una prueba que se acusa de ilegal, teniendo en cuenta los
precedentes que en la materia ha fijado la jurisprudencia constitucional y la
jurisprudencia penal?
3.1.4.
Finalmente, la última cuestión se refiere a la aplicación del principio iura
novit curia. Concretamente, la acción de tutela hace referencia a la
aplicación de este principio en dos ámbitos específicos:  (a) la atipicidad de
la conducta por la que fue condenado el señor López Cabrales, por no ser
aplicable la conducta del concierto para delinquir agravado de la legislación
colombiana, en el caso sometido a investigación y juzgamiento; y  (b) por
haberse tramitado la totalidad del proceso en un procedimiento de única
instancia, con concentración de las funciones de investigación y de juzgamiento
en un mismo órgano judicial, lo que resulta violatorio del debido proceso y del
principio de la doble instancia.
La
Sala de Revisión considera que la respuesta a los problemas jurídicos es
negativa. Con relación a los aspectos cuestionados, no se considera que se haya
incurrido en la sentencia acusada en una violación del debido proceso que deba
ser objeto de tutela. Para analizar cada uno de los cargos planteados y llegar
a la solución de los mismos, (1) se reiterará la jurisprudencia constitucional
sobre procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, (2)
haciendo énfasis en las reglas específicas que sea relevantes para los casos
que se analizarán. Posteriormente, se estudiará (3) el cargo por haber incluido
una prueba ilícita que se ha debido excluir (el Pacto de Ralito), (4) el cargo
por no haber aceptado como ciertos los hechos que claramente se siguen de
pruebas aportadas al proceso, (5) el cargo por haber desconocido la
jurisprudencia unificada, reiterada y vinculante y, finalmente,  (6) la
solicitud de la aplicación del principio iura novit curia, en especial,
en lo referente a la violación del derecho de toda persona a recurrir una
sentencia en la que se le ha condenado penalmente.
4.
Reiteración de jurisprudencia, procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
4.1.
Desde el inicio de su jurisprudencia, en 1992, la Corte Constitucional señaló
que ‘salvo en aquellos casos en que se haya incurrido en una vía de hecho,
la acción de tutela no procede contra providencias judiciales.’[31]  A propósito
de una acción pública de constitucionalidad, en el año 2005, la Sala Plena
reiteró esta posición,[32]
indicando que “(…) los casos en que procede la acción de tutela contra
decisiones judiciales han sido desarrollados por la doctrina de esta
Corporación tanto en fallos de constitucionalidad, como en fallos de tutela […]
la Corporación ha entendido que la tutela sólo puede proceder si se cumplen
ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. (…)”.[33]
4.2.
Las causales de procedibilidad han sido reunidas en dos grupos. Las denominadas
‘generales’ o ‘requisitos de procedibilidad’, mediante las cuales
se establece si la providencia judicial acusada puede ser objeto de estudio por
el juez de tutela. Y las causales denominadas ‘especiales’, ‘específicas’,
o ‘causales de procedibilidad propiamente dichas’, mediante las cuales
se establece si una providencia judicial, susceptible de control
constitucional, violó o no los derechos fundamentales de una persona.
4.2.1.
Las causales de procedibilidad generales o requisitos de
procedibilidad, han sido presentadas en los siguientes términos:  (a) Que
el tema sujeto a discusión sea de evidente relevancia constitucional.  (b) Que
se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.[34]  (c) Que se cumpla el
requisito de la inmediatez.[35]
(d) En el evento de hacer referencia a una irregularidad procesal, debe haber
claridad que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.[36] (e) Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y qué hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.[37]   (f) Que no se trate de
sentencias de tutela[38]”.[39]
4.2.2.
Las causales de procedibilidad especiales, específicas o propiamente
dichas, como se indicó, se refieren a los defectos específicos en los
cuales puede incurrir una providencia judicial y que pueden conllevar la
violación de los derechos fundamentales de una persona. De acuerdo con la Sala
Plena de la Corporación (C-590 de 2005), los defectos en los que el funcionario
judicial puede incurrir son los siguientes: (i) defecto orgánico;[40] (ii) defecto
procedimental;[41]
(iii) defecto fáctico;[42]
(iv) defecto material y sustantivo;[43]
(v) error inducido;[44]
(vi) decisión sin motivación;[45]
(vii) desconocimiento del precedente;[46]
(viii) violación directa de la Constitución.  Son varios los casos en los que
se ha desarrollado esta jurisprudencia,[47]
así como los casos en los que se ha reiterado recientemente.[48]
4.3.
Ahora bien, la Sala resalta que según la propia jurisprudencia de la Corte
Constitucional hay ciertos casos en los cuales el respeto del juez de tutela
hacia el juez ordinario debe ser extraordinaria, mucho más rigurosa que lo
normal. Estos casos son, entre otros, aquellos en los cuales las normas
jurídicas le han asignado a una determinada autoridad judicial la facultad de
tomar una determinada decisión.
4.3.1.
Tal es el caso, por ejemplo, de los procesos de pérdida de investidura. En
efecto, luego de señalar que la acción de tutela no procede contra la sentencia
que resuelve la pérdida de investidura, sino contra el recurso extraordinario
especial de revisión, la Corte señaló lo siguiente: “la excepcionalidad de
la procedencia de la acción tutela en contra de sentencias judiciales que
incurran en una vía de hecho, es aún mayor cuando la sentencia acusada tuvo por
objeto resolver un recurso extraordinario especial de revisión”.[49]
Para estos casos, estableció la Corte Constitucional, la tutela procede  (i) ‘cuando
se alegue una vía de hecho que específicamente tenga origen en el fallo que
resuelve el recurso extraordinario especial de revisión, o en el proceso de
revisión en sí mismo considerado’;  (ii) ‘cuando se alegue una vía de
hecho que ocurrió durante el proceso de pérdida de investidura, que fue
invocada en el recurso extraordinario especial de revisión, pero cuyo análisis
por parte del Consejo de Estado acerca de la violación del derecho fundamental
contradice la Constitución o la jurisprudencia constitu­cional aplicable’;
y  (iii) ‘cuando se trate de una vía de hecho que ocurrió en el proceso de
pérdida de investidura pero que, o bien no podía ser alegada mediante un
recurso en contra de la sentencia de pérdida de investidura, o bien fue alegada
pero el Consejo de Estado la dejó de lado por completo y no la analizó o lo
hizo desconociendo el derecho claramente aplicable’.[50]
4.3.2.
Ahora bien, si se compara la decisión constitucional de conferir al Consejo de
Estado la facultad de ‘decir el derecho’ (iurisdictio) en los casos de
pérdida de investidura con la de conferir a la Corte Suprema de Justicia la
misma facultad en el caso de los delitos cometidos por los congresistas, es aún
mayor el celo del Constituyente en garantizar que sea dicha Corporación
judicial, y no otra, la que ‘diga el derecho en ese caso’. Mientras que el
artículo 184 de la Constitución establece que la pérdida de la investidura
‘será declarada por el Consejo de Estado de acuerdo con la ley’, el artículo
186 establece categóricamente que ‘de los delitos que cometan los
congresistas, conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia,
única autoridad que podrá ordenar su detención’. Es pues, mucho más celosa la
Constitución en asegurar y reservar el juzgamiento de los delitos de los
Senadores y los Representantes a la Cámara que la pérdida de la investidura de
los mismos.
4.3.3.
Este claro mandato constitucional (art. 186), implica un deber de respeto en
todo juez de tutela a la competencia ‘privativa’ que concede la Constitución a la
Corte Suprema de Justicia. Si usualmente el juez de tutela ha de respetar el
derecho dictado por un juez ordinario, en ejercicio de las legítimas facultades
que le asisten, en el caso del juzgamiento de congresistas ese respeto ha de
ser mayor. No puede el juez de tutela, por ejemplo, variar la interpretación
razonable de las normas aplicables o de las pruebas aportadas al proceso, so
pretexto de que las interpretaciones que el juez de tutela son ‘más ajustadas’
a la Constitución. El juez de tutela debe decir al juez ordinario cuándo su
decisión se sitúa fuera del orden constitucional, no debe decirle dónde sí
pararse dentro del espacio que le ofrece dicho orden.
No
regula un asunto menor esa norma constitucional (art. 186). La Constitución
está definiendo en ésta, cuál es el juez encargado de aplicar la justicia penal
a los congresistas –a las personas encargadas de hacer la ley–. La decisión del
Constituyente dentro de esta arquitectura política es que sea la más alta
corporación de justicia penal dentro de la rama judicial —la Corte Suprema de
Justicia—la que se encargue de llevar a cabo esta función. Se trata pues, de
una de las normas constitucionales en las que se articulan el principio de
separación de poderes y el principio de frenos y contra pesos de esta
democracia.
4.3.4.
Teniendo en cuenta la competencia privativa de la Corte Suprema de Justicia
para juzgar a los congresistas, la Corte Constitucional considera que el
proceso administrativo de reparto contemplado en el Decreto 1382 de 2000 (artículo
1), garantiza el espíritu de la regla constitucional. En efecto, al decidir que
las acciones de tutela contra providencias judiciales de alguna de las Salas de
la Corte Suprema de Justicia, deben ser repartidas para su conocimiento a otras
Salas de la Corte Suprema de Justicia, la norma reglamentaria está asegurando
el mandato constitucional de que la decisión sobre la comisión de los delitos
de los congresistas la tome, privativamente, la Corte Suprema de Justicia. En
otras palabras, en atención a las normas citadas, se garantiza que la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sea la corporación judicial que
tome la decisión de si un congresista cometió o no un delito, y, a su vez, que
sean las Salas de Casación Civil y Laboral de la misma Corte, las que
excepcionalmente entren a considerar si hubo alguna violación grave al derecho
al debido proceso. Así pues, se garantiza que la decisión se mantenga en la
Corte Suprema de Justicia. Excepcionalmente, en algunos de estos casos podría
tener lugar una eventual revisión de la acción de tutela ante la Corte
Constitucional, situación en la cual le corresponderá a esta Corporación ser
respetuosa de la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia y sólo
intervenir si hay una evidente violación a los derechos fundamentales de un
congresista.[51] Tal será la actitud de
la presente Sala de Revisión al analizar el caso de la referencia.
En
tal sentido, si bien respeta esta Sala de Revisión la decisión de la Sala Civil
de la Corte Suprema de la Corte Suprema de Justicia de no tramitar la acción de
tutela de la referencia, considera que la forma reglamentaria (D.1382 de 2000,
art. 1°) de garantizar la protección de los derechos fundamentales de los
congresistas en el contexto de procesos penales en su contra, es tramitando las
acciones de tutela dentro de la misma Corte Suprema de Justicia.[52]
A continuación, la Sala resaltara algunos de los criterios y reglas jurisprudenciales
más relevantes para analizar las cuestiones y los problemas jurídicos
planteados en el presente caso.
5.
Un juez de la república no viola el derecho al debido proceso mediante una
providencia judicial cuando, prima facie, su lectura de las reglas
aplicables y de las pruebas aportadas se encuentra dentro del margen de
interpretación razonable
Para
la jurisprudencia constitucional es claro que verificar una discrepancia en
torno a la interpretación jurídica de las normas aplicables a un caso o de las
pruebas aportadas al mismo, no implica constatar una violación al debido
proceso. Si se trata de una interpretación jurídica razonable, el juez de
tutela no puede interferir la decisión judicial, so pretexto de estar defendiendo
la Constitución.
5.1.
Concretamente, con ocasión del estudio de dos sentencias del Consejo de Estado
que habían sido demandadas mediante acción de tutela, la jurisprudencia
constitucional precisó que ‘un juez de la República no viola el derecho al
debido proceso de una persona cuando, prima facie, su lectura de las
normas jurídicas aplicables, o no aplicables, se encuentra dentro del margen de
interpretación razonable’.[53]
5.2.
En esa misma ocasión, la Corte también precisó que, en todo caso,  ‘una
acción de tutela no procede contra una sentencia a la cual se acusa de haber
violado el derecho al debido proceso, por no haber aplicado una norma legal que
debía aplicarse, cuando el accionante, o la persona correspondiente, no
solicitó dentro del proceso a la autoridad judicial acusada que aplicara la
norma en cuestión, habiendo tenido la oportunidad procesal para hacerlo y la
carga de solicitarlo.’[54]
5.3.
Las anteriores reglas citadas permiten concluir entonces, que no constituye una
violación al debido proceso, por incurrir en un defecto sustantivo, el que una
persona que sea juez aplique un conjunto de normas de acuerdo a una lectura que
se encuentra dentro de un margen razonable de interpretación y, en todo caso,
tal reclamo no se podrá hacer en sede de tutela si no fue planteado en el
proceso ordinario, si era posible hacerlo.[55]
5.4.
Dicho lo anterior, aclara la Sala que es distinto tener una interpretación razonable
que pueda ser controvertida, a tener una interpretación que desconozca un
precedente judicial conocido y reiterado. Así, la jurisprudencia ha indicado,
por ejemplo, que un juez de la República viola el derecho al debido proceso
cuando ‘desconoce abiertamente el unificado y reiterado precedente de tutela’
que sea aplicable, cuando dicho precedente exista.[56]
5.5.
Finalmente, con relación a las violaciones al debido proceso con ocasión de un
defecto fáctico, esto es, un error relacionado con las pruebas del proceso
judicial, la jurisprudencia ha indicado lo siguiente:
“Se produce  un defecto fáctico en una providencia, cuando
de la actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, - en una
dimensión negativa -, que se omitió[57]
la “valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez.[58]
En esta situación se incurre cuando se produce “la negación o valoración
arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba  que se presenta cuando
el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración,  o cuando sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente”[59].
En una dimensión positiva, el defecto fáctico tiene lugar, cuando “la
valoración de pruebas igualmente esenciales que el juzgador no se puede
apreciar, sin desconocer la Constitución”[60].
Ello ocurre generalmente cuando el juez “aprecia pruebas que no ha debido
admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas
(artículo 29 C.P.)[61].
En estos casos, sin embargo, sólo es factible fundar una acción de tutela  por
vía de hecho cuando se ‘observa que de una manera manifiesta, aparece
arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba ‘debe ser de tal
entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia[62]’[63].”[64]
A
continuación, pasa la Sala a analizar cada uno de los cargos presentados en la
acción de tutela en contra de la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia en la que se decidió condenar a Juan Manuel López Cabrales.
6.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no tiene que excluir
como ilegales e inconstitucionales, pruebas que, razonablemente, no tienen tal
condición.
6.1.
En su tutela, Juan Manuel López Cabrales alega que la Corte Suprema de Justicia
violó su derecho al debido proceso, y con ello otros derechos fundamentales
como el derecho a la libertad, por cuanto dio plena validez a una prueba ilegal
e inconstitucional, que en virtud de las reglas propias del derecho procesal,
ha debido ser excluida del proceso, para que ninguna decisión judicial se
pudiese fundar en ella.
6.2.
La prueba ilegal en este caso es el llamado ‘Pacto de Ralito’. Un documento con
el cual se quiere demostrar que Juan Manuel López Cabrales tenía tratos y
acuerdos con los grupos paramilitares que actuaban en la zona. Para él, el
Pacto de Ralito es una prueba ilegal e inconstitucional en el caso suyo, por
cuanto fue obligado y constreñido a firmarlo. No se trata de una manifestación
libre y autónoma de su voluntad que quedó consignada en un documento. Se trata
de un acto presionado, en el cual una persona se vio forzada a manifestar una
voluntad contraria a la que dice que realmente profesa. Juan Manuel López
Cabrales alega que él fue obligado a decir que se comprometía con estos grupos
a refundar la patria, pero que en realidad, su posición es la contraria, la de
combatir a éstos grupos que tienen tal propósito.
6.3.
La Sala de Revisión considera, de acuerdo con su jurisprudencia, que un juez de
la República no viola el derecho al debido proceso, al haber fundado su
decisión en una prueba que una de las partes del proceso considera ‘ilegal o
inconstitucional’, cuando la razón por la cual se califica la prueba así, es
objeto de discusión dentro del proceso; en especial cuando, con fundadas razones
la autoridad judicial decide que la supuesta razón por la que la prueba sería
ilegal, no se verifica. En tal sentido, como se pasa a explicar a continuación,
la Corte Suprema de Justicia no violó el derecho al debido proceso por haber
incluido una prueba ilícita o inconstitucional.
6.3.1.
Como se dijo, la jurisprudencia constitucional sobre violaciones al debido
proceso por incurrir en un defecto fáctico, tiene que ver con una valoración ‘arbitraria,
irracional y caprichosa de la prueba’. El error en
el juicio valorativo de la prueba, por tanto, debe ser de tal entidad que
sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión.
6.3.2.
En el presente caso no hay una violación arbitraria, irracional o caprichosa de
la prueba, ni se demuestra que la lectura que de las pruebas hace la Corte
Suprema carezca de sentido.
6.3.3.
El accionante no muestra ninguna prueba que haya hecho parte del proceso y que
de manera irrefutable demuestre que él firmó el Pacto de Ralito bajo una
presión y fuerza irresistibles. Para llegar a la conclusión propuesta debe
elaborar un camino largo y detallado, que se expone en tres argumentos generales,
los cuales, a su vez, se subdividen en varias pruebas distintas.
6.3.3.1.
Por una parte, advierte que él no iba a la reunión donde tuvo lugar el Pacto de
Ralito, sino ‘a otra finca’ [llamada 06] en la que, alega, iba a ser
juzgado por los paramilitares. Este hecho, sostiene que también se concluye a
partir de algunos apartes de tres declaraciones distintas que hacen parte del
proceso penal (Miguel de la Espriella, Eleonora Pineda y Salomón Feris Chadid,
alias Comandante 08). En segundo lugar, advierte que él iba a la finca 06 a ‘salvar su vida’, no ha realizar pactos o negociaciones con los paramilitares. A tal
conclusión llega con base en algunas partes de cuatro declaraciones distintas
(Salvatore Mancuso, Miguel de la Espriella, Rocío Arias y Eleonora Pineda).
Finalmente, señala que el no tuvo ‘más opción que suscribir el Pacto’,
lo cual considera que se sigue de los apartes de dos declaraciones (Luís
Eduardo Urna Lara, paramilitar y Salomón Freís Candid, comandante 08), y del
hecho probado en el proceso del control militar que tenían en la zona,
especialmente, la presencia que tenían en esas fincas donde se llevaron a cabo
las reuniones.
6.3.3.2.
Como se aprecia, no se trata de la presentación de una serie de pruebas que de
manera ‘clara y evidente’ muestren que la suscripción del llamado Pacto de
Ralito por parte de Juan Manuel López Cabrales es producto del constreñimiento
y de la fuerza. Se requiere dar por cierto tres hechos cuya veracidad depende,
en cada caso, de una serie de pruebas que permiten, a juicio del accionante,
llegar a una conclusión distinta a la que llegó la Corte Suprema de Justicia
respecto a los hechos acaecidos.
6.3.3.3.
Ahora bien, la cuestión acerca de si el Pacto de Ralito es una prueba ilícita
con relación a Juan Manuel López Cabrales, por haber sido suscrito bajo
constreñimiento y fuerza en su caso, es precisamente, una de las cuestiones
centrales que trata la sentencia en varias ocasiones. Fue esta una de las
discusiones probatorias principales del proceso. Por tanto, entrar a revisar
este punto es tanto como entrar a mirar la discusión entera del proceso. Tal
labor, que no es claro que en el presente caso le corresponda realizarla al
juez de tutela, ni siquiera fue hecha por el accionante en su demanda. En
efecto, la acción de tutela no toma la totalidad de pruebas aportadas al
proceso, relevantes para definir la cuestión, y mostrar que de su conjunto se
concluye, evidentemente, que los hechos ocurrieron como él alega y que, por
tanto, la prueba documental en cuestión ha de considerarse inconstitucional e
ilegal. Para llegar a este punto, el accionante ‘selecciona’ algunas de las
pruebas relevantes del proceso y de ellas resalta sólo apartes. Así, a partir
de esta mirada parcial y puntal al expediente, pretende demostrar que las
conclusiones de la Corte Suprema de Justicia son erradas. Los apartes resaltados
de algunas de las versiones aportadas al proceso en modo alguno se convierten
en una suerte de prueba reina que demuestran, ‘evidentemente’, que la
conclusión del juicio al que llegó la Corte Suprema de Justicia es errado.
6.4.
Así pues, la Sala considera que un juez de la República no viola el derecho al
debido proceso por haber fundado una decisión judicial en una supuesta prueba
ilícita, si la ilicitud de la prueba no es evidente y dentro del proceso
judicial respectivo, razonablemente se concluyó que no era ilícita. No hay
arbitrariedad, irracionalidad o capricho en una posición judicial de esta
naturaleza. Por tal razón se considera que la Corte Suprema de Justicia no
incurrió en una violación al derecho al debido proceso al haber fundado en el
llamado Pacto de Ralito, las decisiones judiciales en las que se juzgó
penalmente a Juan Manuel López Cabrales.
7.
La Corte Suprema no valora arbitrariamente las pruebas aportadas al proceso de
Juan Manuel López Cabrales, ni deja de dar por probado un hecho que emerge
clara y objetivamente de las pruebas del proceso
7.1.
La acción de tutela de Juan Manuel López Cabrales afirma que la Corte Suprema
de Justicia, ignora pruebas u omite su valoración, pues sin razón valedera
da por no probado el hecho o la circunstancia que de éstas emerge clara y
objetivamente.
7.1.1.
Para el accionante, la Corte Suprema no puede ver que él es una víctima de los
paramilitares, y no su socio, porque parte de la premisa falsa de que son
amigos y no enemigos. Tal enemistad, sostiene, se sigue de las amenazas de las
cuales ha sido objeto, del secuestro que le hicieron, de algunos apartes de
algunas de las declaraciones que hacen parte del proceso, y de la amenaza de
que Salva toree Mancazo usaría el Pacto de Ralito para vengarse judicialmente
de algunas personas.
7.1.2.
En segundo lugar, señala no se considera que es un opositor, sino un
colaborador, a pesar de que ha sido de público conocimiento su condición de
opositor y que así lo confirman algunos apartes de algunas declaraciones [al
respecto cita a Rever Velaza, a Leonora Pineda y a Rocío Arias].
7.2.
La Sala de Revisión no considera que la Corte Suprema de Justicia hubiese
dejado de considerar pruebas determinantes para el proceso, o que a las
aportadas no les haya dado el valor debido, dejando de dar por probados hechos
que sí están claramente probados en el expediente.
7.2.1.
La sentencia de la Corte Suprema de Justicia no está interesada en demostrar si
Juan Manuel López Cabrales y los paramilitares eran amigos o colaboradores. No
pretende establecer si las relaciones entre aquél y éstos eran relajadas o
conflictivas. Lo que la Corte Suprema concluye —no presume—, es que entre Juan
Manuel López Cabrales y los paramilitares se celebraron acuerdos con el
propósito de beneficios mutuos. Estos acuerdos, por supuesto, no suponen
amistad y confianza. Por el contrario, el tipo de acuerdos y su alcance, más
parecen denotar simples coincidencias de intereses. Al respecto, por ejemplo,
la sentencia acusada de la Corte Suprema de Justicia advierte:
“De manera que el pacto de Santa fe de Ralito corresponde
a un quehacer y a una estrategia de las autodefensas empecinadas en lograr
acuerdos con la clase política para impulsar la expansión de sus acciones y de
allí que los convidados no fueran ciudadanos del común sin posibilidades de
agenciar en ese propósito, sino personas con capacidad para actuar ante
instancias del orden nacional o con posibilidad de hacerlo- como de hecho lo
hicieron Leonora Pineda, Rocío Arias y Miguel de la Exprimía-, pero sobre todo
con poder para influir en la vida de la región, propiciando de esa manera que
el paramilitarismo hiciera posible su pretensión de incidir en las políticas
públicas.”
7.2.2.
Tampoco es cierto que la Corte Suprema de Justicia no hubiese considerado y
valorado los distintos medios probatorios y argumentos aportados por la defensa
de Juan Manuel López Cabrales. Cosa diferente es que la conclusión a la que la
Corte Suprema llegó es muy distinta de la conclusión a la que la defensa del
accionante esperaba que llegara. Se trata de una valoración que no deja arbitrariamente
pruebas por fuera de su estudio, o que irrazonablemente deja de aceptar
las conclusiones que de ella lógicamente se siguen. Concretamente el análisis
de la Corte Suprema de Justicia fue el siguiente:
“El doctor Juan Manuel López Cabrales y su defensor
asumen que su situación no se puede equiparar a la de los demás asistentes e
insisten en no hacer ninguna crítica al documento de Ralito, pese a las que
pudiesen formular al respecto. Para ellos lo esencial es que el senador acudió
el día 23 de julio de 2001 a Santafé de Ralito no a pactar la refundación de la
patria con los paramilitares, sino a salvar su vida ante la declaratoria de
objetivo militar que había impartido Mancuso en su contra, hecho que a su
juicio expresa de manera dramática las consecuencias de haber enfrentado por
siempre a los grupos de autodefensa.
No ignora la
Sala que las distintas manifestaciones de violencia que revela el expediente
tienen en el doctor Juan Manuel López Cabrales a un actor de primer
orden. Igualmente no se puede desconocer que Salvatore Mancuso tomó para sí
importantes instituciones en perjuicio de un movimiento político legal. De eso
dan fe los ex rectores de la Universidad de Córdoba Eduardo González Rada y
Manuel Figueroa,[65] académicos que de manera
directa experimentaron la presión del jefe paramilitar, sea porque a su juicio la
Universidad era un centro de corrupción, o por ser afectos al político
cordobés. De igual manera la presión se manifestó mediante la imposición de
determinados candidatos afectos a las autodefensas en ciertos municipios, como
ocurrió con el acuerdo del ‘Granadazo’ en el municipio de Tierralta.[66]
Esos
acontecimientos, así como su secuestro- con el cual se pretendía que el
Gobierno escuchara a las autodefensas en temas tales como la negociación con
grupos rebeldes de izquierda y el acuerdo humanitario-, la presión sobre
dirigentes del Resguardo Sinú, o los homicidios de líderes como Saúl Pérez y
Manuel Benítez Palencia, ocurridos en diferentes épocas, le sirven de escenario
a la defensa del doctor López Cabrales para concluir que el senador
siempre confrontó a los grupos ilegales y que no podía haber el menor riesgo
que tuviera nexos con las autodefensas, de cualquier índole que fueran, y menos
acuerdos para promoverlas, razón por la cual la única explicación admisible de
su presencia en Ralito fue la necesidad de salvar su vida.
Consciente el
defensor de que el estado de necesidad exculpante tiene como ingrediente la
inminencia del riesgo y la urgencia de afrontarlo, siempre bajo condición de no
contar con opciones diferentes, sostiene que al doctor López Cabrales no
le quedaba alternativa distinta a la de acudir a Ralito, no a suscribir ningún
acuerdo, lo cual es coincidencia, sino a salvar su vida, pues de no hacerlo el
riesgo de que la orden se materializara era evidente. Empero, sin minimizar la
gravedad del hecho, la Corte indicará por qué el senador tenía opciones
diferentes.
En primer lugar
su presencia en Santafé de Ralito fue consecuencia de un acuerdo propiciado por
sus familiares, siempre bajo la consideración de que esa no era una opción
única, pues de igual manera rehusó otras propuestas afines, como lo explicó en
su versión libre. En efecto, después de ser informado luego de regresar de
Estados Unidos de la amenaza de Mancuso en su contra, señaló que ‘toda la
familia muy preocupada por la situación incontrolable y la ira y la furia del
señor Mancuso estaban tratando de buscar de alguna manera como se podía
concitar una cita con este señor… mi familia y mis amigos me pidieron que por
favor aceptara una reunión con este señor porque yo me mostraba renuente a
hacerlo.’[67]
Tan renuente,
que en sus propios términos, ‘se me pidió por parte del señor Mancuso que si
podía viajar a La Gabarra en Norte de Santander, que él me colocaba un
helicóptero y me hacía acompañar de un amigo de él para asegurarme que no me
pasaba nada. Por supuesto que me negué a ese encuentro y dije que cuando él
estuviera en la zona de Córdoba.’[68]
Concluye: ‘Después de tanta insistencia por parte de mis amigos
más cercanos y de mi familia, acepté reunirme con el señor Mancuso’, no sin
antes ir a donde el ex fiscal doctor Alfonso Gómez Méndez, para solicitarle que
ambientara la situación concediendo una entrevista en la que informara que los
operativos en Córdoba no fueron orquestados por Juan Manuel López. Eso
significa, como el mismo doctor López lo reconoce, que en orden a
concretar una cita con Mancuso intervinieron sus familiares, por lo cual se
ofrece verosímil la explicación de Edward Cobos Téllez (alias Diego vecino),
quien señaló que el doctor Jesús María López acudió ante él para hacerle
conocer su preocupación por las diferencias entre su sobrino y Salvatore
Mancuso.[69]
Bajo los mismos
supuestos es admisible que el doctor López Gómez, según lo comentó Diego
Murillo Bejarano (alias Don Berna), hubiese acudido ante Carlos Castaño,[70] quien habría manifestado
que no estaba bien que un amigo de la casa Castaño matara a otro amigo de la
Casa Castaño,[71] en alusión a sus nexos
con la Casa López.[72] De igual manera, aun
cuando el comandante Ever Veloza (alias H.H.), dijo no constarle de relaciones
entre el político y los Castaño, sí dijo saber que Vicente dio la orden de que
“bajaran las presiones contra Juan Manuel López.”[73]
Desde esa
perspectiva es posible concluir que la enemistad entre la Casa López y las
autodefensas no era tan radical como se pretende hacer creer y que por eso la
opción a la que recurrió el doctor López Cabrales no era la única, pues
cuando le hicieron exigencias que no estaba en disposición de atender las
desestimó, de manera que bien podía optar por otras alternativas diferentes
para conjurar esa molesta situación, como bien podían ser las de recurrir ante
el Fiscal General de la Nación o ante el Señor Procurador, ante quienes fue
para denunciar otras acciones de las autodefensas, entre ellas el homicidio de
Manuel Benítez Palencia.
Por lo tanto, si
no era indispensable conjurar la situación a su modo para solventar el
riesgo-como en efecto lo hizo con la mediación de su tío y de los líderes de
las autodefensas que consideraban un error estratégico ese tipo de actos-, era
porque también podía optar por no concurrir a la siguiente reunión, pues para
ese momento la orden de atentar en su contra, pese a que no habían quedado
claras sus explicaciones, había cesado. Por lo demás, muestra de la libertad
con que concurrieron los convidados es que otros, con igual perfil político,
como Zulema Jattin y Julio Manzur no fueron,[74]
sin que contra ellos se derivaran acciones funestas.
Ahora bien, como lo ha explicado la Sala, posiblemente el
ciudadano del común que carece de poder no habría tenido en medio de esa
situación opción diferente que la de someterse a un grupo armado que había dado
muestras inequívocas acerca de la perentoriedad de sus
‘órdenes’.  Sin embargo, tratándose de senadores que representan al
Estado la situación no se puede medir con el mismo rasero, y de allí que el
juicio de exigibilidad corresponde a la situación concreta en que actuaron
desde el plano social y personal los procesados.[75]
Tal conclusión no se puede poner en tela de juicio por el hecho
de que algunas personas, como Rocío Arias, afirmen que a las reuniones que
hacían las autodefensas ‘muchas de las personas que eran citadas no iban a
ellas de manera voluntaria’, pues ello no significa que fue así, más aún si a
la testigo no le consta nada en concreto sobre la manera como fueron convocados
a Santafé de Ralito los implicados. Lo que supo le fue comentado por Eleonora
Pineda y de allí que infiera, no que le conste, ‘que hubo allí gente-según
opina-que no asistió con todo el interés y la voluntad de ir, otros fueron por
mera coincidencia, entonces no fue una reunión para mi conocer de pronto muy
socializada.’[76]
En consecuencia,
dadas las circunstancias analizadas, sin desconocer las concretas condiciones
en que el senador actuó, la Sala llega a la convicción que lo hizo libremente y
obró de acuerdo con esa situación.”
Es
claro para esta Sala de Revisión que los argumentos y las pruebas que el
accionante señala que no fueron contemplados, sí fueron tenidas en cuenta por la
Corte Suprema. Cosa diferente, como ya se dijo, es que no les hubiese dado el
valor y el alcance que dichas pruebas, a juicio de la defensa, tenían dentro
del proceso penal.
7.3.
La acción de tutela da otros argumentos con los cuales pretende sostener que la
Corte Suprema violó su derecho al debido proceso por haber incurrido en un
defecto fáctico negativo. Sin embargo, estas razones adicionales no demuestran
que se dejó de valorar alguna prueba que de manera clara y evidente demuestra
un hecho que implica un cambio en el sentido de la decisión judicial adoptada.
7.3.1.
En tercer lugar, la tutela sostiene que se da plena credibilidad al testimonio
falso del paramilitar Salvatore Mancuso, a pesar de que la propia Corte Suprema
la reconoce como una versión que es contradictoria. En este caso no se pediría
al juez de tutela que sancione a la Corte Suprema por haber dejado de
considerar una prueba, sino por lo contrario, por haber considerado en demasía
una de ellas. Lo que está pidiendo en este caso, no es que se incluya una
prueba dejada de considerar, sino que se deje de dar pleno valor a una prueba
que, como él mismo lo señala, la Corte Suprema reconoce que es contradictoria.
Aunque bastaría lo dicho hasta este punto para descartar el argumento, la Sala
de Revisión advierte sin embargo, que en la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia que se controvierte, nunca se le dio credibilidad plena a las
versiones de Salvatore Mancuso. Los hechos que encuentran respaldo en ella,
también encuentran sustento en otras pruebas que le permiten a la Corporación
judicial llegar a las conclusiones que llega.
7.3.2.
La cuarta ‘premisa falsa de la sentencia acusada’, dice la tutela, es
considerar que Juan Manuel López Cabrales ‘debió ser un héroe’. Esta afirmación
que hace la tutela, no corresponde a una lectura literal del texto de la sentencia
acusada, sino a una interpretación que se hace de ella cuando se sostiene que
Juan Manuel López Cabrales tenía ‘otras opciones’. Se trata pues, de una
acusación que no se dirige contra la sentencia, sino contra la interpretación
que se hace de la misma. Este cargo tampoco demuestra que se haya dejado de
valorar o considerar una prueba y, consecuentemente, el hecho que de ella se
sigue.
7.3.3.
La quinta ‘valoración inadecuada’ de la sentencia acusada, dice la acción de
tutela, es actuar como si la etapa de juicio no hubiese existido. Para el
accionante el hecho de que la Corte no hubiera cambiado su posición entre la
resolución de acusación y la sentencia demuestra su incapacidad de valorar
adecuadamente el acervo probatorio. En tal sentido, esta Sala de Revisión
sostiene categóricamente que el hecho de que las valoraciones de una resolución
de acusación sean ratificadas y confirmadas en la sentencia final, no demuestra
ni constituye indicio si quiera, de una supuesta arbitrariedad o irracionalidad
en la valoración probatoria. Ese hecho, en sí mismo considerado, no evidencia
lo que pretende alegar Juan Manuel López Cabrales, que, además, no constituye
un argumento que muestre que se dejó de valorar, total o parcialmente, alguna
prueba. Puede ser que el juez llegue a la misma conclusión, precisamente por un
estudio exhaustivo del acervo probatorio.
7.4.
Lo que sí advierte la Sala es que el accionante incurre en la falta que endilga
a la Corte Suprema de Justicia. Mientras acusa a la Corte de no tener en cuenta
todos los hechos relevantes para analizar el caso, el accionante deja de lado,
uno de los hechos relevantes del mismo y que se tiene en cuenta para valorar la
situación: El silencio que guardó durante tanto tiempo Juan Manuel López
Cabrales de los hechos ocurridos en torno al Pacto de Ralito. Esta cuestión,
que es ampliamente considerada y analizada por la Corte Suprema de Justicia, y
que sin duda matiza las afirmaciones de la tutela, no es mencionada en la
acción instaurada.
El
análisis del silencio de Juan Manuel López Cabrales en relación al Pacto de
Ralito durante tanto tiempo es analizado por la sentencia acusada así:
“[El Pacto de Ralito fue tan] conocido, que la confidencialidad
que se menciona en el texto se cumplió: la gran mayoría calló y muchos no
hablaron del tema por años, ni aún después de que el senador Miguel Alfonso de la
Espriella, uno de los signantes del manifiesto, diera a conocer lo sucedido en
entrevista concedida al Diario ‘El Tiempo’, publicada el 26 de noviembre de
2006. Igualmente con posterioridad a la sesión del 16 de enero de 2007, en la
que Salvatore Mancuso reivindicó ante la Unidad de Justicia y Paz la bondad de
las finalidades de la reunión y la constitucionalidad de sus proclamas, nadie
se refirió a lo sucedido en Santafé de Ralito ni al documento que suscribieron.
De modo que -se
insiste- lo que se debía esperar, al menos por parte de quienes representaban
la institucionalidad, es que dieran a conocer al Gobierno, de la manera que
fuera, un acontecimiento en el que la ‘refundación de la patria’ y la suscripción
de un ‘nuevo pacto social’ se constituían en propósitos del
paramilitarismo en su afán de obtener el reconocimiento político que sus
acciones violentas no permitían otorgarles y que llevaron a que suspendiera
todo acercamiento con ellos a raíz de la masacre de ‘Chengue’ , uno más de los tantos actos violentos con los cuales se
pretendió justificar el dominio nunca legítimo sobre poblaciones que según el
paramilitarismo se expresaban ‘política’ y ‘pacíficamente’ a través de los llamados
‘abonados sociales’ en un imaginario social esencialmente violento.
Por lo tanto, la confidencialidad alrededor de la reunión y del
acuerdo se constituye en un hecho indicador de la asistencia voluntaria y del
conocimiento acerca del acuerdo ilegal que se suscribió, pues pese a que se
dice que tal tipo de reunión podía afectar los diálogos entre el Gobierno y
organizaciones armadas de izquierda, personas como el doctor Montes Álvarez,
dada su condición de miembro de la Comisión de Paz estaba obligado a actuar en
sentido contrario a lo que había convenido, si en verdad se trataba de un
asunto de paz, lo que demuestra que no lo era.
La defensa del
doctor López Cabrales pretende salvar ese escollo argumentando
que los doctores César Gaviria y Horacio Serpa conocieron lo sucedido en
Santafé de Ralito; sin embargo, es cierto que fueron informados, pero sólo de
lo relacionado con las gestiones para “salvar su vida”, más no de la reunión en
la que se suscribió el documento y menos del contenido del mismo, pues el ex
Presidente afirmó que por esa razón le preguntó “porque no le había comentado
lo de la firma del documento”, a lo que le respondió “que a eso no le dio mucha
importancia.”
La lógica enseñan entonces, que el doctor López Cabrales,
si tan grave consideraba lo acontecido en Ralito, debía de darlo a conocer a su
jefe inmediato. No obstante, al igual que todos, calló con respecto al tema y
guardó el silencio esencial que todo acuerdo por fuera de la ley requiere para
su consumación.”
7.5.
Así pues, de acuerdo a los argumentos analizados, la Corte Suprema de Justicia
no ignoró pruebas ni omitió su valoración. No dejó da dar por probado hechos o
circunstancias que emergen ‘clara y objetivamente’ de las pruebas aportadas al
proceso. Por tanto la sentencia acusada tampoco violó el debido proceso de Juan
Manuel López Cabrales con base en el segundo cargo presentado en la acción de
tutela.
8.
La Corte Suprema de Justicia no desconoció la reiterada jurisprudencia
constitucional y penal sobre exclusión de las pruebas ilícitas
8.1.
El tercer cargo que se argumenta en la acción de tutela presenta en contra de
la sentencia del Corte Suprema de Justicia que impuso una pena a Juan Manuel
López Cabrales, es que la decisión contenida en ella implica un desconocimiento
de la jurisprudencia constitucional y penal que advierte que las pruebas
ilícitas deben ser excluidas del acervo probatorio, y que ninguna decisión
puede tomarse con base en ellas. Para la tutela, la sentencia acusada desconoce
abiertamente el unificado y reiterado precedente aplicable al caso.
8.2.
Como se dijo previamente [ver apartado 6 de la presente sentencia], el Pacto de
Ralito no es una prueba que sea claramente ilícita y que, por tanto, le estaba
vedado a la Corte Suprema emplearla para fundar sus razonamientos y sus
decisiones. En tal medida, el supuesto según el cual la jurisprudencia acerca
de la exclusión de pruebas ilícitas sencillamente no era aplicable al caso
concreto.
8.3.
La Corte Suprema no contradijo la jurisprudencia existente. No reconoció como
lícita una prueba que ella misma considerara que había sido obtenida por
constreñimiento y fuerza. No decidió que la prueba en efecto era ilícita, pero
que, en todo caso, se consideraría y no la excluiría del proceso. La sentencia
acusada no contradice la jurisprudencia aludida por el accionante, por el
contrario, la confirma al decidir que sí va a considerar y valorar el Pacto de
Ralito con respecto a Juan Manuel López Cabrales, porque estima probado en el
expediente que actuó “libremente y obró de acuerdo con esa situación.”
8.4.
No viola entonces la Corte Suprema de Justicia el derecho al debido proceso de
Juan Manuel López Cabrales por desconocer algún precedente aplicable.
9.
El principio iura novit curia es un principio que rige el proceso de
acción de tutela así no se invoque y, la falta de un recurso a la sentencia
condenatoria de los congresistas no viola el derecho de toda persona a recurrir
la sentencia condenatoria que se le imponga ante el juez o tribunal superior.
9.1.
El principio general del derecho iura novit curia, que significa ‘el
juez conoce el derecho’, es una de las columnas vertebrales de la acción de
tutela. En la medida que la tutela es un recurso judicial informal que puede
ser interpuesto por personas que desconocen el derecho, es deber del juez de
tutela, en principio, analizar el caso más allá de lo alegado por el
accionante. La manera como se ha entendido y reiterado el principio iura
novit curia en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, es que
en virtud de éste, ‘el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de
aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aún cuando las
partes no las invoquen expresamente’.[77]
9.2.
Así pues, no es menester que una persona demande del juez de tutela la
aplicación del principio en cuestión, por cuanto es un mandato general y
continuo que se ha de atender en todo proceso de tutela. Ahora bien, la
jurisprudencia constitucional ha sido sensible en la aplicación de este
principio a las condiciones materiales del caso. Así, por ejemplo, se asume y
demanda del juez una actitud más oficiosa y activa en aquellos casos en los que
la tutela la invoca un sujeto de especial protección constitucional o una
persona que, por sus particulares circunstancias, ve limitado sus derechos de
defensa. De igual forma, el juez no puede desempeñar el mismo papel si el
proceso, por el contrario, es adelantado por alguien que sí cuenta con todas
las posibilidades y los medios para acceder a una buena defensa judicial.
9.3.
En este caso se cuestiona una decisión judicial, producto de un proceso
judicial, en el cual la persona que reclama también estuvo debidamente
representada.
9.4.
Ahora bien, Juan Manuel López Cabrales solicita concretamente que se tenga en
cuenta dos eventuales violaciones adicionales al debido proceso.
9.4.1.
La primera por “la atipicidad de la conducta” por la que fue condenado.
A su juicio, no es aplicable la conducta del concierto para delinquir agravado
de la legislación colombiana, en el caso sometido a investigación y
juzgamiento.” Este cargo, a la luz de la jurisprudencia constitucional,
consiste en alegar que la Corte Suprema de Justicia incurrió en un defecto
sustantivo, por cuanto aplicó una norma legal que no era aplicable al caso
concreto.
9.4.1.1.
Para la Sala de Revisión no es posible analizar este cargo que tan sólo está
esbozado, pues el accionante no señala por qué la Corte Suprema habría
incurrido en tal error. No es pues, un cargo que sea susceptible de análisis
por parte del juez de tutela. Ahora bien, analizada la sentencia acusada,
tampoco advierte esta Sala, prima facie, que la Corte Suprema hubiera
obrado arbitraria o caprichosamente al respecto.
9.4.1.2.
Adicionalmente, es preciso indicar que Juan Manuel López Cabrales interpuso un
recurso de reposición en contra de la acusación, planteando esta cuestión. La
Corte Suprema analizó el tema en los siguientes términos,
“En lo que respecta a la atipicidad de la conducta, para la Sala
resultan contradictorios los argumentos de la defensa a partir de considerar
que a  lo sumo pudo incurrir en los delitos de abuso de autoridad por omisión
de denuncia y omisión de denuncia de particular, para finalmente sostener que
el miedo es la circunstancia que permite justificar el comportamiento del
investigado, tanto por la violencia generalizada que azotaba el departamento de
Córdoba para el año 2001, cuando se llevó a cabo la reunión de Santafé de
Ralito, como por los fines que a la postre tenía esa convocatoria. Es decir,
termina por reconocer que la conducta sí es típica, sólo que desde el punto de
vista subjetivo del tipo hay razones para excusarla, cuando antes había
señalado la atipicidad de la misma.
El juicio de tipicidad no depende del silencio guardado por
varios años. Lo que pasa es que no denunciar a las autoridades o no poner en
conocimiento del Gobierno Nacional el contenido del la reunión, son parte de
una acción que el defensor escinde para magnificar parcialmente un
comportamiento positivo del cual el silencio es apenas la manifestación del
grado de confidencialidad que un acuerdo ilegal supone, y que sería inexplicable
si allí lo único que se hizo fue hablar de intenciones de paz, que no de
refundar la patria.
[…]
El juicio de tipicidad, se insiste, no tiene como referente la
conducta omisiva de no denunciar, sino a la positiva de concertarse con un
grupo de paramilitares representados por sus líderes más importantes del cual
se obtendrían beneficios recíprocos, entre los cuales se destaca el de la
promoción del paramilitarismo que en nombre del Estado al que dice defender
enfrentó con actos de violencia indiscriminada cualquier gesto de oposición que
no consultara sus propósitos, y a s u vez la permisión para ejercer la
actividad política en una zona de marcada influencia de las autodefensas.
Con relación a la vulneración del principio de tipicidad y a la
derogatoria del inciso segundo del artículo 340 del Código Penal, dos
preescisiones se hacen imprescindibles.
En cuanto a lo primero, el defensor sostiene que ‘refundar’ no es
una conducta que se encuentre descrita en el artículo del Código Penal, de
manera que imputarlo violaría el principio de tipicidad estricta.
Desde luego, el derecho penal no regula casuísticamente
conductas, sino comportamientos que por su trascendencia vulneran ciertos
bienes jurídicos que el legislador considera de especial importancia para el
logro de una convivencia pacífica. Por eso, como una forma de protección, eleva
a categoría de delitos las que los vulneren o ponen en peligro, y en esa medida
los diferentes tipos penales describen las conductas objeto de represión
punitiva a partir de datos y experiencias tomadas de la realidad, para hacer de
ellas una regulación en abstracto.
En ese sentido es apenas obvio que el inciso segundo del artículo
340 de la Ley 599 de 2000 no define el concierto para delinquir imputado en
este asunto, refiriéndose a quienes se unen con los paramilitares o cualquier
organización armada ilegal para refundar la patria. Las expresiones del tipo
penal utilizadas en dicha perceptiva se refieren al concierto para ‘promover,
armar o financiar grupos armados al margen de la ley’, señalando una modalidad
específica de esa ilicitud, según la cual la sola expresión de voluntad
dirigida a ese fin configura el tipo penal.
[…]
En cuanto a lo segundo, esto es, la atipicidad de la conducta por
la supuesta derogatoria del inciso segundo del artículo 340 del Código Penal,
que en criterio del defensor se presenta porque la expresión  para promover,
armar o financiar grupos armados al margen de la ley no aparece consignada en
la modificación introducida por el artículo 19 de la Ley 1121, se basa en las
consideraciones expuestas en un asunto de colisión de competencias del 7 de
marzo del año en curso, sin considerar la conclusión a la que se llegó en el
auto impugnado a partir de un rastreo legislativo que permite explicar por qué
actualmente, no obstante el tránsito de leyes, la conducta sigue siendo
concierto para delinquir, en los términos del inciso segundo del artículo 340
de la Ley 599 de 2000,
… la
única modificación que se le introdujo al inciso segundo del artículo 340, fue
la de incluir el tipo penal denominado ‘financiación del terrorismo y
administración de recursos relacionados con actividades terroristas’ dentro del
catálogo de aquellos específicos delitos fin del concierto para delinquir que
dan lugar a una pena mínima de 8 años y una máxima de 18, no sólo porque los
demás se mantuvieron, sino porque las conductas de organizar, promover o
financiar grupos armados al margen de la ley, fueron allí recogidas.”[78]
9.4.2.
La segunda cuestión que el accionante solicita que se tenga en cuenta
especialmente, es el hecho de que a Juan Manuel López Cabrales se le condenó
por un proceso de única instancia con concentración de funciones de
investigación y juzgamiento ante una misma Corporación, por lo que se le priva
del derecho de recurrir el fallo en su contra, como expresión del principio de
las dos instancias.
9.4.2.1.
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, los juicios de única instancia
consagrados por la Constitución Política para altos dignatarios, incluyendo los
de carácter penal, no implican un desconocimiento de los derechos al debido
proceso. Desde el inicio de su jurisprudencia, en 1993, la Corte Constitucional
analizó la cuestión  y decidió que “no es acertado afirmar que el fuero
consagrado en la Constitución perjudica a sus beneficiarios”.[79] Para la Corte Constitucional, “la legislación
colombiana en esta materia, se ajusta a los tratados internacionales”.[80]
9.4.2.2.
Si bien es cierto que existe una regla de carácter general en la Constitución y
en bloque de constitucionalidad, que asegura a toda persona condenada de un
delito la posibilidad de que la sentencia y la pena impuesta puedan ser
recurridas ante un tribunal superior, para los casos de juzgamientos de altos
dignatarios del Estado, la posición institucional que ocupan dentro de la arquitectura
de poder constitucional, implica que las decisiones judiciales acerca de su
culpabilidad en la comisión de delitos, consideren las particularidades del
poder y la jerarquía que éstos ostentan. En el caso de las reglas
internacionales aplicables, éstas han de tener una generalidad tal, que
respeten la especial forma de juzgamiento que pueda derivarse del tipo de
Estado, del modelo de democracia o de la forma de República específica que
tenga el estado parte en cuestión.
En
efecto, el artículo 29 de aquella establece expresamente que quien sea
sindicado tiene, entre otros, el derecho a ‘impugnar la sentencia
condenatoria’. Por otra parte, el Pacto Internacional de Derecho Civiles y
Políticos (PIDCP, 1996), en su artículo 14, numeral 7, establece que ‘toda
persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo
condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal
superior, conforme a lo prescrito por la ley’. En sentido similar, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, en su
artículo 8, literal h, establece dentro de las ‘garantías judiciales’, que toda
persona inculpada de un delito tiene ‘derecho de recurrir [el] fallo
ante juez o tribunal superior’.  Sin embargo, como se indicó, esta regla de
carácter general, puede encontrar especificidades propias, derivadas de la
particular situación jerárquica y de poder que ocupa un alto dignatario del
Estado.
La
jurisprudencia constitucional ha reiterado en varias ocasiones que juzgar a los
altos dignatarios del Estado en procesos de única instancia no es una situación
que implique un desconocimiento del derecho al debido proceso.[81]
La excepcionalidad del caso del juzgamiento de los altos cargos del Estado, a
la luz de las normas del bloque de constitucionalidad y de decisiones
judiciales interamericanas en las que éstas se han analizado, ha sido
presentada por la jurisprudencia constitucional en los siguientes términos:
“Sobre el alcance y sentido del principio de la doble instancia, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado en varias
oportunidades,[82]
pero ninguna de ellas ha versado sobre el juzgamiento de altos funcionarios con
fuero constitucional.
En el mismo sentido, el Comité del Pacto concluyó, en un caso que
no versó sobre un alto funcionario aforado,[83]
que la ausencia del derecho a revisión por un tribunal superior de la condena
impuesta por un tribunal de apelación, después de que la persona hubiera sido
declarada inocente por un tribunal inferior, constituía una violación del
artículo 14, párrafo 5 del Pacto.
De lo anterior encuentra la Corte que la interpretación del art.
14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y art. 8.2 del
Pacto de San José que han efectuado los órganos internacionales competentes,
resulta armónica con la interpretación que se ha hecho de los artículos 29 y 31
Carta Política en materia de juzgamiento de los altos funcionarios del Estado,
en la medida en que de dichos pronunciamientos no se deriva una regla según la
cual en los juzgamientos de altos funcionarios con fuero penal ante el órgano
de cierre de la jurisdicción penal, deba establecerse una segunda instancia
semejante a la que existe para otros juicios penales. […]”[84]
En
esta oportunidad la Corte Constitucional concluyó, entre otras cosas, que “cada
Estado goza de un amplio margen para configurar los procedimientos y para
diseñar los mecanismos eficaces de protección de los derechos, sin que esté
ordenado, según la jurisprudencia vigente, que en los casos de altos
funcionarios aforados se prevea siempre la segunda instancia.”[85]
Las
reglas del bloque de constitucionalidad invocadas, en estricto sentido, no son
aplicables al caso concreto. En efecto, en ambos casos la regla señala que toda
sentencia condenatoria debe poderse recurrir ante un tribunal o juez superior,
lo cual es inaplicable cuando, de forma excepcional y extraordinaria, es el
máximo tribunal penal el que dicta la sentencia. Cuando la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia dicta un fallo condenatorio, no es
posible que esa decisión sea recurrida ante un cuerpo judicial superior, por
cuanto ese es el tribunal supremo en materia penal que tiene el sistema.
9.4.3.
Visto el análisis jurisprudencial, son varias las razones por las que se puede
concluir que en el caso del juzgamiento de delitos de los congresistas, confiar
la decisión a la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal del sistema
judicial en materia penal no conlleva una violación del derecho al debido
proceso y al derecho a la defensa.
9.4.3.1.
El juicio a un congresista, en cuanto representante político del pueblo, supone
una situación en la que uno de los integrantes de una rama del poder público
—la rama legislativa—, va a ser controlado por un ‘juez’, lo que implica que se
trate de un funcionario que pertenece a otra rama del poder público —la rama
judicial—. Esta actuación de una rama del poder sobre otra implica un delicado
diseño institucional que respete el principio de separación de poderes, por una
parte, y el de frenos y contrapesos, por otra. Así pues, este diseño
institucional responde a cuestiones tales como, por ejemplo, tener que asegurar
que la corporación o entidad judicial que vaya a juzgar el congresista tenga la
suficiente capacidad para analizar y resolver el problema jurídico. Es distinto
el margen de actuación que tiene un cuerpo judicial cuando actúa como órgano de
cierre del sistema a cuando lo hace como una instancia dentro del sistema, que
ha de respetar la jurisprudencia dictada por el órgano de cierre. Mientras que
el primero tiene la función de fijar la jurisprudencia, el segundo tiene la función
de seguirla.
9.4.3.2.
Es también una cuestión de economía procesal, por cuanto, dada la importancia y
trascendencia pública que un juicio de tal magnitud puede tener, es preciso que
se trate de seguir un proceso que no sea tan demorado y que resuelva la
cuestión prontamente. Si un proceso judicial de carácter penal se inicia en
contra de una parlamentario, el poder político que éste representa se va a ver
limitado, y con ello, los derechos políticos de sus electores. Dado el impacto
que un fallo así representa, es pues imprescindible que su resolución sea
pronta.
9.4.3.3.
Ahora bien, aunque el hecho de que el más alto tribunal en lo penal, o en la
materia que sea, no garantice por completo que no se va a incurrir en un ‘error
judicial’, sí ofrece las condiciones propicias para reducir las posibilidades
de que éste ocurra. Las herramientas principales para garantizar la neutralidad
y calidad de una decisión judicial son  (i) la adecuada formación de los
jueces,  (ii) la experiencia que tengan, (iii) la independencia institucional
con que cuenten y (iv) que no sea un solo funcionario quien tome la decisión.
En el caso de la Corte Suprema de Justicia ello se garantiza cabalmente. Se
trata de un cuerpo colegiado en el que se encuentran jueces de la más alta
formación, que han demostrado una amplia experiencia profesional y que gozan de
la mayor independencia institucional. Además, ofrecen a quien sea juzgado por
ellos contar con el mayor número de jueces considerando un caso y aportando a
la decisión desde su criterio. Los demás ciudadanos, así tengan dos instancias,
contarán con el criterio de un menor número de jueces para resolver y
considerar su caso.
9.5.
Así pues, teniendo en cuenta estas consideraciones y que prima facie la
Sala de Revisión no advierte violación o irregularidad alguna adicional, a
continuación pasa a indicar las conclusiones de la presente sentencia.
10.
Conclusión
La
Sala de Revisión concluye que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia no violó el derecho al debido proceso de Juan Manuel López Cabrales de
acuerdo con los cargos presentados por éste, pues (i) no valoró y fundó su
decisión en pruebas ilícitas que ha debido excluir antes de fallar;  (ii) no
dejó de incluir pruebas aportadas al proceso que sí ha debido considerar antes
de fallar, por el impacto que tendrían en la decisión;  (iii) no dejó de seguir
abiertamente un unificado y reiterado precedente. Además  (iv) tampoco viola
sus derechos por haberlo juzgado en un proceso de única instancia, sin recurso
ante el superior jerárquico. En consecuencia, se confirmará la decisión de segunda
instancia que, a su vez, confirmó la decisión de primera instancia de negar la
tutela.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR la
sentencia proferida el 16 de julio de 2009, por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en la cual se resolvió
confirmar la decisión de primera instancia la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca de negar la acción de
tutela de Juan Manuel López Cabrales en contra de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia.
Segundo.-
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, NOTIFICARÁ esta
sentencia dentro del término de cinco días después de haber recibido la
comunicación, de conformidad con el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.-
Líbrese por Secretaría General la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] La
presente acción de tutela fue seleccionada mediante auto del 5 de noviembre de
2009 por la Sala de Selección Número Once de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio y Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[2] Dice al respecto la acción de tutela:
“Desde el año 1965 y con ocasión de normas jurídicas que permitían el poder de
armas de uso privativo del ejército por particulares, se dio origen a la
formación de grupos de autodefensa en Colombia, inicialmente conformados por
asociaciones de campesinos y de ganaderos, que luego se transformaron también
en unas cooperativas a las que se denominó ‘convivir’. Dichos grupos de
autodefensa luego adquirieron actitud ofensiva, hasta transformarse en grupos
paramilitares, radicados principalmente en la zona de Urabá, extendiendo sus
actividades a toda la zona norte del país, a la zona del Magdalena Medio y
finalmente al resto del territorio nacional.  ||  Para el caso específico del
departamento de Córdoba, el paramilitarismo fue especialmente intenso, hasta el
punto de llegar al dominio territorial total, dentro de un área en la que operó
como jefe máximo Carlos Castaño y como jefe militar Salvatore Mancuso, quienes
además de impedir el libre ejercicio de la participación política y sus
derechos, ejercieron poder absoluto sobre el territorio, las personas y los
opositores políticos, bajo la amenaza permanente de muerte, con manifestaciones
expresas de poderío, como las hechas ante la Jurisdicción de Justicia y Paz, al afirmar que ‘se hacía lo que yo dijera, yo era quien
decía cuales eran las determinaciones políticas (…). En el área yo era el
Estado’.”
[3] Dice la acción de tutela al respecto:
“El grupo político Mayorías liberales, pertenecientes al Partido Liberal
Colombiano, radicado en el Departamento de Córdoba, fue fundado en la década de
los años 50 y ha mantenido históricamente la mayoría electoral en el
Departamento de Córdoba, la que se ha reflejado en la elección de los
Gobernadores en los años 1997, 2000, 2003, 2006 y 2007; así como en la elección
de senadores, representantes, diputados, concejales y alcaldes.”
[4] Dice la acción de tutela al respecto: “A
partir del año 1995 y con ocasión de la expansión paramilitar en el
Departamento de Córdoba, el Partido Liberal Colombiano y especialmente los
miembros del Grupo Mayorías Liberales, comienzan a ser víctimas de persecución
política y personal, pasando a ser amenazados y asesinados, hasta contar a la
fecha con un total de 29 miembros del Grupo y del Partido asesinados a manos de
los paramilitares.  ||  La política de exterminio físico de los miembros del
Partido Liberal y del Grupo Mayorías Liberales coincidió adicionalmente, con la
prohibición expresa, bajo riesgo de muerte, de ejercer la política y de
presentar candidatos en el territorio, lo que fue especialmente notorio en los
municipios de Tierra Alta y Valencia, y en entidades como la Corporación Autónoma del Valle del Sinú, o la Universidad de Córdoba, donde bajo amenaza de
muerte el 1° de mayo de 2005, se impidió la postulación y reelección del Dr.
Eduardo Francisco González Rada.”
[5] Al respecto dice la acción de tutela:
“De conformidad con el panorama fáctico y político descrito, el grupo Mayorías
Liberales, dirigido por el Dr. Juan Manuel López Cabrales, fue el opositor
político y la víctima permanente de los grupos de autodefensa en el
departamento de Córdoba, venciendo en las urnas a sus candidatos o a los de
coaliciones hechas con partidos aún posteriores a los nacidos después del Acto
Legislativo N° 1 de 2003, de Reforma Política, oponiendo a sus candidatos a los
de las autodefensas y oponiéndose a los distintos proyectos de ley que en el
seno del Congreso buscaban el favorecimiento de los victimarios.  ||  La
persecución, la amenaza y el exterminio ejercido a los miembros del Partido
Liberal, fue extendido a sus dirigentes y muy especialmente a la persona del
Dr. Juan Manuel López Cabrales, quien entre otros actos explícitos, fue víctima
de la amenaza y muerte violenta de algunos de sus familiares; de secuestro
personal con fines políticos; de sucesivas declaraciones de objetivo militar
por Salvatore Mancuso; de ser incluido en ‘listas negras’ de personas a ser
asesinadas, para el caso, por Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, comandante
militar del Bloque Héroes de los Montes de María; de la prohibición expresa de
recorrer se departamento y de otros actos delictivos similares.”
[6] Continúa la acción: “Adicionalmente y
dentro del mismo contexto, el nombre del Dr. López Cabrales, fue incluido en
una lista de persona a ser asesinadas por los paramilitares al mando de Rodrigo
Antonio Mercado Pelufo, alias Cadena, jefe militar del Bloque Héroes de los
Montes de María, perteneciente al Bloque Norte, comandado por Salvatore
Mancuso. En dicha lista se encontraban además los nombres de otros miembros del
Grupo Mayorías Liberales del Partido Liberal Colombiano.”
[7] Fundándose en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional, en la parte resolutiva del Auto 100 de 2008, ordenó que “en aquellos
casos en los que se vean amenazados los derechos de acceso a la administración
de justicia y a la tutela judicial efectiva, por la no admisión a trámite de
una acción de tutela instaurada contra providencia de la Corte Suprema de Justicia” se tuviera en cuenta que los ciudadanos “tienen el derecho a escoger alguna de las siguientes
alternativas: (i) acudir ante
cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluyendo una Corporación de igual
jerarquía a la Corte Suprema de Justicia, para reclamar mediante una acción de
tutela la protección del derecho fundamental que consideran violado con la
actuación de una Sala de Casación de dicha Corte o (ii) solicitar a la Secretaría General de la Corte Constitucional, que radique para selección la decisión
proferida por la Corte Suprema de Justicia en la cual se concluyó que la acción
de tutela era absolutamente improcedente, acompañada de la correspondiente
acción de tutela y de la providencia objeto de la misma, con el fin de que
surta el trámite fijado en las normas correspondientes al proceso de selección.”
[8] Dice
la acción de tutela al respecto: “No obstante y a pesar del [señalamiento del
Auto 100 de 2008], la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante Auto de fecha 22 de abril de 2009, decidió rechazar
la acción de tutela que fuese Radicada bajo el N° 1100102030002009-00620-00,
ordenando devolver al accionante los documentos y anexos de la acción. Es por
lo mismo, que nuevamente se propone la solicitud de amparo, esta vez ante el
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, en ejercicio de la potestad
jurídica dispuesta en el citado Auto 100 de 2008 de la Corte Constitucional.”
[9] Dice
la acción de tutela que: “[…] ha sido dirigida en contra de un fallo de única
instancia proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 25 de noviembre de 2008, dentro de una actuación que
adicionalmente tuvo como último pronunciamiento, la providencia de fecha 16 de
diciembre de 2008, aprobada por Acta N° 359, proferida por la misma
Corporación, días antes de dar inicio a la ‘vacancia judicial’ del año 2008.
Adicionalmente ha de considerarse que se trata de un proceso de única
instancia, tramitado por el órgano límite de la Jurisdicción Ordinaria, que cuenta con más de treinta cuadernos, de cientos de folios cada
uno y que la interposición de la acción de tutela, lejos de afectar el núcleo
esencial de los derechos de terceros, restituye la pérdida integridad de los
derechos del [accionante]. En este sentido, el requisito de inmediatez es
satisfecho con creces.”
[10] Resalta la tutela que en declaración ante la Corte Suprema de Justicia, Miguel de la Espriella sostuvo el accionante había llegado a esa
reunión “porque Salvatore Mancuso lo había citado porque había determinado u
ordenado asesinar al Senador Juan Manuel López y el doctor Juan Manuel López,
dado lo natural y lo normal la defensa de su vida había concurrido a esa
reunión para defender su integridad personal, no a esa reunión he tenido
conocimiento, sino a una reunión que se realiza con anterioridad, en un sitio
denominado 06.”
[11] La acción de tutela cita la declaración
así: “Distingo al comandante Mancuso, me le presento, encuentro que está ahí
también el comandante Adolfo Paz, también lo saludo. Me presentan a dos
personas que estaban también ahí en la reunión, una era el Gobernador de
Córdoba de apellido López y otra el Senador de Córdoba de apellido López. Yo me
quedo muy poco en esa reunión y paso a la reunión a la que me habían invitado.”
[12] Se trata de la declaración de Luis
Córdoba (cordobita), la cual se cita así por la tutela: “[…]
refiriéndose al paso del Senador hacia Ralito señaló: ‘Señora Maruja dijo
que el Senador tenía una cara de tristeza, como que lo obligaron a ir a esa
reunión y yo dije es que unos vinieron por voluntad y a otros los obligaron a
ir a esa reunión’.”
[13] La tutela cita la declaración de
Salvatore Mancuso en los siguientes términos: “… Entonces lo declaro
nuevamente objetivo militar. Anteriormente lo había declarado objetivo militar
¿por qué? Porque él había dado una serie de informaciones a la Fiscalía: que nosotros vivíamos en Montería y una serie de situaciones que no fueron ciertas,
fueron informaciones que nos llegaron a nosotros en la cual entra la Fiscalía y dan de baja a un escolta de mis hijos, buscándome a mi…”
[14] La
tutela cita el siguiente apartado de la declaración: “en el Congreso también
era voz populi que el senador Juan Manuel era el responsable que la Fiscalía hubiera allanado la residencia de Mancuso y que le hubieran hecho un allanamiento
muy fuerte a él –agregando además, que en la finca de Maco le escuchó a Mancuso
y otros comandantes­– les escuché nombrar  a varios dirigente políticos y
escuché el nombre del senador Juan Manuel López como una persona no querida por
las AUC, además ya se había hablado del secuestro, que él no entendía y que era
un hombre que generaba muchos obstáculos para las AUC en el Departamento de
Córdoba.”
[15] La
tutela cita el siguiente aparte de la declaración: “[Carlos Castaño] en dos
o tres ocasiones se refirió al tema de Juan Manuel López y dijo que a Juan
Manuel López no lo hemos podido derrotar ni con los del secuestro. Siempre que
de los que se tratara de autodefensas que yo pudiera conocer el señor Juan
Manuel López fue objetivo militar.”
[16] La
tutela cita el siguiente aparate de la declaración de Luis Eduardo Urán Lara: “Un
político de Montería. Yo estaba hablando con el Pana y me dijo que me tocó
amedrentarlo para poder traerlo acá.”
[17] La
parte que la tutela cita de la declaración de Salomón Feris fue la siguiente:
“[había] puestos de seguridad avanzada y vigilancia externa perimetral,
cubiertas totalmente las puestas del sitio de la reunión y filtradas también,
el chofer no podía entrar ni nadie que no fuera identificado podía entrar,
desde los filtros se cantaba quien venía en un retén militar, los había por
todas partes, vía Tierralta, vía Caramelo, antes de Ralito, fuera de los
perimetrales y en 06 donde estaban los comandantes con su seguridad personal
que podían ser 10 tipos.”
[18] El
secuestro [en el mes de octubre de 2000] fue un hecho aceptado por la Corte Suprema dentro del proceso, pero que a su juicio fue ‘magnificado’ por la defensa.
[19] La
acción hace referencia a cuatro miembros de su familia extendida asesinados y
a  veintisiete miembros de su movimiento político Mayorías Liberales, también
asesinados.
[20] Se
hace referencia a la siguiente parte de la declaración: “[Mancuso termina de recoger
las firmas] y dice éste es mi seguro de vida y guarda el documento. ¿por qué
razón era su seguro de vida? Porque le cogió las firmas a todos los políticos
que allí estaban y eso de alguna manera a él no sé si como chantaje pero sí
como una carta que iba a guardar para que las personas supieran que cualquier
momento podrían ser utilizadas en contra de los asistentes.”
[21] Se
cita el siguiente aparte: “pienso que hubo algo perverso y maquiavélico de
parte de Mancuso. Lo he admirado y respetado pero no comparto la manera como él
quiso hacer público este documento, porque mucho y sé que no me está haciendo
esa pregunta, pero por cuestión de lo que yo quiero expresarle, pero muchos de
los firmantes de Ralito no eran cercanos a las AUC no podía existir la más
mínima posibilidad de que hubieran pactos entre ellos.”
[22] La
tutela resalta el siguiente aparte de la declaración de HH: “Es una
injusticia que Juancho López esté detenido por apoyar a las autodefensas cuando
todo el mundo sabe en Córdoba y en las autodefensa que era un enemigo de las
autodefensas. Lo que no pudieron ganar en las urnas lo quieren ganar con las
versiones libres.”
[23] En
este caso también se cita a Mario Iguarán Arana, a Monseñor Julio Vidal, a Juan
Fernando Cristo y a Piedad Córdoba.
[24] Sustenta su posición la sentencia de instancia, en los siguientes
términos: “Para empezar, ha de decirse que la Sala accionada hizo un recuento de las pruebas aportadas al proceso, inclusive dejó consignado en los pié de
página de su providencia, su origen, respecto a cada alegato que de la defensa
y del actor tomó [sic] (ello se aprecia en la reseña in extenso que del
fallo se transcribió).”
[25] Un
magistrado aclaró su voto, por considerar  (1) que a la Corporación a la que él pertenece tiene que entrar a estudiar el caso de la referencia porque
la propia Corte Suprema, denegando justicia, se niega a tramitarlo, pese a que
este tipo de procesos se les debe repartir; (2) que el cuestionamiento de la
primera providencia judicial que acusa el accionante ha de hacerse luego de que
exista sentencia y el proceso haya terminado, y no en el momento en que dicha
providencia se produce, pues eso implicaría que durante el transcurso del
proceso procederían acciones de tutela para los trámites intermedios; y (3)
porque a su parecer la sentencia no se cuestionó debidamente el problema de
adecuación típica de la conducta.
[26] Corte Constitucional, Sala Plena, Auto
100 de 2008. En este caso, la Corte resolvió, en el caso concreto, que “la
providencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia fechada el catorce de diciembre de 2007, mediante la cual decidió “MANTENER
intacta la determinación adoptada mediante auto del 11 de octubre de
2006, sin consideración a los efectos que le suprimió la Corte Constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”,
sea enviada a la Secretaría General de la Corte Constitucional, con el fin de que surta el trámite fijado en las normas
correspondientes al proceso de selección.” Además, resolvió que “para
otros casos en que exista la misma situación de vulneración de los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial
efectiva, por la no admisión a trámite de una acción de tutela instaurada
contra providencia de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 los ciudadanos tienen el derecho a escoger
alguna” de las reglas citadas.
[27] En la sentencia T-1029 de 2008 (MP
Mauricio González Cuervo) se estudió una acción de tutela contra la Sub sección A de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, que había sido rechazada de plano por la Sección Cuarta de la misma Corporación, en calidad de juez de tutela. Tal decisión se adoptó
con base en lo resuelto por la Sala Plena de la Corte Constitucional en el Auto 100 de 2008 y en el hecho de que el Consejo de Estado no
surtió el trámite propio de instancias de la acción de tutela. El trámite dado
en ese caso fue el siguiente: “3.1. La  Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado mediante
providencia del 5 de febrero de 2008 rechazó la solicitud de amparo por
considerar que ‘al haberse instaurado esta acción por el mismo actor en
contra de esta Corporación, por los mismos hechos e idénticas pretensiones que
la anterior, debe la Sección Cuarta rechazarla de plano’.  ||  3.2.
Inconforme con la decisión adoptada el demandante la impugnó.  ||  3.3. En
providencia del 6 de marzo de 2008 la  Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirmó la
decisión adoptada el 5 de febrero de 2008, acogiendo los lineamientos allí
planteados.”  En sentido similar ver, entre otras, la sentencia T-051 de 2009
(MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[28] Corte Constitucional, Sala Plena, Auto
198 de 2009 (MP Luís Ernesto Vargas Silva). En este caso se resolvió, entre
otras cosas: “devolver al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca el expediente de la referencia para que, de forma inmediata, continúe el trámite de
primera instancia y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado,
conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991”.
[29] Corte Constitucional, Sala Plena, Auto
124 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto). En esta oportunidad se recogió
la jurisprudencia en los siguientes términos: “De lo anterior se desprenden entonces las siguientes reglas, las cuales
son, simplemente, las consecuencias naturales de la jurisprudencia
constitucional tantas veces reiterada por esta Corte:  (i) Un error en la
aplicación o interpretación de las reglas de competencia contenidas en el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a
declararse incompetente (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan
contra los medios de comunicación). La autoridad judicial debe, en estos casos,
remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad
posible.  ||  (ii) Una equivocación en la aplicación o interpretación de las
reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autorizan al
juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad
de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos,
tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.  ||  (iii) Los únicos conflictos de competencia que
existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o
interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan
contra los medios de comunicación).
||  Estos serán decididos, en principio, por el superior jerárquico común de
las autoridades judiciales involucradas o, en su ausencia, por la Corte Constitucional en su calidad de máximo órgano de la jurisdicción constitucional, de
conformidad con las reglas jurisprudenciales que hasta el momento se han venido
aplicando en esta materia.  ||  (iv) Ninguna discusión por
la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de
competencia, ni siquiera aparente.  ||  ” Esta decisión ha sido reiterada, entre otras
ocasiones en el Auto 198 de 2009 (MP Luís Ernesto Vargas Silva)
[30] El
Magistrado Henry Villarraga Oliveros sostuvo sobre esta cuestión en su
aclaración de voto a la sentencia de tutela de segunda instancia, dentro del
proceso de la referencia, lo siguiente: “Acaso, ¿no es precisamente la ley, el
Decreto Reglamentario 1382 de 2000, el que está consagrando que las acciones de
tutela contra la altas corporaciones deben ser repartidas a la misma
corporación y que deben ser resueltas pro la Sala de Decisión, sección o subsección que corresponda de conformidad con el reglamento?  Claro que sí, y por
ello, se insiste de alguna manera, cuando por medio del Auto 198 [de 2009], se
insiste en ello, como una de las excepciones donde no puede conocer cualquier
autoridad judicial de la petición de amparo, y entonces me pregunto nuevamente,
¿qué sucede entonces cuando esas secciones o subsecciones deciden avocar a
trámite las acciones de amparo, cuando otras se han negado? ¿Seguirán acaso
conociendo de manera paralela o alterna los otros jueces de la República, cuando únicamente están autorizados para hacerlo a prevención, esto es, ante la
negativa de aquellas? […]  ||  Luego con este panorama y adicionando a ello, que
también se han evidenciado actuaciones donde la Corte Suprema de Justicia después de adelantar el trámite tutelar, está decretando la nulidad
de todo lo actuado para declara su improcedencia, lo que lleva al actor, después
de pasado un buen tiempo, a presentarse ante otra autoridad judicial para
reclamar la protección de su derecho fundamental, entonces, puede siquiera
afirmarse, que ¿es aquí, en esta Sala, donde se evidencian comportamientos que
distan del respeto de la ley y las garantías constitucionales, como en
ocasiones se ha manifestado por la accionada? En momento alguno, y menos
‘dilatorios’ cuando las distintas decisiones que se han adoptado han sido
proferidas en término y así puede observarse de la revisión de las fechas de
los distintos registros y de las actas cuando se suscriben finalmente las
providencias, después de agotar los debates pertinentes.  ||  Obsérvese
entonces, que si en determinado momento se puede hablar de comportamientos
omisivos por parte  de alguna autoridad, no es propiamente de la Sala Disciplinaria, toda vez que es la renuencia reiterada de algunas Salas de la Corte Suprema de Justicia, especialmente la Civil, y en ocasiones las restantes Salas, las
que han propiciado de alguna manera un ambiente de incertidumbre alrededor del
tema, denegando una pronta administración de justicia, cuando por el contrario
se demanda de ellas, un ejemplo de acatamiento y respeto a la Constitución y la ley.  ||  Pero como nuestro compromiso de administrar justicia no se
resquebraja, pese a la existencia de circunstancias como las advertidas, esta
Sala viene realizando los estudios de amparo solicitados. como ha sucedido en
el [presente caso].”
[31] En sentencia de unificación de
jurisprudencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional ­–SU-1159 de 2003– se citó la sentencia C-543 de 1992 en tales términos.
Corte Constitucional, sentencia C-543 de 1992 (MP José Gregorio Hernández
Galindo; SV Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez
Caballero). En este caso se resolvió declarar inexequibles los artículos 11 y
12 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se establecía un término de
caducidad para presentar la acción de tutela contra sentencias, pues consideró
que salvo aquellos casos en los que el funcionario hubiese actuado por vías
de hecho, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales.
Corte Constitucional, sentencia SU-1159 de 2003 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa; SV Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Araujo Rentería, Clara Inés Vargas
Hernández, Álvaro Tafur Galvis). En este caso decidió que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado no incurrió en una vía de
hecho al resolver, en sentencia de septiembre 25 de 2001, que no prosperaba el
recurso extraordinario especial de revisión presentado por el accionante,
Ricaurte Losada Valderrama, en contra de la sentencia de septiembre 7 de 1994,
en la que la misma Corporación decretó la pérdida de su investidura como
Senador. Los salvamentos de voto a esta sentencia versaron sobre cuestiones
específicas del caso, y no sobre la interpretación de la sentencia C-543 de
1992.
[32] En la sentencia C-590 de 2005, dijo la Corte al respecto: “(…) no es cierto que la Corte, en el fallo citado, haya descartado, de
manera absoluta, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales.  Lo que hizo en esa oportunidad fue excluir del ordenamiento
jurídico unos preceptos normativos que afirmaban la procedencia de ese
mecanismo contra las sentencias como regla general y no como excepción.  De
allí que la Corte, en la motivación de ese pronunciamiento, haya delineado
genéricamente los supuestos en los que de manera excepcional procedía la acción
de tutela contra tales decisiones.  ||  29. Por otra parte, la postura que se
comenta desconoce la doctrina constitucional pues esta Corporación no sólo ha
realizado una interpretación autorizada de la Sentencia C-593-92, sino que, como se indicó en precedencia, ha construido una uniforme línea
jurisprudencial que desarrolla los supuestos excepcionales de procedencia de la
tutela contra decisiones judiciales.” Corte Constitucional, sentencia C-590 de
2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), en este caso se resolvió declarar inexequible
la expresión  “ni acción” del artículo 185 de la Ley 906 de 2004. [Artículo 185. Decisión. Cuando la Corte [Suprema] aceptara como demostrada alguna de las causales propuestas, dictará el fallo dentro de los sesenta
(60)  días siguientes a la audiencia de sustentación, contra el cual no procede
ningún recurso ni acción, salvo la de revisión.  (…)]
[33] Corte Constitucional, sentencia C-590 de
2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[34] Corte Constitucional, sentencia T-504 de
2000 (MP Antonio Barrera Carbonell; AV Alfredo Beltrán Sierra).
[35] Ver entre otras la sentencia T-315 de
2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[36] Corte Constitucional, sentencias T-008
de 1998 (Eduardo Cifuentes Muñoz) y SU-159 de 2000.
[37] Sentencia
T-658 de 1998 (MP Carlos Gaviria Díaz).
[38] Sentencias
T-088 de 1999 (MP José Gregorio Hernández Galindo) y SU-1219 de 2001 (MP Manuel
José Cepeda Espinosa).
[39] Corte Constitucional, sentencia T-1276
de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto); en este caso se resolvió confirmar
la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, objeto de análisis dentro del proceso.
[40] Defecto orgánico: “Se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello”
[41] Defecto
procedimental: “Se
origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.”
[42] Defecto fáctico: “Surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión.”
[43] Defecto material y sustantivo: “Son
los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales
[T-522 de 2001] o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión.”
[44] Error inducido: “Se presenta cuando
el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.”
[45] Decisión sin motivación: “Implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.”
[46] Desconocimiento del precedente: “Esta
hipótesis se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos, la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. [Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de
2001; T-1625 de 2000 y  T-1031 de 2001.]”
[47] Para ver recopilaciones recientes de la
jurisprudencia constitucional al respecto ver, entre otras, la sentencia T-1276
de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) [citada previamente]; la sentencia
T-910 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) [en este caso se resolvió, entre
otras cosas, dejar sin efecto las sentencias disciplinarias dictadas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, acusadas dentro del proceso, en las cuales se decidió sancionar a la accionante
con la pena de suspensión por el término de un mes]; la sentencia T-1029 de 2008 (MP Mauricio González
Cuervo) [previamente citada]; la sentencia T-1065 de 2006 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto) [en este caso se resolvió, entre otras cosas, dejar sin efectos la sentencia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta,
Sala Laboral, el día trece (13) de septiembre de dos mil cinco (2005), dentro
del proceso estudiado]; la sentencia T-1094 de 2008 (MP Clara Inés Vargas
Hernández) [en este caso se resolvió negar el amparo constitucional solicitado
por el accionante, propuesto contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia].
[48] Recientemente
la Corte Constitucional ha aplicado la jurisprudencia constitucional sobre
procedencia de acciones de tutela contra providencias judiciales, tal como fue
recogida en la sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño) en diferentes
ocasiones. Entre otras, pueden consultarse las siguiente sentencias:  la T-156 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) [en
este caso se resolvió dejar sin efectos una sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar]; la T-425 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) [en este caso se resolvió dejar sin efectos un numeral
de la parte resolutiva de una sentencia del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional]; la T-594 de 2009 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) [en este caso se resolvió negar una tutela contra un fallo proferido
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia]; la T-675 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa) [en
este caso se resolvió dejar sin efectos un fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín]; y la T-736 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez) [en este caso se resolvió dejar sin efectos un fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca].
[49] Corte
Constitucional, sentencia SU-1159 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa; SV
Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Clara Inés Vargas Hernández y
Álvaro Tafur Galvis). En este caso se decidió que “que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado no incurrió en una vía de hecho al resolver, en sentencia de
septiembre 25 de 2001, que no prosperaba el recurso extraordinario especial de
revisión presentado por el accionante, Ricaurte Losada Valderrama, en contra de
la sentencia de septiembre 7 de 1994, en la que la misma Corporación decretó la
pérdida de su investidura como Senador.”
[50] Corte
Constitucional, sentencia SU-1159 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa; SV
Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Clara Inés Vargas Hernández y
Álvaro Tafur Galvis). El salvamento de voto se refiere a un asunto distinto al
que se hace referencia.
[51] En la sentencia T-555 de 2009 (MP Luís
Ernesto Vargas Silva), por ejemplo, la Corte resolvió confirmar las decisiones
de instancia que negaron la tutela que Mauricio Pimiento Barrera había
presentado en contra de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[52] En su participación dentro del proceso
de acción de tutela de la referencia, el Presidente la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia señaló: “La Sala Penal es del criterio de que la Corte es competente para conocer de las acciones de tutela que se instauran contra
sus propias decisiones. Sin embargo, respetando el hecho de que la Sala Civil resolviera, según se afirma, rechazar la demanda interpuesta contra la decisión
antes indicada.”
[53] Corte
Constitucional, sentencia T-051 de 2009 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). En
este caso se resolvió revocar dos fallos de tutela y, en consecuencia, negar
las tutela interpuestas en contra de dos sentencias proferidas por el Consejo
de Estado. Esta sentencia ha sido reiterada, entre otras, en la sentencia T-364
de 2009 (MP Mauricio González Cuervo).
[54] Corte
Constitucional, sentencia T-051 de 2009 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[55] Corte
Constitucional, sentencia T-051 de 2009 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[56] Así
se decidió por ejemplo, en la sentencia T-341 de 2008 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), caso en el que se tuteló el derecho de una persona a la que un
Tribunal Administrativo le negó un derecho, desconociendo abiertamente el
unificado y reiterado precedente aplicable. Esta decisión ha sido reiterada en
otras ocasiones como, por ejemplo, la sentencia T-186 de 2009 (MP Juan Carlos
Henao Pérez).
[57] Corte Constitucional. Sentencia SU-159
de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[58] Cfr., por ejemplo, la ya citada
sentencia T-442 de 1994.
[59] Corte Constitucional. Sentencia SU-159
de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[60] Ibídem.
[61] En la sentencia SU-159 de 2002 M.P (Manuel José Cepeda Espinosa). Se precisó que en tales casos, “aún en el evento en el que
en el conjunto de pruebas sobre las que se apoya un proceso penal se detecte la
existencia de una ilícitamente obtenida, los efectos de esta irregularidad son
limitados. Para la Corte, “el hecho de que un juez tenga en cuenta dentro de un
proceso una prueba absolutamente viciada, no implica, necesariamente, que la
decisión que se profiera deba ser calificada como vía de hecho”. Así, “sólo
en aquellos casos en los que la prueba nula de pleno derecho constituya la única
muestra de culpabilidad del condenado, sin la cual habría de variar el juicio
del fallador, procedería la tutela contra la decisión judicial que la tuvo en
cuenta, siempre y cuando se cumplan, por supuesto, los restantes requisitos de
procedibilidad de la acción”. De tal manera que la incidencia de la prueba
viciada debe ser determinante de lo resuelto en la providencia cuestionada.”
[62] Cfr. sentencia T-442 de 1994 (MP Antonio
Barrera Carbonell).
[63] Corte Constitucional. Sentencia SU-159
de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[64] Así se sintetizó la jurisprudencia sobre
el defecto fáctico en la sentencia T-086 de 2007 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa). Esta decisión se ha reiterado en varias ocasiones, como por ejemplo,
la sentencia T-355 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[65] Declaraciones
rendidas el 18 de abril de 2007.
[66] Aníbal
Ortiz, en declaración del 18 de abril de 2007, señaló que en Tierralta Mancuso
impuso candidatos propios para dos periodos constitucionales sucesivos.
[67] Folio
187, cuaderno.
[68] Ídem.
[69] Declaración
rendida ante la Corte el 23 de agosto de 2007, minuto 59:57 a 1:00:14.
[70] Declaración
rendida ante la Corte el 22 de agosto de 2007, minuto 16:50
[71] Declaración
de Rodrigo Tovar Pupo el 23 de agosto de 2007, minuto 1:32:00 y ss.
[72] Según
Salvatore Mancuso, cuando se dice casa López, hay que entender que se refiere a
Jesús María López. Declaración en audiencia pública ante la Corte.
[73] Declaración
del 17 de agosto de 2007.
[74] Declaración
de Salvatore Mancuso, audiencia pública del 26 de septiembre de 2008.
[75] Cfr.,
Sentencia de la Sala de Casación Penal,  radicado 20.929 del 13 de julio
de 2005.
[76] Declaración
en audiencia de junio 24, minuto 26:33.
[77] La
jurisprudencia interamericana se ha referido a este principio en varias
ocasiones, entre otras ver por ejemplo: Caso de la Masacre de Mapiripán. Excepciones Preliminares y Reconocimiento de
Responsabilidad, Sentencia del 7 de marzo de 2005, Serie C, N° 122, párr. 28;
Caso Tibi, Sentencia del 7 de septiembre de 2004, Serie C, N° 114, parr
87; Caso de los hermanos Gómez Paquiyauri, Sentencia del 8 de julio de
2004, Serie CN° 110, párr. 126.
[78] Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, 25 de junio de 2007 (Acta N° 107) Resuelve recurso de
reposición contra la decisión de 14 de mayo de 2007, que definió su situación
jurídica.
[79] La
sentencia señaló al respecto lo siguiente: “El legislador ha consagrado el
principio de la intangibilidad de los fallos definitivos del máximo tribunal,
en esta materia la Corte Suprema de Justicia definida por el artículo 234 de la Constitución como el ‘máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria’. La razón de esto es
evidente: los pleitos, todas las controversias judiciales, tienen que terminar.
Por esto, siempre hay un juez o tribunal que dice la última palabra.  ||  Pues
bien: si la Corte Suprema de Justicia,  es el ‘más alto tribunal de la
jurisdicción ordinaria’, la mayor aspiración de todo sindicado es ser  juzgado
por ella. En general, esto se logra por el recurso de apelación, por el
extraordinario  de casación,  o por la acción de revisión.  ||  Pero cuando la Corte Suprema conoce en única instancia del proceso, como ocurre en tratándose de los altos
funcionarios, el sindicado tiene a su favor dos ventajas: la primera, la
economía procesal;  la segunda, el escapar a la posibilidad de los errores
cometidos por los jueces o tribunales inferiores.  A las cuales  se suma la
posibilidad de ejercer la acción de revisión, una vez ejecutoriada la
sentencia.  ||  No es pues, acertado afirmar que el fuero consagrado en la Constitución perjudica a sus beneficiarios”. Corte Constitucional, sentencia C-142 de 1993
(MP Jorge Arango Mejía). [En este caso se resolvió una demanda de
inconstitucionalidad contra de una serie de normas de carácter legal, que
consagraban o  permitían, de manera directa o indirecta, una única instancia
para el juzgamiento penal de ciudadanos, y, en particular, de altos
funcionarios del Estado].
[80] Corte
Constitucional, sentencia C-142 de 1993 (MP Jorge Arango Mejía).
[81] Ver,
entre otras, las sentencias C-411 de 1997 (MP José Gregorio Hernández Galindo),
C-934 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) y SU-811 de 2009 (MP Nilson
Pinilla Pinilla).
[82] Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión
Consultiva OC-17/2002, de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en relación con la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, párrafos 121-123, en donde se señaló lo siguiente:
“b) Doble instancia y recurso efectivo” ║ 121. La garantía procesal
anterior se complementa con la posibilidad de que exista un tribunal superior
que pueda revisar las actuaciones del inferior. Esta facultad ha quedado
plasmada en el artículo 8.2.h) de la Convención Americana y en el artículo 40.b inciso v) de la Convención sobre los Derechos del Niño  que manifiesta: ║ v)
Si se considerare que [el niño]
ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda medida
impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano
judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley […].”  En
el año 2004, en el caso Herrera Ulloa v. Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre la conformidad de los juicios
penales por difamación, por la condena penal impuesta a un periodista por
cuatro publicaciones supuestamente difamatorias, en donde dijo lo siguiente: “161.
De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de los derechos humanos (…), se
debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado
debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal
superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al
derecho.  Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el
ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que
infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo.  Al respecto, la Corte ha establecido que “no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos
deben ser eficaces”, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el
cual fueron concebidos (…). ║ 162. Con base en lo expuesto en los
párrafos anteriores, la Corte pasa a resolver si el recurso de casación al que
tuvo acceso el señor Mauricio Herrera Ulloa cumplió con los parámetros
anteriormente establecidos y, por ende, si se trató de un recurso regulado y
aplicado de conformidad con lo estipulado en el artículo 8.2.h. de la Convención Americana. ║163. El juez o tribunal superior encargado de resolver el
recurso interpuesto contra la sentencia penal tiene el deber especial de
protección de las garantías judiciales y el debido proceso a todas las partes
que intervienen en el proceso penal de conformidad con los principios que lo
rigen. ║ 164. La posibilidad de “recurrir del fallo” debe ser accesible,
sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. ║165.
Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para
recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen
integral de la decisión recurrida.  (…) ║ 167. En el presente caso, los
recursos de casación presentados contra la sentencia condenatoria de 12 de
noviembre de 1999 no satisficieron el requisito de ser un recurso amplio de
manera tal que permitiera que el tribunal superior realizara un análisis  o
examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas en
el tribunal inferior. Esta situación conlleva a que los recursos de casación
interpuestos por los señores Fernán Vargas Rohrmoser y Mauricio Herrera Ulloa,
y por el defensor de éste último y apoderado especial del periódico “La Nación”, respectivamente (supra párr. 95. w), contra la sentencia condenatoria, no
satisficieron los requisitos del artículo 8.2 h. de la Convención Americana en cuanto no permitieron un examen integral sino limitado. ║
168. Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el
artículo 8.2.h. de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado, en perjuicio del señor Mauricio Herrera Ulloa.”
[83] Comité de Derechos Humanos, caso Gomariz c. España,
dictamen de 22 de julio de 2005, párr. 9.2 – en un juicio penal por
apropiación indebida en el cual se condenó a un promotor de ventas que había
firmado un documento de reconocimiento de deuda a la empresa que posteriormente
lo denunció. El Comité dijo lo siguiente “(…) El Comité observa que en los
sistemas legales de muchos países los tribunales de apelación pueden rebajar,
confirmar o aumentar las penas impuestas por los tribunales inferiores. Aunque
el Tribunal Supremo, en el presente caso, adoptó una opinión diferente respecto
a los hechos considerados probados por el tribunal inferior, en el sentido de
concluir que el Sr. Pérez Escolar era autor y no simplemente cómplice del
delito de apropiación indebida, el Comité considera que la sentencia del
Tribunal Supremo no modificó de manera esencial la caracterización del delito,
sino que reflejó meramente que la valoración por parte del Tribunal de la
gravedad de las circunstancias del delito conllevaba la imposición de una pena
mayor. Por consiguiente, no existe fundamento para afirmar que se haya
producido, en el caso presente, una violación del artículo 14, párrafo 5 del
Pacto. ║ 9.3 Respecto del resto de las alegaciones del autor relacionadas
con el artículo 14, párrafo 5, del Pacto, el Comité observa que varios de los
motivos de casación que el autor planteó ante el Tribunal Supremo se referían a
presuntos errores de hecho en la apreciación de las pruebas y vulneración del
principio de presunción de inocencia. Del fallo del Tribunal Supremo se
desprende que éste examinó con detenimiento las alegaciones del autor, analizó
los elementos de prueba existentes en el proceso y aquellos a los que el autor
se refirió en su recurso y consideró que existía amplia prueba de cargo
incriminatorio como para descartar la existencia de errores en la apreciación
de la prueba y contrarrestar la presunción de inocencia del autor (3). El
Comité concluye que esta parte de la queja relativa a la presunta violación al
párrafo 5 del artículo 14 no ha sido fundamentada suficientemente por el autor.
[84] Corte
Constitucional, sentencia C-934 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). En
este caso la Corte resolvió Declarar exequibles los numerales 5,
6, 7, y 9 del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, ‘Código de Procedimiento
Penal’.
[85] Corte
Constitucional, sentencia C-934 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).