T-461-15
REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTA DE RELATORIA: Mediante Auto 323 de fecha 29 de junio de 2017, el cual se
anexa en la parte final de esta providencia, se dispuso aclarar la orden 16 de su parte
resolutiva, en el sentido de indicar que la empresa UNO-A Bogotá S.A., en su
calidad de empleador, es la responsable de reintegrar a la actora a un cargo
con jerarquía semejante al que venía desempeñando, bien sea en la planta de
personal de la misma empresa o en la de algunos de sus usuarios, entre ellos,
el Fondo Nacional del Ahorro (F.N.A.)
Sentencia T-461/15
DERECHO
A LA PROTECCION LABORAL REFORZADA
ACCION
DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Reiteración de
jurisprudencia
ACCION
DE TUTELA PARA RECLAMAR DERECHOS LABORALES-Reiteración de
jurisprudencia
En relación con la
procedencia de la acción de tutela para debatir y resolver controversias de
orden laboral, como por ejemplo el reintegro al trabajo, el principio o la
regla general sostiene que la tutela resulta improcedente pues debe cumplir con
el requisito de subsidiariedad. No obstante, la acción de tutela se torna
procedente de manera excepcional en aquellos casos cuando se trata de proteger
el derecho a la estabilidad laboral reforzada de sujetos que se encuentren en
situaciones de incapacidad, discapacidad, indefensión, debilidad o vulnerabilidad
manifiesta, en los casos que nos ocupan en particular, por razones de salud,
cuando los trabajadores se encuentran disminuídos física, mental o
sensorialmente. Lo anterior, puesto que en estos casos a través de la tutela se
puede resolver de manera expedita y eficaz el conflicto laboral derivado de la
desvinculación de un trabajador cobijado po el derecho a la estabilidad laboral
reforzada
DERECHO
A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Comprende también la
obligación del empleador de intentar la reubicación del trabajador
DERECHO
A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONAS QUE PADECEN VIRUS VIH/SIDA
En
palabras de la Corte, se puede concluir que “las personas que padecen el virus
VIH/SIDA son titulares del derecho a la estabilidad laboral reforzada, y en
consecuencia pueden solicitar el amparo de esta garantía a través de la acción
de tutela. Para ello, el juez atenderá los requisitos jurisprudenciales
generales establecidos para la salvaguarda de la estabilidad laboral reforzada
de personas discapacitadas. Sin embargo, en el caso de los portadores del virus
VIH/SIDA  se debe tener algunos elementos relevantes, como son: i) su alto
grado de vulnerabilidad y las nefastas consecuencias de la enfermedad; ii) la
protección que estos requieren; iii) la función protectora del precedente que
se manifiesta en la coexistencia de la patología con el trabajo; y iii) la
inexistencia de la obligación de informar a su empleador sobre su condición de
infectados.”
ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA-Frente a diferentes tipos de contratos,
vinculaciones laborales y entidades contratantes
La Sala reitera que la
protección constitucional de la estabilidad laboral reforzada garantiza que el
contrato de los trabajadores en estado de debilidad manifiesta no sea terminado
en razón de su condición. Para tal fin, es indiferente el tipo de vinculación
contractual laboral. En consecuencia, se insiste una vez más, en que si un
empleador desea terminar un contrato de trabajo bajo las anteriores circunstancias,
deberá demostrar la causal objetiva de despido, solicitar la correspondiente
autorización al Ministerio del Trabajo y pagar una indemnización de 180 días de
salario, tal como se establece en la Ley 361 de 1997. De no ser así, el despido
será ineficaz razón por la que procede el reintegro y, de ser necesario, la
reubicación laboral acorde con las condiciones de salud del trabajador
PRESUNCION
LEGAL QUE DESVINCULACION SE PRODUJO COMO CONSECUENCIA DEL ESTADO DE DISMINUCION
FISICA DEL ACCIONANTE
La Sala observa que ante la situación de
disminución física del actor, su estado de indefensión, de vulnerabilidad y
debilidad manifiesta, la empresa ha debido solicitar el permiso del Ministerio
de la Protección Social, para proceder a la terminación del vínculo laboral,
requisito que no cumplió. Contrario sensu, procedió a dar por terminado
unilateralmente la relación laboral el 9 de septiembre de 2014, sin mediar
autorización de la autoridad administrativa, es decir, del Ministerio de la
Protección Social, configurándose de esta manera el despido injusto y
discriminatorio, toda vez, que, al estar el trabajador en discapacidad se
configura el derecho a una estabilidad laboral reforzada. (ix) De otra parte,
al darse por terminado unilateralmene por parte de la accionante la relación
laboral con el actor, la Sala debe aplicar la presunción legal respecto de que
dicha desvinculación se originó como consecuencia del estado de disminución
física del accionante, presunción que la demandada no logró desvirtuar. Lo anterior,
por cuanto la empresa era conocedora de la situación de discapacidad en la que
se encontraba el actor desde tiempo atrás. Esto, se comprueba con el hecho de
que ya anteriormente, el 23 de abril del 2013, la Cooperativa había
intentado dar por terminado unilateralmente el contrato, pero a raíz de que el
accionante, el día 25 de abril del mismo año, le comunicó a la empresa su
situación de salud de “trastorno de disco lumbar”, teniendo en cuenta tal
afectación de su salud, la entidad le comunicó que el 26 del mismo mes y año
dicha terminación había sido suspendida, a fin de no vulnerarle sus derechos
fundamentales
DERECHO
A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Caso en que el Juez
subestimó el padecimiento del demandante
La
Sala no comparte las razones del juez de segunda instancia en cuanto subestima
el padecimiento del actor y considera que no se trata de una discapacidad sino
de una disminución en su salud, y por tanto no está amparado por el fuero de
estabilidad laboral reforzada. Para fundamentar su argumentación, afirma que a
folio 17 del cuaderno de primera instancia, obra “el certificado de aptitud
laboral” de fecha agosto 11 de 2014, donde sólo se consigna como restricciones
algunas relacionadas con el levantamiento de peso superior a 5 kilos y evitar
labores que implicaran trepar o arrastrar. Advierte que el trabajo que ha
venido cumpliendo el accionante no se relaciona con labores que generen
esfuerzo físico más allá del que normalmente desarrolla cualquier persona. En consecuencia,
concluye que no es factible tutelar en favor del accionante el derecho a la
estabilidad laboral reforzada, ni ordenar su reintegro y pagos de prestaciones,
bajo el argumento de que es una persona con limitaciones, ya que las que
presenta le permiten laborar en el oficio que ha venido desempeñando, y por
tanto, el actor deberá acudir a la jurisdicción ordinaria, para que se
establezca si la terminación del contrato de trabajo obedeció a causas legales.
Contrario a lo arguido por el juez de segunda instancia, esta Corporación ha
sostenido, que no importa el grado o nivel de discapacidad o disminución física
para que entre a operar la protección del derecho fundamental a la estabilidad
laboral reforzada del trabajador disminuído física, mental o sensorialmente.
DERECHO
A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Caso en que se
configura por haberse establecido estado de discapacidad del demandante y que
no se cumplió con requisito de solicitar autorización para el despido
La Sala concluye que se configura la
vulneración del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de
trabajador en estado de debilidad, ya que en este caso se ha establecido (a) el
estado de discapacidad del actor, el cual le ha implicado el no poder realizar
sus actividades o labores normales, encontrándose en una situación de debilidad
manifiesta y siendo un sujeto de especial protección constitucional; (b) la
accionante no cumplió con el requisito de solicitar la autorización por parte
del Ministerio de la Protección Social, que exige el ordenamiento jurídico, de
manera que esta Corporación evidencia la violación a este requisito legal
constitucionalmente protegido; (c) al darse por terminado unilateralmene por
parte de la accionante la relación laboral con el actor, la Sala aplica la
presunción legal en cuanto a que esta desvinculación se originó como
consecuencia del estado de disminución física del actor, como se derivan de las
pruebas aportadas
DERECHO
A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Es procedente
independientemente del contrato o vínculo laboral que se tenga
Debe
reiterar este Tribunal que la protección tutelar de la estabilidad laboral
reforzada de que gozan los trabajadores en estado de incapacidad, de
discapacidad, de afectación o disminución física, psicológica o sensorial, o en
estado de indefensión, de vulnerabilidad o de debilidad manifiesta por sus
circunstancias de salud, es procedente independientemente del contrato o
vínculo laboral de que se trate, de manera que no solo se aplica para los
contratos a término indefinido, sino igualmente, como en el caso que nos ocupa,
para los contratos a término fijo. Lo anterior, máxime si se tienen en cuenta
que los mismos han sido renovados o prorrogados de manera comtinua o
indefinida, mecanismo que, en criterio de esta Sala, es usado en muchos casos
por los empleadores o patronos como una forma o estrategia sistemática para
desconocer las cargas prestacionales y los derechos fundamentales de orden
laboral de los trabajadores, quienes se encuentran en una situación de
subordinación e indefensión frente a sus patronos o empresas empleadoras
DERECHO
A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Caso de empleado con VIH/SIDA
La Sala concluye que se configura la
vulneración al derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de
trabajador en estado de discapacidad, ya que este Tribunal ha establecido (a)
el estado de discapacidad del actor, el cual padece de la enfermedad de
Síndrome de Inmonudeficiencia Adquirida VIH/SIDA, que lo coloca en una situación
de debilidad manifiesta y como sujeto de protección especial; (b) la accionante
no cumplió con el requisito de solicitar la autorización por parte del
Ministerio de la Protección Social, el cual exige el ordenamiento jurídico, de
manera que esta Corporación evidencia la violación a este requisito legal
constitucionalmente protegido; y (c) al darse por terminado unilateralmene por
parte de la accionante la relación laboral con el actor, la Sala aplica la
presunción legal de que esta desvinculación se originó como consecuencia del
estado de padecimiento de salud del actor, del cual la Empresa estaba informada
y al corriente, tal y como se derivan de los hechos narrados y las pruebas
aportadas. Por tanto, al configurarse la vulneración del derecho a la estabilidad
laboral reforzada, la consecuencia constitucional para la protección de los
derechos fundamentales del actor es el reintegro del trabajador por vía del
amparo constitucional, motivo por el cual, esta Sala concluye la necesidad de
revocar la sentencia de segunda instancia, y en su lugar conceder la tutela de
manera definitiva
DERECHO
A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Ordenes que se dan en
caso de trabajador con VIH/SIDA despedido
Se impartirán las siguientes órdenes a
la empresa accionada:  (a) Que en el término máximo de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, reintegre
al actor en forma inmediata al cargo que venía ocupando, o a uno de igual o
semejante jerarquía al que el demandante tenía, en el cual pueda laborar
teniendo en cuenta su afectación de salud con el cumplimiento de las
indicaciones dadas por el médico tratante.  (b) Que se ponga al día con los
aportes a salud, pensión y riesgos profesionales del accionante, hasta tanto se
mantenga la relación laboral entre los mismos, o el actor sea pensionado por
invalidez, y que tales pagos los realice no como una nueva cotización sino como
aportes dejados de cancelar, es decir, sin solución de continuidad. (c) Finalmente,
con el fin de proteger el derecho fundamental al mínimo vital, y de conformidad
con la jurisprudencia constitucional, la Corte decidirá ordenar a la empresa
accionada realizar el pago de los salarios dejados de percibir a partir del día
del despido hasta que se realice el reintegro del actor, dada la ineficacia de
la terminación unilateral del contrato. (d)
Adicionalmente, la Corte solicitará al Ministerio de
Protección Social que delegue un inspector de trabajo para que verifique,
dentro del primer mes del siguiente contado a partir de la reubicación, las
condiciones laborales en las que el accionante Wilman
se
está desempeñando en la Empresa Accionada, de conformidad con la parte motiva
de esta sentencia.
DERECHO
A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Caso de empleado de
Finca que sufrió accidente laboral/DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA-Caso en que la accionada adelantó los trámites de ley para dar
por terminado contrato laboral de carácter verbal a término indefinido/DERECHO
A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Caso en que el demandante cuenta con
otro medio de defensa judicial
La Corte
considera que la acción de tutela, por regla general, no es el mecanismo idóneo
para solicitar un reintegro laboral, y teniendo en cuenta que en el presente
caso la accionada adelantó los trámites de ley para dar por terminado el
contrato de trabajo con el accionante a partir del día 26 de diciembre de 2014
alegando para ello la causal contenida en el numeral 15 del art.62 del CST,
aunado al hecho de que la actora canceló oportunamente los aportes a salud,
pensión, riesgos profesionales y la cancelación del salario devengado por el
quejoso, y al contar el accionante con otro medio de defensa judicial, esto es,
la vía administrativa y la jurisdicción laboral, para adelantar el trámite de
pensión por invalidez, se denegará por improcedente la presente acción
constitucional
DERECHO
A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Empleador se encuentra
en obligación de reintegrar al trabajador, independientemente del tipo de
contrato laboral
De
este derecho a la estabilidad laboral reforzada del trabajador en estado de
incapacidad, discapacidad, indefensión, vulnerabilidad o debilidad manifiesta
por razones de su salud, por causa de accidentes o enfermedades bien sea de
origen laboral o común que disminuyen su capacidad laboral, la jurisprudencia
ha concluido que el empleador se encuentra en la obligación de reintegrarlos y
de reubicarlos, en unas condiciones iguales o similares a las que gozaba antes
del despido y atendiendo a sus condiciones de salud y a las indicaciones o
prescripciones médicas, y todo ello, independientemente del tipo de contrato
laboral de que se trate, lo cual es aplicable al caso sub examine
PRESUNCION
LEGAL DE CONEXIDAD EXISTENTE ENTRE EL DESPIDO Y SITUACIÓN DE SALUD-Caso
en que la empresa demandada tenía conocimiento de lo que le sucedía al
demandante
La
jurisprudencia de esta Corte ha sido contundente al sostener que cuando el
patrono conoce del estado de salud de su empleado y estando en la posibilidad
de reubicarlo en un nuevo puesto de trabajo, no lo hace, y por el contrario, lo
despide sin justa causa, esta situación implica la presunción legal de que el
despido se efectuó como consecuencia de dicho estado de salud, abusando de una
facultad legal para legitimar su conducta omisiva. Por tanto, para esta Sala de
Revisión se debe dar aplicación a la presunción legal de la conexidad existente
entre el despido y la situación de salud del accionante, dado que la Empresa
Unión Temporal Milán Ingienería tenía pleno conocimiento de la situación de
salud del accionante, por cuanto su internación en urgencias en el hospital de
Aguazul-Casanara y su posterior traslado a Bogotá a la Cínica Jorge
Piñeros Corpas de Saludcoop, en donde se le diagnosticó un tumor abdominal y la
necesidad de realizar cirugías, situación que se dio durante la vigencia del
contrato con dicha Empresa. De esta manera, es lógico y razonable que la
Empresa tuviera pleno conocimiento del estado de salud de trabajador, amén de
las incapacidades otorgadas al mismo, y por tanto debía solicitar el permiso
del Ministerio de la Protección Social para dar por terminado el contrato, así
como cumplir con las indemnizaciones y prestaciones legales del caso.
PRINCIPIO
DE SOLIDARIDAD APLICADO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Caso
en que las empresas demandadas lo incumplieron, por cuanto desvincularon
laboralmente y desafiliaron en salud al actor
La Sala
encuentra que en este caso las empresas demandadas incumplieron con el
principio de solidaridad, según el cual se debe prodigar un especial trato a
los trabajadores que hayan visto reducida su capacidad laboral con ocasión de
un accidente de trabajo o de una enfermedad común o profesional. Así las cosas,
es notorio, que los empleadores, no prodigaron un especial trato al actor que
vió reducida drásticamente su capacidad laboral con ocasión de una grave
enfermedad, por causa de un tumor abdominal, materializando de esta manera el
estado de vulnerabilidad, debilidad manifiesta e indefensión del trabajador.
Igualmente, la empresa incumplió con este principio de solidaridad social al no
buscar la reinstalación del trabajador incapacitado a su puesto de trabajo, o
su reubicación en uno que no suponga un riesgo para su salud. Constata este
Tribunal que en este caso se violó el derecho a la salud del actor, así como el
derecho al mínimo vital y a la vida del tutelante en condiciones dignas, ya que
la Empresa Unión Temporal Milan Inginería desvinculó laboralmente y desafilió
en salud al actor por razones de tipo contractual o legal, poniendo en riesgo
estos derechos. En
el presente caso se configura la vulneración del derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada de un trabajador en estado de incapacidad,
discapacidad, indefensión, vulnerabilidad y debilidad manifiesta por razones de
salud, ya que este Tribunal ha comprobado: (a) el estado de discapacidad del
actor, el cual padece de un tumor abdominal, que lo coloca en una situación de
debilidad manifiesta y lo hace sujeto de protección especial; (b) las
accionadas no cumplieron con el requisito de solicitar la autorización por
parte del Ministerio de la Protección Social, de manera que se evidencia la
violación de este requisito legal constitucionalmente protegido; y (c) al darse
por terminado unilateralmene por parte de la accionante la relación laboral con
el actor, se aplica la presunción legal de que esta desvinculación se originó
como consecuencia del estado de padecimiento de salud del actor, del cual la
Empresa estaba informada, tal y como se derivan de los hechos narrados y las
pruebas aportadas
DERECHO
A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Caso en que se dio
terminación unilateral de contrato de trabajo a término fijo
La
Corte constata que la actora se ha encontrado vinculada por medio de contratos
a término fijo que han sido renovados por aproximadamente tres años con la
Empresa Temporal UNO-A Bogotá S.A., los cuales fueron prorrogados de manera
indefinida, y que no
obstante que la actora se encontraba en estado de discapacidad por haber sido
sometida a una operación quirúrgica de traquetomía, lo que la convierte en una
trabajadora en estado de discapacidad y acreedora del derecho a la estabilidad
laboral reforzada, su contrato fue terminado de manera anticipada y
unilateralmente por la empresa temporal UNO-A Bogotá S.A. Debe
reiterar la Sala que la protección tutelar de la estabilidad laboral reforzada
de que gozan los trabajadores en estado de incapacidad, de discapacidad, de
afectación o disminución física, psicológica o sensorial, o en estado de
indefensión, de vulnerabilidad o de debilidad manifiesta por sus circunstancias
de salud, es procedente independientemente del contrato o vínculo laboral de
que se trate.  De esta manera, no solo procede para los contratos a término
indefinido, sino igualmente como en el caso que nos ocupa, para los contratos a
término fijo, máxime, cuando los mismos han sido renovados o prorrogados de
manera continua o  indefinida. Igualmente, la protección tutelar es procedente
frente a las empresas temporales de empleo, como en el caso que ahora nos
ocupa, que en muchas ocasiones son utilizados como una forma o estrategia
sistemática para desconocer las cargas prestacionales y los derechos fundamentales
de orden laboral de los trabajadores, quienes se encuentran en una situación de
subordinación e indefensión frente a sus patronos o empresas empleadoras
temporales.
La
Sala reitera el principio de solidaridad aplicado a la estabilidad laboral reforzada,
y colige que en el presente caso el empleador vulneró este principio, puesto
que se trata de un evento en que en que la Empresa accionada fue indiferente al
estado de discapacidad de la accionante, y con ello la Empresa contra la cual
se dirige la presente tutela omitió auxiliar a la actora. Es claro que el
conocimiento de la patología de la tutelante implicaba que la única opción
válida en términos constitucionales para la Empresa accionada era reconsiderar
su decisión resolutoria del contrato, o mínimamente solicitar la autorización
del Ministerio de Protección, puesto que el principio de solidaridad establece
un patrón de conducta que obligaba al demandado a tratar dignamente a la
trabajadora, mucho más si su despido no sólo compromete su derecho a una vida
en condiciones de dignidad, y además afecta su capacidad de atender su
enfermedad, pues la terminación de la relación laboral implicaba su
desvinculación del sistema general de la seguridad social
PRINCIPIO
DE SOLIDARIDAD APLICADO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
Este Tribunal concluye
que se configura la vulneración al derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada de la ciudadana Kety del Socorro
Sarmiento Ordosgoitia, trabajadora en estado de
discapacidad, ya se ha establecido (a) el estado de discapacidad de la actora,
la cual fue intervenida quirúrgicamente con la operación de traquetomía desde
el año 2011, lo que la coloca en una situación de discpacidad, de vulnerabilidad
y debilidad manifiesta y como sujeto de protección especial, de conformidad con
la jurisprudencia constitucional; (b) la Empresa accionada no cumplió con el
requisito de solicitar la autorización por parte del Ministerio de la
Protección Social, el cual exige el ordenamiento jurídico, de manera que esta
Corporación evidencia la violación de este requisito legal constitucionalmente
protegido; y (c) al darse por terminado unilateralmene por parte de la
accionada la relación laboral con la actora, se debe aplicar la presunción
legal de que esta desvinculación se originó como consecuencia del estado de
padecimiento de salud de la actora.
Referencia:
expedientes T-4811462, T-4816526, T-4821048, T-4821541 y T-4827562.
Acciones
de tutela presentadas por Sergio René Suárez Lagos (T-4811462), Wilman Buitrago
Galeano (T-4816526), Hector María Saray Saray (T-4821048), Vitelio Guio
(T-4821541), Kety del Socorro Sarmiento Ordosgoitia (T-4827562)
Magistrada
(E) Ponente:
MYRIAM
ÁVILA ROLDÁN
Bogotá, D.C., veintidós (22) de julio de
dos mil quince (2015).
La
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Myriam Avila Roldan (E), María Victoria Calle Correa y Mauricio
González Cuervo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Mediante la cual se pone fin al trámite
de revisión de
los siguientes fallos de tutela dictados dentro de los procesos de la
referencia:
La
Sala de Selección de Tutelas Número Tres, por auto del veintisiete (27) de marzo
de dos mil quince (2015), seleccionó para su revisión y acumuló entre si los
expedientes Expedientes T-4811462, T-4816526, T-4821048,
T-4821541, T-4827562,
para que fueran fallados en una sola sentencia por presentar unidad de materia.
I.
ANTECEDENTES
1. ANTECEDENTES
DEL EXPEDIENTE T-4811462
1.1 De los
hechos de la demanda
El
señor Sergio René Suárez Lagos interpuso acción de tutela en contra de la
Cooperativa Multiactiva de Transportadores Omega Ltda, con el propósito de
proteger los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la
igualdad, a la vivienda, a la salud en conexidad con la vida, seguridad social
en conexidad con el derecho al trabajo, a un adecuado nivel de vida, a la
familia, a la educación del menor y al mínimo vital, de conformidad con los
siguientes hechos:
(i)
Manifiesta el actor que ingresó a laborar desde el día 11 de abril de 2011,
firmó contrato de trabajo a término indefinido con la Cooperativa Multiactiva
de Transportadores Omega Ltda, en el cargo de vendedor de carga en la ciudad de
Bucaramanga.
(ii)
Añade que el 8 de septiembre del 2014, recibió una llamada telefónica de la
secretaría del área de gestión humana de Omega, Bogotá, comunicándole que debía
de hacer presencia en dicha ciudad el día 9 de septiembre, donde fue atendido
por la señora Jefe de Gestión Humana Diana Milena Casteblanco Giraldo, quien le
notificó mediante comunicación escrita la decisión de dar por terminado
unilateralmente el contrato laboral, a partir del 10 de septiembre de 2014.
(iii)
Indica que para el 23 de abril del 2013, la Cooperativa también había dado por
terminado unilateralmente, pero a raíz de que el día 25 de abril del mismo año,
le comunicó a la empresa su situación de salud, por cuanto padece de “trastorno
de disco lumbar”, ante tal situación el 26 del mismo mes y año, le comunicó al
accionante que dicha terminación había sido suspendida, con el fin de no
vulnerarle sus derechos fundamentales.
(iv)
Informa que el 10 de mayo de 2013, fue remitido a valoración médica ante la IPS
E.U. Salud Vital y Riesgos Profesionales, arrojando como resultado con
restricción: “evitar carga de más de 5 kg, evitar sobreesfuerzos y movimientos
repetitivos del tronco, realizar pausas activas y cambios de posición cada 30
minutos” y como recomendación “No alzar peso mayor de 5 kg”; para el día 11 de
agosto de 2014, nuevamente es remitido por la cooperativa a evaluación médico
ocupacional, ante la IPS E.U. Salud Vital Riesgos Profesionales, donde le
indica unas restricciones y recomendaciones.
(v)
Por todo lo anterior, el accionante solicita que se le tutelen los derechos
arriba invocados y se ordene a la Cooperativa Multiactiva de Transportadores
Omega Ltda, que en el término de 40 horas, se proceda al reintegro, y así
mismo, que se le cancelen los viáticos, salarios y prestaciones dejadas de
percibir desde el momento de su despido hasta que se materialice dicho
reintegro.
Igualmente
solicita, ordenar a la Cooperativa demandada, como medida provisional, la
restitución inmediata al cargo que venía desempeñando en la misma.
1.2.
Respuesta de la entidad accionada
La Cooperativa
Multiactiva de Transportadores Omega Ltda manifiesta que no es procedente la
presente acción de tutela como quiera que, para reclamar sus pretensiones por
la cancelación del contrato de trabajo existe otro medio de defensa judicial al
que puede acudir y no demostró la existencia del perjuicio irremediable.
La terminación
del contrato se debió a la absoluta inviabilidad económica del cargo,
circunstancia que le estaba generando pérdidas a la Cooperativa.
Indica que el
accionante no se encuentra en estado de indefensión, por cuanto no se puede
considerar en el rango de discapacidad o en estado de debilidad manifiesta,
conforme con lo dispuesto en la ley 361 de 1997; si bien, un trabajador puede
ser tratado por diversas dolencias durante toda la relación laboral, implicando
ello hospitalizaciones, incapacidades laborales y diferentes diagnósticos, ello
no lo convierte en una persona de especial protección y que para el cargo de
asesor comercial no realiza labores de levantamiento de peso, ni de trepar o
arrastrar.
El examen del 12
de septiembre de 2014, califica su estado como “satisfactorio”, como tampoco
abra prueba alguna que haya perdido su capacidad laboral o que se encuentre en
estado de debilidad manifiesta.
1.3.
Decisiones judiciales que se revisan
1.3.1 Decisión de primera instancia
Mediante sentencia del 16 de octubre de 2014,
el Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, resolvió
conceder de forma transitoria la tutela formulada por Sergio René Suárez Lagos,
contra la Cooperativa Multiactiva de Transportadores Omega Ltda., al encontrar
vulnerado el derecho a la estabilidad laboral reforzada, la seguridad social,
el mínimo vital y la vida en condiciones de dignidad. De esta manera, ordenó a
la accionada que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir
de la notificación de la presente sentencia reintegre al señor Sergio René
Suárez Lagos, en forma inmediata al cargo que venía ocupando o a uno de
semejante jerarquía al que el demandante venía desempeñando, debiendo el señor
Sergio René Suárez Lagos ejercitar dentro de los cuatro meses siguientes a la
ejecutoria de la presente acción constitucional, las acciones legales
correspondientes a efectos de resolver de forma definitiva las controversias
laborales.
Igualmente ordenó a la Cooperativa
Multiactiva de Transportadores Omega Ltda, o a quien haga sus veces, realizar
el pago de los salarios dejados de percibir a partir del día del despido hasta
que se realice el reintegro del actor, dada la ineficacia de la terminación
unilateral efectuada.
Finalmente, ordenó a la accionada,
ponerse al día con las cotizaciones de salud, pensión y riesgos profesionales
del accionante, dejadas de pagar. Tales pagos no podrán ser presentados como
nueva afiliación, sino como el pago de cotizaciones atrasadas, dada la
ineficacia de la terminación unilateral efectuada.
1.3.2
Impugnación del fallo
Notificada
tanto el accionante como la entidad accionada de la determinación adoptada por
el juez de instancia, la accionada Cooperativa Multiactiva de Transportadores
Omega Ltda, manifiesta que impugna dicha determinación.
Manifiesta
su descontento, debido a que la enfermedad que padece el accionante, consiste
en un dolor lumbar, la cual, alrededor del 80% de la población lo padece en
algún momento de su vida. El diagnóstico que emitió la I.P.S. Salud Vital y
Riesgos Profesionales el 11 de agosto de 2014, hace dos meses aproximadamente,
en el cual indicó que el estado de salud del señor Suárez Lagos, para el cargo
de asesor comercial, fue satisfactorio, con algunas restricciones relacionadas
con levantamiento de pesos superior a 5 kilos y evitar labores que implicaran
trepar o arrastrar, los cuales para el cargo de asesor comercial no se
realizan.
En
cuanto al estado de indefensión, teniendo en cuenta que el examen de egreso
realizado al accionante el 12 de septiembre de 2014 fue “satisfactorio” y se
observa que desde hace más de un año el accionante no ha presentado a la
empresa incapacidad alguna, circunstancia que demuestra su estado de salud
actual.
1.3.3
Decisión de segunda instancia
Mediante
sentencia del dos (2) de diciembre de dos mil catorce (2014), el juez de
segunda instancia, Juzgado Primero Penal del Circuito del Distrito Judicial de
Bucaramanga, decidió revocar la sentencia impugnada de fecha 16 de octubre,
proferida por el Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de Conocimiento de
Bucaramanga, por las razones señaladas en la motivación del fallo, con
fundamento en que no encontraba cumplido las reglas aplicables al concepto de
estabilidad laboral reforzada.
1.4.
Pruebas
-
Copia del contrato de trabajo a término indefinido, suscrito el 8 de abril de
2011.
-Copia de la carta de terminación unilateral del
contrato laboral, con fecha del 9 de septiembre de 2014.
-Certificado de aptitud ocupacional, realizado por
Salud Vital y Riesgos Profesionales, de fecha 11 de agosto de 2014.
-Oficio de seguimiento a exámenes ocupacionales
periódicos del 16 de mayo de 2013.
-Certificado de aptitud ocupacional, realizado por
Salud Vital y Riesgos Profesionales, de fecha 10 de mayo de 2013.
-Oficio de la Cooperativa Multiactiva de
Transportadores Omega Ltda, donde le informa que se suspende la decisión de la
terminación del contrato laboral de fecha 26 de abril de 2013.
-Copia del registro civil de su hija menor.
-Copia del recibo de pensión del Colegio Nuevo
Cambridge, donde tiene estudiando a su hija menor.
2. ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE T-4816526
2.1 De los
hechos de la demanda
El Señor Wilman Buitrago Galeano,
interpuso acción de tutela en contra de la Empresa Agroindustria Santa María
S.A.S., trámite en el que se vinculó a la EPS Servicio Occidental de Salud
S.OS., con fundamento en los siguientes hechos:
(i) Expresa el accionante que se
ha desempeñado como trabajador de la empresa Agroindustria Santa María S.A.S.
desde hace cuatro o cinco años aproximadamente en oficios varios, mediante
contrato laboral sucesivo a término de tres meses prorrogables hasta nueve
meses, gozando de 15 días de vacaciones al finalizar cada periodo y vinculado a
la EPS Servicio Occidental de Salud S.O.S. como cotizante.
(ii) El 29 de agosto de 2013 y
después de una serie de exámenes fue sometido a cirugía denominada
“Hidrocelectomia derecha” practicada por el cirujano Numa Enrique Caicedo
Martínez, quien le dio incapacidad de 20 días.
(iii) Como consecuencia de las
constantes recaídas de salud el médico tratante le ordenó análisis de otras
categorías, valoración por neurología y control urológico.
(iv) Siguió laborando en la
empresa accionada y en el mes de febrero de 2014 al presentársele unas placas
en la boca y pérdida del sentido del gusto, asistió al médico por consulta
externa y le enviaron unas pruebas especiales de HIV 1 y HIV 2, habiendo salido
negativo el primero, pero positivo el segundo. Debido a los resultados de esta
prueba de laboratorio clínico, se le practicaron las segundas pruebas por
sospecha de una “Candidiasis oral”, enfermedad que se presenta en pacientes que
poseen VIH, por lo que se le formuló prueba de “Western Blott”, la cual le fue
practicada el 24 de febrero de 2014, con resultado negativo y con una nota, por
lo que el 5 de marzo le fueron tomadas nuevas pruebas, donde se conceptúa resultado
positivo y se indica valoración por psicología, y cita de control con la
esposa.
(v) En el mes de abril de 2014
continúo sus labores asignadas en la empresa y el día 14 se le practicaron
pruebas especiales de anticuerpos contra “Ag Nuclear” con técnica
electroquimioluminiscencia (ecilia) donde especificaron la carga viral de VIH.
Al regresar de vacaciones a la empresa Agroindustria Santa María S.A.S. sus
mareos continuaron al punto que se cayó en una acequia y perdió el
conocimiento, y al día siguiente al llegar al trabajo lo despacharon a la casa
y le dijeron que la Empresa seguía pagándole su sueldo y colaborándole, lo cual
hizo durante los meses de abril, mayo, junio y julio.   Sin embargo la Empresa
el 15 de julio de 2014, dio por terminado su contrato de trabajo, despidiéndolo
y privándolo de la posibilidad de continuar con el tratamiento que por casi un
año le han realizado a través de la EPS Servicio Occidental de Salud S.O.S.. La
Secretaría le informó que no se le renovaría el contrato, pero la Empresa se
comprometía a continuar el pago de la seguridad social y pensional como
trabajador independiente, para lo que le suministraron un formulario con fecha
12 de agosto de 2014 identificado con el No.712637 y le cancelaron su salario
hasta el 30 de septiembre de 2014.
(vi) En los primeros días de
septiembre de 2014 se acercó a la EPS para reclamar los medicamentos que
regularmente recibía cada mes, pero se enteró que había sido desactivado y no
tenía derecho a recibir medicamentos, los cuales son controlados y supremamente
costosos, y es por ello, que en la actualidad, al no contar con recursos
económicos para continuar el tratamiento de manera particular, ha visto
afectada gravemente su salud y está presentando brotes en todo el cuerpo.
(vii) Agrega el accionante que se
encuentra desempleado, es pilar económico de su hogar conformado por su
compañera y cinco hijos de ella, por los que responde como si fuera su
verdadero padre. La calidad de vida en su hogar ha desmejorado notablemente
trayendo consigo problemas psicológicos, repercutiendo en la armonía familiar
porque no tiene la posibilidad de proporcionar a su familia ni siquiera una
alimentación adecuada, se ha afectado su mínimo vital y se encuentra angustiado
al tener que soportar la penosa enfermedad sin contar con un apoyo para
resolver sus problemas.
(viii) En razón de los anterior,
pretende el accionante que se ordene a la Empresa accionada lo reintegre a su
trabajo, asignándole un cargo en el cual se pueda desempeñar de acuerdo a la
enfermedad que padece o que adelante los trámites para el reconocimiento de su
pensión y que en caso de reintegro, se le afilie a S.O.S. EPS, servicio
pensional y servicios funerarios para los cuales venía cotizando. Igualmente,
solicita se ordene el suministro de los medicamentos prescritos por el médico
tratante y se ordene el pago de los salarios del mes de octubre de 2014,
indemnización y demás a que haya lugar.
2.2. Trámite en
primera instancia
Una vez avocado el conocimiento
del asunto, la juez de instancia ordenó la vinculación de la EPS Servicio
Occidental de Salud S.O.S. y notificar a las partes el inicio de esta acción.
2.3.  Decisiones
judiciales objeto de revisión
2.3.1. Fallo de
primera instancia
Mediante sentencia No.042 del 24
de noviembre de 2014, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro – Valle, negó
el amparo de los derechos fundamentales a la salud, la seguridad social, la
vida, el trabajo, y la igualdad del señor Wilman Buitrago Galeano, con base en
que si el trabajador considera que fue despedido injustamente o su contrato se
dio por terminado en razón a su incapacidad, más no por la terminación de su
vigencia, ello deberá ser probado en otra instancia judicial y no por vía de
tutela, por cuanto no se ha probado la vulneración de sus derechos a la
igualdad y al trabajo.
2.3.2. Impugnación
El accionante dentro del término
de ley presentó escrito de impugnación al fallo de primera instancia, toda vez
que lleva aproximadamente cuatro años con la Empresa Sociedad Agroindustria
Santa María S.A.S. quien tenía conocimiento de que está infectado con el virus
del VIH (SIDA). Por lo tanto, considera que no debieron de haberle cancelado su
contrato de trabajo. En lo que respecta a la seguridad social la empresa
efectivamente lo retiró el 30 de septiembre de 2014 de la S.O.S. Servicio
Occidental de Salud y los medicamentos le fueron entregados porque se ordenó en
la tutela a la S.O.S. que los suministrara.
2.3.3. Fallo de
segunda instancia
En segunda instancia, el Juzgado
Segundo de Familia de Tulúa – Valle, en sentencia del diecinueve (19) de
diciembre de dos mil catorce (2014), decidió confirmar en todas sus partes la
sentencia No. 042 del 24 de noviembre de 2014, proferida por el Juzgado
Promiscuo Municipal de San Pedro – Valle, mediante la cual se negó el amparo de
los derechos fundamentales a la salud, la seguridad social, la vida, el trabajo
y la igualdad del actor, con base en los mismo argumentos esbozados po el
A-quo.
2.4.
Las pruebas
-Copia
del documento de identificación del accionante.
-Fórmula
médica.
-Formato
de entrega de insumos.
-órdenes
y resultados de exámenes de laboratorio.
-Recomendaciones
en cita preoperatoria.
-Autorizaciones
de servicios.
-Recibo
de caja No. 894933 de SOS EPS.
-Historia
Clínica del accionante.
-Fórmulas
médicas.
-Resultado
de exámenes de RX, ecografía y electrocardiograma.
-Formulario
de afiliación a Servicio Occidental de Salud SOS EPS del 12 de agosto de 2014.
3. ANTECEDENTES
DEL EXPEDIENTE T-4821048
3.1
De
los hechos de la demanda
(i) El señor Héctor María Saray
Saray informa que el día 8 de mayo de 2014 sufrió un accidente laboral el cual
fue reportado ante la ARL La Equidad.
(ii) Afirma que se encuentra
vinculado laboralmente mediante contrato verbal con la señora María Aurora
Ortegón de Ortegón, desde el 26 de octubre de 2012 en el cargo de la finca La
Bonanza.
(iii) Aduce que, duró un día
hospitalizado en la clínica Martha y la última incapacidad le fue otorgada
hasta el 27 de noviembre de 2014, con fecha de terminación el 27 de diciembre
de 2014.
(iv) Con fecha 1 de agosto de
2014 la EPS Saludcoop le notifica la calificación del origen de su accidente
como accidente laboral; el día 24 de noviembre de 2014 el médico de cirugía
general le da recomendaciones laborales, como trabajar con carga de fuerza
hasta 10 kilogramos de peso durante tres meses, usando soporte abdominal
elástico.
(v) Sostiene que para el 5 de
diciembre de 2014 fue notificado por correo certificado de la terminación de su
contrato laboral, aludiendo su empleadora que daba por terminado el contrato de
trabajo porque a partir del 26 de diciembre de 2014 cumplía 180 días de no
prestar sus servicios para lo que fue contratado.
(vi) Argumenta que las
actuaciones de la señora María Aurora Ortegón de Ortegón no están ajustadas a
la ley y procedimientos laborales, en tanto que no existe una causa justa para
su despido toda vez que se encuentra incapacitado por un accidente laboral y en
proceso de rehabilitación, siendo una persona de 64 años, encontrándose en
estado de desprotección laboral, por lo menos mientras se le califica la
invalidez, toda vez que tiene a su cargo a su esposa y una hija.
(vii) Por tal razón solicita se
le ordene a la accionada propietaria de la finca Bonanza, el reintegro laboral
en el mismo cargo o en uno que deba crear; que se le paguen los dineros dejados
de percibir durante el tiempo que se encuentre desvinculado de la empresa y que
se le garantice su estabilidad laboral conforme a los parámetros legales y la
condición de discapacidad en la que se encuentra.
3.2. Respuesta
de la accionada
Manifiesta la señora María Aurora
Ortegón de Ortegón que las pretensiones del accionante son improcedentes, por
las siguientes razones:
(i) Respecto al reintegro no es
procedente porque a la fecha de formulación de la presente acción la relación
laboral se encuentra vigente, luego no hay lugar a ello.
(ii) Refiere que la terminación
unilateral del contrato por justa causa que se pretende emplear por ella y que
se le notificó al quejoso, se está adelantando por los trámites de ley, tienen
soporte en la misma, específicamente en el numeral 15 del artículo 62 del
Código Sustantivo del Trabajo.
(iii) Manifiesta que la
terminación del contrato de trabajo por justa causa que se pretende se funda en
la sistemática inejecución de las obligaciones convencionales y legales por
parte del actor, siendo él mismo el que abandonó el lugar de trabajo el día 10
de junio de 2014 y hasta la fecha no ha regresado, no ha dado aviso o la ha notificado
personalmente como empleadora, sino que se limita exclusivamente a enviar, las
incapacidades médicas y solicitar cada mes telefónicamente se le consigne el
valor total del salario.
(b) Como empleadora y
pretendiendo el bienestar del trabajador, se apartó voluntariamente de lo
consagrado en el artículo 227 del CST y ha cancelado por espacio superior a los
180 días un auxilio monetario igual a la mesada salarial pactada con el
accionante.
(c )  Comenta que, el trabajador,
el sistema general de riesgos profesionales ARP en la que se encuentra
afiliado, ni Saludcoop EPS, a la fecha, le han notificado como empleadora, qué
enfermedad padece el actor, que le permita a la EPS mantenerlo incapacitado
laboralmente por espacio superior a los 180 días.
(d) Señala que el tutelante
cuenta con otros medios administrativos y judiciales de defensa que le permiten
solicitar la protección de unos derechos fundamentales que equívocamente
considera le son vulnerados, tal y como lo consagra el Decreto 2591 de 1991.
(e ) Menciona que actualmente se
adelanta por parte de ella procedimientos de tipo administrativo ante el
Ministerio de trabajo y Saludcoop EPS, encaminados igualmente a la protección
de los derechos que reclama el tutelante y que se originaron en el
desconocimiento de ella como patrono, de si la enfermedad que dice padecer el
actor es de tipo profesional o no, y en la carencia de información sobre
posibles lesiones que pudo sufrir el trabajador en razón del presunto accidente
de trabajo, así mismo, el no aviso por parte del trabajador a la empleadora de
nuevas incapacidades otorgadas, fueron razones suficientes para proceder como
lo hizo el día 4 de diciembre de 2014 al solicitar a Saludcoop EPS y al
Ministerio de Trabajo su inmediata intervención que permita de una vez por
todas solucionar el posible problema que afronta el tutelante.
(f) Sostiene que no pretende
violar derecho fundamental alguno del accionante y tampoco amerita protección
específica en razón a la existencia de otros medios judiciales de protección,
toda vez que ha actuado dentro de los parámetros de ley, ha cancelado
oportunamente los aportes de salud, riesgos profesionales y pensión del
accionante, así mismo ha venido cancelando el ciento por ciento de los salarios
causados a título de auxilio monetario por enfermedad que hoy supera los 180
días.
(g) Finalmente, indica que el
actor se le cancelado el auxilio monetario por enfermedad por un tiempo valor
superior al establecido en la ley, es la razón por la que en aplicación del
artículo 7 del Decreto 2351 de 1965 que reglamentó el artículo 62 del CST, se
pretende por parte de la empleadora, declarar la terminación del contrato de
trabajo por justa causa y en razón de ello, para formalizar lo anterior, se
solicitó autorización ante el Ministerio de Trabajo y previo a ello, se
solicitó con fundamento en el art.23 CP, a las entidades aseguradoras de salud,
riesgos profesionales ARP y pensión, proceder acorde con la ley y los
reglamentos que para ello se trata.
3.3.  Decisión
judicial objeto de revisión
El Juzgado Tercero Penal
Municipal con Función de Conocimiento de Villavicencio – Meta, en sentencia del
veinticuatro (24) de diciembre de 2014, decidió “Negar por improcedente la
acción de tutela impetrada por el ciudadano Héctor María Saray Saray contra la
señor María Aurora Ortegón de Ortegón conforme a las consideraciones expuestas
en el presente fallo”. Igualmente indicó al accionante que si lo considera
conveniente, podrá acudir ante la Jurisdicción Laboral Ordinaria, con el fin de
adelantar las acciones judiciales que estime adecuadas para hacer valer los
derechos que estima le han sido vulnerados. La anterior decisión, la adoptó
teniendo en cuenta que la acción de tutela, por regla general, no es el
mecanismo idóneo para solicitar un reintegro laboral, y teniendo en cuenta que
en el presente la actora cumplió con todas las exigencias de ley para proceder
al despido del actor.
3.4.
Pruebas
Con el escrito de tutela fueron
aportadas las siguientes pruebas:
-Fotocopia de la cédula de ciudadanía
del actor.
-Copia del reporte del accidente laboral
en dos (2) folios.
-Copia de la notificación de la
calificación del accidente laboral, en tres (3) folios.
-Copia de las recomendaciones laborales
en un (1) folio.
-Copia de la terminación del contrato
laboral –sin justa causa en un (1) folio-.
-Copia de la incapacidad con la
epicrisis en dos (2) folios.
-Copia del derecho de petición de la EPS
en un (1) folio.
4. ANTECEDENTES
DEL EXPEDIENTE T- 4821541
El señor Vitelio Guio quien obra
en nombre propio y en contra de la Empresa Unión Temporal Milán Ingienería,
representada legalmente por el Señor Orlando Vera Rojas y la Empresa EAAA de
Aguazul, Casanare, presentó acción de tutela, por la presunta vulneración de
los derechos fundamentales a la protección laboral reforzada del trabajador
incapacitado, seguridad social y al mínimo vital, atendiendo los siguientes
hechos:
4.1
De
los hechos de la demanda
(i) Aduce el accionante que en el
mes de mayo ingresa a trabajar con la empresa unión temporal Milán Ingienería
en la obra que adelanta para el municipio de aguazul en la construcción del
acueducto.
(ii) Sostiene que en el mes de
diciembre liquidaron a todos los trabajadores, y en el mes de enero del 2014
volvieron a vincularlos para continuar con la ejecución del contrato.
(iii) Manifiesta que el 21 de
enero ingresa a urgencias en el hospital de Aguazul, por presentar dolor
abdominal, fiebre, tensión alta, motivo por el cual le dieron incapacidad.
(iv) Afirma que en tres (3) de
febrero, estando aún incapacitado, le diagnosticaron en la clínica Casanare un
tumor en el abdomen, por lo que lo remitieron a Bogotá a tercer nivel para
realizar cirugía.
(v) Indica que el once (11) de
marzo de 2014, en la clínica Jorge Piñeros Corpas, le realizaron la cirugía, la
cual se complicó y lo debieron ingresar a cuidados intensivos.
(vi) Según el accionante todas
las incapacidades fueron entregadas a la empresa, sin embargo nunca le
efectuaron el pago de las mismas.
(vii) Informa que al día
siguiente de la operación, la esposa recibió una llamada de la secretaría de la
empresa de unión temporal Milán Ingienería, quien le informó que él estaba
despedido y que autorizara a alguien para que recibiera la liquidación. Según
el accionante, la esposa manifestó que él estaba en cuidados intensivos, que lo
me despidieran y que necesitaba continuar con el seguro.
(viii) Expresa que fue necesario
realizar una nueva cirugía, por lo tanto estuvo en el Hospital durante dos
meses más.
(ix) Señala que en el mes de mayo
la empresa lo desafilió, por lo que debió acudir a préstamos para continuar
pagando el seguro, a fin de que lo continuaran atendiendo.
(x) Argumenta que en el mes de
agosto remitió la última incapacidad a la empresa pero ésta no fue recibida, y
que les informaron que ellos no iban a pagar esas incapacidades.
(xi) Sostiene que en el momento
no cuenta con recursos para continuar pagando el seguro, y su esposa no pudo
trabajar porque se había dedicado a cuidarlo.
(xii)Expresa que se encuentra con
herida abierta, lo que implica que deben realizarle curaciones diarias y debe
seguir una dieta especial, por lo cual su esposa se ha dedicado a cuidarlo.
(xiii) Informa que su esposa
presentó queja en la Personería Municipal de Aguazul, informando el atropello
del que ha sido víctima a fin de que el Municipio interviniera pero no recibió
respuesta alguna.
(xiv) Por todo lo anterior, el
accionante considera que con el actuar de la empresa Unión Temporal Milán
Ingienería se vulneraron sus derechos fundamentales a la protección laboral
reforzada del trabajador incapacitado, derecho a la seguridad social y al
mínimo vital.
En consecuencia, el actor
pretende en su libelo demandatorio que se tutelen a su favor el derecho
fundamental a la protección reforzada del trabajador incapacitado, y en
consecuencia se ordene su reintegro y el pago de las incapacidades y la
seguridad social.
4.2. Respuestas
de las entidades accionadas
(i) A través del señor Edwin
Ricardo Serrano Riveros, obrando en calidad de Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica y apoderado judicial de la Empresa de Servicios Públicos de Aguazul
ESPA S.A. E.S:P. manifiesta: “(…) la Empresa de Servicios Públicos de
Aguazul “ESPA S.A. E.S.P.” demuestra que entre la Empresa y la Unión Temporal
Milán Ingienería, como los trabajadores que éste utilice en la ejecución del
Contrato de Obra No. 062 del 31 de diciembre de 2010, no existe ningún vínculo
laboral. (…) , se sirva declarar que esta empresa no se encuentra vulnerando el
derecho fundamental del trabajo (protección reforzada del trabajador
incapacitado) y a la seguridad social, del señor Vitelio Guio (Accionante). (…)
desvincular a la Empresa de Servicios Públicos de Aguazul “ESPA S.A. E.S:P.”,
de la Acción de Tutela que nos ocupa”.
(ii) El señor Orlando Vera Rojas representante
legal de la Empresa Unión Temporal Milan Ingeniería, indentificada con
Nit.900.405.398-1, manifiesta que son ciertos los hechos referidos por el
accionante en cuanto a su vinculación laboral con la Empresa, mediante contrato
a término fijo, a partir del mes de mayo de 2013, con el objeto de trabajar en
la obra que adelanta para el municipio de Aguazul-Casanare en la construcción
del acueducto de dicho municipio, y que en diciembre de 2013 lo liquidaron y lo
volvieron a contratar en enero de 2014 para continuar con la ejecución del
contrato.
En cuanto a la enfermedad del actor
la Empresa reconoce que es cierto que el actor ingresó por urgencias al
Hospital de Aguazul, pero afirma que no allegó la prueba de su incapacidad.
Igualmente, acepta como cierto, de conformidad con las pruebas allegadas por el
accionante, que el tres (3) de febrero le diagnosticaron en la clínica Casanare
un tumor en el abdomen, por lo que lo remitieron a Bogotá a tercer nivel para
realizarle una cirugía. La cirugía se la realizaron el once (11) de marzo de
2014 en la clínica Jorge Piñeros Corpas, la cual se complicó y lo debieron
ingresar a cuidados intensivos. No obstante lo anterior, niega que las las
incapacidades hayan sido entregadas a la Empresa, ya que afirma que es a través
de la presente acción de tutela que la Empresa conoce de las incapacidades del
señor Vitelio.
Respecto de los dichos del
accionante acerca de las llamadas realizadas a sus familiares para informar de
su despido, afirma que no son ciertas.
La Empresa acepta que procedió a
desafiliar al señor Vitelio de la seguridad social, puesto que sostiene que no
tenían conocimiento de la calamidad en que se encontraba, y asumió que había
abandonado el cargo, ya que en ningún momento de la relación laboral la Empresa
recibió información de su paradero, ni mucho menos certificación de incapacidades,
razón por la cual para la época de su despido y desafiliación el empleador
asumió que el abandono del cargo era justificado.
Finalmente, en relación con la
queja presentada por la esposa del accionante ante la Personería Municipal de
Aguazul-Casanare, informando respecto del atropello del que había sido víctima
el actor a fin de que el Municipio interviniera, acepta que es cierto pero que
fue presentada hasta diciembre de 2014.
En cuanto a las pretensiones del
accionante la Empresa accionada se opuso a todos las peticiones y solicitudes
impetradas por considerar que la tutela es improcedente ya que existen otras
acciones o medios para que se proteja el derecho vulnerado o amenazado, que en
el caso en cuestión el señor Vitelio Guio cuenta con la Justicia Ordinaria
Laboral para hacer efectivos sus derechos.
4.3.  Decisiones
judiciales objeto de revisión
4.3.1 Sentencia
de primera instancia
El Juzgado Promiscuo Municipal de
Aguazul Casanare, mediante sentencia del catorce (14) de octubre de dos mil
catorce (2014), decidió:
“PRIMERO. TUTELAR en favor del
señor Vitelio Guio, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.186.410
de Orocue, el amparo de los derechos fundamentales de La PROTECCION LABORAL
REFORZADA DEL TRABAJADOR INCAPACITADO, SEGURIDAD SOCIAL Y MINIMMO VITAL.
SEGUNDO. ORDENAR
a la Empresa Unión Temporal Milan Ingienería, a través de su representante
legal o quien haga sus veces, y la Empresa de Servicios Públicos de Aguazul
“ESPA E.S.P”, a través de su representante legal o quien haga sus veces, en un
término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este
fallo, procedan a REINTEGRAR al señor VITELIO GUIO, identificado con la cédula
de ciudadanía número 4.186.410 de Orocue, bajo un contrato de trabajo en las
mismas condiciones inicialmente pactadas.
TERCERO. ORDENAR
a la Empresa Unión Temporal Milan Ingienería, a través de su representante
legal o quien haga sus veces, y la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL
“ESPA S.A. E.S.P”, a través de su representante legal o quien haga sus veces,
en un término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
este fallo, procedan a LA AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL al
señor VITELIO GUIO, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.186.410
de Orocue.
CUARTO. ORDENAR
a la Empresa UNION TEMPORAL MILAN INGENIERIA, a través de su representante
legal o quien haga sus veces y la EMPRESA DE SERVICIOS PÙBLICOS DE AGUAZUL
“ESPA S.A. E.S.P.”, a través de su representante legal o quien haga sus veces
proceda, en un término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de este fallo, REALICE EL PAGO DE LAS INCAPACIDADES dadas por la
EPS al señor VITELIO GUIO, identificado con la cédula de ciudadanía número
4.186.410 de Orocue.
QUINTO. ORDENAR
a la Empresa UNION TEMPORAL MILAN INGENIERIA,  a través de su representante
legal o quien haga sus veces y la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL
“ESPA S.A. E.S.P.”, a través de su representante legal o quien haga sus veces
proceda, una vez finalice las incapacidades según prescripción médica, proceda
A LA REUBICACION en condiciones acordes a su estado, es decir, sea ubicado el
accionante en una labor similar sin que se exponga su salud. Existiendo:
proporcionalidad entre la labor y el cargo previamente desempeñado y el nuevo
asignado, teniendo en cuenta que la reubicación no puede disminuir en sus
derechos al trabajador y dándosele el acompañamiento de la capacitación necesaria
para que el trabajador se desempeñe adecuadamente en su nueva labor.
SEXTO. OFICIAR
al Ministerio de Protección Social a efectos de que delegue un inspector de
trabajo, para que verifique, dentro del primer mes del siguiente contado a
partir de LA REUBICACION, las condiciones laborales en las que el accionante se
está desempeñando en las Empresas Accionadas y conforme con la parte motiva de
este proveído.
SEPTIMO. ORDENAR
a la Empresa UNION TEMPORAL MILAN INGENIERIA, a través de su representante
legal o quien haga sus veces, y la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL
“ESPA S.A. E.S.P”, a través de su representante legal o quien haga sus veces,
PAGAR al señor VITELIO GUIO, identificado con la cédula de ciudadanía número
4.186.410 de Orocue, lo dejado de percibir, de conformidad a los derechos
establecidos en el contrato de trabajo y la ley correspondientes al trabajador,
durante el tiempo que estuvo incapacitado y hasta su restablecimiento de sus
actividades.”
La anterior decisión, la adoptó
teniendo en cuenta que efectivamente se vulneró el derecho a la estabilidad
laboral reforza, a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en
condiciones de dignidad del actor.
4.3.2
Impugnación
(i) El impugnante, E.A.A.A. de
Aguazul E.S.P., por intermedio de su representante legal, el 21 de octubre de
2014, solicitó se exonere a la entidad que representa, por cuanto, aclaró que
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Aguazul ESPA, no es un empleador
directo del señor Vitelio Guio, por cuanto entre éstos no existe una relación
laboral plasmada en un contrato de trabajo escrito o verbal. Manifestó que la
Empresa suscribió un contrato con al Empresa Milán Ingeniería, negó que exista
prueba de la relación laboral entre el accionante y las accionadas. Manifestó
que el accionante no acudió a la ESPA ni directamente, ni por interpuesta
persona, antes de la presentación de la acción de tutela a informar sobre su
estado de salud, como tampoco presentó las incapacidades médicas a la ESPA S.A.
ESP, por lo que la entidad que representa no se enteró de las condiciones de
salud en que se encontraba el accionante. Indica que la Empresa no estaría en
la posibilidad presupuestal de cumplir la sanción que iría en detrimento de su
patrimonio, y que la UT Milán Ingeniería, tenía previsto pagar los gastos de
personal de quienes estarían bajo su autonomía y subordinación, estando obligados
a reportar a la entidad los pagos al sistema de seguridad social integral
durante la vinculación y hasta que se culminara las obras. Informa que la
empresa contaba con un interventor y que el contratista tenía una póliza que
garantizaba el riesgo del no pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales. Afirma que la ley 142 de 1994, es la normatividad
que regula dicha entidad y que las obligaciones estarían únicamente en cabeza
del contratista Unión Temporal Milán Ingeniería, en su condición de empleador.
Solicita, que se exonere de responsabilidad a la entidad que representa, y
anexa requerimiento efectuado al representante legal de la Unión Temporal para
que dé cumplimiento al fallo de tutela proferido.
(ii) La Unión Temporal Milán
Ingeniería, representada legalmente por Orlando Vera Rojas, impugnó el 22 de
octubre de 2014, la sentencia de primera instancia y solicitó se revoque el
fallo de primer grado previo el análisis de los argumentos y pruebas descritos.
Manifestó que la empresa U.T. Milán Ingeniería, en ningún momento despidió al
señor Vitelio Guio, sino que supuso el abandono del cargo del señor Guio, y que
no conocía el estado grave de salud del actor, hasta que fue notificado de la
acción de tutela. A su juicio, la acción atenta contra la buena fé de las
relaciones laborales y no se agotó el debido proceso, pues era el deber del
trabajador informar al empleador de su estado de salud y sobre todo allegar los
certificados de incapacidades, situación que el tutelante no realizó y ahora
pretende se tutelen unos derechos que no se le han violado. Referenció algunas sentencias
de la Corte Constitucional para concluir que para que se pueda hablar de
reintegración y su posterior reubicación debe existir la materia del trabajo,
las causas que dieron origen al trabajo y la necesidad del empleado, causas que
no se dan, pues en la actualidad el contrato No.62 de 2010, se encuentra
terminado y en etapa de liquidación. Solicitó por tanto, se revoque la orden de
reintegrar y reubicar, al señor Vitelio Guio, y en su lugar se autorice el
despido. Respecto al pago de las incapacidades refirió que la empresa realizó
los pagos al sistema de seguridad social a la E.P.S. Saludcoop, razón por la
cual, socilita se revoque la orden de pago de las incapacidades dadas al
accionante. Adujo que la EPS es la encargada de realizar las prestaciones
económicas correspondientes. Así mismo, solicitó se revoque la orden de
reintegro, sustentado en una sentencia de la Corte T-521 de 2011, que como
alternativas al reintegro sean cancelados los respectivos salarios y las demás
prestaciones a que tengan derecho. Para terminar, solita se revoque la
sentencia de la jueza promiscuo municipal de Aguazul y en su lugar se autorice
el despido del señor Vitelio Guio, previo el pago de sus salarios y prestaciones
a que tiene derecho.
4.3.3
Sentencia
de segunda instancia
El Juzgado Primero Promiscuo de
Familia Yopal, Casanare, mediante sentencia del siete (7) de enero de 2015, decidió
“Revocar el fallo impugnado”, argumentando que del análisis de los
hechos descritos en la tutela concluye que en el presente caso, examinados, la
edad del actor, su estado de salud, el estado de salud de su familia (que se
desconoce), no lo hacen sujeto de especial protección constitucional, para que
por vía de tutela, que es una acción subsidiaria y residual de la ordinaria,
procedan sus reclamaciones, desplazando al juez natural, cual es el ordinario
laboral, mecanismo expedito, con la entrada en vigencia de la oralidad en dicha
jurisdicción.
Por lo anterior, el Ad quem concluye
que la tutela se torna improcedente en este caso, razón por la cual la
providencia impugnada habrá de revocarse y tomar otras determinaciones.
4.4. Las pruebas
allegadas al proceso
El señor Vitelio Guio aportó al proceso las
siguientes pruebas:
- Copia de la cédula de
ciudadanía
- Copia de las incapacidades
médicas
- Copia de la historia clínica
5. ANTECEDENTES
DEL EXPEDIENTE T- 4827562
La señora Kety del Socorro
Sarmiento Ordosgoitia quien obra en nombre propio y en contra de la entidad
Temporales UNO - A Bogotá S.A., presentó acción de tutela, por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, al mínimo
vital en conexión con la vida y la seguridad social y los que se deriven del
mismo, atendiendo los siguientes hechos:
5.1
De
los hechos de la demanda
(i) Señala que el
día 25 de noviembre del año 2014, por medio de correo electrónico se le informó
por parte de la Empresa Temporales UNO-A Bogotá S.A., que su contrato de
trabajo a término fijo, firmado hasta el 17 de enero de 2015, se daba por
terminado por cuanto, la empresa argumentó se había terminado el contrato de
misión con el Fondo Nacional del Ahorro, con fecha de desvinculación 30 de
noviembre del mismo año.
(ii) Sostiene que le envió un
derecho de petición a la Empresa tanto el 28 de noviembre como el 3 de
diciembre solicitando se le reubicara por su condición de discapacidad y la
empresa le contestó en escrito datado 12 de diciembre que no era posible
atender su solicitud.
(iii) Manifiesta que tiene una
situación particular de discapacidad conocida por la Empresa no sólo en forma
directa sino a través de la tutela que interpuso para que en su momento se le
amparara el derecho a la salud, la seguridad social y a la vida, lo cual
aconteció positivamente por medio del Juzgado Once (11) Civil Municipal de
Bogotá, que amparó sus derechos.
(iv) Anota que no padecía de la traquetomía
para el año 2011 cuando comenzó a trabajar en dicha empresa y que fue operada
casi a raíz de la tutela mencionada y que su tratamiento no puede ser
interrumpido abruptamente al ser desafiliada por no tener empleo.
5.2. Respuestas
de las entidades accionadas
(i) La entidad accionada
Temporales UNO-A Bogotá S.A., por intermedio de su representante legal Marta
García, dio respuesta a esta acción de tutela manifestando lo siguiente:
“(…) no existe ningún
documento médico que ordene una reubicación laboral y, finalmente terminada la
relación contractual entre Temporales UNO-A Bogotá y la usuaria Fondo Nacional
del Ahorro, terminó la labor contratada con la ex trabajadora …. En nombre de
Temporales UNO-A Bogotá, me permito manifestar que ME OPONGO a las pretensiones
de la acción por cuanto no se están violando derechos fundamentales de la
accionante y porque la relación contractual con el Fondo Nacional del Ahorro
terminó, por lo tanto, no existe ninguna labor que pudiera realizar la
accionante …”
La accionada aporta copia del
Certificado de Existencia y Representación Legal de dicha entidad y allega en
un (1) folio OTRO SI No. 2 con el Fondo Nacional del Ahorro.
(ii) En su respuesta, el
vinculado al proceso Fondo Nacional del Ahorro, expresó: “… Informo al
despacho que la empresa TEMPORALES UNO A suministró al Fondo Nacional del
Ahorro personal en misión conforme a los lineamientos establecidos en el
artículo 71 de la Ley 50 de 1990 y Decreto 4369 de 2006 y en tal sentido
existió un contrato de prestación de servicios suscritos con la Empresa de
Servicios Temporales UNO-A Bogotá S.A. se encuentran publicados en la página
web de esta Entidad … lo relativo al vínculo laboral, suscripción del contrato,
cláusulas del contrato, terminación del mismo y demás circunstancias
correspondían directamente a la Empresa de servicios temporales … consideramos
que el FNA no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por la actora
….”
5.3.  Decisión
judicial objeto de revisión
El Juzgado Veintisiete Civil Municipal
de Bogotá, mediante sentencia del dieciséis (16) de febrero de dos mil quince
(2015), decidió:
“PRIMERO. DENEGAR el amparo de
tutela reclamado a nombre de la ciudadana KETY DEL SOCORRO SARMIENTO
ORDOSGOITIA, identificada con C.C.No.51.604.827 en contra la empresa TEMPORALES
UNO-A BOGOTÁ por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
decisión.”  La anterior decisión, la adoptó al concluir que no existe convicción
respecto de que exista un nexo causal discriminatorio entre el despido de la
actora y su alegada patología, razón por la cual denegó el amparo de tutela
deprecado.
5.4. Las pruebas
allegadas al proceso
El señor Vitelio Guio aportó al proceso las
siguientes pruebas:
- Copia de comunicación de
despedido emanada del ente accionado y dirigida a la actora fechada 25 de
noviembre de 2014.
- Copia de las peticiones
dirigidas por la actora al ente accionado reclamando su reubicación laboral.
- Copia de respuesta negativa a
las señaladas peticiones entregada por el ente patronal accionado.
- Fotocopia de información
general clínica del paciente.
-Fotocopia de fallo de tutela del
Juzgado 11 Civil Municipal Piloto de Oralidad.
-Fotocopia de la cédula de
ciudadanía de la accionante.
IV. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar las
sentencias proferidas dentro de los procesos de la referencia, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico y esquema de
resolución
2.1 Teniendo en
cuenta los hechos reseñados en las diferentes acciones de tutela que ahora se
revisan, encuentra la Sala Novena de Revisión que el problema jurídico en común
que debe resolver en estos casos es si los diferentes accionados en su calidad
de empleadores vulneraron los derechos fundamentales invocados a la
protección laboral reforzada, al trabajo, a la seguridad social, a la salud, al
mínimo vital y a la vida en condiciones dignas, de los
trabajadores incapacitados, discapacitados, en estado de indefensión, de
vulnerabilidad o de debilidad manifiesta, por razones de su salud, debido a la terminación
unilateral y no renovación de sus contratos de trabajo, sin la previa autorización
del Ministerio de Trabajo, a pesar de que los actores, para la fecha de los
despidos, se encontraban padeciendo diferentes enfermedades o afecciones de
salud.
2.2 Con el
propósito de resolver las cuestiones planteadas, la Sala se referirá a (i) la procedencia de
la acción de tutela contra particulares; (ii) la procedibilidad de la acción de
tutela para reclamar derechos laborales; (iii) la protección constitucional
otorgada a los trabajadores en estado de incapacidad, discapacidad,
indefensión, vulnerabilidad o debilidad manifiesta a través de la estabilidad
laboral reforzada; (iv) la estabilidad laboral reforzada frente a los
diferentes tipos de contratos, vinculaciones laborales y entidades
contratantes; (v) para entrar a analizar y resolver los casos en concreto.
3.Procedencia de la acción de tutela
contra particulares. Reiteración de jurisprudencia.
La
jurisprudencia constitucional ha reconocido la procedencia de la acción de
tutela en aquellas situaciones o controversias entre particulares en las que se
presentan relaciones desiguales, en las cuales algunas de las partes se pueden
encontrar en estado de subordinación, de vulnerabilidad o debilidad respecto de
las otras. Estas circunstancias se pueden presentar en diferentes tipos de
relaciones sociales, contractuales, familiares, de obligaciones, encontrándose la
parte débil sometida al poder o la voluntad de quien ejerce autoridad o tiene
ventaja sobre ella, sin que la persona en estado de indefensión o subordinación
tenga la posibilidad de asumir una verdadera defensa de sus intereses.[1]
Por
esta razón, esta Corporación ha sostenido que en aquellos casos cuando se constate
un estado de indefensión o subordinación entre particulares, situación que se
evidencia de una manera especial y particular en las relaciones o vínculos
laborales, la tutela, se torna en principio, como un mecanismo procedente para reivindicar
la protección de los derechos fundamentales del particular en estado de
indefensión, vulnerabilidad, debilidad o subordinación frente a otro
particular.
Especial
relevancia cobra en el presente caso, los vínculos o dependencias laborales o
contractuales, frente a las cuales, la jurisprudencia constitucional ha
presumido el estado de indefensión o subordinación del empleado, trabajador o
contratista dependiente, quien se encuentra en una relación de desigualdad
frente al empleador. No obstante lo anterior, en estos casos, el juez
constitucional debe analizar en concreto si se aplica o no el concepto de subordinación,
indefensión, o debilidad manifiesta,  con el fin de establecer si la acción
de tutela es procedente en contra de un particular.
Con el fin de
identificar el estado de indefensión, esta Corporación ha determinado de manera
enunciativa, más no exhaustiva, algunas subreglas o lineamientos a seguir, a
partir de situaciones, tales como por ejemplo “(…) (i) cuando la persona
está en ausencia de medios de defensa judiciales eficaces e idóneos, que
permitan conjurar la vulneración iusfundamental por parte de un particular;
(ii) personas que se hallan en situación de marginación social y económica[2],
(iii) personas de la tercera edad[3],
(iv) discapacitados[4]
(v) menores de edad[5].”[6]
(Énfasis de la Sala)
En estos casos, claramente
aplicables al ámbito de las relaciones laborales, la jurisprudencia constitucional
ha aceptado que resulta procedente la acción constitucional aún cuando la relación
laboral ha terminado[7],
no obstante lo cual se constata que existió una vulneración de los derechos
fundamentales del trabajador durante el desarrollo de la misma.[8]
De
lo anterior, es necesario concluir, que la jurisprudencia de este Tribunal ha
reconocido y reiterado ampliamente la procedencia de la acción de tutela contra
particulares, en aquellos casos cuando se hayan desconocido o vulnerado los
derechos fundamentales de una persona que se encuentra en estado de
subordinación, indefensión o debilidad frente a un particular, situación que
cobra especial relevancia en el ámbito laboral, en donde se presume la subordinación
o indefensión del trabajador, empleado o contratante frente al empleador o
contratista, como ocurre en los casos que ahora nos ocupan.
4.
La procedibilidad de la acción de tutela para reclamar derechos laborales.
Reiteración de jurisprudencia
4.1 El artículo 86
CP consagra la acción de tutela como mecanismo de defensa de derechos
fundamentales ante todos los jueces del país, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, para la protección de los derechos constitucionales fundamentales de
todos los ciudadanos sin acepción alguna, cuando quiera que estos derechos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública. Esta acción resulta procedente siempre y cuando el accionante no
disponga de otro mecanismo de defensa judicial, salvo que sea interpuesta como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable o se caracterice
por su subsidiariedad.[9]
Este
mecanismo constitucional ha sido reglamentado por el Decreto Ley 2591 de 1991, para
lo cual en su artículo 6º determinó las causales de improcedencia de la acción
de tutela, indicando que dicha acción constitucional no resulta procedente (i)
cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que la
acción se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable; (ii) estos medios de defensa deben ser analizados en concreto
para determinar su eficacia e idoneidad para la defensa de los derechos
invocados atendiendo las circunstancias en que se encuentre el peticionario.
De
esta manera y de conformidad con el requisito de subsidiariedad, la acción de
tutela procede cuando: (i) no exista en el ordenamiento jurídico un mecanismo
de defensa o (ii) existiendo no sea eficaz y/o (iii) no sea idóneo. Igualmente,
(iv) cuando se pretenda evitar un perjuicio irremediable, en tal hipótesis la
acción procederá como mecanismo transitorio.[10]
En
el ámbito de la protección de derechos derivados de las relaciones laborales,
el requisito de subsidiariedad cobra una especial relevancia para la
procedibilidad de la acción de tutela. En este sentido, esta Corporación ha sostenido
que prima facie este mecanismo de protección constitucional no constituye
el mecanismo adecuado para resolver los conflictos que se originan en los
vínculos laborales o proteger el derecho al trabajo, en razón a que el
ordenamiento jurídico colombiano cuenta con la jurisdicción ordinaria laboral y
la jurisdicción contencioso administrativa, las cuales prevé medios y recursos
ordinarios de carácter idóneo y eficaz para conocer y resolver de estos
asuntos, ya que de lo contrario, no solo se desconocería la justicia ordinaria,
sino que se desnaturalizaría el carácter residual de la acción de tutela.[11]
De esta manera,
la acción de tutela es improcedente como mecanismo de protección de los
derechos fundamentales, cuando lo que se busca a través de ésta es evadir el
proceso laboral, contemplado por el ordenamiento jurídico, como la herramienta
idónea para el conocimiento de un referido asunto. [12]
4.2 No obstante, de
manera excepcional esta Corporación ha aceptado que la acción tutelar se torna
procedente en el ámbito de las relaciones laborales en aquellos casos en que se
trate de la protección de los derechos fundamentales de sujetos que se
encuentren en situaciones de vulnerabilidad, indefensión o debilidad manifiesta,
por razones de discapacidad, por sus condiciones económicas, físicas o mentales,
y en cuyos casos se trate de garantizar el derecho fundamental a la estabilidad
laboral reforzada. Como parte de este grupo de sujetos la Corte ha reconocido a
las mujeres embarazadas, trabajadores con fuero sindical y las personas
incapacitadas para trabajar, debido a sus condiciones de salud o por limitaciones
físicas, mentales o emociales.[13]
Esta excepción para la procedencia de la tutela en los casos de protección del
derecho a la estabilidad laboral reforzada se justifica desde el punto de vista
constitucional, ya que la tutela constituye un mecanismo que responde de manera
expedita y eficaz frente a las circunstancias particulares y especiales de los
sujetos que tienen derecho a la estabilidad laboral reforzada, lo cual debe
evaluarse en cada caso concreto.[14]
Adicionalmente,
como excepción, se ha aceptado la procedencia de la acción de tutela en eventos
de especial relevancia constitucional en los que, si bien se observan
mecanismos ordinarios para la defensa de los derechos, la intervención del juez
de tutela se hace imperiosa para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable, que también ha sido definido específicamente en sus
características.[15]
Así
las cosas, la Corte ha reiterado sistemáticamente que cuando se trate de un
trabajador que se encuentre en situación de debilidad manifiesta o en una
circunstancia que le otorgue el derecho a la estabilidad laboral reforzada como
es el caso de las personas con discapacidad,[16] la acción de tutela es
el mecanismo principal, idóneo y eficaz, para la protección laboral reforzada,
cuya finalidad es expandir el postulado de la igualdad real y efectiva, y de
esta forma, garantizarles a las personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales[17]. Es
decir, que aunque no existe un derecho a permanecer en el empleo, la desvinculación
laboral de estos trabajadores en estado de incapacidad, discapacidad,
indefensión, vulnerabilidad o debilidad manifiesta por razones de salud, sólo
podrá efectuarse con el cumplimiento de ciertos requisitos de ley, como la
previa autorización por parte del Ministerio de Trabajo.[18]
En
armonía con lo anterior, este Tribunal ha establecido que en el caso de los
trabajadores, de los cuales se pueda predicar la estabilidad laboral reforzada,
por las razones anotadas anteriormente, y particularmente en el caso que nos
ocupa, por razones de salud, lo que los coloca en una situación de incapacidad,
de discapacidad, de indefensión, de debilidad o de vulnerabilidad, es posible,
mediante la acción de tutela y de manera excepcional, (i) ordenar el reintegro
al trabajo del trabajador, (ii) cuando se trate de trabajadores con
limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas, (iii) que hayan sido despedidos o
desvinculados sin la autorización requerida por parte de la oficina de trabajo,
(iv) aunque medie una indemnización; (v) con el fin de proteger los derechos
fundamentales de las pesronas en situación de debilidad, vulnerabiliad o
indefensión; (v) puesto que ante estas circunstancias los medios ordinarios de
defensa judicial se tornan inidóneos e ineficacez para responder de manera
oportuna ante estas vulneraciones de sus derechos fundamentales.[19]
Así
las cosas, la jurisprudencia constitucional ha sostenido reiteradamente que la
acción de tutela es procedente en los casos señalados y, especialmente en
situaciones en las que están de por medio los derechos fundamentales de una
persona discapacitada o de un trabajador enfermo, si se comprueba que su
desvinculación obedece al estado de salud.[20]
Por lo tanto,
esta Corporación no sólo considera que en estos eventos la acción de tutela es
procedente, sino que además es el mecanismo apropiado para solicitar el
reintegro laboral. Además, su procedencia también se puede predicar de manera
definitiva o transitoria, dependiendo de si ya se ha constatado el padecimiento
de salud o se ha calificado, o frente a una situación de debilidad manifiesta,
caso último en el cual podrá concederse de manera transitoria, para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, mientras las autoridades competentes
deciden lo pertinente.[21]
En este último caso, el trabajador debe acudir posteriormente a las vías
ordinarias judiciales para la resolución definitiva de la controversia laboral.
[22]
De lo anterior,
se concluye que en aquellos casos en los cuales se perciba la afectación de los
derechos fundamentales de una persona en situación de discapacidad, adulta
mayor, u otras poblaciones vulnerables, la acción de tutela se torna en el
mecanismo idóneo para invocar su amparo y no puede exigírsele previamente el
agotamiento de las vías ordinarias, pues el asunto cobra relevancia
constitucional por configurarse un acto discriminatorio.[23]
No
obstante, de conformidad con la misma jurisprudencia constitucional, para que
proceda la acción de tutela no basta con demostrar la condición de trabajador en
estado de discapacidad o en limitadas condiciones de salud, que merezca la
especial protección constitucional. Además de ello, debe establecerse la
existencia de una condición material de procedencia, la cual referencia
básicamente, a que exista una relación de causalidad entre las
condiciones de salud del trabajador y su desvinculación laboral, de forma tal
que pueda extraerse la existencia de un trato discriminatorio. [24]
4.3 En síntesis, en
relación con la procedencia de la acción de tutela para debatir y resolver
controversias de orden laboral, como por ejemplo el reintegro al trabajo, el
principio o la regla general sostiene que la tutela resulta improcedente pues
debe cumplir con el requisito de subsidiariedad. No obstante, la acción de
tutela se torna procedente de manera excepcional en aquellos casos cuando se
trata de proteger el derecho a la estabilidad laboral reforzada de sujetos que
se encuentren en situaciones de incapacidad, discapacidad, indefensión,
debilidad o vulnerabilidad manifiesta, en los casos que nos ocupan en
particular, por razones de salud, cuando los trabajadores se encuentran disminuídos
física, mental o sensorialmente. Lo anterior, puesto que en estos casos a
través de la tutela se puede resolver de manera expedita y eficaz el conflicto
laboral derivado de la desvinculación de un trabajador cobijado po el derecho a
la estabilidad laboral reforzada.[25]
5.
La protección constitucional otorgada a los trabajadores en estado de
incapacidad, discapacidad, indefensión, vulnerabilidad o debilidad manifiesta a
través de la estabilidad laboral reforzada.
5.1
De
conformidad con el mandato Superior contenido en el artículo 13 de la
Constitución Política, es obligación del Estado colombiano la protección de los
derechos fundamentales, especialmente a través de acciones afirmativas, de
aquellas personas que se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad o debilidad
manifiesta.  De esta manera, el Constituyente previó un modelo político de
Estado Social de Derecho que se funda en la prevalencia del ser humano y su
dignidad, teniendo, como uno de sus fines principales, la protección especial o
reforzada de sujetos de especial protección constitucional, como las mujeres en
estado de embarazo, las personas en estado de discapacidad, las personas de la
tecerca edad, los niños, entre otros sujetos en situación de vulnerabilidad y
debilidad manifiesta. [26]
De
otra parte, el artículo 47 constitucional consagra una política de prevención,
rehabilitación e integración social en favor de las personas con alguna
limitación física o psíquica que debe ser implementada por el Estado.
Específicamente,
en lo que se refiere al derecho al trabajo de las personas en condición de
debilidad manifiesta por su situación de salud, el artículo 54 CP establece el
deber del Estado de garantizarles un trabajo acorde con sus condiciones,
mientras que el artículo 53 CP establece la igualdad de oportunidades para los
trabajadores, entre otros principios mínimos fundamentales.[27]
Por
otra parte, el derecho al trabajo se encuentra consagrado en el artículo 25 de
la Constitución Política y está ligado a unos principios[28] mínimos
fundamentales que
reconocen a las personas con limitación en sus derechos fundamentales,
económicos, sociales y culturales, una protección especial.
5.2
De
otra parte, la estabilidad laboral reforzada de las personas en situación de
discapacidad se encuentra igualmente reconocida y protegida en el derecho
internacional.
Así,
el Estado colombiano ha contraído compromisos internacionales concernientes a
la protección del derecho al trabajo de las personas en condición de
discapacidad, como frente a la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad,[29]
norma de derecho internacional de los derechos humanos integrante del bloque de
constitucionalidad, que en su artículo 27 establece las obligaciones de los
Estados a este respecto, tales como el derecho a tener la oportunidad de
acceder a un empleo, gozando de un ámbito laboral abierto, inclusivo y
accesible. Impone para ese efecto, que los Estados asuman el compromiso de
salvaguardar y promover el derecho al trabajo para los trabajadores
discapacitados, para lo cual, una de las medidas que demanda, haciendo
referencia al derecho bajo estudio, es la de “garantizar la continuidad en
el empleo y unas condiciones de trabajo seguras y saludables”.[30]
De otra parte, en el sistema interamericano se
encuentra la “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad”, aprobada
por Colombia mediante la Ley 762 de 2002. En tal instrumento, y de manera
general, se define el término “discapacidad” como una “…deficiencia física,
mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la
capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que
puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”.  Del mismo
modo, en su artículo 3, se dispuso que para lograr los objetivos de la
Convención referida, los Estados Parte debían comprometerse a: “1.
Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de
cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad (…)”[31]
En
el mismo sentido, el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General
No. 5[32]
sobre los derechos de las personas con discapacidad[33],
consagra que debe existir una protección y promoción mediante programas y leyes
generales, y también por medio de programas y normas de finalidad específica.
Es por lo anterior que los Estados miembros del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por Colombia mediante la Ley 74 de
1968, se comprometen a velar por la protección progresiva de la población en
situación de discapacidad, así como a propender por la eliminación de las
desventajas que puedan tener lugar en perjuicio de dichas personas.[34]
Resulta
igualmente pertinente hacer mención de lo señalado por la Organización
Internacional del Trabajo, la cual en su 69ª reunión, aprobó el Convenio 159 de
1983 sobre la readaptación profesional y el empleo de las ‘personas
inválidas’. El tratado fue aprobado por el Congreso Nacional mediante la
Ley 82 de 1988. En cuanto a empleo se refiere, este instrumento constituye lex
specialis frente a normas de la misma jerarquía, por lo cual debe ser
aplicado de preferencia. Vale la pena hacer referencia a lo que establece en su
artículo 1 con relación a la estabilidad laboral reforzada para personas en
situación de discapacidad.[35]
También
es relevante citar la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada
por la Asamblea General de la ONU en la Resolución 3447 de 9 de diciembre de
1975, la cual hace constar en su artículo 7 lo siguiente:
“El impedido tiene derecho a la
seguridad económica y social y a un nivel de vida decoroso. Tiene derecho, en
la medida de sus posibilidades, a obtener y conservar un empleo y a
ejercer una ocupación útil, productiva y remunerativa, y a formar parte de
organizaciones sindicales.”
Se puede
observar cómo, en el ámbito internacional, distintos tratados aprobados por
Colombia velan por la protección del trabajador en circunstancia de
discapacidad, específicamente, en cuanto a la obtención y conservación del
empleo, haciendo así alusión al derecho de la estabilidad laboral reforzada. De
lo brevemente expuesto en cuanto a instrumentos internacionales, se deduce que estas
personas deben gozar de especial trato por su condición y en consecuencia, el
Estado debe garantizar, entre otras medidas de protección, que la estabilidad
laboral reforzada sea cabalmente cumplida por los empleadores.
Como corolario de lo analizado hasta aquí respecto del
ordenamiento interno como del internacional en materia de protección a la
estabilidad laboral reforzada de los trabajadores en estado de incapacidad,
discapacidad, vulnerabilidad o debilidad manifiesta por razones de salud, puede
concluirse que, aunque en principio no existe un derecho que implique la
estabilidad indefinida en los empleos, existe una protección reforzada para
aquellas personas que, por su situación particular, se encuentran en
circunstancias de incapacidad, discapacidad, indefensión, vulnerabilidad o
debilidad manifiesta. Por lo tanto, se ha configurado una limitación a la
facultad legal de que goza el empleador para despedir a sus trabajadores, pues
se le impone la obligación de respetar el requisito previsto para el despido o
terminación del contrato con personas que sufran alguna discapacidad, pues de
no cumplirse con dicho deber, el juez de tutela declarará la ineficacia del
despido y ordenará su reintegro a un cargo y reubicación acorde a su
circunstancia especial.[36]
5.3 Por
su parte, el legislador colombiano ha desarrollado la protección de los
derechos laborales de los sujetos en estado de debilidad manifiesta. Así, la Ley 361 de 1997 dispone en su artículo 26 que “ninguna
persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su
limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo”.
De no cumplirse el mandado legal, la persona tendrá derecho a una indemnización
equivalente a 180 días de salario, sumado a los demás prestaciones e
indemnizaciones establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo.[37]
En
cuanto a la indemnización, establecida en la Ley 361 de 2007, que debe
pagar el empleador en el caso en que despida al trabajador con discapacidad, o
termine su contrato, sin la autorización del Ministerio de Trabajo, la
jurisprudencia de esta Corte ha estableciendo que dicha indemnización tiene un carácter
sancionatorio y suplementario, no obstante lo cual, no otorga eficacia jurídica
al despido o a la terminación del contrato de la persona con limitación, sin
previa autorización de la oficina de Trabajo.
En
consecuencia, con miras a reforzar la protección del trabajador discapacitado,
la jurisprudencia constitucional ha puesto de presente que la indemnización que
debe pagarse, es en realidad una sanción, y no una opción para el empleador,
pues lo que se busca es evitar a toda costa que se actúe en contra de la
estabilidad laboral reforzada a que tienen derecho los trabajadores
discapacitados.[38]
En punto al tema de la autorización de la oficina de
trabajo, cabe destacar que la autorización que debe dar el Ministerio del
Trabajo para el despido de una persona discapacitada resulta fundamental en el
análisis de los casos de vulneración del derecho a la estabilidad laboral
reforzada, «pues la prosperidad de la acción
de amparo “está condicionada a que se compruebe que el despido se
efectuó por motivo de la incapacidad, o de la limitación del afectado”[39], lo que en la mayoría de los
casos se blinda si está de por medio el permiso del Ministerio»[40].
(Resalta la Corte)
Al
respecto, resulta necesario colegir que el despido de los trabajadores que se
encuentran en el supuesto objeto de análisis no resulta eficaz. En este
sentido, la Corte ha expresado que “el despido del trabajador de su
empleo o terminación del contrato de trabajo por razón de su limitación, sin la
autorización de la oficina de Trabajo, no produce efectos jurídicos y sólo es
eficaz en la medida en que se obtenga la respectiva autorización.
En caso de que el empleador contravenga esa disposición, deberá asumir además
de la ineficacia jurídica de la actuación, el pago de la respectiva
indemnización sancionatoria”. [41]
(Negrillas fuera de texto)
Así entonces, según lo ha explicado esta Corte[42],
de no mediar autorización de la oficina del trabajo en la desvinculación del
empleado, si se encuentra establecida
sumariamente su situación de debilidad manifiesta, y ésta resulta conocida por
el empleador en un momento previo al despido, sin que haya una justificación
adecuada para la desvinculación, corresponde al empleador acreditar
suficientemente la existencia de una causa justificada para dar por terminado
el contrato, pues se configura una presunción de despido
discriminatorio que le impone al empleador la carga de desvirtuarla.[43]
5.4 En concordancia
con lo anterior, para que el derecho a la estabilidad laboral reforzada del
trabajador en estado de incapacidad, de discapacidad, o de indefensión,
vulnerabilidad o debilidad manifiesta por su estado de salud, pueda ser
amparado a través de la acción de tutela, esta Corte ha sostenido que es
necesario comprobar la existencia de una relación de causalidad
entre el estado de salud del trabajador y la decisión del empleador de dar por
terminada la vinculación o no permitir su prórroga.[44] De esta
manera, el derecho a la estabilidad laboral reforzada que aquí se trata no
implica una inamovilidad total del trabajador de su puesto de trabajo, sino una
inversión en la carga de la prueba en cabeza del empleador, quien debe
demostrar objetivamente la existencia de alguna causa justa y razonable para
finalizar la relación laboral, que debe ser evaluada previamente por el
Ministerio de la Protección Social. [45]
Ahora bien, respecto a la prueba de la relación de
causalidad y la presencia de una discriminación, ha dicho esta Corporación que
la regularidad de la relación de trabajo y la terminación unilateral de la
misma, una vez que el empleador conoce alguna limitación en la salud del
trabajador, son situaciones que hacen presumir[46]
legalmente que la desvinculación obedece al estado de salud.[47]
En dicho orden, el empleador soporta la carga de probar que la terminación de
la relación de trabajo tuvo una causa legal y razonable diferente.[48]
5.5 Adicionalmente,
la estabilidad laboral reforzada como protección constitucional no se agota con
la restricción para el empleador de terminar el
contrato del titular del derecho. Tal estabilidad también comprende la
obligación del empleador de intentar la reubicación del trabajador
en un cargo acorde a su estado de salud.
A este respecto,
la jurisprudencia se ha referido a la figura de la reubicación del trabajador,
que constituye otra obligación que se
desprende del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada y que
recae sobre el empleador cuando se ha despedido al trabajador incapacitado sin
autorización del Ministerio de Trabajo.[49]
En punto a este
tema, esta Corporación ha recabado que el deber del empleador de reubicar al
trabajador es una manifestación del principio de solidaridad, como uno de los
pilares del Estado Social de Derecho.[50]
Igualmente, se ha referido a los elementos o aspectos esenciales ha tener en
cuenta para que proceda la reubicación, tales como “ 1) el tipo de función
que desempeña el trabajador, 2) la naturaleza jurídica y 3) la capacidad del
empleador.”
5.6
Respecto
de los sujetos protegidos por el derecho a la estabilidad laboral
reforzada, la jurisprudencia constitucional también se ha cerciorado de cobijar
con esta garantía constitucional a un amplio grupo de personas que tienen
diversas limitaciones de salud para desarrollar cierto tipo de actividades
laborales.[51]
En
este sentido, ha definido que dicho amparo cobija a las personas que tienen una
disminución física que les dificulta “el desempeño normal de sus funciones,
por padecer i) deficiencia entendida como una pérdida o anormalidad
permanente o transitoria, sea psicológica, fisiológica o anatómica de
estructura o función; ii) discapacidad, esto es, cualquier restricción o
impedimento del funcionamiento de una actividad, ocasionados por una
deficiencia en la forma o dentro del ámbito considerado normal para el ser
humano; o, iii) minusvalidez, que constituye una desventaja humana, al
limitar o impedir el cumplimiento de una función que es normal para la persona,
acorde con la edad, sexo o factores sociales o culturales.[52]”[53]
(Resalta este Tribunal)
Así
las cosas, se ha diferenciado el concepto de discapacidad, del de invalidez,
pues “[e]n efecto, podría afirmarse que la discapacidad es el
género, mientras que la invalidez es la especie, y en consecuencia no
siempre que existe discapacidad necesariamente nos encontramos frente a una
persona invalida (sic). La invalidez sería el producto de una discapacidad
severa.”[54]
. (Énfasis de la Sala)
De
este modo, se ha distinguido los conceptos de disminución física, discapacidad
e invalidez para saber quiénes son los sujetos protegidos por la figura de la
estabilidad laboral reforzada, pues resulta necesario determinar si la
condición médica de las personas impide o dificulta sustancialmente el
desempeño de su labor en condiciones regulares.[55]
En síntesis, resulta de especial importancia
resaltar que la garantía a la estabilidad laboral reforzada no sólo se predica
de las personas en situación de discapacidad grave y permanente, calificada por
la ley como invalidez, sino también de aquellos que por su estado de
salud, limitación física o psíquica se encuentran discapacitados y en
circunstancias de debilidad manifiesta.[56]
Igualmente,
la jurisprudencia constitucional ha puesto de presente la amplia  facultad de
la cual goza el juez de tutela para resolver y decidir los casos de
desvinculación sin justa causa de personas en estado de incapacidad,
discapacidad o indefensión, con el fin de proteger y garantizar el derecho a la
estabilidad laboral reforzada. [57]
5.7
Finalmente,
debe la Corte mencionar, para la resolución de uno de los casos bajo estudio, respecto
de la estabilidad laboral de personas portadoras del virus del VIH y/o
enfermas de Sida, que la jurisprudencia constitucional se ha
referido específicamente a este tema, teniendo en cuenta las especiales y graves
particularidades de tal enfermedad.[58]
Así, la Corte
ha precisado que que las personas portadoras del virus VIH/SIDA son titulares
del derecho a la estabilidad laboral reforzada, y en consecuencia (i) ha
sostenido que la acción de tutela es procedente para proteger esta garantía
incluso por encima de los medios ordinarios, en razón a  que el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida es una enfermedad mortal; (ii) ha resaltado
la importancia del derecho a la estabilidad laboral reforzada como una forma de
superar la discriminación de las personas que sufren VIH/SIDA, a partir de la
concientización del estado de vulnerablidad en que se encuentran; (iii) se ha referido
a las consecuencias de dicha enfermedad y a las medidas especiales que deben
adoptarse por el Estado para la protección efectiva y real de los derechos fundamentales
de dichas personas; (iv) ha recabado que no es obligatorio
para el trabajador informar a su patrono que padece del virus VIH/SIDA; (v) ha sostenido
que todos estos factores le restan eficacia a los medios judiciales ordinarios
de protección y justifican la procedencia definitiva del mecanismo
constitucional; y (vi) ha enfatizado en que el derecho a la
estabilidad laboral se refuerza en los casos de personas portadoras del virus
VIH/SIDA a partir del principio de solidaridad. [59]
En síntesis, en palabras de la
Corte, se puede concluir que “las personas que padecen el virus VIH/SIDA
son titulares del derecho a la estabilidad laboral reforzada, y en consecuencia
pueden solicitar el amparo de esta garantía a través de la acción de tutela.
Para ello, el juez atenderá los requisitos jurisprudenciales generales
establecidos para la salvaguarda de la estabilidad laboral reforzada de
personas discapacitadas. Sin embargo, en el caso de los portadores del virus
VIH/SIDA  se debe tener algunos elementos relevantes, como son: i) su alto
grado de vulnerabilidad y las nefastas consecuencias de la enfermedad; ii) la
protección que estos requieren; iii) la función protectora del precedente que
se manifiesta en la coexistencia de la patología con el trabajo; y iii) la
inexistencia de la obligación de informar a su empleador sobre su condición de
infectados.” [60] (Resalta la Sala)
6.
La estabilidad laboral reforzada frente a los diferentes tipos de contratos,
vinculaciones laborales y entidades contratantes
6.1
Esta
Corporación también ha estudiado la figura de la estabilidad laboral reforzada
atendiendo no sólo a los contratos de trabajo a término indefinido, sino a todo
tipo de contratos laborales. Se ha establecido que para terminar el
contrato de trabajo de una persona que goza de estabilidad laboral reforzada
por causas objetivas, como la expiración del plazo pactado para cumplir la obra
o labor, o la terminación material de ésta, también se debe agotar la exigencia
señalada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. [61]
En
ese sentido, la Corte ha sostenido que “en los casos en los que una
persona ha suscrito un contrato laboral, y se encuentra cobijada por el
principio de estabilidad laboral reforzada, la expiración del plazo no es razón
suficiente para justificar el despido de la persona sin que medie la
autorización de la Oficina del Trabajo”[62].
(Negrillas de la Corte) A su vez, “la simple finalización de un contrato
laboral (…) arguyendo la culminación de la labor, no es una razón
suficiente para dar por terminado un vínculo de esta naturaleza, en especial,
si la empresa escudada en la finalización del contrato de obra,
desconoce los requisitos legales para su terminación o finiquita un contrato
bajo supuestos que denoten discriminación”.[63] Por lo
tanto, en los casos de estabilidad laboral reforzada cuando la causa del
contrato se mantenga, el vínculo laboral deberá igualmente continuar. En
consecuencia, el juez constitucional deberá amparar la protección y ordenar el
reintegro del trabajador atendiendo su estado de salud. [64]
En
el mismo sentido, la jurisprudencia constitucional ha tenido en cuenta la
protección de la estabilidad laboral reforzada en relaciones de trabajo de
naturaleza temporal. En este sentido, esta Corporación ha considerado que
la protección constitucional debida a trabajadores que se encuentran
tradicionalmente marginados o en estado de debilidad manifiesta, no puede
quedar sometida al tipo de vinculación laboral que se tenga, sino que, por el
contrario, debe imponerse en todas las formas de trabajo.[65]
6.2 De otra parte,
en relación con los contratos laborales con empresas de servicios temporales
la dinámica también opera de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones
anteriores.
La
Ley 50 de 1990 reglamentada por el Decreto 4369 de 2006, define a la empresa de
servicios temporales como aquella que contrata la prestación con terceros
beneficiarios para colaborar de manera temporal en el desarrollo de sus
actividades, a través de la labor ejecutada por personas naturales contratadas
directamente por la empresa, la cual tiene con respecto de éstas el carácter de
empleador. La persona natural o jurídica que contrata los servicios se denomina
usuario.
También
ha sostenido este Tribunal que la garantía de la estabilidad en el empleo
cobija todas las modalidades de contratos, incluidos los que suscriben las
empresas de servicios temporales, los cuales tienen, en principio, una vigencia
condicionada al cumplimiento pactado o a la finalización de la obra. Lo
anterior, por cuanto el principio de estabilidad en el empleo se predica de
todos los trabajadores, sin distingo de la naturaleza del vínculo contractual.[66]
La
jurisprudencia ha sido enfática en señalar que la calidad de empleador de la
empresa de servicios temporales respecto de los trabajadores que envía en
misión a las dependencias de los usuarios “brinda la debida seguridad a una
y otros y principalmente en beneficio de la clase asalariada, pues, como la
vinculación en primer termino se hace directamente con la empresa, la cual
posteriormente remite al trabajador al usuario, era menester precisar
responsabilidades y por lo tanto identificar al patrono, quien se incorpora a
la categoría de contratista independiente prevista en el artículo 34 del
C.S.T., lo cual no obsta para que a su vez surja la responsabilidad solidaria
de los beneficiarios del servicio.” [67]
A
este respecto, se ha concluido que “…el tema de la vinculación laboral en
las empresas que prestan servicios temporales (…) ha ocupado
también la atención de la jurisprudencia de esta Corporación, de acuerdo con la
cual, cualquiera que sea el tipo de contrato que da origen a la relación
laboral, incluida la modalidad de contrato de servicios temporales, exige del
Estado una protección especial que incluye no sólo la adopción de
políticas macroeconómicas que promuevan la generación de oportunidades de
trabajo, sino también la creación de condiciones normativas que garanticen
de manera efectiva la estabilidad y la justicia que debe existir en las
relaciones entre patronos y empleados”[68]. (Énfasis de la Sala)
6.3
Finalmente,
la jurisprudencia constitucional se ha referido igualmente a la responsabilidad
solidaria entre el contratista independiente y la empresa beneficiaria,cuando
de proteger el derecho a la estabilidad laboral reforzada se trata.
El
artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo establece la responsabilidad
solidaria que se origina en virtud de las relaciones laborales. Al respecto, la
mencionada norma establece: “Contratistas independientes. 1.
Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos patronos y no
representantes ni intermediarios las personas naturales o jurídicas que
contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en
beneficio de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos,
para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y
directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que
se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o
negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los
salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los
trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule
con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado
a esos trabajadores.” (Negrilla por fuera del texto)
Entonces,
cuando una empresa-beneficiaria contrata la ejecución de algunas obras o
servicios con un contratista independiente,
que a su vez vincula personal para el desarrollo de las actividades
contratadas, aquella puede ser responsable solidariamente de las obligaciones
laborales que ese contratista independiente incumpla. [69]
6.4
En
suma, la Sala reitera que la protección constitucional de la estabilidad
laboral reforzada garantiza que el contrato de los trabajadores en estado de
debilidad manifiesta no sea terminado en razón de su condición. Para tal fin,
es indiferente el tipo de vinculación contractual laboral. En consecuencia, se
insiste una vez más, en que si un empleador desea terminar un contrato de
trabajo bajo las anteriores circunstancias, deberá demostrar la causal objetiva
de despido, solicitar la correspondiente autorización al Ministerio del Trabajo
y pagar una indemnización de 180 días de salario, tal como se establece en la
Ley 361 de 1997. De no ser así, el despido será ineficaz razón por la que
procede el reintegro y, de ser necesario, la reubicación laboral acorde con las
condiciones de salud del trabajador.[70]
Con fundamento en
todo lo espuexto, procede la Sala al estudio de fondo de los casos en concreto.
7. ANALISIS Y RESOLUCION DE LOS CASOS EN
CONCRETO
7.1 A continuación
pasa la Sala a realizar una síntesis de las reglas jurisprudenciales y
criterios de interpretación establecidos en los fundamentos considerativos de
esta providencia en relación con el derecho fundamental a la estabilidad
laboral reforzada de trabajadores en estado de incapacidad, de discapacidad, de
indefensión, vulnerabilidad o debilidad manifiesta, y la procedencia de la
tutela para su protección, para posteriormente establecer, los hechos
materiales de cada uno de los casos acumulados, y así abordar el análisis de
fondo y la resolución de cada uno de ellos.
(i) La
acción de tutela procede contra particulares, de conformidad con las causales
previstas en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, entre las cuales se
encuentra la relación de subordinación entre las partes del proceso, el estado
de incapacidad, de discapacidad, de indefensión, de vulnerabilidad o debilidad
manifiesta, particularmente para las relaciones derivadas del contrato de
trabajo, que ahora nos ocupan.
(ii)
Si
bien la acción de tutela no es en principio procedente para resolver conflictos
derivados de relaciones o vínculos laborales, ya que para ello existe la
jurisdiccción ordinaria laboral y la contenciosa administrativa, la tutela
puede proceder de manera excepcional con el fin de proteger derechos laborales
relativos a la terminación unilateral de un contrato de trabajo sin justa causa,
por tratarse de un caso de estabilidad laboral reforzada, de un trabajador en
estado de discapacidad, de afectación o disminución de su salud, lo cual lo
coloca en una situación de indefensión, de vulnerabilidad o debilidad
manifiesta, casos frente a los cuales la tutela se torna en mecamismo principal,
idóneo y eficaz, respecto a los medios ordinarios de defensa, superándose así
el requisito de subsidiariedad, establecido en el Decreto 2591 de
1991, o cuando se instaure la acción de tutela de forma transitoria para evitar
la configuración de un perjuicio irremediable.
(iii)
La
estabilidad laboral implica las siguientes dimensiones[71]:
“i)
el derecho a conservar el empleo; (ii) a no ser despedido en razón de la
situación de vulnerabilidad; (iii) a permanecer en el empleo hasta que se
requiera y siempre que no se configure una causal objetiva que conlleve la
desvinculación del mismo y; (iv) a que la autoridad laboral competente autorice
el despido, con la previa verificación de la estructuración de la causal
objetiva, no relacionada con la situación de vulnerabilidad del trabajador, que
se aduce para dar por terminado el contrato laboral, so pena que, de no
establecerse, el despido sea declarado ineficaz”[72].
(iv)
Por tanto, la protección de la estabilidad laboral reforzada debe prosperar si:
a) el trabajador se encuentra en debilidad manifiesta o en estado de
vulnerabilidad, que se expresa a través de factores que afectan su salud,
bienestar físico, mental o fisiológico; b) la desvinculación del empleado se
produjo sin autorización previa de autoridad competente; c)  la terminación del
contrato o desvinculación del trabajador por motivos discriminatorios se
entenderá demostrada si se acreditan las dos primeras reglas señaladas, porque
la carga de la prueba se traslada al empleador, quien debe demostrar que
despidió al empleado con base en una justa causa, para poder oponerse
válidamente al amparo;
d) se debe pagar al trabajador una indemnización de 180 días de salario; y e)
si ello no ocurre, el despido será ineficaz y por tanto se deberá reintegrar y,
según el caso, reubicar al trabajador.
(v) La procedencia excepcional de la
tutela para proteger derechos laborales relativos a la terminación de un
contrato de trabajo, salvo cuando se trate de casos de estabilidad laboral
reforzada, como personas en estado de discapacidad, no solo frente a contratos
a término indefinido, sino a toda clase de contratos, y en relación con toda
clase de empleadores, incluyendo empresas temporales y contratistas
independientes, frente a los cuales se presenta la figura de la responsabilidad
solidaria con los derechos laborales del empleador.
(vi) En
consecuencia, el despido resulta discriminatorio en razón de la situación de
salud del trabajador si se acredita en el caso particular:
(a) Que el
peticionario pueda considerarse una persona en incapacidad, discapacitada, o en
estado de indefensión, vulnerabilidad o debilidad manifiesta por su estado de
salud;
(b) Que el
empleador tenga conocimiento de tal situación;
(c)
Que se halle probado el nexo causal entre el despido y el estado de salud del
trabajador; y
(d)
Que no medie la autorización del inspector del trabajo en los casos en que ella
resulta menester.
(vii) Finalmente, este Tribunal debe reiterar el principio
de solidaridad como fundamento constitucional de la protección a la estabilidad
laboral reforzada, el cual evoca un deber de ayuda o auxilio a las personas que
se encuentran en estado de debilidad.
7.2 En la presente
oportunidad la Sala Novena de Revisión debe resolver en instancia de revisión los fallos
proferidos dentro de las acciones de tutela radicadas en los Expedientes T-4811462, T-4816526, T-4821048, T-4821541, T-4827562, promovidas en
contra de diversos organismos empleadores, por la vulneración del derecho
fundamental a la estabilidad laboral reforzada y los derechos fundamentales a
la vida, a la seguridad social, a la salud, al mínimo vital, procesos de tutela
que fueron seleccionados para su revisión y acumulados para que fueran fallados
en una sola sentencia por presentar unidad de materia, y repartidos a la Sala
Novena de Revisión de esta Corporación para su decisión.
En
los procesos y fallos judiciales de los jueces de instancia que ahora son objeto
de revisión por esta Sala, se evidencian los siguientes hechos y decisiones:
7.2.1
EXPEDIENTE
T-4811462
(i) El señor
Sergio René Suárez Lagos interpuso acción de tutela en contra de la Cooperativa
Multiactiva de Transportadores Omega Ltda, con el propósito de proteger sus
derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la igualdad, a la
salud en conexidad con la vida, seguridad social, el derecho al trabajo, a un
adecuado nivel de vida, a la familia, a la educación del menor y al mínimo
vital. Lo anterior, por cuanto se encontraba vinculado laboralmente a la
empresa accionada mediante contrato a término indefinido desde el día 11 de
abril del 2011, y desde el año 2012 viene padeciendo de la afectación o
patología de salud de origen común denominadada “trastorno de disco lumbar”,
o “Radiculpatia L5 izquierda”. Por tal razón, fue remitido por la
empresa desde el 10 de mayo de 2013 a valoración médica ante la IPS E.U. Salud
Vital y Riesgos Profesionales, la cual arrojó como resultado que debía: “evitar
carga de más de 5 kg, evitar sobreesfuerzos y movimientos repetitivos del
tronco, realizar pausas activas y cambios de posición cada 30 minutos” y
como recomendación “No alzar peso mayor de 5 kg”. Igualmente, el día 11
de agosto de 2014, nuevamente es remitido por la cooperativa a evaluación
médico ocupacional, ante la IPS E.U. Salud Vital Riesgos Profesionales, donde
le indica unas restricciones y recomendaciones. No obstante este estado de
afectación de su salud o de discapacidad, fue despedido por la empresa accionada
el  9 de septiembre de 2014.
(ii)
La entidad accionada, Cooperativa Multiactiva de Transportadores Omega Ltda,
manifiesta que no es procedente la acción de tutela, como quiera que, para
reclamar sus pretensiones por la cancelación del contrato de trabajo existe
otro medio de defensa judicial al que puede acudir; no demostró la existencia
del perjuicio irremediable; la terminación del contrato se debió a la absoluta
inviabilidad económica del cargo, circunstancia que le estaba generando pérdidas
a la Cooperativa; y el accionante no se encuentra en estado de indefensión por
cuanto no se puede considerar en el rango de discapacidad o en estado de
debilidad manifiesta, de conformidad con la ley 361 de 1997.
(iii) El juez de
instancia, Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de Conocimiento de
Bucaramanga, mediante sentencia del 16 de octubre de 2014, resolvió conceder de
forma transitoria la tutela formulada por Sergio René Suárez Lagos, contra la
Cooperativa Multiactiva de Transportadores Omega Ltda.. De esta manera, ordenó
a la accionada que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a
partir de la notificación de la sentencia reintegrara al señor Sergio René
Suárez Lagos, en forma inmediata al cargo que venía ocupando, o a uno de
semejante jerarquía al que el demandante venía desempeñando, debiendo el actor ejercitar
dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecutoria de la acción
constitucional, las acciones legales correspondientes a efectos de resolver de
forma definitiva las controversias laborales.
Igualmente ordenó a la Cooperativa
Multiactiva de Transportadores Omega Ltda, o a quien haga sus veces, realizar
el pago de los salarios dejados de percibir a partir del día del despido hasta
que se realizara el reintegro del actor, dada la ineficacia de la terminación
unilateral efectuada.
Finalmente, ordenó a la accionada,
ponerse al día con las cotizaciones de salud, pensión y riesgos profesionales
del accionante, dejadas de pagar. Tales pagos no podrán ser presentados como
nueva afiliación, sino como el pago de cotizaciones atrasadas, dada la
ineficacia de la terminación unilateral efectuada.
(iv) La entidad accionada, Cooperativa
Multiactiva de Transportadores Omega Ltda, impugnó la sentencia de instancia,
reiterando los argumentos presentados en la contestación de la demanda.
(v)
En decisión de segunda instancia, el Juzgado Primero Penal del Circuito del
Distrito Judicial de Bucaramanga, mediante sentencia del dos (2) de diciembre
de dos mil catorce (2014), decidió revocar la sentencia impugnada de fecha 16
de octubre, proferida por el Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Bucaramanga.
7.2.1.1
Análisis
de la Corte:
(i)
Considera
la Sala que el problema jurídico a resolver en el presente caso es determinar
si la Cooperativa Multiactiva de Transportadores Omega Ltda, en su condición de
empleador, vulneró el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada
del actor, al dar por terminado su contrato laboral a término indefinido, sin
las respectiva autorización del Ministerio de Trabajo, no obstante que se encuentra
comprobado que el accionante padece de problemas de salud relacionados con “trastorno
de disco lumbar”, o “Radiculpatia L5 izquierda”, lo cual lo coloca
en una situación de disminuación física y con ello de indefensión.
De conformidad con los hechos
constatados en el expediente, la Sala Novena de Revisión de esta Corporación
concluye que la presente acción de tutela no solo es procedente de manera
excepcional, ya que se evidencia un estado de discapacidad e indefensión del
actor, sino que debe prosperar de manera definitiva.
(ii) Si bien la acción de tutela no es
en principio el mecanismo procedente para resolver conflictos derivados de
relaciones o vínculos laborales, en este caso la Sala encuentra que la tutela
debe proceder de manera excepcional con el fin de proteger derechos laborales
relativos a la terminación unilateral de un contrato de trabajo a término
indefinido, por tratarse de un caso de estabilidad laboral reforzada, de un
trabajador en estado de discapacidad, o de afectación o disminución de su
capacidad física, y por cuanto en estos casos la tutela no procede solo frente
a contratos a término indefinido, sino a toda clase de contratos.
(iii) La Sala
constata que el señor Sergio René Suárez Lagos ingresó a laborar con un contrato
de trabajo a término indefinido con la Cooperativa Multiactiva de
Transportadores Omega Ltda, desde el día 11 de abril de 2011, en el cargo de Asesor
Comercial de Carga de la Cooperativa, en la ciudad de Bucaramanga.
(iv) El actor fue
efectivamente despedido unilateralmente por la Cooperativa Multiactiva de
Transportadores Omega Ltda. el día nueve (9) de septiembre de 2014, dando por
terminado su contrato de trabajo a término indenfindo, no obstante que el accionante
se encontraba discapacitado o disminuído físicamente por problemas de salud,
producto de una patología de origen común, diagnosticada médiamente como “Radiculpatia
L5 izquierda” o “transtorno de disco lumbar”.
(v) De las pruebas
allegadas al proceso, esta Sala comprueba que el 3 de agosto de 2014 la IPS
Salud Vital y Riesgos Profesionales emitió certificado de aptitud ocupacional del
accionante respecto de la
afectación o patología de salud mencionada. Por tal razón, fue remitido por la
empresa, desde el 10 de mayo de 2013 a valoración médica ante la IPS E.U. Salud
Vital y Riesgos Profesionales, la cual arrojó como resultado la siguiente
prescripción médica: “evitar carga de más de 5 kg, evitar sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos del tronco, realizar pausas activas y cambios de
posición cada 30 minutos”, y como recomendación “No alzar peso mayor de
5 kg”. Igualmente, la Corte constata que el día 11 de agosto de 2014, el
actor es nuevamente remitido por la cooperativa a evaluación médico
ocupacional, ante la misma IPS E.U. Salud Vital Riesgos Profesionales, donde también
le indican unas restricciones y recomendaciones.
(vi) Al analizar el estado de
discapacidad del actor, se encuentra que efectivamente se demostró que padece
de la patología “Radiculpatia L5 izquierda” que le impide su normal
desarrollo y lo disminuye físicamente, tal y como se deriva de su historia
clínica y de la prescripción y recomendación realizada por la IPS Salud Vital y
Riesgos Profesionales.
(vii) Por esta razón, es claro que al
momento del despido el accionante se encontraba en un estado de disminución
física y por tanto de debilidad manifiesta, cumpliéndose de esta manera lo
determinado por la Ley 361 de 1997 y por la jurisprudencia de esta Corte respecto
de la estabilidad laboral reforzada de trabajadores en estado de indefensión,
de vulnerabilidad o de debilidad.
(viii) En armonía con lo anterior, la
Sala observa que ante la situación de disminución física del actor, su estado
de indefensión, de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, la empresa ha debido
solicitar el permiso del Ministerio de la Protección Social, para proceder a la
terminación del vínculo laboral, requisito que no cumplió. Contrario sensu,
procedió a dar por terminado unilateralmente la relación laboral el 9 de
septiembre de 2014, sin mediar autorización de la autoridad administrativa, es
decir, del Ministerio de la Protección Social, configurándose de esta manera el
despido injusto y discriminatorio, toda vez, que, al estar el trabajador en
discapacidad se configura el derecho a una estabilidad laboral reforzada.
(ix)
De otra parte, al darse por terminado unilateralmene por parte de la accionante
la relación laboral con el actor, la Sala debe aplicar la presunción legal respecto
de que dicha desvinculación se originó como consecuencia del estado de
disminución física del accionante, presunción que la demandada no logró
desvirtuar. Lo anterior, por cuanto la empresa era conocedora de la situación
de discapacidad en la que se encontraba el actor desde tiempo atrás. Esto, se
comprueba con el hecho de que ya anteriormente, el 23 de abril del 2013, la
Cooperativa había intentado dar por terminado unilateralmente el contrato, pero
a raíz de que el accionante, el día 25 de abril del mismo año, le comunicó a la
empresa su situación de salud de “trastorno de disco lumbar”, teniendo
en cuenta tal afectación de su salud, la entidad le comunicó que el 26 del
mismo mes y año dicha terminación había sido suspendida, a fin de no vulnerarle
sus derechos fundamentales.
Igualmente,
como ya se mencionó, obra prueba de que en dos oportunidades, el 10 de mayo de
2013 y el 11 de agosto de 2014, la empresa accionada remitió al actor a
valoración médica ante la IPS E.U. Salud Vital y Riesgos Profesionales,
valoraciones que arrojaron prescripciones y recomendaciones relativas a
limitaciones en sus actividades laborales.
(x)
La Sala no comparte las razones del juez de segunda instancia en cuanto subestima
el padecimiento del actor y considera que no se trata de una discapacidad sino
de una disminución en su salud, y por tanto no está amparado por el fuero de estabilidad
laboral reforzada. Para fundamentar su argumentación, afirma que a folio 17 del
cuaderno de primera instancia, obra “el certificado de aptitud laboral” de
fecha agosto 11 de 2014, donde sólo se consigna como restricciones algunas
relacionadas con el levantamiento de peso superior a 5 kilos y evitar labores
que implicaran trepar o arrastrar. Advierte que el trabajo que ha venido
cumpliendo el accionante no se relaciona con labores que generen esfuerzo
físico más allá del que normalmente desarrolla cualquier persona.
En
consecuencia, concluye que no es factible tutelar en favor del accionante el
derecho a la estabilidad laboral reforzada, ni ordenar su reintegro y pagos de
prestaciones, bajo el argumento de que es una persona con limitaciones, ya que
las que presenta le permiten laborar en el oficio que ha venido desempeñando, y
por tanto, el actor deberá acudir a la jurisdicción ordinaria, para que se
establezca si la terminación del contrato de trabajo obedeció a causas legales.
(xi) Contrario a lo arguido por el juez
de segunda instancia, esta Corporación ha sostenido, que no importa el grado o
nivel de discapacidad o disminución física para que entre a operar la
protección del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada del
trabajador disminuído física, mental o sensorialmente.
(xii) En síntesis, la Sala concluye que
se configura la vulneración del derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada de trabajador en estado de debilidad, ya que en este caso se ha establecido
(a) el estado de discapacidad del actor, el cual le ha implicado el no poder realizar
sus actividades o labores normales, encontrándose en una situación de debilidad
manifiesta y siendo un sujeto de especial protección constitucional; (b) la
accionante no cumplió con el requisito de solicitar la autorización por parte
del Ministerio de la Protección Social, que exige el ordenamiento jurídico, de
manera que esta Corporación evidencia la violación a este requisito legal constitucionalmente
protegido; (c) al darse por terminado unilateralmene por parte de la accionante
la relación laboral con el actor, la Sala aplica la presunción legal en cuanto
a que esta desvinculación se originó como consecuencia del estado de
disminución física del actor, como se derivan de las pruebas aportadas.
(xiii) Por tanto, al configurarse la
vulneración del derecho a la estabilidad laboral reforzada, la consecuencia
constitucional para la protección de los derechos fundamentales del actor es el
reintegro del trabajador por vía del amparo constitucional, motivo por el cual,
esta Sala colige la necesidad de revocar la sentencia de segunda instancia, y
en su lugar conceder la tutela de manera definitiva. En consecuencia se
impartirán las siguientes órdenes a la accionada:
(a) Que en el término máximo de cuarenta
y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia,
reintegre al actor en forma inmediata al cargo que venía ocupando, o a uno de igual
o semejante jerarquía al que el demandante venía desempeñando, en el cual pueda
desempeñarse teniendo en cuenta su afectación de salud con el cumplimiento de
las indicaciones dadas por el médico tratante.
(b) Que se ponga al día con los aportes
a salud, pensión y riesgos profesionales del accionante, hasta tanto se
mantenga la relación laboral entre los mismos, no como una nueva cotización
sino como aportes dejados de cancelar, es decir, sin solución de continuidad.
(c ) Que con el fin de proteger el
derecho fundamental al mínimo vital, y de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, se ordenará a la empresa accionada realizar el pago de los
salarios dejados de percibir a partir del día del despido hasta que se realice
el reintegro del actor, dada la ineficacia de la terminación unilateral del
contrato.
7.2.2. EXPEDIENTE T-4816526
(i) El
Señor Wilman Buitrago Galeano, interpuso acción de tutela en contra de la
Empresa Agroindustria Santa María S.A.S., trámite en el que se vinculó a la EPS
Servicio Occidental de Salud S.O.S., por violación de sus derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la salud y al
mínimo vital y a la vida en condiciones dignas, conculcados con su
desvinculación de la empresa accionada en razón de su grave enfermedad del Síndrome
de Inmuno Deficiencia Adquirida VIH (SIDA). Expresa el accionante que se ha
desempeñado como trabajador de la empresa Agroindustria Santa María S.A.S.
desde hace más de cuatro años en oficios varios, mediante contrato laboral
sucesivo a término fijo de tres meses que han sido prorrogados hasta nueve
meses, y que en razón de sus múltiples padecimientos originados por la
enfermedad del VIH, ha tenido que ser intervenido con una cirugía denominada “Hidrocelectomia
derecha”, ha padecido constantes recaidas de salud, ha sufrido de “Candidiasis
oral”, ha sido sometido ha diferentes exámenes especializados como el HIV
1, HIV 2, la prueba de “Western Blott”, y pruebas especiales de
anticuerpos contra “Ag Nuclear” con técnica electroquimioluminiscencia
(ecilia) donde finalmente los especialistas confirmaron como positiva la carga
viral de VIH.
Manifiesta que por esta grave
enfermedad durante el desarrollo de sus labores tuvo un accidente de trabajo, y
desde ese momento la empresa lo envió a su casa y le continuó pagando su
salario durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2014. Sin embargo,
el 15 de julio de 2014, la Empresa dio por terminado su contrato de trabajo,
despidiéndolo e informándole que no le sería renovado su contrato de trabajo, y
desvinculandolo de la EPS Servicio Occidental de Salud S.O.S.. No obstante, la
empresa accionada se comprometió con el actor a continuar con el pago de la
seguridad social y pensional como trabajador independiente, para lo cual le
suministraron un formulario con fecha 12 de agosto de 2014,  identificado con
el No.712637, y le cancelaron su salario hasta el 30 de septiembre de 2014.
El actor pone de relieve su
especial condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, la violación de su
derecho al trabajo, a la salud y al mínimo vital, ya que es él quien responde
económicamente por su núcleo familiar compuesto por su esposa y cinco hijos, y
menciona los graves efectos colaterales de afectación psicológica suya y de
toda su familia generada por su enfermedad y por su despido por causa de la misma.
En razón de lo anterior, pretende
el accionante que se ordene a la Empresa accionada lo reintegre a su trabajo,
asignándole un cargo en el cual se pueda desempeñar de acuerdo con la
enfermedad que padece o que adelante los trámites para el reconocimiento de su
pensión y que en caso de reintegro, se le afilie a S.O.S. EPS, servicio
pensional y servicios funerarios para los cuales venía cotizando. Igualmente,
solicita se ordene el suministro de los medicamentos prescritos por el médico
tratante y se ordene el pago de los salarios desde el mes de octubre de 2014,
indemnización y demás a que haya lugar.
(ii)  El juez de
instancia, Juzgado
Promiscuo Municipal de San Pedro – Valle, mediante sentencia del 24 de
noviembre de 2014, negó el amparo de los derechos fundamentales a la salud, a la
seguridad social, a la vida, al trabajo, y a la igualdad del señor Wilman
Buitrago Galeano, con base en los siguientes argumentos: (a) Consideró que a
pesar del retiro del actor del Plan Obligatorio de Salud del régimen
contributivo, se confirmó su nueva afiliación al régimen subsidiado a partir
del 1º de octubre de 2014 a través del “Servicio Occidental de Salud S.O.S. EPS
Régimen Subsidiado”, donde según ha informado dicha EPS se le prestará el
servicio de salud y tratamiento a sus patologías, razón por la cual encuentra
que los derechos a la salud, a la seguridad social y a la vida digna del actor,
se encuentran garantizados. (b) De otra parte, Respecto a los derechos al
trabajo y la igualdad, el juez de instancia argumentó que no se logró probar la
conexidad entre la condición de debilidad manifiesta del accionante y su
desvinculación laboral, de manera que no se constató la existencia de un acto
discriminatorio y un abuso del derecho por parte de su patrono. Menciona que la
Empresa le canceló los salarios al actor hasta el 30 de septiembre de 2014,
periodo hasta el cual se mantuvo su vinculación al sistema de salud a través
del régimen contributivo. Finalmente, afirma que el actor cuenta con los mecanismos
judiciales ordinarios para controvertir su desvinculación laboral, si considera
que fue despedido injustamente o que su contrato fue terminado en razón a su
estado de incapacidad o de discapacidad.
(iii) El
accionante presentó impugnación frente a este fallo de primera instancia, toda
vez que reitera que lleva más de cuatro años vinculado con la Empresa Sociedad
Agroindustria Santa María S.A.S.; que esta empresa efectivamente tuvo
conocimiento de que está infectado con el virus del VIH (SIDA), y por lo tanto
no debieron de haberle cancelado su contrato de trabajo, ni haberlo
desvinculado de la EPS S.O.S. Servicio Occidental de Salud; y que los
medicamentos le han sido entregados pero porque tuvo que interponer una acción
de tutela mediante la cual se le ordenó a dicha EPS que se los suministrara.
(iv) El juez de segunda
instancia, Juzgado Segundo de Familia de Tulua – Valle, en sentencia del
diecinueve (19) de diciembre de dos mil catorce (2014), decidió confirmar en
todas sus partes la sentencia de primera instancia del 24 de noviembre de 2014,
proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro – Valle, mediante la
cual se negó el amparo de los derechos fundamentales a la salud, la seguridad
social, la vida, el trabajo y la igualdad del actor, con base en los mismos argumentos
esbozados por el juez de instancia.
7.2.2.1
Análisis
de la Corte
(i)
Considera
la Sala que el problema jurídico a resolver en el presente caso es determinar
si la Empresa
Sociedad Agroindustria Santa María S.A.S., en su condición de empleador,
desconoció la estabilidad laboral reforzada del actor, y con ello vulneró sus
derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social, a la salud, al mínimo
vital y a la vida en condiciones dignas, al dar por terminado su contrato
laboral a término fijo, sin la respectiva autorización del Ministerio de
Trabajo, no obstante que se encuentra comprobado que el accionante padece del
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida VIH/SIDA, padecimiento de salud que lo coloca
en una situación de extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta.
De conformidad con las pruebas allegadas
y los hechos constatados en el expediente, la Sala Novena de Revisión de esta
Corporación concluye que la presente acción de tutela no solo es procedente de
manera excepcional, ya que se evidencia un estado de discapacidad e indefensión
del actor, y con el fin de evitar un perjuicio irremediable, sino que debe
prosperar la protección tutelar de manera definitiva, por la gravedad de la
enfermedad del VIH/SIDA, que constituye una enfermedad mortal que genera un
deterioro progresivo de la salud.
(ii) Si bien la
acción de tutela no es en principio el mecanismo procedente para resolver
conflictos derivados de relaciones o vínculos laborales, en este caso la Sala
encuentra que la tutela debe proceder de manera excepcional con el fin de
proteger derechos laborales relativos a la terminación unilateral de un
contrato de trabajo a término fijo, que venía siendo prorrogado de manera indefinida.
De esta manera, es de reiterar que la tutela no procede solo frente a contratos
a término indefinido, sino frente a toda clase de contratos, y en este asunto se
desconoció, tanto por el empleador, como por las decisiones de instancia, la
estabilidad laboral reforzada de que goza el actor, por tratarse de un
trabajador en estado grave de discapacidad, quien padece de la penosa
enfermedad del VIH/SIDA.
(iii)
Igualmente, la Sala constata claramente que el actor se enmarca dentro de los
sujetos de especial protección constitucional, de conformidad con el artículo
44 CP, ya que se encuentra probado con suficiencia dentro del expediente que el
ciudadano Wilman Buitrago Galeano, quien cuenta con 48 años de edad, soporta el
virus de la inmunodeficiencia adquirida VIH (SIDA) y otros padecimientos de
salud derivados de esta misma enfermedad, tal como lo demuestra su
historia clínica. Esta situación convierte al petente en titular del derecho
fundamental a la estabilidad laboral reforzada.
(iv) En estos casos, de
conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, es claro que no deben agotarse
los mecanismos o recursos de las jurisdicciones ordinarias, laboral o
contenciosa administrativa, sino que la tutela puede utilizarse como mecanismo principal
para debatir situaciones que son propias de la justicia ordinaria, ya que la
jurisdicción de tutela se ocupa de revisar hechos que constituyen trasgresión
de los derechos constitucionales fundamentales, en este caso, de la estabilidad
laboral reforzada, y de los derechos al trabajo, a la salud, al mínimo vital y a
la vida en condiciones de dignidad del actor, así como mecanismo para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.
(v) De
igual modo, la Sala encuentra que la presente tutela es procedente contra
particulares, de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 42
del Decreto 2591 de 1991, entre los cuales se encuentra la relación de
subordinación entre las partes del proceso, como ocurre en el presente caso en
donde se evidencia la subordinación a la que se encontraba sometido el actor respecto
de la empresa accionada. De similar manera, para la Corte es evidente que
existe una relación asimétrica de poder entre el actor y la entidad demandada,
toda vez que la empresa tiene superioridad frente al trabajador; muestra de
ello fue despedirlo. En este escenario, la accionada ve limitada su autonomía y
sus intereses deben ceder ante la amenaza o vulneración de un derecho
fundamental del actor que se encuentra en estado de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta como el padecer la grave enfermedad de VIH/SIDA.
(vi)
De las pruebas aportadas la proceso, la Corte constata que el accionante estuvo
vinculado laboralmente por más de cuatro años con la Empresa Sociedad
Agroindustria Santa María S.A.S., a través de contratos a término fijo, los
cuales fueron prorrogados de manera indefinida, ejerciendo oficios varios, y
que fue
efectivamente despedido unilateralmente por la empresa accionada el día 15 de
julio de 2014, y lo desvinculó de la EPS Servicio Occidental de Salud S.O.S., no obstante que
el actor se encontraba en estado de discapacidad por padecer el Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida SIDA, VIH por sus siglas en inglés. No
obstante lo anterior, la Sala constata igualmente que la Empresa accionada
continuó pagándole al actor su salario hasta el 30 de septiembre de 2014, así
como la seguridad social a la EPS hasta esa misma fecha.
(vii)
Debe reiterar este Tribunal que la protección tutelar de la estabilidad laboral
reforzada de que gozan los trabajadores en estado de incapacidad, de
discapacidad, de afectación o disminución física, psicológica o sensorial, o en
estado de indefensión, de vulnerabilidad o de debilidad manifiesta por sus
circunstancias de salud, es procedente independientemente del contrato o
vínculo laboral de que se trate, de manera que no solo se aplica para los
contratos a término indefinido, sino igualmente, como en el caso que nos ocupa,
para los contratos a término fijo. Lo anterior, máxime si se tienen en cuenta
que los mismos han sido renovados o prorrogados de manera comtinua o
indefinida, mecanismo que, en criterio de esta Sala, es usado en muchos casos por
los empleadores o patronos como una forma o estrategia sistemática para desconocer
las cargas prestacionales y los derechos fundamentales de orden laboral de los
trabajadores, quienes se encuentran en una situación de subordinación e
indefensión frente a sus patronos o empresas empleadoras.
(viii)
La
Sala reitera que el artículo 26 de la ley 361 de 1997 establece que el despido
de una persona en razón de una “limitación”, sin autorización previa de
la autoridad de trabajo, es absolutamente ineficaz. Es decir, carece de
efectos, razón por la cual, en caso de producirse, el juez debe ordenar el
reintegro laboral del afectado y el pago de 180 días de salario como sanción
por el desconocimiento de la especial protección que cobija a las personas con
discapacidad. En este proceso se encuentra acreditado que no existió
autorización del Ministerio del Trabajo.
(ix)
Establecida la titularidad del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada
en cabeza del peticionario, y verificada la existencia de un vínculo laboral
que culminó sin autorización del Ministerio del Trabajo, la procedencia del
amparo en principio se encuentra condicionada a que se pruebe la conexión entre
el despido y la condición de discapacidad del afectado. La Sala recuerda que en
este escenario debe aplicarse la presunción de despido discriminatorio en favor
del peticionario. De ahí que sea el empleador o patrono quien debe demostrar
que el despido del tutelante se produjo como resultado de una justa causa.
En
el caso sub examine la empresa accionada tuvo conocimiento efectivamente
del estado de salud del actor, el cual sufrió diferentes enfermedades e
incapacidades durante el transcurso de su vinculación laboral con la empresa
accionada, y fue sometido a diversos y múltiples exámenes de diagnósticos y
tratamientos, y su salud se vio gradualmente deteriorada, hasta el momento en
que le fue confirmado médicamente el diagnóstico definitivo de estar infectado
con el virus del VIH (SIDA).
(x) El
anterior conocimiento de la empresa sobre los padecimientos de salud del actor
se puede comprobar con la reconstrucción del historial clínico del accionante,
en el cual se informan los siguientes hechos:
(a) El
29 de agosto de 2013, posterior a una serie de exámenes, fue sometido a la
cirugía denominada “Hidrocelectomia derecha” de la cual se derivó una
incapacidad de 20 días.
(b) Como consecuencia de las
constantes recaídas de salud el médico tratante le ordenó análisis de otras
categorías, valoración por neurología y control urológico.
(c) En el mes de febrero de 2014,
se le presentaron unas placas en la boca y pérdida del sentido del gusto, razón
por la cual asistió al médico por consulta externa y le enviaron unas pruebas
especiales de HIV 1 y HIV 2, habiendo salido negativo el primero, pero positivo
el segundo.
(d) Debido a los resultados de
esta prueba de laboratorio clínico, se le practicaron las segundas pruebas por
sospecha de una “Candidiasis oral”, enfermedad que se presenta en
pacientes que poseen VIH, por lo que se le formuló prueba de “Western Blott”,
la cual le fue practicada el 24 de febrero de 2014, con resultado negativo,
pero el 5 de marzo le fueron tomadas nuevas pruebas, donde se conceptúa
resultado positivo y se indica valoración por psicología, y cita de control con
la esposa.
(e) El día 14 de marzo de 2014 se
le practicaron pruebas especiales de anticuerpos contra “Ag Nuclear” con
técnica electroquimioluminiscencia (ecilia) donde especificaron como positiva
la carga viral de VIH.
(xi) Por las razones anotadas
esta Corte no comparte los argumentos presentados por los jueces de tutela de
primera y de segunda instancia para negar la protección de los derechos
fundamentales del accionante a la salud, a la seguridad social, a la vida, al
trabajo, y a la igualdad, en cuanto argumentaron, en primer lugar, que la EPS
tiene la obligación de seguir atendiendo al actor, y que a pesar del retiro del
actor del Plan Obligatorio de Salud del régimen contributivo, se confirmó su
nueva afiliación al régimen subsidiado a partir del 1º de octubre de 2014 a
través del “Servicio Occidental de Salud S.O.S. EPS Régimen Subsidiado”, donde
según ha informado dicha EPS se le prestará el servicio de salud y tratamiento
a sus patologías, razón por la cual concluyeron que los derechos a la salud, a
la seguridad social y a la vida digna del actor, se encuentraban garantizados.
En segundo lugar, los jueces
sostuvieron que no se violaron los derechos al trabajo y la igualdad, ya que no
se logró probar la conexidad entre la condición de debilidad manifiesta del
accionante y su desvinculación laboral, de manera que no se constató la
existencia de un acto discriminatorio y un abuso del derecho por parte de su
patrono. En el mismo sentido,  mencionaron que la Empresa le canceló al actor los
salarios hasta el 30 de septiembre de 2014, periodo hasta el cual se mantuvo su
vinculación al sistema de salud a través del régimen contributivo. Adicionalmente,
afirmaron que el actor cuenta con los mecanismos judiciales ordinarios para
controvertir su desvinculación laboral, si considera que fue despedido
injustamente o que su contrato fue terminado en razón a su estado de
incapacidad o de discapacidad.
(xii) Contrario a lo expuesto por
los jueces de instancia, la Sala constata que se han violado los derechos al
trabajo y a la estabilidad laboral reforzada del accionante, ya que no se logró
desvirtuar la presunción legal de que existió efectivamente una conexidad entre
el despido del actor y el padecimiento de VIH/SIDA del mismo, esto es, que existe
efectivamente una relación directa entre la condición de discapacidad,
incapacidad, indefensión, y extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta del
señor Buitrago Galeano por razón de su grave estado de salud y su
desvinculación laboral, de tal forma que en oposición a lo que afirman los
jueces de instancia, para esta Corte es posible aseverar que se configuró y
consumó un acto discriminatorio y un abuso de poder por parte de su patrono
violatorio de la estabilidad laboral reforzada del actor por causa de su grave
estado de salud.
Lo anterior, se demuestra
claramente por diferentes y contundentes razones:
En primer lugar, como se desprende
de los hechos del expediente, el actor trabajador se mantuvo vinculado
laboralmente a la empresa accionada mientras venía padeciendo gradual y
consecutivamente de diferentes enfermedades y padecimientos de salud, así como
de incapacidades, todos derivados de la enfermedad VIH/SIDA que para aquel
momento no se había diagnosticado, hasta que finalmente, luego de diversos y
múltiples exámenes se le confirmó que padecía de VIH/SIDA. La empresa estuvo al
tanto de estos quebrantos de salud durante el transcurso o desarrollo del
vínculo laboral, hasta concluir en julio de 2014.
En segundo lugar, como lo
reconocen los mismos jueces de instancia, el actor acudió a todas las citas que
le fueron programadas por “servicio occidental de salud S.O.S. EPS” tanto para
la práctica de exámenes médicos, de laboratorio y rayos X, como para recibir
atención médica y especializada, sin que se hubiera presentado anotación o
queja alguna por ello de parte del empleador, de lo cual se puede concluir que el
empleador se encontraba plenamente enterado y consciente de las circunstancias
de salud del actor.
En tercer lugar, se evidencia que
el accionante sufrió durante el desarrollo de su trabajo un accidente, al
tener síntomas de mareo y caerse en una acequia, perdiendo el conocimiento,
razón por la cual la propia empresa, al día siguiente del evento, cuando el
actor llegó a laborar a su sitio de trabajo, lo devolvió para su casa y le
continuaron pagando su salario durante los meses de abril, mayo, junio y julio
de 2014.
En cuarto lugar, luego de la
confirmación médica del padecimiento de VIH/SIDA, es posible sostener que la
empresa demandada estaba enterada de la situación de salud del actor y de su
enfermedad de VIH/SIDA y que pese a ello, el 15 de julio de 2014, dio por
terminado su contrato de trabajo.
En quinto lugar, tan enterada e
informada estaba la Empresa accionada de la  situación de salud del actor, que
a pesar de haberlo despedido en razón de sus condiciones de salud, continuó con
los pagos de su salario y salud hasta el 30 de septiembre de 2014.
Por todo lo anterior, es más que razonable
concluir que la empresa no solo no contó con el permiso del Ministerio de la
Protección, sino que no logró desvirtuar la presunción legal y aportar la prueba
objetiva respecto de que no existió conexión entre el despido y el padecimiento
de salud de VIH/SIDA del actor, sino que muy por el contrario, por los hechos y
pruebas que obran en el proceso se puede deducir que existió tal conexidad
directa e inmediata entre el despido y el estado de discapacidad del actor por
sufrir de la grave enfermedad mencionada, de manera que dicho padecimiento de
salud fue para la Corte la causa del despido del actor.
(xiii) De otra parte, no comparte
tampoco esta Corporación las afirmaciones de los jueces de instancia respecto
de que si el trabajador considera que fue despedido injustamente o su contrato
se dio por terminado en razón a su incapacidad, ello deberá ser probado en otra
instancia judicial y no por vía de tutela. Lo anterior, ya que como lo ha
reiterado la jurisprudencia de este Tribunal aplicable a este caso, en los
eventos de protección de la estabilidad laboral reforzada por discapacidad,
indefensión, vulnerabilidad o debilidad manifiesta de los trabajadores por
razones de la afectación o disminución de su salud, máxime cuando se trata de
graves enfermedades o discapacidades severas como el que aquí nos ocupa, los
mecanismos ordinarios se tornan inidóneos o inadecuados para la protección de
los derechos fundamentales, y la tutela deviene en el mecanismo principal para
la garantía de los derechos de los trabajadores a la estabilidad laboral
reforzada. Esto se refuerza por el hecho de que en estos casos, la tutela no
procede solo de manera transitoria, para evitar un perjuicio irremediable,
mientras se resuelve de manera definitiva la controversia por la vía ordinaria,
sino que se otorga de manera definitiva cuando se encuentra plenamente
confirmado el estado de incapacidad, discapacidad, indefensión, y extrema
vulnerabilidad o debilidad manifiesta por razones de salud, como ocurre en el asunto
sub examine.
(xiv)
De otra parte, la Sala tampoco comparte el argumento de los jueces de instancia
en cuanto a la garantía efectiva del derecho a la salud, por cuanto, el actor fue
efectivamente desvinculado del régimen contributivo a la EPS S.O.S. Servicio
Occidental de Salud, el día 30 de septiembre de 2014, y fue revinculado
nuevamente a la misma EPS, pero en el régimen subsidiado a partir del 1 de
octubre de 2014, y si bien ha seguido recibiendo el tratamiento médico y le han
seguido entregando los medicamentos, esto ha sido gracias a la interposición de
una tutela por parte del actor, mediante la cual se le ordenó a dicha EPS que
se los suministrara.
(xv) Adicionalmente, se debe poner
de relieve la especial y extrema condición de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta en que se encuentra el actor y su núcleo familiar, no solo por su
despido y la violación a su estabilidad laboral reforzada, y la consecuente
vulneración de su derecho al trabajo, a la salud, el mínimo vital y vida en
condiciones de dignidad; sino por cuanto es él quien responde económicamente
por su núcleo familiar compuesto por su esposa y cinco hijos, y su familia padece
igualmente los graves efectos colaterales de la enfermedad del VIH/SIDA que lo
aqueja, tales como la afectación psicológica.
(xvi)
Finalmente, la
Sala reitera el principio de solidaridad aplicado a la estabilidad laboral
reforzada, y colige que en el presente caso el empleador vulneró este principio
constitucional, ya que se trata de un evento en que la Empresa accionada fue indiferente
al grave estado de salud del actor infectado con el virus VIH/SIDA, principio
que obra incluso en las situaciones en que el patrono se entera del
padecimiento de la enfermedad  luego de haber terminado la relación laboral.
Por
consiguiente, el principio de solidaridad se potencializa en el caso de los
infectados con el virus del VIH/SIDA, quienes son titulares de una especial
protección constitucional. En virtud del deber de la solidaridad el juez de
tutela tiene la competencia para sancionar su incumplimiento, por eso, puede
ordenar a los patronos reintegrar a los trabajadores.
Con
relación al caso concreto, la Sala precisa que en virtud del principio de
solidaridad, la empresa demandada tenía la obligación de reconsiderar su
decisión de despedir al tutelante, estando en conocimiento del deterioro del
estado de salud del actor y de la grave enfermedad que lo aqueja. De esta
manera, la Empresa demandada fue indiferente a que el petente era portador del
virus VIH/SIDA. Con ello, la Empresa contra la cual se dirige la presente
tutela omitió auxiliar al actor. Para la Sala, es claro que el conocimiento de
la patología del tutelante implicaba que la única opción válida en términos
constitucionales para la Empresa accionada era reconsiderar su decisión
resolutoria del contrato, o mínimamente solicitar la autorización del
Ministerio de Protección. Esto ya que el principio de solidaridad establece un
patrón de conducta que obligaba al demandado a tratar dignamente al trabajador,
mucho más si su despido no sólo compromete su vida digna, sino también la de su
familia, y además afecta su capacidad de atender su enfermedad, pues la
terminación de la relación laboral implicaba su desvinculación del sistema
general de la seguridad social.
(xvii) En síntesis, la Sala concluye que
se configura la vulneración al derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada de trabajador en estado de discapacidad, ya que este Tribunal ha
establecido (a) el estado de discapacidad del actor, el cual padece de la
enfermedad de Síndrome de Inmonudeficiencia Adquirida VIH/SIDA, que lo coloca
en una situación de debilidad manifiesta y como sujeto de protección especial;
(b) la accionante no cumplió con el requisito de solicitar la autorización por
parte del Ministerio de la Protección Social, el cual exige el ordenamiento
jurídico, de manera que esta Corporación evidencia la violación a este
requisito legal constitucionalmente protegido; y (c) al darse por terminado
unilateralmene por parte de la accionante la relación laboral con el actor, la
Sala aplica la presunción legal de que esta desvinculación se originó como
consecuencia del estado de padecimiento de salud del actor, del cual la Empresa
estaba informada y al corriente, tal y como se derivan de los hechos narrados y
las pruebas aportadas.
(xviii) Por tanto, al configurarse la
vulneración del derecho a la estabilidad laboral reforzada, la consecuencia
constitucional para la protección de los derechos fundamentales del actor es el
reintegro del trabajador por vía del amparo constitucional, motivo por el cual,
esta Sala concluye la necesidad de revocar la sentencia de segunda instancia, y
en su lugar conceder la tutela de manera definitiva. En consecuencia se
impartirán las siguientes órdenes a la empresa accionada:
(a) Que en el término máximo de cuarenta
y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente
sentencia, reintegre al actor en forma inmediata al cargo que venía ocupando, o
a uno de igual o semejante jerarquía al que el demandante tenía, en el cual
pueda laborar teniendo en cuenta su afectación de salud con el cumplimiento de
las indicaciones dadas por el médico tratante.
(b) Que se ponga al día con los aportes
a salud, pensión y riesgos profesionales del accionante, hasta tanto se
mantenga la relación laboral entre los mismos, o el actor sea pensionado por
invalidez, y que tales pagos los realice no como una nueva cotización sino como
aportes dejados de cancelar, es decir, sin solución de continuidad.
(c) Finalmente, con el fin de proteger
el derecho fundamental al mínimo vital, y de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, la Corte decidirá ordenar a la empresa accionada realizar el
pago de los salarios dejados de percibir a partir del día del despido hasta que
se realice el reintegro del actor, dada la ineficacia de la terminación
unilateral del contrato.
(d) Adicionalmente, la
Corte solicitará al
Ministerio de Protección Social que delegue un inspector de trabajo para que
verifique, dentro del primer mes del siguiente contado a partir de la
reubicación, las condiciones laborales en las que el accionante Wilman
Buitrago Galeano se
está desempeñando en la Empresa Accionada, de conformidad con la parte motiva
de esta sentencia.
7.2.3. EXPEDIENTE
T-4821048
(i) El señor Héctor María Saray
Saray interpuso tutela en contra de la señora María Aurora Ortegón de Ortegón, con
quien se encontraba vinculado a través de un contrato laboral de carácter
verbal desde el 26 de octubre de 2012 como encargado de la finca La Bonanza, hasta
el 26 de diciembre de 2014, fecha en la que la accionada dio por terminado el contrato
laboral, alegando para ello justa causa. La tutela la interpone por la presunta
violación de su derecho a la estabilidad laboral reforzada, y sus derechos al
trabajo, a la salud, al mínimo vital y a la vida en condiciones de dignidad, encontrándose
todavía en una incapacidad que ya supera los 180 días, en razón de un accidente
de trabajo que sufrió el día 8 de mayo de 2014, el cual fue reportado ante la
ARL La Equidad.
De acuerdo con el actor, las
actuaciones de la accionada no están ajustadas a la ley y procedimientos
laborales, en tanto que no existe una causa justa para su despido, toda vez que
se encuentra incapacitado por un accidente laboral y en proceso de
rehabilitación, siendo una persona de 64 años en estado de desprotección
laboral, por lo menos mientras se le califica la invalidez, toda vez que tiene
a su cargo a su esposa y una hija.
Por tal razón, solicita se le
ordene a la señora María Aurora Ortegón de Ortegón propietaria de la finca la
Bonanza, el reintegro laboral en el mismo cargo o en uno que deba crear; que se
le paguen los dineros dejados de percibir durante el tiempo que se encuentre
desvinculado de la empresa y que se le garantice su estabilidad laboral conforme
a los parámetros legales y la condición de discapacidad en la que se encuentra.
(ii) La accionada, señora María
Aurora Ortegón de Ortegón, afirma que las pretensiones del accionante son
improcedentes, por cuanto la terminación unilateral del contrato que pretende
se da por justa causa y se le notificó al quejoso, se está adelantando por los
trámites pertinentes de ley, específicamente en el numeral 15 del artículo 62
del Código Sustantivo del Trabajo, y el artículo 7 del Decreto 2351 de 1965 que
reglamentó el artículo 62 del CST. Afirma que ha cancelado al actor por un
espacio superior a los 180 días un auxilio monetario igual a la mesada salarial
pactada con el accionante; la incapacidad del actor supera los 180 días; la
actora adelantó los procedimientos pertinentes ante el Ministerio de Trabajo
para poder contar con la autorización para declarar la terminación del contrato
de trabajo por justa causa; así como los trámites ante Saludcoop EPS, y las
entidades aseguradoras de salud, riesgos profesionales ARP y pensión; para proceder
acorde con la ley y los reglamentos.
(iii) El juez de instancia, Juzgado
Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Villavicencio – Meta, en
sentencia del veinticuatro (24) de diciembre de 2014, decidió “Negar por
improcedente la acción de tutela impetrada por el ciudadano Héctor María Saray
Saray contra la señora María Aurora Ortegón de Ortegón conforme a las
consideraciones expuestas en el presente fallo”. Igualmente indicó al
accionante que “si lo considera conveniente, podrá acudir ante la
Jurisdicción Laboral Ordinaria, con el fin de adelantar las acciones judiciales
que estime adecuadas para hacer valer los derechos que estima le han sido
vulnerados”.
La anterior decisión, la adoptó
teniendo en cuenta que (a) la acción de tutela, por regla general, no es el
mecanismo idóneo para solicitar un reintegro laboral; (b) para el momento de la
interposición de la tutela no se podía hablar de reintegro toda vez que la
relación laboral estaba todavía vigente entre la actora y el accionante; (c) actualmente
la accionante está adelantando todos los trámites administrativos para dar por
terminado el contrato de trabajo con el accionante a partir del día 26 de
diciembre de 2014, alegando para ello la causal contenida en el numeral 15 del
art.62 del CST; (d) la presunta vulneración al mínimo vital deprecado por el
actor no se presenta, toda vez que la accionada ha venido cancelando
oportunamente los aportes a salud, pensión, riesgos profesionales y un auxilio
monetario consagrado en el art.227 del CST por un valor igual al salario
devengado por el quejoso, que es mayor al que la norma exige; y (e) el actor
cuenta con otro medio de defensa judicial, esto es, la jurisdicción laboral,
para desvirtuar en dicha sede los planteamientos de la accionada. Por todas
estas razones, denegó por improcedente la acción constitucional, y
adicionalmente le indicó al accionante que si lo consideraba pertinente, podía acudir
ante la jurisdicción laboral ordinaria con el fin de adelantar las acciones
judiciales adecuadas para hacer valer los derechos que estimara vulnerados.
7.2.3.1
Análisis
de la Corte
(i)
La
Sala debe resolver el problema jurídico que se avizora en el presente caso,
relativo a determinar si la señora María Aurora Ortegón de Ortegón, en su condición
de empleadora, desconoció la estabilidad laboral reforzada del actor, y si con
ello vulneró sus derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social, a la
salud, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas, al dar por terminado
su contrato laboral de carácter verbal a término indefinido, como encargado de
la finca La Bonanza. Para ello se deberá tener en cuenta que el accionante
sufrió un accidente de trabajo que lo ha incapacitado por más de 180 días, situación
que lo coloca en una condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta.
Igualmente, la Corte debe valorar que la accionante ha adelantado todos
los trámites administrativos ante el Ministerio de la Protección para obtener
la autorización con el fin de dar por terminado el contrato de trabajo con el
accionante a partir del día 26 de diciembre de 2014, alegando para ello la
causal contenida en el numeral 15 del art.62 del CST. Igualmente, ha venido
cancelando oportunamente los aportes a salud, pensión, riesgos profesionales y
un auxilio monetario consagrado en el art.227 del CST por un valor igual al
salario devengado por el quejoso, que es mayor al que la norma exige; y el
hecho que una vez superados los 180 días de incapacidad, el actor cuenta con
otro medio de defensa judicial para solicitar su pensión por invalidez.
(ii) Conviene
recordar que la acción de tutela es un mecanismo excepcional y subsidiario para
proteger derechos fundamentales, de conformidad con el artículo 86 CP, y que en
el caso de reintegros laborales, por regla general, se tiene que la acción de
amparo constitucional no es el mecanismo judicial idóneo para su reclamación, a
menos que entre otros requisitos, se trate de personas sujetos de especial
protección constitucional.
(iii) Se constata que el actor se
enmarca dentro de los sujetos de especial protección constitucional, de
conformidad con el artículo 44 CP, ya que se encuentra probado con suficiencia
dentro del expediente que el ciudadano Héctor María Saray Saray, quien cuenta
con 64 años de edad, sufrió un accidente de trabajo, tal como lo
demuestra su historia clínica. Esta situación convierte al petente en titular
del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada.
En punto a este tema, es de
aclarar que sin embargo, el hecho de que una persona se encuentre enferma o en
situación de incapacidad no implica, per se, la prosperidad de la acción
del amparo constitucional, ya que se deben acreditar ciertos requisitos como la
falta de autorización por parte del Ministerio de la Protección, y la ausencia
de un nexo causal objetivo que justifique el despido con justa causa, esto es, la
existencia de un nexo causal entre entre el despido y la enfermedad o
discapacidad del accionante.
(iv) De conformidad con la información
y pruebas que obran dentro del plenario la Sala evidencia los siguientes hechos
relevantes:
(a) El señor Héctor María Saray
Saray informa que el día 8 de mayo de 2014 sufrió un accidente laboral el cual
fue reportado ante la ARL La Equidad.
(b) Se encuentra vinculado laboralmente
mediante contrato verbal con la señora María Aurora Ortegón de Ortegón, desde
el 26 de octubre de 2012 en el cargo de la finca La Bonanza.
(c) Duró un día hospitalizado en
la clínica Martha y la última incapacidad le fue otorgada hasta el 27 de noviembre
de 2014, con fecha de terminación el 27 de diciembre de 2014.
(d) Con fecha 1 de agosto de 2014
la EPS Saludcoop le notifica la calificación del origen de su accidente como
accidente laboral. El día 24 de noviembre de 2014 el médico de cirugía general
le da recomendaciones laborales, como trabajar con carga de fuerza hasta 10
kilogramos de peso durante tres meses, usando soporte abdominal elástico.
(e) Para el 5 de diciembre de
2014 fue notificado por correo certificado de la terminación de su contrato
laboral, aludiendo su empleadora que daba por terminado el contrato de trabajo
porque a partir del 26 de diciembre de 2014 cumplía 180 días de no prestar sus
servicios para lo que fue contratado.
(v) La Sala constata que para el momento
de la interposición de la tutela, el vínculo laboral con el actor no se había
terminado, ya que se dio por finiquitado a partir del 26 de diciembre de 2014,
alegandose justa causa y soportandose dicha decisión en el numeral 15 del
artículo 62 del CST:
“Terminación del
contrato de trabajo por justa causa. Art.62 y 63, modificados por el Decreto
2351 de 1965, art.7. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente
el contrato de trabajo: a.- Por parte del empleador: 5) La enfermedad contagiosa
o crónica del trabajador, que no tenga carácter de profesional, así como
cualquiera otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya
curación no haya sido posible durante ciento ochenta (180) días. El despido por
esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al
empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales
derivadas de la enfermedad.
En los casos de
los numerales 9 al 15 de este artículo, para la terminación del contrato, el
empleador deberá dar aviso al trabajador con anticipación no menor de quince
(15) días”
(vi) Ahora bien, advierte la
Sala, como también lo hizo el juez de instancia, que por parte de la señora
accionada se han adelantado los requisitos que la ley le exige para dar por
terminado el contrato de trabajo con el accionante.  Así, solicitó el permiso
ante el Ministerio de Trabajo para efectuar dicha cancelación del contrato de
trabajo y realizó peticiones ante Saludcoop EPS y la ARL para que le
certificaran el estado de invalidez y los criterios médicos especializados que
le permiten concederle al accionante en forma permanente licencias de
incapacidad y se le informara si la enfermedad que genera las incapacidades son
de carácter profesional o no.
Igualmente, la señora María
Aurora Ortegón de Ortegón canceló la totalidad del salario del actor por más de
180 días de incapacidad, y hasta el momento de la terminación del contrato, y
adicionalmente a ello, la accionada ha cancelado oportunamente los aportes en
salud, riesgos profesionales y pensión.
Así las cosas, la Corte coincide
con el juez de instancia en que la presente solicitud de amparo constitucional
resulta improcedente por esta vía para enervar la protección de la estabilidad
laboral reforzada, el reintegro y reubicación del actor, ya que no se evidencia
vulneración de este derecho, por cuanto la empleadora ha cumplido con las
exigencias legales para poder dar por terminado el contrato con el actor. Para
la Corte, lo que debe solicitar el actor es la pensión por invalidez, ya que
supera los 180 días de incapacidad, para lo cual existen otros mecanismos de
defensa judicial, como lo es el administrativo y la jurisdicción ordinaria
laboral, a donde puede acudir el accionante en pro de sus intereses jurídicos.
(vii) En síntesis, la Corte
considera que la acción de tutela, por regla general, no es el mecanismo idóneo
para solicitar un reintegro laboral, y teniendo en cuenta que en el presente
caso la accionada adelantó los trámites de ley para dar por terminado el
contrato de trabajo con el accionante a partir del día 26 de diciembre de 2014
alegando para ello la causal contenida en el numeral 15 del art.62 del CST,
aunado al hecho de que la actora canceló oportunamente los aportes a salud,
pensión, riesgos profesionales y la cancelación del salario devengado por el
quejoso, y al contar el accionante con otro medio de defensa judicial, esto es,
la vía administrativa y la jurisdicción laboral, para adelantar el trámite de
pensión por invalidez, se denegará por improcedente la presente acción
constitucional.
(viii) En consecuencia, esta
Corte confirmará la sentencia de instancia, del Juzgado Tercero Penal Municipal
con Función de Conocimiento de Villavicencio – Meta, que mediante sentencia del
veinticuatro (24) de diciembre de 2014, decidió “Negar por improcedente la
acción de tutela impetrada por el ciudadano Héctor María Saray Saray contra la
señora María Aurora Ortegón de Ortegón conforme a las consideraciones expuestas
en el presente fallo”. Igualmente indicó al accionante que “si lo
considera conveniente, podrá acudir ante la Jurisdicción Laboral Ordinaria, con
el fin de adelantar las acciones judiciales que estime adecuadas para hacer
valer los derechos que estima le han sido vulnerados”.
7.2.4.
ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE T- 4821541
(i) El señor Vitelio Guio quien
obra en nombre propio y en contra de la Empresa Unión Temporal Milán
Ingienería, representada legalmente por el Señor Orlando Vera Rojas y la
Empresa EAAA de Aguazul, Casanare, presentó acción de tutela, por la vulneración
de los derechos fundamentales a la protección laboral reforzada del trabajador
incapacitado, seguridad social y al mínimo vital, ya que fue despedido por la
Unión Temporal Milán Ingienería para quien trabajaba mediante contrato laboral
a término definido, el cual venía siendo renovado anualmente, para la obra de
acueducto que adelanta la Empresa de Servicios Públicos de Aguazul ESPA S.A.
E.S.P., despido que se debió a su estado de discapacidad, de indefensión
derivadas de su grave estado de salud.
(ii) La Empresa
de Servicios Públicos de Aguazul ESPA S.A. E.S.P. manifiesta que entre la Empresa
de Servicios Públicos de Aguazul “ESPA S.A. E.S.P.” y la Unión Temporal Milán
Ingienería, como con los trabajadores que éste utilice en la ejecución del
Contrato de Obra No. 062 del 31 de diciembre de 2010, no existe ningún vínculo
laboral. Por tanto solicita se le desvincule del presente proceso de tutela.
La Empresa Unión Temporal Milán
Ingienería se opone a todas y cada de las peticiones del accionante, al
considerar que el reintegro no es la solución más adecuada para el estado en
que se encuentra el señor Vitelio, ya que como lo afirma el propio accionante,
actualmente se encuentra con una herida abierta, situación que hace imposible
reubicarlo y buscar un puesto de trabajo compatible con sus condiciones de
salud, pues el vincularlo conllevaría a una profundización de su enfermedad. De
manera que considera que el actor, debe acudir a aplicar alternativas distintas
al reintegro o la reubicación.
En cuanto al pago de
incapacidades y seguridad social, solicita no tutelar estos derechos teniendo
en cuenta que el actor cuenta con otros medios de defensa que puede promover
ante la jurisdicción ordinaria laboral.
Por lo anterior, solicita se
declare improcedente la acción de tutela, de conformidad con lo señalado en el
art. 6 del Decreto 2591 de 1991, por falta de subsidiariedad.
(iii) En sentencia de
primera instancia, el Juzgado Promiscuo Municipal de Aguazul Casanare, mediante
sentencia del catorce (14) de octubre de dos mil catorce (2014), decidió
conceder la acción y tutelar los derechos fundamentales a la protección laboral
reforzada del trabajador incapacitado, seguridad social y mínimo vital,
ordenando a la Empresa Unión Temporal Milan Ingienería y a la Empresa de
Servicios Públicos de Aguazul ESPA E.S.P.: (a) el reintegro del actor bajo un
contrato en las mismas condiciones inicialmente pactadas, (b) la afiliación al
sistema de seguridad social del actor, (c) el pago de todas las incapacidades
dadas por la EPS; (d) la reubicación del actor, una vez finalizadas las
incapacidades, en condiciones acordes con su salud, según las prescripciones
médicas; (e ) oficiar al Ministerio de Protección Social a efectos de que
delegue un inspector de trabajo, para que verifique, dentro del primer mes del
siguiente contado a partir de la reubicación del actor, las condiciones
laborales en las que el accionante se está desempeñando en las empresas accionadas;
y (f) el pago al actor de lo dejado de percibir, de conformidad con los
derechos establecidos en el contrato de trabajo y la ley, durante el tiempo que
estuvo incapacitado y hasta su restablecimiento de sus actividades.
(iv) La anterior sentencia
fue impugnada por la E.A.A.A. de Aguazul E.S.P., en donde solicitó se exonere a
la entidad que representa, por cuanto, aclaró que la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Aguazul ESPA, no es un empleador directo del señor Vitelio Guio,
en razón a que entre éstos no existe una relación laboral plasmada en un contrato
de trabajo escrito o verbal, y que todas las obligaciones laborales se
encuentran únicamente en cabeza del contratista Unión Temporal Milán
Ingeniería, en su condición de empleador.
De igual manera, la Empresa Unión
Temporal Milán Ingeniería, impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó
que se revoque el fallo de primer grado, ya que esta Empresa no despidió al
señor Vitelio Guio sino que supuso el abandono del cargo, y no conocía el
estado grave de salud del actor, puesto que éste no informó al empleador de su
estado de salud y no allegó las incapacidades, hasta que fue notificado del
mismo por medio de la presente acción de tutela. Reiteró que en este caso no
cabe aplicar el reintegro, ni la reubicación del trabajador, ya que el contrato
No.62 de 2010, se encuentra terminado y en etapa de liquidación. Solicitó por
tanto, se revoque la orden de reintegrar y reubicar al accionante, y en su
lugar se autorice el despido. Solicitó que como alternativas al reintegro y
reubicación se ordene le sean cancelados los respectivos salarios y las demás
prestaciones a que tenga derecho el actor.
(v) El juez de segunda
instancia, Juzgado Primero Promiscuo de Familia, de Yopal, Casanare, mediante
sentencia calendada el siete (07) de enero de dos mil quince (2015), decidió “Revocar
el fallo impugnado”, al considerar que no se cumplía con el requisito de
subsidiariedad, en razón a que el actor cuenta con otros mecanismos de defensa
judicial para hacer valer sus derechos, salvo que la tutela se hubiera utilizado
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual no
avizora en el presente caso. Por lo anterior, el Ad quem concluyó que la tutela
se torna improcedente, razón por la cual la providencia impugnada se revocó y se
adoptaron otras determinaciones.
7.2.4.1Análisis
de la Corte
(i) A juicio de la Sala, el
problema jurídico planteado es si los organismos accionados, en su condición de
empleadores, vulneraron los derechos fundamentales a la protección laboral
reforzada del trabajador accionante incapacitado, discapacitado, en estado de
indefensión, de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, por razones de la
terminación de su contrato de trabajo, debido a su grave estado de salud, y si
con ello se vulneró igualmente los derechos fundamentales a la seguridad social
y al mínimo vital del actor, sin que mediara el respectivo permiso de la
autoridad competente, del Ministerio de la Protección, para efectos de
prescindir de los servicios del accionante.
Con fundamento en las pruebas allegadas
al plenario y los hechos constatados en el expediente, la Sala Novena de
Revisión de esta Corporación colige que la presente acción de tutela no solo es
procedente de manera excepcional, ya que se evidencia un estado de incapacidad,
discapacidad e indefensión del actor, y con el fin de evitar un perjuicio
irremediable, sino que esta acción debe prosperar para la protección tutelar,
con fundamento en los siguientes argumentos:
(ii) No obstante que
la acción de tutela no es en principio el mecanismo procedente para resolver
conflictos derivados de relaciones o vínculos laborales, en este caso la Sala
encuentra que la tutela debe proceder de manera excepcional y como mecanismo
principal a fin de proteger derechos laborales relativos a la terminación
unilateral de un contrato de trabajo entre el actor y las empresas accionadas.
De esta manera, se insiste en que la acción de tutela no procede solo frente a
contratos a término indefinido, sino frente a toda clase de contratos, y por
tratarse claramente de un caso en el que se desconoció tanto por el empleador,
como por la decisión de segunda instancia, la estabilidad laboral reforzada de
que goza el actor, por tratarse de un trabajador en estado grave de
incapacidad, de discapacidad, quien padece de un tumor abdominal.
(iii) De esta manera, la Corte
evidencia que el actor se enmarca dentro de los sujetos de especial protección
constitucional, de conformidad con el artículo 44 CP, ya que está probado con
suficiencia dentro del expediente que el ciudadano Vitelio Guio, ha
tenido que ser sometido a dos cirugías y padece de un tumor abdominal, tal
como lo demuestra su historia clínica, lo cual lo convierte en titular del
derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada por encontrarse en
incapacidad y en estado de indefensión, el cual según la
jurisprudencia de esta Corte, ha sido definido entre particulares como una
relación fáctica y jurídica que coloca a la persona que la sufre en situación
de desventaja ostensible hasta el grado de quedar materialmente inerme para
evitar la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales.
(iv) En estos casos, de conformidad
con la jurisprudencia de esta Corporación, es claro que no deben agotarse los
mecanismos o recursos de las jurisdicciones ordinarias, laboral o contenciosa
administrativa, sino que la tutela puede utilizarse como mecanismo principal
para debatir situaciones que son propias de la justicia ordinaria. Lo anterior,
en razón a que la jurisdicción de tutela se ocupa de revisar hechos que
constituyen trasgresión del ordenamiento constitucional y de los derechos
constitucionales fundamentales, en este caso, de la estabilidad laboral
reforzada, y de los derechos al trabajo, a la salud, al mínimo vital y a la
vida en condiciones de dignidad del actor, así como mecanismo para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable. Entre dichos elementos relevantes
se halla la condición del accionante, esto es, que sea un sujeto de especial
protección constitucional, como ocurre con las personas en estado de
discapacidad. Al mismo tiempo, la Sala considera que, dado que se encuentra
confirmada la condición médica del actor, quien padece de un tumor abdominal y
ha sido sometido a varias cirugías, resulta legítima su aspiración de obtener
la protección de sus derechos por la vía constitucional en lugar de acudir al
proceso ordinario laboral, mecanismo en principio idóneo para discutir el
reintegro, pero que carece de la eficacia suficiente frente al grupo
poblacional de las personas que padecen la condición médica referida.  Por lo
tanto, el caso sub-judice supera el requisito de la subsidiariedad, y
por esta razón se desestimarán los argumentos esgrimidos por el juez de segunda
instancia, quien revocó la protección tutelar otorgada por el juez de
instancia, argumentando la falta de subsidiariedad, en cuanto el actor contaba
con otros mecanismos de defensa judicial.
(v) La Corte
recuerda la naturaleza y características de la acción de tutela, y su
procedencia contra particulares cuando están encargados de la prestación de un
servicio público, o cuando afecta grave e inminentemente el interés colectivo o
respecto de quienes se hallen en estado de subordinación o indefensión, como
ocurre en el caso sub judice donde se evidencia la subordinación a la
que se encontraba sometido el actor respecto de las empresas accionadas. De
similar manera, para la Sala es evidente que existe una relación asimétrica de
poder entre el actor y las entidades demandadas, toda vez que dichas empresas
tienen superioridad frente al trabajador.
(vi) Encuentra la Sala que en
este asunto obra prueba suficiente de la relación laboral existente entre el
accionante y las accionadas, que consta en un contrato laboral, y de
conformidad con lo manifestado por el accionante en los hechos de la presente
acción en donde sostiene: (a) que en el mes de mayo de 2013 ingresó a trabajar
con la Empresa Unión Temporal Milán Ingienería, en la obra que adelanta para el
Municipio de Aguazul en la construcción del acueducto para dicho municipio en
el departamento de Casanare; (b) que en el mes de diciembre la Empresa liquidó a
todos los trabajadores y en el mes de enero de 2014, volvieron a vincularlos
para continuar con la ejecución del contrato; (c) que el 21 de
enero de 2014 ingresa a urgencias en el hospital de Aguazul-Casanare, por
presentar dolor abdominal, fiebre, tensión alta, motivo por el cual le dieron incapacidad;
(d) que el tres (3) de febrero de 2014, estando aún incapacitado, le
diagnosticaron en la clínica Casanare un tumor en el abdomen, por lo que lo
remitieron a Bogotá para realizarle una cirugía en una clínica de tercer nivel;
(e) que el once (11) de marzo de 2014, en la clínica Jorge Piñeros Corpas le
realizaron la cirugía, la cual se complicó y lo debieron ingresar a cuidados
intensivos, y según el accionante todas las incapacidades fueron entregadas a
la empresa, sin embargo nunca le efectuaron el pago de las mismas; (f) que al
día siguiente de la operación, la esposa del accionante recibió una llamada de
la secretaria de la Empresa Unión Temporal Milán Ingeniería, quien le informó
que el señor Vitelio Guio estaba despedido y que autorizara a alguien para que
recibiera la liquidación, frente a lo cual, la esposa del accionante les
manifestó que él estaba en cuidados intensivos, que no lo despidieran y que
necesitaba continuar con el seguro; (g) que fue necesario realizarle una nueva
cirugía, por lo tanto estuvo en el Hospital durante dos meses más, y en el mes
de mayo de 2014 la empresa lo desafilió, por lo que debió acudir a préstamos
para continuar pagando el seguro, a fin de que lo continuaran atendiendo; (h)
que en el mes de agosto de 2014 remitió la última incapacidad a la empresa pero
ésta no fue recibida, y le informaron que no iban a pagar dichas incapacidades.
(vii) Constata la Sala que a
pesar de que el actor se realizó dos cirugías y estaba incapacitado, la Empresa
Unión Temporal Milán Ingeniería lo desvinculó el 30 de abril de 2014, y en el
mes de mayo de 2014 lo desafilió al seguro de salud, apareciendo desde el 01 de
mayo de 2014 como cotizante independiente, tal y como obra prueba dentro del
plenario de conformidad con el dicho del actor y la aceptación que hace el
representante legal de la Empresa Unión Temporal Milán Ingeniería, y se observa
en el folio 7 del cuaderno principal.
(viii) Del análisis del
expediente, se concluye que el accionante Vitelio Guio fue desvinculado por las
accionadas de su relación laboral existente, estando el accionante incapacitado
y sin mediar autorización por parte de la autoridad competente.
(ix) De otra pate, esta Sala
desestima los argumentos presentados por la Empresa de Servicios Públicos de
Aguazul ESPA S.A. E.S.P. en la contestación de la acción de tutela en donde manifestó
que no existe vínculo laboral alguno con el actor, y que éste existe solo con
la Empresa Unión Temporal Milán Ingeniería, ya que para esta Corporación es
claro, tal y como lo ha puesto de relieve la jurisprudencia constitucional, que
entre la Empresa de Servicios Públicos de Aguazul ESPA S.A. E.S.P. y la Empresa
Unión Temporal Milán Ingienería, existe una responsabilidad solidaria en lo
referente a la vulneración de los derechos fundamentales de la protección
laboral reforzada del trabajador incapacitado, seguridad social y mínimo vital,
con ocasión del despido que le hicieran al señor Vitelio Guio, sin solicitar el
respectivo permiso a la autoridad competente para efectos de prescindir de los
servicios del accionante, en razón a su estado de incapacidad en el que se
encuentra.
(x) Igualmente, este Tribunal
reitera la protección constitucional de estabilidad laboral reforzada de que
gozan los trabajadores que se hallan en estado de incapacidad, de discapacidad,
de vulnerabilidad o debilidad manifiesta, situaciones en donde esta Corporación
ha diferenciado entre trabajadores calificados como discapacitados y aquellos
que padecen de un deterioro o disminución de su estado de salud física, mental,
psíquica o sensorial, que afecta su capacidad y funciones laborales, encontrándose
todos ellos cobijados por la protección constitucional especial mencionada,
como sucede en el presente caso con el actor Vitelio Guio.
(xi) De este derecho a la
estabilidad laboral reforzada del trabajador en estado de incapacidad,
discapacidad, indefensión, vulnerabilidad o debilidad manifiesta por razones de
su salud, por causa de accidentes o enfermedades bien sea de origen laboral o
común que disminuyen su capacidad laboral, la jurisprudencia ha concluido que
el empleador se encuentra en la obligación de reintegrarlos y de reubicarlos,
en unas condiciones iguales o similares a las que gozaba antes del despido y
atendiendo a sus condiciones de salud y a las indicaciones o prescripciones
médicas, y todo ello, independientemente del tipo de contrato laboral de que se
trate, lo cual es aplicable al caso sub examine.
(xii) Igualmente, la
jurisprudencia de esta Corte ha sido contundente al sostener que cuando el
patrono conoce del estado de salud de su empleado y estando en la posibilidad
de reubicarlo en un nuevo puesto de trabajo, no lo hace, y por el contrario, lo
despide sin justa causa, esta situación implica la presunción legal de que el
despido se efectuó como consecuencia de dicho estado de salud, abusando de una
facultad legal para legitimar su conducta omisiva. Por tanto, para esta Sala de
Revisión se debe dar aplicación a la presunción legal de la conexidad existente
entre el despido y la situación de salud del accionante, dado que la Empresa
Unión Temporal Milán Ingienería tenía pleno conocimiento de la situación de
salud del accionante, por cuanto su internación en urgencias en el hospital de
Aguazul-Casanara y su posterior traslado a Bogotá a la Cínica Jorge
Piñeros Corpas de Saludcoop, en donde se le diagnosticó un tumor abdominal y la
necesidad de realizar cirugías, situación que se dio durante la vigencia del
contrato con dicha Empresa. De esta manera, es lógico y razonable que la
Empresa tuviera pleno conocimiento del estado de salud de trabajador, amén de
las incapacidades otorgadas al mismo, y por tanto debía solicitar el permiso
del Ministerio de la Protección Social para dar por terminado el contrato, así
como cumplir con las indemnizaciones y prestaciones legales del caso.
(xiii) De otra parte, la Sala encuentra
que en este caso las empresas demandadas incumplieron con el principio de
solidaridad, según el cual se debe prodigar un especial trato a los
trabajadores que hayan visto reducida su capacidad laboral con ocasión de un
accidente de trabajo o de una enfermedad común o profesional. Así las cosas, es
notorio, que los empleadores, no prodigaron un especial trato al actor que vió reducida
drásticamente su capacidad laboral con ocasión de una grave enfermedad, por
causa de un tumor abdominal, materializando de esta manera el estado de vulnerabilidad,
debilidad manifiesta e indefensión del trabajador. Igualmente, la empresa
incumplió con este principio de solidaridad social al no buscar la
reinstalación del trabajador incapacitado a su puesto de trabajo, o su reubicación
en uno que no suponga un riesgo para su salud.
(xiv) Constata este Tribunal que
en este caso se violó el derecho a la salud del actor, así como el derecho al
mínimo vital y a la vida del tutelante en condiciones dignas, ya que la Empresa
Unión Temporal Milan Inginería desvinculó laboralmente y desafilió en salud al
actor por razones de tipo contractual o legal, poniendo en riesgo estos
derechos.
(xv) En este mismo orden de
ideas, se advierte que el accionante se encuentra en una situación de extrema
vulnerabilidad y debilidad manifiesta, por cuanto de conformidad con lo
expresado en el libelo y probado dentro del expediente, no cuenta con recursos
para continuar pagando el seguro de salud, su esposa no puede trabajar porque se
ha dedicado a cuidarlo, y al momento de interponer la tutela se encontraba en
un grave estado de salud, pues padecía de una herida abierta, lo que implicaba
que debían realizarle curaciones diarias y debe seguir una dieta especial.
(xvi) Finalmente, la Corte
encuentra que constituye un hecho revictimizante, el que la esposa del actor
haya presentado una queja ante la Personería Municipal de Aguazul-Casanare,
informando respecto del atropello del que ha sido víctima su esposo, a fin de
que el Municipio interviniera, pero no haya recibido respuesta alguna, lo cual
resulta igualmente violatorio del derecho de petición –art.23 CP-.
(xvii) En suma, la Sala colige que en el
presente caso se configura la vulneración del derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada de un trabajador en estado de incapacidad,
discapacidad, indefensión, vulnerabilidad y debilidad manifiesta por razones de
salud, ya que este Tribunal ha comprobado: (a) el estado de discapacidad del
actor, el cual padece de un tumor abdominal, que lo coloca en una situación de
debilidad manifiesta y lo hace sujeto de protección especial; (b) las
accionadas no cumplieron con el requisito de solicitar la autorización por
parte del Ministerio de la Protección Social, de manera que se evidencia la
violación de este requisito legal constitucionalmente protegido; y (c) al darse
por terminado unilateralmene por parte de la accionante la relación laboral con
el actor, se aplica la presunción legal de que esta desvinculación se originó
como consecuencia del estado de padecimiento de salud del actor, del cual la
Empresa estaba informada, tal y como se derivan de los hechos narrados y las
pruebas aportadas.
(xviii) Con fundamento
en todas las anteriores consideraciones, este Tribunal revocará la decisión de
segunda instancia, que a su vez revocó el fallo de primera instancia, mediante
el cual se concedió el amparo de los derechos fundamentales de la protección
laboral reforzada del trabajador incapacitado, seguridad social y mínimo vital,
adoptando diferentes órdenes, y en consecuencia concederá la tutela de manera
definitiva interpuesta e impartirá las siguientes órdenes, en el mismo sentido
del fallo de primera instancia:
(a) Que en el término máximo de cuarenta
y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente
sentencia, se reintegre al actor en forma inmediata al cargo que venía
ocupando, o a uno de igual o semejante jerarquía al que el demandante venía
desempeñando, si él lo quiere, en el cual pueda desempeñarse teniendo en cuenta
su afectación de salud con el cumplimiento de las indicaciones dadas por el
médico tratante.
(b)
Que dentro
de los diez
(10) días siguientes a la notificación de este fallo, las accionadas paguen al
señor Vitelio Guio la
indemnización correspondiente a los 180 días de que trata el artículo 26 de la
Ley 361 de 1997 y se pongan al día con sus cotizaciones de salud, pensión y
riesgos profesionales. Tales pagos no podrán ser presentados como una nueva afiliación,
sino como el pago de cotizaciones atrasadas.
(c ) Finalmente, con el fin de proteger
el derecho fundamental al mínimo vital, y de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, la Corte decidirá ordenar a las empresas accionadas realizar el
pago de los salarios dejados de percibir a partir del día del despido hasta que
se realice el reintegro o reubicación del actor, dada la ineficacia de la terminación
unilateral del contrato.
(d) Adicionalmente, la
Corte solicitará al
Ministerio de Protección Social que delegue un inspector de trabajo, para que
verifique, dentro del primer mes siguiente contado a partir de la reubicación,
las condiciones laborales en las que el accionante Vitelio Guio se está desempeñando
en la Empresa Accionada, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.
7.2.5.
ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE T- 4827562
(i) La señora Kety del Socorro
Sarmiento Ordosgoitia quien obra en nombre propio y en contra de la entidad
Temporales UNO - A Bogotá S.A., presentó acción de tutela, por la vulneración
de los derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, al mínimo vital en conexión
con la vida y la seguridad social y los que se deriven del mismo, en razón a
que fue dado por terminado su contrato de trabajo a término fijo por parte de
la Empresa Temporales UNO-A Bogotá S.A., el día 25 de noviembre de 2014, el
cual tenía término hasta el día 17 de enero de 2015, argumentando que la misión
de trabajo en el Fondo Nacional del Ahorro se había dado por terminada en
noviembre de 2014. La accionante considera que tal terminación anticipada e
injustificada de su contrato tiene una conexión directa con su estado de
discapacidad, al haber sufrido una traquetomía en el año 2011, la cual
le fue realizada por una orden impartida a través de una tutela. Argumenta que
esta discapacidad era conocida ampliamente por la empresa, la cual además
respondió negativamente unos derechos de petición que la actora le presentó, tanto
el 28 de noviembre, como el 3 de diciembre de 2014, solicitando ser reubicada
de conformidad con sus condiciones de discapacidad.
(ii) La entidad
accionada Temporales UNO-A Bogotá S.A., por intermedio de su representante
legal Marta García, dio respuesta a esta acción de tutela argumentando que (a)
no existe ningún documento médico que ordene una reubicación laboral y, que (b)
finalmente terminada la relación contractual entre Temporales UNO-A Bogota y la
usuaria Fondo Nacional del Ahorro, terminó la labor contratada con la ex
trabajadora. De esta manera, considera que no se están vulnerando los derechos
fundamentales alegados por la accionante.
Por su parte, el Fondo Nacional
del Ahorro, vinculado al presente proceso de tutela, dio respuesta argumentando
que esa entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales de la actora, por
cuanto la Empresa TEMPORALES UNO-A suministró al Fondo personal en misión
conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 71 de la Ley 50 de 1990
y Decreto 4369 de 2006 y en tal sentido existió un contrato de prestación de
servicios suscritos con la Empresa de Servicios Temporales UNO-A Bogotá S.A.
(iii) El juez de instancia, el Juzgado
Veintisiete Civil Municipal de Bogotá, mediante sentencia del dieciséis (16) de
febrero de dos mil quince (2015), decidió denegar el amparo de tutela reclamado
en contra de la Empresa Temporales UNO-A Bogota S.A., ya que a su juicio no existió
una relación de causalidad entre la terminación del contrato de trabajo de la
empleada y el estado de discapacidad de la misma, sino que la terminación del
contrato de trabajo no se debió a la condición de discapacidad, razón por la
cual la ruptura no es digna de reproche constitucional.
7.2.5.1 Análisis
de la Corte
(i) El problema jurídico que se debe
resolver en el asunto bajo examen es determinar si la Empresa
Temporales UNO-A Bogotá S.A., y el Fondo Nacional del Ahorro, vinculado al
presente proceso de constitucionalidad, desconocieron el derecho a la
estabilidad laboral reforzada de la actora, y con ello vulneraron sus derechos
fundamentales al trabajo, a la seguridad social, a la salud, al mínimo vital y
a la vida en condiciones dignas, al dar por terminado su contrato laboral a
término fijo, sin la respectiva autorización del Ministerio de la Protección
Social, no obstante que se encuentra comprobado dentro del plenario, que la actora
padece de una traquetomía desde el año 2011, padecimiento de salud que la
coloca en una situación de discapacidad, de indefensión, de vulnerabilidad y de
debilidad manifiesta.
De conformidad con las pruebas allegadas
y los hechos constatados en el expediente, la Sala Novena de Revisión de esta
Corporación concluye que la presente acción de tutela no solo es procedente de
manera excepcional, ya que se evidencia un estado de discapacidad e indefensión
de la actora, y con el fin de evitar un perjuicio irremediable, sino que debe
prosperar la protección tutelar de manera definitiva.
(ii) La acción de
tutela no constituye prima facie un mecamismo principal para debatir y
solucionar conflictos laborales, sin embargo, en el presente asunto, se encuentra
que la acción constitucional es procedente de manera excepcional con el fin de
proteger derechos laborales relativos a la estabilidad laboral reforzada por la
terminación unilateral de un contrato de trabajo a término fijo, y con el fin
de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
(iii)
En este caso, la Corte reitera que la tutela es igualmente procedente respecto
de contratos a término fijo y frente a cualquier tipo de contratos, y no solo
frente a contratos a término indefinido, cuando se trata, como en el presente asunto,
de eventos en los que el empleador o patrono desconoce la estabilidad laboral
reforzada de que goza la accionante, por ser una trabajadora en estado de
discapacidad, quien ha sufrido una traquetomía desde el año 2011.
(iv)
Se evidencia que la actora se encuentra dentro del grupo de sujetos de especial
protección constitucional, de conformidad con el artículo 44 CP, ya que está probado
con suficiencia dentro del expediente que la ciudadana Kety del Socorro
Sarmiento Ordosgoitia ha sido intervenida quirúrgicamente con una traquetomía,
situación que la convierte en titular del derecho fundamental a la estabilidad
laboral reforzada.
(v) En estos casos, de
conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, es claro que no deben
agotarse los mecanismos o recursos de las jurisdicciones ordinarias, laboral o
contenciosa administrativa, sino que la tutela puede utilizarse como mecanismo
principal para debatir situaciones que son propias de la justicia ordinaria. En
este sentido, la
Sala considera que, dado que se encuentra confirmada la condición médica de la
actora, a quien le fue realizada una traquetomía, resulta procedente su
aspiración de obtener la protección de sus derechos por la vía constitucional
en lugar de acudir al proceso ordinario laboral, mecanismo en principio idóneo
para discutir el reintegro, pero que carece de la eficacia suficiente frente al
grupo poblacional de las personas que padecen la condición médica referida.
(vi) De otra parte,
este Tribunal encuentra que la presente tutela es procedente igualmente contra
particulares, de conformidad con el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, que
prevé dentro de las causales la relación de subordinación entre las partes del
proceso, como ocurre en las relaciones derivadas del contrato de trabajo,
circunstancia que se evidencian en el caso sub examine.
(vii)
La Corte constata que la actora se ha encontrado vinculada por medio de
contratos a término fijo que han sido renovados por aproximadamente tres años
con la Empresa Temporal UNO-A Bogotá S.A., los cuales fueron prorrogados de
manera indefinida, y que no
obstante que la actora se encontraba en estado de discapacidad por haber sido
sometida a una operación quirúrgica de traquetomía, lo que la convierte en una
trabajadora en estado de discapacidad y acreedora del derecho a la estabilidad
laboral reforzada, su contrato fue terminado de manera anticipada y
unilateralmente por la empresa temporal UNO-A Bogotá S.A.
(viii) Debe reiterar la Sala que
la protección tutelar de la estabilidad laboral reforzada de que gozan los
trabajadores en estado de incapacidad, de discapacidad, de afectación o
disminución física, psicológica o sensorial, o en estado de indefensión, de vulnerabilidad
o de debilidad manifiesta por sus circunstancias de salud, es procedente
independientemente del contrato o vínculo laboral de que se trate.  De esta manera,
no solo procede para los contratos a término indefinido, sino igualmente como
en el caso que nos ocupa, para los contratos a término fijo, máxime, cuando los
mismos han sido renovados o prorrogados de manera continua o  indefinida.
Igualmente, la protección tutelar es procedente frente a las empresas
temporales de empleo, como en el caso que ahora nos ocupa, que en muchas
ocasiones son utilizados como una forma o estrategia sistemática para
desconocer las cargas prestacionales y los derechos fundamentales de orden
laboral de los trabajadores, quienes se encuentran en una situación de subordinación
e indefensión frente a sus patronos o empresas empleadoras temporales.
(ix) De la información aportada
dentro del expediente la Corte evidencia las siguientes circunstancias:
(a) La accionante estuvo
vinculada laboralmente a la Empresa Temporales UNO-A Bogotá S.A. desde el año
2011, mediante contratos a término fijo que se venían prorrogando de manera
continua, y fue informada de la terminación anticipada de su contrato de
trabajo a término fijo, el día 25 de noviembre del año 2014, por medio de
correo electrónico, no obstante que su contrato de trabajo terminaba el 17 de
enero de 2015.
(b) Para justificar el despido de
la actora, la Empresa argumentó que se había terminado el contrato de misión
con el Fondo Nacional del Ahorro, con fecha de desvinculación 30 de noviembre
del mismo año.
(c ) La accionante sostuvo que le
envió dos derechos de petición a la Empresa, tanto el 28 de noviembre, como el
3 de diciembre del 2014, en donde les solicitó que la reubicaran en otro cargo
que estuviera acorde con su condición de discapacidad, peticiones que le fueron
contestadas por escrito calendado el 12 de diciembre de 2014, y en donde le
informaban que no era posible atender su solicitud.
(d) Por tanto, la accionante pone
de manifiesto que padece de una situación particular de estado de discapacidad que
es plenamente conocida por la Empresa. Menciona que fue intervenida
quirúrgicamente con la práctica de una traquetomía en el año 2011, de la cual
no padecía cuando comenzó a trabajar en la Empresa accionada, y que fue operada
gracias a una tutela que interpuso con dicho fin, así como que su tratamiento
no puede ser interrumpido abruptamente al ser desafiliada de la seguridad
social en salud por no tener empleo.
(x)
La
Sala reitera que el artículo 26 de la ley 361 de 1997 establece que el despido
de una persona en razón de una “limitación”, sin autorización previa de
la autoridad del trabajo, es absolutamente ineficaz. Es decir, carece de
efectos, razón por la cual, en caso de producirse, el juez debe ordenar el
reintegro laboral del afectado y el pago de 180 días de salario como sanción
por el desconocimiento de la especial protección que cobija a las personas con
discapacidad. De hecho, esa protección se extiende a todos aquellos que se
encuentren en condición de debilidad manifiesta por enfermedad, con
independencia si la limitación es leve o severa.
En
este proceso se encuentra acreditado que la peticionaria sostuvo un vínculo
laboral con la entidad accionada y que, previa a la notificación que la Empresa
le remitiera, informándole sobre la finalización de su relación laboral, no
existió autorización del Ministerio del Trabajo.
(xi)
Establecida la titularidad del derecho fundamental a la estabilidad reforzada
en cabeza de la peticionaria, y verificada la existencia de un vínculo laboral
que culminó sin autorización del Ministerio del Trabajo, la procedencia del
amparo en principio se encuentra condicionada a que se pruebe la conexión entre
el despido y la condición de discapacidad del afectado. La Sala recuerda que en
este escenario debe aplicarse la presunción de despido discriminatorio en favor
del peticionario, de ahí que sea el empleador o patrono quien debe demostrar
que el despido del tutelante se produjo como resultado de una justa causa.
(xii) En punto a este tema, disiente
este Tribunal de las razones arguidas por el juez de instancia para negar la
tutela, en cuanto a que considera que no se evidencia el nexo causal entre la
razón del despido o la terminación anticipada del contrato de trabajo a término
fijo de la Empresa accionada con la actora, y el estado de discapacidad, de
indefensión, de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de ésta. Por el
contrario, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido pacífica y
reiteradamente que existe una presunción legal de relación causal entre el
despido o terminación del vínculo laboral entre un empleador o patrono y un
trabajador en estado de incapacidad, discapacidad, indefensión, debilidad o
vulnerabilidad manifiesta en razón de su estado de salud, de su afectación o
disminición física, mental o sensorial, y que por tanto se invierte la carga de
la prueba en cabeza del empleador, quien tiene que demostrar la existencia de una
causal objetiva para el despido, y desvirtuar así el nexo causal que se presume
entre la discapacidad, en este caso de la accionante, y la terminación anticipada
del contrato a término fijo, esto es, que el empleador logre demostrar que no
existe una relación de causa a efecto entre la condición física de la
trabajadora y la ruptura del vínculo laboral.
Para esta Corte la presunción
legal de despido sin justa causa y en razón del estado de discapacidad de la
actora no se logra desvirtuar por parte de la Empresa Union Temporales UNO-A
Bogotá S.A., y el Fondo Nacional del Ahorro, por lo siguiente: (a) La actora
tenía un vínculo laboral con la accionada desde el año 2011 mediante contratos
a término fijo que se venían prorrogando continuamente. (b) El contrato a
término fijo que vencía el 17 de enero de 2015 fue terminado anticipadamente
por la accionante el día 25 de noviembre del año 2014, por medio de
correo electrónico. (c) A pesar de que para justificar el despido de la actora,
la Empresa argumentó que se había terminado el contrato de misión con el Fondo
Nacional del Ahorro, con fecha de desvinculación 30 de noviembre del mismo año.
Esta Corporación considera que la Empresa accionada, en atención al derecho a
la estabilidad laboral reforzada, los derechos a la salud, al mínimo vital y a
la vida en condiciones dignas, y teniendo en cuenta los derechos de petición
enviados por la accionante solicitando su reubicación en un cargo que tuviera
en cuenta sus condiciones especiales de discapacidad física; y en cumplimento
del principio de solidaridad para con aquellos trabajadores que padecen
situaciones de discapacidad; ha debido reubicar a la actora en otro cargo o
empleo acorde con sus condiciones especiales de salud. (d) La accionante pone
de manifiesto que padece de una situación particular de estado de discapacidad
que es plenamente conocida por la Empresa.
Por todo lo anterior, es razonable
concluir que la Empresa accionada no solo no logró desvirtuar la presunción
legal y aportar la prueba objetiva respecto de que no existió conexión entre el
despido y el padecimiento de salud de la actora, sino que muy por el contrario,
por los hechos y pruebas que obran en el expediente se puede deducir que
existió tal conexidad directa e inmediata entre el despido y el estado de
discapacidad de la tutelante por sufrir de una traquetomia.
(xiii) Igualmente, la Sala
reitera su jurisprudencia sobre la protección de la estabilidad laboral reforzada
aún en contratos con empresas temporales y empleados en calidad de “misión”,
así como respecto de la responsabilidad solidaria que existe entre la empresa
contratista y la beneficiaria respecto de los derechos laborales de los
trabajadores. De este modo, no son de recibo los argumentos presentados por el
Fondo Nacional del Ahorro en la contestación de la acción de tutela en donde
manifestó que no existe vínculo laboral alguno con la actora, y que éste solo
existe con la Empresa Temporal UNO-A Bogotá, por cuanto para esta Corporación
es claro que entre estas empresas existe una responsabilidad solidaria en lo
referente a la protección de los derechos fundamentales de la estabilidad laboral
reforzada de la trabajadora incapacitada, seguridad social y mínimo vital, con
ocasión del despido que le hicieran a la accionante, sin solicitar el
respectivo permiso a la autoridad competente, en razón al estado de incapacidad
en el que se encuentra.
(xiv) Adicionalmente, la Corte
pone de relieve la especial y extrema condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta
en que se encuentra la actora, no solo por su despido y la violación a su
estabilidad laboral reforzada, y la consecuente vulneración de su derecho al
trabajo, y a la salud, sino también a su mínimo vital y vida en condiciones de
dignidad, puesto que a causa de su despido ha sido desvinculada del sistema
general de seguridad social en salud en el régimen contributivo, así como a la
cotización de pensiones.
(xv)
Finalmente, la
Sala reitera el principio de solidaridad aplicado a la estabilidad laboral
reforzada, y colige que en el presente caso el empleador vulneró este
principio, puesto que se trata de un evento en que en que la Empresa accionada
fue indiferente al estado de discapacidad de la accionante, y con ello la
Empresa contra la cual se dirige la presente tutela omitió auxiliar a la actora.
Es claro que el conocimiento de la patología de la tutelante implicaba que la
única opción válida en términos constitucionales para la Empresa accionada era
reconsiderar su decisión resolutoria del contrato, o mínimamente solicitar la
autorización del Ministerio de Protección, puesto que el principio de
solidaridad establece un patrón de conducta que obligaba al demandado a tratar
dignamente a la trabajadora, mucho más si su despido no sólo compromete su
derecho a una vida en condiciones de dignidad, y además afecta su capacidad de
atender su enfermedad, pues la terminación de la relación laboral implicaba su
desvinculación del sistema general de la seguridad social.
(xvi) En suma, este Tribunal concluye
que se configura la vulneración al derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada de la ciudadana Kety del Socorro Sarmiento Ordosgoitia, trabajadora en
estado de discapacidad, ya se ha establecido (a) el estado de discapacidad de la
actora, la cual fue intervenida quirúrgicamente con la operación de traquetomía
desde el año 2011, lo que la coloca en una situación de discpacidad, de
vulnerabilidad y debilidad manifiesta y como sujeto de protección especial, de
conformidad con la jurisprudencia constitucional; (b) la Empresa accionada no
cumplió con el requisito de solicitar la autorización por parte del Ministerio
de la Protección Social, el cual exige el ordenamiento jurídico, de manera que
esta Corporación evidencia la violación de este requisito legal
constitucionalmente protegido; y (c) al darse por terminado unilateralmene por
parte de la accionada la relación laboral con la actora, se debe aplicar la
presunción legal de que esta desvinculación se originó como consecuencia del
estado de padecimiento de salud de la actora.
(xvii) Por tanto, al configurarse la
vulneración del derecho a la estabilidad laboral reforzada de la actora, la
consecuencia constitucional para la protección de los derechos fundamentales de
la tutelante es el reintegro de la trabajadora por vía del amparo
constitucional, motivo por el cual, esta Sala concluye la necesidad de revocar
la sentencia de instancia, y en su lugar conceder la tutela de manera definitiva.
En consecuencia se impartirán las siguientes órdenes a la empresa accionada:
(a) Que en el término máximo de cuarenta
y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente
sentencia, la Empresa
Temporales UNO-A Bogotá S.A. y el Fondo Nacional del Ahorro reintegren a la
actora Kety
del Socorro Sarmiento Ordosgoitia en forma inmediata al cargo que venía
ocupando, o a uno de igual o semejante jerarquía al que la demandante venía
ocupando, en el cual pueda desempeñarse teniendo en cuenta su afectación de
salud con el cumplimiento de las indicaciones dadas por el médico tratante.
(b) Que las Empresas accionadas se pongan
al día con los aportes a salud, pensión y riesgos profesionales de la
accionante, hasta tanto se mantenga la relación laboral entre los mismos, o la
actora sea pensionada por invalidez, y que tales pagos los realice no como una
nueva cotización sino como aportes dejados de cancelar, es decir, sin solución
de continuidad.
(c ) Finalmente, con el fin de proteger
el derecho fundamental al mínimo vital, y de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, la Corte decidirá ordenar a las Empresas accionadas realizar el
pago de los salarios dejados de percibir por la actora a partir del día del
despido hasta que se realice el reintegro de la accionante, dada la ineficacia
de la terminación unilateral del contrato.
V. DECISIÓN
Con fundamento
en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala Novena de Revisión de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la
sentencia calendada
el dos (2) de diciembre de dos mil catorce (2014), por el juez de segunda
instancia, Juzgado Primero Penal del Circuito del Distrito Judicial de
Bucaramanga, dentro del Expediente T-4811462, cuyo
actor es el señor Sergio
René Suárez Lagos,
en donde se decidió revocar la sentencia impugnada de fecha 16 de octubre,
proferida por el Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de Conocimiento de
Bucaramanga, en cuya sentencia del 16 de octubre de 2014, resolvió conceder de
forma transitoria la tutela formulada por el actor en contra de la Cooperativa
Multiactiva de Transportadores Omega Ltda..
SEGUNDO.- En consecuencia, CONCEDER
el amparo del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada del actor
y ORDENAR a la Cooperativa
Multiactiva de Transportadores Omega Ltda. que
en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de la presente sentencia – si el accionante así lo desea –,
reintegre al ciudadano Sergio René Suárez Lagos en forma inmediata al cargo que venía ejerciendo o a uno de
jerarquía igual o similar al que desempeñaba, en el que se atiendan sus
condiciones de salud. En todo caso, deberá ser reubicado de acuerdo con sus
recomendaciones médicas.
TERCERO.-
ORDENAR a la Cooperativa Multiactiva de Transportadores Omega
Ltda.
que, dentro de los diez
(10) días siguientes a la notificación de este fallo, pague al señor Sergio René
Suárez Lagos
la
indemnización correspondiente a los 180 días de que trata el artículo 26 de la
Ley 361 de 1997 y se ponga al día con sus cotizaciones de salud, pensión y
riesgos profesionales. Tales pagos no podrán ser presentados como una nueva
afiliación, sino como el pago de cotizaciones atrasadas.
CUARTO.-
ORDENAR a la Cooperativa
Multiactiva de Transportadores Omega Ltda. que dentro de los diez
(10) días siguientes a la notificación de este fallo, pague al señor Sergio René
Suárez Lagos
los
salarios y las prestaciones sociales que legalmente correspondan dejados de
percibir durante el tiempo que fue desvinculado de la empresa demandada hasta
que se materialice su reintegro o reubicación laboral.
QUINTO.-
REVOCAR la sentencia
proferida en segunda
instancia, dentro del Expediente T-4816526, cuyo actor es el señor Wilman
Buitrago Galeano,
por
el Juzgado Segundo de Familia de Tulúa – Valle, en fallo calendado el
diecinueve (19) de diciembre de dos mil catorce (2014), mediante la cual
decidió confirmar en todas sus partes la sentencia No. 042 del 24 de noviembre
de 2014, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro – Valle, la
cual negó el amparo de los derechos fundamentales a la salud, la seguridad
social, la vida, el trabajo y la igualdad del actor.
SEXTO.- En
consecuencia, CONCEDER el amparo del derecho a la estabilidad laboral
reforzada del ciudadano Wilman Buitrago
Galeano, y ORDENAR
a la Empresa
Sociedad Agroindustria Santa María S.A.S. que, en el término
de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la
presente sentencia – si el accionante así lo desea –, reintegre al
accionante en forma inmediata a un cargo con jerarquía semejante al que venía
desempeñando en el que se atiendan sus condiciones de salud. En todo caso,
deberá ser reubicado de acuerdo con sus recomendaciones médicas.
SEPTIMO.-
ORDENAR a la Empresa Sociedad Agroindustria Santa
María S.A.S.
que,
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de este
fallo, pague al ciudadano Wilman Buitrago Galeano la indemnización
correspondiente a los 180 días que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y
se ponga al día con sus cotizaciones de salud, pensión y riesgos profesionales.
Tales pagos no podrán ser presentados como una nueva afiliación, sino como el
pago de cotizaciones atrasadas.
OCTAVO.-  SOLICITAR al Ministerio de
Protección Social que delegue un inspector de trabajo, para que verifique,
dentro del primer mes del siguiente contado a partir de la reubicación, las
condiciones laborales en las que el accionante Wilman Buitrago
Galeano se
está desempeñando en la Empresa Accionada, de conformidad con la parte motiva
de esta sentencia.
NOVENO.-  CONFIRMAR la
sentencia de instancia, dentro del Expediente T-4821048, proferida por
el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Villavicencio
– Meta, que mediante fallo del veinticuatro (24) de diciembre de 2014, decidió
negar por improcedente la acción de tutela impetrada por el ciudadano Héctor
María Saray Saray contra la señora María Aurora Ortegón de Ortegón conforme
a las consideraciones expuestas en el presente fallo.
DÉCIMO.- REVOCAR la
sentencia de segunda instancia, dentro del Expediente T- 4821541, cuyo actor
es el señor Vitelio Guio, dictada por el
Juzgado Primero Promiscuo de Familia, de Yopal, Casanare, mediante sentencia
calendada el siete (07) de enero de dos mil quince (2015), que decidió “Revocar
el fallo impugnado”, fallado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Aguazul
Casanare, mediante decisión del catorce (14) de octubre de dos mil catorce
(2014), en el cual se concedió la tutela y se profieron diferentes órdenes para
proteger el derecho a la estabilidad laboral reforzada del trabajador
incapacitado, seguridad social, el mínimo vital y la vida en condiciones de
dignidad.
DÉCIMO PRIMERO.- En
consecuencia, CONCEDER el amparo del derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada del actor y ORDENAR
a la Empresa
Unión Temporal Milan Ingienería, y la Empresa de Servicios Públicos de Aguazul “ESPA
E.S.P”,
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación de la presente sentencia – si el
accionante así lo desea –, y una vez finalizadas sus incapacidades, reintegre
al ciudadano Vitelio Guio en forma inmediata al cargo que venía
ejerciendo o a uno de jerarquía igual o similar al que desempeñaba, en el que
se atiendan sus condiciones de salud. En todo caso, deberá ser reubicado de
acuerdo con sus recomendaciones médicas.
DÉCIMO
SEGUNDO.- ORDENAR a la Empresa
Unión Temporal Milan Ingienería y la Empresa de Servicios Públicos de
Aguazul “ESPA S.A. E.S.P”, que dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de este fallo, pague al señor Vitelio Guio la indemnización
correspondiente a los 180 días de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de
1997 y se ponga al día con sus cotizaciones de salud, pensión y riesgos
profesionales. Tales pagos no podrán ser presentados como una nueva afiliación,
sino como el pago de cotizaciones atrasadas.
DÉCIMO
TERCERO.-  ORDENAR  a  la
Empresa  Unión  Temporal  Milan Ingienería y  la  Empresa  de  Servicios  Públicos
de  Aguazul  “ESPA S.A. E.S.P.”,  que  dentro  de  los  diez
(10)  días  siguientes a  la  notificación  de  este fallo,  pague  al  señor  Vitelio
Guio  los
salarios y  las  prestaciones  sociales que legalmente correspondan dejados de
percibir durante el tiempo que fue desvinculado de la empresa demandada hasta
que se materialice su reintegro o reubicación laboral, o hasta tanto se le
reconozca y se le pague efectivamente una pensión de invalidez.
DÉCIMO CUARTO.-
SOLICITAR al Ministerio de Protección Social a efectos de que
delegue un inspector de trabajo, para que verifique, dentro del primer mes del
siguiente contado a partir de la reubicación, las condiciones laborales en las
que el accionante Vitelio Guio se está
desempeñando en las Empresas Accionadas, de conformidad con la parte motiva de
esta sentencia.
DÉCIMO QUINTO. REVOCAR la sentencia de
instancia dictada por el Juzgado Veintisiete Civil Municipal de
Bogotá, dentro del EXPEDIENTE T- 4827562, cuya actora es la señora  Kety
del Socorro Sarmiento Ordosgoitia, mediante sentencia del dieciséis (16) de
febrero de dos mil quince (2015), en donde decidió: “PRIMERO. DENEGAR
el amparo de tutela reclamado a nombre de la ciudadana KETY DEL SOCORRO
SARMIENTO ORDOSGOITIA, identificada con C.C.No.51.604.827 en contra la empresa
TEMPORALES UNO-A BOGOTÁ por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta decisión.”
DÉCIMO SEXTO.- En consecuencia, CONCEDER el
amparo del derecho a la estabilidad laboral reforzada de la ciudadana Kety del Socorro Sarmiento
Ordosgoitia, y ORDENAR
a la Empresa Temporales UNO-A Bogotá S.A. y al Fondo Nacional del Ahorro,
que,
en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de la presente sentencia – si la
accionante así lo desea –, reintegren a la actora en forma inmediata a un
cargo con jerarquía semejante al que venía desempeñando en el que se atiendan
sus condiciones de salud. En todo caso, deberá ser reubicada de acuerdo con sus
recomendaciones médicas.
DÉCIMO SEPTIMO.- ORDENAR a la Empresa
Temporales UNO-A Bogotá S.A. y al Fondo Nacional del Ahorro que, dentro de
los diez
(10) días siguientes a la notificación de este fallo, pague a la ciudadana Kety del
Socorro Sarmiento Ordosgoitia, la indemnización correspondiente a los
180 días que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y se ponga al día con
sus cotizaciones de salud, pensión y riesgos profesionales. Tales pagos no
podrán ser presentados como una nueva afiliación, sino como el pago de cotizaciones
atrasadas.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
MYRIAM AVILA ROLDAN
Magistrada (E) Ponente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaría General
Auto 323/17
Referencia:
Solicitud de aclaración de la Sentencia T-461 de 2015
Magistrada Ponente:
DIANA
FAJARDO RIVERA
Bogotá D.C.,
veintinueve (29) de junio de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Novena
de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, adopta el presente Auto, con
fundamento en los siguientes,
ANTECEDENTES
1. Mediante la
Sentencia T-461 de 2015[73], la
Corte Constitucional decidió 5 acciones de amparo relacionadas con el derecho a
la estabilidad laboral reforzada. Respecto del expediente T-4827562, la Sala
concedió la protección de los derechos fundamentales invocados por la ciudadana
Kety
del Socorro Sarmiento Ordosgoitia, quien fue despedida por el empleador, a
pesar de su condición de discapacidad, y sin que mediara la respectiva
autorización por parte del Ministerio de la Protección Social. Por
consiguiente, ordenó:
“DÉCIMO SEXTO.- (…) a la Empresa Temporales UNO-A
Bogotá S.A. y al Fondo Nacional del Ahorro, que, en el término de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia –
si la accionante así lo desea –, reintegren a la actora en forma inmediata a un cargo con
jerarquía semejante al que venía desempeñando en el que se atiendan sus
condiciones de salud. En todo caso, deberá ser reubicada de acuerdo con sus
recomendaciones médicas”.
“DÉCIMO SÉPTIMO.- (…) a la Empresa Temporales UNO-A Bogotá S.A. y
al Fondo Nacional del Ahorro que, dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de este fallo, pague a la ciudadana Kety del Socorro Sarmiento Ordosgoitia, la indemnización correspondiente a
los 180 días que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y se ponga al día
con sus cotizaciones de salud, pensión y riesgos profesionales. Tales pagos no
podrán ser presentados como una nueva afiliación, sino como el pago de
cotizaciones atrasadas”.
2. El 29 de enero de 2016, el Apoderado
Especial del Fondo Nacional del Ahorro presentó ante esta Corporación una
solicitud de aclaración de la Sentencia T-461 de 2015, específicamente respecto
de las órdenes 16 y 17 anteriormente referidas. Ello con el fin de precisar,
por una parte, “en qué entidad se debe reintegrar a la accionante” y,
por la otra, “en
qué proporción debe pagar cada una de las entidades condenadas” la
indemnización enunciada en la parte resolutiva.
3. En
consecuencia, por medio del Auto del 9 de marzo de 2016, el Magistrado
sustanciador ofició al Juzgado 27 Civil Municipal de Bogotá, quien obró como
juez de primera instancia en el trámite de tutela, para que indicara tanto “la
fecha en qué libró la comunicación respectiva notificando el contenido de
la sentencia T-461 de 2015” al Fondo Nacional del Ahorro, como para
que remitiera “la certificación emitida por la oficina de correos, en la
cual conste la fecha exacta en que dicha comunicación fue recibida en las
oficinas del Fondo Nacional del Ahorro”. Lo anterior, con el objetivo de
dilucidar si la solicitud de aclaración fue formulada dentro de los 3 días
siguientes a la notificación de la providencia T-461 de 2015.
4. El Fondo Nacional del Ahorro presentó
otras solicitudes de aclaración a la Sentencia T-461 de 2015, el 23 de
septiembre y el 2 de noviembre de 2016, insistiendo en los argumentos de la
primera petición.
5. A través del Auto fechado el 9 de
febrero de 2017, el Magistrado sustanciador reiteró la comunicación al Juzgado
27 Civil Municipal de Bogotá, para que indicara la fecha de notificación de la
Sentencia T-461 de 2015. En vista de que, la documentación remitida por el a-quo
no correspondió con el requerimiento efectuado por la Corporación, sino que
estaba relacionada con la notificación de la sentencia de tutela de única
instancia proferida por el mismo juzgado, realizada el 2 de marzo de 2015,[74] el
Despacho no contaba con la fecha de notificación de la sentencia T-461 para
emitir un pronunciamiento de fondo.
6. Finalmente,
el 23 de marzo de 2017, el Juzgado 27 Civil Municipal de Bogotá emitió
constancia secretarial en el siguiente tenor: “que dentro del trámite
seguido por KETTY DEL SOCORRO SARMIENTO contra TEMPORALES UNO A, obra
constancia (…) de notificación de la sentencia de revisión de la Corte
Constitucional (…) a la entidad Fondo Nacional del Ahorro en fecha 27 de enero
de 2016”.
7. Habiendo
recibido y calificado las pruebas respectivas, la Sala procede a analizar el
presente asunto.
CONSIDERACIONES
El Fondo Nacional del Ahorro (en
adelante FNA), solicitó la aclaración de la Sentencia T-461 de 2015,
particularmente respecto de las órdenes 16 y 17 contenidas en su parte
resolutiva, puesto que la providencia no especificó las siguientes
circunstancias: (i) quién debe reintegrar a la accionante, si la Empresa
Temporales UNO-A Bogotá S.A., en su calidad de empleadora, o el FNA, como solidariamente
responsable; y (ii) qué porcentaje de la indemnización, de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, debe asumir el Fondo como
empresa usuaria de la temporal.
Para abordar esta solicitud, la Sala verificará si se cumplieron con los
requisitos para la procedencia de la aclaración de fallos de tutela, de
conformidad con las disposiciones del Código General del Proceso y los Decretos
2067
y 2591
de 1991, en los términos de la jurisprudencia constitucional.
1. Requisitos para que proceda la
aclaración de sentencias de tutela emitidas por la Corte Constitucional
El artículo 49 del Decreto 2067 de 1991
señala que “contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede
recurso alguno”. En un sentido similar, mediante fallo C-113 de 1993[75], esta
Corporación declaró inexequible el artículo 24 de la misma normatividad, que
asignaba al Tribunal Constitucional la facultad de servir de órgano consultivo
a las autoridades judiciales, al considerar que “la posibilidad de aclarar
los alcances de su fallo, no sólo atenta contra la cosa juzgada, sino que es
contraria a la seguridad jurídica, uno de los fines fundamentales del derecho”.
Lo anterior significa que, por regla
general, sobre las decisiones proferidas por la Corte Constitucional no procede
ninguna solicitud que pretenda aclarar su contenido.[76] La razón de
dicha negativa obedece, fundamentalmente, a que permanecería la posibilidad
para debatir asuntos que se supone ya fueron resueltos a través de tal
sentencia, la que además goza del carácter de cosa juzgada constitucional.[77]
No obstante, de conformidad con el
artículo 309 del Código de Procedimiento Civil[78], subrogado por
el 285 del Código General del Proceso[79], la Corte
Constitucional ha aceptado, de manera excepcional, la aclaración de sus fallos
de tutela, siempre que la solicitud cumpla con los siguientes requisitos,[80] los cuales
serán analizados en la petición presentada por el Fondo Nacional del Ahorro.
1.1. Requisito temporal[81]
El artículo 285 de la Ley 1564 de 2012,
por medio de la cual se expide el Código General del Proceso, establece que la
aclaración de una providencia judicial procede siempre que la solicitud se
formule dentro del término de ejecutoria del fallo. Esto es, en el curso de los
tres (3) días siguientes a la notificación de la sentencia, acorde con lo
estipulado en el artículo 302 de la citada ley. Dado que, el Fondo Nacional del
Ahorro fue notificado de la Sentencia T-461 de 2015 el 26 de enero de 2016,
según constancia secretarial del Juzgado 27 Civil Municipal de
Bogotá[82], y la
solicitud de aclaración fue radicada en la Secretaría de la Corte
Constitucional el 28 de enero del mismo año, la Sala considera que el FNA
presentó dentro del término la petición de aclaración.
1.2. Requisito
personal
De conformidad
con el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, la decisión de tutela surte
efectos inter partes. Lo anterior conlleva, frente a solicitudes como la
presente, que “sólo las personas sobre quienes
produzca efectos la tutela estarán legitimadas para pedir, (…) la aclaración,
corrección o anulación de la sentencia”.[83] La legitimidad de tales individuos, en consecuencia, se origina en que la
petición sea formulada por su calidad de sujeto procesal, pues al ser vinculado
al trámite de tutela, directamente debe soportar las consecuencias de la
decisión.[84] La
presente solicitud cumple con este presupuesto, toda vez que el Fondo Nacional
del Ahorro fue vinculado al trámite de la acción de tutela identificado con el
número T-4827562, y recayó en él las órdenes 16 y 17 de la Sentencia T-461 de
2015.
1.3. Requisito
sustancial
El Código General del Proceso también
consagra, en su artículo 285, que la aclaración solo procede cuando la
providencia “contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de
duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o
influyan en ella”. No puede ser de otra manera si, además, se observa el
principio de intangibilidad de la decisión judicial, el cual prohíbe a la
autoridad jurisdiccional pronunciarse sobre una sentencia ya emitida, aun con
el pretexto de aclararla, a no ser que exista algún elemento ambiguo o que
cause una real confusión en el intérprete.[85]
Es por esto que, la Corte Constitucional
ha hecho hincapié en que la procedencia de la aclaración de la tutela estará
condicionada a la existencia de una razón objetiva de duda, que obstaculice
tanto el entendimiento de la sentencia como el cumplimiento de lo decidido.[86] En otras
palabras, es viable la solicitud cuando se pretende aclarar aquello “que es
ambiguo” o “que es susceptible de ocasionar perplejidad en su intelección”.[87] Una
interpretación en otro sentido, además de innecesaria, conllevaría varios
riesgos, tales como “modificar
sus alcances, alterar su contenido, reducir su espectro de acción o modificar
las condiciones en que se concedió el amparo de tutela, lo cual implica la
producción de una nueva providencia judicial y la consecuente afectación de los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica”.[88]
Con esta precisión, la Sala observa que,
en efecto, la solicitud de aclaración se dirigió contra la parte resolutiva de
la Sentencia T-461 de 2015, a saber, las órdenes 16 y 17, las cuales
involucraron al Fondo Nacional del Ahorro como responsable de las obligaciones
labores señaladas a favor de la accionante, señora Kety del Socorro Sarmiento
Ordosgoitia.
No obstante, dado que el Fondo Nacional
del Ahorro expuso que la Sentencia T-461 de 2015, en su parte resolutiva,
contiene frases que merecen aclaración, de un lado, que la orden 16 es ambigua
frente a quién debe reintegrar a la accionante y, de otro lado, tampoco precisa
cuál es el porcentaje que cada una de las demandadas está obligada a asumir,
para cumplir con la indemnización descrita en la orden 17, la Sala considera
necesario exponer el alcance de la responsabilidad solidaria y, a partir de
ello, determinar la procedencia de la solicitud de aclaración respecto de estas
dos situaciones.
2. Escenario constitucional
fijado en la sentencia T-461 de 2015 respecto de la responsabilidad solidaria
En la sentencia T-461 de 2015, la Sala
Novena de Revisión de la Corte Constitucional realizó una referencia general
frente a la responsabilidad solidaria fijada en el artículo 34 del Código
Sustantivo de Trabajo, para sustentar el derecho a la estabilidad laboral
reforzada. Así, manifestó que “cuando una empresa-beneficiaria contrata la
ejecución de algunas obras o servicios con un contratista independiente, que a
su vez vincula personal para el desarrollo de las actividades contratadas,
aquella puede ser responsable solidariamente de las obligaciones laborales que
ese contratista independiente incumpla”.
La regla expuesta en la sentencia
vincula las diferentes obligaciones laborales señaladas en el artículo 34 del
C.S.T., que por la figura de la solidaridad recaen en las empresas usuarias,
como ocurre en este caso con el Fondo Nacional del Ahorro. Sin embargo, la
aclaración se circunscribe a determinar el alcance de la referida regla frente
a las obligaciones de reintegro y el pago de la indemnización, fijadas en las
órdenes 16 y 17 del pronunciamiento, como se expone a continuación.
3. Alcance de la responsabilidad
solidaria definida en el artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo (C.S.T.)
Para valorar las situaciones expuestas
por el Fondo Nacional del Ahorro, en cuanto a los motivos de duda surgidos con
las órdenes 16 y 17 de la Sentencia T-461 de 2015, la Sala explicará: (i)
algunos elementos que componen la responsabilidad solidaria definida en el
artículo 34 del C.S.T., (ii) así como el papel de la entidad beneficiaria del
trabajo, en este caso el FNA, frente a las obligaciones laborales.
3.1. El beneficiario del trabajo o
servicio será solidariamente responsable de las acreencias laborales e
indemnizaciones fijadas en el artículo 34 del C.S.T.
Para la Corte Constitucional no cabe
duda que los trabajadores en misión, es decir aquellas personas que son
contratadas por una Empresa de Servicios Temporales para cumplir funciones en
otra, comúnmente llamada empresa usuaria, deben gozar de los derechos laborales
fijados en el Código Sustantivo de Trabajo, en forma equivalente a aquellos
sujetos que asumen las mismas funciones en la empresa usuaria. En este sentido,
tendrían derecho a un salario ordinario y beneficios laborales, como
transporte, alimentación y recreación, establecidos para los mismos
trabajadores, y la compensación monetaria por vacaciones y prima de servicios
proporcional al tiempo laborado, por citar algunos ejemplos.[89]
El responsable del cumplimiento de las
referidas obligaciones y otras que se deriven de la relación laboral es la
Empresa de Servicios Temporales, quien es el verdadero empleador, siempre que
no se utilice esta figura para encubrir otras relaciones de trabajo.[90] Lo anterior,
acorde con el artículo 34 del C.S.T. que dispone que “son contratistas
independientes y, por tanto, verdaderos patronos y no representantes ni
intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la
ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de
terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para
realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y
directiva”. (Negrilla fuera del texto).
Así las cosas, quienes celebran un
contrato de trabajo con una Empresa de Servicios Temporales establecen una
relación laboral con ésta, de carácter subordinado, hasta tanto finalice la
obra o el usuario prescinda de los servicios del trabajador.[91] Dicho de otro
modo, para todos los efectos, la Empresa de Servicios Temporales es su
empleador, quien debe asumir, por ejemplo, el pago de los salarios,
prestaciones sociales y, si es el caso, las indemnizaciones a las que haya
lugar.[92]
No obstante lo anterior, y con la
finalidad de proteger a la clase asalariada, el artículo 34 del C.S.T. también
establece la figura de la responsabilidad solidaria. En el sentido que, “el
beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores
extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será
solidariamente responsable con el contratista por el valor de los
salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los
trabajadores”.(Subrayado fuera del texto). De forma similar, la
Corte Constitucional ha definido la solidaridad laboral como “aquél
instrumento que busca el pago de salarios, prestaciones e
indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, entre el
beneficiario del trabajo o dueño de la obra y el contratista independiente,
cuando éste se vale de aquellos para desarrollar el objeto contratado y éste
corresponde al giro ordinario de los negocios del beneficiario” (Negrilla
fuera del texto).[93] En definitiva,
el alcance de la responsabilidad solidaria no es otro que, la empresa
beneficiaria del trabajo o dueña de la obra responda por el pago de salarios,
prestaciones e indemnizaciones que el empleador incumpla.
Sobre este punto se ha pronunciado la
Corte Suprema de Justicia, al considerar que la fuente de la solidaridad no es
el contrato de trabajo o la actividad desarrollada entre las partes, sino la
ley (art. 34 C.S.T.), la cual es la causa eficiente de la solidaridad en esta
materia.[94] En
consecuencia, si el legislador no previó otro tipo de solidaridad en la
responsabilidad de la empresa usuaria, el operador judicial no puede crearla o
extender sus efectos más allá de las situaciones fijadas en el artículo 34.[95]
La Corte Constitucional ha vinculado a
empresas usuarias que, si bien podían adelantar la actividad directamente, a
través de sus propios trabajadores, decidieron contratar a terceros para que
realizaran dicha tarea y, de esta manera, resultaron responsables solidarias
para el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tienen derecho
los trabajadores.[96] Esta
Corporación ha utilizado acepciones como las siguientes, a través de las cuales
la empresa beneficiaria resulta responsable solidaria de “las obligaciones
laborales que [el] contratista independiente incumpla”[97], “del
incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo”,[98] o “de la
relación laboral”[99], “del
incumplimiento de las obligaciones del pago de salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones”[100], “por las
obligaciones laborales insatisfechas”[101] y para facilitar
“a los empleados el cobro de los salarios y prestaciones sociales y hace
frente a posibles incumplimientos, dificultades económicas o simulaciones del
contratista independiente”.[102]
Particularmente, en la Sentencia T-1127 de 2002[103], la Corte
Constitucional examinó el principio de solidaridad entre un contratista
particular y la entidad contratante. Así, afirmó que existe “la
responsabilidad solidaria entre los contratistas independientes y el
beneficiado con el trabajo o dueño de la obra, en lo relativo a las obligaciones
laborales de los primeros”. Por lo tanto, en virtud del artículo 34 del
C.S.T., ordenó al
contratista particular y Acuavalle S.A., como empresa beneficiaria, asumir la
prestación de seguridad social del trabajador, quien vio afectado su estado de
salud por una caída en un tanque de almacenamiento de agua, propiedad de la
empresa contratante.
Este criterio también fue utilizado en
la Sentencia T-759 de 2008[104], oportunidad en
la cual la Corte revisó una tutela contra la empresa de servicios temporales
Gentes S.A., y la Comercializadora Internacional Cobres de Colombia Ltda., en
su calidad de usuaria. Esta Corporación amparó los derechos fundamentales del
actor, ordenando el reintegro a la temporal, quien dio por terminado el
contrato de trabajo sin considerar su situación de discapacidad. Además, señaló
como una opción de reintegro la empresa usuaria, debido a la responsabilidad
solidaria de ésta, surgida en los términos del artículo 34 del C.S.T. De lo
anterior se desprende que, por regla general, la orden de reintegro emitida por
la Corte, se dirige a la empresa temporal.
Asimismo, en la Sentencia T-1119 de
2008[105], este Tribunal
resolvió positivamente la pretensión de reintegro de la parte actora, quien al
darse por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, sufrió la
afectación de los derechos a la igualdad, el trabajo y la seguridad social. En
consecuencia, la Corte ordenó a Serviactiva CTA, como su empleadora, el
reintegro en condiciones que no afecten su salud e integridad física. Subrayo,
además, la responsabilidad solidaria de SaludCoop
EPS, Seccional Tolima, “del pago de los salarios y todas las respectivas
prestaciones sociales que la demandante haya dejado de percibir desde la fecha
de terminación del vínculo laboral hasta su reintegro”.
En la Sentencia T-503 de 2015[106], el Tribunal
Constitucional previno a las empresas Operadores de Servicios como Sierra SA ESP
y Asear Pluriservicios SAS, para que en atención a los principios de la
estabilidad en el empleo y de primacía de la realidad sobre las formas, no
efectúen prácticas que desconozcan los derechos laborales y prestacionales de
los trabajadores y, al contrario, apliquen estrictamente la normativa
constitucional y legal que regula el derecho al trabajo y la contratación con
empresas de servicios temporales.
En síntesis, acorde con la
jurisprudencia constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, por medio de
la figura de la solidaridad laboral, consagrada en el artículo 34 del C.S.T, se
hacen extensivas las deudas insolutas al obligado solidario, por su calidad de
dueño o beneficiario de la obra contratada.[107] Es decir, es
responsable del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tienen
derecho estos trabajadores, por vía de la solidaridad.[108]
3.2 El beneficiario o dueño de la
obra es un garante de la totalidad de las obligaciones laborales que el
empleador incumpla
En estricto sentido, lo que pretende el
artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo es proteger los derechos laborales
de quien funge como empleado, por ser la parte más débil de la relación
contractual. Y, de esta manera, no se vea afectado en el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones que fueron incumplidas por su
empleador.[109]
Por esta razón, la empresa que contrata
con terceros la ejecución de algunas obras o servicios, se convierte en un
garante de la relación laboral. Así lo ha señalado la Corte Suprema de
Justicia, cuando afirma que “el obligado solidario, en el área del derecho
del trabajo, no es otra cosa que un garante para el pago al trabajador de sus
acreencias laborales se hace en alusión expresa a la norma citada”.[110]
Lo anterior, no significa que la culpa
del empleador se extienda al tercero beneficiario, sino que le son exigibles
las deudas laborales surgidas por dicha culpa.[111] Al respecto, la
Corte Suprema de Justicia ha distinguido la culpa del contratista de la figura
de la solidaridad laboral establecida en el artículo 34 y, con ello, ha
considerado que tal responsabilidad del beneficiario de la obra no puede
asimilarse ni confundirse con la vinculación laboral, que tiene un alcance y
consecuencias distintas, predicables únicamente de su relación con el
empleador.[112] En otras
palabras, la relación del obligado solidario con el contratista independiente,
apenas lo convierte en un garante de sus deudas insolutas.[113]
La calidad de garante, adicionalmente,
se predica porque el contrato con el trabajador en misión no es laboral. Al
contrario, se configura un contrato de obra entre el trabajador y el dueño de
la obra o servicio que implica, según la jurisprudencia constitucional, “que
el contratista desarrolle el trabajo con libertad, autonomía técnica y
directiva y con asunción de todos los riesgos de su propio negocio. Como
contraprestación, recibe el pago de un precio determinado previamente. En este
sentido, como elemento fundamental de la relación de obra es el hecho que el
contratista debe ejecutar la labor encomendada con sus propios medios, sin
utilizar los de la empresa contratante”.[114]
Sin embargo, la Corte Suprema de Justica
ha precisado que esta modalidad (contrato de obra) no puede ser un mecanismo
utilizado por las empresas, o entidades, para eludir el cumplimiento de
obligaciones labores, cuando decidan contratar con terceros el desarrollo de
funciones propias.[115] Tampoco debe
ser utilizada la tercerización para “disminuir los costos económicos y
encubrir una verdadera relación laboral”.[116] En este sentido,
la Corte Constitucional ha manifestado que “si la necesidad del usuario amerita la contratación permanente del
servicio de los trabajadores en misión, debe acudir a otra forma de
contratación distinta a la que se cumple a través de las empresas de servicios
temporales”.[117]
Ahora bien, para la Corte Constitucional, el beneficiario del trabajo o la
obra, en su calidad de garante, tiene que responder cuando “la empresa
contratista incumple, total o parcialmente, sus deberes
como empleadora, de uno o varios trabajadores que ejecutan la labor en
beneficio de la empresa” (Negrilla fuera del texto).[118] Esta situación
lleva a concluir como, en efecto, ha hecho esta Corporación, que el trabajador
puede requerir el cumplimiento de los derechos laborales a uno o ambos sujetos
involucrados en su actividad laboral, pues es “el llamado (…) a reclamar las
obligaciones dejadas de pagar por el contratista, bien sea al contratista, al
beneficiario o a los dos”.[119]
Vale la pena resaltar, además, que en su
calidad de garante, el beneficiario de la obra tiene la facultad legal para
ejercer la acción de repetición, por el monto que hubiera pagado, y en contra
del contratista que incumplió las obligaciones laborales que se encontraban a
su cargo.[120] Así mismo,
tiene la potestad para implementar las medidas de supervisión y control
encaminadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, “con
el objetivo de reducir el riesgo de la declaratoria de responsabilidad
solidaria en su contra”.[121]
En suma, conforme el artículo 34 del
C.S.T. y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la búsqueda de
proteger los derechos del trabajador en misión, la empresa beneficiaria del
servicio será garante y, por lo tanto, solidariamente responsable de las
acreencias laborales e indemnizaciones legales, total o parcialmente. Sin que
ello impida que la misma pueda repetir contra el verdadero empleador, o adoptar
las medidas adecuadas para vigilar el cumplimiento de las obligaciones
laborales a cargo del contratista independiente.
4. Análisis de la procedencia de
la solicitud de aclaración respecto del requisito sustancial
4.1. Como se indicó con
anterioridad, el primer motivo de aclaración para el Fondo Nacional del Ahorro
está relacionado con el numeral 16 de la parte resolutiva de la Sentencia T-461
de 2015, el cual ordena “a la Empresa Temporales UNO-A Bogotá S.A. y al
Fondo Nacional del Ahorro que, (…) reintegren a la actora de forma inmediata a
un cargo con jerarquía semejante al que venía desempeñando (…)”. A juicio
del Fondo, esta decisión no define cuál de las dos entidades debe reintegrar a
la accionante, como tampoco la calidad en que debería vincularla el FNA, en el
caso que le corresponda hacerlo. Además, agrega, que tal decisión desconoce las
normas de vinculación para los trabajadores oficiales, figura que ha sido
utilizada por dicha entidad.
Al respecto, la Sala considera que le
asiste razón al FNA, en el sentido que la decisión contenida en dicho numeral
genera confusión en el intérprete respecto del alcance del artículo 34 del
C.S.T. Con ello, además, no solo se obstaculiza el entendimiento pleno de la
Sentencia T-461 de 2015, sino el cumplimiento efectivo del fallo. En
particular, porque si bien para la Sala, por la calidad de deudor solidario, el
Fondo Nacional del Ahorro podía ser un lugar para el reintegro de la
accionante, tal consideración, en sí misma, no conllevaba un cambio de
empleador ni de la vinculación laboral, pues se entendió que, para todos los
efectos, la empresa temporal era su verdadero empleador.
Nótese que, en el apartado 3.1 del
presente auto, la Sala analizó con más detalle el alcance de la responsabilidad
solidaria consagrada en la citada norma, puntualizando que la figura allí
contenida hace referencia al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones
que el empleador (contratista independiente) incumpla y, por lo tanto, en
virtud de la solidaridad, el beneficiario del servicio o dueño de la obra
deberá asumir.
Aunque no cabe duda que a la señora Kety del Socorro
Sarmiento Ordosgoitia se le vulneró el derecho a la estabilidad laboral
reforzada por la terminación unilateral del contrato de trabajo, sin considerar
su condición de discapacidad y, por consiguiente, sin que mediara la respectiva
autorización por parte del Ministerio de la Protección Social, también es
cierto que el responsable del cumplimiento de las obligaciones que se derivan
del contrato de trabajo, entre ellas el reintegro, es la Empresa Temporales
UNO-A Bogotá S.A, quien funge legalmente como su empleador, en los términos del
artículo 34 del C.S.T.
Lo anterior no significa que el Fondo
Nacional del Ahorro deje de asumir la responsabilidad solidaria de las
acreencias laborales e indemnizaciones que se deriven de la negativa del
reintegro, por ejemplo. Para esta Corporación está claro que, cuando una
empresa o entidad beneficiaria, como el FNA, contrata la ejecución de algunos
servicios con un contratista independiente, como ocurrió con la Empresa
Temporales UNO-A Bogotá S.A, quien vinculó a personas para el desarrollo de tal
actividad, la beneficiaria es responsable solidaria de aquellas acreencias laborales e
indemnizaciones que se deriven del incumplimiento del contratista
independiente. En otras palabras, en virtud de la solidaridad, el Fondo se hace
responsable del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones que el
contratista incumpla.
En conclusión, considerando que del
artículo 34 del C.S.T. no se desprende que la responsabilidad solidaria incluya
la obligación de reintegro, sino las consecuencias económicas del
incumplimiento de dicha obligación, la Sala procederá a aclarar la orden 16 de
la Sentencia T-461 de 2015, en el sentido que es la Empresa Temporales UNO-A
Bogotá S.A., en su calidad de empleador, el responsable de reintegrar a la
actora a un cargo con jerarquía semejante al que venía desempeñando, bien sea
en la planta de personal de la misma empresa o en la de alguno de sus usuarios,
entre ellos, el Fondo Nacional del Ahorro.
4.2. El segundo motivo de aclaración por
parte del FNA se dirigió contra la orden 17 de la Sentencia T-461 de 2015 que
obligaba “a la Empresa Temporales UNO-A Bogotá
S.A. y al Fondo Nacional del Ahorro que, (…), pague a la ciudadana Kety del Socorro Sarmiento Ordosgoitia, la indemnización correspondiente a
los 180 días que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 (…)”. Ello por cuanto, la decisión no precisa el porcentaje de la indemnización
que debe asumir el Fondo, en calidad de beneficiario solidario.
Para la Sala la solicitud de aclaración
respecto de este elemento de la referida sentencia es improcedente,
particularmente, porque la misma no está dirigida a que se dilucide un aspecto
que sea ambiguo, sino que, al contrario, su intención es modificar el alcance
de la decisión y, con ello, reducir el espectro de protección de los derechos
fundamentales tutelados a la señora Kety del Socorro.
Así como se señaló en la Sentencia T-461
de 2015[122] y se expuso en
el apartado 3.2 de esta providencia, la empresa beneficiaria del servicio o la
obra es un garante de la relación laboral y, por lo tanto, en virtud de tal
posición, resulta solidariamente responsable de las acreencias laborales
adeudadas, total o parcialmente.
De este modo, no es de recibo para la
Corte el argumento presentado por el Fondo Nacional del Ahorro en la
aclaración, donde manifiesta que desconoce el porcentaje en que se obliga
solidariamente a la indemnización. En primer lugar, porque el FNA es garante de
la totalidad de las obligaciones labores que el contratista incumpla. Y,
segundo, porque es potestad de la parte actora requerir el cumplimiento de la
indemnización a uno o ambas partes involucradas (contratista y beneficiario).
Por último, conviene subrayar que esta
solicitud lleva a concluir que han pasado casi 2 años sin que la parte
demandada cumpla con las decisiones establecidas en la Sentencia T-461 de 2015.
Por lo tanto, con la finalidad de garantizar los derechos laborales de la
accionante, el FNA también puede adoptar las medidas para el cumplimiento de
las obligaciones laborales, realizando el pago total de la indemnización, con
la cual queda luego facultado para repetir contra la empresa temporal por el
valor que no estaba obligada a asumir como deudor solidario.
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena
de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- ACLARAR la
orden décima sexta de la Sentencia T-461 de 2015, la cual quedará así:
“DÉCIMO SEXTO.-En consecuencia, CONCEDER el amparo del derecho a la estabilidad laboral
reforzada de la ciudadana Kety del Socorro Sarmiento Ordosgoitia, y ORDENAR a la Empresa Temporales UNO-A Bogotá S.A. que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación de la presente sentencia– si la accionante
así lo desea –, reintegre a la actora en forma inmediata a un
cargo con jerarquía semejante al que venía desempeñando en el que se atiendan
sus condiciones de salud, bien sea en la planta de personal de la misma empresa o en la de alguno de
sus usuarios, entre ellos, el Fondo Nacional del Ahorro”.
Segundo.- RECHAZAR por
improcedente la solicitud de aclaración de la orden décima séptima de la
Sentencia T-461 de 2015 elevada por el Fondo Nacional del Ahorro.
Tercero.- REMITIR al Juzgado 27
Civil Municipal de Bogotá el cuaderno de aclaración de la Sentencia T-461 de
2015, para que obre dentro del expediente de tutela formulado por la ciudadana
Kety del Socorro Sarmiento Ordosgoitia contra la Empresa Temporales UNO-A
Bogotá S.A. y el Fondo Nacional del Ahorro.
Cuarto.- Contra el
presente auto no procede recurso alguno.
Notifíquese y cúmplase.
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
Con
aclaración de voto
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ROCÍO
LOAIZA MILIAN
Secretaria
General (E)
ACLARACIÓN DE VOTO
MAGISTRADO CARLOS BERNAL
PULIDO
Referencia:
AUTO 323 DE 2017. ACLARACIÓN DE LA SETENCIA T – 461 DE 2015
Magistrada
Ponente:
DIANA
FAJARDO RIVERA
En atención a la decisión adoptada por la Sala Novena de Revisión
de Tutelas en la expedición del Auto de Aclaración de la Sentencia T – 461 de
2015, me permito presentar aclaración de voto.
Los argumentos esbozados en la parte considerativa plantean
premisas equivocadas, por lo cual es necesario precisar que si bien comparto la
parte resolutiva estoy en desacuerdo con sus consideraciones.
La “Empresa de Servicios Temporales” es una figura típica de
intermediación laboral, tal como lo dispone la Ley 50 de 1990. Por tanto, no
puede subsumirse en la figura de contratista independiente. Las empresas de
servicios temporales no tienen autonomía en la ejecución de procesos
productivos ya que solo insertan trabajadores que colaboran temporalmente en
los procesos controlados por las empresas usuarias.
El contratista independiente es una figura jurídica distinta, regulada
por el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Es propia de la
tercerización de procesos, lo que implica autonomía en la ejecución de
una obra o prestación de un servicio. En virtud de esta figura, no se “envían”
trabajadores en misión. El contratista independiente es un empresario autónomo
en la ejecución de sus servicios.
El régimen de responsabilidad contenido en el artículo 34 del
Código Sustantivo del Trabajo sólo le es aplicable al contratista independiente
y, por lo tanto, no puede extenderse a las empresas de servicios temporales,
por cuanto estas tienen su propio régimen de responsabilidad que se encuentra
regulado en la Ley 50 de 1990 y su Decreto reglamentario 4363 de 2006.
Ahora bien, incluso en el artículo 34 del Código Sustantivo del
Trabajo la responsabilidad solidaria que se predica de los contratistas
independientes no procede en todos los casos, ni por todos los derechos, lo
cual implica la necesidad de verificar, de manera particular, las condiciones
de hecho y de derecho para determinar la aplicación o no de este régimen de
responsabilidad.
La orden de reintegro dada a la Empresa de Servicios Temporales es
correcta en atención a su calidad de verdadero empleador, y la abstención de
dar la orden de reintegro a la empresa usuaria es correcta, pero por cuanto no
existe fuente de derecho que contenga un régimen de responsabilidad solidaria
del cual se derive esta consecuencia.
Con el debido respeto,
CARLOS BERNAL PULIDO
[1] Ver entre otras, Sentencia C-112 de 2000, reiterado en la sentencia
T-777-2011.
“[2]
T-605 de 1992, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.”
“[3] T-1087 de 2007, M. P. Jaime Córdoba Triviño, T-046 de 2005, M. P.
Clara Inés Vargas Hernández, T-302 de 2005, M. P. Álvaro Tafur Galvis, T-561 de
2003, M. P. Jaime Córdoba Triviño, T-1330 de 2001, M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-125 de 1994, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-036 de 1995, M. P.
Carlos Gaviria Díaz, T-351 de 1997, M. P. Fabio Morón Díaz, T-1008 de 1999, M.
P. José Gregorio Hernández Galindo”
“[4] T-1118 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-174 de 1994, M.
P. Alejandro Martínez Caballero y T-288 de 1995, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz”
“[5]
Según lo previsto en el numeral 9° del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991,
“se presume la indefensión del menor que solicite la tutela.” Al respecto,
pueden consultarse las sentencias T-356 de 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy
Cabra, T-900 de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño”
[6] Sentencia T-819 de 2008.
[7] Ver Sentencia T-791 de 2009.
[8] Consultar Sentencia T-231de 2010.
[9] Ver Sentencia
T-188 de 2014.
[10] Ibidem.
[11] Al respecto consultar las Sentencias
T-992 de 2008, T-866 de 2009, T-019 de 2011,  T-663 de 2011, T-041 de 2014 y
T-188 de 2014,  entre otras.
[12] Consultar Sentencia T-359 de 2014.
[13] Ver sentencia T-198 de 2006 y T-188 de
2014.
[14] Al
respecto las sentencias T-341 de 2009, T-663 de 2011 y T-188 de 2014, entre
otras.
[15] Ver, entre
muchas otras, las sentencias T-225 de 1993, T-253 de 1994, T-142 de 1998  y
T-1316 de 2001.
[16]  Ver Sentencia
T-777 de 2011, también las sentencias T-742 de 2011 y  T-677 de 2009.
[17]
Ibídem.
[18] Sentencia T-691
de 2013.
[19] Ver
sentencias T-864 de 2011 y T-188 de 2014.
[20] Sobre el tema
se refieren las Sentencias T-530 de 2005 y T-518 de 2008, entre muchas otras.
[21] Ver
Sentencia T-125 de 2009.
[22] Ver Sentencia T-359 de 2014.
[23] Ibidem.
[24] Al respecto Sentencia T-518
de 2008.
[25]Consultar la
Sentencia T-188 de 2014.
[26] Al respecto la Sentencia T-383 de 2014.
[27] Ver Sentencia
T-188 de 2014.
[28] Artículos 13, 47, 54 y 68 que la Constitución Política.
[29] Mediante la Ley 1346 de julio 31 de 2009, Colombia aprobó la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
[30] Ver Sentencia
T- 601 de 2012.
[31] Consultar la
Sentencia C-606 de 2012.
[32] Ver las
sentencias C-406 de 1996, C-251 de 1997, T-568 de 1999, C-010 de 2000, T-1319
de 2001, C-671 de 2002, T-558 de 2003 y T-786 de 2003, entre otras.
[33] Naciones
Unidas. Documento E/1995/22, párrafo 34.
[34] Al respecto,
ver Sentencia T 1038 de 2007.
[35] "Artículo
1. 1.A los efectos
del presente Convenio, se entiende por "persona inválida" toda
persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y
progresar en el mismo queden sustancialmente reducidas a causa de una
deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida.
2.A los efectos
del presente Convenio, todo Miembro deberá considerar que la finalidad de la
readaptación profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y
conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo, y que se promueva así
la integración o la reintegración de esta persona en la sociedad.
3.Todo Miembro
aplicará las disposiciones de este Convenio mediante medidas apropiadas a las
condiciones nacionales y conforme con la práctica nacional.
4.Las
disposiciones del presente Convenio serán aplicables a todas las categorías de
personas inválidas." Al respecto, ver la Sentencia T-427 de 1992.
[36] Acerca del tema se puede consultar la Sentencia T-761A de 2013.
[37] El artículo 26 de la Ley 361 de 1997 “Por
la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con
limitación y se dictan otras disposiciones”, prescribe lo siguiente: “En
ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar
una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada
como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo,
ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón
de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo. // No
obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su
limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior,
tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del
salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que
hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas
que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren”. Ver Sentencia T-188 de 2014.
[38] Al respecto,
ver Sentencias T-198 de 2006 y T-383 de 2014.
[39] Sentencia T-812 de 2008.
[40] Sentencia T-472 de 2014.
[41] Ver Sentencia
C-531 de 2000.
[42] Consultar Sentencias T-198 de 2006, T-263 de 2009, T-003 de
2010, T-412 de 2010, T-263 de
2012, T-691 de 2013, entre otras.
[43] Consultar la Sentencia T-417 de 2010, ver también Sentencia T-597
de 2014.
[44] Ver Sentencias
T-309 de 2005, T-1040 de 2001, T-1219 de 2005, T-530 de 2005, T-992 de 2007.
[45] Consultar la
Sentencia T-519 de 2003.
[46] Sentencia
T-1040 de 2001.
[47] En el
caso de las mujeres embarazadas se encuentra consagrada legalmente este tipo de
presunción en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo: “(…) Se
presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia,
cuando ha tenido lugar dentro del período del embarazo o dentro de los tres
meses posteriores al parto, y sin autorización de las autoridades de que trata
el artículo siguiente.”
[48] A este respecto
pueden consultarse las sentencias T-427 de 1992, T-198 de 2006, T-434 de
2008, y T-1219 de 2005.
[49] Consultar la
Sentencia T-1040 de 2001.
[50] Ver las Sentencias T-1040 de 2001 y T-359 de 2014.
[51] Ver Sentencia
T-188 de 2014.
[52] Cfr. T-198/06, previamente citada.
[53] Ver Sentencia T-075 de 2010.
[54] Sentencia T-198 de 2006
[55] Consultar la Sentencia
T-188 de 2014.
[56] Ver sentencia T-111 de 2012 y T-188 de
2014.
[57] Ver Sentencias T-198
de 2006, T-1038 de 2007, T-351 de 2003 y T-383 de 2014.
[58] Ver Sentencia
T-986 de 2012.
[59] Sobre estos
temas se pueden consultar las sentencias SU-256 de 1996,
T-469 de 2004, T-843 de 2004, T-295 de 2008 y T-986 de 2012.
[60] Sentencia T-986
de 2012.
[61] Consultar la
Sentencia T-188 de 2014.
[62] Ver sentencias T-449 de 2008, T-864 de 2011, y  T-041 de 2014.
[63] Ver sentencias T-778 de 2000 y T-1046 de
2008, entre otras.
[64] Sobre el tema
consultar la Sentencia T-188 de 2014.
[65] En el artículo 25 de la Constitución Política se establece que el
Estado debe proteger especialmente al trabajo, en todas sus modalidades. Al
respecto ver las sentencias T-063 de 2006, T-286 de 2003, T-873 de 2005, T-1101 de 2001, T-862 de 2003, T-176 de 2005, T-1003 de
2006, T-1219 de 2005, y T-002, entre otras.
[66] Sentencia T-889 de 2005.
[67] Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, N° 1019 de septiembre 19 de
1991, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.
[68] Ver sentencias T-457 de 1992 y T-889 de
2005, entre otras.
[69] Ver sentencias T-457 de 1992, T-889 de
2005, T-225 de 2012, y Sentencia T-673 de 2014, entre otras.
[70] Consultar la
Sentencia T-188 de 2014.
[71]Sentencia T-188
de 2014.
[72] Ver sentencias T-337 de 2009 y T-041 de
2014.
[73] Fechada el 22 de julio de 2015.
[74] Folios 9 al 12.
[75] M.P. Jorge Arango Mejía.
[76] Auto 044A de 2013 (M.P. Alexei Julio Estrada).
[77] Autos 202 de 205, 087 y 134 de 2009 y 297 de 2013.
[78] Artículo 309. “Aclaración. La sentencia no es revocable ni
reformable por el juez que la pronunció. Con todo, dentro del término de la
ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto
complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda,
siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que
influyan en ella (…)”.
[79] Artículo 285. “Aclaración. La sentencia no es revocable ni
reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de
oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan
verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva
de la sentencia o influyan en ella (…)”.
[80] Autos 147 de 2004 y 044A de 2013.
[81] Autos 001 de 2000, 147 de 2004 y 297 de 2013.
[82] Folio 43.
[83] Auto 101 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[84] Auto 297 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[85] Autos 004 de 2000 y 044 de 2013.
[86] Autos 001 de 2000, 254 de 2005, 137 de 2011 y 297 de 2013.
[87] Auto 344 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[88] Auto 297 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[89] Sentencia T-759 de 2008 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
[90] Sentencia T-225 de 2012. (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[91] Op. Cit.
[92] Ibídem.
[93] Sentencia T-303 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez).
[94] Corte Suprema de Justicia. Radicado No 32198, fechado en el 2009.
(M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza).
[95] Ibídem.
[96] Sentencia C-593 de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[97] Sentencias T-225 de 2012 y T-673 de 2014.
[98] Sentencia T-225 de 2012 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[99] Sentencia T-673 de 2014 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio).
[100] Sentencias T-225 de 2012 y C-593 de 2014.
[101] Sentencia C-593 de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[102] Ibídem.
[103] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[104] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[105] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[106] M.P. María Victoria Calle Correa.
[107] Sentencia C-593 de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) //
Corte Suprema de Justicia. Radicado No. 40049, fechado
en el 2013. (M.P. Rigoberto Echeverri Bueno).
[108] Sentencia T-889 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa) // Corte
Suprema de Justicia. Radicado No. 35874, fechado el 19 de marzo de 2010. (M.P.
Gustavo José Gnecco Mendoza).
[109] Sentencias T-225 de 2012 y T-673 de 2014.
[110] Corte Suprema de Justicia. Radicado No. 40049,
fechado en el 2013. (M.P. Rigoberto Echeverri Bueno).
[111] Ibídem.
[112] Corte Suprema
de Justicia. Radicado No. 35938, fechado en el 2012. (M.P. Carlos Ernesto
Molina Monsalve).
[113] Corte Suprema de Justicia. Radicado No. 14038, fechado en el 2000
(M.P. Luis Gonzalo Toro Correa).
[114] Sentencia C-593 de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[115] Corte Suprema de Justicia. Radicados No. 35937 y 39050, fechado en
el 2011 y 2013, respectivamente (M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve).
[116] Op. Cit.
[117] Sentencia T-759 de 2008 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
[118] Sentencia T- 899 de 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[119] Sentencia T-225 de 2012 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[120] Ibídem.
[121] Sentencia T-673 de 2014 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio).
[122] Consideración 6.3.