T-348-15
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-348/15
PROTECCION CONSTITUCIONAL ESPECIAL DE
PERSONAS PORTADORAS DE VIH/SIDA-Desarrollo jurisprudencial
La jurisprudencia de esta Corporación ha
reiterado que la situación de las personas afectadas con el VIH-SIDA es
particularmente especial y por tanto, son sujetos de protección constitucional
por cuanto su padecimiento causa un deterioro progresivo del estado de salud, y
por ende, en la calidad de vida de quien lo padece.
ACCION DE TUTELA PARA EL RECONOCIMIENTO DE
PENSION DE INVALIDEZ A ENFERMO DE VIH/SIDA-Procedencia por ser el mecanismo idóneo para la
defensa de los derechos fundamentales del accionante y para lograr el
reconocimiento de la prestación pensional
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL
EN PENSIONES Y LA IMPORTANCIA DE LA PENSION DE INVALIDEZ
REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSION DE
INVALIDEZ Y REGIMEN APLICABLE-Reiteración de jurisprudencia
MARCO CONSTITUCIONAL DE PROTECCION A LA
JUVENTUD EN DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS DE DERECHO INTERNACIONAL
PENSION DE INVALIDEZ PARA POBLACION JOVEN-Protección constitucional
REQUISITO DE FIDELIDAD PARA PENSION DE
INVALIDEZ-Inaplicabilidad
e inconstitucionalidad en el sistema pensional, consagrado en el numeral 2° del
artículo 1° de la ley 860 de 2003, por desconocimiento del principio de
progresividad
DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ Y FECHA
DE ESTRUCTURACION DEL ESTADO DE INVALIDEZ PARA PERSONAS CON VIH
PENSION DE INVALIDEZ-Se debe tener en cuenta no solo la fecha de
estructuración de la invalidez, sino la condición de especial protección de
ciertos sujetos como los enfermos de VIH-SIDA
PENSION DE INVALIDEZ DE PERSONA CON
ENFERMEDAD CRONICA, DEGENERATIVA O CONGENITA-Fecha de estructuración de la invalidez desde el
momento de la pérdida permanente y definitiva de la capacidad laboral
Cuando se está frente al trámite de
reconocimiento de pensión de invalidez de una persona que padece una enfermedad
crónica, degenerativa o congénita, y la fecha de diagnóstico o del primer
síntoma, es diferente de aquella en que se perdió efectiva y totalmente la
capacidad laboral, es decir, cuando no pudo aportar más al sistema general de
pensiones porque le fue imposible seguir laborando, se deberá establecer como
fecha de estructuración de la invalidez, el día en que esa persona perdió de
forma definitiva y permanente su capacidad laboral, calificada con un
porcentaje igual o mayor al 50%, y es a partir de ese momento que se debe
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa
aplicable.
PENSION DE INVALIDEZ-Parágrafo 1° del artículo 1 de la ley 860
de 2003 que incluye a los jóvenes, exige haber cotizado 26 semanas
DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ A ENFERMO
DE VIH/SIDA-Orden a Fondo
Protección reconocer y pagar pensión de invalidez
Referencia:
Expediente T-4793008
Acción de tutela instaurada por Marcos contra el Fondo de Pensiones Protección S.A. y la EPS
Coomeva.
Derechos fundamentales invocados: al debido proceso, a
la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital.
Temas: (i) procedibilidad de la acción de tutela para
solicitar pensión de invalidez, (ii) protección especial a personas con VIH-SIDA,
(iii) normativa aplicable para acceder a la pensión de invalidez, (iv)
determinación de la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral.
Problema jurídico: ¿vulnera derechos
fundamentales, la negativa de reconocimiento de pensión de invalidez a una
persona que padece VIH-SIDA, por no cumplir con el requisito de ley de haber
cotizado al menos 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de la
estructuración de la pérdida de capacidad laboral?
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil quince
(2015).
La Sala Séptima de Revisión de tutelas
de la Corte Constitucional,
conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la
preside-, Alberto Rojas Ríos y Myriam Ávila Roldán, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9° de la
Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo de segunda
instancia, proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barrancabermeja,
el 19 de noviembre de 2014, que confirmó la decisión proferida por el Juzgado Segundo
Civil Municipal de Barrancabermeja, el 15 de octubre de 2014, que negó los
derechos fundamentales, en el trámite de la acción de tutela incoada por Marcos contra el Fondo de Pensiones Protección S.A. y la EPS
Coomeva.
1.
ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política, 33 del Decreto 2591 de 1991 y 49 del Reglamento de la
Corporación, la Sala de Selección Número Tres de la
Corte Constitucional escogió en el Auto del 13 de marzo de 2015, notificado el
20 de marzo de 2015 para efectos de su revisión, la acción de tutela de la
referencia.
De conformidad con el artículo
34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la
sentencia correspondiente.
1.1.
ACLARACIÓN
PRELIMINAR
Teniendo en consideración que el accionante
es una persona portadora del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH-SIDA), y
con la finalidad de amparar las garantías constitucionales de que son titulares
el actor y su familia, se protegerá su derecho fundamental a la intimidad y
confidencialidad, por lo tanto, atendiendo lo dispuesto por la jurisprudencia
la Sala Séptima de Revisión se abstendrá de divulgar su nombre. De igual forma,
en la parte resolutiva de esta sentencia se ordenará que la Secretaría de esta
Corporación y los jueces de instancia guarden estricta reserva en este proceso[1].
1.2.
SOLICITUD
El señor Marcos,
instauró el 3 de octubre de 2014 acción de tutela contra el Fondo de Pensiones Protección S.A. y la EPS Coomeva,
por considerar que vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital, al negarle el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, teniendo como argumento que
no cumple el requisito de ley de haber cotizado al menos 50 semanas en los tres
años anteriores a la fecha de la estructuración de la pérdida de capacidad
laboral.
Con base en lo expuesto,
solicita se tutelen sus derechos fundamentales y se ordene a la entidad correspondiente
que reconozca y pague dicha prestación económica, ya que sí cumple con los
requisitos de ley para acceder a ese derecho. Basa su solicitud en los
siguientes:
1.3
HECHOS
1.3.1    El accionante nació el 15 de abril de 1985,
por lo que actualmente cuenta con 30 años de edad, y se encuentra afiliado a la EPS Coomeva, desde el 29 de noviembre de 2011, donde
actualmente se encuentra activo, y al Fondo de Pensiones Protección S.A. desde el 3 de enero de 2012, como trabajador de la
empresa Estatal de Seguridad Ltda.
1.3.2    Señala que en octubre del año 2010 se le
diagnosticó VIH-SIDA C3, y actualmente se encuentra incapacitado desde hace más
de 580 días.
1.3.3    Indica que el 4 de abril de 2013, la
Compañía Suramericana de seguros de Vida S.A., emitió calificación de pérdida
de capacidad laboral en 62.05% de origen “ENFERMEDAD COMÚN” y fecha de
estructuración el 4 de octubre de 2012.
1.3.4    Afirma que la entidad accionada, el Fondo de Pensiones
Protección S.A., tiene
conocimiento de la gravedad del asunto y de su estado de salud.
1.3.5    Manifiesta que el 22 de mayo de 2013
solicitó “RECLAMACIÓN POR INVALIDEZ” ante el Fondo de Pensiones Protección S.A. accionado, a lo cual, la entidad le
comunicó que no cumplía con las 50 semanas de cotización durante los últimos 3
años anteriores a la fecha de la estructuración de la invalidez, por lo tanto “…
no cumple con los mencionados requisitos, pues tan solo cotizó 48.76 semanas en
ese período de tiempo”.
1.3.6    Dice que en reiteradas ocasiones ha
solicitado el reconocimiento de su pensión debido a que lo que le cancelan por
incapacidad no le alcanza para cubrir sus gastos básicos y los de las personas
que dependen de él. Sumado al hecho, que la EPS Coomeva no le ha autorizado más
prórrogas de incapacidad, alegando que debido al cambio de médico tienen que
revisar la documentación de la historia clínica nuevamente, encontrándose en
consecuencia, desprotegido en salud.
1.3.7    Expresa que por tratarse de una enfermedad
mortal de consecuencias degenerativas, su estado de salud ha presentado varias
complicaciones, entre otras, “…Síndrome de desgaste y sarcoma de Kaposi
(…) - hipotiroidismo” (Negrilla y subrayado propio).
1.3.8    Por último, refiere que la enfermedad que
padece no le permite trabajar o desarrollar otras actividades que le permitan
devengar un ingreso, y debido a que se encuentra en situación de debilidad
manifiesta, la negativa de la pensión le ocasiona un perjuicio irremediable,
por lo que solicita la protección de sus derechos de manera urgente.
1.4
TRASLADO Y
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Recibida la solicitud de tutela, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Barrancabermeja
admitió el 6 de octubre de 2014 el amparo incoado por el accionante, y requirió
al Fondo de Pensiones Protección S.A. y a la EPS
Coomeva, para que se manifestaran respecto de los hechos y pretensiones
contenidas en el libelo.
De igual forma,
citó al señor Marcos, para que ampliara su declaración, y vinculó de
manera oficiosa a la Secretaría de Salud de Barrancabermeja, a la ARL Colpatria
y al FOSYGA.
1.4.1    Declaración del señor Marcos.
Mediante declaración rendida el
6 de octubre de 2014, el señor Marcos manifestó que no trabaja desde
noviembre de 2012, y que desde enero de 2013 se encuentra incapacitado. No
obstante hace 2 meses la EPS decidió no prorrogar la incapacidad y por lo tanto
no se las han cancelado, alegando que como consecuencia del cambio de médico
tratante, se tiene que estudiar nuevamente toda la documentación de su historia
clínica.
Igualmente aclaró, que la EPS
Coomeva le está prestando todos los servicios en salud que requiere para tratar
la enfermedad que está padeciendo.
Dice, que su núcleo familiar
está compuesto por su madre, su pareja y tres hermanos menores, quienes no
trabajan.
Finalmente aseguró, que se
encuentra inscrito en el registro de personas portadoras del VIH que lleva la
Secretaría de Salud del municipio; así mismo dijo que pertenece al estrato uno
y no posee bienes ni devenga otros ingresos distintos al pago de las
incapacidades médicas.
1.4.2    ARL AXA Colpatria.
Mediante escrito del 9 de
octubre de 2014, la ARL AXA Colpatria informó que el accionante se encuentra
afiliado a través de la empresa Estatal de Seguridad Ltda., desde el 29 de
octubre de 2011.
Además, señaló que se encuentra
regida por las normas que regulan el Sistema General de Riesgos Profesionales
para determinar el origen de las patologías que en primera instancia la EPS
realice, calificación que debe ser notificada a la ARL. En esas circunstancias,
asume el reconocimiento y pago de las incapacidades y de prestaciones
asistenciales cuando las mismas tienen origen laboral, por lo tanto, en el
presente caso, la enfermedad es de origen común y debe asumirla la EPS del
cotizante.
Por último solicita se declare
improcedente la acción de amparo contra la entidad, por cuanto no ha vulnerado
los derechos fundamentales del actor.
1.4.3    Secretaría de Salud de Barrancabermeja.
Mediante escrito del 9 de
octubre de 2014, la Secretaría de Salud de Barrancabermeja informó que revisadas
las bases de datos del BDUA del FOSYGA, el accionante se encuentra afiliado a
la EPS Coomeva desde el 4 de noviembre de 2011 y actualmente está activo.
Frente al tema de la acción de
tutela, que consiste básicamente en la negativa del Fondo de Pensiones Protección S.A. en
concederle la pensión y la falta de atención por parte de la EPS Coomeva, señaló
que en estos eventos la responsabilidad en la prestación oportuna de los
servicios médicos es de la EPS Coomeva, así mismo de suministrarle al paciente
un tratamiento integral.
En consecuencia, solicita
excluir a esa Secretaría de responsabilidad en la acción de tutela.
1.4.4    La EPS Coomeva.
Mediante escrito
del 9 de octubre del 2014, la EPS Coomeva alegó improcedencia de la acción de
tutela por falta de legitimación de la causa por pasiva. Las razones expuestas
son las siguientes:
Señala que el
accionante es usuario afiliado como trabajador de la empresa Estatal de
Seguridad Ltda., desde el 29 de noviembre de 2014, y actualmente se encuentra
activo.
Igualmente, dice
que se le han transcrito incapacidades temporales continuas con contingencia “Enfermedad
General” desde el 30 de enero de 2013 hasta el 14 de octubre de 2014 por
diagnósticos relacionados con “Infección por el Virus de la
Inmunodeficiencia Humana” acumulando 610 días.
En cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 142 del Decreto 0019 de 2012, Medicina Laboral de
la EPS Coomeva emitió concepto “No Favorable” el cual fue remitido al
Fondo de Pensiones Protección “para la cobertura de la incapacidad superior
a 180 días y/o Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral”. Aseguró que
la responsabilidad de la EPS Coomeva está en asumir las incapacidades hasta 180
días, correspondiendo la cobertura de las superiores a 180 días al Fondo de
Pensiones Protección, conforme lo establece la normatividad vigente.
En tal virtud, solicita
se declare improcedente la acción de tutela frente a la EPS Coomeva.
1.4.5    Fondo de Pensiones Protección S.A.
El Fondo de Pensiones Protección S.A., presentó escrito el 10 de
octubre de 2014, señalando que el
señor Marcos está afiliado desde el 3 de enero de 2011. Que presentó solicitud de pensión por invalidez el 22 de mayo de
2013. Por ese motivo, fue remitido ante la Comisión Médico Laboral quien
dictaminó un 62.05% de pérdida de la capacidad laboral, por enfermedad de
origen común y fecha de estructuración de la invalidez el 4 de octubre de 2012.
Manifestó que analizados
los demás requisitos exigidos para acceder a la pensión, establecidos en el
artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860
de 2003[2],
se observó que “no cumple con los mencionados requisitos, pues tan solo
cotizó 48.76 semanas en ese período de tiempo”.
Considera que el
actor fue atendido oportunamente en su requerimiento, por cuanto se le remitió
para la calificación del estado de pérdida de la capacidad laboral y una vez
conocidos los resultados se pasó al análisis de los demás requisitos que deben
acreditarse para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.
Por lo tanto,
aduce que la Administradora de Pensiones Protección S.A., ha obrado de
conformidad con las disposiciones legales, y no ha vulnerado los derechos
fundamentales del actor, y por ello la acción de tutela no está llamada a
prosperar.
1.5
PRUEBAS
A continuación se relacionan las
pruebas que obran en el expediente:
1.5.1    Copia del oficio de fecha 16 de junio de
2014, de Pensiones Protección, dirigido al accionante, con asunto: “Notificación
dictamen sobre el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral”, en donde
se le informa que se le determinó una pérdida de capacidad laboral del 62,05%
de origen enfermedad común y fecha de estructuración del 4 de octubre de 2012
(folios 3 y 4).
1.5.2    Copia de la sustentación del dictamen de la
pérdida de la capacidad laboral, el cual dice: “Paciente de 28 años,
residente en Barrancabermeja, soltero, EPS: Coomeva desde septiembre de 2011 y
AFP Protección desde 03/01/2012, vinculado laboralmente en la actualidad desde
28/10/2011 como guarda de seguridad, sin datos de comorbilidades. Tiene
concepto médico de rehabilitación integral (…) concepto no favorable de
rehabilitación” “HISTORIA SOCIOFAMILIAR: Vive en casa de la madre, con
sus hermanos y su compañero permanente. Es ayudado por su compañero permanente,
Aun recibe subsidio económico por incapacidad temporal.” “DIAGNÓSTICO: VIH-SIDA
C3.Síndrome de desgaste y sarcoma de Kaposi – Hipotiroidismo”  (folios 5, 6
y 7).
1.5.3    Copia del formulario de dictamen para
calificación de pérdida de la capacidad laboral y determinación de la invalidez
de fecha 4 de abril de 2014, donde se detallan los cálculos de deficiencia del
accionante (folios 8 al 39).
1.5.4    Copia de la solicitud de prestación
económica remitida al Fondo de Pensión Protección (folios 40 y 41).
1.5.5    Copia de los distintos conceptos médicos de
rehabilitación integral expedidos por la EPS Coomeva, entre los años 2012 y
2013 (folios 42 al 47).
1.5.6    Copia de las certificaciones expedidas por
la EPS Coomeva donde consta que se le han transcrito incapacidades desde el 30
de enero de 2013 hasta 14 de septiembre de 2014 acumulando en ese tiempo 580
días (folios 48 y 71).
1.5.7    Copia de las incapacidades otorgadas al
señor Marcos, expedidas por la EPS Coomeva (folios 49, 50 y 51).
1.5.8    Copia de las Historias Clínicas del señor Marcos
(folios 52 al 60; 62 al 70; 72 al 80; 84 al 105; 117 al 125; 150 al 157).
1.5.9    Copia del escrito del 18 de febrero de
2014, expedido por la EPS Coomeva, y dirigido al señor Marcos, donde
remite concepto del Comité Técnico Científico que niega la solicitud de
suministro de una fórmula de complemento alimenticio, por cuanto no se
encontraba incluido en el POS (folio 61).
1.5.10
Copia de los
exámenes de laboratorio realizados por IDIME al señor Marcos, (folios 81,
82 y 83; 131 y 132; 134; 144; 146).
1.5.11
Copia de las
órdenes de servicios otorgadas al señor Marcos, expedidas por la EPS
Coomeva (folios 106 y 107; 111 y 112; 115).
1.5.12
Copia del informe
de citopatología realizado al señor Marcos, por el Laboratorio
Especializado de Patología y Citología LESPAT E.A.T. (folio 109).
1.5.13
Copia de las
Historias Nutricionales del señor Marcos (folios 126 al 130).
1.5.14
Copia de los
exámenes de laboratorio realizados por Diagnóstico y Servicios S.A.S. al señor Marcos
(folios 133 al 142; 145).
1.5.15
Copia de la
Epicrisis de fecha 13 de noviembre de 2012, del señor Marcos, expedida
por La Unidad Clínica La Magdalena (folios 143 y 162).
1.5.16
Copia de los
exámenes de laboratorio realizados por la Cruz Roja Colombia al señor Marcos
(folios 158 al 160).
1.5.17
Copia de la cédula
de ciudadanía del actor (folio 255).
1.6
DECISIONES
JUDICIALES
1.6.1
Fallo de primera
instancia – Juzgado Segundo Civil Municipal de Barrancabermeja
El Juzgado Segundo Civil Municipal de Barrancabermeja,
mediante providencia del 15 de octubre de 2014, negó las pretensiones
reclamadas por el señor  Marcos. Sustenta su decisión en que no cumple
con las exigencias establecidas por las normas que regulan lo concerniente a la
pensión de invalidez de origen común, pues no cuenta con las 50 semanas de
cotización dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la
enfermedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 860 de
2003. Sin embargo, indicó que puede recurrir a la devolución de los dineros o
ventilar la controversia ante los jueces de la jurisdicción ordinaria laboral
para hacer valer el derecho a la pensión de invalidez.
1.6.2
Impugnación
Dentro de la oportunidad legal
prevista, el señor Marcos, impugnó la decisión, argumentando que el fallo proferido
en primera instancia desconoce que las normas sobre la pensión de invalidez se
diseñaron para beneficiar a la población declarada en situación de invalidez,
por lo que imponer a ese grupo de personas cargas adicionales a las
inicialmente establecidas no resulta aceptable. Igualmente dice que está
demostrado su porcentaje de discapacidad por lo que se encuentra en debilidad
manifiesta al igual que su familia.
1.6.3
Decisión
de segunda instancia – Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barrancabermeja
1.6.3.1 Mediante sentencia proferida el
19 de noviembre de 2014, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Barrancabermeja confirmó el fallo impugnado, aduciendo que, aunque el
accionante se encuentra afectado por el síndrome de VIH-SIDA y en razón a ello
es merecedor de especial protección del Estado, no acredita cumplir con las
semanas de cotización previas a la fecha de estructuración de la enfermedad,
como lo exige el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo
1º de la Ley 860 de 2003, es
decir, no cuenta con las 50 semanas de cotización dentro de los 3 años
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.
1.6.3.2  Señala que si bien, existen
situaciones excepcionales como la exposición a un perjuicio irremediable, la
viabilidad de la acción está sujeta a que se cumplan los requisitos legales
establecidos para acceder a la prestación.
2
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
2.1
COMPETENCIA
Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y
241, numeral 9°, de la Constitución, es competente para revisar los fallos de
tutela adoptados en el proceso de esta referencia.
2.2
PROBLEMA
JURÍDICO
En consideración a
los antecedentes planteados, corresponde a la
Sala de Revisión determinar si las entidades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales a la
seguridad social, a la pensión de invalidez, a la vida, al mínimo vital, a la
igualdad, al debido proceso y a la dignidad humana del accionante, al negarle
el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, teniendo como argumento
que no cumple el requisito de ley de haber cotizado al menos cincuenta (50)
semanas en los tres años anteriores a la fecha de la estructuración de la
pérdida de capacidad laboral.
Para resolver la cuestión
planteada, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas analizará: primero,
la especial protección constitucional para las personas que padecen VIH/SIDA; segundo, la procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el pago
de pensiones; tercero, la
importancia de la pensión de invalidez y la procedencia de la acción de tutela
para su reconocimiento; cuarto, la normativa aplicable para el
reconocimiento de la pensión de invalidez; quinto, la determinación de
la fecha de estructuración de la invalidez, y; sexto, estudio del caso concreto.
2.3
ESPECIAL
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL PARA LAS PERSONAS QUE PADECEN VIH-SIDA
Nuestra Constitución política
y, en general, la consolidación de nuestro país como un Estado Social de
Derecho se ha fundamentado en pilares esenciales como el derecho a la igualdad,
consagrado en el artículo 13 Superior, y en otros imperativos que la misma
Carta le ha impuesto al Estado, como lograr que esa igualdad sea real y
efectiva, se creen estrategias para proteger a personas en cierto grado de
debilidad, discriminación, marginación y, especialmente, aquellos que por sus
condiciones económicas, físicas o mentales, se encuentren en debilidad
manifiesta.
Amén de lo anterior, la
Corte ha reconocido circunstancias excepcionales en las que se permite el
cumplimiento de tales imperativos constitucionales, específicamente “algunos escenarios en los que el deber de
protección a quienes se encuentran en situación de debilidad manifiesta, es
axiomático. Así sucede en el caso de las personas enfermas de VIH/SIDA, quienes
ven afectada su salud por una gravosa enfermedad que aún no conoce curación y
que suele terminar con  la vida de quienes la padecen, atacando fatalmente su
sistema inmunológico[3]”[4]. Siendo coherente así, con la disposición
del artículo 47 de la Carta que impone al Estado el deber de “adelantar una
política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos
físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se les prestará la atención
especializada que requieran”[5].
En este sentido, la Corporación ha señalado que “los
portadores o portadoras del VIH son sujetos de especial protección constitucional
por cuanto su padecimiento causa deterioro progresivo del estado de salud de
quien lo soporta. En consecuencia, hace exigible un trato igualitario,
solidario y digno ante las circunstancias de debilidad en que se encuentra. Por
ende, es deber del Estado adoptar las medidas indispensables para garantizar su
inclusión en la sociedad y protegerlos en los distintos niveles en que suelen
ser discriminados”.[6]
Así, es claro que la jurisprudencia ha reconocido un
tratamiento especial en procura de las personas que padecen esa enfermedad
teniendo en cuenta su carácter progresivo, en diversos ámbitos de protección: “(i)
en materia de salud, concediendo medicamentos, tratamientos, traslados
entre IPS, EPS o EPSS, cuando el afectado no cuenta con la posibilidad o los
recursos económicos para asumirlo y se evidencia un grave detrimento de sus
derechos fundamentales; (ii) en materia laboral, prohibiendo el despido
injustificado o la discriminación, en razón de la enfermedad y exigiendo un
trato especial en el lugar de trabajo; (iii) en materia de seguridad social,
cuando ha sido necesario reconocer la pensión de invalidez por vía del amparo
constitucional dada la situación de urgencia y (iv) en materia de protección
a personas habitantes de la calle, cuando son portadoras de VIH y dicha
situación puede ocasionar la vulneración de derechos fundamentales no solamente
propios, sino también de las personas que los rodean”[7](Negrillas
propias del texto).
De esa forma se concluye, que la jurisprudencia de
esta Corporación ha reiterado que la situación de las personas afectadas con el
VIH-SIDA es particularmente especial y por tanto, son sujetos de protección
constitucional por cuanto su padecimiento causa un deterioro progresivo del
estado de salud, y por ende, en la calidad de vida de quien lo padece.
2.4
LA PROCEDENCIA
EXCEPCIONAL DE LA
ACCIÓN DE TUTELA PARA OBTENER EL PAGO DE PENSIONES. REITERACIÓN DE
JURISPRUDENCIA[8]
La Corte Constitucional ha reiterado que,
en principio, la acción de tutela es improcedente para obtener el reconocimiento
y pago de una prestación económica, puesto que, de un lado, dicho beneficio se
otorga a quienes cumplen con los requisitos establecidos en la ley y, de otro,
ante el surgimiento de una controversia legal frente a su reconocimiento
existen los mecanismos ordinarios para su resolución.
Sin embargo, el amparo constitucional es
procedente en aquellos casos en los cuales se demuestra que, pese a existir
otros mecanismos ordinarios para la defensa de los derechos fundamentales
involucrados, éstos no resultan idóneos para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable.
Sobre el tema, esta Corporación ha establecido dos
reglas importantes al momento de realizar el estudio de procedibilidad de la
acción cuando uno de los beneficiarios es considerado sujeto de especial
protección, como las personas con discapacidad. En este sentido ha establecido
que:
“…las pruebas  deben permitir establecer
dos reglas importantes en el análisis de la procedencia de la acción de tutela.
La primera, busca asegurar la eficacia de los derechos fundamentales del sujeto
que a pesar de encontrarse en una grave situación originada en el no
reconocimiento de su derecho pensional, cuyo derecho está acreditado, no ha
visto atendida su solicitud de acuerdo a la normatividad aplicable y a las
condiciones fácticas en las que apoya su petición, lo cual afectaría derechos
fundamentales. Y, en segundo lugar, este requisito traza un claro límite a la
actuación del juez de tutela, quien sólo puede acudir a esta actuación
excepcional en los precisos casos en los cuales se demuestre la reunión de las
exigencias legales para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes,[9]pero
que requieran la intervención urgente del juez constitucional.
Ahora bien, si de la evaluación que se haga
del caso se deduce que la acción es procedente, la misma podrá otorgarse de
manera transitoria o definitiva. Será lo primero si la situación genera un perjuicio
irremediable, siempre que se cumplan los presupuestos de inminencia,  gravedad,
urgencia e impostergabilidad de la acción, decisión que tiene efectos
temporales[10].
Y procederá cómo (sic) mecanismo definitivo si se acredita que el procedimiento
jurídico correspondiente para dirimir la controversia resulta ineficaz al ´no
goza(r) de la celeridad e inmediatez para la protección de los derechos
fundamentales con la urgencia requerida´[11](Negrilla fuera de
texto)”[12]
De lo anterior podemos concluir, que en el
estudio de la procedibilidad del amparo tutelar frente a un sujeto de especial
protección, lo primordial es asegurar la eficacia de los derechos más
inherentes al ser humano y del mismo modo determinar que el peticionario cumple
con el lleno de los requisitos para acceder a la pensión. Esto, habilitaría al
juez constitucional para abordar el estudio de la negativa de su reconocimiento
por la autoridad administrativa, como un asunto de relevancia constitucional
por los derechos fundamentales que estarían en riesgo de ser transgredidos.
2.5
IMPORTANCIA DE LA
PENSIÓN DE INVALIDEZ Y LA PROCEDENCIA DE LA
ACCIÓN DE TUTELA PARA SU RECONOCIMIENTO. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL[13]
El artículo 48 de la
Constitución Política define la seguridad social como un servicio público de
carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control
del Estado y como una garantía irrenunciable de todas las personas, siendo una
de ellas, la seguridad social que está representada en las pensiones por vejez
o por invalidez. Esta última tiene por finalidad proteger a la persona que ha
sufrido una disminución considerable en su capacidad laboral, puesto que, dicha
limitación, física o mental, impacta negativamente la calidad de vida del ser
humano y la eficacia de otros derechos sociales.[14]
De igual manera, se busca proteger el mínimo vital de
la persona y su núcleo familiar, cuando éste depende de los ingresos económicos
del afiliado.
Con fundamento en estas consideraciones, esta
Corporación, en sentencias como la T-628 de 2008[15], ha señalado
el carácter fundamental que tiene el derecho a la seguridad social por su
relación con la garantía de la dignidad humana; dijo al respecto:
“El derecho a la seguridad social, en la
medida en que es de importancia fundamental para garantizar a todas las
personas su dignidad humana, es un verdadero derecho fundamental cuyo
desarrollo, si bien ha sido confiado a entidades específicas que participan en
el sistema general de seguridad social fundado por la
Ley 100 de 1993, encuentra una configuración normativa preestablecida en el
texto constitucional (artículo 49 superior) y en los tratados internacionales
que hacen parte del bloque de constitucionalidad; cuerpos normativos que dan
cuenta de una categoría iusfundamental íntimamente arraigada al principio de
dignidad humana, razón por la cual su especificación en el nivel legislativo se
encuentra sometida a contenidos sustanciales preestablecidos.”
De esta manera, siguiendo el lineamiento
constitucional esbozado en el inciso segundo del artículo 93 de la
Constitución Política que establece que todos los derechos constitucionales
deben ser interpretados de conformidad a los tratados sobre derechos humanos
ratificados por Colombia, es de vital importancia establecer el contenido del
derecho a la seguridad social a la luz de las preceptivas internacionales.
Al respecto, esta misma sentencia en estudio señaló:
“Sobre el particular, de manera reciente[16]
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) -órgano
encargado de supervisar la aplicación del Pacto- emitió la observación general
número 19, sobre "El derecho a la seguridad social (artículo 9)". De
manera puntual, el Comité destacó la enorme importancia que ostenta dicha
garantía en el contexto de plena satisfacción de los derechos humanos[17],
en la medida en que el derecho a la seguridad social adquiere el estatuto de
condición ineludible de tal posibilidad de goce dentro de los esfuerzos que han
de llevar a cabo los Estados para superar las condiciones materiales de pobreza
y miseria que se oponen al disfrute de las libertades individuales.”
(…)
De manera precisa, en cuanto
al contenido del derecho bajo examen, el Comité señaló lo siguiente: “El
derecho a la seguridad social incluye el derecho a obtener y mantener
prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación, con
el fin de obtener protección, en particular contra: a) la falta de ingresos
procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente
laboral, vejez o muerte de un familiar, b) gastos excesivos de atención de
salud; c) apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y los
familiares a cargo.”[18] (Subraya fuera de texto)
De lo anterior se puede
concluir,  que la garantía a la seguridad social y su fundamentalidad está muy
ligada a la satisfacción real de los derechos humanos, especialmente el de la
dignidad humana, pues a través de este derecho puede afrontarse la lucha contra
los índices de pobreza y miseria.
De manera especial, con la
protección de esta garantía en las hipótesis de invalidez se busca evitar los
efectos negativos que emanan de la falta de recursos económicos para cubrir
aspectos básicos como la salud y el sostenimiento del hogar, debido a la
imposibilidad del trabajador de seguir desempeñándose en el mercado laboral.
De otra parte, en reiteradas ocasiones, la
Corte Constitucional ha señalado que no procede esta acción constitucional
para el reconocimiento de derechos prestacionales como los pensionales ya que,
para ser beneficiario de dichas prerrogativas, es necesaria la verificación de
requisitos legales que deben ser evaluados por otras autoridades y en otros
ámbitos administrativos o judiciales, según sea el caso.
Empero, al evidenciarse situaciones en que las vías
naturales de estos procesos no resultan ser eficaces ni oportunas para proteger
de manera real los derechos fundamentales de personas que, como en el caso en
estudio, pretenden un reconocimiento pensional, esta Corporación ha reconocido
la procedencia excepcional de la acción de tutela, como instrumento idóneo para
el amparo de dichos derechos que pueden estar siendo vulnerados por las
administradoras de los fondos de pensiones.
Aunado a esto, y respecto de la pensión de invalidez,
se ha reiterado también su importancia en tanto es aquel mecanismo generado
para cubrir las contingencias ocasionadas por alguna pérdida de capacidad
laboral de los afiliados al sistema general de pensiones, que en casos
generalizados, puede llegar a convertirse en la única fuente de ingresos de
quienes resultan afectados por la imposibilidad de seguir vinculados al mercado
laboral y lograr obtener otros recursos económicos por su propia fuerza y así
lograr una mejor calidad de vida.
En la sentencia T-290 del 2005[19] la Corporación
advirtió el carácter de derecho fundamental del reconocimiento de la pensión de
invalidez así:
“En efecto, el derecho al reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez como elemento constituyente del derecho a la seguridad
social es susceptible de amparo por medio de la acción de tutela cuando su
desconocimiento ponga en peligro derechos que tengan el carácter de
fundamentales. Así mismo, adquiere el rango de fundamental cuando se comprometa
la efectividad del ‘derecho fundamental a obtener la pensión de invalidez’. Lo
anterior, debido a que por medio de dicha acreencia laboral se obtiene
prestaciones económicas y en salud esenciales e irrenunciables (artículo 48
C.P) que tienen por finalidad compensar la situación de  infortunio
derivada de la pérdida de capacidad laboral.”
En la
Sentencia T-1040 del 2008[20],
se resolvió un caso similar y se confirmó la procedencia de la acción de tutela
para el reconocimiento de la pensión de invalidez:
“Si bien el juez de tutela no es competente
para resolver este tipo de conflictos,  la acción de tutela resulta
procedente para amparar los derechos fundamentales que puedan estar afectados
cuando pese a estar plenamente demostrado, la entidad niega el reconocimiento
del derecho. Además, téngase en cuenta que en tratándose de la pensión de
invalidez, ha dicho esta corporación que, igualmente, la acción de tutela es
procedente en el evento en que, en casos concretos, las personas se vieren
afectadas por un cambio legislativo que establece condiciones más gravosas que
no les permite acceder a dicha prestación, y sin embargo, cumplen a cabalidad
los requisitos establecidos en la ley anterior, al considerarse que las medidas
resultan desproporcionadas o ilegítimas. Asimismo, se advierte que la
pensión de invalidez tiene una gran relevancia social, toda vez que garantiza a
los asociados, que padecen de limitaciones significativas que menguan su
capacidad para laborar, el acceso a una fuente de ingresos para solventar sus
necesidades básicas.”
La posición anterior se confirmó en la
Sentencia T-138 del 2012[21]
en la que se expuso:
“Ahora bien, desde la perspectiva de cuál
es prima facie la acción jurídica de reclamo, la pensión de invalidez se
presenta, -se insiste- prima facie, como un derecho de origen legal que busca
una compensación de carácter económico por la pérdida o disminución
considerable de la capacidad laboral, por lo cual en principio corresponde al
juez laboral analizar su procedencia. Pero, adquiere relevancia constitucional
para ser debatido en sede de tutela, entre otros casos, cuando su
reconocimiento es solicitado por personas en situación de especial protección
como los enfermos de VIH, por lo que hace pertinente la procedencia de la
tutela para lograr el eventual reconocimiento del mismo y evitar con ello la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.”
De tal manera que, si quien invoca el reconocimiento
de la pensión de invalidez es una persona en circunstancias de debilidad
manifiesta como sería padecer de VIH, que por la gravedad de la enfermedad y
decaimiento progresivo, es considerada sujeto de especial protección
constitucional, la acción de tutela resulta procedente.
2.6
NORMATIVA APLICABLE PARA EL
RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ
2.6.1
A través del tiempo, en
nuestro país, se han expedido diferentes normas que regulan el tema de la
pensión de invalidez, por lo que se mostrará un panorama de la normativa que
existe y ha existido, para luego, llegar a determinar cual es la pertinente y
aplicable para el caso en concreto.
2.6.1.1 Decreto 758 de 1990 “Por
el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1 de 1990 emanado del
Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios”.
El artículo 6. del
Decreto 758 de 1990 señalaba:
“ARTÍCULO 6o. REQUISITOS DE LA
PENSIÓN DE INVALIDEZ. Tendrán derecho a la pensión de invalidez de origen
común, las personas que reúnan las siguientes condiciones:
a)
Ser inválido
permanente total o inválido permanente absoluto o gran inválido y,
b)
Haber cotizado
para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas
dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o
trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de
invalidez.”
2.6.1.2  Con la expedición de la Ley 100 de 1993[22], que entró en vigencia a partir del 1º de
abril de 1994, se creó el sistema de seguridad social integral, compuesto por
los regímenes de salud, pensiones y riesgos profesionales, cuyas normas han
sufrido modificaciones de distinta  modalidades, especialmente de regulación en
materia de cotizaciones para el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez.
Dentro del sistema general de seguridad
social se encuentra el de la pensión de invalidez, que como lo ha señalado esta
Corporación[23]
“…guarda un estrecho vínculo con los
derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna de las personas que
han visto mermada su capacidad laboral en los porcentajes legalmente
establecidos. De igual manera, guarda estrecha relación con los principios de
igualdad y de solidaridad por cuanto, como regla general, en estos casos le es
imposible a los afiliados acceder por sus propios medios y en forma autónoma a
una fuente de ingresos que les permita satisfacer sus necesidades básicas.”
Esta, puede generarse por enfermedades o
accidentes de riesgo común o de origen profesional. Según el artículo 38 del
régimen de seguridad social, “se considera inválida la persona que por
cualquier causa de origen no profesional y no provocada intencionalmente,
hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral". Este es el
presupuesto fundamental de la prestación, toda vez que la calidad de inválido
explica el hecho de que no se pueda continuar laborando y por ende justifica el
reconocimiento de una suma de dinero que garantice la subsistencia de la
persona.
Pero para acceder a lo anterior, la norma
exige unos requisitos específicos establecidos en el artículo 30 de la citada
ley, modificado por el artículo 1º de la
Ley 860 de 2003, que dice así:
“Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado
al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado
inválido y acredite las siguientes condiciones:
“1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya
cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente
anteriores a la fecha de estructuración
(…)
“PARÁGRAFO 1o. Los menores de veinte (20) años de edad
sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último
año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su
declaratoria. (Negrilla
fuera de texto)”
“PARÁGRAFO 2o. Cuando el afiliado haya cotizado por lo
menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de
vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años.”
De conformidad con las normas trascritas, tienen
derecho a la pensión de invalidez las personas que por cualquier circunstancia,
diferentes a accidentes de trabajo o acciones voluntarias que configuren un
estado de invalidez, hayan sufrido una pérdida de capacidad laboral de más del
50% y cumplan los requisitos para acceder a ella.
Para que esta especial condición tenga
relevancia constitucional, se hace necesario que se valoren elementos tales
como el principio de igualdad y solidaridad, de la vida digna y el mínimo vital
para que el juez constitucional se pronuncie sobre las disposiciones legales
que rigen el derecho a la seguridad social -pensión de invalidez-, sobre todo
buscando que sean interpretadas conforme a la Constitución.[24]
Igualmente, se debe precisar que en un “…
Estado Social de Derecho el principio de igualdad también implica que los
poderes públicos investidos con capacidad de expedir normas que atiendan a las
diversas situaciones con un criterio de racionalidad y proporcionalidad, en
donde las diferencias existentes encuentren una justificación legítima y
suficiente a las distintas consecuencias jurídicas que de ellas se deriven.”[25]
Así por ejemplo es constitucional el
establecimiento de unos requisitos especiales para las personas jóvenes por
cuanto la corta permanencia en el sistema impediría que tuvieran acceso a
cualquier prestación.
En ese sentido, esta Corporación ha
reiterado que tratándose del derecho al mínimo vital de  las personas
merecedoras de  especial protección, éste es consecuencia directa del principio
de dignidad humana, derecho que hace parte de la  organización política, social
y económica justa, que fue acogida como meta por el Constituyente primario bajo
el principio de  progresividad.[26].
2.1.1    PROTECCIÓN ESPECIAL A LA JUVENTUD EN EL
ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL
Esta Corporación, ha tenido la oportunidad
de determinar el alcance del artículo 30 de la
Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1º de la
Ley 860 de 2003, que consagró en el parágrafo 1º los requisitos especiales
para acceder a la pensión de invalidez a los menores de 20 años. En efecto, en
sentencia T- 777 de 2009[27]
se estudió el caso de una persona de 23 años que quedó en estado de
discapacidad a raíz de un grave accidente que la dejó física y psicológicamente
impedida para realizar cualquier actividad que le permita derivar su sustento.
El ISS, le negó la pensión de invalidez por no cumplir con los requisitos del
artículo 1º de la Ley 860 de 2003, por cuanto no tenía ni las semanas
requeridas ni era menor de 20 años y por tanto no se le aplicó el parágrafo de
la norma citada.
En esa oportunidad, la
Corte amparó el derecho y ordenó al ISS, para que se le reconociera la pensión
de invalidez. Para el efecto precisó dos conceptos en la aplicación del
parágrafo: (i) lo que debe entenderse como persona joven y (ii) cuáles son las
semanas cotizadas que deben ser tenidas en cuenta para efecto del
reconocimiento.
En relación con el primero, la
Corte en dicha sentencia inaplicó la edad de 20 años exigidas por la norma, al
considerar que los tratados internacionales sobre el concepto de juventud eran
más amplios, teniendo en cuenta además que estos hacen parte del bloque de
constitucionalidad. Dijo la
Corporación:
“-Según la
Organización de las Naciones Unidas -ONU-, los jóvenes son aquellas personas
que se encuentran entre los 15 y 24 años de edad, aunque para muchos
la definición de juventud no se limita a la edad, sino que es un proceso
relacionado con el período de educación en la vida de las personas y su ingreso
al mundo del trabajo (subraya y negrilla  la
Sala).´[28]
- Para la
Organización Mundial de la Salud –OMS-, a este grupo pertenecen las personas
entre los 10 y los 24 años de edad y corresponde con la consolidación de su rol
social.”
La citada sentencia agregó
además, que en nuestro ordenamiento interno, la
Constitución Política lo consagra en su artículo 45, así:
“ARTICULO 45. El adolescente tiene derecho
a la protección y a la formación integral.
El Estado y la sociedad garantizan la
participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que
tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.”
Igualmente señaló, que la  Ley
375 de 1997 o “Ley de la Juventud” (Art. 3°),  lo define “se entiende por joven la
persona entre los 14 y 26 años de edad”.
Sobre el tema, la exposición de motivos de la
Ley 375 de 1997, señaló que:
“El día 4 de julio de 1997, fue sancionada la Ley 375 o Ley de la
Juventud. Ella desarrolla el artículo 45 de la Constitución de 1991, que
reconoce a la juventud como una población  específica, con derechos y
deberes, pero, sobre todo, como un sujeto activo con capacidad de participar en
los diferentes escenarios donde se decide sobre su futuro.
En sintonía con lo anterior, la ley pretende ser un marco de referencia
para:
“promover la formación integral del joven que
contribuya a su desarrollo físico, psicológico, social y espiritual; a su
vinculación y participación activa en la vida nacional, en lo social, lo
económico y lo político como joven y ciudadano”.
“Además establece un marco definitorio sobre qué entiende el Estado
colombiano por juventud (“se entiende por joven la persona entre 14 y 26 años
de edad”), señala prioridades y determina hacia dónde deben dirigirse las
acciones de las instituciones públicas, la sociedad civil y los propios jóvenes
sobre esta población.”
Al
respecto, la citada sentencia T-777 de 2009 manifestó:
“Sin embargo, existe un reparo que advierte
la Sala, cual es que el parágrafo del artículo en mención estableció el
requisito de cotización de las 26 semanas en el año inmediatamente anterior al
hecho causante de la invalidez o de su declaratoria, sólo para las personas
menores de 20 años. En este caso cabe precisar que se está frente a un déficit
de protección de la población joven de Colombia, pues como ya se anotó las
disposiciones internacionales, la Constitución y la legislación nacional han
definido este segmento poblacional como aquel que está comprendido entre los 10
y los 26 años.
Después de examinar las gacetas del
Congreso y de indagar por la exposición de motivos que llevó al Legislador a
tomar como referencia la edad de 20 años y no la de 25 por ejemplo, como si lo
hiciera en la prolongación del beneficio de la pensión de sobrevivientes,
repara la Sala que no existe una argumentación razonable que permita  excluir
de este beneficio a una persona de 23 años que se encuentra en simétrica
situación fáctica que una persona de 20 años.
Dicha edad (20 años) no se ve motivada en
las gacetas números 508 y 533 que datan de los días viernes 15 y 22 de
noviembre del año 2002. Tampoco está motivada en las gacetas números 44, 51 y
60 de los días 5,7 y 18 de febrero respectivamente, todas ellas del año 2003;
así como tampoco en la gaceta del 15 de abril de este mismo año, en las cuales
se expusieron los motivos de la ley 797 por medio de la cual se reformaban
algunas disposiciones en el sistema General de Pensiones previstas en la Ley
100 de 1993 y se adoptaban otras disposiciones y que a su vez fue declarada
inexequible en algunos de sus apartes por esta Corporación mediante  Sentencia
C-1053 de 2003. De igual manera tampoco se motivó en la gaceta número 690 del
18 de diciembre de 2003 donde se aprobó el texto definitivo de la Ley 860 del
mismo año, que reemplazó los artículos 11 y siguientes de la ley 797 de 2003
declarados inexequibles por esta Corporación mediante la sentencia antes
citada.
Por tanto,  considera la Sala que este
beneficio atribuido a los jóvenes menores de 20 años puede predicarse in
extenso a aquellas personas que como la accionante se encuentre en idénticas
situaciones fácticas que una joven que apenas comienza su vida laboral  a los
23 años, esto en razón de haber estado dedicada exclusivamente a las labores
académicas. En efecto (según certificado de la Universidad Nacional de Colombia
la señorita Suárez Rodríguez estaba ad portas para graduarse como Economista el
14 de Septiembre de 2007; es decir, una semana después del accidente.) [29]
Ante la ausencia de una motivación clara y
expresa  por parte del legislador, tanto en la Ley 797 de 2003 (Artículo 11)
como en la Ley 860 de ese mismo año (artículo 1°), del porqué se estipuló la
edad mínima de 20 años en el parágrafo mencionado y se excluyó a jóvenes
menores de 25, que ha sido la edad hasta la cual otras leyes que regulan la
materia en el campo pensional han querido dar protección especial a las
personas  que se dedican a estudiar  exclusivamente, esta Sala no encuentra una
razón suficiente para  tal exclusión.”
Posteriormente, se expidió la Ley Estatutaria 1622 de 2013[30],
que definió en su artículo 5º a la persona joven como “Toda persona entre 14
y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual,
física, moral, económica, social y cultural que hace parte de una comunidad
política y en ese sentido ejerce su ciudadanía.”
En otra oportunidad, la Corte en sentencia
C-020 de 2015, estudió la constitucionalidad del parágrafo 1º del
artículo 1º, de la Ley 860 de 2003[31],
y en cuanto a la variabilidad de la noción de juventud, señaló:
“…la jurisprudencia de la Corte ha
reconocido –justamente en la sentencia C-862 de 2012- que el significado de términos
como joven o juvenil puede cambiar normativamente, si bien dentro de ciertos
límites, según el campo jurídico del cual se trate, y por eso afirmó
expresamente que “la definición de
joven varía según el objeto de la regulación que la incluya”. Una prueba de que
esto no sólo es aceptable internamente, sino que incluso es una práctica global
más extendida, es la definición de juventud que ofrecen distintas instancias
internacionales de derechos humanos. En la Organización de Naciones Unidas
(ONU), la tendencia predominante es hacia ubicar la juventud –fundamentalmente
para efectos estadísticos- entre los 15 y los 24 años de edad, como lo ha
previsto la Asamblea General de la Organización en diversas ocasiones.[32] No obstante, en este
organismo hay instancias, entidades, instrumentos y programas que acogen
estipulaciones diferentes. La Organización Mundial para la Salud, por ejemplo,
considera que la juventud se extiende desde los 10 hasta los 24 años, en un
marco de investigaciones y de fijaciones de estándares relacionados con la
salud.[33] La ONU Habitat
considera como joven a la población entre 15 y 32 años de edad, y la Carta
Africana de la Juventud concibe como jóvenes a quienes tienen entre 15 y 34
años de edad.[34]”
En esa providencia, este Tribunal concluyó
que:
“…para remediar el déficit de protección,
la Corte declarará exequible la norma acusada, con la condición de que se
extienda lo allí previsto en materia de pensiones de invalidez hacia toda la
población joven, definida esta última razonablemente conforme lo señalado en
esta sentencia, y en la medida en que resulte más favorable al afiliado. En
los casos concretos, sin embargo, mientras la jurisprudencia constitucional no
evolucione a la luz del principio de progresividad, la regla especial prevista en el parágrafo 1º del artículo 1 de la Ley 860 de 2003 debe extenderse
favorablemente, conforme lo ha señalado hasta el momento la jurisprudencia
consistente de las distintas Salas de Revisión de la Corte Constitucional; es
decir, se debe aplicar a la población que tenga hasta 26 años de edad,
inclusive.” (negrilla fuera del
texto).
De la transcripción anterior, es claro que tanto el
legislador como esta Corporación han querido beneficiar a la población joven, que
en principio, se encuentre dentro del rango descrito, atendiendo lo establecido
por los organismos internacionales. En ese sentido, la Corte ha concedido la
pensión especial de invalidez para las personas jóvenes incluyendo no solo
aquellos menores de 20 años, sino también a los que han cumplido los 28 años de
edad.
2.7
PRINCIPIO DE
PROGRESIVIDAD EN EL SISTEMA GENERAL DE DEGURIDAD SOCIAL. REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
2.7.1    La Constitución Política[35] ha
desarrollado un amplio soporte legal, que señala los mecanismos para garantizar
la protección del derecho a la seguridad social. De esa forma, el artículo 48 Superior, establece que la prestación de la seguridad social se
soporta en los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad y
progresividad, haciendo especial énfasis en este último, en el sentido que “responde
a los compromisos que en el ámbito del derecho internacional adquirió el Estado
colombiano, al suscribir convenciones como la de Derechos Económicos Sociales y
Culturales, y la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales -“Protocolo de San Salvador”-,
impidiendo que estos derechos tengan un desarrollo regresivo respecto de los
niveles de protección alcanzados en el marco de normatividades anteriores”.[36]
2.7.2    Con relación al principio de progresividad,
la jurisprudencia de esta Corporación[37]
ha reconocido que la integración del mismo en materia de seguridad social,
responde a los parámetros establecidos por el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que indicó lo siguiente:
“i) existe un contenido esencial de los
derechos sociales y económicos que se materializa en los derechos mínimos de
subsistencia para todos, ii) para hacer efectivos estos derechos podrá acudirse
a “medidas de otro carácter” como las decisiones judiciales, iii) la existencia
de unos contenidos mínimos de los derechos sociales que el Estado debe
garantizar a todas las personas, y finalmente la Corte[38] ha referido iv) a
la prohibición prima facie de retrocesos constitucionales frente al nivel de
protección alcanzado en seguridad social consistente en que una vez
alcanzado un determinado nivel de protección constitucional el amplio margen de
configuración por el legislador sobre los derechos sociales se reduce al menos
en un aspecto: “todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado es
constitucionalmente problemático puesto que precisamente contradice el mandato
de progresividad” (Negrilla en el texto original).
2.7.3    En ese contexto se infiere, que cualquier
regulación normativa que no ofrezca a una mayor población de personas los beneficios
de protección a los derechos que integran la seguridad social, se entenderá
contraria a la Constitución, para lo cual, se considerará que también se está desconociendo
otro de los principios fundamentales de la seguridad social, como es el de la
universalidad, éste se entiende, “como la posibilidad de que contenidos
mínimos de esos derechos prestacionales deban garantizarse en igualdad de
posibilidades a un número cada vez mayor de personas”[39].
De igual forma, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, manifestó lo siguiente:
“las medidas regresivas, que disminuyen una
protección ya alcanzada a un derecho social, se presumen contrarias al Pacto.
En esos eventos, ha señalado el Comité, el Estado tiene que demostrar que esas
medidas son compatibles con el Pacto. Así, en la Observación General No. 3
sobre las obligaciones derivadas del PIDESC, el Comité señaló que ´todas las
medidas de carácter deliberadamente retroactivo en este aspecto requerirán la
consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente por referencia a
la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del
aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga´[40].
Y esa instancia internacional ha reiterado ese criterio en las observaciones
generales sobre el alcance de distintos derechos. Por ejemplo, la Observación
14 de 2000, sobre el derecho a la salud, señala que frente a todos los derechos
sociales “existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas
regresivas”, y por ello “si se adoptan cualesquiera medidas deliberadamente
regresivas, corresponde al Estado Parte demostrar que se han aplicado tras el
examen más exhaustivo de todas las alternativas posibles y que esas medidas
están debidamente justificadas por referencia a la totalidad de los derechos
enunciados en el Pacto en relación con la plena utilización de los recursos
máximos disponibles del Estado Parte.[41]”
Sobre el tema, la jurisprudencia de
ésta Corporación ha establecido que no toda regulación más estricta en la forma
de satisfacer un derecho social significa que se esté dando marcha atrás en ese
aspecto. En la sentencia T-043 de 2007[42],
la Corte aclaró, que cuando las medidas
de cara a la antigua legislación implican un retroceso en su ámbito de
protección, éstas son constitucionalmente problemáticas toda vez que
contradicen el principio de progresividad.
En ella expuso lo siguiente:
“[…] la Sala concluye que, como regla
general, el legislador goza de un amplio margen de configuración de los
derechos sociales, para lo cual está facultado para modificar la legislación
que define su contenido y condiciones de acceso, incluso si las nuevas
condiciones afecten meras expectativas de consolidar un derecho bajo la antigua
normatividad. Sin embargo, cuando el legislador adopta medidas que de cara a la
antigua legislación implica un retroceso en su ámbito de protección, dichas
medidas son constitucionalmente problemáticas por contradecir el principio de
progresividad. Por lo tanto, frente a una medida regresiva debe presumirse su
inconstitucionalidad prima facie, que podrá desvirtuarse cuando se logre
establecer: (i) que la medida se encuentra justificada y ajustada al principio
de proporcionalidad; (ii) que la medida no desconoce situaciones particulares y
concretas consolidadas bajo la legislación anterior, por lo que se muestra
respetuosa de los derechos adquiridos; o que (iii) si bien afecta a situaciones
ya consolidadas, contempla otros mecanismos, como los regímenes de transición,
dirigidos a proteger los derechos adquiridos o expectativas legítimas”.
2.7.4
Igualmente, la
Corte Constitucional[43] ha enfatizado, respecto del principio de
progresividad, que es
procedente aplicar el régimen pensional anterior que resulte más favorable,
dejando de aplicar la normativa legal que se encuentre vigente al momento de la
estructuración de la invalidez. En efecto, en sentencia T-628 de 2007[44]
sostuvo:
“Cuando se establecen medidas regresivas
como la imposición de requisitos más gravosos para acceder a la pensión, el
legislador debe en principio prever un régimen de transición atendiendo la
prohibición prima facie de retrocesos frente al nivel de protección
constitucional alcanzado, y más en tratándose de regulaciones que afecten a
sujetos de especial protección constitucional como son los disminuidos físicos.
Régimen de transición que debe predicarse del régimen anterior, estableciendo
periodos que permitan acoplarse a las exigencias del nuevo régimen y
salvaguarde así las expectativas legítimas de quienes estaban próximos a
cumplir los requisitos para pensionarse. Bajo tal situación, como la
Corte lo ha expuesto en dos sentencias de revisión, lo procedente es aplicar
el régimen pensional anterior que resulta más favorable, inaplicando para el
caso la normatividad legal vigente para la fecha de estructuración de la
invalidez”.
Así mismo, la sentencia T-509 de 2010[45],
indicó que se debe tener en cuenta el carácter progresivo de los derechos
sociales, en especial cuando se trate de personas en condición de especial
protección como son los enfermos de VIH-SIDA. En ella dijo:
“El juez constitucional debe incluir dentro
de los elementos de juicio de que se sirve al establecer el régimen aplicable
para reconocer el derecho a la pensión de invalidez, la fecha de estructuración
de la enfermedad, y la fecha de su calificación, sino también la condición de
especial protección que merecen determinados sujetos de derechos como son los
enfermos de VIH-SIDA, el carácter progresivo de los derechos sociales, y la
aplicación del principio de favorabilidad ante la duda sobre la ley que debe
aplicarse al caso concreto, además de que la persona pudo estar laborando y por
lo mismo contribuyendo al sistema, aún después de estructurada su invalidez.”
2.7.5    De manera que, la jurisprudencia relacionada permite
afirmar que la Corte Constitucional[46]
ha tenido en cuenta el carácter progresivo
de los derechos sociales, al resolver casos en los cuales se evidencia la
vulneración del derecho a la seguridad social de personas que gozan de protección
constitucional por su condición de discapacidad, aplicando las previsiones
normativas más beneficiosas que les permiten acceder a la pensión de invalidez.
2.8
FECHA DE
ESTRUCTURACIÓN DE LA INVALIDEZ
2.8.1
Para acceder a una
pensión de invalidez en cualquier régimen, es necesario tener una pérdida de
capacidad laboral igual o superior al 50%, la cual puede ser producto de una
enfermedad o un accidente de origen común, que afecte la capacidad productiva.
Esa afectación en la capacidad laboral puede ser de
manera inmediata, caso en el cual coincidiría con la fecha de estructuración de
la invalidez, hecho que no permitiría dudas o generaría algún problema de
relevancia constitucional. No obstante, la afectación en la capacidad laboral puede
darse de manera progresiva y generar una diferencia temporal entre la total
incapacidad para seguir laborando y la fecha en que comenzó la enfermedad o
presentó su primer síntoma, o la fecha en que ocurrió el accidente,
respectivamente.
Lo anterior ocurre generalmente, cuando se está frente
a enfermedades crónicas, de padecimientos de larga duración, o que su fin o
cura no se pueden determinar con exactitud, que son enfermedades congénitas o
degenerativas, porque se manifiestan desde el nacimiento y la pérdida de
capacidad se hace permanente en el tiempo y de manera paulatina.
Frente a estos eventos, las Juntas de Calificación de
Invalidez, que son el órgano encargado de determinar el porcentaje de pérdida
de capacidad laboral, establecen como fecha de estructuración de la invalidez,
aquella en la que se presentó el primer síntoma o, cuando según la historia
clínica, se diagnosticó la enfermedad, aún cuando todavía no había evidencia de
una pérdida de capacidad permanente y definitiva[47] igual o mayor al 50%, como lo indica el
Decreto 917 de 1999[48].
2.8.2
Esta situación, a
juicio de la Corte Constitucional[49],
genera una violación de los derechos de las personas en situación de invalidez
que solicitan su pensión para mitigar su situación, pues desconoce que en
algunos casos, la pérdida de capacidad es paulatina y no inmediata, por lo que
es posible que la persona siga laborando y aportando al sistema, además de que
no se tienen en cuenta las cotizaciones posteriores a la fecha de
estructuración dictaminada por la Junta, para efectos de reconocer la pensión
de invalidez lo que además puede llegar a configurar un enriquecimiento sin
justa causa por parte del fondo de pensiones al “benefici[arce] de los aportes hechos con
posterioridad a la estructuración para, luego, no tener en cuenta este periodo
al momento de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el
reconocimiento de la pensión.”[50]
2.8.3    En este contexto, en palabras de la Corte, el
tratamiento jurídico que se debe tener frente a este tipo de padecimientos, es
diferente a la generalidad. Así por ejemplo, en la
Sentencia T-710 de 2009[51],
en la que se estudió el caso de
una persona con VIH-SIDA, con pérdida de capacidad laboral del 65.75% y fecha
de estructuración de la invalidez del 23 de junio de 2002,
a quien le fue negada la pensión de invalidez bajo el argumento de no reunir
las semanas de cotización requeridas a la fecha de estructuración de su
invalidez, la Sala estimó que a pesar de su enfermedad, el actor pudo seguir
cotizando al Sistema de Seguridad Social hasta completar las semanas mínimas de
cotización requeridas, exigidas por la Ley 860 de 2003, en consecuencia, ordenó
el reconocimiento de la pensión teniendo en cuenta todas las semanas cotizadas
por el accionante, hasta el momento en que hizo su solicitud pensional.
En esa ocasión
admitió que “(…) a pesar del carácter progresivo y degenerativo de la
enfermedad que padece el señor (…), se advierte que éste pudo conservar
sus capacidades funcionales y continuó trabajando y aportando al sistema de
seguridad social por dos años y cuatro meses después de la fecha señalada como
de estructuración de la invalidez, bajo la vigencia de la
Ley 860 de 2003. Lo anterior demuestra que a pesar de las manifestaciones
clínicas del actor, éste se mantuvo activo laboralmente, cotizando a la
seguridad social y solo ante el progreso de la enfermedad, se vio en la
necesidad de solicitar la pensión de invalidez y de someterse a la calificación
de su pérdida de capacidad laboral. Y fue en este momento, 11 de octubre de
2006, cuando el fondo de pensiones fija una fecha de estructuración anterior,
de la que desprende el no reconocimiento de pensión de invalidez solicitada.”
De igual manera, en la
Sentencia T-163 de 2011[52],
al estudiarse el caso de una señora que padecía diabetes mellitus e
insuficiencia renal crónica terminal, quien fue calificada el 30 de diciembre
de 2009 con pérdida de capacidad laboral del 71.91%, de origen común y fecha de
estructuración el 22 de noviembre de 2008, la
Corte Constitucional señaló:
“4.2. Cuando se
trata de accidentes o de situaciones de salud que generan la pérdida de
capacidad de manera inmediata, la fecha de estructuración de la invalidez
coincide con la fecha de la ocurrencia del hecho; sin embargo, existen casos en
los que la fecha en que efectivamente una persona está en incapacidad para
trabajar, es diferente a la fecha que indica el dictamen de calificación de
pérdida de capacidad laboral. Lo anterior se presenta, generalmente, cuando
se padecen enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, en donde la
pérdida de capacidad laboral es paulatina. Frente a este tipo de situaciones, la
Corte ha evidenciado que las  Juntas de Calificación de Invalidez establecen
como fecha de estructuración de la invalidez aquella en que aparece el primer
síntoma de la enfermedad, o la que se señala en la historia clínica como el
momento en que se diagnosticó la enfermedad, a pesar de que en ese momento, no
se haya presentado una pérdida de capacidad laboral permanente y definitiva
-Decreto 917 de 1999-.[53]
Esta situación genera una desprotección constitucional y legal de las
personas con invalidez.
En estos eventos,
por tratarse de enfermedades cuyas manifestaciones empeoran con el tiempo, la
persona puede continuar su vida laboral con relativa normalidad, hasta el
momento en que por su condición de salud le es imposible continuar cotizando al
Sistema. Así, aunque legalmente una persona adquiere el derecho a la pensión de
invalidez cuando pierde la capacidad para continuar trabajando, las Juntas de
Calificación de Invalidez crean la ficción de situar el momento a partir del
cual se considera que una persona no podrá seguir trabajando, en una etapa de
la enfermedad en la que la persona sigue siendo un trabajador productivo y
funcional, y puede aportar al sistema.” (Subrayado fuera del texto original)
Igualmente,
en la Sentencia T-420 de 2011[54], se estudió el caso de una señora que se afilió al Instituto de los Seguros
Sociales el 1 de noviembre de 2001 y cotizó hasta el 4 de julio de 2007, lo
cual sumó un total de 286 semanas cotizadas, pero, el 30 de junio de 2005, la
Junta Regional de Calificación de Invalidez valoró su capacidad laboral donde
se llegó a la conclusión de que la señora padecía de “falla renal crónica
secundaria a glomerulonefritis rápidamente progresiva”, cuyo origen era una
enfermedad común, estableciéndose una pérdida de la capacidad laboral del 67.5%
con fecha de estructuración de la invalidez a partir del 10 de abril de 1987, e
indicó que “requiere de otra persona para el desarrollo de sus actividades
cotidianas”. En esta oportunidad, el Alto Tribunal Constitucional reiteró
que:
“Con relación a
la regla aplicable a quienes sufren una enfermedad degenerativa, crónica o
congénita acerca del reconocimiento de la pensión de invalidez, es oportuno
señalar que la fecha de estructuración de invalidez, en este tipo de casos, ha
de indicar el momento en el cual la pérdida de la capacidad laboral es
definitiva y permanente. Dos circunstancias permiten inferir que la fecha de
estructuración de la invalidez indicada por la
Junta Regional de Calificación de invalidez de Bogotá no acredita tales
características. En primer lugar, el hecho de que hubieran transcurrido 18 años
desde la presunta fecha de estructuración de la invalidez y la solicitud de la
pensión, aunado a que la señora (…) cotizó 286 semanas desde el 1 de noviembre
de 2001 hasta el 4 de julio de 2007, lo cual denota que siguió trabajando y
desarrollando su actividad profesional, que fue de auxiliar de odontología,
hasta que tuvo las condiciones de salud que se lo permitían.”
De esa forma, la
Sala de revisión, en esa oportunidad decidió, conforme lo explicado
anteriormente, que “la fecha que esta Sala ha de acoger para determinar la
estructuración definitiva y permanente es cuando ha cesado de cotizar al
sistema de seguridad social, específicamente, al subsistema de pensiones pues
de ahí se colige su capacidad de trabajar. En efecto, esta es la fecha correcta
en razón de que en dicho instante ha dejado de tener un trabajo estable y remunerado,
pues las condiciones de salud le imposibilitaron seguir desarrollándolo a
plenitud. En consecuencia, esta Sala de Revisión adoptará el 4 de julio de 2007
como el momento a partir del cual cesó su actividad laboral, pues a partir de
esa fecha cesó la cotización al sistema de seguridad social en materia
pensional.” Y concluyó, que la accionante cumplía los requisitos suficientes
para acceder a la pensión de invalidez.
2.8.4
En ese orden de
ideas, ésta Sala concluye que cuando se está frente al trámite de
reconocimiento de pensión de invalidez de una persona que padece una enfermedad
crónica, degenerativa o congénita, y la fecha de diagnóstico o del primer
síntoma, es diferente de aquella en que se perdió efectiva y totalmente la
capacidad laboral, es decir, cuando no pudo aportar más al sistema general de
pensiones porque le fue imposible seguir laborando, se deberá establecer como
fecha de estructuración de la invalidez, el día en que esa persona perdió de
forma definitiva y permanente su capacidad laboral, calificada con un
porcentaje igual o mayor al 50%, y es a partir de ese momento que se debe
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa
aplicable en el caso concreto.
2.8.5    Con base en las anteriores
consideraciones, pasa la Sala a analizar el caso concreto.
3
ANÁLISIS
DEL CASO CONCRETO
Para
resolver el caso bajo estudio, la Sala analizará, en primer lugar, la
procedencia de la acción de tutela para la protección de derechos fundamentales
del tutelante y luego examinará la presunta vulneración de los mismos.
3.1.
EXAMEN DE PROCEDENCIA
3.1.1.  Legitimación en la causa por
activa
Los artículos 86 Constitucional
y 10 del Decreto 2591 de 1991 indican que es titular de la acción de tutela
cualquier persona a la que sus derechos fundamentales le resulten vulnerados o
amenazados. Estas personas pueden invocar directamente el amparo constitucional
o pueden hacerlo a través de terceros que sean sus apoderados, representantes o
agentes oficiosos, para el caso de las personas que no se encuentran en
condiciones de interponer la acción por sí mismas.
En el caso examinado se observa
que el señor Marcos, interpuso acción
de tutela solicitando el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital.
Por lo anterior, la
Sala encuentra que en virtud de la normativa mencionada, al ser el
directamente afectado en sus derechos fundamentales, se encuentra legitimado
para iniciar la acción.
3.1.2.  Legitimación por pasiva
En el presente caso
se tiene que el actor demandó, en primer lugar al Fondo de Pensiones y
Cesantías Protección S.A. por negarle
el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, teniendo como argumento el
incumplimiento del requisito establecido en la ley de haber cotizado al menos
50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de la estructuración de la
pérdida de capacidad laboral. Y en segundo lugar, a la EPS Coomeva por haberle
suspendido los servicios médicos y las prórrogas de las incapacidades, alegando
la revisión nuevamente de la documentación contenida en su historia clínica por
cambio del médico tratante.
Respecto a ésta última entidad,
y de conformidad con lo manifestado por el accionante en su declaración el 6 de
octubre de 2014, la EPS Coomeva se encuentra prestando los servicios de salud y
las incapacidades requeridas por el actor, por lo tanto estas necesidades se
encuentran satisfechas por parte de la accionada.
Ahora bien, lo relacionado con
la responsabilidad en el manejo de solicitud de pensión al Fondo de Pensiones
Protección S.A., es a todas luces acertado, pues dicha entidad es la encargada
de resolver la situación pensional del actor por ser la receptora de los
dineros aportados a pensión obligatoria hechos por el señor Marcos y la presunta vulneradora
de los derechos fundamentales invocados, por lo cual dicha entidad se encuentra
legitimada en la causa por pasiva.
3.1.3.  Examen de inmediatez
Al verificar el
requisito de inmediatez en el caso bajo examen, se tiene que se encuentra
superado pues, a pesar de que el accionante solicitó la pensión de invalidez
desde el 22 de mayo de 2013, solo hasta el 13 de marzo de 2014 le fue
autorizada la evaluación del dictamen sobre el porcentaje de pérdida de la
capacidad laboral, cuyo resultado fue expedido por la ARL Sura el 4 de abril de
2014, y notificado al actor, el 16 de junio de 2014, por el Fondo de Pensiones
Protección S.A., como consta a folios 3 al 11 del expediente.
La acción de
tutela fue presentada y radicada el 6 de octubre de 2014, por lo tanto, el
término transcurrido entre los hechos y la presentación de la acción es
razonable, y evidencia que la trasgresión era actual en el momento en que se
hizo uso de la tutela para el amparo de los derechos, además de tratarse de
reconocimiento de derechos pensionales, cuyo no reconocimiento se convierte en
una vulneración constante y permanente en el tiempo.
3.1.4.  Examen del cumplimiento del
principio de subsidiariedad
A pesar de que la acción de tutela no fue
establecida para garantizar y acceder a derechos que tienen que ver con
prestaciones económicas, es claro también, como se esbozó en la parte
considerativa de esta providencia, que al tratarse de una persona que padece
una enfermedad catastrófica, de carácter progresivo y degenerativo como lo es
el VIH-SIDA, es necesario un tratamiento especial haciéndose merecedor de una
protección constitucional reforzada[55].
Ahora bien, excepcionalmente cuando la
pensión adquiere relevancia constitucional por estar relacionada directamente
con la protección de derechos fundamentales como la vida, la integridad física,
el mínimo vital, el trabajo y la igualdad, su reconocimiento y pago pueden ser
reclamados mediante el ejercicio de esta acción, por lo general, para evitar un
perjuicio irremediable.
Así las cosas, teniendo en cuenta: (i) que
las personas con VIH-SIDA son sujetos de especial protección constitucional,
por cuanto es ésta una enfermedad que causa el deterioro progresivo del estado
de salud y que hace exigible un trato igualitario, solidario y digno ante las
circunstancias de debilidad manifiesta en que se encuentran y; (ii) que la
pensión de invalidez, como expresión del derecho a la seguridad social,
persigue “compensar la situación de infortunio derivada de la pérdida de la
capacidad laboral, mediante el otorgamiento de unas prestaciones económicas y
de salud”[56],
esta Corporación ha considerado que dicha prestación puede ser exigida por vía
de tutela.
Aunado a lo anterior, al actor, por sufrir
dicho síndrome, se le calificó con un 62.05% de pérdida de capacidad laboral,
con fecha de estructuración el 4 de octubre de 2012, lo que conlleva a una
imposibilidad de continuar en el mercado laboral y lo ubica en otro grupo
poblacional en situación de indefensión como lo son las personas en situación
de discapacidad, que también cuentan con una especial protección
constitucional.
Igualmente, se tiene que el accionante
debido a su enfermedad y padecimiento propios de su diagnóstico, ya no le es
posible continuar laborando dependiente o independientemente, por lo cual, la
pensión de invalidez solicitada constituye el único ingreso que puede percibir
para el sustento de él y de su familia, es decir, el no reconocimiento de dicha
prestación configura una vulneración directa al mínimo vital del petente, lo
que causa un perjuicio irremediable que justifica la intervención del juez
constitucional.
Es claro para la
Sala, entonces, que la acción de tutela procede en este caso, debido a que es
el mecanismo idóneo para amparar los derechos invocados por el actor teniendo
en cuenta que debe recibir una especial protección constitucional, situación
que pone en evidencia la necesidad de la intervención del juez constitucional.
3.2.
ANÁLISIS
DE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
3.2.1    En el caso bajo estudio, está
probado que al actor se le diagnosticó VIH-SIDA, según consta en la historia
clínica aportada al expediente, enfermedad que ha conllevado varios
padecimientos, entre otros, “…Síndrome
de desgaste y sarcoma de Kaposi (…) - hipotiroidismo”. Por su enfermedad, su invalidez fue
calificada con 62.05% de pérdida de capacidad laboral, con fecha de
estructuración 4 de octubre de 2012, de lo que se colige que el accionante está
gravemente enfermo y presenta un grado de incapacidad permanente y definitiva.
Está probado
también en sede de revisión que el actor estuvo afiliado y cotizó al Fondo de
Pensiones Protección S.A., desde el 3 de enero de 2012 como Trabajador de la
Empresa Estatal de Seguridad, tiempo en el cual cotizó un total de 48.76
semanas; igualmente se verificó que el actor está afiliado a la EPS Coomeva,
desde el 29 de noviembre de 2011, donde actualmente se encuentra activo y
recibiendo efectivamente los servicios de salud.
El Fondo
accionado, según refiere en su escrito de descargos[57], negó
el reconocimiento de pensión de invalidez, por cuanto el petente no cumplía el
requisito de semanas cotizadas para acceder a la pensión de invalidez, toda vez
que solo cotizó 48.76 semanas en los tres años anteriores a la fecha de la
estructuración de la invalidez, lo cual no permite el reconocimiento de dicha
prestación. En el citado documento señaló que: “Analizados los demás
requisitos exigidos para acceder a la pensión, establecidos en el artículo 39
de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003[58],
se observó que “no cumple con los mencionados requisitos, pues tan solo cotizó
48.76 semanas en ese período de tiempo”.”
El accionante no
interpuso recurso alguno contra la determinación del Fondo de Pensiones, debido
a su estado de salud y la ausencia de recursos económicos para suplir sus
necesidades básicas y los gastos adicionales que acarrean este tipo de
padecimientos, por lo tanto, interpuso la acción de tutela como mecanismo
definitivo de protección de sus derechos.
Por su parte, los
jueces de instancia negaron el amparo solicitado, reiterando el incumplimiento
de los requisitos para acceder a la pensión, indicando que puede recurrir a la
devolución de los dineros o ventilar la controversia ante la jurisdicción
ordinaria laboral.
3.2.2
Encuentra la
Sala de Revisión, que la situación del accionante en el caso que nos ocupa, afectado
en su salud por una enfermedad severa y crónica, de pronóstico reservado, como
el VIH-SIDA, además de padecer “…Síndrome de desgaste y sarcoma de Kaposi
(…) - hipotiroidismo” lo hace merecedor de una protección constitucional
reforzada y en consecuencia  del derecho a obtener el reconocimiento y pago de
su pensión de invalidez, en forma directa a través del medio constitucional de
la tutela, como lo hará esta Sala en la parte final de este proveído, con el
fin de evitar el perjuicio irremediable a que se encuentra expuesto.
3.2.3
Ahora bien, los
requisitos para acceder a la pensión de invalidez se encuentran consagrados en
el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 de la Ley 100
de 1993, regulación que es aplicable al actor. La norma dispone que tendrá
derecho a la pensión de invalidez la persona que sea declarada inválida, por
enfermedad o por accidente, y que “haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los
últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.”
Como ya se señaló en acápites anteriores,
esta Corporación en algunos casos excepcionales ha procedido a garantizar el
reconocimiento de la pensión de invalidez inaplicando disposiciones del
ordenamiento legal vigente bajo los cuales se estructuró la pensión de
invalidez, cuando ha verificado, como en el caso concreto, la violación de
derechos fundamentales de los sujetos de especial protección constitucional,
por la existencia de medidas regresivas que imponen requisitos más exigentes a
los previstos bajo el régimen legal pensional anterior y bajo esas
circunstancias, ha dispuesto su aplicación.
Ahora bien, observa la
Sala que el juez de instancia, al analizar la procedencia o no del derecho a
la pensión de invalidez, realizó una valoración formal sobre los requisitos que
exigía la norma para alcanzar dicha prestación, y no valoró los principios
constitucionales y los derechos fundamentales que le asisten al joven, y que
resultan importantes, en consideración a las particularidades del mismo. A
juicio de esta Sala de Revisión, se debieron valorar entre otras cosas, que el accionante presenta una situación
precaria en su salud, tanto física como psicológica, por el deterioro en su
capacidad laboral reducida a un punto que necesariamente deviene en la
imposibilidad de realizar cualquier actividad que le permita su sustento
económico.
Igualmente, debió tener en cuenta la
afectación a la integridad del titular y su falta de capacidad de proveerse los
bienes materiales mínimos para sobrellevar una vida digna, es realmente
lamentable, más cuando se trata de una persona joven que al momento de la
estructuración de la capacidad laboral, en octubre de 2012, contaba apenas con
27 años, y comenzaba su vida laboral.
La valoración de estas consideraciones así
como el principio de igualdad y del mínimo vital del actor, conllevan a un
pronunciamiento favorable por parte del juez constitucional respecto de la
aplicación de las normas legales, en el caso concreto, buscando que en su
interpretación se tengan en cuenta los valores y principios que orientan las
disposiciones constitucionales.[59]
En el caso concreto, con la expedición de
la Ley 1622 de 2013, que definió a la persona joven entre los 14 y 28 años de
edad, para la Sala es procedente extender favorablemente y a luz del principio
de progresividad, la regla especial prevista en el parágrafo
1º del artículo 1 de la Ley 860 de 2003, es decir, se debe aplicar a la
población que tenga hasta 28 años de edad, inclusive.
3.2.4    De esa forma, se observa que en el estudio
del caso particular del actor, tanto el Fondo de Pensiones Protección S.A. como
por el juez constitucional, no tuvieron en cuenta que dentro del expediente se
aportaron copias, según el reporte de la entidad accionada de las semanas
cotizadas en forma ininterrumpidas al sistema de seguridad social dentro del
año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración del estado de
invalidez, que corresponden a un total de 48.76 entre el 29 de octubre de 2011 a octubre de 2012.
3.2.5    Con base en las consideraciones del caso
concreto y del análisis de los principios constitucionales, se puede afirmar
que el parágrafo 1° del artículo 1° de la ley 860 de 2003, preceptúa
condiciones más favorables para que la población joven pueda acceder al derecho
de la pensión de invalidez, situación que se convierte en un acierto del
legislador el cual estableció el requisito de cotización de las 26 semanas en
el año inmediatamente anterior al hecho causante de la invalidez o de su
declaratoria. En el presente caso, la declaratoria del estado de pérdida de la
capacidad laboral fue expedida por la
Junta Regional de Calificación de Invalidez el día 4 de octubre de 2012, es
decir, para esa fecha según las pruebas que se aportan al proceso, el actor
contaba con más de 26 semanas cotizadas al sistema.
Vistos los argumentos anteriores, la
Sala considera procedente en el presente caso, extender la aplicación del
parágrafo 1° del artículo 1° de la ley 860 de 2003, de conformidad con la
definición que señala la Ley 1622 de 2013, sobre la persona joven entre los 14
y 28 años de edad, con el fin de materializar la protección real y efectiva del
derecho a la seguridad social del accionante contenido en el artículo 48
superior, quien se encuentra en situación de invalidez y vulnerabilidad.
Por lo anterior, esta Corporación dará
eficacia directa a la Constitución en lo concerniente a los artículos 1°
(Estado Social de derecho), 2° (fines esenciales del Estado), 13 (igualdad), 45
(derechos de los jóvenes y adolescentes), 48 (derecho a la seguridad social) y
53 (derecho al mínimo vital), y dadas las circunstancias especiales del
presente caso, interpretará el artículo 1°, parágrafo 1°, de la
Ley 860 de 2003 de manera amplia y favorable, comprendiendo dentro de los
beneficiarios de la citada norma al joven Marcos, lo que le hace
merecedor de la pensión de invalidez.
No obstante, teniendo en cuenta lo
reiterado por la Corte Constitucional, frente al tema de un tratamiento
jurídico diferente en los casos de personas que sufren enfermedades de tipo
congénito, degenerativo o crónico, como el VIH-SIDA, esta Sala amparará el derecho a
la pensión de invalidez
del señor Marcos en virtud del
principio de favorabilidad, aplicando el régimen más beneficioso de acuerdo con
sus circunstancias concretas a
fin de evitar la
inminencia de un perjuicio irremediable en un sujeto de especial protección en
los términos del inciso 3° del artículo 13 de la
Constitución Política, y teniendo en cuenta que la subsistencia del
accionante depende del reconocimiento de la pensión de invalidez.
Con base en estas consideraciones, queda demostrado que el señor Marcos,
cumple con el requisito al haber cotizado 26 semanas al momento de producirse
el estado de invalidez, toda vez que cotizó un total de 48.76 semanas entre el 29 de octubre de 2011 a octubre de 2012, razón
por la cual, la falta de reconocimiento de la pensión solicitada resulta
injustificada y constituye una violación a su derecho fundamental a la
seguridad social por parte del Fondo de Pensiones Protección S.A.
4.
CONCLUSIÓN
4.1
La Corte
Constitucional ha manifestado, en el caso de la pensión de invalidez que ésta “adquiere
el carácter de derecho fundamental por sí mismo, por tratarse de personas
que por haber perdido parte considerable de su capacidad laboral, no pueden
acceder al mercado de trabajo, de modo que dicha pensión se convierte en la
única fuente de ingresos con la que cuentan para la satisfacción de sus
necesidades básicas y las de su familia, así como para proporcionarse los
controles y tratamientos médicos requeridos. Esta penosa situación coloca a
dichos individuos en un completo estado de indefensión y vulnerabilidad que
hace indispensable la adopción de medidas urgentes para evitar la consumación
de un perjuicio irremediable.”[60]
(Negrilla fuera de texto).
Igualmente ha señalado, que no resulta aceptable
someter a las personas con una particular condición de vulnerabilidad, al
agotamiento de actuaciones administrativas o judiciales de carácter ordinario,
que por su dispendioso y lento trasegar judicial, no surgen como el medio más
adecuado e idóneo para proteger de manera oportuna y efectiva sus derechos
fundamentales, pues de someterlas a dichos trámites se podría llegar a
comprometer hasta su propia dignidad[61].
4.2
Ahora bien, en el
caso de la protección de los derechos fundamentales de las personas portadoras de VIH – SIDA, este Tribunal
ha sostenido, que dadas las complejas y catastróficas consecuencias que
comporta el Virus de Inmunodeficiencia Humana, afectando la vida y la dignidad
de quien la padece, también se observa el compromiso de otros derechos
fundamentales. Por ello, en vista de las especiales circunstancias que rodean a
esta personas, la Corte Constitucional ha encontrado argumentos suficientes
para desarrollar en abundante jurisprudencia, la protección constitucional de
los derechos fundamentales de las personas portadoras de esta enfermedad.[62]
4.3
Para concluir, en
eventos como el descrito en precedencia, el juez debe evaluar, no solo los
elementos de juicio de que se sirve al establecer el régimen aplicable para
reconocer el derecho a la pensión de invalidez, la fecha de estructuración de
la enfermedad, y la fecha de su calificación, sino también la condición de
especial protección que merecen determinados sujetos de derechos como son los
enfermos de VIH-SIDA, el carácter progresivo de los derechos sociales.
4.4
En esta
oportunidad, el señor Marcos, hace parte de la población con especial
protección constitucional al padecer el síndrome de VIH-SIDA. Por este motivo,
al analizar la solicitud de pensión por él elevada, el Fondo de Pensiones
Protección S.A. ha debido tener en cuenta las condiciones particulares del
actor y en aras de garantizar la protección de sus derechos, aplicar la norma
que le permitiera acceder a la prestación solicitada.
4.5
En
atención a lo expuesto, la
Sala Séptima de Revisión de tutelas revocará la
sentencia proferida por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barrancabermeja, el 19 de noviembre de
2014, que confirmó la decisión proferida por el Juzgado Segundo Civil Municipal
de Barrancabermeja, el 15 de octubre de 2014, que negó los derechos
fundamentales, en el trámite de la acción de tutela incoada por el señor Marcos
contra el Fondo de Pensiones Protección S.A. y la
EPS Coomeva.
En su lugar, protegerá los
derechos fundamentales invocados por el accionante. Razón por la cual, se
ordenará al Fondo de Pensiones Protección S.A. que proceda, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, a
reconocer y pagar la pensión de invalidez a que tiene derecho el señor Marcos,
que en ningún caso podrá ser inferior a un salario mínimo mensual legal
vigente, con todos los efectos legales que rigen la citada prestación, de
acuerdo a las consideraciones expuestas en la presente sentencia.
Así mismo,
reconocer la pensión de invalidez en forma retroactiva a partir del momento en
que la misma fue solicitada por el actor, es decir, del 22 de mayo de 2013.
5.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Séptima de Revisión de tutelas de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR, la sentencia proferida
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barrancabermeja, el 19 de
noviembre de 2014, que confirmó la decisión proferida por el Juzgado Segundo
Civil Municipal de Barrancabermeja, el 15 de octubre de 2014, que negó los
derechos fundamentales, en el trámite de la acción de tutela incoada por el
señor Marcos contra el Fondo de Pensiones
Protección S.A. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital
invocados por el solicitante, por las razones expuestas en la presente
sentencia.
SEGUNDO: En consecuencia ORDENAR al Fondo de Pensiones Protección
S.A., para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente sentencia, proceda a reconocer y pagar la pensión
de invalidez a que tiene derecho el señor Marcos, a reconocer y pagar la
pensión de invalidez a que tiene derecho el señor Marcos, que en ningún
caso podrá ser inferior a un salario mínimo mensual legal vigente, con todos
los efectos legales que rigen la citada prestación, y en
forma retroactiva a partir del momento en que la misma fue solicitada por el
actor, es decir, del 22 de mayo de 2013, de acuerdo a las
consideraciones expuestas en la presente sentencia.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de esta Corporación, así como a los jueces de
instancia que conocieron de este proceso para que tomen las medidas adecuadas
con el fin de que guarden estricta reserva y confidencialidad en relación con
el mismo y en especial con la identidad e intimidad del accionante.
CUARTO: Por Secretaría General librar las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y
cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
Magistrada (e)
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Ver Sentencia SU-337 de 1999 MP. Alejandro
Martínez Caballero.
[2] Esto es, 50 semanas de cotización durante
los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.
[3] En Sentencia
T-138 de 2012 MP. Humberto Antonio Sierra Porto, esta corporación reiteró lo
expuesto en la Sentencia T-843 de 2004 MP. Jaime Córdoba Triviño, argumentando
que “La protección especial a ese grupo poblacional está fundamentada
en los principios de igualdad, según el cual el Estado protegerá especialmente
a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta (art. 13
C.P.) y en el de solidaridad, como uno de los principios rectores de la
seguridad social (arts. 1 y 48 C.P.)…”.
[4] Sentencia T-027 de 2013 MP. Nilson Pinilla Pinilla.
[5] Ibídem.
[6] Sentencia T-323 de 2011 MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
[7] Ibídem.
[8] Sentencia T-146 de 2013 MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[9]
Sentencia T- 836 de 2006 MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[10] Sentencias T-1291
de 2005 MP. Clara Inés Vargas Hernández y T- 668 de 2007 MP. Clara Inés Vargas
Hernández.
[11] Ibidem.
[12] Sentencia T-479 de 2008 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[13] Sentencia T-146 de 2013 MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[14] Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, “El acceso a la justicia como garantía de los derechos
económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el
sistema interamericano de derechos humanos” OEA/Ser. L/V/II.129 Doc. 4, 7
de septiembre de 2007.
[15] MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[16] 39° período de sesiones del Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
[17] De manera textual el Comité señaló
lo siguiente: “El derecho a la seguridad social es de importancia fundamental
para garantizar a todas las personas su dignidad humana cuando hacen frente a
circunstancias que les privan de su capacidad para ejercer plenamente los
derechos reconocidos en el Pacto´”.
[18] Sentencia T-658 de 2008 MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[19] MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[20] MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[21] MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[22] “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y
se dictan otras disposiciones”.
[23] Sentencia T-777 de 2009 MP. Jorge Ivan Palacio.
[24] Sentencia T-777 de 2009 MP. Jorge Iván
Palacios
[25] [25] Sentencia
T-777 de 2009 MP. Jorge Iván Palacios
[26]  Ver Sentencia T- 285 de 2007.
[27] MP. Jorge Iván Palacios
[28] Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas, 17 de diciembre de 1999.
[29] Folio 14 del cuaderno principal.
16  Folios 13, 14 y 28 del
cuaderno principal.
[30] Por medio de la cual
se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones.
[31] ‘por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General
de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones’,
[32] Ver las Resoluciones de la Asamblea General A/RES/50/81, 1995 (World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond); A/RES/56/117, 2002 (Policies and programmes involving youth);  A/RES/62/126, 2008 (Policies and programmes involving youth: youth in the global economy – promoting youth participation in social and economic development).
[33] Una publicación de la OMS, para Colombia, e incorporada como parte
del Programa Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud, dice al
respecto que “para la Organización Mundial de la Salud – OMS – se considera
como población juvenil las personas entre 10 y 24 años; considerando por
separado tres grupos de edad: 10 a 14 (preadolescentes), 15 a 19 (adolescentes)
y 10 a 24 (población juvenil). Esta separación por grupos de edad es
considerada de gran importancia y utilidad, pues las necesidades, problemas y
expectativas varían considerablemente en cada uno de los grupos”. Presidencia
de la República. Hacia una política pública de juventud en Colombia.
Herramientas para su construcción e institucionalización. Organización
Panamericana de la Salud OPS/OMS. 2001, p. 15.
[34] UN. “Definition of Youth”. Tomado de
http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf
[35] Artículos 48, 49 y 53 de la C.P.
establecen que la seguridad social tiene una doble connotación jurídica: por
una parte es un derecho irrenunciable y por la otra, es un servicio público
obligatorio.
[36] Sentencia T-509 de 2010 MP. Mauricio González Cuervo.
[37] Ver entre otras, sentencias C-251 de 1997,
SU.225 de 1998, C-671 de 2002, C-038 de 2004, T-1291 de 2005 y T-221 de 2006.
[38] Sentencias C-671 de 2002 y C-038 de 2004.
[39]Sentencia T-509 de 2010 MP. Mauricio González Cuervo.
[40] Ver Comité de Derechos Económicos Sociales
y Culturales. Observación General No 3 de 1990, Párrafo 9.
[41] Ver Observación General 14 de 2000,
Párrafo 32. En el mismo sentido, ver la observación general Nº 13 de 1999 sobre
derecho a la educación (párr. 45)
[42] MP. Jaime Córdoba Triviño.
[43]
Sentencias T-383 de 2009 MP. María Victoria Calle Correa; T-628 de 2007 MP.
Clara Inés Vargas Hernández; T-509 de 2010 MP. Mauricio González Cuervo; T-885
de 2011 MP. María Victoria Calle Correa.
[44] MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[45] MP. Rodrigo Escobar Gil.
[46] Ver sentencias T-594 de 2011 MP. Jorge Iván
Palacio Palacio; T- 668 de 2011, T-298 de 2012 y T-595 de 2012 MP. Nilson
Pinilla Pinilla.
[47]
Sentencia T-163 de 2011 MP. María Victoria Calle Correa
[48] ARTICULO 3o. FECHA DE
ESTRUCTURACIÓN O DECLARATORIA DE LA
PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL. Es la fecha en que se genera en el
individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva.
Para cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia
clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o
corresponder a la fecha de calificación. En todo caso, mientras dicha persona
reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las
prestaciones derivadas de la invalidez.
[49] Sentencias T-710 de 2009 MP. Juan Carlos Henao Pérez; T-561 de 2010
MP. Nilson Pinilla Pinilla; T-420 de 2011 MP. Juan Carlos Henao Pérez, entre
otras.
[50]
Sentencia T-699A de 2007 MP. Rodrigo Escobar Gil.
[51] MP. Juan Carlos Henao Pérez.
[52] MP. María Victoria Calle Correa.
[53] “(i) En los casos que se enmarcan
dentro del presupuesto señalado, la fecha de estructuración no responde a este
criterio; por el contrario, se establece en un momento en que los síntomas de
la enfermedad -crónica, degenerativa o congénita- se hacen notorios, pero no
son definitivos. (ii) El artículo 3 del Decreto 917 de 1999 (Por el cual
se modifica el Decreto 692 de 1995 -por el cual se adopta el Manual
Único para la Calificación de la Invalidez.-) define la fecha de
estructuración de la invalidez como “la fecha en
que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma
permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe
documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda
diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación. En
todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no
habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez”.
[54] MP. Juan Carlos Henao Pérez.
[55] Sentencia T-262 de 2005 MP. Jaime Araújo Rentería.
[56] Sentencia T-292 de 1995 MP. Fabio Morón
Díaz.
[57] Folios 211 al 217 del expediente de pruebas.
[58] Esto es, 50 semanas de cotización durante
los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.
[59] Sentencia T-777 de 2009 MP. Jorge Iván
Palacio
[60] Sentencia T-653 de 2004 MP. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[61] En sentencia T-456 de 2004 se dijo lo
siguiente: “[…]  su precaria condición económica se evidencia con las
declaraciones de su hermana, cuando manifiesta que es urgente contar con la
mencionada pensión por cuanto se amenaza la subsistencia de su hermana y se
empeoran sus condiciones mínimas de vida ante la carencia de medios para su
manutención. Ello deja ver otra vulneración grave a institutos constitucionales
como el derecho a la dignidad, en la medida en que tratándose de una persona
que no cuenta con ninguna fuente de ingresos y que no tiene la capacidad de
operar en el mercado laboral, negarle una pensión de invalidez, equivale a
someter arbitrariamente su bienestar a la voluntad o capacidad de terceras
personas, lo que compromete seriamente la dignidad, la igualdad y la autonomía.
Al respecto, esta Corporación ha considerado que el principio de dignidad
humana resulta vulnerado cuando se somete a una persona a vivir de la caridad
ajena, existiendo la posibilidad de que tenga acceso a unos recursos económicos
propios que le permitan subvenir algunas de sus necesidades básicas”. Ésta
sentencia fue reiterada en la sentencia T-086 de 2006.
[62] Sentencias T-505 de 1992; T-502 de 1994;
T-271 de 1995; C-079 de 1996; T-417 de 1997; T-328 de 1998; T-171 de 1999;
T-523 de 2001; T-925 de 2003, T-326 de 2004; T-1064 de 2006 y T-550 de 2008,
entre otras.