T-723-00
Sentencia T-723/00
Sentencia
T-723/00
DERECHO A LA
SALUD-Fundamental por
conexidad con la vida
SISBEN-Reglas para carnetización/PREVALENCIA
DEL DERECHO SUSTANCIAL/DERECHO A LA VIDA-Protección
Si bien es cierto
existen unas reglas para la carnetización del régimen subsidiado, es necesario
hacer efectivo el principio de prevalencia del derecho sustancial consagrado en
el artículo 228 de la Constitución, y proteger el derecho a la vida que se
encuentra claramente amenazado en el caso sub lite, objetivo constitucional de
primer orden que prevalece sobre las formalidades y reglamentaciones que
pudieren existir, aplicando los preceptos superiores e inaplicando en el caso
los inferiores que con ellos sean incompatibles. Dentro de este orden de ideas,
es necesario que el Municipio, utilice uno de los cupos que le fueron asignados
dentro del régimen subsidiado e incluya al actor dentro del sistema de
protección efectiva del Sisben, entregándole el carné correspondiente, de modo
que se le permita acceder a los servicios de salud que está requiriendo con
urgencia. Las pruebas acreditan que su estado se deteriora día a día y que se
hace necesario y urgente restablecer su función cardíaca.
Referencia:
expediente T-286361
Acción de tutela
incoada por William Andrés Calapsu contra la Alcaldía de Popayán.
Magistrado Ponente:
Dr. JOSÉ GREGORIO
HERNÁNDEZ GALINDO
Santa Fe de Bogotá,
D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil (2000).
La Sala Quinta de
Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86
y  241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión del fallo dictado en
el asunto de la referencia por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Popayán.
I. ANTECEDENTES
Maria Esperanza
Galindez de Sandoval, en condición de agente oficioso de William Andres
Calapsu, de 24 años de edad, quien no puede promover su propia defensa por
encontrarse incapacitado, instauró acción de tutela contra la Alcaldía
Municipal de Popayán por violación de sus derechos a la salud y a la vida.
Manifiesta que
William Andrés Calapsu recibió dos heridas con arma cortopunzante y, en
consecuencia, debió ser intervenido quirúrgicamente. Al ser valorado por el
cardiólogo, se recomendó su remisión urgente a una clínica cardiovascular en la
ciudad de Cali pero, por falta de recursos económicos, no ha podido desplazarse
a dicha ciudad.
Según la demanda,
Calapsu fue inscrito en el Sisben con un porcentaje de 15 puntos. Se le ha
solicitado cupo en una A.R.S. pero no ha sido posible conseguirlo. No se le ha
expedido el carné del Sisben pues algunos cupos se están otorgando a personas
fallecidas o ya carnetizadas.
Se pide que,
mediante la tutela, se ordene que William Andrés Calapsu sea carnetizado, con
el fin de que pueda ser trasladado a la ciudad de Cali y se le presten los
servicios de salud que requiere.
II. DECISION
JUDICIAL OBJETO DE REVISION
El Juzgado Cuarto Penal Municipal de Popayán, en providencia del 3
de enero de 2000, negó la tutela señalando que, si bien es cierto la salud del
ofendido se encuentra desmejorada, también lo es que no hubo interés de parte
suya ni de su familia en actuar diligentemente para la consecución de su carné
del Sisben, ya que la solicitud fue presentada extemporáneamente por una
funcionaria del Hospital Universitario.
No entiende el Juzgado cómo no se adelantaron las gestiones
respectivas, conociéndose el estado de salud del afectado, pues una vez
distribuídos los cupos para las nuevas carnetizaciones, ya no es posible
conseguir otros nuevos. Ello vulneraría, según la Sentencia, los acuerdos y
normas que rigen al respecto trayendo como consecuencia sanciones
disciplinarias contra los funcionarios que las contraríen.
Señaló además el Juzgado que la Secretaría de Salud no está
descentralizada y que corresponde a la Dirección del Régimen Subsidiado
autorizar la carnetización, dado el estado de salud en que se encuentra el
peticionario.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION
1. Legitimidad
para actuar
El artículo 10 del Decreto 2591 de 1.991 consagra en el artículo 10
las normas relativas a la legitimidad e interés para actuar en el caso de
demandas de tutela y señala que también se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa, indicando que cuando ello ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
En el proceso materia de estudio, María Esperanza Galindez de
Sandoval actúa en calidad de agente oficiosa de William Andrés Calapsu, quien
se encuentra incapacitado y en grave estado de salud, como se verá más
adelante, circunstancia que fue manifestada en forma expresa en el escrito de
tutela y que, por lo mismo, llevará al estudio de la acción planteada, por
considerarse que existió legitimidad para instaurarla.
2. El derecho a
la salud y su carácter de fundamental en conexión con el derecho a la vida
Esta Corporación ha reiterado que el derecho a la salud, per se, no
reviste el carácter de fundamental, pero lo adquiere cuando está en íntima
conexión con un derecho de tal naturaleza, como la vida, la integridad personal
o la libertad.
En múltiples
oportunidades se ha concedido la protección judicial con el fin de que se
brinde un tratamiento necesario o urgente, o para que se practiquen los
exámenes indispensables para un diagnóstico, o con el propósito de que se lleve
a cabo una cirugía indispensable para salvar la vida o para que se suministre
un medicamento imprescindible, o para permitir las condiciones dignas y justas propias
de la vida humana y de su dignidad.
Así lo expresó la
Corte en uno de sus fallos:
“Aun cuando la
conservación de la salud involucra una serie de situaciones, que comprenden
obligaciones y acciones tanto de las personas como del Estado mismo, que en
mayor o menor grado contribuyen a la subsistencia del ser humano, el derecho a
la salud no fue consagrado en la Constitución, salvo con respecto a los niños
(art. 44 C.P.) como un derecho fundamental. No obstante, la Corte ha sido
reiterativa en el sentido de considerarlo como un derecho fundamental por
conexidad, cuando en casos concretos debidamente sopesados y analizados por el
juez de tutela, la protección de la salud involucre al mismo tiempo el amparo
de la vida misma.
(…)
Por lo demás, la
jurisprudencia de la Corte ha hecho claridad en el sentido de que el concepto
de vida en la Constitución rebasa el ámbito de lo meramente biológico, es
decir, la mera idea de la subsistencia o supervivencia del ser humano, para
situarlo en un ámbito distinto, como es el atinente a la reunión de unas
condiciones mínimas, supeditadas no sólo al medio físico o entorno natural,
sino al ambiente cultural creado por el hombre y a las circunstancias de orden
social y económico, que le aseguren a la persona una especial calidad de vida”.
(Cfr. Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-409 del 12 de
septiembre de 1995. M.P.: Dr. Antonio Barrera Carbonell).
3. El caso
concreto
En el caso objeto de revisión, se encuentra un resumen de la
Historia Clínica Nº 505.365, correspondiente a William Calapsu, paciente de 24
años, quien ingresó por urgencias después de recibir heridas por arma
cortopunzante en área precordial y en la zona del cuello.
Según se consignó en el informe médico, hubo signos evidentes y progresivos
de falla cardíaca, disnea e hipotensión. Se recomendó “remisión urgente a un
centro donde se pueda reparar quirúrgicamente el defecto, pues su estado es
crítico y con el tiempo se deteriorará rápidamente su función cardíaca”
Obra en el expediente copia de la solicitud formulada a la
Secretaría de Salud Municipal de Popayán, el 12 de noviembre de 1999, por la
Trabajadora Social del Hospital San José, en la cual manifiesta que William
Andrés Calapsu, fue “sisbenizado” (sic), con el puntaje de 15 y que “ se
solicita cupo en una A.R.S. de alguna persona que tenga doble carnetización, ya
que la familia es de bajos recursos y no pueden cubrir los costos que ocasiona
el tratamiento en otra ciudad”.
El Alcalde Municipal de Popayán, en comunicación del 24 de diciembre
de 1999, respondió en la siguiente forma:
“1. El Consejo
Nacional de Seguridad Social de Salud, es el máximo organismo a nivel Nacional,
el cual determina, según los recursos del Fondo de Solidaridad y garantía, la
ampliación de Cobertura para nueva carnetización, en el Régimen subsidiado en
cada uno de los Municipios del territorio Colombiano.
2. Que de
conformidad con el Acuerdo 146 del 25 de octubre de 1.999, el citado organismo,
autorizó para el Municipio de Popayán, ampliación de cobertura para nueva
carnetización en el Régimen subsidiado, un total de 2.925 nuevos beneficiarios,
distribuídos así: Para los grupos indígenas 763 cupos, para la capital del
departamento, 2.162 cupos, de los cuales el 50% obligatoriamente deben
asignarse al área rural, priorizando según el Acuerdo 77 al núcleo familiar y
en el siguiente orden:
a. Mujeres en estado
de embarazo y niños menores de cinco años.
b. Población con
limitaciones físicas, síquicas o sensoriales,
c. Población de la
tercera edad.
d. Mujeres cabeza de
familia.
e. Demás población
pobre y vulnerabl
4. En virtud del
Acuerdo 146 la ampliación para nueva carnetización, trajo como obligación fijar
los listados de los beneficiarios de este servicio de salud, lo cual se hizo el
10 de noviembre del año en curso, lo que indica que quien no reunía los
requisitos, quedaba excluído de dicho servicio, por lo que en la actualidad, no
hay disponibilidad de cupos para nuevas carnetizaciones y en el evento de que
alguna persona fallezca o sea beneficiario al régimen contributivo (medicina
prepagada, ISS, etc), el cupo de subsidio disponible se asignará únicamente,
para cubrir los nacimientos, tal como lo dispone el art. 20 del Acuerdo 77
emanado del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
5. Teniendo en
cuenta que la Secretaría de Salud Municipal de Popayán, no es autónoma en el
régimen de afiliaciones al régimen subsidiado, ya que depende de los
lineamientos jurídicos que ordene el Consejo Nacional de Seguridad Social,
vulnerar los acuerdos y normas que rigen al respecto, traería como consecuencia
sanciones disciplinarias contra el funcionario, por ser el máximo organismo en
este régimen.
6. Es de resaltar
que la solicitud de cupo para afiliación al régimen subsidiado, para el señor
WILLIAM ANDRES CALAPSU PEÑA, la hizo la Dra Bertha Barberena, Trabajadora
Social del Hospital Universitario de Popayán, el 12 de noviembre del presente
año, fecha en la cual ya se habían publicado los listados de los nuevos
beneficiarios. (ver la carta citada aportada por el tutelante a fl 11 del
escrito de tutela).
6. En el caso del accionante, quien
se encuentra en estado crítico de salud, la única opción que tendría, es ser
remitido por el mismo Hospital San José, a otro Centro de Salud especializado,
para que sea atendido contra situado fiscal a la oferta, anotando que quien va
a asumir este costo es el Departamento a través de la Dirección Departamental
de salud, puesto que la Secretaría de Salud, no está descentralizada y de
conformidad con el Régimen subsidiado de Salud no es procedente acceder a su
carnetización”.
La Sala encuentra
que, si bien es cierto existen unas reglas para la carnetización del régimen
subsidiado, es necesario hacer efectivo el principio de prevalencia del derecho
sustancial consagrado en el artículo 228 de la Constitución, y proteger el
derecho a la vida que se encuentra claramente amenazado en el caso sub lite,
objetivo constitucional de primer orden que prevalece sobre las formalidades y
reglamentaciones que pudieren existir, aplicando los preceptos superiores e
inaplicando en el caso los inferiores que con ellos sean incompatibles (art. 4
C.P.).
Dentro de este orden
de ideas, es necesario que el Municipio, utilice uno de los cupos que le fueron
asignados dentro del régimen subsidiado e incluya a William Andrés Calapsu
dentro del sistema de protección efectiva del Sisben, entregándole el carné
correspondiente, de modo que se le permita acceder a los servicios de salud que
está requiriendo con urgencia. Las pruebas acreditan que su estado se deteriora
día a día y que se hace necesario y urgente restablecer su función cardíaca.
Se revocará el fallo
de instancia para, en su lugar, conceder la protección del derecho a la vida de
William Calapsu.
DECISION
Con base en las
expuestas consideraciones, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR
el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Popayán el 3 de
enero de 2000, al resolver sobre la acción de tutela incoada por María
Esperanza Galindez de Sandoval, como agente oficiosa de William Andrés Calapsu,
contra el Municipio de Popayán y, en su lugar, conceder la protección de los derechos
a la salud y la vida de este último, inaplicando en el caso concreto las
disposiciones de rango reglamentario que, dadas las circunstancias del enfermo,
son incompatibles con el artículo 11 de la Constitución.
Segundo.- ORDENAR al
Alcalde Municipal de Popayán que, dentro de las veinticuatro (24) horas
siguientes a la notificación del presente fallo, inscriba y carnetice en el
Sisben a William Andrés Calapsu y se le garantice la atención quirúrgica que
requiere para la recuperación de su salud.
Tercero.- Por
Secretaría, LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO                                             FABIO MORON DIAZ
Magistrado
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General