C-091-15
Sentencia C-091/15
LEY QUE RINDE HONORES A LA SANTA
MADRE LAURA MONTOYA UPEGUI-Cosa juzgada constitucional
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Contenido y alcance
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Fundamento
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Efectos
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL ABSOLUTA
Y RELATIVA-Distinción
Referencia: expediente
D-10438
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 1° (parcial), 2°, 3°, 4° (parcial) y
6° (parcial) de la Ley 1710 de 2014, “Por la cual se
rinde honores a la Santa Madre Laura Montoya Upegui, como ilustre santa
colombiana”.
Actor: Juan José
Verhelst López y otro.
Magistrado
Ponente:
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá
D. C., cuatro (4) de marzo de dos mil quince (2015).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y una vez cumplidos los requisitos y trámites establecidos en
el Decreto Ley 2067 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
I.  ANTECEDENTES
El
ciudadano Juan José Verhelst López y otro, presentaron demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 1° (parcial), 2°, 3°, 4° (parcial) y
6° (parcial) de la Ley 1710 de 2014, “Por la cual se
rinde honores a la Santa Madre Laura Montoya Upegui, como ilustre santa
colombiana”.
El Magistrado
Sustanciador, mediante auto del diecinueve (19) de septiembre de 2014, dispuso,
i) inadmitir la demanda de inconstitucionalidad presentada, con memorial
radicado el 26 de septiembre de 2014 los actores subsanaron la demanda,
mediante auto del siete (7) de octubre de 2014, dispuso: i) admitir la demanda;
ii) fijar en lista el asunto y simultáneamente correr traslado al Procurador
General de la Nación, para que rindiera el concepto de rigor; iii) comunicar la
iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del
Congreso de la República, al Presidente de la Cámara de Representantes, al
Ministerio del Interior, al Ministro de Justicia y del Derecho, al Ministerio
de Cultura, al Ministerio de Educación, al Instituto Colombiano de Antropología
e Historia y al Defensor del Pueblo; iv) invitar a facultades de derecho de las
universidades Santo Tomás de Bogotá, de Antioquia, Externado de Colombia,
Libre, Pontificia Universidad Javeriana, del Rosario, de los Andes, Sergio
Arboleda, del Norte, de la Sabana, Gran Colombia, a la Facultad de Sociología
de la Universidad Nacional de Colombia, a la Facultad de Teología de la
Universidad Javeriana, al Seminario Mayor de Bogotá, a la Academia Colombiana
de Jurisprudencia, al Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, al
Arzobispo Primado de Colombia, al Obispo de la Iglesia Episcopal de Colombia, a
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días,  a la Confederación
de Comunidades Judías, a la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, al Centro
Islámico y Asociación Benéfica de Maicao, a la Asociación de Ateos y Agnósticos
de Bogotá,  al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y al Centro de
Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –DeJusticia-.
II.  TEXTO DE LA
NORMA ACUSADA
A continuación
se transcribe la norma subrayando el aparte demandado:
“LEY
1710 DE 2011[1]
CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
“Por la cual se
rinde honores a la Santa Madre Laura Montoya
Upegui, como
ilustre santa colombiana”.
EL
CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
Artículo
1°
Con motivo de su Santificación, la Nación rinde honores, exalta y
enaltece la memoria, vida y obra de la Madre Laura Montoya Upegüi, por toda una
vida dedicada a la defensa y apoyo de los menos favorecidos en Colombia.
Artículo
2°
El Gobierno Nacional y el Congreso de la República de Colombia deberán
rendir honores a la obra y memoria de la Santa Madre Laura Montoya, en acto
especial y protocolario, cuya fecha y hora será programada por la Mesa
Directiva del honorable Congreso de la República, con invitación al señor
Presidente de la República, en el municipio de Jericó, departamento de
Antioquia.
Artículo
3°
Autorícese al Gobierno Nacional para que la Santa Madre Laura Montoya sea
consagrada como la patrona del magisterio de Colombia.
Artículo
4°
En el convento Madre Laura del municipio de Medellín, donde reposan los
despojos mortales de la Madre Laura, la Nación exaltará y honrará su memoria en
forma permanente mediante la construcción de un mausoleo para la
peregrinación de los fieles, cuya construcción el Ministerio de Cultura
dispondrá de los recursos necesarios para la realización de esta obra.
Artículo
5°
Emítase por única vez por parte del Banco de la República una moneda en honor a
la Madre Laura.
Artículo
6°
Constrúyase una escultura en su honor para ser ubicada en el municipio de Dabeiba,
Antioquia, como la cuna moderna de la evangelización para los indígenas
de América y el mundo católico.
Artículo
7°
Dado el gran impacto turístico y religioso que para el municipio de Jericó y
sus municipios vecinos representa esta efemérides, autorícese al Gobierno
Nacional para que destinen las partidas presupuestales necesarias para la
pavimentación de la vía Pueblo Rico-Jericó, en el departamento de Antioquia.
Artículo
8°
Se declara al municipio de Jericó como de Alto Potencial para el Desarrollo
Turístico, especial en los productos religiosos y culturales (museos y centros
históricos), para lo cual el Gobierno promoverá las inversiones en
infraestructuras turísticas necesarias para alcanzar el objeto planeado en este
artículo.
Parágrafo,
En los seis (6) meses siguientes a la sanción y promulgación de esta ley, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, presentará un plan de desarrollo
del turismo para el municipio de Jericó y su área vecina.
Artículo
9° La presente  ley rige a partir de su promulgación”.
III.    LA
DEMANDA
Los accionantes consideran que la
expresión “con motivo de su santificación”, contenida en el artículo 1°
de la Ley 1710 de 2014, vulnera los principios constitucionales de libertad y
pluralismo religioso, desconociendo además el principio de neutralidad propio
del Estado laico el cual garantiza la libertad de cultos.
Para sustentar este argumento, indican que
el artículo 150 núm. 15 constitucional, le da al Congreso de la República una
facultades para expedir leyes de honores con el fin de destacar a ciudadanos
ejemplares por su magnífica labor en pro del bien común, razón por la cual
decretar una ley con ocasión de la santificación de una ciudadana colombiana,
desborda las facultades del legislativo. Esto por considerar que la palabra
santificación es propia de la religión católica, lo cual trae como consecuencia
que en la norma censurada se presenta una identificación formal del Estado con
ese credo religioso en particular.
Sostienen además los demandantes que el
aparte del artículo 1° acusado impone a todos los colombianos el deber de
exaltar a la Madre Laura, aun cuando no profesen el catolicismo y que además
hace un llamado a seguir esa religión, con lo cual el Estado le otorga un trato
preferente y diferenciado al credo católico respecto de otras religiones que se
profesan en el territorio.
Consideran los accionantes que los
honores y la exaltación no son merecidos, dado que Colombia es un Estado laico
que respeta la libertad de cultos y como no se presentan en la norma acusada
razones diferentes a las religiosas para otorgarlos, la disposición no está
adecuada a los postulados constitucionales de neutralidad y laicidad estatal,
pluralismo religioso y libertad de cultos.
Respecto del artículo 2° demandado,
afirman los accionantes que vulnera el artículo 19 superior, relacionado con la
libertad de cultos y que transgrede el “principio de laicidad estatal”,
en la medida que al establecer un acto específico y protocolario para exaltar
la memoria de una ciudadana fallecida, se estarían vinculando los poderes
públicos tanto Legislativo como Ejecutivo en una actividad de carácter
estrictamente religioso, del ritual de la fe católica.
Argumentan igualmente que la
consagración de la Madre Laura Montoya Upegui como patrona del magisterio en
Colombia constituye la imposición  de un símbolo de la religión católica, a
pesar de que nombrar patronas sea una práctica culturalmente aceptada  en el
país, es evidente que tiene sus raíces en el catolicismo, máxime si de allí
proviene el contenido axiológico de la término patrono. Es decir, sostienen que
esa imposición  hecha al magisterio resulta tener netamente convicciones del
credo católico.
En cuanto al artículo 4° sostienen que
la frase “para la peregrinación de los fieles”, es también vulneratoria
del principio de laicidad Estatal, por tratarse de un término propio de la
religión católica como lo es estrictamente el de peregrinación, desconociendo
que otras personas que no tengan interés de carácter religioso, en este caso
católico, podrían visitar el mausoleo con el fin de averiguar otras facetas  de
la ciudadana exaltada.
En lo que respecta al artículo 6° de la
Ley1710 de 2014, afirman los accionantes que la expresión “como la cuna
moderna de la evangelización para los indígenas de América y el Mundo Católico”,
contraviene los principios superiores, en la medida que con la evangelización
del pasado se vulneraron los derechos y garantías  de los pueblos indígenas
catequizados, razón por la cual consideran que hoy no se pueden exaltar esos
hechos como actos nobles y altruistas.
IV.
INTERVENCIONES
A- DE ENTIDADES
OFICIALES
1. DEL
MINISTERIO DE CULTURA -INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA- ICANH
Intervino por
intermedio de la antropóloga María Teresa Salcedo, Coordinadora del Grupo de
Antropología Social del ICANH.
Inicia su
intervención pronunciándose respecto de la pertinencia del pilar N° 2°
presentado por los demandantes en la subsanación de la demanda, en razón a que
ayuda a discernir entre lo que es posible por ser un asunto constitucional y lo
que es posible porque hace parte de la cultura. Al respecto manifestó que desde
una perspectiva antropológica la santificación de la Madre Laura corresponde al
terreno de lo sagrado, pero que desde un punto de vista sociocultural, el hecho
de que esa ciudadana se haya dedicado a llevar el evangelio a una población indígena
que no tenía hasta entonces ninguna creencia, es interpretado como una práctica
o proselitismo religioso, asegurando que esa consideración es la misma que le
sirvió al Estado colombiano y a la Iglesia católica para hacer la vista gorda
frente al proceso de esclavización y las masacres de indígenas perpetradas por
la casa Arana, ya que iniciando el siglo XX es la que sirve de sustento  desde
lo antropológico. Argumentó que rendir honores por ley a esa colombiana, se
sale del contexto de la tradición social, cultural e histórica del país, máxime
si  proviene del poder Legislativo.
Sostuvo que debe
diferenciarse entre el ámbito eclesial sagrado en el que se adoptó la decisión
de santificar a la Madre Laura Montoya y contrastarlo de manera radical con el
ámbito histórico, en donde esa rendición de honores vulnera la memoria de otros
colombianos también católicos, para quienes esa rendición de honores puede ser
interpretada en un contexto político. Expuso igualmente que la norma demandada
convierte a la Madre Laura en una referencia política para el inconsciente
colectivo de muchos católicos colombianos.
Es decir,
respeta la santificación de la Madre Laura, pero sostiene que la expresión “Con
motivo de su santificación”, contenida en el artículo 1° de la ley
demandada, impone una ventaja que es arbitraria no solo con respecto a otros
religiosos a quienes se les puede rendir honores, sino en relación con los “menos
favorecidos” a quienes la Madre Laura les enseño la fe católica por
considerar que sus creencias eran supersticiones.
Considera
entonces que sí es oportuno aseverar que se desconoce la libertad y del
pluralismo religioso, no solamente con la expresión demandada sino con la
totalidad del artículo 1° censurado.
Respecto de la
diversidad de creencias religiosas consagradas en el artículo 19 superior,
considera que se debe abordar desde tres escenarios, a saber.
Primero. Afirma
que la libertad de cultos es una práctica dialógica que pone en contexto
diversas formas de interpretar la reciprocidad de las relaciones de género, las
prácticas alimenticias y los tabúes sobre las mismas.
Segundo.
Considera que la libertad de cultos es parte de la esfera pública y, por lo
tanto, tiene un espacio social donde ese pluralismo es practicado, de donde
deduce que las creencias comparten lugares en la vida cotidiana y su
circulación en el espacio público es un hecho social que argumenta la
tolerancia de esa diversidad de ideas.
Tercero. La
libertad de cultos hace referencia a distintos sistemas de símbolos.
Desde los
anteriores puntos de vista, considera que lo normando en el artículo 2°
demandado, en el contexto de la libertad de cultos, refiere que sean los
poderes del Estado quienes impongan los modos en que las prácticas dialógicas y
la interacción simbólica y ritual se deben llevar a cabo en un contexto
espacial definido.
Considera que
con el acto protocolario que será programado en el municipio de Jericó del
departamento de Antioquia, para rendirle honores a la Madre Laura, el Estado
está realizando adhesión pública a una creencia religiosa y demarcando un
espacio social que le construye un territorio mítico y político a una persona
santificada.
También se
plantea un interrogante acerca de si en su misión de apoyar y fomentar la
diversidad cultural se debe construir en Medellín un mausoleo a la Madre Laura,
lo cual considera que de ser así no se daría en un ámbito que determine a la
estructura social y cultural, sino contrario a esta.
Estima que es
inconstitucional el artículos 3° demandado, en cuanto consagra a la Madre Laura
como patrona del magisterio, por las implicaciones que esa determinación pueda
tener para la pedagogía en la diversidad cultural; respalda igualmente  la
inconstitucionalidad del artículo 4° demandado, por considerar que la expresión
“para la peregrinación de los fieles” es contraria a la Constitución;
finalmente solicita la inconstitucionalidad de la expresión demandada contenida
en el artículo 6° de la citada ley “como la cuna moderna de la
evangelización para los indígenas de América Latina y el mundo católico”,
por considerarla vulneradora respecto de las demás creencias religiosas.
Por lo antes
expuesto el ICANH solicita declara inconstitucional la Ley 1710 de 2014.
2.1 ACLARACIÓN
DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA – ICANH
El Director
General del Instituto indica que respeta el concepto rendido con anterioridad
por la antropóloga María Teresa Salcedo, Coordinadora del Grupo de Antropología
Social del ICANH,  aclarando  que luego de haber hecho una minuciosa lectura de
la obra de la ciudadana Laura Montoya Upegui, destaca su inmensa producción
literaria y la calidad de la misma, la cual no solo incluyó el campo de la
teología  sino que también trató aspectos socioculturales  de la frontera
Antioqueña como espacio de contacto entre diferentes grupos étnicos.
Sostiene,
además, que desde ese punto de vista y por respeto a la diversidad cultural
plasmada en la Constitución colombiana, el ICANH no considera pertinente
declarar constitucional la ley demandada, por consagrar y rendir homenaje a la
Madre Laura en su condición de “Santa” de un culto particular de un país,
recomendado que sea de la mayor pertinencia y constitucionalidad rendir un gran
homenaje en la categoría de ciudadana ejemplar, teniendo en cuenta la
importancia de su legado y su labor educativa, social y antropológica,
independiente de su filiación religiosa.
B- INTERVENCIONES DE INSTITUCIONES DE
EDUCACION  SUPERIOR
1. INTERVENCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA
El doctor HERNÁN
ALEJANDRO OLANO GARCÍA, intervino a título personal, como comisionado de la
Academia Colombiana de  Jurisprudencia,  como Cabildero  Inscrito en la Cámara
de Representantes y desde su cargo de Director del Programa de Humanidades de
la Universidad de la Sabana. Respecto del concepto solicitado expuso que en
pretéritas oportunidades ya emitió concepto respecto del mismo tema, dentro de
los radicados D-10226 y D-10272 adelantados por los despacho de los H.
Magistrados María Victoria Calle Correa y Mauricio González Cuervo,
respectivamente, indicando que de dichos conceptos pueden solicitarse copia en
la Secretaría de la Corte o en cada despacho.
Concluye su
intervención solicitándole a la Honorable  Corte constitucional  que por
economía procesal declare exequible la norma demandada.
2. INTERVENCIÓN
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
En su
intervención el Decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional hizo un breve resumen de los planteamientos hechos en la demanda,
destacando que respecto de la vulneración al derecho a la igualdad los
demandantes desistieron de ese cargo por considerar que no es posible definir
con claridad respecto de que religiones se estaría implementando el tratamiento
diferenciado e infundado.
Sostiene que lo
anterior limita la demanda de inconstitucionalidad al desconocimiento de la
libertad y pluralismo religioso.
Destaca lo
señalado en la demanda respecto del artículo 1° de la Ley 1710 de 2014, en lo
relativo a la expresión “Con motivo de su santificación”, en razón a que
de allí se deriva que  a dicha ciudadana  se le rindieron honores por su
condición de Santa Ilustre de Colombia, mas no por haber realizado actos
positivos en su vida, facultad que tiene el Congreso de la Republica de
conformidad con el núm. 15 del artículo 150 superior.
Destaca que los
actores señalaron que se configura una relación entre el artículo 1° y los artículos
subsiguientes demandados, habida cuenta que la motivación de la ley radica en
la santificación de la Madre Laura, acto con el cual se rinden honores por
parte de las autoridades públicas, pero con matices religiosos.
Resalta además
como el artículo 3° demandado lleva al credo católico a la esfera de lo
público, con lo cual se vulnera el pluralismo religioso y el Estado laico.
Finalmente,
concluye que la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de la Ley
1710 de 2014, contempla argumentos de peso que permite realizar un juicio
jurídico para retirar del ordenamiento jurídico los apartes demandados.
3. INTERVENCIÓN
DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
En
representación de la Pontificia Universidad Javeriana intervino el Decano
Académico de la Facultad de Teología,  quien respecto del  cargo formulado en
la demanda por violación al artículo 19 constitucional, manifestó que la
iglesia católica durante el Concilio Vaticano II  celebrado en 1965, profirió
la Declaración “Dignitatis Humanae”, según la cual  la libertad religiosa está
fundada en la dignidad humana.
Igualmente,
acudió a los conceptos de filósofos  importantes como Habermas, quien reconoció
la necesidad de garantizar espacio público plural y democrático para las
expresiones culturales de la experiencia religiosa como fuente de la
solidaridad y expresión de la libertad.
Con
lo anterior sustentó su posición según la cual los apartes de la norma acusada
no puedan considerarse como una expresión fundamentalista.  Simplemente
considera que es el reconocimiento a una vida que por su dedicación
desinteresada puede exaltarse como ejemplo de solidaridad dentro de nuestra
sociedad.
Destacó
igualmente que ya la Corte Constitucional en sentencia C- 152/2003, al estudiar
la constitucionalidad de la Ley María, subrayó los criterios que conforman el
principio o test de neutralidad como garantía del respeto a la libertad de
cultos que debe tener el Estado.
Consideró
igualmente que el Estado no vulneró los principios de neutralidad religiosa con
la norma demandada, por cuanto simplemente exaltó los principios de una
ciudadana  dedicada al servicio de los más vulnerables.
Igualmente,
hizo relación a la sentencia C-817/2011, donde la Corporación expuso los
criterios para la expedición de leyes de honores, enfatizando que es posible
que el legislador expida normas como la que es objeto de debate, con la cual se
propone a la sociedad en el marco constitucional exaltar valores humanos que
son parte de nuestra identidad cultural y no pueden ser considerados una causa
de discriminación o violación de la libertad de cultos.
C- INTERVENCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS
1.     INTERVENCIÓN DE
LA IGLESIA EVANGÉLICA LUTERANA DE COLOMBIA
En su
representación intervino el Rev. Eduardo Martínez Díaz, Obispo de esa iglesia,
señaló que si bien es cierto el Congreso de la República tiene las facultades
para reconocer honores a ciudadanos que se hayan destacado por prestar un
servicio a la patria en general, también está de acuerdo con la postura de los
demandantes en la medida que la precitada ley, en la mayor parte de su articulado,
excede las atribuciones del Congreso al privilegiar a una expresión religiosa.
Considera además que invertir dineros públicos para adecuar sitios de
peregrinación es dar un trato preferencial a la Iglesia Católica Romana.
Señala, además,
que si las diferentes iglesias  quieren honrar la memoria de personas que se
hayan destacado por su servicio a la comunidad, no necesitan comprometer los
recursos del Estado, los cuales son de interés público.
2.     INTERVENCIÓN DE
LA IGLESIA EPISCOPAL EN COLOMBIA  COMUNIDAD ANGLICANA.
En su
representación intervino Francisco Duque Gómez, Obispo  Anglicano, quien
sostuvo que destaca los valores que encarna la vida de la Madre Laura los
cuales son dignos de admirar por ser un ejemplo a seguir no sólo por quienes
profesen la religión “Católica Romana”, sino por la sociedad colombiana en
general.
Sin embargo,
advierte que la ley demandada se parcializa atentando contra los demás credos
de conformidad con el principio constitucional de libertad de cultos.
Considera que la
autorización dada por la ley al Gobierno Nacional para exaltación  a la Madre
Laura como patrona del magisterio, hace parte de la canonización, tocando de
esa manera un principio que vulnera otras creencias y conciencias religiosas,
ya que la exaltación a los altares es propia de la Religión Católica Romana.
Rechaza
igualmente el artículo 4° en cuanto establece la inversión de dineros públicos
en la construcción de mausoleos destinados a peregrinaciones  de fieles, por
discriminar a otros grupos creyentes y no creyentes.
En general
rechaza los artículos 5, 6, 7 y 8 de la citada ley, por considerar que vulneran
principios y garantías fundamentales de las personas, al dar trato diferencial
a quienes profesen uno u otro credo,  destinando dineros públicos para exaltar
un culto religioso en particular  y por imponer a los habitantes de Jericó
–Antioquia-  que deban “especializarse” en la producción de bienes y servicios
religiosos que rindan homenaje a la Madre Laura.
En síntesis,
considera que la Ley 1710 de 2014 es discriminatoria en la medida que sustenta
toda su argumentación en la canonización y exaltación a los altares de la Madre
Laura.
D- INTERVENCIONES CIUDADANAS
1.     INTERVENCIÓN DE
LOS CIUDADANOS DIANA CAROLINA BELTRÁN HERRERA, JANNLUCK CANOSA  CANTOR Y DIEGO
ALEJANDRO HERNÁNDEZ RIVERA
a)
Cargos
por violación al derecho a la igualdad
Expusieron
que el principio de neutralidad estatal en materia religiosa es pilar
fundamental de la laicidad del Estado, lo cual conlleva la prohibición de
otorgar un trato más beneficioso a determinado credo religioso, ya que de lo
contrario resultaría vulnerado el artículo 19 constitucional.
Resaltan
que la expresión acusada del artículo 1°, es el fundamento de la Ley 1710 de
2014 que es una ley de honores mediante la cual se pretende exaltar la labor de
la Madre Laura por su calidad de “Santa”, mas no por su labor social,
correspondiendo dicha santificación al plano de la religión católica, luego el
Estado no puede intervenir porque vulneraría el artículo 13 de la Constitución.
Razón
por la cual coadyuvan declarar inexequible el aparte demandado de la norma.
Solicitan
igualmente declarar inexequibles los apartes demandados del artículo 2°,
referentes al derecho a la igualdad, en razón a que esta Corporación en
sentencia C-152/2003, ha iterado la obligación del legislador de “establecer
iguales condiciones objetivas para todas las confesiones religiosas e iglesias”.
Afirman,
además, que el acto protocolario que dispone la ley es contrario a la
neutralidad del Estado, por cuanto en virtud de la igualdad religiosa le está
prohibido hacer manifestaciones públicas en favor de un credo específico.
Con
lo anterior, manifiestan que como ciudadanos no aceptan la manifestación
pública que estipula el artículo 2° de la ley demandada.
Respecto
del artículo 3° demandado manifiestan su disconformidad con los planteamientos
de los demandantes, en razón a que la norma no es de carácter imperativo y el
Gobierno puede acatarla por medio de un acto administrativo, o no obedecerla,
pues se trata de una facultad potestativa.
En
relación con los artículos 5 y 6 demandados, sostienen que estos implican una
erogación de gasto, lo cual desconoce el bien público y el interés general.
b)
Cargo por violación a la libertad de cultos
Consideran
que se vulnera el derecho a la libertad de cultos, en tanto contiene normas que
constituyen una intervención ilegitima del Estado en la autonomía de la que
gozan las personas e instituciones  de carácter religioso para celebrar  o
expresar sus manifestaciones propias de fe.
Como
fundamento de su afirmación exponen tres puntos a saber: (i) el marco
internacional de obligaciones en materia de libertad religiosa; (ii) el régimen
interno que ésta Corporación ha señalado en la intervención del Estado en
materia religiosa; (iii) las normas acusados contrastándolas con los parámetros
de constitucionalidad establecidos.
(i)
Obligaciones
del Estado Colombiano en materia de libertad religiosa.
Al
respecto trajeron a colación la normatividad  de importantes organismos
internacionales, a saber: el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el artículo
12 de la CADH.
Protección
de la libertad religiosa en el derecho colombiano.
Destacaron
lo normado en el artículo 19 de la Constitución Política de 1991 y el artículo
13 de la Ley Estatutaria 133 de 1994, el cual  estableció: “Las iglesias y
confesiones religiosas tendrán, en sus asuntos religiosos, plena autonomía y
libertad y podrán establecer sus propias normas  de organización, régimen
interno y disposiciones para sus miembros”.
(ii)
Análisis
de constitucionalidad de la Ley 1710 de 2014.
Consideran
que a la luz de la normatividad nacional e internacional antes citada, la Ley
1710 de 2014 vulnera el principio constitucional de  libertad de cultos, por no
estar ajustada a esos estándares de protección de las garantías fundamentales.
Por
lo anterior, solicitan a la Corte declarar inexequibles las disposiciones
demandadas.
b)
INTERVENCIÓN
DEL CIUDADANO JORGE ENRIQUE OSORIO REYES.
Este ciudadano
trajo a colación algunas sentencias de esta Corporación que ya han tratado el punto
de la laicidad y la neutralidad que el Estado Colombiano debe mantener al
respecto, en efecto citó algunos apartes de las  sentencias  C-350 de 1994 y
C-766 de 2010.
Señala como
disposiciones violadas con la ley demandada, los artículos 1,2,4,5,7,8,13,15,16,18
y 19  de la Constitución Política de Colombia. Igualmente considera vulnerados
algunos artículos de Tratados internaciones, a saber:
-Los artículos
2, 3, 7, 18 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas  del 10 de diciembre de 1948.
-Los artículos
1, 11, 12 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de
San José de Costa Rica”.
-El numeral 1°
del artículo 2°, el numeral 2° del artículo 5°, el numeral 1° del artículo 17°
y el numeral 2° del artículo 18°  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
-El numeral 2°
del artículo 2° y el artículo 5° del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
Rechaza
igualmente que se pretenda invertir dineros del erario en mausoleos para la
Santa Madre Laura, máxime si Colombia es un Estado Social  de Derecho obligado
a proteger los intereses y garantías fundamentales de las minorías, no de un
credo religioso.
Solicita
declarar la inconstitucionalidad de la Ley 1710 de 2014. Igualmente, que en la
parte decisoria de la sentencia se reitere de manera expresa y rotunda, que
Colombia es un Estado Laico y que el ordenamiento jurídico nacional se acoge a
este principio, como única forma de garantizar la igualdad  en el ejercicio de
la libertad religiosa.
IV.    CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Inicia
su intervención señalando que como Jefe del Ministerio Público estima que la
Corte Constitucional debe estarse a la resuelto en las sentencias que decidan
las demandas que cursan actualmente  ante ésta Corporación bajo los radicados
D- 10226 y D- 10272, donde ya rindió conceptos.
Considera
que no se puede desechar de la identidad nacional la religión por cuanto ha
sido un factor de cohesión y gran relevancia en la historia del país y porque,
además, los valores constitucionalmente aceptados y las virtudes sociales y
humanas que se aprecian  en el Estado están armonizadas con los valores y
principios cristianos; sostiene además que resulta desproporcionado y
discriminatorio excluir de una ley de honores a una persona por haber profesado
determinado credo.
Indica
que en concordancia con lo ya sostenido en los conceptos 5801 y 5804 de 2014, la
norma demandada es constitucional, por no desconocer la libertad religiosa, ni
ser contraria al derecho a la igualdad, menos aún quebrantar los principios de
neutralidad religiosa y pluralismo.
Señala
que en la demanda objeto de debate se expresa que la Ley 1710 de 2014 es
inconstitucional por establecer que los honores que se rinden a la Madre Laura
son con motivo de su santificación y que los términos patrono y peregrinación
fueron adoptados por la fe católica,  por lo que, en criterio de los
accionantes, su utilización en los artículos 3° y 4° demandados implica hacer
uso de conceptos del catolicismo, razón por la cual consideran se contradice el
“principio de neutralidad Estatal”.
Estos
reproches carecen de sentido, dado que aceptar esa postura es absurdo en la
medida  que habría que eliminar del ordenamiento jurídico e incluso de la
Constitución expresiones que tienen origen en el cristianismo, como son los
conceptos de persona y dignidad; de otra parte, sostiene que si
bien las palabras pueden tener su origen y sentido en la religión católica,
pueden ser adaptadas y usadas en el ámbito público por personas con otras
convicciones; afirma además que aceptar los cargos y pretensiones de la demanda
sería entender el concepto de laicidad de una manera equivocada, es decir, como
una prohibición de la religión en el ámbito público, en contraste con una
visión positiva que permite rescatar aspectos de la religión, los cuales no
pueden dejarse al ámbito privado de las personas.
Indica,
además, que cuando la ley demandada exalta a la Madre Laura como educadora,
está invitando a los docentes a seguir su ejemplo de trabajo basado en las
virtudes exaltadas, por cuanto dicha cláusula debe entenderse desde una
perspectiva secular.
Reconocimiento
al municipio de Dabeiba (Antioquia) como cuna moderna de la evangelización de
américa y del mundo católico, no constituye una vulneración a la libertad de
cultos de los indígenas
Con
relación al artículo 6° de la Ley demandada sostiene que éste no vulnera la
libertad de cultos, porque la evangelización es precisamente una expresión de
ese derecho, sin que el ejercicio del mismo constituya constreñimiento u
obligación al respecto.
Indica
que el hecho de la evangelización de los pueblos indígenas es una evidencia de
la igualdad antropológica entre emisor y  receptor, y que por el contrario,
prohibir la posibilidad de transmitir un mensaje es vulnerar la libertad de los
posibles destinatarios del mismo, en la medida que deben ser tratados como
seres libres y capaces de discernir en la vida pública, en el entendido que
tanto el constituyente como los organismos internacionales de derechos humanos
reconocen que las personas son libres de profesar su religión y expresar sus
creencias tanto en público como en privado.
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.-
Competencia
En
virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 de la Constitución Política, la
Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda de
inconstitucionalidad de la referencia.
2.- Cuestión
preliminar: existencia de cosa juzgada constitucional.
2.1. Mediante la
sentencia C-948 de 2014 la Corte examinó la totalidad de la Ley 1710 de 2014 y
resolvió declarar inexequibles los artículos 3º y 4º, al igual que la expresión
“como la cuna moderna de la evangelización para los indígenas de América y
el mundo moderno”, contenida en el artículo 6º de la misma Ley. Es decir,
respecto de los textos impugnados en la presente demanda y que hacían parte de
los artículos 3º, 4º y 6º de la Ley 1710 de 2014, ha operado el fenómeno de la
cosa juzgada constitucional, como se explicará más adelante.
2.2. En el
asunto que ahora se examina también fueron demandados: del artículo 1º la
expresión “Con motivo de su Santificación” y la totalidad del
artículo 2º: El Gobierno Nacional y el Congreso de la República de
Colombia deberán rendir honores a la obra y memoria de la Santa Madre Laura
Montoya, en acto especial y protocolario, cuya fecha y hora será programada por
la Mesa Directiva del honorable Congreso de la República, con invitación al
señor Presidente de la República, en el municipio de Jericó, departamento de
Antioquia.
Los cargos
contra el artículo 1º (parcial) están fundados en que el Congreso de la
República estaba facultado para rendir honores a la madre Laura como una
ciudadana destacable por los actos positivos que pudo haber llevado a cabo
durante su vida, pero lo que estaba vedado al Congreso era realizar esta
exaltación basándose en la calidad de santa de la madre Laura y en su
santificación, ya que esto se encuentra prohibido por el ordenamiento
constitucional.
2.3. Contra el
artículo 2º expresan que existe una relación de interdependencia entre el
artículo 1º de la Ley y los artículos siguientes, por cuanto la motivación de
la Ley es la santificación de la madre Laura y la materialización de tal
reconocimiento resulta inconstitucional ya que se fundamenta en el desconocimiento
de la Carta Política. Precisan que el texto mismo no es inconstitucional sino
la forma como las autoridades podrían realizar el acto ordenado, si se tiene en
cuenta que el mismo vincula al Ejecutivo y al Legislativo en una exaltación de
claros matices religiosos.
Observa la Sala
que los cargos contra los dos artículos están fundados en la presunta violación
de los principios de pluralismo, libertad de cultos, igualdad entre las
iglesias y falta de imparcialidad del Estado frente a las confesiones
religiosas. En suma, para los demandantes el legislador generó un favoritismo
que beneficia a la religión católica menoscabando las libertades de las demás
confesiones religiosas.
3.  La cosa
juzgada constitucional
El artículo 243
de la Constitución Política prevé que los fallos dictados en ejercicio del
control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, norma que
es reiterada en la Ley 270 de 1996 y en el Decreto 2067 de 1991, estatutos que
disponen que tales decisiones son definitivas, de obligatorio cumplimiento y
tienen efectos erga omnes.
3.1. Los efectos
propios de la cosa juzgada se producen respecto de decisiones de exequibilidad
y de inexequibilidad, como también de aquellas que modulan contenidos
normativos, entre ellas las de constitucionalidad condicionada, las
integradoras y las de exhortación.
La institución
de la cosa juzgada tiene fundamento en la necesidad de preservar la seguridad
jurídica, en la obligación que tiene el Estado de proteger la buena fe y
promover la predictibilidad de las decisiones judiciales, en el deber que le
corresponde de garantizar la autonomía judicial impidiendo que después de
examinado y resuelto un litigio por el juez competente otro pueda reabrirlo y
emitir un nuevo fallo; además, esta institución está fundada en la necesidad de
asegurar la supremacía de la Constitución, la igualdad de todos ante la ley y
la certeza de las decisiones judiciales proferidas por las autoridades competentes[2].
3.2. El artículo
243 superior precisa que la cosa juzgada constitucional representa un límite
para las autoridades quienes no pueden adoptar ni reproducir normas excluidas
del ordenamiento jurídico, como también es un dique para los jueces quienes no
pueden volver a pronunciarse sobre asuntos debatidos y decididos por la Corte.
3.3. La cosa
juzgada puede ser de varias clases dependiendo de la decisión adoptada: (i)
cuando ella consiste en declarar la inconstitucionalidad de una norma, ninguna
autoridad puede reproducir su contenido material, (ii) cuando la Corte declara
exequible un precepto respecto de determinada norma superior, no podrá
suscitarse un nuevo juicio por las mismas razones, salvo que ya no estén
vigentes o hayan sido modificadas las disposiciones constitutivas del parámetro
de constitucionalidad; (iii) cuando se trata de fallos de constitucionalidad
condicionada el efecto puede ser que la interpretación excluida no puede ser
reproducida o aplicada en otro acto jurídico; y (iv) cuando se trata de una
sentencia aditiva la cosa juzgada significa que no está permitido reproducir
una norma que omita el texto o el elemento que la Corte ha adicionado.
Además, la Corporación
ha reiterado su explicación en cuanto a la diferencia entre cosa juzgada
absoluta y relativa, expresando:
“… la cosa
juzgada relativa se puede configurar solo si en la parte resolutiva de la
sentencia la Corte declara la constitucionalidad de la norma por los cargos
analizados (cosa juzgada relativa explícita), o si de la parte motiva se
infiere inequívocamente que el examen se limitó a los cargos o problema
jurídico construidos en la demanda (cosa juzgada relativa implícita).
21. Ahora bien,
como las decisiones de inexequibilidad implican la exclusión de la norma
analizada del sistema jurídico, estas siempre tienen efectos de cosa juzgada absoluta,
en tanto que la cosa juzgada relativa solo puede atribuirse a las decisiones de
exequibilidad simple o condicionada.  Sobre las distinciones entre estos tipos
de cosa juzgada, ha explicado la Corte:
“La
primera [la cosa juzgada absoluta] opera plenamente, precluyendo la posibilidad
de interponer, con posterioridad a la sentencia, nuevas demandas de
inconstitucionalidad contra las normas que han sido examinadas, si en la
providencia no se indica lo contrario, y mientras subsistan las disposiciones
constitucionales que fundamentaron la decisión. Por el contrario, la segunda
[la cosa juzgada relativa], admite que, en el futuro, se formulen nuevos cargos
de inconstitucionalidad contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos
a los que la Corte ya ha analizado. Sobre esta última posibilidad, la sentencia
C-004 de 1993, explicó que la cosa juzgada relativa opera en dos tipos de
situaciones:
a)
cuando el estudio de exequibilidad de una norma se ha hecho desde el punto de
vista formal, pues en el futuro pueden existir nuevos cargos por razones de
fondo, respecto de los cuales no ha existido un pronunciamiento de la Corte
Constitucional; y
b)
cuando una norma se ha declarado exequible a la luz de un número limitado de
artículos de la Constitución, y posteriormente es demandada por violar
disposiciones de la Carta distintas a las estudiadas. Será procedente entonces
una nueva demanda cuando la Corte misma, en el texto de la providencia, haya
restringido los efectos de su decisión. En ese sentido se pronunció la Corte,
en la sentencia C-037 de 1996 al interpretar el artículo 46 de la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia y puntualizó que "mientras la
Corte Constitucional no señale que los efectos de una determinada providencia
son de cosa juzgada relativa, se entenderá que las sentencias que profiera
hacen tránsito a cosa juzgada absoluta". En resumen, existe una
"presunción de control integral", en virtud de la cual habrá de
entenderse, si la Corte no ha señalado lo contrario, que la adopción de una
decisión ha sido precedida por un análisis de la disposición acusada frente a
la totalidad del texto constitucional, y que, por lo mismo, la providencia se
encuentra amparada por la cosa juzgada absoluta”[3].
3.4. Al aplicar
los citados precedentes al caso que se examina la Sala encuentra que ha operado
el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, debido a que la sentencia C-948
de 2014 declaró la exequibilidad de la Ley 1710 de 2014 por los cargos
analizados y la inexequibilidad de varios artículos pertenecientes a la
citada Ley. En esta media deberá verificar la Corporación si la norma demandada
es la misma que fue sometida a examen anteriormente y si los cargos planteados
en esta oportunidad son los mismos.
4. Existencia de
cosa juzgada respecto de la Ley 1710 de 2014
Como lo verificó
la Corte en la sentencia C-960 de 2014, esta Ley fue sometida a examen de
constitucionalidad anteriormente (expediente D-10226, sentencia C-948 de 2014).
En esta última providencia el accionante alegó la vulneración del principio de
igualdad entre las iglesias o religiones al materializar la Ley una
predilección por un culto en particular; la violación del derecho a la libertad
de cultos; el desconocimiento del pluralismo y la transgresión al carácter
laico del Estado al promover la Ley un credo en particular o imponer al
conglomerado nacional la promoción de la iglesia católica mediante el reconocimiento
a la madre Laura como santa patrona del magisterio.
4.1. En la
sentencia C-948 de 2014 la Corte resolvió:
“PRIMERO:
Declarar exequible la Ley 1710 de 2014 “por la cual se rinde honores a la
santa madre Laura Montoya Upegui, como ilustre santa colombiana” por los
cargos analizados en este providencia, con excepción de las expresiones o
enunciados que en los siguientes numerales se declaran inexequibles.
SEGUNDO:
Declarar INEXEQUIBLE el artículo 3º de la Ley 1710 de 2014.
TERCERO:
Declarar INEXEQUIBLE el artículo 4º de la Ley 1710 de 2014.
CUARTO:
Declarar INEXEQUIBLE la expresión “como la cuna moderna de la evangelización
para los indígenas de América y el mundo moderno”, contenida en el artículo
6º de la Ley 1710 de 2014.
QUINTO:
Declarar INEXEQUIBLE el parágrafo del artículo 8º de la Ley 1710 de 2014.”
4.2. En esta
ocasión la Sala no hará referencia a los textos demandados pertenecientes a los
artículos 3º, 4º y 6º, debido a que fueron excluidos del ordenamiento jurídico
por ser inconstitucionales y respecto de ellos haber operado el fenómeno de la
cosa juzgada absoluta.
El análisis queda,
entonces, limitado a los textos de los artículos 1º y 2º demandados en esta
oportunidad y declarados exequibles mediante la sentencia C-948 de 2014.
4.3 Como se ha
dicho, existe identidad normativa ya que en ambos casos fue demandada la
Ley 1710 de 2014, y también existe identidad de cargos por cuanto los
accionantes consideran que se desconocen los principios de igualdad de trato a
las confesiones religiosas, libertad religiosa y de cultos, pluralismo y el
carácter laico del Estado. Estos cargos fueron examinados en la sentencia C-948
de 2014 (expediente D-10226) y llevaron a la Corporación a declarar exequibles
los artículos 1º y 2º de la mencionada Ley.
El Procurador
General de la Nación al intervenir en el presente caso (concepto 5804 del 28 de
julio de 2014), solicitó estarse a lo resuelto en la sentencia que decidiría
sobre la demanda radicada bajo el número D-10226, es decir, la número C-948 de
2014.
De la misma
manera, la Corte en la sentencia C-960 de 2014, manifestó:
“… en la sentencia C-948 de 2014 la Ley 1710 de 2014 ahora
acusada, fue examinada específicamente por la Corte en relación con los cargos
de igualdad
(CP, 13), libertad de cultos (CP, 19), pluralismo (CP, 1), unidad de materia
(CP, 169) y prohibición de auxilios a favor de particulares (CP, 355)-.
Luego de este examen la Corte dispuso declararla EXEQUIBLE con
excepción de las disposiciones contenidas en los artículos 3° –patrona del
magisterio-; 4° –construcción del mausoleo-; 6º -la expresión “como
la cuna moderna de la evangelización para los indígenas de América y el mundo
moderno”;
y el parágrafo del artículo 8° –plan de desarrollo del turismo en Jericó-“.
No hay duda,
entonces, respecto de la identidad normativa y de cargos contra los artículos
1º y 2º de la Ley 1710 de 2014, razón suficiente para considerar que la Corte
ya examinó la materia y respecto de ella ha operado el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional.
Por lo anterior,
la Corte ordenará estarse a lo resuelto en la sentencia C-948 de 2014.
VII.
DECISIÓN
Por
lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-948 de 2014.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Cúmplase.
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta (e)
Con aclaración de voto
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con aclaración de voto
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con aclaración de voto
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada
(E)
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con aclaración de voto
ANDRÉS
MUTIS VANEGAS
Secretario
General (E)
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA C-091/15
LEY
QUE RINDE HONORES A LA SANTA MADRE LAURA MONTOYA UPEGUI, COMO ILUSTRE SANTA DE
COLOMBIA-Cosa
juzgada constitucional (Aclaración y Salvamento parcial de voto)
LEY
QUE RINDE HONORES A LA SANTA MADRE LAURA MONTOYA UPEGUI, COMO ILUSTRE SANTA DE
COLOMBIA-Reiteración
in extenso de voto particular en sentencia C-948/14 asociado a definición de
Estado pluralista (Aclaración y Salvamento parcial de voto)
Referencia:
expediente D-10438
Magistrado Ponente:
Jorge Iván Palacio Palacio
Con
el respeto acostumbrado por las decisiones de la Corte Constitucional, aclaro
mi voto a la sentencia C-091 de 2015.
Comparto
la decisión proferida por la Corporación en el presente asunto, en el sentido
de estarse a lo resuelto en la sentencia C-948 de 2014, al verificar que, en
virtud de la identidad normativa (artículos 1º y 2º) y de cargos contra la Ley
1710 de 2014 “por la
cual se rinde honores a la santa madre Laura Montoya Upegui, como ilustre santa
colombiana”, ha operado el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional. Sin embargo, teniendo en cuenta la importancia del tema discutido en estos
trámites, asociado directamente a la definición del Estado pluralista, estimo
necesario reiterar, in extenso, mi voto particular a la sentencia C-948
de 2014, donde manifesté lo siguiente:
Aclaración de voto
Más cuestiones sagradas en democracia
“6. En términos generales,
consideramos que la regla de decisión adoptada sobre la integridad de la Ley
1710 de 2014 reconoce la importancia del fenómeno religioso en el orden
constitucional, al admitir la validez constitucional de medidas legislativas
con algún contenido de esa naturaleza; pero defiende también la neutralidad
estatal y la igualdad de cultos, al considerar que tales decisiones solo son
válidas cuando en ellas se evidencian claramente propósitos seculares de
importancia.
Por esa razón, la sentencia C-948 de
2014 plantea un equilibrio constitucional muy especial pues, en comparación con
dos decisiones previas en las que este Tribunal declaró la inexequibilidad de
leyes de honores con un contenido religioso, afirmando que no existía en ellas
otro, de carácter laico y fuerza prevalente en la regulación (sentencias C-766
de 2010[4] y
C-817 de 2011[5]), en
esta decisión consideró que existían diversos propósitos y contenidos en la
ley, tanto laicos como religiosos, y que al menos uno de los primeros tenía
tanta importancia como el de celebrar los logros religiosos de la Madre Laura
Montoya Upegui.
Ese contenido laico fue descrito en
la sentencia como “una forma de diálogo intercultural con las comunidades
indígenas y negras de su región” y su presencia e importancia en la
regulación fueron el fundamento de la orientación general del fallo, hacia la
exequibilidad de la Ley.
7. En voto particular disidente
(correspondientes a las sentencias C-766 de 2010 y C-817 de 2011, ya
mencionadas) se dijo que a pesar de que la Sala Plena había reiterado
formalmente la jurisprudencia relevante en la materia, al momento de resolver
los cargos venía aplicando estándares distintos, más estrictos, y lesivos de la
facultad de configuración del derecho que ostenta el Congreso de la República.
Tras verificar que la Ley objeto de
control además de presentar un contenido religioso también contienen uno laico,
la Sala Plena estableció: (i) que este último debía ser protagónico,
y (ii) que el primero pudiera calificarse de accidental o incidental,
sin que existieran razones constitucionales poderosas que explicaran la
necesidad de que el componente religioso fuera casi despreciable y el laico
absolutamente trascendental.
Por ese motivo, se sostuvo que esas
sentencias plasmaron una pálida composición de la cuestión religiosa en el
Estado constitucional, multicultural y pluralista definido por la Constitución
Política de 1991, y que la Carta Política no prohíbe al Legislador dictar leyes
con cierto contenido religioso si existen razones objetivas que permitan
identificar la regulación con propósitos distintos a la adhesión del Estado a
una confesión particular y si estas no suponen un rompimiento del equilibrio
entre estas.
Se insistió en que la exigencia de
que el factor religioso no fuera principal o protagónico sino incidental oaccidental carecía
de sustento normativo y no brindaba respuesta alguna a casos en los que ese
componente no se encuentre en ninguno de esos extremos (eventos en los que
pueda calificarse, por ejemplo, de importante, relevante,
secundario, o cualquier otro adjetivo que no sea identificable con lo
protagónico o lo incidental). Se cuestionó asimismo, la ausencia de un análisis
individual de cada artículo de las leyes objeto de control.
Se hizo hincapié en que el motivo que
nos apartábamos de la mayoría radicaba en que minimizaban el alcance de la
cuestión religiosa en un Estado constitucional, y no en un desconocimiento del
principio de laicismo estatal o de la importancia de preservar la igualdad
entre los cultos desde el ámbito oficial[6].
8. El control de constitucionalidad
de la Ley 1710 de 2014 se convirtió en una oportunidad propicia para que la
Sala Plena se acercara a una concepción compleja del problema jurídico
planteado, dejando de lado las decisiones “a blanco y negro” adoptadas
previamente, en las que todo elemento religioso se rechazaba de forma inmediata
y acrítica. Lo que tiene de especial este trámite es  que llevó al Pleno
de la Corte a un escenario donde los únicos calificativos o criterios
aplicables a los componentes religioso y secular de una ley como la 1710 de
2014 distaban de la disyuntiva entre lo protagónico y lo puramente
incidental.
9. Así las cosas, compartimos la
decisión general de exequibilidad de la ley adoptada en la sentencia C-948 de
2014, pues la Sala aprovechó una oportunidad única para profundizar en su
conocimiento de un problema constitucional complejo. Pero estimamos necesario
presentar esta aclaración de voto porque el Tribunal se abstuvo de dar un paso
adicional en esa comprensión, a pesar de que su propio razonamiento le exigía
asumirlo: la conclusión necesaria llevaba a sentar en la parte resolutiva del
fallo la obligatoriedad de consultar a las comunidades indígenas o
afrodescendientes interesadas, previa la implementación de cada una de las
medidas previstas en honor a la Madre Laura Montoya Upegui, por medio de la Ley
1710 de 2014.
Para explicar este punto,
comenzaremos por hacer una breve referencia histórica y normativa al derecho a
la consulta previa, para posteriormente explicar por qué las medidas derivadas
de la Ley 1710 de 2014 deben ser objeto de consulta.
10. La Constitución Política
(artículo 169) y el Convenio 169 de 1989 de la OIT establecen que las
comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y rom tienen
derecho a ser consultadas, previa la implementación de cualquier medida
susceptible de afectarlas directamente, bien sea de naturaleza legislativa,
administrativa, o de cualquier otro orden.
11. De acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, el concepto de “afectación directa” tiene que
ver con la intervención que una medida
determinada comporta sobre cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas,
o con la generación de beneficios o cargas en estas comunidades. Y, sin ánimo
de exhaustividad, son medidas que generan ese tipo de afectación aquellas que (i)
desarrollan el Convenio 169 de la OIT, (ii) imponen cargas o atribuyen
beneficios a una comunidad, (iii) modifican su situación o posición jurídica;
(iv) inciden en la definición de la identidad étnica de una comunidad, o (v)
causan un impacto diferencial sobre los pueblos indígenas, en comparación con la manera en
que se proyectan ante el resto de la población[7].
12. Dada la naturaleza del caso
concreto, en el que se hace referencia a la celebración de hechos ocurridos
antes de la expedición de la Constitución Política de 1991, resulta oportuno
recordar, en una apretada síntesis, el devenir histórico que durante algo más
de un siglo ha definido las relaciones entre la sociedad mayoritaria y las
comunidades étnicas, marcando tres momentos determinantes en el orden normativo
(constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos).
12.1. El primero se identifica con la
promulgación de la ley 89 de 1890[8],
regulación dirigida específicamente a establecer el tratamiento jurídico que
debía atribuirse a los indígenas, en contraposición al régimen general que
correspondía a las demás personas y se hallaba contenido en el Código Civil. La
Ley 89 de 1890 apartaba a los pueblos y personas indígenas de las leyes
generales del citado Código, y los dividía a su vez en aquellos que permanecían
ajenos a la “civilización” y los que fueran incorporándose a ella. Los primeros
se hallaban bajo la tutela compartida del Gobierno y la Iglesia Católica,
mientras que para los segundos se previó la aplicación de un régimen similar al
de los incapaces relativos[9]. La
constitucionalidad de diversas disposiciones de esa ley ha sido estudiada por
la Corte en dos ocasiones y en ellas se ha explicado el proceso histórico que
llevó a la apropiación de sus normas por los pueblos indígenas, expulsando de
ella su sentido original, abiertamente discriminatorio, y usando en cambio, en
la lucha por sus derechos, los elementos que resultaban instrumentales para la
defensa de la autonomía, la diversidad y el territorio.
12.2. El segundo momento lo
representa el Convenio 107 de 1957 de la OIT, primer instrumento de derecho
internacional destinado a establecer obligaciones internacionales de los
Estados hacia los pueblos indígenas y tribales. Este Convenio se inspiró en la
preocupación por la situación de los indígenas trabajadores. Sin embargo, no se
agotó en la definición de estándares de trabajo decente sino que, en ausencia
de otras directrices internacionales en la materia, se extendió hacia diversos
asuntos asociados a la protección de las tierras y territorios de las
comunidades, la seguridad social, la salud y la educación.
El Convenio fue ratificado por 27
países y su importancia es innegable pues plasma la toma de conciencia de la
sociedad internacional sobre las delicadas condiciones materiales y la amenaza
a la extinción de los pueblos indígenas y otras comunidades étnicamente
diferenciadas. Sin embargo, se trataba de un Convenio basado en un concepto de
desarrollo vinculado a indicadores de necesidades básicas insatisfechas, bajo
la óptica de la ciencia económica de la sociedad mayoritaria. Y, consecuente
con la aspiración de llevar el desarrollo a los pueblos indígenas (o llevar a
estos al desarrollo) declaraba el propósito de integrarlos al modo de vida
mayoritario, en lugar de profesar respeto por su autonomía y su diversidad
cultural.
12.3. El tercer momento se encuentra
en la aprobación del Convenio 169 de 1989 de la OIT, y coincide con la
expedición de la Constitución Política de 1991. Ambos compendios normativos
recogen, por primera vez, el punto de vista de los pueblos interesados sobre el
alcance y significado de sus derechos y ambos propugnan por defender su
participación en los asuntos que los afectan, incluso frente a decisiones
adoptadas por mayorías calificadas.
Desde la aprobación de ambas
normativas (repetimos, el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Política de
1991), la participación de los pueblos indígenas[10], las comunidades negras, raizales
y rom, mediante el procedimiento de consulta previa corresponde a
una necesidad y un derecho que excede el alcance del derecho
de participación de los demás ciudadanos, pues tiene el propósito de
compensar las dificultades históricas que han enfrentado para acceder a los
centros de poder del Estado, persigue la definición autónoma de los intereses
de cada comunidad o pueblo indígena, de conformidad con el principio de
autodeterminación, y opera como garantía de sus demás derechos.
Dentro de ese marco, pasamos a
señalar las razones por las que aquellas medidas por las que se pretende rendir
honores a la vida y obra de la Madre Laura Montoya Upegui, contenidas en los
diferentes artículos de la Ley 1710 de 2014, deberán ser consultadas
previamente antes de su implementación efectiva.
13. Como indicamos al presentar una
reseña de la sentencia C-948 de 2014, en el punto primero de esta opinión, la
Sala Plena declaró la exequibilidad de la Ley 1710 de 2014 porque a su
contenido religioso (celebración de los logros que en esa área alcanzó una
religiosa católica colombiana) unió motivos laicos, uno de ellos de especial
relevancia, al que nombró diálogo intercultural con comunidades
indígenas y negras de su región.
14. Un diálogo intercultural o un
diálogo entre culturas es entonces el motivo secular que hace compatible la Ley
1710 de 2014 con la Constitución Política, en concepto de la Corte
Constitucional. Un diálogo puede concebirse como una interacción entre (al
menos) dos partes, en la que se intercambian palabras en condiciones en las que
exista un mínimo de igualdad y libertad, pues en ausencia de ellas esa relación
se convierte en algo distinto[11].
Pero si ese diálogo no se desenvuelve
solo entre individuos, sino que involucra culturas, y si lo que pretende la Ley
1710 de 2014 es celebrar y conmemorar ese
diálogo, no debería perderse de vista que esa exaltación involucra
una reconstrucción —o al menos un acercamiento— a una parte de la historia de
las culturas involucradas en él y, por lo tanto, que indaga y trae del
recuerdo hechos que contribuyeron a forjar su identidad actual.
También es imprescindible señalar en
este contexto que el diálogo intercultural es, además, solo una de las posibles
formas de acercamiento entre culturas distintas, especialmente, en escenarios
que han vivido el colonialismo, como ocurrió en Colombia. Otras maneras de
interacción incluyen el abierto exterminio del otro, su aislamiento, su “aculturación”
(es decir, la privación de su cultura para la implantación del grupo
mayoritario), o el interés por mejorar su calidad de vida desde el punto de
vista del grupo mayoritario sobre los principios que configuran un“modo de
vida bueno”. Es decir, prácticas de inclusión y exclusión[12], pero
no de respeto a la diferencia.
En ese orden de ideas, la afectación
directa de las comunidades que habitan los lugares en donde la Madre Laura
Montoya inició esa forma de diálogo intercultural obedece a que ellos fueron
actores del diálogo y su historia hace parte de la que desea conmemorar el
Congreso de la República.
Incluso, la consulta de estas medidas
implica un acto jurídico y político necesario para la comprensión de la Ley que
fue objeto de control, en un escenario constitucional respetuoso de la
diversidad, el pluralismo y la igualdad entre culturas, dado que la Madre Laura
Montoya adelantó ese diálogo en un cruce de caminos entre paradigmas normativos
incompatibles con los citados principios y, al hacerlo, se mostró como pionera
en la comprensión de las diferencias interculturales.
15. Por todo lo expuesto, aunque la
sentencia C-948 de 2014 constituye un claro avance constitucional en relación
con las sentencias a blanco y negro previamente citadas (C-766
de 2010 y C-817 de 2011) en lo que tiene que ver con el problema de la validez
constitucional de medidas legislativas con contenidos religiosos (al admitir la
validez de una ley en la que lo religioso y lo secular compiten en
importancia), lo cierto es que la forma en que resolvió el problema jurídico
generaba dos interrogantes trascendentales, y la Sala únicamente asumió uno de
ellos, pese a que la respuesta al segundo cuestionamiento se abría paso desde
las premisas explícitamente asumidas en la exposición.
16. La primera de esas preguntas,
surgidas en el marco de la propia argumentación de la Corte, era si podía el
Legislador celebrar una forma de diálogo intercultural basada en lógicas
preconstitucionales, cuando el orden normativo actual excluye algunas de esas
concepciones y además hace una apuesta decidida por la igualdad, el pluralismo
y el respeto por las diferencias.
En dos fundamentos centrales
(párrafos 44 y 45) de la sentencia C-948 de 2014), la Sala manifestó que la
Madre Laura Montoya emprendió una forma de diálogo intercultural respetuosa de
las diferencias, aspecto en el cual resultaba pionera en una época en la que se
desenvolvían dos paradigmas normativos que a la luz de la Constitución Política
actual serían incompatibles con el respeto por los pueblos indígenas y las
demás comunidades étnicas.
Además, explica que resulta válido
que el Congreso de la República exalte los logros de una persona inmersa en
dinámicas sociales preconstitucionales si su trabajo se aprecia desde una
perspectiva histórica que tome en consideración las circunstancias sociales en
que se llevó a cabo, y no desde el marco constitucional actual, y siempre que
ello no implique una adhesión del Legislador a principios y valores
preconstitucionales, como ocurría con la expresión declarada inexequible en el
artículo 6º de la Ley 1710 de 2014, y que definía al municipio de Jericó “como
la cuna moderna de la evangelización para los indígenas de América y el mundo
católico”[13].
17. Pero en este punto debió la Corte
asumir un segundo interrogante, igualmente determinante para el Estado
multicultural y pluralista definido en la Carta de 1991 y que surgía inevitable
a partir de los considerandos recién mencionados: ¿Puede celebrarse y
conmemorarse una forma de diálogo intercultural cuando esa celebración se hace
únicamente desde la óptica, valores y forma de ver el mundo de uno de los
hablantes?
Aunque es fácil responder “no” a esa
pregunta desde un punto de vista extra jurídico, señalando que no tiene sentido
la reconstrucción de la memoria (conmemoración) y la celebración de un diálogo
de dos (la redundancia es necesaria) con base en los recuerdos y lengua de uno
solo, resulta que en el caso de estudio en el diálogo los hablantes son también
comunidades de identidad étnica diferenciada, sujetos de especial protección
constitucional y titulares de derechos fundamentales, en tanto colectivos que
defienden modos distintos de ver el mundo, tradiciones y creencias espirituales
distintas a las de la mayoría; derechos que la jurisprudencia de esta Corte ha
asociado a la supervivencia de esas comunidades y a la preservación de
distintos modos de ver el mundo y asumir un plan de vida buena (cosmovisiones),
como fundamento del Estado constitucional colombiano, circunstancias que
exigían de la Corte Constitucional una respuesta jurídica más amplia y más
compleja.
La respuesta jurídica, entonces, se
encuentra en nuestro orden constitucional, bajo una forma imperativa: toda
medida que celebre, conmemore, reconstruya una forma de diálogo intercultural
con comunidades étnicas diferenciadas debe ser consultada antes de su
implementación. Por supuesto, si aparte de existir una afectación directa a la
comunidad, esta debe calificarse como intensa, debe evaluarse
si es necesario acudir al consentimiento informado. Ver, sobre este punto, las
sentencias T-769 de 2009 y T-376 de 2012.
Así pues, si la Corte consideró que
la celebración del diálogo intercultural era un propósito del Legislador y un
contenido protagónico de la Ley 1710 de 2014[14]; y esa
conmemoración (ese acto de hacer memoria) solo puede narrarse a partir de las
vivencias del pueblo mayoritario y de los pueblos que, en su momento, hicieron
parte del diálogo intercultural iniciado por la Madre Laura Montoya, no era
posible alcanzar ese propósito, ni constitucionalmente válido, celebrarlo con
una sola voz.
En ese marco, reiteramos la
posibilidad de recuperar la memoria y de exaltar la relación de diálogo de la
Madre Laura Montoya con tales comunidades es, sin lugar a dudas, una medida que
los afecta directamente. Tiene que ver con sus derechos a la participación, a
la exigencia de respeto por las diferencias culturales y, muy especialmente, a
la reconstrucción de hechos que forjaron su identidad actual. (Su ethos como
comunidad, en términos de la sentencia C-175 de 2009, pronunciamiento hito en
materia de consulta previa de medidas legislativas).
18. Lo expuesto nos permite entonces
concluir la aclaración de voto con la siguiente reflexión. En ocasiones es
factible defender la validez de medidas legislativas con un contenido
religioso, porque existen cosas sagradas en democracia. En esta
oportunidad debemos rescatar que entre esas cosas sagradas se
encuentran el pluralismo y la participación de los pueblos indígenas y las
comunidades negras, palenqueras, raizales y rom en las
decisiones que los afectan. Y nos parece difícil concebir un asunto en el que
la afectación directa sea más evidente, que el caso de una medida de
reconstrucción y celebración de una parte de su historia.
19. Así las cosas, es oportuno
indicar que, con independencia del problema jurídico resuelto por la Corte
Constitucional en este caso, corresponde a las autoridades administrativas
adelantar el trámite de consulta previa, antes de implementar cualquier medida
que afecte directamente a las comunidades negras e indígenas, como ocurre con
aquellas que pretenden conmemorar un diálogo intercultural.
III. Salvamento parcial de voto
Inconstitucionalidad de parte del
título y los artículos 7º y 8º (Parágrafo) de la Ley 1710 de 2014
20. En las sesiones de Sala Plena en
las que se discutió la constitucionalidad de la Ley 1710 de 2014 (en general) y
de cada uno de sus artículos (individualmente considerados) planteamos algunos
puntos que no fueron acogidos por la mayoría.
Consideramos, en primer término, que
debió declararse inexequible la expresión “como ilustre santa
colombiana”, contenida en el título de la ley, pues condiciona la
interpretación de las demás normas y puede dar lugar a entender que la ley solo
se dictó con un fin y un contenido religioso. Ello resulta contradictorio con
el alcance de la decisión adoptada en la sentencia C-948 de 2014 y con el
esfuerzo hermenéutico desplegado por la Corte, a partir del cual concluyó que
la ley involucra propósitos variados, al menos dos de ellos protagónicos, y que
puede concebirse de una forma incluyente y respetuosa del pluralismo religioso
y el multiculturalismo que definen nuestro sistema constitucional.
21. En segundo lugar, señalamos que
los artículos 7º y 8º, inciso primero, no respetan el principio de unidad de
materia, pues involucran el desarrollo de obras públicas y decisiones propias
del Gobierno Nacional, como la definición de prioridades en materia de turismo,
asunto que no guarda relación alguna con la vida y obra de la Madre Laura
Montoya Upegui. Especialmente, consideramos preocupante que la definición o
priorización de una obra pública, como una carretera, dependa de si el
municipio o los municipios que se verán beneficiados por esa obra tuvieron la
suerte de tener entre sus ciudadanos ilustres, la persona a quien se le rinden
honores por vía legislativa.
22. Aclaramos que la posición que
presentamos sobre estos artículos no nos llevan a negar de plano cualquier
posible desarrollo de obras públicas en una ley de honores. Si, a manera de
ejemplo, los honores se rinden a un municipio, puede resultar plausible que se
adelante algún tipo de obra, siempre que no se violen las reglas sobre la
iniciativa gubernamental en la definición del gasto y no se produzca una
intromisión legislativa en asuntos propios del poder Ejecutivo, como ocurre en
esta oportunidad.
23. En lo concerniente al primer
inciso del artículo 8º, estimamos que la mayoría desconoció un principio y unasubregla jurisprudencial,
de acuerdo con los cuales la autorización del Congreso al Gobierno Nacional
para establecer una partida presupuestal es válida, pero no lo es una orden
perentoria.
En ese sentido, el verbo “promoverá”,
utilizado en el artículo 8º, interpretado dentro de su contexto, es decir, en
el marco de una orden perentoria al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
para establecer un plan de desarrollo turístico para Jericó, debió llevar a la
Sala a comprobar la violación de los principios de unidad de materia e
iniciativa del gasto, previamente mencionados.
IV. Punto aparte. El artículo 6º de
la Ley 1710 de 2014.
24. El artículo 6º de la ley amerita
una aclaración por separado. En su redacción original se percibían, a la vez,
la complejidad de propósitos y sentido de la ley 1710 de 2014 y los problemas
de constitucionalidad que se desprenden de la regulación. El homenaje a la
Madre Laura Montoya se concreta, en ese artículo, en la construcción de una
estatua en el municipio de Dabeiba, al cual calificaba el Legislador como “la
cuna moderna de la evangelización para los indígenas de América y el mundo
católico”.
25. Con acierto, la Sala Plena
declaró la inexequibilidad de ese enunciado, por ser incompatible con los
principios de igualdad entre culturas, diversidad cultural y pluralismo. Sin
embargo, es preciso explicar mejor esa afirmación, apenas esbozada en la
decisión finalmente acogida por la mayoría.
Dejando de lado la veracidad
histórica de las expresiones escogidas por el legislador, al hablar de Jericó
(Antioquia) como la “cuna para la evangelización” y su decisión de
extender la exclamación a “América” y “elmundo moderno”,
resultaba claro que en ese artículo el Congreso de la República dejaba de lado
la figura pública de la Madre Laura Montoya para adherirse a la celebración de
un proceso histórico muy complejo y ajeno a un Estado pluralista y
multicultural, tal como lo admitió la Sala Plena al declarar la inexequibilidad
del enunciado.
Debe recordarse entonces que la Corte
aceptó la celebración de un modo de diálogo intercultural asumido por la Madre
Laura en una época histórica determinada, valorando sus actuaciones desde esa
perspectiva. Pero aclaramos también que ello no implica que el Legislador
pueda, actualmente, unirse a lógicas previas y contrarias a la Constitución.
En contra de lo expuesto, en ese
enunciado el Congreso de la República decidió mostrar el hecho histórico de la
evangelización como algo favorable que se entrega a los indígenas (“para los
indígenas”).
26. La evangelización, sin embargo,
concebida como el proceso por el cual se lleva a culturas diversas el modo de
ver el mundo (la palabra) propia de la religión católica es un fenómeno en sí
mismo problemático a la luz de la prohibición de discriminación racial, pues
supone que una cultura puede llevar a otra la verdad y, por lo tanto, ubica a
la primera en posición de superioridad frente a la segunda.
27. En ese contexto, es oportuno
señalar que la discriminación racial cobija cualquier tipo de práctica que
origine o reproduzca relaciones de subordinación entre grupos con base en
criterios raciales.
Aunque  tradicionalmente el
concepto de raza suele asociarse al color de la piel u otras características
físicas como la forma del cabello o determinados rasgos faciales de las
personas, pues históricamente esas cualidades fueron utilizadas para
diferenciar grupos humanos y crear relaciones de dominación entre ellos, la
raza no solo se refiere al fenotipo o la apariencia física, sino que existe un
transfondo cultural que liga esas características con los patrones de
comportamiento y socialización de los distintos pueblos.
28. Este concepto puede entonces
abarcar elementos tales como la lengua, la religión, el modo de vestir, el
linaje o el origen familiar, pues estos también han sido utilizados para
justificar tratamientos desiguales, basados en la supremacía de un grupo sobre
otros y, por lo tanto, discriminatorios[15].
29. Precisamente, la evangelización
cristiana de los pueblos indígenas y las personas esclavizadas en América tuvo
origen en el marco de un proyecto colonial cimentado sobre la (supuesta)
superioridad del hombre blanco cristiano, inmerso en determinada tradición
cultural, sobre pueblos a los que fueron llamados ‘incivilizados’ y a los que
se atribuyeron prácticas culturales y modos de vida inferiores, lo que denota
el contenido ideológico del proceso histórico al que se hace referencia[16].
30. La evangelización partía de
entender el cristianismo como única creencia religiosa válida, en
desconocimiento de las demás formas de vida y concepciones de lo bueno y lo
justo, y de la espiritualidad que hacía parte de las tradiciones de pueblos
sometidos[17]. Por
ello, la conversión al cristianismo durante la época cultural no tenía su
origen, ordinariamente, en una decisión libre y consciente del individuo[18].
31. Por ello, la expresión que fue
declarada inexequible no solo desconocía la igualdad entre culturas, la
diversidad y el pluralismo religioso y cultural, sino que además involucraba un
desconocimiento de la prohibición de discriminación racial contenida en la
Carta Política y el derecho internacional de los derechos humanos.”
Fecha ut supra,
María Victoria Calle Correa
Magistrada
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA C-091/15
LEY QUE RINDE HONORES A
LA SANTA MADRE LAURA MONTOYA UPEGUI COMO ILUSTRE COLOMBIANA-Corte debió declarar
inexequible la expresión “como ilustre santa colombiana” (Aclaración de
voto)
LEY QUE RINDE HONORES A
LA SANTA MADRE LAURA MONTOYA UPEGUI COMO ILUSTRE COLOMBIANA-Pavimentación
de carretera y declaración de Jericó como un municipio de alto impacto
turístico, con la consecuente orden de promover obras de infraestructura no
conserva principio de unidad de materia (Aclaración de voto)
LEY QUE RINDE HONORES A
LA SANTA MADRE LAURA MONTOYA UPEGUI COMO ILUSTRE COLOMBIANA-Principios
de multiculturalismo y pluralismo religioso exigen adelantar el procedimiento
de consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes (Aclaración
de voto)
Referencia:
Expediente D-10.438
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1° (parcial), 2°, 3°, 4°
(parcial) y 6° (parcial) de la Ley 1710 de 2014, “Por la cual se rinde
honores a la Santa Madre Laura Montoya Upegui, como ilustre santa colombiana”.
Magistrado
ponente:
Jorge Iván Palacio Palacio
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de la Corte Constitucional aclaro mi voto frente a la sentencia de
constitucionalidad C- 091 de 2015, aprobada por la Sala Plena en sesión del
cuatro de marzo de dos mil quince.
Comparto la decisión de la Sala de
reconocer la existencia de cosa juzgada por cuanto, en efecto, se constata
identidad entre los cargos presentados por los accionantes en la demanda que
origina este pronunciamiento y los formulados en la que dio lugar a la
sentencia C-948 de 2014. Me permito en consecuencia recordar algunos apartes
del salvamento de voto conjunto presentado en aquella oportunidad.
Al proferir la mencionada sentencia, la
Sala tuvo la oportunidad de decantar un tema problemático para la
jurisprudencia como es el de la relación de fenómenos religiosos con la
expedición de leyes y, como se mencionó en aquella oportunidad, la sentencia constituyó
una avance en la comprensión de una problemática que se había entendido en
términos absolutos e irreconciliables entre lo religioso y lo secular,  en las
sentencias C-766 de 2010 y C-817 de 2011.
En su ejercicio hermenéutico, la Corte
en la C-948 de 2014 estableció que los honores rendidos a la Madre Laura
Montoya Upegui se realizaban para exaltarla por sus labores como ciudadana al
emprender “una forma de diálogo intercultural con las comunidades indígenas
y negras de su región”, siendo este un motivo secular que orientaba la
totalidad de la ley y evitaba llevar al plano político una creencia religiosa
en particular. Estas consideraciones hicieron parte de un análisis global de la
ley, que desde una perspectiva integral encontró ajustada a la Constitución la
ley demandada. Al realizar el análisis constitucional en relación con cada
artículo se estableció que eran contrarios a esta el
artículo 3º (que autorizaba al Congreso a declarar a la Madre Laura Montoya
patrona del Magisterio, pues tal decisión conllevaría la identificación del
Estado con un culto religioso),  el 4º (que ordenaba al
Ministerio de Cultura la construcción de un mausoleo en el convento de la Madre
Laura Montoya), un aparte del artículo 6º (donde se hacía referencia a Jericó como la cuna
moderna de la evangelización para los indígenas de América y el mundo
católico) y el parágrafo del artículo
8º (el cual ordenaba al Gobierno promover las obras de infraestructura
necesarias para explotar el potencial turístico de Jericó).
Sin embargo, y como en aquella ocasión,
es necesario hacer tres precisiones que a mi modo de ver debió realizar la
Corte al momento de hacer el análisis de constitucionalidad a este nivel.
En primer término, debió la Corte
declarar inexequible la expresión “como ilustre santa colombiana”
contenida en el título de la ley, por cuanto puede dar a entender que la norma
fue expedida por motivos religiosos y reviste un fin y un interés vinculado al
catolicismo, lo que sería inconcebible en un Estado laico. Debe recordarse que
esta corporación ha reconocido la inescindible relación entre el título de la
ley y el cuerpo de esta, al constituirse el primero como parámetro
interpretativo de todo el contenido de la disposición legal[19], por
lo que en línea con los planteamientos de la misma sentencia C-948 de 2014,
debió excluirse del ordenamiento jurídico esta expresión de claro trasfondo religioso.
En segundo lugar, como se mencionó en el salvamento referido los
artículos 7º y 8º, inciso primero, no preservan el principio de unidad de
materia al involucrar el desarrollo de obras públicas y establecer prioridades
en cuestión de turismo, lo que no sólo no guarda relación con la vida y obra de
la Madre Laura Montoya Upegui, sino que es una intromisión del Legislativo en
temas propios del Ejecutivo Nacional. El principio de unidad de materia
legislativa, consagrado en el artículo 158 de la Constitución Política,
promueve la coherencia y armonía en las leyes expedidas por el Congreso al
establecer que “todo
proyecto de  ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles
las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella”[20]. Este principio de coherencia
se traduce en la obligación de fijar desde el título del proyecto de ley cuáles
serán las materias objeto del proyecto así como de mantener coherencia
temática y correspondencia lógica entre el tema general de la ley y
cada una de sus disposiciones particulares de tal forma que sea inadmisible
cualquier disposición que no logre establecer una relación de conexidad con el
tema y la lógica interna de los artículos[21].
Así pues, el artículo 7º
desborda el tema general de la ley 1710 de 2011, pues si bien no se debe
descartar el desarrollo de obras públicas en una ley de honores, rompe el
principio de unidad de materia legislativa cuando estos desarrollos se promueven
en una ley de honores a un ciudadano particular en lugar de a un municipio o
departamento guardando siempre las reglas sobre iniciativa gubernamental en la
definición del gasto y  la separación de poderes.
Frente al inciso primero
del artículo 8º, quienes salvamos el voto coincidimos en que se desconoció el
principio según el cual el Congreso puede autorizar al Gobierno para establecer
una partida presupuestal en tanto no se exprese como una orden perentoria. En
ese sentido, el verbo “promoverá”, utilizado en el artículo 8º,
interpretado dentro de su contexto, es decir, en el marco de una orden
perentoria al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para establecer un
plan de desarrollo turístico para Jericó, debió llevar a la Sala a comprobar la
violación de los principios de unidad de materia e iniciativa del gasto,
previamente mencionados.
Finalmente, deseo
recordar la aclaración hecha sobre el artículo 6º en el Salvamento, por cuanto
vuelve a ser parte de los cargos estudiados en esta sentencia. En su redacción
original se ordenaba la construcción de una escultura en el municipio de
Dabeiba, siendo calificado por el legislador como “la cuna moderna de la
evangelización para los indígenas de América y el mundo católico”,
expresión que dejaba de lado la exaltación a la Madre Laura Montoya Upegui por
su diálogo intercultural y celebraba un proceso complejo y distante de un
Estado laico, multicultural y pluralista como lo fue la evangelización de
América Latina, hecho histórico que estuvo marcado por discriminación,
imposición de creencias y consolidación de una cultura de superioridad de unas
creencias frente a otras; con gran acierto la Sala encontró inexequible esta
expresión en tanto la discriminación cobija todo tipo de práctica que origine o
reproduzca relaciones de subordinación entre grupos con base en criterios
raciales.
Fecha ut supra,
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
ACLARACIÓN DE
VOTO DEL MAGISTRADO JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA
C-091/15
LEY
QUE RINDE HONORES A LA SANTA MADRE LAURA MONTOYA UPEGUI COMO ILUSTRE SANTA DE
COLOMBIA-Cosa
juzgada constitucional (Aclaración de voto)/LEY QUE RINDE HONORES A LA SANTA
MADRE LAURA MONTOYA UPEGUI COMO ILUSTRE SANTA DE COLOMBIA-Reiteración in
extenso de voto particular en sentencia C-948 de 2014 asociado a definición de
Estado pluralista (Aclaración de voto)
Referencia:
expediente D-10438
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 1o
(parcial), 2o, 3o, 4o (parcial) y 6o
(parcial) de la Ley 1710 de 2014, "Por la cual se rinde honores a la
Santa Madre Laura Montoya Upegui, como ilustre santa colombiana”.
Magistrado
Ponente:
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Con el respeto que merecen las decisiones
de esta Corporación, me permito manifestar mi aclaración de voto en relación
con lo decidido por la Sala Plena en el asunto de la referencia.
Comparto la decisión proferida por la
Corte en el presente asunto, en el sentido de estarse a lo resuelto en la
sentencia C-948 de 2014, al verificar que, en virtud de la identidad normativa
(artículos 1o y 2o)
y de cargos contra la Ley 1710 de 2014 "por la cual se rinde honores a la
santa madre Laura Montoya Upegui, como ilustre santa colombiana", ha operado el
fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Sin embargo, teniendo en cuenta la
importancia de la materia tratada, asociada directamente a la definición del
Estado pluralista, estimo necesario reiterar, in extenso, la aclaración y
salvamento parcial de voto a la sentencia C-948 de 2014, donde junto con la
Magistrada María Victoria Calle Correa y el Magistrado Luis Ernesto Vargas
Silva, manifesté lo siguiente:
"Aclaramos el voto frente a la
decisión de declarar la exequibilidad de la Ley 1710, considerada en su
integridad, porque si bien estimamos que la norma se ajusta a la Constitución,
consideramos también que el respeto por los principios de multiculturalismo y
pluralismo religioso exige adelantar el procedimiento de consulta previa a las
comunidades indígenas y afrodescendientes, antes de que se lleve a cabo cada
una de las medidas previstas en esa Ley, en tanto estas involucran, entre sus
fines principales, la celebración y conmemoración del diálogo intercultural
iniciado por la Madre Laura Montoya Upegui con pueblos indígenas y comunidades
negras de su región.
Sin embargo, como la demanda que dio
origen a la sentencia C-948 de 2014 no planteó un cargo por violación del
derecho fundamental a la consulta previa, en la decisión no podía efectuarse un
pronunciamiento al respecto, pero en el curso de la argumentación asumida por
la Sala Plena debía haberse hecho visible la obligatoriedad de la consulta y
asumiendo el control integral que puede ejercer la Corte. No es una justicia
rogada.
2. Además, salvamos parcialmente nuestro
voto porque estimamos que (i) la expresión "como ilustre santa
colombiana" incorporada en el título de la Ley 1710 condiciona la  interpretación
de todo el articulado, restando eficacia al ejercicio hermenéutico que la
propia Corte asumió para comprender y explicar la complejidad de la medida
legislativa controlada.
De igual forma, (ii) nos apartamos de la
declaratoria de exequibilidad simple de los artículos 7o y 8o
(inciso 1o) de la Ley de honores de la Madre Laura Montoya: la
pavimentación de una carretera y la declaración de Jericó como un municipio de
alto impacto turístico, con la consecuente orden de promover las obras de
infraestructura necesarias para el desarrollo de ese potencial, pues tales
disposiciones carecen de conexión temática, causal, teleológica o sistemática
con los motivos, propósitos y contenidos principales de la Ley 1710 de 2014.
3.  Con el propósito
de explicar de manera más amplia nuestro voto particular, a continuación
haremos referencia a (i) la ratio decidendi de la sentencia C-948 de 2014, (ii)
las razones que nos llevan a aclarar el voto frente a la decisión, en cuanto a
la exequibilidad de la Ley de honores de la Madre Laura Montoya observada desde
una perspectiva integral, y (iii) la motivación de los salvamentos puntuales
que anunciamos.
I.
La sentencia C-948 de 2014
Sentido de la
decisión
4.  El análisis de
constitucionalidad de la Ley 1710 involucra dos niveles de argumentación. Sobre
la ley, considerada desde una perspectiva global o integral, la Corte sentenció
que se ajusta a la Constitución porque si bien posee una motivación, una
finalidad y un contenido religiosos, evidencia también causas, propósitos y
temáticas laicos y porque al menos uno de los elementos laicos es tan relevante
o primordial como el factor religioso.
5.  La segunda parte
de la decisión consiste en un estudio individualizado de cada uno de los artículos
de la ley, con el fin de evaluar si tales medidas (i) violan prohibiciones
constitucionales expresas o (ii) implican la adhesión material o simbólica del
Estado a una religión o culto específico. En ese control específico se declaró
la inexequibilidad de cuatro enunciados normativos:
•
El artículo 3 o, que autorizaba al Congreso a declarar a
la Madre Laura Montoya patrona del Magisterio, pues tal decisión conllevaría la
identificación del Estado con un culto religioso, medida de carácter
confesional y que afectaría intensamente la libertad de cátedra y aprendizaje;
•
El artículo 4o, que ordenaba al Ministerio
de Cultura la construcción de un mausoleo en el convento de la Madre Laura
Montoya, en Medellín, porque comportaba una intromisión en el ámbito privado de
esa congregación religiosa;
•
Un aparte del enunciado del artículo 6° en el que se
hacía referencia a Jericó como la cuna moderna de la evangelización para los
indígenas de América y el mundo católico, por ser una expresión que desconoce
los principios de igualdad de culturas y el pluralismo social y religioso que
caracteriza el orden Superior de valores que abriga la Carta de 1991, y
•
El parágrafo del artículo 8o, que ordenaba
al Gobierno promover, a través del Ministerio de Cultura, las obras de
infraestructura necesarias para explotar el potencial turístico de Jericó,
señalando que esa norma trasgredía el principio de unidad de materia y
reflejaba una intromisión del Congreso en asuntos propios del Ejecutivo.
Sobre estas decisiones haremos solo
referencias aisladas, pues compartimos las declaraciones de inexequibilidad
citadas; sin embargo, en salvamento parcial de voto hablaremos también de otros
enunciados normativos que, en nuestro concepto, se oponen a la Constitución
Política. En un breve apartado final profundizaremos en las razones que
llevaron a la Corte a declarar la inexequibilidad parcial del artículo 6o
ya citado.
En consecuencia, en los párrafos
siguientes explicaremos la forma en que se evaluó la constitucionalidad de la
Ley 1710 de 2014, vista en su conjunto.
II.
Aclaración de voto
Más cuestiones sagradas en democracia
6. En términos
generales, consideramos que la regla de decisión adoptada sobre la integridad
de la Ley 1710 de 2014 reconoce la importancia del fenómeno religioso en el
orden constitucional, al admitir la validez constitucional de medidas
legislativas con algún contenido de esa naturaleza; pero defiende también la neutralidad
estatal y la igualdad de cultos, al considerar que tales decisiones solo son
válidas cuando en ellas se evidencian claramente propósitos seculares de
importancia.
Por esa razón, la
sentencia C-948 de 2014plantea un equilibrio constitucional muy especial pues,
en comparación con dos decisiones previas en las que este Tribunal declaró la
inexequibilidad de leyes de honores con un contenido religioso, afirmando que
no existía en ellas otro, de carácter laico y fuerza prevalente en la
regulación (sentencias C-766 de 2010[22]
y C-817 de 2011[23]), en
esta decisión consideró que existían diversos propósitos y contenidos en la
ley, tanto laicos como religiosos, y que al menos uno de los primeros tenía
tanta importancia como el de celebrar los logros religiosos de la Madre Laura
Montoya Upegui.
Ese contenido laico fue descrito en la
sentencia como "una forma de diálogo intercultural con las comunidades
indígenas y negras de su región " y su presencia e importancia en la
regulación fueron el fundamento de la orientación general del fallo, hacia la
exequibilidad de la Ley.
7. En voto
particular disidente (correspondientes a las sentencias C-766 de 2010y C-817 de
2011, ya mencionadas) se dijo que a pesar de que la Sala Plena había reiterado
formalmente la jurisprudencia relevante en la materia, al momento de resolver
los cargos venía aplicando estándares distintos, más estrictos, y lesivos de la
facultad de configuración del derecho que ostenta el Congreso de la República.
Tras verificar que la Ley objeto de
control además de presentar un contenido religioso también contienen uno laico,
la Sala Plena estableció: (i) que este último debía ser protagónico, y (ii) que
el primero pudiera calificarse de accidental o incidental, sin que existieran
razones constitucionales poderosas que explicaran la necesidad de que el
componente religioso fuera casi despreciable y el laico absolutamente
trascendental.
Por ese motivo, se sostuvo que esas
sentencias plasmaron una pálida composición de la cuestión religiosa en el
Estado constitucional, multicultural y pluralista definido por la Constitución
Política de 1991, y que la Carta Política no prohíbe al Legislador dictar leyes
con cierto contenido religioso si existen razones objetivas que permitan
identificar la regulación con propósitos distintos a la adhesión del Estado a
una confesión particular y si estas no suponen un rompimiento del equilibrio
entre estas.
Se insistió en que la exigencia de que el
factor religioso no fuera principal o protagónico sino incidental o accidental carecía de
sustento normativo y no brindaba respuesta alguna a casos en los que ese
componente no se encuentre en ninguno de esos extremos (eventos en los que
pueda calificarse, por ejemplo, de importante, relevante, secundario, o
cualquier otro adjetivo que no sea identificable con lo protagónico o lo
incidental). Se cuestionó asimismo, la ausencia de un análisis individual de
cada artículo de las leyes objeto de control.
Se hizo hincapié en que el motivo que nos
apartábamos de la mayoría radicaba en que minimizaban el alcance de la cuestión
religiosa en un Estado constitucional, y no en un desconocimiento del principio
de laicismo estatal o de la importancia de preservar la igualdad entre los cultos
desde el ámbito oficial[24].
El control de constitucionalidad de la
Ley 1710 de 2014 se convirtió en una oportunidad propicia para que la Sala
Plena se acercara a una concepción compleja del problema jurídico planteado,
dejando de lado las decisiones "a blanco y negro" adoptadas
previamente, en las que todo elemento religioso se rechazaba de forma inmediata
y acrítica. Lo que tiene de especial este trámite es que llevó al Pleno de la
Corte a un escenario donde los únicos calificativos o criterios aplicables a
los componentes religioso y secular de una ley como la 1710 de 2014 distaban de
la disyuntiva entre lo protagónico y lo puramente incidental.
8.  Así las cosas,
compartimos la decisión general de exequibilidad de la ley adoptada en la
sentencia C-948 de 2014, pues la Sala aprovechó una oportunidad única para
profundizar en su conocimiento de un problema constitucional complejo. Pero
estimamos necesario presentar esta aclaración de voto porque el Tribunal se
abstuvo de dar un paso adicional en esa comprensión, a pesar de que su propio
razonamiento le exigía asumirlo: la conclusión necesaria llevaba a sentar en la
parte resolutiva del fallo la obligatoriedad de consultar a las comunidades
indígenas o afrodescendientes interesadas, previa la implementación de cada una
de las medidas previstas en honor a la Madre Laura Montoya Upegui, por medio de
la Ley 1710 de 2014.
Para explicar este punto, comenzaremos
por hacer una breve referencia histórica y normativa al derecho a la consulta
previa, para posteriormente explicar por qué las medidas derivadas de la Ley
1710 de 2014 deben ser objeto de consulta.
9.  La Constitución
Política (artículo 169) y el Convenio 169 de 1989 de la OIT establecen que las
comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y rom tienen derecho a ser consultadas,
previa la implementación de cualquier medida susceptible de afectarlas directamente,
bien sea de naturaleza legislativa, administrativa, o de cualquier otro orden.
10.De acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, el concepto de "afectación directa"
tiene que ver con la intervención que una medida determinada comporta sobre
cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas, o con la generación de
beneficios o cargas en estas comunidades. Y, sin ánimo de exhaustividad, son
medidas que generan ese tipo de afectación aquellas que (i) desarrollan el
Convenio 169 de la OIT, (ii) imponen cargas o atribuyen beneficios a una
comunidad, (iii) modifican su situación o posición jurídica; (iv) inciden en la
definición de la identidad étnica de una comunidad, o (v) causan un impacto diferencial
sobre los pueblos indígenas, en comparación con la manera en que se proyectan
ante el resto de la población[25].
11. Dada la
naturaleza del caso concreto, en el que se hace referencia a la celebración de
hechos ocurridos antes de la expedición de la Constitución Política de 1991,
resulta oportuno recordar, en una apretada síntesis, el devenir histórico que
durante algo más de un siglo ha definido las relaciones entre la sociedad
mayoritaria y las comunidades étnicas, marcando tres momentos determinantes en
el orden normativo (constitucional y del derecho internacional de los derechos
humanos).
12.1.El primero se
identifica con la promulgación de la ley 89 de 1890[26],
regulación dirigida específicamente a establecer el tratamiento jurídico que
debía atribuirse a los indígenas, en contraposición al régimen general que
correspondía a las demás personas y se hallaba contenido en el Código Civil. La
Ley 89 de 1890 apartaba a los pueblos y personas indígenas de las leyes
generales del citado Código, y los dividía a su vez en aquellos que permanecían
ajenos a la "civilización " y los que fueran incorporándose a ella.
Los primeros se hallaban bajo la tutela compartida del Gobierno y la Iglesia
Católica, mientras que para los segundos se previó la aplicación de un régimen
similar al de los incapaces relativos[27]. La
constitucionalidad de diversas disposiciones de esa ley ha sido estudiada por
la Corte en dos ocasiones y en ellas se ha explicado el proceso histórico que
llevó a la apropiación de sus normas por los pueblos indígenas, expulsando de
ella su sentido original, abiertamente discriminatorio, y usando en cambio, en
la lucha por sus derechos, los elementos que resultaban instrumentales para la
defensa de la autonomía, la diversidad y el territorio.
12.2.El segundo
momento lo representa el Convenio 107 de 1957 de la OIT, primer instrumento de
derecho internacional destinado a establecer obligaciones internacionales de
los Estados hacia los pueblos indígenas y tribales. Este Convenio se inspiró en
la preocupación por la situación de los indígenas trabajadores. Sin embargo, no
se agotó en la definición de estándares de trabajo decente sino que, en
ausencia de otras directrices internacionales en la materia, se extendió hacia
diversos asuntos asociados a la protección de las tierras y territorios de las
comunidades, la seguridad social, la salud y la educación.
El Convenio fue ratificado por 27 países
y su importancia es innegable pues plasma la toma de conciencia de la sociedad
internacional sobre las delicadas condiciones materiales y la amenaza a la
extinción de los pueblos indígenas y otras comunidades étnicamente
diferenciadas. Sin embargo, se trataba de un Convenio basado en un concepto de
desarrollo vinculado a indicadores de necesidades básicas insatisfechas, bajo
la óptica de la ciencia económica de la sociedad mayoritaria. Y, consecuente
con la aspiración de llevar el desarrollo a los pueblos indígenas (o llevar a
estos al desarrollo) declaraba el propósito de integrarlos al modo de vida
mayoritario, en lugar de profesar respeto por su autonomía y su diversidad
cultural.
12.3. El tercer
momento se encuentra en la aprobación del Convenio 169 de 1989 de la OIT, y
coincide con la expedición de la Constitución Política de 1991. Ambos
compendios normativos recogen, por primera vez, el punto de vista de los
pueblos interesados sobre el alcance y significado de sus derechos y ambos
propugnan por defender su participación en los asuntos que los afectan, incluso
frente a decisiones adoptadas por mayorías calificadas.
Desde la aprobación de ambas normativas
(repetimos, el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Política de 1991), la
participación de los pueblos indígenas[28], las comunidades
negras, raizales y rom, mediante el procedimiento de consulta previa
corresponde a una necesidad y un derecho que excede el alcance del derecho de
participación de los demás ciudadanos, pues tiene el propósito de compensar las
dificultades históricas que han enfrentado para acceder a los centros de poder
del Estado, persigue la definición autónoma de los intereses de cada comunidad
o pueblo indígena, de conformidad con el principio de autodeterminación, y
opera como garantía de sus demás derechos.
Dentro de ese marco, pasamos a señalar
las razones por las que aquellas medidas por las que se pretende rendir honores
a la vida y obra de la Madre Laura Montoya Upegui, contenidas en los diferentes
artículos de la Ley 1710 de 2014, deberán ser consultadas previamente antes de
su implementación efectiva. Como indicamos al presentar una reseña de la
sentencia C-948 de 2014, en el punto primero de esta opinión, la Sala Plena
declaró la exequibilidad de la Ley 1710 de 2014 porque a su contenido religioso
(celebración de los logros que en esa área alcanzó una religiosa católica
colombiana) unió motivos laicos, uno de ellos de especial relevancia, al que
nombró diálogo intercultural con comunidades indígenas y negras de su región.
Un diálogo intercultural o un diálogo
entre culturas es entonces el motivo secular que hace compatible la Ley 1710 de
2014 con la Constitución Política, en concepto de la Corte Constitucional. Un
diálogo puede concebirse como una interacción entre (al menos) dos artes, en la
que se intercambian palabras en condiciones en las que exista un mínimo de
igualdad y libertad, pues en ausencia de ellas esa relación se convierte en
algo distinto.[29]
Pero si ese diálogo no se desenvuelve
solo entre individuos, sino que involucra culturas, y si lo que pretende la Ley
1710 de 2014 es celebrar y conmemorar ese diálogo, no debería perderse de vista
que esa exaltación involucra una reconstrucción —o al menos un acercamiento— a
una parte de la historia de las culturas involucradas en él y, por lo tanto,
que indaga y trae del recuerdo hechos que contribuyeron a forjar su identidad actual.
También es imprescindible señalar en este
contexto que el diálogo intercultural es, además, solo una de las posibles
formas de acercamiento entre culturas distintas, especialmente, en escenarios
que han vivido el colonialismo, como ocurrió en Colombia. Otras maneras de
interacción incluyen el abierto exterminio del otro, su aislamiento, su
"aculturación" (es decir, la privación de su cultura para la
implantación del grupo mayoritario), o el interés por mejorar su calidad de
vida desde el punto de vista del grupo mayoritario sobre los principios que
configuran un "modo de vida bueno". Es decir, prácticas de inclusión
y exclusión[30],
pero no de respeto a la diferencia.
En ese orden de
ideas, la afectación directa de las comunidades que habitan los lugares en
donde la Madre Laura Montoya inició esa forma de diálogo intercultural obedece
a que ellos fueron actores del diálogo y su historia hace parte de la que desea
conmemorar el Congreso de la República.
Incluso, la consulta de estas medidas
implica un acto jurídico y político necesario para la comprensión de la Ley que
fue objeto de control, en un escenario constitucional respetuoso de la
diversidad, el pluralismo y la igualdad entre culturas, dado que la Madre Laura
Montoya adelantó ese diálogo en un cruce de caminos entre paradigmas normativos
incompatibles con los citados principios y, al hacerlo, se mostró como pionera
en la comprensión de las diferencias interculturales.
15. Por todo lo
expuesto, aunque la sentencia C-948 de 2014 constituye un claro avance
constitucional en relación con las sentencias a blanco y negro previamente
citadas (C-766 de 2010 y C-817 de 2011) en lo que tiene que ver con el problema
de la validez constitucional de medidas legislativas con contenidos religiosos
(al admitir la validez de una ley en la que lo religioso y lo secular compiten
en importancia), lo cierto es que la forma en que resolvió el problema jurídico
generaba dos interrogantes trascendentales, y la Sala únicamente asumió uno de
ellos, pese a que la respuesta al segundo cuestionamiento se abría paso desde
las premisas explícitamente asumidas en la exposición.
16. La primera de
esas preguntas, surgidas en el marco de la propia argumentación de la Corte,
era si podía el Legislador celebrar una forma de diálogo intercultural basada
en lógicas preconstitucionales, cuando el orden normativo actual excluye
algunas de esas concepciones y además hace una apuesta decidida por la
igualdad, el pluralismo y el respeto por las diferencias.
En dos fundamentos centrales (párrafos 44
y 45) de la sentencia C-948 de 2014), la Sala manifestó que la Madre Laura
Montoya emprendió una forma de diálogo intercultural respetuosa de las
diferencias, aspecto en el cual resultaba pionera en una época en la que se
desenvolvían dos paradigmas normativos que a la luz de la Constitución Política
actual serían incompatibles con el respeto por los pueblos indígenas y las
demás comunidades étnicas.
Además, explica
que resulta válido que el Congreso de la República exalte los logros de una
persona inmersa en dinámicas sociales preconstitucionales si su trabajo se
aprecia desde una perspectiva histórica que tome en consideración las
circunstancias sociales en que se llevó a cabo, y no desde el marco
constitucional actual, y siempre que ello no implique una adhesión del
Legislador a principios y valores preconstitucionales, como ocurría con la expresión
declarada inexequible en el artículo 6o de la Ley 1710 de 2014, y
que definía al municipio de Jericó "como la cuna moderna de la
evangelización para los indígenas de América y el mundo católico"[31]
17. Pero en este punto debió la Corte
asumir un segundo interrogante, igualmente determinante para el Estado
multicultural y pluralista definido en la Carta de 1991 y que surgía inevitable
a partir de los considerandos recién mencionados: ¿Puede celebrarse y
conmemorarse una forma de diálogo intercultural cuando esa celebración se hace
únicamente desde la óptica, valores y forma de ver el mundo de uno de los
hablantes?
Aunque es fácil responder "no"
a esa pregunta desde un punto de vista extra jurídico, señalando que no tiene
sentido la reconstrucción de la memoria (conmemoración) y la celebración de un
diálogo de dos (la redundancia es necesaria) con base en los recuerdos y lengua
de uno solo, resulta que en el caso de estudio en el diálogo los hablantes son
también comunidades de identidad étnica diferenciada, sujetos de especial
protección constitucional y titulares de derechos fundamentales, en tanto
colectivos que defienden modos distintos de ver el mundo, tradiciones y
creencias espirituales distintas a las de la mayoría; derechos que la
jurisprudencia de esta Corte ha asociado a la supervivencia de esas comunidades
y a la preservación de distintos
modos de ver el mundo y asumir un plan de vida buena (cosmovisiones), como
fundamento del Estado constitucional colombiano, circunstancias que exigían de
la Corte Constitucional una respuesta jurídica más amplia y más compleja.
La respuesta jurídica, entonces, se
encuentra en nuestro orden constitucional, bajo una forma imperativa: toda
medida que celebre, conmemore, reconstruya una forma de diálogo intercultural
con comunidades étnicas diferenciadas debe ser consultada antes de su
implementación. Por supuesto, si aparte de existir una afectación directa a la
comunidad, esta debe calificarse como intensa, debe evaluarse si es necesario
acudir al consentimiento informado. Ver, sobre este punto, las sentencias T-769
de 2009 y T-376 de 2012.
Así pues, si la Corte consideró que la
celebración del diálogo intercultural era un propósito del Legislador y un
contenido protagónico de la Ley 1710 de 2014";[32] y esa
conmemoración (ese acto de hacer memoria) solo puede narrarse a partir de las
vivencias del pueblo mayoritario y de los pueblos que, en su momento, hicieron
parte del diálogo intercultural iniciado por la Madre Laura Montoya, no era
posible alcanzar ese propósito, ni constitucionalmente válido, celebrarlo con
una sola voz.
En ese marco, reiteramos la posibilidad
de recuperar la memoria y de exaltar la relación de diálogo de la Madre Laura
Montoya con tales comunidades es, sin lugar a dudas, una medida que los afecta
directamente. Tiene que ver con sus derechos a la participación, a la exigencia
de respeto por las diferencias culturales y, muy especialmente, a la
reconstrucción de hechos que forjaron su identidad actual. (Su ethos como
comunidad, en términos de la sentencia C-l 75 de 2009, pronunciamiento hito en
materia de consulta previa de medidas legislativas).
18.Lo expuesto nos
permite entonces concluir la aclaración de voto con la siguiente reflexión. En
ocasiones es factible defender la validez de medidas legislativas con un
contenido religioso, porque existen cosas sagradas en democracia. En esta
oportunidad debemos rescatar que entre esas cosas sagradas se encuentran el
pluralismo y la participación de los pueblos indígenas y las comunidades
negras, palenqueras, raizales y rom en las decisiones que los afectan. Y nos
parece difícil concebir un asunto en el que la afectación directa sea más evidente,
que el caso de una medida de reconstrucción y celebración de una parte de su
historia.
19.Así las cosas, es
oportuno indicar que, con independencia del problema jurídico resuelto por la
Corte Constitucional en este caso, corresponde a las autoridades
administrativas adelantar el trámite de consulta previa, antes de implementar
cualquier medida que afecte directamente a las comunidades negras e indígenas,
como ocurre con aquellas que pretenden conmemorar un diálogo intercultural.
III.
Salvamento parcial de voto
Inconstitucionalidad de parte del título y los
artículos 7o y 8o (Parágrafo) de la Ley 1710 de 2014
20.En las sesiones
de Sala Plena en las que se discutió la constitucionalidad de la Ley 1710 de
2014 (en general) y de cada uno de sus artículos (individualmente considerados)
planteamos algunos puntos que no fueron acogidos por la mayoría.
Consideramos, en
primer término, que debió declararse inexequible la expresión "como
ilustre santa colombiana", contenida en el título de la ley, pues
condiciona la interpretación de las demás normas y puede dar lugar a entender
que la ley solo se dictó con un fin y un contenido religioso. Ello resulta
contradictorio con el alcance de la decisión adoptada en la sentencia C-948 de
2014 y con el esfuerzo hermenéutico desplegado por la Corte, a partir del cual
concluyó que la ley involucra propósitos variados, al menos dos de ellos
protagónicos, y que puede concebirse de una forma incluyente y respetuosa del
pluralismo religioso y el multiculturalismo que definen nuestro sistema
constitucional.
21.En segundo lugar,
señalamos que los artículos 7o y 8o, inciso primero, no
respetan el principio de unidad de materia, pues involucran el desarrollo de
obras públicas y decisiones propias del Gobierno Nacional, como la definición
de prioridades en materia de turismo, asunto que no guarda relación alguna con
la vida y obra de la Madre Laura Montoya Upegui. Especialmente, consideramos preocupante
que la definición o priorización de una obra pública, como una carretera,
dependa de si el municipio o los municipios que se verán beneficiados por esa
obra tuvieron la suerte de tener entre sus ciudadanos ilustres, la persona a
quien se le rinden honores por vía legislativa.
22.Aclaramos que la
posición que presentamos sobre estos artículos no nos llevan a negar de plano
cualquier posible desarrollo de obras públicas en una ley de honores. Si, a
manera de ejemplo, los honores se rinden a un municipio, puede resultar
plausible que se adelante algún tipo de obra, siempre que no se violen las
reglas sobre la iniciativa gubernamental en la definición del gasto y no se
produzca una intromisión legislativa en asuntos propios del poder Ejecutivo, como
ocurre en esta oportunidad.
23.En lo
concerniente al primer inciso del artículo 8o, estimamos que la
mayoría desconoció un principio y una subregla jurisprudencial, de acuerdo con
los cuales la autorización del Congreso al Gobierno Nacional para establecer
una partida presupuestal es válida, pero no lo es una orden perentoria.
En ese sentido,
el verbo "promoverá", utilizado en el artículo 8° interpretado dentro
de su contexto, es decir, en el marco de una orden perentoria al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo para establecer un plan de desarrollo turístico
para Jericó, debió llevar a la Sala a comprobar la violación de los principios
de unidad de materia e iniciativa del gasto, previamente mencionados.
IV.
Punto aparte. El artículo 6o de la Ley 1710
de 2014.
24.El artículo 6o de la ley amerita una
aclaración por separado. En su redacción original se percibían, a la vez, la
complejidad de propósitos y sentido de la ley 1710 de 2014 y los problemas de
constitucionalidad que se desprenden de la regulación. El homenaje a la Madre
Laura Montoya se concreta, en ese artículo, en la construcción de una estatua
en el municipio de Dabeiba, al cual calificaba el Legislador como "la cuna
moderna de la evangelización para los indígenas de América y el mundo católico”.
25.   Con acierto, la
Sala Plena declaró la inexequibilidad de ese enunciado, por ser incompatible
con los principios de igualdad entre culturas, diversidad cultural y
pluralismo. Sin embargo, es preciso explicar mejor esa afirmación, apenas
esbozada en la decisión finalmente acogida por la mayoría.
Dejando de lado la veracidad histórica de
las expresiones escogidas por el legislador, al hablar de Jericó (Antioquia)
como la "cuna para la evangelización" y su decisión de extender la exclamación
a "América " y "el mundo moderno ", resultaba claro que en ese artículo el Congreso de la
República dejaba de lado la figura pública de la Madre Laura Montoya para
adherirse a la celebración de un proceso histórico muy complejo y ajeno a un
Estado pluralista y multicultural, tal como lo admitió la Sala Plena al
declarar la inexequibilidad del enunciado.
Debe recordarse entonces que la Corte
aceptó la celebración de un modo de diálogo intercultural asumido por la Madre
Laura en una época histórica determinada, valorando sus actuaciones desde esa
perspectiva. Pero aclaramos también que ello no implica que el Legislador
pueda, actualmente, unirse a lógicas previas y contrarias a la Constitución.
En contra de lo expuesto, en ese
enunciado el Congreso de la República decidió mostrar el hecho histórico de la
evangelización como algo favorable que se entrega a los indígenas ("para
los indígenas ").
26.   La
evangelización, sin embargo, concebida como el proceso por el cual se lleva a
culturas diversas el modo de ver el mundo (la palabra) propia de la religión
católica es un fenómeno en sí mismo problemático a la luz de la prohibición de
discriminación racial, pues supone que una cultura puede llevar a otra la
verdad y, por lo tanto, ubica a la primera en posición de superioridad frente a
la segunda.
27.   En ese contexto,
es oportuno señalar que la discriminación racial cobija cualquier tipo de
práctica que origine o reproduzca relaciones de subordinación entre grupos con
base en criterios raciales.
Aunque tradicionalmente el concepto de
raza suele asociarse al color de la piel u otras características físicas como
la forma del cabello o determinados rasgos faciales de las personas, pues
históricamente esas cualidades fueron utilizadas para diferenciar grupos
humanos y crear relaciones de dominación entre ellos, la raza no solo se
refiere al fenotipo o la apariencia física, sino que existe un transfondo
cultural que liga esas características con los patrones de comportamiento y
socialización de los distintos pueblos.
28. Este concepto
puede entonces abarcar elementos tales como la lengua, la religión, el modo de
vestir, el linaje o el origen familiar, pues estos también han sido utilizados
para justificar tratamientos desiguales, basados en la supremacía de un grupo
sobre otros y, por lo tanto, discriminatorios[33].
29. Precisamente, la
evangelización cristiana de los pueblos indígenas y las personas esclavizadas
en América tuvo origen en el marco de un proyecto colonial cimentado sobre la
(supuesta) superioridad del hombre blanco cristiano, inmerso en determinada
tradición cultural, sobre pueblos a los que fueron llamados 'incivilizados' y a
los que se atribuyeron prácticas culturales y modos de vida inferiores, lo que
denota el contenido ideológico del proceso histórico al que se hace referencia.[34]
30. La evangelización
partía de entender el cristianismo como única creencia religiosa válida, en
desconocimiento de las demás formas de vida y concepciones de lo bueno y lo
justo, y de la espiritualidad que hacía parte de las tradiciones de pueblos
sometidos[35] Por ello, la
conversión al cristianismo durante la época cultural no tenía su origen,
ordinariamente, en una decisión libre y consciente del individuo[36]
31. Por ello, la
expresión que fue declarada inexequible no solo desconocía la igualdad entre
culturas, la diversidad y el pluralismo religioso y cultural, sino que además
involucraba un desconocimiento de la prohibición de discriminación racial
contenida en la Carta Política y el derecho internacional de los derechos
humanos.
Fecha ut supra,
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
[1] Diario Oficial No. 48.096 de 10 de junio de 2011.
[2]
Sobre la materia, entre la extensa jurisprudencia, se puede
consultar las sentencias C-600 de 2010 y C-774 de 2001.
[3]
C-178 de 2014.
[4]
MP. Humberto Antonio Sierra Porto. SV. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. SPV. María Victoria
Calle Correa.
[5]
MP. Luis Ernesto Vargas Silva. SV. Mauricio
González Cuervo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub. SPV. María Victoria Calle Correa.
[6] En las opiniones disidentes previas hemos hecho hincapié en
la defensa de una concepción de la cuestión religiosa compleja, como es
complejo el entramado de artículos constitucionales en el que esta se
desenvuelve y dentro del cual pueden tejerse distintas tensiones normativas.
Así, un mínimo a considerar en esta materia involucra (i) la libertad de toda
persona de acoger una religión determinada o de no hacerlo. Es decir, la
libertad de elegir aquello que escoge como respuesta última a las cuestiones
fundamentales de su existencia desde una dimensión trascedente, sin que ello se
agote en la abstención estatal, pues eventualmente puede involucrar
obligaciones de protección frente a injerencias de terceros, y de garantía,
cuando sean necesarias para la práctica religiosa; (ii) la igualdad entre
credos religiosos, aspecto que involucra también el principio de igualdad
general (artículo 13 CP) y se relaciona con la igualdad entre culturas
(artículo 70 CP) y (iii) el pluralismo religioso o la aceptación de distintas
formas de concebir el mundo, la existencia o los modos de vida buena (artículos
1º, 2º y 70).
[7]
Ver, entre otras, las sentencias C-030 de 2008,
C-175 de 2009, SU-383 de 2003 y T-376 de 2012.
[8] Por la cual se
determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan
reduciéndose a la vida civilizada.
[9] La Sala Plena explicó
en la sentencia C-463 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa) cómo las notas
distintivas de la Ley 89 de 1890, evidentemente discriminadoras e irrespetuosas
de la diferencia fueron posteriormente interiorizadas por sus propios
destinatarios, los pueblos indígenas, y apropiado su contenido normativo
mediante una interpretación audaz de las mismas, bajo la figura señera del
indígena caucano Manuel Quintín Lame, y posteriormente, aprovecharon sus normas
como fundamento para la defensa de sus tierras y autonomía.
[10] La propia OIT presenta un paralelo
entre los convenios 107 y 169 de la OIT, en los siguientes términos:
Convenio 107 de 1957
Convenio 169 de 1989
Se basa en el
supuesto que los pueblos indígenas y tribales eran sociedades temporarias
destinadas a desaparecer con la ‘modernización’
Se basa en la
creencia que los pueblos indígenas constituyen sociedades permanentes.
Hace referencia a
‘poblaciones indígenas y tribales’.
Hace referencia a
‘pueblos indígenas y tribales’. (Se trata de una diferencia trascendental en
tanto uno de los principios esenciales del derecho internacional es la
autodeterminación de los pueblos y no de las poblaciones. Esta orientación
demuestra entonces el interés explícito por ampliar el alcance de la
autonomía de los pueblos originarios).
Fomentaba la integración.
Reconoce y respeta
la diversidad étnica y cultural.
[11]
Omito cualquier referencia teórica,
pues no deseo iniciar una discusión sobre el sentido de la palabra “diálogo”.
Solo quiero resaltar que no todo tipo de relación de intercambio de enunciados
puede concebirse como un diálogo intercultural. Con la expresión acto de habla
deseo rescatar la riqueza de esa interacción, pues en ella no solo se trasmite
información sino que se entretejen todo tipo de propósitos, sentimientos o
intercambios.
[12]
Utilizo, con alguna libertad esta
idea, tomada del autor Will Kimlicka.
[13] Cabe decir que esta
regla debe aplicarse siempre bajo los criterios de razonabilidad y
proporcionalidad. Esta regla se utilizó y aplicó en este caso, donde concurría
con la celebración religiosa, el trabajo como literata y docente de la Madre
Laura Montoya.
[14] De acuerdo con el
diccionario de la Real Academia Española, conmemorar significa “hacer memoria”.
[15] En este sentido, la Convención Internacional para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, en su artículo 1.1.
señala: “En la
presente Convención la expresión ‘discriminación racial’  denotará
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de
raza, color, linaje y origen nacional o étnico que tenga por objeto o por
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en
las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de
la vida pública.
[16] Conferencia Mundial contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia.
Declaración y Programa de Acción de Durban, párrafos 13 a 19.
[17] María Cristina Navarrete, Génesis y Desarrollo de la
Esclavitud en Colombia Siglos XVI y XVII. Programa Editorial Universidad del
Valle. Págs. 313 y siguientes.
[18] Liliana Crespi. Cristianismo y Esclavitud. Discusiones
sobre la Evangelización de los Esclavos en Hispanoamérica. Revista Memoria y
sociedad. Vol. 7, No. 15. Págs. 125 a 131.
[19]
Sentencia C-152 de 2003.
M.P.: Manuel José Cepeda.
[20]
Sentencia C-133 de 2012.
M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza.
[21]
Sentencia C-390 de 1996.
M.P.: José Gregorio Hernández.
[22] MP. Humberto Antonio Sierra Porto. SV.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. SPV. María
Victoria Calle Correa.
[23] MP. Luis Ernesto Vargas Silva. SV.
Mauricio González Cuervo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub. SPV. María Victoria Calle Correa.
[24] En las opiniones disidentes previas hemos
hecho hincapié en la defensa de una concepción de la cuestión religiosa
compleja, como es complejo el entramado de artículos constitucionales en el que
esta se desenvuelve y dentro del cual pueden tejerse distintas tensiones
normativas. Así, un mínimo a considerar en esta materia involucra (i) la
libertad de toda persona de acoger una religión determinada o de no hacerlo. Es
decir, la libertad de elegir aquello que escoge como respuesta última a las
cuestiones fundamentales de su existencia desde una dimensión trascedente, sin
que ello se agote en la abstención estatal, pues eventualmente puede involucrar
obligaciones de protección frente a injerencias de terceros, y de garantía,
cuando sean necesarias para la práctica religiosa; (ii) la igualdad entre
credos religiosos, aspecto que involucra también el principio de igualdad
general (artículo 13 CP) y se relaciona con la igualdad entre culturas
(artículo 70 CP) y (iii) el pluralismo religioso o la aceptación de distintas
formas de concebir el mundo, la existencia o los modos de vida buena (artículos
1º,  2º  y 70).
[25] Ver, entre otras, las sentencias C-030 de
2008, C-175 de 2009, SU-383 de 2003 y T-376 de 2012.
[26] Por la cual se determina la manera como
deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada.
[27] La Sala Plena explicó en la sentencia
C-463 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa) cómo las notas distintivas de la
Ley 89 de 1890, evidentemente discriminadoras e irrespetuosas de la diferencia
fueron posteriormente interiorizadas por sus propios destinatarios, los pueblos
indígenas, y apropiado su contenido normativo mediante una interpretación audaz
de las mismas, bajo la figura señera del indígena caucano Manuel Quintín Lame,
y posteriormente, aprovecharon sus normas como fundamento para la defensa de
sus tierras y autonomía.
[28]  La propia OIT presenta un paralelo entre los convenios
107 y 169 de la OIT, en los siguientes términos:
Convenio 107 de 1957
Convenio 169 de
1989
Se basa en el
supuesto que los pueblos indígenas y tribales eran sociedades temporarias
destinadas a desaparecer con la 'modernización'
Se basa en la
creencia que los pueblos indígenas constituyen sociedades permanentes.
Hace referencia a 'poblaciones indígenas
y tribales'.
Hace referencia
a 'pueblos indígenas y tribales'. (Se trata de una diferencia trascendental
en tanto uno de los principios esenciales del derecho internacional es la
autodeterminación de los pueblos y no de las
poblaciones. Esta orientación demuestra entonces el interés explícito por
ampliar el alcance de la autonomía de los pueblos originarios).
Fomentaba la integración.
Reconoce y
respeta la diversidad étnica y cultural.
[29] Omito cualquier referencia teórica, pues
no deseo iniciar una discusión sobre el sentido de la palabra "diálogo".
Solo quiero resaltar que no todo tipo de relación de intercambio de enunciados
puede concebirse como un diálogo intercultural. Con la expresión acto de habla
deseo rescatar la riqueza de esa interacción, pues en ella no solo se trasmite
información sino que se entretejen todo tipo de propósitos, sentimientos o
intercambios.
[30] Utilizo, con
alguna libertad esta idea, tomada del autor Will Kimlicka.
[31] Cabe decir que
esta regla debe aplicarse siempre bajo los criterios de razonabilidad y
proporcionalidad. Esta regla se utilizó y aplicó en este caso, donde concurría
con la celebración religiosa, el trabajo como literata y docente de la Madre
Laura Montoya.
[32] De acuerdo con el diccionario de la Real Academia
Española, conmemorar significa "hacer
memoria".
[33]
En este sentido, la Convención Internacional para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, en su artículo 1.1.
señala: "En la presente Convención la expresión
'discriminación racial' denotará toda
distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza,
color, linaje y origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad,
de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.
[34]
Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia. Declaración y Programa
de Acción de Durban, párrafos 13 a 19.
[35]
María Cristina Navarrete, Génesis y Desarrollo de la
Esclavitud en Colombia Siglos XVI y XVII. Programa Editorial Universidad del
Valle. Págs. 313 y siguientes.
[36] Liliana
Crespi. Cristianismo y Esclavitud. Discusiones sobre la Evangelización de los
Esclavos en Hispanoamérica. Revista Memoria y sociedad. Vol. 7, No. 15. Págs. 125 a 131