T-485-06
Hechos
Sentencia T-485/06
ACCION DE TUTELA CONTRA ACCIONES U
OMISIONES JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Causales
genéricas de procedibilidad
VIA DE HECHO POR DEFECTO SUSTANTIVO-Caso en que se dejaron de considerar normas
que determinan calidad de trabajador oficial para celador de hospital
No podía la Sala Laboral del Tribunal Superior ignorar
lo que preveían las normas legales vigentes que regulan las plantas de personal
de las empresas sociales del estado del nivel territorial y concluir de manera
contraria a lo que ellas establecen, que los celadores, porteros y vigilantes
no eran trabajadores oficiales, puesto que todas ellas clasifican esa labor
como una actividad propia de servicios generales, y asignan a dichos
trabajadores el carácter de oficiales. La Sala Tercera de Revisión revocará el
fallo proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
de fecha, 28 de febrero de 2006, que denegó la acción de y, en consecuencia,
dejará sin efecto la Sentencia del 22 de junio de 2005 proferida por la
Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué
– Tolima. Así mismo ordenará a la Sala de Decisión Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Ibagué que en el término máximo de 20 días,
contados a partir de la fecha en que se comunique al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué la presente sentencia, se dicte de nuevo el fallo
que desate el recurso de apelación, de conformidad con lo expresado en esta
providencia. El desconocimiento de lo aquí ordenado constituye desacato.
Reiteración de jurisprudencia
Referencia: expediente T-1328036
Acción de
tutela instaurada por Luis Alfonso Barreto Monsalve contra la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué
Magistrado ponente:
Dr. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de
dos mil seis (2006)
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados, Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo de 28
de febrero de 2006, proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia.
El presente expediente fue escogido para
revisión por medio de auto del 27 de abril de 2006, proferido por la Sala de
Selección Número Cuatro y repartido a la Sala Tercera de Revisión.
I.
ANTECEDENTES
Luis Alfonso Barreto Monsalve, 53 años,
actuando por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela
contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, por considerar que la
decisión del 22 de junio de 2005 de revocar la sentencia del Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Ibagué, proferida el 18 de julio de 2005, vulneraba su
derecho al debido proceso, así como los derechos del trabajador. En la
sentencia revocada, dando prelación al principio de primacía de la realidad y
teniendo en cuenta las pruebas que obraban en el expediente, se reconoció que
entre el tutelante y el Hospital Louis Pasteur E.S.E. del Municipio de Melgar
había existido una relación laboral, por lo cual se había reconocido su calidad
de trabajador oficial y, en consecuencia, se había ordenado el reconocimiento
de horas extras diurnas y nocturnas, dominicales, cesantías y prima de navidad
adeudadas.
Para el accionante, la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Ibagué incurrió en una vía de hecho al señalar que por el
tipo de labor que el accionante había desempeñado en el Hospital Louis Pasteur
E.S.E. del Municipio de Melgar –vigilante y portero ‑ no podía ser
considerado trabajador oficial, dado que esta calidad la ostentaba “sólo el
personal dedicado al mantenimiento de la planta física hospitalaria o de
servicios generales”, por lo cual negó las pretensiones de la demanda.
Según el tutelante, a pesar de que (i) las pruebas del expediente mostraban el
desempeño de un cargo propio de servicios generales, y además que (ii) el
parágrafo del artículo 26 de la Ley 10 de 1990, el parágrafo del artículo 674
del Decreto Ley 1298 de 1994, por el cual se expide el Estatuto Orgánico del
Sistema General de Seguridad Social en Salud,  reconocen la calidad de
trabajador oficial a quienes se desempeñen en servicios generales,[1]
que los Decretos 1650 y 1651 de 1977 reconocen tal calidad a quienes se
desempeñen en labores de celaduría, y que el manual de funciones del Hospital
Louis Pasteur E.S.E. del Municipio de Melgar, clasificaba el trabajo de
celaduría como de servicios generales, la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Ibagué había estimado que dicha labor no podía considerarse como de
mantenimiento de la planta física hospitalaria ni de servicios generales, sin
expresar las razones de tal conclusión.
La Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia denegó el amparo por considerar que “los principios de
cosa juzgada, separación de jurisdicciones y autonomía judicial, en ejercicio
de su función constitucional carece el juez de tutela de facultades para
interferir asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios
judiciales y modificar las providencias por ellos dictadas, pues no es posible
invadir el ámbito que la propia Constitución Política ha fijado a
jurisdicciones como la ordinaria y la de lo contencioso administrativo ni
decidir puntos de derecho cuyo conocimiento les ha sido a ellas reservado; por manera
que, independientemente de su jerarquía, el juez que decide una acción de
amparo no está legalmente habilitado para revisar un proceso ya resuelto por la
autoridad judicial competente.”
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.     Competencia
Es competente esta Sala de Revisión de la
Corte Constitucional para proferir sentencia, en relación con el fallo dictado
por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 86, inciso tercero y 241, numeral noveno de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991.
2.     Problema jurídico
Para el accionante, la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Ibagué incurrió en una vía de hecho al revocar la
sentencia que había reconocido su calidad de trabajador oficial así como
algunas prestaciones sociales, desconociendo lo que expresamente señalan varias
disposiciones sobre la calidad de trabajadores oficiales que tenían los
celadores o vigilantes que prestan sus servicios en empresas del Estado. La
Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué revocó la sentencia proferida por
el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagué, por considerar que dado que la
labor desempeñada por el accionante era de celaduría en una empresa social del
Estado dedicada a la prestación de servicios de salud, el demandante no tenía
la calidad de trabajador oficial, por lo cual no podían prosperar sus
pretensiones.
Vistos los antecedentes, la Sala de
Revisión considera que el caso plantea el siguiente problema jurídico: ¿procede
la acción de tutela, a pesar de su carácter subsidiario, contra una providencia
judicial en la que presuntamente se vulneran los derechos fundamentales?
Con el fin de resolver este problema, en
primer lugar la Sala recordará la doctrina sobre las providencias judiciales
que constituyen vías de hecho y la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales. En segundo lugar, dado que los reparos del actor se
refieren principalmente a la omisión del Tribunal de tener en cuenta las normas
que determinan la calidad de trabajador oficial para los servicios de celaduría
o vigilancia, la Sala recordará la doctrina sobre vías de hecho por defecto
sustantivo. En tercer lugar, determinará si en el caso concreto, se presenta una
vía de hecho.
3.     Procedencia excepcional de la acción de tutela contra acciones u
omisiones judiciales. Reiteración de jurisprudencia
Tal como lo ha señalado ésta Corporación
de manera reiterada,[2] por regla general, las
sentencias judiciales son “inmodificables en aras de la seguridad jurídica y
el respeto a la separación de poderes”[3]; pero ello no
obsta para que, en virtud del carácter normativo y supremo de la Constitución
Política (art. 4, C.P.) y de la primacía de los derechos fundamentales (art. 5,
C.P.), la acción de tutela sea procedente de manera excepcional como mecanismo
de amparo constitucional contra las acciones u omisiones de los jueces al
administrar justicia, únicamente cuando esté presente alguna de las causales
genéricas de procedibilidad que ha señalado la jurisprudencia constitucional en
su decantada doctrina sobre la materia. En estos casos, se entiende que a pesar
de estar revestida de la apariencia de una decisión adoptada dentro del
ordenamiento jurídico, la determinación del juez en realidad es una
manifestación de su capricho, de arbitrariedad, y por tanto no es más que una
actuación de hecho lesiva de los derechos fundamentales[4],
que se encuentra “absolutamente por fuera del ordenamiento jurídico”[5],
ya que “la seguridad jurídica y la autonomía e independencia judiciales son
principios fundantes de los Estados democráticos, pero no pueden ser empleados
para blindar decisiones exclusivamente basadas en el capricho, en la saliente
negligencia o en la arbitrariedad de los jueces. En el Estado de Derecho, las
actuaciones de las autoridades públicas deben permanecer dentro de los rangos
de juridicidad establecidos por la Constitución y las leyes, de modo que la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judiciales deben servir de
refuerzo de la legalidad y no, como algunos lo pretenden, erigirse en hitos
para el desconocimiento de ésta”[6].
Esta postura ha sido reafirmada por la
Corte desde sus primeros pronunciamientos sobre la materia; así, por ejemplo,
en la sentencia C-543 de 1992 se explicó que “(…) nada obsta para que por la
vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada
en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe
con diligencia los térmi­nos judiciales, ni riñe con los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho
imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los
derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela
pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es
puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez
ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto
2591 de 1991).   En hipótesis como éstas no puede hablarse de atentado alguno
contra  la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer
realidad los fines que persigue la justicia.”
Las causales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, esto es, las distintas formas de vías de hecho
en que pueden incurrir los jueces, desconociendo así los derechos fundamentales
de los afectados, han sido resumidas en múltiples ocasiones por la Corte
Constitucional, que ha señalado que debe estar presente al menos uno de los
siguientes cuatro defectos, en forma protuberante: (1) un defecto sustantivo, “que
se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma
indiscutiblemente inaplicable”[7], “ya sea por que perdió
vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su
contenido no guarda relación de conexidad material con los presupuestos de
hecho a los cuales se ha aplicado”[8], (2) un defecto
fáctico, “que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento
probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión”[9], es decir, “cuando
se observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la valoración
probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia”[10];
(3) un defecto orgánico, que “se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello”[11] (4) un defecto
procedimental, “que aparece en aquellos eventos en los que se actuó
completamente al margen del procedimiento establecido”[12]
(5) un error inducido, (6) una decisión sin motivación, (7) el desconocimiento
del precedente, u (8) una violación directa de la Constitución[13].
En tal sentido, en la sentencia T-949 de 2003, la Corte explicó:
10. Esta Corte en sentencias recientes[14] ha redefinido dogmáticamente el concepto
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta
redefinición ha operado a partir del poder de irradiación del principio de
eficacia de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.) y de una interpretación
sistemática de diversas disposiciones de la Constitución (arts. 1, 2, 13, 86,
228 y 230 C.P.).
En esta tarea se ha reemplazado el uso
conceptual de la expresión “vía de hecho” por la de “causales genéricas de
procedibilidad”. Lo anterior ha sido inducido por la urgencia de una
comprensión diferente del procedimiento de tutela con tal de que permita
"armonizar la necesidad de proteger los intereses constitucionales que involucran
la autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que
estos valores puedan desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a
la necesidad de proteger los derechos fundamentales que pueden verse afectados
eventualmente con ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado."[15]
Por lo
anterior, todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto
de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias
judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya
determinado de manera previa la configuración de una de las causales de
procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de
los seis eventos  suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i)
defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error
inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y
(vi) violación directa de la Constitución.
Para la
Corte, no se trata de una modificación sustantiva del régimen de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, implica, en cambio, una
revisión sistemática de la práctica jurisprudencial de la Corte que consulta la
doble necesidad de sistematización y racionalización de la actividad
jurisprudencial, y de coherencia y fidelidad con los mandatos constitucionales.
De esta manera, son las causales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, definidas
a lo largo de la jurisprudencia,  ahora sistematizadas y que continúan siendo
por regla general excepcionales, las que permiten de manera simultánea,
proteger y hacer compatibles los valores de eficacia de los derechos
fundamentales y de autonomía judicial, como principios fundantes e
insustituibles del Estado constitucional”.
No debe perderse de vista que, como se señaló en la
sentencia T-1143 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), “muchos de los
mencionados defectos presentes en las decisiones judiciales son una conjunción
de las hipótesis mencionadas y en determinadas ocasiones es casi imposible
definir los contornos entre unos y otros. A manera de ejemplo, el
desconocimiento de la ley aplicable al caso concreto debido a una
interpretación caprichosa (sin el fundamento argumentativo adecuado) o
arbitraria (sin justificación alguna) de la normatividad, muy seguramente dará
lugar a la vulneración de derechos fundamentales como consecuencia de (i) la
actividad hermenéutica caprichosa del juez (defecto sustantivo) y (ii) de la
denegación del derecho al acceso a  la administración de justicia que tal
entendimiento de la normatividad genera (defecto procesal)”.
Como se indicó, la aplicación de esta doctrina
Constitucional, tiene un carácter eminentemente excepcional, por virtud del
principio de independencia de la administración de justicia y del carácter
residual de la acción de tutela. Por tal razón, las vías de hecho deben estar
presentes en forma tan protuberante, y deben tener tal magnitud, que sean
capaces de desvirtuar la juridicidad del pronunciamiento judicial objeto de
cuestionamiento[16].
Adicionalmente,
para que la acción de tutela sea procedente en estos casos, debe darse
cumplimiento al mandato según el cual ésta sólo procede en ausencia de un
mecanismo alternativo de defensa judicial, o para efectos de evitar un
perjuicio irremediable. En las sentencias T-639 de 2003[17]
y T-996 de 2003[18], la Corte resumió así
los requisitos de tipo formal para la procedencia de la acción de tutela:
“a) Es
necesario que la persona haya agotado todos los mecanismos de defensa previstos
en el proceso dentro del cual fue proferida la decisión que se pretende
controvertir mediante tutela.  Con ello se pretende prevenir la intromisión
indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso ordinario[19], que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos
de defensa diseñados por el Legislador[20], y que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la
gestión de sus asuntos[21], pues no es ésta la forma de enmendar deficiencias, errores o
descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso
judicial[22].
b) Sin
embargo, puede ocurrir que bajo circunstancias especialísimas, por causas
extrañas y no imputables a la persona, ésta se haya visto privada de la
posibilidad de utilizar los mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso
judicial, en cuyo caso la rigidez descrita se atempera para permitir la
procedencia de la acción[23].
c) Finalmente,
existe la opción de acudir a la tutela contra providencias judiciales como
mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable.  Dicha
eventualidad se configura cuando para la época de presentación del amparo aún
está pendiente alguna diligencia o no han sido surtidas las correspondientes
instancias, pero donde es necesaria la adopción de alguna medida de protección,
en cuyo caso el juez constitucional solamente podrá intervenir de manera
provisional.”
4.     La vía de hecho por defecto sustantivo. Reiteración de jurisprudencia.
Por la naturaleza de las alegaciones
específicas que se plantean en la tutela bajo revisión, es relevante que la
Sala se pronuncie brevemente sobre el alcance de la llamada “vía de hecho por
defecto sustantivo”.
En varios fallos anteriores, la Corte ha
delimitado el campo de aplicación de esta figura, señalando por ejemplo que se
presenta “cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la
normatividad  que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica
y cuando omite la aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto
erga omnes. En suma, el defecto sustantivo se configura cuando la
interpretación y aplicación de la normatividad al caso concreto resulta
contraria a los criterios mínimos de juridicidad y razonabilidad que orientan
al sistema jurídico”[24].
En la sentencia SU-159 de 2002 se sintetizaron
con mayor precisión los rasgos fundamentales de esta figura, así:
“La Corte Constitucional ha señalado en su
jurisprudencia que el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una
sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco
de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable
al caso concreto[25], bien
sea, por ejemplo (i.) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en
el ordenamiento jurídico, (ii.) porque ella es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad[26],
(iii.) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional[27],
(iv.) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional[28]
o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a
la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el
legislador.”
Más recientemente, en la sentencia T-462 de
2003, la Corte explicó que “una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador, (ii) cuando a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los
intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y
finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga
omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la
norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.[29]
Habiendo recordado los criterios expresados
en la jurisprudencia de la Corte Constitucional para establecer la
configuración de una violación al debido proceso por defecto sustantivo, se
procederá ahora a analizar la providencia demandada en el presente caso.
5.     La aplicación de la doctrina en el caso concreto
En la sentencia del 22 de junio de 2005, la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, efectuó las
siguientes consideraciones para revocar la sentencia proferida por el Juez
Segundo Civil del Circuito de Ibagué el 18 de julio de 2003:
“2.1. La providencia recurrida en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre la formalidad consagrado
en el artículo 53 de la Constitución Nacional y con apoyo en la prueba
aportada, encontró demostrado entre las partes un contrato de trabajo y dispuso
el pago de unas acreencias laborales derivadas de ella.
“2.2. Si las pretensiones de la demanda se
apoyaron en la existencia de una relación de carácter laboral, debió el a quo
antes de entrar a decidir sobre las pretensiones impetradas en la demanda,
analizar la calidad que podría ostentar el demandante como empleado del
hospital demandado, constituido como Empresa Social del Estado, pues solo en el
evento de que se trate de un trabajador oficial podrían salir avante sus
pretensiones ante esta jurisdicción.
“Como se acaba de anotar, el ente demandado
para el cual el actor prestó sus servicios corresponde a una Empresa Social del
Estado (…), cuya naturaleza jurídica está determinada en el artículo 194 de la
Ley 100 de 1993 (…). La citada ley en el artículo siguiente trata sobre su
régimen jurídico, interesando para este caso lo establecido en el numeral 5 que
preceptúa:
“5. Las personas vinculadas a la empresa
tendrán el carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales, conforme a
las reglas del capítulo IV de la Ley 10 de 1990.”
El capítulo IV de la Ley 10 de1990 en su
artículo 26 contempló la clasificación de los empleos en aquellas entidades
dedicadas a la organización y prestación (sic) y al respecto señaló:
Artículo 26. Clasificación de empleos. En
la estructura administrativa de la Nación, de las entidades territoriales o de
sus entidades descentralizadas, para la organización y prestación de los
servicios de salud, los empleos pueden ser de libre nombramiento y remoción o
de carrera. Son empleos de libre nombramiento y remoción:
1. En la administración nacional central o
descentralizada, los enumerados en las letras a), b), c) e i) del artículo 1o.
de la Ley 61 de 1987. 2. En las entidades territoriales o en sus entes
descentralizados:
a) Los de Secretario de Salud o Director
Seccional o local del sistema de salud, o quien haga sus veces, y los del
primer nivel jerárquico, inmediatamente siguiente;
b) Los de Director, Representante Legal de
entidad descentralizada, y los del primero y segundo nivel jerárquicos,
inmediatamente siguientes;
c) Los empleos que correspondan a funciones
de dirección, formulación y adopción de políticas, planes y programas y
asesoría. Todos los demás empleos son de carrera. Los empleados de carrera,
podrán ser designados en comisión, en cargos de libre nombramiento y remoción,
sin perder su pertenencia a la carrera administrativa.
Parágrafo. Son trabajadores oficiales,
quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la
planta física hospitalaria, o de servicios generales, en las mismas instituciones.
“De acuerdo con la acotación legal que
antecede, solo el personal dedicado al mantenimiento de la planta física
hospitalaria o de servicios generales ostenta la calidad de trabajadores
oficiales.
El demandante no ocupó ni desarrolló
ninguna de las actividades señaladas, así lo acredita la documentación aportada
con la demanda, que indica que el cargo por el ocupado fue el de celador y
portero, lo cual es aceptado por éste mismo en su demanda, por lo que no puede
la Sala en manera alguna otorgarle la calidad de trabajador oficial.”
De lo anterior se observa que la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Ibagué: acepta la existencia de una relación laboral entre
el demandante y el Hospital Louis Pasteur E.S.E de Melgar, pero se aparta de
las conclusiones del a quo en cuanto al tipo de relación laboral existente
entre el demandante y el Hospital Louis Pasteur E.S.E de Melgar. Luego de citar
la Ley 10 de 1990, norma que establece quiénes pueden ser considerados
trabajadores oficiales en las empresas sociales del Estado, la Sala Laboral
concluye que aquellos que se desempeñan como celadores, vigilantes o porteros
de una empresa social del Estado, no gozan de la calidad de trabajadores
oficiales, pues no realizan labores de mantenimiento ni de servicios generales.
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué no manifiesta las razones por
las cuales afirma que la labor de celaduría no constituye una labor propia de
servicios generales.
En el ámbito legal, la Ley 100 de 1993 consagra en el
artículo 194[30] que las empresas
sociales del Estado tienen una categoría especial,[31]
y están sometidas a un régimen especial, de conformidad con lo que establece el
artículo 195 de la Ley 100 de 1993.[32] Ese régimen especial se
encuentra en la Ley 10 de 1990, “por la cual se reorganiza el sistema
nacional de salud y se dictan otras disposiciones”, el cual establece en su
Capítulo IV el estatuto de personal que aplican estas instituciones. En
consecuencia, las personas vinculadas a una empresa social del Estado tendrán
el carácter de empleados públicos o de trabajadores oficiales, conforme a las
reglas del Capítulo IV de la Ley 10 de 1990[33].
El artículo 26 de la Ley 10 de 1990, también dispone
que “en la estructura administrativa de la Nación, de las entidades
territoriales o de sus entidades descentralizadas para la organización y
prestación de los servicios de salud, los empleos pueden ser de libre
nombramiento y remoción o de carrera”.[34] El parágrafo
de la misma disposición agrega que “son trabajadores oficiales quienes
desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física
hospitalaria, o de servicios generales en la mismas instituciones.”[35]
En el caso bajo estudio era preciso que la sala
Laboral, aplicara los criterios previstos en la ley y los decretos para
determinar la naturaleza del cargo de celador o vigilante en una empresa social
del Estado. Por su naturaleza el cargo de celador no es un cargo directivo, por
lo que en principio, no se encuentra dentro de los cargos enumerados por el
artículo 26 de la Ley 10 de 1990 que pueden ser de libre nombramiento y
remoción. Por ello, no era posible concluir que los celadores y vigilantes de
este tipo de empresas fueran empleados públicos. Tampoco se trata de un cargo
territorial del sector salud, de conformidad con la nomenclatura que establece
el Decreto 1569 de 1998.[36] Era por lo tanto
necesario determinar si los celadores o vigilantes se encontraban dentro de
alguna de las categorías que pueden ser consideradas como trabajadores
oficiales, mencionadas en el parágrafo del artículo 26.
No hay una definición legal o reglamentaria
que establezca qué actividades comprende el mantenimiento de la planta física,
como tampoco las que integran los servicios generales. No obstante, se ha
entendido que serían (i) actividades de mantenimiento de la planta física, “aquellas
operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones de la planta física
hospitalaria, puedan seguir funcionando adecuadamente.[37]
Por su parte serían (ii) servicios generales, “aquellos servicios auxiliares
de carácter no sanitario necesarios para el desarrollo de la actividad
sanitaria.” (…) “Dichos servicios no benefician a un área o dependencia
específica, sino que facilitan la operatividad de toda organización y se
caracterizan por el predominio de actividades de simple ejecución y de índole
manual.”[38] Dentro tales servicios
generales se han incluido los servicios de suministro, transporte,
correspondencia y archivo, la vigilancia, y cafetería.
Por su parte, el manual de funciones del Hospital
Louis Pasteur E.S.E de Melgar, Tolima, clasificó el trabajo de celaduría,
vigilancia y portería, como una labor propia de servicios generales.[39]
Por lo tanto, no podía la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Ibagué ignorar lo que preveían las normas legales vigentes que
regulan las plantas de personal de las empresas sociales del estado del nivel
territorial y concluir de manera contraria a lo que ellas establecen, que los
celadores, porteros y vigilantes no eran trabajadores oficiales, puesto que
todas ellas clasifican esa labor como una actividad propia de servicios
generales, y asignan a dichos trabajadores el carácter de oficiales.
Por lo anterior, la Sala Tercera de Revisión revocará
el fallo proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia de fecha, 28 de febrero de 2006, que denegó la acción de tutela
promovida Luis Alfonso Barreto Monsalve y, en consecuencia, dejará sin efecto
la Sentencia del 22 de junio de 2005 proferida por la Sala de Decisión
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué – Tolima. Así
mismo ordenará a la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Ibagué que en el término máximo de 20 días, contados a partir de la
fecha en que se comunique al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué
la presente sentencia, se dicte de nuevo el fallo que desate el recurso de
apelación, de conformidad con lo expresado en esta providencia. El
desconocimiento de lo aquí ordenado constituye desacato.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR el fallo proferido por la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia de fecha, 28 de febrero de 2006, que denegó la
acción de tutela promovida Luis Alfonso Barreto Monsalve. En consecuencia, DEJAR
SIN EFECTO la Sentencia de fecha 22 de junio de 2005, proferida por la Sala
de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué –
Tolima.
Segundo.- TUTELAR el derecho al debido proceso al señor Luis Alfonso
Barreto Monsalve, en consecuencia ORDENAR
a la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué que en el término máximo de 20 días, contados a partir de la fecha en
que se comunique esta sentencia, se dicte un nuevo fallo que desate el recurso
de apelación, de conformidad con la parte motiva de esta Sentencia. Se advierte
que el desconocimiento de lo aquí ordenado constituye desacato.
Por Secretaria General, líbrense las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado Ponente
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
AUSENTE CON PERMISO
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Decreto ley 1298 de 1994, Artículo 674.
Clasificación de empleos. En la estructura administrativa de la Nación,
de las entidades territoriales o de sus entidades descentralizadas, para la
organización y prestación de los servicios de salud, los empleos pueden ser de
libre nombramiento y remoción o de carrera. ║ Son empleos de libre
nombramiento y remoción: ║1. En la administración nacional central o
descentralizada, los enumerados en las letra a), b), c) e i) del artículo 1o.
de la Ley Artículo 61 de 1987.║2. En las entidades territoriales o en sus
entes descentralizados: ║ a) Los de Secretario de Salud o Director
seccional o local del Sistema de Salud, o quien haga sus veces, y los del
primer nivel jerárquico, inmediatamente, siguiente. ║ b) Los de Director,
Representante Legal de entidad descentralizada, y los del primero y segundo
nivel jerárquicos, inmediatamente, siguientes. ║ c) Los empleos que
correspondan a funciones de dirección, formulación y adopción de políticas,
planes y programas y asesoría. ║ Todos los demás empleos son de carrera.
Los empleados de carrera podrán ser designados en comisión, en cargos de libre
nombramiento y remoción, sin perder su pertenencia a la carrera administrativa.
║ Parágrafo. Son trabajadores oficiales, quienes desempeñen cargos no
directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de
servicios generales, en las mismas instituciones. ║ Los establecimientos
públicos de cualquier nivel precisarán en sus respectivos estatutos, qué
actividades pueden ser desempeñadas mediante contrato de trabajo.
[2] Ver entre muchas otras las sentencias T-079 de 1993, T-008 de
1998, SU-1184 de 2001, SU-159-02, T-676 de 2003, T-701 de 2004, T-870 de 2005, T-1058 de 2005, T-164 de 2006
[3] Sentencia T-509 de 2003, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[4] Sentencias T-079 de 1993, T-676 de 2003 MP. Jaime
Araujo Rentería y T-184 de 2004 (MP. Alfredo Beltrán Sierra).
[5] Sentencia T-676 de 2003, MP. Jaime Araujo Rentería
[6]  Idem.
[7]  Sentencia T-318 de 2004, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[8]  Sentencia SU-1185 de 2001, MP. Rodrigo Escobar Gil.
[9]  Sentencia T-318 de 2004, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[10]  Sentencia T-442 de 1994, MP: Antonio Barrera Carbonell
[11]  Sentencia T-318 de 2004, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[12]  Sentencia T-318 de 2004, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[13]  Respecto de los defectos enumerados en los numerales (5) al (8),
ver la sentencia T-949 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).
[14] Cfr., Sentencia T-441, T-462 y T-589 de 2003.
[15] Cfr., Sentencia T-462 de 2003.
[16]  Sentencia T-933 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), entre
otras.
[17]  MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[18]  MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[19] Cfr. Sentencia T-001/99 MP. José Gregorio Hernández
Galindo.
[20] Cfr. Sentencia SU-622/01 MP. Jaime Araújo Rentería.
[21] Sentencia T-116/03 MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[22] Cfr. Sentencias
C-543/92, T-329/96, T-567/98, T-511/01, SU-622/01, T-108/03.
[23] Cfr. Sentencia
T-440 de 2003 MP. Manuel José Cepeda. La Corte
concedió la tutela a una entidad bancaria y algunos usuarios de la misma, por
considerar que en el trámite de una acción de grupo la autoridad judicial había
desconocido los derechos a la intimidad y al debido proceso, al ordenar la
remisión de varios documentos que implicaban la revelación de datos privados
confiados a una corporación bancaria. Sobre la procedencia de la tutela la
Corte señaló: “(...) En segundo lugar, la Corte también desestima la
consideración según la cual existió una omisión procesal por parte de los
usuarios del Banco Caja Social. Dichas personas no integraban el pasivo del
proceso de acción de grupo (...). Por lo tanto, difícilmente podían los ahora
tutelantes controvertir providencias judiciales que no les habían sido
notificadas, y que, por demás, habían sido proferidas en el transcurso de un
proceso judicial de cuya existencia no estaban enterados.”  En sentido
similar pueden consultarse las Sentencias T-329 de 1996 MP. José Gregorio
Hernández Galindo y T-567 de 1998 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[24]  Sentencia T-1143 de 2003, MP. Eduardo Montealegre Lynett.
[25] Sobre el particular, además de la ya citada sentencia C-231 de
1994, pueden consultarse, entre varias, las sentencias T-008 de 1998 MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz y C-984 de 1999 MP. Alfredo Beltrán Sierra.
[26] Cfr. sentencia T-522 de 2001 MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
Para la Corte “es evidente que se desconocería y contraven­dría abiertamente la
Carta Política si se aplica una disposición cuyo contenido normativo es
precisamente, y solamente, impedir que se otorguen medi­das de aseguramiento a
los sindicados porque los procesos se adelantan ante jueces especializados”,
razón por la cual el juez, al constatar su existencia, tendría que haber
aplicado la excepción de inconstitucionalidad.
[27] Cfr. sentencia SU-1722 de 2000 MP. Jairo Charry Rivas Tal es el
caso por ejemplo de todas las decisiones judiciales en las que se viola el
principio de “no reformatio in pejus”.
[28] Cfr., por ejemplo, las sentencias T-804 de 1999 MP. Antonio
Barrera Carbonell y C-984 de 1999 MP. Alfredo Beltrán Sierra.
[29] Sentencia T-462 de 2003 MP. Eduardo Montealegre Lynnet.
[30] Ley 100 de 1993, Artículo 194. Naturaleza. La prestación de
servicios de salud en forma directa por la Nación o por las entidades
territoriales, se hará a través de las Empresas Sociales del Estado, que
constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la
Ley o por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen
jurídico previsto en este capítulo.
[31] La Corte Constitucional  ha avalado la
constitucionalidad de éste régimen especial. (Ver entre otras, las sentencias C- 408 de 1994, y C- 702 de 1999)
[32] Ley 100 de 1993, Artículo 195. Régimen jurídico. Las Empresas
Sociales de Salud se someterán al siguiente régimen jurídico: ║ 1. El
nombre deberá mencionar siempre la expresión "Empresa Social del
Estado". ║ 2. El objeto debe ser la prestación de los servicios de
salud, como servicio público a cargo del Estado o como parte del servicio
público de seguridad social. ║ 3. La junta o consejo directivo estará
integrada de la misma forma dispuesta en el artículo 19 de la Ley 10 de 1990. ║
4. El director o representante legal será designado según lo dispone el
artículo 192 de la presente Ley. ║ 5. Las personas vinculadas a la
empresa tendrán el carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales,
conforme a las reglas del Capitulo IV de la Ley 10 de 1990. ║
6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente
utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto General de
Contratación de la administración pública. ║ 7. El régimen presupuestal
será el que se prevea, en función de su especialidad, en la Ley orgánica de
presupuesto, de forma que se adopte un régimen de presupuestación con base en
el sistema de reembolso contra prestación de servicios, en los términos
previstos en la presente Ley. ║ 8. Por tratarse de una entidad pública
podrá recibir transferencias directas de los presupuestos de la nación o de las
entidades territoriales. ║ 9. Para efectos de tributos nacionales se
someterán al régimen previsto para los establecimientos públicos. (resaltado
agregado al texto)
[33] Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-408 de 1994, MP. Fabio Morón Díaz.
[34] El texto completo del artículo 26 de la Ley 10 de 1990 dice:
Artículo 26. Clasificación de empleos. En la estructura administrativa de la
Nación, de las entidades territoriales o de sus entidades descentralizadas,
para la organización y prestación de los servicios de salud, los empleos pueden
ser de libre nombramiento y remoción o de carrera. Son empleos de libre
nombramiento y remoción: ║ 1. En la administración nacional central o
descentralizada, los enumerados en las letras a), b), c) e i) del artículo 1o.
de la Ley 61 de 1987. ║ 2. En las entidades territoriales o en sus entes
descentralizados:  ║ a) Los de Secretario de Salud o Director Seccional o
local del sistema de salud, o quien haga sus veces, y los del primer nivel
jerárquico, inmediatamente siguiente;  ║ b) Los de Director,
Representante Legal de entidad descentralizada, y los del primero y segundo
nivel jerárquicos, inmediatamente siguientes;  ║ c) Los empleos que
correspondan a funciones de dirección, formulación y adopción de
políticas, planes y programas y asesoría. Todos los demás empleos son
de carrera. Los empleados de carrera, podrán ser designados en comisión, en
cargos de libre nombramiento y remoción, sin perder su pertenencia a la carrera
administrativa. [Nota: Las expresiones señaladas con negrilla fueron declaradas
inexequibles en la Sentencia C-387 de 1996, MP: Hernando Herrera Vergara] ║
Parágrafo. Son trabajadores oficiales, quienes desempeñen cargos no directivos
destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios
generales, en las mismas instituciones. ║ Los establecimientos
públicos de cualquier nivel, precisarán en sus respectivos estatutos, qué
actividades pueden ser desempeñadas mediante contrato de trabajo.
(Nota: Este inciso fue declarado inexequible ║en la Sentencia C-432 de
1995, MP: Hernando Herrera Vergara).
[35] La Sentencia C-432 de 1995, MP. Hernando Herrera Vergara, declaró inexequible el inciso
2o. del parágrafo del artículo 26 de la Ley 10 de 1990. En esta sentencia se determinó, que “son trabajadores oficiales
del sector salud quienes desempeñen cargos no directivos destinados al
mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales,
dentro de la estructura administrativa de la Nación, de las entidades
territoriales o de sus entidades descentralizadas(…).”
[36] Decreto 1569 de 1998, “por el cual se establece el
sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de las entidades
territoriales que deben regularse por las disposiciones de la Ley 443 de 1998 y
se dictan otras disposiciones.”. Artículo
21. De la nomenclatura y clasificación de empleos del nivel Profesional.
El nivel Profesional está integrado por los siguientes empleos:
Código
Denominación del empleo
365
Enfermero
360
Enfermero Servicio Social Obligatorio
355
Enfermero Especialista
367
Instructor en Salud
310
Médico General
301
Médico Especialista
305
Médico Servicio Social Obligatorio
330
Médico Veterinario
325
Odontólogo
315
Odontólogo Especialista
320
Odontólogo Servicio Social Obligatorio
342
Profesional Especializado Área Salud
352
Bacteriólogo
337
Profesional Universitario Área Salud
354
Bacteriólogo Servicio Social Obligatorio
341
Terapista
343
Trabajador Social
347
Optómetra
358
Nutricionista Dietista
357
Psicólogo
Artículo 22. De la nomenclatura y
clasificación de empleos del nivel Técnico. El nivel Técnico está integrado
por los siguientes empleos:
Código
Denominación del empleo
417
Técnico en Estadística en Salud
420
Instrumentador Quirúrgico
423
Técnico en Salud
403
Almacenista Auxiliar
440
Técnico en Salud Ocupacional
412
Técnico en Imágenes Diagnósticas
438
Técnico en Laboratorio Clínico
443
Técnico en Prótesis
445
Técnico en Terapia
448
Técnico en Saneamiento
Artículo 23. De la nomenclatura y
clasificación de empleos del nivel Auxiliar. El nivel Auxiliar está integrado
por los siguientes empleos:
Código
Denominación del empleo
512
Auxiliar en Salud
555
Auxiliar de Enfermería
507
Camillero
509
Auxiliar de información en Salud
516
Auxiliar de Droguería
518
Auxiliar de Consultorio Odontológico
523
Auxiliar de Higiene Oral
527
Auxiliar de Laboratorio Clínico
533
Auxiliar en Salud Familiar y Comunitaria
537
Auxiliar en Trabajo Social
541
Promotor de Salud
[37] Concepto No.16547/2002, Departamento Administrativo de la Función Pública. Ver también los
conceptos No.003367, 002664, y 002660 de 1999
[38] Idem
[39] Cfr. Folio 96, cuaderno 2 de pruebas. El
Acuerdo No. 01 de 1996, de la Junta Directiva de la Empresa Social del Hospital
Louis Pasteur de Melgar- Tolima, por medio del cual se adopta el Manual de
Funciones y Requisitos estableció el cargo de celador, como un cargo que
depende del asistente administrativo del Hospital y definió la naturaleza de
sus funciones como “ejecución de las labores de vigilancia y prestación de los
servicios generales.”