T-673-98
Sentencia T-673/98
Sentencia
T-673/98
PENSION DE
JUBILACION-Improcedencia
para definir titularidad, reconocimiento y entidad responsable
La controversia
acerca de la definición de la titularidad y reconocimiento de una pensión de
jubilación ante la administración, así como la determinación de la entidad
responsable de su pago, constituye un asunto totalmente ajeno al ámbito de la
jurisdicción constitucional en sede de tutela, por la naturaleza puramente
legal de sus pretensiones, cuya definición cuenta con las instancias, medios y
procedimientos administrativos y judiciales ordinarios pertinentes, y en el
entendido de que la finalidad de la función preventiva de los  jueces de
tutela, frente a la amenaza o vulneración de los derechos constitucionales
fundamentales, "a todas luces descarta un posible pronunciamiento
declarativo de derechos de competencia de otras jurisdicciones, dada la insuficiencia
del material probatorio y de los elementos de juicio en que podrían
fundamentarse para proferir una decisión de esa trascendencia".
DERECHO DE
PETICION-Pronta resolución
y decisión de fondo
DEBIDO PROCESO Y
DERECHO DE PETICION-Trámite
de recursos gubernativos
Referencia:
Expediente T-175.720.
Peticionario: Ruben
Darío Giraldo Giraldo.
Demandada: Caja
Nacional de Previsión Social.
Magistrado Ponente:
Dr. HERNANDO HERRERA
VERGARA.
Santafé de Bogotá,
D. C., trece (13) de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
En desarrollo de sus
atribuciones constitucionales y legales, la Sala Sexta de Revisión de Tutelas
de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Hernando Herrera
Vergara, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz, procede a revisar las
sentencias proferidas en el proceso de la referencia.
I.     ANTECEDENTES.
1.        La
solicitud.
El señor Rubén Darío
Giraldo Giraldo, por intermedio de apoderado, formuló acción de tutela en
contra de la Caja Nacional de Previsión Social, al estimar vulnerados sus
derechos fundamentales de petición, debido proceso, igualdad, seguridad social
y pago oportuno de pensiones, con la decisión administrativa de esa entidad, de
negar su solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación
reclamada, así como, por la omisión de tramitar los recursos interpuestos en la
vía gubernativa en contra de la misma.
2.      Hechos.
Los hechos que
sustentan la anterior petición y que constan en el expediente se sintetizan a
continuación:
2.1.   El accionante se ha desempeñado como
docente por más de 30 años al servicio del municipio de Medellín y del
departamento de Antioquía[1].
En la actualidad se encuentra en servicio activo y disfrutando de pensión
mensual vitalicia de jubilación, reconocida por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio[2].
2.2.     Al estimar que cumplía con los requisitos
exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia, el 18 de agosto de 1.994
elevó la respectiva solicitud ante la entidad demandada, la cual le fue negada
mediante la Resolución No. 010447 del 30 de agosto de 1.996[3], con base en
antecedentes disciplinarios por causales de mala conducta[4], en los términos del
Decreto 2277 de 1.979, artículos 46-f y 48-4. Contra dicha decisión procedían
los recursos de reposición y apelación en los términos del C.C.A ( Fls. 2-5),
para lo cual el demandante, confirió poder al Dr. Silvio Arturo Gómez Duque
(Fl. 7) quien procedió a impugnarla, previamente a la notificación de la
decisión.
2.3.     Posteriormente, el 23 de mayo de 1.997, el
peticionario fue notificado por la entidad demandada del auto No. 101195, del
14 de abril de 1.997 (Fl. 6), que rechazó los recursos de reposición y en
subsidio el de apelación interpuestos, por no cumplir con los requisitos
establecidos en los artículos 51 y 52 del C.C.A., toda vez que, para determinar
sobre la presentación oportuna del memorial sustentatorio no constaba ni la
fecha ni el sello de recibido por la entidad  y, además, porque el poder
otorgado para su representación carecía de validez, por falta de presentación
personal. Al respecto la citada entidad indicó que procedía el recurso de queja
ante la Dirección General Oficina Jurídica.
2.4.
Mediante escrito de esa misma fecha,
suscrito por el peticionario y su apoderado (Fl. 33), se solicitó a CAJANAL
revocar el anterior auto y, en su lugar, ordenar el trámite pertinente de los
recursos interpuestos oportunamente y con adecuada sustentación, aclarándose
que el poder había sido debidamente presentado en Notaría y en forma personal
por el interesado y que, en caso de que los recursos no procedieran, se
adelantara el recurso de queja. Sobre el particular, además, se precisó que la
constancia de recibido era una obligación de la administración y no del petente.
La Subdirección General de Prestaciones Económicas de CAJANAL, a través del
auto No. 103677 del 6 de agosto de 1.997 (Fl. 39), declaró improcedentes los
recursos interpuestos, por cuanto, contra la decisión impugnada sólo procedía
el recurso de queja, e insistiendo en que el poder otorgado no reunía los
requisitos señalados en los artículos 65 y 84 C.P.C.
2.5.   El 26 de agosto de 1.997, el actor
se dirigió, nuevamente, a la entidad acusada para que decidiera de fondo el
asunto, evitando dilaciones en su actuación y violaciones a los derechos al
debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia, ya que la
referida impugnación la hizo siguiendo los requisitos de la normatividad
administrativa vigente, es decir “con poder debidamente otorgado por el
interesado, con memorial presentado ante notario, haciendo reconocimiento de la
firma del profesional quien suscribe, y entregando en forma directa y personal
el poder y el escrito contentivo de los recursos”. Además, puso en
conocimiento de la Procuraduría General de la Nación la reiterada negativa de
la entidad a tramitar los recursos de ley, por considerarla arbitraria. (Fl.
40).
2.6.   Por auto No. 081, del 21 de noviembre de
1.997, la entidad accionada negó el recurso de queja formulado contra el
mencionado auto 103677, del 6 de agosto de 1997, argumentando que está no
procedía dado que el recurso de apelación no había sido rechazado, requisito
indispensable para su procedibilidad, según el artículo 50 del C.C.A. (Fl. 43).
2.7.   En virtud de la inconformidad ante las
actuaciones administrativas enunciadas, el interesado instauró acción de tutela
para que se decrete una orden de amparo transitorio, obligando a CAJANAL a dar
trámite a los recursos o a producir el acto administrativo que le reconociera
la pensión gracia, por considerar que al no haberse despachado los recursos
formulados en debida forma y dentro de la oportunidad procesal, asignándole una
carga exclusiva del Estado sobre la constancia de entrega del memorial de
impugnación, se le ha violado su debido proceso, al igual que el derecho a la
igualdad y a ser tratado de conformidad con la protección especial del Estado,
por hallarse en circunstancias de debilidad manifiesta, así como a la seguridad
social y al pago oportuno de pensiones.
Finalmente, expresa
que “el viacrucis“ al que se le sometió, a través de dichas resoluciones y
autos, no le han permitido obtener la pertinente resolución de los recursos
instaurados en la vía gubernativa, dejándolo sin medio alguno para reclamar su
derecho, no obstante el cumplimiento de todos los requisitos que la ley exige
para esos casos y que, adicionalmente, la no obtención de la pensión gracia le
ha generado un perjuicio. Así mismo, cuestiona que para la negativa de la
pensión se hubieran tenido en cuenta los antecedentes disciplinarios de mala
conducta remontados al año de 1.972, sin reparar en las posteriores promociones
a cargos docentes de rango superior.
II.    TRAMITE
PROCESAL DE LA ACCION DE TUTELA.
1.     Las
decisiones judiciales que se revisan.
1.1. Primera Instancia  - Tribunal Administrativo de Antioquia -
Sección Segunda.
Mediante sentencia
del 20 de abril de 1.998, las Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Antioquia deniega la tutela solicitada por el peticionario, al estimar que la
entidad accionada resolvió oportunamente las diferentes peticiones presentadas
por el petente, aunque en forma desfavorable para éste y sin violación al
debido proceso. Precisa, igualmente, que la competencia del juez de tutela no
permite entrar a valorar sobre el cumplimiento o no de los requisitos legales
para interponer los recursos contra la decisión cuestionada de la entidad
accionada, ya que sería invadir funciones ajenas, por ser una materia objeto
más bien de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (C.C.A., art.
85).
Así mismo, el
juzgador indica que la controversia planteada presentaba una naturaleza legal,
sin raigambre constitucional, por lo que debe ser dilucidada por la vía
ordinaria, mediante otros medios de defensa judicial, en donde tampoco se
evidencia la violación de derechos fundamentales por conexidad, que vuelvan
procedente la tutela incoada.
-        La
impugnación.
El demandante, para
impugnar el anterior fallo, afirma que el debido proceso constituye una
garantía y protección de los derechos de las personas frente al fallador, a
través del trámite de los recursos presentados en debida forma y en tiempo; así
las cosas, señala que en cada una de las resoluciones expedidas y notificadas
por la entidad demandada ha debido resolverse dando trámite a los recursos en
la forma anunciada, lo cual, en su concepto, no se obtuvo dada la irregularidad
en la que incurrió la propia administración y que le fue imputada
equivocadamente. Además, aclara que lo solicitado por medio de la tutela es
procurar dar trámite a los recursos interpuestos, sin importar la decisión de
la administración, ya que lo censurable en todo esto, más que la decisión, era “la
mutilación arbitraria del proceso” sin lograr una decisión de fondo.
Igualmente,
manifiesta que la protección  a la seguridad social que reclama mediante el
reconocimiento de la pensión gracia, no puede desligarse de la protección al
derecho al trabajo, el cual es fundamental dentro de un Estado social de
derecho, por cuanto nace y se consolida con el mismo.
De manera que,
insiste en que han debido tutelarse los derechos invocados y obligar a CAJANAL
a retomar la actuación desde la denegación del trámite de los recursos y
pronunciarse al respecto, bien confirmando, revocando o modificando, teniendo
en cuenta que las motivaciones para declarar la improcedencia formal, no eran
razonables, ni ciertas.
1.2.
Segunda Instancia-       Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo- Sección Segunda - Sub-Sección A.
La Sección Segunda,
Subsección A, del Consejo de Estado, en sentencia del 3 de julio de 1.998,
confirma el fallo del a quo, por cuanto el actor cuenta con otro medio
de defensa judicial para cuestionar la decisión negativa a su solicitud  de
pensión, como sería la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Así
mismo, señala que si bien es cierto que la acción se impetró como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, éste no se precisó ni apareció
demostrada su existencia en el proceso, perjuicio, que en su concepto, no tiene
dicha connotación, en la medida en que a través de la acción pertinente, el
actor podría obtener el reconocimiento y pago de la prestación reclamada.
Ahora bien, en lo
que atañe al derecho de petición y al debido proceso, la Sección Segunda
advierte que al interesado se le notificó debidamente sobre la procedencia de
los recursos de reposición y apelación contra la decisión cuestionada pero que,
si considera que la administración le negó la posibilidad de hacer uso de los
mismos, bien puede demandar directamente el correspondiente acto administrativo
(C.C.A., art. 135).
Por último, concluye
que, de conformidad con la jurisprudencia, la tutela no es el mecanismo adecuado
para obtener el reconocimiento de un derecho negado por la administración,
resaltando que, no obstante que el derecho al trabajo es fundamental, su
protección solamente se efectúa a través de las vías judiciales pertinentes, en
cuanto no presenta el carácter de aplicación inmediata del artículo 85
superior.
III     CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1.     Competencia.
La Corte
Constitucional, a través de esta Sala, es competente para revisar las
anteriores providencias de tutela, dentro del proceso de la referencia, en
desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9o.,
de la Constitución Política, en concordancia con el Decreto 2591 de 1.991 y en
cumplimiento del auto de fecha 13 de agosto de 1.998, proferido por la Sala de
Selección Octava de esta Corporación.
2.      La
materia a examinar.
En el caso sub-examine
la controversia se contrae a la solicitud formulada por el accionante, a fin de
que se le reconozca y pague la pensión gracia, a la cual estima tener derecho
por haber reunido los requisitos exigidos, cuestionando al efecto la actuación
desplegada por la administración para resolver dicha petición y, en especial, frente
a la forma como se tramitan los recursos interpuestos, para controvertir las
decisiones emitidas al respecto, en cuanto estima que se han desconocido sus
derechos fundamentales de petición, debido proceso, igualdad, seguridad social
y pago oportuno de pensiones (C.P., art. 23, 29, 13, 48 y 53).
En este orden de
ideas, la revisión de los fallos de tutela que se propone realizar esta Sala,
versará, en primer lugar, sobre la procedencia de la acción de tutela para
definir el reconocimiento de una prestación social de orden económico y, en
segundo lugar, respecto de la efectividad de los derechos fundamentales del
ciudadano, a partir de la actitud asumida por la entidad accionada, dentro de
la vía gubernativa, en lo que a la definición de los recursos formulados contra
la decisión proferida por la administración se refiere.
3.     Improcedencia
de la tutela para ordenar el reconocimiento de la pensión gracia de jubilación;
protección del derecho de petición allí contenido.
Como se desprende de
los hechos relatados en esta providencia, una de las pretensiones del tutelante
para solicitar el amparo transitorio de los derechos por él invocados, es la de
obtener una orden del juez de tutela que conmine a la entidad accionada a
producir el acto administrativo que le reconozca la pensión gracia, ya que la
negativa de la administración a su reconocimiento y pago se fundamenta en
antecedentes disciplinarios, ocurridos hace más de 20 años (1.972),
consistentes en una sanción de suspensión por mala conducta.
En efecto, la
controversia acerca de la definición de la titularidad y reconocimiento de una
pensión de jubilación ante la administración, así como la determinación de la
entidad responsable de su pago, constituye un asunto totalmente ajeno al ámbito
de la jurisdicción constitucional en sede de tutela, por la naturaleza
puramente legal de sus pretensiones, cuya definición cuenta con las instancias,
medios y procedimientos administrativos y judiciales ordinarios pertinentes, y
en el entendido de que la finalidad de la función preventiva de los  jueces de
tutela, frente a la amenaza o vulneración de los derechos constitucionales
fundamentales, “a todas luces descarta un posible pronunciamiento
declarativo de derechos de competencia de otras jurisdicciones, dada la insuficiencia
del material probatorio y de los elementos de juicio en que podrían
fundamentarse para proferir una decisión de esa trascendencia.[5]”. [6]
No obstante, la
solicitud presentada por el interesado para la obtención del pronunciamiento
respectivo en este sentido, con la cual se da inicio al trámite ante la administración,
lleva envuelta una garantía de protección superior que obliga a la autoridades
a proferir una resolución de fondo, oportuna y debidamente notificada, para
efectos del ejercicio efectivo del derecho fundamental de petición del
interesado, aspecto éste que, como se ha reiterado por esta Corporación,
constituye materia objeto de la acción de tutela. Sobre el particular la Corte
ha dicho:
“ La Corte
Constitucional ha considerado que la protección del derecho a la seguridad
social de las personas no entraña la posibilidad de reconocimiento de los
derechos pensionales de las personas por parte del juez de tutela.
(...)
El  Juez  de  la
tutela  no  puede, entonces, reemplazar a la autoridad competente para resolver
aquello que le autoriza la ley, sino que su accionar es un medio de protección
de derechos propios de la persona humana en su primacía. Por ello, no es
pertinente como así ocurre en el presente asunto, formular la acción de tutela,
por cuanto supone desconocer los medios ordinarios para dirimir controversias
acerca de la titularidad de una pensión de jubilación.
Así pues, cuando se
está frente a una solicitud de reconocimiento de una pensión que no ha recibido
respuesta oportuna, el juez de tutela no está facultado para ordenar la
expedición del respectivo acto administrativo, pues ello corresponde
exclusivamente a la autoridad administrativa. Pero lo que sí debe hacer el juez
constitucional, es proceder a determinar si los términos establecidos
legalmente para dar respuesta al peticionario han sido observados o no, y en
caso desfavorable, en aras de proteger el derecho constitucional fundamental de
petición, debe ordenar a la respectiva autoridad dar una respuesta que
comprenda y resuelva el fondo de lo solicitado, de manera que haga efectivo el
núcleo esencial del derecho, cual es la resolución pronta y oportuna de la
cuestión que el particular ha sometido a examen.
De otro lado, el
derecho constitucional fundamental de petición sería inocuo si no se obtiene un
pronunciamiento eficaz y oportuno con respecto al mismo. Lo que hace efectivo
el derecho es que la respuesta contenga una decisión de fondo, pues de nada
serviría el derecho de petición, si la misma Constitución no consagrara el correlativo
deber de las autoridades de proferir pronta resolución.”. (Sentencia T-308 de
1.997, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara).
Es más, no se puede
olvidar que la resolución de fondo de una petición no implica que la misma se
adopte en el sentido esperado por el peticionario. En innumerables
oportunidades se ha señalado que, cuando al absolver la petición la administración resuelve negar lo
pedido, no se desconoce el derecho de petición y, en consecuencia, ningún
objeto tiene la tutela para reclamar la protección de éste[7].
Los anteriores
criterios permite concluir en el caso sub lite que la Caja Nacional de
Previsión Social ya dio respuesta de fondo a la petición del actor relativa al
reconocimiento y pago de su pensión gracia, mediante la Resolución No. 010447
del 30 de agosto de 1.996 (Fl. 2) aun cuando el sentido de aquella fue
contrario a lo esperado por él mismo.
Por consiguiente, el
amparo solicitado por este aspecto no prospera, como bien lo señalaron los
jueces de instancia de la tutela, lo que conlleva a la Corte a confirmar en
este sentido su decisión.
4.     La
presunta falta de trámite de los recursos de la vía gubernativa en el caso que
se estudia.
El actor en su demanda,
igualmente, solicita que el juez de tutela ordene a la entidad accionada, dar
trámite a los recursos de reposición y apelación formulados en la vía
gubernativa contra la decisión que le negó el reconocimiento de su pensión
gracia (Resolución No. 10447 del 30 de agosto de 1.996), ya que estima carecen
de una definición adoptada en debida forma, al encontrar equivocado y sin
sustento el incumplimiento anotado de los requisitos establecidos en los
artículos 51 y 52 del C.C.A., atinentes a la constancia de la entrega del
memorial y de presentación del poder para actuar, así como por considerar que
cada acto administrativo que se expedía no resolvía según lo anunciado, lo
cual, en su parecer, ha incidido en el disfrute de la pensión gracia,
causándole un perjuicio, respecto del cual no cuenta con otro medio para
defenderse.
Ante todo, resulta
conveniente señalar que la Corte, en recientes pronunciamientos en sede de
revisión de tutela, ha establecido que tanto el derecho de petición como el
debido proceso del que formula recursos gubernativos, pueden resultar
vulnerados, con desconocimiento de la finalidad propia de la función
administrativa, cuando aquellos no deciden sustancialmente sobre la petición
planteada, ni dentro de los términos de ley, “en tanto que el administrado
debe recibir una pronta respuesta al recurso presentado en tiempo, y la
administración con su proceder compromete los principios de eficacia y
celeridad señalados en el artículo 209 de la C.P., como propios de la función
pública.”. [8]
De lo afirmado y
probado en el expediente, se observa que la decisión negativa de la entidad
demandada a reconocer la pensión gracia al accionante (Resolución No. 10447 del
30 de agoto de 1.996) fue impugnada mediante los recursos de reposición y en
subsidio de apelación, siendo rechazados mediante el auto No. 101195 del 14 de
abril de 1.997, por no cumplir con algunos requisitos establecidos en el
artículo 51 y 52 del C.C.A. Esa decisión fue nuevamente recurrida, siendo
declarada improcedente por la entidad demandada, por cuanto a esas alturas del
trámite administrativo ya sólo procedía el recurso de queja, lo que originó una
nueva insistencia del recurrente para que se decidiera de fondo sin más
dilaciones, obteniendo como respuesta la negativa de CAJANAL (auto 081 del 21
de noviembre de 1.998), toda vez que el recurso de queja sólo procede ante el
rechazo de la apelación, según el artículo 50 del C.C.A., y en este caso se
había dado era la improcedencia.
De lo anteriormente
expuesto se deduce que CAJANAL no evitó resolver de fondo los recursos
interpuestos como lo señala el actor; sus decisiones se produjeron a medida de
los pedimentos del interesado, a través de definiciones de fondo, de lo que no
se puede inferir alguna vulneración de un derecho fundamental; sin embargo, la
Sala observa que fue ambigüa la información suministrada frente a la
posibilidad de presentar el recurso de queja, en lo que hace al rechazo de la
apelación, situación que de haberse precisado oportunamente, hubiera permitido
al recurrente acudir con anterioridad (7 meses antes) al otro medio de defensa
judicial previsto en la normatividad contencioso administrativa para debatir
las decisiones adoptadas en la vía gubernativa sobre su derecho prestacional.
En este asunto, cabe precisar, igualmente, que es de suponer que el interesado,
por conducto de su apoderado conocía la regulación legal vigente sobre la
procedibilidad del recurso de queja.
Así entonces, debe
concluirse que como lo advirtiera la sentencia de instancia, no se produjo una
vulneración de los derechos fundamentales de petición y debido proceso
involucrados dentro del proceso de trámite de los recursos gubernativos.
Además, la discusión acerca del reconocimiento de la pensión gracia cuenta con
sus respectivas garantías sustantivas y procesales, ante la jurisdicción
competente, dentro de la cual tiene plena cabida la protección del derecho a la
seguridad social que de allí se deriva, de conformidad con las exigencias
establecidas en la legislación vigente.
En consecuencia, la
Sala confirmará las decisiones proferidas por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Departamento de Antioquia y el Consejo de Estado a través de
las cuales se negó el amparo de tutela, por existir otros medios de defensa
judicial para atender la pretensión formulada y no encontrar configurada la
violación de los derechos invocados, teniendo en cuenta que no se evidencia la
configuración de un perjuicio irremediable y el hecho de que a la fecha de
presentación de la demanda de tutela el accionante se desempeñaba como docente
en servicio activo devengando adicionalmente una pensión de jubilación.
IV.   DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E:
Primero.-
CONFIRMAR la sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sección Segunda, el 20 de abril de 1998, y por el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, el 3 de
julio de 1998, en el proceso de tutela de la referencia.
Segundo.-
LIBRESE por Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los fines allí establecidos.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
HERNANDO HERRERA
VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] El actor
laboró como docente en el Municipio de Medellín por el período comprendido
entre el 22-02-67 al 13-03-73, según certificación del la Secretaría de
Servicios Administrativos del Municipio (Fl. 8) y desde el 7-03-73 a la fecha
de la constancia otorgada (20-01-98) como profesor del departamento de
Antioquia, según lo indica la Secretaría del Recurso Humano de la Gobernación
de Antioquia (Fl. 30).
[2] Resolución No 003209 del 24 de febrero de
1.995 que la concedió desde el 26-05-94 (Fl.31).
[3] Dictada por la Subdirección General de
Prestaciones Económicas de CAJANAL.
[4] Resolución No 13 del 31 de agosto de
1.972, no se indica la autoridad que la profirió.
[5] Ver, entre otras, las Sentencias T-131 y
T-169 de 1.996, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa y la T-206 de 1.998, M.P. Dr.
Fabio Morón Díaz.
[6] Sentencia T-305 de 1.998, M.P. Dr
Hernando Herrera Vergara.
[7] Ver la Sentencia T-012 de 1.992, M.P. Dr.
José Gregorio Hernández Galindo.
[8] Ver la Sentencia T-528 de 1.998, M.P. Dr.
Antonio Barrera Carbonell, en la cual se citan las Sentencias T-294 y T-454 de
1.997, T-240, T-281, T-291, T-306 y T364 de 1.998.