C-394-95
Sentencia No. C-394/95
Sentencia No.
C-394/95
IGUALDAD-Concepto
La igualdad no
consiste en la identidad absoluta, sino en la proporcionalidad equivalente
entre dos o más entes, es decir, en dar a cada cual lo adecuado según las
circunstancias de tiempo, modo y lugar. Además, la norma funda la distinción
-que no es lo mismo que discriminación- en motivos razonables para lograr
objetivos legítimos, tales como la seguridad, la resocialización y cumplimiento
de la sentencia, que tienen notas directas de interés general y, por ende, son
prevalentes. Luego no se trata de una discrecionalidad radical, sino tan sólo
de un margen razonable de acción, precisamente para que se cumplan la ley y la
sentencia.
INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-Ejecución de sentencias/INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO Y CARCELARIO-Incompetencia para reglamentar penas accesorias
La ejecución de
que trata, no es la ejecución de penas, potestad jurisdiccional en cabeza de
los jueces de penas, sino de una ejecución de carácter administrativo, a nivel
interno, compatible con la función natural del gobierno, y así entendida la
norma no contraviene en nada ni la letra ni el espíritu de la Carta Política.
No ocurre lo mismo con respecto a la reglamentación de penas accesorias fijadas
en el Código Penal, pues, la Corte considera que dicha reglamentación
corresponde al legislador, y al otorgarle el artículo en comento esa facultad
al gobierno, contraviene el artículo 113 superior. Es por ello que se declarará
la inexequibilidad de la expresión "y la reglamentación" del artículo
acusado.
ESTABLECIMIENTO
CARCELARIO-Clasificación
La clasificación
brinda condiciones de seguridad -incluso para los mismos reclusos-,  elemento
esencial del orden público, que constituye un derecho de la sociedad y un deber
del Estado. Las observaciones sobre la igualdad, que no es sinónimo de
identidad absoluta, valen también aquí. A veces las mismas condiciones de trato
ante situaciones y exigencias diversas, pueden llegar a ser injustas, sobre
todo cuando se trata de proteger la seguridad de la vida de los internos, y la
seguridad y tranquilidad de los miembros de la sociedad civil.
HOMICIDIO CULPOSO
EN ACCIDENTE DE TRANSITO-Casa
cárcel/LESIONES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO-Casa cárcel/CARCEL
DEL CHOFER-Extensión de la afiliación
El beneficio de
cárceles especiales para la detención preventiva y cumplimiento de penas por
delitos culposos cometidos en accidentes de tránsito, debe ser extensivo a
todas las personas que incurran en este tipo de delitos, estén o no afiliados a
la casa cárcel en el momento de ocurrir el accidente de tránsito; de lo
contrario se estaría violando el principio constitucional de igualdad. En caso de
que la persona no estuviere afiliada a uno de dichos establecimientos  en el
momento de ocurrir el accidente de tránsito, debe disponerse su afiliación
inmediata en los términos legales previstos para el efecto.
ESTABLECIMIENTO
CARCELARIO-Control sobre
el vecindario/PRINCIPIO DE SEGURIDAD NACIONAL
Es un principio
de seguridad nacional el que exige una actividad rigurosa de control sobre el
vecindario de los establecimientos carcelarios, donde debe haber condiciones
especiales de orden público que justifican  restricciones, sólo limitadas por
los derechos fundamentales en su núcleo esencial.
DERECHO AL
TRABAJO-Límites/INPEC/DIRECTOR
DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-Facultad para reglamentar
acceso de colaboradores externos
El derecho al
trabajo no es una facultad sin sujeción a ningún orden, y en segundo lugar
siempre debe de ejercerse dentro de una esfera que no contraríe los fines del
Estado social de  derecho, el orden público, el interés general y en bien
común. Es un hecho notorio que la disciplina encauza los derechos, no los
anula. Y cuando la disciplina es medio de formación, herramienta constructora
de la resocialización, y objeto de protección por parte del Estado, no puede
alegarse una pretensión absoluta contra aquel medio legítimamente establecido.
Sería absurdo pensar en que el derecho al trabajo de un colaborador externo
pudiera hacerse al antojo de éste, pasando por encima de un orden conforme a la
Constitución y las leyes.
INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-Expedición de reglamento general
No se usurpa en
este caso la potestad reglamentaria del presidente de la República,  porque  no
se trata de reglamentar una ley, sino de señalar los puntos que debe contener
un reglamento interno, concreto, a través de la expedición de un reglamento
general; no hay atribución de una potestad propia del presidente de la
República, sino el ejercicio de una potestad secundaria, implícita al Director
del INPEC.
TRABAJO
CARCELARIO
Las normas están
destinadas a garantizar e incentivar la labor productiva dentro de los
establecimientos carcelarios, en beneficio de los propios reclusos. Son normas
que, además, tienen en cuenta las garantías mínimas que la Constitución
Política consagra para el trabajo, naturalmente no en toda la extensión
prevista en el artículo 53 superior,  por cuanto, como es obvio, para estos
efectos debe tenerse en cuenta la especial situación en que se encuentran los
detenidos. En manera alguna puede pretenderse que dentro de un establecimiento
carcelario tenga plena vigencia el régimen laboral que rige para el común de
los trabajadores; sería inconcebible, por ejemplo, para los reclusos el que se
garantizara el derecho a constituir sindicatos o asociaciones o el derecho a
salir de vacaciones.
TRABAJO
CARCELARIO-Naturaleza
En el caso
concreto de los contratos de trabajo, advierte la Corte que en principio el
trabajo realizado por los internos, en los términos de los artículos 84 y 86,
consiste en una prestación de servicios de naturaleza civil, en el cual no
existe propiamente relación de subordinación, más aún cuando no se configura un
contrato de trabajo entre el interno y un patrono, ni seden, por ende, los
elementos que tipifican dicho contrato  ya que, como lo establece claramente el
artículo 84, los internos no pueden contratar directamente con particulares. En
la eventualidad de que se configurara la continuada subordinación o dependencia
del trabajador respecto del empleador, habría lugar al pago de un salario
proporcional equivalente al número de horas trabajadas, con base en el salario
mínimo legal vigente. Por lo demás, en los casos en que un recluso trabajare al
servicio de otro bajo alguna de las modalidades permitidas legal o
reglamentariamente, dicha relación deberá regirse por las normas laborales
vigentes.
SOCIEDAD DE
ECONOMIA MIXTA “RENACIMIENTO”
El status
jurídico de la entidad está perfectamente definido: una sociedad de economía
mixta; además, en el texto acusado se identifica su objeto, muy plausible por
cierto: la producción y comercialización de bienes y servicios fabricados en
los centros de reclusión. El fin de la empresa también ha sido señalado por la
norma: dedicar parte de las utilidades a los programas de resocialización y
rehabilitación de internos.
RECLUSION DE
INDIGENA
En cuanto a los
indígenas debe señalarse que esta expresión no es genérica, es decir referida a
quienes, como es el caso de un alto porcentaje de la población colombiana,
tengan ancestros aborígenes, sino que se refiere exclusivamente a aquellos
individuos pertenecientes en la actualidad a núcleos indígenas autóctonos, cuya
cultural, tradiciones y costumbres deben ser respetadas y garantizadas, en
tanto no vulneren la Constitución y ley. Es claro que la reclusión de indígenas
en establecimientos penitenciarios corrientes, implicaría una amenaza contra
dichos valores, que gozan de reconocimiento constitucional; de ahí que se
justifique su reclusión en establecimientos especiales.
RECLUSION DE
EXSERVIDOR PUBLICO
En lo que
respecta a los ex servidores  públicos de que trata la frase final del primer
inciso del artículo 29, advierte la Corte que la norma debe interpretarse de
una manera racional, es decir que el beneficio en ella contemplado cobija
solamente a quienes hayan desempeñado los cargos mencionados en el artículo 29
con una antelación razonable; de lo contrario se estaría constituyendo un fuero
vitalicio en favor de quienes en algún momento desempeñaron alguno de los
cargos, de los señalados en la norma, lo cual a todas luces constituiría un
privilegio y por ende una ostensible discriminación frente al resto de los
ciudadanos, con violación del artículo 13 de la Carta Política. Por
consiguiente, en estos casos la autoridad judicial competente y el director del
INPEC deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del C.C.A.
DERECHO A LA
INTIMIDAD DEL INTERNO-Límites
En los
establecimientos carcelarios el derecho a la intimidad no es absoluto, sino que
está limitado en atención a las exigencias propias del régimen disciplinario y
a las condiciones de seguridad que han de mantenerse. Las facultades de
custodiar y vigilar constantemente a los internos y de requisarlos
cuidadosamente son inherentes a la función de los guardianes en cualquier
establecimiento de esta índole. Sinembargo, deben éstos respetar el pudor y la
privacidad de los internos de manera prudente y razonable, es decir permitirles
un mínimo de intimidad en todo aquello que no constituya amenaza contra la
disciplina y la seguridad del establecimiento.
DISCIPLINA
CARCELARIA
La
"firmenza" de que se habla en este literal no debe traducirse en
actos que constituyan violación a la norma constitucional que prohíbe los
tratos crueles, inhumanos o degradantes.
GUARDIANES-Prohibiciones/ESTABLECIMIENTO
CARCELARIO-Material pornográfico
La prohibición no
implica que el recluso no pueda poseer material pornográfico, porque cada
persona es libre de escoger sus lecturas y pasatiempos, mientras no afecte los
derechos de los demás. Cuestión distinta es que por razones de moralidad,  un
servidor público no puede ser divulgador de pornografía, y ese es el sentido de
la norma acusada; concretamente los miembros del cuerpo de vigilancia no pueden
ser difusores de pornografía, cuando  la misión de los establecimientos
carcelarios es de readaptación, y no de degradación moral.
UNIFORME PARA
INTERNO
No contraría
norma alguna de la Carta Política el artículo que dispone el uso de uniforme
por parte de los condenados. Es ésta una práctica usual en las penitenciarías
del mundo, y lo ha sido también en Colombia. Se trata, ante todo, de una medida
elemental de seguridad que permite identificar al condenado en casos de visitas
masivas, para evitar la práctica del llamado "cambiazo" o
suplantación de persona.
DERECHO AL VOTO
DEL INTERNO/PROSELITISMO POLITICO-Prohibición
Si el detenido
reúne los requisitos que exige la ley, podrá ejercer el derecho al sufragio en
su respectivo centro de reclusión. El punto más controvertido por el actor es
el de prohibir el proselitismo político al interior de las cárceles y
penitenciarías, tanto de extraños como de los mismos internos. El proselitismo
político es una manifestación de normalidad, no de excepción. Lo anterior no
impide que pueda expresar el detenido, a otros, sus creencias íntimas acerca
del devenir de la  política. Lo que se prohibe es el activismo proselitista
público, es decir, la arenga, el tumulto, el debate propio de la plaza pública
al interior de las cárceles y penitenciarías, porque riñe con la disciplina.
INTERNO-Devolución de objetos en caso de fuga o
muerte/PRESCRIPCION DE CORTO PLAZO-Improcedencia
En cuanto al
término de tres meses prescrito en la norma acusada, la Corte ha de declarar su
inexequibilidad, por cuanto es un término que establece una prescripción de
corto plazo no justificada, ya que los bienes y valores en algunos casos pueden
llegar a ser de considerable valor, y su ingreso al patrimonio del centro de
reclusión constituiría una expropiación por fuera de los términos
constitucionales. La Corte aclara que debe realizarse un minucioso registro en
el momento de ingreso del detenido, para determinar con exactitud los bienes y
valores que le pertenecen y la persona o personas a las cuales deben ser
entregadas en caso de muerte del recluso. Así las cosas, en caso de fuga o de
muerte, deben entregarse a esas personas dichos bienes y valores, para lo cual
se deberán efectuar las oportunas y adecuadas diligencias.
TRABAJO
CARCELARIO-Obligatoriedad
La Corte
manifiesta la legitimidad del trabajo obligatorio, el cual, aparte de estar
conforme con el Convenio 29 de la OIT, es un elemento dignificante, ya que
afianza el dominio del hombre sobre sí mismo,  es decir, lo realiza como
persona, en orden siempre al ascenso de sus propias capacidades. El trabajo, pues,
como supremacía del raciocionio humano, que se vierte bien en una idea, o en
hechos, cosas y situaciones, tiene al tenor de nuestra Carta Política, una
triple dimensión armónica: como principio, como derecho y como deber. Es en
virtud de lo anterior que el Convenio citado de la OIT, en su art. 2o., num.
1o., admite el trabajo forzado en las cárceles como elemento perfeccionante.
Entendido el trabajo como un movimiento perfeccionador que el hombre ejerce
como persona, el trabajo aludido en el artículo sub examine, comprende también
la labor intelectual, que es igualmente reedificadora y resocializante.
REDENCION DE PENA
Los artículos
referentes a la redención de penas, son un efecto legitimante y resocializador
del trabajo. Pero nada obsta para que éste tenga un cauce y un ordenamiento,
así como una evaluación. Lo anterior, precisamente para evitar la
arbitrariedad; la evaluación es un mecanismo de seriedad en el cumplimiento del
deber de vigilar si el trabajo es acorde con las metas previstas, y una herramienta
eficaz para corregir los defectos que se presenten. No hay por qué mirar la
evaluación con desconfianza, sino como un instrumento que permite reconocer
también los méritos de quien ejerce una labor; es decir, se trata de una
objetivización del esfuerzo subjetivo.
COMUNICACIONES DE
LOS INTERNOS-Límites
Si bien es
cierto, las comunicaciones tanto verbales como escritas en los establecimientos
carcelarios deben estar sujetas a naturales limitaciones y controles, debe
respetarse el derecho a la intimidad en su núcleo esencial. Es decir, las
limitaciones y controles  de que se habla deben ser los encaminados a
garantizar la seguridad carcelaria y la prevención de delitos o alteraciones
del orden y no extenderse a campos como el de la libre expresión de los
sentimientos afectivos o manifestaciones del fuero íntimo de la persona.
INTERNO-Aislamiento en celda
Se prevé el
aislamiento en celda hasta por sesenta días, caso en el cual la norma establece
que tendrá derecho a dos horas diarias de sol y no podrá recibir visitas, y
será controlado ese aislamiento por el médico del establecimiento.  No hay
violación de los derechos fundamentales del recluso, por cuanto si llegare a
existir probabilidad de lesión, el médico del establecimiento constatará tal
inminencia y obviamente no se aplica la sanción. Por ello la Corte declarará la
exequibilidad del numeral citado,en el entendido de que si el recluso no puede
soportar física o psíquicamente la medida, a juicio del médico, ella no se
aplicará.  El aislamiento se hace por necesidad y con un fin preventivo, pero
este procedimiento nunca debe extremarse.
Ref: Expediente
D-800
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 3o. (parcial), 14; 16, 21, 22, 23,
24, 29, 30, 33, 36, 37, 44, 45 y 52 (parciales); 53 y 57; 60 y 64 (parciales);
65; 69 (parcial); 72, 73, 77, 79, y 84; 86 (parcial); 87, 89, 90, 91, 98, 99,
101 y 109; 111 y 112 (parciales); 113, 114, 115, 116, 117, y 119; 121, 123,
125, 139, 147, 150 y 153 (parciales) y el artículo 168 de la Ley 65 de 1993,
"por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario".
Actor: GUILLERMO
VELEZ CALLE
Magistrado
Ponente:
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA
Santafé de Bogotá,
D.C., siete (7)  de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995).
I. ANTECEDENTES
El ciudadano Guillermo
Vélez Calle, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad
consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, demandó la
inexequibilidad de los artículos 3o. (parcial); 14, 16, 21, 22, 23, 24, 29, 30,
33, 36, 37, 44, 45 y 52 (parciales); 53 y 57; 60 y 64 (parciales); 65; 69
(parcial); 72, 73, 77, 79, y 84; 86 (parcial); 87, 89, 90, 91, 98, 99, 101 y
109; 111 y 112 (parciales); 113, 114, 115, 116, 117, y 119; 121, 123, 125, 139,
147, 150 y 153 (parciales) y el artículo 168 de la Ley 65 de 1993, "por la
cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario".
Admitida la demanda,
se ordenaron las comunicaciones constitucionales y legales correspondientes; se
fijó en lista el negocio en la Secretaría General de la Corporación para
efectos de la intervención ciudadana y, simultáneamente, se diotraslado al
procurador general de la Nación. Ante el impedimento manifestado por el jefe
del Ministerio Público, la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante auto
de fecha 9 de febrero de 1995 aceptó dicho impedimento y ordenó dar traslado de
la demanda al señor viceprocurador para que rindiera el concepto de su cargo,
en los términos del artículo 7o. del Decreto 2067 de 1991.
Una vez cumplidos
todos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el
decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la
referencia.
II. TEXTO DE LA
NORMA ACUSADA
El tenor literal de
las disposiciones demandadas es el siguiente:
LEY 65 DE 1993
(Agosto 19)
"Por la cual se expide el Código
Penitenciario y Carcelario"
"Artículo 3o. IGUALDAD.-
Se prohibe toda forma de discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
"Lo anterior
no obsta para que se puedan establecer distinciones razonables por motivos de
seguridad, de resocialización y para el cumplimiento de la sentencia y de la
política penitenciaria y carcelaria."
"Artículo 14. CONTENIDO
DE LAS FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO.- Corresponde
al Gobierno Nacional por conducto del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, la ejecución de las sentencias penales y de la detención
precautelativa, la aplicación de las medidas de seguridad y la reglamentación y
control de las penas accesorias, fijadas en el Código Penal".
"Artículo 16. CREACION
Y ORGANIZACION.- Los establecimientos de reclusión del orden nacional
serán creados, fusionados, suprimidos, dirigidos y administrados, sostenidos y
vigilados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. El mismo
Instituto determinará los lugares donde funcionarán estos establecimientos.
"Cuando por
las anteriores circunstancias se requiera hacer traslado de internos, el
Director del Instituto queda facultado para hacerlo dando aviso a las
autoridades correspondientes, las que decidirán sobre el particular".
"Artículo 21. CARCELES.-
Son cárceles los establecimientos de detención preventiva, previstos
exclusivamente para retención y vigilancia de sindicados.
"Las
autoridades judiciales señalarán dentro de su jurisdicción, la cárcel donde se
cumplirá la detención preventiva.
"Cuando se
trate de un delito cometido en accidente de tránsito y haya lugar a la
privación de la libertad, el sindicado sólo podrá ser recluido en una
casa-cárcel. Donde no la hubiere, se trasladará a un pabellón especial. En caso
de condena por delito doloso el infractor pasará a una penitenciaría.
"PARAGRAFO
1. La pena de arresto de
acuerdo con el artículo 28 transitorio de la Constitución Nacional, se cumplirá
en pabellones especiales adaptados o construidos en las cárceles.
"PARAGRAFO
2. En casos especiales
de entregas voluntarias de personas que abandonen sus actividades como miembros
de grupos subversivos, cuando así lo solicitaren, podrán tener como sitio de
reclusión, instalaciones de la Fuerza Pública.
"PARAGRAFO
3. Los celadores de las
compañías de vigilancia privada, que por causa o con ocasión de su oficio,
cometan un delito, cumplirán su detención preventiva en centros de reclusión
establecidos para ellos y a falta de éstos en pabellones especiales".
"Artículo 22. PENITENCIARIAS.-
Las penitenciarías son establecimientos destinados a la reclusión de
condenados y en las cuales se ejecuta la pena de prisión, mediante un sistema
gradual y progresivo para el tratamiento de los internos.
"Los centros
de reclusión serán de alta, media y mínima seguridad (establecimientos
abiertos). Las especificaciones de construcción y el régimen interno
establecerán la diferencia de estas categorías.
"Las
autoridades judiciales competentes podrán ordenar o solicitar respectivamente,
al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que los detenidos
o condenados sean internados o trasladados a un determinado centro de reclusión
en atención a las condiciones de seguridad".
"Artículo 23. CASA-CARCEL.-
La casa-cárcel es el lugar destinado para la detención preventiva y el
cumplimiento de la pena por delitos culposos cometidos en accidente de
tránsito.
"Previa
aprobación del Inpec, las entidades privadas podrán crear, organizar y
administrar dichos establecimientos.
"El
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario expedirá el régimen de estos
centros que deberá contemplar los requisitos de organización y funcionamiento.
Estos establecimientos dependerán de la respectiva cárcel nacional de su
jurisdicción".
"Artículo 24. ESTABLECIMIENTOS
DE REHABILITACION Y PABELLONES PSIQUIATRICOS.- Los establecimientos
de rehabilitación y pabellones psiquiátricos son los destinados a alojar y
rehabilitar personas que tengan la calidad de inimputables por trastorno mental
o inmadurez psicológica, según dictamen pericial.
"Estos
establecimientos tienen carácter asistencial y pueden especializarse en
tratamiento psiquiátrico y de drogadicción y harán parte del subsector oficial
del sector salud.
"El Gobierno
Nacional en el término no mayor de cinco años incorporará al Sistema Nacional
de Salud, el tratamiento psiquiátrico de los inimputables, para lo cual éste
deberá construir las instalaciones y proveer los medios humanos y materiales
necesarios para su correcto funcionamiento. Durante el mismo plazo
desaparecerán los anexos o pabellones psiquiátricos de los establecimientos
carcelarios y su función será asumida por los establecimientos especializados
del Sistema Nacional de Salud.
"Mientras se
produce la incorporación ordenada en el presente artículo, el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario organizará una dependencia especializada
para la administración y control de los establecimientos de rehabilitación y
pabellones psiquiátricos y podrá contratar con entes especializados del Sistema
Nacional de Salud el tratamiento de los inimputables".
Artículo 29. RECLUSION
EN CASOS ESPECIALES.- Cuando el hecho punible haya sido cometido por
personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, funcionarios y
empleados de la Justicia Penal, Cuerpo de Policía Judicial y del Ministerio
Público, servidores públicos de elección popular, por funcionarios que gocen de
fuero legal o constitucional, ancianos o indígenas, la detención preventiva se
llevará a cabo en establecimientos especiales o en instalaciones proporcionadas
por el Estado. Esta situación se extiende a los ex servidores públicos
respectivos.
"La
autoridad judicial competente o el Director General del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, según el caso, podrá disponer la reclusión en
lugares especiales, tanto para la detención preventiva como para la condena, en
atención  a la gravedad de la imputación, condiciones de seguridad, personalidad
del individuo, sus antecedentes y conducta.
"PARAGRAFO. Las entidades públicas o privadas
interesadas podrán contribuir a la construcción de los centros especiales. En
el sostenimiento de dichos centros, podrán participar entidades públicas y privadas
sin ánimo de lucro".
"Artículo 30. PROHIBICION
DE RECLUIR MENORES EN CARCELES.- Los menores de dieciocho  años no
podrán detenerse ni descontar penas en los establecimientos de reclusión
dependientes del Instituto. Cuando por circunstancias especiales, expresadas en
la ley, se requiera la ubicación del menor de dieciocho años en institución
cerrada, de conformidad con las disposiciones del Código del Menor y ésta no
existiere, el menor infractor podrá ser internado en anexo o pabellón especial
organizado para este efecto, en un establecimiento de reclusión.
"Estos anexos o
pabellones tendrán un régimen especial, ajustado a las normas internacionales
sobre menores, el artículo 44 de nuestra Constitución Política y a las del
Código del Menor.
"El Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar queda obligado a cumplir las disposiciones
legales sobre la  materia. De la misma manera, los departamentos y los
municipios deberán crear y mantener los centros de corrección social para
menores y buscar e incrementar un mayor número de instituciones.
"PARAGRAFO.
Excepcionalmente y en el caso de delitos de competencia de los Jueces
Regionales cometidos por menores, éstos podrán ser recluidos en un pabellón de
especial seguridad en las cárceles del Instituto, a juicio de la autoridad
judicial competente.
"Artículo 33.
EXPROPIACION.- Considérase de utilidad pública y de interés social,
la adquisición de los inmuebles aledaños a los establecimientos de reclusión,
necesarios para garantizar la seguridad del establecimiento, de los reclusos y
de la población vecina.
"En estos
casos, el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, podrá efectuar la expropiación por vía administrativa, previa
indemnización, la cual estará sujeta a posterior acción
contencioso-administrativa, incluso respecto del precio.
"Prohíbese
el funcionamiento de expendios públicos o de actividades que atenten contra la
seguridad y la moralidad pública, en un radio razonable de acción de los
establecimientos de reclusión, convenido entre la dirección del Inpec y los
alcaldes respectivos".
"Artículo 36. JEFES
DE GOBIERNO PENITENCIARIO Y CARCELARIO.- El director de cada centro de
reclusión es el jefe de gobierno interno. Responderá ante el Director del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario del funcionamiento y control del
establecimiento a su cargo.
"Los
empleados, los detenidos y condenados deben respeto y obediencia al director, y
estarán sometidos a las normas de este Código y a las reglamentaciones que se
dicten".
"Artículo 37. COLABORADORES
EXTERNOS.- Tendrán acceso a los centros de reclusión para adelantar
labores de educación, trabajo y de formación religiosa, asesoría jurídica o
investigación científica, relacionadas con los centros de reclusión, las
personas que acrediten ante el Director del mismo sus calidades y las
actividades que van a cumplir. El reglamento de régimen interno establecerá
los horarios y limitaciones dentro de los cuales se realizará su trabajo".
"Artículo 44. DEBERES
DE LOS GUARDIANES.- Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria Nacional tienen los siguientes deberes especiales, además de los
que señalen su estatuto y los reglamentos general e interno:
"a) Observar
una conducta seria y digna;
"b) Cooperar
con la Dirección  en todo lo que tienda a la resocialización de los reclusos,
suministrando los informes que estime conveniente para esta finalidad;
"c)
Custodiar y vigilar constantemente a los internos en los centros penitenciarios
y carcelarios, en las remisiones, diligencias judiciales, hospitales y centros
de salud, conservando en todo caso la vigilancia visual;
"d) Requisar
cuidadosamente a los detenidos o condenados conforme al reglamento;
"e) Custodiar a
los condenados o detenidos que vayan a trabajar fuera del establecimiento y
emplear todas las precauciones posibles para impedir violencias, evasiones y
conversaciones o relaciones de ellos con los extraños, exceptuando los casos
previstos en el Código de Procedimiento Penal;
"f) Realizar
los ejercicios colectivos que mejoren o mantengan su capacidad física;
participar en los entrenamientos que se programen para la defensa, orden y
seguridad de los centros de reclusión; tomar parte en las ceremonias internas o
públicas para realce de la Institución; asistir a las conferencias y clases que
eleven su preparación general o la específica
penitenciaria;
"g) Mantener
la disciplina con firmeza, pero sin más restricciones de las necesarias, para
conservar el orden en el establecimiento penitenciario o carcelario".
"Artículo 45. PROHIBICIONES.-
Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia tienen las siguientes
prohibiciones:
"a) Tener
relación o trato con los reclusos, excepto en lo que sea estrictamente
necesario, para los fines de su función y de acuerdo con las disposiciones del
reglamento de régimen interno; ingresar material pornográfico y en general,
elementos prohibidos en los reglamentos;
"b) Aceptar
dádivas, homenajes, préstamos, efectuar negocio alguno con los detenidos,
condenados, familiares o allegados de éstos, lo cual constituirá causal de
destitución;
"c) Ingresar al
centro de reclusión bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas o
estupefacientes; armas distintas a las propias del servicio; dineros en
cantidad no razonable; elementos de comunicación. la transgresión a esta norma
traerá como consecuencia la destitución;
"d) Infligir
castigos a los internos, emplear con ellos violencia o maltratamientos;
"e) Recomendar
abogados a los internos para sus negocios".
"Artículo 52. REGLAMENTO
GENERAL.- El Inpec expedirá el reglamento general, al cual se sujetarán
los respectivos reglamentos internos de los diferentes establecimientos de
reclusión.
"Este
reglamento contendrá los principios contenidos en este Código, en los convenios
y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia.
"Establecerá,
así mismo, por lo menos, las normas aplicables en materia de clasificación de
internos por categorías, consejos de disciplina, comités de internos, juntas
para distribución y adjudicación de patios y celdas, visitas, "la orden
del día" y de servicios, locales destinados a los reclusos, higiene
personal, vestuario, camas, elementos de dotación de celdas, alimentación,
ejercicios físicos, servicios de salud, disciplina y sanciones, medios de
coerción, contacto con el mundo exterior, trabajo, educación y recreación de
los reclusos, deber de pasarse lista por lo menos dos veces al día en formación
ordenada. Uso y respeto de los símbolos penitenciarios.
"Dicho
reglamento contendrá las directrices y orientaciones generales sobre seguridad.
Incluirá así mismo, un manual de funciones que se aplicará a todos los centros
de reclusión.
"Habrá un
régimen interno exclusivo y distinto para los establecimientos de
rehabilitación y pabellones psiquiátricos".
"Artículo 53. REGLAMENTO
INTERNO.- Cada centro de reclusión tendrá su propio reglamento de
régimen interno, expedido por el respectivo director del centro de reclusión y
previa aprobación del Director del Inpec. Para este efecto el Director deberá
tener en cuenta la categoría del establecimiento a su cargo y las condiciones
ambientales. Así mismo tendrá como apéndice confidencial, los planes de
defensa, seguridad y emergencia. Toda reforma del reglamento interno, deberá
ser aprobada por la Dirección del Inpec".
"Artículo 57. VOTO
DE LOS DETENIDOS.- Los detenidos privados de la libertad si reúnen
los requisitos de ley podrán ejercer el derecho al sufragio en sus respectivos
centros de reclusión. La Registraduría Nacional del Estado Civil facilitará los
medios para el ejercicio de este derecho. Se prohibe el proselitismo político
al interior de las penitenciarías y cárceles, tanto de extraños como de los
mismos internos.
"El
incumplimiento a esta prohibición y cualquier insinuación en favor o en contra
de candidatos o partidos por parte de los funcionarios del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, constituye causal de mala conducta".
"Artículo 60. DEPOSITO
DE OBJETOS PERSONALES Y VALORES.- Los capturados, detenidos o
condenados, al ingresar a un establecimiento de reclusión, serán requisados
cuidadosamente. De los valores que se le retiren al interno en el momento de su
ingreso se le expedirá el correspondiente recibo. La omisión de lo aquí
dispuesto, constituirá causal de mala conducta para quien debió expedir dicho
recibo.
"Los valores
y objetos que posean deberán ser entregados a quien indique el interno o
depositados donde señale el reglamento de régimen interno.
"En caso de
fuga o muerte del interno, los valores y objetos pasarán a los familiares y si
éstos no los reclamasen en el término de tres meses, se incorporarán al
patrimonio del respectivo centro de reclusión".
"Artículo 64. CELDAS
Y DORMITORIOS.- Las celdas y dormitorios permanecerán en estado de
limpieza y de aireación. Estarán amoblados con lo estrictamente indispensable,
permitiéndose solamente los elementos señalados en el reglamento general.
"Los
dormitorios comunes y las celdas, estarán cerrados durante el día en los
términos que establezca el reglamento. Los internos pasarán a aquéllos, a la
hora de recogerse y no se permitirán conductas y ruidos o voces que perturben
el reposo.
"La limpieza
del establecimiento estará a cargo de los internos. En el reglamento se
organizará la forma de prestarse este servicio por turnos y de manera que a
todos corresponda hacerlo. El aseo del alojamiento individual y su conservación
en estado de servicio, será responsabilidad del interno que lo ocupa. Las
labores aquí enunciadas, no forman parte del régimen ocupacional para la
redención de la pena".
"Artículo 65. UNIFORMES.-
Los condenados deberán vestir uniformes. Estos serán confeccionados en
corte y color que no riñan con la dignidad de la persona humana".
"Artículo 69. EXPENDIO
DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD.- La dirección de cada centro de
reclusión organizará por cuenta de la administración, el expendio de artículos
de primera necesidad y uso personal para los detenidos y condenados.
"Está prohibida
la venta y consumo de bebidas alcohólicas.
"En ningún caso
se podrá establecer expendios como negocio propio de los internos o de los empleados.
"El Inpec
fijará los criterios para la financiación de las cajas especiales".
"Artículo 72. FIJACION
DE PENA Y MEDIDA DE SEGURIDAD.- El Director General del Inpec
señalará la penitenciaría o establecimiento de rehabilitación donde el
condenado deba cumplir la pena o medida de seguridad".
"Artículo 73. TRASLADO
DE INTERNOS.- Corresponde a la Dirección del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario disponer del traslado de los internos
condenados de un establecimiento a otro, por decisión propia, motivada o por
solicitud formulada ante ella".
"Artículo 77.
TRASLADO POR CAUSAS EXCEPCIONALES.- Cuando un detenido o
condenado constituya un peligro evidente para la vida e integridad personal de
algunos de sus compañeros o de algún empleado del establecimiento, por virtud
de enemistad grave o amenazas manifiestas, se tomarán respecto de él medidas
rigurosas de seguridad, que pueden ser en los casos más graves y por excepción,
hasta el traslado a otro establecimiento.
"Sólo en
estos casos excepcionales y con suficiente justificación, podrá el Director de
un centro de reclusión disponer el traslado de un interno, dando aviso
inmediato a la autoridad correspondiente".
"Artículo 79. OBLIGATORIEDAD
DEL TRABAJO.- El trabajo en los establecimientos de reclusión es
obligatorio para los condenados como medio terapéutico adecuado a los fines de
la resocialización. No tendrá carácter aflictivo ni podrá ser aplicado como
sanción disciplinaria. Se organizará atendiendo las aptitudes y capacidades de
los internos, permitiéndoles dentro de lo posible escoger entre las diferentes
opciones existentes en el centro de reclusión. Debe estar previamente
reglamentado por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario. Sus productos serán comercializados".
"Artículo 84. CONTRATO
DE TRABAJO.- Los internos no podrán contratar trabajos con
particulares. Estos deberán hacerlo con la administración de cada centro de
reclusión o con la Sociedad "Renacimiento". En este contrato se
pactará la clase de trabajo que será ejecutado, término de duración, la
remuneración que se le pagará al interno, la participación a la caja especial y
las causas de terminación del mismo. Igualmente el trabajo en los centros de
reclusión podrá realizarse por orden del director del establecimiento impartida
a los internos, de acuerdo con las pautas fijadas por el Inpec".
"Artículo 86. REMUNERACION
DEL TRABAJO, AMBIENTE ADECUADO Y ORGANIZACION EN GRUPOS.- El trabajo
de los reclusos se remunerará de una manera equitativa. Se llevará a cabo
dentro de un ambiente adecuado y observando las normas de seguridad industrial.
"Los
condenados en la fase de mediana seguridad dentro del sistema progresivo,
podrán trabajar organizados en grupos de labores agrícolas o industriales con
empresas o personas de reconocida honorabilidad, siempre que colaboren con la
seguridad de los internos y con el espíritu de su resocialización.
"La
protección laboral y social de los reclusos se precisará en el reglamento
general e interno de cada centro de reclusión.
"En caso de
accidente de trabajo los internos tendrán derecho a las indemnizaciones de ley.
"Los
detenidos podrán trabajar individualmente o en grupos de labores públicas,
agrícolas o industriales en las mismas condiciones que los condenados, siempre
que el director del respectivo establecimiento penal conceda esta gracia, según
las consideraciones de conducta del interno, calificación del delito y de
seguridad. Los trabajadores sindicados o condenados, sólo podrán ser
contratados con el establecimiento respectivo y serán estrictamente controlados
en su comportamiento y seguridad".
"Artículo 87. ACTOS
DE GESTION.- El director de cada establecimiento de reclusión,
previa delegación del Director General del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, podrá celebrar convenios o contratos con personas de derecho
público o privado con o sin ánimo de lucro, con el fin exclusivo de garantizar
el trabajo, la educación y la recreación, así como el mantenimiento y
funcionamiento del centro de reclusión".
"Artículo 89. MANEJO
DE DINERO.- Se prohibe el uso de dinero al interior de
los centros de reclusión. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
reglamentará las modalidades de pago de bienes y servicios internos en los
centros de reclusión".
"Artículo 90. SOCIEDAD
DE ECONOMIA MIXTA "RENACIMIENTO".- Autorízase al Gobierno
Nacional para constituir una sociedad de economía mixta que adoptará la
denominación "Renacimiento", cuyo objeto será la producción y
comercialización de bienes y servicios fabricados en los centros de reclusión.
El Gobierno Nacional mantendrá más del cincuenta por ciento (50%) del capital
accionario.
"La empresa
dedicará parte de sus utilidades a los programas de resocialización y
rehabilitación de internos. En los estatutos de la sociedad se determinará la
parte de las utilidades que deben invertirse en estos programas".
"Artículo 91. DESARROLLO
DE LA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA "RENACIMIENTO".- La
Sociedad de Economía Mixta "Renacimiento", podrá extender su radio de
acción a la constitución de empresas mixtas y a estimular la creación y
funcionamiento de cooperativas, en cuyas Juntas Directivas se dará asiento a un
representante principal con su respectivo suplente de los internos escogidos
entre quienes se distingan por su espíritu de trabajo y colaboración y observen
buena conducta, siempre que no registren imputación o condena por delito grave.
"La Sociedad
de Economía Mixta "Renacimiento", podrá establecer un centro de
crédito para financiar microempresas de exreclusos que hayan descontado la
totalidad de la pena, cuando así lo ameriten por su capacidad de trabajo
demostrada durante el tiempo de reclusión y con la presentación de los estudios
que le permitan su financiación.
"El Inpec
podrá invertir dentro de sus planes de rehabilitación, en la sociedad a que se
refiere el presente artículo".
"Artículo 98. REDENCION
DE LA PENA POR ENSEÑANZA.- El recluso que acredite haber actuado como
instructor de otros, en cursos de alfabetización o de enseñanza primaria,
secundaria, artesanal, técnica y de educación superior tendrá derecho a que
cada cuatro horas de enseñanza se le computen como un día de estudio, siempre y
cuando haya acreditado las calidades necesarias de instructor o de educador,
conforme al reglamento.
"El
instructor no podrá enseñar más de cuatro horas diarias, debidamente evaluadas,
conforme al artículo 81".
"Artículo 99. REDENCION
DE LA PENA POR ACTIVIDADES LITERARIAS, DEPORTIVAS, ARTISTICAS Y EN COMITES DE
INTERNOS.- Las actividades literarias, deportivas, artísticas y las
realizadas en comités de internos, programados por la dirección de los
establecimientos, se asimilarán al estudio para efectos de la redención de la
pena, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto dicte la Dirección
General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario".
"Artículo 101. CONDICIONES
PARA LA REDENCION DE PENA.- El juez de ejecución de penas y medidas
de seguridad para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en
cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de
que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la
conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución
de penas se abstendrá de conceder dicha redención. La reglamentación
determinará los períodos y formas de evaluación".
"Artículo 109. INVENTARIO
DE LAS PERTENENCIAS.-  Se hará un inventario de las pertenencias
dejadas por el difunto y se procederá a liquidar su saldo de la Caja Especial,
todo lo cual se entregará, en caso de ser de escaso valor, a los parientes que
sumariamente demuestren tal calidad. Cuando los objetos o sumas de dinero sean
de apreciable valor, se entregarán a quienes indique la autoridad competente o
se procederá de acuerdo con el artículo 60 de la presente ley".
"Artículo 111.
COMUNICACIONES.- Los internos de un centro de reclusión
tienen derecho a sostener comunicación con el exterior. Cuando se trate de un
detenido, al ingresar al establecimiento de reclusión tendrá derecho a indicar
a quién se le debe comunicar su aprehensión, a ponerse en contacto con su
abogado y a que su familia sea informada sobre su situación.
"El director
del centro establecerá de acuerdo con el reglamento interno, el horario y
modalidades para las comunicaciones con sus familiares. En casos especiales y
en igualdad de condiciones pueden autorizarse llamadas telefónicas, debidamente
vigiladas.
"Las
comunicaciones orales o escritas previstas en este artículo podrán ser
registradas mediante orden de funcionario judicial, a juicio de éste o a
solicitud de una autoridad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
bien para la  prevención o investigación de un delito o para la debida
seguridad carcelaria. Las comunicaciones de los internos con sus abogados no
podrán ser objeto de interceptación o registro.
"Por ningún
motivo, ni en ningún caso, los internos podrán tener aparatos o medios de
comunicación privados, tales como fax, teléfonos, buscapersonas o similares.
"La
recepción y envío de correspondencia se autorizará por la dirección conforme al
reglamento. Para la correspondencia ordinaria gozarán de franquicia postal los
presos recluidos en las cárceles del país, siempre que en el sobre respectivo
se certifique por el director del centro de reclusión, que el remitente se
encuentra detenido.
"Cuando se
produzca la muerte, enfermedad o accidente grave de un interno, el director del
establecimiento lo informará a sus familiares. A su vez, cuando esta situación
se registre en la familia del interno, el director se lo hará saber de
inmediato".
"Artículo 112. REGIMEN
DE VISITAS.- Los sindicados tienen derecho a recibir visitas,
autorizadas por fiscales y jueces competentes, de sus familiares y amigos,
sometiéndose a las normas de seguridad y disciplina establecidas en el respectivo
centro de reclusión. El horario, las condiciones, la frecuencia y las
modalidades en que se lleven a cabo las visitas serán reguladas por el régimen
interno de cada establecimiento de reclusión, según las distintas categorías de
dichos centros y del mayor o menor grado de seguridad de los mismos.
"Se concederá
permiso de visita a todo abogado que lo solicite, previa exhibición de su
Tarjeta Profesional y si mediare aceptación del interno.
"Los condenados
podrán igualmente recibir visitas de los abogados autorizados por el interno.
Las visitas de sus familiares y amigos serán reguladas en el reglamento
general.
"Los visitantes
que observen conductas indebidas en el interior del establecimiento o que
contravengan las normas del régimen interno serán expulsados del
establecimiento y se les prohibirán nuevas visitas, de acuerdo con la gravedad
de la falta teniendo en cuenta el reglamento interno del centro carcelario.
"Al visitante
sorprendido o que se le demuestre posesión, circulación o tráfico de sustancias
psicotrópicas, estupefacientes, armas o suma considerable de dinero, le quedará
definitivamente cancelado el permiso de visita a los centros de reclusión, sin
perjuicio de la acción penal correspondiente.
"En casos
excepcionales y necesidades urgentes, el director del establecimiento podrá
autorizar visitas a un interno, por fuera del reglamento, dejando constancia
escrita del hecho y de las razones que la motivaron y concedido por el tiempo
estrictamente necesario para su cometido.
"La visita
íntima será regulada por el reglamento general, según principios de higiene,
seguridad y moral".
"Artículo 113.
VISITAS DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.- Las
autoridades judiciales y administrativas, en ejercicio de sus  funciones,
pueden visitar los establecimientos penitenciarios y carcelarios".
"Artículo 114. SUSPENSION
INMEDIATA DE VISITAS.- Cuando un empleado o guardián que asista a
las visitas tenga fundada sospecha de que el visitante y el recluso están en
inteligencia peligrosa o ilícita, suspenderá la visita y dará aviso inmediato
al Director o quien haga sus veces por medio del Comandante de Custodia y
Vigilancia. El Director decidirá, según las circunstancias, si confirma o
revoca la suspensión".
"Artículo 115. VISITAS
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION.- Los medios de comunicación tendrán
acceso a los centros de reclusión siempre y cuando cumplan con los requisitos
exigidos por el reglamento general del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario. Tratándose de entrevista relacionada con un interno deberá mediar
consentimiento de éste, previa autorización de la autoridad judicial
competente. En caso de un condenado esta autorización debe ser concedida por el
Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario".
"Artículo 116. REGLAMENTO
DISCIPLINARIO PARA INTERNOS.- El Inpec expedirá el reglamento
disciplinario al cual se sujetarán los internos de los establecimientos de
reclusión, conforme a lo dispuesto en el presente Código".
"Artículo 117. LEGALIDAD
DE LAS SANCIONES.- Las sanciones disciplinarias y los estímulos
estarán contenidos en la presente ley y en los reglamentos general e interno.
Ningún recluso podrá ser sancionado por una conducta que no esté previamente
enunciada en esta ley o en los reglamentos, ni podrá serlo dos veces por el
mismo hecho.
"Las
sanciones serán impuestas por el respectivo Consejo de Disciplina  o por el
director del centro de reclusión, garantizando siempre el debido proceso.
"Los
estímulos serán otorgados por el director del respectivo centro de reclusión,
previo concepto favorable del Consejo de Disciplina".
PARAGRAFO.  El Director General del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario podrá revocar la calificación de las faltas y de las
sanciones, cuando verifique que éstas contradicen la naturaleza y extensión de
aquéllas.
"Artículo 119. SOMETIMIENTO
A LAS REGLAS.- El recluso se someterá a las reglas particulares y a
las de su clasificación, además de aquellas que rigen uniformemente a la totalidad".
"Artículo 121. CLASIFICACION
DE FALTAS.- Las faltas se clasifican en leves y graves.
Son faltas leves:
"1. Retardo en
obedecer la orden recibida.
"2. Descuido en
el aseo personal, del establecimiento, de la celda o taller.
"3. Negligencia
en el trabajo, en el estudio o la enseñanza.
"4. Violación
del silencio nocturno. Perturbación de la armonía y del ambiente con gritos o
volumen alto de aparatos o instrumentos de sonido, sin autorización.
"5. Abandono
del puesto durante el día.
"6. Faltar al
respeto a sus compañeros o ridiculizarlos.
"7. Descansar
en la cama durante el día sin motivo justificado.
"8. Causar daño
por negligencia o descuido al vestuario, a los objetos de uso personal, a los
materiales o a los bienes muebles entregados para su trabajo, estudio o
enseñanza.
"9. Violar las
disposiciones relativas al trámite de la correspondencia y al régimen de las
visitas.
"10. Eludir el
lavado de las prendas de uso personal, cuando reglamentariamente le corresponda
hacerlo.
"11. Emitir
expresiones públicas o adoptar modales o aptitudes contra el buen nombre de la
justicia o de la institución, sin perjuicio del derecho a elevar solicitudes
respetuosas.
"12. No asistir
o fingir enfermedad para intervenir en los actos colectivos o solemnes
programados por la Dirección.
"13. Cometer
actos contrarios al debido respeto de la dignidad de los compañeros o de las
autoridades.
"14. Irrespetar
o desobedecer las órdenes de las autoridades penitenciarias y carcelarias.
"15. Incumplir
los deberes establecidos en el reglamento interno.
"16. Faltar sin
excusa al trabajo, al estudio o a la enseñanza.
"17. Demorar
sin causa justificada la entrega de bienes o herramientas confiadas a su
cuidado.
Son faltas graves las siguientes:
"1. Tenencia de
objetos prohibidos como armas; posesión, consumo o comercialización de
sustancias alucinógenas o que produzcan dependencia física o psíquica o de
bebidas embriagantes.
"2. La
celebración de contratos de obra que deban ejecutarse dentro del centro de
reclusión, sin autorización del Director.
"3. Ejecución
de trabajos clandestinos.
"4. Dañar los
alimentos destinados al consumo del establecimiento.
"5. Negligencia
habitual en el trabajo o en el estudio o en la enseñanza.
"6. Conducta
obscena.
"7. Dañas o
manchar las puertas, muros del establecimiento o pintar en ellas inscripciones
o dibujos, no autorizados.
"8. Romper los
avisos o reglamentos fijados en cualquier sitio del establecimiento por orden
de autoridad.
"9. Apostar
dinero en juegos de suerte o azar.
"10. Abandonar
durante la noche el lecho o puesto asignado.
"11. Asumir
actitud irrespetuosa en las funciones del culto.
"12. Hurtar,
ocultar o sustraer objetos de propiedad o de uso de la institución, de los
internos o del personal de la misma.
"13. Intentar,
facilitar o consumar la fuga.
"14. Protestas
colectivas.
"15.
Comunicaciones o correspondencia clandestina con otros condenados o detenidos y
con extraños.
"16. Agredir,
amenazar o asumir grave actitud irrespetuosa contra los funcionarios de la
institución, funcionarios judiciales, administrativos, los visitantes y los
compañeros.
"17. Incitar a
los compañeros para que cometan desordenes u otras faltas graves o leves.
"18. Apagar el
alumbrado del establecimiento o de las partes comunes durante la noche, sin el
debido permiso.
"19. Propiciar
tumultos, motines, lanzar gritos sediciosos para incitar a los compañeros a la
rebelión. Oponer resistencia para someterse a las sanciones impuestas.
"20. Uso de
dinero contra la prohibición establecida en el reglamento.
"21. Entregar u
ofrecer dinero para obtener provecho ilícito; organizar expendios clandestinos
o prohibidos.
"22. Hacer uso,
dañar con dolo o disponer abusivamente de los bienes de la institución.
"23. Falsificar
documento público o privado, que pueda servir de prueba o consignar en él una
falsedad.
"24. Asumir
conductas dirigidas a menoscabar la seguridad y tranquilidad del centro de
reclusión.
"25. Entrar,
permanecer o circular en áreas de acceso prohibido, o no contar con la
autorización para ello en lugares cuyo acceso esté restringido.
"26. Hacer
proselitismo político.
"27. Lanzar
consignas  o lemas subversivos.
"28. Incumplir
las sanciones impuestas.
"29. El
incumplimiento grave al régimen interno y a las medidas de seguridad de los
centros de reclusión".
"Artículo 123. SANCIONES.-
Las faltas leves tendrán las siguientes sanciones:
"1.
Amonestación con anotación en su prontuario, si es un detenido o en su cartilla
biográfica si es un condenado.
"2. Privación
del derecho a participar en actividades de recreación hasta por ocho días.
"3. Supresión
hasta de cinco visitas sucesivas.
"4. Suspensión
parcial o total de alguno de los estímulos, por tiempo determinado.
Para las faltas
graves las sanciones serán las siguientes:
"1. Pérdida del
derecho de redención de la pena hasta por sesenta días.
"2. Suspensión
hasta de diez visitas sucesivas.
"3. Aislamiento
en celda hasta por sesenta días. En este caso tendrá derecho a dos horas de sol
diarias y no podrá recibir visitas; será controlado el aislamiento por el
médico del establecimiento.
"PARAGRAFO.
El recluso que enferme mientras se encuentre en aislamiento debe ser conducido
a la enfermería, pero una vez curado, debe seguir cumpliendo la sanción, oído
el concepto del médico".
"Artículo 125. MEDIDAS
in continenti.-  No obstante lo previsto en las
disposiciones anteriores, el director del centro podrá utilizar medios
coercitivos, establecidos reglamentariamente en los siguientes casos:
"1. Para impedir
actos de fuga o violencia de los internos.
"2. Para evitar
daño de los internos a sí mismos y a otras personas o bienes.
"3. Para
superar la resistencia pasiva o activa de los internos a las órdenes del
personal penitenciario o carcelario en ejercicio de su cargo.
"En casos
excepcionales y debidamente justificados, el personal del cuerpo de custodia y
vigilancia podrá aislar al recluso dando aviso inmediato al director.
"PARAGRAFO. El
uso de estas medidas estará dirigido exclusivamente al restablecimiento de la
normalidad y sólo por el tiempo necesario".
"Artículo 139. PERMISOS
EXCEPCIONALES.- En caso de comprobarse enfermedad grave, fallecimiento
de un familiar cercano o siempre que se produzca un acontecimiento de
particular importancia en la vida del interno, el director del respectivo
establecimiento de reclusión, procederá de la siguiente forma:
"1. Si se trata
de condenado, podrá conceder permiso de salida bajo su responsabilidad, por un
término no mayor de veinticuatro horas, más el tiempo de la distancia si la
hubiere, tomando las medidas de seguridad adecuadas y comunicando de inmediato
al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
"2. Cuando se
trate de sindicado, el permiso lo concederá el funcionario judicial de
conocimiento, especificando la duración del mismo sin que exceda de
veinticuatro horas, por cada vez que se le conceda, más el tiempo de la
distancia si la hubiere. El director lo cumplirá siempre y cuando pueda
garantizar la debida vigilancia y seguridad del interno. En caso negativo, lo
hará saber a la autoridad que dio el permiso y las razones de su determinación.
"PARAGRAFO.
Lo anterior no cobijará a los internos sometidos a extremas medidas de
vigilancia, a quienes registren antecedentes por fuga de presos, ni a los
sindicados ni condenados por el delito de conocimiento de los jueces y fiscales
regionales o del Tribunal Nacional".
"Artículo 147. PERMISO
HASTA DE SETENTA Y DOS HORAS.- La Dirección del Instituto Penitenciario
y Carcelario podrá conceder permisos con la regularidad que se establecerá al
respecto, hasta de setenta y dos horas, para salir del establecimiento, sin
vigilancia, a los condenados que reúnan los siguientes  requisitos:
"1. Estar en la
fase de mediana seguridad.
"2. Haber
descontado una tercera parte de la pena impuesta.
"3. No tener
requerimientos de ninguna autoridad judicial.
"4. No
registrar fuga ni tentativa de ella, durante el desarrollo del proceso ni la
ejecución de la sentencia condenatoria.
"5. No estar
condenado por delitos de competencia de jueces regionales.
"6. Haber
trabajado, estudiado o enseñado durante la reclusión y observado buena
conducta, certificada por el Consejo de Disciplina.
"Quien
observare mala conducta durante uno de esos permisos o retardare su
presentación al establecimiento sin justificación, se hará acreedor a la
suspensión de dichos permisos hasta por seis meses; pero si reincide, cometiere
un delito o una contravención especial de policía, se le cancelarán
definitivamente los permisos de este género".
"Artículo 150. INCUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES.- Al interno que incumpla las obligaciones
previstas en el programa de institución abierta, de confianza, libertad o
franquicia preparatorias, se le revocará el beneficio y deberá cumplir el resto
de la condena sin derecho a libertad condicional.
"En caso de
reincidentes, o de condenados por delitos de conocimiento de los jueces o
fiscales regionales o del tribunal nacional no podrá otorgarse ninguno de los beneficios
de establecimiento abierto".
"Artículo 153. PERMANENCIA
DE MENORES EN ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION.- La dirección del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario permitirá la permanencia en los
establecimientos de reclusión a los hijos de las internas, hasta la edad de
tres años.
"El servicio
social penitenciario y carcelario prestará atención especial a los menores que
se encuentren en los centros de reclusión. Las reclusiones de mujeres tendrán
guardería".
"Artículo 168. ESTADOS
DE EMERGENCIA PENITENCIARIO Y CARCELARIA.- El Director General del
Inpec, previo el concepto favorable del Ministro de Justicia y del Derecho,
podrá decretar el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria, en todos los
centros de reclusión nacional, en algunos o alguno de ellos, en los siguientes
casos:
"a) Cuando
sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar grave o inminentemente el
orden y la seguridad penitenciaria y carcelaria;
"b) Cuando
sobrevengan graves situaciones de orden sanitario que expongan al contagio al
personal del centro de reclusión o que sus condiciones higiénicas no permitan
la convivencia en el lugar, o cuando acaezcan o se adviertan graves indicios de
calamidad pública.
"En los
casos del literal a) el Director General del Inpec está facultado para tomar
las medidas necesarias con el fin de superar la situación presentada, como
traslados, aislamiento de los internos, uso racional de los medios
extraordinarios de coerción y el reclamo del apoyo de la Fuerza Pública de
acuerdo con los artículos 31 y 32 de esta Ley.
"Si en los
hechos que alteren el orden y la seguridad del centro o centros de reclusión
estuviere comprometido personal de servicio penitenciario y carcelario, el
Director del Inpec podrá suspenderlo o reemplazarlo, sin perjuicio de las
investigaciones penales o disciplinarias correspondientes.
"Cuando se
trata de las situaciones contempladas en el literal b) el Director del Inpec
acudirá a las autoridades del ramo, sanitario y de emergencia, tanto nacionales
como departamentales o municipales, para obtener su colaboración, las que están
obligadas a prestarla de inmediato en coordinación con los centros de reclusión
afectados.
"El Director
General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario podrá disponer de los
traslados de los internos que se requieran, a los lugares indicados. De igual
manera se podrán clausurar los establecimientos penales si así lo exigen las
circunstancias. Así mismo podrá hacer los traslados presupuestales y la
contratación directa de las obras necesarias para conjurar la emergencia,
previo concepto del Consejo Directivo del Instituto.
"Superado el
peligro y restablecido el orden, el Director General del Inpec informará al
Consejo del mismo, sobre las razones que motivaron la declaratoria de emergencia
y la justificación de las medidas adoptadas. Igualmente informará a las
autoridades judiciales las nuevas ubicaciones de los detenidos, para sus
correspondientes fines".
(Lo resaltado es lo
demandado)
III. LA DEMANDA
1. Normas
constitucionales que se consideran infringidas
Estima el actor que
las disposiciones acusadas son violatorias de los artículos  12, 13, 15, 16,
17, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48,
50, 53, 58, 62, 93, 94, 95, 122, 123, 150, 151, 158, 189, 209, 210, 211, 212,
213, 214, 215, 228, 230, 313, 334 y 337 de la Constitución Política.
2. Fundamentos
de la demanda
Para facilitar el
estudio de constitucionalidad, se pueden agrupar las diversas normas acusadas
en varios temas centrales, así:
A)  El primer tema
de la demanda hace referencia a la violación de los numerales 1o., 2o., 3o.,
7o., 10o., 13, 14 y 21 del artículo 150, del numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política, los cuales señalan aquellas materias que deben ser
desarrolladas directamente por el legislador o por el ejecutivo en ejercicio de
su facultad reglamentaria;  igualmente las normas que se enuncian - a juicio
del actor- son violatorias de  los artículos 122 y del 209 superiores, que establecen
el marco general dentro del cual ha de desarrollarse la función pública, y el
control que sobre ella se debe ejercer. Con fundamento en lo anterior, el actor
sostiene que resultan inconstitucionales varias de las facultades que la ley 65
de 1993 otorga al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y
a los directores de establecimientos carcelarios.
Dentro de las
disposiciones contenidas en la ley 65 de 1993, acusadas de inconstitucionales
con fundamento en los argumentos arriba señalados, el actor señala las
siguientes:
- Inciso segundo
del artículo 3o., que
prevé la facultad de establecer "distinciones razonables" por motivos
de seguridad, de resocialización y para el cumplimiento de la sentencia y de la
política penitenciaria y carcelaria. Considera el actor que el artículo 13 de
la Constitución Política consagra el principio de la igualdad de las personas
ante la ley, y que, en virtud de tal principio, únicamente el legislador
ordinario, en atención a "especiales motivos de consideración"  posee
la competencia para introducir un trato diferencial, discriminatorio o desigual
entre las personas. Así, señala que "en materia de derechos fundamentales
está fuera de toda discusión que es la ley la llamada a reglamentar y regular
sus alcances, efectos y limitaciones, de suerte que no podría deferirse a un
simple acto administrativo, como lo sugiere el inciso segundo del artículo 3o.
de la ley 65 de 1993, la fijación de tales pormenores."
- Artículo 14, que trata del contenido de las funciones
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, y entre ellas, la de
la "reglamentación y control de las penas accesorias." A juicio del
demandante, la facultad contenida en el artículo comentado es violatoria del
numeral 11 del artículo 189 superior, ya que la potestad reglamentaria se
encuentra exclusivamente en cabeza del Presidente de la República.
- Inciso 2o. del
artículo 16, que faculta
al director del INPEC para hacer traslados de internos, dando aviso a las
autoridades correspondientes, las que decidirán sobre el particular. Se tacha
de inconstitucional el presente artículo. ya que el actor considera que se
trata de una función pública que no se encuentra debidamente detallada y
delimitada, tal como lo exige el artículo 122 superior.
- Artículo 22, que contiene la clasificación de los
centros carcelarios. De acuerdo con los argumentos de la demanda, la
clasificación de los centros carcelarios "es del resorte exclusivo del
legislador, el cual ha debido establecer, como mínimo, unas pautas generales
que permitan entrever cuál ha de ser el perfil de cada uno de los lugares de
detención así erigidos."
- Artículo 23, que prevé la creación, organización y
administración de centros carcelarios por los particulares. Para el demandante,
la norma acusada no solo permite que los particulares ejerzan una función
pública, sino que, además, les otorga la facultad de crear y organizar centros
de reclusión, lo cual va en contravía con lo dispuesto en el artículo 210
superior.
- Inciso final
del artículo 33, que
faculta al director del INPEC y a los alcaldes respectivos para prohibir el
funcionamiento de expendios públicos o de actividades que atenten contra la
seguridad y la moralidad pública, dentro de un radio razonable de acción de los
establecimientos carcelarios. De acuerdo con los argumentos de la demanda, se
trata de una norma que contraviene el numeral 21 del artículo 150
constitucional, ya que únicamente el Congreso de la República puede expedir
leyes de intervención económica.
- Artículo 37, que determina que el reglamento interno
de los centros carcelarios establecerá el horario y las limitaciones dentro de
las cuales los colaboradores externos que adelanten labores educativas,
religiosas, jurídicas o de investigación científica tendrán acceso a dichos
centros. Dicha norma -considera el actor- viola el artículo 53 de la
Constitución Política, toda vez que es competencia exclusiva del legislador
expedir el estatuto del trabajo
Literal g) del
artículo 44, que impone a
los guardianes el deber de mantener la disciplina "con firmeza".
Afirma el actor que el presente artículo prevé una función que no se encuentra
debidamente delimitada, lo cual contraviene el artículo 122 superior.
- Literal b) del
artículo 45, que prohibe a
los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia aceptar dádivas y celebrar
cualquier negocio con los detenidos, condenados, familiares o allegados de
éstos. Considera que consagrar el literal acusado como una causal de
destitución para los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia de los
centros carcelarios resulta ambiguo, toda vez que "no existe en Colombia
método alguno, objetivo e impersonal, que permita entrever cuando una persona
es o no allegada de otra. Y si a esta condición se la quiere utilizar como base
para establecer una causal de destitución, hay que entender que se ha
establecido una sanción indeterminada en cuanto a las modalidades de su
tipificación, que puede prestarse para arbitrariedades y abusos, esta vez en
contra de los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaría
Nacional."(sic)., lo cual es también violatorio de los mandatos de los
artículos 122 y 209 superiores.
- Artículos 52, que prevé la facultad del director del
INPEC para expedir el reglamento general al cual se sujetarán los reglamentos
internos de los diferentes establecimientos de reclusión. Nuevamente el actor
afirma que, por tratarse de un tema que se relaciona directamente con la
limitación de un derecho fundamental, cual es la libertad de las personas,
corresponde al órgano legislativo todo lo referente a su regulación.
- Artículos 53, que contempla la facultad de los
directores de los centros de reclusión para expedir el reglamento interno. De
acuerdo con lo expuesto en la demanda, este artículo es violatorio del artículo
13 de la Constitución Política, toda vez que el establecer diferentes
reglamentos para cada uno de los centros carcelarios del país resulta contrario
al principio de la igualdad de las personas ante la ley. Afirma el actor que,
de esta forma también se vulnera el artículo 209 superior.
- Inciso final
del artículo 69, que
dispone que el INPEC fijará los criterios para el establecimiento de cajas
especiales para el expendio de artículos de primera necesidad dentro de los
centros de reclusión. El actor tacha de inconstitucional la citada norma, ya
que considera que es competencia exclusiva del legislador ordinario, al tenor
de los numerales 11 y 12 del artículo 150 superior, el establecimiento de las
fuentes de financiación de las entidades públicas.
- Artículos 72 y
73, que facultan al
director del INPEC para señalar la penitenciaría o el establecimiento de
rehabilitación donde el condenado deba cumplir con su pena, y el traslado de
internos de un establecimiento carcelario a otro. Estima el actor que se trata
de otra facultad ambigua y no delimitada otorgada al director del INPEC, lo
cual, a su juicio, resulta contrario a los  artículos 122 y 209 superiores.
- Artículo 79, que trata de la obligatoriedad del
trabajo en los centros de reclusión. El demandante considera que la expedición
del estatuto del trabajo corresponde al Congreso, y por tanto es inexequible la
facultad que se le otorga al director del INPEC para reglamentar dicha
actividad al interior de los centros carcelarios.
- Artículo 84, que prohibe a los reclusos la celebración
de contratos de trabajo con particulares y los obliga a celebrarlos con la
administración de cada centro de reclusión, o con la sociedad
"Renacimiento";
- Incisos
primero, segundo y final del artículo 86, que regulan lo relativo a la seguridad industrial de
los trabajadores carcelarios, la autorización a los condenados que se
encuentran en la fase media de seguridad del sistema progresivo a realizar
trabajos en grupo, y la posibilidad que tienen los detenidos a trabajar
individualmente o en grupos de labores públicas, agrícolas o industriales en
las mismas condiciones que los condenados "siempre que el director del
respectivo establecimiento le conceda esta gracia".
El actor considera
que las anteriores normas deben ser declaradas inconstitucionales, con
fundamento en los mismos argumentos expuestos en los cargos formulados contra
el artículo 79 acusado.
- Artículo 87, que faculta a los directores de los
establecimientos de reclusión a que  previa delegación del director del INPEC,
celebre contratos o convenios con personas de derecho público o privado, con el
fin exclusivo de garantizar el trabajo, la educación, la recreación, el
mantenimiento y funcionamiento de los centros de reclusión. Manifiesta el actor
que dicha delegación es inconstitucional "porque se omite el requisito
previo de la ley que delegue dicha contratación en el Director General del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, y se omite también el requisito
de la ley que autorice la delegación de parte de dicho funcionario a los
directores de los centros carcelarios."
- Artículo 89, que prohibe el uso del dinero al interior
de los centros de reclusión y delega en INPEC la facultad de reglamentar las
modalidades de pago de bienes y servicios en dichos centros. Considera el
demandante que la citada norma es contraria al numeral 13 del artículo 150
constitucional, ya que es el Congreso de la República el ente facultado para
determinar la moneda legal, su convertibilidad y fijar su poder liberatorio.
- Artículos 90 y
91, que autorizan al
Gobierno Nacional para la creación de la sociedad de economía mixta
"Renacimiento", y el desarrollo de la misma. Se trata -a juicio del
actor- de una norma que vulnera el numeral 10o. del artículo 150 superior, ya
que el otorgamiento de facultades extraordinarias se debe  hacer en forma
precisa y limitada.
- Inciso primero
del artículo 112, que
regula el régimen de visitas de los reclusos. El actor solicita la declaratoria
de inconstitucionalidad de este artículo,  aduciendo violación de los artículos
150, numerales 1o. y 2o., y numeral 11 del artículo 189 superiores.
- Inciso sexto
del artículo 112, que
prevé la facultad del director del establecimiento carcelario para autorizar,
por fuera del reglamento interno, visitas en casos excepcionales y de
necesidades urgentes. Considera el actor que dicha facultad es contraria a los
artículos 13 y 209 superiores, ya que "da pie a que se presenten
actuaciones administrativas que se apartan del principio de la igualdad y de la
imparcialidad que ha de regirlas."
- Artículo 113, que prevé que las autoridades judiciales y
administrativas, en ejercicio de sus funciones, pueden visitar los
establecimientos penitenciarios y carcelarios. Una vez más, señala que se trata
de una función pública que no se encuentra debidamente reglamentada y
delimitada, tal como lo ordena el artículo 122 superior.
- Artículos 116 y
117, que delega en el
INPEC la facultad de expedir el reglamento disciplinario al cual se someterán
los internos de los centros carcelarios, y determina las sanciones aplicables.
Estima el actor que esta delegación no se enmarca dentro de los lineamientos
del artículo 211 superior, ya que no se establecen los parámetros dentro de los
cuales se ha de desarrollar la función delegada..
B)  El segundo tema
de que trata la demanda se refiere a la clasificación y trato diferenciado en
el régimen carcelario, y en él se hace un análisis comparativo entre los
derechos que la Constitución Política instituye para todas las personas y su
valor y ejercicio dentro de los centros carcelarios.
Considera el actor
que las normas acusadas que hacen parte de este tema resultan violatorias de
los artículos 12, 13, 15, 42, 44, 45, 47 y 50 de la Constitución Política,  que
consagran, en su orden, el derecho a no ser sometido a tratos o penas crueles e
inhumanos, el derecho a la igualdad, el derecho a la intimidad y al buen
nombre, el derecho a la protección especial de la familia como núcleo
fundamental de la sociedad, los derechos fundamentales de los menores , los
derechos especiales de los adolescentes, el derecho a tener acceso a las
políticas de rehabilitación e integración social  y el derecho de los menores a
la seguridad
Las mencionadas
normas son las que a continuación se relacionan:
- Artículo 3o., que prevé las "distinciones
razonables" en materia penitenciaria y carcelaria.
- Artículo 16, 72
y 73, que se refieren al
traslado de internos.
- Parágrafo
segundo del Artículo 21,
que contempla un  trato preferencial para los miembros de grupos subversivos
que se entreguen en forma voluntaria, los cuales podrán ser recluidos en
instalaciones de la Fuerza Pública.
- Parágrafo
tercero del Artículo 21,
que contempla la posibilidad de que los celadores de compañías privadas de
vigilancia que cometan delitos en ejercicio de su oficio, podrán cumplir su
detención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos, o a falta
de éstos en pabellones especiales.
- Inciso primero
del artículo 24, que trata
de los establecimientos de rehabilitación y los pabellones psiquiátricos.
- Inciso primero
y parágrafo del artículo 29,
que señala unos privilegios en materia de detención preventiva para aquellas
personas que hayan sido servidores públicos, funcionarios que gocen de fuero
legal o constitucional, ancianos e indígenas.
- Parágrafo del
artículo 30, que prevé un
trato especial a los menores que cometan delitos que sean del conocimiento de
los jueces regionales.
- Artículo 36,  que señala que los empleados, detenidos y
condenados deben respeto y obediencia al director del respectivo centro
carcelario.
- Artículo 98, que trata de la redención de la pena para
aquellos reclusos  que acrediten haber actuado como instructores de otros.
- Artículo 115, que trata de las visitas de los medios de
comunicación a los centros de reclusión.
- Artículo 119, que ordena el sometimiento de los
reclusos a disposiciones generales y  especiales.
- Parágrafo del
artículo 139, numeral quinto del artículo 147 e inciso segundo del artículo
150., que contempla la
excepción de beneficios para aquellas personas que se encuentren detenidas o
condenadas por delitos de competencia de los jueces regionales.
Un tercer tema hace
referencia a la violación o limitación  del ejercicio de varios de los derechos
fundamentales de los reclusos, y sirve de fundamento para formular los cargos
contra las siguientes normas:
- Artículo 57,
que prohibe el proselitismo político al interior de los centros de reclusión.
- Inciso final
del artículo 64, que
impone a los internos la obligación de mantener la limpieza de los
establecimientos carcelarios, sin que dicha actividad forme parte del régimen
ocupacional para la redención de la pena.
- Artículo 65, que obliga a los condenados a vestir
uniformes.
- Incisos tercero
y quinto del artículo 111,
que restringe las comunicaciones de los reclusos.
- Artículo 114, que prevé la suspensión inmediata de
visitas.
- Inciso primero
del artículo 153, que
permite la permanencia en los establecimientos de reclusión a los hijos de las
internas, hasta la edad de tres años.
El cuarto tema de
que trata la demanda hace referencia a ciertas normas atinentes al régimen
disciplinario, que se acusan de inconstitucionales por atentar supuestamente
contra los derechos fundamentales de la población carcelaria. Así, el
demandante acusa las siguientes normas:
- Literales c) y
d) del artículo 44, que
imponen a los guardianes el deber de ejercer una permanente vigilancia visual
sobre los reclusos, y el de requisar cuidadosamente a los detenidos y
condenados, conforme a los reglamentos.
- Literal g) del
artículo 44, que obliga a
los guardianes a mantener "con firmeza" el orden en el
establecimiento penitenciario y carcelario.
- Literal a) del
artículo 45, que prohibe a
los guardianes tener relación o trato con los reclusos.
- Literal b) del
artículo 45, que prohibe a
los guardianes la celebración de negocios con los "allegados" de los
detenidos o condenados.
- Numeral 11 de
la sección de "Faltas leves" del artículo 121, que tipifica como tal emitir expresiones
públicas o adoptar modales o aptitudes contra el buen nombre de la justicia o
de la institución.
- Numerales 14,
26 y 27 de la sección "Faltas graves" del artículo 121, que
tipifica como tales las protestas colectivas, hacer proselitismo político y
lanzar consignas o lemas subversivos.
- Numeral primero
de la sección de sanciones para las faltas graves del artículo 123, que prevé la pérdida del derecho de
redención de la pena hasta por sesenta días.
- Numeral tercero
de la sección de sanciones para las faltas graves del artículo 123, que tipifica como tal el aislamiento en
una celda hasta por sesenta días.
- Artículo 125, que prevé la imposición de medidas
"in continenti"
Además de estos
cargos generales, el actor formula cargos específicos contra los siguientes
artículos:
- Incisos primero
y segundo del artículo 60 y artículo 109. Considera el actor que los incisos en comento son
violatorios de los artículos 34 y 58 de la Constitución Política, ya que en el
evento de que los bienes que se encuentren en manos del detenido al momento de
su captura sean bienes ajenos, deben ser las autoridades judiciales y no las
administrativas las que decidan el lugar en donde dichos bienes han de ser
depositados. A juicio del demandante "no tiene sentido, en tal caso, que
el reglamento interno del centro carcelario deba señalar el sitio en donde
hayan de ser depositados tales bienes, porque se cercena el derecho de
propiedad de los verdaderos dueños de tales valores y efectos, y se perturba,
eventualmente, el curso de las acciones judiciales que puedan tener lugar sobre
ellos". En el evento de que los bienes sean de propiedad del detenido,
"no tiene porque decidir sobre su destino el reglamento interno del centro
de reclusión, porque, a pesar de estar detenida, la persona todavía conserva la
propiedad de sus bienes y la administración de su patrimonio, que solamente a
título de pena accesoria puede llegar a serle impuesta, al cabo de un proceso
en el cual se ventile la cuestión.
En lo referente al
inciso segundo del artículo 60, el actor afirma que es inconstitucional, toda
vez que un reglamento interno de un centro de reclusión no puede "tener
por virtud la variación de los órdenes hereditarios, o potestad para enunciar
otros nuevos, y mucho menos para entender, como pena accesoria a la fuga de la
persona, la pérdida de la parte de su patrimonio que estuviese en poder de las
autoridades carcelarias al momento de su ausencia del recinto carcelario, en
favor o en beneficio de dicho centro de reclusión". Con fundamento en
estos  mismos argumentos, el demandante sostiene que debe ser declarado
inexequible al artículo 109 de la ley 65 de 1993.
- Artículo 101. Manifiesta  que dicha norma es violatoria
del artículo 29 de la Constitución Política, ya que condiciona la redención de
la pena a una evaluación del trabajo, la educación o la enseñanza del recluso
en los términos generales de la ley 65 de 1993, sin establecer una pauta
objetiva que señale los parámetros bajo los cuales se realizará dicha
evaluación, dejando la decisión de conceder o negar el beneficio al arbitrio
del juez de ejecución de penas.
Por último, el
demandante señala que el artículo 168 de la Ley 65 de 1993 es contrario a los
artículos 212, 213 y 214 de la Constitución Política, ya que, al decretar el
"estado de emergencia penitenciaria y carcelaria", el director
general del INPEC invade la competencia que de manera exclusiva le esta
deferida al presidente de la República.
IV. CONCEPTO
FISCAL
En la oportunidad
legal, el señor viceprocurador general de la Nación se pronunció sobre la
demanda presentada por el actor y solicitó a esta Corporación que se este a lo
resuelto en la sentencia C-549 de 1o. de diciembre de 1994, magistrado ponente
Dr. Carlos Gaviria Díaz, que declaró exequible la frase "El instructor no
podrá enseñar más de cuatro horas diarias...", contenida en el inciso
segundo del artículo 98 de la ley 65 de 1993. Por otra parte, solicitó que se
declare la inexequibilidad de los artículos 60 y 109 y de los numerales 1o. y
3o. del artículo 123 de la ley 65 de 1993, y que se declare la exequibilidad de
las demás normas acusadas, de acuerdo con los argumentos que se enuncian a
continuación.
En relación con los
cargos que se dirigen contra las facultades que confiere la ley a las
autoridades administrativas frente a los reclusos, por considerar el actor que
dicho tratamiento es de competencia de la ley o del presidente de la República,
considera el Ministerio Público que la perspectiva de la demanda resulta
estrecha "al no distinguir en la dinámica punitiva del Estado entre la
creación legal, el momento de aplicación de la pena y la fase ejecutiva de la
misma", y por otro lado "cuando concibe que toda situación que se
presente en la relación carcelaria o penitenciaria, entre detenido o condenado
con las autoridades administrativas, deba ser objeto de tratamiento legal,
olvidando el amplio ámbito que corresponde al acto administrativo de las
autoridades del orden nacional diferentes del Presidente de la República."
A juicio del señor
viceprocurador general de la Nación, "el escenario normativo que ofrece el
sistema punitivo colombiano se soporta en la separación y colaboración entre
las ramas del poder público, como garantía de la libertad. Así, al Congreso le
atañe el momento de la creación de los mínimos y los máximos punitivos; al juez
su dosimetría en los casos concretos -reserva judicial respecto a la imposición
de penas de prisión, arresto o detención, art. 28 constitucional- y al Ejecutivo
la fase del cumplimiento efectivo de las sentencias penales y de la detención
precautelativa, la aplicación de las medidas de seguridad y la reglamentación y
control de las penas accesorias (Arts. 201 CP y 14 ley 65 de 1993.)". Para
el cumplimiento de las sentencias penales y la aplicación de las medidas de
seguridad y la reglamentación y control de las penas accesorias, anota que el
legislador creó la figura de los jueces de ejecución de penas y medidas de
seguridad, quién es precisamente el encargado de garantizar la legalidad en
esta fase punitiva.
Con fundamento en
estos lineamientos generales, afirma que las distinciones razonables por
motivos de seguridad, de resocialización y para el cumplimiento de la sentencia
y de la política penitenciaria y carcelaria de que trata el artículo 3o.
acusado, las normas acusadas deben ser declaradas exequibles, "ya que
forman parte del título correspondiente a los principios generales, se hallan
inmersas en las órbitas legislativa y reglamentaria para su materialización y
por ende, su tratamiento y consignación por ser 'legal' es reglado, lo que
proscribe toda aplicación arbitraria al respecto."
Según el
viceprocurador, los mismos argumentos atrás señalados sirven para justificar la
constitucionalidad del artículo 14, que faculta al INPEC para la reglamentación
y control de las penas accesorias fijadas en el Código Penal; el
establecimiento del régimen interno y la determinación de las especificaciones
para la construcción de los centros de reclusión, y la clasificación de los
mismos que contempla el artículo 22; la autorización del INPEC a entidades
privadas para la creación de casas cárceles de que trata el artículo 23, y la
autorización para el director del INPEC y los respectivos alcaldes municipales
para delimitar el campo de acción de los centros carcelarios y prohibir dentro
del mismo e funcionamiento de expendios públicos y de actividades que atenten
contra la seguridad y la moralidad públicas, y la autorización para llevar a
cabo la expropiación por vía administrativa de los inmuebles aledaños a los
establecimientos de reclusión que prevé el artículo 33.
Igualmente señala
que se encuentran acordes con la Carta Política el artículo 37, que contempla
que los reglamentos internos establecerán los horarios y las limitaciones
dentro de las cuales ejercerán su trabajo los colaboradores externos de los
centros de reclusión; el artículo 52 que señala que el director del INPEC
dictará el reglamento general al cual se deben someter los reglamentos
internos; los artículos 53, 111 y 112 que prevén el reglamento interno y el
régimen de visitas; el artículo 69 que fija los criterios según los cuales el
INPEC realizará  la financiación de las cajas especiales para el expendio de
los bienes de primera necesidad y uso personal de los detenidos y los
condenados,  y los artículos 72 y 73 que le otorgan competencia al director del
INPEC para el señalamiento del centro penitenciario o de rehabilitación donde
el condenado ha de cumplir con la sentencia, y para ordenar los traslados de
internos de un centro a otro; los artículos 79, 84, 86 y que autorizan al
director del INPEC para reglamentar el trabajo dentro de los centros
carcelarios y lo relativo a su ejecución y remuneración; la facultad de
constituir y dictar las norma que desarrollan la sociedad de economía mixta
denominada "Renacimiento" contenidas en los artículos 90 y 91, que, a
juicio del viceprocurador, "no tienen nada que ver con el ejercicio de las
facultades extraordinarias del artículo 150-10 constitucional, como lo percibe
el demandante", y finalmente,  los artículos 116 y 117 que autorizan al
INPEC para la expedición del reglamento disciplinario.
En relación con los
cargos fundamentados en el trato diferenciado a los internos de los centros de
reclusión manifestó que "en el proceso de ejecución punitiva tiene como
norte obligado el respeto a la dignidad inherente a la persona humana y en esta
orientación encuentran razonabilidad la separación de procesados - detenidos y
condenados, en el entendido que son diferentes, la separación de los menores de
los adultos, así como también las clasificaciones de los centros de reclusión,
en cárceles, penitenciarías y establecimientos para inimputables y atendiendo
la protección de los reclusos, su distinción como de alta, media y mínima
seguridad." A la luz del anterior postulado, concluye que deben ser
declarados exequibles los artículos 16, 21, 24 (inciso primero), 29, el
parágrafo del artículo 30, los artículos 72, 73, 119,  el parágrafo del
artículo 139, el numeral 5o. del 147, y el 150. Comenta que el sometimiento a
los reglamentos disciplinarios de los internos hace parte del propósito
resocializador de las penas. En cuanto al tratamiento que se le da a aquellas
personas que cometen delitos de competencia de los jueces regionales, sostiene
que éste se fundamenta en las condiciones de extrema vigilancia a que se deben
someter dichas personas debido a las circunstancias mismas que envuelven tales
ilícitos.
Sobre el tema de los
derechos fundamentales de los internos, afirma que "la suspensión del
derecho a la libertad física no implica que la persona afectada por la medida
no sea titular de otros derechos fundamentales limitados como consecuencia de
la relación carcelaria, pero que no obstante ésta, permanecen incólumes en su
núcleo esencial". Bajo este parámetro encuentra ajustados a la Carta
Política el control y restricción en el régimen de visitas, el voto de los
internos, la posesión y circulación de dinero en efectivo, el régimen de
comunicaciones, las restricciones a los derechos de expresión, enseñanza,
trabajo, reunión y asociación "siempre y cuando no se aténte contra los
derechos de los demás y su ejercicio no sea obstáculo para el logro de la
convivencia pacífica, la prevalencia del interés social, la moralidad, las buenas
costumbres, la seguridad y salubridad, entre otros, dentro de los límites que
impongan la ley y los reglamentos. (T-219 de 1993 citada en la T-065 de
1995)."Con estos mismos argumentos justifica la exequibilidad de los
artículos 113 y 115 acusados.
Además, manifiesta
que "en los propósitos del mantenimiento de la seguridad, salubridad y en
general en la conservación de las condiciones para el cumplimiento de las penas
o medidas de aseguramiento, la razonabilidad y proporcionalidad de los actos administrativos
en que se traduce la posición de supremacía estatal en la relación
carcelaria", y con fundamento en ella, afirma que no resultan contrarias a
la Constitución Política las normas relativas al voto de los internos, a la
limpieza de los establecimientos carcelarios a cargo de los internos, la que
impone el uso de uniformes, la suspensión inmediata de las visitas y la
permanencia de menores al lado de sus madres reclusas.
En lo referente al
régimen disciplinario, sostiene que "las características de la relación
carcelaria y el ámbito reglado que la sustentan, apuntalada en todo caso en el
respeto de la dignidad humana que la Carta consagra como principio, llevan al
Despacho a confirmar la reflexión de la Corte según la cual 'la cárcel no es un
sitio ajeno al derecho', de donde se tiene frente a la potestad disciplinaria
en la que subyace sin duda propósitos resocializadores, que la misma para
efectos de su valor jurídico se debe entender enmarcada dentro de los límites
impuestos por los derechos de los presos. En este orden el deber de respeto  y
obediencia de los empleados, detenidos y condenados al Director del
establecimiento de reclusión y a las normas del Código Penitenciario y
carcelario y a las reglamentaciones particulares, no corresponde a una relación
servil como lo percibe el demandante (art. 36); tampoco merecen reparo las
perceptivas de los literales c), d), y g) del artículo 44 donde se consignan
los deberes de los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia de la
penitenciaría nacional, atinentes a la custodia y vigilancia de los internos en
los centros penitenciarios, en las remisiones, diligencias judiciales, etc, de
requisa conforme al reglamento y del mantenimiento de la disciplina con firmeza
pero sin más restricciones de las necesarias, para conservar el orden en el
establecimiento penitenciario y carcelario; así también la prohibición para
éstos servidores de aceptar dádivas, homenajes, préstamos, efectuar negocio
alguno con los detenidos, condenados, familiares o allegados de éstos, lo cual
constituirá causal de destitución."
Bajo este contexto,
el viceprocurador considera que también deben ser declarados exequibles los
numerales 14, 26 y 27 del artículo 121, que tipifican algunas de las
denominadas faltas disciplinarias leves, ya que su consagración es acorde con
el artículo 29 superior, y las sanciones previstas son acordes con las
características mismas de la relación carcelaria.
En igual sentido
solicita que se declare la exequibilidad del inciso primero del artículo 125,
ya que las medidas in continenti son necesarias para conjurar
situaciones como actos de fuga o de violencia de los internos, para superar la
resistencia pasiva o activa de los internos a las órdenes del personal
penitenciario y carcelario, entre otras que prevé la norma comentada.
De otra parte,
considera que las sanciones de pérdida del derecho a la redención de la pena
hasta por sesenta días y el aislamiento en una celda especial por el mismo
tiempo previstas en los numerales 1o. y 3o. del artículo 123 acusado hacen mas
gravosa la situación de los internos en lo que respecta a su libertad personal,
además de atentar contra la dignidad personal, razón por la cual solicita que
dichas normas sean declaradas inexequibles.
En lo relacionado
con la competencia de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad
considera que no es contraria a la Carta Política la  facultad que se les
otorga para conceder o negar la redención de la pena con fundamento en la
evaluación del trabajo, la educación o la enseñanza, ya que precisamente dicha
evaluación es la que permite al juez formarse un criterio para otorgar o no
dicho beneficio.
Al analizar los
artículos 60 y 109 de la ley 65 de 1993, considera el vieceprocurador que son
normas que se deben declarar inexequibles, ya que, al ordenar que si los bienes
del interno no son reclamados dentro de los tres meses siguientes a su muerte o
a su fuga éstos ingresarán al patrimonio del respectivo centro carcelario,
desconocen disposiciones en materia civil sobre derechos reales, y por ende,
resultan violatorias del derecho a la propiedad.
Finalmente,
considera que el artículo 168 acusado debe declararse exequible, ya que se
trata de una facultad otorgada al director del INPEC que no se puede homologar
con las figuras de los estados de excepción. Así, señala que "el
tratamiento reglado de los traslados en condiciones de normalidad o anormalidad
y las referencias que de ellos hacen los estatutos general e interno que rigen
los centros carcelarios y penitenciarios, en la medida en que tengan como norte
obligado las perceptivas constitucionales que reconocen los derechos humanos,
se avienen al Ordenamiento Superior como la norma acusada."
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. La
competencia
Por dirigirse la
demanda contra una disposición que forma parte de una ley de la República, es
competente la Corte Constitucional para decidir sobre su constitucionalidad,
según lo prescribe el artículo 241-4 de la Carta Fundamental.
2.
Consideraciones previas sobre la naturaleza de la vida penitenciaria
La vida
penitenciaria tiene unas características propias de su finalidad, -a la vez
sancionatoria y resocializadora-, que hacen que el interno se deba adecuar a
las circunstancias connaturales a la situación de detención. Como las leyes
deben fundarse en la realidad de las cosas, sería impropio, e insólito, que al
detenido se le concediera el mismo margen de libertad de que se goza en la vida
normal. Se trata, pues, de una circunstancia que no es excepcional sino
especial, y que amerita un trato igualmente especial. Existen circunstancias y
fines específicos que exigen, pues, un tratamiento acorde con la naturaleza de
un establecimiento carcelario; no se trata simplemente de una expiación, sino
de un amoldamiento de la persona del detenido a circunstancias especiales, que
deben ser tenidas en cuenta por el legislador.
El libre desarrollo
de la personalidad constituye, es cierto, un derecho fundamental que también
debe ser respetado en un establecimiento carcelario. Pero no puede exagerarse
el alcance de tal bien en virtud del abuso de la libertad, porque ello lo haría
inocuo. La libertad para nadie es ilimitada; es un derecho que se debe ejercer
en concordancia con el legítimo interés de la comunidad. En el caso de la vida
penitenciaria es de interés general que la libertad tenga límites en sus
diversas manifestaciones, ello es razonable y es de la esencia del trato
especial a que deben estar sometidos los reclusos. Constituye por ello una
pretensión desde todo punto de vista injustificada el que se dejen de adoptar
elementales medidas de prevención, o de aplicar los necesarios correctivos,  en
los establecimientos carcelarios, so pretexto de defender, aun contra el
interés social, derechos individuales supuestamente violados. Por el contrario,
no sólo es lógico y razonable sino que se ajusta al ordenamiento jurídico el
que en los establecimientos penitenciarios y carcelarios imperen y se hagan
cumplir normas elementales de disciplina interna, que deben ser acatadas
estrictamente no sólo por los reclusos mismos, sino por el personal directivo
de dichos establecimientos, así como por su personal de guardianes, y por todas
las personas que los visiten a cualquier título, incluyendo a los abogados.
2.1 La
disciplina en los establecimientos carcelarios
El orden
penitenciario se enmarca dentro del criterio de la resocialización, y para ello
es necesaria, como se ha dicho, la disciplina, entendida como la orientación
reglada hacia un fin racional, a través de medios que garanticen la realización
ética de la persona. La disciplina, pues, no es fin en sí mismo, sino una vía
necesaria para la convivencia humana elevada a los más altos grados de
civilización. Ella no anula la libertad, sino que la encauza hacia la perfectibilidad
racional. Se trata, entonces, de un proceso de formación del carácter, que
tiende a la expresión humanista y humanitaria, en sentido armónico.
No hay duda de que
la vida penitenciaria debe obedecer a un orden pedagógico correctivo. En cuanto
orden, tiende a la armonía, en cuanto pedagógico, a la formación, y en cuanto
correctivo, a la resocialización. Sin disciplina no hay ni armonía, ni
formación, ni resocialización; por ello, ésta al ser personalizada, es
necesaria en cualquier establecimiento carcelario. En virtud de lo anterior, es
apenas razonable que el margen exterior de libertad en el seno de un centro de
esta naturaleza, deba ser proporcionado a las exigencias de formación y de
orden, inherentes a la institución.  El Estado Social de Derecho busca en este
campo la readaptación del individuo, la actualización de sus potencias propias
y, por sobre todo, la protección de los legítimos intereses de la sociedad.
La actividad del
interno dentro del establecimiento carcelario debe orientarse pues hacia una
meta que debe buscar el beneficio de la sociedad y del mismo sujeto; a la
sociedad, por cuanto busca rescatar a uno de sus miembros, y al mismo sujeto,
porque se le ayuda a perfeccionar su carácter. No hay, pues, que pretender
despojar a los centros de rehabilitación de sus mecanismos propios de acción,
encaminados a sus objetivos legítimos. Pero ello no significa que la disciplina
pueda tornarse en un poder de fuerza irracional, porque entonces se anularía su
principio justificante.
La racionalidad  de
la disciplina, requiere de un mínimo de discrecionalidad por parte de quienes
la imponen, ya que no es posible que la actividad carcelaria esté totalmente
reglada; ello porque el acto humano tiene un espacio indeterminado de
proyección ante las contingencias impredecibles, que la norma y el reglamento
no alcanzan a tipificar por imposibilidad material, y porque el proceso de la
actividad carcelaria exige que, en aras de la disciplina, se adecúen los
principios generales a casos concretos y específicos.
3.      Consideraciones
de la Corte sobre las normas acusadas de           extralimitación de funciones
Habida cuenta de la
extensión de la demanda, que versa sobre cincuenta y un artículos de la Ley 65
de 1993, algunos de ellos acusados parcialmente, y para efectos de un mayor
orden en la argumentación, la Sentencia se referirá primero a las normas
acusadas primordialmente con el cargo de extralimitación en las atribuciones
conferidas al director del INPEC y, en general, a las autoridades carcelarias,
y posteriormente se referirá a las normas acusadas de presunta violación de
diversos derechos constitucionales fundamentales, y de otras normas de la Carta
Política, que el actor invoca en un número de cuarenta y nueve.
Arguye el demandante
que hay extralimitación de funciones por parte del director del INPEC, en los
siguientes artículos: el 3o., sobre "distinciones razonables" en
materia penitenciaria y carcelaria; el 14, sobre el contenido de las funciones
del INPEC; el 22, sobre la clasificación de los centros de reclusión; el 23,
atinente a la creación, organización y administración de los establecimientos
carcelarios por particulares para delitos culposos cometidos en accidente de tráfico;
el 33, que autoriza a los alcaldes y al director del INPEC para fijar el radio
de acción alrededor de los centros de reclusión y la facultad de prohibir el
funcionamiento de expendios públicos y de actividades que atenten contra la
seguridad y moralidad públicas; el 37, que establece el reglamento de horario
para el trabajo de colaboradores en los centros de reclusión; el 52, sobre el
reglamento en general; los artículos 53, 111 y 112, que señalan el reglamento
interno y el régimen de visitas; el 69,  que señala los criterios para la
financiación de cajas especiales a cargo del INPEC; los artículos 72 y 73, que
facultan al director del INPEC para fijar el establecimiento donde debe
cumplirse  la pena y traslado de un establecimiento a otro; los artículos 79,
84 y 86, referente al trabajo dentro de las cárceles; los artículos 90 y 91,
que autorizan la constitución de la sociedad "Renacimiento", y los
artículos 116 y 117, que establecen el régimen disciplinario. Todos estos
textos consagran facultades exclusivas del legislador -según el actor- o del
ejecutivo en ejercicio de la potestad reglamentaria, pues manifiesta que las
normas acusadas hacen relación a disposiciones de carácter general sobre los
efectos y alcances de la libertad de las personas.
3.1  Sobre las distinciones razonables en
materia penitenciaria y carcelaria de que trata el segundo inciso del artículo
3o, hay que examinar cada una de las vicisitudes que se presentan en una cárcel
-que son variadas e indeterminadas-, para proceder justamente. No se puede dar
el mismo trato, de manera exacta e idéntica, a personas con antecedentes,
conducta y situaciones jurídicas distintas. Ya esta Corporación ha señalado
cómo la igualdad no consiste en la identidad absoluta, sino en la
proporcionalidad equivalente entre dos o más entes, es decir, en dar a cada
cual lo adecuado según las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Además, la
norma funda la distinción -que no es lo mismo que discriminación- en motivos
razonables para lograr objetivos legítimos, tales como la seguridad, la
resocialización y cumplimiento de la sentencia, que tienen notas directas de
interés general y, por ende, son prevalentes. Luego no se trata de una
discrecionalidad radical, sino tan sólo de un margen razonable de acción,
precisamente para que se cumplan la ley y la sentencia. Por lo anteriormente
expuesto la Corte no encuentra tacha de inconstitucionalidad en el inciso
segundo del artículo 3o. demandado.
3.2  Con respecto al artículo 14, afirma el
demandante que dicha norma sustrae de la competencia del Presidente de la
República una atribución que le es propia, como la potestad reglamentaria
consagrada en el artículo 189-11 superior.
El artículo 14 debe
entenderse en un sentido razonable, es decir, la ejecución de que trata, no es
la ejecución de penas, potestad jurisdiccional en cabeza de los jueces de
penas, sino de una ejecución de carácter administrativo, a nivel interno,
compatible con la función natural del gobierno, y así entendida la norma no
contraviene en nada ni la letra ni el espíritu de la Carta Política. No ocurre
lo mismo con respecto a la reglamentación de penas accesorias fijadas en el
Código Penal, pues, la Corte considera que dicha reglamentación corresponde al
legislador, y al otorgarle el artículo en comento esa facultad al gobierno,
contraviene el artículo 113 superior. Es por ello que se declarará la
inexequibilidad de la expresión "y la reglamentación" del artículo
acusado.
3.3  En cuanto al inciso segundo del artículo
22, que clasifica los centros de reclusión en establecimientos de alta, mediana
y mínima seguridad, consagrando así una diferencia de categorías, hay que
advertir que no por el hecho de distinguir y clasificar se está discriminando.
Antes bien, en este caso la clasificación brinda condiciones de seguridad
-incluso para los mismos reclusos-,  elemento esencial del orden público, que
constituye un derecho de la sociedad y un deber del Estado. Las observaciones
sobre la igualdad, que no es sinónimo de identidad absoluta, valen también
aquí. A veces las mismas condiciones de trato ante situaciones y exigencias
diversas, pueden llegar a ser injustas, sobre todo cuando se trata de proteger
la seguridad de la vida de los internos, y la seguridad y tranquilidad de los
miembros de la sociedad civil.
Con respecto al
inciso tercero del artículo 22, la Corte observa que esta disposición es apenas
un desarrollo lógico del inciso segundo del mismo artículo, el cual no
contradice en nada ni el espíritu ni la letra de la Carta. La seguridad exige a
veces que una persona sea trasladada o destinada a un centro especial, en
atención a las circunstancias específicas que pueden hacer más viable la
seguridad en otro sitio; además la disposición busca proteger al mismo recluso
y a los demás internos. No encuentra la Corte, por otra parte, que en estas
disposiciones se incurra en extralimitación de funciones.
3.4   En cuanto al artículo 23, que señala que
previa aprobación del INPEC, las entidades privadas podrán crear, organizar y
administrar las casas-cárceles, no se trata en modo alguno de una
administración privada de justicia, por cuanto el INPEC expide el régimen de
estos centros en materia de organización y funcionamiento, además de que dichos
establecimientos dependen de la cárcel nacional de su respectiva jurisdicción.
Como se trata de un régimen especial, motivado en los delitos culposos
cometidos en accidentes de tránsito, y hay una dirección unificada por parte de
una autoridad pública y dependencia de la cárcel nacional de la jurisdicción
donde se encuentre, nada obsta para que, previa autorización del INPEC, se
faculte a los particulares para cooperar con la justicia en los casos en que no
hay dolo sino a lo sumo imprevisión. Por lo demás, la Corte recuerda cómo con
base en la misma Constitución Política, los particulares pueden prestar
servicios públicos, bajo la suprema dirección del Estado, de conformidad con el
artículo 365, inciso segundo.
La Corte advierte
que el beneficio de cárceles especiales para la detención preventiva y
cumplimiento de penas por delitos culposos cometidos en accidentes de tránsito,
debe ser extensivo a todas las personas que incurran en este tipo de delitos,
estén o no afiliados a la casa cárcel en el momento de ocurrir el accidente de
tránsito; de lo contrario se estaría violando el principio constitucional de
igualdad. En caso de que la persona no estuviere afiliada a uno de dichos
establecimientos  en el momento de ocurrir el accidente de tránsito, debe
disponerse su afiliación inmediata en los términos legales previstos para el
efecto.
3.5  El artículo 33 establece unas medidas no
sólo convenientes, sino necesarias en atención a los momentos en que vive el
país, donde se ha visto como el crimen organizado, desde las cárceles,
fortifica su acción delictiva, valiéndose del vecindario, el cual llega a
convertirse en epicentro de operaciones delictivas. Es, pues, un principio de
seguridad nacional el que exige una actividad rigurosa de control sobre el
vecindario de los establecimientos carcelarios, donde debe haber condiciones especiales
de orden público que justifican  restricciones, sólo limitadas por los derechos
fundamentales en su núcleo esencial.
Sobre el inciso
final del artículo debe recordarse al actor que en virtud del artículo 333 de
la Carta, la actividad económica y la iniciativa privada no son potestades
absolutas, sino derechos limitados por el bien común. Y dada la naturaleza de
los centros de reclusión, sobre todo por su disciplina de formación y de
recuperación, atenta contra el bien común la inadecuada función de algunos
expendios públicos, y más aún las actividades que van contra la seguridad y la
moral públicas, objetos jurídicos protegidos por la Carta Política. Una cosa es
la tolerancia y otra muy distinta el ponerse en riesgo grave, directo e
inminente de inseguridad y escándalo, pues ni éste ni aquella pueden ser
protegidos  por  el  Estado,  porque se  rompería  el  principio  lógico  de
no  contradicción,   ya   que  es  impensable   que  coexista  el orden social
justo -fundamento y fin del Estado social de derecho, según el Preámbulo-  con
la inseguridad  y  el  escándalo  legitimados.  Esta Corte  en varias ocasiones
ha señalado  en  las partes motivas de sus sentencias, cómo contra el bien
común y el interés general no hay derecho alguno, así como no puede el Estado
proteger lo que busca erradicar.
Además, es preciso
recordar que el alcalde municipal, de acuerdo con el artículo 314 de la
Constitución Política, es el "jefe de la administración local y
representante legal del municipio", lo cual le permite actuar con
independencia y autonomía en el desarrollo de su gestión y en la toma de las
decisiones. De igual forma, dada su calidad de autoridad pública, está
comprometido con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado como el de
asegurar la convivencia pacífica y la protección a los habitantes en su vida,
honra y bienes. Para la efectiva realización de estos objetivos, los alcaldes
deben conservar el orden público dentro de sus respectivas jurisdicciones, de
acuerdo con la ley y con la política general que en esta materia establezca el
presidente de la República. Para el cabal cumplimiento de dicha función, la
Constitución le reconoce al alcalde la calidad de primera autoridad de
policía del municipio, y le ha encargado a la Policía Nacional cumplir con
prontitud y diligencia las instrucciones que el mencionado funcionario imparta
por intermedio del respectivo comandante (art. 315-2 C.P.).
Es por esto que no
se encuentra reparo alguno de inconstitucionalidad en el artículo 33 acusado,
ya que se trata de una disposición legal que se encuentra en consonancia con el
artículo 315-2 constitucional, cuyo objetivo principal es el de garantizar unas
condiciones mínimas de seguridad en las zonas aledañas a los centros
penitenciarios, en aras de la conservación del orden público.
3.6  El artículo 36, cuando habla de la obediencia, se
refiere no a una sumisión ciega e irreflexiva -que reñiría con el estatuto
ontológico de la persona- sino a la que se debe a quien ejerce razonablemente
la autoridad dentro del marco constitucional y legal. Las directivas
carcelarias, pues, no tienen atribuciones que puedan ir más allá de las que
establece el régimen disciplinario. Teniendo en consideración las anteriores
precisiones la norma es exequible.
3.7  El artículo 37 es impugnado bajo el
pretexto de ir contra lo previsto en el artículo 53 de la Constitución
Política. Dice el demandante que es a la ley a la que le corresponde organizar
todo lo relativo al derecho al trabajo y, por ende, es para él inconstitucional
la facultad que se le ha otorgado a los directores de los establecimientos
carcelarios, o al director del INPEC, para reglamentar lo pertinente a los
honorarios y limitaciones dentro de los cuales haya de llevarse a cabo el
trabajo de los colaboradores externos de los centros de reclusión, en lo que
atañe a las tareas de rehabilitación, reeducación y formación religiosa. La
Corte encuentra infundado el cargo, porque, en primer término, el derecho al
trabajo no es una facultad sin sujeción a ningún orden, y en segundo lugar
siempre debe de ejercerse dentro de una esfera que no contraríe los fines del
Estado social de  derecho, el orden público, el interés general y en bien
común. Es un hecho notorio que la disciplina encauza los derechos, no los
anula. Y cuando la disciplina es medio de formación, herramienta constructora
de la resocialización, y objeto de protección por parte del Estado, no puede
alegarse una pretensión absoluta contra aquel medio legítimamente establecido.
Sería absurdo pensar en que el derecho al trabajo de un colaborador externo
pudiera hacerse al antojo de éste, pasando por encima de un orden conforme a la
Constitución y las leyes. No, el derecho al trabajo consiste en una facultad
perfeccionante sobre las cosas, y no en una potestad omnímoda que pueda
contravenir los intereses de la sociedad. Todo establecimiento carcelario debe
tener un horario que establezca las oportunidades de realizar las diversas
actividades y para ello están facultadas sus directivas, no por capricho de
éstas, sino por mandato de la ley. Sería absurdo que el Congreso tuviese que
expedir una ley para cada reglamento interno de trabajo. En este punto, la
tesis del actor desconoce la realidad y la naturaleza de los establecimientos
carcelarios, cuando descalifica toda actividad que tenga un mínimo de
iniciativa ejecucional por parte del director del INPEC; no se puede despojar a
un director de su facultad de dirigir.
Los reglamentos de
que trata el artículo 37 son pues ajustados a la Carta. Deben, eso sí, fijarse
en lugares visibles al público, para efectos de su cabal cumplimiento, el cual
se logra mediante el conocimiento de su contenido por parte de sus
destinatarios.
3.8  Según el actor, el inciso primero del
artículo 52, que autoriza al INPEC para expedir un reglamento general, al cual
se sujetarán los respectivos reglamentos internos de los  diferentes
establecimientos  de  reclusión, usurpa la potestad reglamentaria sobre las
leyes que expide el Congreso, y lo hace todavía más -dice el demandante- en el
inciso tercero del mismo artículo, cuando señala que el INPEC está facultado
para señalar las materias que ha de contener dicho reglamento. En general
-según su parecer- todo el artículo es inconstitucional, en la medida en que
autoriza la expedición de varios reglamentos que tienen que ver con la
privación de la libertad de las personas, y el cumplimiento de las penas, a
funcionarios que son netamente administrativos.
No se usurpa en este
caso la potestad reglamentaria del presidente de la República,  porque  no se
trata de reglamentar una ley, sino de señalar los puntos que debe contener un
reglamento interno, concreto, a través de la expedición de un reglamento
general; no hay atribución de una potestad propia del presidente de la
República, sino el ejercicio de una potestad secundaria, implícita al Director
del INPEC. Como sostiene el tratadista Sayagués Laso, todo acto administrativo
comporta, necesariamente una potestad reglamentaria; cuestión diferente es que
no tenga el mismo alcance de la potestad reglamentaria que tiene el presidente;
pero de todas formas, para el cumplimiento de sus funciones, cualquier
autoridad administrativa goza de un mínimo de poder reglamentario, ya que éste
es inherente a la Administración. La administración tiene a su cargo múltiples
cometidos, para cumplir los cuales eficientemente necesita no sólo realizar
actos subjetivos y operaciones materiales, sino también dictar normas
generales, especialmente para regular la actuación de sus propios órganos. El
poder reglamentario radica, pues, en la naturaleza misma de la función
administrativa.
"Tampoco es de
recibo -señala el autor antes citado- la doctrina que exige texto
constitucional o legal expreso para admitir la existencia de potestad
reglamentaria, porque va contra la realidad institucional. La mayoría de las
constituciones no consagra expresamente la competencia reglamentaria amplia del
Poder Ejecutivo, mencionando sólo los reglamentos de ejecución, y sin embargo
nadie duda acerca de la existencia de esa potestad. Por tal motivo algunos
admiten que la atribución de competencia reglamentaria no tiene por qué ser
expresa, pudiendo estar implícita; pero aceptado esto, prácticamente se vuelve
al criterio que consideramos exacto, de que la potestad reglamentaria es
inherente a la función administrativa, está en la naturaleza misma de ésta[1]".
Por otro lado, el argumento de que un
funcionario administrativo no puede trazar ninguna estrategia carcelaria, ni
ningún reglamento interno, porque implica un efecto sobre la libertad de las
personas, resulta sofístico pues los actos no se definen por los efectos, sino
por las causas que determinan el obrar y por la relación causa-efecto. El actor
en su argumentación omite la causa final (la readaptación del individuo y la
seguridad de los asociados) y la relación causa-efecto, que es el orden dentro
del establecimiento. Además el efecto no es menguar la libertad, sino
encauzarla, según se dijo.
Sobre el reglamento
interno, a que se refiere el artículo 53 acusado, los argumentos esgrimidos en
el acápite anterior son suficientes para declarar también su exequibilidad.
3.9  Respecto del artículo 84, que regula lo
referente al contrato de trabajo disponiendo que los internos no podrán
contratar con particulares, quienes deberan hacerlo con la administración de
cada centro de reclusión o con la Sociedad "Renacimiento", y del
artículo 86, que se refiere a la remuneración del trabajo y a la posibilidad de
organizar grupos de labores agrícolas o industriales, la Corte encuentra que
dichas normas son exequibles por cuanto no contravienen precepto constitucional
alguno. Por el contrario, son normas destinadas a garantizar e incentivar la
labor productiva dentro de los establecimientos carcelarios, en beneficio de
los propios reclusos. Son normas que, además, tienen en cuenta las garantías
mínimas que la Constitución Política consagra para el trabajo, naturalmente no
en toda la extensión prevista en el artículo 53 superior,  por cuanto, como es
obvio, para estos efectos debe tenerse en cuenta la especial situación en que
se encuentran los detenidos. En manera alguna puede pretenderse que dentro de
un establecimiento carcelario tenga plena vigencia el régimen laboral que rige
para el común de los trabajadores; sería inconcebible, por ejemplo, para los
reclusos el que se garantizara el derecho a constituir sindicatos o
asociaciones (Art. 39 C.P.) o el derecho a salir de vacaciones.
Sin mbargo, en el
caso concreto de los contratos de trabajo, advierte la Corte que en principio
el trabajo realizado por los internos, en los términos de los artículos 84 y
86, consiste en una prestación de servicios de naturaleza civil, en el cual no
existe propiamente relación de subordinación, más aún cuando no se configura un
contrato de trabajo entre el interno y un patrono, ni seden, por ende, los
elementos que tipifican dicho contrato  ya que, como lo establece claramente el
artículo 84, los internos no pueden contratar directamente con particulares. En
la eventualidad de que se configurara la continuada subordinación o dependencia
del trabajador respecto del empleador, habría lugar al pago de un salario
proporcional equivalente al número de horas trabajadas, con base en el salario
mínimo legal vigente. Por lo demás, en los casos en que un recluso trabajare al
servicio de otro bajo alguna de las modalidades permitidas legal o reglamentariamente,
dicha relación deberá regirse por las normas laborales vigentes.
3.10   Los artículos 87, que trata sobre los actos
de gestión de los directores de los establecimientos de reclusión, 89,
referente al manejo de dinero en el interior de las cárceles, 90 y 91, que
autorizan la constitución de la sociedad "Renacimiento", 116, que
establece el régimen disciplinario para interno, y 117, sobre legalidad de las
sanciones, no tienen vicios de inconstitucionalidad, no solo por las razones
anteriormente señaladas, sino porque suponen un manejo adecuado a las
necesidades de un establecimiento carcelario, que tiene, se repite, una
naturaleza especial, pero siempre conforme con el género legal y
constitucional.
Respecto del
artículo 87, se trata de una labor que no necesita de autorización legal
expresa para delegar, por cuanto se trata de una actividad ordinaria de
administración, lo cual no implica  otorgarle potestad a una entidad privada,
sino una facultad de cooperar con el servicio público, situación que está
avalada por la Carta Política. Es un sofisma presentar el caso como si el
Director del establecimiento carcelario delegara sus funciones propias;
simplemente se le autoriza por ley para contratar con una persona de derecho
privado o de derecho público, lo atinente a la organización de un mejor
servicio al interior del establecimiento a su cargo.
Por otro lado, el
actor afirma que ese contrato tendría un objeto ilícito, ya que "con ellos
se quiere socavar la libertad que tienen todas las personas, detenidas o
condenadas, a escoger libremente su contratación". Como resalta de su
lectura, la afirmación del actor parte del supuesto de que la intención del
legislador (presumida por él) es "socavar la libertad", cuando no
sólo la presunción de buena fe ampara al legislador, sino que el tenor literal
es tan claro que es imposible jurídicamente deducir un dolo de tamaña dimensión
como el que presume el actor. ¿Por qué no ve él en la norma acusada la
intención de procurar, mediante tales contratos, un mejor servicio, por cuanto
se garantiza el trabajo, la educación y la recreación, tal como la
disposición acusada lo expresa nítidamente?.
En cuanto al
artículo 90, que autoriza al presidente de la República para constituir una
sociedad de economía mixta, que se denominará "Renacimiento", según
el demandante es inconstitucional porque no precisa su objeto. Nada más
apartada de la realidad que esta afirmación, por cuanto el status jurídico de
la entidad está perfectamente definido: una sociedad de economía mixta; además,
en el texto acusado se identifica su objeto, muy plausible por cierto: la
producción y comercialización de bienes y servicios fabricados en los centros
de reclusión. El fin de la empresa también ha sido señalado por la norma: dedicar
parte de las utilidades a los programas de resocialización y rehabilitación de
internos. Por tanto, carece de validez la acusación hecha al artículo en
cuestión.
En cuanto a los
artículos 116 y 117, que establecen, respectivamente, el reglamento disciplinario
para internos y el principio de legalidad en las sanciones, sometiéndolas a la
ley sub examine, según el actor, son inconstitucionales, con base en el
argumento de que se viola el artículo 211 superior, por cuanto corresponde
exclusivamente al presidente de la República ejercer la potestad reglamentaria.
Respecto al artículo 116 cabe recordar, como antes se señaló, que la expedición
de un reglamento disciplinario no implica que se esté reglamentando una ley,
porque el reglamento, propiamente hablando, no tiene la calidad de un decreto,
ni de una norma jurídica con características de expresar un deber ser fundado
en un mandato general, sino que se trata de una determinación específica, de
orden disciplinario, no con el fin de cualificar el status jurídico de la
persona, sino para adecuar su comportamiento al régimen especializado de un
establecimiento carcelario. El reglamento disciplinario para internos en todo
caso deberá fijarse en lugar público, pero que sea conocido de todos.
Y con respecto a la
presunta inexequibilidad del artículo 117, consistente en que "si dicho
reglamento disciplinario se pretende introducir la consideración de conductas a
las cuales se atribuyen sanciones, entonces es únicamente el legislador el
llamado a expedirlo", la Corte observa que tal afirmación riñe con
elementales postulados de la naturaleza de un reglamento, por un lado, y de la
función del legislador, por otro. Del reglamento interno, porque tiende a
establecer un orden concreto, a un sector in genere, y del legislador,
porque éste hace leyes como representante de la voluntad general, y por ende su
dimensión es unitiva y hacia el bien común general, y no hacia una especialidad
concreta y reducida, como lo que contempla un régimen disciplinario.
4.      Los demás artículos impugnados por el actor
se refieren a supuestas violaciones de distintos derechos individuales de los
reclusos, y de otras normas constitucionales.
El inciso segundo
del artículo 16, será declarado exequible, por cuanto, como ya se ha dicho, el
director del INPEC puede ordenar traslados en circunstancias especiales,
teniendo en cuenta que el caso del inciso sub lite siempre remite a las
necesidades. No es el capricho del director, sino las necesidades las que
determinan que opere una facultad que perfectamente puede otorgar la ley.
En cuanto a los
parágrafos 2 y 3 del artículo 21, en ellos no se establecen privilegios, sino
especialidades. Sería privilegio si los detenidos a que aluden las
disposiciones tuvieran una normatividad sui generis, es decir, otra ley.
Pero ya se estableció que distinción no equivale a discriminación. Discriminar,
jurídicamente hablando, es negarle a alguien un bien debido en justicia, es
decir, que la discriminación siempre es injusta.
Las mismas razones
anteriores pueden aducirse para defender la especialidad que consagra el
artículo 24 acusado. Es apenas natural que los inimputables por trastorno
mental o inmadurez psicológica, según dictamen pericial, tengan un tratamiento
diferenciado, adecuado a sus circunstancias.
En cuanto al primer
inciso del artículo 29 acusado, hay que recalcar que si bien es cierto se
aplica a personas a quienes, en razón de las dignidades públicas que ocuparon
en cierto momento, les cabe ante la sociedad un grado mayor de responsabilidad
moral, se encuentran, también por ese mismo motivo, en circunstancias de mayor
riesgo, en razón de las probables enemistades que genera el ejercicio  de
ciertos cargos. De ahí que la reclusión en establecimientos especiales para
ellos, no constituya, propiamente hablando, un privilegio, sino una prudente
medida de seguridad.
En cuanto a los
indígenas debe señalarse que esta expresión no es genérica, es decir referida a
quienes, como es el caso de un alto porcentaje de la población colombiana,
tengan ancestros aborígenes, sino que se refiere exclusivamente a aquellos
individuos pertenecientes en la actualidad a núcleos indígenas autóctonos, cuya
cultural, tradiciones y costumbres deben ser respetadas y garantizadas, en
tanto no vulneren la Constitución y ley. Es claro que la reclusión de indígenas
en establecimientos penitenciarios corrientes, implicaría una amenaza contra
dichos valores, que gozan de reconocimiento constitucional; de ahí que se
justifique su reclusión en establecimientos especiales.
En lo que respecta a
los ex servidores  públicos de que trata la frase final del primer inciso del
artículo 29, advierte la Corte que la norma debe interpretarse de una manera
racional, es decir que el beneficio en ella contemplado cobija solamente a
quienes hayan desempeñado los cargos mencionados en el artículo 29 con una
antelación razonable; de lo contrario se estaría constituyendo un fuero
vitalicio en favor de quienes en algún momento desempeñaron alguno de los
cargos, de los señalados en la norma, lo cual a todas luces constituiría un
privilegio y por ende una ostensible discriminación frente al resto de los
ciudadanos, con violación del artículo 13 de la Carta Política. Por
consiguiente, en estos casos la autoridad judicial competente y el director del
INPEC deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Código
Contencioso Administrativo. Sobre la proporcionalidad que debe observarse en la
correspondiente decisión. En cuanto al inciso 2o. la Corte tampoco encuentra
tacha alguna de inconstitucionalidad, pero advierte que en el caso en él
contemplado tanto la decisión de la autoridad judicial competente como la del
director del INPEC deben ser motivadas y basadas también en el principio de
razonabilidad.
En cuanto al
parágrafo del artículo 30, no se trata de una norma que viole el principio de
igualdad consagrado en el artículo 13 superior, ni tampoco los derechos
fundamentales de los niños consagrados en el artículo 44 superior, sino, por el
contrario, de una disposición que busca garantizar la seguridad de los menores
infractores y que se ajusta al principio legal de que éstos deben estar
separados  de los mayores en los establecimientos carcelarios. La norma se
ajusta por lo demás a lo dispuesto en el artículo 10 numeral 3o. del Pacto de
Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de 1966; es decir no
vulnera los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por
Colombia.
En cuanto a los
literales c) y d) del artículo 44, debe recordarse que, como lo ha sostenido la
jurisprudencia de la Corte Constitucional  (Sentencia No. T-501/94), en los
establecimientos carcelarios el derecho a la intimidad no es absoluto, sino que
está limitado en atención a las exigencias propias del régimen disciplinario y
a las condiciones de seguridad que han de mantenerse. Las facultades de
custodiar y vigilar constantemente a los internos y de requisarlos
cuidadosamente son inherentes a la función de los guardianes en cualquier
establecimiento de esta índole. Sinembargo, deben éstos respetar el pudor y la
privacidad de los internos de manera prudente y razonable, es decir permitirles
un mínimo de intimidad en todo aquello que no constituya amenaza contra la
disciplina y la seguridad del establecimiento. Respecto del literal g) cabe
señalar que también se trata de una función obvia de las autoridades en todo
establecimiento de este tipo. No obstante, la "firmenza" de que se
habla en este literal no debe traducirse en actos que constituyan violación a
la norma constitucional que prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes
(Art. 12 C.P.).
Los literales a) y
b) del artículo 45 son apenas un efecto natural de la especialidad y de la
disciplina, que concurren en el orden del establecimiento. Esta prohibición no
implica que el recluso no pueda poseer material pornográfico, porque cada
persona es libre de escoger sus lecturas y pasatiempos, mientras no afecte los
derechos de los demás. Cuestión distinta es que por razones de moralidad,  un
servidor público no puede ser divulgador de pornografía, y ese es el sentido de
la norma acusada; concretamente los miembros del cuerpo de vigilancia no pueden
ser difusores de pornografía, cuando  la misión de los establecimientos
carcelarios es de readaptación, y no de degradación moral.
Tampoco contraría
norma alguna de la Carta Política el artículo 65, que dispone el uso de
uniforme por parte de los condenados. Es ésta una práctica usual en las
penitenciarías del mundo, y lo ha sido también en  Colombia. Se trata, ante
todo, de una medida elemental de seguridad que permite identificar al condenado
en casos de visitas masivas, para evitar la práctica del llamado
"cambiazo" o suplantación de persona.
El artículo 57,
referente al derecho al voto de los detenidos, es de claridad manifiesta: Si el
detenido reúne los requisitos que exige la ley, podrá ejercer el derecho al
sufragio en su respectivo centro de reclusión. El punto más controvertido por
el actor es el de prohibir el proselitismo político al interior de las cárceles
y penitenciarías, tanto de extraños como de los mismos internos. El
proselitismo político es una manifestación de normalidad, no de excepción. Lo
anterior no impide que pueda expresar el detenido, a otros, sus creencias
íntimas acerca del devenir de la  política. Lo que se prohibe es el activismo
proselitista público, es decir, la arenga, el tumulto, el debate propio de la
plaza pública al interior de las cárceles y penitenciarías, porque riñe con la
disciplina. Se repite que lo anterior no afecta el derecho que asiste a un
recluso de profesar una ideología política o de militar en un partido o
movimiento, ni tampoco la prudente transmisión de un contenido filosófico o
doctrinario. Lo que se entiende aquí por proselitismo, es el convertir a las
cárceles en un foro abierto y beligerante que pueda llevar al desorden.  Los
derechos políticos se tienen siempre, pero su ejercicio puede estar limitado y
restringido en casos especiales por la Constitución y la ley, como es el de las
cárceles. En otras palabras, la cárcel no es propicio para la agitación
política, sino para la reflexión. Por tanto, en la  norma acusada no se afectan
ni la libertad de pensamiento ni la comunicabilidad natural de los hombres;
simplemente se prohiben ciertas manifestaciones exteriores, en aras de la
disciplina. Por ello será declarada exequible.
Con respecto a los
incisos segundo y tercero del artículo 60, éstos se refieren no al patrimonio
total del recluso que muere o se fuga, sino a los objetos cotidianos que haya
abandonado en su celda. En cuanto al término de tres meses prescrito en la
norma acusada, la Corte ha de declarar su inexequibilidad, por cuanto es un
término que establece una prescripción de corto plazo no justificada, ya que
los bienes y valores en algunos casos pueden llegar a ser de considerable
valor, y su ingreso al patrimonio del centro de reclusión constituiría una
expropiación por fuera de los términos constitucionales. La Corte aclara que
debe realizarse un minucioso registro en el momento de ingreso del detenido,
para determinar con exactitud los bienes y valores que le pertenecen y la
persona o personas a las cuales deben ser entregadas en caso de muerte del
recluso. Así las cosas, en caso de fuga o de muerte, deben entregarse a esas
personas dichos bienes y valores, para lo cual se deberán efectuar las
oportunas y adecuadas diligencias.
El artículo 64 en
nada contraviene la Carta Política. Se trata de una norma elemental de higiene
que beneficia en primer término al propio interno y que, por lo demás, está
acorde con el Convenio 29 de la OIT y con el Pacto de San José de Costa Rica.
En cuanto al inciso
final del artículo 69, la Corte advierte que allí se estipula una actividad
comercial que el Estado puede lícitamente realizar. Se trata de un aspecto
administrativo, que no contraviene el orden constitucional y debe estar sujeto
al marco que la Ley señala.
Lo enunciado sobre
los traslados, se extiende para defender la constitucionalidad de los artículos
72, 73 y 77, por motivos de seguridad, pues la Corte ve en esta facultad de
trasladar a los internos, un ejercicio razonable de la misión administrativa
del Director del INPEC. Como es lógico, el INPEC debe garantizar la seguridad y
el orden en los establecimientos, y además prever con prudencia, que puede
presentarse el desorden por la presencia de un detenido o condenado en un sitio
determinado.  Empero, la Corte aclara que los eventos de que tratan estos tres
artículos, deberán ajustarse a los límites establecidos por el artículo 36 del
Código Contencioso Administrativo, para el ejercicio de atribuciones
discrecionales.
Con respecto al
artículo 79, la Corte manifiesta la legitimidad del trabajo obligatorio, el
cual, aparte de estar conforme con el Convenio 29 de la OIT, es un elemento
dignificante, ya que afianza el dominio del hombre sobre sí mismo,  es decir,
lo realiza como persona, en orden siempre al ascenso de sus propias
capacidades. El trabajo, pues, como supremacía del raciocionio humano, que se
vierte bien en una idea, o en hechos, cosas y situaciones, tiene al tenor de
nuestra Carta Política, una triple dimensión armónica: como principio, como
derecho y como deber. Es en virtud de lo anterior que el Convenio citado de la
OIT, en su art. 2o., num. 1o., admite el trabajo forzado en las cárceles como
elemento perfeccionante. Entendido el trabajo como un movimiento perfeccionador
que el hombre ejerce como persona, el trabajo aludido en el artículo sub
examine, comprende también la labor intelectual, que es igualmente
reedificadora y resocializante.
En cuanto hace al
inciso segundo del artículo 98, éste ya ha sido declarado exequible por la
Corporación, en Sentencia C-549 del 1o. de diciembre de 1994; por tanto se
estará a lo resuelto en dicha providencia, por ser cosa juzgada constitucional.
Los artículos 99 y
101, referentes a la redención de penas, son un efecto legitimante y
resocializador del trabajo. Pero nada obsta para que éste tenga un cauce y un
ordenamiento, así como una evaluación. Lo anterior, precisamente para evitar la
arbitrariedad; la evaluación es un mecanismo de seriedad en el cumplimiento del
deber de vigilar si el trabajo es acorde con las metas previstas, y una
herramienta eficaz para corregir los defectos que se presenten. No hay por qué
mirar la evaluación con desconfianza, sino como un instrumento que permite
reconocer también los méritos de quien ejerce una labor; es decir, se trata de
una objetivización del esfuerzo subjetivo.
Respecto del
artículo 109 la Corte no encuentra vicio de inconstitucionalidad en él, salvo
en la frase final -"o se procederá de acuerdo con el artículo 60 de la
presente ley"-, por cuanto en este caso, como antes se señaló, el inciso
del artículo 60, referido al destino que se daría a los valores y objetos del
interno en caso de fuga o de muerte, será declarado inexequible por las razones
aducidas. En lo demás, como se ha dicho, no se encuentra vicio de
inconstitucionalidad. Concretamente en cuanto a la disposición de que los
objetos o sumas de dinero de apreciable valor se entreguen a quien indique la
autoridad competente, es claro que dicha autoridad es la judicial encargada de
la sucesión del difunto.
Los incisos segundo,
tercero y quinto del artículo 111 se ajustan a la Carta Política, advirtiendo
que, si bien es cierto, las comunicaciones tanto verbales como escritas en los
establecimientos carcelarios deben estar sujetas a naturales limitaciones y
controles, debe respetarse el derecho a la intimidad en su núcleo esencial. Es
decir, las limitaciones y controles  de que se habla deben ser los encaminados
a garantizar la seguridad carcelaria y la prevención de delitos o alteraciones
del orden y no extenderse a campos como el de la libre expresión de los
sentimientos afectivos o manifestaciones del fuero íntimo de la persona.
Los incisos primero
y sexto del artículo 112, son ajustados a la Carta por cuanto la regulación de
las visitas se hace en virtud de la seguridad y de la especialidad de la vida
carcelaria. Por ello, el régimen de visitas tiene que estar regulado y
vigilado, sin menoscabar el núcleo esencial del derecho a la intimidad, en cuanto
sea posible. Una libertad absoluta de visitas impediría el normal desarrollo de
la vida penitenciaria, y además facilitaría el desorden interno, con detrimento
de la seguridad, tanto del establecimiento como de la ciudadanía.
Respecto de los
numerales 11, 14 y 27 del artículo 121, cabe destacar que lo estipulado en
ellos no afecta la libertad de opinión, pues el interno puede elevar peticiones
respetuosas y expresar adecuadamente sus inconformidades y puntos de vista, con
la limitante de que no debe convertirse en apología de la desobediencia, ni
conllevar a la perturbación del orden dentro del establecimiento. La
disposición acusada se refiere a una prohibiciones concretas: no manifestar
expresiones, modales o actitudes que constituyan falta de respeto contra el
buen nombre de la justicia, no hacer protestas colectivas ni lanzar consignas o
lemas subversivos. La prohibición es coherente con la primacía del valor
superior que se protege. La falta de respeto hacia la justicia, implica una
inversión de valores que degenera en la ausencia de principios rectores dentro
del seno de la sociedad. Por otra parte, la protesta colectiva atenta contra la
disciplina y el orden prevalente en los establecimientos carcelarios.
El numeral 3o. del
artículo 123, prevé el aislamiento en celda hasta por sesenta días, caso en el
cual la norma establece que tendrá derecho a dos horas diarias de sol y no
podrá recibir visitas, y será controlado ese aislamiento por el médico del
establecimiento.  No hay violación de los derechos fundamentales del recluso,
por cuanto si llegare a existir probabilidad de lesión, el médico del
establecimiento constatará tal inminencia y obviamente no se aplica la sanción.
Por ello la Corte declarará la exequibilidad del numeral citado,en el entendido
de que si el recluso no puede soportar física o psíquicamente la medida, a
juicio del médico, ella no se aplicará.  El aislamiento se hace por necesidad y
con un fin preventivo, pero este procedimiento nunca debe extremarse.
El artículo 113 que
prevé que las autoridades judiciales y administrativas, en ejercicio de sus
funciones pueden visitar los establecimientos penitenciarios y carcelarios, en
nada contraviene la Carta Política. Por el contrario, sería insólito que dichas
autoridades tuvieran restricciones para realizar estas visitas, en ejercicio de
sus funciones. Cosa distinta es que puedan hacerlo a título meramente personal,
para lo cual deberan sujetarse al régimen ordinario de visitas que rige para
los particulares.
En cuanto a lo
dispuesto por los artículos 114, 115, 119, primer inciso del 125, parágrafo del
139, y numeral 5o. del 147, se refieren estas disposiciones a medidas normales
de tipo administrativo y disciplinario, que pueden ser adoptadas por las
autoridades penitenciarias y carcelarias, dentro de la órbita de sus
atribuciones legales y reglamentarias, y que tienen, por tanto, asidero
constitucional, con base en lo expuesto en esta Sentencia al tratar sobre la
necesidad del mantenimiento de la disciplina y la justificación de tratamientos
especiales y diferenciados en los establecimientos carcelarios. Por lo demás,
dichas medidas son preestablecidas, razón por la cual se apoyan en un principio
de legalidad y no constituyen uso arbitrario de la autoridad.
Con respecto al
Parágrafo del artículo 139, la Corte observa que es razonable que en virtud de
los antecedentes y de la extrema peligrosidad de los sujetos allí referidos, se
tomen medidas especiales y adecuadas, que son legítimas en virtud del principio
de seguridad.
En cuanto al art.
168 hay que aclarar que lo referente en esta norma a los internos, fue
declarado exequible por la Sentencia C-318/95 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero), mas no así en lo relativo a los guardias y vigilantes. En esta
providencia la Corte extiende las razones allí expuestas al personal de
vigilancia. Es decir, en cuanto a los incisos lo. y 2o. se estará a lo resuelto
en la Sentencia C-318/95 y en cuanto a los incisos 3o., 4o., 5o. y 6o. se
estará conforme a lo resuelto en dicha sentencia, pero sólo en cuanto a que las
atribuciones conferidas por el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria,
no violan el derecho a la igualdad de los internos. Debe advertirse en esta
providencia que el estado de emergencia carcelario allí descrito, no equivale,
como erróneamente cree el actor, al estado de excepción constitucional, y que
lo estipulado en la norma sub examine se refiere a medidas convenientes
de administración que no varían la situación jurídica ni el régimen legal ni
constitucional. Por tanto, esta Corporación declarará la exequibilidad de la
norma acusada.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del señor
Procurador General de la Nación y cumplidos los trámites previstos en el
decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
R E S U E L V E :
PRIMERO.-       ESTARSE
A LO RESUELTO en la
Sentencia C-549 de 1o. de diciembre de 1994, con respecto al inciso 2o. del
artículo 98 de la Ley 65 de 1993 y en la Sentencia C-318/95 con respecto al
artículo 168 de la Ley sub examine, pero únicamente en lo allí
considerado, es decir, en lo referente a  que el estado de emergencia no afecta
el derecho a la igualdad de los internos.  En los aspectos nuevos considerados
por el actor en esta demanda, se declara EXEQUIBLE el artículo 168 de la
Ley 65 de 1993 por los motivos expresados en esta Sentencia, la cual cobija
también al personal de guardias y vigilantes.
SEGUNDO.-       DECLARAR
EXEQUIBLES las siguientes
disposiciones de la Ley 65 de 1993 "por la cual se expide el Código
Penitenciario y Carcelario": El inciso segundo del artículo 3o.; el
artículo 14, salvo la expresión "y la reglamentación", que se
declara   INEXEQUIBLE; el inciso segundo del artículo 16; los parágrafos
2 y 3 del artículo 21; los incisos segundo y tercero del artículo 22; los
incisos segundo y tercero del artículo 23; el inciso primero del artículo 24;
el artículo 29; el Parágrafo del artículo 30; el inciso final del artículo 33;
el inciso final del artículo  36; la frase final del artículo 37; los literales
c), d) y g) del artículo 44; los literales a) y b) del artículo 45; los incisos
primero y tercero del artículo 52; el artículo 53; el primer inciso del
artículo 57; los incisos segundo y tercero del artículo 60, salvo la expresión
"y si éstos no los reclamasen en el término de tres meses, se incorporarán
al patrimonio del respectivo centro de reclusión",  que se declara INEXEQUIBLE;
el inciso final del artículo 64; el artículo 65; el inciso final del artículo
69; los artículos 72, 73, 77, 79 y 84; los incisos primero, segundo, tercero y
quinto del artículo 86; los artículos 87, 89, 90, 91, 98 inciso segundo
(estése a lo resuelto en la Sentencia C-549 de 1994), los artículos 99, 101 y
109, excepto la expresión "o se procederá de acuerdo con el artículo 60 de
la presente ley" que  se declara INEXEQUIBLE; los incisos segundo,
tercero y quinto del artículo 111; los artículos 112,   113, 114, 115, 116,
117, y 119; el numeral 11 de la primera parte del artículo 121 (faltas leves);
los numerales 14, 26 y 27 de la segunda parte del artículo 121 (faltas graves);
el literal 3 de la segunda parte del artículo 123; el artículo 125; el
Parágrafo del artículo 139; el numeral 5 del artículo 147; el segundo inciso
del artículo 150; el inciso primero del artículo 153
Notifíquese,
cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional y al Congreso de la
República, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el
expediente.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado Ponente
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Salvamento de
voto a la Sentencia No. C-394/95
PERMISOS
EXCEPCIONALES A INTERNOS PROCESADOS POR DELITOS REGIONALES (Salvamento de voto)
No creo que
existan razones que confieran un fundamento objetivo y razonable a ese trato
diferente a los detenidos y condenados por la justicia regional, por lo cual
considero que la prohibición de que se otorguen esos permisos excepcionales a
esos internos viola su igualdad y su dignidad humana, por lo cual debió ser declarada
inexequible. Al hacer tal afirmación en manera alguna desconozco que los
delitos juzgados por la justicia regional son, en general, muy graves y
lesionan bienes jurídicos valiosos, como la vida y la libertad. Igualmente
reconozco que muchos de quienes cometen esas conductas hacen parte de
organizaciones criminales poderosas, por lo cual en muchos casos se podría
justificar que la autoridad carcelaria no les concediera un permiso excepcional
por no reunirse las condiciones de seguridad para ello. Pero lo que considero
no sólo inconstitucional sino irracional es la prohibición genérica, puesto que
si la propia autoridad carcelaria considera que existen las condiciones de
seguridad para otorgar el permiso a un interno en particular, no encuentro
ninguna justificación razonable para que la ley lo prohiba de manera general
con respecto a todos los detenidos o condenados por la justicia regional.
CODIGO
PENITENCIARIO-Norma
irrazonable/TRATO CRUEL A INTERNO (Salvamento de voto)
Se evidencia la
irrazonabilidad de una norma que presupone que todos los que han cometido
cierto tipo de delitos seguirán siendo siempre personas de extrema
peligrosidad, lo cual no sólo implica una confesión de la inutilidad de las
penas como instrumentos de resocialización sino una estigmatización de esas
personas que vulnera su dignidad humana. De esa manera, además, la norma
permite tratos crueles, como prohibir que un individuo acompañe a sus
familiares cercanos en momentos extremos. Y, finalmente, se trata de una
disposición que se funda en la sospecha sobre la propia idoneidad de las
autoridades carcelarias, puesto que si ellas -que son quienes deben responder
por la seguridad de los presos y el cumplimiento de sus condenas- consideran
que se reúnen las condiciones de seguridad para conceder tales permisos ¿por
qué desconfiar de su criterio?
BENEFICIOS
CARCELARIOS A INTERNOS PROCESADOS POR DELITOS REGIONALES (Salvamento de voto)
Al excluir a
priori tales beneficios a quienes sean condenados por la justicia regional,
establecen unas condiciones cualitativas más severas de reclusión para los
responsables de esos hechos ilícitos, lo cual significa  que en la práctica se
ha incrementado su punibilidad. Nótese que esa exclusión no depende del
comportamiento del interno en el centro de reclusión, o de situaciones de
emergencia carcelaria que obliguen a suspender, de manera general, ciertos
beneficios penitenciarios, sino que deriva únicamente del tipo de delito que la
persona haya cometido.
PENA EX POST
FACTO-Aplicación/SENTENCIA
DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA PARA EVITAR APLICACION DE PENA EX POST FACTO
(Salvamento de voto)
Considero que
esta naturaleza punitiva -y no meramente penitenciaria- de esos artículos tiene
una consecuencia material de importancia, que debió ser tenida en cuenta, de
manera expresa, por la Corporación, a saber, su posible violación de la
irretroactividad de la ley penal por la aplicación de penas ex post facto. En
efecto,  estas normas crean, el 19 de agosto de 1993, fecha de expedición de la
Ley 65 de ese año, exclusiones de beneficios penitenciarios que son verdaderas
penas suplementarias para aquellos delitos conocidos por los jueces regionales.
Sin embargo, esas restricciones se aplican también a personas condenadas por
hechos punibles anteriores a tal fecha, puesto que los artículos acusados no
distinguen entre personas condenadas antes o después de tal fecha. ¿No es eso
una típica aplicación de una pena ex post facto? Estoy convencido que sí,
puesto que antes del 19 de agosto de 1993 esas conductas delictivas no tenían
ese agravante punitivo y, sin embargo, éste será aplicado a hechos punibles
cometidos antes de tal fecha. La Corte debió, al menos, condicionar su fallo de
exequibilidad a fin de evitar una aplicación retroactiva de estos verdaderos
agravantes de la sanción penal ya que, en virtud del principio de legalidad y
predeterminación de las penas, es inconstitucional aplicar esos incrementos de
punibilidad a conductas ocurridas antes de entrar en vigencia el Estatuto
Penitenciario, o que ocurran antes de aquellas eventuales reformas procesales
que atribuyan nuevas conductas delictivas al conocimiento de la justicia
regional.
PENA-Finalidad resocializadora/PRINCIPIO DE
RESOCIALIZACION-Violación (Salvamento de voto)
En el Estado social
de derecho colombiano la ejecución de la pena debe tener esencialmente una
finalidad resocializadora. Ahora bien, las normas acusadas precisamente niegan
de plano esa función, puesto que excluyen ciertos beneficios penitenciarios a
determinados condenados, no en razón de su comportamiento en los centros de
reclusión sino únicamente debido al tipo de delito cometido. En efecto, esas
disposiciones impiden el acceso de tales internos a aquellos programas que,
según los propios términos del artículo 142 del Estatuto Penitenciario, buscan
preparar al condenado, mediante su resocialización, para la vida en sociedad.
Esto significa entonces que los condenados por delitos de competencia regional
están a priori excluidos de beneficios carcelarios que fueron creados
precisamente para facilitar la resocialización de los internos, como los
permisos durante la fase de mediana seguridad o las instituciones de
establecimiento carcelario abierto.
Ref: Expediente
D-800 Demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 65 de
1993 "por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario."
Con el debido
respeto me permito consignar a continuación las razones por las cuales disiento
de la decisión de esta Corporación que declaró exequibles el parágrafo del
artículo 139, el ordinal 5º del artículo 147 y el inciso segundo del artículo
150 de la Ley 65 de 1993.
1- Estas normas
prohiben que la autoridad carcelaria otorgue ciertos beneficios penitenciarios
a todas aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de competencia
de la justicia regional. Así, el artículo 139 impide que se conceda permiso
especial a los detenidos o condenados por tales delitos, en caso de enfermedad
grave, fallecimiento de un familiar cercano o cuando ocurra un acontecimiento
de particular importancia en la vida del interno. Por su lado, el artículo 147
excluye la concesión de permisos hasta de setenta y dos horas a los condenados
por tales delitos, permisos que, conforme a ese mismo artículo, se pueden
conceder a aquellos presos que se encuentren en la fase de mediana seguridad
del tratamiento penitenciario, ya hayan cumplido una tercera parte de la pena,
no tengan requerimientos judiciales, muestren buen comportamiento y no hayan
registrado tentativas de fuga. Y, finalmente, el artículo 150 prohibe a estas
mismos condenados el acceso a cualquier beneficio de establecimiento abierto,
tales como la libertad preparatoria o la franquicia preparatoria (arts 148 y
149 del mismo estatuto).
Para la Corte, esas
prohibiciones son exequibles pues tienen asidero constitucional en "la
necesidad del mantenimiento de la disciplina y la justificación de tratamientos
especiales y diferenciados en los establecimientos carcelarios". Además,
en relación específica con el parágrafo del artículo 139, la sentencia concluye
que "es razonable que en virtud de los antecedentes y de la extrema
peligrosidad de los sujetos allí referidos, se tomen medidas especiales y
adecuadas, que son legítimas en virtud del principio de seguridad".
2- Considero que los
argumentos de la Corte no son admisibles constitucionalmente, puesto que las
normas acusadas desconocen principios y valores centrales del ordenamiento,
como la dignidad humana, la igualdad, la irretroactividad de los agravantes
punitivos y la función resocializadora que debe orientar la aplicación de las
penas (CP arts 1º, 13, 29 y 93).
Para comprender las
razones por las cuales considero que esas disposiciones son inexequibles,
conviene tener en cuenta que, conforme al Estatuto Penitenciario, la concesión
de estos beneficios carcelarios es una potestad discrecional -que no
arbitraria- de la autoridad carcelaria. Así, el director de la cárcel puede
negarse a otorgar el permiso especial del artículo 139, cuando considere que no
puede garantizar la debida vigilancia y seguridad del interno. Igualmente, los
permisos de hasta setenta y dos horas y el acceso a los programas de
establecimiento abierto están sujetos a conceptos emitidos por el Consejo de
Disciplina de los establecimientos  de reclusión y a la propia autorización de
la dirección carcelaria.
Esto es importante,
por cuanto muestra que las normas acusadas son cuidadosas para evitar que estos
beneficios sean utilizados para facilitar fugas de internos que han cometido
delitos de suma gravedad, como son los que en general conoce la justicia
regional. El problema consiste entonces en si es razonable y conforme al
ordenamiento constitucional que una ley prohiba que cualquiera de esos
beneficios sea concedido a un condenado por la justicia regional. Veamos
entonces las distintas hipótesis ya que es necesario distinguir los permisos
excepcionales del artículo 139 y los beneficios penitenciarios de los artículos
147 y 150, puesto que los primeros se fundan en razones humanitarias,  mientras
que los segundos derivan de la función resocializadora del tratamiento
penitenciario.
Permisos
excepcionales, dignidad humana e igualdad.
3- El artículo 139
consagra un permiso excepcional por razones humanitarias, puesto que se trata
de dar una autorización, hasta por 24 horas, para que un detenido o condenado
pueda acompañar a un familiar cercano enfermo o que haya fallecido; también se
puede conceder tal permiso cuando se produzca "un acontecimiento de
particular importancia en la vida del interno". Ahora bien, la propia
norma condiciona tal permiso a que se puedan tomar medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la debida vigilancia y seguridad del interno. En
tales circunstancias ¿cuál es la razón para excluir a un condenado o detenido
por la justicia regional para que pueda asistir al entierro de sus padres, o
para que pueda acompañarlos en los últimos momentos de su vida? La sentencia de
la Corte sugiere que la particular peligrosidad de estos detenidos o condenados
justifica tal exclusión. Pero ese argumento no es convincente, puesto que la
propia norma condiciona la concesión del permiso a que la autoridad carcelaria
verifique que se reúnen las condiciones de seguridad que eviten riesgos para el
interno o posibilidades de fuga. Por consiguiente, si la autoridad carcelaria
juzga que se presentan esas condiciones de seguridad ¿por qué entonces prohibir
esos permisos excepcionales a los detenidos o condenados por la justicia
regional, permisos que encuentran sustento en elementales consideraciones sobre
la dignidad de la persona?
4- No creo entonces
que existan razones que confieran un fundamento objetivo y razonable a ese
trato diferente a los detenidos y condenados por la justicia regional, por lo
cual considero que la prohibición de que se otorguen esos permisos
excepcionales a esos internos viola su igualdad y su dignidad humana, por lo
cual debió ser declarada inexequible.
Al hacer tal
afirmación en manera alguna desconozco que los delitos juzgados por la justicia
regional son, en general, muy graves y lesionan bienes jurídicos valiosos, como
la vida y la libertad. Igualmente reconozco que muchos de quienes cometen esas
conductas hacen parte de organizaciones criminales poderosas, por lo cual en
muchos casos se podría justificar que la autoridad carcelaria no les concediera
un permiso excepcional por no reunirse las condiciones de seguridad para ello.
Pero lo que considero no sólo inconstitucional sino irracional es la
prohibición genérica, puesto que si la propia autoridad carcelaria considera
que existen las condiciones de seguridad para otorgar el permiso a un interno
en particular, no encuentro ninguna justificación razonable para que la ley lo
prohiba de manera general con respecto a todos los detenidos o condenados por
la justicia regional.
Para ilustrar lo
anterior, imaginemos la situación de una persona que ha sido condenada a
numerosos años de cárcel por la justicia regional y que está a punto de
concluir su condena. Además supongamos que ese individuo ha demostrado una
conducta intachable durante todos esos años, de suerte que todos consideran que
está totalmente resocializado.  Su madre se encuentra gravemente enferma, y
todas las autoridades carcelarias consideran que no existe ningún riesgo para
que se le conceda el permiso excepcional para visitarla. ¿No es entonces
absurdo y cruel que se le prohiba a esa persona, que como tal conserva íntegra
su dignidad humana, poder acompañar a su madre en sus últimos momentos de vida?
Acepto que el
anterior ejemplo ilustra una hipótesis extrema. Pero creo que evidencia la
irrazonabilidad de una norma que presupone que todos los que han cometido
cierto tipo de delitos seguirán siendo siempre personas de extrema
peligrosidad, lo cual no sólo implica una confesión de la inutilidad de las penas
como instrumentos de resocialización sino una estigmatización de esas personas
que vulnera su dignidad humana. De esa manera, además, la norma permite tratos
crueles, como prohibir que un individuo acompañe a sus familiares cercanos en
momentos extremos. Y, finalmente, se trata de una disposición que se funda en
la sospecha sobre la propia idoneidad de las autoridades carcelarias, puesto
que si ellas -que son quienes deben responder por la seguridad de los presos y
el cumplimiento de sus condenas- consideran que se reúnen las condiciones de
seguridad para conceder tales permisos ¿por qué desconfiar de su criterio?
Un asunto de forma
con consecuencias de fondo: las otras normas acusadas agravan la punibilidad de
ciertos delitos, en vez de reglamentar la ejecución de las penas previamente
definidas por la ley.
5- De otro lado,
considero que la prohibición establecida por los artículos 147 y 150 del
Estatuto Penitenciario, según la cual los condenados por la justicia regional
no pueden acceder a ciertos beneficios carcelarios, también viola la
Constitución, por las razones de forma y de fondo, que a continuación expongo.
6- Según mi
criterio, estos artículos del Estatuto Penitenciario consagran en realidad
agravantes punitivos, en vez de regular la ejecución de las penas, como
corresponde a un verdadero Estatuto Penitenciario. En efecto, esos artículos
excluyen de ciertos beneficios penitenciarios a determinados internos, no en
razón a la conducta que éstos hayan tenido en el centro carcelario o penitenciario
una vez impuesta la sanción penal, sino debido al tipo de delitos por los
cuales fueron condenados. En efecto, todos aquellos que cometen delitos
conocidos por los jueces regionales son excluidos de tales beneficios
carcelarios. No interesa para la norma que la persona condenada por un juez
regional haya podido ser un interno ejemplar o, por el contrario, haya
incurrido en frecuentes violaciones al régimen disciplinario o en intentos de
fuga, pues en todos los casos prohibe que a estos condenados se les concedan
esos beneficios penitenciarios. Esto significa que todo condenado por un delito
de competencia de la justicia regional tiene, debido a estas normas, una
sanción suplementaria, pues se ve excluido de los permisos de hasta 72 horas y
de los programas de establecimiento abierto. Esto, a mi juicio, configura una
verdadera pena suplementaria para estos delitos, puesto que tales restricciones
derivan exclusivamente del tipo de delito cometido por  el interno, y no de su
conducta en el centro de reclusión. Por consiguiente, los delitos de
competencia de los jueces regionales tienen, a partir de la Ley 65 de 1993, un
agravante punitivo, pues sus autores, además de la sanción establecida en los
respectivos tipos penales se ven excluidos de ciertos beneficios penitenciarios
de los cuales pueden disfrutar los autores de los demás delitos.
7- Podría
argumentarse que la exclusión de esos beneficios carcelarios no configura un
incremento punitivo para esos delitos sino que regula la ejecución de las
sanciones consagradas por la ley, puesto que los tipos penales castigan
determinadas conductas con cierto número de años en prisión, sin señalar los
eventuales beneficios penitenciarios para los internos. Esto significa que la
persona está condenada a X años de prisión, y que lo que las normas acusadas
regulan es simplemente la ejecución de esa pena, admitiendo beneficios para
ciertos internos y negándolos para otros.
Sin embargo creo que
ese argumento, que en apariencia es formalmente válido, no resiste un examen
material. En efecto, estos artículos, al excluir a priori tales beneficios a
quienes sean condenados por la justicia regional, establecen unas condiciones
cualitativas más severas de reclusión para los responsables de esos hechos
ilícitos, lo cual significa  que en la práctica se ha incrementado su
punibilidad. Nótese que esa exclusión no depende del comportamiento del interno
en el centro de reclusión, o de situaciones de emergencia carcelaria que
obliguen a suspender, de manera general, ciertos beneficios penitenciarios,
sino que deriva únicamente del tipo de delito que la persona haya cometido.
Un ejemplo me
permite precisar lo anterior. Supongamos que Juan y Pedro cometen un delito
diferente pero que está formalmente sancionado de la misma manera. Así Juan
comete un homicidio simple, sancionado con 25 a 40 años de prisión, y Pedro un
secuestro extorsivo que tiene la misma pena. Supongamos que los dos son
condenados a los mismos años de prisión, pues les aplican el mínimo, pues
concurren exclusivamente situaciones de atenuación punitiva. ¿Han sido
condenados ambos a la misma pena? En apariencia sí, pues los dos recibieron una
condena de 25 años de cárcel. Pero en la práctica, la situación de Juan es
mejor, pues su delito no es de competencia de los jueces regionales; por ende
podrá eventualmente gozar de ciertos beneficios carcelarios, de los cuales está
totalmente excluido Pedro por cuanto el hecho punible de éste último ha sido
atribuido a esos jueces Así, Juan podrá aspirar a los beneficios de establecimiento
abierto o a los permisos durante la fase de mediana seguridad, mientras que
Pedro está excluido de esos programas de resocialización por el tipo de delito
cometido. ¿No significa eso, en la práctica, que la punibilidad del delito
cometido por Pedro es mayor que la de Juan?
Permítanme una
analogía que confirma las conclusiones precedentes. Supongamos que una ley
elimina la posibilidad de la libertad condicional para los delitos A y la
mantiene para el resto de ilícitos. ¿Es esto un incremento de la punibilidad de
los hechos A o una simple regulación de la forma de ejecución de la pena ?
Según mi criterio, es evidente que se trata de un incremento de la punibilidad,
pues los responsables de esos delitos deberán obligatoriamente pasar más años
de prisión que aquellos que cometan otras conductas punibles, a pesar de que
los respectivos tipos penales puedan establecer formalmente las mismas penas
privativas de la libertad, pues en un caso se admite la libertad condicional y
en el otro se excluye.
8- Este carácter
punitivo de estas disposiciones me lleva a dos primeras conclusiones, una de
forma y la otra sustantiva.  Creo, de un lado, que son normas que, al ser
propiamente punitivas, no deberían estar contenidas en el Estatuto
Penitenciario sino en el Código Penal, por lo cual considero que en su trámite
muy posiblemente se violó el principio de unidad de materia (CP art. 158). Pero
este punto es el de menor trascendencia, por cuanto ese vicio procedimental no
era suficiente para decretar la inexequibilidad de esos artículos, ya que la
demanda fue presentada cuando ya había caducado la acción por razones de forma
(CP art. 242 ord 3º). En cambio considero que esta naturaleza punitiva -y no
meramente penitenciaria- de esos artículos tiene una consecuencia material de
importancia, que debió ser tenida en cuenta, de manera expresa, por la
Corporación, a saber, su posible violación de la irretroactividad de la ley
penal por la aplicación de penas ex post facto. En efecto,  estas normas
crean, el 19 de agosto de 1993, fecha de expedición de la Ley 65 de ese año,
exclusiones de beneficios penitenciarios que son verdaderas penas
suplementarias para aquellos delitos conocidos por los jueces regionales. Sin
embargo, esas restricciones se aplican también a personas condenadas por hechos
punibles anteriores a tal fecha, puesto que los artículos acusados no
distinguen entre personas condenadas antes o después de tal fecha. ¿No es eso
una típica aplicación de una pena ex post facto? Estoy convencido que
sí, puesto que antes del 19 de agosto de 1993 esas conductas delictivas no
tenían ese agravante punitivo y, sin embargo, éste será aplicado a hechos
punibles cometidos antes de tal fecha.
Es más. Creo que el
asunto es aún más grave, puesto que esas disposiciones abren la compuerta para
posteriores y permanentes aplicaciones de penas ex post facto. En
efecto, según su enunciado, todas esas restricciones se aplican a todos los
condenados por delitos de competencia de la justicia regional. Basta entonces
que una conducta sea transferida al conocimiento de estos jueces para que
automáticamente se incremente su punición. Esto, a mi juicio, es una dudosa
técnica legislativa que erosiona el principio de la legalidad, puesto que una
variación procesal termina por tener efectos punitivos, que además pueden ser
retroactivos. Así, supongamos que el 5 de septiembre de 1995 una persona comete
un delito que en ese momento no es de competencia de la justicia regional, por
ejemplo un acceso carnal violento. Supongamos que cinco meses después se
transfiere la sanción de ese hecho punible a los jueces regionales, y la
persona es condenada posteriormente por esos funcionarios judiciales. Así, esa
persona se ve privada de ciertos beneficios penitenciarios por haber cometido
el 5 de septiembre de 1995 un acceso carnal violento, cuando en esa fecha esa
conducta no estaba excluida de tales beneficios. Nuevamente estamos en frente
de una pena ex post facto.
9- Por todo lo
anterior considero que la Corte debió, al menos, condicionar su fallo de exequibilidad
a fin de evitar una aplicación retroactiva de estos verdaderos agravantes de la
sanción penal ya que, en virtud del principio de legalidad y predeterminación
de las penas, es inconstitucional aplicar esos incrementos de punibilidad a
conductas ocurridas antes de entrar en vigencia el Estatuto Penitenciario, o
que ocurran antes de aquellas eventuales reformas procesales que atribuyan
nuevas conductas delictivas al conocimiento de la justicia regional. Es cierto
que algunos pueden considerar que esa declaración de constitucionalidad
condicionada era innecesaria pues, en virtud del principio constitucional de
favorabilidad y de irretroactividad de los incrementos punitivos (CP art. 29),
se entiende que la exclusión de esos beneficios no puede tener eficacia
retroactiva. Estoy convencido de que tal es la interpretación conforme a la
Constitución de esas disposiciones del Estatuto Penitenciario. Pero creo que
era necesario que la Corte condicionara su fallo en este aspecto, pues se trata
de un tema sujeto a polémica, pues algunos intérpretes pueden considerar que
estos artículos de la Ley 65 de 1993 no incrementan la punibilidad de ciertas
conductas, y por ende son de aplicación inmediata.
La violación del
principio de igualdad y, en particular, del principio de resocialización, que
es el que debe orientar la aplicación de las penas en un Estado social de
derecho fundado en la dignidad humana.
10- Mi discrepancia
con la decisión de la Corte no reside únicamente en la posible violación de la
retroactividad de las penas sino que tiene un mayor alcance. Creo que las
normas que prohiben beneficios penitenciarios únicamente por el tipo de delitos
cometidos son contrarias a la función resocializadora que debe tener la
ejecución de la pena en un Estado social de derecho fundado en la dignidad
humana. Por ello debieron ser excluidas del ordenamiento.
11- En la actualidad
se considera que las teorías tradicionales que buscaban justificar de manera
absoluta las penas están en crisis. Así, ni la teoría kantiana de la
retribución, ni las doctrinas utilitarias de la prevención frente a conductas
consideradas socialmente dañosas permiten explicar, comprender y justificar
plenamente la función que puede cumplir la pena en una sociedad democrática
fundada en los derechos humanos. Por ello la doctrina penal más avanzada
considera que la función de la pena sólo puede encontrar explicación en
principios diferentes, que actúan en momentos diversos del ejercicio de la
acción punitiva por el Estado[2].
Así, en el primer momento, se considera que el Legislador define los delitos
orientado esencialmente por consideraciones de prevención general, y
secundariamente por principios retributivos. Conforme a tal criterio, la
tipificación legal de hechos punibles pretende desestimular conductas lesivas
de bienes jurídicos dignos de ser tutelados por el derecho penal (prevención
general) pero de manera tal que exista una cierta proporcionalidad entre el
daño ocasionado por el delito y la pena que le es atribuida (componente
retributivo en esta fase).  De otro lado, en la fase de imposición judicial de
la pena a un determinado sujeto, en general se considera que el sistema penal
debe operar con un criterio esencialmente retributivo, a fin de que, por
razones de justicia, exista una proporcionalidad entre  la dañosidad de la
conducta, el grado de culpabilidad del agente y la intensidad de la pena.
Finalmente, se considera como propio del Estado social de derecho que la
ejecución de la sanción penal esté orientada por finalidades de prevención
especial positiva, esto es, en esta fase se debe buscar ante todo la
resocialización del condenado, obviamente dentro del respeto de su dignidad
como persona.
12- Como es natural,
no siempre es fácil hacer compatibles estos distintos principios de
fundamentación de la pena, pues en ocasiones los fines de prevención general
aconsejan penas muy severas, mientras que las políticas de resocialización
sugieren penas bajas. Así, dice al respecto, con su habitual lucidez, Hart:
"las penas que estimamos necesarias como amenaza para maximizar la obediencia
al Derecho, pueden convertir al transgresor a quien se imponen, en un enemigo
inflexible de la sociedad; mientras que el recurso a medidas rehabilitadoras
puede disiminuir la eficacia y ejemplaridad del castigo en los demás"[3].  Sin embargo, a pesar
de esas inevitables tensiones y discusiones, lo cierto es que durante la
ejecución de las penas debe predominar la búsqueda de resocialización del
delincuente. Esto, a mi juicio, es en primer término, una lógica consecuencia
de la definición de Colombia como un Estado social de derecho fundado en la
dignidad humana, puesto que el objeto del derecho penal en un Estado de este
tipo no es excluir al delincuente del pacto social sino buscar su reinserción
en el mismo. Por ello, es lógico que los instrumentos internacionales de
derechos humanos establezcan esa función resocializadora del tratamiento
penitenciario.  Así, de manera expresa, el artículo 10 numeral 3º del Pacto de
Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, aprobado por Colombia por
la Ley 74 de 1968, consagra que "el régimen penitenciario consistirá en
un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social
de los penados (subrayas no originales)".
13- Podemos entonces
concluir que en el Estado social de derecho colombiano la ejecución de la pena
debe tener esencialmente una finalidad resocializadora. Ahora bien, las normas
acusadas precisamente niegan de plano esa función, puesto que excluyen ciertos
beneficios penitenciarios a determinados condenados, no en razón de su
comportamiento en los centros de reclusión sino únicamente debido al tipo de
delito cometido. En efecto, esas disposiciones impiden el acceso de tales
internos a aquellos programas que, según los propios términos del artículo 142
del Estatuto Penitenciario, buscan preparar al condenado, mediante su
resocialización, para la vida en sociedad.  Esto significa entonces que los
condenados por delitos de competencia regional están a priori excluidos de
beneficios carcelarios que fueron creados precisamente para facilitar la
resocialización de los internos, como los permisos durante la fase de mediana
seguridad o las instituciones de establecimiento carcelario abierto.
Recalco: no importa
que esos condenados puedan ser presos ejemplares. No podrán nunca gozar de
tales beneficios. Esto significa que un condenado por estos delitos puede pasar
largos años de prisión y tener un comportamiento intachable; no por ello, podrá
acceder a esos programas de resocialización, lo cual indica que el sistema
penitenciario ha asumido que se trata de individuos que serán siempre
peligrosos, prácticamente irrecuperables, lo cual es una demostración de una
inaceptable estigmatización de esas personas, incompatible con la función
resocializadora de la pena y la dignidad humana de esas personas. Además,
considero que de esa manera se viola el principio de igualdad, por cuanto el
acceso a los beneficios penitenciarios debe derivar esencialmente del
comportamiento penitenciario de los reclusos, y no de su pasado delincuencial.
Preciso: la gravedad del ilícito debe ser factor determinante de la punibilidad
y un elemento a ser tomado en cuenta en la ejecución de la misma. Pero no
puede, per se, impedir el acceso a beneficios penitenciarios a aquellos
internos que, en los centros de reclusión, hayan hecho mérito para ser
incluidos en tales programas pues ello constituye un trato discriminatorio.
Por todo lo anterior
creo que la prohibición absoluta de que los condenados por delitos de la
justicia regional puedan gozar de esos beneficios penitenciarios es contraria a
la Constitución. Y que no se diga que admitir esos beneficios para tales
condenados es una muestra de ingenuidad, por la peligrosidad de tales personas
puesto que, reitero, el otorgamiento de los beneficios no es automático ya que
las disposiciones condicionan  su concesión a que los internos muestren un
comportamiento que permita inferir que se encuentran en vía de resocialización.
Por consiguiente surge nuevamente el interrogante:  si la autoridad carcelaria
y los consejos de disciplina  consideran que un condenado por un delito de la
justicia regional ha hecho méritos para acceder a esos programas de
resocialización, ¿por qué sospechar de su criterio? ¿No es ello una muestra de
desconfianza hacia esas autoridades?
Consideraciones
finales sobre las paradojas y efectos perjudiciales de las normas acusadas.
14- Quisiera
terminar con algunas consideraciones no estrictamente constitucionales sobre
estas disposiciones, pero que me parecen de importancia, pues creo que esos
artículos del Estatuto Penitenciario, además de violar la carta,  son
inconvenientes y paradójicos.
De un lado, esas
normas constituyen la más abierta confesión  sobre la ineficacia del sistema
carcelario colombiano como instancia resocializadora, puesto que asumen
tácitamente que quien ha cometido un delito grave -como aquellos conocidos por
la justicia regional- no puede nunca ser resocializado. No otro puede ser el
sentido de excluir a priori a los condenados por tales ilícitos de beneficios
carcelarios esenciales para la resocialización del interno. Esto resulta por lo
menos paradójico en un Estatuto Penitenciario que señala, en sus artículos 9º y
10, que la resocialización del infractor de la ley penal es la finalidad de la
pena y del tratamiento penitenciario.
De otro lado,
considero que normas de esa rigidez terminan siendo contraproducentes. Así,
¿qué interés puede tener un condenado por delitos de la justicia regional en
mostrar un buen comportamiento en los centros de reclusión, si ello no le
reporta ninguna utilidad personal, ya que está excluido de los programas de
beneficios penitenciarios? Muy poco, lo cual muestra que esas disposiciones no
sólo dificultan la administración de las cárceles sino que pueden, además,
tener un carácter criminógeno. En efecto, creo que esas disposiciones terminan
teniendo un efecto perverso, con base en el clásico mecanismo de la profecía
que se auto cumple. Así, en la medida en que el sistema penitenciario califica
tácitamente a los condenados por la justicia regional como internos peligrosos
e irresocializables, los margina de los beneficios penitenciarios, con lo cual
efectivamente dificulta su resocialización y dificulta su manejo. ¿No sería
entonces una política más inteligente crear mecanismos para que estos
condenados tengan un interés propio en respetar la disciplina carcelaria?  Así,
la experiencia ha demostrado que el llamado derecho premial carcelario -esto
es, la concesión de beneficios a aquellos internos que demuestren conductas
intachables- no sólo favorece la resocialización de esas personas sino que
facilita el manejo de los centros de reclusión, pues crea poderosos incentivos
para que esos condenados acepten las normas de disciplina expedidas por las
autoridades penitenciaras. No me parece entonces razonable que el Estado
colombiano se prive de ese eficaz instrumento, precisamente en relación con
aquellos internos  que pueden ser potencialmente más peligrosos: los condenados
por los muchas veces atroces delitos de la justicia regional.  Ese derecho
premial resulta no sólo más acorde con la dignidad de esos internos sino más
eficaz para la protección de la sociedad y la seguridad carcelaria.
Fecha ut supra,
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
[1] ENRIQUE SAYAGUÉS LASO, "Tratado de Derecho
Administrativo", Montevideo. Ed. Barreiro-Ramos, 1963. Págs. 135 y 136.
[2]Sobre la crisis de
los fundamentos absolutos y únicos de las penas y su fundamentación en
principios divesos según los diversos momentos de desarrollo  del proceso de
adjudicación penal, ver H.L.A Hart- "Introducción a los principios de la
pena" en Jerónimo Bertegón, Juan Ramón de Páramo. Derecho y moral.
Ensayoa analíticos. Barcelona: Ariel, 1990, pp 163 y ss.  Igualmente, Juan
Fernández Carrasquilla. Derecho Penal Fundamental. Bogotá: Temis, 1989,
pp 84 y ss.
[3]H.L. Hart. Op-cit,
p 180.