C-944-12
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-944/12
CONVENCION PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES
PUBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES-Resulta compatible con la Constitución,
destacando la importancia para la lucha contra la corrupción y la tutela de
intereses fundamentales para el Estado colombiano
La Ley 1573 de 2012 “Por medio de la cual se aprueba la
Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en
transacciones comerciales internacionales”, adoptada en la ciudad de París, el
21 de noviembre de 1997 cumplió con el trámite necesario para su aprobación y
es plenamente compatible con la Constitución Política de Colombia,
constituyendo además un instrumento muy importante para la lucha contra la
corrupción y la tutela de intereses fundamentales para el Estado colombiano
como son los principios de la función pública, la transparencia, la
imparcialidad, la objetividad y la libre competencia.
CONVENCION PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES
PUBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES-Contenido
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LOS TRATADOS PUBLICOS
Y LEYES QUE LOS APRUEBAN-Características
De
conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución
Política, corresponde a la Corte el examen de la constitucionalidad de los
tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Este
control tiene las siguientes características: (i) Es previo al
perfeccionamiento del tratado, pero posterior a su aprobación por el Congreso y
a su sanción gubernamental. (ii) Es automático, por cuanto no está supeditado a
la presentación en debida forma de una acción ciudadana, sino que la ley debe
ser enviada directamente por el Presidente de la República dentro de los seis
(6) días siguientes a la sanción gubernamental. (iii) Tiene fuerza de cosa
juzgada, pues la Corte debe “decidir definitivamente sobre la exequibilidad de
los tratados internacionales y de las leyes que los aprueban” (CN art. 241-10),
lo que excluye la revisión posterior por vía de acción pública de
inconstitucionalidad. (iv) Es una condición sine qua non para la ratificación
del correspondiente acuerdo, esto es, para que el respectivo convenio pueda
surgir como acto jurídico en el ámbito internacional. (v)Tiene una función
preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la
Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado
colombiano. (vi) Es integral, en la medida en que la Corte debe analizar el
aspecto formal y material de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el
texto constitucional. En cuanto al control por vicios de procedimiento que la
Corte ejerce sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban,
según lo prescrito en el artículo 241 numeral 10 Superior éste se dirige a
verificar el trámite seguido durante la negociación y firma del tratado –esto
es, el examen de la validez de la representación del Estado colombiano en los
procesos de negociación y celebración del instrumento y la competencia de los
funcionarios intervinientes – así como a la formación de la ley aprobatoria en
el Congreso y la debida sanción presidencial del proyecto correspondiente.
CORRUPCION-Amenaza
contra el Estado Social de Derecho/CORRUPCION-Implicaciones
La
corrupción es una de las principales amenazas contra el Estado social de
Derecho, pues vulnera los cimientos sobre los cuales se estructura la
democracia, generando graves alteraciones del sistema político democrático, de
la economía y de los principios constitucionales de la función pública: 1.
Desde el punto de vista político, la corrupción reduce la confianza de los
ciudadanos en el Estado de derecho, pues implica el desprecio de los intereses
de los ciudadanos, quienes se sienten totalmente ajenos a las decisiones
públicas. Por lo anterior, se afecta la legitimidad de las decisiones del gobierno
y del funcionamiento del Estado de derecho, generándose la apatía y el
desconcierto de la comunidad. 2. Desde el punto de vista económico, la
corrupción reduce la inversión, aumenta los costos económicos, disminuye las
tasas de retorno y obstaculiza el comercio internacional, aumentando los
precios de los bienes y servicios y reduciendo su volumen y calidad.
Adicionalmente, este fenómeno facilita la formación de monopolios de hecho,
conformados por las empresas que pagan sobornos. La eliminación de la
competencia genera a su vez que la empresa que pague sobornos no invierta en
todos los recursos necesarios para superar a la competencia, como costes de
proyectos, modernización, investigación e inversiones tecnológicas, situación
que va en detrimento de los consumidores y del desarrollo de la propia empresa.
3. Desde el punto de vista administrativo público, este fenómeno hace que los
recursos públicos se desvíen hacia los patrimonios particulares o del entorno
de los funcionarios corruptos, lo cual disminuye la cantidad gastada en fines
públicos, especialmente en educación y salud. Por otro lado, se merman las
rentas públicas, teniendo en cuenta que el coste irregular del pago de los
sobornos constituye una inversión para eludir el pago de costos como los
tributos. Adicionalmente, la reducción de la inversión y del gasto público,
ocasionada por la corrupción, afecta directamente el desarrollo económico a
largo plazo, situación que se evidencia especialmente en los países menos
desarrollados, en los cuales genera un diseño de los programas públicos que
desemboca en beneficios para grupos de población relativamente bien situados
desde el punto de vista económico en detrimento de las personas más
necesitadas. 4.  Desde el punto de vista jurídico, la corrupción afecta el
correcto funcionamiento de la Administración pública, es decir, el
funcionamiento del Estado de acuerdo a los principios de la función pública, en
especial de la objetividad, la imparcialidad, la legalidad y la eficiencia.
CORRUPCION-Convenciones internacionales y su adopción por
Colombia
CONVENCION PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES
PUBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES-Trámite legislativo
PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO-Requisitos
constitucionales y legales en el trámite legislativo
DELITO DE COHECHO DE SERVIDORES PUBLICOS EXTRANJEROS-Características
DELITO DE COHECHO EN DERECHO COMPARADO-Alemania
DELITO DE COHECHO EN DERECHO COMPARADO-Francia, Austria y Rumania
DELITO DE COHECHO EN DERECHO COMPARADO-Bélgica
DELITO DE COHECHO EN DERECHO COMPARADO-Italia
DELITO DE COHECHO EN DERECHO COMPARADO-España
DELITO DE COHECHO EN DERECHO COMPARADO-México
DELITO DE COHECHO EN DERECHO COMPARADO-Argentina
DELITO DE COHECHO EN DERECHO COMPARADO-Chile
DELITO DE COHECHO EN DERECHO COMPARADO-Uruguay
DELITO DE SOBORNO TRASNACIONAL EN COLOMBIA-Contenido y alcance
DELITO DE CORRUPCION DE AGENTE PUBLICO EXTRANJERO-Compatible con la Constitución
CONVENCION PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES
PUBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES-Responsabilidad de las personas jurídicas/CONVENCION
PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PUBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES
COMERCIALES INTERNACIONALES-Medidas aplicables a las personas jurídicas
DELITO DE COHECHO DE SERVIDOR PUBLICO EXTRANJERO-Reglas relacionadas con la jurisdicción aplicable
El artículo 4º de la
“Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en
transacciones comerciales internacionales” para combatir el cohecho de
servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales
señala una serie de reglas relacionadas con la jurisdicción aplicable al delito
de cohecho de servidor público extranjero: (i) se consagra el principio de
territorialidad, de acuerdo con el cual se deberá acreditar su jurisdicción
sobre el cohecho de un servidor público extranjero cuando el delito sea
cometido en todo o en parte de su territorio; (ii) se señala el fuero personal,
según el cual cada Parte que tenga jurisdicción para procesar a sus nacionales;
(iii) se señala un mecanismo para la solución del conflicto de jurisdicciones
cuando varias partes tengan jurisdicción sobre el mismo delito mediante
consultas, (iv) Culmina exigiendo que cada Parte deberá revisar si su criterio
jurisdiccional actual es eficaz en la lucha contra el cohecho de servidores
públicos extranjeros, y de no serlo tomará medidas correctivas.
CONVENCION PARA
COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PUBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES
COMERCIALES INTERNACIONALES-Jurisdicción y aplicación de la ley
CONVENCION PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES
PUBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES-Disposiciones sobre lavado de activos y la
contabilidad
CONVENCION PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES
PUBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES-Cooperación internacional
Referencia: expediente LAT-392
Revisión oficiosa de la Ley 1573 de 2012 “Por medio de la cual se aprueba la Convención para
combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones
comerciales internacionales”,
adoptada en la ciudad de París, el 21 de noviembre de 1997.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá, D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil
doce (2012)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio
de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el
artículo 241, numeral 10 de la Constitución Política, y cumplidos todos los
trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente
sentencia con fundamento en los siguientes,
1.
ANTECEDENTES
Dentro del proceso de revisión de la Ley 1573 de 2012 “Por
medio de la cual se aprueba la Convención para combatir el cohecho de
servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”,
adoptada en la ciudad de París, el 21 de noviembre de 1997.
1.1.
TEXTO DE LA NORMA.
El texto de la ley objeto de análisis es el siguiente:
“LEY 1573 DE 2012
por medio de la cual se aprueba la Convención para
Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales.
El Congreso de
Colombia,
DECRETA:
Visto el texto
de la “Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales”, adoptada por la
Conferencia Negociadora en París, República Francesa, el 21 de noviembre
de 1997:
Artículo 1°.
Apruébase la “Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales”, adoptada por la
Conferencia Negociadora en París, República Francesa, el 21 de noviembre
de 1997.
Artículo 2°.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de
1944, la “Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales”, adoptada por la
Conferencia Negociadora en París, República Francesa, el 21 de noviembre
de 1997, que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a
partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de
los mismos.
Artículo 3°.
La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación”.
Convención
para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en  Transacciones
Comerciales Internacionales. Adoptada por la Conferencia Negociadora el 21 de
noviembre de 1997
Preámbulo
Las
Partes,
Considerando
que el cohecho es un  fenómeno generalizado en las
transacciones comerciales  internacionales, incluidos el comercio y la
inversión, que suscita graves preocupaciones morales y  políticas, socava el
buen gobierno y el desarrollo económico, y distorsiona las condiciones
competitivas  internacionales;
Considerando
que todos los países comparten la responsabilidad de combatir
el cohecho en las  transacciones comerciales internacionales;
Teniendo
en cuenta la Recomendación Revisada para Combatir el Cohecho en las
Transacciones  Comerciales Internacionales, aprobada por el Consejo de la
Organización para la Cooperación y el  Desarrollo Económicos (OCDE) el 23 de
mayo de 1997, C (97) 123/FINAL, que,  inter alia,  exigió  medidas eficaces
para disuadir, prevenir y combatir el cohecho de servidores públicos
extranjeros en  relación con las transacciones comerciales internacionales; en
especial, la pronta tipificación como delito  de ese cohecho de manera eficaz y
coordinada y de conformidad con los elementos comunes acordados  expuestos en
dicha Recomendación y con los principios jurisdiccionales y otros principios
jurídicos  básicos de cada país.
Congratulándose
de otras actividades recientes que promueven aún más la
comprensión y la  cooperación internacionales para combatir el cohecho de
servidores públicos, incluidas las actuaciones  de las Naciones Unidas, el
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial  de
Comercio, la Organización de Estados Americanos, el Consejo de Europa y la
Unión Europea;
Congratulándose
de los esfuerzos de empresas, organizaciones comerciales,
sindicatos  mercantiles, así como los de otras organizaciones no
gubernamentales para combatir el cohecho;
Reconociendo
el papel de los gobiernos para prevenir la instigación al
soborno por parte de  personas y empresas en las transacciones comerciales
internacionales;
Reconociendo
que para lograr progreso en este campo no sólo se requieren
esfuerzos a nivel  nacional sino también la cooperación multilateral, la
supervisión y el seguimiento;
Reconociendo
que lograr la equivalencia entre las medidas que deben tomar
las Partes es un  objetivo y propósito fundamental de la Convención, lo cual
requiere que la Convención sea ratificada sin  derogaciones que afecten esta
equivalencia;
HAN
CONVENIDO LO SIGUIENTE:
Artículo
1°
El
Delito de Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros
1.
Cada parte tomará las medidas que sean necesarias para tipificar que conforme a
su jurisprudencia es un delito penal que una persona deliberadamente ofrezca,
prometa o conceda cualquier ventaja indebida pecuniaria o de otra índole a un
servidor público extranjero, ya sea que lo haga en forma directa o mediante
intermediarios, para beneficio de este o para un tercero; para que ese servidor
actúe o se abstenga de hacerlo en relación con el cumplimiento de deberes oficiales,
con el propósito de obtener o de quedarse con un negocio o de cualquier otra
ventaja indebida en el manejo de negocios internacionales.
2.
Cada parte tomará las medidas necesarias para tipificar como delito la
complicidad, incluidas la incitación, la ayuda, la instigación o la
autorización de un acto de cohecho de un servidor público extranjero. La
tentativa y la confabulación para sobornar a un servidor público extranjero
constituirán delitos penales en el mismo grado en que lo sean la tentativa y la
confabulación para sobornar a un servidor público de esa Parte.
3.
Los delitos expuestos en los párrafos 1 y 2 anteriores en lo sucesivo se
denominarán “cohecho de un servidor público extranjero”.
4.
Para los efectos de esta Convención:
(a)
“servidor público extranjero” significa cualquier persona que ocupe un cargo
legislativo, administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea nombrado o
elegido; cualquier persona que ejerza una función pública para un país
extranjero, por ejemplo en una dependencia pública o en una empresa pública; y
cualquier funcionario o representante de un organismo público internacional;
(b)
“país extranjero” incluye todos los niveles y subdivisiones de gobierno, desde
el nacional al local;
(c)
“actuar o abstenerse de actuar en relación con el cumplimiento de deberes
oficiales” incluye cualquier uso del puesto del servidor público, sea o no de
la competencia autorizada del servidor.
Artículo
2°
Responsabilidad
de las personas morales
Cada
Parte tomará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios
jurídicos, para establecer la responsabilidad de las personas morales por el
cohecho de un servidor público extranjero.
Artículo
3°
Sanciones
1.
El cohecho de un servidor público extranjero deberá ser castigable mediante
sanciones penales eficaces, proporcionales y disuasorias.
La
escala de las sanciones será comparable a la aplicable al cohecho de servidores
públicos propios de la Parte y, en el caso de las personas físicas, incluirán
la privación de la libertad suficiente para permitir la ayuda jurídica
recíproca y la extradición.
2.
En el caso de que, conforme al régimen jurídico de una Parte, la
responsabilidad penal no sea aplicable a las personas morales, dicha Parte
deberá asegurar que esas personas morales serán sujetas a sanciones eficaces,
proporcionales y disuasorias de carácter no penal, incluidas las sanciones
monetarias por el cohecho de servidores públicos extranjeros.
3.
Cada Parte deberá tomar las medidas necesarias para estipular que el cohecho y
el producto de este de un servidor público extranjero o los bienes cuyo valor
corresponda al de ese producto estén sujetos a incautación y decomiso; o sean
aplicables sanciones monetarias de efecto comparable.
4.
Cada Parte deberá considerar la imposición de sanciones civiles o
administrativas adicionales contra una persona sujeta a sanciones por el
cohecho de un servidor público extranjero.
Artículo
4°
Jurisdicción
1.
Cada Parte deberá tomar las medidas que sean necesarias para acreditar su
jurisdicción sobre el cohecho de un servidor público extranjero cuando el
delito sea cometido en todo o en parte de su territorio.
2.
Cada Parte que tenga jurisdicción para procesar a sus nacionales por delitos
cometidos en el extranjero deberá tomar las medidas que sean necesarias para
acreditar su jurisdicción para hacerlo con respecto al cohecho de un servidor
público extranjero, de acuerdo con los mismos principios.
3.
Cuando varias Partes tengan jurisdicción sobre un presunto delito descrito en
esta Convención, las Partes implicadas, a solicitud de una de ellas, deberán
realizar consultas para determinar la jurisdicción más adecuada para el proceso
judicial.
4.
Cada Parte deberá revisar si su criterio jurisdiccional actual es eficaz en la
lucha contra el cohecho de servidores públicos extranjeros, y de no serlo
tomará medidas correctivas.
Artículo
5°
Aplicación
de la ley
La
investigación y el enjuiciamiento del cohecho de un servidor público extranjero
deberán sujetarse a los principios y las normas aplicables de cada Parte. En
estos no influirán consideraciones de interés económico nacional, el posible
efecto sobre las relaciones con otro Estado ni la identidad de las personas
físicas o morales implicadas.
Artículo
6°
Prescripción
Cualquier
ley de prescripción aplicable al delito de cohecho de un servidor público
extranjero deberá permitir un plazo adecuado para la investigación y el
enjuiciamiento de ese delito.
Artículo
7°
Lavado
de dinero
Cada
parte que haya dictaminado como delito predicado el cohecho de sus propios
servidores públicos para efectos de aplicar sus leyes contra el lavado de
dinero, deberá hacerlo en los mismos términos para el cohecho de un servidor
público extranjero, independientemente del lugar donde este haya ocurrido.
Artículo
8°
Contabilidad
1.
Para combatir de manera eficaz el cohecho de servidores públicos extranjeros,
cada Parte deberá tomar las medidas que sean necesarias, dentro del marco de
sus leyes y reglamentos, respecto a mantener libros y registros contables,
divulgar estados financieros y usar normas de contabilidad y auditoría, para
prohibir la creación de cuentas no asentadas en libros contables, llevar una
doble contabilidad o transacciones identificadas de manera inadecuada, el
registro de gastos inexistentes, el registro de pasivos con identificación
incorrecta de su fin, así como el uso de documentos falsos por parte de las
empresas sujetas a dichas leyes y reglamentos, con el propósito de sobornar a
servidores públicos extranjeros o de ocultar dicho delito.
2.
Cada Parte estipulará sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias de
carácter civil, administrativo o penal para tales omisiones y falsificaciones
con respecto a los libros contables, registros, cuentas y estados financieros
de dichas empresas.
Artículo
9°
Ayuda
Jurídica Recíproca
1.
En el grado máximo posible que permitan sus leyes, tratados y acuerdos pertinentes,
cada Parte deberá brindar ayuda jurídica eficaz e inmediata a otra Parte para
efectos de investigaciones y procedimientos penales iniciados por una Parte con
respecto a delitos dentro del ámbito de esta Convención; y para actos no
penales dentro del ámbito de esta Convención iniciados por una Parte contra una
persona moral. La Parte requerida deberá informar sin demora a la Parte
requirente sobre cualquier información o documentos adicionales necesarios para
respaldar la petición de ayuda y, cuando así lo solicite, sobre la situación y
resultado de la petición de ayuda.
2.
Cuando una Parte condicione la ayuda jurídica recíproca a la existencia de la
doble penalización; deberá considerarse que esta existe si el delito por el
cual se pide la ayuda está dentro del ámbito de esta Convención.
3.
Una Parte no deberá declinar el prestar ayuda jurídica recíproca para asuntos
penales dentro del ámbito de esta Convención aduciendo el secreto bancario.
Artículo
10
Extradición
1.
El cohecho de un servidor público extranjero deberá considerarse incluido como
un delito que dará lugar a la extradición conforme a las leyes de las Partes y
a los tratados de extradición entre ellas.
2.
Si una Parte que condicione la extradición a la existencia de un tratado de
extradición recibe una petición de extradición de otra Parte con la que no
tenga tratado de extradición, podrá considerar esta Convención como el
fundamento legal para la extradición con respecto al delito de cohecho de un
servidor público extranjero.
3.
Cada Parte deberá tomar las medidas necesarias para asegurar que puede
extraditar a sus nacionales o que puede procesar a sus nacionales por el delito
de cohecho de un servidor público extranjero. Una Parte que decline una
solicitud para extraditar a una persona por el cohecho de un servidor público
extranjero exclusivamente porque esa persona sea su nacional, deberá someter el
caso a sus autoridades competentes para efectos de proceso judicial.
4.
La extradición por cohecho de un servidor público extranjero está sujeta a las
condiciones establecidas en el derecho nacional y en los tratados y acuerdos
aplicables de cada Parte. Cuando una Parte condicione la extradición a la
existencia de la doble penalización del delito, esa condición deberá
considerarse cumplida si el delito por el cual se pide la extradición está
dentro del ámbito del Artículo 1° de esta Convención.
Artículo
11
Autoridades
Responsables
Para
los fines del párrafo 3° del Artículo 4°, sobre consultas; del Artículo 9°,
sobre asistencia jurídica recíproca y del Artículo 10, sobre extradición; cada
Parte deberá notificar al Secretario General de la OCDE quién es o quiénes son
las autoridades responsables de la preparación y recepción de solicitudes, que
servirán como vía de comunicación para dichos asuntos de esa Parte, sin
perjuicio de otros acuerdos entre las Partes.
Artículo
12
Monitoreo
y Seguimiento
Las
Partes deberán cooperar para llevar a cabo un programa de seguimiento
sistemático para monitorear y promover la plena aplicación de la presente
Convención. Salvo decisión en contrario tomada por consenso de las Partes, esto
deberá realizarse en el marco del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Cohecho en
las Transacciones Comerciales Internacionales y de acuerdo con su mandato; o
dentro del marco y de las atribuciones de cualquier órgano que lo suceda en
esas funciones; y las Partes deberán costear los gastos del programa de acuerdo
con las normas aplicables a ese órgano.
Artículo
13
Firma
y Adhesión
1.
Hasta su entrada en vigor, esta Convención deberá estar abierta para la firma
de los miembros y no miembros de la OCDE que hayan sido invitados a ser
participantes de pleno derecho en su Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las
Transacciones Comerciales Internacionales.
2.
Con posterioridad a su entrada en vigor, esta Convención deberá estar abierta a
la adhesión de todo no signatario que sea miembro de la OCDE o que haya llegado
a ser participante de pleno derecho en el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las
Transacciones Comerciales Internacionales o de cualquier órgano que lo suceda
en sus funciones. Para cada uno de dichos no signatarios, la Convención deberá
entrar en vigor en el sexagésimo día después de la fecha del depósito de su
instrumento de adhesión.
Artículo
14
Ratificación
y Depositario
1.
Esta Convención está sujeta a la aceptación, aprobación o ratificación por
parte de los signatarios, de conformidad con sus leyes respectivas.
2.
Los instrumentos de aceptación, aprobación, ratificación o adhesión serán
depositados con el Secretario General de la OCDE, quien fungirá como
depositario de esta Convención.
Artículo
15
Entrada
en Vigor
1.
Esta Convención deberá entrar en vigor en el sexagésimo día después de la fecha
en que cinco de los diez países que tengan las cuotas de exportación más
grandes, según lo expuesto en el documento DAFFE/IME/BR(97)18/FINAL (anexo), y
que representen por sí mismas al menos el sesenta por ciento de las
exportaciones totales combinadas de esos diez países, hayan depositado sus
instrumentos de aceptación, aprobación o ratificación. Para cada signatario que
deposite su instrumento después de dicha entrada en vigor, la Convención deberá
entrar en vigor en el sexagésimo día después del depósito de su instrumento.
2.
Si después del 31 de diciembre de 1998 la Convención no ha entrado en vigor
conforme al párrafo 1 antes citado, cualquier signatario que haya depositado su
instrumento de aceptación, aprobación o ratificación podrá declarar por escrito
al Depositario su buena disposición para aceptar la entrada en vigor de esta
Convención, conforme a este párrafo 2. La Convención deberá entrar en vigor
para dicho signatario en el sexagésimo día después de la fecha en que dicha
declaración escrita haya sido depositada cuando menos por dos signatarios. Para
cada signatario que deposite su declaración después de dicha entrada en vigor, la
Convención deberá entrar en vigor en el sexagésimo día después de la fecha del
depósito.
Artículo
16
Reformas
Cualquier
Parte puede proponer la reforma de esta Convención. Las propuestas de reforma
deberán presentarse al Depositario, quien deberá comunicarlas a las demás
Partes al menos sesenta días antes de convocar a una reunión de las Partes para
estudiar la reforma propuesta. Una reforma aprobada por consenso de las Partes,
o por otros medios que las Partes puedan determinar por consenso, deberá entrar
en vigor sesenta días después del depósito de un instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación de todas las Partes, o en otras circunstancias que las
Partes puedan especificar al momento de la aprobación de la reforma.
Artículo
17
Retirada
Una
Parte puede retirarse de esta Convención al presentar una notificación escrita
al Depositario. La retirada surtirá efecto un año después de la fecha de
recepción de la notificación. Después de la retirada, la cooperación entre las
Partes y la Parte que se haya retirado deberá continuar en cuanto a todas las
peticiones de ayuda o de extradición que sigan pendientes y que se hayan hecho
antes de la fecha en que entrara en vigor dicha retirada.”.
1.2.
INTERVENCIONES
1.2.1.  Intervención
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
El apoderado del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo solicitó que se declare la exequibilidad de la Ley 1573 de
2012 “Por medio de la cual se aprueba la Convención para combatir el cohecho
de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales
internacionales”, adoptada en la ciudad de París, el 21 de noviembre de
1997, por las siguientes razones:
1.2.1.1.
Señala que la finalidad fundamental
de la convención es otorgar una respuesta a los nuevos retos en materia de
prevención y control del delito de cohecho de servidores públicos extranjeros,
conducta punible que se presenta de manera frecuente en el comercio
internacional, afectando el ejercicio de las relaciones en este sector.
1.2.1.2.
Manifiesta que Colombia, como
miembro de la comunidad internacional debe cumplir con los principios de
confianza y buena fe en desarrollo de la máxima pacta sunt Servando, de
acuerdo con la cual los Estados deben respetar los acuerdos concluidos entre
ellos.
1.2.1.3.
Expresa que de acuerdo al
acerbo probatorio, se encuentra demostrado que en el desarrollo de la
negociación y en el trámite de la ley en el Congreso de la República se
surtieron todas las formalidades legales y constitucionales para la aprobación
de la “Convención para combatir el cohecho de servidores públicos
extranjeros en transacciones comerciales internacionales”, la cual se
enmarca dentro de los principios que rigen los tratados internacionales y
constituye un instrumento de cooperación muy importante para la seguridad
jurídica de las transacciones comerciales internacionales.
1.2.2.
Intervención del Ministerio
de Justicia y del Derecho
La apoderada del Ministerio de Justicia
y del Derecho solicitó que se declare la constitucionalidad de la Ley 1573 de
2012 por las siguientes razones:
1.2.2.1.
Señala que la “Convención
para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones
comerciales internacionales” y su ley aprobatoria fueron remitidas de
manera oportuna a la Corte Constitucional, pues la Ley 1573 fue sancionada por
el Presidente de la República el dos (2) de agosto de 2012 y enviada el 3 de
agosto a esta Corporación, es decir, dentro de los seis (6) días hábiles
siguientes a la sanción de la ley, tal como ordena el numeral 10º del artículo
241 de la Constitución Política.
1.2.2.2.
Manifiesta que en el mes de
octubre de 2011 una delegación encabezada por el entonces Ministro de Justicia
y del Derecho, Juan Carlos Esguerra Portocarrero y el Director del Departamento
Nacional de Planeación, Hernando José Gómez, presentó en la Reunión Plenaria
del Grupo de Trabajo anti - cohecho de la Organización para la Cooperación y el
desarrollo económico, en adelante OCDE, la solicitud formal para hacerse parte
del grupo y adherir a la Convención para combatir el cohecho de servidores
públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, la cual fue
posteriormente aceptada.
1.2.2.3.
Afirma que en el mes de
noviembre de 2011 altos representantes de la OCDE visitaron nuestro país para
entregar las cartas del Secretario General de ese organismo al Presidente de la
República de Colombia con la solicitud formal para hacerse parte del grupo y
adherir a la “Convención para combatir el cohecho de servidores públicos
extranjeros en transacciones comerciales internacionales”.
1.2.2.4.
Aduce que el Presidente de la
República autorizó y ordenó someter a la aprobación del Congreso de la
República la Convención de la referencia mediante aprobación ejecutiva del 14
de marzo de 2012, por lo cual, el 23 de marzo de 2012 fue radicado el Proyecto
de Ley Aprobatoria de la “Convención para combatir el cohecho de servidores
públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales” adoptada
por la Conferencia Negociadora en París el 21 de noviembre de 1997.
1.2.2.5.
Manifiesta que la ponencia fue
asignada al senador Carlos Fernando Motoa Solarte, quien presentó ponencia para
primer debate ante la comisión segunda del Senado, siendo debatido y luego aprobado
por unanimidad, tal como consta en la Gaceta del Congreso no. 230 del 15 de
mayo de 2012. Agrega que la ponencia para segundo debate fue presentada el 15
de mayo de 2012, la cual fue aprobada en plenaria del Senado de la República por
los senadores asistentes según consta en el acta 48, publicada en la Gaceta del
Congreso de la República no. 414 del 10 de julio de 2012.
1.2.2.6.
Señala que el proyecto de ley
fue radicado con el número 239 de 2012 en la Cámara de Representantes,
designándose como ponente el Representante a la Cámara Telésforo Pedraza
Ortega, el cual fue aprobado por la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes el 7 de junio de 2012, según consta en acta 28 de la misma fecha
y en plenaria de la Cámara de Representantes el 19 de junio de 2012, según
consta en el acta 133 de dicha fecha y se publicó en la Gaceta del Congreso no.
395 del 26 de junio de 2012.
1.2.2.7.
Manifiesta que el proyecto fue
publicado antes de darse curso en cada una de las comisiones, aprobado en las
comisiones y en las plenarias de cada cámara con los quórum requeridos,
existiendo entre el primero y el segundo debate en cada una de las cámaras un
tiempo no inferior a ocho (8) días y entre la aprobación del proyecto en el Senado
de la República y la iniciación del debate en la Cámara de Representantes un
lapso no inferior a quince (15) días, por lo cual se habrían cumplido todos los
requisitos de trámite consagrados en la Constitución.
1.2.2.8.
Expone de manera detallada el
preámbulo y el articulado de la ley, destacando que la Convención contempla
fines constitucionalmente válidos, pues busca combatir la corrupción en las
transacciones internacionales otorgando a los estados parte herramientas para
superar las fronteras de la acción penal cuando los agentes económicos actúen
fuera del propio territorio en relación con funcionarios extranjeros.
1.2.2.9.
Destaca la importancia para
Colombia de adherir a esta convención teniendo en cuenta que es un
prerrequisito para el ingreso de nuestro país a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo económico, la cual agrupa a los Estados más
desarrollados del mundo y constituye un foro donde los gobiernos pueden
trabajar conjuntamente para compartir experiencias y solucionar problemas
comunes y promover políticas que mejoren el bienestar económico y social.
1.2.3.
Intervención del Ministerio
de Relaciones Exteriores
El apoderado del Ministerio de
Relaciones Exteriores solicita que se declare la Constitucionalidad de la Ley
1573 de 2012 por las siguientes razones:
1.2.3.1.
Señala que el Gobierno
Nacional impartió la aprobación ejecutiva el día 14 de marzo de 2012 donde
ordenó poner la aprobación del tratado en consideración del Congreso de la
República.
1.2.3.2.
Narra el trámite que se surtió
para la promulgación de la ley aprobatoria del tratado. En este sentido, señala
que los Ministros de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores
presentaron el proyecto de ley aprobatoria ante el Congreso de la República,
asignándosele el número 212/12 Senado y 239/12 Cámara, frente al cual se
surtieron todos los trámites constitucionales y legales en el Congreso de la
República.
1.2.3.3.
Manifiesta que la ley
aprobatoria fue sancionada por el Presidente de la República el 2 de agosto de
2012 y publicada en el Diario Oficial No. 48.510 de la misma fecha, luego lo cual
el 3 de agosto se remitió a la Corte Constitucional por la Secretaria Jurídica
de la Presidencia.
1.2.3.4.
Por lo anterior, concluye que
el tratado cumplió con los requisitos formales señalados en la Constitución Política
para su aprobación y su contenido consulta los principios y postulados que
gobiernan el Estado Colombiano, por lo cual solicita que se declare exequible la
Ley 1573 de 2012.
1.2.4.
Intervención de la
Universidad Nacional de Colombia
El decano de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, Genaro Alfonso
Sánchez Moncaleano, solicita que se declare la exequibilidad de la Ley 1573 de
2012 por las siguientes razones:
1.2.4.1.
Señala que la corrupción ha
dejado de ser un fenómeno interno de los Estados y ha mutado hacia formas cada
vez más perversas que se presentan en las transacciones comerciales
internacionales.
1.2.4.2.
Manifiesta que la
globalización y la internacionalización de la economía han generado la
existencia de grandes flujos de capital a través de la inversión extranjera, lo
cual hace necesario la creación, adecuación y fortalecimiento de todos los
instrumentos para combatir la corrupción.
1.2.4.3.
Afirma que la lucha contra la
corrupción es una política de Estado  contemplada incluso en el Plan Nacional
de Desarrollo que busca no solamente atacar al delito, sino también prevenir su
comisión y crear una cultura de transparencia.
1.2.4.4.
Aduce que Colombia ha suscrito
varios tratados internacionales para la lucha contra la corrupción y es clara
su vocación para la integración de organizaciones de países que tienen la misma
finalidad.
2.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación solicita que se
declare la constitucionalidad de la Ley 1573 de 2012, por las siguientes
razones:
2.1.
Afirma que luego de estudiar
el proceso de formación de la Ley 1573 de 2012 por medio de la cual se aprueba
la “Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros
en las transacciones comerciales internacionales”, el Ministerio Público no
advierte la existencia de ningún vicio.
2.2.
Señala que la convención busca
combatir la conducta del cohecho en materia contractual cuando intervienen
sujetos no nacionales, asegurar reglas equitativas en las transacciones
internacionales, eliminar la competencia desleal, castigar a empresas y
personas que incurran en actos de corrupción e impulsar el intercambio de
información y la cooperación jurídica internacional para combatir el cohecho
trasnacional.
2.3.
Considera que la convención
constituye una herramienta necesaria y de primer orden para combatir las
prácticas de corrupción en las transacciones internacionales y resarcir el
patrimonio público.
2.4.
Aduce que los propósitos de la
convención, sus bases jurídicas y reglas no contravienen la Constitución, pues
parten del respeto al ordenamiento jurídico interno y no obligan a ningún Estado
a tomar medidas contrarias a su propia constitución.
2.5.
Señala que la convención
desarrolla el mandato de los artículos 9º, 226 y 227 de la Constitución, pues
promueve los canales de cooperación internacional, respetando la soberanía
nacional y la autodeterminación de los pueblos, conforme a los principios de
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
2.6.
Concluye que la convención
constituye un instrumento indispensable para luchar contra la impunidad en
casos de corrupción en las transacciones económicas internacionales.
3.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
3.1.
Competencia de la Corte Constitucional en materia de tratados y de
leyes aprobatorias de tratados
De conformidad con lo establecido en el
artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política, corresponde a la Corte el
examen de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes
aprobatorias de los mismos. Este control tiene las siguientes características[1]:
(i)
Es previo al perfeccionamiento
del tratado, pero posterior a su aprobación por el Congreso y a su sanción
gubernamental.
(ii)
Es automático, por cuanto no
está supeditado a la presentación en debida forma de una acción ciudadana, sino
que la ley debe ser enviada directamente por el Presidente de la República
dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción gubernamental.
(iii)
Tiene fuerza de cosa juzgada,
pues la Corte debe “decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los
tratados internacionales y de las leyes que los aprueban” (CN art. 241-10),
lo que excluye la revisión posterior por vía de acción pública de
inconstitucionalidad.
(iv)
Es una condición sine qua non
para la ratificación del correspondiente acuerdo, esto es, para que el
respectivo convenio pueda surgir como acto jurídico en el ámbito internacional.
(v)
Tiene una función preventiva[2], pues su finalidad es garantizar tanto la
supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos
internacionales del Estado colombiano.
(vi)
Es integral, en la medida en que
la Corte debe analizar el aspecto formal y material de la ley y el tratado,
confrontándolos con todo el texto constitucional.
En cuanto al control por vicios de
procedimiento que la Corte ejerce sobre los tratados internacionales y las
leyes que los aprueban, según lo prescrito en el artículo 241 numeral 10
Superior éste se dirige a verificar el trámite seguido durante la negociación y
firma del tratado –esto es, el examen de la validez de la representación del
Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento
y la competencia de los funcionarios intervinientes – así como a la formación
de la ley aprobatoria en el Congreso y la debida sanción presidencial del
proyecto correspondiente[3].
Al respecto, esta Corporación tiene en
cuenta que la Constitución Política no dispone de un procedimiento legislativo
especial para la expedición de una ley aprobatoria de un tratado internacional.
Por este motivo, este tipo de instrumentos debe seguir, en términos generales,
el mismo trámite que una ley ordinaria. Empero, esta previsión opera salvo las
obligaciones de (i) iniciación del debate en el Senado de la República, por
tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (Art. 154 C.P.); y (ii) remisión de la ley aprobada a la Corte Constitucional, por parte del Gobierno, para
efectos de su revisión definitiva (Art. 241-10 C.P.)[4].
Desde esta perspectiva se requiere, en
razón del trámite ordinario: (i) la publicación oficial del proyecto de ley;
(ii) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional
correspondiente del Senado de la República (Art. 154 C.P); (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y plenarias de cada una
de las cámaras (Art. 157 C.P.); (iv) que entre el primer y segundo debate medie
un lapso no inferior a ocho (8) días y que entre la aprobación del proyecto en
una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurran por lo
menos quince (15) días (Art. 160 C.P.); (v) la comprobación del anuncio previo
a la votación en cada uno de los debates; y (vi) la sanción presidencial y la
remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días
siguientes (Art.  241-10 C.P) [5].
En cuanto al examen de fondo, éste
consiste en juzgar las disposiciones del texto del tratado internacional que se
revisa y el de su ley aprobatoria, respecto de la totalidad de las
disposiciones del Ordenamiento Superior, para determinar si las primeras
se ajustan o no a la Constitución Política, independientemente de
consideraciones de conveniencia y oportunidad, las cuales son extrañas al
examen que le compete efectuar a la Corte Constitucional[6].
Por último, frente a los aspectos de
fondo, la labor de la Corte consiste en confrontar las disposiciones del
instrumento internacional sujeto a análisis y las de su ley aprobatoria con los
preceptos constitucionales, a fin de  determinar si se ajustan o no a la Carta
Política[7].
De acuerdo con este marco de análisis, la
Sala asume a continuación el estudio del tratado.
3.2.
La corrupción y el Estado
de derecho
La corrupción es una de las principales amenazas
contra el Estado social de Derecho, pues vulnera los cimientos sobre los cuales
se estructura la democracia, generando graves alteraciones del sistema político
democrático, de la economía y de los principios constitucionales de la función
pública:
3.2.1.
Desde el punto de vista
político, la corrupción reduce la confianza de los ciudadanos en el Estado de
derecho[8], pues implica el desprecio de los intereses de los ciudadanos,
quienes se sienten totalmente ajenos a las decisiones públicas[9]. Por lo anterior, se afecta la legitimidad de las
decisiones del gobierno[10] y del funcionamiento del Estado de derecho[11], generándose la apatía y el desconcierto de la
comunidad[12].
3.2.2.
Desde el punto de vista
económico, la corrupción reduce la inversión[13], aumenta los costos económicos[14], disminuye las tasas de retorno[15] y obstaculiza el comercio internacional[16], aumentando los precios de los bienes y servicios[17] y reduciendo su volumen y calidad[18]. Adicionalmente, este fenómeno facilita la formación
de monopolios de hecho[19], conformados por las empresas que pagan sobornos[20]. La eliminación de la competencia genera a su vez que
la empresa que pague sobornos no invierta en todos los recursos necesarios para
superar a la competencia, como costes de proyectos, modernización,
investigación e inversiones tecnológicas[21], situación que va en detrimento de los consumidores y del desarrollo
de la propia empresa[22].
3.2.3.
Desde el punto de vista
administrativo público, este fenómeno hace que los recursos públicos se desvíen
hacia los patrimonios particulares o del entorno de los funcionarios corruptos[23], lo cual disminuye la cantidad gastada en fines
públicos[24], especialmente en educación y salud[25]. Por otro lado, se merman las rentas públicas,
teniendo en cuenta que el coste irregular del pago de los sobornos constituye
una inversión para eludir el pago de costos como los tributos[26].
3.2.4.
Adicionalmente, la reducción
de la inversión y del gasto público, ocasionada por la corrupción, afecta
directamente el desarrollo económico a largo plazo[27], situación que se evidencia especialmente en los países menos
desarrollados[28], en los cuales genera un diseño de los programas
públicos que desemboca en beneficios para grupos de población relativamente
bien situados desde el punto de vista económico en detrimento de las personas más
necesitadas[29].
3.2.5.
Desde el punto de vista
jurídico, la corrupción afecta el correcto funcionamiento de la Administración
pública[30], es decir, el funcionamiento del Estado de acuerdo a
los principios de la función pública, en especial de la objetividad, la
imparcialidad[31], la legalidad[32] y la eficiencia[33].
Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia ha
señalado que dentro de los delitos contra la administración pública existen
conductas punibles que tutelan el patrimonio público, otros que protegen el
ejercicio de la función pública propiamente dicha, que puede verse afectada
particularmente cuando el comportamiento de los servidores públicos vulnera el
buen nombre, la eficiencia o su legalidad y otros que salvaguardan los agentes
de la administración[34].
En este sentido, la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que “La administración pública
es lesionada cuando el servidor, debiendo ceñir su comportamiento a las normas
constitucionales y legales que organizan y diseñan estructural y funcionalmente
todo lo relacionado con los bienes —estatales, particulares o mixtos—,
sintiéndose señor y dueño de las cosas que con base en la confianza se le han
entregado para que las custodie, cuide, administre o vigile, las toma para sí y/o
para otro, con lo cual rompe esa normatividad, desmorona esas organización y
estructura regladas e incurre y genera la sensación o certeza de deslealtad,
improbidad y ausencia de transparencia dentro de los coasociados”.[35]
Por los anteriores motivos, esta Corporación ha
reconocido que el Estado social de derecho se ve seriamente afectado por la
corrupción, pues la misma hace prevalecer el interés mezquino sobre el bien
común y permite el uso indebido del Estado para fines particulares:
“El Estado social de derecho se construye a partir del
reconocimiento del ser humano como sujeto autónomo, dotado de razón, cuya
realización integral debe promover el Estado, garantizándole condiciones dignas
para el desarrollo de sus potencialidades, condiciones que se anulan y diluyen
en contextos en los que prevalezca el interés mezquino de quienes anteponen los
suyos particulares a los de la sociedad, incluso desdeñándolos y
sacrificándolos, mucho más si para ello hacen uso indebido del aparato
administrativo que conduce el Estado, de los recursos que lo nutren, y del
ejercicio de las funciones propias de la administración pública, conductas que
por lo general se identifican en los tipos penales que describen prácticas
corruptas”[36].
3.3.
Las convenciones
internacionales contra la corrupción y su adopción por Colombia
3.3.1. Convención Interamericana contra la Corrupción
El 29 de marzo de 1996 se suscribió la
Convención Interamericana contra la Corrupción, en adelante CICC, en el marco
de la Organización de Estados Americanos en la ciudad de Caracas, instrumento
que significó un verdadero  modelo en la lucha contra la corrupción a nivel
mundial y que contempló esencialmente las siguientes medidas:
3.3.1.1.
En primer lugar se presenta
una definición de actos de corrupción en el marco internacional, definiendo por
tales los siguientes:
“a.
El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario
público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de
valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas
para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u
omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;
b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o
indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones
públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como
dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra
persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el
ejercicio de sus funciones públicas;
c. La realización por parte de un funcionario público
o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el
fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero;
d. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes
provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente
artículo; y
e. La participación como autor, co-autor, instigador,
cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de
comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los
actos a los que se refiere el presente artículo”[37].
De esta manera, la CICC señala como
actos constitutivos de corrupción básicamente el cohecho pasivo (literal a), el
cohecho activo (literal b), el enriquecimiento ilícito (literal c), el lavado
de activos (literal d) y la participación en las anteriores conductas punibles
(literal e).
3.3.1.2.
En segundo lugar, se
establecen una serie de medidas preventivas frente a la corrupción dentro de
las cuales cabe destacar las siguientes: la difusión de normas de conducta frente
al cumplimiento de las funciones públicas; el establecimiento de sistemas para
la declaración de los ingresos y activos; la contratación de funcionarios
públicos; la recaudación y el control de los ingresos del Estado; la protección
de testigos; la creación de un organismo superior para la lucha contra la
corrupción; y el fomento de la participación ciudadana[38].
3.3.1.3.
Igualmente, la CICC establece
una serie de medidas para facilitar la extradición de los funcionarios públicos
que hayan incurrido en actos de corrupción[39], la identificación, el rastreo, la inmovilización, la confiscación y
el decomiso de bienes obtenidos o derivados de la comisión de actos de
corrupción[40], la eliminación del secreto bancario  en eventos de
corrupción[41] y el establecimiento de medidas de asistencia y
cooperación entre los Estados parte[42].
El Congreso de la República aprobó la “Convención
Interamericana contra la corrupción” a través de la Ley 412 del 6 de
Noviembre de 1997, la cual fue declarada constitucional mediante la sentencia C-397
de 1998, considerándose que se ajusta plenamente a la filosofía y principios de
la Constitución Política:
“Es decir, que en tratándose de
cumplir el objetivo de la Convención que se somete a examen de
constitucionalidad, de prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción,
el cual ha encontrado la Corte que se ajusta plenamente a la filosofía y
principios de la Constitución Política, el compromiso que adquiere el Estado
colombiano al suscribirla, de levantar la reserva bancaria a solicitud de otro
de los Estados-parte, en manera alguna vulnera dicho ordenamiento, pues se
configura inequívocamente una situación en la que se impone hacer prevalecer el
interés general, artículo 1o. de la C.P., el cual se ve gravemente amenazado
por prácticas de corrupción que, como se dijo, atentan contra las bases mismas
de la organización jurídico-política por la que optó el Constituyente, y contra
sus principios y valores fundamentales.
No hay pues en el artículo XVI de la
Convención, ningún elemento que permita concluir su inconstitucionalidad”[43].
3.4.
Convención de Naciones
Unidas contra la delincuencia organizada transnacional
3.4.1. En el año 2000 se suscribió en Palermo la Convención
de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, la cual si
bien no tiene como eje central la lucha contra la corrupción, sí establece una
serie de medidas contra la misma, reconociendo la imposibilidad de luchar
contra la criminalidad organizada sin eliminar la corrupción.
3.4.2. En este sentido, en el artículo 8 de la Convención se
exige la penalización de la corrupción por los Estados parte, la cual
identifica con el cohecho activo (literal a del numeral 1 del artículo 8) y el
cohecho pasivo (literal b del numeral 1 del artículo 8)[44]. Igualmente se exige la consagración de la responsabilidad de las
personas jurídicas por su participación en las anteriores conductas punibles[45].
3.4.3. Por otro lado, también se exige la adopción de una
serie de medidas contra la corrupción de carácter legislativo, administrativo o
de otra índole para promover la integridad y para prevenir, detectar y castigar
la corrupción de funcionarios públicos[46].
3.4.4. Esta Convención fue aprobada a través de la Ley 800 de
2003, la cual fue declarada exequible por esta Corporación en la sentencia C-962
de 2003 considerándose que “se ajusta en su integridad a la Constitución
Política, y el mismo se celebró sobre bases de equidad, y reciprocidad como lo
establece el artículo 150, numeral 16 de la Constitución”[47].
3.5.
Convención de Naciones
Unidas contra la corrupción
3.5.1.
En el año 2003, luego de
varios años de discusiones se suscribió la  Convención de Naciones Unidas
contra la corrupción, en adelante CNUCC, la cual consagra una serie de medidas
fundamentales en la lucha contra este fenómeno:
3.5.1.1.
En primer término se
establecen medidas preventivas en la lucha contra la corrupción, dentro de las
cuales se destacan las siguientes:
-
La adopción de  sistemas de
convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados
públicos y, cuando proceda, de otros funcionarios públicos no elegidos, o
mantener y fortalecer dichos sistemas[48].
-
El establecimiento de códigos de
conducta para funcionarios públicos  que promuevan la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre
las mismas[49].
-
La consagración de medidas
necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados
en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de
decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción[50].
-
Medidas especiales sobre la
información pública para promover la transparencia en la administración pública
y la simplificación de los procedimientos administrativos[51].
-
Medidas para prevenir y reprimir
la corrupción en el poder judicial y el ministerio público y que favorezcan la
independencia de ambas instituciones[52].
-
Medidas para prevenir la
corrupción en el sector privado que incluyen la difusión de códigos de conducta
en las empresas, la transparencia en el manejo contable y las necesidad de
fomentar la auditoría y la certificación de las mismas, así como también, la
sanción de conductas tales como el establecimiento de cuentas no registradas en
libros, la realización de operaciones no registradas en libros o mal
consignadas y el registro de gastos inexistentes, el asiento de gastos en los
libros de contabilidad con indicación incorrecta de su objeto; la utilización
de documentos falsos; y la destrucción deliberada de documentos de contabilidad
antes del plazo previsto en la ley[53].
-
Medidas que aumenten la
participación de la sociedad, tales como el acceso eficaz a la información, los
programas de educación pública y la participación de la opinión pública en las
decisiones públicas[54].
-
El establecimiento de medidas que
prevengan el lavado de activos en el sector privado como el seguimiento de las
actividades financieras y la denuncia de las actividades sospechosas[55].
3.5.1.2.  En segundo lugar, se establecen una serie de conductas
punibles constitutivas de corrupción que deben ser consagradas por los Estados
partes: el soborno de funcionarios públicos nacionales en sus modalidades
activa y pasiva[56]; el soborno de funcionarios públicos extranjeros y de
funcionarios de organizaciones internacionales públicas[57]; la malversación o peculado en el sector público[58]; la malversación o peculado de bienes en el sector
privado[59]; el tráfico de influencias[60]; el abuso de funciones o abuso
del cargo[61]; el enriquecimiento ilícito[62]; el soborno en el sector privado[63]; el blanqueo del producto del delito[64], el encubrimiento[65] y la obstrucción de la justicia[66].
En el mismo capítulo
se exige la punición de la tentativa y de la participación respecto de las
conductas punibles anteriormente mencionadas[67], así como también, la responsabilidad de las personas jurídicas por
actos constitutivos de corrupción[68]. Igualmente se establece la obligación de que se
aumenten las prescripciones en la investigación de los delitos señalados[69].
3.5.1.3.  Como complemento de las medidas penales señaladas se
establecen una serie de medidas de procedimiento tales como: la posibilidad de
aplicar el embargo preventivo, la incautación o el decomiso de los bienes que
hayan sido adquiridos con recursos que tienen su fuente en actos de corrupción[70], la protección de testigos, peritos y víctimas que
colaboren en procesos iniciados en relación con actos de corrupción[71], la obligación de indemnizar los daños y perjuicios
frente a actos de corrupción[72], y la necesidad de evitar que el secreto bancario sea
un obstáculo para la investigación de los mismos[73].
3.5.1.4.  También se establecen numerosas normas en materia de
cooperación penal que se aplican a la colaboración entre autoridades
especializadas[74], entre autoridades nacionales[75] y entre el sector público y el sector privado[76]. En este sentido, se consagran
una serie de mecanismos de cooperación internacional dentro de los cuales se
destaca la cooperación en materia de extradición[77], el traslado de personas condenadas a cumplir una pena[78] y la asistencia judicial recíproca con el objeto de: recibir testimonios o tomar declaración a personas[79]; entre otras.
3.5.1.5.  El 13 de julio de 2005, el Congreso de la República aprobó la “Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción” mediante la Ley 970, la cual fue declarada
constitucional mediante la sentencia C-172 de 2006, considerándose que es
compatible con la Carta Política y, en buena medida, constituye un desarrollo
acertado de distintos principios y valores constitucionales especialmente el
adecuado ejercicio de la función administrativa, la protección del patrimonio
del Estado y el fortalecimiento de las instancias democráticas de participación
ciudadana:
“Vista la anterior exposición, la
Corte concluye que la Ley 970 de 2005, aprobatoria de la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción cumplió cabalmente con los requisitos
constitucionales para su aprobación, por lo que no existe reparo de esta
Corporación en lo relativo al procedimiento legislativo surtido para ese
efecto.
Igualmente, el contenido del
instrumento internacional sujeto a estudio es compatible con la Carta Política
y, en buena medida, constituye un desarrollo acertado de distintos principios y
valores constitucionales, especialmente el adecuado ejercicio de la función
administrativa, la protección del patrimonio del Estado y el fortalecimiento de
las instancias democráticas de participación ciudadana”[80].
3.6.
Revisión del aspecto formal
3.6.1.
Representación del Estado y
aprobación presidencial
3.6.1.1.
En el mes de octubre de 2011
una delegación encabezada por el Ministro de Justicia y del Derecho, Juan
Carlos Esguerra Portocarrero y por el Director del Departamento Nacional de
Planeación, Hernando José Gómez, presentó en la Reunión Plenaria del Grupo de
Trabajo anti-cohecho de la OCDE, la solicitud formal para hacerse parte del
grupo y adherir a la “Convención para combatir el cohecho de servidores
públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”. Como
resultado de esta petición, el Grupo de Trabajo anti-cohecho tomó la decisión
de aceptar la participación de Colombia y recomendar al consejo su invitación
para la adhesión a la convención.
3.6.1.2.
En el mes de noviembre de
2011, algunos altos representantes de la OCDE visitaron Colombia para entregar
las cartas del Secretario General de la OCDE al
Presidente de la República a través de las cuales se invitó formalmente al
Estado Colombiano a ser miembro de los Comités de Inversiones y de Competencia
del Grupo de Trabajo anti-cohecho de este organismo.
3.6.1.3.
El 14 de marzo de 2012, el
Presidente de la República otorgó su aprobación ejecutiva mediante la cual
autorizó y ordenó someter a la aprobación del Congreso de la República la
Convención de la referencia.
3.6.2.
Examen del trámite de la
Ley 1573 de 2012 ante el Congreso de la República
3.6.2.1. Trámite en el Senado de la
República
3.6.2.1.1.
El 23 de marzo de 2012, los
Ministros de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores de Colombia
presentaron al Senado de la República el Proyecto de Ley Aprobatoria de la “Convención
para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones
comerciales internacionales” adoptada por la Conferencia Negociadora en
París el 21 de noviembre de 1997, al cual se le asignó el número 212 de 2012
Senado. El texto del proyecto de ley, junto con su exposición de motivos fueron
publicados en la Gaceta del Congreso no. 96 del 23 de marzo de 2012.
3.6.2.1.2.
El senador Carlos Fernando
Motoa Solarte presentó ponencia para primer debate ante la Comisión Segunda del
Senado, la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso no. 201 del 4 de mayo
de 2012.
3.6.2.1.3.
El anuncio del debate del
proyecto se llevó a cabo el 8 de mayo de 2012, tal como consta en el acta no.
22 publicada en la Gaceta del Congreso no. 547:
“Anuncio de discusión y votación
de proyectos de ley
Por instrucciones de la Presidenta de
la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación
de proyectos de ley para la próxima sesión (artículo 8° del Acto Legislativo
número 01 de 2003). (…)
5. Proyecto de ley número 212 de 2012 Senado, por
medio de la cual se aprueba la “Convención para combatir el cohecho de
servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”,
adoptada por la Conferencia Negociadora en París, República Francesa, el 21 de
noviembre de 1997”[81].
3.6.2.1.4.
Esta ponencia fue aprobada por
los trece (13) senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado de la
República el 9 de mayo de 2012, según consta en el acta no. 23 de Sesión
Ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de la República, publicada en la
Gaceta no. 548 de 2012[82].
3.6.2.1.5.
La ponencia para segundo
debate fue presentada por el senador Carlos Fernando Motoa Solarte y publicada
en la Gaceta no. 230 de 2012 del 15 de mayo de 2012
3.6.2.1.6.
El 16 de mayo de 2012, el
proyecto fue anunciado en la sesión plenaria del Senado de la República, tal
como consta en el acta no. 47, publicada en la Gaceta del Congreso no. 399 del
27 de junio de 2012:
“Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto
legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se
discutirán y aprobarán para la próxima sesión. Señor Presidente, los siguientes
son los proyectos para anunciar para la plenaria de la semana entrante, para
discutir y votar:
Proyecto de ley número 212 de 2012
Senado, por medio de la cual se
aprueba la “Convención para combatir el cohecho de Servidores Públicos
Extranjeros en Transacciones Comerciales internacionales”, adoptada por la
Conferencia Negociadora en París, República Francesa, el 21 de noviembre de 1997”[83].
3.6.2.1.7.
El 22 de mayo de 2012 se
aprobó el proyecto en sesión plenaria por todos los asistentes (con un quórum
de 93 de 100 senadores), según consta en el acta 48 publicada en la Gaceta del
Congreso no. 414 del 10 de julio de 2012[84]:
“SE ABRE SEGUNDO DEBATE
Por solicitud del honorable Senador
Carlos Fernando Motoa Solarte, la Presidencia pregunta a la plenaria si acepta
la omisión de la lectura del articulado y, cerrada su discusión, esta responde afirmativamente.
La Presidencia somete a consideración
de la plenaria el articulado en bloque del proyecto, y cerrada su discusión
pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado propuesto? Y esta responde afirmativamente.
La Presidencia indica a la Secretaría
dar lectura al título del proyecto.
Por Secretaría se da lectura al título
del Proyecto de ley número 212 de 2012 Senado, por medio de la
cual se aprueba la convención para combatir el cohecho de servidores
públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales,
adoptad  por la Conferencia Negociadora en París, República
francesa, el 21 de noviembre de 1997.
Leído este, la Presidencia lo somete a
consideración de la plenaria, y cerrada su discusión pregunta: ¿Aprueban los
miembros de la Corporación el título leído? Y estos le imparten su aprobación. Cumplidos
los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia
pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado haga
su tránsito a la Honorable Cámara de Representantes? Y estos responden
afirmativamente.
La Presidencia indica a la Secretaría continuar con el
siguiente punto según la alteración del Orden del Día”[85].
3.6.2.1.8.
Finalmente, el texto
definitivo fue publicado en la Gaceta del Congreso no. 272 del 25 de mayo de
2012.
3.6.2.2 Trámite en la Cámara de
Representantes
3.6.2.2.1. El proyecto de ley fue radicado con el número 239 de
2012 en la Cámara de Representantes, designándose como ponente al Representante
a la Cámara Telésforo Pedraza Ortega.  La ponencia para primer debate del
proyecto fue publicada en la Gaceta del Congreso no. 309 del 5 de junio de 2012[86].
3.6.2.2.2. El 5 de junio de 2012 se anunció el proyecto para
debate en la Comisión Segunda de la Cámara para el día 7 de junio de 2012,
según consta en el acta número 27, publicada en la Gaceta del Congreso no. 563
del 28 de agosto de 2012:
“Hace uso de la palabra la
Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: Se anuncian para el día jueves a las 0.05 minutos de
la mañana.
Proyecto de ley 239 de 2012
Cámara, 212 de 2012 Senado, por
medio de la cual se aprueba la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internaciones¿, adoptada por la Conferencia
Negociadora en París República Francesa el 21 de noviembre de 1997.
Presentado por la Ministra de
Relaciones Exteriores doctora María Ángela Holguín Cuéllar y el Ministro de
Justicia doctor Juan Carlos Esguerra Portocarrero.
Así se hará señor Presidente para
pasado mañana, jueves 7 de junio de 2012, a las 0.05 horas a. m.” [87]
3.6.2.2.3. El 7 de junio de 2012 se discutió y aprobó por
unanimidad el proyecto de Ley numero 236/12 Cámara en la Comisión Segunda de la
Cámara de Representantes, según consta en el acta 28 de la misma fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso no. 563 del 12 de junio de 2012[88].
3.6.2.2.4. El anuncio del proyecto para debate en plenaria de la
Cámara de Representantes se llevó a cabo el 14 de junio de 2012 según consta en
el acta de plenaria 132 de la Gaceta del Congreso no. 641 del 25 de septiembre
de 2012:
“Señor Presidente se anuncian los
siguientes proyectos con la sesión Plenaria del día 19 de junio del 2012 o para
la siguiente sesión Plenaria, para lo cual se debatan proyectos de ley o acto
legislativos.
Informes de conciliación proyectos de
ley: (…)
Proyecto de ley número 239 de 2012
Cámara 212 de 2012 Senado, por
medio de la cual se aprueba la Convención para Combatir el Cohecho de
Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales”[89].
3.6.2.2.5. El 19 de junio de 2012, fue aprobado el proyecto por
los ciento cincuenta y cuatro (154) representantes asistentes a la Plenaria de la
Cámara de Representantes, según consta en el acta 133 de dicha fecha y se
publicó en la Gaceta del Congreso No. 542 del 23 de agosto de 2012[90].
3.6.3.
Sanción presidencial y remisión
a la Corte Constitucional
La Ley 1573 fue sancionada por el Presidente de la
República el 2 de agosto de 2012. El 3 de agosto mediante oficio no. OFI
12-00082453 / JMSC 33020 se remitió a la Corte Constitucional copia auténtica
de la Ley 1573 de 212 y de la Convención que aprueba, es decir, dentro de los seis
(6) días hábiles siguientes a la sanción de la ley, tal como ordena el numeral
10º del artículo 241 de la Constitución Política
3.6.4.
Cumplimiento de los
requisitos formales
Frente al trámite cumplido en las cámaras legislativas
por el Proyecto de Ley 212 de 2012 – Senado / 239 de 2008 Cámara, que
posteriormente vino a convertirse en la Ley 1573 de 2012, la Corte observa lo
siguiente:
3.6.4.1.
El proyecto de ley surtió de
manera satisfactoria el procedimiento previsto en la Constitución y en el
reglamento del Congreso para el trámite de una iniciativa de esta naturaleza,
pues dicho proyecto:
(i)
Comenzó su tránsito en el Senado
de la República, tal como se demuestran las Gacetas del Congreso no. 96 del 23
de marzo de 2012 y no. 548 de 2012 del 23 de agosto de 2012.
(ii)
Fue publicado previamente al
inicio del proceso legislativo en la Gaceta del Congreso no. 96 del 23 de marzo
de 2012[91].
(iii)
Fue aprobado en primer y en
segundo debate en cada una de las dos (2) cámaras que conforman el órgano
legislativo, con el quórum y las mayorías exigidas por la Constitución y el
reglamento:
En el primer debate ante la
Comisión Segunda del Senado fue aprobado por los trece (13) senadores que
conforman la Comisión, según consta en el acta no. 23 de Sesión Ordinaria de la
Comisión Segunda del Senado de la República publicada en la Gaceta del Congreso
no. 548 de 2012[92]. La plenaria del Senado de la República aprobó el
proyecto en sesión plenaria con un quórum de 93 de 100 senadores, según consta
en el acta 48 publicada en la Gaceta del Congreso no. 414 del 10 de julio de
2012[93].
En el primer debate ante la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el proyecto de Ley se aprobó
por unanimidad, según consta en el acta 28 de la misma fecha, publicada en la Gaceta
del Congreso no. 563 del 12 de junio de 2012. El proyecto fue aprobado por los
ciento cincuenta y cuatro (154) representantes asistentes en la Plenaria de la
Cámara de Representantes, según consta en el acta 133 de dicha fecha y se
publicó en la Gaceta del Congreso no. 542 del 23 de agosto de 2012.
En consecuencia, se encuentra
demostrado que en los cuatro (4) debates el proyecto fue aprobado por
unanimidad en el Congreso de la República, a lo cual cabe agregar que ningún
congresista solicitó una votación nominal, tal como se puede constatar en las
Gacetas del Congreso no. 548, 414, 563, 542 de 2012, ya citadas textualmente en
los apartados 3.6.2.1 y 3.6.2.2 de esta ponencia, por lo cual se puede dar
aplicación a lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 1º de la Ley 1431 de
2011, según el cual: “Tampoco se requerirá
votación nominal y pública cuando en el trámite de un proyecto de ley exista
unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar
todo o parte del articulado de un proyecto, a menos que esa forma de votación
sea solicitada por alguno de sus miembros. Si la unanimidad no abarca la
totalidad del articulado se someterán a votación nominal y pública las
diferentes proposiciones sobre los artículos respecto de los cuales existan
discrepancias”.
(iv)
Las ponencias, tanto en comisiones
como en plenaria fueron publicadas antes de iniciarse los respectivos debates:
el texto del proyecto de ley, junto con su exposición de motivos fueron
publicados en la Gaceta del Congreso no. 96 del 23 de marzo de 2012, la
ponencia para primer debate ante la Comisión Segunda del Senado fue publicada
en la Gaceta del Congreso no. 201 del 4 de mayo de 2012; la ponencia para
segundo debate fue presentada por el senador Carlos Fernando Motoa Solarte y
publicada en la Gaceta del Congreso no. 230 de 2012 del 15 de mayo de 2012; la
ponencia para primer debate del proyecto en la Cámara de Representantes está
publicada en la Gaceta del Congreso no. 309 del 5 de junio de 2012[94]; finalmente, el proyecto para el debate en la
Plenaria de la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso
no. 349 del 12 de junio de 2012.
(v)
Se realizó el anuncio previo a la
votación en cada uno de los debates: el anuncio del primer debate del proyecto
en el Senado de la República se llevó a cabo el 8 de mayo de 2012, tal como
consta en el acta no. 22, publicada en la Gaceta del Congreso 547 del 23 de
agosto de 2012[95]; el anuncio para el segundo debate en el Senado de la
República se realizó el 16 de mayo de 2012, tal como consta en el acta no. 47,
publicada en la Gaceta del Congreso no. 399 del 27 de junio de 2012; el anuncio
para debate en la Comisión Segunda de la Cámara se llevó a cabo el 5 de junio
de 2012, según consta en el acta número 27, publicada en la Gaceta del Congreso
no. 563 del 28 de agosto de 2012; y el anuncio del proyecto para debate en
plenaria de la Cámara de Representantes se llevó a cabo el 14 de junio de 2012,
según consta en el acta de la plenaria 132 de la Gaceta del Congreso 641 del 26
de junio de 2012[96].
.
(vi)
Entre el primer y el segundo
debate realizado en cada cámara, así como entre la aprobación del proyecto en
la plenaria del Senado y la iniciación del trámite en la Cámara de
Representantes transcurrieron los términos mínimos previstos en el texto
constitucional: “Entre el primero y el segundo debate deberá mediar
un lapso no inferior a ocho días, y entre la aprobación del proyecto en una de
las cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberán transcurrir por lo
menos quince días”[97]. La ponencia fue aprobada por la Comisión Segunda del
Senado de la República el 9 de mayo de 2012[98] y en la plenaria del Senado de la República el 22 de mayo de 2012. El
7 de junio de 2012 se discutió y aprobó por unanimidad el proyecto de Ley en la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes[99] y el 19 de junio de 2012 en la Plenaria de la Cámara de Representantes[100].
(vii)
La ley fue sancionada por el
Presidente de la República una vez concluido el trámite legislativo el 2 de
agosto de 2012.
(viii)
La ley fue enviada para su revisión
de constitucionalidad a conocimiento de esta Corte dentro de los seis (6) días
siguientes a su sanción presidencial el 3 de agosto mediante oficio No. OFI
12-00082453 / JMSC 33020.
3.6.4.2.
En consecuencia, la Ley 1573
de 2012 debe ser considerada exequible, en lo que se refiere a la validez de su
trámite legislativo.
3.7.
Análisis sustancial de la constitucionalidad
de la Ley 1573 de 2012
La “Convención
para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones
comerciales internacionales” de la OCDE contiene diecisiete artículos que se
analizarán a continuación:
3.7.1.  El
Delito de Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros
3.7.1.1.  El
artículo 1º de la “Convención para combatir el cohecho de servidores
públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales” tipifica
el delito de cohecho de servidores públicos extranjeros con las siguientes
características: (i) el sujeto activo es indeterminado; (ii) la conducta
consiste en  ofrecer, prometer o conceder directa o mediante intermediarios
cualquier ventaja indebida pecuniaria o de otra índole a un servidor público
extranjero; (iii) desde el punto de vista subjetivo esta conducta punible debe
ser cometida de manera dolosa y además exige un elemento subjetivo especial
consistente en la finalidad de que el servidor público extranjero actúe o se
abstenga de hacerlo en relación con el cumplimiento de deberes oficiales, con
el propósito de obtener o de quedarse con un negocio o de cualquier otra
ventaja indebida en el manejo de negocios internacionales.
3.7.1.2.  En
el inciso segundo de la norma se señalan medidas para sancionar también la
complicidad, incluidas la incitación, la ayuda, la instigación o la
autorización de un acto de cohecho de un servidor público extranjero, así como
también, la tentativa y la confabulación para sobornar a un servidor público
extranjero
3.7.1.3.  En
la parte final de la norma se incluyen algunos conceptos especiales para
facilitar la interpretación de la norma: el servidor público extranjero se
define como “cualquier persona que ocupe un cargo legislativo,
administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea nombrado o elegido;
cualquier persona que ejerza una función pública para un país extranjero, por
ejemplo en una dependencia pública o en una empresa pública; y cualquier
funcionario o representante de un organismo público internacional”; el
“país extranjero” incluye todos los niveles y subdivisiones de gobierno,
desde el nacional al local; y la expresión “actuar o abstenerse de actuar en
relación con el cumplimiento de deberes oficiales” incluye cualquier uso
del puesto del servidor público, sea o no de la competencia autorizada del servidor.
3.7.1.4.  El
delito de corrupción de agente público extranjero o internacional nació en la “Foreign
Corrupt Practices Act” promulgada en el año 1977 en los
Estados Unidos a través de la cual se prohibía la entrega de
dádivas o el ejercicio de influencias de particulares sobre funcionarios
públicos partidos políticos o entidades públicas extranjeras[101],
salvo que se trate de una acción del gobierno norteamericano, que el gobierno
extranjero lo permita o que se trate de gastos razonables de viaje o de
promoción.
3.7.1.5.  Esta
conducta punible afecta principios de naturaleza socioeconómica[102],
como la posición de los competidores frente a quienes se valen de la corrupción
para abusar de una posición dominante en el ámbito internacional[103],
la igualdad de los competidores[104], la corrección del
tráfico económico internacional[105] y la imparcialidad[106].
3.7.1.6.  Este
delito está tipificado en muchos países de Europa y América y su tipificación
ha sido fomentada por la “Convención para combatir el cohecho de servidores
públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales” de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE):
(i)    En Alemania, la corrupción de agente público
extranjero no se hizo a través de la incorporación de un nuevo tipo penal en el
Código Penal (StGB), sino por medio de una norma consagrada en la Ley de
ratificación del tratado de la OCDE[107], mediante una remisión directa a la conducta de
cohecho activo propio (artículos 334,
335, 336 y 338.2 del StGB), aunque limitando su aplicación al ámbito de las
transacciones comerciales internacionales[108].
(ii) En Francia[109], Austria[110] y Rumania[111], el soborno transnacional se consagró como una
modalidad de cohecho que puede cometerse frente a un funcionario extranjero, de
un país miembro de la Unión Europea o de una organización internacional.
(iii)
En Bélgica[112], la adopción de la Convención sobre Soborno Transnacional de la OCDE
se realizó mediante la equiparación entre el concepto de funcionario público
nacional con el de extranjero para los eventos de cohecho activo.
(iv)
En Italia[113] se prefirió consagrar una cláusula de extensión del concepto de
funcionario público a los miembros de los organismos de la Comunidad Europea y a
los funcionarios de la Comunidad Europea y de Estados extranjeros para los
delitos de peculado, concusión, corrupción e instigación a la corrupción.
(v) En España, el delito de corrupción de agentes públicos extranjeros fue tipificado
en el Código Penal a través de la Ley Orgánica 3 de 2000, la cual incluyó el
artículo 445 bis en un nuevo título denominado “De los delitos de corrupción
en las transacciones comerciales internacionales” con un texto con un
alcance más amplio del contemplado en el Convenio de Lucha contra la Corrupción
de Agentes Públicos Extranjeros.
(vi)
En México, se tipifica el delito
de “cohecho a servidores públicos extranjeros”, conducta punible
consagrada en el art. 222 bis del CP de ese país, el cual transcribe los mismos
verbos rectores consagrados en el Convenio, pero luego hace una descripción de
las finalidades que podrá tener el sujeto activo para la comisión de esta
conducta punible.
(vii)       En Argentina, el soborno transnacional se incorporó a
través de la Ley 24.759, siendo uno de los primeros países en el mundo en
tipificarlo, transcribiendo el texto correspondiente de la Convención
Interamericana contra la Corrupción[114]. Actualmente esta conducta punible está consagrada en
el art. 258 bis del CP con la misma redacción del art. 1 del Convenio de lucha
contra la corrupción de agentes públicos extranjeros[115].
(viii)     En Chile, el delito de cohecho a funcionario público
extranjero fue consagrado por primera vez a través de la Ley 19829 del 8 de
octubre de 2002[116], la cual incorporó al CP el art. 250 bis a, según el
cual: “el que ofreciere dar a un funcionario público extranjero un beneficio
económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice una acción o
incurra en una omisión con miras a la obtención o mantención, para sí o para
otro, de cualquier negocio o ventaja en el ámbito de transacciones
internacionales, será sancionado con las mismas penas de reclusión, multa e
inhabilitación establecidas en el inciso primero del artículo 248 bis. De igual
forma será castigado el que ofreciere dar al aludido beneficio a un funcionario
público extranjero por haber realizado o haber incurrido en las acciones u
omisiones señaladas”. Este país se incorporó a la OCDE en el año 2010,
luego de un largo proceso en el cual tuvo que realizar múltiples reformas a su
derecho interno y ajustar la tipificación del delito de soborno trasnacional a
la convención[117].
(ix)
En Uruguay, la Ley Anticorrupción
(17.060 de 1998) tipifica el soborno y el cohecho transnacionales[118], los cuales se diferencian en el momento consumativo,
pues para la doctrina el primero es una tentativa de soborno que ocurre cuando
se ofrece la dádiva pero ésta no es aceptada por el funcionario[119].
3.7.1.7.  En
Colombia, el delito de soborno trasnacional fue inicialmente realizada a través
en el artículo 433 de la Ley 599 de 2000[120],
el cual fue posteriormente modificado en la Ley 1474 de 2011 con la siguiente
redacción:
“El que dé u ofrezca a un servidor público extranjero,
en provecho de este o de un tercero, directa o indirectamente, cualquier
dinero, objeto de valor pecuniario u otra utilidad a cambio de que este
realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con una transacción
económica o comercial, incurrirá en prisión de nueve (9) a quince (15) años y
multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Parágrafo. Para los efectos de lo dispuesto en el
presente artículo, se considera servidor público extranjero toda persona que
tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial en un país extranjero,
haya sido nombrada o elegida, así como cualquier persona que ejerza una función
pública para un país extranjero, sea dentro de un organismo público o de una
empresa de servicio público. También se entenderá que ostenta la referida
calidad cualquier funcionario o agente de una organización pública
internacional”[121].
3.7.1.8.  De
esta manera, la consagración del delito de corrupción de agente público
extranjero es compatible con la Constitución, al sancionar conductas punibles
lesivas de valores constitucionales fundamentales como el orden económico, la
igualdad de los competidores, la corrección del tráfico económico internacional
y la imparcialidad, a lo cual cabe agregarse que este delito fue consagrado en
nuestro ordenamiento hace más de diez (10) años.
3.7.2.  Responsabilidad
de las personas jurídicas
3.7.2.1.      El
artículo 2º de la “Convención para combatir el cohecho de servidores públicos
extranjeros en transacciones comerciales internacionales” exige a los
países miembros adoptar medidas para establecer la responsabilidad de las
personas morales por el cohecho de un servidor público extranjero. En todo
caso, el numeral segundo del artículo 3º de la Convención señala que “conforme
al régimen jurídico de una Parte, la responsabilidad penal no sea aplicable a
las personas morales, dicha Parte deberá asegurar que esas personas morales
serán sujetas a sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias de carácter no
penal, incluidas las sanciones monetarias por el cohecho de servidores públicos
extranjeros”[122].
3.7.2.2.      En
la actualidad la ley penal colombiana no consagra la responsabilidad penal de
las personas jurídicas. Sin embargo, en el ordenamiento jurídico existen normas
que permiten imponerles sanciones no penales a las personas morales que haya
sido utilizadas o se hayan beneficiado de conductas delictivas, cuyo principal
antecedente fue el Proyecto de Código Penal de 1978, el cual contemplaba
consecuencias administrativas, civiles, comerciales o laborales del delito
respecto de personas jurídicas en estos eventos[123].
3.7.2.3.      En
este sentido, en la actualidad, el artículo 91 de la ley 906 de 2004, establece
una consecuencia accesoria para las personas jurídicas que no constituye una pena
pero sí se puede aplicar cuando una persona moral se ha dedicado total o
parcialmente al desarrollo de actividades delictivas:
“Suspensión y cancelación de la personería jurídica. En cualquier momento y antes de
presentarse la acusación, a petición de la Fiscalía, el juez de control de
garantías ordenará a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los
requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión de la
personería jurídica o al cierre temporal de los locales o establecimientos
abiertos al público, de personas jurídicas o naturales, cuando existan motivos
fundados que permitan inferir que se han dedicado total o parcialmente al
desarrollo de actividades delictivas.
Las
anteriores medidas se dispondrán con carácter definitivo en la sentencia
condenatoria cuando exista convencimiento más allá de toda duda razonable sobre
las circunstancias que las originaron”[124].
3.7.2.4.      Por
su parte, específicamente en relación con la corrupción, la Ley 1474 de 2011
consagra medidas aplicables a las personas jurídicas que sean utilizadas para
la comisión de este tipo de actos, tales como la posibilidad de aplicar el
artículo 91 de la Ley 906 de 2004 o la imposición de multas por la
superintendencia de sociedades, lo cual posibilita el cumplimiento de lo
señalado en el artículo 3º de la Convención:
“Medidas contra personas jurídicas. Independientemente de las responsabilidades penales
individuales a que hubiere lugar, las medidas contempladas en el artículo 91 de la Ley 906 de 2004 se aplicarán a las personas jurídicas que se hayan
buscado beneficiar de la comisión de delitos contra la Administración Pública,
o cualquier conducta punible relacionada con el patrimonio público, realizados
por su representante legal o sus administradores, directa o indirectamente.
En los delitos contra la Administración Pública o que afecten el
patrimonio público, las entidades estatales posiblemente perjudicadas podrán
pedir la vinculación como tercero civilmente responsable de las personas
jurídicas que hayan participado en la comisión de aquellas.
De conformidad con lo señalado en el artículo 86 de la Ley 222 de 1995, la Superintendencia de Sociedades podrá imponer
multas de quinientos (500) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes cuando con el consentimiento de su representante legal o de alguno de
sus administradores o con la tolerancia de los mismos, la sociedad haya
participado en la comisión de un delito contra la Administración Pública o
contra el patrimonio público”[125].
3.7.2.5.  De
esta manera, en armonía con lo señalado en el artículo 3º de la convención en
Colombia existen en la actualidad “sanciones eficaces, proporcionales y
disuasorias de carácter no penal, incluidas las sanciones monetarias por el
cohecho de servidores públicos extranjeros” aplicables a las personas
jurídicas que se hayan beneficiado o hayan sido utilizadas para la comisión de
un acto de corrupción.
3.7.3.  Sanciones
3.7.3.1.  El
artículo 3º de la “Convención para combatir el cohecho de servidores
públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”
establece una serie de criterios para el establecimiento de las sanciones
aplicables a las personas que incurran en el delito de cohecho de servidor
público extranjero: exige que las sanciones penales sean eficaces,
proporcionales y disuasorias, requiriendo que sean comparables a las aplicables
al cohecho de servidores públicos propios de la Parte, debiendo incluir la
privación de la libertad suficiente para permitir la ayuda jurídica recíproca y
la extradición.
3.7.3.2.  El
numeral segundo de esta norma establece que si no puede aplicarse la
responsabilidad penal de las personas morales en el país miembro se deberá
asegurar que esas personas morales serán sujetas a sanciones eficaces,
proporcionales y disuasorias de carácter no penal, incluidas las sanciones
monetarias por el cohecho de servidores públicos extranjeros.
3.7.3.3.  El
numeral tercero exige que los países miembros tomen medidas para que estén
sujetos a incautación, decomiso o sanciones comparables el cohecho y el
producto de este de un servidor público extranjero o los bienes cuyo valor
corresponda al de ese producto.
3.7.3.4.  Finalmente,
el numeral cuarto señala que cada Parte deberá considerar la imposición de
sanciones civiles o administrativas adicionales contra una persona sujeta a
sanciones por el cohecho de un servidor público extranjero.
3.7.4.  Jurisdicción
y aplicación de la ley
3.7.4.1.  El
artículo 4º de la “Convención para combatir el cohecho de servidores
públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales” para
combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones
comerciales internacionales señala una serie de reglas relacionadas con la
jurisdicción aplicable al delito de cohecho de servidor público extranjero: (i)
se consagra el principio de territorialidad, de acuerdo con el cual se deberá
acreditar su jurisdicción sobre el cohecho de un servidor público extranjero
cuando el delito sea cometido en todo o en parte de su territorio; (ii) se señala
el fuero personal, según el cual cada Parte que tenga jurisdicción para
procesar a sus nacionales; (iii) se señala un mecanismo para la solución del
conflicto de jurisdicciones cuando varias partes tengan jurisdicción sobre el
mismo delito mediante consultas, (iv) Culmina exigiendo que cada Parte deberá
revisar si su criterio jurisdiccional actual es eficaz en la lucha contra el
cohecho de servidores públicos extranjeros, y de no serlo tomará medidas
correctivas.
3.7.4.2.  Por
su parte, el artículo 5º señala que la investigación dependerá de los
principios aplicables por cada parte sin que puedan influir consideraciones de
de interés económico nacional, el posible efecto sobre las relaciones con otro
Estado ni la identidad de las personas físicas o morales implicadas.
3.7.4.3.  Por
otro lado, el artículo 6º establece una disposición especial frente a la
prescripción de acuerdo con la cual cualquier ley que la establezca deberá
otorgar un plazo adecuado para la investigación y el enjuiciamiento de ese
delito.
3.7.4.4.  Algunas
de las reglas sobre aplicación de la ley en el espacio contempladas en la
Convención se encuentran consagradas en la ley penal Colombiana, tal como
sucede con el principio de territorialidad, consagrado en el artículo 14 del
Código penal, así como también, la posibilidad de aplicar la ley penal
colombiana cuando se hayan cometido en el exterior delitos contra la
administración pública colombiana:
“Extraterritorialidad. La
ley penal colombiana se aplicará:
(…)
1. A
la persona que cometa en el extranjero delito contra la existencia y seguridad
del Estado, contra el régimen constitucional, contra el orden económico social
excepto la conducta definida en el artículo 323 del
presente Código, contra la administración pública, o falsifique moneda nacional
o incurra en el delito de financiación de terrorismo y administración de
recursos relacionados con actividades terroristas, aun cuando hubiere sido
absuelta o condenada en el exterior a una pena menor que la prevista en la ley
colombiana”[126].
El
delito de soborno transnacional en Colombia está considerado como una conducta
punible contra la administración pública al ser tipificado dentro del título XV
del Código penal, por lo cual, también es posible aplicar la ley penal
colombiana cuando un servidor público colombiano es sobornado en el extranjero
en el marco de una transacción económica internacional, en coherencia con lo
señalado en la Convención.
3.7.5.  Disposiciones
sobre el lavado de activos y la contabilidad
3.7.5.1.  El
artículo 7º de la “Convención para combatir el cohecho de servidores
públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales” para
combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones
comerciales internacionales establece que cuando un Estado Parte señala que se
puede incurrir en el delito de lavado de activos en relación con recursos
provenientes del cohecho, también se consagre esta posibilidad respecto de
bienes procedentes del cohecho de servidor público extranjero.
La tipificación del delito de lavado de
activos es una de las principales herramientas contra la corrupción, por ello
su consagración se ha exigido en otras convenciones que tienen por objeto
luchar contra este fenómeno como la Convención Interamericana contra la
corrupción, la Convención para la lucha contra la delincuencia transnacional
organizada y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, las cuales
ya han sido declaradas constitucionales por esta Corporación a través de las
sentencias C 397 de 1998, C 962 de 2003 y C 172 de 2006, respectivamente. Así
mismo, la Consagración del delito de lavado de activos también fue exigida por la
Convención de Naciones Unidas contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, que fue aprobada
a través de la ley 67 de 1993, declarada constitucional mediante la sentencia C
– 176 de 1994
Desde el punto de vista legislativo, el
lavado de activos fue tipificado inicialmente a través del llamado Estatuto
Anticorrupción[127], en el cual se adaptó el delito de lavado de activos
a la ya existente conducta punible de receptación. Posteriormente, la anterior
norma no era suficiente para el cumplimiento de la Convención de Ginebra y por
ello se expidió la Ley 365 de 1997, a través de la cual se agregó el capítulo
denominado "Del lavado de Activos", al título de los delitos contra
el orden económico social del Código penal, adicionándose además el artículo 247 A al estatuto penal denominado: lavado de activos[128]. Concretamente en Colombia la tipificación del delito
de lavado de activos se justificó en que una mera agravación del delito de
receptación “conduciría a agravar de manera injustificable la punibilidad de
los autores de delitos diversos a los de narcotráfico”[129] y en la
posibilidad de “sancionar a una misma persona por el delito de narcotráfico y
adicionalmente por el de receptación de los bienes procedentes de aquel delito”
[130].
Esta conducta punible fue conservada en el
artículo 323 del Código penal de 2000[131] y se considera que afecta bienes jurídicos muy
importantes como el orden socioeconómico[132], pues vulnera las condiciones generales del mercado que
permiten “el normal desarrollo de la iniciativa privada, a la vez que la
satisfacción de los intereses de los consumidores y usuarios” y pone en
peligro las expectativas de los particulares que aspiran participar en las
relaciones económicas[133].
3.7.5.2.  Por
su parte, el artículo 8º de la “Convención para combatir el cohecho de
servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales” exige
a los países partes la adopción de medidas para mantener libros y registros
contables, divulgar estados financieros y usar normas de contabilidad y
auditoría, para prohibir la creación de cuentas no asentadas en libros
contables, llevar una doble contabilidad o transacciones identificadas de
manera inadecuada, el registro de gastos inexistentes, el registro de pasivos
con identificación incorrecta de su fin, así como el uso de documentos falsos
por parte de las empresas sujetas a dichas leyes y reglamentos, con el
propósito de sobornar a servidores públicos extranjeros o de ocultar dicho
delito. Así mismo, el numeral segundo exige que se adopten sanciones eficaces
frente a las omisiones y falsificaciones con respecto a los libros contables,
registros, cuentas y estados financieros de dichas empresas.
Esta
Corporación se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre la contaduría y
los deberes de los contadores públicos resaltando su deber de garantizar la
veracidad de las cuentas[134]
y por ello de dar fe de la veracidad de ciertos hechos que repercuten en el desarrollo
confiable[135], señalando la responsabilidad penal en materia comercial que se puede presentar por la falsedad de los datos sobre
estados financieros[136].
Por lo anterior, es claro que los artículos 7 y 8 de la “Convención
para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones
comerciales internacionales” no vulneran la
Constitución, pues, por el contrario, constituyen mecanismos importantes para
la tutela de derechos constitucionales.
3.7.6. Cooperación
internacional
La “Convención para combatir el cohecho de servidores
públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales” establece
una serie de medidas de cooperación internacional para facilitar la lucha
contra el cohecho internacional:
3.7.6.1.      En
primer lugar, el artículo 9º de la Convención exige la ayuda jurídica recíproca
entre los países miembros para la lucha contra esta conducta punible. En este
sentido, se señala que la Parte requerida deberá informar sin demora a la Parte
requirente sobre cualquier información o documentos adicionales necesarios para
respaldar la petición de ayuda y, cuando así lo solicite, sobre la situación y
resultado de la petición de ayuda. También se establece que la ayuda no se
puede negar por la doble penalización si el Estado solicitado suscribe esta
convención ni con base en el secreto bancario.
3.7.6.2.      En
segundo lugar, el artículo 10º de la Convención señala una serie de reglas
respecto de la extradición: (i) se exige que el cohecho de un servidor público
extranjero sea uno de los delitos que de lugar a extradición en los Estados
parte; (ii) se establece que la convención podrá considerarse como el
fundamento legal para la extradición con respecto al delito de cohecho de un
servidor público extranjero; (iii) se señala que se deberán adoptar las medidas
necesarias para permitir la extradición de los nacionales y que en caso de
negarse la extradición deberá remitirse el caso a las autoridades nacionales
competentes para efectos del proceso judicial; (iv) se establece que la
extradición estará sujeta a las condiciones establecidas en el derecho nacional
y en los tratados y acuerdos aplicables de cada Parte; (v) Finalmente se señala
que la extradición no se puede negar por la doble penalización si el Estado
solicitado suscribe esta convención.
3.7.6.3.      En
tercer lugar, el artículo 11º de la Convención señala que cada parte deberá
notificar al Secretario General de la OCDE las autoridades responsables de la
preparación y recepción de solicitudes en relación con la asistencia recíproca
y la extradición.
Todas estas normas simplemente desarrollan el
principio de cooperación internacional como uno de los fundamentos del derecho
internacional cuya importancia ha sido resaltada en múltiples jurisprudencias
de esta Corporación como las C-401 de 1995[137],
C-648 de 1997[138],
C-354 de 2003[139],
C-756 de 2001[140]
y C-578 de 2002[141],
entre otras.
3.7.7. Disposiciones
finales
3.7.7.1.  El
artículo 12 señala la obligación de los estados partes de monitorear el
seguimiento y promover la plena aplicación de la convención en el marco del
Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales
Internacionales.
3.7.7.2.  El
artículo 13 establece las reglas para la firma y la adhesión a la convención,
la cual estará abierta a la firma de los miembros y no miembros de la OCDE que
hayan sido invitados a ser participantes de pleno derecho en su Grupo de
Trabajo sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales.
3.7.7.3.  El
artículo 14 señala que los instrumentos de aceptación, aprobación, ratificación
o adhesión serán depositados con el Secretario General de la OCDE.
3.7.7.4.  El
artículo 15 establece la regla para la entrada en vigor del tratado de acuerdo
con la cual: “Esta Convención deberá entrar en vigor en el sexagésimo día
después de la fecha en que cinco de los diez países que tengan las cuotas de
exportación más grandes, según lo expuesto en el documento
DAFFE/IME/BR(97)18/FINAL (anexo), y que representen por sí mismas al menos el
sesenta por ciento de las exportaciones totales combinadas de esos diez países,
hayan depositado sus instrumentos de aceptación, aprobación o ratificación.
Para cada signatario que deposite su instrumento después de dicha entrada en
vigor, la Convención deberá entrar en vigor en el sexagésimo día después del
depósito de su instrumento”.
3.7.7.5.  El
artículo 16 señala el procedimiento para la reforma de la convención, la cual
requiere: (i) presentación de la propuesta al depositario, (ii) comunicación a
las partes al menos 70 días antes de convocar a una reunión para estudiar la
propuesta y (iii) aprobación por consenso de las partes.
3.7.7.6.  Finalmente,
el artículo 17 señala la posibilidad de las partes de retirarse de la
convención presentando notificación escrita al depositario, la cual comenzará a
regir un año después de su presentación.
3.8.
Conclusión
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, esta
Corporación concluye que la Ley 1573 de 2012 “Por medio de la cual se aprueba
la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en
transacciones comerciales internacionales”, adoptada en la ciudad de París,
el 21 de noviembre de 1997 cumplió con el trámite necesario para su aprobación
y es plenamente compatible con la Constitución Política de Colombia,
constituyendo además un instrumento muy importante para la lucha contra la
corrupción y la tutela de intereses fundamentales para el Estado colombiano
como son los principios de la función pública, la transparencia, la imparcialidad,
la objetividad y la libre competencia.
DECISIÓN
Con fundamento en las precedentes motivaciones, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
Declarar EXEQUIBLE la Ley 1573
de 2012 “Por medio de la cual se aprueba la Convención para combatir el
cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”,
adoptada en la ciudad de París, el 21 de noviembre de 1997.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE “la Convención para combatir
el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”,
adoptada en la ciudad de París, el 21 de noviembre de 1997.
Tercero.- COMUNÍQUESE esta decisión al Gobierno Nacional por intermedio de la
Secretaría General de la Presidencia de la República, y envíesele copia
auténtica de la misma para los efectos constitucionales previstos en el numeral
10 del artículo 241 de la Carta Política.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Magistrado
Ausente con excusa
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
ALEXEI
EGOR JULIO ESTRADA
Magistrado
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Sentencias de la Corte Constitucional C-468 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-861 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-578
de 2002, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa; C-120 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-781 de 2004, Manuel José Cepeda
Espinosa; C-841 de 2008, Marco
Gerardo Monroy Cabra; C-032 de 2009, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; entre otras.
[2]
Ver Sentencias de la Corte Constitucional C-468 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-376 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero; C-426 de 2000, M.P.: Fabio Morón Díaz; C-924 de 2000, M.P.: Carlos Gaviria Díaz.
[3]
Sentencias de la Corte Constitucional C-468 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-578 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-781 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
En similar sentido Sentencia C-861 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[4]
Sentencias de la Corte Constitucional C-958 de 2007, M.P. Jaime Córdoba
Triviño; C-538 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-939 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-537 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-685 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-248 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-011 de 2010, M.P: Juan Carlos Henao Pérez; C-305 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-567 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; C-633 de 2011, Juan Carlos Henao Pérez; C-620 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; C-788 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[5]
Sentencias de la Corte Constitucional C-958 de 2007, M.P. Jaime Córdoba
Triviño; C-537 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Treviño; ; C-538 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-939 de 2008, Jaime Córdoba Triviño; C-248 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-685 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-011 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; C-305 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-567 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; C-620 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; y C-788 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[6]
Sentencias de la Corte Constitucional C-468 de 1997, M.P.: Alejandro Martínez Caballero; C-578 de 2002, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa; C-781 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En similar sentido
Sentencia C-861 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[7]
Sentencia de la Corte Constitucional C-788 de 2011, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[8]
BULL, M. J. y NEWELL, L.: “Conclusion: Political Corruption in Contemporany
Democracies”, Palgrave Macmillan, London, 2000, p. 244; BAYLEY, D. H.: “The
Effects of Corruption in a Developing Nation”, en HEIDENHEIMER, A. J.;
JOHNSTON, M. y LE VINE, V. T.: Political Corruption: A Handbook, Transaction
Publishers, New Jersey, 1997, p. 942; MUSCO, E.: “I delitti
di corruzione nel Codice penale italiano”, en AA. VV.: Fraude y corrupción en
la administración pública: delitos financieros, fraude y corrupción en Europa,
Universidad de Salamanca, Salamanca, 2002, p. 28; ROSE-ACKERMAN. S.: La
corrupción y los gobiernos: causas, consecuencias y reforma, Siglo XXI, Madrid,
2001, p. 23; FABIÁN CAPARRÓS, E. y RODRÍGUEZ GARCÍA, N. (coords.), La
corrupción en un mundo globalizado: análisis interdisciplinar, Ratio Legis,
Salamanca, 2004, p. 20.
[9]
BUSTOS GISBERT, R.: “La recuperación de la responsabilidad política en la lucha
contra la corrupción de los gobernantes: una tarea pendiente”, en: FABIÁN
CAPARRÓS, E. y RODRÍGUEZ GARCÍA, N. (coords.), La corrupción en un mundo
globalizado: análisis interdisciplinar, Ratio Legis, Salamanca, 2004, p. 71.
[10] RICO, J.
M.: “La corrupción pública y su control en América Latina”, Revista de Derecho
penal y criminología, núm. 4, 1994, p. 676.
[11] BULL, M.
J. y NEWELL, L.: op. cit., p. 244; LOZANO, J. y MERINO DINARI, V.
(comps.): La hora de la transparencia en América latina: el manual de
anticorrupción en la función pública, Transparencia
Internacional-Granica/Ciedla, Buenos Aires, 1998, p. 37.
[12] BULL,
M. J. y NEWELL, L.: op. cit., p. 244; BUSTOS GISBERT, R.: op. cit., p. 71.
[13] TANZI, V.
y DAVOODI, H.: “Corruption, Growth, and Public Finances”, en JAIN, A. K.: The
Political Economy of Corruption, Routledge, Nueva York, 2002, p. 98; AYITTEY,
G. B. N.: “Combating Corruption in Africa: Analysis and Context”, en HOPE, K.
R. y CHIKULO, B. C. (edits.): Corruption and Development in Africa: Lessons
from Country Case-Studies, Palgrave, Hampshire, 2003, p. 106; HOPE, op. cit.,
p. 26; MALEM SEÑA, J. F.: Globalización, comercio
internacional y corrupción, Barcelona, Gedisa, 2000, p. 45;
ROSE-ACKERMAN. S.: op. cit., p. 45.
Según las investigaciones del FMI, la inversión en los países corruptos
es casi un 5% menor que en los países relativamente exentos de corrupción. Por
otro lado, en opinión de la agencia de calificación de valores Standard and
Poor’s, hay una probabilidad de entre un 50% y un 100% de que los inversores
pierdan todas sus inversiones en un plazo de cinco años en países con diversos
grados de corrupción (Comunicado de prensa “El costo de la corrupción”,
publicado por el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas
(DPI/2088/A).
[14] MURIEL
PATIÑO, M.: “Economía, corrupción y desarrollo”, en FABIÁN CAPARRÓS, E.
(coord.): La corrupción: aspectos jurídicos y económicos, Ratio Legis,
Salamanca, 2000, p. 33; LOZANO, J. y MERINO DINARI, V. (comps.): op.
cit., p. 36.
[15] TANZI, V.
y DAVOODI, H.: op. cit., p. 95.
[16] FABIÁN
CAPARRÓS, E.: op. cit., p. 20.
[17] BAYLEY,
op. cit., p. 942; STAPENHURST, R. y KPUNDEH, S. J.: op. cit., p. 4; FABIÁN
CAPARRÓS, op. cit., p. 125; MALEM SEÑA, op. cit., p. 49; RICO,
op. cit., p. 687.
[18] COLLIER, P. y HOEFFER,
A.: “Los costos económicos de la corrupción en infraestructura”, en: AA. VV.: Informe Global de la Corrupción 2005, Transparencia Internacional, s. l., 2005, p. 9.
[19] FABIÁN
CAPARRÓS, “La corrupción de los servidores públicos…”, op. cit., p. 126.
[20] FABIÁN
CAPARRÓS, “La corrupción de los servidores públicos…”, op. cit., p. 127.
[21] ZANCHETTA,
P. L.: “Tangentopoli entre perspectivas políticas y soluciones judiciales”, en
Ibáñez, P. A. (edit.): Corrupción y Estado de derecho: el papel de la
jurisdicción, Trotta, Valladolid, 1996, p. 88.
[22] ROSE-ACKERMAN, op. cit.,
p. 45: “La naturaleza corrupta del trato puede proporcionar a la empresa una
orientación a corto plazo. Existen dos razones para ello. En primer lugar, el
concesionario (o el contratista) puede temer que quienes están en el poder sean
vulnerables a un posible derrocamiento a causa de la corrupción. En segundo
lugar, aunque el gobierno en plaza se mantenga en el poder, el ganador puede
temer la imposición de normas arbitrarias y de peticiones económicas una vez que
se hayan evaporado las inversiones”.
[23] MURIEL PATIÑO, “Aproximación
macroeconómica al fenómeno de la corrupción”, op. cit., p. 33.
[24] BAYLEY,
op. cit., p. 942.
[25] TANZI y
DAVOODI, op. cit., p. 100;
GUPTA, S.; DAVOODI, H. y TIONGSON E.: Corruption and the Provision of Health
Care and Education Services, International Monetary Fund, s. l., 2000, p. 132;
AYITTEY, op. cit., p. 15.
[26] FABIÁN
CAPARRÓS, “La corrupción de los servidores públicos…”, op. cit., p. 125.
[27] Véase NÚÑEZ GARCÍA
SANTOS, A.: “La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción”, en FABIÁN CAPARRÓS, E. y RODRÍGUEZ GARCÍA, N.: La corrupción:
aspectos jurídicos y económicos, Ratio Legis, Salamanca, 2002, p. 13.
[28] MURIEL
PATIÑO, op. cit., p. 27.
[29] MURIEL PATIÑO, op. cit.,
p. 36.
[30] RUDOLPHI,
H. y STEIN: “Straftaten im Amt”, en RUDOLPHI, H.; HORN E. y SAMSON, E.:
Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, Luchterhand Fachb, Berlin, 2006,
p. 10; MANZINI, V.: Trattato di diritto penale italiano,
Unione Tipografico Editrice Torinese, Torino, 1962, p. 1; BEVILACQUA, B.: I
reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, vol. I.,
CEDAM, Milán, 2003, p. 18; CADOPPI, A. y VENEZIANI, P.: Elementi di diritto
penale: parte speciale, CEDAM, Milán, 2004, p. 93; GIMENO LAHOZ, R. y
CORBELLA HERREROS, T.: “Delitos contra la administración pública: título XIX”,
en AA. VV.: Delitos contra la administración pública, contra la administración
de justicia y contra la Constitución, Bosch, Madrid, 1998, p. 14; MIR PUIG, C.:
Los delitos contra la administración pública en el nuevo Código Penal, Bosch,
Barcelona, 2000, p. 19; MORALES PRATS, F. y RODRÍGUEZ PUERTA, M. J.: “Delitos
contra la administración pública”, en QUINTERO OLIVARES, G. (dir.) y MORALES
PRATS, F. (coord.): Comentarios a la PE del derecho penal, Aranzadi, Navarra,
2007, p. 1559; FERRÉ OLIVÉ, op. cit., p. 14; RODRÍGUEZ COLLAO, L. y OSSANDÓN WIDOW, M. M.:
Delitos contra la función pública: el derecho penal frente a la corrupción
política, administrativa y judicial, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de
Chile, 2005, p. 100; ORTIZ DE URBINA GIMENO, I.: “Delitos contra la
administración pública”, en SILVA SÁNCHEZ, J.: Lecciones de derecho penal:
parte especial, Atelier, Barcelona, 2006, p. 303. En la actualidad, la mayoría
de códigos penales señala a la administración pública como el bien jurídico
tutelado. Así sucede en Argentina (título XI), Colombia (título XV),
Ecuador (título III), España (título XIX), El Salvador (título XVI),
Guatemala (título XIII), Honduras (título XIII), Italia
(título II), Panamá (título X) y Uruguay (título
IV).
[31] Ibid., pp. 365-366.
[32] CATALÁN SENDER, op.
cit., p. 43; MORALES PRATS, F. y RODRÍGUEZ PUERTA, M. J.: “De la prevaricación
de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos”, en QUINTERO
OLIVARES, G. (dir.) y MORALES PRATS, F. (coord.): Comentarios a la PE del derecho penal, Aranzadi, Navarra, 2007, p. 1566; MORILLAS CUEVA, op. cit., p. 864. .
[33] MORALES PRATS, F. y
MORALES GARCÍA, O.: “De la malversación”, en QUINTERO OLIVARES, G. (dir.) y
MORALES PRATS, F. (coord.): Comentarios a la PE del derecho penal, Aranzadi, Navarra, 2007, p. 1695.
[34] Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia C-128 de 2003, M.P. Alvaro
Tafur Galvis: “Estos tres tipos penales si bien protegen todos el bien
jurídico administración pública y en particular, dentro de la clasificación que
hace generalmente la doctrina, como lo ha señalado reiteradamente la doctrina
en este campo, los diferentes tipos penales que buscan proteger el bien
jurídico administración pública, pueden clasificarse por lo menos en tres
grandes grupos, a saber (i) aquellos que protegen el patrimonio público; (ii)
aquellos que protegen el ejercicio de la función pública propiamente dicha, que
puede verse afectada particularmente cuando el comportamiento de los servidores
públicos vulnera el buen nombre, la eficiencia o la legalidad de la misma, y
(iii) aquellos que protegen los agentes de la administración .Ver en relación
con la clasificación tradicional Bernal Pinzón, J.: Delitos contra la
administración pública, Temis, Bogotá, 1965. La honestidad en el ejercicio de
la función pública, se refieren cada uno a un ámbito específico de protección
de la contratación estatal que impide confundirlos, tanto entre sí, como en
relación con otros tipos penales destinados a proteger otros aspectos del bien
jurídico administración pública que puedan resultar vulnerados por situaciones
acaecidas con ocasión de la actividad contractual, pero sin que porten sobre la
actividad contractual en sí misma, como puede suceder con el cohecho, la
concusión o el peculado, por ejemplo, puede suceder en efecto que conductas que
puedan tipificarse como cohecho, concusión, peculado se den en relación con
actuaciones de servidores públicos con ocasión de un proceso de contratación
estatal. Sin embargo ellas protegen aspectos diferentes del bien jurídico
administración pública por lo esencial en los ejemplos planteados el patrimonio
de la administración, y la conducta que se sancionará será la que configure
cada uno de esos tipos penales y no el interés indebido en la celebración de
contratos”.
[35] En ese sentido,
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Radicado 17141 del 15 de mayo de 2003.
[36] Sentencia de la Corte Constitucional C-397 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.
[37] Artículo 6
de la CICC.
[38] Artículo 3
de la CICC.
[39] Artículo
XIII de la CICC.
[40] Artículo XV de la CICC.
[41]  Artículo
XVI de la CICC.
[42]  Artículo
XIV de la CICC.
[43] Sentencia de la Corte Constitucional C-397 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.
[44] Artículo 8 de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.
[45] Artículo 10 de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.
[46] Artículo 9 de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.
[47] Sentencia de la Corte Constitucional C - 963 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[48] Artículo 7 de la CNUCC.
[49] Artículo 8 de la CNUCC.
[50] Artículo 9 de la CNUCC.
[51] Artículo 10 de la CNUCC.
[52] Artículo 11de la CNUCC.
[53] Artículo 12 de la CNUCC.
[54] Artículo 13 de la CNUCC.
[55] Artículo 14 de la CNUCC.
[56] Artículo 15 de la CNUCC.
[57] Artículo 16 de la CNUCC.
[58] Artículo 17 de la CNUCC.
[59] Artículo 22 de la CNUCC.
[60] Artículo 18 de la CNUCC.
[61] Artículo 19 de la CNUCC.
[62] Artículo 20 de la CNUCC.
[63] Artículo 21 de la CNUCC.
[64] Artículo 23 de la CNUCC.
[65] Artículo 24 de la CNUCC.
[66] Artículo 25 de la CNUCC.
[67] Artículo 27 de la CNUCC.
[68] Artículo 26 de la CNUCC.
[69] Artículo 29 de la CNUCC.
[70] Artículo 31 de la CNUCC.
[71] Artículo 32 de la CNUCC.
[72] Artículo 35 de la CNUCC.
[73] Artículo 40 de la CNUCC.
[74] Artículo 37 de la CNUCC.
[75] Artículo 38 de la CNUCC.
[76] Artículo 39 de la CNUCC.
[77] Artículo 44 de la CNUCC.
[78] Artículo 45
de la CNUCC.
[79] Artículo 46 de la CNUCC.
[80] Sentencia de la Corte Constitucional C-172 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[81] Gaceta del Congreso 547,
pp. 52 y 53.
[82] Gaceta
del Congreso 548, pp. 5 a 13 (Cuaderno de Pruebas OPC – 194/12 de la Comisión Segunda del Senado de la República): “La señora Presidenta, Senadora Alexandra
Moreno Piraquive, somete a consideración la
proposición leída. ¿La aprueba la Comisión?
El secretario, doctor Diego Alejandro
González González, le informa a la Presidente que ha sido aprobada por los Senadores de la Comisión la proposición final del Proyecto de ley número 212 de 2012 Senado.
La Presidenta, Senadora Alexandra Moreno Piraquive,
informa que hay solicitud de omisión de la lectura del articulado del Proyecto
de ley número 212 de 2012 Senado. ¿Aprueba la Comisión la omisión y el bloque del articulado del Proyecto de ley número 212 de 2012?
El Secretario, doctor Diego González González, informa a la Presidencia que ha sido aprobado por los Senadores de la Comisión, la omisión de lectura del articulado y el bloque del articulado del Proyecto de ley número 212 de 2012 Senado.
Lectura del título del proyecto.
El Secretario, doctor Diego González González, da lectura al título del Proyecto de ley número
212 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba la ¿Convención para
combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones
comerciales internacionales¿, adoptada por la Conferencia Negociadora en París, República Francesa, el 21 de noviembre de 1997.
Está leído el título del proyecto señora
Presidenta.
El Senador Guillermo García Realpe, pregunta a la Presidencia si se ha aprobado la omisión de la lectura.
El Secretario de la Comisión, doctor Diego González González, informa:
Se aprobó primero la omisión de la
lectura y después se aprobó el bloque del articulado.
La Senadora Alexandra Moreno Piraquive,
manifiesta que así fue. Pregunto nuevamente: aprueba la Comisión el título leído del Proyecto de ley número 212 de 2012 Senado.
El Secretario, doctor Diego González González, le manifiesta a la Presidencia que sí se aprueba por los Senadores de la Comisión el título del Proyecto de ley número 212 de 2012 Senado, leído por la Secretaría.
Pregunta la señora Presidenta, Senadora
Alexandra Moreno Piraquive:
Quiere la Comisión que este proyecto de ley tenga segundo debate.
Responde el señor Secretario, doctor
Diego González González:
Sí lo quiere la Comisión señora Presidenta que tenga segundo debate el proyecto de ley leído.
La Presidencia, Senadora Alexandra Moreno Piraquive,
informa a la Comisión que queda como ponente para el segundo debate en la Plenaria del Senado, al mismo Senador Carlos Fernando Motoa”.
[83] Gaceta del Congreso 399
de 2012, pp. 13 y 14.
[84] Constancia suscrita por
el doctor Gregorio Eljach Pacheco, Secretario General del Senado de la Republica, cuaderno original, p. 1.
[85] Gaceta del Congreso 414
de 2012, p. 30.
[86] Gaceta
del Congreso no. 309 del 5 de junio de 2012, pp. 14 - 20.
[87] Gaceta
del Congreso no. 563 del 28 de agosto de 2012, pp. 33 a 34.
[88] Gaceta del Congreso no. 563 del 23 de agosto de 2012,
pp. 43 y 44: “Hace uso de la
palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: Por las anteriores
consideraciones propongo dar Primer Debate al Proyectos de ley 239 de 2012
Cámara, 212 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba la “Convención
para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones
comerciales internacionales”, adoptada por la conferencia negociadora en
París, República Francesa, el 21 de noviembre de 1997. Atentamente, Telésforo
Pedraza Ortega, Ponente.
Hace uso de la palabra el señor
Presidente, honorable Representante Juan Carlos Sánchez Franco:
En consideración la proposición con la
que termina el informe de Ponencia, se abre la discusión, continúa, anuncio que
va a cerrarse, queda cerrada, ¿lo aprueba la Comisión?
Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido aprobada la Proposición.
Hace uso de la palabra el señor
Presidente, honorable Representante Juan Carlos Sánchez Franco:
Sírvase dar lectura al Articulado.
Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Señor Presidente son 3 artículos
publicados en la Gaceta del Congreso correspondiente.
Hace uso de la palabra el señor
Presidente, honorable Representante Juan Carlos Sánchez Franco:
En consideración los artículos leídos, se
abre la discusión, continúa, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, ¿lo
aprueba la Comisión?
Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido aprobado el articulado del
proyecto señor Presidente.
Hace uso de la palabra el señor
Presidente, honorable Representante Juan Carlos Sánchez Franco:
Tengamos un poco de paciencia con unos
anuncios que vamos a hacer. Sírvase dar lectura al título y a la pregunta si
quiere esta Comisión que esta norma sea ley de la República.
Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Con gusto señor Presidente: por medio
de la cual se aprueba la “Convención para combatir el cohecho de servidores
públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”,
adoptada por la conferencia negociadora en París, República Francesa, el 21 de
noviembre de 1997.
El señor Presidente pregunta, si ustedes
quieren que este proyecto pase a Segundo Debate y sea ley de la República.
Hace uso de la palabra el señor
Presidente, honorable Representante Juan Carlos Sánchez Franco:
En consideración el título y la pregunta.
Se abre la discusión, continúa, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, ¿lo
aprueba la Comisión?
Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido aprobado el título del Proyecto y
los honorables Representantes quieren que pase a Segundo Debate y sea ley de la República señor Presidente.
Hace uso de la palabra el señor
Presidente, honorable Representante Juan Carlos Sánchez Franco:
Se nombra como Ponente al honorable
Representante Telésforo Pedraza. Continúe señora Secretaria”.
[89] Gaceta
del Congreso no. 641, p. 104.
[90] Gaceta del Congreso 542 de 2012: “Ha sido leído el informe de ponencia, señor
Presidente.
Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Simón Gaviria Muñoz: Anuncio
que abro el debate, que se va a cerrar, queda cerrado ¿Aprueba la Cámara?
La Secretaría General informa, doctor Jesús
Alfonso Rodríguez Camargo: Aprueba el informe de ponencia.
Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Simón Gaviria Muñoz: Articulado
señor Secretario.
La Secretaría General informa, doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo: Tres artículos, sin proposición.
Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Simón Gaviria Muñoz: Anuncio
que abro el debate, que se va a cerrar, queda cerrado ¿Aprueba la Cámara?
La Secretaría General informa, doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo: Aprobado el articulado.
Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Simón Gaviria Muñoz: Sírvase
leer el título del proyecto.
La Secretaría General informa, doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo: Por medio de la cual se aprueba la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones
comerciales internacionales,
adoptada en la Conferencia negociadora en París, República Francesa,
el 21 de noviembre de 1997. Ha sido leído el título, señor
Presidente.
Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Simón Gaviria Muñoz: Le
pregunto a la Cámara si aprueba el título del proyecto y quiere que el mismo
sea ley de la República. Anuncio que abro el debate, que se va a cerrar, queda
cerrado ¿Aprueba la Cámara?
La Secretaría General informa, doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo: Así lo aprueba y así lo
quiere, señor Presidente”.
[91] Gaceta del Congreso 96
del 23 de marzo de 2012, pp. 1-13.
[92] Gaceta
del Congreso 548, pp. 5 - 13 (Cuaderno de Pruebas OPC – 194/12 de la Comisión Segunda del Senado de la República) , pp. 13-17.
[93] Constancia suscrita por
el doctor Gregorio Eljach Pacheco, Secretario General del Senado de la Republica, cuaderno original, p. 1.
[94] Gaceta
del Congreso 309 del 5 de junio de 2012, pp. 14 a 20.
[95]
Gaceta del Congreso 547 del 23 de agosto de 2012, pp. 52 y 53.
[96]
En los numerales 3.6.2.1. y 3.6.2.2 de esta ponencia se explica detalladamente
la forma como se realizó cada anuncio.
[97]
Inciso Primero del artículo 160 de la Constitución Política de Colombia.
[98] Según consta en el acta
no. 23 de Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de la República publicada en la Gaceta no. 548 de 2012.
[99] Según consta en el acta
28 de la misma fecha, publicada en la Gaceta No. 349 del 12 de junio de 2012.
[100] Según consta en el acta
133 de dicha fecha y se publicó en la Gaceta del Congreso No. 395 del 26 de
junio de 2012.
[101]
§ 78dd-1, Section 30A of the Securities & Exchange Act of
1934.
[102] Al contrario, DONNA,
op. cit., p. 248, quien considera que el bien jurídico tutelado es la
imparcialidad el funcionario público extranjero.
[103] FABIÁN CAPARRÓS, La
corrupción de agente público…, op. cit., pp. 80-81.
[104] SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ,
C: Manual de derecho penal: parte especial, Civitas, Madrid, 2005, p. 514.
[105] RODRÍGUEZ PUERTA, “De
los delitos de corrupción…”, op. cit., p. 1735.
[106] DE LA CUESTA ARZAMENDI, J. y BLANCO CORDERO, I.: “Los nuevos delitos de corrupción en las
transacciones comerciales e internacionales”, Revista de Ciencias Penales, núm.
4, 2001-2002, p. 12.
[107] “Gesetz
zu dem Übereinkommen vom 17. Dezember 1997 über die Bekämpfung der Bestechung
ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr” de 10 de
septiembre de 1998.
[108] Artículo 2 de la Ley de Ratificación del Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las
Transacciones Comerciales Internacionales.
[109] Artículo 435.3 del
Código Penal de Francia.
[110] Artículo
307.2 del Código Penal de Austria.
[111] Artículo 309.2 del Código Penal de Rumania.
[112] Artículo 250 del Código
Penal de Bélgica.
[113] Artículo 322 bis del Código Penal de Italia: “Peculado,
concusión, corrupción e instigación a la corrupción de miembros de los
organismos de la Comunidad Europea y de funcionarios de la Comunidad Europea y de Estados extranjeros:
Las
disposiciones de los arts. 314, 316, 317 a 320 y 322 tercero y cuarto párrafo, se aplican también:
1)
A los miembros de las comisiones de la Comunidad Europea, del Parlamento Europeo, de la Corte de Justicia y del Tribunal de Cuentas
de la Comunidad Europea;
2)
A los funcionarios y a los agentes asumidos por contrato a las normas de los
estatutos de los funcionarios de la Comunidad Euro pea o del Régimen aplicable a los agentes de la Comunidad Europea;
3)
A la persona dirigente de los Estados miembros o de cualquier ente público o
privado cercano a la Comunidad Europea, que ejerce funciones correspondientes a
los funcionarios o agentes de la Comunidad Europea;
4)
A los miembros y a los agentes empleados de un ente constituido sobre la base
de los tratados que instauraron la Comunidad Europea;
5)
A aquellos que, en el ámbito de otros Estados miembros de la Unión Europea, desarrollan funciones y actividades correspondientes a aquellas de los
funcionarios públicos y de los encargados de un servicio público.
Las
disposiciones de los arts. 321 y 322, primero y segundo párrafo, se aplican
también si el dinero u otra utilidad es dado, ofrecido o prometido:
1)
A las personas indicadas en el primer párrafo del presente artículo;
2)
A las personas que ejercen funciones o actividades correspondientes a aquellas
de los funcionarios públicos y de los encargados de un servicio público en el
ámbito de otros Estados extranjeros u organizaciones públicas internacionales,
si el hecho es cometido para procurar para sí o para otro una ventaja indebida
en operaciones económicas internacionales.
Las personas indicadas en
el primer párrafo son asimiladas a los funcionarios públicos, en el ejercicio
de funciones correspondientes, y a los encargados de un servicio público en los
otros casos”.
[114] DONNA, E. A.: Delitos
contra la administración pública, op. cit., p. 247; FONTÁN BALESTRA, C.: DP,
PE, op. cit., p.  847-
[115] Artículo 258 bis del CP argentino.
[116] RODRÍGUEZ COLLAO, L. /
OSSANDÓN WIDOW, M.M.: Delitos contra la función pública…, op. cit., p. 339.
[117] FABIAN CAPARRÓS, E.: La
corrupción de funcionario público extranjero en el derecho penal chileno a la
luz del convenio de la OCDE de 1997, en: CHEYREM J., OLIVARES, J. / RODRÍGUEZ,
Nicolás: Chile en el Club de los países desarollados, Ministerio de Asuntos
Exteriores y Coerración / AECI,, Universidad Católica de Chile / Universidad de
Salamanca, Santiago de Chile, , 2010, p. 72 a 77.
[118] Artículo 29 de la Ley Anticorrupción de Uruguay.
[119] PREZA RESTUCCIA, D.:
Estudios de la parte especial del DP uruguayo, T. II., Ingranusi Ltda.,
Montevideo, 2000, p. 113.
[120]  Artículo 433 de la Ley 599 de 2000: “Soborno transnacional. El nacional o quien con residencia habitual en el
país y con empresas domiciliadas en el mismo, ofrezca a un servidor público de
otro Estado, directa o indirectamente, cualquier dinero, objeto de valor
pecuniario u otra utilidad a cambio de que éste realice u omita cualquier acto
en el ejercicio de sus funciones, relacionado con una transacción económica o
comercial, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de
cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
[121] Artículo
30 de la Ley 1474 de 2011.
[122]
Artículo 3º, numeral 2º de “la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones  Comerciales Internacionales”.
[123]
PINILLA PINILLA, Nilson: “Alfonso Reyes Echandía y el Análisis sobre la
criminalidad en el comercio internacional”, en: HERNÁNDEZ QUINTERO, Hernando:
Pensamiento Jurídico Tolimense 1, Ibagué, 2005, pp. 106.
[124]
Artículo 91 de la Ley 906 de 2004.
[125]
Artículo 34 de la Ley 1474 de 2011.
[126]
Artículo 16 del Código penal de
Colombia.
[127] Ley
190 de 1995.
[128] Artículo
247-A
del Código Penal de 1980: “Lavado de activos. El que adquiera, resguarde,
invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su
origen mediato o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento
ilícito, secuestro extorsivo, rebelión o relacionadas con el tráfico de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, le dé a los bienes
provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice,
oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino,
movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para
ocultar o encubrir su origen ilícito incurrirá, por ese solo hecho, en pena de
prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a cincuenta
mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.
La
misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se
realicen sobre bienes que conforme al parágrafo del artículo 340 del Código, de
Procedimiento Penal, hayan sido declaradas de origen ilícito.
Parágrafo
1o. El lavado de activos será punible aun
cuando el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados en los
apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el
extranjero.
Parágrafo
2o. Las penas previstas en el presente
artículo se aumentarán de una tercera parte (1/3) a la mitad (1/2) cuando para
la realización de las conductas se efectuaron operaciones de cambio o de
comercio exterior, o se introdujeron mercancías al territorio nacional.
Parágrafo
3o. El aumento de pena previsto en el
Parágrafo anterior, también se aplicará cuando se introdujeron mercancías de
contrabando al territorio nacional”.
[129] Exposición de motivos
del proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 365 de 1997.
[130] Exposición de motivos
del proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 365 de 1997.
[131] Artículo
323 del Código penal: “Lavado de activos:
“El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o
administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de
tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito,
secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, financiación del terrorismo y
administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el
sistema financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con
el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los
bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los
legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino,
movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para
ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en
prisión de ocho (8) a veintidós (22) años y multa de seiscientos cincuenta
(650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes.
La
misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se
realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada.
El
lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren
los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado,
total o parcialmente, en el extranjero.
Las
penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán
de una tercera parte a la mitad cuando para la realización de las conductas se
efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introdujeren
mercancías al territorio nacional.
El
aumento de pena previsto en el inciso anterior, también se aplicará cuando se
introdujeren mercancías de contrabando al territorio nacional”.
[132] BLANCO CORDERO, I.: El
delito de blanqueo de capitales, Aranzadi, Navarra, 2002, p. 215 a 225; FABIAN CAPARRÓS, E.: El delito de blanqueo de capitales, Colex, Madrid, 1998, p. 229.
[133] FABIAN CAPARRÓS, E.: El
delito de blanqueo de capitales, Colex, Madrid, 1998, p. 229.
[134] Sentencia de la Corte Constitucional C-645 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[135] Sentencia de la Corte Constitucional C-645 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[136] Sentencia de la Corte Constitucional C-996 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[137] M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[138] M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[139] M.P. Eduardo
Montealegre Lynett.
[140] M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[141] M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.