T-716-17
Sentencia T-716/17
DERECHO AL MINIMO VITAL-Se
deriva de los principios de Estado Social de Derecho, dignidad humana y
solidaridad
Uno de
los derechos más característicos de un Estado Social de Derecho es el mínimo
vital. Según la Corte Constitucional, este derecho se deriva de los principios
de Estado Social de derecho, dignidad humana y solidaridad, en concordancia con
los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la igualdad.
Este derecho adquiere relevancia en situaciones humanas límites, relativas a la
extrema pobreza y la indigencia, cuando frente a las necesidades más
elementales y humanas, el Estado y la sociedad no responden de manera
congruente.
DERECHO AL MINIMO VITAL-Dimensión
positiva y negativa
PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR-Importancia
La Corte Constitucional ha considerado que los
programas de atención integral al adulto mayor son muy importantes, dado que,
en la mayoría de casos, el auxilio no es una simple asistencia social,
sino que se trata del único ingreso que percibe un sujeto en condiciones de
vulnerabilidad y pobreza extremas, “en consecuencia, la única manera de garantizar su derecho
fundamental al mínimo vital, dado el grado de debilidad manifiesta en que se
halla. Por esta razón, el Estado está en la obligación de dar prioridad, en lo que
a presupuesto se refiere, a los programas de gasto público social, para así
cumplir a cabalidad con el principio de solidaridad y garantía al derecho a la
vida en condiciones dignas que emana de la Constitución”.
PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR “COLOMBIA
MAYOR”-Beneficiarios/PROGRAMA DE PROTECCION
SOCIAL AL ADULTO MAYOR “COLOMBIA MAYOR”-Naturaleza/PROGRAMA DE
PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR “COLOMBIA MAYOR”-Causales de retiro
DERECHO A LA RECLASIFICACION EN EL SISBEN
ACCION DE TUTELA PARA REINGRESO AL PROGRAMA DE PROTECCION
SOCIAL AL ADULTO MAYOR “COLOMBIA MAYOR”-Improcedencia
por cuanto accionante no se encuentra en situación de pobreza extrema ni de
indigencia
La
accionante, gracias a la ayuda de sus hijos, entre otros factores, tiene
capacidad probada de resiliencia, esto es, en el caso concreto, de al menos
asumir sus necesidades básicas.
Referencia: Expediente T-6.263.251
Acción de tutela interpuesta por Graciela Castillo Gómez en
contra de la Alcaldía Municipal de Pacho (Cundinamarca).
Magistrado ponente:
CARLOS BERNAL PULIDO
Bogotá, D.C., siete (7) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017).
La
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y Carlos
Bernal Pulido, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, en especial de la prevista por el artículo 241.9 de la Constitución
Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo de tutela proferido el 22
de marzo de 2017, por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Pacho
(Cundinamarca), mediante el cual declaró por improcedente la tutela promovida
por la señora Graciela Castillo Gómez en contra de la Alcaldía Municipal de
Pacho (Cundinamarca).
I.
ANTECEDENTES
1.
El 6 de marzo de 2017, la señora Graciela Castillo Gómez
interpuso acción de tutela en contra de la Alcaldía Municipal de Pacho
(Cundinamarca), mediante la cual solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales “a la remuneración mínima vital y móvil, a la subsistencia, a
la igualdad, a la vida digna y a la protección especial al adulto mayor”[1].
2.
Adujo que la entidad accionada desconoció los derechos antes
mencionados al retirarla de la lista de beneficiarios del Programa de
Solidaridad con el Adulto Mayor “Colombia Mayor” -en adelante Programa Colombia
Mayor-, lo cual le ha “causado grandes perjuicios económicos, emocionales y
de salud”[2],
dado que tiene 81 años de edad, es diabética, con ceguera total de un ojo, 80%
de ceguera en el otro ojo y no tiene ninguna renta, según lo afirmó en la
demanda[3].
1.
Hechos probados
3.
El 1 de enero de 2008[4],
según consta en el monitor de beneficiarios del Fondo de Solidaridad Pensional,
la accionante fue afiliada al Programa Colombia Mayor y fue retirada del mismo
el 25 de septiembre de 2015[5].
El retiro fue realizado en virtud de la Resolución Administrativa No. 1191 de
2015 de 8 de septiembre de 2015, emitida por el Alcalde Municipal de Pacho
(Cundinamarca)[6].
4.
La accionante manifestó haber presentado un derecho de
petición ante la Alcaldía Municipal de Pacho (Cundinamarca) el 11 de noviembre
de 2015, del cual aportó copia, sin constancia de recibido. En esa petición,
manifestó: “recurro a la constitución nacional en el artículo 23 para que me
den una respuesta, ¿basados en que estudio me desvincularon del programa adulto
mayor?, solicito una nueva encuesta del SISBEN y pido a la alcaldía municipal
se me protejan mis derechos como adulto mayor mientras se aclara todo”[7].
5.
El 14 de noviembre de 2015, la accionante fue declarada como
paciente “de baja visión o con discapacidad visual para valerse por sí sola
en la calle o en sitio público”[8],
dado su desprendimiento de retina del ojo derecho y su disminución de agudeza
visual del 80% por catarata nuclear de origen diabético en el ojo izquierdo[9].
6.
El 8 de marzo de 2016, la Alcaldía Municipal de Pacho
(Cundinamarca) realizó nuevamente la encuesta del SISBEN a la accionante, y
esta arrojó un puntaje de 58,45, según consta en la ficha No. 00009224[10].
En total, a la señora Graciela Castillo Gómez se le han realizado 2 encuestas
SISBEN[11],
y una entrevista social por parte de la Alcaldía Municipal de Pacho
(Cundinamarca)[12].
7.
El 16 de agosto de 2016, por un coma diabético, la accionante
ingresó a la E.S.E. Hospital San Rafael de Pacho, en donde permaneció internada
hasta el 20 de agosto de 2016 con diagnóstico de “síndrome diarreico de alto
gasto que puede estar en relación con gastropatía diabética, haciendo
hipoglicemia”[13].
8.
Según el informe de 27 de octubre de 2017 de la Alcaldía
Municipal de Pacho (Cundinamarca), 1626 adultos mayores son beneficiarios del
Programa Colombia Mayor en este municipio[14].
Dado que no existen cupos disponibles actualmente, existe una lista de 570
personas priorizadas en lista de espera[15],
quienes cumplen con todos los requisitos para ser beneficiarios del programa.
2.
Pretensiones
9.
En la demanda de acción de tutela, la accionante solicitó que
la Alcaldía Municipal de Pacho (Cundinamarca):
9.1.
Le pague el auxilio económico del Programa Colombia Mayor que
recibía y que le fue suspendido desde el mes de octubre de 2015.
9.2.
Le reconozca los meses atrasados de dicho auxilio económico.
3.
Respuesta de la parte accionada
10.
El 10 de marzo de 2017, el Alcalde Municipal de Pacho
(Cundinamarca) solicitó que se declare improcedente la acción instaurada por la
señora Graciela Castillo Gómez, toda vez que, a su juicio, no se ha vulnerado
ni puesto en peligro ningún derecho fundamental de la accionante[16].
11.
El Alcalde señaló que la accionante no cumple con los
requisitos para ser beneficiaria del Programa Colombia Mayor, previstos por los
artículos 29 y 30 del Decreto 3771 de 2007, ya que “el puntaje que tiene en
el Sisben es superior al máximo establecido por la ley para que se le pueda
incluir en el programa, dado que el máximo de puntaje que se solicita para
Sisben II es un puntaje de 43.63 y la accionante tiene un puntaje de 58.45”[17].
Además, indicó que “el municipio de Pacho (Cundinamarca) no es la entidad
que reconoce o incluye a las personas dentro de este programa, dicha función la
realiza es el Consorcio que el Gobierno Nacional contrató para el efecto”[18].
12.
El 15 de marzo de 2017, el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Pacho (Cundinamarca) ordenó la vinculación del Consorcio Colombia
Mayor[19]
-en adelante el Consorcio- al presente trámite.
13.
El 21 de marzo de 2017, el Consorcio solicitó ser
desvinculado de la acción de tutela, por cuanto no está legitimado en la causa
por pasiva, ya que “solamente el Ente Territorial tiene la capacidad de
suspender cualquier posible trasgresión a las garantías constitucionales
fundamentales de la accionante, y estaría en posibilidad y en la obligación de
cumplir una eventual decisión judicial”[20].
Además, solicitó la vinculación al Ministerio del Trabajo, ya que el Fondo de
Solidaridad Pensional es una cuenta especial sin personería jurídica adscrita a
este Ministerio[21].
14.
Sobre el caso concreto, el Consorcio indicó que la accionante
fue retirada del programa en virtud de la Resolución Administrativa No. 1191 de
2015 emitida por el Alcalde Municipal de Pacho (Cundinamarca), “esto quiere
decir que la señora Graciela Castillo de (sic) Gómez, incurrió en una de las
causales de pérdida de subsidio, por cuanto mostró una –“MODIFICACIÓN EN LA
CONDICIÓN DE BENEFICIARIO”, situación que se presentó por la modificación de su
puntaje del Sisben en el año 2011, el que actualmente es de 58.45, puntaje
que sobre pasa los permitidos por el Programa del Adulto Mayor”[22].
15.
En cualquier caso, el Consorcio señaló que la Alcaldía es la
encargada de agotar el trámite de priorización de cada aspirante al Programa
Colombia Mayor, de modo que debe indicarle a la accionante cómo proceder, en
caso de aspirar nuevamente al beneficio de manera priorizada[23].
4.
Decisión objeto de revisión
16.
El 22 de marzo de 2017, el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Pacho (Cundinamarca) declaró improcedente el amparo solicitado por
la señora Graciela Castillo Gómez por las
siguientes razones. Primero, consideró que no se cumplía el requisito de
inmediatez, ya que había transcurrido un año y medio desde que fue retirada del
Programa Colombia Mayor, lapso en el cual había podido subsistir con la ayuda
de sus hijos, sin que hubiere probado siquiera sumariamente la justificación de
la tardanza en interponer la acción de tutela[24].
17.
Segundo, señaló que no se cumplía el requisito de
subsidiariedad, ya que la accionante no interpuso ningún recurso en contra de
la Resolución Administrativa No. 1191 de 8 de septiembre de 2015, proferida por
la Alcaldía Municipal de Pacho (Cundinamarca), que la retiró del Programa
Colombia Mayor. Tampoco se demostró la existencia de un perjuicio irremediable
que permitiera la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio[25].
18.
No obstante, ordenó a la Alcaldía Municipal de Pacho
(Cundinamarca), como ente encargado de agotar el proceso de priorización de los
aspirantes al Programa Colombia Mayor, que “requiera a la señora GRACIELA
CASTILLO DE (sic) GÓMEZ y se le instruya, para que presente la documentación
para inscripción y así mismo se diligencie la ficha de priorización,
documentación que deberá ser remitida al Administrador Fiduciario en un término
no superior a veinte (20) días, con el fin de realizar los estudios pertinentes
y de esa manera conocer si la actora puede ingresar al listado de priorización
del Municipio de Pacho o por el contrario sea rechazada por no cumplir con la
totalidad de los requisitos exigidos por el mismo”[26].
5.
Actuaciones en sede de revisión
19.
La Sala de Selección Número Ocho[27] de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en
especial las previstas por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución
Política, 33 del Decreto 2591 de 1991, así como 51, 52, 53, y 55 del Acuerdo 02 de 2015, profirió el auto
de 11 de agosto de 2017[28],
mediante el cual seleccionó para efectos de su revisión, el asunto de la
referencia.
5.1.
Pruebas decretadas y recaudadas en sede de revisión
20.
Mediante el auto de 9 de octubre de 2017[29], la Sala Primera
de Revisión, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y con
el objetivo de obtener los elementos de juicio necesarios para adoptar una
mejor decisión, ordenó la suspensión de términos y que, por medio de la
Secretaría General, se recaudaran las siguientes pruebas:
20.1.
A la Alcaldía Municipal de Pacho (Cundinamarca) se le ordenó
enviar un informe en el que señalara:
a)
“La vinculación de la señora Graciela Castillo Gómez al
Programa Colombia Mayor y, en particular, (i) la fecha en la que fue incluida
como beneficiaria del programa; (ii) el puntaje del SISBEN que tenía para esa
fecha y las condiciones que la hicieron beneficiaria del auxilio; (iii) la
fecha desde la cual empezó a recibir el auxilio; (iv) la modalidad y frecuencia
del auxilio que recibía, así como la totalidad de los beneficios que le
proveían con ocasión de su afiliación al programa; (v) la fecha en la que fue
retirada del programa Colombia Mayor; (vi) el puntaje del SISBEN que tenía para
la fecha del retiro; (vii) las fechas y las metodologías aplicadas en todas las
calificaciones del SISBEN que se le hubieren realizado; (viii) la fecha en la
que dejó de recibir el auxilio; (ix) el monto y la periodicidad del auxilio que
se le otorgaba; y, (x) las medidas adoptadas para informarle sobre la
naturaleza, el contenido y el alcance de las decisiones adoptadas por la
administración, así como la manera de controvertirlas, habida cuenta de sus
especiales condiciones físicas.
b)
La dimensión, el alcance y las particularidades del programa
Colombia Mayor en el municipio de Pacho, Cundinamarca, y, en particular: (i) el
número de adultos mayores que hacen parte del programa; (ii) cuántas versiones
de este programa se han desarrollado; (iii) cuántos cupos se han habilitado en
cada una de esas versiones; (iv) los puntajes obtenidos en el SISBEN por
quienes integran actualmente dicho programa; (v) si existen cupos disponibles
actualmente y, en tal caso, cuántos; (vi) los criterios de selección y
priorización de aspirantes en el programa; (vii) los últimos y los próximos
periodos de inscripción de adultos mayores al programa; y, (viii) la
posibilidad de aplicar la encuesta del SISBEN IV en la actualidad.
c)
El trámite seguido con ocasión del derecho de petición del 11
de noviembre de 2015, suscrito por la señora Graciela Castillo Gómez,
disponible en el presente expediente. En dicha petición, la accionante
solicitó: (i) Información sobre el estudio con base en el cual fue desvinculada
del programa Colombia Mayor; (ii) la realización de una nueva encuesta del
SISBEN; y (iii) la protección de sus derechos como adulta mayor mientras se
aclara la situación.
d)
El trámite seguido en cumplimiento de la orden inserta en el
numeral segundo de la sentencia de tutela del 22 de marzo de 2017, proferida en
el presente asunto por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Pacho
(Cundinamarca)”[30].
20.2.
Se ordenó la práctica de una diligencia de inspección
judicial en el lugar de residencia de la señora Graciela Castillo Gómez, con
acompañamiento de un funcionario de la Personería Municipal de Pacho
(Cundinamarca), así como de un trabajador social adscrito a la Alcaldía de este
municipio. Según lo previsto por el artículo 16 del Acuerdo 02 de 2015, se designó
al Magistrado Auxiliar Diego Andrés González Medina para la práctica de la
diligencia, y se le facultó para “ordenar o practicar pruebas adicionales,
así como la adopción de cualquier otra medida que se considere útil para el
esclarecimiento de los hechos”[31],
de conformidad con los artículos 107 y 238 del Código General del Proceso.
20.3.
Se vinculó al Ministerio del Trabajo y al Departamento
Nacional de Planeación -DNP-, y se les instó a pronunciarse sobre los hechos expuestos por la accionante en la demanda de
tutela y a allegar los medios probatorios que consideren pertinentes para
ejercer su derecho de defensa y contradicción. En
particular, se ordenó al DNP informar sobre lo siguiente: “(i) las
diferencias entre la metodología de la encuesta del SISBEN III y el SISBEN IV;
(ii) la implementación de la metodología SISBEN IV en el municipio de Pacho
(Cundinamarca); y (iii) las variables tenidas en cuenta y la valoración de cada
una de ellas en relación con la encuesta aplicada a la señora Graciela Castillo Gómez, accionante en el presente asunto”[32].
20.4.
Mediante el auto de 27 de octubre de 2017, el suscrito
Magistrado Ponente, ordenó “pon[er] a disposición de las partes y de los
demás terceros interesados el expediente y corr[er] traslado de las piezas
procesales […] por término de tres (3) días, para que se pronuncien con
relación con estos”[33].
20.5.
El 16 de noviembre de 2017, la Secretaría General de la Corte
Constitucional comunicó a este Despacho que se dio cumplimiento al auto de 27
de octubre de 2017, y “durante el referido término, sólo se acercó a esta
Secretaría para tener conocimiento de las piezas procesales puestas a
disposición, la señora DIANA MARCELA CÓRDOBA VARGAS, por parte del Ministerio
del Trabajo”[34].
La Secretaría General también remitió a este Despacho el oficio del Ministerio
del Trabajo con fecha de 3 de noviembre de 2017, “mediante el cual solicita
a la Corte Constitucional: “[…] que se abstenga proteger los derechos
fundamentales de la accionante […]””[35].
20.6.
El 20 de noviembre de 2017, la Secretaría General de la Corte
Constitucional comunicó a este Despacho que, vencido el término concedido, se dio
cumplimiento al auto de 27 de octubre de 2017, y se recibieron las comunicaciones
de la Alcaldía Municipal de Pacho (Cundinamarca), del Ministerio del Trabajo y del
DNP[36].
La Secretaría General señaló que no se recibió ninguna comunicación del
Personero Municipal de Pacho (Cundinamarca)[37].
Además, informó que “no se acercó persona alguna para tener conocimiento de
las pruebas puestas a disposición” [38].
5.2.
Inspección judicial
21.
El 24 de octubre de 2017, se llevó a cabo la diligencia de
inspección judicial, en cumplimiento del auto de 9 de octubre de 2017,
proferido por la Sala Primera de Revisión de esta Corte. Como consta en el
expediente, dicha diligencia se grabó con medios auditivos, con registro
fotográfico, y de la misma se levantó la respectiva acta de la inspección
judicial[39].
22.
La instalación de la diligencia se realizó en la oficina del
Personero Municipal de Pacho (Cundinamarca). Allí, el Magistrado Auxiliar le
advirtió al Personero Municipal “que, habida cuenta de sus funciones
constitucionales y legales[40], es el encargado de velar y proteger los derechos de las
partes, en particular, los de la accionante, la señora Graciela Castillo Gómez”[41].
23.
El Magistrado Auxiliar puso de presente que el objeto de la
diligencia consistía en “verificar las condiciones y
circunstancias actuales de la señora Graciela Castillo Gómez, entre las cuales
se pueden enlistar las siguientes: (i) Su condición actual de movilidad; (ii) Si vive con su núcleo familiar, y en tal caso, por quiénes
está integrado; (iii) Su condición socioeconómica, así como la condición
socioeconómica de su red de apoyo; (iv) Si recibe acompañamiento o apoyo de
terceras personas; (v) Las condiciones de habitabilidad de su casa; y (vi) Los
recursos materiales inmediatos a su disposición, entre otros aspectos”[42].
24.
La instalación de la audiencia fue realizada por el
Magistrado Auxiliar, en compañía de las siguientes personas[43]:
Entidad
Rol
Nombre
Corte Constitucional
Magistrado Auxiliar
Diego Andrés González Medina
Corte Constitucional
Profesional Especializada 33
Ana Elena Abello J.[44]
Alcaldía de Pacho
Secretaria de Desarrollo Social
Ruth Quiñones U.
Alcaldía de Pacho
Coordinadora del Programa Colombia Mayor
Flor Marina Cárdenas B.
Alcaldía de Pacho
Trabajadora Social
Yasmín Matiz M.
Alcaldía de Pacho
Coordinador del SISBEN
Juan Pablo López
Personería de Pacho
Personero Municipal
Jairo Becerra A.
25.
Después de la instalación, se inició el recorrido de la
diligencia. El primer lugar al que se asistió[45]
fue la residencia de la señora Graciela Castillo Gómez. Allí se hizo presente
el señor Javier Castillo, hijo de la accionante, quien participó en la
diligencia de inspección judicial[46].
La trabajadora social de la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía Municipal de Pacho (Cundinamarca), realizó “una
entrevista, con base en el instrumento de visita domiciliaria”[47], a la señora Graciela Castillo. El Personero Municipal de
Pacho (Cundinamarca) también le hizo preguntas a la accionante, habida cuenta
de su función constitucional[48],
con el fin de conocer sus condiciones socioeconómicas actuales y velar por la
garantía de sus derechos fundamentales.
26.
El Magistrado Auxiliar ordenó continuar con la inspección
judicial en las residencias de otros beneficiarios del Programa Colombia Mayor
del municipio de Pacho (Cundinamarca)[49].
La diligencia continuó en la casa del señor Adolfo Saldaña, quien reside con su
esposa, María Priscila Chaparro Sánchez. Ambos vivían en la misma calle de la
accionante, aproximadamente a seis casas de distancia. Posteriormente, la
diligencia se reanudó en la casa del señor Néstor Martínez, quien habita solo,
en el sector rural de la vereda Compera, en un paraje aislado del municipio de
Pacho (Cundinamarca).
27.
Luego, habida cuenta de la información aportada por la
accionante en relación con la condición socioeconómica de sus hijos, la
diligencia continuó en los establecimientos de comercio de propiedad de tres de
los hijos de la señora Graciela Castillo Gómez, con el fin de verificar sus
condiciones socioeconómicas[50]:
(i) Orlando Castillo, es propietario de una panadería; (ii) Wilson Castillo, es
propietario de un restaurante; y (iii) Javier Castillo, es propietario de un
establecimiento comercial, “multi-hogar y cacharrería”[51].
28.
Finalmente, la diligencia de inspección judicial se clausuró en
las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Pacho (Cundinamarca), donde los
acompañantes[52]
manifestaron sus opiniones y comentarios sobre la diligencia, en particular,
sobre las condiciones socioeconómicas de la señora Graciela Castillo Gómez y su
exclusión del Programa Colombia Mayor[53].
Tal como se señaló en el párrafo 20.4, de la inspección judicial se corrió
traslado a las partes por un término de tres días. La Secretaría General de la
Corte Constitucional comunicó a este Despacho que “sólo se acercó a esta
Secretaría para tener conocimiento de las piezas procesales puestas a
disposición, la señora DIANA MARCELA CÓRDOBA VARGAS, por parte del Ministerio
del Trabajo”[54].
La Secretaría General también remitió a este Despacho el oficio del Ministerio
del Trabajo, “mediante el cual solicita a la Corte Constitucional: “[…] que
se abstenga proteger los derechos fundamentales de la accionante […]””[55].
5.3.
Respuesta de la Alcaldía Municipal de Pacho (Cundinamarca) y
pruebas aportadas
29.
El 30 de octubre de 2017, la Secretaría General de la Corte
Constitucional recibió respuesta de la Alcaldía Municipal de Pacho
(Cundinamarca) al oficio OPT-A-2268/2017[56].
En esta comunicación, con respecto a la vinculación de la señora Graciela
Castillo Gómez al Programa Colombia Mayor, la Alcaldía señaló que:
“I. La fecha de ingreso como beneficiaria al programa fue el
01 de enero de 2008. II. El puntaje del SISBEN de la beneficiaria que tenía al
ingreso no es posible mencionarlo ya que al ingreso a este programa se tuvo en
cuenta la metodología W2 que existía en el 2008. III. La fecha en la cual
empezó a recibir el subsidio fue el 1 de enero de 2008. IV. La modalidad del
subsidio era en efectivo por un valor de $150.000= Mcte, con una frecuencia
bimensual. V. La fecha en que fue retirada del programa Colombia Mayor fue el
día 2 de septiembre de 2015. VI. El puntaje del Sisben que tenía a la fecha de
retiro correspondía a 51.30. VII. Las dos últimas encuestas aplicadas a la
Señora Graciela Castillo, fueron con la metodología de Sisben III, una aplicada
el 10 de octubre de 2010 y la segunda el 08 de marzo de 2016, a solicitud de la
beneficiaria. VIII. La fecha en la que dejó de recibir el subsidio fue el 25 de
septiembre de 2015. IX. El valor entregado a la beneficiaria correspondía a
$150.000= Mcte, entregado en forma bimensual. X. En cuanto a las medidas para
informarle sobre la naturaleza, el contenido y el alcance de las decisiones
adoptadas por la administración, no son claras pues en el archivo no reposan
actas u otros documentos que se relacionen con el tema, esto teniendo en cuenta
que la decisión fue adoptada en la administración anterior”[57].
30.
Sobre la dimensión, el alcance y las particularidades del Programa
Colombia Mayor, la Alcaldía indicó:
“I. El número de Adultos Mayores que hacen parte del Programa
en el municipio de Pacho corresponde a 1626 personas. II. Desde el inicio de la
presente administración el programa no ha presentado modificación alguna. III.
En cuanto a los cupos que se han habilitado en cada una de estas versiones,
informó que desde el año 2016 no ha habido ampliación de cobertura en cupos,
solamente cuando se generan novedades por algún tipo de retiro, como es: -No
cumplimiento de requisitos del programa; -Por fallecimiento de un beneficiario;
-Por retiro voluntario; -Por traslado de municipio. Actualmente, en el
municipio existe una lista de priorizados correspondiente a 570 adultos
mayores. IV. Los puntajes del Sisben por quienes son beneficiarios de este
programa, corresponden a: -Zona urbana: 43.63; -Zona rural: 35.26. V. En este
momento no existen cupos disponibles. VI. Los criterios de selección y
priorización de aspirantes en el programa, son: -Mujeres edad 54 años y hombres
59 años; -Ser colombiano y residir los últimos 10 años en el territorio
nacional; -Puntajes del Sisben Urbano 43.63 y Rural 35.26; -Si viven con su
familia el ingreso económico debe ser inferior o igual a un salario mínimo
legal vigente; -Si vive solo su ingreso no supera medio salario mínimo legal
vigente, o si vive en un Centro de Bienestar del Adulto Mayor. VII. En relación
a los últimos y los próximos períodos de inscripción de adultos mayor al
programa, informó que se realizan de forma permanente en la oficina del
programa Adulto Mayor en la Secretaría de Desarrollo Social. Muy
respetuosamente, me permito aclarar que la metodología de Sisben IV, no se ha
implementado en el Municipio de Pacho”[58].
31.
En relación con la obtención del puntaje de la encuesta
SISBEN, la Alcaldía Municipal de Pacho (Cundinamarca) aclaró que “el índice
de puntaje lo arroja el software según las variables de la encuesta; que está
diseñado directamente por el DNP, cabe aclarar que el Sisben no excluye de
ningún programa social, de acuerdo al puntaje que arroja cada una de las
encuestas se tendrá en cuenta o no a los potenciales beneficiarios para cada
uno de los programas, según el puntaje requerido y que este no lo asigna la
Administradora del SISBEN, ni ningún funcionario relacionado a la Oficina de
Sisben”[59].
Agregó que el puntaje actual de la señora Graciela Castillo es 58.45, según la
ficha técnica y la última encuesta realizada el 8 de marzo de 2016[60].
32.
De igual manera, la Alcaldía Municipal de Pacho
(Cundinamarca) aportó el informe del acompañamiento realizado por los
funcionarios del municipio Marina Cárdenas (encargada del Programa Colombia
Mayor), Yasmín Matiz (trabajadora social) y Juan Pablo López (Coordinador del SISBEN)
a la diligencia de inspección judicial realizada el 24 de octubre de 2017 en la
residencia de la señora Graciela Castillo Gómez. En este informe, se concluyó
que la accionante tiene garantizado sus derechos a una vivienda digna, a la
salud, y a una adecuada alimentación[61].
33.
Además, en dicho informe, se indicó que la señora Graciela
Castillo Gómez cuenta con una serie de factores protectores, de los cuales se
concluye que “cuenta con red de apoyo familiar, esto en relación a lo
mencionado por ella en donde manifiesta que los nueve hijos mencionados
anteriormente le brindan los alimentos necesarios para su sostenimiento, así
como el pago de los servicios públicos requeridos; la vivienda es digna, cómoda
y protegida, cuenta con las condiciones básicas para su funcionamiento. La EPS
Medimas le garantiza el acceso a los servicios de salud garantizándole la
protección al adulto mayor según la normatividad vigente”[62].
5.3.
Respuesta del Ministerio del Trabajo
34.
El 27 de octubre de 2017, la Secretaría General de la Corte
Constitucional recibió respuesta del Ministerio del Trabajo al oficio
OTP-A-2270/2017[63].
En esta comunicación, el Ministerio señaló que la señora Graciela Castillo
Gómez fue incluida en el Programa Colombia Mayor el 1 de julio de 2007, y el
puntaje de SISBEN que tenía para esa fecha era de 7,72, que correspondía al
nivel 1[64].
Desde ese momento la accionante empezó a recibir el subsidio, el cual, al ser
bimestral, es pagado dos meses después de su causación. Es decir, recibió su
primer pago en el mes de septiembre de 2007[65].
El subsidio era directo, por un valor de $75.000 mensuales. La señora Graciela
Castillo Gómez fue retirada el 25 de septiembre de 2015 del Programa Colombia
Mayor, al no cumplir el requisito de estar clasificada en el nivel 1 o 2 de SISBEN.
El puntaje para la fecha de retiro fue de 58.45, cuya última actualización fue
el 11 de mayo de 2016[66].
35.
Sobre los hechos que dieron origen a la tutela, el Ministerio
del Trabajo manifestó que “como puede observarse, el puntaje máximo
permitido para hacer parte del Programa es de 43,63, sin embargo la accionante
registra un puntaje de 58,45, lo cual desborda los puntos de corte
establecidos, por tanto, es evidente que se encontraba incursa en la causal de
pérdida del subsidio referida”[67].
36.
En su escrito inicial, el Ministerio también solicitó que se
obligara al ente territorial a efectuar un estudio socioeconómico[68],
para cumplir con el Manual Operativo del Programa Colombia Mayor, que en su
Anexo Técnico No. 2 de marzo de 2015, protegió el debido proceso de los
beneficiarios de este programa. Sin embargo, al correrle traslado de las
pruebas recaudadas dentro del proceso, el Ministerio del Trabajo señaló que “de
las pruebas recaudadas, en especial, el estudio socioeconómico aplicado en la
vivienda de la actora, puede evidenciarse que la accionante cuenta con una red
de apoyo familiar que le satisfacen sus necesidades básicas, como alimentación,
cuidados médicos y afecto, como quiera que la misma accionante refiere que sus
hijos le proporcionan mercado, pagan los recibos de servicios públicos y la
visitan frecuentemente”[69].
Es decir, tras recaudarse todo el acervo probatorio, el Ministerio resaltó que
el estudio socioeconómico realizado en la vivienda de la accionante evidenciaba
sus circunstancias reales y, por lo tanto, resultaba suficiente para determinar
la improcedencia de su reintegro a la lista de beneficiarios del Programa
Colombia Mayor sin que se ordenara estudio adicional alguno.
37.
El Ministerio señaló que, contrario a lo afirmado por la
accionante, ella no vive sola, pues vive con su hijo Wilson Castillo, quien es
propietario del restaurante “Los Helechos”, lo cual coincide con el puntaje
arrojado en la encuesta SISBEN, que supera el límite para pertenecer al
Programa Colombia Mayor[70],
así como con los testimonios de los hijos que participaron en la diligencia de
inspección judicial. Agregó que “aun viviendo sola, se pudo establecer que
sus nueve hijos velan por su manutención, y coinciden los demás testimonios de
sus propios hijos en que la señora GRACIELA no pasa necesidades”[71].
38.
Finalmente, el Ministerio manifestó que, como ocurre en el
caso de la accionante, es deber de la familia concurrir a su protección y
asistencia. Además, existen adultos mayores que sí cumplen plenamente los
requisitos y están en estado de vulnerabilidad, “luego entonces, resulta
inequitativo otorgar un cupo a una que no es tan vulnerable y que cuenta con
apoyo familiar para la satisfacción de sus necesidades”. De modo que
solicitó negar la protección de los derechos de la accionante[72].
5.4.
Respuesta del Departamento Nacional de Planeación –DNP-
39.
El 27 de octubre de 2017, la Secretaría General de la Corte
Constitucional recibió respuesta del DNP al oficio OTP-A-2271/2017[73].
En esta comunicación, el DNP señaló que, según el sistema de información del
SISBEN, a la señora Graciela Castillo Gómez le fue realizada una primera
encuesta el día 6 de octubre de 2010, que le asignó un puntaje de 45.83[74].
Este puntaje “permaneció igual hasta el mes de abril de 2015, fecha en la
cual se ingresó al hogar al señor WILSON CASTILLO, lo cual generó un cambio en
la conformación del hogar y esto hizo que el puntaje se modificara a 51.3”[75].
El 17 de noviembre de 2015, se registró una modificación en la conformación del
hogar, ya que el señor Wilson Castillo, hijo de la accionante, fue excluido de
la ficha, lo que generó que el puntaje bajara a 45.63[76]. Finalmente,
el 8 de marzo de 2016, le realizaron una nueva encuesta a la accionante, la
cual arrojó un puntaje de 58.45[77].
40.
Adicionalmente, el DNP puntualizó que, en diciembre de 2016,
se expidió el documento CONPES 3877     que definió el SISBEN IV. Esta nueva
metodología incluyó modificaciones al SISBEN III, entre las cuales está, que el
nuevo sistema se fundamenta en un enfoque integral que no solo incluye las
dimensiones de calidad de vida, sino también la capacidad de los hogares para
generar ingresos[78].
El DNP indicó que el SISBEN IV está proyectado para aplicarse en el municipio
de Pacho (Cundinamarca) durante la vigencia de 2019, pero “esto dependerá de
la disponibilidad del municipio para apalancar el proyecto”[79].
41.
Finalmente, el DNP explicó que las variables específicas
tenidas en cuenta en el SISBEN III aplicado a la accionante no pueden ser
reveladas pues están sujetas a reserva, pero las cuatro dimensiones con base en
las cuales se construyen son salud, educación, vivienda y vulnerabilidad[80].
Aclaró, además, que el puntaje no se asigna, ni puede variarse al libre
arbitrio del DNP, por lo que “es probable que una vez se aplique la nueva
encuesta, el puntaje del Sisbén solo cambie si las condiciones socioeconómicas
del encuestado han tenido un cambio real, razón por la cual, dependiendo de
cada caso puede o no generarse un cambio significativo en el puntaje, que
afecte el inicial” [81].
Agregó además que el DNP no es el responsable de determinar los puntajes de
acceso a los programas sociales, ni del ingreso o la permanencia en los mismos,
por lo cual el objeto tutelado desborda su ámbito de competencia y se configura
una falta de legitimación en la causa por pasiva[82].
5.5.
Respuesta del Consorcio “Colombia Mayor 2013”
42.
El 3 de noviembre de 2017, la Secretaría General de la Corte
Constitucional recibió respuesta del Consorcio al oficio OTP-A-240/2017[83].
En esta comunicación, el Consorcio se pronunció sobre el traslado probatorio, e
indicó que “tal como lo evidencia la base de datos del Fondo de Solidaridad
Pensional, la accionante fue beneficiaria del Subsidio del Adulto Mayor, siendo
su fecha de afiliación el 1 de enero de 2008, y a su vez, se procedió a hacer
su RETIRO, el 25 de septiembre de 2015, conforme a lo requerido mediante la
Resolución No 1191 del 8 de septiembre de 2015, Acto Administrativo
expedido por parte de la Alcaldía Municipal de Pacho”[84]. El
Consorcio señaló que la accionante fue retirada del programa por tener un
puntaje del SISBEN fuera del rango contemplado para el Programa Colombia Mayor,
de 58.45[85],
esto es “incurrió en una de las causales de pérdida de subsidio, por cuanto
mostró una “MODIFICACIÓN EN LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO”, situación que se
presentó por la modificación de su puntaje del sisben en el año 2011, el que actualmente
es de 58.45, puntaje que sobre pasa los permitidos por el Programa del Adulto
Mayor”[86].
43.
El Consorcio solicitó su desvinculación en el trámite de la
acción de tutela por configurarse una falta de legitimación en la causa por pasiva,
ya que la Alcaldía Municipal es la encargada de agotar el proceso de
priorización de los aspirantes al Programa Colombia Mayor. De manera
subsidiaria solicitó que sean denegadas las pretensiones de la afectada.
Finalmente, solicitó que se le ordene a la Alcaldía Municipal de Pacho
(Cundinamarca) y al DNP que se realice “un estudio detallado de la situación
económica de la actora, estudios con los que se pueda establecer el nivel de
vulnerabilidad” [87].
Tal como lo resaltó el Ministerio de Trabajo, dicho estudio ya obra en el
expediente y acredita “que la accionante cuenta con una red de apoyo
familiar que le satisfacen sus necesidades básicas, como alimentación, cuidados
médicos y afecto, como quiera que la misma accionante refiere que sus hijos le
proporcionan mercado, pagan los recibos de servicios públicos y la visitan
frecuentemente” (párr. 35)
II.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
44.
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente
para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la referencia,
con fundamento en lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 86 y en el numeral
9° del artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Problema jurídico
45.
Habida cuenta de los hechos y antecedentes procesales de esta
actuación, la solución del presente asunto exige responder dos problemas
jurídicos:
46.
¿Resulta procedente la acción de tutela sub-examine,
en particular, se cumplen los requisitos de legitimación en la causa, inmediatez
y subsidiariedad?
47.
¿La decisión de la Alcaldía Municipal de Pacho
(Cundinamarca) relativa a excluir del Programa Colombia Mayor a la accionante,
por no cumplir el requisito previsto por el artículo 30.3 del Decreto 3771 de
2007, esto es, pertenecer al nivel I o II del SISBEN, vulnera sus derechos
fundamentales al mínimo vital, la igualdad y la vida digna?
48.
Para resolver estos problemas jurídicos, la Sala seguirá la
siguiente metodología. Primero, se analizarán los requisitos de procedibilidad,
en particular, la legitimación en la causa, la inmediatez y la subsidiariedad.
Segundo, se reiterará la jurisprudencia constitucional sobre el derecho al
mínimo vital. Tercero, se referirá la jurisprudencia constitucional sobre el
retiro de adultos del Programa Colombia Mayor. Cuarto, se reiterará la
jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la reclasificación en el
SISBEN. Finalmente, se resolverá el caso concreto.
3.
Cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela
49.
De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política,
toda persona puede ejercer la acción de tutela “mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre”[88],
para la protección inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que
resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de particulares[89].
La acción de tutela resulta procedente cuando el accionante no disponga de otro
medio de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección de sus derechos,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la consolidación de
un perjuicio irremediable[90].
50.
Los siguientes son los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela: (i) legitimación en la causa; (ii) inmediatez; y (iv)
subsidiariedad.
3.1. Legitimación en la causa:
activa y pasiva
51.
La acción de tutela debe ser promovida por el titular de los
derechos fundamentales que se estiman vulnerados o amenazados, sea directamente
o por su representante, por quien actúa a su nombre en calidad de agente
oficioso, por el Defensor del Pueblo o por el Personero Municipal[91].
Y, a su vez, esta acción debe ser ejercida en contra del sujeto responsable de
la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, sea este una autoridad
pública o un particular.
52.
En relación con la legitimación en la causa por activa en el
presente caso, la accionante, Graciela Castillo Gómez, es la titular de los
derechos fundamentales que se pretenden proteger con esta demanda, por lo que
se cumple con este requisito. En cuanto a la legitimación en la causa por
pasiva, la acción fue promovida en contra de la Alcaldía Municipal de Pacho
(Cundinamarca), entidad que ordenó el retiro de la accionante del Programa
Colombia Mayor, y por lo tanto, en opinión de la accionante, vulneró sus
derechos fundamentales. También se cumple entonces con el requisito de
legitimación en la causa por pasiva.
3.2. Inmediatez
53.
La acción de tutela debe interponerse dentro de un término
razonable y proporcional respecto del momento de la amenaza o de la vulneración
de los derechos fundamentales[92].
El deber de interponer la acción de tutela de manera oportuna, impide que se
convierta “en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción”[93].
54.
En consecuencia, en cada caso, el juez de tutela “debe tomar en cuenta las condiciones del accionante, así como
las circunstancias que rodean los hechos para determinar lo que debería
considerarse como plazo razonable. Para ello, debe valorar las pruebas
aportadas de acuerdo a los principios de la sana crítica, con el fin de
determinar si hay una causal que justifique la inactividad del accionante”[94].
Además, la Corte Constitucional ha considerado que “la acción de tutela es procedente inclusive
cuando ha transcurrido un tiempo considerable entre el hecho vulnerado y su
interposición, en los casos en el que el accionante demuestra que existe una
vulneración continua y actual y/o cuando es un sujeto de especial de
protección”[95].
55.
La
jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios que permiten
determinar, en cada caso, el cumplimiento del requisito de inmediatez: (i) la
situación personal del peticionario, que puede hacer desproporcionada la
exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) el momento
en el que se produce la vulneración, ya que pueden existir casos de violación
permanente de derechos fundamentales; (iii) la naturaleza de la vulneración,
pues la demora en la presentación de la tutela puede estar relacionada,
precisamente, con la situación que, según el accionante, vulnera sus derechos
fundamentales; (iv) la actuación contra la que se dirige la tutela, ya que si
se trata de una providencia judicial, el análisis debe ser más estricto, y (v)
los efectos de la tutela en los derechos de terceros, quienes tienen la expectativa
legítima de que se proteja su seguridad jurídica[96].
56.
En el caso concreto, la accionante fue retirada del Programa
Colombia Mayor el 25 de septiembre de 2015, e interpuso la acción de tutela el
16 de marzo de 2017, es decir, casi 20 meses después de la ocurrencia del
presunto hecho vulnerador de sus derechos fundamentales. A pesar de tratarse de
un tiempo considerable, debe tenerse en cuenta que la señora Graciela Castillo
Gómez: (i) tenía prácticamente 80 años de edad cuando fue retirada de la lista
de beneficiarios del Programa Colombia Mayor; (ii) fue declarada como paciente
con “discapacidad visual para valerse por sí sola en la calle o en sitio
público”[97]
y es diabética; (iii) es una persona con escasos recursos económicos, que
manifestó vivir sola tanto para la época de la suspensión del subsidio, como
para el momento de la interposición de la acción de tutela; (iv) presentó
derecho de petición el 11 de noviembre de 2015 en el que solicitó una
explicación sobre su retiro del Programa Colombia Mayor y la realización de una
nueva encuesta SISBEN, con lo que demostró diligencia e interés en la
protección de sus derechos[98];
(v) no ha sido reintegrada a la lista de beneficiarios, por lo que la presunta
vulneración, en caso de existir, sería permanente en el tiempo; (vi) no se
trata de acción de tutela en contra de providencia judicial, sino en contra de
la Resolución Administrativa No. 1191 de 2015, proferida por el Alcalde
Municipal de Pacho (Cundinamarca), mediante la cual se ordenó su retiro del
Programa Colombia Mayor; (vii) los efectos de la tutela no vulnerarían los
derechos de terceros afectados con la decisión[99].
57.
En atención a las circunstancias particulares de la
accionante, quien es sujeto de especial protección por ser de la tercera edad, encontrarse
en situación de discapacidad, y contar con escasos recursos, y habida cuenta de
las consideraciones del párrafo anterior, se considera que hay lugar a una
flexibilización en el análisis del principio de inmediatez, de modo que en el
caso concreto, se consideraría desproporcionado adjudicarle la carga de acudir
a un juez de tutela en un lapso inferior al transcurrido. Por lo tanto, la
acción de tutela resulta procedente.
3.3
.    Subsidiariedad
58.
La acción de tutela procede cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial idóneo y efectivo para la protección de sus
derechos fundamentales o, en caso de existir tal recurso judicial, se ejerza
como mecanismo transitorio para evitar el acaecimiento de un perjuicio
irremediable[100].
El carácter subsidiario de esta acción “impone
al interesado la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en
marcha los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales (…) y sólo ante la ausencia de dichas vías o
cuando las mismas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional”[101].
59.
En ningún caso, la
acción de tutela puede reemplazar a la jurisdicción ordinaria, ni fungir como
un mecanismo judicial alternativo o sucedáneo general de los recursos y las
acciones judiciales ordinarios. En los términos de la Sentencia SU-424 de 2012,
“[L]a acción de
tutela no puede admitírsele, bajo ningún motivo, como un medio judicial
alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para
defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos
ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos en
estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten”[102].
60.
La decisión controvertida por vía de la acción de tutela es
la Resolución Administrativa No. 1191 de 8 de septiembre 2015, proferida por la Alcaldía
Municipal de Pacho (Cundinamarca). De conformidad con lo previsto por el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en contra
de esta decisión procedían los recursos de reposición[103], apelación[104],
relativos al agotamiento de la vía gubernativa, y la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho[105].
La accionante no agotó ninguno de tales recursos. No obstante, esta Sala debe
evaluar si, habida cuenta de las circunstancias de la señora Graciela Castillo
Gómez, se trata de mecanismos idóneos y eficaces para la protección de sus
derechos fundamentales.
61.
En las tutelas resueltas por la Corte Constitucional sobre el
Programa Colombia Mayor, se ha tenido en cuenta la edad del accionante, así
como sus condiciones socioeconómicas, para efectos de flexibilizar el requisito
de subsidiariedad de la acción de tutela y, por lo tanto, considerarla
procedente. En este sentido, la Corte ha señalado que “‘por la disminución de sus
capacidades físicas, la reducción de las expectativas de vida y la mayor
afectación en sus condiciones de salud, estas personas constituyen uno de los
grupos de especial protección constitucional’[106] y, por este motivo, resulta
para ellos desproporcionado ser sometidos a esperar que en un proceso ordinario
se resuelvan sus pretensiones”[107]. Asimismo, la Corte
ha señalado que “en caso de que se evidencie un grave perjuicio de las
condiciones mínimas o el mínimo vital de quien solicita atención y esta persona
no tenga un núcleo familiar cercano que cubra estos requerimientos, procede de
manera excepcional la atención del Estado ordenada de manera directa por
tutela”[108].
62.
En concordancia con lo anterior, el juez constitucional debe
valorar, en cada situación, la idoneidad y eficacia de los otros mecanismos
judiciales, para efectos de garantizar una protección cierta y suficiente de
los derechos constitucionales fundamentales, por medio de la acción de tutela[109].
Asimismo, para garantizar la igualdad material, el análisis de la
subsidiariedad de la acción de tutela se debe flexibilizar cuando el accionante
sea una persona en situación de vulnerabilidad[110]. La
vulnerabilidad supone la acreditación de las siguientes tres condiciones, cada
una de ellas necesaria, y conjuntamente suficientes, en el accionante: (i) pertenecer
a un grupo de especial protección constitucional, (ii) hallarse en una
situación de riesgo (condición subjetivo negativa) y (iii) carecer de
resiliencia, esto es, capacidad, por sí misma o con ayuda de terceros, para
asumir sus necesidades hasta tanto agota la vía judicial ordinaria (condición
subjetivo positiva).
63.
En el caso concreto, está acreditado, con meridiana claridad,
que la accionante cumple con los dos primeros requisitos. Primero, la
accionante ostenta la condición de sujeto de especial protección constitucional
habida cuenta de que tenía 79 años y 9 meses cuando fue retirada del Programa
Colombia Mayor, y 80 años al momento de interponer la acción de tutela, es
decir, que supera la esperanza de vida de las mujeres al nacer en Colombia[111].
Segundo, la accionante aporta elementos que permiten concluir que se encuentra
en una situación de riesgo tal que tornaría procedente el amparo
constitucional. Al respecto, la accionante demostró su precariedad económica,
su discapacidad visual, así como sus dolencias y enfermedades resaltadas en los
hechos de esta sentencia.
64.
Ahora bien, el análisis del tercer requisito para acreditar
la vulnerabilidad, que tornaría procedente esta acción de tutela, esto es, la
exigua resiliencia de la accionante, exige analizar si, por sí misma o con la
ayuda de su entorno familiar, la señora Graciela Castillo tiene capacidad para
garantizar la satisfacción de sus necesidades hasta tanto agote la vía judicial
ordinaria para la protección de sus derechos. Este análisis coincide,
parcialmente, con el estudio de fondo de la presente acción de tutela, por lo
que la verificación de este tercer requisito se realizará en las siguientes
secciones.
65.
Por supuesto, el estudio de la resiliencia de la accionante
para determinar la procedencia de la acción de tutela implica verificar si, en
el caso concreto, su retiro del programa Colombia Mayor vulnera sus derechos al
mínimo vital y a la vida digna, los cuales atañen al problema jurídico de fondo
del asunto sub judice. En el marco de este análisis, la presunta
vulneración al derecho a la igualdad deviene superflua.
4.
Estado Social de Derecho y derecho al mínimo vital.
Reiteración de jurisprudencia
66.
La Corte Constitucional ha señalado que “el Estado Social
de Derecho exige esforzarse en la construcción
de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país
una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance”[112]. En este modelo de Estado, el derecho al mínimo vital y su
protección judicial adquieren una importancia excepcional[113].
Al respecto, la Corte señaló que “el nuevo papel del juez en el Estado
social de derecho es la consecuencia directa de la enérgica pretensión de
validez y efectividad de los contenidos materiales de la Constitución”
[114].
67.
Uno de los derechos más característicos de
un Estado Social de Derecho es el mínimo vital. Según la Corte Constitucional,
este derecho se deriva de los principios de Estado Social de derecho, dignidad
humana y solidaridad, en concordancia con los derechos fundamentales a la vida,
a la integridad personal y a la igualdad[115]. Este derecho adquiere
relevancia en situaciones humanas límites, relativas a la extrema pobreza y la
indigencia, cuando frente a las necesidades más elementales y humanas, el
Estado y la sociedad no responden de manera congruente[116].
68.
Este derecho ha sido reconocido desde 1992
en forma reiterada por la jurisprudencia de esta Corte[117].
Primero se reconoció como derecho fundamental innominado, como parte de una
interpretación sistemática de la Constitución[118],
“aunque la Constitución no consagra un derecho a la subsistencia éste puede
deducirse de los derechos a la vida, a la salud, al trabajo y a la asistencia o
a la seguridad social”[119]. Luego se le concibió como un
elemento de los derechos sociales prestacionales[120],
“la mora en el pago del salario, (…) [significa una] abierta
violación de derechos fundamentales (…), en especial cuando se trata del único
ingreso del trabajador, y por tanto, medio insustituible para su propia
subsistencia y la de su familia”[121]. Posteriormente, se señaló que
es un derecho fundamental ligado a la dignidad humana[122],
“la idea de un mínimo de condiciones decorosas de vida (…), no va ligada
sólo con una valoración numérica de las necesidades biológicas (…) para
subsistir, sino con la apreciación material del valor de su trabajo, de las
circunstancias propias de cada individuo, y del respeto por sus particulares
condiciones de vida” [123].
69.
La Corte ha considerado en ocasiones que la ausencia del
mínimo vital puede atentar, de manera grave y directa, en contra de la dignidad
humana. Este derecho “constituye una pre-condición para el ejercicio de los
derechos y libertades constitucionales de la persona[124] y en
una salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia, puesto que sin un
ingreso adecuado a ese mínimo no es posible asumir los gastos más elementales,
como los correspondientes a alimentación, salud, educación o vestuario”[125].
70.
Según la Corte Constitucional, el derecho al mínimo vital
tiene dos dimensiones: (i) la positiva, presupone que el Estado y en algunas
ocasiones los particulares, cuando se reúnen las condiciones establecidas, “están obligados a suministrar a la persona que se
encuentra en una situación en la cual ella misma no se puede desempeñar
autónomamente y que compromete las condiciones materiales de su existencia, las
prestaciones necesarias e indispensables para sobrevivir dignamente y evitar su
degradación o aniquilamiento como ser humano”[126]; (ii) la negativa, es un límite
que no puede ser traspasado por el Estado, en materia de disposición de
los recursos materiales que la persona necesita para llevar una existencia
digna[127]. En
palabras de la Corte, “el Estado debe asegurar, en primer lugar, las
condiciones para que las personas, de manera autónoma, puedan satisfacer sus
requerimientos vitales y ello implica que, mientras no existan razones
imperiosas, no puede el Estado restringir ese espacio de autonomía de manera
que se comprometa esa posibilidad de las personas de asegurar por sí mismas sus
medios de subsistencia”[128].
71.
Las subreglas sobre el mínimo vital en la jurisprudencia
constitucional son:
“(i) es un derecho
que tiene un carácter móvil y multidimensional que no depende exclusivamente
del análisis cuantitativo de ingresos y egresos de la persona; (ii) como
herramienta de movilidad social, el mínimo vital debe ser entendido de manera
dual, ya que además de ser una garantía frente a la preservación de la vida
digna, se convierte en una medida de la justa aspiración que tienen todos los
ciudadanos de vivir en mejores condiciones y de manera más cómoda; y (iii) en
materia pensional, el mínimo vital no sólo resulta vulnerado por la falta de pago o
por el retraso injustificado en la cancelación de las mesadas pensionales, sino
también por el pago incompleto de la pensión, más cuando se trata de sujetos de
especial protección constitucional”[129].
72.
La Corte Constitucional ha reiterado que, si bien este es un
derecho predicable de todos los ciudadanos, existen determinados sectores de la
población que, en razón de su vulnerabilidad, son susceptibles de encontrarse
con mayor facilidad en situaciones que comprometan ese derecho. Estos sectores
comprenden “a
personas o colectivos indefensos que merecen una particular protección del
Estado para que puedan desplegar su autonomía en condiciones de igualdad con
los restantes miembros del conglomerado social, y no se vean reducidos, con
grave menoscabo de su dignidad, a organismos disminuidos y oprimidos por las
necesidades de orden más básico”[130].A
este grupo pertenecen las personas de la tercera edad, quienes al final de su
vida laboral tienen derecho a gozar de una vejez digna y plena[131].
73.
En
virtud del artículo 46 de la Constitución, el cuidado de las personas de la
tercera edad es una obligación constitucional del Estado, “el Estado no sólo
puede sino que debe contar con una política pública de cuidado, protección e
integración del adulto mayor, y adoptar las respectivas medidas para
implementarlas”[132]. Las políticas públicas de protección y amparo de las
personas de la tercera edad son, entonces, indispensables para la garantía de
su mínimo vital y la realización del Estado social de derecho respecto de esta
población.
74.
La
Corte Constitucional ha considerado que los programas de atención integral al
adulto mayor son muy importantes, dado que, en la mayoría de casos, el auxilio no es una simple asistencia
social, sino que se trata del único ingreso que percibe un sujeto en
condiciones de vulnerabilidad y pobreza extremas, “en consecuencia, la única
manera de garantizar su derecho fundamental al mínimo vital, dado el grado de
debilidad manifiesta en que se halla. Por esta razón, el Estado está en la
obligación de dar prioridad, en lo que a presupuesto se refiere, a los
programas de gasto público social, para así cumplir a cabalidad con el
principio de solidaridad y garantía al derecho a la vida en condiciones dignas
que emana de la Constitución”[133].
75.
La Corte Constitucional
ha señalado que “en el caso de los adultos mayores, quienes hacen parte de
los grupos vulnerables, su subsistencia está comprometida
en razón a su edad y condiciones de salud, cuya capacidad laboral se
encuentra agotada y cuyo único medio de supervivencia está representado en una
pensión o ingresos propios, y que,  al no contar con ellos, para asumir sus
necesidades más elementales, afectan de manera inmediata su calidad de vida, y
afectación de su mínimo vital, los coloca en una condición de indefensión,
requiriendo una protección inmediata de sus derechos fundamentales”[134].
76.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha resaltado
que las personas de la tercera edad tienen derecho “a una protección mínima frente al desempleo, y a la falta de vivienda,
de educación y de alimentación. Derecho que, de acuerdo con la jurisprudencia
de la Corporación, adquiere el carácter fundamental cuando, según las
circunstancias del caso, su falta de reconocimiento tiene la potencialidad de
poner en peligro otros derechos y principios fundamentales como la vida, la
dignidad humana, la integridad física y moral, o el libre desarrollo de la
personalidad de las personas de la tercera edad”[135].
77.
Finalmente, la Corte ha enfatizado en la
especial protección que merecen los ancianos en situación de pobreza extrema
que se encuentren en las siguientes circunstancias: “i) no tienen ingresos o que los perciben en
cuantía inferior al salario mínimo mensual; ii) su cobertura de seguridad
social es limitada o inequitativa o no la tiene; y iii)  debido a sus
altos índices de desnutrición sus condiciones de vida se ven agudizadas, siendo
muy vulnerables pues sus capacidades están disminuidas y no tienen muchas
oportunidades de mejorar su condición”[136].
5.
Programa Colombia Mayor
78.
El artículo 13 de la Ley 100 de 1993 creó el Fondo de
Solidaridad Pensional. Desde la Ley 797 de 2003, dicho fondo se divide en dos
subcuentas: (i) subsistencia y (ii) solidaridad[137]. El
artículo 31 del Decreto 3771 de 2007 dispone que a la subcuenta de subsistencia
se encuentra vinculada la adjudicación de dos clases de subsidios económicos:
(i) directos, los cuales implican el giro de una suma de dinero al
beneficiario, y (ii) indirectos, que consisten en prestación de servicios
sociales en Centros de Bienestar del Adulto Mayor, Centros Diurnos, Resguardos
Indígenas o por medio del ICBF[138].
79.
A partir de la subcuenta de subsistencia, “destinada a la
protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema,
mediante un subsidio económico”[139],
el Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES-[140] creó el
Programa de Protección Social al Adulto Mayor, hoy Programa Colombia Mayor. Su
objetivo es “aumentar la protección de los adultos mayores que se encuentran
desamparados, que no cuentan con una pensión o viven en la indigencia o en la
extrema pobreza”[141].
Dada la escasez de recursos, los beneficiarios del Programa Colombia Mayor
deben ser personas que cumplan los requisitos para ser beneficiarios y se
encuentren en condiciones de vulnerabilidad extrema. A continuación se
caracterizará el Programa Colombia Mayor, dado que la señora Graciela Castillo
Gómez recibía un subsidio económico directo cuando era beneficiaria de este
programa.
80.
Sobre la naturaleza del subsidio del Programa Colombia Mayor,
la Corte ha afirmado que: “(i) no tiene el carácter de pensión de jubilación
o de asignación de retiro, (ii) no conlleva otro beneficio prestacional y (iii)
tiene carácter vitalicio pues se reconoce solamente hasta la muerte de su
beneficiario sin dar lugar a sustitución en cabeza de cónyuge o descendientes”[142].
A la luz del artículo 30 del Decreto 3771 de 2007, los requisitos para ser
beneficiario del subsidio directo son: (i) ser colombiano; (ii) haber residido
durante los últimos 10 años en territorio nacional; (iii) tener como mínimo
tres años menos de la edad que rija para adquirir el derecho a la pensión de
vejez de los afiliados al Sistema General de Pensiones; (iv) estar clasificados
en nivel 1 o 2 de SISBEN; (iv) carecer de rentas o ingresos suficientes para
subsistir; y (v) estar en alguna de las siguientes condiciones[143]:
Condiciones para determinar la carencia de rentas o
ingresos suficientes para subsistir
a)  Vivan solas y su
ingreso mensual no supere medio salario mínimo legal mensual vigente
b)  Vivan en la calle y
de la caridad pública
c)   Vivan con la
familia y el ingreso familiar sea inferior o igual al salario mínimo legal
mensual vigente
d)  Residan en un Centro
de Bienestar del Adulto Mayor
e)   Asistan como usuarios
a un Centro Diurno
81.
El puntaje requerido para estar clasificado en el nivel 1 o 2
de SISBEN varía según el programa social del que se trate. En el año 2015, fecha
del retiro de la accionante del Programa Colombia Mayor, los puntajes asignados
a los niveles 1 y 2 del SISBEN para este programa, eran los siguientes[144]:
Categoría
Puntaje Nivel I
Puntaje Nivel II
14 ciudades principales
0,01 al 41,90
41,91 al 43,63
Resto de urbano
0,01 al 41,90
41,91 al 43,63
Resto de rural
0,01 al 32,98
32,99 al 35,26
82.
La Corte Constitucional ha señalado que “dado que los recursos destinados a estos programas son
escasos en relación con el número de personas que podrían ser beneficiarios, se
fijó un sistema de priorización. La meta es otorgar el auxilio económico a
quienes, dentro del conjunto de adultos mayores que cumplen los requisitos para
ser beneficiarios, tienen una situación apremiante que amerita un apoyo urgente
y preferente”[145]. Para la Corte, esto significa que “quien
finalmente disfruta del subsidio económico directo del Programa Colombia Mayor,
además de cumplir con los requisitos generales para beneficiarse de él, tiene
condiciones de vulnerabilidad extrema”[146].
83.
El artículo 33 del Decreto 3771 de 2007 previó los criterios
de priorización para los aspirantes a ser beneficiarios del Programa Colombia
Mayor, así:
Criterios de priorización[147]
1.
La edad del aspirante.
2.
Los niveles 1 y 2 del Sisbén.
3.
La minusvalía o discapacidad física o mental del aspirante.
4.
Personas a cargo del aspirante.
5.
Ser adulto mayor que vive solo y no depende económicamente
de ninguna persona.
6.
Haber perdido el subsidio al aporte en pensión por llegar a
la edad de 65 años y no contar con capacidad económica para continuar
efectuando aportes a dicho sistema[148].
7.
Pérdida de subsidio por traslado a otro municipio.
8.
Fecha de solicitud de inscripción al programa en el
municipio.
9.
Madres comunitarias sin acceso al Sistema
General de Pensiones.
84.
Además de la causal genérica de pérdida del subsidio, que
consiste en dejar de cumplir los requisitos para pertenecer al Programa
Colombia Mayor[149],
el artículo 37 del Decreto 3771 de 2007 previó ocho causales específicas que
dan lugar a la pérdida del subsidio, así:
Causales de pérdida del subsidio
1.
Muerte del beneficiario.
2.
Comprobación de falsedad en la información suministrada o
intento de conservar fraudulentamente el subsidio.
3.
Percibir una pensión u otra clase de renta o subsidio.
4.
Mendicidad comprobada como actividad productiva.
5.
Comprobación de realización de actividades ilícitas,
mientras subsista la condena.
6.
Traslado a otro municipio o distrito.
7.
No cobro consecutivo de subsidios programados en dos giros.
8.
Ser propietario de más de un bien inmueble
85.
El administrador fiduciario debe realizar cruces periódicos
de la base de datos de beneficiarios del Programa Colombia Mayor con diversas
bases de datos públicas para verificar que no estén incursos en alguna causal
de pérdida del subsidio[150].
El Anexo Técnico No. 2 del Manual Operativo del Programa Colombia Mayor señala
que “si como resultado de los mencionados cruces, se encuentra que un adulto
mayor del programa figura en ellos y se requiere una acción de verificación, se
genera un bloqueo preventivo” [151].
Estos bloqueos pueden darse, por ejemplo, en virtud de información obtenida
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de Fondos de Pensiones, del
Sistema de Seguridad Social, de la DIAN, o por el no cobro de dos giros en
forma sucesiva[152].
86.
El Anexo Técnico No. 2 del Manual Operativo del Programa
Colombia Mayor, señaló que debe realizarse un estudio socioeconómico “para
la aplicación de retiros de beneficiarios o exclusiones de la base de
potenciales cuando se presuma que el adulto mayor se encuentra incurso en
causal de retiro o que no cumpla con alguna de las condiciones para ser
beneficiario del programa o cuando el ente territorial como instancia
competente lo considere pertinente”[153].
De conformidad con este Manual Operativo, los contenidos mínimos de este
estudio son: (i) la información general sobre el aspirante al programa y su
grupo familiar[154];
(ii) las características de la vivienda[155];
(iii) los derechos de dominio sobre la vivienda[156]; (iv) las características
sociales y de salud del adulto mayor[157];
(v) las características económicas del hogar[158];
(vi) la conclusión[159];
y (vii) la suscripción[160].
87.
Sobre las decisiones de retiro de beneficiarios del Programa
Colombia Mayor, la Corte Constitucional se ha pronunciado, particularmente, en
relación con dos causales, a saber: (i) recibir una pensión u otra clase de
renta o subsidio; y (ii) ser propietario de más de un bien inmueble. Respecto
de la primera, la Corte se ha pronunciado en los siguientes casos:
(i)
En la sentencia T-348 de 2009[161], la accionante
fue retirada del programa por aparecer afiliada al sistema de riesgos
profesionales, lo cual ocurrió temporalmente en virtud de un accidente de
tránsito que tuvo[162].
En este caso la Corte Constitucional decidió que la actora debía continuar
recibiendo el subsidio, “hasta
tanto se mantenga el criterio de real necesidad de la prestación y se acrediten
todos y cada uno de los requisitos que se le imponen para acceder al goce de
los recursos que le permitan satisfacer sus necesidades básicas”[163].
(ii)      En la sentencia T-025 de 2016[164], el accionante
fue retirado del programa por aparecer afiliado como beneficiario de su hija al
Sistema de Seguridad Social en Salud[165].
En este caso, toda vez que se realizó un “bloqueó preventivo del subsidio”[166]
sin verificar previamente que con dicha suspensión no se afectaran sus
garantías fundamentales al mínimo vital y la vida digna, la Corte
Constitucional ordenó que se debían efectuar “las
gestiones administrativas necesarias para incluirlo en el programa de subsidios
del cual era beneficiario. Igualmente, se ordenará a las entidades velar por la
permanencia del señor Bautista dentro del programa hasta tanto no se constate
que las condiciones de vulnerabilidad socio-económica que lo afectan, y que
dieron lugar al reconocimiento del subsidio, hubiesen cesado”[167].
(iii)
En la sentencia T-010 de 2017[168], la accionante
fue retirada del programa por aparecer afiliada como beneficiaria de sus hijos
al Sistema de Seguridad Social en Salud[169].
En este caso la Corte Constitucional consideró que se vulneraron sus derechos
fundamentales al bloquear “el desembolso del
subsidio que recibía sin haber realizado a cabalidad el estudio socio-económico
que permitía verificar las condiciones reales de vulnerabilidad en las que se
encontraba (…) y de esta manera evaluar la afectación que esta medida le
ocasiona en la satisfacción de su congrua subsistencia”[170].
88.
En los tres casos, la Corte Constitucional resaltó que la
entidad debe verificar las condiciones reales de vulnerabilidad de la persona
antes de proceder al retiro del beneficio[171].
La Corte considera que “es deber de las
entidades que administran programas sociales establecer, en consonancia con el
principio de razonabilidad, que la suspensión del pago del subsidio no dará
lugar a que la situación de vulnerabilidad económica, que en un principio
justificó la inclusión del beneficiario dentro del programa, retorne, en
detrimento de los derechos fundamentales de un sujeto de especial protección
constitucional”[172].
Los derechos fundamentales tutelados en común en estos casos fueron el mínimo
vital y la vida digna[173].
89.
Sobre la segunda causal de retiro, esto es, la consistente en
ser propietario de más de un bien inmueble, la Corte se pronunció en dos casos
en los que, según la Oficina de Registros Públicos, los accionantes eran
propietarios de más de un inmueble. En ambos casos reiteró que el retiro del
subsidio tiene que obedecer a un estudio particular y material de las
condiciones en que se encuentra el beneficiario que debe ser excluido. Estos
casos son los siguientes:
(i)
En la sentencia T-207 de 2013[174], existía duda razonable sobre la propiedad del
accionante de un segundo inmueble, pero en gracia de discusión, la Corte aclaró
que ser propietario de más de un inmueble no implicaba necesariamente salir de
la pobreza extrema[175]. En este caso la Corte
Constitucional consideró que: “el contenido material del derecho al debido
proceso en este tipo de actuaciones no se puede limitar a la verificación
formal de etapas procesales en vía gubernativa, sino que exige la necesidad y
la responsabilidad (…) de adoptar medidas previas antes de someter a una
persona de las características del actor, a una actuación administrativa que
seguramente desconoce y en la cual muy probablemente no va a poder contar con
una defensa técnica adecuada. En ese sentido, haber proferido y confirmado el
acto administrativo incrementó la situación de indefensión en la que ya se
encontraba el actor, generándose así una afectación no solo de su derecho
fundamental al debido proceso, sino también de otros intereses superiores como
el mínimo vital, la vida digna y la igualdad material de las personas en estado
de debilidad, lo cual pudo haberse evitado si se hubiera hecho al menos un
estudio previo y sumario de su situación real”[176].
(ii)      En la sentencia T-339 de 2017[177], el
accionante cumplía los requisitos para acceder al subsidio, pero fue retirado
del programa porque, por error, le atribuyeron la titularidad de dos inmuebles[178].
La Corte tuteló los derechos al mínimo vital, la dignidad y la igualdad, y
ordenó su inclusión en la lista de beneficiarios, así como el pago de las sumas
dejadas de percibir[179],
debido a que “el que calificaron como un “bloqueo preventivo”,
pese a que tiene los mismos efectos prácticos del retiro, (i) se efectuó sin
hacer un análisis de la situación socio-económica del señor Santa; (ii) se
mantuvo por un lapso irrazonable  de tres años; y (iii) una vez se
descartó que estuviera incurso en la causal de retiro del subsidio, en que se
fundó, la administración tardó más de seis meses para reactivarlo”[180].
90.
En conclusión, la Corte Constitucional ha
considerado que debe mantenerse el subsidio del Programa Colombia Mayor
mientras se mantenga el criterio real de necesidad de la prestación, es decir,
que no se puede retirar a un beneficiario, hasta que no se demuestre que las
condiciones de vulnerabilidad socioeconómica que dieron lugar al subsidio hayan
cesado. Esto es, que el retiro tiene que obedecer a un estudio particular y
material de las condiciones en que se encuentra el beneficiario que debe ser
excluido.
6.
Derecho a la reclasificación en el SISBEN. Reiteración de
jurisprudencia
91.
El Sistema de Identificación y Selección de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales -SISBEN- es un mecanismo de focalización
del gasto social, que permite seleccionar a los beneficiarios de los programas
sociales dirigidos a los sectores más pobres y vulnerables de Colombia[181].
La Corte Constitucional ha señalado que es un instrumento que contribuye, de
manera fundamental, a la efectividad de los derechos económicos, sociales y
culturales[182]
contenidos en la Constitución Política[183],
ya que “constituye el primer paso del proceso de asignación de recursos públicos
que tienden a subvenir las necesidades materiales más acuciantes de los
sectores más pobres y vulnerables de la población colombiana y, por tanto, se erige en una herramienta esencial a
disposición de las autoridades públicas obligadas a hacer efectivo el mandato
de especial protección a los grupos discriminados o marginados (C.P., artículo
13)”[184].
92.
La Corte ha entendido que el SISBEN es una herramienta
esencial para que las autoridades públicas hagan efectivo el mandato de
especial protección a los grupos discriminados o marginados[185]. Por lo
tanto, la Corte ha considerado “el derecho de los ciudadanos en condiciones
de pobreza y vulnerabilidad de acceder al SISBEN de manera igualitaria y, a la
vez, el deber correlativo de las autoridades
estatales encargadas de la administración e implementación de este programa de
adoptar todas aquellas medidas dirigidas a que éste cumpla con su objetivo
constitucional a cabalidad”[186].
En consecuencia, las autoridades deben garantizar el acceso de los grupos en
condiciones de vulnerabilidad al SISBEN, con el fin de suplir sus necesidades
materiales más urgentes.
93.
La Corte Constitucional ha expresado que “la escasez de recursos, a la que se enfrenta la
implementación de políticas públicas de lucha contra la pobreza, implica que la
efectividad del principio de igualdad no pueda consistir en garantizar, a
quienes se encuentren en situación de recibir un subsidio, alguna especie de
derecho público subjetivo a recibir recursos del Estado por el sólo hecho de
poseer una serie de características que lo convierten en potencial
beneficiario”[187].
Lo que se requiere entonces, para garantizar la igualdad, es el diseño de
políticas claras y transparentes de distribución, que garanticen el acceso
igualitario a recursos públicos[188].
Así lo ha afirmado la Corte, al señalar que “la
realización del principio de igualdad en la asignación de recursos escasos
consiste en garantizar, a los posibles beneficiarios, el acceso, en condiciones
de igualdad, a los procedimientos por medio de los cuales las instituciones
distribuyen esos recursos. (…) todos los posibles beneficiarios deben tener
iguales oportunidades de acceso; el procedimiento no puede favorecer ningún
grupo de beneficiarios en particular”[189].
94.
La Corte Constitucional ha determinado que la administración debe
adelantar los procesos de focalización del gasto social que aseguren una
distribución de bienes, en aras de atender las necesidades básicas de la
población pobre y vulnerable. En este sentido, la Corte ha afirmado que “existe
un verdadero derecho subjetivo, de naturaleza fundamental en cuanto esencial
para la realización de la igualdad real, a que la administración, una vez se
han expedido las respectivas normas generales, adelante los procesos de
focalización del gasto social, en este caso a través del SISBEN, que aseguren
que la distribución de bienes escasos permita a la población pobre y vulnerable
atender sus necesidades básicas”[190].
Este derecho es complejo, ya que en él se conjugan (i) el debido proceso y (ii)
el derecho a la igualdad material, dado que el primero es condición para la
realización del segundo[191].
95.
Sobre el derecho al debido proceso en el trámite de
focalización del gasto social, la Corte Constitucional considera que, en este
tipo de casos, este derecho “adquiere un contenido sustancial, consistente en que el Estado
tiene la obligación de adelantar ciertos procedimientos, que benefician a
grupos indeterminados, pero determinables, de personas”[192], por lo que adquiere
primacía en los términos del artículo 228 de la Constitución[193]. Sobre el
derecho a la igualdad, el cual es orientador en la asignación del gasto social,
la Corte Constitucional señala que este derecho, por sí solo, no otorga un
derecho a la prestación económica, sino “un acceso y participación igualitarios en los procedimientos por
medio de los cuales las instituciones públicas efectúan el reparto”[194]. Habida cuenta de que ciertas
prestaciones están supeditadas a obtener un determinado puntaje en el SISBEN,
este mecanismo de focalización es parte fundamental de los procedimientos por
los que el Estado distribuye sus bienes. Para la Corte, esto implica que “aquellas
falencias que impidan o menoscaben el acceso de la ciudadanía al SISBEN
constituyen una vulneración del principio de igualdad (C.P., artículo 13) en el
proceso de asignación de bienes escasos"[195].
96.
Según la jurisprudencia de la Corte, entre las autoridades
públicas que administran y operan programas de gasto social como el SISBEN y
los potenciales beneficiarios, normalmente surgen dos tipos de controversias
con relevancia constitucional: (i) dificultad para acceder al SISBEN; e (ii)
inequidad en el diseño del SISBEN[196].
97.
El primer tipo de situaciones puede ocurrir cuando, por
ejemplo, el municipio o distrito no practica las encuestas a los sectores
pobres y vulnerables de la población, no atiende solicitudes particulares de
encuesta, la  encuesta es practicada en forma incompleta, o la información pertinente
no es debidamente procesada, entre otros[197].
En este tipo de casos, la Corte considera que la realización de las encuestas
del SISBEN “guarda especial relación con el derecho fundamental al habeas data
por lo que de presentarse alguna omisión o inconsistencia los datos recogidos
deben ser corregidos o actualizados”[198].
98.
El segundo tipo de situaciones tiene que ver con las
deficiencias que la Corte ha encontrado en el SISBEN[199] para detectar
a las personas pobres que, además, están en una circunstancia de debilidad
manifiesta[200].
A estas falencias se ha aludido en todas las metodologías de SISBEN que se han
implementado en Colombia, esto es, SISBEN I[201],
II[202]
y III[203].
La Corte ha señalado, reiteradamente, que el SISBEN “puede presentar deficiencias, sobre todo en lo relacionado con la
determinación de las condiciones de vulnerabilidad de cada persona en
particular, pues para arribar a un resultado, se excluyen factores de gran
relevancia, como por ejemplo enfermedades que padezca, situación de
discapacidad, tratamientos médicos y distintos riesgos a los que se pueda ver
expuesta, lo que en cierta medida, además de generar una posible afectación del
derecho fundamental a la salud, podría conllevar una vulneración del derecho
fundamental al habeas data”[204]. En estos eventos, o cuando se considera que la
clasificación no se ajusta a la verdadera situación socioeconómica “solicitar
una nueva clasificación no hace ninguna diferencia, toda vez que para
realizarla se utilizarían los mismos criterios conllevando un resultado
exactamente igual al que en principio se obtuvo”[205].
99.
En este tipo de casos, la Corte Constitucional ha adoptado
principalmente dos tipos de medidas. Primero, ha ordenado directamente a la
entidad correspondiente la clasificación del accionante en el Nivel 1 de SISBEN[206],
en los casos de personas que cumplen las siguientes condiciones: “(i) padecen
una discapacidad física o mental; (ii) requieren atención médica inmediata o la
prestación permanente de servicios de salud; (iii) no cuentan con los recursos
económicos suficientes para sufragar por su cuenta la atención básica que
necesitan; (iv) se encuentran clasificadas en el nivel 3 ó 4 del SISBEN a pesar
de las limitaciones anotadas; y (v) en razón de su incorrecta clasificación en
el SISBEN y de su precaria situación económica, no han gozado de la atención
médica debida”[207].
Esta medida busca garantizar que a la persona le
sean prestados todos los tratamientos y medicamentos que requiera con cargo al
Sistema de Seguridad Social en Salud[208].
100.
Segundo, en los casos en los que no se reúnen los requisitos
anteriores[209],
ha ordenado la realización de una nueva encuesta del SISBEN[210], así: “cuando no se reúnen los requisitos, pero de las
pruebas aportadas a la solicitud se puede evidenciar que el solicitante puede
estar clasificado en un nivel superior al que le corresponde y que adelantó las
gestiones ante la entidad responsable de la focalización de gasto social, mas
ésta no resolvió de fondo su solicitud”[211]. Esta nueva
encuesta debe ser individual e incluir todas las circunstancias en las que se
encuentra la persona y que afecten su situación de vulnerabilidad[212].
7.
Caso concreto
101.
En su demanda, la actora alegó que la Alcaldía Municipal de
Pacho (Cundinamarca) vulneró sus derechos fundamentales a la remuneración
mínima vital y móvil, a la subsistencia, a la igualdad, a la vida digna y a la
protección especial al adulto mayor[213].
Dicha vulneración se derivó, en su criterio, de la Resolución Administrativa
No. 1191 del 8 de septiembre de 2015, proferida por el Alcalde Municipal de
Pacho (Cundinamarca), por medio de la cual fue retirada de la lista de
beneficiarios del Programa Colombia Mayor. La accionante manifestó que, en consecuencia,
dejó de recibir un subsidio económico, lo cual le ha “causado grandes
perjuicios económicos, emocionales y de salud”[214].
102.
En su escrito de contestación, el Alcalde Municipal de Pacho
(Cundinamarca), señaló que la señora Graciela Castillo Gómez no cumplía con uno
de los requisitos para ser beneficiaria del Programa Colombia Mayor, establecido
en el artículo 30 del Decreto 3771 de 2007. En concreto, estar clasificada en
el Nivel 1 o 2 del SISBEN. En su respuesta, el Alcalde indicó que “el máximo
de puntaje que se solicita para Sisben II es un puntaje de 43.63 y la
accionante tiene un puntaje de 58.45, razón por la cual no puede ser
beneficiaria del programa Colombia Mayor”[215].
103.
Existe discrepancia sobre la fecha y el puntaje de la primera
encuesta del SISBEN realizada a la accionante, con la cual accedió al Programa
Colombia Mayor. El DNP indicó en su respuesta al oficio OTP-A-2271/2017 que
dicha encuesta fue realizada el 6 de octubre de 2010, y arrojó un puntaje de
45.83[216].
Por su parte, el Ministerio del Trabajo manifestó, en su respuesta al oficio
OTP-A-2270/2017, que el puntaje de SISBEN que la señora Graciela Castillo Gómez
tenía para el 1 de julio de 2007 era de 7,72, el cual correspondía al nivel 1
del SISBEN[217].
De manera que no es claro si la primera encuesta practicada la actora fue en
2007 o en 2010, y, por lo tanto, no existe certeza sobre su primer puntaje en
dicha encuesta.
104.
En lo que sí existe claridad meridiana es, en que, a la fecha
de la expedición de la Resolución Administrativa No. 1191 de 2015, esto es, el
8 de septiembre de 2015, la accionante no cumplía con el requisito de
pertenecer al nivel 1 o 2 del SISBEN, debido a que su puntaje superaba los
valores máximos previstos para ello. Así lo indicó el DNP al informar que, en
abril de 2015, se reportó la novedad del ingreso del señor Wilson Castillo al
hogar de la accionante, lo que elevó su puntaje a 51.3[218]. Dicho puntaje
se encontraba vigente para el momento en que el Alcalde Municipal de Pacho
(Cundinamarca) profirió la Resolución Administrativa No. 1191 de 2015, que
ordenó su retiro del Programa Colombia Mayor. En esta resolución se señaló que
es deber del municipio informar al Consorcio de las novedades por retiro, con
el fin de reasignar los cupos a las personas que cumplan con los requisitos que
exige el Programa Colombia Mayor[219].
105.
Como consecuencia la pérdida del subsidio económico, la
señora Graciela Castillo Gómez manifestó haber presentado una petición a la
Alcaldía Municipal de Pacho (Cundinamarca) en noviembre de 2015, en el que
solicitó una nueva encuesta del SISBEN[220].
Esta nueva encuesta, según el reporte del DNP, fue practicada el 8 de marzo de
2016. Mientras tanto, el DNP informó que “el 17 de noviembre de 2015, el
señor Wilson Castillo fue excluido de la ficha 2956, lo cual generó nuevamente
un cambio en el puntaje por la nueva conformación del hogar a 45.63”[221].
Sin embargo, esto no generó el reintegro de la accionante a la lista de
beneficiarios del Programa Colombia Mayor, pues el puntaje seguía siendo
superior a los puntos de corte establecidos para el programa. Al practicarle
una nueva encuesta a la accionante, el 8 de marzo de 2016, esta arrojó un
puntaje de 58.45[222],
incluso superior al que causó su retiro en 2015. Este puntaje continúa vigente
en la actualidad[223].
106.
A pesar del evidente incumplimiento de uno de los requisitos
legales para ser beneficiario del Programa Colombia Mayor, y en atención al
deber del juez de verificar la verdad material, reconocido por la Corte como “la obligación positiva de decretar y practicar las
pruebas que sean necesarias para determinar la verdad material, “...pues esta
es la única manera para llegar a una decisión de fondo que resuelva la
controversia planteada, en la que prime el derecho sustancial y el valor de la
justicia, como lo ordena el artículo 228 de la Constitución Política””[224], se realizó una diligencia de inspección judicial en la
residencia de la accionante, y se pidieron las demás pruebas previamente
mencionadas, con el fin de verificar sus condiciones socioeconómicas. Tal como
se señaló, dicha diligencia fue realizada en compañía del Personero Municipal
de Pacho (Cundinamarca), y de tres funcionarios de la Alcaldía Municipal de
Pacho (Cundinamarca): (i) una trabajadora social, (ii) la coordinadora
municipal del Programa Colombia Mayor, y (iii) el coordinador del SISBEN en el
municipio.
107.
En tal contexto, la trabajadora social de la Alcaldía
Municipal de Pacho (Cundinamarca) realizó una encuesta a la señora Graciela
Castillo Gómez, con el fin de verificar sus condiciones socioeconómicas y
familiares, de la cual rindió un informe que adjuntó en su respuesta al oficio
OPT-A-2268/2017[225].
Resulta necesario resaltar que esta encuesta cumple con los contenidos mínimos
que deben tener los estudios socioeconómicos, según lo previsto por el Manual Operativo
del Programa Colombia Mayor: (i) la información general sobre el aspirante al
programa y su grupo familiar; (ii) las características de la vivienda; (iii) los
derechos de dominio sobre la vivienda; (iv) las características sociales y de
salud del adulto mayor; (v) las características económicas del hogar; (vi) la
conclusión; y (vii) la suscripción.
108.
Para esta Sala es claro que la accionante fue retirada del
Programa Colombia Mayor por exceder el puntaje del SISBEN requerido, de modo
que su retiro surgió en virtud de una mejoría en sus condiciones familiares y
socioeconómicas. En particular, a partir de las encuestas y estudios
socioeconómicos que le han sido aplicados a la accionante resulta evidente que sus
condiciones de pobreza extrema que, inicialmente, dieron lugar a su inclusión
en el programa, se han mitigado y que, a día de hoy, su condición socio
económica es mejor, a tal punto que, por su puntaje del SISBEN, no cumple con
los requisitos de acceso al programa, todo lo cual demuestra su resiliencia.
109.
Según el material probatorio obrante en el expediente, la
Corte Constitucional encuentra que las condiciones familiares, de habitación y
socio económicas de la accionante son las siguientes: (i) condiciones
familiares: la accionante tiene 9 hijos, de los cuales ocho trabajan -dos
son comerciantes, uno tiene una panadería, otro tiene un restaurante, otro
tiene una cafetería, otro es docente y las otras dos hijas son empleadas de un
almacén y un estadero respectivamente-[226].
Uno de sus hijos habita con ella[227];
(ii) condiciones de habitación: la accionante vive en una casa que
indica como de su propiedad[228].
La casa consta de dos habitaciones, “un baño con adecuado sanitario, ducha
de agua caliente, totalmente enchapado, en buenas condiciones de higiene y uso”[229],
un espacio para zonas de ropa, “una sala-comedor amplia, con pisos
enchapados en cerámica techo en madera y teja de zinc”[230], la cocina
es enchapada y cuenta con nevera, estufa a gas, y demás enceres, el patio es
amplio con piso en cemento y tiene un baño[231];
y (iii) condiciones socio económicas: la accionante manifestó que “recibe
el apoyo de alimentos y dinero para el pago de los servicios públicos por parte
de los hijos, indica que ellos no le dan una cuota monetaria pero sí le llevan
constantemente mercado, frutas, pollo, entre otros para su alimentación y
sostenimiento”[232].
110.
Al respecto, esta Sala reitera las consideraciones de la
trabajadora social de la Alcaldía Municipal de Pacho, quien, tras practicar las
encuestas y estudios socioeconómicos a la accionante, resalta que la accionante
goza de los siguientes “factores protectores”:
“1. La Sra. Graciela Castillo Gómez, tiene garantizados su
derecho a vivir en una vivienda digna, cómoda y protegida, cuenta con los
enceres necesarios para su habitabilidad, y es de su propiedad.
2. Tiene garantizado el derecho a la salud, debido a que
cuenta con la afiliación a una EPS subsidiada, como lo demuestra el aplicativo
ADRES en donde se identifica que tiene asignada la EPS Medimas.
3. Los hijos le garantizan el derecho a una adecuada
alimentación según lo informado por la señora Graciela, quien manifestó que
entre todos los hijos le suministran los alimentos requeridos.
4. La Sra. es independiente de su auto-cuidado y en sus
actividades básicas cotidianas”[233].
111.
Esta conclusión permite afirmar que la accionante, gracias a
la ayuda de sus hijos, entre otros factores, tiene capacidad probada de
resiliencia, esto es, en el caso concreto, de al menos asumir sus necesidades
básicas. En este sentido, la Trabajadora Social de la Alcaldía Municipal de
Pacho (Cundinamarca) señaló “la Sra. Graciela Castillo Gómez, cuenta con red
de apoyo familiar, esto en relación a lo mencionado por ella en donde
manifiesta que los nueve hijos mencionados anteriormente le brindan los
alimentos necesarios para su sostenimiento, así como el pago de los servicios
públicos requeridos; la vivienda es digna, cómoda y protegida, cuenta con las
condiciones básicas para su funcionamiento, la EPS Medimas le garantiza el
acceso a los servicios de salud garantizándole la protección al adulto mayor  según
la normatividad vigente”[234].
Es más, tras acompañar la diligencia de inspección judicial, el Coordinador del
SISBEN señaló que verificó los datos de la última encuesta SISBEN III realizada
a la accionante y estos coinciden con su realidad actual, de modo que, de
realizarse una nueva encuesta con esta metodología, con muy alta probabilidad,
su puntaje no cambiaría[235].
112.
En tales términos, esta Sala evidencia que: (i) la accionante
fue retirada del Programa Colombia Mayor por no cumplir el requisito de
pertenecer al nivel 1 o 2 del SISBEN; (ii) a pesar de que se realizó una nueva
encuesta de SISBEN a la accionante, en enero de 2016, el puntaje siguió siendo
superior al máximo aceptado, e incluso, fue superior al puntaje que generó su
retiro del Programa Colombia Mayor; (iii) la accionante tiene una amplia red de
apoyo familiar; (iv) los hijos de la accionante le brindan el apoyo económico
suficiente para garantizar sus necesidades básicas de alimentación y vestido; (v)
la vivienda donde reside la accionante garantiza su derecho a una vida digna,
cómoda y protegida, y cuenta con los enseres necesarios para su habitabilidad;
(vi) la accionante cuenta con servicios públicos domiciliarios; (vii) la
accionante puede realizar sus actividades básicas cotidianas de manera autónoma
e independiente; y (viii) la accionante tiene garantizado su derecho a la
salud, por estar inscrita en el régimen subsidiado del Sistema de Seguridad
Social en Salud. Habida cuenta de lo anterior, resulta claro que la accionante
tiene capacidad de resiliencia y, por lo tanto, esta acción de tutela se
declarará improcedente.
113.
Los recursos del Programa Colombia Mayor son limitados. El
municipio de Pacho (Cundinamarca) cuenta actualmente con 1.626 cupos[236],
de los cuales no hay ninguno disponible[237].
Esto significa que las personas que cumplen todos los requisitos quedan en
lista de espera para acceder al beneficio en la medida en que se liberen cupos.
Actualmente, la Alcaldía Municipal de Pacho (Cundinamarca) señaló que existen
570 adultos mayores en esta situación[238],
cuyos cupos son asignados con base en el sistema de priorización previsto por
Decreto 3771 de 2007. En el caso concreto, la señora Graciela Castillo Gómez no
cumple con los requisitos mínimos para pertenecer al programa, en particular,
con el requisito de pertenecer al nivel 1 o 2 del SISBEN. Esto quiere decir que,
en caso de solicitar su inclusión en el programa, su solicitud no podría ser
admitida, ni priorizada.
114.
En este contexto, la pretensión de la accionante, fundada en
el principio de igualdad, relativa a que el juez de tutela deje sin efectos su
retiro del programa Colombia Mayor, y, en consecuencia, la reintegre al mismo,
resulta por completo irrazonable y desproporcional. Acceder a dicha pretensión
implicaría conceder a la accionante un privilegio, a todas luces injustificado,
que conllevaría a una correlativa discriminación, también injustificada,
especialmente respecto de los 570 adultos mayores de Pacho (Cundinamarca),
quienes, pese a que cumplen con todos los requisitos para ser beneficiarios del
programa, están en lista de espera para acceder al mismo.
115.
En virtud del principio constitucional de solidaridad, la
familia es la principal llamada a asistir a los adultos mayores[239].
Si bien el deber de solidaridad de la familia no es absoluto, pues a veces “no
se encuentra en capacidad de proporcionar la atención y cuidado requerido, por
factores de orden económico, emocional, físico o sociológico”[240],
está demostrado que en el caso de la actora, sus familiares cuentan con todas
estas condiciones. Así las cosas, es claro que son los hijos de la señora
Graciela Castillo Gómez los que en principio deben propender por asegurar las
condiciones mínimas de subsistencia de su madre, como en efecto ha ocurrido.
116.
No cabe duda de que la actora no cumple con todos los
requisitos para garantizar su permanencia en el programa Colombia Mayor y que
sus condiciones socioeconómicas actuales son aceptables, gracias al apoyo de su
red familiar, con lo cual se verificó que tiene garantizadas las condiciones
mínimas para una subsistencia digna. Esto significa que la accionante tiene
capacidad de resiliencia y, por lo tanto, su tutela se torna improcedente.
Además, según lo acreditado en el expediente, habida cuenta de sus condiciones
socio económicas no puede ser destinataria del Programa Colombia Mayor,
dirigido a personas en situación de pobreza extrema o de indigencia.
8.
Síntesis de la decisión
117.
Graciela Castillo Gómez presentó acción de tutela en la que
solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la remuneración mínima
vital y móvil, a la subsistencia, a la igualdad, a la vida digna y a la
protección especial al adulto mayor[241].
Estos derechos, en opinión de la accionante, fueron vulnerados por la Alcaldía
Municipal de Pacho (Cundinamarca), al emitir la Resolución Administrativa No.
1191 del 8 de septiembre de 2015, por medio de la cual fue retirada de la lista
de beneficiarios del Programa Colombia Mayor y en virtud de la cual dejó de
recibir un subsidio económico[242].
118.
La presente acción de tutela resulta improcedente para
conceder el amparo solicitado. En el expediente está demostrado que la señora
fue retirada del Programa Colombia Mayor por incumplir uno de los requisitos
contemplados para obtener el subsidio, esto es, pertenecer al nivel 1 o 2 del
SISBEN. Además, está acreditado que si bien la accionante es un sujeto de
especial protección constitucional, en razón de su edad, goza de condiciones
socioeconómicas suficientes para garantizar sus necesidades básicas y
fundamentales, es decir, que no se encuentra en situación de pobreza extrema ni
de indigencia.
III. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Primero.
-LEVANTAR la suspensión de términos decretada en el
presente asunto.
Segundo.
–CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta
providencia, la sentencia proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal
de Pacho (Cundinamarca) el 22 de marzo de 2017, en el proceso de la referencia,
salvo el numeral segundo de la parte resolutiva, el cual se REVOCA.
Tercero. –LÍBRESE, por Secretaría General, la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto ley 2591 de 1991.
Comuníquese y cúmplase,
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ROCÍO
LOAIZA MILIÁN
Secretaria
General (e)
[1]
Cno. 1, fl. 1.
[2] Cno. 1, fl. 2.
[3] Ibíd.
[4]
Cno. 1, fl. 44.
[5] Ibíd.
[6] Cno. 1, fls. 48
al 50.
[7]
Cno. 1, fl. 17.
[8] Cno. 1, fl. 11.
[9] Ibíd.
[10] Cno. 1, fl. 25.
[11] Cno. de revisión, fls. 90 vto.
al 91 vto.
[12] Cno. de revisión, fls. 56 al 66.
[13]
Cno. 1, fl. 7.
[14] Cno. de revisión, fl. 52.
[15] Cno. de revisión, fls. 52 al 53.
[16] Cno. 1, fl. 23.
[17] Ibíd.
[18] Cno. 1, fl. 22.
[19] Cno. 1, fl. 27.
[20] Cno. 1, fl. 37.
[21] Cno. 1, fl. 38.
[22] Cno. 1, fl. 32.
[23] Cno. 1, fl. 33.
[24] Cno. 1, fl.67.
[25] Cno. 1, fls.
61al 62.
[26] Cno. 1, fls. 68
al 69.
[27] La Sala de Selección número Ocho
estuvo integrada por las magistradas Diana Fajardo Rivera y Cristina Pardo
Schlesinger.
[28] Cno. de
revisión, fls. 2 al 13.
[29] Cno. de
revisión, fls. 41 al 43.
[30] Cno. de
revisión, fls. 41 vto. al 42.
[31] Cno. de
revisión, fl. 42.
[32] Cno. de revisión,
fls. 42 al 42 vto.
[33] Cno. de revisión, fl. 22.
[34] Cno. de revisión, fl. 39.
[35] Ibíd.
[36] Cno. de revisión, fl.
40.
[37] Ibíd.
[38] Ibíd.
[39] Cno. de revisión, fls. 16 al 21
vto, 2 CD´s.
[40] Constitución de Colombia, artículo 118: “ARTICULO  118. El Ministerio Público será ejercido por el
Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los
procuradores delegados y los agentes del ministerio público, ante las
autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los
demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda
y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la
vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas”.
Ver también, Ley 16 de 1994, artículo 178: “ARTÍCULO 178. FUNCIONES: El
Personero ejercerá en el municipio, bajo la dirección suprema del Procurador
General de la Nación, las funciones del Ministerio Público, además de las que
determine la Constitución, la Ley, los Acuerdos y las siguientes: 1. Vigilar el
cumplimiento de la Constitución, las leyes, las ordenanzas, las decisiones
judiciales y los actos administrativos, promoviendo las acciones a que hubiere
lugar, en especial las previstas en el artículo 87 de la Constitución.// 2. Defender
los intereses de la sociedad.// 3. Vigilar el ejercicio eficiente y
diligente de las funciones administrativas municipales. (…) // 5. Intervenir
eventualmente y por delegación del Procurador General de la Nación en los
procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea
necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los
derechos y garantías fundamentales.// 6. Intervenir en los procesos civiles
y penales en la forma prevista por las respectivas disposiciones
procedimentales”. (Negrillas fuera del texto).
[41] Cno. de revisión, fl. 16 vto.
[42] Cno. de revisión, fl. 17.
[43] Ibíd.
[44] Ibíd. En la diligencia de
inspección judicial se aclaró que “la Profesional Grado 33 cumple funciones
“estrictamente de acompañamiento y apoyo al desarrollo de esta diligencia””.
[45] Los asistentes fueron los mismos
que estuvieron presentes en la instalación de la diligencia de inspección
judicial, a excepción de la señora Ruth Quiñones.
[46] Cno. de revisión, fl. 17 vto.
[47] Cno. de revisión, fl. 61.
[48] Cno. de revisión, fl. 17 vto.
[49] Ibíd.
[50] Ibíd.
[51] Cno. de revisión, fl. 18.
[52] Los funcionarios que
participaron en el cierre de la diligencia fueron: el Personero Municipal de
Pacho (Cundinamarca), la Coordinadora del Programa Colombia Mayor de Pacho
(Cundinamarca), la Trabajadora Social de la Alcaldía Municipal de Pacho
(Cundinamarca) y el Coordinador del SISBEN de Pacho (Cundinamarca).
[53] Cno. de revisión, fl. 18.
[54] Cno. de revisión, fl. 39.
[55] Ibíd.
[56] Cno. de revisión, fls. 50 al 66.
[57] Cno. de revisión, fls. 51 al 52.
[58] Cno. de revisión, fls. 52 al 53.
[59] Cno. de revisión, fl. 53.
[60] Ibíd.
[61] Cno. de revisión, fl. 61.
[62] Ibíd.
[63] Cno. de revisión, fls. 68 al 86.
[64] Cno. de revisión, fls. 68 vto.
al 69.
[65] Cno. de revisión, fls. 68 vto.
al 69.
[66] Ibíd.
[67] Cno. de revisión, fl. 73.
[68] Cno. de revisión, fl.74.
[69] Cno. de revisión, fl. 31 vto.
[70] Ibíd.
[71] Cno. de revisión, fl. 31 vto.
[72] Ibíd.
[73] Cno. de revisión, fls. 99 al
106.
[74] Cno. de revisión, fl. 99 vto.
[75] Cno. de revisión, fl. 100.
[76] Ibíd.
[77] Ibíd.
[78] Cno. de revisión, fl. 100 vto.
[79] Cno. de revisión, fl. 101.
[80] Ibíd.
[81] Cno. de revisión, fl. 103.
[82] Cno. de revisión, fl. 104.
[83] Cno. de revisión, fls. 113 al
124.
[84] Cno. de revisión, fl. 114.
[85] Ibíd.
[86] Ibíd.
[87] Cno. de revisión, fl. 117.
[88] Constitución de Colombia,
artículo 86.
[89] Ibíd.
[90] Ibíd.
[91] Al respecto, el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “La acción de
tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por
sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos.//También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de
los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.//También podrá
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.”
[92] Así lo explica
la Corte Constitucional en sentencia T-273 de 2015: “El principio de inmediatez
exige que la acción de tutela sea interpuesta en un tiempo razonable y
proporcional desde el hecho vulnerador. Conforme a estos criterios, esta
Corporación ha admitido que un término de 6 meses es suficiente para recurrir a
este mecanismo constitucional.// No obstante, también ha sostenido que dicha
valoración es casuística, por lo que en algunos casos ha aprobado un plazo
mayor a 6 meses cuando se demuestra una justificación para la demora. En este
sentido, la sentencia T-158 de 2006 estableció
que el retraso del accionante para interponer la acción de tutela sólo puede
ser aceptado bajo dos hipótesis://“(…) (i) Que se demuestre que la vulneración
es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por
primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos,
continúa y es actual. Y (ii) que la especial situación de aquella persona
a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en
desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por
ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros.” Por su parte, en relación con los fines
del principio de inmediatez, en la sentencia SU-189 de 2012 sostuvo que: “(…) se
pueden identificar dos fines esenciales del Principio de la Inmediatez.
Por un lado, con la exigencia de ese requisito temporal se pretende garantizar
que la tutela preserve su naturaleza jurídica, como una garantía judicial
constitucional subsidiaria, residual y destinada a proteger las posiciones
jurídicas iusfundamentales de las personas, frente a atentados
ciertos, graves o inminentes. De otro lado, la inmediatez procura salvaguardar
la seguridad jurídica como un bien objetivo de valor trascendental en el Estado
Social de Derecho”.
[93] Corte Constitucional, Sentencia
SU-499 de 2016.
[94] Corte
Constitucional, Sentencia SU-189 de 2012.
[95] Corte Constitucional, Sentencia
T-273 de 2015.
[96] Corte Constitucional, Sentencia
SU-391 de 2016.
[97] Cno. 1, fl. 11.
[98] Corte Constitucional, Sentencia
T-069 de 2015. En esta sentencia, la Corte consideró como uno de los criterios
que el juez debe tener en cuenta para analizar el principio de inmediatez “(vi)
la ausencia absoluta de diligencia por parte del afectado”.
[99] Corte Constitucional, Sentencia
T-832 de 2016.
[100] Constitución de Colombia,
artículo 86.
[101] Corte
Constitucional, Sentencia SU-037 de 2009.
[102] Corte
Constitucional, Sentencia SU-424 de 2012.
[103] Ley 1437 de 2011, artículo
76(1).
[104] Ley 1437 de 2011, artículo
76(2).
[105] Ley 1437 de 2011, artículo 138.
[106] Corte
Constitucional, Sentencia T-1316 de 2001.
[107] Corte
Constitucional, Sentencias SU-961 de 1999; T-207 de 2013; T-275 de 2015; T-025
de 2016; T-010 de 2017.
[108] Corte
Constitucional, Sentencias T-684 de 2002; T-207 de 2013; T-025 de 2016; T-010
de 2017.
[109]
Corte Constitucional, Sentencia T-186 de 2017. La idoneidad impone considerar la
entidad del mecanismo judicial para remediar la situación jurídica infringida
o, en otros términos, para resolver el problema jurídico, de rango
constitucional, que se plantea. La eficacia hace referencia a la capacidad, en
concreto, del recurso o medio de defensa judicial para dar resultados o
respuestas al fin para el cual fue concebido el mecanismo urgente, atendiendo,
tal como lo dispone el último apartado del numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991, a “las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
[110]
Corte Constitucional, Sentencia T-186 de 2017.
[111] DANE,
“Indicadores Demográficos según Departamento 1985-2020”, Conciliación Censal
1985-2020 y Proyecciones de Población 2005-2020. http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/seriesp85_20/IndicadoresDemograficos1985-2020.xls
[112] Corte Constitucional, Sentencia
T-426 de 1992.
[113] Corte Constitucional, Sentencia
T-406 de 1992. Forsthoff, Ernst, “Concepto y esencia del Estado Social de
Derecho”, Estado Social, centro de estudios constitucionales, Madrid, 1986, p.
106. Al respecto, Forsthoff, señala que “el Estado social y el Estado de
Derecho se encuentran en una recíproca relación de complementariedad a la que
no falta el momento de tensión, y esto es bueno”, de modo que los tribunales
tienen la misión de vigilar, para que ambos Estados reciban su congrua parte.
[114] Corte Constitucional, Sentencia
T-406 de 1992. Forsthoff, Ernst, “Concepto y esencia del Estado Social de
Derecho”, Estado Social, centro de estudios constitucionales, Madrid, 1986, p.
106. Al respecto, Forsthoff, señala que “el Estado social y el Estado de
Derecho se encuentran en una recíproca relación de complementariedad a la que
no falta el momento de tensión, y esto es bueno”, de modo que los tribunales
tienen la misión de vigilar, para que ambos Estados reciban su congrua parte.
[115] Corte
Constitucional, Sentencia C-776 de 2003.
[116] Corte
Constitucional, Sentencias SU-225 de 1998; T-651 de 2008.
[117] Corte
Constitucional, Sentencias SU-022 de 1998; SU-1354 de 2000; SU-1023 de 2001;
SU-434 de 2008; SU-131 de 2013; SU-415 de 2015; SU-428 de 2016; SU-133 de 2017.
[118] Corte
Constitucional, Sentencia T-426 de 1992.
[119] Ibíd.
[120] Corte
Constitucional, Sentencia T-081 de 1997.
[121] Ibíd.
[122] Corte
Constitucional, Sentencia SU-995 de 1999.
[123] Ibíd.
[124] Corte
Constitucional, Sentencia T-772 de 2003.
[125] Corte
Constitucional, Sentencias T-818 de 2000; T- 651 de 2008; T-738 de 2011.
[126] Corte
Constitucional, Sentencia C-776 de 2003.
[127] Corte
Constitucional, Sentencias C-776 de 2003; C-793 de 2009.
[128] Corte
Constitucional, Sentencia C-793 de 2009.
[129] Corte
Constitucional, Sentencia T-436 de 2017.
[130] Corte
Constitucional, Sentencias T-458 de 1997; T-164 de 2006.
[131] Ibíd.
[132] Corte
Constitucional, Sentencias T-685 de 2014; T-779 de 2014.
[133] Corte
Constitucional, Sentencia T-544 de 2014.
[134] Corte
Constitucional, Sentencias T-685 de 2014; T-779 de 2014.
[135] Corte
Constitucional, Sentencia T-900 de 2007.
[136] Corte
Constitucional, Sentencias C-1036 de 2003; T-900 de 2007.
[137] Ley 797 de
2003, artículo 13.
[138] Decreto 3771 de
2007, artículo 31.
[139] Ley 797 de 2003, artículo 2.
[140] CONPES 70 de
2003. Con
la creación de la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional
y la vigencia del Programa de Atención Integral al Adulto Mayor (PAIAM), el
Conpes Social 70 del 28 de mayo de 2003 recomendó unificar los dos programas en
uno solo y de dicha fusión nació el Programa de Protección Social al Adulto
Mayor (PPSAM).
[141] Colombia Mayor,
Consorcio 2013, disponible en
http://colombiamayor.co/programa_colombia_mayor.html
[142] Corte
Constitucional, Sentencia T-1036 de 2003.
[143] Decreto 3771 de
2007, artículo 30(3).
[144] Resolución 3863 de 2014,
Ministerio del Trabajo; Manual Operativo Programa Colombia Mayor, Anexo Técnico
No. 2, Ministerio del Trabajo.
[145] Corte
Constitucional, Sentencia T-339 de 2017.
[146] Ibíd.
[147] Decreto 3771 de
2007, artículo 33.
[148] En este evento, el beneficiario
deberá informar que con este subsidio realizará el aporte a pensión con el fin
de cumplir los requisitos. Este criterio se utilizará cuando al beneficiario le
hagan falta máximo 100 semanas de cotización.
[149] Manual Operativo
del Programa Colombia Mayor, Anexo Técnico No. 2, Ministerio del Trabajo. “2.11 Pérdida del
derecho al subsidio // El beneficiario que ha ingresado al programa en
cualquiera de sus modalidades, perderá el subsidio cuando deje de cumplir los
requisitos establecidos en la normatividad vigente y en los siguientes eventos
(…)”.
[150] Manual Operativo
del Programa Colombia Mayor, Anexo Técnico No. 2, Ministerio del Trabajo.
[151] Ibíd.
[152] Ibíd.
[153] Ibíd.
[154] Manual Operativo
del Programa Colombia Mayor, Anexo Técnico No. 2, Ministerio del Trabajo. “1.
Información General, datos generales del aspirante al programa y de cada uno de
los miembros que conforman su grupo familiar o personas con quienes vive en
especial el número de documento de identificación, la identificación geográfica
de donde está ubicada la vivienda, la dirección de la vivienda, información de
dos contactos que pueden informar la ubicación del aspirante en caso de cambio
de lugar de residencia”.
[155] Manual Operativo
del Programa Colombia Mayor, Anexo Técnico No. 2, Ministerio del Trabajo. “2.
Características de la vivienda condiciones predominantes de la misma, la
vivienda es un lugar estructuralmente separado o independiente ocupado o
destinado para ser ocupado por una familia o grupo de personas que viven juntos
o por una persona que vive sola, la unidad de vivienda, puede ser entre otras
casa, apartamento, cuarto, grupo de cuartos, choza, cueva o cualquier refugio
ocupado o disponible para ser utilizado como lugar de alojamiento , las
características pueden estar en función entre otros aspectos de : 1). Estado de
la construcción, 2). Materiales de pisos, paredes y techo y 3).Disponibilidad
de servicios públicos (acueducto medio de obtención del agua y alcantarillado o
desague (sic) de aguas sucias, energía eléctrica, gas natural o combustible
para cocinar , recolección de basuras o desechos de basura, servicio sanitarios
con el que cuenta la vivienda (inodoro, pozo séptico o letrina) y acceso a
transporte público y 4). Tenencia de la vivienda (propia, arrendada, prestada,
la cuidan, etc.)”.
[156] Manual Operativo
del Programa Colombia Mayor, Anexo Técnico No. 2, Ministerio del Trabajo. “3. Derechos de dominio,
es decir se deberá realizar un análisis de los bienes inmuebles registrados a
nombre del beneficiario realizando la descripción, la propiedad y
uso de cada bien”.
[157] Manual
Operativo del Programa Colombia Mayor, Anexo Técnico No. 2, Ministerio del
Trabajo. “4. Características sociales y de salud, para lo cual se debe tener en
consideración la estructura familiar y sus característica, así como el estado
de salud del adulto mayor beneficiario”.
[158] Manual
Operativo del Programa Colombia Mayor, Anexo Técnico No. 2, Ministerio del
Trabajo. “5. Características económicas es decir ocupación y tipo de contrato,
ingresos (producto de trabajo o transferencias monetarias al hogar, es decir
regalo, envío o donaciones de dinero, subsidios en dinero del municipio o del
Gobierno), gastos (comida, arriendo, servicios públicos, salud, ropa, insumos
agrícolas, insumos de trabajo, educación, transporte, entre otros), ahorros,
deudas, patrimonio familiar (activos en bienes inmuebles, carros u otro tipo de
vehículos, electrodomésticos, maquinaria agrícola, semovientes, aves de corral
u otros)”.
[159] Manual
Operativo del Programa Colombia Mayor, Anexo Técnico No. 2, Ministerio del
Trabajo. “6. Conclusión de estudio que deberá incluir: 1). Evaluación de la
existencia o no de la causal de retiro ser propietario de más de un bien
inmueble, 2). Análisis de la situación real del adulto mayor determinando su
condición de vulnerabilidad, 3). Decisión de si procede el retiro o activación
dependiendo de la condición de vulnerabilidad del adulto mayor y 4). Detalle de
soportes documentales del caso, mismos que deberán ser parte integral del
estudio socio económico por ejemplo para el caso de ser propietario de más de
un bien inmueble documento de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
[160] Manual
Operativo del Programa Colombia Mayor, Anexo Técnico No. 2, Ministerio del
Trabajo. “7. Suscripción del estudio socio económico, se debe registrar nombres
completos, cargos y firmas de quien o quienes realizaron el estudio y su fecha
de realización. De ser posible el ente territorial deberá realizar el estudio
socio económico acompañado de representante del Ministerio Público que de fe de
la transparencia en el proceso. Deberá contener un espacio para el registro de
las conclusiones del estudio socio económico realizado al beneficiario”.
[161] Se trató de una
señora de 69 años de edad, con puntaje 9.69 del SISBEN, que ocasionalmente
desempeñaba labores domésticas sin obtener un salario superior al mínimo, quien
convivía con su esposo de 76
años con serias afectaciones de salud.
[162] Corte
Constitucional, Sentencia T-348 de 2009.
[163] Corte
Constitucional, Sentencia T-348 de 2009.
[164] Se trató de un señor de 75 años
de edad, con puntaje 21.88 del SISBEN, que padecía de artrosis e hipertensión,
sin recursos económicos diferentes a los del subsidio y a los que le proveía su
hija, consistentes en tres comidas diarias, protección en salud y un estipendio
de $80.000 mensuales.
[165] Corte
Constitucional, Sentencia T-025 de 2016.
[166] El administrador
fiduciario debe realizar cruces periódicos de la base de datos de beneficiarios
del Programa Colombia Mayor con diversas bases de datos públicas para verificar
que no estén incursos en alguna causal de pérdida del subsidio. El Anexo
Técnico No. 2 del Manual Operativo del Programa Colombia Mayor señala que “si
como resultado de los mencionados cruces, se encuentra que un adulto mayor del
programa figura en ellos y se requiere una acción de verificación, se genera un
bloqueo preventivo”
[167] Corte
Constitucional, Sentencia T-025 de 2016.
[168] La sentencia se refiere a dos
casos, el relevante para esta decisión, se trató de una señora de 84 años de
edad, con puntaje 34.17 del SISBEN, quien esporádicamente recibe ayuda de sus
hijos.
[169] Corte
Constitucional, Sentencia T-010 de 2017.
[170] Ibíd.
[171] Corte
Constitucional, Sentencia T-010 de 2017.
[172] Corte
Constitucional, Sentencia T-025 de 2016.
[173] Corte
Constitucional, Sentencias T-348 de 2009; T-025 de 2016 y T-010 de 2017.
[174] Se trató de un
señor de 82 años, con serias dificultades de
salud (parkinson, enfermedades de la piel y pérdida casi total de la visión y
el oído), que vivía solo, no tenía capacidad laboral ni ingresos propios, y
dependía de la ayuda de un hermano cuando este podía suministrarla.
[175] Corte
Constitucional, Sentencia T-207 de 2013.
[176] Ibíd.
[177] Se trató de un señor de más de
80 años, con una situación económica precaria y quebrantos de salud.
[178] Corte
Constitucional, Sentencia T-339 de 2017.
[179] Corte
Constitucional, Sentencias T-207 de 2013; T-399 de 2017.
[180] Corte Constitucional, Sentencia
T-399 de 2017.
[181] Corte Constitucional, Sentencia
T-307 de 1999.
[182] Según la jurisprudencia de la
Corte, “la protección de los derechos económicos y sociales no se agota en
consideraciones sobre el mínimo vital, sino que exige un estudio sobre el
derecho a la igualdad y al debido proceso”.  Corte Constitucional, Sentencia T-162
de 2001.
[183] Corte
Constitucional, Sentencia T-307 de 1999; Sentencia T-862 de 2002.
[184] Corte
Constitucional, Sentencia T-307 de 1999.
[185] Ibíd.
[186] Ibíd.
[187] Corte Constitucional, Sentencia
T-499 de 1995. Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, El derecho
y La Justicia, 2ª Edición, p. 455. Robert Alexy considera que, en el caso de
los derechos sociales fundamentales mínimos, -entre los que se encuentran el
derecho al mínimo vital, a una vivienda simple, a la educación escolar, a la
formación profesional y a un nivel estándar mínimo de asistencia médica, entre
otros,- la fuerza del principio de la competencia presupuestaria del legislador
no es ilimitada, por lo que los derechos individuales, en ocasiones, pueden tener
más peso que las razones de política financiera.
[188] Corte
Constitucional, Sentencia T-307 de 1999.
[189] Corte Constitucional, Sentencia
T-499 de 1995.
[190] Corte
Constitucional, Sentencia T-162 de 2001.
[191] Ibíd.
[192] Corte
Constitucional, Sentencias T-307 de 1999;  T-162 de 2001.
[193] Ibíd.
[194] Ibíd.
[195] Ibíd.
[196] Corte
Constitucional, Sentencias T-307 de 1999; T-1210 de 2001; T-862 de 2002; T-508
de 2016. “La primera clase de casos surgen
cuando, en razón de acciones u omisiones de funcionarios encargados de la
administración del SISBEN, los eventuales beneficiarios de subsidios no pueden
acceder o se les dificulta el acceso a ese instrumento de focalización. El
segundo tipo de casos se presenta cuando las personas que no resultaron
beneficiadas con la asignación de un determinado subsidio, estiman que su
exclusión se produjo como consecuencia de una inequidad en el diseño del
SISBEN, cuyas variables no contemplan sus específicas condiciones de
vulnerabilidad social”.
[197] Corte
Constitucional, Sentencia T-307 de 1999.
[198] Corte Constitucional, Sentencia
T-547 de 2015.
[199] Corte
Constitucional, Sentencias T-177 de 1999; T-1126 de 2001; T-258 de 2002; T-1076
de 2003; T-564 de 2004; T-627 de 2014. La Corte Constitucional ha reiterado en
varias sentencias sus consideraciones sobre la primera metodología de SISBEN:
“la regulación del SISBEN es ineficiente y contraria al orden público de la
salud, por las mismas razones que la hacen dar lugar a las violaciones
sistemáticas del derecho a la igualdad: a) no
permite recolectar los datos relevantes para diferenciar las personas que están
expuestas al riesgo de sufrir una u otra enfermedad, de las que han sido
efectivamente contagiadas o contraído la enfermedad por otra vía, y no
posibilita distinguir entre las personas que sufren un padecimiento, a las afectadas
de manera temporal de las enfermas crónicas, permanentes y terminales; de esa
manera, el funcionario departamental o municipal encargado de decidir a quiénes
se otorgará la calidad de beneficiarios del régimen subsidiado de seguridad
social en salud, no puede -aunque quiera hacerlo-, promover "las condiciones para que
la igualdad sea real y efectiva", ni adoptar "medidas a favor de
grupos discriminados o marginados"; b) hace nugatorio el derecho de
defensa de quienes resultan discriminados o pertenecen a uno de los grupos que
lo vienen siendo, pues para cambiar su calificación, sólo les permite solicitar
una nueva aplicación de los mismos formularios, que no puede arrojar resultados
distintos a los originales hasta que el daño sea irremediable”.
[200] Corte
Constitucional, Sentencias T-185 de 2000; T-1083 de 2000; T-1063 de 2001;
T-1115 de 2002; T-837 de 2006; T-627 de 2014.
[201] Corte
Constitucional, Sentencias T-177 de 1999; T-1126 de 2001; T-258 de 2002; T-1076
de 2003.
[202] Corte
Constitucional, Sentencias T-564 de 2004; T-441 de 2006; T-949 de 2006; T-220
de 2008
[203] Corte
Constitucional, Sentencias T-627 de 2014; T-547 de 2015; T-508 de 2016.
[204] Corte Constitucional, Sentencia
T-547 de 2015. Ver también Corte Constitucional, Sentencias T-476 de 2010,
T-627 de 2014.
[205] Corte Constitucional, Sentencia
T-547 de 2015.
[206] Esta orden se ha dado,
principalmente, en casos referentes a las metodologías SISBEN II y III.
[207] Corte
Constitucional, Sentencias T-061 de 2006; T-1070 de 2006; T-220 de 2008; T-547
de 2015.
[208] Corte
Constitucional, Sentencia T-1070 de 2006.
[209] Esta orden se ha dado en casos
sobre las metodologías SISBEN I, II y III.
[210] Corte
Constitucional, Sentencias T-1076 de 2003; T-614 de 2005; T-949 de 2006; T-627
de 2014; T-547 de 2015.
[211] Corte
Constitucional, Sentencias T-614 de 2005; T-547 de 2015.
[212] Corte
Constitucional, Sentencia T-547 de 2015.
[213] Cno. 1, fl. 1.
[214] Cno. 1, fl. 2.
[215] Cno. 1, fl. 23.
[216] Cno. de revisión, fl. 90 vto.
[217] Cno. de revisión, fls. 68 vto.
al 69.
[218] Cno. de revisión, fl. 100.
[219] Cno. 1, fl. 48.
[220] Cno. 1, fl. 17. La accionante
aportó el derecho de petición sin constancia de recibido por parte de la
Alcaldía Municipal de Pacho (Cundinamarca).
[221] Cno. de revisión, fl. 100.
[222] Ibíd.
[223] Cno. de revisión, fl. 66.
[224] Corte Constitucional, Sentencia
T-476 de 1998.
[225] Cno. de revisión, fls. 56 al 66.
[226] Cno. de revisión, fl. 58.
[227]  Ibíd.
[228] Cno. de revisión, fl. 59.
[229] Ibíd.
[230] Ibíd.
[231] Ibíd.
[232] Cno. de revisión, fl. 60.
[233] Cno. de revisión, fl. 61.
[234] Ibíd.
[235] Cno. de revisión, fl. 21, CD,
Audio 4.
[236] Cno. de revisión, fls. 52, 70.
[237] Cno. de revisión, fl. 52.
[238] Ibíd.
[239] Corte Constitucional, Sentencias
T-025 de 2015; T-010 de 2017.
[240] Corte Constitucional, Sentencia
T-025 de 2015.
[241] Cno. 1, fl. 1.
[242] Cno. 1, fl. 2.