C-159-16
Sentencia C-_______
Sentencia C-159/16
CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Proceso monitorio en obligación
contractual, determinada y exigible de mínima cuantía/ESTABLECIMIENTO DE
PROCESO MONITORIO UNICAMENTE PARA PRETENSIONES EN QUE SE SOLICITA PAGO DE
OBLIGACIONES EN DINERO-Corresponde a la potestad de configuración del legislador y
no desconoce el derecho de acceso a la administración de justicia y a la tutela
judicial efectiva
La Sala concluye que la expresión acusada es compatible con
la Constitución. Esto debido a que no impone una restricción injustificada al
derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. La decisión de
circunscribir el proceso monitorio a las obligaciones en dinero hace parte de
la libertad de configuración del legislador, quien previó un instrumento
simplificado y ágil de procedimiento, que se ajusta a la exigibilidad judicial
de las obligaciones líquidas y de naturaleza contractual. A su vez, se
encuentra que la misma legislación procesal confiere diferentes alternativas
para la ejecución de obligaciones no dinerarias, en las cuales se han previsto
las etapas necesarias para que se cumpla el debate probatorio usual en la definición
concreta de dichas obligaciones. Por lo tanto, no resultaría acertado concluir
que la legislación ha impuesto barreras injustificadas en contra de los
acreedores de las obligaciones diferentes a las dinerarias.
PRETENSION DE EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA
EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Etapas
PRETENSION DE EXEQUIBILIDAD
CONDICIONADA EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Postura modificada por la Corte
Constitucional
Esta postura fue posteriormente modificada por la Corte,
admitiéndose en la actualidad que las demandas de inconstitucionalidad
contengan como pretensión principal la declaratoria de exequibilidad
condicionada del precepto legal respectivo. Para la Corte, está sola
circunstancia no era suficiente para concluir la ineptitud de la demanda, sino
que también debía verificarse si (i) el libelo presentaba cargos que fuesen
claros, ciertos, suficientes y pertinentes, en los términos de la
jurisprudencia constitucional, de modo que ofrezcan una acusación discernible y
fundada; (ii) la demanda, además de la solicitud de exequibilidad condicionada,
también incluye una pretensión de inexequibilidad, o (iii) si el cargo está
fundado exclusivamente en la pretensión de exequibilidad condicionada, el mismo
está mínimamente motivado, de modo que se demuestre que dicha opción de
decisión es necesaria para solucionar la contradicción entre el precepto
acusado y la Constitución. Acerca de esta última posibilidad, la jurisprudencia
de la Corte ha señalado que carecería de sentido exigir al demandante que solicite
la inexequibilidad de la norma que acusa, cuando su argumentación está
unívocamente dirigida a demostrar que el remedio adecuado para solucionar el
problema jurídico propuesto no es la inconstitucionalidad, sino una fórmula de
exequibilidad condicionada. Sobre este mismo particular debe agregarse que no
existe una norma particular que impida una solicitud de ese carácter y, además,
la eficacia del principio pro actione obliga a que no se impongan condiciones a
las demandas de inconstitucionalidad que se funden, como sucede en el caso
analizado, en exigir una contradicción argumentativa entre la pretensión y las
razones que conforman el concepto de la violación.
AMPLIO MARGEN DE CONFIGURACION
LEGISLATIVA EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
LEGISLADOR-Facultad para establecer diferentes
modelos y alternativas de trámites judiciales
La amplia competencia, faculta al legislador para establecer
diferentes modelos y alternativas de trámites judiciales, dirigidos entre otras
muchas tareas a (i) fijar nuevos procedimientos judiciales; (ii) determinar la
naturaleza de dichos procedimientos; (iii) eliminar etapas procesales; (iv)
requerir la intervención estatal o particular en el curso de las actuaciones
judiciales; (v) imponer cargas procesales a las partes; o (vi) establecer los
términos y plazos para el acceso a la administración de justicia  Esto bajo un
criterio de libertad de configuración legislativa, que responda a necesidades
de conveniencia y oportunidad para la efectividad de los derechos, principios y
valores constitucionales.
COMPETENCIA DEL LEGISLADOR-Carácter negativo al estar facultado
para excluir determinadas etapas procesales y prever mecanismos a utilizar para
lograr la exigibilidad judicial de determinada pretensión
AMPLIA FACULTAD LEGISLATIVA EN
MATERIA DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES-No es omnímoda/AMPLIA FACULTAD LEGISLATIVA EN MATERIA DE
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES-Límites
La jurisprudencia ha agrupado dichos límites en cuatro
categorías principales: (i) la fijación directa, por parte de la Constitución,
de determinado recurso o trámite judicial; (ii) el cumplimiento de los fines
esenciales del Estado y particularmente de la administración de justicia; (iii)
la satisfacción de principios de razonabilidad y proporcionalidad; y (iv) la
eficacia de las diferentes garantías que conforman el debido proceso y el
acceso a la administración de justicia.
LIMITES A LA AMPLIA FACULTAD
LEGISLATIVA EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES-Carácter normativo de la Constitución
LIMITES A LA AMPLIA FACULTAD
LEGISLATIVA EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES-Expresión de la actividad del Estado
LIMITES A LA AMPLIA FACULTAD
LEGISLATIVA EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES-Criterios de razonabilidad y
proporcionalidad
LIMITES A LA AMPLIA FACULTAD
LEGISLATIVA EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES-Compatibilidad del trámite judicial
con las garantías del debido proceso
DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y
EXISTENCIA DE RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
LIMITES A LA AMPLIA FACULTAD
LEGISLATIVA EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES-Doble función
La Corte ha concluido que dichos límites cumplen con una
doble función. De un lado, operan como guía para la actividad del legislador,
el cual debe advertir que si bien tiene un amplísimo margen de maniobra en lo
que respecta al diseño de los procedimientos judiciales, en todo caso no puede
desconocer los límites antes explicados. De otro, estos mismos límites
conforman el parámetro de constitucionalidad para evaluar la validez de las
regulaciones legales en materia de procedimientos judiciales. Por ende, cuando
la disposición legal que fija el procedimiento opera en exceso de dichos límites,
deviene inexequible. A este respecto, se ha señalado que el legislador no está
facultado para prever, bajo el simple capricho o la arbitrariedad, las
ritualidades procesales, “… pues no puede desconocer las garantías
fundamentales, y debe proceder de acuerdo con criterios de proporcionalidad y
razonabilidad, a fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la
administración de una justicia recta. Por ello las leyes que establecen
procedimientos deben propender por el hacer efectivos los derechos de defensa,
de contradicción, de imparcialidad del juez, de primacía de lo substancial
sobre lo adjetivo o procedimental, de juez natural, de publicidad de las
actuaciones y los otros que conforman la noción de debido proceso.”.
AMPLIO MARGEN DE CONFIGURACION
LEGISLATIVA-Facultad
no es absoluta
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-Contenido y alcance
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA Y DERECHO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Guarda unidad de sentido con alcance
dado por el derecho internacional de derechos humanos/RECURSO JUDICIAL
EFECTIVO-Existencia según la Corte Interamericana de Derechos Humanos
GARANTIAS DEL DERECHO DE ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Jurisprudencia
constitucional
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA-Garantía
de un proceso sin dilaciones injustificadas
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA Y PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS-Vínculo existente/DERECHO A UN
RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Protección de carácter material
Existe un evidente vínculo entre el acceso a la
administración de justicia y contar con un proceso sin dilaciones
injustificadas. Como se señaló anteriormente, la protección del derecho a un
recurso judicial efectivo no puede tener un carácter eminentemente formal, sino
que debe ser material. En ese orden de ideas, se estaría ante un modelo de
justicia insuficiente en términos de garantía de este derecho, cuando se ha
previsto un procedimiento judicial, pero el mismo no permite conferir a los
ciudadanos una solución oportuna frente a la exigibilidad de sus derechos. Esta
falencia puede deberse de dos factores definidos: bien por la presencia de mora
judicial, derivada de la duración desproporcionada en el trámite de los
trámites judiciales que no responda a ningún criterio de carácter objetivo; o
bien por la falta de idoneidad del mismo procedimiento legal, de manera que el
modo como fue concebido por el legislador no permita llegar, en abstracto, a
una solución oportuna.
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA-Definición
corresponde al Congreso de la República
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA-Sometido
al desarrollo legal
COMPETENCIA DEL LEGISLADOR-Fijación de las condiciones de acceso
a la justicia
LEGISLADOR-Habilitado para imponer diferentes
cargas procesales a las partes
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA-Marco para
la regulación conformado por los límites al ejercicio de la actividad
legislativa
POTESTAD DE CONFIGURACION DEL
LEGISLADOR EN MATERIA DE PROCESOS JUDICIALES-Jurisprudencia constitucional
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA-Límites
temporales
PROCESO MONITORIO-Jurisprudencia constitucional
PROCESO MONITORIO-Requisitos de la demanda
PROCESO MONITORIO-Trámite judicial simplificado que
busca facilitar exigibilidad judicial de obligaciones en dinero que no constan
en título ejecutivo pero son exigibles, contractuales y de mínima cuantía/PROCESO
MONITORIO-Estructura/PROCESO MONITORIO-Alcance
PROCESO MONITORIO-Propósito general
PROCESO MONITORIO-Elementos
PROCESO MONITORIO-Vínculo con el derecho al debido
proceso
PROCESO MONITORIO-Reiteración de la sentencia C-726 de
2014
CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Garantiza la tutela judicial efectiva
PROCESO MONITORIO-Trámite judicial declarativo especial
tendiente a lograr exigibilidad judicial de obligaciones líquidas que no
constan en título ejecutivo
PROCESO MONITORIO-Objeto
PROCESO MONITORIO-No implica entrega de bien o
cumplimiento de obligación de hacer o no hacer
LEGISLACION PROCESAL CIVIL-Mecanismos judiciales para ejecución
de obligaciones no dinerarias/CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Alternativas
para la exigibilidad judicial de obligaciones no dinerarias
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA-No
afecta el hecho que proceso monitorio no prevea obligaciones no dinerarias
PROCESO MONITORIO EN OBLIGACION CONTRACTUAL, DETERMINADA Y
EXIGIBLE DE MINIMA CUANTIA-Inexistencia de tratamiento discriminatorio/PROCESO
MONITORIO EN OBLIGACION CONTRACTUAL, DETERMINADA Y EXIGIBLE DE MINIMA
CUANTIA-Inexistencia de omisión legislativa relativa
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Alcance
OBLIGACIONES NO DINERARIAS-Requieren para su exigibilidad
judicial determinada actividad probatoria
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA-No
afecta que legislador limite aplicación del proceso monitorio a obligaciones en
dinero
PROCESO MONITORIO EN OBLIGACION CONTRACTUAL, DETERMINADA Y
EXIGIBLE DE MINIMA CUANTIA-Criterios de razonabilidad y proporcionalidad
PROCESO MONITORIO EN OBLIGACION CONTRACTUAL, DETERMINADA Y
EXIGIBLE DE MINIMA CUANTIA-Compatibilidad entre medida legislativa y
derecho al debido proceso
PROCESO MONITORIO-Derecho comparado
Referencia: expediente D-10969
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 419 (parcial) del Código General del Proceso
Actores: Sebastián Gómez Alarcón, José
Joaquín Rodríguez Arévalo y Kelly Johana Merchán Bejarano
Magistrado
Ponente:
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá D.C., seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites
establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, ha proferido la presente
Sentencia.
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de
la Constitución, los ciudadanos Sebastián Gómez Alarcón, José Joaquín Rodríguez
Arévalo y Kelly Johana Merchán Bejarano solicitaron a la Corte que
declare la inexequibilidad parcial del artículo 419 (parcial) del Código
General del Proceso.
Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la
Constitución y en el Decreto Ley 2067 de 1991, procede la Corte a resolver
sobre la demanda de la referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe la norma acusada,
subrayándose el aparte demandado.
Artículo
419. Procedencia. Quien pretenda el pago de
una obligación en dinero, de naturaleza
contractual, determinada y exigible que sea de mínima cuantía, podrá promover
proceso monitorio con sujeción a las disposiciones de este Capítulo.
III. LA DEMANDA
Los demandantes consideran que
el aparte acusado es contrario a los artículos 1º, 2º, 13 y 229 de la
Constitución. Para ello, plantean los siguientes argumentos:
3.1. En primer lugar, señalan
que el derecho a la tutela judicial efectiva, que infieren de los artículos 1º,
2º y 229 C.P., es una garantía descrita en la jurisprudencia constitucional
como la posibilidad de obtener la exigibilidad judicial de los derechos y
obligaciones, derecho que tiene carácter transversal en el Código General del
Proceso, según se observa de los antecedentes legislativos de dicha
normatividad.
Para el caso analizado, esa
garantía es limitada injustificadamente frente a las obligaciones no dinerarias
que no consten en título ejecutivo. Esto debido a que en
dichos casos, ante la inexistencia de un proceso judicial expedito para su
ejecución, como el proceso monitorio, se incentiva el incumplimiento de las
respectivas obligaciones, en razón de la imposibilidad material de exigibilidad
judicial, en razón de los costos y duración de los mecanismos existentes para
ese tipo de obligaciones.  En términos de la demanda, “la limitación del
proceso monitorio solo para los acreedores de obligaciones dinerarias y dejando
por fuera de este proceso a los acreedores de obligaciones dar, entregar o
hacer, desconoce que los acreedores de obligaciones no dinerarias tienen
también derecho a la tutela judicial efectiva y en consecuencia a que existan
procedimientos adecuados, idóneos y efectivos como lo sería el proceso
monitorio. Tienen derecho a que concurran en el orden jurídico una gama amplia
y suficiente de mecanismos judiciales para la efectiva resolución de los
conflictos para poder acceder al tratamiento procesal más adecuado que resuelva
en un tiempo razonable las pretensiones o reclamaciones (…) Dicha
exclusión del proceso monitorio dejó desprotegidas las obligaciones no
dinerarias, es decir, permitió que quien fuera titular de una obligación de
dar-entregar, hacer o no hacer, que sea de mínima cuantía, proveniente de una
relación contractual y que no cuente con un título ejecutivo, vea afectado su
derecho a la tutela judicial efectiva, toda vez que el único proceso al que pueden
acudir puede resultar más oneroso que el derecho mismo en discusión que se
pretende hacer valer, por lo que no encontrando los medios judiciales adecuados
se pueda preferir renunciar a exigir el cumplimiento de una obligación no
dineraria.”
3.2. Indican
los demandantes que la norma acusada vulnera el principio de igualdad, pues sin
contarse con una razón suficiente para ello, prodiga un tratamiento diferente a
los acreedores de obligaciones dinerarias e informales, quienes pueden acceder
al proceso monitorio, frente a los acreedores de obligaciones no dinerarias,
quienes encuentran restringida dicha posibilidad legal.  Para los demandantes,
dicha diferenciación “crea una situación jurídica abismalmente
desequilibrada para aquellos acreedores de obligaciones de tipo no dinerarias
que se encuentran en situaciones similares, pues al igual que los protegidos por
esta disposición, no cuentan con un título ejecutivo y la cuantía de su
pretensión no supera la mínima.”
En
consonancia con lo expresado para el cargo anterior, los demandantes señalan
que esa diferenciación injustificada impone un tratamiento desfavorable frente
a los acreedores de obligaciones no dinerarias, quienes se ven forzosamente
llevados a utilizar el proceso declarativo para la exigibilidad de sus derechos
de crédito, a pesar de estar en similares condiciones que los acreedores que sí
pueden hacer uso del proceso monitorio.  Agregan que la inclusión de los
acreedores de obligaciones no dinerarias en dicho proceso no desvirtuaría esa
institución procesal, pues lo mismo se ha realizado en otras jurisdicciones,
como Uruguay y El Salvador.
3.3. Determinan,
en el mismo sentido, que la exclusión normativa en comento no cumple con
condiciones de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que configuran un
exceso en el amplio margen de configuración legislativa que tiene el Congreso
en materia de definición de los procedimientos judiciales.  Esto debido a que
si el objetivo del proceso monitorio es conferir una vía judicial eficaz a los
titulares de derechos de crédito para hacer exigibles dichas obligaciones, no
hay una razón que justifique conceder esa alternativa legal únicamente a
quienes ostentan obligaciones dinerarias. Por ende, no se evidencia que la
distinción planteada responda a algún fin constitucionalmente legítimo. Además,
dentro del trámite legislativo no se indicó la razón de esa exclusión y la
misma, como se explicó, impone un tratamiento desproporcionado e irrazonable a
los acreedores de obligaciones no dinerarias.
3.4. Por
último, demuestran que respecto del presente problema jurídico no ha operado el
fenómeno de la cosa juzgada constitucional.  Esto debido a que si bien la Corte
en la sentencia C-726 de 2014 estudió la exequibilidad de los artículos 419 y
421 del Código General del Proceso, restringió expresamente los efectos de la
decisión a los cargos allí analizados, que fueron diferentes a los ahora
materia de discusión.
3.5. Con base
en las consideraciones expuestas, los demandantes solicitan a la Corte que
adopte un fallo de exequibilidad condicionada, a través del cual se establezca
que el proceso monitorio aplica para la exigibilidad de las obligaciones
dinerarias y aquellas no dinerarias, esto es, de dar, hacer o no hacer.
IV. INTERVENCIONES
Intervenciones oficiales
4.1. Consejo Superior de la
Judicatura
Mediante escrito presentado por
la Oficina de Coordinación de Asuntos  Internacionales y Asesoría Jurídica de
la Rama Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura solicita a la Corte que
declare la exequibilidad de la norma acusada.
Luego de hacer algunas
referencias jurisprudenciales, el interviniente indica que el Código General
del Proceso ofrece alternativas de exigibilidad judicial para las obligaciones
no dinerarias. Por esta razón, no es viable concluir, como lo hacen los
demandantes, que se viola el acceso a la administración de justicia por el
hecho que dichos derechos no puedan ser reclamados a través del proceso
monitorio.
4.2. Ministerio de Justicia y
del Derecho
El Director de la Dirección de
Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y
del Derecho presentó intervención ante la Corte en la que solicita la adopción
de un fallo inhibitorio ante la ineptitud de la demanda o, en su defecto, la
declaratoria de exequibilidad condicionada de la norma acusada.
La solicitud de fallo
inhibitorio se basa en considerar que los demandantes no exigen en su demanda
la inconstitucionalidad del precepto, sino su exequibilidad condicionada, a fin
que sean incluidas las obligaciones insolutas no dinerarias dentro de aquellas
exigibles a través del proceso monitorio.  A partir de las consideraciones
realizadas por la Corte en la sentencia C-806 de 2001, señala que la potestad
de definir la posibilidad de adoptar una sentencia de exequibilidad
condicionada es exclusiva de este Tribunal, por lo que no es viable que se
formule como pretensión de la acción pública de inconstitucionalidad.
Respecto a la petición
subsidiaria de exequibilidad, el Ministerio expone que el proceso monitorio,
como lo estableció la Corte en la sentencia C-726/14, es una herramienta
destinada a satisfacer la primacía del derecho sustancial, al igual que la
tutela judicial efectiva, que son los derechos que los demandantes consideran
vulnerados.  En tal sentido, habida consideración que se trata de una norma de
procedimiento judicial, la diferenciación contenida en la norma acusada supera
un test débil.  Esto debido a que “frente a la materia procesal el
legislador dispone de un amplio margen de configuración normativa,[y]
encontró que el proceso monitorio persigue una finalidad constitucionalmente
legítima, como es facilitar el acceso a la justicia respecto de controversias
de mínima cuantía y pese a que en el proceso se invierte la secuencia de los
demás procesos judiciales, existen garantías suficientes para que el demandado
ejerza el derecho de defensa, por lo cual concluye que no se vulnera la
igualdad entre las partes, ni se transgrede el debido proceso.”
Indica, en ese orden de ideas,
que las diferencias intrínsecas entre las diferentes clases de obligaciones es
una razón suficiente para que el legislador haya excluido las obligaciones
diferentes a las dinerarias, respecto de las cuales, en todo caso, existen
otras vías judiciales para su exigibilidad.  Por ende, “la norma impugnada
al establecer que el proceso monitorio procede respecto de obligaciones en
dinero, de naturaleza contractual, determinada y exigible de menor cuantía, no
vulnera la tutela judicial efectiva ni el principio de igualdad de los
acreedores de otra clase de obligaciones, pues sus características especialísimas,
elementos particulares y estructura procesal, hacen que este proceso sea
diferente de los demás procesos judiciales, respecto de los cuales el
legislador también previó mecanismos expeditos de trámite y definición que los
hacen acordes a los principios y valores constitucionales.”
Intervenciones académicas
4.3. Instituto Colombiano de
Derecho Procesal
El profesor Néstor Orlando
Prieto Ballén, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal remitió a
la Corte intervención que defiende la exequibilidad de la norma acusada.
Considera que la limitación
contenida en la norma acusada cumple con las condiciones previstas por la
jurisprudencia constitucional, sintetizada en la sentencia C-319/13, sobre el
amplio ámbito de configuración legislativa en materia de procedimientos
judiciales.  En primer lugar, la Constitución no ha señalado un trámite
específico para el proceso monitorio, el cual restrinja la potestad del
legislador.  En segundo término, está claro que el proceso monitorio cumple con
los fines esenciales del Estado, en particular facilitar el acceso a la
administración de justicia bajo un trámite respetuoso del debido proceso y los
derechos de contradicción y defensa.
Señala que no es válido inferir
la existencia de una omisión legislativa, pues la distinción hecha por la norma
acusada cumple con criterios de razonabilidad y proporcionalidad.  A este
respecto, resalta que tradicionalmente se han otorgado diferentes mecanismos
judiciales para hacer exigibles unas y otras obligaciones.  Expresa sobre el
particular que “los acreedores de obligaciones diferentes a las dinerarias
siempre han gozado y mantienen innumerables acciones judiciales para el
propósito de pre constituir un título ejecutivo o para obtener la satisfacción
de la deuda, sin que tales mecanismos judiciales idóneos hayan sido modificados
o restringidos.”  Identifica dentro de dichos posibles instrumentos el
interrogatorio de parte como prueba anticipada, las audiencias de conciliación
prejudiciales y el uso de otros mecanismos alternativos de resolución de
conflictos.
Adicionalmente, señala que
distintas obligaciones de hacer, como el deber del vendedor de suscribir la
escritura pública para la venta de un bien, o la entrega del mismo, han contado
con acciones judiciales específicas, que se verían afectadas en su
interpretación al incluirlas como exigibles mediante el proceso monitorio.
Además, destaca que el cumplimiento de las obligaciones de hacer involucra un
análisis judicial que no es compatible con la agilidad del proceso monitorio y
es, por ende, más propio de los procesos declarativos.  Para ello, utiliza como
ejemplo el proceso previsto para la entrega del tradente al adquirente, al
igual que cita otros instrumentos, como (i) el proceso de restitución de la
tenencia, en casos de arrendamientos y similares; (ii) el proceso ejecutivo por
obligaciones de hacer y la correlativa condena al pago de perjuicios; (iii) el
proceso de rendición de cuentas para quienes no cumplen con la obligación de
hacer el reporte de las gestiones encomendadas; y (iv) el proceso declarativo
de índole general, el cual permite establecer la existencia de diferentes
obligaciones de dar, hacer o no hacer.
Por lo tanto, no es acertado
afirmar, como lo hacen los demandantes, que se ha vulnerado la Constitución por
la imposibilidad de hacer exigibles judicialmente las obligaciones diferentes a
aquellas expresadas en dinero. “Por el contrario, la norma acusada lo que hace
es introducir un nuevo procedimiento especial para acreedores que posean en su
patrimonio créditos dinerarios de mínima cuantía, respecto de los cuales
carecen de título ejecutivo, situación que no mengua ni quebranta los derechos
fundamentales invocados.”
A juicio del Instituto, estas
mismas razones llevan a concluir que no se está ante una omisión legislativa
relativa. Esto debido a que la exigibilidad judicial de las obligaciones de
dar, hacer o no dar, requieren de un análisis probatorio detallado sobre las
condiciones de negociación pactadas entre las partes, que generalmente no es
necesario frente a las obligaciones en dinero.  De allí que el legislador
tuviese una razón suficiente para excluir a aquellas de la cobertura del
proceso monitorio.
Finalmente, indica que en el
derecho comparado no existe la pretendida unanimidad sobre la extensión del
proceso monitorio a las obligaciones dinerarias.  Así, destaca que conforme al
artículo 812 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, el proceso monitorio
también se restringe al pago de deudas dinerarias, vencidas y exigibles. Esta
misma opción fue adoptada por el legislador colombiano, a partir de la
comprobación sobre las diferencias entre las distintas clases de obligaciones.
4.4. Academia Colombiana de
Jurisprudencia
El académico Ulises Canosa Suárez,
miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, presenta escrito
justificativo de la exequibilidad de la disposición demandada.
El interviniente parte de
exponer el precedente constitucional sobre el amplio margen de configuración
legislativa respecto de los procedimientos judiciales, a partir de las
sistematizaciones que sobre la materia plantean las sentencias C-319/13 y
C-157/13.  A partir de dichas reglas jurisprudenciales, la Academia considera
que la norma acusada no transgrede los límites de dicho margen de producción
normativa, para lo cual hace un razonamiento análogo al expuesto por el
Instituto Colombiano de Derecho Procesal.
Añade el académico, basado en
doctrina comparada, que concurren diferentes formas de regular el proceso
monitorio en cuanto a los tipos de obligaciones judicialmente exigibles, siendo
de tipo dinerario en los ordenamientos jurídicos de España, Alemania y
Colombia.  Por ende, ese aspecto no es definitorio de dicho instituto judicial,
razón por la cual “debe resaltarse que cada legislador, en ejercicio de su
autonomía, regula el monitorio con las características que mejor considera se
amoldan a las necesidades de cada país, sin que una u otra posibilidad, de
entrada, pueda calificarse de inconstitucional”.  Con base en otro grupo de
consideraciones doctrinales, el interviniente afirma que “de esta manera, la
regulación legal colombiana contenida en el artículo 419 del CGP, en el sentido
de establecer que la obligación reclamada debe ser de naturaleza dineraria, no
fue caprichosa, ni irrazonable, sino ponderada y fundamentada, luego de revisar
las diferentes alternativas del derecho comparado y de escoger la que se estimó
más conveniente para una institución totalmente novedosa, que por primera vez
ingresa al panorama jurídico colombiano.” Agrega que ese mismo margen de
decisión del legislador nacional se reflejó en asuntos como la cuantía, el
origen de la obligación, la clase de proceso y el trámite del mismo, en donde
no necesariamente se replicaron las fórmulas de otros regímenes jurídicos que
también estipulan el proceso monitorio.
La Academia considera, con base
en los argumentos expuestos, que no existe una omisión legislativa relativa, en
la medida en que las obligaciones dinerarias son diferentes a las que no tienen
ese carácter y, precisamente en razón de dichas diferencias, el legislador está
habilitado para fijar un régimen procesal diverso en cuanto a los mecanismos
para su exigibilidad.  En términos del interviniente “obligaciones o asuntos
diferentes pueden ser regulados de manera distinta por el legislador procesal,
que es lo que sucedió en el artículo 419 del CGP, en el marco de la autonomía
legislativa de que goza el Congreso de la República. Existen procedimientos
específicos en el CGP, desformalizados, rápidos, accesibles y eficientes,
relacionados con las obligaciones de dar, hacer y no hacer, como el de
restitución de inmueble arrendado, el de entrega por el tradente al adquirente,
el de rendición de cuentas, la figura del juramento estimatorio en el
declarativo para reclamar perjuicios, compensaciones, frutos o mejoras, incluso
con la posibilidad de medidas cautelares innominadas, de tal manera que de
desigualdad o discriminación no puede hablarse.”
4.5. Universidad Externado de
Colombia
La investigadora Mónica
Alejandra León Gil, adscrita al Departamento de Derecho Procesal de la
Universidad Externado de Colombia, interviene en el presente proceso con el fin
que la Corte declare la exequibilidad de la norma demandada.
Para sustentar esta conclusión,
la Universidad expone argumentos similares sobre la libertad de configuración
normativa y la inexistencia de una obligación de tratar las obligaciones
dinerarias y no dinerarias de la misma manera.  Agrega, de manera coincidente
con los demás intervinientes, que la norma acusada no infringe los límites de
dicho margen de configuración legal, en tanto “i) atiende los fines de
justicia y de igualdad constitucionales, permitiendo a aquellos acreedores que
tengan obligaciones como las antes descritas, que puedan recurrir a este tipo
de proceso; ii) propende por la materialización de derechos fundamentales como
la defensa, debido proceso y el acceso a la administración de justicia, pues
consagra la oposición como un escenario al interior del proceso monitorio donde
dichos derechos pueden ejercerse de una manera más amplia; iii) obra acorde con
los principios de razonabilidad y proporcionalidad, estableciendo un límite en
el monto y tipo de obligaciones que pueden reclamarse por esta vía procesal en
razón a su novedad en nuestro ordenamiento jurídico; y finalmente, iv) propende
por la primacía del derecho sustancial sobre las formas, al aligerar la
exigencia de prueba documentaria de las obligaciones que se reclaman, y al
restringir además, las figuras procesales a las que habría lugar ordinariamente
en un proceso verbal.”
Sobre este mismo particular,
expresa que solo las obligaciones dinerarias se ajustan a las condiciones de
simplicidad y celeridad del proceso monitorio, por lo que las demás
obligaciones deben seguirse tramitando por los mecanismos que el procedimiento
civil prevé.  Por ende, no es posible admitir la pretensión de los demandantes,
pues ello significaría que el proceso monitorio serviría de instrumento para
exigir cualquier tipo de obligación, lo que lo tornaría de naturaleza verbal o
declarativa.  De otro lado, afirma la Universidad que no es cierto lo planteado
por los actores, en el sentido que no hay lugar al reclamo de obligaciones de
dar, hacer o no hacer, a través del proceso monitorio, “puesto que la
exigencia que sea dineraria se refiere a que el deudor se haya obligado en
virtud de un contrato a pagar una suma de dinero por: i) la entrega de un bien,
o ii) una obligación de hacer, o finalmente, iii) una obligación de abstención
de determinada cosa.”  El interviniente señala que esta conclusión se soporta
en las consideraciones realizadas por la Corte en la sentencia C-726 de 2014.
4.6. Universidad Libre
Jorge Kenneth Burbano
Villamarín, director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional
de la Facultad de Derecho la Universidad Libre, junto con el profesor Armando
Quintero González y la investigadora Maura Constanza Hernández Santiesteban, presentan
escrito que sustenta la exequibilidad condicionada de la norma demandada, “en
el entendido que cualquier acreedor pueda acceder a la administración de
justicia para documentar su crédito con apoyo del proceso monitorio”.
Considera la Universidad que si
el objetivo del proceso monitorio es ofrecer mecanismos judiciales expeditos,
se afecta el derecho a la tutela judicial efectiva cuando se restringe solo a
una modalidad de obligaciones, excluyendo otras que “pueden llegar a
encontrarse en igual situación (no tenencia de un título ejecutivo) que quien
acude a la jurisdicción pretendiendo el pago de una obligación dineraria, de
naturaleza contractual, determinada y exigible.”  Por el mismo motivo, se
afecta el principio de igualdad, pues se otorga un tratamiento procesal
preferente solo a un grupo de acreedores, excluyéndose a otros, sin que exista
una razón constitucional ni legal para ello. En consecuencia, no se cumple con
un juicio de proporcionalidad sobre esta materia.
4.7. Universidad de la Sabana
El profesor Joaquín Emilio
Acosta Rodríguez, de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Sabana,
interviene en el proceso con el fin que la Corte declare la inexequibilidad de
la expresión “en dinero, de naturaleza contractual” prevista en la norma
acusada, así como la exequibilidad condicionada del resto del precepto, en el
entendido que “será procedente el proceso monitorio respecto de cualquier
obligación determinable en una suma de dinero, así aquella sea inicialmente
indeterminada.”
Luego de hacer una introducción
legal al concepto y clasificación de las obligaciones en el derecho civil, el
interviniente señala que la norma acusada viola el principio de igualdad, en
tanto las obligaciones dinerarias y las no dinerarias son ambas exigibles. En
ese sentido, no existe justificación para que solo uno de los grupos pueda ser
tramitado mediante el proceso monitorio.  Destaca que esta es la razón por la
cual diferentes ordenamientos jurídicos no establecen dicha distinción y
amparan ambos tipos de obligaciones.
La Universidad considera, del
mismo modo, que la norma se opone al derecho de acceso a la administración de
justicia.  Aunque se acepta que las obligaciones dinerarias presentarían un
carácter más expedito en su exigibilidad que las no dinerarias, en todo caso
esa sola razón no es suficiente para privar a un grupo de acreedores de
utilizar el proceso monitorio, el cual tiene como finalidad esencial dotar al
orden jurídico de un proceso ágil y simplificado, dirigido a aquellas obligaciones
de cuantías inferiores.  Como este objetivo no distingue entre diferentes
grupos de obligaciones, no concurre justificación para excluir a aquellas no
dinerarias.  Sobre la materia, el interviniente sostiene que “la norma
demandada y demás reglas jurídicas concordantes deben responder a criterios de
eficiencia de un procedimiento concebido para asuntos menos complejos o que,
por razón de su cuantía, requieren un juicio más sencillo que permita a los
usuarios el acceso eficiente a la administración de justicia, sin necesidad de
agotar el trámite de un proceso de conocimiento y que pueda ser iniciado sin la
intervención de un abogado, sea la prestación dineraria o no, y con
independencia de su fuente, contractual o extracontractual.”
De la misma manera, el
interviniente considera que esta limitación genera tanto grandes dificultades
para la exigibilidad judicial de las obligaciones no dinerarias, como un
incentivo para su incumplimiento por parte de sus obligados.  “De esta manera,
se defrauda a tales acreedores su legítima confianza, la verificarse que la
ausencia de contenidos monetarios o fuente contractual de su obligación, hace
nugatoria la eficacia de su crédito.  Ello permitirá a futuro que sujetos de
mala fe accedan a reconocer informalmente este tipo de obligaciones, para
posteriormente alegar su naturaleza extracontractual o no monetaria, de tal
manera que tales deudores podrán defraudar a la contraparte, al ubicarla en una
situación procesal y probatoria sumamente precaria, por no decir imposible.
Semejante actuación no solo vulnera el postulado constitucional de acceso a la
justicia, sino igualmente el deber de actuar de buena fe, que en nuestro
ordenamiento es igualmente un imperativo constitucional.”  Señala, con base
en el mismo argumento, que forzar a los acreedores de obligaciones no
dinerarias a utilizar otros mecanismos judiciales diferentes al proceso
monitorio, que resultan costosos y extensos en el tiempo, vulnera el principio
de gratuidad en el acceso a la justicia.
4.8. Universidad de Antioquia
La decana de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia presenta
intervención ante la Corte, que sustenta la exequibilidad de la disposición
demandada.
Señala que desde el derecho
comparado se infiere que el propósito del proceso monitorio es dotar de un
título ejecutivo a los acreedores que carecen de este, pero que son titulares
de derechos de crédito.  De allí que resulta razonable y proporcionado que el legislador
haya delimitado el alcance de dicho proceso a las obligaciones dinerarias.
Además, esta restricción en nada afecta la posibilidad que tienen los
acreedores de obligaciones dar, hacer o no hacer, de constituir sus títulos
ejecutivos a través de otros instrumentos, como el uso de mecanismos
alternativos de solución de conflictos o el interrogatorio de parte como prueba
extraprocesal.  Igualmente, resalta en la misma línea de otros intervinientes,
la existencia de diferentes procedimientos civiles para la ejecución de
diversas obligaciones de hacer.
Finalmente, sostiene que el
diseño legal ahora planteado no es incompatible con que en el futuro se amplíe
la cobertura a otras clases de obligaciones, sin que la actual limitación
contradiga la Carta Política.  “De esta forma, en ejercicio de su potestad
de configuración, el legislador puede perfectamente limitar el proceso
monitorio para ciertas pretensiones y la exclusión de las demás no viola el
derecho de acceso a la administración de justicia, la tutela judicial efectiva
y mucho menos el derecho a la igualdad, en la medida en que para la protección
de tales pretensiones existen otros mecanismos igualmente válidos, establecidos
por el legislador.”
Intervenciones ciudadanas
4.9. Ciudadano Francisco
Edilberto Mora Quiñonez
El ciudadano Mora Quiñonez
interviene ante la Corte con el fin de defender la exequibilidad condicionada
de la norma acusada, en el entendido que el proceso monitorio también es
aplicable frente a las obligaciones no dinerarias.
Luego de hacer algunas
consideraciones sobre la actual vigencia del Código General del Proceso y
concluir que había entrado en vigor en todo el país el 1º de enero de 2016, el
interviniente descarta la existencia de cosa juzgada constitucional, derivada
de la sentencia C-726 de 2014.  Esto debido a que allí se analizó un problema
jurídico diferente al ahora objeto de examen.  Sin embargo, resalta de manera
coincidente con otros intervinientes, que de la lectura de un aparte de dicha
decisión llevaría a concluir que la Corte extendió la aplicación del proceso
monitorio a otro tipo de obligaciones, entre ellas a la de entrega material de
un bien o la obligación de hacer o no hacer.  Con todo, sostiene que dicha
afirmación constituye apenas obiter dicta, por lo que no configura una
regla controlante para el presente caso.
El interviniente reitera el
argumento planteado por la demanda y algunos otros intervinientes, en el
sentido que la norma viola el principio de igualdad.  Sostiene que a pesar que
la disposición acusada no contiene un mandato expreso que excluya a las
obligaciones no dinerarias de su exigibilidad judicial mediante el proceso
monitorio, en todo caso sí se está ante lo que denomina una “exclusión
implícita”.  Con todo, no se evidencia una razón que permita dicha
restricción.  Afirma, sobre este particular, que “consultando la integridad de
la exposición de motivos y los debates surtidos en el Congreso de la República,
en lo que terminó siendo el CGP, no aparece con claridad que el legislador
hubiere concurrido en alguna razón o causa justificativa para la exclusión
implícita que hoy se juzga y creo ello tiene una única respuesta: No existe una
sola causa justificativa razonable para haber privado de la institución
monitoria como lo hizo la norma acusada, a los acreedores de obligaciones
contractuales de naturaleza diferente al dinero.”  Para sustentar este
aserto, indica que en el caso de los procesos de ejecución, no se excluyen una
u otra clase de obligaciones.
Por último, expone que no es
cierto el argumento según el cual las obligaciones no dinerarias se muestren
inasibles por parte del proceso monitorio, pues dicho trámite judicial cuenta
con las instancias mínimas y necesarias para evidenciar la existencia de
cualquier tipo de obligación.
V.      CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Mediante escrito radicado en esta Corporación en la oportunidad
procesal correspondiente, el Procurador General de la Nación presentó el
concepto previsto en los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución, en el que
solicita a la Corte que declare la exequibilidad de la disposición acusada.  Para
ello, expone los argumentos siguientes:
5.1. El Ministerio Público parte de advertir que si bien la
constitucionalidad de los artículos 419 y 421 del Código General del Proceso
fue analizada en la sentencia C-726 de 2014, en todo caso dicha decisión tuvo
efectos de cosa juzgada relativa explícita, por lo que la Corte está habilitada
para resolver de fondo el asunto propuesto en la demanda de la referencia.
5.2.  En cuanto a este particular, la Procuraduría General
considera que la norma acusada es exequible, en la medida en que se inserta en
la cláusula general de competencia legislativa.  La exclusión de obligaciones
no dinerarias, en ese sentido, responde a que tienen una naturaleza diferente a
las expresadas en dinero, lo que justifica desde la perspectiva constitucional
el trato diferenciado. Igualmente, el Código General del Proceso prevé otros
mecanismos, en particular los procesos ejecutivos, diseñados para otro tipo de
obligaciones, que sí constan en un título ejecutivo.  La Vista Fiscal considera
sobre este aspecto que “en efecto, el proceso monitorio tiene como propósito
el pago de sumas de dinero –obligaciones de dar, que tienen fuente contractual
y de mínima cuantía-, mientras el proceso ejecutivo puede referirse a
obligaciones de mínima, menor y mayor cuantía que no tienen necesariamente un
origen contractual.  Por esta razón el proceso ejecutivo cubre, como se indicó,
un margen más amplio de acción, pues cubre obligaciones de dar, hacer y no
hacer, así como obligaciones sujetas a plazo o condición. Y, finalmente, el
proceso ejecutivo tiene como presupuesto la existencia de un título ejecutivo,
mientras que el proceso monitorio no requiere de esta condición.”
5.3. En tercer lugar, el Ministerio Público advierte que la
restricción demandada no afecta el derecho de acceso a la administración de
justicia, sino que, en contrario, lo hace efectivo.  Este en razón que el
proceso monitorio está diseñado para facilitar la exigibilidad judicial de
obligaciones generalmente contraídas entre comerciantes informales y en montos
relativamente bajos.  “Desde esta perspectiva, por lo tanto, el diseño de la
medida legislativa es perfectamente coherente con la realidad que busca
regular, pues incluir otro tipo de obligaciones como de hacer o no hacer no
solo desnaturalizaría el proceso monitorio y su finalidad de promover el acceso
a cierta parte de la población a la administración de justicia, sino que,
además, su extensión a otro tipo de obligaciones desnaturalizaría también su
propósito esencial, debido a que el trámite y la discusión de obligaciones de
hacer, por ejemplo, claramente resulta mucho más complejo que el trámite de
obligaciones dinerarias de dar.”
VI.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. La Corte Constitucional es competente para resolver
la demanda de la referencia, en los términos del artículo 241-4 C.P., puesto
que se trata de la acción pública de inconstitucionalidad contra disposiciones
contenida en una Ley de la República.
De otro lado, es importante resaltar que en el caso
analizado no concurre el fenómeno de la cosa juzgada, en relación con lo
decidido por la Corte en la sentencia C-726 de 2014.  Esto debido a que si bien
en dicha decisión, como se explicará en mayor detalle en apartado posterior, se
hizo un amplio estudio del proceso monitorio, a partir de la demanda de las
normas del Código General del Proceso que lo regulan, el cargo estuvo basado en
la presunta vulneración de los derechos a la igualdad y al debido proceso.  Esto
en razón que se trata de un proceso simplificado, que la demanda en ese momento
calificó de “unilateral” y que, al prever mecanismos expeditos para la
exigibilidad judicial de la obligación, presuntamente afectaba el derecho de
contradicción del deudor.  La Corte, en la sentencia mencionada, declaró la
exequibilidad de las normas demandadas, pero circunscribiendo la decisión a los
cargos analizados que, como es sencillo advertir, difieren de los estudiados en
el presente fallo.
Problema jurídico y metodología de la decisión
2. Los demandantes consideran que la norma acusada es
incompatible con los derechos a la tutela judicial efectiva y el acceso a la
justicia, en tanto restringe la aplicación el proceso monitorio a las
obligaciones dinerarias, excluyendo las que no tiene ese carácter.  El
razonamiento del cargo se basa en considerar que si el legislador previó un
procedimiento expedito, dirigido a facilitar la exigibilidad judicial de obligaciones
que no constan en un título ejecutivo, no existe ninguna razón para restringir
la aplicación de ese trámite a las obligaciones dinerarias.  Agregan que la
comprobación fáctica de dicha limitación inconstitucional, es el hecho que en
el derecho comparado varias legislaciones no hayan circunscrito el proceso
monitorio del modo que lo hace la norma acusada.
Algunos de los intervinientes concuerdan con la
demanda y solicitan a la Corte que adopte un fallo de exequibilidad condicionada,
en el cual la norma sea interpretada en el entendido que también podrá
tramitarse a través del proceso monitorio la exigibilidad de obligaciones no
dinerarias. En cambio,  la mayoría de los intervinientes, al igual que la
Procuraduría General, consideran que la norma es exequible.  Sostienen que la
definición acerca de qué clase de obligaciones puede hacerse exigible a través
del proceso monitorio, es un asunto que hace parte del amplio margen de
configuración legislativa que tiene el Congreso en materia de procedimientos
judiciales.  Agregan que no es acertado el razonamiento de los demandantes, en
el sentido que se afecte el acceso a la administración de justicia, puesto que
la legislación procesal civil ha previsto tradicionalmente diferentes
instrumentos para la ejecución de las obligaciones de dar, hacer o no hacer.
Asimismo, indican que en el derecho comparado concurren jurisdicciones que
incluyen y otras que separan a las obligaciones no dinerarias del conocimiento
judicial a través del proceso monitorio, de modo que no es viable concluir que
este sea un asunto de la esencia de dicho trámite judicial.
3. Conforme a los antecedentes planteados, corresponde
a la Sala resolver el siguiente problema jurídico: ¿la norma del procedimiento
civil que excluye a las obligaciones no dinerarias de su exigibilidad a través
del procedimiento monitorio, vulnera los derechos a la tutela judicial efectiva
y al acceso a la administración de justicia?
De antemano, la Sala considera que en el caso
analizado este problema subsume a la discusión por presunta afectación del
principio de igualdad que también plantean los demandantes.  Esto debido a que
tanto en uno como en otro caso, la argumentación utilizada es la misma.  Los
accionantes consideran que restringir la exigibilidad judicial de las
obligaciones no dinerarias a procedimientos diferentes al monitorio, les impone
un tratamiento discriminatorio a sus acreedores, puesto que deben utilizar vías
menos expeditas para su cobro por vía jurisdiccional.  Esto es un razonamiento
análogo a considerar que se afecta el derecho de acceso a la administración de
justicia, cuando presuntamente sin existir un criterio para ello, el legislador
decide excluir las obligaciones no expresadas en dinero de la competencia
propia del proceso monitorio.
Así, tanto en uno como en otro caso, habrá que determinarse
si existe un criterio constitucionalmente válido para que el legislador haya
decidido disponer la mencionada diferenciación.  Por ende, es claro que la
discusión por vulneración del derecho a la igualdad se subsume en un problema
jurídico más general, materia de la presente sentencia.
Para resolver este problema jurídico, así planteado,
la Corte adoptará la metodología siguiente: En primer lugar, hará referencia al
precedente constitucional previsto por la Corte en materia del margen de
configuración legislativa respecto de procedimientos judiciales, así como el
contenido y alcance de los derechos fundamentales al acceso a la administración
de justicia y la tutela judicial efectiva.  En segundo lugar, se hará
referencia a la estructura y propósitos del proceso monitorio en el Código
General del Proceso, apartado que hará uso tanto de los presupuestos legales y
sus antecedentes, como el derecho comparado y las decisiones adoptadas por la
Corte sobre dichas disposiciones.  En tercer lugar y a partir de las reglas
jurisprudenciales que se deriven de los análisis previos, la Corte resolverá el
caso concreto.
Con todo, la Sala encuentra que uno de los intervinientes
sostiene que debe adoptarse un fallo inhibitorio, debido a que la demanda no
pretende la inconstitucionalidad de la norma acusada, sino su exequibilidad
condicionada, a fin que se incluya dentro de los supuestos de hecho regulados
las obligaciones no dinerarias.  A juicio del interviniente, este tipo de
solicitudes no son propias de la acción pública de inconstitucionalidad, por lo
que la demanda sería inepta. En consecuencia, la Corte deberá resolver esta
materia como asunto preliminar.
Asunto preliminar.  Aptitud de la demanda
4. En cuanto a la admisión de la demanda que solicita
como pretensión principal la exequibilidad condicionada, basada en la
existencia de interpretaciones concurrentes de la norma sujeta a examen, sino
algunas de ellas compatibles con la Constitución y otras no, la jurisprudencia
constitucional tiene dos etapas definidas.
Las decisiones de la primera etapa de la
jurisprudencia planteaban que una demanda en dicho sentido era inepta, puesto
que de conformidad con las normas legales aplicables, la acción pública faculta
a los ciudadanos a requerir la inconstitucionalidad de los preceptos jurídicos,
más no su condicionamiento. Esta alternativa de decisión estaba reservada a la
Corte Constitucional, en tanto la legislación estatutaria sobre administración
de justicia confiere a este Tribunal la competencia exclusiva para definir el
sentido y alcance de sus propias decisiones.  Así, cuando se solicitaba la
exequibilidad condicionada, en estricto sentido no se estaba presentando ante
la Corte una oposición objetiva y verificable entre la norma legal y la
Constitución, por lo que no se habría planteado un juicio de
inconstitucionalidad, resultando en consecuencia inepta la demanda
correspondiente.
Un ejemplo de fallos en ese sentido es la sentencia C-864/08,
en la que reiterando pronunciamientos anteriores de la Corte en ese sentido,
expresó los argumentos siguientes frente a la demanda formulada contra algunos
artículos de la Ley 691 de 2001, en materia de seguridad social para los grupos
étnicos, en donde la pretensión principal era la exequibilidad condicionada:
“Además, la demanda pide a la Corporación
que, para acceder a la primera de las dos solicitudes anteriores, se aparte de
su propio precedente sentado en la Sentencia C-1299 de 2005[1].
En este pronunciamiento, reiterando jurisprudencia anterior, la Corte  sostuvo
que la acción pública de inconstitucionalidad de las leyes no podía ejercerse
para lograr la declaración de exequibilidad condicionada de una norma legal. En
efecto, al respecto en dicho fallo la Corporación vertió los siguientes
conceptos:
“Al respecto, la Corte debe recordar que
la formulación que corresponde hacer al titular de la acción pública ciudadana
debe contener una directa e inequívoca pretensión de inconstitucionalidad de
una norma de rango legal, por contradecir precisamente ella las disposiciones
superiores contenidas en la Constitución pues, como lo ha señalado esta
Corporación en reiterada jurisprudencia[2], cuando se solicita la exequibilidad
condicionada de una norma “la sugerencia ciudadana de condicionamiento de
normas que se estiman exequibles no implica demanda de ellas y, por lo tanto,
no da lugar al proceso”[3].
“Al respecto ha expresado la Corporación
lo siguiente:
“Finalmente  la Corte debe hacer énfasis
en que, sin perjuicio  de los poderes inherentes a la función que le es propia
y que permiten, como se ha reconocido no solo por esta Corporación sino por
otros tribunales  constitucionales donde ellos existen, la expedición de
sentencias condicionadas, sean estas interpretativas, integradoras, o
sustitutivas, así como la posibilidad de modular los efectos temporales de las
mismas[4], todo ello dentro de la rigurosa
razonabilidad que en tales supuestos ha señalado la jurisprudencia, es claro
que la formulación que corresponde hacer al titular de la acción pública
ciudadana debe contener una directa e inequívoca pretensión de
inconstitucionalidad de una norma de rango legal, por contradecir precisamente
ella las disposiciones superiores contenidas en la Constitución.
“Cabe recordar al respecto que la acción
que ejerce el particular  en este caso es de inconstitucionalidad. Ni en el
texto Constitucional (arts. 40  y 241  C.P)  ni en el régimen procedimental
respectivo (Decreto 2067/91) se hace mención  de una eventual acción de
“interpretación” o de “interpretación acorde”.  La expresión utilizada es
precisamente la de inconstitucionalidad y ella enmarca el alcance de las
demandas que pueden presentarse ante la Corte Constitucional en los términos
del artículo 241 superior.”[5]”
Así las cosas, la primera y principal de
las pretensiones formuladas en la demanda involucra la ineptitud sustancial de
la misma, puesto que esta Corporación ha rechazado la posibilidad de que la
acción pública de inconstitucionalidad se utilice para lograr la interpretación
conforme a la Constitución de una norma legal, que es lo que en definitiva se
solicita en esta primera petición.”
5. Sin embargo, esta postura fue
posteriormente modificada por la Corte, admitiéndose en la actualidad que las
demandas de inconstitucionalidad contengan como pretensión principal la
declaratoria de exequibilidad condicionada del precepto legal respectivo. Para
la Corte, esta sola circunstancia no era suficiente para concluir la ineptitud
de la demanda, sino que también debía verificarse si (i) el libelo presentaba
cargos que fuesen claros, ciertos, suficientes y pertinentes, en los términos
de la jurisprudencia constitucional, de modo que ofrezcan una acusación
discernible y fundada; (ii) la demanda, además de la solicitud de exequibilidad
condicionada, también incluye una pretensión de inexequibilidad, o (iii) si el
cargo está fundado exclusivamente en la pretensión de exequibilidad
condicionada, el mismo está mínimamente motivado, de modo que se demuestre que
dicha opción de decisión es necesaria para solucionar la contradicción entre el
precepto acusado y la Constitución.
Acerca de esta última posibilidad, la jurisprudencia
de la Corte ha señalado que carecería de sentido exigir al demandante que
solicite la inexequibilidad de la norma que acusa, cuando su argumentación está
unívocamente dirigida a demostrar que el remedio adecuado para solucionar el
problema jurídico propuesto no es la inconstitucionalidad, sino una fórmula de
exequibilidad condicionada.  Sobre este mismo particular debe agregarse que no
existe una norma particular que impida una solicitud de ese carácter y, además,
la eficacia del principio pro actione obliga a que no se impongan
condiciones a las demandas de inconstitucionalidad que se funden, como sucede
en el caso analizado, en exigir una contradicción argumentativa entre la
pretensión y las razones que conforman el concepto de la violación.
Este precedente, que constituye el estándar actual de
análisis sobre admisibilidad de las demandas que requieren a la Corte la
adopción de fallos de exequibilidad condicionada, fue expuesto recientemente
por la sentencia C-020 de 2015, en la cual se decidió la constitucionalidad de
algunas normas que regulan la pensión de invalidez.  En dicha oportunidad, el
Pleno expresó lo siguiente:
“Cuando la
única pretensión de la demanda es la exequibilidad condicionada de la norma
acusada, debe tenerse en cuenta que incluso en ciertos casos la Corte puede
fallar de fondo una acción así.[6]
Lo que se exige en estos casos, además de una demanda en forma, es que la
acción plantee un problema abstracto de inconstitucionalidad, y que a partir de
ella se justifique mínimamente la decisión del actor de no pedir la
inexequibilidad total o parcial de la norma. A un demandante no se le puede
exigir –como condición para que su demanda sea admitida y estudiada de fondo-
que pida la inexequibilidad total de un precepto o de parte de él, cuando según
sus propias convicciones razonablemente fundadas considera que la norma no es
integral o parcialmente inexequible, pero sí que lo es mientras no exista un
condicionamiento específico de la Corte, debidamente justificado por el actor
en cada proceso. Lo contario, como lo señala el Procurador General de la Nación,
equivale a imponerle una carga de deslealtad procesal al ciudadano, quien
estaría entonces ante el imperativo de pedir algo con lo cual razonablemente
está en desacuerdo. Además es tanto como adjudicarle al ciudadano, al menos en
ciertos casos, la carga de obrar contra la inviolabilidad de sus propias
convicciones morales, lo cual resulta aparte de innecesario constitucionalmente
inaceptable a la luz de las libertades consagradas en la Carta. Como dijo esta
Corporación en la sentencia C-149 de 2010:
“[…]
cuando el actor fundamenta su pretensión en un cargo de inconstitucionalidad
que cumple con todos los requisitos legales y jurisprudenciales, no cabe
declarar la ineptitud sustantiva de la demanda en razón a que la pretensión se
oriente a obtener una sentencia de exequibilidad condicionada. Pretender lo
contrario no es razonable en cuanto ello implicaría imponerle al
demandante una carga que, incluso, prima facie, podría resultar
contraria a la Constitución, como cuando, por ejemplo, se acusa una norma legal
que establece un beneficio que responde a un imperativo constitucional, pero
que se ha restringido, injustificadamente, a ciertos sujetos con exclusión de
otros que también debieran estar incluidos. En ese caso es claro que la
exclusión que se deriva de la ley es contraria a la Constitución, pero no
parece razonable, a la luz del ordenamiento superior, exigir al demandante que
solicite la declaratoria de inexequibilidad de la disposición como tal, con lo
cual se perdería el beneficio para todos sus destinatarios, sin permitirle
solicitar lo que en definitiva, de constatarse la hipótesis de
inconstitucionalidad planteada por el demandante, puede hacer y posiblemente
hará la Corte, cual es un pronunciamiento de exequibilidad condicionada. Dicho
de otra manera, de acuerdo con la línea argumentativa que proponen algunos
intervinientes y que aquí se cuestiona, en un caso como el que se acaba de
exponer, un requisito de técnica procesal, le impondría al demandante que, como
condición para acceder a una decisión de exequibilidad condicionada que purgue
la disposición acusada de sus contenidos contrarios a la Constitución, solicite
que toda la disposición sea excluida del ordenamiento, asunto que no solo no
desea, sino que además, en el ejemplo planteado, resultaría contrario a la
Constitución, puesto que implicaría suprimir un beneficio cuya consagración
legal, como se dijo, obedece a un imperativo Constitucional”.
6.
La Sala advierte, en este orden de ideas, que la demanda de la referencia
cumple con los criterios expuestos. El libelo contiene una argumentación clara
y suficiente, dirigida a demostrar que el proceso monitorio debe extenderse a
la exigibilidad judicial de las obligaciones no dinerarias, puesto que de lo
contrario se afectan los derechos de acceso a la justicia y a la tutela
judicial efectiva.  De igual manera, la interpretación que hacen los
accionantes de la norma acusada se deriva razonablemente de la misma, en tanto
efectivamente el precepto circunscribe el ámbito del proceso monitorio a las
obligaciones dinerarias.  Finalmente, los argumentos contenidos en la demanda
son pertinentes, pues refieren a la presunta contradicción entre dicha
delimitación legal del proceso monitorio y el ejercicio de los derechos fundamentales
mencionados por parte de los acreedores de obligaciones no dinerarias.
Es
claro que el centro de la discusión es la necesidad de extender el ámbito de
aplicación del proceso monitorio a otros supuestos no previstos por el
legislador, pero en ningún caso a la inexequibilidad de ese trámite judicial.
De allí que no sea posible exigir a los demandantes que pretendan la
inconstitucionalidad de las normas, pues ello supondría excluir del orden
jurídico la institución en su conjunto.  Por lo tanto, como lo aceptan los
intervinientes y el Ministerio Público, se está ante un cargo de
inconstitucionalidad que cumple con las condiciones de admisibilidad, lo que
faculta a la Corte para adoptar una decisión de mérito en el asunto de la
referencia.
Así,
solucionado el presente asunto preliminar, la Sala asume el conocimiento del
problema constitucional planteado, de conformidad con la metodología explicada
en el fundamento jurídico 3 de esta sentencia.
El
amplio margen de configuración legislativa en materia de procedimientos
judiciales.  Reiteración de jurisprudencia
7.
La jurisprudencia constitucional ha reconocido, de manera estable y reiterada,
que uno de los aspectos en los cuales el legislador tiene una amplia
competencia de regulación es en lo que respecta a la previsión de los
procedimientos judiciales y administrativos.  El Congreso, en ejercicio de la
cláusula prevista en 150-2 C.P., está facultado para expedir códigos en todos
los ramos de la legislación, así como reformar sus disposiciones.  La Corte ha
considerado que a partir de esta previsión, el legislativo puede válidamente
adoptar diferentes modelos de procedimiento, de acuerdo con el diseño que se
muestre más conveniente para asumir cada problemática legal en particular.  En
ese sentido, los límites impuestos son solo aquellos vinculados con la vigencia
de los derechos constitucionales de quienes participan en dichos trámites, sin
que de la Carta Política se deriven, salvo casos de regulación superior
expresa, un modelo procedimental en particular.
La
Corte ha planteado en diferentes decisiones este precedente, razón por la cual
para efectos de la presente sentencia, se hará uso de la síntesis contenida en
el fallo C-319/13, en el cual la Sala Plena decidió unánimemente la
constitucionalidad de una norma contenida en la Ley 393 de 1997, que dispone la
ausencia de recursos respecto de las providencias que se adopten en el trámite de
las acciones de cumplimiento, salvo la sentencia.
8.
Diferentes normas constitucionales confieren al Congreso la competencia para
delimitar los procedimientos judiciales.  Esto se deriva de las facultades
previstas en el artículo 150 C.P. para interpretar, reformar y derogar las
leyes, así como la antes mencionada de expedir los códigos y reformar sus
contenidos.  Igualmente, el artículo 228 C.P., al definir la naturaleza de la
administración de justicia, prescribe su sujeción a la ley procesal definida
por el legislador.
Esta
amplia competencia, en los términos expuestos, faculta al legislador para
establecer diferentes modelos y alternativas de trámites judiciales, dirigidos
entre otras muchas tareas a (i) fijar nuevos procedimientos judiciales; (ii)
determinar la naturaleza de dichos procedimientos; (iii) eliminar etapas
procesales; (iv) requerir la intervención estatal o particular en el curso de
las actuaciones judiciales; (v) imponer cargas procesales a las partes; o (vi)
establecer los términos y plazos para el acceso a la administración de
justicia  Esto bajo un criterio de libertad de configuración legislativa, que
responda a necesidades de conveniencia y oportunidad para la efectividad de los
derechos, principios y valores constitucionales.[7]
9.
La competencia del legislador también es de carácter negativo, pues está
facultado para excluir determinadas etapas procesales, así como prever cuáles
son los mecanismos que deben ser utilizados para lograr la exigibilidad
judicial de determinada pretensión.  Esta conclusión es justificada en la
sentencia en comento al señalar que “de acuerdo con la Constitución, es a la ley a la que
le corresponde definir el contenido específico de los procedimientos
judiciales, salvo aquellos casos en que la Carta tiene previsiones particulares
acerca de determinados procesos que, como es apenas natural, subordinan al
legislador.  Así, se ha señalado por la Corte que “… el legislador goza de libertad de configuración en lo
referente al establecimiento de los recursos y medios de defensa que pueden
intentar los administrados contra los actos que profieren las autoridades. ||
Es la ley, no la Constitución, la que señala si determinado recurso
-reposición, apelación, u otro- tiene o no cabida respecto de cierta decisión,
y es la ley, por tanto, la encargada de diseñar en todos sus pormenores las
reglas dentro de las cuales tal recurso puede ser interpuesto, ante quién, en
qué oportunidad, cuándo no es procedente y cuáles son los requisitos -positivos
y negativos- que deben darse para su ejercicio.”[8]”
10.
Con todo, este mismo precedente ha contemplado que la facultad legislativa para
definir los procedimientos judiciales si bien es amplia, no es omnímoda, pues
está sometida a los límites que la hagan compatible con la Constitución.  La
jurisprudencia en comento ha agrupado dichos límites en cuatro categorías
principales: (i) la fijación directa, por parte de la Constitución, de
determinado recurso o trámite judicial; (ii) el cumplimiento de los fines
esenciales del Estado y particularmente de la administración de justicia; (iii)
la satisfacción de principios de razonabilidad y proporcionalidad; y (iv) la
eficacia de las diferentes garantías que conforman el debido proceso y el
acceso a la administración de justicia.
10.1.
El primer límite se deriva del carácter normativo de la Constitución. En
efecto, si la misma Carta Política ha determinado los aspectos específicos de
un procedimiento judicial o administrativo, el Congreso carece de competencia para
prever un diseño normativo diferente.  Con todo, este mismo precedente ha
enfatizado que dicha limitación es excepcional, pues de ordinario la
Constitución difiere a la ley la definición específica de los procedimientos
judiciales.
10.2.
En cuanto la segunda categoría de límites, se tiene que los procedimientos
judiciales son expresión de la actividad del Estado, de manera tal que deben
mostraste compatibles con los fines constitucionales de este.  Esta es la regla
que se deriva del artículo 228 C.P., cuando establece como uno de los
principios básicos de la administración de justicia, la primacía del derecho
sustancial.  De esta manera, el precedente en comento ha señalado que los
procesos judiciales se instituyen con el fin (i) cumplir con los fines de
esenciales del Estado, previstos en el artículo 2° C.P.; y particularmente (ii)
otorgar eficacia a las previsiones de independencia, desconcentración y
autonomía de la función judicial, publicidad de la actuación, prevalencia del
derecho sustancial, diligencia en el cumplimiento de los términos procesales y
garantía de acceso a la administración de justicia.
10.3.
La tercera categoría de límites refiere al cumplimiento de criterios de razonabilidad
y proporcionalidad.  Esta condición es satisfecha cuando la norma procedimental
responde a un principio de razón suficiente, relativo al cumplimiento de un fin
constitucionalmente admisible y a través de un mecanismo legal que sea adecuado
para cumplir con ese objetivo y que, a su vez, no afecte desproporcionadamente
un derecho, fin o valor constitucional, al interferir con su núcleo esencial.
Esta
condición ha sido caracterizada por la jurisprudencia constitucional, al
señalar que “[c]omo lo ha venido señalando la jurisprudencia
constitucional en forma por demás reiterada y unívoca, en virtud de la cláusula
general de competencia consagrada en los numerales 1° y 2° del artículo 150 de
la Carta Política, al legislador le corresponde regular en su totalidad los
procedimientos judiciales y administrativos. Por esta razón, goza de un amplio
margen de autonomía o libertad de configuración normativa para evaluar y
definir sus etapas, características, formas y, específicamente, los plazos y
términos que han de reconocerse a las personas en aras de facilitar el
ejercicio legítimo de sus derechos antes las autoridades públicas. Autonomía
que, por lo demás, tan sólo se ve limitada por la razonabilidad y
proporcionalidad de las medidas adoptadas, en cuanto éstas se encuentren
acordes con las garantías constitucionales de forma que permitan la realización
material de los derechos sustanciales.”[9]
10.4.
El cuarto límite tiene por objeto hacer compatible al trámite judicial con las
garantías que conforman el derecho al debido proceso. En los términos
anteriormente analizados, el proceso judicial es un instrumento para la
satisfacción de los derechos fundamentales.  Llevado a esta condición a la
presente limitación, se concluye que los trámites judiciales, para que sean
compatibles con la Constitución, deben acreditar su compatibilidad con “los
principios de legalidad, contradicción y defensa, de favorabilidad en los casos
que resulte aplicable, de presunción de inocencia para los trámites propios del
derecho sancionador, así como contar con un proceso judicial sin dilaciones
injustificadas y donde esté garantizado el derecho a presentar y controvertir
las pruebas, a impugnar la sentencia condenatoria y a que no se sea juzgado dos
veces por el mismo hecho. Estas garantías se suman a otras, vinculadas a distintos
derechos fundamentales, como son la igualdad de trato ante autoridades
judiciales, la vigencia de la intimidad y la honra, la autonomía personal y la
dignidad humana”.[10]
La
jurisprudencia constitucional analizada, a partir de esta consideración, ha
señalado que el cumplimiento de este requisito vincula las limitaciones
constitucionales del diseño legal de los procedimientos judiciales al derecho a
contar con un recurso judicial efectivo, definido por el derecho internacional
de los derechos humanos.
Para
probar este último aserto, la Corte ha traído a colación diferentes
pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales son
coincidentes en supeditar la existencia de un recurso judicial efectivo al
cumplimiento de los componentes esenciales del derecho al debido proceso.  Así,
la Opinión
Consultiva OC-9/87 de la Corte Interamericana resalta que el artículo 8 de la
Convención Interamericana sobre Derechos Humanos “…cuya interpretación ha sido
solicitada expresamente, es denominado por la Convención " Garantías
Judiciales ", lo cual puede inducir a confusión porque en ella no se
consagra un medio de esa naturaleza en sentido estricto. En efecto, el artículo
8 no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de
requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que pueda
hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la Convención. (…) Este artículo 8 reconoce el
llamado "debido proceso legal", que abarca las condiciones que deben
cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u
obligaciones están bajo consideración judicial.”
Similares consideraciones son expuestas
por el intérprete autorizado de la Convención Americana, al insistir en que la
cláusula de garantías judiciales se aplica no solo al escenario del derecho
penal, sino también a las demás actuaciones, entre ellas las de los
procedimientos administrativos.  Así, en la Opinión Consultiva OC-11/90
determinó que “[e]n materias que conciernen con la determinación de
[los] derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier
otro carácter el artículo 8 no especifica garantías mínimas, como lo hace en el
numeral 2 al referirse a materias penales. Sin embargo, el concepto de debidas
garantías se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias
el individuo tiene derecho también al debido proceso que se aplica en materia penal.
Cabe señalar aquí que las circunstancias de un procedimiento particular, su
significación, su carácter y su contexto en un sistema legal particular, son
factores que fundamentan la determinación de si la representación legal es o no
necesaria para el debido proceso.”
11.
Con base en estas premisas, la Corte ha concluido que dichos límites cumplen
con una doble función.  De un lado, operan como guía para la actividad del
legislador, el cual debe advertir que si bien tiene un amplísimo margen de
maniobra en lo que respecta al diseño de los procedimientos judiciales, en todo
caso no puede desconocer los límites antes explicados.  De otro, estos mismos
límites conforman el parámetro de constitucionalidad para evaluar la validez de
las regulaciones legales en materia de procedimientos judiciales. Por ende, cuando
la disposición legal que fija el procedimiento opera en exceso de dichos
límites, deviene inexequible.  A este respecto, se ha señalado que el legislador no está
facultado para prever, bajo el simple capricho o la arbitrariedad, las
ritualidades procesales, “… pues no puede desconocer las garantías
fundamentales, y debe proceder de acuerdo con criterios de proporcionalidad y
razonabilidad, a fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la
administración de una justicia recta. Por ello las leyes que establecen
procedimientos deben propender por el hacer efectivos los derechos de defensa,
de contradicción, de imparcialidad del juez, de primacía de lo substancial
sobre lo adjetivo o procedimental, de juez natural, de publicidad de las
actuaciones y los otros que conforman la noción de debido proceso.”[11]
12.  En conclusión, la jurisprudencia constitucional ha considerado que
el legislador tiene un amplio margen de configuración legislativa. Por lo
tanto, está habilitado para definir diversos modelos e instrumentos que
considere convenientes para la exigibilidad judicial de los derechos y el
cumplimiento de las regulaciones legales y constitucionales.  Sin embargo,
estas facultades no son absolutas, pues deben cumplir con los límites que
imponen tanto el mismo valor normativo de la Constitución, como la vigencia de
los derechos fundamentales concernidos en el proceso judicial, en particular el
debido proceso y la existencia de un recurso judicial efectivo.
El contenido y alcance de los derechos de acceso a la
administración de justicia y la tutela judicial efectiva
13.  El artículo 228 C.P. instituye a la administración de justicia
como función pública y le atribuye las características esenciales de (i) la
publicidad y permanencia, con las excepciones que establezca la ley; (ii) la
prevalencia del derecho sustancial; (iii) el cumplimiento diligente de los
términos procesales; y (iv) el funcionamiento desconcentrado y autónomo del
poder judicial.  De otro lado, el artículo 229 C.P. reconoce el derecho de
todas las personas para acceder a la administración de justicia.
La jurisprudencia de la Corte[12] ha concluido que existe un derecho
fundamental autónomo de acceso a la administración de justicia, que se
relaciona a su vez con el derecho a la tutela judicial efectiva,[13]
este último originado en el derecho internacional de los derechos humanos.  La
adscripción de este derecho responde un razonamiento simple, planteado incluso desde
la teoría jurídica, en el sentido que la definición misma de derecho subjetivo
comporta la posibilidad de hacerlo exigible.[14]  En ese sentido, no sería lógicamente
posible concluir que una persona es titular de un derecho, cuando está privado
de dicha posibilidad.  La exigibilidad judicial de los derechos es, en
consecuencia, esencial para concluir su misma existencia jurídica, en tanto
solo podrán predicarse como materialmente exigibles cuando se cuente con un
mecanismo coactivo para obtener su eficacia.
14. Es bajo esta consideración que la Corte ha definido el derecho de
acceso a la administración de justicia.  Al respecto, se ha señalado que dicha
garantía constitucional refiere a “la posibilidad reconocida a todas las
personas residentes en Colombia de acudir, en condiciones de igualdad, ante los
órganos de investigación, los jueces y los tribunales de justicia, ya sea para
demandar la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses
legítimos, o para propugnar por la integridad del orden jurídico con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia
de las garantías sustanciales y adjetivas previstas en la ley. Incorpora así
mismo, una garantía real y efectiva para los individuos, previa al proceso, que
se orienta a asegurar que éste cumpla con sus cometidos de justicia,
previniendo en todo caso que pueda existir algún grado de vacío del orden
jurídico o indefensión frente a la inminente necesidad de resolver de manera
pacífica los conflictos que se presentan entre los individuos, en sus
relaciones interpersonales, y entre ellos y la organización estatal.”[15]
Esta
definición guarda unidad de sentido con el alcance que el derecho internacional
de los derechos humanos otorga al derecho a tener un recurso judicial
efectivo.  La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ejercicio de su
función consultiva, ha previsto sobre el particular que el derecho a un recurso
judicial no solo debe preverse en la legislación de manera formal, sino que
también debe contar con las condiciones materiales para que sea “efectivo”,
entre ellas la existencia de un poder judicial independiente y autónomo, así
como un procedimiento que opere sin dilaciones injustificadas.  Sobre el
tópico, se señala por la Corte IDH que “la inexistencia de un recurso
efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención
constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual
semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que
tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley
o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente
idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos
humanos y proveer lo necesario para remediarla. No pueden considerarse
efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o
incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten
ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado
demostrada por la práctica, porque el Poder Judicial carezca de la
independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los
medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que configure
un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo
injustificado en la decisión; o, por cualquier causa, no se permita al presunto
lesionado el acceso al recurso judicial.”[16]
15.
Con base en estos supuestos generales, la jurisprudencia constitucional también
ofrece un inventario sobre las garantías específicas que contiene el derecho de
acceso a la administración de justicia. Este listado fue realizado por la
Corte, entre otras decisiones, en la sentencia C-1177/05, en la cual, sin tener
un propósito de exhaustividad, se señaló que el derecho de acceso a la
administración de justicia contiene, entre otras, las garantías de (i) el
derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de
mecanismos judiciales -acciones y recursos- para la efectiva resolución de los
conflictos; (ii) el derecho de acción o de promoción de la actividad
jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de
ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se proporcionan
para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o
de sus intereses particulares; (iii) el derecho a que la promoción de la
actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las
pretensiones que han sido planteadas, y que ella se produzca dentro de un plazo
razonable; (iv) el derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y
efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; y
(iv) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin
dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido
proceso.
Para
lo que interesa al presente asunto, debe la Corte enfatizar que contar con un
proceso sin dilaciones injustificadas es una garantían que se deriva de los
artículos 29 y 228 C.P., razón por la cual la jurisprudencia le ha otorgado
carácter esencial dentro del derecho fundamental en comento.   En este caso
particular, la Constitución incluye dicha garantía no solo como un componente
del acceso a la administración de justicia, sino específicamente como una de
las garantías propias del derecho del debido proceso. A su vez, dicho precedente
no circunscribe esa garantía al ámbito del derecho penal, sino que ha predicado
su carácter vinculante para los diferentes procesos judiciales.[17]
Sobre
el particular, existe un evidente vínculo entre el acceso a la administración
de justicia y contar con un proceso sin dilaciones injustificadas.  Como se
señaló anteriormente, la protección del derecho a un recurso judicial efectivo
no puede tener un carácter eminentemente formal, sino que debe ser material.
En ese orden de ideas, se estaría ante un modelo de justicia insuficiente en
términos de garantía de este derecho, cuando se ha previsto un procedimiento
judicial, pero el mismo no permite conferir a los ciudadanos una solución
oportuna frente a la exigibilidad de sus derechos.  Esta falencia puede deberse
de dos factores definidos: bien por la presencia de mora judicial, derivada de
la duración desproporcionada en el trámite de los trámites judiciales que no
responda a ningún criterio de carácter objetivo;[18] o bien por
la falta de idoneidad del mismo procedimiento legal, de manera que el modo como
fue concebido por el legislador no permita llegar, en abstracto, a una solución
oportuna.
Así,
en el segundo caso se requiere un estándar más estricto que una simple
evaluación de idoneidad del mecanismo judicial en casos concretos, sino una
ausencia objetiva de eficacia ante todas las controversias sometidas a dicho
trámite por el legislador.[19]
17.
Finalmente, el precedente en comento ha establecido que, conforme al margen de
configuración legislativa explicado en el apartado anterior de esta sentencia,
la definición concreta del derecho de acceso a la administración de justicia,
corresponde al Congreso, el cual se encuentra sometido a los límites
constitucionales explicados en precedencia.
17.1.
La Corte ha considerado, en primera instancia, que el derecho de acceso a la
administración de justicia está sometido al desarrollo legal, puesto que es al
Congreso al que la Constitución adscribe la competencia general para la
determinación de los procedimientos judiciales. Entonces, la fijación de las condiciones
de acceso a la justicia es competencia del legislador, pero en todo caso esta
actividad debe estar orientada, de forma obligatoria, a la consecución de
dichos fines.  En términos de la jurisprudencia constitucional, “[l]a
fijación de las condiciones de acceso a la administración de justicia las
reserva la Constitución al órgano legislativo en razón de que no se agotan en sí
mismas, sino que con ellas transciende la idea, por demás general, impersonal y
abstracta, de realización de la justicia. De ahí que cada criterio, requisito o
condición de acceso a la justicia, deberá diseñarse con miras a lograr que en
las actuaciones judiciales sea restablecido el orden jurídico que a las
autoridades corresponde mantener y por esto su regulación no puede confiarse a
instrumentos de naturaleza privada, destinados a regular la administración de
bienes de igual naturaleza, aunque destinados al uso común.”[20]
Así
por ejemplo, el legislador está habilitado para imponer diferentes cargas
procesales a las partes, siempre y cuando las mismas respondan a un fin
constitucionalmente legítimo y estén orientadas al cumplimiento de los fines
del sistema de justicia, que no son otros que la eficacia en el exigibilidad
judicial de los derechos, dentro de un marco respetuoso de los contenidos
propios del debido proceso. Este fue el caso analizado en la sentencia
C-123/03, que estudió la constitucionalidad de la norma que reformó el derogado
Código Contencioso Administrativo con el fin de regular la perención como
modalidad de terminación anticipada del proceso judicial.  La Corte advirtió
que el legislador estaba habilitado para prever esta clase de regulaciones, sin
que las mismas afectaran el derecho de acceso a la administración de justicia.
Esto debido a que una regulación procesal de esta naturaleza estaba
unívocamente enfocada a contar con un trámite contencioso sin dilaciones
injustificadas.
Señaló
sobre este aspecto que “[l]os efectos que produce la perención en los procesos
contencioso administrativos trascienden la órbita estrictamente procesal-legal,
involucrando varios derechos y principios constitucionales. || En efecto, constituye fin esencial del Estado social de derecho
colombiano el de garantizar la efectividad de los derechos constitucionalmente
reconocidos (C.P., art. 2o.), y para ello el artículo 229 constitucional
establece como derecho fundamental de toda persona, el de acceder a la
administración de justicia.  Adicionalmente, el artículo 228 constitucional señala que la
administración de justicia es una función pública y que los jueces son
independientes y autónomos para resolver las controversias y situaciones
jurídicas ante ellos expuestas para su definición. Sin embargo, el ejercicio de
esa función pública debe ser eficaz, es decir que debe garantizarse una
administración de justicia pronta y cumplida[21], lo que
se concreta en el principio de la celeridad, deducido del mismo artículo 228
superior, al establecer que “[l]os términos procesales se observarán con
diligencia y su incumplimiento será sancionado”. || Por lo anterior la Corte ha
reconocido como derecho fundamental de las personas “tener un proceso ágil y
sin retrasos indebidos”[22], que se instituye en premisa
básica de la efectividad del derecho a la administración de justicia, señalando
que la perención -en el ámbito civil pero igualmente
extensible al ámbito contencioso administrativo- es considerada como “un adecuado desarrollo legal del
principio constitucional, según el cual, la administración de justicia debe ser
diligente, los términos procesales
deben ser respetados y su incumplimiento será sancionado (CP art. 228)”[23].”
17.2. En segundo lugar, la jurisprudencia
constitucional[24] también ha señalado que el marco para
la regulación del acceso a la administración de justicia está conformado,
precisamente, por los límites al ejercicio de la actividad legislativa descritos
en el fundamento jurídico 10 de esta sentencia.  Sobre el particular, se ha
considerado que el mecanismo por excelencia para regular el acceso a la
administración de justicia son los mismos procedimientos judiciales.  En tal
circunstancia, se reconoce el amplio margen de configuración del legislador
acerca de la definición de dichos procedimientos, pero también son aplicables
las restricciones antes señaladas, las cuales van unívocamente dirigidas a la
satisfacción de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso equitativo a
la justicia y el derecho al debido proceso.
Sobre esta materia, la jurisprudencia constitucional
ha reafirmado que el legislador está habilitado para definir los diferentes
aspectos de los procesos judiciales.  Para la Corte, “en virtud de la
potestad de configuración con la que cuenta el legislador, este  puede regular
y definir entre los múltiples aspectos de su resorte legislativo, algunos de
los siguientes elementos procesales: (i) el establecimiento de los recursos y
medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que
profieren las autoridades, -esto es, los recursos de reposición, apelación, u
otros -, así como los requisitos y las condiciones de procedencia de los
mismos. (ii) Las etapas procesales y los términos y formalidades que se deben
cumplir en cada uno de los procesos. (iii) La radicación de competencias en una
determinada autoridad judicial, siempre y cuando el constituyente no se haya
ocupado de asignarla de manera explícita en la Carta. (iv) Los medios de prueba
y (v) los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, del  juez y
aún de los terceros intervinientes, sea para asegurar la celeridad y eficacia
del trámite, o para  proteger a las partes o intervinientes, o para prevenir
daños o perjuicios en unos u otros procesos.”[25]
Con base en este argumento, la Corte también ha
considerado que el derecho de acceso a la administración de justicia, aunque
amplio, puede ser válidamente circunscrito por el legislador.  De esta manera, bien
puede el Congreso disponer “límites temporales dentro de los cuales debe
hacerse uso de las acciones judiciales, o los requisitos de procedibilidad para
poner en movimiento el aparato judicial, -como exigir el agotamiento previo de
la vía gubernativa-, o condiciones al acceso a la justicia, como la
intervención mediante abogado o a la observancia de determinados requisitos de
técnica jurídica”.[26]
18. El legislador, en este orden de ideas, está
llamado a sopesar las razones de conveniencia socioeconómica, la distribución
adecuada de recursos, la naturaleza de las pretensiones y la evaluación de la
eficiencia y eficacia de cada procedimiento, a efectos de definir cuál es el
mecanismo procesal más idóneo.  Esta definición legal de los procedimientos,
entonces, lo que debe permitir es la exigibilidad judicial de los derechos por
parte de los ciudadanos, de manera que tengan un acceso efectivo a los
procedimientos judiciales, sin dilaciones injustificadas y dentro de un marco
respetuoso de los derechos fundamentales de las partes.  Este deber no impone
la obligación de fijar un procedimiento particular, a menos que se trate de
aquellos que la misma Constitución ha dispuesto expresamente. En cambio, se
trata de un deber general de compatibilidad entre el medio procesal escogido y
los derechos de los usuarios del sistema de justicia.
Esto implica, de la misma manera, que la
inexequibilidad de la regulación procesal solo se predicará en caso que se
demuestre que el procedimiento previsto es contrario a dichos derechos o afecta
el núcleo esencial del derecho al acceso a la administración de justicia.  En
caso contrario, no se podrá constatará la inconstitucionalidad del precepto
correspondiente, pues ello sería contrario al reconocimiento del amplio margen
de configuración normativa al que se ha hecho insistente referencia.   En otras
palabras, el control de constitucionalidad sobre los procedimientos judiciales
se centra en su validez, en términos de su eficacia para la protección de los
derechos fundamentales, y no en la conveniencia de los mismos. Es claro que
para lograr la exigibilidad judicial de los derechos pueden plantearse
diferentes alternativas procesales, siendo su escogencia un ámbito exclusivo
del legislador.  Su incompatibilidad con la Constitución solo podrá inferirse
cuando se demuestre que el mecanismo elegido es incompatible con los derechos
fundamentales o impone cargas irrazonables y desproporcionadas a las partes.
El proceso monitorio y su tratamiento en la jurisprudencia
constitucional.
19. Dentro del capítulo sobre los procesos
declarativos especiales, el Código General del Proceso incluyó al proceso
monitorio como innovación dentro del régimen procesal civil colombiano.
Conforme al artículo 419 de dicho Código, este proceso permite la exigibilidad
judicial de obligaciones en dinero, que tengan naturaleza contractual, que sean
exigibles y que no excedan la mínima cuantía.
El artículo 420 ejusdem determina, a su vez,
los requisitos de la demanda del proceso monitorio.  Dentro de ellas se
destacan que el demandante debe definir la pretensión de pago, expresada con
precisión y claridad, así como los hechos que sirven de fundamento a la misma, “debidamente
determinados, clasificados y numerados, con la información sobre el origen
contractual de la deuda, su monto exacto y sus componentes.” Asimismo, debe
manifestarse en la demanda, “de forma clara y precisa (…) que el pago
de la suma adeudada no depende del cumplimiento de una contraprestación a cargo
del acreedor.”  En consonancia con estos requisitos, la norma determina que
el demandante deberá aportar con el libelo “los documentos de la obligación
contractual adeudada que se encuentren en su poder. || Cuando no los tenga,
deberá señalar dónde están o manifestar bajo juramento, que se entiende
prestado con la presentación de la demanda, que no existen soportes
documentales.”
En cuanto al trámite del proceso monitorio, el
artículo 421 del Código General del Proceso prevé un procedimiento simple y
dirigido a la exigibilidad de las obligaciones reclamadas dentro de un marco de
celeridad.  Así, admitida la demanda el juez ordenará requerir al demandado por
el plazo de 10 días para que pague o conteste la demanda a partir de las “razones
concretas que le sirven de sustento para negar total o parcialmente la deuda
reclamada.”  La admisión de la demanda se expresa a través de un auto de
requerimiento de pago, el cual se notifica personalmente al deudor.
Si el deudor no paga dentro del plazo previsto, no
justifica su renuencia o simplemente no comparece al proceso, se dictará
sentencia contentiva del monto reclamado y sus intereses, y se procederá a la ejecución
de la misma, según las reglas del artículo 306 CGP.  Esta misma determinación
se adoptará “en caso de oposición parcial, si el demandante solicita que se
prosiga la ejecución por la parte no objetada.”
En caso que el deudor satisfaga la obligación en la
forma señalada en el auto de requerimiento de pago, se declarará terminado el
proceso.  Igualmente, en caso que el demandado conteste la demanda con la “explicación
de las razones por las que considera no deber en todo o en parte, para lo cual
deberá adoptar las pruebas en que se sustenta su oposición, el asunto se
resolverá por los trámites del proceso verbal sumario y el juez dictará auto
citando a la audiencia del artículo 392, previo traslado al demandante por
cinco (5) días para que pida pruebas adicionales.”
Conforme a la normatividad en comento, si el deudor se
opone infundadamente y es condenado, se le impondrá además una multa
equivalente al 10% del valor de la deuda.  Lo mismo sucederá a favor del
deudor, en caso que el demandado resulte absuelto.  Finalmente, el parágrafo
del artículo analizado dispone que “en este proceso no se admitirá intervención
de terceros, excepciones previas, reconvención, el emplazamiento del demandado,
ni el nombramiento de curador ad litem. Podrán practicarse las medidas
cautelares previstas para los demás procesos declarativos. Dictada la sentencia
a favor del acreedor, proceden las medidas cautelares propias de los procesos
ejecutivos.”
20. Como se observa, el proceso monitorio es un
trámite judicial simplificado, que busca facilitar la exigibilidad judicial de
obligaciones en dinero, las cuales no constan en un título ejecutivo, pero que
son exigibles, tienen un fundamento contractual y no superan la mínima
cuantía.  Con una estructura dirigida a la ejecución pronta de las
obligaciones, el proceso monitorio tiene dos momentos principales, la admisión
de la demanda a través del auto de requerimiento de pago y la sentencia, a
través de la cual se ordena ejecutar en todo o en parte la obligación
reclamada.
El proceso monitorio, en ese orden de ideas, prescinde
de diferentes recursos y oportunidades procesales diferentes a la notificación
personal y al ejercicio del derecho de defensa por parte del demandado,
precisamente con el ánimo de preservar la agilidad en el trámite judicial.  La
Corte, en ese sentido, concuerda con lo expresado por algunos de los
intervinientes, con referencia a que el propósito general del proceso monitorio
es dotar a la jurisdicción civil de un trámite expedito y simple, destinado a
la exigibilidad judicial de obligaciones suscritas entre pequeños comerciantes
y respecto de sumas de menor y mediano valor.
Se trata, en últimas, de una innovación en el proceso
civil colombiano, destinado a solventar las necesidades de segmentos
importantes de la población usuaria del sistema de justicia, quienes tienen
obligaciones de menor monto y que no constan en un documento que cumpla con las
condiciones propias de los títulos ejecutivos. Estas necesidades de justicia se
satisfacen a través de un procedimiento simplificado, que parte de la orden
judicial de pago de la obligación y que compele a su cumplimiento por parte del
deudor, sin que pueda esgrimirse en su defensa razones distintas a aquellas que
demuestren la inexistencia de la obligación o el pago de la suma requerida.
La limitada participación jurisdiccional y la
celeridad del trámite dirigida a la exigibilidad pronta del derecho reclamado
ante los jueces son, por ende, los elementos esenciales del proceso monitorio.
Así lo resalta la doctrina extranjera, que al hacer un balance de las
diferentes definiciones de este procedimiento en el derecho comparado, lo
identifica como parte de “los procesos simplificados que tienen por (1)
objetivo el otorgamiento de un título ejecutivo judicial (sentencia monitoria)
en forma rápida, económica y con escasa participación del órgano
jurisdiccional; (2) mediante una previa intimación de pago judicial (aviso de
pago y/o requerimiento de pago) (3); contra la cual el requerido no ofrece
oposición oportuna y suficiente (técnica del secundum eventum contradictionis);
(4) solo en caso de oposición pesa sobre el requirente instar el proceso
contradictorio de conocimiento (estructura de la inversión del contencioso)”[27]
21. Estos elementos esenciales del proceso monitorio
son identificados de una manera más precisa por otros autores.  Al respecto, Correa
Delcasso,[28] al analizar el proceso monitorio
instaurado en la reforma a la Ley española de Enjuiciamiento Civil, que guarda
evidente similitudes con el colombiano,[29] advierte que (i) tiene naturaleza
especial, pues no cumple con las condiciones propias de un proceso declarativo
común, en tanto contiene restricciones y modificaciones procesales
significativas; (ii) es un proceso plenario rápido, en tanto invierte la
iniciativa del contradictorio. “Así, cuando el deudor no formula, en el
plazo legalmente establecido, una oposición contra el mandato de pago dictado inaudita
altera parte en su contra, el proceso monitorio finaliza sin más y produce
plenos efectos de cosa juzgada, exactamente equiparables a los de cualquier
otra resolución jurisdiccional que resuelve definitivamente el fondo de un
litigio”; y (iii) la integración material del contradictorio es eventual,
pues solo se activa cuando el deudor se opone al pago total o parcial de la
obligación.  Al respecto, expresa este autor que “se deja en manos de quien,
por definición, tiene interés en combatir el fundamento de la pretensión del
acreedor (esto es, en manos del deudor), el juicio sobre la oportunidad de
abrir el contradictorio, de modo que, si no opone nada frente a la misma, se sobreentiende
que “quien calla otorga” y, consecuentemente, que puede obviarse, sin más, el
trámite de contestación y de prueba.”
22.  El proceso monitorio y su vínculo con el derecho
al debido proceso ha sido analizado por la Corte en decisión anterior.  En
efecto, a través de la sentencia C-726 de 2014, esta Corporación declaró la
constitucionalidad de las normas del Código General del Proceso que regulan la
materia, en particular debido a la acusación fundada en que las mismas eran
contrarias al derecho de contradicción y defensa, en tanto limitaban las
opciones de recursos a favor del deudor y ordenaban proferir sentencia de mérito,
solo a partir de la renuencia a comparecer al proceso.
La Sala consideró que las normas eran exequibles, puesto
que el proceso monitorio, aunque célere en su trámite, obliga a la notificación
personal del demandado y otorga una instancia razonable para que se oponga a la
pretensión de pago.  Para llegar a esta conclusión, la sentencia C-726 de 2014
hizo un estudio comprehensivo de esta figura procesal, cuyos aspectos centrales
son reiterados a continuación, en cuanto sirven de marco para resolver la
demanda de la referencia.
22.1. El proceso monitorio se inserta dentro del
propósito general de agilizar los trámites judiciales, a partir de una
simplificación de los procedimientos, tendiente a eliminar etapas en los
mismos, que eran usualmente utilizadas como mecanismos para generar dilaciones
injustificadas.  La concepción principal del Código General del Proceso es, por
ende, lograr la tutela judicial efectiva de los derechos, para lo cual se
requiere superar la mora en la resolución de las controversias y sus graves
efectos en el funcionamiento mismo del sistema democrático. En los términos de
la exposición de motivos del Código, citada en la sentencia C-726/14 “[e]l
Código General del Proceso garantiza una verdadera tutela efectiva de los
derechos. Este Código persigue que los procesos tengan una duración razonable,
sin detrimento de las garantías de los justiciables. Pero no se trata de
acelerar por la rapidez misma, sino de lograr una cercanía real entre la
incoación de la demanda y la sentencia que permita evitar el lógico desgano y
la razonable pérdida de la confianza de los ciudadanos en su órgano judicial y
evitar que, como consecuencia de ello, se erosione la democracia. Como la
justicia tardía no es verdadera justicia, el nuevo Código fija un término
máximo de duración del proceso y proscribe las sentencias inhibitorias y evita
las nulidades innecesarias, permitiendo que en cada etapa del proceso exista un
saneamiento de los vicios no alegados, lo que genera la imposibilidad de alegar
esos hechos como causal de nulidad en etapa posterior del proceso. Se consagran
medidas de saneamiento, para que el justiciable tenga la seguridad que el
proceso donde se involucra terminará con sentencia que resuelva el asunto y no
con una gran frustración: la sentencia inhibitoria o la declaratoria de nulidad
de lo actuado. Esta contradice la aptitud y disponibilidad abarcadora que debe
tener la jurisdicción para resolver, de una vez por todas, el asunto sometido a
ella.”
22.2. Además de la intención de agilizar el trámite de
los procedimientos judiciales, el Código General del Proceso instauró
mecanismos que respondan a las condiciones propias de los usuarios del sistema
de justicia, quienes generalmente tienen dificultades de índole probatoria para
la formalización de sus operaciones comerciales, las cuales se traducen en
barreras para su exigibilidad judicial ante el incumplimiento.  Esto debido a
que, bajo el régimen procesal anterior, en aquellos casos la conformación de
títulos ejecutivos quedaba restringida o bien a su potencial configuración a
través del uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, o al
trámite de procesos declarativos ordinarios, por lo general extensos y
complejos.
Este es el caso particular del proceso monitorio. Es
un trámite judicial declarativo especial, tendiente a lograr la exigibilidad
judicial de obligaciones líquidas que no constan en un título ejecutivo. Estos
derechos de crédito corresponden generalmente a transacciones de montos bajos o
medios, realizadas en condiciones de informalidad económica.  A este respecto,
la sentencia C-726/14, luego de identificar dicha naturaleza del proceso
monitorio desde el trámite legislativo, concluye que “la introducción del
proceso monitorio en el Código General del Proceso constituye una medida de
acceso a la justicia para acreedores de obligaciones dinerarias de pequeña o mediana
cuantía que no pueden o no acostumbran documentar sus créditos en títulos
ejecutivos y que por lo complicado que resulta acudir a un proceso judicial
complejo y demorado, desisten de su cobro. El nuevo proceso permite, con la
declaración del demandante, en forma rápida y fácil, obtener un requerimiento
judicial de pago y ante el silencio del demandado, acceder a la ejecución.”
En esta misma dirección se expresó el Congreso dentro
del trámite legislativo de la Código General del Proceso. Así, en el informe de
ponencia para primer debate al proyecto de ley correspondiente, citado por la
sentencia C-726/14, se hace énfasis en que el proceso monitorio es instituido
con el fin de facilitar la constitución o el perfeccionamiento del título
ejecutivo, basado en la ausencia de oposición del deudor y respecto de
obligaciones en dinero, de naturaleza contractual, determinadas, exigibles y de
mínima cuantía.  Por ende, el proceso monitorio tiene por objeto hacer la
justicia más asequible a los ciudadanos, a través de un trámite judicial que
permite ejecutar obligaciones que no constan en un título ejecutivo, sin
necesidad de agotar un proceso ordinario de conocimiento.  Con base en ello, la
decisión en comento señala que “el proceso monitorio persigue una finalidad
esencialmente social, orientada a garantizar que las transacciones dinerarias
informalmente celebradas por los ciudadanos, cuenten con una resolución pronta
y sin dilaciones injustificadas. De esta manera, el proceso  monitorio se
constituye en un procedimiento de acceso a la justicia para acreedores de
obligaciones de mínima cuantía, que en la costumbre informal de sus
transacciones dinerarias no documentan sus créditos en títulos ejecutivos, sin
que por ello se les deba someter a un proceso judicial extenso y formal que
desvanezca la eficiencia de la administración de justicia.”
23. En suma, la Corte observa que la jurisprudencia
constitucional ha asumido el proceso monitorio como un trámite judicial
declarativo simplificado, que pretende otorgar una herramienta ágil para la
exigibilidad judicial de obligaciones en dinero limitadas en su cuantía, y que
no consten en un título ejecutivo.  Procedimientos de esta naturaleza, de
manera general, desarrollan los objetivos de un sistema de justicia ágil,
oportuno y que garantiza la tutela judicial efectiva, específicamente enfocada
en entornos económicos parcialmente formalizados, que requieren instrumentos
céleres para la ejecución de deudas líquidas no soportadas en títulos
ejecutivos.
Solución del cargo propuesto
24.  En diferentes oportunidades se ha señalado que el
proceso monitorio, para el caso colombiano, refiere exclusivamente a la
exigibilidad judicial de obligaciones en dinero.  Sobre esta materia, la Sala
considera oportuno aclarar que este elemento no fue modificado por la Corte en
las consideraciones de la sentencia C-726/14, como parecen comprenderlo algunos
de los intervinientes.  En efecto, en dicha decisión se expresó, a propósito de
la identificación de los elementos constitutivos del proceso monitorio, “la
exigencia de una obligación dineraria hace alusión a que se haya pactado una
cantidad de dinero en moneda de curso legal, esto es, que implique (sic)
la entrega material de un bien o una obligación de hacer o de no hacer.”
Esta afirmación permitiría inferir que, para la Corte, también la entrega
material de un bien o una obligación de hacer o no hacer pudiesen ejecutarse a
través del proceso monitorio.  No obstante, se encuentra que a lo largo de la
decisión y de manera compatible con la interpretación gramatical, histórica y
teleológica de las reglas del Código General del Proceso sobre el trámite
monitorio, la misma sentencia C-726/14 insiste en que se trata de un mecanismo
para la exigibilidad judicial de obligaciones en dinero.
Por lo tanto, la afirmación de la Corte solo responde
a un evidente error de transcripción, el cual omitió incluir el adverbio “no”,
para dejar claro que la exigibilidad judicial refiere a una obligación
dineraria, esto es, que no implique la entrega de un bien o el cumplimiento de
una obligación de hacer o no hacer. Para la Sala, una afirmación en sentido
contrario carecía de todo sustento, puesto que tanto la sentencia C-726/14 como
las normas pertinentes del Código General del Proceso señalan como contenido
propio del proceso monitorio su correspondencia con la exigibilidad de
obligaciones en dinero y no de otra naturaleza.
25.  Aclarada esta situación, se tiene que los
demandantes consideran que restringir la aplicabilidad del proceso monitorio a
las obligaciones en dinero viola los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva.  Para ello, parten
de reconocer que este proceso simplificado permite obtener, bajo condiciones de
celeridad, la exigibilidad judicial de obligaciones insolutas.  Por ende, se
impone una afectación de los derechos de los acreedores de obligaciones de
naturaleza no dineraria, quienes se verían privados de utilizar ese mecanismo ágil
para el cobro judicial de sus derechos.
Conforme a las reglas jurisprudenciales recopiladas en
esta decisión, la solución del cargo planteado parte de reconocer que la
definición de los procedimientos judiciales, en este caso la determinación de
los elementos, condiciones y etapas del proceso monitorio, es un asunto que
hace parte de la libertad de configuración legislativa.  En ese sentido, la
inexequibilidad de la expresión acusada podrá predicarse solo cuando se
demuestre que el legislador ha infringido los límites para el ejercicio de
dicha amplia facultad de definición normativa, de acuerdo con lo explicado en
el fundamento jurídico 10 de esta sentencia.
26. En cuanto al primer límite, se encuentra que la
Constitución no prevé un trámite específico para el proceso monitorio, de
manera tal que su definición concreta corresponde a la órbita del legislador.
27. Respecto del segundo límite, los demandantes
consideran que el efecto de la norma es privar a los acreedores de obligaciones
no dinerarias de la exigibilidad judicial de las mismas, al no contar con
mecanismos expeditos de cobro para las mismas, como sí ofrece el proceso
monitorio a los acreedores de obligaciones dinerarias.   Por ende, el Estado
incumpliría sus fines constitucionales, en particular garantizar el acceso a la
administración de justicia, en tanto restringe la procedencia del proceso
monitorio, en los términos analizados.
La Corte considera que para que dicha conclusión
resulte acertada, debe primero comprobarse si (i) los acreedores de las
obligaciones no dinerarias efectivamente no cuentan con opciones procesales para
hacer efectiva sus obligaciones; o (ii) de existir estos mecanismos, los mismos
se muestran objetivamente inidóneos para lograr dicha exigibilidad judicial.
En cuanto el primer aspecto, la Sala concuerda con
varios de los intervinientes, en el sentido que la legislación procesal civil prevé
diferentes mecanismos judiciales para la ejecución de las obligaciones
diferentes a las dinerarias.  Así por ejemplo, el Código General del Proceso
prevé las siguientes alternativas para la exigibilidad judicial de las
obligaciones no dinerarias: (i) el proceso ejecutivo por obligación de dar o
hacer (Art. 426 CGP); (ii) el proceso ejecutivo por obligación de no hacer y
por obligación condicional (Art. 427 CGP); (iii) el proceso verbal de
resolución de compraventa (Art. 374 CGP); (iv) el proceso verbal de entrega de
la cosa por el tradente al adquirente (Art. 378 CGP); (iv) los procesos verbales
de rendición provocada o espontánea de cuentas (Arts. 379 y 380 CGP); (v) el
proceso verbal de restitución de inmueble arrendado, así como otros procesos de
restitución de la tenencia (Arts. 384 y 385 CGP); (vi) el proceso verbal
sumario de reposición, cancelación y reivindicación de títulos valores (Art.
398 CGP); (vii) los procesos verbales sumarios relacionados con las
controversias comerciales sobre la cosa vendida, el precio, las acciones por
evicción, el inventario de bienes recibidos en fiducia mercantil, y la
peritación por expertos (Art. 390-4 CGP); (viii) el proceso verbal sumario de
lanzamiento por ocupación de hecho de predios rurales (Art. 393 CGP); (ix) el
proceso declarativo especial de expropiación (Art. 399 CGP); (x) el proceso
declarativo especial de deslinde y amojonamiento (Arts. 400 a 405 CGP);  y (xi)
el proceso divisorio (Arts. 406 a 418 CGP).
Como se observa, el legislador ha previsto diferentes
fórmulas para que los acreedores exijan judicialmente sus obligaciones no
dinerarias, bien sea que consten en un título ejecutivo o se deriven de una
relación contractual. Por lo tanto, no es acertado sostener que se afecta el
derecho de acceso a la administración de justicia por el hecho que el proceso
monitorio no prevea dichas obligaciones.   En todo caso, incluso ante la
posibilidad que la obligación no pueda ser exigida a través de ninguno de los
mecanismos previstos por el ordenamiento para ello, procede su reclamo judicial
a través del proceso declarativo verbal, a través del cual se tramitan todos
los asuntos contenciosos no sometidos a un procedimiento especial (Art. 368
CGP).
29. Ahora bien, tampoco existe evidencia que estos
procesos no sean idóneos para la exigibilidad judicial de las obligaciones no
dinerarias.  En contrario, la Corte considera que el cobro judicial de dichas
obligaciones exige en la mayoría de los casos el cumplimiento de etapas
particulares, en especial de índole probatoria, referidas a la definición de la
naturaleza específica de la obligación y del grado y modo en que la misma ha
sido incumplida por el deudor.  La demostración judicial de dichas
circunstancias obliga a la previsión de un proceso específico, que cuente con
las oportunidades procesales para ello.
En criterio de los demandantes, el único factor que
debería tenerse en cuenta es la celeridad en los procedimientos, la cual solo
se lograría a partir de la exigibilidad de todas las obligaciones a través del
proceso monitorio.  Esta visión, a juicio de la Sala, es desacertada, puesto
que desconoce la competencia general del legislador para fijar diferentes
procedimientos dirigidos a la protección de derechos igualmente disímiles. A su
vez, como lo han planteado algunos intervinientes, la estructura del proceso
monitorio impediría contar con las etapas procesales antes señaladas, lo que
repercutiría en la eficacia misma de la exigibilidad judicial de las
obligaciones no dinerarias. Incluso, si se llevase al extremo la tesis
planteada por los demandantes, habría que concentrar toda la actividad procesal
civil en el proceso monitorio, por considerarse como el único idóneo en virtud
de su simplicidad y celeridad, lo cual resulta cuando menos irrazonable.  Ello
debido a que vaciaría la competencia del legislador sobre la materia, a la vez
que obligaría a que todos los procesos judiciales terminen siendo tramitados
por idéntico procedimiento, lo que resultaría perjudicial para la eficacia del
derecho a la tutela judicial efectiva.
Antes bien, a juicio de la Sala es plausible el
argumento planteado por algunos intervinientes, en el sentido que la opción
adoptada por el legislador se explica en la facilidad para la definición de las
obligaciones líquidas, derivadas de una relación contractual, la cual no se
predicaría necesariamente de aquellas no consistentes en dinero.  En estas
últimas, se insiste, se suelen requerir otro tipo de análisis por parte de los
jueces, más complejos en términos probatorios, que no encontrarían en el simplificado
trámite del proceso monitorio un espacio adecuado para su realización.
29.1. Con base en los mismos argumentos, la Sala
advierte que no concurre en la norma acusada un tratamiento discriminatorio que
sustente, a su vez, la existencia de una omisión legislativa relativa.
Como lo ha señalado consistentemente la jurisprudencia
constitucional, la comprobación acerca de una discriminación injustificada por
parte de una medida legislativa, denominada como omisión legislativa relativa,
refiere a la circunstancia en la que la norma legal ha dejado de amparar una
persona o situación jurídica respecto de la cual tenía un mandato
constitucional expreso de inclusión. Este deber se predica del hecho que el
extremo objeto de regulación es análogo al excluido, de manera tal que no
concurre ningún argumento plausible para no dar el mismo tratamiento
legislativo.[30]
En el presente caso, se ha señalado como las
obligaciones no dinerarias requieren para su exigibilidad judicial determinada
actividad probatoria, que no es generalmente necesaria en el caso de las
obligaciones líquidas, las cuales se circunscriben al pago de una suma precisa
y verificable. Por ende, no solo resulta válido sino incluso aconsejable que el
legislador hubiera previsto vías diferentes de exigibilidad, que se ajustasen a
dichas condiciones fácticas. En tal sentido, no es viable predicar en el caso
analizado un mandato constitucional que obligue a un tratamiento paritario,
pues ello desconocería tales diferencias entre las mencionadas acreencias, así
como el contenido y alcance del margen de configuración legislativa sobre los
procedimientos judiciales, que confiere al Congreso la competencia para sopesar
las razones jurídicas y de conveniencia que justifican la adopción de
determinado procedimiento, con exclusión de otros.
Por ende, no se afecta el derecho de acceso a la
administración de justicia, en cuanto se comprueban motivos fundados, de índole
material, que permitían al legislador limitar la aplicación del proceso
monitorio a las obligaciones en dinero.  Como se señaló en fundamentos
jurídicos anteriores, este mismo argumento opera como parámetro para descartar
la existencia de un tratamiento discriminatorio y, correlativamente, la
presencia de omisión legislativa relativa en el caso.
30. Siguiendo la metodología expuesta en el fundamento
jurídico 10, el tercer límite que debe verificarse es el cumplimiento, por
parte de la norma demandada, de los criterios de razonabilidad y
proporcionalidad.  La jurisprudencia ha considerado que, de manera general, en
virtud del amplio margen de configuración legislativa sobre la definición de
los procedimientos judiciales, el juicio de proporcionalidad aplicable estas
normas legales es de naturaleza leve.[31]  Por ende, este grado de escrutinio
será aplicado en el presente caso.
La medida de prever los procesos monitorios para la
exigibilidad judicial de las obligaciones en dinero cumple con una finalidad
que no es incompatible con la Constitución.  En cambio, como se ha tenido
oportunidad de explicar en fundamentos jurídicos anteriores, esta herramienta
procesal está dirigida a facilitar la exigibilidad judicial de obligaciones
dinerarias de cuantías menores y medianas que no constan en título ejecutivo,
generalmente producidas dentro de mercados económicos parcialmente formalizados.
Por lo tanto, es claro que la medida legislativa analizada tiene por objeto
facilitar el acceso a la administración de justicia para un segmento importante
de la población.  Esta finalidad no solo es compatible sino alentada por la misma
Constitución (Art. 228 C.P.).
El mecanismo para alcanzar ese objetivo es prever un
proceso simplificado y célere, con las condiciones explicadas en esta
decisión.  Es evidente que la simplificación de procedimientos, la remoción de
etapas procesales innecesarias y la pronta ejecución de las obligaciones
civiles son instrumentos que no solo son plausibles para lograr el objetivo de
una justicia oportuna, sino que incluso se muestran plenamente adecuados para
lograr el objetivo, superándose con creces el estándar exigido dentro del
juicio leve de proporcionalidad.
En cuanto al tercer paso del juicio de
proporcionalidad, se encuentra que la medida no impone una afectación
desproporcionada a otros derechos, valores o principios constitucionales.
Nótese que en el fundamento jurídico 28 se hizo un listado, en todo caso no
taxativo, de los diferentes mecanismos que ofrece la legislación procesal civil
para la ejecución de obligaciones no dinerarias.  Así, no es acertado
considerar que la limitación impuesta por la norma analizada imponga una
afectación desproporcionada en contra de los acreedores de dichas obligaciones,
pues están plenamente facultados para utilizar dichas acciones y recursos con
miras a lograr la exigibilidad judicial de sus derechos.  También se ha
explicado que la estructura misma del proceso monitorio en el caso colombiano, hace
que la actividad probatoria propia de la exigibilidad de las obligaciones no
dinerarias no pueda desarrollarse adecuadamente mediante dicho trámite
judicial. Por ende, no resulta aceptable la conclusión planteada en la demanda
y, antes bien, el análisis precedente demuestra que incluso podría afectarse la
tutela judicial efectiva si se incorporarse obligaciones de diverso tipo dentro
del proceso monitorio.
31.  El cuarto y último requisito está relacionado con
la compatibilidad entre la medida legislativa y el derecho al debido proceso.
Precisamente, en la sentencia C-726/14 la Corte definió que el proceso
monitorio era, en general, compatible con las garantías propias de este derecho
fundamental, puesto que a pesar de ser un trámite simplificado, conserva las
condiciones básicas para que se ejerza el derecho de defensa por parte del
deudor, oponiéndose a la existencia total o parcial de la obligación.
Asimismo, para el caso específico de la circunscripción del proceso monitorio a
las obligaciones dinerarias, no se evidencia que tal circunstancia implique una
vulneración de las garantías mencionadas.  Sobre este particular, debe tenerse
en cuenta que el reproche de constitucionalidad formulado por los demandantes
no está enfocado a considerar que la norma acusada contradiga las garantías
mínimas del derecho al debido proceso, sino que la misma afecta los derechos de
acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva.  Estas
controversias ya fueron resueltas por la Corte en los fundamentos jurídicos
anteriores.
32. Finalmente, debe resaltarse que si bien el derecho
comparado no conforma el parámetro de control judicial en este proceso, el
análisis realizado por los intervinientes, así como el adelantado por la Corte
en la sentencia C-726/14 demuestra que, contrario a lo señalado por los
demandantes, la inclusión de las obligaciones no dinerarias no es una nota
característica del proceso monitorio.  Por ende, diferentes legislaciones
admiten esa opción y otras restringen su aplicabilidad a las obligaciones
líquidas.
Así, en el caso de la Ley española de Enjuiciamiento
Civil, que guarda profundas similitudes con el caso colombiano en lo que al
proceso monitorio se refiere, dicho trámite se aplica solo a las obligaciones
dinerarias.[32]  Respecto de Francia, la orden
judicial de pago (procédure d'injonction de paye), conforme al artículo
1405 del Código de Procedimiento Civil, versa sobre la deuda que (i) tiene un
origen contractual o ha sido resultado de una obligación de naturaleza
estatutaria; (ii) la obligación versa sobre un monto definido; y (iii) que
dicho monto está definido por las cláusulas del contrato, incluido, en caso de
ser pertinente, la cláusula penal.[33]
Por otra parte, en el caso italiano, el equivalente al proceso
monitorio es, como en la legislación francesa, la orden judicial de pago (procedimento
di ingiuzione). En este evento y conforme el artículo 633 del Código de
Procedimiento Civil, la orden es emitida por el juez respecto de la deuda de
una suma líquida de dinero, determinada cantidad de un bien fungible o el
derecho de entrega de una cosa igualmente determinada.[34]
Si bien en este caso se aceptan otras obligaciones diferentes a las dinerarias,
solo se incluye aquella de hacer en el caso de la entrega, excluyéndose otras.
La limitación estrecha entre el proceso monitorio y la existencia de
una obligación en dinero se presenta en la legislación alemana.  De acuerdo con
la sección 688 del Libro Séptimo del Código de Procedimiento Civil (ZPO), referido
a los procedimientos sumarios para la obtención de órdenes de pago (Mahnverfahren),
se establece que dichos procedimientos son admisibles respecto del “pago de un
monto específico de dinero en Euros”.  Igualmente, dicha normatividad excluye
del proceso sumario de pago las pretensiones que (i) se derivan de un acuerdo
de crédito de consumo,[35] regulado en las secciones 491 a 509
del Código Civil alemán (BGB) y siempre y cuando la tasa de interés efectiva
anual se haya fijado en exceso de más de 12 puntos porcentuales sobre la base
de interés prevista en la sección 247 BGB; (ii) dependan de una actuación del
deudor que todavía no se haya perfeccionado; o (iii) estén supeditadas de la constitución
en mora del deudor.[36]
Para el caso latinoamericano, son varias las legislaciones que
restringen el proceso monitorio a las obligaciones dinerarias.  Como se explica
en la sentencia C-726 de 2014, la legislación procesal civil venezolana prevé
un proceso por intimación, el cual opera respecto de la pretensión consistente
en una suma líquida y exigible en dinero, o bien la entrega de cantidad cierta
de cosas fungibles o una cosa mueble determinada.[37]
Se observa así que guarda una gran similitud con el instituto de la orden de
pago en la legislación italiana.  En cambio, en el caso hondureño concurre un
proceso análogo al colombiano, también denominado proceso monitorio, aplicable
a obligaciones en dinero y hasta una cuantía determinada nominalmente por la
ley.[38]
33. En tal sentido, es claro que en cada legislación se ha concluido
necesario incluir determinados tipos de obligaciones dentro del proceso
monitorio u otros trámites análogos.  En los sistemas jurídicos europeos más representativos,
según se puede evidenciar, existe una tendencia a preferir que dichos
procedimientos se restrinjan a obligaciones líquidas o, a lo sumo, a la entrega
de bienes fungibles o determinados de forma precisa.  Por lo tanto, la Corte
concluye que, al margen de la exequibilidad del apartado acusado, tampoco
existe evidencia que la inclusión de obligaciones no dinerarias como parte del
objeto del proceso monitorio, sea un aspecto consustancial a este.
Conclusión
34. De acuerdo con los argumentos antes planteados, la Sala concluye
que la expresión acusada es compatible con la Constitución.  Esto debido a que
no impone una restricción injustificada al derecho de acceso a la justicia y a
la tutela judicial efectiva. La decisión de circunscribir el proceso monitorio
a las obligaciones en dinero hace parte de la libertad de configuración del
legislador, quien previó un instrumento simplificado y ágil de procedimiento,
que se ajusta a la exigibilidad judicial de las obligaciones líquidas y de
naturaleza contractual.  A su vez, se encuentra que la misma legislación
procesal confiere diferentes alternativas para la ejecución de obligaciones no
dinerarias, en las cuales se han previsto las etapas necesarias para que se
cumpla el debate probatorio usual en la definición concreta de dichas
obligaciones.  Por lo tanto, no resultaría acertado concluir que la legislación
ha impuesto barreras injustificadas en contra de los acreedores de las
obligaciones diferentes a las dinerarias.
VII.   DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional administrando
justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados
en esta sentencia, la expresión “Quien pretenda el pago de una
obligación en dinero”, contenida en el artículo 419 del Código General del
Proceso.
Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado (P)
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[2] Ver, entre otras, las sentencias C-621 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-362 de 2001, M.P: Álvaro Tafur Galvis y C-621 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[3] Ver Sentencia C-621/98 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[4] Al respecto ver Alejandro Martínez Caballero  “Tipos de
sentencias. El control constitucional de las leyes: la experiencia colombiana”
en Jurisdicción Constitucional de Colombia. La Corte Constitucional 1992-200 Realidades y Perspectivas, Imprenta Nacional, Febrero 2001,
págs.  383 ss.
[5] Sentencia C-362/01 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[6] Entre otras, pueden verse las siguientes. Sentencia C-341 de 2014
(MP Mauricio González Cuervo. AV Luis Ernesto Vargas Silva). En ese caso la
Corte falló de fondo pese a que la única pretensión era esta: “[s]e solicita a este tribunal que declare la exequibilidad
condicionada del artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, […]”. Sentencia
C-782 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva. Unánime). En esa ocasión, la
demanda solicitaba un fallo de exequibilidad condicionada. El Procurador pidió
inhibirse porque la pretensión tornaba en inepta la acción. La Corte, sin
embargo, se pronunció de fondo. En el mismo sentido, ver sentencias C-616 de
2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Unánime) y C-586 de 2014 (MP María
Victoria Calle Correa. Unánime).
[7] Sobre estas funciones, Vid. Corte Constitucional,
sentencia C-315/12.
[8] Corte Constitucional, sentencia C-742/99.
[9] Corte Constitucional, sentencia C-428/02.
[10] Corte Constitucional, sentencia C-319/13, fundamento jurídico 9.
En igual sentido, la sentencia C-124/11.
[11] Corte Constitucional, sentencia C-555/01.
[12] Son muchas las sentencias de la Corte que han asumido la
materia.  No obstante, algunas síntesis comprehensivas sobre el contenido y
alcance del derecho de acceso a la administración de justicia se encuentran en las
sentencias C-1177/05, C-1194/05, C-437/13 y C-834/13.
[13] Este ha sido un aspecto reiterado en la jurisprudencia
constitucional.  Así, en la sentencia C-1195/01 se expresa que “El derecho a
acceder a la justicia guarda estrecha relación con el derecho al recurso
judicial efectivo como garantía necesaria para asegurar la efectividad de los
derechos, como quiera que “no es posible el cumplimiento de las garantías
sustanciales y de las formas procesales establecidas por el Legislador sin que
se garantice adecuadamente dicho acceso.”
[14] Al respecto, Hohfeld define al derecho subjetivo como la
posición jurídica que permite reclamar “algo” a un tercero.  Es decir,
identifica derecho subjetivo con una pretensión jurídica exigible.  Vid. Hohfeld,
W.N. (2004) Conceptos jurídicos fundamentales. Fontamara, México.
[15] Corte Constitucional, sentencia C-1177/05.
[16] Corte IDH. Opinión Consultiva OC-9/87 “Garantías
judiciales en estados de emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana
sobre Derechos Humanos” Párrafo 24.
[17] Esta ampliación se ejemplifica en varios fallos,
particularmente en revisiones de acciones de tutela.  Así, en la sentencia
T-1108/03 se analizó la obligatoriedad del debido proceso sin dilaciones
injustificadas en el marco de un proceso civil de ejecución.  De igual manera,
en la sentencia T-579/11 se hizo la misma aplicación, esta vez respecto de un
proceso laboral.
[18] “La mora judicial constituye una barrera para el goce efectivo
del derecho de acceso a la administración de justicia. Este fenómeno es
producto de diferentes causas, en la mayoría de los casos está relacionada con
el número elevado de procesos que corresponde resolver a cada despacho, los
cuales superan las condiciones estructurales del mismo, y por lo tanto
dificulta evacuarlos en tiempo (fenómeno conocido como hiperinflación
procesal); evento en el cual la jurisprudencia constitucional ha determinado
que no existe vulneración del derecho al debido proceso, pues la dilación no es
imputable a la negligencia del funcionario judicial, sino que encuentra
justificación en la falta de capacidad logística y humana existente para
resolver los asuntos que le fueron asignados para su decisión.” Corte
Constitucional, sentencia T-494/14.
[19] Así por ejemplo, en la sentencia C-372/11 se declaró la
inexequibilidad de una norma que modificaba la legislación procesal laboral, en
el sentido de aumentar las cuantías para recurrir en casación.  Para la Corte,
esta norma imponía una barrera para el acceso a la justicia, en tanto impedía
que aquellos trabajadores de salarios bajos y medios pudiesen acceder a dicho
mecanismo extraordinario de control judicial. Así mismo, la medida analizada
era una reforma de carácter regresivo, que no cumplía con las condiciones de
validez constitucional.
[20] Corte Constitucional, sentencia C-1043/00.
[21] Ley Estatutaria de Administración de Justicia, No. 270 de 1996,
artículo 4o.
“ARTICULO 4o. CELERIDAD. La administración de justicia debe
ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán perentorios y de estricto
cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituye
causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya
lugar. (...)”.
[22] Sentencia T-006 de 1992.
[23] Sentencia C–568 de 2000, antes citada.
[24] Para una síntesis sobre la materia puede consultarse la
sentencia C-437/13.
[25] Corte Constitucional, sentencia C-183/07.
[26] Ibídem.
[27] Pérez Ragone, Álvaro J. (2006) En torno al
procedimiento monitorio desde del derecho procesal comparado europeo:
Caracterización, elementos esenciales y accidentales. Revista de Derecho de
la Universidad Austral de Chile. Vol. XIX N°1, julio 2006, pp. 205-235
[28] Correa Delcasso, Juan Pablo (2000) El proceso monitorio
en la nueva ley de enjuiciamiento civil. Actualidade Xurídica. Revista
Xurídica Galega, pp. 271-294.
[29] Estas similitudes se evidencian en la unidad de sentido de
ambos procedimientos, su análoga estructura y su mismo objeto, esto es, la
exigibilidad judicial de obligaciones líquidas. Al respecto, la exposición de
motivos de la Ley española sobre enjuiciamiento civil señala:
“En cuanto al proceso
monitorio, la Ley confía en que, por los cauces de este procedimiento, eficaces
en varios países, tenga protección rápida y eficaz el crédito dinerario líquido
de muchos justiciables y, en especial, de profesionales y empresarios medianos
y pequeños. || En síntesis, este procedimiento se inicia mediante solicitud,
para la que pueden emplearse impresos o formularios, dirigida al Juzgado de
Primera Instancia del domicilio del deudor, sin necesidad de intervención de
procurador y abogado. Punto clave de este proceso es que con la solicitud se
aporten documentos de los que resulte una base de buena apariencia jurídica de
la deuda. La ley establece casos generales y otros concretos o típicos. Es de
señalar que la eficacia de los documentos en el proceso monitorio se
complementa armónicamente con el reforzamiento de la eficacia de los genuinos
títulos ejecutivos extrajudiciales. || Si se trata de los documentos que la ley
misma considera base de aquella apariencia o si el tribunal así lo entiende,
quien aparezca como deudor es inmediatamente colocado ante la opción de pagar o
"dar razones", de suerte que si el deudor no comparece o no se opone,
está suficientemente justificado despachar ejecución, como se dispone. En
cambio, si se "dan razones", es decir, si el deudor se opone, su
discrepancia con el acreedor se sustancia por los cauces procesales del juicio
que corresponda según la cuantía de la deuda reclamada. Este juicio es
entendido como proceso ordinario y plenario y encaminado, por tanto, a
finalizar, en principio, mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada. || Si
el deudor no comparece o no se opone, se despacha ejecución según lo dispuesto
para las sentencias judiciales. En el seno de esta ejecución forzosa cabe la
limitada oposición prevista en su lugar, pero con la particularidad de que se
cierra el paso a un proceso ordinario en que se reclame la misma deuda o la
devolución de lo que pudiera obtenerse en la ejecución derivada del monitorio.
Este cierre de las posibilidades de litigar es conforme y coherente con la
doble oportunidad de defensa que al deudor le asiste y resulta necesario para
dotar de eficacia al procedimiento monitorio. Conviene advertir, por último, en
cuanto al proceso monitorio, que la Ley no desconoce la realidad de las
regulaciones de otros países, en las que este cauce singular no está limitado
por razón de la cuantía. Pero se ha considerado más prudente, al introducir
este instrumento de tutela jurisdiccional en nuestro sistema procesal civil,
limitar la cuantía a una cifra razonable, que permite la tramitación de
reclamaciones dinerarias no excesivamente elevadas, aunque superiores al límite
cuantitativo establecido para el juicio verbal.” Vid. Boletín Oficial del
Estado No. 7, 08/01/2000.
[30] Una exposición de la jurisprudencia vigente en materia de los
elementos estructurales de la omisión legislativa relativa se encuentra en la
sentencia C-584/15.
[31] Corte Constitucional, sentencias C-093/01 y C-693/01
[32]  Vid. Ley española de Enjuiciamiento Civil. Artículo
812. Casos en que procede el proceso monitorio.
[33] Vid. Code de Procédure Civile.
[34] Vid. Code de
Procedure Civile. Art. 633: (Condizioni di ammissibilità).
[35] De acuerdo con la sección 491 BGB, los acuerdos de crédito
de consumo son aquellos contratos de mutuo remunerados, en donde el empresario
opera como deudor y el consumidor como acreedor.
[36] Vid. Zivilprozessordnung
(ZPO) § 688 Zulässigkeit
[37] Vid. Código de Procedimiento Civil venezolano. Artículo
640.
[38] Vid. Código Procesal Civil hondureño. Artículo 676.