T-009-10
Sentencia T-
Sentencia T-009/10
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reglas
jurisprudenciales sobre la procedencia
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y
especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos formales
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Clases de defectos
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Carácter residual y
subsidiario
DEFECTO FACTICO-Configuración
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia porque
no se demostró que hubo errores evidentes en la valoración probatoria, ni que
se analizaron las pruebas de forma irrazonable o contraevidente
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia porque
en trámite de incidente de nulidad en proceso abreviado de imposición de
servidumbre y el subsiguiente trámite de ejecución, no se utilizó el mecanismo judicial ordinario
Referencia: expediente
T-2.250.663
Acción
de tutela interpuesta por el Promigas S.A. – E.S.P. contra la Sala Civil –
Familia – Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo y el Juzgado Tercero Civil
del Circuito de Sincelejo.
Magistrado
Ponente:
Dr. LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., quince (15) de enero
de dos mil diez (2010).
La Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
en el trámite de revisión de los fallos adoptados
por la Sala de Casación Civil y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, que resolvieron la acción de tutela impetrada por Promigas S.A. –
E.S.P. (en adelante, Promigas) contra la Sala Civil – Familia – Laboral del
Tribunal Superior de Sincelejo y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la
misma ciudad.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos relevantes y
acción de tutela interpuesta
Habida consideración que el
asunto de la referencia versa sobre la acción de tutela contra sentencias
judiciales y en aras de exponer todos los elementos de juicio pertinentes para
que la Corte adopte la decisión correspondiente, en el presente apartado se
sintetizarán (i) los aspectos relevantes del proceso judicial que dio lugar
a las providencias atacadas y los argumentos planteados en ellas; y (ii) los
fundamentos de la acción de tutela impetrada por Promigas.
Aspectos relevantes del
proceso surtido ante la jurisdicción civil[1]
1.1. Promigas S.A. E.S.P., es
una empresa de servicios públicos que tiene a su cargo el transporte de gas
natural, objeto que comprende la operación del gaseoducto Ramal Corozal –
Sincelejo.  La tubería de uno de los ramales de esa obra pasa por el predio
denominado Finca San Francisco, ubicado en la zona rural del municipio
de Sincelejo (Sucre) y de propiedad de la sociedad Agrogan S.A. Por esta razón,
a través de escrito del 14 de junio de 2006, Promigas presentó demanda
abreviada de imposición de servidumbre, con el fin que se legalizara la utilización
de parte del inmueble en la instalación de la tubería y se permitiera el acceso
y tránsito en el bien para las labores de mantenimiento de la misma.
En el libelo de demanda,
Promigas estimó que el área afectación de la servidumbre sería de 40 metros
lineales de tubería, con un ancho requerido de 6 metros, para un total de 240
metros cuadrados de servidumbre, los cuales, en criterio de la sociedad
demandante, generaba indemnización por valor de $480.000.
1.2. Admitida la demanda por
parte del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo, el 18 de agosto de
2006 fue realizada una inspección judicial al predio, con el fin de determinar
la extensión y naturaleza de la servidumbre, diligencia a la que asistieron los
apoderados de las partes. En esta diligencia, se puso de presente que la zona
afectada por la servidumbre “tiene unas medidas de 40 por 6 metros para un
total de 240 metros cuadrados.  Dentro de esta área encontró el juzgado pastos
naturales y maleza y estando atravesado por el arrollo (sic) el pintado
o caimán (sic)”[2]. En esa misma diligencia
fueron dictadas por el juez distintas determinaciones, dirigidas a ordenar (i)
la entrega de la zona de servidumbre a Promigas, en un área equivalente a 600
metros cuadrados, con el fin que pudiera adelantar los trabajos necesarios; y (ii)
el acceso a esa zona, a través de una carretera contigua al predio San
Francisco en una longitud aproximada de 2000 metros.  Estas decisiones
fueron notificadas a las partes por estrados, sin que fueran objeto de recurso
alguno.
1.3. Notificada la demanda de
imposición de servidumbre, el apoderado judicial de Agrogan S.A. realizó la
contestación correspondiente. El argumento central expuesto por la sociedad
demandada fue su desacuerdo con la extensión de la servidumbre y, por ende, con
el monto de la indemnización.  Indicó que la tubería se extendía por el predio en
una dimensión de 2000 metros lineales, a lo que debía añadirse una afectación
de veinte metros de ancho.  Ante estas solicitudes, el juzgado decretó
diligencia de inspección judicial con intervención de perito.
1.4. Con el fin de dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 21 de la Ley 56 de 1981, el Juzgado
ofició al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que asignara un perito
que, junto con otro perteneciente a la lista de Auxiliares de la Justicia, rindiera
dictamen acerca del área afectada por la servidumbre y el monto de la
indemnización.  Realizada la solicitud, el Director Territorial Sucre del IGAC,
a través de comunicación del 3 de noviembre de 2006, informó al Juzgado que “el
Instituto no cuenta con peritos avaluadores en su planta de personal.  Esta
actividad es desarrollada por peritos avaluadores externos, mediante contrato
de prestación de servicios. || No obstante lo anterior, le manifiesto
que si le sirve un Oficial de Catastro para realizar la diligencia, puede
contar con el funcionario Isaías Villalba Buelvas, quien previamente coordinará
con ese despacho.”[3]
El 8 de noviembre de 2006 se
llevó a cabo la inspección judicial con la presencia de los peritos del IGAC y
de la lista de Auxiliares de la Justicia. En este trámite, el Juzgado expresó “incluyendo
el respectivo examen y reconocimiento de la zona objeto de servidumbre, deberán
los peritos determinar la existencia del tubo conductor de gas, su diámetro y
longitud y demás elementos que determinen el real perjuicio que causa el
enterramiento de este tipo de redes. Además de la longitud deberán los peritos
establecer su ancho. Así mismo deberán los peritos determinar los daños
causados a la flora y fauna por la construcción de las obras necesarias para la
imposición de la servidumbre y determinar su valor, teniendo en cuenta los
peritos que los perjuicios se deben valorar teniendo en cuenta factores como
por ejemplo de grupos subversivos en este tipo de obras, el impacto ambiental
negativo por la imposición, ubicación del predio en la ciudad de Sincelejo y el
valor que debe ser actualizado a la fecha.”[4]
1.5. En documento radicado en
el Juzgado el 5 de diciembre de 2006, los peritos Silvino Manuel Verbel Arroyo
e Isaías Villalba Buelvas presentaron el experticio solicitado.[5]
Luego de hacer algunas consideraciones generales acerca de la ubicación y
entorno del inmueble, cercano a la zona urbana del municipio de Sincelejo, el
dictamen se ocupó de realizar el estudio acerca de la descripción de la franja
de servidumbre. Así, estimó que la tubería que afectaba al predio San
Francisco tenía una distancia de 852 metros lineales. En cuanto al ancho de
la servidumbre, estableció que habida cuenta (i) el diámetro de la
tubería (8 pulgadas); (ii) la prohibición para el cultivo en el terreno
de plantas de raíces profundas; (iii) el hecho que la servidumbre
estuviere ubicada en una zona de posible expansión urbana, lo que implicaba
contar con una distancia suficiente para no poner en riesgo la futura población
residente; y (iv) la necesidad que la franja permita el tránsito de
vehículos para el manejo y mantenimiento del gaseoducto; la porción de terreno
que debía afectarse era de ocho metros a cada lado de la tubería.  Por ende, a
juicio de los peritos, el área de la servidumbre era de 13.632 metros
cuadrados, resultante de multiplicar los 852 metros lineales de tubería por los
16 metros de ancho de afectación.
Ahora bien, en lo que respecta
al valor de la indemnización, el experticio estableció que a través del Método
de Comparación, resultante de fijar el promedio del avalúo comercial
derivado de la “oferta de bienes inmuebles, transacciones comerciales y
avalúos en los centros poblados más próximos al área de estudio” junto con
la consideración de otros factores como la ubicación cercana a centros poblados
urbanos y el hecho que el terreno fuera una “área de protección con uso
restringido”, se concluía que el valor de cada metro cuadrado era de
$16.000.  Así, se partía de la base que el grado de afectación de la
servidumbre era del 80%, se llegaba a la conclusión que la indemnización por el
uso de la franja de servidumbre era de $174.489.600, suma a la que debía
sumarse el daño por flora y fauna, circunscrito al retiro de pasto existente en
1.5 hectáreas y equivalente a $330.000, para un total de $174.789.900.
El Juzgado corrió traslado del
dictamen pericial a través de auto del 5 de diciembre de 2006, con el fin que las
partes pidieran su complementación, aclaración u objetaran por error grave.[6]
1.6. A través de escrito
radicado en el Juzgado el 13 de diciembre de 2006, el apoderado de Promigas presentó
recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra la decisión
anteriormente citada.  Señaló que el traslado del dictamen no podía realizarse
puesto que se habían pretermitido normas internas del IGAC, especialmente la
Resolución 1463 del 26 de julio de 1993, que exigen que la pericia sea sometida
a un control de calidad por parte de la División de Avalúos de dicho
Instituto. Así, conforme lo había expuesto la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia en sentencia del 14 de abril de 2004, se estaba ante
un proyecto de dictamen.  Por ende, en criterio del recurrente se estaba ante
una prueba nula de pleno derecho.
El Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Sincelejo, mediante auto del 3 de mayo de 2007 se abstuvo de
reponer la providencia atacada y negó por improcedente el recurso de apelación
interpuesto.  Consideró que las normas aplicables al caso, que no eran otras
distintas que el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, la Ley 56 de
1981 y su Decreto Reglamentario 2024/82, no establecían el requisito de control
de calidad para la validez del dictamen pericial.  Por ende, no podía
sostenerse que los reglamentos internos del IGAC “estuvieren por encima de la
Constitución, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y el mismo
estatuto procesal civil”.  Igualmente, señaló que la providencia recurrida,
en tanto no hacía parte del listado previsto en el artículo 351 C.P.C., no era
susceptible de apelación.  Debe resaltarse que el numeral tercero de la parte
resolutiva de la decisión en comento se estableció que “en firme esta
providencia, vuelva el proceso al despacho para decidir sobre el traslado para
alegar a las partes.”[7]
El apoderado de Promigas
presentó recurso de reposición contra esta decisión y, de manera subsidiaria,
la expedición de copias destinadas a sustentar el recurso de queja. Argumentó
que el artículo 243 C.P.C. exigía que el dictamen proferido por el IGAC deba
ser remitido al juzgado “por conducto del mismo Director”, razón por la
cual sí se estaba ante una regla procedimental que exigiera el requisito de
control de calidad del dictamen pericial. El recurso fue resuelto
desfavorablemente mediante providencia del 19 de junio de 2007, decisión que
ordenó la expedición de las copias solicitadas, a fin que se surtiera el
recurso de queja.  A la fecha de interposición de la acción de tutela, la
petición no había sido resuelta por el Tribunal Superior de Sincelejo.
1.7. El 28 de junio de 2007, el
Secretario del Juzgado Tercero Civil del Circuito informó al titular del
despacho que el proceso se encontraba “para correr traslado para alegar”,
razón por la cual debía ingresar al despacho. En consecuencia, mediante auto
del 29 de junio de 2007, el Juzgado ordenó esa actuación por el término común
de cinco días, según lo dispone el artículo 414 del CPC.
El apoderado de Promigas, a
través de escrito radicado en el juzgado el 10 de julio de 2007, presentó
recurso de reposición en contra de la providencia citada.  Para ello, indicó
que el traslado para alegar no era jurídicamente posible, puesto que todavía se
estaba “surtiendo un mecanismo de defensa, con el propósito de establecer si
es viable o no el mecanismo de Apelación interpuesto, en subsidio, en contra de
su decisión de abstenerse de reponer la providencia mediante la cual precisa
que no es menester disponer el control de calidad de parte de la Sede Central
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi acerca del peritaje producido en este
proceso.”[8] Agregó que las
copias necesarias para ejercer el recurso de queja habían sido entregadas
apenas el 5 de julio de 2007. En tal sentido, resultaba imprescindible que el
Tribunal Superior ejerciera control judicial acerca de la única prueba que
obraba en el proceso.
El Juzgado de conocimiento,
mediante providencia del 14 de agosto de 2007, decidió negar la reposición del
auto atacado. Consideró, a partir de la cita de la doctrina nacional sobre la
materia, que el recurso de queja no paraliza el trámite del proceso principal.
Así, ordenó que una vez quedara en firme la decisión, el asunto volviera al
despacho para proferir sentencia.
1.8.  Cabe anotar que durante
el término de traslado para alegaciones, la parte demandada solicitó que se
diera plenos efectos al dictamen pericial y se procediera a ordenar el pago de
la indemnización fijada en el mismo. A su vez, la sociedad demandante presentó
un extenso alegato, en el que (i) reiteró los argumentos que sustentaban
la nulidad del dictamen, en razón de la ausencia del requisito de control de
calidad, previsto en las normas reglamentarias del IGAC; (ii) estableció
las razones que comprobaban que la pericia estaba incompleta, pues omitió
valorar el real perjuicio ocasionado por el enterramiento de las
tuberías en el predio sirviente; y (iii) la existencia de errores
ostensibles en el dictamen pericial, relacionados especialmente con el cálculo
de valor del metro cuadrado afectado. Para sustentar este último aserto, aportó
experticio particular elaborado por el Ingeniero Civil Enrique Roca Navarro,
adscrito a la Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla y Atlántico, que demostraba
que el área afectada por la servidumbre era de 5.112 metros cuadrados y que el
valor del metro cuadrado era de $2.100, lo que basado en una afectación del 45%
y sumada la suma a reconocer por la remoción de los pastos que estaban en el
bien, equivalía una indemnización total de $13.546.800.
1.9. El Juzgado Tercero Civil
del Circuito, a través de sentencia del 17 de septiembre de 2007, decretó la
imposición de la servidumbre legal de transporte de gas y tránsito y fijó la
suma de $439.506.000, resultado de la actualización del valor previsto en el
dictamen pericial, desde la fecha en que Agrogan adquirió el dominio del
inmueble.
El funcionario judicial
consideró que era procedente la constitución de la servidumbre, puesto que las
normas de la Ley 142/94 establecen la obligatoriedad de ese instituto jurídico
para el caso de la adecuada prestación de los servicios públicos, como sucedía
en el evento concreto del transporte de gas, actividad a cargo de la sociedad
demandante.  Agregó que respecto de los resultados del dictamen pericial,
cuestionados por Promigas “el peritaje producido en esta instancia a la luz
de la sana crítica racional, una y otra conclusión es plausible (sic) pues
no salen del marzo (sic) de referencia utilizado por los expertos-método
de avalúo, (sic) ya que se circunscribe a las diversas variables que
influyen en la pesquisa, y están respaldadas en suficiente prueba documental, y
son suficiente prueba documental, y son suficiente para establecer el valor de
la indemnización en cuestión es justo, equitativo y definitivo costo de la
servidumbre objeto de litigio, lo que le ofrece razón al apoderado de la parte
demandada, al afirmar que la suma consignada como valor a la indemnización (sic)
por la demandante, es abiertamente irrisoria e inequitativa, y que los
trabajos de dicha servidumbre fueron muy anterior (sic) y de hecho, a la
fecha de la inspección judicial.”[9]
Debe advertirse, igualmente,
que en el expediente del proceso civil obra edicto de notificación del fallo,
fijado el 21 de septiembre de 2007 y con constancia de desfijación del 28 de
septiembre del mismo mes y año.
1.10.  Mediante escrito
radicado en el Juzgado, el 4 de octubre de 2007, el apoderado de Promigas
formuló incidente de nulidad contra la notificación por edicto antes señalada.
Para sustentar su petición, señaló que a pesar que obra en el expediente, el
edicto jamás fue fijado en la cartelera de la secretaría del despacho judicial,
situación que se compraba por la información suministrada tanto por
dependientes judiciales como por las firmas privadas Diario Judicial de
Sincelejo y Lupa Jurídica, que a través de sus sistemas de información
daban fe que el edicto no fue publicado en lugar visible, como lo ordena el
régimen procesal civil. Agrega que el edicto incorporado al expediente yerra en
la identificación de la sociedad demandada, pues la denomina como Agrogen Ltda.,
lo que a su juicio acarrea la nulidad de la actuación, en razón de la indebida
notificación.
Luego de practicar las pruebas
pertinentes, entre ellas los testimonios de los dependientes de los apoderados
de las partes, de los trabajadores de las firmas de información judicial y de
los empleados del despacho judicial, el juzgado, a través de providencia del 2
de abril de 2008, declaró “no probada” la nulidad formulada por el
apoderado de la sociedad demandante. Señaló que el testimonio de los servidores
públicos del Juzgado demostraba que el edicto se había fijado de conformidad
con las reglas establecidas en el artículo 323 C.P.C.  Agregó que las
declaraciones realizadas por trabajadores de las citadas firmas de información
no eran de recibo, en tanto laboraban para instituciones que no tenían el “aval”
del Consejo Superior de la Judicatura, lo que restaba valor probatorio a
esas afirmaciones.  Para el Juzgado “el postulado de la libertad de
convicción del juez en el que sin duda tiene inspiración general el texto del
artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, se aplica a las pruebas que han
sido adquiridas para el proceso respetando la ley que fije el procedimiento
para hacerlo, no así a aquellas que si hubiere tributado a esa misma
legislación la observancia debida, no habrían sido ni siquiera admitidas. || Lo
que también percibe el despacho con claridad meridiana, es que hubo abandono,
negligencia e incuria en la gestión encomendada al apoderado de la demandada (sic)
en un proceso tan importante, ya que tenía nueve (9) días hábiles para
apelar y no lo hizo, no compareció a este despacho judicial.”[10]
El apoderado de Promigas
presentó recurso de apelación contra la providencia citada, resuelto
desfavorablemente por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de
Sincelejo, mediante decisión del 31 de julio de 2008.  En primer término,
estableció que de las pruebas recaudadas en el incidente resultaba acreditado
que las empresas de información judicial no habían reportado el edicto que
notificó la sentencia que impuso la servidumbre. Empero, no podía perderse de
vista que esos “informativos judiciales… son una herramienta de ayuda en el
ejercicio del litigio, y como tal, no son los medios reconocidos por la ley
procesal para efectos de la publicidad de las diversas providencias que se
profieren al interior de un despacho judicial”.  Por tanto, debía acudirse
a las declaraciones efectuadas por los empleados del juzgado, las cuales
demostraban que el edicto había sido efectivamente fijado y desfijado, según
consta en el expediente del proceso abreviado de imposición de servidumbre. Estas
pruebas no podían “ser desestimadas por el hecho de prestar sus servicios al
juzgado, pues como bien lo señala el propio incidentante, ante la sospecha en
la declaración de un testigo, lo que corresponde es apreciarla con mayor
severidad, para efectos de establecer si sus dichos son acordes con lo que
realmente ocurrió. || Examinados con la rigurosidad exigida las
declaraciones de los empleados del juzgado, encuentra la Sala, que sus dichos
guardan coherencia y congruencia, en cuanto a la elaboración, fijación y
desfijación del edicto mediante el cual se notificó la sentencia proferida el
17 de septiembre de 2007, toda vez que no presentan contradicción alguna en
esos aspectos, pues de manera coincidente afirman quién se encargó de
elaborarlo, fijarlo y desfijarlo, sin que para el caso interese que alguno de
los deponentes no tenga recordación exacta sobre las fechas en que permaneció
fijado o sobre quién fue el encargado de asentar la constancia de desfijación.”[11]
A juicio del Tribunal, esta conclusión era reforzada por la declaración de
la dependiente judicial del apoderado de Agrogan S.A., quien había constatado
el día del vencimiento del término que la sociedad demandante no había presentado
recurso de apelación a la sentencia en comento, “lo que indica que el edicto
debía estar fijado y en consecuencia los términos corriendo, pues no de otra
manera el apoderado judicial de la parte incidentada la hubiese enviado para
cerciorarse de tal situación.”[12]
Finalmente, el Tribunal
desestimó la censura basada en el imprecisión en el nombre de la sociedad
demandada consignado en el edicto, pues se trataba de un simple yerro
mecanográfico, el cual no desvirtuaba otros datos contenidos en el edicto,
entre ellos el número de proceso, que permitían identificar claramente el
asunto sobre el que versaba la sentencia.
1.11. En razón a las condenas
decretadas en la sentencia que decidió la imposición de la servidumbre, Agrogan
S.A. formuló proceso ejecutivo en contra de Promigas, con el fin de obtener el
pago de la indemnización correspondiente.  Proferido el mandamiento de pago,
Promigas se opuso a la ejecución, bajo el argumento que, verificado la
anotación No. 16 del folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al predio San
Francisco, se advertía que los titulares del derecho de dominio eran la
sociedad comercial Agrogan S.A. y el ciudadano Enrique Carlos Sampayo Paniza.   Sin
embargo, a través de sentencia del 16 de octubre de 2008, el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Sincelejo tuvo por no presentada la excepción propuesta
y, por ende, ordenó seguir adelante con la ejecución.
La
acción de tutela
1.12. El
apoderado judicial de Promigas, mediante documento radicado el 21 de noviembre
de 2008, formuló acción de tutela en contra del Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Sincelejo y la Sala Civil-Familial-Laboral del Tribunal Superior de
la misma ciudad, al considerar que las decisiones adoptadas en el proceso de
imposición de servidumbre y en el juicio ejecutivo, violaban los derechos
constitucionales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Ello debido a que la sentencia incurría en varios defectos, que se explican a
continuación:
1.13. Para
la sociedad demandante, en el proceso civil se incurrió en un defecto
sustantivo por “inaplicación de las disposiciones que imponen un límite
cuantitativo a las indemnizaciones vinculadas a este tipo de intervenciones.”  La
actora pone de presente que el artículo 15 de la Ley 14/83 establece límites a
las pretensiones indemnizatorias respecto de las ocupaciones a inmuebles
basadas, como sucede en este caso, en el cumplimiento de los fines del Estado.
Al tenor de esta disposición, cuando se trate de expropiación de inmuebles, las
entidades de derecho público pagarán como indemnización el menor de los valores
correspondientes al avalúo catastral vigente al momento en que se dicte la
sentencia, más un 30%, o el avalúo practicado dentro del mismo proceso por el
IGAC. Esta previsión, conforme al parágrafo 2º ejusdem, contiene las
citadas reglas sobre indemnización que son aplicables a los casos de
ocupaciones generadas por obras consideradas de utilidad pública e interés
social. Así, contrastada esta regla con lo previsto en la Ley 56/81 y la Ley
142/94, se concluye que los límites de resarcimiento son predicables de la
servidumbre objeto de análisis, más aún si se tiene en cuenta que esa
afectación es de menor jerarquía que la misma expropiación.
Promigas,
a partir de este análisis, resalta que el proyecto de peritazgo, dejó de
incorporar “dentro de los elementos de juicio que integran la pericia, el
dato acerca del avalúo catastral vigente, lo que constituye de por sí, una
grave falencia del mismo, estando referido a una servidumbre para obras calificadas
por el ordenamiento como de utilidad pública e interés social.  No obstante, el
juez con base en el acervo probatorio y la aplicación de la regla de la
experiencia habría podido fácilmente colegir que la cifra propuesta por los
peritos como indemnización para un servidumbre que soportaría apenas una parte
del terreno, rebasaba en una proporción contraria a derecho el valor de todo el
inmueble según su avalúo catastral, así como su valor de compra reportado ante
la oficina de registro de instrumentos públicos.  La falta de aplicación de las
normas citadas y, por tanto, el no ejercicio de un mínimo de control a la
exorbitancia de la compensación fijada frente a los valores fiscales y
registrales del inmueble, constituye una franca vía de hecho.”
1.14. La
sociedad tutelante sostiene, en el mismo sentido, que el trámite acusado
incurre en defecto sustantivo, puesto que desconoció la norma que obliga a
efectuar el control de calidad al proyecto de dictamen a cargo del perito
designado por el IGAC.  Expone que según lo dispone el artículo 21 de la Ley
56/81, una vez el propietario del bien afectado manifieste su desacuerdo con el
estimativo de perjuicios, deberá realizarse un dictamen realizado por dos
peritos: uno perteneciente a la lista de auxiliares de la justicia y otro
designado conforme las reglas del artículo 20 del Decreto 2265 de 1969, esto
es, de la lista de expertos suministrada por el IGAC.
La
Resolución 1463 del 26 de julio de 1993, expedida por el IGAC con base en sus
facultades legales y reglamentarias, dispone de forma expresa el régimen
aplicable a los avalúos previstos en la Ley 56/81.  El artículo 30 de dicha
normatividad estipula que los dictámenes proferidos por los funcionarios del
Instituto deben ser sometidos a un proceso de control de calidad por parte de la
División de Avalúos, “con el fin de corroborar y garantizar que su
desarrollo y resultado se ajusta a las normas, procedimientos y metodologías
vigentes en materia valuatoria y el valor otorgado corresponde a las
condiciones y características registradas por el bien al momento de la inspección
ocular.” Este requisito, como se puso de presente en el trámite judicial,
ha sido reconocido por la jurisprudencia civil como una de las condiciones
predicables para la validez de los experticios en el marco de los procesos de
servidumbre adelantados conforme a la Ley 56/81.  Sobre el particular, la
entidad accionante señala que, contrario a como lo consideró el juez de
conocimiento “[e]l control de calidad en mención no implica una
usurpación de la competencias del juez y en nada se opone al debate o
contradicción en el seno de la jurisdicción del mismo dictamen en desarrollo de
las normas citadas por aquel. Muy por el contrario, dicho control es un
mecanismo de autotutela técnica y científica de imprescindible realización, sin
el cual, el informe del funcionario o perito no puede obrar como dictamen
soportado por el Instituto. … Así las cosas, el informe del perito del IGAC que
no haya surtido como en este caso el trámite de validación interna, no puede
reputarse como dictamen del IGAC, sino como simple proyecto de dictamen.”
1.15. En
criterio de Promigas, el Juzgado de conocimiento incurrió en un “defecto por
violación de norma sustantiva” derivado de la pretermisión del término
procesal para solicitar aclaraciones, complementaciones y objeciones al
dictamen pericial.  Indica que luego de resuelto el recurso de reposición
contra el auto que corrió traslado del dictamen pericial, iniciaba la
contabilización del término citado.  En ese sentido, no era aceptable la
posición adoptada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo, que
al momento de resolver el recurso interpuesto, ordenó remitir el proceso al
despacho para decidir sobre el traslado a las partes para los alegatos de
conclusión.  Esta opción impidió que aquellas pudieran solicitar el control
judicial del dictamen, lo que equivale a una violación del derecho al debido
proceso.
Agrega la
sociedad actora que, a la luz de lo dispuesto en el artículo 120 C.P.C., cuando
se solicite la reposición del auto que concede un término, o del auto a partir
de cuya notificación debe correr un término por ministerio de la ley, éste
comenzará a correr desde el día siguiente a la notificación del auto que
resuelva el recurso.  Así, en cuanto el juzgado de conocimiento inaplicó esta
norma procedimental, se evidencia la existencia del vicio antes anotado.
1.16. La
empresa tutelante sostiene que el proceso judicial de imposición de servidumbre
incurre en “vía de hecho por interpretación arbitraria del artículo 509 del
Código de Procedimiento Civil que de ser aplicado correctamente conduce a la
nulidad de todo lo actuado desde la indebida integración del contradictorio.”  Sostiene
sobre el particular que al momento de la ejecución de la condena efectuada en
la sentencia que impuso el gravamen de servidumbre, se advirtió que en folio de
matrícula inmobiliaria se consignaba que el inmueble afectado era de propiedad
de Agrogan y Enrique Carlos Sampayo Paniza.  Al oponerse el apoderado de
Promigas al mandamiento ejecutivo por ese motivo, el juzgado del conocimiento
indicó que, de acuerdo con la norma procedimental citada, las excepciones al
mandamiento de pago solo podían basarse en hechos posteriores a la respectiva
providencia.  Esta interpretación, en criterio del tutelante, resulta
irrazonable, pues lo que se había solicitado era la nulidad de la actuación,
fundada en la indebida integración del contradictorio, puesto que desde el
inicio del proceso debió contarse con la presencia del citado ciudadano Sampayo
Paniza, incurriéndose con dicha omisión en una irregularidad insubsanable.  Así,
del tenor literal de la disposición procedimental citada, se tiene que la
exigencia que el hecho se predique luego de la sentencia que se ejecuta, se
refiere exclusivamente a la causales de extinción de las obligaciones, más no
de las hipótesis de nulidad.
1.17.
Finalmente, Promigas establece que el procedimiento objeto de análisis incurre
en defecto fáctico por indebida valoración de la prueba, respecto de (i)
la valoración del dictamen pericial; y (ii) las presuntas
irregularidades cometidas en la notificación de la sentencia que ordenó la
imposición de la servidumbre y el pago correlativo de la indemnización.
1.17.1. En
cuanto a lo primero, señaló que la sentencia acogió los argumentos contenidos
en el dictamen pericial, a partir de un análisis apenas formal del experticio,
sin que diera respuesta alguna a los reparos que la parte demandante había
expresado en los alegatos de conclusión.  Estas censuras habían estado
dirigidas a demostrar que el dictamen era incompleto, pues no tuvo en cuenta la
cuantificación del real perjuicio derivado de la servidumbre.  A su vez, ponían
de presente que la determinación del valor comercial del bien era irrazonable,
en tanto superaba astronómicamente el justiprecio de los inmuebles en
esa región y para la misma destinación rural, como se había demostrado con el
experticio aportado por Promigas, conforme lo permite el numeral 7º del artículo
238 C.P.C.
Así, a
pesar de la identificación de esas graves falencias, relativas a (i) la
ausencia de determinación del real perjuicio generado por la imposición de la
servidumbre; y (ii) las serias inconsistencias en la determinación del
valor del inmueble afectado, “… la manera como el juez enfrentó todas estas
advertencias fue el silencio.  Esta conducta entraña una grave vulneración del
derecho de contradicción, el que queda en el papel si las réplicas de las partes
no son oídas de manera efectiva por la autoridad judicial.  La sentencia es el
momento culminante en donde el juez, en ejercicio de la jurisdicción, da
respuesta, sea favorable, sea desfavorable, pero siempre razonada, a los
planteamientos de las partes.  La sentencia no puede ser un monólogo al margen
del debate que ha tenido lugar durante el proceso y que en sus puntos
esenciales se recrea en los alegatos de conclusión.  Las oposiciones de una de
las partes a la prueba más importante en un proceso de esta índole, no puede
ser olímpicamente ignorada como lo fue.  Esta total desconexión del juez con
las réplicas planteadas a una prueba esencial constituye una clara vía de
hecho.”
1.17.2. En
segundo lugar, Promigas sostiene que tanto el Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Sincelejo como la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior
de la misma ciudad, incurrieron en el desconocimiento injustificado de las
pruebas acerca de las irregularidades en la notificación de la sentencia.  En
esta etapa de análisis, la sociedad demandante sostiene que para resolver la
nulidad solicitada, fueron escuchados varios testimonios, tanto de los empleados
del juzgado como de trabajadores de firmas encargadas de la vigilancia
judicial, testimonios que resultaron encontrados.  Empero, el juzgado decidió
darle pleno valor a lo expresado por los servidores públicos, bajo el único
argumento que no estaban afectados en su imparcialidad, pues “no se les
demostró ningún interés presunto en el proceso por razón de parentesco,
enemistad, amistad o dependencia económica de las partes…”. Para la
accionante, esta no era la razón pertinente para cuestionar tales testimonios,
sino el hecho que de advertirse culpa o negligencia en el trámite de la
notificación del edicto, se generaría una serie de consecuencias disciplinarias
que afectarían a los deponentes.
Agrega,
trayendo a colación la argumentación expuesta en su momento por el apoderado en
el proceso civil, que existían serias contradicciones entre las declaraciones
de los empleados del juzgado, relacionadas con la fecha en que se fijó el
edicto y los servidores a cargo de la fijación y desfijación. Estas falencias
resultaban contrastadas con los testimonios rendidos por los trabajadores de
las empresas de seguimiento de procesos, los cuales son unívocos en afirmar que
el edicto no fue fijado.  Estas pruebas, no obstante, fueron desestimadas por
el juzgado y el Tribunal, bajo el argumento que dichas empresas no contaban con
el aval del Consejo Superior de la Judicatura.  Esta decisión se
mostraba insuficiente, puesto que (i) la actividad adelantada por estas
firmas se inscribía en el ejercicio de la libre iniciativa privada; y (ii) el
Tribunal había restado “… con base en una argumentación igualmente anodina y
arbitraria, la eficacia probatoria a tales mecanismos de información y
seguimiento de procesos.  Olvida que se trata de medios de prueba válidos a la
luz del artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, y que en el contexto de
los hechos, al provenir d terceros que de manera habitual y profesional
realizan el seguimiento de procesos, ofrecen una mayor certeza que la
declaración de las partes y de los funcionarios involucrados, máxime cuando
éstos además de provenir de personas interesadas exhiben contradicciones
palmarias y vacíos como ya se ha señalado.”  Finaliza advirtiendo que la
concurrencia del ejemplar del edicto no puede considerarse como prueba de su
fijación.  Para ello, tendría que determinarse si fue materialmente dispuesto
en la secretaría del juzgado, asunto respecto del cual las declaraciones
efectuadas por las empresas de seguimiento de la actividad judicial resultaban
del todo pertinentes.
2. Respuesta de las
autoridades judiciales accionadas
2.1. Juzgado Tercero Civil
del Circuito de Sincelejo
El despacho judicial estableció,
en primer lugar, que en razón de que Agrogan manifestó en su oportunidad
procesal su disconformidad con la estimación de área afectada e indemnización,
realizada de manera preliminar en la diligencia de inspección judicial, se
llevó a cabo el dictamen pericial, la cual dio guarismos sustancialmente
superiores respecto de ambos aspectos.  Esta prueba, en su criterio, fue
valorada razonablemente, pues “el peritaje producido en esta instancia a la
luz de la sana crítica racional, una y otra conclusión es plausible pues no se salen
del marco de la referencia utilizada por expertos-método de avalúo, ya que se
circunscribe a las diversas variables que influyen en la pesquisa, y están
respaldadas en suficiente prueba documental, y fueron suficientes para
establecer la indemnización en cuestión.”
En cuanto a la censura fundada
en la pretermisión el término procesal para cuestionar el dictamen pericial, el
juzgado indica que esa afirmación es carente de sustento.  Indica que “es
falso lo que afirma el accionante que no se cumplieron los términos entre la
negación del recurso contra la providencia que corrió traslado del dictamen
presentado, y la que corrió traslado para alegar.  La primera providencia fue
dictada el día 5 de diciembre de 2006 y notificada por Estado el día 7 del
mismo día (sic) y año, mientras la segunda se profirió el día 29 de
junio de 2007, por lo cual salta de bulto que se han dado todas las garantías
al accionante”.
El juzgado desestima, en igual
sentido, la consideración efectuada por Promigas acerca de la indebida
integración del contradictorio, al haberse pretermitido la notificación del
proceso a uno de los propietarios inscritos del predio sirviente. A ese
respecto, indicó que “quien aparece como único titular de derechos reales es
el señor Jaime Bustamante Cavallo, le pertenece (sic) el bien afectado
con servidumbre y en el cual se circunscribió la experticia, poseyendo una
matrícula inmobiliaria diferente según los certificados de instrumentos
públicos anexos a la demanda.” De otro lado, resalta que una pretensión de
esta característica debió haberse formulado en la instancia procesal
correspondiente y no luego de haberse cursado el trámite, en sede de acción de
tutela.
Agrega que, contrario a como lo
expone el accionante, la sentencia fue debidamente notificada por edicto,
fijado en la secretaría del despacho judicial.  En tal sentido, la ausencia de
impugnación de esa providencia por parte de Promigas tiene origen, de forma
exclusiva, en la negligencia de su apoderado judicial. De otro lado y en
relación concreta con el proceso ejecutivo adelantado luego de proferida la
sentencia que impuso el gravamen de servidumbre, recalcó que de acuerdo con el
artículo 507 C.P.C., no proceden recursos contra la decisión que ordena seguir
adelante con la ejecución, razón por la cual se había negado una solicitud de
Promigas en ese sentido, adelantándose recurso de queja al momento de dar
respuesta a la acción de tutela interpuesta por esa sociedad.
A partir de esta última
consideración, sostiene que el amparo es improcedente, pues la actora cuenta
con otro mecanismo de defensa judicial, como es el recurso de queja antes
anotado, que se encontraba pendiente de resolución por parte del Tribunal
Superior de Sincelejo.
2.2. Sala Civil-Familia-Laboral
del Tribunal Superior de Sincelejo
La magistrada Marirraquel
Rodelo Navarro, integrante de la Sala que profirió la decisión que negó en
segunda instancia la solicitud de nulidad de la notificación de la sentencia,
presentó algunos argumentos destinados a sustentar la compatibilidad entre esa
providencia y la Carta Política.  Señaló que dicha providencia se fundamentó en
el material probatorio recaudado en el incidente, que demostraba fehacientemente
que el edicto había sido fijado conforme a la ley procesal.  Además, en la
sentencia atacada se estableció que el argumento según el cual las empresas de
vigilancia judicial daban cuenta de la inexistencia del edicto, no resultaba de
recibo.  Esto debido a que la actividad de dichas firmas constituía un
mecanismo de apoyo a la actividad litigiosa, más no sustituía los instrumentos
legales para la notificación de los fallos.
Adicionalmente, señaló que para
el momento de la intervención, el proceso judicial objeto de análisis se
encontraba pendiente de fallo respecto de (i) un recurso de queja; y (ii)
una nueva apelación sobre la idoneidad de los títulos constituidos.
2.3. Agrogan S.A.
Advertida la condición de
tercero con interés legítimo, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia notificó la acción de tutela a la sociedad comercial demandada en el
proceso de imposición de servidumbre.  Así, el apoderado judicial de Agrogan
S.A. intervino en el proceso, a fin de oponerse al amparo de los derechos
invocados por Promigas.
En síntesis, la sociedad
comercial expone que en tanto el dictamen pericial no fue objetado por
Promigas, no resultaba procedente que esa prueba fuera discutida en sede de
tutela.  Del mismo modo, insiste en que el área afectada por la servidumbre y
el monto de la indemnización, no correspondían a lo expresado en el libelo de
demanda; este hecho motivó que el asunto fuera debatido en el proceso,
concluyéndose la extensión y monto a pagar que dictaminó el experticio.  Por
último, resaltó que la acusación basada en la indebida integración del
contradictorio era infundada, para lo cual reiteró el argumento expresado por
el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo.
3. Decisiones judiciales
objeto de revisión
3.1. Primera instancia
La Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 5 de diciembre de 2008, negó
la protección de los derechos fundamentales invocados. En primer término,
estableció que las decisiones adoptadas acerca de la nulidad impetrada respecto
al trámite de notificación del fallo que impuso el gravamen de servidumbre,
eran compatibles con el derecho al debido proceso, en tanto el juzgado y el
Tribunal habían fallado a partir de un análisis razonable del material
probatorio recaudado en el incidente respectivo.  Sobre el particular, la
sentencia estableció que “las decisiones adoptadas por los funcionarios acusados
en torno a la nulidad deprecada, no configuran vía de hecho, en la medida que
tienen sustento en la prueba testimonial recibida para demostrar las
circunstancias fácticas materia de discusión, apreciada acorde con las reglas
de la sana crítica de conformidad con el artículo 187 del Código de
Procedimiento Civil, actividad valorativa que por la coherencia y solidez que
refleja no le es dable incursionar al juez constitucional, pues su tarea no es
sustituir al juez natural en su función privativa de determinar el alcance de
los hechos y la fuerza de convicción del correspondiente material probatorio,
ni la de acometer una nueva valoración de la controversia a efectos de imponer
la forma de interpretación y de solución que mejor le parezca.”
En este sentido, si se concluye
la validez de la notificación del fallo acusado, la acción de tutela resulta
improcedente para discutir asuntos que debieron tramitarse a través de la
interposición del recurso de alzada dentro del proceso de servidumbre.
Adicionalmente, la Sala de Casación Civil sostiene que en relación con las
demás censuras, estas no podían ser objeto de análisis material, pues incumplían
el requisito de inmediatez.  A su juicio “… confrontadas las fechas en que
fueron proferidos con aquella en que se promovió la presente queja
constitucional, transcurrió un lapso que no se aviene con la finalidad de esta
acción pública”. Por lo tanto, resultaba igualmente improcedente el
requerimiento de nulidad del proceso realizado por la sociedad demandante la
que, en todo caso, debió realizarse al interior del proceso civil.
3.2. Segunda instancia
Impugnada la decisión por el
apoderado judicial de Promigas, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, a través de fallo del 10 de febrero de 2009, confirmó la sentencia
de primera instancia.  En síntesis, el Alto Tribunal sostuvo que la acción de
tutela promovida por la citada sociedad comercial se basaba en cuestionar una
divergencia interpretativa del material probatorio relacionado tanto con el
incidente de nulidad propuesto como con la valoración del dictamen pericial.
Desacuerdos de esta índole no tienen, en criterio de la Sala de Casación, la
entidad suficiente para contravenir las reglas del debido proceso.
De igual manera, la Sala compartió
el argumento expresado en la primera instancia, relativo a la ausencia de
cumplimiento del requisito de inmediatez, pues buena parte de las decisiones
judiciales cuestionadas por la sociedad accionante, se remontan a los años 2006
y 2007.
Por último, sostuvo que la
resolución en sede de tutela de la presunta afectación del derecho al debido
proceso derivada de la interpretación irrazonable de las normas procesales que
regulan la impugnación del mandamiento ejecutivo, resultaba improcedente.  Ello
debido a que, según la información suministrada por el Tribunal Superior, el
asunto era actualmente objeto de recurso de queja, siendo este el escenario
apropiado para resolver ese tópico.
4. Actuación ante la Corte
Constitucional
Una vez asumido el conocimiento
del asunto por parte de esta Sala de Revisión, fue advertida la necesidad de
contar con mayores elementos de juicio para adoptar esta decisión.  En
consecuencia, mediante auto del 17 de septiembre de 2009, la Sala ordenó que
fuera remitido el expediente contentivo del proceso civil de imposición de servidumbre.
Esta decisión, conforme lo dispuesto en el artículo 57 del Acuerdo 5/92 –
Reglamento de la Corte Constitucional, se ordenó la suspensión de términos.
Allegada la prueba mencionada y valorada
por el Magistrado Ponente, a través de auto del 14 de diciembre de 2009, se
dispuso continuar con el trámite respectivo.
II. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
Problema jurídico y
metodología de la decisión
1.  La sociedad comercial
Promigas S.A. E.S.P. considera que varias de las decisiones adoptadas en el
proceso abreviado de imposición de servidumbre y el trámite de ejecución
subsiguiente, incurrieron en abiertas irregularidades, constitutivas de
defectos sustantivos, fácticos y procedimentales, que vulneran los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Los defectos identificados por la accionante pueden sintetizarse del modo
siguiente:
1.1.
Defecto sustantivo y procedimental generado por (i) el
desconocimiento, por parte del dictamen pericial, de las normas legales que
imponen límites a la estimación de perjuicios derivados de la imposición de
servidumbres para la construcción de obras destinadas a la prestación de
servicios públicos; y (ii) la omisión de someter el dictamen a la
revisión previa por parte de la División de Avalúos del IGAC, lo que impedía
servir como prueba dentro del proceso de imposición de servidumbre.
1.2.
Defecto sustantivo y procedimental derivado de la pretermisión
arbitraria de la oportunidad procesal para objetar o solicitar la aclaración o
complementación del dictamen pericial.
1.3.
Defecto sustantivo y procedimental basado en la interpretación errónea
del articulo 509 C.P.C., en el sentido que esa disposición impide oponerse al
mandamiento de pago con base en la nulidad por indebida integración del
contradictorio en el proceso declarativo que dio lugar a la ejecución, que el
caso presente refiere a la falta de comparencia en el proceso de imposición de
servidumbre de uno de los propietarios del predio objeto del gravamen.
1.4.
Defecto fáctico fundado en (i) la apreciación irrazonable del
dictamen pericial, que arrojaba un monto de indemnización que superaba con
creces el valor de la totalidad del inmueble; y (ii) la evaluación
equivocada de las pruebas testimoniales que dieron lugar a negar la solicitud
de nulidad elevada por Promigas y fundada en la presunta falta de notificación
legal de la sentencia que impuso el gravamen de servidumbre y ordenó el pago de
la indemnización.
Ante estos cuestionamientos,
tanto las autoridades judiciales demandadas como la sociedad comercial Agrogan
S.A. se opusieron a la protección de los derechos invocados.  Sus
intervenciones, que se centraron en la evaluación acerca del procedimiento
surtido para la notificación de la sentencia, sostuvieron que el incidente de
nulidad había sido resuelto con base en el análisis adecuado de los testimonios
rendidos por los empleados del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo,
que demostraban que el edicto correspondiente había sido efectivamente fijado
en la secretaría de ese despacho judicial.  A su vez, desestimaron que las
demás pruebas, en especial las declaraciones realizadas por los trabajadores de
firmas dedicadas a la vigilancia judicial, pudieran tener un valor tal que
desvirtuaran las afirmaciones de los servidores públicos. Ello debido a estas
empresas no contaban con una autorización por parte del Consejo Superior de la
Judicatura para su funcionamiento, ni tampoco su actividad comercial sustituía
los procedimientos previstos en la ley para la notificación de las decisiones
judiciales.
Adicionalmente, el Juzgado demandado
sostuvo en relación con las demás censuras, que su accionar se había sujetado a
la regulación sustantiva y procesal aplicable.  Así, (i) el traslado del
dictamen pericial se había efectuado en legal forma; (ii) no existía una
interpretación equivocada de las normas procesales sobre las censuras oponibles
al mandamiento de pago, pues estas versan, en su criterio, exclusivamente sobre
hechos posteriores a la sentencia dictada en el proceso declarativo; y (iii)
no existía una indebida integración del contradictorio, en tanto el proceso
se había surtido con la concurrencia de Agrogan S.A., única propietaria del
bien afectado, conforme da cuenta el certificado de tradición y libertad
aportado con la demanda de imposición de servidumbre.
Los jueces constitucionales, en
ambas instancias, negaron la protección de los derechos invocados.  En su
criterio, las actuaciones adelantadas por el Juzgado y el Tribunal estuvieron
ajustadas a las reglas jurídicas aplicables y no surgía de ellas elementos
constitutivos de arbitrariedad.  De otro lado, sostuvieron que la acción no resultaba
procedente, puesto que se desconocía el requisito de inmediatez en la
interposición del amparo constitucional.
2.  Conforme a los antecedentes
expuestos, corresponde a la Sala determinar si el Juzgado Tercero Civil del Circuito
de Sincelejo y la Sala Civil-Familia-Laboral, del Tribunal Administrativo de la
misma ciudad, incurrieron en los defectos antes descritos y, en consecuencia,
vulneraron los derechos invocados por Promigas.  Para este efecto, la Corte
adoptará la metodología siguiente.  En primer término, hará una exposición
general sobre el precedente constitucional consolidado acerca de la
fundamentación, los requisitos y las causales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales. Luego, realizará un análisis relativo al
cumplimiento, en el caso objeto de estudio, de las condiciones formales de
procedencia previstas en el mencionado precedente.  Por último, en caso que
esta comprobación resultare exitosa, adelantará el estudio acerca de la
presunta existencia de los defectos mencionados.
Reglas jurisprudenciales sobre
la procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales. Reiteración
de jurisprudencia
3. Acerca de la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la Corte
Constitucional ha fijado un precedente consolidado, el cual prevé reglas
concretas acerca de (i) la justificación, desde la perspectiva de la
Carta Política, de la tutela contra sentencias; (ii) los requisitos
formales que deben acreditarse en el caso concreto como presupuesto para el
análisis sustantivo de la presunta violación de los derechos al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia; y (iii) los presupuestos
fácticos y jurídicos que estructuran cada una de las causales materiales de
procedencia de la acción de tutela contra sentencias.
En tal sentido, habida cuenta ese
carácter consolidado de la doctrina en comento, la Sala reiterará a
continuación la síntesis que de ese precedente ha realizado en decisiones
anteriores,[13] pues resulta plenamente
aplicable como soporte jurisprudencial del asunto de la referencia.  No
obstante, en razón de la índole de los defectos expuestos en la acción de
tutela impetrada por la sociedad comercial Promigas S.A., la Corte ampliará sus
argumentos en lo que respecta al defecto sustantivo, fáctico y procedimental.
4. El artículo 86 de la
Constitución Política establece la acción de tutela como mecanismo para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública.  Esta disposición de la Carta permite inferir válidamente
que el amparo constitucional procede contra las decisiones judiciales, en tanto
actuaciones adelantadas por servidores públicos que ejercen la facultad
jurisdiccional.  Sin embargo, la procedencia de la acción de tutela contra
sentencias es un asunto que se muestra complejo, puesto que la adecuada protección
de los principios y valores constitucionales implica un ejercicio de
ponderación entre la eficacia de la mencionada acción –presupuesto del Estado
Social y Democrático de Derecho–, y la vigencia de la autonomía e independencia
judicial, el principio de cosa juzgada y la seguridad jurídica.
Los procesos judiciales
ordinarios son escenarios en los que, habida consideración del principio de
supremacía constitucional (Art. 4 C.P.), debe primar el reconocimiento,
protección y garantía de los derechos fundamentales. Las normas de la Carta
Política y, en especial, aquellas que prevén tales derechos, constituyen
parámetros ineludibles para la decisión judicial.  En consecuencia, la
actuación judicial devendrá legítima cuando (i) el procedimiento surtido
para adoptar una decisión ha protegido las garantías propias del debido
proceso, de la que son titulares las partes que han sometido la controversia al
conocimiento de la jurisdicción; y (ii) la decisión judicial es
compatible con el plexo de valores, principios y derechos previstos por la
Constitución.  Ello en la medida que tales preceptos tienen valor normativo y
superioridad jerárquica dentro del grupo de fuentes de derecho que debe tener
en cuenta el funcionario judicial – individual o colegiado – al momento de
adoptar sentencia.   Por ende, en los casos en que se acredite con suficiencia
que la decisión judicial incumple estos requisitos axiales, la necesidad de
preservar la eficacia de los preceptos constitucionales obliga a contar con un
instrumento que permita restituir la vigencia de las normas constitucionales en
el caso concreto.
Bajo esta perspectiva, concurren
las herramientas teóricas y hermenéuticas que resuelven la tensión expuesta
anteriormente. La acción de tutela contra sentencias judiciales es un
instrumento excepcional, dirigido a resolver aquellas situaciones en que lo
decidido por el juez incurre en graves falencias, de relevancia constitucional,
las cuales tornan la decisión incompatible con la Carta Política.  En tal
sentido, la acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la
decisión judicial, basado en la supremacía de las normas constitucionales. Esto
se opone a que la acción de tutela ejerza una labor de corrección del fallo o que
sirva como nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo.
En cambio, la tutela se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en
que la juridicidad de la sentencia judicial resulte afectada, debido a que
desconoció el contenido y alcance de los derechos fundamentales.
Los funcionarios judiciales, en
su calidad de servidores públicos, deben ejercer sus competencias dentro del
preciso marco fijado por la Constitución y la ley. Ello implica que sus
actuaciones, cuando desconocen esos límites, se tornan arbitrarias y, en consecuencia,
el sistema jurídico debe ofrecer alternativas para eliminar esa arbitrariedad y
restituir el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos por la Carta.  En
estos casos, resulta inadmisible sostener que la vigencia de la autonomía
judicial o la seguridad jurídica otorgan inmunidad a las decisiones de los
jueces.  Esto, debido a que una afirmación de esa naturaleza significaría que
tales valores tiene un estatus superior a la de los preceptos de la
Constitución, lo que es del todo incoherente con el principio de supremacía consagrado
en el artículo 4º de la C.P.
Sin embargo, debe insistirse en
que los instrumentos por excelencia para hacer frente a las sentencias
incompatibles con la Carta son, precisamente, los recursos judiciales
–ordinarios y extraordinarios–, que permiten someter al conocimiento del mismo
juez que profirió la decisión o al de su superior jerárquico, las afectaciones
de garantías constitucionales.  Esto, en el entendido que el proceso judicial
es un escenario estrictamente reglado, cuya función principal es la  garantía de
los derechos, por lo que está revestido de instancias que permiten la autorrestricción
de la actividad jurisdiccional en los casos que las decisiones contradigan esa
función esencial de la administración de justicia.  Empero, pueden subsistir
casos en que agotados esos mecanismos internos de control a la arbitrariedad
judicial, esta perviva.  En aquellos eventos, conforme al principio de
subsidiariedad que se explicará con mayor detalle en apartado subsiguiente, la
acción de tutela será el mecanismo idóneo para garantizar la eficacia normativa
de la Constitución al interior del proceso judicial.
Es con base en estas premisas que
la jurisprudencia constitucional ha establecido las reglas sobre la procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Esta doctrina ha
redefinido la concepción tradicional de la “vía de hecho” judicial, para
establecer un grupo sistematizado de condiciones estrictas, de naturaleza
sustancial y procedimental, las cuales deben acreditarse en cada caso concreto,
como presupuestos ineludibles para la protección de los derechos fundamentales
afectados por la sentencia.  El precedente vigente sobre la materia fue
expuesto de manera unánime por la Sala Plena de la Corte en la sentencia
C-590/05 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), la cual declaró inexequible la expresión
“ni acción”, contenida en el artículo 185 de la Ley 906/04, relacionado
con la sentencia de casación penal.  En consecuencia, la presente decisión
adoptará la metodología y las reglas fijadas por la Corte en esa oportunidad, a
fin de resolver el caso propuesto.
5. La jurisprudencia distingue
entre requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela
contra sentencias.  Los primeros están relacionados con condiciones fácticas y
de procedimiento, las cuales buscan hacer compatible dicha procedencia con la
eficacia de valores de estirpe constitucional y legal, relacionados con la seguridad
jurídica, los efectos de la cosa juzgada, la independencia y autonomía del
juez, al igual que la distribución jerárquica de competencias al interior de la
rama jurisdiccional.  Los segundos, se refieren a la descripción de los
defectos en que puede incurrir una decisión judicial y que la hacen
incompatible con la Constitución.
6.  Los requisitos formales de la
acción de tutela contra sentencias, según lo expuso la sentencia C-590/05, son
los siguientes:
6.1. Que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Para la Corte, el juez de
tutela no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones.[14]
En consecuencia, el juez constitucional debe indicar con toda claridad y de
forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente de
relevancia constitucional y afecta los derechos fundamentales de las partes.
6.2. Que se hayan agotado todos
los medios  -ordinarios y extraordinarios-,  de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[15].  De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales que el sistema
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así, esto es, de
asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
6.3. Que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[16].
De lo contrario, esto es, permitir que la acción de tutela proceda meses o aún
años después de proferida la decisión, comportaría sacrificar los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica, ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
6.4. Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.[17]
No obstante, si la irregularidad comporta grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles
de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos
se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio correspondiente.[18]
6.5. Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos violados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible.[19]
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
6.6. Que no se trate de
sentencias de tutela.[20]  Esto, por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse
de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son
sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en
virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la
Sala respectiva, se tornan definitivas.
7. Como se indicó, los requisitos
específicos aluden a la concurrencia de defectos en el fallo atacado que, en
virtud de su gravedad, hacen que el mismo sea incompatible con los preceptos
constitucionales. Estos defectos son los siguientes, haciéndose énfasis en las
implicaciones de los defectos sustantivos, procedimentales y fácticos, puesto
que resultan especialmente relevantes para la resolución del problema jurídico
propio de esta decisión:
7.1. Defecto
orgánico, el cual se origina cuando el juez que adoptó la decisión carecía
absolutamente de competencia para hacerlo. Como se observa, la estructuración
de la causal tiene carácter calificado, pues no basta con que la competencia
del funcionario judicial sea un asunto sometido a debate, sino que debe estarse
en un escenario en el que, a la luz de las normas jurídicas aplicables, resulte
manifiestamente irrazonable considerar que el juez estaba investido de la
potestad de administrar justicia en el evento objeto de análisis.  A este
respecto, la Corte ha enfatizado que “… sólo en aquellos casos en los
cuales el acto que adscribe la competencia resulte ostensiblemente contrario a
derecho, - bien por la notoria y evidente falta de idoneidad del funcionario
que lo expidió, ora porque su contenido sea abiertamente antijurídico -, el
juez constitucional puede trasladar el vicio del acto habilitante al acto que
se produce en ejercicio de la atribución ilegalmente otorgada. Sólo en las
condiciones descritas puede el juez constitucional afirmar que la facultad para
proferir la decisión judicial cuestionada no entra dentro de la órbita de
competencia del funcionario que la profirió y, por lo tanto, constituye una vía
de hecho por defecto orgánico.”[21]
7.2. Defecto
procedimental absoluto, falencia que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido. Igual que en el caso
anterior, la concurrencia del defecto procedimental tiene naturaleza
cualificada, pues se exige que se esté ante un trámite judicial que se haya
surtido bajo la plena inobservancia de las reglas de procedimiento que le eran
aplicables, lo que ocasiona que la decisión adoptada responde únicamente al
capricho y la arbitrariedad del funcionario judicial y, en consecuencia,
desconoce el derecho fundamental al debido proceso.  Sobre el particular, la
Corte ha insistido en que el defecto procedimental se acredita cuando “…el
juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar
trámite a determinadas cuestiones y actúa de forma arbitraria y caprichosa, con
fundamento en su sola voluntad, se configura el defecto procedimental. El
defecto procedimental se erige en una violación al debido proceso cuando el
juez da un cauce que no corresponde al asunto sometido a su competencia, o
cuando pretermite las etapas propias del juicio, como por ejemplo, omite la
notificación de un acto que requiera de esta formalidad según la ley, o cuando
pasa por alto realizar el debate probatorio, natural a todo proceso, vulnerando
el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no
permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación,
con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la
violación a los derechos fundamentales.”[22] .
En relación
con esta materia, debe insistirse en que la irregularidad procesal debe ser de
tal magnitud que sus consecuencias resulten materialmente lesivas a los
derechos fundamentales, en especial el debido proceso.  Así, si a pesar de
existir una irregularidad, carece de los efectos estudiados, en tanto no
interfiere en el contenido y alcance de ese derecho, no podrá predicarse la
estructuración del defecto procedimental.  Por ejemplo, la ausencia de una
notificación configurará defecto procedimental solo en el caso que impida
materialmente al afectado el conocimiento de la decisión y, en consecuencia,
enerve la posibilidad de ejercer los recursos correspondientes. Cuando, a pesar
del error los sujetos procesales tuvieron oportunidad de conocer la decisión
por otros medios reconocidos por el ordenamiento, no se estructura la causal en
comento.
Como se
observa, existe una vinculación necesaria entre la calificación del defecto
procedimental y el desconocimiento –abierto y evidente- del derecho al debido
proceso, relativo a sus aspectos esenciales y definitorios, como es el derecho
de contradicción y defensa, la presunción de inocencia, la protección de la
cosa juzgada, la posibilidad de contar con un defensor o representante
judicial, etc.  Así, cuando se trate de errores de diversa índole, que si bien
configuran irregularidades procesales, no conllevan consecuencias incompatibles
con las citadas garantías, no es viable concluir la afectación de derechos
constitucionales por parte de la decisión judicial.
La regla en
mención ha sido sostenida en diversas decisiones de la Corte.  Así por ejemplo,
en la sentencia T-962/07 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), se resaltó cómo el
defecto procedimental absoluto tiene un vínculo necesario con la protección de
aspectos definitorios del derecho al debido proceso, esto es, que involucren
afectaciones materiales a las diferentes garantías constitucionales que lo
integran.  Del mismo modo, aunque no se ha fijado una tipología fija sobre los
yerros constitutivos de defecto procedimental absoluta, la Sala Novena de
Revisión sostuvo que “diferentes conductas u omisiones que pueden conllevar
amenazas o violaciones de derechos fundamentales, las cuales permiten la
intervención de los jueces constitucionales, a saber: el funcionario judicial
pretermite una etapa propia del juicio, da un cauce que no corresponde al
asunto sometido a su competencia, ignora completamente el procedimiento
establecido, escoge arbitrariamente las normas procesales aplicables al caso
concreto, incumple términos procesales, por ejemplo cuando la autoridad
judicial restringe el término conferido por la ley a las partes para
pronunciarse en ejercicio de su derecho de defensa  o desconoce el derecho de
defensa de un sindicado en materia penal, omite cumplir los principios mínimos
del debido proceso señalados en la Constitución, principalmente, en los
artículos 29 y 228 .|| Por otra parte se reitera, que en relación con la
existencia de defectos procedimentales, no todo desconocimiento de las
formalidades y etapas a seguir en asuntos litigiosos permite la procedencia de
la tutela, pues este mecanismo solo procede frente a la existencia de vías de
hecho por ser irreconciliables con el ordenamiento jurídico y con ellas se han
trasgredido derechos fundamentales. Esta posición fue reiterada en providencia
T-579 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), en donde se indicó “el
incumplimiento de las formalidades debe estar revestido de suficiente entidad
para que el mismo pueda considerarse como una vía de hecho”.
Con base en lo expuesto, la esencia
del defecto procedimental consiste en la existencia de un error en el
procedimiento aplicado que, por su alcance o naturaleza, hace que el trámite
judicial se torne incompatible con los presupuestos elementales del derecho al
debido proceso.  Este defecto, como sucede con las demás causales de
procedencia de la acción de tutela contra sentencias, no debe ser imputable a
la parte que lo alega.  Tampoco resulta estructurado cuando el afectado omitió
injustificadamente hacer uso de los mecanismos judiciales tendientes a subsanar
la falencia al interior del proceso correspondiente.  Se trata, en últimos, de
un defecto de entidad cualificada, que solo permite la intervención del juez
constitucional cuando su ocurrencia afecta los postulados superiores que
ordenan las actuaciones judiciales.
7.3. Defecto fáctico, que surge
cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión.  Al respecto, debe recalcarse
que esto es uno de los supuestos más exigentes para su comprobación como causal
de procedencia de la acción de tutela contra sentencias.  Ello debido a que la
valoración de las pruebas en el proceso es uno de los campos en que se expresa,
en mayor medida, el ejercicio de la autonomía e independencia judicial.  El
ejercicio epistemológico que precede al fallo es un tarea que involucra, no solo
la consideración acerca de las consecuencias jurídicas que, en materia
probatoria, impone el ordenamiento jurídico positivo, sino también la
valoración que de los hechos del caso realice el funcionario judicial, a partir
de su propia experiencia y de su conocimiento sobre el área del derecho
correspondiente, tópicos que suelen reunirse bajo el concepto de sana
crítica.
En consecuencia, la labor del
juez de tutela en relación con el defecto fáctico está estrictamente limitado a
aquellos eventos en que la actividad probatoria realizada por el funcionario
judicial, incurre en errores de tal magnitud que, por su evidencia, ocasionan
que la decisión judicial se torne arbitraria e irrazonable.  Esto, supone que
la acción de tutela carece de alcance para realizar un juicio de corrección
sobre la valoración probatoria; en cambio, como lo expone la doctrina nacional,
es un juicio de evidencia, en el que el juez ordinario incurrió en un
error indiscutible en el decreto o apreciación de la prueba.[23]
A su vez, este vicio debe tener una relación intrínseca con el sentido de la
decisión judicial, de modo que, de no concurrir ese error manifiesto, la
sentencia hubiera adoptado un sentido distinto.  Es decir, el yerro debe ser
relevante, no solo en términos de protección del derecho al debido proceso, sino
también respecto a la controversia jurídica materia de la decisión judicial.
Estas consideraciones han sido
corroboradas por distintas decisiones de la Corte.  De acuerdo con la
jurisprudencia de la Corporación[24], este defecto se produce
cuando el juez toma una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina[25], como consecuencia de
una omisión en el decreto[26] o valoración de las
pruebas; de una valoración irrazonable de las mismas; de la suposición de una
prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios
probatorios.
Para la Corte, el defecto fáctico
puede darse tanto en una dimensión positiva,[27] que comprende los
supuestos de una valoración por completo equivocada, o en la fundamentación
de una decisión en una prueba no apta para ello, así como en una dimensión
negativa[28], es decir, por la omisión
en la valoración de una prueba determinante, o en el decreto de pruebas
de carácter esencial.
En cuanto a
los fundamentos y al marco de intervención que compete al juez de tutela, en
relación con la posible ocurrencia de un defecto fáctico, la Corte ha sentado
los siguientes criterios, que encuentran plena armonía con las consideraciones
antes expuestas:
7.3.1. El fundamento de la
intervención radica en que, a pesar de las amplias facultades discrecionales
que tiene el juez de conocimiento para el análisis del material probatorio, este
debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir,
con base en criterios objetivos y racionales.[29]
7.3.2. No obstante, como ya se ha
indicado, la intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por
el juez de conocimiento debe ser de carácter extremadamente reducido. En primer
término, porque el respeto por el principio de autonomía judicial y el
principio del juez natural, impiden que el juez de tutela realice un examen
exhaustivo del material probatorio.[30] En segundo lugar, ha
destacado que las diferencias de valoración en la apreciación de una prueba, no
constituyen errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables,
el juez del conocimiento debe determinar, conforme con los criterios señalados,
cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez, en su labor, no solo
es autónomo, sino que sus actuaciones se presumen de buena fe[31].
En consecuencia, el juez de tutela debe partir de la corrección de la decisión
judicial, así como de la valoración de las pruebas realizadas por el juez
natural[32].
7.3.3. Por último, para que la
tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues
el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la
actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto”[33]
7.4. Defecto material o
sustantivo, que se presenta cuando se decide con base en normas inexistentes,
inconstitucionales o que claramente inaplicables al caso concreto. Esta misma
falencia concurre cuando se presenta una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión. Así, el defecto material o sustantivo apela a la
necesidad que la sentencia judicial tenga un fundamento racional argumentativo
mínimo, esto es, que (i) se soporte en las normas constitucionales y legales
que resulten aplicables; (ii) acredite consonancia entre la motivación,
que da cuenta del reconocimiento de esos preceptos de derecho positivo y su
contraste con el material probatorio legal y debidamente recaudado durante el
trámite, y la decisión que adopta el juez del conocimiento.
A este respecto, la
jurisprudencia constitucional ha previsto que el defecto material o sustantivo “…
opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción
que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i.) porque
ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico,
(ii.) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii.) porque su aplicación al
caso concreto es inconstitucional, (iv.) porque ha sido declarada inexequible
por la propia Corte Constitucional o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y
ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se
aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos
distintos a los expresamente señalados por el legislador”.[34]
Sobre el
mismo particular, se ha considerado que la indebida aplicación de las normas
también hace parte de esta tipología de defecto,[35]
cuando pese al amplio margen interpretativo que la Constitución reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem)
o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes
(irrazonable o desproporcionada).  Para sustentar esta conclusión, la jurisprudencia
insiste en que “…el procedimiento de tutela no puede utilizarse para obtener
que un juez diferente al que conoce del proceso ordinario intervenga
inopinadamente para modificar el rumbo del mismo con base en una interpretación
diversa, la suya, pretendiendo que, por haber entendido las normas pertinentes
de una determinada manera, incurrió el primero en una vía de hecho. || La
vía de hecho —excepcional, como se ha dicho— no puede configurarse sino a
partir de una ruptura flagrante, ostensible y grave de la normatividad
constitucional o legal que rige en la materia a la que se refiere el fallo. Por
tanto, mientras se apliquen las disposiciones pertinentes, independientemente
de si otros jueces comparten o no la interpretación acogida por el fallador, no
existe la vía de hecho, sino una vía de derecho distinta, en sí misma
respetable si no carece de razonabilidad. Esta, así como el contenido y
alcances de la sentencia proferida con ese apoyo, deben ser escrutados por la
misma jurisdicción y por los procedimientos ordinarios, a través de los
recursos que la ley establece y no, por regla general, a través de la acción de
tutela.|| Diferente es el caso de la ostensible aplicación indebida de
una norma, en cuya virtud se pretende lograr que los hechos quepan en ella, aun
contra toda evidencia. Allí puede darse la vía de hecho, como lo ha admitido
esta Corte, si por haberse forzado arbitrariamente el ordenamiento jurídico se
han quebrantado o se amenazan derechos constitucionales fundamentales”[36]
Con base en los anteriores
argumentos, se concluye que la sentencia judicial incurre en defecto fáctico
cuando su motivación contradice, de manera abierta y ostensible, el régimen
jurídico que debe aplicar.  La actividad del juez de tutela, en este orden de
ideas, está limitada a verificar esa ruptura con el ordenamiento constitucional
o legal.  Así, la acción de tutela no puede constituirse en un escenario para
la evaluación acerca del grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados
por el juez ordinario, sino que se restringe a identificar la incompatibilidad
entre estos y las normas jurídicas que regulan la materia debatida en sede
jurisdiccional.
7.5. Error inducido,
tradicionalmente denominado como “vía de hecho por consecuencia”  que se
presenta cuando el Juez o Tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.  A este respecto, la Corte ha establecido que “Es posible
distinguir la sentencia violatoria de derechos fundamentales por defectos
propios del aparato judicial - presupuesto de la vía de hecho -, de aquellas
providencias judiciales que aunque no desconocen de manera directa la
Constitución, comportan un perjuicio iusfundamental como consecuencia del
incumplimiento por parte de distintos órganos estatales de la orden
constitucional de colaborar armónicamente con la administración de justicia con
el objeto de garantizar la plena eficacia de los derechos constitucionales.  Se
trata de una suerte de vía de hecho por consecuencia, en la que el juez, a
pesar de haber desplegado los medios a su alcance para ubicar al procesado,
actuó confiado en la recta actuación estatal, cuando en realidad ésta se ha
realizado con vulneración de derechos constitucionales, al inducirlo en error.
En tales casos - vía de hecho por consecuencia - se presenta una violación del
debido proceso, no atribuible al funcionario judicial, en la medida en que no
lo puede apreciar, como consecuencia de la actuación inconstitucional de otros
órganos estatales.”[37]
Así, la jurisprudencia ha
identificado los dos presupuestos que deben cumplirse para que exista el error
inducido.  En primer lugar, debe demostrarse en el caso concreto que la
decisión judicial se ha basado en la apreciación de hechos o situaciones
jurídicas, en cuya determinación los órganos competentes hayan violado derechos
constitucionales. En segundo término, debe demostrarse que esa violación
significa un perjuicio iusfundamental para las partes que intervienen en
el proceso judicial.[38]
7.6. Sentencia sin motivación,
que implica el incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, pues precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.  Este tipo de
falencia se distingue del defecto fáctico, en cuento no se estructura a partir
de la disconformidad entre la motivación de la sentencia y su parte resolutiva,
sino en la ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido.  Es evidente
que una exigencia de racionalidad mínima de toda actuación judicial es que
exprese los argumentos que hacen inferir la decisión correspondiente.  Cuando
este ineludible presupuesto no puede verificarse, la sentencia contradice
aspectos que hacen parte del núcleo esencial del derecho fundamental al debido
proceso.
7.7. Desconocimiento del
precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.[39]
7.8.  Violación directa de la
Constitución, causal de procedencia de la acción de tutela que se estructura
cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma
específica, postulados de la Carta Política.  A este respecto, debe insistirse
en que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo
a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de
aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos,
por los particulares.  Por ende, resulta plenamente factible que una decisión
judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o
aplica indebida e irrazonablemente tales postulados.
Caso concreto
Comprobación de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales
8. Como se indicó en anteriores
fundamentos jurídicos, las reglas jurisprudenciales fijadas por la Corte en
relación con la tutela contra sentencias judiciales dividen los requisitos de
procedencia en dos tipos.  Unos formales, que responden a cargas
procedimentales que debe cumplir el actor para que el asunto pueda ser sometido
al estudio de la jurisdicción constitucional.  Otros específicos o
sustanciales, relacionados con la existencia de defectos en la decisión
judicial que la hagan incompatible con los derechos al debido proceso y a la
administración de justicia.
Este esquema reforzado de
requisitos de procedencia se explica, como se expuso en el fundamento jurídico
3 de esta decisión, en la necesidad de resolver la tensión existente entre el
carácter ejecutorio y vinculante de las sentencias judiciales y la necesidad
que los ciudadanos cuenten con un recurso judicial efectivo cuando estos fallos
extralimitan el campo de la juridicidad, al vulnerar postulados de la Carta
Política.  Este esquema, como lo ha planteado la jurisprudencia de la Corte,
tiene la virtud de brindar a los jueces de tutela una metodología clara y
estricta, que cumpla el doble propósito de (i) impedir que el amparo convierta
en una nueva instancia ordinaria para la controversia de las decisiones de los
jueces de la jurisdicción común; (ii) permitir que ante graves falencias
procedimentales o sustantivas, el carácter vinculante y ejecutorio del fallo no
sirva de base para la violación de los derechos fundamentales de los usuarios
del sistema de administración de justicia.  Además, estos requisitos facultan a
la Corte para ejercer sus funciones de guarda de la supremacía de la Carta
Política, pues le permite definir, dentro de su competencia de unificación de
jurisprudencia, el contenido y alcance de los derechos fundamentales en ámbito
de los procedimientos judiciales.
9.  El primer requisito formal
tiene que ver con la relevancia constitucional de la materia puesta a consideración
del juez de tutela. Al respecto, la Sala encuentra que cada uno de los
reproches expuestos por la sociedad comercial demandante responde a este
criterio.  Los presuntos defectos establecidos en la acción de tutela están dirigidos
a sustentar la existencia de yerros que responden bien al desconocimiento de
normas sustantivas aplicables al caso o a la pretermisión de etapas procesales
necesarias para el ejercicio de contradicción y defensa. En ese sentido,
Promigas sostiene que esas falencias repercuten en el goce efectivo del   derecho
al debido proceso, pues impiden el ejercicio efectivo de garantías que le son
propias.
10. El segundo requisito formal está
relacionado con el agotamiento de los mecanismos judiciales ordinarios.  A este
respecto, es preciso circunscribir el análisis al proceso principal, es decir,
al de imposición de servidumbre, pues en este se encuentran inmersos los autos
cuestionados y de él se derivan tanto el incidente de nulidad como el proceso
ejecutivo. Así, es preciso determinar si en el proceso de imposición de
servidumbre se agotaron los recursos ordinarios disponibles, destinados a
controvertir las decisiones adoptadas, que la sociedad actora juzga como contrarias
a los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Sobre el particular, debe tenerse
en cuenta que, como lo exponen los jueces de instancia, el principal recurso
que tenía a su disposición la sociedad Promigas era la apelación de la
sentencia de primera instancia en el proceso abreviado de servidumbre, la cual
decretó la imposición del gravamen y la obligación de dicha empresa de pagar la
indemnización calculada en el dictamen pericial.  Este recurso no fue
presentado por la sociedad demandante, puesto que sostiene que la notificación
del fallo no tuvo lugar, lo que impidió ejercer su derecho de defensa de manera
oportuna.  En ese sentido, formuló incidente de nulidad contra esa actuación
procesal, trámite que fue negado tanto por el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Sincelejo como por la Sala Civil-Familia-Laboral de la Tribunal
Superior de la misma ciudad. Para la actora este procedimiento incurrió en
defecto fáctico, habida cuenta la errónea apreciación del material probatorio.
En ese sentido, la Corte
encuentra que para resolver acerca del cumplimiento del requisito formal de
agotamiento de los recursos judiciales ordinarios, deberá determinar si el
incidente de nulidad mencionado incurrió en el defecto fáctico denunciado por
Promigas.  Ello en el sentido en que de resultar probada esta situación, se
llegaría forzosamente a la conclusión que el recurso de apelación no era un
mecanismo idóneo en razón de la inexistencia de notificación.  En caso
contrario, si se acreditare que el incidente de nulidad fue decidido de manera compatible
con los postulados de la Carta Política, la Sala comprobaría que la
notificación fue adelantada en legal forma y, en consecuencia, la acción de
tutela resultaría improcedente debido a la omisión en el uso de los mecanismos
judiciales ordinarios.
Para resolver este asunto, la
Sala hará una descripción detallada del trámite del incidente de nulidad, para
luego determinar si los funcionarios judiciales incurrieron en el defecto
fáctico, según las reglas planteadas en el fundamento jurídico 7.3. de esta
sentencia.
El trámite del incidente de
nulidad contra la notificación de la sentencia de primera instancia
11. El apoderado de Promigas,
mediante escrito del 4 de octubre de 2007,[40] formuló ante el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Sincelejo incidente de nulidad contra la notificación de
la sentencia del 17 de septiembre del mismo año. El argumento central para
proponer la nulidad consistió en que, en sentir de la sociedad demandante, el
edicto no fue fijado en lugar visible de la Secretaría de ese despacho
judicial, por lo que no tuvo oportunidad de presentar el recurso de apelación,
al desconocerse la existencia de una decisión judicial de primera instancia.
Señala en el escrito correspondiente que “hasta la fecha, en la cartelera de
la secretaría de su despacho, el único edicto de sentencia que se encuentra
fijado es de Septiembre seis (06) de 2007, donde son las partes el señor JOSÉ
MAESTRE HERAZO contra PERSONAS INDETERMINADAS, dentro de un proceso de Pertenencia
Agraria.” Agrega que a pesar de que el ciudadano John Rafael Mercado Bertel
y el mismo apoderado de Promigas habían llevado la vigilancia del proceso, no
habían encontrado publicado el edicto, lo que constituía violación evidente del
principio de publicidad de las actuaciones judiciales y, por ende, de los
derechos de defensa y debido proceso.
Indica, de otro lado, que el
edicto contenido en el expediente no identifica plenamente a las partes, puesto
que al hacer referencia al extremo pasivo, hace alusión a una empresa distinta,
denominada “Agrogen Ltda.” y no Agrogan Ltda. (sic), que es la
verdadera denominación societaria de la parte demandada. Por lo tanto, se
estaba ante una notificación nula ante la indebida notificación e
identificación de las partes.
Por último, solicitó tener como
pruebas para sustentar las anteriores afirmaciones (i) las declaraciones
de los ciudadanos John Rafael Mercado Bertel y Janeth Díaz; y (ii) copia
de reportes efectuados por el Diario Judicial de Sincelejo, empresa
dedicada a la prestación de servicios de vigilancia judicial, correspondientes
a “los días viernes 21, lunes 24, martes 25, miércoles 26, jueves 27, del
mes de Septiembre del año 2007, donde se constata que en eso días, no fue
publicado en secretaría, el edicto que se encuentra anexo al expediente.”
12.  En cumplimiento de lo
dispuesto por el inciso quinto del artículo 142 del Código de Procedimiento
Civil, el Juzgado corrió traslado del incidente propuesto a la parte
demandada.  Así, mediante oficio del 18 de octubre de 2007, el apoderado de
Agrogan S.A. se opuso a lo pretendido por Promigas.[41]
Sostuvo que aunque la prueba definitiva para demostrar la existencia de la
notificación era el edicto que hacía parte del expediente, era importante
resaltar que en su condición de apoderado de la sociedad demandada “estuve
muy atento al fallo y a su notificación y fue testigo de la entrega por parte
del secretario del Juzgado al señor Wiston Julio Fuentes del edicto
correspondiente para que lo fijara y con la advertencia expresa de aquel a este
de que se hiciera correctamente.  También fue testigo del vencimiento del
término de ejecutoria de la sentencia (viernes 28 de Septiembre de 2007), ese
día a las seis menos cinco de la tarde envié a mi secretaria Sorlidys Marsiglia
Morales hasta su despacho, a fin de que estuviera atenta a la presentación de
cualquier escrito de apelación, cosa que no ocurrió, la citada señorita estuvo
en su despacho hasta las 6 y 5 minutos siendo atendida por el señor Andrés
Bertel Alvis, funcionario de su despacho con quien hablé telefónicamente para
hacerle ver que yo estaba muy atento a la ejecutoria de la providencia en
mención.”
En ese orden de ideas, el
apoderado de Agrogan S.A. sostiene que ante la  notificación en legal forma de
la sentencia, la no apelación de la misma por parte de Promigas tiene origen en
la negligencia de su abogado para formular en tiempo dicha impugnación.
Finaliza sosteniendo que los reportes adjuntados como prueba documental no eran
de recibo, en tanto, “no gozan de ninguna presunción de legalidad (…) como
si gozan las constancias dejadas por el señor secretario del despacho en las
copias de los edictos correspondientes.”  Por último, solicitó que fueran
recibidas las declaraciones de Sorlydis Marsiglia Morales, Wiston Julio
Fuentes, Robiro Góez Barragán, Andrés Bertel Alvis e Isidro Taboada Atencio.
13. Mediante auto del 23 de
octubre de 2007, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo ordenó
tener como pruebas los documentos adjuntados por el incidentante, escuchar las
declaraciones solicitadas por las partes y oficiar al Consejo Seccional de la
Judicatura de Sucre, para que ese organismo informase si el Diario Judicial de
Sincelejo se encontraba “avalado por el Consejo Superior de la Judicatura
para publicar y comunicar a los usuarios de la justicia las notificaciones de
las diferentes providencias, ya sea por Estado o Edicto”.
En diligencia
del 6 de noviembre de 2007,[42] el Juzgado recibió los
testimonios de Sorlydis Marsiglia Morales, Isidro Antonio Taboada Atencio,
Wiston Julio Fuentes, Robiro Góez Barragán y Andrés Bertel Alvis.  Los aspectos
principales de dichas declaraciones fueron los siguientes:
13.1. Sorlydis
Morales, secretaria del apoderado de Agrogan, reafirma en su testimonio lo
expresado por dicho profesional al responder los argumentos expresados por Promigas
en el incidente de nulidad.  Al preguntársele si había verificado que en la Secretaría
del Juzgado la fijación del edicto, manifestó que no había observado la
cartelera, por lo que no podía dar cuenta de ello.
13.2. Isidro
Antonio Taboada Atencio, abogado litigante y apoderado en asuntos que cursan el
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo, expone que habitualmente
visita las instalaciones de ese despacho judicial, para lo cual revisa la
cartelera de la secretaría.  En revisión rutinaria realizada el 21 de
septiembre de 2007, el abogado observó el edicto mencionado donde constató la
identificación de las partes, puesto que estaba pendiente de las resultas de
otros procesos en el que Agrogan S.A. es el extremo pasivo dentro de acciones
ejecutivas incoadas por la empresa de servicio público de aseo Sincelejo
Limpio, de la que es apoderado. Preguntado sobre el periodo en que estuvo
fijado el edicto, indicó que habían sido los días 21, 22 y 23 de septiembre.
Al inquirírsele sobre el hecho que los días 22 y 23 no fueran laborables,
estableció que “Yo lo único que se decir es que el edicto lo vi fijado el 21
en la cartelera del Despacho Judicial y también lo vi los días que duraba
fijado. (sic)”
13.3. Wiston
Antonio Julio Fuentes, escribiente del Juzgado, indica que el día 17 de
septiembre de 2007 se profirió sentencia que resolvió en primera instancia el proceso
de imposición de servidumbre, y, que el 21 de septiembre se fijó el edicto
respectivo, desfijándose el día 25, de acuerdo con el término legal.  Manifestó
que “… [e]n cuanto a la elaboración del edicto lo hizo el señor
secretario de este Juzgado y fue fijado por mi y desfijado por el señor
secretario como siempre acostumbra desfijarlo los edictos que se encuentran en
la tabla de secretaría y posteriormente me los entrega a mi y yo los anexo al
respectivo proceso.”  Al preguntársele acerca de la contradicción en las
fechas de desfijación del edicto, pues señaló que había sido retirado el día
25, pero la constancia de desfijación indica el día 28, expuso que al momento
de rendir la declaración “no puedo precisar por qué motivo dije el 25 de
septiembre como consta actualmente en el proceso, debido que como en ningún
momento puedo expresarme libremente (sic) que no tengo ningún interés
dentro de este proceso para estar pendiente si se debía fijar el día 25 o 28 de
septiembre de 2007, con esto también quiero manifestar que se demuestra
plenamente la actuación en la cual yo actué dentro del proceso que no tenía ni
siquiera la memoria idea (sic) de tener fechas de desfijación porque existe
muchos procesos también y puede suceder el caso que uno se equivoque que si
salió la sentencia el día 17 de septiembre y fue fijado el edicto el día 21 de
septiembre de 2007.”  Al indagarle si sabía quién desfijó el edicto, el
servidor judicial manifestó que no tenía conocimiento.  De igual modo, reiteró
lo dicho por aquella declarante, en el sentido que la secretaria del apoderado
de la parte demandada fue al Juzgado cerca de la hora de cierre del despacho,
con el fin de corroborar si se había presentado recurso de apelación contra el
fallo en cuestión.  Por último, puso de presente las dificultades que se han
presentado en ese y otros despachos judiciales, respecto a la función que
adelantan las empresas de vigilancia de procesos, pues en varias oportunidades
tales firmas manifiestan que no han sido publicadas las notificaciones, cuando
ello sí ha sucedido, afectando a los apoderados que confían la comunicación de
las decisiones a esas empresas y no se acercan al Juzgado a verificar la
información correspondiente.
13.4. Robiro
Góez Barragán, secretario del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo,
manifestó que en su equipo de cómputo redactó el edicto mencionado y se lo
entregó al funcionario Wiston Julio Fuentes para que lo fijara en la cartelera,
lo que efectivamente sucedió. Señaló que una vez cumplido el término legal, “se
puso la constancia de desfijación del mismo edicto que como funcionario me
corresponde llevar los términos y estar atento a la desfijación de los estados
y edictos como también los avisos de remate, procedí a desfijarlo ya que habían
cumplido los términos para que las partes tuvieran la oportunidad de interponer
los recursos de ley, tengo que hacer hincapié que al momento de fijar el edicto
se encontraba presente el señor apoderado de la parte demandada quien
acostumbra a llegar todos los días a este Despacho judicial y delante de él le
dije a Wiston Julio que colocara el edicto como también le consta al señor
Andrés Bertel.”  Agregó que la nota de desfijación había sido puesta en el
documento contentivo del edicto por el escribiente Wiston Julio Fuentes.
Requerido acerca del por qué ese servidor manifestó que no tenía conocimiento
de quién había realizado dicho trámite, señaló que al citado servidor judicial “todas
las cosas se le olvidan fácilmente”, pero que en cualquier caso él sí había
realizado esa labor, entre otras cosas porque tiene a su cargo la máquina de
escribir con que se lleva a cabo tal tarea.
13.5. Andrés
Arturo Bertel Alvis, oficial mayor del Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Sincelejo, reiteró lo señalado por esos declarantes, en el sentido que la
secretaria del apoderado de Agrogan S.A. había concurrido al Juzgado a
verificar la ejecutoria de la sentencia.  Para ello, afirmó que él fue quien informó
a la ciudadana Morales que efectivamente Promigas no había presentado memorial alguno
durante el término de fijación del edicto.
14. En
diligencia del 13 de diciembre de 2007, fue recibida la declaración de la
ciudadana Yaneth Díaz, ingeniera de sistemas que labora para la empresa Lupa
Jurídica.[43] La deponente
manifestó que esa compañía, que tiene entre sus clientes a Promigas, presta los
servicios de vigilancia judicial, consistentes en “servir de apoyo jurídico
a las empresas y a los abogados litigantes.  Para esta labor la compañía va
diariamente a los estados judiciales del país para recaudar la información que
se encuentra en al cartelera pública de los documentos tales como estados,
edictos de sentencias, fijaciones en lista, traslados, avisos de remate y
negocios al despacho y registros de proyectos.  Para cumplir esta labor
contrata dependientes que deben realizar la visita diaria y recaudar los
documentos anteriormente mencionados. El dependiente asignado en la ciudad de
Sincelejo para la cual labora para la empresa desde hace un año es John Mercado
Bertel.  Cuando el dependiente identifica por estado, por edicto de sentencia o
por fijación en lista que en algunos de esos documentos aparece un proceso de
las compañías que tienen contrato con la empresa debe solicitar el expediente y
tomar copias o fotografías de la actuación que se surtió.  Esta información una
vez registrada en cada uno de los despachos que visita debe ser enviada a la
compañía a través de un programa vía web, en donde consigna la información
recolectada, esta información llega en tiempo real al servidor de la empresa y
una vez ahí el supervisor debe revisar y analizar la información suministrada
para validar que la información recolectada corresponde a la enviada y le
revisa para confrontar si todos los clientes fueron reportados.  En caso de
estados se transcribe o digita para almacenar toda la información. Los días 21,
24 y 25 de septiembre de 2007 en la revisión diaria de la cartelera no se
encontró publicado el edicto Promigas vs. la sociedad Agrogan. Para confrontar
que sí visitamos este despacho los días en donde debió permanecer publicado en
cartelera hicimos entrega al despacho de los registros fotográficos.”
Dijo saber que
las empresas Servijudiciales y Diario Judicial de Sincelejo, que prestan
servicios análogos a los de Lupa Jurídica, tampoco habían registrado la
publicación del edicto, asunto que incluso fue certificado por escrito para el
caso de Servijudiciales.[44]
15. En
diligencia del 6 de noviembre de 2007 fue oído en declaración el ciudadano John
Rafael Mercado Bertel, trabajador de Lupa Jurídica.[45]
Indicó que en cumplimiento de su trabajo hacía seguimiento de las actuaciones
del proceso de imposición de servidumbre y que, por ende, había podido
verificar que el edicto de notificación de la sentencia de primera instancia en
ese proceso no había sido publicado, pues al visitar el Juzgado el 28 de
septiembre no vio fijado ese documento.
16. A través
de auto interlocutorio del 2 de abril de 2008, el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Sincelejo resolvió negar la nulidad deprecada.[46]
Sostuvo que las pruebas recaudadas demostraron que la notificación se había
efectuado en legal forma, apoyándose en los testimonios rendidos por los
empleados del Juzgado y el abogado Taboada Atencio.  Sobre el particular,
resaltó que el testimonio de Wiston Julio Fuentes no podía tacharse de
sospechoso, pues no se había demostrado que tuviera interés en relación con las
resultas del proceso de imposición de servidumbre.
Frente al
testimonio de John Rafael Mercado Bertel, indicó que el hecho de no haber visto
publicado el edicto no es prueba de la inexistencia del trámite, más aún cuando
este ciudadano tiene relación laboral con la empresa Lupa Jurídica,
constituyéndose por ello en un testigo sospechoso, amén que recibía “beneficios
económicos” por parte de Promigas. De otro lado, que el testimonio de
Yaneth Díaz tampoco demuestra la ausencia de publicación, puesto que quienes
realizaban la vigilancia judicial eran sus dependientes y no ella misma. Agrega
que la empresa Lupa Jurídica no cuenta con el “aval” del Consejo
Superior de la Judicatura, lo que afecta la validez de las pruebas documentales
que adjuntó la ciudadana Díaz a su declaración. En suma, el despacho encuentra
que en el caso planteado se estaba ante la negligencia del apoderado de
Promigas en la vigilancia del proceso y no frente a una irregularidad procesal.
17. El
apoderado judicial de Promigas apeló la citada decisión.[47]
Para ello, sostuvo que los deponentes Yaneth Díaz y John Mercado coinciden en
afirmar que el edicto no fue publicado, luego de la labor diaria de visita que
llevan a cabo en el Juzgado.  Esta firmeza en la declaración no está presente
para el caso de las declaraciones solicitadas por Agrogan S.A., en tanto (i)
el abogado Taboada Atencio yerra al manifestar que el edicto estuvo fijado
en días que resultaron no hábiles; (ii) el empleado Julio Fuentes
incurre en contradicción al sostener que el edicto fue desfijado el 25 de
septiembre de 2007, cuando en realidad ese trámite se realizó el día 28; y (iii)
el secretario Góez Barragán también contradice otras declaraciones, al
manifestar que la constancia de desfijación la había realizado el escribiente Julio
Fuentes, aunque este expresó que no recordaba quién adelantó esa actuación;
hechos todos estos que hacen que el apoderado califique como “gran farsa” las
exposiciones fácticas de los servidores judiciales.
A partir de
lo expuesto, el recurrente indica que la condición de empleados del Juzgado
hacía que todos estos testigos fueron sospechosos, situación que aunada a las
contradicciones expuestas, llevaban a desestimar la aptitud probatoria de sus
declaraciones.   Finalmente, se opone el argumento de la ausencia de validez de
las pruebas puestas a consideración de la deponente Yaneth Díaz, puesto que el
aval del Consejo Superior de la Judicatura no es un requisito para la
legitimidad de esos elementos de juicio.
18. Mediante
auto del 31 de julio de 2008, la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal
Superior de Sincelejo confirmó la decisión apelada.[48]
Señaló que las pruebas recaudadas demostraban fehacientemente que las distintas
empresas de vigilancia judicial no habían incluido en sus informativos la
publicación del edicto de la sentencia de primera instancia en el proceso de
imposición de servidumbre, edicto que sí reposa en el expediente respectivo. En
ese sentido, la duda a resolver estaría centrada en determinada si ese edicto
fue fijado o no en la cartelera del Juzgado.
Para
dilucidar la cuestión, el Tribunal advirtió que “…los informativos
judiciales (…)  son una herramienta de ayuda en el ejercicio del
litigio, y como tal, no son los medios reconocidos por la ley procesal para
efectos de la publicidad de las diversas providencias que se profieren al interior
de un despacho judicial. || De otro lado, y ante las precisas
circunstancias que rodean el caso que se analiza, en el que se pone en duda la
fijación del edicto en los términos de ley, preciso es acudir a las
declaraciones de los empleados del juzgado, para efectos de esclarecer los
hechos.  Y de los mismos claramente se evidencia que el edicto sí fue elaborado
par la fecha indicada, por ROBIRO DE JESÚS GÓEZ BARRAGÁN, fijado por WISTON
ANTONIO JULIO FUENTES, y desfijado por el mismo GÓEZ BARRAGÁN, pues los propios
involucrados así lo precisan en su versión, sin que sus dichos puedan ser
desestimados por el hecho de prestar sus servicios al juzgado, pues como bien
lo señala el propio incidentante, anta la sospecha en la declaración de un
testigo, lo que corresponde es apreciarla con mayor severidad, para efectos de
establecer si sus dichos son acordes con lo que realmente ocurrió. || Examinados
con la rigurosidad exigida las declaraciones de los empleados del juzgado,
encuentra la Sala, que sus dichos guardan coherencia y congruencia, en cuanto a
la elaboración, fijación y desfijación del edicto mediante el cual se notificó
la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2007, toda vez que no presentan
contradicción alguna en esos aspectos, pues de manera coincidente afirma quién
se encargó de elaborarlo, fijarlo y desfijarlo, sin que para el caso interese
que alguno de los deponentes no tenga recordación exacta sobre las fechas en
que permaneció fijado o sobre quién fue el encargado de asentar la constancia
de desfijación.”
Agrega que la
consistencia de esas declaraciones se afirmó con lo expresado por Sorlydis
Morales, quien indica que no se detuvo a verificar la publicación del edicto, pero
asistió al Juzgado con el fin de verificar si se habían formulado recursos
contra la decisión notificada.  A juicio del Tribunal, este hecho demostraba
que “… el edicto debía estar fijado y en consecuencia los términos
corriendo, pues no de otra manera el apoderado judicial de la parte incidentada
la hubiese enviado para cerciorarse de tal situación.”
Por último,
el Tribunal desestimó la censura basada en la indebida identificación de las
partes en el edicto, en tanto la denominación “Agrogen” tenía origen en
un error mecanográfico, que no afecta la identificación del asunto, habida
cuenta que el edicto también expresa el número del expediente, el tipo de
proceso y el nombre de la parte demandante. Adicionalmente, en la sección que
transcribe la parte resolutiva de la sentencia notificada se hizo correcta
referencia a Agrogan, lo que impedía cualquier equívoco sobre el particular.
19. Promigas
sostiene en la acción de tutela que la actuación adelantada por el Tribunal
Superior y el Juzgado del Circuito respecto al incidente de nulidad antes
descrito, incurrió en violación del derecho al debido proceso por defecto fáctico.
Ello en razón de dos argumentos definidos: (i) la desestimación de las
pruebas documentales presentadas por las empresas de vigilancia judicial, a
partir de una exigencia no prevista en la ley, como es el aval por parte
del Consejo Superior de la Judicatura; (ii) la indebida valoración
probatoria de los testimonios surtidos en el trámite del incidente, pues no se
tuvo en cuenta la parcialidad de los empleados del juzgado, las contradicciones
en las que incurren y la homogeneidad de las declaraciones de los trabajadores
de las empresas de vigilancia judicial, quienes son coincidentes en sostener
que el edicto no fue publicado.
Estas
censuras fueron desestimadas por los jueces de instancia, quienes sostuvieron
que la labor efectuada por los despachos judiciales accionados se circunscribió
al ejercicio de la sana crítica del material probatorio, del cual
concluyeron razonablemente que la notificación de la sentencia se había
realizado en legal forma.
20. A fin de
determinar la existencia del defecto fáctico denunciado por la sociedad
accionante deben identificarse las condiciones que ha fijado la jurisprudencia
constitucional para la estructuración de ese yerro y la existencia de las
mismas en el asunto objeto de estudio.  Como se estableció en el fundamento
jurídico 7.3. de esta sentencia, el defecto fáctico es la instancia más
exigente entre las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, puesto que la valoración probatoria es el ámbito por
excelencia de ejercicio de la autonomía del juez.  En ese orden de ideas, a la
jurisdicción constitucional no le dado realizar un nuevo análisis del material
probatorio, sino que su actividad se restringe a un juicio de evidencia,
distinto a un juicio de corrección.  Quiere esto decir que el amparo
constitucional resultará procedente solo cuando se esté ante un error grave y
manifiesto en la evaluación probatoria, bien por (i) la interpretación
irrazonable o contraevidente de las pruebas recaudadas, que tenga incidencia
sustancial en el sentido de la decisión (dimensión positiva); o (ii) la
negativa injustificada a valorar pruebas que resultan determinantes y
esenciales para la resolución del caso (dimensión negativa).   Por ende, el
grado de exigencia de estos requisitos no se opone a la existencia de
interpretaciones del material probatorio que lleven a resultados diversos,
incluso divergentes, pues el margen de apreciación del juez de tutela se reduce
a aquellas valoraciones que sean manifiestamente irrazonables.
21. Llevadas
estas reglas a la resolución del asunto propuesto, se tiene que tanto el
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo como el Tribunal Superior de la
misma ciudad, valoraron las pruebas recaudadas en el sentido que la publicación
del edicto se llevó a cabo y, por ende, la sentencia se notificó conforme a la
ley. Para ello, tuvo en cuenta las declaraciones rendidas por los empleados del
Juzgado, que en su criterio daban cuenta de la correcta fijación del edicto y,
de igual modo, desestimó las pruebas que rindieron y aportaron los trabajadores
de la empresa Lupa Jurídica, en razón de no contar con el aval del
Consejo Superior de la Judicatura y, a su vez, ante la imposibilidad de otorgar
certeza a las declaraciones y documentos aportados, habida cuenta la relación
comercial existente entre dicha empresa y la sociedad demandante.
Analizado el
material probatorio recolectado, la Corte advierte que las declaraciones y
documentos tienen carácter divergente.  De un lado, los testimonios de los
servidores del Juzgado, la secretaria del apoderado de la parte demandada y un
abogado litigante que suele concurrir al despacho judicial, quienes sostienen
que el edicto fue publicado en la cartelera de la secretaría del Juzgado.  De
otro, dos trabajadores de la empresa Lupa Jurídica, quienes manifiestan
que esa publicación no se llevó a cabo, aserto que buscan acreditar con
documentos sobre su actividad de vigilancia judicial y una certificación al
respecto expedida por la empresa Servijudiciales.  Este escenario lleva
a concluir que los despachos judiciales accionados podían darle credibilidad a
una de las versiones sostenidas por los declarantes, por su carácter
contradictorio, pues uno como otro grupo de pruebas estaban afectadas por
similar situación de  posible parcialidad. De parte de los funcionarios del
Juzgado, es claro que su testimonio tendería a mostrarse compatible con el cumplimiento
de sus deberes funcionales.  Igualmente, en lo que respecta a los trabajadores
de las empresas de vigilancia judicial, sus declaraciones buscarían demostrar
la corrección en el ejercicio de las actividades propias de su giro comercial
y, en consecuencia, la satisfacción y protección de los intereses de sus
clientes.  Empero, estas circunstancias no afectan la validez de esos
testimonios, pues (i) están amparados por la vigencia del principio de buena
fe; y (ii) están precedidos del juramento de veracidad y sometidos a las
sanciones propias del delito de falso testimonio; y en tal sentido, esas
características solo tienen efectos en cuanto al nivel de rigurosidad con que
el funcionario judicial debe adelantar la valoración probatoria.
Por lo tanto,
la existencia de un defecto fáctico en la valoración probatoria solo resulta
viable sí se demuestra que la decisión que prefiere un grupo de pruebas
respecto de otro, se basa en un criterio irrazonable y arriba a conclusiones
contraevidentes, esto es, que no pueden inferirse válidamente, desde la
perspectiva de la corrección formal de la argumentación, de los hechos
probados.  Esto debido a que, como se indicó antes, la valoración probatoria es
uno de los ámbitos en el que opera con mayor fuerza la autonomía judicial, por
lo que la actividad del juez constitucional se restringe a identificar
situaciones de error evidente en esa valoración.  Se trata, entonces, de
equivocaciones extremas, en los que dicha independencia resulta desnaturalizada
debido a la ausencia de todo sustento de las conclusiones a las que arriba el
funcionario judicial para adoptar la decisión correspondiente.
En criterio
de la Sala, la razón que sirvió para dirimir la contradicción entre los
materiales probatorios resulta razonable.  En efecto, tanto el Juzgado como el
Tribunal dieron crédito a las declaraciones de los empleados judiciales, a
partir de dos motivos suficientemente fundados: En primer lugar, era esos
servidores los que tenían a cargo, por ministerio de la ley, la elaboración y
publicación del edicto destinado a la notificación de la sentencia. Por ende,
su declaración, en su condición de testigos “directos” del hecho investigado,
resultaba primordial para determinar si esa actuación se había ajustado o no a
la reglas del procedimiento civil.  En segundo término, aunque en los distintos
testimonios se mostraban inconsistencias, especialmente en las fechas de
publicación del edicto y la persona encargada de realizar la constancia de
desfijación, en cualquier caso los aspectos esenciales objeto de prueba, como
son la elaboración del edicto, su fijación y su desfijación, son relatados de manera
uniforme por los distintos declarantes.  A juicio de la Sala, las divergencias
que presentan los testimonios no son un hecho indicativo de la falsedad de la
declaración, sino vacíos en la información, explicables en un entorno como el
de los despachos judiciales, que tramitan cientos de asuntos diariamente, lo
que conlleva la imposibilidad de dar cuenta exacta y precisa de cada uno de los
procedimientos efectuados.
Esta
conclusión persiste incluso desde la perspectiva de los testimonios rendidos
por los trabajadores de las empresas de vigilancia judicial.  Aunque el
argumento de la ausencia de aval del Consejo Superior de la Judicatura
como factor para restar aptitud probatoria a los testimonios y pruebas
correspondientes es equivocado, pues la actividad que desarrollan esas empresas
se inscribe en la libre iniciativa privada y, por ende, no está sometida a
licencias o permisos legales para su ejercicio; la decisión de descartar su
contenido estuvo igualmente ligado a otras razones.  En efecto, en criterio del
Juzgado y del Tribunal, el análisis de estos mecanismos probatorios debía realizarse
a la luz de la relación comercial existente entre Promigas y las firmas
respectivas y al hecho que los reportes emitidos por esas empresas no reemplazaban
la notificación formal que de las providencias realizan los despachos
judiciales, a través de los servidores investidos por el Estado para el efecto
y conforme a las reglas de procedimiento previstas en la ley.  Por ende, se
trataba de actividades comerciales privadas, circunscritas al giro comercial de
las sociedades citadas y que no servían necesariamente de criterio de
validación del cumplimiento de las tareas que adelantan los despachos
judiciales. En consecuencia, a pesar del error en que se incurre al sostener que
la actividad de esas sociedades comerciales está sometida a la autorización del
Consejo Superior de la Judicatura, el mismo no resta razonabilidad al análisis
probatorio efectuado.  Sobre el particular debe insistirse en que la
utilización de las reglas de la sana crítica, aplicadas a la valoración probatoria,
no implica la necesidad de llegar a una sola conclusión posible.  Antes bien,
puede llegarse a resultados distintos lo que, se insiste, obliga a que la
actividad del juez constitucional se limite a verificar si el parámetro que
sirve para adoptar la decisión no incurre en contradicciones u omisiones graves
y evidentes.
22. En
síntesis, no se demostró que hubo errores evidentes en la valoración
probatoria, ni que se analizaron las pruebas de forma irrazonable o
contraevidente.  Antes bien, las conclusiones a las que arriban el Juzgado y el
Tribunal Superior se muestran acordes con un ejercicio legítimo de la autonomía
judicial, que se traduce en la posibilidad de evaluar el material probatorio a
partir del propio convencimiento del juez, las reglas de la experiencia y la
inmediación en la práctica de la prueba.  Así, ante la validez constitucional
del trámite del incidente de nulidad propuesto por la sociedad comercial
Promigas S.A., la Corte concluye que dicha sociedad dejó de utilizar el
mecanismo judicial ordinario que tenía a su disposición para cuestionar las
decisiones adoptadas por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo,
por lo que la acción de tutela impetrada resulta improcedente. En tal sentido,
será confirmado el fallo de segunda instancia que, a su vez, aceptó el sentido
de la decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Finalmente,
la Corte considera pertinente anotar que lo decidido en este fallo se
circunscribe, única y exclusivamente, al incumplimiento de uno de los
requisitos formales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales.  En ese sentido, la presente sentencia no involucra una
convalidación, expresa o tácita, de las demás decisiones adoptadas al interior
del proceso de imposición de servidumbre, donde podría sostenerse que se está
ante inconsistencias fáctico-probatorias concernientes a los avalúos, ni las
del trámite ejecutivo subsiguiente.  Por lo tanto, esta providencia es
compatible con el ejercicio de los recursos y acciones que las partes tengan a
su disposición, en relación con las citadas decisiones, incluso aquellos
propios del derecho sancionador.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la
sentencia proferida el 10 de febrero de 2009 por la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, que a su vez confirmó la decisión del 5 de
diciembre de 2008, emitida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, que negó la protección de los derechos al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia de la sociedad Promigas S.A. – ESP.
SEGUNDO: Por Secretaría
General, líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto
Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado Ponente
Presidente de la Sala
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] A través de auto del 17 de septiembre de 2009, la Sala solicitó
el envío del expediente contentivo del proceso civil de imposición de
servidumbre, el cual fue remitido al Magistrado Sustanciador el 29 de
septiembre del mismo año. En ese sentido, en al presente sentencia se hará
referencia a citas tanto del expediente de tutela (ET), como el expediente del
proceso civil de imposición de servidumbre (ES).  Estas siglas serán utilizadas
para distinguir entre ambos trámites.
[2] Folio 32, cuaderno 1 ES.
[3] Folio 50 cuaderno 1 ES.
[4] Folio 59 cuaderno 1 ES.
[5] Folios 66 a 88 cuaderno 1 ES.
[6] Folio 89 cuaderno 1 ES.
[7] Folio 98 cuaderno 1 ES.
[8] Folio 113 cuaderno 1 ES.
[9] Folios 141 a 142 cuaderno 1 ES.
[10] Folio 69 cuaderno 1 ES.
[11] Folios 34 a 35 cuaderno 6 ES.
[12] Folio 35 Ibid.
[13] Las consideraciones que se exponen a continuación fueron
realizadas en la sentencia T-310/09 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).  En esta
sentencia, la Sala concluyó que la decisión proferida por la Sala
Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Montería, dentro del proceso
ejecutivo hipotecario impetrado por el BBVA Colombia, había incurrido en
defecto sustantivo y fáctico.  Por ende, ordenó dejar sin efecto esa decisión y
proferir una nueva, compatible con el derecho al debido proceso.
[14]
Sentencia 173/93. [cita de la sentencia C-590/05].
[15]
Sentencia T-504/00. [cita de la sentencia C-590/05].
[16]
Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05. [cita de la sentencia
C-590/05].
[17]
Sentencias T-008/98 y SU-159/2000. [cita de la sentencia C-590/05].
[18]
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-591/05 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández).
[19]
Sentencia T-658-98. [cita de la sentencia C-590/05].
[20]
Sentencias T-088-99 y SU-1219-01. [cita de la sentencia C-590/05].
[21]
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-324/96 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz).
[22]
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-993/03 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández).
[23]
BOTERO, Catalina. (2007).  “La acción de tutela contra providencias
judiciales”.  En: Teoría Constitucional y Políticas Públicas.  Bases
críticas para una discusión.  Manuel José Cepeda. Eduardo Montealegre
(Directores del proyecto). Universidad Externado de Colombia, p. 240.
[24]
Ver, entre otras, las sentencias T-231 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz),
T-442 de 1994. (M.P. Antonio Barrera Carbonell), T-567 de 1998 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz), T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes  Muñoz), SU-159 de 2002
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-025 de 2001, T-109 de 2005 (M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra) y T-639  de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[25]
Así, por ejemplo, en la Sentencia SU-159 de 2002, se define el defecto fáctico
como “la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos
determinantes del supuesto legal a partir de pruebas válidas”.
[26]
Cabe resaltar que si esta omisión obedece a una negativa injustificada de
practicar una prueba solicitada por una de las partes, se torna en un defecto
procedimental, que recae en el ejercicio del derecho de contradicción.
[27]
Cfr. Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa), T-538 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-061 de 2007
(M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[28]
Ver sentencias T-442 de 1994, T-567 de 1998, T-239 de 1996 y SU – 159 de 2002
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-244 de 1997 (M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto).
[29]
Sentencia T-442 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).
[30] En la sentencia T-055 de 1997[30], la Corte  determinó que, en
tratándose del análisis del material probatorio, la independencia judicial
cobra mayor valor y trascendencia.
[31]
“En el plano de lo que constituye la valoración de una prueba, el juez tiene
autonomía, la cual va amparada también por la presunción de buena fe”
Sentencia T-336 de 1995 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), reiterada por la T-008
de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[32] Sobre el particular, ha señalado la Corte:“(…) al
paso que el juez ordinario debe partir de la inocencia plena del implicado, el
juez constitucional debe hacerlo de la corrección de la decisión judicial
impugnada, la cual, no obstante, ha de poder ser cuestionada ampliamente por
una instancia de mayor jerarquía rodeada de plenas garantías” (Sentencia T-008
de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). Reiterada en la sentencia T-636 de 2006
(M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[33]
Ibid.
[34] Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-159/02 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[35] Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-937/06 (M.P. Clara Inés
Vargas Hernández).
[36] En este sentido, sentencias T-765 de 1998 y T-001 de 1999, M.P.
José Gregorio Hernández Galindo.
[37] Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-014/01 (M.P. Martha
Victoria Sáchica Méndez).
[38] Sobre estas condiciones, Cfr. Corte Constitucional,
sentencia T-705/02 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[39] Sobre una exposición acerca del valor jurídico del
precedente constitucional y su conformación como causal de tutela contra
sentencias, en los casos en que es desconocido por el juez ordinario, Cfr. Corte
Constitucional, sentencia T-292/06 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[40] Folios 1-2 cuaderno 5 ES.
[41] Folios 27-29 cuaderno 5 ES.
[42] Folios 32-38 cuaderno 5 ES.
[43] Folios 47 a 49, cuaderno 5 ES.
[44] Folio 58, cuaderno 5 ES.
[45] Folios 63-64, cuaderno 5 ES.
[46] Folios 66-70, cuaderno 1 ES.
[47] Folios 5-14, cuaderno 6 ES.
[48] Folio 30-36, cuaderno 6 ES.