T-580-17
Sentencia
T-580/17
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales
y especiales de procedibilidad
LEGITIMACION POR
ACTIVA EN TUTELA-Agencia Nacional de Tierras
LEGITIMACION POR
PASIVA EN TUTELA-Autoridades judiciales
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ COMO REQUISITO DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Debe ponderarse bajo el criterio del plazo
razonable y oportuno
ACCION DE TUTELA Y PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Excepciones para
aceptar que se presente en un extenso espacio de tiempo entre vulneración y
presentación presentar
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Relevancia
constitucional del requisito general de subsidiariedad para su procedencia
excepcional
REGIMEN JURIDICO APLICABLE A BIENES BALDIOS
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA DE DOMINIO-Improcedencia por existir otro medio de
defensa judicial
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DE PERTENENCIA POR
PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA DE DOMINIO-Improcedencia
por no existir defectos fáctico y orgánico
Referencia:
Expedientes acumulados T-6.090.117, T-6.113.181, T-6.113.147, T-6.094.898,
T-6.094.893, T-6.090.120
Acciones
de tutela: (i) T-6.090.117 instaurada por la Agencia Nacional de Tierras
contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Enciso, Santander; (ii)
T-6.113.181 instaurada por la Agencia Nacional de Tierras contra el Juzgado
Civil Laboral del Circuito de Yarumal, Antioquia; (iii) T-6.113.147
formulada por la Agencia Nacional de Tierras contra el Juzgado Civil del
Circuito de Yarumal, Antioquia; (iv) T-6.094.898 instaurada por la
Agencia Nacional de Tierras contra el Juzgado Promiscuo Municipal de
Ventaquemada, Boyacá; (v) T-6.094.893 presentada por la Agencia Nacional
de Tierras contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Ventaquemada, Boyacá; (vi)
T-6.090.120 impetrada por la Agencia Nacional de Tierras en contra del Juzgado
Promiscuo Municipal de San Miguel, Santander.
Magistrado
Ponente:
CARLOS
BERNAL PULIDO
Bogotá,
D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez,
Alejandro Linares Cantillo y Carlos Bernal Pulido, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos adoptados
por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Málaga, Santander, el 21[1]
y 29 de noviembre de 2016[2],
por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ventaquemada, el 23[3]
y 24 de noviembre de 2016[4],
por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia, el 11 de
noviembre de 2016[5],
decisiones que no fueron impugnadas por las partes interesadas, en los procesos
de tutela promovidos por la Agencia Nacional de tierras –ANT– contra los
Juzgados Promiscuo Municipal de Enciso, Santander, Promiscuo Municipal de San
Miguel, Santander, Promiscuo Municipal de Ventaquemada, Boyacá y Civil del
Circuito de Yarumal, Antioquia.
Conforme
a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del
Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Seis de la Corte
Constitucional seleccionó, para efectos de su revisión, el asunto de la
referencia.
De
acuerdo con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión
procede a dictar la sentencia correspondiente.
I. ANTECEDENTES
Expediente T-6090117
1. El 24 de octubre de 2016, la Agencia
Nacional de Tierras –ANT– presentó acción de tutela[6]
en contra del Juzgado Promiscuo Municipal de Enciso, Santander, a fin de que se
protegieran los derechos fundamentales a la legalidad, debido proceso, verdad
del proceso, seguridad jurídica en las actuaciones jurisdiccionales, garantía
constitucional de que los jueces cumplan con la obligación de propender por la
justicia material, representada en la vigencia de los derechos inalienables, en
conexidad con el acceso a la administración de justicia, patrimonio público y
acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios.
1. Hechos
2. Los supuestos fácticos que dieron
origen a la presente acción de tutela se pueden sintetizar así:
3. El Juzgado Promiscuo Municipal de
Enciso, Santander, admitió la demanda ordinaria de pertenencia por prescripción
extraordinaria adquisitiva de dominio formulada por los ciudadanos Arturo
Tarazona Sánchez, Marcos Marín Gómez y Plinio Marín Gómez en contra de personas
indeterminadas, quienes pretendían adquirir la propiedad del predio denominado
El Recuerdo, ubicado en la vereda Villeta del municipio de Enciso, Santander.
4. Según la Agencia Nacional de Tierras
–ANT–, el mencionado despacho judicial adelantó un juicio valorativo de los
actos posesorios del demandante; no obstante, el estudio realizado no definió
la naturaleza jurídica del predio a usucapir y, en tal sentido, el juzgado
accionado no tuvo conocimiento de que el referido bien carecía de antecedentes
registrales o de titulares de derechos reales inscritos, circunstancia que
permitía concluir que se trataba de un presunto bien baldío de la Nación, cuya
administración, cuidado y custodia corresponde al Estado, a través de la
Agencia Nacional de Tierras –ANT–.
5. Pese a lo anterior, el mencionado
despacho judicial declaró que los señores Arturo Tarazona Sánchez, Marcos Marín
Gómez y Plinio Marín Gómez adquirieron por prescripción extraordinaria de
dominio el lote de terreno denominado El Recuerdo ubicado en la vereda Villeta
del municipio de Enciso, Santander.
6. Mediante oficio 602 de septiembre 27
de 2016, enviado por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Málaga,
la Agencia Nacional de Tierras –ANT– tuvo conocimiento de la sentencia dictada
por el Juzgado Promiscuo Municipal de Enciso, Santander, debido a que la Ley
1579 de 2012, en su artículo 18, faculta al Registrador de Instrumentos
Públicos para suspender el trámite de registro a prevención, en aquellos
eventos en los cuales se advierta que un documento proveniente de una autoridad
judicial o administrativa no se ajusta a derecho.
7. Según la ANT, el Juzgado Promiscuo
Municipal de Enciso, Santander, incurrió en los siguiente defectos[7]:
i) fáctico, toda vez que no tuvo en cuenta el indicio que revelaba que la Finca
El Recuerdo “no presentaba inscripción de ninguna persona como titular de
derechos reales sobre el predio o carecía de titulares inscritos y sus falsas
tradiciones, como elemento verosímil se podría inferir que el predio
corresponde a un bien baldío” y ii) orgánico, debido a que la propiedad de los
bienes baldíos “solo puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio
otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria
-hoy Agencia Nacional de Tierras-”, razón por la cual, se impone concluir que
el juez que adelantó el proceso de pertenencia se extralimitó en sus funciones.
2. Pretensiones[8]
8. La tutelante solicitó que i)
se declarara la nulidad de pleno derecho del proceso agrario de pertenencia
adelantado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Enciso, Santander, bajo el
radicado No. 2014-00006-00 y ii) se revocara o dejara sin efectos
la sentencia calendada el 31 de agosto de 2016.
9. A su turno, solicitó, a título de
medida cautelar, que se ordenara a la Oficina de Registro e Instrumentos
Públicos de Málaga, Santander, la suspensión del trámite de apertura del folio
de matrícula inmobiliaria para el predio rural El Recuerdo.
10. El 4 de noviembre de 2016, el
Juzgado Promiscuo del Circuito de Málaga, Santander, admitió la referida acción
constitucional y resolvió no decretar la medida cautelar solicitada, habida
consideración de que no existe un peligro inminente o riesgo irreversible que
lleve a decretar este tipo de medidas[9].
11. En la misma decisión, el despacho
judicial aludido ordenó vincular a la Superintendencia de Notariado y Registro,
a la Superintendencia para la Protección, Restitución y Formalización de
Tierras; a la Superintendencia Delegada para el Registro de Instrumentos
Públicos, a la Procuraduría Ambiental y Agrario de Santander, al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi –
Dirección Territorial de Santander, a la Unidad Operativa de Catastro en
Málaga, a los señores Arturo Tarazona Sánchez, Marcos Marín Gómez y Plinio
Marín Gómez, al curador ad litem de las personas indeterminadas en el
proceso de pertenencia con radicado 68266-4089-001-2014-00006-00, a la
Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación[10].
12. De igual forma, se ordenó requerir
al INCODER y (sic) a la Agencia Nacional de Tierras para que respondiera: “i)
Si conforme a lo dispuesto en la Ley 160 de 1994 ya cuenta con información
fidedigna y actualizada de los bienes baldíos que corresponden a la Nación o en
qué estado se encuentra dicho proceso? y ii) si se ha llevado a cabo el
procedimiento de clarificación de la propiedad correspondiente al predio objeto
de este asunto, con el fin de determinar si el mismo es un predio baldío o no?”[11].
13. Asimismo, se requirió al Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural para que informara “i) Si es dicho
Ministerio el competente para determinar la naturaleza jurídica del bien objeto
de discusión y en caso positivo si este se puede considerar como un terreno
baldío?, ii) Cuáles son las políticas públicas para sanear la titulación de las
pequeñas propiedades y si se han desarrollado programas de formalización de la
titulación de tierras para propietarios agrarios de minifundios?, iii) A cuánto
asciende el monto de los recursos invertidos en el departamento de Santander en
los últimos cinco años y en qué consisten dichos proyectos u otros de similares
características?, iv) Si dicho Ministerio durante los años 2010 a la fecha  ha
desarrollado algún programa en la Provincia de García Rovira, que dentro de sus
componentes incluya el de saneamiento de la titulación, en caso positivo,
cuántos recursos se han invertido en dicho programa”[12].
14. Por último, se requirió a la
Registradora de Instrumentos Públicos y Privados de Málaga, Santander, para que
informara “si a la fecha ha registrado o no la sentencia emitida por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Enciso, el día 31 de agosto de 2016, en el
proceso de pertenencia” aludido y, “en el evento de que aún no se haya
registrado dicha sentencia deberá indicar las razones por las cuales no ha
procedido a su registro y allegar a esta actuación la nota o notas devolutivas
que se hayan emitido, indicando si estas han sido notificadas y la forma en que
se ha surtido dicha notificación”[13].
3. Respuesta del accionado
15. El 11 de noviembre de 2016, el
Juzgado Promiscuo Municipal de Enciso, Santander, dio respuesta a la acción de
tutela instaurada en su contra por la Agencia Nacional de Tierras y adujo que:
“…
respecto del predio conocido como ‘El Recuerdo’ ubicado en la vereda Villeta
del municipio de Enciso (S), vale la pena indicar que este fue conocido por
este estrado judicial siendo demandantes los señores MARCOS MARÍN GÓMEZ, PLINIO
MARÍN GÓMEZ y ARTURO TARAZONA SÁNCHEZ, contra personas INDETERMINADAS; proceso
en el cual el pasado 31 de agosto se emitió sentencia la cual se encuentra
debidamente EJECUTORIADA”[14].
4.
Respuesta de las personas y/o entidades vinculadas
16. El Instituto Geográfico Agustín
Codazzi –IGAC– solicitó que se le desvinculara, habida cuenta de que no ha
vulnerado derecho fundamental alguno a la Agencia Nacional de Tierras –ANT–;
asimismo, señaló que no era competencia del instituto “surtir el trámite que
requiere mediante este mecanismo constitucional la tutelante”[15].
17. La Superintendencia de Notariado
y Registro coadyuvó las pretensiones de la acción de tutela, para lo cual
adujo que en caso de no existir un propietario inscrito, ni cadenas
traslaticias del derecho de dominio que den fe de dominio privado y, además,
que la sentencia se dirija contra personas indeterminadas, “es prueba
sumaria que puede indicar la existencia de un baldío, y es deber del juez, por
medio de sus poderes y facultades procesales decretar las pruebas necesarias
para constatar que no se trata de bienes imprescriptibles”[16].
18. Solicitó que se aplicara el
precedente judicial de la Sentencia T-488 de julio 9 de 2014, por cuanto se
trataba de un caso similar al que ahora ocupa la atención de la Sala[17].
19. El Ministerio de Agricultura indicó
que dicha institución carecía de legitimación en la causa por pasiva para
pronunciarse respecto de los hechos y pretensiones de la presente acción
constitucional; no obstante, adujo que “como la Agencia Nacional de Tierras
es una entidad adscrita, respecto de la cual esta cartera ministerial ejerce el
control de tutela en los términos arriba indicados, si el Despacho encuentra
razonable la solicitud de amparo constitucional, se coadyuvan las pretensiones
formuladas por la parte accionante”[18].
20. El Ministerio Público, en su
concepto, señaló que atendiendo lo afirmado por la Corte Constitucional, en el
sentido de considerar baldío a todo bien rural que carece de antecedentes
registrales, y conforme a las pretensiones de la Agencia Nacional de Tierras
–ANT– “sería necesario declarar la nulidad de la sentencia de declaración de
pertenencia, sin embargo, esto sería negar una tesis jurídica seria, como la
planteada en la sentencia STC 1776 de 2016[19], que
básicamente, pensando en la realización del derecho de humildes campesinos,
busca consolidar el derecho de material de pequeños propietarios”[20].
21. La Contraloría General de la
República solicitó que se accediera a las súplicas de la acción de tutela,
de conformidad con las consideraciones contenidas en el precedente judicial de
la Sentencia T-488 de 2014. Aunado a lo cual manifestó que no se encontraba
legitimada en la causa por pasiva en el presente asunto, por cuanto la Carta
Política establecía obligaciones a su cargo que “en nada tiene relación
directa con los hechos y peticiones formuladas por el accionante en su escrito
de tutela”[21].
5. Decisión
objeto de revisión
22. El 21 de noviembre de 2016, el Juzgado Promiscuo
del Circuito de Málaga denegó por improcedente la acción de tutela impetrada
por la Agencia Nacional de Tierras, toda vez que el tutelante dispone de otros
medios judiciales para controvertir la actuación del juez ordinario, entre
ellos, “la acción de revisión estatuida en los artículos 379 y 380 del
Código de Procedimiento Civil”[22].
23. A su
turno, se efectuaron las siguientes consideraciones:
“1. La
honorable Corte Suprema de Justicia estudió la situación que generó la
sentencia T-488 de 2014 de la Corte Constitucional, en cuanto que se habían
concedido acciones de tutela porque consideró que era necesario vincular al
INCODER, apartándose del precedente allí fijado porque se omitió aplicar la
presunción de propiedad privada fijada en la Ley 200 de 1936.
2. El
INCODER puede acudir a la acción de revisión estatuida en los artículos 379 y
380 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, no es procedente el
amparo constitucional, porque existen otras herramientas judiciales propicias
para obtener el resguardo de los derechos fundamentales, según consagra el
inciso 3° del artículo 86 constitucional, en armonía con el numeral 1°,
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991. Al no haberse agotado ese medio de
defensa, la tutela resulta improcedente porque la accionante no ha agotado este
trámite.
3. Es el
INCODER quien debe determinar si el bien objeto de la pertenencia es o no
baldío; supuesto fáctico que se echa de menos en la presente acción
constitucional, pues su actuar se limitó a afirmar sin soportes documentales
que la naturaleza jurídica del predio objeto de prescripción ‘correspondía a
baldía’.
4. En
cuanto atañe a la falta de competencia, el INCODER considera que esa
institución es la competente para decidir sobre la adjudicación y titulación de
los bienes baldíos, pero como se advertirá adelante, el fundo objeto de la
pertenencia que nos ocupa, no tiene esa calidad, quedando, así, desvirtuada esa
aseveración, y que es lo que la alta Corporación Judicial ha definido como
‘falsa premisa’.
5. Según
los artículos 1° y 2° de la Ley 200 de 1936, se presume que no son baldíos,
sino de propiedad privada los inmuebles rurales poseídos por particulares,
cuando aquellos son explotados económicamente por medios propios del dueño como
plantaciones o sementeras, la ocupación con ganados y otros de igual
significación, como acontece en la acción de pertenencia que dio origen a este
mecanismo constitucional. En otras palabras, y, teniendo en cuenta el texto de
la sentencia que decretó la adquisición por prescripción extraordinaria
adquisitiva de dominio, la posesión ejercida por el extremo activo desvirtúa,
de tajo, la presunción de que el predio objeto del fallo sea baldío, y si el
Estado considera lo contrario, está a su cargo demostrarlo.
6. No es
admisible afirmar que el inmueble es baldío porque se consigne en el
certificado del Registrador de Instrumentos Públicos que el predio no cuenta
con antecedentes registrales ni titulares de derechos reales. El certificado
expedido por el Registrador de Instrumentos Públicos que se exige para esta
clase de procesos, tiene por fin identificar los legítimos contradictores de la
pretensión, que no son otras personas que los que en él figuren como titulares
de derechos reales, pero no sirve para demostrar que el bien es de propiedad
privada o baldío. Por ende, de no constar en ese documento inscrito ningún
particular como titular del derecho de dominio, no se colige la calidad de
baldío del fundo,
7. Ante
estas circunstancias, antes advertidas, el bien raíz objeto de la usucapión
podía adquirirse por prescripción como aconteció en las diligencias adelantadas
por el Juzgado Promiscuo Municipal de ENCISO (S).
8. La
carga de la prueba, en tratándose de acreditar que el bien a usucapir es
baldío, está en cabeza del INCODER (Estado), y no debe desvirtuarla el
demandante, a quien compete únicamente acreditar el cumplimiento de las
presunciones consagradas en la Ley 200 de 1936, señaladas en antecedencia.
9. La
prescripción adelantada, y que ocupa la atención de este Juez Constitucional,
goza de pleno sustento de legalidad, porque se cumplió con los trámites propios
del juicio.
10. No
se acreditó por el INCODER que el predio prescrito por MARCOS MARÍN GÓMEZ,
PLINIO MARÍN GÓMEZ y ARTURO TARAZONA SÁNCHEZ es baldío, se itera, como era su
deber, para romper así la presunción que lo ampara de tenerse como bien privado
en virtud a su explotación económica, debidamente acreditada por el
prescribiente mediante actos positivos propios de señor y dueño.
11. El
Código de Procedimiento Civil no prescribe que se deba vincular; en los
procesos de pertenencia, como requisito formal, al INCODER, caso como el que
ahora ocupa la atención de este estrado judicial, como sí lo exige el Código
General del Proceso; legislación que no se encontraba vigente durante el
trámite de la actuación judicial en ciernes.
12.
Admitir lo planteado por la entidad accionante en el escrito introductorio al
afirmar que el inmueble denominado ‘EL RECUERDO’ situado en la vereda VILLETA
del municipio de ENCISO (S) sería revertir injustificadamente la carga de la
prueba en detrimento de los particulares, más concretamente de los demandantes
en pertenencia, como lo señaló la Corte de Suprema de Justicia – Sala de
Casación Civil en sentencia antedicha; porque este supuesto implicaría
favorecer a una entidad pública socavando los derechos de los campesinos
minifundistas.
13. Si
un predio es baldío, no tiene el cargo de impuesto predial, ni se califican
catastralmente construcciones, como acontece en el caso sub examine; donde el
juzgador de instancia así lo señaló.
Para
finiquitar nuestro estudio, en suma, tenemos que no sólo no se cumple el
requisito de subsidiariedad por tener el accionado mecanismos judiciales
pendientes por interponer; sino que además no halla este Despacho ningún
defecto de los enunciados al principio de esta providencia que implique una vía
de hecho susceptible de ser subsanada”[23] (negrillas
adicionales fuera del texto original).
24. La
sentencia no fue impugnada.
6.
Solicitud de insistencia de revisión eventual
25. La
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado –ANDJE– presentó solicitud de
insistencia de revisión, a efectos de que dicho proceso fuera seleccionado, por
cuanto existen distintas interpretaciones en el órgano de cierre de la
jurisdicción ordinaria en lo civil, en relación con la interpretación de la presunción
contenida en el artículo 1° de la Ley 200 de 1936[24]
y, de manera concreta, con el valor probatorio de un folio de matrícula
inmobiliaria que no registre propietario anterior inscrito en un juicio de
declaración de pertenencia, lo que desde un punto de vista sustancial se
traduce en la forma de acreditar la prueba de un bien baldío en un proceso de
esa naturaleza[25].
Expediente T-6090120
26. El 24 de octubre de 2016, la Agencia Nacional de
Tierras –ANT– presentó acción de tutela[26] en contra
del Juzgado Promiscuo Municipal de San Miguel, Santander, a fin de que se
protegieran los derechos fundamentales a la legalidad, al debido proceso, a la
verdad del proceso, a la seguridad jurídica en las actuaciones
jurisdiccionales, la garantía constitucional de que los jueces cumplan con la
obligación de propender por la justicia material, representada en la vigencia
de los derechos inalienables, en conexidad con el acceso a la administración de
justicia, el patrimonio público y el acceso progresivo a la propiedad de la
tierra de los trabajadores agrarios.
7. Hechos
27. Los supuestos fácticos que dieron origen a la
presente acción de tutela se pueden sintetizar de la siguiente manera:
28. El Juzgado Promiscuo Municipal de San Miguel,
Santander, admitió la demanda de pertenencia por prescripción extraordinaria
adquisitiva de dominio presentada por el señor Julio Ernesto Sandoval Correa en
contra de personas indeterminadas, quien pretendía adquirir la propiedad de la
Finca El Pino, ubicada en la vereda Tablón del municipio San Miguel, Santander.
29. Según la ANT, el mencionado despacho judicial
adelantó un juicio de los actos posesorios del demandante; sin embargo, el
correspondiente análisis no definió la naturaleza jurídica del predio a
usucapir, por lo tanto, desconoció que el bien carecía de titulares de derechos
reales inscritos sobre el predio, circunstancia que lleva a inferir que se
trataba de un presunto bien baldío de la Nación, cuya administración, cuidado y
custodia corresponde al Estado a través de la Agencia Nacional de Tierras
–ANT–.
30. No obstante lo anterior, el referido juzgado
declaró que el señor Julio Ernesto Sandoval Correa adquirió por prescripción
extraordinaria de dominio el lote de terreno denominado El Pino ubicado en la
vereda Tablón del municipio de San Miguel, Santander.
31. Mediante oficio 621 remitido por la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Málaga, la Agencia Nacional de Tierras
tuvo conocimiento de la sentencia dictada por el Juzgado Promiscuo Municipal de
San Miguel, Santander, debido a que la Ley 1579 de 2012, en su artículo 18,
faculta al Registrador de Instrumentos Públicos para suspender el trámite de
registro a prevención, en aquellos eventos en los cuales se advierta que un
documento proveniente de una autoridad judicial o administrativa no se ajusta a
derecho.
32. Según la ANT, el Juzgado Promiscuo Municipal de
San Miguel, Santander, incurrió en los siguiente defectos: i)
fáctico, toda vez que no tuvo en cuenta el indicio que revelaba que la Finca El
Pino “no presentaba inscripción de ninguna persona como titular de derechos
reales sobre el predio o carecía de titulares inscritos y sus falsas
tradiciones, como elemento verosímil se podría inferir que el predio
corresponde a un bien baldío” y ii) orgánico, debido a que la
propiedad de los bienes baldíos “solo puede adquirirse mediante título
traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria -hoy Agencia Nacional de Tierras-”, razón por
la cual, se impone concluir que el juez que adelantó el proceso de pertenencia
se extralimitó en sus funciones.
8. Pretensiones
33. La tutelante solicitó que: i) se
declarara la nulidad de pleno derecho del proceso agrario de pertenencia
adelantado por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Miguel, Santander, bajo el
radicado No. 2015-00042-00 y ii) se revocara o dejara sin efectos
la sentencia calendada el 31 de agosto de 2016[27].
34. A su turno, solicitó, a título de medida
cautelar, que se ordenara a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Málaga, Santander, la suspensión del trámite de apertura del folio de matrícula
inmobiliaria para la Finca El Pino[28].
35. El 17 de noviembre de 2016, el Juzgado Promiscuo
del Circuito de Málaga, Santander, admitió la acción constitucional aludida y
resolvió no decretar la medida cautelar solicitada, toda vez que no existe un
peligro inminente o riesgo irreversible que lleve a decretar este tipo de
medidas[29].
36. En la misma decisión, el mencionado despacho
judicial vinculó a la Superintendencia de Notariado y Registro, a la
Superintendencia para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras; a
la Superintendencia Delegada para el Registro de Instrumentos Públicos, a la
Procuraduría Ambiental y Agrario de Santander, al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi – Dirección
Territorial de Santander, a la Unidad Operativa de Catastro en Málaga, al señor
Julio Ernesto Sandoval Correa, al curador ad litem de las personas
indeterminadas en el proceso de pertenencia con radicado
68686-4089-001-2015-00042, a la Contraloría General de la República y a la
Procuraduría General de la Nación[30].
37. De igual forma, se ordenó requerir al INCODER y
a la Agencia Nacional de Tierras, para que respondiera: “i) Si
conforme a lo dispuesto en la Ley 160 de 1994 ya cuenta con información
fidedigna y actualizada de los bienes baldíos que corresponden a la Nación o en
qué estado se encuentra dicho proceso? y ii) si se ha llevado a cabo el
procedimiento de clarificación de la propiedad correspondiente al predio objeto
de este asunto, con el fin de determinar si el mismo es un predio baldío o no?”[31].
38. De igual forma, se requirió al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural para que informara “i) Si es dicho Ministerio
el competente para determinar la naturaleza jurídica del bien objeto de
discusión y en caso positivo si este se puede considerar como un terreno
baldío?, ii) Cuáles son las políticas públicas para sanear la titulación de las
pequeñas propiedades y si se han desarrollado programas de formalización de la
titulación de tierras para propietarios agrarios de minifundios?, iii) A cuánto
asciende el monto de los recursos invertidos en el departamento de Santander en
los últimos cinco años y en qué consisten dichos proyectos u otros de similares
características?, iv) Si dicho Ministerio durante los años 2010 a la fecha ha
desarrollado algún programa en la Provincia de García Rovira, que dentro de sus
componentes incluya el de saneamiento de la titulación, en caso positivo, cuántos
recursos se han invertido en dicho programa”[32].
39. Por último, se requirió al Registrador de
Instrumentos Públicos y Privados de Málaga, Santander, para que informara “si
a la fecha ha registrado o no la sentencia emitida por el Juzgado Promiscuo
Municipal de San Miguel, el día 31 de agosto de 2016, en el proceso de
pertenencia” aludido y, “en el evento de que aún no se haya registrado
dicha sentencia deberá indicar las razones por las cuales no ha procedido a su
registro y allegar a esta actuación la nota o notas devolutivas que se hayan
emitido, indicando si estas han sido notificadas y la forma en que se ha
surtido dicha notificación”[33].
9. Respuesta del accionado
40. El 28 de noviembre de 2016, el Juzgado Promiscuo
Municipal de San Miguel, Santander, adujo lo siguiente:
“Es
cierto que existen bienes baldíos pero, de la experiencia judicial dentro del
municipio en que desempeño mi humilde labor como dador de justicia, hasta ahora
no ha surgido alguno para tramitar y decidir por el trámite de los procesos de
pertenencia; y en caso de ocurrir, las disposiciones procesales y la
jurisprudencia permiten dictar sentencias parciales excluyendo aquellas zonas
que se tornan imprescriptibles (…)”[34].
10. Respuesta
de las personas y/o entidades vinculadas
41. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi
–IGAC– pidió la desvinculación del presente asunto, por cuanto no ha
vulnerado derecho fundamental alguno a la Agencia Nacional de Tierras –ANT–,
aunado a lo cual, adujo que no era competencia del instituto “surtir el
trámite que requiere mediante este mecanismo constitucional la tutelante”[35].
42. La Superintendencia de Notariado y Registro
coadyuvó las súplicas de la acción de tutela y, para tal efecto, solicitó que
se aplicara al presente asunto el precedente judicial de la Sentencia T-488 de
2014, habida consideración de que se trata de un asunto similar al que ahora
ocupa la atención de esta Sala de Revisión[36].
43. El Ministerio de Agricultura manifestó
que dicha institución carecía de legitimación en la causa por pasiva para
pronunciarse respecto de los hechos y pretensiones de la presente acción
constitucional; sin embargo, expresó que como la Agencia Nacional de Tierras
–ANT– es una entidad adscrita a dicha cartera ministerial, “si el
Despacho encuentra razonable la solicitud de amparo constitucional, se
coadyuvan las pretensiones formuladas por la parte accionante”[37].
44. El Ministerio Público, en su concepto[38],
señaló lo siguiente:
“… a
pesar de que considero estar llamado a adoptar el criterio de la Corte
Constitucional, observo que para el caso concreto es jurídicamente viable la
tesis de la Corte Suprema de Justicia adoptada en la sentencia STC 1776 de 2016[39],
por cuanto la misma acudiendo al estudio ponderado de las normas contempladas
en el Código Civil, en el Código de la Unión, en la Ley 200 de 1936 y en la Ley
4ª de 1973, consideran que bien baldío es aquel que carece de explotación
económica, y por lo tanto un bien debidamente explotado puede ser objeto de
declaración de pertenencia, siempre y cuando, en mi concepto la extensión del
predio sea una pequeña propiedad o no supere la Unidad Agrícola Familiar para
una zona relativamente homogénea, de conformidad con las normas que reglamenten
la Ley 160 de 1994. (…).
Porque
en este caso cuando se observa que se logra el derecho y la justicia, antes que
oponernos a la sentencia, no examinamos si es mejor respetar su vocación de
consolidación del derecho material, será que este no es el caso para que una
entidad o autoridad pública se oponga a la declaración de pertenencia,
situación que sí ocurriría cuando lo que se pretenda por esta vía sea la
propiedad sobre una extensión mayor a la Unidad Agrícola Familiar.
Me
pregunto en el presente caso si sería justo declarar nula la sentencia y
dejarla sin efectos, para que el campesino acuda a la Agencia Nacional de
Tierras para que su predio le sea adjudicado, debiendo someterse a un trámite
que históricamente está comprobado resulta complejo y a veces tardío para
nuestros campesinos”.
45. La Contraloría General de la República solicitó
que se accediera a las súplicas de la acción de tutela, de conformidad con las
consideraciones contenidas en el precedente judicial de la Sentencia T-488 de
2014. Aunado a lo cual, manifestó que no se encontraba legitimada en la causa
por pasiva en el presente asunto, por cuanto la Carta Política establecía
obligaciones a su cargo que “en nada se relacionan directamente con los
hechos y peticiones formuladas por el accionante en su escrito de tutela”[40].
46. Los demás vinculados guardaron silencio en esta
fase procesal.
11. Decisión objeto de revisión
47. Una
vez cumplido el trámite legal correspondiente, el 29 de noviembre de 2016, el
Juzgado Promiscuo del Circuito de Málaga, Santander, declaró improcedente la
acción de tutela formulada por la Agencia Nacional de Tierras –ANT–, toda vez
que el tutelante podía ejercer “la acción de revisión estatuida en los
artículos 379 y 380 del Código de Procedimiento Civil” y, en tal sentido,
concluyó que no se había cumplido con el requisito de subsidiariedad[41].
48. La
referida sentencia no fue impugnada.
Expediente T- 6113147
49. El 21 de octubre de 2016, la Agencia Nacional de
Tierras –ANT– formuló acción de tutela[42], en contra
del Juzgado Civil Laboral del Circuito de Yarumal, Antioquia, a fin de que se
protegieran los derechos fundamentales a la legalidad, al debido proceso, a la
verdad del proceso, la seguridad jurídica en las actuaciones jurisdiccionales,
la garantía constitucional de que los jueces cumplan con la obligación de
propender por la justicia material, representada en la vigencia de los derechos
inalienables, en conexidad con el acceso a la administración de justicia, al
patrimonio público y el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los
trabajadores agrarios.
12. Hechos
50. Los supuestos fácticos que dieron origen a la
presente acción de tutela se pueden resumir de la siguiente manera:
51. El Juzgado Civil Laboral del Circuito de
Yarumal, Antioquia, admitió la demanda de pertenencia por prescripción
extraordinaria adquisitiva de dominio formulada por el municipio de Angostura
en contra de personas indeterminadas, entidad que pretendía adquirir la
propiedad del predio denominado Porfirio Barbajacob, ubicado en la vereda
Pajarito Abajo del referido ente territorial.
52. Narra el escrito de tutela que el mencionado
despacho judicial adelantó un juicio de los actos posesorios del demandante y
que no obstante, en el citado proceso no se definió la naturaleza jurídica del
predio a usucapir, razón por la cual no se tenía conocimiento de que el bien
carecía de titulares de derechos reales inscritos sobre el predio,
circunstancia que conllevaba a presumir que se trataba de un bien baldío de la
Nación, cuya administración, cuidado y custodia corresponde al Estado a través
de la Agencia Nacional de Tierras –ANT–.
53. El referido juzgado declaró que el municipio de
Angostura adquirió por prescripción extraordinaria de dominio el bien inmueble
rural denominado Porfirio Barbajacob ubicado en la vereda Pajarito Abajo del
municipio de Angostura, Antioquia.
54. Según la ANT, el Juzgado Civil Laboral del
Circuito de Yarumal, Antioquia, incurrió en los siguiente defectos: i)
fáctico, por cuanto no tuvo en cuenta el indicio que revelaba que el predio
Porfirio Barbajacob “no presentaba inscripción de ninguna persona como
titular de derechos reales sobre el predio o carecía de titulares inscritos y
sus falsas tradiciones, como elemento verosímil se podría inferir que el predio
corresponde a un bien baldío” y ii) orgánico, como quiera que
la propiedad de los bienes baldíos “solo puede adquirirse mediante título
traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria -hoy Agencia Nacional de Tierras-”, razón por
la cual, se impone concluir que el juez que adelantó el proceso de pertenencia
se extralimitó en sus funciones.
13. Pretensiones
55. La tutelante solicitó que: i) se
declarara la nulidad de pleno derecho del proceso agrario de pertenencia
adelantado por el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Yarumal, Antioquia,
bajo el radicado No. 2010-00030 y ii) se revocara o dejara sin
efectos la sentencia calendada el 13 de abril de 2016[43].
56. A su turno, solicitó, a título de medida
cautelar, que se ordenara a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Yarumal, Antioquia, la suspensión del trámite de apertura del folio de
matrícula inmobiliaria para el predio Porfirio Barbajacob[44].
57. El 31 de octubre de 2016, la Sala Civil Familia
del Tribunal Superior de Antioquia admitió la mencionada acción de tutela y
resolvió no decretar la medida cautelar solicitada, habida cuenta de que no
existe un peligro inminente o riesgo irreversible que lleve a decretar este
tipo de medidas[45].
58. En la referida decisión, el mencionado despacho
judicial vinculó al municipio de Angostura, al INCODER –en liquidación–, a las
personas indeterminadas que se creyeran con derecho para intervenir en acción
de tutela de la referencia, a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Yarumal, a la Superintendencia de Notariado y Registro y al Delegado del
Ministerio Público para Asuntos Agrarios[46].
14. Respuesta del accionado
59. El 2 de noviembre de 2016, el Juzgado Civil
Laboral del Circuito de Yarumal, Antioquia, señaló que los supuestos derechos
vulnerados a la Agencia Nacional de Tierras –ANT– no tienen la naturaleza de
derechos fundamentales. Adicionalmente, señaló que tenía claro que no era
competente para tramitar procesos de pertenencia sobre bienes baldíos y,
precisamente, sobre esa base jurídica adelantó el referido proceso, teniendo en
cuenta que en el predio denominado Porfirio Barbajacob funciona una escuela
rural, razón por la cual concluyó que dicho predio no podía considerarse como
un bien baldío[47].
15. Respuesta de las personas y/o
entidades vinculadas
60. El municipio de Angostura señaló que la
presente acción constitucional contra providencia judicial es improcedente,
habida cuenta de que la Agencia Nacional de Tierras –ANT– no ejerció los recursos
ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial en contra de la decisión
adoptada por el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Yarumal, Antioquia[48].
61. La Registradora
Seccional de Instrumentos Públicos de Yarumal expresó que una vez
consultados la base de datos, índices de propietarios, tarjeteros y libros del
antiguo sistema, “no se encontró que en el predio donde se encuentra el
Centro Educativo Rural Porfirio Barbajacob, sea de propiedad de un particular,
por lo tanto, carece de cadena traslaticia de dominio que den fe del dominio
privado, por lo que se considera que puede tratarse de un baldío”. Asimismo,
solicitó que se aplicara el precedente judicial contenido en la Sentencia T-488
de 2014[49].
62. La Superintendencia de Notariado y Registro coadyuvó
las pretensiones del recurso de amparo y, en consecuencia, solicitó que se
aplicara al presente asunto el precedente judicial de la Sentencia T-488 de
2014, por cuanto se trata de un asunto similar al que ahora ocupa la atención
de esta Sala de Revisión[50].
63. El
representante del Ministerio Público señaló que:
“a pesar
de que considero estar llamado a adoptar el criterio de la Corte
Constitucional, observo que para el caso concreto es jurídicamente viable la
tesis de la Corte Suprema de Justicia adoptada en la sentencia STC 1776 de
2016, por cuanto, la misma acudiendo al estudio ponderado de las normas
contempladas en el Código Civil, en el Código de la Unión, en la Ley 200 de
1936 y en la Ley 4ª de 1973, consideran que bien baldío es aquel que carece de
explotación económica, y por lo tanto, un bien debidamente explotado puede ser
objeto de declaración de pertenencia, siempre y cuando, en mi concepto la
extensión del predio sea una pequeña propiedad o no supere la Unidad Agrícola
Familiar para una zona relativamente homogénea, de conformidad con las normas
que reglamentan la Ley 160 de 1994.
Si bien
es obligatorio satisfacer la discutida razón jurídica que aduce la Agencia
Nacional de Tierras en la presente tutela, de defecto fáctico y orgánico y de
carencia de competencia del juez, sin embargo, no sería mejor en este caso, más
allá de la elocuente discusión jurídica analizar la situación cultural de un
campesino que siempre se ha considerado el dueño de su pedazo de terreno, ¿será
que ese campesino distingue entre baldío y propiedad privada, y denota con toda
claridad la diferencia entre ser ocupante o poseedor?
Porque
en este caso cuando se observe que se logra el derecho y la justicia, antes que
oponernos a la sentencia, no examinamos si es mejor respetar su vocación de
consolidación del derecho material, será que este no es el caso para que una
entidad o autoridad pública se oponga a la declaración de pertenencia,
situación que sí ocurriría cuando lo que se pretenda por esta vía sea la
propiedad sobre una extensión mayor a la Unidad Agrícola Familiar.
Me
pregunto en el presente caso si sería justo declarar nula la sentencia y
dejarla sin efectos, para que el campesino acuda a la Agencia Nacional de
Tierras para que su predio le sea adjudicado, debiendo someterse a un trámite
que históricamente está comprobado resulta complejo y a veces tardío para
nuestros campesinos”[51].
16.
Decisión objeto de revisión
64. Una
vez cumplido el trámite legal correspondiente, el 11 de noviembre de 2016 la
Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia declaró
improcedente la acción de tutela formulada por la Agencia Nacional de Tierras
–ANT–, como quiera que no se cumplió con el requisito de inmediatez, ni mucho
menos el de subsidiariedad, por cuanto no se impugnó la decisión dictada por el
Juzgado Civil-Laboral del Circuito de Yarumal[52]. Lo
anterior, se manifestó así:
“Igualmente
denota la Sala que contra la referida sentencia el accionante no presentó ningún
medio de impugnación, siendo procedente interponer el recurso de apelación, pues no
puede negar que desconocía la existencia del proceso en el que era parte
interesada porque en el cd obrante a folio 58, en la página 29 a 38 del archivo
milita respuesta del INCODER, con el agravante que le fue notificada mediante
oficio No. 328 del 28 de abril de 2016 la sentencia que ahora ataca, tal como
lo reconoció la tutelante en la acción de tutela. (…)”[53]
(Se
destaca).
65. La
mencionada providencia judicial no fue impugnada.
Expediente T- 6113181
I. ANTECEDENTES
66. El 21 de octubre de 2016, la Agencia Nacional de
Tierras –ANT– formuló acción de tutela[54] en contra
del Juzgado Civil Laboral del Circuito de Yarumal, Antioquia, a fin de que se
protegieran los derechos fundamentales a la legalidad, al debido proceso, a la
verdad del proceso, a la seguridad jurídica en las actuaciones
jurisdiccionales, la garantía constitucional de que los jueces cumplan con la
obligación de propender por la justicia material, representada en la vigencia
de los derechos inalienables, en conexidad con el acceso a la administración de
justicia, el patrimonio público y el acceso progresivo a la propiedad de la
tierra de los trabajadores agrarios.
17. Hechos
67. Los supuestos fácticos que dieron origen a la
presente acción de tutela se pueden resumir de la siguiente manera:
68. El Juzgado Civil Laboral del Circuito de
Yarumal, Antioquia, admitió la demanda de pertenencia por prescripción
extraordinaria adquisitiva de dominio formulada por el municipio de Angostura
en contra de personas indeterminadas, entidad que pretendía adquirir la
propiedad del predio denominado San Antonio, ubicado en la vereda San Antonio
del referido ente territorial.
69. Relata el libelo que el mencionado despacho
judicial adelantó un juicio de los actos posesorios del demandante, sin
embargo, en el citado proceso no se definió la naturaleza jurídica del predio a
usucapir, razón por la cual desconocía que el bien carece de titulares de
derechos reales inscritos sobre el predio, circunstancia que conllevaba a
presumir que se trataba de un presunto bien baldío de la Nación, cuya
administración, cuidado y custodia corresponde al Estado a través de la Agencia
Nacional de Tierras –ANT–.
70. El referido juzgado declaró que el municipio de
Angostura adquirió por prescripción extraordinaria de dominio el bien inmueble
rural denominado San Antonio ubicado en la vereda San Antonio del referido ente
territorial.
71. Según la ANT, el Juzgado Civil Laboral del
Circuito de Yarumal, Antioquia, incurrió en los siguientes defectos: i)
fáctico, por cuanto no tuvo en cuenta el indicio que revelaba que el predio San
Antonio “no presentaba inscripción de ninguna persona como titular de
derechos reales sobre el predio o carecía de titulares inscritos y sus falsas
tradiciones, como elemento verosímil se podría inferir que el predio
corresponde a un bien baldío” y ii) orgánico, como quiera que
la propiedad de los bienes baldíos “solo puede adquirirse mediante título
traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria -hoy Agencia Nacional de Tierras-”, razón por
la cual se impone concluir que el juez que adelantó el proceso de pertenencia
se extralimitó en sus funciones.
18. Pretensiones
72. La tutelante solicitó que: i) se
declarara la nulidad de pleno derecho del proceso agrario de pertenencia
adelantado por el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Yarumal, Antioquia,
bajo el radicado No. 2010-00031 y ii) se revocara o dejara sin
efectos la sentencia calendada el 13 de abril de 2016[55].
73. A su turno, solicitó, a título de medida
cautelar, que se ordenara a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Yarumal, Antioquia, la suspensión del trámite de apertura del folio de
matrícula inmobiliaria para el predio San Antonio[56].
74. El 31 de octubre de 2016, la Sala Civil Familia
del Tribunal Superior de Antioquia admitió la mencionada acción de tutela y
resolvió no decretar la medida cautelar solicitada, habida cuenta de que no
existe un peligro inminente o riesgo irreversible que lleve a decretar este
tipo de medidas[57].
75. En la referida decisión, el mencionado despacho
judicial vinculó al municipio de Angostura, al INCODER –en liquidación–, a las
personas indeterminadas que se creyeran con derecho para intervenir en acción
de tutela de la referencia, a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Yarumal, a la Superintendencia de Notariado y Registro y al Delegado del
Ministerio Público para Asuntos Agrarios[58].
19. Respuesta del accionado
76. El 2 de noviembre de 2016, el Juzgado Civil
Laboral del Circuito de Yarumal, Antioquia, señaló que los supuestos derechos
vulnerados a la Agencia Nacional de Tierras –ANT– no tienen la naturaleza de
derechos fundamentales. Adicionalmente, señaló que tenía claro que no era
competente para tramitar procesos de pertenencia sobre bienes baldíos y,
precisamente, sobre esa base jurídica adelantó el referido proceso teniendo en
cuenta que en el predio denominado San Antonio funciona una escuela rural,
razón por la cual concluyó que dicho predio no podía considerarse como un bien
baldío[59].
20. Respuesta de las personas y/o
entidades vinculadas
77. El municipio de Angostura señaló que la
presente acción constitucional contra providencia judicial era improcedente,
habida cuenta de que la Agencia Nacional de Tierras –ANT– no ejerció los
recursos ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial en contra de la
decisión adoptada por el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Yarumal,
Antioquia[60].
78. La Superintendencia de Notariado y Registro coadyuvó
las pretensiones de la acción de tutela y, por consiguiente, solicitó que se
aplicara al presente asunto el precedente judicial de la Sentencia T-488 de
2014, por cuanto se trata de un asunto similar al que ahora ocupa la atención
de esta Sala de Revisión[61].
79. La Registradora
Seccional de Instrumentos Públicos de Yarumal expresó que una vez
consultados la base de datos, índices de propietarios, tarjeteros y libros del
antiguo sistema, “no se encontró que en el predio donde se encuentra el
Centro Educativo Rural San Antonio, sea de propiedad de un particular, por lo
tanto, carece de cadena traslaticia de dominio que den fe del dominio privado,
por lo que se considera que puede tratarse de un baldío”. Asimismo,
solicitó que se aplicara el precedente judicial contenido en la Sentencia T-488
de 2014[62].
80. El
Ministerio Público sostuvo que se encontraba acreditado que el bien inmueble
objeto de la demanda de pertenencia carecía de antecedentes registrales,
circunstancia que hacía presumir su naturaleza de bien baldío y, en tal
sentido, concluyó que la acción de pertenencia aludida no era procedente y, por
ende, debían volver las cosas a su estado inicial[63].
21.
Decisión objeto de revisión
81. Una
vez cumplido el trámite legal correspondiente, el 11 de noviembre de 2016, la
Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia declaró
improcedente la acción de tutela formulada, habida consideración de que no se
cumplió con el requisito de inmediatez, ni mucho menos el de subsidiariedad,
por cuanto no se presentó recurso de apelación en contra de la decisión dictada
por el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Yarumal[64].
Lo anterior, para mayor claridad y precisión, se expresó en los siguientes
términos:
“Igualmente
denota la Sala que contra la referida sentencia el accionante no presentó
ningún medio de impugnación, siendo procedente interponer el recurso de
apelación, pues no puede negar que desconocía la existencia del proceso en
el que era parte interesada porque en el cd obrante a folio 68, en la página 29
a 39 del archivo milita respuesta del INCODER, con el agravante que le fue
notificada mediante oficio No. 332 del 28 de abril de 2016 la sentencia que
ahora ataca, tal como lo reconoció la tutelante en la acción de tutela.
Tampoco
es aceptable como argumento de la entidad tutelante que a quien le notificaron
la existencia del proceso de pertenencia fue al INCODER y no a la AGENCIA
NACIONAL DE TIERRAS, toda vez que según  el artículo 15 del Decreto 2365, debía
conocerlo esta última porque el liquidador le debió suministrar informe de los
procedimientos judiciales en curso.
Así las
cosas, como no se cumple con el requisito de subsidiariedad, esta circunstancia
riñe abiertamente con la residualidad de la acción de amparo constitucional, pues
teniendo la posibilidad que su asunto fuere estudiado de fondo por el juez
natural, el tutelante no ejerció los recursos [de] que
disponía, teniendo la posibilidad de hacerlo, por lo que de conformidad con el
numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la tutela es improcedente (…)”[65]
(Se
destaca).
Expediente
T-6094893
82. El 31 de octubre de 2016, la Agencia Nacional de
Tierras –ANT– presentó acción de tutela[66] en contra
del Juzgado Promiscuo Municipal de Ventaquemada, Boyacá, a fin de que se
protegieran los derechos fundamentales a la legalidad, debido proceso, verdad
del proceso, seguridad jurídica en las actuaciones jurisdiccionales, garantía
constitucional de que los jueces cumplan con la obligación de propender por la
justicia material, representada en la vigencia de los derechos inalienables, en
conexidad con el acceso a la administración de justicia, patrimonio público y
acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios.
22. Hechos
83. Los supuestos fácticos que dieron origen a la
presente acción de tutela se pueden resumir de la siguiente manera:
84. El Juzgado Promiscuo Municipal de Ventaquemada,
Boyacá, admitió la demanda de pertenencia por prescripción extraordinaria
adquisitiva de dominio formulada por los señores Luz Mery Bohórquez y Pedro
Alfredo Gómez Briceño en contra de personas indeterminadas. Los demandantes
pretendían adquirir la propiedad de los predios denominados Santa Martha, El
Charquito, El Arrayán y la Laguna, los cuales se desprenden del predio rural de
mayor extensión denominado La Picota, ubicado en la vereda Montoya del
municipio de Ventaquemada, Boyacá.
85. Narra la acción de tutela que el mencionado
despacho judicial adelantó un juicio de los actos posesorios de los demandantes
y no obstante, en el citado proceso no se definió la naturaleza jurídica del
predio a usucapir, razón por la cual desconocía que el bien carece de titulares
de derechos reales inscritos sobre el predio, circunstancia que hacía presumir
que se trataba de un presunto bien baldío de la Nación, cuya administración,
cuidado y custodia corresponde al Estado a través de la Agencia Nacional de
Tierras –ANT–.
86. El referido juzgado declaró que los señores Luz
Mery Bohórquez Porras y Pedro Alfredo Gómez Briceño adquirieron por
prescripción extraordinaria de dominio los predios rurales denominados Santa
Martha, El Charquito, El Arrayán y La Laguna ubicados en la vereda Montoya del
municipio de Ventaquemada, Boyacá.
87. Según la ANT, el Juzgado Civil Laboral del
Circuito de Yarumal, Antioquia, incurrió en los siguientes defectos: i)
fáctico, por cuanto no tuvo en cuenta los indicios que revelaban que los bienes
inmuebles “no presentaba inscripción de ninguna persona como titular de
derechos reales sobre el predio o carecía de titulares inscritos y sus falsas
tradiciones, como elemento verosímil se podría inferir que el predio
corresponde a un bien baldío” (sic) y ii) orgánico,
como quiera que la propiedad de los bienes baldíos “solo puede adquirirse
mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -hoy Agencia Nacional de
Tierras-”, razón por la cual, se impone concluir que el juez que
adelantó el proceso de pertenencia se extralimitó en sus funciones.
23. Pretensiones
88. La tutelante solicitó que: i) se
declare la nulidad de pleno derecho del proceso agrario de pertenencia
adelantado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ventaquemada, Boyacá, bajo el
radicado No. 2014-00345 y ii) se revoque o se deje sin efectos la
sentencia calendada el 27 de abril de 2016[67].
89. A su turno, solicitó, a título de medida
cautelar, que se ordenara a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Tunja, Boyacá, la suspensión del trámite de apertura del folio de matrícula
inmobiliaria para los predios Santa Martha, El Charquito, El Arrayán y La
Laguna[68].
90. El 9 de noviembre de 2016, el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Oralidad de Tunja admitió la mencionada acción de tutela
y vinculó al demandante, al demandado, Ministerio Público y al curador ad
litem que actuaron dentro del proceso de pertenencia No. 2014-0345
tramitado ante el juzgado accionado[69].
24. Respuesta del accionado
91. El 22 de noviembre de 2016, el Juzgado Promiscuo
Municipal de Ventaquemada, Boyacá, solicitó que se denieguen las súplicas de la
acción de tutela, habida cuenta de que no se vulneró ningún derecho fundamental
al tutelante; aunado a ello, adujo que se cumplió con el debido proceso y se
efectuó una valoración conjunta de todos los medios probatorios allegados al
asunto de la referencia[70].
25. Respuesta de las personas y/o
entidades vinculadas
92. Los sujetos vinculados guardaron silencio en
esta fase procesal.
26.
Decisión objeto de revisión
93. Una
vez cumplido el trámite legal correspondiente, el 23 de noviembre de 2016, el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Tunja tuteló el derecho
fundamental al debido proceso de la Agencia Nacional de Tierras por las
actuaciones surtidas por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ventaquemada,
Boyacá. En efecto, el referido despacho judicial, adujo lo siguiente:
“el
juzgado accionado incurrió en vía de hecho por defecto fáctico, puesto que no
desplegó una actividad probatoria que hiciera concluir enfáticamente que se
trataba de un bien prescriptible, o lo que es lo mismo el demandante no
demostró que se trataba de un bien susceptible de adquirirse por el modo de la
prescripción”[71].
94. En
consecuencia, el referido operador judicial dejó sin efectos la sentencia
dictada dentro del proceso de pertenencia, el 27 de abril de 2016, en cuya
virtud se declaró la prescripción adquisitiva de dominio del predio La Picota
y, en su lugar, ordenó al Juzgado Promiscuo Municipal de Ventaquemada lo
siguiente: “condicione la iniciación del proceso, o sea la admisión del
mismo, a la verificación de la calidad de los bienes, principalmente lo
relativo a la prescriptibilidad de los inmuebles y a la titularidad de derechos
reales”.
95. La
decisión aludida no se impugnó.
Expediente
T-6094898
I. ANTECEDENTES
96. El 31 de octubre de 2016, la Agencia Nacional de
Tierras –ANT– presentó acción de tutela[72] en contra
del Juzgado Promiscuo Municipal de Ventaquemada, Boyacá, a fin de que se
protegieran los derechos fundamentales a la legalidad, al debido proceso, a la
verdad del proceso, la seguridad jurídica en las actuaciones jurisdiccionales,
garantía constitucional de que los jueces cumplan con la obligación de
propender por la justicia material, representada en la vigencia de los derechos
inalienables, en conexidad con el acceso a la administración de justicia, el
patrimonio público y el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los
trabajadores agrarios.
27. Hechos
97. Los supuestos fácticos que dieron origen a la
presente acción de tutela se pueden resumir de la siguiente manera:
98. El Juzgado Promiscuo Municipal de Ventaquemada,
Boyacá, admitió la demanda de pertenencia por prescripción extraordinaria
adquisitiva de dominio formulada por el señor Luis Eduardo Orjuela Porras en
contra de personas indeterminadas, quien pretendía adquirir la propiedad de los
predios El Espino y Los Aljibes, ubicado en la vereda Nerita del municipio de
Ventaquemada, Boyacá.
99. Narra la acción de tutela que el mencionado
despacho judicial adelantó un juicio de los actos posesorios del demandante y
no obstante, en el citado proceso no se definió la naturaleza jurídica del
predio a usucapir, razón por la cual desconocía que el bien carece de titulares
de derechos reales inscritos sobre el predio, circunstancia que hacía presumir
que se trataba de un bien baldío de la Nación, cuya administración, cuidado y custodia
corresponde al Estado a través de la Agencia Nacional de Tierras –ANT–.
100. El referido juzgado declaró que el señor Luis
Eduardo Orjuela Porras adquirió por prescripción extraordinaria de dominio los
predios rurales denominados El Espino y Los Aljibes ubicados en la vereda
Nerita del municipio de Ventaquemada, Boyacá.
101. Según la ANT, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Ventaquemada, Boyacá, incurrió en los siguiente defectos: i)
fáctico, por cuanto no tuvo en cuenta los indicios que revelaban que los bienes
inmuebles “no presentaba inscripción de ninguna persona como titular de
derechos reales sobre el predio o carecía de titulares inscritos y sus falsas
tradiciones, como elemento verosímil se podría inferir que el predio
corresponde a un bien baldío” y ii) orgánico, como
quiera que la propiedad de los bienes baldíos “solo puede adquirirse
mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -hoy Agencia Nacional de
Tierras-”, razón por la cual se impone concluir que el juez que adelantó
el proceso de pertenencia se extralimitó en sus funciones.
28. Pretensiones
102. La tutelante solicitó que: i) se
declarara la nulidad de pleno derecho del proceso agrario de pertenencia
adelantado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ventaquemada, Boyacá, bajo el
radicado No. 2014-00278 y ii) se revocara o dejara sin efectos la
sentencia calendada el 16 de mayo de 2016[73].
103. A su turno, solicitó, a título de medida
cautelar, que se ordenara a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Tunja, Boyacá, la suspensión del trámite de apertura del folio de matrícula
inmobiliaria para los predios El Espino y Los Aljibes[74].
104. El 10 de noviembre de 2016, el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Oralidad de Tunja admitió la mencionada acción de tutela
y vinculó al demandante, al demandado, Ministerio Público y al curador ad litem
que actuaron dentro del proceso de pertenencia No. 2014-0278 tramitado ante
el juzgado accionado[75].
29. Respuesta del accionado
105. El 22 de noviembre de 2016, el Juzgado
Promiscuo Municipal de Ventaquemada, Boyacá, solicitó que se denieguen las
pretensiones de la acción constitucional incoada, toda vez que del análisis del
caudal probatorio se pudo concluir que “por un extenso período de tiempo los
citados predios han estado en manos de los particulares, que lo han explotado
económicamente con actividades agrícolas y pecuarias, que dichos bienes han
sido objeto de transacciones comerciales, tal como lo confirman las anotaciones
registradas en los respectivos folios inmobiliarios y los recibos de pago de
impuesto predial, por lo que el Despacho concluyó que sobre los bienes objeto
de la Litis es predicable la presunción de bien privado”[76].
30. Respuesta de las personas y/o
entidades vinculadas
106. Los
sujetos vinculados guardaron silencio en esta fase procesal.
31.
Decisión objeto de revisión
107. Una
vez cumplido el trámite legal correspondiente, el 24 de noviembre de 2016, el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Tunja tuteló el derecho
fundamental al debido proceso de la Agencia Nacional de Tierras –ANT– por las
actuaciones surtidas por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ventaquemada,
Boyacá. En efecto, el referido despacho judicial adujo lo siguiente:
“el
juzgado accionado incurrió en vía de hecho por defecto fáctico, puesto que no
desplegó una actividad probatoria que hiciera concluir enfáticamente que se
trataba de un bien prescriptible, o lo que es lo mismo el demandante no
demostró que se trataba de un bien susceptible de adquirirse por el modo de la
prescripción”[77].
108. En
consecuencia, la mencionada autoridad judicial dejó sin efectos la sentencia
dictada dentro del proceso de pertenencia, el 16 de mayo de 2016, en cuya
virtud se declaró la prescripción adquisitiva de dominio del predio Los Aljibes
y, en su lugar, ordenó al Juzgado Promiscuo Municipal de Ventaquemada lo
siguiente: “condicione la iniciación del proceso, o sea la admisión del
mismo, a la verificación de la calidad de los bienes, principalmente lo
relativo a la prescriptibilidad de los inmuebles y a la titularidad de derechos
reales”.
109. La
decisión aludida no se impugnó.
32. Trámite ante esta Corporación
110. Mediante auto de 16 de agosto de la presente
anualidad se requirió, por medio de la Secretaría General, a los despachos
judiciales que tramitaron los procesos de pertenencia y a otras a entidades públicas
(Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos) a fin de recaudar elementos de
acreditación relacionados con la constancia de ejecutoria de cada una de las
providencias impugnadas.
II.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
111.
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los
fallos de tutela proferidos dentro del trámite de los citados expedientes
acumulados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y
241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
112. Le corresponde a la Corte determinar si los
despachos judiciales accionados desconocieron los derechos fundamentales
invocados por la Agencia Nacional de Tierras –ANT– a la legalidad, al debido
proceso, a la verdad del proceso, la seguridad jurídica en las actuaciones
jurisdiccionales, garantía constitucional de que los jueces cumplan con la
obligación de propender por la justicia material representada en la vigencia de
los derechos inalienables en conexidad con el acceso a la administración de
justicia, el patrimonio público y el acceso progresivo a la propiedad de la
tierra de los trabajadores agrarios, como consecuencia de la declaración
judicial de adquisición por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio
de unos bienes presuntamente baldíos a favor de unos particulares y de una
entidad territorial.
113. Previamente a la resolución del problema
jurídico planteado, a esta Corporación le corresponde establecer si, en el
presente asunto, se acreditan los requisitos de procedibilidad de las acciones
de tutela formuladas por la Agencia Nacional de Tierras –ANT–, en particular
los relativos a la inmediatez y subsidiariedad[78].
3.
Procedibilidad de la acción
3.1.
Requisitos de procedibilidad genéricos
114. La
acción de tutela fue concebida como un mecanismo de protección inmediato,
oportuno y adecuado para las garantías fundamentales, frente a situaciones de
amenaza o vulneración, ya fuera por la acción u omisión de las autoridades
públicas o, de los particulares en casos excepcionales. De lo dispuesto por el
artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991 se ha
considerado, pacíficamente, por esta Corte, que son requisitos para la
procedencia o estudio de fondo de la acción de tutela la acreditación de i)
la relevancia constitucional del asunto, ii) la legitimación en
la causa, iii) un ejercicio oportuno (inmediatez) y iv) un
carácter subsidiario respecto de otros recursos o medios de defensa judiciales,
salvo que se trate de un supuesto de perjuicio irremediable.
3.1.1.
Relevancia constitucional del asunto
115. En
el presente caso se cumple con este requisito, habida cuenta de que la
discusión se circunscribe a la posible vulneración de los derechos
fundamentales a una persona jurídica de derecho público, ya que como lo ha
reiterado esta Corporación en abundante jurisprudencia, los referidos entes
ficticios excepcionalmente gozan de la titularidad de esta clase de derechos[79],
en particular el derecho al debido proceso, asunto respecto del cual se
concreta la relevancia constitucional del asunto en este proceso de tutela.
116. En
esa medida, se advierte que el amparo de derechos de otra categoría y
naturaleza, que también pudieran ser relevantes en términos constitucionales, v.gr.
los derechos e intereses colectivos, supera el ámbito de procedencia de la
acción de tutela, en la medida que frente a estos el ordenamiento jurídico ha
previsto específicas vías de acción.
3.1.2.
Legitimación en la causa
117. En
lo que respecta al requisito de legitimidad en la causa por activa, la Sala de
Revisión estima pertinente efectuar las siguientes precisiones:
118. En
primer lugar, se tiene que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
–INCODER– fue creado mediante el Decreto 1300 de 2003 y, reorganizado por los
Decretos 3759 de 2009 y 2623 de 2012, como un establecimiento público del orden
nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con
personería jurídica, cuyo objeto era el de ejecutar la política agropecuaria y
de desarrollo rural, facilitar el acceso a los factores productivos, fortalecer
a las entidades territoriales y sus comunidades y propiciar la articulación de
las acciones institucionales en el medio rural, bajo principios de
competitividad, equidad, sostenibilidad, multifuncionalidad y
descentralización, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los
pobladores rurales y al desarrollo socioeconómico del país.
119. A
su turno, el artículo 107 de la Ley 1753 de 2015[80]
revistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias para: i)
crear una entidad u organismo perteneciente a la Rama Ejecutiva del orden
nacional del sector descentralizado, cuyo objeto sería el de administrar las
tierras como recurso para el desarrollo rural, de la política de acceso a
tierras y la gestión de la seguridad jurídica para consolidar y proteger los
derechos de propiedad en el campo; ii) crear una entidad u
organismo perteneciente a la Rama Ejecutiva del Orden Nacional del sector
descentralizado, cuya finalidad sería, principalmente, la de gestionar,
promover y financiar el desarrollo rural y agropecuario con el fin de acercar
al territorio la presencia institucional del orden nacional para la
transformación del campo y adelantar programas con impacto regional.
120.
Como consecuencia de la primera facultad de las nombradas, el Gobierno
Nacional, a través de la expedición del Decreto Ley 2363 de 2015, creó la
Agencia Nacional de Tierras con el objeto de ejecutar la política de
ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual debía gestionar el acceso a la
tierra como factor productivo, lograr la seguridad jurídica sobre esta,
promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad y,
administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la Nación.
121.
Adicionalmente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2365 de 2015, en cuya
virtud se ordenó la supresión y, posterior liquidación del Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural –INCODER–.
122.
Establecido lo anterior, esta Sala de Revisión destaca que el artículo 4 del
Decreto 2363 de 2015[81]
estableció las funciones de la Agencia Nacional de Tierras –ANT–, entre las
cuales se destacan las siguientes:
“11. Administrar baldías la Nación,
adelantar los procesos generales y especiales de titulación y
transferencias a las que haya lugar. delimitar y constituir reservas sobre
celebrar contratos para autorizar su aprovechamiento y regular su
ocupación sin perjuicio de lo establecido en los parágrafos 5 y 6
del artículo 85 la 160 de 1994.
12. Hacer el seguimiento a los procesos de acceso a
tierras adelantados por la Agencia, en cualquiera de sus modalidades y aquellos
que fueron ejecutados por el INCODER o por INCORA, en casos en que haya lugar.
(…).
21.
Impulsar, ejecutar y apoyar según corresponda, los diversos procedimientos
judiciales o administrativos tendientes a sanear la situación jurídica de los
predios rurales, con el fin de obtener seguridad jurídica en el objeto de la
propiedad.
(…).
23. Asesorar a la ciudadanía en los procesos de
transacción de predios rurales.
24. Adelantar los procedimientos agrarios
clarificación, extinción del derecho de dominio, recuperación de baldíos
indebidamente ocupados, deslinde de tierras de la Nación, reversión
de baldíos y reglamentos uso y manejo de sabanas y playones comunales” (Negrillas
adicionales fuera del texto original).
123. A su turno, se advierte que el capítulo v[82]
del mencionado decreto, denominado procesos judiciales, estableció que el
liquidador del INCODER debía presentar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su
posesión, un informe de los procesos judiciales y demás reclamaciones en curso
en que fuera parte dicha entidad[83].
124. De igual forma, el artículo 16 del citado
cuerpo normativo dispuso que el INCODER –en liquidación– continuaría ejerciendo
la representación judicial en los procesos en curso en que fuera parte el INCORA,
el INAT, el DRI, el INPA y el INCODER, hasta la culminación de dicho
procedimiento liquidatorio.
125. Ahora bien, según comunicado de prensa del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural publicado el 22 de diciembre de
2016[84],
la liquidación de la mencionada institución culminó el 6 de diciembre de la
misma anualidad[85].
126.
Ante tal perspectiva y atendiendo el contenido del numeral 21 del precepto
normativo antes transcrito, resulta imperioso concluir que la Agencia Nacional
de Tierras –ANT– se encuentra legitimada para actuar dentro de las acciones
constitucionales de tutela formuladas, habida cuenta de que se trata de un
asunto en el cual se debaten decisiones judiciales que determinan la situación
jurídica de bienes inmuebles rurales que en su momento estuvieron a cargo del
INCODER.
127. En
concordancia con lo dicho por esta Sala de Revisión en el párrafo 115 la
legitimación en la causa por activa en las acciones constitucionales de tutela
promovidas por una persona jurídica, se encuentra limitada a aquellos eventos
en los cuales a esta clase de sujetos le pueden ser reconocidos derechos
fundamentales[86].
Como quiera que la ANT invoca la protección del derecho fundamental al debido
proceso y este hace parte de aquellos reconocidos a las personas jurídicas,
puede ser objeto de amparo mediante acción de tutela.
128. De
igual forma, la legitimidad en la causa por pasiva se encuentra establecida
como quiera que las demandas de tutela se dirigen contra las autoridades
judiciales que expidieron las providencias judiciales supuestamente vulnerantes
de los derechos fundamentales invocados por la Agencia Nacional de Tierras
–ANT–.
3.1.3.
Inmediatez
129. El
requisito de inmediatez le impone al tutelante el deber de formular la acción
de tutela en un término prudente y razonable, respecto del hecho o la conducta
que se aduce como causante de la vulneración de derechos fundamentales[87].
La jurisprudencia de la Corte Constitucional, de manera reiterada, ha sostenido
que no existe un plazo de caducidad para incoar la referida acción
constitucional, tal como se indicó en la sentencia C-543 de 1992, en cuya
virtud se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 11[88],
12[89]
y 40[90]
del Decreto Ley 2591 de 1991.
130.
Empero, la inexistencia de un término de caducidad de la acción de tutela no
implica per se que dicho acción pueda presentarse en cualquier tiempo,
por cuanto una de las principales características de este mecanismo de
protección es la inmediatez, por consiguiente, esta Corporación ha señalado que
el recurso de amparo aludido debe formularse dentro de un plazo razonable que
permita la protección inmediata del derecho fundamental presuntamente
transgredido y/o amenazado[91].
131.
Esta limitación de carácter temporal reprocha la negligencia, el descuido o la
incuria en la utilización de este mecanismo, debido a que constituye un deber
del tutelante evitar que transcurra un lapso excesivo, irrazonable o
injustificado entre el momento de ocurrencia de la actuación u omisión que
causa la amenaza o vulneración de las garantías constitucionales y la
presentación de la acción de tutela[92].
132. A
su turno, esta Corporación[93],
de manera reiterada, ha identificado algunos aspectos que permiten determinar
la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el desconocimiento de la
atribución fundamental y el reclamo ante el juez constitucional, entre las
cuales se destacan las siguientes:
i) Que
existan razones válidas para justificar la inactividad de los accionantes.
Pueden ser situaciones de fuerza mayor, caso fortuito y en general la
incapacidad del accionante para ejercer la acción en un tiempo razonable[94].
ii) Que la
amenaza o la vulneración permanezca en el tiempo, a pesar de que el hecho que
la originó sea antiguo[95].
iii) Que la
carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable, no
resulte desproporcionada por una situación de debilidad manifiesta del
accionante, por ejemplo, en casos de interdicción, minoría de edad, abandono, o
incapacidad física[96].
133. A
continuación, esta Sala entrará a determinar si el principio de inmediatez se
cumple dentro de cada uno de las acciones de tutela que se revisan en los
expedientes acumulados, así:
No. del Expediente
Fecha de ejecutoria de la providencia dentro del
proceso de pertenencia
Fecha de presentación de la acción de tutela
Lapso transcurrido entre la fecha de expedición de
la sentencia impugnada y la fecha de formulación de la acción de tutela
Expediente  T-6090117
31
de agosto de 2016[97]
24
de octubre de 2016
Un
(1) mes y 23 días
Expediente
T-6090120
31
de agosto de 2016
24
de octubre de 2016
Un
(1) mes y 23 días
Expediente
T-6113147
19
de abril de 2016[98]
21
de octubre de 2016
Seis
(6) meses y 2 días
Expediente  T- 6113181
19
de abril de 2016[99]
21
de octubre de 2016
Seis
(6) meses y 2 días
Expediente
T-6094893
27
de abril de 2016[100]
31
de octubre de 2016
Seis
(6) meses y 4 días
Expediente
T-6094898
16
de mayo de 2016[101]
31
de octubre de 2016
Cinco
(5) meses y 15 días
134.
Visto lo anterior, esta Sala de Revisión evidencia que las acciones de tutela
contenidas en los expedientes acumulados fueron presentadas dentro de los seis
meses siguientes a la ejecutoria de las correspondientes sentencias impugnadas,
término que, jurisprudencialmente, se ha tenido como un plazo límite para
formular este tipo de acciones constitucionales. No obstante, se advierte que
dentro de los expedientes Nos. T-6113147, T-6113181 y T-6094893, los
correspondientes recursos de amparo fueron formulados unos días después de los
seis meses, no obstante, dicha circunstancia no es óbice para afirmar que no se
cumplió con el requisito de inmediatez, por cuanto, esta Corporación, en
sentencia T-458 de 2016 indicó que en los eventos de recuperación de bienes
baldíos se debe aplicar la inmediatez bajo un estándar
flexible, así:
“con todo, corresponde advertirse que el
requisito de inmediatez debe observarse con cierta flexibilidad en estos casos,
ya que se busca la recuperación de bienes que son sustancial y
constitucionalmente imprescriptibles, por lo que la procedencia de la acción
que garantiza su defensa debe analizarse de acuerdo a la naturaleza de estos”.
135.
Ante tal perspectiva, dentro del presente asunto se impone concluir que se
encuentra satisfecho el mencionado requisito.
3.1.4.
Subsidiariedad
136. El
principio de subsidiariedad de la acción de tutela se encuentra consagrado en
el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política. A su turno, el
numeral 1° del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que la
solicitud de amparo será improcedente “cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
137. De
antaño, la jurisprudencia de esta Corporación ha destacado la naturaleza
subsidiaria de la acción de tutela como un mecanismo constitucional contemplado
para dar una solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u
omisiones que implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental,
respecto de las cuales el ordenamiento jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a fin de obtener la
correspondiente protección del derecho[102].
138. A
su turno, resulta menester destacar el pronunciamiento jurisprudencial
contenido en la sentencia C-590 de 2005, según el cual, constituye un deber del
tutelante:
“desplegar
todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga
para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última”[103]
(Se
destaca).
139.
Así, pues, esta Sala de Revisión, en esta oportunidad, reafirma la importancia
de la subsidiariedad de la acción de tutela, como una forma de incentivar que
los ciudadanos acudan oportunamente a las vías judiciales pertinentes y agoten
en ese escenario judicial principal los recursos ordinarios y extraordinarios a
que haya lugar, a fin de lograr la defensa de sus derechos fundamentales dentro
del mismo proceso judicial.
140.
Descendiendo al asunto sub judice, esta Corporación procederá a analizar
si en cada uno de los expedientes de tutela se cumple con el requisito de
subsidiariedad aludido, para tales efectos, se destacará el tipo de proceso que
se adelantó en cada uno de los procesos acumulados a fin de determinar los
recursos ordinarios y extraordinarios que resultaban procedentes en contra de
las sentencias que declararon la prescripción extraordinaria adquisitiva de
dominio de los bienes inmuebles allí involucrados.
Expedientes
T-6094893 y T-6094898
141. A
folios 22-26 del cuaderno 1 del expediente T-6094893 y 22-24 del
cuaderno 1 del expediente T-6094898 reposan las sentencias proferidas
por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ventaquemada, Boyacá, durante la
celebración de la audiencia pública de que tratan los artículos 372 y 373 del
Código General del Proceso. A continuación, se destaca lo contenido en las
correspondientes actas de las audiencias aludidas, a saber:
“Expediente
T-6094893
AUDIENCIA
PÚBLICA – ARTÍCULO 372 Y 373 DEL C.G.P.
En
Ventaquemada, a las ocho y cuarenta y cinco de la mañana (8:45 a.m.) del día
veintisiete (27) de abril de dos mil dieciséis (2016), se constituyó en
audiencia pública el Juzgado Promiscuo Municipal de Ventaquemada, dentro del
proceso de pertenencia promovido por Luz Mery Bohórquez Porras y Pedro Alfredo
Gómez Briceño contra personas indeterminadas, con el fin de adelantar las
audiencias previstas en los artículos 372 y 373 del C.G.P. (…).
(…).
ACTUACIONES.
1.
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DECISIÓN DE EXCEPCIONES PREVIAS, INTERROGATORIO DE
PARTE, FIJACIÓN DEL LITIGIO, MEDIDAS DE SANEAMIENTO Y DECRETO DE PRUEBAS.
-
Ninguna de las partes demandadas propuso excepciones previas, por tanto releva
al Despacho de su pronunciamiento.
- La
etapa de conciliación se surtió, sin pronunciamiento alguno, ya que no se hizo
presente la parte demandada y el curador ad-litem carece de dicha facultad.
- Se
escuchó en interrogatorio de parte a los demandantes.
- Se
realizó fijación de litigio: se determinará si los demandantes cumple con los
requisitos para deprecar la pertenencia respecto de cuatro predios que hacen
parte  del predio ‘LA PICOTA’ con folio de matrícula inmobiliaria 070-48704 y
número catastral (…) ubicado en la vereda Montoya de este municipio.
- Se
realizó control de legalidad. La apoderada de la parte actora allega al proceso
tres copias de recibos de pago de impuestos de los años 2013, 2015 y 2016 y
copia de la Escritura 047 de 2003.
-
Decreta como pruebas documentales las aportadas dentro del proceso, los
testimoniales solicitados en el acápite de pruebas: Germán Moreno Vela, Lucila
Garay Aldana y Otoniel Montañez Bohórquez; de oficio se ordenó escuchar a los
colindantes en diligencia de inspección judicial al predio ‘La Picota’, con
folio inmobiliario 070-48704 ubicado en la vereda Montoya, para lo cual el Despacho
dispone el desplazamiento al predio en mención con el fin de llevar a cabo la
inspección judicial y continuar el trámite de la audiencia de instrucción y
juzgamiento.
(…).
4.
DECISIÓN.
El
Despacho, profirió sentencia acogiendo las pretensiones de la demanda, de la
cual se incorpora la parte resolutiva, así:
RESUELVE:
PRIMERO.
DECLARAR que los señores LUZ MERY BOHÓRQUEZ PORRAS Y PEDRO ALFREDO GÓMEZ
BRICEÑO, (…), han adquirido la propiedad por prescripción adquisitiva de
dominio, respecto de una parte del predio de mayor extensión denominado ‘LA
PICOTA’, ubicado en la vereda Montoya del municipio de Ventaquemada, que en
adelante se denominará SANTA MARTHA, adquirido mediante Escritura No. 012 del
03 de febrero de 2003, otorgada por la Notaría Única de Ventaquemada, (…).
(…).
SEXTO.
ORDENAR LA INSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE SENTENCIA en el folio de matrícula
inmobiliaria No. (…) de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Tunja.
SÉPTIMO.
CANCELAR LA INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA en el precitado folio de inmobiliario
ordenado en el auto admisorio de la demanda. Líbrese comunicación ante la
Oficina de Instrumentos Públicos de Tunja.
OCTAVO.
DISPONER que el plano aportado por la parte actora hace parte integral  de la
presente sentencia, cuyas copias serán remitidas a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos y el I.G.A.C. de Tunja.
NOVENO.
DISPONER abrir nuevo folio inmobiliario para cada uno de los predios señalados
en los ordinales PRIMERO A CUARTO, bajo los nombres allí indicados y a favor de
PEDRO ALFREDO GÓMEZ BRICEÑO y LUZ MERY BOHÓRQUEZ PORRAS.
DÉCIMO.
PROTOCOLÍCESE esta sentencia ante la Notaría del Círculo Notarial de este
municipio.
La
anterior decisión queda notificada en ESTRADOS. Ninguna parte interpone recurso
por lo que la presente cobra EJECUTORIA. No siendo otro
el motivo de la presente diligencia se da por terminada y se suscribe, una vez
leída y aprobada”[104]
(Se
destaca).
“Expediente
T-6094893
AUDIENCIA
PÚBLICA – ARTÍCULO 372 Y 373 DEL C.G.P.
En
Ventaquemada, a las ocho y cincuenta y tres de la mañana (8:53 a.m.) del día
dieciséis (16) de mayo de dos mil dieciséis (2016), se constituyó en audiencia
pública el Juez Promiscuo Municipal de Ventaquemada, dentro del proceso de
pertenencia promovido por LUIS EDUARDO ORJUELA PORRAS contra personas
indeterminadas, con el fin de adelantar las audiencias previstas en los
artículos 372 y 373 del C.G.P. (…).
ACTUACIONES.
1.
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DECISIÓN DE EXCEPCIONES PREVIAS, INTERROGATORIO DE
PARTE, FIJACIÓN DEL LITIGIO, MEDIDAS DE SANEAMIENTO Y DECRETO DE PRUEBAS.
-
Ninguna de las partes demandadas propuso excepciones previas, por tanto releva
al Despacho de su pronunciamiento.
- La
etapa de conciliación se surtió, sin pronunciamiento alguno, ya que no se hizo
presente la parte demandada y el curador ad-litem carece de dicha facultad.
- Se
escuchó en interrogatorio de parte al demandante.
- Se
realizó fijación del litigio: se manifiesta por el apoderado de la parte
demandante que hoy en día los predios están individualizados en registro y
catastro; por lo tanto,  no hacen parte de uno de mayor extensión. De esta
forma, se determinará si el demandante cumple con los requisitos para deprecar
la pertenencia respecto de los predios El Espino y los Aljibes, con folios de
matrícula inmobiliaria Nos. (…) y número catastral (…), respectivamente,
ubicados en la vereda Nerita de este municipio.
- Se
realizó control de legalidad. Sin observación alguna.
-
Decreta como pruebas documentales las aportadas dentro del proceso,
testimoniales: Araacely Yara Cumaco, Hernando Martínez y Alfonso Porras
Niampira, de oficio al colindante Benito Martínez Molano y herederos de
Reinaldo Gómez para ser escuchados en diligencia de inspección, para lo cual,
el Despacho dispone el desplazamiento al predio en mención con el fin de llevar
a cabo la inspección judicial y continuar con el trámite de la audiencia de instrucción
y juzgamiento.
(…).
4.
DECISIÓN.
El
Despacho, profirió sentencia acogiendo las pretensiones de la demanda, de la
cual se incorpora la parte resolutiva, así:
RESUELVE:
PRIMERO.
DECLARAR que los señores LUIS EDUARDO ORJUELA PORRAS, (…), ha adquirido la
propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, respecto del predio
denominado ‘EL ESPINO’, ubicado en la vereda Nerita del municipio de
Ventaquemada, (…).
SEGUNDO.
DECLARAR que el señor LUIS EDUARDO ORJUELA PORRAS (…), ha adquirido la propiedad
por prescripción adquisitiva de dominio, respecto del predio denominado ‘LOS
ALJIBES’ (…).
(…).
TERCERO.
CANCELAR la inscripción de la demanda de los folios de inmobiliarios citados en
los numerales anteriores.
CUARTO.
INSCRIBIR la presente sentencia en los folios de matrícula inmobiliaria Nos.
(…) de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja.
QUINTO. PROTOCOLIZAR
esta sentencia ante la Notaría del Círculo Notarial de este municipio.
SEXTO.
Para efectos de registro, envíese copia del audio junto con el auto de la parte
resolutiva de la presente sentencia.
SÉPTIMO.
ORDENAR a la oficina del I.G.A.C. de la ciudad de Tunja, efectuar la corrección
del folio inmobiliario (…) del certificado catastral No. (…) del predio El Espino,
por cuanto no corresponde.
OCTAVO.
EJECUTORIADA la presente, ARCHÍVESE el proceso, previas las constancias de
rigor.
La
anterior decisión queda notificada en ESTRADOS. Ninguna parte interpone recurso
por lo que la presente cobra EJECUTORIA. No siendo otro
el motivo de la presente diligencia se da por terminada y se suscribe, una vez
leída y aprobada”[105]
(Se
destaca).
142. Ahora
bien, se advierte que los artículos 372 y 373 del CGP integran el capítulo I
del Título I (Proceso Verbal) del Libro Tercero denominado “Los Procesos”;
el artículo 372 hace referencia al trámite de la audiencia inicial y el
artículo 373 regula lo atinente a la audiencia de instrucción y juzgamiento
dentro de los proceso verbales.
143. En
efecto, el artículo 373 del Código General del Proceso prevé que en la
audiencia de instrucción y juzgamiento se profiere sentencia en forma oral,
aunque las partes o sus apoderados no hayan asistido o se hubieren retirado.
144.
Dado el evento en que no fuere posible dictar la sentencia en forma oral, la
autoridad judicial dejará constancia expresa de las razones concretas e
informará a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. En
este caso, el juez debe anunciar el sentido del fallo con una breve exposición
de sus fundamentos y emitir la decisión escrita dentro de los diez (10) días
siguientes.
145.
Cuando la sentencia se profiera en forma oral, el recurso de alzada se sujetará
a lo previsto en el inciso 1º del numeral 1º del artículo 322 del CGP[106].
Dado el caso en que solo se anuncie el sentido del fallo, la apelación se
sujetará a lo establecido en el inciso 2º del numeral 1º del artículo 322
aludido[107].
146. Al
descender al caso concreto, se observa que las sentencias impugnadas, en sede
de tutela, se profirieron, de manera oral, en la audiencia contemplada en el
artículo 373 del CGP y, en la parte resolutiva de dicha providencia judicial se
dejó constancia de que no fue apelada por ninguno de los sujetos procesales, lo
anterior, para mayor claridad y precisión, se expresó en los siguientes
términos: “La anterior decisión queda notificada en ESTRADOS. Ninguna parte
interpone recurso por lo que la presente cobra EJECUTORIA”[108].
147.
Ahora bien, resulta menester advertir que el INCODER estuvo vinculado en
cada uno de los mencionados procesos, de conformidad con lo siguiente:
148. En
la contestación de la acción de tutela del proceso T-6094893, el Juzgado
Promiscuo Municipal de Ventaquemada, Boyacá, señaló que el Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural estuvo vinculado dentro del proceso No. 2014-00345, así:
“Es
cierto que el Juzgado anotó que en la respuesta el INCODER manifestó que no
contaba con el inventario de baldíos existentes en el territorio nacional. Al
no contar con titular de derecho real el Juzgado vinculó al INCODER, quien no
se hizo parte del mismo, solo contestó respecto de la naturaleza jurídica del
mismo, según el cual puede considerarse como baldío, que según lo ya
mencionado, fue desvirtuado. (…)
EL HECHO
SÉPTIMO: No es cierto en la forma en que está redactado. No encontramos defecto
sustantivo ni orgánico del Juzgado. No es cierto que se haya dado título sobre
un bien baldío. El Juzgado no desconoció el ordenamiento jurídico. Ha sido el
INCODER y hoy la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, los que alegando la falta de un
inventario de baldíos pretenden imponer cargas alegando la falta de un
inventario de baldíos pretenden imponer cargas procesales o probatorias al
Juzgado, desconociendo las presunciones establecidas por el legislador y las
decisiones de la Honorable Corte Suprema de Justicia sobre esas mismas
presunciones. Además habiéndose vinculado al INCODER esa institución
debió hacerse parte del proceso, hacer valer sus derechos y como quiera
que al analizar, al momento de proferir la sentencia, sobre la naturaleza
jurídica del bien, se concluyó que era bien privado, por vía jurisdiccional los
particulares podían enervar la acción de pertenencia, que por factores de
territorialidad, cuantía, el Juzgado Promiscuo Municipal de Ventaquemada era el
llamado a resolver la Litis. El hecho de que el INCORA, el INCODER o la AGENCIA
NACIONAL DE TIERRAS, no lleven registro de baldíos, no impide que el juez con
las pruebas allegadas pueda determinar que un bien con registro inmobiliario  y
catastral, al que solo le faltan titulares de derecho real, corresponde al
dominio privado”[109]
(Se
destaca).
149. De
igual forma, en la contestación de la acción de tutela T-6094898, el Juzgado
Promiscuo Municipal de Ventaquemada, Boyacá, adujo que el INCODER también fue
vinculado dentro del proceso No. 2014-00278, así:
“Como
quiera que es imperioso determinar la naturaleza jurídica del bien, mediante
auto signado el veintiuno (21) de mayo de dos mil quince (2015) se dispuso
vincular al INCODER para que, si lo consideraba, hiciera valer sus derechos,
sin que formalmente hubiera concurrido en calidad de parte, cuya
inactividad no puede trasladarse para que responda el juzgado que tramitó la
referida actuación; sólo se limitó a contestar la solicitud atinente a que
certificara sobre la naturaleza jurídica de los bienes inmuebles, a través de
oficio No. 20152154934 de 23 de julio de 2015, siendo requerida para que
precisara la respuesta, la cual se concretó en el oficio No. 20152186788 de 9
de octubre siguiente, en la que se manifiesta ‘…, el Incoder no cuenta con un
inventario de bienes baldíos nacionales que nos permita certificar, como lo
solicita su Despacho, que el aludido predio es baldío, …’. Quiere ello
decir, que en forma directa al INCODER se le brindaron las posibilidades
procesales para que concurriera al proceso, y en forma indirecta a través del
emplazamiento a todas las personas que creyeran tener algún derecho sobre los
citados predios, entre los cuales también está inmerso el INCODER, sin que
dentro del término legal hubiera concurrido por lo que no puede atenderse que
se le hubiera violado el debido proceso”[110]
(Se
destaca).
150. Aunado a lo anterior, vale la pena destacar que
el despacho judicial accionado remitió, a la Secretaría de esta Corporación, el
oficio No. 694 de 24 agosto del año en curso, en el cual se lee lo siguiente:
“(…).
Igualmente, me permito comunicar que dentro de los procesos supra mencionados, se
ordenó vincular al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) en los
siguientes términos:
PROCESO
158614089001-2014-00278 adelantado por LUIS EDUARDO ORJUELA PORRAS
Mediante
auto del veintiuno (21) de mayo de dos mil quince (2015), el Despacho ordena
vincular al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y comunica tal
determinación a través del oficio civil No. 397 del 12 de junio de 2015,
obteniendo respuesta por parte de dicha entidad con radicado No. 20152154934
del 23 de julio de 2015; así mismo, por auto calendado veinte (20) de
agosto de dos mil quince (2015) se requirió al Instituto en comento para que
aclarara la respuesta allegada, informándose  tal requerimiento mediante oficio
civil No. 715 del 9 de septiembre de 2015, sobre el cual la entidad antes
referida emite contestación con radicado No. 20152189788 de octubre de 2015.
PROCESO
158614089001-2014-00345-00 adelantado por LUZ MERY BOHÓRQUEZ PORRAS Y PEDRO
ALFREDO GÓMEZ BRICEÑO
Mediante
auto del catorce (14) de mayo de dos mil quince (2015), el Despacho ordena
vincular al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y comunica tal
determinación a través del oficio civil No. 402 del 12 de junio de 2015,
obteniendo respuesta por parte de dicha entidad con radicado No. 20152158216
del 30 de julio de 2015; así mismo, por auto calendado diez (10) de
septiembre de dos mil quince (2015)  se requirió al Instituto en comento para
que aclarara la respuesta allegada, informándose tal requerimiento mediante
oficio civil No. 758 del 14 de septiembre de 2015, sobre el cual la entidad
antes referida emite contestación con radicado No. 20152196459 del 04 de
noviembre de 2015”[111]
(Negrillas
adicionales fuera del texto original).
151.
Ante tal panorama probatorio, para esta Sala de Revisión, no hay asomo de duda,
respecto de la vinculación del INCODER –hoy Agencia Nacional de Tierras– en los
procesos de tutela Nos. T-6094893 y T-6094898, circunstancia que, a todas
luces, vislumbra que la citada institución tenía pleno conocimiento del trámite
de los referidos procesos declarativos de pertenencia y, por ende, se
encontraba habilitada para actuar dentro de aquellos asuntos judiciales.
152. En
efecto, tan cierto es que contra tales decisiones procedía el recurso de
alzada, que el juez ordinario, en la parte resolutiva de la sentencia dictada
dentro del proceso No. 2014-00278 (expediente T-6094898), indicó que contra
dicha providencia no se había interpuesto recurso alguno, así:
“RESUELVE:
(…).
Las
partes quedan notificadas en estrados. Como quiera que no ha sido recurrida,
cobra ejecutoria la presente sentencia y no siendo otro el motivo de la
presente se da por terminada la presente audiencia siendo las 3:31 p.m.”[112].
153. De
igual forma, en la parte resolutiva de la sentencia dictada dentro del proceso
No. 2014-00345 (expediente T-6094893), precisó que contra dicha providencia no
se había interpuesto recurso alguno, así:
“La
anterior decisión queda notificada en ESTRADOS. Ninguna parte interpone recurso
por lo que la presente cobra EJECUTORIA. No siendo otro el motivo de la
presente diligencia se da por terminada y se suscribe, una vez leída y
aprobada”[113].
154.
Aunado a ello, debe advertirse que una vez revisados los expedientes en su
integridad, la Sala no encontró argumentación alguna por parte de la Agencia
Nacional de Tierras –antes INCODER– que justifique la falta de presentación del
recurso de apelación en contra de las providencias impugnadas en sede de
tutela.
155.
Ante tal perspectiva, esta Sala de Revisión encuentra que las acciones de
tutela contenidas en los expedientes T-6094893 y T-6094898 no cumplen con el
requisito de subsidiariedad, porque siendo procedente el recurso ordinario de
apelación contra las providencias judiciales que se discuten en sede de tutela,
no fue interpuesto, sin que la entidad pública tutelante dé cuenta de argumento
o justificación alguna al respecto. Justamente los jueces del proceso ordinario,
al responder la demanda de tutela en cada uno de estos procesos manifestaron en
su defensa que el INCODER no interpuso recurso alguno contra la sentencia
declarativa de pertenencia. En esa medida las sentencias dictadas por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Ventaquemada, los días 23 y 24 de noviembre de
2016, que declararon improcedente la acción de tutela al no encontrar cumplido
el requisito de subsidiariedad, resultan acertadas y por lo tanto serán
confirmadas por esta Corte.
Expedientes
Nos. T-6113147, T-6113181 y T-6090117
156.
Esta Sala de Revisión estima menester advertir que el INCODER estuvo vinculado
en cada uno de los mencionados asuntos, de conformidad con los siguientes
medios de acreditación:
-
Expediente
T-6113147
157. En
la sentencia dictada dentro del expediente No. 2010-00030 se observa que el
INCODER también estuvo vinculado en el proceso ordinario, para lo cual, se
transcriben los siguientes apartes:
“Previo
a la evacuación de la totalidad de las pruebas, mediante auto del día 25 de
junio de 2015, y siguiendo las directrices expuestas en la sentencia T-488 de
2014, de la H. Corte Constitucional, se procedió a vincular al presente
proceso al Instituto de Desarrollo Rural (INCODER), quien mediante escrito
obrante en folio 66 a 72; se pronunció sobre los hechos indicando que esa
entidad cuenta con un aplicativo, el cual permite llevar el control de las
solicitudes de titulación de baldíos desde su registro hasta su expedición y
notificación de actos administrativos, pero que no existe una información con
el número de matrícula inmobiliaria, cédula catastral o código catastral, ficha
predial que permita la identificación del bien inmueble y su titularidad.
Agrega
que se debe tener como criterio objetivo para determinar la competencia de la
legalización del predio objeto del litigio, lo dispuesto en la sentencia T-488
de 2014 y la instrucción conjunta No. 13 del 13 de noviembre de 2014 de la
Superintendencia de Notariado y Registro y el INCODER, así como también lo
dispuesto en la Ley 160 de 1994.
(…).
Entonces
recabando en el debate, sobre si el bien de que se trata en el asunto de la
referencia es o no prescriptible legalmente, considera esta funcionaria que
el predio objeto de este proceso es susceptible de prescripción, pues el
INCODER en su respuesta, se limitó a indicar que se deben seguir los
lineamientos expuestos por la H. Corte Constitucional en la sentencia T-488 de
2014 y en las instrucciones conjuntas de la Superintendencia de Notariado y
Registro y el INCODER y no especifica claramente o prueba la calidad de baldío
que supuestamente ostenta el lote de terreno ubicado en la vereda ‘PAJARITO
ABAJO’ del municipio de Angostura, donde funciona la escuela rural ‘PORFIRIO BARBAJACOB’
de manera entonces que no logra desvirtuar la presunción que le asiste a la
parte demandante y que se encuentra establecida en los artículos 1 y 2 de
la Ley 200 de 1936. (…)”[114]
(Se
destaca).
-
Expediente
T-6113181
158. En
la sentencia que puso fin al proceso No. 2010-00031 se observa que el INCODER
también estuvo vinculado en dicho asunto, para lo cual, se traen a colación los
siguientes apartes:
“Previo
a la evacuación de la totalidad de las pruebas, mediante auto del día 25 de
junio de 2015, y siguiendo las directrices expuestas en la sentencia T-488 de
2014, de la H. Corte Constitucional, se procedió a vincular al presente
proceso al Instituto de Desarrollo Rural (INCODER), quien mediante escrito
obrante en folio 69 a 78; se pronunció sobre los hechos indicando que esa
entidad cuenta con un aplicativo, el cual permite llevar el control de las
solicitudes de titulación de baldíos desde su registro hasta su expedición y
notificación de actos administrativos, pero que no existe una información con
el número de matrícula inmobiliaria, cédula catastral o código catastral, ficha
predial que permita la identificación del bien inmueble y su titularidad.
Agrega
que se debe tener como criterio objetivo para determinar la competencia de la
legalización del predio objeto del litigio, lo dispuesto en la sentencia T-488
de 2014 y la instrucción conjunta No. 13 del 13 de noviembre de 2014 de la
Superintendencia de Notariado y Registro y el INCODER, así como también lo
dispuesto en la Ley 160 de 1994.
(…).
Entonces
recabando en el debate, sobre si el bien de que se trata en el asunto de la
referencia es o no prescriptible legalmente, considera esta funcionaria que
el predio objeto de este proceso es susceptible de prescripción, pues el
INCODER en su respuesta, se limitó a indicar que se deben seguir los
lineamientos expuestos por la H. Corte Constitucional en la sentencia T-488 de
2014 y en las instrucciones conjuntas de la Superintendencia de Notariado y
Registro y el INCODER y no especifica claramente o prueba la calidad de baldío
que supuestamente ostenta el lote de terreno ubicado en la vereda ‘SAN ANTONIO’
del municipio de Angostura, donde funciona la escuela rural ‘SAN ANTONIO’ de
manera entonces que no logra desvirtuar la presunción que le asiste a la parte
demandante y que se encuentra establecida en los artículos 1 y 2 de la Ley
200 de 1936. (…)”[115]
(Negrillas
adicionales fuera del texto original).
-
Expediente
T-6090117
159. De
la sentencia dictada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Enciso, Santander se
pueden extraer los siguientes apartes que dan cuenta de que el INCODER se hizo
parte dentro del proceso No. 2014-00006, así:
“El
Despacho mediante auto del 27 de marzo de 2014, admitió la demanda y ordenó
darle el trámite previsto en el artículo 54 del Decreto 2303 de 1989, Decreto
508 de 1974 y demás normas concordantes con el C. de P.C. En el mismo proveído
se dispuso el emplazamiento de las PERSONAS INDETERMINADAS que se consideren
con interés jurídico sobre el bien inmueble objeto de usucapión. El edicto se
fijó en lugar público y visible de la Secretaría del Juzgado, fue publicado en
el periódico VANGUARDIA LIBERAL, al igual que en la Emisora Voces Rovirenses.
Se comunicó a la admisión a la Procuraduría General de la Nación, por intermedio
del señor Procurador Departamental Agrario de la ciudad de Bucaramanga. De la
misma manera, dentro del desarrollo del proceso se ordenó vincular al INSTITUTO
COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL ‘INCODER’, sin que se presentara alguna
oposición al respecto”[116].
160. Una
vez establecida la vinculación del INCODER en los mencionados procesos
judiciales, esta Sala especificará el tipo de procedimiento bajo el cual se
tramitaron tales asuntos judiciales.
161.
Ahora bien, de la lectura de las sentencias aludidas 2010-00030, 2010-00031 y
2014-00006 se desprende que los plurimencionados asuntos fueron tramitados como
procesos ordinarios de pertenencia, los cuales se encuentran regulados en el
artículo 375[117]
del Código General del Proceso. En el inciso segundo del numeral 9 de dicho
precepto, se señaló que: “Si el juez lo considera pertinente, adelantará en
una sola audiencia en el inmueble, además de la inspección judicial, las
actuaciones previstas en los artículos 372 y 373, y dictará sentencia”.
162.
Como se indicó anteriormente, el artículo 372 del CGP alude al trámite de la
audiencia inicial en los procesos verbales, mientras que, el artículo 373 de la
misma codificación prevé que en la audiencia de instrucción y juzgamiento se
profiere sentencia en forma oral, aunque las partes o sus apoderados no hayan
asistido o se hubieren retirado.
163. En
línea con la anterior remisión normativa, se impone concluir que las
providencias judiciales dictadas dentro de los procesos referenciados eran
susceptibles del recurso de apelación, por cuanto, el inciso final del numeral
5 del artículo 373 del CGP prevé la procedencia del recurso de apelación contra
las sentencias dictadas en el curso de la audiencia de instrucción y
juzgamiento[118].
164. Así
las cosas, esta Sala de Revisión observa que en los señalados procesos de
tutela tampoco se cumplió con el requisito de subsidiariedad, como quiera que
en contra de las sentencias dictadas por el Juzgado Civil Laboral del Circuito
de Yarumal, Antioquia, dentro de los procesos Nos. 2010-00030 y 2010-00031 y
por el Juzgado Promiscuo Municipal de Enciso, Santander, dentro del proceso No.
2014-00006, procedían los correspondientes recursos de alzada, no obstante, la
Agencia Nacional de Tierras –ANT– no controvirtió dicha decisión a través del
mecanismo procesal aludido.
165. Tan
cierto es que contra tales decisiones procedía el recurso de alzada, que el
juez ordinario, en la parte resolutiva de la sentencia dictada dentro del
proceso No. 2014-00006, indicó expresamente que dicha providencia judicial era
susceptible del recurso de apelación, así:
“RESUELVE:
(…).
SEXTO.-
La presente decisión se notifica en estrados y contra la misma procede el
recurso de apelación”[119]
(Se
destaca).
166.
Aunado a lo cual debe advertirse que una vez revisados los expedientes en su
integridad, la Sala no encontró justificación alguna por parte de la Agencia
Nacional de Tierras –antes INCODER– respecto de su omisión en la presentación
del recurso de apelación en contra de las providencias ahora impugnadas en sede
de tutela.
167. Así
las cosas, esta Sala de Revisión encuentra que las acciones de tutela
contenidas en los expedientes T-6113147, T-6113181 y T-6090117 no
cumplen con el requisito de subsidiariedad, por cuanto, siendo procedente el
recurso ordinario de apelación contra las providencias judiciales que se
discuten en sede de tutela, no fue interpuesto, sin que la entidad pública
tutelante hubiere dado cuenta de argumento o justificación alguna al respecto.
168. A
propósito de ello, los jueces del proceso ordinario, al responder la demanda de
tutela en cada uno de estos asuntos manifestaron, en su defensa, que el INCODER
no interpuso recurso alguno contra la sentencia declarativa de pertenencia.
169. En
tal orden de ideas, las sentencias proferidas por la Sala Civil Familia del
Tribunal Superior de Antioquia, el 11 de noviembre de 2016 y, por el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Málaga, Santander, el 21 de noviembre de la misma
anualidad, las cuales declararon improcedentes la acciones de tutela al no
encontrar cumplido el requisito de subsidiariedad, resultan acertadas y por lo
tanto, serán confirmadas por esta Corporación.
Expediente
T-6090120
170.
Esta Sala de Revisión considera necesario advertir que el INCODER estuvo
vinculado en el proceso No. T-6090120, de conformidad con los siguientes medios
de prueba:
171. De
la sentencia dictada por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Miguel,
Santander se pueden extraer los siguientes apartes que dan cuenta de que el
INCODER se hizo parte dentro del proceso No. 2015-00042, así:
“RESUELVE:
PRIMERO:
Acceder a las pretensiones de la demanda, acorde con los razonamientos
expuestos  en el segmento considerativo.
SEGUNDO:
Declarar que JULIO ERNESTO SANDOVAL CORREA (…), ha ganado por usucapión y por
consiguiente es dueño del siguiente predio: // Un predio rural denominado EL
PINO, ubicado en la vereda TABLÓN, de dos (2)
QUINTO:
Se declara infundada la excepción de mérito propuesta por el INCODER,
atendiendo lo consignado en la parte motiva.
SEXTO: Comuníquese
al Procurador General de la Nación, al Incoder (hoy Agencia Nacional
de Tierras) y al personero municipal de San Miguel (Sder), la
declaración como dueño que aquí se hizo a LUIS ALFREDO MALDONADO MILLÁN, (…),
respecto del rural denominado EL PIEDRÓN de ocho mil cuatrocientos (8400)
metros cuadrados, ubicado en la vereda LAJAS del municipio de San Miguel
(Sder), sin número de identificación registral ni catastral, pero hizo parte de
uno de mayor extensión con folio 312-26177 y cédula catastral
00-00-00-00-0010-0097-0-00-00-0000.
PARÁGRAFO:
Como el Incoder desapareció, remítase audio de la audiencia y sentencia,
junto con la secuencia fotográfica y fotocopia del acta con destino a la
Agencia Nacional de Tierras. (…)”[120] (Se
destaca).
172. De
otro lado, en lo que tiene que ver con el trámite del mencionado proceso
judicial se observa lo siguiente:
173. En
la providencia judicial impugnada se dejó constancia de que tal asunto fue
tramitado como un proceso verbal sumario de mínima cuantía, el cual es un
proceso de única instancia, tal como lo dispone el parágrafo 1º del artículo
390[121]
del Código General del Proceso, por lo tanto, se impone concluir que dicha
providencia judicial no es susceptible del recurso de apelación.
174.
Ahora bien, en lo atinente a la procedencia del recurso extraordinario de
revisión en contra de la providencia judicial aludida, esta Sala observa que
los supuestos fácticos narrados en la acción de tutela respectiva no encuadran
dentro de algunas de las causales previstas en el artículo 355[122]
del Código General del Proceso.
175. Así
las cosas, para esta Sala de Revisión resulta diáfano que no existe otro medio
judicial idóneo para propender por la protección de los derechos supuestamente
vulnerados a la Agencia Nacional de Tierras –antes INCODER, por lo que se
encuentra superado el requisito de subsidiariedad respecto de la acción de
tutela T-6090120 y, en esa medida, se procederá a revisar el cumplimiento de
los requisitos de procedibilidad específicos en el referido proceso.
3.1.5. Los
fallos censurados no corresponden a providencias judiciales que hubieren
resuelto acciones de tutela.
3.2.
Análisis de los requisitos de procedibilidad específicos en el expediente
T-6090120
176. Una
vez verificados los aspectos que hacen procedente la acción de tutela, le
corresponde a esta Sala el análisis de los requisitos especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
específicamente los defectos fáctico y orgánico, como causales alegadas por la
entidad pública tutelante.
177.
Esta Corporación, de manera reiterada, ha señalado que los requisitos de
procedibilidad específicos se refieren a la concurrencia de defectos en el
fallo impugnado que, en razón de su gravedad, hacen que éste sea incompatible
con los preceptos constitucionales[123].
En síntesis, los mencionados defectos son los siguientes:
-
Defecto orgánico: Se configura cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada carece en forma absoluta de competencia[124].
-
Defecto procedimental absoluto: Se origina cuando la autoridad
judicial aplica un trámite ajeno al asunto sometido a su competencia; no se
agotan etapas sustanciales del procedimiento establecido, se eliminan trámites
procesales vulnerando el derecho de defensa y contradicción de una de las
partes y se suprimen oportunidades procesales para que las partes o
intervinientes en el proceso ejerzan las potestades otorgadas por el legislador
al regular el procedimiento[125].
-
Defecto fáctico: Se presenta cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión, o cuando la valoración de la prueba fue absolutamente equivocada[126].
-
Defecto material o sustantivo: Se materializa cuando la providencia
judicial incurre en un yerro trascendente, cuyo origen se encuentra en el
proceso de interpretación y de aplicación de las normas jurídicas[127].
-
Error inducido: Se presenta cuando el juez o cuerpo colegiado fue, a
través de engaños, llevado (inducido) a tomar una decisión arbitraria que
afecta derechos fundamentales[128].
-
Decisión sin motivación: Se configura por la completa ausencia de
justificación de la providencia judicial[129].
-
Desconocimiento del precedente: Se configura cuando por vía judicial se ha
fijado el alcance sobre determinado asunto y el funcionario judicial, desconoce
la regla jurisprudencial establecida[130].
Violación
directa de la Constitución: Se estructura cuando el juez ordinario
adopta una decisión que desconoce, de forma específica, postulados de la Carta
Política[131].
178.
Establecido lo anterior, esta Sala de Revisión, previo a analizar los defectos
fáctico y orgánico alegados en la acción de tutela No. T-6090120, efectuará unas
consideraciones relacionadas con el régimen jurídico de los bienes baldíos como
bienes fiscales adjudicables.
3.2.1. Generalidades
de los bienes baldíos
179. En
primer lugar, debe destacarse que el Código Civil de 1887, en su artículo 674[132],
definió los bienes de la Unión como aquellos cuyo dominio pertenece a la
República, dentro de los cuales, se encuentran los bienes de uso público
y los bienes fiscales, los primeros, corresponden a aquellos cuyo uso
pertenece a todos los habitantes del territorio, mientras que los segundos,
corresponden a aquellos cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes.
180. A
su turno, el Código Civil, en su artículo 675[133], hizo
referencia a los bienes baldíos como una especie de bienes fiscales y los
definió como aquellas tierras que estando situadas dentro de los límites
territoriales carecen de otro dueño.
181. Más
adelante, se expidió la Ley 200 de 1936 <<sobre régimen de
tierras>>, en cuya virtud se estableció una
presunción de bienes privados, así: “se presume que no son baldíos,
sino de propiedad privada, los fundos poseídos por particulares, entendiéndose
que dicha posesión consiste en la explotación económica del suelo por medio de
hechos positivos propios de dueño, como las plantaciones o sementeras, la
ocupación con ganados y otros de igual significación económica”[134].
182. Aunado a
ello, se precisó que el cerramiento y la construcción de edificios no
constituyen por sí solos, medio de prueba de explotación económica, no
obstante, sí pueden considerarse como elementos complementarios de ella[135].
183. En
contraste con la presunción de bienes privados, el artículo 2 de la Ley 200 de
1936 consagró la presunción de predios baldíos, según la cual, son aquellos
predios rústicos
no poseídos en la forma establecida en el artículo 1° de la citada
normatividad.
184. Más
adelante, con la expedición de la Carta Política de 1991, se consagró que los
bienes públicos que forman parte del territorio pertenecen a la Nación[136]. Aunado a
ello, el artículo 63[137] superior
consagró que tales bienes son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
185. Luego, el
artículo 65 de la Ley 160 de 1994 dispuso que la propiedad de los terrenos baldíos
adjudicables, sólo puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio
otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria <<después
INCODER y, actualmente Agencia Nacional de Tierras, ANT>>, o por las
entidades públicas en las que delegue esta facultad. Aunado a ello, consagró
que los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tenían la calidad
de poseedores, conforme a lo dispuesto en el Código Civil y frente a la adjudicación
por el Estado sólo existe una mera expectativa. El referido precepto normativo
fue declarado exequible por esta Corte, a través de la sentencia C-595 de 1995,
en la cual se precisó lo siguiente:
“El inciso segundo del artículo 65 acusado, dispone que "los
ocupantes de tierras baldías, por ese sólo hecho, no tienen la calidad de
poseedores conforme al Código Civil, y frente a la adjudicación por el Estado
sólo existe una mera expectativa", mandato que el actor impugna por considerar
que quien posee un bien debe adquirir con el transcurso del tiempo la propiedad
del mismo, criterio que no comparte la Corte, pues como ya se ha dicho, si
el legislador debidamente autorizado por el artículo 63 del Estatuto Superior
podía establecer la imprescriptibilidad de los terrenos baldíos, consecuencia
necesaria de tal carácter es que la propiedad de esos bienes no se
extingue para su titular (Nación), por ejercer un tercero la ocupación de los
mismos durante un tiempo determinado, pues sobre esos bienes no se adquiere la
calidad de poseedor, necesaria para usucapir”[138] (Negrillas adicionales fuera del texto original).
186. Recapitulando,
esta Sala de Revisión destaca las siguientes características de los bienes
baldíos:
-
Los
bienes baldíos son bienes fiscales adjudicables[139] y,
según la legislación civil, se definen como aquellos predios que estando situados dentro de
los límites territoriales carecen de otro dueño.
-
Se
presumen como baldíos aquellos bienes que no son o han sido poseídos
particulares, bajo el entendido de que dicha posesión consiste en la
explotación económica del suelo a través de hechos positivos propios de dueño.
-
El simple
hecho de ocupar tierras baldías, no le da al correspondiente ciudadano la
calidad de poseedor.
-
La
propiedad de tales bienes sólo puede obtenerse mediante título traslaticio de
dominio otorgado por la Agencia Nacional de Tierras <<antes
INCODER>>.
-
Los
bienes baldíos son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
3.2.2.
Defecto fáctico
187. La
Agencia Nacional de Tierras considera que la decisión judicial sub exámine
incurre en una vía de hecho por defecto fáctico, el cual encuentra configurado,
por cuanto no tuvo en cuenta el indicio que revelaba que el predio San Antonio “no
presentaba inscripción de ninguna persona como titular de derechos reales sobre
el predio o carecía de titulares inscritos y sus falsas tradiciones, como
elemento verosímil se podría inferir que el predio corresponde a un bien
baldío”. Estudiado este argumento a partir del entendimiento que la
jurisprudencia constitucional le ha dado al defecto fáctico, la Corte encuentra
lo siguiente:
188. Una
vez revisado el contenido de la contestación de la acción de tutela presentada
por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Miguel, Santander, se desprende la
siguiente información:
“Al
respecto me permito relacionar las pruebas relevantes que se encuentran dentro
del diligenciamiento, así:
1. Folio
312-15807 folios 2 al 4. La primera anotación ocurrió el 16 de mayo de 1049
(sic), con ocasión del registro de la escritura 535 de 12 de octubre de 1948 de
la Notaría Segunda de Málaga (Sder), y desde entonces han ocurrido cadenas
traslaticias que constituyen el antecedente registral, aclarando que la
registradora de instrumentos públicos mediante decisión unilateral corrigió la
especificación eliminando la X de propiedad y con ello transmutó el título el
(sic) falsa tradición desde la primera anotación.
2. Folio
312-16859 folios 7 al 9. La primera anotación ocurrió el 29 de septiembre de
1998, con ocasión del registro de la escritura 529 del 29 de septiembre de 1998
de la Notaría Segunda de Málaga (Sder), y desde entonces han ocurrido cadenas
traslaticias que constituyen el antecedente registral, aclarando que la
registradora de instrumentos públicos mediante decisión unilateral corrigió la
especificación eliminando la X de propiedad y con ello transmutó el título el
(sic) falsa tradición desde la primera anotación.
3. A
folios 29 y 30 aparece relación del pago de impuesto predial que viene haciendo
el demandante desde 2003 y 2005, en cuanto a cada uno de los predios que
involucran el pretendido con la demanda; nadie controvirtió es (sic) referida
únicamente al desembolso como forma de defender la propiedad.
4. A
folios 95 al 96, 103 vto., aparece el cuestionario que tanto el Incoder como la
Agencia Nacional de Tierras se han negado a responder, a pesar de los requerimientos
realizados por el Juzgado. En este proceso y en todos los de pertenencia que se
le ha venido preguntando si la heredad se encuentra en las siguientes
situaciones:
I) Las
tierras baldías que tuvieren la calidad de inadjudicables de acuerdo con lo
dispuesto en el (sic) artículo 67 y 74 de la Ley 160 de 1994 y las reservadas o
destinadas por entidades estatales para la prestación de cualquier servicio o
uso público.
II) Las
tierras baldías que constituyan reserva territorial del Estado.
III) Las
tierras baldías ocupadas que excedan las extensiones máximas adjudicables, de
acuerdo con la Unidad Agrícola Familiar (UAF) definida para cada municipio o
región por el Consejo Directivo del INCODER.
IV) Las
tierras baldías ocupadas contra expresa prohibición legal, especialmente las
que corresponden al Sistema de Parques Nacionales Naturales y al Sistema de
Áreas Protegidas.
V) Las
tierras baldías que hayan sido objeto de un procedimiento de reversión,
deslinde, clarificación, o las privadas sobre las cuales se declare extinción
del derecho de dominio que se encuentren ocupadas indebidamente por
particulares.
VI) Las
tierras baldías que hayan sido objeto de caducidad administrativa, en los
contratos de explotación de baldíos, que suscriba el INCODER en las zonas de
desarrollo empresarial.
VII) Las
tierras baldías que se encuentren ocupadas por personas que no reúnan la
calidad de beneficiarios de reforma agraria en los términos previstos en el
Capítulo XII de la Ley 160 de 1994.
VIII)
Las tierras baldías inadjudicables, reservadas o destinadas para cualquier
servicio o uso público, que cuenten con títulos basados en la inscripción de
falsas tradiciones.
IX)
Cualquier dato adicional sobre el predio que lo eleve a la categoría de
inadjudicable o en caso de requerir alguna prueba adicional favor hacerla
saber.
Y que en
caso afirmativo para que se sirvan remitir fotocopia de los documentos que
reposen en cada una de las entidades, sustentando la respuesta, atendiendo la
carga de la prueba, artículo 167 del Código General de Proceso; (…).
8. A
folio 116 aparece el certificado de sana y pacífica posesión que viene
ejerciendo el demandante sobre el predio El Pino de 3 hectáreas aproximadas,
desde hace más de diez años, expedido por la Alcaldía Municipal de San Miguel
(Sder)” (Negrillas
adicionales fuera del texto original).
189. A
su turno, de la lectura de la parte resolutiva de la sentencia dictada por el
Juzgado Promiscuo Municipal de San Miguel, Santander, se tiene que el bien
inmueble El Pino es un predio privado y, su formación se originó por la
segregación de dos predios: La Chilca y El Lindero, de los cuales se
desprendieron unas porciones de terreno que conformaron el referido bien. Lo
anterior, se expresó en los siguientes términos:
“Al
momento de la verificación de los hechos se encontró lo siguiente:
(…).
CALIFICACIÓN
DEL PREDIO: Con fundamento en la Ley 4 de 1973, Decreto 59 de 1938 y Ley 200
de 1936, en lo pertinente, se trata de un predio de naturaleza privado con
explotación económica actual dentro de la cual se encontró actividad permanente
realizada por el demandante como de aquellas positivas propias como lo hace
cualquier dueño, entre las que se cuentan las siguientes: siembra de
pastos, y ocupación con ganados mayores que representan una actividad económica
y permanente; además de lo anterior el predio se encuentra debidamente
alinderado con sus vecinos colindantes de tal manera que el encerramiento en la
forma así dispuesta permite una mayor defensa de la heredad frente a terceros.
PARÁGRAFO:
Los predios de mayor extensión que aportaron parte de su heredad para formar
el concedido a través de esta sentencia son los siguientes:
PREDIO
1. Folio de matrícula 312-15807 (…).
PREDIO
2. Folio de matrícula 312-16859 (…)”[140]
(Negrillas
adicionales fuera del texto original).
190.
Asimismo, dentro de las pruebas que obran en el expediente de tutela se
encuentran los certificados de tradición y libertad correspondientes a los
folios de matrícula inmobiliaria Nos. 312-15807 y 312-16859 del predio El Pino,
los cuales sirvieron de fundamento al Juzgado Promiscuo Municipal de San
Miguel, Santander, para declarar la prescripción adquisitiva extraordinaria de
dominio a favor del señor Julio Ernesto Sandoval Correa.
191. En
efecto, del folio de matrícula inmobiliaria No. 312-15807 se desprende la
siguiente información:
“DIRECCIÓN
DEL INMUEBLE Tipo de predio RURAL
1) LA
CHILCA
MATRÍCULA
ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTES(s) MATRÍCULA(s)
ANOTACIÓN
Nro. 1
Fecha 16/5/1949   Radicación S/N
DOC:
ESCRITURA 535 DEL 12/10/1948  NOTARÍA SEGUNDA DE MÁLAGA  VALOR ACTO:$6.000
ESPECIFICACIÓN:
FALSA TRADICIÓN: 610 COMPRAVENTA DERECHOS Y ACCIONES – SUCESIÓN DE LAURA O
LAURENCIA HERRERA Y DE ANA DEODATA JAIMEZ (sic).
PERSONAS
QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
DE:
MEJÍA GARCÍA HERNÁN
A:
SANDOVAL MODESTO
ANOTACIÓN
Nro. 2     Fecha 13/6/1995  Radicación 0630
DOC:
ESCRITURA 238 DEL 10/6/1995 NOTARÍA SEGUNDA DE MÁLAGA VALOR ACTO:$600.000
ESPECIFICACIÓN:
FALSA TRADICIÓN : 611 COMPRAVENTA DERECHOS Y ACCIONES – SUCESIÓN DE MODESTO
SANDOVAL
PERSONAS
QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
DE:
SANDOVAL CORREA MARÍA MAGDALENA
A:
SANDOVAL CORREA JOSÉ CARLOS
ANOTACIÓN
Nro. 3     Fecha 16/9/1997  Radicación 1228
DOC:
ESCRITURA 478 DEL 10/9/1997 NOTARÍA PRIMERA DE MÁLAGA VALOR ACTO:$2’865.000
ESPECIFICACIÓN:
FALSA TRADICIÓN : 610 COMPRAVENTA DERECHOS Y ACCIONES – SUCESIÓN DE MODESTO
SANDOVAL
PERSONAS
QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
DE:
SANDOVAL DE JAIMES ANA LIBIA
DE:
SANDOVAL CORREA JULIO ERNESTO
DE:
SANDOVAL DE GODOY MARÍA BÁRBARA
DE:
SANDOVAL CORREA MARÍA MAGDALENA
A:
SANDOVAL CORREA JOSÉ CARLOS
ANOTACIÓN
Nro. 4     Fecha 18/12/1998  Radicación 1753
DOC:
ESCRITURA 130 DEL 25/3/1998 NOTARÍA ÚNICA DE CONCEPCIÓN  VALOR ACTO:$70.000
ESPECIFICACIÓN:
FALSA TRADICIÓN : 611 COMPRAVENTA DERECHOS Y ACCIONES – SUCESIÓN DE MODESTO
SANDOVAL
PERSONAS
QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
DE:
SANDOVAL CORREA CELINO
A:
SANDOVAL DE MANRIQUE ALCIRA
ANOTACIÓN
Nro. 5     Fecha 18/12/1998  Radicación 1754
DOC:
ESCRITURA 673  DEL 9/12/1998 NOTARÍA SEGUNDA DE MÁLAGA
VALOR ACTO:$0
ESPECIFICACIÓN:
FALSA TRADICIÓN : 610 VINCULA DERECHOS Y ACCIONES – FALSA TRADICIÓN
PERSONAS
QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
DE:
SANDOVAL DE MANRIQUE ALCIRA
ANOTACIÓN
Nro. 6     Fecha 18/12/1998  Radicación 1754
DOC:
ESCRITURA 673  DEL 9/12/1998 NOTARÍA SEGUNDA DE MÁLAGA
VALOR ACTO:$651.000
ESPECIFICACIÓN:
FALSA TRADICIÓN : 610 COMPRAVENTA DERECHOS Y ACCIONES –SUCESIÓN DE LAURA O
LAURENCIA HERRERA, DE ANA DEODATA JAIMES Y DE MODESTO SANDOVAL
PERSONAS
QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
DE:
SANDOVAL DE MANRIQUE ALCIRA
A:
CASTRO CASTRO JULIO
ANOTACIÓN
Nro. 7     Fecha 10/5/2001  Radicación 0556
DOC:
ESCRITURA 264  DEL 9/5/2000 NOTARÍA PRIMERA DE MÁLAGA
VALOR ACTO: $1’070.000
ESPECIFICACIÓN:
FALSA TRADICIÓN : 610 COMPRAVENTA DERECHOS Y ACCIONES EN COMÚN Y PROINDIVISO
–SUCESIÓN DE MODESTO SANDOVAL
PERSONAS
QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
DE:
SANDOVAL CORREA ELVIA
A:
SANDOVAL CORREA JOSÉ CARLOS
ANOTACIÓN
Nro. 8     Fecha 31/1/2008  Radicación 141
DOC:
ESCRITURA 027  DEL 25/1/2008 NOTARÍA 2 DE MÁLAGA
VALOR ACTO:$8’738.000
ESPECIFICACIÓN:
FALSA TRADICIÓN : 0607 COMPRAVENTA DERECHOS Y ACCIONES EN COMÚN Y PROINDIVISO
–SUCESIÓN DE LAURA O LAURENCIA HERRERA, DE ANA DEODATA JAIMES Y DE MODESTO
SANDOVAL
PERSONAS
QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
DE:
CASTRO CASTRO JULIO
A:
CASTRO SÁNCHEZ ANA LIDIA
ANOTACIÓN
Nro. 9     Fecha 28/8/2009  Radicación 1164
DOC:
ESCRITURA 2767  DEL 15/7/2009 NOTARÍA TREINTA Y SEIS DE BOGOTÁ
VALOR ACTO:$9’175.000
ESPECIFICACIÓN:
FALSA TRADICIÓN : 0610 COMPRAVENTA DERECHOS Y ACCIONES EN COMÚN Y PROINDIVISO
–SUCESIÓN DE MODESTO SANDOVAL. VALOR CON OTRO.
PERSONAS
QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
DE:
SANDOVAL CORREA JOSÉ CARLOS
A:
SANDOVAL JAIMES CAMILO ALEXANDER
A:
SANDOVAL JAIMES HENRY
ANOTACIÓN
Nro. 10   Fecha 28/8/2009  Radicación 1165
DOC:
ESCRITURA 3557  DEL 19/8/2009 NOTARÍA TREINTA Y SEIS DE BOGOTÁ
VALOR ACTO:$0
ESPECIFICACIÓN:
OTRO : 0901 ACLARACIÓN AL NÚMERO CORRECTO DE LA MATRÍCULA INMOBILIARIA DE ESTE
PREDIO
PERSONAS
QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
DE:
SANDOVAL CORREA JOSÉ CARLOS
A:
SANDOVAL JAIMES HENRY
A:
SANDOVAL JAIMES CAMILO ALEXANDER
(…)[141].
192. A
su turno, el folio de matrícula inmobiliaria No. 312-16859 se desprende la
siguiente información:
“DIRECCIÓN
DEL INMUEBLE Tipo de predio RURAL
1) EL
LINDERO
ANOTACIÓN
Nro. 1
Fecha 16/5/1949   Radicación S/N
DOC:
ESCRITURA 535 DEL 10/10/1948  NOT SEGUNDA DE MÁLAGA  VALOR ACTO:$6.000
ESPECIFICACIÓN:
FALSA TRADICIÓN : 610 COMPRAVENTA DERECHOS Y ACCIONES – SUCESIÓN DE LAURA O
LAURENCIA HERRERA Y DE ANA DEODATA JAIMEZ (sic).
PERSONAS
QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
DE:
MEJÍA GARCÍA HERNÁN
A:
SANDOVAL MODESTO
ANOTACIÓN
Nro. 2     Fecha 21/2/1949  Radicación S/N
DOC:
ESCRITURA 536 DEL 12/10/1948 NOT SEGUNDA DE MÁLAGA VALOR ACTO:$1.400
ESPECIFICACIÓN:
FALSA TRADICIÓN : 611 COMPRAVENTA DERECHOS Y ACCIONES 1/5 PARTE – SUCESIÓN DE
ANA DEODATA JAIMES
PERSONAS
QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
DE:
SANDOVAL MODESTO
A: ACUÑA
CRUZ JAIMES
ANOTACIÓN
Nro. 3     Fecha 15/3/1997  Radicación 366
DOC:
ESCRITURA 314 DEL 15/10/1982 NOT ÚNICA DE CONCEPCIÓN VALOR ACTO:$30.000
ESPECIFICACIÓN:
FALSA TRADICIÓN : 610 COMPRAVENTA DERECHOS Y ACCIONES – SUCESIÓN DE CRUZ JAIMEZ
(sic) ACUÑA Y ANA TILCIA BARAJAS DE JAIMES
PERSONAS
QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
DE:
JAIMES VDA. DE SANDOVAL ANA JULIA
A:
JAIMES MEJÍA JOSÉ MARÍA
ANOTACIÓN
Nro. 4     Fecha 15/3/1997  Radicación 367
DOC:
ESCRITURA 725 DEL 14/12/1996 NOT SEGUNDA DE MÁLAGA VALOR ACTO:$0
ESPECIFICACIÓN:
OTRO : 915 VINCULACIÓN DERECHOS Y ACCIONES – SUCESIÓN DE CRUZ JAIMEZ (sic)
ACUÑA Y ANA TILCIA BARAJAS DE JAIMES
PERSONAS
QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
DE:
JAIMES MEJÍA JOSÉ MARÍA
ANOTACIÓN
Nro. 5     Fecha 16/9/1997  Radicación 1228
DOC:
ESCRITURA 478 DEL 10/9/1997 NOT PRIMERA DE MÁLAGA VALOR ACTO:$0
ESPECIFICACIÓN:
FALSA TRADICIÓN : 610 COMPRAVENTA DERECHOS Y ACCIONES COMÚN Y PROINDIVISO – SUCESIÓN
DE MODESTO SANDOVAL
PERSONAS
QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
PERSONAS
QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
DE:
SANDOVAL DE JAIMES ANA LIBIA
DE:
SANDOVAL DE GODOY MARÍA BÁRBARA
DE:
SANDOVAL CORREA MARÍA MAGDALENA
DE:
SANDOVAL CORREA JULIO ERNESTO
A:
SANDOVAL CORREA JOSÉ CARLOS
ANOTACIÓN
Nro. 6     Fecha 29/9/1998  Radicación 1324
DOC:
ESCRITURA 529 DEL 29/9/1998 NOT SEGUNDA DE MÁLAGA VALOR ACTO:$700.000
ESPECIFICACIÓN:
LIMITACIÓN AL DOMINIO : 351 COMPRAVENTA DERECHOS Y ACCIONES COMÚN Y PROINDIVISO
– SUCESIÓN DE CRUZ JAIMEZ (sic) ACUÑA Y ANA TILCIA BARAJAS DE JAIMES
PERSONAS
QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
DE:
JAIMES MEJÍA JOSÉ MARÍA
A:
MANRIQUE DE JAIMES ENCARNACIÓN
ANOTACIÓN
Nro. 7     Fecha 29/9/1998  Radicación 1324
DOC:
ESCRITURA 529 DEL 29/9/1998 NOT SEGUNDA DE MÁLAGA VALOR ACTO:$0
ESPECIFICACIÓN:
LIMITACIÓN AL DOMINIO : 320 SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO
PERSONAS
QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
DE:
JAIMES MEJÍA JOSÉ MARÍA
A:
MANRIQUE DE JAIMES ENCARNACIÓN
ANOTACIÓN
Nro. 8     Fecha 10/5/2001  Radicación 0556
DOC:
ESCRITURA 264 DEL 9/5/2001 NOT PRIMERA DE MÁLAGA VALOR ACTO:$1’070.000
ESPECIFICACIÓN:
FALSA TRADICIÓN : 610 COMPRAVENTA DERECHOS Y ACCIONES COMÚN Y PROINDIVISO –
SUCESIÓN DE MODESTO SANDOVAL. VALOR: CON OTRO
PERSONAS
QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
DE: SANDOVAL
CORREA ELVIA
A:
SANDOVAL CORREA JOSÉ CARLOS
ANOTACIÓN
Nro. 9     Fecha 28/8/2009  Radicación 1164
DOC:
ESCRITURA 2767 DEL 15/7/2009 NOT TREINTA Y SEIS DE BOGOTÁ VALOR ACTO:$9’175.000
ESPECIFICACIÓN:
FALSA TRADICIÓN : 0610 COMPRAVENTA DERECHOS Y ACCIONES CUOTA CON OTRO –
SUCESIÓN DE MODESTO SANDOVAL.
PERSONAS
QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
DE:
SANDOVAL JAIMES HENRY
A:
SANDOVAL JAIMES CAMILO ALEXANDER
ANOTACIÓN
Nro. 10   Fecha 28/8/2009  Radicación 1165
DOC:
ESCRITURA 3557 DEL 19/8/2009 NOT TREINTA Y SEIS DE BOGOTÁ VALOR ACTO:$0
ESPECIFICACIÓN:
OTRO : 0901 ACLARACIÓN AL NÚMERO CORRECTO DE LA MATRÍCULA INMOBILIARIA DE ESTE
PREDIO
PERSONAS
QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
DE:
SANDOVAL CORREA JOSÉ CARLOS
A: SANDOVAL
JAIMES HENRY
A:
SANDOVAL JAIMES CAMILO. (…)”[142].
193. Obsérvese cómo los dos predios que dieron
origen a la Finca El Pino cuentan con sus correspondientes folios de matrícula
inmobiliaria, de los cuales se desprende que aquellos han sido objeto de
posesión por parte de particulares desde el año de 1949.
194. Ahora
bien, se advierte que el juez ordinario, además de tener en cuenta la
existencia de antecedentes registrales respecto del predio El Pino, desplegó
una actividad probatoria tendiente a establecer la naturaleza jurídica del
predio aludido, toda vez que efectuó requerimientos al INCODER y a la Agencia
Nacional de Tierras para que dieran respuesta a unos cuestionarios relacionados
con la calificación jurídica del inmueble rural materia de controversia, tal
como se dejó indicado en la transcripción de la citada contestación, la cual,
por cierto, no fue refutada por la entidad pública tutelante.
195. A
lo cual, se agrega que el referido operador jurídico tuvo en cuenta además
otros medios de prueba relevantes, como son los correspondientes certificados
de tradición y libertad de los predios La Chilca y El Lindero, de los cuales se
segregó el predio El Pino, así mismo que el predio El Pino era objeto de
explotación económica por el señor Sandoval Correa.
196.
Ahora bien, resulta menester advertir que a folio 12 del cuaderno 1 del
expediente T-6090120 obra un oficio expedido por el Registrador Seccional de Málaga,
la cual da cuenta de lo siguiente:
“Para lo
de su competencia y en cumplimiento de la Instrucción Administrativa conjunta
No. 13 de fecha 13-11-2014, proferida por el Gerente del Incoder y
Superintendente de Notariado y Registro, remito copia de los siguientes
documentos:
- Copia
de la sentencia de pertenencia de fecha 31 de agosto de 2016, Juzgado Promiscuo
Municipal de San Miguel S.
- Copia
de certificado de pertenencia.
- Copia
simple de los folios 312-15807, 312-16859.
- Copia
de la Escritura 2767 de fecha 15 de julio de 2009, Notaría Treinta y Seis de
Bogotá, 027 de fecha 25 de enero de 2008 Notaría Segunda de Málaga.
Cabe
anotar que la tradición del predio carece de antecedentes registrales y por
ende de titulares de derechos reales” (Se
destaca).
197. De
la lectura del referido elemento probatorio, se advierte que aun cuando se dejó
indicado que el predio El Pino carece de antecedentes registrales y, por
consiguiente, de titulares de derechos reales, lo cierto es que, tal como se
indicó líneas atrás, el referido bien inmueble fue conformado por la
segregación de los predios El Lindero y La Chilca, bienes inmuebles, respecto
de los cuales sí reposan los correspondientes folios de matrícula inmobiliaria
en el expediente de la referencia. Tan es así, que en la parte resolutiva de la
sentencia de pertenencia se dejó constancia de que dicha providencia judicial
hacía las veces de escritura pública y, por ende, se ordenó al señor
Registrador de Instrumentos Públicos dar apertura al folio de matrícula
inmobiliaria para la finca El Pino.
198. A
propósito de lo anterior, se advierte que el 1° de septiembre del año en curso,
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Málaga allegó oficio No. 691
al proceso de la referencia, en cuya virtud informó que la sentencia
declaratoria de pertenencia dictada dentro del citado proceso ordinario había
sido inscrita; lo anterior, se manifestó en los siguientes términos:
“1. Con
relación a la sentencia del 31 de agosto de 2016, proferida por Juzgado
Promiscuo Municipal de San Miguel dentro del proceso de pertenencia No.
6868664089001-2015-0042-00. La mencionada providencia se registró el 07 de
marzo de 2017 con la siguiente salvedad “SE INSCRIBE LA SENTENCIA A INSISTENCIA
Y RATIFICACIÓN POR OFICIO NÚMERO 292-2015-042 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2015
POR PARTE DEL JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, SANTANDER Y DANDO
CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO 01 DEL 17/2/2017 DE LA SNR.
Dicha
sentencia está relacionada con el saneamiento del inmueble denominado ‘EL PINO’
al cual se le asignó la matrícula inmobiliaria No. 312-27701 ya que el mismo
nace de dos franjas de terreno segregadas de las matrículas 312-15807, un área
de 1 Ha. 8.385 m2 y de la 312-16859 un área de 8.145 m2, para un lote de
terreno con área total de 2 Ha 6.530 metros cuadrados, según lo ordenado por el
Juzgado San Miguel en la providencia antes relacionada”.
199. De
esta manera advierte esta Sala de Revisión que el juez del proceso ordinario
basó su análisis en un conjunto de medios probatorios pertinente, frente al
cual garantizó el derecho de contradicción y con este, el de defensa y debido
proceso, a todos interesados, incluido por supuesto el Estado a través del
INCODER. Cuestión distinta es que esa entidad pública hiciera caso omiso de sus
cargas procesales, asunto que no puede ser remediado por la vía subsidiaria y
completamente excepcional de la acción de tutela contra la providencia judicial
que le afecta y frente a la cual ahora la Agencia Nacional de Tierras formula
sus desacuerdos, sin demostrar que el juez haya proferido una decisión que
carezca del sustento probatorio necesario para dar aplicación a la regulación
legal aplicable al caso; la entidad pública tutelante tampoco demostró que el análisis
del juez sobre los medios de prueba fuese irrazonable, arbitrario, ni
absolutamente equivocado.
200. En
este punto cabe mencionar que algunas de las entidades públicas que actuaron en
el presente asunto solicitaron que se aplicara el precedente judicial contenido
en la sentencia T-488 de 2014, lo cierto es que dicho antecedente hace
referencia a un caso diferente al que ahora ocupa la atención de la Sala,
habida consideración de que en aquel caso se acreditó que la autoridad judicial
desconoció que el folio de matrícula inmobiliaria señalaba que el predio no
tenía dueño conocido y, pese a ello, ignoró la presunción de los bienes baldíos
y, en consecuencia, consideró que el referido bien inmueble podía ser objeto de
apropiación privada.  En esa ocasión, la Sala Quinta de Revisión señaló lo
siguiente:
“En
este caso concreto, la Corte encuentra que el Juzgado Promiscuo del Circuito
de Orocué (Casanare) recibió reporte de la Oficina de Instrumentos Públicos de
Paz de Ariporo indicando que sobre el predio “El Lindanal” no figuraba persona
alguna como titular de derechos reales. En este mismo sentido, el actor Gerardo
Escobar Niño reconoció que la demanda se propuso contra personas
indeterminadas. Pese a ello, el Juzgado promiscuo consideró que el bien objeto
de la demanda es inmueble que “puede ser objeto de apropiación privada”.
Así
planteadas las cosas, careciendo de dueño reconocido el inmueble y no
habiendo registro inmobiliario del mismo, surgían indicios suficientes para
pensar razonablemente que el predio en discusión podía tratarse de un bien
baldío y en esa medida no susceptible de apropiación por prescripción. En
este sentido, el concepto rendido por la Superintendencia de Notariado y Registro
correctamente explicó que ante tales elementos fácticos, lo procedente es
correr traslado al Incoder para que se clarifique la naturaleza del inmueble:
(…).
El
Juzgado Promiscuo de Orocué no solo valoró las pruebas sobre la situación
jurídica del predio “El Lindanal” con desconocimiento de las reglas de la sana
crítica, sino que también omitió sus deberes oficiosos para la práctica de las
pruebas conducentes que determinaran si realmente era un bien susceptible de
adquirirse por prescripción. En efecto, el juez solo tuvo en
cuenta las declaraciones de tres vecinos y las observaciones de una inspección
judicial, para concluir que el accionante había satisfecho los requisitos de
posesión. Tales elementos probatorios, aunque reveladores sobre el ejercicio posesorio,
ciertamente no son pertinentes ni conducentes para determinar la naturaleza
jurídica del predio a usucapir. El juez omitió entonces una prueba
fundamental: solicitar un concepto al Incoder sobre la calidad del predio “El
Lindanal”, presupuesto sine qua non para dar inicio al proceso de
pertenencia”.
201. De
igual forma, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado –ANDJE– citó
como precedentes judiciales las sentencias T-548 y T-549 de 2016, respecto de
las cuales debe señalarse que pese a que también obedecen a circunstancias
fácticas similares a las que se analizan en el presente caso, lo cierto es que,
tales posturas jurisprudenciales no son aplicables al presente asunto, por
cuanto, en aquellos asuntos se estaba en presencia de unos predios que no
contaban con antecedentes registrales y, por consiguiente, no carecían de
dueños reconocidos, mientras que en el proceso No. T-6090120 –se insiste– se
acreditó lo contrario.
202. Por
lo tanto, las consideraciones en las que se fundaron las sentencias T-488 de
2014, T-548 y 549 de 2016 no son aplicables al expediente de tutela No.
T-6090120, básicamente porque los supuestos fácticos de esta última no son
subsumibles en dichas sentencias.
203. De
conformidad con tales consideraciones, esta Sala de Revisión encuentra que el
Juzgado Promiscuo Municipal de San Miguel, Santander, no incurrió en el defecto
fáctico alegado por la entidad pública tutelante, toda vez que la citada
autoridad judicial, fundamentó el fallo correspondiente en elementos de prueba
relevantes, que la misma entidad pública interesada en ese proceso judicial
tuvo la oportunidad de controvertir, los cuales le permitieron concluir de
manera razonable sobre la declaración de la prescripción adquisitiva del
dominio sobre el bien inmueble objeto del proceso de pertenencia.
3.2.3.
Defecto orgánico
204. La
entidad pública tutelante adujo la configuración de un defecto orgánico, por
cuanto, la única institución encargada de adjudicar predios baldíos era el
INCODER –hoy Agencia Nacional de Tierras– y, en tal sentido, el Juzgado
Promiscuo Municipal de San Miguel, Santander, no tenía competencia para
declarar la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio del predio El Pino.
En efecto, manifestó:
“Situaciones
que para el caso sub examine no fueron evaluadas, comprendiendo que la
sentencia del 31 de agosto de 2016, actualmente está ejecutoriada o en firme,
consecuentemente el juez ha desaforado sus funciones, toda vez que el ordenamiento
jurídico no se las ha concedido (defecto orgánico), es decir, infringiendo
la normativa que establece que la propiedad de los terrenos baldíos
adjudicables, sólo puede adquirirse mediante un título traslaticio de dominio
otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria”[143]
(Se
destaca).
205. La Corte no encuentra configurado defecto
orgánico alguno, por cuanto, dentro del presente asunto no se demostró que el
predio El Pino tuviere la naturaleza jurídica de bien baldío, razón por la
cual, no es dable afirmar una supuesta falta de competencia de la autoridad
judicial para declarar la prescriptibilidad del mencionado bien inmueble,
habida consideración que constituye competencia, única y exclusiva, de la
Agencia Nacional de Tierras –antes INCODER– pronunciarse acerca de la
adjudicación de los bienes baldíos[144]
que, no de las autoridades judiciales.
206. Por
último, la Corte no encuentra atendible la solicitud de unificación de
jurisprudencia solicitada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado respecto de la aplicación de la presunción de bienes baldíos prevista en
el artículo 2 de la Ley 200 de 1936, como quiera que a esta Corporación no le
compete proferir jurisprudencia de unificación en esta materia, pues se trata
de un asunto en el cual el órgano de cierre es el Consejo de Estado, o la Sala
Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, dependiendo de cuál sea, en
cada caso, la jurisdicción competente para conocer de los respectivos recursos
en sede judicial.
207. En
efecto, a la jurisdicción ordinaria le corresponde avocar el
conocimiento de la acción de declaración de pertenencia contemplada en el
artículo 375 del Código General del Proceso, mientras que a la jurisdicción
contenciosa administrativa le compete asumir el conocimiento de: i)
las acciones de nulidad que se formulen en contra de las resoluciones de
adjudicación de baldíos[145],
ii) las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra los actos administrativos expedidos por el INCODER –hoy Agencia Nacional
de Tierras–[146]
y  iii) las acciones de revisión contra los actos de extinción
del dominio agrario, o contra las resoluciones que decidan de fondo los
procedimientos de clarificación, deslinde y recuperación de baldíos[147].
4.
Síntesis de la decisión
208. En el asunto de la referencia, la Sala Primera
de Revisión declarará la improcedencia de la acción de tutela formulada por la
Agencia Nacional de Tierras dentro los expedientes acumulados Nos. T-6.090.117,
T-6.113.181, T-6.113.147, T-6.094.898, T-6.094.893, T-6.090.120, de conformidad
con las siguientes razones:
No se
cumplió con el requisito de subsidiariedad
209. En relación con las acciones de tutela
contenidas en los procesos Nos. T-6094893, T-6094898, T-6113147, T-6113181 y
T-6090117, esta Sala de Revisión concluyó que no cumplieron con el requisito de
la subsidiariedad, por cuanto, las sentencias impugnadas, en sede de tutela,
eran susceptibles del recurso de apelación y, contra ellas, la Agencia Nacional
de Tierras –ANT– no formuló el mencionado recurso ordinario.
210.
Adicionalmente, una vez revisados los expedientes de tutela aludidos, esta
Corporación no encontró argumentación alguna por parte de la Agencia Nacional
de Tierras –antes INCODER– que explicara la actitud omisiva en cuanto a la
falta de presentación de los correspondientes recursos de apelación.
No
se configuraron los defectos fáctico y orgánico alegados dentro del expediente
T-6090120
211. No
se configuró defecto fáctico alguno con la expedición de la sentencia dentro
del proceso No. 2015-00042, por cuanto, de la parte resolutiva de la sentencia
se desprende que el Juzgado Promiscuo Municipal de San Miguel, Santander, tuvo
a su disposición los folios de matrícula inmobiliaria de los predios denominados
La Chilca y El Lindero, de los cuales se desprendieron unas porciones de
terreno que conformaron el predio El Pino, razón por la cual, en el presente
asunto no resulta posible concluir acerca de una carencia de material
probatorio o, en su defecto, de una valoración arbitraria o irrazonable de los
medios de prueba relevantes al caso.
212. No
se configuró el defecto orgánico alegado en la acción de tutela, debido a que
en el asunto sub examine no se demostró que el predio El Pino tuviere la
naturaleza jurídica de bien baldío, por consiguiente, no es dable afirmar una
supuesta falta de competencia de la autoridad judicial para declarar la
prescriptibilidad del mencionado bien inmueble, bajo el entendido que es
competencia, única y exclusiva, de la Agencia Nacional de Tierras –antes
INCODER– pronunciarse acerca de la adjudicación de los bienes baldíos.
213. A
manera de resumen, la conclusión respecto del análisis efectuado al interior de
cada uno de los procesos acumulados se sintetiza así:
No. del Expediente
Inmediatez
Subsidiariedad
Defectos fáctico y orgánico
Expediente T-6090117
Sí
se cumple con este requisito
No
se cumplió con este requisito
---
Expediente
T-6090120
Sí se cumple con este requisito
Sí se cumple con este requisito
No se configuraron los defectos alegados
Expediente
T-6113147
Sí
se cumplió con este requisito
No
se cumplió con este requisito
---
Expediente T- 6113181
Sí
se cumplió con este requisito
No
se cumplió con este requisito
---
Expediente
T-6094893
Sí
se cumplió con este requisito
No
se cumplió con este requisito
---
Expediente
T-6094898
Sí
se cumple con este requisito
No
se cumplió con este requisito
---
III.
DECISIÓN
214. Con base en las consideraciones expuestas, la
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR las
sentencias proferidas por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de
Tunja, los días 23 y 24 de noviembre de 2016 dentro de los expedientes
T-6094893 y T-6094898 que concedieron el amparo solicitado y, en su lugar, se
DECLARA IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la Agencia Nacional de
Tierras –ANT– en cada uno de los procesos aludidos.
Segundo.- CONFIRMAR las
sentencias proferidas por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de
Antioquia, los días 11 de noviembre de 2016 dentro de los expedientes T-6113147
y T-6113181, así como las sentencias dictadas por el Juzgado Promiscuo
Municipal de Málaga, Santander, los días 21 y 29 de noviembre de 2016 dentro de
los expedientes T-6090120 y T-6090117, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
Tercero.-
LIBRAR,
por la Secretaría General de esta Corporación, la comunicación de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, comuníquese, y cúmplase.
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (e)
[1] Expediente T-6090117.
[2] Expediente T-6090120.
[3] Expediente T-6094893.
[4] Expediente T-6094898.
[5] Expedientes T-6113181 y T-6113147.
[6] Folios 21-31 cuaderno 1 del expediente T-6090117.
[7] Esta Sala de Revisión advierte que en el hecho No. 7 se hizo
referencia a los defectos sustantivo y orgánico, sin embargo, una vez revisado
en su integridad el correspondiente libelo se observó que los defectos
invocados corresponden al fáctico y al orgánico, por cuanto la argumentación
presentada sustenta la supuesta configuración de tales defectos.
[8] Folios 29-30 cuaderno 1 del
expediente T-6090117.
[9] Folios 39-42 cuaderno 1 del
expediente T-6090117.
[10] Folios 40-41 cuaderno 1 del
expediente T-6090117.
[11] Folio 41 cuaderno 1 del expediente
T-6090117.
[12] Folio 41 cuaderno 1 del expediente T-6090117.
[13] Folio 42 cuaderno 1 del expediente T-6090117.
[14] Folio 71 cuaderno 1 del expediente T-6090117.
[15] Folios 61-62 cuaderno 1 del expediente T-6090117.
[16] Folio 93 cuaderno 1 del expediente T-6090117.
[17] Folios 95-97 cuaderno 1 del expediente T-6090117.
[18] Folio 79 cuaderno 1 del expediente T-6090117.
[19] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
Radicación n.° 15001-22-13-000-2015-00413-01.
[20] Folios. 102-106 cuaderno 1 del expediente T-6090117.
[21] Folios 163-167 cuaderno 1 del expediente T-6090117.
[22] Folios 120-138 cuaderno 1 del expediente T-6090117.
[23] Folios 120-138 cuaderno 1 del expediente T-6090117.
[24]
Artículo 1 de la Ley 200 de 1936: “Se presume que no son baldíos, sino de
propiedad privada, los fundos poseídos por particulares, entendiéndose que
dicha posesión consiste en la explotación económica del suelo por medio de
hechos positivos propios de dueño, como las plantaciones o sementeras, la
ocupación con ganados y otros de igual significación económica. // El
cerramiento y la construcción de edificios no constituyen por sí solos pruebas de
explotación económica pero sí pueden considerarse como elementos
complementarios de ella. La presunción que establece este Artículo se extiende
también a las porciones incultas cuya existencia se demuestre como necesaria
para la explotación económica del predio, o como complemento para el mejor
aprovechamiento de este, aunque en los terrenos de que se trate no haya
continuidad o para el ensanche de la misma explotación. Tales porciones pueden
ser conjuntamente hasta una extensión igual a la mitad de la explotada y se
reputan poseídas conforme a este Artículo”.
[25] Folios 3-8 cuaderno 1 del expediente T-6090117.
[26] Folios 1-11 cuaderno 1 del expediente T-6090120.
[27] Folio 9 cuaderno 1 del expediente T-6090120.
[28] Folio 9 cuaderno 1 del expediente T-6090120.
[29] Folios 45-48 cuaderno 1 del expediente T-6090120.
[30] Folios 46-47 cuaderno 1 del expediente T-6090120.
[31] Folio 47 cuaderno 1 del expediente T-6090120.
[32] Folio 47 cuaderno 1 del expediente T-6090120.
[33] Folios 47-48 cuaderno 1 del expediente T-6090120.
[34] Folios 104-109 cuaderno 1 del expediente T-6090120.
[35] Folios 62-63 cuaderno 1 del expediente T-6090120.
[36] Folios 91-103 cuaderno 1 del expediente T-6090120.
[37] Folios. 81-83 cuaderno 1 del expediente T-6090120.
[38] Folios 78-80 cuaderno 1 del expediente T-6090120.
[39] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
Radicación n.° 15001-22-13-000-2015-00413-01.
[40] Folios 158-161 cuaderno 1 del expediente T-6090120.
[41] Folios 110-131 cuaderno 1 del expediente T-6090120.
[42] Folios 23-33 cuaderno 1 del expediente T-6090120.
[43] Folio 31 cuaderno 1 del expediente T-6113147.
[44] Folio 31 cuaderno 1 del expediente T-6113147.
[45] Folios 36-37 cuaderno 1 del expediente T-6113147.
[46] Folio 36 vto. cuaderno 1 del expediente T-6113147.
[47] 1 CD obrante a folio 58 del cuaderno 1 del expediente
T-6113147.
[48] Folios 59-66 cuaderno 1 del expediente T-6113147.
[49] Folios 68-71 cuaderno 1 del expediente T-6113147.
[50] Folios 73-84 cuaderno 1 del expediente T-6113147.
[51] Folios 78-80 cuaderno 1 del expediente T-6090120.
[52] Folios 89-94 cuaderno 1 del expediente T-6113147.
[53] Folios 93-93 vto. cuaderno 1 del
expediente T-6113147.
[54] Folios 23-33 cuaderno 1 del expediente T-6113181.
[55] Folio 31 cuaderno 1 del expediente T-6113181.
[56] Folio 31 cuaderno 1 del expediente T-6113181.
[57] Folios 36-37 cuaderno 1 del expediente T-6113181.
[58] Folio 36 vto. cuaderno 1 del expediente T-6113181.
[59] 1 Cd obrante a folio 86 del cuaderno 1 del expediente
T-6113181.
[60] Folios 57-64 cuaderno 1 del expediente T-6113181.
[61] Folios 67-78 cuaderno 1 del expediente T-6113181.
[62] Folios 80-83 cuaderno 1 del expediente T-6113181.
[63] Folios 46-53 cuaderno 1 del expediente T-6113181.
[64] Folios 91-96 cuaderno 1 del expediente T-6113181.
[65] Folio 95 cuaderno 1 del expediente
T-6113181.
[66] Folios 2-12 cuaderno 1 del expediente T-6094893.
[67] Folio 10 cuaderno 1 del expediente T-6094893.
[68] Folio 10 cuaderno 1 del expediente T-6094893.
[69] Folio 29 cuaderno 1 del expediente T-6094893.
[70] Folios 33-36 cuaderno 1 del expediente T-6094893.
[71] Folios 38-42 cuaderno 1 del expediente T-6094893.
[72] Folios 1-11 cuaderno 1 del expediente T-6094898.
[73] Folio 9 cuaderno 1 del expediente T-6094898.
[74] Folio 9 cuaderno 1 del expediente T-6094898.
[75] Folios. 28-29 cuaderno 1 del expediente T-6094898.
[76] Folios 33-35 cuaderno 1 del expediente T-6094898.
[77] Folios 36-37 cuaderno 1 del expediente T-6094898.
[78] La falta de acreditación del cumplimiento del
requisito de subsidiariedad fue considerado por el Juzgado Promiscuo Municipal
de Málaga, Santander y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia
como  fundamento para declarar la improcedencia del amparo.
[79] Corte Constitucional, sentencia
T-385 de 2013.
[80] A través de la cual se expidió el
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.
[81] A través del cual “se crea la Agencia Nacional de
Tierras, ANT, se fija su objeto y estructura”.
[82] Artículos
15 y 16 del Decreto 2365 de 2015.
[83] Artículo
15 del Decreto 2365 de 2015.
[84] https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Comunicado-de-Prensa-sobre-la-liquidaci%C3%B3n-del-Incoder.aspx
[85] Se transcribe el
comunicado aludido, así: “La liquidación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
(Incoder) decretada el siete de diciembre de 2015 finalizó el pasado seis de
diciembre del presente año, logrando cumplir con la meta establecida de
liquidar esta entidad en un año, ahorrándole al país dinero, tiempo y
optimizando recursos en beneficio del campo. A continuación se enumeran las
principales acciones que se llevaron a cabo:
1.
En noviembre de 2015, se centralizó la información y recolectaron todos los
archivos de las territoriales con el fin de salvaguardar la documentación del
Incoder. En el proceso de recolección colaboraron el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural con el acompañamiento de la Policía Nacional y la
Procuraduría General de la Nación y se lograron remitir a Bogotá 10.762 cajas
de archivo misional y administrativo. Este archivo fue ubicado en una bodega
especializada y con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la
integridad de los archivos, una vez se informara de manera pública la
liquidación de la entidad. // 2. El Incoder en Liquidación realizó con corte a
siete de diciembre de 2015, el levantamiento del Diagnóstico Integral de
Archivos con el cual se logró identificar la cantidad de documentos con que
contaba la entidad, los asuntos y la ubicación de cada uno. En este diagnóstico
se hizo una clarificación inicial que determinó la cantidad de información que
se debía entregar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y a la Agencia de
Desarrollo Rural (ADR). // 3. En el caso de la ANT se tenía la proyección
de entregar 28.434 cajas de archivos de carácter misional. El seis de diciembre
de 2016 el Incoder en liquidación hizo la entrega física de 31.589 cajas de
archivo, lo que constituye el 111% frente a la meta. // 4. Para la ADR se tenía
la proyección de entregar 2.664 cajas de archivos de carácter misional. El seis
de diciembre de 2016 el Incoder en Liquidación hizo entrega física de 2.771
cajas de archivo lo que constituye el 104% frente a la meta inicial. // 5. El
Incoder en Liquidación hizo entrega a la ADR de 83 distritos de riego de gran,
mediana y pequeña escala a nivel nacional, entre los cuales se cuentan
Ranchería, Tesalia y Triángulo del Tolima. // 6. El Incoder en Liquidación hizo
entrega a la ADR de 1.133 proyectos productivos a nivel nacional. // 7. El
Incoder en Liquidación entregó a la ANT 4.200 bienes del Fondo Nacional
Agrario; así mismo depuró la información que tenía la contabilidad de este
fondo y se legalizaron otras entregas que se habían efectuado durante la
existencia de la institución. // 8. Durante el proceso liquidatorio fueron
incorporados 111 empleos públicos a las Agencias y se suprimieron los demás
empleos existentes, respetando siempre los derechos laborales del retén social
y fuero sindical. // 9. Se entregaron los procesos judiciales a las
Agencias, así como los procesos disciplinarios para que continuaran su debido
trámite. // 10. Así mismo, se hizo entrega a las Agencias de las sedes
físicas, mobiliario, vehículos, infraestructura tecnológica y los aplicativos
que estaban bajo su custodia y administración. // 11. Una vez culminada la
liquidación se constituyó a través de Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A
(Fiduagraria) el patrimonio autónomo de remanentes PAR- Incoder, el cual
continuará con la entrega de los archivos administrativos, realizando la
representación judicial en los procesos que tengan origen en asuntos netamente
administrativos y/o laborales con ocasión del proceso liquidatorio, el pago de
los fallos judiciales y adelantar todos aquellos asuntos que subsistan con
posterioridad al cierre de la liquidación” (Negrillas adicionales fuera del
texto original).
[86] Al respecto,
consultar Sentencia T-796 de 2011: “El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de
tutela como un mecanismo excepcional de protección de los derechos fundamentales
de todas las personas. La jurisprudencia de esta Corporación ha entendido que
del tenor literal de este precepto se derivan dos normas constitucionales: en
primer lugar que las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales
y en segundo lugar que cuentan con legitimación activa para impetrar la acción
de tutela por intermedio de su representante legal. En efecto, ha defendido esta Corporación una interpretación
extensiva del artículo 86 constitucional, en el sentido que esta disposición no
hace distinción entre personas naturales y jurídicas, de derecho privado o de
derecho público, nacional o extranjera, lo que ha llevado a concluir que
cualquier persona jurídica es titular de derechos fundamentales y que puede
acudir a la acción de tutela para su protección dada su condición de sujeto de
derecho. Ahora bien, en lo que si ha hecho distinción es respecto a los
derechos fundamentales de los cuales es titular una persona jurídica, así se ha
dicho que puede le asisten a la persona jurídica están entre otros, los de
igualdad, inviolabilidad de domicilio, petición; debido proceso, libertad de
asociación, acceso a la administración de justicia y el derecho al buen nombre,
sin que esta enunciación pretenda ser exhaustiva” (Se destaca).
[87] Corte Constitucional, Sentencia SU-961 de 1999.
[88] Decreto Ley 2591 de 1991, Artículo 11: “[l]a acción
de tutela podrá ejercerse en todo tiempo salvo la dirigida contra sentencias o
providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos
meses de ejecutoriada la providencia correspondiente”.
[89] Decreto Ley 2591 de 1991, Artículo 12: “[l]a caducidad
de la acción de tutela no será obstáculo para impugnar el acto o la actuación
mediante otra acción, si fuere posible hacerlo de conformidad con la ley”
[90] La declaratoria de inconstitucionalidad de esta norma
se fundó en la unidad normativa con los artículos 11 y 12 declarados
inconstitucionales. Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[91] Corte Constitucional, Sentencia T-291 de 2017.
[92] Corte Constitucional, Sentencia T-172 de 2013.
[93] T 575 de 2002 M.P.
Rodrigo Escobar Gil, T-526 de 2005 M.P. Jaime
Córdoba Triviño, T-890 de 2006 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-243 de
2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-691 de 2009 M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio, T-100 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-047 de 2014 M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo y T-899 de 2014 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[94] Corte
Constitucional, sentencia T-299 de 2009.
[95] Corte
Constitucional, sentencia T-788 de 2013.
[96] Corte
Constitucional, sentencia T-410 de 2013.
[97] En la correspondiente acta de audiencia celebrada el
31 de agosto de 2016 se dejó constancia de que la referida providencia judicial
cobró ejecutoria
[98] Según oficio remitido por el Juzgado Civil Laboral
del Circuito de Yarumal, el 29 de agosto de la presente anualidad, se dejó
constancia de que dicha providencia se dictó el 13 de abril de 2016 y adquirió
fuerza ejecutoria el día 19 siguiente.
[99] A través de oficio remitido por el Juzgado Promiscuo
Municipal de Boyacá, el 29 de agosto del año en curso, se dejó constancia de
que dicha providencia se dictó el 13 de abril de 2016 y adquirió fuerza
ejecutoria el día 19 siguiente.
[100] Según oficio remitido por el Juzgado Promiscuo
Municipal de Boyacá, el 24 de agosto del año en curso, se dejó constancia de
que dicha providencia se dictó en audiencia y, por ende, notificada en
estrados.
[101] De conformidad con el oficio remitido por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Boyacá, el 24 de agosto del año en curso, dicha
providencia se dictó en audiencia y, por ende, notificada en estrados
[102] Consultar sentencia T-543 de 1992.
[103] Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
[104] Folios 22-26 cuaderno 1 del
expediente T-6094893.
[105] Folios
22-24 cuaderno 1 del expediente T-6094898.
[106] Artículo 322 del CGP, numeral 1, inciso 1: “El
recurso de apelación se propondrá de acuerdo con las siguientes reglas: 1. El
recurso de apelación contra cualquier providencia que se emita en el curso de
una audiencia o diligencia, deberá interponerse en forma verbal inmediatamente
después de pronunciada. El juez resolverá sobre la procedencia de todas las
apelaciones al finalizar la audiencia inicial o la de instrucción y juzgamiento,
según corresponda, así no hayan sido sustentados los recursos.
[107] Artículo 322 del CGP, numeral 1, inciso 2: “La
apelación contra la providencia que se dicte fuera de audiencia deberá
interponerse ante el juez que la dictó, en el acto de su notificación personal
o por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación por
estado”.
[108] Folio 26 del cuaderno 1 del expediente T-6094893.
Folios 22-24 cuaderno 1 del expediente T-6094898.
[109] Folios 34-35 cuaderno 1 del expediente T-6094893.
[110] Folios 33-34 cuaderno 1 del expediente T-6094898.
[111] Folios 31-32 cuaderno 2 del
expediente T-6090117.
[112] Folio
24 cuaderno 1 del expediente T-6094898.
[113] Folio 25
cuaderno 1 del expediente T-6114893.
[114] Folios 2-22 cuaderno 1 del expediente T-6113147.
[115] Folios 2-22 del cuaderno 1 del expediente T-6113181.
[116] Folio 2 vto. del cuaderno 1 del expediente T-6090117.
[117] Artículo 375 del CGP: “En las demandas sobre
declaración de pertenencia de bienes privados, salvo norma especial, se
aplicarán las siguientes reglas:
1. La declaración de
pertenencia podrá ser pedida por todo aquel que pretenda haber adquirido el
bien por prescripción.
2. Los acreedores
podrán hacer valer la prescripción adquisitiva a favor de su deudor, a pesar de
la renuencia o de la renuncia de este.
3. La declaración de
pertenencia también podrá pedirla el comunero que, con exclusión de los otros
condueños y por el término de la prescripción extraordinaria, hubiere poseído
materialmente el bien común o parte de él, siempre que su explotación económica
no se hubiere producido por acuerdo con los demás comuneros o por disposición
de autoridad judicial o del administrador de la comunidad.
4. La declaración de
pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de
las entidades de derecho público.
El juez rechazará de
plano la demanda o declarará la terminación anticipada del proceso, cuando
advierta que la pretensión de declaración de pertenencia recae sobre bienes de
uso público, bienes fiscales, bienes fiscales adjudicables o baldíos, cualquier
otro tipo de bien imprescriptible o de propiedad de alguna entidad de derecho
público. Las providencias a que se refiere este inciso deberán estar
debidamente motivadas y contra ellas procede el recurso de apelación.
5. A la demanda
deberá acompañarse un certificado del registrador de instrumentos públicos en
donde consten las personas que figuren como titulares de derechos reales
principales sujetos a registro. Cuando el inmueble haga parte de otro de mayor
extensión deberá acompañarse el certificado que corresponda a este. Siempre que
en el certificado figure determinada persona como titular de un derecho real
sobre el bien, la demanda deberá dirigirse contra ella. Cuando el bien esté
gravado con hipoteca o prenda* deberá citarse también al acreedor hipotecario o
prendario.
El registrador de
instrumentos públicos deberá responder a la petición del certificado requerido
en el inciso anterior, dentro del término de quince (15) días.
6. En el auto
admisorio se ordenará, cuando fuere pertinente, la inscripción de la demanda.
Igualmente se ordenará el emplazamiento de las personas que se crean con derechos
sobre el respectivo bien, en la forma establecida en el numeral siguiente.
En el caso de
inmuebles, en el auto admisorio se ordenará informar de la existencia del
proceso a la Superintendencia de Notariado y Registro, al Instituto Colombiano
para el Desarrollo Rural (Incoder), a la Unidad Administrativa Especial de
Atención y Reparación Integral a Víctimas y al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC) para que, si lo consideran pertinente, hagan las manifestaciones
a que hubiere lugar en el ámbito de sus funciones.
7. El demandante
procederá al emplazamiento en los términos previstos en este código y deberá
instalar una valla de dimensión no inferior a un metro cuadrado, en lugar
visible del predio objeto del proceso, junto a la vía pública más importante
sobre la cual tenga frente o límite. La valla deberá contener los siguientes
datos:
a) La denominación
del juzgado que adelanta el proceso;
b) El nombre del
demandante;
c) El nombre del
demandado;
d) El número de
radicación del proceso;
e) La indicación de
que se trata de un proceso de pertenencia;
f) El emplazamiento
de todas las personas que crean tener derechos sobre el inmueble, para que
concurran al proceso;
g) La identificación
del predio.
Tales datos deberán
estar escritos en letra de tamaño no inferior a siete (7) centímetros de alto
por cinco (5) centímetros de ancho.
Cuando se trate de
inmuebles sometidos a propiedad horizontal, a cambio de la valla se fijará un
aviso en lugar visible de la entrada al inmueble.
Instalada la valla o
el aviso, el demandante deberá aportar fotografías del inmueble en las que se
observe el contenido de ellos.
La valla o el aviso
deberán permanecer instalados hasta la audiencia de instrucción y juzgamiento.
Inscrita la demanda
y aportadas las fotografías por el demandante, el juez ordenará la inclusión
del contenido de la valla o del aviso en el Registro Nacional de Procesos de
Pertenencia que llevará el Consejo Superior de la Judicatura, por el término de
un (1) mes, dentro del cual podrán contestar la demanda las personas
emplazadas; quienes concurran después tomarán el proceso en el estado en que se
encuentre.
8. El juez designará
curador ad lítem que represente a los indeterminados y a los demandados ciertos
cuya dirección se ignore.
9. El juez deberá
practicar personalmente inspección judicial sobre el inmueble para verificar
los hechos relacionados en la demanda y constitutivos de la posesión alegada y
la instalación adecuada de la valla o del aviso. En la diligencia el juez podrá
practicar las pruebas que considere pertinentes. Al acta de la inspección judicial
se anexarán fotografías actuales del inmueble en las que se observe el
contenido de la valla instalada o del aviso fijado.
Si el juez lo
considera pertinente, adelantará en una sola audiencia en el inmueble, además
de la inspección judicial, las actuaciones previstas en los artículos 372 y 373,
y dictará sentencia inmediatamente, si le fuere posible.
10. La sentencia que
declara la pertenencia producirá efectos erga omnes y se
inscribirá en el registro respectivo. Una vez inscrita nadie podrá demandar
sobre la propiedad o posesión del bien por causa anterior a la sentencia.
En ningún caso, las
sentencias de declaración de pertenencia serán oponibles al Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) respecto de los procesos de su
competencia.
PARÁGRAFO 1o. Cuando la prescripción adquisitiva se alegue por
vía de excepción, el demandado deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en los
numerales 5, 6 y 7. Si el demandado no aporta con la contestación de la demanda
el certificado del registrador o si pasados treinta (30) días desde el
vencimiento del término de traslado de la demanda no ha cumplido con lo
dispuesto en los numerales 6 y 7, el proceso seguirá su curso, pero en la
sentencia no podrá declararse la pertenencia. PARÁGRAFO 2o. El
Registro Nacional de Procesos de Pertenencia deberá estar disponible en la
página web del Consejo Superior de la Judicatura” (Se destaca).
[118] Artículo 373 del CGP: “Para la audiencia de
instrucción y juzgamiento se observarán las siguientes reglas: (…). 5. Cuando
la sentencia se profiera en forma oral, la apelación se sujetará a lo previsto
en el inciso 1° del numeral 1° del artículo 322. Cuando sólo se anuncie el sentido
del fallo, la apelación se sujetará a lo establecido en el inciso 2° del
numeral 1° del artículo 322”.
[119] Folios 6-6 vto. cuaderno 1 del
expediente T-6090117.
[120] Folios 13-17 cuaderno 1 del expediente T-6090117.
[121] Artículo 390 del CGP: “(…). Parágrafo 1°: Los
procesos verbales sumarios serán de única instancia”.
[122] Artículo 355 del CGP: “Son causales de revisión:
1. Haberse
encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado
la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso
por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse
declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron decisivos para el
pronunciamiento de la sentencia recurrida.
3. Haberse basado
la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falso
testimonio en razón de ellas.
4. Haberse
fundado la sentencia en dictamen de perito condenado penalmente por ilícitos
cometidos en la producción de dicha prueba.
5. Haberse
dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia recurrida.
6. Haber existido
colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se
dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre
que haya causado perjuicios al recurrente.
7. Estar el
recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de
notificación o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad.
8. Existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era
susceptible de recurso.
9. Ser la
sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes del proceso en que aquella fue dictada, siempre que el recurrente no
hubiera podido alegar la excepción en el segundo proceso por habérsele
designado curador ad lítem y haber ignorado la existencia de dicho proceso. Sin
embargo, no habrá lugar a revisión cuando en el segundo proceso se propuso la
excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.
[123] Corte Constitucional, sentencia T-176 de 2016.
[124] Corte Constitucional, sentencia T-1057 de 2002.
[125] Corte Constitucional, sentencia T-174 de 2016.
[126] Corte Constitucional, sentencia SU-396 de 2017.
[127] Corte Constitucional, sentencia T-079 de 2014.
[128] Corte Constitucional, sentencia T-012 de 2016.
[129] Corte Constitucional, sentencia T-202 de 2017.
[130] Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.
[131] Corte Constitucional, sentencia T-176 de 2016.
[132] Artículo 674 del Código Civil: BIENES PÚBLICOS Y DE USO PÚBLICO. “Se llaman bienes de la Unión
aquéllos cuyo dominio pertenece a la República. // Si además su uso pertenece a
todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y
caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes
públicos del territorio.
// Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes,
se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales”.
[133] Artículo 676 del Código Civil: BIENES BALDÍOS. “Son bienes de la Unión todas
las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales carecen de
otro dueño”.
[134] Artículo 1 de la Ley 200 de 1936,
modificado por el artículo 2 de la Ley 4 de 1973.
[135] Ibídem.
[136] Artículo 102 de la Constitución Política: “El
territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la
Nación”.
[137] Artículo 63 de la
Constitución Política: “Los bienes de uso público, los parques naturales,
las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el
patrimonio ecológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son
inalienables, imprescriptibles e inembargables”.
[138] Corte
Constitucional. Sentencia C-595 de 1995.
[139] Corte
Constitucional. Sentencia C-255 de 2012. De la citada providencia se trae a
colación el siguiente aparte: “(ii) Los bienes fiscales, que también son públicos aun cuando
su uso no pertenece generalmente a los ciudadanos, se dividen a su vez en: (a)
bienes fiscales propiamente dichos, que son aquellos de propiedad de las
entidades de derecho público y frente a los cuales tienen dominio pleno “igual al que ejercen los
particulares respecto de sus propios bienes”; y (b) bienes fiscales
adjudicables, es decir, los que la Nación conserva “con el fin de traspasarlos a los
particulares que cumplan determinados requisitos” (Se destaca).
[140] Folios 15-15 vto. del cuaderno 1 del expediente
T-6090120.
[141] Folios 23-25 cuaderno 1 del expediente T-6090120.
[142] Folios 23-25 cuaderno 1 del expediente T- 6090120
[143] Folio 7 cuaderno 1 del expediente T-6090120.
[144] Artículo 4 del Decreto 2363 de 2015: Artículo 4°.
Funciones. Son funciones de la Agencia Nacional de Tierras, las siguientes:
(…). 11. Administrar baldías la Nación, adelantar los procesos generales y
especiales de titulación y transferencias a las que haya lugar. delimitar y
constituir reservas sobre celebrar contratos para autorizar su aprovechamiento
y regular su ocupación sin perjuicio de lo establecido en los parágrafos 5 y 6
del artículo 85 la 160 de 1994.
[145] Artículo 152 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: Competencia de los
tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…)
12. De la nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos.
[146] Artículo 149 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Competencia del Consejo de
Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o
Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala
disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 9. De la
nulidad con restablecimiento, contra los actos administrativos expedidos por el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, o la entidad que haga sus
veces, que inicien las diligencias administrativas de extinción del dominio;
clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.
[147] Artículo 149 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Competencia del Consejo de
Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o
Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala
disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 10. De la
revisión contra los actos de extinción del dominio agrario, o contra las
resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre clarificación,
deslinde y recuperación de baldíos.