C-060-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-060/08
DERECHO DE LAS VICTIMAS DENTRO DEL PROCESO
PENAL-Reparación integral
y restablecimiento del derecho
Los derechos de las víctimas dentro del proceso penal
tienen una importancia cardinal, y no se agotan en la mera reparación económica
del los perjuicios irrogados con la conducta punible, pues además de la
reparación que debe ser integral, se agregan la posibilidad de conocer la
verdad a cerca de los sucedido y que se haga justicia, sancionando conforme la
ley a quien o quienes hayan cometido el delito.
CANCELACION DE REGISTROS OBTENIDOS
FRAUDULENTAMENTE-Medida
eficaz para lograr el restablecimiento del derecho y la reparación integral
La cancelación de títulos de propiedad y registros
fraudulentamente obtenidos es una medida eficaz y apropiada para el
restablecimiento del derecho y la reparación integral de las víctimas en un
proceso penal
CANCELACION DE REGISTROS OBTENIDOS
FRAUDULENTAMENTE-Solicitud
de la Fiscalía ante certeza de su carácter apócrifo de registros
La Fiscalía debe solicitar al juez la aplicación de
esta medida, siempre que exista certeza suficiente sobre el carácter apócrifo
de aquellos.
PRINCIPIO DE CONSERVACION DEL DERECHO-Aplicación/PRINCIPIO DE CONSERVACION DEL
DERECHO-Constitucionalidad condicionada/CANCELACION DE REGISTROS
OBTENIDOS FRAUDULENTAMENTE-Puede ordenarse en contexto diferente al de la
sentencia condenatoria
En desarrollo del principio de conservación del
derecho, ello conduce a la declaratoria de exequibilidad condicionada de la
expresión “En la sentencia”, bajo el entendido de que igualmente procederá la
orden de cancelación definitiva de los títulos apócrifos cuando quiera que se
dicte otra providencia que ponga fin al proceso penal. Cuando dicha cancelación
deba ordenarse en contexto diferente al de la sentencia de fondo, dicha
decisión sólo podrá tomarse en la medida en que, habiéndose permitido el pleno
ejercicio del derecho de defensa y contradicción de quienes resultaren
afectados por la cancelación, su derecho haya sido legalmente desvirtuado, lo
que ocurre al alcanzarse el convencimiento más allá de toda duda razonable
sobre el carácter fraudulento de dichos títulos.
Referencia: expediente D-6774
Demandante:
Luis Enrique Giraldo Durán
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 101 (parcial) de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal).
Magistrado Ponente:
Dr. NILSON PINILLA PINILLA
Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos
mil ocho (2008).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus
atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el
Decreto 2067 de 1991, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública prevista en el artículo 241 de la Constitución Política,
el ciudadano Luis Enrique Giraldo Durán solicitó
ante esta corporación la declaratoria de
inexequibilidad de la expresión “En la sentencia
condenatoria” que hace parte del artículo 101 (parcial) de la Ley 906 de 2004,
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
La demanda fue inicialmente inadmitida por
no cumplir a cabalidad las exigencias previstas en el artículo 2°
del Decreto 2067 de 1991. Presentado oportunamente por el demandante el
correspondiente escrito de corrección, se admitió mediante auto de junio
4 de 2007,
en el cual además se dispuso
fijar en lista y correr traslado del asunto
al señor Procurador General de
la Nación, para que rindiera el concepto de rigor.
De igual manera se
ordenó comunicar la iniciación de este proceso a los señores Presidente de la República, Presidenta del Congreso y Ministro del Interior y de Justicia. También se extendió
invitación al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a la Academia
Colombiana de Jurisprudencia, a la Comisión Colombiana de Juristas y a las
facultades de derecho de las Universidades Javeriana, Externado de Colombia,
Industrial de Santander, de Antioquia, Santo Tomás y Nacional de Colombia, para que, si lo consideraban pertinente, se
pronunciaran sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del segmento demandado.
Cumplidos los trámites propios de esta
clase de procesos, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II.      LA NORMA
DEMANDADA
El siguiente es el texto de la norma atacada, advirtiéndose que la demanda de inconstitucionalidad se dirige contra la parte subrayada de dicho texto:
“Ley 906 de 2004
(Agosto 31)
Diario Oficial No 45.658 de 1° de septiembre de 2004
Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Penal
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
… …
…
ARTÍCULO 101. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE
REGISTROS OBTENIDOS
FRAUDULENTAMENTE. En cualquier momento y antes de presentarse la acusación, a
petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías dispondrá la
suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando
existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido
fraudulentamente.
En la sentencia condenatoria se ordenará la cancelación de los títulos
y registros respectivos cuando exista convencimiento más allá de toda duda
razonable sobre las circunstancias que originaron la anterior medida.
Lo dispuesto en este artículo también se aplicará
respecto de los títulos valores sujetos a esta formalidad y obtenidos
fraudulentamente.
Si estuviere acreditado que con base en las calidades
jurídicas derivadas de los títulos cancelados se están adelantando procesos
ante otras autoridades, se pondrá en conocimiento la decisión de cancelación
para que se tomen las medidas correspondientes.”
III.    LA DEMANDA
El demandante plantea que el hecho de limitar la posibilidad de
cancelar los títulos y registros apócrifos a los casos en que se logra proferir
sentencia condenatoria, establece una distinción inaceptable entre las posibles víctimas de delitos que involucran la falsificación de títulos de
propiedad. Esta diferencia
consiste en que, mientras algunos de ellos podrán obtener el pleno restablecimiento de su derecho, otros no podrán lograrlo, la cual depende de un hecho ajeno a la
voluntad y posibilidades de la
víctima, como es el éxito de
la acción penal que se hubiere iniciado, al punto de haberse dictado fallo condenatorio en contra de una persona determinada. Conforme al razonamiento del actor, esta restricción contraría varios preceptos constitucionales,
particularmente los artículos 13, 29 y 250, situación que sustenta de la siguiente forma:
En lo que atañe al derecho a la igualdad, se vulnera la norma superior primeramente citada, por cuanto varias personas que
originalmente se encuentran en idéntica situación (fueron víctimas de una defraudación), tendrán diversas posibilidades de lograr el pleno restablecimiento
de su derecho, dependiendo del distinto
resultado del proceso penal
así iniciado.
De otra parte, la restricción implica que en algunos
casos se verá frustrada una de las principales finalidades del proceso penal, como es la reparación a las víctimas, lo cual afecta el derecho de acceder a la
administración de justicia, y con ello, la garantía del debido proceso de
que trata el artículo 29
de la Constitución Política. De igual manera, se obstruye el
cumplimiento de algunas de las
funciones que competen a la Fiscalía General de la
Nación, como son velar por la protección y la asistencia de las víctimas y
procurar la reparación integral y el restablecimiento de sus derechos (num. 6° y 7° del artículo 250 constitucional).
Por las anteriores razones el
actor pide a la Corte declarar la inexequibilidad del aparte normativo demandado.
IV. INTERVENCIONES
4.1. Del Ministerio
del Interior y de Justicia
El Director de
Ordenamiento Jurídico de este
Ministerio presentó un escrito
en el que solicita a la Corte declarar la exequibilidad del segmento
normativo demandado, explicando que todos los códigos de procedimiento penal
expedidos durante los últimos años[1] contuvieron previsiones
semejantes a la ahora demandada, aunque reconoce que no condicionaron de manera
expresa la cancelación de los registros a la existencia de una sentencia
condenatoria.
Sin embargo, analiza que en razón de la
necesidad práctica de tener suficiente certeza de no afectar derechos de
terceros al adoptar este tipo de decisiones, de manera uniforme la
jurisprudencia entendió indispensable contar con la certeza que sólo una sentencia
condenatoria ejecutoriada puede proveer[2]. Así las cosas, la norma aprobada
en el año 2004 no hace otra cosa que recoger la ya entonces decantada postura
jurisprudencial, tanto en la jurisdicción ordinaria como por parte de este
tribunal constitucional.
Por lo anterior, considera que no son
válidas las glosas de constitucionalidad formuladas por el actor, ya que en
realidad no existe identidad de condiciones entre todas las víctimas de este
tipo de ilícitos sino, por el contrario, hay una sustancial diferencia,
consistente en que se haya logrado o no declarar responsabilidad penal, único escenario
donde resulta razonable afectar los derechos de terceras personas, quienes
deberán entonces soportar la correspondiente evicción. Bajo este razonamiento se
infiere que tampoco podrían estimarse afectadas las garantías del debido
proceso, ni asumir que se impide a la Fiscalía General de la Nación la posibilidad
de velar y proteger los derechos de las víctimas, como se lo ordena el artículo
250 superior.
4.2. De la Academia Colombiana de
Jurisprudencia
Este instituto puso a consideración de la
Corte el estudio elaborado por uno de sus miembros, en el cual se solicita
declarar la constitucionalidad del segmento normativo acusado, tras una
extensa reflexión sobre el alcance de los derechos de las víctimas, las
tendencias internacionales sobre la materia y los cambios que al respecto trajo
la aprobación del Acto Legislativo 03 de 2002. Sobre este tema resalta de
manera especial que, según se acepta recientemente, el interés de las víctimas
trasciende la sola indemnización monetaria e incluye, como elemento de gran
importancia, el derecho a conocer la verdad, según sustenta con importantes
citas de la jurisprudencia de esta Corte y con otros documentos legales y doctrinales
relevantes.
De cara a la norma demandada, el
interviniente la compara con aquellas que en los códigos de 1991 y 2000
regularon el mismo tema[3], resaltando que ambas exigían,
aunque con distintas expresiones, la acreditación de la tipicidad penal,
circunstancia que en la práctica es análoga a la planteada en la norma
actualmente vigente y que es objeto de la demanda.
Entonces, teniendo en cuenta que el derecho
de las víctimas no se agota en lo referente a la reparación económica, que es
el tema con el que se relaciona la norma atacada, entiende el representante de la
Academia que ella no transgrede los preceptos constitucionales invocados por el
demandante y, por lo tanto, concluye que los cargos propuestos no están
llamados a prosperar.
4.3. Del Consultorio Jurídico de la
Universidad Santo Tomás
El Director de este Consultorio Jurídico
intervino para apoyar la solicitud del actor en el sentido de que se declare inexequible
el precepto demandado.
Adhiere a los argumentos del censor y los
amplía, ahondando particularmente en lo relacionado con la eventual vulneración
del derecho a la igualdad que se presentaría cuando algunas de las víctimas
logran la reparación económica que resulta de la cancelación de los registros apócrifos
y otras no. Resalta que la causa de la desigual consecuencia no es atribuible a
ellas, sino al distinto resultado de la tarea investigativa que corresponde
adelantar a la Fiscalía General de la Nación, por lo que resulta injusto
trasladar a las víctimas los efectos de una situación sobre la cual no tienen
control alguno.
Menciona también que la exigencia criticada
es contraria a otras normas del Código de Procedimiento Penal (arts. 11 y 22),
que son desarrollo de los principios constitucionales sobre la materia. Así,
entiende el interviniente que esa eventual contradicción es una razón adicional
que demuestra la inconstitucionalidad del segmento normativo acusado.
4.4. De la Fiscalía General de la Nación
El Fiscal General de la Nación presentó a
consideración de la Corte un escrito en el que solicita declarar inexequible
el aparte normativo demandado. Parte también de una consideración previa sobre los
derechos de las víctimas y sobre el concepto de restablecimiento del derecho
(art. 22), resaltando que ambas instituciones tienen actualmente un claro
carácter constitucional. Anota que si bien el pleno restablecimiento de los
derechos de las víctimas es un imperativo, el legislador fue consciente de las
dificultades prácticas que restringen la posibilidad real de lograrlo, por lo
que la ley lo ha desarrollado como un principio de optimización, que obliga a
las autoridades judiciales a adoptar todas las medidas que puedan conducir a
dicho restablecimiento, a efectos de lograr el mayor nivel de reparación posible.
Advierte que esta Corte ha resaltado en varias oportunidades el carácter
verdaderamente mandatorio de las normas que establecen medidas de restablecimiento
del derecho de las víctimas.
A partir de esta argumentación, resalta que
el concepto de restablecimiento del derecho es entonces uno de los elementos
esenciales del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y
del debido proceso, indicando que mal podría hablarse de que el proceso penal
es un recurso eficaz de acceso a la justicia, si no garantiza claramente esta
posibilidad.
Con base en estas consideraciones, pasa a
analizar la exigencia contenida en el artículo 101 parcialmente demandado, de acuerdo
con la cual sólo si hay sentencia condenatoria podrá ordenarse la cancelación
de los registros apócrifos. Señala que este es uno de los mecanismos específicos
de restablecimiento del derecho de las víctimas contemplados en el actual
estatuto procesal penal y resalta que existe disconformidad parcial entre el
contenido de esta norma y el del artículo 22 antes citado, circunstancia que si
bien no prueba la inconstitucionalidad del precepto demandado, si puede
constituir un indicio al respecto.
Finalmente, partiendo de la consideración
de ser esta norma eventualmente restrictiva del derecho de las víctimas al
restablecimiento, propone analizar su constitucionalidad a partir de un test de
razonabilidad, como ha planteado esta Corte frente a este tipo de situaciones. Pide
entonces que así se determine en qué grado la exigencia censurada afecta el
derecho de las víctimas de acceder a la administración de justicia, si el fin
perseguido es legítimo e importante, si el medio escogido es permitido por la
Constitución, y finalmente, si permite alcanzar el objetivo propuesto al
imponer la restricción.
Al respecto, el Fiscal General asume que el
propósito de la exigencia es garantizar la presunción de inocencia de las personas
presuntamente responsables de la correspondiente infracción penal, finalidad
que juzga claramente legítima e importante, pero a continuación señala que, de
conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, la adopción de medidas preventivas
y cautelares no afecta la presunción de inocencia, por lo que mal podría considerarse
que abstenerse de ordenar la cancelación de los registros hasta tanto exista
sentencia condenatoria en firme, protege dicha garantía.
Afirma así que vista la no idoneidad de la
medida para el logro de ese fin (resguardar la presunción de inocencia), es
necesario entender que no se supera el test de razonabilidad y, por
consiguiente, la restricción que condiciona el derecho al restablecimiento para
algunas de las víctimas es ciertamente inexequible.
4.5. Del ciudadano Mauricio Pava Lugo
Este ciudadano adhiere a la solicitud de
declarar la inconstitucionalidad del segmento normativo acusado, con sustento
en el análisis del concepto de víctima dentro del bloque de constitucionalidad,
en la doctrina local e internacional y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
de la cual resalta especialmente la doctrina contenida en la sentencia C-228 de
2002.
Explica que el Código de Procedimiento Penal,
al desarrollar los principios constitucionales sobre la materia, establece en
su artículo 132 que la condición de víctima es independiente del hecho de que
se logre la identificación, aprehensión, enjuiciamiento o condena del autor del
correspondiente delito, por lo que la restricción contenida en el artículo 101
que es objeto de este juicio de constitucionalidad es incompatible con aquel
concepto. Sostiene que la víctima es un pleno y verdadero sujeto procesal, y
que conforme al actual desarrollo de ese concepto, su interés no se agota en la
sola reparación económica, siendo válido incluso que prescinda por completo de
este tipo de propósito.
Finalmente, insiste, al igual que el
demandante, en que resulta injusto que en algunos casos la víctima se vea
privada de la plena reparación, por la sola circunstancia de no haberse
deducido responsabilidad penal en cabeza de una persona específica, por lo cual
respalda el entendimiento de que la necesaria existencia de sentencia
condenatoria como presupuesto para la cancelación de los registros apócrifos es
inconstitucional.
4.6. Intervención extemporánea
Se desprende de lo informado por la Secretaría General de esta corporación,
que con posterioridad al vencimiento del término de fijación en lista se recibió otro escrito, dirigido por el Instituto
Colombiano de Derecho Procesal, donde
se plantea la posibilidad de declarar exequible
el precepto demandado, o la de inhibirse de decidir por ineptitud sustancial de la demanda.
V. CONCEPTO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
Mediante auto Nº 154 de
junio 27 de 2007, la Sala Plena de esta corporación aceptó el impedimento que conjuntamente manifestaron el Procurador General y el Viceprocurador General de la Nación, por haber tomado
parte activa en el trámite de redacción, estudio y aprobación del proyecto que
vino a convertirse en la Ley 906
de 2004. Por ello, el Procurador General mediante resolución 0198 de agosto 1° de
2007 designó para rendir el concepto
a la doctora Carmenza Isaza
Delgado, Procuradora Auxiliar para Asuntos
Constitucionales, quien en escrito recibido en la Secretaría General de esta corporación
el 28 de agosto de 2007 solicitó
a la Corte declarar inexequible el precepto demandado.
Explica que la razón que justifica la cancelación de los títulos en una hipótesis como la
prevista en el artículo
101, parcialmente demandado, es la ilegalidad
de su origen y no necesariamente la comprobación de quién es la persona
responsable de la adulteración. En el mismo sentido, compara la norma actualmente vigente con
las que regulaban el mismo tema en anteriores códigos de procedimiento
penal (Decreto 2700 de 1991 y Ley 600 de 2000), resaltando que aquellas exigían para la cancelación definitiva de los títulos la
plena demostración de los elementos
constitutivos del ilícito penal, pero no necesariamente la condena de la persona responsable.
La representante del Ministerio Público menciona los mismos
antecedentes jurisprudenciales a que se refirió el representante del Ministerio del Interior y de Justicia[4] y reconoce que las mencionadas sentencias
plantearon que la cancelación
ordenada en un momento anterior a la sentencia tendría un carácter provisional
y sólo devendría irrevocable en caso de proferirse fallo condenatorio. Sin
embargo, recalca que la naturaleza espuria del título puede establecerse
materialmente con anterioridad
a la sentencia y, en especial, aunque nunca llegue a comprobarse quién fue el autor de la adulteración, por lo que la orden de cancelación no
debe estar necesariamente atada a la existencia de fallo condenatorio contra una persona determinada.
De otro lado, explica que la discriminación entre víctimas de un mismo tipo de delitos a
que se refiere el actor es patente, por cuanto la sentencia condenatoria exigida bien puede no llegar a producirse como consecuencia de un hecho externo, como puede ser la prescripción de la
acción, la muerte del procesado, la aplicación del principio de oportunidad y otras situaciones semejantes, que
no implican la negación, sino
por el contrario, pueden concurrir, con
la plena certeza
del juez acerca de la procedencia fraudulenta
de los títulos.
Por ello, comparte el parecer del actor
de que la
norma demandada impide la plena vigencia de los derechos de las víctimas en cualquiera de los escenarios antes mencionados, razón por la cual debe ser
declarada inconstitucional. Insiste
también en que la cancelación de estos títulos es una
medida necesaria para hacer cesar de manera eficaz y definitiva los efectos de la actuación delictiva antecedente, que de conformidad con la norma aquí cuestionada
continuarán produciéndose en muchos casos, no obstante la
certeza que exista acerca de
la ilegalidad de aquéllos.
Respalda
también las observaciones del demandante y de algunos otros intervinientes, en el sentido de que la imposibilidad de
decretar la cancelación de los títulos
si no existe sentencia condenatoria, impide a la Fiscalía General de la Nación cumplir cabalmente
su misión de procurar el
restablecimiento de los derechos de las víctimas, frente a cuyo concepto (art. 132 L. 906 de 2004) queda claro que la norma demandada no le protege adecuadamente sus
intereses, al permitir
la eficacia de títulos fraudulentamente obtenidos, pese a la existencia de certeza en el juez acerca de dicha ilicitud.
Por todo lo anterior, concluye solicitando
declarar inexequible el segmento normativo demandado, lo cual no implica afectación al derecho de defensa de los terceros de
buena fe, ya que las normas del actual Código de Procedimiento Penal permiten la oportuna intervención de aquellos
a efectos de demostrar la licitud de sus títulos de propiedad.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1) Competencia.
Desde el punto de vista de lo dispuesto por
el artículo 241 numeral cuarto de la Constitución, la Corte es competente para
conocer de la presente demanda.
2) El contenido de la norma acusada
Previamente a adentrarse en el estudio de
los aspectos de los cuales depende la exequibilidad del segmento normativo acusado,
es conveniente precisar brevemente su contenido y el contexto dentro del cual
debe ser analizado.
Con la expresión demandada, “En la
sentencia condenatoria”, empieza el segundo inciso del artículo 101
de la Ley 906 de 2004, norma que regula la suspensión y cancelación de
registros obtenidos fraudulentamente. El artículo en mención hace parte del
Capítulo III (Medidas cautelares) del Título II (Acción penal) del Libro I
(Disposiciones generales) del Código de Procedimiento Penal expedido mediante
dicha ley.
El inciso primero de dicho artículo prevé
la posibilidad de que, por orden del juez de control de garantías, se suspenda
el poder dispositivo sobre bienes sujetos a registro, cuando existan motivos
fundados para inferir que el correspondiente título fue obtenido
fraudulentamente. A continuación, el inciso segundo prevé la posibilidad de
cancelación de esos mismos títulos “cuando exista convencimiento más allá de
toda duda razonable sobre las circunstancias que originaron la anterior medida”,
entendiéndose que el convencimiento que se exige es sobre la obtención
fraudulenta del título, que en la anterior hipótesis se plantea como
presupuesto de la suspensión del poder adquisitivo sobre los bienes en
cuestión.
Sin embargo, además de la referida convicción,
el inciso segundo plantea una exigencia de momento procesal, al disponer que la
decisión sólo podrá adoptarse en la sentencia condenatoria, siendo este
requerimiento el que es objeto de la presente demanda de inconstitucionalidad.
Así, por más que exista “convencimiento
más allá de toda duda razonable” (palabra esta última excluida en otra
preceptiva) sobre la obtención fraudulenta del respectivo título, la medida de
cancelación no podrá tomarse sino al proferirse sentencia condenatoria, lo que
plantea dos consecuencias principales: i) que en aquellos casos en que esa
certeza surja en un momento procesal anterior a la sentencia, la cancelación
definitiva no podrá ordenarse hasta que no se profiera aquélla; ii), que en el
evento de terminar el proceso de manera definitiva en cualquier otra forma distinta
al fallo condenatorio, será imposible lograr que se ordene la cancelación del
título, con lo que este quedaría generando efectos, no obstante su carácter
evidentemente espurio.
Fijado así el sentido de la expresión demandada,
a continuación serán analizados los temas de los cuales pende la exequibilidad
de esta exigencia.
3) Los problemas jurídicos planteados
A partir de los cargos formulados por el actor,
deberá la Corte resolver los siguientes asuntos, para adoptar la decisión que
corresponda: i) si la exigencia de que haya fallo condenatorio para que pueda ser
cancelado el título, genera una situación de desigualdad o discriminación, que
afecte a algunas de las víctimas de delitos que han involucrado la falsificación
de títulos de propiedad; ii) si esta restricción vulnera el derecho al debido
proceso o la posibilidad de que las víctimas de la conducta punible accedan a
la administración de justicia; iii) si el requisito que se viene comentando
impide a la Fiscalía General de la Nación cumplir con algunas de las funciones que
la Constitución le asigna, en relación con la protección de los intereses de
las víctimas del delito.
La Corte abordará inicialmente el tema
relativo a la hipotética violación del derecho a la igualdad y posteriormente
analizará de manera conjunta los dos restantes, por la estrecha relación
existente entre ellos.
4) Sobre la eventual afectación del derecho
a la igualdad
Sostiene el demandante que la regla según
la cual la cancelación de los títulos apócrifos sólo podrá disponerse “en la
sentencia condenatoria” es violatoria del artículo 13 constitucional, al
establecer diversas consecuencias en torno al restablecimiento de su derecho
para personas que se encuentran en una misma situación, cual es la de haber
sido víctimas de un delito en el que se adulteraron o falsificaron títulos de
propiedad. El argumento es respaldado por varios de los intervinientes, quienes
aducen que se traslada a las víctimas un riesgo que no pueden ellas controlar,
el éxito de la investigación penal, sugiriendo además que éste depende
enteramente de la actuación de la Fiscalía General de la Nación.
Conforme a esta tesis, el rompimiento de la
igualdad vendría dado por el hecho de que la posibilidad de lograr la
cancelación de los títulos adulterados, y con ello el restablecimiento del
derecho de la víctima, dependería de un factor situado más allá de su control,
como es el buen suceso o fracaso de la instrucción criminal que al respecto se
emprenda.
Previamente a pronunciarse en relación con
este punto, y como condición necesaria para ello, es preciso constatar si, en
efecto, existen al interior del grupo que reúne a los sujetos supuestamente
discriminados, condiciones de igualdad que impongan la necesidad de un trato
así mismo igualitario.
Para ello es importante anotar, que dado
que la igualdad en cuanto concepto relacional, es así mismo una noción relativa,
ya que nunca dos cosas podrán considerarse totalmente iguales ni totalmente
diferentes, el grupo cuyos miembros se asumen como originalmente iguales no
puede ser demasiado amplio ni estar definido a partir de criterios que, aunque
claros, resulten irrelevantes para el caso concreto. Por el contrario, ese
conjunto debe poder distinguirse a partir de características que hagan a sus
miembros claramente homogéneos frente a una situación particular, al punto de
poder definir un catálogo de consecuencias previsibles frente a la situación que
les es común, a partir de lo cual resultaría válido plantear un cargo de
inconstitucionalidad como el que en este caso se ha formulado.
Frente al punto que originaría la inconstitucionalidad
por violación del principio de igualdad, y en desarrollo de lo planteado en el
punto anterior, observa la Corte que no existen en realidad condiciones de igualdad
entre todas las personas víctimas de delitos que involucren la adulteración de
títulos de propiedad, al punto de justificar la expectativa de idéntico trato
que expresa el demandante.
Esta apreciación se deriva no sólo del
número previsiblemente alto de personas que conformarían este grupo, sino más
específicamente, del hecho de que, por su trascendencia, la condición que según
observa el demandante origina el distinto tratamiento legal (desigual suerte
del proceso penal que se hubiere iniciado), es en realidad una característica
calificativa importante y suficiente para dar origen a dos distintos grupos de
víctimas, a los que en consecuencia, podría caberles diverso tratamiento legal,
sin que ello traiga consigo lesión al principio consagrado en el artículo 13 constitucional.
En otras palabras, la sola circunstancia de
haber sido víctimas de una defraudación mediante el uso de títulos de propiedad
dolosamente obtenidos es un criterio de igualación que si bien resulta en
principio relevante para los efectos planteados por el actor, no es suficiente
para a partir de él predicar la igualdad de todos los sujetos que se encuentren
en dicha situación y pretender entonces deducir exactamente las mismas
consecuencias jurídicas.
Descartada la posibilidad de realizar un
juicio de igualdad a partir de las consideraciones planteadas por el censor, es
en todo caso pertinente anotar que el hecho de que la suerte del proceso penal
no dependa principalmente de la actuación de la víctima, tampoco bastaría para
poder censurar el trato desigual que a partir de esta circunstancia establezca el
ordenamiento jurídico.
Ello es así por cuanto, de una parte y conforme
con lo postulado por la jurisprudencia de esta corporación, la imposibilidad de
modificar per se las situaciones que dan origen a la diferenciación, no
es razón suficiente para considerar vulnerada la igualdad[5].
Y de otra, porque el éxito o no de la acción penal que se promueva, no depende únicamente
de la mayor o menor diligencia del ente acusador, sino además de un conjunto de
factores inseparables que incluyen el alea propiamente dicha, la actuación del
defensor del procesado y, sin duda, la acción desplegada por la propia víctima,
a quien la ley procesal penal le reconoce amplias posibilidades de actuación a
fin de que pueda contribuir al establecimiento de la responsabilidad penal del
infractor y obtener el pleno restablecimiento de su derecho (Ley 906 de 2004,
arts. 11 y 132 a 137, entre varios otros).
Por todo lo anterior, concluye la Corte que
en el presente caso no se observa vulneración al derecho a la igualdad, por lo cual
todavía no surge razón que imponga declarar la inconstitucionalidad del segmento
normativo atacado.
5) Sobre la afectación al debido proceso,
el acceso efectivo a la administración de justicia, los derechos de las
víctimas y las funciones de la Fiscalía General de la Nación
El actor sostiene que la disposición
conforme a la cual sólo en la sentencia condenatoria podría ordenarse la
cancelación de los títulos fraudulentamente obtenidos, viola el principio
contenido en el artículo 29 constitucional, relacionado con la garantía del
debido proceso. La principal razón para ello es que, a su entender, esa
condición limita las posibilidades de acceso efectivo a la justicia por parte
de las víctimas de las defraudaciones que se vienen comentando. A este respecto
cabe resaltar que, de aceptarse este argumento del demandante, habría también
oposición entre el fragmento normativo acusado y la garantía constituida en el
artículo 229 superior.
También alega que la expresión demandada
impide el cumplimiento de algunas de las funciones que el artículo 250 de la
Constitución Política le asigna a la Fiscalía General de la Nación, para velar
equitativamente por los derechos e intereses de las víctimas de una conducta
punible.
Estos cuestionamientos deben ser resueltos
tomando como punto de partida la doctrina constitucional actualmente vigente en
relación con los derechos de las víctimas, derivada del contenido del artículo
250 superior, entre otros, y de los tratados internacionales vigentes sobre la
materia.
Posteriormente y sobre estas bases, la
Corte examinará los cuestionamientos específicos del actor en torno al debido
proceso y a las funciones de la Fiscalía en relación con las víctimas.
5.1. Doctrina constitucional sobre los
derechos de las víctimas
Durante los años recientes el papel de las
víctimas dentro del proceso penal ha ganado creciente protagonismo, en desarrollo
de una tendencia internacional[6] que se recoge y decanta
en nuestro país dentro del contexto trazado por la Constitución Política de
1991 y los postulados fundamentales sobre Estado social de derecho. En
desarrollo de lo anterior la Corte Constitucional ha delineado una sólida
doctrina sobre el tema, que si bien se inicia incluso antes de la promulgación
del Acto Legislativo 03 de 2002[7], cobra especial
relevancia a partir de su entrada en vigencia y de la gradual implantación del
sistema acusatorio en que se inspira el más reciente Código de Procedimiento
Penal (Ley 906 de 2004), del cual hace parte la disposición cuya exequibilidad
aquí se analiza.
En efecto, a partir de la rectificación
doctrinal contenida en el fallo C-228 de 2002 (Ms. Ps. Manuel José Cepeda Espinosa
y Eduardo Montealegre Lynnet)[8], la Corte ha sostenido que
en virtud del principio de la dignidad humana, los derechos de las víctimas
dentro del proceso penal tienen una importancia cardinal, y no se agotan, como
antaño se consideró, en la mera reparación económica de los perjuicios irrogados
con la conducta punible. Por el contrario, como se ha resaltado, a esa
reparación, que debe ser integral, se agregan la posibilidad de conocer la
verdad acerca de lo sucedido y que se haga justicia, sancionando conforme a la
ley a quien o quienes hayan cometido el delito. A estas conclusiones se ha
llegado sin dejar de ponderar debidamente los derechos y garantías que en las
distintas fases del proceso se reconocen al autor del comportamiento merecedor
de sanción, la mayoría de los cuales tienen también rango constitucional.
Esos planteamientos han sido reiterados de
manera consistente por esta corporación, en particular en las sentencias C-004
de 2003 (M. P. Eduardo Montealegre Lynnet), C-370 de 2006 (Ms. Ps. Cepeda,
Córdoba, Escobar, Monroy, Tafur y Vargas), C-454 de 2006 (M. P. Jaime Córdoba
Triviño), C-575 y C-1033 de 2006 (en ambas M. P. Álvaro Tafur Galvis) y C-209
de 2007 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), pudiendo leerse en la precitada
C-454:
“Esta reconceptualización de los derechos
de las víctimas, a partir de la Constitución, se funda en varios principios y
preceptos constitucionales: (i) En el mandato de que los derechos y deberes se
interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia (Art. 93 CP); (ii) en el hecho de que el
Constituyente hubiese otorgado rango constitucional, a los derechos de las
víctimas (Art. 250 num. 6 y 7 CP); (iii) en el deber de las autoridades en
general, y las judiciales en particular, de propender por el goce efectivo de
los derechos de todos los residentes en Colombia y la protección de los bienes
jurídicos (Art. 2° CP); (iv) en el principio de dignidad humana que promueve
los derechos a saber qué ocurrió, y a que se haga justicia (Art.1° CP); (v) en
el principio del Estado Social de Derecho que promueve la participación, de
donde deviene que la intervención de las víctimas en el proceso penal no puede
reducirse exclusivamente a pretensiones de carácter pecuniario; (vi) y de
manera preponderante del derecho de acceso a la administración de justicia, del
cual se derivan garantías como la de contar con procedimientos idóneos y
efectivos para la determinación legal de los derechos y las obligaciones, la
resolución de las controversias planteadas ante los jueces dentro de un término
prudencial y sin dilaciones injustificadas, la adopción de decisiones con el
pleno respeto del debido proceso, así como la existencia de un conjunto amplio
y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias.”
A partir de lo anterior se ha resaltado la inexorable
obligación de que se garantice, también a las víctimas, el acceso a un recurso
judicial efectivo, apropiado para la realización de los distintos derechos a
que se ha hecho referencia. De allí que pueda considerarse que si el resultado
del proceso penal a que da origen la comisión de un determinado delito no
garantizare debidamente la totalidad de tales derechos, no pueda hablarse con
propiedad sobre la existencia de una vía judicial efectiva a disposición de la
víctima.
5.2. Análisis de la disposición parcialmente
demandada y de sus efectos
En este punto se busca determinar si la regulación
contenida en el artículo 101 de la Ley 906 de 2004, y especialmente en la
expresión demandada, permite el adecuado ejercicio de estos derechos a quienes
fueron víctimas de la conducta punible que se investiga.
A este respecto es útil la comparación del
actual texto con el de las disposiciones que en el pasado regularon este mismo
tema, como son los artículos 61 del Decreto 2700 de 1991 y 66 de la Ley 600 de
2000 (no está subrayado en los textos originales).
La primera de estas disposiciones
establecía en relación con el tema:
“ARTICULO 61. Cancelación de registros
obtenidos fraudulentamente. En cualquier momento del proceso en que aparezca
demostrada la tipicidad del hecho punible que dio lugar a la obtención de
títulos de propiedad sobre bienes sujetos a registro, el funcionario que esté
conociendo el asunto ordenará la cancelación de los títulos y del registro
respectivo.”
La norma de la Ley 600 de 2000 (todavía
rigiendo para lo instituido según los artículos 533 y 530 de la Ley 906 de 2004),
es de este tenor:
“ARTICULO 66. En cualquier
momento de la actuación, cuando aparezcan demostrados los elementos objetivos
del tipo penal que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad o de
gravámenes sobre bienes sujetos a registro, el funcionario que esté conociendo
el asunto ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos.”
Por su parte, recuérdese que la disposición
aquí demandada (fragmento del 2° inciso del artículo 101 de la Ley 906 de 2004),
estatuye:
“En la sentencia condenatoria se
ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos cuando exista
convencimiento más allá de toda duda razonable sobre las circunstancias que
originaron la anterior medida.”
La comparación de las tres normas transcritas
evidencia que tienen en común la exigencia de que se haya acreditado la
tipicidad del delito de que se trata, requerimiento que resulta lógico en la
medida en que de esta manera la administración de justicia actúa sobre bases
firmes, sin alterar, antes de contar con muy sólido sustento, los derechos de
terceros de buena fe a cuyo nombre pudiere encontrarse el título que es objeto
de cancelación.
En efecto, que previamente tenga que
acreditarse la cabal demostración de la tipicidad - elementos objetivos del
tipo -, preserva la presunción de buena fe hasta el momento en que quede
plenamente desvirtuada, o que se imponga el derecho genuino por encima de los
que se edificaron sobre bases espurias.
Posiblemente en esta misma línea, la norma
más recientemente expedida agregó al “convencimiento más allá de toda duda
razonable” la circunstancia de que esta decisión sólo podría adoptarse “en
la sentencia condenatoria”.
Pero este cambio normativo implica un
inconstitucional retroceso en la protección de los auténticos titulares del
derecho, que ha de ser restablecido por mandato de un principio rector del
mismo Código de Procedimiento Penal (art. 22 L. 906 de 2004), el cual debe prevalecer
y aplicarse obligatoriamente sobre cualquier otra disposición de tal Código
(art. 26 ib.), “para hacer cesar los efectos producidos por el delito” y
procurar que “las cosas vuelvan al estado anterior” a la perpetración
criminosa, de modo que, si ello fuere posible, quede como si no se hubiere
atentado contra el respectivo bien jurídico, lo cual debe realizarse “INDEPENDIENTEMENTE
DE LA RESPONSABILIDAD PENAL” (no está en mayúsculas ni negrilla en el texto
original).
Ese valioso principio fundamental del
restablecimiento del derecho, incluido como norma rectora de todos los
estatutos procesales penales colombianos desde el Decreto 050 de 1987, adquirió
expresa incorporación constitucional en 1991, en el texto original del artículo
250 (numeral 1°), con reafirmación a partir del Acto Legislativo 03 de 2002
(numeral 6°), de manera que cualquier disposición legal que lo contraríe será
inconstitucional.
Esa reforma cae también en la
incongruencia. Las dos normas anteriores a la del fragmento demandado permitían
(permiten, en las acciones penales que se continúan adelantando bajo la Ley 600
de 2000), adoptar esta decisión “en cualquier momento de la actuación” en
que aparezca demostrada la tipicidad - los elementos objetivos - de la conducta
punible, oportunidad que en el sistema procesal acusatorio no procedería, en
contravía a lo que es su plausible avance en defensa de los derechos de las
víctimas.
Adviértase que, tal como lo exponen varios
intervinientes, pueden existir diversas situaciones en las que se cuente a
cabalidad con prueba suficiente sobre los elementos objetivos del tipo penal,
sin que se reúnan, en cambio, las exigentes condiciones que son necesarias,
particularmente en cuanto a la responsabilidad penal, para poder proferir sentencia
condenatoria (art. 7° Ley 906 de 2004), siendo necesario entonces emitir un
fallo absolutorio.
También pueden presentarse casos en los que exista “convencimiento
más allá de toda duda razonable” sobre el carácter apócrifo del título de
adquisición, pero ninguna información acerca de los posibles responsables de
dicha adulteración, circunstancia en la cual no podrá procederse al archivo de
las diligencias por parte de la Fiscalía, por cuanto esta situación no encuadra
en los supuestos que para esta decisión prevé el artículo 79 de la misma Ley
906 de 2004. Por el contrario, el ente investigador debe continuar ejerciendo
la acción penal a fin de poder determinar quiénes fueron los autores de dicha
conducta punible, y mientras tanto, de acuerdo con lo establecido en los ya
citados artículos 22 ibídem y 250.6 de la Constitución Política, deberá adoptar
las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito, y
de ser posible, que las cosas vuelvan al estado anterior, independientemente de
la responsabilidad penal.
Finalmente, puede surgir también un factor de
extinción de la acción penal, como alguna causal de preclusión u otras situaciones
que la terminan (muerte del procesado antes de proferirse sentencia, prescripción
o, en los casos previstos por la ley, mutatis mutandis y dentro de sus
propias condiciones legales y aún constitucionales, algunas de ellas
preservantes de los derechos de las víctimas, como indemnización integral,
pago, desistimiento, amnistía propia, aplicación del principio de oportunidad).
Así las cosas, no obstante que se hubiere arribado
al “convencimiento más allá de toda duda razonable” sobre el carácter
fraudulento del título en cuestión, la ocurrencia de cualquiera de las situaciones
últimamente reseñadas traería como consecuencia la definitiva imposibilidad,
pues no habrá fallo condenatorio, de obtener la cancelación del título apócrifo,
necesaria para lograr el pleno restablecimiento del derecho de la víctima.
En la misma línea planteada por el
demandante, la Corte encuentra que esta situación se deriva precisamente de que
la norma demandada exija que dicha decisión se tome exclusivamente en la
sentencia condenatoria, que nunca se producirá en las comentadas
eventualidades. De no existir tal restricción, la cancelación podría ordenarse siempre
que objetivamente exista prueba suficiente de la contrafacción, de manera
semejante a como ocurriera con la aplicación de las normas anteriores, transcritas
páginas atrás.
Es claro entonces que por efecto del
requisito contenido en la expresión “En la sentencia condenatoria”, el
segundo inciso del artículo 101 parcialmente demandado puede dar lugar a situaciones
en las que antijurídicamente se pierda por completo la posibilidad de que la
víctima obtenga el pleno restablecimiento de su derecho, mediante la cancelación
de los títulos y registros fraudulentamente obtenidos.
Al analizar medidas semejantes a ésta y
teniendo en cuenta los alcances de la protección constitucional “a la
propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes
civiles” (art. 58), la Corte ha resaltado[9], tal como
ahora reitera, la importancia de que los correctivos previstos en la ley para
volver las cosas a su estado original y desvirtuar los derechos arrogados
contrariando el orden jurídico, se apliquen de manera pronta y efectiva, de
modo que se evite la continuación y/o la consumación de situaciones irregulares,
así como la de los perjuicios que ellas injustamente causan.
Esta consideración, junto a la relativa a la
importancia y especial protección constitucional que, según se ha explicado,
tienen los derechos de los damnificados por los delitos, hacen que no resulte necesario,
razonable ni justo que el restablecimiento se condicione de manera indefinida,
o peor aún, pueda frustrarse definitivamente.
Por todo lo anterior, encuentra la Corte
que por efecto de la expresión demandada, algunas de las víctimas de este tipo
de delitos no tienen completamente garantizado el derecho a acceder a la
administración de justicia, para que pronta y cumplidamente se le defina la
restitución a que tiene derecho, situación que a su turno vulnera,
parcialmente, las garantías constitucionales del debido proceso y el
restablecimiento del derecho (arts. 229, 29 y 250-6 constitucionales,
respectivamente).
Ha de resaltarse, claro está, que como
constante frente a todo lo analizado, también opera el respeto debido a los
principios fundamentales que trazan la forma, caracteres y fines del Estado
social de derecho (arts. 1°, 2° y preámbulo de la Constitución).
Igualmente le asiste razón al actor, a la Procuradora Auxiliar para Asuntos
Constitucionales y a algunos
intervinientes, en sus argumentos de que la expresión demandada impide que la
Fiscalía General de la Nación cumpla a plenitud algunas de las obligaciones que
la Constitución le asigna, en relación con la protección y restablecimiento de
los derechos e intereses de las víctimas, particularmente las listadas en los
numerales 6° y 7° del actual texto del artículo 250 superior.
En efecto, dado que la cancelación de
títulos de propiedad y registros fraudulentamente obtenidos es una medida
eficaz y apropiada para lograr el restablecimiento del derecho y la reparación
integral de las víctimas en un proceso penal, además dentro de los cánones de
la justicia restaurativa, la Fiscalía debe, en ejercicio de las facultades
antes indicadas, solicitar al juez la aplicación de esta medida, siempre que
exista certeza suficiente sobre el carácter apócrifo de aquéllos. Así, resulta
inconstitucional que tal medida sólo pueda adoptarse en caso de proferirse una
condena, puesto que ello provoca la improcedencia de dicha solicitud cuando
quiera que el proceso concluya con un pronunciamiento distinto a aquélla.
6) Conclusión
Se desprende de lo analizado en páginas
precedentes que si bien resulta razonable que sólo al final del proceso se
adopte una decisión definitiva sobre la cancelación de los títulos apócrifos,
el hecho de que ello sólo pueda ocurrir dentro de la sentencia condenatoria, tal
como lo exige el inciso 2° del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, puede sin
duda llegar a excluir el acceso de las víctimas a la administración de
justicia, pues al terminar el proceso penal de diferente manera, quedaría
extinguido para ellas y concretamente para el legítimo titular, el poder
dispositivo sobre los bienes a que tales títulos se refieren. Se quebranta así
la garantía de acudir a un debido proceso que la Constitución Política reconoce
y se crea un obstáculo para el cumplimiento de algunas de las obligaciones que
el texto superior le impone a la Fiscalía General de la Nación para que vele eficientemente,
como le es indefectible hacerlo, por los intereses de las víctimas y contribuya
a proteger y restablecer sus derechos.
Por lo anterior, concluye la Corte que la
palabra “condenatoria” resulta entonces contraria al contenido de varias
normas constitucionales, como los artículos 29 (debido proceso), 229 (acceso a
la administración de justicia) y 250 (funciones de la Fiscalía General de la Nación),
por lo cual debe entonces declararse su inexequibilidad.
En lo que atañe a la expresión “En la
sentencia”, que también hace parte del segmento normativo acusado, la Corte
acoge parcialmente el planteamiento del demandante y los coadyuvantes, así como
el de los impugnadores. Ello por cuanto, si bien se entiende que sólo al término
del proceso penal puede existir certeza suficiente para justificar la definitiva
cancelación de los títulos fraudulentamente obtenidos, no es menos cierto que
dicha certeza bien puede haberse generado como resultado del debate probatorio
surtido durante el proceso, aun cuando éste haya concluido, bien mediante
sentencia absolutoria, bien por efecto de alguna otra decisión de las que
supone la imposibilidad de continuarlo, como aquellas que implican la extinción
de la acción penal, y todas las demás a que la Corte tuvo oportunidad de
referirse páginas atrás.
En desarrollo del principio de conservación
del derecho, ello conduce entonces a la declaratoria de exequibilidad
condicionada de la expresión “En la sentencia”, bajo el entendido de que
igualmente procederá la orden de cancelación definitiva de los títulos
apócrifos cuando quiera que se dicte otra providencia que ponga fin al proceso
penal.
En todo caso y para plena claridad, la
Corte Constitucional advierte que en cualquier evento en que, de acuerdo con lo
expuesto, la cancelación de los títulos apócrifos deba ordenarse en un contexto
diferente al de la sentencia de fondo, dicha decisión sólo podrá tomarse en la
medida en que, habiéndose permitido el pleno ejercicio del derecho de defensa y
contradicción de quienes resultaren afectados por la cancelación, su derecho
haya sido legalmente desvirtuado, lo que ocurre precisamente al alcanzarse el “convencimiento
más allá de toda duda razonable” sobre el carácter fraudulento de dichos
títulos, requisito cuyo rigor obviamente se mantiene, así no se logre la
identificación, vinculación y condena de la o las personas penalmente
responsables.
VII.   DECISION
En mérito
de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar INEXEQUIBLE la palabra “condenatoria”
y EXEQUIBLE el resto de la expresión acusada contenida en el inciso 2°
del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que la
cancelación de los títulos y registros respectivos también se hará en cualquier
otra providencia que ponga fin al proceso penal.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
Cúmplase.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Presidente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
CON ACLARACIÓN DE VOTO
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
IMPEDIMENTO ACEPTADO
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
AUSENTE EN COMISIÓN
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACION
DE VOTO A LA SENTENCIA C-060 DE 2008 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
SUSPENSION DE TITULOS DE BIENES SUJETOS A
REGISTRO Y CANCELACION DE TITULOS Y REGISTROS-Dos fenómenos distintos (Aclaración de voto)
SUSPENSION DE TITULOS DE BIENES SUJETOS A
REGISTRO Y CANCELACION DE TITULOS Y REGISTROS-Medidas no contempladas en los eventos de terminación
del proceso de manera anormal como preclusión (Aclaración de voto)
SUSPENSION Y CANCELACION DE TITULOS Y
REGISTROS-Sólo en la etapa
del juicio (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente D-6774
Demandas de inconstitucionalidad
contra el artículo 101 (parcial) de la Ley 906 de 2004
Magistrado
Ponente:
NILSON
PINILLA PINILLA
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones de esta Corte, me permito aclarar mi voto a la decisión adoptada en
esta providencia respecto de la motivación de esta decisión, con fundamento en
las siguientes razones y consideraciones:
En concepto de este magistrado sólo es
inexequible la expresión “condenatoria” tal como se acogió en la parte
resolutiva de esta sentencia.   A este respecto, debo aclarar que el
artículo 101 de la Ley 906 de 2004 se refiere a dos fenómenos distintos: uno, a
la suspensión de los títulos o del poder dispositivo de los bienes sujetos a
registro, que es una medida precautelativa, y otro, a la cancelación de los
títulos y registros respectivos, cuando se pone punto final al proceso mediante
una sentencia. Así las cosas, la inexequibilidad de la totalidad de la
expresión demandada “en la sentencia condenatoria”, le hubiera quitado la
posibilidad de cancelación de los títulos al juez de conocimiento al momento de
la sentencia. Sobre este tema, es de observar que lo normal es que el proceso
penal termine con una sentencia y en ese momento procesal es cuando el juez
debe decidir sobre los títulos de que trata la norma demandada,
independientemente de si la sentencia es absolutoria o condenatoria.
De otra parte, considero conveniente
observar que en el nuevo procedimiento penal sólo se cambió la denominación de
esta figura que contempla no sólo la suspensión sino más allá la cancelación de
títulos de propiedad y los registros respectivos, así como manifestar mi inquietud
respecto de la situación que tiene lugar cuando el proceso termina de manera
anormal por preclusión, que equivale a una sentencia. En mi criterio, en esta
sentencia se debieron cobijar todas las hipótesis. Así mismo, considero
conveniente aclarar que cuando el legislador habla de sentencia, no debe
entenderse una providencia distinta a ella, es decir, a la decisión mediante la
cual se pone punto final al proceso. Igualmente, debo resaltar que como en el
sistema penal acusatorio sólo se presentan las pruebas en la etapa del juicio,
sólo en ese momento es que puede haber una definición respecto de los títulos y
los registros respectivos, y no en la etapa inicial de investigación.
De conformidad con lo anterior, considero
necesario insistir en que la cancelación de títulos fraudulentos en la
sentencia no es inconstitucional, y que lo único inconstitucional es la
expresión “condenatoria”. Así mismo, considero conveniente aclarar que la norma
demandada parte del supuesto de que hay un delito unido a un título, de modo
que  la suerte final del título no se puede resolver sin que se solucionen los
temas penales de manera definitiva. A este respecto, debo afirmar que la
garantía de los derechos es para todos los sujetos procesales y tiene que ver
con la igualdad de derechos de la persona imputada. Por esta razón, considero
que en este caso no se trata sólo de la afectación de los derechos del que
denuncia, sino también del denunciado. En este sentido, me permito afirmar que
no se puede tener en cuenta sólo los derechos de las víctimas, olvidando los
derechos del imputado. Por tanto, insisto en que la cancelación de títulos debe
diferirse a una decisión final, independientemente de su sentido, tal y como lo
prevé la norma demandada.
Debo reiterar por tanto, que comparto la
bondad de la formula de fallo adoptada en esta sentencia, en cuanto se declara
la inconstitucionalidad de la expresión “condenatoria”, pues también en
la sentencia absolutoria debería  proceder la cancelación de los títulos
fraudulentos, como quiera que el denunciado puede asistirle razón.  Así mismo,
me permito insistir en la bondad de la norma demandada, en cuanto permite la
suspensión de la disposición de los bienes, como medida cautelar. En esta
hipótesis, se valora cómo puede verse afectado el tercero.
Finalmente, para el suscrito magistrado es
claro que en la presente demanda no se arguyó que no se pudiera hacer la
cancelación de títulos en la sentencia, sino que sólo se pudiera hacer cuando
se profiriera sentencia condenatoria, pues se deben considerar otras hipótesis,
como el  fallo absolutorio y otras formas de terminación del proceso, sin
entrar al punto de la preclusión. Por tanto, debo reiterar aquí que lo que
reguló el legislador mediante la norma demandada tiene pleno sentido jurídico y
se encuentra ajustado a la Constitución, salvo la expresión “condenatoria”, por
cuanto esta norma busca evitar que se siga transfiriendo una propiedad viciada
y afectar derechos de terceros buena fé, de manera que lo inconstitucional es
haber dejado por fuera otro tipo de providencias.
Con fundamento en lo anterior, aclaro mi
voto a la presente sentencia.
Fecha ut supra.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1] Decreto 050 de 1987,
Decreto 2700 de 1991 y Ley 600 de 2000.
[2]
Se refiere a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de diciembre 3 de
1987 (M. P. Jairo Duque Pérez), que declaró la exequibilidad del artículo 53
del Decreto 050 de 1987 y a la sentencia C-245 de 1993 de la Corte
Constitucional (M. P. Fabio Morón Díaz), que bajo similares razonamientos
declaró la exequibilidad del artículo 61 del Decreto 2700 de 1991.
[3] Arts. 61 del Decreto 2700
de 1991 y 66 de la Ley 600 de 2000.
[4] Ver nota 2 de pie de
página.
[5]
Cfr. a manera de ejemplo la sentencia C-093 de 2001 (M. P.
Alejandro Martínez Caballero) donde la Corte encontró exequible una
diferenciación legal establecida a partir de la edad de los interesados.
[6]
El interés por el tema en el entorno internacional se ve
reflejado, por ejemplo, en la adopción por parte de la Asamblea General de las
Naciones Unidas de la Resolución 40/34 de noviembre 29 de 1985, sobre “Principios
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder”.
[7] Cfr. sentencia C-1149 de
2001 (M. P. Jaime Araújo Rentería) en la que se declaró la inexequibilidad
parcial de varias normas de la Ley 522 de 1999 relativas al papel de la parte
civil dentro de la justicia penal militar.
[8]
Redefine el rol y las facultades de la parte civil en el
proceso penal, frente a la doctrina contenida en la sentencia C-293 de 1995 (M.
P. Carlos Gaviria Díaz).
[9] Cfr. C-245
de 1993 (M. P. Fabio Morón Díaz).