C-310-04
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-310/04
HIJO LEGITIMO E ILEGITIMO-Calificación resulta contraria a los
nuevos valores en que se inspira la Constitución
FALIMIA-Constitución/FAMILIA MATRIMONIAL Y
EXTRAMATRIMONIAL-Existencia/HIJOS MATRIMONIALES, EXTRAMATRIMONIALES Y
ADOPTIVOS-Iguales derechos y deberes
HIJOS LEGITIMOS-Definición
LEGITIMACION DEL HIJO-Clases
LEGITIMACION IPSO JURE DEL HIJO-Hipótesis que se presentan/LEGITIMACION
DEL HIJO POR ACTO BILATERAL-Procedencia
IMPUGNACION DE LA LEGITIMACION DEL HIJO-Regulación legal de plazos
IMPUGNACION DE LA LEGITIMACION IPSO JURE
DEL HIJO-Plazo/IMPUGNACION
DE LA LEGITIMACION DEL HIJO MATRIMONIAL-Plazo
IMPUGNACION DE LEGITIMIDAD DEL HIJO
MATRIMONIAL E IMPUGNACION DE LEGITIMACION IPSO JURE DEL HIJO-Plazo es igual al concebido fuera del
matrimonio pero nacido dentro de él/IMPUGNACION DE PATERNIDAD-Plazo
El
plazo para impugnar la legitimidad del hijo propiamente matrimonial es igual al
plazo para impugnar la legitimación ipso jure de los hijos concebidos fuera del
matrimonio pero nacidos dentro de él, y está legalmente fijado en sesenta días,
que como regla general empiezan a contarse desde que se tiene conocimiento del
nacimiento del hijo. Es decir, para todos los hijos que nacen dentro del
matrimonio, el plazo para impugnar la paternidad el mismo de los sesenta días.
IMPUGNACION DE LEGITIMACION
POR ACTO BILATERAL E IMPUGNACION DE LEGITIMACION IPSO JURE DEL HIJO-Plazo diferente
dependiendo de quien lo proponga
IMPUGNACION DE LA
LEGITIMACION DEL HIJO-Plazo diferente entre ascendientes legítimos del padre o
madre legítimamente y los que prueben un interés actual en ello/IMPUGNACION DE LA LEGITIMACION DEL HIJO-Amplitud del plazo
resulta menos garantista de los derechos
IMPUGNACION DE LA
LEGITIMACION-Distinción
de trato respecto del plazo
IMPUGNACION DE LA
LEGITIMACION-Diferencia
de trato entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio concediendo respecto
de los últimos un plazo mayor para con algunos interesados
IGUALDAD DE DERECHOS Y
DEBERES ENTRE HIJOS HABIDOS EN EL MATRIMONIO O FUERA DE EL-No justificación de
establecimiento de plazo diferente para consolidación del estado civil
ACCION DE IMPUGNACION DE LA
LEGITIMACION-Distinción
en plazo de caducidad de la legitimación concedida a ascendentes del legitimado
y el otorgado a demás interesados
LIBERTAD DE CONFIGURACION
LEGISLATIVA EN CADUCIDAD DE LAS ACCIONES-Límites en establecimiento de
términos
Si bien es
función del legislador establecer los términos de caducidad de las acciones,
para lo cual goza de cierta discrecionalidad, ello no puede conducir a
tratamientos dispares que no estén soportados en situaciones de hecho realmente
distintas, o en criterios de diferenciación constitucionalmente válidos.
PRINCIPIO DE IGUALDAD EN IMPUGNACION DE LA LEGITIMACION-Plazo para iniciar la acción por los interesados
La Corte
declarará la inexequibilidad de la palabra “trescientos” contenida en el último
inciso del artículo 248 del Código Civil, y la exequibilidad del resto de la
expresión acusada, bajo el entendido según el cual los interesados en impugnar
la legitimación distintos de los ascendientes legítimos del padre o madre
legitimantes, para incoar la acción tendrán un plazo de sesenta días
subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer
su derecho.
Referencia: expediente D-4827
Demanda de inconstitucionalidad parcial
contra el  artículo 248 del Código Civil.
Actora:  Elizabeth Lesmes Ávila.
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY
CABRA
Bogotá, D. C.,
treinta y uno (31) de marzo de dos mil cuatro (2004).
La Sala Plena
de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de
1991, ha proferido la presente Sentencia con base en los siguientes,
I.
ANTECEDENTES
La ciudadana Elizabeth Lesmes Avila, en ejercicio de
la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242
de la Constitución Política, demandó la inexequibilidad parcial del artículo
248 del Código Civil.
El
Magistrado Sustanciador, mediante Auto del 4 de septiembre de 2003, admitió la
demanda, dispuso su fijación en lista, y simultáneamente, corrió traslado al
señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su
competencia. En la misma providencia, se ordenó comunicar la iniciación del
proceso al Presidente del Congreso de la República, al Ministro del Interior y
de Justicia, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y al Director del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que intervinieran si lo
consideraban conveniente.
Una vez cumplidos los trámites previstos en
el artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991,
procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.
II. TEXTO DE
LA NORMA ACUSADA
A continuación se transcribe el texto de la
disposición acusada, adoptada mediante la Ley 57 de 1887, destacando y
subrayando el aparte demandado:
"Artículo
248. En los demás casos podrá impugnarse la legitimación, probando alguna de
las causas siguientes:
1. Que el legitimado no ha podido tener por
padre al legitimante.
2. Que el legitimado no ha tenido por madre
a la legitimante; sujetándose esta alegación a los dispuesto en el título
XVIII, de la maternidad disputada.
No serán oídos contra la
legitimación sino los que prueben un interés actual en ello, y los ascendientes
legítimos del padre o madre legitimantes; éstos en sesenta días, contados desde
que tuvieron conocimiento de la legitimación; aquellos en los
trescientos días subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual y
pudieron hacer valer su derecho."
III. LA DEMANDA
1. Normas constitucionales que se consideran
infringidas
Estima la actora que las disposición acusada es
violatoria de los artículos 5, 13 y 42 de la Constitución Política.
2. Fundamentos de la demanda
Según la
demandante, la expresión acusada, al reconocerle un plazo de trescientos días a
los terceros con interés para impugnar la legitimidad de los hijos
extramatrimoniales, viola el principio de igualdad y las disposiciones
superiores que propugnan por la protección integral de la familia, ya que
tratándose de los hijos nacidos dentro del matrimonio, esos terceros con
interés gozan de un plazo inferior para impugnar su legitimidad, cual es el de
sesenta días.
A su juicio,
al darle un trato diferente a los hijos extramatrimoniales frente a los hijos
matrimoniales, la norma contiene una discriminación basada en el origen
familiar, que además de resultar contraria al principio de igualdad, vulnera
los postulados constitucionales que, por una parte, amparan a la familia como
institución básica de la sociedad, sin importar que sea constituida por
vínculos naturales o jurídicos, y por la otra, confieren iguales derechos y
deberes a los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o
procreados naturalmente o con asistencia científica.
En relación
con esto último, aclara que la igualdad de derechos "no solamente se
refiere a su denominación, sino a los derechos que se desprenden de la
condición de hijo", con lo cual no hay duda que la previsión normativa
acusada desfavorece los derechos de los hijos extramatrimoniales en lo
referente a la definición de su estado civil, ampliando sin justificación la
incertidumbre de la filiación.
Sostiene que,
aun cuando el "legislador puede regular de manera diversa a la familia
originada por vínculos matrimoniales o por relaciones extramatrimoniales, en
tanto son dos hipótesis diferentes, ello no significa que se pueda discriminar
a las personas por razón de su origen familiar, ya que no hay en Colombia hijos
legítimos ni ilegítimos, hay simplemente hijos, seres humanos que gozan todos,
en su esencia, de la misma dignidad e igualdad de derechos."
IV.    INTERVENCIONES
Intervención
del Ministerio del interior y de Justicia
La apoderada del
Ministerio del Interior y de Justicia, dentro de la oportunidad procesal
prevista, presentó escrito de intervención, solicitando la declaratoria de
exequibilidad de la norma acusada.
En apoyo a tal
solicitud, la interviniente comienza por precisar el alcance del principio de
igualdad, señalando que éste se "traduce en el derecho que tienen todas
las personas a que no se consagren excepciones o privilegios que exceptúen a
unos individuos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, de
donde se infiere que la real y efectiva igualdad consiste en aplicar la ley en
cada uno de los acaecimientos según las diferencias constitutivas de
ellos".
Según su
entender, el objetivo de esa garantía constitucional "no es el de
construir un ordenamiento jurídico absoluto que otorgue a todas las personas
idéntico trato dentro de una concepción matemática, como lo aprecia el
demandante, ignorando factores de diversidad que exigen del poder público la
previsión y la práctica de diferenciaciones tendientes a evitar que por vía de
un igualitarismo formal, se favorezca la desigualdad".
Con fundamento
en tales criterios, la interviniente considera que la norma acusada, al
establecer diferentes términos para impugnar la legitimación de los hijos
extramatrimoniales, no vulnera el principio de igualdad contenido en el
artículo 13 Superior. Si bien las diversas modalidades de constituir una
familia son protegidas por la Constitución, ello no significa que deban recibir
un mismo trato en punto a las condiciones de impugnación de la paternidad o
maternidad como lo pretende la demandante.
Indica que
para efectos de la impugnación se debe tener en cuenta "que es diferente
la forma de legitimación de un hijo nacido dentro del matrimonio, a la forma
como se reconoce al hijo natural; en efecto, mientras el hijo concebido dentro
del matrimonio se reputa como hijo legítimo, el hijo natural debe ser
legitimado posteriormente por los padres. Por tanto, la ley puede establecer un
término diferentes (sic) para la impugnación de la paternidad; con fundamento
en lo consagrado en el último inciso del artículo 42 Superior, el cual autorizó
al legislador para determinar lo relativo al estado civil de las
personas".
Concluye que
el legislador no vulnera la Carta Política, "por el sólo hecho de prever,
como corresponde en guarda de la seguridad jurídica, los efectos que habrá de
tener en el tiempo y las circunstancias de los actos por medio de los cuales se
protege el estado civil de las personas. En el sentido, de que los ascendientes
legítimos del padre o la madre, conocen de esta situación antes del nacimiento
del niño, en cambio, los terceros que no tienen ninguna relación familiar con
el niño, desconocen con antelación la legitimación realizada por el padre o la
madre, por ello, es lógico que se consagre un plazo mayor para impugnar la
legitimación."
Intervención
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
En forma extemporánea, la Directora General del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar presentó escrito de intervención, en
el que solicita a la Corte declarar exequible la norma parcialmente impugnada.
Apoyándose en las Sentencias C-109 de 1995 y C-800 de
2000, la interviniente considera que son dos las razones por las cuales la
norma acusada se ajusta a la Constitución.
Inicialmente, afirma que es competencia del legislador
establecer los términos de caducidad de las acciones, y que para hacerlo, goza
de un amplio margen de discrecionalidad. Citando algunos apartes de la
Sentencia C-800 de 2000, sostiene que el señalamiento de los términos para
impugnar la maternidad y paternidad, y su mayor o menor brevedad, corresponde
al juicio que sobre cada caso en concreto haga el legislador, sin que exista un
parámetro específico que permita al juez constitucional evaluar la garantía del
derecho en disputa.
Adicionalmente, sostiene que la norma no viola el
principio de igualdad, pues una cosa es el derecho a la impugnación que tiene
el hijo -tanto matrimonial como extramatrimonial- es decir, el derecho del
menor a conocer su verdadera filiación, derecho que, a partir de la sentencia
C-109 de 1995 lo puede ejercer éste en cualquier tiempo, y otra muy distinta el
término de caducidad de la acción de impugnación de la maternidad o paternidad
radicado en cabeza de terceros que demuestren un interés. A su juicio, la
igualdad jurídica se predica es respecto del derecho de los hijos a conocer su
verdadera filiación, aspecto éste que no es el regulado por la norma acusada ya
que "no toca lo relacionado con la situación procesal del hijo..."
V.      CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El señor Procurador General de la Nación, en el
concepto de rigor, solicita a la Corte Constitucional declarar inexequible la
expresión demandada.
En primer
lugar, el Jefe del Ministerio Público señala que es necesario  referirse a los
diferentes plazos que trae la normatividad civil, en relación con el tema de la
impugnación de la legitimidad. Así,  hace las siguientes distinciones:
-Respecto de
los hijos legitimados que fueron concebidos por fuera del matrimonio pero
nacidos dentro de éste (artículo 237 del C.C.), como para aquel otro, en el
cual la legitimación se produjo antes de que nacieran los hijos, previo el
reconocimiento de éstos como hijos extramatrimoniales (artículo 238 del C.C.),
el término previsto para la impugnación es de sesenta (60) días.
Lo anterior se
desprende de la lectura de la norma que precede a la aquí parcialmente acusada
( artículo 247del C.C.), en la que se dispone que: "la legitimación del
que ha nacido después de celebrado el matrimonio, no podrá ser impugnada sino
por las mismas personas y de la misma manera que la legitimidad del concebido
en matrimonio."
-En relación
con los hijos legítimos, es decir, de los hijos concebidos y nacidos dentro del
matrimonio, se tiene que el artículo 221 del C.C., establece que los herederos
y "demás personas actualmente interesadas tendrán, para provocar el
juicio de legitimidad, sesenta días de plazo, desde aquél en que supieron de la
muerte del padre, en el caso del artículo 219, o en que supieron el nacimiento
del hijo, en el artículo 20." Destaca que la disposición acabada de
citar está contenida dentro del Título X del Código Civil, que regula lo
atinente a los hijos concebidos en el matrimonio, mientras que el título
posterior está destinado a regular lo relacionado con los hijos legitimados.
Precisa que no
obstante en el Título XI se dispone, en principio, que los hijos legitimados
adquieren esta calidad en virtud del matrimonio que contraen sus padres después
de haber sido concebidos (artículo 236 del C.C.), más adelante se indica, en
desarrollo de este criterio, que se distinguen dos situaciones a saber: (i) que
el matrimonio posterior legitima ipso jure a los hijos concebidos por
fuera del matrimonio pero nacidos dentro de él (artículos 237 y 238 del C.C.) y
(ii) en que la legitimación no se surte de pleno derecho con la sola
celebración del matrimonio por parte de los padres, por cuanto, es necesario
que ellos designen, en el acta de matrimonio o, en escritura pública, los hijos
a quienes se confiere ese beneficio (artículo 239 del C.C.).
Con todo,
frente a la impugnación de esa legitimación, se tiene que, mientras que en el
caso de los hijos legitimados ipso jure se les aplican unas reglas, en
el caso de los hijos que fueron concebidos y nacieron fuera del matrimonio se
aplican otras. Así, en este último caso, se concede una oportunidad mayor a los
detractores de esa legitimación para impugnarla, cuando éstos sean terceros que
hayan demostrado su interés actual en ello.
Según el Jefe
del Ministerio Público, el anterior procedimiento no debe ser admisible, toda
vez que se hallan involucrados aspectos de suma trascendencia para la persona,
como es el derecho a un nombre y a su filiación, los cuales no pueden ser
cuestionados judicialmente en cualquier momento y durante un tiempo mayor que
el permitido para las demás modalidades de filiación matrimonial.
Advierte que
la sola circunstancia de haber nacido por fuera del matrimonio no amerita en
manera alguna ese trato diferencial, toda vez que a la luz del derecho a la
igualdad consagrado en nuestra Carta Política, no hay lugar a trato
discriminatorio alguno, ni tampoco en nuestra legislación civil y de familia.
Concluye, que
la ley acusada resulta contraria a la Carta, pues su contenido de una parte
desconoce el principio de igualdad consagrado en su artículo 13 y, de otra,
desestabiliza de manera permanente el disfrute del derecho a la personalidad
jurídica.
Así mismo,
indica, la disposición acusada vulnera de manera ostensible el precepto
constitucional según el cual, los hijos habidos en matrimonio o fuera de él,
tienen iguales derechos y deberes.
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Competencia.
1. Por dirigirse la demanda contra una
disposición que forma parte de una ley de la República, la Corte Constitucional
es competente para decidir sobre su constitucionalidad, tal y como lo prescribe
el artículo 241-4 de la Carta Política.
Lo que se debate.
2. De conformidad con lo expuesto en el
acápite de Antecedentes, debe la Corte establecer si el plazo que se concede a
los interesados distintos de los ascendientes para impugnar la legitimación de
los hijos extramatrimoniales desconoce el derecho a la igualdad, toda vez que
es un término mayor que aquel que se concede para impugnar la legitimación de
los hijos matrimoniales. O si esta distinción está justificada por la diferente
regulación legal de la institución de la legitimación de los hijos nacidos
dentro del matrimonio, frente a los nacidos por fuera de él, o por la sola
circunstancia de nacer dentro o fuera del matrimonio.
Los hijos
legítimos y los hijos legitimados.
3. De
conformidad con lo dispuesto por el artículo 213 del Código Civil, “es hijo
legítimo el concebido durante el matrimonio de sus padres.”
La Corte no se
ha pronunciado sobre la constitucionalidad de esta norma; no obstante, en torno
de la calificación “hijo legítimo” ha entendido que el término "legitimidad",
utilizado para catalogar la filiación surgida del matrimonio, en contraposición
con aquélla filiación que se calificó de "ilegítima" por no
tener ese origen, era contraria a los nuevos valores en que está inspirada la
Constitución de 1991. Sobre el particular dijo:
“...ya no puede hablarse en Colombia de
hijos "legítimos" o "ilegítimos", ni catalogar en forma
alguna a las personas por su origen familiar; ni cabe relacionar derecho alguno
de un individuo con el hecho -antes relevante en la sociedad colombiana y hoy
carente de todo significado jurídico- consistente en haber sido concebido o
nacido dentro del matrimonio, o -por el contrario- fuera de él.”
Ahora bien,
dado que del Artículo 42 de la Constitución dice que la familia se constituye
por vínculos naturales o jurídicos, es decir por el matrimonio (vínculo
jurídico) o por la decisión libre de conformarla (vínculo natural), puede
hablarse de una familia matrimonial y de una extramatrimonial, sin que ello implique
discriminación alguna. Consecuentemente con estas dos formas de fundar la
familia, los hijos pueden ser de tres clases, a las que se refiere el mismo
canon constitucional: hijos matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos.[1] No obstante, esta
clasificación no implica diferencias de trato, pues según la Constitución todos
tienen iguales derechos y deberes.” [2]
4. Así pues, por hijos legítimos en
el nuevo régimen constitucional ha de entenderse los matrimoniales, es decir
los concebidos dentro del matrimonio, según lo indica el artículo 231 del
Código Civil. No obstante, la ley civil también reconoce esta calificación
(hijos legítimos o matrimoniales) a otra clase de hijos. Ellos son los que han
sido “legitimados” por sus padres.
El título XI del libro 1° del Código Civil regula lo
siguiente: (i) quiénes son los hijos “legitimados” y (ii) cómo puede
impugnarse la legitimación.
Los artículos
236 a 246  definen quiénes son hijos legitimados, es decir los que fueron
concebidos por fuera del matrimonio, pero vienen a ser legítimos
(matrimoniales) por el matrimonio que posteriormente contraen sus padres.
Según estas
normas, existen 2 clases de legitimación:
1) La
legitimación ipso jure o de pleno derecho
que, a su vez, se presenta en dos hipótesis:
a)
Cuando el hijo se concibe antes del matrimonio y
nace después de él. (Art. 237 C. C.)
b)
Cuando los padres que se casan, previamente al
matrimonio han reconocido como hijo extramatrimonial (natural en los términos
del Código) a un hijo nacido de ambos.(Art. 238 C.C)
2) La legitimación por acto bilateral que se da cuando los
padres, en el acta de matrimonio o en escritura pública, conceden al hijo
preexistente la categoría de legítimo o matrimonial, categoría que debe ser
aceptada por él o por sus descendientes legítimos si el hijo ha muerto. (At.
239 C.C)
Regulación legal de los plazos para la
impugnación de la legitimación.
5. La legitimación ipso jure de los
hijos concebidos antes del matrimonio y nacidos dentro de él puede ser
impugnada dentro del término de sesenta días. Así se infiere de lo reglado por
artículo 247 del Código Civil que, para la impugnación de esta clase de
legitimación, remite a los plazos previstos para la impugnación de la
legitimidad (condición matrimonial) del hijo concebido durante el matrimonio. [3]  Estos últimos plazos
están señalados en los artículos 217 y 221 del mismo Código. Conforme al
primero, “toda reclamación del marido contra la legitimidad del hijo
concebido por su mujer durante el matrimonio, deberá hacerse dentro de los
sesenta días contados desde aquel en que tuvo conocimiento del parto”[4]. Por su parte, el
artículo 221 dispone que “los herederos y demás personas actualmente
interesadas tendrán, para provocar el juicio de ilegitimidad, sesenta días de
plazo, desde aquel en que supieron la muerte del padre, en el caso del artículo
219[5], o en
que supieron el nacimiento del hijo, en el caso del artículo 220.[6]” [7]
Así pues, el plazo para impugnar la
legitimidad del hijo propiamente matrimonial es igual al plazo para impugnar la
legitimación ipso jure de los hijos concebidos fuera del matrimonio pero
nacidos dentro de él, y está legalmente fijado en sesenta días, que como regla
general empiezan a contarse desde que se tiene conocimiento del nacimiento del
hijo.[8]
Es decir, para todos los hijos que nacen dentro del matrimonio, el plazo para
impugnar la paternidad el mismo de los sesenta días.
Ahora bien, para la otra clase de
legitimación ipso jure, es decir la que se da por el matrimonio de los
padres que previamente han reconocido como extramatrimonial a un hijo nacido de
ambos, lo mismo que para el caso de la legitimación por acto bilateral, el
artículo 248 acusado es la norma que regula el plazo dentro del cual cabe la
impugnación. Según la disposición, dependiendo de quién proponga la
impugnación, el plazo concedido es diferente: sesenta días contados desde que
se tuvo conocimiento de la legitimación, si quienes pretenden impugnarla son
los ascendientes legítimos del padre o madre legitimantes; y trescientos días
subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer
su derecho, si quienes se oponen a la legitimación son otras personas que
prueben un interés actual en ello.
Así las cosas, el artículo 248, en la parte
acusada, introduce una excepción a la regla general que fija en sesenta días el
plazo para impugnar la legitimación. En efecto, el aparte demandado otorga un
plazo de trescientos días a los interesados distintos de los ascendientes del
padre o madre legitimantes que se propongan demandar la legitimación del hijo
que ha nacido por fuera del matrimonio.
Las distinciones de trato que introduce la
norma acusada:
6. A juicio de la Corte, la norma es
discriminatoria desde dos puntos de vista: (i) en primer lugar distingue entre
hijos nacidos dentro del matrimonio e hijos nacidos por fuera de él, pues
solamente tratándose de éstos últimos concede a los interesados no ascendientes
un plazo de trescientos días para impugnar la legitimación; (ii) en segundo
lugar, distingue entre los ascendientes del reconocido y los demás interesados,
pues sólo a estos últimos les concede un plazo más amplio para impugnar.
En principio, debe admitirse que los plazos
más amplios perjudican al hijo que ha sido legitimado, pues mientras
transcurren no está en firme su estado civil. Contrario sensu, los
plazos cortos para impugnar la filiación han sido estimados como protectores de
los derechos de los hijos; sobre el particular, en la Sentencia C-800 de 2000[9] la Corte hizo las
siguientes reflexiones, vertidas en torno del plazo de sesenta días que se
concede para impugnar la paternidad del hijo matrimonial, pero que también son
pertinentes respecto de la legitimación de hijos extramatrimoniales:
“Ahora bien, no sólo en nuestro
ordenamiento civil, sino en muchos  otros sistemas jurídicos foráneos, se ha
establecido un corto término de caducidad para que el marido pueda impugnar la
paternidad, y la razón de ser  de los reducidos plazos, ha sido explicada por
la doctrina como una forma de garantizar que la incertidumbre de la filiación
no se prolongue demasiado tiempo (Cfr. Luis Claro Solar. Explicaciones de
Derecho Civil Chileno y comparado. De las Personas. Tomo Segundo. Santiago
de Chile. Imprenta Cervantes 1902. p. 322-323).
“La Corte Suprema de Justicia ha explicado
de la siguiente forma el sentido del corto plazo establecido en la norma sub
examine:
“Por la especial gravedad que para el
ejercicio de los derechos emanados de las relaciones de la familia y para la
estabilidad y seguridad del grupo familiar entraña el desconocimiento del estado
civil que una persona viene poseyendo, el legislador ha señalado plazos cortos
para el ejercicio de las acciones de impugnación (C.C. arts. 217 y 336). En
cambio, permite que el derecho a reclamar el estado civil que realmente se
tiene pueda ejercitarse en cualquier tiempo, y de ahí la imprescriptibilidad
que para las acciones de esa índole consagra el artículo 406 del Código Civil
(Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 9 de
julio de 1970).”
Así pues, el plazo de trescientos días debe
entenderse menos garantista de los derechos del hijo extramatrimonial que ha
sido legitimado.
De otro lado, a los terceros interesados se
les concede un plazo mayor para impugnar la legitimación, lo cual los favorece
frente a los ascendientes del legitimado, a quienes sólo se les otorga sesenta
días para esos mismos propósitos. Se trata de un trato diferente en materia
procesal, que favorece solamente una clase de interesados en incoar la acción
de impugnación de la legitimación.
Vistas anteriores diferencias, debe la
Corte estudiar si ellas se encuentran constitucionalmente justificadas.
Argumentos que justificarían la
constitucionalidad del trato diferente que introduce el artículo 248 del Código
civil en materia de  plazo para impugnar la legitimación de hijos nacidos fuera
del matrimonio:
a. En cuanto
al trato diferente que se introduce entre hijos nacidos dentro y fuera del
matrimonio, pues sólo respecto de estos últimos se concede a algunos
interesados un plazo de trescientos días para impugnar la legitimación, podría
estimarse que la justificación se encuentra en la distinta situación jurídica
que se presenta entre los hijos que nacen dentro del matrimonio y los que nacen
por fuera de él, pues respecto de los primeros opera la presunción de
paternidad, mientras que respecto de los segundos tal presunción no tienen
cabida.
No obstante, a
juicio de la Corte el anterior criterio de distinción no es constitucionalmente
válido. En efecto, ante la perentoria afirmación del constituyente, según la
cual los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él ... tienen iguales
derechos y deberes”, no parece justificado el que se otorguen plazos
diferentes para la consolidación del estado civil de las personas, con base en
el origen familiar. Plazos más favorables a los hijos nacidos dentro del
matrimonio, quienes, en todos los casos, en el plazo de sesenta días, ven
definitivamente definido este asunto frente a las pretensiones de impugnación
en cabeza de terceros interesados.
Tratándose de
un criterio de distinción constitucionalmente rechazado en forma expresa, el
hecho de que el nacimiento se produzca dentro o fuera del matrimonio no puede
implicar  diferencias de trato jurídico de ninguna especie, y menos aun en una
materia directamente implicada con del derecho fundamental al reconocimiento de
la personalidad jurídica como lo es la definición del estado civil y la
filiación. Por eso, los criterios de examen de constitucionalidad deben ser
estrictos, y deben conducir a rechazar de plano tratamientos diferenciales como
los que dispensa la norma parcialmente acusada.
b. De otro
lado, la distinción entre el término procesal de caducidad de la acción de
impugnación de la legitimación concedido a los ascendientes del legitimado (sesenta
días) y el concedido a los demás interesados (trescientos días) tampoco
encuentra un sustento razonable. La doctrina jurídica  sostiene que la
ampliación a trescientos días del plazo para los interesados no ascendientes se
justifica “en atención a que se trata de una acción que por referirse a la
impugnación del reconocimiento de hijos habidos fuera del matrimonio,
presentaba mayores dificultades”[10].
También podría pensarse que el mayor plazo a los terceros interesados
distintos de los ascendientes se justificaría por su mayor lejanía familiar con
los padres legitimantes. Los ascendientes de éstos, estarían en mejores
condiciones para conocer de la legitimación, por lo cual el plazo a ellos
concedido podría ser menor. No obstante, al parecer de la Corte todas estas
posibles justificaciones hoy en día son meramente hipotéticas, es decir  surgen
de suposiciones sin un adecuado soporte sociológico, y no resultan suficientes
para explicar la diferencia que se concede a una clase de impugnantes frente a
otros, en lo relativo al término de caducidad de la acción de impugnación de la
legitimación.
Si bien es
función del legislador establecer los términos de caducidad de las acciones,
para lo cual goza de cierta discrecionalidad, ello no puede conducir a
tratamientos dispares que no estén soportados en situaciones de hecho realmente
distintas, o en criterios de diferenciación constitucionalmente válidos. En el
caso presente, ni lo uno ni lo otro parece evidente a esta Corporación.
Por las
consideraciones anteriores, la Corte declarará la inexequibilidad de la palabra
“trescientos” contenida en el último inciso del artículo 248 del Código
Civil, y la exequibilidad del resto de la expresión acusada, bajo el entendido
según el cual los interesados en impugnar la legitimación distintos de los
ascendientes legítimos del padre o madre legitimantes, para incoar la acción
tendrán un plazo de sesenta días subsiguientes a la fecha en que tuvieron
interés actual y pudieron hacer valer su derecho.
VII. DECISIÓN
En mérito
de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: Declarar INEXEQUIBLE la expresión“trescientos
días” contenida en el inciso 2 del numeral 2 del artículo 240 del Código
Civil.
Segundo: Declarar EXEQUIBLES las
expresiones “aquellos en los (...) subsiguientes a la fecha en que tuvieron
interés actual y pudieron hacer valer su derecho”, contenida en el inciso 2
del numeral 2 del artículo 248 del Código Civil, en el entendido que será el
mismo plazo de sesenta días consagrado en este artículo y en el 221 del Código
Civil.
Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
CLARA INÉS
VARGAS HERNÁNDEZ
Presidente
JAIME ARAUJO
RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ
CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA
TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO
MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO
MONTEALEGRE LYNNET
Magistrado
ALVARO TAFUR
GÁLVIS
Magistrado
IVAN HUMBERTO
ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General (e)
Auto 112/04
Referencia: expediente D-4827
Corrección de la parte resolutiva de la Sentencia
C-310/04
Demanda de inconstitucionalidad parcial
contra el  artículo 248 del Código Civil.
Actora:  Elizabeth Lesmes Ávila.
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil
cuatro (2004).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
CONSIDERANDO
Que
en el numeral primero de la parte resolutiva de la Sentencia C- 310/04 por
error se hizo mención del artículo 240 del Código Civil, cuando ha debido
hacerse referencia al artículo 248 de dicho Código.
Que resulta necesario corregir el anterior
error,
RESUELVE
Corregir
el numeral primero de la parte resolutiva de la Sentencia C- 310/04 , en el
sentido de que el artículo del Código Civil a que se refiere es el 248 y no el
240.
Por
lo tanto, en lo sucesivo dicho numeral quedará así:
Primero: Declarar INEXEQUIBLE la expresión“trescientos
días” contenida en el inciso 2 del numeral 2 del artículo 248 del Código
Civil.
Notifíquese, cópiese, publíquese,
comuníquese e insértese en la gaceta de la Corte Constitucional.
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Presidenta
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
RODRIGO UPRIMNY YEPES
Magistrado (e)
ALVARO TAFUR GÁLVIS
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General
EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL (E)
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
Que el H. Magistrado doctor
JAIME CORDOBA TRIVIÑO, no firma el presente Auto por encontrarse en permiso
debidamente autorizado por la Presidencia de esta Corporación.
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)
Salvamento
de voto a la Sentencia C-310/04
IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD
DE HIJOS MATRIMONIALES Y EXTRAMATRIMONIALES-Plazos distintos/FAMILIA-Diversas formas de Constitución
(Salvamento de voto)
No es
contrario al principio de igualdad que el legislador, a través del artículo 248
del Código Civil, se haya ocupado de fijar distintos
plazos para impugnar la paternidad de los hijos matrimoniales y
extramatrimoniales. La medida adoptada estaba plenamente justificada por el
artículo 42 de la Carta Política, el cual, si bien censura y descalifica la
discriminación fundada en el origen familiar, también reconoce diferencias
entre las diversas formas de constituir la familia, es decir, entre la
constituida por vínculos jurídicos -a través del matrimonio- y la que se forma
por vínculos naturales - fuera del matrimonio -, facultando a su vez al
legislador para definir de manera independiente y autónoma sus respectivos
regímenes jurídicos.
IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD-Diferencias con ocasión
de regulación de diversos institutos (Salvamento de voto)
REGIMEN JURIDICO DE
IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD DE HIJOS MATRIMONIALES Y EXTRAMATRIMONIALES-Justificación respecto
de los términos para ejercerlo (Salvamento de voto)
FAMILIA-Igualdad de trato a sus
diferentes formas de constitución (Salvamento de voto)
IGUALDAD DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS HIJOS-Garantía (Salvamento de voto)
IGUALDAD DE TRATO A LA
INSTITUCION FAMILIAR-Alcance/FAMILIA-Protección integral
(Salvamento de voto)
MATRIMONIO Y UNION MARITAL DE
HECHO-Diferencias
existentes (Salvamento de voto)
IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD-Diferencias en términos
no viola la igualdad (Salvamento de voto)
Expediente N° D-4827
Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo
248 del Código Civil.
Magistrado Ponente:
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Con
el acostumbrado respeto hacia las decisiones adoptadas por la Corporación, a
continuación consignamos las razones que nos llevaron a salvar el voto en el
proceso de la referencia.
Tal
como lo manifestamos en los respectivos debates, en contraposición al criterio
adoptado por la mayoría de los miembros de la Sala Plena, consideramos que no
es contrario al principio de igualdad que el legislador, a través del artículo
248 del Código Civil, se haya ocupado de fijar
distintos plazos para impugnar la paternidad de los hijos matrimoniales y
extramatrimoniales. A juicio de quienes suscribimos este salvamento, la medida
adoptada estaba plenamente justificada por el artículo 42 de la Carta Política,
el cual, si bien censura y descalifica la discriminación fundada en el origen
familiar, también reconoce diferencias entre las diversas formas de constituir
la familia, es decir, entre la constituida por vínculos jurídicos -a través del
matrimonio- y la que se forma por vínculos naturales -fuera del matrimonio-,
facultando a su vez al legislador para definir de manera independiente y
autónoma sus respectivos regímenes jurídicos.
Bajo ese contexto, la protección que la Constitución promueve  a
favor de la igualdad en la familia no se predica, en principio, de las
diferencias que puedan surgir con ocasión de la regulación de sus diversos
institutos -para el caso el de la impugnación de la paternidad-, pues ellas son
una consecuencia necesaria de la pluralidad de formas que le dan origen. En
realidad, dicha protección es relevante frente a los privilegios y distinciones
injustificadas que se reconocen a favor de un tipo específico de familia, y que
tienen fundamento en el solo hecho de detentar alguno de sus miembros la
condición de esposo o esposa, compañero o compañera permanente, e hijos
legítimos, extramatrimoniales o adoptivos.
Así,
que el régimen jurídico de impugnación de la paternidad sea diferente para los
hijos matrimoniales y extramatrimoniales, concretamente en punto a los términos
para ejercerla, encuentra un fundamento objetivo y razonable en la presunción
de paternidad que ampara a los primeros, y que se funda a su vez en la
convivencia y la fidelidad como obligaciones mutuas que surgen para los
cónyuges con ocasión del consentimiento otorgado en el matrimonio, y que
permiten reconocer en ellos un mayor grado de certeza acerca de su verdadera
filiación. No ocurre lo mismo en el caso de los hijos extramatrimoniales, ya
que su nacimiento no es producto de un compromiso formal que haya impuesto a
sus progenitores el cumplimiento de obligaciones mutuas y del cual pueda
deducirse un nexo causal con el padre, sino el resultado de un acto de mera
liberalidad que por lo mismo aumenta el nivel de expectativa sobre su verdadera
filiación.
En
cuanto el criterio expuesto en este salvamento quedó suficientemente explicado
en la ponencia original que no fue acogida por la Sala Plena, para los efectos
de sustentarlo debidamente nos remitir a los fundamentos allí vertidos, en los
siguientes términos:
“3. La
familia y la igualdad de trato a sus diferentes formas de constitución.
3.1. Como es sabido, la actual Carta
Política, además de considerar la familia el núcleo esencial de la sociedad y
asignarle a su protección integral el carácter de principio fundante del
Estado, también le reconoce un mismo tratamiento jurídico a sus distintas
formas de configuración, esto es, coloca en un mismo plano de igualdad, tanto a
la familia constituida por vínculos jurídicos, es decir, la que procede del
matrimonio, como a la familia que se constituye por vínculos naturales, es
decir, la que se forma por fuera del matrimonio. Así se deduce del contenido
del artículo 42 cuando establece:
“Art.- 42. La familia es el núcleo fundamental de la
sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión
libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad
responsable de conformarla.
El Estado y la sociedad garantizan la
protección integral de la familia.”
3.2. Desde sus primeros pronunciamientos,
esta Corporación se ha referido al alcance de la disposición citada, señalando
que el Constituyente de 1991, en aplicación del principio de igualdad por el
prohijado y conforme con la idea de un Estado en el que se reconoce la
diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, decidió no otorgar ningún
privilegio a un tipo específico de familia, y, por el contrario, optó por
admitir la diversidad de formas o vínculos que pueden originarla, ya sean éstas
naturales o jurídicas, haciéndolas a todas merecedoras de un mismo trato y de
la protección integral que corresponde asumir al Estado y a la propia sociedad
civil[11].
Precisamente, en la Sentencia C-105 de 1994
(M.P. Jorge Arango Mejía), la Corte hizo un análisis del artículo 42 superior,
sosteniendo:
“a)  La Constitución pone en un plano de igualdad a la familia
constituida ‘por vínculos naturales o jurídicos’, es decir, a la que surge de
la ‘voluntad responsable de conformarla’ y a la que tiene su origen en el
matrimonio.
b)  ‘El Estado y la Sociedad garantizan la protección integral de la
familia’, independientemente de su constitución por vínculos jurídicos o
naturales, lo cual es consecuencia lógica de la igualdad de trato.
c)  Por lo mismo, ‘la honra, la dignidad y la intimidad de la
familia son inviolables’, sin tener en cuenta el origen de la misma familia.
d)  Pero la igualdad está referida a los
derechos y obligaciones, y no implica identidad.  Prueba de ello es que el
mismo artículo 42 reconoce la existencia del matrimonio.”
3.3. De este modo, no cabe duda que por
expresa disposición constitucional, son igualmente dignas de respeto y
protección, tanto las familias que tienen su origen en el matrimonio como las
que se forman por fuera del mismo.
4. La igualdad en los derechos y
obligaciones de los hijos.
4.1. Cabe destacar que la protección de que
es objeto la institución familiar, sin importar la forma que ella adopte, se
expresa a nivel constitucional en el reconocimiento de un sistema de garantías
que buscan potenciar su importancia política y social en condiciones de
igualdad. Según lo ha dicho la Corte[12],
ese ámbito de protección especial se manifiesta, entre otros aspectos, (i) en
el reconocimiento a la inviolabilidad de la honra, dignidad e intimidad de la
familia; (ii) en que las relaciones familiares se edifican sobre la base de la
igualdad de derechos y obligaciones de la pareja, así como en el respeto
recíproco entre todos sus integrantes; (iii) en el imperativo de preservar la
armonía y unidad de la familia, sancionando cualquier forma de violencia que se
considere destructiva de la misma; (iv) en el reconocimiento de iguales
derechos y obligaciones para los hijos, independientemente de cuál sea su
origen familiar; (v) en el derecho de la pareja a decidir libre y
responsablemente el número de hijos que desea tener; y (vi) en la asistencia y
protección que en el seno familiar se debe al niño para garantizar su desarrollo
integral y el goce pleno de sus derechos.
4.2. Respecto a la garantía de igualdad de
derechos y obligaciones de los hijos sin consideración a su origen, prevista
expresamente en el inciso 6° del artículo 42 Superior, es menester precisar que
su vigencia en el ordenamiento jurídico no es atribuible en forma exclusiva a
la Constitución del 91. Tal y como lo ha sostenido este Tribunal a lo largo de
distintos pronunciamientos, en Colombia, el reconocimiento de la igualdad entre
los hijos sin importar su origen familiar, fue el resultado de un proceso que
se inició con la expedición de la Ley 45 de 1936 y que culminó con la
promulgación de la Ley 29 de 1982, en cuyo artículo 1° se dispuso: “Los
hijos son legítimos, extramatrimoniales y adoptivos y tendrán iguales derechos
y obligaciones”.
En la Sentencia C-047 de 1994 (M.P. Jorge
Arango Mejía), la Corte explicó el proceso histórico que antecedió al
reconocimiento de la igualdad entre los hijos, en los siguientes términos:
a)  La igualdad de los hijos.  El proceso que condujo a la igualdad de los hijos legítimos y
extramatrimoniales en Colombia, comenzó con la ley 45 de 1936 y culminó al
dictarse la ley 29 de 1982.
El artículo 52 del Código Civil clasificaba los hijos ilegítimos
en naturales y de dañado y punible ayuntamiento, que a su
vez podían ser adulterinos o incestuosos.  La denominación de ilegítimos
era genérica, pues, comprendía todos los que no eran legítimos.  Pero,
además, el artículo 58 llamaba espurios los hijos de dañado y punible
ayuntamiento; y el 57 denominaba simplemente ilegítimo al hijo natural o
al espurio a quien faltaba el reconocimiento por parte del padre o de la madre.
Esta clasificación era tan degradante y contraria a la
dignidad humana, que el hijo natural, es decir, el "nacido de
padres que al tiempo de la concepción no estaban casados entre sí",
reconocido o declarado tal "con arreglo a la ley", era un verdadero
privilegiado en relación con las otras categorías de ilegítimos.  Basta
recordar que los hijos nacidos fuera de matrimonio solamente podían ser
reconocidos por sus padres o por uno de ellos, cuando no eran de dañado y
punible ayuntamiento, según el texto del artículo 54 de la ley 153 de 1887.
(...)
La ley 45 de 1936 cambia la situación de los hijos
naturales: establece la patria potestad sobre ellos, que el Código no permitía;
permite el reconocimiento como naturales de los hijos adulterinos; y mejora la
participación sucesoral del hijo natural en la sucesión intestada, al asignarle
la mitad de lo que corresponde a uno legítimo.
Viene luego la Ley 75 de 1968 que modifica la ley 45
de 1936, al establecer la presunción legal de paternidad natural y dictar
normas en defensa de la mujer, los hijos menores y la familia.
Después, el decreto ley 2820 de 1974 introduce
reformas en la institución de la patria potestad, en beneficio de la mujer y de
los hijos naturales.
Finalmente, el artículo 1o. de la ley 29 de
1982, consagra la igualdad no sólo entre los hijos legítimos y los naturales,
sino entre unos y otros y los adoptivos: "Los hijos son legítimos,
extramatrimoniales y adoptivos y tendrán iguales derechos y obligaciones. Desaparecen
así todas las desigualdades por razón del nacimiento: en adelante, en
tratándose de derechos y obligaciones habrá solamente hijos, diferentes
solamente en sus denominaciones de legítimos, extramatrimoniales y adoptivos.
4.3. Dando aplicación al criterio de
interpretación citado, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 29 de 1982,
en nuestro país fueron totalmente abolidas y erradicadas todas las
desigualdades derivadas del nacimiento, quedando establecido a nivel legal una
sola categoría de hijos, distintos o separables únicamente en lo que tiene que
ver con sus denominaciones de matrimoniales o legítimos, extramatrimoniales y
adoptivos[13].
La formula legal que amparó esta garantía de igualdad, como se dijo, fue a su
vez acogida y elevada a principio constitucional por la Carta Política de 1991,
al consagrar en el inciso 6° del artículo 42 que: “Los hijos habidos en el
matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia
científica, tienen iguales derechos y deberes.”
4.4. En consecuencia, acorde con la
protección que en condiciones de igualdad se reconoce a las distintas formas de
familia, tratándose de derechos y obligaciones, los hijos legítimos,
extramatrimoniales y adoptivos también se encuentran en un mismo plano de
igualdad y, por tanto, deben recibir un mismo tratamiento jurídico que, de
acuerdo con la jurisprudencia[14],
no se predica exclusivamente de las relaciones entre padres e hijos, sino que
se extiende también a todos los ascendiente y descendientes ya sean éstos
legítimos, extramatrimoniales o adoptivos.
5. Desconocimiento de la ley a la
protección integral que la Constitución reconoce a la familia.  Consecuencias
jurídicas directas.
5.1. De acuerdo con lo visto, es posible
concluir que la igualdad de trato que el artículo 42 de la Constitución
proclama, tanto para la familia surgida por vínculos naturales como para la
constituida por vínculos jurídicos, cobija no solo a la pareja propiamente
dicha, sino también a los demás miembros que la integran, es decir, a los hijos
habidos en el matrimonio o fuera de él y a los hijos adoptivos. Esta
consecuencia jurídica derivada de la norma en cita, es en esencia desarrollo
del principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta, el cual
dispone que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, y que
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los
mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razón
de su origen familiar.
5.2. A partir de la regla de interpretación
constitucional que propugna por la igualdad de trato a la institución familiar
sin tomar en cuenta la forma como ésta se adopta, la jurisprudencia de la Corte
ha venido sosteniendo que es contraria a la Constitución Política “toda norma
que establezca una discriminación basada en el origen familiar”[15]. Para la Corporación,
si el ordenamiento Superior reconoce la misma importancia al esposo o esposa,
al compañero o compañera permanente y a los hijos legítimos, extramatrimoniales
y adoptivos, no le es dable a la ley consagrar privilegios que tengan
fundamento en el hecho de detentar alguna de tales condiciones.
En la Sentencia C-047 de 1994 (M.P. Jorge
Arango Mejía), al decidir sobre una demanda de inexequibilidad presentada en
contra del inciso tercero del artículo 10o. de la ley 75 de 1968, la Corte se
refirió al punto, concluyendo:
“En conclusión: la igualdad entre los hijos legítimos,
extramatrimoniales y adoptivos no puede conciliarse con norma alguna, anterior,
que establezca discriminación en contra de una cualquiera de estas clases de
hijos.”
Posteriormente, en la Sentencia T-553 de
1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), en la que se ordenó la protección
de los derechos a la salud y a la seguridad social de una compañera permanente
que no era atendida por el Seguro Social como consecuencia de ostentar tal
condición, este Tribunal reiteró:
En ese orden de ideas, todas las prerrogativas,
ventajas o prestaciones y también las cargas y responsabilidades que el sistema
jurídico establezca a favor de las personas unidas en matrimonio son
aplicables, en pie de igualdad, a las que conviven sin necesidad de dicho
vínculo formal. De lo contrario, al generar distinciones que la preceptiva
constitucional no justifica, se desconoce la norma que equipara las dos formas
de unión (artículo 42 C.P.) y se quebranta el principio de igualdad ante la ley
(artículo 13 C.P.), que prescribe el mismo trato a situaciones idénticas.
También en la Sentencia C-742 de 1998 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa), en la que se declararon inexequibles algunas
expresiones del artículo 537 del Código Civil, la Corporación recordó:
“La Corte recuerda que la Constitución reconoce en un pie de igualdad
a la familia constituida por vínculos jurídicos, esto es la que procede del
matrimonio, como a la familia llamada natural, esto es, la constituida por
fuera de él. Es este el único sentido en el cual puede entenderse el artículo
42 superior, cuando afirma que "La familia es el núcleo fundamental de la
sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión
libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad
responsable de conformarla". Por ello las diferencias introducidas por la
ley con fundamento en la diversa manera de conformar la familia, desconocen la
Constitución. Siendo igualmente válido cualquier tipo de familia, las
diferencias de trato resultan discriminatorias.”
Y más recientemente, recogiendo el criterio
hermenéutico al que se ha hecho referencia, en la Sentencia C-1033 de 2002
(M.P. Jaime Córdoba Triviño), reiteró la Corte:
“Por consiguiente, ha señalado esta
Corporación que el legislador no puede expedir normas que consagren un trato
diferenciado en cuanto a los derechos y deberes de quienes ostentan la
condición de cónyuge o de compañero permanente, como tampoco entre los hijos
habidos en matrimonio o fuera de él.”
6. El matrimonio y la unión marital de
hecho. Diferencias existentes.
6.1. Pero el hecho de que sean
constitucionalmente reprochables e inadmisibles las diferencias de trato
fundadas en el origen familiar, en ningún caso lleva a suponer que el
matrimonio y la unión marital de hecho son instituciones equivalentes o
idénticas, y por tanto, que se encuentran cobijadas por una misma situación
jurídica. Así lo ha reconocido esta Corporación en distintas oportunidades,
explicando que el artículo 42 de la Constitución Política, al definir las
formas de constituir la familia -por vínculos naturales o jurídicos- y fijar
parámetros de regulación para el matrimonio, estable diferencias ostensibles
entre éste y la unión libre, también conocida como unión marital de hecho por
virtud de la Ley 54 de 1990.
6.2. En relación con lo primero, dijo la Corte
que la Constitución “consagra inequívocamente dos formas de constituir una
familia: por vínculos naturales o por vínculos jurídicos. La
primera forma corresponde a ‘la voluntad responsable de conformarla’. Aquí no
hay un vínculo jurídico en el establecimiento de una familia. La segunda
corresponde a ‘la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer
matrimonio’: aquí el vínculo jurídico es el contrato de matrimonio”[16].
Dicha “clasificación no implica discriminación alguna: significa únicamente que
la propia Constitución ha reconocido el diverso origen que puede tener la
familia”[17].
6.3. Respecto a lo segundo, desde sus
primeros pronunciamientos sobre el tema, la Corporación explicó los contenidos
normativos del artículo 42 Superior que establecen parámetros de regulación
para la institución del matrimonio y que son inaplicables a la unión marital de
hecho, así:
“El noveno inciso del artículo mencionado, determina que ‘Las
formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y
derecho de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo se rigen por
la ley civil’.  Nada  semejante se prevé en relación con la unión marital de
hecho, precisamente por ser  unión libre. (Sentencia C-239 de 1994, M.P.
Jorge Arango Mejía).
Según el inciso décimo, ‘Los matrimonios
religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley’.
Obsérvese que la atribución de efectos civiles a los matrimonios religiosos, no
está sometida a lo que disponga la respectiva religión. No: esos efectos se dan
‘en los términos que establezca la ley’. Y esta norma es aplicable sólo al
matrimonio.
De conformidad con el inciso décimo primero, del mismo artículo 42, ‘Los efectos civiles de todo matrimonio
cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil’. Esta es otra norma sólo
aplicable al matrimonio, que nada tiene que ver con la unión marital de
hecho.
Y lo mismo puede decirse del inciso décimo segundo, según el cual ‘También tendrán efectos civiles las sentencias de
nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la
respectiva religión, en los términos que establezca la ley’. Si bien en el
plano puramente teórico podría pensarse en la nulidad de la unión marital de
hecho, por ejemplo, por la fuerza que uno de los compañeros ejerciera sobre
el otro para iniciar o mantener tal unión, es claro que una autoridad religiosa
no sería la llamada a decidir sobre tales hechos, por sentencia que produjera
efectos civiles. (Sentencia C-174 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía)”. (Subrayas
fuera de texto).
6.4. Posteriormente, en la Sentencia C-533
de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) este Tribunal tuvo oportunidad de
precisar que, si bien son muchas las diferencias entre el matrimonio y la unión
marital de hecho, la más relevante esta en el consentimiento que otorgan
los cónyuges, del cuál surgen obligaciones tan relevantes como la comunidad de
vida y la fidelidad mutua, que le son exigibles a cada uno respecto del otro y
que únicamente finalizan con la disolución del matrimonio ya sea por divorcio,
muerte o declaración de nulidad. El consentimiento, cuyo principio formal es el
vínculo jurídico, es entonces la causa de las obligaciones conyugales, y por
tanto, se requiere obtener la declaración judicial de divorcio para que se
entienda extinguido y opere la disolución del vínculo jurídico.
Se destacó en el aludido fallo que el
fenómeno del consentimiento no tiene cabida en el caso de la unión
libre, ya que ésta se produce por el sólo hecho de la convivencia, sin que
surja un compromiso formal en el contexto de la vida en común de los compañeros
permanente que imponga el cumplimiento de obligaciones mutuas, siendo entonces
completamente libres de continuarla o terminarla en cualquier momento y de
guardar o no fidelidad a su  pareja. Sobre este punto, se dijo en el fallo:
Las diferencias son muchas, pero una de ellas es
esencial y la constituye el consentimiento que dan los cónyuges en el
matrimonio al hecho de que la unión que entre ellos surge sea una unión
jurídica, es decir una unión que en lo sucesivo tenga el carácter de deuda
recíproca. La unión que emana del consentimiento otorgado por ambos cónyuges,
hace nacer entre ellos una serie de obligaciones que no es del caso analizar
ahora detalladamente, las cuales son exigibles por cada uno de ellos respecto
del otro, y que no terminan sino por la disolución del matrimonio por divorcio
o muerte o por su declaración de nulidad. Entre ellas, las más relevantes son
las que se refieren a la comunidad de vida y a la fidelidad mutua. Algunas de
las obligaciones derivadas de este vínculo jurídico comprometen a los cónyuges
incluso después del divorcio, como las que conciernen a la obligación
alimentaria a favor del cónyuge inocente.[18]
Así, este consentimiento respecto de un vínculo que es
jurídico, es lo que resulta esencial al matrimonio. Por lo tanto, sin
consentimiento no hay matrimonio y el principio formal del mismo es el vínculo
jurídico. En este sentido el artículo 115 del Código Civil expresa que ‘(E)l
contrato de matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo
consentimiento de los contrayentes...’. El matrimonio no es pues la mera
comunidad de vida que surge del pacto conyugal; Ésta es el desarrollo vital del
matrimonio, pero no es lo esencial en él. La esencia del matrimonio es la unión
jurídica producida por el consentimiento de los cónyuges.
De lo anterior se deducen conclusiones evidentes: en primer lugar,
que el matrimonio no es la mera unión de hecho, ni la cohabitación entre los
cónyuges. Los casados no son simplemente dos personas que viven juntas. Son más
bien personas jurídicamente vinculadas.  La unión libre, en cambio, sí se
produce por el solo hecho de la convivencia y en ella los  compañeros nada se
deben en el plano de la vida en común, y son libres en la determinación de
continuar en ella o de terminarla o de guardar fidelidad a su pareja. En el
matrimonio, en cambio, las obligaciones que surgen del pacto conyugal, a pesar
de que pueden llegar a extinguirse por divorcio y éste a su vez puede darse por
voluntad de los cónyuges[19],
es menester lograr la declaración judicial del divorcio para que se produzca la
disolución del vínculo jurídico a que se ha hecho referencia.
6.5. Así las cosas, tal y como se expresó
en la Sentencia C-239 de 1994 (M.P. Jorge Arango Mejía), “sostener que entre los
compañeros permanentes existe una relación idéntica a la que une a los esposos,
es afirmación que no resiste el menor análisis, pues equivale a pretender que
pueda celebrarse un verdadero matrimonio a espaldas del Estado, y que, al mismo
tiempo, pueda éste imponerle reglamentaciones que irían en contra de su rasgo
esencial, que no es otro que el de ser una unión libre”.
6.6. Conforme con esta posición
jurisprudencial, que admite la diferencia existente entre la institución del
matrimonio y la unión marital de hecho, la Corte ha afirmado que “una es la
situación jurídica de los cónyuges, y otra diferente, la de los compañeros
permanentes”[20];
premisa a partir de la cuál también ha considerado que no es contrario al
principio de igualdad que el legislador adopte distintas medidas regulatorias
para el matrimonio y para la unión marital de hecho -en cuyo contexto se
entienden incluidos todos sus miembros-, siempre y cuando éstas tengan un
carácter objetivo y razonable y no resulten ser discriminatorias. Sobre este
particular, se manifestó en la Sentencia C-174 de 1996 (M.P. Jorge Arango
Mejía).
“Como se ve, no se quebranta el principio
de igualdad consagrado en la Constitución, cuando se da por la ley un trato
diferente a quienes están en situaciones diferentes, no sólo jurídica sino
socialmente. No se olvide, como se ha dicho, que cónyuges y compañeros
permanentes, tienen un estado civil diferente, según lo prevé el último inciso
del artículo 42 de la Constitución. Y que el estado civil, como se ha dicho,
trae consigo derechos y deberes, acordes con él y fijados por el legislador,
según la evolución social.”
Este criterio fue reiterado recientemente
por la Corte en la Sentencia C-1033 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Treviño), al
precisar que, en estos casos, “el juicio de igualdad deberá tener en cuenta las
particularidades de la norma o situación fáctica sometida a consideración,
tendientes a constatar si existe discriminación entre cónyuges y compañeros permanentes,
pero sin soslayar las diferencias existentes entre el matrimonio y la unión
marital de hecho.”
7. Constitucionalidad de la norma acusada.
Las diferencias existentes en los términos de impugnación de la paternidad no
viola el principio de igualdad.
7.1. De acuerdo con la doctrina y la
jurisprudencia especializadas, en nuestro derecho civil la asignación del
estado de hijo legítimo o matrimonial depende o esta vinculado necesariamente
al matrimonio de los padres. Sin la existencia de éste, ya sea antes, durante o
después de la concepción, no podría hablarse de filiación matrimonial sino
extramatrimonial, ya que aquella es un efecto directo del matrimonio y no
consecuencia de una simple valoración ética o moral de las relaciones sexuales
de la pareja que dieron lugar a la concepción.
7.2. Así entendido, puede afirmarse que la
ley distingue dos grandes grupos de hijos matrimoniales: (i) los concebidos
dentro del matrimonio -de cuya regulación se ocupa el título X del libro 1° del
Código Civil (arts. 213 y ss)-, y (ii) los concebidos fuera de él pero
legitimados por el matrimonio que posteriormente contraen sus padres -tratados
en el título XI del mismo libro y código (arts. 236 y ss)-.
7.3. Respecto del primer grupo, también
conocidos como hijos matrimoniales propiamente dichos, hay que decir que su
reconocimiento ab initio parte de la presunción legal contenida en los
artículos 213 y 214 del C.C., según la cual la concepción del hijo dentro del
matrimonio determina su filiación matrimonial. Dicha presunción, a su vez,
encuentra fundamento en la confianza del legislador de que se cumpla
íntegramente el juramento de cohabitación y fidelidad prestado por los cónyuges
en el acto del matrimonio, y que comporta la prueba de la estabilidad del hogar
y de la entereza y constancia de la institución familiar.
Es sabido que los cónyuges al momento de
contraer matrimonio se prometen, tanto el derecho de mantener relaciones
sexuales mutuas y no permitirlas con terceros, como también el deber de
convivir bajo un mismo techo. Dichos compromisos, que constituyen la máxima
obligación de los esposos al momento de casarse, encuentra fundamento en los
artículos 176 y 178 del C.C. que disponen: “Los cónyuges están obligados a
guardarse fe” y “Salvo causa justificada los cónyuges tienen la
obligación de vivir juntos…”. A partir de tales obligaciones, es que la ley
consagra como presunción que: “El hijo concebido durante el matrimonio de
sus padres es hijo legítimo” (C.C. art. 213), y que “El hijo que nace
después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio, se
reputa concebido en él y tiene por padre al marido”. (C.C. ert. 214).
Convalidando esta línea de interpretación,
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en diversas
oportunidades, ha sostenido que la presunción de concepción del matrimonio esta
basada en las obligaciones matrimoniales y de comunidad de vida, y muy
concretamente, en el deber de fidelidad de la mujer y la presunción de
inocencia de que no se incurre en adulterio[21].
En relación con este tema, dijo la Corte:
“La presunción legal de legitimidad que
cobija al hijo concebido durante el matrimonio de sus padres y que tiene como
fundamento otra presunción: la de fidelidad de las mujeres casadas, toma fuerza
tal con el reconocimiento del hijo, en la hipótesis estudiada, que se hace
inexpugnable frente a los herederos del marido, aunque éste haya fallecido sin
fenecer el plazo que le otorga la ley para impugnar la pretendida legitimidad.”
(Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de
septiembre de 1978, M.P. Germán Girardo Zuluaga).
Con esa misma posición, en la Sentencia
C-800 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), esta Corporación señaló:
Conviene recordar que la presunción de la paternidad del marido -pater
is est quem nuptiae demostrant-, está íntimamente relacionada
con la presunción de cohabitación de los cónyuges y de fidelidad de la mujer. Y
como se trata de una presunción legal, admite prueba en contrario.
7.4. Sobre el segundo grupo, cabe destacar
que en el se sitúan los hijos extramatrimoniales cuya condición cambia con el
subsiguiente matrimonio de sus padres. El Código Civil establece que la
filiación matrimonial por matrimonio posterior puede darse, o bien por
ministerio de la ley -ipso iure-, caso en el cual los padres no
tienen que manifestar su deseo de reconocimiento ni el hijo declarase conforme
con el mismo, o bien por declaración voluntaria, evento en el cual debe
mediar manifestación inequívoca de los padres y la correspondiente notificación
y aceptación del hijo (C.C arts. 240 a 243).
7.5. De acuerdo con los artículos 237 y 238
del C.C., son hijos matrimoniales ipso iure (i) los concebidos antes del
matrimonio pero nacidos dentro de él y (ii) los concebidos y nacidos fuera del
matrimonio pero reconocidos como extramatrimoniales antes del matrimonio de sus
padres. Sobre los primeros, hay que decir que su reconocimiento ipso iure
parte de una presunción basada en razones de equidad, consistente en que el
responsable de la concepción es el marido de la mujer casada, pues se entiende
que el hombre que contrae matrimonio con quien se encuentra en estado de
gravidez lo hace porque se considera el padre de la criatura en gestación.
Respecto del segundo grupo, es evidente que su reconocimiento ipso iure
no opera con fundamento en una presunción, sino como consecuencia lógica de la
previa declaración de reconocimiento de hijo extramatrimonial por parte de sus
padres.
7.6. Por otra parte, el artículo 239 del
mismo ordenamiento prevé que son hijos matrimoniales por declaración
voluntaria: (i) los reconocidos por sus padres en el momento del matrimonio,
debiendo dejar constancia en el acta de matrimonio respectiva, y (ii) los
reconocidos por escritura pública con posterioridad al matrimonio, en la que
debe designarse con exactitud a los hijos a quienes se les concede el
beneficio. En este grupo se incluyen también a (iii) los hijos reconocidos por
sentencia judicial, que se promueve a través de la acción de investigación de
la paternidad matrimonial (Ley 45 de 1936, art. 4°)[22].
7.7. Es menester precisar que, sin importar
que se trate de hijos matrimoniales ipso iure o por declaración
voluntaria, la ley civil no establece ninguna diferencia entre unos y otros y
les reconoce los mismos derechos y las mismas obligaciones de que son titulares
los hijos matrimoniales propiamente dichos, es decir, los concebidos y nacidos
dentro del matrimonio. Sobre este particular, los artículos 245 y 246 del C.C.
consagran que: “Los legitimados por matrimonio posterior son iguales en todo
a los legítimos concebidos en matrimonio”; y que “La designación de
hijos legítimos aun con la calificación de nacidos de legítimo matrimonio, se
entenderá comprender a los legitimados tanto en leyes y decretos como en los
actos testamentarios y en los contratos, salvo que se exceptúe señalada y
expresamente a los legitimados”.
7.8. Ahora bien, para que le sea reconocida
a un hijo su filiación matrimonial, es necesario que se cumplan los siguientes
supuestos, a saber: (i) que haya existido matrimonio de los padres -válido o
nulo-, (ii) que el hijo haya sido concebido dentro del matrimonio o reconocido
por el subsiguiente vínculo jurídico, (iii) que se presente la maternidad de la
presunta madre y (iv) que tenga ocurrencia la paternidad del presunto padre.
Probadas tales exigencias, ha de concluirse que se encuentra definida la
filiación matrimonial del hijo, aun cuando la misma pueda ser impugnada por
quienes están legitimados para ello, siempre que en le respectivo término legal
logren demostrar la inexistencia de alguno de los requisitos señalados.
7.9. En lo que tiene que ver con los hijos
concebidos y nacidos dentro del matrimonio o hijos matrimoniales propiamente
dichos, la presunción legal de paternidad prevista en los artículos 213 y 214,
aun cuando encuentra un fundamento sólido en las obligaciones matrimoniales del
debito conyugal y cohabitación, no es en todo caso absoluta y, por
tanto, la ley contempla la posibilidad que pueda ser desvirtuada de dos
maneras. En los casos en que esta presente la presunción de paternidad,
allegando las pruebas que dejen sin fundamento la misma, y cuando no tiene
lugar la presunción pater is est, desconociendo y controvirtiendo en el
plazo señalado por la ley, la paternidad que se atribuye.
7.10. No obstante, atendiendo a las
circunstancias especiales que amparan dicha presunción legal, el artículo 216
del C.C. y la Ley 75 de 1968 (en su modificación al art. 3° de la Ley 45 de
1936), sólo le reconocen legitimación para impugnar la paternidad del hijo
matrimonial, al marido mientras viva y al propio hijo[23]. Al marido, dentro de
los 60 días siguientes al día que tuvo conocimiento del parto -si residía en el
lugar del nacimiento- o al día en que regresó a la residencia de la mujer -si
se encontraba ausente para la fecha del parto-, demostrando en ambos casos que
no tuvo relaciones sexuales con la esposa para la época de la concepción o que
durante el mismo tiempo ésta mantuvo relaciones sexuales con otros hombres
(C.C. arts. 214 y 215). Al hijo, en cualquier tiempo, cuando su nacimiento haya
tenido lugar después del décimo mes siguiente al día en que el marido o la
madre abandonaron el hogar conyugal en forma definitiva, y en todo caso, en
aplicación a lo decidido por la Corte en la Sentencia C-109 de 1995, invocando
las mismas razones previstas por los artículos 214 y 215 del C.C. para el
marido. Excepcionalmente, en caso de separación de hecho o declaración judicial
de divorcio por adulterio de la mujer, el marido también puede impugnar la
paternidad en cualquier tiempo, probando que para la época de la concepción no
hacía vida conyugal con la mujer (Ley 95 de 1890, arts. 5° y 6°).
En el evento en que el marido fallezca
antes de vencerse el plazo fijado por la ley para declarar que no reconoce al
hijo como suyo, los artículos 219, 221 y 222 del C.C. le otorgan el derecho de
impugnar a (i) los ascendientes del marido[24]
y (ii) a toda persona a quien la paternidad del hijo le ocasione un perjuicio
actual; impugnación que deben promover dentro de los 60 días siguientes a la
fecha en que tengan conocimiento del parto o de la muerte del esposo, pero
siempre que este último no haya reconocido como suyo al hijo a través de
testamento u otro instrumento público.
7.11. Tratándose de la impugnación de
filiación matrimonial por subsiguiente matrimonio, los tratadistas coinciden en
señalar que la ley distingue entre hijos concebidos fuera del matrimonio pero
nacidos en él, e hijos nacidos fuera del matrimonio. Respecto de los hijos
concebidos antes del matrimonio pero nacidos en él, el artículo 247 del C.C.
ordena que se sigan las mismas reglas de impugnación aplicables a los hijos
concebidos y nacidos dentro del matrimonio, medida que encuentra explicación en
el hecho de que en los dos casos el reconocimiento del hijo se ampara en la
presunción de paternidad del marido. No obstante, para los hijos nacidos fuera
del matrimonio la norma acusada, el artículo 248 del C.C., aplica unas reglas
diferentes:
-
La acción de impugnación
puede ser ejercida por “los que prueben un interés actual en ello, y los
ascendientes legítimos del padre o madre legitimantes”, de lo cual se
deduce que la acción no es exclusiva del marido y el hijo, éste último en
cualquier tiempo, sino que también corresponde ejercerla a terceros con
interés.
-
La impugnación se
adelanta por los interesados probando que el hijo no ha podido tener por padre
al marido o por madre a la esposa; es decir, a quienes han reconocido la
filiación matrimonial, pudiendo acudir a cualquier medio de prueba ya que no se
busca desvirtuar una presunción, sino demostrar que la declaración de
reconocimiento no se ajusta a la realidad.
-
En caso de que la
impugnación sea promovida por los ascendientes, deben hacerlo en el término de 60
días, contados a partir de la fecha en que conocieron la filiación. Si la
impugnación es alegada por persona diferente, la acción tiene que presentarse “en
los trescientos días subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual y
pudieron hacer valer su derecho”.
7.12. Como puede observarse, en
punto al tema de la impugnación de la paternidad, es cierto que el legislador
otorga distinto tratamiento jurídico a los hijos nacidos dentro del matrimonio
respecto de los hijos extramatrimoniales; distinción que no se limita al
establecimiento de un plazo diferente para ejercer la acción por cuenta de
quienes demuestren un interés -60 y 300 días-, sino que abarca también a los
sujetos legitimados para ello y las condiciones en que debe llevarse a cabo la impugnación.
En efecto, respecto de los
sujetos activos, se tiene que en el caso de los hijos nacidos en el
matrimonio, ya sean los concebidos dentro del mismo o fuera de él, la ley
habilita directamente al padre y al hijo para impugnar, y sólo ante la muerte
de aquél extiende la legitimación por activa a terceros, condicionándola
incluso a que el padre no haya reconocido expresamente al hijo por instrumento
público. No ocurre lo mismo en el caso de los hijos extramatrimoniales, pues
allí se le reconoce capacidad de impugnación directa a todo el que demuestre un
interés actual, comprendiendo ello no solo al padre y al hijo sino a terceros
que pueden ejercer la acción aun estando en vida el padre sin ninguna
limitación. En cuanto a las condiciones de impugnación, mientras que
para controvertir el reconocimiento del hijo nacido dentro del matrimonio el
padre debe desvirtuar la presunción prevista en los artículos 213 y 214 del
C:C., demostrando únicamente
que no tuvo relaciones sexuales con la esposa para la época de la concepción o
que durante el mismo tiempo ésta mantuvo relaciones sexuales con otros hombres,
tratándose de hijos extramatrimoniales, los interesados -familiares y terceros-
buscan dejar sin efecto es la declaración voluntaria o judicial de reconocimiento,
desvirtuando esta última por cualquier medio de prueba.
7.13. Para la Corte,
apartándose de los planteamientos de la demanda y del concepto emitido por el
Ministerio Público, ese tratamiento diferencial no es discriminatorio ni
contrario a la Constitución, ya que el mismo encuentra un principio de razón
suficiente en el hecho de provenir de situaciones jurídicas diversas que tiene
origen en la institución del matrimonio y la unión de hecho. Conforme se ha
visto, a partir de las distintas formas de constituir una familia, el
legislador, en ejercicio de su competencia constitucional de determinar el
estado civil de las personas (C.P. art. 42), ha regulado de manera diversa la
filiación matrimonial del hijo nacido en el matrimonio y la del hijo extramatrimonial.
En ese sentido, la falta de uniformidad en los términos y condiciones para
impugnar la paternidad, es una consecuencia necesaria de la variedad existente
en ese ámbito regulatorio; es decir, de la diferencia de régimen jurídico
aplicable a unos hijos -los matrimoniales- y el que es predicable de los otros
-los extramatrimoniales-.
Ciertamente, en la medida en
que la filiación de los hijos nacidos dentro del matrimonio tiene origen en la
presunción de paternidad que no requiere ser probada y que se funda en
obligaciones mutuas de los cónyuges surgidas del matrimonio como son la
fidelidad, la cohabitación y la equidad, resulta consecuente con ello que el
legislador consagre un instituto impugnatorio de la paternidad más restrictivo,
pues en estos casos existe un mayor grado de certeza sobre la realidad de dicha
filiación.
No ocurre lo mismo en el caso
de los hijos extramatrimoniales, ya que su estado civil no surge a partir del
consentimiento otorgado por la pareja ni se encuentra amparado en la presunción
de paternidad. En realidad, el mismo es consecuencia de la ulterior declaración
de reconocimiento que haga el padre -voluntaria o judicial-, reconocimiento
cuya validez depende de que sea notificado y aceptado por el hijo, y que por lo
mismo, en cuanto se funda en una situación de hecho diferente que por regla
general no se rige por las obligaciones de fidelidad y cohabitación, no ofrece
el mismo nivel de certeza en torno a la filiación, e incluso se presta para que
el acto de reconocimiento pueda ser simulado y no proceda de una declaración de
voluntad seria y real.
7.14. No considera esta
Corporación, que establecer distintos plazos para impugnar la paternidad de los
hijos nacidos dentro del matrimonio y de los nacidos fuera de él, afecte la
igualdad de derechos que la Constitución ordena reconocer en los mismos
términos para unos y otros. Como ya se mencionó, los artículos 245 y 246 del
C.C. consagran expresamente la igualdad de derechos y obligaciones para todos
los hijos de filiación matrimonial,
ya sean nacidos en matrimonio o fuera del mismo, mandato que se materializa,
para el caso de la impugnación de la paternidad, en la posibilidad otorgada a
todos sin excepción de ejercer la acción en cualquier tiempo. En relación con
esto último, el  artículo 3° de la Ley 75 de 1968 prescribe claramente que “[e]l
hijo podrá reclamar en cualquier tiempo contra su legitimidad presunta...”.
7.15. En realidad, el término de 300 días
que se acusa de inconstitucional, es predicable de la acción de impugnación que
radicada la ley en cabeza de todo el que demuestre un interés actual en
comprobar la falsedad del reconocimiento, siendo el mismo consecuente con el
propósito de garantizar en forma razonable a los terceros la defensa de sus
intereses familiares ante la posibilidad de que la filiación del hijo
extramatrimonial no sea auténtica y les genere perjuicios morales o económicos.
Amplitud que, por lo demás, se justifica también en el hecho de que el tema de
la filiación es propio del ámbito de la intimidad del núcleo familiar más
próximo, lo cual lo hace a su vez difícilmente perceptible por otros
interesados en el corto plazo.
7.15. En consecuencia, no se
opone al principio de igualdad que el legislador, tomando en consideración la
condición de hijo matrimonial o extramatrimonial, establezca distintos términos
y condiciones para impugnar la legitimidad de la paternidad, pues ello esta
plenamente justificado en las diferencias que a nivel constitucional y legal existe
entre el matrimonio y la unión de hecho, las cuales se ven materializada en la
variedad de medidas normativas que determinan su regulación jurídica. En
relación con el principio de igualdad, esta Corporación ha dicho que el mismo
“no puede implicar la impotencia del legislador para establecer normas
especiales, excepciones, prohibiciones o requisitos para llevar a cabo
actividades o para ejecutar actos jurídicos, ya que semejante entendimiento de
ese postulado llevaría a la más completa desfiguración de la tarea legislativa
y a la imposibilidad de que mediante ella se introdujeran las distinciones
propias de la justicia distributiva, todo lo cual conduciría a la esterilidad
de la legislación”[25].”
Fecha ut supra,
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
[1]
Constitución Política. Art. 42: ... “Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él,
adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales
derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable.”
[2]
Sobre este tema confróntese también la Sentencia C-596 de 1996, M.P Jorge
Arango Mejía.
[3]
El artículo 216 del C.C. y la Ley 75 de 1968
sólo le reconoce legitimación para impugnar la paternidad del hijo matrimonial
al marido mientras viva y al propio hijo. Si
el marido fallece antes de vencerse el plazo fijado por la ley para declarar
que no reconoce al hijo como suyo, los artículos 219, 221 y 222 del C.C. le
otorgan el derecho de impugnar a  los ascendientes del marido y a toda persona
a quien la paternidad del hijo le ocasione un perjuicio actual.
[4]
En la sentencia C-800 de 2000, M.P José Gregorio Hernández Galindo, la Corte
condicionó la constitucionalidad de esta disposición a que se entendiera que
hace referencia a la posibilidad que  tiene el marido de impugnar, no la
“legitimidad” -como literalmente lo indica la norma-, sino la paternidad
del hijo nacido dentro del  matrimonio. La brevedad del término fue encontrada
exequible.
[5]
ART. 219.—“Si el marido muere antes de vencido el término que le conceden las
leyes para declarar que no reconoce al hijo como suyo, podrán hacerlo en los
mismos términos los herederos del marido, y en general toda persona a quien la
pretendida legitimidad del hijo irrogare perjuicio actual.
Cesará este derecho si el padre hubiere reconocido al
hijo como suyo en su testamento o en otro instrumento público.”
[6]
ART. 220.—A petición de cualquiera persona que tenga interés actual en ello,
declarará el juez la ilegitimidad del hijo nacido después de expirados los
trescientos días subsiguientes a la disolución del matrimonio.
[7]
El hijo puede impugnar la paternidad matrimonial
en cualquier tiempo, cuando su nacimiento haya tenido lugar después del décimo
mes siguiente al día en que el marido o la madre abandonaron el hogar conyugal
en forma definitiva.
[8]
Se exceptúa el caso en el cual el padre ha muerto antes de vencerse el plazo
para declarar que no reconoce al hijo, pues aquí el plazo empieza a contarse
desde la muerte del padre.
[9]
M.P José Gregorio Hernández Galindo.
[10]
Claro Solar, Luis. DERECHO CIVIL CHILENO. Imprenta El Imparcial Santiago de
Chile, 1943. Pág. 398.
[11]
Cfr. Las Sentencias T-523 de 1992 y C-289 de 2000, entre otras.
[12]
Cfr. La Sentencia C-289 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[13]
Cfr. La sentencia C-047 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía.
[14]
Cfr. Sentencia C-105 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía.
[15]
Sentencia Ibídem.
[16]
Sentencia C-595 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía.
[17]
Sentencia Ibídem.
[18] Cfr. Código Civil artículo 411 numeral 4°.
[19] Cfr. Código Civil art. 154 numerales 8° y 9°.
[20]
Sentencia C-174 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía).
[21]
Cfr., entre otras, las Sentencias de la Sala  de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia del 30 de marzo de 1943 (M.P. Ricardo
Hinostroza daza), 20 de febrero de 1958 (M.P. arturo valencia Zea) y 22 de
septiembre de 1979 (M.P. Germán Girardo Zuluaga).
[22]
En la medida en que el C.C. no establece el ejercicio de la
acción de investigación de la paternidad matrimonial, la Corte Suprema de Justicia,
en Sentencias del 14 de diciembre de 1960 y del 22 de julio de 1964, advirtió
que los hijos extramatrimoniales cuyos padres contrajeron matrimonio sin haber
proferido acto de reconocimiento, pueden impugnar a través de la acción
prevista para los hijos extramatrimoniales en el artículo 4° de la Ley 45 de
1936.
[23]
De acuerdo con lo resuelto por la Corte en la Sentencia C-109
de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), en virtud del principio de
igualdad, las causales con que cuenta el marido para impugnar la paternidad se
extienden también al hijo.
[24]
En la Sentencia C-105 de 1994 (M.P. Jorge Arango Mejía), la Corte declaró
inexequible el término “legítimo”  contenido en el Artículo 222 del
Código Civil, en cuanto por su intermedio se entendía conferida la acción de
impugnación únicamente a los ascendientes legítimos del marido, lo cual era
claramente discriminatorio. Con el retiro de dicha expresión del ordenamiento
jurídico, se entiende que son titulares de la acción de impugnación todos los
ascendientes del marido, sean o no legítimos.
[25]
Sentencia C-016 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón.