C-806-09
Sentencia
C-806/09
Sentencia c-806/09
ALLANAMIENTO Y REGISTRO DE DOMICILIO SIN
ORDEN JUDICAL-Excepción
por consentimiento libre y expreso del propietario o tenedor del bien objeto
del registro no vulnera la Constitución/ALLANAMIENTO Y REGISTRO DE DOMICILIO
SIN ORDEN JUDICAL-Excepción por consentimiento del propietario o tenedor
sujeta a control posterior
El numeral 1 del artículo 230 de la Ley 906 de 2004,
consagra una de las excepciones a la formalidad de la orden escrita de la
Fiscalía General de la Nación como condición previa a la realización del
allanamiento, que prevé la autorización expresa del propietario o morador del
domicilio objeto de registro que pueda verse afectado con su realización,
siendo el motivo que justifica esta modalidad de allanamiento la realización de
una investigación penal y la formalidad exigida, que el consentimiento del
propietario, o morador del domicilio o de la persona afectada con el
allanamiento sea dado libremente, por lo que la mera ausencia de objeciones no se considera
suficiente.  La
autorización libre y expresa del titular de los derechos a la inviolabilidad
del domicilio y a la intimidad, deriva esta forma de allanamiento en un acto
razonable y proporcionado siempre que el consentimiento haya sido manifestado
de manera libre y expresa. No obstante, dado que la excepción planteada sólo lo es frente a la
exigencia de una orden escrita de autoridad judicial, pero no frente al
requisito del control judicial posterior que establece el numeral 2º del
artículo 250 de la Carta, el allanamiento excepcional previsto en la norma, debe
someterse al examen del juez de control de garantías, quien valorará en cada
caso si el consentimiento dado por el afectado por la diligencia de
allanamiento fue libre y expreso, o si por el contrario fue fruto de un acto arbitrario
o abusivo.
POTESTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
RESTRICCIONES A LA LIBERTAD INDIVIDUAL-Competencia limitada/POTESTAD DE CONFIGURACION
LEGISALTIVA EN RESTRICCIONES A LA LIBERTAD INDIVIDUAL-Sujeta a criterios de
razonabilidad y proporcionalidad
JUICIO DE PROPORCIONALIDAD ESTRICTO-Aplicación en norma que autoriza el
allanamiento y registro sin autorización judicial con el sólo consentimiento
del propietario o tenedor del bien
ALLANAMIENTO Y REGISTRO DE DOMICILIO SIN
AUTORIZACION JUDICIAL-Medida
debe ser necesaria, razonable y proporcional a la finalidad que persigue
La Corte Constitucional ha afirmado de
manera reiterada que la potestad de configuración del legislador al establecer
restricciones a la libertad individual, es una competencia limitada y ha de ser
ejercida conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, a fin
de que tales limitaciones no resulten arbitrarias, dado que el ejercicio de esta potestad de
configuración puede incidir en el goce de derechos constitucionales, por lo que
la Corte ha dicho que limitaciones deben ser adecuadas para lograr el fin
perseguido, necesarias, en el sentido de que no exista un medio menos gravoso
en términos de afectación de otros principios constitucionales, y por último,
deben ser proporcionales stricto sensu, esto es, que no se afecten
excesivamente valores y principios que tengan un mayor peso que el fin
constitucional que se pretende alcanzar.
DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE DOMICILIO-Protección constitucional/DERECHO A LA
INVIOLABILIDAD DE DOMICILIO-Carácter relativo/DERECHO A LA
INVIOLABILIDAD DE DOMICILIO-Regulación sometida a reserva legal
ALLANAMIENTO Y REGISTRO DE DOMICILIO-Requisitos/ALLANAMIENTO Y REGISTRO DE
DOMICILIO-Reserva legal/ALLANAMIENTO Y REGISTRO DE DOMICILIO-Reserva
judicial/ALLANAMIENTO Y REGISTRO DE DOMICILIO-Autoridades judiciales
autorizadas para ordenarlo en el ámbito penal
Por regla general, de conformidad con el artículo 28
de la Constitución, son tres los requisitos exigidos a las autoridades para
registrar un domicilio: (i) la existencia de un mandamiento escrito de
autoridad judicial competente; (ii) el respeto a las formalidades legales y
(iii) la existencia de un motivo previamente definido en la ley. Sin embargo,
Como excepciones a este régimen general que exige una orden judicial previa, la
Carta establece expresamente dos: (i) en el artículo 32 Superior, que permite
el ingreso “de los agentes de la autoridad” al domicilio donde se refugia el
delincuente sorprendido en flagrancia; y (ii) en el artículo 250, numeral 3,
que autoriza a los fiscales a ordenar y practicar allanamientos, con control
posterior por parte del juez de control de garantías. Fuera de estas dos
excepciones, el artículo 28 de la Carta ha autorizado al legislador a establecer
otros motivos por los cuales se podría ingresar a domicilio ajeno. Respecto de
las autoridades judiciales que en el ámbito penal pueden expedir las ordenes de
allanamiento son la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, las
Salas Penales de los Tribunales Superiores, los jueces de la República en lo
penal, la Fiscalía General de la Nación y el Senado cuando ejerce las funciones
de juzgamiento.
ALLANAMIENTO Y REGISTRO DE DOMICILIO SIN
ORDEN JUDICIAL-Constituye
una excepción a la regla general
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR
INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Ausencia de cargos ciertos y de argumentos específicos
y pertinentes
SENTENCIA CONDICIONADA-Aplicación
Referencia: expediente D-7707
Accionante: Alfonso Daza González.
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 184, inciso final, 230, numeral 1 y 445
(parcial) de la Ley 906 de 2004.
Magistrada Ponente:
Dra. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., once (11) de noviembre de dos
mil nueve (2009).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos de
trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la
acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 40-6, 241-4
y 242-1 de la Constitución Política, el ciudadano Alfonso Daza González,
demandó el artículo 184, inciso final, 230, numeral 1 y 445 de la Ley 906 de
2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, por considerar
que la norma acusada vulnera los artículos 15, 32, 116, inciso final y 250
numerales 2 y 4 de la Constitución Política.
Mediante Auto del siete (07) de mayo de 2009, la
Magistrada sustanciadora admitió la demanda referida. Por consiguiente, ordenó
comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al
Presidente del Congreso de la República, al Ministerio del Interior y de
Justicia, a la Fiscalía General de la Nación, a la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
11 del Decreto 2067 de 1991. Además, invitó a participar en este proceso a las
facultades de Derecho de la Universidad de los Andes, de la Universidad
Externado de Colombia, de la Universidad EAFIT, y al Instituto Colombiano de
Derecho Procesal, dando cumplimiento a lo prescrito por el artículo 13 del
referido decreto. Ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación,
como lo señala el artículo 7 del Decreto 2067 de 1991. Finalmente, ordenó fijar
en lista las normas acusadas para efectos de la intervención ciudadana, a fin
de cumplir con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 2067 de 1991.
Cumplidos los trámites constitucionales y
legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional
procede a decidir acerca de la demanda en referencia.
II.
NORMA DEMANDADA.
El texto de la disposición demandada, tal como aparece
publicado en el Diario Oficial
No.45658, es el siguiente:
Ley 906 de 2004
(agosto 31)
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
(...)
Artículo 184. Admisión. Vencido el término para
interponer el recurso, la demanda se remitirá junto con los antecedentes
necesarios a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que
decida dentro de los treinta (30) días siguientes sobre la admisión de la
demanda.
No será seleccionada, por auto debidamente motivado
que admite recurso de insistencia presentado por alguno de los magistrados de
la Sala o por el Ministerio Público, la demanda que se encuentre en cualquiera
de los siguientes supuestos: si el demandante carece de interés, prescinde de
señalar la causal, no desarrolla los cargos de sustentación o cuando de su
contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir
algunas de las finalidades del recurso.
En principio, la Corte no podrá tener en cuenta
causales diferentes de las alegadas por el demandante. Sin embargo, atendiendo
a los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del
impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada, deberá
superar los defectos de la demanda para decidir de fondo.
En caso contrario, se fijará fecha para
la audiencia de sustentación que se celebrará dentro de los treinta (30) días
siguientes, a la que podrán concurrir los no recurrentes para ejercer su
derecho de contradicción dentro de los límites de la demanda.
Artículo 230. Excepciones al requisito
de la orden escrita de la Fiscalía General de la Nación para proceder al
registro y allanamiento. Excepcionalmente
podrá omitirse la obtención de la orden escrita de la Fiscalía General de la
Nación para que la Policía Judicial pueda adelantar un registro y allanamiento,
cuando:
1. Medie consentimiento expreso del
propietario o simple tenedor del bien objeto del registro, o de quien tenga
interés por ser afectado durante el procedimiento. En esta eventualidad, no se
considerará como suficiente la mera ausencia de objeciones por parte del
interesado, sino que deberá acreditarse la libertad del afectado al manifestar
la autorización para el registro.
2. No exista una expectativa razonable de
intimidad que justifique el requisito de la orden. En esta eventualidad, se
considera que no existe dicha expectativa cuando el objeto se encuentra en
campo abierto, a plena vista, o cuando se encuentra abandonado.
3. Se trate de situaciones de emergencia tales como
incendio, explosión, inundación u otra clase de estragos que pongan en peligro
la vida o la propiedad.
4. Se lleve a cabo un registro con ocasión
de la captura del indiciado, imputado, acusado, condenado.
Parágrafo. Se considera también aplicable la excepción
a la expectativa razonable de intimidad prevista en el numeral 2, cuando el
objeto se encuentre a plena vista merced al auxilio de medios técnicos que
permitan visualizarlo más allá del alcance normal de los sentidos.
Artículo 445. Clausura del debate. Una vez presentados los alegatos, el juez declarará
que el debate ha terminado y, de ser necesario, podrá decretar un receso hasta
por dos (2) horas para anunciar el sentido del fallo.
III.
LA
DEMANDA.
Expone el accionante que los artículos
demandados vulneran los artículos 15, 32, 116 inciso final y 250, numerales 2 y
4, de la Constitución Política de Colombia.
En cuanto al artículo 184 de la Ley 906 de
2004, el demandante considera que la expresión “se fijará fecha para la
audiencia de sustentación que se celebrará dentro de los treinta (30) días
siguientes, a la que podrán concurrir”, debe ser declarado inexequible
puesto que el Acto legislativo 03 de 2002 donde se implementó el sistema
acusatorio y se dio paso a la oralidad sólo es aplicable, por sus
características, a la etapa del juicio.
Argumenta el accionante que la oralidad se
va a aplicar “en el proceso penal en la primera instancia –o en los casos de
única instancia –, porque es allí donde se presenta la teoría del caso a través
de los alegatos de apertura, se interrogan y contrainterrogan a los testigos,
se presenta la evidencia demostrativa, se incorporan y autentican los elementos
materiales probatorios y la evidencia física, se presentan las objeciones, se
exponen los alegatos finales y se indica el sentido del fallo,” pero según
el actor, no tiene sentido ni cumple función alguna aplicarlo al recurso
extraordinario de casación. “De allí en adelante, y de manera particular en
sede del recurso extraordinario de casación, no se requiere volver a hablar de
juicios orales, públicos, contradictorios, concentrados y con inmediación de
las pruebas, porque allí no se van a exponer teorías del caso a través de los
alegatos de apertura, no se van a interrogar y contrainterrogar a los testigos,
no se va a presentar evidencia demostrativa, no se van a exponer alegatos
finales, ni se va a indicar el sentido del fallo”. En conclusión para el
demandante el apartado demandado “no solo desconoce las características del
nuevo sistema procesal, y convierte dicha sustentación en un acto procesal
innecesario, injustificado y contrario a los fines del juicio oral, público,
concentrado y contradictorio, sino que además desconoce los fines del recurso
extraordinario de casación”.
Con referencia al artículo 445 de la Ley
906 de 2004 el actor solicita se declare inexequible el aparte que establece
que quien anuncia el sentido del fallo es el juez, y no el jurado en las causas
criminales, con lo cual resulta contrario a la Constitución Política y al Acto
Legislativo 03 de 2002. Para el demandante, el mencionado acto legislativo creó
la institución del jurado en las causas criminales y modificó “la función
del juez de indicar o dar el sentido del fallo.” Por lo anterior concluye
que “el artículo 445 de la Ley 906 de 2004, establece que quien anuncia el
sentido del fallo es el juez de conocimiento, y no los particulares investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de
jurados en las causas criminales.”
En relación con el artículo 230 numeral 1
de la Ley 906 de 2004, el actor solicita declararlo inexequible porque prevé la
vulneración del derecho a la intimidad (art. 15 CP) por parte de la Policía
Judicial, quien al supuesto amparo del consentimiento del morador de la
vivienda, y sin que exista orden de autoridad judicial competente o una
situación de flagrancia que lo justifique, puede realizar el allanamiento.
Para el demandante, la autoridad competente
para emitir dichas órdenes es la Fiscalía General de la Nación, como lo
establece el artículo 250 de la Carta. Concluye el accionante diciendo: “No
existe otra posibilidad. Pretender hacerlo, como lo hace la norma demandada, es
asignar una potestad a quien no la puede ostentar, como lo es la función
investigativa, conformada por funcionarios que no son judiciales, ni que tienen
el carácter, y que al hacerlo le permite actuar – a la policía judicial – sin
que medie una orden judicial, y sin que exista situación de flagrancia.”
IV.
INTERVENCIONES
1.     Del Ministerio del Interior y de Justicia
La
Nación-Ministerio del Interior y de Justicia, intervino en el presente proceso
a través de apoderado y solicita a la Corte Constitucional dictar una sentencia
inhibitoria, en relación con el artículo 184 inciso final y artículo 445 en la
expresión “para anunciar el sentido del fallo”, “por cuanto la demanda no
cumple con los requisitos legales necesarios para realizar un examen de
constitucionalidad de dichas normas”; en cuanto al artículo 230 numeral 1,
solicita a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad del artículo. Para
fundamentar sus solicitudes expone los siguientes argumentos.
Considera el
interviniente que el actor realizó una interpretación muy restringida del
artículo 250 numeral 4 de la Constitución Política, “cuando afirma que el
“juicio” al cual se refiere dicha norma superior para que opere en él la
oralidad, es solamente la primera o única instancia y no las actuaciones
procesales subsiguientes como los recursos y en particular el recurso de
casación”. Así mismo considera el apoderado del Ministerio del Interior y
de Justicia que “desde ninguna perspectiva hermenéutica, se encuentra
fundamento para afirmar que este es el alcance de dicho concepto, contenido en
la norma invocada como violada por parte del artículo 184, inciso final, del
CPP, en la medida en que, en primer lugar, el constituyente no efectuó
precisión alguna a este respecto y, en segundo lugar, conforme a la acepción
natural de dicho concepto, contenida en el Diccionario de la Real Academia
Española, en su acepción general, significa “conocimiento de una causa en la
cual el juez ha de pronunciar la sentencia”, causa que, en criterio de este
ministerio, solo finaliza cuando la sentencia se encuentre ejecutoriada; es
decir, incluye las instancias en las cuales se resuelven los respectivos
recursos, entre ellos el de Casación” (negrilla en el texto).
Un segundo
aspecto, a juicio del interviniente, es que el actor “no cumple con el
requisito de suficiencia de las razones de inconstitucionalidad alegadas”, por
lo que se concluye que la Corte no podría proferir “un fallo de
fondo, en los términos señalados en el artículo 2 del Decreto de 1991 y, por
tanto, habrá de conducir a una sentencia inhibitoria por ineptitud sustancial
de la demanda.”
En relación con
el artículo 445 de la Ley 906 de 2004, en la expresión “para anunciar el
sentido del fallo”, considera el interviniente que “el actor no presenta
argumentos suficientes para fundamentar su inconstitucionalidad y parte de una
apreciación subjetiva del actor respecto del alcance de lo dispuesto en el 116
de la Constitución, modificado por Acto Legislativo No. 03 de 2002, sobre la
posibilidad de investir transitoriamente a los particulares de la función de
administrar justicia, en la condición de jurados en las causas criminales, pues
considera que esta disposición le esta dando un mandato absoluto y perentorio
al Legislador para que implemente la figura del Jurado en las causas
criminales, dada su obligación de implementar el sistema acusatorio, como lo
ordena el artículo 4 transitorio, inciso 3 del mencionado Acto Legislativo, lo
cual ni es cierto, ni está fundamentado suficientemente en el escrito de
acusación de la norma” por lo anterior estima que lo planteado conduce a
una sentencia inhibitoria por ineptitud sustancial de la demanda.
En cuanto al
artículo 230 numeral 1 del CPP, el interviniente estima que “resulta
ajustado a la Constitución el ingreso al domicilio ajeno del delincuente,
cuando medie autorización expresa e inequívoca del morador de dicho domicilio,
bajo el entendido que dicho ingreso, en la modalidad de registro o
allanamiento, no afecte derechos fundamentales superiores al de la intimidad
del morador, derecho éste de intimidad del cual estaría disponiendo libremente
dicho morador al expresar su consentimiento al allanamiento o registro”. El
Ministerio del Interior y de Justicia fundamenta lo dicho en el párrafo
anterior en la sentencia C-176 de 2007, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
2.     Del Instituto Colombiano de Derecho
Procesal
El Instituto Colombiano de
Derecho Procesal, interviene a través de apoderado en el proceso de la
referencia para solicitar que la Corte declare inexequible el artículo 184
parcialmente demandado y exequibles los apartes demandados de los artículos 230
y 445 de la Ley 906 de 2004.
En primer lugar, en cuanto a
la constitucionalidad de la expresión “se fijará fecha para la audiencia de
sustentación que se celebrará dentro de los treinta (30) días siguientes, a la
que podrán concurrir (…)” contenida en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004,
el interviniente señala que es inconstitucional, en razón de que los principios
del sistema acusatorio no tienen aplicación en el recurso de casación: “considero
que la oralidad como principio, es obligatoria en el desarrollo del proceso
penal, pero en la audiencia de sustentación del recurso de casación, pierde
completa eficacia y utilidad, pues en ella no existe ni la inmediación, ni la
concentración, ni la contradicción, es decir, la oralidad como característica
propia del sistema penal colombiano con corte acusatorio pierde su finalidad y
fundamento en dicha audiencia, toda vez que el sujeto recurrente se limita a
dar lectura a la demanda de casación o hacer un resumen de la misma, sin que en
dicha audiencia exista la exposición de la teoría del caso o la práctica de
pruebas o la exposición de argumentos jurídicos encontrados”. Concluye
diciendo que “la oralidad se ve menguada en el recurso de casación y es por
este motivo que considero la norma cuestionada como inconstitucional pues la
misma es ajena a las finalidades y principios del sistema penal acusatorio”.
En segundo lugar, en relación
con la constitucionalidad del artículo 230 de la Ley 906 de 2004, el
interviniente lo encuentra ajustado a la Constitución “siempre y cuando el
ente investigador, de manera excepcional al no contar con la respectiva orden
judicial, cuente con el consentimiento expreso del propietario o de la persona
que va a resultar afectada con el allanamiento o registro, consentimiento
libre, voluntario e independiente de presiones, pues de lo contrario, es decir,
si el consentimiento se encuentra viciado la diligencia de allanamiento es nula
y las pruebas obtenidas en la misma deberán ser excluidas de la investigación”.
En tercer y último lugar, en
cuanto al aparte “para anunciar el sentido de fallo” del artículo 445 de
la Ley 906 de 2004, el interviniente considera que es constitucional y “acorde
con la finalidad impuesta por el legislador al sistema penal colombiano, sin
embargo es de aclarar que si bien el Acto Legislativo 003 de 2002 consideró
importante la creación de los jurados en las causas criminales, su no
implementación, no crea ninguna incompatibilidad con la Constitución, pues
finalmente quien toma la decisión y pronuncia el sentido del fallo es un
tercero imparcial, descontaminado de la prueba, con lo cual se garantizan los
derechos del acusado y de los demás sujetos procesales”.
3.     Intervención Ciudadana
Hernando Barreto Ardila, interviene en el proceso en
curso y solicita que se declare inexequible la parte que reza “se fijará para
la audiencia de sustentación que se celebrará dentro de los treinta (30) días
siguientes, a la que podrán concurrir”, del artículo 184 de la Ley 906 de 2004.
Considera el interviniente que “la oralidad fue
dispuesta en el Acto Legislativo 003 de 2002 únicamente para la fase del
juicio, en cuanto allí cobra importancia el debate concentrado referido a la
práctica o aducción de pruebas por parte de los contendientes, ante un juez que
actúa como tercero y que anuncia el sentido del juicio una vez finalizado el
debate oral”. Por lo expuesto anteriormente el interviniente cree
innecesario que el recurso de casación sea sustentado en audiencia oral, puesto
que allí no se practican ni aduce pruebas, en palabras del interviniente “es
evidente que si la oralidad tiene sentido en la practica y aducción concentrada
de las pruebas, no se aviene con la razón común y traspasa el límite dispuesto
por el artículo 250 de la Carta Política, que el legislador haya dispuesto en
la Ley 906 de 2004 la celebración de audiencias orales para sustentar el
recurso de casación o el de apelación, cuando allí no hay oportunidad de
practicar o aducir pruebas, sino para escuchar los argumentos de impugnantes y
no recurrentes, los cuales bien pueden estar contenidos en un escrito, sin que
por ello se afecte la estructura medular del sistema acusatorio”.
Observa además que “el aparte demandado limita
indebidamente y de manera irrazonable el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia, pues obliga a los sujetos procesales en trámites
adelantados fuera de la sede de la Corte Suprema de Justicia asumir los costos
de traslado de su abogado para sustentar el recurso, cuando ya obra en el
expediente la respectiva demanda”.
Por lo anterior estima pertinente “declarar
inexequible el aparte normativo demandado, pues desborda el precepto
constitucional suficientemente claro al señalar que la oralidad es propia del
juicio, no de las otras fases y tanto menos del trámite extraordinario de
casación ulterior a la clausura de las instancias”. Solicita además “por
unidad de materia y por las mismas razones, es necesario también declarar
inexequible los apartes que se ocupan de la sustentación del recurso de
apelación interpuesto contra autos (inciso 1 del artículo 178) y sentencias
(inciso 2 del artículo 179)”.
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
El Procurador General de la Nación, mediante concepto
No. 4799 del 2 de agosto de 2009, solicita a la Corte se declare inhibida de
pronunciarse frente a los cargos contra los apartes demandados de los artículos
184 y 445 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustancial de la demanda y
declarar inexequible el numeral 1 del artículo 230 de la Ley 906 de 2004. A
continuación se resumen las razones de su solicitud.
Considera el Ministerio Público en relación con el
artículo 184 de la Ley 906 de 2004 que “el ciudadano no consiguió construir
un cargo de inconstitucionalidad, por cuanto las razones expresadas fueron
impertinentes para que procediera un análisis de fondo sobre el mismo”. De
igual manera se pronunció respecto del artículo 445 de la Ley 906 de 2004, en
cuanto “no acusa la vulneración de la Constitución sino razones de
conveniencia, capricho o deseo que no encuentran cobijo en el control abstracto
de constitucionalidad”. En consecuencia “dada la falta de pertinencia,
certeza y suficiencia de las acusaciones contra los artículos 184 inciso final
y 445 de la Ley 906, el Ministerio Público considera que el demandante no
consiguió trabar los cargos, situación que acarrea la declaración de inepta
demanda y la consecuente inhibición por parte del alto tribunal
constitucional”.
En cuanto al artículo 230 numeral 1 de la Ley 906 de
2004, solicita el Ministerio Público se declare inexequible, y arguye lo
siguiente:
“De la regla jurisprudencial señalada se
deriva que las diligencias de registro y allanamiento requieren orden judicial
para su práctica, que excepcionalmente al Fiscal le corresponde emitir la orden
en casos concretos, y que la salvedad a esa orden judicial es la flagrancia.
Ahora bien, el supuesto que es sometido a estudio, la ausencia de orden judicial
que se convalida con el consentimiento libre y expreso del propietario, tenedor
o interesado, para que sea la Policía Judicial quien discrecionalmente adelante
un registro y allanamiento de domicilio, no se ubica dentro de las causales que
constitucionalmente dan lugar a la justificación de la actuación sin orden
judicial”. Continua su explicación: “En este caso, en efecto el legislador
consagró una excepción a la excepción al principio de reserva judicial mediante
orden escrita por el competente en la práctica de diligencias de carácter
penal, holgura que claramente desborda los límites impuestos a las autoridades
en aquellas actuaciones que restringen derechos fundamentales como en este caso
sucede con el de intimidad y la inviolabilidad de domicilio”. Concluye: ”La
posibilidad de que los ciudadanos puedan ser abordados en su propio domicilio
directamente por la Policía Judicial para que, en el mismo acto y bajo la
intimidación que el mismo operativo produce, otorgue libre y expresamente su
consentimiento, plantea situaciones en las que fácilmente y, pese a las
cautelas tomadas por el legislador, se abra una larga compuerta que permita que
las autoridades de Policía Judicial se tomen amplias licencias en la
interferencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos, que por lo demás
puede conllevar a que bajo resguardo legal pueda incurrirse en abuso de
autoridad”.
VI.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1.     Competencia
En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4
Superior, la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de
inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como la que se acusa en la
demanda que se estudia.
2.     Cuestión previa: ineptitud sustantiva de
algunos de los cargos planteados en la demanda
Para el Procurador General de la Nación y para el
interviniente del Ministerio del Interior y de Justicia, dos de los cargos
planteados por el demandante no cumplen con los requisitos necesarios para
provocar un pronunciamiento de fondo.
En efecto, en relación con los cargos contra las
expresiones “se fijará fecha para la audiencia de sustentación que se
celebrará dentro de los treinta (30) días siguientes, a la que podrán
concurrir,” contenida en el inciso final del artículo 184, y “para
anunciar el sentido del fallo”, contenida en el artículo 445 de la Ley 906
de 2004, tanto el Procurador como el interviniente del Ministerio resaltan que
el demandante hace una interpretación amañada del alcance del artículo 250 de
la Carta, sin exponer razones constitucionalmente relevantes para examinar si
tales apartes son o no exequibles.
La Corte ha señalado de manera reiterada que el
ejercicio de la competencia rogada que tiene para asegurar “la integridad y
supremacía de la Constitución” en los estrictos términos del numeral 4 del
artículo 241 CP,[1] depende de que los
ciudadanos efectivamente presenten una demanda que le permita a la Corte
ejercer su función como guardiana de la Constitución y contrastar la norma
legal con el precepto constitucional supuestamente vulnerado y hacer un
pronunciamiento de fondo frente a un cargo cierto, claro, específico,
pertinente y suficiente.
Dado el carácter popular que la Constitución misma le
atribuye a la acción pública de inexequibilidad, la demanda debe ser analizada
a la luz del principio pro actione. Sin embargo, en ella deben concurrir
unas condiciones mínimas que permitan guiar la labor del juez constitucional y
orientar, asimismo, el debate de los intervinientes en el proceso que pretende
instarse.
El Decreto 2067 de 1991, en su artículo 2º prescribe
que la demanda debe contener: (i) el señalamiento de las normas acusadas como
inconstitucionales, trascribiéndolas literalmente por cualquier medio o
aportando un ejemplar de la publicación oficial; (ii) el señalamiento de las
normas constitucionales infringidas; (iii) las razones que sustentan la
acusación, esto es, el por qué se estima que se violan los textos
constitucionales; (iv) si se acusa quebrantamiento del debido trámite
legislativo, entonces debe señalarse cuál es el trámite que debió haberse
observado, y ; (v) la razón por la cual la Corte es competente. No obstante, no
es suficiente la observancia formal de esos requisitos. Además de las
exigencias formales, es importante determinar el objeto de la demanda, la razón
por la cual la Corte es competente para conocer de ella, y el concepto de la
violación.
El concepto de la violación se formula
debidamente cuando (i) se identifican las normas constitucionales
vulneradas; (ii) se expone el contenido normativo de las disposiciones
acusadas -lo cual implica señalar aquellos elementos materiales que se estiman
violados-; (iii) y se expresan las razones por las cuales los textos
demandados violan la Constitución. Esas razones –según amplia y reiterada
jurisprudencia de la Corte- deben ser razones claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes.[2]
En el asunto bajo estudio, en relación con los cargos
contra la expresión “se fijará fecha para la audiencia de sustentación que
se celebrará dentro de los treinta (30) días siguientes, a la que podrán
concurrir,” contenida en el inciso final del artículo 184 de la Ley 906 de
2004, el demandante señala razones de inconveniencia frente al hecho de que el
legislador haya extendido la oralidad a la sustanciación del recurso
extraordinario de casación, pues a su juicio, la oralidad solo tiene sentido en
la etapa del juicio. Tal señalamiento, no contiene una exposición de razones
ciertas, suficientes y pertinentes desde el punto de vista constitucional que
permitan comprender por qué el demandante considera que la oralidad en esta
etapa sería contraria a la Carta. En esa medida no existe un cargo susceptible
de análisis por parte de la Corte.
Por su parte, en cuanto a la expresión “para
anunciar el sentido del fallo”, contenida en el artículo 445 de la Ley 906
de 2004, el demandante considera que es contraria al Acto Legislativo 03 de
2002, porque le asignó al juez la función de anunciar el sentido del fallo y,
según su comprensión, en el sistema penal acusatorio tal función sólo
corresponde al jurado en las causas criminales. Sin embargo, ni del artículo
116 de la Carta, ni del texto de la norma acusada surge la interpretación que
hace el demandante. Tampoco resulta claro en qué consiste el cuestionamiento
constitucional. No existen, por lo tanto, razones ciertas ni suficientes que
permitan un análisis del cargo planteado por el demandante y en esa medida el
cargo es inepto.
Por lo anterior, la Corte Constitucional se inhibirá
de pronunciarse de fondo frente a los cargos contra las expresiones “se
fijará fecha para la audiencia de sustentación que se celebrará dentro de los
treinta (30) días siguientes, a la que podrán concurrir,” contenida en el
inciso final del artículo 184, y “para anunciar el sentido del fallo”,
contenida en el artículo 445 de la Ley 906 de 2004.
3.     El problema jurídico
En el presente caso, corresponde a la Corte resolver
el siguiente problema jurídico:
¿Vulnera el principio de la inviolabilidad
del domicilio y el derecho a la intimidad, permitirle a la policía judicial
allanar y registrar un domicilio sin orden de autoridad judicial competente,
cuando medie el consentimiento expreso del propietario o simple tenedor del
bien objeto del registro, o de quien tenga interés por ser afectado durante el
procedimiento?
Con el fin de resolver el anterior problema
jurídico, la Corte recordará brevemente la línea jurisprudencial sobre la
inviolabilidad del domicilio, la necesidad de orden judicial previa – como
regla general - para adopción de medidas de investigación que impliquen
afectación de derechos fundamentales y el control posterior que debe ejercer el
juez de control de garantías cuando se adelanten  registros y allanamientos, y
con base en ese marco juzgará la norma cuestionada.
4.     La protección constitucional del derecho a
la inviolabilidad del domicilio. Límites
constitucionales a la potestad de configuración del legislador en materia de
inviolabilidad del domicilio y la exigencia de respeto del principio de
proporcionalidad
4.1. De conformidad con el artículo 28
Superior “Nadie puede ser molestado en su persona o familia, (…) ni su
domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad
judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente
definido en la ley.”
Sobre este derecho la Corte ha señalado que
“goza de protección del Estado y que, al mismo tiempo, hace parte del núcleo
esencial de los derechos a la intimidad personal y familiar (artículo 15), a la
libertad y seguridad individual y la propiedad de las personas (artículo 58 de
la Constitución).”[3] En esa medida, se ha
señalado que la protección del domicilio comprende la protección de “además
de los lugares de habitación, todos aquellos espacios cerrados, en donde las
personas desarrollan de manera inmediata su intimidad y su personalidad
mediante el libre ejercicio de su libertad.”[4]
Esta garantía constitucional tiene por
objeto “proteger los ámbitos en los que se desarrolla la intimidad o
privacidad de la persona,”[5] pero “tiene un
carácter relativo y (…) por consiguiente, puede ser limitado en razón de
proteger otros derechos y valores con gran relevancia constitucional.”
También ha señalado esta Corporación que la
regulación de este derecho está sometido a una estricta reserva legal, como
quiera que además de las excepciones expresamente consagradas en los artículos
32[6]
y 250[7] de la Carta, solo el
legislador tiene la competencia para determinar expresamente los motivos que
facultan la realización de allanamientos y registros a un domicilio”.[8]
De conformidad con el artículo 28 de la Constitución,
por regla general, son tres los requisitos exigidos a las autoridades para
registrar un domicilio: (i) la existencia de un mandamiento escrito de
autoridad judicial competente; (ii) el respeto a las formalidades legales y
(iii) la existencia de un motivo previamente definido en la ley.[9]
El cumplimiento de estos tres requisitos ha sido valorado por la Corte
Constitucional al examinar normas que limitan el derecho a la inviolabilidad
del domicilio.
Como excepciones a este régimen general que exige una
orden judicial previa para el ingreso a domicilio ajeno, la Carta establece
expresamente dos: (i) en el artículo 32 Superior, que permite el ingreso “de
los agentes de la autoridad” al domicilio donde se refugia el delincuente
sorprendido en flagrancia; y (ii) en el artículo 250, numeral 3, que autoriza a
los fiscales a ordenar y practicar allanamientos, con control posterior por
parte del juez de control de garantías.
Fuera de estas dos excepciones, el artículo 28 de la
Carta ha autorizado al legislador a establecer otros motivos por los cuales se
podría ingresar a domicilio ajeno. Sobre este tipo de medidas, la Corte
Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones sobre su exequibilidad.
Así en la sentencia C-041 de 1994,[10] la Corte Constitucional
declaró ajustadas a la Carta varias disposiciones del Código del Menor que
autorizaban a los defensores y comisarios de familia a realizar allanamientos
para rescatar menores que se encontraran en situaciones de peligro extremo.[11]
En dicha sentencia, la Corte efectuó un análisis cuidadoso de la colisión de
derechos y de las condiciones en las cuales el rescate como medida preventiva
de protección no requiere de la intervención previa de autoridad judicial y
señaló que era “la actualidad e inminencia de un daño considerable que puede
afectar la vida o la integridad física del menor” la que excusaba la
presencia del juez en la diligencia de allanamiento y autorizaba a los
comisarios de familia realizar allanamientos con fines de rescate, cuando se
hubiera establecido sumariamente la situación de grave peligro que afronta el
menor.
En la sentencia C-657 de 1996, la Corte
Constitucional declaró exequibles los artículos del Código de Procedimiento
Penal[12] que regulaban los
requisitos para la realización del allanamiento sin orden judicial escrita y
los allanamientos especiales a lugares amparados por inmunidad diplomática. En
esa sentencia la Corte puntualizó que los requisitos exigidos a las autoridades
para el registro del domicilio son tres: la existencia de mandamiento escrito
de autoridad judicial competente, el respeto a las formalidades legales y un
motivo previamente definido en la ley. “De estos requisitos, (…) se
desprenden las siguientes consecuencias: el respeto al debido proceso que debe
presidir la expedición de una orden de allanamiento y su práctica, la reserva
legal pues sólo la ley puede establecer los eventos en los cuales es posible el
registro del domicilio y por último, una reserva judicial ya que una orden de
esta naturaleza proviene, según el nuevo ordenamiento constitucional,
exclusivamente de las autoridades judiciales y cabe aclarar que, en el ámbito
penal, esas autoridades son la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, las Salas Penales de los Tribunales Superiores, los jueces de la
República en lo penal, la Fiscalía General de la Nación y el Senado cuando
ejerce las funciones de juzgamiento”.
En 1999, en la sentencia C-505 de 1999, MP: Alejandro
Martínez Caballero la Corte declaró exequible una norma del Estatuto Tributario[13]
que autorizaba a la DIAN a ordenar el registro de establecimientos comerciales
e industriales de empresas para impedir que las pruebas fueran alteradas,
ocultadas o destruidas. La Corte concluyó que, si bien es cierto, esos lugares
hacían parte del domicilio de la persona jurídica, el derecho a la
inviolabilidad del domicilio puede ser limitado para alcanzar una finalidad
constitucional importante, en este caso “la motivación del acto
administrativo que autoriza la diligencia debe justificar suficientemente las
razones que conducen a tomar la decisión del registro y debe precisar
igualmente su ámbito material, el cual debe estar directamente vinculado al
objeto de la investigación tributaria. (…) Por consiguiente, debe entenderse
que la facultad de la DIAN para registrar las oficinas del contribuyente impone
el deber de abstención de la administración frente a los datos irrelevantes o
impertinentes a la investigación fiscal”.[14]
En la sentencia C-176 de 2007, MP: Marco
Gerardo Monroy Cabra, la Corte Constitucional declaró exequible una norma del
Código Nacional de Policía que autorizaba a “la policía” a penetrar en
los domicilios ajenos sin mandamiento escrito de autoridad judicial y sin el
permiso del morador del domicilio, en situaciones de “imperiosa necesidad”.[15]
“Las situaciones en los que se autoriza el allanamiento por “imperiosa
necesidad”, (…) muestra la excepcionalidad de la medida y la condiciona a
situaciones extremas de inexcusable intervención policiva. De hecho, el
significado usual[16] de la
expresión muestra que las autoridades de policía solamente están autorizadas a
aplicar la norma demandada en casos límite, esto es, en situaciones extremas
que requieren la intervención urgente y obligatoria de aquellas autoridades
para preservar los derechos o intereses que se encuentran en grave riesgo de
afectarse.”
En la sentencia C-519 de 2007 (M.P. Nilson
Pinilla Pinilla), la Corte declaró inexequible el numeral 4° del artículo 230
de la Ley 906 de 2004, que establecía como excepción al requisito de orden
escrita de la Fiscalía General de la Nación para proceder al registro y
allanamiento, el que este fuera realizado de manera concomitante o sucedánea de
la captura.[17] En dicha sentencia, la
Corte Constitucional señaló que “autorizar la ley a la Policía Judicial para
practicar registros o allanamientos previos, concomitantes o con posterioridad[18]
a la captura del indiciado, imputado, acusado o condenado, sin la orden
escrita de la Fiscalía General de la Nación, permite una injerencia indebida de
quienes integran la policía judicial en la esfera jurídica privada de los
habitantes del país, pues pueden ser sorprendidos con un registro y allanamiento
de su domicilio, decidido no por la Fiscalía General de la Nación, ni por el
juez de garantías, sino con amplitud para interpretar su procedencia
pretextando que se realiza con ocasión de la captura del indiciado, imputado,
acusado o condenado, lo que hace nugatoria la garantía constitucional”.[19]
En la sentencia C-256 de 2008 (M.P: Manuel José Cepeda
Espinosa), al juzgar una norma de la Ley de la Infancia y la Adolescencia que
permitía el allanamiento con fines de rescate, la Corte hace un recuento
jurisprudencial de las excepciones al allanamiento con orden judicial y resaltó que “los requisitos para que estos allanamientos
administrativos sean constitucionales son de diverso orden, pero usualmente
versan sobre (i) la existencia de un peligro inminente y grave; (ii) que
amenaza la vida, la integridad, la seguridad o la salubridad de las personas; y
(iii) la existencia de elementos en la regulación demandada que circunscriben
el margen decisorio de la autoridad administrativa y permiten un control
posterior efectivo ante una autoridad judicial en caso de presentarse excesos o
arbitrariedades . Estos requisitos no han sido exigidos cuando se trata de ingresar
a (i) lugares abiertos al público, o (ii) cuando el morador del domicilio
autoriza el ingreso de las autoridades administrativas. En cambio, se han
declarado incompatibles con la Carta allanamientos administrativos cuya
finalidad es la búsqueda de evidencia física para efectos penales, en donde ha
desaparecido el elemento de flagrancia, como en el caso del registro o
allanamiento concomitante o sucedáneo a la captura del imputado, indiciado,
acusado o condenado”. En esa misma sentencia se hizo un recuento de las
excepciones al régimen general de protección al derecho de
inviolabilidad del domicilio con orden judicial previa, que facultaban a las
autoridades administrativas realizar allanamientos compatibles con la Carta
Política.[20].[21]
Más recientemente, en la
sentencia C-131 de 2009 (M.P.
Nilson Pinilla Pinilla), la Corte declaró exequible
la expresión “la orden expedida por el fiscal deberá determinar los lugares
que se van a registrar,” contenida en el artículo 222 de la Ley 906 de
2004, modificado por el artículo14 de la 1142 de 2007, por considerar que la
exigencia de que la orden de allanamiento determine los lugares que van a ser
objeto de registro era compatible con la protección constitucional del
domicilio. Dijo entonces la Corte:
De ese modo, no se conculca el respeto
exigido a la inviolabilidad del domicilio consagrado en el artículo 28 de la
Constitución, toda vez que en la orden de registro o allanamiento el Fiscal
deberá determinar los lugares donde será efectiva la medida y de no
poder hacerlo la descripción exacta de aquéllos. A su vez, se guarda la reserva
judicial que debe existir para esa clase de irrupción en los bienes sujetos a
esa clase de medida, pues acorde con la norma constitucional debe mediar
mandamiento escrito de autoridad competente, en este caso la Fiscalía, con las
formalidades legales ya señaladas y por motivos previamente definidos en la ley
(principio de reserva legal, art. 220 L. 906 de 2004).
Por ende se salvaguarda la inviolabilidad
del domicilio, la mayor preocupación de los ponentes de la propuesta en la
Cámara de Representantes que abogaban por esa garantía, pues se evitan las
eventuales arbitrariedades en que pudiera incurrir la autoridad.
4.2. La Corte Constitucional ha
afirmado de manera reiterada que la potestad de configuración del legislador al
establecer restricciones a la libertad individual, es una competencia limitada
y ha de ser ejercida conforme a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, a fin de que tales limitaciones no resulten arbitrarias.[22] Dado que el ejercicio de esta potestad de
configuración puede incidir en el goce de derechos constitucionales, la Corte ha
dicho que las limitaciones deben ser adecuadas para lograr el fin perseguido,
deben ser además necesarias, en el sentido de que no exista un medio menos
gravoso en términos de afectación de otros principios constitucionales para
alcanzar el fin perseguido y, por último, deben ser “proporcionales stricto
sensu”,[23] esto es, que no se afecten
excesivamente valores y principios que tengan un mayor peso que el fin
constitucional que se pretende alcanzar. “En relación con el juicio de
proporcionalidad que el juez constitucional debe adelantar sobre este tipo de
disposiciones que introducen límites a los derechos fundamentales, la
jurisprudencia ha definido que la verificación debe recaer no solo sobre el
hecho de que la norma logre una finalidad legítima, sino que también debe
establecerse si la limitación era necesaria y útil para alcanzar tal finalidad.
Además, para que dicha restricción sea constitucional, se requiere que sea
ponderada o proporcional en sentido estricto. ‘Este paso del juicio de
proporcionalidad se endereza a evaluar si, desde una perspectiva
constitucional, la restricción de los derechos afectados es equivalente a los
beneficios que la disposición genera. Si el daño que se produce sobre el
patrimonio jurídico de los ciudadanos es superior al beneficio constitucional
que la norma está en capacidad de lograr, entonces es desproporcionada y, en
consecuencia, debe ser declarada inconstitucional’.[24]”.[25]
5.     La autorización del morador del domicilio
como excepción al requisito de orden escrita de la Fiscalía para la realización
de un allanamiento es constitucional. Necesidad de control posterior por parte
del juez de control de garantías
5.1. Según lo que establece el numeral 2° del artículo
250 de la Constitución corresponde directamente a la Fiscalía la potestad de “adelantar
registros, allanamientos, incautaciones e interceptación de comunicaciones”,
actuaciones éstas sometidas al examen posterior por parte del juez de control
de garantías, a más tardar dentro de la 36 horas siguientes, a efecto de que se
realice un control amplio e integral de esas diligencias.[26]
De tal previsión constitucional surge con claridad que
fue voluntad del Constituyente facultar directamente a la Fiscalía para
adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptación de
comunicaciones, como regla general, sometidos al control posterior del juez de
control de garantías y disponer que en todos los demás eventos en que,
para el aseguramiento de los elementos materiales probatorios, se requiera
medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, tales
medidas deben estar sometidas a un control previo por parte del juez de control
de garantías.[27]
Ahora bien, de conformidad con el artículo
28 de la Constitución, son tres los requisitos exigidos a las autoridades para
allanar y registrar un domicilio: a) la existencia de un mandamiento escrito de
autoridad judicial competente; b) el respeto a las formalidades legales y c) la
existencia de un motivo previamente definido en la ley. “Para la Corte[28],
el respeto a las formalidades legales y la existencia de un motivo previamente
definido en la ley -requisitos b) y c)-, hacen referencia  a que en la
expedición de una orden de allanamiento o de privación de la libertad, como en
su ejecución, se observe el debido proceso, consagrado como principio en el
artículo 29 superior.  La existencia de un motivo previamente definido hace
alusión al principio universal de legalidad, es decir, que sólo la ley puede
definir, y ha de hacerlo con antelación, las circunstancias en que la
naturaleza del hecho punible ameriten la privación de la libertad de una
persona. Igualmente, sólo la ley establecerá los casos en los cuáles puede una
autoridad judicial ordenar un registro domiciliario. La Constitución determinó
entonces una estricta reserva legal en materia de libertad personal e inviolabilidad
de domicilio, por lo cual estos derechos no pueden ser limitados sino por la
ley.”[29]
5.2. En ejercicio de la
potestad de configuración en materia penal, el legislador estableció una serie
de excepciones a la formalidad de la orden escrita de la Fiscalía General de la
Nación como condición previa a la realización del allanamiento. Tales
circunstancias han sido reguladas en el artículo 230 de la Ley 906 de 2004 y
dentro de ellas se encuentra la que prevé la autorización expresa del
propietario o morador del domicilio objeto de registro que pueda verse afectado
con su realización.
Según lo que establece el numeral 1 del
artículo 230 cuestionado, no se requiere la orden escrita de la Fiscalía para
proceder al allanamiento cuando el propietario, tenedor del bien objeto del
registro o quien pueda verse afectado por la diligencia, autoriza expresamente
su realización. Dado que la figura del allanamiento con ocasión de una
investigación penal, supone que una autoridad pública penetra a lugares que
gozan de protección jurídica, contra la voluntad de sus moradores, con el fin
de lograr, entre otras cosas, la captura de una persona que se ha ocultado,
decomisar una cosa, registrar un bien, obtener pruebas, controlar una
perturbación, o socorrer a una persona que se encuentre en peligro, tal
circunstancia ha hecho que para que la realización del allanamiento no se
convierta en un acto arbitrario de las autoridades, este procedimiento haya
sido rodeado de fuertes exigencias constitucionales: a) el mandamiento escrito
de autoridad judicial competente que suple la falta de autorización del
afectado por el allanamiento; b) el respeto a las formalidades legales y c) la
existencia de un motivo previamente definido en la ley.
En el asunto bajo estudio, el motivo previamente
definido en la ley que justifica esta modalidad de allanamiento es la realización de una investigación
penal. La formalidad específica exigida por la norma es que el consentimiento
del propietario, o morador del domicilio o de la persona afectada con el
allanamiento sea dado libremente, razón por la cual no se considera suficiente
la mera ausencia de objeciones por parte del interesado.
En esta medida, no resulta irrazonable ni
desproporcionado que cuando la autorización para la realización del
allanamiento provenga directamente del propietario o morador del domicilio objeto de registro que pueda
verse afectado con su realización, no se exija la orden escrita de la Fiscalía.
Si quien se ve afectado con la diligencia autoriza su realización, se supera la
sospecha de arbitrariedad que tendría un allanamiento realizado sin orden
escrita y contra la voluntad del morador. La autorización libre y expresa del
titular de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y a la intimidad,
deriva esta forma de allanamiento en un acto razonable y proporcionado siempre
que el consentimiento haya sido manifestado de manera libre y expresa.
No obstante lo anterior, dado que la excepción
planteada sólo lo es frente a la exigencia de una orden escrita de autoridad
judicial, pero no frente al requisito del control judicial posterior que
establece el numeral 2º del artículo 250 de la Carta, el allanamiento excepcional
previsto en el numeral 1 del artículo 230 de la Ley 906 de 2003, debe someterse
al examen del juez de control de garantías, quien valorará en cada caso si el
consentimiento dado por el afectado por la diligencia de allanamiento fue libre
y expreso, o si por el contrario fue fruto de un acto arbitrario o abusivo.
Por lo tanto, la Corte Constitucional declarará
exequible por los cargos analizados en esta sentencia, el numeral 1 del
artículo 230 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que el allanamiento
realizado en las circunstancias previstas en la norma, se debe someter en todo
caso a control posterior del juez de control de garantías.
VII.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de
la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo
por ineptitud sustancial de la demanda contra las expresiones “se fijará
fecha para la audiencia de sustentación que se celebrará dentro de los treinta
(30) días siguientes, a la que podrán concurrir,” contenida en el inciso
final del artículo 184, y “para anunciar el sentido del fallo”,
contenida en el artículo 445 de la Ley 906 de 2004.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados
en esta sentencia, el numeral 1 del artículo 230 de la Ley 906 de 2004, en el
entendido de que el allanamiento realizado en las circunstancias previstas en
la norma, se debe someter en todo caso a control posterior del juez de control
de garantías.
Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
NILSON PINILLA PINILLA
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
Impedimento aceptado.
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente en comisión
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Ver entre muchas otras, las sentencias C-1052 de 2001 y C-717 de
2008 MP: Manuel José Cepeda; C-128 de 2004, MP: Alfredo Beltrán Sierra; C-142
de 2001 MP. Eduardo Montealegre Lynett, C-143 de 1993; MP: José Gregorio Hernández;
C-428 de 1996 MP. Carlos Gaviria Díaz.
[2] Sentencia C-1052 de 2001,
MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[3]
Sentencia C-176 de 2007, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra, SVP: Jaime Araujo
Rentería en donde la Corte Constitucional declaró exequible una norma que
autorizaba a la policía a penetrar domicilios sin mandamiento escrito en
situaciones de peligro extremo.
[4]
Sentencia C-519 de 2007, MP: Nilson Pinilla Pinilla, AV: Jaime Araujo Rentería.
[5]
Sentencia C-041 de 1994, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, en donde la Corte declaró
exequibles las disposiciones del Código del Menor que autorizaban a los
defensores y comisarios de familia a realizar allanamientos para rescatar
menores en situación de peligro extremo.
[6] Constitución Política, Artículo 32. “El
delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el
juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se
refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él, para el acto de la
aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al
morador”.
[7]
Constitución Política, Artículo 250. “La Fiscalía General de la Nación está
obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la
investigación de los hechos que revistan las características de un delito que
lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o
de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias
fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. (…) En ejercicio de sus
funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá: (…) 2. Adelantar registros,
allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos
eventos el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará el
control posterior respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis (36)
horas siguientes, al solo efecto de determinar su validez. [Las
expresiones tachadas en este numeral fueron declaradas inexequibles por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-1092 de 2003, MP: Álvaro Tafur Galvis,
Salvamento y Aclaración de Voto del Magistrado: Jaime Araujo Rentería,
Aclaración de Voto de los Magistrados Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre
Lynett]”.
[8]
Sentencia C-519 de 2007, MP: Nilson Pinilla Pinilla, AV: Jaime Araujo Rentería,
en donde la Corte declaró INEXEQUIBLE el numeral 4° del artículo 230 de la ley
906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal, que
establecía como excepción al requisito de orden escrita de la Fiscalía General
de la Nación para proceder al registro y allanamiento “4. Se lleve a cabo un
registro con ocasión de la captura del indiciado, imputado, acusado, condenado.”
[9]
Sentencia C-519 de 2007, MP: Nilson Pinilla Pinilla, AV: Jaime Araujo Rentería
[10] C-041 de 1994, MP:
Eduardo Cifuentes Muñoz,
[11]
Sentencia C-041 de 1994, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz. Las disposiciones
declaradas exequibles establecen lo siguiente: Decreto 2737 de 1989, Artículo
43. Cuando el Defensor de Familia establezca sumariamente que un menor se
encuentra en situación de grave peligro, procederá a su rescate a efecto de
prestarle la protección necesaria; y si las circunstancias así lo ameritan,
ordenará, mediante auto, el allanamiento del sitio donde el menor se hallare,
para lo cual podrá solicitar el apoyo de la fuerza pública, la cual no podrá
negarse a prestarlo. ║ Parágrafo. Para los efectos de este artículo se
entiende por peligro grave, toda situación en la que se encuentre comprometida
la vida o la integridad personal del menor. ║ Artículo 44. Antes de
proceder al allanamiento y registro del sitio donde se encuentra el menor, el
Defensor de Familia deberá dar lectura del auto que ordena la diligencia, a
quien se encuentre en el inmueble. Si los ocupantes al enterarse del contenido
del auto, entregaren al menor sin resistencia o si se desvirtuaren los motivos
que originaron la medida, el Defensor de Familia suspenderá la práctica del
allanamiento. ║ Artículo 45. Si el Defensor de Familia no encontrare persona
alguna en el inmueble para comunicarle el allanamiento, procederá a
practicarlo. ║ Artículo 46. En la diligencia de allanamiento y registro
prevista en los artículos anteriores, deben evitarse las inspecciones inútiles
y el daño innecesario a las cosas; en ningún caso se podrá molestar a los
habitantes del inmueble con acciones distintas a las estrictamente necesarias
para cumplir su objetivo, cual es la protección inmediata del menor. ║
Artículo 47. Durante la diligencia de allanamiento y registro se levantará un
acta en la que conste: ║ 1. Si se surtió la comunicación del auto que la
ordenó. ║ 2. La identidad de las personas que ocupaban el inmueble. ║
3. Las circunstancias en que se encontró el menor y los motivos que fueron
aducidos para explicar dichas circunstancias. ║ 4. Los demás hechos que
el Defensor considere relevantes. ║ 5. Las medidas provisionales de
protección adoptadas.
[12] Sentencia C-657 de 1996, MP: Fabio Morón Díaz. Las disposiciones
declaradas exequibles establecen: Decreto 2700 de 1991, Artículo 343.
Allanamiento, procedencia y requisitos. Cuando hubiere serios motivos para
presumir que en un bien inmueble, nave o aeronave se encuentre alguna persona
contra quien obra orden de captura, o las armas, instrumentos o efectos con que
se haya cometido la infracción o que provengan de su ejecución, el funcionario
judicial ordenará en providencia motivada, el correspondiente allanamiento y
registro. ║ La providencia a que se refiere el inciso anterior no
requiere notificación. ║ Artículo 344. Allanamiento sin orden
escrita del fiscal. En casos de flagrancia cuando se esté cometiendo un
delito en lugar no abierto al público, la policía judicial podrá ingresar sin
orden escrita del fiscal, con la finalidad de impedir que se siga ejecutando el
hecho. ║ Salvo casos de flagrancia, el fiscal o un delegado
suyo debe estar presente en los allanamientos. ║ Artículo 345.
Allanamientos especiales. Para el allanamiento y registro de las casas y
naves, que conforme al derecho internacional gozan de inmunidad diplomática, el
funcionario pedirá su venia al respectivo agente diplomático, mediante oficio
en el cual rogará que conteste dentro de las veinticuatro horas siguientes.
Este oficio será remitido por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores.
║ En caso de registro de residencia u oficinas de los cónsules se
dará aviso al cónsul respectivo y en su defecto a la persona a cuyo cargo
estuviere el inmueble objeto de registro.
[13] Ley 383 de 1997. “Artículo 2º. Adiciónase al Estatuto Tributario
con el siguiente artículo: ║ Artículo 779-1.- Facultades de registro. La
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, podrá ordenar mediante resolución
motivada, el registro de oficinas, establecimientos comerciales, industriales o
de servicios y demás locales del contribuyente o responsable, o de terceros
depositarios de sus documentos contables o sus archivos, siempre que no
coincida con su casa de habitación, en el caso de personas naturales. ║
En desarrollo de las facultades establecidas en el inciso anterior, la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá tomar las medidas necesarias
para evitar que las pruebas obtenidas sean alteradas, ocultadas o destruidas,
mediante su inmovilización y aseguramiento. ║ Para tales efectos, la
fuerza pública deberá colaborar, previo requerimiento de los funcionarios
fiscalizadores, con el objeto de garantizar la ejecución de las respectivas
diligencias. La no atención del anterior requerimiento por parte del miembro de
la fuerza pública a quien se le haya solicitado, será causal de mala conducta. ║
Parágrafo 1º. La competencia para ordenar el registro y aseguramiento de que
trata el presente artículo, corresponde al Administrador del Impuestos de
Aduanas Nacionales y al Subdirector de Fiscalización de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales. Esta competencia es indelegable. ║
Parágrafo 2.- La providencia que ordena el registro de que trata el presente
artículo, será notificado (sic) en el momento de practicarse la diligencia a
quien se encuentre en el lugar, y contra la misma no procede recurso alguno.”
[14]
Sentencia C-505 de 1999, MP: Alejandro Martínez
Caballero.
[15] Sentencia C-176 de 2007, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra, SVP: Jaime
Araujo Rentería. La norma en cuestión es el artículo 83 del Decreto 1355 de
1970, por el cual se dictan normas sobre Policía, que establece lo siguiente: Artículo
83. “La policía podrá penetrar en los domicilios, sin mandamiento escrito,
cuando fuere de imperiosa necesidad: ║ 1. Para socorrer a alguien que de
alguna manera pida auxilio; ║ 2. Para extinguir incendio o evitar su
propagación, o remediar inundación o conjurar cualquier otra situación similar
de peligro; ║ 3. Para dar caza a animal rabioso o feroz; ║ 4. Para
proteger los bienes a personas ausentes, cuando se descubra que un extraño ha
penetrado violentamente o por cualquier otro medio al domicilio de estas
personas; ║ 5. Cuando desde el interior de una casa o edificio se proceda
por la vía de hecho contra persona o propiedad que se halle fuera de éstos.”
SPV: Jaime Araujo Rentería quien consideró que “la Constitución Nacional no
excepciona de la orden judicial ni a la privación de la libertad, ni a la
práctica de registros y allanamientos contra la voluntad del morador de un
domicilio.”
[16]
De acuerdo con la Real Academia Española, imperioso es lo “que
conlleva fuerza o exigencia” y necesidad, en su primera acepción es el “impulso
irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido”;
en su segunda acepción “todo aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar
o resistirse”. Diccionario Esencial de la Real Academia Española. Editorial
Espasa. Madrid. 1997. Páginas 609 y 761, respectivamente.
[17]
Sentencia C-519 de 2007, MP: Nilson Pinilla Pinilla, AV: Jaime Araujo Rentería,
en donde la Corte declaró INEXEQUIBLE el numeral 4° del artículo 230 de la ley
906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal, que
establecía como excepción al requisito de orden escrita de la Fiscalía General
de la Nación para proceder al registro y allanamiento “4. Se lleve a cabo un
registro con ocasión de la captura del indiciado, imputado, acusado, condenado.”
[18]
Nótese que el numeral 4° objeto de la demanda, no indica que, en lo pertinente,
el registro y allanamiento se lleven a cabo para lograr la captura del
requerido, sino “con ocasión de” (se resalta en negrilla).
[19] C-519 de 2007, MP:
Nilson Pinilla Pinilla, Aclaración de Voto: Jaime Araujo Rentería.
[20] (1) Excepciones constitucionales expresas: (a) Para
capturar al delincuente que al ser sorprendido en flagrancia se refugia en
domicilio propio (artículo 32 CP); (b) Para capturar al delincuente que al ser
sorprendido en flagrancia huye y se refugia en domicilio ajeno, para lo cual se
debe haber requerido previamente al morador (artículo 32 CP); (c) El
allanamiento ordenado y practicado por los fiscales, de conformidad con lo que
establece el artículo 250, numeral 3. (2) Excepciones de origen legal -
allanamientos administrativos, practicados por la autoridad señalada en la ley
y respetando los requisitos previstos en la misma: a) Para inspeccionar lugares
abiertos al público (Decreto 1355 de 1970, Artículo 82); b) Para cumplir
funciones de prevención y vigilancia en actividades sometidas a la inspección,
vigilancia e intervención del Estado, “por razones de interés general”,
“cuando la ley haya habilitado a ciertas autoridades administrativas a ordenar
esos registros y éstos se efectúen en protección de valores superiores, como la
vida o la dignidad humana (Decreto 1355 de 1970, Artículo 82, literal c)”;
como por ejemplo por motivos de salubridad pública; d) Para “capturar
a quien se le haya impuesto (…) pena privativa de la libertad  (Decreto
1355 de 1970, Artículo 82, literal a)”; e) "Para aprehender a enfermo
mental o peligroso o a enfermo contagioso" en desarrollo del principio
de solidaridad social y de la protección a la vida e integridad personal de los
asociados (Decreto 1355 de 1970, Artículo 82, literal b); f) Para obtener
pruebas “sobre la existencia de casas de juego o establecimientos que
funcionen contra la ley o reglamento (Decreto 1355 de 1970, Artículo 82,
literal d)”; e) Para indagar sobre “maniobras fraudulentas en las
instalaciones de servicios públicos de acueducto, energía eléctrica, teléfonos
(Decreto 1355 de 1970, Artículo 82, literal e)”; g) Para “practicar
inspección ocular ordenada en juicio de policía (Decreto 1355 de 1970,
Artículo 82, literal f)”; h) Para “examinar instalaciones de energía
eléctrica y de gas,  chimeneas, hornos, estufas, calderas, motores y máquinas
en general y almacenamiento de sustancias inflamables o explosivas con el fin
de prevenir accidentes o calamidad (Decreto 1355 de 1970, Artículo 82,
literal g)”. i) Por razones del servicio ‑ previa autorización del dueño
o cuidador del predio rústico cercado (Decreto 1355 de 1970, Artículo 84); j)
Para rescatar menores que se encuentren en situaciones de peligro extremo para
su vida e integridad personal, siguiendo el procedimiento previsto en el Código
del Menor (Decreto 2737 de 1989, Artículo 43). k) En
establecimientos comerciales e industriales de empresas para impedir que las
pruebas de infracciones tributarias fueran alteradas,
ocultadas o destruidas como desarrollo legal contenido en el Estatuto
Tributario (Ley 383 de 1997, artículo 2); l) En situaciones de “imperiosa necesidad” reguladas en el Código Nacional de Policía (Decreto 1355 de 1970, Artículo 83): (i)  “Para socorrer a alguien que de alguna manera pida
auxilio” situación en la que se entiende que hay un consentimiento tácito
para el ingreso (Decreto 1355 de 1970, Artículo 83, numeral 1); (ii) “Para extinguir incendio o evitar su propagación,
o remediar inundación o conjurar cualquier otra situación similar de peligro”
por tratarse de una situación de peligro objetivo (Decreto 1355 de 1970,
Artículo 83, numeral 2); (iii) “Para dar caza a
animal rabioso o feroz”, por tratarse de una situación de peligro objetivo
(Decreto 1355 de 1970, Artículo 83, numeral 3; (iv) “Para
proteger los bienes a personas ausentes, cuando se descubra que un extraño ha
penetrado violentamente o por cualquier otro medio al domicilio de estas
personas” (Decreto 1355 de 1970, Artículo 83, numeral 4). y (v) “Cuando desde el interior de una casa o
edificio se proceda por la vía de hecho contra persona o propiedad que se halle
fuera de éstos” (Decreto 1355 de 1970, Artículo 83, numeral 5).
[21]
Sentencia T-572 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En
esta ocasión se trataba de constatar el supuesto estado de abandono en que se
encontraba un niño con este fin se realizó una diligencia de allanamiento a su
lugar de residencia. La Sala de Revisión N° 8 señaló al respecto: “(…) la
diligencia de allanamiento y rescate no podía haber sido decretada por cuanto
no se contaba con el material probatorio necesario para ello. En efecto, los
informes de policía judicial no son prueba, con lo cual se precisaba de mayores
elementos de juicio para decretar la medida.
[22] Ver entre otras,
las sentencias C-1404 de 2000. MM.PP. Carlos Gaviria Díaz y Álvaro Tafur
Galvis, SV: Alfredo Beltrán Sierra, José Gregorio Hernández Galindo, Martha
Victoria Sáchica y Alejandro Martínez Caballero; AV: Alfredo Beltrán Sierra y
José Gregorio Hernández Galindo; C-173 y C-551 de 2001 MP. Álvaro Tafur Galvis,
SPV: Jaime Araujo Rentería y C-592 de 1998 MP. Fabio Morón Díaz, SV: Alejandro
Martínez Caballero, en donde la Corte señaló :“el legislador, en ejercicio de
las competencias constitucionales de las que es titular, puede establecer
procedimientos distintos y consagrar regímenes diferenciados para el
juzgamiento y tratamiento penitenciario de delitos y contravenciones, pudiendo,
incluso, realizar diferenciaciones dentro de cada uno de estos grupos, en la
medida en que unos y otros se fundamenten en criterios de razonabilidad y
proporcionalidad que atiendan una valoración objetiva de elementos tales como,
la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita, la mayor o menor repercusión
que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés general y en
el orden social, así como el grado de culpabilidad, entre otros.”
[23] Corte
Constitucional, Sentencia C-309 de 1997 MP Alejandro Martínez Caballero, AV:
Vladimiro Naranjo Mesa, AV: Hernando Herrera Vergara. Sobre el juicio de
proporcionalidad strictu sensu, en la sentencia C-584 de 1997 se precisa
que "Este paso del juicio de proporcionalidad se endereza a evaluar si,
desde una perspectiva constitucional, la restricción de los derechos afectados
es equivalente a los beneficios que la disposición genera. Si el daño que se
produce sobre el patrimonio jurídico de los ciudadanos es superior al beneficio
constitucional que la norma está en capacidad de lograr, entonces es
desproporcionada y, en consecuencia, debe ser declarada inconstitucional."
[24] Corte
Constitucional, Sentencia C-448 de 1997, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz. Sobre
este tema también pueden consultarse entre otras, las sentencias C-309 de 1997,
AV: Vladimiro Naranjo Mesa, AV: Hernando Herrera Vergara, C-068 de 1999, SV:
Vladimiro Naranjo Mesa, SV: Eduardo Cifuentes Muñoz, SV: Carlos Gaviria Díaz;
C-741 de 1999, APV: Alfredo Beltrán Sierra y José Gregorio Hernández Galindo;
C-110 de 2000, C-371 de 2000, AV: Vladimiro Naranjo Mesa, SPV: Alejandro
Martínez Caballero, SV: Eduardo Cifuentes Muñoz, SPV: Álvaro Tafur Galvis y
C-093 de 2001.
[25] Corte
Constitucional, Sentencia C-648 de 2001 MP. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[26]
Sentencia C-1092 de 2003 MP: Álvaro Tafur Galvis, Salvamento y Aclaración de
Voto del Magistrado: Jaime Araujo Rentería, Aclaración de Voto de los
Magistrados Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett. En esta sentencia
la Corte declaró la inexequibilidad de la expresión “al solo efecto de
determinar su validez” del  numeral 2° del artículo 250, destacando el
carácter amplio e integral del control de legalidad.
[27] C-336 de 2007, MP: Jaime
Córdoba Triviño, SV: Jaime Araujo Rentería.
[28] Sentencia C-024 de enero
27 de 1994,  M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[29] C-519 de 2007, MP:
Nilson Pinilla Pinilla, Aclaración de Voto: Jaime Araujo Rentería.