T-593-09
Sentencia T-593/09
Sentencia T-593/09
DERECHO A LA
EDUCACION-Importancia
DERECHO A LA
EDUCACION-Protección
EDUCACION
PREESCOLAR-Desarrollo legislativo
DERECHO A LA
EDUCACION DEL MENOR-Obligación del Estado de
brindarla entre los 5 y los 15 años
PRINCIPIO PRO
INFANS-Aplicación y alcance
DERECHO A LA
EDUCACION DEL MENOR DE 5 AÑOS-Orden de verificar y
otorgar un cupo al menor dentro de las instituciones que se encuentren bajo su
control y vigilancia cuya localización geográfica sea razonable
Referencia: expediente T-2252917
Acción de
tutela interpuesta por Millerlandy López Jaramillo, en representación de José
Alejandro Leiton López, contra la institución Sebastián de Belalcázar y la
Secretaría de Educación Municipal de Palmira, Valle del Cauca.
Magistrado
Ponente:
Dr. JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de
dos mil nueve (2009).
La Sala Novena
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge
Iván Palacio Palacio, Juan Carlos Henao Pérez y María Victoria Calle Correa, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión del fallo dictado por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de
Palmira-Valle del Cauca, en el trámite de la acción de tutela incoada por la
señora Millerlandy López Jaramillo, en representación de su hijo José Alejandro
Leiton López, contra la institución Sebastián de Belalcázar y la Secretaría de
Educación Municipal de Palmira.
I. ANTECEDENTES.
El 7 de febrero de 2009, la madre de José
Alejandro Leiton López interpuso acción de tutela contra la institución
Sebastián de Belalcázar y la Secretaría de Educación Municipal de Palmira. Como
fundamento a la solicitud de amparo invocó los hechos que se resumen a
continuación.
1.    Hechos.
Afirmó que su hijo estudiaba en la escuela
Santa Elena, que se encuentra en el municipio de El Cerrito, Valle del Cauca,
desde que tenía un año. A raíz de que su esposo empezó a laborar en el
corregimiento de Palmaseca, municipio de Palmira, se vieron en la obligación de
cambiar del lugar de residencia. Por lo tanto, solicitó el traslado para la
institución Sebastián de Belalcazar, ubicada en este último municipio, por ser
este colegio el más cercano a su domicilio.
Sostuvo que el rector de la escuela de
Santa Elena autorizó el traslado. Sin embargo, la institución demandada negó la
matrícula en el grado de transición, según manifestó, porque no había cumplido
los cinco años de edad, pese a que los tendría el 19 de mayo de 2009.
Por lo anterior, acudió a este medio con el
objeto que se ampararan los derechos fundamentales de José Alejandro Leiton
López a la educación y la protección constitucional de los niños. Solicitó que
se ordenara a la Secretaría Municipal de Palmira o a la institución Sebastián
de Belalcázar que adoptaran las medidas administrativas necesarias con el fin
de que a su hijo se le autorice la matrícula en dicho colegio.
2.    Trámite procesal.
Mediante auto del 17 de febrero de 2009, el
Juez Séptimo Civil Municipal de Palmira, Valle del Cauca, admitió la acción de
tutela, ordenando correr traslado de la demanda a las entidades accionadas. De
igual manera, vinculó de oficio al Ministerio de Educación Nacional con el fin
que se pronunciara sobre los hechos presentados en la acción de amparo y
remitiera las pruebas que pretendiera hacer valer.
La institución Sebastián de Belalcazar
guardó silencio durante el trámite de la presente acción frente a los hechos y
pretensiones de la demanda de tutela presentada en su contra.
3.    Respuesta la Secretaría de Educación de Palmira, Valle.
El Secretario Municipal de Palmira, el 23
de febrero de 2009, al dar respuesta a la acción de tutela, solicitó que fuera
denegada. Explicó que el artículo 67 de la Constitución señala que la educación
es imperativa entre los cinco y quince años de edad y comprende, como mínimo,
un año de preescolar y nueve de educación básica; asimismo, que el artículo 2
del Decreto 2247 de 1997 determina que la prestación del servicio educativo
para el grado de transición corresponde al grado obligatorio y se dirige a los
educandos de cinco años. A su vez, que la Resolución 5360 de 2006 establece que
las entidades territoriales deben verificar que la edad mínima para ingresar al
grado de transición sea de cinco años cumplidos a la fecha de inicio escolar.
Igualmente, adujó que los recursos de la Nación del sistema general de
participaciones deben dedicarse prioritariamente a la atención de la población
que se encuentra en los rangos de edades obligatorias.
Indicó que ha dado cumplimiento a las
normas de carácter constitucional y legal, “que impiden recibir niños
menores de 5 años en las instituciones oficiales”, máxime cuando el
Ministerio de Educación es reiterativo en insistir que sean atendidos de manera
integral por el programa de primera infancia dirigido por el Instituto de
Bienestar Familiar según lo establecido en el Código de la Infancia. Por otra parte, advirtió que el proceso de inscripción se surte en
cada institución educativa donde deben aportarse todos los documentos exigidos
en la ley.
4.     Respuesta del Ministerio de Educación.
La asesora de la oficina jurídica del
Ministerio de Educación, el 5 de mayo de 2009, dio respuesta a la acción de
tutela. Indicó que por mandato constitucional y legal se garantizaba la
educación para quienes hubieren cumplido 5 años en el grado de transición.
Alegó que el Ministerio fijaba pautas y orientaciones para el ofrecimiento de
la educación preescolar y para que se atendiera la cobertura del servicio a la población,
cuya prestación corresponde directamente a cada entidad territorial. En este
sentido, manifestó que en la resolución 5360 de 2003 se señalaban los criterios
para la asignación de cupos escolares, entre los cuales se dispone que se debe
asegurar que la edad mínima para ingresar al grado de transición sea de cinco
años cumplidos a la fecha de inicio del calendario escolar y que se asignen los
cupos en los establecimientos educativos prioritariamente a los estudiantes provenientes
de las instituciones de bienestar social o familiar que hubieren terminado el
jardín y estén próximos a empezar el grado obligatorio de preescolar.
5.    Pruebas.
Del material probatorio que obra en el
expediente, la Sala destaca los siguientes documentos que reposan en copias:
·
Registro civil de nacimiento del menor José
Alejandro Leiton López (folio 1 del cuaderno principal).
·
Cédula de ciudadanía de la señora Millerlandy
López Jaramillo (folio 2 ib).
·
Formato de inscripción de estudiantes nuevos
proveniente de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Valle del Cauca
(folio 10 ib).
·
Formulario en el cual se solicita el traslado
del menor José Alejandro Leiton López del colegio Santa Elena (folio 11 ib).
II. DECISIÓN
JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN.
El 26 de febrero de 2009, el Juzgado
Séptimo Civil Municipal de Palmira, Valle del Cauca, denegó la acción de tutela.
Señaló que no se violaba el derecho a la igualdad al establecer como cinco años
el límite temporal para acceder al nivel de preescolar, puesto que el “factor
cronológico de los estudiantes” era relevante, dado que el proceso de
formación intelectual y académico debía estar acorde con la madurez fisiológica
y mental; de tal forma que constituía un elemento objetivo de trato diferente
que resultaba válido constitucionalmente.
Además, indicó que no podía concederse el
amparo en relación a que no se podía extender un derecho más allá de lo
razonable y, en este sentido, no podría ordenar a que un niño asumiera un
proceso educativo no acorde con su edad, lo que le podría llegar a serle
contraproducente.
III. CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS.
1.
Competencia.
Esta Sala es competente para conocer el
fallo de única instancia materia de revisión, de conformidad con lo establecido
en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a
36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Planteamiento del problema jurídico.
Ante la situación fáctica planteada,
corresponde a la Sala determinar si las entidades demandadas vulneraron los
derechos fundamentales del representado, ante la negativa del colegio oficial
demandado para otorgar un cupo estudiantil en el grado de transición, por
cuanto no tenía cinco años de edad.
Para tal efecto, la Sala abordará el
estudio de: (i) la procedencia de la tutela para la protección del derecho a la
educación; (ii) los criterios para determinar las condiciones de acceso y
permanencia de menores de cinco años al servicio público de educación en
establecimientos educativos estatales; por último, (iii) abordará el análisis
del caso concreto.
3.
Procedencia de la tutela para la
protección del derecho fundamental a la educación.
La Corte Constitucional, en diversas
oportunidades, ha enfatizado la importancia de la protección del derecho a la
educación, la cual se despliega como un factor determinante para el desarrollo
individual y social. Ha señalado que por ser el medio que permite el acceso al conocimiento,
a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, le es
intrínseca al ser humano.
Además, su noción se encuentra íntimamente
ligada con otros derechos iusfundamentales, puesto que (i) contribuye al
logro material del valor y principio de la igualdad (al poner a disposición de
todas las personas las mismas oportunidades); y, (ii) se erige como elemento
dignificante de la persona, que le permite el libre desarrollo de su
personalidad y la libre escogencia de profesión y oficio.[1]
El artículo 44 de la Constitución
expresamente señala el rango fundamental de la educación de los niños, a
quienes la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y
proteger con el objeto de garantizar su desarrollo armónico e integral, así
como el ejercicio pleno de sus derechos.[2]
Teniendo en cuenta la naturaleza del
derecho a la educación, objeto de protección especial, puede ser
garantizado a través de la acción de tutela frente a las acciones u omisiones
de las autoridades públicas o particulares que impidan su efectividad. Además,
esta Corporación ha destacado que en virtud del carácter fundamental de la
educación, la acción de tutela resulta un instrumento adecuado para
contrarrestar cualquier acción u omisión que provoque la vulneración o la
limitación de las prerrogativas en las que se materializa este derecho.[3]
4.
Criterios para determinar las condiciones
de acceso y permanencia de menores de cinco años al servicio público de
educación en establecimientos educativos estatales.
Según el artículo 67 de la Carta, el
derecho a la educación ostenta una doble connotación, al contemplarse como
derecho a la persona y como servicio público que cumple una función social. El
Estado se encuentra encargado de regular la educación y ejercer la suprema
inspección y vigilancia con plena sujeción a los parámetros constitucionales,
tales como el acceso y la permanencia al sistema educativo. Igualmente, el
precepto en mención dispone que deberá garantizar el acceso al servicio público
de educación de todos los niños y niñas entre cinco y quince años de edad, lo
cual comprenderá “como mínimo un año de preescolar y nueve de educación
básica”.
El Estado, como principal garante, tiene la
obligación constitucional de implementar las políticas y gestiones necesarias
para facilitar su acceso y cubrimiento, de modo que permita una adecuada
prestación, con el fin de cumplir los postulados de un Estado social de
derecho. Esta oferta deberá brindarse en cumplimiento de las cuatro dimensiones
que surgen del contenido prestacional del derecho a la educación,[4]
a saber:
“(i) la asequibilidad o disponibilidad del servicio, que puede resumirse
en la obligación del Estado de crear y financiar suficientes instituciones
educativas a disposición de todos aquellos que demandan su ingreso al sistema
educativo, abstenerse de impedir a los particulares fundar instituciones
educativas[5] e invertir
en infraestructura para la prestación del servicio, entre otras[6];
(ii) la accesibilidad, que implica la obligación del Estado de garantizar el
acceso de todos en condiciones de igualdad al sistema eludido, la eliminación
de todo tipo de discriminación en el mismo, y facilidades para acceder al
servicio desde el punto de vista geográfico y económico[7];
(iii) la adaptabilidad, que se refiere a la necesidad de que la educación se
adapte a las necesidades y demandas de los educandos[8]
y que se garantice continuidad en la prestación del servicio[9],
y (iv) la aceptabilidad, la cual hace alusión a la calidad de la educación que
debe impartirse[10].”[11]
Desde este panorama, el Estado está llamado
a cubrir las expectativas educativas especialmente de los menores entre los
cinco y quince años de edad, quienes son sujetos prioritarios para el
desarrollo y cumplimiento de su compromiso constitucional. Al respecto, la Ley
115 de 1994, que definió a la educación preescolar como aquella que “corresponde
a la ofrecida al niño para su desarrollo en los aspectos biológico,
cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias
de socialización pedagógicas y recreativas”,[12]
estableció que era obligatorio, como mínimo, un grado en los
establecimientos estatales para niños menores de seis años de edad,[13]
lo cual fue reglamentado en el Decreto 2247 de 1997, que establece que el nivel
de preescolar se ofrecerá a las educandos de tres a cinco años de edad y
comprenderá tres grados, de la siguiente manera: “1. Pre-jardín, dirigido a
educandos de tres (3) años de edad.  2. Jardín, dirigido a educandos de
cuatro (4) años de edad. 3. Transición, dirigido a educandos de cinco (5) años
de edad y que corresponde al grado obligatorio constitucional.”[14]
A su vez, la Resolución 5360 de 2006 dictada por el Ministerio de
Educación Nacional, fijó los criterios generales para la asignación de cupos
escolares, a saber:
“Las
entidades territoriales certificadas tendrán en cuenta los siguientes criterios
para efectuar el proceso de matrícula:
a) Asignar
los cupos oficiales en el siguiente orden de prioridad:
1.
Estudiantes que ya están vinculados al establecimiento educativo (antiguos) y a
los que solicitan traslados, para asegurar su continuidad en el sistema.
2.
Estudiantes provenientes del ICBF o de la institución territorial que haga sus
veces que, cumpliendo el requisito de la edad, vayan a ingresar al grado de
transición, grado obligatorio de preescolar.
3.
Estudiantes, vinculados al sistema educativo oficial, que hayan solicitado
traslado, prioritariamente a aquellos que tengan hermanos en el establecimiento
educativo al cual se solicita el traslado.
4. Niños y
jóvenes que soliciten cupo, con prioridad para hermanos(as) de estudiantes ya
vinculados.
5. Niños y
jóvenes clasificados en los niveles uno (1), dos (2) y tres (3) del Sisbén, a
la población afectada por el desplazamiento y a toda la población vulnerable
por razones sociales, físicas o culturales.
6.
Beneficiarios de la Ley 1081 de 2006.
b) Asignar
los cupos disponibles para estudiantes nuevos que se inscribieron durante el
proceso;
c)
Verificar que la edad mínima para ingresar al grado de transición, grado
obligatorio de preescolar, sea de cinco (5) años cumplidos a la fecha de inicio
del calendario escolar;
d)
Garantizar que para el ingreso al sistema educativo oficial no se exija como
requisito examen de admisión. No obstante, se podrá realizar examen de
nivelación para clasificación en los casos en que, razonablemente, el
estudiante no esté en condiciones de presentar sus antecedentes académicos. En
cualquier caso, la inscripción y examen de clasificación serán gratuitos para
los estudiantes.
e) Velar
por que la asignación de cupo, matrícula o su renovación no esté condicionada
al pago de derechos de afiliación o incorporación a la asociación de padres de
familia o cualquier otro tipo de organización, fondo o cuenta.” (Negrillas ajenas al texto original).
Lo anterior implica que el Estado debe
enfocar sus recursos para el cumplimiento estricto de su obligación
constitucional, cual es la de garantizar la educación en los cursos señalados
en el artículo 67 superior. Desde este panorama, es razonable que el Estado
establezca ciertas pautas que deben seguir las instituciones educativas al
cumplir sus metas educativas y formativas, tales como establecer un rango de edad para ingresar a cierto nivel de escolaridad, la determinación
de los cupos que puedan ofrecerse, el número de alumnos por cada salón de clase
o exigir algunos parámetros para que los alumnos tengan
características similares.
De todos modos, los criterios relacionados
con la edad de los niños y los grados de escolaridad no pueden ser tomados en
un sentido que perjudique la educación de los menores, pues de lo contrario se
impediría el pleno goce de este derecho. Por tanto, los grados de instrucción
previstos en el inciso 3° del artículo 67 superior constituyen el contenido
mínimo que el Estado se encuentra en la obligación de garantizar, sin perjuicio
que deba buscar los mecanismos necesarios para ampliar progresivamente la
cobertura al sistema educativo.[15]
En consecuencia, deben ser comprendidos
como criterios formales, inclusivos y no excluyentes a partir del cual el
Estado deberá desarrollar una política organizada, consistente y continua, al
ser esta interpretación la más favorable.[16] No debe
olvidarse que la jurisprudencia constitucional ha hecho particular énfasis en
el principio pro infans derivado de la Carta, que se consagra como un instrumento jurídico valioso para la ponderación de derechos de
rango constitucional, puesto que en el evento en que se llegaren a encontrar en
tensión, deberá escogerse aquella interpretación que otorgue la mayor
protección y sea la más respetuosa de los derechos de los niños.[17]
Entonces, la aplicación de los postulados que regulan la prestación del
servicio público cuando interactúen menores de edad, se supeditará a la plena
observancia de esta herramienta hermenéutica.[18]
En este marco de ideas, esta Corporación se
ha pronunciado acerca del acceso al servicio público de educación de menores de
cinco años de edad al grado de transición en establecimientos estatales y ha
indicado que deben ponderarse las circunstancias especiales del caso concreto
con el fin de no vulnerar su derecho a la educación.
En las particulares circunstancias que ha
abordado la Corte, ha señalado que deben tenerse en cuenta ciertos factores,
tales como: las condiciones socioeconómicas de los
menores de edad afectados con la decisión de negarles el cupo; su proximidad
con el cumplimiento de los cinco años de edad y los demás requisitos
establecidos por la correspondiente entidad territorial; el daño que podría
traer al menor rechazado la interrupción de los estudios ya iniciados; el
impacto que tendría la decisión de ordenar la inclusión de un nuevo alumno en
la institución educativa por las limitaciones que obviamente surgen de las
propias posibilidades operativas y de cobertura que éstas ofrecen; la
afectación que podría ocasionar, en caso de ordenarse la asignación de un cupo
a través de la acción de tutela, respecto de otros menores que cumplen en mayor
medida los requisitos legales y reglamentarios; la violación del principio de confianza legítima por la supresión
abrupta de los cursos ya iniciados o el hecho de no haberse respetado el respectivo
proceso de preinscripción, la afectación del desarrollo integral de los niños
por la falta de continuidad en la prestación del servicio; y finalmente el
carácter regresivo de la medida.[19]
Así las cosas, la jurisprudencia
constitucional ha indicado que el ejercicio de la función educativa no puede
conllevar a la producción de resultados inconstitucionales, lesivos de los
derechos fundamentales de los menores. Por eso, con el fin de respetar el
derecho de educación, es necesario que, en casos como el presente, sean
ponderadas adecuadamente las circunstancias concurrentes del supuesto concreto
anteriormente descritas, para determinar si es razonable que un menor de cinco
años pueda acceder al grado de transición.
5.
Caso concreto.
La señora Millerlandy López interpuso
acción de tutela, al estimar vulnerados los derechos de los niños y de
educación de su hijo José Alejandro Leiton debido a la negativa de la
institución Sebastián de Belalcazar para autorizar su matrícula en el grado de
transición, según afirma, porque no había cumplido los cinco años de edad.
La accionante López narró que su hijo venía
estudiando en la escuela del corregimiento de Santa Elena, municipio de El Cerrito
desde que tenía un año de edad, donde inició el grado de transición en
septiembre de 2008; no obstante, a raíz de que su esposo cambió de trabajo, se
trasladaron al corregimiento de Palmaseca, municipio de Palmira. En la escuela
de Santa Elena solicitó el traslado, que fue autorizado por su rector; sin
embargo, el colegio Sebastián de Belalcazar negó la matrícula al grado de
transición.
El colegio Sebastián de Belalcazar no
rindió el informe que le solicitó el juez de instancia acerca de los hechos del
presente asunto. Por su parte, la Secretaría de Educación explicó que a raíz
del artículo 67 de la Constitución, el artículo 2 del Decreto 2247 de 1997 y la
resolución 5360 de 2006 (expedida por el Ministerio de Educación) el grado de
transición, que es obligatorio, está dirigido a los educandos mayores de cinco
años. Por tanto, señaló que se ha dado cumplimiento a las normas que impiden
recibir a niños menores de cinco años de edad en las instituciones oficiales,
quienes podrán ser atendidos integralmente en el programa de primera infancia
dirigido por el Instituto de Bienestar Familiar.
Dentro de las pruebas aportadas al
expediente, reposa una copia de desprendible donde se indica que José Alejandro
efectivamente estudiaba en la institución educativa Santa Elena en el grado de
transición y el 16 de febrero de 2008 solicitó su traslado (folio 11).
Asimismo, se encuentra una copia de una planilla de formato de inscripción a
estudiantes, proveniente de la gobernación del Valle del Cauca del 21 de mayo
de 2008, fecha para la cual el menor tenía 4 años de edad (folio 10).
Según se explicó en la parte motiva de esta
sentencia, es razonable que las instituciones educativas establezcan criterios
en cuanto a la edad de ingreso, la determinación de los cupos que puedan
ofrecer y al número de alumnos por cada salón de clase, con lo cual se logra
que los estudiantes tengan características básicas equiparables y se configuran
los elementos que requiere la propia institución para cumplir con sus metas
educativas y de formación.
Sin embargo, las entidades educativas y las
secretarías de educación deberán estudiar cada caso concreto, pues es necesario
que sean ponderadas algunas circunstancias especiales
que podrían sustentar la necesidad de que se les permita el acceso a este grado
obligatorio constitucional a niños menores de cinco años, tales como lo sería la proximidad del menor en cumplirlos o el daño que se produciría en
el evento en que se interrumpa el proceso educativo.
En el presente asunto, si bien el menor
venía estudiando en una institución pública en el grado de transición, no puede
dejarse de lado que al momento en que la actora solicitó el traslado el niño
tenía 3 años y nueve meses.[20] Ha de tenerse en cuenta
que es necesario analizar si el niño está cercano a cumplir con el requisito de
la edad, criterio que es importante en cuanto da luz para establecer si se
encuentra apto para cursar dicho nivel.
Al respecto, en anterior oportunidad esta
corporación, al ponderar el caso de un niño de tres años para determinar su
acceso al grado de transición, se estimó que era una edad prematura para el
ingreso a preescolar “ya que el menor necesita
asimilar algunos requerimientos básicos en su hogar y al lado de sus padres, con
el propósito de asegurar el desarrollo físico, intelectual, social y afectivo
de sus etapas posteriores, por lo tanto, si
no se dan estas condiciones en el menor, éste no va estar capacitado para
integrarse sin traumatismos a una actividad escolar, que exige un desarrollo
previo que le posibilita adaptarse a la etapa estudiantil, que iniciará en el
preescolar a la edad de 5 años.”[21] (Negrillas
ajenas al texto original).
La Sala
estima que por la edad tan corta de José Alejandro para ingresar a preescolar,
hubiera podido ser perjudicial para la evolución de su proceso educativo, en
cuanto hubiera significado forzar su entrada a un curso muy adelantado con su
desarrollo físico, intelectual y psíquico, llegándose a resultados inadecuados. Lo anterior consulta precisamente el principio pro
infans, el cual es una herramienta forzosa, que deben guiar las actuaciones
de las autoridades e instituciones educativas con el fin de que siempre se
tomen las decisiones más favorables para los niños.
No obstante, observa la Sala que en el
presente asunto cobra importancia que para la fecha de esta sentencia el menor
ya cumplió sus cinco años de edad. Desde este panorama, es preciso recordar que
el Estado, como principal prestador del servicio y como supremo inspector y
vigilante, tiene la obligación constitucional de otorgar las condiciones
suficientes para garantizar, como mínimo, el acceso al grado básico de
transición cuando se cumple la edad requerida para ello, oferta institucional
que deberá brindarse en condiciones de disponibilidad, accesibilidad,
adaptabilidad y aceptabilidad.
En virtud de lo anterior, se ordenará a la
Secretaría Municipal de Educación de Palmira, si aún no lo ha hecho y si la
actora y el menor representado así lo desean, que verifique y otorgue un cupo
al menor dentro de las instituciones que se encuentren bajo su control y
vigilancia, cuya localización geográfica sea razonable, para el presente año
lectivo en caso de que el colegio que se encuentre disponible sea de calendario
B (teniendo en cuenta que éste apenas está empezando) o para el siguiente
período, si el colegio disponible sea de calendario A. Además,
se ordenará el envío de una copia de la presente decisión al Defensor del
Pueblo para que, conforme a sus competencias, acompañe el proceso de
cumplimiento de este fallo e informen a esta Sala de Revisión acerca de las
medidas adoptadas para garantizar el acceso al grado de transición al
representado.
IV.
DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR la sentencia de tutela dictada por el Juzgado
Séptimo Civil Municipal de Palmira, Valle del Cauca, el día 26 de febrero de
2009, proferida dentro del trámite de la acción de tutela interpuesta por
Millerlandy López Jaramillo, en representación de José Alejandro Leiton López
contra el  Institución Sebastián de Belalcazar y la Secretaría Municipal de
Palmira.
Segundo.- Como
quiera que José Alejandro Leiton López ya cuenta con cinco años de edad, ORDENAR
a la Secretaría Municipal de Educación de Palmira,
si aún no lo ha hecho y si la actora y el menor representado así lo desean, que
verifique y otorgue un cupo al menor dentro de las instituciones que se
encuentren bajo su control y vigilancia, cuya localización geográfica sea
razonable, para el presente año lectivo en caso de que el colegio que se
encuentre disponible sea de calendario B o para el siguiente período, si el
colegio disponible sea de calendario A.
Tercero.- Por
intermedio de la Secretaria General, ORDENAR el envío de una copia de la presente decisión al Defensor del
Pueblo para que, conforme a sus competencias, acompañe
el proceso de cumplimiento de este fallo e informe de forma inmediata a la Sala
Novena de Revisión de la Corte Constitucional acerca de las medidas adoptadas
para garantizar a José Alejandro Leiton López el acceso al grado de transición.
Cuarto.- LÍBRESE por Secretaría, la comunicación prevista en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Ponente
JUAN
CARLOS HENAO PERÉZ
Magistrado
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Esta doctrina tiene sustento en instrumentos
internacionales ratificados por Colombia, tales como el artículo 13 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Protocolo de
San Salvador, así como por el artículo 26 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos. Asimismo, consúltese las sentencias T-002; T-009; T-015 a
T-220; T-402; T-420; T-421; T-429; T-524 de 1992; T-236 de 1994, T-202/00,
T-1101/00,
T-388/01,
T-491/03,
T-926/03,
T-927/03,
T-1159/04,
T-339 de 2008.
[2] Según el artículo 1° de la
Convención sobre los derechos del niño, ratificada por Colombia por medio de la
Ley 12 de 1991, se entiende por niño: “todo ser humano  menor de dieciocho
años de edad, salvo que, en virtud  de la ley que le sea aplicable, haya
alcanzado antes la mayoría de edad."
[3] Cfr. Sentencias T-02 de 1992, T-202 de 2000,
T-642 de 2001, T-1317 de 2001, T-029 de 2002, T-694 de 2002, T-341 de 2003,
T-1159 de 2004, T-156 de 2005, T-767 de 2005, T-899 de 2005, T-544 de 2006,
T-746 de 2007, T-805 de 2007, T-816 de 2007, T-865 de 2007, T-1027 de 2007,
T-339 de 2008, entre muchas otras.
[4] Ver al respecto:
sentencia T-263 de 2007. y TOMASEVSKI, Katarina (Ex relatora especial de las
Naciones Unidas para el derecho a la educación). Human
rights obligations: making education available, accessible, acceptable and
adaptable. Gothenbug, Novum Grafiska AB, 2001. Citado por Defensoría
del Pueblo. El derecho a la educación en la Constitución, la jurisprudencia
y los instrumentos internacionales. Bogotá, 2003. Citado a su vez en la
sentencia T-1030 de 2006 de esta Corporación.
[5] Ver al respecto el inciso primero del artículo 68
Superior.
[6] En este sentido, el inciso 5 del artículo 67 de la
Constitución indica que el Estado debe garantizar el adecuado cubrimiento del
servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias par su acceso.
[7] En
relación con la accesibilidad desde el punto de vista económico, cabe mencionar
el inciso 4 del artículo 67 de la Constitución, según el cual la educación debe
ser gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.
[8] Al respecto, debe destacarse el inciso 5 del artículo
68 de la Constitución, de conformidad con el cual los grupos étnicos tienen
derecho a una educación que respete y desarrolle su identidad cultural. Así
mismo, el inciso 6 ibídem señala la obligación del Estado de brindar
educación especializada a las personas con algún tipo de discapacidad y a
aquellos con capacidades excepcionales.
[9] El inciso 5 del articulo 67 superior expresamente
señala que el Estado debe garantizar a los menores su permanencia en el sistema
educativo.
[10] Al
respecto, el inciso 5 del artículo 67 de la Carta dispone que el Estado debe
regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación, con el
fin de vela por su calidad y la mejor formación moral, intelectual y física de
los educandos. Por su parte, el inciso 3° del artículo 68 ibídem establece
que la enseñanza debe estar a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y
pedagógica.
[11] Cfr.
sentencia T-805 de 2007.
[12] Artículo
15 de la Ley 115 de 1994.
[13] Cfr. Artículo 17.
[14] Artículo 2 del Decreto
2247 de 1997.
[15] Al respecto, téngase en
cuenta que el artículo 18 de la ley 115 de 1994, consagra el deber del Estado
de ampliar la cobertura en el nivel de educación preescolar, así: “El nivel
de educación preescolar de tres grados se generalizará en instituciones
educativas del Estado o en las instituciones que establezcan programas para la
prestación de este servicio, de acuerdo con la programación que determinen las
entidades territoriales en sus respectivos planes de desarrollo. Para tal
efecto se tendrá en cuenta que la ampliación de la educación preescolar debe
ser gradual a partir del cubrimiento del ochenta por ciento (80%) del grado
obligatorio de preescolar establecido por la Constitución y al menos del
ochenta por ciento (80%) de la educación básica para la población entre seis
(6) y quince (15) años.” Cfr. Decreto
Nacional 1860 de 1994 y Decreto
Nacional 2247 de 1997.
[16] Cfr.
Sentencias T323 de 1994, T-761 de 2006, T-805 de 2007.
[17] El inciso primero del artículo 3 de la Convención
sobre los Derechos del Niño, ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de
1991, prescribe: “Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los
niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”
[18] Cfr.
Sentencias T-891 de 2007, T-805 de 2007, T-658 de 2007, T-348 de 2007, T-263 de
2007, T-1036 de 2006, T-671 de 2006, entre otras.
[19] Cfr. T-694
de 2002, T-943 de 2004, T-156 de 2005, T-038 de 2006, T-671 de 2006, T-254 de
2007, T-805 de 2007.
[20] El niño José Alejandro
nació el 13 de mayo de 2004, tal y como consta en el registro civil que se
encuentra a folio 1 del cuaderno principal.
[21] Sentencia T-671 de 2006.